Source: https://de.scribd.com/doc/21544222/Procedimiento-Que-Se-Sigue-en-Los-Juicios-de-Nulidad-Contra-Los-Actos-Administrativos-de-Efectos-Generales-y-Particulares
Timestamp: 2020-07-05 14:41:01
Document Index: 83922759

Matched Legal Cases: ['artículo 112', 'artículo 121', 'artículo 174', 'artículo 49', 'artículo\n141', 'artículo 84', 'artículo 19', 'artículo 84', 'artículo 21', 'in fine', 'artículo 49', 'artículo 19', 'artículo 267', 'artículo 21', 'artículo 346', 'artículo 212', 'artículo 395', 'artículo 19', 'artículo 21', 'artículo 19', 'artículo 388', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 49', 'artículo 19']

Procedimiento Que Se Sigue en Los Juicios de Nulidad Contra Los Actos Administrativos de Efectos Generales y Particulares | Ley procesal | Demanda judicial
PROCEDIMIENTO QUE SE SIGUE EN LOS JUICIOS DE NULIDAD CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE EFECTOS GENERALES Y PARTICULARES. LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA G. O. Nº 37.942 del 20 de mayo de 2004
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Profesor Carlos Rafael Pérez Marchan
…se declara con
lugar el recurso
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA TRIBUNAL SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
de nulidad de nulidad…
DEMANDA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO…
¡como lo dijo el Profesor de Contencioso Administrativo!
…ese abogado
contencioso…
LOS JUICIOS DE NULIDAD CONTRA LOS
ACTOS ADMINISTRATIVOS DE EFECTOS
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE LA
de inconstitucionalidad o de ilegalidad. (Actos de efectos generales).
Los que tengan interés personal, legítimo y directo en
administrativo de efectos particulares, puede igualmente demandar
la nulidad del mismo
(Actos de efectos particulares).
(Vid. S/TSJ/SPA. Nº 121 del 31/01/2007, Exp. Nº 2007-1996, caso: Almacenadora Caraballeda, C.A.,
contra la Resolución Nº 271 de 27/09/1995, dictada por el Ministro de Transporte y Comunicaciones.
S/TSJ/SPA Nº 121 del 31/01/2007, Exp. Nº 2007-1996,
caso: Almacenadora Caraballeda, C.A., contra la Resolución Nº 271 del 27/09/1995,
dictada por el Ministro de Transporte y Comunicaciones.
“…Esta Sala en sentencia Nº 1.084 del 11 de mayo de 2000 (caso: Colegio de
Nutricionistas), señaló al respecto que cuando el objeto del recurso de nulidad se
refiere a un acto administrativo de efectos particulares la legitimación activa exigida
es, de acuerdo a los claros términos de los artículos 121 y 124, ordinal 1º de la Ley
Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la de un interés legítimo, personal y
directo, esto es, que el interés en la legalidad de la actividad administrativa está
calificado por el legislador; por ello se requiere que el recurrente, sea el destinatario
del acto, o cualquier otro sujeto que, sin ser titular de derechos subjetivos
administrativos, se encuentre en una especial situación de hecho ante
del ordenamiento jurídico, la cual, por eso mismo, le hace más sensible que el resto
de los administrados al desconocimiento del interés general o colectivo
la Administración al violar la ley. Éstos últimos han sido llamados
En el texto de la mencionada sentencia, la Sala conceptualizó la noción de simple
interés, estableciéndolo como no calificado por el legislador y que ‘se refiere a la
facultad que tiene cualquier ciudadano de impugnar la actuación administrativa,
siempre que ésta le afecte en su esfera jurídica. Este interés simple, pero
particularizado, condicionado a que afecte derechos o intereses de quien recurre, es
el que se exige para solicitar la nulidad de actos de la Administración de efectos
generales’.
