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Timestamp: 2019-10-15 04:17:13
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Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 87', 'artículo 13', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 36']

﻿ SENTENCIA T-724 DE AGOSTO 20 DE 2003
SENTENCIA T-724 DE 20 DE AGOSTO DE 2003
CONTENIDO:CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO. PARTICIPACIÓN DE GRUPOS MARGINADOS O DISCRIMINATORIO EN PROCESO LICITATORIOS ADOPTANDO ACCIONES AFIRMATIVAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:SERVICIOS PÚBLICOS, ELEMENTOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO, PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO, TUTELA, PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, GRUPO ARMADO AL MARGEN DE LA LEY, PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
Sentencia T-724 de agosto 20 de 2003
Sent. T-724, ago. 20/2003. Exp. T-723237
Acción de tutela interpuesta por Silvio Ruiz Grisales y la Asociación de Recicladores de Bogotá, ARB contra el Distrito Capital de Bogotá-Unidad ejecutiva de servicios públicos.
Dentro del proceso de revisión de los fallos proferidos por el Juzgado 43 Penal Municipal de Bogotá, D.C. y el Juzgado 1º Penal del Circuito de Bogotá, D.C., en el trámite de la acción de tutela impetrada por Silvio Ruiz Grisales y la Asociación de Recicladores de Bogotá, ARB, representada legalmente por Nohora Padilla Herrera contra el Distrito Capital de Bogotá-Unidad ejecutiva de servicios públicos.
Los actores, Silvio Ruiz Grisales y la Asociación de Recicladores de Bogotá, ARB, interpusieron el 23 de diciembre de 2002, acción de tutela contra el Distrito Capital de Bogotá-Unidad ejecutiva de servicios públicos por considerar que dicha entidad desconoció sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y a la actuación de buena fe. La demanda de tutela la fundamentan en los hechos que a continuación se resumen.
Agregan los accionantes que el gerente de la Unidad ejecutiva de servicios públicos, UESP, del Distrito Capital de Bogotá, mediante Resolución 131 del 2 de diciembre de 2002, ordenó la apertura de la licitación 1 de 2002, la cual tiene por objeto “seleccionar para cada área de servicio exclusivo —ASE— en que se ha dividido la ciudad, a la persona idónea que en virtud del contrato de concesión se encargue de la prestación del servicio público de aseo urbano, bajo el esquema de área de servicio exclusivo, respecto de: a. Recolección y transporte (...) de los residuos generados por usuarios residenciales, pequeños productores, y de los residuos ordinarios producidos por los grandes generadores; b. Barrido y limpieza integral de vías, áreas y elementos que componen el amoblamiento urbano público (...); y c. Corte de césped (...) en las áreas verdes públicas del Distrito Capital; así como de las actividades adicionales de: (...) b. Realizar la recolección del material recuperable, mediante una ruta de recolección selectiva, y disponer del mismo en los centros de reciclaje y apoyar los programas de reciclaje que señale el Distrito Capital a través de la UESP; y c. Poda de árboles en los sitios y en la oportunidad que les indique la UESP“.
Argumentan los actores que en el pliego de condiciones de la citada licitación, se establecen requisitos de experiencia, capital, conocimiento y manejo de tiempo que “prácticamente sólo los actuales operadores podrían cumplir“, además de no contemplar acciones afirmativas que permitan la participación preferencial de los recicladores de Bogotá. Igualmente aducen que esta licitación contempla las actividades adicionales de poda de árboles y corte de césped dentro de la estructura tarifaria, no obstante ser servicios especiales que no pueden estar allí incluidos.
Por otra parte, manifiestan los accionantes que según el artículo 2º del mismo acto administrativo, el plazo de este proceso licitatorio “será el comprendido entre el 16 de diciembre de 2002 a las 9:00 a.m. y el 30 de enero de 2003 a las 3:00 p.m.”; que el 16 de diciembre de 2002 efectivamente se empezó a vender el pliego de condiciones, y que el 18 de diciembre de 2002 se celebró la audiencia pública con el objeto de interrogar a la administración sobre el contenido de dicho pliego; pero que el 17 de diciembre del mismo año, la UESP mediante oficio 05074 autorizó a los líderes de los recicladores a consultar el pliego sólo el día 20 de diciembre, es decir, dos días después de celebrada la audiencia pública.
