Source: https://es.scribd.com/doc/232480192/Dictamen-consultivo-Ley-de-Museos-de-CCLM
Timestamp: 2020-07-07 17:13:02
Document Index: 391495017

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 21', 'artículo 30', 'artículo 49', 'artículo 55', 'artículo 54', 'artículo 35', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 59', 'artículo 60', 'artículo 61', 'artículo 62', 'artículo 63', 'artículo 64', 'artículo 66', 'artículo 31', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 33', 'artículo 31', 'artículo 4', 'artículo 33', 'artículo 1', 'artículo 33', 'Artículo 2', 'artículo 31', 'artículo 33', 'artículo 2', 'artículo 26', 'Artículo 26', 'artículo 2', 'artículo 33', 'artículo 1', 'artículo 149', 'artículo 1', 'artículo 34', 'artículo 59', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 1', 'artículo 8', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 27', 'Artículo 29', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 16', 'artículo 1', 'artículo 33', 'artículo 1', 'artículo 60', 'artículo 38', 'artículo 30', 'artículo 38', 'artículo 129', 'artículo 60', 'artículo 33', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 12', 'artículo 31', 'artículo 3', 'artículo 39', 'artículo 31', 'artículo 43', 'Artículo 47', 'artículo 26', 'artículo 12', 'artículo 30', 'artículo 32', 'artículo 62']

Dictámen consultivo_Ley de Museos de CCLM | Museo | Estado (política)
DICTAMEN N.º 50/2014, de 19 de febrero relativo a anteproyecto de Ley de Museos de Castilla-La Mancha
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DICTAMEN N.º 50/2014, de 19 de febrero *
Expediente relativo a anteproyecto de Ley de Museos de Castilla-La Mancha.
Primero. Primer borrador.- Como primer documento del expediente sometido a dictamen, seguido para la tramitación del anteproyecto de Ley de Museos de Castilla-La Mancha, figura en el mismo un borrador del texto aludido, carente de fecha, que consta de índice, exposición de motivos, 65 artículos -encuadrados en nueve títulos-, siete disposiciones adicionales y dos disposiciones finales.
Segundo. Informe de la Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.- El texto antedicho fue informado favorablemente con fecha 28 de noviembre de 2012 por la Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
En el informe emitido por dicho órgano, basado en el contenido de una previa Memoria justificativa redactada por el Director General de Cultura, se hace una recopilación sintética de datos y antecedentes de interés sobre la realidad social, administrativa y jurídica concernida por la norma legal en tramitación, señalando también los trámites a seguir posteriormente, a fin de llevar a término la iniciativa legal emprendida.
Tercero. Toma en consideración por el Consejo de Gobierno.- Se acredita igualmente, mediante certificación de la Secretaria Adjunta al Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades, que el 28 de noviembre de 2012 el citado órgano colegiado tomó en consideración el primer borrador del referido anteproyecto de Ley de Museos Castilla-La Mancha.
Cuarto. Información pública.- Mediante Resolución de la Dirección General de Cultura de 31 de enero de 2013 se dispuso la apertura de un periodo de información pública en relación con el aludido proyecto normativo, cuyo anuncio fue hecho público en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 14 de febrero de 2013, otorgando a cuantos estuvieran interesados en ello un plazo de veinte días para que pudieran examinar el expediente y efectuar cuantas alegaciones, observaciones o sugerencias estimaran oportunas.
En uso del trámite referido fueron formulados numerosos escritos de alegaciones -remitidos a este Consejo separada y posteriormente-, por parte de los siguientes órganos, estamentos o entidades:
Asociación de Conservadores-Restauradores de España (ACRE).
Federación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas (ANABAD).
Asociación Tulaytula.
Comité Español de representantes de personas con discapacidad (CERMI).
Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Ciudad Real.
Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Guadalajara.
Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Toledo.
Comisiones Obreras (CCOO), FSC de Castilla-La Mancha.
Dirección General de Montes y Espacios Naturales.
Dirección del Museo de Guadalajara.
Comité Español del International Council of Museums (ICOM).
Dirección del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha.
Dirección del Museo Sefardí de Toledo.
Federación Española de Municipios y Provincias, Castilla-La Mancha.
Quinto. Informe sobre las alegaciones.- A la vista de las numerosas alegaciones presentadas, el Director General de Cultura emitió un extenso informe, con fecha 13 de agosto de 2013, donde se describe sintéticamente el sentido de las mismas, así como el tratamiento dado a estas, introduciendo cambios en el borrador elaborado para atender a las observaciones y sugerencias recibidas, o explicando las razones por las que no fueron tenidas en consideración.
* Ponente: Francisco Javier Díaz Revorio
Sexto. Segundo borrador.- A raíz de las actuaciones descritas, se integra en el expediente un segundo borrador del anteproyecto de Ley, de estructura muy similar a la del texto anterior.
Séptimo. Memoria económica.- Con fecha 23 de octubre de 2013 fue suscrita una Memoria de contenido económico por parte del Director General de Cultura, donde se analiza la potencial incidencia económica de las medidas incorporadas al anteproyecto de Ley, afirmando su viabilidad sobre la base de los siguientes aspectos: Ahorro del coste generado por la gestión de los servicios , ingresos directos obtenidos con la venta de entradas, con canon por servicio, por alquileres, etc , incentivar la creación de empresas en el sector y motivar a emprendedores potenciales en la generación de negocio en torno a la gestión cultural , creación de puestos de trabajo de forma directa e indirecta , ampliación del catálogo de servicios ofertado por el museo [ ] y la Difusión del patrimonio histórico y cultural de Castilla-La Mancha y de las colecciones de sus museos y actividades .
Octavo. Memoria justificativa.- Seguidamente, obra en el expediente una Memoria justificativa de la iniciativa -carente de fecha-, también suscrita por el Director General de Cultura, en la que se hace una amplia descripción de la realidad museística de la Región, con indicación de los centros existentes, los datos sobre su titularidad, registros estadísticos de visitas, fondos disponibles y medios personales empleados.
Finalmente, el citado documento formula varias conclusiones atinentes a la incidencia de la norma proyectada sobre el ordenamiento vigente, provocando la derogación completa de la Ley 4/1990, de 30 de mayo, de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, sus efectos potenciales respecto de la competencia y competitividad de las empresas y su impacto de género.
