Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-264-de-abril-28-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_fe8429b4a1aa49a3a72f974fbedbb2a6&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-17 15:15:01
Document Index: 310746929

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 18', 'artículo 2', 'artículo 114', 'artículo 2', 'artículo 17', 'artículo 2', 'artículo 46', 'artículo 42', 'Artículo 11', 'artículo 6']

﻿ SENTENCIA T-264 DE ABRIL 28 DE 2017
SENTENCIA T-264 DE 28 DE ABRIL DE 2017
CONTENIDO:LA PROTECCIÓN DE LA MUJER CONTRA LA VIOLENCIA Y EL DERECHO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. SE AFIRMA QUE LOS ARTÍCULOS 29 Y 229 DE LA CONSTITUCIÓN CONSAGRAN EL ACCESO A LA JUSTICIA COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL, EL CUAL PUEDE SER AMPARADO A TRAVÉS DE LA ACCIÓN DE TUTELA, LO QUE GARANTIZA A LAS VÍCTIMAS LA POSIBILIDAD DE CONTAR CON UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO, MIENTRAS SE AGOTEN LAS ACCIONES ORDINARIAS PARA LA PROTECCIÓN DE FORMA EFICAZ DE SUS DERECHOS. PARA EL ALTO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, EL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO PERMITE A LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS LA POSIBILIDAD REAL DE SOLICITAR ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES: (I) LA DECLARACIÓN DE QUE UN DERECHO ESTÁ SIENDO VULNERADO, (II) EL CESE DE LA VULNERACIÓN Y (III) LA REPARACIÓN ADECUADA POR LOS DAÑOS CAUSADOS. SE RESALTA QUE PARA LA MATERIALIZACIÓN DEL DERECHO A LA JUSTICIA DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, EL ESTADO DEBE EJECUTAR ACCIONES AFIRMATIVAS TENDIENTES A: (I) PREVENIR LAS PRÁCTICAS DEGRADANTES EN CONTRA DE LA MUJER Y (II) PROCESAR Y SANCIONAR A LOS RESPONSABLES DE CRÍMENES QUE IMPLIQUEN CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES , DENTRO DEL MARCO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PROTECCIÓN A LA MUJER, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, POLÍTICA PÚBLICA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Sentencia T-264 de abril 28 de 2017
Ref.: Expediente T-5.805.697
La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los magistrados Hernán Correa Cardozo, José Antonio Cepeda Amarís y Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
1.4. Sostiene el Defensor del Pueblo que, al momento de interponer la acción de tutela de la referencia(1), la ciudadana Paula, aún no contaba con una medida de protección que garantizará su vida e integridad personal, pues la Fiscalía de San Carlos, Antioquia, no había proferido orden alguna en relación con la protección que requiere la accionante.
2.1. Respuesta de la Dirección Seccional de Fiscalías del Magdalena Medio.
Afirmó que, una vez consultado el Sistema de Información SPOA (L. 906/2004), se verificó que la señora Paula tiene la calidad de víctima en las investigaciones 680816000136201507045 y 680816000136201507133 por el delito de violencia intrafamiliar y en la investigación: 680816000136201601163 por lesiones personales en contra de Fausto.
Sobre la solicitud de inclusión de la señora Paula en el Programa de protección a testigos de la Fiscalía General de la Nación, informó que mediante Oficio Nº 524 del diecisiete (17) de marzo de dos mil dieciseises (2016), dirigido al director nacional de protección y asistencia de la Fiscalía General de la Nación, solicitó la realización de un estudio de seguridad y evaluación de riesgo a la accionante, a fin de brindarle las medidas de protección pertinentes.
2.2. Respuesta del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, Sala Administrativa.
2.3. Respuesta del Departamento de la Policía Nacional del Magdalena Medio.
La jefe del Grupo Investigativo contra Delitos Sexuales y la Familia de la DIJIN, en aras de dar respuesta a la acción de tutela de la referencia, adujo su desconocimiento respecto de lo denunciado; sin embargo, informó que, mediante comunicación oficial Nº S-2016-024951/DIJIN-GISEF de fecha veintitrés (23) de marzo de dos mil dieciséis (2016), solicitó al Comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio disponer lo necesario para brindar las medidas preventivas de protección policivas provisionales que requiriese la accionante y su familia, mientras se ordenan las acciones de protección inmediatas por la autoridad competente.
2.4. Respuesta del Juzgado Cuarto Penal Municipal de Barrancabermeja, Santander.
El Juzgado Cuarto Penal Municipal de Barrancabermeja, Santander(2), dio respuesta al requerimiento del Tribunal Superior del Distrito Judicial, solicitando que se declare improcedente la acción de tutela por las siguientes razones:
2.5. Respuesta del Departamento de Policía del Magdalena Medio.
2.6. Respuesta de la Dirección Seccional de la Fiscalía de Antioquia.
2.7. Respuesta del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, solicitó al Tribunal Superior de Bucaramanga su desvinculación de la actuación constitucional teniendo en cuenta que el veintiuno (21) de diciembre de dos mil quince (2015) la señora Paula fue objeto de valoración médico legal en la sede de Bucaramanga, Santander, tal como lo evidencia el informe pericial de la Clínica Forense Nº UBBRRCB-DSANT-03453-20152.