Con vista a lo antes expuesto, la Sala arribó a la conclusión de que en el contencioso
administrativo la legitimación activa para recurrir de un acto que aparezca ilegal
dependerá de la calificación del acto mismo, es decir, si es de efectos generales o de
efectos particulares. Siendo requerido en el primero de los casos,
previsto en el artículo 112 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema
de Justicia, el
simple interés particularizado, en tanto que, cuando se trata de la impugnación de
actos administrativos de efectos particulares, el interés estaba calificado por el
legislador, al exigir que el mismo debía ser legítimo, personal y directo, es decir, un
interés actual, concreto, que afecte directamente a sus destinatarios, a
han establecido una relación jurídica con la Administración Pública o a
todo aquel a
quien la providencia administrativa afecta en su derecho o interés legítimo.
Lo antes expuesto ha sido recientemente previsto por esta Sala en
1.895 del 26 de julio de 2006, (caso: Enrique Mendoza vs. Decreto Presidencial Nº
1.969), al establecer que en el caso de recurso de nulidad contra actos
administrativos de efectos particulares ‘se requiere de un interés calificado, es decir,
interés personal, legítimo y directo’. (Resaltado nuestro).
De modo que todo acto del Poder Público debe ceñirse a los parámetros de la
legalidad y constitucionalidad vigentes, so pena de ser revocado por la propia
Administración en ejercicio de su poder de autotutela o de ser declarado nulo por las
autoridades judiciales competentes, mediante el ejercicio de acciones judiciales
provistas por el propio ordenamiento jurídico como instrumentos
ciudadana para el resguardo y vigilancia de la juridicidad y el logro de la justicia.
Ello implica que cuando la Administración actúe al margen de la ley, en detrimento
de intereses indirectos y distintos a los derechos subjetivos de
expresos de su actuación, quedan habilitados quienes ostenten esta condición dada
por este específico interés, de acuerdo a los razonamientos
exponerse, los cuales quedan confirmados además, con lo previsto
en el artículo 121
de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia relativo a los extremos subjetivos
para recurrir de los actos administrativos de efectos particulares, esto es, el interés
personal, legítimo y directo…”.
ante la correspondiente Sala, y en esa misma oportunidad, si el juez
no solicita los
antecedentes administrativos, ordena su inmediata remisión
demanda se acompañará un ejemplar o copia del acto impugnado, el
nombre propio, y cualesquiera otros documentos que considere
El nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado y
el carácter que
Si el demandante o el demandado fuere una persona jurídica, la
demanda deberá
El objeto de la pretensión, el cual deberá determinarse con precisión, indicando su
La relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se base la
pretensión, con las pertinentes conclusiones.
Los instrumentos en que se fundamente la pretensión, esto es, aquéllos de los
cuales se derive inmediatamente el derecho deducido, los
cuales deberán
producirse con el libelo.
Si se demandare la indemnización de daños y perjuicios, la especificación de éstos
La sede o dirección del demandante a que se refiere el artículo 174
(Domicilio Procesal).
En cualquier estado y grado del proceso las partes podrán solicitar, y el
Tribunal Supremo de Justicia podrá acordar, inclusive aun de oficio, las medidas
cautelares que estimen pertinentes para resguardar la apariencia de buen derecho
invocada y garantizar las resultas del juicio, siempre que dichas
prejuzguen sobre la decisión definitiva. (periculum in mora y fomus boni iuris)
ARTS. 19.10 LOTSJ. Y ARTS. 585 AL 588 CPC.
SOLICITUD DE LOS
Para los casos de las demandas contra los actos administrativos de efectos
particulares, la Sala “podrá” solicitar al órgano o ente emisor del acto
impugnado los
A tal efecto concede al órgano o ente requerido un plazo prudencial para la
remisión del referido expediente al tribunal.
(Vid. S/TSJ/SPA Nº 1.257 del 11/07/2007. Exp. Nº 2006-0694, Caso: Echo Chemical
2000, C.A.).
ART. 21.10 LOTSJ.
S/TSJ/SPA Nº 1.257 del 11/07/2007. Exp. Nº 2006-0694, Caso: Echo Chemical 2000, C.A.
