Source: https://legislacion.vlex.es/vid/ley-gobierno-170608?from_fbt=1&from_social=true
Timestamp: 2020-08-15 19:44:30
Document Index: 287590095

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Ley del Gobierno (Ley 50/1997, de 27 de noviembre) - Normativa Estatal - Legislación - VLEX 170608
Ley del Gobierno (Ley 50/1997, de 27 de noviembre)
Publicado en: BOE Num. 285 (1997)
TÍTULO I. Del Gobierno: composición, organización y órganos de colaboración y apoyo
CAPÍTULO I. Del Gobierno, su composición, organización y funciones - arts. 1 a 6
CAPÍTULO II. De los órganos de colaboración y apoyo del Gobierno - arts. 7 a 10
TÍTULO II. Del Estatuto de los miembros del Gobierno, de los Secretarios de Estado y de los Directores de los Gabinetes
CAPÍTULO I. De los Miembros del Gobierno - arts. 11 a 14
CAPÍTULO II. De los Secretarios de Estado - art. 15
CAPÍTULO III. De los Directores de los Gabinetes de Presidente, Vicepresidentes, Ministros y Secretarios de Estado - art. 16
TÍTULO III. De las normas de funcionamiento del Gobierno y de la Delegación de competencias - arts. 17 a 20
TÍTULO IV. Del Gobierno en funciones - art. 21
TÍTULO V. De la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria del Gobierno - arts. 22 a 28
TÍTULO VI. Del control del Gobierno - art. 29
Norma citada en: 4170 sentencias, 348 artículos doctrinales, 7 temas prácticos, 3412 resoluciones administrativas, 500 noticias, un convenio colectivo
A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la presente Ley.
Desde la aprobación de la Constitución española en 1978, puede observarse con satisfacción como su espíritu, principios y articulado han tenido el correspondiente desarrollo normativo en textos de rango legal, impulsando un periodo de fecunda producción legislativa para incorporar plenamente los principios democráticos al funcionamiento de los poderes e instituciones que conforman el Estado Español.
En efecto, el conjunto de poderes y órganos constitucionales han sido objeto de leyes que, con posterioridad a la Constitución, establecen las pautas de su organización, competencia y normas de funcionamiento a la luz de la norma vértice de nuestro ordenamiento democrático.
Existe, sin embargo, un relevante ámbito de los poderes constitucionales al que todavía no ha llegado el desarrollo legal de la Constitución. Tal es el caso del núcleo esencial de la configuración del poder ejecutivo como es el propio Gobierno. En efecto, carece todavía el Gobierno, como supremo órgano de la dirección de la política interior y exterior del Reino de España, de texto legal que contemple su organización, su competencia y funcionamiento en el espíritu, principios y texto constitucional. Tal es el importante paso que se da con la presente Ley.
Por otra parte, el Gobierno no puede ser privado de sus características propias de origen constitucional si no es a través de una reforma de la Constitución ('garantía institucional'). Ahora bien, la potestad legislativa puede y debe operar automáticamente siempre y cuando no lleguen a infringirse principios o normas constitucionales.
Por ello, en lo que se refiere a aspectos orgánicos, procedimentales o funcionales, la presente Ley aparece como conveniente; y, en cuanto se trate de precisar y desarrollar las previsiones concretas de remisión normativa contenida en la Constitución, la Ley aparece como necesaria. Avala además la pertinencia del presente texto el hecho de que la organización y el funcionamiento del Gobierno se encuentra en textos legales dispersos, alguno de ellos preconstitucionales, y, por tanto, no del todo coherentes con el contenido de nuestra Carta Magna.
Tres principios configuran el funcionamiento del Gobierno: el principio de la dirección presidencial, que otorga al Presidente del Gobierno la competencia para determinar las directrices políticas que deberá seguir el Gobierno y cada uno de los Departamentos; la colegialidad y consecuentemente la responsabilidad solidaria de sus miembros, y, por último, el principio departamental que otorga al titular de cada Departamento una amplia autonomía y responsabilidad en el ámbito de su respectiva gestión.
