Source: http://www.congresoqroo.gob.mx/transparencia/proceso_legislativo/iniciativas/I1120061128001.htm
Timestamp: 2017-04-25 14:37:02
Document Index: 330778145

Matched Legal Cases: ['artículo 68', 'ARTÍCULO 160', 'artículo 17', 'artículo 160', 'ARTÍCULO 17', 'ARTÍCULO 160']

La revisión crítica de las estructuras jurídicas que rigen en materia de rendición de cuentas, es una condición indispensable para construir un proyecto de apertura que tienda a fortalecer la vida democrática y a remodelar las relaciones entre autoridades y ciudadanos.
En esta tarea, los Diputados estamos obligados a tomar posición en la revisión oportuna de las leyes referentes a la rendición de cuentas y acceso a la información, pues ello se vierte prioritario para edificar iniciativas que generen certidumbre para extender y consolidar el derecho del ejercicio de un derecho ciudadano básico: el derecho a ser informado.
Con esta visión comprometida con los intereses ciudadanos, el Grupo Parlamentario del Partido Convergencia impulsa con la presente Iniciativa la incorporación de un nuevo texto constitucional, con los propósitos fundamentales siguientes:
Elevar a rango constitucional el derecho de toda persona a ser y estar amplia y suficientemente informada de todos los actos, planes y programas de carácter público del Estado y sus Municipios, de los de sus organismos descentralizados, desconcentrados o autónomos, de sus empresas de participación estatal o municipal y de fideicomisos públicos, así como de los actos de los partidos políticos, en relación con el origen, destino y aplicación del financiamiento público que recibieren y de las actividades vinculadas con el uso de los recursos públicos que se les asignare.
Establecer los procedimientos expeditos que comprendan todas las posibilidades de solicitud y obtención de la información gubernamental, incluyendo los medios cibernéticos, y que contribuyan a la emisión de respuesta de manera pronta y oportuna.
Establecer medios de impugnación que permitan modificar o revocar las decisiones de las entidades obligadas, que nieguen la información o menoscaben este derecho ciudadano, cumplan parcialmente o no la rindan en los plazos perentorios que determine la ley.
Prever los órganos responsables de resolver con toda imparcialidad y en forma autónoma e independiente, las inconformidades de los sujetos del derecho a la información y los procedimientos que se seguirán para este efecto, los cuales deberán ser breves y expeditos.
Sujetar a los Consejeros de la Junta de Gobierno y a los demás servidores públicos del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado (ITAIPQROO), al régimen de responsabilidades oficiales que rigen el servicio público, y adicionalmente, al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y a los miembros del Consejo de la Judicatura del Estado.
Estas premisas traducen nuestra aspiración de impulsar la instauración sólida de cimientos legítimos que, sin simulación legal alguna, cumpla verdaderamente con las expectativas ciudadanas de confiabilidad y certidumbre en el libre ejercicio de sus derechos de acceso a la información y de rendición de cuentas, y que goce de la suficiente capacidad para vencer todo tipo de obstáculos que desalienten al ciudadano a pedir datos a sus gobiernos y para consolidar las políticas necesarias para asegurar que la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información se constituyan en los vehículos de la comunicación entre gobernantes y gobernados. Para el Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, la participación ciudadana se erige como el ímpetu que induce a la conformación de instituciones sólidas y confiables, capaces de responder a las genuinas aspiraciones democráticas de legitimidad en las acciones y credibilidad en los resultados. Premisa que la sociedad Quintanarroense exige para fortalecer las libertades y seguir avanzando hacia nuevos horizontes de progreso y concordia en la relación armónica entre gobierno y ciudadanos.
En este sentido, los Diputados que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, tenemos a bien proponer la siguiente Iniciativa de:
POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO AL NOVENO AL ARTICULO 17 Y SE REFORMAN EL PÁRRAFO PRIMERO Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 160 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan los párrafos segundo y noveno al artículo 17 y se reforman el párrafo primero y la fracción I del artículo 160 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, para quedar con el texto siguiente:
"ARTÍCULO 17.- ...