“…En España, según el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986 del 28 de
noviembre de 1986, se define al expediente administrativo como
ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedentes
la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas
y fundamento a
a ejecutarla”,
disponiendo también que “los expedientes se formarán mediante
sucesiva de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, decretos, acuerdos,
notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, y sus hojas
rubricadas y foliadas por los funcionarios encargados de su tramitación.”
útiles serán
En nuestro país, si bien la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos no
establece definición alguna de “expediente administrativo”, si regula esta figura,
pudiendo resaltarse entre esa regulación, las disposiciones siguientes: *
*(Vid. Artículos 31, 32, 34 y 51).
De conformidad con las normas anteriormente transcritas, observa la Sala que el
expediente administrativo puede definirse como el conjunto ordenado de todas las
actuaciones realizadas en el decurso del procedimiento administrativo que le sirven
de sustento a éste; es decir, el expediente es la materialización formal del
En atención a que el expediente conforma la materialización del
administrativo, es preciso que a fin de garantizar el derecho al debido proceso en
sede administrativa, como lo preceptúa el artículo 49 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
141 eiusdem, el cual establece que “La Administración Pública está al servicio de los
ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios
participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y
responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley
y al derecho” (subrayado de la Sala), los órganos administrativos al sustanciar los
expedientes deben observar las normas previstas en la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos, que disponen la unidad, orden y
secuencia en la
cual se deben llevar dichos
Recibidos los antecedentes administrativos, se abre pieza
separada y se
remiten tanto el expediente judicial como el expediente administrativo al Juzgado de
Sustanciación, a los fines de la admisión o no de la demanda, recurso o solicitud
ARTS. 19.3 y 21.10 LOTSJ.
El Juzgado de Sustanciación, una vez recibidas las actuaciones de la Sala,
decidirá por auto motivado sobre la admisibilidad de la demanda, recurso o solicitud
dentro de los tres (3) días hábiles (de Despacho) siguientes contados a partir del
recibo del expediente.
ARTS. 19.4 - 21.11 LOTSJ.
CAUSALES DE INADMISIBILIDAD DE LAS
DEMANDAS, RECURSOS O SOLICITUDES
Si el conocimiento de la acción o recurso compete a otro tribunal.
(Desaplicado)
Si fuere evidente la caducidad o prescripción de la acción intentada.
Cuando se acumulen acciones o recursos que excluyan mutuamente o cuyos
Cuando no se acompañen los documentos indispensables para
verificar si la acción o recurso es admisible.
ART. 19.5 LOTSJ.
Cuando no se haya cumplido el procedimiento administrativo previo a las
demandas contra la República. (Antejuicio Administrativo).
Si contiene conceptos ofensivos o irrespetuosos o es de tal modo
ininteligible que
resulte imposible su tramitación.
Cuando sea manifiesta la falta de representación o legitimidad
demandante, recurrente o accionante.
que se atribuya el
Cuando exista cosa juzgada.
ART. 19.5 LOTSJ
(Vid: S/TSJ/SC Nº 97 del 02/03/2005, Exp. Nº 03-2.290, caso: Banco Industrial de Venezuela, C.A.,
ratificada en S/TSJ/SPA N° 1.316 del 05/04/2005, Exp. N° 04-691, caso: Inversiones Dax, C.A.).
S/TSJ/SC. Nº 97 del 02/03/2005, Exp. Nº 2003-2.290, caso: Banco Industrial de Venezuela, C.A. (Revisión).
