Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-I/2013/as201311115.html
Timestamp: 2019-03-27 02:38:03
Document Index: 250981592

Matched Legal Cases: ['artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 53', 'artículo 18', 'artículo 178', 'artículo 9', 'artículo 163', 'artículo 417', 'artículo 416', 'artículo 15', 'artículo 17', 'artículo 400', 'artículo 416', 'artículo 416', 'artículo 42', 'artículo 418', 'artículo 55', 'artículo 418']

as201311115
AUTO SUPREMO Nº. 115/2013
EXPEDIENTE: Tarija 76/2013
PARTES PROCESALES: Ministerio Público contra Leandra Zárate Romero, Lucas Romero Chiri
VISTOS: El recurso de casación interpuesto por el imputado Lucas Romero Chiri (fs. 348 a 358), impugnando el Auto de Vista Nro. 8/2013 emitido el 28 de febrero por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija (fs. 334 a 336), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Leandra Zárate Romero y el recurrente, por la presunta comisión del delito de transporte de sustancias controladas previsto y sancionado por el artículo 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.
Sustanciado el mencionado proceso, el Tribunal Segundo de Sentencia de la capital del departamento de Tarija, que conoció esa causa, dictó Sentencia Nro. 19/2011 el 1 de agosto, declarando a la imputada Leandra Zárate Romero autora del delito de transporte de sustancias controladas previsto y sancionado por el artículo 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, condenándola a la pena privativa de libertad de ocho años de presidio a cumplirse en el penal de Morros Blancos, mas el pago de 100 días multa a razón de Bs. 1 por día. Respecto al delito de asociación delictuosa y confabulación, previsto y sancionado por el artículo 53 de la misma norma legal, fue declarada absuelta.
La Sentencia declaró al imputado Lucas Romero Chiri, absuelto de la comisión de los delitos de transporte de sustancias controladas y asociación delictuosa y confabulación descritos y sancionados por los artículos 55 y 53 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.
Dicha Sentencia fue recurrida en apelación restringida por el representante del Ministerio Público (fs. 298 a 301) que fue resuelta por Auto de Vista Nro. 8/2013 de 28 de febrero de 2013, que declaró “con lugar” el recurso de alzada y anuló la Sentencia de manera parcial, disponiendo la reposición del juicio únicamente con relación al imputado Lucas Romero Chiri, manteniéndose firme en cuanto a la imputada Leandra Zárate Romero.
No consta en obrados diligencia de notificación de ningún tipo al imputado Lucas Romero Chiri, sin embargo, presentó recurso de casación en fecha 26 de marzo de 2013 dando con ello origen al recurso que es motivo de examen.
Que el recurrente, Lucas Romero Chiri fundamenta el recurso casacional como sigue:
1.- “I. DERECHO A INTERPONER EL RECURSO DE CASACIÓN”, ampara la interposición del recurso en los artículos 180 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículos 8 numeral 5 inciso h), 24 y 25 numeral 1 del Pacto de San José de Costa Rica; artículos 18, 42 numeral 1 y 30 numerales 6, 7, 11, 12 y 13 de la Ley del Órgano Judicial; artículos 394, 416 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, y sostiene que tal cual se aprecia en el “CONSIDERANDO III.3.”, la resolución de alzada fue emanada sin fundamento jurídico sustentable y revalorizando prueba consistente en los informes policiales, informes de la empresa de telecomunicación, las declaraciones de los funcionarios policiales, las documentales como “LAS REQUISAS HECHOS POR LOS DE LA FELCN (…)” (sic.), violando el debido proceso, los principios de inmediación, seguridad jurídica, contradicción y verdad procesal, así como precedentes contradictorios, Convenios Internacionales y normas adjetivas y sustantivas.
2.- Bajo el epígrafe: “II. CONTRADICCIONES, AGRAVIOS Y VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN, CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES Y LEYES DEL ESTADO”, indica como infringidos por el Tribunal de Apelación, los artículos 9 numeral 4, 22, 110 parágrafos I y II, 115 parágrafos I y II, 119 parágrafos I y II, 180 parágrafos I y II de la Constitución Política del Estado; artículos 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 25 y 25 numeral 1 del Pacto de San José de Costa Rica y artículo 18 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; al respecto agrega que los Vocales de la Sala Penal Segunda no analizaron y desconocieron las disposiciones legales citadas. Señala también como no aplicados los artículos 1, 5, 6, 12, 13, 52, 173, 124 y 359 del Código de Procedimiento Penal, por lo que dice, se restringieron sus derechos y garantías constitucionales.
