Source: https://www.scribd.com/document/87980918/FORMULA-INDICACION-SUSTITUTIVA-AL-PROYECTO-DE-LEY
Timestamp: 2018-10-17 22:25:52
Document Index: 45258286

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 14', 'artículo 52', 'artículo 16', 'artículo 23', 'artículo 2', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 11', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 330', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 11', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 18', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 52', 'artículo 23', 'artículo 2', 'artículo 15', 'artículo 14', 'artículo 16', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 2', 'artículo 332', 'artículo 333']

FORMULA INDICACIÓN SUSTITUTIVA AL PROYECTO DE LEY
Guias de Trabajo Tema 4 Alimentos.
DemandaExoneracionObligacion
Reglamento-sobre-Fondo-Solidario-de-Crédito-Universitario
Trabajo Final Contabilidad(1)
Decreto Precidencial 1824 Nicaragua
demanda C&B oct-Puc
FORMULA INDICACIÓN SUSTITUTIVA AL PROYECTO DE LEY RESPECTO DE COMUNICACIONES DE ÓRDENES DE APREMIO EN JUICIOS DE ALIMENTOS (BOLETÍN Nº 7765-07).
SANTIAGO, xx de marzo de 2012
Nº XXX-XXX/
Honorable Senado: DE S.E. EL PRESIDENTE AL H. SENADO. En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular la siguiente indicación sustitutiva al proyecto de ley del rubro, a fin de que sea considerada durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:
La presente indicación, tiene por objeto establecer medidas que: (A) favorecen el cumplimiento de los alimentos fijados o aprobados por una resolución judicial y, (B) mejoran, en general, la eficacia del sistema de cumplimiento de alimentos. El derecho de alimentos es uno de los efectos más importantes de la filiación, al tener su fundamento en el derecho a la vida del alimentario. Como explicara el profesor Mauricio Tapia, en sesión de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, de 27 de diciembre de 2011, el derecho de alimentos envuelve un deber patrimonial que se hace especialmente exigible cuando se produce el quiebre de la relación de familia. Si la familia convive adecuadamente, la obligación de alimentos “es cumplida sin ningún tipo de apremio, y su monto queda entregado al criterio de sus miembros, contexto en el que el derecho tiene poco que decir.”. Esta situación “cambia cuando hay un quiebre familiar o se está en presencia de filiaciones no queridas que fueron fruto de relaciones pasajeras”. En este escenario cobra
importancia el derecho de alimentos, porque “a través de ellos se asegura el sustento y la crianza de los hijos”1. Si bien, la naturaleza jurídica del derechos de alimentos, en cuanto derecho de familia de índole patrimonial, es la de una obligación civil, y como tal, susceptible de ser resguardada a través de instituciones muy antiguas que aseguran su cumplimiento, como el derecho de prenda general, las garantías reales o personales, la acción oblicua o subrogatoria o la acción pauliana, acudir a estos instrumentos jurídicos resulta muy engorroso cuando lo que se pretende es proteger rápidamente los derechos patrimoniales de familia2. En este sentido, la acción de cumplimiento forzado de los alimentos tampoco es un instrumento del todo eficaz, al ser ésta una obligación de tracto sucesivo, cuya ejecución se renueva periódicamente. Es por esta razón que el uso de las medidas de apremio, incluyendo aquellas de índole personal, son invocadas con mayor frecuencia, por cuanto, a través de ellas, se puede lograr presionar al deudor, con el objeto que cumpla voluntariamente con su obligación. (A) Medidas que pretenden favorecer el cumplimiento de los alimentos fijados o aprobados por una resolución judicial. Entre las medidas que se proponen en la presente indicación, tendientes al cumplimiento de este objetivo, debemos destacar las siguientes: 1. Extensión del ámbito de aplicación de la retención judicial. La presente indicación modifica la Ley N°14.908, Sobre abandono de familia y pago de pensión alimenticia, con el objeto de ampliar el ámbito de aplicación de la medida de retención judicial, como forma de pago de los alimentos, actualmente restringida al alimentante que es trabajador dependiente, a las hipótesis del alimentante trabajador independiente con contrato a honorarios y a aquél que percibe una pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia. En efecto, no hay un motivo justificado que obste a la extensión de la medida de retención judicial a los sujetos ya referidos, pues en todos estos casos existe una obligación de alimentos fijada o aprobada judicialmente y una entidad pagadora que tiene la posibilidad de practicar la retención. Por lo demás, la retención judicial es la modalidad del pago más adecuada para obtener el cumplimiento oportuno y expedito de la obligación de alimentos. Con
Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, respecto de comunicación de órdenes de apremio en juicios de alimentos (Boletín N°7.76507), de 27 de diciembre de 2011. p. 10.