“…Incluso, considera la Sala que la aplicación literal de la referida norma jurídica implicaría
una indebida desigualdad procesal y una indeseable inseguridad jurídica. Desigualdad
procesal e inseguridad jurídica porque, en el marco de un proceso judicial y ante un supuesto
de hecho en concreto –la incompetencia del tribunal ante el cual se interpuso la causa-, se
producirían dos soluciones jurídicas distintas: la declaratoria de incompetencia y consecuente
declinatoria, o bien la declaratoria de inadmisibilidad, según el proceso
se rigiese por el
Código de Procedimiento Civil (artículos 69 y 75 de dicho Código) o bien por la normativa de
la entonces Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (artículo 84, cardinal 2), ahora Ley
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (artículo 19, párrafo 6), lo que, en definitiva, arroja
una dicotomía de soluciones jurídicas frente a un mismo supuesto fáctico
necesaria incompatibilidad de alguna de ambas en relación con el derecho de acceso a la
justicia y el principio pro actione, ante lo cual debe prevalecer, con fundamento en los
precedentes de esta Sala que antes se citaron, la solución que otorga
la norma procesal.
De manera que no existen dudas para esta Sala Constitucional de que, en este caso, si
bien la decisión se fundó en el artículo 84.2 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de
Justicia, entonces vigente, tal disposición debió ser desaplicada –vía control difuso-
ante la existencia de una norma de rango constitucional que garantiza de manera
expresa el acceso de toda persona a los órganos de administración
de justicia…”.
notificaciones del máximo representante del órgano o ente emisor del acto
administrativo impugnado, del Fiscal General de la República,
General de la República y de cualquier otro funcionario o persona que señale la
Igualmente se “PODRÁ” citar a los interesados mediante cartel de
emplazamiento en un diario de circulación nacional para que se hagan parte en
ART. 21.11 LOTSJ.
RETIRO, PUBLICACIÓN Y CONSIGNACIÓN
DEL CARTEL DE EMPLAZAMIENTO
El Recurrente deberá retirar, publicar y consignar a los autos el cartel de
Igualmente deberá consignar un (1) ejemplar del diario o periódico en el
cual fue publicado el cartel de emplazamiento, dentro de los
Despacho) siguientes a su publicación.
tres (3) días (de
El incumplimiento de esta obligación se entenderá que desiste del recurso y
se ordenará el archivo del expediente.
(Vid. S/TSJ/SPA. N° 5.481 del 11/08/2005, Exp. N° 2002-0679, caso: Miguel Ángel Herrera Herrera, contra el
Ministerio del Interior y Justicia, ratificada en S/TSJ/SPA. Nº 1.116, del 04/05/2006,
caso: Carlos Javier Melo contra el Ministerio de la Defensa).
N° 2004-696,
ART. 21.11 LOTSJ. Y ART. 267 CPC.
S/TSJ/SPA. N° 5.481, de fecha 11 de agosto de 2005, Exp. N° 2002-0679, caso: Miguel Ángel Herrera Herrera, contra el Ministerio del Interior y Justicia.
“… Ahora bien, de la lectura de la norma contenida en el referido artículo 21 aparte
undécimo -parte in fine- de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo
República Bolivariana de Venezuela, constató la Sala que el legislador se limitó a
establecer el lapso correspondiente para “consignar” la publicación en prensa del
cartel de emplazamiento, esto es tres (3) días (de despacho), sin precisar el lapso
para que la parte actora cumpla con las otras obligaciones inherentes a dicha
formalidad, cuales son, su retiro y efectiva publicación, determinación que resulta de
particular importancia, pues al no especificarse la oportunidad para que
se verifiquen
tales exigencias, el proceso queda en suspenso a espera del cumplimiento por parte
del recurrente del retiro y publicación del cartel de emplazamiento, lo que podría
perjudicar ostensiblemente los derechos de los terceros que se vean
acto cuya nulidad se solicite en el recurso contencioso administrativo de anulación,
además de contravenir el principio de celeridad procesal y seguridad jurídica, cuya
estricta observancia contribuye a ejecutar la obligación de este Máximo Tribunal de
ser garante de la justicia y la tutela judicial efectiva. …/…
Por tal razón, esta Sala, actuando como ente rector de la jurisdicción contencioso-
administrativa, a fin de garantizar que el proceso contencioso administrativo se lleve
a cabo de una forma expedita, clara y sin obstáculos innecesarios, en el cual se
asegure el derecho a la defensa y debido proceso (artículo 49 del texto fundamental)
de todos los administrados, así como el acceso a la justicia, y siendo que el Juez
como director del proceso debe procurar la estabilidad de los juicios, considera la
Sala en esta oportunidad, que se debe aplicar supletoriamente, por
primer aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de
la República Bolivariana de Venezuela, el lapso de treinta (30)
previstos en el artículo 267 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil que
establece la figura de la perención breve, para que en los recursos contencioso
administrativos de anulación, se cumpla con la obligación de retirar
y publicar el
cartel de emplazamiento al que se refiere el aparte undécimo del
Ley que rige las funciones de este Máximo Tribunal.
