Source: https://andreadeleon.blogspot.com/2016_01_01_archive.html
Timestamp: 2017-03-23 08:19:26
Document Index: 101646313

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 25', 'Artículo 25', 'artículo 106', 'artículo 107', 'Artículo\n107', 'artículo 108', 'artículo 27', 'artículo 19', 'in fine']

Andrea De León , ABOGADOS CONSULTORES: enero 2016
Derecho Laboral: Dr Gilberto Antonio Andrea González ABOGADO EXPERTO LABORALISTA llamar al 0412-9742213 para casos de: Enfermedad Laboral, Accidente Laboral y Prestaciones Sociales"
Teléfono 0412-9742213
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Derecho Constitucional : " Solicitud de Avocamiento al Tribunal Supremo de Justicia que se Declara con Lugar, Reconduce y acumula a las causas de las Victimas Venezolanas P.I.P."
Magistrada Ponente: GLADYS
MARÍA GUTIERREZ ALVARADO
Consta en autos que, el
2 de febrero de 2012, la ciudadana ADRIANA ALEJANDRA ZORRILLA GONZÁLEZ, venezolana,
titular de la cédula de identidad n.° 15.665.159, con la asistencia de los
abogados Gilberto Antonio Andrea González y Emilia De León Alonso de Andrea,
con inscripción en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los n.ros
37.063 y 35.336, respectivamente, interpuso, ante esta Sala, solicitud de
avocamiento del procedimiento de amparo constitucional de los derechos a la
salud y a la vida que incoó dicha ciudadana contra las sociedades mercantiles
S.R.L., FARMACIA LOCATEL C.A. y LOCATEL FRANQUICIA C.A.; que se sustancia en el
Luego de la recepción
del escrito, se dio cuenta en Sala por auto del 6 de febrero de 2012 y se
designó ponente a la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado.
El 10 de febrero de
2012, la ciudadana Adriana Alejandra Zorrilla González otorgó poder apud
acta a los abogados Gilberto Antonio Andrea González y Emilia De León
Alonso de Andrea, en esa misma oportunidad la solicitante del avocamiento
consignó copias simples de la sentencia que el Juzgado Noveno de Primera
Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas emitió en el asunto cuyo avocamiento
solicita, y denunció que, en el caso que nos ocupa, “…el Juez lleva a cabo
la celebración de AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en Ausencia de la demandante y de
donde se desprende que las demandadas EJERCIERON DEFENSAS Y APORTARON PRUEBAS
en ausencia de la contraparte, es decir, un JUICIO SIN CONTRAPESO, cuando lo
único que procedía era tramitar por incomparecencia (supuesta) que obviamente
se generó POR EL DESORDEN PROCESAL que generó (sic) el juez por su falta
2012, la representación judicial de la solicitante del avocamiento compareció
para “…denunciar Violaciones (sic) graves al derecho adjetivo
procesal (sic) y aún sustantivo que prueb[a] con copias de actas del
proceso y de donde se deriva EL DESORDEN PROCESAL GRAVE GENERADOR DE ESTADO DE
INDEFENSIÓN ABSOLUTO que [viene] subrayando desde el mismo día en que
ocurrieron…”.
2012, el apoderado de la parte solicitante del avocamiento consignó escrito de
Los días 04 y 10 de
abril de 2012, los apoderados de la parte solicitante del avocamiento
denunciaron la inseguridad jurídica y el desorden procesal “…pues a pesar de
que la Juez Superior 10° de la misma Circunscripción ORDENÓ LA CELEBRACIÓN DE
LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL a través de la Sentencia del 16 de Marzo de año
2012 Sentencia n° 11 -once- la Juez Novena de Primera Instancia NO HA ACATADO
LA DECISIÓN…”. También acompañaron copia de la inhibición que formuló la
El 14 de mayo de 2012,
esta Sala dictó decisión mediante la cual declaró su competencia y requirió del
Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas la
remisión del expediente AP11-O-2012-000002 que contiene la pretensión de amparo
que incoó la ciudadana Adriana Alejandra Zorrilla González contra las
sociedades mercantiles GALAXIA MÉDICA C.A., MULTI INDUSTRIAS MÉDICAS MULTIMED,
C.A., LOCATEL SERVICIOS S.R.L., FARMACIA LOCATEL C.A. y LOCATEL FRANQUICIA
C.A., a fin de verificar la existencia de los extremos de procedencia del
avocamiento que fue solicitado por dicha ciudadana.
El 23 de mayo de 2012,
la representación judicial de la parte accionante solicitó se haga entrega del
El 6 de junio de 2012,
se dejó constancia de la recepción del asunto identificado con el n.ro
AP11-O-2012-000002 proveniente del Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo
Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial de la
El 12 de junio de 2012,
compareció la representación judicial de la parte accionante y “a su vez
apoderados judiciales de las Adheridas de Forma Expresa al Amparo
Constitucional” y solicitaron a la Sala, en pro de los Derechos Constitucionales
de las mismas, el avocamiento de la presente causa dado el desorden grave que a
nivel procesal presentó.
