Source: https://enaltavoz.com/que-lecciones-dejo-la-maccih/
Timestamp: 2020-06-06 16:52:30
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Como citar este documento: CESPAD.
¿Qué lecciones dejó la MACCIH? Perspectivas actuales y probables escenarios en la lucha anti-corrupción en Honduras. Febrero 2020
Eugenio Sosa Francisco Saravia
Edición y Revisión de estilo:
Claudia Mendoza/Gustavo Irías
La elaboración y publicación de este material ha sido realizada con el apoyo de Abogados Sin Fronteras-Canadá, en el marco del Proyecto Gobernanza, Justicia y Lucha contra la impunidad en Honduras, financiado por Asuntos Mundiales Canadá. Las opiniones y análisis contenidos en el documento no representan la posición de Abogados Sin Fronteras ni del gobierno de Canadá.
Introducción…………………………………………………………. 5
La cancelación del mandato de la MACCIH y el………. 7
blindaje de las élites: el nuevo y complicado contexto de la lucha anticorrupción
Escenarios en la lucha contra la corrupción en el……. 12
período post MACCIH
Condicionantes o bloqueos a la lucha contra la……… 20
Desafíos para la sociedad civil, a manera de…………. 28
Bibliografía………………………………………………………… 32
Anexo……………………………………………………………….. 33
CN Congreso Nacional
CNA Consejo Nacional Anticorrupción
CESPAD Centro de Estudio para la Democracia
CICIG Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
FONAC Foro Nacional de Convergencia
MACCIH Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras
UFECIC Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción
UFERCO Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción
En el 2016 se instaló la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), desde una perspectiva optimista se asumía que la impuni- dad que desbordaba al país por fin iba a tener un dique de contención y que sería el inicio de un proceso —difícil y gradual— hacia la independencia del sistema de justicia. Sin embargo, la experiencia de la MACCIH duró poco tiempo porque el 17 de enero del 2020, la Misión fue cancelada por una decisión emanada desde la presidencia de la República de Honduras.
Durante su corta estadía, en sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción e impunidad, la MACCIH se trazó 4 áreas temáticas de trabajo: 1) Prevención y Combate a la Corrupción, 2) Reforma de la Justicia Penal, 3) Reforma Político- Electoral, 4) Seguridad Pública.
Al cierre del 2019, los principales resultados observables de la MACCIH se resu- men en los aspectos siguientes:
Acompañamiento y asesoría para la elaboración de la ley sobre financiamien- to de la política, creación de estándares y mecanismos de implementación;
Conformación del Observatorio del Sistema de Justicia Penal (julio-septiem- bre 2019), que constituye un mecanismo de veeduría ciudadana hacia la justicia penal y rendición de cuentas, con la participación descentralizada de la sociedad civil en 6 regiones de Honduras;
Diseño e implementación de un sistema de cooperación interinstitucional, mediante la conformación de equipos de investigación entre la MACCIH y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) y la estructuración del Sistema Nacional Anticorrupción para la investigación, persecución penal y judicialización de casos de corrupción de alto impacto;
Entre estos logros, el mayor impacto se encuentra en los 12 casos de investigación y persecución penal ejecutados por la UFECIC, con el apoyo de la MACCIH. Cabe destacar que como consecuencia de los requerimientos fiscales presentados por el binomio UFECIC-MACCIH, han sido llevados a la justicia ex funcionarios y funcio- narios del Estado, actuales diputados del Congreso Nacional (CN), una ex-primera dama de la nación y personas particulares (algunos de ellos empresarios).
Esto explica los continuos bloqueos legales y extra-legales a las acciones de la MACCIH por la élite gobernante, así como la decisión de dar fin a su mandato. Sin embargo, su legado de actuación independiente, de enfrentar la corrupción e impunidad, develando las redes público-privadas que la hacen posible de judi- cializar a actores poderosos intocables, representa un enorme desafío para las organizaciones de la sociedad civil que luchan contra la impunidad y corrupción.
Este informe se divide en cuatro partes. La primera parte, es una rápida valo- ración del contexto anticorrupción sin la presencia de la MACCIH. La segunda parte, es una exploración de los probables escenarios futuros en la lucha contra la corrupción e impunidad, considerando los factores y actores claves del actual contexto. La tercera parte, se centra en identificar las condicionantes y bloqueos a las que se enfrenta la lucha contra la corrupción en el país. Finalmente, se es- bozan los desafíos para la sociedad civil, a manera de lineamientos de trabajo.
Desde el CESPAD, esperamos que este informe contribuya al debate actual de las organizaciones de la sociedad civil y de la cooperación internacional en la búsqueda de nuevos caminos para hacer frente a la grave corrupción e impunidad en el país.
Finalmente, agradecemos el apoyo solidario de Abogados Sin Frontera (ASF) Canadá, sin su aporte este esfuerzo no hubiera sido posible.
1. La cancelación del mandato de la MACCIH y el blindaje de las élites: el nuevo y complicado contexto de la lucha anticorrupción
La MACCIH se convirtió en un peligro para las élites corruptas no tanto por lo he- cho hasta el final de su mandato, sino por lo que pudo haber hecho en un segun- do momento. Por ello, existió siempre un sistemático bloqueo a sus operaciones, que se consolidó en aceleradas acciones de blindaje por parte de las estructuras de poder, que comenzó a gestarse desde el 2016 y arreció, de forma directa y evidente, a medida que se acercaba el plazo de extensión de la Misión.
Al cierre del año 2019, tres hechos desde el CN desnudaron su urgencia por proteger a la élite corrupta de cualquier acción de la MACCIH, en caso de que su convenio se hubiese extendido:
La reforma a la Ley Orgánica del CN que permite a los diputados tener inmunidad parlamentaria.1
La aprobación de la denominada “Ley especial para la gestión, asignación, eje- cución, liquidación y rendición de cuentas de fondos públicos para proyectos de orden social, comunitarios y programas sociales”2
El contenido del nuevo código penal en lo referido a las penas por los delitos de malversación de caudales públicos.3
Decreto Legislativo No. 117-2019. https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/ver_documento.php?uid
=NjAxMzgyODkzNDc2MzQ4NzEyNDYxOTg3MjM0Mg== Pág. 11
Decreto Legislativo No. 116-2019. https://www.tsc.gob.hn/web/leyes/Decreto-116-2019.pdf
https://tiempo.hn/nuevo-codigo-penal-delito-favorece-corrupcion-reiteran-dirigentes-civiles/
Las decisiones tomadas por las y los diputados de los dos partidos históricos, la noche del 16 de octubre, concretaron el “blindaje” de los congresistas contra posibles acciones penales, civiles y administrativas en su contra. Ahondaremos brevemente sobre cada acción emprendida desde el Poder Legislativo:
La reinstauración de la inmunidad parlamentaria se produjo después de 15 años de haber sido abolida, cuando el Poder Legislativo, el 29 de octubre de 2004, consideró que esa prerrogativa se “había convertido en una coraza para que los congresistas no fueran llevados a los tribunales de justicia por delitos re- lacionados o no a su función legislativa”.4 Esa acción implicó la derogación de los artículos 200 y 205 de la Constitución de 1982, una iniciativa que fue aprobada de forma unánime por los 128 diputados de los cinco partidos políticos de ese entonces.
