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Timestamp: 2018-03-24 20:38:22
Document Index: 375141838

Matched Legal Cases: ['Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 1', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 12', 'artículo 12', 'Artículo 13', 'artículo 13', 'Artículo 14', 'artículo 14', 'Artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 37', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'artículo 24', 'Artículo 25', 'artículo 149', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 27', 'Artículo 28', 'artículo 26', 'artículo 28', 'artículo 26', 'artículo 28', 'artículo 28', 'Artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 29', 'Artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 30', 'Artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 31', 'Artículo 32', 'artículo 27', 'artículo 59', 'artículo 32', 'Artículo 33', 'artículo 33', 'Artículo 34', 'artículo 34', 'Artículo 35', 'artículo 35', 'Artículo 36', 'artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 38', 'Artículo 39', 'artículo 39', 'Artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 42', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'artículo 280', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'Artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 28', 'Artículo 44', 'artículo 44', 'Artículo 45', 'artículo 45']

Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. TITULO PRIMERO. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo (Vigente hasta el 27 de Junio de 2008).
Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (Vigente hasta el 27 de Junio de 2008).
Órgano MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
Publicado en BOE de 30 de Junio de 1992
Vigencia desde 01 de Julio de 1992. Esta revisión vigente desde 01 de Julio de 2007 hasta 27 de Junio de 2008
Régimen urbanístico de la propiedad del suelo
Artículo 5 Función social de la propiedad
La función social de la propiedad delimita el contenido de las facultades urbanísticas susceptibles de adquisición y condiciona su ejercicio.
Artículo 6 No indemnizabilidad por la ordenación
La ordenación del uso de los terrenos y construcciones no confiere derechos indemnizatorios, salvo en los supuestos que la Ley define.
Artículo 7 Participación en las plusvalías y reparto equitativo
La participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística de los entes públicos y el reparto entre los afectados por la misma de los beneficios y cargas derivados del planeamiento urbanístico, se producirán en los términos fijados por las Leyes.
Artículo 8 Utilización del suelo conforme a la ordenación territorial y urbanística
La utilización del suelo y, en especial, su urbanización y edificación deberá producirse en la forma y con las limitaciones que establezcan la legislación de ordenación territorial y urbanística por remisión de ella, el planeamiento, de conformidad con la clasificación y calificación urbanística de los predios.
Artículo 9 Clasificación del suelo
1. El planeamiento clasificará el territorio en todas o algunas de las siguientes clases. Suelo urbano, urbanizable, o en su caso apto para urbanizar y no urbanizable, o clases equivalentes a los efectos de la Ley, reguladas por la legislación autonómica.
2. Los terrenos destinados a sistemas generales podrán no ser objeto de clasificación específica de suelo, sin perjuicio de que los de nueva creación previstos en el planeamiento se adscriban a las diferentes clases de suelo a los efectos de su valoración y obtención.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 9.2 aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
Artículo 10 Suelo urbano en municipios con planeamientos
Constituirán el suelo urbano:
a) Los terrenos a los que el planeamiento general incluya en esa clase por contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica, debiendo tener estos servicios características adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya de construir. También se considerarán urbanos los terrenos que tengan su ordenación consolidada por ocupar la edificación al menos dos terceras partes de los espacios aptos para la misma según la ordenación que el planeamiento general establezca.
b) Los que en ejecución del planeamiento lleguen a disponer efectivamente de los mismos elementos de urbanización a que se refiere el párrafo anterior.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 10 aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
Artículo 11 Suelo urbanizable
1. Constituirán el suelo urbanizable los terrenos a los que el Plan General Municipal declare adecuados, en principio, para ser urbanizados.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 11.1 aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
2. Dentro del suelo urbanizable el Plan establecerá todas o alguna de las siguientes categorías:
a) Suelo programado, constituido por aquel cuyo planeamiento parcial deba ser aprobado en el plazo previsto en el programa del propio plan.
b) Suelo no programado, integrado por el que sólo pueda ser objeto de urbanización mediante la aprobación de programas de actuación urbanística.