artículo 21 de la
En efecto, dicho lapso de treinta (30) días comenzará a contarse a partir de la fecha
en que sea expedido el cartel de emplazamiento, y será dentro del mismo que el
recurrente deberá retirar y publicar el ejemplar del periódico donde fue publicado el
referido cartel, contando luego con tres (3) días de despacho siguientes a dicha
publicación para su consignación en autos; de manera que cuando
cumpla con la carga procesal aquí descrita procederá la
el recurrente no
desistimiento, la cual se verifica como una sanción para la parte actora en virtud de
su inactividad en el procedimiento. Así se declara
AUTO DE ADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA
Del auto por el cual se declare inadmisible la demanda, recurso o
solicitud, podrá apelarse por ante la Sala respectiva, dentro de
hábiles (de Despacho) siguientes a su publicación, y la Sala podrá confirmarlo,
reformarlo o revocarlo en el lapso de quince (15) días hábiles (de Despacho),
contados desde la interposición de la apelación, quedando a
previstos en leyes especiales, siempre que éstos resulten más
salvo los lapsos
(Vid: S/TSJ/SPA. N° 1.735, Exp. N° 14.226 del 27/07/2000,
caso: Juan Eduardo Adellán contra la República Bolivariana de Venezuela).
ART. 19.4-13 LOTSJ.
S/TSJ/SPA. N° 1.735, Exp. N° 14.226, de fecha 27 de julio de 2000,
caso: Juan Eduardo Adellán contra la República Bolivariana de Venezuela.
“… ¿ ES O NO APELABLE EL AUTO QUE ADMITE ?
Al respecto, es menester observar que en materia civil ordinaria, el auto que
declara la admisión no resulta apelable, porque se tiene una oportunidad y un
procedimiento establecido para controlar la admisión, que viene
a ser todo el
régimen de las cuestiones previas, por lo que cualquier oposición
se verifica en la oposición de cuestiones previas. En
administrativo, se plantean dos hipótesis: la primera, es seguir la
misma regla del
Código de Procedimiento Civil y por lo tanto no apelar, porque la
admisión no
causa un grave daño irreparable; sin embargo, esta Sala debe recordar que en el
contencioso administrativo las cuestiones previas opuestas, como regla general,
se deciden como punto previo en la sentencia definitiva, y en consecuencia, hay
que llevar todo el procedimiento y el demandado sí podría sufrir un grave daño
con la admisión.
Por tales razones considera esta Sala, y de ahí que se abandone el criterio
sostenido por la Sala Político-Administrativa de la extinta Corte
Justicia, que cuando el Juzgado de Sustanciación de la Sala admite una demanda
sin haberse demostrado el cumplimiento del antejuicio administrativo previo, lo
procedente no es la oposición de la cuestión previa de prohibición de admitir la
acción propuesta (ordinal 11° del artículo 346 del Código de Procedimiento
Civil), sino la apelación del auto de admisión dictado por el
Sustanciación, a fin de que la Sala se pronuncie en relación a los requisitos de
inadmisibilidad sobre los cuales la parte afectada por el auto
consideró que no fueron debidamente analizados al momento
admisión de la demanda o la solicitud.
producirse la
Si la representación de la República demandada no ejerciere
apelar contra el auto de admisión emanado del Juzgado de Sustanciación, la
propia Sala quedará autorizada – de oficio - para pronunciarse en relación al
auto proferido por dicho Juzgado y, consecuentemente, también quedará
autorizada para revocar el referido auto de admisión y declarar inadmisible esa
demanda en razón del carácter de orden público del
administrativo previo que prevé la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República, tal y como lo presupone el artículo 212 del Código de Procedimiento
Civil. Así se declara …”. (Resaltado del texto).
