Source: http://laboralparatodos.com/sentencia-t-0431-13/
Timestamp: 2017-07-25 22:32:00
Document Index: 397835765

Matched Legal Cases: ['artículo 46', 'artículo 86', 'artículo 13', 'Artículo 86', 'artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 26']

[Sentencia T-0431-13] – | laboralparatodos.com
[Sentencia T-0431-13] –
Inicio » Sentencias » [Sentencia T-0431-13] –	Descarga este documento aqui.
Sentencia T-431/13
Referencia: Expediente T-3.816.642.
En el proceso de revisión de los fallos proferidos por los Juzgados Quinto Civil Municipal de Sincelejo y Segundo Civil del Circuito del mismo municipio, los días 2 de octubre de 2012 y 11 de diciembre de 2012, respectivamente.
El 13 de septiembre de 2012, el señor Yovany Enrique Méndez Ruiz, obrando en nombre propio, presentó acción de tutela contra el señor Gustavo Adolfo Pinilla Cogollo, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la salud, a la seguridad social, al mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada, al haber sido despedido en estado de incapacidad.
1.1.	Hechos relevantes a)	El accionante, con 45 años de edad, suscribió un contrato individual de trabajo a término fijo con el demandado por un plazo de 3 meses y 14 días, desde el 17 de septiembre de 2010 hasta el 31 de diciembre del mismo año.
b)	El empleador contrató los servicios personales del peticionario para desempeñar los oficios de auxiliar de parqueadero, en los horarios que aquél determinara, y principalmente en la sede del organismo de tránsito de Sincelejo. Asimismo, en el contrato se especificó que el empleador tenía la facultad de cambiar de oficio al demandante, así como el lugar de prestación del servicio conforme a requerimientos del mismo. En todo caso, estaría bajo su vigilancia y subordinación, y tendría una remuneración mensual equivalente al salario mínimo legal para la época, $515.000. c)	El contrato se prorrogó automáticamente y el accionante continuó prestando sus servicios de manera personal y bajo la subordinación del señor Pinilla Cogollo.
d)	El 8 abril de 2011, el señor Méndez Ruiz fue incapacitado por 3 días, a causa de una infección local de piel por una quemadura de primer grado sufrida en el pie izquierdo. e)	El 15 del mismo mes, el peticionario consultó nuevamente a su entidad promotora de salud, Nueva EPS, y fue incapacitado por otros 3 días, como consecuencia de una úlcera en el pie y una diabetes mellitus descompensada. Pasados los 3 días, fue incapacitado por otros 5 adicionales, tras diagnosticarse pie diabético.
f)	El 30 de abril de 2011, al presentar una nueva complicación consistente en un cuadro de nefropatía diabética estadio 3 avanzado, le fueron otorgados 11 días de incapacidad más y a partir del 16 de mayo del mismo año, estuvo incapacitado hasta el 7 de septiembre de 2011. Cinco días después- el 13 de septiembre- volvió a ser incapacitado por su EPS hasta el 7 de agosto de 2012. En total estuvo incapacitado por 475 días. g)	El 8 de junio de 2011, con varias incapacidades sucesivas, el empleador del accionante le notificó que su contrato finalizaría el próximo 27 de julio, “por expiración del tiempo concertado”, y le informó que su liquidación laboral estaría a su disposición una vez hubiese terminado el mismo. Posteriormente, en respuesta a un requerimiento que hizo el actor al empleador para que reconsiderara la decisión de despedirlo, éste le confirmó las razones de la desvinculación y le manifestó que no se trataba de “su incapacidad laboral o su limitación física”, sino de “la expiración del tiempo concertado en el contrato de trabajo previamente suscrito entre las partes.”
