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Timestamp: 2020-06-04 19:37:02
Document Index: 185251853

Matched Legal Cases: ['artículo 16', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 25']

DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 166, de 29/05/2002
Año 2002 VII Legislatura Núm. 166
Sesión plenaria núm. 160
celebrada el miércoles, 29 de mayo de 2002
Preguntas ... (Página 8394)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el motivo de la introducción del área obligatoria en la enseñanza básica de Cultura y Religión en el Anteproyecto de Ley de Calidad de la Educación. (Número de expediente 172/000186.) ... (Página 8402)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los criterios del Gobierno español respecto a la normalización, presencia, protección y expansión de la lengua catalana. (Número de expediente 172/000188.) ... (Página 8406)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre los criterios de política general del Gobierno para reducir la conflictividad en materia de propiedad intelectual. (Número de expediente 172/000189.) ... (Página 8412)
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Del Diputado don Miguel Vicente Prim Tomás, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo está evolucionando el Presupuesto General del Estado durante los primeros meses del año? (Número de expediente 180/001341) ... (Página 8394)
De la Diputada doña María Fernanda Faraldo Botana, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué acciones ha puesto en marcha el Gobierno español, en el marco del acuerdo con diversos países de la Unión Europea, en la lucha contra el SIDA? (Número de expediente 180/001344) ... (Página 8395)
Del Diputado don Germán López Iglesias, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace el Gobierno sobre el desarrollo de un Centro en Red de investigaciones en enfermedades neurológicas? (Número de expediente 180/001345) ... (Página 8396)
Del Diputado don Carlos Revuelta Méndez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué acciones ha impulsado el Gobierno para la lucha contra la legionelosis? (Número de expediente 180/001346) ... (Página 8397)
Del Diputado don Enrique Belda Pérez-Pedrero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué iniciativas está adoptando el Gobierno para facilitar el acceso de los discapacitados a la sociedad de la información? (Número de expediente 180/001347) ...
(Página 8398)
De la Diputada doña María Trinidad García Arias, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas está adoptando el Gobierno para mejorar la situación de los becarios de investigación? (Número de expediente 180/001348) ... (Página 8398)
De la Diputada doña Antonia Febrer Santandreu, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede informar la Ministra de Ciencia y Tecnología acerca del estado en que se encuentra la negociación del VI Programa Marco de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Unión Europea? (Número de expediente 180/001349) ... (Página 8399)
Del Diputado don Joaquín Calomarde Gramage, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las principales líneas generales que desarrollará el Plan Estatal de Atención e Integración de los Escolares Inmigrantes desde su llegada a España? (Número de expediente 180/001342) ... (Página 8400)
De la Diputada doña María Amparo Ferrando Sendra, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno para el año 2002 como año del turismo cultural e idiomático? (Número de expediente 180/001343) ... (Página 8401)
Interpelaciones urgentes ... (Página 8402)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el motivo de la introducción del área obligatoria en la enseñanza básica de cultura y religión en el anteproyecto de ley de calidad de la educación ... (Página 8402)
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Presenta la interpelación urgente la señora Chacón Piqueras, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Muestra su estupefacción, resumiendo en una palabra suave la razón por la que su grupo presenta la interpelación sobre las razones por las cuales el Gobierno introduce en el anteproyecto de ley de calidad de la educación el área obligatoria básica de cultura y religión, algo que no estuvo en el documento previo de bases. Pregunta a la señora ministra por qué, sabiendo que se trata de una cuestión delicada, en la que se llegó a un cierto consenso con la aprobación de la LOGSE y posteriormente, en el año 1994, a causa de la jurisprudencia del Tribunal Supremo a este efecto, se impone ahora de manera unilateral la obligatoriedad de la asignatura alternativa a la religión y lo hace dándole a ambas peso académico. Desarrolla el contenido de la interpelación urgente haciendo una serie de observaciones críticas sobre la medida adoptada y acusando a la ministra de estar a las órdenes de lo que diga la Conferencia Episcopal. Finalmente pregunta si la señora ministra piensa mimar la democracia buscando el consenso en algo tan complejo como la cuestión religiosa o va a cambiar su trato en el sistema educativo apisonando con la mayoría absoluta.
Contesta en nombre del Gobierno la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera). Afirma en primer lugar que la señora interpelante se pregunta y se contesta a sí misma, pensando que es la ministra la que contesta, y acusa a los diputados del Grupo Socialista de ser incapaces de analizar una medida en relación con el contenido de la misma y no en función de lo que diga o deje de decir la Conferencia Episcopal. Según la señora ministra el problema está en decir lo contrario de lo que se piensa, porque si de verdad se piensa que la asignatura de religión no se debe dar en horas lectivas, ni dentro de la ordenación curricular normal y que debe ser una formación generalizada como, por ejemplo, historia de las religiones, eso hay que decírselo a las familias y decir en el programa electoral que se va a denunciar el acuerdo con la Santa Sede para poder organizar el tratamiento de la religión en los colegios de otra manera. Por otra parte entiende que hay evidencias más que suficientes como para poder afirmar que hoy, en el inicio del siglo XXI, sigue habiendo un consenso básico en la sociedad respecto de este tema, aunque indudablemente puede haber una parte de la sociedad española que no esté de acuerdo.
Replica la señora Chacón Piqueras, duplicando la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte.
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los criterios del Gobierno español respecto a la normalización, presencia, protección y expansión de la lengua catalana.. ... (Página 8406)
El señor Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Mixto, interpela sobre la voluntad de este Gobierno en relación con la lengua catalana, lengua que no sólo se habla en las cuatro provincias de la Comunidad Autónoma de Cataluña, sino en otras comunidades e incluso fuera del Estado español. Considera una anomalía que no se considere como lengua oficial en la Unión Europea a la lengua catalana, que la hablan 10 millones de personas, y si se de ese trato, por ejemplo, a la lengua danesa, con un dominio lingüístico de cuatro millones de personas, o al sueco, con nueve millones de personas. A continuación acusa al Gobierno de no hacer nada en este aspecto en el ámbito de la Administración del Estado o de, incluso, poner piedras en el camino, exponiendo varios ejemplos.
Contesta en nombre del Gobierno la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera). En cuanto al futuro de la lengua catalana, considera que afortunadamente ésta, que es una gran lengua, goza de buena salud y seguirá gozando de esa muy buena salud, para lo que contará con el apoyo de todos. A continuación hace un repaso sobre las actividades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en relación al contenido de la interpelación y, por tanto, a los criterios respecto a la normalización, presencia, protección y expansión de la lengua catalana.
Replica el señor Puigcercós i Boixassa, duplicando la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre los criterios de política general del Gobierno para reducir la conflictividad en materia de propiedad intelectual ... (Página 8412)
Presenta la interpelación urgente el señor Guardans i Cambó, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Tras recordar que su grupo parlamentario siempre se ha tomado muy en serio los derechos derivados de la propiedad intelectual y se ha caracterizado siempre por dar su apoyo a todos aquellos que han pedido reglas claras a este respecto, pregunta al Gobierno qué es lo que piensa hacer para poner orden en los distintos conflictos que afectan a la propiedad intelectual, pasando
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a exponer algunos ejemplos. Pide a la señora ministra que actúe, que no se inhiba y que cuente con ellos para regular el sector. No abogan por una política absolutamente intervencionista, pero sí por una intervención del Ejecutivo y quizá, en un segundo momento, del Legislativo.
Contesta en nombre del Gobierno la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera). Comprende el interés del grupo Catalán por los temas relativos a la propiedad intelectual en una dimensión que se desarrolla fundamentalmente a lo largo de las últimas décadas. Por el contrario no está de acuerdo con la acusación de pasividad del Gobierno en la regulación de los conflictos surgidos. Se remite a las sociedades de gestión para explicar la constante actuación por parte del ministerio que hace que al final el sector funcione adecuadamente, en las mejores condiciones posibles y lo más alejado de una situación de crispación, de ruptura y de conflictividad de aquellos que producen y que tienen unos derechos vinculados a la propiedad intelectual, y aquellos que consumen ese producto que otras personas han producido y que gestionan esas entidades. Explica los problemas que plantea la propiedad intelectual, como aquellos que derivan de los usos legítimos de la propiedad intelectual y el de la piratería, que es otra dimensión del problema.
Finalmente reitera que la tarea que está realizando el ministerio para afrontar la futura legislación de una manera pacífica y ordenada, intentando proteger a los que crean y garantizando los derechos de los que consumen, está siendo muy notable en cuanto a dedicación y preocupación.
Replica el señor Guardans i Cambó, duplicando la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte.
Se suspende la sesión a las seis y veinticinco minutos de la tarde.
- DEL DIPUTADO DON MIGUEL VICENTE PRIM TOMÁS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CÓMO ESTÁ EVOLUCIONANDO EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO DURANTE LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO? (Número de expediente 180/001341)
Punto IV del orden del día. Preguntas. En primer lugar, preguntas dirigidas al señor ministro de Hacienda. Pregunta número 13, que formula el diputado don Luis de Grandes. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio. (Los señores diputados de los grupos parlamentarios Socialista, Vasco, Federal de Izquierda Unida y Mixto, señor Puigcercós i Boixassa, abandonan el hemiciclo.)
El señor DE GRANDES PASCUAL: Señora presidenta, señor ministro, el seguimiento de los Presupuestos Generales del Estado constituye una de las tareas de control más importantes de la Cámara. Ya desde la creación de los primeros parlamentos esa fue la actividad que definió y con la que se iniciaron los nuevos parlamentos modernos. Esa tarea no constituye algo propio de la oposición. Nosotros, los diputados que apoyamos al Gobierno, tenemos también el sagrado derecho -porque es individual y constitucional- de controlar y preguntar al Gobierno. Hoy es un día triste para la democracia. Estos escaños vacíos de la oposición dicen a todas luces que han abdicado de sus responsabilidades constitucionales.
(Varios señores diputados: Muy bien, muy bien.-Aplausos.) Nosotros no pretendemos sustituir a la oposición, eso sería propio de los regímenes totalitarios, propio del socialismo real del que afortunadamente ya no queda más que algún rescoldo. Nosotros vamos sencillamente a cumplir nuestra obligación.
Ya que la oposición abdica de sus obligaciones y rompe su compromiso con los electores, nosotros no. Por eso y en consecuencia, señor ministro, yo le pregunto: ¿Cómo está evolucionando el Presupuesto General del Estado durante los primeros meses del año? (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De Grandes.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
Gracias, señor portavoz, además por estas referencias con las que ha iniciado su cuestión esta tarde, que da todo un sentido al control democrático que debe ejercer la Cámara sobre la evolución de los presupuestos del Estado, expresión cuantitativa de la política del Gobierno.
Por segundo año consecutivo el Gobierno ha apostado por conseguir un presupuesto en equilibrio en el año 2002. Un presupuesto que iguale ingresos y gastos y que sea muestra de las buenas finanzas públicas, de la salud de que gozan las finanzas del Estado. En este presupuesto, como toda la Cámara recuerda, se
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incorpora el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas.
Ello supone que aumentan los ingresos y los gastos de las comunidades autónomas y en la misma medida disminuyen los del Estado. Esto se traduce en que mientras los ingresos no financiados del Estado durante estos primeros meses del año han disminuido el 6,5 por ciento, puesto que ahora están adscritos al nuevo sistema de financiación autonómica, los gastos lo han hecho en un 18 por ciento como consecuencia de las transferencias a las comunidades autónomas. Sin la carga de intereses, la disciplina en el gasto público nos ha llevado en los cuatro primeros meses del ejercicio 2002 a conseguir un superávit primario del 2,3 por ciento del producto interior bruto. En los cuatro primeros meses del año se ha alcanzado un superávit o capacidad de financiación de 10.387 millones de euros, lo que supone un incremento del superávit del 69 por ciento respecto del mismo periodo del año anterior. Estamos hablando de una cantidad equivalente a un punto y medio del producto interior bruto frente al 0,94 por ciento del PIB que conseguimos en abril del año pasado. Es decir, en un ejercicio bastante complicado como es el de 2002, dada la situación económica internacional, el presupuesto del Estado está evolucionando de manera francamente positiva. Nos encaminamos pues un año más a la consecución del equilibrio presupuestario para cumplir con el objetivo que nos encomendó el Parlamento.
Durante los últimos años hemos demostrado la importancia que para la sociedad española tienen unas cuentas públicas saneadas, tanto en los momentos de bonanza internacional como de incertidumbre, y ello nos ha permitido mejorar nuestro diferencial de crecimiento. Ahora, en equilibrio, nos encontramos en buena posición para bajar los impuestos, aumentar las inversiones y el gasto social y contribuir así al crecimiento económico y a la creación de empleo.
Señor De Grandes.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Señor ministro, muchas gracias por sus palabras, muchas gracias por la cuenta que rinde a esta Cámara de la evolución de los presupuestos. Yo estoy seguro de que S.S. tendrá el placer de ver de nuevo -cuando vuelvan- a los diputados de la oposición, que también tendrán interés por ver lo esperanzadora que es la marcha de España.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA FERNANDA FARALDO BOTANA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ ACCIONES HA PUESTO EN MARCHA EL GOBIERNO ESPAÑOL, EN EL MARCO DEL ACUERDO CON DIVERSOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA, EN LA LUCHA CONTRA EL SIDA? (Número de expediente 180/001344)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Sanidad y Consumo. La número 16, que formula la diputada doña María Fernanda Faraldo Botana.
La señora FARALDO BOTANA: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra de Sanidad y Consumo, 20 años después de la notificación del primer caso de sida, existe evidencia científica de que las intervenciones preventivas han funcionado, ya que han logrado la actual disminución y previsible estabilización de las tasas de infección en aquellos países en que se han puesto en marcha, al tiempo que los avances en los tratamientos médicos han permitido una disminución de la mortalidad y una mejora de la calidad de vida de las personas infectadas por el VIH. Pero es verdad que han abierto también una brecha entre los países desarrollados y aquellos que no cuentan con una mínima infraestructura sanitaria, lo que subraya la necesidad de hacer un esfuerzo en materia de cooperación. El pasado 9 de abril, usted, como ministra de Sanidad, firmaba en Roma con sus homólogos de diversos países de la Unión Europea un acuerdo para la creación de una red de solidaridad hospitalaria para luchar contra el sida en África e Iberoamérica. Dada su importancia, nos gustaría conocer qué acciones ha puesto en marcha el Gobierno español en el marco de este acuerdo con diversos países de la Unión Europea en la lucha contra el sida.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Faraldo.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Efectivamente, el sida es una de las enfermedades que más problemas está creando en la humanidad en estos momentos, sobre todo en los países donde el nivel económico es deficiente, por ejemplo África, Iberoamérica, parte de Asia y algunos países del centro de Europa, pues está sufriendo un incremento cada vez mayor. Varios países de la Unión Europea decidimos crear la red de solidaridad hospitalaria para luchar contra el sida en África, y la presencia de España hizo que estos planes se llevaran a cabo en Iberoamérica. En estos momentos estamos trabajando
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en este hermanamiento entre hospitales para desplazar, tanto a médicos especialistas como a médicos de atención primaria, para formar médicos y especialistas en esos países y, al mismo tiempo, controlar que se están aplicando adecuadamente los tratamientos de antirretrovirales. Yendo más allá, la Unión Europea también está participando en el fondo ONU-Sida, creado en la ONU, al que España aporta 50 millones de dólares en tres años. Dentro de la presidencia española tuvimos la gran suerte de crear la plataforma europea de ensayos clínicos para enfermedades ligadas a la pobreza, fundamentalmente el sida, para conseguir la vacuna definitiva contra el sida con centros sanitarios de África y con centros de investigación europeos. (Rumores.)
