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Timestamp: 2017-04-28 02:31:45
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 67', 'Artículo 67', 'Artículo 24', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 11', 'artículo 14', 'artículo 24', 'artículo 11', 'artículo 12']

Proponen que el agua sea reconocido como derecho fundamental en la Constitución | Legis.pe
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Penal Proponen que el agua sea reconocido como derecho fundamental en la Constitución
Por Lex - Junio 23, 2016 1274 0 Compartir en Facebook
tweet Proponen que el agua sea reconocido como derecho fundamental en la Constitución.
“LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE AGREGA EL INCISO 25 AL ARTÍCULO 2 Y MODIFICA EL ARTÍCULO 67 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1993, SOBRE EL DERECHO CONSTITUCIONAL AL AGUA”
“25.- Al acceso universal e igualitario al agua para su uso personal y doméstico.
El derecho al agua es fundamental e irrenunciable”
“Artículo 67.- El agua es un recurso nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. No puede ser objeto de concesión ni privatización.
El Estado declara de especial interés la protección de las fuentes de agua, manantiales, espejos, aguas subterráneas y reconoce su importancia en relación con el desarrollo sostenible y la preservación de la biodiversidad”.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante resolución 64/292, denominada “El derecho humano al agua y el saneamiento”, aprobada el 28 de julio de 2010, reconoce que “el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”.
“1. Reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos;
Exhorta a los Estados y las organizaciones internacionales a que proporcionen recursos financieros y propicien el aumento de la capacidad y la transferencia de tecnología por medio de la asistencia y la cooperación internacionales, en particular a los países en desarrollo, a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y el saneamiento;”
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO (1989) Artículo 24
En 1984 durante la Reunión de Cocoyoc, en México, se señalaron aspectos esenciales para el por entonces denominado “Desarrollo Ecológico”, los cuales se resumieron en 8 puntos’:
La Ley general del Ambiente (ley N° 28611) en su artículo 11 establece que el diseño y aplicación de las políticas públicas deben considerar los siguientes lineamientos”:
“El derecho al agua tiene por fin garantizar a cada ser humano una cantidad mínima de agua de buena calidad y suficiente para la vida y la salud; es decir, que permita satisfacer necesidades esenciales como la bebida, la preparación de alimentos, la higiene y la producción de cultivos de subsistencia. Por ello, el derecho al agua no se refiere al consumo que supera la cantidad suficiente para cubrir las necesidades básicas y esenciales de las personas, como es el caso del agua destinada a las actividades comerciales, industriales o agrícolas'”.
“los investigadores de las Ciencias de la Naturaleza han constatado que efectivamente la tierra es un cuerpo astral con positivas características para la aparición de la vida, y su posterior evolución. Lo que se debe en primer lugar a la favorable posición de nuestro planeta, en relación con el Sol, su nutricia fuente de energía, lo suficientemente próximo y lejano a su envoltura gaseosa, lo que ha determinado la biosfera, que evidentemente es única, interrelacionada y olímpicamente ajena a jurisdicciones nacionales y celosas soberanías.
“En el núcleo del derecho al agua reside el principio de que nadie puede ser privado de la cantidad suficiente de agua para satisfacer sus necesidades fundamentales. Para favorecer el acceso al agua potable sin ningún tipo de discriminación y permitir el pleno ejercicio del derecho, los poderes públicos deben adoptar diversas medidas, algunas de las cuales deben estar dirigidas a los grupos más desfavorecidos. Esas medidas tienen los objetivos de mejorar la calidad del agua, evitar las pérdidas que llevan a la escasez y garantizar el acceso de todos al suministro de agua, entre otros.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CEDESC) de la ONU. Emitió el documento: “Observación general N° 15: El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)”. En dicho documento sostiene que el derecho al agua tiene el siguiente fundamento jurídico:
Asimismo, explica que en el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto se enumeran una serie de derechos que dimanan del derecho a un nivel de vida adecuado, “incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados”, y son indispensables para su realización. El uso de la palabra “incluso” indica que esta enumeración de derechos no pretendía ser exhaustiva. El derecho al agua se encuadra claramente en la categoría de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular porque es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia. Además, el Comité ha reconocido anteriormente que el agua es un derecho humano amparado por el párrafo 1 del artículo 11. El derecho al agua también está indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel posible de salud (párrafo 1 del artículo 12) y al derecho a una vivienda y una alimentación adecuadas (párrafo 1 del artículo 11). Este derecho también debe considerarse conjuntamente con otros derechos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos, en primer lugar el derecho a la vida y a la dignidad humana.