h)	En efecto, el 27 de julio de 2011, con más de 100 días de incapacidad, el demandado despidió al peticionario, quien recibió su liquidación laboral por $646.000. i)	Por su parte, a raíz de una retinopatía diabética proliferativa, diagnosticada el mismo mes del despido, al señor Méndez Ruiz le fueron ordenadas sucesivas terapias antiangiogénicas y cirugías en ambos ojos, que fueron realizadas el 16 de marzo de 2012 en ojo izquierdo y 11 de mayo del mismo año en ojo derecho, con el fin de corregir el desprendimiento de retina (Retinopexia), extracción del cristalino, lente intraocular y endolaser en ambos ojos. j)	Según obra en los certificados médicos de sus especialistas tratantes, “el accionante no ha concluido su tratamiento y posible rehabilitación. Debe continuar controles periódicos y tratamiento médico.” k)	El 20 de febrero de 2012, como consecuencia de una querella administrativa presentada por el demandante ante el Ministerio del Trabajo contra su exempleador el 3 de agosto de 2011, luego de haber sido adelantada la correspondiente investigación administrativa laboral, la coordinadora de grupo para el área de Sincelejo- Sucre del ente ministerial, resolvió sancionar al empleador Gustavo Adolfo Pinilla Cogollo en su condición de propietario del establecimiento de comercio Gustavo Adolfo Pinilla & Asociados, con la multa de $5.667.000, a favor del SENA, por la violación de los derechos laborales individuales del accionante y el desacato a la protección establecida por la Ley 361 de 1997. Encontró que la decisión de desvincular al señor Méndez Ruiz no tuvo aval por el Ministerio y que obedecía a criterios de discriminación por su enfermedad.
l)	El solicitante estuvo vinculado al Sistema de Seguridad Social en Salud como asalariado de Gustavo Adolfo Pinilla Cogollo hasta el 8 de agosto de 2011; a partir de ahí, el señor Méndez Ruiz se afilió como independiente en la misma EPS- Nueva EPS- hasta el 10 de enero de 2012, fecha en la cual no pudo continuar aportando al sistema. 1.2. Demanda Considerando la reseña fáctica expuesta, el demandante solicita la intervención del juez constitucional para que se protejan sus derechos fundamentales, y en consecuencia, se ordene al demandado el reintegro inmediato a su lugar de trabajo, la consecuente afiliación al sistema integral de seguridad social en salud y las demás prestaciones a que haya lugar.
El demandado contestó oportunamente y explicó que el contrato laboral del actor había terminado, no por su discapacidad, sino con motivo de la expiración del plazo pactado; pues si bien la convención se había prorrogado en dos oportunidades, comprendidas entre el 1 de enero y 14 de abril de 2011 y entre el 15 de abril y 27 de julio del mismo año, cada una por un periodo igual al inicialmente pactado, esto es, por 3 meses y 14 días, en la última se había efectuado el preaviso del que trata el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo.
Asimismo, indico que el accionante había recibido llamados de atención el 11 de febrero y el 3 de marzo de 2011, como consecuencia de unas liquidaciones irregulares en el parqueadero donde laboraba, razón por la que tampoco cumplía sus funciones a cabalidad. Finalmente, argumentó que las causas que habían dado origen al contrato, se encontraban extintas desde el 8 de julio de 2011, pues la labor desempeñada por el accionante estaba ligada a un convenio que él tenía con el Municipio de Sincelejo en enlace con la Policía Nacional, para la custodia de los vehículos inmovilizados en operativos de control, y dado que estos operativos se suspendieron, el convenio también y así los contratos con sus empleados. Por lo anterior, solicitó que el amparo fuera negado al accionante. 3. Medios de prueba 3.1. El señor Méndez aportó como pruebas los siguientes documentos:
g) Querella administrativa elevada por el accionante el día 3 de agosto de 2011 y Resolución No. 031 del 20 de febrero de 2012 expedida por el Ministerio del Trabajo, mediante la cual se resuelve una investigación administrativa laboral y se sanciona el señor Gustavo Adolfo Pinilla Cogollo. 3.2. Por su parte, el demandado aportó los siguientes soportes:
b) Actas de descargos del 11 de febrero de 2011y del 3 del marzo de mismo año, en las que constan las declaraciones del accionante sobre las irregularidades cometidas en su lugar de trabajo. c) Memorandum del empleador dirigido el señor Méndez Ruiz el 14 de febrero de 2011, haciendo el respectivo llamado de atención por las irregularidades cometidas el 11 del mismo mes y advirtiéndole que “de incurrir nuevamente en la misma conducta se hará acreedor a medidas disciplinarias más drásticas.” 4. Trámite Judicial
4.1. Sentencia de primera instancia y impugnación
Mediante Sentencia del 2 de octubre de 2012, el Juzgado Quinto Civil Municipal de Sincelejo- Sucre denegó el amparo solicitado, argumentando que la tutela no era el mecanismo idóneo para solicitar el reintegro laboral, toda vez que la causa del despido era una cuestión que debía dilucidar la jurisdicción ordinaria laboral y no el juez constitucional. Asimismo, indicó que la acción carecía de inmediatez, pues había transcurrido más de 1 año entre el despido y la presentación de la tutela.