3.- En el punto “III. ANÁLISIS DEL AUTO DE VISTA (…)”, reitera fundamentos ya expuestos y señala que los Vocales con criterio totalmente subjetivo e infundado anularon la Sentencia por no haberse hecho una correcta valoración de la prueba de la que derivó la falta de fundamentación de dicha resolución. Identifica como actos ilegales cometidos por el Tribunal de Alzada: 1.- Falta de motivación y fundamentación del Auto de Vista; 2.- Exigencia de fundamentación jurídica a los Jueces ciudadanos, violando el debido proceso, toda vez que los referidos Jueces a momento de ser elegidos no deben conocer en absoluto sobre derechos y menos conocer la causa, por eso no se les puede exigir fundamentación jurídica; 3.- Revaloración de la prueba “al cambiar” (sic.) que no se valoró correctamente la declaración de los funcionarios de narcóticos, los informes y “la contradicción en el dinero encontrado” (sic.). Que han valorado prueba, que es atribución exclusiva de los Jueces y Tribunales de Sentencia, sostiene que al respecto existe mucha doctrina legal referida a la prohibición al Tribunal de Alzada de revalorizar prueba; 4.- Que el Tribunal de Apelación, revalorizando prueba, incluyó de forma oficiosa, puntos no cuestionados en alzada como la valoración y fundamentación de la Sentencia, que el Auto de Vista es una copia de la Sentencia y dice que hay contradicción en la resolución de mérito cuando la contradicción existe solo en la apelación; 5.- Falta de pronunciamiento respecto al reclamo del Ministerio Público en alzada, referida a la errónea aplicación de la Ley Sustantiva.
Sostiene que todos esos aspectos carecen de la fundamentación exigida, vulnerándose el debido proceso lo que constituye conforme la doctrina, defecto absoluto.
4.- En el punto: “IV. DEFECTOS ABSOLUTOS INSUBSANABLES, QUE HACEN ADMISIBLE EL RECURSO DE CASACIÓN AÚN DE OFICIO EN CONTRA DEL AUTO DE VISTA 083/2013” (sic), señala que los casos de nulidad absoluta que afecten el debido proceso, constituyen excepciones que necesariamente deben ser admitidos y considerados de oficio por el Tribunal de Casación; para respaldar sus argumentos, cita y transcribe la doctrina legal de los Autos Supremos Nros. 494/2003 de 2 de noviembre, 312/2012 de 23 de marzo; sostiene, que en el caso de autos, el Tribunal de Apelación al dictar el Auto de Vista, no consideró el principio de inmediación ni la valoración que llevó al convencimiento de los jueces a dictar una Sentencia justa; que dicha Sentencia fue dictada por mayoría de votos y no por unanimidad; que para exigir adecuada valoración y fundamentación a los Jueces ciudadanos, tendría que cambiarse la administración de justicia, debiendo ser los Jueces ciudadanos personas conocedoras de derechos. Señala también que se violentó la seguridad jurídica, el respeto al voto de los jueces, que se hizo caso omiso a la múltiple doctrina aplicable referida a revalorización de la prueba, como los Autos Supremos Nros. 206/2012 de 9 de agosto (SP I) y 172/2012-RRC de 24 de julio (SP II).
5.- Bajo el epígrafe: “V. DE LOS AGRAVIOS, VULNERACIONES FLAGRANTES EN EL AUTO DE VISTA RECURRIDO”, reiterando argumentos, denuncia:
a) Que el Tribunal de Alzada, al anular la Sentencia revalorizó prueba en el punto “III.3” del Auto de Vista.; que el Tribunal “argumentó una serie de razones totalmente fuera de lugar malinterpretando y evadiendo absolutamente toda la SENTENCIA” (Sic.), que transcribió las pruebas y una supuesta contradicción en el dinero encontrado; fundamentaron el Auto de Vista en el hecho de que los Jueces no explicaron la razón por la que el acusado no tiene responsabilidad. Aduce que el Tribunal de Alzada, sin realizar una minuciosa y exhaustiva revisión de la Sentencia, anuló la misma, cuando en un nuevo juicio no le pueden dar más pena que en el primer juicio por lo que considera vulnerado el principio de verdad material. De forma reiterada señala que quien redactó la Sentencia es la Presidenta del Tribunal, quien era disidente, por lo que es lógico pensar que no le interesaba lo manifestado por los Jueces ciudadanos en la deliberación.
