Source: https://www.scribd.com/document/160012791/05-Sentencia-C-239-97-Corte-Constitucional-Colombia-Eutanasia
Timestamp: 2018-12-17 07:15:14
Document Index: 171727873

Matched Legal Cases: ['artículo 326', 'artículo 326', 'artículo 326', 'artículo 326', 'artículo 11', 'artículo 326', 'artículo 326', 'artículo 326', 'artículo 241', 'artículo 326', 'artículo 29', 'artículo 60', 'artículo 11', 'artículo 364', 'artículo 29', 'artículo 326', 'artículo 326', 'artículo 1', 'artículo 95', 'artículo 1', 'artículo 95', 'artículo 2', 'artículo 49', 'artículo 326', 'artículo 326', 'artículo 11', 'artículo 377', 'artículo 374', 'artículo 93', 'artículo 11', 'artículo 326', 'artículo 326', 'artículo 326', 'artículo 11', 'artículo 2', 'artículo 48', 'artículo 53', 'artículo 13', 'artículo 34', 'artículo 326', 'artículo 326', 'artículo 1', 'artículo 16', 'artículo 2', 'artículo 11', 'artículo 49', 'artículo 16', 'artículo 326', 'artículo 326', 'artículo 327', 'artículo 326', 'artículo 326', 'artículo 326', 'artículo 326', 'artículo 327', 'artículo 326', 'artículo 326', 'artículo 326', 'artículo 16', 'artículo 95', 'artículo 326', 'artículo 327', 'artículo 16']

05-Sentencia C-239-97 Corte Constitucional Colombia, Eutanasia
05-Sentencia C-239-97 Corte Constitucional Colombi...
1 Prueba Penal 2
Resumen Lección 8. Derecho Penal I.
-Apunte-de-Dcho-Penal-Especial-UNNE.docx
Tema 5 Erick
Homicidio - Resumen.docx
Ley de Asilo en la Biblia.docx
Retirement Planning Sample Question 16.07.2018
4 CONTROL (NOV 2012).pdf
sandel00.pdf
[Nove perspektive 2] Ivan Radenković - Strane direktne investicije u Srbiji (2017, Rosa Luxemburg Stiftung).pdf
refleksi diri 041017 i nur amiroh aulia sari.docx
Trabajo colaborativo fase 4, Historia de la psicología.docx
Timur Lenk Si Tentatia Descendentei Divine
Berita Acara qurban
289807349-Ringkasan-Buku-Pdpi.pdf
ALGEBRA_CAPITULO 01.pdf
AKUNTANSI PERPAJAKAN-M14
AprendiendoLeer1eroME.pdf
USM STAN TPA 2017
Ali bin Abi Thalib oleh HMH.Alhamid Alhusaini.pdf
Martina Giacomo - Epoca del Absolutismo.pdf
231829281-086-Horace-Silver-Bb-pdf.pdf
estudio combustion.pdf
Dora Barrancos.pdf
Eje 1 - Teoria Organizacional
Clavigero, Francisco Xavier. - Caracter y costumbres de los mexicanos [2012]
Sentencia C-239/97 Referencia: Expediente D-1490 Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 326 del decreto 100 de 1980-Código
Penal-. Demandante: José Eurípides Parra Parra Magistrado Ponente: Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ. Santafé de Bogotá, D.C., veinte (20) de mayo de mil novecientos noventa y siete (1997). I. ANTECEDENTES. Ejerciendo la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano JOSE EURIPIDES PARRA PARRA presenta demanda contra el artículo 326 del Código Penal, por considerar que dicha disposición viola los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 83, 94, 95 numerales 1,2 y 4, 96, 97, 98, 99, 100, 277 numerales 1, 2, 3 y 7, 282 numerales 1 y 2, 365 y 366 de la Constitución. Cumplidos los trámites señalados en la Constitución y la ley y oído el concepto del Ministerio Público, procede la Corte a decidir. A. NORMA ACUSADA. El texto del artículo 326 del Código Penal es el siguiente: "Homicidio por piedad. El que matare a otro por piedad, para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave o incurable, incurrirá en prisión de seis meses a tres años". B. DEMANDA. Los argumentos que expone el actor para solicitar la inexequibilidad del artículo 326 del Código Penal son los siguientes: - El rol principal de un Estado Social y Democrático de Derecho es garantizar la vida de las personas, protegiéndolas en situaciones de peligro, previniendo atentados contra ellas y castigando a quienes vulneren sus derechos. En la norma acusada el Estado no cumple su función, pues deja al arbitrio del médico o del
particular la decisión de terminar con la vida de aquéllos a quienes se considere un obstáculo, una molestia o cuya salud represente un alto costo. - Si el derecho a la vida es inviolable, como lo declara el artículo 11 de la Carta, de ello se infiere que nadie puede disponer de la vida de otro; por tanto, aquél que mate a alguien que se encuentra en mal estado de salud, en coma, inconsciente, con dolor, merece que se le aplique la sanción prevista en los artículos 323 y 324 del Código Penal y no la sanción del artículo 326 ibídem que, por su levedad, constituye una autorización para matar; y es por esta razón que debe declararse la inexequibilidad de esta última norma, compendio de insensibilidad moral y de crueldad. - La norma acusada vulnera el derecho a la igualdad, pues establece una discriminación en contra de quien se encuentra gravemente enfermo o con mucho dolor. De esta manera el Estado relativiza el valor de la vida humana, permitiendo que en Colombia haya ciudadanos de diversas categorías. - La vida es tratada por el legislador como un bien jurídico no amparable, no tutelable, sino como una cosa, como un objeto que en el momento en que no presente ciertas cualidades o condiciones debe desaparecer. El homicidio piadoso es un subterfugio traído de legislaciones europeas en donde la ciencia, la técnica y la formación son disímiles al medio colombiano, donde se deja morir a las personas a las puertas de los hospitales. Es una figura que envuelve el deseo de librarse de la carga social. - La norma olvida que no toda persona que tenga deficiencias en su salud tiene un deseo vehemente de acabar con su vida, al contrario, las personas quieren completar su obra por pequeña o grande que ella sea. - En el homicidio piadoso se reflejan las tendencias de los Estados totalitarios fascista y comunista, que responden a las ideas hitlerianas y stalinistas; donde los más débiles, los más enfermos son conducidos a las cámaras de gas, condenados a éstas seguramente para "ayudarles a morir mejor". C. INTERVENCIONES. 1. EL DEFENSOR DEL PUEBLO, José Fernando Castro Caycedo, defiende la constitucionalidad de la norma acusada, con fundamento en estas consideraciones: - La conducta de quien suprime la vida de otro para poner fin a intensos sufrimientos que éste padece, no está libre de sanción. Dicha conducta está precisamente tipificada en el artículo 326 del Código Penal, que hace parte del titulo XIII que reprime los hechos que impliquen vulneración de la vida e integridad personal. Su distinción con otras normas penales, identificadas con el mismo objeto de protección, radica en el elemento normativo que contiene y
cualifica al comportamiento acriminable, para el que se requiere una valoración cultural, ética o social, en el proceso de adecuación típica. - Si bien la Constitución consagra el derecho a la vida con carácter absoluto, es competencia del legislador establecer la dosimetría de las penas aplicables a las diferentes modalidades o especies de homicidio, en desarrollo de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, que tienen estrecha relación con el principio de juridicidad, en el sentido de que el castigo impuesto para un tipo penal debe guardar simetría con el comportamiento y la culpabilidad del sujeto al que se le imputa; por lo que no sería razonable ni proporcional que al responsable de un homicidio por piedad se le aplicara la misma sanción de quien incurre en un homicidio simple o agravado. - Aunque la eutanasia, o sea la práctica de causar la muerte sin sufrimiento físico, es reprochable desde el punto de vista ético y moral, el legislador puede regular este tipo penal de manera autónoma e independiente de otras modalidades de homicidio con el fin de evitar excesos o debilidades punitivas. 2. EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, actuando a través de apoderado solicita a la Corte declarar la exequibilidad de la norma acusada, por las consideraciones que seguidamente se sintetizan: - La norma demandada no desconoce el derecho a la vida y, por el contrario, al penalizar una conducta que atenta contra ella, hace prevalecer ese derecho sobre cualquiera otra consideración. Del establecimiento de una pena menor para el delito de homicidio por piedad no se puede inferir violación a ningún mandato constitucional, pues ello sería tanto como pretender que todas las conductas penales y contravencionales establecidas en el ordenamiento jurídico para castigar conductas que atenten contra la vida, deberían tener la misma sanción. - La norma acusada antes que vulnerar el derecho a la igualdad, lo reafirma, al diferenciar la pena para el homicidio por piedad de los demás tipos penales que protegen el derecho a la vida, pues, además de estar obrando dentro de la autonomía que lo asiste para definir cuáles conductas son delictivas, está dando aplicación al principio de igualdad, que en materia penal le permite dar un trato diferente a algunos comportamientos, teniendo en cuenta el carácter dinámico de la vida social y la esencial mutabilidad de los fenómenos criminológicos. - El argumento de que el tipo de homicidio por piedad vulnera la prohibición de desaparición forzada resulta absurdo, pues no puede confundirse la acción de desaparecer con la de matar a quien padece graves sufrimientos. - Tampoco la norma ignora el deber de solidaridad que impone la Carta. La consagración del tipo de homicidio por piedad comporta una forma de protección por parte del Estado al derecho fundamental a la vida, pues, precisamente, con la
en un Estado Social de Derecho. se reconoce plenamente que ella lesiona un interés jurídico y en tal sentido se impone una sanción para quien incurre en la misma. lo cual nos acerca más a la justicia que a su negación. sólo que la sanción es inferior a la prevista para el homicidio simple. EL FISCAL GENERAL DE LA NACION fundamenta la constitucionalidad de la norma con los siguientes argumentos: . el juicio de reproche que se le hace a un homicida motivado por la piedad debe ser mucho menor que el que se le hace a un homicida que mata por otras razones. por eso introduce el concepto de calidad de vida. El homicidio pietístico no tiene una motivación perversa. con fundamento en estas consideraciones: . legítima defensa o en la guerra.La sanción menor del homicidio por piedad obedece a que el derecho penal es culpabilista. El Procurador General de la Nación (E) solicita a la Corte declarar exequible el artículo 326 del Código Penal. sino con fundamento en principios como el de proporcionalidad de la responsabilidad del autor del hecho. . ¿por qué no predicarlo del momento de la muerte?. Si esto se predica de la vida. en consideración a que la responsabilidad penal. las personas deben vivir de una manera acorde con su dignidad. en atención a que tal conducta está precedida de unas especiales circunstancias subjetivas tenidas en cuenta por el autor de la ley penal como factor de atenuación del castigo. . por el contrario. sino ayudar en el morir. en razón de lo cual mal puede afirmarse que el interés del Estado sea auspiciar la violación de tal derecho. Es un tratamiento desigual para una situación desigual. antes que propiciarse la conducta homicida. . no es ayudar para el morir. como en los eventos en que la persona obra en estado de necesidad. 3. sino altruista. en nuestro ordenamiento.En la norma acusada. el legislador no considera justificada la conducta y por esta razón la consagra como delictiva. En este orden de ideas. EL MINISTERIO PUBLICO. con fundamento en el cual. no se determina únicamente a partir del bien jurídico protegido. sino relativo.expedición de la norma se busca que los particulares no incurran en la conducta prohibida. como quiera que es el ordenamiento jurídico el que establece los casos en los cuales se puede matar a otro sin cometer homicidio.La Constitución protege el derecho a la vida y a la dignidad humana. En el caso del homicidio por piedad. lo cual implica que el monto de la pena debe estar en relación directa con el juicio de reproche.El derecho a la vida no es absoluto. D.
se estaría desconociendo un axioma básico del derecho penal. sólo porque el resultado es el mismo. rabias.La aplicación de un criterio aritméticamente igualitario en la sanción del homicidio. a partir del cual se reconoce la vulnerabilidad del hombre.. II. al homicidio que. COMPETENCIA. El actor confunde los conceptos de homicidio eutanásico y homicidio eugenésico. por cuanto al no tener en cuenta el legislador el principio lógico de la proporcionalidad de la responsabilidad del autor en la comisión de un hecho típico. estados de crisis y sus respuestas frente a los diferentes estímulos del mundo que lo rodea. y a quien con el propósito de matar sin justificación alguna incurra en la misma conducta. conduciría al absurdo de castigar con la misma pena a quien involuntariamente. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241-5 de la Carta. consistentes en que se encuentre padeciendo intensos sufrimientos. en tanto que en el segundo se persigue como fin. es decir. ELEMENTOS DEL HOMICIDIO POR PIEDAD. provenientes de lesión corporal o de enfermedad grave o incurable. como el económico. condicionamientos. en el primero la motivación consiste en ayudar a otro a morir dignamente. Doctrinariamente se le ha denominado homicidio pietístico o eutanásico. compete a esta Corporación decidir sobre su constitucionalidad. ha ocasionado la muerte a otra persona. su falibilidad. no puede ser sancionado conforme a este tipo. El homicidio por piedad. sus anhelos. . un tipo que precisa de unas condiciones objetivas en el sujeto pasivo. Es además. según los elementos que el tipo describe. Por tanto. B. la preservación y el mejoramiento de la raza o de la especie humana. como el previsto en la norma acusada. se comete con la finalidad altruista de evitar la prolongación de un sufrimiento.Considerar el bien jurídico tutelado como único criterio para establecer la punibilidad de una conducta realizada por una persona determinada. de manera accidental. no se trata de eliminar a los improductivos. conduce a una deshumanización de la actividad punitiva del Estado. en circunstancias en que las esperanzas de vida han sido científicamente descartadas. el homicidio pietístico. . CONSIDERACIONES DE LA CORTE A. sus miedos. y más absurdo sería asimilar el homicidio cometido con una o varias de las circunstancias de agravación punitiva que contempla la ley penal. con fundamento en hipótesis seudocientíficas. Por dirigirse la acusación contra disposiciones que forman parte de un decreto con fuerza de ley. es la acción de quien obra por la motivación específica de poner fin a los intensos sufrimientos de otro. quien mata con un interés distinto.
la sanción que contempla el artículo 326 del Código Penal para el tipo de homicidio piadoso? y. las reflexiones siguientes se limitarán a esta forma de culpabilidad. que el acontecimiento objeto de punición no puede estar constituido ni por un hecho interno de la persona. El artículo 29 de la Constitución. que supone la adopción del principio de culpabilidad. ni por lo que desea. por ende. y del postulado de respeto a la dignidad de la persona humana. En síntesis. como tampoco puede sancionar a los individuos por su temperamento o por sus sentimientos. a. al de aquel que realiza la conducta cuando la persona consiente el hecho y solicita que le ayuden a morir. que diferentes conductas pueden adecuarse al tipo penal. los interrogantes que debe absolver la Corte. por una parte. sino por una exterioridad y. En estos términos. . en su orden. y no por lo que es. a pesar de las condiciones físicas en que se encuentra. ni por su carácter. La Constitución colombiana consagra un derecho penal del acto. En estas condiciones. es evidente que el Constituyente optó por un derecho penal del acto. desea seguir viviendo hasta el final. piensa o siente. 1. consagra el principio de que no hay delito sin conducta. Dado que el homicidio por piedad es un tipo doloso. dependiendo del grado de culpabilidad. Dicha definición implica.sino de hacer que cese el dolor del que padece sin ninguna esperanza de que termine su sufrimiento. 2) ¿Cuál es la relevancia jurídica del consentimiento del sujeto pasivo del hecho?. En un derecho penal del acto la pena se condiciona a la realización de un hecho antijurídico. el derecho represivo sólo puede castigar a los hombres por lo efectivamente realizado y no por lo pensado. por su conducta social. desde esta concepción. sólo se permite castigar al hombre por lo que hace. Es preciso aclarar. a realizar un análisis distinto frente a cada una de ellas. lo que necesariamente lleva a la Corte. son los siguientes: 1) ¿Desconoce o no la Carta. a la luz de la Constitución. el comportamiento no es el mismo cuando el sujeto pasivo no ha manifestado su voluntad. o se opone a la materialización del hecho porque. en armonía con la definición del carácter político del Estado como Social de Derecho. propuesto o deseado. en oposición a un derecho penal del autor. En efecto. al establecer que "nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa".
de tal manera que a su autor se le impone una sanción. En otros términos. requiere. el principio de que no hay acción sin culpa. en concreto. No obstante. en todos los casos. además. el derecho penal del acto supone la adopción del principio de culpabilidad. por ende. por tanto. con el propósito de orientarlos o condicionarlos. Las consideraciones precedentes guardan armonía con la definición del derecho penal como mecanismo de regulación de la conducta humana. en tanto que sujeto libre. según dicho principio. es de considerar que el aspecto subjetivo de la prohibición no se agota. considerada en abstracto. en cuanto precisa.Pero. teniendo en cuenta su capacidad sicofísica para entender y querer el hecho. la pena debe ser proporcional al grado de culpabilidad. atendiendo a la entidad del juicio de exigibilidad. es decir. La reprobación penal del hecho. entonces. de realizar el comportamiento que la norma penal describe. un derecho penal del acto supone la adscripción de la conducta al autor. Lo contrario supondría una responsabilidad por el simple resultado. que se fundamenta en la voluntad del individuo que controla y domina el comportamiento externo que se le imputa. aquél a quien pueda imputársele una relación causal entre su decisión. sino al sentido subjetivo que el autor confiere a su comportamiento social. del conocimiento y de la voluntad de aquéllos a quienes se dirige. a acciones susceptibles de ser realizadas o no por los destinatarios de la norma. Para el derecho penal del acto. debe estar referida no a su materialidad en sí misma. ningún hecho o comportamiento humano es valorado como acción sino es el fruto de una decisión. En otros términos. en las formas de culpabilidad que enumera el Código . la voluntad del sujeto dirigida a la observancia específica de la misma. la acción y el resultado. en virtud de lo cual sólo puede llamarse acto al hecho voluntario. esto es. pugnante con la dignidad de la persona humana. y así. uno de los criterios básicos de imposición de la pena es el grado de culpabilidad. realizado con conciencia y voluntad por una persona capaz de comprender y de querer. mayor o menor. y la intención. dirigido. corresponde a la exigencia del elemento subjetivo o sicológico del delito. De ahí que sólo pueda imponerse pena a quien ha realizado culpablemente un injusto. no puede ser castigado si no es intencional. sólo puede ser considerado como autor de un hecho. que es trasunto de un derecho fundado en la responsabilidad objetiva. entonces. además de la existencia material de un resultado.
el paso siguiente consistirá en examinar si la disminución punitiva que contempla la norma acusada. se ajustan a la Constitución. La piedad como consideración subjetiva del acto. en principio. lo cierto es que para graduar la culpabilidad deben tenerse en cuenta los móviles de la conducta. a violar dos derechos distintos. La ilicitud de muchos hechos no depende únicamente de su materialización y realización consciente y voluntariamente. desconoce derechos y garantías fundamentales. Esos componentes subjetivos adicionales cumplen la función de distinguir un comportamiento punible de otro que no lo es. a causa de la diversidad de las intenciones del agente. entonces. pueden nacer (a pesar de la identidad de actos físicos) diversos delitos. La piedad es un estado afectivo de conmoción y alteración anímica profundas. pero sólo cuando el legislador los ha considerado relevantes al describir el acto punible. Pero. Dichos móviles. y por la influencia del elemento intencional sobre la esencia del delito. o de diferenciar entre sí varias figuras delictivas. no es idéntica a esta otra: variedad del actor físico. por cada uno de los agentes. su agravación. al margen de la discusión doctrinaria. La ubicación dogmática de este elemento ha sido discutida en la doctrina. en cuanto no desconozcan las garantías penales ni los demás derechos fundamentales. Hay autores que la consideran un elemento subjetivo del tipo. se vulnere ninguna disposición constitucional. que determinan en forma más concreta el tipo. sino que debe tenerse en cuenta el sentido específico que a la acción u omisión le imprime el fin perseguido por el sujeto. atenuación o exclusión. resulta proporcionada y razonable o. sin que por ello. que los móviles pueden hacer parte de la descripción del tipo penal. y su adopción hace parte de la órbita de competencia reservada al legislador. Carrara fue explícito en este aspecto al observar que el título de la imputación puede variar en función del aspecto subjetivo del hecho: "Y si bien el derecho no se lesiona sino con el acto físico. en relación con el tipo de homicidio simple o agravado. ya sea para fundamentar el injusto. con todo la fórmula usada por nosotros: variedad del derecho lesionado. que dirigió el acto físico a lesionar un derecho más bien que otro". culpa y preterintención). en consideración al aspecto subjetivo del acto.Penal (dolo. en tanto que para otros se trata de un elemento subjetivo de la culpabilidad. por el contrario. porque dos actos físicos semejantes pueden estar dirigidos. b. Tales componentes sicológicos pueden ser tenidos en cuenta únicamente cuando es el propio tipo el que de modo expreso los acoge. Aceptado. similar al estado de dolor que consagra el artículo 60 del Código Penal como .
