Source: https://beta.e-justice.europa.eu/37/ES/costs?AUSTRIA&init=true&member=1
Timestamp: 2019-10-23 07:59:42
Document Index: 311565897

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 17', 'artículo 50', 'artículo 78', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 66', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 129', 'artículo 164', 'artículo 66', 'artículo 78', 'artículo 107', 'artículo 101', 'artículo 393', 'artículo 389', 'artículo 389', 'artículo 3', 'artículo 391', 'artículo 393', 'artículo 72', 'artículo 43', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 381', 'artículo 389']

Esta sección ofrece información sobre las costas procesales en Austria.
En el Código de la abogacía austríaco se establece que, en principio, los honorarios que deben abonarse a los abogados por los servicios prestados pueden convenirse libremente con los clientes.
Pueden consistir en una tarifa por hora, o en una tarifa fija, con independencia del nivel de trabajo y el tiempo dedicados. Si no se conviene expresamente una tarifa, se considera razonable el nivel de retribución resultante de las escalas previstas en la Ley de honorarios de los abogados o de los Criterios generales sobre honorarios (Allgemeinen Honorar-Kriterien).
La Ley de Enjuiciamiento Civil y la citada Ley de honorarios establecen que, en los procesos civiles, el órgano jurisdiccional deberá determinar la proporción de las costas que la parte perdedora ha de reembolsar a la parte ganadora, en función de la cuantía del asunto y la duración y naturaleza de las actividades realizadas. Por lo demás, lo dispuesto en la citada Ley de honorarios tan sólo es directamente aplicable a los clientes cuando así se haya acordado con ellos.
En los procesos penales, en principio, cada parte (acusado, acusador privado, demandante civil) que haya contratado a un abogado debe asumir las costas resultantes, incluso en caso de designación de oficio del abogado de la defensa. Esto también se aplica en caso de que se haya contratado un abogado de oficio, siempre y cuando no se reúnan los requisitos de obtención de asistencia jurídica gratuita. Las costas suelen variar en función del tipo y la configuración del órgano jurisdiccional en cuestión (p. ej. tribunal de distrito, tribunal de juez único, tribunal de jueces legos, jurado).
La remuneración de los oficiales de justicia está regulada en la Ley de tasas de ejecución (Vollzugsgebührengesetz). En concreto, existe una tasa de ejecución, que el acreedor debe abonar al presentar la solicitud correspondiente, y una tasa fija, prevista en la Ley de tasas judiciales (Gerichtsgebührengesetz, GGG).
La tasa de ejecución ( § 2 Vollzugsgebührengesetz) se incluye entre las costas del procedimiento de ejecución que, a solicitud del acreedor, el órgano jurisdiccional ordenará reembolsar al deudor.
Los oficiales de justicia perciben una remuneración asimismo por los cobros que consiguen, de los que pueden deducir el importe pertinente. ( § 11 Vollzugsgebührengesetz).
Las tasas judiciales por el uso de los servicios de los órganos jurisdiccionales, ya se determinen como tasas fijas (importe a tanto alzado) o como porcentaje (o tanto por mil) de la base de la evaluación, dependen tanto de la naturaleza de la causa como de la cuantía del asunto (ajustado con arreglo a dicha base).
Fase de los procesos civiles en la que han de pagarse tasas judiciales
En los procesos civiles en primera instancia, la tasa fija ha de pagarse, en principio, a la presentación del escrito inicial. Se exige una sola vez, independientemente de que el escrito contenga una o más demandas y de que se refiera a una o más demandados, y abarca la totalidad del proceso en primera instancia. Si posteriormente se amplía la pretensión, es posible que haya que pagar una tasa adicional cuando se haga constar por escrito esa ampliación.
En caso de que la ampliación de la pretensión se lleve a cabo durante un juicio oral, el pago de las tasas se exigirá cuando quede constancia de ella. En los procesos civiles en segunda o tercera instancia, la tasa ha de pagarse a la presentación del recurso (artículo 2, nº 1, de la Ley de tasas judiciales, GGG). No obstante, en ocasiones, en los procedimientos no contenciosos se exige una tasa ligada a la resolución, no ligada a la demanda.
Únicamente al presentar una acusación privada hay que abonar una tasa según la escala 13 de la Ley de tasas judiciales (GGG).
Fase de los procesos penales en la que han de pagarse tasas judiciales
La tasa judicial debe pagarse al comenzar el proceso.