Téngase en cuenta que, conforme establece el número 1 del artículo 1 del R.D.-Ley 5/1996, 7 junio, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de colegios profesionales («B.O.E.» 8 junio), queda suprimida la distinción entre suelo urbanizable programado y no programado, refundiéndose ambas clases de suelo, denominándose suelo urbanizable.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 11.2 aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
3. El suelo clasificado como apto para urbanizar por normas subsidiarias de planeamiento se equipara al suelo urbanizable programado excepto a los efectos de la necesidad de programación y del régimen de utilización del suelo.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 11.3 aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
4. En todo caso, a efectos de la valoración del suelo, supuestos expropiatorios y obtención de terrenos dotacionales, el suelo apto para urbanizar se equipara al suelo urbanizable programado.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 11.4, calificado de «carácter básico» en el apartado primero de la disposición final única de la Ley.
Téngase en cuenta que, conforme establece el número 3 del artículo 1 del R.D.-Ley 5/1996, de 7 de junio, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de colegios profesionales («B.O.E.» 8 junio), para el desarrollo urbanístico del suelo urbanizable serán de aplicación la disposiciones contenidas en el presente Real Decreto para suelo urbanizable programado. Téngase en cuenta que, conforme establece el apartado 1.º del artículo 1 de la Ley 7/1997, 14 abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de colegios profesionales («B.O.E.» 15 abril), queda suprimida la distinción entre suelo urbanizable programado y no programado establecida en el presente Real Decreto, refundiéndose ambas clases de suelo, denominándose suelo urbanizable.
Artículo 12 Suelo no urbanizable
Constituirán el suelo no urbanizable los terrenos que el planeamiento general no incluya en ninguna de las clases de suelo anteriores y, en particular, los espacios que dicho planeamiento determine para otorgarles una especial protección, en razón de su excepcional valor agrícola, forestal o ganadero, de las posibilidades de explotación de sus recursos naturales, de sus valores paisajísticos, históricos o culturales, o para la defensa de la fauna, la flora o el equilibrio ecológico.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 12 aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
Artículo 13 Clasificación del suelo en municipios sin planeamiento
1. En los municipios que carecieren de planeamiento general el territorio se clasificará en suelo urbano y suelo no urbanizable.
2. Constituirán el suelo urbano los terrenos que por contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica o por estar comprendidos en áreas consolidadas por la edificación al menos en la mitad de la superficie no ocupada por los viales o espacios libres existentes, se incluyan en el Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano.
3. Constituirán el suelo no urbanizable los restantes espacios del término municipal.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 13 aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
Artículo 14 Solar
A los efectos de esta Ley tendrán la consideración de solares las superficies de suelo urbano aptas para la edificación que reúnan los siguientes requisitos:
1. Que estén urbanizadas con arreglo a las normas mínimas establecidas en cada caso por el planeamiento, y si este no existiere o no las concretare, se precisará que además de contar con los servicios señalados en los artículos 10 y 13.2 la vía a que la parcela de frente tenga pavimentada la calzada y encintado de aceras.
2. Que tengan señaladas alineaciones y rasantes si existiera dicho planeamiento.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 14 aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
REGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE Y URBANIZABLE NO PROGRAMADO
REGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE
Los terrenos clasificados como suelo no urbanizable, o denominación equivalente atribuida por la legislación autonómica, no podrán ser destinados a fines distintos del agrícola, forestal, ganadero, cinegético y, en general, de los vinculados a la utilización racional de los recursos naturales, conforme a lo establecido en la legislación urbanística y sectorial que los regule, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.
Artículo 16 Prohibiciones y autorizaciones
1. En las transferencias de propiedad, divisiones y segregaciones de terrenos en esta clase de suelo no podrán efectuarse fraccionamientos en contra de lo dispuesto en la legislación agraria, o en otra aplicable, para la consecución de sus correspondientes fines.
2. En el suelo no urbanizable quedarán prohibidas las parcelaciones urbanísticas y habrá de garantizarse su preservación del proceso de desarrollo urbano, sin perjuicio de la que la legislación aplicable establezca sobre régimen de los asentamientos o núcleos rurales en esta clase de suelo.
3. Además de las limitaciones que resulten aplicables en virtud de otras normas se observarán las siguientes reglas:
1.ª No se podrán realizar otras construcciones que las destinadas a explotaciones agrícolas que guarden relación con la naturaleza, extensión y utilización de la finca y se ajusten en su caso a los planes o normas de los órganos competentes en materia de agricultura, así como las construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas. Las citadas construcciones e instalaciones podrán ser autorizadas por los Ayuntamientos.
