Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2003-00104-de-septiembre-2-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_9220a14cb0e5b068e0430a010151b068&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-19 17:23:50
Document Index: 152308274

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 330', 'artículo 330', 'artículo 40', 'artículo 12', 'artículo 189']

SENTENCIA 2003-00104 DE 02 DE SEPTIEMBRE DE 2010
CONTENIDO:OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE CONSULTAR PREVIAMENTE CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS PLANES, PROYECTOS Y POLÍTICAS QUE SE DESARROLLEN EN SUS TERRITORIO. LOS ACTOS JURÍDICOS QUE NO AFECTAN A LOS PUEBLOS INDÍGENAS NO REQUIEREN CONCERTACIÓN PREVIA ENTRE EL ESTADO Y LA COMUNIDAD MENCIONADA.
TEMAS ESPECÍFICOS:OBLIGACIONES DEL ESTADO, COMUNIDAD INDÍGENA, ACTO JURÍDICO, TERRITORIO INDÍGENA
Sentencia 2003-00104 de septiembre 2 de 2010
Ref.: Expediente 110010327000-2003-00104-01
Actores: Yuris Mijailoth Uriana Ipuana y otro.
Como quedó visto, el motivo de infracción aducido es un vicio en el trámite de elaboración del acto acusado por un supuesto incumplimiento de una actuación indispensable para su expedición, como es la consulta indígena que reclaman los actores.
El acto acusado dispuso:
“....El director general de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en uso de sus facultades conferidas en el literal i) del artículo 19 del Decreto 1071 de 1999,
f) Informe de finalización del descargue y de inconsistencias: El transportador deberá informar a la autoridad aduanera del lugar de arribo la fecha y hora de finalización del descargue, así como las inconsistencias advertidas en los documentos de viaje, de confor midad con lo previsto en los artículos 65 y siguientes de la Resolución 4240 de 2000;
— Manaure - Cuatro Vías - Maicao - Paraguachón
— Manaure - Uribia
— Maicao - Paraguachón
— Maicao - Cuatro Vías - Manare
— Maicao - Cuatro Vías - Uribia
ART. 4º—La presente resolución rige a partir del 20 de octubre de 2003 y deroga las disposiciones que le sean contrarias...”.
Se aduce en la demanda que la Carta Política establece la obligación del Estado de consultar previamente con las comunidades indígenas planes, proyectos y políticas que se desarrollen en sus territorios, lo cual no ocurrió en este caso con las decisiones adoptadas en la resolución acusada.
Dentro de las normas que indica como violadas señala, entre otras, el artículo 330 de la Carta Política y la Ley 99 de 1993.
El parágrafo del artículo 330 de la Carta Política, establece:
Conforme lo anotó el señor Agente del Ministerio Público, la Corte Constitucional en sentencia SU-039 de 1997 precisó el alcance del parágrafo trascrito, así:
“...3.2. La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas hace necesario armonizar dos intereses contrapuestos: la necesidad de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en los referidos territorios para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución (C.P., art. 80), y la de asegurar la protección de la integridad étnica, cultural, social y económica de las comunidades indígenas que ocupan dichos territorios, es decir, de los elementos básicos que constituyen su cohesión como grupo social y que, por lo tanto, son el sustrato para su subsistencia. Es decir, que debe buscarse un equilibrio o balance entre el desarrollo económico del país que exige la explotación de dichos recursos y la preservación de dicha integridad que es condición para la subsistencia del grupo humano indígena.
“La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno propiciará la participación de los representantes de las respectivas comunidades.
La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas debe hacerse compatible con la protección que el Estado debe dispensar a la integridad social, cultural y económica de las comunidades indígenas, integridad que como se ha visto antes configura un derecho fundamental para la comunidad por estar ligada a su subsistencia como grupo humano y como cultura. Y precisamente, para asegurar dicha subsistencia se ha previsto, cuando se trate de realizar la explotación de recursos naturales en territorios indígenas, la participación de la comunidad en las decisiones que se adopten para autorizar dicha explotación. De este modo, el derecho fundamental de la comunidad a preservar la referida integridad se garantiza y efectiviza a través del ejercicio de otro derecho que también tiene el carácter de fundamental, en los términos del artículo 40, numeral 2 de la Constitución, como es el derecho de participación de la comunidad en la adopción de las referidas decisiones...”.
Ahora, esta sección, en sentencia de 19 de mayo de 2005 (Exp. 2002-00260 (8140), C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), precisó, y ahora lo reitera, que la concertación o consulta está prevista frente a las decisiones administrativas y legislativas susceptibles de afectar a los pueblos y organizaciones indígenas; y ello no significa que frente a cualquier decisión deba establecerse tal consulta o concertación.
Que, ante todo, dicho mecanismo debe estar directamente relacionado con aspectos tales como los mencionados en el artículo 12 del Decreto 1397 de saber: biodiversidad, recursos genéticos, propiedad intelectual colectiva, derechos culturales asociados a éstos; delimitación de zonas mineras indígenas; permisos y licencias; partidas presupuestales para capacitación, estudios técnicos, asesoría y financiación de proyectos; destinación y ejecución de la inversión social y ambiental; transferencias de ingresos corrientes de la Nación; ordenamiento territorial indígena; educación, aspectos estos que, por su trascendencia, en un momento dado podrían afectar a las comunidades y organizaciones indígenas.
Estima la Sala que la conformación de la Zona de Régimen Aduanero Especial por los Municipios de Maicao, Uribia y Manaure per se no afecta los aspectos antes reseñados, y, por ende, no involucra la trascendencia que allí se exige, como para llegar a considerar que ha debido surtirse una consulta previa a la expedición de la resolución cuestionada.
De otra parte, con anterioridad al acto acusado se expidió el Decreto 1197 de 2000, por el Presidente de la República, en virtud de las facultades conferidas por los numerales 11 y 25 del artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo de las leyes 6 de 1971, 7 y 9 de 1991 y mediante él se regula la Zona de Régimen Aduanero Especial de Maicao, Uribia y Manaure, Decreto este que goza de presunción de legalidad, además de que al tratar la misma materia, cual es el control de la actividad portuaria a fin de prevenir el contrabando, contribuye a fortalecer la economía nacional, lo que beneficia a toda la comunidad.
Consecuente con lo anterior, las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 2 de septiembre de 2010”.