Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2015/T-024-15.htm
Timestamp: 2017-10-24 05:44:15
Document Index: 22773934

Matched Legal Cases: ['artículo 11', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 49', 'artículo 16', 'artículo 6', 'artículo 29', 'artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 13', 'Artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 4']

T-024-15
Sentencia T-024/15
El juez de tutela no puede argumentar la ausencia del carácter fundamental del derecho a la vivienda digna o acudir a la teoría de la conexidad para evaluar la procedibilidad del amparo, menos aun cuando la persona que lo solicita reviste la condición de sujeto de especial protección, supuesto frente al cual la consideración sobre la fundamentalidad de derecho se acrecienta. Por el contrario, debe analizar en el caso concreto si lo que se busca defender es el derecho subjetivo en cabeza del accionante como consecuencia de un determinado plan de adquisición de vivienda propia, pues, de ser así, la protección se torna procedente.
La Corte ha sido clara en establecer que la materialización del derecho fundamental a la vivienda digna, no implica únicamente la posibilidad de adquirir un inmueble para su habitación, sino, a su vez, que dicho acceso sea real y estable en el sentido de que el bien otorgado permita su goce efectivo y se constituya en un lugar adecuado para que una persona y su familia puedan desarrollarse en condiciones de dignidad. Por ende, es claro que a la luz de los instrumentos internacionales, de los cuales Colombia hace parte, y de la jurisprudencia constitucional, el derecho fundamental a la vivienda digna cuenta con una interpretación amplia, que incluye el concepto de vivienda adecuada; lo que significa que no se concreta con la entrega de un inmueble, sino que este debe ser adecuado para la habitación de quien tiene el derecho permitiendo su goce real y efectivo para que en él se pueda vivir de manera digna.
ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Estado debe adoptar medidas que incluyan eliminación de obstáculos y barreras de acceso a edificios, vías públicas, transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Obligación de entidades oficiales y privadas de adoptar medidas para permitir accesibilidad a inmuebles, sin obstáculos de ningún tipo, ni interior ni exterior, que impidan el goce efectivo y real del derecho
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Vulneración por entrega de vivienda no adecuada a exmilitar en silla de ruedas, por cuanto el inmueble de dos pisos carece de rampa para movilizarse dentro de la casa
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ Y DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA DE PERSONA EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Vulneración persiste en el tiempo, por entrega de vivienda no adecuada a exmilitar en silla de ruedas
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Orden a Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía proceda a reubicación y entrega de un auxilio de vivienda que se adecúe a las condiciones especiales del accionante, quien se encuentra en silla de ruedas
Referencia: Expediente T-4.501.292
Bogotá D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil quince (2015)
2.1 El 22 de octubre de 2010, el Ministerio de Defensa Nacional, a través de la Resolución No.3883, reconoció a Fredy Donato Rodríguez Hernández la pensión de invalidez, como consecuencia de una lesión ocurrida en el servicio por acción directa del enemigo, cuando se desempeñaba como soldado profesional.[1]
2.2 Dicha lesión, derivó en un trauma raquidiomedular y una pérdida de capacidad laboral del 100%, motivo por el cual el actor se encuentra obligado a movilizarse en silla de ruedas. A su vez, el 4 de octubre de 2013, le fue reconocido por parte de la entidad un incremento del 25% sobre el monto de la pensión, por requerir de una persona que lo auxiliara para realizar sus funciones elementales.
2.3 En el año 2011, resultó beneficiario de un subsidio de vivienda por parte de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía- Caprovimpo, la cual le hizo entrega de un bien inmueble de interés social ubicado en Palmira, Valle, en el Barrio Villas de Caimito, Urbanización Bicentenario, en la Calle 58A No.42-08, Manzana K, casa 7, lo que quedó debidamente anotado en la Escritura Pública No. 302 del 10 de febrero de ese año, en la Notaria 3ª de ese municipio.
