Source: http://hrlibrary.umn.edu/cases/S83-05.html
Timestamp: 2018-10-20 01:15:12
Document Index: 385427936

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 28', 'artículo 1', 'artículo 31', 'artículo 46', 'artículo 21', 'artículo 47', 'Artículo 119', 'Artículo 34']

7. Alega el peticionario que ninguno de los dos contratos cumplió con las bases de la licitación ganada por el señor López Urquía ya que el contrato para la provisión de servicios de limpieza y fumigación incluyó un descuento ilegal del 15% y el destinado a la provisión de servicios de alimentación en los hospitales del Servicio Social uno del 20%, descuentos estos no previstos en la Ley de Contratación del Estado, que es la que rige las licitaciones y contrataciones hechas por éste.
8. Aduce que en materia de licitaciones no es lícito modificar el precio ofertado, ni en beneficio ni en perjuicio de alguna de las partes, sobre todo en el caso particular, por cuanto los servicios de alimentación y de higienización son considerados contratos de suministro y, por ende, se perfeccionan con el mero consentimiento de las partes, de conformidad con los artículos 25, párrafo segundo y 91 de la Ley de Contratación del Estado (Decreto No. 148-85)[1].
9. Alega que el señor López Urquía firmó estos contratos bajo presión y por temor de ir a la bancarrota si no lo hacía. Al efecto presenta declaraciones de personas que constan en actas notariales en las que se hace referencia, entre otros, a la animadversión que existía en el IHSS contra Carlos López Urquía, a la presión que se ejerció por parte de sus autoridades para que aceptara los descuentos y al nombramiento de una comisión de negociación para negociar con él dichos descuentos.
3.Reclamo Administrativo
22. Alega Honduras a este respecto que el Memorando No. 014-CB, de 12 de febrero de 1993, dirigido al Director Administrativo y Financiero del IHSS por la Comisión que elaboró el “Informe de Ajuste Salarial a OHCIR” prueba que se dio cumplimiento a dicha sentencia; que este informe incluso fue firmado por el peticionario, con lo cual queda desvirtuado lo dicho por el en la denuncia. [15] Del mismo modo, el Informe de Auditoría Interna del IHSS “Sobre Pagos efectuados a OHCIR”, de 9 de noviembre de 1994 y en el que se hacen los cálculos de los ajustes a los salarios mínimos más gastos administrativos conforme a la referida sentencia, establece que el IHSS pagó de más a OHCIR la suma de dos millones doscientos cincuenta mil seiscientos cincuenta y seis lempiras con diecinueve centavos (L.2,250,656.19).
29. Según Honduras no existió la violación de los derechos denunciados por el peticionario en la vía administrativa, ya que el peticionario “se olvidó de impugnar y atacar con la demanda la resolución No. 1910-96-TEG de la Dirección Ejecutiva del IHSS”[19], que resolvió el fondo del asunto declarando sin lugar el reclamo administrativo. Por este motivo, el 14 de octubre de 1996 la Dirección Ejecutiva declaró “caducado y perdido irrevocablemente el término de quince días concedido al apoderado de la empresa OHCIR para interponer recurso, providencia que fue notificada por la Tabla de Avisos de la Dirección Ejecutiva, siendo la resolución un acto firme de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
30. Afirma el Estado que en vez de recurrir contra la resolución No. 1910-96-TEG, con fecha 16 de septiembre de 1996 el peticionario interpuso demanda ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo contra dos resoluciones de mero trámite, la No. 019-JD-96 y la 037-JD-96, es decir contra resoluciones que no decidían en forma directa el fondo del asunto conforme lo establece el artículo 28 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo.
32. El Estado expresa que las excepciones perentorias de cosa juzgada y prescripción fueron resueltas en forma definitiva por sentencia emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo el 23 de abril de 1999. En el mismo fallo se declaró inadmisible la demanda interpuesta por el señor López Urquía contra las resoluciones del IHSS por cuanto la misma estuvo dirigida contra actos de mero trámite no susceptibles de impugnación ante esa jurisdicción. Contra la sentencia de primera instancia, el apoderado del denunciante interpuso Recurso de Apelación ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la cual confirmó la decisión de 23 de abril de 1999 mediante sentencia definitiva de 30 de agosto de 1999. Contra esta decisión el peticionario interpuso recurso de Casación ante la Corte Suprema de Justicia, la cual, mediante sentencia del 6 de junio de 2000, de acuerdo con el parecer del Fiscal Especial[20], declaró que “No ha lugar a la admisión del recurso de mérito en sus siete motivos”.
33. Agrega el Estado que contra la sentencia anterior el peticionario presentó recurso de reposición, el cual fue declarado sin lugar mediante auto de fecha 1º. de agosto del 2000 de la Corte Suprema de Justicia, el cual se notificó el 7 de agosto del 2000. Según el Estado, con esto se dieron por agotados los recursos jurisdiccionales internos de Honduras.