Por las razones anteriormente expuestas, consideran los actores vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, toda vez que dentro de la actuación de la UESP hubo un “sistemático y antiguo manejo parcial que les impide a los recicladores ingresar a la prestación formal del servicio“; consideran vulnerado el principio de la buena fe, por cuanto la conducta de la UESP antes y durante el proceso licitatorio no ofrece garantías de transparencia; estiman vulnerado su derecho fundamental a la igualdad, pues, según ellos, el pliego de condiciones está diseñado para favorecer a un grupo específico de personas, ya que no contempla acciones afirmativas a favor de una población vulnerable y marginal como son los recicladores, a quienes pone a competir en igualdad de condiciones con poderosos grupos económicos; por último, consideran la conducta de la UESP violatoria de su derecho fundamental al trabajo, dado que las prórrogas de los cuatro contratos iniciales y la nueva licitación del servicio de recolección de basuras coarta su posibilidad de competir y trabajar.
Plantean los actores como sustento de la acción de tutela incoada como mecanismo transitorio, que de continuar corriendo el plazo de la licitación 1 de 2002 de la UESP, los recicladores de Bogotá se verán excluidos del proceso licitatorio, de suerte que cuando demanden la adjudicación del contrato y el contrato mismo, ya la situación estará consumada y no podrán pedir que se les facilite la participación dentro de dicho proceso. De ahí que la tutela transitoria, para evitar un perjuicio irremediable, sea en este momento el único mecanismo eficaz de amparo de sus derechos constitucionales fundamentales.
Los accionantes solicitan, como mecanismo transitorio, que se ordene al Distrito Capital de Bogotá-Unidad ejecutiva de servicios públicos, que en el término de 48 horas proceda a suspender la licitación 1 de 2002, encaminada a concesionar el servicio de recolección de basuras en la ciudad de Bogotá; modificar el pliego de condiciones de manera que permita la participación efectiva de los recicladores organizados de la ciudad y, una vez realizado ello, reanudar el proceso licitatorio.
3.Las pruebas que obran en el proceso.
• Certificado de existencia y representación de la Asociación de Recicladores de Bogotá, ARB (fls. 20-21).
• Copia de los cuatro (4) contratos de concesión números 18, 19, 20 y 21, celebrados el 14 de octubre de 1994, entre el Distrito Capital de Bogotá —UESP— y los consorcios Ciudad Limpia, Aseo Capital, Lime Bogotá y Corpoaseo (fls. 41-131).
• Copia de las prórrogas de los contratos anteriormente enunciados (fls. 132-239).
• Copia de la Resolución 131 del 2 de diciembre de 2002, mediante la cual se ordena la apertura de la licitación pública 1 de 2002 (fls. 14-19).
• Copia del pliego de condiciones de la licitación pública 1 de 2002 (fls. 23- 40).
• Copia del oficio 5074 del 17 de diciembre de 2002 de la unidad ejecutiva de servicios públicos (fl. 22).
• Copias de las resoluciones de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, números 233, 235 y 236 de 2002 (fls. 84-104).
• Copia de la resolución de la Unidad ejecutiva de servicios públicos 134 del 8 de septiembre de 2000 (fls. 134-127(sic)).
En cuanto a la presunta violación del derecho fundamental al debido proceso en la licitación pública 1 de 2002, la accionada señala que el artículo 2º de la resolución de apertura de dicha licitación dispuso “señalar como plazo de la licitación el comprendido entre el 16 de diciembre de 2002 a las 9:00 a.m. y el 30 de enero de 2003 a las 3:00 p.m.”, pero que posteriormente, la UESP mediante Acuerdo 1 del 26 de diciembre de 2002, decidió ampliar el plazo para el cierre de la licitación pública 1 de 2002 hasta el día 7 de febrero de 2003 a las 3:00 p.m.