2.4 El inmueble que le fue entregado consta de 2 pisos, los cuales se comunican por medio de una escalera, lo que hace que sea imposible para él movilizarse dentro de la casa, pues esta no cuenta con las rampas y demás adecuaciones necesarias para el desplazamiento de una persona en silla de ruedas.
2.4 Indica que debido a ello, y a la inseguridad que afecta al sector, pues se encuentra habitado por pandillas y desertores de la guerrilla y paramilitares, le fue imposible habitar el inmueble. Actualmente, la casa se encuentra abandonada y por el actuar de la delincuencia ya no tiene puertas, ventanas, sanitarios, ni lavaplatos, entre otros.
2.5 El actor sostiene que el problema de delincuencia en el sector es de público conocimiento, toda vez que el nivel de inseguridad es tan alto que ya se han presentado homicidios de varios miembros de una familia dentro de su hogar, situación que ha sido expuesta a través de distintos medios de comunicación.
2.6 Advierte que ante la situación descrita, hace aproximadamente 3 años, vive en Ibagué con su familia y tiene a su cargo a su hijo menor de edad que se encuentra estudiando en esa ciudad.
2.7 Sin embargo, para tratar de dar solución al asunto, el 11 de marzo de 2014, presentó un escrito de petición ante Caprovimpo, por medio del cual solicitaba: su reubicación debido a la inseguridad del sector; que el inmueble que le fuera entregado contara con la estructura adecuada para su condición de discapacidad y, de ser posible, que se encontrara ubicado en la ciudad de Ibagué. Aunado a ello, que se tuvieran en cuenta las funciones que tiene la Caja, dentro de las cuales resaltaba la de identificar las necesidades de vivienda de los afiliados, con el fin de participar colectivamente en los proyectos específicos. No obstante, el 21 del mismo mes y año, la entidad respondió de manera negativa al requerimiento.
2.8 Señala que esta situación le ha generado una afectación psicológica, pues, en la actualidad, no cuenta con una vivienda digna para él y su familia, a pesar de haber entregado los mejores años de su vida a la defensa del país, hasta resultar afectado por una discapacidad motora severa.
2.9 Así las cosas, sostiene que la entidad demandada vulneró sus derechos fundamentales, pues en ningún momento valoró su condición para otorgar el subsidio de vivienda y, aunado a ello, le entregan un inmueble de manera autoritaria sin que tuviera conocimiento del mismo, instándolo a firmar y a llenar documentos, con el único objetivo de cumplir con los requisitos para la culminación pronta del proceso de adjudicación.
- Cédula de ciudadanía de Fredy Donato Rodríguez Hernández (folio 8, cuaderno 2).
- Copia de la Resolución No. 3883 del 22 de octubre de 2010, a través de la cual el Ministerio de Defensa reconoce a Fredy Donato Rodríguez la pensión de invalidez (folios 9 y 10, cuaderno 2).
- Copia de la Resolución No. 3759 de 2013, a través de la cual el Ministerio de Defensa reconoce a Fredy Donato Hernández, un incremento sobre el monto de la pensión por requerir el auxilio de otra persona para realizar sus funciones elementales (folios 11 a 13, cuaderno 2).
- Copia de la matrícula inmobiliaria del bien que le fue entregado a Fredy Donato Rodríguez como solución de vivienda (folios 14 y 15, cuaderno 2).
- Copia de la escritura pública de la compraventa del inmueble que le fue entregado como solución de vivienda (folios 16 a 22, cuaderno 2).
- Fotos de la vivienda que le fue otorgada al accionante (folios 33 a 40, cuaderno 2).
- Copia del registro civil de nacimiento del menor hijo de Fredy Donato Rodríguez, (folio 55, cuaderno 2).
- Copia del escrito de petición suscrito por Fredy Donato Rodríguez, en el cual solicita su reubicación y la entrega de una nueva vivienda (folios 57 y 58, cuaderno 2).
- Copia de la respuesta otorgada por Caprovimpo al escrito de petición suscrito por el actor, a través del cual solicitaba la entrega de una nueva vivienda (folio 59, cuaderno 2).