El 14 de junio de 2012,
la representación judicial de la parte accionante, “a los fines de colaborar
con la ejecución de la sentencia precautelativa y dada la complejidad del
problema planteado y atendiendo que en materia médica se aplica la ‘Lex Artis’
entendida como el Principio que obliga a la aplicación de la Técnicas
Médico-Quirúrgicas aceptadas por la Comunidad Científica, acompa[ñan] marcado
sustitución de Prótesis Mamarias Poly Implant Prothèse (PIP) del Reino de
España…”. Durante el trámite del
presente asunto, se adhirieron a la presente causa las ciudadanas María del
Rosario Salazar Guevara, cédula de identidad n.° 6.966.459; Marlyn Olivar,
cédula de identidad n.° 12.305.926; Marisela Brito Taborda, cédula de identidad
n.° 8.998.818; Susans Stephanie Casanova Regalado, 19.499.036; Yelitza Castro
de Gorrín, cédula de identidad n.° 13.711.178; Yoises Yusti Alzolay, cédula de
identidad n.° 16.555.006; Suel Cristina Goncalves, cédula de identidad n.°
14.652.129; Solanyely Karina Ruiz, cédula de identidad n.° 18.841.168; Yacoa
Amado, cédula de identidad n.° 10.528.217; Luz Marina Durán, cédula de
identidad n.° 12.833.029; Darcy Castillo, cédula de identidad n.° 15.121.281;
Laura Astrid de Abreu Santaella, cédula de identidad n.° 16.084.330; Alex
Sandra Fontedra, cédula de identidad n.° 13.170.261; Heide Borjas, cédula de
identidad n.° 13.309.940; Maryuri Abreu, cédula de identidad n.° 16.114.510;
Rita Micheline Cofrancesco, cédula de identidad n.° 16.870.895; Yeglis
Figueredo Longa, cédula de identidad n.° 17.384.304; Elena Soto Barrios, cédula
de identidad n.° 8.623.892; Yaritza Muñoz, cédula de identidad n.° 12.749.696;
Yonarcy M. López, cédula de identidad n.° 12.618.396; Marynés Carballo, cédula
de identidad n.° 13.621.268; Sol Marian Ruiz, cédula de identidad n.°
13.599.297; Haydée del Valle Gil, 4.686.239; Carmen Julia León Gil, cédula de
identidad n.° 11.196.279; Noreavic Yegres, cédula de identidad n.° 18.210.260;
Andrea Tovar M., cédula de identidad n.° 15.259.217; Yoimy M. Gil B., cédula de
identidad n.° 13.128.874; María de los Ángeles Escorihuela, 13.512.460; Yanitse
Marlene Bole Colmenares, cédula de identidad n.° 13.567.866; Ruth Álvarez,
cédula de identidad n.° 11.605.045; Milady Cordero Figueredo, cédula de
identidad n.° 16.330.699; Iris Ortega, cédula de identidad n.° 6.908.126; Darimar
Coromoto Santos, cédula de identidad n.° 16.713.054; Yuleika Amarista Z.,
cédula de identidad n.° 16.713.053; Margareth Clemente, cédula de identidad n.°
Galicia, cédula de identidad n.° 13.728.554; Johanna Orellana Z., cédula de
identidad n.° 16.117.893; Andrea Margarita Tovar Medina, cédula de identidad
n.° 15.259.217; Malcie Alves León, cédula de identidad n.° 17.381.827; Nilian
Rita Alvarado, cédula de identidad n.° 16.622.458; Lindsay Venus López López, cédula
de identidad n.° 17.070.104; Pilar Josselin Perozo, cédula de identidad n.° 12.513.529;
Orianse José Boscán, cédula de identidad n.° 19.694.380; Evelyn Zulay Reyes, cédula
de identidad n.° 13.006.914; Yohana Carmona, cédula de identidad n.° 12.861.689
y Yenurix Mariangel López Callejas, cédula de identidad n.° 13.742.166.
El 26 de junio de 2012,
compareció el apoderado judicial de la Asociación de Mujeres Portadoras de
Prótesis Poly Implants Prothese (ASOMUVENAPIP) y consignó escrito mediante el
cual solicitó la adhesión de sus asociadas a esta causa, la que debe ser
reconducida a una acción colectiva por llenar los supuestos a los que hace
mención la sentencia de esta Sala n.ro 66 del 14 de febrero de 2012.
El 26 de julio de 2012,
compareció el apoderado judicial de la “Asociación de Mujeres Portadoras de
Prótesis Poly Implants Prothese (ASOMUVENAPIP)” y acompañó Acta de la Junta
Directiva del 20 de julio de 2012, en la que consta la data de sus asociadas. II
de avocamiento fue interpuesta por la ciudadana Adriana Alejandra Zorrilla
González, con la asistencia de los abogados Gilberto Antonio Andrea González y
Emilia De León Alonso de Andrea, “…actuando en éste acto en [su]
Condición (sic) de Afectada [sic] por las prótesis Mamarias [sic]
P.I.P. expediente número AP11-O-2012-000002 del Juzgado Noveno de Primera
del Área Metropolitana de la Ciudad de Caracas D.C. (sic) a cargo de la Dra.
