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Timestamp: 2016-08-28 16:32:58
Document Index: 105204892

Matched Legal Cases: ['Artículo 53', 'artículo 97', 'artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 55', 'Artículo 55']

EDITORIAL LUPA CIUDADANA
ARTÍCULOS RELACIONADOS CON LA POLÍTICA, INFORMACIÓN FINANCIERA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS por Luis Felipe Abreu Montaño
EDITORIAL LUPA CIUDADANA 96
El Gobierno de Campeche falta a la verdad en cuanto a información equivalente
que entrega, esto queda evidenciado en dos resoluciones.
En la versión pública de la resolución folio 01/0002904/11, cuya solicitud fue
presentada con fecha del 29 de agosto de 2011 dice lo siguiente:
"En el programa de vivienda que impulsa la administración del Lic.
Fernando Ortega Bernés se han invertido $59, 294,303.21, a través del extinto
Instituto de la Vivienda del Estado de Campeche (INVICAM) y hoy a través de la
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI), traducidos en
1,187 viviendas en 6 municipios del Estado en el ejercicio 2010". Por otro lado, en la resolución folio 01/0002922/11 cuya solicitud fue
presentada con fecha 5 de septiembre de 2011 dice lo siguiente:
- "De las 7,926 viviendas referidas en la solicitud y reportadas en el II
informe de Gobierno, solo 1,187 corresponden a una inversión directa del
Gobierno del Estado a través de su organismo Estatal de Vivienda.
- Las 1,187 viviendas, se edificaron con el ejercicio presupuestal 2010.
-En el período septiembre diciembre 2009 no hubo inversión en edificación de
- En el período enero-junio 2011 no contempla inversión en las viviendas
referidas. La inversión se reflejará en las viviendas reportadas para el III
informe de Gobierno.
En consecuencia, a continuación se informa el monto ejercido con recursos
$101, 060,370.44".
Como se podrá observar, para las 1,187 viviendas y el ejercicio 2010, en la
resolución folio 2922/11 del 5 de septiembre de 2011 se reconoce una inversión
de $101,060,370.44 (ciento un millones sesenta mil trescientos setenta pesos
44/100); mientras que en la resolución folio 2904/11 del 29 de agosto de 2011
para las mismas 1'187 viviendas y para el mismo ejercicio 2010, sólo se
reconoce $ 59,294,303.21 (cincuenta y nueve millones doscientos noventa y
cuatro mil trescientos tres pesos 21/100); es decir, $ 41,766, 067.23
(cuarenta y un millones setecientos sesenta y seis mil sesenta y siete
pesos 23/100) menos. El proporcionar datos diferentes con referencia a respuestas de información que
deben ser equivalentes, va en contra de la legalidad, veracidad, ética y
honradez del Gobierno y sus funcionarios.
El colmo es lo que dice el tercer informe de gobierno de manera
desvergonzada: "partiendo de los conceptos de calidad y confiabilidad
esta administración tiene la premisa de entregarle a la ciudadanía un registro detallado y confiable de los ingresos, así como de los gastos generados
en el periodo en que informamos".
"La información por consiguiente tiene no sólo que ser pública sino
también verídica"
Con estos elementos se evidencia a éste gobierno, se demuestra que engaña al
ciudadano, aunque en el discurso y la letra del informe pretende hacernos creer
que avanza cuando en realidad retrocede, intenta vender rectitud pero muestra
lo contrario, vive de la retórica permanente pero no fundamenta ni entrega
resultados; por eso se le exhibe por lo que es, y no por lo quiere aparentar.
El Poder Ejecutivo viola el Artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Capítulo
XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche; el famoso Acuerdo del
Ejecutivo donde se establece el Código de Ética al que deberán sujetarse los
servidores públicos, de fecha 13 de mayo de 2011, o sea que fue suscrito por la
actual administración; y la tesis P. LXXXIX/96 de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación: garantías individuales (derecho a la información), se establece
la violación grave prevista en el segundo párrafo del artículo 97
constitucional. Configura el intento de lograr la impunidad de las autoridades,
y por infringir el artículo 6º también constitucional.