Respecto a la presunta vulneración del derecho fundamental a la igualdad por parte de la accionada, esta expresa que ni antes ni ahora el pliego de condiciones contiene reglas de valoración o de requisitos que sean diferentes según la naturaleza de la persona del interesado. En relación con los requisitos mínimos, encaminados a garantizar la idoneidad del oferente, la entidad tuvo como criterio para su consagración el de tener en cuenta aquello que sea lo mínimo que deba poseer una persona, desde las perspectivas técnica, financiera y jurídica, para proporcionar seguridad al Distrito sobre la persona que los acredite está en disposición de prestar el servicio de manera adecuada y sin ponerlo en riesgo; por lo tanto, la persona que no posea el mínimo requerido no tiene la capacidad suficiente para garantizar una pretensión de las dimensiones requeridas. A su vez, agrega la accionada que los requisitos habilitantes que en el pliego se establecen son los mismos para todos los proponentes que pueden ser elegibles, de suerte que no puede existir violación al derecho a la igualdad.
Considera la accionada que es importante recalcar que el objeto de la licitación pública 1 de 2002 se refiere a la recolección, barrido, limpieza y transporte de los residuos sólidos generados en el Distrito Capital, y el corte de césped en las áreas verdes; así las cosas, se infiere según la accionada que en dicho objeto no se considera la actividad de reciclaje como principal. A su vez informa que sobre lo relacionado con la poda de árboles y el corte de césped, la Ley 632 de 2000 establece en su artículo 1º que el servicio público de aseo “es el servicio de recolección municipal de residuos, principalmente sólidos. También se aplicará esta ley a las actividades complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de tales residuos. Igualmente incluye, entre otras, las actividades complementarias de corte de césped y poda de árboles, ubicados en las vías y áreas públicas, de lavado de estas áreas, transferencia, tratamiento y aprovechamiento“.
Por todo lo anterior, considera la demandada que no se observa violación a derecho fundamental alguno con la conducta desplegada por esta, por lo que solicita que no sean consideradas las pretensiones de los demandantes.
En lo relacionado con las prórrogas de los cuatro (4) contratos iniciales celebrados por el Distrito Capital con los consorcios citados, precisó que dichas prórrogas se encuentran ejecutoriadas y gozan de plena legalidad, pero para al momento de expedición de los respectivos actos, los demandantes han debido acudir a las acciones contencioso administrativas consagradas en la Ley 80 de 1993, en concordancia con las normas del Código Contencioso Administrativo, para promover la Acción de Nulidad del Contrato en los términos de los artículos 45 y 47 de la misma ley en concordancia con el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, la cual reconoce el derecho de participación ciudadana en la vigilancia y control de la actividad contractual de la administración, en el sentido de legitimar a las asociaciones cívicas, comunitarias o de profesionales, benéficas o de utilidad común, para “denunciar ante las autoridades competentes las actuaciones, hechos u omisiones de los servidores públicos o de los particulares, que constituyan delitos, contravenciones o faltas en materia de contratación estatal“.
Manifestó el a quo que es absurdo pretender, como lo indican los petentes, que la Alcaldía Mayor de Bogotá —UESP— en el pliego de condiciones, consagre acciones preferenciales a favor de los recicladores de Bogotá que permitan su participación, más aún cuando jurisprudencialmente se ha sostenido que “el estatuto general de contratación pública está llamado a imprimir homogeneidad al procedimiento contractual de las diversas entidades del Estado, con el objeto de asegurar los intereses generales que coinciden con la eficiencia, transparencia y objetividad de la actuación pública. Estas notas exigen que a los proponentes que participan en una licitación se los trate de manera imparcial, vale decir, que respecto de ellos se mantenga el principio de igualdad“ (Sent. T-147/96)
De otro lado, explica el juzgado que ha de resaltarse que la actividad de reciclaje como tal no se está concesionando en esta licitación, no obstante en el pliego de condiciones se contempló acciones a favor de tal grupo, en los siguientes términos: “Compromiso de integración de la población internamente desplazada y de recicladores. Los proponentes y concesionarios que resulten seleccionados deben tener en cuenta que el 15% de los operarios que se requieran para la realización de la actividad de corte de césped, deberá ser seleccionado previo el cumplimiento de los procesos de selección que el concesionario señale en su oportunidad, con personas en situación de desplazamiento y recicladores que cumplan con el perfil establecido por el concesionario y escogidos de una lista de elegibles que la Red de Solidaridad Social, para los primeros, y el Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito Capital, DABS, para los segundos, elaborará y le suministrará al concesionario a petición de este último“.
