Source: https://unybook.com/apuntes/file-cdeb62ca10f63c94f575fa8f7f7a2b1f/derecho-civil-ii---obligaciones-y-contratos/derecho-civil-2---tema-3
Timestamp: 2018-05-25 13:03:18
Document Index: 186462799

Matched Legal Cases: ['artículo 477', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1']

Tema 3 - El Contrato: Interpretación e Integración del Contrato [15197] | Derecho Civil II - Obligaciones y Contratos (ESADE) | Unybook
Tema 3 - El Contrato: Interpretación e Integración del Contrato (2015)
Tema 3 - El Contrato: Interpretación e Integración del Contrato
Sergio Gomollón Derecho Civil II 2014-2015 Lección III. Interpretación e integración del contrato.
La interpretación del contrato: concepto y función.
Según el Dr. LACRUZ interpretar un contrato es declarar cuál sea la virtualidad (valor jurídico) de las palabras que han expresado las partes en dicho contrato. Se tratará, por lo tanto, de indagar a partir del contrato con el fin de hallar el significado de sus palabras, y de determinar qué es lo que quiere decir y su contenido. En ocasiones coincidirá el tenor literal del contrato con el sentido real de éste, y otras veces no será así, e incluso en algunos casos habrá que ir más allá de lo que hayan previsto las partes. Todo ello en conjunto será denominado actividad hermenéutica, que no reformulará en ningún caso el contrato: se limitará a explicar de modo ordenado y exhaustivo los efectos jurídicos que produce la declaración según la voluntad de las partes.
El Código Civil desarrolla en los artículos 1.281 y siguientes las normas relativas a la interpretación de los contratos. En el caso de los contratos gratuitos la interpretación de éstos se hará conforme a tales reglas, así como las declaraciones unilaterales de voluntad inter vivos, mas en los negocios en los que el otorgante sufre un sacrificio patrimonial como la donación o la renuncia habrá que atender principalmente a la voluntad real del otorgante.
Debe añadirse que según la Jurisprudencia 11 tales reglas de hermenéutica se aplicarán además a los actos jurídicos previos y posteriores al propio contrato, y cuando el código habla de la voluntad de los contratantes obviamente deberá atenderse a la voluntad expresada pretérita, en el momento en que se celebró el contrato, y no a la que se le quiera dar en el momento de la interpretación.
La interpretación del contrato tendrá varias fases: la etapa previa en la que se determinará qué es objeto de interpretación; la etapa de interpretación, en la que se averiguará el sentido del contrato, y, en su caso, una tercera etapa consistente en cubrir las lagunas que hubiere en el contrato, cuando no es suficiente la interpretación, y cuando sea necesario determinar las reglas legales aplicables a tal clase de contrato se calificará éste (ver infra).
Principios, criterios y medios interpretativos.
A. Principios. Dos son los principios que deberán regir en la interpretación de los contratos, a saber: el principio subjetivo y el principio de la buena fe. El principio subjetivo entiende que dado que el contrato es un negocio jurídico que emana de la voluntad privada de las partes, éste deberá interpretarse de acuerdo con ella, buscándose la voluntad común de las partes 11 S 20 mayo 1996 — 29 — Sergio Gomollón Derecho Civil II 2014-2015 (la que hubo cuando se perfeccionó el contrato), se buscará la interpretación común de la causa del contrato. El principio de la buena fe obliga a que el resultado de la interpretación no se desvincule ni vaya contra las legítimas esperanzas que tenían las partes en el momento de celebrarlo que fueran previsibles.
B. Criterios de interpretación. Fue una cuestión de gran polémica para la doctrina decidir si las reglas de interpretación de los Códigos Civiles eran verdaderas normas jurídicas o meros consejos al intérprete. La importancia de tal diferencia radica en que en éste último caso habrá lugar a la interposición de un recurso de casación si se infringe un precepto del Código de los artículos 1.281 a 1.289. La doctrina española, así como la ley y la jurisprudencia, han considerado que son normas imperativas y que por lo tanto la infracción de las mismas puede ser objeto de recurso de casación, tal y como se ve previsto en el artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. DE CASTRO sin embargo discrepa, considerando que éstas normas, a excepción del art. 1.282 que es imperativo, son de mero valor admonitivo o de orientación para el juzgador. Distingue también DE CASTRO entre los criterios subjetivos (1.281 a 1.283) de los objetivos (1.284 a 1.289) teniendo mayor valor los primeros, pues son los que buscan la voluntad efectiva y común de las partes, sobre los últimos. Los criterios de interpretación que recoge el Código Civil son: a) El criterio literal o gramatical, el primero de ellos recogido en el art. 1.281 CC, si bien termina con una cláusula que obliga a tener en cuenta la intención evidente de los contratantes si ésta es contraria a los términos del contrato. Por términos claros entiende la jurisprudencia “los términos en que fueron hechos o redactados, sin tergiversar con interpretaciones arbitrarias el sentido recto, propio y usual de las palabras dichas o escritas, lo que equivale a imponer la primacía del texto contractual, cuando el mismo se basta para regular la relación jurídica contemplada”.
