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Timestamp: 2019-10-17 13:59:46
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﻿ DECRETO 780 VERSIÓN ORIGINAL DE MAYO 6 DE 2016 - TÍTULO 1 Formación del talento humano en salud
Formación del talento humano en salud
ART. 2.7.1.1.1.—Objeto y ámbito de aplicación. El presente capítulo tiene por objeto regular los aspectos atinentes a la relación docencia-servicio en programas académicos del área de la salud, sin importar el grado de participación o ausencia de ella en la propiedad que las instituciones educativas tengan sobre los escenarios de práctica o la naturaleza jurídica de los participantes.
La relación docencia-servicio referida a los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano, está sujeta en lo pertinente a lo dispuesto en este decreto y a la reglamentación que para el efecto expida la Comisión intersectorial para el talento humano en salud.
(D. 2376/2010, art. 1º)
ART. 2.7.1.1.2.—Definiciones. Para los efectos del presente capítulo, se utilizarán las siguientes definiciones:
1. Relación docencia-servicio: Vínculo funcional que se establece entre instituciones educativas y otras organizaciones, con el propósito de formar talento humano en salud o entre instituciones educativas cuando por lo menos una de ellas disponga de escenarios de práctica en salud. Este vínculo se funda en un proceso de planificación académica, administrativa e investigativa de largo plazo, concertado entre las partes de la relación docencia-servicio.
2. Práctica formativa en salud: Estrategia pedagógica planificada y organizada desde una institución educativa que busca integrar la formación académica con la prestación de servicios de salud, con el propósito de fortalecer y generar competencias, capacidades y nuevos conocimientos en los estudiantes y docentes de los programas de formación en salud, en un marco que promueve la calidad de la atención y el ejercicio profesional autónomo, responsable y ético de la profesión.
3. Escenarios de práctica del área de la salud: Son espacios en los cuales se desarrollan las prácticas formativas del área de la salud, así:
a) Espacios institucionales, que intervienen en la atención integral en salud de la población;
b) Espacios comunitarios, que intervienen en la atención integral en salud de la población.
Para efectos del presente capítulo los espacios comunitarios que se considerarán como escenarios de práctica de la relación docencia-servicio serán aquellos que correspondan a una planificación académica, administrativa e investigativa de largo plazo, concertada entre las partes intervinientes;
c) Otros espacios diferentes a los del sector salud, en los cuales se consideren pertinentes las prácticas formativas en programas del área de la salud, en los términos del numeral 2º del parágrafo 1º del artículo 13 de la Ley 1164 de 2007.
4. Cupos de los escenarios de práctica: Es el número de estudiantes que pueden desarrollar sus prácticas formativas de manera simultánea en un escenario de práctica, asegurando la calidad en los procesos de formación de los estudiantes y en la prestación de los servicios propios del escenario.
5. Convenio docencia-servicio: Es el acuerdo de voluntades suscrito entre las instituciones participantes en la relación docencia-servicio, frente a las condiciones, compromisos y responsabilidades de cada una de las partes, formalizadas en un documento. Cuando el escenario de práctica y la institución educativa tienen integración de propiedad, deberá existir un documento donde se definan los lineamientos de la relación docencia-servicio, el cual reemplazará el convenio.
6. Plan de mejoramiento: Es el conjunto de actividades e intervenciones planificadas y articuladas, dirigidas a corregir o subsanar las debilidades y deficiencias de la relación docencia-servicio, conforme a las directrices que para el efecto defina la Comisión intersectorial de talento humano en salud.
(D. 2376/2010, art. 2º)
ART. 2.7.1.1.3.—Principios de la relación docencia-servicio. La relación docencia-servicio se regirá por los principios estipulados en la Constitución Política, en las normas de educación y salud vigentes y por los siguientes:
a) Preeminencia del interés social: La formación del talento humano en salud que se da en el marco de la relación docencia-servicio, tiene un fin social que debe primar sobre otras consideraciones y servir de límite y orientación para el diseño, ejecución y evaluación de las prácticas formativas;
b) Autorregulación: Las instituciones que participen en la relación docencia-servicio deben prever procesos, controles y mecanismos idóneos para asegurar el cumplimiento de los objetivos, principios y normas previstas en el presente capítulo, en los convenios docencia-servicio y en las demás normas que regulan las actividades de las instituciones educativas y las instituciones donde se desarrollen las prácticas;
c) Respeto a los derechos de los usuarios: La relación docencia-servicio se desarrollará asegurando el respeto de los derechos de los usuarios de las instituciones y servicios involucrados en dicha relación. En especial, se debe asegurar que la calidad de los servicios y la seguridad de los pacientes no se afecten negativamente por el desarrollo de las prácticas formativas. Todas las actividades asistenciales realizadas por los estudiantes en formación se realizarán bajo estricta supervisión del personal docente y/o del responsable de la prestación de los servicios, de conformidad con el sistema obligatorio de garantía de la calidad del sistema de seguridad social en salud;
d) Calidad: La relación docencia-servicio se desarrollará asegurando la calidad en las actividades que se realizan tanto en el ámbito académico como en el de la prestación del servicio, siguiendo los principios y normas de los sistemas de calidad de salud y educación;
e) Planificación: La relación docencia-servicio se construye a través de planes concertados de largo plazo, que integren los objetivos de formación, investigación, extensión y prestación de servicios, con estrategias, acciones e instrumentos que permitan el logro de los mismos, propiciando un monitoreo continuo de los avances y resultados;
f) Autonomía: La relación docencia-servicio se desarrollará en el marco de la autonomía de las instituciones participantes.
Estos principios regirán las relaciones entre las partes involucradas en la relación docencia-servicio y, cuando sea del caso, guiarán la interpretación de las normas establecidas en el presente capítulo y la reglamentación complementaria.
(D. 2376/2010, art. 3º)
ART. 2.7.1.1.4.—Objetivos de la relación docencia-servicio. La relación docencia-servicio buscará el cumplimiento de los siguientes objetivos:
a) Asegurar alianzas y planes de largo plazo entre instituciones educativas e instituciones prestadoras o aseguradoras de servicios de salud, instituciones de servicios, de investigación o espacios comunitarios que intervienen en la atención integral en salud de la población, para el desarrollo y fortalecimiento de escenarios de práctica fundados en objetivos, principios y estrategias pedagógicas compartidas;
b) Asegurar la formación de talento humano en salud competente, con alto sentido ético, de responsabilidad y compromiso social con la salud de la población;
c) Asegurar espacios adecuados para la docencia, la extensión, la investigación, la generación de conocimiento y el desarrollo de soluciones a los problemas de salud de la población.
(D. 2376/2010, art. 4º)
ART. 2.7.1.1.5.—Definición de políticas. Corresponde a los ministerios de Salud y Protección Social y de Educación Nacional definir las políticas que orienten el desarrollo de la relación docencia-servicio. El Consejo Nacional de Talento Humano en Salud brindará la asesoría al Gobierno Nacional en esta materia.
(D. 2376/2010, art. 5º)
ART. 2.7.1.1.6.—Concepto previo de la relación docencia-servicio. Los programas de educación superior del área de la salud requieren, para su aprobación, concepto previo favorable respecto de la relación docencia-servicio emitido por la Comisión intersectorial para el talento humano en salud. Este concepto involucra la evaluación de las condiciones de los escenarios donde se desarrollarán las prácticas formativas, los convenios marco de dicha relación y los planes de formación acordados entre las instituciones que conforman la relación docencia-servicio.
PAR. 1º—La Comisión intersectorial para el talento humano en salud será la competente para disponer sobre la vigencia del concepto de que trata el presente artículo.
PAR. 2º—Los conceptos emitidos por la Comisión intersectorial para el talento humano en salud sobre la relación docencia-servicio se entienden vigentes hasta tanto se realice una nueva visita de verificación según lo establezca dicha comisión.
(D. 2376/2010, art. 6º)
ART. 2.7.1.1.7.—Relación docencia-servicio entre instituciones acreditadas. Los programas académicos de educación superior que cuenten con acreditación en calidad o que pertenezcan a instituciones de educación superior acreditadas, en términos de la relación docencia-servicio, estarán sujetos al concepto y evaluación de que trata el artículo anterior, bajo las condiciones definidas para el efecto en el presente capítulo y demás normatividad aplicable.
(D. 2376/2010, art. 7º)
ART. 2.7.1.1.8.—Participantes en la relación docencia-servicio. Pueden participar en la relación docencia-servicio para la formación en programas de educación del área de la salud:
b) Instituciones de formación para el trabajo y desarrollo humano;
c) Las instituciones prestadoras de servicios de salud;
d) Instituciones aseguradoras de servicios de salud;
e) Instituciones de servicios o investigación relacionadas con las áreas de formación en salud en las cuales se consideren pertinentes las prácticas formativas;
f) Instituciones u organizaciones que gestionen programas cuyas misiones sean acordes con las necesidades de formación de talento humano en salud.
(D. 2376/2010, art. 8º)
ART. 2.7.1.1.9.—Duración de la relación docencia-servicio. Los convenios que formalizan la relación docencia-servicio deberán suscribirse por un término no inferior a diez (10) años. En todo caso, deberán prever mecanismos para garantizar la culminación de las prácticas formativas de los estudiantes que las hayan iniciado estando vigente la relación docencia-servicio, ante una eventual terminación de los mismos.
(D. 2376/2010, art. 9º)
ART. 2.7.1.1.10.—Convenios docencia-servicio. La relación docencia-servicio tiene carácter institucional y no podrá darse sin que medie la formalización de un convenio marco que se ajuste a lo establecido en el presente capítulo. Dicho convenio deberá contener como mínimo los siguientes ítems:
a) Objeto del convenio;
b) Vigencia del convenio;
c) Deberes y responsabilidades de forma clara y precisa de las partes en las áreas académica, científica, de servicios, financiera y administrativa;
d) Instancias, mecanismos y procesos de coordinación, control y solución de diferencias;
e) Garantías para usuarios, estudiantes y docentes y responsabilidades de las partes intervinientes frente a las mismas;
f) Causales de terminación de la relación docencia-servicio;
g) Constitución de pólizas;
h) Mecanismos de supervisión, así como los criterios y procedimientos de evaluación de las obligaciones adquiridas por las partes;
i) Las formas de compensación o contraprestación que se deriven de la relación docencia-servicio, en caso de pactarse.
El convenio marco deberá estar acompañado de un anexo técnico por programa académico que deberá establecer como mínimo, el plan de formación acordado entre las instituciones que conforman la relación docencia-servicio, el número de estudiantes y docentes por programa, los planes de delegación, horarios, turnos y rotaciones.
Las obligaciones docentes y asistenciales del personal vinculado a las instituciones que participan en la relación docencia-servicio, deberán quedar establecidas en sus respectivos contratos de vinculación. El convenio establecerá las condiciones bajo las cuales el personal del escenario de práctica puede realizar actividades de docencia y aquellas en las cuales los docentes de la institución educativa pueden prestar servicios asistenciales.
PAR. 1º—Cuando el escenario de práctica y la institución educativa tienen integración de propiedad, el documento donde se definan los lineamientos de la relación docencia-servicio, deberá contemplar los ítems establecidos en el presente artículo.
PAR. 2º—Los convenios docencia-servicio deberán articularse con las normas y reglamentos internos y académicos del escenario de práctica y de las instituciones educativas participantes, estableciendo las condiciones y procedimientos para la aplicación de los mismos en los casos relacionados con la relación docencia-servicio.
PAR. 3º—Las actividades realizadas por los estudiantes de programas académicos de pregrado que requieran ser registradas en la historia clínica del paciente u otros registros, deberán ser consignadas por el profesional responsable y respaldadas con su firma, nombre y registro profesional.
PAR. 4º—Los convenios docencia-servicio o prórrogas de los mismos que se suscriban con posterioridad al 1º de julio/2010, se regirán en su totalidad por lo aquí dispuesto.
(D. 2376/2010, art. 10)
ART. 2.7.1.1.11.—Comités docencia-servicio. Por cada convenio docencia-servicio se deberá conformar un comité entre el escenario de práctica y la institución educativa, integrado por:
a) El director, gerente o el jefe del área de educación de la institución que sirve de escenario de práctica;
b) Un representante de la institución educativa;
c) Un representante de los estudiantes que estén rotando en el escenario de práctica.
PAR.—El comité docencia-servicio también se deberá constituir cuando exista integración de propiedad entre el escenario de práctica y la institución educativa.
(D. 2376/2010, art. 11)
ART. 2.7.1.1.12.—Funciones de los comités docencia-servicio. Los comités tendrán funciones de coordinación, seguimiento y evaluación de las actividades de docencia-servicio que se realicen en los escenarios de práctica respectivos, las cuales se consignarán en el convenio respectivo. Como mínimo se establecen las siguientes funciones:
a) Darse su propio reglamento;
b) Verificar y evaluar periódicamente el cumplimiento del presente capítulo así como de los convenios que rigen la relación docencia-servicio;
c) Verificar y evaluar el cumplimiento de los planes de largo plazo concertados entre las instituciones que hacen parte de la relación docencia-servicio;
d) Verificar y evaluar periódicamente que el desarrollo de la relación docencia-servicio no genere detrimento de la calidad de la atención a los usuarios del escenario de práctica;
e) Promover la responsabilidad ética, legal y el compromiso humanitario en el desarrollo de la relación docencia-servicio;
f) Analizar y resolver en primera instancia, las dificultades, diferencias y conflictos que puedan surgir en desarrollo de la relación docencia-servicio y remitir a las instancias pertinentes los casos que así lo ameriten;
g) Registrar las novedades o cambios en cada uno de los programas académicos relacionados con la relación docencia-servicio.
PAR. 1º—Este comité deberá reunirse por lo menos una vez cada trimestre, las decisiones se adoptarán por mayoría y sus actuaciones se deben registrar en actas, las cuales deberán adjuntarse al convenio marco. Los demás aspectos relacionados con su funcionamiento se reglamentarán por el Ministerio de Salud y Protección Social.
PAR. 2º—Toda la documentación referente a la relación docencia-servicio debe reposar y estar disponible en forma permanente en las sedes de cada una de las instituciones participantes.
(D. 2376/2010, art. 12)
ART. 2.7.1.1.13.—Planes de prácticas formativas. La relación docencia-servicio debe contar con un plan de prácticas formativas acordado entre las partes intervinientes en el convenio docencia-servicio, que integre los objetivos educacionales y las competencias a adquirir por los estudiantes, con el desarrollo y mejoramiento en la prestación de los servicios del escenario de práctica.
PAR.—Los planes de prácticas formativas deben incluir un programa de delegación progresiva de funciones y responsabilidades a los estudiantes de acuerdo con los avances teórico-prácticos del estudiante en cada período académico, bajo la supervisión del docente y el personal asistencial responsable del servicio. Dicho plan debe ser establecido, reglamentado y supervisado por el comité docencia-servicio.
(D. 2376/2010, art. 13)
ART. 2.7.1.1.14.—Número de estudiantes en los escenarios de práctica. Cada institución que actúa como escenario de práctica definirá su número máximo de cupos, siguiendo los criterios que para tal fin establezca la Comisión intersectorial de talento humano en salud.