4.2. Pronunciamiento del juez de segunda instancia En sede de impugnación, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sincelejo, mediante sentencia del 11 de diciembre de 2012, resolvió confirmar el fallo de primera instancia bajo idénticos argumentos, y agregó que si bien el accionante había aportado historia clínica de su situación médica, no existía una valoración o un dictamen de discapacidad declarada que obligara a pensar que su despido se hubiera efectuado en razón a ello, por cuanto lo suyo era una simple incapacidad de connotaciones temporales y no una disminución física comprobada. 5. Actuaciones surtidas en sede de revisión Con el propósito de conocer las condiciones actuales económicas y de salud del accionante, se tuvo comunicación telefónica el 21 de junio de 2013, con él y con su esposa, Sara Isabel Álvarez, quienes informaron al despacho sustanciador que debido a las incapacidades continuas e ininterrumpidas, solicitaron a su fondo de pensiones la iniciación de los trámites para obtener la prestación pensional respectiva. En ese orden, señalaron que el peticionario fue calificado, el 12 de octubre de 2012, con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 51.5% y que desde el mes de enero de 2013, el señor Méndez Ruiz se encuentra recibiendo una pensión de invalidez por el monto de un salario mínimo a cargo del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir. Asimismo, indicaron que se encontraban en los preparativos para presentar una demanda ordinaria laboral contra el mismo accionado del trámite de revisión, en procura del pago de las indemnizaciones correspondientes, los salarios y demás prestaciones dejadas de cancelar con motivo del despido. II. CONSIDERACIONES y fundamentos
2.	Planteamiento del caso, problema jurídico y esquema de resolución. 2.1. De conformidad con lo expuesto en el acápite de antecedentes, se le atribuye al señor Gustavo Adolfo Pinilla Cogollo la vulneración del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada del accionante, por haberlo despedido encontrándose en estado de incapacidad, sin la autorización del Ministerio del Trabajo y ocasionando la terminación del contrato laboral a término fijo prorrogado en dos oportunidades. Asimismo, ha de considerarse que el accionante en la actualidad se encuentra gozando de una pensión de invalidez. 2.2. De acuerdo con la situación fáctica planteada y las decisiones adoptadas en sede de tutela, corresponde a esta Sala de Revisión en primer lugar, analizar los presupuestos de procedencia de la acción para el caso concreto, particularmente, (i) la legitimación por activa y pasiva, cuando la tutela se dirige contra particulares.
En el mismo orden, la Corte debe responder (ii) si el demandante, que estuvo incapacitado por 475 días, cumplió o no con el requisito de inmediatez al permitir que transcurriera más de un año entre la vulneración de sus derechos y la radicación de su solicitud. Finalmente, para superar los juicios preliminares (iii) se analizará la subsidiariedad en el caso concreto, para determinar si el peticionario dispone de otros medios ordinarios de defensa judicial, idóneos y eficaces para reivindicar sus derechos. 2.3. Solo si el juicio de procedencia resulta aprobado, la Sala estudiará de fondo la viabilidad del reintegro del actor y las demás prestaciones derivadas de la protección a la estabilidad laboral reforzada reconocidas por la Ley 361 de 1997 en beneficio de las personas con limitaciones. 3. Procedibilidad de la acción de tutela
Según el inciso final del artículo 86 de la Carta Política, los presupuestos para que la acción de tutela proceda contra particulares se dan (i) cuando está encargado de la prestación de un servicio público; (ii) cuando su conducta afecta grave y directamente el interés colectivo y; (iii) en aquellos eventos en los cuales el accionante se encuentra en estado de subordinación o indefensión frente al particular accionado.
