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Timestamp: 2019-01-20 00:22:02
Document Index: 219236378

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 10', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 16', 'artículo 19', 'artículo 20', 'artículo 1', 'artículo 135', 'artículo 5']

CAT/C/61/Add.2
Cuartos informes periódicos que los Estados deben presentar en 2003
INTRODUCCIÓN 1 - 2 4
I. MOTIVO DE PREOCUPACIÓN EN EL TERCER INFORME
PERIÓDICO 3 - 110 4
A. Las numerosas denuncias de torturas que siguen
presentándose 4 - 35 4
B. La falta de "independencia" de los miembros del poder
judicial que no tienen seguridad en el cargo 36 - 43 37
C. El período de prisión preventiva en régimen de
incomunicación, que es de 15 días, para los sospechosos de
la comisión de actos de terrorismo 44 - 49 40
D. El uso de tribunales militares para juzgar a civiles 50 - 54 41
E. La pena automática de un año como mínimo de reclusión
solitaria, a contar desde la fecha del juicio, aplicable a las
personas condenadas por un delito de terrorismo 55 - 59 42
F. La falta manifiesta de una investigación y un enjuiciamiento
efectivos de las personas acusadas de haber cometido actos
de tortura 60 - 76 43
G. La aplicación de, en particular, leyes de amnistía que
excluyen la posibilidad de enjuiciar a presuntos torturadores
que, conforme a los artículos 4, 5 y 12 de la Convención,
deben ser sometidos a una investigación y un
enjuiciamiento cuando corresponde 77 - 82 47
H. El mantenimiento en algunas partes del país de leyes de
emergencia que derogan las disposiciones ordinarias de
protección de los derechos humanos 83 - 100 50
I. El régimen penitenciario especial aplicable a los terroristas
condenados y, en particular, a los dirigentes terroristas
condenados 101 - 108 56
J. El hecho de que la Fiscalía de la Nación no ha establecido
un registro preciso de las personas que denuncian haber sido
torturadas 109 - 110 58
II. RECOMENDACIONES DEL COMITÉ 111 - 166 59
A. Recomendaciones reiteradas 112 - 124 59
B. Nuevas recomendaciones 125 - 166 64
III. CONCLUSIONES DEL COMITÉ FORMULADAS EN BASE
A LA INVESTIGACIÓN CONFIDENCIAL EFECTUADA AL
AMPARADO DEL ARTÍCULO 10 DE LA CONVENCIÓN 167 - 257 75
A. Denuncias recibidas en el curso de la investigación 168 - 173 75
B. Cuestiones jurídicas. 174 - 208 76
C. Lugares de detención visitados 209 - 231 81
D. Cooperación de las autoridades del Perú en la investigación 232 85
E. Observaciones finales 233 - 257 85
IV. INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS RELACIONADAS CON
LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN 258 - 356 91
Artículo 1 258 - 277 91
Artículo 2 278 - 279 96
Artículos 3 a 9 280 96
Artículo 10 281 - 345 96
A. Acciones propiciadas por el Ministerio del Interior 289 - 309 98
B. Acciones propiciadas por el Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social 310 - 316 102
C. Acciones propiciadas por el Ministerio de Defensa a
través del Centro de Derecho Internacional
Humanitario - CDIH 317 - 324 105
D. Acciones de capacitación propiciadas por el Ministerio
de Educación 325 - 345 107
Artículo 11 346 - 354 111
Artículos 12 a 15 355 114
Artículo 16 356 114
Lista de anexos 115
1. El Estado peruano, en cumplimiento del artículo 19 de la Convención contra la Tortura presenta al Comité contra la Tortura su cuarto informe periódico sobre la aplicación de la Convención que comprende el lapso entre 1999 y 2004. Este informe incorpora primeramente en los capítulos I y II las respuestas y comentarios del Estado peruano a los motivos de preocupación y recomendaciones formuladas por el Comité con ocasión del examen del tercer informe periódico (A/55/44, párrs. 59 a 63); luego, en el capítulo III, se informa sobre los avances en el cumplimiento de las conclusiones del Comité contra la Tortura formuladas en base a la investigación confidencial efectuada al amparo del artículo 20 de la Convención; al final, se presentan las innovaciones o hechos relevantes respecto a los artículos 1 a 16 de la Convención.
2. Este informe ha sido elaborado con datos y opiniones alcanzados por los sectores del Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Relaciones Exteriores; Consejo Nacional de la Magistratura, poder judicial, ministerio público; Consejo Supremo de Justicia Militar, Comisión Multisectorial de Alto Nivel de la Presidencia del Consejo de Ministros; Defensoría del Pueblo e Instituto Nacional Penitenciario.
I. MOTIVOS DE PREOCUPACIÓN EN EL TERCER INFORME PERIÓDICO
3. El tercer informe periódico del Perú (CAT/C/39/Add.1) mereció numerosos motivos de preocupación por parte del Comité contra la Tortura. Corresponde precisar lo corregido y subsanado en consonancia con la nueva política de derechos humanos que emprende el actual Gobierno democrático, en funciones desde el 28 de julio de 2001. Para este fin se presenta cada uno de los motivos de preocupación formulados por el Comité (A/55/44, párr. 59) y el correspondiente comentario, progresos y dificultades que, en ciertas materias, aún subsisten.
A. Las numerosas denuncias de torturas que siguen presentándose
4. Con la actual política de promoción y defensa de los derechos humanos, la situación que afronta el Gobierno constitucional democrático es cualitativamente distinta a la que se heredó en la década anterior. Muestra de ello es que el número de nuevas denuncias por presuntos actos de tortura o malos tratos se ha reducido de forma significativa, de acuerdo a los registros sectoriales que se describen a continuación.
5. El Ministerio del Interior informó sobre las denuncias, por la presunta comisión del delito tortura, presentadas contra los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP).
1. Direcciones de la Policía Nacional del Perú que tienen registrados casos de torturas cometidos por personal de la PNP
a) Dirección Territorial Policial - Piura
6. Se informó de que no existen denuncias por el delito de tortura entre los años 2000 y 2002. Se informó de que en el año 2003 se registró una denuncia por el delito de tortura con subsecuente muerte en agravio de Edgar López Sacarranco. El hecho ocurrió en el interior de la comisaría de Sullana el 23 de febrero de 2003. De igual forma, se pone en conocimiento que durante el año 2004 no existen denuncias sobre tortura.
b) Séptima Dirección Territorial Policial - Lima
7. Se indicó que no existe información sobre casos de tortura cometidos por los miembros de la PNP en las jefaturas de: Seguridad Ciudadana Centro, Norte, Oeste, Sur-1, Sur-2, Este-1, Este 2, Callao, Cañete y Matucana. La Jefatura de Seguridad Ciudadana de Huacho informó de que, el 18 de abril de 2001, la Inspectoría Provincial de Huacho formuló el parte Nº 043 2001 JPP-PNP-H-I, sustentado en el resultado de las investigaciones efectuadas con relación a la presunta inconducta funcional, en la que habría incurrido el personal de la Policía Nacional de la Comisaría de Puerto Supe, en agravio de Carlos Alejandro Malqui Gaspar.
2. Direcciones de la Policía Nacional del Perú que no tienen registrados casos de torturas cometidos por personal de la PNP
a) Dirección Ejecutiva de Desarrollo Humano
8. Se indicó que no existe información sobre casos de tortura cometidos por miembros de la PNP desde hace cinco años.
b) Dirección Ejecutiva de Administración
9. No se han registrado casos de tortura.
c) Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú
10. Se indicó que, habiendo revisado los archivos y documentación existente en la División de Administración de la Dirección de Inteligencia, no se han registrado casos de tortura cometidos por personal de la PNP pertenecientes a la Dirección de Inteligencia en los últimos cinco años.
d) Dirección contra el Terrorismo
11. Se indicó que no existe información sobre casos de tortura cometidos por miembros de la PNP en los últimos cinco años.
e) Dirección de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia
12. En ninguna de sus unidades operativas se tienen registrados casos de torturas cometidos por su personal.
f) Dirección contra la Corrupción
13. Se informó de que, en el período 2001-2004, no se han registrado denuncias por casos de tortura en que haya participado personal de la PNP.
g) Dirección de Seguridad de Penales
14. Se informó de que no se han registrado casos de tortura en los últimos cinco años.
h) Cuarta (IV) Dirección Territorial Policial - Tarapoto
15. Se indicó que no existe información sobre casos de tortura cometidos por miembros de la PNP en los últimos cinco años.
i) Sexta (VI) Dirección Territorial Policial - Ucayali
16. Se indicó que no existe información sobre casos de tortura cometidos por miembros de la PNP entre los años 1999 y 2004.
j) Novena (IX) Dirección Territorial Policial - Ayacucho
17. Se informó de que no se han registrado, en los últimos cinco años, casos de tortura cometidos por personal de la PNP.
k) Decimoprimera (XI) Dirección Territorial Policial - Arequipa
18. Se informó de que no se han registrado casos de tortura cometidos por personal de la PNP1.
19. En el ámbito penitenciario, con la política del Gobierno constitucional democrático, en el mes de octubre de 2004 no se han presentado denuncias de tortura. Sin embargo, se ha recibido una denuncia por presuntos maltratos en agravio de nueve internos del Penal de Socabaya, Arequipa. Ante dicha información, la administración penitenciaria a través del Instituto Nacional ha emprendido las siguientes acciones:
i) La Directora Regional del INPE de Arequipa efectuó una visita de inspección al citado penal.
iii) Se dispuso al médico legista del penal que realice los exámenes médicos correspondientes. Dichos exámenes fueron entregados al representante del ministerio público.
iv) Se inició una investigación a cargo del Director General de Seguridad del INPE. Como resultado de ésta se emitió un informe que ha sido remitido a la Oficina General de Auditoria Interna de la institución, a fin de completar la investigación que permitirá la aplicación de rigurosas sanciones a los que resulten responsables.
v) A la fecha se han identificado cuatro de los responsables de los maltratos2.
20. Respecto a 57 denuncias sobre presuntos actos de tortura que han sido de conocimiento del Relator Especial sobre la tortura de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, una actualización de las mismas, referidas a distintos sectores del Estado, se puede presentar de modo resumido en el siguiente cuadro.
