Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2006-00429-de-septiembre-3-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_8fb3a4b1affb40cee0430a01015140ce&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-20 00:24:59
Document Index: 2424139

Matched Legal Cases: ['artículo 368', 'artículo 140', 'artículo 407', 'artículo 2', 'artículo 140', 'artículo 368', 'artículo 140', 'artículo 143', 'artículo 368', 'artículo 140', 'artículo 145', 'artículo 144', 'artículo 11', 'artículo 180', 'artículo 174', 'artículo 289', 'artículo 279', 'artículo 258', 'artículo 11', 'artículo 294', 'artículo 252', 'artículo 217', 'artículo 1524', 'artículo 780', 'artículo 11', 'artículo 252', 'artículo 289', 'artículo 368', 'artículo 368', 'artículo 187', 'artículo 187', 'artículo 777', 'artículo 294', 'artículo 810', 'artículo 187', 'artículo 949', 'artículo 756', 'artículo 946', 'artículo 946', 'artículo 762', 'artículo 775', 'artículo 762', 'artículo 952', 'artículo 946', 'artículo 305', 'artículo 368', 'artículo 229', 'artículo 777', 'artículo 946', 'artículo 777', 'artículo 946', 'artículo 201', 'artículo 777', 'artículo 201', 'artículo 777', 'artículo 777']

﻿ Sentencia 2006-00429 de septiembre 3 de 2010
SENTENCIA 2006-00429 DE 03 DE SEPTIEMBRE DE 2010
CONTENIDO:PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA. PARA EL BUEN SUCESO DE LA REIVINDICACIÓN SE DEBE DEMOSTRAR QUIÉN ES EL TITULAR DEL DERECHO DE DOMINIO QUIEN TIENE LA POSESIÓN MATERIAL Y LA IDENTIDAD DE LA COSA PRETENDIDA CON LA POSEÍDA POR EL OPOSITOR.
TEMAS ESPECÍFICOS:POSESIÓN, POSEEDOR, POSESIÓN MATERIAL, PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA
Sentencia 2006-00429 de septiembre 3 de 2010
Ref.: 05001-31-03-010-2006-00429-01
Aprobada en Sala de dieciocho de mayo de dos mil diez
Cuatro cargos propone la recurrente contra la sentencia combatida; el inicial amparado en la causal quinta de las previstas en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil y los siguientes apoyados en el motivo primero de este precepto; la Corte desatará de manera antelada el inicial, por involucrar un yerro de procedimiento, luego resolverá en forma conjunta los dos siguientes, por razón de que como uno y otro se basan, en lo toral, en idénticos fundamentos, en lo cardinal unas mismas consideraciones también servirán para desatarlos, y finalmente se pronunciará acerca del último que está llamado a prosperar.
Acusa la sentencia de haber sido dictada en un proceso viciado de nulidad, al tenor de la causal novena prevista en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.
1. Después de citar el numeral quinto del artículo 407 ibídem y un precedente jurisprudencial referente a los propósitos que cumple el certificado al que apunta la disposición, sostiene la recurrente que, aun cuando en obedecimiento de dicho precepto la demandante inició este proceso frente a Graciela Guzmán Mejía y a los herederos determinados e indeterminados de Alicia Guzmán Mejía, porque acorde con el particularizado documento eran quienes aparecían como propietarias del bien pretendido en usucapión, por auto de 29 de septiembre de 2006 el a quo estimó que en vista de que ellas eran titulares del dominio bajo las limitaciones impuestas por el gravamen fiduciario que recaía sobre el fideicomiso, el derecho de Alicia acrecía al de Graciela, conforme a los artículos 809 y 810 del Código Civil, razón por la cual inadmitió la demanda para que la acción se enderezara solo frente a la últimamente nombrada; como la actora acató la orden recién mencionada, el proceso siguió entonces solo contra Graciela, no obstante que en el referido certificado Alicia también seguía figurando en calidad de titular de tales prerrogativas, sin que la advertida mutación de la propiedad hubiese sido registrada en el respectivo folio de matrícula, según lo exige el artículo 2º del Decreto 1250 de 1970, que transcribe.
2. Luego de citar el numeral noveno del reseñado artículo 140 y un precedente de esta Sala a su alrededor, expone la acusadora que la nulidad derivada de las diferentes hipótesis contenidas en tal norma, entre ellas, la falta de integración del litisconsorcio necesario, es insaneable, por cuanto este es un proceso en el que por disposición de la ley no es posible resolver de mérito sin la comparecencia de todos los sujetos de las relaciones sustanciales que en el mismo se debaten, motivo por el que la actora está legitimada para proponerla, en atención al interés que le asiste de obtener una decisión de fondo respecto de todos quienes integran la parte demandada, como lo hizo inicialmente, y sin que la ilegalidad del auto que dispuso lo contrario, convalide la actuación surtida a espaldas de los herederos de dicha copropietaria.
Así, pide que se decrete la nulidad del proceso a partir del auto de 29 de septiembre de 2006, se disponga la integración del litisconsorcio necesario en la parte demandada con la vinculación de los herederos de Alicia Guzmán Mejía y se reponga de ahí en adelante la actuación.
1. Como se sabe, uno de los motivos que el legislador tiene establecido para acudir en casación en búsqueda del aniquilamiento de la sentencia combatida, conforme a la causal quinta del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, estriba en que al asunto le aqueje cuando menos una anomalía tal que con arreglo a la misma normatividad procesal determine alguna de las causales de anulación taxativamente establecidas, siempre y cuando se cumplan las condiciones allí previstas.
Al respecto ha de resaltarse que el Código de Procedimiento Civil destina todo el capítulo II del título XI de su libro segundo a regularla materia de las nulidades procesales, el que está compuesto por normas que determinan las causas generadoras de invalidez en todos los procesos y en algunos especiales, así como las que establecen las oportunidades para alegarlas, la forma de declararse y sus consecuencias, lo mismo que las eventualidades a través de las cuales deviene su saneamiento. Es con apoyo en ese concreto contenido normativo como la doctrina jurisprudencial tiene decantado que son la taxatividad, la convalidación y la protección o trascendencia, entre otros, los principios rectores que gobiernan tal materia. Conforme a la jurisprudencia de la corporación el primero consiste en la consagración positiva del criterio taxativo, según el cual no hay irregularidad capaz de estructurar nulidad adjetiva sin ley específica que la restablezca; el segundo consiste “en que la nulidad, salvo contadas excepciones, desaparece del proceso por virtud del consentimiento expreso o implícito del litigante perjudicado con el vicio”; y el tercero se funda “en la necesidad de establecer la nulidad con el fin de proteger a la parte cuyo derecho le fue cercenado por causa de la irregularidad” (G.J., t. CXLVIII, pág. 316, 1ª).
Por concernir a la cuestión debatida en el cargo objeto de estudio, es menester recalcar que acorde con el último de los mentados presupuestos no es suficiente que el asunto padezca de por lo menos una anomalía capaz de estructurar alguno de los motivos de anulación, sino que es indispensable que “quien haga el planteamiento se halle debidamente legitimado al efecto; ello en razón de que prevalido de dicha causal puede concurrir únicamente aquella parte a quien de manera trascendental el vicio le produzca daño, le cause un perjuicio tal, al punto que legalmente le afecte o pueda afectarle sus derechos correlativos, como así ciertamente surge de los artículos 142 y 143 del Código de Procedimiento Civil, pues ‘si se tiene en cuenta el principio de la trascendencia, se puede sentar como regla general la de que está legitimado para alegar una nulidad procesal quien a causa del vicio haya sufrido lesión o menoscabo de sus derechos’ (G.J., t. CLXXX, pág. 193)” (Sent. 035, abr. 12/2004, exp. 7077).
2. Dentro del escenario acabado de reseñar, por averiguado se tiene que la nulidad amparada en el numeral 9º del artículo 140 ibídem— “cuando no se practica en legal forma la notificación a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes...”—, solo podrá ser reclamada por los sujetos de derecho indebidamente notificados o emplazados, o sea, como lo dice el artículo 143 ejusdem, “solo podrá alegarse por la persona afectada”,ya que, cual lo tiene sentado la doctrina de la Sala, en lo atañadero a la mencionada causal “si bien es cierto que no puede ser puesta en conocimiento para que los indebidamente citados la convaliden, lo que la convierte virtualmente en insubsanable, no lo es menos que ello no significa que cualquiera de las partes resulte habilitada para alegarla, puesto que en el punto se mantiene inquebrantable la exigencia conforme a la cual solo puede proponerla quien se encuentre legitimado para ello, es decir, aquel que no hubiere sido citado al proceso, sin perjuicio de que el juez de instancia la decrete dentro de las oportunidades que para ello le otorga la ley” (sent., abr. 28/95, reiterada, entre otras, en sent., feb. 22/2000).
Lo expuesto en precedencia lleva a afirmar que la parte a quien la anomalía no le irrogue perjuicio, carece, por tanto, de legitimación para plantearla, pues las nulidades por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento, “no pueden ser invocadas eficazmente sino por la parte mal representada, notificada o emplazada, por ser ella en quien exclusivamente radica el interés indispensable para alegar dichos vicios” (G.J., t. CCXXXIV, pág. 180). Con arreglo a la añosa doctrina jurisprudencial de la Corte es palmario, por consiguiente, que la particularizada declaración de nulidad no puede solicitarla un sujeto procesal diferente al indebidamente representado o a quien no se le ha hecho la notificación en legal forma, puesto que el código, al reglamentar el interés para promoverla, de manera perentoria dispone que la originada en la indebida representación o falta de notificación o emplazamiento como lo contempla la ley, solo podrá ser invocada por la persona lesionada, o sea, aquella que de manera directa resulte afectada por una cualquiera de esas anomalías, desde luego que comprometen en forma grave el derecho de defensa; para reiterarlo con palabras de la Sala “solo el perjudicado con la actuación anómala se encuentra legitimado para alegar la nulidad” (G.J., t. CCXXXIV, pág. 619).
3. Las reflexiones expuestas ponen en evidencia, sin duda ninguna, la falta de legitimación de la impugnadora para aducir la supuesta irregularidad vertida en la acusación como tipificadora de la causal de nulidad en estudio, a cuyo amparo aduce la configuración del motivo quinto de casación, con el que aspira al aniquilamiento del fallo proferido por el ad quem.
Ciertamente, cual se dejó visto, el aparente vicio alrededor del cual gira, la argumentación del cargo, referente a que no se vinculó a los herederos determinados e indeterminados de Alicia Guzmán Mejía, pese a que esta figuraba en el certificado de tradición del predio objeto de las súplicas en calidad de titular de derechos reales, hace referencia a un aspecto procesal frente al cual los probables perjudicados serían sujetos diferentes de la casacionista, pues apunta a una falta de notificación o de emplazamiento no respecto de sí misma, como tendría que ser, según las normas legales y la doctrina jurisprudencial ya analizadas, sino de terceras personas; es claro así que por esa sola razón aquella carece de legitimación para, al abrigo de tal circunstancia, montar una acusación con fundamento en el motivo quinto del artículo 368 ibídem, con mayor razón si se toma en cuenta que no puede hacer suyas las posibilidades que llegaran a tener quienes no hubiesen sido notificados o emplazados en legal forma, habida consideración de que las probabilidades que obraren a favor de estos a ella no se le comunican.
Por cuanto es palmario que la crítica que el cargo le hace al fallo está apoyada en aspectos que pueden converger en un eventual daño de los derechos de personas que no concurren a esta senda extraordinaria, por esa sola consideración la impugnadora carece de legitimación para invocar tales anomalías como motivos que condujeren al quiebre del fallo atacado.
