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Timestamp: 2019-09-21 14:04:41
Document Index: 98018761

Matched Legal Cases: ['artículo 39', 'artículo 26', 'artículo 27', 'artículo 30', 'Artículo 8', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 20', 'Artículo 23', 'Artículo 31', 'Artículo 31', 'Artículo 31', 'Artículo 1', 'Artículo 31', 'Artículo 1', 'Artículo 31', 'Artículo 31', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 36', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 76', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'ARTÍCULO 82', 'ARTÍCULO 83', 'artículo 50', 'artículo 69', 'artículo 172', 'ARTÍCULO 84', 'ARTÍCULO 85', 'Artículo 86', 'ARTÍCULO 87', 'Artículo 87', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'artículo 32', 'artículo 33', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 37', 'artículo 40', 'Artículo 99', 'Artículo 99', 'Artículo 99', 'Artículo 99', 'artículo 34', 'Artículo 100', 'Artículo 100', 'Artículo 1', 'Artículo 100', 'Artículo 100', 'Artículo 100', 'Artículo 101', 'Artículo 101', 'artículo 102', 'artículo 100', 'artículo 13']

Ley de Garantías de Derechos de la Infancia y la Adolescencia de Madrid (Ley 6/1995, de 28 marzo) - Normativa de Madrid - Legislación - VLEX 71351744
Ley de Garantías de Derechos de la Infancia y la Adolescencia de Madrid (Ley 6/1995, de 28 marzo)
TÍTULO II. Fomento de los derechos y del bienestar de la infancia y de la adolescencia
CAPÍTULO I. Preparación para la paternidad - art. 8
CAPÍTULO II. Atención a la primera infancia - arts. 9 y 10
CAPÍTULO III. Salud - arts. 11 y 12
CAPÍTULO IV. Educación - arts. 13 a 15
CAPÍTULO V. Cultura - art. 16
CAPÍTULO VI. Medios de comunicación - art. 17
CAPÍTULO VII. Tiempo libre activo - arts. 18 y 19
CAPÍTULO VIII. Medio ambiente - art. 20
CAPÍTULO IX. Espacio urbano - arts. 21 y 22
CAPÍTULO X. Participación social - art. 23
CAPÍTULO XI. Integración social - arts. 24 a 26
CAPÍTULO XII. Divulgación de derechos - arts. 27 a 29
TÍTULO III. Garantías de atención y protección de la infancia y adolescencia
CAPÍTULO I. Protección sociocultural
SECCIÓN 1ª. Establecimientos y Espectáculos Públicos - art. 31
SECCIÓN 2ª. Publicaciones - art. 32
SECCIÓN 3ª. Medios Audiovisuales - arts. 33 a 35
CAPÍTULO II. Protección ante la publicidad y el consumo - arts. 36 a 40
CAPÍTULO III. Atención sanitaria - arts. 41 a 45
CAPÍTULO IV. Protección educativa - arts. 46 y 47
CAPÍTULO V. Protección social y jurídica
SECCIÓN 1ª. Disposiciones Generales - arts. 48 y 49
SECCIÓN 2ª. Acción Protectora y Servicios Sociales - arts. 50 y 51
SECCIÓN 3ª. Procedimiento para asumir la Tutela - arts. 52 a 54
SECCIÓN 4ª. Ejercicio de la Tutela - arts. 55 y 56
SECCIÓN 5ª. Promoción de la Adopción y el Acogimiento - arts. 57 a 60
SECCIÓN 6ª. Procedimiento de Asunción de Guarda - arts. 61 y 62
SECCIÓN 7ª. Ejercicio de la Guarda - arts. 63 y 64
SECCIÓN 8ª. Centros Residenciales - arts. 65 y 66
CAPÍTULO VI. Atención a adolescentes en conflicto social - arts. 67 a 75
TÍTULO IV. Instituciones y órganos de atención a la infancia y la adolescencia en la Comunidad de Madrid
CAPÍTULO I. Defensor de los menores - art. 76
CAPÍTULO II. Instituto Madrileño de Atención a la Infancia - art. 77
CAPÍTULO III. La Comisión de Tutela del Menor - arts. 78 a 80
CAPÍTULO IV. Las Corporaciones Locales - arts. 81 a 85
CAPÍTULO V. Los Consejos de Atención a la Infancia y la Adolescencia - arts. 86 a 89
TÍTULO V. Las entidades privadas
CAPÍTULO I. Fomento de la iniciativa social - arts. 90 y 91
CAPÍTULO II. Instituciones de Integración Familiar - arts. 92 a 96
CAPÍTULO I. Infracciones - arts. 97 a 100
CAPÍTULO II. Sanciones - arts. 101 a 104
CAPÍTULO III. Procedimiento sancionador - arts. 105 a 111
TÍTULO VII. De los Registros
CAPÍTULO I. Los Registros de Protección de Menores - arts. 112 y 113
Norma citada en: 71 sentencias, 44 artículos doctrinales, 44 disposiciones normativas, un tema práctico, 8 resoluciones administrativas
La consideración social sobre la menor edad, sobre la infancia en general, en nuestros días dista mucho de la existente no hace aún demasiado tiempo en que no pasaba más allá de ser, el menor, un incapaz y en el mejor de los casos una futura persona. El niño, la niña, tienen hoy una entidad social, e incluso un protagonismo, como nunca antes en la historia de la humanidad habían tenido. Y ello ha sido, lógicamente, reflejado en el orden jurídico. Tanto en los ordenamientos internos de los países, y en el caso español se denota tanto a partir del artículo 39 de la Constitución, como en las diferentes reformas legislativas que han afectado al tratamiento de la minoría de edad en distintas normas, pero especialmente en el Código Civil, como en textos internacionales de los que es paradigma la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, y que al ser ratificados han ejercido una nueva acción impulsora de los derechos de los menores en los ordenamientos internos.
En efecto, no se ha pretendido regular un Estatuto de los menores de la Comunidad de Madrid, entendido como cuerpo normativo que regule onmicomprensivamente su status jurídico, puesto que no existe título competencial sobre la materia. Por tanto, más que normativizar todas las situaciones o relaciones jurídicas que pudieran afectar a los menores, se ha optado por recoger en la Ley aquellas materias que puedan incidir en los menores y respecto de las cuales la Comunidad de Madrid ostente algún tipo de competencia, bien plena, como las relativas a asistencia social, casinos, juegos y apuestas, con exclusión de las deportivo-benéficas, o espectáculos públicos (artículo 26 apartados 18, 20 y 22 del Estatuto de Autonomía [LCM 1983, 316] ), bien de desarrollo legislativo, como las referidas a sanidad e higiene, defensa del consumidor y usuario, protección del medio ambiente, medios de comunicación social, o enseñanza (artículo 27, apartados 6, 10, 11 y 13, y artículo 30).
Por último, se han incluido asimismo las competencias atribuidas por normas estatales, como las relativas a protección de menores previstas en la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modificó parcialmente el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil; la ejecución de las medidas adoptadas por los Juzgados de Menores ( Ley 4/1992, de 5 de junio); o las atribuciones sobre Entidades Locales contempladas en la legislación sobre Régimen Local.
Por ello, con la presente Ley no se pretende establecer sólo el marco ordenador de las actividades que en materia de Protección de menores en situación de desamparo deba desarrollar la Administración autonómica, sino que se desea determinar un marco general, de ámbito personal universal, que desde el contexto de nuestro ordenamiento jurídico autonómico fije garantías de calidad y control público de los servicios de los que serán usuarios los niños y niñas de nuestra Comunidad, que garantice la capacidad de los menores madrileños de ejercer cuantos derechos el ordenamiento en su conjunto les concede, como personas y como ciudadanos que son, aunque se les mantengan determinadas restricciones de actuación en su propio interés, seguridad y respeto de su personal proceso de maduración, y en fin que se establezcan los niveles mínimos de bienestar que en todo caso una sociedad como la madrileña debe ofertar a su población infantil, como instrumento y garantía de la correcta evolución de su personalidad.
No se ha pretendido hacer un catálogo de derechos, lo que sería un trabajo inútil por redundante, ni se podía promover ninguna ampliación más allá de los límites de las competencias que las Administraciones de la Comunidad ostentan, por ello la Ley intenta dar seguridad al ejercicio de los derechos que los menores "ya" ostentan, si bien no hay duda de que al plasmar determinadas garantías en el texto, estamos generando unos nuevos derechos o, cuando menos, unas nuevas formas de expresión social de los derechos de la infancia.
Para la elaboración del presente texto se han considerado, además de las aportaciones doctrinales y técnicas de la más reciente literatura profesional vinculada al tratamiento social de la minoridad, las Leyes existentes, y los proyectos en trámite, de Protección de Menores o de Infancia en otras Comunidades Autónomas, también las aportaciones más recientes del Derecho Comparado así como la documentación europea e internacional más destacada y novedosa, entre la que cabe citar la ya referida Convención sobre los Derechos del Niño, el Convenio sobre Protección de menores y Cooperación en materia de adopción internacional, aprobado el 29 de mayo de 1993 por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, la Resolución sobre los problemas de los niños en la Comunidad Europea del Parlamento Europeo de 13 de diciembre de 1991, la Recomendación del Consejo de las Comunidades Europeas sobre el cuidado de los niños y las niñas de 31 de marzo de 1992, el Dictamen sobre la Adopción aprobado por el Consejo Económico y Social el 1 de julio de 1992, la Resolución sobre una Carta Europea de Derechos del Niño aprobada por el Parlamento Europeo el 8 de julio de 1992, así como los trabajos preparatorios de una posible Convención Europea sobre el ejercicio de los derechos de los niños desarrollados por el Consejo de Europa.
La Ley se ha estructurado en varios Títulos, dedicando el primero de ellos a las habituales disposiciones generales entre las que se incluyen la determinación del objeto de la Ley, su ámbito de aplicación así como algunas precisiones terminológicas que discriminen entre infancia y adolescencia como etapas diferentes de la minoría de edad, y la determinación de algunos de los principales principios de actuación que deben respetar las Administraciones en el ejercicio de sus competencias cuando tengan a los menores como destinatarios.