Información disponible consolidada sobre 57 casos de tortura
reportados al Relator Especial
(Al 10 de noviembre de 2004)
Moisés Pacco Mayhua
Mediante Oficio N° 2082-2004-IN/0105 de 16 de septiembre de 2004, la Secretaria Permanente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, traslada el Oficio N° 5066-2004-DIRGEN-PNP/SG de 9 de junio de 2004, de la Secretaría General de la DIRGEN PNP, adjuntándose el informe N° 24-2004-EMG de fecha 21 de septiembre de 2004, de la Jefatura de la Dirección de Derechos Humanos JEMG-PNP, consignando en el numeral 6, información relacionada con el presente caso, a partir del Oficio N° 282-2004-XI-DITERPOL-A/EM-UNDHR de 21 de junio de 2004 del General PNP Luis Antonio Vizcarra Girón, Director Territorial de Policía - Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna, con el que a su vez remite copia del informe N° 002-2004-XI-DIRTEPOL-A/EM UNDHR, de fecha 26 de enero de 2004, en el que se da cuenta que con Oficio N° 008-XIDTA-EPNP/PUNO/EM-UDDHH, se remite el Parte N° 075-IRS-PNP-J de 7 de septiembre de 1999, relacionado a la investigación administrativa disciplinaria por el hurto de la Radio Transreceptor marca YAESU N° 330470, afectada a la Jefatura Provincial PNP, Carabaya-Macusani y posterior fallecimiento del presunto autor Moisés Pacco Mayhua (19 años), hecho ocurrido en la localidad de Macusani. Asimismo revisados los archivos en el Libro de Registro de Detenidos correspondientes a los años 1994 a 2000, a folios 0496, en el servicio de los días 6 a 7 de noviembre de 2000, se registra la detención del ciudadano John Manuel Huamán Jara (29 años), el 6 de noviembre de 2000, a las 9.30 horas, P/SD por D/C/VC/S homicidio, consignándose en el descargo que fue puesto a disposición de la 1ª Fiscalía Provincial Mixta de Tacna, con el Atestado N° 432-SRT-SEINCRI de 7 de noviembre de 2000.
Esteban Miñan Castro
Mediante Oficio N° 291-2004-IN/0105 de fecha 8 de marzo de 2004, el Secretario Permanente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, adjunta el informe N° 004 2004 IX-DIRTEPOL-A-COASP/Sec. De la IX DIRTEPOL Ayacucho, indicándose que de la Región Policial Ica se recepcionó el informe N° 001-2004-IX-DIRTEPOL-A-RPI-EM-UP de 18 de enero de 2004, dando cuenta que la comisaría PNP Chincha, mediante informe N° 013-2004-IX-DPTA-RPI-CPCH-OP de 17 de enero de 2004, informa que revisados los libros de ocurrencias de la comisaría PNP Tambo de Mora, se encuentra registrada una Ocurrencia de Calle Común N° 142-99, sobre el fallecimiento de Esteban Miñan Castro, ocurrido en el establecimiento penal de Tambo de Mora; asimismo, existe el Atestado N° 014-99-IX-RPNP-JPCH-CTM de 23 de noviembre de 1999, el mismo que fue cursado a la 2ª Fiscalía Penal de Chincha. En dicho atestado se establece responsabilidad penal por delito contra la vida, el cuerpo y la salud homicidio culposo a técnicos del INPE; responsabilidad por delitos contra la administración de justicia- abuso de autoridad, al Director EEPP y a técnicos INPE y otros por delitos contra la administración de justicia- contra la función jurisdiccional; mencionando que la PNP cubre solamente servicio de seguridad exterior en el establecimiento penal de Tambo de Mora, desde julio de 1995.
Alejandro Damián Trujillo Llontop
El Secretario Permanente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, mediante Oficio N° 079-2004-IN/0105 de fecha 23 de enero de 2004, adjunta información señalando como fuente el Dev. N° 124 de 21 de julio de 2000 que remite el Informe N° 71 de 12 de julio de 2002. En él se indica que el 1º de marzo de 2000, el SOB.PNP Alejandro Damián Trujillo Tapia denuncia la desaparición de su hijo Alejandro Damián Trujillo Llontop. El 2 de marzo de 2000, ADTLL personal de la comisaría Sarita Colonia encontró el cadáver a orillas de la playa AH. Daniel A. Corrión-Callao. Señala además que la 11ª Fiscalía Penal-Cono Norte, tiene a su cargo la investigación, encontrándose presuntamente involucrados personal PNP de la DIVOES-Norte: sin embargo el Jefe Pol. Metropolitana- Norte 1 elaboró el Parte N°055-2000-JPM-NORTE 01-INSP-E2 de 15 de mayo de 2000, no habiendo podido determinar la responsabilidad del personal policial de la DIVOES JPMN-01.
Nelson Díaz Marcos
El Secretario Permanente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, mediante Oficio N° 079-2004-IN/0105 de fecha 23 de enero de 2004, adjunta información señalando como fuente el Dev. N° 138 de 4 de agosto del 2000 que remite el Informe N° 86 de 3 de agosto de 2000. En éste se indica que se formuló Parte Administrativo Disciplinario N° 020-2000-SRP-T-INSP-AL de 19 de mayo de 2000 y que se determinó responsabilidad administrativa expidiéndose la Resolución regional N° 67-2000-XI-RPNP/UP de 13 de julio de 2000, en la cual se resuelve pasar de la situación de actividad a la de disponibilidad, por la causal medida disciplinaria al SOT2.PNP Carlos Laqui Marquina y al SOT3.PNP Víctor Pachas Mamani por haber incurrido en graves faltas contra la obediencia, negligencia, abuso de autoridad y contra el deber profesional y el presunto delito de lesiones con subsecuente muerte, en agravio de Nelson Fulgencio Díaz Marcos. Asimismo, con fuente Dev. N° 16 de 5 de marzo de 2001 que remite al Informe N° 17 de 28 de febrero de 2001, se señala haberse formulado oportunamente los Informes Nos. 118, 097, 086, 084-2000-EMG-PNP/DIPANDH, de fechas 10 de octubre, 25 de agosto, 3 de agosto y 31 de julio de 2000 respectivamente; informándose de que mediante Oficio N° 417-2000-JIS-PNP-T el Juez Instructor sustituto-Tacna dispone la detención definitiva del SOT2.PNP Carlos Laqui Marquina y SOT3.PNP Víctor Pachas Mamani, por el presunto delito de abuso de autoridad (causa N° 43004-2000-0004), encontrándose en la actualidad internados en las instalaciones de la carceleta de la Sección de la Policía Judicial de Tacna.
José Luis Poma Payano
Mediante Oficio N° 002-2004-DDHH/PJ de fecha 5 de enero de 2004, el representante del poder judicial ante el Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, remite el Oficio N° 1846-2003-MPDSDJL de fecha 23 de diciembre de 2003, del Fiscal Superior Titular Decano del Distrito Judicial de Lima, quien a su vez remite el Oficio N° 561-03-FE-DF-EE-EFC-MP-FN, de fecha 19 de diciembre de 2003, cursado por la Fiscalía Especializada para Desapariciones Forzosas, Ejecuciones Extrajudiciales y Exhumación de Fosas Clandestinas, quien adjunta la razón de Mesa de Partes de la misma fecha, en el sentido de que realizada la búsqueda en el Sistema de Información de Apoyo Fiscal, en el Cuadro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en todo archivo de la referida Fiscalía, no se ubica registro alguno sobre las personas de Poma Payano José Luis y otros.
Mediante Oficio N° 027-2004-DDHH/PJ de fecha 15 de enero de 2003, la representación del poder judicial ante el CNDH, del Ministerio de Justicia, alcanza información adicional remitida por el Vigésimo sexto Juzgado Penal de Lima, con Oficio N° 325-02DOT de fecha 12 de enero de 2004, que guarda relación con el proceso seguido contra Luis Alberto María Cáceres Gómez de la Barra y otros por delito CVCS -homicidio en agravio de José Luis Poma Payano, en el sentido de que dicha causa se encuentra en el despacho para resolver, desde el 18 de diciembre de 2003, en razón de haberse llevado en dicha fecha un informe oral, por tanto encontrándose en el término de ley.
Asimismo, mediante Oficio N° 004-2004-DDHH/PJ de fecha 13 de enero de 2004, la representación del poder judicial ante el CND del Ministerio de Justicia, remite copia de la información proporcionada por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima sobre ubicación del Expediente Nº 15253-1999 - Trigésimo Juzgado Penal de Lima.
Jenard Lee Rivera San Roque
El Secretario Permanente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, mediante Oficio N° 079-2004-IN/0105 de fecha 23 de enero de 2004, adjunta información señalando como fuente el Dev. N° 134 de 4 de septiembre de 2001 que remite el Informe N° 88 de 9 de agosto de 2001. En éste se indica que el 27 de junio de 2001 el Jefe Provincial de Huacho en el Informe N° 73-JPP-PNP-H/INSP informa de que el detenido por delito contra el patrimonio Jenard Lee Rivera San Roque fue encontrado muerto en el citado local policial. Las investigaciones sobre dicha muerte fueron realizadas por la Divivisión de Investigación Criminal de Huacho, determinándose "muerte por asfixia por ahorcamiento", formulándose el Atestado N° 54-2001-JPP-HH-DIVINCRI y el Atestado ampliatorio N° 078-2001-JPP-HH-DIVINCRI de 9 de mayo y 23 de junio de 2001, respectivamente, documentos cursados a la 1° Fiscalía Penal de Turno de Huacho. El órgano de Inspectoría de la VII-RPNP-Lima, formuló el Parte administrativo disciplinario N° 211-2001-VII-RPNP-I/EI.06 de 8 de mayo de 2001, cursado con Oficio N° 389 2001-VII-RPNP-JOPER-MD-OO de 17 de mayo de 2001 a la Presidencia del Consejo Superior de Justicia de la II-ZJPNP, denunciándose al Comandante PNP Pedro Blas Besada y al Mayor PNP Juan Vilca Chuquillanqui, por presunta autoría por el delito de desobediencia; al SOB.PNP Julio Castro Reyes y SOT2.PNP Mario Mayta Yupanqui por presunta autoría de los delitos de desobediencia y negligencia.
Gina Requejo
Pablo Waldir Cerrón Gonzales
El Secretario Permanente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, mediante Oficio N° 079-2004-IN/0105 de fecha 23 de enero de 2004, adjunta información señalando como fuente el Dev. N° 122 de 20 de julio de 2000 que remite el Informe N° 75 de 28 de julio del 2000. En él se señala que con Oficio N° 159-2000-EMG-PNP/DIPANDH de 14 de febrero de 2000 se remitió a la CNDDHH-MINT el Informe N° 23-2000-EMG-PNP/DIPANDH de 10 de febrero del 2000 en que se hace constar que con Informe N° 137-99-EMG-PNP/DIPANDH de 11 de noviembre de 1999 se informó de que Pablo Waldir Cerrón Gonzales fue intervenido y detenido el 30 de septiembre de 1998 por agresión de la persona de Eva Rodríguez Peredes.
