Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/731105105
Timestamp: 2020-07-13 22:02:35
Document Index: 26804627

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 10', 'artículo 86', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 13', 'artículo 4', 'artículo 19', 'artículo 10', 'artículo 252', 'artículo 252']

Sentencia de Tutela nº 243/18 de Corte Constitucional, 26 de Junio de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 731105105
DERECHO A LA HONRA Y BUEN NOMBRE DE EMPLEADA DOMESTICA EN REDES SOCIALES. La accionante aduce que sus derechos fundamentales fueron vulnerados por su ex empleadora a raíz de una publicación que ésta hizo a través de la red social Facebook, en la cual fijó una foto suya con un texto en el cual aseveraba que la blusa que llevaba puesta se la había robado cuando laboraba en su residencia como empleada doméstica. Solicita que la accionada se retracte, ofrezca excusas, rectifique y retire la información que publicó en las redes sociales o en cualquier otro medio donde se haya difundido el mensaje. La demandada admitió haber cometido un error, aseguró haber eliminado la información de Facebook, sostuvo que nunca actuó de mala fe y manifestó que realizó denuncia penal contra la actora por los hechos que la impulsaron a actuar como lo hizo. Se analiza temática relacionada con la procedencia de la acción constitucional cuando se interpone frente a particulares, el contenido y los límites del derecho a la libertad de expresión en la normativa colombiana y el precitado derecho en el contexto digital desde la jurisprudencia constitucional y el sistema interamericano de protección. Se CONCEDE el amparo invocado y se declara la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la pretensión de retiro de la publicación. Recibo Relatoria:
Acción de tutela instaurada L.D.M.P. contra Emily R.
La S. Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados L.G.G.P., A.L.C. y la magistrada D.F.R., quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:
El 15 de mayo de 2017, la señora L.D.M.P., interpuso acción de tutela para que se protejan sus derechos fundamentales a la honra, a la dignidad y al buen nombre; que considera vulnerados por E.R.. A continuación la S. resumirá los hechos narrados por la accionante:
L.D.M. trabajó para E.R., como empleada doméstica y niñera, desde el 2 de septiembre de 2016 hasta el 4 de enero de 2017.
Sostuvo que el 1° de mayo de 2017, siendo las 4:52 pm, la Señora R. publicó en la red social digital Facebook una fotografía suya, acompañada de un comentario indignante, en el que la acusaba de haber cometido un hurto. El texto de la publicación era el siguiente:
“Ojo con esta empleada: se llama LUZ D.M.P. … quien fue mi empleada doméstica por 4 meses … recomendada por la empresa X, no verifique [sic] referencias ya que confié en dicha empresa, y soy clienta de ellos por muchos años, ella se ganó mi confianza y aprovechó de ella, ROBÁNDOME LA BLUSA QUE TIENE AQUÍ PUESTA EN LA FOTO… POR FAVOR COMPARTIR PARA QUE NO CAIGAN EN SU CARITA DE YO NO FUI PORQUE EN REALIDAD ES UNA SOLAPADA FAVOR COMPARTIR, GRACIAS.” – Mayúsculas dentro del texto-
La accionante sostiene que varias personas la llamaron a informarle acerca del contenido de la citada publicación, advirtiéndole sobre los hechos de los que se le estaba acusando. Simultáneamente, afirma haber recibido comentarios y mensajes, vía Facebook, de personas allegadas a la señora E.R., con contenido agresivo, descalificador, e incluso amenazante.
De otra parte, aseguró que tuvo discusiones telefónicas con la accionada, y su abogada, a quienes les manifestó que la blusa que tenía puesta en la foto publicada la había adquirido fiada en el almacén Coquetas, suministrándoles la dirección y el teléfono del mismo. La señora M.P. sostiene que la publicación que realizó su ex empleadora, hace parte de una represalia en su contra porque decidió no trabajar más para ella.
Finaliza su relato asegurando ser una persona de bajos recursos, y trabajar siempre bajo los principios y valores de la honradez y dignidad. También sostiene que después de la publicación se ha sentido amenazada, y que teme que ésta repercuta en su vida laboral, afectando así su progreso y el de su familia en general.
Con base en lo anterior, la accionante solicita sean tutelados sus derechos fundamentales a la intimidad personal, la honra, su imagen y buen nombre, y, en consecuencia, se le ordene a la accionada que “se retracte, ofrezca excusas, rectifique y retire la publicación acompañada de mi fotografía, en todas las redes sociales y cualquier otro medio en donde se haya publicado dicho mensaje.”[1]
Trámite de primera instancia y respuesta de la accionada
El 17 de mayo de 2017, el Juzgado Quinto Civil Municipal de Oralidad de Medellín, Antioquia, asumió el conocimiento de la acción de tutela, notificó a la señora E.R. y vinculó al almacén Coquetas, con el fin de que se pronunciaran sobre los hechos de la demanda.
2.1. El 25 de mayo de 2017, la señora E.R., dio respuesta a la acción de tutela de la referencia, en la que solicitó sean desestimadas las pretensiones de la accionante.
2.2. Señaló que es cierto que la señora L.D.M.P. trabajó como empleada doméstica en su hogar. Relató que el 29 de diciembre de 2016 no encontró una blusa negra que quería llevar a un viaje que realizaría en los siguientes días. Al regresar de su viaje, buscó exhaustivamente la blusa que había extrañado, pero no la encontró. Por lo tanto, decidió esperar al siguiente día (4 de enero de 2017), para preguntarle personalmente por la prenda a la accionante, sin embargo, ese día la señora L.D.M.P. no se presentó a trabajar.
2.3. La accionada sostuvo que el 5 de enero de 2017, la señora M.P. se presentó a su lugar de trabajo, manifestó verbalmente su renuncia y recogió algunas pertenencias que había dejado allí. Ese mismo día asegura haberle preguntado por la blusa negra, y liquidado sus prestaciones sociales.
2.4. Tres meses después, en abril de 2017, afirma haber encontrado en el perfil de Facebook de L.D.M.P., unas fotos en las que estaba usando “exactamente la misma blusa negra que se me había extraviado de mi guarda ropa, la misma que por haber preguntado donde estaba, fue motivo para que la empleada de manera sorpresiva y sin previo aviso renunciara a su trabajo (…)”. En consecuencia decidió contactarla telefónicamente, y afirmó haber recibido una respuesta agresiva de su parte.
El Juzgado estimó que la señora M.P. cuenta con otros medios de defensa -sin especificar cuáles serían-. Afirmó que “la actora pretende hacer ver como atentatario de sus derechos la conducta de la señora E.R. para este Despacho no resulta procedente esta vía, ya que la tutela no es un medio ni un escenario donde se retracte, ofrezca excusas, rectifique y se retire una publicación acompañada de fotografía, en todas las redes sociales y cualquier otro medio donde se haya publicado dicho mensaje (…)”[2]. También sostuvo que no se demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable en cabeza de la accionante, que tornara procedente la acción de amparo.
4.1. Capturas de pantalla de la publicación realizada en la red social digital Facebook por la señora E.R., en las que acusó a L.D.M. de haberle hurtado una blusa, así como de varios comentarios que le siguieron a la entrada[3] inicial. (Folios 5 a 18, cuaderno de instancia).
