Source: https://es.scribd.com/doc/18600321/LEY-CONTRA-EL-SECUESTRO-Y-LA-EXTORSION
Timestamp: 2018-05-26 11:28:06
Document Index: 143145508

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'artículo 3', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'artículo 39', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'artículo 11', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32']

Descripción: LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DECRETA la siguiente, LEY CONTRA EL SECUESTRO Y LA EXTORSIÓN
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DECRETA la siguiente, LEY CONTRA EL SECUESTRO Y LA EXTORSIÓN
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DECRETA la siguiente, LEY CONTRA EL SECUESTRO Y LA EXTORSIÓN CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Objeto
de la Ley Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto prevenir, tipificar y sancionar los delitos de secuestro y extorsión, y garantizar la protección de la integridad física de las víctimas y sus bienes. Ámbito de aplicación Artículo 2. La presente Ley es aplicable a las personas que perpetren las conductas tipificadas como delito de secuestro o extorsión en el espacio geográfico de la República Bolivariana de Venezuela contra los ciudadanos venezolanos o extranjeros y las ciudadanas venezolanas o extranjeras que en ella se encuentren, o cuando sean ejecutadas contra sus derechos, intereses o bienes que se encuentren dentro o fuera del espacio geográfico de la República Bolivariana de Venezuela. CAPÍTULO II DEL SECUESTRO Secuestro Artículo 3. Quien ilegítimamente prive de su libertad, retenga, oculte, arrebate o traslade a una o más personas, por cualquier medio, a un lugar distinto al que se hallaba, para obtener de ellas o de terceras personas dinero, bienes, títulos, documentos, beneficios, acciones u omisiones que produzcan efectos jurídicos o que alteren de cualquier manera sus derechos a cambio de su libertad, será sancionado o sancionada con prisión de veinte a treinta años. Incurrirá en la misma pena cuando las circunstancias del hecho evidencien la existencia de los supuestos previstos en este artículo, aun cuando el perpetrador o perpetradora no haya solicitado a la víctima o terceras personas u obtenido de ellas dinero, bienes, títulos, documentos, beneficios, acciones u omisiones que produzcan efectos jurídicos o que alteren de cualquier manera sus derechos a cambio de la libertad del secuestrado o secuestrada.
Simulación de secuestro Artículo 4. Quien simule estar secuestrado o secuestrada con el propósito de obtener dinero, bienes, títulos, documentos, beneficios, acciones u omisiones de parientes o parientas consanguíneos o afines, cónyuge, concubina o concubino, adoptante o adoptado, empresas, funcionarios públicos o funcionarias públicas o particulares, será sancionado o sancionada con prisión de cinco a diez años. Secuestro con fines políticos, conmoción o alarma Artículo 5. Quien secuestre a una o más personas como parte de una conspiración contra la integridad de la Nación o sus instituciones, o con la finalidad de atentar contra la estabilidad de los órganos del Poder Público, dar publicidad o propaganda a una causa política, ideológica o religiosa, o para generar conmoción o alarma pública, será sancionado o sancionada con prisión de veinte a treinta años. Igual pena será aplicada para quienes perpetren el delito establecido en este artículo en asociación con país o repúblicas extranjeras, enemigos exteriores, grupos armados irregulares o subversivos. Secuestro breve Artículo 6. Quien secuestre por un tiempo no mayor de un día a una o más personas, para obtener de ellas o de terceras personas dinero, bienes, títulos, documentos, beneficios, acciones u omisiones que produzcan efectos jurídicos o que alteren de cualquier manera sus derechos a cambio de su libertad, será sancionado o sancionada con prisión de quince a veinte años. Si la víctima es rescatada dentro del tiempo señalado en este artículo por la acción de las autoridades competentes y sin que la liberación se produzca como consecuencia de la negociación con las autoridades, se aplicará la pena establecida en el artículo 3 de esta Ley. Secuestro en medios de transporte Artículo 7. Quien secuestre a los o las ocupantes de naves, aeronaves, vehículos o cualquier otro tipo de transporte, con el fin de trasladarlos o trasladarlas en el mismo medio a un lugar distinto al de su destino, alterar su ruta o ejercer su control, será sancionado o sancionada con prisión de quince a veinte años. Secuestro para canje de personas Artículo 8. Quien secuestre a una o más personas para exigir la liberación de personas sujetas a una medida cautelar de privación judicial preventiva de libertad, o que se encuentren sentenciados o sentenciadas o condenados o