Tal decisión no desconoce el derecho fundamental a la vida consagrado en el artículo 11 de la Carta. en el artículo 364 del estatuto penal anterior (ley 38 de 1936). No sobra recordar que la piedad ha sido considerada históricamente por el legislador como un motivo de atenuación de la sanción. pues la conducta. con el propósito de ponerles fin a los intensos sufrimientos que padece. Es claro que para que se configure esta forma de homicidio atenuado no basta el actuar conforme a un sentimiento de piedad. que anula una existencia. Por consiguiente. ya que es necesario que se presenten además los elementos objetivos exigidos por el tipo penal. pero que se encuentra en una situación tal . cambiarse por prisión o arresto y aún "concederse el perdón judicial". el sujeto activo no mata por desdén hacia el otro sino por sentimientos totalmente opuestos. tal como lo consagró el constituyente en el artículo 29. como tal. legalmente injusta. mientras que en el homicidio por piedad. pero que. Quien mata a otro por piedad. sin que le sea dable al juez constitucional desconocer los criterios de utilidad que lleva implícita esa elección. comporta reproche por la materialización de un comportamiento que desconoce el bien jurídico protegido de la vida. y es esa motivación la que ha llevado al legislador a crear un tipo autónomo. derivado de la adopción de un derecho penal del acto. sólo puede ser determinada en abstracto por el legislador. cuando el hecho fuera realizado por piedad. o incluso agravado. por que a su juicio no tiene ningún valor. El sujeto activo considera a la víctima como una persona con igual dignidad y derechos. tal como está descrito en el artículo 326 del Código Penal. que constituye un homicidio simple. considera relevante la motivación del acto. atenuarse. es decir. Y así. la muerte es el producto del sentimiento egoísta del victimario. excepcionalmente. se establecía que la sanción para el homicidio podía. no existe homicidio piadoso cuando una persona mata a otro individuo que no padece esos sufrimientos. la persona mata porque no reconoce dignidad alguna en su víctima. pero que. sigue siendo antijurídica. lo que se traduce en respeto por el principio de culpabilidad. no obstante la motivación. se insiste.causal genérica de atenuación punitiva. En este caso. aún cuando invoque razones de piedad. que el sujeto pasivo tenga intensos sufrimientos derivados de lesión corporal o enfermedad grave o incurable. Ahora bien: la medida de esa pena que. a diferencia de éste. según se expuso antes. de otra parte. mueve a obrar en favor de otro y no en consideración a sí mismo. pero en consideración al aspecto subjetivo la sanción es menor. obra con un claro sentido altruista. En esta conducta. al cual atribuye una pena considerablemente menor a la prevista para el delito de homicidio simple o agravado. a saber.
¿Significa esta omisión que dicho consentimiento no es relevante?. al cual asignaba una pena de tres a diez años de presidio. en el sentido de considerar que el artículo 326 del Código Penal desconoce el derecho a la vida de quien se encuentra en condiciones precarias de salud. causal de atipicidad. porque la levedad de la sanción constituye una autorización para matar. en otros hechos punibles. aún bajo el imperio de una Constitución notoriamente menos explícita que la vigente en el reconocimiento de la autonomía . a pesar de la decisión de su titular. El consentimiento es. además. y por ende calificaba como injusto el homicidio consentido. Al autor de este hecho podía el juez atenuarle la pena prevista para el homicidio. como en el hurto.de sufrimiento. lo que en la práctica ocurría cuando mediaban. la tacha de inconstitucionalidad que propone el actor. el consentimiento de la víctima es una condición necesaria para la configuración del tipo. se estableció el homicidio pietístico. circunstancia de atenuación punitiva. y aún concederle el perdón judicial. v. Conjuntamente con este tipo. En relación con el homicidio por piedad. daño en bien ajeno. en relación con algunos tipos penales. gr. es menor cuando la mujer consiente en el hecho y. sin consideración a los aspectos subjetivos involucrados en el mismo. El Código Penal de 1936 contemplaba un tipo penal denominado homicidio consentido (art. extorsión. la voluntad del sujeto pasivo obraba como una causal de atenuación de la sanción. en otros. que la muerte puede ser vista como un acto de compasión y misericordia. admitiéndose así. Cabe anotar. cambiarle el presidio por prisión. además de la piedad. caracterizado porque en él el autor obraba motivado por el deseo de acelerar una muerte inminente o poner fin a graves padecimientos o lesiones corporales reputados incurables. CONSENTIMIENTO DEL SUJETO PASIVO. cuya relevancia guarda armonía con los mandatos constitucionales. como en el estupro. comporta una actitud que reclama la aplicación de una pena en virtud de la sola materialidad del comportamiento. desde esta perspectiva de análisis. secuestro.. Por lo tanto. lo que indicaba que aunque el legislador consideraba la vida como un bien jurídicamente protegible. El actor olvida que en un Estado Social de Derecho las penas tienen que guardar una razonable proporcionalidad con el grado de culpabilidad del acto. la voluntad del sujeto pasivo del hecho. ninguna disposición penal hace alusión al consentimiento del sujeto pasivo del hecho. C. que ni en ese estatuto ni en el Código Penal que hoy rige se consagró como delito la tentativa de suicidio. la sanción para quien realice el aborto. y no sólo con la gravedad material y objetiva de la lesión al bien jurídico. 368).
v. y la respuesta en torno al deber de vivir cuando el individuo sufre una enfermedad incurable que le causa intensos sufrimientos. por el contrario. en circunstancias extremas. la dignidad irradia el conjunto de derechos fundamentales reconocidos. . por ejemplo. es preciso resolver esta cuestión desde una perspectiva secular y pluralista. es por ello que la Corte entra a analizar si es legítimo que dentro de este orden constitucional se penalice a la persona que ejecuta un homicidio por piedad. El artículo 1 de la Constitución. En la primera.personal. la muerte debe llegar por medios naturales. En la segunda. que la decisión del individuo sobre el fin de su existencia no merecía el reproche penal. esto significa que. y sus condiciones de existencia son tan precarias. cuando las circunstancias que rodean su vida no la hacen deseable ni digna de ser vivida. a la luz de la Constitución de 1991. sin el cual el ejercicio de los otros sería impensable. que obligan a reinterpretar todas las disposiciones del Código Penal. independientemente de las condiciones en que se encuentra el individuo. El derecho a la vida y la autonomía a la luz de la Constitución de 1991. los cuales encuentran en el libre desarrollo de la personalidad su máxima expresión. entonces. un bien inalienable. pero atendiendo a la voluntad del propio sujeto pasivo. establece que el Estado colombiano está fundado en el respeto a la dignidad de la persona humana. se admite que. pues las creencias religiosas o las convicciones metafísicas que fundamentan la sacralización son apenas una entre diversas opciones. gr. que respete la autonomía moral del individuo y las libertades y derechos que inspiran nuestro ordenamiento superior. su protección en el ámbito jurídico occidental. que lo pueden llevar a ver en la muerte una opción preferible a la sobrevivencia. bajo esa nueva luz. el individuo pueda decidir si continúa o no viviendo. La Constitución de 1991 introdujo significativas modificaciones en relación con los derechos fundamentales. 1. Si bien existe consenso en que la vida es el presupuesto necesario de los demás derechos. es vista desde dos posiciones: 1) La que asume la vida como algo sagrado y 2) aquella que estima que es un bien valioso pero no sagrado. La decisión. no puede darse al margen de los postulados superiores. como valor supremo. En Colombia. cuando los intensos sufrimientos físicos que la persona padece no tienen posibilidades reales de alivio..
.. ellos no pueden ser forzados a continuar viviendo cuando. y por tanto. con medidas humanitarias. en cada instante. seguramente. con el argumento inadmisible de que una mayoría lo juzga un imperativo religioso o moral. en función de los otros sujetos morales con quienes está avocado a convivir. pero la resignación del santo." Este principio atiende necesariamente a la superación de la persona. venciendo. debiendo el Estado limitarse a imponerle deberes. Si la persona es en sí misma un fin. justificable y ... capaz de asumir en forma responsable y autónoma las decisiones sobre los asuntos que en primer término a él incumben.. cuando las circunstancias que la dignifican la constituyen en el valor fundante de todas las demás. no lo estiman deseable ni compatible con su propia dignidad. la cual expresa un interés y una necesidad radicales del sujeto que no pueden quedar desprotegidas por el derecho a riesgo de convertirlo en cosa". su propia inhibición y repugnancia frente a un acto encaminado a aniquilar una existencia cuya protección es justificativa de todo el ordenamiento. consagra la solidaridad como uno de los postulados básicos del Estado Colombiano. Y no es difícil descubrir el móvil altruista y solidario de quien obra movido por el impulso de suprimir el sufrimiento ajeno. por las circunstancias extremas en que se encuentran. Por otra parte. en concordancia con el artículo 95. una inextirpable singularidad de la que se nutre el yo social. principio que envuelve el deber positivo de todo ciudadano de socorrer a quien se encuentra en una situación de necesidad. es el presupuesto esencial de la consagración y efectividad del entero sistema de derechos y garantías contemplado en la constitución. reductora de toda traza de originalidad y peculiaridad. En este sentido la Corte señaló: "El principio de dignidad no sería comprensible si el necesario proceso de socialización del individuo se entendiera como una forma de masificación y homogenización integral de su conducta. si la manera en que los individuos ven la muerte refleja sus propias convicciones. en principio. el mismo artículo 1 de la Constitución. respetando en todo momento su autonomía e identidad. "la dignidad humana .Como bien lo ha expresado esta Corporación. la Constitución se inspira en la consideración de la persona como un sujeto moral. que más que derecho en sí mismo. Job es un patético ejemplo de valor para sobrellevar la existencia en medio de circunstancias dolorosas y degradantes. la búsqueda y el logro incesantes de su destino conforman su razón de ser y a ellas por fuerza acompaña. En estos términos. es en verdad principio fundante del Estado.
2. la filosofía que informa la Carta se cifra en su propósito de erradicar la crueldad. Así. La vida como valor constitucional. pues de nadie puede el Estado demandar conductas heroicas. es claro que la vida no puede verse simplemente como algo sagrado. La Constitución no sólo protege la vida como un derecho (CP art. si el respeto a la dignidad humana. es una persona que piensa "que la crueldad es la peor cosa que puede hacer". Rorty lo ha expresado en palabras exactas: quien adhiere a esa cosmovisión humanística. el deber del Estado de protegerla y su relación con la autonomía de la persona. Nada tan cruel como obligar a una persona a subsistir en medio de padecimientos oprobiosos. e incluso deberes. para el Estado y para los particulares. menos aún si el fundamento de ellas está adscrito a una creencia religiosa o a una actitud moral que.dignificante sólo por su inconmovible fe en Dios. hasta el punto de desconocer la situación real en la que se encuentra el individuo y su posición frente el valor de la vida para sí. Igualmente el artículo 95 ordinal 2 consagra como uno de los deberes de la persona actuar humanitariamente ante situaciones que pongan en peligro la vida de sus semejantes. no puede pretender que ella se haga coercitivamente exigible a todos. Además. el Preámbulo señala que una de las finalidades de la Asamblea Constitucional fue la de "fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida". En síntesis. bajo una Constitución que opta por ese tipo de filosofía. Por su parte el artículo 2º establece que las autoridades están instituidas para proteger a las personas en su vida y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. el inciso último del artículo 49 . irradia el ordenamiento. las relaciones entre derecho y moral no se plantean a la altura de los deberes sino de los derechos. sólo puede revestir el carácter de una opción. Porque. que implica competencias de intervención. Finalmente. en nombre de creencias ajenas. bajo un sistema pluralista. sino que implica el vivir adecuadamente en condiciones de dignidad. 11) sino que además la incorpora como un valor del ordenamiento. En otras palabras: quien vive como obligatoria una conducta. precisamente. En palabras de esta Corte: el derecho a la vida no puede reducirse a la mera subsistencia. desde una perspectiva pluralista no puede afirmarse el deber absoluto de vivir. sólo que a él se le permita vivir su vida moral plena y actuar en función de ella sin interferencias. en función de sus creencias religiosas o morales. pues. no puede ser el contenido de un deber jurídico. así una inmensa mayoría de la población las estime intangibles. como lo ha dicho Radbruch.
con acierto.no vulnera ni amenaza los derechos de los demás. opción política que tiene implicaciones. en caso de grave enfermedad. La sentencia T-493 de 1993. esa norma dice que toda persona debe cuidar integralmente su salud. de lo contrario. dentro del ámbito del reconocimiento de su derecho al libre desarrollo de su personalidad". constituye un hito ineludible en un asunto como el que ahora ocupa a la Corte. ausente esa indispensable relativización. la convivencia social y la vida institucional no serían posibles". quien puede entonces rehusar determinados tratamientos que objetivamente podrían prolongar la duración de su existencia biológica pero que él considera incompatibles con sus más hondas convicciones personales. Y si los derechos no son absolutos. ya que comporta efectivamente un deber del Estado de proteger la vida. Sin embargo. 3. homicidio por piedad y consentimiento del sujeto pasivo.. respecto a aquellos asuntos que sólo a ellos les atañen. la autonomía de la persona (el libre desarrollo de su personalidad) y el derecho a elegir. pues. . En efecto. Enfermos terminales. tampoco lo es el deber de garantizarlos.. necesariamente deben armonizarse entre sí con los demás bienes y valores protegidos por la Carta. ni el ordenamiento jurídico. si se enfrenta la muerte o se prolonga la existencia por medio de tratamiento médico. merece ser respetada. Esas normas superiores muestran que la Carta no es neutra frente al valor vida sino que es un ordenamiento claramente en favor de él. por tanto. La tesis esencial es la misma: sólo el titular del derecho a la vida puede decidir hasta cuándo es ella deseable y compatible con la dignidad humana: "La decisión de María Libia Pérez Angel (quien padecía de cáncer) de no acudir a los servicios médicos . Por ello ha sido doctrina constante de esta Corporación que toda terapia debe contar con el consentimiento informado del paciente. el Estado no puede pretender cumplir esa obligación desconociendo la autonomía y la dignidad de las propias personas. que puede encontrar límites en la decisión de los individuos.establece implícitamente un deber para todos los habitantes de Colombia de conservar al máximo su vida. Además ha dicho la Corte que "los derechos fundamentales. tal y como la Corte ya lo mostró en anteriores decisiones. no obstante su consagración constitucional y su importancia. a la luz de la Constitución vigente. lo cual implica a fortiori que es su obligación cuidar de su vida. En ella se relacionan. no son absolutos y. por consiguiente. de la cual fue ponente el Magistrado Antonio Barrera.
cuando no lo desea y padece profundas aflicciones. en virtud de las cuales matar no resulta antijurídico. como ya se ha señalado.El deber del Estado de proteger la vida debe ser entonces compatible con el respeto a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad. En efecto. la Corte concluye que el Estado no puede oponerse a la decisión del individuo que no desea seguir viviendo y que solicita le ayuden a morir. y el estado de necesidad. ni impedir. Por todo lo anterior. La persona quedaría reducida a un instrumento para la preservación de la vida como valor abstracto. El derecho fundamental a vivir en forma digna implica entonces el derecho a morir dignamente. la muerte es inevitable en un tiempo relativamente corto. consentido por el sujeto pasivo del acto. pues condenar a una persona a prolongar por un tiempo escaso su existencia. puede proceder en consecuencia. Por consiguiente. a través de la consagración de figuras como la legítima defensa. prohibido por la Carta (CP art. sino a una anulación de su dignidad y de su autonomía como sujeto moral. si un enfermo terminal que se encuentra en las condiciones objetivas que plantea el artículo 326 del Código Penal considera que su vida debe concluir. cuando sufre una enfermedad terminal que le produce dolores insoportables. siempre que se den los supuestos objetivos determinados en las disposiciones respectivas. el deber estatal se debilita considerablemente por cuanto. y que por ende no está optando entre la muerte y muchos años de vida plena. en virtud de los informes médicos. En cambio. en este caso. No se trata de restarle importancia al deber del Estado de proteger la vida sino. a través de la prohibición o de la sanción. que sabe que no puede ser curado. o morir poco tiempo después en circunstancias dolorosas y que juzga indignas. equivale no sólo a un trato cruel e inhumano. sin que el Estado esté habilitado para oponerse a su designio. en ejercicio de su libertad.12). incompatibles con su idea de dignidad. este deber estatal cede frente al consentimiento informado del paciente que desea morir en forma digna. puede sostenerse que. sino entre morir en condiciones que él escoge. más allá de toda duda razonable. el carácter relativo de esta prohibición jurídica se traduce en el respeto a la voluntad del sujeto que sufre una enfermedad terminal que le produce grandes . que un tercero le ayude a hacer uso de su opción. En el caso del homicidio pietístico. de reconocer que esta obligación no se traduce en la preservación de la vida sólo como hecho biológico. porque la juzga incompatible con su dignidad. El deber de no matar encuentra excepciones en la legislación. la decisión de cómo enfrentar la muerte adquiere una importancia decisiva para el enfermo terminal. Por ello la Corte considera que frente a los enfermos terminales que experimentan intensos sufrimientos.