4.2. Capturas de pantalla de una conversación sostenida vía whatsapp entre E.R. y L.D.M.P.. (Folios 25 a 30, cuaderno de instancia).
4.5. Copia de la denuncia escrita presentada por E.R., contra L.D.M.P., por el presunto hurto de una blusa negra. (Folios 34 a 36, cuaderno de instancia).
Actuaciones surtidas durante la revisión de la sentencia de instancia
Mediante auto del 31 de enero de 2018, se ordenó poner en conocimiento de la acción de tutela a varias organizaciones y centros de investigación universitarios[4], con el fin de que remitieran a esta Corporación un concepto técnico sobre el caso. A continuación la S. reseña las intervenciones recibidas.
El 14 de febrero de 2018, el Centro de investigación de derecho informático de la Universidad Externado de Colombia envió concepto sobre el caso que ahora ocupa a la S.. En su intervención indica que la libertad de expresión no está condicionada a la existencia de medios de comunicación, pero con la llegada de la era digital, esta garantía constitucional ha adquirido una nueva dimensión, así como un mayor alcance y atención por parte de la sociedad, en particular por el “potencial dañoso que ciertos contenidos ilícitos y nocivos, pueden procurar a otros tantos derechos e intereses legítimos.”[5] Afirma que las redes digitales son además, nuevos escenarios de interacción social que permiten un intercambio dinámico de información.
La S. es competente para conocer el fallo objeto de revisión, de acuerdo con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y en cumplimiento del auto del 24 de noviembre de 2017, notificado el 15 de diciembre del mismo año, expedido por la S. de Selección Número Once de esta Corporación.
2.1. De acuerdo con los hechos narrados por las partes, la señora L.D.M.P. trabajó como empleada doméstica para la señora E.R., desde el 2 de septiembre de 2016 hasta el 4 de enero de 2017. El día 5 de enero de 2017, la señora M.P. se presentó a su lugar de trabajo y manifestó oralmente su renuncia. Algunos meses después, la accionada aseguró haber encontrado unas fotos en la red social Facebook de su ex empleada, en las que aparecía vistiendo una blusa que había perdido. En consecuencia, decidió publicar en su muro, de esa misma red social, la fotografía que había encontrado junto con el siguiente texto:
“Ojo con esta empleada: se llama LUZ D.M.P. … quien fue mi empleada doméstica por 4 meses … recomendada por la empresa X, no verifique [sic] referencias ya que Confié en dicha empresa, y soy clienta de ellos por muchos años, ella se ganó mi confianza y aprovechó de ella, ROBÁNDOME LA BLUSA QUE TIENE AQUÍ PUESTA EN LA FOTO… POR FAVOR COMPARTIR PARA QUE NO CAIGAN EN SU CARITA DE YO NO FUI PORQUE EN REALIDAD ES UNA SOLAPADA FAVOR COMPARTIR, GRACIAS.” -Mayúsculas dentro del texto-
Por su parte, la señora E.R. dio respuesta a la acción de tutela en la que admitió haber cometido un error al realizar la publicación aludida, y aseguró haberla eliminado de la red social digital Facebook. Sostuvo que nunca actuó de mala fe, sino que, por el contrario, su pretensión al realizar la publicación fue “que este tipo de situaciones no se presenten en el futuro con otras personas y más aún entre personas a las cuales se les brinda y acoge con toda la confianza y gratitud (…)”. Por último, puso de presente que realizó una denuncia penal con base en los hechos que la impulsaron a realizar la publicación de la que trata la acción de tutela.
2.3. Teniendo claro este contexto, para efectos de asumir el estudio de éste asunto, la S. procederá de la siguiente manera: primero, determinará si el amparo solicitado es procedente, de acuerdo con los criterios trazados por la jurisprudencia constitucional sobre la posibilidad de interponer acción de tutela contra particulares. De encontrarla procedente, la S. abordará el problema jurídico de fondo que se plantea a continuación.
2.4. Le corresponde a la S. Segunda de Revisión determinar si en el marco de una relación entre particulares de carácter laboral, una ex empleadora vulnera los derechos fundamentales a la honra, a la dignidad y al buen nombre, de su ex empleada, al realizar una publicación en una red social digital acusándola de haber cometido un delito en el transcurso de su contrato de trabajo, sin que esta última haya sido condenada penalmente.
2.5. En consecuencia, la S. se referirá: (i) a los requisitos formales de procedencia de la acción de tutela, en especial cuando ésta se interpone frente a particulares; (ii) al contenido y los límites del derecho a la libertad de expresión, en la normativa colombiana; y (iii) al derecho a la libertad de expresión en contexto digital, desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Finalmente, (iv) resolverá el caso concreto.
3.1. De acuerdo con lo expuesto, en primer lugar, corresponde a la S. Segunda de Revisión determinar si la acción de tutela interpuesta por la señora L.D.M.P. es procedente. Para ello, primero estudiará los requisitos de legitimación en la causa, inmediatez, y subsidiariedad.
- La acción de tutela interpuesta por la señora L.D.M.P. es formalmente procedente
3.2. De manera preliminar, se advierte que en esta oportunidad se cumplen todos los requisitos de procedencia de la acción de tutela, esto es, la legitimación por activa y pasiva, la inmediatez y la subsidiariedad. A continuación la S. expone los argumentos que sustentan dicha conclusión.
3.2.1. Siguiendo lo dispuesto por el artículo 86 constitucional, todas las personas están legitimadas para interponer acción de tutela ante los jueces para la protección de sus derechos fundamentales, bien sea actuando directamente o por medio de otra persona que actúe a su nombre[10]. Por su parte, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991[11] establece que dicha acción constitucional “podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos”. En esta oportunidad, la acción de tutela fue presentada por la señora L.D.M.P., quien actúa en nombre propio para procurar la protección de sus derechos fundamentales a la honra, buen nombre y dignidad humana presuntamente vulnerados.
3.2.2. En lo que tiene que ver con la legitimación por pasiva, el citado artículo 86 constitucional, señala en su quinto inciso que la acción de tutela será procedente contra particulares, (i) si estos están encargados de la prestación de servicios públicos; (ii) si su conducta afecta grave y directamente el interés colectivo; o (iii) respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión. Para este caso, aplica la tercera hipótesis mencionada, pues de la actora se predica un estado de indefensión frente a la señora R., en razón del vínculo laboral que existió entre ellas, y la publicación en la red social digital Facebook que ahora se controvierte. A continuación la S. pasa a desarrollar estos dos puntos.
3.2.2.1. Siguiendo los hechos expuestos en el acápite de antecedentes, la señora L.D.M.P. manifestó haber trabajado para la accionada. Asimismo, la señora E.R., al dar respuesta a la acción de tutela, corroboró la relación laboral que mantuvo con la accionante. Aunque dicho vínculo no persiste en la actualidad, es claro que la publicación objeto de estudio alude a esa relación laboral y por ende de subordinación[12] que existió entre las partes que, como se verá, contribuyó a poner a la señora M.P. en un estado de indefensión.