Íbidem. p.10
ésta, no sólo se favorece al alimentario, a quien se le asegura de mejor forma el pago de los alimentos para la satisfacción de sus necesidades, sino también al alimentante, quien, a través de un mecanismo sencillo, se asegura de cumplir oportunamente con su obligación, evitando el conflicto con su familia y la interposición de apremios en su contra. A su vez, se modifica el artículo 8° inciso cuarto de la citada ley, con el objeto de establecer, categóricamente, que la regla es que el tribunal establezca la retención judicial como forma de pago de la obligación de alimentos y que sólo acceda, excepcionalmente, a la solicitud del alimentante de sustituir dicha modalidad, si a su juicio existen motivos calificados que la justifiquen y el alimentante dé garantías suficientes de pago íntegro y oportuno. 2. Configuración de un procedimiento especial de apremio. Ante reiterados requerimientos de los usuarios del sistema de Justicia de Familia, así como de los actores involucrados en éste –abogados, jueces-, se hace patente la necesidad de configurar un procedimiento que establezca reglas claras de tramitación de los apremios personales y otras medidas que el legislador establece, con el objeto de obtener el cumplimiento de la obligación alimenticia, tales como, la suspensión de la licencia de conducir vehículos motorizados y la retención de la devolución anual de impuestos a la renta. Ninguna de estas medidas tiene establecido un procedimiento para su tramitación, lo que produce serias complicaciones, especialmente en cuanto a la forma de notificar las resoluciones judiciales. Por tal motivo, la indicación, incorpora a la Ley de Alimentos, un nuevo artículo 14 A, que regula minuciosamente el procedimiento para la tramitación de los apremios personales y, por remisión legal, otras medidas que el legislador establece con el objeto de obtener el cumplimiento de la obligación alimenticia. En cuanto a la notificación de las resoluciones que se dicten en la tramitación de las medidas de apremio personal, se establece expresamente que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 52 del Código de Procedimiento Civil, sólo se notificará por cédula al alimentante moroso la resolución que provee la solicitud del apremio, disponiendo la liquidación de la deuda, si fuere la primera vez que el alimentario solicita al tribunal la concesión de alguno de estos apremios. Con todo, siempre que en la tramitación de una solicitud de apremio personal, o de alguna de las medidas del artículo 16 de la Ley N°14.908, sea necesario practicar la notificación por cédula o por carta certificada, en los casos del artículo 23 de la Ley N°19.968, el lugar hábil será el domicilio del alimentante
que a la fecha conste en el proceso, sea por haberlo éste indicado expresamente o, en su defecto, haber sido el lugar donde fue notificado válidamente de la demanda de alimentos. De esta forma, se atribuye un efecto concreto al incumplimiento del alimentante del deber que establece el artículo 2° inciso segundo de la Ley N°14.908, consistente en informar todo cambio de domicilio, de empleador y lugar en que labore o preste servicio. De paso, se soslaya uno de los principales obstáculos que existen al momento de tener que practicar estas notificaciones. 3. Modificaciones relativas a la medida de suspensión de la licencia de conducir. La medida de suspensión de la licencia de conducir, introducida por la Ley N°20.152, de 9 de enero de 2007, actualmente es escasamente solicitada por los alimentarios, ante el evento del incumplimiento de una obligación de alimentos. En este sentido, el informe de Cumplimiento en materia de familia, de noviembre de 2010, de la Unidad de Cumplimiento de los Juzgados de Familia de Santiago, da cuenta de los problemas de interpretación suscitados en relación al artículo 16 N°2 de la Ley N°14.908 y la necesidad de regular pormenorizadamente la tramitación de dicha solicitud y su cumplimiento. En cuanto a los problemas de interpretación, dicho informe señala que, al