Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20029492
Timestamp: 2019-09-16 04:19:06
Document Index: 347307417

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 73', 'artículo 79', 'artículo 13', 'Artículo 73', 'Artículo 79', 'Artículo 84', 'Artículo 168', 'Artículo 297', 'Artículo 2', 'Artículo 26', 'artículo 78', 'artículo 26', 'Artículo 1', 'Artículo 2']

C-505 de 2014
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020029492CC-SENTENCIAC505201416/07/2014CC-SENTENCIA_C_505__2014_16/07/2014200294922014SENTENCIA C-505/14 Referencia: expediente D-10029
Ricardo Gómez Giraldo | María Carmenza Quintero CardonaCONSTITUCIONALIDADJorge Ignacio Pretelt ChaljunbDemanda de inconstitucionalidad contra los artículos 73, 79 y 84 (parciales) de la Ley 1098 de 2006 "Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia"D10029Identificadores20020029493true46624Versión original20029493Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 73, 79 y 84 (parciales) de la Ley 1098 de 2006 "Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia"
DEMANDA de inconstitucionalidad contra los artículos 73, 79 y 84 (parciales) de la Ley 1098 de 2006 "Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia"
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, los ciudadanos Ricardo Gómez Giraldo y María Carmenza Quintero Cardona, demandaron la constitucionalidad de la expresión "un trabajador social", contenida en los artículos 73, 79 y 84 de la Ley 1098 de 2006.
En atención a lo anterior, comunicó el presente proceso al Congreso de la República, a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF-, al Ministerio de Justicia, al Departamento para la Prosperidad Social, a la Defensoría del Pueblo, al Departamento Administrativo de la Función Pública y a la Comisión Nacional de Servicio Civil, e invitó a participar en el debate a la Facultad de Estudios de Familia de la Universidad de Caldas, a la Facultad de Desarrollo Familiar de la Fundación Universitaria Luis Amigó, al Departamento deTrabajo Socialadscrito a laFacultad de Ciencias Socialesy Humanas de la Universidad de Antioquia, a la Facultad de Ciencias Humanas y Trabajo Social de la Universidad Nacional, a la Maestría en Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica Nacional, a la Especialización en Infancia, Desarrollo y Cultura de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a la Especialización en Desarrollo Familiar de la Universidad del Norte, a laUniversidaddel Rosario, a la Universidad de los Andes, a la Universidad Externado de Colombia, a la Universidad Javeriana, a la Universidad Nacional de Colombia, a la Universidad Sergio Arboleda, a la Universidad Pontificia Bolivariana sede Montería, a la Universidad del Sinú - Seccional Montería-, a la Universidad de Medellín, a la Universidad del Atlántico y a la AcademiaColombianade Jurisprudencia. Finalmente ordenó, en el término de fijación en lista, correr traslado del expediente al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor.
"LEY1098 DE 2006
PARÁGRAFO 2o. Integración de los comités de adopciones. Los Comités de Adopciones del ICBF y de las instituciones autorizadas, estarán integrados por el Director Regional del ICBF o su delegado, el director de la institución o su delegado,un trabajador social, un psicólogo y por las demás personas que designen, según sea el caso, el ICBF o las juntas directivas de las instituciones. (…)
Las Defensorías de Familia contarán con equipos técnicos interdisciplinarios integrados, por lo menos, por un psicólogo,un trabajador social y un nutricionista.
Las Comisarías de Familia estarán conformadas como mínimo por un abogado, quien asumirá la función de Comisario, un psicólogo,un trabajador social, un médico, un secretario, en los municipios de mediana y mayor densidad de población. Las Comisarías tendrán el apoyo permanente de la Policía Nacional. El Gobierno Nacional reglamentará la materia con el fin de determinar dichos municipios.
En los municipios en donde no fuere posible garantizar el equipo mencionado en el inciso anterior, la Comisaría estará apoyada por los profesionales que trabajen directa o indirectamente con la infancia y la familia, como los profesores y psicopedagogos de los colegios, los médicos y enfermeras del hospital y los funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar".