38. La Comisión tiene competencia ratione personae en virtud de la legitimación activa que tiene el peticionario del presente caso, conforme al artículo 1(2) de la Convención, que establece que “para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano”.
39. El peticionario, al momento de dedicarse al comercio en Honduras hizo una declaración de comerciante individual, tal como lo requería la legislación hondureña[21], declarando “ser dueño exclusivo de una industria que gira bajo la denominación de OHCIR”, “empresa [que] es administrada única y exclusivamente por él”. Con esto, no se creó una sociedad con personalidad jurídica distinta que la de su dueño, ni se emitieron acciones, por lo cual los actos y los contratos que realizó el señor López Urquía con el IHSS los hizo como persona natural y ser humano en el sentido que establece la Convención.
a.Los contratos los firmó el señor Carlos López Urquía como persona natural propietaria de OHCIR. Los reclamos administrativos y judiciales los presentó su apoderado en su condición de representante legal de Carlos López Urquía, propietario de la Empresa OHCIR. Los avisos de cobro y recibo de pago de cotizaciones del IHSS fueron extendidos a nombre de Carlos Alberto López Urquía y no de OHCIR.
b.El señor Carlos López Urquía se encuentra registrado como comerciante individual en el Registro Individual Mercantil del Departamento de Francisco Morazán.[28] La condición de comerciante individual no confiere a la empresa, en este caso OHCIR, personalidad jurídica distinta de la que ostenta la persona titular de la misma, en este caso el señor López Urquía[29].
46. En el presente caso el Estado no ha opuesto excepción de falta de agotamiento de los recursos jurisdiccionales internos ya que considera agotados dichos recursos con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 1º de agosto de 2000, que resolvió el recurso de reposición interpuesto por el peticionario. Este fallo se notificó al denunciante el 7 de agosto de 2000 fecha en que, según el Estado, se concluyó el juicio incoado por aquel contra el IHSS. Por su parte, el peticionario concuerda que con la decisión recaída el 1 de agosto de 2000 en el recurso de reposición interpuesto por él (que se le notificó el 7 de agosto de 2000), se agotaron completamente los recursos internos disponibles en la legislación hondureña.
47. Es importante observar que el peticionario no ha probado ante la CIDH que haya interpuesto recurso alguno contra la resolución No. 1910-96-TEG de la Dirección Ejecutiva del IHSS, que según el Estado resolvió el fondo del asunto. Tampoco ha desvirtuado la afirmación del Estado que el 14 de octubre de 1996 la Dirección Ejecutiva declaró “caducado y perdido irrevocablemente el término de quince días concedido al apoderado de la empresa OHCIR para interponer recurso, providencia que fue notificada por la Tabla de Avisos de la Dirección Ejecutiva, siendo la resolución un acto firme de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
51. El Estado alega que la denuncia fue presentada extemporáneamente porque se interpuso más de seis meses después de la fecha en que se le notificó la decisión definitiva de la jurisdicción interna.
52. La Comisión constata que el peticionario fue notificado de la decisión definitiva de la Corte Suprema de Justicia adoptada en el recurso de reposición el día 7 de agosto de 2000, por lo cual su denuncia, recibida en la Comisión el 14 de diciembre del mismo año, fue presentada dentro del plazo de seis meses establecido en el artículo 46(1) (b) de la Convención Americana.
57. Para probar estos extremos el peticionario ha presentado varias actas notariales en las que algunos testigos insinúan que parte de los miembros del Directorio del IHSS no estaban de acuerdo en otorgar los contratos al señor López Urquía a menos que aceptara los mencionados descuentos y que, para tal efecto, se nombró una comisión que tuvo como misión negociar los términos contractuales con él.[35] También presentó varias declaraciones notariales[36] en donde se hacen insinuaciones de que en la Junta del IHSS existía animadversión contra el señor López Urquía, lo que habría inducido a la inclusión de los descuentos.
58. La Comisión observa que el peticionario aceptó las condiciones administrativas y económicas contenidas en los contratos (descuentos del 15% en un caso y del 20% en el otro y no inclusión de los incrementos escalatorios) y es por eso que los firmó. Si hubo voluntad para la firma de esos contratos no puede haber problema de contratación, de lo contrario lo normal hubiera sido que no los firmara. Las declaraciones constantes en las actas notariales son meras insinuaciones que no prueban que la voluntad del señor López Urquía haya estado viciada al firmar los contratos y que no haya consentido libremente los términos de los mismos.
62. La Comisión considera que los hechos antes descritos no tienden a caracterizar una violación de derechos humanos protegidos por la Convención en perjuicio del señor López Urquía.
b. La presunta violación de los artículos 8, 21 y 25 de la Convención Americana
69. Es importante señalar que en todas las instancias judiciales el peticionario ejerció su derecho de defensa diseñando su estrategia legal e interponiendo varios recursos, incluso los de apelación, casación y reposición. Además, fue favorecido con algunas de las decisiones judiciales interlocutorias, aunque las definitivas hayan sido contrarias a sus pretensiones.