3.2. Impugnación de la Defensoría del Pueblo – Regional Magdalena Medio.
Mediante escrito presentado el veintiocho (28) de julio de dos mil dieciséis (2016), la Defensoría del Pueblo – Regional Magdalena Medio, impugnó la decisión del catorce (14) de julio de dos mil dieciséis (2016), proferida por el Tribunal Superior de Bucaramanga – Sala Penal de Decisión, en la cual se declaró improcedente el amparo de tutela por las siguientes razones:
Por lo anterior, solicitó que se ordene al director nacional de protección y asistencia de la Fiscalía General de la Nación, realizar el estudio de seguridad y evaluación de riesgo a la accionante, y adoptar las medidas de protección necesarias para proteger la vida e integridad personal de la demandante y su núcleo familiar, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Nº 1006 de 2016.
4.1. Mediante Auto del veintiuno (21) de febrero de dos mil diecisiete (2017)(3), el despacho del Magistrado Sustanciador ofició al Juzgado Cuarto Penal Municipal con función de control de garantías de Barrancabermeja, Santander y al Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Nare, Antioquia, para que, a través de la Secretaría General de esta corporación, remitieran copia de los cuadernos principales de los expedientes en donde figura como denunciante la señora Paula, identificada con cédula de ciudadanía Nº 1.096.229.223, incluyendo los videos de las audiencias adelantadas en el mismo.
En la referida providencia, se requirió a la dirección nacional de protección y asistencia de la Fiscalía General de la Nación, a la dirección seccional de fiscalías del Magdalena Medio, a la Defensoría Regional del Magdalena Medio, la Policía Nacional – dirección seccional del Magdalena Medio, a la Fiscalía 40 delegada ante los Jueces Penales Municipales de San Carlos, Antioquia, a la dirección seccional de fiscalías de Antioquia, a la Fiscalía Local de Barrancabermeja, Santander, la Comisaria de Familia de Barrancabermeja, Santander, y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Seccional Magdalena Medio, para que informaran sobre las actividades adelantadas para garantizar la seguridad de Paula, identificada con cédula de ciudadanía Nº 1.096.229.223, con ocasión a las denuncias interpuestas contra Fausto, identificado con cédula de ciudadanía Nº 1.038.801.424 y el estado actual de los procesos.
4.2.1. Mediante Oficio 2070 del primero (1) de marzo de dos mil diecisiete (2017), recibido en esta corporación el siete (7) marzo de la misma anualidad, el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Barrancabermeja, Santander, informó que la petición de medida de protección radicada bajo el número 680816000136201501045, dentro del proceso penal promovido por la señora Paula en contra de Fausto, fue remitida por competencia al Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Nare, Antioquia(4). Por lo anterior, indicó que no reposa en ese despacho judicial expediente alguno en relación con el caso objeto de revisión.
4.2.2. Mediante Oficio 0063 del dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017)(5), recibido en esta corporación el tres (3) de marzo de la misma anualidad, el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Nare, Antioquia, informó que una vez se iniciaron las labores previas a avocar conocimiento de la solicitud de medidas de protección radicada bajo el número 680816000136201501045, dentro del proceso penal promovido por la señora Paula en contra de Fausto, a través de auto del diecinueve (19) de abril de dos mil dieciséis (2016), se ordenó la remisión del expediente el Juzgado Promiscuo Municipal de San Carlos, Antioquia, por considerar que ese despacho era el competente para resolver dicha petición.
4.2.3. El director nacional de protección y asistencia de la Fiscalía General de la Nación(6), mediante Oficio Nº 20171100016331 del veintisiete (27) de febrero de dos mil diecisiete (2017), informó que el dieciseises (16) de abril de dos mil dieciseises (2016), la Regional Bucaramanga, Santander, llevó a cabo evaluación de amenaza y riesgo a la accionante, quien señaló que había instaurado denuncia en contra de su ex compañero sentimental Fausto, informando que para la época, no era víctima de amenazas, sin embargo, indicó que temía por su vida, refiriéndose a la agresión física de la cual había sido objeto el veintiséis (26) de febrero de dos mil dieciséis (2016). Por lo anterior, manifestó que se realizó una inspección procesal conforme a los aportes de la evaluada, arrojando la siguiente información:
“dentro del radicado penal Nº 680816000136201601163 el cual surtía por el punible de Violencia Intrafamiliar, actuación en conocimiento de la Fiscalía Sexta Local de la ciudad de Barrancabermeja; la evaluada NO OTORGÓ nuevamente el consentimiento para ser población objeto del programa de protección y asistencia, es de destacar, que la evaluada al ser entrevistada en esta ocasión fue enfática al referir que no estaba interesada en las medidas de protección ofrecidas por el programa de seguridad y que en este sentido no deseaba emigrara del municipio de Barrancabermeja.(7)
Informó el director nacional de protección y asistencia de la Fiscalía General de la Nación, que el artículo 2º de la Resolución Nº 1006 de 2016(8), en relación con el consentimiento libre de la víctima, refiere que: “Nadie será obligado a vincularse o a permanecer en el programa de protección a testigos, víctimas, intervinientes en el proceso penal y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. La decisión de incorporarse o retirarse del programa es voluntad del ciudadano o servidor, quien será informado de las condiciones y consecuencias de su determinación”.