García Cedeño contentivo de RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL A LA SALUD Y A LA
VIDA ejercido en contra del GRUPO ECONÓMICO LOCATEL (Galaxia Médica C.A. y
Empresas Locatel) por el sonado caso de las Protesis [sic] Poly Implants
Prothese (P.I.P.)…”, de conformidad con la facultad que establece el
“…artículo 5 numeral 48 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia [rectius:
106 y siguientes de la vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de
Justicia]…” bajo la fundamentación siguiente:
1. “El caso
de Amparo Constitucional a La Salud y a La Vida (sic) en contra de la Cadena de
Comercialización de Prótesis Poly Implants Prothèse (P.I.P.) es asunto en el
que están interesadas más de 30.000 personas en nuestro País, por lo cual su
FALTA DE CONOCIMIENTO por parte de la Jurisdicción Venezolana afectaría el
Orden Público e Intereses Colectivos, tal y como lo declara en actas del
Proceso, el Defensor del Pueblo que acudió a la Celebración de la Audiencia
Constitucional Nula de Nulidad absoluta, que se pretendió llevar a cabo sin
la presencia de la Parte afectada…”.
referida audiencia, “NO SE OTORGÓ LA OPORTUNIDAD DEBIDA PARA CONOCER LA
FECHA Y LA HORA DE LA CELEBRACIÓN DE LA MISMA, ya que el lapso otorgado
para tal fin no cumple con los fines del Proceso Judicial tal y como se
desprende de mandato expreso con lo cual se subvirtió el Ordenamiento Jurídico
de manera expresa, generando la violación del Derecho Constitucional a la
Defensa y a la Salud y la Vida de PACIENTES GRAVES (sic) que por ese motivo
4. Es el caso
que, la Juez del Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y
del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas “…1)
(…) en el Auto [sic] de admisión señaló que dentro de las 96
Horas [sic] de la última notificación se llevaría a cabo la AUDIENCIA
CONSTITUCIONAL. 2) El Alguacil del Tribunal llevó a cabo la citación de las
demandadas el día 27 de enero del 2012 y consignó sin ningún tipo de
Justificación (a pesar de que eran los mismos representantes legales, es decir,
cuando citó a una citó a todas) tres días después de haberla efectuado. 3) La
Juez de la causa de manera acumulativa el mismo día que el alguacil consignó
las resultas de la Notificación fijó a última Hora (sic) del día 30 de
Enero del 2.012 como fecha para la celebración de la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL
el día 1° de Febrero a las 8:45 a.m. 4) El día 31 de Enero 2012 NO LABORARON
LOS TRIBUNALES por INAUGURACIÓN DEL AÑO JUDICIAL y no SE [LES] PERMITIÓ
EL INGRESO A LA SEDE DEL TRIBUNAL, EN LA PUERTA DEL MISMO EN PLAZA CARACAS SE
LE DIJO A LOS ABOGADOS QUE NO HABÍA NADIE QUIEN LES PUDIERA ATENDER PORQUE COMO
ERA LÓGICO TODOS LOS JUECES Y PARTE DEL PERSONAL ESTABAN EN LA INAUGURACIÓN DEL
AÑO JUDICIAL (HECHO NOTORIO, PÚBLICO Y COMUNICACIONAL)…(sic)”.
situación les generó un estado de grave indefensión ya que, el alguacil, al no
consignar durante tres días las resultas de la boleta, no le permitió a la
audiencia en ese asunto pues “…al REVISAR EL EXPEDIENTE EL DÍA 30 DE ENERO
DE 2012 no pudo verificar que la notificación se hubiere practicado puesto que
no dejaron CONSTANCIA DE ELLO A ÚLTIMA HORA DE LA TARDE y al día siguiente se
CELEBRÓ LA INAUGURACIÓN DEL AÑO JUDICIAL todo lo cual puso un velo en la cara
del demandante para poder ver con claridad cuando podía llevarse a cabo la
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL (…) y para colmo de males se fijó para la primera Hora
muy a pesar de que el día anterior TODOS LOS ABOGADOS DE VENEZUELA ESTABAMOS
PENDIENTES DE LA INAUGURACIÓN DEL AÑO JUDICIAL…(sic)”.
afectó su derecho a la defensa pues no se otorgó igualdad de oportunidades a
las partes para la verificación de la fecha y hora de la audiencia. El 27 de
enero de 2012, preguntó en alguacilazgo sobre las resultas de las
notificaciones a lo que le respondieron que aún no había respuesta.
7. El 30 de
enero de 2012, volvió a preguntar, “…a lo que se [les] respondió que
a última hora de la tarde se le enviaría al tribunal los resultados de las
notificaciones (sic), el día 31 de enero de 2012 a las 8:30 a.m. [les]
fue negado el acceso a los tribunales por cuanto, por la apertura del año
judicial no había acceso a las instalaciones, alega[ron] que se trataba
de un amparo a lo que se [les] informó que no había posibilidad de
acceder a las instalaciones bajo ninguna circunstancia…”.
8. Lo que nunca
imaginaron es que “…si no constaba a última hora del viernes en sistema la
realización de las notificaciones y no habiendo actividad en los tribunales el
día 31 se acordaría la audiencia para las 8:45 am del día 1ero de febrero…”.
9. Es tanto lo
que se le cercenó su derecho a la defensa que, desde que notificaron efectivamente
a las demandadas transcurrieron más de noventa y seis (96) horas, mientras que
para su conocimiento no transcurrió ningún día.