3.2.2.2. La jurisprudencia de esta Corte ha dispuesto que las publicaciones en la red social digital Facebook, acompañadas de fotografías e información de las personas pueden generar un estado de indefensión entre particulares, debido al amplio margen de control que tiene quien la realiza. Esta situación debe ser analizada en cada caso concreto, para poder concluir, si de conformidad con el patrón fáctico, ese estado de indefensión se configura. En la sentencia T-634 de 2013[13], sobre la legitimación por pasiva, y la situación de indefensión que puede existir en este tipo de casos la S. Segunda de Revisión dispuso:
Así pues, de conformidad con las pruebas que obran en el expediente, el 1° de mayo de 2017 la señora E.R. realizó una publicación en su muro de la red social digital Facebook que incluía una foto de la accionante, su nombre completo, acusaciones sobre el presunto robo de una blusa, apreciaciones sobre su personalidad y una invitación a sus contactos para compartir la publicación.
Con esta entrada, la accionada creó una situación de debilidad en cabeza de la señora M.P., porque (i) ella tenía control total sobre la información y las opiniones que estaba divulgando, sin que la accionante contara con mecanismo alguno para disponer de su fotografía; (ii) la señora R. realizó la publicación señalada desde una posición de superioridad, dada por su calidad de parte dominante en la relación de trabajo que había tenido con la accionante, e invitando a sus contactos a que compartieran la información. Si bien la accionante intentó responder a las acusaciones en su contra, terminó siendo recriminada por los contactos de la señora R. que decidieron intervenir en los comentarios que le siguieron a la publicación, muchos de ellos cargados de acusaciones adicionales, y perpetuadores estereotipos sociales. Algunos de los comentarios que recibió la accionante fueron los siguientes:
La señora L.D.M.P. respondió a la publicación inicial mediante un comentario, en el que argumentó que no pondría en riesgo su hoja de vida por una blusa. Como respuesta a lo anterior, la accionada escribió:
“M. esa blusa que tiene en la foto usted me la robó aprovechó que tengo buena ropa y SE LA ROBÓ CON ETIQUETA DE NUEVA ESA BLUSA NO LA VENDEN EN CUALQUIER LADO Y SIN OFENDERTE ESA BLUSA NO LA VENDEN DONDE TÚ DEBES COMPRAR TÚ ROPA”[22]
En este orden de ideas, queda clara la situación de indefensión de la tutelante, pues no tenía cómo controlar la circulación de su fotografía, ni los comentarios que le siguieron a la publicación que la contenía, que fueron hechos en el muro personal de la red social digital Facebook de su ex empleadora, es decir en un lugar parcializado, cuyo acceso estaba dado principalmente a los contactos de la señora R., quienes al participar de la controversia, continuaron realizando afirmaciones sobre la actora que afectan sus derechos a la dignidad, la honra y el buen nombre. Por tanto, en este caso existió una situación de indefensión de la accionante frente a la accionada y por ende, la acción de tutela satisface el requisito de procedencia de legitimación por pasiva.
3.2.4. Finalmente, sobre el requisito se subsidiariedad, la S. advierte que no le asiste razón al juez de instancia al considerar que la accionante cuenta con otros medios de defensa judicial, y que la acción de tutela no es un escenario donde pueda solicitarse un retracto, ofrecimiento de excusas, rectificación y retiro de una publicación de la red social digital Facebook. En particular, aunque el Juez de instancia no señaló cuál sería ese otro medio de defensa judicial que la accionante no agotó, podría pensarse que la acción penal, en tanto nuestro ordenamiento jurídico tipifica la injuria[23] y calumnia[24], permitiría preservar la integridad de la actora.
Por lo tanto el requisito de subsidiariedad se encuentra satisfecho, y esta S. continuará con el estudio del caso.
El derecho a la libertad de expresión, contenido y límites en el ordenamiento jurídico colombiano
Visto lo anterior, y atendiendo a la situación fáctica particular de la acción de tutela que ahora ocupa la atención de la S., a continuación se analizará con mayor detalle el derecho a la libertad de expresión en Internet.
La libertad de expresión en internet. Parámetros interamericanos de protección y su aplicación en la jurisprudencia constitucional colombiana
5.3. Ahora bien, esas mismas prerrogativas, que en sus inicios fueron pensadas exclusivamente para la libertad de expresión difundida en medios tradicionales de comunicación, como periódicos, programas radiales, o de televisión, entre otros, aplican también para su ejercicio en internet. Así fue reconocido expresamente en la Declaración conjunta sobre libertad de expresión en internet, adoptada el 1º de junio de 2011 por el Relator especial de las Naciones Unidas -ONU- sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, el R. para la libertad de los medios de comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa -OSCE-, la Relatora especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos -OEA-, y la Relatora especial sobre libertad de expresión y acceso a la información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, -CADHP- en la que afirmaron: “la libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación”. No obstante ello exige del juez constitucional la adopción de una perspectiva especial.
5.4. Internet cambió la forma en que los individuos se comunican entre sí y con el mundo. Gracias a esta herramienta se han potenciado las formas de compartir conocimiento e información, así como las posibilidades de recibirla y encontrarla; las distancias físicas quedan reducidas ahora a oprimir un botón y la posibilidad de llegar a miles de personas en segundos es una realidad. En términos de la R. especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “[e]n la actualidad, el derecho a la libertad de expresión encuentra en Internet un instrumento único para desplegar, incrementalmente, su enorme potencial en amplios sectores de la población”[32].
5.7.1. Por su parte, la R. Especial para la libertad de expresión, recientemente advirtió que “al evaluar la proporcionalidad de una restricción a la libertad de expresión en Internet, se debe ponderar el impacto que dicha restricción podría tener en la capacidad de Internet para garantizar y promover la libertad de expresión respecto de los beneficios que la restricción reportaría para la protección de otros intereses”; y, recomendó a los Estados, “abstenerse de aplicar a Internet enfoques de reglamentación desarrollados para otros medios de comunicación —como telefonía o radio y televisión—, y diseñar un marco normativo alternativo y específico para este medio, atendiendo a sus particularidades, de conformidad con los estándares internacionales vigentes en materia de libertad de expresión.”[38]
5.8.1. En la sentencia T-634 de 2013[40] la Corte estudió el caso de una mujer, que después de haber terminado su vínculo laboral con una empresa de masajes, encontró que su ex empleador se negaba a retirar varias imágenes suyas que estaban circulando en Facebook y otros medios publicitarios, que por incluir escenas comprometedoras, consideraba afectaban sus derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, al buen nombre, a la honra y a la dignidad humana. Al resolver el caso concreto, la S. Primera de Revisión encontró que la negativa de la empresa a eliminar las imágenes publicitarias en las que aparecía la actora vulneraba, entre otros, sus derechos a la honra y buen nombre. “Primero, porque las imágenes y su publicación en la página de la empresa distorsionan grave y significativamente el concepto público que la actora quiere proyectar y representar, al punto, que la continuidad de la publicación de sus imágenes le impide desarrollar su opción de vida y sus expectativas. Segundo, porque las fotos difunden una imagen de la demandante entre un universo de públicos indeterminados que tienen acceso a la página de la demandada en red social y con quienes la accionante no desea compartir su imagen y menos aún permitir que se expresen sobre la misma.”