El artículo 1.281 es según la doctrina y la jurisprudencia, un tanto confuso en tanto que sus dos párrafos son contradictorios. La doctrina y la jurisprudencia han dado mayor valor al segundo párrafo que al primero. b) El criterio histórico, que se recoge en el art. 1.282 del CC, según el cual “para juzgar la intención de los contratantes deberá atenderse principalmente a los actos de éstos, coetáneos y posteriores al contrato”. La jurisprudencia dice que éste artículo forma un conjunto orgánico con el art.
1.281, pero otras Sentencias afirman que el artículo 1.282 tiene carácter subsidiario respecto del 1.281. Es importante destacar que el artículo 1.282 dice principalmente, por lo que no excluye los actos anteriores al contrato, aunque no estén expresamente recogidos en el precepto. c) El criterio lógico, recogido en el artículo 1.283 del CC (“Cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre que los interesados se propusieron contratar.”), que hace que la interpretación busque siempre para resolver cualquier disputa dentro del marco que se estableció por las partes en el momento de contratar, y no vaya más allá de éste. d) El criterio finalista, recogido en los artículos 1.284 y 1.286 del Código (“1.284 Si alguna — 30 — Sergio Gomollón Derecho Civil II 2014-2015 cláusula de los contratos admitiere diverso sentido, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efecto. […] 1.286 Las palabras ue puedan tener distintas acepciones serán entendidas en aquella que sea más conforme a la naturaleza y objeto del contrato.”). Toda interpretación debe tratar de conservar la eficacia del contrato, que es lo que en efecto desean las partes al contratar: que el contrato produzca efectos, por lo que toda interpretación conducente a otorgar un significado baldío o ilusorio a las cláusulas deberá quedar excluida. Siempre debe buscarse la interpretación que de más eficacia al contrato. Éste criterio es a juicio del TS subsidiario de los dos primeros. En cuanto al artículo 1.286, no ofrece este mayores dificultades. e) El criterio sistemático, del artículo 1.285 (“las cláusulas de los contratos deberán interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas”). Tal criterio resalta el sistema de interpretación, pues no se debe amparar en una determinada cláusula en perjuicio de las otras, sino que todo el contrato debe ser interpretado sistemáticamente. Si dos preceptos son contradictorios, deberá prevalecer la cláusula en que mejor se defina la posición jurídica de las partes y el alcance del contrato conforme a su naturaleza y finalidad. Si en cambio un precepto es de dudoso significado, deberá contextualizarse con otros. f) La interpretación contra proferentem queda recogida en el artículo 1.288 (“la interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no deberá favorecer a la parte que hubiere ocasionado la ocsuridad”), que supone una carga para el redactor unilateral del contrato, y una ventaja para el que lo suscribe sin redactarlo. Tan sólo es aplicable este precepto si hay una cláusula oscura o equívoca, y subsidiariamente. Ocasionar no es sinónimo de redactar, sino que basta con que una cláusula resulte confusa. En tales casos, no se favorecerá al que haya redactado el contrato o generado la oscuridad. g) La regla de cierre (1.289 CC), criterio subsidiario, que consta de dos niveles: A. Positivamente; se apuesta por dar mayor vida al contrato, si el contrato es oneroso, la duda se resolverá a favor de una mayor onerosidad, y si es gratuito, a favor de la menor transmisión de derechos e intereses.
B. Negativamente; según el segundo párrafo, si las dudas vienen del objeto principal del contrato, sin poderse conocer la intención o voluntad de los contratantes, el contrato será nulo. Véase el art. 59 CCom (“Si se originaren dudas que no puedan resolverse con arreglo a lo establecido en el artículo 2.º de este Código [el Código de Comercio], se dictará la cuestión a favor del deudor”).
C. Medios interpretativos. Consideramos medios interpretativos los hechos y circunstancias de que puede valerse el intérprete para realizar su labor interpretativa del contrato.
A. De entrada tenemos el artículo 1.282 del CC, según el profesor Llebaría (véase lo ya dicho anteriormente).
B. También debe atenderse a los usos y costumbres, según el artículo 1.287 CC, en caso de ambigüedades. Se dará cuando sea preciso interpretar un contrato para no dejar al margen la costumbre arraigada en un lugar concreto que influye en el contrato.
