Source: http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/398/herrera.html
Timestamp: 2015-07-30 04:01:03
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Matched Legal Cases: ['artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 27', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 30', 'artículo 9', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 18', 'artículo 34', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 49', 'artículo 35', 'artículo 44', 'artículo 45', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 31', 'artículo 32', 'artículo 33', 'artículo 31', 'artículo 30', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 30', 'artículo 34']

Inicio -> Publicaciones -> Consulta de publicación -> Contenido Impacto y riesgo ambiental en México
Héctor Herrera Ordóñez La evaluación de impacto ambiental
El 13 de diciembre de 1996 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el cual entró en vigor al día siguiente de su publicación. Como consecuencia de dicho Decreto, el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se modificó, definiendo la evaluación del impacto ambiental como « el procedimiento a través del cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites o condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente ». Conforme al artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las obras o actividades que requieren autorización previa en materia de impacto ambiental son las siguientes: obras hidráulicas, vías generales de comunicación, oleductos, gasoductos, carboductos y poliductos; industria del petróleo, petroquímica, química, siderúrgica, papelera, azucarera, del cemento y eléctrica; exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la Federación en los términos de las Leyes Minera y Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear; instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos, así como residuos radiactivos; aprovechamientos forestales en selvas tropicales y especies de difícil regeneración; plantaciones forestales; cambios de uso de suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas; parques industriales donde se prevea la realización de actividades altamente riesgosas; desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros; obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales; obras en áreas naturales protegidas de competencia de la Federación; actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias que puedan poner en peligro la preservación de una o más especies, o causar daños a los ecosistemas y obras o actividades que correspondan a asuntos de competencia federal, que puedan causar desequilibrios ecológicos graves e irreparables, daños a la salud pública o a los ecosistemas, o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente. Las excepciones respecto a dichas obras y actividades se indican en el artículo 5 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental. También se establece otra excepción relevante en el penúltimo párrafo del artículo 6° de dicho reglamento, conforme al cual las « ampliaciones, modificaciones, sustitución de infraestructura, rehabilitación y el mantenimiento de instalaciones relacionadas con las obras o actividades señaladas en el artículo 5° así como con las que se encuentren en operación y que sean distintas a las que se refiere el primer párrafo de este artículo, podrán ser exentadas de la presentación de la manifestación de impacto ambiental cuando se demuestre que su ejecución no causará desequilibrios ecológicos ni rebasará los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas...» Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, se deberá dar aviso a la Secretaría multicitada, la cual deberá resolver lo conducente en un plazo de diez días. Manifestación de impacto ambiental
Para la obtención de la autorización previa de impacto ambiental, en materia federal, los interesados deben presentar una manifestación de impacto ambiental, la cual, en términos del artículo 30 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente debe contener, por lo menos, «una descripción de los posibles efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de los elementos que conforman dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente». A partir de la reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de diciembre de 1996 antes mencionada, se estableció (art. 30), que las características y modalidades de la manifestación de impacto ambiental serían establecidas en el reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que al efecto se expidiera, y no en instructivos como se venía realizando. Aunque la reforma citada es de 1996, el nuevo reglamento de impacto ambiental a que hace referencia dicha reforma, se publicó en el Diario Oficial de la Federación hasta el 30 de mayo de 2000, abrogando el anterior Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Impacto Ambiental de 1988. El reglamento de impacto ambiental actualmente en vigor (Art. 10) establece dos modalidades para las manifestaciones de impacto ambiental, la modalidad regional y la modalidad particular . Conforme a dicho reglamento (art. 11) las manifestaciones de impacto ambiental deberán presentarse en la modalidad regional cuando se trate de: parques industriales y acuícolas, granjas acuícolas de más de 500 hectáreas, carreteras y vías férreas, proyectos de generación de energía nuclear, presas y, en general, proyectos que alteren las cuencas hidrológicas; un conjunto de obras o actividades que se encuentren incluidas en un plan o programa parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que sea sometido a consideración de la Secretaría; un conjunto de proyectos de obras y actividades que pretendan realizarse en una región ecológica determinada; y, proyectos que pretendan desarrollarse en sitios en los que por su interacción con los diferentes componentes ambientales regionales, se prevean impactos acumulativos, sinérgicos o residuales que pudieran ocasionar la destrucción, el aislamiento o la fragmentación de los ecosistemas. En los demás casos deberá presentarse la manifestación en la modalidad particular. Guías para manifestaciones