(D. 2376/2010, art. 14)
ART. 2.7.1.1.15.—Garantías de seguridad, protección y bienestar de los estudiantes. La relación docencia-servicio debe garantizar que los estudiantes desarrollen sus prácticas formativas en condiciones adecuadas de seguridad, protección y bienestar, conforme a las normas vigentes, para lo cual ofrecerá las siguientes garantías:
a) Los estudiantes que realicen prácticas formativas que impliquen riesgos frente a terceros, estarán cubiertos por pólizas de responsabilidad civil extracontractual, con una cobertura no inferior a 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes;
b) Los estudiantes de posgrado serán afiliados a los sistemas generales de seguridad social en salud y riesgos laborales por el tiempo que dure su práctica. Para efectos de la afiliación y pago de aportes, se tendrá como ingreso base de cotización un salario mínimo legal mensual vigente. En todo caso, dicha afiliación no implicará un vínculo laboral, considerando que se da en el marco de una relación académica;
c) Los turnos de las prácticas formativas de los estudiantes se fijarán atendiendo las normas, principios y estándares de calidad en la prestación del servicio de salud y de bienestar de los estudiantes y docentes. En cualquier caso, los turnos serán de máximo 12 horas, con descansos que garanticen al estudiante su recuperación física y mental y no podrán superar 66 horas por semana;
d) Los estudiantes de programas académicos de formación en el área de la salud que requieran de residencia o entrenamiento que implique la prestación de servicios de salud por parte de ellos, tendrán derecho a alimentación, hotelería, ropa de trabajo y elementos de protección gratuitos, de acuerdo con las jornadas, turnos y servicios que cumplan en el marco de la práctica formativa;
e) Los estudiantes de pregrado y de educación para el trabajo y el desarrollo humano en programas de formación laboral, serán afiliados al sistema general de riesgos laborales durante el tiempo que dure su práctica. La afiliación y cotización se realizará sobre la base de un salario mínimo legal mensual vigente (1 smlmv) y en ningún caso implicará un vínculo laboral.
PAR.—Las garantías establecidas en el presente artículo serán responsabilidad de las instituciones que integran la relación docencia-servicio, quienes financiarán la totalidad de los gastos que impliquen las mismas. Los convenios docencia-servicio establecerán las responsabilidades de las partes en la suscripción, financiación, pago, trámite y seguimiento de dichas garantías, así como la afiliación a los sistemas generales de seguridad social en salud y de riesgos laborales, según corresponda de acuerdo con el nivel académico.
(D. 2376/2010, art. 15 modificado D. 55/2015, art. 7º)
ART. 2.7.1.1.16.—Garantías académicas a los estudiantes. Los estudiantes de programas de formación en salud tendrán las siguientes garantías a nivel académico:
1. Las rotaciones en los escenarios de práctica de los estudiantes, deberán obedecer a un programa de prácticas formativas previamente definido por la institución educativa.
2. Participar en actividades asistenciales necesarias para su formación bajo estricta supervisión del personal docente y/o asistencial previsto en los convenios docencia-servicio.
(D. 2376/2010, art. 16)
ART. 2.7.1.1.17.—Garantías a los docentes que participan en la relación docencia-servicio. Quienes participen como docentes en la relación docencia-servicio, tendrán derecho a:
a) Obtener de la institución educativa el reconocimiento académico respectivo, de acuerdo con sus propios requisitos y reglamentos, cuando realicen actividades docentes;
b) Obtener de la institución prestadora de servicios de salud y/o de la institución educativa el reconocimiento y remuneración correspondientes a las actividades asistenciales y docentes desarrolladas en el marco de la relación docencia servicio.
PAR. 1º—Para el caso del personal de las instituciones de derecho público, se podrá aplicar la concurrencia de horarios conforme a lo establecido en la Ley 269 de 1996, entendiéndose que el escenario de práctica hace parte de la institución a la cual está vinculado el docente.
PAR. 2º—Los docentes que participen en la relación docencia-servicio, seguirán las orientaciones de la institución educativa en los aspectos relacionados con planes curriculares, estrategias pedagógicas y de evaluación formativa.
PAR. 3º—Los reconocimientos o remuneraciones de que trata el presente artículo, se harán de acuerdo con lo pactado en el respectivo convenio.
PAR. 4º—El personal de las instituciones participantes en la relación docencia-servicio se regirá, en materia de administración de personal, por las disposiciones legales que le son propias a la entidad que los vincula.
(D. 2376/2010, art. 17)
ART. 2.7.1.1.18.—Requisitos para los escenarios de práctica. Las instituciones que quieran actuar como escenarios de práctica deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) Las instituciones prestadoras de servicios de salud deberán estar habilitadas conforme al sistema obligatorio de garantía de calidad en salud. Las demás instituciones deberán cumplir las normas vigentes para la actividad que desarrollan, incluyendo las de calidad si las hay;
b) Realizar la autoevaluación de que trata el artículo 2.7.1.1.20 del presente decreto;
c) Cumplir los criterios básicos de calidad para la evaluación y verificación de la relación docencia-servicio definidos por la Comisión intersectorial para el talento humano en salud o quien haga sus veces;
d) Reportar de manera oportuna la información requerida por la Comisión intersectorial del talento humano en salud y las entidades en ella representadas.
(D. 2376/2010, art. 18)
ART. 2.7.1.1.19.—Registro especial de prestadores de servicios de salud. Las instituciones prestadoras de servicios de salud que se constituyan como escenario de práctica deberán contar con la declaración de los respectivos servicios en el registro especial de prestadores de servicios de salud del Ministerio de Salud y Protección Social.
(D. 2376/2010, art. 19)
ART. 2.7.1.1.20.—La autoevaluación de los escenarios de práctica. Para que las instituciones interesadas sean reconocidas como escenarios de práctica, deberán realizar una autoevaluación que les permita determinar el cumplimiento de las condiciones necesarias para el desarrollo adecuado de las prácticas formativas en el programa o programas que considere pertinentes. Así mismo, la autoevaluación le permitirá a la institución establecer el número de cupos que puede ofrecer por programa, de acuerdo con su capacidad operativa, administrativa y técnico-científica.
Entre los criterios a tener en cuenta se deben considerar al menos los siguientes:
a) Existencia de una estructura orgánica y funcional que incluya e integre las prácticas formativas en la misión de la institución;
b) Existencia de procesos formales relacionados con el desarrollo de las prácticas formativas en la institución;
c) Recurso humano idóneo vinculado formalmente a la gestión de las prácticas formativas;
d) Infraestructura física y técnico-científica adecuada para el desarrollo de las prácticas formativas;
e) Actividad operacional que la institución lleva a cabo, relacionada con el volumen de usuarios, pacientes, servicios o actividades, que sustentan la formación teórico-práctica de los estudiantes en cada programa, según el nivel de preparación y de complejidad institucional.
PAR. 1º—La autoevaluación de que trata el presente artículo, es requisito previo para la obtención del concepto de la relación docencia-servicio establecido en el artículo 2.7.1.1.6 del presente decreto.
PAR. 2º—La Comisión intersectorial del talento humano en salud reglamentará la aplicación y verificación de estos criterios.
(D. 2376/2010, art. 20)
ART. 2.7.1.1.21.—Procedimiento para el reconocimiento de IPS como hospitales universitarios. Para el reconocimiento de una IPS como hospital universitario se seguirá el siguiente procedimiento:
a) La institución prestadora de servicios de salud interesada, presentará ante la Comisión intersectorial para el talento humano en salud la solicitud con los documentos soporte;
b) La secretaría técnica de la Comisión intersectorial para el talento humano en salud revisará la documentación. Si la documentación está incompleta o no cumple los requerimientos establecidos, se comunicará a la IPS dicha situación y tendrá un plazo de dos meses para completar o realizar los ajustes correspondientes. Si al término de dicho plazo la IPS no envía los documentos faltantes o no satisface los requerimientos exigidos, esta se archivará, sin perjuicio de que la IPS pueda volver a presentar la solicitud;
c) Si la documentación está completa y satisface los requerimientos establecidos, se programará una visita de verificación por parte de la sala de ciencias de la salud de la Comisión nacional intersectorial de aseguramiento de la calidad de la educación superior, Conaces;
d) El informe de la visita de verificación se enviará a la sala de ciencias de la salud de Conaces, quien emitirá una recomendación a la Comisión intersectorial para el talento humano en salud. La comisión se pronunciará, mediante acuerdo, sobre el reconocimiento o no de la IPS como hospital universitario, decisión contra la cual procederá el recurso de reposición en los términos del Código Contencioso Administrativo.
(D. 2376/2010, art. 22)
ART. 2.7.1.1.22.—Visitas de verificación. Las visitas de verificación para el reconocimiento de hospitales universitarios, tendrán prioridad en la programación de visitas de la sala de ciencias de la salud de Conaces.
(D. 2376/2010, art. 23)
ART. 2.7.1.1.23.—Vigencia del reconocimiento como “hospital universitario”. El reconocimiento como hospital universitario tendrá una vigencia de siete (7) años, antes de los cuales deberá programarse una nueva visita de verificación por parte de la sala de salud de Conaces para efectos de su renovación. No obstante, se perderá dicho reconocimiento, cuando la Comisión intersectorial del talento humano en salud, previa solicitud de explicaciones, demuestre que la institución prestadora de servicios de salud incumpla alguno de los requisitos definidos en los artículos 99 y 100 de la Ley 1438 2011.
(D. 2376/2010, art. 24)
ART. 2.7.1.1.24.—Prioridad en la asignación de becas. En la asignación de becas crédito y demás incentivos financiados con recursos del presupuesto público para promover la formación de profesionales de la salud, se dará prioridad a los estudiantes que:
a) Se matriculen en instituciones de educación superior acreditadas, o
b) Se matriculen en instituciones de educación superior que cuenten con el respectivo programa acreditado, o
c) Se matriculen en instituciones de educación superior que tengan suscritos convenios docencia-servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud acreditadas.
La asignación de estas becas se realizará prioritariamente para aquellos programas que se determinen según la disponibilidad y distribución de especialistas en el país, por parte del Ministerio de Salud y Protección Social.
(D. 2376/2010, art. 26)
ART. 2.7.1.1.25.—Obligatoriedad del reporte de información. Las instituciones que participan en la relación docencia-servicio deberán aportar al Ministerio de Educación Nacional copia del convenio docencia-servicio y de sus respectivas prórrogas, así como reportar la información sobre convenios docencia-servicio suscritos, número de cupos y estudiantes por cada programa y escenario de práctica, de acuerdo con los criterios, plazos y características que defina la Comisión intersectorial para el talento humano en salud. La secretaría técnica de la comisión será responsable de mantener actualizada dicha información en el observatorio del talento humano en salud.
(D. 2376/2010, art. 27)
ART. 2.7.1.2.1.—Constitución y objetivos. Autorízase al Ministerio de Salud y Protección Social y al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez, Icetex, para celebrar un convenio denominado Minprotección Social-Icetex, cuyo objeto es financiar mediante becas-crédito a profesionales de la salud durante su proceso de especialización en algunas de las diferentes áreas de la salud, a fin de estimular el perfeccionamiento del recurso humano y asegurar una mayor calidad en la prestación de los servicios de salud, en cumplimiento de lo dispuesto en artículo 193 de la Ley 100 de 1993. Al financiamiento del programa concurrirán el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez, Icetex, con los recursos apropiados en sus presupuestos para cada vigencia.
(D. 1038/95, art. 1º modificado D. 2745/2003, art. 1º)
ART. 2.7.1.2.2.—Campo de aplicación. La financiación será otorgada a los profesionales de la salud que realicen programas de especialización en instituciones de educación superior que tengan el carácter de universidad y que durante su entrenamiento efectúen prácticas hospitalarias en una institución prestadora de servicios de salud.
(D. 1038/95, art. 2º modificado D. 2251/95, art. 1º)
ART. 2.7.1.2.3.—Dirección y organización del programa de financiación. El convenio será dirigido y coordinado por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Icetex.
Para efectos del desarrollo del convenio se tendrá como base el costo mínimo de cada crédito y el número de cupos establecidos de que trata el presente título.
El Ministerio de Salud y Protección Social, en concurso con el Icetex se encargarán de constatar, refrendar y aprobar los créditos que cumplan los requisitos aquí establecidos.
Para tales efectos las dos entidades conformarán un comité constituido por dos representantes del ministerio y dos del Icetex.
(D. 1038/95, art. 3º)
ART. 2.7.1.2.4.—Políticas y criterios. La asignación de los créditos será hecha por el Icetex previa certificación del Ministerio de Salud y Protección Social, de acuerdo con los siguientes criterios:
El número de créditos será igual al número de estudiantes de especialización matriculados en las respectivas universidades de Colombia y de acuerdo con lo estipulado en el convenio docente-asistencial comprendidos durante el período académico de 1994. Su cuantificación estará a cargo de la dirección de desarrollo del talento humano en salud del Ministerio de Salud y Protección Social
1. El Icetex se abstendrá de otorgar créditos cuando se supere el cupo establecido en el numeral a) del presente artículo y el monto de los recursos asignados para tal efecto.
2. En ningún caso podrán financiarse estudiantes que no llenen los requisitos establecidos en el presente capítulo.
PAR.—El Ministerio de Salud y Protección Social, en coordinación con el Icetex, siempre y cuando se disponga de la correspondiente disponibilidad presupuestal, podrá aumentar el número de créditos a asignar, cuando lo considere necesario por razones de interés general. Para tal efecto, estas entidades deberán asegurar las apropiaciones presupuestales correspondientes.
(D. 1038/95, art. 4º)
ART. 2.7.1.2.5.—Parámetros para el otorgamiento del crédito educativo en salud. Para otorgar el crédito, el profesional de la salud deberá:
a) Presentar en el Icetex, la solicitud individual de financiación;
b) Presentar certificación de la respectiva universidad en la que conste que se encuentra matriculado como estudiante de especialización;
c) Presentar certificación de la respectiva institución prestadora de servicios en la que conste que ha sido aceptado para realizar sus prácticas de especialización.
PAR. 1º—Para la financiación del crédito autorizado, se requiere encontrarse al día en los pagos con el Icetex, si el solicitante ha sido beneficiario de esta entidad; por otra parte se podrá acceder al crédito, únicamente para una sola especialización. Lo anterior sin perjuicio de los créditos educativos otorgados para matrícula.
PAR. 2º—No podrán ser beneficiarios de la financiación quienes gocen de comisión de estudios, beca u otra forma de financiación por terceros para los estudios de posgrado.
(D. 1038/95, art. 5º; par. 1º modificado D. 2251/95, art. 2º)
ART. 2.7.1.2.6.—Valor del crédito y forma de pago. La financiación a que se refiere el presente capítulo equivaldrá al monto de dos salarios mínimos mensuales vigentes, reconocidos mensualmente y se harán efectivos al término de cada trimestre, mientras dure el programa de especialización.
PAR.—De acuerdo con lo establecido en la Ley 100 de 1993, el estudiante de especialización tendrá acceso a la seguridad social, de acuerdo con lo que se convenga en el convenio docente asistencial.
(D. 1038/95, art. 6º)
ART. 2.7.1.2.7.—De las condiciones para el mantenimiento del crédito. El crédito será asignado por un período académico y será renovado por el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez, Icetex, para cada uno de los períodos de que conste la especialización respectiva.
El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez, Icetex, renovará los créditos de los beneficiarios cuando cumplan con los siguientes requisitos:
i) Admisión al siguiente período académico;
ii) Un promedio de calificaciones no inferior al 75% del valor de la nota máxima establecida, y
iii) Certificaciones de residencias o entrenamiento durante todo el período anterior financiado.