El Título Segundo procura sentar las bases esenciales de lo que debe ser la acción administrativa de cara tanto a la prestación de servicios directos, como al desarrollo de acciones de fomento en actividades y servicios tan esenciales para las personas como la salud, la educación, el ocio, la cultura, el tiempo libre, etcétera.
El quinto Título promueve y regula la participación de las Iniciativas privadas en el ámbito de la atención a la infancia, estableciendo las bases de la posterior regulación reglamentaria de las Instituciones de Integración Familiar y de las que entre ellas sean habilitadas como colaboradoras del Instituto Madrileño de Atención a la Infancia, desarrollo necesario de lo previsto en la Disposición Adicional Primera de la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, que modificó el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de Adopción y otras formas de Protección de menores.
Asegurar en el ámbito de las competencias de la Comunidad de Madrid, las garantías necesarias para el ejercicio de los derechos que a los menores reconocen la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y el ordenamiento jurídico en su conjunto.
Determinar los derechos de los menores que se encuentren en el territorio de la Comunidad de Madrid, en el ámbito de las competencias de la misma, complementarios de los ya reconocidos en la Constitución y demás normas del Estado.
Regular, de forma integral, la actuación de las Instituciones públicas o privadas de la Comunidad de Madrid, en orden a procurar la atención e integración social de los menores en todos los ámbitos de convivencia, favoreciendo su desarrollo de forma integral y buscando el interés superior del menor.
Primar el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo concurrente, en los términos establecidos en el Código Civil y en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Velar por el pleno ejercicio de los derechos subjetivos del menor y en todo caso el derecho a ser oído en cuantas decisiones le incumben, en los términos establecidos en el Código Civil.
Eliminar cualquier forma de discriminación en razón de nacimiento, sexo, color, raza, religión, origen nacional, étnico o social, idioma, opinión, impedimentos físicos, condiciones sociales, económicas o personales de los menores o sus familias, o cualquier otra circunstancia discriminatoria.
Promover las condiciones necesarias para que, la responsabilidad de los padres o tutores, en el efectivo ejercicio de los derechos de sus hijos o tutelados, pueda ser cumplida de forma adecuada. Las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid, asumirán dicha responsabilidad cuando los padres o tutores no puedan ejercerla o lo hagan de forma contraria al interés superior del menor, en los términos establecidos en el Código Civil y en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Garantizar el carácter eminentemente educativo de cuantas medidas se adopten, para que partiendo de la individualidad del menor se procure su socialización.
Fomentar los valores de tolerancia, solidaridad, respeto, igualdad y en general los principios democráticos de convivencia establecidos en la Constitución.
Promover la participación de la iniciativa social en relación con la atención y promoción de la infancia y la adolescencia, procurando su incorporación a los planes y programas de atención impulsados por las Administraciones Públicas.
Favorecer las relaciones intergeneracionales, propiciando el voluntariado de las personas mayores y de los jóvenes para colaborar en actividades con niños, niñas y adolescentes.
La interpretación de las disposiciones de esta Ley, así como las de sus normas de desarrollo y las que regulen cuantas actividades se dirijan a la atención de menores estará, en todo caso, orientada a su bienestar y beneficio como expresión del interés superior del menor.
La Asamblea de Madrid tendrá entre sus prioridades presupuestarias las actividades dedicadas a la formación, promoción, protección y ocio de los menores y procurará que las Corporaciones Locales asuman tal prioridad.
TÍTULO II Fomento de los derechos y del bienestar de la infancia y de la adolescencia Artículos 8 a 29
Título II desarrollado por Orden 1768/2008, de 15 septiembre, publicado en BO. Comunidad de Madrid el 29 de septiembre de 2008.
CAPÍTULO I Preparación para la paternidad Artículo 8
CAPÍTULO II Atención a la primera infancia Artículos 9 y 10
A efectos de la presente Ley, se entiende por servicios de atención a la primera infancia, sea cual fuere su denominación, aquellos que acogen a niños y niñas menores de seis años y no estén autorizados como Centros de Educación Infantil.
Se regularán reglamentariamente los servicios de atención a la primera infancia con el fin de que niños y niñas sean atendidos y educados en todo lo referente a su vida cotidiana y puedan iniciar sus primeras experiencias de relación social e intercambio, bajo el necesario control de calidad por parte de las Administraciones de la Comunidad de Madrid.
Los servicios de atención a la primera infancia deberán:
Asegurar en todo caso la atención desde el punto de vista de la salud, la seguridad y la educación.
Ser accesibles a todos los niños y niñas, sin discriminación alguna.
Contar con la participación activa de los padres y de los menores atendidos.
Adecuar la organización interna y funcionamiento de los servicios en función de las necesidades de la población infantil atendida y de su bienestar y de los horarios de las familias.
Regirse por los criterios de calidad establecidos por la Comisión Europea de Atención a la Infancia y cuantos otros se fijen por la Administración autonómica.
El reglamento de los servicios de atención a la primera infancia determinará las condiciones mínimas de acreditación, formación, profesión y capacitación del personal, así como el funcionamiento, control y seguimiento de los servicios de atención a la primera infancia.
CAPÍTULO III Salud Artículos 11 y 12
Todos los niños, niñas y adolescentes de la Comunidad de Madrid tienen derecho:
A ser correctamente identificados en el momento de su nacimiento, de acuerdo con los métodos más avanzados y precisos, mediante un Documento de Identificación Infantil que se entregará inmediatamente tras el alumbramiento, al padre o a la persona designada por la madre.
A la detección y tratamiento precoz de enfermedades congénitas, así como de las deficiencias psíquicas y físicas, únicamente con los límites que la ética, la tecnología y los recursos existentes impongan en el sistema sanitario.
A ser inmunizado contra las enfermedades infectocontagiosas contempladas en el Calendario Vacunal oficial vigente en la Comunidad de Madrid.
A no ser sometidos a experimentos. Cuando pudiera ser necesario someter a un menor a pruebas para detección o tratamiento de enfermedades, éstas no podrán ser realizadas sin previo consentimiento de sus padres o personas de quien dependan, salvo prescripción facultativa debidamente justificada y así apreciada por la autoridad judicial. En todo caso, primará el derecho a la vida del menor.
Por la Administración autonómica se proporcionará y fomentará que los menores reciban la educación adecuada en relación a su edad para que sus hábitos y comportamiento personal no perjudique su salud ni la de su entorno social y ambiental y fomente su mejora.
Desde el momento del nacimiento se proveerá a todos los niños y niñas nacidos en la Comunidad de Madrid, del correspondiente Documento de Salud Infantil, en el que se contemplarán las principales acciones de salud que les sean necesarias. Dicho documento recogerá los aspectos que reglamentariamente se determinen.
Las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid velarán por que se efectúen los seguimientos de los niños y niñas sanos, establecidos protocolariamente para la defensa y desarrollo de su salud.
CAPÍTULO IV Educación Artículos 13 a 15
En los términos establecidos en la legislación básica del Estado todos los niños y niñas tienen derecho a la educación desde su nacimiento y la recibirán desde el seno de su familia y en los Centros infantiles a que pudieran asistir, que deberán estar equipados especialmente para atenderles y educarles en los primeros años de vida.
Las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid colaborarán con la familia en el proceso educativo de los menores y garantizarán la existencia de un número de plazas suficiente para asegurar la atención escolar de la población que lo solicite.
La Administración autonómica propiciará y velará, en su caso, para que a lo largo del período de escolaridad obligatoria, los proyectos educativos y curriculares de los Centros contemplen, entre otros:
La realidad social, natural y cultural de su entorno más próximo y el de la Comunidad de Madrid.
La educación en valores que fomenten, a nivel individual, una conciencia ética y moral en el alumnado y, a nivel colectivo, valores en consonancia con los principios establecidos en las normas constitucionales.
La Administración autonómica promoverá acciones encaminadas al fomento de la participación del alumnado tanto en el aula como en la estructura escolar y social, favoreciendo el asociacionismo escolar y recabando la colaboración de las familias.
Las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid promoverán la existencia de servicios y recursos de apoyo a los Centros Educativos, para garantizar la orientación personal, escolar y profesional de los alumnos, mediante el asesoramiento e información a los profesionales de los equipos educativos y a las familias. Se prestará atención prioritaria al alumnado con necesidades educativas especiales así como al que finalice un ciclo educativo.
CAPÍTULO V Cultura Artículo 16
La Administración autonómica fomentará, además de las propias, las iniciativas sociales relativas a manifestaciones culturales y artísticas dirigidas a los menores.
Del mismo modo, las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid potenciarán:
Que la familia, cualquiera que sea su cultura, respete los derechos del menor y sus opciones culturales.
El acceso a los bienes y medios culturales de la Comunidad de Madrid, favoreciendo el conocimiento de sus valores, historia y tradiciones.
El conocimiento y la participación de los menores en la cultura y las artes, propiciando su acercamiento y la adaptación de las mismas a las diferentes etapas evolutivas de aquéllos.
La creación de recursos en el entorno relacional de los menores donde puedan desarrollar sus destrezas y habilidades como complementos del aprendizaje en los centros escolares.
El acceso de los menores a los servicios de información, documentación, bibliotecas y demás servicios culturales públicos.
En todos los museos de titularidad autonómica o de titularidad local declarados de interés autonómico, se crearán secciones pedagógicas con recursos didácticos adecuados.
CAPÍTULO VI Medios de comunicación Artículo 17
Todo menor tiene derecho a buscar y recibir información según su momento evolutivo.
Garantizará que los menores tengan acceso a una información plural, veraz y respetuosa con los principios constitucionales.
Fomentará que los medios de comunicación social divulguen información de interés para los menores y realicen publicaciones infantiles y juveniles.