puesto que es el único profesional capaz no sólo de suministrar esa información al paciente sino además de brindarle las condiciones para morir dignamente. Por ello la Corte concluye que el sujeto activo debe de ser un médico. Por ejemplo. La actuación del sujeto activo carece de antijuridicidad. en consecuencia. porque se trata de un acto solidario que no se realiza por la decisión personal de suprimir una vida. Igualmente la ley podría ordenar que. o que no sufren de intensos dolores producto de enfermedad terminal. Como el Estado no es indiferente a la vida humana.padecimientos. Podría también considerarse la posibilidad de que en todos los casos se contara con una autorización judicial. los médicos que ejecuten el hecho descrito en la norma penal con el consentimiento del sujeto pasivo no pueden ser. manifestado inequívocamente por una persona con capacidad de comprender la situación en que se encuentra. Es decir. a fin de asegurar la autenticidad del consentimiento y garantizar que todos los intervinientes se preocupen exclusivamente por la dignidad del enfermo. todas las posibilidades para que sigan viviendo. La Regulación de la Muerte Digna. sino por la solicitud de aquél que por sus intensos sufrimientos. Esto significa que el Estado. en los casos de enfermos terminales. es necesario que se establezcan regulaciones legales muy estrictas sobre la manera como debe prestarse el consentimiento y la ayuda a morir. y que no desea alargar su vida dolorosa. para evitar que en nombre del homicidio pietístico. consentido. . por lo cual es su obligación. el consentimiento implica que la persona posee información seria y fiable acerca de su enfermedad y de las opciones terapéuticas y su pronóstico. los jueces deben exonerar de responsabilidad a quienes así obren. en particular. previa a la última petición. Esas regulaciones deben estar destinadas a asegurar que el consentimiento sea genuino y no el efecto de una depresión momentánea. No sobra recordar que el consentimiento del sujeto pasivo debe ser libre. debe ofrecer a los enfermos terminales que enfrentan intensos sufrimientos. entonces. D. y luego de transcurrido un término razonable entre las mismas. producto de una enfermedad terminal. Por ende. objeto de sanción y. y cuenta con la capacidad intelectual suficiente para tomar la decisión. por su compromiso con la vida. pide le ayuden a morir. la persona atienda a una reunión con un equipo de apoyo que le explique integralmente su situación y le ofrezca todas las alternativas posibles distintas a la opción de morir. como se señaló. se elimine a personas que quieren seguir viviendo. sino que. bien podría el Estado exigir que la petición sea expresada en más de una ocasión. tiene el deber de protegerla.
en principio. la libertad y la autonomía de la persona. puntos esenciales de esa regulación serán sin duda: 1. y en aras de la seguridad jurídica. R E S U E L V E: Primero: Declarar EXEQUIBLE el artículo 326 del decreto 100 de 1980 (Código Penal). en los términos señalados en esta sentencia. regule el tema de la muerte digna. Como estas regulaciones sólo pueden ser establecidas por el legislador. sujetos ante quienes debe expresarlo. de la situación real del paciente.brindarles los tratamientos paliativos del dolor. En fin. Con fundamento en las razones expuestas. Medidas que deben ser usadas por el sujeto calificado para obtener el resultado filantrópico. tomando en consideración todos los aspectos relevantes para la determinación de la autenticidad y fiabilidad del consentimiento. Incorporación al proceso educativo de temas como el valor de la vida y su relación con la responsabilidad social. de la enfermedad que padece. con la advertencia de que en el caso de los enfermos terminales en que . la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución. III. por personas competentes. 2. todo homicidio por piedad de enfermos terminales debe dar lugar a la correspondiente investigación penal. de tal manera que la regulación penal aparezca como la última instancia en un proceso que puede converger en otras soluciones. etc. 5. Verificación rigurosa. 4. de la madurez de su juicio y de la voluntad inequívoca de morir. Circunstancias bajo las cuales debe manifestar su consentimiento la persona que consiente en su muerte o solicita que se ponga término a su sufrimiento: forma como debe expresarlo. a fin de que en ella. la Corte exhortará al Congreso para que en el tiempo más breve posible. los funcionarios judiciales. Indicación clara de las personas (sujetos calificados) que deben intervenir en el proceso. establezcan si la conducta del médico ha sido o no antijurídica. y conforme a los principios constitucionales y a elementales consideraciones de humanidad. De otro lado. la Corte considera que mientras se regula el tema. 3. DECISION. verificación de su sano juicio por un profesional competente.
el legislador puede establecer formas atenuadas . a mi juicio. insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente. veinte (20) de mayo de mil novecientos noventa y siete (1997). D. Comparto la decisión adoptada por la Corte en el sentido de declarar exequible el artículo acusado..C. pues. publíquese. notifíquese. y conforme a los principios constitucionales y a elementales consideraciones de humanidad. regule el tema de la muerte digna Cópiese. Segundo: Exhortar al Congreso para que en el tiempo más breve posible. pues la conducta está justificada. no podrá derivarse responsabilidad para el médico autor. ANTONIO BARRERA CARBONELL Presidente JORGE ARANGO MEJIA Magistrado EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado CARLOS GAVIRIA DIAZ Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General Salvamento de voto a la Sentencia C-239/97 Referencia: Expediente D-1490 Santa Fe de Bogotá. comuníquese a quien corresponda.concurra la voluntad libre del sujeto pasivo del acto.
excepto en los casos de manifiesta e innegable desproporción o de palmaria irrazonabilidad. por tanto. Así las cosas. porque la entiende tenue.de los delitos que contempla. fijar la clase y magnitud de éstas con arreglo a criterios de agravación o atenuación de los comportamientos penalizados. todo de acuerdo con la apreciación. retirar del ordenamiento jurídico una disposición. Sentencia C-013 del 23 de enero de 1997). graduar las penas aplicables. análisis y ponderación que efectúe acerca de los fenómenos de la vida social y del mayor o menor daño que ciertos comportamientos puedan estar causando o llegar a causar en el conglomerado". Sala Plena. (Cfr. asignándoles penas inferiores. escapa al ámbito de competencia de los jueces. mientras no se vulneren principios constitucionales y la pena sea proporcional al hecho y razonable. reservados a la Rama Legislativa del Poder Público. . de manera específica. no es posible acceder a lo pedido en este proceso por el demandante. estaría distorsionando el sentido del control constitucional. no obstante las circunstancias en que se funda. el del aborto cometido por la mujer que ha concebido en virtud de violación o inseminación artificial no consentida: "La verificación acerca de si una sanción penal es suficiente o no respecto del delito para el cual se contempla encierra la elaboración de un juicio de valor que. bien puede el legislador crear o suprimir figuras delictivas. expresada en reciente providencia a propósito de un caso similar al presente. Calificaría exclusivamente. que es lo propio de la enunciada función. por ese sólo hecho. sigo considerando acertada la jurisprudencia de la Corporación. ecuánime y razonado sobre el alcance de aquélla frente a los postulados y mandatos establecidos en la Constitución. cómplice y permisiva. en preservar la integridad y supremacía constitucionales. introducir clasificaciones entre ellas. establecer modalidades punitivas. asuntos de pura conveniencia. mientras en el cumplimiento de la función legislativa no resulten contrariados los preceptos fundamentales. y sin perjuicio de lo que más adelante se expone sobre los límites de la norma positiva. Corte Constitucional. Al respecto. La norma sería excluida del ordenamiento con base en el cotejo de factores extraños al análisis jurídico. En ese orden de ideas. quien pretende la eliminación de la pena menor. cuyo objeto radica. Si la Corte Constitucional pudiera.
se habría podido favorecer al confesor. así como se hizo consistir la justificación del hecho en el consentimiento del enfermo.. unas ajustadas a la Carta y otras contrarias a ella. y otra muy diferente crear una nueva norma jurídica que deba agregarse obligatoriamente a la declarada exequible. La Corte Constitucional puede dictar sentencias condicionadas o interpretativas. según el análisis de la Corte y de acuerdo con lo dispuesto por ella. advirtiendo que sólo determinada interpretación de la ley se ajusta a la Constitución. la norma impugnada ha debido ser declarada exequible pura y simplemente. que dice: ". no podrá derivarse responsabilidad para el médico autor. Para concluir que estamos frente a una función materialmente legislativa basta observar que. para lo cual. declarando su inexequibilidad.con la advertencia de que en el caso de los enfermos terminales en que concurra la voluntad libre del sujeto pasivo del acto. la disposición objeto de examen es exequible solamente si es entendida y aplicada en su comprensión constitucional. De tal modo que. Pero una cosa es condicionar el fallo. Y en esta oportunidad la Corte ha introducido una causal de justificación del homicidio piadoso -el consentimiento del sujeto pasivo-. al igual que se cobijó con ese trato diferente al médico homicida. bajo tales supuestos excepcionales. el correspondiente fallo identifica los sentidos del precepto que se avienen a los postulados y mandatos constitucionales.. o a quien . a la vez que hace lo propio con el entendimiento contrario a la Constitución.En cambio. con el objeto de evitar la forzosa inexequibilidad de una norma que admite varias interpretaciones. de ninguna manera puedo acoger el condicionamiento plasmado en la parte resolutiva de la Sentencia. A mi modo de ver. en la forma como se aplicó al enfermo terminal se habría podido referir a cualquier enfermo. Esta última tarea corresponde exclusivamente al legislador. bien habría podido plasmarse como tal el asentimiento de su familia. pues la conducta está justificada". y que. y que. Las razones de mi discrepancia se sintetizan así: 1. a un familiar o a un amigo de la persona. o el de una autoridad pública. circunscribiéndola al caso del médico respecto de un enfermo terminal. como ha ocurrido varias veces. declarando su exequibilidad.
Por eso estimo que el camino para adoptar la difícil y problemática decisión de despenalizar en Colombia la eutanasia no era el de un fallo. a no ser que se demostrara como no se demostró. si de ley se trataba.la constitucionalidad de la disposición que la penaliza. o en la votación popular. . iguales o peores a los que sufre aquél? La referencia al enfermo terminal como sujeto pasivo único respecto de cuya muerte se justifica el homicidio piadoso es también arbitraria. es igualmente caprichosa. tal vez no clasificado con esa expresión -tan indefinida y tan vaga-. pero afectado por intensísimos dolores. bajo los supuestos de la Sentencia. me pregunto: -¿Es constitucional que no se sancione al médico en las circunstancias descritas. Como puede verse. pero no lo es que se aplique el mismo trato jurídico al profesional que hace lo propio respecto de una persona que sufre iguales o peores dolencias pero que no puede expresar su voluntad? La referencia al consentimiento. relativo a la exequibilidad de la norma legal que tipificó el delito. Conocedor de que los condicionamientos de las sentencias de constitucionalidad implican que solamente se acomoda a la Carta una disposición si se la entiende en los términos del fallo. Por lo cual.que la concurrencia de las otras variables posibles no acogidas por la Corte serían inconstitucionales como causales de justificación. a ellas no podía sujetarse fatalmente -como se hizo. como única fuente de justificación. que quizá. un familiar cercano-. puede hallarse sicológicamente más afectada al presenciar el sufrimiento del paciente? La referencia al médico como exclusivo beneficiario de la causal de justificación es arbitraria.padeciera determinadas dolencias vergonzantes o una de aquellas que exigen tratamientos muy costosos. por su afecto o proximidad al enfermo. como titular de la función legislativa. en el curso de un referendo. -¿Es constitucional que se contemple la causal de justificación cuando se ocasiona la muerte al enfermo terminal y no lo es cuando se hace lo mismo con otro enfermo. las variables acogidas por la Corte no son las únicas en favor de las cuales podría -en gracia de discusiónalegarse que configuren la justificación de la conducta conocida como eutanasia. sino el de la más amplia discusión pública que hubiera concluido en la deliberación del Congreso. pero lo es que se castigue a otra persona -por ejemplo. -¿Es constitucional que se exonere de responsabilidad al médico que obra por piedad y quita la vida al enfermo terminal que conscientemente le pide que lo haga.
2. que resulta abiertamente contrariado por la decisión de la fecha: "El derecho fundamental a la vida. y el sustrato ontológico de la existencia de los restantes derechos. que.. no solamente se puede hablar de que la Corte modificó el Código Penal.. el más importante. respecto al artículo 11 de la Carta Política. plasmada. es el más valioso de los bienes que se reconoce a todo individuo de la especie humana. se establece una excepción: la de un enfermo terminal y con su consentimiento. como la misma Corte ha sostenido en varias providencias. un médico decida causarle la muerte. (. es base y condición necesaria de todos los demás derechos.) si así lo solicita. a cuyo tenor "el derecho a la vida es inviolable". Acto de una Asamblea Constituyente.. pues era aplicable el artículo 377 de la Carta. según el cual "deberán someterse a referendo las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso cuando se refieran a los derechos reconocidos en el Capítulo I del Título II y a sus garantías (. El derecho a la vida en el ordenamiento jurídico constitucional. para evitar la prolongación de sus dolores. su propia jurisprudencia sobre el derecho a la vida. Se relativizó el derecho fundamental por excelencia. cuya existencia se limita a constatar la Carta Política.) . constituye indudablemente el reconocimiento y la efectividad de un valor esencial como es la vida humana (Preámbulo y artículos 2° y 11). la Corte Constitucional modificó. sino que en realidad. en las sentencias C-133 del 17 de marzo de 1994 y C-013 del 23 de enero de 1997. a mi juicio. entre otras. se reformó la Constitución. tratándose de un derecho fundamental. En efecto. dentro de los seis meses siguientes a la promulgación del Acto Legislativo.. Más todavía. 3. cuando. o decisión del pueblo mediante referendo. Y se modificó la Constitución sin que a la reforma hubiera precedido ninguno de los trámites previstos en su artículo 374: Acto Legislativo proferido por el Congreso. Pero es que. Con esta Sentencia. un cinco por ciento de los ciudadanos que integren el censo electoral". sin señalar motivos. Del primero de esos fallos puede destacarse lo siguiente. no era suficiente siquiera el Acto Legislativo.
como presupuesto necesario de todo derecho. según el texto de la norma. no figuren expresamente en ellos. dentro de los límites del ordenamiento constitucional. Sentencia C133 del 17 de marzo de 1994. Antonio Barrera Carbonell). el Estado tiene la obligación de establecer. proferido apenas hace cuatro meses. M. y dado el carácter fundamental del derecho a la vida. para la defensa de la vida que se inicia con la concepción. goza de una jerarquía superior en cuya virtud prevalece frente a otros derechos. garantizado además con claridad en los pactos internacionales de derechos. en principio.. aparece como el primero y más importante de los derechos fundamentales y tiene. (. El 94. cualquier posibilidad permisiva de actos que estén voluntaria y directamente ordenados a provocar la muerte de seres todavía no nacidos. Se trata. (Cfr. Sala Plena. de tal manera que se impone sobre ellos en situaciones de conflicto insalvable. siendo inherentes a la persona humana. el carácter de inviolable. que prevalecen en el orden interno. 2) La vida humana.En virtud de lo anterior. con ponencia del suscrito. y autoriza al legislador para penalizar los actos destinados a provocar su muerte". sin duda. declara sin rodeos que la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Carta y en los convenios internacionales no debe entenderse como negación de otros -la intangibilidad de la vida del nasciturus. desde el principio y hasta el final de su existencia física.. Corte Constitucional.) "1) La Constitución protege el de la vida como valor y derecho primordial e insustituible. que están libradas al criterio discrecional del legislador.P. por su parte. del cual es titular todo ser humano. El reconocimiento constitucional de la primacía e inviolabilidad de la vida excluye. cabe recalcar las siguientes expresiones. La disposición no establece excepciones respecto de su amparo. por ejemplo. Del segundo fallo.que. totalmente opuestas a las que ahora ha acogido la Corte: "El derecho a la vida. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución. un sistema de protección legal efectivo.: Dr. En . su instrumentación necesariamente debe incluir la adopción de normas penales. de un derecho inalienable de todo ser humano. consagrado en el artículo 11 de la Constitución.
aun autorizado por el sujeto pasivo. se trata de un derecho del cual se es titular por el sólo hecho de existir. tal como lo hace la propia Constitución. si desaparecieran. pues si algo es predicable del derecho a la vida.. Precisamente. A mi juicio. en contraste con los demás derechos. no en la ley. es su carácter de indisponible. El suscrito entiende que no es así. es decir.) 3) Para la Corte. no lo derogarían. Entonces. decidir si continúa o no viviendo. a nadie es lícito. aun sobre la voluntad estatal. es dueño absoluto de su propia existencia y puede. la vida que el Derecho reconoce y que la Constitución protege tiene su principio en el momento mismo de la fecundación y se extiende a lo largo de las distintas etapas de formación del nuevo ser humano dentro del vientre materno.eso consiste la inviolabilidad que expresamente le reconoce el precepto constitucional. (. como si se tratara de cualquier bien. lo . no puedo aceptar la premisa de la cual parte la sentencia: la de que el individuo. que reconocen la inviolabilidad del derecho a la vida. ni tampoco para despojarlo de amparo jurídico. el hecho de estar positivamente librado a la decisión del legislador lo referente a la búsqueda de las más eficientes formas de su protección -como lo destaca esta sentencia. ejecutar actos positivos encaminados conscientemente a suprimir la vida de un ser humano. El sustento de su vigencia está en el Derecho. que. siéndole permitido incluso autorizar a otro para que lo mate. mientras que los demás requieren de la vida del sujeto para tener existencia y viabilidad". disponer de ese sagrado valor. 4. Como la ha enseñado la jurisprudencia. La consagración explícita del derecho a la vida por parte del Constituyente de 1991 y por los tratados y declaraciones internacionales sobre la materia no implica que el valor y prevalencia de aquél estén fincados exclusivamente en la existencia de tales cláusulas. el derecho a la vida está tan íntimamente ligado al ser humano y se erige de tal forma. continúa a partir del nacimiento de la persona y cobija a ésta a lo largo de todo su ciclo vital". por tanto. 4) En criterio de esta Corte. fundado en los anteriores criterios.no significa la potestad legislativa para suprimirlo o ignorarlo.. por razón de su autonomía. que no necesita estar garantizado expresamente en norma positiva para ser jurídicamente exigible.
por razones de seguridad jurídica. regule el tema de la muerte digna". . 5.que resulta bien distinto de abstenerse de llevar a cabo tratamientos o procedimientos médicos o quirúrgicos extraordinarios y heroicos. Recuérdese que su objeto es ilícito por definición: se trata de un homicidio. la delimitación exacta de la situación que configura el motivo justificante agregado a la norma materia de examen. es el consentimiento del sujeto pasivo. que se constituye en supuesto insustituible de la causal de justificación. Además de lo dicho sobre la indisponibilidad de la propia vida. aunque provenga de la víctima. De otro lado. con lo cual se elimina por vía general la tipicidad del mismo en los supuestos contemplados por el fallo. por cuya virtud se prolongue artificialmente la supervivencia de un enfermo desahuciado. y conforme a los principios constitucionales y a elementales consideraciones de humanidad. el otorgado por la víctima del homicidio. Además de recaer sobre un objeto ilícito. en una actitud incoherente. En otros términos. ya que la Corte ha resuelto reemplazar al legislador en su función de establecer las causales que justifican un hecho punible. 6. en mi criterio. entendida como autónoma decisión del ser humano. La sentencia finca la causal de justificación introducida para el delito de homicidio piadoso en el consentimiento del enfermo terminal. de un tipo penal. como en esta ocasión. A mi modo de ver. exenta de coacciones y apremios. Considero que en la providencia objeto de este salvamento no se ha procedido así y que. es altamente discutible la validez que tendría un consentimiento expresado en las circunstancias descritas por la norma legal estudiada y por la sentencia de la Corte: las de "intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave o incurable" en la fase terminal de la vida. especialmente si se trata. se crea una regla que ha debido ser plasmada por el legislador pero simultáneamente se lo exhorta para que "en el tiempo más breve posible. es decir. lo que se espera de éste es. aparece como indispensable definir lo que debe entenderse por enfermedad terminal. tal consentimiento está viciado en su base. el mandato de muerte es en sí mismo contrario a Derecho. Ante todo. carece de un elemento que juzgo esencial para poder aceptarlo: la libertad del sujeto. pues está viciado de nulidad absoluta el supuesto acto de voluntad que la Corte acepta como justificante del hecho punible. El concepto esencial.