(D. 1038/95, art. 7º modificado D. 2745/2003, art. 2º)
ART. 2.7.1.2.8.—Criterios de condonación del crédito. El Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez, Icetex, a través del comité de que trata el artículo 2.7.1.2.3 del presente decreto, autorizará la condonación de créditos a los estudiantes cuando cumplan uno de los siguientes requisitos:
a) Cuando la residencia o entrenamiento se lleve a cabo en áreas que a juicio del Ministerio de Salud y Protección Social sean prioritarias para el desarrollo de la salud pública o el sistema general de seguridad social en salud;
b) Cuando el estudiante de posgrado realice una contraprestación de servicios en regiones con baja disponibilidad del recurso humano, de acuerdo con la definición que expida el Ministerio de Salud y Protección Social;
c) Cuando el estudiante de especialización beneficiario de la beca-crédito haya acreditado, durante cada período financiado, los requisitos establecidos en el artículo 2.7.1.2.7 del presente decreto, en las áreas prioritarias definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
(D. 1038/95, art. 8º modificado D. 2745/2003, art. 3º)
Disposiciones generales para el ejercicio y desempeño del THS
ART. 2.7.2.1.1.—Objeto y ámbito de aplicación. El presente capítulo establece las condiciones y requisitos para la delegación de funciones públicas en los colegios profesionales del área de la salud, en relación con la inscripción en el registro único nacional del talento humano en salud, la expedición de la tarjeta de identificación única del talento humano en salud y el otorgamiento de los permisos transitorios para el ejercicio profesional de personal de salud extranjero.
(D. 4192/2010, art. 1º)
ART. 2.7.2.1.2.—Definiciones. Para efectos del presente capítulo y de conformidad con la Ley 1164 de 2007, adóptense las siguientes definiciones:
1. Colegios profesionales del área de la salud. Son organizaciones sin ánimo de lucro, originadas en el ejercicio del derecho a la libre asociación de profesionales del área de la salud que se congregan bajo una estructura democrática con la finalidad de promover la utilidad y el significado social de una profesión del área de la salud.
2. Profesiones del área de la salud. Son aquellas acreditadas a través de título profesional otorgado por una institución de educación superior reconocida por el Estado, con un perfil orientado a hacer parte integral de la atención de la salud, en los procesos de promoción, educación, información de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad, a través de actos caracterizados por la autonomía del profesional y su relación con el usuario.
3. Ocupaciones del área de la salud. Son aquellas acreditadas a través de una certificación de aptitud ocupacional, expedida por una institución de formación para el trabajo y desarrollo humano reconocida por el Estado, con un perfil orientado a la realización de actividades funcionales de apoyo y complementación a la atención en salud, con base en competencias laborales específicas.
4. Registro único nacional de talento humano, Rethus. Es la inscripción del talento humano en salud en el sistema de información definido para tal fin por el Ministerio de Salud y Protección Social. En adelante se hará referencia a este registro a través de la sigla Rethus.
5. sistema de información del registro único nacional de talento humano. Conjunto de organismos, normas, procesos, procedimientos y aplicativos articulados para permitir la recepción, validación, registro, conservación, reporte y publicación de la información del talento humano autorizado para ejercer profesiones u ocupaciones de la salud en Colombia.
(D. 4192/2010, art. 2º)
Delegación de funciones públicas en los colegios profesionales
ART. 2.7.2.1.1.1.—Requisitos para la delegación de funciones públicas en los colegios profesionales. El Ministro de Salud y Protección Social delegará las funciones públicas de que trata el artículo 10 de la Ley 1164 de 2007, en un único colegio por cada profesión del área de la salud previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 9º de la misma ley, cuya forma de cumplimiento se explica a continuación:
1. Carácter nacional. El colegio debe demostrar que tiene carácter nacional con base en lo dispuesto en sus estatutos.
2. Mayor número de afiliados activos en la respectiva profesión. Se entenderá como afiliados activos aquellos con pleno ejercicio y goce de derechos como asociados, certificados por el representante legal y el revisor fiscal de cada colegio profesional, de conformidad con sus estatutos.
3. Estructura interna y funcionamiento democrático. Los estatutos y actas de asamblea del colegio deben demostrar mecanismos de participación democrática para:
a) Elección de su cuerpo directivo y órganos de vigilancia;
b) Adopción de sus estatutos;
c) Derecho a elegir y a ser elegido.
4. Soporte científico, técnico y administrativo. El colegio deberá contar con:
a) Planes, programas y proyectos que propendan por el desarrollo profesional, científico e investigativo en la respectiva disciplina;
b) Personal profesional, técnico y operativo;
c) Recursos técnicos, tecnológicos y financieros; procesos y procedimientos, que desarrollen y apoyen el manejo de información, comunicación y mantenimiento necesarios para asumir las funciones públicas delegadas;
d) Estructura orgánica que contenga las áreas de dirección, administración, operación y vigilancia. El colegio deberá presentar un esquema de financiación que garantice su sostenibilidad, diferenciando las fuentes y destinación de los mismos;
e) Revisoría fiscal;
f) El colegio debe demostrar un funcionamiento no inferior a seis (6) meses, contados a partir de la fecha de su constitución.
PAR.—Para el cumplimiento del requisito del literal c) del numeral 4º del presente artículo, los colegios profesionales podrán asociarse o suscribir convenios entre ellos o con otras organizaciones de profesionales de la salud. El propósito, responsabilidades y plazo del convenio o asociación deberán estar definidos en documento formal suscrito por las partes que garantice la no interrupción del mismo, para lo cual su no renovación debe anunciarse con tres meses de anticipación a su vencimiento.
(D. 4192/2010, art. 3º)
ART. 2.7.2.1.1.2.—Delegación de funciones. El Ministerio de Salud y Protección Social delegará las funciones públicas en el colegio profesional que sea seleccionado mediante convocatoria pública por un término de cinco (5) años. El acto administrativo de delegación expresará como mínimo:
1. Las funciones públicas delegadas.
2. Los deberes, obligaciones y responsabilidades del colegio profesional y sus representantes.
3. Los mecanismos de impugnación de las decisiones.
4. Se estipulará claramente que al término de la delegación, los derechos sobre la propiedad intelectual de las bases de datos y archivos documentales que soportan el cumplimiento de las funciones públicas delegadas, se entregarán al Ministerio de Salud y Protección Social sin que haya lugar a reconocimiento o indemnización alguna.
PAR.—Cuando surtida la convocatoria ningún colegio cumpla las condiciones para la delegación de las funciones públicas de una profesión, el Ministerio de Salud y Protección Social las podrá delegar en otro colegio que esté cumpliendo funciones públicas delegadas de una disciplina afín y manifieste su interés en asumir nueva delegación.
(D. 4192/2010, art. 4º)
ART. 2.7.2.1.1.3.—Deberes de los colegios profesionales con funciones públicas delegadas. Para el cumplimiento de las funciones públicas delegadas, los colegios deberán:
1. Ordenar, organizar y poner en ejecución los literales a), b), c) del artículo 10 de la Ley 1164 de 2007, de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente decreto y los parámetros que fije el Ministerio de Salud y Protección Social.
2. Gerenciar la información asociada al cumplimiento de las funciones delegadas, siguiendo los lineamientos y especificaciones técnicas que fije el Ministerio de Salud y Protección Social.
3. Garantizar la integridad, seguridad y uso debido de la información que se genera en cumplimiento de las funciones delegadas.
4. Crear y mantener el archivo con la documentación del talento humano en salud inscrito en el Rethus.
5. Reportar al Ministerio de Salud y Protección Social la información requerida, en los términos y con las características que se definan para tal fin.
6. Poner en conocimiento de las autoridades competentes la presunta falsedad de documentos soporte y otras irregularidades que detecten en cumplimiento de las funciones delegadas.
7. Cumplir las demás actividades propias del ejercicio de las funciones públicas delegadas y aquellas contenidas en el acto administrativo de delegación.
(D. 4192/2010, art. 5º)
ART. 2.7.2.1.1.4.—Inspección, vigilancia y control de funciones delegadas. El Ministerio de Salud y Protección Social adelantará la inspección, vigilancia y control de las funciones delegadas a los colegios profesionales, sin perjuicio de los mecanismos de autorregulación y control que establezca cada colegio.
El Ministerio de Salud y Protección Social, previa solicitud de explicaciones, revocará el acto administrativo de delegación cuando se evidencie que el colegio incumple deberes, obligaciones o responsabilidades en desarrollo de las funciones delegadas. En el mismo acto de revocatoria podrá delegar las funciones públicas en otro colegio profesional, hasta tanto se seleccione uno por convocatoria pública.
(D. 4192/2010, art. 6º)
ART. 2.7.2.1.1.5.—Causales de pérdida de la delegación de funciones. El Ministerio de Salud y Protección Social reasumirá las funciones delegadas en los términos del artículo 11 de la Ley 1164 de 2007, si se presenta alguna de las siguientes causales:
1. La disolución del colegio delegatario o la pérdida de su personería jurídica.
2. El incumplimiento de los requisitos establecidos en los numerales 1º, 3º y 4º del artículo 2.7.2.1.1.1 del presente decreto.
3. Incumplimiento de las obligaciones que le corresponde asumir al colegio como delegatario de funciones públicas.
4. Fallas o inconsistencias relacionadas con la calidad, oportunidad, confidencialidad e integridad de la información.
5. Inscribir profesionales en el Rethus o expedir tarjetas de identificación única sin el cumplimiento de los requisitos.
6. Las demás que contravengan el ejercicio de las funciones delegadas.
(D. 4192/2010, art. 7º)
ART. 2.7.2.1.1.6.—Responsabilidad. Los representantes legales, los miembros de las juntas directivas, de los órganos de vigilancia y de las instancias decisorias de los colegios delegatarios de funciones públicas, serán responsables respecto al cumplimiento de dichas funciones, de los deberes y obligaciones dispuestos en el presente decreto y demás normas aplicables.
Igualmente estarán sujetos a los regímenes de inhabilidades e incompatibilidades consagradas en el Código Único Disciplinario, Ley 734 de 2002 y aquellas que la sustituyan, modifiquen o adicionen.
Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales a que haya lugar.
(D. 4192/2010, art. 8º)
Registro único nacional y tarjeta de identificación única nacional del talento humano en salud
ART. 2.7.2.1.2.1.—Inscripción en el Rethus. El cumplimiento de requisitos para ejercer una profesión u ocupación del área de la salud, de quienes obtengan título o certificado, se reconocerá a través de la inscripción individual del talento humano en el Rethus.
PAR. TRANS.—Hasta tanto el colegio profesional correspondiente asuma la función de inscribir a quienes ejerzan profesiones u ocupaciones del área de la salud en el Rethus, serán las direcciones departamentales de salud y la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, quienes expedirán el acto administrativo mediante el cual se autoriza el ejercicio en todo el territorio nacional, teniendo en cuenta los requisitos establecidos por la ley y el presente decreto, y realizarán la inscripción en el Rethus.
(D. 4192/2010, art. 9º)
ART. 2.7.2.1.2.2.—Profesiones y ocupaciones sujetas a la inscripción en el Rethus. Se inscribirán en el Rethus los técnicos profesionales, tecnólogos y profesionales, así como quienes ejerzan ocupaciones del área de la salud de conformidad con las normas vigentes.
Para los profesionales del área de la salud la inscripción se realizará en el colegio profesional delegatario de las funciones. En el caso de las ocupaciones, la inscripción se realizará en el colegio delegatario de una profesión afín a su ocupación, que asuma dicha función.
(D. 4192/2010, art. 10)
ART. 2.7.2.1.2.3.—Inscripción automática en el Rethus. Quienes conforme a las normas vigentes hayan obtenido autorización para el ejercicio de su profesión u ocupación, antes de la fecha en la cual el colegio profesional correspondiente asuma las funciones de registro y expedición de la tarjeta única del talento humano en salud, serán inscritos en forma automática en el Rethus.
El Ministerio de Salud y Protección Social establecerá los mecanismos para dar cumplimiento a esta disposición. Las direcciones territoriales de salud, colegios profesionales, sociedades científicas, gremios y profesionales del área de la salud aportarán la información actualizada requerida para este propósito.
(D. 4192/2010, art. 11)
ART. 2.7.2.1.2.4.—Reporte de novedades en el Rethus. Para efectos de actualización del Rethus y de la tarjeta de identificación única, quienes ejerzan profesiones u ocupaciones del área de la salud deberán informar al colegio profesional las siguientes novedades:
1. Cuando se modifique alguno de los datos obligatorios que conforman el Rethus.
2. Cuando el inscrito requiera ejercer una profesión u ocupación adicional o diferente a la previamente inscrita.
3. Cuando el inscrito requiera ejercer una especialidad o especialización.
Si las novedades reportadas cambian los datos consignados en la tarjeta de identificación única se deberá expedir una nueva, para lo cual el interesado pagará la cuarta parte de la suma establecida en el artículo 2.7.2.1.2.7 del presente decreto.
(D. 4192/2010, art. 12)
ART. 2.7.2.1.2.5.—Procedimiento para la inscripción en el Rethus y expedición de la tarjeta profesional. Se deberán seguir los siguientes procedimientos:
a) Presentación del formulario diligenciado. El interesado diligenciará y presentará el formulario de solicitud de inscripción en el Rethus ante el colegio profesional correspondiente, con los siguientes documentos:
Copia del diploma expedido por una institución de educación superior o resolución de convalidación del título expedida por el Ministerio de Educación Nacional. Para el caso de las ocupaciones, certificado de aptitud ocupacional emitido por una institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano.
Comprobante físico o reporte electrónico de la entidad financiera del pago del valor de la expedición de la tarjeta de identificación única.
Fotografía reciente de frente en fondo blanco, tamaño 3x4.
Constancia de prestación del servicio social obligatorio o de su exoneración, cuando la ley así lo exija.
El diligenciamiento y envío del formulario y de los documentos soporte se hará preferiblemente por medios electrónicos cuando ello sea posible.
El Ministerio de Salud y Protección Social, con la participación de los colegios profesionales definirá la información y características del formulario de inscripción y novedades;
b) Validación de la información. El colegio profesional verificará la veracidad, integridad y autenticidad de la información y los documentos suministrados por el solicitante dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación, término en el cual se deberá informar al solicitante sobre inconsistencias detectadas en la información o requisitos no demostrados con los documentos soporte.
El solicitante tendrá un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del envío de la comunicación, para hacer las correcciones o aclaraciones a que haya lugar.
Si vencido este término el colegio profesional no recibe respuesta por parte del solicitante se entenderá que desistió de la misma y la archivará, sin perjuicio de que pueda iniciar un nuevo trámite.
Si con la nueva información aportada por el solicitante dentro del término, no se logran subsanar las inconsistencias, el colegio delegatario negará el registro, decisión que se notificará al solicitante en la forma indicada en los artículos 66 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o las normas que lo sustituyan, adicionen o modifiquen. Contra esta decisión procederá el recurso de reposición ante el mismo colegio profesional y subsidiariamente el de apelación, ante el Ministerio de Salud y Protección Social dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación;
c) Inscripción. Efectuada la validación, quien cumpla con los requisitos será inscrito en el sistema de información del Rethus el día hábil siguiente a la culminación del plazo de la validación;
d) Expedición y entrega de la tarjeta. El colegio expedirá y entregará la tarjeta de identificación única nacional del talento humano en salud al solicitante, en un plazo no mayor a los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la inscripción en el Rethus, la cual podrá reclamarse personalmente o por poder, o enviarse por correo certificado, en este último caso a solicitud expresa del interesado y previo pago de los costos de envío por parte del mismo.
PAR.—Si se detecta falsedad en la información o los documentos soporte de la solicitud de inscripción, el colegio delegatario deberá poner en conocimiento tal situación a las autoridades competentes.