prescribir la norma que: “Dicho término (plazo de suspensión de la licencia) se contará desde que se ponga a disposición del administrador del tribunal la licencia respectiva” se ha interpretado, por algunos, que el apremio sólo operaría a partir de ese momento. El problema fue zanjado por la Corte Suprema que, en ejercicio de sus facultades económicas, dictó el Auto Acordado N°55-2008, de 4 de abril de 2008, titulado “Instrucciones para hacer efectivas las suspensiones de licencia de conducir decretadas en juicio por cobro de pensiones alimenticias que emanan de los Juzgados de Familia”. El Auto Acordado dispuso que la resolución que ordena la suspensión de la licencia se hace efectiva remitiendo el tribunal al Servicio de Registro Civil e Identificación, un oficio que ordene la inscripción de la suspensión de la licencia de conducir en el Registro Nacional de Conductores, y que el alimentante apremiado sólo da cumplimiento a la referida resolución, al hacer entrega de la licencia de conducir al Administrador del Tribunal de Familia competente, oportunidad en la cual, de acuerdo al artículo 16 N°2 de la Ley N°14.908, se inicia el cómputo del término de suspensión de la licencia de conducir.
La presente indicación recoge la regulación dada por la Corte Suprema, que consideramos adecuada y necesaria, precisando que la medida de suspensión de la licencia de conducir adquiere vigencia desde el momento en que la resolución que la ordena queda en estado de cumplimiento, sin perjuicio que el inicio del plazo de suspensión se inicia una vez que el alimentante moroso da cumplimiento a su obligación de entregar la licencia de conducir al tribunal. Adicionalmente, la indicación regula el procedimiento para la tramitación de esta medida y establece un conjunto de reglas que tienen por objeto obtener la entrega de la licencia de conducir sobre la cual recayó la medida. 4. Registro de órdenes de arresto e incautación de licencia de conducir pendientes. La indicación también recoge la propuesta original del proyecto de ley que establece el deber de la policía de mantener un registro de las órdenes de arresto pendientes y que se les haya encargado diligenciar, con el objeto de evitar que, tras el diligenciamiento de la orden de apremio por la respectiva unidad policial, sin obtener resultados positivos, esta sea devuelta al tribunal y pierda su eficacia, por no constar en un registro. Adicionalmente, con relación estos apremios, se establece el deber del tribunal y la unidad policial respectiva, de adoptar las medidas de coordinación necesarias para llevar a cabo la ejecución de la orden. Por último, y con el mismo fundamento, se establece el deber de registrar las órdenes de incautación pendientes que, de acuerdo a la normativa que se propone, pueden dictarse con motivo del incumplimiento del alimentante de su deber de entregar la licencia de conducir, una vez decretada su suspensión. 5. El pago de los alimentos por un tercero. En relación al artículo 3° inciso final de la Ley N°14.908, que establece la facultad del alimentario de demandar de alimentos a los abuelos, cuando los alimentos decretados no fueren pagados por el alimentante o no fueren suficientes para solventar las necesidades del hijo, la indicación incorpora la facultad de que cualquier persona enerve la acción de alimentos interpuesta contra los abuelos, pagando al alimentario, a nombre del deudor y, aún contra su voluntad, las pensiones de alimentos adeudadas, generándose una acción de reembolso a su favor, equivalente al monto pagado reajustado según el Índice de Precios al Consumidor. Por medio de esta medida, junto con proteger a los abuelos, al enervar la acción de alimentos interpuesta en su contra, se satisfacen las necesidades del