La tasa judicial en sí es de unos 220 euros, según el artículo 17a de la Ley del Tribunal Constitucional (Verfassungsgerichtshofgesetz, VfGG).
Fase de los procesos constitucionales en la que han de pagarse tasas judiciales
En términos generales, los abogados tienen la obligación de informar a su cliente de cómo se calculan los honorarios y qué gastos cabe esperar que se produzcan. En este sentido, en el artículo 50, apartado 2, de las Directrices sobre el ejercicio de la abogacía y la supervisión de las obligaciones de los abogados (Richtlinien für die Ausübung des Rechtsanwaltsberufs und für die Überwachung der Pflichten des Rechtsanwalts, RL-BA) se recomienda al abogado que, cuando reciba instrucciones en relación con un nuevo asunto, informe al cliente de la base sobre la que se estimarán los honorarios y de su derecho a pedir una provisión de fondos.
En relación con esto último, a menos que se haya convenido una tarifa fija, el cliente tiene derecho a solicitar, con una periodicidad razonable, un estado provisional de cuentas, o de los servicios prestados y el tiempo dedicado (cuando se haya acordado el pago de honorarios en función del tiempo de trabajo).
Correspondientemente, el inicio y la frecuencia de los pagos deberán acordarse en el momento de la contratación.
¿ Dónde puedo obtener información sobre las fuentes jurídicas reguladoras de las costas en Austria?
El régimen de responsabilidad por las costas en procesos civiles contenciosos (incluidos los de carácter mercantil) está establecido en los artículos 40 a 55 del Código de procedimiento civil (Zivilprozessordnung, ZPO). En cambio, son de naturaleza no contenciosa los asuntos de familia, y en particular el divorcio por mutuo acuerdo, y los conflictos en materia de custodia y derechos de visita a los hijos y de reclamaciones de alimentos. En todos ellos rigen normas específicas en materia de responsabilidad por las costas, contenidas básicamente en el artículo 78 de la Ley de procedimientos no contenciosos (Ausserstreitgesetz, AussStrG). Existen excepciones, correspondientes, entre otros casos, a los asuntos en materia de custodia y derechos de visita a los hijos y de reclamación de alimentos. La responsabilidad por las costas en procesos penales se rige por los artículos 380 a 395 del Código de procedimiento penal (Strafprozessordnung, StPO).
Se incluye un resumen de los honorarios que pueden percibir los abogados en un folleto de información en línea disponible en el sitio web del Consejo de Colegios de Abogados de Austria (Österreichischer Rechtsanwaltskammertag). Asimismo, puede obtenerse información general sobre las costas de los procesos judiciales en el sitio web HELP-Asistente administrativo para Austria, siguiendo el enlace Leben in Österreich > Zivilrecht > Zivilverfahren (Vivir en Austria > Derecho civil > Procesos civiles).
Esta página web HELP-Asistente administrativo para Austria contiene información general acerca de las tarifas judiciales. Los textos de la legislación aplicable (Ley de tasas judiciales y escalas de las tasas) pueden consultarse gratuitamente en el sitio web del Sistema de información jurídica de la Cancillería Federal.
¿ En qué lenguas puedo encontrar información sobre las fuentes jurídicas reguladoras de las costas?
¿ Dónde puedo obtener información sobre la mediación/conciliación?
Se ofrece al público general una relación de mediadores (mantenida por el Ministerio de Justicia) en una Página web del sitio web de dicho Ministerio.
En lo que se refiere a la justicia reparadora en los procesos penales, se dispone de información sobre mediación entre acusados y víctimas en el sitio web de NEUSTART (también en inglés).
¿ Dónde puedo encontrar información adicional sobre las costas?
Puede obtenerse información general sobre el sistema y los servicios judiciales austríacos, incluido lo relativo a costas y al Ministerio Federal de Justicia, en el sitio web judicial oficial de Austria, así como en el sitio web HELP, que ofrece información de fácil lectura.
El sitio web que alberga el Sistema de información jurídica de la Cancillería Federal incluye:
la Ley de tasas judiciales (Gerichtsgebührengesetz, GGG),
la Ley de tasas (Gebührenanspruchsgesetz, GebAG),
el Código de la abogacía (Rechtsanwaltsordnung, RAO), y
la Ley de honorarios de los abogados (Rechtsanwaltstarifgesetz, RATG).
El texto de los Criterios generales sobre los honorarios (AHK) puede consultarse en el sitio web de los Colegios de Abogados de Austria.
