Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2000-00896-de-octubre-3-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_e8dba58dcd8100b2e0430a01015100b2&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-14 20:19:03
Document Index: 268104103

Matched Legal Cases: ['artículo 368', 'artículo 746', 'artículo 746', 'artículo 1884', 'artículo 368', 'artículo 1870', 'artículo 746', 'artículo 187', 'artículo 187', 'artículo 187', 'artículo 187', 'artículo 187']

﻿ Sentencia 2000-0896 de octubre 3 de 2013
SENTENCIA 2000-00896 DE 03 DE OCTUBRE DE 2013
CONTENIDO:DECRETO DE PRUEBAS DE OFICIO. LA FACULTAD DE DECRETAR PRUEBAS DE OFICIO NO PUEDE CONSIDERARSE IRRESTRICTA O CONCEBIRSE EN TÉRMINOS ABSOLUTOSDE OTRA FORMA, SE DESDIBUJARÍA EL EQUILIBRIO JUDICIAL QUE GOBIERNA A LOS LITIGIOS Y QUE IMPONE RESPETAR LAS CARGAS PROBATORIAS PROCESALES QUE LA NORMATIVA VIGENTE HA RESERVADO PARA CADA UNO DE LOS SUJETOS QUE INTERVIENEN EN ESA RELACIÓN PROCESAL. POR LO TANTO, LA ACUSACIÓN DE NO EJERCER LA MENCIONADA FACULTAD NO PUEDE CONSTITUIRSE EN UN MECANISMO IMPERATIVO PARA SUBSANAR LA NEGLIGENCIA DE LAS PARTES.
TEMAS ESPECÍFICOS:BIEN INMUEBLE, PRUEBA DE OFICIO, CESIÓN DE DERECHOS
Sentencia 2000-0896 de octubre 3 de 2013
Ref.: Expediente 47001-3103-005-2000-00896-01
Merced a las previsiones de la causal primera de casación que consagra el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil se formularon en la demanda dos cargos, los cuales se despacharán en el mismo orden propuesto y se describen como sigue.
Se acusa la sentencia por violar directamente la ley sustancial en lo que corresponde a los artículos 746, 1870, 1880 y 1884 del Código Civil por falta de aplicación.
Explica, en primer lugar, que la providencia recurrida no se detuvo en las normas que disciplinan la figura de la inexistencia de la cosa vendida, salvo en el apartado a que aludió definiendo ese instituto (fl. 82, cdno. del tribunal).
Al mismo tiempo indica, que el fallo olvidó el presupuesto normativo contenido en el artículo 746 ejusdem, regulatorio del error en la tradición de los derechos reales, disposición que se concatena con el canon 1880 también sustantivo civil, acorde con el cual las obligaciones del vendedor se reducen en general a dos: la entrega o tradición y el saneamiento de la cosa vendida, apreciación esta última que respalda con jurisprudencia de esta Corte al respecto.
Asegura en relación con el punto materia de casación, que si bien se hizo una entrega jurídica de la cosa vendida mediante el registro de la escritura 1041 de 4 de abril de 1995 al folio 50C-362980 de la oficina de registro, y que en relación con la entrega material las vendedoras expresaron no obligarse quedando esa responsabilidad a cargo del comprador, mediante el adelantamiento de las acciones tendientes a recuperar la posesión,
“no lo es menos, que al sujetarse la tradición como modo de adquirir el dominio o propiedad a las reglas establecidas en el título VI del Libro 2º de la Obra Sustantiva Civil, dentro de cuyo texto enmarca el artículo 746 antes transcrito que supedita o condiciona la validez de la tradición a la inexistencia de error en punto a la identidad del objeto o especie que debe entregarse, la tradición así efectuada en el sub-examine carece de toda validez”.
Además de ello, conforme al texto del artículo 1884, el vendedor se obliga a entregar lo que reza el contrato, de suerte que independientemente del medio o figura que se emplee para realizar la entrega material de la cosa vendida, por ello no se libera el vendedor de esa obligación, so pena de incurrir en incumplimiento.