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Lo que intentamos con este proyecto es que los ensayos clínicos que se producen en África se hagan con el respeto a los tratamientos habituales en un país desarrollado, es decir con los suficientes controles científicos para proteger a los ciudadanos de esos países.
- DEL DIPUTADO DON GERMÁN LÓPEZ IGLESIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO SOBRE EL DESARROLLO DE UN CENTRO EN RED DE INVESTIGACIONES EN ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS? (Número de expediente 180/001345)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 17, que formula el diputado don Germán López Iglesias.
El señor LÓPEZ IGLESIAS: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, hasta la fecha el 42 por ciento de la investigación biomédica en España se ha venido realizando de forma dispersa, lo que ha dado lugar, en no pocas ocasiones, a duplicidades que conducían a que muchos esfuerzos investigadores resultaran ineficaces. En el caso concreto de las enfermedades neurológicas, cabe señalar la importancia que éstas poseen en nuestra sociedad, una importancia cada vez mayor, tanto por su mayor relevancia como por el elevado coste que este tipo de atenciones representan. Son conocidos los esfuerzos económicos del Gobierno para atender la investigación, no en vano la partida para estos menesteres se eleva a la nada despreciable cantidad de cerca de 540 millones de euros para este ejercicio. Sin embargo, de poco serviría tan importante esfuerzo si las políticas investigadoras no siguiesen un modelo de trabajo coherente y cohesionado.
El pasado 30 de abril, usted misma, junto con el señor presidente del Gobierno, presidió la firma de un protocolo de intenciones para la creación de un centro en red de investigaciones de enfermedades neurológicas. Con este acto el Gobierno ponía en marcha un nuevo modelo de investigación biomédica, basado en la constitución de redes temáticas.
Este modelo debe servir para aprovechar los recursos y sinergias existentes y, al mismo tiempo, para aplicar, cualitativa y cuantitativamente, las líneas de investigación fomentando el trabajo cooperativo. Por todo ello, señora ministra, le hago la siguiente pregunta: ¿Qué valoración hace el Gobierno sobre el desarrollo de un centro en red de investigaciones de enfermedades neurológicas?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias, presidenta.
En primer lugar debo decir que este es un tema muy importante porque este país hasta hace seis años no tenía una atención prioritaria a la investigación. Por tanto, para llevar a cabo los avances que se han producido en estos últimos años, para poner en valor la investigación que se realiza en nuestro país, para que nuestros investigadores no se tengan que ir de España a Estados Unidos o al Reino Unido, como pasaba hasta hace cinco años, ha sido necesario, en primer lugar, crear un ministerio -y me acompaña aquí al lado la ministra de Ciencia y Tecnología- y, al mismo tiempo, que haya unas políticas de investigación perfectamente coordinadas y, como he dicho, poniendo en valor todos los grupos de investigadores que existen en nuestro país que necesitan un apoyo financiero importante para poder desarrollar su trabajo. En ese sentido, el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través del Instituto de Salud Carlos III, responsable de la política científica en biomedicina en el Ministerio de Sanidad, ha creado y ha puesto en marcha, a través de un real decreto, redes temáticas de investigación. Con estas redes temáticas de investigación lo que pretendemos es que todos los núcleos de investigación que existen en toda la red del Sistema Nacional de Salud, en todas las universidades españolas y en los centros privados, puedan trabajar conjuntamente en la búsqueda de soluciones para aliviar las enfermedades y las patologías más graves que en este momento se producen en nuestra sociedad. En este sentido, ha primado por encima de todo la necesidad de la coordinación en un modelo de cooperación que significa que también la cohesión social y la cohesión territorial en investigación sea una realidad. Y dentro de estas redes era necesario priorizar, y desde luego
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lo que está claro es que las enfermedades neurodegenerativas tienen una prevalencia enorme en la sociedad española, una sociedad cada vez más envejecida, lo cual significa enfermedades como Alzheimer, como Parkinson, enfermedades a las que hay que buscar rápidamente soluciones.
En este sentido, firmamos este acuerdo, donde están presentes todas las comunidades autónomas que tienen investigadores en esta dirección. Por tanto, existe ya esa red de investigación virtual, que además significa la utilización de las nuevas tecnologías también para la investigación biomédica.
Gracias, presidenta. (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON CARLOS REVUELTA MÉNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ ACCIONES HA IMPULSADO EL GOBIERNO PARA LA LUCHA CONTRA LA LEGIONELOSIS? (Número de expediente 180/001346)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 18, que formula el diputado don Carlos Revuelta Méndez.
El señor REVUELTA MÉNDEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en los últimos años se han producido en España, como en otros muchos países de nuestro entorno, diversos brotes de legionelosis que han acaparado la atención de la opinión pública. Como todas SS.SS. conocen, su agente causal es una bacteria, que si bien puede encontrarse en ambientes acuáticos naturales, aparece fundamentalmente como fuente de infección en los diferentes sistemas de agua sanitaria y en las torres de refrigeración. La legionelosis origina dos formas clínicas perfectamente diferenciadas: una neumonía atípica conocida como enfermedad del legionario, y un síndrome febril autolimitado, que denominamos fiebre de Pontiac. La neumonía por legionela tiene durante los brotes una tasa de ataque que oscila entre el 0,1 y el 5 por ciento de la población general expuesta y su letalidad, que es inferior al 5 por ciento, puede llegar hasta un 20 por ciento si no se instaura el tratamiento adecuado con eritromicina. La entrada de esta bacteria en el organismo humano se produce básicamente por inhalación de aerosoles que contengan un número suficiente de bacterias, no existiendo evidencias científicas de hipotéticas transmisiones de persona a persona ni de reservorios animales conocidos. Para la prevención y control de la legionela los expertos recomiendan impedir las condiciones de temperatura, estancamiento y suciedad, que favorecen el crecimiento de la bacteria, así como controlar adecuadamente los vertidos de los aerosoles.
A la vista de todo lo anterior, se hacía necesario que el Ministerio de Sanidad y Consumo coordinase todas las acciones sanitarias y legales para el adecuado control de esta enfermedad, intentando evitar así, en la medida de lo posible, la aparición de nuevos brotes y reducir al máximo su elevada tasa de letalidad. Por todo ello, señora ministra, y por ser un tema del máximo interés para los ciudadanos de nuestro país, le formulo la pregunta que figura en el orden del día y que tiene el siguiente tenor: ¿Qué acciones ha impulsado el Gobierno para la lucha contra la legionelosis?
Muchas gracias, señora ministra. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Revuelta.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias, señora presidenta.
Efectivamente, señoría, la legionelosis suele aparecer cuando empieza a mejorar el tiempo, en la primavera y, debido a los últimos avances para la detección rápida de la enfermedad, su número ha crecido.
El Ministerio de Sanidad elaboró el real decreto que regula las medidas que deben tomar los centros y empresas que tienen refrigeración y crean aerosoles, como usted ha dicho. Las comunidades autónomas tienen que tomar las medidas adecuadas, de acuerdo con sus responsabilidades, para que todos los años se lleve a cabo la limpieza y mantenimiento de los instrumentos. Entendía el ministerio que debía hacer también una campaña de divulgación para que los ciudadanos españoles tomaran conciencia del problema. No sólo hay que tomar medidas en las empresas, en los hospitales o en los lugares que dispongan de un sistema de refrigeración por aire que produzca vapor de agua; el mismo problema se presenta con los equipos de terapia respiratoria, los dispositivos de enfriamiento evaporativo, los humidificadores que utilizamos en el hogar, las fuentes ornamentales de las calles, los sistemas de riego por aspersión, los sistemas de aguas contra incendios, los elementos de refrigeración al aire libre o los sistemas de refrigeración de las viviendas cuando son por agua y aire. Por tanto, era necesario hacer una campaña para recordar a los ciudadanos que deben cumplir esas normas en sus hogares y exigir que se cumplan en sus puestos de trabajo.
Hemos hecho un tríptico, que ha sido distribuido a través de las comunidades autónomas y de las asociaciones de consumidores y vecinos, una cuña informativa que se emite a través de todas las radios, y carteles que se han distribuido por toda España. Con ello pretendemos que haya menos casos de legionelosis que en años anteriores. (Aplausos.)
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- DEL DIPUTADO DON ENRIQUE BELDA PÉREZ-PEDRERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ INICIATIVAS ESTÁ ADOPTANDO EL GOBIERNO PARA FACILITAR EL ACCESO DE LOS DISCAPACITADOS A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN? (Número de expediente 180/001347)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Ciencia y Tecnología. En primer lugar, la número 19, que formula el diputado, don Enrique Belda Pérez-Pedrero.
El señor BELDA PÉREZ-PEDRERO: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, el Grupo Parlamentario Popular viene realizando dos o tres preguntas al Gobierno referentes a su política de discapacidad en cada período de sesiones. Esta tarde queremos dirigirnos a usted para que nos avance cuáles son las tareas que está realizando el Gobierno en materia de política de información. Como sabe usted, ha sido siempre voluntad de este grupo profundizar en la eliminación de las barreras en las tecnologías de la información, porque es el mejor cauce para dar formación y empleo y -por qué no decirlo- para la mejor utilización del tiempo libre de las personas discapacitadas.
Sin duda alguna, los últimos 10 años están suponiendo una auténtica revolución desde el punto de vista tecnológico para las personas discapacitadas. Nunca se había producido este avance en el trabajo, en el mundo de la formación, en el del empleo, en el de la educación en general, y en el acceso a la información para el disfrute del ocio.
Estamos realizando un trabajo muy importante en la subcomisión de la discapacidad y esta misma mañana el director gerente de Fundosa nos adelantaba alguna de sus ideas, que ha tenido ocasión de contrastar con el Gobierno, acerca de las mejoras que se pueden producir en este campo.
Por eso queremos esta tarde hacerle, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, la pregunta que reza en el orden del día: ¿Qué iniciativas está adoptando el Gobierno para facilitar el acceso de los discapacitados a la sociedad de la información?
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Belda.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán): Gracias, señora presidenta.
Es un firme compromiso del Gobierno y en particular del Ministerio de Ciencia y Tecnología conseguir que la sociedad de la información sea realmente para todos, es decir, que lo sea sin exclusión. Hay un colectivo muy importante, que es el que presenta alguna discapacidad.
Este colectivo representa, en España, a más de 3,5 millones de personas pero, además, la sociedad de la información, las tecnologías de la comunicación y de la información representan una oportunidad realmente para disminuir lo que han sido barreras para hacer la inclusión social, para aproximarlos e integrarlos y evitar la infomarginalidad. En este sentido, en el marco del programa INFO XXI y del plan de acción se han venido tomando una serie de medidas; algunas han sido de carácter normativo y otras de promoción en foros de debate a nivel internacional.
En particular, quiero destacar las siguientes. Desde el año 2001 hay un convenio firmado por el Comité español de representantes de minusválidos (CERMI) y la fundación ONCE para la integración social de las personas con minusvalía, utilizando las ventajas de la sociedad de la información.
Pero, además, los minusválidos necesitan una adaptación de equipos, del software, de los contenidos y de la manera de aproximarse y de utilizarlos. Esto requiere nuevos productos y servicios en el mercado.
Bien, pues hemos financiado y promovido investigación y desarrollo tecnológico a través del programa PROFIT, tanto para dificultades auditivas como de movilidad o dificultades derivadas de otras minusvalías o discapacidad.
Además, para la puesta en marcha del plan de acción Internet para todos, es decir, el plan que hace que formemos como mínimo a un millón de ciudadanos en el conocimiento básico de Internet, se ha puesto a disposición de todos los discapacitados una cantidad muy importante de ordenadores portátiles para facilitar esta integración y además se ha llegado a acuerdos con la confederación Cocemfe que impartirá información entre sus más de 500.000 afiliados. Se ha avanzado en establecer normas de obligado cumplimiento, normas UNE, y además se ha avanzado en una resolución a nivel de la Unión Europea sobre la accesibilidad a todas las webs públicas por parte de los discapacitados. Es decir, un conjunto de actuaciones... (Aplausos.)
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA TRINIDAD GARCÍA ARIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS ESTÁ ADOPTANDO EL GOBIERNO PARA MEJORAR LA SITUACIÓN DE LOS BECARIOS DE INVESTIGACIÓN? (Número de expediente 180/001348)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 20 que formula la diputada doña María Trinidad García Arias.
La señora GARCÍA ARIAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, el Grupo Parlamentario Popular tiene interés lógico en mejorar todo lo posible el ámbito
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de actuación del conjunto de los becarios, puesto que en España realizan una aportación muy importante a la investigación científica, y nos interesa de una manera especial intentar redundar en ese beneficio.
Nosotros sabemos que el Gobierno viene trabajando de forma decidida para que la figura del becario sea cada vez más representativa; que viene apoyando a los jóvenes investigadores y, en particular, a los becarios de investigación; sabemos que ha incrementado el importe de las becas en un 39 por ciento y su número en un 47 por ciento y que ha creado programas como el Ramón y Cajal y el Torres Quevedo para dar continuidad contractual y oportunidades al becario en una perspectiva de estabilidad.
Aunque la actividad del becario es limitada en el tiempo y no genera prestación por desempleo -ya que no es exactamente un trabajador sino una persona en formación-, este grupo parlamentario formula la siguiente pregunta: ¿Qué medidas está adoptando el Gobierno para mejorar la situación de los becarios de investigación?
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán): Gracias, presidenta.
Señoría, es una prioridad en el desarrollo de la investigación avanzar en la mejora de lo que son los recursos humanos de investigación y, en particular, apoyando a los jóvenes investigadores, especialmente a aquellos que lo hacen utilizando las becas. Así, se ha aumentado la dotación de las becas en un 39 por ciento, ha crecido un 47 por ciento y hemos creado programas como el Ramón y Cajal o el Torres Quevedo para dar continuidad, perspectiva y oportunidades al becario en la óptica de fortalecer la carrera del investigador.