Asimismo, se señala que con fecha 31 de octubre de 1998 la Inspectora de la SR-PNP-Huamachuco formuló el Parte N° 61-98-SR-PNP-HCO-ISR encontrándose responsabilidad en el Suboficial PNP Élmer Pérez Arnao por ser autor de lesiones leves en agravio de Waldir Cerrón Gonzales y autor del delito contra el deber y dignidad de la función siendo denunciado posteriormente a la Fiscalía Provincial Mixta de Sánchez Carrión-Huamachuco. Asimismo, mediante Dev N° 132 del 1º de septiembre de 2001 que remite el Informe N° 89 de 21 de agosto de 2001, se indica que con Oficio N° 28 2001-III-RPNP-EMR/DDHH de 25 de julio de 2001 la jefatura de la III RPNP-Trujillo remite el Informe N° 13-2001-CPNP-HCOS de fecha 23 de julio de 2001 en el que se señala que el Juzgado Mixto Provincial Sánchez Carrión informa en su Oficio N° 1569-2002-SP-MCGP-JMSCH de 3 de agosto de 2001 que en la Instrucción N° 99-511-161001JXP seguida contra el SOT1.PNP Élmer Pérez Arnao sobre el delito de lesiones y violación de domicilio en agravio de Pablo Waldir Cerrón Gonzales se encuentra con archivo definitivo - Resolución consentida.
Luis Beltrán Castillo
El Secretario Permanente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, mediante Oficio N° 079-2004-IN/0105 de fecha 23 de enero de 2004, adjunta información señalando como fuente el Dev. N° 67 de 27 de mayo de 2001 que remite el Informe N° 47 de 24 de mayo de 2001. En él se señala que con fecha 21 de octubre de 1998 los Suboficiales PNP Edwin Cárdenas Neyra y Rogel Wilcaya intervinieron a las personas de Luis Beltrán Castillo Vílchez, José Tineo Quispe y Juan Pomahuacre Rivera, recurriendo el primero de ellos a la Fiscalía y Juzgado de la provincia de Vilcashuamán para denunciar a los efectivos policiales por el delito contra la humanidad y contra la administración pública al no haberse adoptado el procedimento policial reglamentario que establecen las normas y directivas vigentes, así como haber sido objeto de presunto maltrato físico. Señala asimismo que el proceso es derivado al Fiscal Superior de la 2ª Fiscalía de Ayacucho quien encuentra responsabilidad en los suboficiales por la comisión del delito contra la humanidad en la modalidad de tortura y delito contra la administración de pública en la modalidad de abuso de autoridad. No obstante, al término del juicio oral de fecha 6 de diciembre de 2000, el Fiscal absuelve a los efectivos policiales.
Juan Iparraguirre Landauro
El Secretario Permanente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, mediante Oficio N° 079-2004-IN/0105 de fecha 23 de enero de 2004, adjunta información señalando como fuente el Dev. N° 154 de 25 de septiembre de 2001 que remite el Informe N° 88 de 24 de septiembre de 2001. En él se indica que con fecha 7 de junio de 2001 el Comandante PNP Jefe Provincial de Bagua Grande da cuenta en el Informe N° 039-2001-SR-PNP-B/JP-U que Juan Iparraguirre Landauro fue intervenido por personal de la comisaría de Bagua Grande por estar implicado en diversas denuncias pendientes por delito contra el patrimonio durante 1998, habiéndose formulado el Atestado N° 325-98-JP-U/CPNP-BG y remitido a la Fiscalía Provincial de Utcubamba con Oficio N° 2552 98-JP-U/CPNP-BG.
Asimismo, indica que el órgano de Inspectoría Regional de la XIII RPNP, en el Informe N° 129-01-XIII-RPNP/INSPREG-SEC de 24 de julio de 2001, comunicó que no se realizó investigación administrativa disciplinaria alguna contra el personal de la PNP de la comisaría de Bagua Grande, por presuntos actos de tortura en agravio de Juan Iparraguirre Landauro. Por otro lado, se cita como fuente Dev. N° 181 de 19 de octubre de 2001 que se remite al Informe N° 127 de 13 de octubre de 2001 y en el cual se concluye que no hubo materia para iniciar investigación administrativa disciplinaria contra personal de la PNP toda vez que recepcionándose el Informe N° 043-2001-XIII-RPNP/EMR de 10 de octubre de 2001 se informa de que tanto en la formalización de la Denuncia fiscal N° 494-98-MP-FPM-U de 10 de noviembre de 1998, de la Fiscalía Provincial Mixta de Utcubamba, como en la Apertura de instrucción N° 98-0517 del Juez Especializado en lo Penal de Utcubamba, se encuentra sentada la denuncia sobre las lesiones de Juan Iparraguirre Landauro durante su intento de fuga; y que en ningún momento ante dichas autoridades dicha persona presentó denuncia alguna por presunto abuso de autoridad o tortura ocasionada por personal de la comisaría de Bagua Grande.
Por último, como fuente el Dev. N° 48 de 13 de mayo de 2002 que se remite al Informe N° 35 de 7 de mayo de 2002, se señala que según el Parte administrativo disciplinario N° 011-2002-XIII-RPNP-INSREG-UINV de 11 de marzo de 2002, formulado por el órgano de Inspectoría de la XII-RPNP, no se ha establecido que las lesiones presentadas por Juan Iparraguirre Landauro hayan sido ocasionadas por el personal interviniente de la comisaría de Bagua Grande; asimismo, que según el Dictamen legal N°157-2002-XIII-RPNP-OAJ de 19 de marzo de 2002, no se ha encontrado responsabilidad administrativa y/o penal el personal policial de la comisaría Bagua Grande, por no estar probados los hechos materia de la denuncia; y que éste hecho debe ser puesto en conocimiento del Presidente de la Corte Suprema y del Presidente de la Comisión y Consejo Nacional de Derechos Humanos.
Pedro Tinta Vera y Juan Domingo Cerrón Núñez
El Secretario Permanente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, mediante Oficio N° 079-2004-IN/0105 de fecha 23 de enero de 2004, adjunta información señalando como fuente el Dev. N° 70 de 12 de abril del 2000 que remite el Informe N° 40 de 12 de abril del 2000 y en el cual se indica que con fecha 20 de marzo de 1999 el personal DIVISE-DININCRI-PNP realizó un operativo con intervención del Fiscal Militar en el distrito Pte. Piedra capturando y desarticulando la organización criminal "Los renegados", integrada por Pedro Tinta Vera o Pedro Pinglo Taboada, Jorge Calderón Sánchez y Juan Domingo Cerrón Núñez. Posteriormente, el Juez Permanente Militar inició proceso penal y el 13 de septiembre de 1999 el Tribunal Militar de la II-ZJE emite sentencia condenatoria contra las personas señaladas anteriormente por el delito de terrorismo agravado, imponiendo al primero de ellos pena privativa de libertad de 30 años, y 20 años a los dos restantes. Asimismo, con fecha 16 de abril de 1999, Carmen Lourdes Mayta Cárdenas presentó denuncia ante el Ministro del Interior contra el personal de la DIVISE por presunto delito de abuso de autoridad en agravio de su conviviente Pedro Tinta Vera; el mismo hecho lo denuncia ante la 8ª Fiscalía Provincial Penal de Lima y la Defensoría del Pueblo.
El Parte administrativo disciplinario N° 162-99-DININCRI-i/Inv de 13 de mayo de 1999 establece que el ahora Comandante PNP Domingo Gil Cruzado y el Capitán PNP Guillermo Osorio Alván, incurrieron en faltas contra la disciplina-obediencia y negligencia, siendo sancionados con cuatro horas y cuatro días de arresto simple respectivamente; el primero por no adoptar las medidas preventivas en la lesión que sufriera el mencionado detenido, y el segundo por no adoptar las medidas de seguridad específicamente en la conducción del detenido Pedro Tinta Vera o Pedro Pinglo Taboada. Finalmente, el 5 de octubre de 1999, la 8ª Fiscalía Provincial Penal de Lima formalizó denuncia penal contra el Comandante PNP Domingo Gil Cruzado, Capitán PNP Guillermo Osorio Alván y el SOT1.PNP Ricardo Loli Rodríguez ante el Decimotercer Juzgado Penal de Lima que aperturó el proceso penal por la presunta comisión del delito de tortura, disponiendo el mandato de detención el mismo que fue modificado por el de comparecencia restringida por la 1ª Sala de Procesos Ordinarios de Lima.
El Secretario Permanente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, mediante Oficio N° 122-2004-IN/0105 de fecha 3 de febrero de 2004, adjunta información haciendo referencia al Informe N° 75-99-EMG-PNP/DIPANDH remitido al despacho de la CNDDHH-MIN. En él se indica que el 20 de marzo de 1999, Walter Munarriz Escobar fue intervenido por el SO2.PNP Gunther Cuaresma Ramos de la comisaría PNP-Lircay, dando cuenta de su intervención con el respectivo Parte de intervención policial al SO".PNP Adolfo Ángeles Ramos. En la misma fecha, el intervenido fue puesto en libertad por el Capitán PNP Roberto Gastiaburu Nakada, Comisario de Lircay, en razón de que los agraviados desisten en ratificarse en formular la denuncia correspondiente. El 22 de marzo de 1999, Gladys Escobar Candiotti, madre del presunto agraviado, denunció ante la comisaría de Lircay la desaparición de su hijo. La investigación fue asumida por la Fiscalía de dicha localidad quien el 25 de marzo de 1999 concluye que las versiones de los familiares y vecinos de la citada localidad son falsas. El Departamento de Investigación Criminal-Policía Fiscal de la SRPONP-Huancavelica, con participación del representante del ministerio público de la provincia de Lircay, formuló Parte N° 030 FPAH-SRPNP-DEINCRI-POLFIS-H, el mismo que concluye que no ha sido posible la ubicación del mencionado desaparecido, continuándose con las investigaciones tendentes a su ubicación.