1.2.1.3. Sumado a lo anterior, refieren, ni siquiera en la exposición de motivos del proyecto que luego se aprobó como la Ley 1098 de 2006 "Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia" se encuentra la razón por la cual el legislador decidió incluir taxativamente al trabajador social como profesional del área social que debía integrar con carácter obligatorio la estructura orgánica de las entidades a las que se viene haciendo referencia. Por tanto, sostienen que ante la ausencia de justificación en este sentido, lo que aconteció fue que el legislador trasladó del Decreto 2737 de 1989 a la Ley 1098 de 2006, la consagración taxativa de un determinado profesional, quien en ese entonces incluía al trabajador social como parte del equipo interdisciplinario de los jueces de menores y los promiscuos de familia[1], y también como parte integrante de las Comisarías de Familia con carácter preferente[2].
1.2.2.1. Bajo esta perspectiva, aducen, la normativa acusada vulnera el Convenio 111 de la OIT que integra el bloque de constitucionalidad "sobre la discriminación (empleo y ocupación)", el cual en sus artículos 1 y 2 establece que el término de discriminación comprende:
"[C]ualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación…
[T]odo miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con el objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto".
1.2.2.2. A la luz de lo expuesto, indican, los artículos 73, 79 y 84 de la Ley 1098 de 2006, en su aparte "trabajador social" desconoce el artículo 13 Superior y el artículo 1, numeral 1 literal b), y el numeral 2, como el artículo 2 del Convenio 111 de la OIT, al introducir una discriminación de trato entre profesionales afines en materia de familia y altera las oportunidades laborales de estos últimos al no tener la misma posibilidad de participar en la conformación de los Comités y de las entidades a las que hace alusión los artículos parcialmente censurados, quienes no tienen el deber de soportar consecuencias jurídicas distintas cuando se encuentran en hipótesis similares.
1.2.3. En este respecto, citan un fallo de tutela de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal (Sentencia T-59524, Acta No. 141 proferida el 19 de abril de 2012. M.P. Augusto J. Ibáñez Guzmán) en el que se analizó el caso de un profesional en derecho que había sido excluido del concurso de méritos para proveer la vacante de Director Regional del SENA porque su perfil profesional no estaba estipulado taxativamente en la convocatoria. En esta oportunidad, destacan, la Corte Suprema de Justicia concedió el amparo de los derechos al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y de acceso a la función pública del actor argumentando que "[L]a afinidad no debe examinarse de cara a una profesión en particular, sino a las funciones previstas para el ejercicio del cargo, pues de otro modo se consagraría una restricción injustificada y por esa vía atentatoria de los derechos a la igualdad y al acceso a la función pública de los posibles aspirantes que tengan otro título profesional pero cuenten con la formación profesional necesaria para el desempeño del empleo".
1.2.4. A la luz del anterior criterio, refieren que los artículos parcialmente acusados, (i) no permiten que el intérprete pueda conciliar el ingreso de un profesional social diferente al trabajador social en el equipo interdisciplinario, pues la norma no hace alusión a profesiones "afines"; (ii) no existe conexión de necesidad entre la profesión de trabajo social y el ejercicio de las funciones previstas en el cargo, pues, las mismas no giran solo en torno a la sociedad sino también a la familia, donde otros profesionales sociales, como los de desarrollo familiar, son igualmente idóneos para desempeñarse en ese campo; (iii) las tareas esenciales a ejecutar por el trabajador social en dichas instancias no son indispensables por cuanto otro profesional del área social afín también las podría desempeñar en relación con la aptitud y capacidad.
1.3.1.1. Sostiene que los actores confunden las profesiones de trabajo social y desarrollo familiar, sin tener en cuenta que las disposiciones legales que las regulan se encuentran amparadas por el principio de presunción de legalidad. Lo anterior, dicen, significa que los demandantes no realizaron la integración de la proposición jurídica completa, puesto que si lo que pretendían era demostrar que las dos carreras profesionales eran asimilables debieron demandar la Ley 53 de 1977 "por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de trabajador social y se dictan otras disposiciones", el Decreto Reglamentario No. 2833 de 1981, y la Ley 429 de 1998 "por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Desarrollo Familiar y se dictan otras disposiciones".