Noveno. Informe de la Directora General de Presupuestos.- Sometidos el anteproyecto de Ley y su Memoria económica a la Dirección General de Presupuestos, la titular de dicho órgano gestor emitió informe favorable con fecha 18 de noviembre de 2013, considerando que, según la Memoria remitida: la implementación de la Ley de Museos de Castilla- La Mancha no supone incremento de los gastos de explotación, ni incremento de presupuesto en personal destinado a instituciones museísticas; así mismo prevé la obtención de nuevos ingresos obtenidos con la venta de entradas y la comercialización de espacios y servicios . Finalmente, se puntualiza que la financiación derivada de la aplicación de la Ley procederá de las dotaciones presupuestarias asignadas a la Consejería promotora de la norma, quedando condicionada en futuros ejercicios a las dotaciones previstas en las correspondientes Leyes de Presupuestos.
Décimo. Informe del Consejo Regional de Municipios.- Con posterioridad, el texto legal proyectado fue sometido a la consideración del Consejo Regional de Municipios, quien emitió informe favorable al mismo en reunión celebrada el día 19 de noviembre de 2013, según se refleja en certificación emitida al efecto e incorporada al expediente.
Undécimo. Tercer borrador.- A continuación, obra en el expediente un nuevo borrador del anteproyecto legal mencionado, fechado a 22 de noviembre de 2013, que presenta idéntica estructura a la de su versión precedente.
Duodécimo. Informe sobre impacto de género.- Con fecha 2 de diciembre de 2013 la Secretaria General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes emitió informe sobre el impacto de género de la norma legal proyectada, donde se afirma la pertinencia de la misma en cuanto a los objetivos de igualdad entre hombres y mujeres, ya que no existen desigualdades de partida y no se prevé modificación alguna de esta situación como consecuencia de la aplicación de la norma , concluyendo que la valoración de impacto de género analizada es positiva.
Decimotercero. Informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades.- Seguidamente, fue emitido informe por parte del Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades, datado el 16 de diciembre posterior, en el que, tras analizar el ámbito competencial concernido por la iniciativa, el procedimiento sustanciado para su elaboración y el propio contenido del anteproyecto, se formulan diversas consideraciones sobre este último, sin perjuicio de lo cual se emite un pronunciamiento favorable al texto legal en proceso de aprobación.
Decimocuarto. Segundo informe de la Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.- Con fecha 9 de enero de 2014 se integra en el expediente un nuevo informe de la Secretaria General de la Consejería consultante, como trámite previo a su elevación al Consejo de Gobierno, donde se concluye que no se aprecia inconveniente legal alguno que impida dicha actuación.
Decimoquinto. Toma en consideración por el Consejo de Gobierno.- Se acredita seguidamente, por medio de la pertinente certificación expedida por su Secretaria Adjunta, que el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, en reunión de 16 de enero de 2014, acordó tomar en consideración el anteproyecto de Ley de Museos de Castilla-La Mancha, así como su remisión a este Consejo Consultivo para recabar el correspondiente dictamen.
Decimosexto. Texto definitivo del anteproyecto.- El expediente se completa con el texto definitivo del anteproyecto de Ley sometido a dictamen, titulado de Museos de Castilla-La Mancha , que consta de un índice, una exposición de motivos, 65 artículos -encuadrados en nueve títulos, algunos de ellos divididos en capítulos-, ocho disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
Tras el índice figura la exposición de motivos, estructurada en siete apartados, que contiene un amplio conjunto de consideraciones sobre la importancia social, la situación real, el peso sectorial y el contexto jurídico que caracterizan el ámbito museístico objeto de regulación, concluyendo con un repaso pormenorizado del articulado, desglosado por títulos y capítulos.
El título Preliminar se denomina Disposiciones Generales e incluye cuatro artículos relativos al objeto y ámbito de
aplicación de la Ley, definiciones, competencias de la Administración Regional y las funciones de las instituciones
museísticas.
El título I trata De las instituciones museísticas de Castilla-La Mancha , comprendiendo desde el artículo 5 al 20, que versan sobre la creación de instituciones museísticas, su reconocimiento oficial, el régimen general de dichas instituciones y su personal.
El título II lleva por título De los fondos museísticos de Castilla-La Mancha y comprende desde el artículo 21 al 29, concernientes a las colecciones de las instituciones museísticas y la documentación de sus fondos.
El título III versa sobre la gestión de los fondos museísticos e incluye desde el artículo 30 al 38, que se ocupan de la
constitución de depósitos de fondos, los movimientos de fondos museísticos y su restauración y reproducción.
título IV se denomina Del Sistema de Museos de Castilla-La Mancha -artículos 39 al 41-.
título V regula las competencias administrativas concernidas por la Ley -artículos 42 al 44-.
El título VI se ocupa de la regulación De la Junta de Museos de Castilla-La Mancha , a la que dedica los artículos 45 al 48.
título VII se refiere a la financiación de las instituciones museísticas , dedicando a ello desde el artículo 49 al 54.
título VIII se denomina Actividad inspectora y régimen sancionador y comprende desde el artículo 55 al 65.
Las primeras siete disposiciones adicionales incorporan sucesivas determinaciones sobre la realización de actuaciones y ejecución de medidas -varias ellas, con señalamientos de plazo- encomendadas a órganos de la Administración Regional o a diversas instituciones museísticas.
La disposición adicional octava trata de particularidades relativas al funcionamiento de los centros de interpretación de espacios naturales protegidos y de los centros de educación ambiental.
La disposición derogatoria deja expresamente sin vigencia el título IV de la Ley 4/1990, de 30 de mayo, de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha -relativo a Museos-, declarando la pervivencia de las normas reglamentarias reguladoras del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha y del Centro de Conservación y Restauración de Castilla-La Mancha, en cuanto no se opongan a la presente Ley.
Las dos disposiciones finales tratan sobre la facultad de desarrollo de la Ley y su Entrada en vigor , que se fija a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
En tal estado de tramitación V. E. dispuso la remisión del expediente a este Consejo Consultivo, en el que tuvo entrada con fecha 22 de enero de 2014.
A la vista de dichos antecedentes, procede formular las siguientes
Carácter del dictamen.- Se somete al Consejo Consultivo el anteproyecto de Ley de Museos de Castilla-La Mancha, con invocación de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, en cuyo apartado 3 se establece que este último órgano deberá ser consultado en los
siguientes asuntos: [ ] [
3.- Anteproyectos de Ley .