El Gobierno, pues, está ultimando un estatuto para los becarios de investigación que amplía significativamente sus derechos, destacando la inclusión de este importante colectivo en el régimen general de la Seguridad Social de modo que tengan cubiertas todas sus prestaciones sanitarias y sociales, incluyendo la cotización para jubilación. Aunque el becario no es un trabajador en sentido estricto, es decir, su actividad es la de una persona en formación, limitada en el tiempo y definida, por lo que no da lugar a prestación por desempleo, sin duda alguna se trata de una actividad muy relevante desde el punto de vista de la carrera científica que venimos impulsando y, además, es una actividad que habitualmente exige dedicación exclusiva. Por tanto, con el estatuto del becario, se reconoce un paso muy importante de todas las prestaciones del régimen general de la Seguridad Social, además de consagrar otro tipo de derechos de este colectivo de los que ha carecido tradicionalmente en España. Ello, además, abierto a todo el conjunto de las administraciones y todas aquellas otras entidades que quieran sumarse a las condiciones del estatuto del becario.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ANTONIA FEBRER SANTANDREU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE INFORMAR LA MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ACERCA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA NEGOCIACIÓN DEL VI PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA UNIÓN EUROPEA? (Número de expediente 180/001349)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 21, que formula la diputada doña Antonia Febrer Santandreu.
La señora FEBRER SANTANDREU: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, al inicio del presente periodo de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea las perspectivas de que el VI programa marco pudiera aprobarse dentro de dicho periodo eran muy inciertas. La dilación en la elaboración y aprobación del VI programa marco puede perjudicar la continuidad de algunas líneas y proyectos de investigación.
Por ello es preciso asegurar una fácil y cómoda transición del V al VI programa marco.
Nos consta que el Gobierno comparte esta preocupación y que recibió un mandato en la cumbre de Barcelona para que hiciera las gestiones oportunas con el fin de lograr que el VI programa marco fuera aprobado este mismo semestre. Sabemos también que el ministerio ha hecho importantes esfuerzos para lograrlo y que lo que parecía difícil o improbable al comenzar la presidencia española hoy es ya casi una realidad tangible, sobre todo después de que gracias al tesón negociador de la presidencia española el Parlamento y el Consejo hayan acercado sus posiciones. Por todo ello, al Grupo Parlamentario Popular le parece oportuno realizar la siguiente pregunta: ¿Puede informar la ministra de Ciencia y tecnología acerca del estado en que se encuentra el VI Programa marco de investigación, innovación y desarrollo tecnológico de la Unión Europea?
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Febrer.
Señoría, avanzar en el VI programa marco a nivel de la Unión Europea era muy importante, no sólo porque
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tenemos un mandato de la cumbre de Barcelona para efectuar una transición ágil y suave del V al VI programa, sino porque había temas muy importantes en juego; temas que entendemos que para el conjunto de los europeos, pero en particular para los investigadores españoles y para el desarrollo de la ciencia y tecnología en España, eran clave. Teníamos que garantizar ante los nuevos cambios que hubiera una participación adecuada de las pequeñas y medianas empresas. Hemos conseguido una participación más intensa que contará con un 15 por ciento de financiación para el conjunto de las áreas prioritarias. Queríamos, en la misma perspectiva de la política de ciencia y tecnología en España, que hubiera una internacionalización de esta ciencia y por tanto una parte importante de los fondos del VI programa marco se aplican a actividades de cooperación internacional, así como que las prioridades que se habían decidido en el Consejo y que había impulsado España se mantuvieran y que el montante fuera el que se había decidido inicialmente. Esto se ha conseguido en un periodo muy corto de tiempo. Efectivamente, se ha hecho la primera y segunda lectura por parte del Parlamento Europeo y la posición del Consejo y de la Comisión ha permitido que el propio Parlamento lo aprobara sin necesidad de ir a conciliación el 15 de mayo pasado, es decir, 17.500 millones de euros dedicados al VI programa marco, con una mayor participación de las pequeñas y medianas empresas y una gran participación a nivel internacional y con las prioridades que teníamos marcadas.
En este momento estamos finalizando las normas de participación y los programas específicos que nos han de permitir en junio de 2002, de acuerdo con el mandato de Barcelona, la aprobación del VI programa marco.
Creo que este programa contribuirá claramente al desarrollo de un espacio europeo de investigación y de innovación, potenciará la investigación, la inversión privada en I+D, incrementará el número de investigadores, mejorará las infraestructuras de investigación y hará más estrecha la relación entre ciencia y sociedad a nivel europeo, tal como venimos desarrollando en la política desde el ministerio en España.
- DEL DIPUTADO DON JOAQUÍN CALOMARDE GRAMAGE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES LÍNEAS GENERALES QUE DESARROLLARÁ EL PLAN ESTATAL DE ATENCIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS ESCOLARES INMIGRANTES DESDE SU LLEGADA A ESPAÑA? (Número de expediente 180/001342)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte. En primer lugar, la número 14, que formula el diputado don Joaquín Calomarde.
El señor CALOMARDE GRAMAGE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señora ministra, sin duda la atención y la integración de los escolares inmigrantes en nuestro país es uno de los problemas prioritarios de la sociedad española y, como no podía ser de otro modo, precisamente por esto es uno de los asuntos que ocupan la política general del Gobierno español y, muy concretamente, la política de su departamento.
Quiero formularle con toda brevedad, y de forma esquemática, la pregunta que viene reflejada en el texto, por cuanto desgraciadamente también a diario, como muy bien sabe usted, se escuchan muchas e interesadas voces, entre la confusión y la demagogia, con respecto a un asunto tan serio como el que me permito enunciarle. Por esto, señora ministra, quisiera preguntarle, por parte del Grupo Parlamentario Popular: ¿Cuáles son las principales líneas generales que desarrollará el Plan estatal de atención e integración de los escolares inmigrantes desde su llegada a España?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Calomarde.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Señora presidenta, señoría, el plan estatal de atención e integración de escolares inmigrantes desde su llegada a España que usted menciona va a tener diversas líneas de desarrollo. Yo voy a enunciar ahora las más sustantivas, aquellas en las que estamos trabajando.
En primer lugar, estamos trabajando en la posible creación de una unidad específica para el desarrollo del plan dentro de la Dirección General de Cooperación Territorial y de Alta Inspección.
En segundo lugar, la puesta en funcionamiento y actualización de un registro estadístico de alumnos inmigrantes, desglosado por niveles educativos y nacionalidades en cada comunidad autónoma y en Ceuta y en Melilla. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, consciente de las especiales circunstancias y los problemas que caracterizan a los alumnos inmigrantes de Ceuta y Melilla, y para atender a sus especiales necesidades educativas, está tramitando sendos convenios de colaboración con los gobiernos de aquellas ciudades autónomas, con el fin de ofrecer una formación, una promoción profesional básica, un conocimiento de la lengua castellana y planes de apoyo a la escolarización.
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En tercer lugar, el diseño y desarrollo de un programa específico de formación del profesorado, organizado por el Instituto Superior de Formación del Profesorado, que permita una mayor cualificación de los docentes en este ámbito.
En cuarto lugar, actividades en el ámbito de formación permanente subvencionadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, desarrolladas por instituciones y asociaciones sin ánimo de lucro, de ámbito nacional, especializadas en temas de inmigración.
En quinto lugar, refuerzo de las actuaciones en aulas de educación compensatoria para facilitar la integración en el sistema educativo español de alumnos inmigrantes. Por otro lado, en el caso de la educación infantil, las administraciones públicas deberán garantizar la existencia de un número de plazas necesarias para asegurar la escolarización de estos alumnos. En el resto de las etapas de la educación no obligatoria, los alumnos inmigrantes residentes tienen los mismos derechos y deberes que los alumnos españoles: escolarización, obtención de las titulaciones que correspondan y el acceso al sistema público de becas y ayudas.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA AMPARO FERRANDO SENDRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS TIENE PREVISTAS EL GOBIERNO PARA EL AÑO 2002 COMO AÑO DEL TURISMO CULTURAL E IDIOMÁTICO? (Número de expediente 180/001343)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 15, que formula la diputada doña María Amparo Ferrando Sendra.
La señora FERRANDO SENDRA: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, España es líder mundial en turismo vacacional de sol y playa. Tiene una cuota de mercado cercana al 32 por ciento en los viajes vacacionales de turistas europeos al gran Mediterráneo; cuota muy por encima de Francia, Italia, Grecia o Turquía. Sin embargo, España, que tiene uno de los patrimonios histórico artísticos más ricos, variados y singulares del mundo, está lejos de ser considerada un destino importante en turismo cultural e idiomático.
En el año 2001 se realizó un estudio sobre la realidad del turismo cultural en España, que ha mostrado la potencialidad de este producto y el camino que debemos seguir. El año 2002 se ha planteado como un año clave para proyectar una imagen de España como país de cultura en el ámbito internacional. La constatación de que España puede ser un destino de turismo cultural e idiomático llevó a la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo a definir y a presentar un plan de impulso al turismo cultural e idiomático, en colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y con el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través del Instituto Cervantes.
Por todo lo expuesto, señora ministra, le pregunto: ¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno para el 2002 como año del turismo cultural e idiomático?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ferrando.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Señora presidenta, señoría, en las reuniones del Comité ejecutivo de turismo cultural e idiomático, del que forman parte representantes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio de Economía, se ha tratado del plan de curso del turismo cultural, en el que se han propuesto una serie de medidas, entre las que yo quiero destacar hoy aquí las siguientes.
En primer lugar, por lo que se refiere al acceso a museos, monumentos y exposiciones, se está tratando de organizar un sistema de reservas anticipadas y de conseguir que las exposiciones y acontecimientos culturales se conozcan con la mayor anticipación posible, con el fin de preparar la publicidad e información en prensa cuanto antes.
En segundo lugar, se están adoptando medidas para mejorar la agenda cultural en Internet, con el fin de conseguir una más rápida y mejor información de los acontecimientos culturales.
En tercer lugar, en cuanto a la participación en la celebración del año Gaudí, el ministerio ha organizado numerosas actividades preparatorias del mismo, con una inversión de 120.000 euros. Entre ellas, cabe señalar, por ejemplo, un guión para vídeo de presentación de la exposición entender Gaudí; un proyecto educativo sobre Gaudí en el parque Güell; un proyecto de diseño de la exposición entender Gaudí. Esta exposición, que se celebra en marzo y en septiembre del presente año, en el Salón Tinell, está integrada por cuatro ámbitos, como es conocido: introducción a Gaudí; obra de Gaudí; mesas temáticas sobre las técnicas constructivas; y grandes maquetas. Por otro lado, la realización de la página web oficial del año internacional Gaudí y la producción y montaje de la exposición Gaudí y parque Güell.
Quiero resaltar que, para la celebración del año Gaudí, se ha concedido al Ayuntamiento de Barcelona una subvención nominativa de 300.510 euros.
Finalmente, en el año 2002, se han concedido numerosas
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ayudas para otras acciones de turismo cultural a diferentes fundaciones.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL MOTIVO DE LA INTRODUCCIÓN DEL ÁREA OBLIGATORIA EN LA ENSEÑANZA BÁSICA DE CULTURA Y RELIGIÓN EN EL ANTEPROYECTO DE LEY DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. (Número de expediente 172/000186)
La señora PRESIDENTA: Punto V del orden del día: Interpelaciones urgentes.
En primer lugar, interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el motivo de la introducción del área obligatoria en la enseñanza básica de cultura y religión en el anteproyecto de ley de calidad de la educación.
Para presentación y defensa de la misma, tiene la palabra la señora Chacón.
La señora CHACÓN PIQUERAS: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, si tuviera que resumir en una palabra lo que lleva mi grupo parlamentario a interpelar a usted sobre las razones por las cuales su Gobierno introduce en el anteproyecto de ley de calidad de la educación el área obligatoria en la enseñanza básica de cultura y religión, algo que, como usted sabe, no estuvo en el documento previo de bases, ese que parecía que teníamos que discutir para llegar a alguna suerte de consenso, yo lo calificaría suavemente de estupefacción.
Estamos estupefactos buscando las razones por las cuales usted (a conciencia de que estamos ante una cuestión delicada y en la que llegamos a algún consenso con la aprobación de la LOGSE y posteriormente, en el año 1994, a causa de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, a este efecto) de manera unilateral impone la obligatoriedad de la asignatura alternativa a la religión y lo hace dándole a ambas peso académico. Hay, cuando menos, estupefacción y eso refiriéndome simplemente a una sensación personal y no a lo que realmente me sugiere su actitud en todo este asunto.
Sé que a usted le cuesta mucho responder a alguna de las preguntas que le hace la oposición, que le ha intentado traer aquí en más ocasiones y a las que usted nunca me ha respondido casi nada. Pero ya que estamos aquí entre familia, entre ministros, y a usted le han dejado en el Pleno, espero que, al menos, por esta vez me conteste. Se lo voy a plantear de forma muy concreta. La primera de esas preguntas tan concretas es el porqué de este cambio, señora ministra. ¿Qué gana la calidad de nuestra educación con este cambio? En segundo lugar, ¿cómo va a garantizar usted el respeto a la no confesionalidad del Estado y al principio de libertad religiosa en el sistema educativo en su nueva regulación? La tercera pregunta también es muy concreta: si usted no consigue el consenso necesario en esta Cámara y, por lo tanto, el de los representantes de la sociedad española, ¿piensa usted cambiar la actual regulación de la enseñanza en nuestro sistema sin ese consenso básico?
Vayamos por partes. En primer lugar, le pregunto por qué. Tanto en el preámbulo del documento de bases, como posteriormente en el articulado de la ley, se señala que el motivo fundamental para reformar nuestra educación es la necesidad de acabar con las cifras del fracaso escolar.
Dígame en qué mejoramos la calidad de nuestra enseñanza, cómo vamos a reducir el fracaso escolar si en vez de reforzar las materias básicas -las que previenen hoy el fracaso futuro, como son las matemáticas, la expresión oral o escrita- opta por reformar la enseñanza de la religión haciendo obligatoria su alternativa y dándole a ambas peso académico.
En segundo lugar, ¿cómo va usted a garantizar el escrupuloso respeto a la Constitución española? Me dirá: sí, señora Chacón, pero también respeto a los acuerdos con la Santa Sede. Yo le digo que sí, señora ministra, que los tribunales ya nos han dicho que la actual regulación es respetuosa con ambos marcos normativos. Ahora le pregunto.º, que va a cambiar las cosas, cómo con ese cambio garantizará usted la no confesionalidad de nuestro Estado y la libertad religiosa. Sabe usted que el artículo 16 de la Constitución es muy claro cuando habla de términos como: ninguna confesión, carácter estatal, libertad ideológica, religiosa y de culto.
Nuestro derecho a la educación, señora ministra, garantizado en el artículo 27 de la Constitución, nos dice que el objetivo, tanto último como primario, y el núcleo duro de ese derecho lo constituyen la transmisión de los valores y los derechos constitucionales y civiles a nuestros alumnos en el sistema educativo. Victoria Camps nos matiza magníficamente que el objetivo final es doble: fomentar la adquisición de la autoestima sobre la base de la dignidad de la persona que goza o padece del privilegio o de la condena de la libertad y conseguir que los alumnos interioricen y se adhieran internamente a estos valores y a las normas de convivencia correspondientes.
