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Timestamp: 2017-12-16 07:12:44
Document Index: 175388148

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Publicado: Miércoles, 06 Diciembre 2017 18:31
Versión Estenográfica de las comparecencias de las y los candidatos a ocupar el cargo de titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales, ante la Comisión de Justicia, que preside la senadora María del Pilar Ortega Martínez (segunda parte).
ENRIQUE CORREA ULTRERAS: …desde el aspecto, repito, del punto de vista electoral, del derecho electoral.
En este sentido, tuve la oportunidad de cursar un diplomado en derecho electoral en la Universidad Autónoma Metropolitana, y la propuesta que traigo y que les presento a ustedes es en una reflexión que hago respecto a la importancia que tiene la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en cuanto a su funcionalidad, y sobre todo viéndola desde el punto de vista de la sociedad, hoy en día exige a través de visualizarla como un ente autónomo e independiente.
Es ahí donde yo hago un pequeño análisis para poder tener esa visión, si es un aspecto de importancia para su funcionalidad o sólo es la exigencia de las organizaciones sociales y de la sociedad en general, que piden que tenga una cierta autonomía.
Pero como ustedes podrán ver, la autonomía como tal no es en ese sentido, dado que al depender de una institución central, que en este caso es la Procuraduría General de la República, esa autonomía que se pretende sería casi imposible visualizarla por muchos factores; sobre todo en el aspecto de la figura de la autonomía y de la independencia, como bien sabemos, para que tenga ese contexto debe de tener un gobierno propio, una administración propia; y la FEPADE como todos los sabemos, al depender de una oficina central que es la Procuraduría General de la República; entonces ahí su trabajo se ve de una forma u otra, acotado.
¿Por qué acotado? Porque funcionalmente todo su personal operativo, desde el ministerio público hasta su personal de investigación técnica y su personal de investigación del delito, son funcionales y dependientes de la Procuraduría General de la República.
Y en ese sentido, pues, la visión que se pretende de darle cierta autonomía a la FEPADE, es casi imposible.
Ahora bien, el reglamento interno de la Procuraduría General de la República efectivamente, establece que la FEPADE tiene una figura de autonomía técnica y operativa. Pareciera que así lo es, sin embargo todos los que hemos trabajado en la procuración de justicia, nos damos cuenta de que esa operatividad técnica no es tal; dado que tiene que recurrir precisamente a oficinas centrales, sobre todo para hacer frente al trabajo que debe de llevar y cumplir, requiere allegarse de personal funcional, entre ellos principalmente los ministerios públicos.
El personal técnico, científico, servicios periciales, publicidad investigadora y el personal operativo administrativo. Todo ese personal es en un momento dado, canalizado por la Procuraduría General de la República, es decir, por oficinas centrales.
Entonces, aquí todo ese tipo de antecedentes se ven limitados para que la Fiscalía como un ente de autonomía técnica opere, es totalmente a veces imposible llevarlo y lograrlo en ese sentido.
Es por eso que considero que la autonomía que se pretende para la FEPADE no sería en el aspecto íntegro y total de esta figura, dado que no podría subsistir por sí sola porque requiere de otros entes para coexistir y convivir.
Es por eso que en mi propuesta que les señalo, en mi análisis, ensayo que les presento, hago referencia a esta figura y sobre todo tomándola desde un enfoque de su actividad sustantiva, que tiene que ver con la prevención, con la investigación, la persecución y la sanción de los delitos.
He aquí la importancia de estos antecedentes, dado que para poder tener una cierta visión del trabajo que hace la FEPADE, primero tiene que visualizar si su trabajo sustantivo tiene efectos hacia la sociedad, hacia el ciudadano, y para este caso la prevención es una etapa muy importante para esta institución.
Sin embargo, también lo hemos notado y se nota a diario, que esa cuestión no es un argumento sólido, dado que la prevención solamente se recuerda o se lleva a cabo en etapas electorales y no en un año natural. Solamente se llevan a cabo programas como blindaje electoral, por ejemplo, para prevenir y en un momento dado evitar que se cometan actos delictivos en la cuestión de delitos electorales. Eso por lo que corresponde a la prevención.
Por lo tanto, se requiere llevar a cabo un programa más exhaustivo, más directo y más concreto.
Se le presta mucho a los partidos políticos el tiempo de prensa o el tiempo para la difusión de sus programas, y se deja un segundo término la prevención del delito, por lo que corresponde al aspecto sustantivo de la FEPADE.
En la investigación, parte sustantiva y medular de la FEPADE, y yo lo ligo con los tres aspectos que tienen que ver con la persecución y la sanción, bueno, pues estos antecedentes serían menos si hubiese una prevención total y que tuviera resultados concretos.
Y me voy a referir a los índices que la FEPADE tiene hoy en día, sobre todo en su Quinto Informe de Labores de la FEPADE, establece una serie de antecedentes del índice criminal, de la noticia criminal que tiene actualmente a partir del 2014 al 2017.
Un promedio de cuatro mil 500 denuncias anuales; de esas cuatro mil 500 denuncias anuales, se consignan un promedio del 15 o 20 por ciento, es mínima la consignación.
De esas consignaciones, es factible que la autoridad judicial logre darles el beneficio en la resolución final, solamente a un 85 por ciento de esas resoluciones.
En fin, en este sentido, propongo que más que sea una función autónoma, sea una función con resultados, que tenga palpable y que se vea a la sociedad el trabajo que la FEPADE está realizando, dado que hoy en día no se nota.
Le pedimos nos aguarde, para que haya esta ronda de preguntas, y posteriormente nos dé la respuesta.
SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES: Buenas tardes, bienvenido, don Enrique.
De su ensayo y de lo que me comenta, sí me llaman muchas cosas la atención, que creo que valdría la pena comentarlas. En su ensayo, usted lo concluye diciendo que la autonomía plena no debe confundirse con el libertinaje del servidor público.
Yo no veo cuál habría que ser la confusión entre el libertinaje de un servidor público y la autonomía.
Y después dice: “Autonomía es garantizar el cumplimiento irrestricto de la ley”. No, la autonomía es la condición de no depender de nada; el cumplimiento estricto de la ley es el Estado de derecho, no veo cuál es.
Y sí es una demanda de la sociedad civil, pero también de los actores. ¿Por qué? Porque demandamos autonomía, porque no tenemos confianza en un Estado que tiene decisiones facciosas.
Sí, sí debe haber una autonomía, que aquí habría que ser rigurosos y no confundir autonomía con autarquía; nadie está hablando de una autarquía, pero sí un fiscal de delitos electorales que no tenga una autonomía, se acaba convirtiendo en una servidumbre del poder, caso concreto Odebrecht, y puedo decir 50 más, pero este es el caso.
Entonces varias cosas, no quiero entrar en más detalles, existe el concepto de prevención total, yo creo que no hay una, en derecho, y en la práctica de la procuración de justicia, hablar de la prevención total sería un poquito complicado, como categoría de análisis.
Entonces, ojalá y nos pudiera aclarar esto, por qué se habría de confundir la autonomía con el libertinaje o por qué la autonomía es el cumplimiento de la ley y no la condición de no depender de nada.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: También me gustaría formularle una pregunta.
Se ha visto que una de las debilidades del nuevo Sistema de Justicia Penal, ya en su operación, es la investigación y la investigación de los delitos.
En caso de que usted fuera titular de dicha Fiscalía, ¿qué acciones y estrategias implementaría en el ámbito de su competencia, para lograr revertir la constante expuesta en torno a la investigación del delito?
Gracias por su respuesta y le doy la palabra al senador Casillas.
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO: Gracias Presidenta.
Don Enrique, bienvenido nuevamente al Senado de la República.
Yo quiero insistir en el tema que usted está planteando, de la autonomía de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales. Yo le preguntaría así, concretamente, directamente, si usted cree que el modelo institucional, jurídico, actual, de la Fiscalía que usted pretende dirigir, en esas condiciones, ¿está en posibilidades de ejercer a plenitud las facultades de la procuración de justicia electoral?
Y en caso de usted ser el próximo titular de esta Fiscalía y en este corto tiempo, ¿cuáles serían las acciones para que, con este modelo, porque la autonomía no dependerá directamente del Fiscal, es otra instancia la que en todo caso debería determinar lo conducente, cuáles acciones usted establecería para darle la certeza de confianza, la certeza de imparcialidad y de hacer un trabajo completamente apegado a Derecho, sin ningún tipo de sesgo?
De sesgo, sobre todo, vamos, la situación que nos ocupa y que nos tiene aquí es precisamente por una situación muy especial que se dio en la Fiscalía, entonces concretamente esas son mis preguntas, espero sus respuestas muchas gracias.
COMITÉ DE ACOMPAÑAMIENTO CIUDADANO: Muchas gracias Presidenta. Muchas gracias por su participación.
Leí con cuidado su ensayo porque el tema de la autonomía es algo que nos abarca a todas las autoridades electorales y usted hace mucho énfasis en la importancia de este concepto.
Y creo que, para cada una de las instituciones, el INE, el Tribunal Electoral y la FEPADE, la autonomía se expresa de diferente manera, porque tienen diferentes alcances y diferentes propósitos.