De acuerdo con dicha disposición, procede emitir el presente dictamen con carácter preceptivo.
Examen del procedimiento tramitado.- El procedimiento de elaboración de una norma de rango legal impulsada desde el poder ejecutivo ha de ajustarse a lo previsto en el artículo 35 de la citada Ley 11/2003, de 25 de septiembre, regulador del ejercicio de la iniciativa legislativa por parte del Consejo de Gobierno. Este artículo dispone que los textos que tengan tal objeto se elaboran y tramitan como anteproyectos de Ley elevándose, junto con todas las actuaciones y antecedentes, a la consideración del Consejo de Gobierno . Asumida la iniciativa legislativa, este órgano ejecutivo colegiado, a la vista del texto del anteproyecto, decide sobre ulteriores trámites y consultas y, cumplidos éstos, acuerda su remisión al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. Emitido el preceptivo informe, el Consejo de Gobierno acuerda la remisión del proyecto a las Cortes de Castilla-La Mancha, acompañado del informe del Consejo Consultivo y de los antecedentes necesarios . Es decir, los genéricos términos en que se encuentran formulados tales preceptos dejan a criterio del órgano encargado de la elaboración de la norma, en su primera fase, y del Consejo de Gobierno, después, una vez que ha tomado en consideración el texto redactado, la apreciación de qué antecedentes o trámites concretos son precisos para la
elaboración de una disposición de este rango, recayendo en las Cortes Regionales, finalmente, la decisión sobre el grado de suficiencia de los mismos.
En el expediente sometido a consulta queda acreditado que, conforme a lo previsto en los preceptos citados, el Consejo de Gobierno tomó en consideración el texto definitivo del anteproyecto de Ley de Museos de Castilla-La Mancha en su reunión de 16 de enero de 2014, acordando su remisión a este Consejo Consultivo para dictamen.
En cuanto al resto de las actuaciones desarrolladas previamente, que ya han sido descritas en los antecedentes, cabe señalar su general y adecuada orientación hacia la operatividad de procedimiento desarrollado, siendo de destacar la articulación de un trámite de información pública, como instrumento directo de participación de los sectores sociales eventualmente concernidos por la iniciativa, que ha propiciado la formulación de numerosas alegaciones al contenido del texto proyectado, las cuales han sido objeto de valoración detallada e informe por parte del órgano gestor impulsor de la norma.
El expediente dispone de un índice numerado de los documentos que lo conforman, encontrándose íntegramente foliado y cronológicamente ordenado, salvo su documento número 7 -denominado Memoria justificativa -, carente de fecha; toda vez que parece corresponderse con un documento aludido ya en el primer apartado del informe de 28 de noviembre de 2012 de la Secretaría General de la Consejería consultante -documento número 2-, y que, en tal caso, debería haber precedido al mismo.
En cualquier caso, cabe concluir que han sido suficientemente atendidas las previsiones que la Ley establece para la elaboración de las disposiciones de carácter general concebidas como anteproyectos de Ley.
Marco normativo y competencial en el que se inserta la disposición.- De forma previa al examen del texto legal proyectado y sometido a dictamen, debe analizarse el marco normativo en el que se desenvuelve la competencia que habilita a la Junta de Comunidades para acometer la regulación objeto del mismo, para lo cual cabe partir de la doctrina enunciada en relación con otros precedentes ya dictaminados por el Consejo, relativos también a normas legales encuadrables dentro del mismo ámbito cultural en el que se incardina el presente anteproyecto de Ley de Museos. En este aspecto, puede hacerse mención a los dictámenes emitidos en relación con la Ley de Archivos de Castilla-La Mancha -dictamen 72/2002, de 29 de mayo-, la Ley de la Lectura y las Bibliotecas de Castilla-La Mancha -dictamen 175/2010, de 15 de septiembre- y, más recientemente, la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha -dictamen 67/2013, de 20 de marzo-.
El artículo 149.1.28ª de la Constitución reserva a la competencia exclusiva del Estado la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas . Dicha competencia se potencia con la previsión contenida en el artículo 149.2, donde se establece que, sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio a la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas de acuerdo con ellas , expandiendo así el ámbito competencial del Estado más allá de los supuestos concretamente contemplados en el artículo 149.1.28ª.
La problemática derivada del reparto competencial entre las Administraciones estatal y autonómica en materia de patrimonio cultural, artístico y monumental, ha tenido reflejo en la doctrina del Tribunal Constitucional, especialmente en la Sentencia 17/1991, de 31 de enero, de la que se infiere que para determinar dicha distribución competencial ha de partirse del título estatal definido en el artículo 149.1.28ª, pero articulándolo con los preceptos estatutarios que definen competencias asumidas también por las Comunidades Autónomas en esa materia. Así, el alto Tribunal ha proclamado en el referido pronunciamiento la existencia de una competencia concurrente del Estado y de las Comunidades Autónomas en materia de cultura con una acción autonómica específica, pero teniéndola también el Estado «en el área de preservación del patrimonio cultural común, pero también en aquello que precise de tratamientos generales o que haga menester esa acción pública cuando los fines culturales no pudieran lograrse desde otras instancias» (Sentencia 49/1984). La integración de la materia relativa a patrimonio histórico-artístico en la más amplia que se refiere a la cultura permite hallar fundamento en la potestad del Estado para legislar en aquélla . Asimismo, continuaba significando dicha Sentencia que no cabe, sin embargo, extender la competencia estatal a ámbitos no queridos por el constituyente, por efecto de aquella incardinación general del patrimonio histórico-artístico en el término cultura, pues por esa vía se dejarían vacíos de contenido los títulos del bloque de la constitucionalidad que se limitan a regular una porción definida del amplio espectro de la misma. Existe en la materia que nos ocupa un título de atribución al Estado definido en el artículo 149.1.28 de la Constitución, al que se contrapone el que atribuye competencias a las Comunidades fundado en los Estatutos de Autonomía. De ahí que la distribución de competencias Estado-Comunidades Autónomas en cuanto a patrimonio cultural, artístico y monumental haya de partir de aquel título estatal pero articulándolo con los preceptos estatutarios que definen competencias asumidas por las Comunidades Autónomas en la materia. El Estado ostenta, pues, la competencia exclusiva en la defensa de dicho patrimonio contra la exportación y expoliación y las Comunidades Autónomas recurrentes en lo restante, según sus respectivos Estatutos; sin que ello implique que la eventual afectación de intereses generales o la concurrencia de otros títulos competenciales del Estado en materia determinada no deban también tenerse presentes como límites que habrá que ponderar en cada caso concreto .