Dicho esto, le diré también que el Grupo Parlamentario Socialista cree que no basta, que es insuficiente lo que tenemos hoy, que la transversalidad es insuficiente para la transmisión de los valores cívicos y constitucionales nucleados en el artículo 27 de la Constitución. Por ello, ante una reforma del sistema, creemos que es necesaria la existencia de una disciplina obligatoria en los planes de estudio que subsane esta deficiencia: una asignatura sobre derechos y valores constitucionales, y así lo ha propuesto el Partido Socialista en su proyecto alternativo a la ley de calidad. En el proyecto del Ministerio
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no hay nada de eso. Ustedes hacen una cosa bien distinta. Buscan una coartada en forma de asignatura alternativa que imponga un deber a quienes no ejerciten el derecho legítimo y que defendemos de optar por la enseñanza religiosa. Impone tal deber, como así reconoce, señora ministra, la Conferencia Episcopal, para que éste, en definitiva, sea percibido por los alumnos y por sus familias como difícil, incentivando así su asistencia a las clases de religión católica. Sus planes, señora ministra, nada tienen que ver con las necesidades reales de la calidad del sistema y, además, se sitúan al margen de la lógica de un Estado aconfesional. Eso es lo que está pasando y usted está olvidando, además, un par de cosas por el camino. El Tribunal Supremo se ha pronunciado ya a este efecto y es jurisprudencia establecida que la enseñanza de la religión es una opción personal de la que no pueden derivarse obligaciones para los demás. El Tribunal Supremo niega que la asignatura alternativa a la religión deba ser sometida a evaluación ni deba tener un contenido moral. Asimismo, establece que la asignatura alternativa no puede incluir contenidos curriculares para no dar ventajas académicas a quienes no elijan la religión, que los padres tienen el derecho de querer que sus hijos se formen en la religión católica, pero ello no puede comportar obligaciones derivadas de quienes no opten por él, y que si esa alternativa es necesaria para el curriculo de nuestros alumnos debe ser un derecho de todos ellos, y nuestra -suya y mía- la obligación de que puedan tener ese derecho.
Así las cosas, señora ministra, es inconcebible que detrás de su planteamiento esté la voluntad de separar a los niños en dos clases: en una, los que elijan el derecho y toman clases de religión y, en otra, los que toman clases de constitución, olvidando algo tan básico como que la enseñanza en valores constitucionales forma ciudadanos y la enseñanza confesional forma fieles. Formamos ciudadanos para la codecisión y la participación responsables en el primer caso y para la obediencia ciega en la fe, señora ministra, en el segundo. Como esto constituye una aberración democrática -y sé que usted lo sabe-, creo que me lo va enmascarar de alguna manera y me va a decir que se trata de formar en la cultura religiosa, en el hecho cultural y en la historia de las religiones, en la versión confesional en un caso y en la no confesional en otro. Entonces le vuelvo a preguntar lo mismo: ¿Cómo va a salvar nuestro ordenamiento jurídico establecido por la Constitución y por jurisprudencia que de ella se deriva? Porque la cuestión está clara: si ustedes ponen una alternativa obligatoria evaluable será porque los alumnos la necesiten, no porque la pida la Conferencia Episcopal, digo yo, y si es así, estará conmigo en que la necesitan todos los alumnos; que si estamos en el caso de la alternativa ante una necesidad curricular y por eso la evaluamos, estará claro que la necesitan todos, los que opten por ser formados en el catolicismo y los que no. Si en el mejor de los casos me contesta, imagino que me dirá que incorporar la nueva área no es simplemente plegarse a las peticiones de la Conferencia Episcopal, sino que es una necesidad de nuestro sistema educativo. La pregunta es muy clarita: si es así, ¿me quiere decir cómo salvamos la jurisprudencia del Supremo en esta materia?
Concede además usted peso académico a la religión y, por eso, le formulo una pregunta muy clarita sobre esta cuestión: ¿Cómo se evalúa eso de la fe, señora ministra? ¿Cuándo se cree suficiente como para aprobar con nota o aprobar por los pelos? ¿Se trata de saberse sólo el catecismo o también estar de acuerdo con él y, por lo tanto, vamos a ser evaluados de ir a misa cada domingo, de no salir a tomar copas por las tardes, de no casarse con divorciados, señora ministra? Porque a ustedes, que les encanta acusar a los socialistas de que confundimos a la sociedad, no sólo la tienen confundida, la tienen perpleja porque no han escuchado de este Gobierno ni un solo reproche cuando la Conferencia Episcopal ha estado aniquilando los derechos más fundamentales de los profesores y profesoras de religión, echándolos de la escuela, de su trabajo por ir a tomar copas por las tardes y esta vez, cuando le han pedido lo que le han pedido, ustedes lo han aplaudido, lo han incorporado y le están pidiendo no más religión en el sistema educativo, le están pidiendo materias alternativas para quienes no quieran la religión; señora ministra, cuando menos, escandaloso.
Quiero además dejarle una cosa muy clara, sobre todo para evitar la manipulación que suele hacer usted de nuestras posiciones. Le voy a dejar muy clara cuál es la posición del Partido Socialista. Estamos a favor del derecho de los padres a que sus hijos reciban en la escuela la enseñanza religiosa, pero queremos también defender el derecho de quienes no toman esa opción, de quienes no quieren religión para sus hijos. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Ustedes sólo defienden el derecho de unos y a nosotros nos preocupan los derechos de los dos, de quienes quieren religión para sus hijos y de quienes no la quieren, señora ministra.
Finalmente, la tercera pregunta también es muy clarita, pero muy importante. Sabe usted como nadie que la llamada cuestión religiosa es un tema delicado para el pasado y en el pasado de nuestro país, que más de un conflicto se ha visto provocado por la falta de comprensión entre unos y otros y más allá del siglo XXI, o sea, señora ministra, hoy más que nunca, el de la religión es un tema que debe tratarse con extrema pulcritud. Estará con nosotros que todo eso nos lleva a determinar que un cambio a este efecto en nuestro sistema educativo para con la enseñanza de la religión católica debe intentar resolverse, señora ministra, por la vía del consenso y no sólo entre las fuerzas parlamentarias, sino también contando con el resto de las fuerzas sociales.
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La regulación vigente de la disciplina de la enseñanza religiosa, que partió, señora ministra, de un consenso nada desdeñable, ha sido considerada, en cuanto a su evaluación, recortada, y en cuanto a la configuración de su alternativa, obligatoria pero no evaluable, por el Tribunal Supremo como correcta. Señora ministra, o se consensua una fórmula mejor o estará de acuerdo conmigo que no vale la pena el cambio.
Porque el pacto ya no constitucional, el propio pacto constituyente venía informando de la necesidad de consenso en algunas cuestiones básicas en la historia de nuestro país tan delicadas como la propia democracia que estábamos entre todos construyendo día a día.
Hoy, aunque nuestra democracia ha avanzado mucho, es aún muy joven y requiere, lo que usted llamó hace un par de días, mimo. Estoy muy de acuerdo en ello con usted. Por eso -esta es mi última pregunta y espero que me conteste a las anteriores igual que a ésta-, ¿piensa usted mimar, señora ministra, nuestra democracia buscando el consenso en algo tan complejo como la cuestión religiosa o va a cambiar su trato en el sistema educativo como acostumbra, apisonando con su mayoría absoluta?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Chacón.
Señora ministra de Educación.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Gracias, señora presidenta.
Señoría, le tengo que decir que usted borda cada vez más esos personajes de algunas novelas que se preguntan y se contestan a sí mismos. Es increíble el grado de perfección que está consiguiendo en bordar el personaje. (Aplausos.) Usted se pregunta y luego contesta lo que desearía que yo contestara, o lo que el miembro interpelado contestara, pero que no es lo que contesta; eso en primer lugar. En segundo lugar, señoría, me llama la atención el problema tan tremendo que deben tener, no sé si usted o todos los compañeros de su grupo, porque parece que se levantan todas las mañanas preguntándose: ¿Qué ha dicho hoy la Conferencia Episcopal? Eso lo utilizan como parámetro para adoptar una posición, lo cual es sorprendente. Son incapaces de realizar y de analizar una medida en relación al propio contenido de la misma, sino que la analizan y se posicionan ante ella en función de lo que ha dicho la Conferencia Episcopal. Desde luego, es para felicitar a la Conferencia Episcopal por el extraordinario éxito que tiene con el Grupo Parlamentario Socialista.
(Aplausos.) Menos mal que el tema de la religión, señoría, lo considera, o dice considerarlo, como algo importante.
El problema es que cuando no se quiere mirar de frente, cuando se dice lo contrario de lo que se piensa, cuando se actúa de manera contraria a lo que se piensa, y cuando se quiere nadar y guardar la ropa, se mete uno en un lío tremendo a la hora de argumentar. Las cosas son infinitamente más sencillas y mucho menos enredadas y confusas de lo que usted las quiere plantear, porque no se atreven a mirar de frente; y mirar de frente significa que si no se quiere -y es muy legítimo que sea así- , si se considera que la asignatura de religión no se debe dar en horas lectivas, no se debe dar dentro de la ordenación curricular normal, hay que decirlo y hay que decírselo a las familias. Hay que decir a las familias: entendemos que debe haber una formación generalizada, por ejemplo, en historia de las religiones, pero que no debe haber una oferta de la asignatura de religión en horas lectivas. Y hay que decir que en el programa electoral que se va a denunciar el acuerdo con la Santa Sede para poder organizar el tratamiento de la religión en los colegios de otra manera. Eso, señoría, es decir la verdad, es actuar como se piensa, es afrontar los problemas mirando de frente y diciendo la verdad a los electores. Así se simplifican mucho las cosas y la legitimidad del que habla crece y la credibilidad del que habla se incrementa. Ese es el problema que ustedes tienen y que están planteando. Díganlo, si es muy legítimo tener una posición o la contraria. Nosotros entendemos que esa sería una posición equivocada y lo sería por una serie de razones muy evidentes y muy obvias en nuestra España actual. En primer lugar, porque hay un tratamiento específico de la actuación de los poderes públicos en torno al hecho religioso. En segundo lugar, porque hay unos acuerdos con la Santa Sede derivado de ello y, en tercer lugar, porque hay un consenso básico de la sociedad española en que la asignatura de religión se imparta dentro de la carga lectiva ordinaria, dentro de la organización ordinaria curricular de las escuelas, de los colegios. Hay en la sociedad española quien no está de acuerdo, pero nosotros entendemos que hay evidencias más que suficientes como para determinar que hoy, en el inicio del siglo XXI, sigue habiendo un consenso básico respecto de este tema.
Por esta razón nos parece que la situación actual es la más idónea. ¿En qué cosiste la situación actual, señorías? Lo primero que hay que hacer es aprenderse lo que dice la normativa actual. Lo primero que tiene que hacer, señoría, es estudiar o leer simplemente -porque parece sorprendente que ni siquiera se lo haya leído a tenor de lo que ha dicho- lo que establece la normativa actual. La normativa actual, señoría, nos dice lo siguiente. Vamos a comenzar repasando la actual regulación legal y reglamentaria de la enseñanza escolar de la religión que es, en este momento, la establecida durante la etapa de gobierno socialista. Pues bien, en primer lugar, la LOGSE prevé en su disposición adicional segunda la inclusión de la religión como área o materia de oferta obligada para los centros y de carácter voluntario para los alumnos. En desarrollo y aplicación
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de esta disposición de la LOGSE, el Real Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre, dispone en su artículo 1, apartado 1, que conforme a lo establecido en la disposición segunda en la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo y en el acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales, la enseñanza de la religión católica se impartirá en los centros docentes de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obligatoria y bachillerato, tanto públicos como privados, sean o no concertados estos últimos, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales. En consecuencia, dicha enseñanza figurará entre las áreas o materias de los niveles educativos diferentes. En segundo lugar, el ya mencionado real decreto establece en su artículo 3.2 que para los alumnos -y esto es lo que usted no sabe, señoría, lo que usted ha demostrado ignorar, y es grave que lo ignore, al presentar la interpelación tal como lo ha hecho- que no optan por la enseñanza de la religión, los centros organizarán actividades de estudio alternativas como enseñanzas complementarias en horario simultáneo a la enseñanza de la religión. Esas actividades de estudio o enseñanzas alternativas -le recuerdo que hay asignaturas de sociedad, cultura y religión en este momento en tercero y cuarto de la ESO, lo que usted ignora, y que tienen que cursar esos alumnos de tercero y cuarto que deciden no cursar la asignatura de religión-, según dispone el apartado 4 del artículo 3 de ese mismo real decreto, serán obligatorias para los alumnos que no opten por recibir enseñanza religiosa. Sin embargo, aquí es donde viene uno de los problemas singulares del tratamiento de este tema: se dice que no serán objeto de evaluación y no tendrán constancia en los expedientes académicos de los alumnos.
En nuestro planteamiento, señoría, se trata, considerando todas las circunstancias que determinan el mantenimiento de la situación actual, de aquellos alumnos que deciden libremente no cursar la asignatura de religión y que hoy hacen una multiplicidad de cosas. Hoy hay quien sigue asignaturas como la de sociedad, cultura y valores de 3.º y 4.º de la ESO, pero hay quien tiene manualidades, hay quien tiene recreo, hay quien tiene estudio; es decir, hay una variedad de situaciones para esos alumnos y lo razonable, lo aconsejable es que a esos alumnos se les permita y facilite una formación, información y conocimiento de elementos fundamentales que explican nuestra propia historia, como es el conocimiento del hecho religioso. Se trata, por tanto, de que digan, señorías, si lo que quieren es que esos alumnos sigan o no en clases de manualidades, en el recreo o en esa variedad grande de posibilidades que hay, o si esos alumnos tienen que tener también la oportunidad de adquirir esos conocimientos y esa información sobre el hecho religioso sobre una perspectiva no confesional. Es tan simple como eso, señoría. La situación de la asignatura de religión se mantiene en la misma posición y para los alumnos que opten por no ir a clase de religión se trata de una cosa tan sencilla como que puedan desarrollar unas materias que les permitan conocer el hecho religioso desde otra perspectiva, de manera que discutan sobre los contenidos de las propuestas que se hacen. ¿Que prefieren que los alumnos, durante ese tiempo, sigan con sus manualidades, con su recreo o con otras cosas? Lo dicen. ¿Que prefieren que la asignatura de religión no se curse en horas lectivas y que todos los alumnos tengan una asignatura sobre historia de las religiones y otros aspectos vinculados al desarrollo de nuestra civilización? Lo dicen, porque es también muy legítimo. No pasa nada; no pasa nada. ¿Que ustedes creen que eso comporta cosas y que hay que denunciar el acuerdo con la Santa Sede y hacer otro tipo de acuerdo? Lo dicen también, si no pasa nada, si es igualmente legítimo. Puede ser equivocado o puede ser acertado. Nosotros entendemos que esa posición es equivocada y que no se corresponde con los elementos presentes en la España de hoy que les he dicho antes, pero miren de frente, díganselo a los ciudadanos, díganselo a los electores y, si tanto les importa que no haya problemas con el hecho religioso, no se dediquen a confundir y a enredar con este tema.
Señora Chacón.
