Source: https://boe.vlex.es/vid/real-ley-publico-estiba-desestiba-buques-15515037
Timestamp: 2020-03-30 07:51:40
Document Index: 170145054

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 86', 'Artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 12', 'artículo 9', 'artículo 9', 'Artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 2', 'Artículo 14', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'artículo 2', 'artículo 10']

Real Decreto-Ley 2/1986, de 23 de Mayo, sobre el Servicio publico de Estiba y desestiba de Buques. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 15515037
Real Decreto-Ley 2/1986, de 23 de Mayo, sobre el Servicio publico de Estiba y desestiba de Buques.
Fecha de Entrada en Vigor: 28 de Mayo de 1986
Marginal: BOE-A-1986-13027
TÍTULO PRIMERO. El servicio público de estiba y desestiba de buques: Definición y ámbito - arts. 1 a 3
TÍTULO II. Gestión del servicio público - arts. 4 a 6
TÍTULO III. Sociedades Estatales - arts. 7 y 8
TÍTULO IV. Colocación y contratación de los trabajadores portuarios - arts. 9 a 12
TÍTULO V. Relación laboral especial de los estibadores portuarios - arts. 13 a 19
Norma citada en: 573 sentencias, 32 artículos doctrinales, 31 disposiciones normativas, 25 resoluciones administrativas, una noticia
La indudable importancia que las actividades portuarias de carga, descarga, estiba y desestiba de mercancías tienen para la economía española, habida cuenta del importante volumen de tráfico de mercancías que a través de los puertos se produce en nuestro país, justifica el tratamiento de dichas actividades en una norma con rango de Ley que contemple, mediante una regulación global y completa, los distintos aspectos de esta actividad, a partir de la consideración de la misma como un servicio público esencial de titularidad estatal.
Esta nueva regulación permite superar la normativa hasta ahora vigente, que tanto por su dispersión y distinto origen temporal como por su falta de adecuación en varios aspectos al marco jurídico constitucional precisa de una importante revisión. Por otra parte, el marco jurídico hasta ahora vigente no se corresponde con el entorno institucional propio de la evolución de la economía española en general, ni con los cambios producidos en la propia estructura del tráfico portuario. La renovación de este entorno institucional se ve urgida especialmente a partir del momento de la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea, puesto que en esta nueva situación se hace cada vez más necesario contar con un marco jurídico apropiado que permita la flexibilidad y eficacia requeridas para el desarrollo en el ámbito europeo de las actividades vinculadas al tráfico portuario. Junto con estas consideraciones de carácter general debe hacerse especial hincapié en un aspecto de este marco jurídico, como es el laboral, necesitado de una adaptación plena al sistema de relaciones laborales derivado no sólo de la Constitución española sino de la propia dinámica de dicho sistema en los últimos años, clarificando las posiciones de empresas y trabajadores y dotando a ambos del régimen jurídico que permita el pleno desarrollo de este sistema de relaciones laborales en el ámbito portuario.
De acuerdo con estos criterios genéricos la norma, tras declarar las actividades portuarias como servicio público de titularidad estatal, permite el acceso a las mismas de las empresas mediante el sistema de contratación administrativa, sistema que combina la garantía para el interés público derivada del control de la actuación de particulares a través del contrato, con la flexibilidad de la actuación empresarial en este ámbito. Precisamente el interés público concurrente en estas actividades determina la posibilidad de establecer requisitos para el acceso a las mismas, y no sólo desde el punto de vista de la solvencia y eficacia empresarial, sino también desde el de la profesionalidad de los trabajadores que desarrollen estas tareas. De ahí la regulación de las Sociedades Estatales que contratan a los trabajadores portuarios para dotarles de la formación profesional práctica adecuada y ponerlos a disposición de las empresas con carácter temporal para aquellos supuestos en los que la plantilla propia de las mismas es insuficiente para el desarrollo de las tareas portuarias.
El tratamiento laboral del trabajo portuario se completa con reglas sobre colocación y contratación de los trabajadores portuarios, en línea con los criterios del Convenio número 137 de la OIT, ratificado por España, y junto con ello se fija el régimen jurídico de la relación laboral de carácter especial de los trabajadores portuarios vinculados a las Sociedades Estatales prevista en el Estatuto de los Trabajadores, régimen jurídico que, adecuando a las estrictas peculiaridades del trabajo portuario las reglas generales del derecho laboral, permite que sean los mecanismos de la negociación colectiva los que posibiliten el desarrollo del régimen laboral en este tipo de actividades, a partir de los derechos y deberes básicos reconocidos en esta propia norma y en el Estatuto de los Trabajadores.