4. Desde otra perspectiva, la afirmación con base en la cual la acusadora dice derivar la legitimación y el interés para pedir la invalidez y así obtener una decisión de fondo respecto de todos quienes integran la parte demandada, consistente en que la derivada de las diferentes hipótesis contenidas en el motivo de nulidad invocado, entre ellas, la falta de integración del litisconsorcio necesario, es insaneable, por cuanto este es un proceso en el que por disposición de la ley no es posible resolver de mérito sin la comparecencia de todos los sujetos de las relaciones sustanciales debatidas en el mismo, no es, en puridad, la que cabe extraer del precedente asumido por la censura, pues lo cierto es que en el fallo así citado como tampoco en la línea jurisprudencial trazada por la Sala, tocante con la invalidez que tiene estribo en lo que prevé el numeral noveno del mentado artículo 140, “jamás se ha predicado la insaneabilidad en el punto...”, debido a que, “por el contrario, el concepto es y ha sido unánime para entender, sin asomo alguno de vacilación, que se trata de una nulidad esencialmente saneable, como que es precisamente un motivo anulatorio que mira más bien al interés del indebidamente notificado” (sent., mayo 8/92); criterio que la Corte ha reiterado, entre otras, en la Sentencia 229 de 15 de septiembre de 2005 (exp. 19078-01).
En otra ocasión, con el firme propósito de erradicar cualquier confusión que existiera sobre el tópico en cuestión, la Corte precisó, “para evitar malos entendidos, que cuando [ella]... ha calificado de ‘virtualmente insubsanable’ la nulidad surgida por el indebido emplazamiento de personas indeterminadas, ha querido significar con ello que, por razones obvias, no le es dado al juez, una vez advierta su existencia, ponerla en conocimiento de los afectados, en los términos del artículo 145 del Código de Procedimiento Civil, para que estos se pronuncien sobre su saneamiento. No quiere decirse, por consiguiente, que frente a quien encontrándose comprendido en el llamamiento edictal indebidamente realizado comparece al proceso sin alegar la irregularidad, no se surta el saneamiento, pues, por el contrario, como claramente lo señalara esta Sala en providencia del 8 de mayo 1992, ‘se trata de una nulidad esencialmente saneable como que es precisamente un motivo anulatorio que mira más bien al interés del indebidamente notificado y este en consecuencia perfectamente puede convalidar expresa o tácitamente’” (Sent. 016, feb. 15/2001, exp. 5741).
5. Ahora bien, en la hipótesis de que se admitiera, en gracia de discusión, legitimación en la recurrente para alegar la mentada anulación, tendría que decirse que, en tal supuesto, al tratarse de una nulidad susceptible de ser saneada, la misma habría quedado convalidada con el comportamiento de la actora, quien a lo largo de las instancias tuvo la oportunidad para alegarla, y sin embargo no lo hizo, con lo cual convalidó la probable irregularidad; en esta dirección véase cómo de cara al auto inadmisorio de la demanda, donde se le pidió que excluyera de la parte demandada a los herederos determinados e indeterminados de Alicia, por la razón que allí expuso el a quo, ella, antes que interponer los recursos tendientes a buscar la manera de que los jueces de instancia reversaran esa determinación, adoptó una actitud procesal complaciente con dicha exigencia, al extremo de que en el escrito de subsanación suprimió de la indicada parte precisamente a los aludidos.
En esta dirección ha dicho la Corte que “las causales de nulidad aludidas no pueden invocarse por quien haya dado lugar a los hechos que estructuran su ocurrencia, ni por aquel interesado que presenció impasible la desviación del trámite, porque en virtud de los principios de lealtad y probidad procesal, se excluye que quien ha provocado el hecho sancionado con la invalidez, pueda beneficiarse de su propia culpa, pues en este caso el reclamo por la sanidad del proceso no es más que una impostura o una estrategia procesal inaceptable” (Sent. 006 feb. 5/2008, exp. 00460-01).
En suma, bajo la eventualidad que viene planteada, con la actitud que desplegó en el interior del proceso, la promotora de esta controversia dio lugar a que sobreviniera el saneamiento contemplado en el artículo 144 ejusdem.
6. Por tanto, el cargo no prospera.
En este ataca al fallo de violar, de manera indirecta, los artículos 407, numeral 1º, del Código de Procedimiento Civil, 83 de la Constitución Nacional, 673, 762, 768, 769, 778, 780, 2512, 2513, 2518, 2531, 2532 y 2538 del Código Civil, 1º de la Ley 50 de 1936, por falta de aplicación, 775, 777, 946, 947, 961, 964 y 965 del Código Civil, por aplicación indebida, como consecuencia de los errores de hecho en que incurrió el tribunal al apreciar las pruebas.
1. No sin antes sostener que para negar las súplicas de la demanda principal el ad quem consideró que la demandante empezó a poseer el predio solo cuando presentó el libelo que originó este pleito, momento en el que intervirtió su condición inicial de tenedora en poseedora, que con apoyo en esa apreciación este la calificó como tal para así acceder a la súplica reivindicatoria, y de copiar ciertos pasajes del fallo, afirma la recurrente que a dicha conclusión él arribó luego de estimar que como se trataba de una controversia en que la parte demandada estaba integrada por un litisconsorcio necesario, la declaración de Graciela Guzmán Mejía contenida en el documento visible a folio 340 del cuaderno 1 no constituía confesión, sino la versión de un tercero, la que no demostraba los hechos posesorios alegados por Guzmán de Palacio; asevera, asimismo, que la ausencia o presencia de la posesión, que los artículos 946 y 2512 del Código Civil prevén como elemento axiológico de la reivindicación y de la prescripción, opera para el proceso de pertenencia al igual que para el reivindicatorio, porque, contrariamente, repugnaría a la lógica que en un mismo litigio, donde se debaten en forma acumulada tales dos acciones, en una de ellas el prescribiente no se considerara como poseedor y en la otra sí.
2. Aduce enseguida la acusadora que en vista de que en torno del proceso de pertenencia en la parte opositora se estructura un litisconsorcio necesario, la declaración de Graciela Guzmán contenida en aquel documento, aunque no puede ser valorada como una confesión, sino con alcance de un testimonio, la conclusión de que la misma no demostraba separadamente ni en conjunto con otras probanzas la posesión alegada, es fruto de los errores de hecho en que incurrió el juez de segundo grado al preterir examinar unas pruebas, apreciar de manera errada otras y suponer la existencia de algunas más.
3. Desde esta perspectiva, transcribe entonces el artículo 11 de la Ley 446 de 1998 y el reseñado documento así como lo que en su derredor dijo el juzgador, y a continuación expresa que por cuanto dicho medio demostrativo fue allegado en original, incorporado conforme al artículo 180 del Código de Procedimiento Civil por auto de 30 de noviembre de 2007, obró como prueba arrimada en forma oportuna al proceso, cual lo exige el artículo 174 ejusdem, el sentenciador incurrió en yerro fáctico, por un lado, cuando afirmó que “el aludido testimonio así documentado no [parecía] provenir de la religiosa aquí demandada”, porque pasó por alto observar que en vista de que fue aportado en forma regular y con fines probatorios, el anunciado escrito sí emanaba de Graciela y se reputaba auténtico, acorde al precepto primeramente citado; y, por el otro, al dejar de ver que el mismo fue reconocido de modo implícito por esta al abstenerse de tacharlo de falso en los términos del artículo 289 de la citada codificación, manteniéndose así intacta su presunción de autenticidad; por ende, este elemento de juicio tiene igual valor que los documentos públicos, tanto entre quienes lo suscribieron y sus causahabientes como respecto de terceros, según el artículo 279 del código citado, a lo que adiciona que el artículo 258 del referido estatuto legal preceptúa que “la prueba que resulte de los documentos públicos y privados es indivisible, y comprende... lo meramente enunciativo siempre que tenga relación directa con lo dispositivo del acto o contrato”.
De modo que si la prueba en cuestión es auténtica, ya que sobre ella se supone la veracidad acerca de su contenido y autoría, la aseveración del tribunal, consistente en que no era razonable atribuir la declaración testimonial allí documentada a la hermana Graciela”, es contraevidente frente a la autenticidad de dicho documento, puesto que cuando Graciela se abstuvo de tacharlo de falso mantuvo la reseñada presunción, reconoció como suyas las declaraciones allí consignadas, aunque no las hubiera convenido con su hermana Alicia; añade que aquel también se equivocó al asegurar que el citado escrito ha debido ser materia de autenticación y no de reconocimiento, toda vez que pasó por alto reparar que, en virtud de la suposición de autenticidad prevista en el artículo 11 ya mentado y del reconocimiento implícito que posteriormente aquella hizo del mismo, “las presuntas falencias” alrededor del “reconocimiento notarial..., carecen de trascendencia para deducir... que las declaraciones” allí contenidas no provenían de Graciela.
4. Dice la acusadora que el tribunal, en las apreciaciones que del fallo transcribe, relativas a que la actora perdió la oportunidad de llevar a sus tías ante un juez para que absolvieran interrogatorio de parte anticipado conforme al artículo 294 del ordenamiento procesal civil, a pedirles que el escrito sugerido por Alicia fuera una escritura pública de transferencia del bien, a que era extraño que apenas 13 años después de regalarle la casa esas parientes vinieran a reconocerla como poseedora, a que ubicara el inicio de la posesión pocos días después del 17 de julio de 1986 cuando falleció su hermana Virginia, al hecho de que esta haya dejado el bien en propiedad fiduciaria era un proceder no ortodoxo en quien tenía la calidad de religiosa y a lo inadmisible de la explicación del hijo de la actora para no haber traído con la demanda el escrito de marras, también incurrió en yerro de facto, pues no tuvo en cuenta que son determinaciones del fuero de las declarantes proceder de la manera como lo hicieron, entre otras razones, porque no se trataba de transferir la propiedad sino la posesión, lo que confirmaron al abstenerse de formularle a la referida probanza alguna tacha, reconocimiento que, de un lado, destruye aquellas particulares elucubraciones y, del otro, destierra la posibilidad de que la referida probanza y la declaración no provengan de Graciela, y que no se percató que “la prescribiente, al pronunciarse sobre las contestaciones de la demanda de pertenencia y... las excepciones de mérito”, advirtió sobre la existencia de aquel documento y justificó su no aportación en ese momento al expresar que Alicia y Graciela le entregaron el inmueble a Mercedes como poseedora para que viviera y dispusiera de él con su familia y que existía un escrito firmado por ambas, donde certificaban esta situación, el cual no se había encontrado pero que se subsana con los interrogatorios.
5. A vuelta de comentar que partiendo de la premisa de que la probanza vista a folio 340 se presume auténtica, por la previsión legal que así lo dispone y por el aludido reconocimiento tácito, de donde su infirmación no ha de provenir de meras conjeturas sino de prueba concluyente en contrario, aduce la impugnadora que por cuanto la autenticidad no impide que lo declarado en ella por las partes pueda discutirse por estas, como cuando se alega que el contrato no existe o que es otro su contenido, porque en tal caso el juez tiene la posibilidad de acudir a otros medios para hallar el verdadero querer de los contratantes, al descalificar el mérito demostrativo del documento el tribunal cometió dislate fáctico porque dedujo del testimonio de Jorge Mario Palacio Guzmán afirmaciones que este no hizo, pues en parte alguna declaró que Graciela Guzmán no otorgó ni reconoció el escrito presentado el 19 de diciembre de 1999 ante la Notaría Trece de Medellín; por el contrario, con conocimiento de causa él informó los motivos que llevaron a Alicia y a Graciela a reconfirmar mediante el aludido elemento de juicio que la entrega del inmueble a su sobrina Mercedes, para dotarla de un hogar donde ella viviera con sus hijos, fue a título de posesión, ya que tal era su voluntad, cuando describió las situaciones indicativas de que la opositora firmó el acta de reconocimiento, según lo deduce de los pasajes que transcribe de esa declaración.