En el Estado de Quintana Roo, toda persona tiene derecho a ser y estar amplia y suficientemente informada de todos los actos, planes y programas de carácter público del Estado y sus Municipios, de los de sus organismos descentralizados, desconcentrados o autónomos, de sus empresas de participación estatal o municipal y de fideicomisos públicos, así como de los actos de los partidos políticos, en relación con el origen, destino y aplicación del financiamiento público que reciban y de las actividades vinculadas con el uso de los recursos públicos que se les asigne.
En materia política, solo los ciudadanos mexicanos podrán acceder a ella.
La información relativa a la naturaleza, integración, función, período de validez, origen, composición, marco jurídico, propósitos y demás información de carácter general de las entidades señaladas en el segundo párrafo de este artículo, estará a disposición de las personas por los medios globales de carácter físico o electrónico que señale la ley reglamentaria respectiva, sin que medie solicitud o requerimiento alguno.
La información de carácter particular o específica que generen las entidades a que se refiere el presente artículo, siempre que no se haya clasificado como reservada, será proporcionada a las personas que tengan este derecho a la mayor brevedad posible, por los medios y en la forma que haya sido solicitada.
La Ley reglamentaria respectiva, determinará por medio de reglas generales y específicas, cuál es la información clasificada como reservada, la calidad de ésta y el período que mantendrá esta calidad. Ninguna información podrá permanecer como clasificada por un período mayor de catorce años.
El Estado, los Municipios, sus órganos descentralizados o desconcentrados, organismos autónomos y demás entidades que se señalan en este artículo, a través de sus áreas responsables de información, procurarán poner a disposición de las personas la información que generen y la que sea requerida, por los medios técnicos o tecnológicos mas eficientes, eficaces y actualizados que sea posible. La negativa a informar sin causa legal, la información parcial o incompleta y la información falsa, son conductas que la ley reglamentaria sancionará firmemente.
La ley reglamentaria respectiva responsabilizará a un órgano especializado, de la promoción, capacitación, aplicación de las formas y procedimientos para el acceso a la información pública, y fijará las normas para el ingreso, integración y permanencia de sus miembros, así como sus facultades, obligaciones y funciones. Dicho órgano contará con una instancia de vigilancia que oriente, evalúe, impulse y vincule a la sociedad y al Estado en la cultura de la transparencia y acceso a la información pública y en el desempeño del órgano especializado respectivo.
También preverá los medios de impugnación que permitan modificar o revocar las decisiones de las entidades obligadas, que nieguen la información o menoscaben este derecho ciudadano, cumplan parcialmente o no la rindan en los plazos perentorios que determine la ley; y establecerá los órganos responsables de resolver con toda imparcialidad y en forma autónoma e independiente, las inconformidades de los sujetos del derecho a la información y los procedimientos que se seguirán para este efecto, los cuales serán breves y expeditos.
"ARTÍCULO 160.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título, se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial, funcionarios y empleados del Gobierno del Estado y de los Ayuntamientos y en general, a toda persona que desempeñe un cargo de cualquier naturaleza en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Ayuntamientos, Organismos Descentralizados de la Administración Pública Estatal o Municipal, Empresas de Participación Estatal o Municipal y Fideicomisos Públicos del Estado o de los Municipios, así como a los funcionarios y empleados del Instituto Electoral de Quintana Roo, del Tribunal Electoral de Quintana Roo, del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y de cualquier otro órgano de carácter público, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.
La Legislatura del Estado expedirá...
Se impondrá mediante Juicio Político, al Gobernador del Estado, a los Diputados de la Legislatura, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, miembros del Consejo de la Judicatura del Estado, Magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Magistrados de los Tribunales Unitarios, Jueces del Fuero Común, al Titular del Órgano Superior de Fiscalización, al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, los miembros de la Junta de Gobierno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, a los Consejeros Electorales del Consejo General, así como al Secretario General del Instituto Electoral de Quintana Roo, Secretarios y Subsecretarios del Despacho, Procurador General de Justicia del Estado, Directores Generales o sus equivalentes de los Organismos Descentralizados del Estado o de los Municipios, Empresas de Participación Estatal o Municipal, Fideicomisos del Estado o de los Municipios y miembros de los Ayuntamientos; sanciones consistentes en destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza, en el servicio público, cuando incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
La Ley correspondiente establecerá…
No procede el Juicio Político…
La Legislatura del Estado conocerá…
a VIII.- …".
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.