1.3.5.7. En conclusión, solicita se declare la exequibilidad condicionada de los apartes normativos acusados de la expresión "trabajador social" en el sentido de que se entienda que la misma no es taxativa sino enunciativa, pues emerge con claridad que existen otros programas de pregrado que no aparecen descritos en las normas como el de Desarrollo Familiar, cuyo perfil profesional guarda una relación directa, clara e inequívoca con las funciones asignadas a estas dependencias del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
1.3.6. Universidad de Caldas -Programa de Desarrollo Familiar-
1.3.6.5. Uno de los efectos discriminatorios, expone, se evidencia en la aplicación del criterio restrictivo antes anotado en el documento borrador "Lineamientos del Modelo de Atención a los niños, las niñas y los adolescentes en proceso administrativo de restablecimiento de derechos y a las personas mayores de 18 años, con Discapacidad", que establecen en su numeral 4.3.1 sobre estándares de calidad que los trabajadores sociales son los únicos profesionales reconocidos para desarrollar funciones de trabajo con familia y de manera taxativa dispone que este profesional social no puede ser reemplazado por un profesional en desarrollo familiar. Advierte que el socio estratégico puede contratar los servicios de este último, si así lo desea, sólo como talento humano adicional al exigido en dicho lineamiento y para realizar funciones diferentes a las del trabajador social.
A su parecer, esta función puede ser desarrollada de igual manera por otro profesional que, en términos generales, cuente con las mismas competencias e idoneidad para determinar el interés superior del menor de edad desde un punto de vista de las relaciones sociales con terceras personas (padres, parientes, conocidos o candidatos a adoptarlo). Por ejemplo, por un profesional en desarrollo social cuya labor se circunscribe a "[f]ormar un recurso humano con capacidad y habilidad para comprender la realidad y la problemática de la familia colombiana, contribuir a la formulación de políticas y alternativas orientadas al mejoramiento de su calidad de vida y la de cada uno de sus miembros…".
2.6. En definitiva, solicita a la Corte declarar la exequibilidad de los apartes demandados de los artículos 73 (parágrafo 2°), 79 (inciso 2°) y 84 (inciso 2°) de la Ley 1098 de 2006, bajo el entendido de que la interpretación de la expresión "trabajador social" deberá comprender también a los profesionales en desarrollo familiar.
3.CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
3.2.1.2. En la sentencia C-1052 de 2001[6], la Corte precisó las características que debe reunir el concepto de violación formulado por el demandante. De acuerdo con este fallo, las razones presentadas por el actor deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentesysuficientes.
Laclaridad se refiere a la existencia de un hilo conductor en la argumentación que permita al lector comprender el contenido de la demanda y las justificaciones en las que se basa.
3.2.2.1. Esta Corporación, en reiterada jurisprudencia, ha sostenido que en un Estado democrático, ninguna actuación de las autoridades puede estar desprovista de control. En virtud de este principio, ha explicado que en ejercicio de su labor de control abstracto de constitucionalidad, puede extender su campo de análisis no sólo frente a las acciones del legislador sino también al de las omisiones[7], que se estructuran "[c]uando el legislador no cumple un deber de acción expresamente señalado por el Constituyente"[8].
Con respecto al análisis de la omisión legislativa absoluta la Corte Constitucional ha señalado que no tiene competencia para abordar el estudio con base en ese cargo, pues "[L]o que se pretende mediante la acción de inconstitucionalidad, es evaluar si el legislador al actuar, ha vulnerado o no los distintos cánones que conforman la Constitución. Por esta razón, hay que excluir de esta forma de control el que se dirige a evaluar las omisiones legislativas absolutas: si no hay actuación, no hay acto qué comparar con las normas superiores; si no hay actuación, no hay acto que pueda ser sujeto de control..."[10]. En este sentido, el Congreso tiene una amplia libertad de configuración legislativa que no le corresponde definir a la Corte Constitucional, pues ésta puede ser ejercida en el tiempo que la autoridad competente así lo determine[11].