Por tanto, aplicar las reseñadas disposiciones, que pasó por alto el ad quem, resultaba necesario para evitar la inequidad e impedir enriquecimientos, reconociendo los derechos que a cada uno correspondían, dado que “al existir error en la identidad del objeto que afecta la tradición y consecuentemente la entrega material de la cosa, mal podía el demandante procurarse la posesión del bien (...) que desde otrora se encuentra en poder de sus legítimos propietarios; o lo que es igual, la acción reivindicatoria de dominio ni las policivas instituidas con el mismo fin, podían ser enderezadas en contra de personas que, contrario a lo expresado por la parte demandada en el público instrumento, detentaban la condición de propietarias (no poseedoras) del bien (...)”.
De otra parte, dejó de utilizar el tribunal la disposición 1870, que gobierna la venta de cosa ajena y en su ejercicio hermenéutico, hizo referencias puntuales a los artículos 1501, 1517 y 1518 con su correlativo estudio, no obstante ignoró que en tratándose del contrato de compraventa, la misma no produce efecto alguno cuando el objeto del contrato se supone existente y no existe al momento de su perfeccionamiento, conclusión a la que debió llegar el tribunal de haber dejado actuar disposiciones que, se estima, fueron vulneradas por falta de aplicación.
1. La violación recta de las normas sustanciales, fundada en la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, acontece cuando, al margen de toda consideración probatoria, el sentenciador omite aplicar en el caso controvertido la norma que debía usarse para que produjera efectos sobre aquél y, consecuentemente, hace actuar disposiciones materiales extrañas al litigio, o cuando habiendo acertado en la norma rectora del asunto yerra en la interpretación que de ella realiza. Acorde con lo mismo, ha sostenido la corporación que,
“cuando el ataque en casación se funda en la causal que se comenta, compete al recurrente centrar sus juicios exclusivamente sobre los textos legales que considere inaplicados, indebidamente aplicados o erróneamente interpretados, prescindiendo de cualquier consideración que implique discrepancia con las apreciaciones fácticas del fallador, cuestión esta que sólo puede abordarse por la vía indirecta de la misma causal”. (negrilla fuera de texto). (Cas. Civil, Sent. feb. 18/2004. Ref.: expediente 7037).
2. Hacíase necesaria la acotación preliminar anterior, dado que en el asunto que transita por la Corte, el recurrente, merced al alcance de la prenombrada causal, enderezó su ataque casacional, esto es por la senda recta, sin que a la postre se allanara a las exigencias del ataque que, perfilado por esa ruta resultan exigibles. En este caso, se refirió a la ausente aplicación de los artículos 746, 1870, 1880 y 1884 del Código Civil, los que en exacto orden al propuesto, se refieren a la ausencia del error en cuanto a la identidad de la especie que se entrega, la venta de cosa ajena, las obligaciones potísimas del vendedor que se reducen a la entrega o tradición, y al saneamiento de la rex. Finalmente, alude el último canon cuya violación directa se denuncia, a que “el vendedor es obligado a lo que reza el contrato”, de manera que independientemente del medio o figura que haya sido empleado para realizar la entrega material, “por ello no se libera de entregar”, y si la descripción de la cosa materia del negocio no guarda correspondencia con lo que se debe otorgar, se colige su incumplimiento.
Según el casacionista, en últimas, el tribunal olvidó que la compraventa, no produce ningún efecto cuando el objeto que se supuso existente, no lo era al momento de perfeccionarse el contrato contenido en la escritura pública 1041 de 4 de abril de 1995.
3. Pues bien, la lectura ora rigurosa bien desprevenida del texto inserto en la primera acusación denotan que, lejos está de adecuarse a los requisitos formales y de técnica que se predican de la formulación del recurso, erigiéndose una dificultad insalvable en el planteamiento del cargo.
3.1. En efecto, el censor se equivocó en la vía escogida para embestir el fallo dictado por el juzgador de segundo nivel por cuanto, habiendo direccionado la protesta por la causal primera de casación, misma de la que se dijo, implica una abstracción de la cuestión fáctica, pues ahí el debate se restringe a los preceptos legales, lo cierto es que el recurrente ignoró esa premisa para en cambio, discurrir en inconformidades frente a las reflexiones realizadas por el ad quem.