6. También erró al afirmar que la declaración de parte de la demandada Graciela “no corresponde con la documentada de que se viene hablando y no solo no se corresponde sino que del documento no recuerda nada, peor aún, es reiterativa en haber dicho siempre que sus bienes serían mitad para sus sobrinos y mitad para la comunidad a la cual pertenece”, pues, pese a haber tenido esta la oportunidad de expresar allí que no había autorizado su contenido ni suscrito, no lo hizo, ya que cuando las preguntas se refirieron al tema la declarante expresó no recordarlo, sin manifestar que el bien lo hubiera entregado en mera tenencia; más bien, a la pregunta sobre qué sabía acerca del texto que se le puso de presente, respondió no recordarlo; e indagada sobre si aceptaba como cierto lo que aparecía en ese escrito, contestó que sí; precisada acerca de si entendía el verdadero alcance del mismo, dijo no acordarse “bien porque he perdido mucho la memoria”, pero que debía expresar que lo que poseía se lo dejaba a sus sobrinos y a “la comunidad donde habito”, esta de la que dijo no era la Congregación Mariana, sino la comunidad de la Presentación, a la que ella pertenecía, en una muestra de su lucidez mental; esta versión, a pesar del interés que le asistiera como reconviniente y subjetivamente inclinada por el éxito de la reivindicación, acompasa con lo esencial de la prueba obrante a folio 340, en la medida en que no reparó sobre su contenido, otorgamiento y suscripción.
Las reflexiones sentadas por el tribunal para concluir que la prueba en cuestión no fue suscrita por Graciela y que la declaración allí contenida no le merecía credibilidad, carecen de respaldo, no solamente por las respuestas del testigo Jorge Mario Palacio Guzmán en torno de la presencia de ella en la respectiva notaría, donde se efectuó el cuestionado reconocimiento notarial, sino porque las inferencias acerca de la iniciativa del documento y la duda alrededor de “si aquella lo entregó a la progenitora del declarante ya con presentación suya ante notario, ... la declaración testimonial allí documentada a la hermana Graciela”, y si el texto fue “convenido por la última con la primera”, son contraevidentes ante la firmeza no solo de la presunción de autenticidad contenida en la Ley 446 de 1998, sino del reconocimiento implícito contemplado en el numeral 3º del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, lo que armoniza con la declaración que rindió la demandada, en la que en ninguna parte negó haber otorgado el reseñado documento ni afirmó haber celebrado contrato alguno con la demandante, estregándole el uso o la mera tenencia del predio; estos actos procesales, prosigue, tornan inútil cualquier discusión sobre la presencia de los testigos y cuya ausencia constituyó otro motivo de sospecha por parte del tribunal; de no haber incurrido en esos errores de hecho, habría concluido que el contenido del escrito en cuestión proviene de Graciela y que Mercedes es poseedora del bien, porque le fue entregado bajo dicho título por sus tías en agosto de 1986, momento desde el cual se debe comenzar a contar el término para ganar la propiedad del mismo por el modo de la prescripción, aserto a cuyo propósito cita un precedente de esta Sala.
7. El juez de segundo grado igualmente erró cuando afirmó que, aún sin aquellos reparos, la declaración de Graciela no le merecía credibilidad para demostrar la posesión, apoyado en la falta de coherencia entre las distintas versiones de la “testigo” y en que le resultaba sospechosa a términos del artículo 217 de la Ley Procesal Civil, dado el interés que evidenciaba en favorecer a su sobrina, ya que —dice la recurrente— no hay incoherencia en lo manifestado en el documento del folio 340 y la versión que ella rindió el 18 de enero, porque según lo reseñó alrededor de cada una de las probanzas, nada hay que ponga de manifiesto una contradicción que conduzca a su descalificación; más bien se acompasan puesto que al haber podido Graciela desconocer en el interrogatorio absuelto ante el juzgado la versión contenida en el mentado escrito, guardó silencio a más de que tampoco se la podía tildar de sospechosa puesto que al no ser un testigo propiamente dicho, sino una parte, el contenido del multicitado documento goza de causa lícita, por cuanto conforme al artículo 1524 del Código Civil “la pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente”.
8. El juzgador también cometió error de hecho alrededor de la demanda de reconvención, donde la nombrada Graciela en ejercicio de la correspondiente acción pretende la reivindicación del bien, porque esta supone que el demandante reconozca en el demandado la calidad de poseedor, aseveración en cuyo soporte aduce un precedente de la Sala; a este respecto, luego de citar apartes de ese libelo, sostiene la casacionista que el sentenciador incurrió en yerro fáctico cuando afirmó que las declaraciones de María Eugenia Hernández Morales y Martha Cecilia Morales Flórez no daban fe de posesión alguna, pues al tratarse de un bien urbano, los actos posesorios no son distintos a la destinación del bien a la vivienda, a su mantenimiento material, a su conservación y eventualmente a ceder su tenencia, sobre los que dan cuenta los relatos de estas, como se establece de los pasajes que de ellas transcribe.
Tras señalar que las declaraciones de Ofelia Uribe Palacio y María Lourdes Agudelo Arango resultan inanes para demostrar la posesión alegada, pues, aunque no narraron actos posesorios, tampoco afirmaron que ella no fuese poseedora ni que no hubiese ejecutado hechos de señora y dueña, punto a partir del cual cita un precedente jurisprudencial, dice la recurrente que el tribunal inadvirtió entonces, por un lado, que la actora no solamente ejerció los actos posesorios de que dan cuenta las declarantes Morales Flórez y Hernández Morales, sino que realizó otro acto sobre la conservación del bien, cual fue el de pagar el impuesto predial por los más de 20 años, como se desprende de los recibos visibles a los folios 93 a 191; y, por el otro, que acorde con el testimonio de Guzmán Mejía, contenido en el documento de folios 340, para finales de 1999 el inmueble se encontraba en perfectas condiciones de conservación, gracias al mantenimiento realizado por Mercedes, según el texto que enseguida transcribe.
9. Pregona la acusadora que el tribunal incurrió en error fáctico al suponer que la actora empezó la ocupación del predio como tenedora en virtud de un contrato de comodato precario y que ella no probó la interversión de su título porque acá no reposaba prueba de la existencia de dicho pacto, sin que las manifestaciones de Graciela sobre dicha situación, expresadas en la contestación de la demanda inicial y en el alegato de conclusión, suplan la prueba de dicha relación sustancial, inferencia esta que para la recurrente se desvirtúa frente a las probanzas atrás analizadas, en particular, del testimonio vertido por la demandada en el individualizado documento, según el cual la posesión comenzó en agosto de 1986, cuando se entregó dicho bien, razón por la que no hubo ni se requirió de interversión.
10. El ad quem también incurrió en yerro de facto cuando calificó a la demandante inicial como poseedora de mala fe para efectos de las restituciones mutuas derivadas de la prosperidad de la acción de dominio, al suponer que ella inició la ocupación a título de mera tenencia, por cuanto no milita en el proceso elemento de convicción que así lo manifieste; por el contrario, las pruebas atrás vistas acreditan que desde el principio Mercedes entró al predio en calidad de poseedora, condición que al tenor del artículo 780 del Código Civil debe presumirse continuó hasta el instante en que promovió la acción.
11. Si no hubiese incurrido en tales yerros, prosigue, habría concluido que la demandante inicial es poseedora desde agosto de 1986, fecha en que recibió el bien de manos de sus tías sobre el que ha venido ejerciendo actos de señora y dueña, según lo reconoció la demandada en el escrito tantas veces citado, así como las declarantes Martha Cecilia Morales Flórez y María Eugenia Hernández Morales, condiciones suficientes en orden a que la primera de las nombradas adquiriese, mediante la prescripción extraordinaria, el dominio del predio y para que a su vez fracasase la acción de recobro, a lo que no se opone la circunstancia de que la opositora sea propietaria fiduciaria del bien, pues dicha limitación no pone el bien fuera del comercio y tampoco lo convierte en imprescriptible; por consiguiente, cuando el juez de segundo grado negó la declaración de pertenencia en frente de una sola de las personas que en el certificado de tradición figuran en calidad de titulares de derechos reales principales, quebrantó los preceptos relacionados en el cargo, por falta de aplicación.
Acusa al fallo de infringir, de modo indirecto, los artículos 407, numeral 1º, del Código de Procedimiento Civil, 83 de la Constitución Nacional, 1º de la Ley 50 de 1936, 673, 762, 768, 769, 778, 780, 2512, 2513, 2518, 2531, 2532, 2538 del Código Civil, por falta de aplicación, 775, 777, 946, 947, 961, 964 y 965 de esta última codificación, por aplicación indebida, como consecuencia de los errores de hecho y de derecho, estos con quebranto medio de los artículos 176, 252, numeral 3º, 258, 259 del primero de los citados estatutos, 11 de la Ley 446 de 1998, 68, 72, 73 y 77 del Decreto 960 de 1970, en que incurrió el juzgador en la apreciación de las pruebas.
1. Empieza la explicación del cargo con los mismos argumentos a los que se refieren los numerales primero y segundo del compendio que en esta providencia se hace del cargo segundo, los cuales aquí se tienen por reproducidos, tras lo cual dice que tales yerros son fruto de los errores de hecho y de derecho en que incurrió el sentenciador al preterir el examen de unas pruebas, apreciar en forma errada otras, suponer la existencia de algunas más y privar de valor probatorio al reseñado escrito.
2. Luego de transcribir el recordado documento así como lo que a su alrededor dijo el tribunal, de asegurar que conforme al artículo 11 de la Ley 446 de 1998 ese texto se presume auténtico, fenómeno este que acorde con el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil le imprime al mismo “certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado” y de copiar este precepto legal, anota que en vista de que Graciela no lo infirmó, pues no tachó de falso ese elemento persuasivo en ninguna de las oportunidades previstas en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil, persiste la presunción de certeza alrededor de la persona que lo suscribe y del contenido, con arreglo a los artículos 258, 264 y 279 ejusdem, de los que transcribe el primero de ellos; por tanto, el ad quem, cuando sostuvo que “el aludido testimonio así documentado ... no [parecía] provenir de la religiosa aquí demandada”, incurrió en yerro de derecho, porque privó de valor probatorio dicho escrito, que recoge la declaración de esa demandada y con el que se demostraba que había sido suscrito con esta y la veracidad de su contenido, es decir que desde el 1º de agosto de 1986, después de que falleció su hermana Virginia, y antes de tramitarse la sucesión, la actora y su hijo Jorge Mario, en forma tranquila y pacífica venían ejecutando actos de poseedores sobre el inmueble, y que “todos los gastos y costos para su conservación, mantenimiento, reparación, obras nuevas”, corrían por cuenta de sus actuales poseedores, quienes desde la fecha recién expresada ejercían el dominio y posesión en el predio, el que se encuentra bien conservado y mantenido a raíz de las obras de restauración adelantadas por los recién aludidos; al tratarse de un documento auténtico, las aseveraciones del juez de segundo grado, consistentes en que no era “razonable atribuir la declaración testimonial allí documentada a la hermana Graciela”, y en que “tampoco se probó que el texto hubiese sido convenido por la última con la primera”, son ilegales, porque en virtud de su autenticidad se presume que su contenido emanó de la voluntad de las suscriptoras, y en razón de que, al abstenerse de tacharlo de falso, Graciela reconoció y admitió como suyas las declaraciones allí recogidas, aunque no las hubiese convenido con su hermana.
Sostiene que el juzgador cayó en dislates de derecho cuando dijo que el documento en cuestión debía ser materia de autenticación y no de reconocimiento, pues en virtud de la mentada presunción y de la admisión implícita que posteriormente Graciela hizo del mismo, esas supuestas falencias carecían de trascendencia para deducir que las declaraciones allí contenidas provenían de esta.
Por tales errores de derecho el juez de segundo grado quebrantó, por un lado, los artículos 11 de la Ley 446 de 1998, 176, 252, 254, 258, 264, 279 y 289 del Código de Procedimiento Civil, pues despojó de tal presunción el señalado escrito, convirtiéndolo en un documento privado sin valor probatorio; y, por el otro, los artículos 68 y 72 del Decreto 960 de 1970, al exigir que dicha prueba debía ser autenticada en vez de reconocida, cuando lo cierto es que este fenómeno tendría que provenir del reconocimiento que hicieron las suscriptoras, según el último de los citados textos legales.
3. Enseguida la acusadora aduce los mismos yerros fácticos e idénticos fundamentos que alega en el cargo primero, que a su alrededor en esta providencia se compendian a partir del numeral 4º del mismo, los cuales aquí se dan por reproducidos.