ANUNCIO Y SOLICITUD DE
APERTURA DE LA CAUSA A PRUEBAS
Una vez practicadas las citaciones y/o notificaciones, cualquiera de las
partes podrá solicitar la apertura de un lapso para promover
y evacuar las
pruebas que consideren convenientes para la mejor defensa de sus
En el período de promoción de pruebas las partes deberán indicar los
requieran evacuación.
(Vid. Auto/TSJ/SPA (Juzgado de Sustanciación) del 26/04/2006, Exp. Nº 02-1072,
caso: Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR).
ART. 21.12 LOTSJ.
Auto/TSJ/SPA (Juzgado de Sustanciación) de fecha 26/04/2006, Exp. Nº 02-1072, caso: Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR).
“…En relación con la oposición a la admisión de las pruebas de inspección judicial y experticia por
no señalar el objeto de las mismas, ha sido criterio reiterado de esta Sala Político-Administrativa,
señalar que el sistema de libertad de los medios de prueba es absolutamente incompatible con
cualquier tendencia restrictiva de admisibilidad del medio probatorio escogido por las partes,
salvo de aquellos legalmente prohibidos o que resulten ajenos a los hechos debatidos, ya que
cualquier negativa a admitir una prueba que no fuese calificada como manifiestamente ilegal o
impertinente, pudiera vulnerar en definitiva el derecho a la defensa del promovente.
Así, por decisión N° 00314 del 5 de marzo de 2003, ratificada en fecha 16 de diciembre de 2003
(sentencia Nº 01956), la Sala expresamente estableció que:
“la disposición antes citada (artículo 395 del Código de Procedimiento Civil)
para la admisión de una prueba deba señalarse expresamente cuál es el objeto de la misma; sin
embargo, esta Sala considera que existen casos en los cuales resulta conveniente
hacer tal señalamiento, pues sin duda alguna ello facilitaría la labor de valoración
que debe desempeñar el juez al dictar sentencia. Lo que no puede, en ninguno de los casos, es
pretenderse de manera general que tal precisión sea de obligatorio cumplimiento, creando una
carga para las partes no establecida expresamente por la ley
en razón de lo cual, estima este
Juzgado, de conformidad con la doctrina antes mencionada, que la omisión del señalamiento
expreso del objeto de las pruebas promovidas (documentales, inspección judicial y experticia) no
es un impedimento para su admisión, toda vez que no atiende a la manifiesta ilegalidad o
impertinencia de las mismas; resultando, en consecuencia, improcedente la citada oposición, y
así se decide…”.
promovente dispone de cinco (5) días hábiles para la promoción
que estime convenientes para la mejor defensa de sus intereses.
( Vid: S/TSJ/SPA, Nº 904, Exp. Nº 03-1.383, del 30/03/2005, Exp. Nº 2003-1.383,
caso: Rafael Alberto La Torre Cáceres, contra la República Bolivariana de Venezuela
‘Ministerio del Interior y Justicia’, ratificada en S/TSJ/SPA, Nº 2.339, Exp. Nº 2002-662,
del 27/04/2005, caso: Centro Simón Bolívar, C.A.)
ART. 21.12 LOTSJ. Y ARTS. 392 y 396 CPC.
S/TSJ/SPA, Nº 904, del 30 de marzo de 2005, Exp. N° 2003-1.383, caso: Rafael Alberto La Torre Cáceres, contra la República Bolivariana de Venezuela (Ministerio del Interior y Justicia).
