Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-479-de-julio-7-de-1999?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041971ef034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-22 00:20:00
Document Index: 253855334

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 67', 'artículo 67', 'artículo 241', 'artículo 1', 'artículo 67', 'artículo 15', 'artículo 1', 'artículo 40', 'artículo 318', 'artículo 189', 'artículo 46', 'artículo 71', 'artículo 80', 'artículo 67']

﻿ SENTENCIA C-479 DE JULIO 7 DE 1999
SENTENCIA C-479 DE 07 DE JULIO DE 1999
CONTENIDO:LOS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS ESTÁN EXCLUIDOS DE LAS NORMAS ESPECIALES SOBRE ESCISIÓN PREVISTAS PARA LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, PERO AQUELLOS ESTÁN COBIJADOS POR LA NORMATIVIDAD GENERAL SOBRE EL TEMA. SE DECLARA EXEQUIBLE LA EXPRESIÓN: "CON EXCEPCIÓN DE LOS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS", CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 67 DEL DECRETO LEY 663 DE 1993, "POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA EL ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO Y SE MODIFICA SU TITULACIÓN Y NUMERACIÓN".
TEMAS ESPECÍFICOS:ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO, INTERMEDIARIO DE SEGUROS, DEBERES DEL INTERMEDIARIO DE SEGUROS, PROHIBICIONES AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS, OBLIGACIONES DEL INTERMEDIARIO DE SEGUROS
•Sentencia C-479 de julio 7 de 1999
Ref.: Expediente D-2285
Actores: Alberto Barco Vargas
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 67 (parcial) del Decreto-Ley 663 de 1993, “por medio del cual se actualiza el estatuto orgánico del sistema financiero y se modifica su titulación y numeración”.
Santafé de Bogotá, D.C., siete de julio de mil novecientos noventa y nueve.
«II. Texto de la norma acusada
“DECRETO LEY 663 DE 1993”
“ART. 67. Escisión. La empresa y el patrimonio de una entidad sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, con excepción de los intermediarios de seguros, podrán dividirse en dos o más empresas que constituyan el objeto de dos o más sociedades formadas por todos o por algunos socios (...)”.
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 241 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer la presente demanda, por dirigirse contra una norma que hace parte de un decreto con fuerza de ley.
Tal como se señaló en el acápite de antecedentes, la demanda estima que la norma acusada desconoce la Constitución, en cuanto impide la escisión de las sociedades intermediarias de seguros. En concepto del impugnante, no existe razón suficiente para establecer la mencionada prohibición respecto de los referidos entes, teniendo en cuenta que a todas las demás instituciones sometidas al control y vigilancia de la superintendencia sí les es permitido escindirse. En su sentir, la norma contra la cual dirige su reproche desconoce el derecho a la igualdad, el cual también se predica respecto de las personas jurídicas.
La Federación Colombiana de Aseguradores “Fasecolda” coadyuva la demanda, así como la vista fiscal. La Superintendencia Bancaria y el Ministerio de Hacienda sostienen, en cambio, que la norma se ajusta a la Constitución, ya que lo que ella prohíbe no es en general la escisión de las sociedades intermediarias de seguros, sino el que este proceso se lleve a cabo a través de las normas especiales que para ese efecto contempla el estatuto orgánico del sistema financiero, aplicables a las entidades financieras y aseguradoras. Toda vez que las intermediarias de seguros no revisten estas últimas calidades, su escisión debe llevarse a cabo conforme a las normas generales previstas para la escisión de las sociedades comerciales en el Código de Comercio. Así las cosas, la norma demandada no resulta violatoria de principio constitucional de igualdad.
Para la Corte las contradictorias posiciones asumidas por la demanda y las intervenciones en relación con la norma acusada, en cuanto prohíbe la escisión patrimonial de las sociedades intermediarias de seguros, evidencia que dicha norma es susceptible de diversas interpretaciones. En efecto, una lectura literal y aislada del precepto arroja la conclusión de que todas las entidades sometidas a la vigilancia y control de la Superintendencia Bancaria, con la única excepción de los intermediarios de seguros, pueden escindirse. Excepción que, formulada en esos términos, carece de justificación objetiva, lo cual la ubica como discriminatoria de las referidas entidades.
Sin embargo, la historia legislativa de la norma, así como su lectura sistemática con otras disposiciones del estatuto orgánico del sistema financiero, EOSF, permiten averiguar cuál fue la ratio juris de la excepción consagrada, y dilucidar así su verdadero sentido y alcance y su virtualidad de resultar lesiva o no de las normas superiores.