incesante de una tortura. A las manifestaciones externas de ella. podrían lograr el efecto de que. actos y circunstancias que son contrarios al interés del confesante. pero tampoco esa hipótesis se puede aceptar. recuperada la conciencia libre y espontánea. Si en el campo probatorio. no se admite la confesión obtenida mediante tortura. el paciente desistiera de su propósito suicida y volviera a expresar su natural apego a la vida. el alcance de un deseo o propósito libre y deliberado de perder la vida. en el momento de hospitalizarse. o de autorizar que otro le cause la muerte. no se les puede dar una credibilidad absoluta. me parece arbitraria la conclusión de que el consentimiento existe en tales casos y. la de que su manifestación en semejantes condiciones validaría el acto del homicidio. consistente en que lo deseado por la persona no es la muerte misma sino el cese de su padecimiento corporal. . que obnubila su intelecto al punto de pedir la muerte. condicionante del acto homicida. a sus palabras. Por ello. cuando el individuo se halla exento de ellos y en la plenitud de sus facultades intelectuales -por ejemplo. si éste -aceptado sólo en gracia de discusión que le fuera lícito darlo. que el consentimiento debe expresarse con antelación a los padecimientos. en cuanto se alejaría de la circunstancia extrema. tan anticipada disposición de la propia existencia. En realidad -pienso-. quitaría fundamento a la causal de justificación en sí misma. provocadas precisamente por su grave circunstancia. así no sea ocasionada por el hombre sino por la naturaleza. en mi criterio. aunque su forma diga lo contrario. Pero. no puede dárseles. Se dirá. o una droga que disminuya o enerve el dolor. incisiva. por otra parte. con mayor razón debe excluirse. pues. merced a la desaparición temporal o definitiva del sufrimiento físico que la condicionaba. aunque pudiera darse lícitamente. inclemente. como válido para justificar el homicidio. o al afiliarse a una persona jurídica que tenga por objeto proteger el derecho a la muerte digna-. de la cual ha partido la sentencia. entonces. particularmente en lo que atañe al Derecho Penal. sino especialmente por cuanto implica la negación de la libre y espontánea voluntad de reconocer hechos.Un individuo afectado por horribles padecimientos en la hipótesis que presenta la norma no es en realidad dueño consciente de su voluntad. descartando inclusive la opción más probable. no solamente por cuanto ésta representa flagrante violación del derecho fundamental a conservar la integridad personal.lo otorga bajo la presión insoportable. Quizá un paliativo. tratándose de un acto que compromete lo más íntimo de la conciencia del sujeto. el "consentimiento" del sujeto pasivo. pronunciadas bajo la presión del dolor. no podría entenderse irreversible e irrevocable. peor aún.
ut supra. para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. ese niño debe seguir viviendo pese a su excesivo dolor. entendida como conducta positivamente encaminada a producir la muerte de la persona. sus hermanos. mantiene la decisión plasmada en el contrato de muerte? 7. en ninguna de sus hipótesis. sus tutores. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Fecha. todavía más conmovedor y apremiante. . el suscrito magistrado se pregunta si la indicada causal es aplicable a la situación de un menor. Si es un niño que ni siquiera puede expresarse dada su tierna edad. por tanto. Como no se hace ninguna distinción. Respecto de ella. ¿Y qué decir del consentimiento de un demente? 8. no tiene posibilidades reales de salvarse. la vida de quien ya. frente a la ciencia.menos si de la vida se trata. cualquier particular que presencie los terribles dolores que padece? ¿Tales personas podrían erigirse en propietarias de su vida? Y. estimo que nadie está obligado a prolongar artificialmente. pero cuya edad lo ubica en estado de incapacidad absoluta o relativa desde el punto de vista civil. y menos todavía en la del consentimiento del sujeto pasivo de ella. no habría motivo plausible para suponer que. no prevista en la norma bajo examen. una vez caído en ellos y hallándose imposibilitado para expresar de nuevo su consentimiento. Para concluir. sí goza de plena aptitud para disponer de su propia vida. ¿quién podría consentir en su muerte provocada? ¿Sus padres. por días o semanas. Situación distinta se tiene en la llamada distanasia. no puedo admitir la eutanasia. en el caso del niño que puede hablar y aun escribir. ¿Y quién puede asegurarnos que el paciente cuya lucidez era plena cuando otorgó licencia para provocar su muerte en caso de dolores graves. en cambio. La Corte admite como causal justificativa del homicidio. el director del hospital. ¿por qué discriminarlo respecto del paciente capaz de manifestar su consentimiento? Ahora bien. la expresión del consentimiento de la víctima. si se concluye que nadie puede dar ese consentimiento y que.
con uno de .Salvamento de voto a la Sentencia C-239/97 Referencia: Expediente D-1490 El suscrito Magistrado salva su voto en el proceso de la referencia. como digo. ya que son muy contados los países en el mundo -tal vez dos o tresque se han atrevido a dar este paso. y que no se limita tan sólo al estricto campo del derecho positivo. Es de anotar que ni aún los países más avanzados y liberales del mundo han logrado ponerse de acuerdo sobre la conveniencia de legalizar esta forma de homicidio. como que compromete la vida misma de las personas. y Australia han legalizado la eutanasia. que yo sepa tan sólo Holanda. Y lo ha hecho. sino por la legislativa. Más aún. Y es que. en un acto que me atrevo a calificar de insólito. de entrada.es un tema no simplemente jurídico sino que tiene profundas e insoslayables implicaciones en los campos ético y moral. excepciones a la norma -artículo 326 del Código Penal. tras prolongados debates y discusiones a nivel de los distintos estamentos sociales. que al más sagrado y fundamental de los derechos naturales del hombre: el derecho a la vida. la Corte ha entrado a legislar. Considero. como lo expresé en el curso del debate. por ende. un tema tan complejo y de tanta trascendencia. el Estado de Oregon en los Estados Unidos. esto es. con las motivaciones que lo sustentan. sino de un largo y minucioso examen que comprenda toda la problemática que él encierra. ni más ni menos. al consagrar. No deja de resultar paradójico que sea Colombia. por estar en desacuerdo con el condicionamiento introducido en la parte resolutoria de la Sentencia y. ha adoptado una decisión que evidentemente es del resorte de legislador. -que es la adecuada-. a mi juicio. tengo entendido que Australia derogó posteriormente esa medida. no puede ser objeto de decisiones precipitadas. que a través de esta Sentencia se ha legalizado en Colombia una de las modalidades de eutanasia. a través de ese condicionamiento. y no lo han dado por la vía jurisprudencial. de manera ligera. como que compromete. pese a haber compartido la decisión adoptada por la Sala Plena de declarar exequible el artículo 326 del Código Penal. En efecto. aunque.que sanciona la eutanasia. Es decir. Las razones que me mueven a apartarme de dicho condicionamiento son fundamentalmente de orden jurídico. que con el condicionamieno aprobado por la mayoría a una norma legal que se declara exequible. y ello. el tema sobre el cual éste giró -el de la eutanasia. bajo severos condicionamientos.
-En frente de este comportamiento aparece otro que consiste en todo lo contrario: la distanasia. y aunque esto signifique causar dolores y padecimientos a una persona cuya muerte de todas maneras es inminente. bien sea mediante un comportamiento activo o mediante la omisión de los cuidados y atenciones debidos. en sus diversas modalidades. entre los países del mundo. toda vez que implica el que una persona le cause intencionalmente la muerte a otra. Por los fines que persigue se le llama también homicidio piadoso u homicidio por piedad. si despliega una actividad adecuada dirigida directamente a causar la muerte.1. negativa o por omisión. si la muerte se causa omitiendo el prestar a la persona los medios necesarios para mantener la vida. Antes de entrar al análisis propiamente jurídico del asunto. . Por otra parte. entendiendo por agonía el proceso que conduce a la muerte a plazo corto. ya que la muerte se busca como un medio para evitar a la persona dolores insoportables.los más altos índices de homicidio. considero. caso el primero. es justamente el que coincide con la descripción de la conducta a la que se refiere el artículo 326 del Código Penal. De esta manera. 1. la distanasia es la prolongación artificial de la agonía de un moribundo. deformaciones físicas. a mi juicio. la que atreva a dar este paso.2. En otras palabras. Según los medios que utilice el agente. o "pasiva". Es la actividad llevada a cabo para causar la muerte a un ser humano a fin de evitarle sufrimientos. así sean estos proporcionados o no. incurre la Sentencia de la cual me aparto. 1. la eutanasia es siempre un tipo de homicidio. -El significado actual de la expresión "eutanasia". 1. utilizando para ello todos los medios ordinarios o extraordinarios al alcance. entendida como el retrasar la muerte todo lo posible. -Necesarias precisiones terminológicas Para hablar de la eutanasia se hace imprescindible perfilar de manera inequívoca la acción que la constituye y diferenciarla de otros comportamientos con los que se suele confundir. necesario hacer algunas precisiones terminológicas para no incurrir en confusiones como en las que. la eutanasia puede ser "activa". la eutanasia puede ser consentida o no por quien la padece. o en general cualquier condición personal que mueva a la compasión. una ancianidad muy penosa. que también es llamado por algunos "suicidio asistido".
aunque ésta no sea inminente. aunque sea por piedad. 1. porque atenta contra la dignidad de aquel a quien se le practica. ineludiblemente. Aunque el lindero entre la conducta que consiste en evitar una acción distanásica y la que consiste en practicar la eutanasia puede aparecer en ciertos casos difícil de precisar. utilizados para evitar o distanciar el advenimiento de la muerte. en la conducta eutanásica hay intención de matar. no lo es en cambio en el terreno conceptual. Por ello. existe de todos modos una diferencia substancial que radica en la intencionalidad del agente: en efecto. que se da en el marco de la agonía. Si bien la anterior diferenciación pueda resultar difícil "probatoriamente hablando". evitar la distanasia es un deber social que debe ser cumplido en salvaguardia de los derechos fundamentales del moribundo. Siendo la muerte un hecho natural con el cual culmina necesariamente toda vida humana. En efecto.inminente e inevitable. dilatarlo a toda costa y por cualquier medio. e incluso contra su integridad personal en ciertos casos. -Resulta imprescindible referirse además a otra conducta que asume el hombre frente a los casos de enfermos incurables que padecen agobiantes sufrimientos y dolores: esta otra conducta es la que ha sido llamada "medicina paliativa". es claramente diferenciable la eutanasia. la diferencia es clara y radica en la diversa intencionalidad del agente: homicida en la eutanasia. Tampoco aquí. La distanasia es también conocida bajo la denominación de "ensañamiento u obstinación terapéutica". en donde. La medicina paliativa es una forma de atender a los enfermos desahuciados. es ésta la clave del asunto. -De igual manera. en este caso también se echa de menos la intención directamente homicida traducida en una conducta activa o pasivamente dirigida a causar la muerte. como se dijo. aún a costa del sufrimiento de quien va morir. y en la conducta evitativa de la distanasia no existe tal intención. como sí lo es en el evento de la distanasia. La medicina paliativa reconoce que el enfermo es incurable y dedica toda su atención a aliviar sus padecimientos mediante el empleo de los recursos científicos y técnicos propios de . que igualmente se opone a la eutanasia y a la distanasia.3. la muerte ajena es buscada. 1.4. como en la conducta evitativa de la distanasia. de la conducta que consiste en decidir que no se recurrirá a medios extraordinarios o desproporcionados frente las posibilidades de sobrevivencia humanas. no homicida en el caso contrario. constituye una acción reprochable.
Se diferencia de la eutanasia en la ausencia de esta acción directa y en la intencionalidad de quien la aplica. señala como el primero de los propósitos del Estado colombiano el de asegurar la vida a todos los integrantes de la Nación. Es asunto tan obvio. pues. pues. y a ellas corresponden graduaciones en las penas. señala como primera obligación de las autoridades de la República la de proteger el derecho de la vida de todas las personas residentes en Colombia. más que un derecho es un hecho inexorable. -Ilegitimidad jurídica de la conducta eutanásica. Naturalmente existen modalidades de homicidio intencional. la muerte. lo cual nos lleva a analizar si la vida humana puede ser un derecho renunciable. Se dirá entonces que el pretendido derecho a la muerte consiste en el derecho a renunciar a estar vivo. . o resulta anticiparse. sino tan sólo el alivio del enfermo. tajantemente proclama: "El derecho a la vida es inviolable". lo cual es un contrasentido. el primero de los derechos fundamentales del cual es titular toda persona. No se puede ejercer simultáneamente el derecho a la vida y el supuesto derecho a la muerte. y el artículo 11. esto es. no constituye un bien jurídico disponible. no puede hablarse. Este derecho es. con propiedad de "un derecho a la muerte". Es obvio que el final natural de la vida es la muerte y que ésta. cuando sobreviene aquella no se es más sujeto de derechos. quienes emplean este tipo de medicina no se proponen este efecto. su Preámbulo.la ciencia médica. Si ésta se presenta. sin causarle mediante una acción directamente occisiva. por quien suministra los paliativos. Por ello. el supuesto "sine qua non" del ejercicio de todos los demás. el causar intencionalmente la muerte a otro ha sido siempre una conducta punible. que nadie pone en duda que el disponer de la vida ajena constituye la más palmaria violación de derechos que pueda darse. el artículo 2º. La medicina paliativa constituye una actitud humanitaria que responde a la dignidad del enfermo. Si bien en ocasiones el empleo de estos recursos conlleva. En efecto. como efecto necesario no querido. sin buscar para ello la muerte. Siendo la opción de la muerte necesariamente posterior a la de la vida. El derecho a la vida es. ello no es querido por el agente. Así lo reconoce la Constitución Política colombiana. que se reduce a tratar de aliviar el dolor. Puede colegirse de ahí que la vida. ese sí un derecho. y lo sigue siendo en todas las legislaciones contemporáneas. porque tal proposición resulta contradictoria y aun absurda. como se desprende de la Sentencia. 2. reitero. el acortar la vida del paciente. A juicio del suscrito.
P. -La vida es un derecho irrenunciable. algunos de cuyos apartes me permito transcribir a continuación: "…Lo anterior significa que los derechos fundamentales. por lo que están por encima de él. Fabio Morón Díaz). desde la Declaración de Derechos del Pueblo de Virginia en 1776 hasta hoy. De allí que se pueda afirmar que tales derechos son inherentes al ser humano: es decir.Los derechos humanos fundamentales que consagra la Constitución Política de 1991 son los que pertenecen a toda persona en razón a su dignidad humana. le ha dado el carácter de derecho irrenunciable. Además. los que posee desde le mismo momento de su existencia -aún de su concepción . Dr.P. "Todo derecho humano es un bien sobre cuyo dominio no puede caer ni la renuncia ni la transferencia". lo cual los hace irrenunciables. ". (Sentencia T256 de 1996. Por ello no sería coherente que un Estado que se funda en igualdad y en dignidad humanas permitiese que una persona se desligara de un bien que razonablemente es irrenunciable e imprescriptible. tal como se plasma en varias Sentencias. M. es unánime en señalar como patrimonio objetivo de la humanidad la intangibilidad del núcleo esencial de los derechos inherentes a la persona. Como suponer que una persona puede aceptar un convenio contrario a su dignidad o a su derecho a la igualdad.Proteger la salud del hombre es proteger su vida. M. (…) "La tradición de los derechos humanos. y que esta decisión suya fuera tolerada por el Estado. M.y son anteriores a la misma existencia del Estado. como. Alejandro Martínez Caballero). Fuerza concluir entonces. como el primero de los derechos fundamentales. al ser inherentes a la persona. ha sido constante y coherente en la defensa celosa del derecho a la vida.2. a lo largo de toda su existencia de más de cinco años. lo tienen todos los derechos fundamentales. son necesarios y no contingentes. en principio. reconociéndolo siempre.P. ". (Sentencia T-374 de 1993. Vladimiro Naranjo Mesa).1. Tan absurdo resulta imaginar que un hombre aceptara el ser reducido a la condición de esclavo. La jurisprudencia de la Corte Constitucional. como lo ha venido . que es derecho constitucional fundamental inalienable" (Subrayado fuera de texto) (T-613 de 1992.
José Gregorio Hernández Galindo).P. sí un cambio radical de postura de los magistrados que suscribieron en su momento estos fallos." (Sent. M. Vladirmiro Naranjo Mesa).sosteniendo ésta Corte que el carácter fundamental de un derecho no depende de su ubicación dentro de un texto constitucional sino que son fundamentales aquellos derechos inherentes a la persona humana. La fundamentalidad de un derecho no depende sólo de la naturaleza del derecho. o que la vida es un bien jurídico disponible. Vladimiro Naranjo Mesa). antes reconocían que los derechos fundamentales eran irrenunciables. (Sentencia T-571 de 1992 M. y en el presente fallo. irrenunciable.P. M. la respuesta debe apuntar a la conexidad del trabajo con la dignidad de la persona humana y con el libre desarrollo de la personalidad. En efecto." (Sent. De esta manera. la decisión de la cual me aparto constituye si no un cambio de jurisprudencia. constitucionalmente. la cual en lo referente a la pensión de invalidez. que refrenda el contenido del artículo 48 ibídem." (Sent.P. constituye un patrimonio inalienable del incapacitado. M. "Cuando surge la pregunta de por qué son irrenunciables ciertos beneficios mínimos establecidos por las leyes laborales. "La actora tenia derecho a ser afiliada forzosamente al régimen del seguro social y ese derecho es. los contratantes no pueden comprometerse a la forzada renuncia del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia. la intimidad y la libertad son derechos fundamentales dado su carácter inalienable" (Subrayado fuera de texto). … "Pues carece de licitud todo pacto contra la ley. "La normatividad constitucional garantiza pues el derecho irrenunciable a la seguridad social. T-341 de 1994. al entender que existe un derecho a la muerte. C-556 de 1995. implícitamente . la dignidad. sino que se deben considerar las circunstancias particulares del caso. en el que expresamente se garantiza "…a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social (inciso segundo).P. C-023 de 1994 M. T-544 de 1995. La vida. Carlos Gaviria Díaz)." (Sent. según los principios establecidos en el artículo 53 de la Carta ("…irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales…"). Jaime Sanin Greiffeinstein).P.
