Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20043986
Timestamp: 2019-12-15 04:38:25
Document Index: 250772400

Matched Legal Cases: ['Artículo 146', 'artículo 1', 'artículo 57', 'Artículo 149', 'artículo 28', 'e contrario', 'Artículo 410', 'Artículo 413', 'e contrario', 'artículo 29', 'artículo 238', 'e contrario', 'artículo 48', 'artículo 209', 'Artículo 162', 'artículo 167', 'artículo 149', 'artículo 413', 'artículo 149', 'e contrario', 'Artículo 146', 'Artículo 149', 'Artículo 410', 'Artículo 413']

C-917 de 2001
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020043986CC-SENTENCIAC917200129/08/2001CC-SENTENCIA_C_917__2001_29/08/2001200439862001Sentencia C-917/01 JURISDICCION ORDINARIA Y JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Relaciones y distinciones SERVIDOR PUBLICO-Responsabilidad penal y administrativa SERVIDOR PUBLICO-Distinción de responsabilidad penal de la administrativa JURISDICCION ORDINARIA Y JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Distinción respecto de pronunciamientos de actos y contratos administrativos CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES-Razones históricas que originaron la consagración de conductas PREVARICATO POR ACCION PREJUDICIALIDAD EN CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES-Aplicación CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES EN PENAL-Cumplimiento del debido proceso JUEZ ADMINISTRATIVO-Pronunciamiento sobre actos administrativos TIPO PENAL EN BLANCO-Alcance TIPO PENAL EN BLANCO-Reenvío normativo TIPO PENAL EN BLANCO-Reenvío a acto de la administración/TIPO PENAL EN BLANCO-Reenvío a la ley TIPO PENAL EN BLANCO-Reenvío claro e inequívoco PREVARICATO POR ACCION-Descripción completa CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Validez de norma inferior frente a la Constitución Referencia: expediente D-3375
Luis Eduardo Montoya Medina.CONSTITUCIONALIDADAlfredo Beltrán SierraDemanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 146 y 149 del Decreto Ley 100 de 1980, Código Penal, y de los artículos 410 y 413 de la Ley 599 de 2000, nuevo Código Penal.D3375Identificadores20020043987true64926Versión original20043987Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 146 y 149 del Decreto Ley 100 de 1980, Código Penal, y de los artículos 410 y 413 de la Ley 599 de 2000, nuevo Código Penal.
Sentencia C-917/01
JURISDICCION ORDINARIA Y JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Relaciones y distinciones
SERVIDOR PUBLICO-Responsabilidad penal y administrativa
SERVIDOR PUBLICO-Distinción de responsabilidad penal de la administrativa
JURISDICCION ORDINARIA Y JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Distinción respecto de pronunciamientos de actos y contratos administrativos
CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES-Razones históricas que originaron la consagración de conductas
PREJUDICIALIDAD EN CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES-Aplicación
CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES EN PENAL-Cumplimiento del debido proceso
JUEZ ADMINISTRATIVO-Pronunciamiento sobre actos administrativos
TIPO PENAL EN BLANCO-Alcance
TIPO PENAL EN BLANCO-Reenvío normativo
TIPO PENAL EN BLANCO-Reenvío a acto de la administración/TIPO PENAL EN BLANCO-Reenvío a la ley
TIPO PENAL EN BLANCO-Reenvío claro e inequívoco
PREVARICATO POR ACCION-Descripción completa
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Validez de norma inferior frente a la Constitución
A continuación, se transcribe el texto de las disposiciones demandadas y se subraya lo acusado.
"Decreto Ley 100 de 1980
"Artículo 146.- Modificado. Decreto 141 de 1980, artículo 1º; Ley 80 de 1993, artículo 57; Ley 190 de 1995, artículos 18 y 32.Contrato sin cumplimientos de requisitos legales. El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones y con el propósito de obtener un provecho ilícito para sí, para el contratista o para un tercero, tramite contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y en multa de veinte (20) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales.
"Artículo 149. Modificado. Ley 190 de 1995, artículo 28. Prevaricato por acción.El servidor público que profiera resolución o dictamen manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes e interdicción de derechos y funciones públicas hasta por el mismo tiempo de la pena impuesta.
"Artículo 410.Contrato sin cumplimiento de requisitos legales.El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce (12) años.
"Artículo 413.Prevaricato por acción.El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años."