5.1 Mediante auto del 2 de diciembre de 2014, el magistrado sustanciador consideró necesario recaudar algunas pruebas para verificar los supuestos de hecho que originan la presente solicitud. En consecuencia, resolvió lo siguiente:
“PRIMERO. Por Secretaría General, OFÍCIESE al Representante Legal de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, para que en el término improrrogable de dos (2) días, contados a partir de la notificación de este auto, informe a este despacho:
· Si el actor contaba con la posibilidad de manifestar su inconformidad con el inmueble recibido o, en su defecto, negarse a recibir el mismo. De ser afirmativa la respuesta, indicar qué implicaciones tendría tal abstención o manifestación.
· Indicar bajo qué argumentos la entidad sostiene que el actor tenía pleno conocimiento del proyecto de vivienda que estaba seleccionando; qué otros proyectos de vivienda llevados a cabo por la entidad estaban a disposición del actor para su escogencia y, a su vez, que otro elemento distinto a la carta de aceptación suscrita por el actor, utilizan como fundamento para afirmar que este último conocía a cabalidad la estructura del inmueble que le iba a ser entregado y que, en este caso, lo escogió libre y voluntariamente.
· De igual forma, explicar, brevemente, el proceso mediante el cual le fue otorgado el subsidio de vivienda al accionante.
· Indicar si en la actualidad existen o están en construcción otros proyectos de vivienda que se adecuen a las necesidades del actor, teniendo en cuenta su condición de discapacidad. En caso afirmativo, cuáles serían y dónde se ubican.
SEGUNDO. Por Secretaría General, OFÍCIESE a Fredy Donato Rodríguez Hernández, para que en el término de dos (2) días hábiles contados a partir de la notificación de este Auto, informe a esta Sala, lo siguiente:
· Indique específicamente, en qué consiste su discapacidad
· Quiénes integran actualmente su núcleo familiar, si vive con ellos y de dónde derivan sus ingresos económicos?
· Si es dueño de bienes muebles o inmuebles, indicando, en caso positivo, cuál es su valor y la renta que pueda derivar de ellos?
· En dónde se encuentran viviendo actualmente?
· Informe si manifestó o tuvo la posibilidad de señalar su inconformidad con la estructura del inmueble entregado para su vivienda al momento de la entrega?
La relación de gastos mensuales por todo concepto (alimentación, vestuario, salud, recreación, vivienda, préstamos, etc.), con los correspondientes soportes que así lo acrediten.”
6.2 En lo que toca con el accionante, este manifestó que su núcleo familiar está compuesto por su esposa y su hijo menor, de 5 años de edad, con quienes vive actualmente.
Sostiene que no posee bienes inmuebles, vive en arriendo y su único ingreso proviene de la pensión de invalidez, que en la actualidad asciende a 1’290.366 pesos, con la cual cubre vivienda, alimentación, vestuario, un crédito que se vio en la obligación de solicitar y demás gastos necesarios para la subsistencia de su familia.
Por otro lado, indica que no le fue posible manifestar su inconformidad con la vivienda al momento de su entrega, pues afirma que “las viviendas venían asignadas y escrituradas a cada propietario sin importar el tipo de discapacidad.” Insiste en que la casa que le fue entregada no se ajustaba a su condición, pues el primer y segundo piso se comunican por medio de escaleras y tanto el baño como la cocina son de espacio muy reducido, impidiendo su movilización, en silla de ruedas.
6.3 Por su parte, Caprovimpo manifestó que los beneficiarios de la Caja son quienes escogen los inmuebles para su vivienda, dependiendo de la disponibilidad. No obstante, pueden desistir de la aceptación, ya sea expresamente o absteniéndose de firmar la correspondiente escritura pública. Sin embargo, no señala cuáles son las consecuencias de dicha actuación.