Asimismo, se estableció que el Capitán PNP Roberto Gastiaburu Nakada, SO2.PNP Gunther Cuaresma Ramos y SO2.PNP Adolfo Edgar Ángeles Ramos, comprometidos en la intervención del desaparecido, habrían obrado negligentemente al no observar el procedimiento operativo policial durante la intervención y conducción de la persona referida al local policial. Paralelamente, la Inspectoría de la SRPNP Huancavelica, efectuó las investigaciones habiendo formulado el Parte N° 014-99-FPAH-SRPNP-HVCA-INSP estableciendo responsabilidad administrativodisciplinaria en el Capitán PNP Roberto Gastiaburu al incurrir en falta por negligencia; Alférez PNP Claudio Gutiérrez, por incurrir en falta de abandono de servicio; en el SO2.PNP Gunther Cuaresma Ramos y el SO2.PNP Adolfo Ángeles Ramos, por la comisión de delito contra la obediencia siendo sancionados con seis días a los oficiales de la PNP y con diez días a los suboficiales de la PNP.
Al mismo tiempo, la Inspectoría del Frente Policial Ayacucho- Huancavelica efectuó las investigaciones administrativodisciplinarias ampliatorias, formulando el Parte administrativo ampliatorio N° 022 99-FPAH-IN/Sec., donde se concluye que el Capitán PNP Roberto Gastiaburu, además de la falta por la que fue sancionado, ha incurrido en falta contra la obediencia y el ejercicio de mando; el SO2.PNP Gunther Cuaresma y el SO2.PNP Adolfo Ángeles, además de la falta consignada en la orden de sanción han incurrido en la falta contra la obediencia y el deber profesional, habiéndose elevado las sanciones impuestas, ampliándose el motivo de las mismas y la naturaleza de la sanción. Asimismo, señala que con fecha 27 de abril de 1999, el Juez Mixto de Lircay dispuso la detención del CapitánPNP Roberto Gastiaburu, Alfz. PNP Claudio Gutiérrez, SO2.PNP Adolfo Ángeles Ramos, por habérseles aperturado el Proceso penal N° 00-053-110903X1P por el delito contra la humanidad de desaparición forzada, mandato que los mencionados vienen cumpliendo en el EP-"San Fermín".
El 27 de mayo de 1999, la Sala Mixta de Huancavelica, dispuso la inmediata libertad del Alférez PNP Claudio Gutiérrez Velásquez al cambiársele la orden de detención por la de comparecencia con medidas restrictivas y el pago de una caución económica. Finalmente, el 3 de julio de 1999, mediante Oficio Nos. 838 y 840-99 del Juzgado Mixto de Angaraes-Lircay Huancavelica, dispuso el internamiento al EP-"San Fermín" de Huancavelica, de los inculpados SOT3.PNP Carlos Valdivia Urrutia, SO2.PNP Percy Salvatierra Laura y SO2.PNP Gunther Cuaresma, los mismos que han sido comprendidos en la Instrucción penal N° 99-052, por el delito de desaparición forzada en agravio de Walter Munarriz Escobar.
Humberto Zevallos Matos
Mediante Oficio N° 007-2004-DDHH/PJ de fecha 8 de enero de 2004, el representante del poder judicial ante el CNDH del Ministerio de Justicia, remite el Oficio N° 932-2003-MP-CSJHP de fecha 29 de diciembre de 2003, del Presidente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco-Pasco, quien a su vez adjunta los Oficios Nos. 8196-2003-PSPSH/PJ de fecha 19 de diciembre de 2003 y 6106-03 2ª SPHP de fecha 19 de diciembre de 2003, por los que se da cuenta que el trámite en cuanto al registro de procesos diversos, se consigna con el nombre del procesado en orden alfabético, mas no con el nombre de los agraviados, razón por la cual no es posible brindar la información solicitada.
Catalino Daga Ruiz y Santos Daga Ruiz
El Secretario Permanente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, mediante Oficio N° 079-2004-IN/0105 de fecha 23 de enero de 2004, adjunta información señalando como fuente el Dev. N° 132 del 1º de septiembre de 2001 que remite el Informe N° 89 del 21 de agosto de 2001. En él se indica, que con Oficio N° 28-2001-III-RPNP-EMR/DDHH de 25 de julio de 2000, la Jefatura de la III-RPNP-Trujillo remite el Informe N° 13-2001-CPNP HCOS en el que se da cuenta que en la comisaría de Huamachuco existe una denuncia por robo, formulada por Alberto Flores Camacho contra los hermanos Catalino y Santos Daga Cruz de fecha 23 de junio de 1999. En cuanto a los actos de tortura en agravio de los hermanos Daga Cruz, éstos, oportunamente, denunciaron al personal policial interviniente ante el Juzgado Penal Mixto de Huamachuco, quien dictó Resolución de archivamiento el 1º de junio de 2001 al no acreditarse el delito.
Luis Alberto Taipe Huamaní
José Luis Rivas Antón y Roxana Gonzáles Miura
Mediante Oficio N° 002-2004-DDHH/PJ de fecha 5 de enero de 2004, el representante del poder judicial ante el CNDH del Ministerio de Justicia, remite el Oficio N° 2593-2003-P-CSJCÑ/PJ de fecha 29 de diciembre de 2003, del Presidente de la Corte Superior de Justicia de Cañete, quien a su vez remite el Oficio N° 11-03-CDG-CSJC-PJ de fecha 24 de diciembre de 2003, del Jefe de la Central General de Distribución, Mesa de Partes, según el cual se da cuenta que de la revisión de procesos penales ingresados en agravio de José Luis Rivas Antón y Roxana Gonales Miura por delito de lesa humanidad - tortura (desaparición forzada) no se registra ningún proceso instaurado en agravio de las indicadas personas.
Asimismo, mediante Oficio N° 011-2004-DDHH/PJ de fecha 7 de enero de 2004, la representación antes indicada remite el Oficio N° 2264-2003-MP-FSDC de fecha 31 de diciembre de 2003, del Fiscal Superior Titular Penal de Cañete, quien a su vez remite el Oficio N° 149-2003-MP-2ª FPPC de fecha 24 de diciembre de 2003, de la 2ª Fiscalía Penal de Cañete, con copias certificadas de las Resoluciones Nos. 164-01MP- 2ª FPMC y 11-2001-MP-FSDC, emitidas por la indicada Fiscalía, de las que se colige que la denuncia presentada fue archivada en forma definitiva por el señor Fiscal Provincial, siendo elevada en queja de derecho a la Fiscalía Superior Penal, declarándose infundada en su oportunidad.
Franklin Gómez Cutipa
Marino Fernández Sánchez
Alejandro Ticlavilca Huere y Simial Reyes Salgado
Mediante Oficio N° 044-2004-MP-FSD-JUNÍN, de fecha 15 de enero de 2004, el Fiscal Superior Decano de Junín, informa al representante del poder judicial ante el CNDH del Ministerio de Justicia, respecto de la presunta detención de las personas de Alejandro Ticlavilca Huere y Simial Reyes Salgado, tomando en consideración el Oficio N° 1460-2003-FPMJ_MP de la Fiscalía Adjunta Provincial de Junín, en el sentido de que verificado in situ y revisados los libros que obran en la comisaría de Chanchamayo, no se ha encontrado información alguna sobre la detención de las personas de Alejandro Ticlavilca Huere y Simial Reyes Salgado, entre los días 6 y 8 de marzo de 2000, tampoco existe registrada denuncia por robo contra las citadas personas.
Amador Carmen Canchari
Mediante Oficio N° 007-2004-DDHH/PJ de fecha 8 de enero de 2004, el representante del poder judicial ante el CNDH del Ministerio de Justicia, remite el Oficio N° 932-2003-MP-CSJHP de fecha 29 de diciembre de 2003, del Presidente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco-Pasco, quien a su vez adjunta los Oficios Nos. 8196-2003-PSPSH/PJ de fecha 19 de diciembre de 2003 y 6106-03-2ª SPHP de fecha 19 de diciembre de 2003, por los que se da cuenta que el trámite en cuanto al registro de procesos diversos, se consigna con el nombre del procesado en orden alfabético, mas no con el nombre de los agraviados, razón por la cual no es posible brindar la información solicitada. Se está a la espera de la información que pueda proporcionar el ministerio público.
Israel Cierto Guillermo
Javier Ángeles Salas, Jorge Ramón Ángeles Salas, Alejandro Trujillo Rosas y Pedro Miguel Pajuelo Rosas
Mediante Oficio N° 2082-2004-IN/0105 de fecha 16 de septiembre de 2004 de la Secretaria Permanente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior remite entre otros documentos el Parte N° 394-DIRCOTE-OFINT-AIB Numeral 2. b) Documentos formulados, se aprecia el siguiente texto: "Partes N° 452-D1-SUBDIRCOTE del 21FEB89. c) Otros: Pertenece a la OT-TA, participando en labor de proselitismo y captación de nuevos elementos en la localidad de Tocache".
Adrián Toledo Alva
Mediante Oficio N° 007-2004-DDHH/PJ de fecha 8 de enero de 2004, el representante del poder judicial ante el CNDH del Ministerio de Justicia remite el Oficio N° 932-2003-MP-CSJHP de fecha 29 de diciembre de 2003, del Presidente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco-Pasco, quien a su vez adjunta los Oficios Nos. 8196-2003-PSPSH/PJ de fecha 19 de diciembre de 2003 y 6106-03-2ª SPHP de fecha 19 de diciembre de 2003, por los que se da cuenta que el trámite en cuanto al registro de procesos diversos, se consigna con el nombre del procesado en orden alfabético, mas no con el nombre de los agraviados, razón por la cual no es posible brindar la información solicitada. Se está a la espera de la información que pueda proporcionar el ministerio público.
Aldo Mercedes Silvestre Ramírez
Mediante Oficio N° 042-2004-DDHH/PJ de fecha 29 de enero de 2004, el representante del poder judicial ante el CNDH del Ministerio de Justicia remite información remitida por la Fiscalía Superior Decana del Distrito Judicial de La Libertad, mediante Oficio N° 0240-2004-MP-FSD-LL de 29 de enero de 2004, respecto de los casos de los ciudadanos: Pablo Waldir Cerrón Gonzales, Catalino Daga Ruiz, Santos Daga Ruiz, Aldo Silvestre y Julio César Pinedo Vásquez. Al respecto se indica que la investigación seguida en agravio de Aldo Mercedes Silvestre Ramírez fue tramitada ante la Fiscalía Provincial Mixta de Virú; en el caso de Aldo Mercedes Silvestre Ramírez por el delito de tortura, se encuentra a disposición del poder judicial - 4ª Sala Penal de La Libertad, remitida con Oficio N° 1697-2003-00-274 de 13 de agosto de 2003 del Juzgado Mixto de Virú.