Promoverá la cooperación y el intercambio con otras Comunidades Autónomas en esta materia.
Promoverá publicaciones y espacios en las televisiones públicas dirigidos a los menores y realizados con su participación.
CAPÍTULO VII Tiempo libre activo Artículos 18 y 19
Todos los menores tienen derecho al juego y al ocio como elementos esenciales de su desarrollo.
Los juguetes deberán adaptarse a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes a que vayan destinados y al desarrollo psicomotor de cada etapa evolutiva, reuniendo las condiciones de seguridad que la normativa establezca.
La Administración autonómica fomentará cuantas medidas faciliten el turismo de los menores dentro de la Comunidad de Madrid, bien en grupos escolares o asociativos, bien con su familia.
Del mismo modo, las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid favorecerán:
Las actividades de ocio en los barrios y municipios, gestionados por entidades vecinales o asociativas con la colaboración de los menores.
El desarrollo del asociacionismo infantil y juvenil para el ocio.
En todas las actuaciones citadas, las Administraciones implicadas favorecerán la coeducación y la integración de los menores.
CAPÍTULO VIII Medio ambiente Artículo 20
Todo menor tendrá derecho a desarrollarse en un medio ambiente no contaminado y a beneficiarse de un alojamiento salubre y de una alimentación sana.
Las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid, para profundizar en el derecho de los menores a conocer y disfrutar del medio natural de la Comunidad, promoverán:
El respeto y conocimiento de la Naturaleza por parte de los menores, informándoles sobre la importancia de un medio ambiente saludable y capacitándoles para el uso positivo de éste.
Visitas y rutas programadas por los diversos entornos naturales.
Programas formativos, divulgativos y de concienciación sobre el reciclaje de residuos, el uso responsable de recursos naturales y específicamente, de energías limpias y en general, sobre la necesidad de adquirir unos hábitos saludables para la conservación del medio ambiente.
CAPÍTULO IX Espacio urbano Artículos 21 y 22
Que los planes urbanísticos o normas subsidiarias contemplen las reservas de suelo necesarias para usos infantiles y equipamientos para la infancia y la adolescencia, de modo que las necesidades específicas de los menores se tengan en cuenta en la concepción del espacio urbano.
La peatonalización de los lugares circundantes a los centros escolares u otros de frecuente uso infantil, garantizándose el acceso sin peligro a los mismos.
Disponer de espacios diferenciados para el uso infantil y de adolescentes en los espacios públicos, a los que se dotará de mobiliario urbano adaptado a las necesidades de uso con especial garantía de sus condiciones de seguridad.
La toma en consideración de las dificultades de movilidad de los menores discapacitados, mediante la eliminación de barreras arquitectónicas en las nuevas construcciones y la adaptación de las antiguas, según la legislación vigente.
CAPÍTULO X Participación social Artículo 23
El derecho a la participación social de los menores, arbitrándose fórmulas y servicios específicos.
La participación plena de los menores en los núcleos de convivencia más inmediatos de acuerdo a su desarrollo personal, que se manifestará, en todo caso, en el respeto a sus derechos y la exigencia de sus responsabilidades.
El asociacionismo infantil y juvenil y las fórmulas de autoorganización que posibiliten un aprendizaje de los modos y prácticas democráticas y tolerantes de convivencia.
CAPÍTULO XI Integración social Artículos 24 a 26
CAPÍTULO XII Divulgación de derechos Artículos 27 a 29
La Administración autonómica reconocerá públicamente la labor de aquellos medios de comunicación, entidades o personas que más se hayan distinguido en la acción divulgativa de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y de los derechos de los menores en general, así como en su respeto y protección.
Las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid desarrollarán y promoverán acciones de fomento y divulgación de los derechos de la infancia y la adolescencia y muy especialmente de los contemplados en la mencionada Convención.
TÍTULO III Garantías de atención y protección de la infancia y adolescencia Artículos 30 a 75
CAPÍTULO I Protección sociocultural Artículos 30 a 35
Las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid deben velar por la idoneidad de las condiciones socioculturales de los menores, según su momento evolutivo, a fin de que alcancen el desarrollo de su personalidad, así como una plena integración educativa, cultural y social.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad elaborará el Reglamento de Protección Sociocultural del Menor, en el que se regularán las condiciones concretas de aplicación de las normas establecidas en el presente Capítulo.
SECCIÓN 1ª Establecimientos y Espectáculos Públicos Artículo 31
A fin de garantizar una más correcta protección de los menores en su relación con los establecimientos y espectáculos públicos, se prohíbe:
La entrada de menores en establecimientos donde se desarrollen actividades o espectáculos violentos, pornográficos o con otros contenidos que atenten al correcto desarrollo de su personalidad.
La entrada en bingos, casinos, locales de juegos de suerte, envite o azar, y la utilización de máquinas de juego con premios en metálico. Queda excluido del ámbito de la presente Ley el acceso a los locales de apuestas deportivo-benéficas y del Estado.
La entrada de menores en combates de boxeo.
La Administración autonómica velará para que las prohibiciones reseñadas se hagan efectivas.
La Administración de la Comunidad de Madrid velará, asimismo, por el cumplimiento de las prohibiciones y limitaciones a la venta de bebidas alcohólicas y de tabaco, establecidas en la legislación autonómica sobre drogodependencias.
Artículo 31 apartado 1 d) modificado por Disposición adicional Segunda de la Ley 17/1997, de 4 julio, de espectáculos públicos y actividades recreativas, publicado en BO. Comunidad de Madrid el 7 de julio de 1997.
Artículo 31 apartado 1 d) modificado por Artículo 1.1 de la Ley 5/2000, de 8 mayo, publicado en BO. Comunidad de Madrid el 11 de mayo de 2000.
Artículo 31 apartado 1 e) adicionado por Artículo 1.1 de la Ley 5/2000, de 8 mayo, publicado en BO. Comunidad de Madrid el 11 de mayo de 2000.
Artículo 31 apartado 1 e) derogado por Disposición derogatoria única.b) de la Ley 5/2002, de 27 junio, de Drogodependencias y otros trastornos Adictivos de Madrid, publicado en BO. Comunidad de Madrid el 8 de julio de 2002.
Artículo 31 apartado 3 adicionado por Disposición final 1.1 de la Ley 5/2002, de 27 junio, de Drogodependencias y otros trastornos Adictivos de Madrid, publicado en BO. Comunidad de Madrid el 8 de julio de 2002.
Artículo 31 apartado 1 d) derogado por Disposición derogatoria única.b) de la Ley 5/2002, de 27 junio, de Drogodependencias y otros trastornos Adictivos de Madrid, publicado en BO. Comunidad de Madrid el 8 de julio de 2002.
Artículo citado en: 28 sentencias, un artículo doctrinal, 9 disposiciones normativas
SECCIÓN 2ª Publicaciones Artículo 32
Artículo 32 modificado por Disposición final Segunda de la Ley 5/2005, de 20 diciembre, de Violencia de Género de Madrid, publicado en BO. Comunidad de Madrid el 29 de diciembre de 2005.
SECCIÓN 3ª Medios Audiovisuales Artículos 33 a 35
Artículo 33 modificado por Disposición final Segunda de la Ley 5/2005, de 20 diciembre, de Violencia de Género de Madrid, publicado en BO. Comunidad de Madrid el 29 de diciembre de 2005.
De conformidad con lo dispuesto por la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 85/522/CEE sobre la coordinación de disposiciones generales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros, relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, modificada por la Ley 22/1999, de 7 de junio, los operadores de televisión y servicios adicionales observarán las reglas siguientes:
Las emisiones de televisión no incluirán programas ni escenas o mensajes de cualquier tipo que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores.
La emisión de programas susceptibles de perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores sólo podrán realizarse entre las veintidós horas del día y las seis horas del día siguiente, y deberán ser objeto de advertencia sobre su contenido por medios acústicos y ópticos.
Al comienzo de la emisión de cada programa de televisión y al reanudarse la misma, después de cada interrupción para insertar publicidad y anuncios de televenta, una advertencia, realizada por medios ópticos y acústicos, y que contendrá una calificación orientativa, informará a los espectadores de su mayor o menor idoneidad para los menores de edad.
La programación, total o parcial, de las emisoras de radio que emitan exclusivamente para el territorio de la Comunidad de Madrid, deberán respetar las siguientes reglas:
Horario adecuado a los hábitos generalmente practicados por los menores para emitir los programas infantiles.
Garantizar una franja horaria de especial protección para la infancia, determinada reglamentariamente, en la que no podrán emitirse programas que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores, ni en particular, programas o mensajes de violencia o pornografía.
Artículo 34 apartado 1 modificado por Disposición final 1.1 de la Ley 2/2001, de 18 abril, de Contenidos Audiovisuales y Servicios Adicionales de Televisión de Madrid, publicado en BO. Comunidad de Madrid el 4 de mayo de 2001.
La Administración autonómica velará para que por medio de las telecomunicaciones los menores no puedan tener acceso a servicios que puedan dañar su correcto desarrollo personal.
Se prohíbe la difusión de información, la utilización de imágenes o nombre de los menores en los medios de comunicación, que puede ser contraria al interés del menor o implique intromisión ilegítima en su intimidad.
CAPÍTULO II Protección ante la publicidad y el consumo Artículos 36 a 40
La publicidad dirigida a los menores, que se divulgue en el territorio de la Comunidad de Madrid deberá estar sometida a límites reglamentariamente establecidos que obliguen a respetar los siguientes principios de actuación:
Adaptar el lenguaje y los mensajes a los niveles de desarrollo de los colectivos infantiles a quienes se dirija.
Las representaciones de objetos deberán reflejar la realidad de su tamaño, movimiento y demás atributos.
Todos los anuncios deberán hacer indicación del precio del objeto anunciado.
Evitar la difusión de ideas de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos.