La Corte coincide con las conclusiones que arroja el análisis histórico jurídico llevado a cabo por Fasecolda, la Superintendencia Bancaria y el Ministerio de Hacienda, estudio según el cual la norma reprochada tiene sus orígenes en dos artículos distintos de la Ley 45 de 1990, que posteriormente el Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades conferidas en la misma ley, integró en un solo texto contenido en el artículo 1.6.0.3 del Decreto 1730 de 1991 o estatuto orgánico del sistema financiero, el cual hoy en día corresponde a la disposición demandada, esto es al artículo 67 del Decreto 663 de 1993, por medio del cual se actualizó el referido estatuto orgánico y se modificó su titulación y numeración.
“ART. 11.—La empresa y el patrimonio de una institución financiera podrán subdividirse en dos o más empresas que constituyan el objeto de dos o más sociedades formadas por todos o por algunos de sus socios.
“La escisión se someterá, en lo pertinente, a las normas contempladas en el artículo 15 de la presente ley”.
“ART. 90.—Instituciones financieras. Para los efectos de la presente ley se entiende por instituciones financieras las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, con excepción de los intermediarios de seguros...”.
De la interpretación armónica de los preceptos transcritos se concluye lo siguiente: a) No todas las entidades sometidas a vigilancia y control de la Superintendencia Bancaria se consideraban instituciones financieras. (art. 90); b) Se consideraban instituciones financieras las entidades sometidas a control de la referida superintendencia, con excepción de los intermediarios de seguros. c) Las instituciones financieras sometidas a control y vigilancia de esa entidad, podían escindirse (art. 11 inc. 1º); d) La escisión de las instituciones financieras debía sujetarse a las normas contenidas en la Ley 45 de 1990.
4. Interpretación sistemática de la norma acusada
4.1 El artículo 1º del estatuto orgánico del sistema financiero, acogiendo un criterio orgánico, determina que el sistema financiero y asegurador se encuentra conformado entre otros por los intermediarios de seguros y reaseguros. El artículo 40 ibídem, define que son intermediarios de seguros las sociedades corredoras de seguros, y los agentes y agencias de seguros. Estas tres últimas categorías se distinguen en que las primeras son empresas que se constituyen como sociedades comerciales, colectivas o de responsabilidad limitada cuyo objeto social exclusivo consiste en ofrecer seguros y promover la celebración y renovación del respectivo contrato, interviniendo a título de intermediario entre el asegurado y el asegurador, al paso que los agentes son personas naturales que llevan a cabo la misma actividad, en relación con una o varias compañías de seguros. Las agencias, por su parte, tienen como facultad la de promover la celebración de contratos de seguros por sí mismas o por medio de agentes colocadores. Así las cosas, los intermediarios de seguros, en cualquiera de sus modalidades, son entidades o personas que, sin expedir pólizas ni ser parte en el contrato de seguro, ponen en contacto a las compañías de seguros con los tomadores de las pólizas. Esta es, por esencia, la actividad a la que se dedican, aunque la intermediación de seguros no se reduzca a ella sino que se proyecte más allá de la simple colocación de pólizas, en una serie de operaciones complementarias de tipo técnico como pueden serlo, v.g., la inspección de riesgos o la intervención en salvamentos.
De conformidad con el artículo 318 del Código de Comercio en armonía con los artículos 40 y 41 del estatuto orgánico del sistema financiero, las sociedades que se dediquen al corretaje de seguros, así como las agencias colocadoras de seguros y de títulos de capitalización que “durante el ejercicio anual inmediatamente anterior hubiesen causado, a título de comisiones, una suma igual a ochocientos (800) salarios mínimos mensuales legales vigentes”, estarán sometidas a control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria.
4.2. No existe una norma constitucional que defina expresamente en qué consisten la actividad financiera y la actividad aseguradora ni quiénes la llevan a cabo. Sin embargo, los artículos 150 y 189 superiores, contienen elementos descriptivos de tales actividades. Efectivamente, la primera de dichas normas, que indica las funciones que corresponden al Congreso mediante el ejercicio de la función legislativa, en el literal d) del numeral 19, señala que a dicho órgano corresponde “dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para ... regular las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público; “Así mismo, el artículo 189, señala en su numeral 24 que corresponde al Presidente de la República, “ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora o cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público...” (subraya la Corte).
A las mismas conclusiones anteriores arribó el Consejo de Estado cuando en sentencia de 28 de agosto de 1995(1), refiriéndose a las normas del Decreto 663 de 1993 del estatuto orgánico del sistema financiero, ahora demandado, indicó:
“De las anteriores normas se desprende lo siguiente:
a) Que en efecto, los intermediarios de seguros pertenecen al sistema financiero asegurador, y
b) Que el estatuto orgánico del sistema financiero incluye a los intermediarios de seguros entre las entidades sometidas a algunas de sus normas.