alimentario no cubiertas por el alimentante y, a la vez, sin descuidar los intereses del tercero que paga, quien tendrá siempre la acción de reembolso contra el alimentante incumplidor. Adicionalmente, la medida tiene por virtud operar como medio de presión familiar hacia el alimentante, para que éste cumpla con su obligación de alimentos, por cuanto se estima que quien normalmente pagará con el fin de no afectar a los abuelos será éste u otro familiar, quien no estará dispuesto a mantenerse por mucho tiempo en la misma condición. (B) Modificaciones que pretenden mejorar la eficacia del sistema de cumplimiento de alimentos. Entre las medidas que se proponen en la presente indicación, tendientes al cumplimiento de este objetivo, destacamos las siguientes: 1. Contenido de la resolución que fija o aprueba los alimentos. La indicación, modifica el artículo 6°, inciso segundo, de la Ley N°14.908, estableciendo que la resolución que fija o aprueba una pensión de alimentos, deberá indicar, además del monto y lugar de pago de la misma, que es lo que actualmente establece la disposición, las circunstancias tenidas en cuenta al tiempo de determinar su cuantía y señalar, expresamente, que la obligación de alimentos sólo se entenderá cumplida si el pago se sujeta estrictamente a la forma fijada o aprobada por el tribunal. En similares términos, se modifica el artículo 11 inciso tercero de la Ley N°14.908, sobre los convenios de alimentos aprobados por el tribunal, caso en el cual, normalmente, no se señalan las circunstancias consideradas por las partes para determinar el monto de los alimentos, suscitándose el problema de apreciar el cambio en las circunstancias ante una eventual acción de aumento o rebaja de alimentos. 2. Límite legal al monto máximo de la pensión de alimentos. La indicación propone incorporar en el artículo 7° de la Ley N°14.908, dos nuevos incisos, que faculten excepcionalmente al juez a decretar, por resolución fundada, una pensión de alimentos cuyo monto supere el límite del cincuenta por ciento de las rentas del alimentante, si esto fuere indispensable para: a) satisfacer las necesidades de el o los alimentarios niños, niñas o adolescentes, o b) evitar que el padre o madre que tiene el cuidado personal de un hijo que sea niño, niña o adolescente, quede obligado a contribuir a sus necesidades más allá de lo debido, atendido el grado de participación que a cada padre corresponde cubrir en las necesidades del hijo alimentario, según sus facultades económicas.
Con todo, el tribunal, en la determinación del monto de la pensión, según la facultad del inciso anterior, en ningún caso podrá fijar una suma o porcentaje que exceda del setenta por ciento de las rentas del alimentante, y siempre deberá considerar el deber legal de alimentos que el padre o la madre pueda tener en relación a otras personas. En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, la siguiente indicación sustitutiva del proyecto de ley de la suma, a fin que sea considerada durante la discusión de la misma en esa H. Corporación: Para sustituir el texto íntegro del proyecto, por el siguiente:
ARTÍCULO PRIMERO.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el artículo 7º del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2000, del Ministerio de Justicia: 1) Incorpórase al artículo 3° inciso final, a continuación del punto aparte, que pasa a ser punto seguido, el siguiente enunciado final: “Cualquier persona podrá enervar la acción de alimentos interpuesta contra los abuelos, pagando al alimentario, a nombre del deudor, las pensiones de alimento adeudadas, aún contra su voluntad, teniendo una acción de reembolso contra éste equivalente al monto pagado, reajustado según el Índice de Precios al Consumidor.”. 2) Modifícase el artículo 6° en el siguiente sentido: a) Intercálase, en el inciso segundo, entre las expresiones “fije” y “una pensión”, la siguiente locución: “o apruebe”. b) Incorpórase, en el inciso segundo, a continuación de la expresión “deberá determinar el monto y lugar de pago de la misma”, un punto seguido (.) seguido de la siguiente frase: “Asimismo, deberá indicar las circunstancias consideradas para determinar la capacidad económica del alimentante y necesidades del alimentario, y señalar que la obligación de pago solo se entenderá cumplida si ésta se sujeta a la forma fijada o aprobada por el tribunal. En caso de aprobarse una forma de pago distinta a la entrega mensual de dinero al alimentario, la resolución deberá avaluar la obligación en dinero.”. 3) Intercálase en el artículo 7° los siguientes incisos segundo y tercero nuevos, pasando el actual a ser cuarto y así sucesivamente: “Excepcionalmente, y por resolución fundada, se podrá superar el límite establecido en el inciso anterior, si esto fuere indispensable para:
a) satisfacer las necesidades de el o los alimentarios que sean niños, niñas o adolescentes, en conformidad al artículo 330 del Código Civil, o b) evitar que el padre o madre que tiene el cuidado personal de un hijo que sea niño, niña o adolescente, quede obligado a contribuir a sus necesidades más allá de lo debido, atendido el grado de participación que a cada padre corresponde cubrir en las necesidades del hijo alimentario, según sus facultades económicas. Con todo, el tribunal, en la determinación del monto de la pensión según la facultad del inciso anterior, en ningún caso podrá fijar una suma o porcentaje que exceda del setenta por ciento de las rentas del alimentante, y siempre deberá considerar el deber legal de alimentos que el padre o la madre pueda tener en relación a otras personas.”. 4) Modifícase el artículo 8° en el siguiente sentido: a) Sustitúyese, el actual inciso primero, por el siguiente: “Las resoluciones judiciales que ordenen el pago de una obligación de alimentos, provisorios o definitivos, por un trabajador dependiente, trabajador independiente sujeto a contrato de honorarios, o que perciba una pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia establecerán, como modalidad de pago, la retención por parte del empleador, la persona que contrata los servicios a honorarios o la entidad pagadora de las pensiones referidas.”. b) Intercálase el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual a ser tercero y así sucesivamente: “La resolución judicial que ordena la retención del inciso anterior, se notificará a quien deba pagar al alimentante, su sueldo, salario, pensión o cualquier otra prestación en dinero, a fin que retenga y entregue la suma o cuotas periódicas fijadas en ella directamente al alimentario, a su representante legal, o a la persona a cuyo cuidado esté.”. c) Sustitúyese en el actual inciso segundo, nuevo inciso tercero, la expresión “las resoluciones a que se refiere el inciso anterior” por la locución: “estas resoluciones”. d) Suprímase en el actual inciso tercero, nuevo inciso cuarto, la frase: “con fundamento plausible,”. e) Sustitúyese, en el actual inciso tercero, nuevo inciso cuarto, la expresión final “por parte del empleador, siempre que dé garantías suficientes de pago íntegro y oportuno.”, por la siguiente: “del inciso primero de esta disposición. El tribunal accederá a esta petición, excepcionalmente, siempre que a su juicio existan motivos calificados que la justifiquen y que el alimentante dé garantías suficientes de pago íntegro y oportuno.”.
f) Sustitúyese, en el actual inciso cuarto, nuevo inciso quinto, la palabra “respectiva” por la locución: “del inciso anterior”. g) Intercálase al inciso final: - entre la palabra “juez” y la coma (,) que le sigue, la frase: “que decretó los alimentos”; - entre la palabra “oficio” y la coma (,) que le sigue, la expresión: “o a petición de parte”; - entre la palabra “pertinentes” y la coma (,) que le sigue, una coma (,) y la frase: “o el inicio de la ejecución”; y, - entre la locución “conforme al inciso primero” y el punto aparte (.) que le sigue, una coma (,) seguida de la fase: “disponiendo, conjuntamente, la notificación de esta resolución en los términos del inciso segundo y tercero de este artículo”. 