Enuncian los apelantes que el hecho de no contemplar dentro del objeto de la licitación pública 1 de 2002 la actividad de reciclaje equivale a condenar a los recicladores organizados a realizar, eterna y únicamente, la separación manual de desperdicios, y a confirmar su exclusión del universo de posibilidades que surgen del mercado de la basura, que es el único que conocen bien y en el que pueden ser competitivos. Agregan que respecto a la exigencia relativa a “apoyar el reciclaje“ que el Distrito incluyó en los pliegos para los futuros concesionarios, el juzgado ignora que tal apoyo no es para los recicladores sino para el fomento de la cultura del reciclaje en la ciudadanía, pues los bogotanos deberán empezar a separar en las casas los desperdicios reciclables de los no reciclables.
El Juzgado 1º Penal del Circuito de Bogotá por providencia del 26 de febrero de 2003, resolvió confirmar la sentencia impugnada. Para el juzgado la acción de tutela no puede ser exitosa en este caso, si se tiene en cuenta que dicha acción no puede constituirse en una vía alternativa para entrar a controvertir actos administrativos donde, para el caso concreto, la Resolución 131 de 2002, proferida por la gerente de la Unidad ejecutiva de servicios públicos, dependiente de la Alcaldía Mayor de esta ciudad, ordena la apertura de la licitación pública 1 de 2002, ya porque se observó el debido proceso al ser proferida con el lleno de los requisitos, ora porque no fue recurrida ni demandada ante la jurisdicción respectiva (contencioso administrativa).
1. Solicitud de insistencia presentada por el magistrado Manuel José Cepeda Espinosa.
Considera además que la presente acción de tutela plantea la importancia de las omisiones y de la marginación social en materia de procedencia de la acción de tutela, en este caso, si existe un perjuicio irremediable que hace procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio cuando la administración omite tomar medidas a favor de grupos marginados o discriminados, lo cual refuerza la situación de exclusión social, al reducir las oportunidades de realizar legítima y dignamente labores de subsistencia.
2. Solicitud de insistencia presentada por la Defensoría del Pueblo.
La defensoría estima que los recicladores son grupos con debilidades manifiestas, lo que transforma la obligación genérica del Estado frente a las personas débiles o marginadas, en obligación específica y hace nacer el correlativo derecho a exigir las prestaciones correspondientes por parte de las personas en quienes concurran las circunstancias de debilidad manifiesta. Por tal motivo, advierte que el Estado social de derecho impone la solución señalada ante los casos de manifiesta injusticia material, cuando ha sido el mismo Estado el primero en eludir sus compromisos. Cita en ese sentido la Sentencia T-571 de 1992 de esta corporación.
3. Solicitud de adopción de medidas provisionales.
En comunicación dirigida al despacho del magistrado Jaime Araújo Rentería, los demandantes solicitaron que por medio de una medida provisional adecuada se evite que sean definitivamente excluidos por el Distrito-UESP, por una licitación que es su última opción para mantener el mínimo vital.
1. Esta Corte es competente para revisar los presentes fallos de tutela, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y por la escogencia del caso mediante Auto de la Sala de Selección 5 del 15 de mayo de 2003.
2. Corresponde a la Corte determinar si el Distrito Capital de Bogotá-Unidad ejecutiva de servicios públicos desconoció los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y a la actuación de buena fe de los actores, al establecer requisitos en la licitación pública 1 de 2002, que no pueden cumplir la Asociación de Recicladores de Bogotá, como grupo discriminado y marginado, que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio.
3. Antes de abordar el análisis de los problemas jurídicos plantados, la Corte determinará si en el presente caso se encuentra en presencia de un hecho superado, atendiendo a que los contratos de que trata la licitación 1 de 2002 de la Unidad ejecutiva de servicios públicos, UESP, y de la cual los actores hacían depender el perjuicio irremediable, ya fueron adjudicados. Análisis que exige como supuesto establecer en qué consiste el fenómeno del hecho superado.