Asimismo, dicho Comité reconoce que el derecho al agua ha sido reconocido en un gran número de documentos internacionales, tales como tratados, declaraciones y otras normas. Por ejemplo, en el párrafo 2 del artículo 14 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer se dispone que los Estados Partes asegurarán a las mujeres el derecho a “gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de […] el abastecimiento de agua”. En el párrafo 2 del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño se exige a los Estados Partes que luchen contra las enfermedades y la malnutrición mediante “el suministro de alimentos nutritivos adecuados yagua potable salubre”.
El mencionado Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CEDESC) de la ONU en el documento aludido (“Observación general N° 15: El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”) reconoce que el derecho al agua posee un fundamento normativo, el cual consiste en lo siguiente:
“El derecho al agua entraña tanto libertades como derechos. Las libertades son el derecho a mantener el acceso a un suministro de agua necesario para ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias, como por ejemplo, a no sufrir cortes arbitrarios del suministro o a la no contaminación de los recursos hídrícos. En cambio, los derechos comprenden el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar del derecho al agua.”
“Los elementos del derecho al agua deben ser adecuados a la dignidad, la vida y la salud humanas, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 y el artículo 12. Lo adecuado del agua no debe interpretarse de forma restrictiva, simplemente en relación con cantidades volumétricas y tecnologías. El agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico. El modo en que se ejerza el derecho al agua también debe ser sostenible, de manera que este derecho pueda ser ejercido por las generaciones actuales y futuras.”
“En tanto que lo que resulta adecuado para el ejercicio del derecho al agua puede variar en función de distintas condiciones, los siguientes factores se aplican en cualquier circunstancia:
La accesibilidad. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles para todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Dicha accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas: c.1 Accesibilidad física. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben estar al alcance físico de todos los sectores de la población. Debe poderse acceder a un suministro de agua suficiente, salubre y aceptable en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas. Todos los servicios e instalaciones de agua deben ser de calidad suficiente y culturalmente adecuados, y deben tener en cuenta las necesidades relativas al género, el ciclo vital y la intimidad. La seguridad física no debe verse amenazada durante el acceso a los servicios e instalaciones de agua. c.2 Accesibilidad económica. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben estar al alcance de todos. Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto. c.3 No discriminación. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos. c.4 Acceso a la información. La accesibilidad comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua.”