1. Por averiguado se tiene que como el juzgador goza de discreta autonomía en la valoración probatoria para tomar la decisión que corresponda, la tarea del impugnador necesariamente debe estar orientada a demostrar que el yerro que le achaca a aquel es notorio y trascendente, esto es, de tal magnitud que al primer golpe de vista ponga de manifiesto la contraevidencia de la determinación adoptada en el fallo combatido con la realidad que fluya del proceso, pues, dado que aquel “es autónomo en la apreciación de las pruebas, sus conclusiones al respecto son intocables en este recurso extraordinario, mientras por el impugnante no se demuestre” que él, “al efectuar tal apreciación, incurrió en error de hecho evidenciado de los autos o en infracción de las normas que disciplinan la ritualidad y eficacia de los medios de convicción aducidos”; expresado en términos diferentes, significa que los mentados principios, entrelazados, conducen a pregonar que la providencia “no puede derribarse más que cuando el sentenciador se estrelló violentamente contra la lógica o el buen sentido común, evento en el cual no es nada razonable ni conveniente persistir tozudamente en el mantenimiento de la decisión so pretexto de aquella autonomía” (G.J., t. CCXXXI, pág. 644).
Por otra parte, desde antiguo ha señalado la Sala que la infracción de la ley sustancial, que como motivo de casación prevé la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, para que tenga la posibilidad de conducir al quiebre del fallo censurado, ha de ser trascendente; ello equivale a sostener que la violación a las disposiciones de derecho material que se le endilgue al sentenciador, ya por vía directa ora por la indirecta, sea a tal punto influyente en el resultado del proceso que, de no haber incurrido en ella, otra muy distinta habría sido la resolución final; para decirlo en otros términos, es necesario que el quebrantamiento influya marcadamente en lo dispositivo de la sentencia, por cuanto de no serlo resultaría inane y, por ende, ningún fin práctico tendría que el impugnador denunciara la falta de aplicación, la aplicación indebida o la errónea interpretación de la ley, ni efecto trascendente alguno produciría su reconocimiento si, en tal hipótesis, la decisión sería idéntica. Al punto la Corte ha señalado cómo “para que la violación de la ley adquiera real incidencia en casación, de suerte que conduzca al quiebre de la sentencia acusada, es menester que tenga consecuencia directa en la parte resolutiva del fallo, por lo que aquellos errores que apenas aparezcan, en las motivaciones o razonamientos de la providencia, sin esa forzosa trascendencia en la conclusión final, no alcanzan a obtener la prosperidad del recurso” (Sent. 046, mayo 19/2004, exp. 7145).
(Sic) 3. En otra perspectiva, la corporación también tiene sentado que el yerro de derecho, que como motivo de casación prevé el inciso segundo del numeral primero del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, ocurre en aquellas eventualidades en que pese a haber examinado el elemento demostrativo en su materialidad exacta, el sentenciador quebranta las pautas de disciplina probatoria que regulan lo atinente a su admisión, práctica, eficacia o apreciación; este error, entonces, “parte de la presencia indiscutible de la probanza en autos y concierne al mérito legal que el juzgador le atribuye o le niega, en contravención a los preceptos de la ley sobre pruebas” (G.J., t. LXXVIII, pág. 313).
4. Como quedó visto en el compendio que se hizo del fallo combatido, para adoptar la decisión en el sentido de negar las pretensiones de la primera de las dos demandas que recoge este asunto el ad quem se basó, fundamentalmente, en los testimonios rendidos por Jorge Mario Palacio Guzmán, Ofelia Uribe Palacio, María Lourdes Agudelo Arango, María Eugenia Hernández Morales, Martha Cecilia Morales Flórez, Aura Elena Granda Correa, en las declaraciones rendidas por la actora y por la demandada Graciela Guzmán Mejía, en la inspección judicial y en el escrito visible a folio 340 del cuaderno 1; alrededor de algunos de estos medios de certeza la acusadora le enrostra haber incurrido en yerros fácticos manifiestos y trascendentes, al igual que en dislates de derecho.
5. Empero, para empezar, encuentra la Sala que el entendimiento que el juez de segundo grado extrajo de las declaraciones entregadas por María Eugenia y Martha Cecilia no luce irrazonable ni desconectado de su contexto general, y tampoco abiertamente desencajado de la idea expuesta por ellas en tales actos, y sí se acomoda, en cambio, con lo que emana de sus versiones, como se verá en las líneas que se avecinan.
En efecto, María Eugenia Hernández Morales el 22 de junio de 2007, fecha en la que rindió su declaración, dijo conocer a la demandante desde “hace catorce años”, porque “he vivido todo ese tiempo por acá, en la 41-24, ... ocasionalmente vengo acá” y “he tenido... la certeza de que esta es su casa, aquí la conocí, siempre la he visto a ella, ... no vi otras personas ajenas..., ... la he conocido como señora de la casa cuando le hacían las reformas a una casa por fuera, pintura y ese tipo de cosas que sostienen una propiedad, no más”; a la pregunta para que dijera cuántas veces había ingresado al predio, qué modificaciones observó y si sabía quién las hizo, contestó: “ocasionalmente vengo, una visita como para tener un presente, por ejemplo en navidad o pasar y conversar con la señora diez o quince minutos, en la parte de afuera, en estos 14 años he entrado cuatro o seis veces” he “visto modificaciones como pintura y arreglos... en cuanto a las humedades, eso lo ha hecho la señora”, que sabía porque “siempre he visto a... Mercedes... en esta casa”; declaró también que ha “tenido como la certeza de que la he visto a ella en esta propiedad, que es como la dueña de esta casa, cuando yo llegue tenía catorce años entonces esa parte de cuándo llegó ella no” la conozco; que tenía entendido que la actora arrendó la casa, pero desconocía “hace cuanto la alquiló”, porque de ese sector hacía dos años que se había ido; que “en las conversaciones que... tuvo con... Mercedes... durante los 14 años que fue vecina”, esta se refería al predio como “mi casa, pero en detalles de propiedad no”, y que durante esos años que la conoce ha tenido claro que Mercedes Guzmán es la “única... dueña de esta casa”.
Por su lado, Martha Cecilia Morales Flórez en la declaración rendida en la ocasión atrás reseñada expresó conocer a Mercedes desde hacía 21 años atrás, porque vivió “en esta cuadra, ... fuimos vecinas” y “a Graciela como la hermana San Joaquín” a quien veía los domingos, que la propietaria del inmueble era “Mercedes porque fue la única persona que yo he visto aquí”, que “veía un señor... haciéndole arreglos..., pues yo en casa que no es mía qué le voy a hacer arreglos” que “cada vez... entraba... Mercedes me decía mira mi casa como me quedó de linda con ese arreglo”; a la pregunta para que dijera “cómo adquirió Mercedes... ese derecho sobre esta casa”, simplemente contestó: “yo viví por aquí 20 años, hace 23 años los conozco a ellos, cuando ellos llegaron... me dijo una vecina, Martha compraron la casa de la esquina y nos vinieron vecinos nuevos, ... pasaron unos días y... vi a... Mercedes que salía al balcón o... a misa, cuando un día me dijo venga para que... conozca la casa, ... que íbamos a ser muy buenas vecinas y ... desde eso empezó la amistad..., yo no tenia... ninguna objeción en pensar que la casa fuera de otra persona”; declaró también que los trabajos que observó respecto del inmueble consistieron en los adoquines que le pusieron al saloncito, en la pintura y organización del patio, al que “le pusieron algo... que parece como mojado”, en los arreglos de pintura que le hacían cada rato, en la organización de las matas; reseñó, asimismo, que “hace un año más o menos, dejó alquilada la casa... a... la misma cooperativa de César Pérez”, que a partir de septiembre u octubre de 1985 empezó “a ver a ... Mercedes... en esta casa y desde esa época hasta el día que yo me fui, el 14 de octubre”, que durante el tiempo en que la actora ha habitado el bien la misma no recibió la visita de Graciela Guzmán porque ella un día le preguntó por esta, y le “contó que le cortaron una piernita y ya no sale de donde tienen a las monjitas”, que la actora se refiere al predio como “mi casa”, que “nunca” vio a alguien reclamando la propiedad de la casa ni a la actora pagar arriendo; enfatizó además que quien ordenaba y pagaba los trabajos ejecutados sobre el predio era Jorge Mario, porque se suponía “que la señora de la casa es la que dice hágame esto así”, que en la comunidad del callejón aledaño el bien en cuestión era conocido “como la casa de... Mercedes”, al punto de que “cuando hacían las fiestas nos mandaban... a todos los de las casas... una carta pidiéndonos disculpas por el ruido que pudieran ocasionar, yo hablaba con el vigilante y él decía que si le había llegado la carta y contaba que se la habían mandado a... Mercedes”; requerida para que contestara quién era el propietario inscrito del inmueble, expuso que “simplemente la he visto aquí los años que he dicho”; y que la actora “nunca ha trabajado, lo que yo sé, nunca le pregunte, yo la veía aquí con sus hijos”; en fin, que “esto es de... Mercedes”.
Con independencia de que se las pudiera entender con unos alcances diferentes, una comprensión lógica y racional que es perfectamente concebible extraer del contenido de las probanzas acabadas de citar, conforme a las transcripciones realizadas, analizados tales elementos de convicción ya en forma individual ora en conjunto como lo manda el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, es la de que ellas, como lo entendió el tribunal, no alcanzan a describir los verdaderos actos posesorios que Guzmán de Palacio hubiera desplegado sobre la cosa pretendida en usucapión durante el espacio de tiempo que al efecto exige la normatividad, puesto que, cual se lee en el fallo acusado, Hernández Morales, durante los 14 años que observó a la actora en el bien, ingresó al mismo apenas cuatro o seis veces en visitas de diez o quince minutos, ocasiones en las que percató simples arreglos de pintura realizados por aquella a raíz de las humedades, y dijo que por cuanto la había visto allí creía que era la dueña, aunque expresó desconocer cuándo llegó a ocuparlo y que en sus conversaciones Mercedes se refería al predio como su casa; en tanto que, cual lo notó el ad quem, para Morales Flórez la demandante era la propietaria de la heredad solo porque era a quien había observado allí y por razón de que cada vez que iba a ese lugar esta le resaltaba “lo bonita” que le estaba quedando la casa con los arreglos, a más que como mejoras no pasó de señalar unos adoquines colocados en un saloncito, los trabajos de pintura, la organización del patio y de las matas, de las que aseguró eran ordenadas y pagadas por Jorge Mario, hijo de la actora, ya que esta “nunca ha trabajado”.
Y ocurre que con apoyo en el contenido material emanado de los elementos probativos que vienen referidos el juez de segundo grado estimó que ellos ningún acto posesorio desarrollado por la actora referían, pues la primera de las mentadas deponentes ni siquiera sabía cómo había llegado la actora al predio, mientras que la segunda de ellas era una testigo de oídas, por cuanto se basó en el dicho de aquella cuando en sus charlas la misma aludía al bien como “mi casa”, a más de que dedujo que Mercedes era la, dueña simplemente porque ocupaba el bien, lo pintaba y le hacía algunos arreglos, siendo que tales aspectos no eran signos inequívocos de posesión.
Acerca de la consideración del juzgador últimamente referida, de vieja data la corporación ha hecho ver cómo la “posesión no se configura jurídicamente con los simples actos materiales o mera tenencia que percibieron los declarantes como hecho externo o corpus aprehensible por los sentidos sino que requiere esencialmente la intención de ser dueño, animus domini —o de hacerse dueño, animus remsibi habendi—, elemento intrínseco que escapa a la percepción de los sentidos” (G.J., t. LXXXIII, págs. 775 y 776); criterio este que ha reiterado, entre otras, en la Sentencia 064 de 21 de junio de 2007 (exp. 7892).
Por consiguiente, como lo que así expuso el juzgador es dable extraer de aquellas pruebas, alrededor de la ponderación que hizo de ellas este no pudo incurrir en un yerro fáctico con las características de manifiesto y trascendente, cual se exige en esta senda extraordinaria, pues, como viene de dejarse expuesto, el alcance que él les ofreció es una comprensión que desde la objetividad del contenido que muestran razonablemente podía sacarse de las mismas, apreciadas en su individualidad o en su conjunto, y, por ende, lejos se encuentra de ser arbitrario o de estar en notoria desconexión con lo que esos elementos de certeza permiten inferir en sana lógica; de este modo, lo que propone la impugnadora es, en esencia, que tal acervo sea mirado con una perspectiva distinta.
