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Timestamp: 2018-10-23 01:27:28
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 153', 'artículo 153', 'artículo 46', 'artículo 543', 'artículo 681', 'artículo 153', 'artículo 543', 'artículo 681', 'artículo 153', 'artículo 153', 'artículo 153', 'artículo 46', 'artículo 153', 'artículo 46']

﻿ SENTENCIA 2012-00107 DE JULIO 21 DE 2016
SENTENCIA 2012-00107 DE 21 DE JULIO DE 2016
CONTENIDO:JUEZ DEBE SER SANCIONADO SI DECRETA EMBARGO DE BIENES INEMBARGABLES. SE PRECISA POR PARTE DE LA ENTIDAD QUE LOS OPERADORES JUDICIALES NO DEBEN DECRETAR EMBARGOS DE BIENES CONSIDERADOS INEMBARGABLES, SOBRE TODO LUEGO DE HABER TERMINADO EL PROCESO Y ESTANDO EJECUTORIADO. TAMPOCO PUEDEN DECRETAR EMBARGOS DE REMANENTES, MÁS AÚN CUANDO ESTOS DEBEN SEGUIR UNOS PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS CEÑIDOS EN LA LEY. ADEMÁS SE DEBE ANALIZAR POR PARTE DEL JUEZ SI LOS BIENES QUE QUIERE SOMETER A EMBARGO SON CONSIDERADOS Y PROTEGIDOS POR LAS LEYES COMO INEMBARGABLES, POR SER SU DESTINACIÓN PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE. TODO LO ANTERIOR EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1º DEL ARTÍCULO 153 DE LA LEY 270 DE 1996, QUE ESTABLECE RESPETAR, CUMPLIR Y, DENTRO DE LA ÓRBITA DE SU COMPETENCIA, HACER CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN, LAS LEYES Y LOS REGLAMENTOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:FALTAS DISCIPLINARIAS, EMBARGO DE BIEN, APLICACIÓN DE LA LEY, RESPONSABILIDAD DEL JUEZ, POBLACIÓN VULNERABLE, FALTAS DISCIPLINARIAS DEL ABOGADO
Sentencia 2012-00107 de julio 21 de 2016
Dr. José Ovidio Claros Polanco.
Rad.: 270011102000201200107 01/F
Aprobado según Acta 69, de la misma fecha.
II. Aspectos Generales de la competencia.
Esta Corporación ha sostenido de tiempo atrás, que en sede de apelación el pronunciamiento de la segunda instancia se debe ceñir únicamente a los aspectos impugnados, partiendo del hecho que se presume que aquellos aspectos que no son objeto de sustentación, no suscitan inconformidad en el sujeto procesal que hace uso de la apelación, de forma tal que ésta superioridad solo pude extender la competencia a asuntos no impugnados, sólo si ellos, resultan inescindiblemente vinculados al objeto del recurso.
En este punto resulta importante señalar que el recurso de alzada advierte dos peticiones distintas y una misma argumentación, valga decir se solicita decretar una nulidad o en su defecto revocar y absolver al disciplinado; los argumentos que se utilizan para cada una de las peticiones son de similar identidad, son apreciaciones conceptuales e interpretativas, que van dirigidos los primeros contra el auto de dispuso el procedimiento verbal y los otros contra la sentencia sancionatoria. En ese orden se examinaran sus argumentos en sede de apelación.
En virtud de la competencia antes mencionada, procede esta Superioridad, a pronunciarse sobre la Sentencia proferida el 11 de febrero de 2016, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Chocó(7), por medio de la cual, se impuso sanción de Suspensión por termino de un (1) mes en el en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial e inhabilidad especial por el mismo término, al Dr. Elihú Mosquera Lloreda, en su condición de Juez.
Primero Administrativo del Circuito de Quibdó, por hallarlo responsable del deber consagrado en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996; la cual de conformidad con el artículo 46 de la Ley 734 de 2002, la suspensión deberá convertirse en salario de acuerdo con lo devengado para el momento de la comisión de la falta.
Como se advierte el actuar del a quo se encuentra dentro de la ley, y razonadamente conforme al proceso disciplinario, por ello, los argumentos del recurrente en el sentido de que dentro de la certificación del oficio OAJ-CAQ-17-01-1109 de diciembre de 2015, emanado de la Oficina de Apoyo Judicial de Quibdó, se indican los valores, pero no se determina de manera clara si dichos títulos provinieron del embargo de remanentes antes analizados, además sostiene que la responsabilidad a él atribuida no cumple con los elementos que exige la norma disciplinaria, ya que ésta requiere del análisis de cada uno de los componentes tanto objetivos como subjetivos, la cual no se evidencia en la sentencia apelada, no están llamados a prosperar.