de impacto ambiental El artículo 9 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental establece que «...la Secretaría proporcionará a los promoventes guías para facilitar la presentación y entrega de la manifestación de impacto ambiental..». De dicha redacción se desprende claramente que las «guías» mencionadas no son obligatorias para los promoventes, son solo medios para «facilitar» la presentación y entrega de la manifestación de impacto ambiental. Es claro que dicha disposición establece la obligación para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de proporcionar dichas «guías», pero no establece obligación alguna para los particulares respecto de seguir dichas «guías». La disposición citada obliga también a esa Secretaría a publicar dichas guías en el Diario Oficial de la Federación y, a pesar de que el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental actualmente en vigor se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2000, a la fecha la citada Secretaría no ha publicado en el Diario Oficial de la Federación las guías mencionadas. Aun cuando esas guías se publiquen en el Diario Oficial de la Federación , seguirán siendo medios para « facilitar » la presentación y entrega de la manifestación de impacto ambiental, de carácter no obligatorio como es el caso de la llamada miscelánea fiscal que se publica en dicho Diario . Es sorprendente que todavía algunas Delegaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en diversos estados de la República sigan exigiendo como « obligatorias » las guías que esa Secretaría puso a disposición del público en su página de intemet, cuando no hay ningún fundamento legal para ello, además de lo extensas, engorrosas, complicadas y sobre todo que requieren información que va más allá de lo que establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 30. Urge se publiquen en el Diario Oficial de la Federación las guías multicitadas, con las limitaciones que establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (art. 30) y con los alcances que establece el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (art. 9), es decir, como medios para verdaderamente « facilitar » la presentación y entrega de la manifestación de impacto ambiental con pleno respeto al marco jurídico ambiental y sobre todo para que haya más certeza jurídica en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Estudios de riesgo Conforme al segundo párrafo del artículo 30 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, cuando se trate de actividades consideradas como altamente riesgosas en términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la manifestación de impacto ambiental deberá incluir un estudio de riesgo. Los mismos comentarios, en el sentido de no obligatoriedad, aplican para las guías del estudio de riesgo previstas en el artículo 18 del Reglamento de la de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental. Procedimiento de evaluación de impacto ambiental Conforme a los artículos 30 y 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental inicia con la presentación de la manifestación de impacto ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la cual revisa que la solicitud se ajuste a las disposiciones jurídicas aplicables e integrará el expediente respectivo en un plazo no mayor de diez días hábiles. Una vez recibida la manifestación de impacto ambiental e integrado el expediente, la Secretaría pondrá ésta a disposición del público, con el fin de que pueda ser consultada por cualquier persona. La Secretaría, a solicitud de cualquier persona de la comunidad de que se trate, podrá llevar a cabo una consulta pública, conforme a las bases indicadas en el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Cabe señalar que dichas bases son muy ambiguas en cuanto a cómo debe llevarse a cabo dicha consulta pública, por lo que se sugiere regular con más detalle dicha consulta a efecto de darle mayor transparencia, así como mayor certeza jurídica a las partes involucradas. Una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberá emitir, debidamente motivada y fundada, la resolución correspondiente. A este respecto el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: «Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento...» Es claro que toda resolución de autoridad debe estar fundada y motivada debidamente, como deriva del artículo 16 constitucional cuya interpretación más clara y precisa de los requisitos de motivación y fundamentación es la que ha hecho la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia siguiente: Fundamentación y motivación. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. El artículo 49 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, ratifica lo que establece el artículo 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en el sentido de que las autorizaciones de impacto ambiental solamente podrán referirse a los aspectos ambientales de las obras o actividades de que se trate. A pesar de la claridad de esta disposición federal, a la fecha, desafortunadamente se niegan o condicionan algunas autorizaciones de impacto ambiental por cuestiones que no son ambientales, como es el caso de algunas autorizaciones locales, aspectos económicos, sociales, laborales, estadísticos, etc., haciéndose urgente que esa Secretaría tome las medidas conducentes para hacer que los servidores públicos de esa Dependencia cumplan con esa disposición, toda vez que su violación, desafortunadamente frecuente, afecta los derechos de los promoventes, haciéndolos abandonar su proyecto o, en el mejor de los casos, incurrir en más costos y tiempo para llevar a cabo una obra o actividad que requiere autorización previa en materia de impacto ambiental. De conformidad con el artículo 44 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, al evaluar las manifestaciones de impacto ambiental la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberá considerar: a) los posibles efectos de las obras o actividades a desarrollarse en el o los ecosistemas de que se trate, tomando en cuenta el conjunto de elementos que los conforman, y no únicamente los recursos que fuesen objeto de