Ciertamente, cuando en la censura se dice que el sentenciador erró al concluir que tales pruebas no daban fe de posesión alguna, puesto que al tratarse de un bien urbano los actos posesorios no eran distintos de la destinación a vivienda, a su mantenimiento, conservación y a ceder su tenencia, relatados por dichas deponentes, lo que hace la acusadora es proponer otra manera, diferente de la de aquel, de entender el contenido de esas piezas, propuesta que, por más admisible y sensata que resulte ser, no torna en irracional o arbitrario el parecer que, plegado a la objetividad material, él dedujo de ella.
6. Lo mismo cabe predicar del alcance que el sentenciador le ofreció al documento obrante a folio 340 del cuaderno 1º, así como a las declaraciones rendidas por la demandada Graciela Guzmán y por la demandante, puesto que tal inteligencia muy lejos se halla de ser arbitraria, irracional o ilógica, pues acompasa con lo que de tales probanzas, apreciadas de la manera como lo ordena el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, es dable concluir, acorde con lo que pasa a verse.
En el citado documento, autenticado el 18 de agosto y el 16 de diciembre de 1999, Alicia y Graciela Guzmán Mejía declararon que desde el 1º de agosto de 1986, después de fallecida su hermana Virginia, y antes de tramitarse la sucesión por causa de su muerte, Mercedes Guzmán de Palacio y su hijo Jorge Mario Palacio Guzmán en forma tranquila y pacífica habían venido ejerciendo actos de señores y dueños sobre la casa de habitación de la calle 50-A Nº 41-79 de Medellín, la cual, pese a que les fue dejada como propietarias fiduciarias por parte de Virginia, no usaron ni gozaron, ni dieron ningún tipo de dinero para su conservación, mantenimiento, ni pago de servicios, ni impuestos, ni vigilancia, ni la habían habitado, ni hecho uso de sus derechos, y que aquellos, desde esa fecha, ejercían el dominio y posesión sobre ella.
Frente a lo que así dice expresar tal escrito, en la declaración que absolvió ante el a quo la demandada Graciela Guzmán, cuando se le preguntó qué sabía acerca del tema y del documento en cuestión, respondió no recordarlo; a la pregunta para que dijera ella de qué bienes era titular, señaló que tenía “la casa que era de nosotros, quedó mía, Merce vive en ella, esa casa es en la playa ahí en el pasaje Córdoba”; que los derechos en la misma se los había “cedido a la comunidad y a mis sobrinos, la comunidad a la que pertenezco”, aunque no se acordaba si sobre el particular firmó algún documento; indagada acerca de si entendía el verdadero alcance del mismo, dijo que no lo recordaba bien porque ha “perdido mucho la memoria”, pero que debía decir que lo que poseía se lo dejaba “a los sobrinos... y a la comunidad” donde habitaba, es decir, que los bienes suyos serían una mitad para tales parientes suyos y la otra para la comunidad de la que hacía parte; tras lo cual reiteró que “lo que poseo ahora es para los sobrinos, ellos saben ya que lo que poseo es para que lo vendan, lo habiten o lo que sea, los sobrinos, tanto unos como otros, al partir mitad y mitad”, para “cuando yo muera”.
En el interrogatorio de parte que absolvió la promotora de esta contienda judicial declaró que después de vivir en Abejorral, sus tías Alicia y Graciela “me llamaron y me dijeron que esta casa era para mí, en ese momento yo la recibí y llegue como dueña y señora de la casa”; que le “dijeron que esta casa era para” ella, cuando “yo vine a vivir acá, ellas vivían acá y ellas se fueron para la comunidad y llamaron y me dijeron esta casa es para usted, y ya yo era la dueña de la casa”; también señaló “que cuando yo llegue ellas se fueron a su comunidad y yo quedé” en la casa; que después de muchos años de estar allí se dio cuenta que la acá involucrada “era de la casa Mariana”; y que nunca le manifestó a Graciela su deseo de legalizar los documentos del predio “porque ya la edad de ella no vi cómo”.
Con soporte en el contenido de tales medios de persuasión, no sin antes puntualizar que a la indicada prueba documental le daría el alcance de un testimonio, comprensión bajo la cual a la postre terminó valorándola, el juzgador estimó que la versión entregada por la opositora en aquella declaración, donde expuso no recordar nada acerca del citado escrito a la vez que reiteró que los bienes suyos serían repartidos en una mitad para sus sobrinos y en la otra para la comunidad a la cual pertenecía, no concordaba con dicho documento, a lo que añadió que este texto no ameritaba credibilidad “por la falta de coherencia entre las diferentes versiones de la ‘testigo’” , y que esa “declaración... tampoco halla correspondencia con las demás... recibidas en el proceso”, concretamente con los testimonios rendidos por María Eugenia Hernández Morales y Martha Cecilia Morales Flórez, cuyo alcance y significación probativa se expuso atrás, ni con los de Ofelia Uribe Palacio, María Lourdes Agudelo Arango y Aura Elena Granda Correa, de los que dijo ningún acto posesorio refirieron, ni con el interrogatorio absuelto por la demandante.
De esta acotó cómo su declaración acerca de que después de haber vivido por espacio de un año más o menos en Belén en arrendamiento, sus dos tías la llamaron y le dijeron “que esta casa era para mí en ese momento yo la recibí y llegué como dueña y señora de la casa”, quedó huérfana de prueba, pues esa afirmación no era indicativa de que en ese momento las propietarias fiduciarias le hubiesen entregado la posesión, y que la circunstancia de que hubiera dicho “que esa casa sería para ella, más parece denotar un deseo a realizar en el futuro ...[,] que sería para ella, mas no le dijeron cuándo, y es entendible que ese fuera el deseo de las religiosas hacia su pariente necesitada, para cuando ellas faltaran, cual lo refiere... Graciela en su declaración... e incluso en el testamento otorgado el 30 de diciembre de 1985”; en fin, que el referido aserto de la actora carecía de respaldo en la prueba recogida.
Con base en la apreciación que realizó sobre el contenido de los individualizados elementos de juicio fue como concluyó que el haz probatorio le permitía inferir “que la demandante llegó al inmueble por voluntad, es decir, con la aquiescencia de la demandada, cuyo señorío entonces... reconocía, calidad en que se presume habría continuado conforme al artículo 777 del Código Civil y aunque” ahora tenía “ánimo de dueña, pues no otra cosa” indicaba la demanda que había promovido, “es lo cierto que no afirmó ni probó el momento desde el cual ocurrió la interversión del título”.
Es claro, entonces, que si el escrito del folio 340 debía ser valorado como un testimonio —cual así se desprende del contexto de dicha probanza, lo definió el ad quem y lo acepta la acusadora—, y si su contenido, al igual que el de los otros medios últimamente compendiados, sopesados y valorados en conjunto según la regla probativa que así lo impone, en últimas no permitían deducir de una manera manifiesta actos posesorios ni la certeza de que sobre la cosa la promotora del proceso en puridad se comportara como verdadera señora y dueña, desconociendo dominio ajeno, no se ve que al catalogarla como tenedora el tribunal hubiese incursionado en la comisión de algún yerro ostensible en la ponderación de tales elementos de convicción.
No ha de pasarse por alto que los hechos detallados en aquel escrito no fueron refrendados o ampliados por la demandada Graciela en el interrogatorio de parte que absolvió, sencillamente porque en esta dirección ella en absoluto nada manifestó; antes bien, como lo refregó el juzgador y lo recalca la propia impugnadora, cuando se le puso de presente el mismo, lo que expresó fue que creía que era aquel a través del cual ella manifestaba su voluntad de dejarle una mitad de la cosa a sus sobrinos y la otra para la comunidad religiosa de la que hacía parte; además, en su declaración la actora ciertamente da a comprender, no que la opositora le hubiese entregado la posesión sobre la finca, sino que Alicia y Graciela solo se la entregaron, que después de muchos años de vivir allí se percató que la heredad “era de la casa Mariana”, esto es, de la aludida comunidad y que jamás le pidió a Graciela la legalización los documentos, no por razón de que ella creyera ser la señora y dueña de la cosa, y sí porque por la edad de esta, ella no encontró cómo solicitárselo.
7. Tocante con el yerro de derecho que en el cargo tercero se le atribuye al juzgador en torno de la anotada prueba documental, ha de tenerse en cuenta lo siguiente.
Es cierto que el sentenciador dijo que el testimonio de la opositora, incorporado en el citado escrito, “no parece” provenir de ella, pues, según lo declaró Jorge Mario Palacio Guzmán, fue creado a iniciativa de Alicia, cuyo deceso ocurrió el 10 de noviembre siguiente, quien, “en una venida a Medellín por enfermedad de la otra hermana ‘San Joaco’, les dijo que deberían firmar un documento sobre la casa porque la vida nadie la tenía comprada y que quedarían más tranquilas” dejándoselo a la actora; aseveró igualmente que si dicha iniciativa surgió de esa manera, si fue aquella quien lo elaboró, y si ella se lo entregó a Mercedes con presentación suya ante notario, no era “razonable atribuir la declaración testimonial allí documentada a... Graciela, pues tampoco se probó que el texto hubiese sido convenido por la última con la primera”, a más de que le llamaba la atención que sin ser contentivo de obligaciones, hubiese sido reconocido en vez de autenticado, cual correspondía según los artículos 72 y 77 del Decreto 960 de 1970; asimismo aseguró no entender que Alicia, si era tan independiente, pese a que nació el 2 de agosto de 1917, hubiera solicitado a Jorge Mario Palacio Guzmán el nombre de dos testigos para el escrito que otorgaría sola; también le pareció no solo extraño que si en el momento en que ella “les habló por primera vez de la conveniencia de hacer un documento, fue porque vino de visita por motivo de enfermedad de... Graciela, la salud de esta... fuera tan buena” cuando aquel deponente la llevó a la notaría a firmarlo, siendo que para entonces superaba los 84 años de edad, toda vez que había nacido en diciembre de 1915, sino inexplicable que reconociendo la posesión desde el 1º de agosto de 1986, la demandante no hubiese aprovechado esa disposición de sus tías para llevarlas ante un juez a absolver interrogatorio anticipado conforme al artículo 294 del Código de Procedimiento Civil o pedirles que más bien fuera una escritura de transferencia.
De igual modo le pareció curioso que Alicia y Graciela apenas 13 años después de “regalarle” la casa, reconocieran a Mercedes como poseedora con retroactividad, que ubicaran el inicio de la posesión pasados unos pocos días del fallecimiento de Virginia —17 de julio de 1986—, “quien les dejó el inmueble en calidad de propietarias fiduciarias dado que al fallecimiento de ellas, el mismo pasaría a la Congregación Mariana”, proceder que no resultaba “ortodoxo en quienes tenían la calidad de religiosas”; al actuar así, observó igualmente el tribunal, “traicionaban la voluntad de su hermana Virginia (constituyente del fideicomiso)”, por cuanto el asunto era discutible si se miraba a la luz del artículo 810 del Código Civil; también halló inadmisible la explicación con la cual el nombrado Jorge Mario justificó la no aportación con el libelo del rememorado documento, puesto que la importancia del mismo para las aspiraciones de la actora no se avenía con tal tratamiento, incluso “pudo esperarse a encontrarlo para presentar la demanda, o... haberlo anunciado en esta” indicando por qué no se acompañaba”.
Mas acontece que, al margen de todas las anteriores expresiones, que son en las que la censura finca el error de derecho, el ad quem finalmente apreció el contenido objetivo que emana del señalado elemento de persuasión, cual se desprende de las motivaciones expuestas en precedencia, en las que con suficiente amplitud se puso en evidencia no solo ello, sino que aquel balanceó la materialidad de ese medio probatorio con las otras pruebas, como lo prevé el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, en particular con la declaración rendida en el proceso por la demandada, con el interrogatorio de parte absuelto por la actora y con los testimonios allí mencionados; dichas consideraciones son las que desdicen del mentado yerro, porque, insístese, pese a tales reparos alrededor de su aspecto formal, el juez de segundo grado terminó valorando el contenido del escrito que corre a folio 340, aunque con los resultados ya reseñados.