4.2.4. Mediante Oficio Nº 00254 del primero (1º) de marzo de dos mil diecisiete (2017), recibido en esta corporación el siete (7) del mismo mes y año, la Directora Seccional del Magdalena Medio(9), manifestó que según informe ejecutivo presentado por el Fiscal Sexto Local de Barrancabermeja, Santander, el proceso radicado Nº 680816000136201601163, en el que figura como víctima la señora Paula, por el delito de violencia intrafamiliar, se encuentra en etapa de juicio y el procesado se encuentra recluido en el establecimiento carcelario de la ciudad de Barrancabermeja, Santander.
4.2.5 En cumplimiento del Auto del veintiuno (21) de febrero de dos mil diecisiete (2017), la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena Medio, el veintiocho (28) de febrero de dos mil diecisiete (2017), remitió al despacho sustanciador, copia del escrito de la acción de tutela de la referencia reiterando los hechos y pretensiones planteadas en la acción de amparo, interpuesta como agente oficioso de Paula(10).
4.2.6. Mediante oficio Nº 016/F40 del tres (3) de marzo de dos mil diecisiete (2017), recibido en esta corporación el seis (6) del mismo mes y año, la Fiscalía General de la Nación Unidad Local de Fiscalía San Carlos, Antioquia, informó que actualmente cursa en esa entidad un proceso en donde funge como víctima la señora Paula y como agresor Fausto, quien posteriormente, en el trascurso de la investigación se logró establecer su verdadero nombre y responde al de Fausto.
4.2.7. La Fiscalía General de la Nación, Unidad Local, Fiscalía Sexta de Barrancabermeja, Santander, en comunicación del primero (1) de marzo de dos mil diecisiete (2017)(11), recibido en esta Corte el dos (2) del mismo mes y año, dio respuesta a lo requerido por el Magistrado Sustanciador en los siguientes términos:
Expreso que en la actualidad se adelanta un proceso penal con radicación Nº 680816000136201601163, contra Fausto (conocido como Fausto), quien se encuentra privado de la libertad, por hechos ocurridos el veinticinco (25) de febrero de dos mil dieciséis (2016), siendo víctima Paula, por el delito de violencia intrafamiliar agravada.
4.2.8 En comunicación Nº CF-0724-17 del veintiocho (28) de febrero de dos mil diecisiete (2017)(12), la Comisaria de Familia del municipio de Barrancabermeja, Santander, informó que el veinte (20) de diciembre de dos mil quince (2015), la señora Paula, se presentó ante ese despacho a fin de informar sobre los hechos de violencia intrafamiliar a los que ella y sus hijos fueron sometidos, por parte de su excompañero sentimental. Por lo anterior, se dio apertura a la historia socio familiar Nº 166/2012/2015.
4.2.9. Mediante Oficio Nº S-2017-110657-6806 del dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Regional Santander, informó que revisadas las bases de datos del Sistema de Información Misional, evidenció que no existen archivos referentes a la denuncia presentada por la señora Paula.
2. Cuestión previa a resolver.
2.1. Sobre la carencia actual de objeto.
Alcance de la carencia actual de objeto. Reiteración de jurisprudencia(13)
La carencia actual de objeto tiene lugar cuando se profiere una orden relacionada con lo solicitado en la acción de tutela; sin embargo, la misma no tendría ningún efecto, esto es, caería en el vacío. Dicha situación se presenta ante la presencia de un hecho superado, un daño consumado(14) o el acaecimiento de una situación sobreviniente(15).
En Sentencia T-970 de 2014, la Sala Novena de Revisión de esta corporación reiteró que el fenómeno de la carencia actual de objeto puede presentarse a partir de la ocurrencia de dos supuestos: (i) el hecho superado y (ii) el daño consumado. La primera hipótesis “se presenta cuando, por la acción u omisión (según sea el requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal manera que “carece” de objeto el pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión hecho superado(16) en el sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en tutela”(17). Al respecto, concluyó que “el hecho superado significa la observancia de las pretensiones del accionante a partir de una conducta desplegada por el agente transgresor. También se ha señalado que se configura la carencia actual de objeto por hecho superado, entre otras circunstancias, por ausencia de interés jurídico o sustracción de materia”(18). Así mismo, indicó que, en principio, la acción de tutela “pierde su razón de ser cuando durante el trámite del proceso, la situación que genera la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados es superada o finalmente produce el daño que se pretendía evitar con la solicitud de amparo(19)”.
El hecho superado se da cuando se “repara la amenaza o vulneración del derecho cuya protección se ha solicitado” o cuando “cesa la violación del derecho fundamental o el hecho que amenazaba vulnerarlo, es decir, en el curso del proceso de tutela las situaciones de hecho generadoras de la vulneración desaparecen o se solucionan”(20), mientras que el daño consumado “supone que no se reparó la vulneración del derecho, sino por el contrario, a raíz de su falta de garantía se ha ocasionado el daño que se buscaba evitar con la orden del juez de tutela”(21).