Bernardino Mamani Mamani
El Secretario Permanente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, mediante Oficio N° 079-2004-IN/0105 de fecha 23 de enero de 2004, adjunta información señalando como fuente el Dev. N° 73 de 6 de noviembre de 2002 que remite el Informe N° 70 de 5 de noviembre de 2002. En él se indica que con Oficio N° 1259-2002-SR-PNP-T/SEC de 9 de octubre de 2002, la Subregión PNP-Tacna remite el Informe N° 013-2002-JEF-INSP-SRT-T de la misma fecha, dando cuenta que en los archivos del órgano de Inspectoría de la Subregión PNP-Tacna, se encuentra registrado una denuncia con fecha 10 de julio de 2000 presentada por Bernandino Mamani Mamani contra el SOB.PNP Melecio Cuadros Herrera, por presunto maltrato físico en su agravio y el de su menor hijo Marco Antonio Mamani Yucra, hecho ocurrido el 7 de julio del 2000, en la Comisaría PNP Ilabaya, habiéndose formulado el Parte Administrativo Disciplinario N° 31-2000-SRT-T-INSP-AI de 18 de julio de 2000, el mismo que con Dev. N° 89-2000-SRT-PNP/OA-I-MDI de 22 de julio de 2000, fue remitido al General PNP Jefe de la XI-RPNP-Arequipa. El Instructor del Parte mencionado, concluyó estableciendo responsabilidad en el SOB.PNP Melecio Cuadros Herrera, siendo sancionado con 10 días de arresto de rigor y el SOT1.PNP Héctor Neyra Almanza con 15 días de arresto simple.
Juan Carlos Garay Pereyra
Mediante Oficio N° 042-2004-DDHH/PJ de fecha 29 de enero de 2004, el representante del poder judicial ante el CNDH del Ministerio de Justicia remite el Oficio N° 61-2004-MP-FSD-DJTM de fecha 26 de enero de 2004 del Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial de Tacna-Moquegua, señalando que en la 2ª Fiscalía Provincial Mixta de Tacna existe un proceso en agravio de Nelson Díaz Ramos, el cual ha sido archivado definitivamente; asimismo, en agravio de Juan Carlos Garay Pereyra, que se encuentra con acusación, acompañándose copia fedateada. No obstante, cabe indicar que de la lectura de las copias indicadas se observa que mediante Resolución N° 437-01-MP-2ª FPM.T la 2ª Fiscalía Mixta Provincial de Tacna dispuso el archivo definitivo de la denuncia penal por el presunto delito de tortura, en contra de Felipe Cordero Ramos, en agravio de Juan Carlos Garay Pereyra.
Jesús Wilber Asto Abanato
Mediante Oficio N° 042-2004-DDHH/PJ de fecha 29 de enero de 2004, el representante del poder judicial ante el CNDH del Ministerio de Justicia remite el Oficio N° 248-2004-MP-DSDJL de fecha 14 de enero de 2004 del Fiscal Superior Titular Decano del Distrito Judicial de Lima, quien a su vez remite el Oficio N° 004 2004-MPUFPPL-MP-FN y anexos, de fecha 6 de enero de 2004, del Jefe de la Mesa Única de Partes de las Fiscalías Provinciales Penales de Lima, señalando haberse localizado información solicitada en el Sistema de Apoyo al Trabajo Fiscal, adjuntándose el Informe N° 004-04-MICSIATF/RUDE-MPUFPPL-MP-FN, con nueve constancias de los casos requeridos, disponiéndose solicitar informe sobre el estado actual y la expedición de copias certificadas de las principales piezas de las investigaciones realizadas a favor de los agraviados: Poma Payano José Luis, Tinta Vera Pedro, Cerrón Núñez Juan Domingo, Asto Abanato Jesús, Gómez Arévalo Roberto, Arrieta Azcarate Sara Enedina, Pedro Marino Núñez, López Alvarado José Antonio, Martínez Morán Juan Carlos, Christian Raffo y Nancy Patruska Del Campo Cáceres; por el delito de lesa humanidad - tortura (desaparición forzada), a la 4ª, 8ª, 10ª y 22ª Fiscalía Provincial Penal de Lima, 4ª y 9ª Fiscalía Superior Penal de Lima.
Roberto Carlos Gómez Arévalo
Mediante Oficio N° 042-2004-DDHH/PJ de fecha 29 de enero de 2004, el representante del poder judicial ante el CNDH del Ministerio de Justicia remite el Oficio N° 248-2004-MP-DSDJL de fecha 14 de enero de 2004, del Fiscal Superior Titular Decano del Distrito Judicial de Lima, quien a su vez remite el Oficio N° 004 2004-MPUFPPL-MP-FN y anexos, de fecha 6 de enero de 2004, del Jefe de la Mesa Única de Partes de las Fiscalías Provinciales Penales de Lima, señalando haberse localizado información solicitada en el Sistema de Apoyo al Trabajo Fiscal, adjuntándose el Informe N° 004-04-MICSIATF/RUDE-MPUFPPL-MP-FN, con nueve constancias de los casos requeridos, disponiéndose solicitar informe sobre el estado actual y la expedición de copias certificadas de las principales piezas de las investigaciones realizadas a favor de los agraviados: Poma Payano José Luis, Tinta Vera Pedro, Cerrón Núñez Juan Domingo, Asto Abanato Jesús, Gómez Arévalo Roberto, Arrieta Azcarate Sara Enedina, Pedro Marino Núñez, López Alvarado José Antonio, Martínez Morán Juan Carlos, Christian Raffo y Nancy Patruska Del Campo Cáceres; por el delito de lesa humanidad - tortura (desaparición forzada), a la 4ª, 8ª, 10ª y 22ª Fiscalía Provincial Penal de Lima, 4ª y 9ª Fiscalía Superior Penal de Lima.
Ronald Enrique Peña García
Mediante Oficio N° 091-2004-DDHH/PJ de fecha 5 de mayo de 2004, el representante del poder judicial ante el CNDH del Ministerio de Justicia remite información expedida por las Presidencia de las Cortes Superiores de Justicia de Piura y Huaura. En relación con el seguimiento de procesos instaurados a favor del agraviado Rolando Enrique Peña García, se ha proporcionado una ayuda memoria sobre la Instrucción N° 571-03. En dicho documento se da cuenta de la Denuncia penal N° 314-2002 de fecha 8 de mayo de 2002, formulada por la Fiscalía Provincial de Talara - Piura, contra el Capitán Jaime Marino Gastón Sayán Araujo, SOT".FAP Jerónimo Cueva Torres, SOT".FAP Raúl Torres Ortiz, como autores del delito contra la humanidad en la modalidad de tortura.
Asimismo, en relación con el auto apertorio de instrucción, señala que deberá ser desarrollado en un proceso sumario, conforme lo prescrito en el artículo 1 de la Ley N° 26689; así como que no concurren los tres requisitos exigidos por el artículo 135 del Código de Procedimientos Penales, modificado por la Ley N° 24388, estando a la facultad que otorga la Constitución Política, abriéndose investigación penal contra los implicados, en trámite de procedimiento sumario, dictándose contra dichos inculpados mandato de comparecencia restringida.
De otro lado, la ayuda memoria hace referencia al Dictamen ampliatorio N° 474-2002 emitido por la Sala Mixta de Sullana el 22 de octubre de 2002, el cual señala que en virtud de la Ley N° 26926, de 21 de febrero de 1998, se crea la figura típica de la tortura y que en su artículo 5 indica que "el trámite de los procesos por delito de lesa humanidad - genocidio, desaparición forzada y tortura se tramitarán en vía ordinaria y ante el fuero común", por lo que se solicita se tramite en la indicada vía ordinaria. En tal sentido, con fecha 26 de noviembre de 2000, el Juzgado Penal de Talara manda se subsane el trámite de instrucción adecuando la presente causa a la vía ordinaria, ampliando por 30 días el término de la instrucción, así como que se lleven a cabo las diligencias faltantes para el total esclarecimiento de los hechos. Finalmente, se señala que con fecha 18 de junio de 2003 se expidió el informe final correspondiente, opinándose que se encuentra acreditada la comisión del delito instruido así como la responsabilidad penal de los encausados, dando cuenta de lo realizado al Presidente de la Sala Mixta de Sullana, la cual se avoca al conocimiento de la causa el 6 de abril de 2004 y señala fecha y hora para la vista de la misma para el 13 de mayo de 2004.
Luis Enrique Rojas Vásquez
Mediante Oficio N° 291-2004-IN/0105 de fecha 8 de marzo de 2004, el Secretario Permanente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior adjunta Informe N° 004-2004-IX-DIRTEPOL-A-COASP/Sec. De la IX DIRTEPOL Ayacucho, dándose a conocer que de la región policial Ica se recepcionó el Informe N° 001-2004-IX-DIRTEPOL-A-RPI-EM-UP de 18 de enero de 2004 dándose cuenta que la comisaría PNP-Chincha mediante Informe N° 014-2004-IX-DPTA-RPI-CPCH-OP de 17 de enero de 2004 comunica que revisada la documentación de la comisaría PNP Chincha Baja existe el Parte N° 033-IX-RPNP-JPCH-CCHB del 19 de agosto de 2000 cursado a la 2ª Fiscalía Penal de Chincha.
Jorge Jerí Juscamaita
Por Oficio N° 291-2004-IN/0105 de fecha 8 de marzo de 2004, el Secretario Permanente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior adjunta Informe N° 004-2004-IX-DIRTEPOL-A-COASP/Sec. De la IX DIRTEPOL Ayacucho, indicando que de la JEINCRI-Ayacucho se recepcionó el Informe N° 01-2004-IX-DIRTEPOL-A/JEINCRI-AJ-Adm. de 19 de enero de 2004, por el que se da cuenta que respecto de la denuncia por delito de lesa humanidad en agravio de Jorge Jerí Juscamaita, la JECOTE y JEINCRI-A no tiene registrado incidente policial alguno en torno a la persona antes mencionada.
Esperanza Mendoza Auqui
Mediante Oficio N° 291-2004-IN/0105 de fecha 8 de marzo de 2004, el Secretario Permanente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior adjunta Informe N° 004-2004-IX-DIRTEPOL-A-COASP/Sec. De la IX DIRTEPOL Ayacucho, indicándose que de la JEINCRI-Ayacucho se recepcionó el Informe N° 01-2004-IX-DIRTEPOL-A/JEINCRI-AJ-Adm. de 19 de enero de 2004, dando cuenta que el 13 de octubre de 2000 se recepcionó el Oficio N° 1137-2000-MP-4ª FPPH-Ayacucho, con la denuncia de Esperanza Mendoza Auqui contra Cirila Castro Huamaní, Regidora de la Municipalidad de Huamanga y otros por delito contra la humanidad tortura, son subsecuentes lesiones, por lo que se formuló el Atestado N° 14-2001-IX-RPNP-SRA-DEINCRI/PF por falta contra la persona (agresión física), hecho ocurrido el 27 de agosto de 2000 en el interior de la Municipalidad Provincial de Huamanga, documento remitido a la 4ª FPPH mediante Oficio N° 242-2001-IX-RPNP-DEINCRI/PF.