2.ª Podrán autorizarse por el órgano autonómico competente edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social que hayan de emplazarse en el medio rural, así como edificios aislados destinados a vivienda familiar, en lugares en los que no exista posibilidad de formación de un núcleo de población, de acuerdo con el siguiente procedimiento:
a) Petición ante el Ayuntamiento, con justificación en su caso de la utilidad pública o interés social.
b) Informe del Ayuntamiento que, junto con la documentación presentada, se elevará por éste al órgano autonómico competente.
c) Información pública durante quince días, al menos.
d) Resolución definitiva del órgano autonómico.
La autorización señalada se entiende sin perjuicio de la necesidad de obtener licencia municipal.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 16.3 aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
4. Para autorizar e inscribir en el Registro de la Propiedad escrituras de declaración de obra nueva se estará a lo dispuesto en el artículo 37.2.
Artículo 17 Areas de especial protección
El planeamiento territorial y urbanístico podrá delimitar áreas de especial protección en las que estará prohibida cualquier utilización que implique transformación de su destino o naturaleza, lesione el valor específico que se quiera proteger o infrinja el concreto régimen limitativo establecido por aquél.
REGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO
Artículo 18 Suelo urbanizable no programado
1. En tanto no se aprueben programas de actuación urbanística, o el instrumento equivalente determinado por la legislación aplicable, los terrenos clasificados como suelo urbanizable no programado estarán sujetos a las limitaciones establecidas para el suelo no urbanizable. Además, deberán respetarse las incompatibilidades de usos señaladas en el planeamiento, no dificultando las actuaciones que se permitan sobre el mismo la consecución de los objetivos de dicho planeamiento.
2. Aprobado un programa de actuación urbanística se estará a las limitaciones, obligaciones y cargas establecidas en él, en su acuerdo aprobatorio, y en las bases del correspondiente concurso para su ejecución, que no podrán ser inferiores a las fijadas para el suelo urbanizable programado.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 18 aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
REGIMEN DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE
DERECHOS Y DEBERES BASICOS DE LOS PROPIETARIOS
Artículo 19 Incorporación al proceso urbanizador y edificatorio
La aprobación del planeamiento preciso según la clase de suelo de que se trate, determina el deber de los propietarios afectados de incorporarse al proceso urbanizador y al edificatorio, en las condiciones y plazos previstos en el planeamiento o legislación urbanística aplicables, conforme a lo establecido en esta Ley.
Artículo 20 Deberes legales para la adquisición gradual de facultades
1. La ejecución del planeamiento garantizará la distribución equitativa de los beneficios y cargas entre los afectados e implicará el cumplimiento de los siguientes deberes legales:
a) Ceder los terrenos destinados a dotaciones públicas.
b) Ceder los terrenos en que se localice el aprovechamiento correspondiente a los Ayuntamientos, por exceder del susceptible de apropiación privada o, en su caso, adquirir dicho aprovechamiento por su valor urbanístico en la forma que establezca la legislación urbanística aplicable. La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 20.1, b) en su inciso «a los Ayuntamientos», calificado de «carácter básico» en el apartado primero de la disposición final única de la Ley.
c) Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización en los plazos previstos.
d) Solicitar la licencia de edificación, previo el cumplimiento de los deberes urbanísticos correspondientes, en los plazos establecidos.
e) Edificar los solares en el plazo fijado en la preceptiva licencia.
2. El cumplimiento de estos deberes determina la gradual adquisición de las facultades urbanísticas que se definen y regulan en la Sección siguiente.
Artículo 21 Deberes legales de uso, conservación y rehabilitación
1. Los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones deberán destinarlos efectivamente al uso en cada caso establecido por el planeamiento urbanístico y mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. Quedarán sujetos igualmente al cumplimiento de las normas sobre protección del medio ambiente y de los patrimonios arquitectónicos y arqueológicos, y sobre rehabilitación urbana.
2. El coste de las obras necesarias en virtud de lo dispuesto en el número anterior se sufragará por los propietarios o la Administración, en los términos que establezca la legislación aplicable.
Artículo 22 Enajenación de fincas y deberes urbanísticos
La enajenación de fincas no modificará la situación de su titular en orden a las limitaciones y deberes instituidos por la legislación urbanística aplicable o impuestos, en virtud de la misma, por los actos de ejecución de sus preceptos. El adquirente quedará subrogado en el lugar y puesto del anterior propietario en los derechos y deberes vinculados al proceso de urbanización y edificación, así como en los compromisos que, como consecuencia de dicho proceso, hubiere contraído con la Administración urbanística competente.