- Desconocimiento del fuero constitucional existente en relación con el acto administrativo y el contrato estatal, lo que implica violación del debido proceso.
- Carencia de tipicidad de los delitos de celebración indebida de contratos, en el trámite, en la celebración y en la liquidación y en el de prevaricato por acción.
Se pregunta el demandante, respecto de los actos administrativos "¿cómo se puede discutir por los fiscales y los jueces penales su legalidad y la legalidad del contrato así ajustado entre la entidad estatal y el licitante vencedor, si la legalidad de los actos administrativos de la actuación administrativa contractual y del contrato se presume y, si su anulación únicamente la puede declarar la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no el Fiscal ni los jueces penales, puesto que no integran la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sino la Ordinaria "
La respuesta, al decir del actor, conduce necesariamente a la existencia de la violación al debido proceso de los textos demandados, principio establecido en el artículo 29 de la Constitución, que señala el respecto estricto del principio de legalidad, en cuanto a la carencia de tipicidad de la norma penal frente a la ley de contratación, que está consagrada en la Ley 80 de 1993. Si bien esta Ley consagra las reglas y principios a los que el ente estatal debe atenerse, sin embargo, no establece un procedimiento formal riguroso, sino pautas generales. Esta situación lleva al actor a preguntarse, también, ¿cuáles son respecto de los delitos de esta demanda, los requisitos legales esenciales, cuáles los legalmente accidentales y cuáles los legalmente naturales , puesto que los delitos en mención sólo se cometen por violación de los requisitos legales esenciales, dejándose al criterio del funcionario judicial establecerlos a su amaño.
El señor Procurador General de la Nación, en el concepto Nro. 2515, del 17 de abril de 2001, solicitó a la Corte declararexequibles los artículos 146 y 149 de la Ley 100 de 1980 y los artículos 410 y 413 de la Ley 599 de 200, respecto de los cargos de la demanda.
Para explicar las diferencias entre una y otra jurisdicción, el señor Procurador señala : "… el núcleo esencial en el proceso penal es la verificación de la existencia de una infracción a la ley penal y la determinación de quienes son responsables de ella, es decir, en él, fundamentalmente, se realiza un juicio de responsabilidad del sujeto, más no de legalidad sobre el acto administrativo o contrato estatal, como sí lo hace la jurisdicción contenciosa, en donde mediante las acciones de nulidad se aborda directamente este estudio, cuyo objetivo central es determinar y declarar mediante providencia judicial la legalidad o no del acto de la administración, labor que, como lo indicó la Corte Constitucional (sentencia C-037 de 1996), es monopolio de la jurisdicción contenciosa, pues es ésta la única competente paradeclarar si un acto de la administración se ajusta a la ley o no, e incluso disponer la suspensión de sus efectos, por mandato expreso del artículo 238 de la Carta."
A pesar de la extensión de los argumentos expuestos por el actor, son dos los cargos de la demanda, que se pueden resumir así : el legislador violó la Constitución al atribuirles a los fiscales y jueces penales declarar la ilegalidad, nulidad o ilicitud de los actos administrativos, cuando adelantan, juzgan y deciden si el servidor público tramitó un contrato administrativo sin el cumplimiento de requisitos legales esenciales, o si profirió resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, pues, declarar tal ilegalidad, nulidad o ilicitud corresponde únicamente al juez contencioso administrativo, por disposición constitucional. En esta clase de delitos, la justicia penal, sólo adquiere competencia para conocer de la conducta delictiva cuando exista la declaración correspondiente del juez contencioso administrativo. Es decir, se está ante una prejudicialidad, que si no se respeta, viola el ordenamiento jurídico, y todos los artículos constitucionales que el actor menciona en su demanda : artículos 1, 2, 3, 4, 6, 28, 29, 89, 113, 114, 115, 116, 121, 121, 122, 123, 150 numerales 1, 2, 23, 152 b), 209, 228, 230, 236, 237, 238, 243, 250 de la Constitución Política y el artículo 48 de la Ley 270 de 1996, ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Dice que el legislador no tiene facultad constitucional para desquiciar tal ordenamiento jurídico, atribuyéndole competencia jurisdiccional a quien, según la Constitución, no la tiene.