5.8.2. La sentencia T-145 de 2016[41], estudió un caso en el que se encontraron vulnerados los derechos a la honra y buen nombre de la accionante por una publicación hecha en la red social digital Facebook por la accionada, que consistía en una foto de la actora -que había trabajado para ella- acompañada de un texto en el que aseguraba que había cometido conductas punibles, sin que existiera una condena penal sobre las mismas. A continuación se presentan in extenso las consideraciones de la Corte en este caso, dada la evidente analogía fáctica con el que ahora debe resolver esta S..
Pues bien, al resolver la controversia entre la libertad de expresión de la accionada y los derechos fundamentales de la accionante, la S. Segunda de Revisión sostuvo que al referirse a la accionante como ladrona, la accionada no estaba dando una opinión, sino que estaba realizando una acusación concreta sobre la comisión de un delito, sin que hubiera probado ese hecho.
5.10. Con base en las anteriores consideraciones la S. pasa a exponer, a través de la metodología propuesta por la jurisprudencia interamericana, esto es el test tripartito, por qué en este caso existió una vulneración a los derechos fundamentales de la señora L.D.M.P., y en esta medida, la señora E.R. desbordó los alcances constitucionales de la libertad de expresión.
6.1. El caso bajo estudio trata sobre la publicación hecha en la red social digital Facebook por la señora E.R., que consistía en una foto de la señora L.D.M.P., quien había trabajado como su empleada doméstica acompañada del siguiente texto:
“Ojo con esta empleada: se llama LUZ D.M.P. … quien fue mi empleada doméstica por 4 meses … recomendada por la empresa X, no verifique referencias ya que Confié en dicha empresa, y soy clienta de ellos por muchos años, ella se ganó mi confianza y aprovechó de ella, ROBÁNDOME LA BLUSA QUE TIENE AQUÍ PUESTA EN LA FOTO… POR FAVOR COMPARTIR PARA QUE NO CAIGAN EN SU CARITA DE YO NO FUI PORQUE EN REALIDAD ES UNA SOLAPADA FAVOR COMPARTIR, GRACIAS.” – Mayúsculas dentro del texto-
6.2. Por su parte, la señora E.R., informó durante el proceso que había eliminado de la red social digital Facebook la publicación aludida, y que había denunciado penalmente a la accionante por los hechos que la impulsaron a realizar la entrada en mención.
6.3. Teniendo en cuenta que con el retiro de la publicación de la red social digital Facebook la accionada satisfizo una de las pretensiones de la acción de tutela, a continuación, la S. expondrá las razones por las que considera, en este caso existe una carencia actual de objeto por hecho superado, respecto de una de las pretensiones de la accionante, lo cual no obsta para analizar las demás demandas de la señora L.D.M.P..
6.10. De acuerdo con las consideraciones expuestas, y conforme a los hechos narrados y probados durante este trámite, encuentra la S. que en este caso se configura una carencia actual de objeto por hecho superado. Nótese que la accionante pretende que se brinde amparo a sus derechos al buen nombre y la honra que considera vulnerados por la publicación en la red social digital Facebook, de una fotografía suya acompañada de un texto que la acusaba de haber hurtado una blusa. Dicha publicación fue hecha por su ex empleadora, quien en la contestación de la acción de tutela manifestó que la publicación había sido retirada de la plataforma digital.
6.11. Así pues, en la medida que la pretensión principal relativa a la eliminación del contenido publicado en la plataforma digital Facebook sobre la actora, fue satisfecha por la señora E.R., resulta evidente que sobre la misma existe un hecho superado. No obstante, la S. advierte que la publicación realizada por la señora E.R., en efecto vulneró los derechos fundamentales de la accionante a la honra y buen nombre, y en consecuencia, analizará de fondo el asunto, con el fin de evaluar si las demás pretensiones -rectificación, retracto y ofrecimiento de excusas por parte de la accionada- son procedentes, y emitir las órdenes que considere pertinentes.
Análisis sobre la vulneración de derechos
7.1. Tal como se anticipó en el apartado anterior, para la S. la publicación realizada por la señora E.R. en la red social digital Facebook, en la que acusaba a la accionante de haberle hurtado una blusa, excede la amplia protección que ha brindado el ordenamiento jurídico colombiano y esta Corte Constitucional a la libertad de expresión.
7.2. Con el objetivo de verificar si la publicación realizada en la red social digital Facebook por la señora E.R. excede al ámbito de protección que brinda el ordenamiento jurídico a la libertad de expresión, a continuación la S. utilizará la metodología propuesta para estos casos por la CIDH. Recordemos que en el sistema interamericano de protección de derechos humanos existe un examen especial para cuando sea necesario imponer una restricción a la libertad de expresión, llamado test tripartito, que consiste en verificar “(i) que la limitación se encuentre contemplada en la ley; (ii) que la misma pretenda garantizar unos determinados objetivos, considerados admisibles; (iii) que aquella sea necesaria para lograr dicho fin”[58] -supra párrafo 5.7.-.
De manera preliminar, la S. advierte que el caso cumple con los tres requisitos señalados, y en consecuencia, en este evento, los derechos a la honra y buen nombre de la señora L.D.M.P. deben ser amparados, porque ese tipo de publicaciones están prohibidas por el ordenamiento jurídico colombiano con el objetivo de salvaguardar la reputación y la dignidad humana de las personas, así como de respetar las garantías propias del debido proceso, en la medida que la responsabilidad por la comisión de un delito es un asunto reservado a la jurisdicción penal, y cualquier acusación de esta naturaleza, que no cuente con el debido respaldo jurisdiccional, viola la garantía de presunción de inocencia. Veamos.
Sobre esta limitación se pronunció la S. de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 28 de noviembre de 2006, expediente No. 2886[60]. En esa oportunidad, analizaba el fallo de segunda instancia de un proceso en el que un ex trabajador había demandado a la sociedad que le había empleado, solicitando fuera condenada al pago de la indemnización por terminación unilateral del contrato y sin justa causa por parte del empleador, indemnización de perjuicios materiales y morales y la indexación de los valores resultantes por los conceptos anteriores. Lo anterior, porque su contrato fue terminado unilateralmente argumentando la existencia de una falta grave y la violación de obligaciones legales, contractuales y reglamentarias, concretamente el haber utilizado un crédito educativo sin haberles informado.
En suma, es posible sostener que el ordenamiento jurídico colombiano prohíbe la creación de listas negativas a los empleadores, entendidas como la difusión de información de sus ex trabajadores, que impliquen una limitación posterior de su acceso al mercado laboral. Antes bien, dicha prohibición se predica tanto para las empresas empleadoras como para las personas naturales que actúen en tal calidad; situación que interpretada desde otra perspectiva, puede entenderse como la consagración de un límite a la libertad de expresión de quienes mantienen un vínculo contractual o laboral, en este caso, de la señora E.R., pues el efecto que tuvo su publicación es el mismo que tienen las denominadas listas negativas, es decir, que la entrada hecha en la red social digital Facebook tuvo una consecuencia equivalente en los derechos fundamentales de la señora L.D.M.P..