La tesis de la SCJN describe que ese proceder, conlleva a considerar que existe
la propensión de incorporar a nuestra
vida política, lo que podríamos llamar la cultura del engaño, de la maquinación
y de la ocultación, en lugar de enfrentar la verdad.
Las preguntas serían: ¿cuándo va a despertar Campeche? ¿será la resignación y
sumisión el tema relevante de la sociedad?
Recordemos lo que dijo Pablo Gómez: "Sólo los rebeldes cambian al país;
los sumisos terminan por ser cómplices del poder".
EDITORIAL LUPA CIUDADANA CAM
EDITORIAL LUPA CIUDADANA 95
Campeche 6 de agosto de 2012
improductividad que quiere justificar como "progreso" este gobierno,
indica que al gobernante le preocupa más la forma que el fondo, el cambio de
lema al avance, la frivolidad ante la obligación de probar el real desempeño.
Cada vez más, se demuestra que esa será la tónica, intentar a toda costa
ocultar su declive.
gobierno que hace poco pero presume mucho, que mantiene a los panegiristas
recurrentemente aplaudiendo y alabando, lo que los hace cómplices por
conveniencia de la intrascendencia, y por lo tanto corresponsables del
retroceso de Campeche.
irrelevante del gobierno que ni es ni fue Justo y Solidario, es pretender
confundir con el cambio de lema, ocultando el retroceso con la muestra de lo
trivial, aunque cada vez le cuesta más esconder lo evidente.
de sus alabadores en silencio sí critican y descalifican sus actos,
cuestionan la parafernalia recurrente de la entrega de lo intrascendente en los
actos, la demagogia, la falta de realidad y poco contenido de sus
discursos. Pero el mutismo no colabora a la movilidad del gobierno, al
contrario, contribuye a detener o retroceder porque justifica.
el gobierno de verdad fuera evaluado: se encontraría que maquilla y
miente con la información relevante que se le solicita (ej. maquiladoras, vivienda,
publicidad oficial; desacata mandatos judiciales ej. nómina, concesiones del
transporte público).
eso éste gobierno, está impedido moral y éticamente a usar la palabra
"progreso" como lema, porque su ejemplo lo derrota.
ciudadanos debemos ser pesimistas como decía José Saramago, porque los
optimistas están encantados con lo que hay.
EDITORIAL LUPA CIUDADANA 94
actual gobierno de Campeche parece dividirse en dos períodos, el primero que va
terminando, y el segundo bajo el comando de los hermanos de la docena trágica
que se convierte en quincena.
El gobernante decide doblegar a los suyos demostrando el rendimiento propio ante
el pasado, donde pareciera que predominan los compromisos históricos que lo
lleva a disminuir su gobierno, y claudica por no hacer lo correcto.
Decide entregarse a la vorágine política provocada y aprovechada, y que por
simple lógica ha servido para debilitarlo cada vez más. Ha dado las facilidades
para hacerlo, al tener en su gabinete a personajes improvisados (con ambiciones
permanentes), que demostraron poco oficio en el manejo de la política y abonaron
en menguar la administración en vez de fortalecerla.
al que fue doblegado, tomar la decisión por el silencio, la resignación, como
si la lealtad incluya ser un genuflexo constante; decide no revelarse y acatar
sin mostrar rebeldía, dignidad. Actúa con pánico ante la disyuntiva por
proceder de otra manera, decide moverse en lo cómodo como si fuera su habitat,
es más fácil la quincena y anexas que la búsqueda de oportunidades distintas, y
ese individualismo del que se dobla, tiene un efecto regresivo para el estado. El gobernante va cediendo paulatinamente la plaza al pasado y el futuro ahora
parece ser de otros, por eso hay que valorar que es tan grande para hacerlo,
esta apreciación es respaldada por la indecisión a destapar, a avalar en vez de
castigar; opta por conceder en lugar de enderezar, lo cual solo sirve para la
conservación del statu quo y hace disfuncional la administración.