La idea de gobernabilidad enriquece el concepto de legitimidad, porque pone en relación al conjunto de ideas respecto al origen y ejercicio del poder, con la necesaria dosis de eficacia que debe mostrar el sistema para resolver los problemas sociales y políticos. Ello es importante porque precisamente en las coyunturas de conflicto es que se decide la determinante o el signo esencial de un sistema político: en un contexto de remanso claramente predomina la idea de legitimidad proclamada desde el texto constitucional, las leyes y las principales instituciones y autoridades, pero qué tan fuerte o sólida es dicha legitimidad es lo que se pone a prueba en los contextos de conflictos sociales. Lo anterior nos remite a algo claro: la idea de la gobernabilidad hoy en día se vincula al desarrollo”, lo cual implica a su vez que el sistema político de la democracia debe atender al desarrollo como una meta sustantiva, real y no como una dimensión retórica. Es así que cuando se habla de gobernabilidad es porque se da cuenta de una realidad problemática, signada por la insuficiencia del Estado y del sistema político en su conjunto para hacer frente de modo satisfactorio a las necesidades sociales. En ello se ha recurrido a la participación de la inversión privada en proyectos de mejoramiento ambiental:
“las relaciones entre economía y protección del medio, que han tenido anticipadores geniales, sólo recientemente merecieron un tratamiento específico, todavía circunscrito, relacionando las causas inmediatas del deterioro ambiental con la búsqueda de beneficios por parte de los expoliadores de los sistemas naturales. Desde este enfoque proponemos justificar someramente que, aunque el mercado puede ayudar a resolver los problemas ambientales (que quizás provoquen por cierto el final de la aventura del homo sapiens), no hay otra salida más que una adecuada regulación, impensable si la mayoría de la sociedad no toma conciencia de su necesidad?”
Durante la década de los años setenta la ONU organizó de modo sistemático conferencias internacionales relacionadas con el desarrollo y el medio ambiente, el agua incluida. El objetivo era promover discusiones y buscar soluciones en estos temas, concientizando a los gobiernos y a la ciudadanía acerca de la importancia económica y social de su interrelación. Es así que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua reconoció por primera vez que todos los pueblos, cualquiera sea su nivel de desarrollo o condiciones económicas y sociales, tienen derecho al acceso al agua potable en cantidad y calidad acordes con sus necesidades básicas. Para lograr la eficacia de esa declaración, se aprobó el “Plan de Acción de Mar del Plata”, con el objetivo de promover las siguientes medidas:
En lo que se refiere al nivel regional (América Latina) en la Carta de Punta del Este de 1961, los gobiernos se comprometieron a lograr una mejora sustancial en la expansión de los servicios de agua potable y saneamiento y asegurar que para 1971 los servicios llegaran a no menos del 70% de la población urbana y de 150% de la rural”.
Se puede indicar que hasta el año 2002 el reconocimiento explícito del Derecho Humano al Agua era aislado en el marco de los instrumentos internacionales vinculantes. Ello cambió con la Observación General 15, que abriría paso a una tendencia global que alcanza su punto de inflexión en julio de 2010, con la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que declara al derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial. Asimismo, es indudable que los contornos actuales del Derecho Humano al Agua están dados por dicha corriente'”.
A nivel sociológico encontramos que la escasez de agua ha sido usada para promover determinados intereses políticos y económicos (priorizando en algunos casos las oportunidades del mercado para la inversión, la escasez de energía para desarrollar energía hidroeléctrica, la mala gestión del agua que haga imprescindible gestiones y políticas nuevas que faciliten el subsidio estatal al sector privado”. En suma, el discurso de la escasez del agua ha servido como leit motiv de diversas políticas destinadas a patrocinar iniciativas de inversión privada y desalentando la perspectiva global o colectiva de este derecho.
Es así que la estructura del conocimiento creada alrededor de la idea de la escasez o la abundancia de agua puede contribuir a crear percepciones de aquellos fenómenos físicos que influyen sobre las prácticas sociales y las decisiones políticas que apuntan a transformar los paisajes hídricos para atender determinadas agendas. Así, la escasez y la abundancia de agua como estrategias discursivas pueden tener consecuencias catastróficas similares a las de los fenómenos físicos, no solo porque permiten la transformación de la naturaleza sino también porque pueden poner seriamente en riesgo a aquellos excluidos de los beneficios de dichas transformaciones”.
Ello demanda por tanto, el prestar atención especial a las relaciones de poder social por las que ocurren las transformaciones hidrosociales”.