10. “[Son]
injustos los obstáculos opuestos por la Jueza Novena de Primera Instancia en
lo Civil de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas AL
OTORGAR UN LAPSO MAYOR Y DE EVIDENTE VENTAJA AL DE APENAS UNAS HORAS UN DÍA
DESPUÉS DE LA INAUGURACIÓN DEL AÑO JUDICIAL cuando no se permitió la
oportunidad para que la demandante se enterará de cuando había sido citada la
demandada EL ALGUACIL NO CUMPLIÓ CON LO PAUTADO EN LA LEY DE AMPARO Y OTRAS
GARANTÍAS JUDICIALES…(sic)”.
social que la justifiquen. En este sentido, cabe destacar que en materia de Derechos
pedían en claro favor de un interés colectivo que consiste en ORDENAR: 1) Que
Prohíba expresamente el Ingreso a Venezuela de las Prótesis Mamarias Marca
P.I.P. y que Ordene a los Médicos y Clínicas Venezolanas que puedan tener en
Inventario PROTESIS P.I.P. que Informen a este Tribunal Constitucional sobre la
cantidad de Prótesis P.I.P. que tienen en Inventario y que una vez se determine
el Inventario antedicho se ordene la Confiscación (sic) de las mismas
para evitar que sean objeto de ‘Comercio’ toda vez que se ha determinado por la
Unidad Francesa de Productos Sanitarios que dicho producto es Dañino para los
Seres Humanos por su alto grado de toxicidad. 2) Y que muy respetuosamente se
ordene a la Federación Médica Venezolana y a sus Miembros a que
contacten a los pacientes portadores de Implantes P.I.P. para descartar
cualquier riesgo (…) 3) Que ordene a las Demandadas Agraviantes: Informar a
éste TRIBUNAL sobre las cantidades de Dinero (sic) generadas por la
venta de prótesis modelo P.I.P. y que una vez sea determinada la cantidad
generada por la venta de dicho producto ESPUREO ordene a las mismas a depositar
el DOBLE de dichas cantidades en una cuenta Bancaria (sic) que señale el
Tribunal a objeto de reservar dichas cantidades de Dinero como GARANTÍA DE LAS
RESULTAS DEL JUICIO. 4) Que ordene a todos los Centros de Salud y Belleza de
Venezuela, así como a las Clínicas de Cirugía Plástica del País, informar a
este TRIBUNAL sobre las cantidades de dinero generadas por la venta de prótesis
de dicho producto ESPUREO ordene a las mismas a depositar el DOBLE de dichas
cantidades en una cuenta Bancaria (sic) que señale el Tribunal a objeto
de reservar dichas Cantidades (sic) de Dinero (sic) como GARANTÍA
DE LAS RESULTAS DEL JUICIO. 5) Que ordene a las Demandadas (sic):
Informar a éste TRIBUNAL sobre las Cantidades (sic) de Dinero (sic) generadas
señale el Tribunal (sic) a objeto de reservar dichas Cantidades (sic)
de Dinero (sic) como GARANTÍA DE LAS RESULTAS DEL JUICIO por
prótesis mamarias P.I.P. y lograr el disfrute efectivo de sus derechos fundamentales
a LA SALUD Y A LA VIDA… (sic)”.
12. “Es necesario destacar QUE TODA
VENEZUELA ESPERA QUE LA JURISDICCIÓN VENEZOLANA RESUELVA SATISFACTORIAMENTE EL
AMPARO CONSTITUCIONAL A LA SALUD Y A LA VIDA INTENTADO POR LAS AFECTADAS POR
LAS PROTESIS P.I.P…(sic)”.
13. Señaló que un grupo de mujeres
venezolanas, que utilizan implantes mamarios de la marca francesa P.I.P., incoó
demanda contra la compañía que las fabrica y su distribuidora en Venezuela
(distribuidora Galaxia Médica), para que asuman los costos de cambio de estas
prótesis, sospechosas de provocar cáncer.
14. “El último de los elementos
esenciales para que proceda la solicitud de avocamiento, requiere que se haya
reclamado, en momento oportuno, las presuntas irregularidades sin obtener
solución alguna. Sobre este particular, ya se ha mencionado que se ha
GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO para que las partes en igualdad de condiciones
accedieran a la audiencia constitucional (…). En este sentido, constan en el
expediente las diligencias realizadas impulsando y consignando pruebas y apoyos
para la audiencia con lo que queda demostrado [su] control del
expediente…”
15. Finalmente,
solicitó a la Sala el avocamiento de manera preferente y urgente al
consecuencia el derecho a la salud y a la vida. 16. El 23 de
febrero de 2012, el apoderado de la parte solicitante del avocamiento presentó
escrito de ampliación en el cual solicitó a la Sala, “…declare NULA LA
AUDIENCIA EFECTUADA A ESPALDAS DE LA JUSTICIABLE EL DÍA 1ERO DE FEBRERO DE
2.012, SE REPONGA LA CAUSA AL ESTADO DE FIJAR Y CELEBRAR DEBIDAMENTE LA
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, EN CONSECUENCIA DE ELLO SOLICI[TA] SE DECLARE
LA SENTENCIA IMPUGNADA (sic) Y SE PRONUNCIE SOBRE LA ADHESIÓN DE LA
DEFENSORÍA DEL PUEBLO, SE ORDENE LA COMPARECENCIA EN IGUALDAD DE CONDICIONES EN
UNA SOLA LÍNEA Y EN OBSERVANCIA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA, LA LEY ORGÁNICA DE AMPARO SOBRE DERECHOS Y GARANTÍAS
CONSTITUCIONALES, EN CONSONANCIA CON LA JURISPRUDENCIA 0010 DE FECHA 07 DE
FEBRERO DE 2000 DE LA SALA CONSTITUCIONAL Y SENTENCIA N° 930 DEL 18 DE MAYO DE
2007 DE LA SALA CONSTITUCIONAL…(sic)”. III
MOTIVACIÓN DE LA
relación al avocamiento de esta Sala al conocimiento del asunto a que se
dispone, en el artículo 25.16, lo siguiente: “Artículo 25.