Finalmente, luego de exponer de manera breve el proceso que se surtió para la entrega del bien al accionante, afirma que conforme con el Acuerdo 01 de 2011 de Caprovimpo, la entidad adjudica las casas como solución de vivienda de acuerdo con la disponibilidad de inmuebles y lo hace de “manera generalizada y en terrenos que cumplen con los requisitos para cada categoría y en ningún momento otorga viviendas de manera personalizada, pues de entrar a operar de este modo estaría atentando con la estabilidad financiera de la entidad que entraría a asumir un costo mucho más grande al adelantar proyectos de vivienda conforme a (sic) la solicitud de cada afiliado.”
3. Derecho fundamental a la vivienda digna y su protección a través del ejercicio de la acción de tutela. Reiteración de la jurisprudencia
Por su parte, la jurisprudencia constitucional ha definido este derecho como aquel, por medio del cual, se satisface la necesidad humana de poder contar con un sitio, propio o ajeno, que disponga de las condiciones adecuadas y suficientes para que quien lo habite pueda desarrollar, con dignidad, su proyecto de vida.[2]
El derecho a la vivienda digna ha sido entendido como parte de los llamados derechos económicos, sociales y culturales. En ese sentido, en los primeros pronunciamientos de la Corporación al respecto, se señalaba que estos derechos incorporan una naturaleza prestacional, por ende, no se predicaba su carácter fundamental y requerían, para su efectivo cumplimiento, un desarrollo legal amplio y la implementación de políticas públicas dirigidas a obtener los medios para su materialización. En consecuencia, no era procedente amparar el derecho a la vivienda digna por vía de tutela.[3]
Posteriormente, la Corte, luego de un análisis efectivo del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros instrumentos internacionales, en conjunto con el artículo 51 superior, decidió moderar esta tesis al sostener que la relación entre una vida digna y la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales era evidente. Es decir que, el desarrollo de una vida digna va ligado a la posibilidad de contar con un lugar de habitación adecuado.[4]
Así las cosas, se acogió la postura de la conexidad con la intención de proteger de manera efectiva aquellas garantías que pudieran resultar conculcadas por causa de la vulneración del derecho a la vivienda digna. En virtud de esta tesis, aunque el derecho comporte una naturaleza prestacional, cuando su desconocimiento ponga en peligro los derechos reconocidos por la Carta como fundamentales, se torna procedente el amparo por medio de la acción constitucional. [5]
Sin embargo, de manera más reciente, la jurisprudencia ha abordado el tema desde otro punto de vista, señalando que la naturaleza de fundamental que adquiere un derecho no puede estar sujeta a la manera como este se hace efectivo en la práctica. Bajo ese orden de ideas, la Sentencia T-016 de 2007, expuso que “Los derechos todos son fundamentales pues se conectan de manera directa con los valores que las y los Constituyentes quisieron elevar democráticamente a la categoría de bienes especialmente protegidos por la Constitución. Una cosa es la fundamentalidad de los derechos y otra – muy distinta – la aptitud de hacerse efectivos tales derechos en la práctica o las vías que se utilicen para ese fin.”[6]
“[L]a implementación práctica de los derechos constitucionales fundamentales siempre dependerá de una mayor o menor erogación presupuestaria, de forma tal, que despojar a los derechos prestacionales – como el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, al acceso al agua potable entre otros - de su carácter de derechos fundamentales resultaría no sólo confuso sino contradictorio. Al respecto, se dice, debe repararse en que todos los derechos constitucionales fundamentales – con independencia de si son civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, de medio ambiente - poseen un matiz prestacional de modo que, si se adopta esta tesis, de ninguno de los derechos, ni siquiera del derecho a la vida, se podría predicar la fundamentalidad. Restarles el carácter de derechos fundamentales a los derechos prestacionales, no armoniza, por lo demás, con las exigencias derivadas de los pactos internacionales sobre derechos humanos mediante los cuales se ha logrado superar esta diferenciación artificial que hoy resulta obsoleta así sea explicable desde una perspectiva histórica.”[7]