El recurso utilizado por las bancadas del Partido Nacional y Liberal ?en una sola sesión con dispensa de debates?, fue modificar la Ley Orgánica del Poder Le- gislativo, mediante una adición al artículo 10 de esa ley. La reforma se traduce en que los congresistas no serán responsables penal, civil o administrativamente por la función legislativa que ejerzan, dándoles la libertad de cometer irregularida- des sin el temor a ser requeridos en el futuro (Decreto Legislativo No. 117-2019).
La segunda iniciativa aprobada esa noche fue la denominada “Ley Especial para la Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios y Programas So- ciales”, orientada a la liquidación y rendición de cuentas de fondos públicos para proyectos de orden social y que es conocida como Fondo Departamental. Esta
elheraldo.hn. https://www.elheraldo.hn/pais/1327339-466/por-qu%C3%A9-y-cu%C3%A1ndo-se- hab%C3%ADa-derogado-la-inmunidad-para-los-diputados
normativa libra de la acción inmediata penal a los diputados, funcionarios públi- cos, alcaldes/as, fundaciones y organizaciones no gubernamentales, es decir, para que no sean objeto de investigación por parte del Ministerio Público (MP). En su defecto, quienes manejen fondos públicos serán investigados y auditados por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Teniendo la opción el funcionario pú- blico y demás actores de devolver en efectivo el perjuicio económico causado al Estado, en un lapso de 7 años posterior al ilícito, lo que hace prácticamente imposible la acción penal. (Decreto Legislativo No. 116-2019, artículo 16 y 17).
Adicionalmente, las disposiciones contenidas en el nuevo Código Penal5 consti- tuyen una herramienta más de blindaje, ya que abiertamente reducen las penas por corrupción y narcotráfico. El CN se ha resistido a revisarlas pese a la abierta oposición de los grupos de sociedad civil, el empresariado nacional y la coopera- ción externa.
La profunda imbricación de los grupos de poder con las redes de corrupción e impunidad, redes de narcotráfico y redes del crimen organizado, los ha llevado a un punto de no retorno: no aprobar la extensión de la MACCIH. No podían arriesgarse a ser investigados y enjuiciados por futuras acciones de la Misión en un nuevo periodo. Este era el último elemento del “blindaje” que los grupos co- rruptos tenían reservado y que lo pusieron en práctica a fines del 2019,6 a medida se acercaba la hora de aprobar la extensión del convenio de la MACCIH.
Pero el nuevo contexto luce más amenazador. La élite apunta contra el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), última trinchera del reciente período anticorrup-
https://www.latribuna.hn/2019/12/10/informe-comision-especial-nombrada-por-el-congreso- nacional-para/
ción. Para ello se ha creado una estructura alterna: se revivió el Foro Nacional de Convergencia (FONAC), una estructura integrada por sectores sociales favora- bles al actual régimen, con su vigencia, busca anular el CNA.
Si bien es cierto, la estructura de la UFECIC se mantiene con el fiscal Luis Javier Santos y todo su personal, su cambio de nombre a la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), implica la reducción drástica de sus ca- pacidades (25 asesores de la MACCIH ya no están), de las condiciones laborales de su personal (disminución de la remuneración mensual) y de la infraestructura de trabajo (equipo de oficina, vehículos y otros apoyos logísticos, los cuales les han sido retirados).7
Ante esta nueva situación, ¿Es posible tener confianza en esta instituciona- lidad anticorrupción, que nace de las estructuras y leyes que los poderes fácticos dirigieron contra la MACCIH? O, planteando la pregunta de diferente modo: hoy, que ya no está la MACCIH y que las élites corruptas están fuertemen- te blindadas contra las acciones de la justicia, ¿qué tan eficiente será el siste- ma de justicia para hacer frente a la extendida corrupción?, ¿podrá realizar investigaciones efectivas y oportunas?, ¿Podrá llevar a los señalados a los tribunales de justicia y aplicar condenas ejemplares, en caso de ser encon- trados culpables?
Para algunos sectores las esperanzas son pocas porque el sistema de justicia e investigación penal, sin el “circuito anticorrupción” que instaló la MACCIH, se- guirá operando en los mismos parámetros tradicionales de impunidad. Aunque
Frente a Frente, entrevista al Fiscal Luis Javier Santos. https://www.youtube.com/ watch?v=PUEMM4BYA8I
tampoco se puede desconocer que la UFECIC, hoy convertida en UFERCO, re- presenta el legado de la MACCIH y que aún están pendientes en la agenda del sistema de justicia la realización de los juicios, por lo menos de 11 casos abiertos por la MACCIH-UFECIC.
Sin embargo, no es posible ocultar el asunto de fondo y es que “la corrupción y la impunidad en Honduras son parte constitutiva del funcionamiento de la institucio- nalidad estatal; no son la excepción, sino la regla y su esencia”.8 En la corrupción “la cuestión en juego no es la debilidad del Estado en términos técnicos, sino la colusión entre el poder de los políticos y de los funcionarios con las redes de co- rrupción”.9 Por consiguiente, no se trata de un abandono estatal sino de conexio- nes usualmente ilícitas, entre actores estatales y empresarios y otros actores de la corrupción. En esta lógica es que el CN ha construido todo un marco jurídico, cometiendo todo tipo de atropellos y abusos de poder para evitar que redes polí- ticas de corrupción activas y con poder sean llevadas ante la justicia.
Sin eliminar ese entramado, la lucha anticorrupción en Honduras está más limi- tada aún. Al analizarse el tema, en las actuales condiciones no hay posibilidades de que la lucha contra la corrupción pueda desarrollarse de manera eficiente y sostenida, desde la viciada institucionalidad nacional.
Probablemente, las únicas perspectivas de cambios profundos en esta lucha solo parecen posibles desde la movilización ciudadana. En el actual contexto, solo la lucha social anticorrupción podría provocar cambios sustantivos en las élites po- líticas, en el sistema político y en el sistema de justicia.
CESPAD: Un Estado al servicio de las redes de corrupción e impunidad o ¿por qué la institu- cionalidad nacional no está lista para garantizar la lucha contra la corrupción?