De modo más concreto, centrándose en la mecánica de reparto competencial imperante respecto a la regulación de actividades de índole cultural instrumentadas a través de bibliotecas, archivos y museos de titularidad estatal, conviene hacer referencia a la línea doctrinal plasmada en algunas Sentencias del Tribunal Constitucional relativas a este tipo de establecimientos, como la 46/2010, de 8 de septiembre; 14/2013, de 31 de enero; o 66/2013, de 14 de marzo, con cita en todas ellas de la anterior Sentencia 103/1988, de 8 de junio, concerniente al recurso planteado contra la Ley de Archivos de Andalucía, y en cuyo fundamento jurídico 4 se argumentaba: Los Títulos III y IV de la Ley, al tratar de la protección del patrimonio documental andaluz, del acceso al mismo y de su difusión, establecen un conjunto de disposiciones referidas, en diversos términos, a ese patrimonio documental y a los archivos que lo conserven y custodien. Si esas referencias lo fueran también a los archivos de titularidad estatal, en el sentido de llevar a cabo regulaciones reservadas a la competencia legislativa del Estado, la Ley rebasaría los límites competenciales que los arts. 149.1.28 de la Constitución y 13.28 del Estatuto de Autonomía determinan en esta materia para la Comunidad Autónoma. Por el contrario, si las disposiciones de la Ley se entendieran referidas únicamente a los archivos de competencia de la Comunidad Autónoma, no se habría traspasado, evidentemente, ese límite competencial .
En uso de los títulos competenciales o mandatos constitucionales previamente aludidos, el Estado aprobó la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuyo contenido vino a configurar un marco regulatorio y relacional en el que se desenvuelve el ejercicio de las competencias concurrentes del Estado y las Comunidades Autónomas en la materia. Del contenido de dicha norma legal deben destacarse, a los efectos del anteproyecto que se examina, las previsiones acogidas en su título VIII, relativo al Patrimonio Documental y Bibliográfico y de los Archivos, Bibliotecas y Museos , cuyo capítulo II, dedicado a los Archivos, Bibliotecas y Museos, incorpora varios preceptos de aplicación específica al ámbito museístico, concernientes al concepto de museo -artículo 59.3-, la consideración de los inmuebles destinados a ese fin -artículo 60-, la creación, comunicación y coordinación entre ellos -artículo 61-, el acceso a los mismos -artículo 62-, el régimen de depósito y custodia de bienes en ellos -artículo 63-, la declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios -artículo 64- y el Sistema Español del Museos -artículo 66-. Además, conviene hacer mención al contenido del Real Decreto 620/1987, de 10 de abril, aprobatorio del Reglamento de los Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos.
Pasando a la esfera autonómica, conviene significar, primeramente, que el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, aprobado por Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, establece en su artículo 31.1 que la Junta de Comunidades ostenta competencias exclusivas sobre las siguientes materias de índole cultural:
15ª Museos, bibliotecas, conservatorios y hemerotecas de interés para la región que no sean de titularidad estatal.
16ª Patrimonio monumental, histórico, artístico y arqueológico y otros centros culturales de interés para la región, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 28 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.
17ª Fomento de la cultura y de la investigación, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 2 del artículo 149 de la Constitución, prestando especial atención a las distintas modalidades culturales de carácter regional .
de Comunidades corresponde en estos ámbitos materiales potestad legislativa,
reglamentaria y la función ejecutiva.
Además, debe agregarse que el actual artículo 33.5 del referido Estatuto de Autonomía confiere a la Junta de Comunidades, en los términos que establezcan las leyes y normas reglamentarias que en desarrollo de su legislación dicte el Estado, la función ejecutiva en materia de: [ ] 5. Gestión de los museos, archivos y bibliotecas de titularidad estatal, que no se reserve el Estado. Los términos de la gestión serán fijados mediante convenios .
En ejercicio de la potestad legislativa inherente a las previsiones estatutarias del citado artículo 31.1, las Cortes Regionales aprobaron la Ley 4/1990, de 30 de mayo, de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, como norma dirigida a procurar la protección, el acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del patrimonio histórico y artístico de la Región, objetivo básico de la actuación de la Junta de Comunidades ligado a las previsiones del artículo 4.4 g) de su Estatuto de Autonomía. Esta Ley 4/1990, de 30 de mayo -hoy derogada en su mayor parte por la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha-, mantiene todavía vigente su título IV, relativo a los museos, cuya regulación será sustituida por la norma legal que ahora se tramita, constituyendo actualmente el principal referente normativo dentro del ordenamiento autonómico en materia de museos. Dicho título IV, denominado De los museos , se subdivide en cuatro capítulos referentes a Disposiciones generales relativas a la creación y el acceso a los museos (I); al Sistema de Museos de Castilla-La Mancha (II), que incluye preceptos sobre la composición de dicho Sistema, el Servicio de Museos, el Registro de Museos y la denominación y gestión de los museos; De los Museos de Castilla-La Mancha (III), sobre la titularidad de los museos y el depósito de fondos en los mismos; y De las colecciones, fondos museísticos y personal (IV).
Junto a este destacado precedente legal, la descripción del marco normativo autonómico existente puede complementarse con una mención a otras disposiciones de rango legal incardinables en la esfera material de la cultura, haciendo alusión a la Ley 4/2001, de 10 de mayo, de Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha; la Ley 19/2002, de 24 de octubre, de Archivos de Castilla-La Mancha; la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de la Lectura y de las Bibliotecas de Castilla-La Mancha; y la ya citada Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
consiguiente, a la Junta
Por último, conviene hacer una referencia a la norma estatal instrumentadora del traspaso efectivo a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha de las funciones y servicios anteriormente ostentados por el Estado en materia de cultura, constituida por el Real Decreto 3296/1983, de 5 de octubre, en cuyo apartado B).1 se contienen diversas determinaciones sobre las competencias transferidas en materia de museos, contemplando las singularidades ligadas a su titularidad y forma de gestión; así como al Convenio suscrito entre el Ministerio de Cultura y la Consejería de Educación y Cultura con fecha 24 de septiembre de 1984 -Boletín Oficial del Estado de 19 de enero de 1985-, para la cesión de la gestión de varios museos estatales a la Comunidad Autónoma, de conformidad con las previsiones del artículo 33.5 del Estatuto de Autonomía.