16. Avocar las
causas en las que se presuma la violación del orden público constitucional,
tanto de las otras Salas como de los demás tribunales de la República, siempre
que no haya recaído sentencia definitivamente firme”.
Por otra parte, el artículo 106 de la
Ley eiusdem establece lo siguiente:
106. Cualesquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, en las
materias de su respectiva competencia, de oficio o a instancia de parte, con
conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal, en
el estado en que se encuentre, cualquier expediente o causa para resolver si la
avoca y asume el conocimiento del asunto o, en su defecto, lo asigna a otro
artículo 107 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia dispone: “Artículo
107. El avocamiento será ejercido con suma prudencia y sólo en caso
de graves desórdenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento
jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz
pública o la institucionalidad democrática venezolana”.
Con respecto a la admisibilidad del
avocamiento que puede hacer esta Sala al conocimiento de una causa, establece
el artículo 108 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia lo
108. La Sala examinará las condiciones de admisibilidad del avocamiento, en
cuanto a que el asunto curse ante algún tribunal de la República,
independientemente de su jerarquía y especialidad o de la etapa o fase procesal
en que se encuentre, así como que las irregularidades que se aleguen hayan sido
oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia a través de los medios
ordinarios. Cuando se admita la solicitud de avocamiento, la Sala oficiará al
tribunal de la instancia, requerirá el expediente respectivo y podrá ordenar la
suspensión inmediata del curso de la causa, así como la prohibición de realizar
cualquier clase de actuación. Serán nulos los actos y las diligencias que se
dicten en desacato a la suspensión o prohibición que se expida”.
De la revisión de las
actas que fueron remitidas a esta Sala, se observa que si bien es cierto que en
el trámite del amparo constitucional que incoó la ciudadana Adriana
el desistimiento de la acción de amparo constitucional mediante sentencia del 1ro
de febrero de 2012, la solicitante de la protección constitucional apeló
contra esa decisión al día siguiente, recurso de apelación que fue admitido, en
un solo efecto, el 7 del mismo mes y año, por lo que el expediente se remitió
al Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de
la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de
su distribución, correspondiendo su conocimiento al Juzgado Superior Décimo en
lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial, el
de 2012, el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la
judicial de la parte accionante del amparo el 2 de febrero de 2012 contra la sentencia
que emitió el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito
y Bancario que fue objeto de apelación y ordenó reponer la causa al estado de
fijar nuevamente la audiencia constitucional oral y pública, con fundamento en
“…tomando en
cuenta que el caso bajo estudio encuadra perfectamente dentro de los criterios
doctrinarios y jurisprudenciales antes citados, por ser la apertura de año
judicial un hecho que forma parte del conocimiento de los abogados, funcionarios
y demás individuos relacionados al poder judicial, así como también por
tratarse de un hecho publico emanado de actos del poder público, considera esta
alzada, la apertura del año judicial como un hecho público y notorio pudiendo
atribuírsele valor de tal, en consecuencia se toman como ciertos los alegatos
presentados por la presunta agraviada en el escrito de informes, toda vez que
resulta factible que la misma en virtud de este hecho no haya podido tener
acceso al expediente, y de esta manera tener conocimiento de la fecha en la
cual el Juzgado de la causa fijó la audiencia constitucional.
Así pues, dadas
las condiciones que anteceden, en aras de garantizar la correcta administración
de justicia así como también el derecho a la defensa como un derecho inviolable
consagrado en nuestra ilustre Carta Magna y por encontrarnos ante un estado
social de derecho y justicia que propugna como valores superiores de su
ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia y la
igualdad pero sobre todo la preeminencia de los derechos humanos, considera
esta sentenciadora que tanto las normas como los criterios jurisprudenciales
deben interpretarse y aplicarse en beneficio de los justiciables con la
finalidad de garantizar la protección de sus derechos constitucionales, en
consecuencia se ordena la reposición de la causa al estado en que el
El 22 de marzo de 2012,
se ordenó la remisión del expediente a su tribunal de origen, el cual dejó
constancia de su recepción el día 2 de abril de 2012.