En Sentencia T-011 de 2016, esta corporación reiteró que cuando se presenta el fenómeno de carencia actual de objeto por hecho superado, en términos de decisiones judiciales, el juez de tutela no está en la obligación de pronunciarse de fondo. Sin embargo, se aclaró que, podrá hacerlo en aquellos casos en que estime necesario “‘hacer observaciones sobre los hechos que originaron la acción de tutela, con el propósito de resaltar su falta de conformidad constitucional, condenar su ocurrencia y conminar a que se adopten las medidas necesarias para evitar su repetición, so pena de las sanciones pertinentes(22). De cualquier modo, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que en la sentencia se demuestre la reparación del derecho antes de la aprobación del fallo, es decir, que se demuestre el hecho superado(23)’(24)”.
En esa ocasión, respecto al daño consumado, la Sala Novena de Revisión precisó que el pronunciamiento del operador judicial es diferente, y en esa medida se debe analizar “si la consumación del daño ocurre durante el trámite de la acción resulta imperioso que tanto los jueces de instancia como la propia Corte Constitucional, en sede de revisión, se pronuncien sobre la vulneración acaecida y el alcance de los derechos fundamentales lesionados(25). Lo anterior, con el objeto de adoptar las medidas necesarias para evitar que situaciones similares se produzcan en el futuro y para proteger la dimensión objetiva de los derechos que se desconocieron(26). Esto último, con el propósito de defender la efectividad de las garantías fundamentales como expresión del sistema de valores y principios que nutren el ordenamiento jurídico”(27).
Se tiene que, esta nueva y particular forma de clasificar las modalidades en que puede configurarse la carencia actual de objeto en una acción de tutela, parte de una diferenciación entre el concepto que usualmente la jurisprudencia ha otorgado a la figura del ‘hecho superado’(28) y limita su alcance únicamente a aquellos eventos en los que el factor a partir del cual se superó la vulneración está directamente relacionado con el accionar del sujeto pasivo del trámite tutelar. De forma que es posible hacer referencia a un ‘hecho superado’ cuando, por ejemplo, dentro del trámite tutelar una E.P.S. entrega los medicamentos que su afiliado demandaba, y una ‘situación sobreviniente’ cuando es el afiliado quien, al evidenciar la excesiva demora en su suministro, decide asumir su costo y procurárselos por sus propios medios.” (Subraya fuera del texto original).
Verificación de la existencia de carencia actual de objeto en la acción de tutela de la referencia en sede de revisión.
(ii) Según informe elaborado el veintisiete (27) de febrero de dos mil diecisiete (2017) por el director nacional de protección y asistencia de la Fiscalía General de la Nación y allegado en sede revisión el veintitrés (23) de marzo de la misma anualidad, se tiene que “dentro del radicado penal Nº 680816000136201601163 el cual surtía por el punible de Violencia Intrafamiliar, actuación en conocimiento de la Fiscalía Sexta Local de la ciudad de Barrancabermeja; la evaluada NO OTORGÓ nuevamente el consentimiento para ser población objeto del programa de protección y Asistencia, es de destacar, que la evaluada al ser entrevistada en esta ocasión fue enfática al referir que no estaba interesada en las medidas de protección ofrecidas por el programa de seguridad y que en este sentido no deseaba emigrara del municipio de Barrancabermeja.(29)
(iii) El artículo 2º de la Resolución Nº 1006 de 2016(30), en relación con el libre consentimiento de la víctima, refiere que: “Nadie será obligado a vincularse o a permanecer en el programa de protección a testigos, víctimas, intervinientes en el proceso penal y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. La decisión de incorporarse o retirarse del programa es voluntad del ciudadano o servidor, quien será informado de las condiciones y consecuencias de su determinación”.
El daño consumado, en esencia, consiste en que el hecho amenazante o vulnerador de los derechos fundamentales invocados finalmente produce un daño que se pretendía evitar con la solicitud de amparo. En virtud de dicha pauta, en el presente caso no se alega y tampoco se evidencia la causación de algún menoscabo que se procuraba evitar con las medidas de protección solicitadas por la peticionaria. Máxime, si se tiene en cuenta que la misma accionante manifestó durante la entrevista realizada por el ente Fiscal, el 23 de septiembre de 2016, en la que informó “que no tenía problema de seguridad y que en este sentido no deseaba emigrar del municipio de Barrancabermeja(31)”, por lo que esto es suficiente para determinar la ausencia de un daño consumado.
En cuanto al acaecimiento de una situación sobreviniente, se tiene que esta se configura “en aquellos casos en que como producto del acaecimiento de una ‘situación sobreviniente’ que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada la vulneración predicada ya no tiene lugar, ya sea porque el actor mismo asumió la carga que no le correspondía, o porque a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado de la litis”(32). Con base en el alcance de esa modalidad, se pueden extraer las siguientes premisas respecto a la tutela de la referencia:
4. La protección de la mujer contra la violencia. Reiteración de jurisprudencia.
4.1. El artículo 3º de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer consagra el derecho de toda mujer para acceder en igualdad de condiciones a la protección y goce de las libertades fundamentales y derechos humanos en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil, entre otros(33).