Un gobierno que remedia no cambiando sólo maquillando, no corrige de fondo sólo
de forma, aplica el uso de la retórica constante con el propósito de desviar la
atención para no moverse, y cuando lo hace, es para retroceder o para
justificar.
Este gobierno ha decidido pasar por lo que dijo Groucho Marx: "Hacer de la
política un arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso
y aplicar después remedios equivocados", pareciera que ya adelantó su fin.
EDITORIAL LUPA CIUDADANA 93
de enero de 2012
Poder Ejecutivo entrega información inverosímil que solo abona a la fama
nacional de opacidad que tiene el estado de Campeche, ya que envía al
solicitante datos que son prácticamente increíbles.
ejemplo de esto, es lo relacionado con la cantidad de litros de combustible que
utilizó el Poder Ejecutivo en los meses de septiembre y octubre de 2009, donde
describe que tuvo un consumo idéntico para cada mes de 603,413.20 litros, lo
cual hace imposible considerar esta respuesta como verdadera, ya que hasta
las décimas son idénticas, como se describe en la resolución folio
01/0002148/10. La
ciudadanía exige información veraz del que gobierna, porque con esa
actitud se genera desconfianza con respecto al uso de recursos públicos, ésta
muestra justifica la relevancia de la observancia permanente. Es
fundamental que el ciudadano esté consciente que puede y debe exigir al servidor
público que intenta ocultar, porque ante lo incomodo, pretende usar la apariencia
para eludir la entrega de lo correcto.
sociedad debe ser un persistente vigilante ante la libertad que tiene el funcionario en el reparto de gran parte del dinero público,
porque éste, muchas veces es utilizado para que lo cortejen, para que lo
justifiquen y no le cuestionen las acciones indebidas; también puede ser usado
en beneficio de amigos, para financiar campañas políticas, o favorecerse a
través de prestanombres para proveer bienes y servicios al gobierno.
malestar del funcionario por aclarar el uso de los recursos públicos, hace
intuir que existe un manejo poco claro del mismo y que en el fondo lo incomoda,
porque la ciudadanía tiene una herramienta que le permite analizar y evidenciar
su actuación. La
transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para la gobernanza,
porque fortalece los equilibrios entre sociedad y gobierno, orientando a la
administración pública hacia una mayor eficacia
y mejor ordenación. Por
ello, seguiremos demandando que se actúe en consecuencia con la obligación
encomendada al funcionario, y se deje el uso constante de la simulación.
Y como dice Denise Dresser: "Los buenos gobiernos se
construyen con base en buenos ciudadanos y sólo los inconformes lo son". Publicado por
EDITORIAL LUPA CIUDADANA 92
sale mal parado al ser evaluado y comparado con el resto del país.
documento denominado: ¡Reprobadas! las leyes que rigen las compras públicas,
publicado en la revista Política Digital edición octubre/noviembre del presente
año. http://www.politicadigital.com.mx/?P=leernoticia&Article=21123
este estudio se evalúan las leyes de
adquisiciones y arrendamientos de bienes y servicios, tanto del gobierno
federal como de todas las entidades de la república incluidos el distrito
federal. En
la evaluación general, en una escala de 0 a 100, donde 100 le correspondería al
mejor evaluado, Campeche obtiene la calificación de 37.8, solo por arriba de
Zacatecas, Jalisco, Yucatán y Guerrero; ocupando el lugar 29 en todo el país. En
prácticas no deseadas, señala que la Ley en la materia de Campeche y Chihuahua,
no consideran recurso alguno contra el fallo del procedimiento de adjudicación.
detectan que Campeche, Guerrero y Yucatán, son los estados que tienen reformas
menos recientes en la materia, y obtienen las calificaciones más bajas.
otro estudio titulado: ¿Por qué gastan así? Ranking de normatividad estatal del
gasto público, elaborado por El Centro de Investigación para el Desarrollo A.C.