“... La acción de tutela ha sido concebida, como un procedimiento preferente y sumario para la protección efectiva e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un particular en los casos que determine la ley. Así las cosas, la efectividad de la acción, reside en la posibilidad de que el juez si observa que en realidad existe la vulneración o la amenaza alegada por quien solicita protección, imparta una orden encaminada a la defensa actual y cierta del derecho en disputa ...
... Sin embargo, si la situación de hecho que genera la violación o la amenaza ya ha sido superada, el instrumento constitucional de defensa pierde su razón de ser...” (1) .
(1) Sentencia T-589 de 2001. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
En el caso sub judice se configura un hecho superado por carencia actual de objeto.
5. El perjuicio irremediable alegado por los demandantes gravita sobre la presunta exclusión a la que se verían avocados los recicladores de Bogotá, de continuar corriendo —para el momento de la presentación de la demanda— el plazo de la licitación 1 de 2002 de la UESP, de suerte que cuando demanden la adjudicación del contrato y el contrato mismo, ya la situación estaría consumada y no podrían pedir que se les facilite la participación dentro de dicho proceso.
6. La Corte encuentra que al momento de entrar a fallar el presente caso ya se había realizado la adjudicación de los contratos licitados. Así, el 13 de junio de 2003 se celebró la audiencia pública, adjudicándose cinco de las seis áreas de servicio exclusivo, ASE, tal como quedó plasmado en la Resolución 96 de 2003. La adjudicación de la última ASE se realizó directamente, conforme aparece en la Resolución 131 del 15 de agosto de 2003.
“Por lo tanto, el fallo de segunda instancia acorde a las pruebas y situaciones obrantes en el expediente para esa oportunidad ha debido proteger los derechos del actor que efectivamente estaban siendo vulnerados, razón por la cual se procederá a revocar el fallo de segunda instancia. No se impartirá orden alguna para restablecer los derechos del actor, sólo por cuanto de las pruebas solicitadas por esta corporación se infiere que la vulneración de los derechos del actor ha cesado al superarse el hecho que dio origen a la presente acción de tutela. De impartirse alguna orden, esta no tendría efecto ...“
La adopción de acciones afirmativas en procesos licitatorios para garantizar la participación de grupos marginados o discriminados.
7. Por acciones afirmativas se entiende todo tipo de medidas o políticas dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico que los afectan, bien de lograr que los miembros de un grupo subrepresentado, usualmente un grupo que ha sido discriminado, tengan una mayor representación, con el fin de conseguir una mayor igualdad sustantiva entre grupos sociales con problemas de discriminación o de desigualdad de oportunidades (2) .
(2) Al respecto ver la Sentencia C-371 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz. Un tratamiento sistemático del tema puede verse en: Las estrategias de la Igualdad, la discriminación inversa como medio de promover la igualdad, por Macario Alemany, en Isonomía Nº 11, octubre de 1999, Universidad de Alicante, España.
8. Nuestro ordenamiento constitucional prevé ese tipo de medidas. Así, el artículo 13-2 de la Constitución Política señala como una obligación del Estado (3) la de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, adoptando medidas a favor de grupos: discriminados o marginados.
(3) Por Estado debe entenderse aquí, en su acepción más amplia, los diversos niveles que lo integran: el nacional y el territorial (departamental, distrital o municipal).
De acuerdo con el pliego de condiciones el servicio a contratar incluye la recolección del material recuperable. En efecto, al delimitarse el objeto del contrato se establecieron como actividades de obligatorio cumplimiento por parte de los concesionarios la de realizar la recolección del material recuperable, mediante una ruta de recolección selectiva y disposición de los mismos en los centros de reciclaje o de acopio que se asignarán a las localidades que hacen parte de la ASE, de acuerdo con el anexo 10 (4) , por el cual se estructuró el sistema operativo de reciclaje-SOR, con los siguientes componentes: de separación en la fuente, de recolección y transporte, de infraestructura de aprovechamiento, de comercialización y desarrollo tecnológico, así como un componente social.
(4) Ver numeral 1.2.2 del pliego de condiciones.
