Source: https://www.scribd.com/document/156064042/Primero
Timestamp: 2019-04-20 20:44:43
Document Index: 385665640

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querella admin. laboral
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Jurisprudencia Sobre La Prescripcion de La Sancion Laboral
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MATERIA: CATEDRÁTICO: ALUMNO: TEMA TESINA:
TEORÍA DE LA CONSTITUCIÓN. DR. EDUARDO VELÁZQUEZ MARTÍNEZ. PAULINA VÁZQUEZ CONTRERAS. “CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DE LA FRACCIÓN XIII DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MÉXICANOS”.
MÉXICO, D.F., A 18 DE JULIO DE 2012
PAULINA VÁZQUEZ CONTRERAS
“RÉGIMEN LABORAL” 2 8 10
RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DERECHO COMPARADO
“ASPECTOS JURISDICCIONALES” 14 16 18 21
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA CRITERIOS JURISDICCIONALES
“DERECHOS HUMANOS” 25 27 30 31
LIBERTAD SINDICAL NEGACIÓN DE RÉGIMEN LABORAL AUSENCIA DE REGLAMENTACIÓN TÉRMINO DEL CONTRATO DE TRABAJO
Las consecuencias de la aplicación de la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se va a desarrollar en el presente trabajo, es una de las actividades exigidas dentro de la formación académica de la asignatura Instrucción Magisterial. En el primer capítulo, vamos a tratar de forma sucinta el régimen laboral especial bajo el cual se encuentran sometidos por mandato Constitucional, los militares, marinos, personal del servicio exterior, Ministerios Públicos y cuerpos de seguridad pública, federal, estatal y municipal, se observará como las normas específicas de cada uno de estos Servidores Públicos, determinarán los aspectos “laborales” y de seguridad social, así como los aspectos de Responsabilidad administrativa. En el segundo capítulo, se observará la forma en que los “Tribunales Administrativos” y las áreas especializadas en la materia administrativa, del Poder Judicial de la Federación, con sus resoluciones, han perjudicado o ayudado (dependiendo del punto de vista), en la relación que sostiene este tipo de Servidor Público con el Estado. En el tercer capítulo, se analizará desde el punto de vista de los derechos humanos, la relación que sostienen los Servidores Públicos excluidos de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 Constitucional, así como una ligera comparativa con otros países que otorgan el derecho de asociación a los miembros de los cuerpos de seguridad pública y a los militares.
En consecuencia. J. se fijan las bases para la regulación de los derechos de los trabajadores al servicio del Estado. Trabajador es “toda persona que preste un servicio físico. Miguel. El personal de carrera tiene el carácter de permanente y comprende la rama diplomático-consular y la rama técnico-administrativa. temporal y asimilado. El personal temporal desempeña funciones específicas por un plazo 1 2 Acosta Romero. parte general. Por lo que abordaremos a grandes rasgos sus principales características: A. servidor público es quien presta sus servicios al Estado. Este cuerpo está integrado por personal de carrera. “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Servicio Exterior. Acosta Romero 1 indica que es el documento por el que se designa a una persona. éste. su desempeño se basa en los principios de preparación. cargo o empleo determinado. y tres años después fue aprobada la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 2. Eduardo. lo anterior en términos del artículo 3 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE).PAULINA VÁZQUEZ CONTRERAS 18 de junio de 2013 CAPÍTULO PRIMERO “RÉGIMEN 1 LABORAL” RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL. competencia. en virtud de nombramiento expedido o por figurar en las listas de raya de los trabajadores temporales”. en 1938 el presidente Lázaro Cárdenas determinó que la relación entre el Estado y sus servidores sería una relación de trabajo y expidió el Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado. Pág. Andrade Sánchez. con el propósito de atender algunas de las atribuciones. para ocupar un puesto. Al referirse a nombramiento desde una perspectiva formal. intelectual o de ambos géneros. es un acto jurídico mediante el cual se designa a una persona como servidor público para el cumplimiento de ciertas funciones. Comentada”. estos servidores carecen de las protecciones establecidas para los trabajadores de base. Para fines laborales. por exclusión expresa de la fracción XIII que regula lo anterior. 2 . 270. En el apartado B del artículo 123 Constitucional. por autoridad competente. agentes del Ministerio Público. funciones o tareas legalmente asignadas a aquél. Aquí se encuentra un dato importante para diferenciar el derecho burocrático del derecho laboral en general: el “ nombramiento”. capacidad y superación constante. marinos. No fue sino hasta 1960 que se aprobó la adición del apartado B del artículo en referencia. los cuales se encuentran excluidos del régimen de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE). En 1941 fue sustituido por uno nuevo expedido por el presidente Ávila Camacho. Porrúa. peritos y miembros de las instituciones policiales. servicios o actividades. como son: los militares. Así. la propia Constitución se refiere a otros servidores públicos que desarrollan funciones específicas. personal del servicio exterior. “Compendio de Derecho Administrativo”.
