Source: http://legislacion.derecho.com/acuerdo-18-agosto-2004-ministerio-de-asuntos-exteriores-y-cooperacion-78986
Timestamp: 2016-10-21 18:37:55
Document Index: 411589863

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'artículo 5', 'artículo 13']

ACUERDO entre el Reino de España y la República de Namibia para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Windhoek el 21 de febrero de 2003
ACUERDO entre el Reino de España y la República de Namibia para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Windhoek el 21 de febrero de 2003	ACUERDO entre el Reino de España y la República de Namibia para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Windhoek el 21 de febrero de 2003 Mis Leyes
ACUERDO entre el Reino de España y la República de Namibia para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Windhoek el 21 de febrero de 2003 Estado	:
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN	PREÁMBULOArtículo 1. Definiciones.Artículo 2. Promoción y admisión de inversiones.Artículo 3. Protección.Artículo 4. Tratamiento nacional y de nación más favorecida.Artículo 5. Expropiación.Artículo 6. Compensación por pérdidas.Artículo 7. Transferencias.Artículo 8. Aplicación de otras disposiciones.Artículo 9. Subrogación.Artículo 10. Solución de controversias entre las partes contratantes.Artículo 11. Controversias entre una Parte Contratante e inversores de la otra Parte Contratante.Artículo 12. Ámbito de aplicación.Artículo 13. Entrada en vigor, duración y terminación.
BLICA DE NAMIBIA PARA LA PROMOCIÓN Y PRO
TECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES
El Reino de España y la República de Namibia (en adelante denominados «las Partes Contratantes»),
Reconociendo que la promoción y protección de las inversiones con arreglo al presente Acuerdo estimularán las iniciativas en este campo, Han convenido en lo siguiente:
a) por «nacional» se entenderá toda persona física que, de conformidad con la legislación de esa Parte Contratante, se considere nacional de la misma;
b) por «sociedad» se entenderá toda persona jurídica o cualquier otra entidad legal constituida o debidamente organizada de otro modo, de conformidad con la legislación aplicable de esa Parte Contratante y que tenga su domicilio social en el territorio de esa misma Parte Contratante.
2. Por «inversión» se entenderá todo tipo de activos que hayan sido invertidos por inversores de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante de conformidad con las leyes y reglamentos de esta
segunda Parte Contratante, incluidos en particular, aunque no exclusivamente, los siguientes:
a) propiedad de bienes muebles e inmuebles, así como otros derechos reales, tales como hipotecas, gravámenes, prendas y derechos similares;
c) el derecho a aportaciones monetarias o a cualesquiera otras prestaciones en virtud de un contrato que tengan un valor económico y estén relacionadas con una inversión;
b) cualquier acuerdo o arreglo internacional que se refiera total o principalmente a tributación o cualquier legislación interna que se refiera total o principalmente a tributación.
4. Las medidas tomadas por razones de seguridad, orden o salud públicas no se considerarán tratamiento «menos favorable» en el sentido del presente artículo.
5. Nada impedirá que cualquiera de las Partes Contratantes, de conformidad con sus leyes y reglamentos, declare una actividad económica o categoría de actividad económica como reservada para sus propios inversores, siempre que, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 5, dicha declaración
a) se haga únicamente con el fin de promover las pequeñas y medianas empresas; y
b) no afecte negativamente a los derechos que, en el momento de la declaración, ya haya adquirido una inversión o un inversor de la otra Parte Contratante.
4. Con arreglo a la legislación de la Parte Contratante que realice la expropiación, el inversor afectado tendrá derecho a que la autoridad judicial u otra autoridad competente de esa Parte Contratante revise con prontitud su caso, incluidos la tasación de su inversión y el pago de la indemnización, de conformidad con los principios establecidos en el presente artículo.
b) la destrucción de su inversión o de parte de la misma por las fuerzas o autoridades de esta última Parte Contratante, sin que lo exigiera la necesidad de la situación,
f) los ingresos y otras remuneraciones del personal contratado en el extranjero en relación con una inversión;
3. En caso de dificultades excepcionales de la balanza de pagos, cada Parte Contratante tendrá derecho, por un plazo máximo de tres años, a limitar, de manera equitativa y no discriminatoria y de buena fe, la libre transferencia del producto de la venta o liquidación de una inversión de los nacionales o empresas de la otra Parte Contratante y a ordenar la transferencia a plazos. A solicitud del inversor, los importes no transferidos se abonarán en una cuenta en moneda convertible y devengarán intereses al tipo ofrecido en el mercado internacional para la moneda en cuestión.