Bajo esta perspectiva "[E]l legislador es llamado a desarrollar los preceptos constitucionales y al hacerlo debe respetar los principios y las normas impuestos por el constituyente. No puede, por consiguiente, legislar discriminatoriamente favoreciendo tan solo a un grupo dentro de las muchas personas colocadas en idéntica situación. Si lo hace, incurre en omisión discrimitatoria que hace inconstitucional la norma así expedida. En este sentido la jurisprudencia constitucional ha expresado: ´El ejercicio de cualquier competencia discrecional que degenere en tratamientos discriminatorios (CP art. 13), frente a sujetos que se encuentren colocados en una misma situación, se torna arbitraria y pierde sustento constitucional[14]´"[15]
"[N]o obstante lo anterior, en procura de respetar la autonomía e independencia del Congreso, y de precisar lo que constituye el propio ámbito de competencia funcional de este tribunal, la misma jurisprudencia ha aceptado que no toda inactividad legislativa puede someterse al trámite del control constitucional. Así, desde una perspectiva eminentemente finalista, la Corte ha señalado que cuando se cuestiona la legitimidad de la actividad congresional por incurrir en presuntas conductas omisivas, el análisis de constitucionalidad sólo tiene lugar, sí y sólo sí, cuando la omisión que se ataca es por esencia relativa o parcial y en ningún caso absoluta…
Por el contrario, en el caso de la llamada omisión relativa o parcial, la competencia de la Corte Constitucional para proferir decisión de fondo está plenamente justificada, pues aquella se edifica sobre una acción normativa del legislador, específica y concreta, de la que éste ha excluido determinado ingrediente o condición jurídica que resulta imprescindible a la materia allí tratada, o que habiéndolo incluido, termina por ser insuficiente e incompleto frente a ciertas situaciones que también se han debido integrar a sus presupuestos fácticos. En consecuencia, puede afirmarse que en esta hipótesis, se cumple a cabalidad el fundamento básico del control constitucional - la confrontación objetiva entre la ley y la Constitución -, ya que el debate se suscita en torno a un texto legal que se reputa imperfecto en su concepción, y que a partir de la ausencia parcial de regulación, al cotejarlo con la Carta, aquél puede resultar arbitrario, inequitativo o discriminatorio en perjuicio de ciertas garantías constitucionales como la igualdad y el debido proceso…"[16]
"(i) que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador."[17]
"[l]a Corte ha sostenido que la prosperidad del examen de constitucionalidad de una norma, por haber incurrido el legislador en una omisión legislativa relativa, supone el cumplimiento de dos requisitos, a saber: (i) El juicio de inexequibilidad requiere la concurrencia de una norma frente a la cual se predique la omisión; y (ii) la misma debe excluir un ingrediente, condición normativa o consecuencia jurídica que a partir de un análisis inicial o de una visión global de su contenido, permita concluir que su consagración normativa resulta esencial e indispensable para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta Fundamental[18]"[19]
"[e]l artículo 26 de la Constitución establece dos derechos claramente definidos, esto es, el derecho a elegir profesión u oficio y el derecho a ejercer la actividad escogida. El primero es un acto de voluntariedad, prácticamente inmune a la injerencia estatal o particular, cuyo límite es la elección entre lo legalmente factible, mientras que el ejercicio de la libertad profesional es una faceta susceptible de mayor restricción, como quiera que involucra al individuo en la esfera de los derechos de los demás y el interés social, por lo que incluso puede estar sometido a la realización de servicios sociales obligatorios…"
"4.7. Ahora bien, a partir de lo expresado en el propio artículo 26 Superior, la Corte viene sosteniendo que los límites a la facultad de regular el ejercicio de las profesiones y oficios, y dentro de ella a exigir títulos de idoneidad, pueden agruparse en tres categorías: competenciales, procedimentales y materiales. En cuanto a los límites de carácter competencial, desde sus primeras decisiones la Corte destacó que en virtud del principio democrático el legislador no puede trasladar al ejecutivo atribuciones que le han sido asignadas con carácter reservado -principio de reserva de ley-[28]. Dentro de esos límites se encuentra la instrucción constitucional de que es el legislador quien debe adoptar las normas básicas conforme a las cuales las autoridades administrativas lleven a cabo la función de inspección y vigilancia sobre las profesiones[29].