ni su configuración corporal. por cuanto no necesita demostración el hecho palmario de que el hombre no determina su propia concepción. desconoce una evidencia. ¿Si es posible que yo renuncie a mi vida para optar por la muerte. ni su condición de mortal. pone en peligro evidente todo el orden jurídico de la sociedad. como corolario. ya que. ¿por qué no? susceptible de ser desconocido por quienes ostentan el poder público. La vida misma. entonces ¿porqué no admitir la renunciabilidad de todos estos?. y aceptar la esclavitud?. nos evidencia que el hombre no domina su propia vida ontológica.. A mi juicio. Si es posible renunciar al más fundamental de todos los derechos. ni su crecimiento. no es dominada por el hombre. así en contradicción con lo sostenido reiteradamente por la jurisprudencia de esta Corte en el sentido de que no hay ni puede haber derechos o libertades absolutos. ni su desarrollo biológico. la igualdad. La muerte inexorablemente llega a todo ser humano sin que pueda ser definitivamente evitada por él. el derecho al libre desarrollo de la personalidad. renunciable. La libertad comporta para el hombre la facultad de autodeterminarse conforme a sus fines naturales. mediante el uso de la razón y de la voluntad. esto es. -El libre desarrollo de la personalidad no es un derecho absoluto. y posteriormente. de la cual igualmente me aparté. Pero lo que determina el hombre es su propia conducta. en su concepción ontológica. por ejemplo. entonces porqué no puedo renunciar a mi derecho a la libertad. El del libre desarrollo de la personalidad esta muy lejos de ser una excepción. a aquél que es presupuesto ontológico del ejercicio de todos los demás. Quien no acepte esto. la dignidad etc. Esto. todo derecho sería enajenable. Este cambio de postura conlleva un desconocimiento de la naturaleza humana.aceptan que es posible renunciar a la vida propia. entrando. una vez más. consintiendo en la propia eliminación. sino tan sólo lo que los clásicos llamaron el dominio útil de la misma. 3. En la Sentencia se invoca como una causal justificativa de la eutanasia que se autoriza. en cuanto el mismo ser del viviente. se ha incurrido en el grave error de considerar ese derecho como un derecho absoluto. Por ello no es posible . tan obvio. Admitir que la vida es un bien jurídico disponible a voluntad. Es evidente entonces que el hombre no tiene el dominio absoluto de su vida. incluidos la libertad. como sucedió en la sentencia que despenalizó el consumo de droga en dosis personal.
entendido como único camino para preservar el derecho al libre desarrollo de la personalidad. se llegó a admitir. lo que conduce a pensar que la Constitución y la ley no pueden asumir la moral de un grupo o de una parte de la sociedad. la eutanasia es una figura jurídicamente tolerable. Savigny manifiesta que la fuente del derecho y de la moral es la convicción jurídica del pueblo. una intuición emocional de lo que debe ser la regulación de la convivencia humana.invocar el derecho al libre desarrollo de la personalidad para disponer de la propia vida. Hart. Sobre este fundamento. En efecto. (Sentencia C-224 de 1994.P. Kelsen. La Escuela francesa de la exégesis. que pretende mostrarse como el argumento de la "tolerancia" o la imparcialidad. la nueva Constitución que nos rige propone un modelo en virtud del cual no resulta legitimo imponer una concepción especifica de la moral. propone una teoría pura del derecho positivo alejada de todo valor moral. sostiene que el derecho está fundado en una justificación moral. el derecho y la moral recaen sobre un mismo objeto. No obstante tal variedad de concepciones. que como cada cual tiene derecho a disponer de su propia vida en uso de su libertad y autonomía individual. pues cada persona en este terreno tiene derecho a conducir su vida según sus propias decisiones. Al respecto ha dicho esta Corporación: "La moral y el derecho son sistemas de normas cuyo destino es la regulación de la conducta del hombre. Echando una mirada retrospectiva a lo que la filosofía del derecho ha estudiado en torno de las relaciones entre la moral y el derecho. a su turno. en el fallo del que me aparto. 4. podemos apreciar cuan disímiles han sido las distintas respuestas. pero no contrario a los postulados éticos. . el interés jurídicamente protegido con las normas no puede ser la honestidad ni la moral. Aquí radica la similitud entre los dos". niega la validez moral en el terreno jurídico. esto es. y hacerlo significa ir en contra de la propia naturaleza humana. M. para Kant el derecho es independiente de la moral. Según los propulsores de esta peculiar interpretación de la Constitución de 1991. en su visión positivista. Evidentemente existen muchas visiones éticas (una de las cuales es justamente a la que me he referido). para citar algunos ejemplos. -Fundamento ético de los postulados jurídicos De conformidad con cierto criterio que trata de abrirse espacio en la jurisprudencia de esta Corporación. bajo la condición de que sea consentida por quien la padece. Jorge Arango Mejía).
Nuestra propia Constitución. "Se dijo que "moral cristiana" refiriéndose a la religión de la mayoría de la población como en Turquía debido decirse "la moral islámica". contenida en el art. norma que en esa ocasión fue declarada exequible. por su parte. Pera cada pueblo en un momento histórico. . la expresión "moral cristiana" designa la moral social. tiene una moral positiva. determinado por las circunstancias sociales. la moral que prevalecía y prevalece aún en la sociedad colombiana.. La ley se limitó a reconocer un hecho social…" Cabe recordar que la Sentencia que vengo comentando declaró EXEQUIBLE el artículo 13 de la ley 153 de 1887. entendiéndose que la expresión "moral cristiana" significa "moral general" o "moral social". como lo destaca el mismo fallo antes citado: "Además la Constitución se refiere a la moral social en su artículo 34. en el 2029. la manifestación de una moral universal e inmutable en su propia circunstancia. lo individual es la valoración que cada uno hace de sus actos en relación con la moral social. pues. 13 de la ley 153 de 1887. y consagra la moralidad como uno de los principios fundamentales de la función administrativa. "En resumen: hay siempre una moral social. que incluye todos los hombres y que constituye el mínimo indispensable para todos". genérica. En síntesis: no es posible negar la relación entre la moral y el derecho. para deducir consecuencias sobre la validez de un acto jurídico. económicas y culturales. se refiere a la moral. la moral no es individual. analizando concretamente la expresión "moral cristiana". Entendida así. es decir ." Y más adelante en el mismo fallo se dice: "Hay. Y menos desconocer que las normas jurídicas en algunos casos tienen en cuenta la moral vigente. "una moral común. es decir. que es la que prevalece en cada pueblo en su propia circunstancia. Ese mismo fallo. manifestó: "En primer lugar.
para poner fina a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable…". impedida para quitarse la vida. sin distinguir en el hecho de que la conducta se realice por iniciativa del sujeto activo o por solicitud de la víctima. 5. le solicita a otro. libremente aceptado y que no lesiona la libertad de los demás. no podían se tomados en cuenta sin desmedro del principio democrático y desconociendo la propia Constitución. pregona que es licito todo lo libremente querido. la . sino como un dominio útil. como expresiones de la libertad individual. que por ser manifiestamente contrarias a los postulados éticos generales. dentro de las cuales no se contempla su propia destrucción. Se toma pie en concepciones absolutas de la libertad del hombre y en apreciaciones sobre la naturaleza de la vida humana. el delito de homicidio por piedad ocurre frente a dos situaciones específicas: la primera. No se tomó en cuenta este mínimo ético que debe sustentar los postulados jurídicos. Esto último no se constituye en elemento del tipo penal en discusión. Solo el concepto absoluto de la libertad propio del modelo filosófico liberal individualista. -Alcances del tipo penal del homicidio por piedad. Esta concepción permite decidir sobre el momento de la muerte y sobre el suicidio (la eutanasia consentida no es otra cosa que un verdadero suicidio asistido). sin duda. generalmente un allegado -familiar o amigo-. debe entenderse que la norma cobija las dos hipótesis. Así entonces. es el propósito homicida consideraciones altruistas y de conmiseración-. en aquellos casos en que la víctima.El fallo del cual ahora discrepo fue adoptado. bien porque sus condiciones físicas no se lo permiten o bien por temor. y el dominio humanos sobre la propia vida no es mirado como un dominio absoluto. como anteriormente se explicó. Finalmente. En efecto. y no la circunstancia de quien haya concebido la realización de la conducta punible. Obsérvese que lo que da lugar al delito en su modalidad de homicidio atenuado. la concepción personalista cristiana de la vida y de la libertad proclaman que el hombre no es absolutamente libre. con fundamento en postulados éticos que se apartan de la "moral social" o la "moral general" del pueblo colombiano. retomado ahora por los neoliberales. cuando el artículo 326 del Código Penal señala: "El que matare a otro por piedad. que le quite la vida. toda vez que la libertad humana debe ser entendida como la facultad de autodeterminación conforme con las finalidades naturales del hombre.
y para concluir. si dentro del aspecto negativo de la antijuridicidad. le pide a otro. que se trate de un derecho susceptible de disposición (Alfonso Reyes Echandía. no es un derecho de libre disposición personal. también es cierto que para que pueda aceptarse como tal es necesario que se cumplan ciertos requisitos. no corresponde al que. generalmente un allegado o su más amigo. M. entre otros. el consentimiento que sobre él pueda dar el derechohabiente -enfermo grave e incurable-. La Corte Suprema de Justicia. contrario a lo sostenido en las motivaciones de la Sentencia de la que me aparto. Por eso se ha llamado piadoso a este homicidio y "eutanasia" a la muerte lograda mediante un procedimiento benigno que libre al paciente de insufribles dolores. es decir. resulta ineficaz para generar una causal excluyente de antijuricidad a favor de quien realiza la conducta punible. móviles que también deben llevar al sujeto activo a la realización de la conducta.segunda. Así entonces. a mi juicio. Por ello. ." (C. Sala de Casación Penal.J. no sólo la conducta de quien actúa por su propia iniciativa sino también la de aquel que por solicitud de la víctima agota el tipo penal. Ricardo Jordán Jiménez) (negrillas fuera de texto). cuando se acogieron. motivado por los intensos sufrimientos que le aquejan. cede ante su propuesta de quitarle la vida. El derecho a la vida. que lo haga por él.S. debe entenderse comprendida en el delito de "homicidio por piedad". como se ha manifestado a lo largo de este salvamento y como se deduce de las normas constitucionales y legales que lo consagran. frente al homicidio por piedad. Entre ellos podemos mencionar a manera de ejemplo. fue aprobado por seis votos en la Sala Plena del día 20 de mayo de 1997. no ha dejado de sorprenderme que el texto final de la parte resolutiva de la Sentencia. la doctrina reconoce el "consentimiento del sujeto pasivo" como causal extrapenal de justificación. por iniciativa del tercero. Sentencia del 27 de julio de 1955. cuando la víctima. Derecho Penal General. Ahora bien.P. o bien por cobardía física. que no represente inmediata utilidad social y sobre los cuales el Estado permita el libre goce para el beneficio exclusivo del particular. los derechos patrimoniales y la libertad sexual. Undécima Edición). o se limite a consentir en la que ese otro le propone en vista de su estado de desesperación o de una enfermedad penosa o incurable. Por lo demás. al referirse a las circunstancias que dan lugar al delito de homicidio piadoso señaló: "Basta el simple enunciado para que la mente se entere de cómo ocurre el delito de quien imposibilitado para suprimirse la vida por sí mismo.
11 de junio de 1997 VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado Salvamento de voto a la Sentencia C-239/97 Referencia: Expediente D-1490 Demanda de inconstitucionalidad del artículo 326 del Decreto 100 de 1980 -Código PenalDemandante: José Euripides Parra Parra Magistrado Ponente: Dr.. que ésta era la parte resolutiva que se había aprobado. el fallo del cual me separo en la parte mencionada. la Secretaria general de la Corporación corroboró. once (11) de junio de mil novecientos noventa y siete (1997). por solicitud escrita del magistrado Cifuentes. excede en forma ostensible. Como me permití expresarlo en la correspondiente sesión de la Sala Plena en que se debatió y adoptó la decisión por mayoría de los Magistrados de la Corporación.C. aunque sea con la concurrencia de la voluntad libre del sujeto pasivo del acto. en el caso de un enfermo terminal. D. como consta en el Acta correspondiente de la Sesión del día 5 de junio de 1997. quien propuso que en la parte resolutiva se pusiera el siguiente condicionamiento: "Salvo en el caso del enfermo terminal cuando manifiesta su consentimiento en los expresos términos y bajo las estrictas condiciones señalados en la parte motiva de esta Sentencia". igualmente por escrito. que.por parte de cuatro de los seis magistrados de la mayoría los planteamientos hechos por el h. al eliminarse la responsabilidad penal que debe tener el médico que ejecuta la muerte de una persona.C. extralimitando el control constitucional que tiene la Corte en el examen y decisión . CARLOS GAVIRIA DIAZ Santa Fe de Bogotá. Es de anotar. Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.. D. El suscrito Magistrado formuló salvamento de voto con respecto a la sentencia de la referencia por estar totalmente en desacuerdo con el condicionamiento que en ella se hace. Santafé de Bogotá.
causales de justificación de un hecho punible. aún con su voluntad. Más bien. a quien mata a otro por piedad. so pretexto de dicho estudio. sin que le fuese dado. al no vulnerar el precepto demandado ningún principio de orden constitucional. es decir. al crear sin competencia constitucional alguna. sino que además fue más allá que el mismo constituyente quien consagró el derecho a la vida como "inviolable" aún con la voluntad de su dueño. se declaró exequible en la sentencia de la referencia. Empero. como lo es el de exonerar penalmente. mediante la aplicación de medios terapéuticos . el fallo desconoce en forma flagrante sagrados derechos constitucionales de carácter fundamental. eximir de responsabilidad penal alguna al médico autor del homicidio que pone fin a una vida digna. con lo cual no solamente se asumió la función del Congreso de la República a quien corresponde crear las causales eximentes de responsabilidad penal. ha prestado su consentimiento para que se le ponga fin a su vida en el caso de un enfermo terminal. razón por la cual. tanto en la parte motiva como en la resolutiva. en el caso de los enfermos terminales. con el condicionamiento aludido a que hace referencia la parte resolutiva. de manera que la Corte debió limitarse simplemente a analizar si la norma se encontraba ajustada a la Constitución para los efectos de decidir sobre su exequibilidad o inexequibilidad. basado en el sistemático pretexto de que nos encontramos frente a una Constitución Pluralista inspirada en el principio de la dignidad humana (artículo 1º de la Constitución Política) y del absoluto y libre desarrollo de la personalidad (artículo 16 de la Constitución Política). cuando medie "la voluntad libre del sujeto pasivo del acto". sujeto pasivo del acto. es permitir sin ceñirse a la Carta Magna. "para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave o incurable". por el hecho de que la persona. la muerte de otro. La norma bajo examen estableció como pena atenuante del homicidio. Ello es propio de la función legislativa. lo que resulta contrario a la dignidad humana y al derecho a la vida que fue concebido por los constituyentes de 1991 como inviolable. que se provoque por un médico o cualquier persona. en decisión que solamente en este aspecto comparto. al que ejecuta el acto de la muerte por piedad. con sanción de prisión de seis meses a tres años.acerca de la exequibilidad de la norma demandada. por las razones esgrimidas en la misma. para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave o incurable. circunstancia esta que justifica plenamente la consagración de una pena inferior al homicidio simple establecido en la Legislación Penal Colombiana.
A lo anterior cabe agregar que como existe en la mayoría de los países del mundo. con cuyo criterio ha quedado menoscabado el derecho a la recuperación de su salud y a la vida inviolable. pues antes de la aplicación por adopción de métodos encaminados a salvar la vida. asegurando al paciente una compañía ajustada a los parámetros humanitarios. la acción u omisión con el propósito de poner fin a los sufrimientos derivados de una enfermedad terminal y cuyo reconocimiento ha quedado patentizado en la sentencia de la cual me separo. y otra distinta es otorgar el derecho a matar para poner fin a la vida por piedad. ni ha autorizado la Eutanasia activa. el artículo 2º ibídem señala como fundamento jurídico de las autoridades de la República. Del mismo modo.que la procuran y aligeran de modo anticipado. Mal precedente este. en su vida. Comenzando por el mismo Preámbulo de la Constitución. . que en ningún momento ha dado vigencia. se autoriza precipitar la muerte como si aquella no tuviera el valor que le asignan los preceptos consagrados en la Carta Magna. la protección a todas las personas residentes en Colombia. procurando la muerte de modo anticipado. lo que es contrario al texto y espíritu de los preceptos constitucionales anteriormente mencionados. protección y "recuperación de la salud". el artículo 11 de la Carta Política determinó que "El derecho a la vida es inviolable". es decir. establecidos en la Constitución. Por ello. aún con el consentimiento del sujeto pasivo del acto. de manera moral y jurídicamente inaceptable. que ante el destino inexorable de la muerte padecen de una enfermedad terminal. una cosa es la utilización de diversos tipos de analgésicos y sedantes con la intención de aliviar el dolor del enfermo y mitigar hasta el máximo los sufrimientos que padece. en la medicina moderna han tenido auge primordial los cuidados paliativos encaminados a rescatar la vida antes que anticipar la muerte de los enfermos terminales y a buscar los métodos adecuados para hacer más soportable el sufrimiento en la culminación de la misma enfermedad. estableció como una garantía de todas las personas el acceso a los servicios de promoción. frente al creciente número de personas ancianas y debilitadas. creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. el artículo 49 constitucional. fue propósito del constituyente diseñar un marco jurídico que tuviera como finalidad "asegurar a sus integrantes la vida". De la misma manera. al consagrar el derecho a la salud. honra y bienes. Así mismo.
consagrando para esto la más reprobable impunidad. las cuales sancionan penalmente el acto de matar con el fin de eliminar los padecimientos que sufre el sujeto pasivo del acto. por fortuna. que lejos de admitir la consagración de la Eutanasia activa para ocasionar la muerte de un enfermo terminal ante el discutible consentimiento espontáneo de éste. De ahí que la sentencia en referencia. o sea cuando la muerte es inevitable y resulta inminente.Más aún. . la práctica de la medicina contemporánea ha salvado muchas vidas ante enfermedades aparentemente terminales que antes no tenían solución o han eliminado los dolores intensos provenientes de las mismas. que se consagra en la providencia -propia de la función legislativa y no de la Cortedepende de la concurrencia de la "voluntad libre del sujeto pasivo del acto". desconoce abiertamente los preceptos constitucionales citados en este salvamento. la vida ya es prácticamente artificial porque incluso la persona ha perdido los signos vitales. aunque la sentencia de la cual me he separado advierte que la causal justificativa del hecho punible eximente de responsabilidad penal del autor. el dolor. consolidó el derecho a la vida como inviolable. la soledad y desesperación en que se encuentra. en aquellos casos en que dentro de una enfermedad terminal. con la angustia. cabe preguntar hasta que punto es espontáneo el consentimiento de un enfermo terminal que frente a los intensos sufrimientos provenientes de su enfermedad. Desde luego que como el suscrito lo expuso en forma amplia en la correspondiente sesión en que se discutió y decidió el proceso de la referencia. al igual que la mayoría de las legislaciones del mundo. prolongando la existencia de personas con derecho a seguir viviendo plenamente. evitando la muerte de aquellas. lo que no equivale obviamente al reconocimiento de la Eutanasia que se consagra en el fallo en referencia. a través de sistemas y aparatos sofisticados. conocida como la distanacia. De otro lado. es posible la renuncia por parte de los familiares de aquellos tratamientos que solamente conducirían a mantener una existencia penosa y precaria. cuando es bien sabido que en numerosas circunstancias. permite que se le cause la muerte por piedad?. Situaciones como estas. reflejan un marcado y evidente "vicio del consentimiento" que no puede dar lugar jurídicamente a la validez del acto de MATAR PARA ELIMINAR LA RESPONSABILIDAD PENAL de quien lo EJECUTA.