“… Ahora bien, como puede apreciarse de la situación fáctica así como de las normas
citadas, las disposiciones del artículo 19, apartes 18 y 19 eiusdem,
están referidas al
procedimiento para las apelaciones que deban tramitarse ante el Tribunal Supremo de
Justicia, lo cual resulta inaplicable al presente caso, ya que se trata de
encuentra en fase de cognición .
juicio que se
De esta manera, considera esta Sala, que cuando el artículo 21 de la
Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, hace referencia
a la aplicación del artículo 19 eiusdem, debe entenderse que el procedimiento aplicable
para el lapso de pruebas es el del procedimiento ordinario previsto en
el artículo 388 y
siguientes del Código de Procedimiento Civil, en virtud de la remisión supletoria que hace
el artículo 19, primer aparte, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo
República Bolivariana de Venezuela. Así se declara…”.
MEDIOS PROBATORIOS PERMITIDOS
Rige el principio de la libertad probatoria.
Sólo se podrán promover las pruebas de experticia, inspección judicial,
incluyendo aquellos documentos que formen parte de los
Administración Pública, cuando haya constancia que la prueba
que de ellos se
pretende deducir no puede llevarse de otro medio a los autos, las posiciones
juradas, y los instrumentos públicos y privados.
ART. 19.11 LOTSJ.
(Parcialmente desaplicado)
(Vid. S/TSJ/SPA, Nº 1.676, Exp. Nº 99-16.424, de fecha 5 de octubre de 2004,
caso: Rosa Aura Chirino Navas contra el Municipio Silva del Estado Falcón y otros).
ART. 395 CPC.
S/TSJ/SPA, Nº 1.676, de fecha 5 de octubre de 2004, Exp. Nº 99-16.424, caso: Rosa Aura Chirino Navas, contra el Municipio Silva del Estado Falcón y otros.
“… Así las cosas y volviendo al examen del aparte once del artículo 19 de la
novísima Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de
Bolivariana de Venezuela, considera esta Sala que la limitación consagrada en
dicho dispositivo, respecto de los medios de prueba que pueden promover las
partes en aquellas demandas, solicitudes o recursos ejercidos,
instancia, por ante este Supremo Tribunal, constituye una limitación excesiva al
derecho a la defensa de los justiciables consagrado en el artículo 49 de la
Constitución, la cual vacía prácticamente dicho derecho de contenido, toda vez
que se excluyen otros medios probatorios que en determinados casos, por
estarse ventilando en primera y única instancia, resultan pertinentes e incluso
los únicos para demostrar las pretensiones que se quieren hacer
valer en juicio.
En ese orden de ideas y atendiendo al marco de Estado de Derecho y de Justicia
que abarca nuestro ordenamiento constitucional vigente, considera esta Sala
que el legislador debió contemplar en la Ley que regula los procedimientos que
se ventilan ante este Máximo Tribunal un sistema amplio de pruebas para las
causas que se tramitan y sustancian en primera instancia, especialmente si se
parte del hecho de que esos juicios – los que se conocen y deciden en primera
instancia – no tienen alzada, surgiendo así la imperiosa necesidad de permitir
que las partes, a través de los medios probatorios que dispone el
jurídico, prueben lo que ha bien tengan, poniendo en conocimiento del juez los
elementos de juicios necesarios para la mejor solución de
Ahora bien, en este contexto resulta forzoso para esta Sala desaplicar de oficio y
para el caso en concreto lo dispuesto en el aparte once del artículo 19 de la Ley
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de
Venezuela, en lo que se refiere a aquellos medios probatorios que se admiten en
los procedimientos que se sustancian por ante este Máximo Tribunal en primera
instancia. Por lo tanto, deben admitirse en el presente caso, todos los medios
probatorios que no estén expresamente prohibidos por el Código Civil, el Código
de Procedimiento Civil y otras leyes de la República …”.
Dentro de los tres (3) días siguientes al término de la promoción, cada
parte deberá expresar si conviene en alguno o algunos de los hechos que trata
de probar la contraparte, determinándolos con claridad, a fin
de que el juez
pueda fijar con precisión los hechos en que estén de acuerdo, los cuales no
serán objeto de prueba. si alguna de las partes no llenare esta formalidad en el
término fijado, se considerarán contradichos los hechos.