Afirma que todos los actos de los Vocales recurridos se enmarcan en la ilegalidad, vulneran el debido proceso, la lealtad procesal, la legalidad, la seguridad jurídica, etc. Cita los Autos Supremos Nros. 112/2007, 116/2007, 17/2007, 151/ 2007, 257/2007 y 336/2011, señalando que los mismos refieren, que el Tribunal de Alzada no está facultado para valorar total o parcialmente prueba.
b) Reitera la denuncia por falta de fundamentación en el Auto de Vista, y señala que no se evidencia en el Auto de Vista explicación sobre la forma en que hizo el análisis en función al actuar de los Jueces ciudadanos, qué papel cumplen en el juicio, sus limitaciones y atribuciones y finalmente si se debe o no respetar los votos de la mayoría del Tribunal, por lo que considera que no existe razonamiento lógico, ni razonamiento intelectivo, ni explicación jurídica, ni fáctica alguna de parte de los Vocales respecto a cuáles fueron los elementos probatorios ponderados, de acuerdo a su racional criterio, para determinar por qué no se debe respetar la decisión de los jueces ciudadanos, si ha existido algún favoritismo demostrado, lo que dice, significa que no existe respuesta, ni consideración alguna.
Argumenta también que la resolución de Alzada no es expresa, conforme los requisitos exigidos por el Auto Supremo Nro. 5 de 26 de enero e 2007, ya que suplió la fundamentación con la transcripción de actuados y la adecuación de la apelación, que en ningún momento hizo un razonamiento profundo y menos indicó de que manera deben dar sus votos los Jueces Ciudadanos, y si los mismos son o no respetados, lo que –dice- se halla demostrado cuando se señala: “LOS JUECES CIUDADANOS NO VALORAR LA PRUEBA, EXISTE CONTRADICCIÓN Y NO EXISTE FUNDAMENTACIÓN DE LA MAYORÍA DE LOS JUECES CIUDADANOS” (sic.)
El impetrante transcribe parcialmente la doctrina legal del Auto Supremo Nro. 679/2010 de 17 de diciembre; cita y transcribe también de manera parcial las Sentencias Constitucionales Nros. 112/2010-R de 10 de mayo, 714/2007 de 17 de agosto, 742/2010-R de 26 de julio y 174/2011-R de 11 de marzo.
El recurrente sostiene que el Auto de Vista impugnado contraviene la doctrina legal de los Autos Supremos Nros. 5/2007 de 26 de enero, 342/2006 de 28 de agosto, 218/2006 de 28 de junio y 562/2004 de 1 de octubre.
Alega además, que se vulneró la seguridad jurídica, señalada en el artículo 178 de la Constitución Política del Estado como principio, y considera que debe tenerse presente lo señalado en el artículo 9 de la misma norma suprema; para sustentar su reclamo cita y transcribe las Sentencias Constitucionales Nros. 742/2010-R de 26 de julio de 2010, 1748/2003-R de 1 de noviembre y 493/2002 de 30 de abril.
6.- En el punto: “VI ANÁLISIS DE LA EXCLUSIVIDAD DE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA COMO DERECHO ÚNICO DEL TRIBUNAL QUE DICTA SENTENCIA:” (sic). De manera confusa manifiesta que está de acuerdo en parte con lo manifestado por los señores Ministros en el Auto Supremo (no identifica la resolución), pero que la línea jurisprudencial desarrollada permite, a pesar de “ésta prohibición valorar la prueba y otros aspectos al Tribunal de Alzada y con esa facultad los anteriores Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamento de Tarija, dictaron el Auto de Vista Nro. 08/2013 de 28 de febrero de 2013, que jamás se debió anular parcialmente la Sentencia” (sic.),
Cita y transcribe los Autos Supremos Nros. 639/2004 de 20 de octubre, 101/2005 de 1 de octubre, 69/2006 de 20 de marzo, 308/2006 de 25 de agosto, 160/2007 de 2 de febrero de 2007, 122/2006 de 24 de abril, 373/2006 de 6 septiembre y 242/2006 de 6 de julio.