Si bien, de acuerdo con el pliego de condiciones, los proponentes y concesionarios que resulten seleccionados deben tener en cuenta que el 15% de los operarios que se requieran para la realización de la actividad de corte de césped, deberá ser seleccionado con personas en situación de desplazamiento y recicladores, esta medida no reporta ninguna protección eficaz de la actividad de reciclaje que vienen desempeñando los recicladores. En primer lugar, porque la actividad a desarrollar es diferente a la de reciclaje, esto es, el corte de césped; en segundo lugar, porque se acentúan las condiciones de marginamiento de casi la totalidad de esa población, teniendo en cuenta que el 15% de los operarios que se piensa vincular para el corte de césped, está compartido por otra población en condiciones de debilidad manifiesta, como son los desplazados.
10. Por todo lo anterior, la Corte observa que para el momento en que se adoptaron los fallos de instancia, era factible tutelar los derechos de los recicladores de Bogotá; de suerte que esta Sala no comparte el criterio expresado por estos juzgadores de denegar la acción de tutela impetrada y por ello procederá a revocar las sentencias proferidas por el Juzgado 43 Penal Municipal de Bogotá y el Juzgado 1º Penal del Circuito de la misma ciudad, y conceder el amparo de los derechos fundamentales de los actores pero se abstendrá de adoptar decisión alguna, por cuanto esta no tendría ningún efecto al haberse superado el hecho que la originó.
Cabe anotar que si bien se solicitaron medidas provisionales durante el trámite de la revisión de la presente acción, estas fueron presentadas tardíamente, ya que el escrito fue radicado en la secretaría general de la Corte el 11 de junio de 2003 —recibido en el despacho del magistrado sustanciador el 12 de junio del mismo año— y la adjudicación se efectuó el 13 de junio de 2003, esto es, el día siguiente al recibo, lo que impidió una respuesta oportuna por parte de la Corte.
11. Sin embargo, esta corporación considera necesario prevenir, en los términos del artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, a la Unidad ejecutiva de servicios públicos del Distrito Capital de Bogotá o a la entidad del Distrito que haga sus veces, para que en futuras ocasiones incluya acciones afirmativas a favor de los recicladores de Bogotá, cuando se trate de la contratación de servicios públicos de aseo, debido a que la actividad que ellos desarrollan está ligada con dicho servicio, a fin de lograr condiciones reales de igualdad y de dar cumplimiento a los deberes sociales del Estado, y que por ningún motivo vuelva a reincidir en las omisiones en que incurrió en la licitación 1 de 2002, respecto a los recicladores de Bogotá.
1. DECLARAR carencia actual de objeto por hecho superado en la acción de tutela impetrada por Silvio Ruiz Grisales y la Asociación de Recicladores de Bogotá, ARB, representada legalmente por Nohora Padilla Herrera, contra el Distrito Capital de Bogotá-Unidad ejecutiva de servicios públicos.
2. REVOCAR los fallos proferidos por el Juzgado 43 Penal Municipal de Bogotá y el Juzgado 1º Penal del Circuito de Bogotá, en el trámite de la acción de tutela impetrada por Silvio Ruiz Grisales y la Asociación de Recicladores de Bogotá, ARB, representada legalmente por Nohora Padilla Herrera contra el Distrito Capital de Bogotá-Unidad ejecutiva de servicios públicos.
3. PREVENIR en los términos del artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, a la Unidad ejecutiva de servicios públicos del Distrito Capital de Bogotá o a la entidad del Distrito que haga sus veces, para que en futuras ocasiones incluya acciones afirmativas a favor de los recicladores de Bogotá, cuando se trate de la contratación de servicios públicos de aseo, debido a que la actividad que ellos desarrollan está ligada con dicho servicio, a fin de lograr condiciones reales de igualdad y de dar cumplimiento a los deberes sociales del Estado, y que por ningún motivo vuelva a reincidir en las omisiones en que incurrió en la licitación 1 de 2002, respecto de los recicladores de Bogotá.
4. SOLICITAR a la Procuraduría General de la Nación que vigile el cumplimiento de la parte de subcontratación que les corresponde a los recicladores de Bogotá, conforme al numeral 26 del Pliego de Condiciones de la Licitación Nº 1 de 2002, adelantada por la Unidad ejecutiva de servicios públicos del Distrito Capital de Bogotá.
5. Por Secretaría General líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí previstos.