De esta forma se establece un nuevo régimen laboral en el ámbito portuario, pasando de una prestación de servicios por cuenta de varios empresarios, con carácter irregular y no permanente, con sus lógicos efectos en cuanto a la existencia de amplios períodos de desempleo a lo largo del año, a un régimen jurídico caracterizado por la definición clara del sujeto empresarial, con el que se establece un contrato de trabajo de carácter indefinido. Con ello se adopta una medida positiva de política de empleo, al sustituir empleo precario por empleo estable, que permite poner en marcha, al cumplirse los requisitos exigidos por el Tribunal Constitucional en sus sentencias de 2 de julio de 1981 y 30 de abril de 1985, el mecanismo de jubilación forzosa, previsto en la Disposición Adicional Quinta del Estatuto de los Trabajadores como facultad del Gobierno. De esta manera se garantiza la racionalización de la estructura y volumen actuales de las plantillas de trabajadores portuarios, exigida por los importantes cambios producidos en los últimos años en los sistemas de trabajo portuario como consecuencia de la aplicación de nuevas tecnologías.
La norma se completa con una serie de disposiciones de derecho transitorio que permiten que el tránsito del actual sistema de ordenación de la actividad portuaria al nuevo se produzca sin merma de los derechos de los administrados, significadamente en lo referente a la estabilidad en el empleo y demás derechos básicos de los trabajadores.
En el momento presente la urgencia de la necesidad de dotar a las actividades portuarias de un marco jurídico apropiado y actualizado se ve forzada por una circunstancia de gran importancia; efectivamente, la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 1985 declaró la nulidad del Real Decreto 2302/1980, de 24 de octubre, y de la Orden del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, de 16 de junio de 1981, normas por las que se establecía la regulación de la estructura administrativa de las actividades laborales y empresariales en los puertos de interés general. En el momento en que dicha sentencia fuera publicada y resultase ejecutiva, sin disponer de una norma que la sustituyese, se produciría una situación de vacío normativo de indudables efectos negativos para el desarrollo de las actividades portuarias. De esta situación se deriva la urgencia en establecer un nuevo régimen jurídico para esta actividad.
Precisamente como consecuencia de dicha sentencia el Gobierno aceleró la preparación del correspondiente proyecto de Ley ordenador del servicio público de estiba y desestiba, al requerirse una norma con rango de Ley para establecer la ordenación de este servicio de acuerdo con los criterios expresados; sin embargo, la disolución de las Cámaras ha impedido la prevista tramitación del proyecto de Ley dentro de la legislatura, por lo que resulta procedente el que mediante un Real Decreto-ley se lleve a cabo esta nueva regulación, ya que, al ser ésta la única posibilidad de regular mediante una norma con rango de Ley la actividad portuaria una vez disueltas las Cámaras, se cumplen las exigencias contenidas en el artículo 86 de la Constitución española para poder hacer uso de este instrumento jurídico extraordinario, al quedar justificada la extraordinaria y urgente necesidad de proceder a la nueva regulación de la actividad portuaria.
En su virtud, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de mayo de 1986, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución.
TÍTULO PRIMERO El servicio público de estiba y desestiba de buques: Definición y ámbito Artículos 1 a 3
Las actividades de estiba y desestiba de buques en los puertos de interés general constituyen un servicio público esencial de titularidad estatal. Dicho servicio será gestionado por personas naturales o jurídicas, sin perjuicio de las funciones que la presente norma atribuye a las Sociedades Estatales. La aplicación de este Real Decreto-ley a un puerto de interés general podrá ser exceptuada por acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos cuando el volumen e importancia del tráfico en el mismo no tenga la relevancia suficiente que justifique la organización de los servicios previstos en esta norma.
Lo dispuesto en este Real Decreto-ley será también de aplicación para los puertos que no tengan la consideración de interés general, pero en los que ejerciese sus funciones la Organización de Trabajos Portuarios en la fecha de su entrada en vigor.