Finalmente, en los puntos VIII y IX de la impugnación casacional, señala que fundamenta su derecho en la normativa legal, Sentencias Constitucionales y precedentes invocados en el presente recurso y en el recurso de apelación; que está demostrado que el Auto de Vista impugnado carece de fundamentación, no se pronunció sobre todos los agravios denunciados, que es contradictorio y no coincide con otros precedentes dictados por el Tribunal Supremo de Justicia por lo que solicita se lo deje sin efecto y se determine que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia dicte nueva resolución declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, confirmando la Sentencia recurrida por estar a derecho respetándose el voto de los Jueces ciudadanos, conforme la doctrina legal aplicable.
El recurso de casación, es un medio impugnatorio de carácter extraordinario y formal, de naturaleza excepcional, cuya reglamentación es restrictiva y limitativa, que tiene por objeto el enjuiciamiento de la resolución de alzada, es decir, procede contra las infracciones cometidas por los Vocales de los Tribunales Departamentales de Justicia (antes Cortes Superiores de Distrito) al emitir Autos de Vista incurriendo en contradicción con otras resoluciones pronunciadas por Tribunales homólogos o por el máximo Tribunal de Justicia, su objetivo principal es la unificación de la jurisprudencia nacional orientando la diversidad de las interpretaciones del derecho realizadas por los distintos jueces o tribunales de instancia hacia una interpretación uniforme, enmendando las transgresiones en que éstos puedan incurrir contra la legislación; por ello, el planteamiento del recurso debe ser claro, preciso y/o específico, invocando el precedente contradictorio en el momento procesal oportuno, denunciando y estableciendo, a partir de una situación fáctica-jurídica similar, las contradicciones en que hubiera incurrido el Tribunal de Alzada a momento de resolver la Apelación de la Sentencia, respecto a los precedentes contradictorios; es decir, señalar por qué el sentido jurídico que se asignó en el fallo recurrido, es contrario a la doctrina legal aplicable establecida en los precedentes invocados, precisando si se aplicaron normas distintas a las aplicadas en un caso similar o una misma norma con diverso alcance, no siendo suficiente que el impetrante se limite a transcribir la parte del precedente que considere pertinente, sino, para que el recurso sea efectivo, inexcusablemente debe verificar que se traten de hechos similares o análogos resueltos (planteamiento de la denuncia, norma o derecho vulnerado y puntos resueltos en el precedente), a partir de ello explicar razonada y fundamentadamente la forma o manera en que contradice el Auto de Vista impugnado a cada uno de los precedentes invocados (por separado), debiendo señalar de forma precisa, la parte del Auto de Vista que es contradictoria al precedente, toda vez que la mayoría de las resoluciones invocadas se pronuncian sobre más de una denuncia, no correspondiendo que el Máximo Tribunal establezca de oficio la pretensión del recurrente; solo a partir del cumplimiento de esos requisitos, el Tribunal Supremo de Justicia, puede cumplir con su competencia.
En cuanto a las denuncias por vulneración a derechos y/o garantías constitucionales corresponde puntualizar que, si bien este Máximo Tribunal de Justicia ha consentido de manera excepcional como causal de admisión del recurso de casación las denuncias vinculadas a defectos absolutos en el trámite del proceso; ha establecido también que las mismas deben estar formuladas en apego a las exigencias contenidas en los artículos 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal; por tanto, no es suficiente la simple mención del defecto o la vulneración de un derecho fundamental, tampoco la cita de innumerable normativa legal, doctrina o jurisprudencia, sino, el recurrente debe cumplir con la obligación de exponer los hechos que dieron origen al motivo del recurso con detalle preciso del agravio, la restricción o disminución del derecho o garantía debidamente identificada, explicitando la forma en que la resolución transgredió el derecho, garantía o norma legal, de forma tal que el resultado dañoso emergente del defecto sea expresado por el recurrente con claridad y permita su identificación como defecto absoluto inconvalidable, debiendo quedar así acreditadas las consecuencias procesales cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional; el incumplimiento de los requisitos señalados tiene como efecto la inadmisibilidad del motivo de casación o de la totalidad del recurso.