Lenin Euclides Castro Mendoza
Mediante Oficio N° 291-2004-IN/0105 de fecha 8 de marzo de 2004, el Secretario Permanente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior hace llegar el Oficio N° 005-2004 /OAJ/31ª Brigada, Informe del Comandante General de la 31ª Brigada de Infantería sobre casos en que se encuentran comprometidos personal de las FFAA. En tal sentido se señala que Lenin Euclides Castro Mendoza habría sido agredido por personal militar, resultando muerto, y que la causa habría sido derivada al Juzgado Militar Permanente de Huancayo. Asimismo indica que el caso ha sido investigado por la VII DIRTEPOL PNP, Defensoría del Pueblo y/o derivados al Quinto Juzgado Militar Permanente de Huancayo, dependiente del Consejo Supremo de Justicia Militar.
Pastor Pilco Cotrado
El Secretario Permanente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, mediante Oficio N° 079-2004-IN/0105 de fecha 23 de enero de 2004, adjunta información señalando como fuente el Dev. N° 198 del 30 de octubre del 2000 que remite el Informe N° 125 de 25 de octubre del 2000. En él se indica que al haberse establecido la participación directa en la agresión física cometida en contra del civil Pastor Pilco Cortrado, por parte del SOT2.PNP José Manuel Cáceres Cano, incurre en graves faltas contra la obediencia, negligencia y abuso de autoridad; así como en los presuntos delitos de abuso de autoridad, desobediencia, negligencia y abandono de personas en peligro; y el SOB.PNP Clemente Quispe Cerda, se encontraría incurso en graves faltas contra la obediencia, al no haber adoptado las medidas pertinentes para evitar la agresión física al civil mencionado; así como en los presuntos delitos de exposición a peligro o abandono de personas en peligro, al no haberle prestado el auxilio correspondiente, motivo por el cual éstos son pasados de la situación de actividad a la de disponibilidad por medida disciplinaria (Resolución Regional N° 98-2000-XI-RPNP/OFAD-UP del 20 de octubre de 2000. Asimismo, del resultado de las investigaciones efectuadas por el Director de Investigaciones Especiales de la Inspectoría General PNP, ésta ha establecido responsabilidad disciplinaria en el personal PNP encargado del Comando de la SR PNP-Tacna.
Jhon Manuel Huamán Jara
El Secretario Permanente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, mediante Oficio N° 079-2004-IN/0105 de fecha 23 de enero de 2004, adjunta información señalando como fuente el Dev. N° 35 del 19 de abril de 2001 que remite el Informe N° 29 de 9 de abril de 2001. En él se indica que de las investigaciones iniciales realizadas por el personal de la DEINCRI/PF, se llegó a tener conocimiento que el 27 de noviembre de 2000, personal de la DEANDRO/SRA efectuó un operativo policial decomisando 17 kg de PBC e incautando el automóvil Nissan JO-1155, de propiedad de Carlos López Flores quien logró fugar junto con otros sujetos. En dicho operativo, el SO2.PNP Ydelso Murrugarra Casimiro trató de reducir al mencionado delincuente quien trató de arrebatarle su arma de reglamento, circunstancia en la que se producen cuatro disparos, impactándole en el cuerpo al intervenido y ocasionando posteriormente su muerte. Sobre la intervención policial se formuló Atestado N° 056-12-2000-IXRPNP-SRPNP-DEANDRO-A de 9 de diciembre de 2000, cursado a la 3ª Fiscalía Penal de Huamanga. En la II-Zona Judicial Policía - Juzgado Sustituto PNP-Ayacucho, se ha aperturado Instrucción contra el SO2.PNP Ydelso Murrugarra Casimiro, por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud (lesiones graves con subsecuente muerte) del que en vida fue Carlos López Flores. Por impacto de PAF (causa N° 4221-12-00-0014).
Mediante Oficio N° 291-2004-IN/0105 de fecha 8 de marzo de 2004, el Secretario Permanente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior adjunta Informe N° 004-2004-IX-DIRTEPOL-A-COASP/Sec. De la IX DIRTEPOL Ayacucho, adjunta el Informe N° 004-2004-IX-DIRTEPOL-A-COASP/Sec. De la IX DIRTEPOL Ayacucho, indicándose con relación a la presunta violación de los DDHH de la persona de Carlos López Flores (fallecido), se tiene registrado en la Oficina de DDHH de la IX DIRTEPOL-A el Informe N° 56-2002-IX-RPNP-DIVANDRO/A de 21 de noviembre de 2002, en el que se señala que con fecha 20 de noviembre de 2000, personal de la PNP de la DIVINCRI-A, había intervenido a tres personas entre las cuales se encontraba Carlos López Flores, quien luego fue conducido al Hospital Regional Huamanga, por presentar heridas por PAF, encontrándose en el inmueble de la intervención una mochila y una balanza de precisión con partículas y adherencias de PBC.
En este sentido se señala que para el esclarecimiento del delito de tráfico ilícito de drogas se formuló el Atestado N° 56-2000-IX-RPNP-SRPNP-DEANDRO-A de 9 de diciembre de 2000, que fue cursado en vía de denuncia a la Fiscalía Provincial de Turno de Huamanga. Asimismo, la División de Investigación Criminal Ayacucho, realizó las investigaciones policiales en torno al presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud (homicidio culposo) contra el SO2.PNP Ydelso Murrugarra Casimiro, en agravio del fallecido Carlos López Flores, que se derivó oportunamente a la Fiscalía Provincial de Turno de Huamanga, y en forma paralela al Juzgado de Instrucción Sustituto PNP Ayacucho, que tomó jurisdicción en vista de que los hechos se produjeron durante el ejercicio de las funciones policiales. De igual manera, las investigaciones administrativas disciplinarias se llevaron a cabo en la Inspectoría de la IX-RPNP-Ayacucho.
Sara Enedina Arrieta Azcárate
Mediante Oficio N° 042-2004-DDHH/PJ de fecha 29 de enero de 2004, el representante del poder judicial ante el CNDH del Ministerio de Justicia, remite el Oficio N° 248-2004-MP-DSDJL de fecha 14 de enero de 2004, del Fiscal Superior Titular Decano del Distrito Judicial de Lima, quien a su vez remite el Oficio N° 004 2004-MPUFPPL-MP-FN y anexos, de fecha 6 de enero de 2004, del Jefe de la Mesa Única de Partes de las Fiscalías Provinciales Penales de Lima, señalando haberse localizado información solicitada en el Sistema de Apoyo al Trabajo Fiscal, adjuntándose el Informe N° 004-04-MICSIATF/RUDE-MPUFPPL-MP-FN, con nueve constancias de los casos requeridos, disponiéndose solicitar informe sobre el estado actual y la expedición de copias certificadas de las principales piezas de las investigaciones realizadas a favor de los agraviados: Poma Payano José Luis, Tinta Vera Pedro, Cerrón Núñez Juan Domingo, Asto Abanato Jesús, Gómez Arévalo Roberto, Arrieta Azcarate Sara Enedina, Pedro Marino Núñez, López Alvarado José Antonio, Martínez Morán Juan Carlos, Christian Raffo y Nancy Patruska Del Campo Cáceres; por el delito de lesa humanidad - tortura (desaparición forzada), a la 4ª, 8ª, 10ª y 22ª Fiscalía Provincial Penal de Lima, 4ª y 9ª Fiscalía Superior Penal de Lima.
Lucas Huamán Cruz y Sósimo Lunasco Taype
El Secretario Permanente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, mediante Oficio N° 079-2004-IN/0105 de fecha 23 de enero de 2004, adjunta información señalando como fuente el Dev. N° 122 de 20 de julio de 2000 que remite el Informe N° 75 de 18 de julio de 2000. En él se indica que con Of. N° 159 2000-EMG-PNP/DIPANDH de 14 de febrero de 2000 se remitió a la CNDDHH-MINT el Informe N° 23-2000-EMG-PNP/DIPANDH de 10 de febrero de 2000 en que se hace constar que con Informe N° 137-99-EMG-PNP/DIPANDH de 11 de noviembre de 1999 se informó que Lucas Huamán Cruz fue detenido en la comisaría PNP de San Francisco-La Mar-Ayacucho para esclarecimiento de denuncia por delito contra el patrimonio, falleciendo posteriormente; estableciéndose responsabilidad de este hecho en el SOT3.PNP Augusto Gutiérrez Rivero, formulándose el Atestado N° 138-98-FPAH-DIVIC-PF de 13 de noviembre de 1998.
Por otro lado, como fuente el Dev. N° 35 de 19 de abril de 2001 que remite el Informe N° 29 de 9 de abril de 2001, se hace de conocimiento que, según el Informe N° 04-99-FPAH/OFAD.UPB de 9 de noviembre de 1999 procedente del Frente Policial Ayacucho-Huancavelica, la Comisaría PNP de San Francisco-La Mar-Ayacucho recibió el Oficio N° 180-98-PJ-CJS-JPLSF, con el cual se puso a disposición a las personas Sósimo Lunasco Taype, Lucas Huamán Cruz e Inés Pozo Torres, a fin de que se efectúe una investigación por el delito contra el patrimonio (hurto 2.000 nuevos soles) en agravio de la última de las nombradas, documento que fue recepcionado por el SOT3.PNP Augusto Gutiérrez Rivero. El 2 de septiembre de 1998, Lucas Huamán Cruz falleció en el domicilio de su hijo.
El 20 de octubre de 1999, funcionarios de la Defensoría del Pueblo y el Fiscal Provincial de San Miguel inician las investigaciones sobre la muerte de la referida persona concluyendo que el presunto autor del delito es el SOT3.PNP Augusto Gutiérrez Rivero, motivo por el cual la División de Investigación Criminal y Patrimonio Fiscal del FPAH formuló el Atestado policial N° 138-98-FPAH-DIVIC-PF. de 13 de noviembre de 1998, cuyo documento ha sido cursado al Despacho del Juez Mixto de la Mar-San Miguel con el Oficio N° 3281-98-FPAH/DIVIC-PF, y a mérito del referido atestado, el SOT3.PNP Augusto Gutiérrez Rivero fue procesado judicialmente e internado en el Penal de Máxima Seguridad de Yanamilla-Ayacucho el 14 de enero de 1999, siendo absuelto el 5 de octubre de 1999 por orden del Presidente de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, encontrándose en la actualidad prestando servicio en la CPNP-Huamanga.