Los mencionados principios no serán exigibles a la publicidad emitida en los medios de comunicación social con cobertura geográfica superior a la de la Comunidad de Madrid, excepto cuando aquélla se divulgue exclusivamente en la Comunidad de Madrid o la campaña publicitaria pueda territorializarse.
De conformidad con lo dispuesto por la Ley 25/1994, de 12 de julio, modificada por la Ley 22/1999, de 7 de junio, la publicidad por televisión no contendrá imágenes o mensajes que puedan perjudicar moral o físicamente a los menores. A este efecto, deberá respetar los siguientes principios:
Artículo 36 3 modificado por Disposición final 1.2 de la Ley 2/2001, de 18 abril, de Contenidos Audiovisuales y Servicios Adicionales de Televisión de Madrid, publicado en BO. Comunidad de Madrid el 4 de mayo de 2001.
Artículo 36 apartado 3 modificado por Disposición final 1.2 de la Ley 2/2001, de 18 abril, de Contenidos Audiovisuales y Servicios Adicionales de Televisión de Madrid, publicado en BO. Comunidad de Madrid el 4 de mayo de 2001.
La utilización de menores en publicidad en general estará asimismo sometida a los siguientes principios cuando se divulgue en el territorio de la Comunidad de Madrid:
Toda escenificación publicitaria en la que participen menores deberá evitar mensajes que inciten al consumo compulsivo.
b)No se permitirá la utilización de menores para el anuncio de actividades prohibidas a los menores.
La aplicación de los mencionados principios estará limitada por las reglas contenidas en el apartado 2 del artículo anterior.
Artículo 37 apartado 1 b) modificado por Disposición final 1.2 de la Ley 5/2002, de 27 junio, de Drogodependencias y otros trastornos Adictivos de Madrid, publicado en BO. Comunidad de Madrid el 8 de julio de 2002.
La publicidad de locales de juegos de suerte, envite o azar y servicios o espectáculos de carácter erótico o pornográfico, estará prohibida tanto en publicaciones infantiles y juveniles, como en medios audiovisuales, cine, televisión, radio y vídeo, en franjas horarias de especial protección para la infancia, cuando se distribuyan o se emitan, respectivamente, por la Comunidad de Madrid.
La Administración de la Comunidad de Madrid velará por el cumplimiento de las prohibiciones y limitaciones a la publicidad de bebidas alcohólicas y de tabaco, establecidas en la legislación autonómica sobre drogodependencias.
Artículo 38 modificado por Disposición final 1.3 de la Ley 5/2002, de 27 junio, de Drogodependencias y otros trastornos Adictivos de Madrid, publicado en BO. Comunidad de Madrid el 8 de julio de 2002.
En el ámbito general de la legislación básica del Estado se ofrecerá especial protección por las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid a los derechos de los menores como consumidores, promocionándose la información y la educación para el consumo. Igualmente se velará por el estricto cumplimiento de la normativa aplicable en materias de seguridad y publicidad, defendiéndose a los menores de las prácticas abusivas.
Los productos y servicios cuyos destinatarios sean los niños y niñas y adolescentes, deberán disponer de una información adecuada al uso previsible teniendo en cuenta el comportamiento habitual de la población a quien va dirigida.
Los productos y servicios susceptibles de provocar riesgos en la población infantil cuando se utilicen conforme a su uso normal, dispondrán de las medidas de seguridad que los eviten.
En ningún caso, estos productos o servicios podrán inducir a engaño, error o confusión en cuanto a su origen, características y modo de empleo, debiendo indicar la edad más adecuada para su utilización.
Reglamentariamente se establecerán las limitaciones a las promociones de venta destinadas a los menores.
La Administración autonómica controlará las prácticas comerciales que manipulen a los menores para la venta encubierta o engañosa de artículos de consumo.
CAPÍTULO III Atención sanitaria Artículos 41 a 45
Todos los menores residentes en la Comunidad de Madrid, tendrán libre acceso al sistema sanitario asistencial público.
Se efectuará siempre que sea técnicamente posible con algún familiar próximo, para que los problemas derivados de la hospitalización se minoren lo más posible.
Mientras dure la hospitalización de un menor, dispondrá de alternativas adecuadas a su momento evolutivo, para su ocio y tiempo libre.
Todos los menores residentes en la Comunidad de Madrid tendrán derecho a la aplicación de las técnicas y recursos de mejora y rehabilitación de secuelas que hayan podido tener por causa de enfermedad adquirida o congénita o por accidente.
La rehabilitación y mejora de la salud comprenderá todos los aspectos físicos, psíquicos y sensoriales.
Los menores que sufran malos tratos físicos o psíquicos, en el seno de su familia, institución o entorno, recibirán protección especial de carácter sanitario, asistencial y cautelar urgente según requiera cada caso específico, corresponsabilizándose para ello las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid implicadas.
Los titulares de los Servicios de Salud y el personal sanitario de los mismos, están especialmente obligados a poner en conocimiento de la Comisión de Tutela del Menor y de la Autoridad Judicial o del Ministerio Fiscal, aquellos hechos que puedan suponer la existencia de desprotección o riesgo infantil, así como colaborar con los mismos para evitar y resolver tales situaciones en interés del niño.
CAPÍTULO IV Protección educativa Artículos 46 y 47
La Administración autonómica garantizará el cumplimiento del derecho y obligación a la escolaridad obligatoria, estableciendo medidas positivas en colaboración con las Administraciones Locales conducentes a combatir el absentismo escolar.
Las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid:
Velarán para ofrecer mediante acciones discriminatorias positivas las mismas oportunidades educativas para los menores con desventajas económicas, sociales, culturales o personales, reforzando la acción compensadora que apoye el proceso educativo y prevenga el riesgo de fracaso escolar.
Desarrollarán en los Centros Escolares programas de prevención de riesgo social.
CAPÍTULO V Protección social y jurídica Artículos 48 a 66
SECCIÓN 1ª Disposiciones Generales Artículos 48 y 49
Se priorizará la acción preventiva, fomentándose las actividades públicas y privadas que favorezcan la integración familiar y el uso creativo y socializador del tiempo libre, actuando especialmente sobre familias de alto riesgo.
Se propiciará la integración y normalización de la vida del menor en su medio social.
Se reconoce de interés público el buen ejercicio del cuidado y asistencia de los padres a sus hijos, por lo que en caso de deficiencias e irregularidades que puedan provocar riesgos de daños de cualquier tipo a los menores, las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid ofertarán Servicios de Apoyo y Atención a la Infancia y la Familia.
Se favorecerá la atención del menor en su propia familia siempre que ello sea posible, procurándose la participación de los padres o familiares más próximos al menor en el proceso de normalización de su vida social.
En caso necesario se facilitarán a los menores recursos alternativos a su propia familia, que garanticen un medio idóneo para su desarrollo integral, adecuada evolución de su personalidad y atención educativa, procurándose mantener la convivencia entre hermanos.
Se respetará todo tipo de familias y se evitará cualquier tipo de discriminación entre ellas, se facilitarán las condiciones para su formación.
Se protegerá a la familia como núcleo básico y esencial de la sociedad para el normal desarrollo de los niños y niñas, especialmente a aquellos que se encuentren en situación de desventaja social.
Se procurará recuperar la convivencia como objetivo primero de toda acción protectora de un menor, bien en el núcleo familiar de origen o con otros miembros de su familia.
Todas las medidas que se adopten para la protección social o jurídica de un menor deberán estar orientadas por el beneficio e interés de éste, considerándole además, prevalente a cualquier otro.
Se limitarán las intervenciones administrativas a los mínimos indispensables para ejercer una función compensatoria.
SECCIÓN 2ª Acción Protectora y Servicios Sociales Artículos 50 y 51
La protección social de los menores que se encuentren en situaciones de riesgo social corresponde al Sistema Público de Servicios Sociales, para lo cual desde la Red de Servicios Sociales Generales se desarrollarán las actividades de prevención, atención y reinserción que sean necesarias, encuadradas en los programas correspondientes.
Las Administraciones Municipales, en función de las necesidades detectadas entre su población, crearán Servicios Sociales Especializados de Atención a la Infancia que refuercen y den cobertura a los Servicios Sociales Generales.
En todo caso será responsabilidad de la Comunidad Autónoma la planificación, supervisión y coordinación de la Red de atención a la infancia integrada en el Sistema Público de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.
La Administración autonómica asumirá la tutela por ministerio de la Ley de menores en situación de desamparo, y la guarda temporal de menores a petición de sus padres o tutores, de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil.
La Administración autonómica desarrollará los Servicios Sociales Especializados de Atención a la Infancia para el cumplimiento de estas funciones.
Para garantizar la asunción de las responsabilidades derivadas de las funciones de tutela y guarda de menores en dificultad o conflicto social, las Administraciones autonómica y local, en su caso, deberán establecer el correspondiente Contrato de Seguro de las responsabilidades directas o subsidiarias en que pudieran incurrir directamente o a través de los guardadores efectivos de los menores.
SECCIÓN 3ª Procedimiento para asumir la Tutela Artículos 52 a 54
En el momento en que se tenga conocimiento de que un menor pueda encontrarse en situación de desamparo se iniciará por el órgano competente de la Administración autonómica el oportuno expediente que deberá tramitarse de conformidad con un procedimiento que respete los siguientes principios:
Cuando quienes se hallan obligados legalmente a promover la inscripción de nacimiento de un menor en el Registro Civil, no lo hicieren, la Administración autonómica velando por el pleno ejercicio del derecho a la identidad del menor, instará la correspondiente inscripción.
Deberán solicitarse informes de cuantas personas u organismos puedan facilitar datos relevantes para el conocimiento y la valoración de la situación socio-familiar del menor. Especialmente se procurará obtener información de los Servicios Sociales Municipales correspondientes al domicilio familiar del menor.
Deberá ser oído el menor que haya cumplido doce años. También los padres, tutores o guardadores del menor siempre que fuere posible.