I. El recurso de casación fue interpuesto contra el Auto de Vista de 08/2013 de 28 de febrero de 2013. En cuanto al plazo, se verifica el incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 163 inciso 2) del Código de Procedimiento Penal por el Tribunal de Alzada, pues no existe constancia de la notificación personal al recurrente; sin embargo, dándose por notificado, el imputado Lucas Romero Chiri presentó recurso de casación el 26 de marzo de 2013, estableciéndose así el cumplimiento del requisito señalado en el párrafo primero del artículo 417 del Código de Procedimiento Penal.
II. Respecto a los demás requisitos se tiene que el recurrente, favorecido con la Sentencia, no presentó recurso de apelación restringida, sin embargo, al considerarse agraviado con la emisión del Auto de Vista, presentó recurso casacional invocando Autos Supremos en calidad de precedentes contradictorios, aspecto que es pertinente; sin embargo, este máximo Tribunal, respecto a la forma en que fueron invocadas dichas resoluciones y sobre el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad concluye:
1.- En cuanto al punto I del recurso casacional (DERECHO A INTERPONER EL RECURSO DE CASACIÓN), si bien es cierto que el principio de impugnación se encuentra garantizado por la Constitución Política del Estado, sin embargo, el acceso a los recursos se encuentra limitado al cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, en el presente motivo, el recurrente, de manera general señala que en el “CONSIDERANDO III.3” del Auto de Vista se evidencia que dicha resolución fue dictada sin fundamento jurídico sustentable y revalorizando prueba, violando el debido proceso, los principios de inmediación, seguridad jurídica, contradicción y verdad procesal, así como precedentes contradictorios, Convenios Internacionales y normas adjetivas y sustantivas, sin embargo omitió fundamentar de manera adecuada el reclamo, no señaló la razón por la que considera que el fallo fue dictado sin fundamento, tampoco indica de forma clara la manera en que el Tribunal de Alzada revalorizó la prueba citada, mucho menos explicita la forma en que se vulneró el debido proceso, así como los principios de inmediación, seguridad jurídica, contradicción y verdad procesal, tampoco señaló los precedentes contradictorios y mucho menos expuso en que consiste la contradicción. En consecuencia, las alegaciones vertidas en el presente punto (motivo) resultan inadmisibles.
2.- Respecto al punto II de la casación (CONTRADICCIONES, AGRAVIOS Y VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN, CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES Y LEYES DEL ESTADO), no es admisible, toda vez que resulta insuficiente la simple cita de normativa procesal como infringida, sin que el recurrente cumpla con su obligación de expresar de forma clara y concreta, la forma en que el Tribunal de Alzada vulneró la normativa legal citada, pues el Tribunal de Casación se encuentra impedido de suplir la referida omisión de oficio.
3.- En el punto III del recurso de casación (ANÁLISIS DEL AUTO DE VISTA NRO.- 08/2013 DICTADA POR LA SALA PENAL SEGUNDA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.), el impetrante, al igual que las anteriores denuncias, omitió expresar fundamentos y motivación de forma clara que permita entender su pretensión, pues de manera general alega: a) Falta de motivación y fundamentación en el Auto de vista; b) Exigencia de fundamentación jurídica a los Jueces ciudadanos, violando el debido proceso, toda vez que los referidos Jueces a momento de ser elegidos no deben conocer en absoluto sobre derechos y menos conocer la causa, por eso no se les puede exigir fundamentación jurídica; c) Revaloración de la prueba; d) Revalorización de la prueba (reitera), pronunciamiento ultrapetita respecto a puntos no cuestionados en apelación restringida referentes a la valoración y fundamentación; e) Omisión de pronunciamiento respecto al reclamo de alzada del Ministerio Público, referida a la errónea aplicación de la Ley Sustantiva.