Ello no obstante, si los puertos a los que se refiere el párrafo anterior fuesen gestionados por una Comunidad Autónoma, corresponderá a ésta determinar la organización del servicio, siendo sin embargo de aplicación en tales supuestos la normativa de carácter laboral establecida en los capítulos IV y V de esta norma; a estos efectos las referencias que a las Sociedades Estatales se efectúan en la normativa aludida se entenderán hechas a los sujetos a quienes atribuyan las Comunidades Autónomas las funciones que el presente Real Decreto-ley atribuye a dichas Sociedades.
Artículo citado en: 28 sentencias, 6 artículos doctrinales, 7 disposiciones normativas, 12 resoluciones administrativas
Se considerarán como actividades integrantes de dicho servicio público las siguientes: Las labores de carga, descarga, estiba, desestiba y transbordo de mercancías, objeto de tráfico marítimo, en los buques y dentro de la zona portuaria.
No obstante quedan excluidas de dicha consideración las actividades descritas cuando concurran alguno de los siguientes supuestos:
La manipulación de materiales o mercancías y el manejo de medios mecánicos que pertenezcan a la Administración Portuaria.
Las que se refieren a materiales o mercancías del Ministerio de Defensa, salvo que se realicen por una empresa estibadora.
El embarque y desembarque de camiones, automóviles y cualquier clase de vehículos a motor, cuando estas operaciones se realicen por sus propietarios, usuarios o conductores habituales dependientes de aquéllos, así como las labores complementarias de sujeción, cuando sean realizadas por las tripulaciones de los buques.
La conducción, enganche y desenganche de cabezas tractoras que embarquen o desembarquen remolques, si el transporte se produce sin solución de continuidad desde fuera de la zona portuaria hasta su embarque, o desde el barco hasta fuera de la zona portuaria.
La conducción de vehículos de todo tipo que transporten mercancías hasta pie de grúa o de instalación de carga, en operaciones directas de camión a barco, si el transporte se produce sin solución de continuidad desde fuera de la zona portuaria y de la de los que reciban mercancías a pie de grúa o instalación de descarga, en operaciones directas de barco a camión, si el transporte se produce sin solución de continuidad hasta fuera de la zona portuaria y, en ambos casos, las operaciones de simple conexión de los medios de carga o descarga.
La descarga, arrastre hasta lonja y almacén y cuantos trabajos se deriven de la manipulación del pescado fresco, provenientes de buques de menos de 100 toneladas de registro bruto, o de los que superen dicho registro siempre que como consecuencia de pacto dichas labores sean realizadas por los tripulantes del buque.
Las operaciones que se realicen en instalaciones portuarias en régimen de concesión, cuando dichas instalaciones estén directamente relacionadas con plantas de transformación, instalaciones de procesamiento industrial o envasado de mercancías propias que se muevan por dichos terminales marítimos de acuerdo con su objeto concesional, salvo que se realizasen por una empresa estibadora.
Las operaciones de carga, descarga y transbordo si se realizasen por tubería o para el avituallamiento del buque o para su aprovisionamiento, cuando para este último no se precise contratar personal.
El manejo de cabezas tractoras o grúas automóviles que no estén permanentemente adscritos a labores portuarias, siempre que sean conducidos por su personal habitual.
Artículo citado en: 66 sentencias, 4 artículos doctrinales, 7 disposiciones normativas
TÍTULO II Gestión del servicio público Artículos 4 a 6
Artículo citado en: 8 sentencias, 3 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, 3 resoluciones administrativas
Plantilla de trabajadores fijos disponibles, tanto en la infraestructura administrativa como para la realización de las tareas portuarias.
Inversión en medios mecánicos.
Cánones anuales por ocupación de superficie y por utilización de obras e instalaciones del puerto.
Volumen anual de mercancías manipuladas.
El grado de participación en el tráfico portuario en los distintos puertos del Estado.
El volumen anual de salarios abonados en la actividad portuaria.
Artículo citado en: 7 sentencias, 4 artículos doctrinales, 3 disposiciones normativas
Artículo 6 ª
Las tarifas máximas exigibles por los servicios prestados por las empresas estibadoras serán fijadas por la Administración Portuaria competente.
Las bases para la fijación de estas tarifas máximas se establecerán por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, teniendo en cuenta a estos efectos la valoración de factores como los tipos de carga, los rendimientos, la competitividad internacional y la coordinación intermodal de los transportes nacionales.
TÍTULO III Sociedades Estatales Artículos 7 y 8
En cada puerto incluido en el ámbito de esta norma se constituirá una Sociedad Estatal, como Sociedad Anónima de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.º,1,.a), de la Ley General Presupuestaria.