(D. 4192/2010, art. 13)
ART. 2.7.2.1.2.6.—Información y características de la tarjeta de identificación única del talento humano en salud. La tarjeta de identificación única del talento humano en salud acreditará el cumplimiento de los requisitos para ejercer una profesión u ocupación del área de la salud y contendrá la siguiente información:
Nombres y apellidos completos del profesional o auxiliar del área de la salud.
Tipo y número de documento de identidad, que será el número de la tarjeta.
Título u ocupación del área de la salud.
Título de la especialidad o especialización, cuando se aporten los documentos que lo acrediten.
Nombre de institución que otorgó el diploma o el certificado de aptitud ocupacional.
Espacio para la firma del titular de la tarjeta.
Nombre del colegio profesional que la otorga.
Fecha de inscripción en el Rethus.
PAR.—Las características físicas y de seguridad de la tarjeta serán establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
(D. 4192/2010, art. 14)
ART. 2.7.2.1.2.7.—Valor de la tarjeta de identificación única del talento humano en salud. El valor de la expedición de la tarjeta de identificación única establecido en el artículo 24 de la Ley 1164 de 2007 deberá ser consignado en las cuentas bancarias que los colegios dispongan para tal fin.
PAR. 1º—En caso de pérdida de la tarjeta, el interesado podrá solicitar un duplicado presentando la respectiva denuncia y comprobante de pago por una suma equivalente a la cuarta parte del valor indicado en este artículo.
PAR. 2º—El colegio profesional no podrá exigir pagos adicionales al establecido en el presente decreto para la expedición de la tarjeta de identificación única, ni para el trámite de inscripción en el Rethus.
(D. 4192/2010, art. 15)
ART. 2.7.2.1.2.8.—Especificaciones técnicas del registro único nacional del talento humano en salud. El Ministerio de Salud y Protección Social establecerá las especificaciones técnicas y procedimientos para la inscripción, conservación, mantenimiento, actualización y reporte de la información del registro único nacional del talento humano en salud.
(D. 4192/2010, art. 16)
ART. 2.7.2.1.2.9.—Flujo de la información. Al cierre de cada día hábil los colegios profesionales deberán enviar al Ministerio de Salud y Protección Social la actualización del Rethus con las modificaciones que se hayan generado durante la jornada.
Si la información reportada no corresponde a las especificaciones técnicas definidas o presenta problemas de calidad o integridad, el Ministerio de Salud y Protección Social generará un reporte de inconsistencias que será enviado al colegio profesional para su corrección. El colegio profesional contará con tres (3) días hábiles para realizar los ajustes requeridos y corregir las inconsistencias presentadas.
El Ministerio de Salud y Protección Social establecerá los mecanismos de validación de la calidad e integridad de la información reportada por los colegios profesionales.
(D. 4192/2010, art. 17)
ART. 2.7.2.1.2.10.—Derechos de petición y consultas. Los colegios profesionales resolverán los derechos de petición y consultas relacionadas con las funciones públicas delegadas y su cumplimiento, para lo cual deberán disponer de un mecanismo que permita a la ciudadanía formular consultas a través de medios físicos y electrónicos de fácil acceso.
(D. 4192/2010, art. 18)
ART. 2.7.2.1.2.11.—Reserva de la información. Quienes intervengan en el manejo de la información del Rethus garantizarán el respeto al derecho a la intimidad y al hábeas data de sus titulares, estableciendo mecanismos que eviten su difusión indebida o no autorizada y protejan aquella sometida a reserva en los casos de ley. Se prohíbe el uso de la información del Rethus con fines comerciales, de lucro o para el favorecimiento de intereses particulares.
(D. 4192/2010, art. 19)
ART. 2.7.2.1.2.12.—Deber de entrega de información para el funcionamiento del Rethus. Las entidades públicas y organizaciones privadas que tengan información necesaria para el desarrollo e implementación del Rethus, deberán ponerla a disposición de los colegios delegatarios y del Ministerio de Salud y Protección Social según las especificaciones que esta entidad determine. En especial, se deberá garantizar la disponibilidad oportuna de la siguiente información actualizada:
1. Egresados de los programas de formación en el área de la salud por parte de las instituciones de educación superior y de las instituciones de formación para el trabajo y desarrollo humano. En lo posible, esta información se canalizará a través del Ministerio de Educación Nacional.
2. Los fallos sobre sanciones éticas y disciplinarias de los profesionales, especificando nombre, documento de identidad y tipo de fallo o sanción por parte de los tribunales de ética, comités de ética y los tribunales disciplinarios de las profesiones en salud.
3. Bases de datos del registro del talento humano en salud, por parte de las direcciones territoriales de salud.
(D. 4192/2010, art. 20)
ART. 2.7.2.1.3.1.—Permiso transitorio para el ejercicio de personal de salud extranjero. Los colegios profesionales con funciones públicas delegadas otorgarán permisos transitorios para el ejercicio profesional del personal extranjero de la salud en misiones científicas o para la prestación de servicios de salud de carácter humanitario, social o investigativo, por el término que dure la misión, la cual no debe superar los seis (6) meses.
En casos excepcionales revisados por el Ministerio de Salud y Protección Social el permiso podrá prorrogarse hasta por un término igual al inicialmente otorgado, de acuerdo con el programa a desarrollar.
El trámite del permiso transitorio del personal de salud extranjero no tendrá ningún costo para el solicitante.
PAR.—Solo se autorizarán permisos transitorios a profesionales que estén autorizados para ejercer su profesión en el país de origen o donde obtuvo el título. En ningún caso se autorizarán estos permisos para realizar prácticas de estudiantes o profesionales en proceso de formación o para actividades de carácter comercial o con ánimo de lucro.
(D. 4192/2010, art. 21)
ART. 2.7.2.1.3.2.—Requisitos y procedimiento para otorgar permiso de ingreso a personal de salud extranjero. La solicitud del permiso transitorio para el ejercicio de personal extranjero en salud será presentada ante el colegio delegatario correspondiente a cada profesión o, en ausencia de este, ante el Ministerio de Salud y Protección Social, por el organismo o institución que asuma la responsabilidad de las actividades realizadas por dicho personal, en la que se indique:
1. Objeto, población a atender y fechas de inicio y finalización de la misión.
3. Actividades que realizarán los profesionales extranjeros.
4. Declaración, que se entiende bajo juramento, del uso de medicamentos, procedimientos y dispositivos médicos debidamente autorizados por autoridades colombianas correspondientes.
En caso de que se trate de actividades o intervenciones que requieran realizarse en o con el apoyo de una institución prestadora de servicios de salud, se deberá indicar el nombre de la misma y anexar carta en la cual su representante legal asuma dicho compromiso y el de atender las eventuales consecuencias en la salud de los pacientes atendidos en el desarrollo de la misión.
Una vez se reciba la documentación completa en el término señalado en el inciso anterior, la solicitud se decidirá mediante resolución dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su radicación, a través de la cual se ordenará comunicar a la dirección territorial de salud respectiva, para efectos de las actividades de vigilancia y control.
PAR.—En caso de que el colegio delegatario niegue el permiso, procederá recurso de apelación, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la negativa, ante el Ministerio de Salud y Protección Social.
(D. 4192/2010, art. 22)
ART. 2.7.2.1.3.3.—Seguro colectivo de responsabilidad civil. Una vez se otorgue el permiso transitorio, el organismo o institución solicitante deberá tomar un seguro colectivo de responsabilidad civil en cuantía no inferior a 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por el tiempo que dure la misión y 12 meses más, con una compañía de seguros vigilada por la Superintendencia Financiera, con el fin de cubrir posibles indemnizaciones a pacientes o terceros, por eventuales perjuicios derivados de las actividades realizadas por los profesionales extranjeros autorizados para ejercer en el país.
(D. 4192/2010, art. 23)
Ética del médico
ART. 2.7.2.2.1.1.1.—Juramento médico. Las autoridades académicas o sus delegados que confieran los títulos de médicos, tomarán el juramento médico.
(D. 3380/81, art. 1º)
ART. 2.7.2.2.1.1.2.—Derecho a la libre elección del médico. En el trabajo institucional el derecho de libre elección del médico por parte del paciente estará sujeto a las posibilidades ofrecidas por cada institución.
(D. 3380/81, art. 2º)
ART. 2.7.2.2.1.1.3.—Responsabilidad médica frente a los casos de emergencia o urgencia. Para señalar la responsabilidad médica frente a los casos de emergencia o urgencia, entiéndase por esta, todo tipo de afección que ponga en peligro la vida o integridad de la persona y que requiera atención inmediata de acuerdo con el dictamen médico.
(D. 3380/81, art. 3º)
ART. 2.7.2.2.1.1.4.—Excusa o interrupción de atención médica. Con excepción de los casos de urgencia, el médico podrá excusarse de asistir a un enfermo o interrumpir la prestación de sus servicios por las siguientes causas:
a) Si se comprueba que el caso no corresponde a su especialidad, previo examen general;
b) Que el paciente reciba la atención de otro profesional que excluya la suya sin su previo consentimiento;
c) Que el enfermo rehúse cumplir las indicaciones prescritas, entendiéndose por estas, no solo la formulación de tratamientos sino también los exámenes, juntas médicas, interconsultas y otras indicaciones generales que por su no realización afecten la salud del paciente.
(D. 3380/81, art. 4º)
ART. 2.7.2.2.1.1.5.—Prescindencia de servicios del médico por parte del paciente. El médico respetará la libertad del enfermo para prescindir de sus servicios, siempre y cuando el paciente tenga capacidad de manifestar su libre albedrío.
(D. 3380/81, art. 5º)
ART. 2.7.2.2.1.1.6.—Consultorio. Entiéndase por consultorio, el sitio donde se puede atender privadamente al paciente y cuyo objetivo sea la consulta o tratamiento ambulatorio.
(D. 3380/81, art. 6º)
ART. 2.7.2.2.1.1.7.—Exámenes innecesarios o tratamientos injustificados. Se entiende por exámenes innecesarios o tratamientos injustificados:
a) Los prescritos sin un previo examen general;
b) Los que no correspondan a la situación clínico-patológica del paciente.
(D. 3380/81, art. 7º)
ART. 2.7.2.2.1.1.8.—Instituciones científicas reconocidas. Para los efectos del artículo 12 de la Ley 23 de 1981, las instituciones científicas legalmente reconocidas comprenden:
a) Las facultades de medicina legalmente reconocidas;
b) Las academias y asociaciones médico-científicas reconocidas por la ley o el Ministerio de Salud y Protección Social;
c) La Academia Nacional de Medicina;
d) Las instituciones oficiales que cumplan funciones de investigación médica y de vigilancia y control en materia médico-científica.
(D. 3380/81, art. 8º)
ART. 2.7.2.2.1.1.9.—Riesgo injustificado. Se entiende por riesgos injustificados aquellos a los cuales sea sometido el paciente y que no correspondan a las condiciones clínico-patológicas del mismo.
(D. 3380/81, art. 9º)
ART. 2.7.2.2.1.1.10.—Advertencia del riesgo previsto. El médico cumple la advertencia del riesgo previsto, a que se refiere el inciso segundo del artículo 16 de la Ley 23 de 1981, con el aviso que en forma prudente, haga a su paciente o a sus familiares o allegados, con respecto a los efectos adversos que, en su concepto, dentro de la práctica médica, pueda llegar a producirse como consecuencia del tratamiento o procedimiento médico.
(D. 3380/81, art. 10)
ART. 2.7.2.2.1.1.11.—Causales de exoneración de advertencia del riesgo previsto. El médico quedará exonerado de hacer la advertencia del riesgo previsto en los siguientes casos:
(D. 3380/81, art. 11)
ART. 2.7.2.2.1.1.12.—Constancia en la historia clínica. El médico dejará constancia en la historia clínica del hecho de la advertencia del riesgo previsto o de la imposibilidad de hacerla.
(D. 3380/81, art. 12)
ART. 2.7.2.2.1.1.13.—Efectos adversos de carácter imprevisible. Teniendo en cuenta que el tratamiento o procedimiento médico puede comportar efectos adversos de carácter imprevisible, el médico no será responsable por riesgos, reacciones o resultados desfavorables inmediatos o tardíos de imposible o difícil previsión dentro del campo de la práctica médica al prescribir o efectuar un tratamiento o procedimiento médico.
(D. 3380/81, art. 13)
ART. 2.7.2.2.1.1.14.—De la obligatoriedad de comunicar la gravedad del paciente. Entiéndase que la obligación a que se refiere el artículo 18 de la Ley 23 de 1981, con relación a los familiares o allegados debe cumplirse solo cuando estos se encuentren presentes.
(D. 3380/81, art. 14)
ART. 2.7.2.2.1.1.15.—Responsables del enfermo. Para efectos del artículo 19 de la Ley 23 de 1981, son responsables del enfermo, las personas naturales o jurídicas que figuren como tales en la historia clínica o registros médicos.
(D. 3380/81, art. 16)
ART. 2.7.2.2.1.1.16.—Frecuencia de las vistas. La frecuencia de las vistas médicas y de las juntas médicas estará subordinada a la gravedad de la enfermedad y a la necesidad de aclarar el diagnóstico, mejorar el tratamiento y satisfacer el deseo expresado por el enfermo o sus familiares, siempre y cuando corresponda esta solicitud a la condición clínico-patológica de aquel.
(D. 3380/81, art. 17)
ART. 2.7.2.2.1.1.17.—Junta médica. Entiéndase por junta médica, la interconsulta o la asesoría solicitada por el médico tratante a uno o más profesionales teniendo en cuenta las condiciones clínico-patológicas del paciente.
(D. 3380/81, art. 15)
ART. 2.7.2.2.1.1.18.—Honorarios en juntas médicas. En las juntas médicas los honorarios serán iguales para todos los participantes teniendo en cuenta la situación económica y social del paciente, y previo acuerdo con este o sus responsables.
(D. 3380/81, art. 18)
ART. 2.7.2.2.1.1.19.—Familiares. Para los efectos del artículo 26 de la Ley 23 de 1981, son familiares del médico:
El cónyuge, y los parientes dentro del cuarto grado civil de consanguinidad, segundo grado de afinidad y primero civil.
(D. 3380/81, art. 19)
ART. 2.7.2.2.1.1.20.—Disentimiento ético. Si el disentimiento profesional entre médicos tiene contenido ético, la competencia para dirimirlo será de los tribunales de ética médica.
(D. 3380/81, art. 22)
ART. 2.7.2.2.1.1.21.—Acceso a la historia clínica por auxiliares. El conocimiento que de la historia clínica tengan los auxiliares del médico o de la institución en la cual este labore, no son violatorios del carácter privado y reservado de esta.
(D. 3380/81, art. 23)
ART. 2.7.2.2.1.1.22.—Responsabilidad del médico por el acceso de sus auxiliares. El médico velará porque sus auxiliares guarden el secreto profesional, pero no será responsable por la revelación que ellos hagan.
(D. 3380/81, art. 24)
ART. 2.7.2.2.1.1.23.—De los beneficios que no se consideran comerciales. Para efectos del artículo 40 de la Ley 23 de 1981, no son beneficios comerciales los provenientes de relación derivada de la vinculación legal de carácter patrimonial que el médico tenga con las organizaciones o instituciones allí señaladas.
(D. 3380/81, art. 25)
ART. 2.7.2.2.1.1.24.—Prohibición de percepción de honorarios. El médico que labore por cuenta de una entidad pública o privada no podrá percibir honorarios de los pacientes que atiende en esas instituciones y cuya asistencia está a cargo de las mismas.