condenadas como autores o autoras, cómplices, cooperadores o cooperadoras de cualquier delito, será sancionado o sancionada con prisión de diez a quince años. Alistamiento Forzoso Artículo 9. Quien, mediante amenaza o engaño, retenga, oculte, arrebate o traslade por cualquier medio a una o más personas para realizar un alistamiento forzoso, con el fin de formar parte de grupos armados irregulares, será sancionado o sancionada con prisión de quince a veinte años. Agravantes Artículo 10. Las penas de los delitos previstos en los artículos anteriores serán aumentadas en una tercera parte, cuando: 1. La víctima fuere niño, niña o adolescente, adulto o adulta mayor, personas con discapacidad física o mental, mujeres en estado de gravidez o personas que padezcan enfermedades que comprometan su vida. 2. Se hayan ejercido actos de tortura o violencia física, sexual o psicológica en contra del secuestrado o secuestrada, o de cualquier otra forma hayan menoscabado sus derechos humanos. 3. Se hayan cometido contra funcionarios o funcionarias de elección popular, magistrados o magistrados, jueces o juezas del Poder Judicial, ministros o ministras, Procurador o Procuradora General de la República, el o la Fiscal General de la República, los o las fiscales del Ministerio Público, Contralor o Contralora General de la República, Defensor o Defensora del Pueblo, rectores o rectoras del Poder Electoral, los o las integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en situación de actividad y en el ejercicio de sus funciones, funcionarios o funcionarias de los cuerpos y órganos de seguridad ciudadana, jefes o jefas de misiones diplomáticas o consulares debidamente acreditados o acreditadas en el país, y de sus respectivos familiares dentro del tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad. 4. La persona secuestrada sea trasladada a territorio extranjero. 5. Es perpetrado contra un o una pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, cónyuges o concubinos o concubinas, o aprovechando la confianza dada por la víctima al autor o autora. 6. Es cometido usando ilícitamente uniformes de las autoridades del Estado, hábito religioso o disfraz, en ocasión a la confianza que genera su investidura. 7. Por causa o consecuencia del secuestro sobrevenga la muerte de la víctima. 8. El secuestro se prolongue por un tiempo mayor de tres días.
9. Se hubiere cometido en lugar despoblado, rural o fronterizo. 10. La víctima sea entregada a un tercero o a un grupo delictivo a cambio de un beneficio. 11. Es cometido por funcionarios públicos o funcionarias públicas en el ejercicio de sus funciones. 12. Es cometido mediante amenazas, sevicia, engaño o venganza. 13. Es cometido en zonas de seguridad establecidas en la ley respectiva. 14. La víctima es sometida a la mendicidad, prostitución o trabajo forzado. 15. Es cometido para garantizar la huida o la impunidad de un hecho punible perpetrado con anterioridad al del secuestro. 16. Es cometido con armas de guerra. Sección primera: De los Cómplices Cómplices Artículo 11. Quien traslade correspondencias, realice actividades de investigación a favor de los secuestradores, efectúe llamadas telefónicas, ejecute comunicaciones radioeléctricas, envíe mensajes de cualquier naturaleza, proporcione sus conocimientos para sí o para terceros, aporte recursos o practique cualquier actividad destinada a facilitar la perpetración de los delitos previstos en el presente Capítulo, será sancionado o sancionada con la pena correspondiente al tipo de secuestro perpetrado rebajada en una cuarta parte. Cuando los supuestos establecidos en este artículo sean perpetrados por personas jurídicas, serán sancionadas con las multas previstas en las leyes que regulen la materia. Cuando el cómplice informe inmediatamente a la autoridad competente la realización de cualquiera de las actividades establecidas en este artículo, la pena prevista será rebajada en un tercio. Sección segunda: De los Beneficios de la Víctima y de sus Familiares Protección personal Artículo 12. El Ministerio Público podrá ordenar a las autoridades competentes, por el tiempo que considere necesario y solo cuando prevalezcan circunstancias que permitan determinar la existencia de una amenaza cierta de secuestro, la protección personal a cualquier ciudadano o ciudadana.