De los argumentos vertidos por el recurrente, se advierten reclamos efectuados sin respaldo legal ni doctrinal, pues conforme fue expresado en el “CONSIDERANDO IV” de la presente resolución, el objetivo del recurso de casación es el de uniformar jurisprudencia, consecuentemente, cada alegación necesariamente debe estar respaldada de alguna resolución descrita en el primer párrafo del artículo 416 del Código de Procedimiento Penal a efectos del contradictorio; contrariamente, en observancia de los principios de trascendencia y especificidad, las alegaciones deben estar fundamentadas y motivadas en la vulneración, supresión, restricción o inobservancia de algún derecho o garantía previsto en la Constitución Política del Estado, Tratados Internacionales vigentes y el Código de Procedimiento Penal, que tenga como resultado defecto absoluto inconvalidable, aspectos que no se pueden distinguir en el caso de autos, pues no es fundamentación suficiente la mención o identificación de la existencia de norma, principio o derecho infringido, sino, el recurrente debe acreditar normativamente su alegación, consecuentemente, la omisión del recurrente impide ingresar al fondo de las alegaciones, por lo tanto este punto del recurso deviene en inadmisible.
4.- En cuanto al punto IV del recurso: “DEFECTOS ABSOLUTOS INSUBSANABLES, QUE HACEN ADMISIBLE EL RECURSO DE CASACIÓN AÚN DE OFICIO EN CONTRA DEL AUTO DE VISTA 083/2013” (sic), el recurrente señala que en los casos de nulidad absoluta que afecten el debido proceso, el Tribunal de Casación debe admitir excepcionalmente los recursos y considerar de oficio las vulneraciones, comprensión errada, toda vez que la atribución y obligación de revisar de oficio los procesos fue establecida en el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial, normativa legal derogada por Ley Nro. 25 de 24 de junio de 2010 (Ley del Órgano Judicial), que contraria a la citada norma legal, restringe la facultad de los Tribunales de Apelación y de casación (parágrafo II del artículo 17 de la Ley del Órgano Judicial vigente), disponiendo que en grado de apelación y casación, los Tribunales deben pronunciarse solo sobre los aspectos solicitados en los recursos interpuestos.
Para la admisión excepcional del motivo o del recurso, se reitera que, es imprescindible que el recurrente funde y motive el recurso cumpliendo con la carga procesal de identificar el derecho, principio, garantía o norma legal infringida, explique de forma clara el acto u omisión que produjo la infracción, que dicha infracción se halle respaldada por normativa legal o doctrinal que acredite normativamente la acción u omisión como infracción, que además dichos actos afecten de tal forma las garantías o derechos del recurrente que no sea posible la reparación o convalidación del acto y únicamente corresponda su reposición. En este punto, el recurrente se limitó a fundamentar el recurso casacional de forma subjetiva, no citó norma legal que ampare su razonamiento respecto a que las observaciones realizadas por el Tribunal de Alzada a la Sentencia, se encuentran alejadas de la legalidad. En cuanto a las resoluciones citadas, se tiene que los Autos Supremos Nros. 494/2003 de 2 de noviembre, 312/2012 de 23 de marzo (no existe la última resolución) fueron invocados con la única finalidad de respaldar su solicitud de la admisión excepcional del recurso para la revisión de oficio. Respecto a los Autos Supremos Nros. 206/2012 de 9 de agosto (SP I) y 172/2012-RRC de 24 de julio (SP II), omitió señalar la contradicción en que incurrió el Tribunal de Alzada en relación a cada una de las resoluciones, a partir de la identificación de la situación fáctico jurídica similar, especificando la parte del precedente que ampara su razonamiento (respecto al principio de inmediación, al voto de los Jueces ciudadanos, o revalorización de la prueba); en consecuencia se establece la inadmisibilidad del punto IV del recurso casacional.