que señala derechos y prestaciones de los miembros de este cuerpo durante su permanencia en comisión oficial en el extranjero. en sus respectivas competencias. las encargadas de la protección a las instalaciones y a los servicios estratégicos del país. el orden y la paz públicos. el Ministerio Público. La seguridad pública –dispone el artículo 21 constitucional. que establece inmunidad de éstos agentes en el Estado receptor. cuentan con días de descanso obligatorio. la ejecución de penas y el tratamiento de menores infractores. en la Ley del Servicio Exterior Mexicano (LSEM). La protección internacional del cuerpo diplomático y consular se recoge en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Policía Federal. comisiones y vacaciones. A sus miembros se les reconoce que la relación con este organismo y su personal se rige por la fracción XIII del Apartado B) del artículo 123 constitucional. por la Ley de la Policía Federal y otras disposiciones aplicables. del mismo año. incluso en los días de descanso obligatorio. la Federal de Caminos. con goce de prima vacacional. no será objeto de retenciones. las autoridades responsables de la prisión preventiva. fundamentalmente. así como preservar las libertades. Se les otorgan a los integrantes de esta institución: contraprestación económica uniforme e irreductible que aumentará de acuerdo con el salario mínimo. los tribunales. dependiente de la Secretaría de Gobernación. Tiene el fin -según la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. en la medida en que resulten relevantes para el tema que ahora abordamos: 1. de 1961. en igual sentido se pronuncia por lo que hace al personal consular. en caso de lesiones sufridas. B. el Distrito Federal. A continuación mencionaremos algunos derechos relacionados con organismos de seguridad pública. descuentos o deducciones. se constituyó la Comisión de Seguridad Nacional.PAULINA VÁZQUEZ CONTRERAS 18 de junio de 2013 definido. gozarán de dos periodos de vacaciones anuales. tendrán un día de 3 . Desde el inicio del sexenio del Lic. salvo casos específicos. Esta función se lleva a cabo a través de la policía. los Estados y los Municipios. Enrique Peña Nieto. que asumió.es una función a cargo de la Federación.de salvaguardar la integridad y derechos de las personas. la remuneración se hará de conformidad con la LISSSTE. mientras que el personal asimilado está compuesto por funcionarios y agregados a misiones diplomáticas y representaciones consulares. cuando gocen de permisos. El régimen jurídico nacional aplicable a estos servidores está contemplado. atribuciones correspondientes a las policías administrativas. de diez días cada uno cuando se tengan más de seis meses de antigüedad. la Convención de Viena sobre relaciones consulares. de manera gradual. Cuerpos de Seguridad Pública. se pagará cada quince días en moneda de curso legal. la de Migración y la Fiscal Federal. recibirán el importe íntegro de esta contraprestación. y otras que contribuyen a esta finalidad. se les pagará quinquenio.