En efecto, el artículo 98.1 de nuestra Carta Magna establece una composición fija -aún con elementos disponibles- del Gobierno, remitiéndose a la Ley para determinar el resto de sus componentes. En este sentido, se opta ahora por un desarrollo estricto del precepto constitucional, considerando como miembros del Gobierno al Presidente, a los Vicepresidentes cuando existan, y a los Ministros. En cuanto a la posición relativa de los miembros del Gobierno, se destaca la importancia del Presidente, con fundamento en el principio de dirección presidencial, dado que del mismo depende, en definitiva la existencia misma del Gobierno . El Derecho comparado es prácticamente unánime en consagrar la existencia de un evidente desequilibrio institucionalizado entre la posición del Presidente, de supremacía, y la de los demás miembros del Gobierno. Nuestra Constitución y , por tanto, también la Ley se adscriben decididamente a dicha tesis.
Se mantiene, como no podía ser de otra manera, el carácter disponible de los Vicepresidentes, cuya existencia real en cada formación concreta del Gobierno dependerá de la decisión del Presidente. No se ha estimado conveniente, por otra parte, aumentar cualitativamente el número de categorías de quienes pueden ser miembros del Gobierno aún cuando esa posibilidad se encuentra permitida por el inciso final del artículo 98.1. En este sentido, si bien se contempla expresamente la figura de los Ministros sin cartera, no cabe duda de que su consideración es precisamente la de Ministros. Y desde esa posición, desempeñan una función política, encargándose de tareas que no corresponden, en principio ni en exclusiva, a uno de los Departamentos existentes. No son, en consecuencia, esos otros posibles miembros del Gobierno a que se refiere el artículo 98.1 de la Constitución.
Por lo que respecta a los Secretarios de Estado, se opta por potenciar su "status" y su ámbito funcional sin llegar a incluirlos en el Gobierno. Serán órganos de colaboración muy cualificados del Gobierno, pero no miembros, si bien su importancia destaca sobre el resto de órganos de colaboración y apoyo en virtud de su fundamental misión al frente de importantes parcelas de actividad política y administrativa, lo que les convierte, junto con los Ministros, en un engarce fundamental entre el Gobierno y la Administración.
El Título III se pormenorizan, dentro de los lógicos límites que impone el rango de la norma, las reglas de funcionamiento del Gobierno, con especial atención al Consejo de Ministros y a los demás órganos del Gobierno y de colaboración y apoyo al mismo. También se incluye una referencia especial a la delegación de competencias, fijando con claridad sus límites, así como las materias que resultan indelegables.
TÍTULO I Del Gobierno: composición, organización y órganos de colaboración y apoyo Artículos 1 a 10
CAPÍTULO I Del Gobierno, su composición, organización y funciones Artículos 1 a 6
ARTÍCULO 1 Del Gobierno.
El Gobierno se compone del Presidente, del Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, y de los Ministros.
Artículo citado en: 60 sentencias, 4 artículos doctrinales, 2 temas prácticos, 6 resoluciones administrativas, 3 noticias
ARTÍCULO 2 Del Presidente del Gobierno.
El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de los Ministros en su gestión.
En todo caso, corresponde al Presidente del Gobierno:
Convocar, presidir y fijar el orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 62.g) de la Constitución.
Refrendar, en su caso, los actos del Rey y someterle, para su sanción, las leyes y demás normas con rango de ley, de acuerdo con lo establecido en los artículos 64 y 91 de la Constitución.
Artículo citado en: 30 sentencias, 14 artículos doctrinales, un tema práctico, 11 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 3 Del Vicepresidente o Vicepresidentes del Gobierno.
Artículo citado en: 7 sentencias, un tema práctico, 19 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 4 De los Ministros.
Ejercer cuantas otras competencias les atribuyan las leyes, las normas de organización y funcionamiento del Gobierno y cualesquiera otrasdisposiciones.
Además de los Ministros titulares de un Departamento, podrán existir Ministros sin cartera, a los que se les atribuirá la responsabilidad de determinadas funciones gubernamentales. En caso de que existan Ministros sin cartera, por Real Decreto se determinará el ámbito de sus competencias, la estructura administrativa, así como los medios materiales y personales que queden adscritos al mismo.