Para este tipo de información, es posible ponerse en contacto directamente con el Ministerio de Justicia.
Las tasas judiciales se fijan por adelantado (Ley de tasas judiciales) y pueden variar en función de la cuantía del asunto.
Las tasas judiciales y costas que la parte perdedora ha de pagar a la ganadora en los procesos civiles (honorarios de abogados, derechos de peritos y honorarios de traducción o interpretación) son tasadas por los órganos jurisdiccionales en las sentencias correspondientes, aplicando los criterios de la Ley de honorarios de los abogados y de la Ley de tasas (derechos de peritos y honorarios de intérpretes). Estas costas dependen básicamente de los gastos en que se incurra y del tiempo dedicado al proceso. Por tanto, no puede facilitarse una cifra específica por anticipado.
En principio, los honorarios de los abogados se convienen libremente con éstos.
¿ Cómo se da la información? ¿Qué tipos tributarios se aplican?
Los servicios de abogados están sujetos al impuesto sobre el volumen de negocios, que se aplica a un tipo tributario del 20 % en Austria. Análogamente a lo previsto para otros gastos, deben abonarse al abogado por separado, como se establece expresamente en el artículo 16 de la Ley de honorarios de los abogados y en el artículo 17 de los Criterios generales sobre los honorarios. Este impuesto no se incluye en las escalas de tarifas establecidas en esas dos disposiciones.
El derecho a asistencia jurídica gratuita no se basa en un umbral de ingresos establecido legalmente. En los procesos civiles (incluidos los asuntos mercantiles, tal como se ha mencionado), tal asistencia se rige por lo dispuesto en el Código de procedimiento civil. Las disposiciones correspondientes se aplican mutatis mutandis en los procedimientos no contenciosos. La concesión o no de la asistencia jurídica gratuita corresponde al órgano jurisdiccional que vea la causa en primera instancia.
Deberá concederse la asistencia a aquella parte (únicamente personas físicas) cuyos ingresos, circunstancias económicas y obligaciones de alimentos no le permitan atender las costas de un proceso judicial sin que éstas repercutan adversamente en el nivel de los recursos económicos necesarios para mantener un estilo de vida digno. Además, se exige que el proceso no parezca temerario ni carente de toda perspectiva de éxito. El órgano jurisdiccional pertinente decidirá si debe concederse la asistencia en cada caso concreto.
En Austria, la asistencia jurídica gratuita puede incluir fundamentalmente las siguientes prestaciones:
Exención temporal del pago de las tasas judiciales, las indemnizaciones a testigos, los derechos de peritos, los honorarios de intérpretes o traductores, los gastos de los anuncios públicos necesarios, los gastos de fideicomisarios y los desembolsos en que incurran éstos o los abogados contratados legalmente por elórgano jurisdiccional.
Representación por un letrado
Las partes beneficiarias de la asistencia jurídica gratuita pueden ser obligadas a reembolsar retroactivamente esas prestaciones tan pronto como se encuentren en situación de hacerlo en todo o en parte sin que se vea afectado su nivel mínimo de subsistencia.
Umbral de ingresos aplicable en los asuntos penales para los acusados y las víctimas
No se aplica ningún umbral financiero fijo para determinar si un acusado o una víctima/parte civil de un delito de carácter penal cumple los criterios para recibir asistencia jurídica gratuita. Mantenerse por encima del salario mínimo vital, y por debajo de un nivel de manutención apropiado, constituye el criterio de referencia en estos casos.
El salario mínimo vital se revisa periódicamente y se publica en el sitio web del Ministerio de Justicia.
Condiciones aplicables al reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita a las víctimas
En caso de que no exista pretensión a asistencia judicial de conformidad con el artículo 66, apartado 2 del Código de procedimiento penal, los demandantes civiles tendrán derecho a asistencia jurídica gratuita cuando
no sea posible la representación por un letrado sin que esta repercuta en el nivel de recursos necesario (véase los datos relativos al nivel mínimo situados más arriba), y
sea necesaria la representación por un letrado en interés de la administración de justicia y especialmente de la aplicación pertinente de sus pretensiones, con el fin de evitar ulteriores procesos civiles.
Un requisito para la obtención de la asistencia jurídica es que, además de cumplir con los requisitos económicos, esta ayuda redunde en interés de la administración de justicia y de una defensa apropiada.