CESPAD. Ídem
2. Escenarios en la lucha contra la corrupción en el período post MACCIH
A continuación, se trazan tres escenarios posibles que puede asumir la dinámica de la lucha contra la corrupción en Honduras, en el nuevo contexto post-MAC- CIH-UFECIC.
Un primer escenario, es que la institucionalidad hondureña asuma su respon- sabilidad de combatir la corrupción. Un segundo escenario, es que emerja un nuevo movimiento ciudadano anticorrupción y se instale de nuevo una misión internacional contra la corrupción, similar a la MACCIH o la Comisión Internacio- nal contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). El tercer escenario, es que se consolide el retroceso en la lucha contra la corrupción.
Gráfico # 1 Probables escenarios en la lucha contra la corrupción en Honduras
Participación ciudadana Institucionalidad anticorrupción
Mínimo apoyo político Voluntad política de un cambio de rumbo Bloqueo de la elite
Ascenso de la lucha social anticorrup- ción Escenario 1: UFER- CO lleva adelante agenda heredada por la MACCIH
Escenario 2: Insta- lación de una nueva misión internacio- nal.
Estancamiento/ descenso de lucha social anticorrup- ción Escenario 3: Con- solidación del ret- roceso en la lucha contra la corrupción
Escenario 1: La institucionalidad hondureña asume el desafío de la lucha contra la corrupción, especialmente el Ministerio Público y la Unidad Fiscal Especializada Contra las Redes de Corrupción (UFERCO). Para que este es- cenario se materialice tendrían que producirse los procesos siguientes:
Voluntad política por parte del Fiscal General, Oscar Fernando Chin- chilla, para fortalecer la UFERCO, asignándole presupuesto, logística y protección a los fiscales de la unidad. Por el momento, las denuncias del Fiscal Coordinador de UFERCO y ex Coordinador de la UFECIC, Luis Javier Santos, van en la tendencia contraria, en el sentido de que la nueva unidad cuenta con menos presupuesto que la UFECIC; los fiscales tienen menos protección y los salarios son más bajos (lo cual genera desmotiva- ción) y no cuentan con el apoyo de al menos 25 técnicos especialistas que tenía la UFECIC a través de la MACCIH.10
Se mantiene en la UFERCO una coordinación comprometida y res- ponsable con la lucha contra la corrupción, como lo ha hecho hasta el momento el Fiscal Santos. En la medida que la UFERCO siga una tenden- cia a ser una unidad fiscal más del MP, sin ninguna relevancia y limitada a funcionar como una “figura decorativa”, Santos podría presentar su renuncia o ser removido del cargo. Sin embargo, el Fiscal General de la República, Oscar Fernando Chinchilla, ha afirmado su compromiso con la lucha contra la corrupción, lo cual llevará a conspiraciones contra el MP de grupos eco- nómicos y políticos que tienen temor de ser investigados. De igual manera,
Declaraciones del ex Fiscal Coordinador de UFECIC y Fiscal Coordinador de UFERCO, en el Programa Frente a Frente de la Corporación Televicentro, el 27 de enero de 2020. https://www. laprensa.hn/honduras/1352490-410/oscar-chinchilla-fiscal-denuncia-conspiracion-ministerio- publico- (Consultado el 28 de febrero de 2020).
ha afirmado estar dispuesto a asumir las consecuencias que del trabajo del MP se deriven.11 El problema es que el nivel de confianza y credibilidad del MP y del Fiscal Chinchilla en la sociedad hondureña es muy bajo. De acuer- do con la encuesta del CESPAD, octubre 2019, el 82.8% de la ciudadanía considera que el MP está afectado por la corrupción.12 Pero la UFERCO puede ganar legitimidad, recuperando el legado de la MACCIH-UFECIC y con el desarrollo de sus acciones propias en el combate a la corrupción e impunidad.
El Congreso Nacional de la República deroga o reforma los decretos legislativos que constituyen el “blindaje”, ante la investigación penal y la justicia de las redes de corrupción e impunidad. Además, aprueba leyes que facilitarían la lucha en contra de la corrupción y la impunidad, como la Ley de Colaboración Eficaz. Es muy difícil que estos eventos se materialicen ya que el CN es el escenario principal donde se producen los “blindajes” a favor de las redes de corrupción e impunidad.
La comunidad internacional tiene la voluntad política y encuentra mecanismos de apoyo a la UFERCO para que se aproxime al nivel de capacidad y condiciones que tenía la UFECIC. Esta condición es posi- ble que se cumpla con cierta inmediatez, pues actores como la Embajada Americana y otros altos funcionarios de los Estados Unidos han expresado
Declaraciones del Fiscal General de la República, Oscar Fernando Chinchilla, en los actos de celebración del quinto aniversario de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), el 28 de enero 2020. https://www.laprensa.hn/honduras/1352490-410/oscar-chinchilla-fiscal-denuncia- conspiracion-ministerio-publico- (Consultado el 28 de febrero de 2020).
Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD). En medio de una percepción apocalíptica de la corrupción, la ciudadanía hondureña apuesta a la continuidad de la MACCIH. Primera encuesta de percepción sobre corrupción y el papel de la MACCIH para combatirla, noviembre 2019, gráfico 4, página 10. https://cespad.org.hn/2019/11/14/en-medio-de-una-percepcion-apocaliptica-de-la- corrupcion-las-y-los-hondurenos-le-apuestan-a-la-continuidad-de-la-maccih/
su apoyo al Ministerio Público y a la UFERCO.13 En este sentido, los otros países cooperantes que apoyaron a la MACCIH, podrían alinearse en la ruta que ha marcado de Embajada Americana en Honduras.
Las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general, participan activamente en el apoyo a la UFERCO ante los ataques de las redes de corrupción e impunidad. Hay factores potenciadores de esta tendencia, como el interés de la ciudadanía en la lucha contra la corrupción. En octubre del 2019, los hondureños y hondureñas ubicaban a la corrupción como tercer problema de importancia del país (16%), solo superado por el desempleo (24%) y la pobreza (19%).14 Que la ciudadanía visualice a la corrupción como uno de los problemas más importantes del país es clave, para que participe activamente en su combate.
Este escenario es el más deseable para la sociedad hondureña y para la lucha contra la corrupción y tiene un grado promedio de probabilidades de materia- lizarse. Este escenario permitiría dar seguimiento a los casos de la MACCIH- UFECIC de manera efectiva y recuperar, de esa forma, sus aprendizajes y legados. Por otro lado, en torno a la UFERCO se podría construir un nuevo modelo de cooperación internacional para el combate a la corrupción.