En primer término la Sala, encuentra que la conducta desplegada por el disciplinado es clara y contundente en la medida que la solicitud hecha por el a quo a la Oficina de Apoyo Judicial fue clara y contundente cuando en la certificación se informa que no se reporta la constitución de títulos judiciales fraccionados o pagados con ocasión de los procesos 2011-00593, 201100877 y 2011.00202, adelantados por el Juzgado Primero Civil Municipal de Quibdó, a reglón seguido se discriminan los valores pagados donde forma clara se indica que efectivamente se embargaron remanentes así: Dentro del proceso ejecutivo radicado 2011-00611 se constituyeron dos títulos de depósito judicial por valor de $21.071.900.00; en el proceso ejecutivo 201100807 un depósito judicial por valor de $20.000.000 millones de pesos, lo que indica que se materializó la orden dada por el disciplinado en los autos interlocutorios 356 y 357 del 28 de marzo de 2002, situación que lo compromete de manera directa, como de manera acertada lo argumentó el a quo, y que esta Sala confirmará.
No son de recibo los argumentos que de manera fluida y argumentada sustenta el apelante, de manera especial en los siguientes tópicos: i) Que no se causó afectación al patrimonio público; ii) no se realizó el análisis de la responsabilidad subjetiva; e iii) Inexistencia de ilicitud sustancial. Con el propósito de dar claridad sobre estos temas se analizarán en forma individual, así:
1. Que no se causó afectación al patrimonio público.
Manifiesta que no se afectó el patrimonio de Caprecom EPS, por cuanto no está determinado de manera cierta si los recursos embargados correspondían al proceso 2011-00593, sin embargo como se dejó registrado, oficio OAJ-CAQ-17-01-1109 de diciembre de 2015, emanado de la oficina de apoyo de la Oficina de Apoyo Judicial de Quibdó, sí se realizaron, situación que compromete de manera directa al disciplinado, dineros que no corresponden a ningún otro ente y además decretados por el despacho del hoy investigado, situación que a todas luces es cierta, pues el documento soporte de esta información proviene de una entidad pública y lo hace como una certificación, de que lo expresado allí está basado en datos oficiales, así pues, no son de recibo las exculpaciones que pretende le sean tenidas en cuenta por parte de esta Sala.
2. No se realizó el análisis de la responsabilidad subjetiva.
Al observar los criterios de sustentación frente este tema por parte del a quo, esta Colegiatura encuentra que no solo considera que existe tipicidad en su conducta en la mayoría de los eventos enlistados dentro del proceso y que pretendían embargar dineros correspondientes a la seguridad social en salud de manera especial de régimen subsidiado, sino que el funcionario a sabiendas de la procedencia de los recursos, no solo afectó programas y ciudadanos que se iban a beneficiar con esos dineros, sino que su acción era contraria a derecho dada la inembargabilidad de que estaban revestidos esos recursos, además realizándolo por fuera de los presupuestos procesales que le indicaban el inciso tercero del artículo 543 y el numeral 5º del artículo 681, ambos del Código de Procedimiento Civil, normas que conocía y debía observar el Juez encartado, que sin embargo las desconoció, situación que lo hace responsable en la medida que era un experto en la materia, no se trataba de una persona ajena a las lides jurídicas y que además ostentaba un cargo donde debía a diario tomar decisiones que tenían que ver con este tipo de procedimiento, por tal razón la responsabilidad subjetiva se encuentra plenamente demostrada, de una parte por el daño ocasionado y de la otra por el descuido o negligencia de un asunto que no es admisible para un funcionario de su categoría y nivel en el cual se desempeñaba, hechos que dan la certeza de su responsabilidad calificada de forma apropiada por parte del a quo, quienes la calificaron como grave culposa.
3. Inexistencia de ilicitud sustancial.
Para esta Superioridad, no es de recibo, pues, para que la falta cometida por el sujeto disciplinable y se repute antijurídica, ilícita o contraria a derecho: “basta con que se afecte el deber funcional de la administración pública sin justificación alguna, sin explicación o causal eximente de responsabilidad;” en el caso en estudio resulta inexcusable que el disciplinable haya ordenado el uso embargos mediante autos interlocutorios después de haber terminado el proceso y hacerlo realidad en el proceso ejecutivo radicado 2011-00611, se constituyeron dos títulos de depósito judicial por valor de $21.071.900.00; en el proceso ejecutivo 201100807, un depósito judicial por valor de $20.000.000 millones de pesos, lo que indica que se materializó la orden dada por el disciplinado en los autos interlocutorios 356 y 357 del 28 de marzo de 2002; así pues, la Sala no encuentra justificación a tal proceder en la medida que no solo al decretar dichas medidas estaba contraviniendo la normatividad legal antes citada sino que con todas las medidas irregulares decretadas por el servidor judicial independientemente de sus resultados o afectación en la realidad se configuran como ilicitudes sustanciales ya que para el servicio de la justicia solo se requiere que se afecte el servicio sin justificación alguna, como ocurrió en este caso, donde sin sustento legal se dictan unos autos que lo único que pretendían era afectar a una entidad pública y sus programas presupuestados con los recursos embargados y por tal razón la falta le es atribuible al disciplinable configurándose así la incursión en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996.