en su lugar. En otras palabras. Magistrado Ponente: Dr. Tampoco. propuse una fórmula sustitutiva distinta de la contenida en la ponencia original. la propuesta contenida en la ponencia original fue desechada y. son congruentes con la decisión adoptada por la Sala Plena. Creo que estos argumentos fueron los que expresé y que. constituye un crimen contrario a la dignidad de la persona humana y la prevalencia de una equivocada concepción del libre desarrollo de la personalidad que en la Carta fundamental nunca se consagró como un derecho absoluto. sino limitado por los derechos de los demás y el orden jurídico (artículo 16 de la Constitución Política de 1991). Con todo respeto procedo a aclarar mi voto.En mi concepto la Eutanasia aplicada a un enfermo terminal con su frágil y débil consentimiento. CARLOS GAVIRIA DIAZ 1. HERNANDO HERRERA VERGARA MAGISTRADO Fecha Ut Supra Aclaración Especial de voto a la Sentencia C-239/97 Referencia: Expediente D-1490 Actor: José Euripides Parra Parra Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 326 del Decreto 100 de 1980 .Código Penal -. fueron los que más eco tuvieron en la sesión. lejos de ser refutados por ninguno de los presentes. hasta el punto de que sobre esa base. afecta el derecho humanitario universal a la vida. al término del debate. Atentamente. a mi juicio. los fundamentos de la sentencia. ha debido reflejar los argumentos que en la deliberación fueron acogidos por el mayor número de magistrados. El texto de la sentencia. y élla fue la que en últimas resultó aprobada. . es inconstitucional. la cual fue aprobada por seis votos a favor y tres en contra. se votó y aprobó la proposición que yo me permití someter a consideración de la Sala Plena. Lo hago porque la parte resolutiva de la sentencia no corresponde al texto de la moción sustitutiva que presenté.
que ni siquiera las leyes más avanzadas en la materia. Con base en los planteamientos que me permití formular en la Sala Plena. de todo lo cual concluía que en una sentencia interpretativa no podía avanzarse hasta esos extremos. la que se remitía a la parte motiva. entre ellas las mías que de manera directa servían de fundamento y explicaban de manera suficiente el alcance de la parte resolutiva. sin tomar en consideración el tenor de la proposición de la parte resolutiva aprobada. la cual. en mi concepto. no podía jurídicamente validar ni justificar actos vinculados a la eutanasia activa directa. A este respecto. propuse una moción sustitutiva de la citada parte resolutiva. no podrá derivarse responsabilidad para el autor. por tanto de sorprenderme. salvo en el caso del enfermo terminal cuando manifieste su consentimiento en los expresos términos y bajo las estrictas condiciones señaladas en la parte motiva de esta sentencia". Mi propuesta. autorizaban al médico para cometer homicidio piadoso.2. como por ejemplo la del Estado de Oregon. entre otros argumentos. de suerte que quedara claramente delimitada la esfera de no punibilidad y establecidos las condiciones y el alcance del consentimiento del paciente que. con la advertencia de que cuando en el hecho concurra la voluntad libre del sujeto pasivo del acto. a título ilustrativo. en mi concepto personal. debía referirse a hipótesis tales como la eutanasia activa indirecta (medicina paliativa). aprobada por seis votos a favor y tres en contra. en los siguientes términos: "Declarar EXEQUIBLE el artículo 326 del Decreto 100 de 1980 (Código Penal). suicidio asistido. de acuerdo con mi exposición. la eutanasia pasiva y otros supuestos similares en relación con los cuales era oportuno precisar su carácter no criminal. suprima la sanción penal para el supuesto de eutanasia activa directa. tenía un objetivo claro: establecer una unión indisoluble entre la parte resolutiva de la sentencia y su parte motiva. vale decir. . No deja. De igual modo. está justificada la conducta descrita en el artículo 327 del Código Penal cuando la ayuda se preste en las circunstancias fácticas que deben acompañar al homicidio piadoso". La sorpresa es mayor si se repara en que todo esto se lleva a cabo a través de una sentencia judicial y. a partir del cambio introducido por la Sala Plena ha debido recoger las consideraciones expresadas por los magistrados de la mayoría. pues la conducta está justificada. El condicionamiento que la Corte podía efectuar. que la parte resolutiva de la sentencia. ni toleraban que se administrase al enfermo terminal medicamentos mortales o inyecciones letales. además. puse de presente.En la ponencia original se contenía la siguiente parte resolutiva: "Declarar EXEQUIBLE el artículo 326 del decreto 100 de 1980 (Código Penal). despenalice el homicidio piadoso cometido por el médico en la persona del enfermo terminal.
pues la conducta está justificada". Apreciado Doctor: En la fecha se me ha presentado para mi firma la sentencia No.P. Entiendo que se ha producido un accidente histórico que no puede ser explicado en los estrechos linderos de una aclaración de voto. que la sentencia exprese el genuino sentido de la decisión. C-239/97 (M. momento o instancia. personalmente. Sobre este particular juzgo indispensable transcribir tres comunicaciones que explican el carácter "Especial" de esta aclaración: "Santa Fe de Bogotá. en ningún otro lugar. En todo caso. Habría sido más cómodo para mí . cuyo primer numeral reza así: "Primero: Declarar EXEQUIBLE el artículo 326 del decreto 100 de 1980 (Código Penal). En esta ocasión me lo impide mi espíritu firme y mi convicción profunda sobre el contenido y alcance de mis deberes como magistrado de la Corte Constitucional. no podrá derivarse responsabilidad para el médico autor.. C. que me obligan a preferir la soledad de mi voto siempre que a ella la acompañe la verdad. con la advertencia de que en el caso de los enfermos terminales en que concurra la voluntad libre del sujeto pasivo del acto. . ví y escuché en la Sala Plena de la Corporación. Mayo 30 de 1997 Doctor ANTONIO BARRERA CARBONELL Presidente CORTE CONSTITUCIONAL Ciudad. adherir a la mayoría.también menos doloroso -. Carlos Gaviria Díaz). No encuentro. sólo demostrable con un comportamiento ceñido a la más estricta verdad. D. En fin de cuentas. puede adoptarse una sentencia que sea la sentencia de la Corte Constitucional. todo lo cual trasciende la mera inconformidad circunstancial de un magistrado y lesiona a la institución a la cual se debe lealtad. no puedo atenerme a otra cosa diferente de todo aquello que dije. sino en los más amplios de la acrisolada conciencia de mis colegas.Es claro que ahora me encuentro en la posición paradójica de ser una minoría dentro de la mayoría.
además. pero sin autorizar a los médicos para que en desarrollo de su profesión y con base en el consentimiento de estos últimos. Como Usted podrá recordar. la cual se refería a los enfermos terminales. como sustitutiva de la contemplada en la ponencia. Por el contrario.una de las normativas más progresistas en esta materia y que no obstante condena la eutanasia activa -. Justamente. A este respecto me remito al acta de la sesión en la que. Adicionalmente. pudieren quedar autorizados para causar su muerte. Mis argumentos y afirmaciones no fueron de ninguna manera refutados ni por el ponente ni por los restantes magistrados de la mayoría. No puedo. la parte resolutiva que introduje como sustitutiva de la originalmente planteada en la ponencia. el suicidio asistido o cualesquiera otros. vale decir. me referí a la medicina paliativa y al concepto de muerte digna en términos absolutamente distintos de los señalados en la ponencia. a juzgar por las intervenciones posteriores de tres magistrados de la misma mayoría. como consta en el acta que el consentimiento del paciente no podía implicar en ningún caso la autorización para que su médico pudiere violar el deber superior de no matar. la parte resolutiva que obtuvo seis votos a favor y tres en contra. señalé que la Corte no podía autorizar al médico para administrar al paciente drogas o inyecciones letales o de excusarle de la comisión de delitos tales como el homicidio piadoso. se recogen de manera fiel los argumentos que yo expuse y que explican el sentido de la parte resolutiva que formulé y que fue mayoritaria y literalmente adoptada por la Sala. Por el contrario. élla fue la que yo presenté y sometí a consideración de la Sala. Le consta a Usted que. concretaba en estos términos la salvedad o condicionamiento a la exequibilidad del artículo 326 del Código Penal: "Salvo en el caso del enfermo terminal cuando manifieste su consentimiento en los expresos términos y bajo las estrictas condiciones señaladas en la parte motiva de esta sentencia". Fuí claro y terminante. La parte resolutiva que propuse. . entre otras premisas de mi argumentación. por lo tanto. tuvieron amplio eco. tenía vinculación directa con las premisas de mi discurso y a ello se refiere la expresión "en los expresos términos y bajo las estrictas condiciones señaladas en la parte motiva de esta sentencia". no fue la que se contenía en la ponencia original. luego de leer a título ilustrativo la Ley del Estado de Oregon. sin llegar en ningún caso a conferir al consentimiento del enfermo terminal el alcance de permiso exculpatorio de la muerte directamente producida por el médico. aceptar que se hubiere modificado el texto .Al pie de mi firma acabo de consignar la siguiente frase: "Con aclaración especial de voto".
por los motivos expresados en la pasada sesión de la Sala Plena. tal y como fue aprobada por la Sala Plena.. solicité a la doctora Martha Sáchica.literal de la parte resolutiva. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ" Adicionalmente. D. ya que por las circunstancias sobrevenidas .C.que no acierto cabalmente a entender ni a justificar -. diferente de la contenida en la ponencia. "Santa Fe de Bogotá. Aprovecho esta ocasión para reiterarle mi renuncia irrevocable del cargo de Vicepresidente de la Corte Constitucional. Carlos Gaviria Díaz Apreciada Doctora: En la sesión de la Sala Plena en la que se aprobó la sentencia de la referencia. He considerado del caso anticipar a Usted el propósito y sentido de mi aclaración de voto que he llamado "especial". me expresara la verdad de lo acaecido en la Sala. abarcará tanto la parte motiva como la resolutiva. y que en ella se disponga lo contrario de lo que propuse. salvo en el caso del enfermo terminal . tres (3) de junio de mil novecientos noventa y siete (1997) Doctora MARTHA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General Corte Constitucional REF: Sentencia C-239/97 M. presenté a consideración de los distinguidos magistrados una propuesta para la parte resolutiva. expresada en los siguientes términos: "Declarar exequible el artículo 326 del Decreto 100 de 1980 (Código Penal). Secretaria General de la Corporación. Cordialmente. y a los cuales adiciono mi rechazo e indignación por el hecho del que me he notificado en el día de hoy. de suyo ya graves.P.
pero advirtieron que lo hacían con aclaración de voto.C. fue sometida a consideración de la Sala y obtuvo seis (6) votos a favor y tres (3) en contra. votaron a favor. La moción sustitutiva transcrita. que ese registro corresponde a las anotaciones realizadas por la suscrita sobre el desarrollo de la sesión y que sirven de apoyo a la transcripción del texto en limpio que debe someterse con posterioridad a la consideración de la Sala. me permito dar respuesta a la solicitud formulada en comunicación de la fecha. Cordialmente. Ruego a usted se sirva indicar si los hechos mencionados y. Cabe observar. en cuanto se refiere a la votación y aprobación de la parte resolutiva de la sentencia proferida en el proceso D-1490. D. Los magistrados Gaviria y Arango. S. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado" "Santa Fe de Bogotá.. acerca de lo registrado en el acta correspondiente a la sesión de Sala Plena efectuada el pasado 20 de mayo. particularmente los relacionados con la aprobación de la parte resolutiva en los términos señalados por mí. tres (3) de junio de mil novecientos noventa y siete (1997) Doctor EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Corte Constitucional E.cuando manifieste su consentimiento en los expresos términos y bajo las estrictas condiciones señaladas en la parte motiva de esta sentencia". corresponden a la verdad de lo acaecido en la sesión de Sala Plena. REF: Sentencia C-239/97 Respetado señor magistrado: Con toda atención. . D.
Hernando Herrera Vergara.P. el cual. en cuanto suprimía la propuesta respecto del artículo 327 del Código Penal y en relación con el condicionamiento inicialmente proyectado de la exequibilidad del artículo 326 del mismo Código. un contenido objetivo difícil de defender desde una perspectiva pluralista. el presidente sometió a votación la propuesta sustitutiva presentada por usted. se registró la presentación de aclaración de voto por parte de los magistrados Carlos Gaviria Díaz y Jorge Arango Mejía. A mi juicio. Por las razones que expongo a continuación. Vladimiro Naranjo Mesa salvaron parcialmente el voto. La sentencia de la cual me aparto supone la existencia de un mandato constitucional que prohibe al legislador sancionar al médico que da muerte a un paciente terminal. De igual manera. tiene el poder jurídico de disponer sobre su vida en el . por cuanto manifestaron su acuerdo con la declaración de exequibilidad del artículo 326 del Código Penal. proclamarla. de acuerdo con las anotaciones realizadas por la suscrita. la voluntad libre del sujeto pasivo. a juicio de la mayoría. (Subrayado fuera del texto). La sentencia justifica el acto homicida que comete el médico en la persona del paciente terminal que para este efecto haya expresado su consentimiento libre y que se encuentre en las condiciones del artículo 326 del Código Penal. en virtud de un pedido consciente e informado de este último. En este caso.De acuerdo con ese registro. pero no con la salvedad que había sido aprobada. coincide con los términos señalados en su comunicación y que fue aprobado con seis (6) votos. que modificaba la parte resolutiva original de la ponencia. según lo anotado. Una regla inexistente 3. dotar al derecho al libre desarrollo de la personalidad de una capacidad normativa heterónoma que no le es consustancial. los magistrados José Gregorio Hernández Galindo. desvirtuar el concepto de solidaridad contenido en la Carta e imprimir a la dignidad. Así mismo.. tal disposición constitucional es inexistente. sustentada en el artículo 16 de la C. MARTHA V. supone desconocer el valor que la Constitución otorga a la vida humana. SACHICA MENDEZ Secretaria General" Problemas de argumentación 2. Atentamente.
o si se quiere expresar de otra manera. puesto que de ella surgiría la regla que resta antijuridicidad al acto de homicidio que realiza el médico como consecuencia de la petición libre del enfermo terminal agobiado por padecimientos extremos. que me parece la correcta. implícita. la segunda. a modo de inducción o deducción. en el supuesto eutanásico analizado. en esta situación.sentido de ponerle directamente término o de autorizar a un tercero . el esfuerzo hermenéutico sólo puede conducir a dos conclusiones: la primera.siendo este el de la existencia o no de dispensa constitucional para el médico que accede al pedido del enfermo terminal y procede a matarlo -. pero como la sentencia ubica el problema y su solución en el plano constitucional. no suprime la relevancia jurídica de la Carta como orientadora de sentido de la legislación penal especialmente por su papel irradiador de toda la normativa infraconstitucional -. que se adopta en la sentencia. no obstante defiere la resolución del problema al legislador histórico por ser una materia que debe ser objeto de un amplio debate democrático y decidirse a través del Congreso y no de la jurisdicción constitucional. La Constitución no es código universal que regule todas las materias y lo haga de manera autosuficiente. Dado que la ejecución del acto homicida corre por cuenta de un tercero . sobraría la democracia y los jueces de la Constitución. En efecto. La sentencia que. la argumentación ha debido orientarse a demostrar la justificación constitucional del comportamiento de este último en su condición de causante directo de la muerte del paciente terminal. carentes de responsabilidad política y de legitimación. podrían a tenor de su conciencia e impulsos éticos gobernar el país y suplantar a los restantes órganos públicos. predicable del médico. Esta última posición descarta que de la Constitución pueda hacerse derivar de manera expresa. De ser así. postula que la controversia se decide tomando la Constitución como fuente directa. tenga un derecho constitucional a una dispensa de su responsabilidad penal. conforme a lo explicado. el permiso o licencia para causar la muerte. La acción del tercero no tendría carácter antijurídico por concurrir la libre voluntad del sujeto pasivo y por tratarse del cumplimiento del deber positivo de solidaridad de todo ciudadano de socorrer a quien se encuentra en una situación de necesidad. está atravesada desde el . una regla según la cual el médico homicida. reclama una sustentación de la tesis en premisas constitucionales irrebatibles. la exculpación constitucional de la obligación de no matar. ha debido probar que en verdad de la Constitución puede obtenerse directamente la regla que gobierna el caso .el médico para que lo haga. la que debe reservarse como instancia de confrontación constitucional de las alternativas normativas que finalmente se adopten. Estas materias ocupan un lugar en la legislación penal.el médico -.
Creo que lo mismo ocurre con la presente sentencia que. Podría alegarse que el derecho a la vida no entraña la obligación de vivir. la voluntad libre del sujeto puede decidir poner término a su propia existencia. No se hace ninguna distinción a este respecto. de suerte que nadie puede válidamente oponerse a la decisión autónoma de una persona de ejecutar su propia muerte. avanza argumentos para sostener la validez constitucional de la opción de anticipar la muerte por parte del individuo que considera indignas las circunstancias de su existencia. "Introducción a la lógica"). por consiguiente. Copi. En el primer caso. comprende en su contenido nuclear reglas y acciones autónomas. no son automáticamente trasladables al caso específico objeto de debate. carece de poder normativo para derogar la obligación legal que pesa sobre el sujeto a quien se dirige el requerimiento y. sin perjuicio de que sea admisible cierto tipo de intervención disuasiva. Sostengo que los argumentos y las conclusiones son inatinentes. en principio. toda vez que entonces la autonomía tendría prioridad sobre la protección de la vida como categoría abstracta. el consentimiento del sujeto que pide a otro que lo mate. El sujeto autónomo carece de capacidad normativa . produce el salto entre una conclusión y la otra. no adquiere carácter exculpatorio de la conducta criminal. En el segundo caso. es la misma que habilitaría al médico para sustraerse del imperativo penal de no matar y proceder justificadamente a privar de la vida al enfermo terminal. que por serlo comprometen sólo la esfera personal de su titular. En realidad. La sentencia.principio hasta el fin por una falacia conocida en el lenguaje retórico con el nombre de "ignoratio elenchi": "La falacia de la ignoratio elenchi (conclusión inatinente) se comete cuando un razonamiento que se supone dirigido a establecer una conclusión particular es usado para probar una conclusión diferente" (Irving M. por sí sólo. en cuyo caso el Estado debería respetar su decisión. una cosa es considerar el suicidio como opción material al alcance del individuo y como hecho bajo su control. otra. de manera recurrente y obsesiva. El derecho al libre desarrollo de la personalidad. la posición del tercero que debe observar la obligación de respetar la vida de las demás personas. Refiere el autor del manual citado que en alguna ocasión un juez felicitó a un joven abogado por su excelente discurso y expresó la esperanza de que algún día encontrara un caso al cual aplicarlo realmente. Según la sentencia la voluntad libre del sujeto que le permite optar por el suicidio. puesto que las consideraciones sobre el hecho del suicidio y los elementos que en él intervienen. sin caer en la cuenta de la particularidad y singularidad del tema específico a resolver. muy distinta. La Corte no se plantea el problema de la validez del consentimiento en este supuesto extremo de eutanasia activa directa. por simple asociación de ideas.