“(i) abstenerse de practicar cualquier acto de violencia contra la mujer; (ii) prevenir, investigar y castigar todo acto de violencia contra la mujer; (iii) establecer sanciones penales, civiles, laborales y administrativas, para castigar y reparar los agravios infligidos a las mujeres que sean objeto de violencia; (iv) elaborar planes de acción nacionales para promover la protección de la mujer contra toda forma de violencia; (v) elaborar enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de índole jurídica, política, administrativa y cultural que puedan fomentar la protección de la mujer contra toda forma de violencia; (vi) garantizar que las mujeres objeto de violencia y, cuando corresponda, sus hijos, dispongan de asistencia especializada; (vii) contar con los recursos adecuados para sus actividades relacionadas con la eliminación de la violencia contra la mujer; (viii) sensibilizar a autoridades y funcionarios sobre el fenómeno; (ix) modificar las pautas sociales y culturales de comportamiento del hombre y de la mujer y eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias o de otra índole; (x) promover la realización de investigaciones, informes y directrices sobre el tema; (xi) y apoyar las organizaciones y movimientos que se dediquen a promover los derechos de la mujer, entre otros”(34).
4.2. El comité para la eliminación de la discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, ha proferido diversas recomendaciones referentes a la protección de los derechos de las mujeres, de la cuales, se destaca la Recomendación General Nº 12, referente a la violencia contra la mujer.
Aunado a lo anterior, la Recomendación Nº 19 se refiere a la violencia contra la mujer como un método de discriminación mediante el cual no se les permite el goce efectivo de sus derechos y libertades en igualdad de condiciones respecto a los hombres.
4.3 La Convención Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer(35), define la violencia contra las mujeres como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”, la cual puede manifestarse en diferentes ámbitos de la sociedad. A saber:
4.5. La Ley 1257 de 2008(36), consagra mecanismos para la protección de los derechos de las mujeres, con la finalidad de sensibilizar, prevenir y sancionar las formas de violencia y discriminación contra las mujeres. En el primer capítulo de la citada norma se establecen aspectos generales como la violencia contra la mujer, las modalidades de daño, derechos de las víctimas y los principios de igualdad efectiva, derechos humanos, corresponsabilidad, integralidad, autonomía, coordinación, no discriminación y atención diferenciada. Así mismo, el capítulo tercero consagra una serie de medidas de protección en caso de violencia intrafamiliar y en el ámbito familiar para lo cual se modifica la Ley 294 de 1996.
4.6. Finalmente, la Ley 1761 de 2015(37)tipificó el feminicidio como un delito autónomo. Dentro de las medidas contempladas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer por motivos de género, así como de discriminación, la norma establece que la Defensoría del Pueblo debe garantizar la asesoría, orientación y representación jurídica a las mujeres víctimas de violencia feminicida de manera gratuita, inmediata, especializada y prioritaria desde la perspectiva de género y de los Derechos Humanos.
La Corte Constitucional reconoce una especial protección a la mujer como manifestación del derecho a la igualdad de sexos(38) por medio del establecimiento de acciones afirmativas a su favor y en contra de la discriminación(39).
5. Derecho a un recurso judicial efectivo. Reiteración de jurisprudencia.
5.3. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos define el recurso judicial efectivo como “el derecho de todo individuo de acceder a un tribunal cuando alguno de sus derechos haya sido violado —sea éste un derecho protegido por la Convención, la Constitución o las leyes internas del Estado— de obtener una investigación judicial a cargo de un tribunal competente, imparcial e independiente en la que se establezca la existencia o no de la violación y se fije, cuando corresponda, una compensación adecuada”. Resaltando, que la investigación es la etapa de mayor importancia procesal dentro de un proceso por violencia contra una mujer, pues es allí donde pueden obtenerse los elementos probatorios necesarios para brindar una tutela efectiva de los derechos que les asisten.
El derecho a un recurso judicial efectivo, entendido como una manifestación de la protección judicial, se encuentra reconocido en los artículos 8º y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) con una doble connotación; (i) como un derecho que tiene toda persona “a un recurso sencillo y rápido o a cualquier recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”; (ii) como un deber de los Estados Partes, los cuales “se comprometen a garantizar que la autoridad competente decida sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, a desarrollar las posibilidades de recurso judicial y a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.(40)”
En este sentido, la obligación de los Estados Partes no se limita a implementar en sus ordenamientos jurídicos el recurso judicial, sino que éste debe tener efectividad, lo que significa que debe ser capaz “(...) de producir resultados o respuestas a las violaciones de derechos contemplados en la Convención”(41).
5.5. En Sentencia C-454 de 2006, la Sala Plena de esta corporación afirmó que los artículos 29 y 229 de la Constitución consagran el acceso a la justicia como un derecho fundamental, el cual puede ser amparado a través de la acción de tutela, lo que garantiza a las víctimas la posibilidad de contar con un recurso judicial efectivo, mientras se agoten las acciones ordinarias para la protección de forma eficaz de sus derechos(42).
Para la Corte, el recurso judicial efectivo permite a los ciudadanos y ciudadanas la posibilidad real de solicitar ante las autoridades competentes: (i) la declaración de que un derecho está siendo vulnerado, (ii) el cese de la vulneración y (iii) la reparación adecuada por los daños causados(43).
Para la materialización del derecho a la justicia de las víctimas de violencia contra las mujeres, el Estado debe ejecutar acciones afirmativas tendientes a: (i) prevenir las prácticas degradantes en contra de la mujer y (ii) procesar y sancionar a los responsables de crímenes que impliquen cualquier tipo de violencia contra las mujeres(44), dentro del marco de políticas públicas para la prevención y erradicación de la violencia y la discriminación de género.
