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Timestamp: 2019-04-26 16:13:09
Document Index: 81099147

Matched Legal Cases: ['artículo 124', 'artículo 3', 'artículo 9', 'artículo 46', 'artículo 3', 'artículo 3', 'Artículo 15', 'artículo 18', 'Artículo 18', 'artículo 149']

BOCG. Congreso de los Diputados, serie B, núm. 207-1, de 09/02/2018
cve: BOCG-12-B-207-1
Núm. 207-1
122/000175 Proposición de Ley Orgánica de protección, promoción y declaración de oficialidad de las lenguas españolas distintas del castellano.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2018.?P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Joan Tardà i Coma, al amparo de lo establecido en el artículo 124 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición de Ley Orgánica de protección, promoción y declaración de oficialidad de las lenguas españolas distintas del castellano, para su debate en Pleno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2018.?Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
La Constitución española establece, en su artículo 3.3, que «la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección». Por su parte, el artículo 9.2 del texto constitucional determina que «corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social». Asimismo, el artículo 46 de la Constitución establece que «los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España», siendo indiscutible que las lenguas de España constituyen una parte muy significativa de ese patrimonio histórico y cultural.
Estas disposiciones constitucionales, en particular el apartado 3 del artículo 3, responden, en parte, a una voluntad de justicia y restitución histórica, habida cuenta de que en el pasado todas las lenguas españolas distintas del castellano han sufrido episodios más o menos prolongados de prohibición e incluso persecución en grados diversos. Como consecuencia de esta situación, las referidas lenguas han sufrido, en grados diversos también, una desvalorización social, lo que a su vez se ha traducido en algunos casos en claras dificultades para su desarrollo normal en un mundo cada vez más globalizado, en el cual el cultivo de los valores globales no debe entenderse ni realizarse en detrimento de las identidades particulares. Es por ello que, sin una intervención decidida de los poderes públicos, este valioso patrimonio corre el riesgo de desaparecer.
El respeto y protección a que obliga la Constitución se ha materializado hasta ahora, principalmente, a través de las disposiciones lingüísticas de los distintos estatutos de autonomía, así como mediante las diversas medidas de desarrollo adoptadas por las comunidades autónomas con lengua propia distinta del castellano, especialmente mediante la oficialidad y la enseñanza de los respectivos idiomas, entre otras medidas. Sin perjuicio de la competencia general de las comunidades autónomas para regular el alcance general de la oficialidad de la lengua propia en todos los órdenes, también el Estado ha adoptado algunas medidas legislativas ejecutivas de dicho mandato constitucional (por ejemplo, la ratificación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, el reconocimiento de la cooficialidad de las distintas lenguas en el marco de la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, la edición del Boletín Oficial del Estado en las distintas lenguas oficiales, el formato bilingüe del DNI y los permisos de conducir, entre otros aspectos).
2. Las instituciones comunes del Estado, teniendo en cuenta la diversidad lingüística de España, garantizaran el uso del catalán, el euskera, el gallego y el occitano.
a) El catalán en Catalunya ?con la excepción del Arán?, la Comunitat Valenciana y las Illes Balears, así como también en las comarcas catalanohablantes de la franja oriental de Aragón.
3. Las otras lenguas españolas serán también usadas por la Administración Estado en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con lo establecido en sus Estatutos de Autonomía. En cualquier caso, la Administración General del Estado dará a dichas lenguas el mismo uso que el que se establezca para las administraciones de la Comunidad Autónoma respectiva.
3. Los derechos establecidos en esta Ley no podrán dar lugar a interpretaciones más restrictivas de cualesquiera derechos lingüísticos ya existentes a la entrada en vigor de esta Ley, ya sean resultantes de los tratados internacionales firmados por el Estado español, derivados de la normativa estatal, autonómica o municipal preexistente o dimanantes de la jurisprudencia de los tribunales.
4. A iniciativa de las Comunidades Autónomas de los respectivos dominios lingüísticos, el Gobierno determinará los derechos lingüísticos que podrán ser de aplicación en relación a las otras lenguas españolas no oficiales del Estado.
4. Sin perjuicio de la futura adopción de las medidas legislativas y reglamentarias necesarias para la efectividad de esta Ley en el ámbito de la Administración de Justicia, tras la entrada en vigor de esta Ley el Consejo General del Poder Judicial deberá garantizar el uso normal y preferente de las lenguas oficiales de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.2. Para ello, deberá establecer el nivel mínimo de conocimiento de las distintas lenguas oficiales exigible para poder concursar a las plazas de magistrado, juez o secretario judicial vacantes en las distintas Comunidades Autónomas.
h) Disponer las medidas necesarias para permitir un uso normal de todas las lenguas oficiales del Estado en los trabajos de comisiones y plenos de las dos Cámaras de las Cortes Generales y el derecho de diputados y senadores de usar cualquiera de las lenguas oficiales.
j) Dar a conocer en el ámbito internacional la realidad plurilingüística del Estado y, a tal efecto, entre otras medidas, editar el material informativo oportuno, colaborar económicamente en el sostenimiento de centros escolares que ofrezcan enseñanza en el extranjero en cualquiera de las lenguas oficiales españolas y contribuir a la financiación de los institutos de promoción exterior de las distintas lenguas de España, independientemente que éstos también estén financiados por comunidades autónomas. El presupuesto destinado por parte del Estado a dichos centros escolares e institutos de promoción exterior deberá ser, para cada lengua oficial distinta del castellano y en relación con el presupuesto dedicado a la promoción exterior del español, proporcional al número de hablantes de cada una de las lenguas oficiales distintas del castellano, tomándose al efecto como criterio principal la población total residente en cada uno de los dominios lingüísticos, sin perjuicio de otros criterios específicos.
«Artículo 15. Lengua de los procedimientos.
1. La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el catalán en los órganos de la Administración General del Estado con sede en Catalunya, la Comunitat Valenciana y las Illes Balears; el euskera en los órganos de la Administración General del Estado con sede en Euskadi y la Comunidad Foral de Navarra; el gallego en los órganos de la Administración General del Estado con sede en Galicia; el occitano en los órganos de la Administración General del Estado con sede en el Arán, y el castellano en el resto de órganos de la Administración General del Estado.
Si concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitará en la lengua se uso preferente según el lugar en el que se encuentre la sede del órgano de la Administración General del Estado, si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos.
3. La Administración Pública instructora deberá traducir a la lengua oficial que corresponda los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente. Si debieran surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autónoma donde también sea oficial esa misma lengua distinta del castellano, no será precisa su traducción.»
1. En todas las actuaciones judiciales, los Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios y demás funcionarios de Juzgados y Tribunales usarán el catalán en Catalunya ?con la excepción del Arán?, la Comunitat Valenciana y las Illes Balears; el euskera en Euskadi y la Comunidad Foral de Navarra; el gallego en Galicia; el occitano en el Arán, y el castellano en el resto del Estado.
2. Los Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios y demás funcionarios de Juzgados y Tribunales podrán usar también el castellano en Catalunya, la Comunitat Valenciana, las Illes Balears, Euskadi, la Comunidad Foral de Navarra y Galicia si ninguna de las partes se opusiere.»
El artículo 18 del Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 18. Lengua en el etiquetado.
Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación a los productos distribuidos exclusivamente en el ámbito del dominio lingüístico de una de las lenguas españolas.»
Esta Ley se aprueba al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.a de la Constitución española, que atribuye al Estado la competencia para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.