En interés de la administración de justicia, deberá asignarse un abogado defensor, en caso de que se dé un caso de representación obligatoria en virtud del artículo 61, apartado 1, del Código Penal (véanse los casos que siguen),
si el acusado es ciego, sordo, mudo, o presenta otro tipo de discapacidad o carece de conocimientos suficientes de la lengua utilizada por el órgano jurisdiccional,
en procesos de recurso de apelación, y
si están en juego circunstancias de hecho y de derecho complejas.
En los casos de representación obligatoria, el acusado debe estar representado por un abogado defensor. Según el artículo 61, apartado 1, del Código Penal, se considerará un caso de representación obligatoria en los siguientes supuestos:
si el acusado se mantiene en prisión preventiva,
en los procesos que conllevan el confinamiento en una institución para personas con deficiencias mentales,
en los juicios relativos al confinamiento del acusado en una institución para adictos que precisen de rehabilitación, o al confinamiento de infractores peligrosos en una institución,
en los juicios ante tribunales regionales con jurado o tribunales de jueces legos,
en juicios ante el tribunal regional como juez único, si la sentencia que pueda imponerse conlleva una pena de privación de libertad de más de tres años, excepto en caso de robo con fractura según el artículo 129 números 1 a 3 del Código Penal y en caso de encubrimiento según el artículo 164 apartado 4 del Código Penal,
en procesos de recurso de apelación contra la sentencia de un tribunal con jurado, o de jueces legos,
en caso de efectuar la solicitud de reapertura del proceso, o de la celebración de juicio público
En los procesos penales, las víctimas de actos de violencia, amenazas peligrosas o delitos sexuales, así como los cónyuges, parejas, parientes directos o hermanos de una persona cuyo fallecimiento pueda haberse debido a una infracción penal, u otros familiares que hayan sido testigos de delitos, tienen derecho a asistencia psicosocial o judicial gratuita, para preservar los derechos de las víctimas en tales procesos. La asistencia psicosocial comprende la preparación de la víctima en relación con el proceso y con la carga emocional causada por éste. La asistencia psicosocial o judicial es prestada por organizaciones de apoyo a las víctimas asignadas y contratadas por el Ministerio Federal de Justicia según el artículo 66 apartado 2 del Código de Procedimiento Penal.
En los procedimientos no contenciosos, no deberán abonarse tasas por las actuaciones en materia de administración fiduciaria, custodia o derechos de visita a los hijos, como tampoco en aquellas a las que se apliquen la Ley de confinamiento en una institución (Unterbringungsgesetz) o la Ley de asistencia residencial (Heimaufenthaltsgesetz). Podrá concederse asistencia jurídica gratuita en forma de exención provisional del pago de tasas en los casos de bajos ingresos o recursos, pero la escala de la exención concedida dependerá de la solicitud y quedará a la discreción del órgano jurisdiccional.
El régimen de costas en los procesos civiles (incluidos los mercantiles) está establecido en el Código de procedimiento civil (Zivilprozessordnung, ZPO). En él se prevé que, en principio, cada una de las partes deberá sufragar los costes en que incurra, proporcionalmente a su participación en el proceso. Si la sentencia no admite recurso, deberá incluir un pronunciamiento específico sobre costas. Para ello se aplicará el principio de responsabilidad estricta. La parte perdedora deberá reembolsar a la otra la totalidad de las tasas y costas necesarias para la administración de justicia o el ejercicio de la defensa ocasionados por la celebración del juicio. En caso de estimación parcial de la demanda, las costas deberán exigirse mutuamente en cada caso, o compartirse de forma proporcional.
En determinados casos estará justificada la desviación del principio de responsabilidad estricta por razones de equidad:
en caso de condena relativamente menor, si la parte perdedora no ha ocasionado costas especialmente relevantes,
si la cuantía del asunto se determina por peritos o a discreción del órgano jurisdiccional, y en caso de compensación mutua,
si la conducta del demandado no ha sido la causa del inicio del proceso y aquel ha admitido la demanda a la primera oportunidad, y
si la puesta en marcha de un juicio que se cancele automáticamente o se declare nulo se debe a la actuación de una de las partes, esta podrá responder por las costas en su totalidad.