Adicionalmente, debe también tenerse en cuenta lo dispuesto por esta Corte en relación con la presunción de inocencia, garantía propia del debido proceso. En la ya citada sentencia T- 145 de 2016[61], la S. Segunda de Revisión dispuso:
7.2.3. Necesidad de la medida para garantizar el fin. Con el fin de proteger los derechos fundamentales de la accionante, el juez constitucional puede adoptar dos medidas en particular. Por un lado, ordenar el retiro de la publicación, y por otro, la rectificación de la información publicada. En relación con el retiro de publicación, debe decirse que resulta absolutamente necesaria, en tanto es la única forma de frenar la vulneración de los derechos fundamentales de la señora M.P.; sin embargo, tal como quedó expuesto en los antecedentes de esta providencia judicial, la señora E.R. eliminó la publicación a la que alude la accionante en su escrito de amparo, y en consecuencia, respecto de esta pretensión o medida, existe una carencia actual de objeto por hecho superado, ya que la actora satisfizo la solicitud de la actora respecto a ese punto en específico.
Este hecho, sin embargo, no desdice el daño causado a los derechos a la honra y el buen nombre de la señora L.D.M.P. durante el tiempo que la entrada permaneció en línea. Dicha vulneración de derechos constitucionales, fue también perpetuada por el ambiente de hostilidad que se creó con los comentarios igualmente victimizantes de los contactos de la accionada -ver supra numeral 3.2.2.2.-, en los que se le seguía acusando de cometer un delito, sin una sentencia judicial que así lo declare, y sin prestar atención a los argumentos que presentó en su defensa. Por lo tanto, esta S. analizará si las demás pretensiones de la accionante resultan procedentes, teniendo en cuenta que también solicitó que se le ordene a la señora E.R. retractarse, ofrecer excusas y rectificar la información publicada.
7.3. Descartada la posibilidad de ordenar el retiro de la publicación que lesiona los derechos fundamentales de la señora L.D.M.P., debido a que la accionada ya cumplió con dicha carga, a continuación la S. estudiará si es posible acceder a las demás pretensiones de la actora.
Las demás pretensiones -retracto y excusas-, no son procedentes en este caso concreto. Recuérdese que la libertad de expresión tiene una especial relevancia para el desarrollo de las sociedades democráticas, y cuando se evidencia que ésta debe ser limitada, el juez debe siempre optar por el remedio menos restrictivo que encuentre. Por lo tanto, para la controversia que ahora estudia la S., el retiro de la publicación y la eventual rectificación de la información que ésta contenía, son suficientes para lograr la salvaguarda de los derechos de la actora, al mismo tiempo que respetan los estándares de protección de la libertad de expresión que han sido reiterados a lo largo de esta providencia.
7.5. En lo que tiene que ver con la rectificación, vale la pena recordar que éste es un derecho consagrado en el artículo 20 Superior, que debe ser objeto de protección constitucional, siempre que se divulgue información incorrecta sobre la comisión de un delito, tal como ocurre en este caso, en el que la señora E.R. acusó a la señora M.P. de haber cometido un hurto, sin que ésta haya sido declarada culpable en el marco de la jurisdicción penal. Además, la R. para la libertad de expresión de la CIDH ha advertido que la rectificación de la información errónea “es la forma menos costosa desde el punto de vista de la libertad de expresión para reparar daños vinculados a ella”[66].
7.5.1. Sin perjuicio de lo anterior, la S. también debe tener en cuenta que para el momento de elaboración de esta providencia judicial, habían transcurrido un poco más de 10 meses desde la publicación inicial, de manera que, la rectificación en este caso, debe realizarse únicamente con el consentimiento previo de la señora L.D.M.P.. En este orden de ideas, con el propósito de salvaguardar los derechos fundamentales vulnerados, y en aras de evitar una posible re-victimización de la accionante, la S. ordenará al juzgado de instancia que verifique con la señora M.P. si para el momento en que sea notificada esta sentencia, continúa interesada en que la señora E.R. rectifique la información que había publicado en mayo de 2017, sobre sus cualidades como persona y ex trabajadora. De ser así, la accionada deberá realizar una publicación en su muro personal de la red social digital Facebook, desde la misma cuenta que utilizó para realizar la entrada que dio origen a esta acción de tutela, en la que informe a sus contactos que la señora L.D.M.P., quien fue su empleada doméstica entre el año 2016 y 2017, no ha sido condenada penalmente por el delito de hurto.
7.6. De otra parte, atendiendo a las especiales funciones que tiene el juez de tutela, que se amplifican mediante los pronunciamientos que como máximo Tribunal de la jurisdicción constitucional, emite esta Corte, que consisten no sólo en materializar los derechos fundamentales mediante la resolución de controversias, sino también preservar la “supremacía, interpretación y eficacia de la Constitución de 1991”[67], lo cual le obliga a pronunciarse ante “la presencia de injusticias estructurales que deben ser consideradas[68], [haciendo uso de] la función simbólica que tienen sus decisiones”[69]; la S. Segunda de Revisión presentará unas consideraciones finales sobre las especiales condiciones que se predican de las empleadas domésticas.
7.7. Pues bien, la S. estima pertinente pronunciarse sobre un aspecto particular de este caso, referente la concepción que se tiene en el imaginario colectivo sobre las empleadas domésticas, y la necesidad de prevenir estigmatizaciones sociales. Esto, con el ánimo de contribuir a una sociedad igualitaria, mediante la adopción de acciones encaminadas a disminuir la brecha social que existe en nuestro país, la cual impone toda suerte de barreras de acceso a los derechos de las personas más vulnerables.
7.7.4. Pese a la importante labor que desempeñan día a día las trabajadoras domésticas, que incide directamente en la calidad de vida de sus empleadores, éste grupo poblacional ha sido tradicionalmente estigmatizado, desde una lógica de clases sociales, y asociado a conceptos que sin duda alguna atentan contra la dignidad humana de las mujeres, así como la imagen que tienen de sí mismas. Este caso es una muestra de esa situación, pues no solo la accionada acusó a su ex trabajadora doméstica de haberle robado una blusa, sino que los comentarios que le siguieron a la publicación[77] tanto por parte de la señora R., como de sus contactos -todas ellas mujeres-, crearon un ambiente de hostilidad para la accionante, y dan cuenta de esa estigmatización social, y la perpetuación de un discurso de clases excluyente.
7.8. En consecuencia, esta S. llama la atención sobre la necesidad de evidenciar que en el camino hacia una sociedad igualitaria no solo el Estado tiene obligaciones afirmativas, sino que ésta es una tarea que le compete a todos los habitantes del país, quienes a través del lenguaje y de sus acciones concretas pueden y deben, contribuir a la eliminación de todas las formas de discriminación.