Finalmente, en lo que toca con los límites materiales, los mismos se inscriben dentro del propósito básico de que las medidas legislativas deben ser razonables y proporcionadas, aplicándolos a los aspectos sustanciales de las mismas. A este respecto, la Corte ha descrito, a título simplemente enunciativo, los siguientes límites específicos: (i) no le corresponde al legislador expedir normas disciplinarias en las que se sancionen conductas descritas de manera vaga e indeterminada;[32] (ii) tampoco puede establecer normas que tipifiquen como faltas conductas que no guarden relación con las exigencias propias del desempeño profesional ni afecten la integridad de la profesión como tal;[33] (iii) no puede exigir a un profesional ser miembro de una asociación privada para desempeñarse como tal;[34] y (iv) no puede el legislador excluir de la realización de una actividad específica, a profesionales que tienen un nivel de idoneidad, acreditado por un título profesional, expedido conforme a las normas vigentes, equivalente o superior al que el legislador estimó suficiente para realizar dicha actividad.[35]"
Tal y como quedó expuesto en consideraciones precedentes, para la verificación de un cargo por omisión legislativa relativa deben concurrir los siguientes elementos: "(i) que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador"[42]
En primer lugar, es importante establecer una comparación entre el perfil profesional que define el campo de acción tanto de los trabajadores sociales como de los desarrollistas familiares, según lo establecido en la Ley 53 de 1977 "Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de trabajador social y se dictan otras disposiciones" reglamentada por el Decreto 2833 de 1981, y la Ley 429 de 1998 "Por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Desarrollo Familiar y se dictan otras disposiciones":
De lo anterior, se observa que el objeto de estudio del trabajador social se circunscribe a actividades relacionadas con las políticas de bienestar y desarrollo social, dentro de las cuales puede desempeñar labores de diseño y evaluación de políticas públicas -estatales y privadas-, adelantar investigaciones, organizar grupos e individuos para su participación en planes y programas de desarrollo social, y participar en el tratamiento de los problemas relacionados con el individuo, los grupos y la comunidad. Por su parte, el enfoque del profesional en desarrollo familiar es comprender la realidad y la problemática de la familia colombiana, y en esta medida, contribuir a la formulación de políticas y alternativas para mejorar la calidad de vida de la familia y la de cada uno de sus miembros. En punto al objeto, es posible inferir que el campo de acción del trabajador social es más amplio, pues su centro de análisis son las relaciones sociales, mientras que el del profesional en desarrollo familiar es más específico, en tanto su objeto de análisis es la familia.
Así, el artículo 73 que regula lo atinente al Programa de Adopción, se encuentra inserto dentro del capítulo II del Código de la Infancia y la Adolescencia "Medidas de restablecimiento de los derechos". En particular, conviene destacar las funciones asignadas al Comité de Adopción en cada regional y Agencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, junto a las instituciones autorizadas por este para desarrollar el programa de adopción, las cuales se circunscriben a seleccionar las familias colombianas y extranjeras adoptantes y a asignar los niños, niñas y adolescentes adoptables. Lo más importante, su deber es garantizar plenamente los derechos de esta población mientras perdure esta medida de restablecimiento de derechos, en especial a tener una familia.
Por su parte, el artículo 79 consagra la figura de las Defensorías de Familia e integra el Capítulo III de la Ley 1098 de 2006 "Autoridades competentes para el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes". Allí se definen como dependencias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de naturaleza multidisciplinaria, encargadas de prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Se busca así establecer en cada caso "i.) si se está frente a supuestos de hecho diversos o si estos son comparables; ii.) si el fin perseguido por la norma es un fin legítimo a la luz de la Constitución; iii.) si los supuestos de hecho estudiados, la finalidad perseguida y el trato desigual otorgado guardan una coherencia o eficacia interna, es decir una racionalidad entre ellos; iv.) si el trato desigual es proporcionado. La necesidad de que exista proporcionalidad entre los medios y los fines perseguidos por la norma ha sido también resaltada por la jurisprudencia, que ha propuesto tres pasos para resolverlo: así entonces, a) los medios escogidos deben ser adecuados para la consecución del fin perseguido; b) los medios empleados deben ser necesarios para la consecución de ese fin y, c) los medios empleados deben guardar proporción con los fines perseguidos, esto es, que el principio satisfecho por el logro de este fin no sacrifique principios constitucionales más importantes[51].
