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Timestamp: 2020-02-26 05:05:56
Document Index: 77009364

Matched Legal Cases: ['artículo 34', 'artículo 96', 'artículo 63', 'artículo 94', 'artículo 94', 'Artículo 34', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53']

BOCG. Senado, apartado I, núm. 415-2812, de 13/10/2014
cve: BOCG_D_10_415_2812
Al Excmo. Sr. Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores.
La Ponencia designada para estudiar el Proyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, integrada por D. Urko Aiartza Azurtza (GPMX), D. Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga (GPV), D. José María Chiquillo Barber (GPP), D.ª Paula María Fernández Pena (GPS), D. Francisco Javier Losada de Azpiazu (GPS), D. Alejandro Muñoz-Alonso Ledo (GPP), D. Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y D. Salvador Sedó Alabart (GPCIU), tiene el honor de elevar a la Comisión de Asuntos Exteriores el siguiente
La Ponencia acuerda aprobar como informe el texto remitido por el Congreso de los Diputados con la incorporación de las enmiendas números 6 de los Sres. Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes del Grupo Parlamentario Mixto, 41, 75, 78, 80, 94 y 98 del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, 133, 135, 137, 151 y 155 del Grupo Parlamentario Socialista y 169 a 183 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Asimismo acuerda incorporar sendas enmiendas transaccionales, una sobre las enmiendas 77 del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y 134 del Grupo Parlamentario Socialista, y otra sobre las enmiendas 81 del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y 138 del Grupo Parlamentario Socialista. Finalmente, advertida una errata en la enmienda 173 del Grupo Parlamentario Popular que se incorpora al Informe, se procede a corregir la misma.
Por otra parte, y como consecuencia de la incorporación de las enmiendas 94 (GPEPC), 151 (GPS) y 181 (GPP) de supresión del artículo 34 del Proyecto de Ley, se procede a renumerar los artículos posteriores del mismo.
Palacio del Senado, 8 de octubre de 2014.—Urko Aiartza Azurtza, Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga, José María Chiquillo Barber, Paula María Fernández Pena, Francisco Javier Losada de Azpiazu, Alejandro Muñoz-Alonso Ledo, Joan Sabaté Borràs y Salvador Sedó Alabart.
En segundo término, hay que tener presente que la práctica en materia convencional se ha ido haciendo cada vez más intensa, compleja y fértil sobre la base del principio de autonomía de la voluntad, lo cual ha dado origen a nuevas formas de acuerdos y nuevos problemas de aplicación. En este sentido, el Derecho interno de un Estado puede establecer la distinción entre tratados y otros tipos de acuerdos internacionales, posibilidad que contemplan expresamente las Convenciones de Viena de 1969 y 1986 en sus respectivos artículos 2.2. Así, en relación con las nuevas formas de acuerdos, cabe citar los acuerdos
de ejecución de tratados internacionales, normalmente denominados en la práctica española «acuerdos internacionales administrativos» y la celebración de acuerdos internacionales no normativos, frecuentemente denominados Memorandos de Entendimiento o identificados mediante las siglas MOU derivadas de la denominación inglesa Memoranda of Understanding que instrumentan la asunción de compromisos políticos. Ahora bien, ello no impide en modo alguno que coexistan categorías diferentes a las tres reguladas por esta Ley que se rigen, todas ellas, por el Derecho interno de los Estados.
Este escenario exige una actualización del instrumento jurídico que regula la ordenación de la actividad del Estado en materia de tratados internacionales y otros acuerdos internacionales y aconseja un rango legal
para atender lo que ya fueron recomendaciones del Consejo de Estado. En este sentido, cuando en su momento se estaba preparando el Decreto 801/1972, de 24 de marzo, el Consejo de Estado llamó la atención sobre el hecho de que «el interés público y la seguridad jurídica aconsejan que se dicte una disposición de rango legal» en sus dictámenes núm. 37.248 y 37.068, de 19 de noviembre de 1971. De igual modo, una vez en vigor la Constitución Española de 1978, el Consejo de Estado volvió a pronunciarse en el mismo sentido con ocasión del informe que emitió a propósito del anteproyecto de ley de tratados que se preparó en 1985, si bien no llegó a remitirse a las Cortes Generales, en su dictamen núm. 47.392, de 21 de febrero de 1985. Ello obedece, entre otros aspectos, a que «la materia afecta a las relaciones entre órganos constitucionales y asimismo entre los ordenamientos jurídicos nacional e internacional, regula la producción y aplicación de normas jurídicas convencionales (Constitución Española, artículo 96) y, finalmente, porque el artículo 63.2 de la Constitución Española establece en realidad una reserva de ley». En efecto, esta disposición establece que «al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución Española y las leyes».
d) bis Acordar la solicitud de autorización previa y disponer a este efecto la remisión a las Cortes Generales de los tratados internacionales en los supuestos del artículo 94.1 de la Consitución.
d) ter Disponer la remisión al Congreso de los Diputados y al Senado del resto de los tratados internacionales a los efectos del artículo 94.2 de la Constitución Española.
e) Acordar la manifestación del consentimiento de España para obligarse mediante un tratado internacional y, en su caso, las reservas que pretenda formular.
f) Conocer de los acuerdos internacionales administrativos y de los no normativos cuya importancia así lo aconseje.
2. Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial del Estado cualquier acto posterior que afecte a la aplicación de un tratado internacional.
Artículo 34. Suprimido
Artículo 34 (antes 35). Retirada de las reservas y de las objeciones a las reservas.
Artículo 35 (antes 36). Reglas de interpretación.
1. Las disposiciones de los tratados internacionales se interpretarán de acuerdo con los criterios establecidos por las normas generales de Derecho Internacional, los consagrados en los artículos 31 a 33 de la Convención de Viena de 23 de mayo de 1969, sobre Derecho de los Tratados, y los contenidos en el propio tratado.
Artículo 36 (antes 37). Enmienda.
Artículo 37 (antes 38). Denuncia y suspensión.
Artículo 38 (antes 39). Requisitos.
Artículo 39 (antes 40) Informe.
Artículo 40 (antes 41). Tramitación interna.
Artículo 41 (antes 42). Publicación y entrada en vigor.
Artículo 42 (antes 43). Recopilaciones.
Artículo 43 (antes 44). Naturaleza.
Artículo 44 (antes 45). Competencia.
Artículo 45 (antes 46). Informe.
Artículo 46 (antes 47). Tramitación interna.
Artículo 47 (antes 48). Mención expresa del Estado.
Artículo 48 (antes 49). Registro.
Artículo 49 (antes 50). Propuesta de apertura de negociaciones.
Artículo 50 (antes 51). Deber de información.
Artículo 51 (antes 52). Participación en la delegación española.
Artículo 52 (antes 53). Celebración de acuerdos internacionales administrativos.
3. Los proyectos de acuerdos internacionales administrativos serán remitidos al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación antes de su firma para informe por la Asesoría Jurídica Internacional acerca de su naturaleza, procedimiento y más adecuada instrumentación según el Derecho Internacional. En particular, dictaminará sobre si dicho proyecto debería formalizarse como tratado internacional o como
acuerdo internacional administrativo. Para la emisión de su informe, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación recabará cuantos otros juzgue necesarios. El plazo para la emisión del informe será de diez días.
Artículo 53 (antes 54). Celebración de acuerdos internacionales no normativos.