FACULTADES URBANISTICAS
Artículo 23 Facultades urbanísticas de la propiedad
1. El contenido urbanístico de la propiedad inmobiliaria se integra mediante la adquisición sucesiva de los siguientes derechos:
a) A urbanizar, entendiéndose por tal la facultad de dotar a un terreno de los servicios e infraestructuras fijados en el planeamiento o, en su defecto en la legislación urbanística, para que adquiera la condición de solar.
b) Al aprovechamiento urbanístico, consistente en la atribución efectiva al propietario afectado por una actuación urbanística de los usos e intensidades susceptibles de apropiación privada, o su equivalente económico, en los términos fijados por esta Ley.
c) A edificar, consistente en la facultad de materializar el aprovechamiento urbanístico correspondiente.
d) A la edificación, consistente en la facultad de incorporar al patrimonio la edificación ejecutada y concluida con sujeción a la licencia urbanística otorgada, siempre que ésta fuera conforme con la ordenación urbanística aplicable.
2. En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo facultades urbanísticas en contra de lo dispuesto en esta Ley o en la legislación o planeamiento urbanísticos aplicables.
DERECHO A URBANIZAR
Artículo 24 Adquisición del derecho a urbanizar
1. La adquisición del derecho a urbanizar requiere la aprobación del planeamiento preciso en cada clase de suelo.
2. El instrumento de planeamiento a que se refiere el apartado anterior será:
a) En suelo urbano: Plan General o normas subsidiarias y, en su caso, Plan Especial de Reforma Interior.
b) En suelo urbanizable programado: Plan General y Plan Parcial.
c) En suelo urbanizable no programado: Plan General, Programa de Actuación Urbanística y Plan Parcial.
d) En suelo apto para urbanizar: Normas subsidiarias y Plan Parcial.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 24.2 aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
3. El expresado derecho sólo se adquiere con la aprobación definitiva del instrumento de ordenación más específico.
4. El ejercicio del derecho a urbanizar requiere la aprobación, cuando así lo establezca la legislación o el planeamiento urbanísticos, de estudio de detalle, proyecto de urbanización u otro instrumento previsto y regulado en aquélla.
Artículo 25 Extinción del derecho a urbanizar
1. El derecho a urbanizar los terrenos incluidos en una unidad de ejecución por un sistema de gestión privada se extinguirá si la urbanización efectiva de los mismos y el cumplimiento de los debates de cesión y equidistribución no se realizare en los plazos establecidos al efecto, sin perjuicio de lo que, en defecto de legislación urbanística aplicable, prevé el artículo 149.4.
2. La resolución que declare dicho incumplimiento deberá dictarse previa audiencia del interesado.
DERECHO AL APROVECHAMIENTO URBANISTICO
Artículo 26 Adquisición del derecho al aprovechamiento urbanístico
El derecho al aprovechamiento urbanístico se adquiere por el cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización en los plazos fijados por el planeamiento o la legislación urbanística aplicable, debiendo acreditar los propietarios el cumplimiento de los expresados deberes.
Artículo 27 Aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación
1. El aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación por el titular de un terreno será, el resultado de referir a su superficie el 85 por 100 del aprovechamiento tipo del área de reparto en que se encuentre, calculado en la forma señalada por los artículos 96 y 97.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 27.1, calificado de «carácter básico» en el apartado primero de la disposición final única de la Ley.
2. El aprovechamiento urbanístico apropiable por el conjunto de propietarios incluidos en una unidad de ejecución será el resultado de referir a su superficie el 85 por 100 del aprovechamiento tipo del área de reparto en que se encuentre.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 27.2, calificado de «carácter básico» en el apartado primero de la disposición final única de la Ley.
3. Los desajustes entre los aprovechamientos a que se refiere el número anterior y los resultantes de la aplicación directa de las determinaciones del planeamiento se resolverán en la forma establecida en los artículos 151 y 152 de esta ley.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 27.3 aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
4. En el suelo urbano donde no se apliquen las disposiciones sobre áreas de reparto y aprovechamiento tipo el aprovechamiento susceptible de apropiación será como mínimo el 85 por 100 del aprovechamiento medio resultante en la unidad de ejecución respectiva o, en caso de no estar incluido el terreno en ninguna de es las unidades, del permitido por el planeamiento.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 27.4, calificado de «carácter básico» en el apartado primero de la disposición final única de la Ley.