(CIDAC). http://www.cidac.org/esp/uploads/1/Ranking_de_normatividad_estatal_del_gasto_pu__blico-web_2.pdf
vacíos legales del gasto público, y considera que esas deficiencias en el marco
normativo dificulta su evaluación y análisis.
Este estudio evalúa normatividad relacionada con
el gasto público del país, se generó un ranking donde se calificaron cinco leyes: Contabilidad Gubernamental, Coordinación
Fiscal, Deuda Pública, Fiscalización y Transparencia.
obtuvo en el Ranking de normatividad estatal del gasto público, el lugar 30 de
los 31 Estados de la República considerados en la valoración nacional de las
cinco leyes, al obtener en una escala de 0 a 100, donde 100 le correspondería
al mejor evaluado, la calificación de 43; aclarando que no se incluye en el
estudio al Distrito Federal por no tener una normatividad establecida o
si fuera poco para Campeche, la calificación que obtiene el Estado con respecto
a Fiscalización es: Cero y Último Lugar.
estudios, ponen en evidencia el atraso que tienen varios estados de la
república, pero Campeche es protagonista con relación a la falta de reformas en
sus leyes, sobre todo con las que son vinculantes con el gasto público y la
rendición de cuentas. Por
ello, debemos ser desconfiados al discurso del Gobernante, porque muchas veces
se cae cuando se mide. Publicado por
TRANSPARENCIA EN CAMPECHE O ARGUCIAS LEGALOIDES
Una de las formas que
utiliza el poder público para impedir que información relevante llegue a manos
de los ciudadanos es declarar la inexistencia de la información, resolver
simple y llanamente que los datos o documentos solicitados por los interesados
no existen en los archivos de los entes públicos responsables de su resguardo y
Para ello utilizan fórmulas
legaloides que no tienen nada que ver con la transparencia y que pisotean los
principios que rigen el derecho de acceso a la información pública plasmado en
el Artículo 6º Constitucional y en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Campeche.
Los entes públicos le
apuestan a que la información nunca saldrá de sus archivos en virtud de que aún
y cuando la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Campeche (COTAIPEC) falle en su contra, lo más que puede pasar es que
turnen el caso a la Secretaría de la Contraloría, tratándose de dependencias y
entidades del Poder Ejecutivo del Estado, o al respectivo órgano interno de
control, tratándose de los demás poderes, y allí dormirá el sueño de los
justos, ya que dichas instancias que deberían ser autónomas, en la práctica
están sujetas al arbitrio de los Titulares del Poder Ejecutivo y de los demás
Poderes del Estado; además, la legislación que les rige es muy laxa, pues no
existen plazos definidos y expeditos para resolver los casos.
Es decir, ahora ya ni
siquiera los sujetos obligados tienen que justificar ante el Tribunal Superior
de Justicia del Estado, mediante un recurso de revisión en contra de la
COTAIPEC, que la información que se niegan a otorgar y que clasifican como
reservada o declaran su inexistencia, es realmente información cuya publicidad
dañaría los intereses tutelados por la Ley y que iría en contra del interés
Al no tomarse la molestia de
iniciar un recurso de revisión ante el citado Tribunal, la estrategia de los
entes públicos opacos radica en hacer como que cumplen las resoluciones, pero
finalmente no satisfacen el derecho que les asiste a los solicitantes con la
entrega de la información requerida.
Esta es la estrategia que ha
seguido en varios casos la Unidad de Acceso Común del Poder Ejecutivo del
Estado, incluso en casos ya revisados por el Tribunal y declarados como
sobreseídos o desechados, es decir, aún y cuando las resoluciones de la
COTAIPEC han quedado firmes, lo cual se traduce en que no tienen más recurso
que cumplir con el mandato de la COTAIPEC, aun así, se niegan a dar cumplimiento
a las resoluciones y a entregar la información solicitada.
Nos preguntamos, ¿dónde
quedó el compromiso hecho por el Gobernador del Estado con la transparencia y
el derecho de acceso a la información de su gobierno?, ¿hablaba sólo de la
información que no le comprometiera políticamente?, ¿se excluía de este compromiso
a toda aquella información comprometedora relacionada con la obra pública de
sexenios anteriores, como lo es la relativa a las maquiladoras?