Observaciones de carácter esencial.- Pasando ya al examen pormenorizado del anteproyecto sometido a dictamen procede efectuar, en primer término, las siguientes observaciones a las que debe atribuirse carácter esencial:
1.- Ámbito de aplicación de la Ley.
El artículo 1 del texto proyectado, en su última versión sometida a dictamen, establece: 1. Esta Ley tiene por objeto regular las instituciones museísticas de interés para Castilla-La Mancha. [ ] 2. La presente Ley es de aplicación a las instituciones museísticas que se encuentren ubicadas en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, excepto las que sean de competencia del Estado. [ ] 3. Los museos de titularidad estatal cuya gestión esté transferida a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se regirán por lo previsto en los convenios correspondientes, en la legislación estatal y, en su defecto, por lo previsto en la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo .
En primer lugar, debe señalarse que el apartado 3, previamente transcrito -que adopta un redacción propuesta por la FEMP-CLM incorporada al tercer borrador de anteproyecto-, relativo al alcance de la Ley respecto de los museos estatales cuya gestión ha sido asumida por la Junta de Comunidades por vía convencional a través del cauce previsto en el artículo 33.5 del Estatuto de Autonomía, viene a configurar un sistema de fuentes en dicha materia que no tiene engarce constitucional.
Como ya se ha dejado expuesto en la consideración III, en los museos estatales gestionados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha esta ostenta únicamente competencias de carácter ejecutivo, desprovistas, por tanto, de potestades legislativas o reglamentarias -salvo, en el segundo caso, las de orden organizativo inherentes a las funciones de gestión asumidas-. De tal modo, resulta improcedente que quiera configurarse esta Ley, genéricamente, como un cuerpo legal de aplicación supletoria, que opere en defecto de normativa estatal o de previsiones en los convenios que rigen la mencionada cesión de gestión, al tratarse de un ámbito normativo que corresponde al Estado.
Ya este Consejo formuló una observación que guarda visible relación con la que aquí se expone, con ocasión de preceptos incluidos en el anteproyecto de Ley de la Lectura y de las Bibliotecas de Castilla-La Mancha, donde se argumentó por este órgano:
Artículo 2. Ámbito de aplicación. En el apartado 2 de este artículo se dispone que Esta Ley es de aplicación a todas las bibliotecas, colecciones y centros de titularidad pública radicadas en el territorio de Castilla-La Mancha y de acuerdo con el marco competencial establecido por la Constitución, en el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y la legislación de régimen local . La extensión del ámbito de aplicación a todas las bibliotecas radicadas en el territorio de Castilla-La Mancha, supone que la Ley también se aplique a las bibliotecas estatales ubicadas en este territorio, es decir, se está haciendo uso de una competencia legislativa, concretamente la asumida por el artículo 31.1.15ª del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que excluye de la misma a las bibliotecas que sean de titularidad estatal. Respecto de las bibliotecas estatales, el Estatuto de Autonomía únicamente atribuye a la Comunidad Autónoma competencia ejecutiva cuyo alcance, además, no lo es sobre todas las bibliotecas de titularidad estatal, ya que el artículo 33.5 del mismo dice que la función ejecutiva abarca a las bibliotecas de titularidad estatal, que no se reserve el Estado , esto es, estatutariamente es posible la existencia de bibliotecas estatales sobre las que la Comunidad Autónoma ni siquiera tenga competencias ejecutivas. Además, en dicho artículo se dice que Los términos de la gestión serán fijados mediante Convenio , lo cual también supone una restricción al ejercicio de la función ejecutiva sobre las mismas. [ ] Dicho lo anterior, es lo cierto que, al tratarse de una materia cuya disgregación legislativa podría afectar a la necesaria coordinación y cooperación que se debe requerir en esta materia, sería deseable que las bibliotecas estatales se integrasen en el Sistema de Bibliotecas de Castilla-La Mancha y que le fueran de aplicación las normas que rigen el mismo, pero esto no puede llevarse a cabo por la vía de la imposición legislativa, sino por la de la cooperación administrativa. Es por ello que podrían obtenerse los mismos resultados que se pretenden con el anteproyecto sin con ello violentar el marco competencial que le es de aplicación, diciendo, como se hace en el artículo 2.1 de la Ley 19/2002, de 24 de octubre, de Archivos de Castilla-La Mancha, que la Ley es de aplicación a las bibliotecas integradas en el Sistema de Bibliotecas de Castilla-La Mancha, si bien para ello habrá de tenerse en cuenta lo que también se dirá respecto del artículo 26 donde se regula la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha.
Artículo 26. Centros y servicios que integran la Red de Bibliotecas Públicas.- En este artículo se dice que forman parte de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha, entre otras, b) Las Bibliotecas Públicas del Estado de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de las competencias que sobre las mismas tenga el Estado . A este apartado le resulta de aplicación lo expuesto respecto al artículo 2, esto es, que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha carece de
competencia legislativa para disponer que las bibliotecas estatales ubicadas en el territorio de Castilla-La Mancha se integren en la Red de Bibliotecas Públicas. Al carecer de competencias legislativas sobre las bibliotecas estatales, la deseable integración en la Red y a su vez en el Sistema de Bibliotecas autonómico debe efectuarse mediante un convenio que es el instrumento en el que se deben establecer los términos de la gestión, según se dice en el artículo 33.5 del Estatuto de Autonomía. Por lo tanto, el legislador autonómico carece de competencia legislativa para establecer de forma imperativa dicha integración y, en consecuencia, debe modificarse la redacción de dicho precepto, sustituyendo el carácter imperativo por una fórmula facultativa de convenio mediante la que se pudiese conseguir la misma finalidad .