se afirma en la sentencia -. no está obligado por ningún derecho fundamental de éste a secundar positivamente su objetivo. el enfermo terminal no está obligado a convertirse en héroe. Si bajo ciertas circunstancias. no incorporan la facultad de exigir y obtener del Estado colaboración precisa e idónea con el objeto de llevar a feliz término el propósito de muerte. Una cosa es suicidarse. De la mera autonomía no se deriva autoridad alguna para excluir la responsabilidad penal de terceras personas. entendido como no obligación de vivir. de la situación que se presenta cuando es un tercero quien ejecuta la muerte del paciente. donde las razones de intervención del Estado pueden ser menos vigorosas o hasta inadmisibles e inoperantes. además. En este supuesto. Aunque el Estado deba abstenerse de obstaculizar el deseo y la acción del suicida o deba resignarse ante los hechos cumplidos -. la vida pierde valor para el sujeto .heterónoma. Tomar como presupuesto el carácter pluralista de la sociedad para impedir la interferencia excesiva del Estado frente a decisiones y operaciones íntimas del paciente y. tampoco se llega a distinguir la hipótesis del suicidio. éste sería el resultado o el objeto que pretende lograrse a través del ejercicio del derecho a la vida. no podría el Estado oponerse a la decisión suya de morir dignamente. solicitar que lo maten a uno y la ejecución de este último designio. Otra. De ninguna manera. pesa la obligación sobre el Estado de ignorar la prohibición de no matar en el caso del médico que causa la muerte al paciente terminal que lo solicita. No es difícil concluir que la determinación personal de morir. De la protección que la Constitución extiende a la esfera personal y de la premisa "nadie está obligado a ser un héroe". no son elementos de juicio suficientes para apoyar la tesis de la sentencia. muy distinta. no puede concluirse válidamente: "los médicos pueden matar". exenta de interferencias por parte del Estado. No obstante. . a fin de colaborar desde el punto de vista jurídico o material con el designio suicida del paciente terminal. se suelen excluir y anatematizar las medidas de corte paternalista que anulan la autodeterminación individual. Si se aceptare el "derecho al suicidio". es diferente de la autorización o petición que se formula a otro para que éste ejecute dicha voluntad. La crítica al paternalismo del Estado sólo puede limitarse a las acciones suyas encaminadas a evitar la muerte infligida por el propio sujeto. Con el objeto de preservar una zona de libertad. el derecho a la vida o el libre desarrollo de la personalidad. alegar que en situaciones límite.
resulta. El resultado de la oposición virtual entre el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la protección estatal de la vida.La tensión que puede darse entre el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la protección de la vida. según la cual éste valdría lo que el derecho al libre desarrollo de la personalidad quiera que valga y se proyectaría hasta donde éste derecho quiere . En realidad. que el suicidio no está prohibido y que la decisión del sujeto a este respecto se impone sobre la protección que normalmente se discierne a la vida. como lo hace la sentencia. está en la obligación de tratar de buscar soluciones armoniosas entre los mismos que eviten su inútil sacrificio. En este sentido. se alimenta de dos ilusiones: la potestad normativa heterónoma del individuo como sujeto moral autónomo (?) y la disolución absoluta del Estado y de su ordenamiento. del otro. de un lado. Como fruto de la ligera ponderación efectuada. De otra parte. La Corte debe cuidarse de establecer jerarquías generales entre los derechos en juego y. por el modo de cumplimiento de los deberes profesionales por parte del médico. que se concluya. en una situación extrema como la que se trata en la sentencia. Aquí los dos polos del conflicto están dados. Ciertamente. resulta por demás censurable desde el punto de vista hermenéutico que se amplíe el radio de una ponderación entre derechos más allá del campo y del contexto que le pertenece. no autoriza para derivar la tesis de que en esas mismas circunstancias la Constitución directamente manda que se justifique o se repute carente de antijuridicidad la acción homicida del galeno que accede al pedido de muerte. Este resultado ponderativo entre los dos derechos. la criminalización de la inducción o ayuda al suicidio demuestra que el resultado de la primera ponderación es limitado y no puede generalizarse sin más a la tensión entre protección de la vida y cumplimiento de los deberes jurídicos o profesionales frente al que desea la muerte y pide que se la causen. muy delgado el hilo que separa la sentencia de una concepción extremadamente voluntarista del derecho a la vida. la extensión indiscriminada del primer resultado de la ponderación. no puede mecánicamente predicarse de la tensión que es propia de la controversia constitucional examinada y que se plantea entre la potestad normativa penal del Estado que se expresa en la imposición de la obligación de no matar y la necesidad de que se reconozca por obra y gracia de la Constitución dispensas o justificaciones para exonerar en determinados casos a un profesional de dicha obligación. empero. puede decidirse en favor de la autonomía del sujeto que desea optar por la muerte. por la protección de la vida por parte del Estado y. en verdad. puede traducirse en la no penalización del intento de suicidio. el balance que arroja una ponderación entre derechos no es fiable si se omiten los múltiples elementos relevantes que integran el problema jurídico a dilucidar. en lo posible.
que se proyecte. En efecto, no es difícil arribar desde el hito marcado, a considerar el derecho a la vida como subordinado al libre desarrollo de la personalidad. No hay que estar inscrito en una concepción sacralizada de la vida, para advertir los riesgos implícitos en una economía de los derechos fundamentales como la propuesta, máxime cuando no se está pidiendo tan sólo el respeto a opciones privadas sino además la colaboración activa en su realización, así ésta vaya en contravía del marco axiológico que inspira el ordenamiento y obliga al Estado y a los asociados. Cuando se abrió paso en la sala la tesis de abordar el problema de la eutanasia desde un discurso que involucrara el derecho a la vida, frente al lacónico tratamiento de este derecho en la ponencia original, creo, no se pretendía obtener un mayor equilibrio literario, sino por el contrario, que el derecho a la vida también fuese tomado en serio. Paradójicamente, como puede observarse, las mayores alusiones a la vida, si bien son precedidas de su reconocimiento formal como derecho - condición, en la práctica, se han dirigido a opacar su status constitucional hasta someterlo a una excesiva relativización, lo que hacia el futuro genera un precedente que dificultará la debida y adecuada ponderación entre los distintos derechos. ¿Quedaron derogados los deberes del médico? Hacia el solipsismo jurídico 4. La sentencia se refiere a la hipótesis del paciente terminal que padece "dolores insoportables", y que en ese estado pide al médico le ayude a morir. La parte resolutiva de la sentencia dispone que en tal caso la conducta del médico autor del homicidio está justificada. El médico, a mi juicio, no podría primeramente dejar de agotar los recursos a su alcance con el objeto de reducir o extinguir los dolores, como lo ordena el conjunto de sus deberes profesionales. En este evento, es posible que los sufrimientos se tornen soportables o se extingan - aunque a riesgo de abreviar la vida del enfermo terminal como efecto colateral o indirecto de los medicamentos paliativos -, y que al modificarse las circunstancias el médico ya no se encuentre en la causal de justificación a la que se refiere la sentencia de la Corte. Como la Corte, en una sentencia interpretativa, no puede derogar el Código de Etica Médica, ni alterar los principios superiores en los que se inspira esta profesión, la sentencia ha debido puntualizar la necesaria y razonable prioridad de la medicina paliativa, ya que si la vida es insoportable por causa de los "dolores insoportables", no es posible descartar este tipo de medicina para, en su lugar, acuñar la formula desproporcionada de terminar con éstos matando al paciente.
Si, en gracia de discusión, se decidiese jugar en serio la carta que intuye que en la propia Constitución se encierra la disposición jurídica que resuelve el problema planteado, no es acertado suponer que el médico esté en la obligación o en la posición de tramitar neutralmente un pedido de muerte procedente de su adolorido paciente terminal. Si como lo afirma la sentencia, la base constitucional que justifica la acción del médico, es el deber de "obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas" (C.P. art. 95-2), resulta insólito que la Constitución Política reserve como dictum que soluciona de fondo la controversia y la sustrae del ámbito de la democracia, la formula según la cual la acción misericordiosa que se realiza por conducto del médico debe ser no la de calmar el dolor - como lo sugiere su ética profesional - que es la causa o circunstancia que repudia a la dignidad subjetiva, sino directamente la de segar la vida del paciente. Tesis ésta todavía más inverosímil en un Estado social de derecho que no se construye con sujetos abstractos, sino con seres que se insertan en un contexto social no ajeno a la acción de protección estatal, como es el caso de los enfermos terminales que, sin duda alguna, conforman la categoría de las personas disminuidas físicas o psíquicas merecedoras de especial tutela (C.P. art. 13 y 47). De ahí que excluir la medicina paliativa en el periplo metafísico que realiza la Corte en pos de la norma constitucional que resuelva definitivamente la cuestión, se haga al precio de desvirtuar el sentido mismo de los deberes de solidaridad que la Constitución ha plasmado en su manifiesto afán por proteger la vida. La acción humanitaria a que alude el artículo 95-2 de la C.P., no puede interpretarse como licencia para matar al afligido, pues aquélla se inscribe en el horizonte de "salvar la vida en peligro". Las conductas posibles cobijadas por el precepto constitucional, en consecuencia, son las que resultan proporcionadas a la situación: si el problema de la dignidad está referido a los extremos padecimientos, ya que la enfermedad es incurable, a todas luces es incongruente imaginar que la Constitución en el citado artículo justifica la muerte del paciente ocasionada por el médico que ha dejado de agotar antes el instrumental de la medicina paliativa. Aunque no se discute que en principio todo tratamiento médico debe contar con el consentimiento informado del paciente, de la Constitución Política no se puede deducir un derecho del médico para matar al paciente terminal que solicita la ejecución de esta acción, el cual se exprese a través de una exoneración de su responsabilidad penal dispuesta desde la Carta. A esta conclusión tampoco se llega reproduciendo en el contexto de la relación médico-paciente, el debate sobre la improcedencia del paternalismo estatal en punto a la adopción de medidas
obligatorias para procurar mantener la salud o la vida de las personas, como quiera que la acción perfectamente válida del paciente de rehusar un determinado tratamiento, es distinta de la flexibilización o anulación del deber de no matar que vincula al médico. Y el valor constitucional de la vida humana? 5. Se destaca en la sentencia cómo en un Estado no confesional y pluralista, la concepción universal de la vida corresponde a su consideración como bien valioso, diferente de la idea de santidad de la vida, predominante en el terreno religioso. Pero, ¿Qué significa que la vida sea valiosa en un contexto secular? La sentencia no responde a la pregunta. Más bien se fija en la oposición entre concepción sacral y secular de la vida, con el único propósito de descalificar implícitamente, como activismo religioso contrario al pluralismo, las perspectivas que busquen una protección de la vida en sentido fuerte y, además, para afirmar la posibilidad de relativizar la vida, lo que se refuerza a través de la apelación genérica a algunas excepciones legítimas al principio de inviolabilidad de la vida, como son las causales de justificación (legítima defensa, etc...,). Sin duda alguna, nuestro modelo constitucional corresponde al de un Estado no confesional y pluralista, en el cual, la fundamentación ética de los derechos no se construye, por lo general, sobre la base de máximos. Esta opción, en cambio, sí cabe en el campo de la cultura y de la sociedad para las personas que se identifican con las diferentes cosmovisiones religiosas, sociales o personales que se alimentan de parámetros morales más exigentes. Ahora bien, lo anterior no es suficiente para acoger, sin más, la distinción atribuida a Ronald Dworkin, en un contexto normativo distinto, porque en nuestro caso, es la misma Constitución Colombiana y no una autoridad religiosa, la que abunda en disposiciones en pro de la vida que configuran un espectro protector muy denso y exigente, que puede ser menor al deparado por las cosmovisiones religiosas, pero que en todo caso, resulta especialmente intenso. Una Constitución, la más pluralista que hemos tenido en nuestra historia republicana, ha apostado al derecho a la vida, en parte, por la desvalorización de este derecho en nuestro entorno cotidiano. Lo anterior hace incomprensible, la falta de rigor en la argumentación que denota la sentencia. Se acude a la acumulación escalonada de circunstancias, ciertamente dramáticas, tales como la inminencia de la muerte, los intensos dolores del paciente, su consentimiento, etc..., frente a las cuales la causación anticipada de la muerte y la
equivaldría a negar al ser humano como naturaleza. como seres invasores que se pretenden negar. la dignidad humana es algo más que esto. pretender que la simple suma de circunstancias penosas sea suficiente para justificar la habilitación a un tercero con el objeto de que éste propine la muerte. en particular. cuando no controlar o manejar. es importante. Los tabúes culturales llegan hasta el punto de tratar a la enfermedad y a la muerte como entidades ajenas. Pero también. La ecuación que plantea la sentencia entre calidad de vida y dignidad. frente a los deberes en favor de la vida que obligan al tercero y frente a la cláusula de efectividad que favorece en casos de conflicto entre derechos. frente al principio de inalienabilidad de los derechos. la enfermedad y la muerte. la humanidad sobre todo a partir de la modernidad. la solución que propenda la máxima protección de todos los derechos en juego. sin duda alguna apunta primariamente a garantizar la construcción y proyección del sujeto moral en pleno uso de sus facultades vitales y morales. De hecho. El ser humano es. Para llegar a una solución como la dada. apela también a un concepto más amplio de humanidad que cubre su declinar hasta su último fin. pero negar humanidad al retraimiento natural de la existencia. El carácter central de la dignidad humana. entre otros aspectos. Tal vez a causa de esta consciencia desgraciada. Es apenas natural que luchemos contra los rigores del declinar de los años y. como situaciones de indignidad. se resiste ante la vejez. por esencia. por ejemplo. de las enfermedades terminales.intervención de un tercero en ella no son la única solución. que es un ser para la muerte (Sein zum Tode). más allá del . No se agota en el sujeto autónomo. es desconocer la radicalidad del problema. el debate público se centra en las diferentes actitudes éticas y legales frente a tales hechos. el dolor. independientemente de sus vicisitudes. En este sentido. La Corte ha dejado de lado en su análisis numerosos aspectos que resultan esenciales en una aproximación seria y reflexiva sobre el tema. La dignidad como valor objetivo acompaña a la persona. un ser que sabe que ha de morir. También resulta plausible valorar las circunstancias en las que la vida aflora con mayor vitalidad. Una nueva versión de la dignidad? 6. que está condenado a morir. Así. antes se ha debido fundamentar este traspaso de poder para la muerte. Se olvida que el proceso de muerte y el decaimiento de la existencia no son fenómenos de inhumanidad. Preocupa la facilidad con que se tiende a objetivizar las circunstancias de pérdida de calidad de vida. poner de presente las inquietudes que su lectura produce en relación con el discurso constitucional sobre la dignidad humana y sobre el sentido de la medicina en un Estado Social de Derecho.
la materia penal pertenece a la reserva del legislador y. quienes se encuentran en idénticas circunstancias a las del paciente terminal. le causa la muerte. Aún desde el plano de la prudencia. resulta por las condiciones en que se emite difícilmente estimable como portador de una voluntad libre y no interferida . Demostrado el vano empeño de construir ex constitutione una regla en virtud de la cual se justifique la conducta del médico que. no es conveniente que sea la Corte Constitucional la que produzca las innovaciones en el ordenamiento. previa petición del enfermo terminal víctima de intensos dolores.lo que impide clausurar del todo medidas del tipo paternalista -. descartaba de plano la eutanasia activa directa. tema intrincado como pocos. vulneraría gravemente el principio democrático. coadyuva a inducir una subestimación subjetiva de impredecibles consecuencias. enfrentarían la creciente amenaza de la infravaloración social de su condición. y se circunscribía a salvar de la hipótesis del homicidio piadoso la conducta del médico comprometido en terapias paliativas solicitadas por el paciente terminal consciente de las consecuencias indirectas asociadas a éstas. puesto que de tenerlo. particularmente después de que la regla jurídica induce patrones de normalización de conductas antes vedadas. Por lo anterior mi propuesta a la Sala Plena. Aparte de que el consentimiento del enfermo terminal sujeto a extremos padecimientos. Cuando estas condiciones no se reúnen. la construcción social de la dignidad exclusivamente en términos de calidad de vida. La Corte Constitucional está dando por existente una regla que no está en la Constitución. Si . Una ponderación ajustada a criterios hermenéuticos adecuados y a la función del juez constitucional en una sociedad democrática 7. sólo resta señalar que la definición del punto es una cuestión eminentemente legislativa. Sin perjuicio de las pautas generales que surgen de la Carta. Lo anterior demuestra la complejidad de este asunto y la necesidad de que a través del proceso democrático se lleve a cabo una ponderación reflexiva de todos los factores que deben atenderse con el fin de adoptar una decisión que esté a la altura del problema. la Corte entra en el campo del decisionismo y abandona su función jurisdiccional con manifiesto menoscabo de la legitimidad democrática cuya intangibilidad debería mantener. lo contrario. El activismo de la Corte Constitucional está plenamente justificado allí donde las reglas constitucionales existen y puede extraerse de ellas un claro significado deóntico. puede estudiar distintas fórmulas y ensayar diferentes aproximaciones.desiderátum que la alienta. La ley en materia de eutanasia. habiendo manifestado su voluntad en un sentido pro-vida. no posee siempre valor absoluto. así este sea general y requiera posterior desarrollo normativo.
la Corte al aludir a ellos en modo alguno está dictando nuevas normas. No obstante. salvo bajo la forma de conducta prohibida por el mismo tipo penal del homicidio piadoso y el de la inducción o ayuda al suicidio. la sanción aplicable a los actos de eutanasia activa directa. Una interpretación sistemática e integradora de las normas del Código de Etica médica (Ley 23 de 1981).como consecuencia de los medicamentos paliativos. reitero. no podía ser objeto de despenalización por parte del juez constitucional. conformaban un bloque de conductas médicas sobre las cuales resultaba necesario y conveniente que se hiciera claridad sobre su ausencia de reprochabilidad penal. hacen procedente este tipo de condicionamientos. a la luz de la Constitución Política. Por consiguiente. creía importante indicar que este supuesto no podía ser objeto de sanción penal por no constituir homicidio. por consiguiente. me permito a continuación justificar la constitucionalidad de esta modalidad eutanásica. regular la materia. ofrecía a la Corte la oportunidad de precisar supuestos de eutanasia pasiva voluntaria. claramente está adicionando el ordenamiento jurídico con un supuesto eutanásico que no existía antes. que adicionados con la medicina paliativa libremente solicitada por el paciente. perecía el paciente. puesto que el comportamiento señalado desde el punto de vista legal no está cubierto por el tipo. cuando la Corte en la parte resolutiva se refiere a la eutanasia activa directa. no estrictamente ligadas a consideraciones de dogmática penal. de otro lado. La doctrina constitucional de la Corte relativa al consentimiento informado del paciente. La Corte debería haberse reservado para el examen ulterior que en su oportunidad podría acometer. el condicionamiento de la sentencia habría tenido ante todo carácter aclaratorio. En este sentido. Corresponde al Congreso. Como quiera que me limito a suscribir la sentencia sólo en relación con la exclusión de toda sanción penal para los médicos que. A veces razones de seguridad jurídica. 8. sino delimitando la conducta que conforme a la ley se encuentra sujeta a sanción penal. dispuesta en la ley penal. La sentencia se queda corta en la demostración de la existencia de un imaginario derecho constitucional a la eutanasia activa directa y de la correlativa dispensa o exoneración constitucional de la conducta homicida del médico frente a la prohibición general de no matar. realicen actos vinculados a la eutanasia activa indirecta (medicina paliativa). permite afirmar que los supuestos mencionados tienen fundamento legal y que. plena y libremente facultados por sus pacientes terminales expuestos a intensos sufrimientos. la cual .