La participación del Estado en el capital de dichas Sociedades será superior al 50 por 100 del mismo, consistiendo su aportación inicial en el patrimonio neto perteneciente en la actualidad al Organismo Autónomo Organización de Trabajos Portuarios, una vez que se cumplan las previsiones contenidas en la Disposición Transitoria Primera de la presente norma.
Artículo citado en: 22 sentencias, 3 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, 3 resoluciones administrativas
Cada Sociedad Estatal se financiará con la aportación inicial que fijen sus Estatutos para las empresas que inicialmente la constituyen o se incorporen con posterioridad, así como con las cuotas mensuales de las empresas, determinadas de forma individualizada para cada una de ellas en proporción a la utilización de los servicios del personal perteneciente a la plantilla de la Sociedad.
El importe de dichas cuotas se revisará en los términos previstos en los Estatutos.
TÍTULO IV Colocación y contratación de los trabajadores portuarios Artículos 9 a 12
Solamente podrán ser contratados aquellos trabajadores que figuren inscritos en el registro especial de trabajadores portuarios que existirá en las Oficinas de Empleo; la inscripción en dicho registro se producirá respecto de los trabajadores que hubiesen superado las correspondientes pruebas de aptitud y seguido los oportunos cursos de perfeccionamiento portuario. Los trabajadores portuarios registrados deberán manifestar que están disponibles para el trabajo en cualquiera de las modalidades contractuales previstas en el artículo décimo.
Artículo citado en: 36 sentencias, 4 artículos doctrinales, 7 disposiciones normativas
La relación laboral de los trabajadores podrá establecerse tanto con las Sociedades Estatales como con las empresas estibadoras, teniendo dicha relación en el primer supuesto la consideración de relación laboral de carácter especial.
En el segundo supuesto la contratación sólo podrá tener lugar, salvo que se den las circunstancias previstas en el artículo 12, respecto de trabajadores con profesionalidad acreditada en los términos del artículo 9, en cuyo caso la relación laboral establecida tendrá la consideración de común.
Artículo citado en: 38 sentencias, 2 artículos doctrinales, 3 disposiciones normativas
Con la finalidad de mantener el adecuado nivel de profesionalidad en la prestación del servicio, las Sociedades Estatales deberán proporcionar con carácter temporal a las empresas estibadoras los trabajadores pertenecientes a su plantilla que sean necesarios para el desarrollo de las tareas que no puedan ser cubiertas por el personal propio de cada empresa; los trabajadores que pasen a realizar estas tareas lo harán mediante el sistema de rotación.
Cuando las Sociedades Estatales no pudiesen proporcionar los trabajadores solicitados, por no disponer de ellos en número suficiente y así lo manifestasen documentalmente a las empresas, éstas podrán contratar directamente, sin que exceda de un turno de trabajo, a los trabajadores inscritos en el registro especial a que se refiere el artículo 9.º
La inscripción en dicho Registro se producirá, no sólo a efectos de acreditación de profesionalidad básica; sino también a los efectos de colocación previstos en la Ley Básica de Empleo.
TÍTULO V Relación laboral especial de los estibadores portuarios Artículos 13 a 19
Artículo 13 Ambito de aplicación.
El presente Título regula la relación laboral especial de los estibadores portuarios a la que se refiere la Disposición Adicional Primera de la Ley 32/1984, de 2 de agosto, sobre modificación de determinados artículos de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el artículo 2.º, 1,g), de dicho Estatuto.
Se considera relación laboral especial de los estibadores portuarios la establecida, de una parte, por las Sociedades Estatales reguladas en el Título III de esta norma, y de otra, por los trabajadores portuarios.
A efectos de la presente norma, se consideran trabajadores portuarios los contratados por las Sociedades Estatales a las que se refiere el párrafo anterior para desarrollar los trabajos correspondientes a las actividades definidas como integrantes del servicio público de estiba y desestiba en el artículo 2.º de este Real Decreto-ley.
Artículo 14 Duración del contrato de trabajo.
Uno. El contrato se formalizará por escrito y en ejemplar triplicado. Un ejemplar será para cada una de las partes contratantes y el tercero se registrará en la Oficina de Empleo. El contrato se adaptará al modelo oficial que apruebe el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Dos. Serán nulos los pactos que prohíban o tengan como consecuencia impedir la celebración de un contrato de trabajo entre el estibador portuario y la empresa estibadora, de acuerdo con lo previsto en esta norma.