En consonancia con tales planteamientos y con la línea doctrinal marcada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias aludidas en la consideración III, a juicio de este Consejo, el artículo 1.3 analizado debería utilizar otra construcción definitoria del ámbito de aplicación de la Ley que no suscite ningún tipo de injerencia sobre las competencias normativas del Estado y que no suponga una construcción jurídica improcedente respecto al sistema constitucional de fuentes, donde la regla de supletoriedad de bloques normativos está configurada en favor del derecho estatal -artículo 149.3 de la Constitución-. De tal modo, parece más procedente retornar a la fórmula contemplada al efecto en el primer borrador del texto proyectado, donde se señalaba para esta clase de museos que 3. Los museos de titularidad estatal cuya gestión esté transferida a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se regirán por lo previsto en la normativa estatal y en los convenios de transferencias .
Además, el singular sistema de reparto de atribuciones imperante en relación con este tipo de museos estatales, cuya gestión fue asumida por la Junta de Comunidades con arreglo a las estipulaciones recogidas en los correspondientes convenios -aparentemente, todavía las plasmadas en el citado Convenio de 24 de septiembre de 1984-, aconseja también replantearse la necesidad de mantener los preceptos específicos que, ulteriormente, contemplan el tratamiento de determinadas incidencias en este tipo de museos, como las referentes a las salidas de fondos -artículos 30.3 y 34.4 y 5-; pues, aunque en ellos solo se refleje el mero sometimiento a la normativa estatal aplicable o a los convenios existentes, ello ya vendría dado por la previsión de carácter general acogida en el artículo 1.3.
Como muestra paradigmática de los efectos totalmente inapropiados que pueden llegar a tener este tipo de remisiones reiterativas e innecesarias, hay que mencionar, en este caso, la ulterior referencia al artículo 34.3 acogida en el artículo 59.a), en cuya virtud se tipifica como infracción muy grave la salida y traslado de fondos de las instituciones museísticas, sin contar con las autorizaciones expresadas en el artículo 34, apartados dos y cuatro . Es decir, contemplando el artículo 34.4, únicamente, que la salida de fondos museísticos de titularidad estatal de cualquiera de los museos de titularidad estatal gestionados por la Administración Regional, necesitará autorización del órgano competente de la Administración del Estado y que las solicitudes deberán efectuarse de acuerdo con la normativa del Estado en esta materia , carece de fundamento competencial y de lógica jurídica que pretenda configurarse como tipo infractor la inobservancia de esas normas, en cuanto pertenecientes a un bloque normativo ajeno a la competencia que sustenta la potestad legislativa ejercitada, toda vez que correspondería al Estado determinar legislativa y reglamentariamente el régimen sancionador o disciplinario aplicable a tal clase de incumplimientos.
Asimismo, ligado a lo previsto en el artículo 1.3, convendría reconsiderar la viabilidad de establecer imperativamente el otorgamiento de reconocimiento oficial a los museos estatales -con o sin gestión transferida, (artículo 8.2)-, a tenor de sus inciertas consecuencias para los mismos en relación con determinadas previsiones del articulado de la Ley, como las que, sin ánimo de ser exhaustivo, seguidamente se mencionan:
Artículo 10.1, relativo a la obligación de apertura.
Artículo 11.3, referente a la aplicación general del capítulo III del título I (artículos 12 al 15).
Artículo 27.1, concerniente a la tenencia de Libros de Registro.
Artículo 29, sobre informatización de inventarios.
Si bien en el caso de los museos cuya gestión se ha reservado el Estado, lo previsto en el artículo 1.2 permitiría considerar que no están sujetos en modo alguno a las previsiones de la Ley, para aquellos otros de gestión autonómica, algunos de los preceptos aludidos llevan implícitos deberes y obligaciones que, de reputarse más allá de las funciones de gestión ejercidas según lo pactado, podrían requerir formalmente de una asunción convencional, sin la cual su aplicabilidad quedaría viciada por la improcedencia del régimen de supletoriedad contemplado en el artículo 1.3 del anteproyecto.
Paralelamente, cabría replantearse la procedencia de las encomiendas de actuaciones sobre cartas de servicios, estructura orgánica o plantillas de personal e informatización de inventarios enunciadas en las disposiciones adicionales primera, tercera y quinta, respecto de los museos estatales de gestión autonómica, en la medida en que tales actuaciones pudieran hallarse condicionadas por las pautas de gestión que vengan impuestas por la normativa estatal o por la distribución de facultades dimanante de las estipulaciones del Convenio de aplicación. En este último sentido, conviene hacer notar que, según el apartado 3.1 del referido Convenio de 24 de septiembre de 1984, la Dirección de los Museos y Archivos de titularidad estatal a que se refiere el presente Convenio, se designará por la Administración del Estado , lo que ha de ponerse en conexión con el contenido de las funciones directivas enunciadas en el artículo 16 del citado Real Decreto 620/1987, de 10 de abril, y con el propio régimen general de funcionamiento establecido por dicha norma reglamentaria.
En virtud de todo lo expuesto, este Consejo plantea las siguientes recomendaciones:
a) Debería suprimirse por improcedente el inciso final del artículo 1.3 del anteproyecto examinado, relativo al régimen
de supletoriedad previsto para los museos estatales de gestión autonómica.
b) Para el resto de normas que por su generalidad o ambigüedad pudieran sugerir una vocación expansiva respecto de
estos museos estatales de gestión transferida, se recomienda que los preceptos respectivos introduzcan las correspondientes
cautelas o puntualizaciones, en orden a garantizar el necesario respeto de la normativa estatal de aplicación y de las previsiones convencionales que rijan la singular fórmula de gestión arbitrada al amparo del artículo 33.5 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
c) Asimismo, dada la inadecuación de considerar aplicable esta norma de rango legislativo a museos estatales, aunque
sean gestionados por la Comunidad Autónoma, este Consejo considera más adecuado que, en concordancia con la supresión del último inciso del artículo 1.3, se eliminen también todas las mencionadas referencias a museos estatales de gestión autonómica contenidas en otros artículos de la ley.
2. Tipificación de infracciones graves.-
En el artículo 60 se relacionan los supuestos configurados como infracciones graves, incluyendo entre ellos:
d) La disgregación de las colecciones y los actos de gestión de las mismas sin observación de las preceptivas
comunicaciones y autorizaciones previstas en los artículos 30 y 31. [
f) La comercialización de copias y reproducciones de fondos museísticos de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sin contar con la autorización expresada en el artículo 38 .