Mientras uno de los puntos basilares de la decisión combatida se edificó bajo el supuesto de que el contrato de venta identificado en el libelo introductorio del litigio vertido en el instrumento público 1041 de 4 de abril de 1995 otorgado en la Notaría 45 de Bogotá, si existió y que sobre aquél no se configuró ninguna causal de nulidad, en la ruta seleccionada de ataque luego de enfilarse por el sendero de la vía derecha, no podía el memorialista cuestionar, itérase, asuntos fácticos, como lo pone en evidencia la demanda casacional al expresar:
“(...) pues al existir error en la identidad del objeto que afecta la tradición y consecuentemente la entrega material de la cosa, mal podía el demandante procurarse la posesión del bien materia del contrato, que desde otrora se encuentra en poder de sus legítimos propietarios (que es el identificado por sus linderos en la cláusula primera de la escritura mencionada, que difieren de aquél predio que adquiría el demandante Romero Moreno; (...)”.
Seguidamente, luego de dolerse del ejercicio hermenéutico realizado por el fallador de segundo grado a propósito de los artículos 1501, 1517 y 1518 del Código Civil, señaló:
“No obstante, olvidó el tribunal que en tratándose del contrato de compraventa, la venta no produce efecto alguno cuando la cosa que es objeto del contrato se supone existente y no existe al momento de su perfeccionamiento. Tal situación y no otra aconteció en el sub lite; se celebró un contrato de compraventa cuyo objeto recayó sobre unos supuestos derechos que las demandadas decían tener sobre un inmueble que al perfeccionarse se suponía existente, y que a la postre resultó no existir, por ende efecto alguno puede reconocerse a un negocio jurídico de tales características y connotaciones. (...)”.
Adicionalmente, cuando se plantea la denuncia por la senda recta, se entiende que no hay reparo a los aspectos fácticos, circunstancia que al parecer, desconocía el libelista, pues contrario a ello, cosa distinta es la que pone de presente el memorial que soporta la demanda. Pero, en gracia de aceptarse que lo querido por el casacionista fue denunciar asuntos del mencionado talante, se encuentra igualmente otra dificultad que no acepta salvaguarda, porque, no se señalaron las pruebas eventualmente preteridas, supuestas o tergiversadas en que habría incurrido la sentencia materia del recurso bajo la hipótesis de que la censura planteara errores de hecho.
El recurrente le atribuye a la sentencia impugnada la violación de los artículos 746, 1870, 1880 y 1884 del Código Civil, y 179, 180 y 187 del Estatuto Procesal Civil por vía indirecta, al incurrir en errores de hecho y de derecho manifiestos en la apreciación de las pruebas.
Inicia su acusación el opugnador, exponiendo que el Juez colegiado se refirió a las pruebas adosadas al juicio y señaló: “se abrió a pruebas el proceso (...) que serán objeto de análisis por la Sala en apartes subsiguientes de esta providencia” (fl. 73 cdno. del tribunal), pero el análisis jamás se hizo, de donde, la lectura de la sentencia, permite inferir que la única prueba en que soportó el fallador ad quem su decisión confirmatoria, fue en la escritura pública que contiene el contrato de compraventa, cual deriva de la transcripción de un aparte del proveído. Expresó el censor sobre aquél: “ambos razonamientos son el producto, el primero de un error de derecho derivado del desconocimiento de la obligación de valorar las pruebas en conjunto, y el segundo de manifiestos y trascendentes errores de hecho”.
Los errores de derecho. Basa su denuncia el libelista, precisamente, en que el tribunal anunció que analizaría las pruebas reseñadas en su sentencia en apartes posteriores de la misma, sin haberlo hecho, además que tampoco, mereció pronunciamiento alguno para esa corporación “el acopio probatorio que demostraba la inexistencia de la cosa vendida, lo que en consecuencia restaba todo efecto jurídico al público instrumento”, de donde refulge que desconoció el canon 187 instrumental civil que obliga al juez a apreciar en conjunto todo el haz probativo, atestación que seguidamente apoyó en jurisprudencia de esta Sala.