Los asuntos de Derecho de familia (alimentos, custodia y derechos de visita a los hijos y divorcio de mutuo acuerdo) se ven en procedimientos no contenciosos. La norma general sobre las costas en estos casos es la contenida en el artículo 78 de la Ley de procedimientos no contenciosos (Ausserstreitgesetz, AusserStrG). No obstante, se aplican excepciones en un gran número de procesos. También en este caso suele aplicarse el principio de responsabilidad estricta, aunque caben excepciones al cumplimiento del mismo por razones de equidad. Tales razones son mucho más amplias que las contempladas en el Código de procedimiento civil. Si no se reclama indemnización, los gastos corrientes (por ejemplo, derechos de los peritos) deberán abonarse en proporción a la participación en el asunto en cuestión, y si no se pueden determinar, deberán compartirse equitativamente.
Detalles de los diversos tipos de proceso (alimentos, custodia y derechos de visita a los hijos y divorcio):
en lo que respecta a los procesos de divorcio, cabe distinguir dos tipos, a saber, el divorcio con oposición y el divorcio de mutuo acuerdo.
Divorcio con oposición: se aplican en este caso ciertas disposiciones especiales del Código de procedimiento civil. Si no hay culpa de ninguna de las partes, las costas deberán compensarse mutuamente. Si el motivo del divorcio es la ruptura de la convivencia y la sentencia se pronuncia sobre la responsabilidad de tal ruptura, el cónyuge declarado culpable deberá abonar las costas del otro.
Divorcio de mutuo acuerdo: al igual que en los otros dos tipos de asuntos de Derecho de familia, el divorcio de mutuo acuerdo se aborda en un procedimiento no contencioso. En este caso, los cónyuges presentan dos peticiones idénticas al órgano jurisdiccional y, puesto que no hay contradicción, no procede la condena en costas. Los gastos corrientes deberán ser asumidos equitativamente por las partes.
Los procedimientos en materia de custodia y derechos de visita a los hijos son igualmente no contenciosos. En virtud de la cláusula de exención (artículo 107, apartado 3, de la AusserStrG), no hay condena en costas.
Se aplica una cláusula de exención adicional el pago de las costas (artículo 101, apartado 2, de la AusserStrG) en los procedimientos de reclamación de alimentos para hijos menores de edad, que son igualmente no contenciosos.
En los procesos penales, en principio, quien contrate la asistencia de letrado para su defensa ha de sufragar los costes por sí mismo, aun en el caso de que el letrado haya sido designado de oficio (artículo 393, apartado 1, del Código de procedimiento penal).
En caso de que el acusado sea condenado, también estará obligado a sufragar las costas del proceso penal (artículo 389, apartado 1, del Código de procedimiento penal). Según el sitio web artículo 389, apartado 1 StPO, las costas comprenden:
una cantidad a tanto alzado por los gastos varios del proceso no detallados incluidos los de instrucción y la aprobación de órdenes de la fiscalía o actuaciones oficiales del órgano jurisdiccional competente que, según el artículo 3 leg. cit., limitada a los siguientes importes máximos: en los procesos ante los tribunales regionales con jurado de 500 a 10000 euros, en los procesos ante los tribunales regionales con jueces legos de 250 a 5000 euros, en los procesos ante un juez único del tribunal regional de 150 a 3.000 euros, en los procesos ante los tribunales de distrito de 50 a 1000 euros;
los derechos de los peritos y, por lo general, los honorarios de los intérpretes,
los gastos de información, elaboración de informes o dictámenes facilitados por las autoridades,
los gastos del transporte transfronterizo del acusado o de desplazamiento de testigos desde el extranjero,
los gastos ocasionados por las órdenes de congelación de activos y los gastos de información sobre cuentas bancarias, de incautación de cartas, de información sobre los datos de telecomunicaciones o de interceptación de telecomunicaciones,
los gastos de ejecución de la sentencia, excluidos los vinculados al encarcelamiento,
los honorarios del abogado defensor u otros representantes
una suma a tanto alzado por los gastos de la asistencia psicosocial o jurídica prestada a la víctima, hasta un máximo de 1000 euros.
Con excepción de los gastos mencionados en los números 3, 7 hasta 9, la Federación sufraga las costas por adelantado. Al llevar a cabo una medición de la cantidad a tanto alzado que se menciona en el apartado 1, número 9, el órgano jurisdiccional tiene en cuenta la capacidad económica de la persona que ha de sufragar las costas. Los gastos asociados a los servicios de interpretación no se consideran parte de las costas que se han de sufragar, siempre y cuando fueran necesarios debido a la falta de competencia del acusado en la lengua del órgano jurisdiccional o a una dolencia que le impida entenderse con el órgano jurisdiccional.