4. No obstante lo dispuesto en los anteriores apartados 1 y 2, cada Parte Contratante podrá demorar o impedir una transferencia mediante la aplicación equitativa, no discriminatoria y de buena fe de medidas:
a) para proteger los derechos de los acreedores; b) para garantizar el cumplimiento de sentencias relativas a delitos;
c) para cumplir decisiones administrativas y sentencias judiciales;
siempre que dichas medidas y su aplicación no se utilicen como medio para eludir los compromisos u obligaciones de la Parte Contratante en virtud del presente Acuerdo.
2. Las condiciones más favorables que las del presente Acuerdo que una de las Partes Contratantes haya
convenido con inversores de la otra Parte Contratante no se verán afectadas por el presente Acuerdo.
5. El tribunal arbitral emitirá su decisión sobre la base de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo así como de los principios generalmente aceptados del derecho internacional.
1. Las controversias que puedan surgir entre un inversor de una Parte Contratante y la otra Parte Contratante con respecto a una inversión efectuada en virtud del presente Acuerdo serán notificadas por el inversor, en forma escrita, a la segunda Parte Contratante. En la medida de lo posible, las partes interesadas se esforzarán por resolver dichas controversias amistosamente mediante negociaciones.
2. Si estas controversias no pudieran resolverse de forma amistosa transcurridos seis meses a partir de la fecha de la notificación escrita mencionada en el apartado 1, la controversia podrá someterse, a elección del inversor:
 al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) establecido en virtud del «Convenio sobre el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados», abierto a la firma en Washington el 18 de marzo de 1965, en caso de que ambas Partes Contratantes lleguen a ser partes en dicho Convenio. Mientras una Parte Contratante que sea parte en la controversia no haya llegado a ser Estado Contratante del Convenio arriba mencionado, se dirimirá la controversia según las reglas del Mecanismo Complementario para la Administración de Procedimientos de Conciliación, Arbitraje y Comprobación de Hechos del CIADI.
3. El arbitraje se basará en las disposiciones del presente Acuerdo, en el derecho nacional de la Parte Contratante en cuyo territorio se haya efectuado la inversión, incluidas las reglas relativas a los conflictos de ley, y en las reglas y principios generalmente aceptados del derecho internacional que puedan ser de aplicación.
El presente Acuerdo será aplicable a las inversiones realizadas tanto antes como después de su entrada en vigor por inversores de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante. No obstante, el presente Acuerdo no se aplicará a las reclamaciones surgidas de acontecimientos que hayan ocurrido con anterioridad a su entrada en vigor ni a las reclamaciones que se hayan resuelto con anterioridad a su entrada en vigor.
2. El presente Acuerdo permanecerá en vigor por un período inicial de diez años. Salvo notificación de denuncia por cualquiera de las Partes Contratantes con al menos seis meses de antelación respecto de la fecha de expiración de su validez, el presente Acuerdo se prorrogará tácitamente por períodos de diez años, reservándose cada Parte Contratante el derecho a denunciar el Acuerdo mediante notificación cursada al menos seis meses antes de la fecha de expiración del período de validez en curso.
3. Con respecto a las inversiones efectuadas antes de la fecha de terminación del presente Acuerdo, las disposiciones de los artículos 1 a 12 seguirán surtiendo efecto por otro período de diez años a partir de dicha fecha de terminación.
Hecho por duplicado en Windhoek el 21 de febrero de 2003, en español e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Juan Costa Climent,	Nangolo Mbumba
de Comercio y Turismo	Ministro de Finanzas
El presente Acuerdo entró en vigor el 28 de junio de 2004, fecha de la última notificación, cruzada entre las Partes, de cumplimiento de las respectivas formalidades constitucionales según se establece en su artículo 13.1.
ACUERDO entre el Reino de España y la República de Namibia para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Windhoek el 21 de febrero de 2003	Trámites