Con el fin de ilustrar lo anterior, la Corte ha explicado que “[e]l concepto de subordinación, que genera la ruptura del principio de igualdad, alude a una relación de dependencia jurídica que tiene su génesis en el mismo ordenamiento jurídico, verbi gratia, la dependencia en que se encuentra el trabajador respecto de su empleador; los estudiantes frente a sus profesores o directivos del plantel educativo al que pertenecen; o la relación que existe entre un menor y su representante legal.”
3.3.1. Sobre este asunto preliminar, la Sala debe responder si el accionante desconoció el requisito de inmediatez en la interposición de la acción, habiendo transcurrido un plazo notable entre la vulneración a sus derechos y la radicación de aquella, aún cuando se encontraba imposibilitado físicamente para hacerlo.
3.3.2. Conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, con el denominado requisito de inmediatez se hace referencia a la carga que tienen los accionantes de interponer la tutela dentro de un plazo razonable y proporcionado a partir del evento generador de la supuesta amenaza o vulneración a sus derechos fundamentales, so pena de que se determine su improcedencia.
3.3.3. Sin embargo, la ausencia de un término de caducidad no significa que la acción no deba interponerse en una plazo razonable desde el inicio de la amenaza o vulneración, pues de acuerdo con la misma disposición constitucional, es un mecanismo para reclamar “la protección inmediata” de garantías fundamentales.
Precisamente, la finalidad de la tutela como vía judicial de protección inmediata y expedita de derechos fundamentales, demanda del juez constitucional la verificación del tiempo transcurrido entre el hecho generador de la solicitud y la petición de amparo, pues un lapso irrazonable puede llegar a revelar que la protección que se reclama no se requiere con prontitud, y por tal virtud, alterar el carácter preferente y sumario para el que está reservado la acción. Asimismo, la exigencia de inmediatez responde a necesidades adicionales. “En primer lugar, proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por una tutela ejercida en un plazo irrazonable, caso en el que “se rompe la congruencia entre el medio de protección y la finalidad que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos fundamentales de las personas”. En segundo lugar, impedir que el amparo “se convierta en factor de inseguridad [jurídica]”. En tercer lugar, evitar “el uso de este mecanismo constitucional como herramienta supletiva de la propia negligencia” en la agencia de los derechos”.
3.3.5. Con el fin de facilitar dicha tarea, la jurisprudencia de esta Corporación ha identificado los siguientes criterios para efectuar esta evaluación: “(i) La existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser, por ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente las circunstancias previas, entre otras.
(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en la que se encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente autorizado por el artículo 13 de la Constitución que ordena que “el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.” 3.4. Subsidiariedad de la acción de tutela para ordenar el reintegro laboral en los casos de trabajadores discapacitados.
3.4.1. El Artículo 86 de la Carta y el Decreto 2591 de 1991, destacan el carácter subsidiario por el que esta revestida la acción de tutela, que tal como lo ha expresado la Corte Constitucional en variada jurisprudencia, puede ser utilizada ante la vulneración o amenaza de derechos fundamentales bajo las siguientes implicaciones: i) Que no exista otro medio judicial a través del cual se pueda resolver el conflicto relacionado con la vulneración del derecho fundamental alegado, ii) Que aun existiendo otras acciones, estas no resultan eficaces o idóneas para la protección del derecho, o, iii) Que siendo estas acciones judiciales un remedio integral, resulte necesaria la intervención transitoria del juez de tutela para evitar la consumación de un perjuicio irremediable. 3.4.2. En el mismo orden de desarrollo, la Corte ha objetado la valoración genérica del medio de defensa ordinario, pues ha considerado que en abstracto cualquier mecanismo judicial puede considerarse eficaz, dado que la garantía mínima de todo proceso es el respeto y la protección de los derechos constitucionales de los asociados. Por esta razón, la jurisprudencia ha sido enérgica en afirmar que la eficacia de la acción ordinaria solo puede prodigarse en atención a las características y exigencias propias del caso concreto.