Veamos casos específicos: En
relación al programa de las maquiladoras textiles promovidas durante el sexenio
de Antonio González Curi, el Gobierno del Estado construyó alrededor de 18
naves con recursos públicos estatales, mismas que se entregaron en comodato a
inversionistas foráneos para instalar dichas maquiladoras, con el compromiso de
ser adquiridos por las empresas maquiladoras a través de contratos de
compraventa, los cuales se duda de que hayan sido realizados de manera correcta,
porque en varios de ellos no aparece la firma del secretario de finanzas de ese
entonces. El resultado final de este
programa fue con saldos negativos en perjuicio del erario estatal, ya que
aparte de que no se respetaron los plazos establecidos en la Ley, se otorgaron
un sinnúmero de facilidades y con la información que se tiene solo deja mayores
dudas, porque gran parte de esos recursos no han sido recuperados por el
Al respecto, la Unidad de
Acceso Común del Ejecutivo negó información relevante para conocer la situación
real que prevaleció en dicho programa, como lo es la relativa a los nombres de
las empresas que construyeron las 18 naves de las maquiladoras cuyos
antecedentes se comprobó que se encuentran en poder de las anteriores
Secretarías de Desarrollo Industrial y Comercial (SEDICO) y de Obras Públicas y
Comunicaciones (SEOPCE), convertidas en las actuales SEDICO y SEDUOP, y que por
arte de magia desaparecieron los archivos de la construcción de las naves, ya
que las dos alegaron por conducto de la Unidad de Acceso Común, que dicha
información no obra en sus archivos, es decir, es inexistente, pero no
comprobaron su dicho, en términos jurídicos, no fundaron ni motivaron su
Aún y cuando la COTAIPEC
reiteró su decisión al quedar firme y causar estado su resolución al recurso de
revisión interpuesto por el solicitante, el Gobierno del Estado se negó a
entregar la información y persistió en su declaración de inexistencia, por lo
que el órgano de transparencia turnó el caso a la Secretaría de la Contraloría
para fincar las responsabilidades de ley a los funcionarios responsables de no
acatar tal resolución, y estando a un año de lo anterior, aún no hay resultados
ni pareciera que los vaya a haber, ya que no hay la voluntad y el compromiso de
entregar la información que es pública, tenemos la interrogante de por qué la
COTAIPEC no ha insistido para garantizar el acceso a la información pública en
poder de la autoridad, y no exige el cumplimiento ante el superior jerárquico
de los funcionarios responsables de acatar sus resoluciones.
El otro caso que queremos
significar, es una respuesta a una solicitud de información interpuesta ante la
Unidad de Acceso Común con la cual el interesado solicitó las copias de las
pólizas de cheques de los anticipos entregados por el Gobierno del Estado a los
constructores de cada una de las citadas naves maquiladoras.
La respuesta de la Unidad de
Acceso Común fue vaga, no declara la inexistencia, pero prácticamente niega tal
información, alegando el Artículo 55 de la obsoleta Ley de Obras Públicas del
Estado, que establece que la documentación comprobatoria del gasto en obra
pública será conservada cuando menos por un lapso de cinco años.
Es decir, una solicitud de
transparencia la resuelven con una disposición de una Ley de Obras Públicas
anterior a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado, que en su artículo Sexto Transitorio derogó todas las disposiciones
legales y reglamentarias que se opongan a dicha Ley.
Por lo tanto, el nuevo
régimen de la transparencia y acceso a la información pública no puede ser
suplantada por una disposición cuya antigüedad data del año de 1984, como lo es
el Artículo 55 de la Ley de Obras Públicas del Estado, por lo que todo archivo
o documento en poder de las dependencias y entidades públicas estatales al
momento de la publicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública deben sujetarse a la nueva legislación en la materia, que incluye los “Lineamientos
Generales para la organización y conservación de los Archivos Públicos del
Estado de Campeche”, que establece en su Artículo Vigésimo Cuarto que,
tratándose de la documentación que ampare inversiones en activos fijos y en
obras públicas, deberá conservarse como mínimo un período de doce años.