Los días 26, 28 de
marzo y 2 de abril de 2012, compareció el apoderado actor y consignó escritos
mediante los cuales solicitó al tribunal de la causa, “…toda vez que a la
presente Acción Constitucional de Amparo a la Salud y a la Vida se han adherido
de manera expresa LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO y más de QUINIENTAS (500) mujeres
afectadas… QUE DECLINE SU COMPETENCIA A FAVOR DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
EN SU SALA CONSTITUCIONAL, ya que como se señala en la Sentencia número 66 de
la Sala DEBERÍA SER RECOONDUCIDA (sic) LA DEMANDA INTERPUESTA A UNA
DEMANDA POR INTERESES COLECTIVOS Y DIFUSOS…”.
El 3 de abril de 2012,
compareció el apoderado actor y dejó expresa constancia de la falta de
pronunciamiento del tribunal de la causa con respecto a sus solicitudes.
El 9 de abril de 2012,
el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y
Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas dictó
auto mediante el cual ordenó la notificación a las partes de la fijación de la
nueva audiencia oral a fin de mantener el orden procesal.
El 5 de junio de 2012,
auto mediante el cual ordenó la remisión del expediente a esta Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, vista la decisión proferida el
Por lo que, si bien es
cierto que la parte solicitante del avocamiento manifestó, ante la instancia
correspondiente, las irregularidades que afectaron el trámite de su causa, a
través del ejercicio del medio ordinario de impugnación que la ley le otorga,
tal y como lo es el recurso de apelación, la solicitante del avocamiento logró
la satisfacción de su pretensión, en el sentido de que se decretó la reposición
de la causa al estado de la celebración de una nueva audiencia en el amparo,
con lo cual, esta Sala considera que no puede hablarse de indefensión, desorden
ni caos procesal. Ahora bien, toda vez que la jurisprudencia de este Máximo Tribunal ha justificado el ejercicio
del avocamiento ante casos de manifiesta injusticia, denegación de justicia,
amenaza en grado superlativo al interés público y social o necesidad de
restablecer el orden en algún proceso judicial que así lo amerite en razón de
su trascendencia e importancia y visto que, aún cuando en el presente caso se
ordenó la reposición de la causa al estado de que se celebrara nuevamente la
audiencia oral y pública, a la misma se ha adherido una considerable cantidad
de posibles afectadas, lo cual pone de relieve que la repercusión de la
presente causa trasciende el interés individual de la solicitante originaria y, por otra parte, la importancia que la misma tiene, por tratarse de
los derechos a la salud y a la vida de las personas que solicitan tutela
constitucional frente a una problemática que ya esta Sala calificó como de
salud pública, justifica que, en esta oportunidad, la Sala avoque el
conocimiento de la presente causa. En consecuencia,
esta Sala considera, dada la índole de los derechos que se
denunció como afectados, esto el derecho a la vida y a la salud, aunado a la
importancia y la trascendencia de la misma,
procedente la solicitud en cuestión, avoca el conocimiento de la causa que se
inició con la demanda de amparo que interpuso la ciudadana Adriana Alejandra
Zorrilla González contra las sociedades mercantiles
S.R.L., FARMACIA LOCATEL C.A. y LOCATEL FRANQUICIA C.A. y declara la nulidad
del auto que emitió el Juzgado Noveno de Primera Instancia
en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial
del Área Metropolitana de Caracas, el 9
de abril de 2012, mediante el cual ordenó la notificación a las partes de la
fijación de la nueva audiencia oral por cuanto la causa
seguirá su trámite ante esta Sala Constitucional. Así se decide.
2. Como se señaló
en la narrativa de la presente decisión, un considerable número de ciudadanas
se adhirió a la presente solicitud, con respecto a dicha solicitud esta Sala se
pronunciará mediante pronunciamiento separado e insta a quienes manifestaron
ser portadoras de prótesis fabricadas por la compañía “POLY IMPLANT PROTHÈSE”
(PIP), a seguir los pasos del protocolo y procedimientos de actuación que
instauró el Ministerio del Poder Popular para la Salud, para la
determinación, retiro y sustitución de los implantes mamarios marca PIP a
través del vínculo a través del portal electrónico del Ministerio del Poder
Popular para la Salud: (http://www.mpps.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=1884&Itemid=688).