Por último, el trato desigual no es proporcionado, pues (i) si el fin perseguido es garantizar el interés superior de los menores de edad, no se entiende cómo se excluye del acceso a estos cargos a profesionales que tienen por objeto de estudio, precisamente, a la familia, cuyas competencias formativas involucran el análisis de las condiciones del medio familiar -incluyendo las redes de apoyo-, las situaciones y relaciones no solo familiares sino también individuales y sociales, y específicamente, la aptitud para intervenir en procesos de restablecimiento de derechos. (ii) En relación con lo anterior, tampoco se acredita que los medios empleados sean adecuados para conseguir el fin de garantizar el interés superior del menor de 18 años, al contrario, a pesar de que el profesional en desarrollo familiar puede acreditar los conocimientos y aptitudes para desempeñar, al igual que el trabajador social, las funciones asignadas a los Comités de Adopción y equipos interdisciplinarios de las Defensorías y Comisarías de Familia, se encuentra limitado para hacerlo. (iii) En cambio, la exclusión sacrifica principios constitucionales importantes, esto es, genera efectos discriminatorios en el ejercicio de las profesiones, limita el acceso al trabajo en estos escenarios específicos del SNBF y, en consecuencia, el acceso a cargos públicos del desarrollista familiar.
Finalmente, con la omisión se incumplen mandatos específicos impuestos por el Constituyente como el artículo 13de la Carta Política, en particular, la prohibición de discriminación en razón a la profesión.
En esta oportunidad la Sala Plena observa que la interpretación de los artículos 73, 79 y 84, parcialmente acusados, al determinar que los Comités de Adopción, y los equipos interdisciplinarios de las Defensorías y Comisarías de Familia, deben estar integrados, entre otros profesionales por un "trabajador social", no debe entenderse de manera taxativa, ante los efectos discriminatorios que ello conlleva, sino que debe entenderse en el sentido de que los desarrollistas familiares también pueden postularse para estos cargos, en razón a la relación directa, clara e inequívoca que guarda su perfil profesional con las funciones a desempeñar en las instancias a las que se viene haciendo referencia en el Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
En consecuencia, esta Sala declarará la constitucionalidad condicionada de las normas parcialmente acusadas, por los cargos analizados, bajo el entendido de que la expresión "trabajador social" también comprende al profesional en desarrollo familiar.
5.DECISIÓN
Declarar EXEQUIBLES los apartes demandados de los artículos 73 (parágrafo 2°), 79 (inciso 2°) y 84 (inciso 2°) de la Ley 1098 de 2006, por los cargos analizados, siempre y cuando se entienda que la expresión "trabajador social" también comprende a los profesionales en desarrollo familiar.
Exequible el aparte ... (" "trabajador social" ) Artículo 73 LEY_1098_2006_08/11/2006
Exequible el aparte ... (" "trabajador social" ) Artículo 79 LEY_1098_2006_08/11/2006
Exequible el aparte ... (" "trabajador social" ) Artículo 84 LEY_1098_2006_08/11/2006
[1]"Artículo 168 del Decreto 2737 de 1989. Los jueces de menores y los promiscuos de familia contarán con la colaboración de un equipo interdisciplinario, que orientará al juez sobre la medida más conveniente para el menor y trabajará con éste y con su familia durante la ejecución de las medidas.
[2]"Artículo 297 del Decreto 2737 de 1989: Las Comisarías permanentes de familia, hacen parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y estarán a cargo de un comisario de familia designado por el alcalde mayor en el caso del Distrito Especial de Bogotá o por el respectivo alcalde en los demás municipios del país, con el carácter de empleado público de libre nombramiento y remoción".
La Comisaría contará preferentemente con un médico, un psicólogo, un trabajador social y los demás funcionarios que determine el respectivo Concejo municipal o distrital".
[3]"Con relación al trabajo social podemos traer a colación lo definido por la Escuela Nacional de Trabajo Social como: ´(…) una disciplina que, mediante su metodología de intervención, contribuye al conocimiento y transformación de los procesos para incidir en la participación de los sujetos y en el desarrollo social…´" Folio 492 del cuaderno principal.
[4]"[l]a Ley 429 de 1998 estableció que ´…el ejercicio de la profesión de Desarrollo Familiar, sometida al régimen de la presente ley, la cual tiene como objeto formar un recurso humano con capacidad y habilidad para comprender la realidad y la problemática de la familia colombiana, contribuir a la formulación de políticas y alternativas orientadas al mejoramiento de su calidad de vida, y la de cada uno de sus miembros… " Folio 492 del cuaderno principal.
[5]"Artículo 2º. Las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad se presentarán por escrito, en duplicado, y contendrán: 1. El señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las mismas; 2. El señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas; 3. Los razones por las cuales dichos textos se estiman violados; 4. Cuando fuera el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y 5. La razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda."