(D. 3380/81, art. 26)
ART. 2.7.2.2.1.1.25.—Historia clínica como material de consulta. Las historias clínicas pueden utilizarse como material de consulta y apoyo a los trabajos médicos, con sujeción a los principios del secreto profesional, de la propiedad intelectual y de conformidad con la ley y de conformidad con la Ley 1581 de 2012.
(D. 3380/81, art. 30)
Tribunal Nacional de Ética Médica y del Proceso Ético Médico Disciplinario.
ART. 2.7.2.2.1.2.1.—Postulación de candidatos al tribunal. Durante los dos (2) meses anteriores a la iniciación de un período del Tribunal Nacional de Ética Médica, las entidades competentes, enviarán las listas de candidatos al Ministerio de Salud y Protección Social.
(D. 3380/81, art. 31)
ART. 2.7.2.2.1.2.2.—Representantes de las facultades. Los tres representantes de las facultades de medicina legalmente aprobadas, serán propuestos por estas a través de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, Ascofame.
(D. 3380/81, art. 32)
ART. 2.7.2.2.1.2.3.—Prolongación de período de los miembros de los tribunales. Los miembros de los tribunales de Ética Médica ejercerán sus funciones mientras no sean reemplazados.
(D. 3380/81, art. 33)
ART. 2.7.2.2.1.2.4.—Competencia residual del tribunal nacional. Cuando por cualquier causa sea imposible el funcionamiento de un tribunal seccional de ética médica, el conocimiento de los procesos corresponderá al que señale el tribunal nacional.
(D. 3380/81, art. 35)
ART. 2.7.2.2.1.2.5.—Disponibilidad presupuestal como condición para la creación de nuevos tribunales secciones. Los tribunales seccionales de ética médica que a la fecha de expedición de este decreto único no se hayan creado dependerán de que la entidad territorial obtenga la apropiación presupuestal correspondiente.
(D. 3380/81, art. 36)
ART. 2.7.2.2.1.2.6.—Provisión de vacancias definitivas de los tribunales. Cuando en el tribunal nacional o tribunales seccionales se produzca vacancia de uno o varios de sus cargos, estos serán provistos para el período restante por uno de los profesionales que figuraban en la lista inicial, o por profesionales escogidos de nuevas listas, a discreción de la persona o entidad que deba hacer el nombramiento o elección.
(D. 3380/81, art. 37)
ART. 2.7.2.2.1.2.7.—De las pruebas de oficio. Durante la instrucción del proceso, el profesional instructor practicará todas las pruebas diligencias que considere necesarias para la investigación.
Los testimonios que deba recibir el profesional instructor se hará bajo la gravedad del juramento en la forma establecida por el Código de Procedimiento Penal.
(D. 3380/81, art. 38)
ART. 2.7.2.2.1.2.8.—Asesoría jurídica. Para asesorar al funcionario instructor el tribunal procederá a seleccionar abogados asesores, quienes serán escogidos por sorteo de lista que elaborará anualmente.
(D. 3380/81, art. 39)
ART. 2.7.2.2.1.2.9.—Petición de pruebas. El inculpado podrá solicitar al instructor las pruebas que considere convenientes, las que se practicarán siempre y cuando sean conducentes dentro de la investigación.
(D. 3380/81, art. 40)
ART. 2.7.2.2.1.2.10.—Notificación de cargos. El escrito en el cual se le hacen saber los cargos al inculpado, deberá notificársele en la forma establecida en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
(D. 3380/81, art. 41)
ART. 2.7.2.2.1.2.11.—Formación de expedientes. Las actuaciones dentro del proceso disciplinario ético profesional deberán constar por escrito.
(D. 3380/81, art. 42)
ART. 2.7.2.2.1.2.12.—Votación de las decisiones. Las decisiones de los tribunales de ética médica se adoptarán por mayoría absoluta de votos de los profesionales miembros y serán firmados por todos ellos, pero quien no esté de acuerdo con la decisión tomada podrá salvar su voto y así lo hará constar.
(D. 3380/81, art. 43)
ART. 2.7.2.2.1.2.13.—Quórum deliberativo. Para poder sesionar los tribunales de ética médica se requiere la asistencia de la mayoría absoluta de los integrantes.
(D. 3380/81, art. 44)
ART. 2.7.2.2.1.2.14.—Faltas temporales. En caso fortuito o fuerza mayor, si uno de los integrantes no pudiere asistir a las sesiones de los tribunales, este será reemplazado por otro profesional que hubiere hecho parte de la lista de aspirantes a interrogarlo y que no fuera escogido; o en su defecto solicitará a la Federación Médica Colombiana, a la Academia Nacional de Medicina y a las facultades de medicina el envío de una nueva lista.
(D. 3380/81, art. 45)
ART. 2.7.2.2.1.2.15.—Notificación de la decisión. La notificación del pronunciamiento de fondo se hará personalmente al profesional acusado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de cada una de estas decisiones.
(D. 3380/81, art. 46)
ART. 2.7.2.2.1.2.16.—Aplicación residual del Código de Procedimiento Penal. En lo no previsto en la Ley 23 de 1981 y su reglamento se aplicará las normas pertinentes del Código de Procedimiento Penal.
(D. 3380/81, art. 47)
ART. 2.7.2.2.1.2.17.—Amonestación privada. La amonestación privada consiste en la reprensión privada y verbal que se le hace al infractor por la falta cometida.
(D. 3380/81, art. 48)
ART. 2.7.2.2.1.2.18.—Censura. Se entiende por censura la reprobación que se hace al infractor por la falta cometida.
(D. 3380/81, art. 49)
ART. 2.7.2.2.1.2.19.—Censura escita y privada. La censura escrita pero privada se hará mediante la entrega por parte del tribunal de una capia de la decisión del mismo al infractor sancionado.
(D. 3380/81, art. 50)
ART. 2.7.2.2.1.2.20.—Censura escrita y pública. La censura escrita y pública se aplicará mediante la lectura de la decisión en sala plena del tribunal y será fijada en lugar visible de los tribunales por diez (10) días hábiles.
(D. 3380/81, art. 51)
ART. 2.7.2.2.1.2.21.—Censura verbal y pública. La censura verbal y pública será dada a conocer al infractor, mediante la lectura de la decisión ante el colegio médico correspondiente y la fijación de la misma, en lugar visible de la sede de los tribunales por diez (10) días hábiles.
(D. 3380/81, art. 52)
ART. 2.7.2.2.1.2.22.—Publicidad de las decisiones. Toda decisión del tribunal nacional y de los tribunales seccionales constará en el informativo.
La decisión que conlleve a imponer como sanción la censura, o la suspensión, será transcrita al profesional sancionado, a los tribunales nacional y seccionales y si es de carácter público será además fijada en lugares visibles de las sedes de los tribunales, Ministerio de Salud y Protección Social y de la Federación Médica Colombiana.
(D. 3380/81, art. 53)
ART. 2.7.2.2.1.2.23.—Graduación de la sanción. La sanción disciplinaria se aplicará teniendo en cuenta los antecedentes personales y profesionales del infractor y las circunstancias atenuantes o agravantes de la falta.
(D. 3380/81, art. 54)
ART. 2.7.2.2.1.2.24.—Efectos de la reincidencia. La reincidencia del profesional en la comisión de la falta dará lugar por lo menos a la aplicación de la sanción inmediata superior.
(D. 3380/81, art. 55)
ART. 2.7.2.2.1.2.25.—Definición de la reincidencia. Para los efectos del artículo anterior, entiéndase como reincidencia la comisión de la misma falta, en dos o más ocasiones, durante un período no mayor de un (1) año.
(D. 3380/81, art. 56)
ART. 2.7.2.2.1.2.26.—Remisión normativa sobre impedimentos y recusaciones. Son aplicables al proceso disciplinario ético profesional las normas del Código de Procedimiento Penal sobre términos para interponer impedimentos y recusaciones.
(D. 3380/81, art. 57)
ART. 2.7.2.2.1.2.27.—Sustituciones en impedimentos y recusaciones. Para reemplazar en caso de impedimento o recusación de uno o varios de los miembros de los tribunales de ética médica, se hará un sorteo entre los médicos no elegidos integrantes de las últimas listas de candidatos para conformar el respectivo tribunal.
(D. 3380/81, art. 58)
ART. 2.7.2.2.1.3.1.—Campo de aplicación. El presente sección se aplica a todos los profesionales de la medicina debidamente titulados, registrados o con tarjeta profesional expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social que ejerzan su profesión en el territorio nacional y a todos aquellos que se encuentren prestando el servicio social obligatorio.
(D. 1171/97, art. 1º)
ART. 2.7.2.2.1.3.2.—Expedición. El certificado médico será expedido por un profesional de la medicina, con tarjeta profesional o registro del Ministerio de Salud y Protección Social, o por un médico que se encuentre prestando el servicio social obligatorio, de conformidad con lo previsto por el artículo 50 de la Ley 23 de 1981.
PAR.—El texto del certificado médico será claro, preciso y deberá ceñirse estrictamente a la verdad. Su expedición irregular conllevará responsabilidad civil, penal y ética para el médico que lo expida, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.
(D. 1171/97, art. 2º)
ART. 2.7.2.2.1.3.3.—Excepción en casos en que no se den las condiciones del artículo anterior. En aquellos lugares donde no exista profesional de la medicina ni en servicio social obligatorio, el certificado médico podrá ser diligenciado y firmado por el personal de salud autorizado en la presente sección, con el fin de obtener información estadística.
(D. 1171/97, art. 3º)
ART. 2.7.2.2.1.3.4.—Contenido del certificado médico. El certificado médico en lo relativo al estado de salud, tratamiento o acto médico deberá contener como mínimo, los siguientes datos generales:
a) Lugar y fecha de expedición;
b) Persona o entidad a la cual se dirige;
c) Estado de salud del paciente, tratamiento prescrito o acto médico;
d) Nombre e identificación del paciente;
e) Objeto y fines del certificado;
f) Nombre del profesional de la medicina que lo expide;
g) Número de la tarjeta profesional y registro;
h) Firma de quien lo expide.
(D. 1171/97, art. 4º)
ART. 2.7.2.2.1.3.5.—Certificado médico de nacimiento. El certificado médico de nacimiento, se expedirá para acreditar el hecho del individuo nacido vivo y deberá contener tres partes:
a) Una primera parte destinada a registrar los datos propios del nacimiento, como: apellidos y nombres del individuo nacido vivo, sexo, peso, talla, tipo sanguíneo, semanas de gestación, fecha de nacimiento, hora de ocurrencia del hecho, lugar y zona de nacimiento, sitio del parto, institución en donde fue atendido, tipo de parto, multiplicidad del parto y nombre e identificación del personal de salud que prestó la atención;
b) Una segunda partes destinada a registrar los datos de los padres del individuo nacido vivo, como: nombres y apellidos documentos de identificación, edad, estado civil, nivel educativo de cada uno, lugar y zona de residencia habitual de la madre, fecha de nacimiento del anterior hijo nacido vivo y número de hijos nacidos vivos;
c) Una tercera parte destinada a registrar los datos de la persona que expide el certificado médico de nacimiento tales como: nombres y apellidos, documento de identificación, número de la tarjeta profesional y registro médico, lugar y fecha de expedición y firma de quien lo expide.
(D. 1171/97, art. 5º)
ART. 2.7.2.2.1.3.6.—Certificado médico de defunción. El certificado médico de defunción se expedirá para acreditar la defunción de todo individuo nacido vivo o nacido muerto, según el caso, y deberá contener como mínimo las siguientes partes:
a) Una primera parte destinada a registrar datos propios de la defunción, de carácter general; tales como: Tipo de defunción, fecha hora, lugar, zona y sitio de la defunción; datos generales del fallecido, como nombres, apellidos, sexo, documento de identificación, fecha de nacimiento, edad, nivel educativo, estado civil, zona y residencia habitual del fallecido y forma de muerte. Asimismo, el nombre, dirección, teléfono, número de tarjeta profesional o registro y firma del personal de salud que lo expide;
b) Una segunda parte destinada a registrar los datos de las defunciones fetales, o de menores de un año, sin interesar el tiempo de gestación; así: Ocurrencia de la muerte con relación al parto; clase de parto, clase de embarazo, tiempo de gestación, peso al nacer y los datos de la madre: nombres y apellidos, dirección, edad, número de hijos, estado civil y nivel educativo;
c) Una tercera parte, destinada a registrar los datos propios de la defunción de mujeres, como: Estado de embarazo al momento de la muerte, estado de embarazo en las últimas seis semanas, o en los últimos doce meses antes del fallecimiento;
d) Una cuarta parte destinada a registrar los datos relacionados con las muertes violentas: suicidios, homicidios, accidentes de tránsito y otros accidentes. En caso de no haberse determinado la causa de la muerte, y de encontrarse el hecho para dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, deberá indicarse también como sucedió, el lugar y dirección de ocurrencia del mismo;
e) Una quinta parte destinada a registrar las causas generales de toda defunción, como: La causa directa, antecedente y otros estados patológicos importantes; los métodos técnicos u otras formas mediante las cuales se determinó la causa de la muerte, y si se recibió asistencia técnica durante el proceso anterior al fallecimiento.
(D. 1171/97, art. 6º)
ART. 2.7.2.2.1.3.7.—Firma del certificado. Los formatos de certificados de individuos nacidos vivos y de defunción podrán ser diligenciados y firmados por el siguiente personal de salud:
a) Los profesionales de la medicina, debidamente titulados, con registro médico vigente o con tarjeta profesional del Ministerio de Salud y Protección Social, o que se encuentren prestando el servicio social obligatorio;
b) Cuando no exista en el lugar, ningún profesional médico, ni en servicio social obligatorio, los formatos podrán ser diligenciados por enfermeros, debidamente titulados, registrados o con tarjeta profesional del Ministerio de Salud y Protección Social;
c) En aquellas áreas de difícil acceso, donde no exista profesional de la medicina ni en servicio social obligatorio, ni profesional de la enfermería como recurso de salud permanente, los formatos podrán ser diligenciados por los auxiliares de enfermería que se encuentren inscritos en las direcciones territoriales de salud, o en su defecto, por los promotores de salud, que se encuentren debidamente capacitados e inscritos en tales direcciones de salud y obtengan las certificaciones pertinentes.
(D. 1171/97, art. 7º)
ART. 2.7.2.2.2.1.—Derecho a la libre elección del odontólogo. En el trabajo institucional, el derecho de libre elección del odontólogo por parte del paciente estará sujeto a las posibilidades ofrecidas por cada institución.
(D. 491/90, art. 1º)
ART. 2.7.2.2.2.2.—Responsabilidad en casos de urgencia o emergencia. Para señalar la responsabilidad del odontólogo frente a los casos de emergencia, o urgencia, entiéndase por esta todo tipo de afección que requiera atención inmediata de acuerdo con el dictamen del profesional de odontología.
(D. 491/90, art. 2º)
ART. 2.7.2.2.2.3.—Prescindencia de servicios del odontólogo por parte del paciente. El odontólogo respetará la libertad del paciente para prescindir de sus servicios, siempre y cuando este tenga capacidad de manifestar libremente su voluntad.
(D. 491/90, art. 3º)
ART. 2.7.2.2.2.4.—Consultorio. Entiéndase por consultorio odontológico, el sitio donde se puede atender privadamente al paciente y cuyo objetivo sea la consulta o tratamiento ambulatorio.