Pueden también las partes, dentro del lapso mencionado, oponerse a la
admisión de las pruebas de la contraparte que aparezcan manifiestamente
ilegales o impertinentes.
AUTO DE ADMISIBILIDAD DE LAS PRUEBAS
convenir u oponerse, el juez providenciará los escritos de pruebas, admitiendo
las que sean legales y desechando las que aparezcan manifiestamente ilegales o
impertinentes. En el mismo auto, el juez ordenará que se omita toda declaración
o prueba sobre aquellos hechos en que aparezcan claramente convenidas las
ART. 19.19 LOTSJ. Y ART. 398 CPC.
APELACIÓN CONTRA EL AUTO DE
Las partes podrán apelar contra el auto de admisibilidad de
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la publicación
del correspondiente auto.
Contra el auto que niegue la admisión de pruebas, se oirá
ambos efectos, y contra el auto que las admita, en un solo efecto.
La Sala proveerá dentro de los quince (15) días siguientes, contados
desde la presentación de la apelación. Quedan a salvo los lapsos
disposiciones espaciales, siempre que éstos sean más favorables
LAPSO DE EVACUACIÓN DE PRUEBAS
Admitidas las pruebas, la evacuación de las mismas se efectuará dentro
de los treinta (30) días continuos siguientes, dicho lapso podrá
una sola vez, por un lapso de quince (15) días continuos.
ART. 21.12-13 LOTSJ. y ART. 400 CPC.
El Tribunal Supremo de Justicia podrá dictar
sentencia definitiva, sin
relación, ni informes, cuando el asunto fuere de mero derecho.
ART. 21.15 LOTSJ. Y ART. 389, 1° CPC.
DESIGNACIÓN MAGISTRADO PONENTE
Negadas las pruebas o evacuadas las pruebas admitidas, la Sala recibe las
actuaciones del Juzgado de Sustanciación, a los fines de la continuación del
procedimiento, se da cuenta en Sala, se designa Magistrado ponente, y se fija la
oportunidad para dar comienzo a la primera etapa de la relación de la causa
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.
ARTS. 19.6 - 21.14 LOTSJ.
La relación de la causa consiste en el estudio individual del expediente por los
Magistrados. Se hará constar en el expediente su fecha de inicio.
Iniciada la primera
causa, las
partes deberán
presentar sus informes en forma oral dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a
la hora que fije el tribunal.
ART. 19.7-8 LOTSJ.
ACTO DE INFORMES
Al inicio el acto de informes, el Presidente de la Sala respectiva señalará a
las partes el tiempo de que disponen para exponerlos, y de
procederá si las partes manifiestan su deseo del hacer uso del derecho a réplica
o contrarréplica.
Concluido el acto de informes se dice “vistos”, y se da comienzo la segunda
etapa de la relación de la causa.
ART. 19.8 LOTSJ.
Realizado el acto de informes, ope legis se da comienzo
etapa de la relación de la causa, la cual tendrá una duración de
hábiles, dicho lapso podrá ser prorrogado por una sola vez, por el mismo
tiempo, por auto razonado, cuando el número de piezas que conforman el
expediente, la gravedad o complejidad del asunto u otras
impongan la causa entrará en estado de sentencia.
razones así lo
En su fallo definitivo el Tribunal Supremo de Justicia declarará, si procede
o no, la nulidad de los actos o de los artículos impugnados, y determinará, en su
caso, los efectos de la decisión en el tiempo; igualmente podrá, de
los términos de la solicitud, condenar el pago de sumas de
reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la
administración, así como disponer lo necesario para el restablecimiento de las
situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa.
Cuando la acción hubiese sido temeraria o evidentemente infundada, se
impondrá al solicitante multa entre cincuenta unidades tributarias (
50 UT) y cien
unidades tributarias (100 UT).
ART. 21.16-17-18 LOTSJ.
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