La señora CHACÓN PIQUERAS: Señora ministra, de verdad, es increíble. Como de costumbre, parecemos los interpelados. Parece que esto no vaya con usted. Sé que tiene la intervención hecha y, por tanto, la tiene que seguir, pero he terminado mi intervención diciéndole: como usted acostumbra a decir que yo confundo y a manipular lo que yo digo, voy a explicarle cuál es la posición del Partido Socialista, y por dos veces se la he dejado clara. Y usted sube a la tribuna y me dice: ustedes, que no dicen su posición, díganla claramente.
Señora ministra, es usted la que está cambiando el sistema educativo, es usted la que tiene que dar explicaciones al Parlamento sobre tres preguntas muy claras y no me ha contestado, como siempre, a ninguna de ellas. Se las voy a hacer otra vez, para que todo el mundo sepa que usted no contesta a nada. ¿Por qué el cambio? ¿En qué mejora la calidad de nuestra educación el cambio? ¿Lo ha dicho usted, señor ministra? Nada.
Segunda pregunta. ¿Cómo va a garantizar usted, con su cambio -no me pregunte a mí por lo que hay hoy, que ya está garantizado, ya se lo ha dicho el Tribunal Supremo-, los dos marcos normativos: su aplicación total, Constitución y acuerdos con la Santa Sede? Usted cambió el sistema; yo le pregunto, entonces, ¿cómo va a hacer aplicables y a garantizar el respeto a
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la no confesionalidad del Estado y el principio de libertad religiosa en el sistema educativo? Señora ministra, estamos todos esperando que usted responda a la segunda pregunta de la diputada interpelante.
Tercera pregunta, muy clara. Para llevar a cabo ese cambio que hace usted en el sistema educativo, un sistema educativo que, como usted ha aceptado aquí, tenía ese consenso, lo tenía con la aprobación de la LOGSE y con la adecuación a posteriori de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que hoy tiene la espada de Damocles encima porque usted sigue sin responder a las preguntas. Ese consenso básico existe. Usted cambia las normas de juego. Mi pregunta es muy clara: si usted no consigue el consenso al cambiar las normas de juego, ¿va a actuar, como de costumbre, apisonando con la mayoría absoluta? No ha dado ni una de las tres respuestas, señora ministra. Le vuelvo a decir que el Partido Socialista tiene la posición muy clara, quien no la tiene es usted. La debe de tener, pero no se la quiere decir a los ciudadanos en sede parlamentaria, que es donde toca.
No pretendo confundir a nadie; mire si está claro: queremos garantizar el derecho de los padres que quieren para sus hijos formación religiosa en la escuela. Me parece que está claro, porque aquel personaje de esa serie que usted dice que pregunta y contesta, es usted; la protagonista es usted, que ha venido aquí a decirme lo que digo y lo que voy a decir.
Pues ya se lo digo yo. Y ahora le digo: esa opción, la vigente hoy -no hace falta que me la explique, señora ministra-, garantiza la aplicación escrupulosa de la Constitución, de los acuerdos de la Santa Sede y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Usted cambia las reglas del juego.
Explíquele a la ciudadanía española en esta Cámara cómo va a garantizarlo usted.
Déjeme que le diga una cosa, ya que hablábamos de democracias débiles.
Tiene usted, señora ministra, lo ha reiterado hoy aquí ante toda la Cámara, creo que incluso faltando a las mínimas normas de la cortesía parlamentaria por parte de una persona que está al frente del ministerio...(Rumores.)
La señora CHACÓN PIQUERAS: Tiene usted, e incluso tienen ustedes, una tendencia muy peligrosa a descalificar, a insultar y a llamar ignorantes a todos aquellos que discrepan con usted. (Aplausos.-Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez, guarde silencio.
La señora CHACÓN PIQUERAS: Cuando nos alineamos con la verdad única y todopoderosa tienen ustedes una tendencia a llamarnos desleales y traidores que a mí me recuerda algo. Yo no sé si ustedes tienen menos memoria histórica que nosotros, la nuestra está intacta y a todos nos recuerda algo. (Aplausos.) Ahora que hablamos de debilidad de la democracia, señora ministra, ¿no le parece a usted que hay determinadas cosas que debería dejar de decirle a todo aquel que discrepa de usted?
Una última cuestión, y ya para marcharme, señora ministra, esperando que de verdad en este turno de cinco minutos, porque las tres preguntas son muy claritas, muy breves y usted las puede responder también muy clarito y muy breve, si es que tiene ganas, porque ya le digo que desde que ha subido a esta tribuna para ser interpelada por esta diputada o por cualquier otra de mi grupo no ha contestado nunca a nada. No obstante, se lo vuelvo a pedir, muy clarito.
Le voy a decir también una cuestión que ha dicho usted cuando ha subido a esta tribuna. No me pregunto cada mañana por lo que dice la Conferencia Episcopal porque dado como está usted gobernando su ministerio, no me cabe la menor duda cada mañana de lo que debe de pensar la Conferencia Episcopal sobre lo que usted hace.
Gracias. El señor (Aplausos.)
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Señora presidenta, señoría, no tengo nada que añadir. Considero que la segunda intervención de la diputada no añade absolutamente nada a la interpelación. No tengo nada que añadir, porque no ha añadido nada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LOS CRITERIOS DEL GOBIERNO ESPAÑOL RESPECTO A LA NORMALIZACIÓN, PRESENCIA, PROTECCIÓN Y EXPANSIÓN DE LA LENGUA CATALANA. (Número de expediente 172/000188)
La señora PRESIDENTA: Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los criterios del Gobierno español respecto a la normalización, presencia, protección y expansión de la lengua catalana.
Para la presentación y defensa de la misma tiene la palabra el señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señora ministra, esta es una interpelación que nosotros consideramos fundamental, sobre los criterios y, en definitiva, la voluntad de este Gobierno ante una lengua, la catalana, una lengua
que no sólo se habla en las cuatro provincias de la Comunidad Autónoma de Cataluña, sino que, como usted sabe muy bien, se habla en otras comunidades autónomas e incluso fuera del mismísimo Estado español; una lengua que curiosamente tiene un récord, que es la lengua que alguien define como minoritaria más importante de Europa Occidental, tiene un dominio lingüístico de 10 millones de personas, y cuando decimos minoritario lo decimos no en el sentido de que seamos menores, que seamos pocas las personas que hablamos habitualmente la lengua catalana, sino porque, en definitiva, creemos que es una de las anomalías de la Unión Europea, al no tener la protección directa, como podríamos decir, no es la lengua del Estado.
Nosotros decimos que somos la anomalía, y eso es una realidad, porque en estos momentos en el seno de la Unión Europea existen otras lenguas con dominios lingüísticos mucho menores, por ejemplo, el danés; el danés es lengua oficial en la Unión Europea y estamos hablando de un dominio lingüístico de cuatro millones de personas, fíjese usted la diferencia y el tamaño de la anomalía; podríamos hablar incluso del sueco, que nos referimos a nueve millones de personas, o incluso la situación del finlandés, cuatro millones y medio de personas que tienen esta lengua y es oficial en el seno de la Unión Europea. Imagínese usted qué puede pasar con la ampliación, la situación del esloveno, con dos millones de personas que lo hablan, o del chipriota, donde estamos hablando de casi menos de 500.000 personas que tienen este idioma como lengua oficial. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón ocupa la presidencia.)
En ese sentido consideramos, y no lo decimos agriamente sino con espíritu constructivo, que la lengua catalana no goza de toda la protección del Estado y por eso añadiré aquí nuestro deseo de que el Gobierno de España responda qué voluntad tiene ante la lengua y la cultura catalanas. Esta es la paradoja europea y nosotros la consideramos como una anomalía y no sólo un problema que tenga que solucionar el Gobierno del Estado español sino también de la Unión Europea: qué hacemos con lenguas que tienen la misma situación del catalán o parecida. Hay en estos momentos diferentes problemas. No vamos a hablar de historia porque todos la tenemos asumida incluso aunque muchas veces haya voluntad de reescribirla o reinterpretarla, o el intento de genocidio que hubo contra la lengua catalana, pero esta no es la función de esta interpelación. Esta interpelación tiene como voluntad exponer los problemas que hoy tienen las comunidades autónomas aunque tengan ya un desarrollo competencial en este ámbito, a fin de ver qué puede hacer el Estado, qué puede hacer el Gobierno del Estado por la lengua catalana, y consideramos que no está haciendo todo lo que podría hacer. El Estado, el Gobierno y los diferentes ministerios, los diferentes institutos, tienen un papel fundamental en el desarrollo e incluso en la despenalización de la lengua catalana -y lo digo así: despenalización- porque en algunos ámbitos la lengua catalana está aún bajo dificultades o no en situación de igualdad con las otras lenguas europeas, incluso al lado de la lengua española. En ese sentido vale la pena decir que la Constitución española marca un referente en el artículo 3 cuando define que la lengua catalana es una lengua opcional, que tenemos el derecho a conocerla mientras que la lengua castellana, la lengua española en definitiva, es una obligación.
Esto marca una diferencia y de este artículo proviene buena parte de los problemas porque a partir de este artículo y de la doctrina que se segrega no hay una situación de igualdad. El ejemplo lo podemos tener en un primer bloque al definir una cierta sensación de que desde el Gobierno y en diferentes leyes -una le afecta a usted directamente como la Ley de calidad de la enseñanza- existe la voluntad de ocupar ámbitos que hasta ahora ya había desarrollado la Generalitat de Cataluña. El ejemplo es que la Generalitat de Cataluña ya goza de que la lengua vehicular para la enseñanza primaria y secundaria sea la lengua catalana, la lengua propia de Cataluña. Parece que en algunas leyes de base -ya veremos si son de base o no según transcurre el trámite parlamentario- están rompiendo un cierto consenso que se creó ya con el Gobierno socialista, que se ha mantenido y que ustedes respetaron en la primera legislatura, pero tenemos sensaciones, en el mismo ejemplo de la calidad de la enseñanza, de que este consenso se está rompiendo.
En definitiva hay un debate falso y se ha creado la sensación de que alguien dice que en Cataluña se está obligando al catalán y en cambio la realidad legislativa va por otra parte, tenemos más de 70 reales-decretos, órdenes ministeriales, leyes de base que obligan permanentemente al castellano y no así a las demás lenguas del Estado y en este caso al catalán. Esta es una capacidad legislativa del Gobierno pero creemos que no es lo suficientemente cuidadosa con la pluralidad de lenguas. Le voy a poner diferentes ámbitos donde el Gobierno podría intervenir y no lo está haciendo o si lo está haciendo es en contra o minando y cercenando la capacidad de normalización de la lengua catalana.
En primer lugar el mercado. No quiero hacer comparaciones odiosas pero alguien podría decir que España era una unidad de destino en lo universal, hoy diría que España es un mercado de destino universal porque el mercado ha aparecido como excusa para marginar la lengua catalana.
Pondremos muchos ejemplos: la industria de la cultura. En estos momentos hay ámbitos culturales en que las lenguas minoritarias, las lenguas que no tienen un Estado ni un gran ámbito lingüístico están marginadas por el mercado, y es verdad que un Gobierno democrático lo que tiene que hacer es corregir no sólo en el ámbito que afecta a las personas sino también en el ámbito de la cultura las desviaciones del mercado. No es sólo el ámbito discográfico, el audiovisual, el ámbito de los libros y de las editoriales. En el
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ámbito cultural hay defectos del mercado que el Gobierno -la Generalitat está intentando corregirlo, muchas veces con la oposición del Gobierno español- cuyos desniveles y desequilibrios hay que intentar compensar.
Hay un segundo ámbito donde ustedes tienen mucho trabajo y no lo están haciendo o, al contrario, están poniendo piedras en el camino, me refiero al sector público, a la Administración del Estado. Voy a poner algunos ejemplos. En las comisarías de la Policía Nacional -ya sé que no es de su ministerio pero evidentemente corresponde al Gobierno español- o de la Guardia Civil digamos que no han notado la normalización lingüística.
Tengo aquí un sinfín de denuncias de cómo se han vulnerado los criterios o los derechos lingüísticos de los catalanohablantes en muchas comisarías de Cataluña, y no es sólo en las comisarías. Esta situación también ha pasado en los juzgados: es permanente el debate sobre la indefensión de un catalanohablante cuando le dice a su abogado que quiere que el juicio se celebre en catalán. Tiene todo el derecho. Le pueden poner un traductor o alguien que le dé la versión castellana al juez, al fiscal o a aquella persona que no lo conozca, pero lo primero que dice el abogado es: No nos metamos en problemas, vamos a ganar el juicio. Estas no son precisamente condiciones de igualdad, condiciones de paridad de la lengua catalana. Hay un problema claro en los juzgados, hay un problema claro en las comisarias, hay un problema claro en Iberia. Aunque alguien pueda argumentar -ya se hizo desde el banco azul- que es una compañía privada, todos sabemos que buena parte del capital de Iberia es del Estado. Iberia conculca permanentemente el derecho de los catalanohablantes. Le podría hablar de un caso en el que los catalanes hemos sido testigos de una auténtica regresión, el caso de un servicio público de titularidad estatal como RENFE, que considera que el uso del catalán puede ser una falta grave. ¡Imagínense, para la compañía RENFE el uso del catalán puede ser una falta grave y pueden abrir expediente a un funcionario! La situación es la siguiente. Por haber escrito en catalán una anotación en su libro de bloqueo, al jefe de circulación de la estación de Reus se le ha puesto una falta grave. Existen precedentes. El aeropuerto de Girona prohibió explícitamente al jefe de seguridad de bomberos hablar en catalán, y se le adujo que tenía que hacerlo en castellano por razones de seguridad. El bombero en cuestión hablaba idiomas, era una persona culta, lo hizo adrede en inglés y también se le prohibió. Esta es una situación permanente en RENFE y en AENA. Nos pueden decir que lo del jefe de seguridad de Reus es una cuestión de seguridad, pero que RENFE sí está a favor del catalán. Sin embargo, curiosamente, cuando RENFE empieza a bombo y platillo una campaña de fomento de la lectura, resulta que sólo anuncian libros en castellano. Se dejan de lado los libros en catalán, en euskera o en gallego. Esta es la contradicción. Si nos dicen que el problema del jefe de circulación de Reus es de seguridad, no creo que la distribución de libros de literatura catalana afecte a la seguridad de los convoyes y de las estaciones. También hay un sinfín de denuncias.
Hace poco en la línea de Tarragona, un ciudadano de Cambrils denunció el intento de agresión por parte de un interventor y tuvo que ser socorrido por la mayoría de los usuarios porque éste quería que le atendiesen en catalán. Es una situación de regresión absoluta, señora ministra, la que estamos notando en RENFE. Esto en cuanto a los servicios públicos del Estado, pero también lo notamos en la promoción de algunos organismos públicos como el Instituto Cervantes.