Remató diciendo para descalificar la providencia del ad quem, que aquella estuvo fundamentada “solamente en el instrumento público de compraventa hontanar de la acción”, inadvirtiendo el resto de pruebas que acreditan que el inmueble objeto del contrato no existe.
Igualmente asegura el censor que el tribunal quebrantó el deber de decretar pruebas de oficio, debido a que a pesar de que fueron puestas de presentes durante la audiencia las planchas H-16 y H-17 de la ciudad de Bogotá, expedidas por la Planoteca de la Secretaría de Planeación Distrital, así como los documentos del topógrafo Pedro Manuel Moreno Mahecha, no ordenó su debida incorporación al paginario, pese a la clara jurisprudencia de la Corte sobre el particular. Y agregó:
“de manera que, si sólo en gracia de discusión, el ad quem tenía duda acerca de la existencia real o no del predio objeto de la escritura pública en cuestión y de las pretensiones, hubiese bastado con decretar oficiosamente las pruebas que le fueron presentadas durante la audiencia (...)”.
Los errores de hecho. Estos los hizo consistir el ataque en que el tribunal no dio por probado, estándolo, que el inmueble objeto del contrato materia de la litis no existe en realidad, infringiendo por la vía indirecta las normas aludidas. Al efecto, aseguró que el colegiado de segundo grado pretermitió las siguientes pruebas:
a) La inspección judicial practicada en la primera instancia (fls. 193 y 194 del cdno. 1).
b) El dictamen pericial de 24 de junio de 2004 junto con sus anexos, la aclaración y complementación del mismo (fls. 244 a 249 del cdno. 1).
c) La confesión ficta resultada de la renuencia manifiesta del representante legal del Hospital Universitario Clínica San Rafael a responder, o hacerlo evasivamente, varias de las preguntas que le fueron formuladas (fls. 138-140 del cdno. 1).
d) Los testimonios rendidos por Modesto Lizcano Valderrama, Ricardo Rincón Alfonso y Édgar González Silva (fls. 158 a 165 del cdno. 1).
e) La confesión ficta respecto del representante legal de La Fundación San Juan de Dios como consecuencia de su inasistencia injustificada a la diligencia de interrogatorio a instancia de parte (fls. 138 y 171 cdno. 1).
Manifestó que a tal punto se pretermitieron esas pruebas, que ni siquiera fueron mencionadas en la sentencia recurrida cuando todas en conjunto acreditan que el inmueble objeto del acuerdo no existe, con lo que, de haberse advertido ello se hubieran despachado favorablemente las pretensiones. Así, prosigue, la pretermisión enunciada llevó al fallador de segundo nivel a violar indirectamente el artículo 1870 sustancial civil, acorde con el cual la venta de una cosa que se supone existe en el perfeccionamiento del contrato, y no es realmente existente, “no produce efecto alguno”, al igual que los artículos 1501, 1517 y 1518 ídem, dado que sobre ellos, si bien se realizó una referencia conceptual en la sentencia, lo cierto es “que no hizo actuar dichas normas correctamente en la solución del caso concreto”.
A lo que añade que frente a las probanzas indicadas, el tribunal pasó de largo y simplemente con base en el folio de matrícula inmobiliaria creyó probado que el inmueble en disputa existía y por tanto si había objeto en el acuerdo negocial, cuando no es así.
De otra parte, alega la censura que resultó también violado el artículo 746 del Código Civil, puesto que para que la tradición sea válida se requiere “que no exista error sobre la identidad de la especie objeto del contrato, y en este caso no sólo existió error, sino que el predio aludido no existe (...)”, yerro que condujo al tribunal a desviar la discusión, en la medida que el problema no era que el comprador asumiera la carga de recuperar la posesión. Si el bien estaba o no en poder de terceros resulta irrelevante, dada la inexistencia del bien vendido.
Concluyó diciendo que, la heredad a que se refieren las cláusulas 4ª y 5ª del instrumento público, único medio de prueba observado, es totalmente distinto “de aquél predio que adquiría el demandante Romero Moreno, por lo que dicho basamento de la sentencia recurrida cae al vacío”.