La Defensoría del Pueblo Regional Magdalena Medio(45) presentó acción de tutela como agente oficioso de Paula contra la Fiscalía Seccional del Magdalena Medio, la Fiscalía Seccional de Antioquia, la Fiscalía Local de San Carlos, Antioquia, la Policía Nacional y el Consejo Seccional de la Judicatura Sala Administrativa de Santander, por los siguientes motivos:
7. Violación de los derechos fundamentales a la vida, al debido proceso y a la integridad personal de la accionante.
7.1. El artículo 5º de la Ley 294 de 1996(46), adicionado por el artículo 17 de la Ley 1257 de 2008, contempla un grupo de medidas para la protección de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y de su núcleo familiar. A saber:
“ART. 5º—Medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar. Artículo modificado por el artículo 17 de la Ley 1257 de 2008: Si la autoridad competente determina que el solicitante o un miembro de un grupo familiar ha sido víctima de violencia, emitirá mediante providencia motivada una medida definitiva de protección, en la cual ordenará al agresor abstenerse de realizar la conducta objeto de la queja, o cualquier otra similar contra la persona ofendida u otro miembro del grupo familiar. El funcionario podrá imponer, además, según el caso, las siguientes medidas, sin perjuicio de las establecidas en el artículo 18 de la presente ley:
7.2. El parágrafo 2º del artículo 2º de la Ley 575 de 2000, establece que estas medidas podrán ser dictadas en forma provisional e inmediata por el Fiscal que conozca los delitos de violencia intrafamiliar, quien podría solicitarlas al Juez de Control de Garantías según el artículo 114 del Código de Procedimiento Penal.
7.3. Así mismo, el Decreto 4799 de 2011(47), señala que, en casos de violencia intrafamiliar, el Fiscal o la víctima podrá solicitar al Juez de Control de Garantías la imposición de las medidas de protección que garanticen su seguridad y el respeto de sus derechos. Al respecto, el artículo 2° de la referida norma advierte que: “Cuando los casos lleguen a la Fiscalía General de la Nación por el delito de violencia intrafamiliar, el Fiscal o la víctima solicitarán al juez de control de garantías la imposición de las medidas de protección que garanticen su seguridad y el respeto a su intimidad de conformidad con los artículos 11 y 134 de la Ley 906 de 2004, contemplando incluso las medidas de protección provisionales señaladas en el artículo 17 de la Ley 1257 de 2008”.
“El comisario o el juez, según el caso, recibirá y avocará en forma inmediata la petición, y si estuviere fundada en al menos indicios leves, podrá dictar dentro de las cuatro (4) horas hábiles siguientes, medidas de protección en forma provisional tendientes a evitar la continuación de todo acto de violencia, agresión, maltrato, amenaza u ofensa contra la víctima, so pena de hacerse el agresor acreedor a las sanciones previstas en esta ley para el incumplimiento de las medidas de protección(48)“ .
Así las cosas, la Sala encuentra que no sólo las acciones adelantadas por el Juzgado Cuarto Penal Municipal con función de control de garantías de Barrancabermeja, Santander, desconocieron los derechos fundamentales de la accionada, sino aquella proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga – Sala de Decisión Penal, en primera instancia del proceso de tutela.
Si bien el procedimiento penal establece medidas de protección para contrarrestar las amenazas que se generar por la presencia de un individuo que amenace con disrupción de la armonía, solidaridad y respeto que constituye la unidad familiar, hay que evaluar en cada caso en concreto si las acciones cautelares se han adoptado en un tiempo razonable, el cual dependerá de las condiciones específicas de cada caso en concreto.
7.9. La Sala observa que si bien las pretensiones en la acción de tutela se encaminaron al decreto y la efectividad de las medidas de seguridad, para proteger las garantías ius fundamentales de la accionante y de sus hijos menores de edad, las cuales, en concepto de la agenciada se encuentran satisfechas, no se está en presencia de una carencia actual de objeto.
7.10. Sobre la base de lo expuesto, la Sala adoptará las siguientes medidas de protección:
7.10.1. Ordenará a la Fiscalía General de la Nación, que, por el medio que considere adecuado, ejecute un programa de acompañamiento e investigación, para determinar si la decisión adoptada por la ciudadana Paula, de retirar los cargos por lesiones personales, así como la de abandonar el programa de protección, obedece a su voluntad libre y autónoma, o, si por el contrario, tuvo lugar por la coacción, directa o indirecta, de su agresor. La Defensoría del Pueblo, verificará el cumplimiento de la presente orden, en cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales.
De este modo, la Sala confirmará la sentencia proferida en segunda instancia por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el veintitrés (23) de septiembre de dos mil quince (2015), que tuteló los derechos fundamentales a la vida, al debido proceso y a la seguridad personal de Paula y dispondrá declarar la carencia actual de objeto por hecho sobreviviente.