5) Modifícase el artículo 9° en el siguiente sentido: a) Sustitúyese en el inciso primero la expresión “decretar o aprobar que se imputen al pago de la pensión, parcial o totalmente, los gastos útiles o extraordinarios que efectúe el alimentante para” por la siguiente frase: “, en la resolución que fija o aprueba los alimentos, aceptar como forma de pago, parcial o total, que el alimentante se obligue a solventar periódicamente determinados gastos útiles que tengan por objeto”. b) Incorpórase en el inciso primero, a continuación del punto aparte, que pasa ser punto seguido, el siguiente párrafo: “En la misma resolución, el juez deberá determinar el monto mensual de alimentos que se pagan de esta forma, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 6°, inciso segundo, de esta ley.”. c) Sustitúyese en el inciso segundo la expresión “fijar o aprobar que la pensión alimenticia se impute total o parcialmente a”, por la siguiente: “, en la resolución referida en el inciso anterior, decretar como forma de pago de los alimentos, total o parcialmente, la constitución de”. d) Intercálase en el inciso segundo, entre el primer punto seguido (.) y la expresión “Si”, el siguiente párrafo: “Esta resolución deberá cumplir con lo establecido en el artículo 6° inciso segundo de esta ley.”. e) Intercálase el siguiente inciso sexto nuevo, pasando el actual inciso sexto y final a ser séptimo: “Con posterioridad a la dictación de la resolución que fija o aprueba los alimentos, el juez sólo podrá imputar los gastos extraordinarios que el alimentante efectúe para satisfacer las necesidades de educación, salud o vivienda del alimentario, que acaezcan con posterioridad a la resolución aludida, sin que pudieran preverse. En estos casos, para determinar la cantidad que
deberá imputarse al pago de la pensión, el juez deberá atender a la naturaleza del gasto, la capacidad económica de las partes y, en su caso, el grado de participación que al alimentante y la persona que tiene el cuidado personal del alimentario corresponde cubrir en las necesidades de este último, de acuerdo a sus facultades económicas. Cualquiera sea el caso, el juez no podrá imputar al pago mensual de los alimentos una suma que exceda del 30% del monto de la pensión fijada o aprobada, debiendo proceder, si fuere necesario, a prorratear la suma total a imputar al pago de las pensiones sucesivas.”. 6) Modifícase el artículo 11 en el siguiente sentido: a) Sustitúyese en el inciso primero la palabra “pensión” por la expresión: “obligación”. b) Sustitúyese la parte final del inciso tercero, que sigue a la locución “la fecha y lugar de pago de” por la siguiente frase: “los alimentos y, el monto acordado por las partes y las circunstancias consideradas por éstas para determinarlo, sin que pueda ser inferior a la cantidad establecida en el artículo 3º de la presente ley. Las mismas menciones serán exigibles para que el tribunal apruebe los avenimientos sobre alimentos futuros.”. c) Intercálase en el inciso cuarto, entre la locución “trabajadores dependientes” y la coma (,) que le sigue, una coma (,) y la frase: “trabajadores independientes con contrato de honorarios o personas que perciban una pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia” d) Sustitúyese en el inciso cuarto la expresión “pensión acordada” por la locución: “obligación de alimentos convenida”, e incorpórase a continuación una coma (,). e) Introdúcese, en el inciso cuarto, a continuación de la frase “por parte del empleador”, una coma (,) seguida de la siguiente locución: “la persona que contrata a honorarios la prestación de un servicio o la entidad pagadora de la pensión, según corresponda”. f) Intercálase en el inciso quinto y final, entre la locución “obligación alimenticia acordada” y el punto aparte (.) que le sigue, una coma (,) y la frase: “en la forma señalada en el artículo 8 inciso final de esta ley”. 7) Intercálase en el artículo 12, el siguiente inciso tercero nuevo, pasando el actual a ser cuarto y así sucesivamente: “El pago parcial que efectúe el ejecutado frente al requerimiento de pago, no entorpecerá la tramitación del procedimiento de ejecución, ni hará exigible una nueva liquidación, debiendo el juez, de oficio, ordenar la deducción de la
cantidad abonada, una vez acreditada, mandamiento de ejecución y embargo.”.