Será oído el menor que no hubiere cumplido doce años si tuviere suficiente juicio, pudiendo realizarse con la ayuda de psicólogos y pedagogos cualificados para su interpretación y lectura. Asimismo, podrán ser oídas cuantas personas puedan aportar información sobre la situación del menor y su familia o personas que lo atendieran.
Se podrá abrir un período de prueba a instancia del menor que hubiere cumplido doce años o de quienes ejercieren sobre él potestad o guarda.
Siempre y según su momento evolutivo se tendrá informado al menor del estado en que se encuentra su procedimiento.
En ningún caso el plazo máximo de resolución será superior a tres meses desde que se inició el expediente salvo que el órgano competente para resolver autorice, excepcionalmente, una prórroga por un período máximo de dos meses.
En los expedientes de asunción de tutela constituida por ministerio de la Ley, promovidos a instancia de parte, el silencio administrativo, en caso de producirse, tendrá efectos negativos.
Para lograr la efectividad de sus acuerdos, la Comisión de Tutela del Menor podrá recabar del Alcalde, del Concejal-Delegado en su caso, o del presidente de la Junta de Distrito en el caso del Ayuntamiento de Madrid, del Municipio correspondiente al, domicilio en que se encuentre el menor, la colaboración de las fuerzas de seguridad bajo su mando y especialmente cuando el o los menores afectados puedan encontrarse en situación de riesgo.
SECCIÓN 4ª Ejercicio de la Tutela Artículos 55 y 56
En tanto se mantenga la situación de tutela de un menor y para asegurar la cobertura de sus necesidades subjetivas y su plena asistencia moral y material, se acordará su atención por medio de alguna de las formas siguientes:
Permanecer bajo la guarda de algún miembro de su propia familia, como medida para favorecer su reinserción socio-familiar, por lo que complementariamente también podrá acordarse:
Ayudas sociales al menor o a su familia que favorezcan la integración social de aquél en su propio medio.
Apoyo y seguimiento técnico profesional de la familia por los servicios competentes en la problemática que presente, para garantizar la plena asistencia moral y material del menor.
Atención en un centro terapéutico.
Atención en un centro residencial.
Promover el nombramiento judicial de tutor del menor.
Constituir administrativamente el acogimiento del menor.
Promover la constitución del acogimiento del menor por decisión judicial y, en su caso, el cese.
Proponer la adopción del menor.
En el mismo Acuerdo se fijarán las condiciones esenciales que la atención al menor deba cumplir.
Se arbitrará un procedimiento para adoptar con urgencia cuantas decisiones sean necesarias en tanto se mantenga la tutela.
SECCIÓN 5ª Promoción de la Adopción y el Acogimiento Artículos 57 a 60
La Administración autonómica sólo formulará las propuestas de Acogimiento y Adopción efectuadas por personas o parejas que, cumpliendo los requisitos establecidos en el Código Civil, hayan sido objeto de un estudio de sus circunstancias socio-familiares que permita obtener una firme certeza sobre su idoneidad para asegurar la cobertura de las necesidades subjetivas y objetivas del menor y el cumplimiento de las obligaciones legalmente establecidas.
Para valorar las circunstancias que concurran en los ofrecimientos de Acogida o Adopción de un menor se deberán tomar en consideración, al menos, los siguientes criterios:
La toma en consideración de todas estas circunstancias se hará en su conjunto mediante la valoración ponderada de las que concurran en la persona o pareja que formula el ofrecimiento.
SECCIÓN 6ª Procedimiento de Asunción de Guarda Artículos 61 y 62
Presentada la solicitud por escrito en el que además se señale expresamente el tiempo para el que se pide, se iniciará el expediente que respetará rigurosamente los siguientes principios:
Deberá ser oído el menor que hubiere cumplido doce años; asimismo, será oído el menor que no hubiere cumplido doce años si tuviere suficiente juicio o pudiera realizarse con la ayuda de psicólogos y pedagogos cualificados para su interpretación y lectura.
Deberán acreditarse las circunstancias graves y transitorias que impiden atender al menor.
Podrán solicitarse cuantos informes se estimen adecuados al caso.
Se arbitrará un procedimiento de urgencia para los casos en que las circunstancias concurrentes así lo exijan y convenga asumir la guarda de inmediato.
Finalizado el expediente y asumida la guarda por el órgano competente, se formalizará ésta por escrito.
SECCIÓN 7ª Ejercicio de la Guarda Artículos 63 y 64
Durante el tiempo en que una Administración Pública de la Comunidad de Madrid ostente la Guarda de un menor la Entidad Pública competente, acordará su atención por medio de alguna de las siguientes modalidades.
Atenderle en un centro residencial.
Formalizar administrativamente un acogimiento.
Acordada judicialmente la Guarda de un menor se adoptarán de inmediato cuantas medidas sean necesarias para su adecuada atención.
SECCIÓN 8ª Centros Residenciales Artículos 65 y 66
En todo caso dicho Estatuto contemplará y desarrollará los siguientes derechos y obligaciones de los menores residentes:
A ser atendidos sin discriminación por razón de sexo, raza o religión, ideología o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Al secreto profesional y la utilización con la conveniente reserva de su historial y de los datos que en el mismo consten.
A mantener relaciones con sus familiares y recibir sus visitas en el Centro en el marco establecido por el Código Civil.
A tener cubiertas suficientemente las necesidades fundamentales de su vida cotidiana que le permitan el adecuado desarrollo personal.
A acceder a los servicios necesarios para atender todas las necesidades que demanda el adecuado desarrollo de su personalidad, y que no le sean satisfechas en el propio Centro.
Al respeto de su intimidad personal y de sus pertenencias individuales en el contexto educativo que debe regir en el Centro.
A disfrutar en su vida cotidiana, de unos períodos equilibrados de sueño, ocio y actividad.
A participar de manera activa en la elaboración de la normativa y de la programación de actividades del Centro y en el desarrollo de éstas, sean internas o externas.
A conocer su situación legal en todo momento y a participar en la elaboración de su proyecto individual.
A ser oídos en las decisiones de trascendencia si son mayores de doce años, en todo caso, y si tuvieren juicio suficiente, los menores de dicha edad.
Respetar y cumplir las normas que regulen el funcionamiento de los Centros y la convivencia en ellos.
Respetar la dignidad y función de cuantas personas trabajen o vivan en el Centro.
Desarrollar con dedicación y aprovechamiento las actividades escolares, laborales o cualesquiera otras orientadas a su formación.
El personal educador de los Centros Residenciales podrá corregir razonable y moderadamente a los menores residentes con medidas pedagógicas y con fines básicamente reeducativos.
CAPÍTULO VI Atención a adolescentes en conflicto social Artículos 67 a 75
A los efectos de esta Ley y las normas que la desarrollen, se consideran adolescentes en conflicto social, aquellos menores que hubieran cumplido doce años cuya conducta altera de manera grave las pautas de convivencia y comportamiento social generalmente aceptadas, con riesgo, al menos, de causar perjuicios a terceros.
Será prioritaria la acción preventiva, incidiendo en los factores de riesgo que originen la marginación y la delincuencia, fomentándose las actividades que favorezcan los procesos de integración social del menor.
Se favorecerá desde el Sistema Público de Servicios Sociales el trabajo de educadores de calle, educadores familiares y cuantos otros servicios o prestaciones del Sistema apoyen la atención en el propio entorno del menor.
Toda intervención con adolescentes en conflicto social deberá ser respetuosa con cuantos derechos tienen reconocidos los menores por el Ordenamiento Jurídico, sometiéndose al principio de prevalencia, del interés del menor sobre cualquier otro concurrente, conforme a lo establecido en el Código Civil.
Las actuaciones administrativas con adolescentes en conflicto social, tanto de carácter preventivo como de reinserción, procurarán contar con la voluntad favorable del menor, sus padres, tutores o guardadores.
Los Servicios Sociales de Atención Primaria, deberán desarrollar programas de prevención y reinserción para adolescentes en conflicto social, en los que se contemplarán actuaciones específicas de ocio, tareas prelaborales, habilidades sociales, de convivencia familiar, o cualquier otra que contribuya a la consecución de los objetivos planteados.
Se arbitrarán sistemas reeducativos que irán dirigidos a las diferentes redes sociales existentes, y se concretarán en:
Aprovechamiento de recursos administrativos de los organismos de promoción ocupacional y empleo.
Aplicación de la normativa existente sobre interacción de menores de dieciséis años a través de programas de formación.
Potenciación de recursos de formación compensatoria y ocupacional del Ministerio de Educación y Ciencia.
Actuaciones coordinadas que favorezcan la integración del menor con conflicto social, y elaboración de programas de socialización complementarios a la escuela, concertando con entidades privadas si fuese necesario.
Programas de investigación conjunta con otras Comunidades Autónomas, en temas de prevención y reinserción, y perfeccionamiento de los mecanismos de coordinación para la utilización de recursos.
Corresponderá a los Servicios Sociales de Atención Primaria la ejecución de todas aquellas medidas que adopten los Juzgados de Menores en aplicación de la Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, reguladora de la competencia y el procedimiento de los Juzgados de Menores, que por su propia naturaleza y para el cumplimiento de la función educativa que estas medidas comportan para el menor y demás adolescentes de su entorno, deban aplicarse en su propio medio social de convivencia.
La Administración autonómica apoyará a los Ayuntamientos de más de 50.000 habitantes en el ejercicio de las funciones señaladas en el apartado anterior y asumirá las mismas en aquellas de población inferior, sin perjuicio de la colaboración que puedan prestar los Servicios Sociales Generales. Igualmente prestará toda la colaboración técnica posible a la Autoridad Judicial y a las Administraciones Locales para la elaboración de informes y propuestas de posibles alternativas de actuación en relación a los menores.
Corresponderá a la Administración autonómica la ejecución de las medidas judiciales que impliquen un internamiento del menor en un Centro de régimen semiabierto o cerrado.
El internamiento en régimen abierto, en Centros terapéuticos y de fines de semana será competencia de la Administración Local, actuando subsidiariamente la autonómica.