Artículo 4, apartado 2, modificado por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo citado en: 153 sentencias, 5 artículos doctrinales, 2 temas prácticos, 18 resoluciones administrativas, 2 noticias
ARTÍCULO 5 Del Consejo de Ministros.
Al Consejo de Ministros, como órgano colegiado del Gobierno, le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:
A las reuniones del Consejo de Ministros podrán asistir los Secretarios de Estado y excepcionalmente otros altos cargos, cuando sean convocados para ello.
Artículo 5, modificado por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo citado en: 845 sentencias, 10 artículos doctrinales, 3 temas prácticos, 13 resoluciones administrativas, una noticia
ARTÍCULO 6 De las Comisiones delegadas del Gobierno.
El régimen interno de funcionamiento y en particular el de convocatorias y suplencias.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podrán ser convocados a las reuniones de las Comisiones Delegadas los titulares de aquellos otros órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado que se estime conveniente.
Artículo 6, apartado 2, modificado por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo citado en: 18 sentencias, un artículo doctrinal, un tema práctico, 4 resoluciones administrativas
CAPÍTULO II De los órganos de colaboración y apoyo del Gobierno Artículos 7 a 10
ARTÍCULO 7 De los Secretarios de Estado.
Actúan bajo la dirección del titular del Departamento al que pertenezcan. Cuando estén adscritos a la Presidencia del Gobierno, actúan bajo la dirección del Presidente.
Las competencias de los Secretarios de Estado son las que se determinan en la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
Artículo 7, apartado 2, modificado por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo citado en: una sentencia, un tema práctico, una noticia
ARTÍCULO 8 De la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios estará integrada por los titulares de las Secretarías de Estado y por los Subsecretarios de los distintos Departamentos Ministeriales.
La Presidencia de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios corresponde a un Vicepresidente del Gobierno o, en su defecto, al Ministro de la Presidencia. En caso de ausencia del Presidente de la Comisión, la presidencia recaerá en el Ministro que corresponda según el orden de precedencia de los Departamentos ministeriales. No se entenderá por ausencia la interrupción transitoria en la asistencia a la reunión de la Comisión. En ese caso, las funciones que pudieran corresponder al Presidente serán ejercidas por la siguiente autoridad en rango presente, de conformidad con el orden de precedencia de los distintos Departamentos ministeriales.
La Secretaría de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios será ejercida por el Subsecretario de la Presidencia. En caso de ausencia, vacante o enfermedad, actuará como Secretario el Director del Secretariado del Gobierno.
Las deliberaciones de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios serán reservadas. En ningún caso la Comisión podrá adoptar decisiones o acuerdos por delegación del Gobierno.
Corresponde a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios:
El examen de todos los asuntos que vayan a someterse a aprobación del Consejo de Ministros, excepto los nombramientos, ceses, ascensos a cualquiera de los empleos de la categoría de oficiales generales y aquéllos que, excepcionalmente y por razones de urgencia, deban ser sometidos directamente al Consejo de Ministros.
El análisis o discusión de aquellos asuntos que, sin ser competencia del Consejo de Ministros o sus Comisiones Delegadas, afecten a varios Ministerios y sean sometidos a la Comisión por su presidente.
Artículo 8, modificado por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo citado en: 6 sentencias, un tema práctico, una noticia
ARTÍCULO 9 Del Secretariado del Gobierno.
El Secretariado del Gobierno, como órgano de apoyo del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, ejercerá las siguientes funciones:
La asistencia al Ministro-Secretario del Consejo de Ministros.
La remisión de las convocatorias a los diferentes miembros de los órganos colegiados anteriormente enumerados.
La colaboración con las Secretarías Técnicas de las Comisiones Delegadas del Gobierno.
Velar por el cumplimiento de los principios de buena regulación aplicables a las iniciativas normativas y contribuir a la mejora de la calidad técnica de las disposiciones aprobadas por el Gobierno.
Velar por la correcta y fiel publicación de las disposiciones y normas emanadas del Gobierno que deban insertarse en el "Boletín Oficial del Estado?.