Esta Colegiatura, no ahondará en más argumentaciones frente a este asunto, dado que encuentra sin lugar a dubitaciones que la conducta endilgada existió, al no realizar dentro de los términos establecido por la Constitución y la Ley, de manera especial inciso tercero del artículo 543 y el numeral 5º del artículo 681, ambos del Código de procedimiento Civil, y el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 290 de 1996, las cuales transcribo a continuación:
“(…). ART. 543.—(…). La orden de embargo se comunicará por oficio al juez que conoce del primer proceso, cuyo secretario dejará testimonio del día y la hora en que la reciba, momento desde el cual se considerará consumado el embargo a menos que exista otro anterior, y así lo hará saber el juez que libró el oficio. (…)”.
“(…). ART. 681.—Modificado por el art. 67, Ley 794 de 2003. Embargos. Para efectuar los embargos se procederá así: (…). 5. El de derechos o créditos que la persona contra quien se decrete el embargo persiga o tenga en otro proceso, se comunicará al juez que conozca de él para los fines consiguientes, y se considerará perfeccionado desde la fecha de recibo del oficio en el respectivo despacho judicial. (…).”
El artículo 153 numeral 1º de la Ley 270 de 1996, establece:
“(…). ART. 153.—Deberes. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes: 1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos. (…)”.
Las normas transcritas son elocuentes en cuanto a que los funcionarios Judiciales no deben decretar embargos de bienes considerados inembargables, y sobre todo hacerlo después de haber terminado el proceso y estando ejecutoriado, de otra parte decretar embargos de remanentes, cuando de conformidad con la norma se deben seguir unos protocolos y procedimientos los cuales fueron ignorados por el operador judicial investigado, incursionando así en el incumplimiento del deber consagrado en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, por lo que la falta será objeto de confirmación.
La falta atribuida al disciplinable calificada a título de culpa grave por parte del a quo, resulta adecuada al comportamiento del disciplinable, toda vez que sin justificación alguna decretó embargos de remantes del proceso de los cuales solo dos fueron hechos ciertos y que afectaron de manera importante los recursos de Caprecom EPS, como quedó demostrado en el plenario y adicionalmente decretó otros embargos que sin llegar a afectar la entidad precitada, si afecta el nombre de la justicia, en la medida que el decretar embargos de bienes considerados y protegidos por la ley como inembargables, cuya destinación estaba orientados a población vulnerable, pues, se trataba de recursos de la Seguridad Social del Régimen Subsidiado, resulta no solo contrario a derecho, sino que desdice de la administración de justicia al realizar este tipo de actos sin justificación alguna, por tal razón será confirmada.
En cuanto a la sanción impuesta de un mes de suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad general por el mismo término, la cual de conformidad con el artículo 46 de la Ley 734 de 2002, la suspensión deberá convertirse en salario de acuerdo con lo devengado para el momento de la comisión de la falta, fue atribuida al doctor Elihú Mosquera Lloreda, en su condición de Juez Primero Administrativo del Circuito de Quibdó, se ajusta a los criterios establecidos por la Ley Disciplinaria, para este tipo de sanción, teniendo en cuenta la gravedad de la falta, la ausencia de sanciones del disciplinable y la trascendencia social e imagen de la administración de justicia, por lo que dicha sanción será confirmada.
1. CONFIRMAR la Sentencia proferida el 11 de febrero de 2016, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Chocó(8), por medio de la cual, se impuso sanción de Suspensión por término de un (1) mes en el en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el mismo término, al Dr. Elihú Mosquera Lloreda, en su condición de Juez Primero Administrativo del Circuito de Quibdó, por hallarlo responsable del deber consagrado en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996; la cual de conformidad con el artículo 46 de la Ley 734 de 2002, la suspensión deberá convertirse en salario de acuerdo con lo devengado para el momento de la comisión de la falta, con fundamento en lo expuesto en el presente proveído.
7. Sala integrada por los Magistrados Rocío Mabel Torres Murillo (Ponente) Luis Hernando Castillo Restrepo.
8. Sala integrada por los Magistrados Rocío Mabel Torres Murillo (Ponente) Luis Hernando Castillo Restrepo.