Cuando circunstancias urgentes así lo exijan, las autoridades competentes deberán brindar la protección personal establecida en este artículo, comunicando al Ministerio Público dentro de las doce horas siguientes la protección realizada. Asistencia psicológica y psiquiátrica Artículo 13. Sin perjuicio de la asistencia psicológica y psiquiátrica a que tengan derecho el secuestrado o secuestrada y su núcleo familiar, durante y después del secuestro el Estado promoverá el desarrollo de programas de asistencia psicológica y psiquiátrica con el fin de lograr su recuperación psicosocial. Especial atención merecerán en estos programas los niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas del delito de secuestro. Sección tercera: Atenuante del Delito de Secuestro Atenuante por colaboración Artículo 14. Cuando el perpetrador o perpetradora de los delitos previstos en el presente Capítulo, libere voluntariamente a la persona secuestrada en un tiempo no superior a veinticuatro horas, sin lograr el fin que se proponía y sin causar daño alguno, la pena aplicable será reducida a una cuarta parte. Sección cuarta: De la Protección de los Bienes de la Víctima Declaración de bienes Artículo 15. El Ministerio Público, al tener noticia cierta de la comisión de alguno de los delitos previstos en el presente Capítulo, solicitará el inventario de los bienes de la persona secuestrada, de su cónyuge, concubino o concubina y demás parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Los familiares de la víctima anteriormente citados deberán presentar ante el Ministerio Público, bajo juramento, una declaración de sus bienes y los del secuestrado o secuestrada. Protección de bienes Artículo 16. El Ministerio Público, una vez elaborado el inventario de bienes señalados en el artículo anterior, realizará las actuaciones útiles y necesarias para proteger el patrimonio de las víctimas de los delitos previstos en el Capítulo II de la presente Ley. Para tal finalidad, el Ministerio Público acordará con los familiares de las víctimas las sumas de dinero que correspondan a sus gastos ordinarios y aquellos necesarios para el ejercicio de sus actividades económicas o laborales, limitando cualquier gasto que exceda lo acordado.
De igual manera quedará limitada la compra o venta de bienes muebles e inmuebles ante notarías y registros públicos. El Ministerio Público notificará al órgano encargado de la inspección, supervisión, vigilancia, regulación y control de los bancos, entidades de ahorro y préstamo, y otras instituciones financieras, las sumas de dinero acordadas con los familiares de la víctima, así como a las notarías y registros públicos los bienes muebles e inmuebles contenidos en el inventario presentado bajo fe de juramento. Obligación de entidades bancarias y financieras Artículo 17. Las entidades bancarias o financieras, debidamente notificadas, están en la obligación de informar al Ministerio Público las solicitudes de préstamos o retiros de sumas de dinero, realizados por el o la cónyuge o concubino o concubina y demás parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad de las víctimas de los delitos previstos en el presente Capítulo, que excedan los recursos necesarios para sus gastos ordinarios o para desarrollar sus actividades económicas y laborales. Las entidades bancarias o financieras que incumplan con la obligación prevista en este artículo serán sancionadas de conformidad con la ley que regula la materia. CAPÍTULO III DE LA EXTORSIÓN La extorsión Artículo 18. Quien por cualquier medio capaz de generar violencia, engaño, alarma o amenaza de graves daños contra personas o bienes, constriña el consentimiento de una persona para ejecutar acciones u omisiones capaces de generar perjuicio en su patrimonio o en el de un tercero, o para obtener de ellas dinero, bienes, títulos, documentos o beneficios, serán sancionados o sancionadas con prisión de diez a quince años. Incurrirá en la misma pena cuando las circunstancias del hecho evidencien la existencia de los supuestos previstos en este artículo, aún cuando el perpetrador o perpetradora no haya obtenido de la víctima o de terceras personas dinero, bienes, títulos, documentos o beneficios, acciones u omisiones que alteren de cualquier manera sus derechos. Extorsión por relación especial Artículo 19. Quien se valga de una relación contractual, gremial, laboral o de confianza para extorsionar a una persona con el fin de obtener de ella o de terceras personas, dinero, títulos, bienes, documentos, beneficios, acciones u
omisiones capaces de generar perjuicio a su honor, reputación, patrimonio o a la eficacia y eficiencia de la Administración Pública, será sancionado o sancionada con prisión de ocho a quince años.