O sea, la política de
cerrazón y de opacidad del actual gobierno se le revierte y se pone a sí misma
una soga al cuello al imponerse una disposición que no le permitirá entregar
información de su mismo período incluso antes de concluir el sexenio, ya que la
obra realizada en el primer año estará ya depurada y dada de baja en el sexto
año de la propia administración.
¿Es esta la transparencia
muchas veces presumida por el actual gobernante y repetida hasta el cansancio
por sus colaboradores, que deben apegarse estrictamente a la Ley y lo que hacen
es violarla y pasar por encima de un derecho fundamental como lo es el acceso a
la información pública?
Y de manera fresca declaran
que la información no existe en sus archivos, sin que certifiquen
documentalmente su destino, su destrucción o su baja, tal y como lo establecen
los lineamientos citados; ¿pueden legalmente los funcionarios públicos destruir
información sin que se sigan los procedimientos legales para ello?, o es que
¿se consideran tan dueños o propietarios de los documentos que pueden
desaparecerlos a su arbitrio?
Mientras los ciudadanos
sigamos teniendo este tipo de respuestas, evadiendo las obligaciones que impone
la Ley de Transparencia, alegando leyes obsoletas para justificar su opacidad,
ocultando información para no rendir cuentas del destino de los recursos
públicos, cubriendo los malos manejos realizados por administraciones o
funcionarios actuales o anteriores, seguiremos exigiendo el cambio que ambicionamos:
la rendición de cuentas efectiva y cierta de los gobernantes hacia los
gobernados, que entiendan que son servidores públicos y no están para valerse del
poder público en perjuicio de los ciudadanos.
Por otro lado, que entiendan
los comisionados que no se trata solamente de resolver los casos a favor de los
recurrentes y de los solicitantes de información; su compromiso debe ir más
allá de un simple quehacer burocrático y administrativo, y no como lo ha
demostrado su Comisionado Presidente al declarar enfáticamente a favor de la
definitividad en el cuarto informe de la COTAIPEC y contradecir su posición en
declaraciones recientes al recomendar reformas a la legislación que rige al
Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que los recursos de revisión que
los entes públicos interpongan en contra de las resoluciones de la Comisión
tengan plazos más cortos, declaración que en nada favorece a la consolidación
de la transparencia y el derecho de acceso a la información en el Estado, esperemos
que lo anterior no se traduzca en más reformas regresivas en materia de
transparencia y acceso a la información pública en lo futuro en nuestro Estado.
Esperemos también que los
Comisionados de la COTAIPEC asuman su compromiso con la sociedad, que ante la
cerrazón de los poderes del estado, se conviertan de manera abierta en
defensores de la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información
pública, que denuncien públicamente a las autoridades opacas e incumplidas, que
demanden ante el mismo Titular del Poder Ejecutivo y los Titulares de los otros
poderes del Estado el cumplimiento de su compromiso con la transparencia, pues en
casos muy concretos ha habido de parte de estos poderes de opacidad y turbias
intenciones en la entrega de la información, sobre todo del Tribunal Superior
de Justicia del Estado, amparados sus Titulares en una legislación que requiere
urgentemente de profundas reformas, entre las que se incluyen otorgarle
definitividad e inatacabilidad a las resoluciones de la COTAIPEC y que se
establezcan sanciones y medidas de apremio directas y eficaces para que la Comisión
haga cumplir sus disposiciones. Publicado por
EDITORIAL LUPA CIUDADANA 91
Campeche 12 de agosto de 2011
El pretender congraciarse ahora con el pueblo de Campeche por quitar parcialmente la tenencia vehicular para el 2012 es simular, ya que el Gobernador todavía en julio pasado justificaba con vehemencia su cobro, incluso decía que era un acto de irresponsabilidad para quienes pedían quitarla. Entonces por analogía se debe asumir que tanto Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila del Estado de México, e Ivonne Ortega de Yucatán, al avalar el quitar la tenencia vehicular en sus respectivas entidades son irresponsables.