Pero por ahí, en su ensayo, usted hace referencia a un tema que sí, también recuerdo en mi experiencia en el INE, que en muchas ocasiones se nos solicitaba: actúen de oficio.
Y la demanda incluso social de que una autoridad actúe de oficio, tiene que ver porque o no se conocen los alcances de la ley o no se percibe lo que implica actuar de oficio.
En su ensayo usted, en algún momento establece la importancia de poder actuar de oficio. Yo quisiera, en ese sentido, preguntar, tomando en cuenta el conjunto de principios que están involucrados en una decisión tan importante como es juzgar o perseguir delitos electorales y tomando en cuenta el principio de presunción de inocencia, en su concepto ¿qué se requiere, conforme la norma, para que la Fiscalía actúe de oficio, respetando el marco jurídico integral, derechos humanos y demás?
Por su respuesta y explicación, muchas gracias.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Muchas gracias, tiene 10 minutos para formular sus respuestas.
ENRIQUE CORREA ULTRERAS: Gracias señora Presidenta, bien, gracias señor senador del Partido del Trabajo.
En este aspecto, no quiero referirme que la autonomía sea o debe de tener un enfoque en cuanto al resultado que se ha visualizado para la FEPADE como un libertinaje.
No, yo me refería, más que otra cosa, a evitar el libertinaje. Es decir, que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, tenga la libertad para actuar y tomar sus decisiones en cuanto a una autonomía funcional y técnica, para así concretar y llevar a cabo un trabajo con resultados, llamémosles, positivos.
Hoy en día, es la misma FEPADE la que establece una serie de datos y antecedentes de índices del rezago que tiene, tan importante, en este trabajo y que quizá, o mejor dicho más probable para este proceso electoral que inició, pues se van a duplicar las denuncias.
Entonces, el personal que compone la Fiscalía no es suficiente, y el libertinaje en cuanto al aspecto que yo lo haría notar, señor senador, es en el sentido de evitarlo, precisamente.
Es decir, buscar los medios para que el servidor público adscrito, que son menos, tengo entendido un promedio de 300 servidores públicos que integran la Fiscalía, es un personal muy reducido para poder, en un momento dado, dar frente y afrontar este trabajo tan inmenso que tiene.
Como le decía a usted, tienen más de 4 mil 500 denuncias en trámite, carpetas de investigación y, bueno, son 11 meses para este cargo.
En 11 meses el Fiscal no podría, desde mi particular punto de vista, tener una visión general para implementar un plan de trabajo bien definido.
Yo creo que lo más importante es enfocar las baterías para llevar a cabo un plan para la prevención del delito electoral en esta contienda que se avecina, en razón de que se van a incrementar mucho las denuncias. Uno.
Dos. En el sentido de llevar este plan de prevención, tiene una importancia muy importante.
El Fiscal no le va a dar tiempo suficiente para solventar y darle trámite a 4 mil 500 denuncias que están integrándose.
Es por eso que se requieren las facilidades por parte de las autoridades centrales de la Procuraduría General de la República, para inyectar más servidores públicos a la FEPADE y así poder enfrentar, estos 11 meses, que casi va apegado con la contienda electoral. Eso, por un lado, señor senador.
Por lo que corresponde a la pregunta que me hace la señora Presidenta, de las acciones para prevenir los delitos.
Efectivamente, yo creo, y vuelvo a ser hincapié a la prevención.
En cuanto a la investigación, precisamente, senadora, es uno de los aspectos substanciales y fundamentales que tiene la FEPADE en el sentido de, al tener la noticia de un hecho criminal, de una noticia criminal, tiene la obligación, de oficio, de iniciar las investigaciones correspondientes para investigar si la noticia criminal tiene elementos suficientes para iniciar la investigación y, de ser el caso, llevar al cabo el inicio de la carpeta de investigación y posteriormente, si es necesario, dar la intervención a los peritos que intervienen en la integración, en la persecución y todo lo que es del perfeccionamiento de la carpeta de investigación para ver si se cuenta con los antecedentes suficientes y poder consignarla al juez correspondiente.
Sobre los aspectos que el señor senador del PRI me hacía referencia a la autonomía.
Como está actualmente es funcional y tiene los elementos para poder hacer frente al trabajo que está llevando a cabo. Yo diría que sí, señor senador.
Efectivamente, como lo he mencionado, es mucha la carga de trabajo y se va a incrementar un poco más con esta contienda electoral; sin embargo, creo que sí es suficiente pero también, como lo dije en un principio, quizá pedirle a las oficinas centrales un poco más de apoyo de personal funcional para poder, en un momento dado hacerle frente a este tipo de trabajo que está desarrollando en estos momentos la Fiscalía.
Creo que la Fiscalía sí tiene los elementos, incluso señor senador, aunque no hay fiscal, la Fiscalía está trabajando, está en funciones y está dando resultados. En ese sentido no le veo ningún aspecto en contra, al contrario, está ahí la Fiscalía y los servidores que actualmente la integran están en funciones.
Por lo que corresponde a su pregunta, en ese sentido el actor de oficio es una facultad que le da la Ley Electoral a la Fiscalía. Y en ese contexto, es una figura muy importante; no se requiere que haya una persona que incite a la autoridad investigadora a la persecución de un delito.
Tan simple y sencillo, al tener conocimiento de esa conducta o de ese aspecto que puede encuadrar en una conducta delictiva, en materia de delitos electorales, el Ministerio Público de la Federación está obligado de acuerdo a la Ley Electoral, a intervenir de inmediato a iniciar las investigaciones correspondientes, integrar la carpeta de investigación.
Si hay con detenido, en los términos legales que establece la ley. Si no hay detenido, integrar la averiguación en gabinete, darle intervención a todos los peritos, a la policía investigadora para la investigación del mismo asunto; hacer la cadena de custodia correspondiente. En fin, todos los antecedentes que se requieren en la actividad de investigación del Ministerio Público, repito, en materia de delitos electorales.
La querella de parte es importante, por supuesto, pero más importante es que la autoridad al visualizar y al detectar una conducta que puede encuadrar en la violación a un derecho electoral o que esto pueda encuadrar en un acto delictivo en cuestiones electorales; debe de actuar de inmediato y no esperarse a que alguien la incite a actuar.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Muchas gracias. Le agradecemos mucho sus respuestas y también que haya participado en este proceso para la designación del nuevo titular de la FEPADE.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Continuamos ahora con la participación de José Cuitláhuac Salinas Martínez, por favor.
Muchas gracias, bienvenido al Senado de la República.
Tiene usted diez minutos iniciales para hacer su presentación en los términos de la convocatoria y del acuerdo de la Comisión. Posteriormente pasaremos a la etapa de preguntas, las preguntas se están formulando de manera continua por los legisladores y el Comité de Acompañamiento. Y finalmente le cederemos nuevamente la palabra para que dé respuesta a los cuestionamientos.
JOSÉ CUITLÁHUAC SALINAS MARTÍNEZ: Muy amable.
En atención a lo precisado en la convocatoria para la designación del titular de la FEPADE, y con base también en la convocatoria que se nos hizo a los candidatos para comparecer ante este Senado, expongo:
Agradezco a los miembros de esta potestad federal por la disposición para escucharme y me dirijo a usted, y en general a la sociedad mexicana, en torno al ensayo respecto a la prevención, investigación, persecución y sanción y delitos electorales; que anexé como parte de los requisitos señalados en esta convocatoria, con motivo de la extensión que se fijó en esta, es que sólo se contiene una referencia somera y genérica en que destaqué algunos aspectos relacionados con los tipos penales descritos en el Código Penal Federal, aplicable a delitos cometidos antes de la entrada en vigor de la Ley General en materia de delitos electorales, pero no es exhaustivo y tampoco comprende todo lo que estimo necesario realizar en el trabajo al frente de la Fiscalía.
Por tanto, ese ensayo es un planteamiento esencial de un plan de trabajo, pero ahora me permito ampliar oralmente esa exposición.
Como se destaca en el documento, se estima que el problema esencial que existe en la correcta procuración de justicia en México en materia electoral, tiene como origen los siguientes aspectos:
El primero. La falta de profesionalización, es decir, capacitación técnico-jurídica del personal, incluyendo al personal del ministerio público de la federación y los mandos de esa fiscalía, porque no cuentan con los conocimientos jurídicos, ideales e indispensables para estar en aptitud de investigar delitos electorales.
Segundo. La falta de explotación de las técnicas de investigación previstas en las legislaciones procesales penales aplicables, ya sea en el sistema tradicional, o bien, en el oral.
Tales cuestiones constituyen el origen fundamental de la falta de los resultados que la sociedad espera de esta Fiscalía.
Por ello, mi proyecto de trabajo se centra, por una parte, en materializar el Sistema Nacional de Formación y Profesionalización que se refiere en la Ley General en materia de Delitos Electorales, y por otra parte, que ello se traduzca en la corrección y la concreción en las actuaciones ministeriales que garanticen los resultados esperados por la sociedad en su conjunto.
Por ello, son tres los ejes de mi propuesta:
La primera. Darle concreción al Sistema Nacional de Formación, Actualización, Capacitación y Profesionalización de Servidores Públicos, a que se refiere la Ley General en el artículo 24, fracción I.
Para ello, de manera específica, estimo que se debe realizar un programa de profesionalización con, por lo menos, los cuatro módulos siguientes:
Derecho constitucional y el impacto en materia penal.