— 31 — Sergio Gomollón Derecho Civil II 2014-2015 La integración: autointegración y heterointegración.
La diferencia entre la integración y la interpretación radica en que la integración no tiene por objeto el dar sentido a la declaración de voluntad que han hecho las partes y declarar su virtualidad, mas sí que se encarga de llenar los vacíos del contrato, aquello que no hayan previsto las partes.
Naturalmente se hace imposible poder prever todas las circunstancias que pueden pasar, por lo que es común que surjan lagunas en el contrato, y por ello el Derecho debe proporcionar mecanismos para suplirlas. Podríamos pensar prima facie que las lagunas del contrato se integrarían con las normas del Código Civil relativas a ese contrato en especial o a los contratos en general, pero no es del todo cierta esta aproximación si tenemos en cuenta que cabe la posibilidad de autointegrarlo.
Distinguimos entre dos formas de integración: la autointegración y la heterointegración.
A. La autointegración. Según la doctrina clásica las lagunas deben cubrirse mediante la propia regulación del contrato, al margen de intervenciones externas, del mismo modo que el ordenamiento se autointegra cuando tiene lagunas mediante otras normas vigentes.
Consistiría la autointegración en extraer del contrato la solución deduciendo la voluntad de las partes, mas el conflicto surge cuando las partes, al no haber previsto un problema, tratarán de suplir las lagunas siempre a su favor y el juez o árbitro será en última instancia quien integre el contrato, haciendo más bien una refacción del contrato en lugar de una integración estrictamente hablando. Otro medio es el empleo de la analogía, mas esta opción es descartada por GARCÍA AMIGO, que afirma que el ordenamiento no tolera la analogía para suplir lagunas de la lex negotii.
B. Heterointegración: aplicación del artículo 1.258 del CC. El artículo 1.258 del Código Civil dispone que los contratantes no solo están obligados a cumplir lo pactado (pacta sunt servanda) mas también deben actuar conforme a la buena fe, al uso y a la ley. El juez deberá llenar las omisiones de los contratantes mediante el sistema y la finalidad del contrato, de acuerdo con la buena fe, inspirándose también en el art. 1.289. El artículo 1.258 no puede ser inaplicado por las partes, ni requiere la preexistencia de una laguna contractual para ser observado. a) La ley imperativa o dispositiva puede cubrir las lagunas del contrato. En éste último caso, las partes podrán optar por disponer otra cosa, mas en tal caso no haría falta integrar el contrato porque ya habrían previsto unos determinados efectos. b) El uso, que recordemos que es además fuente para interpretar los contratos (1.287 CC), pero el propio artículo expresamente contempla la posibilidad de integrar los contratos con tal fuente. DE CASTRO afirma que éste artículo se refiere al uso de los negocios, uso convencional o uso de tráfico. c) La buena fe, que no se recoge expresamente en los arts. 1.281 y ss. pero sí ha destacado su importancia la Doctrina. DE CASTRO, no obstante, afirma que el recurso a la buena fe no es instrumento para buscar la verdadera voluntad, sino una manifestación y la más importante, de la — 32 — Sergio Gomollón Derecho Civil II 2014-2015 responsabilidad objetiva por la conducta obligacional. En cualquier caso el artículo 1.258 exige de los contratantes su honestidad, pero también un deber de cooperación y un criterio para puntualizar derechos y deberes de las partes.
Calificar un contrato, según el Dr. LLEBARÍA es determinar y fijar su tipo y naturaleza jurídica, es decir, determinar qué clase de contrato han celebrado las partes. LACRUZ observa que se requiere, antes de calificar el contrato, haberlo interpretado, y la calificación consiste en incluir al contrato dentro de una de las categorías contractuales establecidas por la ley, costumbre o la práctica, o en determinar su carácter atípico y en los negocios más similares cuyas reglas le pueden ser aplicables.
Las partes califican el contrato normalmente en el título del mismo, pero la jurisprudencia ha venido reiterando que los contratos son lo que deban ser conforme a su naturaleza, al margen del nomen iuris que le hayan otorgado las partes. El Tribunal Supremo ha venido insistiendo en que los contratos son lo que son y no lo que las partes digan. Deberá determinarse la clase de contrato a partir de las declaraciones de voluntad que hayan hecho las partes y lo que se extraiga de éstas, y no del nombre que le hayan otorgado al contrato.
Una vez interpretado y calificado el contrato en su caso, procederá o no su integración en función de si hay lagunas que cubrir.
— 33 — ...