Sin embargo, en el trámite de revisión de los fallos de tutela, el director nacional de protección y asistencia de la Fiscalía General de la Nación(49), mediante Oficio Nº 20171100016331 del veintisiete (27) de febrero de dos mil diecisiete (2017), informó que en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el seis (6) de septiembre de dos mil dieciseises (2016), juez de segunda instancia dentro del proceso de tutela, la dirección nacional de protección y asistencia de la Fiscalía General de la Nación, realizó estudio de evaluación de amenaza y riesgo a la accionante, en el cual se conceptúo que:
“dentro del radicado penal Nº 680816000136201601163 el cual surtía por el punible de Violencia Intrafamiliar, actuación en conocimiento de la Fiscalía Sexta Local de la ciudad de Barrancabermeja; la evaluada NO OTORGÓ nuevamente el consentimiento para ser población objeto del programa de protección y Asistencia, es de destacar, que la evaluada al ser entrevistada en esta ocasión fue enfática al referir que no estaba interesada en las medidas de protección ofrecidas por el programa de seguridad y que en este sentido no deseaba emigrara del municipio de Barrancabermeja.(50)
En el presente caso, la manifestación libre e informada de la señora Paula, de no estar interesada en las medidas de protección ofrecidas por el programa de protección de la Fiscalía General de la Nación configura una situación sobreviniente por la cual no se agotó el estudio de seguridad y evaluación de riesgo ordenado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del seis (6) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), al no encontrarse cumplido el requisito del consentimiento que exige el inciso 2° del parágrafo único del artículo 2º de la Resolución Nº 1006 de 2016(51).
1. Por las razones y en los términos de esta sentencia, CONFIRMAR la providencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el seis (6) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), que tuteló los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, al debido proceso y a la seguridad personal de Paula.
2. ADICIONAR la sentencia dictada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el seis (6) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), en los siguientes términos:
3. ORDENAR a la Secretaria General de la Corte Constitucional, ABSTENERSE de mencionar en el texto público de esta sentencia los nombres de las personas involucradas en los hechos del presente asunto, con el fin de salvaguardar su intimidad. Igualmente, y con el propósito de garantizar mayor sigilo al respecto, en las reproducciones que se hagan del presente texto, salvo en las destinadas a las partes y a las autoridades vinculadas, DEBERÁN OMITIRSE los nombres de la agenciada y de las demás personas relacionadas con los hechos del caso.
Magistrados: Alberto Rojas Ríos—José Antonio Cepeda Amarís (e)—Hernán Correa Cardozo (e), con aclaración de voto.
1 14 de marzo de 2016.
2 Autoridad judicial vinculada al proceso de la acción de tutela de la referencia mediante Auto del dieciséis (16) de marzo de dos mil dieciséis (2016), por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Santander, Sala Penal.
3 Fls. 46 y ss. del cdno. const.
4 Fl. 342 del cdno. const.
5 Fl. 66 del cdno. const.
6 Fls. 102 y ss. del cdno. const.
7 Fl. 104 del cdno. const.
8 Por medio de la cual se reglamenta el programa de protección a testigos, víctimas, intervinientes en el proceso penal y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.
9 Fl. 149 del cdno. const.
10 Fl. 2012 y siguientes del cdno. const.
11 Fls. 227 y ss. del cdno. const.
12 Fls. 277 y ss. del cdno. const. Se anexa copia de la solitud de medida de protección y/o atención por violencia intrafamiliar.
13 Por tratarse de reiteración jurisprudencial, en esta oportunidad la Sala seguirá muy de cerca lo expuesto en la Sentencia T-701 de 2016 y reiterado en la Sentencia T-100 de 2017.
14 Sentencias T-253 de 2012 y T-895 de 2011, entre otras.
15 Frente a esta última, ver los fallos T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013 y T-481 de 2016.
16 Así, por ejemplo, en la Sentencia T-082 de 2006, en la que una señora solicitaba la entrega de unos medicamentos, los cuales, según pudo verificar la Sala Octava de Revisión, le estaban siendo entregados al momento de la revisión del fallo, la Corte consideró que al desaparecer los hechos que generaron la vulneración, la acción de tutela perdía su eficacia e inmediatez y, por ende su justificación constitucional, al haberse configurado un hecho superado que conducía entonces a la carencia actual de objeto, la cual fue declarada por esa razón en la parte resolutiva de la sentencia. Así mismo, en la Sentencia T-630 de 2005, en un caso en el cual se pretendía que se ordenara a una entidad la prestación de ciertos servicios médicos que fueron efectivamente proporcionados, la Corte sostuvo que “si durante el trámite de la acción de tutela, la vulneración o amenaza a los derechos fundamentales desaparece, la tutela pierde su razón de ser, pues bajo esas condiciones no existiría una orden que impartir ni un perjuicio que evitar.” Igual posición se adoptó en la Sentencia SU-975 de 2003, en uno de los casos allí estudiados, pues se profirió el acto administrativo que dejó sin fundamento la tutela del actor, por lo que la Corte estimó, sin juzgar el mérito de dicho acto, que se encontraba ante un hecho superado.
17 Sentencia SU-540 de 2007.
18 Entre otras, sentencias T-428 de 1998, T-1207 de 2001, T-923 de 2002, T-935 de 2002, T-936 de 2002, T-539 de 2003, T-1072 de 2003, T-414 de 2005 y T-1038 de 2005.
19 Sentencia T-970 de 2014.
20 Sentencia T-291 de 2011.
21 Sentencias T-170 de 2009 y T-314 de 2011.
22 En fallo T-890 de 2013, la Sala declaró la carencia actual de objeto por hecho superado e instó a la entidad accionada a llevar “a cabo las acciones necesarias desde la planeación, el presupuesto y la contratación estatal, para el aseguramiento de la continuidad de la prestación del servicio de transporte escolar a los estudiantes de las instituciones educativas públicas del Municipio, particularmente quienes residen en la zona rural y en lo que respecta a los siguientes años escolares posteriores a 2013”.