Además, no tiene lógica el cambio inesperado del Gobernante y deja la interrogante, ¿será que si las elecciones fueran en el 2015 hubiera tomado la misma decisión?, o la razón puede ser las elecciones del 2012. Y más aún, se fundan dudas de la buena voluntad del Gobernante, cuando desde finales del 2009 y principios del 2010 el ciudadano le cuestionaba su cobro, y éste declaraba que era imposible prescindir de ese ingreso porque era indispensable para el desarrollo de infraestructura.
Actualmente observamos a los panegiristas -tanto los cobra bien, como los queda bien- alabando el acto pero no entran al análisis del motivo, y que en el pasado se rasgaban la vestidura justificando su cobro.
Recordemos que desde el año pasado se pudo quitar la tenencia por la actual administración, ya que tuvo ingresos excedentes por más de dos mil millones de pesos a lo presupuestado, y que por voluntad política debería especificar de manera desmenuzada en que se utilizó ese sobrante.
Por otro lado, en los anexos del mamotreto electrónico del segundo informe describe, que en el período del 1 de julio de 2010 al 30 de junio de 2011, el gobierno tuvo ingresos por más de quince mil millones de pesos; o sea, que si sigue esa tendencia, mínimamente se tendrán excedentes por encima de los mil seiscientos millones de pesos respecto a lo presupuestado. Esto muestra que el problema no ha sido el ingreso, sino en cómo se ejecuta el gasto.
No se cuestiona el próximo beneficio, sino el motivo por cambiar repentinamente de decisión y el fondo de la razón.
CORREO ELECTRÓNICO Y TWITTER
lupaciudadanac@gmail.com @LuisAbreuM LA REBELIÓN DEL ATLASAyn Rand 1957 CUANDO ADVIERTAS QUE PARA PRODUCIR TIENES QUE OBTENER AUTORIZACIÓN DE QUIENES NO PRODUCEN NADA; CUANDO COMPRUEBES QUE EL DINERO FLUYE HACIA QUIENES TRAFICAN NO BIENES, SINO FAVORES; CUANDO PERCIBAS QUE MUCHOS SE HACEN RICOS POR EL SOBORNO Y LAS INFLUENCIAS MÁS QUE POR EL TRABAJO HONRADO Y QUE LAS LEYES NO TE PROTEGEN DE ELLOS SINO, POR EL CONTRARIO, SON ELLOS LOS QUE ESTÁN PROTEGIDOS DE TI; CUANDO REPARES QUE LA CORRUPCIÓN ES RECOMPENSADA, CUANDO LA HONRADEZ SE CONVIERTE EN UN AUTO SACRIFICIO, Y LOS FRÍVOLOS Y TIMORATOS OCUPEN PUESTOS PÚBLICOS; ENTONCES, PODRAS AFIRMAR SIN TEMOR A EQUIVOCARTE, QUE TU SOCIEDAD NO TIENE FUTURO, PUES ESTÁ CONDENADA. John M. Ackerman
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Periodismo de Investigación Sanjuana Martínez
TRABAJANDO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DESDE EL AÑO 2003 “LOS ÓRGANOS GARANTES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEBEN SER GENÉTICAMENTE INCÓMODOS Y MOLESTOS, Y QUE ESTÁN PARA INCOMODAR Y PARA MOLESTAR AL PODER, YA QUE ESA DEBE SER SU MÍSTICA Y SU FUNCIÓN COMO INSTITUCIÓN”. (DR. PEDRO SALAZAR UGARTE INVESTIGADOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNAM). “LOS ÓRGANOS GARANTES DEBEN SER INCÓMODOS PARA AQUELLOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE NO HAN COMPRENDIDO QUE LA TRANSPARENCIA ES UNA HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA LOGRAR LA COMPETITIVIDAD Y LA PLENA VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO”. (JACQUELINE PESCHARD MARISCAL COMISIONADA PRESIDENTA DEL IFAI).
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