Para lo que interesa en esta demanda, referida a la responsabilidad penal del servidor público, respecto de los delitos contra la administración pública, hay que recordar que su base constitucional se encuentra en los principios establecidos en el artículo 209 de la Carta, así : "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, (…)"
"Es por ello que el tratamiento que se da en uno y otro caso difiere, por ejemplo, en cuanto a las disposiciones legales aplicables. Así, mientras las normas penales regulan el comportamiento personal del funcionario sindicado y su juzgamiento se somete al ordenamiento procesal penal, las normas y principios que rigen la responsabilidad extracontractual de la administración se aplicarán en el caso de que se presente una falla en el servicio que a aquella le corresponde prestar. Así las cosas, es fácil comprender que según la conducta del funcionario y las circunstancias mismas del hecho, las disposiciones que se aplican en cada caso son diferentes. La actuación penal del agente la rige el Código Penal, en tanto que la actuación de la administración la regula el ordenamiento administrativo. Obviamente, de ese distinto tratamiento normativo dimana el que, por norma general, no se presente prejudicialidad de la decisión penal en el fallo administrativo y que, consecuencialmente, se presenten casos en los que a pesar de existir una sentencia penal absolutorio, se dé respecto de los mismos hechos un fallo administrativo condenatorio, o viceversa. (…)
"Artículo 162. El funcionario o empleado público, que al intervenir por razón de su cargo en la celebración de algún contrato o licitación pública, en la liquidación de efectos o haberes públicos, o en el suministro de los mismos, se concertare con los interesados o especuladores para obtener determinado resultado, o usare de cualquier maniobra o artificio conducente a ese fin, incurrirá en prisión de uno a ocho años" (Código Penal de 1936). En el artículo 167 del mismo Código, la conducta también comprende al "funcionario o empleado público o el que transitoriamente desempeñe funciones públicas, que directa o indirectamente se interese en provecho propio en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo, incurrirá (…)"
En cuanto al prevaricato por acción, artículo 149, lo mismo que en el caso anterior, también fue modificado por la Ley 190 de 1995, y está establecido en el nuevo Código Penal, en el artículo 413, al que se le introdujo la expresión "concepto", que no tiene el artículo 149 en su estructura y se aumentó el valor de la multa. El prevaricato por acción establece que "El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto (este último término en el nuevo Código Penal) manifiestamente contrario a la ley, incurrirá …"
Quinto.Tipos penales en blanco.
Concepto reiterado en la sentencia C-404 de 2001, al analizar la Corte la existencia de infracciones en materia disciplinaria incompletas y las normas penales en blanco. En esta sentencia se señaló : "Por lo tanto la tipicidad en las infracciones disciplinarias se establece por la lectura sistemática de la norma que establece la función, la orden o la prohibición y de aquella otra que de manera genérica prescribe que el incumplimiento de tales funciones, órdenes o prohibiciones constituye una infracción disciplinaria.[1] Esta forma de definir la tipicidad a través de normas complementarias, es un método legislativo que ha sido denominado el de las normas en blanco. Estas consisten en descripciones incompletas de las conductas sancionadas, o en disposiciones que no prevén la sanción correspondiente, pero que en todo caso pueden ser complementadas por otras normas a las cuales remiten las primeras. Sobre los tipos en blanco, la Corte ha dicho esas descripciones penales son constitucionalmente válidas, siempre y cuando el correspondiente reenvío normativo permita al intérprete determinar inequívocamente el alcance de la conducta penalizada y de la sanción correspondiente." (M.P., doctor Gerardo Monroy Cabra)
Declararexequibles los artículos 146 y 149 del Código Penal del Decreto ley 100 de 1980 y 410 y 413 de la Ley 599 de 2000 "Por la cual se expide el Código Penal", por los cargos examinados.
Exequible Artículo 146 DECRETO_100_1980_23/01/1980
Exequible Artículo 149 DECRETO_100_1980_23/01/1980
Exequible por el cargo analizado ... Artículo 410 LEY_599_2000_24/07/2000
Exequible por el cargo analizado ... Artículo 413 LEY_599_2000_24/07/2000
PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEL DELITO-Vulneración/CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES-Vulneración de la legalidad del delito (Salvamento de voto)
TEORIA DE LOS CONTRATOS-Elementos esenciales (Salvamento de voto)
TIPO PENAL-No definición de requisitos legales (Salvamento de voto)
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Derogación de norma (Salvamento de voto)
PRINCIPIO TEMPUS REGIT ACTUS-Alcance (Salvamento de voto)
1. Contratos sin cumplimiento de los requisitos legales.
2. Técnica del control de constitucionalidad que se utilizó.