8) Sustitúyese el inciso primero del artículo 13, por el siguiente: “Estará prohibido a la persona natural o jurídica que deba hacer la retención, en los términos de los artículos 8° y 11 de esta ley, desobedecer la respectiva orden judicial, cuestionar el monto de la retención o descontar un monto distinto a aquel decretado o aprobado por el tribunal y, en caso de hacerlo, quedará sujeto a la imposición de una multa ascendente al doble de la cantidad cuestionada o no descontada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18 de esta ley.”. 9) Modifícase el artículo 14 en el siguiente sentido: a) Elimínase en el inciso tercero la locución “estrictamente”. b) Incorpórase al inciso tercero, a continuación del punto aparte, que pasa a ser punto seguido, el siguiente párrafo: “El tribunal deberá conceder a la policía las facultades de allanamiento y descerrajamiento si, con anterioridad, se hubieren dictado dos o más órdenes de apremio en contra del alimentante o éste hubiere infringido una orden de arresto nocturno, a menos que el tribunal disponga lo contrario por resolución fundada.”. c) Intercálase el siguiente inciso cuarto nuevo, pasando el actual inciso cuarto a ser quinto y así sucesivamente: “El tribunal y la unidad policial respectiva deberán adoptar las medidas de coordinación que sean necesarias para llevar a cabo la ejecución de la orden de apremio. A su vez, la policía deberá mantener un registro de las órdenes de arresto que se encuentren pendientes y que se les haya encargado diligenciar.”. 10) Incorpórase, a continuación del artículo 14, el siguiente artículo 14 A nuevo: “El tribunal, al proveer la solicitud de apremio del artículo anterior, dictará una resolución en la cual dispondrá la liquidación de la deuda, en base a los antecedentes que el solicitante deberá acompañar a su presentación. Si para el cumplimiento de la obligación de alimentos se hubiere dispuesto la apertura de una cuenta de ahorro, la solicitud de apremio deberá ser acompañada de una copia actualizada de la respectiva libreta de ahorro. Efectuada la liquidación, el tribunal de oficio deberá aprobarla si no fuere objetada dentro de tercero día.
De ser objetada la liquidación, el tribunal, según el mérito de los antecedentes, resolverá de plano o previo traslado y, en este último caso, con el mérito de los antecedentes que obren en el proceso o previa citación a audiencia de prueba. Tan pronto quede firme la resolución que fija el monto de los alimentos adeudados, el tribunal, de oficio, dispondrá que se despache el o los apremios que correspondan, con citación. Si el alimentante se opusiere oportunamente a la solicitud de apremio, el tribunal procederá en la forma señalada en el inciso tercero de esta disposición. Si el motivo de la oposición fuere alguno de los señalados en el inciso final del artículo 14 de esta ley, el tribunal deberá dar traslado y citar a las partes a audiencia de prueba. De igual forma se tramitará la solicitud del alimentante de suspensión de la medida de apremio contemplada en el citado inciso final del artículo 14, que fuere interpuesta en otra oportunidad. Deberá notificarse por cédula al alimentante la resolución del inciso primero de esta disposición, si fuere la primera vez que el alimentario solicita al tribunal la concesión de alguno de los apremios del artículo anterior. En cualquier otro caso, las resoluciones que se dicten en la tramitación de la solicitud de apremio se notificarán de acuerdo a las reglas generales. Lo anterior es sin perjuicio de lo que establece el artículo 52 del Código de Procedimiento Civil. En la tramitación de la solicitud de apremio del artículo anterior, el lugar válido para practicar la notificación por cédula o, en su caso, por carta certificada según el inciso quinto del artículo 23 de la Ley N°19.968, será el domicilio del alimentante que a la fecha conste en el proceso, sea por haberlo este indicado expresamente o, en su defecto, haber sido el lugar donde fue notificado válidamente de la demanda de alimentos. Si por concurrir la hipótesis descrita en el artículo 2° inciso primero de esta ley, o por cualquier otro motivo, no constare en el proceso el domicilio del alimentante, la notificación de estas resoluciones se efectuará siempre por estado diario.”. 11) Sustitúyese en el artículo 15 la locución “artículo precedente” por “artículo 14”. 12) sentido: Modifícase el artículo 16 en el siguiente
a) Incorpórase al numeral 1., el siguiente inciso tercero: “El tribunal proveerá la solicitud de retención en la forma señalada en el artículo 14 A, incisos primero al quinto. Dicha solicitud se notificará al alimentante por cédula en el domicilio indicado en el artículo 14 A, inciso final.”.