Las Unidades de régimen cerrado o semiabierto de los Centros dispondrán de un estatuto específico que, de acuerdo al que se establezca con carácter general para los Centros contendrá las especialidades propias de aquéllas y el régimen disciplinario, que se ajustará al contenido del presente artículo.
Tendrán la consideración de faltas las siguientes conductas siempre que no constituyan infracción penal:
La agresión física o verbal a las personas.
El daño intencionado de instalaciones o material del Centro, o bienes particulares.
La sustracción de bienes del Centro o de particulares.
La perturbación relevante de la vida cotidiana en el Centro.
Las faltas serán calificadas como leves, graves o muy graves en función, básicamente del grado de perturbación o perjuicios causados.
Calificadas las faltas, se impondrá alguna de las siguientes sanciones, cuyo contenido y función será fundamentalmente educativo sin que en ningún caso pueda implicar vejación o maltrato:
Privación de actividades cotidianas de carácter lúdico o de ocio.
Separación del grupo con privación o limitación de estímulos, por tiempo máximo de un día.
Privación de actividades de fin de semana de carácter lúdico o de ocio.
Realización de tareas de interés para la colectividad, en el propio centro, durante un período máximo de quince días.
Separación del grupo con privación o limitación de estímulos, por tiempo máximo de dos días.
Privación de actividades que puedan considerarse especiales respecto a las cotidianas de carácter lúdico o de ocio.
Realización de tareas de interés para la colectividad, en el propio centro, durante un período entre dieciséis días y un mes.
La sanción aplicable se determinará en función de los siguientes criterios:
La edad y características del menor.
La petición de excusas a la persona ofendida, la restitución de bienes o reparación de daños podrán suspender la aplicación de sanción siempre que no se reitere la conducta sancionable.
El procedimiento disciplinario será regulado en el Estatuto a que se hace referencia en el apartado 1, tendrá carácter eminentemente verbal, sin perjuicio de su posterior constancia por escrito, y garantizará, en todo caso, los siguientes derechos del menor:
A poder aportar pruebas.
A ser asesorado por la persona del Centro que él designe.
A recurrir ante el Juzgado de Menores que le impuso la medida.
Cuando se trate de menores ingresados en el Centro por orden del Juez de Menores o del Ministerio Fiscal se dará cuenta a los mismos de la sanción grave o muy grave impuesta.
Para la coordinación y seguimiento de cuantas actuaciones correspondan a las Administraciones Públicas de la Comunidad, se creará un Equipo Técnico de Atención a Adolescentes en Conflicto Social cuyas actividades, composición y régimen de funcionamiento se determinarán reglamentariamente.
TÍTULO IV Instituciones y órganos de atención a la infancia y la adolescencia en la Comunidad de Madrid Artículos 76 a 89
CAPÍTULO I Defensor de los menores Artículo 76
Artículo 76, derogado por la Ley 3/2012, de 12 de junio, de Supresión del Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el 30 de Junio de 2012.
CAPÍTULO II Instituto Madrileño de Atención a la Infancia Artículo 77
El Instituto Madrileño de Atención a la Infancia, adscrito a la Consejería de Integración Social, tendrá como objetivos básicos:
La promoción de políticas integrales referidas a la infancia.
La coordinación de las actuaciones sectoriales que desde las diferentes Administraciones de la Comunidad de Madrid u Organismos de la Administración autonómica, se desarrollen.
El impulso de los recursos y actuaciones destinados al mayor bienestar social de la infancia en la Comunidad de Madrid, a fin de dar respuesta a las nuevas necesidades sociales que surjan.
La promoción de políticas de protección a la familia, en cuanto núcleo básico de socialización de menores, de acuerdo a criterios de igualdad y solidaridad.
Su regulación vendrá contenida en una Ley que lo configurará como Organismo Autónomo de carácter administrativo, adscrito a la Consejería de Integración Social.
CAPÍTULO III La Comisión de Tutela del Menor Artículos 78 a 80
CAPÍTULO IV Las Corporaciones Locales Artículos 81 a 85
A las Corporaciones Locales, como entidades administrativas más próximas a los ciudadanos y en virtud de sus competencias legales, les corresponde asumir la responsabilidad más inmediata sobre el bienestar de la infancia y adolescencia y la promoción de cuantas acciones favorezcan el desarrollo de la comunidad local y muy especialmente de sus miembros más jóvenes, procurando garantizarles el ejercicio de sus derechos, ofreciéndoles la protección adecuada y ejerciendo una acción preventiva eficaz.
En el marco concreto de sus competencias las Corporaciones Locales potenciarán cuantas actuaciones redunden en el fomento de los derechos y el bienestar de la infancia y la adolescencia a que se refiere el Título Segundo de la presente Ley.
Además, las Administraciones Locales podrán asumir la ejecución o gestión material de las medidas establecidas por los Organos de la Administración autonómica competentes en razón de la materia, que les sean delegadas mediante convenio a las Corporaciones Locales con las condiciones y limitaciones que establezcan reglamentariamente y, en todo caso, las contempladas en esta Ley.
ARTÍCULO 82 Acción protectora en los Municipios de menos de 20. 000 habitantes
Los Municipios de menos de 20.000 habitantes podrán bien individualmente o agrupados en Mancomunidades, suscribir convenios de colaboración con el IMAIN para la promoción y defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia.
La Administración autonómica, asumirá la acción protectora socio-jurídica de los menores, en los Municipios de menos de 20.000 habitantes, estableciendo con los que superen esa población convenios de colaboración de acuerdo con su capacidad de gestión técnica y de recursos económicos, así como con lo establecido en la legislación general de Servicios Sociales.
ARTÍCULO 83 Acción protectora en los municipios de más de 50. 000 habitantes
Los Municipios de más de 50.000 habitantes tendrán las siguientes obligaciones:
Crear los Servicios Sociales Especializados de Atención a la Infancia a que se refiere el artículo 50 de la presente Ley, y disponer de un Centro de día que desarrolle Programas de apoyo educativo, de ocio y tiempo libre.
Desarrollar los programas de prevención y reinserción para adolescentes en conflicto social a que se refiere el artículo 69.
Los Municipios de más de 50.000 habitantes podrán recibir por delegación de la Administración autonómica, el ejercicio de la competencia de asumir la guarda de los menores que no puedan ser temporalmente atendidos por sus padres o tutores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172.2 del Código Civil, y siempre que reúnan los requisitos que se determinen reglamentariamente.
ARTÍCULO 84 Acción protectora en los Municipios de más de 100. 000 habitantes
ARTÍCULO 85 Municipios de más de 500. 000 habitantes
CAPÍTULO V Los Consejos de Atención a la Infancia y la Adolescencia Artículos 86 a 89
Capítulo V de Título IV rúbrica modificada por Disposición adicional 8 de la Ley 18/1999, de 29 abril, publicado en BO. Comunidad de Madrid el 19 de mayo de 1999 .
Artículo 86 modificado por Disposición adicional 8 de la Ley 18/1999, de 29 abril, publicado en BO. Comunidad de Madrid el 19 de mayo de 1999 .
ARTÍCULO 87 Ámbito territorial
El Consejo de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid, el ámbito territorial de la misma.
Los Consejos de Área de Atención a la Infancia y la Adolescencia, cuyo ámbito territorial, será el que corresponda a un Área de Servicios Sociales.
Los Consejos Locales de Atención a la Infancia y la Adolescencia, cuyo ámbito territorial será con carácter general, el que corresponda a un Municipio, con las salvedades que en relación a su dimensión poblacional legalmente se establezcan, para salvaguardar la eficacia de dichos Consejos.
Artículo 87 modificado por Disposición adicional 8 de la Ley 18/1999, de 29 abril, publicado en BO. Comunidad de Madrid el 19 de mayo de 1999 .
Informar, debatir o proponer cuantas actuaciones pretendan llevarse a cabo en materia de protección y defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia.
Ofrecer a los menores un cauce de participación institucional.
Favorecer una correcta colaboración entre las diferentes redes de servicios para conseguir una mayor eficacia y eficiencia de las actuaciones.
Velar por el efectivo cumplimiento del Plan de Atención a la Infancia de la Comunidad de Madrid, así como de cuantas actuaciones de coordinación se acuerden.
Cuantas otras le sean asignadas legalmente.
Artículo 88 modificado por Disposición adicional 8 de la Ley 18/1999, de 29 abril, publicado en BO. Comunidad de Madrid el 19 de mayo de 1999 .
Se regulará por ley, el ámbito concreto y las funciones específicas, así como la composición y el régimen general de organización y funcionamiento de los Consejos de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid.
El contenido de las deliberaciones y propuestas de los Consejos de Atención a la Infancia y la Adolescencia, se someterán a los órganos competentes de las distintas instituciones representadas, para su consideración y valoración.
La designación de la representación de la iniciativa social en los Consejos de Atención a la Infancia y la Adolescencia se realizará siguiendo los principios de igualdad, concurrencia, publicidad y objetividad.
Se incorporan a la estructura de los Consejos de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid, los órganos colegiados de coordinación y estructuras análogas dependientes de las Administraciones Públicas, cuyo ámbito subjetivo se limite a los menores de edad y cuyo ámbito territorial no exceda el de la Comunidad de Madrid.
Artículo 89 modificado por Disposición adicional 8 de la Ley 18/1999, de 29 abril, publicado en BO. Comunidad de Madrid el 19 de mayo de 1999 .
TÍTULO V Las entidades privadas Artículos 90 a 96
CAPÍTULO I Fomento de la iniciativa social Artículos 90 y 91
La Administración Autonómica facilitará cauces de participación a las entidades privadas en órganos de carácter consultivo, para asesorar en materia de atención a la infancia a las distintas Administraciones de la Comunidad, proponiendo actuaciones que puedan dar respuesta a las nuevas necesidades planteadas.
Asimismo, las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid:
Fomentarán las iniciativas sociales que supongan una contribución a la divulgación de los derechos de los menores y a la extensión del ejercicio de los mismos.