los oficiales secretarios. En general. los peritos adscritos a los servicios respectivos. vacaciones licencias y descanso semanal. El personal que presta sus servicios en esta institución. a participar en la selección de miembros del Consejo de Honor y Justicia. trato digno y decoroso por parte de sus superiores jerárquicos. iniciado a instancia de un particular. de la policía judicial y peritos. se concederán licencias ordinarias. atención médica gratuita cuando sufran lesiones en cumplimiento de su deber. jornada de trabajo acorde con las necesidades del servicio. Auxiliar. los servidores públicos de la Institución están incorporados al régimen del ISSSTE. asesoría y defensa legal gratuitas. derechos de escalafón. a los agentes del Ministerio Público y de la Policía Judicial. en caso de embarazo. En los ordenamientos respectivos se establecen estímulos económicos derivados del desempeño. los servicios de seguridad social se otorgarán por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE). 4 . Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. extraordinarias y por enfermedad. con motivo de la prestación del servicio. son cuerpos de seguridad pública la Policía del Distrito Federal. capacitación y adiestramiento tendientes a convertir al titular en un policía de carrera. condecoraciones. entre otros. aguinaldo. así como el derecho a contar con equipo y uniforme. las mujeres gozarán de tres meses de descanso. 3. se les atribuye la calidad de trabajador de confianza. de acuerdo con las características del servicio que presten y suficiente para satisfacer las necesidades materiales. a sus auxiliares directos y suplementarios. La relación laboral del personal de la Procuraduría se rige por la LFTSE. se regirá por el Apartado B) del artículo 123 constitucional y la LFTSE. Agrupamientos. en caso de hallarse sujetos a prisión preventiva. integrada por la Policía de Proximidad. tienen los siguientes derechos: a un salario digno y remunerador. estímulos y recompensas cuando lo merezcan. reclusión en área especial para policías. 2. cuando se vean sujetas a un procedimiento civil o penal. Bancaria e Industrial. culturales y recreativas de un jefe de familia. respeto y atención por parte de la comunidad a la que sirven. Asimismo. en su caso. de Tránsito. formación profesional. sociales.PAULINA VÁZQUEZ CONTRERAS 18 de junio de 2013 descanso cuando menos por cada seis meses de trabajo. así como de dos descansos extraordinarios por día durante la lactancia. tienen derecho a ser integrados al Seguro de Ahorro para el Retiro (AFORE). Procuraduría General de la República. prestaciones de maternidad. por lo que se incorporan al régimen del ISSSTE. por otro lado. grados académicos y antigüedad de los agentes del Ministerio Público. Se refiere al personal del Ministerio Público Federal.
Los principios doctrinarios dieron nacimiento a la llamada Seguridad Social y al Derecho Social Castrense.. así como la Legislación Seguritaria Militar.. en el apartado “B” fracción XIII del artículo 123 de la Constitución. 3 4 Schroeder Codero. Su fundamento se encuentra. Fuerzas Armadas. Año 1976.PAULINA VÁZQUEZ CONTRERAS 18 de junio de 2013 C. llamados derechohabientes. El régimen de Seguridad Social Militar. 1077. En este trabajo sólo tocaremos lo relativo a las Normas sobre el trabajo y las Fuerzas Armadas. Iniciativa de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. así como una respuesta justa y a la vez razonable. A continuación se enlistan algunos de los principios laborales. como interdependencia recíproca o vinculación de todos aquellos que integran una comunidad organizada4. aparece principalmente contenido dentro de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (LISSFAM) y su reglamento respectivo.Legislación Seguritaria Militar. Fuerzas Armadas Mexicanas (FAM). “Concepto y contenido del Derecho Militar”. la primera concebida como una responsabilidad. 5 . que beneficiará a los integrantes del Ejército. es imposible para el instituto armado nacional. fundada en el más elevado concepto de solidaridad social. en los cuales. Pág. la Armada y la Fuerza Aérea Mexicanos. aún limitando el derecho de los individuos. ahora bien. para los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas. El Derecho Social Militar aparece contenido en la fracción XIII del apartado “B” del artículo 123 de la Constitución. asimismo. 1. numerosas disposiciones de índole social para beneficiar así al personal militar y a sus familiares. Memoria del Senado. establece que el Estado (patrón-laboral) proporcionará a los miembros del Instituto Armado las prestaciones de seguridad social que otorga al personal civil que labora para el Gobierno Federal. en el párrafo segundo de la fracción en comento. el cual preceptúa en su primer párrafo. Francisco. entendida ésta. en donde encontramos los diversos principios que regulan la actividad militar en su aspecto de trabajo (los llamados servicios de armas o económicos) y las normas referentes al régimen de Seguridad Social para el Personal de las Fuerzas Armadas y sus derechohabientes. las normas de derecho han tenido primordialmente a lograr el beneficio de la sociedad.El Profesor Schroeder Cordero 3 afirma que las fuerzas armadas mexicanas influenciadas por la doctrina de la socialización del Derecho. disposiciones legales que regulan casi todas las prestaciones sociales para el personal militar y sus familiares. han incorporado a su marco normativo. el hecho de permanecer ajeno a la evolución jurídica y social sufrida por la colectividad nacional en los últimos tiempos. que el personal de las Fuerzas Armadas Nacionales en el aspecto laboral se regirá por sus propias leyes.