3.4.3. De acuerdo con el criterio expuesto, esta Corporación ha manifestado que por regla general la acción de tutela no es procedente para resolver las controversias que se susciten entre trabajador y patrono, o los reclamos que se deriven por prestaciones laborales pendientes. Esto, por cuanto el legislador laboral ha dispuesto mecanismos específicos de defensa judicial idóneos y eficaces para tramitar este tipo de demandas. Así por ejemplo, en principio la acción de tutela es improcedente para solicitar el reintegro laboral, como quiera que existen acciones judiciales exclusivas cuyo conocimiento ha sido atribuido a la jurisdicción ordinaria laboral y a la de lo contencioso administrativo, según la forma de vinculación del trabajador. Sin embargo, en determinadas circunstancias la acción constitucional desplaza el mecanismo ordinario de defensa judicial, por resultar eficaz en medida y oportunidad frente a la situación particular de quien reclama, pudiendo configurarse dicha protección de manera definitiva o transitoria.
En ese orden, la acción de tutela procede como mecanismo principal en el evento en que el medio judicial previsto para este tipo de controversias no resulte idóneo y eficaz en el caso concreto. Como ejemplos típicos de ello, la Corte ha enumerado los casos en los que el accionante se encuentra en una condición de debilidad manifiesta o es un sujeto protegido por el derecho a la estabilidad laboral reforzada, como las mujeres en estado de embarazo o lactantes, y las personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas.
3.4.4. La procedencia principal de la tutela en estos casos, se ha justificado en que si bien la jurisdicción ordinaria prevé un mecanismo apto para resolver las pretensiones de reintegro, el mismo no tienen un carácter preferente o sumario para restablecer los derechos de sujetos que, protegidos por la estabilidad laboral reforzada, necesitan una medida urgente de amparo y un remedio integral. Esto, a fin de evitar que el trabajador deba adelantar un proceso engorroso o que al momento de la sentencia, ya no resulte ser lo suficientemente eficaz o idóneo para la garantía de sus derechos. En otras palabras, por válidos y específicos se sean los mecanismos ordinarios para resolver el conflicto laboral, su falta de apremio para conjurar situaciones que se consideran extraordinarias, compromete seriamente la eficacia e idoneidad con que actúan para proteger los derechos invocados; pues no debe perderse de vista que estas causas generalmente involucran a personas que, además de la condición objetiva del despido, atraviesan difíciles condiciones de salud y de orden económico que les imposibilitan soportar la espera de un proceso ordinario.
Significa lo anterior, que la procedencia de la acción de tutela se supedita a la efectividad de éstos en orden a evitar la configuración de un perjuicio irremediable, como quiera que la urgencia de protección ya es considerada como el límite de tolerancia temporal para conjurar el daño definitivo al patrimonio jurídico del accionante. Por este motivo, el amparo se concede en forma cautelar pensando en un remedio preventivo, para que sea el juez natural de la controversia quien decida si sus efectos se extenderán de manera definitiva o no. 3.4.6. Ahora bien, a propósito del perjuicio irremediable, se ha sostenido por la jurisprudencia constitucional que el mismo se caracteriza por ser “(i) inminente, es decir, por estar próximo a ocurrir; (ii)grave, por dañar o menoscabar material o moralmente el haber jurídico de la persona en un grado relevante; (iii) que requiera medidas urgentes para conjurarlo; y (iv)que la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar el adecuado restablecimiento del orden social justo en toda su integridad”.
Con el fin de comprobar la presencia de un perjuicio de tal naturaleza, esta Corporación ha sostenido que la mayoría de los casos consisten en la afectación del mínimo vital del peticionario y de su familia como consecuencia del despido, y se han utilizado criterios para singularizarlo como (i) la edad del actor y si es considerado sujeto de especial protección por ser una persona de la tercera edad, (ii) el estado de salud del mismo, y (iii) sus condiciones económicas. 3.4.7. En suma, la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y la naturaleza legal de las relaciones laborales, implican, en principio, la improcedencia de aquella, pues los trabajadores tienen a su disposición acciones judiciales específicas para solicitar el restablecimiento de sus derechos cuando han sido despedidos. Sin embargo, ante indiscutibles condiciones de debilidad de quien reclama, que suponen la protección reforzada de su estabilidad laboral, aquellas acciones ordinarias pueden resultar inidóneas o ineficaces para brindar un remedio integral, motivo por el que la protección procederá de manera definitiva. Finalmente, la protección también podrá concederse aunque de manera transitoria, si se verifica la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
4.1. Siguiendo el orden expuesto, la Sala habrá de analizar en primer lugar el cumplimiento del requisito de inmediatez en el caso del señor Mendez Ruiz.