Taller de comunicación oral penal.
El segundo Módulo:
Derechos Humanos en materia penal.
Teoría del delito, que es esencial en estos casos.
Teoría de la prueba; y
Tercer Módulo, que es fundamental en la labor del ministerio público: la fase de investigación que comprende la inicial y la complementaria; además, la preparación del juicio oral y la fase de individualización de las penas.
Sin duda, es necesario un taller de litigación oral, porque de esto carecen en la mayoría de los casos los ministerios públicos.
El cuarto módulo es:
Litigación y argumentación jurídica.
Planteamiento y alcances de recursos e incidentes;
Y finalmente las referencias al conocimiento del amparo indirecto y directo.
Este esquema tiene como objetivo, precisamente, que los contenidos específicos tengan una concreción y adecuada preparación curricular a que se refiere esa ley.
Como se advierte la programación que presento, constituye ya un dato concreto y específico para lograr el primero de los objetivos que se plantea.
El segundo, concomitante al anterior, es realizar la explotación de las técnicas de investigación que prevén las legislaciones procesales. En este momento están concurriendo.
En concreto, acudir a solicitar órdenes de cateo y de intervención de comunicaciones e información, ello con base en una supervisión real, estricta y técnica en las investigaciones.
En su momento, como podrán advertir ustedes de mi currículum, fui miembro de la Procuraduría General de la República.
En los diferentes cargos tuve la oportunidad de tener acceso y revisar el trabajo de la Fiscalía, y ello me permitió darme cuenta de estas deficiencias.
Finalmente, es la materialización de la prevención legal contenida en el numeral 24, fracción VI, de la Ley General a que ya he aludido, consistente en desarrollar el sistema electrónico de recopilación de información al que se agrega el procesamiento de datos y obtención de líneas de investigación.
En este caso, me permito enfatizar, esto no son sólo proyectos de trabajo. En mi caso, son realidades que hice concretas durante mi ejercicio en los diferentes cargos que desempeñé en la Procuraduría General de la República y ello está al alcance de todos y fueron públicos.
En efecto, en cuanto al tema de los programas de formación, precisamente como Subprocurador de la SIEDO implementé los seminarios de procesamiento de laboratorios clandestinos, los cuales dieron resultado, no sólo a nivel de la Procuraduría, sino implicó otras instancias como el Ejército, la Marina, COFEPRIS e incluso Seguridad Pública.
En esos participaron miembros de no sólo el país, sino también de las embajadas de Estados Unidos y de otros países; la información consta en PGR.
Ese programa no sólo tuvo éxito, sino que fue retomado en su integridad por el Procurador Murillo Karam. El taller que elaboré se desarrolló en el Centro conocido como la Muralla, ubicado en San Juan del Río, Querétaro, y precisamente mi labor fue implementar no sólo el desarrollo de la estrategia para elaborar el taller, sino además analizar nuestras capacidades institucionales para establecer ene se lugar la búsqueda y en ese lugar finalmente se determinó.
A la llegada de esta Procurador retomó el plan y ahora ahí está el Centro de capacitación. También esa información consta en la Procuraduría.
En el tema de supervisión, personalmente, como Subprocurador, revisé pliegos de consignación, porque mi experiencia en el ámbito público, tanto en el federal, del Poder Judicial de la Federación, como de la Procuraduría, me permitió hacerlo.
En propia mano, había correcciones de mi parte a los pliegos de consignación, a los diferentes documentos que el Ministerio Público realizaba, pero no sólo eso, se sugerían, se proponían diligencias concretas a desarrollar en las investigaciones y qué se obtuvo con ello, creo que los resultados están a la vista de todos.
En el plazo de enero a octubre del 2012 se consignaron en la SIEDO 675 averiguaciones previas; se solicitaron 188 órdenes de intervención de comunicaciones, en un lapso como ese jamás se habían pedido tantas órdenes de intervención.
Eso garantiza la calidad de la investigación, de éstas nos concedieron 175, que implicaron la intervención de mil 638 líneas telefónicas, la información que se obtiene de ahí para una investigación es esencial.
Además, solicitamos órdenes de cateo, se pidieron 299 y de ellas me autorizaron 284, que incluyó la revisión de 907 inmuebles. Estas técnicas no son explotadas por la Fiscalía y lo pude constatar durante los cargos que tuve.
En cuanto al tema de los sistemas electrónicos de procesamiento de información, durante mi gestión se desarrolló el Programa Electrónico de Procesamiento de Datos e Información de Laboratorios Clandestinos, en particular el área del SENAP y la Dirección de Servicios periciales de la PGR coadyuvaron con la Subprocuraduría para su elaboración. Estos tres modelos se pueden replicar en la Fiscalía, adecuado a las condiciones del caso.
Como se advierte, no se trata de proyecto son realidades.
¿Por qué justificar la idoneidad para el cargo? Primero, porque me he desarrollado en el ámbito de procuración y administración de justicia a lo largo de más de 20 años.
No sólo fui subprocurador, también fui Ministerio Público, puedo realizar personalmente, como muchas veces, solicitudes de órdenes de cateo, no necesito que alguien las haga, las he hecho yo.
También he resuelto, como fue y como he sido, en el ámbito de la administración de justicia, secretario de juzgados de distrito, de tribunales unitarios y colegiados y estoy en aptitud de desarrollar cualquier resolución en cualquiera de esos niveles, no sólo dirigir, también es de ejemplificar y darle la pauta a los que están, para que vean cómo materialmente se realiza el trabajo.
Finalmente, aquí cabe acotar que el tema fundamental que me llevó a presentarme ante esta potestad federal, es porque creo que tengo la capacidad, el perfil necesario para desempeñarme como titular de la FEPADE.
Pero además soy un ciudadano común, que se ha desarrollado en el servicio público también de manera ordinaria, sólo tratando de servir al país.
Soy un ciudadano de a pie, no soy un político; tampoco estoy ligado con fuerza alguna de carácter político. No me acompaña ningún interés más que servir a mi país.
Durante el tiempo que he estado en la carrera, en el Poder Judicial, y en la procuración de justicia, sólo me he ceñido al estricto cumplimiento de la ley.
La idea, es servir al país en el marco del cumplimiento de la ley y con el único objetivo de dar a nuestros hijos una mejor Nación.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Gracias por su participación.
Le doy la palabra al senador Luis Humberto Fernández, para que formule sus preguntas.
SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES: Muchas gracias licenciado.
A ver, hay varios temas que son interesantes.
Usted señala que la FEPADE no ha usado las herramientas de intervención telefónica y este tipo de herramientas para combate al crimen. Y pregunta para conocer.
No será porque los delitos electorales no están considerados en los supuestos que señala la ley, para combatir el crimen organizado, que es donde están los supuestos que permiten la intervención legal de teléfonos, o los otros supuestos, que permitirán la intervención de teléfonos, que están en la Ley de Seguridad Nacional.
Entiendo que los delitos electorales no tienen esta gravedad como para estar en crimen organizado, o seguridad nacional. En todo caso, una intervención para la investigación de delitos electorales, una intervención telefónica, si no está en los supuestos de la Ley de Crimen Organizado, o en la de Seguridad Nacional, sería una intervención ilegal, y dicen que, el que con leche se quema, hasta a las vacas les sopla.
Nosotros venimos, en la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, de un trabajo muy exhaustivo con el tema de intervenciones telefónicas a líderes de opinión y actores políticos, que se ha avanzado muchísimo.
Pero a mí, sí realmente me preocupa mucho el tema de que el Fiscal de Delitos Electorales, considere como parte de las herramientas esto, cuando no lo encuentro yo de memoria, discúlpenme, mi memoria no da para tanto, pero creo que no están en los supuestos de Ley para Delincuencia Organizada, o la Ley de Seguridad Nacional.
En segundo término, usted habla, y no puedo coincidir más con usted, en términos de un programa de capacitación, a fiscalizar una investigación científica, coincido que un estado es tan sólido como la capacidad y la confiabilidad de sus agentes. Entonces la capacitación y la honestidad es lo que le da.
Pero la pregunta es: en los 11 meses que queda, y atendiendo la emergencia en la que se está, ¿habrá posibilidades, como usted lo señala, de materializarlo?, sobre todo además de que ya se aprobó el presupuesto. Prácticamente, entonces, estaríamos en una situación complicada.
Por sus respuestas, muchas gracias licenciado.
Yo le voy a hacer dos preguntas, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La primera. Creo que, al hacer su exposición, centrándose en su perfil, tal vez dejó de lado algunos de los aspectos que nos interesan en esta comparecencia, y uno de ellos es su programa de acción.
Me gustaría saber cuáles serían las tres principales acciones que, de ser usted nombrado como titular de la FEPADE, desarrollaría en lo inmediato, es decir, en las primeras semanas de su llegada a la Fiscalía, tomando en cuenta la problemática que hoy vive esa institución.
Y, la segunda, que me comente cuáles considera que son los principales delitos en el ámbito electoral, que deben ser el mayor foco de atención por parte de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
¿A quién le doy la palabra, al senador Casillas?
Senador Casillas, adelante.
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO: Gracias, muy buenas tardes, estimado candidato.
