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Timestamp: 2019-12-12 11:45:56
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PRIMACÍA Y SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL POR ENCIMA DE LAS CONSTITUCIONALES ESTATALES POR SAMANTHA GONZÁLEZ ALUMNA DE DERECHO – Saber para emprender
PRIMACÍA Y SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL POR ENCIMA DE LAS CONSTITUCIONALES ESTATALES POR SAMANTHA GONZÁLEZ ALUMNA DE DERECHO
Publicado el 15 noviembre, 2019 15 noviembre, 2019 por Saber para emprender
Constitución Federal de 1824.
En la historia de nuestro constitucionalismo mexicano, podemos advertir que en la Constitución Federal de 1824, además de no preverse los derechos fundamentales, no se contempló expresamente la Supremacía de la Constitución ni de las leyes que de ella emanaran.
Sin embargo, en su Título VIII, sección única, relativo a la observancia, interpretación y reforma de la Constitución y acta constitutiva, se desprende de su articulado que comprende del 163 al 171, que la Constitución era considerada el cuerpo legal más importante de la naciente nación mexicana, al disponer que todo funcionario antes de tomar posesión de su destino, debía prestar juramento de guardar la Constitución y el acta constitutiva, cuyo quebrantamiento producía responsabilidad en términos de las leyes y decretos que el Congreso emitiera.
Las Leyes Constitucionales de la República Mexicana de 1836.
En éstas tampoco se contemplaron en forma expresa la Supremacía de la Constitución, pero sí se previó un control de la misma diverso al de la Constitución anterior, en su artículo 1, estableció un Supremo Poder Conservador, depositado en cinco individuos, cuyas atribuciones, entre otras, según el artículo 12, fracciones I, II y III, eran: declarar la nulidad de una ley o decreto, dentro de dos meses después de su sanción, cuando sean contrarios a artículo expreso de la Constitución y le exijan dicha declaración el Supremo Poder Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia o cuando menos 18 miembros del Poder Legislativo.
Constitución Política de la República Mexicana de 1857.
Por primera vez, en su artículo 126 se estableció expresamente el principio de Supremacía constitucional, en los siguientes términos:
“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión, que emanen de ella y todos los tratados hechos o que se hicieren por el Presidente de la República, con aprobación del Congreso, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los Estados”.
Según el artículo 101 constitucional, el control constitucional se depositó en los tribunales de la federación, al disponer que resolverán toda controversia que se suscite por leyes o actos de cualquier autoridad que violen garantías individuales; por leyes o actos de autoridades federales que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados; y por leyes o actos de las autoridades estatales que invadan la esfera de la autoridad federal[1].
Nuestra Carta Magna vigente, al igual que en la de 1857, dispone en su artículo 133 el principio de Supremacía constitucional, en cuya primigenia redacción dispuso lo siguiente:
“Esta Constitución, las Leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, y todos los tratados hechos y que se hicieren por el presidente de la República, con aprobación del Congreso, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, Leyes y Tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los Estados”.
Esta disposición constitucional ha sido reformada una sola vez por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 18 de enero de 1934, cuyo texto está establecido en los términos siguientes:
“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados”.
El Poder Judicial de la Federación, ha interpretado el artículo 133 constitucional de diversas formas:
Ha considerado a la Supremacía de la Constitución como un derecho público individual[2].
Posteriormente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 80/2004[3], sostuvo que en el artículo 133 constitucional no se consagra garantía individual alguna, sino que se establecen los principios de Supremacía constitucional y jerarquía normativa, por los cuales la Constitución Federal y las leyes que de ella emanen, así como los tratados celebrados con potencias extranjeras, hechos por el presidente de la República con aprobación del Senado, constituyen la Ley Suprema de toda la Unión, debiendo los Jueces de cada Estado arreglarse a dichos ordenamientos, a pesar de las disposiciones en contrario que pudiera haber en las Constituciones o en las leyes locales.
Que independientemente de que conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados que constituyen la República son libres y soberanos, dicha libertad y soberanía se refiere a los asuntos concernientes a su régimen interno, en tanto no se vulnere la Carta Magna Federal, porque deben permanecer en unión con la Federación según los principios de la Ley Fundamental, por lo que deberán sujetar su gobierno, en el ejercicio de sus funciones, a los mandatos de la Constitución Federal.
De manera que si las leyes expedidas por las Legislaturas de los Estados resultan contrarias a los preceptos constitucionales, deben predominar las disposiciones del Código Supremo y no las de esas leyes ordinarias, aun cuando procedan de acuerdo con la Constitución Local correspondiente
De esa interpretación del Alto Tribunal de nuestro país se extraen los principios de Primacía y Supremacía de la Constitución Federal.
Es un medio de control de la constitucionalidad y tiene su sustento en el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sirve para garantizar el respeto de la Primacía y Supremacía de nuestra Ley Fundamental, solo puede plantearse respecto de normas generales (leyes federales, locales, municipales, constituciones de los Estados y leyes electorales tanto federales como locales)[4].
En la acción de inconstitucionalidad se alega una contradicción entre la norma impugnada y una de la propia Ley Fundamental.
La acción de inconstitucionalidad puede ser promovida por el procurador general de la República, los partidos políticos y el treinta y tres por ciento, cuando menos, de los integrantes del órgano legislativo que haya expedido la norma.
En la acción de inconstitucionalidad se eleva una solicitud para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis abstracto de la constitucionalidad de la norma que se contrapone con el texto fundamental.
En la acción de inconstitucionalidad pueden combatirse cualquier tipo de normas, incluso las electorales.