Carlos Orellana Mallqui
El Secretario Permanente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, mediante Oficio N° 079-2004-IN/0105 de fecha 23 de enero de 2004, adjunta información señalando con fuente Dev. N° 122 de 20 de Julio de 2000 que remite el Informe N° 75 de 18 de julio de 2000 se indica que con Oficio N° 159-2000-EMG-PNP/DIPANDH de 14 de febrero de 2000 se remitió a la CNDDHH-MINT el Informe N° 23-2000-EMG-PNP/DIPANDH de 10 de febrero de 2000; y en que se hace constar que con Informe N° 137-99-EMG-PNP/DIPANDH de 11 de noviembre de 1999 se informó que el SOT3.PNP Joel Osler Sánchez Patricio y otros mediante Resolución regional N° 066-IV-RPNP-UP-AMDL de 16 de diciembre de 1998, fue pasado de la situación de actividad a la disponibilidad por medida disciplinaria al haber incurrido en la comisión de graves faltas contra la disciplina y servicio, al resultar presunto autor de los delitos de negligencia, abuso de autoridad y lesiones graves por PAF seguido de muerte en agravio del civil Carlos Orellano Mallqui en la ciudad de Huaraz, habiéndose formalizado la denuncia a la Fiscalía de la I-ZJPNP-Trujillo, con Oficio N° 1402-IV-RPNP-UP-AMDL.C de 16 de diciembre de 1998.
Asimismo, con fuente Dev. N° 67 de 25 de mayo de 2001 que remite el Informe N° 47 de 24 de 2001, se informa que oportunamente se cursó los Informes Nos. 137 y 141-99-EMG-PNP/DIPANDH de 11 y 24 de noviembre de 1999, agregándose que el proceso penal se encontraba ventilando en la II-Zona Judicial PNP- Juzgado de Instrucción Sustituto de Huaral; y que el SOT3.PNP Joel Osler Sánchez Patricio estuvo internado en el establecimiento penal de Huaraz desde el 16 de diciembre de 1998, procesado por el delito de lesiones graves seguidas de muerte, derivada de la causa N° 99-842, saliendo en libertad el 22 de noviembre de 1999, por disposición de la 2ª Sala Penal Mixta de Áncash-Huaraz, a mérito del Oficio N° 744-NAC-SSM-CSJA-N de 22 de noviembre de 1999, por declinatoria de jurisdicción.
Finalmente, según fuente MASPOL-PNP del 3 de enero de 2004, se indica que el SOT3.PNP Joel Osler Sánchez, según RD. N°10175 de 21 de octubre de 2002, pasó de la situación de disponibilidad a la de retiro, por límite de tiempo en la situación de disponibilidad, a la que pasó por medida disciplinaria.
Wilmer Sánchez Silva
Mediante Oficio N° 291-2004-IN/0105 de fecha 8 de marzo de 2004, el Secretario Permanente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, hace llegar el Informe N° 001 04-REGPOL-AMAZ/DIVPOL-B/JEFICAJ-BG de la División Policial Bagua, sobre las diligencias de la investigación realizada con relación a la detención de Wilmer Sánchez Silva el 21 de febrero de 1998 por efectivos policiales del distrito de Bagua Grande, provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas, por estar involucrado en la comisión de delito de homicidio y tráfico ilícito de drogas.
En tal sentido, se señala haberse encontrado el Atestado ampliatorio N° 014-98-XIII-RPNP-DIVINCRI-U por el delito contra la vida el cuerpo y la salud, por asesinato mediante arma de fuego, donde estaría implicada la persona de Wilmer Sánchez Silva, que fuera posteriormente cursado a la Fiscalía Provincial Mixta de Utcubamba. Añade que con Denuncia N° 402-97 fue derivado al despacho del Juzgado Especializado Penal de Utcubamba, cuyo Secretario de Mesa de Partes informó que con el Expediente N° 98-0127 del 8 de julio de 1998, fue cursado a la Sala Mixta de Chachapoyas, posteriormente cursado a la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, jurisdicción en la que el mencionado Wilmer Sánchez Silva había sido absuelto de los delitos de homicidio y TID.
Asimismo, en los archivos de la Oficina de Moral y Disciplina de la DIVIPOL PNP Bagua, se ubicó el Parte N° 11-98-XIII RPNP-IR de 18 de abril de 1998, sobre resultado de la investigación administrativodisciplinaria con relación al presunto maltrato físico de Wilmer Sánchez Silva por personal de la PNP de la ex DIVINCRI XIII-RPNP-U. En la misma oficina se ubicó el Dictamen N° 142-98-XIII-RPNP-AJ de 22 de abril de 1998 señalándose que los actuados deben archivarse en la Unidad que corresponde para que obre como antecedente.
Luis Omar Cruz Fano
El Secretario Permanente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, mediante Oficio N° 079-2004-IN/0105 de fecha 23 de enero de 2004, adjunta información señalando como fuente el Dev. N° 16 de 5 de marzo de 2001 que remite el Informe N° 17 del 28 de febrero de 2001 indicándose que en el Informe Nº°146-2000-EMG-PNP/DIPANDH de 20 de diciembre de 2000 se da cuenta de la detención de Luis Omar Cruz Fano en la Comis. PNP Aucayacu el 24 de mayo de 1998 por encontrarse en calidad de no habido en el Atestado N° 040-98-SRPNP-LP/CA por delito contra el patrimonio en agravio de Carlos Teofanes Rubín Baldeón.
Asimismo, según información del ministerio público de dicha localidad se informa que dicho ciudadano interpuso denuncia el 15 de mayo de 1998 en contra del SOT3.PNP Abelardo Tipismana Espino, SO1.PNP Fredy Rincón Garay y SO1.PNP Rodolfo Chinchay Ricra, por el delito de abuso de autoridad (acto arbitrario). Concluida la instrucción penal, el Fiscal Prov. de Aucayacu, mediante dictamen de 6 de noviembre de 1998, se pronunció por la no acusación en contra de los mencionados PNP. La comisaría Aucayacu formuló el Atestado ampliatorio N° 018-00-SRPNP-LP/CA de 25 de mayo de 1998 encontrándose incurso en el mismo Luis Omar Cruz Fano y otros en agravio de Carlos Teofanes Rubín Baldeón por los delitos contra la seguridad pública (peligro común-tenencia ilegal de arma) y contra la administración de justicia (contra la función jurisdiccional).
Armando Alex Verdón Huamancóndor y su amigo Max
Mediante Oficio N° 042-2004-DDHH/PJ de fecha 29 de enero de 2004, el representante del poder judicial ante el CNDH del Ministerio de Justicia remite el Oficio N° 61-2004-MP-FSD-DJTM de fecha 26 de enero de 2004 del Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial Tacna Moquegua, señalando que se ha encontrado información de las fiscalías de dicha jurisdicción, de manera específica procedente de la 3ª Fiscalía Provincial Mixta de Tacna ha informado que la denuncia que presentó Armando Alex Bedón Huamancóndor por el delito de tortura con lesiones, se investigó en la comisaría central remitiendo el Atestado policial Nº 65-SRT por delito de denuncia falsa y contra la administración pública, en agravio de los SO.PNP Fredy Mario Delgado Barrios y Antonio Remigio Díaz, en contra de Amando Alex Bedón Huamancóndor, derivado a la Fiscalía Provincial Mixta de Delitos Tributarios y Aduanero (hoy desactivada), donde se emitió resolución de Archivo definitivo N° 527-99 de fecha 21 de septiembre de 1999, adjuntando copia fedateada de la misma.
Henry Sócola
José Antonio Rojo Sánchez
Mediante Oficio N° 050-2004-DDHH/PJ de fecha 10 de febrero de 2004, el representante del poder judicial ante el CNDH del Ministerio de Justicia remite el Oficio N° 086-S-CSJM/AG.01 de fecha 27 de enero de 2004 del Secretario General del Consejo Supremo de Justicia Militar, quien por encargo del Contralmirante Presidente del indicado Consejo precisando que respecto del caso de José Antonio Rojo Sánchez no se ha registrado antecedentes penales y/o judiciales.
Ezequiel Agurto Nole
Mediante Oficio N° 050-2004-DDHH/PJ de fecha 10 de febrero de 2004, el representante del poder judicial ante el CNDH del Ministerio de Justicia remite el Oficio N° 086-S-CSJM/AG.01 de fecha 27 de enero de 2004 del Secretario General del Consejo Supremo de Justicia Militar, quien por encargo del Contraalmirante Presidente del indicado Consejo precisando al respecto que la causa N° 3100199-0585 seguida ante el Consejo de Guerra Permanente de la Fuerza Aérea del Perú, que presenta como agraviado al Avionero FAP Ezequiel Agurto Nole, ha sido archivada con fecha 18 de octubre de 2002.
Christian Preciado Noe
Mediante Oficio N° 050-2004-DDHH/PJ de fecha 10 de febrero de 2004, el representante del poder judicial ante el CNDH del Ministerio de Justicia remite el Oficio N° 086-S-CSJM/AG.01 de fecha 27 de enero de 2004 del Secretario General del Consejo Supremo de Justicia Militar, quien por encargo del Contraalmirante Presidente del indicado Consejo precisando que respecto del caso de Christian Preciado Noe no se han registrado antecedentes penales y/o judiciales.
Henry Francisco Hurtado Díaz
Edgard Rosas Platero y Edwin Lupaca Lupaca
Mediante Oficio N° 042-2004-DDHH/PJ de fecha 29 de enero de 2004, el representante del poder judicial ante el CNDH del Ministerio de Justicia remite el Oficio N° 061-2004-MP-FSD-DJTM de fecha 26 de enero de 2004, del Fiscal Superior Decano del distrito judicial Tacna Moquegua, por el que se informa que en la Fiscalía Provincial Mixta de Candarave se ha seguido la Instrucción N° 2002 047, en contra de Rolando Ortiz Ortega, por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio en agravio de Edwin Lupaca Lupaca, la misma que se encuentra sentenciada con fecha 5 de diciembre de 2003, habiendo quedado consentida.