Asimismo, el Secretariado del Gobierno, como órgano de asistencia al Ministro de la Presidencia, ejercerá las siguientes funciones:
Los trámites relativos a la sanción y promulgación real de las leyes aprobadas por las Cortes Generales y la expedición de los Reales Decretos.
La tramitación de los actos y disposiciones del Rey cuyo refrendo corresponde al Presidente del Gobierno.
La tramitación de los actos y disposiciones que el ordenamiento jurídico atribuye a la competencia del Presidente del Gobierno.
El Secretariado del Gobierno se integra en la estructura orgánica del Ministerio de la Presidencia, tal como se prevea en el Real Decreto de estructura de ese Ministerio. El Director del Secretariado del Gobierno ejercerá la secretaría adjunta de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
De conformidad con las funciones que tiene atribuidas y de acuerdo con las normas que rigen la elaboración de las disposiciones de carácter general, el Secretariado del Gobierno propondrá al Ministro de la Presidencia la aprobación de las instrucciones que han de seguirse para la tramitación de asuntos ante los órganos colegiados del Gobierno y los demás previstos en el apartado segundo de este artículo. Las instrucciones preverán expresamente la forma de documentar las propuestas y acuerdos adoptados por medios electrónicos, que deberán asegurar la identidad de los órganos intervinientes y la fehaciencia del contenido.
Artículo 9, modificado por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo citado en: 5 sentencias, 2 artículos doctrinales, un tema práctico, 3 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 10 De los Gabinetes.
Los Gabinetes son órganos de apoyo político y técnico del Presidente del Gobierno, de los Vicepresidentes, de los Ministros y de los Secretarios de Estado. Los miembros de los Gabinetes realizan tareas de confianza y asesoramiento especial sin que en ningún caso puedan adoptar actos o resoluciones que correspondan legalmente a los órganos de la Administración General del Estado o de las organizaciones adscritas a ella, sin perjuicio de su asistencia o pertenencia a órganos colegiados que adopten decisiones administrativas. Asimismo, los directores de los gabinetes podrán dictar los actos administrativos propios de la jefatura de la unidad que dirigen.
Los Directores de Gabinete tendrán el nivel orgánico que se determine reglamentariamente. El resto de miembros del Gabinete tendrán la situación y grado administrativo que les corresponda en virtud de la legislación correspondiente.
Las retribuciones de los miembros de los Gabinetes se determinan por el Consejo de Ministros dentro de las consignaciones presupuestarias establecidas al efecto adecuándose, en todo caso, a las retribuciones de la Administración General del Estado.
Artículo 10, modificado por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo citado en: 5 sentencias, 3 artículos doctrinales, un tema práctico, una resolución administrativa
TÍTULO II Del Estatuto de los miembros del Gobierno, de los Secretarios de Estado y de los Directores de los Gabinetes Artículos 11 a 16
CAPÍTULO I De los Miembros del Gobierno Artículos 11 a 14
ARTÍCULO 11 De los requisitos de acceso al cargo.
Artículo 11, modificado por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo citado en: 2 artículos doctrinales, un tema práctico
ARTÍCULO 12 Del nombramiento y cese.
El nombramiento y cese del Presidente del Gobierno se producirá en los términos previstos en la Constitución.
Los Vicepresidentes y Ministros serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno. El nombramiento conllevará el cese en el puesto que, en su caso, se estuviera desempeñando, salvo cuando en el caso de los Vicepresidentes, se designe como tal a un Ministro que conserve la titularidad del Departamento. Cuando el cese en el anterior cargo correspondiera al Consejo de Ministros, se dejará constancia de esta circunstancia en el nombramiento del nuevo titular. La separación de los Ministros sin cartera llevará aparejada la extinción de dichos órganos.
La separación de los Vicepresidentes del Gobierno llevará aparejada la extinción de dichos órganos, salvo el caso en que simultáneamente se designe otro vicepresidente en sustitución del separado.
Por Real Decreto se regulará el estatuto que fuera aplicable a los Presidentes del Gobierno tras su cese.
Artículo 12, modificado por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo citado en: 7 sentencias, un tema práctico
ARTÍCULO 13 De la suplencia.