5.- En relación al punto: “V. DE LOS AGRAVIOS, VULNERACIONES FLAGRANTES EN EL AUTO DE VISTA RECURRIDO”, se advierte que el impetrante, en la primera parte de este punto, al igual que en los puntos anteriores, se limita a fundar la presunta revalorización de la prueba, sin explicar de qué manera el Tribunal de Alzada incurrió en revalorización de las pruebas, pues no es suficiente fundamento, mucho menos motivación el señalar que solo se transcribió la Sentencia, o que el Tribunal de Alzada transcribió las pruebas y una supuesta contradicción con el dinero encontrado en el caso, sino expresar con claridad la forma en que dicho Tribunal revalorizó la prueba que aduce; tampoco expresa el recurrente, cuales fueron los argumentos o razones fuera de lugar o malinterpretados por los Vocales a momento de resolver la apelación, no señala el por qué sostiene que se evade la Sentencia y cuáles son los argumentos que demuestran la existencia de revalorización de prueba, advirtiéndose que no existe relación entre los fundamentos del recurso y la supuesta revalorización de la prueba. Se identifica también falta de fundamentación y motivación en el recurso respecto al argumento por infracción al principio de verdad material, por cuanto simplemente señala que en un nuevo juicio no se le podría dar más pena que la que se le dio en el primer juicio, sin dejar entender si se refiere a la garantía procesal de prohibición de reforma en perjuicio, establecido en el artículo 400 del Código de Procedimiento Penal (reformatio in peius), no aplicable al caso de autos, o si tiene otra finalidad, pues omite señalar la forma en que el Tribunal de Alzada vulneró el principio de verdad material. Tampoco existe fundamento, sino meramente subjetivo, respecto a que al ser la Presidenta del Tribunal de Sentencia la que redactó la Sentencia, quien fue disidente, hubiera actuado de forma desinteresada, tal cual aduce el recurrente.
Sobre la denuncia referida a que todos los actos realizados por los Vocales recurridos se enmarcan en la ilegalidad, vulneran el debido proceso, la lealtad procesal, la legalidad, la seguridad jurídica, omite señalar la forma en que dichas autoridades incurrieron en las infracciones señaladas. En cuanto a las resoluciones citadas como contradictorias, los Autos Supremos Nros. 112/2007, 116/2007, 17/2007, 151/ 2007, 257/2007 y 336/2011, de los cuales únicamente señaló que disponen que el Tribunal de Alzada no está facultado para valorar total o parcialmente la prueba; el recurrente omitió identificar debidamente los Autos Supremos, pues al transcribir simplemente el número y el año de emisión de dichas resoluciones, no tomó en cuenta que existen dos Salas Penales, y las citadas resoluciones pudieron ser emanadas por cualquiera de ellas, por lo que era imprescindible que el recurrente identifique las resoluciones invocadas también por la fecha, caso contrario pudo señalar la Sala con la finalidad de que su ubicación en el sistema sea correcta; por lo que siendo obligación del recurrente la debida invocación de los precedentes, no es posible su correcta ubicación y mucho menos la certeza de que se traten de los autos invocados; tampoco existe en términos claros, expresión de contradicción por parte del impetrante respecto a cada unos de los precedentes, en consecuencia, las citadas resoluciones no pueden ser consideradas como precedentes contradictorios.
En cuando a la segunda parte del presente punto denunciado, referido a la falta de fundamentación de la resolución de alzada, omitió señalar norma legal vulnerada, tampoco fundamentó adecuadamente el agravio, sino únicamente de forma subjetiva, pues no se encuentra respaldo legal que apoye la denuncia, ya que cualquier alegación debe estar acompañada de normativa legal o doctrinal que haga válida la pretensión del recurrente, la que debe demostrar normativamente la infracción cometida por los Vocales recurridos, pues el recurso de casación tiene el objetivo de reparar la violación o errónea aplicación de la ley.
En cuanto a la denuncia referida a que la resolución de alzada no es expresa, el recurrente invoca el Auto Supremo Nro. 5 de 26 de enero de 2007 y señala al respecto que: “la supuesta fundamentación no es EXPRESA” como exige la citada resolución; aspecto que deja entender la supuesta contradicción existente entre ambas resoluciones, consecuentemente se admite a efectos de verificar el contradictorio.
Respecto al Auto Supremo Nro. 679/2010 de 17 de diciembre, se establece que fue citado con la finalidad de respaldar su pretensión de admisión excepcional del recurso, pues no expresa que éste sea contrario al Auto de Vista impugnado, lo mismo ocurre con las Sentencias Constitucionales Nros. 112/2010-R de 10 de mayo, 714/2007 de 17 de agosto, 742/2010-R de 26 de julio 174/2011-R de 11 de marzo, las que al no estar contempladas en las resoluciones descritas en el artículo 416 del Código de Procedimiento Penal, no constituyen precedes contradictorios, sino aspectos doctrinales para apoyar su solicitud.
