Source: https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=105&tipo=2
Timestamp: 2020-04-02 10:25:55
Document Index: 253087457

Matched Legal Cases: ['artículo 105', 'artículo 105', 'artículo 105', 'artículo 4', 'artículo 82', 'artículo 82', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 48', 'artículo 47']

Finalmente, el artículo 105.c) de la Constitución se refiere a la audiencia de los interesados (no ya de los ciudadanos en general) en el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos. Frente al artículo 105.a) de la Constitución, que alude al procedimiento de elaboración de normas jurídicas reglamentarias, en este caso el artículo 105.c) se circunscribe a procedimientos administrativos para la producción de actos administrativos, sean o no singulares. Importa destacar que en el precepto constitucional se utiliza un concepto jurídico-administrativo de honda raigambre y de concreta significación jurídica, como es la de "interesado". En este sentido, por tal deberá entenderse, conforme dispone el artículo 4 de la Ley 39/2015, se consideran interesados en el procedimiento administrativo:
Dispone en este sentido el artículo 82 de la Ley 39/2015 que, instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes, para lo que se tendrán en cuenta las limitaciones previstas en su caso en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. La audiencia a los interesados será anterior a la solicitud del informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico o a la solicitud del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, en el caso que éstos formaran parte del procedimiento.
Es importante resaltar que el trámite de audiencia lo es con vista del expediente, toda vez que el interesado tiene derecho a conocer la documentación que forma parte del mismo, lo que le permitirá tener un exacto y cabal conocimiento de su contenido y del alcance de la resolución final que pueda adoptarse. El derecho a la vista del expediente se desprende del artículo 82.1 de la Ley 39/2015, cuando señala que, instruidos los procedimientos, "se pondrán de manifiesto a los interesados". En realidad, lo que se pone de manifiesto al interesado es el expediente administrativo (no el procedimiento, concepto distinto), del que forman parte todos los documentos producidos desde su incoación.
Respecto a los efectos derivados de la omisión del trámite de audiencia cuando fuera preceptivo, no podrá considerarse vulnerado el artículo 24 de la Constitución con el argumento de haberse producido una indefensión prohibida en su apartado 1. Y ello porque, como ya se ha destacado, el Tribunal Constitucional ha rechazado reiteradamente la aplicación del artículo 24 en el ámbito del procedimiento administrativo, razón por la que la omisión del trámite de audiencia efectivamente podría llegar a dar lugar a la declaración de invalidez del acto final dictado en el procedimiento en el que se omitió dicho trámite, pero no ya con apoyo en una supuesta vulneración del derecho fundamental reconocido en el artículo 24 de la Constitución. Ello no obsta para que, con matices, el Tribunal Constitucional haya admitido, en cambio, la aplicación del artículo 24 de la Constitución en el ámbito de los procedimientos administrativos sancionadores, inspirados en los principios que informan el ámbito penal, como se deduce de la propia regulación contenida en los artículos 63 y 64 de la Ley 39/2015.
Pues bien, dejando ahora a un lado el ámbito sancionador administrativo, no existe una jurisprudencia uniforme acerca de las consecuencias invalidatorias o no del mencionado vicio. En este sentido, pueden encontrarse sentencias en las que la omisión del trámite de audiencia se considera un vicio inoperante o irregularidad no invalidante ateniendo a las circunstancias concretas del caso; otras consideran que se trata de un vicio de anulabilidad encuadrable en el artículo 48 de la Ley 39/2015; y, finalmente, es posible también considerar la omisión del referido trámite como un vicio de nulidad radical, bien por vulneración de un derecho fundamental (en el caso del ámbito sancionador administrativo), bien incluso podría sostenerse -con un marcado carácter excepcional- la equiparación en casos especialmente relevantes de la omisión de dicho trámite a la falta total y absoluta del procedimiento legalmente establecido, configurado como vicio de nulidad radical en el artículo 47 de la Ley 39/2015.