Escenario 2. Se construye un nuevo movimiento ciudadano contra la co- rrupción y se logra instalar una nueva misión internacional. Este escenario parte de la idea de que la lucha contra la corrupción podría avanzar de manera mucho más acelerada y efectiva, en la medida que se cuente con un organismo
Ver declaraciones de Patrik Ventrell, Director de Programas para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos. https://www.laprensa.hn/honduras/1352708-410/ funcionario-eeuu-felicita-oscar-chinchilla-creacion-uferco (Consultado el 28 de febrero de 2020)
Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD). Ídem, gráfico # 1, página 7
o misión internacional de apoyo. Para que este escenario se vuelva realidad, en alguna medida tendrán que producirse los procesos y tendencias siguientes:
Producto de los retrocesos en la lucha contra la corrupción y nuevos destapes de casos de corrupción, emerge un nuevo movimiento ciudadano anticorrup- ción demandando la instalación de una nueva misión internacional, similar a la MACCIH o la CICIG. Hay percepciones ciudadanas que potencian la posibilidad de un vigoroso movimiento social anticorrupción, como el hecho de que se considere uno de los problemas principales del país, como se observó en los párrafos anteriores. Pero también potencia la posibilidad de un movimiento social anticorrupción, el hecho de que la ciudadanía percibe los altos niveles de corrupción que hay en el país. Siempre de acuerdo con la encuesta del CESPAD, el 87% de la ciudadanía considera que en Honduras hay MUCHA corrupción.15
También potencia la participación y movilización ciudadana el hecho de que la ciudadanía tenga la percepción que el Estado no cumple su función social, por causa de la corrupción: funcionarios corruptos (28%), falta de controles y auditorias (18%), vinculación de autoridades con el crimen organizado (16%).16
La comunidad internacional muestra voluntad política para apoyar y finan- ciar una nueva misión internacional contra la corrupción. En la comunidad internacional ha existido un fuerte compromiso y voluntad para contribuir con el pueblo hondureño al combate de la corrupción y la impunidad. En este sentido, existen altas probabilidades de que la comunidad internacional
Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD). Ídem, gráfico 3, página 9.
Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD). Ídem, gráfico 2, página 8.
apoye una nueva misión internacional para la lucha contra la corrupción.
El Gobierno de Honduras se ve obligado a solicitar ante la OEA, la ONU u otro organismo internacional una nueva misión internacional de lucha contra la corrupción en Honduras. En el caso del gobierno actual, que preside Juan Orlando Hernández, esto sólo será posible con un movimiento ciudadano anticorrupción muy potente, pues es un gobierno que se caracteriza por desoír las demandas de la ciudadanía.
Se conforma una amplia, plural y fuerte alianza de sectores importantes de la sociedad hondureña (sociedad civil, empresarios, religiosos y políticos), con capacidad de influenciar el trabajo de la UFERCO y la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Producto de la convergencia entre un movimiento ciudadano anticorrupción y una nueva Misión Internacional de Apoyo a la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad, se logra que el congreso derogue o reforme todas las leyes que obstaculizan la lucha y se aprueban las que le favorecen, como la Ley de Colaboración Eficaz.
En el corto plazo este es un escenario poco probable para que se materia- lice por todas las implicaciones que tiene solicitar, negociar e instalar una nueva misión internacional, sobre todo cuando ya se ha tenido una expe- riencia como la MACCIH. Este también es un escenario deseable, aunque lo ideal es que el combate a la corrupción y la impunidad se hagan desde la institucionalidad nacional. Sin embargo, en el mediano y largo plazo es un escenario que no se puede descartar.
Escenario 3. Se consolida el retroceso de la lucha contra la corrupción. Las re- des de corrupción e impunidad siguen activas, mantienen capturado el Estado y la corrupción e impunidad crecen de manera mucho más acelerada.
El Estado de derecho y todo el sistema de justicia y de persecución penal se deteriora aún más. La CSJ, MP y el TSC son cada vez más capturados por las redes de corrupción e impunidad. Existen suficientes evidencias de que esta tendencia se puede consolidar, ya que el sistema político en su conjunto continúa teniendo un comportamiento tradicional y clientelar. La institucionalidad estatal tiene una tendencia de alejarse cada vez más del Estado de Derecho y de las demandas de la ciudadanía. Desde esta pers- pectiva se reafirmará la tendencia mayoritaria de la percepción ciudadana de que los magistrados, jueces y fiscales defienden los intereses de los ri- cos como lo cree el 52% de la ciudadanía y los intereses de los corruptos y narcotraficantes, como lo piensa el 35% de los hondureños y hondureñas.17
El marco jurídico de “blindaje” que ha aprobado el CN de la República a favor de las redes de corrupción e impunidad, no sólo no se deroga o reforma, sino que se incrementa y fortalece. Partiendo de la trayectoria que han tenido las y los diputados del CN, en especial los del Partido Nacional y parte de la bancada del Partido liberal, es muy probable que esta tendencia se concrete.
Las redes de corrupción e impunidad se fortalecen y actúan en completa libertad, a través de la captura del Estado. En la medida que la instituciona- lidad estatal no combata la corrupción y la impunidad, los actores involucra- dos en este tipo de redes tendrán todas las condiciones para consolidarse, destruyendo aún más el Estado de Derecho.
Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD). Encuesta (datos no publicados).
Los sectores importantes de la sociedad hondureña (sociedad civil, empresa- rios, religiosos y políticos) no logran construir alianzas sólidas con capacidad de influenciar en el trabajo de la UFERCO y la lucha contra la corrupción, en general.
En la ciudadanía se profundiza el pesimismo y la desesperanza, perdién- dose la capacidad de movilización para la lucha contra la corrupción y la impunidad. Este pesimismo se expresa en la alta desconfianza ciudadana en la institucionalidad estatal: más de un 60% de la ciudadanía carece de confianza en la Presidencia de la República, la CSJ, el MP, el CN y los Par- tidos Políticos.18
La comunidad internacional ingresa a un “estado de cansancio” de apoyar el combate a la corrupción en Honduras, sin que los actores nacionales se comprometan y expresen voluntad política y, por lo tanto, sin resultados sustantivos.
Desde la perspectiva de la lucha contra la corrupción y la impunidad, este es el escenario menos deseable pero lamentablemente tiene muchas pro- babilidades de concretarse que, en buena medida, dependerá del futuro de la UFERCO, del papel de la comunidad internacional, de la sociedad civil y de la ciudadanía en general.
Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD). Ídem, gráfico 13, página 18.
3. Condicionantes o bloqueos a la lucha contra la corrupción e impunidad
Las condicionantes para la lucha contra la corrupción e impunidad y su sostenibi- lidad tienen diferentes niveles y profundidades.