Tanto en un caso como en otro las remisiones contenidas en ambos apartados para configurar el tipo infractor parecen ser erróneas. En el supuesto contemplado en el epígrafe d) la lectura del artículo 30, allí mencionado, evidencia que en el mismo -dedicado a la formalización de depósitos-, no se alude, al menos de forma expresa, a ningún tipo de comunicación o autorización. Por otro lado, tampoco el artículo 38, relativo a la realización de copias y reproducciones de piezas museísticas, contiene previsión alguna expresamente asociada a la obtención de algún tipo de autorización.
Por lo tanto, un adecuado cumplimiento del principio de tipicidad, consagrado por el artículo 129 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, impone que los tipos infractores definidos en ambos apartados sean objeto de la debida clarificación, bien en el artículo 60, bien en los preceptos a los que se remita, que deberán ser los adecuados.
Otras observaciones no esenciales.- Procede seguidamente efectuar otras observaciones, desprovistas de carácter esencial, atinentes a cuestiones de orden conceptual, de técnica y sistemática normativa o simples extremos de redacción, cuya atención redundaría en beneficio de la calidad técnica de la disposición.
En el apartado VI, párrafo quinto, la cita final relativa a la competencia ejecutiva contemplada en el artículo 33.5 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha es incompleta y, por tanto, inexacta, si no se añade que dicha competencia ejecutiva se circunscribe a los museos estatales cuya gestión no se haya reservado el Estado, pudiendo precisarse, además, como hace el precepto estatutario, que el ejercicio de dichas funciones de gestión viene marcado por los términos fijados mediante Convenios.
2. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley.
Sin perjuicio de lo ya expuesto en la consideración precedente sobre el artículo 1 de la disposición proyectada, su apartado 1 se ocupa de determinar el objeto de la misma, señalando que Esta Ley tiene por objeto regular las instituciones museísticas de interés para Castilla-La Mancha .
Sin embargo, la expresión de interés para Castilla-La Mancha empleada en la acotación de dicho objeto no puede considerarse provista de elementos de concreción suficientes en orden a cumplir adecuadamente el fin pretendido, habida cuenta de que su significado y efectos normativos ni se definen, ni se perfilan, ni se especifican posteriormente.
Por ello, de considerarse necesario el mantenimiento de dicho apartado y expresión, se estima conveniente precisar con claridad su significado, a cuyo efecto podría insertarse la correspondiente definición en el artículo siguiente, dedicado a definiciones .
3. Alcance y efectos de la obtención de reconocimiento oficial.
Las determinaciones del cuerpo legal proyectado permiten diferenciar varios tipos de instituciones museísticas, comenzando por una primera distinción aparentemente ligada a la importancia y permanencia del centro museístico y de sus fondos o a la singularidad de su objeto. Así el artículo 2 distingue entre museos, colecciones museográficas y centros de interpretación.
Seguidamente, bajo el denominador común de instituciones museísticas , todas ellas pueden o no ser objeto de reconocimiento oficial, materia a la que se dedica el artículo 8, estableciendo que gozan de esta condición todas las instituciones museísticas de titularidad estatal o autonómica y, respecto de las demás de titularidad pública o privada, que
podrán optar por solicitar o no dicho reconocimiento oficial, mediante el procedimiento previsto en el artículo 9. Posteriormente, las instituciones museísticas oficiales -o con reconocimiento oficial- podrán instar o no su integración en el Sistema de Museos de Castilla-La Mancha -artículos 11 y 40.1.c)-. De otro lado, el artículo 12.1 del anteproyecto, en su último inciso, dispone sobre el acceso al Registro de Instituciones Museísticas de Castilla-La Mancha: En todo caso, tendrán acceso a dicho Registro las instituciones museísticas oficiales , de lo que puede colegirse que es posible el acceso
al Registro para instituciones no oficiales.
Por todo ello, cabe concluir que las previsiones de la Ley permiten hacer diferenciaciones entre los siguientes tipos de instituciones museísticas:
1.- Instituciones no oficiales y no inscritas en el Registro.
2.- Instituciones no oficiales, pero inscritas en el Registro.
3.- Instituciones oficiales e inscritas en el Registro.
Hecha esta distinción, y con las incertidumbres ya expuestas en la consideración IV respecto al tratamiento de los museos o colecciones estatales, la lectura del texto proyectado deja ver que la mayor parte de su articulado parece destinado
a la regulación de las instituciones museísticas oficiales, precisándose explícitamente este extremo en algunos de sus
preceptos -por ejemplo, en los artículos 11, 14, 27, 29, 31 o 54-. Sin embargo, aunque pueda deducirse que otros muchos preceptos de la Ley están concebidos para su sola aplicación a instituciones museísticas oficiales, la redacción adoptada en varios casos no clarifica plenamente este extremo, pudiendo suscitarse dudas interpretativas en la aplicación de la norma que podrían afectar a los artículos 15, 16, 17, 19, 20, 21, 26, 32, 33, 34, 35 y 38, donde no se hacen referencias explicitas a dicha condición de reconocimiento oficial de la institución.
Por ello, se recomienda efectuar un repaso integral del texto legal proyectado a fin de clarificar este extremo, agregando en su caso las oportunas precisiones sobre el campo de aplicación de cada precepto, de suerte que cuando no se explicite que su aplicabilidad queda restringida a las instituciones museísticas oficiales, quepa inferir, sin género de duda, que se trata de normas también aplicables a las que no cuenten con dicho reconocimiento oficial.
4. Silencio de sentido negativo y acciones sometidas a régimen de autorización.
En el informe emitido por el Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades -folio 153- se advierte sobre la existencia de algunos preceptos del capítulo II del título III, regulador de los movimientos de fondos museísticos, que prevén un régimen de autorización administrativa sobre el que deberían tenerse en cuenta los condicionantes impuestos por la Directiva 2006/123 de la Unión Europea, de 12 de diciembre, y la Ley de trasposición 17/2009, de 23 de noviembre, de libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio -denominada coloquialmente como Ley Paraguas -, que dan decidida preferencia al régimen de comunicación.
Este Consejo ha analizado varias veces y en recientes ocasiones la incidencia de dichas medidas simplificadoras o liberalizadoras sobre determinados ámbitos materiales, tales como los espectáculos -dictamen 252/2010, de 10 de noviembre-, el comercio y la actividad urbanística -dictamen 8/2013, de 16 de enero- y, con carácter más general, en la reciente Ley de adecuación de procedimientos administrativos y reguladora del régimen general de la declaración responsable y comunicación previa -dictamen 229/2013, de 10 de julio-, en cuya consideración III se recoge con cierto grado de detalle el marco normativo general actualmente existente en esta materia.