[6]M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[7]Corte Constitucional, sentencia C-543 de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[10]Corte Constitucional, sentencia C-543 de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[11]Corte Constitucional, sentencia C-146 de 1998. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[12]Corte Constitucional, sentencia C-891A de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil. "[M]ás adelante la Corte precisó que las omisiones legislativas de carácter relativo de las cuales puede conocer la Corte, por vía del ejercicio ciudadano de la acción pública de inconstitucionalidad, no están limitadas a aquellos casos relacionados con los derechos a la igualdad y al debido proceso, pues cuando la Corte mencionó estos derechos lo hizo con la intención de ´ilustrar dos situaciones en las cuales ellas se presentan con relativa frecuencia´, mas no con el propósito de ´restringir el ámbito de aplicación de la figura de las omisiones legislativas relativas´… y, en criterio de la Corte, eso explica que en la sentencia inicialmente citada se haya estimado que también se presente una omisión legislativa relativa cuando ´el legislador al regular o construir una institución omite una condición o un ingrediente que, de acuerdo con la Constitución, sería exigencia esencial para armonizar con ella´…"
[13]Corte Constitucional, sentencia C- 555 de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Múñoz.
"[14]sentencia C-555 de 1994. M. P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz"
[15]Corte Constitucional, sentencia C-146 de 1998. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[16]Corte Constitucional, sentencia C-185 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil
"[18]Véase, sentencias C-543 de 1996 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), C-427 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-1549 de 2000 (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez), C-185 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y C-311 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
[19]Corte Constitucional, sentencia C-865 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[20]Artículo 26 de la Constitución Política: "Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social… "
[21]Ver, entre otras, las sentencias C-031 de 1999, C-505 de 2001, C-064 de 2002, C- 038 de 2003, C-914 de 2004, C-191 de 2005, C- 193 de 2006, C-740 de 2008, C-788 de 2009, C-942 de 2009, C-296 de 2012.
[22]Corte Constitucional, sentencia C-942 de 2009. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[23]Ibídem
[24]M.P. Alejandro Martínez Caballero
[25]Corte Constitucional, sentencia C-038 de 2003. M.P. Jaime Araújo Rentería
[26]Corte Constitucional, sentencia C-942 de 2009. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[27]M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
"[28] Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las Sentencias C-606 de 1992,C-791 de 2002, C-974 de 2002 y C-734 de 2003"
"[29] En este sentido se pronunció la Corte en la Sentencia C-606de 1992, al señalar: ´(…) Las remisiones legales a la potestad reglamentaría del ejecutivo deben entonces encuadrarse dentro de normas claras que respeten no sólo el contenido esencial de los derechos que se regulan, sino todos y cada uno de los contenidos normativos de la Constitución. La potestad reglamentaria constituye pues, un complemento de la ley, necesario para hacerla cumplir eficazmente, pero la delegación legal no se puede traducir en una transferencia inconstitucional de competencias tal que deslegalice la materia reservada.
Lo anterior no significa que toda cuestión que se relacione de una u otra manera con la libertad de escoger profesión u oficio deba ser regulada por ley: ello dependerá de si la norma afecta o no el ejercicio de un derecho fundamental´"
"[30] En la sentencia C-570 de 2004, la Corte consideró que ´(…) de acuerdo con la Constitución, los únicos autorizados para crear o suprimir organismos del orden nacional son el Congreso (C.P., art. 150, num. 7) y el Presidente de la República, este último siempre de conformidad con la ley (C.P., art. 189, num. 15), o facultado por el Congreso de la República (C.P., art. 150, num. 10)´".