Primer Nivel de Condicionantes: el Sistema Político
El nivel más profundo se encuentra en el funcionamiento del sistema político (siste- ma de partidos y el Estado). Se trata de la forma en que se materializa el ejercicio del poder. Los políticos, ya sea en sus partidos o en los poderes de Estado, tienen una larga tradición de actuación al margen de la ley, de asumir al Estado como un bien que les pertenece y que pueden distribuir. La burocracia, construida a partir de la meritocracia, está casi totalmente ausente. Lo que prevalece son las redes clientelares de familiares, de amigos, de negocios, etc., y de todo tipo de redes tanto lícitas como ilícitas. Estas prácticas están arraigadas al sistema de partidos políticos, sistema electoral, sistema de justicia y en todo el entramado estatal.
Uno de los espacios que concentra este tipo de prácticas es el Poder Legislativo de Honduras, ya que en él se materializa la actuación y representación de los partidos políticos. El problema de fondo de la lucha contra la corrupción es que los funcionarios que dirigen las instituciones responsables de combatirla, se se- leccionan en el CN. Sin embargo, la experiencia indica que asumen sus cargos comprometidos con lealtades hacia los grupos políticos que les eligieron.
De manera más específica se requiere avanzar en las condicionantes siguientes,
para que la lucha contra la corrupción y la impunidad sea sostenible:
Independencia de los poderes del Estado, sobre todo del Poder Judi- cial. En especial se requiere avanzar en un mecanismo de elección de los magistrados de la CSJ, con el cual desaparezca o al menos se reduzca de manera significativa la lealtad (debido a que son electos más por influencias y relaciones, que por méritos) personal y partidaria de estos funcionarios públicos hacia los grupos de poder político y los partidos políticos.
Nombramiento por méritos de funcionarios electos por el Congreso Nacional. Es fundamental avanzar en la construcción de un mecanismo que permita la elección con criterios meritocráticos, no personales, partidarios o clientelares- de los funcionarios electos por el CN de la República, como el Fiscal General y Fiscal Adjunto de la República; el Procurador General de la República, los Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el Procurador general y Sub-procurador de la República; los Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y los Comisionados de la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos y sus Candidatos. Asimismo, los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), los Magistrados del Tribunal de Justicia Electoral y los ma- gistrados de la CSJ.
Rendición de cuentas y evaluación de desempeño de los funcionarios electos por el Congreso Nacional. Es necesario construir mecanismos y procedimientos para que todos los altos funcionarios electos por el CN de la República se sometan a una rendición de cuentas efectiva y a una evaluación de desempeño de medio término, con efectos vinculantes de ratificación o no en el cargo.
Segundo Nivel de Condicionantes: el Marco Jurídico Nacional
Un segundo nivel de condicionantes está referido a la estructura o marco jurídico que se ha creado para proteger las redes de corrupción e impunidad. Desde an- tes de instalarse la MACCIH, ya se habían aprobado leyes que contribuyen a la persistencia de la falta de transparencia y de rendición de cuentas. Estas leyes deberían ser derogadas o reformadas. Las más importantes son las que siguen:
La Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, conocida popularmente como la “Ley de Secretos”, Decreto 408-2013, publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 07 de marzo de 2014, que establece: para efectos de esta Ley pueden ser declaradas Materias Clasificadas los asuntos, actos, contratos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autori- zadas pueda dañar y/o poner en riesgo la seguridad y/o defensa nacional (artículo 3).19
La MACCIH y algunos sectores de la sociedad hondureña han insistido que la vigencia de esta Ley constituye un obstáculo grande para la lucha contra la corrupción y que, por el contrario, favorece las redes de corrupción e im- punidad. La MACCIH, en varias ocasiones, solicitó al CN que se reformara la Ley de Secretos, sin que la demanda fuera atendida por el Poder Legislativo.
Las Categorías de clasificación son: Reservada, Confidencial, Secreta y Ultra-Secreta, en relación con el grado de protección que se requieran […] (Artículo 4). Las clasificaciones… corresponderán única y exclusivamente al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad […] (Artículo 5). Los periodos para la desclasificación van desde los cinco (5) años hasta los veinticinco (25) años que, además, pueden ser prorrogables […] La solicitud de desclasificación debe ser presentada ante el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad única y exclusivamente por Fiscal General de la República quien se excusará en la discusión de dicha solicitud, así como en la votación de la misma (Artículo 7). La Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, conocida popularmente como la Ley de Secretos, Decreto 408-2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 07 de marzo de 2014.
Sin embargo, una buena noticia para la lucha contra la corrupción es que recientemente la Sala de lo Constitucional de la CSJ declaró, por mayoría de votos, parcialmente la inconstitucionalidad de esa ley y ahora se espera la resolución del pleno de magistrados de la CSJ.20
La forma en que son juzgados los altos funcionarios. Este mecanismo encuentra anclaje en el artículo 313.2 de la Constitución y es heredero de las antiguas inmunidades y procesos de desafuero, derogados en el 2004.21 En él se establece la competencia de la CSJ para conocer los expedientes incoados a los más altos funcionarios del Estado y los diputados. Es una suerte de circuito judicial ad-hoc en el que Magistrados de la CSJ son de- signados como jueces de letras, magistrados de cortes de apelaciones o jueces de tribunales de sentencia.22
Reformas realizadas por el Congreso Nacional que obstaculizan la lucha contra la corrupción. En la medida que la MACCIH-UFECIC avanzó en la presentación de requerimientos y judicialización de casos de corrupción, el marco jurídico que favorece la opacidad, falta de transparencia e impuni- dad se fortaleció. Desde el Congreso Nacional se aprobaron decretos para asegurar la inmunidad e impunidad de parlamentarios y altos funcionarios
https://www.latribuna.hn/2020/02/10/sala-de-lo-constitucional-deroga-parcialmente-la-ley-de-secretos/ (Consultado el 28 de febrero del 2020).
Los artículos 200 y 205 de la Constitución (texto original de 1982) contemplaban la inmunidad de los diputados y la atribución del Congreso Nacional de declarar, o no, con lugar a formación de causa a los altos funcionarios del Estado, respectivamente. Fueron derogados por el decreto de ratificación constitucional 105-2004, el 27 de julio de 2004, publicado el 11 de septiembre del mismo año en el diario oficial La Gaceta (30,492). Sin embargo, las inmunidades están siendo restablecidas parcial- mente para los diputados con la reciente reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, agregando el artículo 10-A. Esta nueva disposición señala que los congresistas no serán responsables penal, civil o administrativamente por los actos realizados en cumplimiento de la función legislativa.