La suplencia de los Ministros, para el despacho ordinario de los asuntos de su competencia, será determinada por Real Decreto del Presidente del Gobierno, debiendo recaer, en todo caso, en otro miembro del Gobierno. El Real Decreto expresará entre otras cuestiones la causa y el carácter de la suplencia.
No se entenderá por ausencia la interrupción transitoria de la asistencia a la reunión de un órgano colegiado. En tales casos, las funciones que pudieran corresponder al miembro del gobierno durante esa situación serán ejercidas por la siguiente autoridad en rango presente.
Artículo 13, modificado por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo citado en: 24 sentencias, 3 artículos doctrinales, un tema práctico, una noticia
ARTÍCULO 14 Del régimen de incompatibilidades de los miembros del Gobierno.
CAPÍTULO II De los Secretarios de Estado Artículo 15
ARTÍCULO 15 Del nombramiento, cese, suplencia e incompatibilidades de los Secretarios de Estado.
Los Secretarios de Estado son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, aprobado a propuesta del Presidente del Gobierno o del miembro del Gobierno a cuyo Departamento pertenezcan.
La suplencia de los Secretarios de Estado del mismo Departamento se determinará según el orden de precedencia que se derive del Real Decreto de estructura orgánica del Ministerio.
Los Secretarios de Estado dependientes directamente de la Presidencia del Gobierno serán suplidos por quien designe el Presidente.
Es de aplicación a los Secretarios de Estado el régimen de incompatibilidades previsto para los altos cargos de la Administración General del Estado.
CAPÍTULO III De los Directores de los Gabinetes de Presidente, Vicepresidentes, Ministros y Secretarios de Estado Artículo 16
ARTÍCULO 16 Del nombramiento y cese de los Directores de los Gabinetes.
Los Directores de los Gabinetes del Presidente, de los Vicepresidentes y de los ministros serán nombrados y separados por Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros.
Los Directores de Gabinete de los Secretarios de Estado serán nombrados por Orden Ministerial, previo conocimiento del Consejo de Ministros.
Los Directores de los Gabinetes cesarán automáticamente cuando cese el titular del cargo del que dependen. En el supuesto del Gobierno en funciones continuarán hasta la formación del nuevo Gobierno.
Del mismo modo, el personal no funcionario que se incorpore a estos Gabinetes tendrá derecho a la reserva del puesto y antigüedad, conforme a los dispuesto en su legislación específica.
TÍTULO III De las normas de funcionamiento del Gobierno y de la Delegación de competencias Artículos 17 a 20
ARTÍCULO 17 De las normas aplicables al funcionamiento del Gobierno.
Los Reales Decretos del Presidente del Gobierno sobre la composición y organización del Gobierno, así como de sus órganos de colaboración y apoyo.
Las disposiciones organizativas internas, de funcionamiento y actuación emanadas del Presidente del Gobierno o del Consejo de Ministros.
Artículo citado en: 9 sentencias, 2 artículos doctrinales, un tema práctico
ARTÍCULO 18 Del funcionamiento del Consejo de MINISTROS.
ARTÍCULO 19 De las actas de las comisiones delegadas del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
ARTÍCULO 20 Delegación y avocación de competencias.
Pueden delegar el ejercicio de competencias propias:
El Presidente del Gobierno en favor del Vicepresidente o Vicepresidentes y de los Ministros.
Los Ministros en favor de los Secretarios de Estado y de los Subsecretarios dependientes de ellos, de los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y de los demás órganos directivos del Ministerio.
Asimismo, son delegables a propuesta del Presidente del Gobierno las funciones administrativas del Consejo de Ministros en las Comisiones Delegadas del Gobierno.
No son en ningún caso delegables las siguientes competencias:
Las atribuidas directamente por la Constitución.
Las relativas al nombramiento y separación de los altos cargos atribuidas al Consejo de Ministros.
Las atribuidas a los órganos colegiados del Gobierno, con la excepción prevista en el apartado 2 de este artículo.
Las atribuidas por una ley que prohíba expresamente la delegación.