23 Ver SU-225 de 2013, T-856 de 2012, T-035 de 2011, T-1027 de 2010, T-170 de 2009 y T-515 de 2007.
24 Sentencia T-970 de 2014.
25 “Sentencia SU-540 de 2007, oportunidad en la que la Corte unificó su posición en cuanto a emitir un pronunciamiento de fondo, aunque se constate que el daño ya está consumado.”
26 “En la Sentencia T-576 de 2008, en la cual se conoció de la muerte de un niño como consecuencia de la falta de atención médica, se resolvió proteger la dimensión objetiva de los derechos fundamentales, dado que no resultaba posible amparar su dimensión subjetiva debido a la configuración de la carencia actual de objeto por daño consumado. En consecuencia, la Sala ordenó a la EPS accionada ‘que en reconocimiento de su responsabilidad por la no protección de los derechos constitucionales fundamentales de los niños’, emprendiera acciones como colgar una placa en lugar destacado y visible a la entrada de todas sus clínicas en las que se resaltara la obligación en cabeza de las personas que prestan atención en salud de proteger en todo momento los derechos fundamentales de los niños a la salud y a la vida en condiciones de calidad y de dignidad”.
27 Sentencia T-011 de 2016.
28 Ya no entendido como la situación a partir de la cual los factores que dieron lugar a la interposición de la acción de tutela fueron superados por cualquier motivo (Ver sentencias: SU-225 de 2013; T-630 de 2005; T-597 de 2008; T-170 de 2009; T-100 de 1995; T-570 de 1992; T-675 de 1996) sino que limita su campo de aplicación a aquellos eventos en los que dicha situación tuvo lugar con ocasión al obrar de la entidad accionada.
29 Fls. 102 y ss. del cdno. const.
30 Por medio de la cual se reglamenta el programa de protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso Penal y Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.
31 Fls. 102 y ss. del cdno. const.
32 Sentencia T-481 de 2016.
33 ART. 3º de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer, “a) El derecho a la vida 6/; b) El derecho a la igualdad II; c) El derecho a la libertad y la seguridad de la persona 8/; d) El derecho a igual protección ante la ley II; e) El derecho a verse libre de todas las formas de discriminación II; f) El derecho al mayor grado de salud física y mental que se pueda alcanzar 91; g) El derecho a condiciones de trabajo justas y favorables 10/; h) El derecho a no ser sometida a tortura, ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 11 /”.
34 ART. 4º de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer. Ver también la Sentencia C-335 de 2013.
35 9 de junio de 1994, Belém do Pará, Brasil.
36 “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”.
37 Conocida como la Ley “Rosa Elvira Cely”.
38 Sentencias C-l 12 de 2000 y C-667 de 2006.
39 Sentencia C-335 de 2013.
40 Convención Americana sobre Derechos Humanos.
41 Sentencia del 4 de julio de 2006, Caso Lopes vs Brasil. Corte Interamericana de Derechos Humanos.
42 Sentencia de la Corte Constitucional C-454 de 2006.
43 Auto 009 de 2015.
44 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ACCESO A LA JUSTICIA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN MESOAMÉRICA. OEA/Ser.L/V/II, pág. 7. Doc. 63 9 diciembre 2011.
45 En la Sentencia T-119 de 2012, la Corte Constitucional indicó que el Defensor del Pueblo y los personeros municipales pueden ejercer la acción de tutela como agentes oficiosos con el objeto de proteger los derechos fundamentales de aquellas personas que no pueden acudir a la administración de justicia directamente. En estos eventos, se requiere que se presenten dos (2) elementos para que se configure la agencia oficiosa: (i) que el algente oficioso exprese claramente que actúe en tal condición y (ii) que el titular de los derechos fundamentales que se invocan no tenga las condiciones que le permitan instaurar a nombre propio la acción de tutela.
En el mismo sentido, en Sentencia T-682 de 2013, esta corporación reiteró que el artículo 46 del Decreto 2591 de 1991 legitima al Defensor del Pueblo para interponer acciones de tutela en nombre de terceros: “ART. 46.—Legitimación. El Defensor del Pueblo podrá, sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados, interponer la acción de tutela en nombre de cualquier persona que lo solicite o que esté en situación de desamparo e indefensión.” Así mismo, esta corporación ha reconocido que el Defensor del Pueblo y los personeros municipales o distritales tienen competencia para instaurar una tutela como agentes oficiosos en dos circunstancias específicas: “(i) cuando actúen en representación de una persona que lo haya solicitado y (ii) cuando la persona se encuentre desamparada o indefensa.
46 Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar.
47 Por el cual se reglamentan parcialmente las leyes 294 de 1996, 575 de 2000 y 1257 de 2008.
48 Artículo 11 de la Ley 294 de 1996, modificado por el artículo 6º de la Ley 575 de 2000.
49 Fls. 102 y ss. del cdno. const.
50 Fls. 102 y ss. del cdno. const.
51 “Por la cual se reglamenta el programa de protección a testigos, víctimas, intervinientes en el proceso penal y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación”.