Cuando este diputado entró en esta Cámara hizo una pregunta por escrito a su ministerio sobre cuál había sido la promoción de la cultura catalana del Instituto Cervantes. La ha habido. Nos responden que ha habido 22 piezas musicales de autores catalanes que se han interpretado en los diferentes institutos Cervantes, que se han celebrado una serie de exposiciones de pintura catalana, como Miró o Dalí y de otra gente, y nos parece muy bien, pero cuando le preguntamos sobre el catalán oral o escrito, la cosa tiene límites marginales. Habría que hacer una reflexión porque lo más democrático sería expresar la pluralidad del Estado fuera del Estado, incluso en el Estado. Los catalanohablantes tenemos la sensación de que fuera de nuestro ámbito lingüístico, en el resto del Estado hay un desconocimiento absoluto de la realidad de la cultura catalana, de la euskera o de la gallega. En este caso su Gobierno tiene una responsabilidad. Le voy a poner otro ejemplo en cuanto a la regresión.
Con el gobierno socialista, que tuvo sus defectos y sus errores en materia de normalización y despenalización de la lengua catalana, todas las campañas institucionales se hacían en los cuatro idiomas, en catalán, en euskera, en gallego y en castellano. Hemos asistido a la campaña del euro financiada por su Gobierno y el catalán ha desaparecido, ha sido monolingüe. Esto es una regresión. En TV3, en los medios de comunicación en catalán y en Televisión Española circuito en catalán hemos visto todos los anuncios en lengua castellana. Es una regresión que hay que corregir.
El catalán es una lengua que merece el respeto del Gobierno. Hay una sola campaña que se hace en catalán, y vaya paradoja, la de Hacienda. Debe ser porque en definitiva los catalanes estamos para esto, para contribuir a Hacienda. (Un señor diputado: Vale, vale.) Sí, sí, como buen catalán nos interesa la peseta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Puigcercós. Su tiempo ha terminado. Acabe.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Acabo.
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Nosotros creemos que su Gobierno tiene una responsabilidad también, codo con codo con las comunidades autónomas, y es que el catalán se despenalice, que el catalán adquiera su normalización definitiva. Su Gobierno tiene un reto, de ustedes dependerá. Señora ministra, hoy tiene en su mano darnos no soluciones, sino propuestas, incluso decirnos si a este Gobierno le interesa que el catalán perviva como lengua. Yo creo que ésta es una pregunta que se hacen muchos ciudadanos de Cataluña, si ustedes realmente tienen una voluntad clara para que la lengua y la cultura catalanas permanezcan en el mosaico europeo de la pluralidad, de otra forma sería un insulto a la democracia que ustedes no lo creyeran así.
Muchas gracias, señora presidenta, señores diputadas, señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Puigcercós.
Para contestar a la interpelación, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la ministra de Educación, Cultura y Deporte.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Señora presidenta, señoría, enlazando mi intervención con la suya, con base en la última pregunta que hacía acerca del futuro de la lengua catalana, tengo que decirle que afortunadamente la lengua catalana, que es una gran lengua -en eso no cabe el menor atisbo de duda-, que es una gran lengua, goza de una muy buena salud, y estoy convencida de que seguirá gozando de esa muy buena salud y que para eso contará con el apoyo de todos. Sin embargo quiero hacer un repaso sobre las actuaciones, sobre las acciones, sobre las actividades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en relación con el contenido de la interpelación y, por tanto, a los criterios respecto a la normalización, presencia, protección y expansión de la lengua catalana. Me voy a referir a los elementos más sustantivos porque obviamente el tema podía tener un desarrollo mucho más amplio.
Por lo que se refiere al sistema educativo, en la reforma que se hizo de los reales decretos de enseñanzas mínimas de la educación secundaria obligatoria, que afectaba no sólo a las humanidades, sino al resto de las materias en estos períodos educativos, y que fue aprobada, como sabe S.S., en diciembre del año 2000, se contienen las medidas mediante las cuales se protege el aprendizaje de las lenguas del Estado, no sólo del catalán, sino de las lenguas del Estado. Por otra parte, en la actualidad el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte dispone de una red -esto yo creo que es interesante mencionarlo- de 27 centros en el exterior, que han atendido en el curso 2000-2001 a un total de 8.900 alumnos de diferentes niveles educativos. Los países en los que se están impartiendo otras lenguas distintas al castellano son el Principado de Andorra fundamentalmente, que cuenta con nueve centros de titularidad del Estado español, ocho de primaria y el Instituto Español de Enseñanza Secundaria.
También se han impartido otras lenguas en la enseñanza, por ejemplo, en el Reino Unido. En el marco de las tradicionales relaciones entre España y Andorra, ambos gobiernos firmaron un convenio el 11 de enero de 1993 con la finalidad de regular la acción educativa española en Andorra. La lengua catalana, señoría, se imparte desde la educación infantil y a lo largo de la primaria como lengua de aprendizaje, tres o cuatro horas semanales dependiendo de cada colegio. En la enseñanza secundaria obligatoria, el bachillerato, se estudia lengua y literatura catalana tres horas semanales como asignatura curricular obligatoria y la asignatura de catalán administrativo como asignatura optativa. Por otro lado, y concretamente en los centros de titularidad del Estado español en el extranjero, se están llevando a cabo diferentes acciones en relación con las lenguas oficiales en las distintas comunidades autónomas, como por ejemplo un convenio -porque como le digo, no solamente afecta a la lengua catalana, sino a las otras lenguas- de la Junta de Galicia para la introducción de los estudios de lengua y literatura gallega en los centros españoles en el extranjero, que por el momento sólo se ha podido aplicar en el centro español ubicado en Londres. Este comienzo de colaboración entre las administraciones autonómicas y las del Estado pretende ser ampliado a otros centros de la red educativa en el exterior mediante la firma de convenios de colaboración. En este sentido, el pasado día 4 de diciembre, en el marco de la Conferencia de Educación, se celebró una reunión específica de la Comisión de programas internacionales, en la que se reiteró el ofrecimiento de facilitar la enseñanza de lenguas cooficiales de España en los centros de titularidad del Estado español en el exterior. Esta comisión está concebida como un órgano de cooperación de carácter permanente entre la Administración general del Estado y las administraciones autonómicas, y permite el intercambio de información así como la puesta en marcha de acciones en común. En concreto se ofreció a las comunidades autónomas la posibilidad de suscribir convenios que contemplarían aspectos tales como la inclusión de la asignatura de lengua y literatura de las lenguas cooficiales con carácter optativo en los curricula de aquellos centros que expresamente lo solicitaran en atención a la existencia de un número suficiente de alumnos que opten por cursar estas enseñanzas, así como la impartición de las mismas por profesores especializados en la lengua y literatura correspondiente que seleccionen cada una de las comunidades autónomas y propongan al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con cargo, por otro lado, a los presupuestos de la Administración autonómica.
En el ámbito de las relaciones multilaterales, quiero destacar la Carta europea de lenguas regionales y minoritarias,
ya que se trata de un proyecto promovido por el Consejo de Europa, destinado a proteger y promover las lenguas de ámbito regional o minoritarias -pueden tener ámbito nacional y una población muy reducida-, en su aspecto de patrimonio cultural europeo. Esta carta fue firmada en 1992 con la adhesión de España, y entró en vigor en 1998, contando con la ratificación española que se produjo en el mes de agosto de 2001.
Asimismo quiero subrayar las gestiones que se están llevando a cabo ante el Consejo de Europa para tramitar la traducción al catalán del documento marco europeo común de referencia para la enseñanza de las lenguas.
Por otra parte -usted lo ha mencionado-, no se hacen sólo conciertos de música en catalán en los institutos Cervantes. Para el Instituto Cervantes no es como digo una mera circunstancia, sino una convicción que España posee un extraordinario patrimonio lingüístico al tener cuatro lenguas con su literatura e historia respectivas. Como sabe S.S., el Instituto Cervantes se creó por ley para difundir la lengua española; pero la voluntad y la convicción de que la suma de las lenguas castellana, catalana, gallega y vasca es patrimonio de España, ha llevado a organizar desde siempre clases de todas ellas, partiendo de la convicción de que en cultura siempre es mucho mejor sumar que restar. Por otra parte, el Instituto Cervantes establece programas de actuación y de colaboración con las instituciones representativas de cada una de las lenguas, con el fin de darlas a conocer, promocionarlas en todo el mundo y poner de relieve en el exterior que España es quizá la nación europea con mayor riqueza lingüística y cultural.
Esta voluntad del Instituto Cervantes, que nace de un concepto integrador de la cultura española, ha sido reconocida expresamente por el poeta, novelista, crítico y editor, en castellano y en catalán, Pere Gimferrer, premio nacional de las letras españolas -como sabe- y premio Reina Sofía de poesía iberoamericana. Fruto de esa convicción es la constante y asidua colaboración que el Instituto Cervantes mantiene con las comunidades autónomas, de tal manera que desde el curso 1999-2000 se ha venido trabajando de manera estrecha con la Generalitat de Catalunya, la Junta de Galicia, el Gobierno vasco, la Generalitat de Valencia y el Instituto Catalán del Mediterráneo, entre otras instituciones. La actuación del Instituto Cervantes, desde luego muy respetuosa en el cumplimiento de lo que le encomienda el legislador, siempre ha tenido y tiene presente en su programación la rica variedad tanto lingüística como cultural de nuestro país.
Para suscitar el interés por una lengua, nada mejor que dar a conocer su pulso creativo y su proyección cultural, y en ese sentido el Instituto Cervantes, como viene haciendo desde su creación, procura ofrecer una variada programación con la presencia de autores que escriben en todas las lenguas, y no sólo de músicos sino también de autores. El Instituto Cervantes mantiene su política de servicio a la pluralidad y al plurilingüismo que distingue a España en el mundo, y ofrece cursos de catalán, ofrece cursos de gallego y ofrece cursos de vasco en aquellos lugares en los que hay demanda de los mismos. Aunque para constituir los grupos de castellano se establece un mínimo de cinco alumnos, en los otros casos los cursos se realizan incluso con dos alumnos con el fin de dar facilidades y atender a quienes estén interesados por cualquiera de las lenguas de España. Durante el último curso ha habido cursos de catalán, gallego y vasco, por ejemplo, en los centros de Chicago, Dublín, Manchester, París y Utrech. Las lenguas de nuestra península -más que de nuestra península, de nuestro país, porque no incorporamos el portugués- también están representadas en las bibliotecas del instituto, sobre todo en obras de literatura. Asimismo, en todas y cada una de las convocatorias, ayudas y subvenciones que otorga la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación se contempla la presencia de las diversas lenguas oficiales. En este sentido se gestiona específicamente una ayuda para el fomento de la traducción y edición entre las lenguas oficiales españolas de obras de autores españoles lo cual permite que los libros escritos originariamente en lengua catalana sean editados y divulgados en otras lenguas españolas. Igualmente, desde la citada dirección general del Ministerio de Educación, la Dirección General del Libro, como decía, se promociona la difusión de la literatura catalana tanto mediante la colaboración para el conocimiento de los autores clásicos en lengua catalana, como de la creación literaria catalana de nuestros días. Además, en todas las actividades de promoción dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se presta la correspondiente atención proporcional obviamente a las creaciones en todas las lenguas oficiales de España: en los jurados de premios nacionales, en la presencia de los libros a través de las ferias que se hacen en el exterior o en los festivales cinematográficos.
En otro orden de cosas y en relación con la autorización de las lenguas cooficiales en el ámbito de las competencias del Ministerio de Justicia -al que usted se refería antes en su ámbito competencial al menos, haciendo mención al problema de los juicios- quiero destacar, en cuanto a la Administración de Justicia, que el artículo 2.3.1 de la Ley orgánica del Poder Judicial admite y regula el uso de las lenguas cooficiales en aquellas comunidades autónomas que la tengan. La posibilidad legal, por tanto, existe. En relación con los registros públicos, por ejemplo, el marco constitucional sobre el uso y la cooficialidad de las lenguas en las comunidades autónomas con lenguas propias además del castellano, ha sido delimitado e interpretado claramente por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
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En fin, es difícil hacer un repaso de todas y cada una de las actividades en las que se plantea esta acción por parte de la Administración del Estado en relación con las lenguas que están presentes y que forman parte de nuestro patrimonio lingüístico y cultural. De manera que yo considero, señoría -comprendo que se pueden hacer muchas cosas más y se harán en el futuro-, que son muchas las acciones que se desarrollan en relación al tema origen de su interpelación.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora ministra.
Señor Puigcercós.
Señoras diputadas, señores diputados, señora ministra, agradezco su respuesta pero yo le preguntaba por muchas cosas más. La complejidad de una interpelación al Gobierno central tiene este problema de trámite, es uno de los quehaceres de su ministerio, de su trabajo. Puedo compartir algunas cosas que ha dicho y en otras discreparía, pero yo le he preguntado más que por el uso cultural por lo que los sociolingüistas definen como el uso social de una lengua. No sé si en el ámbito cultural el catalán goza de buena salud -yo discreparía-, pero en el uso social, en la situación general de la lengua catalana, el catalán tiene una mala salud de hierro, digo mala salud de hierro porque en definitiva resistimos a los decretos de nueva planta de 1714 y 1715, resistimos dos dictaduras -hubo un intento de genocidio, repito- y ahí está la lengua catalana que pervive. Pero en estos momentos tiene dificultades y creo que merecería una reflexión por parte de su Gobierno de que no es una buena situación y no es una buena situación porque el uso social tiene problemas. Yo le pregunto: ¿a usted le molestaría que en un producto farmacéutico, al lado de la lengua castellana, del inglés o del francés estuviera el catalán? ¿Le preocuparía o le molestaría a usted que en las instrucciones de muchos productos (línea blanca, línea marrón, electrodomésticos) al lado del castellano, del inglés, del francés, de las lenguas importantes, apareciera el catalán? Esa es la pregunta. Esto es el uso social y esto es la normalización de un idioma. Desde Cataluña no se observa una situación favorable por parte de su Gobierno. Creo que hay miedos, hay recelos, y ustedes no tienen que tener recelos del catalán. Todo lo contrario; lo tienen que potenciar, lo tienen que asumir.
Preguntaba por casos concretos de la sensación de regresión que tenemos.
Le hablaba de Renfe, le hablaba de los juzgados, le hablaba de las comisarías, le hablaba de AENA, le hablaba de Iberia, que son servicios públicos que pagamos entre todos y que en definitiva tienen la obligación de respetar y de ayudar a que el catalán sea un idioma normal. Esto sería lo clásico. En el ámbito de la cultura está la industria cultural. Por ejemplo programas informáticos; la dificultad que tiene hoy el Gobierno catalán o el gobierno balear muchas veces de buscar la fórmula para hacer convenios que tiene que pagar con dinero público, para que algunas empresas privadas hagan sus programas informáticos en catalán. Esto es lo que definía yo como el drama del mercado. Si somos conscientes de que el mercado no ayuda a todos es lógico que haya culturas y lenguas que también lo puedan seguir.
En la ley de las televisiones privadas que hizo el Gobierno socialista en su momento dejaba taxativamente fuera la posibilidad de que hubiera un canal privado en catalán. Plataformas digitales teníamos dos (oferta en catalán, mínima), ahora hay una. Yo creo que el Gobierno tiene algo que decir, evidentemente respetando el mercado y la acción privada, para que en la plataforma digital única que se va a crear haya la posibilidad de que el catalán, el euskera o el gallego estén presentes. Telefonía móvil.