8. En lo atinente a la demanda de mutua petición, mediante la cual se promovió la acción de dominio, sin desconocer que lo que la casacionista afirma es verdad, en el sentido de que tal pieza, en principio, supone que el reconviniente reconozca en el reconvenido la calidad de poseedor, aun de admitirse que el tribunal hubiese pretermitido su ponderación, lo cierto es que en ello no habría un yerro suyo con las características de trascendente frente a la suerte final de la declaración de prescripción adquisitiva, puesto que analizado ese libelo en la objetividad que ofrece el contenido incorporado, su promotora allí de manera puntual no califica a Mercedes como poseedora de la cosa, cual corresponde siempre hacer en esta especie de procesos, por cuanto lo que sostiene es que es esta “quien dice detentar la posesión”, que Alicia y Graciela le “entregaron a... [ella] a título de comodato precario... el inmueble para que lo habitara y gozara de él y fuera entregado si así era requerido por las propietarias fiduciarias...”, que la nombrada, “en un acto de mala fe, altera la existencia de un mero comodato, a título precario, en posesión, para obligar” a las reconvinientes “a incoar la presente acción reivindicatoria”, que la misma “realmente nunca fue poseedora, mas como alega tal calidad, huelga vincularla como sujeto pasivo de la reivindicación”, y que “admitiendo en gracia de discusión que... es poseedora”, lo sería de mala fe, “sin en embargo ni es posesión porque en estricto sentido había comodato ni es quieta ni pacífica, porque no había ningún hecho exterior que la demostrara frente a... Graciela..., ni está revestida del animus domini porque siempre... reconoció dominio ajeno”.
Lo mismo es dable predicar de los documentos obrantes a folios 93 a 191, respecto de los cuales cabe agregar que ellos por sí solos no son demostrativos de actos de señor y dueño, precisamente por las razones que, en lo pertinente, se expusieron en la primera parte de las consideraciones de esta sentencia, desde luego que el levantamiento de mejoras, el pago de impuestos, etc., de manera aislada no son representativos de actos posesorios, por la potísima razón de que ellos, per se, no demuestran el elemento sicológico de la posesión.
9. En cuanto respecta al error fáctico con el que se acusa al tribunal por haber calificado a la demandante inicial como poseedora de mala fe para efectos de las prestaciones mutuas derivadas de la acción reivindicatoria, la Sala se remite a las consideraciones a través de las cuales en esta providencia resolverá el cargo cuarto, por cuanto la definición que allí se adopta envuelve el aspecto del que sobre el particular se queja la impugnadora.
10. Los cargos no prosperan.
Ataca al fallo de quebrantar, en forma indirecta, los artículos 669, 756, 762, 777, 946, 947, 949, 952, 961 y 964 del Código Civil, por aplicación indebida, como consecuencia de los errores de hecho en que incurrió el tribunal en la apreciación de las pruebas.
1. Luego de referir los mismos aspectos contenidos en el numeral primero del compendio que esta sentencia recoge del cargo segundo, los cuales aquí se tienen por transcritos, la recurrente empieza por anotar que, para atender el despacho favorable de la pretensión reivindicatoria, el juzgador afirmó que en el proceso concurrían los elementos relacionados con el dominio en cabeza de Graciela Guzmán y la posesión de Mercedes sobre el inmueble —aunque no la fecha en que comenzó—; el primero, con la escritura 2839 de 5 de noviembre de 1987 de la Notaría Segunda de Medellín, mediante la cual se protocolizó el proceso de sucesión testada de Virginia Guzmán, y con el certificado de tradición del bien, que daba cuenta de la vigencia de la inscripción; y, el segundo “como lo exige el buen final de la acción de dominio” (C.C., art. 946), “lo que acreditan las respuestas dadas a los hechos 1º y 4º del respectivo libelo, así como la inspección judicial practicada”.
Afirma entonces que el juez de segundo grado cometió error de facto al apreciar estas pruebas por cuanto cercenó su contenido para deducir de ellas que la única titular del dominio era la opositora, a quien debía restituírsele la totalidad de la cosa, pues no tuvo en cuenta que conforme a la cláusula segunda del testamento, recogido en la escritura 2345 de 17 de noviembre de 1981, la testadora instituyó como propietarias fiduciarias del predio a Lucrecia, Graciela y Alicia Guzmán Mejía; y tampoco reparó en que de acuerdo con la hijuela número 1 del trabajo de partición realizado dentro del sucesorio de aquella, aprobado por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medellín mediante sentencia de 27 de mayo de 1987, la heredad fue adjudicada a Graciela y a Alicia en proindiviso; también dejó de notar que conforme al certificado de tradición la última inscripción que registra es la número 2, sentada el 28 de agosto de 1987.
De este modo —dice— el juzgador erró de facto al pasar por alto que Graciela no es la única propietaria del inmueble, porque Alicia igualmente lo es, razón por la que la reconviniente no podía reclamar para sí la devolución de todo el bien, sino la correspondiente cuota, con arreglo al artículo 949 ibídem; fue a consecuencia de tal yerro como el tribunal dedujo que la contrademandante era dueña de la totalidad, siendo que aquel certificado en su última anotación demuestra que también lo es Alicia, sin que su fallecimiento haya afectado hasta ahora esa inscripción, pues, acorde con el artículo 756 ejusdem, la tradición del dominio de los inmuebles “se efectuará... por la inscripción del título en la oficina de registro de instrumentos públicos”; si aquel no hubiese incurrido en dicho dislate, habría concluido que la acción intentada en este asunto para obtener la restitución del predio no procedía, porque la reivindicante no era dueña de la plenitud del bien, sino de una cuota proindivisa, de donde no concurría el primer presupuesto requerido para acceder a dicha pretensión.
2. El sentenciador igualmente se equivocó de hecho al dar por probada la posesión sobre el inmueble por parte de la demandada en reconvención, ya que a su alrededor omitió reparar que en la respuesta al libelo de pertenencia la opositora negó que la demandante inicial fuera poseedora de la cosa, aseveración a partir de la cual transcribe la contestación a los fundamentos fácticos de ese escrito; de igual modo inobservó que en el factum de la reconvención Graciela sostuvo que la contrademandada no era señora y dueña sino tenedora del bien, tras lo cual la acusadora cita el texto de los hechos cuarto y quinto de la aludida pieza procesal.
3. Asegura que el tribunal arribó a la misma conclusión propuesta por la contrademandante, porque luego de examinar el documento que corre a folio 340 y los testimonios de Jorge Mario, María Eugenia y Martha Cecilia, adujo que la actora se hizo poseedora solo a partir de la presentación de la demanda de pertenencia, aserción en cuyo derredor cita algunos apartes de la sentencia impugnada.
4. Sostiene que el juez de segundo grado incurrió en yerro fáctico al dar por “establecida la triple identidad entre lo reclamado, el título de dominio y lo poseído por la demandada”, como lo exige el artículo 946 del Código Civil, pues la respuesta que la contrademandada le dio a los hechos 1º y 4º de la demanda de mutua petición, cuando reafirmó la condición de poseedora del bien urbano materia de la presente litis por tiempo superior a los 20 años, fue descalificada por aquel, según el pasaje que transcribe del fallo; yerro similar afirma respecto de la valoración de la inspección judicial, porque, pese a los actos posesorios allí demostrados sobre el inmueble, el juzgador los descartó, los que solo apreció “como tales para producir efectos luego de presentada la demanda de pertenencia”;idéntico dislate cometió dado que, no obstante estimar que Mercedes no era poseedora por el modo de la prescripción extraordinaria, la consideró de mala fe para lo relativo a las prestaciones mutuas, ya que, si era mera tenedora, ninguna restitución debía hacer.
5. Ante la ausencia comprobada de los elementos relacionados con el dominio del bien en disputa y con la posesión en cabeza de la reconvenida, la decisión no podía ser otra que desestimar las súplicas de la reivindicación; por tanto, como incurrió en los errores de hecho descritos, el ad quem quebrantó, por aplicación indebida, los preceptos invocados en el cargo.
1. Conforme al artículo 946 del Código Civil la acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular, de la que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla, precepto a partir del cual la jurisprudencia de la corporación tiene sentado que para el buen suceso de la reivindicación el promotor del litigio tendrá que probar la presencia de los respectivos presupuestos, esto es, el derecho de dominio en cabeza del demandante, la posesión material en el demandado, la identidad de la cosa pretendida con la poseída por el opositor y que se trate de cosa singular o cuota determinada de cosa singular.
Según se desprende de lo acabado de señalar, es al demandante a quien le compete poner al descubierto que el demandado es el poseedor de la cosa reclamada, pues a este aspecto es al que alude justamente el segundo de los elementos que vienen relacionados. En este punto debe reiterar la Sala que la posesión se configura cuando aparecen cabalmente evidenciados los dos elementos que la estructuran, esto es, el animus y el corpus, significando aquel —elemento subjetivo—, la convicción o ánimo de señor y dueño de ser propietario del bien desconociendo dominio ajeno, en tanto que el segundo —material o externo—, ocupar la cosa, lo que se traduce en la explotación económica de la misma, con actos tales como levantar construcciones, arrendarla, usarla para su propio beneficio, entre otros hechos de parecida significación. Los requisitos que así se dejan explicados, cuya base legal sustancial es, en lo fundamental, el artículo 762 del Código Civil, permiten distinguir la institución en referencia de la tenencia, de que trata el artículo 775 ibídem, pues, en lo atinente al ánimo o conducta en una y otra situación, mientras en la primera a la materialidad se junta la voluntad de comportarse ante propios y extraños como dueño, en la segunda apenas externamente se está en relación con los bienes.
Conforme a lo señalado por la corporación, es evidente que el Código Civil “destaca y relieva en la posesión no solo la relación de hecho de la persona con la cosa, sino un elemento intelectual o sicológico. Así, mediante el artículo 762 establece que ‘la posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño’, con lo cual reclama para su tipificación la concurrencia de dos elementos con fisonomía propia e independiente: el corpus, o sea el elemento material u objetivo; y el animus, elemento intencional o subjetivo. ... Según la teoría subjetiva o clásica, que fue la acogida en el punto por los redactores de nuestro estatuto civil, de los dos elementos que la integran es el animus el característico y relevante de la posesión y por tanto el que tiene la virtud de trocar en posesión la mera tenencia. Para que esta exista es bastante la detentación material; aquella, en cambio, exige no solo la tenencia sino el ánimo de tener para sí la cosa” (G.J., t. CLXVI, pág. 50).
Es justamente por lo que viene de sostenerse que el régimen probatorio impone a quien ejerce tal acción el deber de demostrar la posesión en cabeza del opositor, puesto que, “por definición, la acción reivindicatoria debe dirigirse contra el poseedor, que es quien puede restituir la cosa al reivindicador (art. 946)”; de allí que “el artículo 952 estatuye que ‘la acción de dominio se dirige contra el actual poseedor’. De acuerdo con el texto de estas normas legales, por regla general solo el actual poseedor de la cosa puede ser sujeto pasivo de la demanda reivindicatoria: excepcionalmente esta podrá dirigirse contra el que fue poseedor y dejó de serlo, pero jamás contra quien es mero tenedor de la cosa cuya restitución así se busca” (G.J., t. CLXVI, págs. 48-48).
La puntualización que antecede es de suma importancia, pues, si, con arreglo a “los principios que informan la legislación civil en Colombia, la propiedad, la posesión y la tenencia forman una trilogía de derechos, cada uno de los cuales se halla estructurado por singulares y muy especiales elementos, que a la vez que impiden confundirlos permiten distinguirlos fácilmente” emerge palmario que “no es dado buscar la tutela directa del dominio a través de una acción posesoria o de tenencia, ni pretender la protección judicial de la posesión o de la mera tenencia por los procedimientos establecidos para amparar una o la otra o por los consagrados para la eficacia de la propiedad” (G.J., t. CLXVI, pág. 49).