Cambio Ilícito del curso de naves y aeronaves u otro medio de transporte Artículo 20. Quien por cualquier medio de extorsión capaz de generar violencia, engaño, alarma o amenazas de graves daños contra personas o bienes, constriña el consentimiento de una persona para cambiar el curso de aeronaves, naves o cualquier otro medio de transporte colectivo, de carga o particular con el fin de trasladarlos a un lugar distinto al de su destino o alterar su ruta, será sancionado o sancionada con prisión de quince a veinte años. Agravantes Artículo 21. Las penas de los delitos previstos en los artículos anteriores serán aumentadas en una tercera parte, cuando: 1. La víctima fuere niño, niña o adolescente, adulto o adulta mayor, personas con discapacidad física o mental, mujeres en estado de gravidez o personas que padezcan enfermedades que comprometan su vida. 2. Se hayan ejercido actos de tortura o violencia física, sexual o psicológica en contra de la víctima, o de cualquier otra forma hayan menoscabado sus derechos humanos. 3. Se hayan cometido contra funcionarios o funcionarias de elección popular, magistrados o magistrados, jueces o juezas del Poder Judicial, ministros o ministras, Procurador o Procuradora General de la República, el o la Fiscal General de la República, los o las fiscales del Ministerio Público, Contralor o Contralora General de la República, Defensor o Defensora del Pueblo, rectores o rectoras del Poder Electoral, los o las integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en situación de actividad y en el ejercicio de sus funciones, funcionarios o funcionarias de los cuerpos y órganos de seguridad ciudadana, jefes o jefas de misiones diplomáticas o consulares debidamente acreditados o acreditadas en el país, y de sus respectivos familiares dentro del tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad. 4. Se cometa para causar conmoción o alarma pública. 5. Es perpetrado contra un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, cónyuges o concubinos o concubinas, o aprovechando la confianza dada por la víctima al autor o autora. 6. Es cometido usando ilícitamente uniformes de autoridades del Estado, hábito religioso o disfraz o en ocasión a la confianza que genera su investidura. 7. Es cometido por funcionarios públicos o funcionarias públicas, en el ejercicio de sus funciones.
8. Es cometido con armas de guerra.
CAPÍTULO IV DISPOSICIONES COMUNES Beneficios procesales y prescripción Artículo 22. Quienes incurran en los delitos de secuestro o extorsión quedan excluidos o excluidas de los beneficios procesales, salvo las excepciones establecidas en esta Ley. La aplicación de la suspensión condicional de la pena y demás fórmulas alternativas del cumplimiento de la pena, solo podrá ser concedida una vez cumplida las tres cuartas partes de la pena impuesta. Para los delitos establecidos en esta Ley sólo se aplicará la prescripción ordinaria. Colaboración en la investigación penal Artículo 23. Los autores o autoras, cooperadores o cooperadoras, cómplices o encubridores o encubridoras de los delitos tipificados en la presente Ley que colaboren eficazmente con las autoridades competentes, para lograr la frustración o el esclarecimiento del delito investigado, la aprehensión de otros autores o autoras, cooperadores o cooperadoras, cómplices o encubridores o encubridoras, la liberación de la persona o personas secuestradas o evitar que se realicen otros delitos, se les podrá suspender el ejercicio de la acción penal. El Ministerio Público suspenderá el ejercicio de la acción penal conforme con las formalidades previstas en el artículo 39 del Código Orgánico Procesal Penal. El proceso penal será reanudado respecto al informante arrepentido o arrepentida y la rebaja de la pena establecida para estos casos será aplicada cuando las informaciones suministradas hayan satisfecho las expectativas por las cuales se suspendió el ejercicio de la acción penal. Eximente de sanción para operaciones encubiertas Artículo 24. Los ciudadanos autorizados y ciudadanas autorizadas por el Tribunal de Control y los funcionarios públicos o funcionarias públicas pertenecientes a unidades especializadas sobre los delitos previstos en esta Ley, que se encuentren infiltrados o infiltradas entre los autores o autoras, cooperadores o cooperadoras, cómplices o encubridores o encubridoras, quedan exentos o exentas de responsabilidad penal por el uso y mantenimiento de identidad falsa, creada para la realización de las operaciones encubiertas. Las acciones derivadas de las operaciones encubiertas deberán ser coordinadas con el Ministerio Público.