Todas las nuevas tecnologías significan avances, significan progresos y significan normalización. Creo que su Gobierno tiene algo que decir al respecto. Tiene que proponer; en definitiva codo con codo con los diferentes gobiernos autonómicos tiene que proponer soluciones en este sentido.
Fíjese también la reflexión que le hago. En esta Cámara, los martes a las cuatro hay un aluvión de propuestas, de proposiciones de ley de diferentes parlamentos autonómicos. Del Parlamento de Cataluña han venido muchas, básicamente con una serie de referencias lingüísticas. También han venido del Parlamento de Baleares. Ha habido propuestas de que las lenguas oficiales del Estado estuvieran en la moneda y timbre, en la documentación de los ciudadanos, en la relación de los ciudadanos con la Administración, en la formación lingüística del personal de la Administración del Estado, el requisito de ejercerlo en los territorios del Estado con lengua propia diferente del español, la oficialidad de las lenguas en el Congreso y en el Senado (un debate permanente), la presencia proporcional en los medios de comunicación de titularidad pública. Creo que aquí hay un debate no concluido. Ustedes tienen que hacer una reflexión y tienen que asumir como propia la lengua catalana, tienen que asumir su promoción y sobre todo su uso social. Soy consciente de que usted tiene su dominio, tiene su ministerio, pero yo le he hecho una interpelación con una vocación general, y es si al Gobierno realmente le preocupa este tema que, sinceramente, señora ministra, no goza de buena salud. Hay desviaciones de mercado que no podemos evitar, hay una situación de globalización, y usted sabe que así como el español y el inglés son lenguas globales, hay muchas lenguas que no lo son. Fíjese usted en el francés.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Puigcercós...
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El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Voy acabando.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): No. Acabe, señor Puigcercós. Usted sabe que el tiempo de las interpelaciones es absolutamente conminatorio.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Acabo aquí mismo, señora presidenta.
Muchas gracias, señoras diputadas, señores diputados, señora presidenta, señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, yo creo que usted en esta segunda parte de la intervención, donde por razones de tiempo lógicamente ha tenido que hacer un esfuerzo de concentración grande y ha tenido que ir muy a la esencia del problema, ha planteado un debate de enorme interés, que es el debate que está en el fondo de qué explica el desarrollo, el mantenimiento y por tanto el uso de una lengua. El problema es cómo se garantiza el uso social y la pervivencia de una lengua, dónde están las claves y en qué medida los factores externos y las políticas lingüísticas, sean del ámbito de una comunidad autónoma, en este caso Cataluña, o sea del Gobierno de la nación, pueden determinar el mantenimiento, pervivencia y desarrollo de esa lengua sin más. Me parece que es una de las claves del asunto.
Precisamente el catalán es un magnífico ejemplo de cómo el empuje de la sociedad catalana y la conciencia de la misma en el desarrollo y el mantenimiento de su lengua, ha permitido que sobreviva en circunstancias muy adversas y recientes de no hace más de 25 años. Eso significa que es fundamental la determinación de una sociedad para mantener esa lengua y su desarrollo, y luego a eso se pueden añadir políticas de ayuda, si no es imposible. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
Por ejemplo, en el problema que usted plantea de las etiquetas, hay unos señores industriales que dicen que las etiquetas salen mucho más caras que hay que ponerlas de esta manera y en otro caso que se subvencionen las etiquetas. Si hay que subvencionar la etiqueta y hay que subvencionar tal y tal, al final eso no acaba teniendo el efecto querido a largo plazo. A corto plazo simplemente puede ser un paliativo, y a veces muy costoso. La clave del asunto está en tener una gran confianza en la sociedad catalana, que creo ha demostrado históricamente que es capaz de mantener, defender y desarrollar su propia lengua y estimularla, además de aquellas contribuciones que se puedan hacer desde las políticas activas por parte del Gobierno, bien sea el autonómico o el de la nación.
- DEL GRUPO PARLAMENARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LOS CRITERIOS DE POLÍTICA GENERAL DEL GOBIERNO PARA REDUCIR LA CONFLICTIVIDAD EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL. (Número de expediente 172/000189)
La señora PRESIDENTA: Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre los criterios de política general del Gobierno para reducir la conflictividad en materia de propiedad intelectual.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señora presidenta, señorías, señora ministra, le ha tocado hoy a usted ejercer de ministra de jornada, según se dice en otros ámbitos.
Quiero empezar esta interpelación, que pretende ser exactamente lo que su nombre indica, una interpelación, la llamada para que usted nos explique cosas, con un par de afirmaciones iniciales. La primera es recordar hasta qué punto mi grupo parlamentario se ha tomado siempre muy en serio los derechos derivados de la propiedad intelectual. Digo esto porque no querría, es un riesgo siempre de simplificación, que nada de lo que se pueda decir aquí o de lo que motiva esta interpelación pudiera ser interpretado por algunos como que ni remotamente se cuestiona ni por un solo momento el derecho legítimo de los autores, en el sentido amplio de la expresión o de la noción, a ser remunerados por su trabajo.
Nunca estaremos al lado de aquellos que critican, ridiculizan, menosprecian o ponen en cuestión el derecho de un artista, de un creador, de un escritor, de un intérprete, a tener la legítima remuneración que se debe por su obra, nuca. Sabe también la señora ministra, así como esta Cámara, que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) se ha caracterizado siempre por dar apoyo a todos aquellos que han pedido reglas claras a este respecto, que han lamentado la falta de seguridad jurídica, que han protestado por situaciones confusas que han dado lugar en más de una o de dos ocasiones a situaciones de abuso, a reclamaciones abusivas, a reclamaciones simplemente discutibles, y también esos siempre nos han tenido a su lado. Quiero decir con esto que esta interpelación, que pretende saber qué piensa hacer el Gobierno para poner un poco de orden en los distintos conflictos a que me voy a referir y que afectan a la propiedad intelectual, no es una
interpelación de unos a favor de otros; no se trata de entrar en un debate donde intereses legítimos están enfrentados en este momento en la sociedad como en tantos otros ámbitos, solo que éste le toca, como pretenderé explicar, un poco más de cerca al Gobierno. Hay un interés legítimo de los acreedores por cobrar, si me permite la expresión o la simplificación, un interés legítimo de los acreedores de los derechos de propiedad intelectual por cobrar y un interés legítimo de los deudores en el ámbito de la propiedad intelectual de pagar lo que se debe, no más, y de pagar a quien se debe, y no a otros. Esos son intereses legítimos que están sobre la mesa y que deben ser conjugados, y es la razón por la que nosotros estamos aquí, no para hacer de árbitros entre deudores y acreedores según el artículo 25, por ejemplo, de la Ley de Propiedad Intelectual, pero sí porque sabemos y porque así nos lo manifiestan todas las partes interesadas de un lado de la barrera y de otra, deudores y acreedores nos manifiestan, como grupo político, y probablemente también a otros, que hay conflictos, que se encuentran indefensos, que se encuentran en más de una ocasión en situaciones de profunda inseguridad jurídica, y que en el fondo, lo cual es tremendamente lamentable cuando hablamos de la aplicación de una ley, para saber qué se debe, a quién o qué se puede cobrar o a quién, acaban dependiendo de lo que decida un juez u otro, y por tanto de tener mejores o peores abogados, y todo ello ocurre ante una inhibición, y esa es la palabra señora ministra, una inhibición constante, que es lo que criticamos hoy de su Gobierno y de su ministerio.
Los ejemplos son múltiples. Hay uno que ya es clásico y en el que afortunadamente las aguas hoy bajan bastante más tranquilas que como lo han hecho en el pasado, sin que se pueda decir que sea un conflicto perfectamente resuelto, pero no es en este momento el más grave: es el famoso conflicto que se ha planteado alrededor de la noción y la interpretación de lo que es o no es comunicación pública, a quién afecta la comunicación pública y quién es, por tanto, deudor en virtud de esa noción de comunicación pública.
Hay una doctrina jurídica en principio clara, pero es cierto que hay en algún caso sentencias contradictorias; hay una real percepción de abuso en algunos casos que comprendemos, y que un caso concreto por ejemplo el propio Tribunal de Defensa de la Competencia ha dictaminado que alguien cobraba más de lo que debía; por tanto ahí está esa resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia, y otros que durante mucho tiempo decían que no debían pagar hoy saben que sí deben pagar y han llegado a acuerdos, siempre que la deuda se haya reconducido y se haya estabilizado. De todos modos ahí hay todavía un foco de inestabilidad que puede volver a rebrotar en cualquier momento porque no hay orden; pero hay focos nuevos que en parte son los que motivan un poco la oportunidad de esta interpelación.
La noción de copia privada, por ejemplo, aplicada a los discos compactos de grabación de datos, algo que a lo mejor a alguna de SS.SS. les parece poco menos que física nuclear, pero que sin embargo es de inmensa importancia en la sociedad. Cuando uno compra un disco para grabar información electrónica, información informática iba a decir lo cual suena muy mal, datos informáticos, sabe que con ese mismo objeto puede grabar una base de datos o un programa de ordenador, pero también puede grabar música, y lo que está en discusión es cuántos graban programas de ordenador y cuántos graban música, porque legítimamente si con eso se graba música existe derecho a cobrar el canon de copia privada. Lo que no se sabe es cuánto, qué cantidad del total de ventas de esos CD Data, según la expresión más técnica EDR Data, se utilizan para la grabación de datos y cuántos para la grabación de música. Para unos, el 99,9 por ciento es grabación de música, y por tanto deben pagar el 100 por cien del canon de copia privada; para otros es apenas un 30 por ciento y por tanto el importe del canon de copia privada debe dividirse y solo un 30 por ciento debería pagarse. Que exista esta tensión es normal, y que exista por tanto una duda sobre un fenómeno tecnológico nuevo y sobre qué impacto tiene en el mercado es normal. Lo que no es normal es que no haya manera de objetivar la respuesta a este conflicto y que este conflicto pueda acabar costando muchos puestos de trabajo, entre otros lugares en Cataluña, porque si se llega a una solución abusiva sobre este punto que no se corresponda con la realidad, muchos fabricantes pueden cerrar e irse a otros Estados, donde en virtud del mercado interior podrán exportar perfectamente y no estarán sometidos a las reglas que aquí en un primer momento se les intenta imponer. Insisto, es legítimo que eso exista, lo que no es legítimo es que no haya manera de resolverlo, como no sería legítimo tampoco que en el marco de la lucha contra la piratería, que compartimos y con la que nos solidarizamos absolutamente, se intentara imponer a unos pocos, por ejemplo en este caso los fabricantes de los CD Data, el peso económico de toda la lucha contra la piratería porque eso sería también un abuso.
Voy a poner un tercer ejemplo de situación de desorden. La Ley de Propiedad Intelectual en su texto refundido permitió que existieran distintas entidades de gestión; entidades que no nacen como setas, sino que para poder existir jurídicamente y poder desarrollar su función precisan autorización de su ministerio, que por ley tiene obligación de controlarlas y vigilarlas. Esas entidades de gestión cobran y gestionan legítimamente los derechos de autor. Lo que ocurre es que no está nada claro quién cobra y qué. No esta nada claro quién representa a qué. Hay gente que se encuentra con que se le cobra dos veces la misma deuda y dos veces el mismo importe. Cuando esa misma gente se dirige al Ministerio recibe respuestas como esta de un alto funcionario
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de su Ministerio en una carta dirigida a una empresa española. Voy a dejarlo así, en la indefinición, pero sí le voy a leer este párrafo.
Cuando se le intenta preguntar: Oiga, Ministerio, usted que es quien autoriza las entidades de gestión, me quiere decir cuál es el repertorio de cada cual. Lo que le responde el Ministerio es que la fijación o el establecimiento del porcentaje que representa el repertorio de obras por ellas gestionadas en el total de obras protegidas, que determinan a su vez el porcentaje de la remuneración por copia privada que a cada uno correspondería percibir, es una cuestión de derecho privado y ajena a las competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Como si esto fuera simplemente una cuestión entre campesinos que ponen sus productos en el mercado. No, señora ministra. Usted, en virtud de la Ley de Propiedad Intelectual, si se la lee verá que esto efectivamente es derecho privado pero que tiene usted responsabilidades serias. No le llamamos al intervencionismo total. No será mi grupo el que pida un intervencionismo regulador hasta el último detalle. Es cierto que aquí hay intereses privados en discordia, pero hay un interés general que es, primero, facilitar al ciudadano el cumplimiento de la ley, y cuando los conflictos jurídicos derivan no de la culpa del ciudadano sino de que la ley está mal hecha o no ha previsto las situaciones o no está implementada como debería, hay una responsabilidad quizá de esta Cámara en su momento y de ustedes como autores de la iniciativa legislativa y como responsables del desarrollo reglamentario de la ley, desarrollo que no se ha producido.
Habrá más conflictos y no hace falta ser profeta para saberlo. Cualquiera que sepa exactamente dónde está la tecnología en este momento y que la posibilidad de grabar en un disco duro el cien por cien de lo que se emite en una plataforma digital va a llegar -los aparatos ya están en el mercado, uno graba el cien por cien y luego lo reproduce-, si puede grabar el cien por cien y luego lo reproduce, a uno que es de letras y no es ingeniero no le cuesta mucho imaginar que dentro de cuatro días, de ese cien por cien grabado que después se reproducirá se podrán sacar copias. Por tanto dentro de cuatro días tendremos una tecnología y alguien más que hoy todavía no paga, pero que deberá pagar canon por copia privada y tendremos de nuevo un conflicto si eso no está bien resuelto.
Por tanto, el sentido de nuestra interpelación es preguntarle, señora ministra, qué va a hacer usted. Le pedimos que actúe, que no se inhiba y que no busque la complicidad. Estamos en el mismo bando. Esto no es pedir cuentas por oposición como si discrepáramos de una determinada política; es simplemente que no conocemos cuál es esa política, que no es lo mismo, y creemos que debe haber no una política absolutamente intervencionista, pero sí una intervención del Ejecutivo, y quizá en un segundo momento del Legislativo, para poner orden entre intereses legítimos que están en la oposición y que acuden al poder político -este y usted- y se encuentran con el silencio por respuesta. Eso es lo que entendemos que no puede ser.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guardans.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Señora presidenta, señoría, soy consciente de su interés y del interés de su grupo por los temas relativos a la propiedad intelectual, que es una dimensión de la propiedad que se desarrolla fundamentalmente, aunque no es nueva, a lo largo de las últimas décadas y sobre todo en los últimos años de forma extraordinaria. En este momento, todo lo que está vinculado a medios y a difusión, a través de soportes en los que se desarrolla la comunicación, son básicamente contenidos y son objeto de propiedad intelectual. A diferencia de lo que usted concluye sobre la pasividad o sobre la no actividad del ministerio en ese terreno, considero que es muy al contrario. Si usted habla con las sociedades de gestión, éstas le podrán confirmar hasta qué punto hay una constante actuación por parte del ministerio. Tiene que ser una actuación que al final permita que funcione adecuadamente en las mejores condiciones posibles y lo más alejadas de una situación de crispación, de ruptura y de conflictividad de aquellos que producen y que tienen unos derechos vinculados a la propiedad intelectual, derechos que gestionan unas entidades, y aquellos que consumen ese producto que otras personas han producido y que gestionan esas entidades. Es un tema muy complejo porque al haberse desarrollado el derecho de la propiedad intelectual, y al haber muchos más consumidores, han proliferado entre otras las denominadas sociedades de gestión. En un momento determinado estaban concentradas prácticamente en una única entidad y luego los distintos creadores han ido generando, a partir de esa unidad, distintas sociedades de gestión, pero todos se dirigen al mismo consumidor y esto ha generado una nueva suerte de problemas que ha hecho enormemente compleja la situación actual y que el ministerio tiene que contemplar a la hora de abordar el problema, lo que está haciendo con suma delicadeza pero también tomando decisiones en el sentido que le explicaré a continuación.