En un determinado estadio de evolución de ciertas enfermedades incurables. La decisión del paciente de rehusar en todo o en parte las terapias y medicamentos que se le ofrezcan. adquiere una connotación concreta que trasciende las consideraciones que se apoyan en la conservación del orden público. deberá responderse prontamente desde una solidaridad humana . En esta situación. en un país como Colombia en el cual buena parte de la población se debate en la penuria y no alcanza a estar cubierta por los servicios básicos de salud. Se trata de la conducta del médico que.junto a la eutanasia pasiva libremente asumida. Este aserto se sostiene aún con más fuerza cuando el rechazo se expone en las condiciones del supuesto objeto de análisis. Sin embargo. el consentimiento de la víctima fuese suficiente para privarlo de su vida sin consecuencias para su agente. víctima de extremos sufrimientos. por sí sólo. cuyas causas profundas no pueden ser removidas por ausencia de conocimientos y medios de sanación. que no puede soslayarlo ni hundirlo en el silencio cada vez que no le sea posible resolver sus causas o mitigar sus efectos. prudencialmente. que carece de toda perspectiva de curación. Esta verdad abstracta. abstenerse de aplicar técnicas de sostenimiento que sirvan para prolongar sin ninguna utilidad su proceso vital. siempre que sea capaz y consciente. a solicitud del paciente terminal. han debido ser las únicas excluidas de reproche penal. bien puede oponerse a la intervención médica y optar por abreviar su existencia. No se trata de sugerir una respuesta que proclame los antídotos de la mansedumbre o del estoicismo. el profesional de la medicina. la persona es presa de agudos dolores. luego de agotar los recursos a su alcance. es incapaz de disolver los vínculos esenciales de sociabilidad que se expresan en la prohibición de no matar. no puede ir más allá de proveer paliativos a su paciente y. tiene plena validez y se sustenta en su derecho al libre desarrollo de su personalidad. El dolor humano convoca la solidaridad y exige respuestas de la comunidad. procura soluciones indicadas por la ciencia médica dirigidas a aminorarlos aunque a la postre éstos mismos precipiten su muerte. el sufrimiento excesivo. con el objeto de abreviar sus intensos sufrimientos. La integración social mínima que garantiza la existencia de un pueblo. podría fácilmente desaparecer si después de cierto umbral de sufrimiento somático o de otra índole. A la petición que desborda los márgenes de lo posible fáctico o jurídico. El enfermo terminal.
necesariamente habrá de interpretarse confiriéndole al consentimiento expresado un sentido que sea útil y plausible. Se torna necesario establecer cuál puede ser la pretensión válida que puede elevarse al médico y que éste podría en la actualidad lícitamente ejecutar. se orienta a que se reduzca la carga de sufrimientos y padecimientos que resultan vanos en la medida en que los esfuerzos médicos objetivamente se revelen inidóneos para curar la enfermedad que lo aqueja y que tiene carácter irreversible. no será la de restablecer la salud del enfermo. El paciente. aún a riesgo de minar con las medicamentos suministrados su ya menguada salud y provocar de manera indirecta su deceso. Si la medicina no puede ya controlar la enfermedad del paciente terminal. no puede negarse a luchar contra las manifestaciones de dolor que cruelmente se apoderan de aquél en sus fases críticas. . en este caso. El pedido del paciente terminal de que se produzca la extinción de su vida. en particular. no tiene ninguna connotación criminal. La petición del paciente terminal. suelen tener efectos indirectos o colaterales negativos para su salud. enmarcada en una relación de servicios profesionales que tiene en el otro extremo al médico. puede rehusar todo tratamiento clínico y ayuda médica encaminados a lograr su mantenimiento o extensión artificial. Si efectivamente la curación se encuentra descartada. restarle toda significación a la voluntad del paciente equivaldría a desconocer su autonomía y. En estas condiciones. La abstención del médico. hasta donde sea posible. que en muchos casos son mortales. Las drogas que se suministran al enfermo con el objeto de combatir el dolor. Su propósito último no es otro distinto del dejar de oponer resistencia a la muerte inminente. su derecho a expresar en el contexto de la relación médico-paciente su consentimiento informado. plenamente capaz y suficientemente informado. La solicitud del paciente terminal. en efecto. dirigida a que se abrevie su fin. no incurre en suicidio. Su función.comprometida y militante y hasta el límite de lo que en cada momento histórico sea posible jurídica y materialmente. puesto que la muerte se produce por causa de la enfermedad. la medicina tiene que asumir en este trance un signo diferente del que la caracteriza de ordinario. el dolor que se apodera de su cuerpo. sino la de ayudarle a tener una muerte digna y a mitigarle. coloca al médico en el deber de abstenerse de emprender o mantener todos aquellos procedimientos enderezados a prolongarla. El paciente. de otro lado.
Actualmente. de otra parte. entre la reducción de la vida . De este derecho surgen exigencias amparadas por el ordenamiento que. La respuesta médica descrita. gracias a los cuales una persona. A pesar de que los analgésicos o drogas suministradas al paciente con el fin de aliviar sus dolores. Desde la esfera del individuo. que tendría connotaciones típicamente penales de acuerdo con el derecho positivo penal vigente en el país. a su turno. representan obligaciones para el Estado y las demás personas. queda facultada para matar a esta última o para someterla integralmente a su servidumbre. El consentimiento informado del paciente que conoce el efecto colateral o indirecto de la acción médica enderezada a paliar las sensaciones dolorosas que acompañan a un mal incurable. justamente por excluir la eutanasia activa directa. no podrá ser objeto de reproche alguno. por ahora. La vida como valor superior del orden constitucional no sólo genera obligaciones de abstención a cargo del Estado y de la sociedad. el propósito que anima la acción médica no resulta asimilable a la intención homicida o de apoyo al suicidio y. o simplemente aceptar la ingestión de una droga letal. por lo tanto. igualmente impide que pueda imputarse al médico la responsabilidad por el deceso que eventualmente pueda desencadenarse. su autonomía garantizada constitucionalmente. sino que es fuente de una serie de acciones positivas que amplían la misión de las instituciones. La alternativa sería la de reunir en un sólo destino la fatalidad de la muerte con la prolongación inmisericorde de enormes padecimientos. no puede ser objetada. ampara la decisión suya de obtener alivio a sus dolores a costa de ver reducida su existencia o incrementados los riesgos de muerte. es la única que jurídica y científicamente puede darse al paciente terminal agobiado por intensos sufrimientos que requiere se ponga término a sus padecimientos. y ella es igualmente la única que puede ensayarse a su pedido de muerte. la mejor calidad de vida del último tramo de existencia. el homicidio piadoso.La sopesación que inicialmente ha hecho el paciente y que luego el médico refrenda. el derecho no reconoce validez a los pactos en cuya virtud se dispone de la vida y de la libertad. La vida de las personas es un bien objeto de una especial protección por parte del Estado. y. la asistencia al suicidio y la administración de una droga o inyección letal. por la decisión libre de otra. contribuyan o constituyan la causa eficiente de su muerte.la que se produce como efecto de los sedantes y drogas administradas para calmar el dolor -. la principal de las cuales se expresa en la prohibición del homicidio regulada en el Código Penal. La Constitución reconoce a todas las personas el derecho a la vida. La tutela de la vida y .
no comporta. 49). (2) La autonomía del individuo válidamente puede reclamar para sí la elección entre las alternativas que en caso de enfermedad terminal seguida de intensos sufrimientos se ofrecen al paciente. molestias y cargas adicionales. sea el de prestar los servicios de salud y de seguridad social. no obstante que los riesgos de extinción de la vida se acrecienten como consecuencia de su administración. frente al enfermo terminal. su deseo de abreviar su existencia. art. conduce a la situación inadmisible constitucionalmente de plantear sobre un cuerpo extraño pretensiones de dominio y de intervención que anulan la autonomía y los derechos de su esfera privada e íntima de la persona a la que le pertenece. En esta situación. explica que en el Estado social de derecho uno de sus principales cometidos. artificialmente su existencia. en el caso del enfermo terminal víctima de intensos sufrimientos. sin autorización del paciente. puede eventualmente secundar. es porque se reúnen una serie de factores que en su conjunto demuestran que esta solución es la que mejor consulta el libre desarrollo de la personalidad del paciente. promueve de mejor manera sus intereses y garantiza objetivamente la tutela de la vida en condiciones de dignidad: (1) La protección de la vida debe colocarse en el límite de lo posible. sin mencionar un sinnúmero de prestaciones a su cargo cuyo propósito no es otro distinto que el de proteger la vida y dignificar la existencia. descubre la intención legítima del paciente de morir de muerte natural. Si en las circunstancias presentes. entre dos males uno de los cuales es insuperable y el otro no. del modo indicado. Si la enfermedad es incurable e irreversible y sólo el epifenómeno del dolor es controlable. aparte del clásico de velar por la seguridad de las personas. la acción protectora del Estado.de la dignidad que le es consustancial. La no aplicación o suspensión de técnicas de mantenimiento o prolongación de la vida. Si se hace caso omiso de la voluntad del paciente terminal. (3) El deber personal de procurar el cuidado integral de su salud (C. puesto que ni uno ni otro tienen la obligación ni el derecho de prolongar. pese a su oposición. y menos todavía la de alargar infructuosamente sus padecimientos. El Estado y el médico tendrán que respetar y acatar la opción del paciente. la . siempre que medie su pleno consentimiento informado. impidiendo que la prolongación de la vida entrañe sufrimientos. que en las circunstancias de una enfermedad terminal puede aquél considerar injustificados. no es cuestionable que la respuesta estatal o privada se limite a paliar éste último. la opción por concentrar la atención médica en éste es razonable y legítima.P. proseguir el tratamiento y las terapias de mantenimiento.
De hecho. encuentros y experiencias. una parte debe orientarse a los servicios de apoyo médico y sicológico en favor de los enfermos terminales que requieran de una asistencia especial enfocada a mitigar sus sufrimientos. no cabe duda de que en estas circunstancias. El derecho de opción mencionado será utópico para una parte de la población colombiana. descarga angustias y tensiones y así se logra una mejor calidad de vida. la protección de la vida. no corresponde a la mejor manera de cumplir con este cometido. El Estado no podría exigir al paciente. El deber de especial protección referido a los enfermos terminales. El patrón al cual invariablemente se recurre es el de promover aquellas acciones que objetivamente mejor contribuyan al bienestar físico o psíquico de los miembros de la categoría en cuestión. se restringe al ámbito de lo posible que. en este caso. Por el contrario.. Ella es el resultado y a la vez el horizonte de la brega diaria del sujeto que obra en el mundo y que se construye con el material de sus múltiples hallazgos. Si concurre el consentimiento informado del paciente. Incorpora también el cúmulo de acciones que alivian el dolor de los incurables. La dignificación de la existencia no es fruto silvestre. si el Estado desatiende este tipo de servicios que contribuyen de manera significativa a dignificar las condiciones de vida de los enfermos terminales. ante la imposibilidad de ver restablecida su salud. los enfermos terminales víctimas de extremos padecimientos entran bajo la órbita de protección del Estado.P. (4) En los términos del artículos 13 y 47 de la C. aunque indirectamente pueda repercutir en su muerte de suyo inminente. el concepto de salud que puede reivindicarse es aquél que se propone atenuar o suprimir los dolores asociados a la enfermedad terminal. contra su voluntad. (5) Para el Estado no puede ser indiferente la calidad de vida del paciente terminal. por sí sola. Entre los recursos que el Estado destina a la atención del servicio de salud. no es suficiente ni agota el campo de lo que se exige de un Estado social de derecho. La muerte es un capítulo que tarde o . El deber especial de cuidado y protección a cargo del Estado. dada la inminencia de la muerte y la imposibilidad de curación. obliga a tomar en consideración la metodología que inspira la tutela de ciertas categorías de personas. ante la inminencia de la muerte. La atención de la salud como derecho prestacional no se limita a las tareas preventivas y curativas propiamente dichas. La vida es el presupuesto de la libertad y la realización de cada individuo. La imposición de tratamientos que el paciente rechaza y que aumentan su sufrimiento.obligación de acceder a la prolongación artificial de su existencia y de sus dolores. la supresión del dolor. necesariamente comprende la asistencia médica y sicológica dirigida a reducir la intensidad de los padecimientos de los pacientes terminales. que asumiese una conducta pasiva frente a los tratamientos médicos.
en procura de su finalidad primaria. La irreversibilidad de la enfermedad terminal autoriza la disociación de las manifestaciones somáticas a fin de intentar controlar aquellas respecto de las cuales la ciencia mantiene su dominio. (6) Una cosa es el acto intencionalmente dirigido a causar la muerte. . no es pretensión que pueda ser coartada por el Estado. si ella es decidida por la persona que desea hacer su tránsito sin el lastre de un dolor que le impide experimentar la condición indeleble de su ser y despedirse a su modo de los suyos y de lo que su mirada quiere guardar. Mientras algunos se han preparado para aceptar pacífica y tranquilamente este desenlace de la vida. es posible que otros afronten la muerte con pavor y angustia infinitas. sin dar oportunidad a una repentina recesión de la enfermedad o a un eventual cambio en el consentimiento de aquél. valores y reglas superiores del ordenamiento jurídico. La consagración de la eutanasia activa directa. La supresión o aminoración del dolor o el retiro del instrumetal médico. instrumento en el que se recogen los principios. Este tipo de eutanasia. hasta antes de la sentencia de la Corte prohibida por la ley penal. en la frontera de la muerte. en cambio. Otra muy diferente es aquella intervención que se orienta a paliar el dolor. En sentido contrario. máxime si de la Constitución Política no surge ni se prefigura mandato alguno que obligue a su establecimiento forzoso o que sancione su falta de entronización. que no ha debido legitimarse al margen del proceso democrático. constituye ante todo un marco supremo de referencia que se orienta a dar forma y conferir sentido a la vida estatal y comunitaria. incluso a riesgo de precipitar el deceso del paciente.temprano cierra el decurso vital de los humanos. a mi juicio. pero que consecuencialmente abrevia o incrementa los riesgos de muerte del paciente. como ocurre con la aplicación de una inyección letal. corresponde a una auténtica novedad normativa. Por tener esta pretensión. los métodos letales causan de modo directo y necesario la muerte del paciente. como efecto secundario. 9. tiene sólido fundamento constitucional. así coadyuven a la aceleración de la muerte. como antes otros eventos también se erigieron en hitos de su existencia. El hombre puede llegar a este momento con sentimientos y pensamientos diversos. no anulan el rigor de la enfermedad terminal como parte integrante principal del complejo causal de aquélla. Los otros procedimientos. La aclaración o condicionamiento referido a la eutanasia activa indirecta (medicina paliativa). está abierto a la vida y constituye un procedimiento proporcionado y razonable en el contexto del proceso de muerte. es la única que por su sentido integrativo de la legislación existente. El juez constitucional no debe ignorar que la Constitución Política.
aunque puede parecer un llamado para que éste ejercite la potestad reglamentaria en relación con la decisión de despenalización ya tomada por la Corte. de la necesaria elasticidad para gobernar una sociedad que evoluciona de manera incesante en todos los campos. la actividad configuradora del ordenamiento recaiga en una medida apreciable en el legislador. no puede negarse que corresponda a una legítima postura normativa que no se opone a los principios constitucionales y que resulta de una ponderación razonable hecha por éste entre la intangibilidad de la vida . si el asunto fue sustraído por el constituyente del debate democrático y decidido directamente por él en la Carta o si pertenece a éste último. lo cual abona la idea de que decisiones normativas de esta naturaleza no se encuentran prefijadas en la Constitución. De ahí que dentro del marco de la Constitución y de sus directrices y orientaciones. incluso opuestas. Lo que esta Corte no puede hacer es imponer una política de despenalización del homicidio piadoso que directamente no ordena la Constitución Política.que quiso mantener . en cuyo caso la Constitución se mantiene como pauta general orientadora de sentido en su carácter de norma de normas. detalla los múltiples elementos a tener en cuenta y la complejidad que puede comportar una política de este género. Esta es una materia que debe definirse a través del proceso político y de sus cauces institucionales y respecto de la cual caben distintas políticas y alternativas normativas. La opción tomada por el legislador de penalizar la eutanasia activa directa con una pena benigna. lo que bien puede hacer la ley cuando lo juzgue apropiado y en las condiciones que determine oportuno señalar.y la necesidad de reconocer las circunstancias y motivos del hecho. la función de la Corte es la de establecer. en primer término. la Corte podrá pronunciarse sobre la constitucionalidad de la política adoptada. pretermitiendo el proceso democrático y desconociendo los órdenes de competencia. . Cuando se presenta una controversia constitucional. El exhorto que se hace al Congreso. La Constitución no decide el punto de la responsabilidad penal del médico que mata al paciente terminal agobiado por sus intensos padecimientos. ellos sí establecidos en la Constitución política y cuya preservación corresponde a una de sus misiones esenciales. al mismo tiempo. que en este punto no ha configurado ni prefigurado norma alguna. De la Constitución no puede deducirse la existencia de una orden o mandato dirigido al Congreso en el sentido de despenalizar en determinados casos el homicidio piadoso. luego de lo cual.la Constitución está dotada de suficiente apertura a fin de garantizar la existencia de un proceso político libre y creativo y.
es omitir la lectura de más de la mitad de la norma y convertir el libre desarrollo de la personalidad en solipsismo avasallador de todo el orden jurídico. en modo alguno desconozco el alcance del derecho al libre desarrollo de la personalidad y el ámbito de protección que éste abarca. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Aclaración de voto a la Sentencia C-239/97 Referencia: Expediente D-1490 Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 326 del Decreto 100 de 1980 -Código Penal-. como se proponía en el proyecto de fallo. eso sí. pues existen casos dramáticos de enfermos no "terminales". Tales discrepancias son significativas. en materia atingente a la dignidad de la persona. Fecha ut supra. el fallo de la Corte sobre el homicidio piadoso constituye un importante desarrollo de la Carta. se consagra la cláusula general de libertad y se modela el sujeto autónomo. al enfermo "terminal" (restricción que no se hacía en la ponencia). a la "ayuda al suicidio" contemplada en el artículo 327 del Código Penal.P. A nuestro juicio.. en lo posible. Este camino interpretativo se abandona a las especulaciones de un orden moral abstracto y renuncia a notificarse de la complejidad de la realidad subyacente a la norma jurídica y de la necesidad de argumentar con base en premisas constitucionales. a su autonomía moral y a la obligación del Estado de proteger la vida. que ha debido extenderse la interpretación permisiva. a quienes debería comprender la posibilidad de optar por una muerte digna. como la Corte Constitucional. pero resultan subalternas frente al acuerdo logrado en torno a la tesis central que informa la sentencia. Es obvio que las decisiones de una corporación deliberante. de un consenso. como los cuadrapléjicos. v. derivar de dicho artículo la regla que inhibiría al legislador penal para castigar la eutanasia activa directa. Sólo así se explica que todo el orden jurídico sucumba ante la voluntad del "sujeto-moral". En el artículo 16 de la C. .gr. simplemente porque el sujeto moral libre ha dado su consentimiento. Sin embargo. que no ha debido restringirse la opción legítima por la muerte. si juzgan abrumador su padecimiento.. son el resultado de un debate y.Por lo demás. Además. Creemos.
Fecha ut supra. JORGE ARANGO MEJIA CARLOS GAVIRIA DIAZ .
Documents Similar To 05-Sentencia C-239-97 Corte Constitucional Colombia, Eutanasia
andresrioshurtado7489
Aquetzalli22
CIS Microsoft Azure Foundations Benchmark v1.0.0Uploaded by pulpartist3
Retirement Planning Sample Question 16.07.2018Uploaded by aarvi1948
job application form - standardUploaded by api-421403143
4 CONTROL (NOV 2012).pdfUploaded by Primero C Elmejor
BAB IIIUploaded by Melisa Agustin
CURRICULUM VITAE RISMAWATI SE.docxUploaded by recky ernawan