Promocionarán las iniciativas que favorezcan el desarrollo de las comunidades facilitando la participación de los menores en tareas comunes e impulsando el asociacionismo y la constitución de organizaciones infantiles y de adolescentes.
Podrán conceder subvenciones o establecer convenios con entidades privadas con el objeto de promocionar y fomentar acciones que se consideren de interés para el desarrollo de los derechos de los niños y niñas y adolescentes.
Las Entidades Privadas que desarrollen actividades de atención a la infancia podrán contar con la cooperación y el apoyo técnico de las Administraciones Públicas, y previo el cumplimiento de los requisitos reglamentariamente establecidos, integrarse en la Red de Atención a la Infancia en el sector de actividad que corresponda.
CAPÍTULO II Instituciones de Integración Familiar Artículos 92 a 96
El Instituto Madrileño de Atención a la Infancia podrá habilitar como Instituciones Colaboradoras a las Instituciones de Integración Familiar que reúnan los requisitos siguientes:
Tratarse de Asociaciones o Fundaciones sin ánimo de lucro.
Que en sus Estatutos o Reglas fundacionales figure como fin la protección de menores.
Que dispongan de los medios materiales y equipos pluridisciplinares que reglamentariamente se exijan.
La habilitación se otorgará por Acuerdo del Consejo de Administración del Instituto Madrileño de Atención a la Infancia, previa tramitación del correspondiente expediente administrativo.
El mismo Consejo podrá privar de efectos la habilitación si la Asociación o Fundación dejare de reunir los requisitos exigidos o infringiere en su actuación las normas legales.
El Instituto Madrileño de Atención a la Infancia establecerá en cada momento las directrices que deban seguir las Instituciones Colaboradoras, y ejercerá las funciones de inspección y control que garanticen su buen funcionamiento, sin perjuicio de las facultades generales que corresponden a la Consejería de Integración Social.
Las Instituciones Colaboradoras de integración Familiar podrán ser habilitadas, en cada caso, para:
El desarrollo de funciones de guarda de menores.
La mediación en procesos de acogimiento familiar o adopción de menores españoles o extranjeros, en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
La suscripción de convenios de colaboración o conciertos de reserva de plazas.
Todas las personas que presten servicios en las Instituciones Colaboradoras de Integración Familiar, están obligadas a guardar secreto de cuanta información obtengan en relación a los menores, tanto de los guardados como de los que se promueva su Acogimiento o Adopción.
Cualquier información que se pretenda facilitar fuera del ámbito profesional de atención a la infancia, ya sea referida a un caso individual o de carácter general, o incluso estadística, deberá contar con la previa autorización de la Comisión de Tutela del Menor.
TÍTULO VI Infracciones y sanciones Artículos 97 a 111
CAPÍTULO I Infracciones Artículos 97 a 100
Se consideran infracciones administrativas a la presente Ley las acciones u omisiones de las personas responsables, tipificadas y sancionadas en este Título.
Son responsables las personas físicas o jurídicas a las que sea imputable las acciones u omisiones constitutivas de infracciones tipificadas en esta Ley.
Incumplir levemente la normativa aplicable en el ámbito de los derechos de los menores en el territorio de la Comunidad de Madrid, si de ello no se derivan perjuicios sensibles para aquéllos.
Incumplir levemente las normas aplicables para la creación o funcionamiento de Centros o Servicios de atención a la infancia o la adolescencia, por parte de los titulares de éstos.
Incumplir el deber de actualizar los datos que constan en el Registro de Entidades que desarrollan actividades en el campo de la acción social y los servicios sociales, por parte de las mismas.
No cumplimentar, o no hacerlo correctamente, el Documento de Salud Infantil, por parte del personal sanitario que atienda a los menores.
No gestionar plaza escolar para un menor en período de escolarización obligatoria por los padres, tutores o guardadores, siempre que no se deriven perjuicios sensibles para los menores.
No procurar la asistencia al Centro escolar de un menor en período de escolarización obligatoria, disponiendo de plaza y sin causa que lo justifique, por parte de padres, tutores o guardadores.
No facilitar por parte de los titulares de los Centros o Servicios, el tratamiento y la atención que acordes con la finalidad de los mismos, correspondan a las necesidades de los menores, siempre que no se deriven perjuicios sensibles para éstos.
No dar cuenta a la Comisión de Tutela del Menor, u otra Autoridad, de la posible situación de desamparo en que pudiera encontrarse un menor.
Incumplir los Acuerdos de la Comisión de Tutela del Menor.
No poner a disposición de la Comisión de Tutela del Menor o cualquier otra autoridad, o en su caso a su familia, en el plazo de veinticuatro horas, al menor que se encuentre abandonado, extraviado o fugado de su hogar, siempre que de ello no se deriven responsabilidades penales.
El incumplimiento por el Centro o personal sanitario de la obligación de identificar al recién nacido, de acuerdo con la normativa que regule la mencionada obligación.
No gestionar plaza escolar para un menor en período de escolarización obligatoria, por parte de los padres, tutores o guardadores.
Impedir la asistencia al Centro escolar de un menor en período de escolarización obligatoria, disponiendo de plaza y sin causa que lo justifique, por parte de los padres, tutores o guardadores.
La venta de las publicaciones recogidas en el artículo 32, así como la venta, alquiler, difusión o proyección de los medios audiovisuales a que se hace referencia en el artículo 33. La responsabilidad corresponderá a los titulares de los establecimientos o, en su caso, a las personas físicas, infractores de lo indicado en ambos artículos.
La emisión de programación sin ajustarse a las reglas contenidas en los apartados b) y c) del artículo 34.1 y en el artículo 34.2. La responsabilidad corresponderá a los medios de comunicación infractores.
La emisión o difusión publicitaria que conculque lo establecido en los artículos 36 y 38. La responsabilidad corresponderá a los medios que lo emitan o difundan.
La utilización de menores en publicidad contraria a los términos del artículo 37. La responsabilidad corresponderá al anunciante y a los medios que la emitan o difundan.
El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 40, por parte de las entidades fabricantes o vendedoras.
Proceder a la apertura o cierre de un Centro o Servicio por parte de las Entidades titulares de los mismos, sin haber obtenido las autorizaciones administrativas pertinentes.
Incumplir la obligación de inscripción en el Registro de Entidades de acción social, por parte de las mismas.
Incumplir la regulación específica establecida o que se pueda establecer para cada tipo de Centro o Servicio, por parte de las Entidades titulares de los mismos.
Incumplir el deber de confidencialidad y sigilo respecto a los datos personales de los menores, por parte de los profesionales que intervengan en su protección.
No facilitar por parte de los titulares de los Centros o Servicios, el tratamiento y la atención que acordes con la finalidad de los mismos correspondan a las necesidades de los menores.
El exceso en las medidas correctoras a menores sometidos a medidas judiciales o limitación de sus derechos más allá de lo establecido en las propias decisiones judiciales, efectuadas por los titulares o los trabajadores de los Centros o Servicios y los colaboradores de los mismos.
Amparar o ejercer prácticas lucrativas en Centros o Servicios definidos sin ánimo de lucro, por parte de los titulares de los mismos.
Impedir, obstruir, o dificultar de cualquier modo el ejercicio de las funciones de inspección y seguimiento del Centro o Servicio que corresponde al personal de la Consejería de Integración Social o del Instituto Madrileño de Atención a la Infancia, por parte de los titulares o personal de los mismos.
Aplicar por parte de los titulares de Centros y Servicios las ayudas y subvenciones públicas a finalidades distintas de aquéllas para las que hubieran sido otorgadas, cuando no se deriven responsabilidades penales.
Percibir cantidades económicas de los menores en concepto de precio o contraprestación por los servicios prestados, que no estén autorizadas por la Administración, por parte de los titulares de los Centros concertados en lo relativo a los servicios incluidos en el concierto.
Artículo 99 apartado 10 modificado por Disposición adicional Segunda de la Ley 17/1997, de 4 julio, de espectáculos públicos y actividades recreativas, publicado en BO. Comunidad de Madrid el 7 de julio de 1997.
Artículo 99 apartado 9 suprimido por Disposición adicional Segunda de la Ley 17/1997, de 4 julio, de espectáculos públicos y actividades recreativas, publicado en BO. Comunidad de Madrid el 7 de julio de 1997.
Artículo 99 apartado 12 modificado por Disposición final 1.3 de la Ley 2/2001, de 18 abril, de Contenidos Audiovisuales y Servicios Adicionales de Televisión de Madrid, publicado en BO. Comunidad de Madrid el 4 de mayo de 2001.
Artículo 99 apartado 10 derogado por Disposición derogatoria única.b) de la Ley 5/2002, de 27 junio, de Drogodependencias y otros trastornos Adictivos de Madrid, publicado en BO. Comunidad de Madrid el 8 de julio de 2002.
Las recogidas en el artículo anterior si de ellas se desprende daño de imposible o difícil reparación a los derechos de los menores.
El incumplimiento de lo establecido por el artículo 34.1.a), referido a la inclusión en las emisiones de televisión de programas, escenas o mensajes de cualquier tipo que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores.
Artículo 100 apartado 3 adicionado por Disposición adicional Segunda de la Ley 17/1997, de 4 julio, de espectáculos públicos y actividades recreativas, publicado en BO. Comunidad de Madrid el 7 de julio de 1997.
Artículo 100 apartado 3 modificado por Artículo 1.2 de la Ley 5/2000, de 8 mayo, publicado en BO. Comunidad de Madrid el 11 de mayo de 2000.
Artículo 100 apartado 4 adicionado por Disposición final 1.4 de la Ley 2/2001, de 18 abril, de Contenidos Audiovisuales y Servicios Adicionales de Televisión de Madrid, publicado en BO. Comunidad de Madrid el 4 de mayo de 2001.