1. La causal primera de casación fundamentada en errores de hecho, ocurre por violación indirecta de una norma sustancial y como en reiteradas ocasiones lo ha dicho la Sala, ella se produce “...siempre con motivo de la labor investigativa del tribunal en el campo probatorio; fuera de éste no puede haber violación indirecta de la ley. Así, pues, sólo cuando trata de saber el juzgador de instancia si los hechos materia del litigio están o no probados, es cuando puede acaecer la violación indirecta, esto es, por contragolpe, a causa de las equivocaciones que el sentenciador sufra en esa investigación”. (G.J. T. LXVIII pág. 64.).
1.1. Por sabido se tiene, que es el recurrente quien ostenta la carga de demostrar, en el caso concreto del motivo primero de casación, por yerros de facto o de jure, el dislate imputado al fallador en la estimación probativa. A él le toca adelantar la labor de cotejar lo que en puridad emana de la probanza correspondiente con la conclusión que de ella, aquél haya extractado, por cuanto sólo en esa eventualidad, podrá la Corte, dentro del marco de la crítica, establecer si se dio el dislate que con la condición de protuberante resulta exigible, dado que, cual lo tiene dicho la corporación, en tratándose de un ataque por errores de tal estirpe, “el acusador, en su gestión de demostrar los yerros del juzgador,
(...) tendrá que precisar los apartes relativos a cada una de las falencias de valoración probatoria, confrontando la realidad que resulta de la prueba con la errada ponderación efectuada por el sentenciador, tarea esta que no queda cabalmente satisfecha si el censor se contrae apenas a plantear, por más razonado que ello resulte, lo que desde su perspectiva debió ser el juicio del tribunal, por supuesto que un relato de ese talante no alcanza a constituir una crítica al fallo sino apenas un alegato de instancia”. (Sent. 56, abr. 8/2005, exp. 730).
2. En el asunto que reclama la atención de la Corte, se observa que la censura se perfiló por el camino de la causal primera, vía indirecta, fundada en errores de facto y de jure.
2.1. Revisado el cargo contenido en el escrito de demanda, adviértase, liminarmente, que la acusación, dentro del espectro de los yerros de hecho que apuntalan la réplica extraordinaria frente a la sentencia del tribunal resultan inadecuados por varias razones, como pasa a verse. En primer lugar, a las claras, la acusación refulge deficiente por incompleta. Es que, del detenido análisis de la demanda en cuanto a este cargo respecta, para el inconforme la providencia tachada fundamentó su pronunciamiento únicamente en el instrumento público 1041 de 4 de abril de 1995 obrante a folios 14-19 del informativo, aunque a folio 25 destacó que con base en el certificado de libertad “creyó probado lo que no está”. Así, puntualizó en el escrito de sustentación del recurso:
“En efecto, el bien al que se refieren las cláusulas cuarta y quinta de la escritura pública en cuestión, única prueba que vio el tribunal, es totalmente diferente de aquél predio que adquiría el demandante Romero Moreno, (...)”. (negrilla fuera de texto).
La providencia del juzgador de segundo grado revela, contrariamente a lo referido por el memorialista, que muy distante está tal aseveración de la realidad que refulge del análisis del juez colegiado en la medida que, cual se avista en la letra inserta en la motivación, aquél puntualizó que no se configuraba la venta de cosa ajena, ya que de la prueba documental arrimada al juicio se colige que para la fecha de celebración del negocio jurídico, las demandadas-vendedoras eran las titulares del derecho real de dominio sobre la cuota parte dada en venta, “derecho que por demás, habían adquirido mediante sentencia judicial dentro de un proceso de sucesión, por lo que los cuestionamientos que en este sentido realizó la actora, se quedaron en meras afirmaciones sin que se haya allegado probanza alguna que así las ratificara. Lo cierto es, que del folio de matrícula inmobiliaria obrante en autos, documento público que no fue cuestionado por la parte contra quien se opuso, no se evidencia cosa diferente, que las propietarias del derecho de cuota transferido lo eran las aquí demandadas” (resalta la Sala).