Hace 23 años que se implementó en nuestro país la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, con la principal finalidad de la procuración de justicia en materia penal-electoral. Al respecto, me gustaría escuchar su opinión y compartirnos cómo la FEPADE, en su eficiente actuar institucional, habrá de constituir una instancia de protección a los derechos humanos en materia de democracia, tanto en lo individual como en lo colectivo.
Y de qué manera, de resultar electo nuevo Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, su actuación al frente de la misma habría de encaminarse a consolidar esta expectativa.
COMITÉ DE ACOMPAÑAMIENTO CIUDADANO: Muchas gracias por sus palabras.
Nosotros le preguntaríamos, ¿cuál debe ser, en su opinión, la actuación de la FEPADE ante denuncias de infracción a los párrafos VII y VIII del artículo 134º de la Constitución?
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Tiene usted diez minutos para dar sus respuestas.
JOSÉ CUITLÁHUAC SALINAS MARTÍNEZ: Gracias.
Primero, en relación a la primera pregunta. Cuando me referí a las intervenciones de comunicación lo hice genéricamente. Tenemos limitaciones en el tiempo y eso me faltó, quizá, la precisión.
Las intervenciones de comunicaciones no sólo son de líneas telefónicas. Las intervenciones de comunicaciones implican cualquier tipo de información, entonces sí se puede solicitar intervenciones para conocer la intervención. Hay criterio expreso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que precisó que tener acceso, por ejemplo, a los contactos que se tienen en un aparato telefónico, no se puede hacer de manera arbitraria sino necesita la autorización del Ministerio Público.
Entonces, ahí formalmente no hay una comunicación todavía establecida, pero sólo con el poder accesar al contenido del directorio de un teléfono celular, es motivo suficiente para acudir ante un juez de control en este momento, a solicitar la autorización de la explotación de esa información.
Pero no termina ahí. Tenemos otras solicitudes, por ejemplo, como todos los medios electrónicos están salvaguardados por el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de lo que consta en estos; también para efecto de tener acceso a una laptop, a una computadora, Ipad, en general, que no es todavía propiamente comunicación; también se puede solicitar al juez de control.
A este respecto no hay limitaciones. Quizá mi faltó aclara ese tema, sin embargo claro que son fuentes de información que pueden explotar cualquier ministerio público, como las órdenes de cateo.
Si no tengo mal en la memoria, durante el tiempo que me desempeñé como Subprocurador y de lo que realicé entonces en la FEPADE, no se había realizado una sola solicitud de orden de cateo. Si entendemos que el elemento fundamental de una investigación es recabar pruebas y no se hacen a través de una orden de cateo; es simple: el ministerio público no tiene herramientas para poder acudir a un juez a solicitar la orden de aprehensión, menos para sustentar una acusación y todavía peor, para tener la viabilidad de una sentencia condenatoria.
Sí, sí es necesario. Claro que es necesario, ¿se pueden realizar? Sí se pueden realizar, no hay limitación legal en este sentido. Y ello permitiría a los ministerios públicos contar con los elementos idóneos para poder acudir ante una instancia judicial. Esto sí es muy importante.
La mayoría de las consignaciones que me tocaron ver y que tiene que ver precisamente con otra de las preguntas que me hicieron, en relación con los delitos, la mayoría de las consignaciones que se realizan por la FEPADE son de delitos donde toda la información la proporciona el Instituto Nacional Electoral; donde la labor de la institución es recibir el oficio que viene del Instituto, recabar o solicitarle los documentos a que se hace referencia, agregarlos ahora a la carpeta de investigación, antes a la averiguación previa, dar fe en algunos casos de ello, y con eso se iba y se presentaba la solicitud de orden de aprehensión.
¿Y qué casos son los que se veían? Del ama de casa que para efecto de poder tener acceso a un centro hospitalario más cercano, fue y cambió su domicilio.
¿Cuestionable? Sí ¿Ilegal? También, pero esos no son los delitos que en este momento a la sociedad nos importa más.
No se hacía investigaciones, por ejemplo, de aquellos asuntos que tenían mucha relación donde de repente había 15, 20, 50 personas de un mismo poblado que teníamos con doble votación. Uno, por ejemplo, fue en Puebla y otro en Hidalgo.
Y es sintomático, si hay 50 personas que acudieron a Puebla a hacer la votación y luego se cambiaron de estado para ir a hacer la otra, claro que ahí había algo más que la actitud individual que era finalmente el tema que se consignaba en 50 averiguaciones previas, pero nunca se investigaba lo esencial.
Quiénes estaban atrás de esas movilizaciones de 50, 20, 30 personas que hacían o los recogían en una entidad y los llevaban a las otras.
Tuve alguna discusión muy fuerte con el fiscal de entonces, porque son números –diría yo– chabacanos. Son 50 consignaciones de gente que no tiene recursos y que en la mayoría de los casos, precisamente con base en la explotación de su carencia, habían sido llevados a votar dos veces, pero no había investigación de los actores intelectuales, de los sujetos que les hicieron promesas porque a muchos de ellos sí refirieron promesas por el voto.
¿De qué nos sirven esas investigaciones aisladas? De nada. Eso es a lo que me refiero con la falta de capacitación y profesionalización de los ministerios públicos.
Si toda esa documentación la está dando el Instituto Nacional Electoral, por lo menos debería hacerse el análisis. Es lógico, porque para eso no se necesita hacer un dechado de virtud jurídica.
Es sistematizar la información, que es precisamente uno de los aspectos que propongo, sistematizar la información a través de programas que ya existen y que sólo hay que cambiarlos en la institución para adecuarlos a las condiciones de los delitos electorales, y que los mismos programas nos den las coincidencias.
Si se advierte que es en el mismo poblado de Puebla la circunstancia de la primera votación, y por otro lado que es en el mismo estado en Hidalgo la otra votación, el sistema electrónico lo que hace es informarnos y vincular 50 averiguaciones previas, y entonces se acumulan las averiguaciones previas, se hace una investigación seria que implique el profundizar en materia de los autores intelectuales.
¿Cómo puede ser que en 11 meses se presenten resultados?
Su servidor fue Subprocurador en SEIDO 12 meses, y di los resultados.
Esta información que proporcioné hace rato, es perfectamente verificable en las instancias propias de la Procuraduría General de la República, fueron 675 averiguaciones previas; más de 1600 intervenciones de comunicaciones.
Jamás en la época, desde que fueron creadas las figuras hasta ese momento, se explotaron tanto esas líneas de investigación.
Realizamos investigaciones de seis meses, que implicaban 10 estados de la República, con más de 200 involucrados; eso es investigación.
Los resultados están ahí, y tuve sólo 12 meses.
¿Se puede? Claro que se puede.
El problema en México es que la impunidad es tal, que los actores de estos delitos se pasean como en su casa porque saben precisamente que no vamos a creer que lo vamos a lograr. No, hay que intentarlo y hay que hacerlo.
Tenemos sólo 11 meses, y así fueran 10, ocho o menos, y fuera mi caso de ser el titular, lo intentaría; no estoy solo.
Su servidor forma parte de un equipo que ha integrado a lo largo de más de 20 años, que respaldan mi trabajo.
El día de hoy está mi nombre aquí, soy Cuitláhuac Salinas, pero atrás tengo el equipo que estuvo conmigo cuando fui Director General de Investigación y Análisis en la Procuraduría; cuando fui Coordinador de Asesores de la Procuraduría; cuando estuve en la coordinación en la Suprocuraduría de Control Regional y finalmente en la propia Subprocuraduría.
Hay limitaciones, claro que hay limitaciones, pero lo tenemos que hacer, ese es un compromiso que como ciudadano tenemos; creo que sí se puede para eso estoy aquí.
El Programa de Acción, ¿qué es lo que pretende? Son tres puntos muy específicos: la profesionalización. Con respeto les digo, en su momento, como subprocurador, reuní, como Subprocurador de Control Regional, reuní a todos los delegados de la Procuraduría General de la República y con una computadora y un expediente les enseñé cómo se hace un pliego de consignación, que no son, con respeto de la palabra, mamotretos de 500 hojas, ni son pliegos motivados, fundados, que se resumen en 50.
Preparábamos el trabajo para presentarlo a los jueces ¿por qué? Porque su servidor fue secretario en juzgados, a mí me tocaba resolver los pedimentos de orden de aprehensión. Sé dónde están las fallas. ¿Qué hicimos? Evitarlas.
Se puede, claro que se puede. Esa misma actuación se hizo en SIEDO y en una investigación de alrededor de cinco tomos, en tres horas elaboramos un pliego de consignación, que implicaba delincuencia organizada. Sí se puede, claro que se puede.
La capacitación es viable, la gente que viene conmigo y su servidor somos empleados, somos servidores públicos que hemos desarrollado los cargos. No necesito más capacidad para esta área, con lo que tenemos, nosotros estamos en la actitud de enseñar lo que sea necesario y de corregir lo que haya necesidad de corregir.
El segundo punto, explotación de las técnicas, que es algo a lo que ya me referí. Hay que crear líneas de investigación, ¿cómo? Con el conocimiento de la averiguación previa y la aportación de los datos que se van recaudando.