Sin embargo, la aparente desidia del accionante y su inactividad, encuentran razones plenamente justificadas, pues el señor Méndez Ruiz desde antes de ser despedido- 8 de abril de 2011- ya se encontraba incapacitado, y permaneció así durante 475 días más, lo que significó que su incapacidad fuese levantada apenas el 7 de agosto de 2012. Considerando dicha situación, es claro que para el accionante fue imposible proponer el recurso constitucional encontrándose incapacitado por más de un año continuo, motivo por el que el requisito de inmediatez debe analizarse en consonancia con el estado de debilidad manifiesta del trabajador y la protección especial que el constituyente ha autorizado en el artículo 13 superior. Al encontrarse en serias condiciones incapacitantes debido a sus múltiples afecciones patológicas, es irrazonable exigirle al accionante que hubiera acudido, una vez fue despedido, inmediatamente a la justicia. Aunque en principio no puede afirmarse que toda condición incapacitante sea suficiente excusa para la inactividad procesal, hay que considerar que, así como para el accionante, existen condiciones de afectación física, sensorial y psíquica de tal severidad, que le impiden a las personas desarrollar sus actividades cotidianas, como asistir al trabajo, pero también alteran la regularidad de toda su vida personal y en comunidad, llevándolas a concentrarse única y exclusivamente en superar o al menos controlar sus padecimientos.
De allí que se explique porqué el accionante tampoco acudió a la justicia constitucional por interpuesta persona, pues él como su familia dispusieron todas sus energías en orden a obtener la prestación de los servicios de Salud, el traslado del actor a diferentes IPS, los pagos de las incapacidades, los cuidados en casa y la rehabilitación del mismo, entre otros. De concluir una exigencia temporal en estas condiciones, se estaría endosando una carga adicional al accionante, además de tipo procesal, que no hubiesen podido soportar ni él ni sus allegados. En consecuencia, la Sala ha de concluir que la demora en la interposición de la acción se aviene a un plazo razonable y proporcionado en el caso del accionante, por lo que el requisito de inmediatez está satisfecho.
4.2. Aprobado el juicio de inmediatez, procede la Corte a estudiar la satisfacción del requisito de subsidiariedad para el caso concreto. 4.2.1. Al analizar el primer criterio de subsidiariedad, relativo a la existencia del medio judicial, el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en el numeral 1° de su artículo 2 contempla la regla de competencia para conocer de todos aquellos conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. De allí que la existencia de este medio ordinario, en principio, permita que el accionante acuda a dicha jurisdicción para reclamar sus pretensiones, relacionadas con obtener el reintegro y las demás derivadas de la protección a la estabilidad laboral reforzada, como indemnizaciones y otros montos prestacionales y salariales. 4.2.2. Ahora bien, debe estudiarse si este mecanismo contemplado por el Código Procesal del Trabajo resulta eficaz o idóneo para la protección de los derechos alegados por el peticionario, teniendo en cuenta que, tanto el legislador como la Corte han señalado que este tipo de controversias corresponde decidirlas al juez ordinario empleando instrumentos como la Ley 361 de 1997, a menos que las circunstancias del caso muestren que la vía es inadecuada para la protección oportuna de derechos. 4.2.2.1. Sobre el particular, es preciso señalar que la Ley 361 de 1997 “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 26, contempla una protección específica para la población con discapacidad, que, dadas sus condiciones físicas o mentales se encuentra en un estado de debilidad manifiesta. Al respecto, esta Corporación ha hecho extensiva la protección mencionada “(…) a todos aquellos trabajadores que, de ser despedidos o desvinculados, quedarían sumidos en una completa situación de desprotección, como aquellos que han sufrido menguas en su salud o en su capacidad general para desempeñarse laboralmente”, y solo en este singular sentido, ha aceptado la procedencia de la acción de tutela para proteger el derecho a la estabilidad laboral reforzada allí contenido, pues, como se dijo, por regla general su competencia pertenece al juez ordinario. Así, esta Colegiatura ha anotado que si bien el despido de un sujeto de especial protección constitucional, como un trabajador discapacitado, es un asunto de relevancia constitucional, la protección de sus derechos puede garantizarse a través del mecanismo ordinario, en la medida que el legislador desarrolló las garantías contenidas en la citada ley, precisamente para que el juez laboral tuviera la competencia y las herramientas legales necesarias para conocer de este tipo de procesos.