7.9. Adicionalmente, la S. advierte que gracias a internet y las nuevas tecnologías de la comunicación e información, el colectivo social de las mujeres, se encuentran en una época importante de empoderamiento como género. Para nadie es un secreto que a través de las plataformas digitales es posible acceder a una gran cantidad de información, contar con redes de apoyo que contribuyen a la denuncia de casos de maltratos o abusos[78], y organizar de una manera expedita movilizaciones ciudadanas para el reclamo de garantías fundamentales. En este contexto, como se analizó previamente[79], dadas las características de rapidez y masividad de destinatarios se debe tener cuidado de no afectar derechos de terceras personas, y generar así victimizaciones, con las publicaciones que se hagan en internet.
7.9.1. Atendiendo a dicha preocupación, la S. Segunda de Revisión resalta la importancia de incorporar la solidaridad, consagrada como uno de los principios fundamentales del Estado Social de Derecho[80], en las relaciones entre particulares, pues este valor y principio es sin duda la base indispensable para una sociedad incluyente. La conducta de la señora E.R. se separa de ese valor de solidaridad, y perpetúa dinámicas sociales injustas frente a un colectivo tradicionalmente discriminado y marginado, como lo son las empleadas domésticas. Por ello, la S. hace un llamado a la solidaridad entre mujeres, a la expansión de relaciones de ayuda entre todas las personas, máxime si pertenecen al mismo género, e invita a la difusión de mensajes de unión y de compromiso por la lucha contra discursos opresores de los derechos fundamentales.
8.1. En el caso bajo estudio, relativo a la tensión entre los derechos fundamentales a la honra y buen nombre de la señora L.D.M.P., y la libertad de expresión de la señora E.R., quien fuera su empleadora y realizara una publicación en la red social digital Facebook lesiva de dichas garantías constitucionales, la S. Segunda de Revisión encontró procedente la acción de tutela, analizando especialmente los requisitos de legitimación por pasiva, que se cumple dada la situación de indefensión existente entre las partes; y subsidiariedad, en el que concluyó que la acción de amparo es el único medio judicial que garantiza una protección completa de los derechos fundamentales invocados.
8.2. Posteriormente, la S. estudió el contenido del derecho a la libertad de expresión, desde los estándares constitucionales, judiciales e interamericanos de protección al mismo, concluyendo que se trata de una garantía que, al ser indispensable para las sociedades democráticas, merece una especialísima protección. En consecuencia, para limitarla deben constatarse tres condiciones -test tripartito- a saber, (i) que la limitación se encuentre contemplada en la ley; (ii) que la misma pretenda garantizar unos determinados objetivos, considerados admisibles; (iii) que aquella sea necesaria para lograr dicho fin.
En el caso que ocupa la atención de la S. esas tres condiciones se configuraron, porque los empleadores tienen prohibido divulgar información de sus ex empleados que les impidan, en un futuro, acceder a puestos de trabajo; con lo cual se pretende garantizar la dignidad de los trabajadores, así como sus derechos a la honra y buen nombre expresamente consagrados en la Constitución colombiana; y la única medida para alcanzar ese fin es la remoción de la publicación realizada.
Sin embargo, tras constatar que la señora E.R. retiró la publicación de la foto de la accionante y el texto que la acompañaba, la S. encontró un hecho superado respecto de la pretensión principal de la señora L.D.M.P.. De otra parte, la S. encontró improcedentes las pretensiones de retracto y ofrecimiento de excusas, por no ser necesarias para la salvaguarda de los derechos fundamentales que se encontraron vulnerados. Finalmente, encontró procedente la pretensión de rectificación, en tanto se trata de una garantía consagrada en el artículo 20 Superior, pese a lo que, dado el paso del tiempo podría no ser pertinente pues podría revictimizar a la actora. En consecuencia, la S. resolvió ordenar al juez de instancia que verifique si la señora M.P. sigue interesada en que la accionada rectifique la información que publicó sobre ella, y solo tras su consentimiento, la señora R., deberá actuar en consecuencia. Adicionalmente, le advertirá, que en el futuro se abstenga de realizar publicaciones que resulten lesivas de los derechos a la dignidad, al buen nombre y la honra de sus ex empleados
8.3. Por último, atendiendo a las funciones propias del juez constitucional, la S. estimó pertinente realizar unas consideraciones sobre el papel de las empleadas domésticas en la sociedad, y la forma en que han sido tradicionalmente excluidas y discriminadas, para hacer un llamado a la necesidad de observar el principio de solidaridad en las relaciones entre particulares, con el propósito de contribuir a la construcción de una sociedad más igualitaria.
Primero.- Revocar, la sentencia de única instancia proferida por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Oralidad de Medellín, Antioquia el 1º de junio de 2017, y en su lugar, amparar los derechos fundamentales al buen nombre, la honra y la dignidad humana de la señora L.D.M.P..
Segundo.- Declarar una carencia actual de objeto por hecho superado, respecto de la pretensión de retiro de la publicación lesiva de los derechos fundamentales de la señora L.D.M.P..
Tercero.- Ordenar al Juzgado Quinto Civil Municipal de Oralidad de Medellín, que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, indague a la señora L.D.M.P. sobre su interés en la rectificación en condiciones de igualdad, de la información que publicó la señora E.R. en la red social digital Facebook. Si la actora manifiesta su consentimiento para la rectificación aludida, se deberá proceder conforme con el siguiente numeral.
Cuarto.- Ordenar a la señora E.R. , que en el término de las 48 horas siguientes a partir de la notificación de la decisión positiva de la señora M.P. –en caso de existir-, realice una publicación en su muro personal de la red social digital Facebook, desde la misma cuenta que utilizó para hacer la entrada que dio origen a esta acción de tutela, en la que informe a sus contactos que la señora L.D.M.P., quien fue su empleada doméstica entre el año 2016 y 2017, no ha sido condenada penalmente por el delito de hurto.
[12] La S. Plena de esta Corte Constitucional definió la subordinación en materia laboral, en la sentencia C-934 de 2004. M.J.C.T., con ocasión de una demanda de constitucionalidad contra los artículos 106, 118 y 119 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo, referentes a la elaboración del reglamento interno de trabajo, y dispuso: “Respecto a la subordinación se han elaborado varias teorías para explicar su naturaleza, como la técnica, la económica y la jurídica, pero es esta última la más aceptada tanto por la doctrina como por la jurisprudencia. En esa medida la subordinación se ha entendido como la aptitud que tiene el empleador para impartirle órdenes al trabajador y exigirle su cumplimiento, para dirigir su actividad laboral e imponerle los reglamentos internos de trabajo a los cuales debe someterse, todo dirigido a lograr que la empresa marche según los fines y objetivos que se ha trazado.”
[13] M.M.V.C.C.. Esta sentencia resolvió el caso de una mujer que había dado su autorización para que la empresa donde había trabajado usara su imagen en la publicidad de los servicios de masajes que ofrecía. Posteriormente, al constatar que su imagen estaba circulando en Facebook, y comoquiera que las fotos la mostraban en “situaciones comprometedoras”, solicitó que éstas fueran retiradas, por considerar que atentaban contra su vida íntima y social. La empresa negó la petición de la accionante argumentando que había incurrido en costos para financiar la campaña publicitaria.
[14] Sentencia T-290 de 1993. M.J.G.H.G.. En el mismo sentido ver entre otras las sentencias T-611 de 2001. M.J.C.T.; T-179 de 2009. M.J.I.P.P.; T-160 de 2010. M.H.A.S.P. y T-735 de 2010. M.M.G.C..