Artículo 28 Derecho al aprovechamiento en actuaciones sistemáticas
1. El derecho al aprovechamiento urbanístico se adquiere, en el caso de ejecución de una unidad por un sistema de gestión privada, en lo forma señalada en el artículo 26.
2. En defecto de previsión de plazos por el planeamiento urbanístico aplicable el plazo será de cuatro años a contar desde la aprobación de dicho planeamiento, en suelo urbano, y desde la delimitación de la correspondiente unidad de ejecución en suelo urbanizable.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 28.2 aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
3. Acreditado por los propietarios el cumplimiento de los deberes a que se refiere el artículo 26 la Administración actuante expedirá la certificación correspondiente a instancia de aquellos. Por el transcurso de tres meses sin resolución expresa, se entenderá otorgada esta certificación.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 28.3 aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
4. A los solos efectos de lo establecido en el número anterior, en el caso de que la Administración no resolviere sobre la recepción de las obras de urbanización en el plazo previsto en el planeamiento u ordenanza municipal, o, en su defecto, en el de tres meses bastará el ofrecimiento forma de sesión de las mismas.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 28.4 aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
5. Cuando la ejecución de la unidad deba Producirse por el sistema de cooperación u otro equivalente los propietarios adquirirán el derecho al aprovechamiento urbanístico correspondiente, por el cumplimiento de los deberes y cargas inherentes al sistema.
Artículo 29 Concreción del aprovechamiento urbanístico
1. El derecho al aprovechamiento urbanístico se concretará:
a) Cuando se trate de terrenos incluidos en una unidad de ejecución, bajo alguna de las siguientes modalidades a establecer en los correspondientes procesos redistributivos de beneficios y cargas:
1. Adjudicación de parcelas aptas para edificación con las compensaciones económicas que por diferencia de adjudicación procedan.
2. Compensación económica sustitutiva.
b) En suelo urbano, cuando no se actúe mediante unidades de ejecución:
1.º Sobre la propia parcela, si no está afecta a uso público, resolviéndose los desajustes entre los aprovechamientos reales permitidos por el planeamiento y los susceptibles de adquisición por su titular en la forma prevista en la legislación urbanística aplicable.
2.º Sobre otras parcelas lucrativas incluidas en la misma área de reparto, en caso de estar afecta a uso público la del titular del aprovechamiento, en la forma prevista en la legislación urbanística aplicable.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 29.1, calificado de «carácter básico» en el apartado primero de la disposición final única de la Ley.
2. En los supuestos contemplados en el apartado b) del número anterior, en defecto de dicha legislación, los desajustes se resolverán en la forma prevista en los artículos 151.2, 187 a 191 y 194 a 196.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 29.2 aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
Artículo 30 Reducción del derecho al aprovechamiento urbanístico en actuaciones sistemáticas
1. El derecho al aprovechamiento urbanístico se reducirá en un 50 por 100 si no se solicita la licencia de edificación en el plazo fijado en el planeamiento o legislación urbanística aplicable. Tratándose de suelo urbanizable no programado, si el programa se formulase como consecuencia de concurso, regirán los plazos establecidos en las bases del mismo.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 30.1, calificado de «carácter básico» en el apartado primero de la disposición final única de la Ley.
2. En defecto de previsión expresa en el planeamiento urbanístico el plazo será de un año desde su adquisición.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 30.2 aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
3. La resolución administrativa municipal o autonómica declarando el incumplimiento a que se refiere el número 1 deberá dictarse previa audiencia del interesado. El Ayuntamiento decidirá sobre la expropiación o sujeción al régimen de venta forzosa de los correspondientes terrenos, cuyo valor se determinará, en todo caso, con arreglo a la señalada reducción del aprovechamiento urbanístico. La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 30.3 inciso segundo, calificado de «carácter básico» en el apartado primero de la disposición final única de la Ley.
4. La venta forzosa a que se refiere el apartado anterior se instrumentará mediante el procedimiento regulado por la legislación urbanística, aplicable, o Con su defecto, a través del Registro de Solares y Terrenos sin urbanizar, conforme a lo previsto en los artículos 227 y siguientes.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 30.4 aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
5. Lo establecido en los apartados anteriores será de aplicación a los solares sin edificar y lo será también a los terrenos en que existan edificaciones ruinosas en los supuestos y con los requisitos y plazos que para su equiparación establecen la legislación y el planeamiento urbanístico.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 30.5 aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
Artículo 31 Reducción del aprovechamiento urbanístico en actuaciones asistemáticas
1. En suelo urbano, cuando se trate de terrenos no incluidos en una unidad de ejecución, el derecho al aprovechamiento urbanístico se entenderá adquirido por la aprobación del planeamiento preciso en cada caso.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 31.1, calificado de «carácter básico» en el apartado primero de la disposición final única de la Ley.