El otro tema es el programa que se señaló como el Programa Electrónico. La PGR tiene las capacidades instaladas no de hoy, de hace muchos años, en el CENAPI y en la Dirección General de Servicios Periciales, para modificar el programa que les digo, que ya existe, sólo hay que cambiar los parámetros e ir surtiendo de información los diferentes rangos.
El sistema nos liga todo, números de teléfono, números de cuenta, características de personas, todo eso ya está, el problema es que no se ocupa.
Son esos tres puntos.
A mí me parece que, si bien toda conducta delictiva debe sancionarse, en este momento a la sociedad le importa, como lo dije, no la conducta del ama de casa no del sujeto que fue con promesas a votar en otro lado o infringió de alguna manera la ley electoral, no; lo que nos interesa son las cabezas que están atrás de él, las que fomentan esos cambios de votación.
Porque el bien jurídico que protege la ley en su conjunto es la adecuada función pública en la materia electoral. Sí se vulnera con las actividades, digamos, menores de estas personas, pero la violación fundamental la tenemos en la actividad de estas personas que se valen de la ignorancia, que se valen de la pobreza y que se valen de nuestro actuar omisivo.
¿Cómo proteger los derechos humanos? Ya tenemos la protección, está en la ley. ¿Qué hay que hacer? Ceñirnos a la ley, respetar los principios establecidos en los diferentes códigos, la Constitución y sólo acatar la ley da la garantía hoy y siempre de protección de derechos humanos.
El trabajo legislativo está aquí, los avances legislativos han dado al Ministerio Público de la Federación suficientes herramientas para poder desarrollar su labor, no necesitamos más.
El artículo 134 constitucional no lo recuerdo bien, no tengo presentes todos los artículos. Si no recuerdo mal, se refiere a la cuestión presupuestal.
En el caso de la Ley General de Delitos Electorales, hay conductas específicas que se refieren precisamente a evitar que los recursos públicos lleguen de alguna u otra manera a las instancias en el momento de los procesos electorales.
¿Qué hay que hacer? Cumplir con esta ley.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Muchas gracias por su participación y también por atender esta Convocatoria, para la designación de Fiscal para la Atención de Delitos Electorales.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Continuamos con la siguiente comparecencia, a cargo de Enrique Alejandro Santoyo Castro, a quien le solicitamos pase a la Tribuna.
Bienvenido al Senado de la República.
Como ya se dio cuenta, cuenta usted con 10 minutos para iniciar su presentación, generada en los términos de la Convocatoria y del acuerdo de la Comisión, posteriormente, una ronda de preguntas y finalmente sus respuestas. Adelante.
ENRIQUE ALEJANDRO SANTOYO CASTRO: Muchas gracias señora Presidenta.
Vamos a iniciar propiamente con el ensayo que presenté, para participar en la Convocatoria.
Partimos de la idea, precisamente, del respeto a los derechos humanos.
Reconocemos y tenemos bien claro el hecho de que el voto es un derecho fundamental, establecido en el Artículo 35 de la Constitución, Fracción Primera, que establece una participación ciudadana directa, y en esa medida mi estudio propiamente parte de la idea del estudio del delito de participar en la alteración del Registro Federal de Electores, previsto en la Fracción Primera, de la Ley General de Materia de Delitos Electorales.
En ese punto, hacemos un análisis jurisprudencial, establecido en la Tesis 97-2001, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde hace un estudio del anterior Artículo 411 del Código Penal Federal, que es de similar redacción y por ello, en ese punto, también es adecuado para lo que establece la Fracción Primera del Artículo 13, en cuanto, propiamente, a la alteración del Registro Federal de Electores.
Así, la Suprema Corte, con independencia de establecer los elementos descriptivos del tipo penal en cuanto a la conducta, los sujetos activo pasivo, el bien jurídico protegido, el objeto material, los medios utilizados, las circunstancias de modo y tiempo, también estableció que debe, el ministerio público, demostrar o acreditar el elemento subjetivo consistente en el dolo.
Precisamente para evitar la criminalización de sujetos o personas que participen en esa forma o alteración de registro, que no tengan una intención preconcebida en el sentido de participar dolosamente a la alteración y que provoque, en esa medida, la comisión de un delito electoral.
Es importante, ¿por qué?, porque en ese punto si no se estableciera ese elemento subjetivo, pareciera que cualquier persona que participara, propiamente servidor público, por algún error, en esta alteración del registro, podría incurrir en esa conducta delictiva.
Entonces, o más bien con esa finalidad de establecer precisamente el tema del dolo para la integración del delito, persigue, o más bien la finalidad el no perseguir manifestaciones erróneas o falsas, por ignorancia o cualquier otro motivo, que den como fin propiamente esa alteración del registro.
Es decir, propiamente, es a conciencia que implica necesariamente el dolo para la acreditación.
Ahora, continuando con la disertación, en cuanto a los puntos importantes en que se basará mi proyecto, en el caso de ser elegido por esta potestad, el trabajo de ser elegido con esta potestad como titular de la FEPADE.
Primero. Es generar, en el ámbito del ministerio público, una actuación ética.
El nuevo titular que sea designado, sin duda tiene un gran reto. ¿Por qué? Porque el próximo año tenemos elecciones federales y en ese punto no se debe perder el tiempo para la debida protección de los derechos políticos de la ciudadanía.
Así que una de las herramientas, importantísimos, es generar en el ánimo del ministerio público, esa actuación ética con vista y basamento del respeto de los derechos human os.
En esta circunstancia es importantísimo. ¿Por qué? Debemos pasar, o más bien dejar atrás u olvidado el tema de la forma de investigar los delitos como se venía haciendo, ¿por qué? porque estamos ya de lleno en lo que se conoce como el sistema acusatorio.
La actuación ética implica un deber que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece en el artículo 128, al establecer que como principio de la acusación, precisamente es el deber de lealtad. Esto es, que el ministerio público debe de conducirse con verdad y sobre todo, por ejemplo, en el caso de que los datos de prueba que en su etapa procesal correspondiente se ofrezcan, precisamente existan. Y también, que el ministerio público debe actuar con debida diligencia.
En esta temática, puedo hacer referencia que a través de cuatro años he sido titular de la materia de resolución de dilemas éticos en la Escuela Libre de Derecho; y en ese punto puedo preciar el sentido de que podemos llegar a buen puerto en esa dinámica.
También, generar en el ministerio público programas de simulación de juicios. Ya no es a través de una consignación, a través del escrito que el ministerio público debe de acudir ante las autoridades jurisdiccionales a presentar sus acusaciones, sino ahora lo tiene que hacer de manera oral.
También, debe de privilegiarse y utilizarse las herramientas o será parte de mi propuesta, la utilización de las herramientas jurídicas tales, como los procedimientos abreviados; aquellos que si bien no va a implicar el hecho de que una persona no sea juzgada, sino más bien que evitara llegar a una sentencia con el hecho de que exista la confesión.
Y también utilizar el principio de oportunidad, que en recientes fechas ya hay acuerdos por ahí del Procurador en el sentido de cuáles son los límites y los lineamientos.
Otra de las propuestas del proyecto es la transparencia. Claro, la transparencia ceñida a la ley y además, con base también en los principios de no romper con el principio de no presunción de inocencia establecido en el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales; el derecho a la intimidad y la privacidad; y el derecho a una defensa adecuada, reconocidos en el artículo 15º y 17º consecutivamente, del Código Nacional.
Ahora, también en ese punto las estrategias para el combate de rezago van insertas propiamente en privilegiar las formas de terminación anticipadas y en los casos que sean procedentes. Y sobre todo también, manejar estrategias anticorrupción; es decir, que hacia adentro de la propia Fiscalía deberá haber una vigilancia que permita que los fiscales o los ministerios públicos no actúen en forma corrupta.
Ahora, justificación de mi idoneidad. Bueno, en el caso no tengo vínculos partidistas que van acordes a la autonomía de lo que el titular de la FEPADE debe de tener.
Tengo más de 17 años en el servicio público. Me he desempeñado como secretario de juzgado de diversos juzgados, tribunales unitarios, tribunales colegiados en el Poder Judicial Federal; y eso precisamente me ha permitido conocer y analizar puntualmente los aciertos y deficiencias en las integraciones propiamente ya anterior, averiguaciones previas; y ahora ya carpetas de investigación.
En ese punto también he tenido la oportunidad de participar en el CIDE, en la educación de la Policía Federal por más de cuatro años; que eso también implicaría una gran oportunidad porque con el nuevo sistema acusatorio lo que se debe privilegiar es propiamente el utilizar esos mecanismos policiacos para la prevención del delito y que redundará propiamente en la prevención de los delitos en los temas electorales.
En ese punto, también he manejado a nivel académico el tema de lavado de dinero, en el TEC de Monterrey, como adiestrador en el sistema de prevención de lavado de dinero; que ahora creo que para la protección efectiva del voto de los ciudadanos, se han utilizado algunos mecanismos precisamente para meter dinero a las campañas que no están permitidos, y en esa medida tenemos la experiencia para hacer un trabajo adecuado con vista, repito, a la protección de los derechos humanos y sin criminalizar de manera incorrecta a personas que no tendrían por qué estar sujetos en un procedimiento penal, derivado de su derecho fundamental de sus ejercicios políticos.