4.2.2.2. En ese sentido, aunque el examen de subsidiariedad se lleve con cierta flexibilidad en el caso de personas discapacitadas dada la especial protección dispensada por la Constitución, esto no hace procedente la tutela de forma inmediata, pues la afectación a derechos fundamentales del trabajador puede darse en grados diferentes, teniendo en cuenta que además de tomar en consideración las características globales del grupo, es decir, los elementos que los convierten en titulares de esa garantía privilegiada, es necesario atender las particularidades de la persona individualmente considerada, esto es, en el caso concreto. Se trata de aspectos que deben ser consultados y definidos por el juez de tutela, en general, y la Corte Constitucional en particular, frente a cada caso, sin que se pueda establecer un parámetro fijo para determinar a priori la procedencia del amparo. 4.2.2.3. En suma, para demostrar que el juicio ordinario resulta inadecuado, y que la vía constitucional es la apropiada para defender de forma definitiva los derechos de un trabajador con alguna discapacidad, es necesario que se valore no solo su condición como sujeto de especial protección constitucional, sino que se analicen los pormenores de su situación actual, como que el despido haya generado la desafiliación del sistema de salud a pesar de la necesidad de ser atendido o que la falta de ingresos esté amenazando su mínimo vital; en todo caso, circunstancias que evidencien la debilidad manifiesta del accionante y su estado de completa desprotección. 4.2.2.4. La Sala advierte que en el caso objeto de estudio, la acción de amparo no desplaza al proceso ordinario laboral, pues si bien el peticionario a causa de su invalidez es un sujeto de especial protección constitucional, esta sola cuestión no hace procedente la tutela, como quiera que la mejoría de su situación socio-económica en virtud de la pensión de invalidez que viene recibiendo desde enero, y en consecuencia, la existencia de una fuente de ingresos para asegurar su mínimo vital y su afiliación al SGSSS a través de la Nueva EPS para garantizar la atención y tratamiento de sus enfermedades, constituyen elementos de juicio que desvirtúan el estado de vulnerabilidad manifiesta del demandante.
En ese sentido, la Corte no encuentra que el medio ordinario en el caso del actor sea inadecuado, pues las condiciones de procedencia que generalmente tipifican los juicios de estabilidad laboral reforzada en la jurisprudencia constitucional y que demandan una protección oportuna a derechos como la salud o al mínimo vital, no aparecen con claridad en el asunto, y por el contrario; no hay síntomas que indiquen la debilidad ostensible del pensionado o su estado de completa desprotección, por lo que no es preciso una medida urgente para ordenar su reintegro y las demás prestaciones derivadas de la Ley 361 de 1997 y del Código Sustantivo del Trabajo. En otras palabras, la situación de estabilización personal, familiar y económica del señor Méndez Ruiz, permite concluir que el accionante puede hacer uso de los medios ordinarios a su alcance y que de la valoración concreta de los mismos, estos si constituyen un remedio integral para que aquél preserve sus intereses, en términos de efectividad y mediana prontitud. En consecuencia, la procedencia definitiva de la acción de tutela ha de ser desvirtuada. 4.2.3. Finalmente, debe la Corte analizar si la acción de tutela es procedente de manera transitoria para evitar la consumación de un perjuicio irremediable para el accionante y su familia.
PRIMERO.- REVOCAR los fallos proferidos por los Juzgados Quinto Civil Municipal de Sincelejo y Segundo Civil del Circuito del mismo municipio, los días 2 de octubre de 2012 y 11 de diciembre de 2012, respectivamente, que denegaron el amparo a los derechos fundamentales invocados, dentro del trámite de la acción de tutela instaurada por Yovany Enrique Méndez Ruiz contra Gustavo Adolfo Pinilla & Asociados, propiedad de Gustavo Adolfo Pinilla Cogollo. En su lugar, declarar IMPROCEDENTE el amparo a los derechos a la salud, a la seguridad social, al mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada del accionante.