2. Este aprovechamiento se reducirá en un 50 por 100 si no se solicita licencia municipal de edificación en el plazo fijado en el planeamiento o legislación urbanística aplicable, previa conversión de la parcela en solar o garantizándose la ejecución simultánea de urbanización y edificación. En estos supuestos será de aplicación lo establecido en el número 3 del artículo anterior.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 31.2, calificado de «carácter básico» en el apartado primero de la disposición final única de la Ley.
3. En defecto de previsión expresa conforme a lo establecido en el número anterior, el plazo será de dos años computados desde la fecha de aprobación definitiva del planeamiento preciso en cada caso.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 31.3 aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
Artículo 32 Aprovechamiento atribuible en expropiaciones no motivadas por incumplimiento de deberes urbanísticos
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 27, el aprovechamiento atribuible a los terrenos destinados a sistemas generales adscritos o en el suelo urbano no incluidos en áreas de reparto que se obtengan por expropiación, será el resultado de referir a su superficie el 75 por 100 del aprovechamiento tipo, calculado en la forma regulada por el artículo 59.
2. El aprovechamiento atribuible al suelo urbano incluido en una unidad de ejecución a desarrollar por el sistema de expropiación o afecto a dotación pública de carácter local, no incluido en ninguna de ellas, que se obtenga igualmente por expropiación, será el resultado de referir a su superficie el 75 por 100 del aprovechamiento tipo del área de reparto respectiva.
3. El aprovechamiento atribuible al suelo urbanizable programado destinado a sistemas generales que se obtengan por expropiación y al incluido en una unidad de ejecución a desarrollar por el sistema de expropiación será el resultado de referir a su superficie el 50 por 100 del aprovechamiento tipo del área de reparto respectiva.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 32, calificado de «carácter básico» en el apartado primero de la disposición final única de la Ley.
DERECHO A EDIFICAR
Artículo 33 Adquisición del derecho a edificar
1. El otorgamiento de la licencia determinará la adquisición del derecho a edificar, siempre que el proyecto presentado fuera conforme con la ordenación urbanística aplicable.
2. Cuando la licencia autorice la urbanización y edificación simultáneas, la adquisición definitiva de los derechos al aprovechamiento urbanístico y a edificar, quedará subordinada al cumplimiento del deber de urbanizar.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 33.2 aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
Artículo 34 No adquisición del derecho a edificar
La Falta de adquisición del derecho a edificar por causa imputable al titular del terreno determinará su expropiación o venta forzosa, con aplicación de la reducción del aprovechamiento señalada en los artículos 30.1 y 31.2 respectivamente.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 34, calificado de «carácter básico» en el apartado primero de la disposición final única de la Ley.
Artículo 35 Plazos para la edificación
1. El acto de otorgamiento de la licencia fijará los plazos de iniciación, interrupción máxima y finalización de las obras, de conformidad, en su caso, con la normativa aplicable.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 35.1, calificado de «carácter básico» en el apartado primero de la disposición final única de la Ley.
2. El derecho a edificar se extingue por incumplimiento de los plazos fijados, mediante su declaración formal, en expediente tramitado con audiencia del interesado.
Artículo 36 Efectos de la extinción del derecho a edificar
1. Extinguido el derecho a edificar, el interesado no podrá iniciar o reanudar actividad alguna al amparo de la licencia caducada, salvo, previa autorización u orden de la Administración, las obras estrictamente necesarias para garantizar la seguridad de las personas y bienes, y el valor de la edificación ya realizada.
2. La Administración expropiará los correspondientes terrenos con las obras ya ejecutadas o acordará su venta forzosa, valorándose aquéllos conforme al 50 por 100 del aprovechamiento urbanístico para el que se obtuvo la licencia y éstas por su coste de ejecución.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 36.2, calificado de «carácter básico» en el apartado primero de la disposición final única de la Ley.
DERECHO A LA EDIFICACION
Artículo 37 Adquisición del derecho a la edificación
1. El derecho a la edificación se adquiere por la conclusión de las obras al amparo de licencia no caducada y conforme con la ordenación urbanística.