"[31] En este sentido se pronunció la Corte en la Sentencia C-078 de 2003, al resolver declarar fundadas las objeciones presidenciales a los artículos 25, 26, 27, 28 y 80 del proyecto de Ley número 44 de 2001, Senado, y 218 de 2002, Cámara de Representantes, Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la Ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones. Posteriormente lo hizo en la Sentencia C-570 de 2004, al estudiar la constitucionalidad de varias normas de la Ley 842 de 2003, sosteniendo que ´(…) el legislador no podía derogar de manera indiscriminada todas las leyes enunciadas en el artículo 78, por cuanto varias de ellas habían creado consejos profesionales, que tenían naturaleza pública, razón por la cual su abrogación general requería que la ley hubiese sido de iniciativa gubernamental, puesto que ella estaba modificando la estructura de la administración. Lo anterior no significa que la Ley 842 no pudiera derogar los apartes de las leyes comentadas que no se refirieran a los Consejos Profesionales y a sus funciones´"
"[32] En la Sentencia C-570 de 2004, la Corte declaró inconstitucionales varios artículos de la Ley 842 de 2003 que consagraban conductas sancionables mediante expresiones ´completamente imprecisas e inciertas´ por considerar que se trata de una ´(…) situación que entraña que las personas disciplinables se encuentran a merced de los pareceres subjetivos de los funcionarios disciplinantes. Esta situación es contraria al debido proceso, derecho que persigue, entre otras cosas, establecer con claridad cuáles son las conductas punibles y, por lo tanto, cuáles son las conductas de las que deben abstenerse los profesionales de la ingeniería y sus disciplinas afines y auxiliares´"
"[33] Así lo dispuso la Corte Constitucional en la Sentencia C-373 de 2002, para el caso de los notarios, y en la Sentencia C-098 de 2003, tratándose de los abogados. Respecto de los ingenieros, la Sentencia C-570 de 2004 consideró inconstitucional ´(…) imponer patrones de comportamiento a los profesionales de la ingeniería y sus disciplinas afines y auxiliares, referidos a un modelo de vida que se desea impulsar, en desmedro de la autonomía personal de cada profesional para diseñar su plan de vida. Estas normas permiten juzgar los comportamientos y las actitudes de los profesionales en sus actividades personales, no relacionadas necesariamente con el ejercicio de sus actividades profesionales o con la integridad de la profesión, y con ello vulneran el libre desarrollo de la personalidad de los profesionales´"
[34]Corte Constitucional, sentencia C-606 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón).En este caso se consideró que la norma acusada exigía, ´(…) para poder ´legalizar´ el ejercicio de la profesión de topografía, la obtención de un certificado que (…) no puede ser expedido sino a las personas que hacen parte de una determinada asociación privada. Con ello se vulnera, no solamente el derecho consagrado en el artículo 26, sino y especial­mente, el contenido esencial de la libertad de asociación. (…)´".
"[35] Sentencia C-606 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón)".
[36]Corte Constitucional, sentencia C-942 de 2009. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[37]Corte Constitucional, sentencia C-149 de 2009. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[39]M.P. Alejandro Martínez Caballero
[43]Artículo 1 de la Ley 1098 de 2006
[44]Artículo 2, ibídem
[45]En este escenario, es importante destacar algunos de los objetivos establecidos para el Programa Curricular en Desarrollo Familiar, que da cuenta de los núcleos temáticos sobre los que enfatizan los estudiantes durante su curso. Uno de ellos es proporcionar bases teóricas, técnicas y prácticas para el diseño, aplicación y evaluación de estrategias metodológicas y educativas conducentes al desarrollo de procesos de intervención que promuevan la participación y organización de las familias en torno a los procesos de cambio familiar y social. Otro, se relaciona con el desarrollo de fundamentos teóricos y conceptuales que permitan el análisis e interpretación de los diversos factores, internos y externos, que inciden en la calidad de vida de las familias y para finalizar, se encuentra el de promover en las instituciones públicas y privadas el reconocimiento de las familias como sujeto de desarrollo y generadoras de cambio, en orden a que las políticas diseñadas tengan en cuenta su capacidad proactiva y respondan a las demandas reales de cada uno de sus miembros según género y generación, como de grupo, según composición familiar, contexto geográfico, raza, etnia y clase social. (Ver folios 342 y siguientes)
[46]Universidad de Caldas, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, perfil de competencias, Programa de Desarrollo Familiar . En este documento se presenta el perfil , las competencias y las actividades académicas que apoyan y sustentan los conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos de los Profesionales en Desarrollo Familiar, que da cuenta de sus capacidades para actuar en relación con las funciones estipuladas en los lineamientos del modelo de atención a los niños, niñas y adolescentes dentro de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos y a las personas mayores de 18 años con discapacidad. Ver folio 357 y siguientes.
[48]Ver folios 347 y 348
[51]Sentencia C-1176/01 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[53]Ver, entre otras, las sentencias C-505 y C-1255 de 2001.
[54]Corte Constitucional, sentencia C-1255 de 2001. M.P. Rodrigo Uprimny Yepes