Este texto ha sido tomado de: Andrés Pérez Munguía, “El rol de la MACCIH en un modelo hondureño de combate a la corrupción: un análisis jurídico-institucional, noviembre 2019, Inédito.
gubernamentales para bloquear por completo la acción penal de la MACCIH. Estos decretos son los que siguen:
Reforma a la Ley Orgánica del Congreso Nacional (Decreto Legislativo No. 117-2019). Modificación por adición del artículo 10-A al Decreto Legislativo 363-2013. Con esta reforma los congresistas se blindan de cualquier acción penal, civil y administrativa por cualquier decisión adoptada en su condición de parlamentarios.
La Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales (Decreto Legislativo 116-2019). Según esta Ley, en su artículo 16, la auditoría e investigación por el uso de estos recursos públicos es una responsabilidad única del TSC, evadiendo, de esta manera, la acción penal. También incluye a fundaciones y organizaciones no gubernamen- tales.
Reformas a la Ley del Tribunal Superior de Cuentas. Las reformas de los artícu- los 5, 86, 50 y otros que blindan a los funcionarios públicos de la acción penal (en su lugar, se crea un auditor interno en cada dependencia gubernamental supeditado al TSC), se limita el acceso a información del MP y del Instituto de Acceso a la Información, entre otras.23
La legislación existente antes de la llegada de la MACCIH, mencionada en los párrafos anteriores, más la que fue creada durante la vigencia de la Misión, han creado un marco jurídico potente para bloquear la lucha anticorrupción. Para
Centro de Estudios para la Democracia, CESPAD. Indiferencia estatal ante la demanda ciudadana de renovación de la MACCIH, 2019. Dictamen de reformas: https://www.latribuna.hn/2019/11/20/ lea-el-dictamen-completo-sobre-la-reformas-a-la-ley-del-tsc/
avanzar de manera sostenible en la lucha contra la corrupción y la impunidad es fundamental desmontar todo este marco jurídico pro-corrupción. En este sentido, son urgentes reformas constitucionales para que los altos funcionarios públicos comparezcan a los tribunales ordinarios, derogar la ley de secretos, derogar las reformas a la Ley Orgánica del CN, Ley Orgánica del TSC y la Ley del Fondo Departamental.
Pero un marco jurídico favorable para la lucha contra la corrupción es muy limi- tado si sólo se derogan los decretos legislativos ya mencionados en los párrafos anteriores. Es necesario que se aprueben nuevas leyes que favorezcan la trans- parencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción y la impunidad. Esto implicaría revisión y reforma de la Ley de financiación, transparencia y fisca- lización de partidos políticos y sus campañas en Honduras, conocida como “Ley de Política Limpia”, aprobación de la Ley de colaboración eficaz, reforma consti- tucional para fortalecer las garantías e independencia de los jueces y fiscales en el país.
Tercer Nivel de Condicionantes: los Actores de la Sociedad
El combate a la corrupción es una responsabilidad del Estado, es decir, de la ins- titucionalidad que tiene como funciones y competencias enfrentar la corrupción e impunidad. Sin embargo, en un Estado capturado por poderes fácticos, organiza- ciones del crimen organizado y las redes de corrupción e impunidad, la actuación de los actores de la sociedad es fundamental. Entre esos actores se destacan: las universidades, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, las iglesias y los empresarios.
Las universidades deben aportar información y conocimiento especializado para una mayor comprensión del fenómeno de la corrupción y de sus consecuen- cias en la sociedad hondureña, especialmente sobre los derechos humanos de la ciudadanía; las organizaciones de la sociedad civil están llamadas a realizar procesos de vigilancia y auditorias sobre temas de corrupción e impunidad y su combate; los medios de comunicación deben contribuir con el periodismo de in- vestigación a descubrir casos de corrupción y en general a crear un clima por la transparencia y la lucha contra la corrupción; los gremios empresariales deberían promover una nueva relación de hacer negocios con el Estado, en la que se pon- gan en práctica principios éticos empresariales básicos.
Cuarto Nivel de Condicionantes: la Cultura Ciudadana
La ciudadanía es la base real de toda democracia consolidada y sostenible. Una democracia requiere de una ciudadanía activa, participativa y propositiva para promover la democratización permanente de la sociedad y evitar los retrocesos democráticos que siempre acechan a todas las sociedades. La movilización ciu- dadana, junto a la voluntad política y la existencia de instituciones de derecho, es un factor clave del éxito de la lucha contra la corrupción.
Es un hecho, que los cambios y las decisiones políticas para que se materiali- cen y tengan resultados tienen que ser a nivel de Estado. El Estado es la única organización que puede conducir la sociedad y buscar soluciones efectivas a los grandes problemas nacionales. Pero no cabe duda que el impulso, el origen, la génesis de estos cambios en la mayoría de casos provienen de abajo, desde la ciudadanía, desde las organizaciones de la sociedad civil y desde los movi- mientos sociales. En Honduras, las redes de corrupción e impunidad están tan
enquistadas en el sistema político, por lo que el impulso de su combate tendrá que provenir desde abajo. De allí que, una acción estratégica fundamental es la construcción de una cultura ciudadana por la transparencia y la construcción de un movimiento ciudadano anticorrupción.
En resumen, una agenda para crear condiciones favorables para la lucha contra la corrupción y la impunidad, debería centrarse en lo siguiente:
A nivel del sistema político: cambiar las formas de ejercicio del poder, basadas en la concepción de “Estado botín”, la repartición de cargos bajo la mesa de espaldas a la ciudadanía, la actuación fuera de la ley o la modifica- ción de ésta de acuerdo a intereses particulares y el clientelismo político. A lo anterior hay que agregar la selección y permanencia de la burocracia con base en fidelidades y lealtades partidarias. Lo contrario sería la actuación política con base en el Estado de Derecho, los Derechos Humanos, el respeto irrestricto a la ley, la separación de poderes, la efectividad de los pesos y contrapesos, la plena participación ciudadana y la selección y permanencia de los funcionarios públicos con base en méritos.
A nivel del marco jurídico y la institucionalidad estatal: como se ha dicho en este documento, se requiere de una institucionalidad responsable del combate a la corrupción con autonomía, con personal especializado, con capacidad para actuar de manera independiente, con la única influencia de la Ley y las evidencias.
A nivel de actores de la sociedad: no existe una separación automática entre el Estado y la sociedad, sino al contrario una relación muy estrecha. Si hay altos niveles de corrupción en los partidos políticos, en el sistema político y en el Estado es porque también existe en la sociedad. Por eso es impor-
tante que los núcleos de actores sociales que buscan construir una sociedad transparente, provenientes de la sociedad civil, medios de comunicación, iglesias y empresarios desarrollen estrategias de combate a la corrupción tanto en el Estado como en la sociedad. Este aspecto es más que relevante para construir un clima favorable a la lucha y las prácticas anticorrupción.