De conformidad con el artículo 391, apartado 1, del Código de procedimiento penal, al ejecutar las resoluciones de los órganos jurisdiccionales sobre condena en costas ha de considerarse la capacidad del condenado para sufragar los gastos de manutención ordinaria de sí mismo y de su familia, así como la obligación de abonar una indemnización tras la condena. Si la condena en costas no puede ejecutarse por insolvencia del acusado, el órgano jurisdiccional puede declarar la irrecuperabilidad de las costas. Si el órgano jurisdiccional supone que las costas podrán recuperarse en el futuro, deberá examinarse de nueva la capacidad económica una vez transcurrido cierto plazo. El plazo de prescripción legal aplicable a la recuperación de las costas es de cinco años desde la sentencia firma de condena. Si el órgano jurisdiccional decide que el condenado ha de asumir las costas del proceso y posteriormente se determina su incapacidad para el pago, las autoridades responsables de su cobro podrán ampliar el plazo límite establecido, permitir el pago a plazos o reducir la cuantía de las costas.
Si el condenado, con arreglo a la resolución del órgano jurisdiccional, queda obligado a pagar al menos parte de la indemnización al demandante civil, también tendrá que reembolsarle las costas del proceso penal.
Según el artículo 393 bis del Código de procedimiento penal, el acusado que resulte absuelto podrá solicitar una aportación del Estado para sufragar las costas de su defensa letrada. Para determinar este importe a tanto alzado se tendrán en cuenta la extensión y la complejidad de la causa y de la defensa letrada necesaria. El importe a tanto alzado se fijará teniendo en cuenta el alcance y el grado de dificultad de la defensa letrada y la extensión que conlleve una labor necesaria y adecuada por parte del abogado defensor y no deberá sobrepasar las siguientes cantidades: 5000 euros en los procesos ante los tribunales regionales con jurados, 2500 en los procesos ante los tribunales regionales con jueces legos, 1250 en los procesos ante un juez único del tribunal regional y 450 en los procesos ante un tribunal de distrito.
Cuando el proceso penal sea incoado por un acusador particular, o a solicitud de un demandante civil, con arreglo al artículo 72 del Código de procedimiento penal (acusación subsidiaria), y no haya habido condena, el acusador principal o el demandante civil estarán obligados a asumir todas las costas generadas por la demanda y el mantenimiento del proceso. Si el proceso penal concluye con la desestimación de la causa (artículos 198 a 209 del Código de procedimiento penal), el demandante civil no tendrá que abonar las costas.
En los procesos civiles contenciosos (incluidos los asuntos mercantiles), los derechos de los peritos de una parte se adjudicarán proporcionalmente a la estimación de la demanda (artículo 43, apartado 1, del Código de procedimiento civil).
En los procesos de divorcio con oposición en los que no se dicte sentencia de condena en costas, los gastos corrientes se compensarán mutuamente; si una de las partes ha abonado más de la mitad de los gastos en efectivo, la otra deberá reembolsarle el exceso. Si se determina la culpa de uno de los cónyuges, éste deberá reembolsar al otro los derechos de peritos.
En los procesos de divorcio de mutuo acuerdo, así como en los relativos a asuntos de custodia y derechos de visita a los hijos y reclamación de alimentos a hijos menores de edad, los derechos de los peritos abonados inicialmente con cargo a fondos oficiales deberán reembolsarse al órgano jurisdiccional por las partes que los hayan ocasionado o en cuyo interés se haya emprendido la actuación oficial. Si varias personas están obligadas a reembolsar las costas, se considerarán responsables solidarios [artículo 1, apartado 5, de la Ley de pagos a órganos jurisdiccionales (Gerichtliches Einbringungsgesetz, GEG), y artículo 2, apartado 1, de la GEG].
El importe de los derechos de los peritos se rige por la Ley de tasas (Gebührenanspruchsgesetz, GebAG), y depende fundamentalmente en cada caso del contenido y el alcance de la prueba pericial solicitada por el órgano jurisdiccional.
En los procesos penales, los derechos de los peritos forman parte de las costas (artículo 381, apartado 1, del Código de procedimiento penal), que, con arreglo al artículo 389, apartado 1, deban ser abonadas por el condenado. Su importe será determinado por el órgano jurisdiccional o el ministerio fiscal, y abonado por el Estado.
La exposición precedente es igualmente aplicable a los honorarios de traductores e intérpretes.
Informe de Austria para el Estudio sobre transparencia de las costas (829 Kb)