70. Con respecto a la decisión definitiva de la jurisdicción interna el peticionario alega que no se está ante un fallo injusto sino ante la ausencia de un fallo que decida el fondo del asunto sometido a la consideración judicial. A este respecto cabe reiterar que el peticionario no ha controvertido ni ha presentado pruebas que desvirtúen la afirmación del Estado de que no recurrió de la resolución administrativa No. 1910-96 TEG de 6 de septiembre de 1996 que resolvió el fondo del asunto. Tampoco ha probado que haya tratado de interponer recurso alguno ante los órganos competentes para que se decidera dicho fondo cuando se le notificó la sentencia definitiva de la jurisdicción interna, habida cuenta que el rechazo de la excepción de cosa juzgada contenido en la sentencia del 23 de abril de 1999 (que quedó firme) podría haber dado lugar a intentar otro recurso en la jurisdicción interna para plantear esa pretensión. Por el contrario, con la sentencia de 1º de agosto del 2000 de la Corte Suprema de Justicia (que le fuera notificada el 7 de agosto del 2000) y que recayera en el recurso de reposición, el peticionario dio por agotada la vía jurisdiccional interna y presentó su denuncia ante la Comisión.
73. El peticionario pretende que la Comisión entre a analizar los errores de hecho y de derecho presuntamente cometidos en la jurisdicción interna (especialmente en la vía administrativa), y vuelva a valorar las pruebas presentadas para, en definitiva, modificar la sentencia final dictada por la Corte Suprema de Justicia, que le fuera desfavorable. La Comisión no tiene facultades para revisar dicha sentencia pues, de proceder de esa manera, estaría actuando como un tribunal de alzada respecto al fallo pronunciado por las autoridades judiciales hondureñas dentro de la esfera de su competencia.
74. Es importante reiterar, en este orden de ideas, que la Comisión no puede revisar las sentencias dictadas por los tribunales nacionales que actúen en la esfera de su competencia y aplicando las debidas garantías judiciales, a menos que considere la posibilidad de que se haya cometido una violación de la Convención.[47] A contrario sensu, la Comisión sí tiene competencia para declarar admisible una petición y fallar sobre su fundamento, cuando ésta se refiere a una sentencia nacional que presuntamente haya sido dictada al margen del debido proceso o en violación de cualquier otro derecho garantizado por la Convención, [48] lo que no se ha probado en este caso.
75. Luego de estudiar los alegatos de las partes y el acervo probatorio aportado, la Comisión considera que no hay elementos de juicio suficientes para considerar que los hechos del caso puedan llegar a caracterizar una violación del artículo 21 (Derecho a la Propiedad Privada) en perjuicio del señor López Urquía ni que el proceso jurisdiccional interno haya adolecido de irregularidades de tal magnitud que pudieran llegar a caracterizar la violación de derechos protegidos por la Convención en perjuicio del peticionario, en particular, el derecho al debido proceso y el derecho a la tutela judicial (Artículos 8 y 25, respectivamente)
77. La Comisión Interamericana reitera su conclusión de que la petición es inadmisible de conformidad con el artículo 47(b) de la Convención Americana. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos,
[5] Ley de Procedimiento Administrativo:
Artículo 119.- La declaración de nulidad de los actos enumerados en el Artículo 34, se hará, de oficio y en cualquier momento, por el órgano que dictó el acto o por el superior, previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República.
[11] Véase Acta número 1757-93 de la sesión celebrada por la Junta Directiva del IHSS el día jueves 2 de diciembre de 1993, expediente judicial No. 222-96, Tomo I del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, folios 689, 710 y 711.
[12] Véase Denuncia ante el Fiscal General de la República en Anexo No. 14 de la denuncia ante la CIDH.
[27] Informe de Inadmisibilidad Nº 106/99, Bendeck-Codhinsa, supra nota 25.
[28] Véase Certificado expedido por el Registrador de la Propiedad Inmueble y Mercantil, asiento 29 a folios 46 a 48, Tomo 5 de dicho registro.
[35] Declaración de Neptalí García Velásquez, autorizada por notario el 21 de febrero de 1997. Véase CIDH, expediente P- 0644/2000 Carlos López Urqu[35] Véase las siguientes Actas Notariales: Declaración de Francia Graciela Nazar Handal, autorizada por notario el 14 ía, Carpeta de Anexos...
de octubre de 2003; declaración de Ada Luz Esperanza García, autorizada por notario el 14 de octubre de 2003, declaración de Jesús Florentino Alvarez Alvarado, autorizada por notario el 23 de octubre de 2003; declaración de Neptalí García Velásquez, autorizada por notario el 14 de octubre de 2003.