aprovechamiento o afectación; b) la utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional y las capacidades de recarga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos y c) en su caso, la Secretaría mencionada podrá considerar las medidas preventivas, de mitigación y las demás que sean propuestas de manera voluntaria por el solicitante, para evitar o reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente. Conforme al artículo 45 del Reglamento de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, la resolución puede ser en tres sentidos: a) autorizar la realización de la obra o actividad en los términos y condiciones manifestados; b) autorizar total o parcialmente la realización de la obra o actividad de manera condicionada o c) negar la autorización en los términos de la fracción III del artículo 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Plazos para resolver De conformidad con el artículo 35 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales debe resolver sobre la manifestación de Impacto Ambiental dentro de los 60 días contados desde la recepción de la misma. Cuando por las dimensiones y complejidad de la obra o actividad se justifique, dicha Secretaría podrá ampliar el plazo hasta por 60 días hábiles más. Aunque la ampliación del plazo para resolver sólo puede llevarse a cabo una vez en el proceso de evaluación, nos parece excesivo el plazo de 60 días hábiles para resolver prácticamente cualquier manifestación de impacto ambiental, aun las más sencillas, por lo que sugerimos reducir dicho plazo a 30 días, a efecto de no inhibir o retrasar y/o incrementar el costo, innecesariamente, de inversiones en proyectos productivos y de generación de empleo, que tanto requiere nuestro país. Se propone también adoptar la figura de la afirmativa ficta para el caso de que la autoridad ambiental no resuelva sobre la manifestación de impacto ambiental en el tiempo que establece la ley, de tal manera que la inactividad de la autoridad ambiental no sea un obstáculo más para las inversiones productivas en México y para fomentar una verdadera cultura responsable del servicio público y no del no hacer en perjuicio de los promoventes. Informe preventivo Conforme al artículo 31 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la realización de las obras y actividades a que se refieren las fracciones I a XII de dicho artículo, requieren de un informe preventivo en vez de una manifestación de impacto ambiental cuando: existan normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen las emisiones, descargas, aprovechamiento de recursos naturales y, en general, todos los impactos ambientales relevantes que puedan producir las obras o actividades; las obras o actividades de que se trate estén expresamente previstas por un plan parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que haya sido evaluado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en los términos del artículo 32 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente o se trate de instalaciones ubicadas en parques industriales autorizados en los términos de la citada ley. Es importante señalar que, conforme al artículo 33 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, tratándose de informes preventivos en los que los impactos de las obras o actividades a que se refieren se encuentren totalmente regulados por las normas oficiales mexicanas, transcurrido el plazo de los 20 días para resolver sobre dicho informe sin que la citada Secretaría haga la notificación correspondiente, se estará al principio de afirmativa ficta y, por lo tanto, dichas obras o actividades podrán llevarse a cabo en la forma en que fueron proyectadas y de acuerdo con las mismas normas. Conforme al artículo 31 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Secretaría citada determinará en un plazo de 20 días, si se requiere la presentación de una manifestación de impacto ambiental o si es procedente el informe preventivo. Asimismo, se publicará en la Gaceta Ecológica el listado de los informes preventivos que le sean presentados, los cuales estarán a disposición del público. En términos del artículo 30 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, el informe preventivo debe contener: I. Datos de identificación, en los que se mencione: a) el nombre y la ubicación del proyecto; b) los datos generales del promovente; y, c) los datos generales del responsable de la elaboración del informe. II. Referencia, según corresponda: a) a las normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen las emisiones, las descargas o el aprovechamiento de recursos naturales, aplicables a la obra o actividad; b) al plan parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico en el cual queda incluida la obra o actividad o c) a la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del parque industrial, en el que se ubique la obra o actividad y III. la siguiente información: a) la descripción general de la obra o actividad proyectada; b) la identificación de las sustancias o productos que vayan a emplearse y que puedan impactar el ambiente, así como sus características físicas y químicas; c) la identificación y estimación de las emisiones, descargas y residuos cuya generación se prevea, así como las medidas de control que se pretendan llevar a cabo; d) la descripción del ambiente y, en su caso, la identificación de otras fuentes de emisión de contaminantes existentes en el área de influencia del proyecto; e) la identificación de los impactos ambientales significativos o relevantes y la determinación de las acciones y medidas para su prevención y mitigación; f) los planos de localización del área en la que se pretende realizar el proyecto; y, en su caso, las condiciones adicionales que se propongan a fin de evitar, atenuar o compensar los impactos ambientales adversos que pudieran ocasionarse. Ampliaciones y modificaciones Conforme al artículo 6° del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, las ampliaciones, modificaciones, sustituciones de infraestructura, rehabilitación y el mantenimiento de instalaciones relacionado con las obras o actividades que requieren autorización previa en materia de impacto