Como resumen de lo expuesto en dichos dictámenes y en relación con los supuestos contemplados en el presente anteproyecto, cabe indicar que la posibilidad legal de establecer un régimen de silencio administrativo desestimatorio -como el previsto en el artículo 31.2 del anteproyecto- o de imponer un sistema de autorización para determinadas actividades -como el contemplado en los artículos 15, 25.5, 31.4 o 34.2-, está íntimamente vinculada a la presencia de una razón imperiosa de interés general , concepto que aparece definido en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, en los siguientes términos: [ ] razón definida e interpretada la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, limitadas a las siguientes: el orden público, la seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero del régimen de Seguridad Social, la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, la conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la política social y cultural .
En virtud de lo anterior, dadas las exigencias de motivación impuestas actualmente por la normativa básica estatal y europea sobre estas materias -artículos 5 y 6 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre; o artículo 39 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre-, se recomienda introducir en la exposición de motivos del anteproyecto alguna alusión que opere como justificación del caso de silencio denegatorio contemplado en su artículo 31.2, así como de las exigencias de autorización acogidas en varios puntos del articulado. Dicha justificación habría de vincularse a la concurrencia de la razón imperiosa de interés general que se estime motivadora de la medida, en el caso de las mencionadas autorizaciones, y que podría
complementarse, además, para el referido silencio denegatorio, con una referencia al efecto transmisor de facultades relativas al servicio público aludido en el artículo 43.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, dado que el caso de silencio analizado se liga a la preservación de bienes culturales de propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
5. Artículo 47. Junta de Museos de Castilla-La Mancha.
En este artículo, que versa sobre las funciones de la Junta de Museos de Castilla-La Mancha, sus epígrafes d) y e), relativos a sendos supuestos en que dicha Junta debe emitir informe, introducen remisiones a los artículos 32 y 22 que parecen ser erróneas o, al menos, incompletas.
6. Cita incompleta de disposiciones.
En el contenido del anteproyecto se incluyen numerosas citas de otras disposiciones legales y reglamentarias, alguna de las cuales no se ha ajustado plenamente a las recomendaciones expresadas al efecto en las reglas 73 y 80 de las Directrices de técnica normativa aprobadas por el Estado mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005. Según dichas instrucciones, la cita de las leyes deberá incluir el título completo de la norma, que comprende la indicación de su tipo, número y año, así como la fecha y el nombre de la disposición. Para el caso de reiteración en las citas, la regla 80 antes aludida, titulada primera cita y citas posteriores , recomienda para tales incidencias que la primera cita, tanto en la parte expositiva como en la parte dispositiva, deberá realizarse completa y podrá abreviarse en las demás ocasiones señalando únicamente tipo, número y año, en su caso, y fecha .
De tal modo, se recomienda efectuar un repaso completo del texto elaborado, a fin de adecuar las citas de disposiciones a los criterios previamente apuntados y, en particular, revisar las referencias a la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, contenidas en los artículos 56 y 58, que no se acomodan a dichas pautas.
7. Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Esta disposición prevé que la Ley entrará en vigor en el plazo de veinte días a contar desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha .
Se sugiere utilizar otra formulación más precisa, como la que es de uso habitual, según la cual la entrada en vigor de la Ley tendría lugar a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha . Véanse, por ejemplo, la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha; o la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de la Lectura y de las Bibliotecas de Castilla-La Mancha.
8. Discordancias terminológicas.
Una lectura detenida del texto del anteproyecto permite apreciar que en algunas ocasiones se han empleado denominaciones o reproducciones textuales de expresiones que no guardan entre sí una exacta correspondencia.
a) Así, se detectan varias discrepancias entre el índice de la Ley, las denominaciones de algunos de sus títulos o
capítulos incluidas en la exposición de motivos y las luego plasmadas en el articulado, que afectan cuando menos a:
- La denominación del título I, donde el nombre de la Comunidad Autónoma debe ser siempre Castilla-La Mancha ,
sin espacios antes y después del guión. Esta irregularidad se observa también en otras partes del índice y en numerosos
preceptos del articulado.
- La titulación del capítulo II del título I, por la falta del adjetivo oficial en el apartado VII, párrafo tercero, de la exposición de motivos.
- La titulación del artículo 26 localizada en el índice, que no coincide plenamente con la del articulado.
- La denominación dada al capítulo II del título II, tanto en el índice como en el articulado, que no concuerda estrictamente con la reflejada en la exposición de motivos, apartado VII, párrafo octavo.
b) El Registro de las Instituciones Museísticas de Castilla-La Mancha , regulado por el artículo 12 bajo esa concreta
denominación, es llamado, posteriormente, Registro General de Museos de Castilla-La Mancha en la disposición
c) También se observa que algunas de las alusiones al Sistema de Museos de Castilla-La Mancha , regulado por el
título IV del anteproyecto, no adoptan exactamente esa misma denominación. Tal es el caso de las referencias a dicho
Sistema acogidas en los artículos 11, 53.1, 53.2 o 54, donde este aparece identificado como el Sistema Regional de Museos .
9. Por último, se sugiere efectuar un repaso general del texto proyectado a fin de depurarlo de posibles incorrecciones
gramaticales, imprecisiones o erratas, como las que, a modo de ejemplo, se señalan seguidamente:
a) En el índice, disposición adicional cuarta, la primera preposición de debe ser sustituida por la contracción del .
b) En la exposición de motivos, apartado I, segundo párrafo, primera línea, la forma verbal deben habría de usarse
En el artículo 30.1 el adjetivo receptores debería emplearse en femenino, para concordar en género con
d) No se considera adecuado el uso de la abreviatura Art. en el artículo 32.3.
e) En el artículo 62.b) hay una repetición errónea de la preposición de .
En mérito de lo expuesto, el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha es de dictamen:
Que tenidas en cuenta las observaciones contenidas en el presente dictamen, puede V. E. elevar al Consejo de Gobierno, para su aprobación como proyecto de Ley, el anteproyecto de Ley de Museos de Castilla-La Mancha, señalándose como esenciales las observaciones contenidas en la consideración IV.
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