2. Precisamente por lo expuesto en precedencia es que al demandante en reivindicación se le impone sostener en su respectiva demanda, en forma inconfundible e inequívoca, que el demandado es el poseedor del bien, por cuanto, como ha quedado expuesto con suficiencia, la reclamación judicial en cuestión solo cabe promoverla contra la persona que ostenta esa específica calidad, pues solo por excepción podría intentarse de cara a quien dejó de serlo, y nunca frente a aquel que es mero tenedor, desde luego que si en la causa petendi del libelo no indica, de manera puntual, que el señalado como sujeto opositor tiene esa inconfundible condición, o si es ambiguo o se equivoca en esa determinación, al juzgador no le será dable acceder a las súplicas invocadas; de ahí que en un asunto semejante, por no haber procedido el demandante de la manera expuesta, la Sala expresó que, “en verdad”, le asistía razón al ad quem al negar las pretensiones del actor porque “analizada detenidamente la demanda introductoria del proceso, en ella no aparece expresión alguna que categórica y frontalmente atribuya a la demandada el carácter de poseedora material de los bienes cuya restitución persigue la demandante, tal cual se asevera en la sentencia combatida” (G.J., t. CLXXVI, pág. 83).
La exigencia en cuestión asimismo es de vital importancia por cuanto, como se sabe, es con base en lo concretado en la demanda que “el demandado ejerce su derecho de defensa, y conoce el fallador los límites en los que ha de discurrir su actuar para la definición del litigio, límites que por lo mismo no le es permitido desbordar sin riesgo de adoptar una determinación incongruente con lo discutido en él” (Sent. 020, mar. 27/98, exp. 4798), habida cuenta que, como también es ampliamente conocido, este “no tiene facultad para decidir la controversia con estribo en hechos sustanciales que no fueron expuestos en la demanda como causa petendi aunque se hayan probado plenamente” (G.J., t. CXLVIII, pág. 12).
Establecida, pues, la trascendencia que tiene el acto introductorio y el influjo que él ejerce en la definición del litigio, a quien pretenda la reivindicación le resulta imprescindible, por ende, singularizar en el mismo los hechos descriptores de la específica condición con la que ha de convocar al extremo opositor, o sea, identificar en él los fundamentos fácticos a través de los cuales se le atribuya la calidad de poseedor, presupuesto que el legislador impone en quien debe enfrentar tan particular acción. Emerge entonces imperioso concluir que si en la demanda el actor no afirma de modo categórico y tajante que el demandado es poseedor del bien objeto de la acción de dominio, la súplica respectiva no puede alcanzar prosperidad, porque ante semejante omisión o frente a la ambigüedad de su afirmación, se echaría de menos el elemento de la posesión, forzosamente previsto en el artículo 946 del Código Civil, sin perder de vista que, conforme al artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, no puede el demandado ser condenado “por causa diferente a la invocada”.
3. Por averiguado se tiene que el error de hecho, que como motivo de casación prevé el numeral primero, inciso segundo, del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, puede tener lugar en los casos en que el juzgador supone o pretermite la prueba, de suerte que incurrirá en lo primero cuando haya un medio en verdad inexistente, y también en aquellos eventos en que distorsiona el que sí obra para darle un significado que no contiene, y lo pretermite cuando ignora del todo su presencia o lo cercena, para, en esta última hipótesis, asignarle una significación contraria o diversa; este dislate “atañe a la prueba como elemento material del proceso, por creer el sentenciador que existe cuando falta, o que falta cuando existe, y debido a ella da por probado o no probado el hecho” (G.J., t. LXXVIII, pág. 313). Denunciada una o todas de las anteriores posibilidades, el recurrente debe demostrar que la falencia endilgada es evidente y, además, trascendente por haber determinado la decisión reprochada, de tal manera que de no haberse incurrido en esa sinrazón otra hubiera sido la resolución adoptada.
4. Desde un ángulo diverso, es evidente que el ejercicio del derecho de acceso a la administración de justicia, previsto en el artículo 229 de la Carta Política, implica para el interesado tener que presentar una demanda en la que, conforme a las pertinentes normas de la ley procesal civil, consigne sus peticiones y exponga los fundamentos fácticos en que las apoya, entre otras exigencias, toda vez que, como consecuencia del principio dispositivo que impera en esta jurisdicción, la misma se convierte en pauta obligada que guía al juez en el desenvolvimiento de su actividad; de ahí que al desatar el litigio sometido a su definición, esté llamado a decidir sobre las pretensiones elevadas pero basado en los hechos en ella consignados, por supuesto que la información allí contenida “demarcará uno de los extremos esenciales de la relación jurídica procesal” (Sent. 114, sep. 23/2004, exp. 7279); expresado con otras palabras significa que, por efectos de la predicada fuerza vinculante, a aquel se le impone el deber, a la hora de desatar el correspondiente conflicto, de adoptar el citado acto introductorio tal y como le fue presentado, con la sola condición que de allí emerja con resplandor el petitum y la causa petendi.
Acorde con lo dicho deviene incuestionable sostener que el juzgador cometerá yerro fáctico si al interpretar la demanda se aparta de los lineamientos recién aludidos, pues, en tal supuesto, podría tergiversar el texto de la pieza inicial del proceso o cercenar su contenido original, falencias que, de presentarse, configurarían la causal de casación arriba determinada, en la medida en que fueren evidentes y trascendentes.
5. Las bases que en precedencia se dejan sentadas conducen a sostener que en este asunto el tribunal ciertamente incurrió en por lo menos una de las equivocaciones fácticas que le atribuye la censura, conforme pasa a considerarse, suficiente para el quiebre parcial del fallo impugnado.
En efecto, en torno a la posesión, como elemento de la acción de dominio propuesta a manera de reconvención, tras recalcar que el acervo probativo daba cuenta de que la actora inicial arribó al bien con la aquiescencia de la demandada, cuyo señorío a la sazón reconoció, calidad en la que presumía “habría continuado conforme al artículo 777 del Código Civil”, el tribunal hizo ver cómo esta, “aunque... ahora tiene ánimo de dueña, pues no otra cosa indica la demanda que ha promovido frente a la persona de quien recibió la tenencia,... es lo cierto que no afirmó ni probó el momento desde el cual ocurrió la interversión del título”.
Y a renglón seguido, luego de estimar fracasada la pretensión de pertenencia, dijo encontrar próspera la de dominio a que se limitaba la reconvención, porque, según aseguró, “acreditada quedó... la posesión —aunque no la fecha en que comenzó— de la demandada sobre el bien”, lo cual implicaba la presencia de “la triple identidad entre lo reclamado, el título de dominio y lo poseído”, como lo exigía el artículo 946 del Código Civil, “lo que acreditan las respuestas dadas a los hechos 1º y 4º del respectivo libelo, así como la inspección judicial practicada”; en fin, “que la accionada no logró probar el... momento en que operó la interversión de su título de mera tenedora en poseedora”.
De la transcripción que antecede se colige que la posesión, como presupuesto estructural de la reivindicación, el tribunal la dedujo del contenido del acto introductorio con el que la actora inicial promovió la pertenencia, pues nada diferente se concluye de la afirmación suya, extraída a rajatabla, en el sentido de que ella “ahora tiene ánimo de dueña”, porque “no otra cosa indica la demanda” que presentó contra la opositora; pero acontece que tal apreciación es, por menos, ilógica e irracional dentro de la misma estructura mediante la cual él en el punto concibió la sentencia impugnada, no solo porque con anterioridad ya le había negado con absoluta rotundidad la calidad de poseedora a la demandante primigenia, como con suficiente claridad se puede observar en las consideraciones con las cuales en este fallo se despacharon los cargos segundo y tercero anteriores, las que ahora aquí se dan por reproducidas, sino por razón de que en tal pasaje, cuando quiso señalar que la citada posesión había quedado demostrada, dentro de ese mismo contexto enfatizó que “... aunque no la fecha en que comenzó...”, desde luego que si el momento en que con exactitud empezó esa particular situación fáctica no quedó evidenciada, según lo sostiene el propio juzgador, no se comprende entonces cómo pudiera aseverarse, cual con evidente desatino este lo reseñó, que la mentada calidad se probó, mucho más si se repara que venía de dar a comprender que la actora entró al predio con base en el contrato de comodato precario aducido por la contraparte, que hubo de ajustar con la reconviniente.
El dislate acerca de que la tenencia con ánimo de señora y dueña fue demostrada, de igual modo brilla al ojo si se repara que líneas más arriba el sentenciador ya había asegurado que Mercedes llegó al inmueble por la voluntad y con la aquiescencia de Graciela, a la que la primera de las nombradas le reconoció el señorío, y que presumía que en esa calidad la misma “habría continuado conforme al artículo 777 del Código Civil”,puesto que si de conformidad con tal aserto ella prosiguió a lo largo del tiempo en condición de mera tenedora, no se entiende cómo pudo dar por evidenciada la posesión.
La equivocación del juez de segundo grado al respecto sube de punto habida cuenta que, aun cuando aseguró que la reconvenida “ahora tiene ánimo de dueña, pues no otra cosa indica la demanda que ha promovido frente a la persona de quien recibió la tenencia”, la verdad es que enseguida hizo notar cómo “lo cierto” era que ella, en todo caso, “no afirmó ni probó el momento desde el cual ocurrió la interversión del título”, por supuesto que si a su juicio en esta causa no se “afirmó” y mucho menos se “probó” el instante en que pudo haberse mudado la afirmada tenencia en una situación posesiva, lo menos que aquel podía hacer era dar por sentada la realización de actos de señora y dueña en cabeza de Mercedes; este yerro palpita con mayor reciedumbre si se advierte que en el colofón de las pertinentes motivaciones del fallo insistió, con suficiente nitidez, en “que la accionada no logró probar el... momento en que operó la interversión de su título de mera tenedora en poseedora”. Es palmar que si en el interior del plenario no figura el menor rastro demostrativo de la mutación de una calidad por otra, siendo esta la que acorde con el artículo 946 del Código Civil se exige con miras a viabilizar la acción de dominio intentada en el escrito de mutua petición, el tribunal no podía predicar, como con yerro manifiesto lo hizo, la presencia de “la triple identidad”, cual lo exige el precepto legal recién citado.
Y aun cuando es verdad que la corporación tiene sentado que “la afirmación que una de las partes hace de tener a su favor la prescripción adquisitiva de dominio, alegada por ella como acción en una demanda de pertenencia y reiterada como excepción en la contestación a la contrademanda de reivindicación, que en el mismo proceso se formule, constituye una doble manifestación que implica confesión judicial del hecho de la posesión” (G.J., t. CLXV, págs. 125-126), consecuencia probatoria esta que también es predicable de la aseveración efectuada por el actor en el libelo de reivindicación de que el respectivo demandado ostenta dicha calidad, no es menos cierto que a términos del artículo 201 del Código de Procedimiento Civil “toda confesión admite prueba en contrario”, lo que lleva a considerar que la verificada de aquellas maneras no siempre se torna firme e inmodificable y que, por el contrario, es del todo posible que resulten infirmadas con otras probanzas, que precisamente fue lo que aconteció en este caso, toda vez que, acorde con lo expuesto en precedencia, fue el propio tribunal el que se encargó de restarle toda eficacia persuasiva a los hechos posesorios aducidos por la actora en la pieza inicial de pleito y en la contestación que ella hizo al escrito de mutua petición, al privilegiar con el análisis que efectuó alrededor del acervo probatorio, por encima incluso de la manifestación unilateral que sobre el punto ella expresó a través de tales dos actos —demanda primigenia y réplica a la reconvención—, los restantes elementos de convicción, que le permitieron llegar a la conclusión en el sentido de que Mercedes Guzmán de Palacio, pese al carácter de poseedora que ella misma se atribuyó en sus escritos de demanda de pertenencia y de contestación a la de reivindicación, arribó y permaneció en la heredad en calidad de simple tenedora, al extremo de no haber probado el momento en el que pudo haberse producido la interversión de esa específica condición por la probable de poseedora.