El haber del personal militar. • A trabajo igual corresponderá salario igual. divididos en dos periodos. sólo sufre descuentos de índole fiscal. El personal disfruta de veinte días de vacaciones al año. sólo por la pérdida de6 un arma. los cuales jamás son disminuidos en tanto se encuentra en vigor el presupuesto autorizado para el Ejército. al salario mínimo vigente en el Distrito Federal. a partir de esa hora. en la actualidad. siempre es igual o mayor. mejor conocido como personal burocrático: • Jornada laboral. mismo que se establece anualmente. mismo que diariamente es relevado. respectivamente. por concepto de pensión alimenticia. la Armada de México y la Fuerza Aérea Mexicana. Los haberes del personal de las FAM. y descuentos administrativos. mismo que ostenta jerarquías que van desde marinero o soldado. por lo general el día domingo. hasta Almirante o General de División. respectivamente. dentro del Presupuesto General para el Poder Ejecutivo Federal. que ostenta una jerarquía determinada percibe exactamente el mismo haber que recibe el personal del sexo masculino de igual jerarquía y cargo. que es la última de la escala jerárquica militar. Dentro de las FAM. dependiendo de la jerarquía que ostente. en consecuencia el personal de sexo femenino. además disfruta de las llamadas licencias menores (días económicos).PAULINA VÁZQUEZ CONTRERAS 18 de junio de 2013 comparándolos con los de los trabajadores al servicio del estado. o la destrucción del equipo. retenciones o embargos al salario. cuando así lo ordena la autoridad judicial competente. deducciones. excepto que se encuentre de guardia o de comisión. El personal militar percibe haberes (retribución o salario para los miembros de las FAM). sin tener en cuenta el sexo. La norma constitucional previene que la jornada diaria máxima de trabajo será de ocho horas en el día y siete en la noche. en los casos previstos expresamente en la ley. Ya hemos asentado que normalmente el personal militar descansa un día a la semana. • Haberes fijos. • Vacaciones de veinte días por año. por concepto de pago de impuestos o por responsabilidades de esta índole. • Haberes iguales al salario mínimo. desde luego. por lo que respecta al personal de las jerarquías de soldado o marinero. descuentos o embargos. • Sólo podrán hacerse descuentos. . existe personal femenino y masculino. que en la Armada de México son de seis a doce días como máximo al año. Por cada seis días de trabajo se disfrutará de un día de descanso. el servicio lo realiza el personal de guardia. Días de descanso. atendiendo a las necesidades propias del servicio de las armas. los servicios o actividades que debe desarrollar el personal militar en las oficinas normalmente se realizan de las ocho de la mañana a las dieciséis horas de lunes a sábado.
jubilación. quedando agrupadas de la siguiente forma: para los militares y sus derechohabientes. Editorial Porrúa. los capacitan para desempeñar el grado inmediato superior. “Derecho Militar Mexicano”. Los derechos laborales de los militares son reales. así como los conocimientos adquiridos en cada jerarquía. es el derecho de asociación 5. ya que lo único que está prohibido. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Es un principio general del derecho que “todo aquél que cause un daño 5 Bermúdez Flores. En las FAM los ascensos se confieren atendiendo a la antigüedad. aptitudes y antigüedad. 260. la aptitud física. Renato de J. 132. ya que todos estos riesgos. así como los principios rectores de las Fuerzas Armadas. vejez y muerte. 58. sin embargo el concepto de disciplina no coincide con los principios gremiales y de asociación. ya que no existe un cuerpo legal militar donde se encuentren reunidos estos preceptos y menos aún un tribunal de naturaleza laboral que conozca de los conflictos que en la materia se susciten.PAULINA VÁZQUEZ CONTRERAS 18 de junio de 2013 • por negligencia demostrada en su conservación normal. Alejandro. 7 6 Carlos Espinoza. donde comprueban. asimismo las prestaciones que el Estado otorga a los militares y sus derechohabientes. Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón. como normas mínimas laborales para el personal burocrático. están previstos y protegidos por la LISSFAM. además de que el desempeño laboral del militar se encuentra a merced de las necesidades del servicio. invalidez. se cita a Alejandro Carlos Espinoza 6. “Apuntes de Derecho Militar”. que a la vez. 84. jerarquía y resultado de rigurosos exámenes. quien indica certeramente que los derechos laborales en el fuero de guerra son de carácter administrativo. características de la forma en que debe ser prestado el servicio. Por lo que se puede afirmar que el militar disfruta de nueve de los diez derechos que la Constitución establece. aparecen consignadas en el artículo 18 de citado cuerpo normativo. Como colofón. Pág. los derechos y obligaciones de los inherentes al militar se encuentran mezclados con disposiciones disciplinarias. En términos generales el personal militar se encuentra amparado respecto de los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales. las enfermedades no profesionales. 57. Editorial Porrúa.. maternidad. a fin de que los ascensos de otorguen en función de los conocimientos.Págs. . 131.