El Consejo de Ministros podrá avocar para sí, a propuesta del Presidente del Gobierno, el conocimiento de un asunto cuya decisión corresponda a las Comisiones Delegadas del Gobierno.
Artículo 20, modificado por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
TÍTULO IV Del Gobierno en funciones Artículo 21
ARTÍCULO 21 Del Gobierno en funciones.
El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente.
El Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno, con las limitaciones establecidas en esta Ley.
El Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas.
El Presidente del Gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades:
El Gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades:
Las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales quedarán en suspenso durante todo el tiempo que el Gobierno esté en funciones como consecuencia de la celebración de elecciones generales.
Artículo citado en: 51 sentencias, 17 artículos doctrinales, un tema práctico, 31 resoluciones administrativas, 4 noticias
TÍTULO V De la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria del Gobierno Artículos 22 a 28
Título V, modificado por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
ARTÍCULO 22 Del ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria del Gobierno.
Artículo 22, apartado 2, modificado por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno.
Artículo 22, modificado por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo citado en: 123 sentencias, 18 artículos doctrinales, 3 temas prácticos, 233 resoluciones administrativas, 2 noticias
ARTÍCULO 23 Disposiciones de entrada en vigor.
Artículo 23, modificado por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo citado en: 756 sentencias, 27 artículos doctrinales, 51 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 24 De la forma y jerarquía de las disposiciones y resoluciones del Gobierno de la Nación y de sus miembros.
Las decisiones del Gobierno de la Nación y de sus miembros revisten las formas siguientes:
Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos-leyes, las decisiones que aprueban, respectivamente, las normas previstas en los artículos 82 y 86 de la Constitución.
Reales Decretos del Presidente del Gobierno, las disposiciones y actos cuya adopción venga atribuida al Presidente.
Reales Decretos acordados en Consejo de Ministros, las decisiones que aprueben normas reglamentarias de la competencia de éste y las resoluciones que deban adoptar dicha forma jurídica.
Acuerdos del Consejo de Ministros, las decisiones de dicho órgano colegiado que no deban adoptar la forma de Real Decreto.
Acuerdos adoptados en Comisiones Delegadas del Gobierno, las disposiciones y resoluciones de tales órganos colegiados. Tales acuerdos revestirán la forma de Orden del Ministro competente o del Ministro de la Presidencia, cuando la competencia corresponda a distintos Ministros.
Órdenes Ministeriales, las disposiciones y resoluciones de los Ministros. Cuando la disposición o resolución afecte a varios Departamentos revestirá la forma de Orden del Ministro de la Presidencia, dictada a propuesta de los Ministros interesados.
Los reglamentos se ordenarán según la siguiente jerarquía:
Disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o acordado en el Consejo de Ministros.
Disposiciones aprobadas por Orden Ministerial.
Artículo 24, apartado 1, letra b), segundo párrafo añadido por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno.
Artículo 24, modificado por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo citado en: 1731 sentencias, 61 artículos doctrinales, 2702 resoluciones administrativas, 2 noticias
ARTÍCULO 25 Plan Anual Normativo.
El Gobierno aprobará anualmente un Plan Normativo que contendrá las iniciativas legislativas o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente.
El Plan Anual Normativo identificará, con arreglo a los criterios que se establezcan reglamentariamente, las normas que habrán de someterse a un análisis sobre los resultados de su aplicación, atendiendo fundamentalmente al coste que suponen para la Administración o los destinatarios y las cargas administrativas impuestas a estos últimos.
Cuando se eleve para su aprobación por el órgano competente una propuesta normativa que no figurara en el Plan Anual Normativo al que se refiere el presente artículo será necesario justificar este hecho en la correspondiente Memoria del Análisis de Impacto Normativo.
El Plan Anual Normativo estará coordinado por el Ministerio de la Presidencia, con el objeto de asegurar la congruencia de todas las iniciativas que se tramiten y de evitar sucesivas modificaciones del régimen legal aplicable a un determinado sector o área de actividad en un corto espacio de tiempo. El Ministro de la Presidencia elevará el Plan al Consejo de Ministros para su aprobación antes del 30 de abril.