Las propuestas de importancia para combatir la comisión de los delitos electorales, de acuerdo al sustento legal de las facultades de la FEPADE, implica necesariamente, como he anunciado, la colaboración interinstitucional para la persecución de los delitos electorales, con base en un marco de actuación proactiva.
Ese marco de actuación proactiva, implica que, a través de las redes de sistema público y jurídico que existen: policía, policía federal, instituciones, Poder Judicial Federal, las otras instituciones de la Procuraduría General de la República, y con lo que ya esta potestad ha emitido en cuanto a leyes, a utilizarlas precisamente para la persecución.
Es importante dentro de las propuestas, identificar los delitos por los cuales se han obtenido menores resultados, de vinculación o de sentencias vinculatorias, para detectar las fallas e implementar estrategias para corregir tal situación.
Realizar acuerdos de colaboración con las instituciones de las fuerzas públicas para contar con policías especializados en la investigación de los delitos electorales; pero también iniciar una campaña de prevención de los delitos electorales que ya existen, sino abundar más sobre el tema para efecto de la violencia política contra las mujeres en el seno familiar para la inducción del voto.
El debido uso de los recursos públicos sobre las prácticas de condicionar el voto, las implicaciones penales del uso indebido o la violación del patrón electoral, la venta de votos y la violencia en las campañas electorales, que a la fecha nos hemos dado cuenta que la delincuencia organizada participa o genera un estado de inseguridad que impide propiamente que la gente acuda a ejercer su derecho político de voto.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Muchísimas gracias.
Yo quisiera hacerle la siguiente pregunta:
Se ha dicho últimamente, usted ha centrado parte de su argumentación en el nuevo sistema acusatorio, y últimamente se ha venido generando en la opinión pública en algunos actores políticos el tema de que el sistema necesita ajustes, de que el sistema no está funcionando como debiera.
Y hay aquí dos corrientes: quienes pensamos que el problema del sistema no es el diseño del sistema sino la debilidad institucional de sus operadores; y quienes opinan que se requiere hacer un cambio legislativo al respecto.
A mí me gustaría preguntarle su opinión respecto de este tema.
¿Qué opina usted? ¿Cómo ha venido evolucionando el Sistema Penal Acusatorio?
Y desde la FEPADE, si fuera usted titular de esta Fiscalía, ¿cuáles serían los errores que no cometería para fortalecer el Sistema Penal Acusatorio, y por consecuencia, para fortalecer la procuración de justicia electoral.
Le doy la palabra al senador Jesús Casillas.
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO: Gracias, presidenta.
Nuevamente bienvenido, maestro Santoyo.
Escuché con atención su exposición, y me llama la atención cómo hace usted énfasis en un aspecto fundamental, que en cualquier otra actividad de la función pública es no solamente indispensable, se hace necesario y es un asunto que realmente le interesa a la sociedad, que es el tema de la transparencia.
¿Sí sabe por qué estamos aquí? ¿Por qué está esta comparecencia?
ENRIQUE ALEJANDRO SANTOYO CASTRO: Sí, por supuesto.
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO: Precisamente, yo quisiera que nos ampliara un poco, en razón del sigilo que deben guardar las carpetas de investigación.
Solamente pueden acceder a ella las víctimas, el ofendido y el indiciado hasta que se establezca un acto de molestia, de acuerdo al 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece la reserva de los actos de investigación.
Yo quisiera nada más que nos pudiera por lo menos precisar hasta dónde llega esa transparencia, sin que vulnere el sigilo de las investigaciones.
Por sus respuestas, muchas gracias, maestro.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Comité de Acompañamiento.
COMITÉ DE ACOMPAÑAMIENTO CIUDADANO: Muchas gracias, senadora Presidenta.
Maestro Santoyo, atendiendo al tema eje sobre el cual desarrolló el ensayo que postuló junto con otros documentos para postular su candidatura en esta convocatoria para definir al titular de la Fiscalía Especializada de Atención de Delitos Electorales; usted hace referencia a una aproximación, hace un estudio de tipo dogmático, sobre todo respecto de quién puede ser partícipe en la creación del Registro Federal de Electores.
Y precisamente, continuando con ese propósito temático general, querría preguntarle desde su perspectiva, desde su punto de vista y atendiendo sobre todo a una respuesta lo más integral posible, lo más completa posible, desde su perspectiva ¿qué se requiere, conforme a la ley, para que la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales actúe de oficio y al mismo tiempo respete de manera cabal el Principio de Presunción de Inocencia?
ENRIQUE ALEJANDRO SANTOYO CASTRO: Creo que, en principio, voy a empezar al revés, en cuanto a la pregunta última, en ese punto obviamente la propia es la ley, en todos los actos legislativos, la legislación establece qué delitos se persiguen por querella, por exclusión, los que cuando la ley no establece propiamente que se requiere querella, será de oficio.
Ahora, es claro que un delito que se persigue de querella, en la Fiscalía no podría actuar por sí solo y en ese punto, solamente aquellos delitos que la propia ley especial, que ahorita no los recuerdo en su completa tesitura, pues sí podría actuar de oficio y se vencería la situación del tema de la presunción de inocencia, propiamente con los datos de prueba que se pudieran presentar al juez de control y que vieran una medida, de alguna certeza de que un hecho delictivo se está cometiendo y que en eso diera pie propiamente a una vinculación a proceso.
Ahora, en este punto es claro que el respeto a los derechos fundamentales de autoincriminación, corresponden necesariamente al Ministerio Público, hacer propiamente buscar sus pruebas, principio, la primera etapa del proceso, sus datos de prueba, para que a futuro los ofrezcan ya como prueba y que sean debidamente analizadas en el único lugar que se puede analizar en el juicio oral, que es en la sentencia propiamente.
Ahora, en cuanto al tema de la transparencia y el sigilo, es claro que el servidor público, no solamente el de la FEPADE, sino también cualquier otro debe ceñirse de manera clara en lo que establece la ley.
Sin embargo, tenemos que en el propio Código Nacional sí hay unos límites importantísimos que precisamente son que no se rompa con el principio de presunción de inocencia.
Es decir, que no se suba a un sujeto al cadalso mediático para efecto de que no sea un juzgador, sino la sociedad, precisamente, la que determine si es o no culpable.
En ese punto también implica la protección de un derecho a la intimidad. Una persona que está sujeta a una carpeta de investigación, tiene el derecho constitucional al buen nombre y en ese punto no es correcto que, a través del ejercicio del derecho a la transparencia o propiamente de la libertad de expresión del servidor público, también haga referencia de unos aspectos que serían dañosos para la persona investigada, para víctimas en términos generales, no electorales y para que provocara propiamente una situación irregular dentro del proceso.
¿Qué es lo realmente preocupante? La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversos criterios jurisprudenciales. En el caso de que si hay alguna intromisión en la obtención de alguna prueba o incluso en la forma que se presenta esa prueba, puede llegar a caer en el cesto de la ilegalidad y entonces, en ese punto, un servidor público que no sea correcto en la forma de transparentar sus hechos de investigación, provocaría, ya sea dolosa o no dolosamente, que esas pruebas se invaliden a sabiendas que las va a utilizar en el proceso acusatorio que, repito, si es doloso, pues a la mejor ya sabía que esas pruebas no van a servir para acusar.
Si es negligente, nunca se daría cuenta que lo que su propia actuación está realizando, propiamente provocaría una sentencia no apegada a la ley y a la justicia, por el mal funcionamiento o el mal trato de esa forma de expresar, que provoque la ilegalidad de una prueba.
Ahora, en el tema de los juicios orales, en el caso, sinceramente el juicio acusatorio es una realidad en nuestro país.
El juicio acusatorio ha sido propiamente victimizado, por decirlo de alguna manera, porque al final de cuentas creo que es una herramienta que va a permitir, precisamente, que los derechos humanos sean protegidos de una manera adecuada.
Por eso es importante que el ministerio público, o quien esta potestad decida quién sea el Fiscal de Investigación Especializada en Delitos Electorales, no puede actuar con los viejos vicios del anterior procedimiento, ¿por qué?, porque hay un juez de control que los revisa.
Precisamente la idoneidad, para su servidor, en esta Convocatoria, es porque me he dedicado propiamente a revisar lo que hacen los ministerios públicos, lo que hace el juez de Distrito a nivel tribunal unitario, después lo que hace el magistrado unitario, a nivel amparo.
Y en esa medida, también, hemos podido advertir que si el ministerio público no se da cuenta que sus actuaciones tienen que estar ajustadas a derecho, y sobre todo sus actuaciones van a estar revisadas en el juicio oral por un juez, creo que se colapsa.
¿Por qué? Porque al final de cuentas se colapsa porque el ministerio público no está haciendo debidamente su trabajo y está trayendo dinamismos o dinámicas, que ya no calza bien con el sistema acusatorio.
¿Qué haríamos nosotros, en el caso de que esta potestad permitiera servir a mi país desde ese lugar?