3. Durante la
tramitación de la presente causa, los representantes de la “ASOCIACIÓN CIVIL DE
MUJERES VENEZOLANAS AFECTADAS POR LAS PRÓTESIS POLY IMPLANTS PROTHESE (P.I.P.) (ASOMUVENAPIP)”,
“…debidamente registrada e inscrita por ante Registro Público del Municipio
‘Palavecino’ Del Estado Lara en fecha 25 de Junio del 2012 bajo el número 24
folio 80 del Tomo 17…” presentaron escrito para adherirse al amparo
constitucional que incoó la ciudadana Adriana Alejandra Zorrilla González y también
solicitaron la reconducción de la causa en una demanda de protección a derechos
colectivos con fundamento en los siguientes motivos:
“La Defensoría del Pueblo tuvo conocimiento
de una denuncia que se público (sic), el 09 de enero de 2012, en el diario
impreso El Nacional, que guarda relación con la solicitud que hizo un grupo de
500 usuarias de los implantes mamarios marca PIP, mediante la cual piden al
Estado que tome medidas que garanticen su derecho a la vida (Amparo
Constitucional a la salud y a la vida Intentado por Adriana Alejandra Zorrilla
González) por lo que inició una investigación de oficio, en ejercicio de
las atribuciones que le confieren los artículos 281.1 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela y 15.1 de la Ley Orgánica de la Defensoría
del Pueblo. El Carácter de DIFUSIVIDAD de la Acción de Amparo Constitucional
a la Salud y a la Vida intentada es tan evidente que encuadra en los
extremos señalados por la Sentencia número 66 de fecha 14 de febrero del 2012
de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Link de la
Sentencia http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/febrero/66-14212-2012-12-0219.html ) donde se
También se hace imperioso traer a colación la Sentencia del 14 de Enero del 2.002
Expediente número 02-26426 Sentencia número: 2002-03 ponente Dra: Ruggeri Cova
dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo donde se aprecia
que la Fiscalía del Ministerio Público en ese caso en particular intentó una
Acción de Amparo Constitucional a la Salud y a la vida y al igual que [ellos] solicitó
la adopción de Medidas precautelativas de DEFENSA DE LOS INTERESES COLECTIVOS
(tal y como lo Hicieron en el caso P.I.P.) OTORGÓ LA MEDIDA PRECAUTELATIVA y
declinó a favor del T.S.J. en su Sala Constitucional, expresamente señaló lo
siguiente: ‘…Con base en lo anteriormente expresado, esta corte estima que, en
virtud de la importancia de los derechos denunciados como violados, así como de
la calidad en la prestación del servicio público de salud, debe esta Corte en
ejercicio del poder cautelar general del Juez, en sede Constitucional, otorgar
una providencia cautelar a fin de asegurar la continuidad del servicio y el
cese de la amenaza de la violación de los Derechos precedentemente indicados
(SALUD Y VIDA) Así se declara’ ‘En virtud de los anteriores razonamientos, esta
Corte tomando en cuenta las circunstancias fácticas del caso, así como lo
dispuesto en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela concordando con el artículo 19,26 y 257, ORDENA AL COLEGIO DE MÉDICOS
ASÍ COMO A LOS MÉDICOS AGREMIADOS LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO (en el caso
P.I.P. se solicitaron estas medidas y las demandadas han hecho un silencio
pernicioso a los intereses de las afectadas en su mayoría gravemente enfermas
por la silicona industrial). Al respecto, esta Sala
en sentencia del 30 de junio de 2000, (http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/junio/656-300600-00-1728%20.htm)
caso: Dilia Parra Guillén), asentó que la
legitimación para el ejercicio de la demanda de amparo por intereses colectivos,
“…además de la Defensoría del Pueblo, la tiene cualquier miembro del grupo o
actúa en defensa del colectivo. Tanto particulares como personas jurídicas
cuyo objeto sea la protección de tales intereses…”.
El anterior criterio
se ratificó en el fallo n.° 3648 del 19 de diciembre de 2003 (caso: Fernando
Asenjo Rosillo y otros, (http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Diciembre/3648-191203-03-0831.htm), en el que, se asentó lo siguiente: “LEGITIMACIÓN
PARA INOCAR UNA ACCIÓN POR INTERESES Y DERECHOS COLECTIVOS: quien incoa la
demanda con base a derechos o intereses colectivos, debe hacerlo en su
condición de miembro o vinculado al grupo o sector lesionado, y que por ello
sufre la lesión conjuntamente con los demás, por lo que por esta vía asume un
interés que le es propio y le da derecho de reclamar el cese de la lesión para
sí y para los demás, con quienes comparte el derecho o el interés. La acción en
protección de los intereses colectivos, además de la Defensoría del Pueblo, la
tiene cualquier miembro del grupo o sector que se identifique como componente
de esa colectividad específica y actúa en defensa del colectivo, de manera que
los derechos colectivos implican, obviamente, la existencia de sujetos
colectivos, como las naciones, los pueblos, las sociedades anónimas, los
partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones, los gremios, pero también
minorías étnicas, religiosas o de género que, pese a tener una específica
estructura organizacional, social o cultural, pueden no ser personas jurídicas
o morales en el sentido reconocido por el derecho positivo, e inclusive simples
individuos organizados en procura de preservar el bien común de quienes se
encuentran en idéntica situación derivado del disfrute de tales derechos
colectivos. Ahora bien, en
materia de indemnizaciones por intereses colectivos, ellas sólo pueden ser
pedidas por las personas jurídicas para sus miembros constituidos conforme a
derecho, y los particulares para ellos mismos, al patentizar su derecho
subjetivo, sin que otras personas puedan beneficiarse de ellas; pero en lo
referente a la condena sin indemnización, al restablecimiento de una situación
común lesionada, los otros miembros del colectivo pueden aprovecharse de lo
judicialmente declarado, si así lo manifestaren.
(derechos o intereses difusos y derechos o intereses colectivos) el número de
personas reclamantes no es importante, sino la existencia del derecho o interés
invocado.”
análisis, la “ASOCIACIÓN CIVIL DE MUJERES VENEZOLANAS AFECTADAS
POR LAS PRÓTESIS POLY IMPLANTS PROTHESE (P.I.P.) (ASOMUVENAPIP)” “…tendrá
como objetivo Ejercer Acciones Legales en Defensa y Protección de las mujeres
afectadas por Prótesis Mamarias Poly Implants Protese (P.I.P.) además de
dirigir sus acciones al mejoramiento de la salud de las asociadas,
sustentándose a un proceso continuo dirigido a facilitar su atención Médica y
Vigilancia Técnico Científica y necesarias a los fines legales consiguientes;
promocionando y desarrollando entre sus asociados la eficacia de la acción
grupal para la solución de problemas comunes, consolidando las bases de
información sobre proyectos, programas y planes de atención a esos mismos fines…”.