Artículo 25, modificado por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo citado en: 279 sentencias, 18 artículos doctrinales, 430 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 26 Procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos.
Su redacción estará precedida de cuantos estudios y consultas se estimen convenientes para garantizar el acierto y la legalidad de la norma.
Se sustanciará una consulta pública, a través del portal web del departamento competente, con carácter previo a la elaboración del texto, en la que se recabará opinión de los sujetos potencialmente afectados por la futura norma y de las organizaciones más representativas acerca de:
Los problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma.
El centro directivo competente elaborará con carácter preceptivo una Memoria del Análisis de Impacto Normativo, que deberá contener los siguientes apartados:
Oportunidad de la propuesta y alternativas de regulación estudiadas, lo que deberá incluir una justificación de la necesidad de la nueva norma frente a la alternativa de no aprobar ninguna regulación.
Contenido y análisis jurídico, con referencia al Derecho nacional y de la Unión Europea, que incluirá el listado pormenorizado de las normas que quedarán derogadas como consecuencia de la entrada en vigor de la norma.
Análisis sobre la adecuación de la norma propuesta al orden de distribución de competencias.
Impacto económico y presupuestario, que evaluará las consecuencias de su aplicación sobre los sectores, colectivos o agentes afectados por la norma, incluido el efecto sobre la competencia, la unidad de mercado y la competitividad y su encaje con la legislación vigente en cada momento sobre estas materias. Este análisis incluirá la realización del test Pyme de acuerdo con la práctica de la Comisión Europea.
Asimismo, se identificarán las cargas administrativas que conlleva la propuesta, se cuantificará el coste de su cumplimiento para la Administración y para los obligados a soportarlas con especial referencia al impacto sobre las pequeñas y medianas empresas.
Impacto por razón de género, que analizará y valorará los resultados que se puedan seguir de la aprobación de la norma desde la perspectiva de la eliminación de desigualdades y de su contribución a la consecución de los objetivos de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, a partir de los indicadores de situación de partida, de previsión de resultados y de previsión de impacto.
Un resumen de las principales aportaciones recibidas en el trámite de consulta pública regulado en el apartado 2.
Cuando la disposición normativa sea un anteproyecto de ley o un proyecto de real decreto legislativo, cumplidos los trámites anteriores, el titular o titulares de los Departamentos proponentes lo elevarán, previo sometimiento a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, al Consejo de Ministros, a fin de que éste decida sobre los ulteriores trámites y, en particular, sobre las consultas, dictámenes e informes que resulten convenientes, así como sobre los términos de su realización, sin perjuicio de los legalmente preceptivos.
A lo largo del procedimiento de elaboración de la norma, el centro directivo competente recabará, además de los informes y dictámenes que resulten preceptivos, cuantos estudios y consultas se estimen convenientes para garantizar el acierto y la legalidad del texto.
Se recabará el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente cuando fuera preceptivo o se considere conveniente.
El cumplimiento de los principios y reglas establecidos en este Título.
Lo dispuesto en este artículo y en el siguiente no será de aplicación para la tramitación y aprobación de decretos-leyes, a excepción de la elaboración de la memoria prevista en el apartado 3, con carácter abreviado, y lo establecido en los números 1, 8, 9 y 10.
Artículo 26, modificado por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo citado en: 186 sentencias, 11 artículos doctrinales, un tema práctico, 127 resoluciones administrativas, 2 noticias
ARTÍCULO 27 Tramitación urgente de iniciativas normativas en el ámbito de la Administración General del Estado.
Los plazos previstos para la realización de los trámites del procedimiento de elaboración, establecidos en ésta o en otra norma, se reducirán a la mitad de su duración. Si, en aplicación de la normativa reguladora de los órganos consultivos que hubieran de emitir dictamen, fuera necesario un acuerdo para requerirlo en dicho plazo, se adoptará por el órgano competente; y si fuera el Consejo de Ministros, se recogerá en el acuerdo previsto en el apartado 1 de este artículo.
No será preciso el trámite de consulta pública previsto en el artículo 26.2, sin perjuicio de la realización de los trámites de audiencia pública o de información pública sobre el texto a los que se refiere el artículo 26.6, cuyo plazo de realización será de siete días.