Así las cosas, con la implementación de proyectos y programas dirigidos a la adquisición de vivienda propia, como por ejemplo los planes de subsidios de vivienda para personas de escasos recursos, se supera la indeterminación del derecho a la vivienda digna, que ponía en duda la procedencia del amparo a través de la tutela y se delimitan las prestaciones en cabeza de las entidades públicas encargadas de desarrollar este tipo de políticas, generando de esta manera un derecho subjetivo y, como consecuencia, susceptible de protección por medio de esta acción constitucional.[8]
A la luz de lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha manifestado que para materializar el precitado derecho se cuenta con los subsidios de vivienda, reconocidos como un medio que permite al Estado lograr que las personas de escasos recursos cuenten con la posibilidad de adquirir un lugar de habitación, en el cual puedan desarrollar su proyecto de vida en condiciones dignas. Esta política, consiste en un aporte, en especie o en dinero, entregado por una sola vez al beneficiario a cargo del Estado para, de esta manera, dar aplicación a lo establecido en el artículo 51 de la Constitución.[9]
4. Alcance del derecho fundamental a la vivienda digna
Al referirse al alcance del derecho fundamental a la vivienda digna, la jurisprudencia constitucional[10] se remite al artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el cual se reconoce el derecho a tener una vivienda adecuada, desarrollado por la Observación General 4 del Comité de los Derechos Económicos Sociales y Culturales.
En ese sentido, señala que lo anterior se justifica, en primer lugar, dada la relación de este derecho con otros derechos humanos como la vida digna y, por otro lado, en que lo dispuesto en el artículo 11 del Pacto no se debe entender como vivienda en sentido estricto, sino como vivienda adecuada, lo que significa que el lugar que se considere como tal, debe contar con una seguridad y una infraestructura básica adecuadas entre otros muchos elementos, todos ellos acompañados del calificativo “adecuados”[11]
Señala a su vez la Observación, que a la luz de lo antes mencionado, el concepto de adecuación cobra gran importancia en relación con el derecho a la vivienda, pues sirve como parámetro para determinar los factores que se deben tener en cuenta al momento de considerar una vivienda como adecuada o no, conforme con lo señalado por el Pacto. Así, los aspectos que según este instrumento se deben identificar para que se configure el derecho a una vivienda digna y adecuada son, a saber: a) seguridad jurídica de la tenencia; b) disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura; c) gastos soportables; d) habitabilidad; e) asequibilidad; f) lugar y g) adecuación cultural.[12]
En efecto, la Corte, también ha sido clara en establecer que la materialización del derecho fundamental a la vivienda digna, no implica únicamente la posibilidad de adquirir un inmueble para su habitación, sino, a su vez, que dicho acceso sea real y estable en el sentido de que el bien otorgado permita su goce efectivo y se constituya en un lugar adecuado para que una persona y su familia puedan desarrollarse en condiciones de dignidad.[13]
5. El subsidio de vivienda para los miembros de la Fuerza Pública
Ahora bien, en relación con los miembros de la Fuerza Pública, el legislador, en desarrollo de la facultad constitucional establecida en los artículos 217, 218 y 222, ha determinado el régimen normativo especial para facilitar el acceso a la vivienda de quienes hacen parte de este grupo, el cual se encuentra plasmado, principalmente, en el Decreto Ley 353 de 1994, la Ley 973 de 2005 y la Ley 1305 de 2009. Este esquema se encuentra a cargo de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, una empresa industrial y comercial del Estado, con personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente, vinculada al Ministerio de Defensa.[14]
Lo anterior se lleva a cabo a través de un sistema complejo que, no solo se financia con dineros del presupuesto nacional, sino, también, de aportes provenientes de las cuentas individuales de los afiliados, entre otros,[15] característica que lo diferencia del régimen general de subsidio de vivienda.