Artículo 16 Retribuciones.
Artículo 17 Dirección y control de la actividad laboral.
Artículo 18 Condiciones de trabajo.
Reglamentariamente se determinará la forma en que el personal de la Organización de Trabajos Portuarios quedará integrado, bien en otros Cuerpos o Escalas de las Administraciones Públicas, bien en la plantilla de las Sociedades Estatales, según se trate de funcionarios o de personal laboral, respectivamente.
Las empresas que, a la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley, se encuentren realizando las labores portuarias descritas en el artículo 2.º y que deseen seguir actuando como tales, deberán integrarse necesariamente en las Sociedades Estatales.
Los trabajadores que a la entrada en vigor de la presente norma se encuentren incluidos en los censos gestionados por la Organización de Trabajos Portuarios, pasarán a integrarse en las plantillas de las correspondientes Sociedades Estatales, que se subrogarán en todos los derechos y obligaciones laborales que respecto de aquéllos se encuentren legalmente reconocidas. La integración se producirá mediante la suscripción del correspondiente contrato en los términos previstos en los artículos 9.º, 10 y 15 de este Real Decreto-ley.
Los trabajadores que, a la entrada en vigor de esta norma, pertenezcan a las plantillas de las empresas portuarias y en el momento de establecerse su contrato figuraran inscritos en los censos gestionados por la Organización de Trabajos Portuarios, continuarán desarrollando el mismo en los términos pactados, si bien les serán aplicables los efectos previstos para la suspensión del contrato con la Sociedad Estatal en el 2.º párrafo del artículo 10, pudiendo pasar, en los términos previstos en tal precepto, a la plantilla de la Sociedad Estatal correspondiente en el supuesto de extinción de su contrato con la empresa portuaria.
De acuerdo con lo previsto en la Disposición Adicional Quinta del Estatuto de los Trabajadores la fecha de límite de la capacidad para trabajar de quienes se encuentren inscritos en los censos gestionados por la Organización de Trabajos Portuarios en la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto-ley será aquella en que estos trabajadores cumplan la edad de jubilación que les corresponda de acuerdo con el régimen de Seguridad Social aplicable. Esta jubilación forzosa sólo podrá tener lugar si el trabajador hubiese completado los períodos de carencia necesarios para percibir la correspondiente pensión de jubilación.
Cuando como consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior pudiera derivarse la inexistencia de trabajadores portuarios con la calificación adecuada para el mantenimiento de la regular actividad en un puerto la Organización de Trabajos Portuarios lo pondrá en conocimiento de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. Dicha autoridad, a la vista de los informes pertinentes, podrá acordar la suspensión de la aplicación de la jubilación forzosa para estos concretos casos. Lo anterior se entiende sin perjuicio del derecho de los trabajadores comprendidos en los supuestos antes regulados para solicitar su jubilación con carácter voluntario.
Igualmente, de acuerdo con la finalidad de adecuar el tamaño de los censos actualmente gestionados por la Organización de Trabajos Portuarios a las necesidades de funcionamiento operativo de las Sociedades Estatales a las que se refiere este Real Decreto-ley podrá establecerse por vía reglamentaria el procedimiento y criterios a aplicar para la determinación de las plantillas operativas en el momento de su creación, la forma de determinación de los excedentes laborales y los instrumentos para mejorar la intensidad de la protección por desempleo de los trabajadores actualmente inscritos en los censos de la Organización de Trabajos Portuarios que deberán causar baja en los mismos para alcanzar la adecuada dimensión de las plantillas iniciales de las Sociedades Estatales.
El presente Real Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Santa Cruz de Tenerife a 23 de mayo de 1986
Real Decreto 371/1987, de 13 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la Ejecucion del Real decreto-ley 2/1986, de 23 de Mayo, de Estiba y de...
DECRETO 291/2010, de 9 de noviembre, por el que se habilitan créditos en diversos programas del Presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2010, por importe de 249.000.000 de euros.
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DECRETO 110/2000, de 13 de junio, por el que se declara de urgencia la ocupación por la Diputación Foral de Álava a efectos de expropiación forzosa, de los bienes y derechos afectados por el 'Proyecto de Construcción, Ensanche, Mejora y Refuerzo de la carretera A-3002, entre Durana y Arroiabe (Álava)'.