Se reconoce que la concepción dinámica del derecho a participar en el bien común conlleva al incremento del bien común e implica el derecho a que la sociedad prospere para que uno mismo pueda prosperar. Asimismo, se reconoce que el derecho positivo del individuo es un derecho a vivir bien; pero también es un derecho a mejorar de nivel de vida, y, en consecuencia, un derecho a que la sociedad posibilite esa mejora mediante un incremento de la riqueza colectiva y mediante un reparto más equitativo de la misma. En base a ello es sostenible que el individuo posee no sólo el derecho a prosperar, sino también el derecho a que prospere la sociedad'”.
Por el contrario, un derecho de bienestar siempre implica como contrapartida algún deber ajeno de auxilio o prestación. Así no queda en la esfera individual. Si, siendo titulares de un derecho de bienestar, por el mero hecho de serlo, estamos obligando a una colaboración ajena, sería absurdo que luego pudiéramos optar arbitrariamente por hacer estéril ese esfuerzo ajeno. Los derechos de bienestar no son de libre disposición del individuo. Su disfrute es obligatorio. Un derecho de bienestar es un derecho-deber'”,
Pues bien, está claro que los derechos de libertad pueden colisionar con derechos positivos o de bienestar. Por ejemplo, la propiedad implica la libertad de escoger o no, pero dicha libertad está limitada por las obligaciones sociales. Un propietario es libre de determinar qué hace o no hace con su propiedad; pero esa libertad está obligado a haberlo hecho; tiene el deber de emprender, de no seguir desperdiciando sus recursos; similarmente el propietario de bienes intelectuales también tiene obligación de usarlos en provecho ajeno, aunque no altruistamente (o sea: no privándose de beneficio propio)”.
“6. ¿Existe un derecho constitucional al agua potable?
Declarar FUNDADA la demanda de amparo.”
En suma, el derecho al agua en el ordenamiento peruano ha sido reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, mas no por la Constitución Política. Ello demanda el esfuerzo de una reforma constitucional que incorpore este derecho, para superar así la existencia del derecho al agua como “un derecho no escrito”. Ello se comprueba precisamente en que Ias normas de derechos fundamentales pertenecen al sistema jurídico no solo porque han sido convalidados por las reglas de identificación del sistema jurídico, sino porque existe una previa decisión (la cual a su vez refleja un compromiso ético y político) del Poder, por la cual se incluye en dicho sistema los enunciados normativos que se convierten en derechos fundarnentales'”.
“167. Las afectaciones especiales del derecho a la salud, e íntimamente vinculadas con él, las del derecho a la alimentación y el acceso al agua limpia impactan de manera aguda el derecho a una existencia digna y las condiciones básicas para el ejercicio de otros derechos humanos, como el derecho a la educación o el derecho a la identidad cultural. En el caso de los pueblos indígenas el acceso a sus tierras ancestrales y al uso y disfrute de los recursos naturales que en ellas se encuentran está directamente vinculado con la obtención de alimento y el acceso a agua limpia. Al respecto, el […] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha destacado la especial vulnerabilidad de muchos grupos de pueblos indígenas cuyo acceso a las tierras ancestrales puede verse amenazado y, por lo tanto, su posibilidad de acceder a medios para obtener alimento yagua limpia.
[… ] este Tribunal estableció que el Estado no había garantizado el derecho de los miembros de la Comunidad Yakye Axa a la propiedad comunitaria. La Corte considera que este hecho ha afectado el derecho a una vida digna de los miembros de la Comunidad, ya que los ha privado de la posibilidad de acceder a sus medios de subsistencia tradicionales, así como del uso y disfrute de los recursos naturales necesarios para la obtención de agua limpia y para la práctica de la medicina tradicional de prevención y cura de enfermedades. A esto se suma que el Estado no ha adoptado las medidas positivas necesarias que permitan asegurar a los miembros de la Comunidad Yakye Axa, durante el período que han permanecido sin territorio, las condiciones de vida compatibles con su dignidad, a pesar de que el 23 de junio de 1999 el Presidente del Paraguay emitió el Decreto No. 3.789 que declaró en estado de emergencia a la Comunidad.”
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