... En conclusión, en relación con este punto, para la Sala es claro que la actividad de intermediación de seguros es una actividad relacionada con el ramo de seguros, aunque diferenciada de la actividad propiamente aseguradora, sin que de otra parte, pueda desconocerse su carácter comercial, como lo tienen igualmente todas las entidades y actividades que hacen parte del sistema financiero y asegurador”. (subrayas fuera del texto original)
4.4. El artículo 46 del estatuto orgánico del sistema financiero, describe los objetivos generales de la intervención en las actividades relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. Dentro de dichos objetivos señala expresamente el de “que las entidades que realicen las actividades mencionadas cuenten con niveles de patrimonio adecuado para salvaguardar su solvencia”, objetivo este íntimamente relacionado con el de la búsqueda del interés general en el desarrollo de las actividades financiera y aseguradora y con el de la garantía o tutela de los intereses de los usuarios, preferentemente de los ahorradores, depositantes, asegurados e inversionistas, también mencionados por la norma en comento, entre otros más.
Para garantizar los niveles adecuados de patrimonio que aseguran la solidez del sistema financiero en aras del interés general, el artículo 71 del estatuto orgánico del sistema financiero señala que para solicitar la organización de entidades sometidas a vigilancia y control de la Superintendencia Bancaria, con excepción de los intermediarios de seguros, es menester acreditar los montos mínimos de capital exigidos por el mismo estatuto en su artículo 80. De la misma manera, y para asegurar idénticos objetivos, el estatuto en mención en su parte tercera incluye un capítulo que regula expresamente la conversión y escisión de las instituciones financiera y de las entidades aseguradoras, capítulo dentro del cual se inscribe la norma demandada, que excluye a los intermediarios de seguros como destinatarios de la normatividad contenida en él.
4.5. Los antecedentes legislativos de la Ley 45 de 1990, que después el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades conferidas en la misma ley compiló el Decreto 1730 de 1991 o estatuto orgánico del sistema financiero, posteriormente actualizado mediante el Decreto 663 de 1993 ahora demandado, permiten llevar a cabo una interpretación histórica de la norma bajo examen, que lleva igualmente a concluir que las normas especiales sobre escisión patrimonial contenidas en dicha ley se justificaban dada la naturaleza de la actividad que llevan a cabo las instituciones financieras, y que por lo tanto no estaban previstas para los intermediarios de seguros, en cuanto ellos no pueden considerarse en propiedad dentro de esta categoría de instituciones. En efecto, en la exposición de motivos que el Gobierno hiciera cuando sometió a la consideración del Congreso Nacional el proyecto que devino en Ley 45 de 1990, se indicó lo siguiente:
“Con las reglas que se introducen en materia de fusión y con la regulación de las figuras de la escisión, adquisición y cesión de activos, pasivos y contratos, (arts. 11 a 16), se ha procurado facilitar la movilización de todo o parte del patrimonio de las instituciones financieras que lo requieran, todo ello bajo el postulado de que ha de existir un marco normativo que, en adecuadas condiciones de seguridad, haga posible o agilice procedimientos de reestructuración de patrimonios, en particular en busca de las economías de escala. En la regulación de las figuras antes mencionadas se ha contemplado la protección de los intereses de terceros... En todo caso, para la utilización de las figuras contenidas en este capítulo, se hace énfasis en la necesidad de que se cumplan las normas de solvencia o capital adecuado que de ordinario han de observar las instituciones financieras según la especie a que pertenezcan, como medida de protección de la solidez patrimonial y, por ende, de defensa de intereses de depositantes y acreedores de la entidad”(2).
5. Posibilidad de escisión de las sociedades intermediarias de seguros
De conformidad con lo anteriormente expuesto, las normas sobre escisión patrimonial contenidas en el estatuto orgánico del sistema financiero son normas especiales aplicables a las instituciones financieras o aseguradoras, esto es a aquellas que de una u otra forma llevan a cabo una actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público. De donde se deduce que al no quedar cobijados por dicha normatividad, los intermediarios de seguros pueden escindirse observando las normas generales contenidas en la legislación comercial, concretamente en los artículos 3º y siguientes de la Ley 222 de 1995.
Declarar EXEQUIBLE la expresión “con excepción de los intermediarios de seguros”, contenida en el artículo 67 del Decreto-Ley 663 de 1993.
(1) M.P. Libardo Rodríguez Rodríguez.
(2) Anales del Congreso año XXXIII. Nº 85 martes 9 de octubre de 1990, pág. 12.