Creo que, en principio, lo que tenemos que hacer es no reeducar porque es poco el tiempo y estamos enfrentándonos a la vuelta de la esquina, a una campaña electoral que México merece que sea transparente y adecuada, donde los órganos de gobierno trabajen de manera de equipo para que salga adelante, sino que, como lo digo yo, dentro de las propuestas, es preparar, o por lo menos vigilar, el aspecto ético ministerial y sobre todo previo a una acusación, porque ya no es posible que el ministerio público presente por escrito ningún alegato, se hagan simuladores de juicio, como se hacen en otras partes del mundo, como se hace incluso en despachos especializados que previo a la presentación de una vinculación a proceso, con los datos de prueba, hagan sus argumentaciones y que puedan llevar a buen puerto una sentencia condenatoria, pero allegada a derecho.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Muchísimas gracias por sus respuestas y por su participación en este proceso.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Continuamos ahora con Pedro Miguel Ángel Garita Alonso. Adelante.
Buenas tardes. Bienvenido al Senado.
Vamos a dar inicio a su comparecencia.
Como ya se dio cuenta, tendrá usted 10 minutos, en términos generales, para su exposición general, tal como lo previene la Convocatoria y el Acuerdo, emitido por la Comisión.
Posteriormente pasamos a preguntas y finalmente una intervención más de usted para formular sus respuestas. Adelante.
PEDRO MIGUEL ÁNGEL GARITA ALONSO: Muchas gracias.
Agradezco a todos ustedes, señores y señoras senadoras de esta Honorable Comisión de Justicia, y al Comité Académico de Expertos en la Materia Electoral, la oportunidad que me brindan de participar en este proceso de selección para ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, y expresar ante ustedes mis ideas en la materia.
En cumplimiento a la convocatoria y de acuerdo a las facultades de la FEPADE, basaría mi proyecto de programa de trabajo en correspondencia con las propuestas importantes para combatir los delitos electorales, en lo siguiente:
Primero, el marco jurídico constitucional y legal que establece las directrices normativas en materia electoral, y el cumplimiento estricto de cada una de las disposiciones jurídicas; destacando así la observancia al principio de la legalidad, como todos sabemos, estas normas están constituidas por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su Reglamento; y la Ley General en materia de Delitos Electorales y demás disposiciones normativas en la materia.
Es decir, que cumpliendo con el marco jurídico, cumplimos con el proyecto de programa de trabajo.
El reto y la necesidad más grande de nuestro país, es hacer que se cumpla la ley, sin excepción y distinción alguna, como una parte de nuestra cultura de la legalidad.
En segundo lugar, el proyecto se alinea con los objetivos y metas señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; específicamente en relación a la meta de lograr un México en paz que garantice el avance de la democracia, la gobernabilidad y la seguridad de su población.
Este documento, el Plan Nacional de Desarrollo, como sabemos, es un documento normativo que tenemos que observar. A partir de este marco jurídico y de planeación, mi proyecto de trabajo lo oriento en cinco directrices principales como ejes rectores:
Planeación para una procuración de justicia eficiente y eficaz, que contribuya al avance de la democracia, la gobernabilidad y la seguridad de la población.
Respeto, protección y defensa de los derechos humanos.
Prevención de los delitos electorales, consolidando así el sistema de justicia penal acusatorio.
Control y evaluación del desempeño institucional y difusión de resultados.
Ahora bien, partiendo de estos ejes rectores, considero los siguientes puntos básicos o acciones inmediatas a cumplir de manera prioritaria, para este proceso electoral que ya se encuentra en marcha y hay que estar activos:
En el orden administrativo, la situación económica nos obliga a una administración eficiente de los recursos presupuestales que nos permitan cumplir con nuestros objetivos, mediante la participación profesional, responsable, eficiente y eficaz en el manejo de los recursos humanos, materiales y financieros.
En el orden técnico, elaborar un diagnóstico institucional para el ejercicio 2018, avances en la organización para el proceso electoral en marcha, a nivel central y a través de sus coordinaciones de zona en el país. Fortalecimiento de la capacitación como estrategia de la protección electoral para la prevención de los delitos electorales. Por supuesto, abatimiento del rezago, avances ministeriales, revisión y actualización de los protocolos de actuación de la función ministerial. Todo esto en relación con la situación y con la aplicación del Sistema Penal Acusatorio.
En el orden social, acciones de acercamiento de la FEPADE a la ciudadanía durante el proceso electoral. Enfatizar la vinculación con organizaciones de la sociedad civil, con el fin de preservar los vínculos de trabajo y coordinación efectivos para prevenir la comisión de delitos electorales y fomentar así, la participación ciudadana.
Un aspecto fundamental que se encuentra en el tintero legislativo: política electoral de género; protección de los derechos político-electorales de las mujeres, partiendo de la prevención y la investigación de delitos cometidos contra las mujeres en el ámbito político.
Sistemas de atención ciudadana fundamentales, potencializar los medios telefónicos, electrónicos, para atender a la sociedad en general y fortalecer las políticas de comunicación social.
En el orden de vinculación institucional, estrechar la coordinación con SEDESOL para así prever los delitos que se cometan en el uso de programas sociales con fines electorales.
Revisión del fortalecimiento de las relaciones con la propia Procuraduría General de la República, con el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que esto funcione estrictamente como un todo.
En general, procuraré de manera urgente sistematizar todo el trabajo de la FEPADE para atender con eficacia el proceso electoral que se encuentra en marcha.
Un aspecto que me llama la atención en lo personal, es la prevención mediante la educación, capacitación y profesionalización, instrumentando políticas públicas para la capacitación en materia de cultura cívica, como estrategia de prevención de los delitos electorales.
Lo anterior, será una tarea prioritaria que se respalda en el pensamiento del doctor Enrique Graue, al decir: “Un país sin educación no tiene futuro. Una nación con insuficiente educación, tendrá un incierto futuro, y México no puede tener incertidumbre”.
Al aplicar esta filosofía a la necesidad de la educación electoral, enfatizamos que nuestro país no puede tener incertidumbre en su desarrollo democrático.
Necesitamos desterrar, como lo ha mencionado el jurista Jorge Fernández Ruiz, lo que se llama una patología electoral con base en una adecuada política criminal, el Estado mexicano debe estar preparado para ello.
Razones que justifican la idoneidad para ocupar el cargo:
Por esencia y naturaleza, la FEPADE es un órgano importante que procura mantener la vigencia de los procesos electorales.
De ahí que el perfil de quien ocupe este posición importante para el Estado mexicano, debe tener un perfil correspondiente en lo profesional. Y en ese aspecto, yo he desempeñado diversas posiciones modestas en el ejercicio profesional en donde he abrevado el conocimiento jurídico y la experiencia, ya que he asumido el cargo, en su momento, de Procurador General de Justicia de mi estado de Puebla.
Asimismo, he sido Director General de Asuntos Jurídicos en diversas legislaturas en la Cámara de Diputados.
He sido coordinador jurídico de alguna Secretaría de Estado, como la Secretaría de Pesca; en la propia Comisión del Congreso de la Unión; en apoyo técnico para la elaboración de proyectos legislativos constitucionales para la reforma del Estado.
En la Auditoría Superior actualmente, en temas de fiscalización superior y combate a la corrupción.
En lo académico, tenemos una formación académica que nos ha costado trabajo y que hemos realizado a través del tiempo.
Desde mi licenciatura, he trabajado sobre los procedimientos penales. He realizado una maestría en Derecho Constitucional y Administrativo, estudios de maestría, un doctorado en derecho con la tesis profesional de los sistemas electorales en el derecho comparado.
Y actualmente estoy vigente en la parte académica, dando algunas materias relacionadas con este requisito de la FEPADE. Soy profesor de materias como Derecho Constitucional, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo.
Actualmente director del Seminario de teoría del Estado, que me permite tener una visión de Estado en general sobre los problemas de la nación y llevar a cabo proyectos importantes de investigación en constitucional y Derecho Electoral a nivel de maestría y doctorado.
Por supuesto que para este cargo se requiere liderazgo profesional y académico. En este caso he sido profesor y presidente de la Asociación de Abogados al servicio del estado, Consejero Técnico del órgano de gobierno de la facultad de Estudios Superiores y actualmente consejero universitario.
La experiencia obtenida durante mi ejercicio profesional y mi desarrollo académico justifican a idoneidad para ocupar la titularidad de la FEPADE y ejercerla con conocimiento y experiencia.
A manera de conclusión, unos segundos. Deseo enfatizar ante esta honorable comisión y cuerpo colegiado de expertos y en general ante la soberanía de esta Cámara de Senadores, que mi pretensión de asumir la titularidad de la FEPADE no obedece solamente a una aspiración personal o satisfacción individual, sino obedece principalmente al deseo de cumplir a uno de los fines de mi alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México, que es formar profesionistas socialmente útiles y comprometidos con México, conscientes y sensibles a las condiciones y problemas nacionales, inspirados siempre en un compromiso social.
A ello me comprometo a servir por México.
A mí me gustaría solamente preguntarle si usted considera que la Ley de Delitos Electorales previene de manera adecuada la tipología y las principales infracciones que se cometen en materia electoral, para sancionar a quienes las cometen.
Ayer, durante las comparecencias se comentó, por algunos de los aspirantes, la necesidad de agravar las penas. Por ejemplo, me gustaría saber su opinión sobre el marco jurídico en materia electoral, penal, y si usted ve áreas de oportunidad.
Gracias y le doy la palabra al senador Casillas.
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO: Gracias senadora Presidenta.
Doctor Garita, bienvenido al Senado de la República.