2. Los Notarios y Registradores de la Propiedad exigirán para autorizar o inscribir, respectivamente, escrituras de declaración de obra nueva terminada, que se acredite el otorgamiento de la preceptiva licencia de edificación y la expedición por técnico competente de la certificación de finalización de la obra conforme al proyecto aprobado. Para autorizar e inscribir escrituras de declaración de obra nueva en construcción a la licencia de edificación se acompañará certificación expedida por técnico competente, acreditativa de que la descripción de la obra nueva se ajusta al proyecto para el que se obtuvo la licencia. En este caso, el propietario deberá hacer constar la terminación mediante acto notarial que incorporará la certificación de finalización de la obra antes mencionada tanto la licencia como las expresadas certificaciones deberán testimoniarse en las correspondientes escrituras.
Artículo 38 Edificación sin licencia e incompatible con el planeamiento
1. La edificación realizada sin licencia o sin ajustarse o sus condiciones e incompatible con el planeamiento vigente será demolida sin indemnización, previa la instrucción del preceptivo expediente conforme a lo establecido en la legislación urbanístico aplicable.
2. Si aún no hubieran transcurrido los plazos resultantes de los artículos 30 y 31 el interesado podrá solicitar licencia para proyecto conforme con dicho planeamiento o ajustar las obras a la ya concedido.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 38.2, calificado de «carácter básico» en el apartado primero de la disposición final única de la Ley.
3. Cuando, por haber transcurrido el plazo de adquisición del derecho a edificar o por no haberse adquirido el derecho al aprovechamiento urbanístico al tiempo de concluir la edificación, proceda la expropiación del terreno o su venta forzosa, se valorará con arreglo al grado de adquisición de facultades urbanísticas en aquel momento, con el límite máximo del 50 por 100 del aprovechamiento urbanístico patrimonializable.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 38.3, calificado de «carácter básico» en el apartado primero de la disposición final única de la Ley.
Artículo 39 Edificación sin licencia compatible con el planeamiento
La edificación realizada sin licencia o sin ajustarse o sus condiciones pero, compatible con el planteamiento puede ser objeto de legalización mediante solicitud de la correspondiente licencia en el plazo que establezca la legislación urbanística aplicable o, en su defecto, en el de dos meses o contar desde el oportuno requerimiento si ya se hubiese adquirido el derecho al aprovechamiento urbanístico. Si faltase sólo para la adquisición del mencionado derecho la realización de la urbanización la legalización exigirá también el cumplimiento de dicho deber. La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 39, inciso final , calificado de «carácter básico» en el apartado primero de la disposición final única de la Ley.
Artículo 40 Licencia ilegal y expropiación o venta forzosa
1. La edificación realizada al amparo de licencia posteriormente declarado legal por contravenir la ordenación urbanística aplicable no quedó incorporada al patrimonio del propietario del terreno.
La resolución administrativa o judicial que contenga dicha declaración se notificará al Registro de la Propiedad para su debida constancia.
2. El valor del terreno, a todos los efectos, será el correspondiente al grado de adquisición de facultades urbanísticas cuando se solicitó licencia.
3. En el supuesto de que el propietario no hubiera adquirido el derecho al aprovechamiento urbanístico cuando solicitó la licencia anulada, procederá la expropiación del terreno o su venta forzosa. En el caso de que hubiera adquirido dicho derecho, deberá solicitar nueva licencia.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 40.3, calificado de «carácter básico» en el apartado primero de la disposición final única de la Ley.
4. El plazo para solicitar la citada licencia será de un año a contar desde el requerimiento que a tal efecto se formule al interesado.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 40.4 aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 42.4 y 5 (sic) aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
Artículo 41 Edificación con exceso de aprovechamiento
1. Si la edificación materializada y amparada en licencia fuera conforme con la ordenación urbanística, pero excediera de la correspondiente al aprovechamiento urbanístico a que tiene derecho su titular y no hubiera transcurrido desde su terminación el plazo que establezca la legislación aplicable o, en su defecto, el de cuatro años, el titular o sus causahabientes deberán abonar a la Administración el valor urbanístico de dicho exceso.
2. Sólo quedarán excluidos de la obligación establecida en el número anterior los terceros adquirentes de buena fe amparados por la protección registral, sin perjuicio de que, en estos casos, la Administración pueda reclamar el pago al propietario inicial de la edificación u otras personas que le hayan sucedido.
INACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACION
Artículo 42 Consecuencias de la inactividad de la Administración ante incumplimiento
1. En los casos de incumplimiento de deberes urbanísticos, si los Ayuntamientos respectivos no ejercitarán las potestades de expropiación o sujeción al régimen de venta forzosa de los correspondientes terrenos en el plazo de un año desde que se produjo dicho incumplimiento, las Comunidades Autónomas, previa comunicación al Ayuntamiento respectivo, podrán subrogarse en el ejercicio de la potestad expropiatoria, debiendo destinar los terrenos expropiados a los fines previstos en el artículo 280.1.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 42.1, calificado de «carácter básico» en el apartado primero de la disposición final única de la Ley.
2. El plazo para adoptar las medidas previstas en el número anterior será de cuatro años, a contar desde la fecha en que se produjo el incumplimiento de los deberes urbanísticos.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 42.2, calificado de «carácter básico» en el apartado primero de la disposición final única de la Ley.
3. En tanto no se notifique a los propietarios afectados la iniciación del expediente declarativo del incumplimiento de deberes urbanísticos, podrán aquellos iniciar o proseguir el proceso de urbanización y edificación y adquirir las facultades urbanísticas correspondientes al cumplimiento de los respectivos deberes con la particularidad de que el aprovechamiento susceptible de apropiación se reducirá en un 50 por 100 cuando no se hubiera adquirido ese derecho en el momento de la notificación del incumplimiento. La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 42.3, inciso final, calificado de «carácter básico» en el apartado primero de la disposición final única de la Ley.
4. Dicha reducción podrá hacerse efectivo exigiendo el abono del valor del aprovechamiento correspondiente en el procedimiento de otorgamiento de la licencia, o en la forma y en el plazo establecido en el artículo anterior.
Transcurridos cuatro meses desde la notificación de la incoación del expediente declarativo del incumplimiento sin que hubiere recaído resolución expresa quedará sin efecto dicho notificación.
Artículo 43 Consulta urbanística
1. Todo administrado tendrá derecho a que el Ayuntamiento le informe por escrito del régimen urbanístico aplicable o una finca, unidad de ejecución o sector.
2. Dicha información deberá facilitarse en el plazo de un mes y expresará, en su caso, el aprovechamiento tipo aplicable al área de reparto en que se encuentre, y el grado, de adquisición de facultades urbanísticas al tiempo de facilitarse la información.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 43.2 aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
3. Los Ayuntamientos remitirán al Registro de la Propiedad que corresponda copia de las certificaciones acreditativas del cumplimiento de deberes urbanísticos a que se refiere el artículo 28, a fin de que se tome nota marginal en las inscripciones de las fincas respectivas.
Artículo 44 Cédula urbanística
1. Los Ayuntamientos podrán crear en la correspondiente ordenanza un documento acreditativo de los extremos señalados en el artículo anterior y demás circunstancias urbanísticos que concurran en las fincas comprendidas en el término municipal.
2. Este documento se denominará Cédula urbanística de terreno o de edificio, según el carácter de la finca o que se refiera, y los Ayuntamientos podrán exigirlo para la parcelación, edificación y cualquier utilización de los predios.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 44 aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
Artículo 45 Información urbanística y enajenación de terrenos
1. El que enajenare terrenos no susceptibles de edificación según el planeamiento, o edificios e industrias fuera de ordenación, deberá hacer constar expresamente estas situaciones en el correspondiente título de enajenación.
2. En las enajenaciones de terrenos de urbanizaciones de iniciativa particular, deberá hacerse constar la fecha de aprobación del planeamiento correspondiente y las cláusulas que se refieran a la disposición de las parcelas y compromisos con los adquirentes.
3. En los actos de enajenación de terrenos en proceso de urbanización, deberán consignarse los compromisos que el propietario hubiere asumido en orden a la misma y cuyo cumplimiento esté pendiente.
4. La infracción de cualquiera de las anteriores disposiciones facultará al adquirente para rescindir el contrato, en el plazo de un año a contar desde la fecha de su otorgamiento, y exigir la indemnización de los daños y perjuicios que se le hubieren irrogado.
5. La publicidad relativa a urbanizaciones de iniciativa particular deberá expresar la fecha de aprobación del correspondiente planeamiento y no podrá contener indicación alguna en pugna con sus cláusulas.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 45.5 aprobado por el Estado con eficacia supletoria.