(D. 491/90, art. 4º)
ART. 2.7.2.2.2.5.—Exámenes innecesarios o tratamientos injustificados. Se entiende por exámenes innecesarios o tratamientos injustificados, aquellos que no correspondan a la historia clínica y plan de tratamiento del caso particular.
(D. 491/90, art. 5º)
ART. 2.7.2.2.2.6.—Procedencia de interconsulta. En caso de sospecha de enfermedad infecto-contagiosa o de cualquier otra etiología que comprometa la ejecución de procedimientos clínicos en el paciente, debe solicitarse la interconsulta pertinente.
(D. 491/90, art. 6º)
ART. 2.7.2.2.2.7.—Del riesgo injustificado. Se entiende por riesgos injustificados aquellos a los cuales sea sometido el paciente y que no correspondan a las condiciones clínico-patológicas del mismo.
(D. 491/90, art. 7º)
ART. 2.7.2.2.2.8.—Advertencia del riesgo previsto. El odontólogo cumple la advertencia del riesgo previsto a que se refiere la Ley 35 de 1989, capítulo II, artículo 5º, con el aviso que en forma prudente haga a su paciente, o a sus familiares o allegados, con respecto a los efectos adversos que, en su concepto, dentro del campo de la práctica odontológica, pueden llegar a producirse como consecuencia del tratamiento o procedimiento odontológicos.
(D. 491/90, art. 8º)
ART. 2.7.2.2.2.9.—Causales de exoneración de advertencia del riesgo previsto. El odontólogo quedará exonerado de hacer la advertencia del riesgo previsto, en los siguientes casos:
b) Cuando exista urgencia para llevar a cabo el procedimiento odontológico.
(D. 491/90, art. 9º)
ART. 2.7.2.2.2.10.—Constancia en la historia clínica. El odontólogo dejará constancia en la historia clínica del hecho de la advertencia del riesgo previsto, o de la imposibilidad de hacerla.
Teniendo en cuenta que el tratamiento o procedimiento odontológicos pueden comportar efectos adversos o de carácter imprevisible, el odontólogo no será responsable por riesgos, reacciones o resultados desfavorables, inmediatos o tardíos, de imposible o difícil previsión dentro del campo de la práctica odontológica, al prescribir o efectuar un tratamiento o procedimiento médicos.
(D. 491/90, art. 10)
ART. 2.7.2.2.2.11.—Obligación de comunicar la gravedad del paciente. Entiéndase que la obligación a que se refiere la Ley 35 de 1989, capítulo II, artículo 21, con relación a los familiares o allegados debe cumplirse solo cuando estos se encuentran presentes.
(D. 491/90, art. 11)
ART. 2.7.2.2.2.12.—Junta odontológica. Entiéndese por junta odontológica la interconsulta o la asesoría solicitada por el odontólogo tratante a uno o más profesionales, teniendo en cuenta las condiciones clínico-patológicas del paciente.
(D. 491/90, art. 12)
ART. 2.7.2.2.2.13.—Destinatarios de la obligación del odontólogo en caso de gravedad del paciente. Para efectos de lo previsto por la Ley 35 de 1989, artículo 21, son responsables del enfermo las personas naturales o jurídicas que figuren como tales en la historia clínica o registros odontológicos.
(D. 491/90, art. 13)
ART. 2.7.2.2.2.14.—Frecuencia de las juntas odontológicas. La frecuencia de las juntas odontológicas estará subordinada a la gravedad de la enfermedad y a la necesidad de aclarar el diagnóstico, mejorar el tratamiento y satisfacer el deseo expresado por el enfermo o sus familiares, siempre y cuando corresponda esta solicitud a la condición clínico-patológica de aquel.
(D. 491/90, art. 14)
ART. 2.7.2.2.2.15.—De los actos no desaprobatorios. No constituyen actos desaprobatorios las diferencias de criterio o de opinión entre odontólogos, que manifestadas en forma prudente surjan de la discusión, análisis y tratamiento del paciente.
(D. 491/90, art. 15)
ART. 2.7.2.2.2.16.—Disentimiento ético. Si el disentimiento profesional entre odontólogos tiene contenido ético, la competencia para dirimirlo será de los tribunales de ética odontológica.
(D. 491/90, art. 16)
ART. 2.7.2.2.2.17.—Término para postulación de candidatos al tribunal. El conocimiento que de la historia clínica tengan los auxiliares del odontólogo o de la institución en la cual este labore, no son violatorios del carácter privado y reservado de esta.
(D. 491/90, art. 17)
ART. 2.7.2.2.2.18.—Responsabilidad de odontólogo. El odontólogo velará e instruirá a sus auxiliares sobre la reserva del secreto profesional, y no será responsable, por la revelación voluntaria que ellos hagan.
(D. 491/90, art. 18)
ART. 2.7.2.2.2.19.—Concepto odontológico. En lo dispuesto por la Ley 35 de 1989, artículo 1º, literal h), y demás constancias solicitadas, los conceptos emitidos por el odontólogo deberán ser por escrito y contener por lo menos los siguientes datos:
6. Nombre del odontólogo.
7. Número de la tarjeta profesional o carnet.
8. Firma del odontólogo.
(D. 491/90, art. 19)
ART. 2.7.2.2.2.20.—Historia clínica como material de consulta. Las historias clínicas pueden utilizarse como material de consulta y apoyo a los trabajos odontológicos, con sujeción a los principios del secreto profesional, de la propiedad intelectual y de conformidad con la Ley 1581 de 2012.
(D. 491/90, art. 20)
ART. 2.7.2.2.2.21.—Postulación de candidatos al tribunal. Durante los dos (2) meses anteriores a la iniciación de un período del Tribunal Nacional de Ética Odontológica, la Federación Odontológica Colombiana y la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología, enviarán las listas de candidatos al Ministerio de Salud y Protección Social.
(D. 491/90, art. 21)
ART. 2.7.2.2.2.22.—Período de los miembros de los tribunales. Los miembros de los tribunales de ética odontológica ejercerán sus funciones mientras no sean reemplazados.
(D. 491/90, art. 22)
ART. 2.7.2.2.2.23.—Provisión de vacancias definitivas de los tribunales. Cuando en el tribunal nacional o tribunales seccionales se produzca vacancia de uno o varios de sus cargos, estos serán provistos para el período restante por uno de los profesionales que figuran en la lista inicialmente enviada a consideración del Ministerio de Salud y Protección Social conforme al artículo 2.7.2.2.2.21 del presente decreto, o por profesionales escogidos de nuevas listas, a discreción de quien deba hacer el nombramiento o elección.
(D. 491/90, art. 24)
ART. 2.7.2.2.2.24.—Sustituciones en impedimentos y recusaciones. En caso de impedimento o recusación de una o varios de los miembros de los tribunales de ética odontológica, se hará un sorteo entre los odontólogos integrantes de las últimas listas de candidatos para conformar el respectivo tribunal, que no hayan sido elegidos.
(D. 491/90, art. 25)
ART. 2.7.2.2.2.25.—Competencia residual del tribunal nacional. Cuando por cualquier causa sea imposible el funcionamiento de un tribunal seccional de ética odontológica, el conocimiento de los procesos corresponderá al que señale el tribunal nacional.
(D. 491/90, art. 26)
ART. 2.7.2.2.2.26.—Puesta en funcionamiento de los tribunales seccionales. Los tribunales seccionales de ética odontológica iniciarán funciones previa apropiación presupuestal y desde la fecha de aprobación del presupuesto por parte del Ministerio de Salud y Protección Social.
(D. 491/90, art. 27)
ART. 2.7.2.2.2.27.—Pruebas de oficio. Durante la instrucción del proceso, el profesional instructor practicará todas las pruebas y diligencias que considere necesarias para la investigación.
Los testimonios que deba recibir el profesional instructor se harán bajo la gravedad del juramento en la forma establecida por el Código de Procedimiento Penal.
(D. 491/90, art. 28)
ART. 2.7.2.2.2.28.—Registro de actuaciones. Las actuaciones dentro del procedimiento disciplinario ético profesional deberán constar por escrito.
(D. 491/90, art. 29)
ART. 2.7.2.2.2.29.—Petición de pruebas. El inculpado podrá solicitar por escrito al instructor las pruebas que considere convenientes, las que se decretarán y practicarán siempre y cuando sean conducentes dentro de la investigación.
(D. 491/90, art. 30)
ART. 2.7.2.2.2.30.—Quórum deliberativo. Los tribunales de ética odontológica sesionarán con la asistencia de la mayoría absoluta de sus integrantes.
(D. 491/90, art. 31)
ART. 2.7.2.2.2.31.—Quórum decisorio. Las decisiones de los tribunales de ética odontológica se adoptarán por mayoría absoluta de voto de los profesionales miembros, y serán firmadas por todos ellos. Quien no esté de acuerdo con la decisión tomada, podrá salvar su voto y así lo hará constar.
(D. 491/90, art. 32)
ART. 2.7.2.2.2.32.—Faltas temporales. En los eventos de caso fortuito o fuerza mayor, si uno de los integrantes no pudiere asistir a las sesiones de los tribunales, este será reemplazado por otro profesional que hubiere hecho parte de la lista de aspirantes a integrarlo y que no hubiere sido elegido o en su defecto solicitará a las entidades competentes el envío de una nueva lista.
(D. 491/90, art. 33)
ART. 2.7.2.2.2.33.—Aplicación residual del Código de Procedimiento Penal. En lo no previsto en la Ley 35 de 1989 y su reglamento, se aplicarán las normas pertinentes del Código de Procedimiento Penal.
(D. 491/90, art. 34)
ART. 2.7.2.2.2.34.—Amonestación privada. La amonestación privada consiste en la reprensión privada y verbal que se le hace al infractor por la falta cometida.
(D. 491/90, art. 35)
ART. 2.7.2.2.2.35.—Censura. Se entiende por censura la reprobación que se hace al infractor por la falta cometida.
(D. 491/90, art. 36)
ART. 2.7.2.2.2.36.—Censura escrita y privada. La censura escrita pero privada, se hará mediante la entrega, por parte del tribunal, de una copia de la decisión del mismo, al infractor sancionado.
(D. 491/90, art. 37)
ART. 2.7.2.2.2.37.—Censura escrita y pública. La censura escrita y pública se aplicará mediante la lectura de la decisión en sala plena del tribunal, y será fijada en lugar visible de los tribunales por diez (10) días hábiles y publicada en la Revista de la Federación Odontológica Colombiana o boletines seccionales. Copia de este acto debe ser enviada al Ministerio de Salud y Protección Social.
(D. 491/90, art. 38)
ART. 2.7.2.2.2.38.—Censura verbal y pública. La censura verbal y pública será dada a conocer al infractor, mediante la lectura de la decisión ante la junta seccional de la Federación Odontológica Colombiana correspondiente, y la fijación de la misma en lugar visible de la sede de los tribunales por diez (10) días hábiles y publicada en la Revista de la Federación Odontológica Colombiana o en los boletines seccionales. Copia de este acto debe ser enviada al Ministerio de Salud y Protección Social.
(D. 491/90, art. 39)
ART. 2.7.2.2.2.39.—Publicidad de las sanciones. La decisión que conlleva a imponer como sanción la censura o la suspensión, será transcrita al profesional sancionado, a los tribunales nacional y seccionales y si es de carácter público, será además, fijada en lugares visibles de las sedes de los tribunales, Ministerio de Salud y Protección Social y de la Federación Odontológica Colombiana y publicada en la Revista de la Federación Odontológica Colombiana o boletines seccionales.
(D. 491/90, art. 40)
ART. 2.7.2.2.2.40.—Criterios de graduación de la sanción. La sanción disciplinaria se aplicará teniendo en cuenta los antecedentes personales y profesionales del infractor, y las circunstancias atenuantes o agravantes de la falta.
(D. 491/90, art. 41)
ART. 2.7.2.2.2.41.—Reincidencia en la falta. La reincidencia del profesional en la comisión de la falta dará lugar, por lo menos, a la aplicación de la sanción inmediata superior.
(D. 491/90, art. 42)
ART. 2.7.2.2.2.42.—Definición de la reincidencia. Para los efectos del artículo anterior, entiéndase como reincidencia la comisión de la misma falta, en dos o más ocasiones durante un período no mayor de un (1) año.
(D. 491/90, art. 43)
ART. 2.7.2.2.2.43.—Comunicación de las sanciones. Las sanciones contempladas en la Ley 35 de 1989, artículo 79, literales c) y d), deberán ser comunicadas al Ministerio de Salud y Protección Social para efecto de su registro.
(D. 491/90, art. 44)
ART. 2.7.2.3.1.1.—Del concepto. La anestesiología es una especialidad de la medicina fundamentada en las ciencias biológicas sociales y humanísticas. Es una especialidad que estudia los principios, procedimientos, aparatos y materiales necesarios para practicar una adecuada anestesia. Además se integra en una forma multidisciplinaria con otras especialidades médicas en el manejo integral de la salud. El médico especializado en anestesiología y reanimación es el autorizado para el manejo y práctica de esta especialidad con el cumplimiento de las normas mínimas de seguridad para dicho ejercicio.
(D. 97/96, art. 1º)
ART. 2.7.2.3.1.2.—De las definiciones. Para efectos de este capítulo se adoptan las siguientes definiciones:
a) Urgencia: Es la alteración de la integridad física y/o mental de una persona, causada por un trauma o por una enfermedad de cualquier etiología que genera una demanda de atención médica inmediata y efectiva;
b) Atención inicial de urgencia: Denomínase como tal a todas las acciones realizadas a una persona con patología de urgencia y que tiendan a estabilizarla en sus signos vitales, realizar un diagnóstico de impresión y definirle el destino inmediato, tomando como base el grado de complejidad del servicio donde se realiza la atención inicial de urgencia, al tenor de los principios éticos y las normas que determinan las acciones y el comportamiento del personal de salud;
c) Atención de urgencia: Es el conjunto de acciones realizadas por un equipo de salud debidamente capacitado y con los recursos materiales necesarios para satisfacer la demanda de atención generada por las urgencias;
d) Atención médica programada: Entiéndase como tal al conjunto de acciones previstas a realizarse en una persona con una patología calificada previamente, que no requiere la atención de urgencia.
(D. 97/96, art. 6º)
ART. 2.7.2.3.1.3.—El ejercicio de la anestesiología. Dentro del territorio de la República de Colombia, solo podrán ejercer las funciones de médico especialista en anestesiología los siguientes:
a) Las personas que hayan adquirido o adquieran el título de medicina y cirugía de acuerdo con las leyes colombianas y que hayan realizado posteriormente su entrenamiento en un programa de especialización en anestesiología y reanimación legalmente aprobado en una universidad con facultad de medicina, debidamente reconocida por los organismos competentes del Gobierno Nacional;
b) Los médicos colombianos o extranjeros que hayan adquirido o adquieran el título de médico especializado en anestesiología y reanimación en otro país equivalente al otorgado en la República de Colombia y que esté debidamente aprobado según las disposiciones legales y los tratados o convenios vigentes sobre la materia ante el Gobierno Nacional;
c) Podrá también ejercer como médico especializado en anestesiología y reanimación aquel que con anterioridad al 16 de enero de 1991, haya obtenido el título correspondiente otorgado por facultades o escuelas universitarias legalmente reconocidas por el Estado colombiano, o refrendado por la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, Ascofame, legalmente reconocido por el Estado colombiano;
d) El médico cirujano que se encuentre realizando su entrenamiento en anestesiología y reanimación, dentro de un programa aprobado por el Gobierno Nacional, respaldado, autorizado y supervisado por un centro universitario y/o facultad de medicina correspondiente, de conformidad con las disposiciones que reglamentan las relaciones docente-asistenciales.