¿Nos podría usted precisar, a su consideración, cuáles son las causas que conllevan a la comisión de delitos electorales, qué consecuencias generan y ampliar su criterio sobre las acciones inmediatas a seguir en este proceso electoral, a fin de contrarrestar esas consecuencias?
Comité Ciudadano.
COMITÉ CIUDADANO DE ACOMPAÑAMIENTO: Doctor, la máxima publicidad es un principio constitucional reconocido en materia electoral.
¿Cómo se aplica tal principio en el ámbito de los delitos electorales, en relación a la transparencia, en relación al principio de inocencia? Y si quiere abundar en su argumentación.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Muchísimas gracias doctor, puede usted dar las respuestas.
Con mucho gusto, señora senadora. Yo creo que quién mejor que ustedes podrían también tener este criterio cuando una norma no funciona y en este sentido pues propiamente diagnosticar el sentido de la población, en este caso de la materia, si en un momento dado esta tipología, sanciones penales, es insuficiente.
Como un criterio personal, para mí es suficiente, hasta estos momentos. Yo creo que debemos de agravar las penas como resultado de un ejercicio electoral.
Si nosotros observamos que después de este ejercicio electoral que estamos llevando a cabo, en donde se derivan múltiples conductas, hay necesidad de agravar las penas, hagamos precisamente ese diagnóstico y propongámoslo a los órganos legislativos para su análisis y diagnóstico correspondiente.
En caso de que como resultado de este proceso electoral se observen conductas no agravantes, como ha sido efectivamente a través de los años, hemos logrado avanzar en nuestra cultura electoral, en nuestra cultura democrática, yo estoy porque el día de mañana estos delitos, en lugar de aumentar disminuyan.
Sin embargo, si es conveniente agravar las penas como en el caso de algunos delitos concurrentes en la compra de votos, en el condicionamiento de los servicios sociales por parte de servidores públicos, etcétera, pues habrá necesidad de agravar las penas, siempre y cuando sea como resultado de la experiencia que se arroja de un proceso electoral.
Por otra parte, señor senador, a mí me parece que la corrupción electoral es un fenómeno que se ha extendido en muchos países, en donde incluso aquellos que se han considerado con un avance democrático, vemos que persisten muchos delitos electorales.
La corrupción electoral en nuestro país, ha revelado características específicas, determinadas posiblemente por circunstancias tales como el infradesarrollo democrático.
Necesitamos fortalecer la cultura democrática de los ciudadanos y, en términos generales, de todos los que participan, fundamentalmente en la estructura democrática que todos conocemos.
La falta de información a los ciudadanos, por eso es muy importante la parte preventiva. Decíamos hace unos momentos, si no está informado, está condicionado a cometer errores.
En este caso es necesario que el Estado, los órganos, en este caso como la FEPADE, establezcan mecanismos de comunicación más efectivos, pero no únicamente como un spot para todos, sino que efectivamente bajo cierta metodología se diagnostique que efectivamente el ciudadano y todos aquellos que participan en estos procesos electorales, efectivamente están asimilando el conocimiento.
Queremos líderes que desconocen su papel que habrán de cumplir en el desarrollo del sistema electoral y en un momento dado desconocen ese conocimiento, o esa actividad para que efectivamente funcione nuestro sistema electoral.
Y, en definitiva, aquellos que de manera intencional o dolosa realizan estas acciones, pues definitivamente tiene que aplicarse la ley de manera estricta y sin consideración alguna.
En efecto esto, como usted sabe, señor senador, desde mi criterio, pues pone en peligro el sistema democrático, un sistema democrático que hasta estos momentos nos ha costado mucho trabajo y que muchos incluso de los aquí presentes, han estado en ese avance en las instituciones, en el Poder Judicial para los delitos electorales, en el Instituto Electoral, en el ministerio público, en todas las estructuras democráticas es importante que se cumplan para no poner en peligro este entramado, esta infraestructura.
Por eso es importante que logremos el avance con la comunicación, con la prevención, y en este caso poder estar seguros de que todos aquellos que entran al juego político, al juego democrático, están plenamente conscientes de su responsabilidad.
Por otra parte, la máxima publicidad, tratándose de esta actividad de procuración de justicia.
Bueno, yo creo que la Ley de Transparencia es muy precisa, de aquello que se debe de informar a la ciudadanía, yo estoy porque se informe. Pero también estoy por aquellos elementos como por ejemplo lo que se lleva ante el Ministerio Público como una información reservada o ante los tribunales; se mantenga en la secrecía para que los servidores de la justicia puedan concretar adecuadamente este propósito de llegar hasta las últimas consecuencias y dictar la resolución correspondiente.
Pero también estoy porque se mantenga debidamente informada a la ciudadanía de todo aquello que debe de informar, en este caso la FEPADE o los diversos organismos de asuntos que han sido ya considerados como juzgados o que se encuentran ya propiamente archivados de manera definitiva; debemos de acercar esta información a la ciudadanía, a los estudiosos, a los expertos para que nosotros estemos debidamente informados de los comportamientos que han tenido las diversas autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia, y en este caso en la materia electoral.
Es cuánto, lo que podría de manera concreta manifestarles y sigo a sus órdenes.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Muchas gracias, doctor. Gracias por participar en este proceso para designar al nuevo titular de la FEPADE.
Con esta comparecencia damos por concluido el proceso de revisión de los aspirantes para ocupar la titularidad de la FEPADE. El día de mañana sesionaremos en la Comisión de Justicia para dar cumplimiento con lo previsto por la convocatoria y poder generar el dictamen sobre la idoneidad de los aspirantes y de la misma manera, exhortamos al Comité Ciudadano para que también puedan concluir ellos su proceso de evaluación.
En cuanto ustedes nos informen, nosotros también lo haremos público para poder tener esta entrega de sus evaluaciones.
No sé si mis compañeros legisladores quisieran hacer algún comentario.
SENADORA IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA: Gracias, Presidenta.
Solamente aprovechar este momento en que han concluido todas las comparecencias, para agradecer de manera importante al Comité de Acompañamiento, que nos ha hecho el favor desde el día de ayer hasta hoy, poder estar durante todo este proceso con una gran disposición, una gran entrega, compromiso y responsabilidad.
Por su tiempo, por su experiencia, por su capacidad y por las opiniones que ustedes nos brindan; de verdad muchísimas gracias.
Y además a todos los participantes que pudieron comparecer, por la confianza que tienen en el Senado para este procedimiento.
Y a usted, Presidenta, por llevar a cabo estas comparecencias de manera bastante atinada, transparente. Y estoy segura de que saldrá el mejor perfil para que pueda encabezar la FEPADE.
También le damos la palabra al Comité. Maestro Arturo, por favor.
COMITÉ DE ACOMPAÑAMIENTO CIUDADANO: Nada más quisiera, y estoy seguro de que estamos de acuerdo los miembros del Comité, que es importante agradecer también al Senado la actitud de invitar y construir un comité de académicos, que podemos aportar nuestro punto de vista o acompañar como se está definiendo un proceso complejo, y que permite que la sociedad en su conjunto tenga algún tipo de participación en esta toma de decisiones.
Creo que este ejercicio enriquece no nada más a la Comisión de Justicia sino al Senado en su conjunto, y le da un lugar a la Academia, a la sociedad de poder participar, y por eso estamos muy agradecidos de haber tenido esta experiencia.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Muchas gracias a usted.
Me sumo al reconocimiento que ha expresado ya la secretaria de la Comisión, y también hacer un reconocimiento a los legisladores que estuvieron acompañándonos durante todo el proceso.
Estamos viviendo momentos complicados en el Senado, es la agenda de término del periodo y esto genera que haya una multiplicidad de reuniones, pero de manera permanente estuvieron algunos de nuestros compañeros de la Comisión de Justicia, a quienes les reconocemos. También al senador Burgos, que se integró hace unos momentos, el senador Casillas, al senador Tapia y al senador Luis Humberto, que también estuvieron muy activos y participativos en este proceso.
Yo estoy segura que con este formato podemos tener buenos resultados, y esperemos que este proceso concluya de manera exitosa.
Les agradezco a todos por su presencia. Le agradezco también al equipo de la Comisión de Justicia, a los equipos técnicos de los legisladores que han estado también trabajando para que esto se lleve a cabo.
Mañana concluiremos lo que le corresponde a la Comisión de Justicia y, a partir del viernes, estará esto en manos de la Junta de Coordinación Política.
El doctor Flavio Galván también nos pidió la palabra.
DOCTOR FLAVIO GALVÁN: Gracias, Presidenta.
Señora senadora, señor senador, hemos escuchado mucho y hemos vivido además, porque hemos sido servidores públicos también, sobre la desconfianza en las instituciones; de la cual evidentemente somos responsables quienes hemos estado en el cumplimiento de esas responsabilidades.
Ahora, desde este papel, usted nos ha llamado Comité Ciudadano, Comité de Acompañamiento, de distintas maneras, y es una forma en que efectivamente como ciudadanos hemos querido participar para transparentar este trabajo del Poder Legislativo, por conducto de su Cámara de Senadores.
Esperamos hacer un papel digno para que la sociedad confíe en este tipo de ejercicios en que es invitada por conducto, en este caso, de representantes de instituciones de estudios superiores.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Muchas gracias a todos ustedes.
Damos por concluida esta reunión.