En ese orden de ideas el censor se quedó a mitad de camino en su embestida, porque nada dijo por ejemplo, sobre el otro componente del haz probativo. Y si se trata de la sentencia proferida por el Juzgado Primero de Familia de Bogotá dentro del trámite de sucesión de la causante Bertha Izquierdo de Macías, obsérvese cómo, en aquella, tuvo basamento igualmente el proveído enjuiciado en casación, pese a lo cual, fue un tópico sobre el que el recurrente guardó absoluto silencio.
En segundo lugar, incurrió también el recurso en una inaceptable mixtura, toda vez que amalgamó en su narración cuestiones que en lo fundamental atañen a los errores de hecho y de derecho. Baste ver para arribar a ese colofón, que luego de relacionar las pruebas presuntamente preteridas, renglón seguido aseguró: “a tal punto se pretermitieron esas pruebas, que ni siquiera fueron mencionadas en la sentencia recurrida, cuando todas en conjunto acreditan que el inmueble objeto del acuerdo no existe” (negrilla fuera de texto), siendo ella una atestación que, en estrictez, corresponde no al yerro de facto, cual lo anunciara el promotor de la impugnación, sino a un dislate por error de derecho. Por ello, bien lo ha reiterado la corporación, que cuando se trata del desconocimiento del artículo 187 procesal civil, el yerro es inalterablemente de jure, y para que se configure “se debe demostrar que la tarea de evaluación de las diversas pruebas efectuada por el sentenciador, se llevó a cabo al margen del análisis de conjunto ordenado por el artículo 187 (...), lo cual debe realizar poniendo de manifiesto que la apreciación de los medios de prueba lo fue de manera aislada o separada, sin buscar sus puntos de enlace”. (Cas. Civil, oct. 29/2002, exp. 6902).
A más de lo dicho, el impugnador se limitó a enumerar, con extrema ligereza, las pruebas que, según su dicho, fueron preteridas por el tribunal, enlistando para el efecto, con indicación del folio y del cuaderno donde se hallaba, una inspección judicial, un dictamen pericial junto con su aclaración y complementación, dos confesiones fictas y las declaraciones de los señores Modesto Lizcano Valderrama, Ricardo Rincón Alonso y Édgar González Silva.
Pero no se encuentran consignadas en ninguna parte de la demanda de casación, las conclusiones que, extractadas de cada probanza hubieran conducido al fallador a emitir una decisión diferente a la vertida en el proveído de 17 de marzo de 2011.
En definitiva, se echa de menos el laborío de contraste exigible en esta opugnación extraordinaria. Es que, al recurrente, para desvirtuar esa resolución, no le bastaba con descalificar la valoración que el tribunal hizo del universo probatorio, en tanto que, cual lo ha reseñado la Corte, “las simples conjeturas, aunque acompañadas de alguna razón, no son bastantes a la casación, terreno en el que es preciso armarse de razones potísimas. (...).
En casación no se triunfa con sólo sembrar dudas, sino sobre la certeza del despropósito en que haya incidido el sentenciador de instancia”. (Cas. Civil, sent. mar. 27/2003. Exp. 7537).
De manera que frente a la supuesta preterición, por haberse conformado el impugnador con enlistar lo que en su entender fueron los medios de convicción desprovistos de estudio, sin derivar cual era el aporte que cada una de ellos tendría para que se hubiere arribado a una solución distinta de la consignada en el fallo, se colige, sin más, que la citación de pruebas resultan insuficientes para aniquilar la sentencia.
La carga que el ordenamiento instrumental (CPC, art. 374.3) le ha trasladado al censor en casación, cuando le requiere que cada denuncia se formule por separado “con la exposición de los fundamentos de la acusación en forma clara y precisa”, implica que el recurrente demuestre que se produjo el desatino, acción que debe cumplirse mediante una tarea que supone una actividad de cotejo, de confrontación y de individualización respecto de lo que haya visto o dejado de ver el sentenciador en las pruebas que afirmó el litigante fueron desconocidas y que en este caso se refirieron en líneas anteriores.