ambiental, no requerirán de dicha autorización si cumplen con todos los siguientes requisitos: a) las obras y actividades cuenten previamente con la autorización respectiva o cuando no hubieren requerido de ésta; b) las acciones por realizar no tengan relación alguna con el proceso de producción que generó dicha autorización y c) dichas acciones no impliquen incremento alguno en el nivel de impacto o riesgo ambiental, en virtud de su ubicación, dimensiones, características o alcances, tales como conservación, reparación y mantenimiento de bienes inmuebles, construcción, instalación y demolición de bienes inmuebles en áreas urbanas, o modificación de bienes inmuebles cuando se pretenda llevar a cabo en la superficie del terreno ocupada por la construcción o instalación de que se trate. En estos casos solo se deberá dar aviso previo a la Secretaría mencionada. Obras o actividades para prevenir desastres Conforme al artículo 7° del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, las «obras o actividades que, ante la inminencia de un desastre, se realicen con fines preventivos, o bien las que se ejecuten para salvar una situación de emergencia, no requerirán de previa evaluación del impacto ambiental; pero en todo caso se deberá dar aviso a la Secretaría de su realización, en un plazo que no excederá de setenta y dos horas contado a partir de que las obras se inicien..». Adicionalmente, en términos del artículo 8° de ese reglamento, deberá presentarse, dentro de un plazo de 20 días, un informe de las acciones realizadas y de las medidas de mitigación y compensación que apliquen o pretendan aplicar como consecuencia de la realización de dicha obra o actividad. Conclusiones
Las guías para facilitar la presentación y entrega de las manifestaciones de impacto ambiental así como de los estudios de riesgo no son obligatorios. Algunas delegaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en diversos estados de la República siguen exigiendo como obligatorias las guías que esa Secretaría puso a disposición del público en su página de intemet, cuando no hay ningún fundamento legal para ello, además de lo extensas, engorrosas, complicadas y sobre todo que requieren información que va más allá de lo que establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 30. Urge se publiquen en el Diario Oficial de la Federación las guías multicitadas, con las limitaciones que establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (Art. 30) y con los alcances que establece el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (art. 9), es decir, como medios para verdaderamente « facilitar » la presentación y entrega de la manifestación de impacto ambiental con pleno respeto al marco jurídico ambiental y sobre todo para que haya más certeza jurídica en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Las autorizaciones de impacto ambiental solamente podrán referirse a los aspectos ambientales de las obras o actividades de que se trate. A pesar de la claridad de esta disposición federal, a la fecha, desafortunadamente se niegan o condicionan algunas autorizaciones de impacto ambiental por cuestiones que no son ambientales, como es el caso de algunas autorizaciones locales, aspectos económicos, sociales, laborales, estadísticas, etc., haciéndose urgente que esa Secretaría tome las medidas conducentes para hacer que los servidores públicos de esa Dependencia cumplan con esa disposición, toda vez que su violación, desafortunadamente frecuente, afecta los derechos de los promoventes, haciéndolos abandonar su proyecto o, en el mejor de los casos, incurrir en más costos y tiempo para llevar a cabo una obra o actividad que requiere autorización previa en materia de impacto ambiental. Las bases para la consulta pública previstas en el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente son ambiguas en cuanto a cómo debe llevarse a cabo dicha consulta pública, por lo que se sugiere regular con más detalle dicha consulta a efecto de darle mayor transparencia, así como mayor certeza jurídica a las partes involucradas. Nos parece excesivo el plazo de 60 días hábiles para resolver prácticamente cualquier manifestación de impacto ambiental, aun las más sencillas, por lo que sugerimos reducir dicho plazo a 30 días, a efecto de no inhibir o retrasar y/o incrementar el costo, innecesariamente, de inversiones en proyectos productivos y de generación de empleo, que tanto requiere nuestro país. Se propone también adoptar la figura de la afirmativa ficta para el caso de que la autoridad ambiental no resuelva sobre la manifestación de impacto ambiental en el tiempo que establece la ley, de tal manera que la inactividad de la autoridad ambiental no sea un obstáculo más para las inversiones productivas en México y para fomentar una verdadera cultura responsable del servicio público y no del no hacer burocrático en perjuicio de los promoventes. Bibliografía
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 5 de febrero de 1917. Varias ediciones. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 28 de enero de 1988. Reformada por el «Decreto que por el que se reforma, adiciona, y deroga diversos artículos del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en materia de Fuero Federal» y por el «Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente» publicados en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 1996. Reformas publicadas en dicho Diario el 7 de enero del 2000 y el 31 de enero de 2001. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 1976. Modificada en varias ocasiones por decretos publicados los días 21 de febrero y 25 de mayo de 1992; por la Ley del Banco de México, publicada el 23 de diciembre de 1993; y por decretos publicados el 28 de diciembre de 1994, el 19 de diciembre de 1995, el 15 de mayo y el 24 de diciembre de 1996, el 4 de diciembre de 1997, por el «Decreto por el que se expide la Ley de la Policía Federal Preventiva y se reforman diversas disposiciones de otros ordenamientos legales», publicado el 4 de enero de 1999 y, decreto del 30 de noviembre de 2000. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental. Diario Oficial de la Federación del 30 de mayo de 2000.