[15] Sentencia T-798 de 2007, M.J.C.T..
[16] Sentencia T-798 de 2007, M.J.C.T. y T-552 de 2008, M.M.G.M.C..
[17] Ver, por ejemplo, las sentencias T-288 de 1995. M.E.C.M. y T-714 de 2010. M.M.V.C.C.. Con relación al análisis que debe realizar en cada caso el juez de tutela, la Corte, en sentencia T- 277 de 1999. M.A.B.S., sostuvo que “[e]l estado de indefensión, para efectos de la procedencia de la acción de tutela, debe ser analizado por el juez constitucional atendiendo las circunstancias propias del caso sometido a estudio” y que “[n]o existe definición ni circunstancia única que permita delimitar el contenido de este concepto”. Sin embargo, la Corte ha identificado enunciativamente varias situaciones que pueden dar lugar a la condición de indefensión. Así en la sentencia T-012 de 2012. M.J.I.P., la Corte hizo referencia a las siguientes circunstancias: “(i) cuando la persona está en ausencia de medios de defensa judiciales eficaces e idóneos que le permitan conjurar la vulneración de un derecho fundamental por parte de un particular; (ii) quienes se encuentran en situación de marginación social y económica; (iii) personas de la tercera edad; (iv) discapacitados; (v) menores de edad; (vi) la imposibilidad de satisfacer una necesidad básica o vital, por la forma irracional, irrazonable y desproporcionada como otro particular activa o pasivamente ejerce una posición o un derecho del que es titular; (vii) la existencia de un vínculo afectivo, moral, social o contractual, que facilite la ejecución de acciones u omisiones que resulten lesivas de derechos fundamentales de una de las partes como en la relación entre padres e hijos, entre cónyuges, entre copropietarios, entre socios, etc. y, (viii) el uso de medios o recursos que buscan, a través de la presión social que puede causar su utilización, el que un particular haga o deje de hacer algo en favor de otro”. Finalmente, en la misma decisión la Corte reiteró que la procedencia de la acción de tutela en los casos referidos “encuentra fundamento jurídico en el restablecimiento del derecho a la igualdad, toda vez que quienes se encuentran en alguna de las circunstancias mencionadas, no cuentan con las mismas posibilidades de defensa que otro particular. Esa es la razón por la cual, el Estado debe acudir a su protección en caso de haberse afectado alguno de sus derechos fundamentales, lo cual se traduce en una compensación entre el perjuicio sufrido y el amparo inmediato de la garantía vulnerada”.
[25] Sentencia T-110 de 2015. M.J.I.P.P..
[26] En la Sentencia T-263 de 1998. M.E.C.M., la Corte Constitucional sostuvo: “[l]a vía penal sólo protege determinadas vulneraciones a los anotados derechos fundamentales, al paso que la protección que la Constitución Política depara a los mismos es total. Por esta razón, existen violaciones a la honra y al buen nombre de las personas que, sin llegar a constituir formas de injuria o de calumnia, sí afectan estos derechos y, por ende, autorizan su protección por vía de la acción de tutela, cuando ello es necesario para evitar la consumación de un perjuicio irremediable.”.
[27] Sentencia T-263 de 2010. M.J.C.H.P.. En dicha oportunidad, la S. Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, estudió un caso en el que los promotores de un comité de revocatoria del mandato del Alcalde de Fusagasugá, interpusieron acción de tutela porque consideraban vulnerados sus derechos a la honra y buen nombre, toda vez que el servidor público contra el que se dirigía la revocatoria, una vez se enteró de la creación del comité, había efectuado diversas alocuciones al respeto, a través de medios de comunicación escritos, y audio visuales.
[28] Sentencia T-110 de 2015. M.J.I.P.P..
[30] Sentencia T-145 de 2016. M.L.G.G.P..
[32] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. R. especial para la libertad de expresión. Libertad de expresión en internet. 2013. En línea. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/2014_04_08_Internet_WEB.pdf> Consulta del 16/03/18.
[33] A esta conclusión llegó la R. Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el documento titulado “Marco jurídico Interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión”. 2010: “Desde una perspectiva comparada, si se contrastan los textos del artículo 13 de la Convención Americana, del artículo IV de la Declaración Americana y del artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana, con las disposiciones relevantes de otros tratados sobre derechos humanos—específicamente con el artículo 19 del PIDCP o con el artículo 10 del Convenio Europeo—, es claro que el marco interamericano fue diseñado para ser el más generoso, y para reducir al mínimo las restricciones a la libre circulación de información, opiniones e ideas. (…)”
[37] R. Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Marco jurídico Interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión. 2010. En línea. Disponible en http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/cd/sistema_interamericano_de_derechos_humanos/index_MJIAS.html> consulta del 12/03/18.
[38] Informe Anual de R. Especial para la Libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2017. En línea. Disponible en -.
[39] La sentencia T-050de 2016. M.G.E.M.M., estudió la petición de una señora de protección a sus derechos fundamentales a la dignidad humana, al buen nombre y a la intimidad, que estimó vulnerados por una publicación que hiciera otra ciudadana en la red social digital Facebook que consistió en una foto de la accionante acompañada de un texto en el que le reclamaba no haber pagado una deuda. En esa oportunidad, la mayoría de la S. Cuarta de Revisión sostuvo que el caso no presentaba una tensión entre el derecho a la libertad de expresión y las garantías invocadas por la accionante y, en consecuencia, se abstuvo de realizar una ponderación entre los mismos. Pese a tratarse de un caso con elementos análogos al que ahora se estudia, esta S. de Revisión no comparte la forma en que se resolvió dicho caso y, en consecuencia se apartará de lo decidido en esa oportunidad. Lo anterior porque: (i) se trata de una decisión aislada que contraría la jurisprudencia constitucional sobre la libertad de expresión, y (ii) se opone a los estándares interamericanos de protección de esa libertad comunicativa, que hacen parte de los fundamentos de esta sentencia.
[40] M.M.V.C.C..
[41] M.L.G.G.P..
[42] La Corte ha aclarado que para reparar este tipo de afectaciones no basta con retirar la información, sino que debido a la naturaleza de los derechos al buen nombre y la honra, se requiere adoptar medidas para remediar los perjuicios causados en la estima o percepción del individuo en sociedad, que implica que la corrección de la información tenga un despliegue comunicativo similar al inicial, en un plazo razonable y que se reconozca explícitamente el error. Sentencias T-256 de 2013. M.J.I.P.C. y T-277 de 2015. M.M.V.C.C..
[43] T-145 de 2016. M.L.G.G.P..
[45] Consideraciones tomadas, principalmente, de las sentencias T-970 de 2014 y T-118 de 2017. M.L.E.V.S., y T-368 de 2017. M.J.A.C.A..
[46] Para un análisis detallado sobre el fenómeno de la carencia actual de objeto, ver: Sentencia T-970 de 2014. M.L.E.V.S..
[47] Sentencia T-970 de 2014. M.L.E.V.S..
[48] Sentencia SU-540 de 2007.M.Á.T.G..