“Esta diferencia se acentúa si se tiene en cuenta que el sistema financiero diseñado por el legislador para facilitar a los miembros de la fuerza pública el acceso a la vivienda, hace parte de su régimen prestacional y, por lo tanto, está integrado conceptual y técnicamente al sistema de salarios, prestaciones, compensaciones, estímulos y beneficios que se les reconoce a cambio de sus servicios. El Sistema de Vivienda de Interés Social al que se aludió en párrafos precedentes no está, en cambio, asociado a un régimen prestacional determinado, sino que responde a una política social de promoción del derecho a la vivienda digna para las personas que por su nivel de ingresos no podrían satisfacerlo por sus propios medios…”[16]
6. Derecho a la vivienda de personas en condición de discapacidad
Como ejemplo de lo señalado, se encuentra la Ley 1346 de 2009[17], a través de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo propósito, plasmado en el artículo 1º, “es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.”
Así, en desarrollo del mencionado objetivo, el citado instrumento estableció como principios generales la no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad entre otros.[18] De igual manera, dentro de las obligaciones generales que deben asumir los Estados Parte se encuentran comprometerse a: asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad; a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención; a tener en cuenta, en todas las políticas y programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad; a emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e instalaciones de diseño universal conforme con a la definición del artículo 2° de la Convención[19], para satisfacer las necesidades específicas de las personas con discapacidad, promover su disponibilidad y uso, y promover el diseño universal en la elaboración de normas y directrices.[20]
En igual sentido, dispone que en relación con los derechos económicos, sociales y culturales, deben comprometerse a adoptar las medidas “hasta el máximo de sus recursos disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de la cooperación internacional, para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de las obligaciones previstas en la presente Convención que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional.”[21]
Así, en desarrollo de lo dispuesto, estableció una serie de normas que permiten hacer efectivas dichas obligaciones y propósitos de manera concreta. Por ejemplo, el artículo 9º del instrumento hace referencia a la accesibilidad de las personas con discapacidad, señalando que los Estados Partes deben asegurar su acceso en igualdad de condiciones para que puedan participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Para ello, deben adoptar las medidas necesarias que incluyen la eliminación de obstáculos y barreras de acceso, las que habrán de ser aplicadas, entre otras, a: “Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo” (subrayas fuera del texto original).
No obstante, las medidas como eliminación de obstáculos y barreras para el acceso de las personas en condición de discapacidad y el ajuste a normas de diseño universal y enfoque diferencial para garantizar los derechos de estos sujetos, en lo que al derecho a la vivienda digna se refiere, se encuentran plasmados en nuestro ordenamiento jurídico, mucho antes, en la Ley 361 de 1997 “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de la personas con limitación y se dictan otras disposiciones.” Dirigida a determinar garantías a todas aquellas personas con algún tipo de limitación.
En relación con la vivienda, dicha ley dispone, en el capítulo 2, destinado a la eliminación de barreras arquitectónicas, específicamente en el artículo 49, que “como mínimo un 10% de los proyectos elaborados por el Gobierno para la construcción de vivienda de interés social, se programarán con las características constructivas necesarias para facilitar el acceso de los destinatarios de la presente ley, así como el desenvolvimiento normal de sus actividades motrices y su integración en el núcleo en que habiten.”. A su vez, establece que la norma rige también para los proyectos de vivienda de cualquier otra naturaleza que lleven a cabo entidades oficiales o privadas.
Al respecto también se expidió la Ley 1114 de 2006 “por la cual se modifica la ley 546 de 1999, el numeral 7 del artículo 16 de la ley 789 de 2002 y el artículo 6 de la ley 973 de 2005 y se destinan recursos para la vivienda de interés social.” Esta ley se encuentra dirigida a la población minusválida y específicamente a la construcción de la unidad habitacional. En efecto, dispone en el parágrafo 3, que subroga lo establecido en el artículo 29 de la Ley 546 de 1999, artículo 1º, que las autoridades municipales y distritales se encuentran en la obligación de exigir el cumplimiento de la obligación de disponer el 1% de las viviendas y, cuando el proyecto sea de menos de 100 inmuebles, por lo menos una de ellas a la población discapacitada. De igual forma, señala que el interior de dichas viviendas debe estar libre de cualquier barrera arquitectónica y tendrán que estar adaptadas para el sujeto en condición de discapacidad.