A nivel de la ciudadanía: la movilización ciudadana y los movimientos anti- corrupción son fundamentales en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Pero para que la movilización ciudadana y los movimientos anticorrupción se potencien, es importante profundizar la cultura de la transparencia, la cultura anticorrupción y los valores éticos en los diferentes sectores ciudadanos.
4. Desafíos para la sociedad civil, a manera de lineamientos de trabajo
La lucha post MACCIH-UFECIC contra la corrupción y la impunidad se desarrolla en un nuevo contexto mucho más adverso. El Gobierno de Juan Orlando Hernán- dez al no renovar el convenio con la Organización de Estados Americanos (OEA) para la continuidad de la MACCIH en el país, cerró un ciclo de “blindaje” de las redes de corrupción e impunidad para no ser alcanzados por el brazo de la justi- cia. Este contexto adverso se expresa en lo siguiente:
Un sistema político tradicional y clientelar que, por la forma en como ejerce el poder, produce y reproduce la corrupción y la impunidad.
Un marco jurídico favorable a la corrupción y la impunidad, y adverso a la trans- parencia, la rendición de cuentas y la lucha anticorrupción.
Actores de la sociedad hondureña poco comprometidos y poco activos en la lucha contra la corrupción.
La ciudadanía hondureña, de manera lenta pero sistemática, ha venido asumien- do la corrupción como uno de los principales problemas del país. Pero todavía se requieren mayores niveles de participación y movilización.
Todo este contexto adverso en el que se desarrolla la lucha contra la corrupción impone a las organizaciones de la sociedad civil los desafíos siguientes, a mane- ra de lineamientos de trabajo:
Constituir desde las organizaciones sociales comprometidas con la lucha anticorrupción una Plataforma de Organizaciones de la Sociedad Civil Contra la Corrupción y la Impunidad, para que asuma en el nuevo contexto post MACCIH-UFECIC la continuidad de la lucha anticorrupción.
Dar seguimiento y vigilancia, desde la sociedad civil, a los casos de corrup- ción que judicializó la MACCIH-UFECIC y que todavía se encuentran en proceso judicial. Se trata de auditar desde la ciudadanía, el comportamiento de las instituciones involucradas y los resultados finales de estos casos para extraer aprendizajes a favor de la lucha anticorrupción.
Posicionar un apoyo propositivo a la UFERCO para que pueda, aún con las nuevas limitaciones y adversidades, continuar con la lucha anticorrupción desde el MP.
Apoyar solidariamente al CNA, ya que es una de las instituciones que está amenazada por las redes de corrupción e impunidad que operan desde el Estado.
Apoyar la consolidación de los juzgados anticorrupción que fueron creados como resultados del trabajo de la MACCIH.
Retomar la idea del Observatorio de la Justicia Penal que tenía la MACCIH,
y convertirlo en un Observatorio de las Organizaciones de la Sociedad Civil a la Corrupción, la Impunidad y su Combate.
Desarrollar procesos de incidencia política para cambiar la elección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Fiscal General de la República y Fiscal Adjunto; Magistrados al Tribunal Superior de Cuentas, Procurador General y Subprocurador de la República, Comisionados de la Ley de Política Limpia, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y Comisionados al Instituto de Acceso a la Información Pública. Estos procesos de incidencia deben de partir de los aprendizajes que dejan procesos de participación de la sociedad civil.
Proponer y trabajar por la construcción de un nuevo paquete de derogaciones, reformas y aprobaciones de decretos legislativos para la construcción de un marco jurídico favorable a la lucha contra la corrupción. Se deben derogar la Ley de secretos y la Ley del Fondo Departamental y reformarse la Ley Orgánica del Congreso Nacional (quitar la inmunidad para los diputados), la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. Asimismo, una reforma constitucional para que los altos funcionarios públicos comparezcan a los juzgados ordinarios. Además, aprobar la Ley de Colaboración Eficaz.
Desarrollar desde la sociedad civil procesos de vigilancia y auditoría política durante los procesos electorales primarios y generales. Esto es estratégico, debido a que varios actos de corrupción, participación del crimen organiza- do y el saqueo de las instituciones públicas, está asociado a las campañas electorales de los partidos políticos y sus candidatos.
Destinar gran parte de los esfuerzos de las organizaciones de sociedad civil a trabajar en los espacios ciudadanos, con las organizaciones de base,
comunidades, municipios y otros similares, desarrollando procesos organi- zativos, educativos y comunicaciones para potenciar una ciudadanía activa en la lucha contra la corrupción.
Durante los procesos electorales y generales, incidir para que los partidos políticos y sus candidatos incorporen en sus propuestas programáticas y discursos una agenda de lucha contra la corrupción.
Desarrollar procesos de sensibilización y capacitación especializada sobre el combate a la corrupción entre los profesionales de las leyes (abogados) y medios de comunicación (periodistas), por el nivel de influencia que tienen en la ciudadanía y la sociedad en general.
Primer Informe Semestral MACCIH Octubre 19, 2016 http://www.oas.org/docu- ments/spa/press/Primer-Informe-Semestral-MACCIH.PDF
Segundo Informe Semestral MACCIH Abril 19, 2017 http://www.oas.org/docu- ments/spa/press/Segundo-Informe-Semestral-MACCIH-.pdf
Tercer Informe Semestral MACCIH Octubre 19, 2017 http://www.oas.org/docu- ments/spa/press/Informe-Semestral-MACCIH-Oct-2017-ESP.pdf
Cuarto Informe Semestral MACCIH Abril 19, 2018 http://www.oas.org/documents/ spa/press/Cuarto-Informe-Semestral-MACCIH-Abr-2018-ESP.pdf
Quinto Informe Semestral MACCIH Octubre 19, 2018 http://www.oas.org/docu- ments/spa/press/Quinto-Informe-Semestral-MACCIH-Oct-2018-ESP.pdf
Sexto Informe Semestral MACCIH Abril, 2019 http://www.oas.org/documents/ spa/press/CP40861SSEXTOINFORMEMACCIH.pdf
Centro de Estudios Latinoamericanos & Latinos (CLAT) de American University, El Monitor de MACCIH, No. I, 21 de noviembre del 2017
CESPAD (2020) Y sin la MACCIH y la UFECIC en Honduras: ¿cuál es la ruta? Cronología, del 15 al 30 de enero del 2020
Casos presenta- dos/ apoyos Logros alcanzados Impedimentos para una mayor efectividad
Tráfico de Influencias en el Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial. Si bien este caso ya estaba iniciado cuando surgió la MACCIH, su intervención fue fundamental para que el ex vicepresidente del consejo, Teodoro Bonilla Euceda, obtuviese una sentencia condenatoria (de 6 años y una multa de 200 mil lempiras). Esta constituyó la primera sentencia condenatoria en contra de un hondureño por tráfico de influencias.