Los problemas que plantea la propiedad intelectual se encuadran en torno a dos grandes categorías: aquellos que derivan de los usos legítimos de la propiedad intelectual y los derivados de los usos ilegítimos o, como vulgarmente se le llama, la piratería, que es otra dimensión del problema al que usted no ha hecho referencia pero que está planteándose todos los días y que recientemente se ha tratado en jornadas y seminarios en España de manera muy elocuente. Pues bien, en
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cuanto a los problemas derivados de los usos legítimos de la propiedad intelectual podríamos señalar que cada vez son más frecuentes los de obras o prestaciones en la vida diaria a que me refería, de manera que es casi imposible no entrar en contacto con la propiedad intelectual a través de la música de fondo, que nos puede acompañar en cualquier establecimiento público, o de la visión de determinadas películas o programas de televisión, también en establecimientos públicos. Pues bien, estos usos masivos de la propiedad intelectual plantean la necesidad, como propiedad privada que es, aunque sea de carácter inmaterial, de contar con la autorización de su titular para poder utilizarla, de acordar el precio a pagar para la explotación que se pretende realizar y de establecer, de conformidad con lo que dispone nuestra legislación, cómo va a participar el autor de los beneficios económicos que esta explotación vaya a generar. Y es ahí, señoría, donde se están encontrando algunos de los principales problemas y donde se habla tanto por usuarios como por titulares de abusos, de utilizaciones no consentidas o de situaciones poco transparentes que en muchas ocasiones acaban planteándose ante los tribunales y que generan una judicialización de la propiedad intelectual que es muy poco deseable de cara a un funcionamiento ordenado y pacífico del sistema.
El segundo grupo de problemas que afectan a la propiedad intelectual derivan del uso ilegítimo que de ella se hace y de las facilidades que como para otras conductas ilícitas ofrecen las modernas tecnologías de la información y de las comunicaciones, de tal manera que en los últimos tiempos hemos asistido a una multiplicación de esas utilizaciones ilícitas que dañan gravemente el interés de los creadores y que -hay que recordarlo también- afectan gravemente a una serie de industrias vinculadas a este sector, hasta el punto de que en algunos casos estas industrias se ven en la tesitura de tener que cerrar prácticamente porque no pueden asumir la competencia con ese otro segundo mercado negro, segundo mercado ilícito o segundo mercado pirata. Pues bien, en relación con todo ello, me gustaría exponer las acciones que se están desarrollando desde el Gobierno para hacer frente a estos problemas y que engloban un amplio abanico de medidas.
En primer lugar, señorías, se están adoptando iniciativas legislativas.
Así, y aunque nuestra legislación de propiedad intelectual merece en el contexto internacional, que lo merece, una valoración más que positiva, es cierto que hay aspectos que son susceptibles de mejora y que para ello se están dando los pasos necesarios. En este sentido me permito recordar a S.S. la reciente aprobación por el Pleno de esta Cámara del proyecto de ley de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico que el pasado 16 de mayo se remitió al Senado y en el que dentro de las regulaciones sobre las transacciones electrónicas figuran previsiones sobre la propiedad intelectual y su régimen especial de gestión para estos procedimientos electrónicos. Asimismo están desarrollándose los trabajos para la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información. Esta directiva, que aborda a nivel europeo el proceso de armonización de la propiedad intelectual adaptándola a las exigencias del entorno digital, nos ofrece la posibilidad de revisar también nuestra legislación específica de propiedad intelectual con un doble objetivo. Será entonces el momento de revisar nuestra legislación específica de propiedad intelectual con ocasión de la incorporación de esta directiva y, por tanto, de su adaptación a la misma. Como decía, incorporar la directiva y revisar la legislación específica de propiedad intelectual con un doble objetivo que en este momento hay que afrontar: incorporar las medidas que contiene la directiva para una mejor protección de estos derechos y corregir las disfuncionalidades que el tiempo transcurrido desde su actualización en 1998 aconsejan ahora introducir. De este modo, con la incorporación a nuestra ley de propiedad intelectual de estas medidas, fundamentalmente con la adecuada revisión de su protección frente a sus posibles vulneraciones, contaremos con un instrumento eficaz en manos de los titulares para defender sus derechos y al mismo tiempo facilitar los sistemas de otorgamiento de licencias y su utilización de un modo ágil y sencillo para los usuarios. Por tanto, este será un elemento importante de ordenación del sistema al que habrá que prestar especial atención en los próximos años. Junto a ello la directiva nos va a permitir también reforzar las competencias de la actual Comisión mediadora y arbitral de la propiedad intelectual, órgano adscrito, como sabe, al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que si bien hasta la fecha ha jugado un papel secundario en los conflictos que se suscitan en este ámbito -porque no puede ser de otra manera-, está llamada a configurarse como un instrumento privilegiado de solución de estos conflictos, pero para eso hay que incorporar la directiva y en eso estamos. En la Unión Europea, como sabe, existe un amplio consenso sobre la necesidad de acudir a órganos de naturaleza mediadora o cuasi arbitral que actúen como una primera instancia en la solución de los conflictos en materia de propiedad intelectual. Con la adaptación de esta directiva se va avanzar significativamente en este sentido.
Junto a la línea que le he mencionado, que es fundamentalmente reformista en lo legislativo, no olvidamos tampoco, señorías, que un elemento esencial para el desenvolvimiento normal del mercado de la propiedad intelectual es lograr un adecuado conocimiento de su funcionamiento por los agentes que desarrollan su labor en este campo, para lo que resulta imprescindible la educación, la concienciación social de todos los
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afectados de que nos encontramos en este caso ante un supuesto de ejercicio del derecho de propiedad no absoluto, sino limitado, pero que como tal merece tanto respeto como cualquier otra de sus manifestaciones.
Por ello, desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se promueven con esta finalidad jornadas y seminarios sobre esta cuestión y se participa también en todos cuantos encuentros de esta naturaleza se realizan por otros organismos, ya que esta materia a nivel ciudadano es muy desconocida todavía en el momento actual y se plantean con demasiada frecuencia actuaciones de buena fe que sin embargo están suponiendo en la práctica una vulneración de estos derechos.
En esta misma línea querría resaltar por su importancia y para ir finalizando, la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular de proponer la creación en el seno de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de esta Cámara de una subcomisión especial para el estudio de las medidas más eficaces contra la piratería en el sector audiovisual y tecnológico.
Las conclusiones a las que se pueda llegar van a resultar de especial interés con el objetivo de establecer vías, caminos para perseguir la piratería y reducir el impacto que tienen estas prácticas ilícitas. Hay otras iniciativas de las que si S.S. lo desea puedo informarle por otra vía, más allá de la intervención en esta Cámara en el día de hoy habida cuenta que se está acabando el tiempo de mi intervención, iniciativas que estamos desarrollando y que ya están dando sus primeros pasos. En todo caso somos muy conscientes, señoría, de la existencia de este problema; somos muy conscientes de los cambios que se han producido en el contexto en el que se desarrolla ahora mismo la propiedad intelectual, y la tarea que está haciendo el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con las sociedades de gestión para afrontar la futura legislación...
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Acabo, señora presidenta.
La tarea que está realizando el ministerio para afrontar la futura legislación de una manera pacífica, ordenada e intentando conseguir el verdadero objetivo que debe tener esta normativa en el sentido de proteger a los que crean y garantizar los derechos de los que consumen esa creación está siendo muy notable en cuanto a dedicación y preocupación. (Aplausos.)
Señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señora ministra, yo no he hablado de piratería porque comparto ese tema. He entrado precisamente en los temas en los que veo que no se están haciendo cosas y en los que mi grupo percibe que se puede hacer mucho más de lo que se hace. No es el caso de la piratería, en el que me consta que el Gobierno ha hecho cosas, incluso desde el Ministerio del Interior y la presidencia española de la Unión Europea. No tenía noticia de esa subcomisión que ha propuesto su grupo, pero probablemente la veremos con muy buenos ojos. Hay perfecta sintonía también en la dimensión pedagógica. No sé si entre todos conseguiremos corregir o intentar que se olvide la lamentable intervención de un senador -me atrevo a decirlo aquí desde esta tribuna-, la muy lamentable intervención de un senador ridiculizando el tema de los derechos de autor y diciendo que él compraba todos sus discos en el metro y quién le iba a impedir hacerlo. Esto ha ocurrido hace cuatro días. Algunos compañeros me indican que diga bien claro que no ha sido un senador de su grupo, sino del Partido Socialista, el que ha realizado una intervención lamentable y vergonzosa en ese punto. Nosotros y muchos miembros del Partido Socialista -también lo digo-, pero no ese senador, estamos del mismo lado. Ahora bien, hay otras cosas que no se hacen.
Le he escuchado y me ha parecido muy interesante que hable literalmente de abusos y de situaciones poco transparentes. Yo lo que quiero es que usted diga exactamente cómo se va a resolver. No sólo con leyes. Me habla usted de reformas legislativas. Sabe mejor que yo que en los abusos y las situaciones poco transparentes y en general no se gobierna con leyes; sin leyes no se gobierna, pero no se gobierna sólo con leyes porque para eso cerraríamos el Ejecutivo y todas las cosas se harían desde aquí. Ustedes tienen más poder del que ejercen -se lo digo así de claro-, tienen más posibilidades de actuar que las que están desarrollando. No más cartas enviadas a las empresas diciendo que este es un tema entre privados. No transmitan más esa sensación. Implíquense, estudien a fondo los medios que les da la ley vigente porque los tienen; por ejemplo, una labor de mediación, tan sencillo como eso, que desde el Gobierno se puede hacer y en la que nadie les puede sustituir. ¿Qué además de esa labor de mediación vayamos -y adelanto un poco lo que será el núcleo de la moción que derivará de esta interpelación- a un organismo permanente de mediación y arbitraje? Perfecto, eso lo comparte absolutamente mi grupo.
La actual Comisión mediadora de la ley no funciona ni funcionará tal cual está concebida porque es demasiado voluntaria toda ella, aunque tal y como está prevista en la ley de nuevo le digo que usted tiene instrumentos reglamentarios para desarrollarla hoy sin necesidad de ninguna ley ni de ninguna directiva; lo podría hacer. Entiendo que por razones de política legislativa prefiera esperar, pero adelántese porque entre otras cosas el plazo para implementar la directiva está corriendo; no hace falta esperar a que venza el plazo para traer esa directiva a esta Cámara o la ley que la desarrolla. Es decir, hay muchas más cosas que están sobre su propio
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tejado que lo que me parece interpretar de su intervención.
Insisto en que estamos de acuerdo con la línea, pero hagan ustedes más y por lo menos hagan todo lo que puedan. No tiene mi grupo esa percepción -insisto muy sinceramente- ni la tienen aquellos, en un caso deudores y en otro acreedores, que sufren en el sentido más literal del término la sensación de que aquí no les hace caso nadie; que hay una ley que se hizo un día que teóricamente impone unas obligaciones y que a partir de ahí no se sabe muy bien a qué puerta tienen que llamar cuando las cosas no funcionan y que los únicos que les acaban haciendo caso son los jueces de instrucción: un juez de instrucción aquí, otro juez de instrucción allá.
Eso no puede ser. La corrección de eso -lo vuelvo a decir a fuer de hacerme pesado- no se va a resolver con nuevas leyes. Hay que reformar la ley, por supuesto; hay que implementar la directiva de derechos de autor en la sociedad de la información, por supuesto. Hágalo ya, tan pronto pueda. Es un texto complejo, lo acepto. Tiene que escuchar a todos los sectores, totalmente de acuerdo, pero no espere a diciembre, podría estar haciendo ya ese trabajo.
Termino diciendo que estoy totalmente de acuerdo con que todo esto se haga en el marco de una gran campaña de sensibilización social. No cargue toda la lucha contra la piratería sobre un solo sector. Hay que trasmitir que efectivamente la piratería es un cáncer de la propia creatividad, que se verá gravísimamente perjudicada, pero cuidado con el riesgo real de cargar el coste de la lucha contra la piratería contra un solo sector económico o sobre las espaldas de un solo sector económico, porque sería un grave error y absolutamente injusto. Por tanto, compartimos esa lucha, compartimos esa guerra, si me permite, pero cómo la desarrollamos lo tendremos que ver con mucho más detalle.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Señora presidenta, señoría, le puedo asegurar que uno de los temas que se han abordado de una manera más temprana en cuanto se ha tratado desde el inicio y con mucha intensidad en esta legislatura en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y básicamente vinculado al ámbito de la cultura ha sido precisamente el de la propiedad intelectual, porque ha derivado en una suerte de problemática bastante compleja que afecta a muchos sectores; desde el punto de vista del consumidor afecta al sector de la hostelería fuertemente, de la restauración, etcétera, y por otro lado afecta también fuertemente a los autores y creadores de distinto tipo que tienen sus productos -digámoslo entre comillas- gestionados por sociedades de gestión. Esto se ha ido haciendo cada vez más complejo y es necesario que haya una serie de decisiones, que las va a haber con la incorporación de la directiva y con la reforma, en lo que haya que reformar, de la Ley de Propiedad Intelectual, pero que conviene hacerlo de la manera más ordenada y pacífica posible en cuanto a lo que se refiere, por ejemplo, a las propias sociedades de gestión. Usted sabe muy bien que la dificultad está en establecer un precio único de síntesis para un producto en el que intervienen distintas, digamos, dimensiones creativas y, por tanto, distintos tipos de autores, donde se conjuga la música con la palabra y con la actuación en un mismo envase, en un mismo producto.
Hay grandes dificultades en este momento, pero es necesario que haya una posición final en el camino para que no se produzca una situación de extraordinaria desorganización, de extraordinario desorden que se está produciendo ahora con la gestión de este tipo de derechos, con los consiguientes problemas para los consumidores. Tan es así que le aseguro -y cualquier sociedad de gestión lo podría confirmar- que el ministerio está dedicando a este asunto una atención constante y elevadísima desde hace ya dos años, porque se trata de adecuar la solución a la nueva situación y de hacerlo en las condiciones más factibles de acuerdo, de consenso, de pacificación. Es extraordinariamente importante para todos, para los que crean y para los que consumen esos productos que originan propiedad intelectual. Como digo, eso es lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las nueve de la mañana.