2.2. Frente a los errores de derecho denunciados, obsérvese que aquellos dimanan, por una parte, de la presunta omisión en que incurrió la Sala Civil del tribunal de Bogotá al no decretar pruebas de oficio, y por otro, en no haberse valorado las pruebas en conjunto merced a las previsiones del artículo 187 del Estatuto de Enjuiciamiento Civil.
2.2.1. De acuerdo con la primera razón de la que se dijo, se incurrió en yerro de jure por no practicarse pruebas de oficio, téngase en cuenta que a voces del canon 180
“Podrán decretarse pruebas de oficio, en los términos probatorios de las instancias y de los incidentes, y posteriormente, antes de fallar. Cuando no sea posible practicar estas pruebas dentro de las oportunidades de que disponen las partes, el juez señalará para tal fin una audiencia o un término que no podrá exceder del que se adiciona, según fuere el caso”.
En punto a la potestad que se examina y de cuya omisión en su decreto se duele la censura, ha dicho la Corte:
“La orden de pruebas de oficio goza de cierta discrecionalidad por parte del funcionario judicial a quien corresponde el estudio del litigio, motivo por el cual el hecho comprobado de que no se haga uso de dicha prerrogativa en un evento específico, no es per se generador del yerro de derecho, ello porque hay casos en los cuales la actitud asumida por la parte, que tiene cargas probatorias que satisfacer, es la responsable del fracaso, bien de las pretensiones ora de sus defensas, por haber menospreciado su compromiso en el interior de la tramitación y en las oportunidades previstas por el legislador. (...) Es claro, entonces, que pretender estructurar un yerro de derecho por no haber hecho uso de la mencionada prerrogativa no es atendible dadas las especiales circunstancias que rodearon el trámite de este proceso que se ha caracterizado por la pasividad de la parte demandada. Es inequívoco que cuando las circunstancias lo ameriten la Corte defiende y auspicia con énfasis y vehemencia que los jueces y magistrados en las instancias hagan uso de la facultad deber de decretar pruebas de oficio, pero ello no significa que cada vez que no emplee tal instrumento se pueda acusar a los funcionarios concernidos de cometer error de derecho, puesto que la misma no puede constituirse en un mecanismo imperativo para subsanar la negligencia de las partes”. (Cas. Civil, jul. 15/2008, exp. 2003-00689 01).
Si lo pretendido en el libelo genitor del debate fue fundamentalmente la declaratoria de inexistencia y subsidiariamente la nulidad del contrato reseñado, la mínima carga procedimental que resultaba exigible al convocante era justamente, ni más ni menos, la demostración de las razones para señalar que el objeto sobre el que recayó el negocio jurídico de compraventa de inmueble, no existía, “o si existiere no es y nunca ha sido de las demandadas, y si fue de ellas al momento de la celebración del contrato, ya no era de su propiedad”. Entonces, no habiendo cumplido con ese puntual laborío en el curso de las instancias, durante los momentos procesales oportunos, no puede ahora hallar estribo la denuncia, en la negativa del tribunal a disponer la práctica de pruebas oficiosas.
Lo anterior porque, como bien se ha anotado, la mencionada facultad-deber no puede considerarse irrestricta o concebirse en términos absolutos; de otra forma, se desdibujaría el equilibrio judicial que gobierna a los litigios y que impone “respetar las cargas probatorias procesales que la normatividad vigente ha reservado para cada uno de los sujetos que intervienen en esa relación procesal”. (Sent. Cas. Civil, ago. 23/2012, exp. 2006 00712 01).
2.2.2. El otro aspecto en que fincó su ataque, fue en la violación de una regla de disciplina probatoria, que en este caso se trata del artículo 187 de la ley de enjuiciamiento civil.