Las operaciones encubiertas establecidas en este artículo y su eximente de responsabilidad penal, excluyen la posibilidad de alterar registros, archivos o libros públicos para la creación de la identidad falsa. Retención o confiscación de bienes Artículo 25. Los bienes muebles o inmuebles empleados o provenientes de la perpetración de los delitos tipificados en esta Ley, serán puestos a la orden del Ministerio Público, para la investigación penal. Los bienes muebles e inmuebles y las rentas generadas por éstos, que sean confiscados mediante sentencia firme, serán destinados con exclusividad a la formación, capacitación y adiestramiento del personal integrante de las unidades especializadas, así como a la adquisición de equipos técnicos y científicos destinados a la prevención e investigación de los delitos tipificados en esta Ley. El Ejecutivo Nacional, a través del ministerio del poder popular con competencia en materia de seguridad ciudadana, será el órgano encargado de administrar y destinar estos recursos. Incremento patrimonial Artículo 26. Quien obtenga, directa o indirectamente, para sí o para terceros incremento patrimonial proveniente de la perpetración de los delitos tipificados en esta Ley, será sancionado o sancionada con prisión de veinte a veinticinco años. Inhabilitación para ejercer funciones públicas Artículo 27. Quien haya cumplido la pena por los delitos previstos en esta Ley, queda inhabilitado o inhabilitada para ejercer funciones públicas por un término de quince años. Prohibiciones de otorgamiento de créditos, fianzas y avales Artículo 28. Queda prohibido todo crédito, fianza, aval o cualquier suministro de recurso destinados o destinadas al pago para la liberación de secuestrados o secuestradas o el pago de extorsiones. Quienes incumplan el contenido de esta norma, serán sancionados o sancionadas conforme con lo establecido en el artículo 11 de la presente Ley. De las empresas de seguros y reaseguros Artículo 29. Se prohíbe todo contrato de seguro o reaseguro nacional o extranjero que contemple pólizas de pago para la liberación de la víctima o familiares de ésta por los delitos contemplados en el Capítulo II de la presente Ley.
CAPÍTULO V DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES Autoridades competentes Artículo 30. Son autoridades competentes de investigación penal y de prevención de los delitos tipificados en la presente Ley, bajo la dirección del Ministerio Público: 1. Autoridades competentes de investigación penal: a) El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C.). b) Los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dentro de los límites de su competencia. 2. Autoridades competentes de apoyo en materia de secuestro y extorsión: a) Cuerpos de policía nacional, estadal, municipal y comunal, dentro del límite de sus competencias. Las autoridades competentes señaladas en el presente artículo, crearán en sus respectivas dependencias unidades especializadas de prevención e investigación de los delitos tipificados en esta Ley. Las autoridades competentes, inmediatamente después de haberse presentado una denuncia formal de secuestro o extorsión, deberán practicar las diligencias necesarias y urgentes para identificar y ubicar a los autores o las autoras y demás partícipes. Sección primera: De la obligación con las autoridades competentes Obligación de suministrar información Artículo 31. Las empresas u organismos públicos o privados que presten servicios de telecomunicaciones, bancarios o financieros, están obligados a suministrar las informaciones requeridas por el Ministerio Público o, cuando por razones de necesidad o urgencia, sean solicitadas por las autoridades competentes, las cuales deberán ser suministradas en el plazo requerido o en tiempo real. En caso de omitir el suministro de la información en el tiempo indicado o de suministrar una información no veraz, el Ministerio Público ejercerá las acciones conducentes para aplicar las sanciones establecidas en las leyes respectivas, y en caso de reincidencia la pena a aplicar deberá ser aumentada en una tercera parte. Las empresas u órganos o entes públicos o privados que presten servicios de telecomunicaciones, crearán unidades permanentes de veinticuatro horas y de
siete días a la semana encargadas de procesar y suministrar en tiempo real las informaciones requeridas por el Ministerio Público o las autoridades competentes. Para los efectos de este artículo se entiende por información en tiempo real, aquella que pueda ser suministrada al Ministerio Público o a las autoridades competentes, de manera inmediata al momento en que el hecho objeto de investigación se encuentre en desarrollo. Obligatoriedad de denunciar Artículo 32. Salvo las excepciones establecidas en la ley, toda persona está obligada a denunciar ante el Ministerio Público o demás autoridades competentes la comisión de los delitos tipificados en esta Ley su omisión será sancionada de acuerdo con lo establecido en el Código Penal. DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA: Se derogan todas las disposiciones que sobre los delitos tipificados en la presente Ley estén previstas en otras leyes. DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA: La presente Ley entrará en vigencia el mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los catorce días del mes de agosto de dos mil ocho. Año 198º de la Independencia y 149º de la Federación. CILIA FLORES Presidenta de la Asamblea Nacional
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