En cuanto a la alegación de que el Auto de Vista impugnado contraviene la doctrina legal de los Autos Supremos Nros. 5/2007 de 26 de enero, 342/2006 de 28 de agosto, 218/2006 de 28 de junio y 562/2004 de 1 de octubre, el recurrente únicamente transcribe partes de la doctrina legal de cada resolución, sin explicitar la forma en que el Auto de Vista impugnado contradice con cada uno de los precedentes invocados, tal cual exigen los artículos 416, párrafo tercero y 417 primera parte del párrafo segundo del Código de Procedimiento Penal, por lo que la simple transcripción de las citadas resoluciones impide a este Tribunal Supremo verificar la existencia de contradicción, en consecuencia no se admiten a ese efecto.
Finalmente, en relación a la denuncia por infracción a la seguridad jurídica (expresada y fundamentada como otro agravio), el recurrente argumentó de manera general respecto a dicho principio y a los artículos 9 y 178 de la Constitución Política del Estado, olvidando establecer de forma clara y concreta la manera en la que el Tribunal de Alzada vulneró la seguridad jurídica (acción u omisión), por lo que no es posible abrir la competencia del Tribunal para atender esa denuncia.
Se deja claramente establecido, que la única resolución admitida en este punto, a efectos de verificar la contradicción denunciada, es el Auto Supremo Nro. 5 de 26 de enero e 2007.
6.- En lo relativo al punto VI: “ANÁLISIS DE LA EXCLUSIVIDAD DE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA COMO DERECHO ÚNICO DEL TRIBUNAL QUE DICTA SENTENCIA:” (sic), No es posible entender la pretensión del recurrente, pues de manera por demás confusa señala estar de acuerdo en parte con cierta resolución que no identifica; por otro lado habla de prohibición de valorar prueba (aspecto que reclama como infracción en los puntos anteriores) y conforme señala, parece estar de acuerdo con que el Tribunal de Alzada revalorice prueba; así también, hace referencia a alguna facultad que tampoco identifica, por lo que resultan incomprensibles sus argumentos, haciendo imposible abrir la competencia del tribunal para atender este punto.
Respecto a los Autos Supremos Nros. 639/2004 de 20 de octubre, 101/2005 de 1 de octubre, 69/2006 de 20 de marzo, 308/2006 de 25 de agosto, 160/2007 de 2 de febrero de 2007, 122/2006 de 24 de abril, 373/2006 de 6 septiembre y 242/2006 de 6 de julio, omitió expresar en términos claros y precisos la contradicción en la que hubiera incurrido el Tribunal de Alzada respecto a las resoluciones invocadas, a partir de una situación fáctico-jurídica similar, en los términos establecidos por párrafo tercero del artículo 416 del Código de Procedimiento Penal, aspecto que hace inatendible la denuncia por lo que se declara su inadmisibilidad.
Finalmente, respecto a los puntos VIII y IX el recurso de casación, además de reiterar argumentos sobre la falta de fundamentación del Auto de Vista, amplía su denuncia por falta de pronunciamiento de la resolución de alzada, sin embargo no señala de forma específica cuáles son los motivos de alzada que no merecieron pronunciamiento, tampoco indica que parte de la resolución impugnada es contradictoria, mucho menos expresa la contradicción con otros precedentes que dice que existen, por lo que no es posible atender la nueva denuncia.
POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia, del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de la disposición contenida en el artículo 418 del Código de Procedimiento Penal, declara ADMISIBLE el recurso de casación (únicamente el punto V respecto al Auto Supremo Nro. 5 de 26 de enero e 2007), interpuesto por Lucas Romero Chiri (fs. 348 a 358), impugnando el Auto de Vista Nro. 8/2013 emitido el 28 de febrero por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija (fs. 334 a 336), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Leandra Zárate Romero y el recurrente, por la presunta comisión del delito de transporte de sustancias controladas previsto y sancionado por el artículo 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.
Por Secretaría de Sala, remítase copia legalizada de la Sentencia, el Auto de Vista y el presente Auto Supremo a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia, para que se inhiban de dictar resoluciones en las que se debaten las mismas cuestiones de derecho, hasta que se les haga conocer la resolución emergente de este recurso de casación, todo conforme prevé el artículo 418 parágrafo segundo del Código de Procedimiento Penal.