El panorama que viene referido torna más evidente la equivocación que se le enrostra al juez de segundo grado, habida cuenta que esos razonamientos suyos, vale decir, los referidos en las líneas anteriores, donde en forma radical negó la calidad de poseedora que la demandante alegó en aquellos dos actos procesales, dada la improsperidad de los cargos segundo y tercero en los que ellos fueron combatidos, se mantienen enhiestos, firmes, abrigados bajo la presunción de acierto, de donde cualquiera otra consideración ha de arrancar a partir de estimarlos con fuerza vinculante e incólumes.
Todo lo expuesto se fortalece aún más con el hecho de que la reconviniente, antes que afirmar la posesión en manos de la reconvenida, de manera expresa y contundente, cual corresponde en acciones reivindicatorias según se vio en su momento, lo que hizo fue desmentirla.
Es así como en la demanda por medio de la cual se formuló tal acción la contrademandante señaló que era “la demandada Mercedes Guzmán de Palacio quien” decía “detentar la posesión del inmueble... sin justificación legal alguna”; que Alicia y Graciela le “entregaron a título de comodato precario a... Mercedes el inmueble... para que lo habitara y gozara de él y fuera entregado si así era requerido por las propietarias fiduciarias o a la muerte de la última de ellas, fuera entregado a la Congregación Mariana, fideicomisaria del inmueble”; que “la demandada en un acto de mala fe altera la existencia de un mero comodato, a título precario, en posesión, para obligar” a la reconviniente “a incoar la presente acción reivindicatoria” pues “la demandada realmente nunca fue poseedora, mas como alega tal calidad, huelga vincularla como sujeto pasivo de la reivindicación”, pero que la actividad desplegada por ella sobre la cosa “ni es posesión porque en estricto sentido había comodato ni es quieta ni pacífica, porque no había ningún hecho exterior que la demostrara frente a... Graciela, ni está revestida de animus dominio porque siempre reconoció dominio ajeno”.
Y al contestar la demanda de pertenencia, enfatizó que no era cierto que Mercedes Guzmán hubiese entrado como señora y dueña, porque “desde que... recibió el bien para su uso reconocía dominio ajeno dado que las propietarias fiduciarias del bien eran sus tías”; que por no poder vivir en él, Alicia y Graciela “decidieron entregarlo a su sobrina Mercedes ... a título de tenencia en calidad de comodato, para que lo usara y fuera entregado si así era requerido” por dichas propietarias; que por ese vínculo filial la reconvenida “conocía desde el momento que fue entregado el inmueble que solo estaba recibiendo su tenencia”; al contestar los hechos segundo y tercero de dicha pieza del proceso, dijo que “no es cierto que la demandante haya vivido como poseedora por más de veinte años”, que “no es cierto” que ella “haya ejercido posesión de manera interrumpida... pacífica... por más de veinte años” y que tampoco “es cierto que... haya ejercido posesión de manera pública porque su voluntad de cambiar su posición jurídica debió exteriorizarse con actos inequívocos de rebeldía contra el derecho de... Graciela Guzmán, situación no ocurrida”; por lo anterior, continuó diciendo, “se trata es de un comodato precario sobre una cosa ajena y por mera tolerancia de la demandada”. Es con base en las aseveraciones precedentes, que en esa misma contestación propuso las excepciones de mérito allí determinadas.
El tribunal omitió del todo reparar el contenido de dichos escritos, desde luego que, de haberlos apreciado, habría caído en la cuenta que en ellos Graciela Guzmán Mejía no hizo más que negar que la actora fuera la poseedora de la cosa en disputa, en tanto que respecto de esta lo que en ellos reafirmó fue su condición de mera tenedora de la cosa.
De este modo dejó de advertir que en la demanda de mutua petición la reconviniente en acción de dominio desatendió la carga inevitable que tenía de afirmar, en forma clara, contundente y sin el menor asomo de dubitación, que la contrademandada era la poseedora de la cosa, siendo que allí, más que en cualquier otro acto procesal, estaba precisada a hacer tan cardinal señalización, dado que, como atrás se dejó reseñado, por principio general una súplica de esta naturaleza cabe promoverla únicamente frente a quien tiene esa específica calidad, pero jamás de cara al simple tenedor. Aquí procede reiterar una vez más lo que la Corte consideró en la sentencia de 13 de marzo de 1984, en el sentido de que “analizada detenidamente la demanda introductoria del proceso, en ella no aparece expresión alguna que categórica y frontalmente atribuya a la demandada el carácter de poseedora material de los bienes cuya restitución persigue la demandante”, que fue uno de los aspectos sobre los que debió reparar la sentencia combatida, y sin embargo no lo hizo.
Es claro así que, aparte de no haberse hecho en la demanda con la cual se ejerció la acción de dominio afirmación categórica y contundente en el sentido de que la reconvenida fuera poseedora del .inmueble objeto de la reivindicación, la confesión que a pesar de tal ambigüedad pudiera derivarse, a la postre resultó infirmada con las demás probanzas, en particular con la demostración, según el propio tribunal, de que Guzmán de Palacio ingresó en calidad de tenedora del bien, situación que, a términos del artículo 777 ibídem,ninguna mutación sufrió. A propósito de está infirmación de esa probable confesión “hay que convenir que, hoy por hoy, ninguna circunstancia, en tanto que forme parte del debate procesal” puede adquirir “la categoría de verdad inexpugnable, de tal suerte que sobre ella no se pueda volver la mirada”, puesto que “la confesión ya no ejerce el mismo imperio de antaño, cuando se hablaba de una verdad suficiente, sin importar si acompasaba con la verdad verdadera. Es principio admitido ahora que la confesión es infirmable, según expresión paladina, en cuanto a nuestro ordenamiento respecta, del artículo 201 del Código de Procedimiento Civil” (sent., jul. 1º/2001, exp. 6286).
Por supuesto que si el ad quem no halló evidenciado el momento en que operó la interversión, no se entiende cómo razonablemente pudo encontrar probado que la reconvenida fuera poseedora de la cosa, siendo que, según el citado artículo 777, la condición de tenedora perdura sin ningún cambio y que la jurisprudencia exige para que opere la transformación del título una manifestación inequívoca de rebeldía frente a la relación de la tenencia, de emancipación de tal lazo, proclamándose, por consiguiente, de ahí en adelante, dueño y señor de la propiedad que ya tenía en su poder; expresado con otras palabras, acá no era factible la demostración de la posesión sin acreditar cuándo ocurrió la interversión del título de tenedora bajo la cual la contrademandada ingresó al predio sobre el que recayó esta acción.
Ahora bien, pese a que la reconvenida, al contestar los hechos primero y cuarto de la demanda de mutua petición, admitió que la reconviniente era la propietaria del bien y desmintió que el mismo le hubiese sido entregado en comodato, “ni bajo ninguna otra modalidad de tenencia, ni fue sometido a ninguna condición”, puesto que “obedeció a una entrega pura y simple de la posesión”, lo cierto es que fue el ad quem, como ya ha quedado ampliamente sustentado, quien demeritó esa reafirmación de posesión cuando en el fallo impugnado anotó que el acervo probatorio daba cuenta de que la actora llegó al predio como consecuencia de la buena voluntad y de la aquiescencia de la demandada, cuyo señorío entonces reconoció, calidad en la que “Se presume habría continuado conforme al artículo 777 del Código Civil, y aunque... ahora tiene ánimo de dueña, pues no otra cosa indica la demanda que ha promovido frente a la persona de quien recibió la tenencia,... no afirmó ni probó el momento desde el cual ocurrió la interversión del título” (se resalta). En yerro de igual magnitud cayó al apreciar la inspección judicial, por cuanto dejó de reparar que alrededor de su contenido, con los razonamientos que en precedencia había construido, la descalificó en torno a los probables actos posesorios que de esta probanza se pudieran desprender.
De nuevo ha de repetir la Sala, dada la inocultable importancia que reviste, que todas aquellas consideraciones a través de las cuales en el fallo acusado el ad quem desestimó la condición de poseedora de la reconvenida y afirmó la falta de prueba de la interversión del título de tenedora, con el que según su decir Mercedes entró a ocupar el predio, por el de poseedora, al no haber prosperado ninguna de las acusaciones contra las primeras, y ante la circunstancia de que en casación no se puso reparo alguno de cara a las segundas, las mismas se mantienen enhiestas en esta senda extraordinaria, gozando de la presunción de acierto.
6. Se impone, pues, el quiebre parcial del fallo en lo concerniente al aspecto al que se contraen los razonamientos que preceden, por cuanto los dislates que atrás quedaron develados son no solo ostensibles y manifiestos sino también trascendentes, ya que de no haber incurrido en ellos el tribunal no habría accedido a las súplicas relativas a la demanda de reconvención. Por lo mismo, es incontrovertible que este infringió las normas sustanciales que en el cargo ahora estudiado se indican corno infringidas, en la medida en que, sin estarlo, dio por demostrada la posesión, elemento estructural de la acción de dominio, situación que lo condujo a acceder a tales peticiones y a imponerle a la contrademandada las condenas determinadas en el fallo impugnado.
No hay, por ende, necesidad de entrar en el análisis de los restantes yerros fácticos involucrados en la acusación, pues, con los que se dejaron evidenciados, queda suficientemente establecida la equivocación del sentenciador en lo atinente a la ponderación probatoria.
7. Por consiguiente, el cargo prospera.
1. Si, conforme a las motivaciones anteriores, en tratándose de la reivindicación, es presupuesto de la correspondiente reclamación, además de los otros determinados en el despacho del cargo, la afirmación del demandante y, desde luego, la demostración de que el demandado es el poseedor de la cosa reclamada, y si dicho elemento de la acción intentada ni se afirmó en la reconvención y mucho menos se probó, la decisión no podrá ser distinta de la de negar las súplicas de la demanda de mutua petición, como así se dispondrá.
2. Dado que la denegación de las pretensiones obedece a la ausencia de aquella exigencia, por evidente sustracción de materia no hay necesidad de entrar en el análisis de las excepciones de fondo planteadas por la reconvenida.
3. Por las razones expuestas se confirmará entonces el numeral quinto (5º) de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia.
4. En vista de que a la postre ambas partes han fracasado en las respectivas demandas intentadas, se condena a cada una de ellas a pagar las costas de las dos instancias en proporción del cincuenta (50%) por ciento.
5. No sobra reiterar, finalmente, que por cuanto en lo demás, es decir, en lo tocante con la decisión acerca de las súplicas relativas a la demanda de pertenencia el fallo del tribunal quedó intacto, su respectiva parte resolutiva se prohijará en el mismo capítulo de la presente sentencia, mediante su reproducción literal en el ordinal primero. El ordinal segundo del capítulo decisorio de este fallo sustitutivo contendrá la resolución que reemplace la parte que de la del tribunal resultó quebrada, esto es, la inherente a la definición alrededor de la acción de dominio. Y el ordinal tercero hará referencia a la manera como queda, en últimas, la condena en costas en las dos instancias.
En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia de 3 de octubre de 2008, pronunciada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín dentro del proceso ordinario identificado en esta providencia, y en sede de instancia,
1. “... REVOCA la sentencia de fecha y procedencia indicadas”, esto es la de 30 de enero de 2008, proferida en primera instancia dentro de este asunto por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Medellín, “y en su lugar,
“... Se niegan las pretensiones de la demandante principal.
“... Se dispone la cancelación de la medida cautelar de inscripción de demanda. Ofíciese al funcionario competente”.
2. NEGAR las pretensiones de la demanda de mutua petición, elevadas por Graciela Guzmán Mejía, y, por tanto, absolver a la reconvenida Mercedes Guzmán de Palacio de los cargos que en ella se le formularon.
3. CONDENAR a las partes del proceso a pagar las costas causadas en ambas instancias, en proporción del cincuenta (50%) a cargo de cada una de ellas. Tásense y liquídense.
Sin costas en casación por haber prosperado el recurso extraordinario.