En la acción de inconstitucionalidad la sentencia tendrá efectos generales siempre y cuando ésta fuere aprobada por lo menos por ocho Ministros[5].
Las acciones de inconstitucionalidad son uno de los juicios de control de constitucionalidad[6] previstos en la Constitución federal, y se encuentra en su artículo 105, fracción II.
El objetivo de los juicios de control de constitucionalidad es justamente revisar que las normas jurídicas secundarias y los actos de las autoridades respeten la Constitución. Las acciones de inconstitucionalidad, en concreto, sirven para reclamar la inconstitucionalidad de una norma general.
El tipo de control constitucional que se ejerce mediante este juicio suele llamarse “control abstracto”, pues no es necesario probar que la norma reclamada ha producido un daño específico, sino que basta argumentar hipotéticamente y de manera abstracta cuál es la afectación que su vigencia provoca a uno o más artículos de la Constitución federal.
Este juicio se tramita únicamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de los 30 días naturales posteriores al de la publicación de la norma que busca reclamarse, y puede ser iniciado por un número cerrado de actores gubernamentales previstos en la fracción II, del artículo 105 de la Constitución.
Lo anterior quiere decir que las acciones de inconstitucionalidad no están disponibles para los ciudadanos, sino que funcionan como un mecanismo de control entre los poderes del estado.
El estudio que la Suprema Corte lleva a cabo en este juicio es el de contrastar la norma impugnada con los artículos constitucionales que potencialmente puede violar.
Si la Suprema Corte determina que la norma impugnada efectivamente afecta algún artículo constitucional por una mayoría de al menos ocho votos, dicha norma se invalida; es decir, es eliminada del ordenamiento jurídico, y pierde validez. Deja de existir.
Cuando no se alcance la mencionada mayoría calificada en la votación, el asunto será desechado, y la norma impugnada permanecerá dentro del sistema jurídico[7].
En México han existido muchas acciones de inconstitucionalidad, entre las más relevantes nos enfocaremos en la acción de inconstitucionalidad 2/2010 promovida por el entonces denominado Procurador General de la República, cuyo proyecto de resolución correspondió al entonces Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sergio A. Valls Hernández[8].
En dicha acción de inconstitucionalidad se solicitó la invalidez de la reforma a los artículos 146 y 391 del Código Civil del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de 29 de diciembre de 2009, emitido por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y promulgada por el jefe de Gobierno de esa misma entidad.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó los planteamientos de invalidez, en los que el Procurador alegaba que los artículos 146 y 391, del Código Civil para el Distrito Federal al redefinir el concepto del matrimonio, al incluir tanto a la unión de parejas heterosexuales como a las formadas por personas del mismo sexo, lo que viola el contenido del artículo 4 constitucional.
Al respecto, el Tribunal Pleno estimó que el artículo 4 constitucional no alude a la institución civil del matrimonio, tampoco la define, lo cual está reservado al legislador ordinario, quien sí puede definir ese concepto jurídico del matrimonio.
Puntualizó que la Constitución Federal no prevé un modelo único de familia ideal, o que esta tenga origen o base en el matrimonio entre un hombre y una mujer, como lo sostuvo el Procurador.
Que el artículo 4º tutela a la familia como tal, sin informar la forma en cómo se constituya, ya que la familia es la base, la célula de toda sociedad.
Que el legislador ordinario debe proteger la institución de la familia, sin importar la forma en cómo se constituya, sea de un matrimonio heterosexual o de uno formado entre parejas del mismo sexo.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que resultaba procedente pero infundada la acción de inconstitucionalidad en comento; por lo que reconoció la validez de los artículos 146 y 391 del Código Civil para el Distrito Federal[9].
En conclusión se estima que la resolución adoptada por el Máximo Tribual de nuestro país fue acertada y justificad en los principios fundamentales que nuestra Carta Magna reconoce, en la medida de que abrió la puerta para que el legislador ordinario pueda válidamente prever en los ordenamientos civiles locales la institución formal del matrimonio, no solo entre parejas heterosexuales, sino que dicho acto jurídico solemne que es el matrimonio, válidamente se pueda realizar entre parejas del mismo sexo, lo cual refleja un avance importante en materia de derechos humanos, al reconocimiento de derecho fundamental de igualdad y la prohibición absoluta de la discriminación, reconocidos en el artículo 1º Constitucional.
[1] http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/cedip/lx/supcons_ctlrcr.pdf
[2] CONSTITUCIÓN, SUPREMACÍA DE LA. ES UN DERECHO PÚBLICO INDIVIDUAL. Fuentes y evolución de este derecho, [Tesis], Séptima Época, Instancia: Sala Auxiliar, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Parte III del Informe de 1970. Asimismo, puede consultarse con el registro 807,296
[3] SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ORDEN JERÁRQUICO NORMATIVO, PRINCIPIOS DE. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL QUE LOS CONTIENE. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Registro 180240.
[4] https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/publicaciones_scjn/publicacion/2016-10/51297_pd_0.pdf
[5] Tesis: P./J. 71/2000, Jurisprudencia(Constitucional). Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Registro 191381.
[6] Nuestro sistema jurídico prevé tres tipos de control de constitucionalidad. Los otros dos son el amparo (artículos 103 y 107 de la Constitución federal) y la controversia constitucional (artículo 105, fracción I de la Constitución federal).
[7] https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=2860
[8] https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=22553&Clase=DetalleTesisEjecutorias&IdTe=161270
[9] https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3580/6.pdf
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