La falta de emisión de un dictamen o informe preceptivo en plazo no impedirá la continuación del procedimiento, sin perjuicio de su eventual incorporación y consideración cuando se reciba.
Artículo 27, modificado por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo citado en: 7 sentencias, 8 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 28 Informe anual de evaluación.
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de la Presidencia, aprobará, antes del 30 de abril de cada año, un informe anual en el que se refleje el grado de cumplimiento del Plan Anual Normativo del año anterior, las iniciativas adoptadas que no estaban inicialmente incluidas en el citado Plan, así como las incluidas en anteriores informes de evaluación con objetivos plurianuales que hayan producido al menos parte de sus efectos en el año que se evalúa.
En el informe se incluirán las conclusiones del análisis de la aplicación de las normas a que se refiere el artículo 25.2, que, de acuerdo con lo previsto en su respectiva Memoria, hayan tenido que ser evaluadas en el ejercicio anterior. La evaluación se realizará en los términos y plazos previstos en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo y deberá comprender, en todo caso:
La eficacia de la norma, entendiendo por tal la medida en que ha conseguido los fines pretendidos con su aprobación.
La eficiencia de la norma, identificando las cargas administrativas que podrían no haber sido necesarias.
La sostenibilidad de la disposición.
Artículo 28, modificado por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
TÍTULO VI Del control del Gobierno Artículo 29
Título Vi, añadido por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
ARTÍCULO 29 Del control de los actos del Gobierno.
El Gobierno está sujeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico en toda su actuación.
Todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos al control político de las Cortes Generales.
Los actos, la inactividad y las actuaciones materiales que constituyan una vía de hecho del Gobierno y de los órganos y autoridades regulados en la presente Ley son impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con lo dispuesto en su Ley reguladora.
La actuación del Gobierno es impugnable ante el Tribunal Constitucional en los términos de la Ley Orgánica reguladora del mismo.
Artículo 29, anterior artículo 26, renumerado por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo citado en: 16 sentencias, 2 temas prácticos
En situaciones excepcionales, y cuando la naturaleza de la crisis lo exija, el Presidente del Gobierno podrá decidir motivadamente que el Consejo de Ministros, las Comisiones Delegadas del Gobierno y la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios puedan celebrar sesiones, adoptar acuerdos y aprobar actas a distancia por medios electrónicos, siempre que los miembros participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad. Asimismo, se deberá asegurar la comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios necesarios para garantizar el carácter secreto o reservado de sus deliberaciones.
A estos efectos, se consideran medios electrónicos válidos las audioconferencias y videoconferencias.
Disposición adicional tercera, añadida por el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley y, en concreto:
Los artículos que conforme a la disposición derogatoria 2.a) de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado continuaban vigentes de la ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, texto refundido aprobado por Decreto de 26 de julio de 1957.
Los artículos que conforme a la disposición derogatoria 2.b) de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración del Estado continuaban vigentes de la Ley 10/1983, de 16 de agosto, de Organización de la Administración Central del Estado.
Los artículos 48 a 53 de la Ley de Conflictos Jurisdiccionales, de 17 de julio de 1948.
Los artículos 129 a 132 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958.
Se suprimen las menciones a los Directores de los Gabinetes de los Secretarios de Estado contenidas en el artículo 1.g) de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación y de los altos cargos de la Administración General del Estado.
Madrid, 27 de noviembre de 1997
Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio, por el que se dispensa de la obligación de prestar fianza provisional en los contratos de obras a los contratistas que acrediten la clasificación requerida para concurrir a la licitación.
DECRETO 149/2001, de 24 de mayo, por el que se crean las Escuelas de Educación Infantil cuya titularidad corresponde a la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
ORDEN HAC/165/2009, de 28 de enero, por la que se aprueban los modelos de solicitud y de autoliquidación de la Tasa Fiscal sobre el Juego del Bingo y se dictan normas para la exacción del impuesto.
REAL DECRETO 773/1997, de 30 de Mayo, sobre Disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas a la Utilizacion por los Trabajadores de Equipos de Proteccion individual.