Por su parte, la Corte, al pronunciarse sobre la constitucionalidad del precitado parágrafo, el cual fue demandado por ser considerado una medida regresiva respecto de lo señalado en la Ley 361 de 1997, si bien sostuvo que en las dos leyes se identificaban beneficiarios diferenciables y diferentes entidades obligadas, toda vez que la ley de 1997 se dirige a toda las personas con algún tipo de limitación e impone la obligación en todas las entidades públicas y privadas y, por su parte, la ley del 2006 va dirigida a la población minusválida e impone la carga a las entidades municipales y distritales, señala a su vez que, lejos de ser regresivas, lo que se observa es una relación de complementariedad entre las disposiciones comparadas.[22]
“La disposición del parágrafo 3º del artículo 1 de la Ley 1114 de 2006, ahora demandada, es, como ya se había indicado en esta providencia, la simple reafirmación de dicha obligación, que no altera en nada su contenido y que la mantiene sin modificación en favor de la población discapacitada. Este espíritu de la norma, en un aspecto puntual de VIS en relación con “personas minusválidas”, se acompasa con el espíritu general de la Ley 361 de 1997 que, bajo una pretensión general, establece obligaciones en favor de todas las personas con limitación y a cargo de entidades públicas y privadas en relación con cualquier proyecto de vivienda.”[23]
Con fundamento en las anteriores consideraciones, pasa la Sala a verificar si, efectivamente, se presentó la vulneración del derecho fundamental a la vivienda digna de Fredy Donato Rodríguez Hernández, por parte de la Caja Promotora de vivienda Militar y de Policía- Caprovimpo al adjudicar como solución de Vivienda, un inmueble que no cuenta con las adecuaciones necesarias para atender su condición de discapacidad.
Aparece acreditado en el expediente que el accionante sufrió una lesión ocurrida en el servicio, por acción directa del enemigo, cuando se desempeñaba como soldado profesional,[24] lo que tuvo como consecuencia un trauma raquidiomedular y una pérdida de capacidad laboral del 100%, motivo por el cual se encuentra obligado a movilizarse en silla de ruedas. Debido a ello, el Ministerio de Defensa le reconoció la correspondiente pensión de invalidez, así como un porcentaje adicional, toda vez que requiere de alguien que lo auxilie para realizar sus actividades básicas.
En cuanto a su condición personal, señala que su situación económica es difícil, ya que tiene a su cargo a su esposa y a su hijo menor de edad quien se encuentra estudiando, su único ingreso proviene de la pensión que le fue otorgada, que asciende, en el 2014, a 1’290.366 pesos y con la cual cubre el arriendo, la alimentación y un crédito que solicitó, además de gastos necesarios para la subsistencia de su familia.
En igual sentido, advierte que en virtud del Acuerdo 01 de 2011, Caprovimpo debe adjudicar las viviendas conforme a los bienes disponibles, motivo por el cual “los inmuebles se adjudican de manera generalizada y en terrenos que cumplen con los requisitos para cada categoría y en ningún momento otorga viviendas de manera personalizada, pues de entrar a operar de este modo se estaría atentando con la estabilidad financiera de la entidad que entraría a sumir un costo mucho más grande al adelantar proyectos de vivienda conforme a la solicitud de cada afiliado”[25]
En ese orden, se advierte que el inmueble adjudicado por la entidad no cumple con lo establecido en los instrumentos internacionales, el ordenamiento jurídico colombiano y la jurisprudencia constitucional, en relación con los requisitos necesarios para garantizar el derecho a la vivienda digna de una persona en condición de discapacidad, ya que presenta obstáculos bastante importantes en su interior que impiden drásticamente la movilidad del actor. En efecto, el bien no se ajustó al concepto de habitabilidad, en la medida en que no ofrece un espacio adecuado para una persona con el tipo de discapacidad que padece el demandante e incluso puede resultar inseguro, toda vez que para desplazarse dentro del mismo, éste tendría que levantarse y apartarse de la silla de ruedas lo que podría acarrear algún accidente.