En consecuencia, esta Sala admite la intervención en la presente causa. Así se
Esta Sala observa que,
el presente caso comenzó como una demanda individual de amparo constitucional, a
la cual un considerable número de personas quienes alegan encontrarse en la
misma situación jurídica que la solicitante originaria solicitó se acumulara,
en sentencia n.o 790 del 6 de junio de 2012, (Caso:
GABRIELA DEL MAR RAMÍREZ PÉREZ, en su carácter de DEFENSORA
DEL PUEBLO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y los abogados LARRY
RUIZ, JASMÍN CUEVAS MORALES y DOLIMAR LAREZ)
(http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/junio/790-6612-2012-12-0526.html)
cuyo conocimiento admitió esta Sala en esa oportunidad.
anteriores consideraciones, esta Sala reconduce las pretensiones que fueron
formuladas por cuanto tienen el mismo objeto y buscan la protección de los
mismos derechos constitucionales y toda vez que dichas pretensiones son
perfectamente subsumibles en la causa que esta Sala admitió el 6 de junio de
2012, a la cual se hizo referencia, se ordena su acumulación a las que cursan
en la demanda por intereses colectivos y difusos que incoaron GABRIELA
RUIZ, JASMÍN CUEVAS MORALES y DOLIMAR LAREZ, que
se tramita ante esta Sala en el expediente signado bajo el n.ro
12-0526. Así se decide.
anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia,
administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por
autoridad de la ley, declara: PRIMERO:
AVOCA el conocimiento de la causa que
interpuso la ciudadana ADRIANA ALEJANDRA ZORRILLA GONZÁLEZ
contra las sociedades mercantiles GALAXIA MÉDICA C.A., MULTI INDUSTRIAS
MÉDICAS MULTIMED, C.A., LOCATEL SERVICIOS S.R.L., FARMACIA LOCATEL C.A. y
LOCATEL FRANQUICIA C.A. y declara la NULIDAD del auto que emitió el
Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el
de abril de 2012, que ordenó la notificación a las partes de la fijación de la
nueva audiencia oral.
SEGUNDO: RECONDUCE
la pretensión de amparo constitucional, la cual se CALIFICA como demanda
protección de derechos e intereses colectivos.
TERCERO: ACUMULA
la presente causa a la demanda de protección de derechos e
intereses colectivos, que fue interpuesta, conjuntamente con medida cautelar
innominada, por la ciudadana GABRIELA DEL MAR RAMÍREZ PÉREZ, en su
carácter de DEFENSORA DEL PUEBLO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
y los abogados LARRY DEVOE MÁRQUEZ, JESÚS ANTONIO MENDOZA, ALEJANDRA BONALDE
RUIZ, JASMÍN CUEVAS MORALES y DOLIMAR LAREZ, con adscripción a la Dirección
General de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo, a favor de todas
aquéllas personas naturales, habitantes de la República Bolivariana de
Venezuela, que tengan implantadas en su cuerpo las prótesis mamarias marca “PIP”,
fabricadas por la sociedad mercantil francesa POLY IMPLANT PROTHÈSE
(PIP) contra GALAXIA MÉDICA, C.A.; MULTI INDUSTRIAS MÉDICAS MULTIMED,
C.A.; FARMACIA LOCATEL, C.A.; LOCATEL FRANQUICIA C.A., en su condición de
únicos y exclusivos importadores autorizados para la distribución en Venezuela
de dichas prótesis mamarias; la sociedad civil sin fines de lucro SOCIEDAD
VENEZOLANA DE CIRUGÍA PLÁSTICA RECONSTRUCTIVA, ESTÉTICA Y MAXILOFACIAL
(SVCPREM), en su condición de agrupación de los cirujanos plásticos de
Venezuela y la ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE CLÍNICAS Y HOSPITALES (AVCH), en
su condición de agrupación de las instituciones privadas prestadoras de
servicios de salud en Venezuela, que se tramita ante
esta Sala en el expediente signado bajo el n.ro 12-0526.
Con respecto a la solicitud de adhesión que formuló un considerable grupo de
ciudadanas, esta Sala se pronunciará por decisión separada e INSTA a
quienes manifestaron ser portadoras de prótesis fabricadas por la compañía “POLY
actuación que instauró el Ministerio del Poder Popular para
la Salud, para la determinación, retiro y sustitución de los implantes mamarios
marca PIP a través del vínculo del portal electrónico del Ministerio del
Poder Popular para la Salud: (http://www.mpps.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=1884&Itemid=688).
Publíquese, regístrese
y cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 16 días del
mes de noviembre de dos mil doce. Años: 202º de la Independencia y 153º de la
TULIO DUGARTE PADRÓN
DE JESÚS DELGADO ROSALES
REQUENA CABELLO