(D. 97/96, art. 2º)
ART. 2.7.2.3.1.4.—De la práctica de procedimientos anestésicos por médicos no especializados. Los médicos no especializados en anestesia y reanimación, solo podrán practicar procedimientos anestésicos en los casos de urgencia, y en aquellos casos no remisibles debido a la condición clínica del paciente o a limitaciones de acceso geográfico, pero siempre que medie la ausencia de un médico especializado en anestesia y reanimación. Los médicos que estén cumpliendo con el servicio social obligatorio, solo podrán suministrar anestesia en casos de urgencia.
PAR.—Los médicos no especializados en anestesiología y reanimación, y los profesionales de odontología, podrán practicar procedimientos anestésicos como la anestesia local o regional, en los casos propios de su ejercicio profesional ordinario y habitual que no impliquen riesgo grave para la salud del paciente.
(D. 97/96, art. 3º)
ART. 2.7.2.3.1.5.—De la prohibición de suministrar la anestesia y realizar el procedimiento quirúrgico. Prohíbese aplicar anestesia y llevar a cabo intervenciones quirúrgicas por parte del mismo médico en forma simultánea, salvo en los casos de urgencia atendidos en instituciones hospitalarias que dispongan de un solo profesional de la medicina.
(D. 97/96, art. 4º)
ART. 2.7.2.3.1.6.—De la observancia de las medidas de seguridad para la práctica de procedimientos anestésicos. En los casos previstos en los artículos 2.7.2.3.1.5 y 2.7.2.3.1.6 del presente decreto, deberá cumplirse con las normas que consagran los procedimientos mínimos de seguridad exigidos para la práctica anestésica.
(D. 97/96, art. 5º)
ART. 2.7.2.3.1.7.—Inspección, vigilancia y control. Sin perjuicio de la competencia de la Superintendencia Nacional de Salud, las direcciones departamentales y municipales de salud, así como el Comité nacional del ejercicio de la anestesiología en Colombia creado por la Ley 6ª de 1991 y los comités seccionales, velarán por el estricto cumplimiento de las normas contenidas en el presente capítulo y las previstas en el sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención de salud.
La Superintendencia Nacional de Salud aplicará las sanciones a que haya lugar, cuando se incumplan las obligaciones por parte de las instituciones de salud y de asistencia social de carácter oficial, de seguridad social y privada, a que se refiere el artículo 10 de la Ley 6ª de 1991.
(D. 97/96, art. 8º)
ART. 2.7.2.3.2.1.1.—Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en esta sección tienen por objeto regular el ejercicio de la profesión de químico farmacéutico, perteneciente al área de la salud, en los aspectos relativos a los derechos, deberes, obligaciones y prohibiciones, con el fin de preservar y salvaguardar la honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, seriedad, que deben observar en su desempeño profesional.
(D. 1945/96, art. 1º)
ART. 2.7.2.3.2.1.2.—Garantía del ejercicio profesional. El químico farmacéutico hará uso de sus derechos, cumplirá sus deberes, respetará las normas que rigen su actividad profesional, y actuará conforme a los mandatos consagrados en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos que profieran las autoridades públicas competentes y los postulados éticos que la rigen.
(D. 1945/96, art. 2º)
ART. 2.7.2.3.2.1.3.—Definiciones. Para efectos de la presente sección se establecen las siguientes definiciones generales:
a) Químico-Farmacéutico: Es un profesional del área de la salud cuya formación universitaria lo capacitará para ejercer actividades profesionales en el desarrollo, preparación, producción, control y vigilancia de los procesos y productos mencionados en el artículo 1º de la Ley 212 de 1995, y en las actividades químicas farmacéuticas que inciden en la salud individual y colectiva;
b) Productos farmacéuticos: Todo producto destinado al uso humano o animal presentado en su forma farmacéutica, tales como medicamentos, cosméticos, alimentos que posean acción terapéutica; preparaciones farmacéuticas con base en recursos naturales, productos generados por biotecnología, productos biológicos, productos homeopáticos y demás insumos para la salud;
c) Laboratorio farmacéutico: Es el establecimiento o sección de una empresa, que se dedica a la investigación, fabricación, envase, empaque, análisis, control o aseguramiento de la calidad de los productos farmacéuticos;
d) Medicamento: Es el preparado farmacéutico obtenido a partir de principios activos, con o sin sustancias auxiliares, presentado bajo forma farmacéutica, que se utiliza para la prevención, alivio, diagnóstico, tratamiento, curación o rehabilitación de la enfermedad, así como los alimentos que posean una acción o se administren con finalidad terapéutica o se anuncien con propiedades medicinales. Los envases, rótulos, etiquetas y empaques hacen parte integral del medicamento, por cuanto estos contribuyen a garantizar su calidad, estabilidad y uso adecuado;
e) Cosmético: Es una formulación de aplicación local, fundamentada en conceptos científicos, destinada al cuidado y mejoramiento de la piel humana y sus anexos, sin perturbar las funciones vitales, sin irritar, sensibilizar, o provocar efectos secundarios indeseables atribuibles a su absorción sistémica o su aplicación local.
(D. 1945/96, art. 3º)
Del ejercicio de la profesión del químico farmacéutico
ART. 2.7.2.3.2.2.1.—Actividades profesionales. Se entiende por ejercicio profesional del químico farmacéutico, toda actividad relacionada con la aplicación de los principios, conocimientos científicos y técnicos, señalados en las leyes 23 de 1962 y 212 de 1995, así como las demás disposiciones vigentes.
Para los efectos de esta reglamentación, son actividades de competencias exclusiva de químico farmacéutico, las comprendidas dentro de la dirección técnica de:
a) Farmacias de instituciones y entidades que presten servicios de salud en el segundo y tercer nivel;
b) Laboratorio de productos farmacéuticos tales como medicamentos, cosméticos, preparaciones farmacéuticas a base de recursos naturales, productos homeopáticos;
c) Sistemas de suministro de productos farmacéuticos, en sus diferentes etapas, incluyendo la auditoría de los mismos;
d) Laboratorio de toxicología forense;
e) Servicios de atención farmacéutica, hospitalarios y ambulatorios;
f) Funciones de inspección, vigilancia y control de los productos farmacéuticos, establecimientos productores y establecimientos distribuidores de los mismos;
g) Establecimientos distribuidores mayoristas.
(D. 1945/96, art. 4º)
ART. 2.7.2.3.2.2.2.—El profesional químico farmacéutico deberá hacer parte, aunque no de manera exclusiva, en el desarrollo de las siguientes actividades:
Asuntos regulatorios sanitarios.
Investigación y desarrollo de productos farmacéuticos.
Producción, suministro y aseguramiento de calidad de los insumos para la salud; productos agroquímicos; alimentos o bebidas enriquecidas o de uso dietético, complementos dietéticos, alimentos concentrados, bebidas alcohólicas y no alcohólicas.
Inspección, vigilancia y control de insumos para la salud, productos agroquímicos; alimentos o bebidas enriquecidas o de uso dietético, complementos dietéticos, alimentos concentrados, bebidas alcohólicas y no alcohólicas.
Toxicología forense, clínica, ambiental, salud ocupacional y ecología.
Certificación de calidad en los procesos de importación, exportación de materias primas, productos farmacéuticos semielaborados y terminados.
En inspección, vigilancia y control de productos obtenidos por biotecnología.
(D. 1945/96, art. 5º)
ART. 2.7.2.3.2.2.3.—El químico farmacéutico podrá estar vinculado en la realización de las siguientes actividades:
Producción y aseguramiento de la calidad de alimentos para uso humano y animal.
Inspección, vigilancia y control de alimentos para uso humano y animal.
Obtención de productos mediante procesos biotecnológicos y en la evaluación de la actividad biológica.
Servicio de atención farmacéutica ambulatorio y hospitalario de primer nivel.
Mercadeo y ventas de productos farmacéuticos.
Investigación y monitoreo del impacto ambiental y salud ocupacional.
Las que se desarrollan en el campo de la medicina nuclear.
Programas de evaluación, conservación, recuperación y aprovechamiento de los recursos naturales.
En las demás actividades relacionadas con el área de la salud, que pueden ser atendidas por un químico farmacéutico.
(D. 1945/96, art. 6º)
ART. 2.7.2.3.2.2.4.—Docencia. La docencia en las áreas básicas y fundamentales de la química farmacéutica, será ejercida preferencialmente por el químico farmacéutico, quien podrá tener bajo su responsabilidad cátedras, áreas académicas, grupos de trabajo, y participar en tareas de investigación científica.
(D. 1945/96, art. 7º)
ART. 2.7.2.3.2.2.5.—Derechos. Los químicos farmacéuticos tendrán los siguientes derechos:
a) Recibir un tratamiento acorde con la dignidad inherente al ser humano;
b) Percibir una remuneración justa y equitativa por su trabajo profesional;
c) Ser reconocido como un profesional del área de la salud;
d) Ser acatado en los conceptos técnicos de su competencia;
e) Al respeto y reconocimiento científico y técnico;
f) Ser designado en los cargos que deban ser desempeñados por químicos farmacéuticos;
g) Ejercer la docencia en las materias de las áreas en las que cursó sus estudios universitarios;
h) Recibir una capacitación continuada que le permita actualizarse a nivel técnico, científico, con el fin de mejorar en el ejercicio de su profesión;
i) Ejercer el derecho de libre asociación;
j) Los demás que consagren la Constitución Política, la ley y los reglamentos.
(D. 1945/96, art. 8º)
ART. 2.7.2.3.2.2.6.—Deberes. Los químicos farmacéuticos tendrán los siguientes deberes:
a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política, la ley, los reglamentos, y los postulados que rigen su profesión;
b) Observar las normas éticas de su profesión, y preservar los intereses en relación con la salud individual o colectiva, ofreciendo toda su capacidad como profesional de la salud;
c) Contribuir a la preservación de la vida, para lo cual y sobre cualquiera otra consideración actuará en forma oportuna y diligente en la prestación de los servicios de atención farmacéutica que le correspondan;
d) Cumplir con honradez, lealtad, eficiencia, oportunidad e imparcialidad las tareas que le sean asignadas;
e) Respetar el carácter confidencial de su actividad profesional;
f) Tratar con respeto, imparcialidad y lealtad a las personas con las cuales deba establecer alguna relación en virtud de su ejercicio profesional;
g) Proponer iniciativas que considere útiles para el mejoramiento continuo de la profesión y de las tareas que le hayan sido asignadas;
h) Las demás que señalen la ley y los reglamentos.
(D. 1945/96, art. 9º)
ART. 2.7.2.3.2.2.7.—Prohibiciones. Los químicos farmacéuticos en el ejercicio de su profesión les está prohibido:
1. Utilizar o permitir la utilización de sus conocimientos profesionales para el desarrollo de actividades ilícitas o que atenten contra la salud.
2. Realizar actividades que contravengan la ley y los reglamentos vigentes.
3. Omitir o retardar el cumplimiento de las actividades profesionales.
4. Solicitar o aceptar prebendas o beneficios indebidos.
5. Las demás que señalen la ley y los reglamentos.
(D. 1945/96, art. 10)
ART. 2.7.2.3.2.2.8.—Requisitos. La profesión de químico farmacéutico será ejercida en Colombia por las siguientes personas:
a) Quienes hayan adquirido o adquieran el título de químico farmacéutico, expedido por alguna de las instituciones universitarias que funcionen en el territorio nacional o hayan funcionado legalmente en el país;
b) Los colombianos y extranjeros que adquieran o hayan adquirido título de químico farmacéutico o su equivalente, en instituciones universitarias de países con los que Colombia haya celebrado tratados o convenios sobre reciprocidad de títulos universitarios, en los términos señalados en los mismos;
c) Los colombianos y extranjeros que hayan adquirido título de químicos farmacéuticos o su equivalente, en una institución universitaria de un país con el cual Colombia no haya celebrado tratados o convenios sobre intercambio de títulos universitarios, una vez cumplidas las disposiciones legales vigentes sobre validación de títulos;
d) Las personas que hayan cumplido con alguno de los anteriores requisitos y que se encuentren inscritas en el registro del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos.
PAR.—Las personas que hayan adquirido licencia o permiso de farmacéutico en virtud de disposiciones legales expedidas hasta la vigencia de la Ley 23 de 1962, ejercerán la farmacia como licenciados en todo el territorio nacional.
(D. 1945/96, art. 11)
ART. 2.7.2.3.2.2.9.—Ejercicio cargos públicos. Para desempeñar cargos en la administración pública, cuyo ejercicio requiera la profesión de químico farmacéutico, la persona nombrada deberá acreditar, el título universitario y estar inscrito en el registro único nacional del talento humano en salud.
(D. 1945/96, art. 13)
ART. 2.7.2.3.2.3.1.—Vigilancia y control. La vigilancia y el control del ejercicio de la profesión de químico farmacéutico le corresponde al Estado, y estará a cargo del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos.
El Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos, creado por el artículo 7º de la Ley 212 de 1995, es un organismo consultivo del Gobierno Nacional en materia de la competencia de los químicos farmacéuticos.
(D. 1945/96, art. 14)
ART. 2.7.2.3.2.3.2.—Colegiatura. La colegiatura de los químicos farmacéuticos tiene por objeto velar porque el ejercicio de la profesión, en cualquiera de sus especialidades y aplicaciones, responda a la función que dentro del campo sanitario y social le corresponde, de acuerdo con la Constitución Política, la ley y los reglamentos.
(D. 1945/96, art. 15)
ART. 2.7.2.3.2.3.3.—Objetivos. El Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos también cumplirá los siguientes objetivos:
a) Velar por el mejoramiento técnico, social y económico de sus miembros;
b) Fomentar el espíritu de solidaridad, apoyo y respeto entre sus asociados;
c) Propender por el avance científico de la química farmacéutica;
d) Velar por la observancia de los postulados éticos que rigen el ejercicio profesional;
e) Establecer canales de comunicación entre sus miembros, y entre estos y las demás asociaciones u organizaciones que desarrollen actividades similares a las del colegio;
f) Los demás que están relacionados con el mejoramiento continuo de la profesión de químico farmacéutico;
g) Ser órgano consultivo del Gobierno Nacional;
h) Promover campañas de información a nivel comunitario sobre el uso racional de los medicamentos.
(D. 1945/96, art. 16)
ART. 2.7.2.3.2.3.4.—Naturaleza. El Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos es una entidad científico-técnica, de tipo académico gremial, profesional e independiente, que está conformada por los químicos farmacéuticos que se inscriban en el registro que llevará, con sujeción a la Ley 212 de 1995.
(D. 1945/96, art. 17)
ART. 2.7.2.3.2.3.5.—Sede. El colegio tendrá su sede principal en la ciudad de Bogotá, D.C., y podrá organizar unidades regionales en las distintas reparticiones territoriales, cuando el consejo nacional así lo decida.
(D. 1945/96, art. 19)
ART. 2.7.2.3.2.3.6.—Organización. El colegio tendrá los siguientes órganos directivos:
a) Asamblea nacional;
b) Junta directiva nacional;
c) Tribunal disciplinario;
d) Fiscal;
e) Director ejecutivo.
El consejo nacional será organismo asesor de la junta directiva nacional.
Las unidades regionales tendrán su consejo directivo, tribunal disciplinario y un director ejecutivo cuando lo amerite, que serán elegidos conforme a lo dispuesto por el reglamento interno del colegio.