Por otra parte, lo anterior no fue desvirtuado por la entidad demandada y, al respecto, simplemente señala que el inmueble fue escogido de manera libre y voluntaria por parte del actor. No obstante, la Sala considera que esto no se encuentra debidamente acreditado, pues de la afirmación de haber realizado unas llamadas telefónicas y de la deficiente información registrada en la carta de aceptación suscrita por el accionante,[26] no se desprende, con certeza, que éste haya tenido pleno conocimiento de las características del proyecto y del inmueble que le iba a ser entregado.
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 22 de julio de 2014, dentro del proceso de tutela iniciado por Fredy Donato Rodríguez Hernández, contra la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía- Caprovimpo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y en consecuencia, TUTELAR el derecho fundamental a la vivienda digna.
SEGUNDO.- ORDENAR a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía- Caprovimpo que, en un término máximo de seis (6) meses, a partir de la notificación del presente fallo, proceda a la reubicación y entrega de un auxilio de vivienda a Fredy Donato Rodríguez Hernández, que se adecúe a sus condiciones especiales y le permitan el efectivo disfrute del derecho a una vivienda digna. Lo anterior, previa suscripción por parte del demandante, con las formalidades de ley, de un documento en el que restituya a Caprovimpo los derechos relacionados con el primer bien que recibió, a fin de no desconocer la prohibición de la doble entrega de este subsidio.
A LA SENTENCIA T-024/15
PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Expresiones “minusválidos” o “la población minusválida” son expresiones peyorativas y contribuyen a perpetuar la discriminación hacia estos sujetos de especial protección constitucional (Aclaración de voto)
Acción de tutela incoada por el ciudadano Fredy Donato Rodríguez contra el Ministerio de Defensa Nacional y otros
Asunto: El lenguaje como una forma adicional de proteger a los sujetos de especial protección
En efecto, como lo sugerí oportunamente, estimo conveniente que este Tribunal constitucional no se refiera a las personas en condición de discapacidad, como “minusválidos” o “la población minusválida”, ya que estas expresiones son peyorativas y contribuyen a perpetuar, cautamente, la discriminación hacia estos sujetos de especial protección constitucional.
[1] Folio 21, cuaderno 2.
[2] Ver Sentencias T-585 de 2008, T-675 de 2011, T-761 de 2011.
[3] Ver sentencia T-907 de 2010.
[4] Ver Sentencia T-675 de 2011.
[5] Ver sentencias T-509 de 2010, T675 de 2011 y T-585 de 2008.
[6] Sentencia T-016 de 2007.
[7] Ver Sentencia T-016 de 2007.
[8] Ver Sentencia T-907 de 2010.
[9] Ver Sentencia T-040 de 2007.
[10] Ver Sentencia T-199 de 2010 y T-530 de 2011.
[11] Numerales 6 y 7 de la Observación General 4 del Comité de los Derechos Económicos Sociales y Culturales.
[12] Numeral 8 de la Observación General 4 del Comité de los Derechos Económicos Sociales y Culturales.
[13] Sentencia T-157 de 2008, ver también Sentencia C-057 de 2010.
[14] Decreto 353 de 1994.
[15]Ley 973 de 2005: Artículo 13. “Recursos. Los recursos de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía estarán constituidos por:
[16] Sentencia C-057 de 2010.
[17] Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad", adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.
[18] Artículo 3º de la Convención.
[19] “Por "diseño universal" se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El "diseño universal" no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten.”
[20] Numeral 1º del artículo 4º de la Convención.
[21] Numeral 2 del artículo 4º de la Convención.
[22] Ver Sentencia C-536 de 2012.
[23] Sentencia C-536 de 2012.
[24] Folio 21, cuaderno 2.
[25] Folio 34, cuaderno 1
[26] Folio 81, cuaderno 2.