Para fundamentar su irrupción advirtió, como se registrara anteriormente, que pese a que el tribunal señaló que las pruebas se analizarían en la motivación de su sentencia, inobservó ese compromiso, desconociendo todo el material de pruebas existente en las diligencias que demostraban “la inexistencia de la cosa vendida”, ignorando entonces, lo dispuesto por el precepto ibídem. Memórese que para el censor la providencia tachada fundamentó su pronunciamiento únicamente en la Escritura Pública 1041 de 4 de abril de 1995 obrante a folios 14-19 del informativo. Así, puntualizó en el escrito de sustentación del recurso:
“En efecto, de la lectura del fallo impugnado se puede colegir meridiano que el tribunal basó su decisión solamente en el instrumento público de compraventa hontanar de la acción, haciendo abstracción de las demás pruebas obrantes en el expediente”. (negrilla fuera de texto).
Lo anterior no es cierto, y para ello se remite la Sala a las consideraciones realizadas a propósito del error de hecho invocado, que devela que también tuvo en cuenta el tribunal, el certificado de matrícula inmobiliario allegado con la demanda y la sentencia proferida por el Juzgado Primero de Familia de Bogotá dentro del trámite de sucesión de la causante Bertha Izquierdo de Macías, entre otros.
De otra parte observa la Corte que, incurre en una contradicción elemental el libelista por cuanto, no es posible afirmar, por un lado que la cosa vendida “no existe” cuando al mismo tiempo lo explicitó en la presentación de la demanda y en otros escritos allegados en las instancias al igual que ahora cuando recurre en casación, que sobre ese inmueble terceras personas, distintas a las convocadas ostentan la titularidad del derecho de dominio, pero sin precisar quienes lo son y con qué títulos. Es tan simple como decir que si el terreno no existe, no puede detentar sobre él, ningún sujeto, derechos reales de cualquier especie.
A más de ello, y con abstracción de lo referido en líneas precedentes, la acusación que se estudia quedó huérfana en el trabajo de certificación, pues como lo ha precisado la Sala,
‘....en procura de que ese error aparezca debe el impugnante demostrar que la tarea evaluativa de las distintas probanzas cumplida por el sentenciador se llevó a cabo al margen del análisis de conjunto pedido en el artículo 187, o sea, poniendo de manifiesto cómo la apreciación de los diversos medios lo fue de manera separada o aislada, sin buscar sus puntos de enlace o de coincidencia. Este y no otro debe ser el criterio a seguirse cuando de individualizar este tipo de yerro se trata” (Cas. Civil, mar. 4/91. Reiterada en Cas. Civil, jun. 24/2008, exp. 2000 01141).
Y ese laborío brilla por su ausencia en este asunto, bastando ver que el imperativo, por lo arriba expuesto, consiste en una exposición de tal magnitud que deje en evidencia la falta de apreciación global, empresa que supone, la determinación o singularización (CPC, arts. 368, num.1 y 374, num. 3) de todas y cada una de las pruebas, que a juicio del recurrente no fueron objeto de apreciación conjunta; siendo ésta una argumentación que
“debe ser completa en el sentido que abarque la apreciación en conjunto de todo (y no de una parte o grupo) el acervo probatorio que sostiene el fallo, la que debe ir acompañada de su comprobación con la indicación de los pasajes donde quede demostrada completamente la falta absoluta de la mencionada integración y estimativa global, pues no apareciendo de esta manera, se mantiene la presunción de acierto en esta materia, que, por lo tanto, deja invulnerable el fallo por ese motivo” (sent. de 16 de mayo de 1991. G. J. CCLVIII, pag. 603, confirmada en cas. civ. 25 de noviembre de 2005, exp. 082-01).
Habida consideración de la incorrección puesta de presente, no es suficiente, repítase, el señalamiento en abstracto que aquí se hizo para derivar la infracción indirecta del precepto 187 procesal civil.
En virtud de lo expresado, el cargo formulado con motivo de la presunta vulneración indirecta de reglas sustanciales por errores de hecho y de derecho no se abre paso.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley referido
1. NO CASA la sentencia proferida el 17 de marzo de 2011, por la Sala Civil del tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario identificado en el encabezamiento de esta providencia.
2. CONDENAR en costas del recurso de casación al recurrente. Por concepto de agencias en derecho inclúyase la suma de seis millones de pesos ($6.000.000) m/cte, dado que la demanda fue objeto de réplica.