[49] Así, por ejemplo, en la sentencia T-082 de 2006, en la que una señora solicitaba la entrega de unos medicamentos, los cuales, según pudo verificar la S. Octava de Revisión, le estaban siendo entregados al momento de la revisión del fallo, la Corte consideró que al desaparecer los hechos que generaron la vulneración, la acción de tutela perdía su eficacia e inmediatez y, por ende su justificación constitucional, al haberse configurado un hecho superado que conducía entonces a la carencia actual de objeto, la cual fue declarada por esa razón en la parte resolutiva de la sentencia. Así mismo, en la sentencia T-630 de 2005, en un caso en el cual se pretendía que se ordenara a una entidad la prestación de ciertos servicios médicos que fueron efectivamente proporcionados, la Corte sostuvo que “si durante el trámite de la acción de tutela, la vulneración o amenaza a los derechos fundamentales desaparece, la tutela pierde su razón de ser, pues bajo esas condiciones no existiría una orden que impartir ni un perjuicio que evitar.” Igual posición se adoptó en la sentencia SU-975 de 2003, en uno de los casos allí estudiados, pues se profirió el acto administrativo que dejó sin fundamento la tutela del actor, por lo que la Corte estimó, sin juzgar el mérito de dicho acto, que se encontraba ante un hecho superado.
[50] Sentencia SU-540 de 2007 M.Á.T.G..
[51] En la sentencia T-890 de 2013. M.L.E.V.S., la S. declaró la carencia actual de objeto por hecho superado e instó a la entidad accionada a llevar “a cabo las acciones necesarias desde la planeación, el presupuesto y la contratación estatal, para el aseguramiento de la continuidad de la prestación del servicio de transporte escolar a los estudiantes de las instituciones educativas públicas del Municipio, particularmente quienes residen en la zona rural y en lo que respecta a los siguientes años escolares posteriores a 2013”.
[53] Sentencia T-970 de 2014. M.L.E.V.S..
[56] Sentencia T-970 de 2014. M.L.E.V.S..
[57] Sentencia SU-540 de 2007. M.A.T.G.. En esta oportunidad, la Corte unificó su posición en cuanto a emitir un pronunciamiento de fondo, aunque se constate que el daño ya está consumado.
[58] Sentencia T-277 de 2015. M.M.V.C.C..
[59] Sentencia T-579 de 1995. M.E.C.M..
[60] M.E.L.V..
[61] M.L.G.G.P..
[62] Sentencia C-489 de 2002 M.R.E.G..
[64] Sentencia T-145 de 2016. M.L.G.G.P..
[65] M.E.C.M..
[66] “En este sentido, esta R. ha dicho que sólo cuando la rectificación “sea insuficiente para reparar el daño que se ha causado, podrá apelarse a la imposición de responsabilidades jurídicas más costosas para quien abusó de su derecho a la libertad de expresión, y con ello generó un daño cierto y grave sobre derechos de otras personas o bienes jurídicos especialmente tutelados por la Convención Americana”. Libertad de expresión e Internet. Relatpría Especial para la Libertad de Expresión- Comisión Interamericana de Derechos Humanos 31 de diciembre de 2013. En línea. Disponible en
[67] Sentencia T- 970 de 2014. M.L.E.V.S.. Con base en estas consideraciones, en dicha oportunidad, pese a haberse configurado un daño consumado para los derechos del accionante, la S. Novena de Revisión sentó las principales pautas para el ejercicio del derecho a la muerte digna, y le ordenó al Ministerio de Salud, “sugerir a los médicos un protocolo médico que será discutido por expertos de distintas disciplinas y que servirá como referente para los procedimientos tendientes a garantizar el derecho a morir dignamente.”
[68] R.G.C. y D.R.F.. Cortes y cambio social: cómo la Corte Constitucional transformó el desplazamiento forzado en Colombia / R.G.C. y D.R.F.. Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, 2010.
[69] G.V., M.. La eficacia simbólica del derecho: examen de situaciones colombianas, Ediciones Uniandes, Bogotá, 1993.
[70]Organización internacional del trabajo. Trabajadores domésticos: estimaciones a nivel mundial y regional. Ginebra, 2011. En línea. Disponible en http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_159562.pdf>. Consulta del 19/03/18.
[71] “Esta cifra incluye tanto a las trabajadoras que realizan tareas domésticas, como a los jardineros, porteros, guardias y el personal más calificado para el cuidado de personas enfermas y atención de menores.” Organización internacional el trabajo. Situación del trabajo doméstico remunerado en América Latina. En: P. Laboral 2012. Temas especiales. Ginebra, 2012. En línea. Disponible en http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/article/wcms_195947.pdf. Consulta del 19/03/18.
[72] M.N.P.P.. En esta sentencia la Corte analizó si el numeral 2° del artículo 252 del Código Sustantivo del Trabajo, en el que se establecía la obligación de liquidar el auxilio de cesantía de los trabajadores del servicio doméstico solamente con base en la parte del salario que reciben en dinero, vulneraba los artículos 13, 25 y 53 de la Constitución Política. Esta Corporación consideró que la expresión “sólo”, contenida en el numeral 2° del artículo 252 del Código Sustantivo del Trabajo vulneraba el derecho al trabajo por cuanto comportaba un tratamiento diferencial e injustificado en lo concerniente a la liquidación de cesantías, por la simple circunstancia de que unas realizan labores “de aseo, cocina, lavado, planchado, vigilancia de niños, y demás labores inherentes al hogar”. Por lo anterior, la referida expresión “sólo” fue declarada inexequible y el resto de artículo exequible bajo el entendido que el auxilio de cesantía siempre se pagará en dinero y en ningún caso será inferior a un salario mínimo legal mensual vigente, por cada año de servicios y proporcionalmente por fracciones de año.
[74] Sentencia T-736 de 2015. M.G.S.O.D..
[76] Sentencia C-871 de 2014. M.M.V.C.C.. En Colombia solo existe un sindicato de trabajadoras domésticas, llamado Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico en Colombia, U..
[77] “Qué horror” || “Nunca le va a quedar como te queda a ti” ||“Alas [sic] empleadas hay q [sic] revisarlas muy bien antes de salir tdo [sic] lo q [sic] lleven hay q [sic] revisarlas muy bien” || “Hay [sic] amiga el karma del matrimonio es la empleada, que rabia.”|| “M. esa blusa que tiene en la foto usted me la robó aprovechó que tengo buena ropa y SE LA ROBÓ CON ETIQUETA DE NUEVA ESA BLUSA NO LA VENDEN EN CUALQUIER LADO Y SIN OFENDERTE ESA BLUSA NO LA VENDEN DONDE TÚ DEBES COMPRAR TÚ ROPA” Mayúsculas en el texto.
[78] Una muestra de esto es el movimiento “me too” -“yo también”-, creado en el año 2009 por la activista de derechos humanos afroamericana T.B., para denunciar los abusos sexuales en la sociedad, que fue retomado en el 2017 como una campaña viral, mediante el uso de una etiqueta o hashtag en las redes sociales digitales para denunciar la agresión y el acoso sexual contra varias mujeres, presuntamente cometido por un productor de cine norteamericano.