Desfalco al Instituto Hondureño de Seguro Social (IHSS). También era un caso ya iniciado, pero la intervención de MACCIH fue valiosa para que se condenase al sospechoso de mayor perfil: Mario Zelaya, en quien recayeron, en aquel momento, 25 años de cárcel. Es hasta entonces la sentencia de mayor duración contra un funcionario en la historia de Honduras. Actualmente, la condena llega a 71 años de cárcel.
Caja Chica de la Dama Este fue el primer caso de la MACCIH y constituyó un logro claro, ya que se alcanzó la sentencia condenatoria por 48 años para la ex Primera Dama Rosa Elena de Lobo, y una multa de 1.2 millones de lempiras. Además, esto fue percibido favorablemente por la ciudadanía como un golpe a la élite política del país. Tuvo un sabor amargo, ya que una jugada de la Corte hizo que se le redujesen los cargos a Rosa de Lobo y solo fue acusada de fraude y apropiación ilegal y fue absuelta de los delitos de malversación de caudales públicos y de lavado de activos. Además, le fueron devueltas sus posesiones, que habían estado bajo custodia de la OABI.
Red de Diputados Segundo logro importante de la MACCIH a nivel investigativo Sufrió un revés importante cuando el Congreso Nacional maniobró para reformar los artículos 16 y 131-A de la Ley Orgánica del Presupuesto General de la República, con la cual los acusados no pueden ser investigados ni sancionados por las investigaciones de MACCIH-UFECIC, ya que las reformas disponen que será después de tres años, luego de que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), haya realizado auditoría. Con esto se blindó, durante un lapso de tres años, a los diputados acusados en este y otros casos a futuro
Caja Chica del Hermano Ninguno: caso perdido Los dos principales acusados por delitos de fraude y malversación, Wilfredo Cerrato (padre), y Ramón Lobo, hermano del ex presidente Porfirio Lobo, recibieron de un juez natural el sobreseimiento definitivo. Además, la Corte declaró sin lugar los recursos de apelación interpuesto por el Ministerio Público.
Licitación Fraudulenta del IHSS. Se dictó auto de prisión en contra de doce miembros de la ex junta directiva del Instituto Hondureño del Seguro Social que fueron detenidos temporalmente. Una jueza del Juzgado de Letras en Materia de Corrupción determinó otorgarles a siete de ellos medidas sustitutivas distintas a la prisión. Se suponía que al no ser funcionarios públicos y el caso ser atendido por el Juzgado de Letras en Materia de Corrupción, se garantizaría que no se defenderían en libertad.
Arca Abierta Se acusó a cinco diputados y seis ex diputados de malversación, así como al administrador de la ONG Planeta Verde, al igual que a nueve personas más que permanecen con medidas sustitutivas a prisión. Ninguno de los acusados fue a prisión, favorecidos por el llamado Pacto de Impunidad. Si hoy están bajo medidas sustitutivas fue gracias a que el Juez de la causa se negó a aceptar que los acusados fuesen favorecidos por la reforma a las leyes de presupuesto en razón de que esa ley es, a su juicio, inconstitucional.
Pacto de Impunidad Se presentó requerimiento fiscal por falsificación de documentos contra los diputados Tomás Zambrano y Ramón Villeda, Antonio Rivera y Sara Medina. Los implicados modificaron de manera fraudulenta la reforma a la Ley General de Presupuesto. Villeda y Medina quedaron con auto de formal procesamiento, con medidas sustitutivas a la prisión, a la espera de juicio oral y público Dos de los cuatro diputados acusados, los diputados Tomás Zambrano y Antonio Rivera fueron favorecidos con sobreseimiento.
Caso “Pandora” Hasta el mes de julio de 2019 la MACCIH- UCEFIC había solicitado al Juzgado correspondiente la privación definitiva de bienes y cuentas bancarias de los diputados Rodolfo Irías Navas, Elden Vásquez, Celín Discua Elvir, Elvin Santos y Miguel Martínez, así como seis bienes inmuebles que incluyen las sedes y oficinas principales del Partido Nacional y Partido Liberal. Los fiscales solicitaron también la privación definitiva de una empresa participante del ilícito a nombre de Jean Peyrecave (cuñado del Presidente Hernández) y de la Primera Dama, Ana García. En este caso, sin embargo, ha trascendido la denuncia del principal implicado, Fernando Suarez, de que la red de corrupción era dirigida por el presidente Hernández y de su extinta hermana, Hilda Hernández.
Fraude sobre El Gualcarque 15 de los 16 funcionarios o ex funcionarios públicos fueron acusados de cometer delitos para favorecer con contratos y licencias a la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) y están hoy con medidas sustitutivas a la prisión. Se le dictó prisión preventiva a Roberto David Castillo Mejía, quien también guarda prisión por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres. A 12 de los 16 acusados se les había otorgado inicialmente sobreseimiento provisional, pero la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción revocó el mismo
Narco política 12 ciudadanos fueron acusados por el lavado de dinero del tráfico de drogas, a través de obras contratadas con el Estado hondureño que en su mayoría no se realizaron, a partir de la declaración del narcotraficante Devís Leonel Rivera Maradiaga (apodado “el cachiro”) en los Estados Unidos. Se encuentran en prisión el ex ministro de SOPTRAVI, Miguel Pastor y el ex director de carreteras, Walter Noé Maldonado, además de Claudia Matute, Deysi Zúñiga y José Valladares. Solo uno de los acusados ha sido sobreseído. El monto de lo defraudado se estima en 68,3 millones. La mayor parte de los acusados se benefició de las medidas establecidas por el juez en una segunda instancia.
El caso “Patuca III- Colusión y Corrupción” Requerimiento fiscal contra 10 ciudadanos (funcionarios y particulares) por contrataciones sobrevaloradas por un monto de 14, 520, 194 lempiras. En la audiencia inicial el Juzgado de Letras en Materia de Corrupción dictó medidas distintas a la prisión a favor de 6 imputados y prisión preventiva para 3 de ellos. Uno de los acusados se mantiene prófugo.
Corrupción sobre ruedas 8 ex funcionarios de Casa Presidencial y del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola BANADESA, acusados de desvío de fondos estatales. En una primera instancia el juez dictó medidas distintas a la detención judicial para los implicados. El proceso judicial se encuentra en sus primeras etapas
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