(D. 1945/96, art. 20)
ART. 2.7.2.3.2.3.7.—Recursos. Serán recursos del colegio, los productos obtenidos por la realización de eventos académicos, científicos, sociales, culturales, recreativos; las cuotas de sostenimiento que apruebe la asamblea nacional, y los aportes extraordinarios que se destinen para programas especiales.
(D. 1945/96, art. 21)
ART. 2.7.2.3.2.3.8.—Asamblea nacional. La asamblea nacional es la máxima autoridad del colegio, y está integrada por todos los químicos farmacéuticos inscritos en el registro o por las delegaciones integradas en la forma que se establezca en el reglamento interno y que se encuentren a paz y salvo. Sus reuniones son ordinarias o extraordinarias, previa convocatoria efectuada en los términos señalados en el mismo reglamento.
(D. 1945/96, art. 22)
ART. 2.7.2.3.2.3.9.—Funciones. Son funciones de la asamblea nacional:
1. Adoptar el reglamento interno del colegio, y sus modificaciones.
2. Elegir la junta directiva nacional, para un período de dos años.
3. Aprobar los planes de gestión del colegio, y disponer su revisión.
4. Elegir los miembros del tribunal disciplinario, para un período de dos años.
5. Fijar los aportes ordinarios y extraordinarios que deberán cancelar los miembros, para sufragar actividades a cargo del mismo.
6. Seleccionar los sitios que servirán de sede y subsede para sus reuniones.
7. Elegir el fiscal para un período de dos años.
8. Las demás que le asignen la ley y los reglamentos.
PAR.—Las decisiones de la asamblea serán tomadas por mayoría de votos de los miembros presentes que constituyan quórum, conforme lo señale el reglamento interno.
(D. 1945/96, art. 23)
ART. 2.7.2.3.2.3.10.—Consejo nacional. El consejo nacional es un órgano asesor de la junta directiva nacional y estará integrado por los presidentes de las unidades regionales o quienes hagan sus veces, el presidente del tribunal disciplinario; los presidentes honorarios, los expresidentes de la junta directiva nacional; y será presidido por el presidente de la junta directiva nacional.
El consejo podrá invitar a particulares o servidores públicos a sus deliberaciones. Sus funciones y la periodicidad de sus reuniones, ordinarias o extraordinarias serán establecidas en el reglamento interno.
(D. 1945/96, art. 24)
ART. 2.7.2.3.2.3.11.—Junta directiva nacional. La junta directiva del colegio es el órgano ejecutor de las decisiones de la asamblea. Estará conformada por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero, un fiscal y su respectivo suplente, y un vocal por cada unidad regional, quienes serán elegidos por la asamblea nacional, por el sistema de cuociente electoral, para un período de dos años.
El presidente de la junta lo será, a su vez, del colegio.
(D. 1945/96, art. 25)
ART. 2.7.2.3.2.3.12.—Funciones. La junta directiva nacional tendrá las siguientes funciones:
a) Convocar la asamblea nacional, y proceder a su instalación;
b) Designar director ejecutivo del colegio, y el personal indispensable para su funcionamiento, señalar sus funciones y los salarios respectivos;
c) Conformar comités técnicos para el estudio de casos especiales;
d) Coordinar las unidades regionales, y velar por el cumplimiento de las funciones y tareas encomendadas a ellas;
e) Aprobar el proyecto de presupuesto del colegio, y sus modificaciones;
f) Velar por la buena marcha de la administración del colegio;
g) Adoptar las medidas que garanticen el funcionamiento de la oficina principal;
h) Llenar los cargos vacantes, mientras se reúne la asamblea nacional;
i) Autorizar gastos hasta por la cuantía que señale la asamblea nacional;
j) Realizar las tareas necesarias para procurar el cabal cumplimiento de las decisiones de la asamblea y del consejo nacional;
k) Llenar las vacantes de presidente y fiscal, mientras se designan en propiedad por la asamblea nacional;
l) Organizar el registro de los químicos farmacéuticos, y disponer sobre su administración y conservación;
m) Expedir el código de ética profesional;
n) Velar por el cumplimiento cabal de las decisiones de la a;
o) Formular ante la autoridad competente, las denuncias por el ejercicio ilegal de la profesión;
p) Propender por el mejoramiento continuo de la profesión, y la capacitación de los miembros del colegio;
q) Coordinar estudios financieros orientados a arbitrar recursos para el funcionamiento del colegio;
r) Informar al Ministerio de Salud y Protección Social y a las demás autoridades competentes, sobre las deficiencias o irregularidades que ocurran en la administración sanitaria;
s) Aprobar las inversiones que deban hacerse en proyectos especiales;
t) Supervisar la ejecución del presupuesto del colegio, y solicitar los informes que fueren necesarios;
u) Absolver las consultas sobre el ejercicio de la profesión y sobre la aplicación de este decreto;
v) Las demás que señalen las leyes y los reglamentos;
w) Delegar en el director ejecutivo del colegio la realización de las funciones señaladas en este artículo en los términos y condiciones que decida la misma junta.
Las decisiones de la junta directiva nacional serán tomadas por mayoría de votos y el quórum lo constituirá la tercera parte de los miembros que la componen.
(D. 1945/96, art. 26)
ART. 2.7.2.3.3.1.—Ejercicio de la profesión. El optómetra que ejerza la profesión requerirá de su tarjeta profesional. Los profesionales que al 3 de junio de 1997, fecha de la promulgación de la Ley 372 de 1997 ostentaren solamente el registro profesional vigente, para optar por la tarjeta profesional deberán actualizar y acreditar la nivelación correspondiente y así poder prestar los servicios en la misma forma y con el mismo alcance en que lo hacen los nuevos profesionales.
(D. 1340/98, art. 1º)
ART. 2.7.2.3.3.2.—Facultades del optómetra. El optómetra en ejercicio de su profesión y con el cumplimiento de lo establecido en el artículo precedente, está facultado para la prevención y corrección de las enfermedades del ojo y del sistema visual por medio del examen, diagnóstico, tratamiento y manejo que conduzcan a lograr la eficiencia visual y la salud ocular. En desarrollo de las anteriores actividades podrá prescribir los medicamentos de uso externo, cuyos principios activos se encuentren aceptados por las normas farmacológicas vigentes, siempre que estén circunscritos a su especialidad profesional, sin que puedan interferir o duplicar las funciones de otras especialidades.
PAR. 1º—Dentro de los medicamentos de uso externo se encuentran las siguientes clases: Anestésicos de superficie, antiinflamatorios, antimicrobianos, antisépticos, corticosteroides, midriáticos, mióticos, lágrimas artificiales y lubricantes oftálmicos, vasoconstrictores, antihistamínicos, antivirales y descongestionantes de uso externo.
PAR. 2º—Cuando las normas farmacológicas vigentes sean adicionadas con principios activos, cuya clasificación no corresponda a las categorías existentes para uso externo no invasivo, los nuevos medicamentos, podrán ser utilizados por los optómetras en los tratamientos que así lo requieran.
(D. 1340/98, art. 2º)
Auxiliares en salud
ART. 2.7.2.3.4.1.—Personal auxiliar en las áreas de la salud. Serán considerados como personal auxiliar en las áreas de la salud los siguientes:
a) Auxiliar administrativo en salud;
b) Auxiliar en enfermería;
c) Auxiliar en salud oral;
d) Auxiliar en salud pública;
e) Auxiliar en servicios farmacéuticos.
(D. 4904/2009, art. 1º, num. 6.1)
ART. 2.7.2.3.4.2.—Perfiles ocupacionales. Los perfiles ocupacionales para el personal auxiliar en las áreas de la salud de que trata el artículo anterior serán los adoptados por la Comisión intersectorial para el talento humano en salud o quien haga sus veces.
(D. 4904/2009, art. 1º, num. 6.2)
ART. 2.7.2.3.4.3.—Del certificado de aptitud ocupacional. Los perfiles ocupacionales para el personal auxiliar en las áreas de la salud, estarán reconocidos mediante un certificado de aptitud ocupacional por Competencias, al cual se antepondrá la denominación “Técnico laboral en...”.
Para obtener el certificado de aptitud ocupacional por competencias se requiere haber cursado y finalizado un programa en las áreas auxiliares de la salud con una duración mínima de mil seiscientas (1.600) horas y máxima de mil ochocientas (1.800) horas de las cuales el 60% son de formación práctica y haber alcanzado todas las competencias laborales obligatorias.
PAR. 1º—El titular del certificado de aptitud ocupacional por competencias, debe solicitar la correspondiente inscripción en el registro único nacional ante el Ministerio de Salud y Protección Social o la entidad u organismo que este determine.
PAR. 2º—Los certificados de aptitud ocupacional obtenidos con anterioridad al 10 de octubre de 2005 que cumplan con los requisitos establecidos en las normas vigentes en el momento de obtenerlos, serán válidos para todos los efectos.
(D. 4904/2009, art. 1º, num. 6.3)
ART. 2.7.2.3.4.4.—Componentes básicos del plan de estudios. Cada plan de estudios de los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano del personal auxiliar en las áreas de la salud, debe garantizar el logro de todas las normas de competencia laboral obligatoria para cada perfil ocupacional.
(D. 4904/2009, art. 1º, num. 6.4)
ART. 2.7.2.3.4.5.—Escenarios de práctica. Cuando el programa requiera convenios de docencia servicio, los escenarios de práctica deberán cumplir con lo establecido en las normas que regulan la relación docencia servicio.
La Comisión intersectorial par el talento humano en salud o quien haga sus veces definirá las condiciones y requisitos de los convenios docencia servicio.
(D. 4904/2009, art. 1º, num. 6.5)
ART. 2.7.2.3.4.6.—Convalidación de certificados obtenidos en otros países. Para efectos de la convalidación se aplicará lo dispuesto en el artículo 2.6.6.15 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación.
ART. 2.7.2.3.5.1.—Asimilación de credencial. Asimilase la credencial de director de droguería expedida con base en la Ley 8ª de 1971 a la credencial de expendedor de drogas de que trata la Ley 17 de 1974 y la presente sección.
(D. 1070 /90, art. 1º)
ART. 2.7.2.3.5.2.—Credencial de expendedor de drogas. La credencial de expendedor de drogas, es el documento por medio del cual el Ministerio de Salud y Protección Social o su autoridad sanitaria delegada, autoriza a las personas naturales, para ejercer la dirección de una droguería en todo el territorio nacional.
(D. 1070 /90, art. 2º)
ART. 2.7.2.3.5.3.—Expedición de la credencial. El Ministerio de Salud y Protección Social o la autoridad sanitaria en quien este delegue, expedirá la credencial de expendedor de drogas de que trata la presente sección, previo el cumplimiento de los requisitos que más adelante se establecen.
(D. 1070 /90, art. 3º)
ART. 2.7.2.3.5.4.—Requisitos. Los interesados en obtener la credencial de expendedor de drogas deberán presentar la respectiva solicitud por escrito ante el Ministerio de Salud y Protección Social o su autoridad sanitaria delegada del lugar de su domicilio civil acompañada de los siguientes documentos:
a) Registro civil de nacimiento o partida de bautismo, según el caso;
b) Certificado de la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre la vigencia de la cédula de ciudadanía;
c) Fotocopia de la cédula de ciudadanía;
d) Fotocopia de la libreta militar, si es el caso;
e) Certificado de vecindad expedido por la autoridad competente del lugar del domicilio del interesado;
f) Declaración de dos (2) químicos farmacéuticos o médicos graduados debidamente registrados ante el Ministerio de Salud y Protección Social, en donde conste que el peticionario se ha desempeñado como empleado vendedor en droguería, con honorabilidad, competencia y consagración durante un periodo no menor de diez (10) años. Los declarantes deberán tener como mínimo diez (10) años de graduados a la fecha de su declaración;
g) Dos (2) fotos recientes tamaño cédula.
PAR.—Además de los requisitos señalados en el presente artículo, los interesados deberán acreditar haber cumplido veinticinco (25) años de edad como mínimo y no haber sido sancionados por comercio ilegal de drogas de control especial, ni por infracción a las disposiciones sobre medicina, mediante certificación expedida por las autoridades competentes.
(D. 1070 /90, art. 4º)
ART. 2.7.2.3.5.5.—Características de la credencial. Cuando el solicitante acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente sección, el Ministerio de Salud y Protección Social o su autoridad sanitaria delegada, por medio de resolución motivada, le expedirá la credencial correspondiente, la cual llevará adherido el retrato tamaño cédula de la persona a quien se le concede la credencial y sobre la fotografía se le colocará el sello del funcionario que la expide, de manera que abarque también el papel.
PAR.—La credencial de expendedor de drogas no faculta para ejecutar actos propios del ejercicio de la farmacia y la medicina.
(D. 1070 /90, art. 5º)
ART. 2.7.2.3.5.6.—Ejercicio ilegal. Quien se respalde con la credencial de expendedor de drogas para ejercer la farmacia o la medicina, incurre en ejercicio ilegal de estas profesiones y la credencial le será cancelada de conformidad con lo previsto en la normativa vigente, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o de otro orden que le corresponda.
(D. 1070 /90, art. 6º)
ART. 2.7.2.3.5.7.—Autorización especial. El médico en ejercicio legal de la profesión que se encuentre domiciliado en lugares en donde no existan químico farmacéutico en ejercicio de su profesión, farmacéutico licenciado o persona que ostente la credencial de expendedor de drogas y en número suficiente para atender a la demanda del público, podrá obtener autorización del Ministerio de Salud y Protección Social o de su autoridad sanitaria delegada para dirigir la droguería de su propiedad.
PAR.—Cuando la autorización sea expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, la autoridad territorial de salud competente, expedirá una constancia al interesado sobre las condiciones de que trata el presente artículo.
(D. 1070 /90, art. 7º)
ART. 2.7.2.3.5.8.—Requisitos para la autorización especial. Para obtener la autorización de que trata el artículo anterior, el interesado deberá presentar la solicitud ante la autoridad competente, informando el nombre de la droguería, su dirección y número de registro como médico, acompañada de los siguientes documentos:
b) Fotocopia del documento por medio del cual se le autorizó el ejercicio de la profesión como médico;
c) Certificado de vecindad expedido por la autoridad competente del lugar de domicilio del interesado;
d) Certificado sobre la propiedad de la droguería que pretende dirigir, expedido por autoridad competente.
(D. 1070 /90, art. 8º)
ART. 2.7.2.3.5.9.—Plazo. Una vez presentada la solicitud ante la autoridad competente en forma personal por el interesado o mediante apoderado, según el caso y si esta se hallare con la documentación completa exigida por el presente decreto, el Ministerio de Salud y Protección Social o la autoridad sanitaria delegada dispondrá de diez (10) días hábiles para la expedición de la credencial de expendedor de drogas o de la autorización de que trata el artículo 2.7.2.3.5.7 del presente decreto.
(D. 1070 /90, art. 9º)
ART. 2.7.2.3.5.10.—Publicación. Las providencias que expida el Ministerio de Salud y Protección Social o las autoridades territoriales de salud, de que trata el presente capítulo deberán publicarse en el Diario Oficial, según el caso para que surta sus efectos legales y el costo de la misma será por cuenta del interesado, a quien se le entregar copia de la resolución para lo pertinente.
(D. 1070 /90, art. 10)
ART. 2.7.2.3.5.11.—Inspección, vigilancia y control. La vigilancia y control de las disposiciones contenidas en la presente sección, se ejercerán por las secretarías departamentales de salud y la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá.
(D. 1070 /90, art. 11)