Artículo 100 modificado por Disposición final 1.1 de la Ley 2/2001, de 18 abril, de Contenidos Audiovisuales y Servicios Adicionales de Televisión de Madrid, publicado en BO. Comunidad de Madrid el 4 de mayo de 2001.
Artículo 100 apartado 3 derogado por Disposición derogatoria única.b) de la Ley 5/2002, de 27 junio, de Drogodependencias y otros trastornos Adictivos de Madrid, publicado en BO. Comunidad de Madrid el 8 de julio de 2002.
CAPÍTULO II Sanciones Artículos 101 a 104
Infracciones leves: Amonestación por escrito o multa de hasta 500.000 pesetas.
Infracciones graves: Multas desde 500.001 pesetas hasta 5.000.000 de pesetas.
Infracciones muy graves: Multas desde 30.051 hasta 60.101 euros.
Artículo 101 letra c) modificado por Disposición adicional Segunda de la Ley 17/1997, de 4 julio, de espectáculos públicos y actividades recreativas, publicado en BO. Comunidad de Madrid el 7 de julio de 1997.
Artículo 101 letra c) modificado por Disposición final 1.4 de la Ley 5/2002, de 27 junio, de Drogodependencias y otros trastornos Adictivos de Madrid, publicado en BO. Comunidad de Madrid el 8 de julio de 2002.
En las infracciones graves podrán acumularse como sanciones:
Cuando resulten responsables de las infracciones, Centros o Servicios de atención a menores:
La proscripción de financiación pública de acuerdo con la normativa autonómica en la materia.
El cierre temporal, total o parcial del Centro o Servicio, por un tiempo máximo de un año.
Cuando resulte responsable de la infracción algún medio de comunicación social:
En las infracciones muy graves, podrá acumularse, además de las anteriores, la sanción de cierre definitivo, total o parcial, del Centro o Servicio.
CAPÍTULO III Procedimiento sancionador Artículos 105 a 111
Los expedientes sancionadores de las infracciones tipificadas en la presente Ley, serán incoados por:
El Ayuntamiento o Junta de Distrito correspondiente al domicilio del menor, si fueren presuntos responsables los padres o tutores, guardadores o particulares.
El Ayuntamiento o Junta de Distrito correspondiente al domicilio del Centro, Servicio o Establecimiento, si fueren presuntos responsables los titulares o trabajadores de los mismos.
El Instituto Madrileño de Atención a la Infancia, si de la infracción pudiera resultar responsable un medio de comunicación social.
En todo caso debe de tratarse de Municipios de más de 50.000 habitantes o de Juntas de Distrito de Municipios de más de 500.000 habitantes. Tratándose de Municipios de población inferior a la señalada y en todos los supuestos no contemplados en el presente artículo, deberá iniciarse el expediente por el Instituto Madrileño de Atención a la Infancia.
Cuando el IMAIN tuviera conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de una infracción tipificada en esta Ley, lo pondrá en conocimiento del Ayuntamiento o Junta de Distrito correspondiente, a fin de que proceda, en su caso, a la incoación del oportuno expediente. En este supuesto se informará al IMAIN del inicio del expediente o de las causas que motivan la no incoación del mismo.
Para las sanciones leves y graves, el Alcalde, el Presidente de la Junta de Distrito y el Director-Gerente del IMAIN, cuando el expediente se hubiera incoado por la entidad respectiva.
Para las sanciones muy graves, el Alcalde, el Presidente de la Junta de Distrito, o el Consejo de Administración del IMAIN, cuando el expediente se hubiera incoado por la entidad respectiva.
Cuando la sanción propuesta lleve acumulada la contemplada en el artículo 102.1.a.2, será competente para resolver el Alcalde en los Municipios de más de 50.000 habitantes o el Consejo de Administración del IMAIN, según proceda.
Cuando el órgano competente para incoar el procedimiento sancionador tuviera indicios de que el hecho pudiera constituir también una infracción penal, lo pondrá en conocimiento del órgano jurisdiccional competente, absteniéndose de proseguir el procedimiento, una vez incoado, ínterin no exista un pronunciamiento judicial.
Cuando el mencionado órgano tuviera conocimiento, una vez incoado el procedimiento sancionador, de la existencia de diligencias penales con identidad de hechos, sujetos y fundamento, se abstendrá asimismo de proseguir el procedimiento hasta que exista pronunciamiento judicial.
Si una vez resuelto el procedimiento sancionador se derivaran responsabilidades administrativas para los padres, tutores o guardadores, se pondrá en conocimiento de la Fiscalía de Menores por si pudieran deducirse responsabilidades civiles.
Las resoluciones firmes de imposición de sanciones graves y muy graves serán publicadas en el "Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid".
TÍTULO VII De los Registros Artículos 112 y 113
CAPÍTULO I Los Registros de Protección de Menores Artículos 112 y 113
La Administración autonómica creará un Registro de Tutelas y un Registro de Guardas, en los que deberán ser inscritos todos los menores, cuya tutela o guarda sea constituida.
Asimismo, creará un Registro de Personas que hayan solicitado acogimientos o adopciones, en el que se inscribirán, además, los acogimientos y adopciones propuestas y realizadas.
La Organización y funcionamiento de estos Registros se regulará reglamentariamente, debiendo quedar garantizados:
El derecho a la intimidad y la obligación de reserva respecto de las inscripciones.
El libre acceso del Ministerio Fiscal.
Sólo las personas que figuren inscritas en el correspondiente Registro, podrán realizar acogimientos o ser propuestas como adoptantes.
El Registro de Instituciones colaboradoras de Integración Familiar es público. En él deberán estar inscritas todas aquellas que hayan sido habilitadas por la Administración autonómica.
En el Registro constarán: Denominación, domicilio social, composición de órganos directivos, estatutos, fecha y contenido de su habilitación, así como la ubicación de sus centros en la Comunidad de Madrid. Las modificaciones que se produzcan en estos datos, serán obligatoriamente objeto del asiento correspondiente.
La Consejería de Integración Social regulará reglamentariamente la organización y funcionamiento del Registro de Instituciones Colaboradoras.
La mención que se hace en esta Ley a las parejas en lo relativo a la adopción y al acogimiento, ha de entenderse en el sentido de hombre y mujer integrantes de una pareja unida de forma permanente por relación de afectividad análoga a la conyugal, en aplicación de la disposición adicional 3ª de la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción.
A los efectos de esta Ley, se entiende por Servicios Sociales de Atención Primaria, el conjunto de programas y servicios de acceso directo de los ciudadanos, integrados en el Sistema Madrileño de Servicios Sociales, bien en la Red de Servicios Generales o en alguna de las Redes Especializadas, con independencia de la Administración o entidad que lo gestione.
A los efectos de esta Ley, se entiende por Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid, la Administración autonómica y la local.
En el caso de que se adscriban Unidades del Cuerpo Nacional de Policía a la Comunidad de Madrid; el Consejo de Gobierno, atendidos los efectos y el alcance de la adscripción, destinará a la Comisión de Tutela del Menor los agentes que se estime necesarios para que colaboren en el cumplimiento de sus fines y en la ejecución de la presente Ley y demás normativa de protección de menores.
Las cuantías económicas recaudadas en concepto de multas impuestas en aplicación de la presente Ley, serán destinadas por la Tesorería de la Administración sancionadora a engrosar los programas del presupuesto de gasto destinados a servicios o actividades de atención a la infancia.
Las cuantías señaladas para las multas en el artículo 100 podrán ser revisadas y actualizadas periódicamente por Decreto del Consejo de Gobierno, teniendo en cuenta las variaciones del Indice de Precios en la Comunidad, y dando cuenta a la Comisión de Salud e Integración Social de la Asamblea de Madrid en el plazo de quince días hábiles.
El Consejo de Gobierno incluirá, en sus actuaciones de Cooperación al Desarrollo, acciones dirigidas al fomento, mejora y respeto de los derechos de la infancia en los países a que vayan destinadas las correspondientes ayudas.
La efectividad de los mandatos de la presente Ley en materia de Educación quedará supeditada a la transferencia de los medios personales y materiales necesarios. Los mandatos en materia de Salud serán directamente exigibles respecto de los recursos propios o transferidos, quedando supeditados los relativos al resto de recursos, a la oportuna transferencia.
Hasta que se promulgue el Reglamento Regulador de las Instituciones Colaboradoras de Integración Familiar para la guarda de menores se autoriza al Instituto Madrileño de Atención a la Infancia a mantener los convenios o conciertos que actualmente tenga suscritos a tal efecto con entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro.
Quedan derogados los apartados 7 y 9 del artículo 13.3.b de la Ley 8/1990, de 10 de octubre, Reguladora de las Actuaciones Inspectoras y de Control de los Centros y Servicios de Acción Social de la Comunidad de Madrid.
En el plazo máximo de tres meses el Consejo de Gobierno remitirá a la Asamblea de Madrid el proyecto de Ley Reguladora del Defensor de los Menores de la Comunidad de Madrid, y el del Instituto Madrileño de Atención a la Infancia.
La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el "Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid", y deberá ser publicada, asimismo, en el "Boletín Oficial del Estado".
Decreto 172/2012, de 7 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Unión General de Trabajadores de Extremadura (UGT-Extremadura) para la promoción y fomento de la prevención de riesgos laborales de conformidad con el VI Plan de Actuación de la Comunidad Autónoma de Extremadura para la Prevención de Riesgos Laborales (2012-2015).
Resolución de 05/04/2011, , por la que se realiza la convocatoria para el año 2011 de las ayudas para medidas destinadas a mejorar las condiciones de producción y comercialización de la miel en Castilla-La Mancha.
DECRET 159/1991, de 16 de juliol, de creació del consorci Institut de Física d'Altes Energies.
Orden de 8 de febrero de 2010, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se establece la convocatoria para el año 2010 de las ayudas para la bonificación de intereses de préstamos con financiación de la línea del Instituto de Crédito Oficial de liquidez PYME concedidos a los titulares de explotaciones ganaderas de vacuno de leche de la Región de Murcia.