b) Agrégase al numeral 2. los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto y quinto nuevos, pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser incisos sexto y séptimo, respectivamente: “La solicitud de suspensión de la licencia de conducir, se tramitará en la forma señalada en los incisos primero al quinto del artículo 14 A. Con todo, si el motivo de la oposición a la resolución que concede con citación la solicitud de suspensión fuere el indicado en el inciso sexto de este numeral, el tribunal deberá dar traslado y citar a las partes a audiencia de prueba. La resolución que provee la solicitud de suspensión se notificará al alimentante por cédula despachada al domicilio indicado en el artículo 14 A inciso final. El tribunal, al dictar la resolución que concede con citación la solicitud de suspensión, ordenará al alimentante hacer entrega al administrador del tribunal de su licencia de conducir dentro del término de 15 días contados desde que dicha resolución sea exigible. Transcurrido el término de tres días, sin que el alimentante se oponga, o en su defecto, desde que el tribunal resuelve la incidencia, concediendo la solicitud de suspensión de la licencia de conducir del alimentante, el tribunal dispondrá oficiar al Servicio de Registro Civil e Identificación, a fin que proceda a subinscribir la suspensión en el Registro Nacional de Conductores. Del mismo modo, el juez oficiará al servicio, tan pronto el alimentante entregue al administrador del tribunal su licencia de conducir, a objeto de comunicar la fecha en la cual deberá ser cancelada la referida subinscripción. En caso de ser procedente la prórroga del plazo de suspensión de la licencia de conducir, el tribunal deberá emitir una nueva orden para dejar subsistente la subinscripción. Para efectos del cómputo del plazo establecido en el inciso tercero de este numeral, el administrador del tribunal deberá llevar un registro de las resoluciones que ordenen la suspensión de la licencia de conducir y, en base a éste, informar al tribunal, vencido el término referido, si el alimentante dio cumplimiento a su obligación de entregar su licencia de conducir. Si el alimentante no hiciere entrega oportuna de su licencia al administrador del tribunal, ni ofreciere en dicho plazo una justificación suficiente, el juez de oficio oficiará a la policía a efectos de disponer su incautación. La unidad policial a la que el tribunal encargó diligenciar la incautación referida en este inciso, deberá mantener un registro de las órdenes de incautación pendientes, y en su caso, coordinarse con otras unidades policiales a efectos de cumplir con el encargo.” c) Intercálase al nuevo inciso sexto del numeral 2., entre la locución “siempre que” y la expresión “garantice”, la siguiente frase: “haga entrega de su licencia de conducir,”. d) Agrégase al nuevo inciso sexto del numeral 2.-, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, lo siguiente: “De concederse la interrupción del apremio, se dispondrá que el administrador del tribunal conceda al alimentante
una licencia de conducir provisoria por un término de 30 días, reteniéndose la licencia hasta el pago íntegro de la deuda. El tribunal dispondrá la renovación de la licencia de conducir provisoria del alimentante, si éste así lo solicita y acredita el cumplimiento de las condiciones fijadas y el pago de la pensión alimenticia que se vaya devengando.”.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Civil, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el artículo 2° del decreto con fuerza de ley N°1, de 2000, del Ministerio de Justicia: 1) Modifícase el artículo 332, en el siguiente sentido: a) Sustitúyese, la parte final del inciso segundo, que sigue a la expresión “veintiocho años”, incorporando a continuación un punto seguido (.) seguido de la siguiente frase: “La ausencia de las condiciones referidas, hará cesar, de pleno derecho, la obligación de pagar alimentos.”. b) Incorpórase, el siguiente inciso tercero y final: “No se aplicará lo establecido en el inciso anterior, cuando al alimentario le afectare una incapacidad física o mental que le impidiere subsistir por sí mismo, o que, por circunstancias calificadas, el juez lo considerare indispensable para su subsistencia”. 2) Incorpórase al artículo 333, el siguiente inciso segundo y final: “La resolución del juez, que fija o aprueba los alimentos, deberá indicar, expresamente, que la obligación referida sólo se entiende cumplida si el pago se sujeta estrictamente a la forma que ésta fije o apruebe.”.
CAROLINA SCHMIDT ZALDÍVAR Ministra Directora Servicio Nacional de la Mujer
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