Francisco Perca Carbajal
Julio César Pinedo Vásquez
Mediante Oficio N° 042-2004-DDHH/PJ de fecha 29 de enero de 2004, el representante del poder judicial ante el CNDH del Ministerio de Justicia remite información proporcionada por la Fiscalía Superior Decana del distrito judicial de La Libertad, mediante Oficio N° 0240-2004-MP-FSD-LL de 29 de enero de 2004, en el sentido de haberse solicitado información a las Fiscalías Provinciales Penales de Trujillo respecto al caso en agravio del ciudadano Julio César Pinedo Vásquez, informándose de que no se registra dicha denuncia, por lo que se ha solicitado mayores datos.
Pedro Rafael Marino Núñez
Mediante Oficio N° 042-2004-DDHH/PJ de fecha 29 de enero de 2004, el representante del poder judicial ante el CNDH del Ministerio de Justicia remite el Oficio N° 248-2004-MP-DSDJL de fecha 14 de enero de 2004 del Fiscal Superior Titular Decano del distrito judicial de Lima, quien a su vez remite el Oficio N° 004 2004-MPUFPPL-MP-FN y anexos de fecha 6 de enero de 2004, del Jefe de la Mesa de Partes de las Fiscalías Provinciales Penales, señalando haberse localizado información solicitada en el Sistema de Apoyo al Trabajo Fiscal adjuntándose el Informe N° 004 04-MICSIATF/RUDE-MPUFPPL-MP-FN con nueve constancias de los casos requeridos, disponiéndose solicitar informe sobre el estado actual y la expedición de copias certificadas de las principales piezas de las investigaciones realizadas a favor de los agraviados: Poma Payano José Luis, Tinta Vera Pedro, Cerrón Núñez Juan Domingo, Asto Abanato Jesús, Gómez Arévalo Roberto, Arrieta Azcarate Sara Enedina, Pedro Marino Núñez, López Alvarado José Antonio, Martínez Morán Juan Carlos, Christian Raffo y Nancy Patruska Del Campo Cáceres, por el delito de lesa humanidad tortura (desaparición forzada), a la 4ª, 8ª, 10ª y 22ª Fiscalía Provincial Penal de Lima, 4ª y 9ª Fiscalía Superior Penal de Lima.
Asimismo, se remite el Oficio N° 394-2004-MP-DSDJL de fecha 28 de enero de 2008 de la Fiscalía Superior Decana del distrito judicial de Lima, que a la vez remite el Oficio N° 14-2004-4°FPPL-MP-FN de fecha 28 de enero de 2004, 4ª Fiscalía Provincial Penal de Lima sobre la denuncia interpuesta contre los que resulten responsables de la DIVINCRI ESTE, en agravio de Pedro Rafael Marino Núñez, por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, indicándose que la misma ha sido derivada a la Fiscalía Provincial de Ventanilla, con fecha 4 de noviembre de 1997.
Del mismo modo remite el Oficio N° 18-2004-9°FSPL de fecha 22 de enero de 2004 de la 9ª Fiscalía Superior Penal de Lima, señalando que se ha recabado información de la Mesa de Partes de la 2ª Sala Penal Corporativa para Procesos Ordinarios con Reos en Cárcel, hoy 2ª Sala Penal con Reos en Cárcel, en el sentido que dicha Sala Penal, con fecha 27 de noviembre de 1998, se inhibió del conocimiento del proceso seguido contra Richard Hugo Sedano Fenco y otros, por el delito de homicidio calificado y otros, en agravio de Pedro Rafael Mariño Núñez y otros, disponiendo la remisión de dichos actuados a la Mesa de Partes Única de las Salas Penales. Señala además que la entonces 10ª Sala Penal, hoy 4ª Sala Penal con Reos en Cárcel, con fecha 12 de agosto de 1999, expidió sentencia condenatoria, interponiéndose recurso de nulidad por Ejecutoria Suprema de fecha 5 de octubre de 1999, la Sala Penal de la Corte Suprema declaró no haber nulidad, devolviéndose los actuados al Vigésimo octavo Juzgado Penal de Lima, el 28 de marzo de 2000.
José Antonio López Alvarado y Juan Carlos Martínez Morán
Ricardo Solano Asto
El Secretario Permanente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, mediante Oficio N° 122-2004-IN/0105 de fecha 3 de febrero de 2004, adjunta información haciendo referencia al Informe N° 136-99-EMG-PNP/DIPANDH remitido al despacho de la CNDDHH-MIN. En él se indica que habiéndose formulado el Atestado N° 133-SRPNP-CCP-CERRO DE PASCO de 31 de diciembre de 1997 cursado a la Fiscalía Provincial de Cerro de Pasco con el Oficio N° 481-SRPNP, la misma que asumió jurisdicción en la investigación, formulándose la Denuncia Fiscal N° 010-98 de 13 de enero de 1998 ante el Segundo Juzgado Penal de Pasco contra los que resultaran responsables del deceso del ciudadano Ricardo Solano Asto, la DIPANDH del EMG-PNP, se formuló el Informe Nº 046-98-EMG-PNP/DIPANDH de 25 de junio de 1998 y el Informe N° 36-98-EMG/PNP-DIPANDH de 4 de mayo de 1998 remitidos a la CNDDHH del MINT.
Saúl Robinson Tello Muñoz
Mediante Oficio N° 042-2004-DDHH/PJ de fecha 29 de enero de 2004, el representante del poder judicial ante el CNDH del Ministerio de Justicia, remite información proporcionada por el Primer Juzgado Penal de Coronel Portillo, distrito judicial de Ucayali, adjuntando ayuda memoria, de la que se desprende lo siguiente.
Con fecha 16 de enero de 2004 se recepcionó el Oficio N° 17617 2003-1JPCP-CSJUC/PJ, de fecha 23 de diciembre de 2003, remitido por el Juez del Primer Juzgado Penal de Coronel Portillo, del distrito judicial Ucayali, por el que se da cuenta por el Jefe de Distribución General, por ante su Judicatura se encuentra registrado el proceso penal signado con Expediente Nº 225-97, seguido contra Watson Grandez Paredes, por el delito de abuso de autoridad en agravio de Saúl Robinson Tello Muñoz, el cual se encuentra sobreseído. A fin de contar con mayor información, mediante Oficio N° 029-2004-DDHH/PJ se reiteró a ese Juzgado remita la razón de la Jefatura del Centro de Distribución General y copias certificadas del proceso penal citado.
Con fecha 28 de enero de 2004 se recepcionó el Oficio N° 0364-2004-1JPCP-CSJUC/PJ de fecha 21 de enero de 2004, expedido por el Juez del PrimerJuzgado Penal de Coronel Portillo, distrito judicial de Ucayali, indicando que mediante auto apertorio de fecha 25 de mayo de 1997 se abrió instrucción con Expediente N° 225-97 en la vía sumaria, contra Watson Grandez Paredes, como presunto autor de los delitos de abuso de autoridad y lesiones simples, en agravio de Robinson Tello Muñoz, habiéndose emitido dictamen final por el ministerio público, ordenando el archivo definitivo del proceso, por lo que con fecha 27 de octubre de 1997 el Juzgado ordena el sobreseimiento, encontrándose actualmente el expediente en mención, en el archivo de dicha Corte Superior de Justicia.
Nancy Patruska Del Campo Cáceres
Mediante Oficio N° 042-2004-DDHH/PJ de fecha 29 de enero de 2004, el representante del poder judicial ante el CNDH del Ministerio de Justicia remite el Oficio N° 248-2004-MP-DSDJL de fecha 14 de enero de 2004, del Fiscal Superior Titular Decano del distrito judicial de Lima, quien a su vez remite el Oficio N° 004-2004-MPUFPPL-MP-FN y anexos, de fecha 6 de enero de 2004, del Jefe de la Mesa Única de Partes de las Fiscalías Provinciales Penales de Lima, señalando haberse localizado información sobre el presente caso en el Sistema de Apoyo al Trabajo Fiscal, adjuntándose el Informe N° 004-04-MICSIATF/RUDE-MPUFOOL-MP-FN con nueve constancias de los casos requeridos, disponiéndose se alcance información actualizada y la expedición de copias certificadas de las principales piezas, de las investigaciones realizadas a favor de los agraviados: Poma Payano José Luis, Tinta Vera Pedro, Cerrón Núñez Juan Domingo, Asto Abanato Jesús, Gómez Arévalo Roberto, Arrieta Azcárate Sara Enedina, Pedro marino Núñez, López Alvarado José Antonio, Martínez Morán Juan Carlos, Christian Raffo y Nancy Patruska Del Campo Cáceres, por el delito de lesa humanidad tortura (desaparición forzada), a la 4ª, 8ª, 10ª y 22ª Fiscalía Provincial Penal de Lima, 4ª y 9ª Fiscalía Superior Penal de Lima.
El Secretario Permanente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, mediante Oficio N° 122-2004-IN/0105 de fecha 3 de febrero de 2004, adjunta información haciendo referencia al Informe N° 136-99-EMG-PNP/DIPANDH remitido al despacho de la CNDDHH-MIN. En él se indica que con respecto a la detención y violación de Nancy del Campo Cáceres se ha formulado el Atestado N° 35-D1-DINCOTE del 21 de mayo de 1997, por delito de terrorismo, cursado con Oficio N° 2029-DINCOTE de la misma fecha a la Fiscalía Provincial de Turno Permanente de Lima, y que al respecto la DIPANDH formuló el Informe N° 109-98-EMG-PNP/DIPANDH de 11 de agosto de 1998 remitido al despacho de la CNDDHH del MINT.
Mediante Oficio N° 2082-2004-IN/0105 de la Secretaria Permanente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior remite entre otros documentos el Parte N° 394-DIRCOTE-OFINT-AIB numeral 2.b) documentos formulados: se aprecia el siguiente texto: "Atestado Nº 035-D1-DINCOTE de 20 de mayo de 1997 por delito de terrorismo en calidad de detenida".
Atestado ampliatorio N° 043-D1-DINCOTE de 5 de junio de 1997 por delito de traición a la patria." Numeral 2.c): "El 2 de junio de 1998 salió en libertad del EPMSM-Chorrillos".
21. Como se aprecia, la información actualizada se refiere a las acciones emprendidas por distintas entidades del Estado respecto a hechos acaecidos principalmente en el período anterior a 1999, y sobre los cuales actualmente se vienen tomando medidas de investigación administrativa, fiscal o judicial, o que han sido objeto de decisiones de archivamiento administrativo, fiscal o judicial. Ello acredita la actividad del Estado cuando se formulan quejas o denuncias y ratifica su voluntad de no tolerar la práctica de la tortura o de los tratos crueles, inhumanos o degradantes.
22. Esta situación ha sido constatada también por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), la cual, de acuerdo a su mandato