agentes del Ministerio Público y cuerpos de seguridad pública que se mencionan en dicha fracción. por lo que se puede observar que la propia Constitución ha hecho una excepción al régimen general establecido en el artículo 123. . Así pueden distinguirse los siguientes: 1. 3. empleos o comisiones. y 5. honradez. por la naturaleza del presente trabajo. Cabe mencionar que se ha establecido un solo caso de excepción respecto a la naturaleza de la relación trabajo que tiene que ver no con la falta. por la naturaleza y alcances que tiene el servicio público. que genera una diferenciación entre el común de los Trabajadores al Servicio del Estado y los militares. la inhabilitación para desempeñar un empleo. Política o constitucional. así. La existencia de sistemas de control y fiscalización de la Administración Pública es indispensable para la eficiencia y buen funcionamiento de cualquier régimen democrático. diferenciando esa responsabilidad de las penales y civiles a que también está sujeto. marinos. en la Ciudad de México. la cual. 4. sólo se abordara la responsabilidad de tipo administrativa. es independiente respecto de cualquier otro tipo de responsabilidad. por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación patrón trabajador. los actos u omisiones de los servidores públicos que vayan en demérito de la legalidad. 7 Por su parte. 2. se considera que se incurre en ésta. Esta garantía a favor de los gobernados se establece en distintos ámbitos de responsabilidad. Por lo que no podrá demandarse ninguna acción legal en la vía laboral cuando se trate de responsabilidad administrativa. imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus cargos. la amonestación pública o privada de los servidores públicos y sanciones económicas. Los medios de defensa contra las resoluciones administrativas que se dicten contra el servidor público que resulte responsable por la comisión de alguna de las conductas establecidas en la ley 7 Participación de la señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. personal del servicio exterior. esta obligación de reparar el daño puede tener distinta naturaleza y sujetos a quienes se debe reparar dependiendo si se trata de una responsabilidad civil o penal. darán lugar a responsabilidad administrativa. Civil. así pues. Laboral. la responsabilidad que tienen quienes se desempeñan en él es de tal envergadura que ha dado lugar a una forma de responsabilidad distinta a las tradicionales. Las sanciones administrativas previstas para este tipo son la suspensión o la destitución del puesto. Penal. sino con lo dispuesto por la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional. la responsabilidad administrativa de los servidores públicos surge como consecuencia del actuar ilícito de un funcionario. en la inauguración del 8 de Contraloría y Desarrollo Administrativo con ciclo de Conferencias organizado por la Secretaría motivo de la publicación de la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. apartado B.PAULINA VÁZQUEZ CONTRERAS 18 de junio de 2013 a otro debe resarcirlo”. Administrativa. el 21 de mayo de 2002. Respecto a la responsabilidad laboral. es decir de las derivadas de la prestación de servicios personales de forma subordinada. sin embargo. cargo o comisión en el servicio público.
son optativos entre interponer recurso de revocación o impugnar ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dicha resolución. cuando incurren en una responsabilidad administrativa aparte de las sanciones que indique la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. será el Código Federal de Procedimientos Civiles en materia de procedimiento y apreciación de pruebas. y su infiltración en las . De manera general. (diverso a la Inspección y Contraloría u Órgano Interno de Control) por violar las Leyes o estatutos disciplinarios respectivos. Ministerio Público y seguridad pública. bajo los criterios que la propia ley y su normatividad interna indique. se estableció que. DERECHO COMPARADO 9 Debido a los problemas con la delincuencia organizada. asimismo.PAULINA VÁZQUEZ CONTRERAS 18 de junio de 2013 que dan lugar a responsabilidad administrativa. también son juzgados disciplinariamente por el Organismo Disciplinario correspondiente. a estos Organismos también se les faculta para investigar las violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y sancionar la acción u omisión. cuentan con una Inspección y Contraloría (Órgano Interno de Control). marinos y miembros de seguridad pública. Así pues. que tan sonadamente México ha venido enfrentando desde hace tres sexenios. se tiene que en el caso de militares. marinos. servicio exterior mexicano. Por cuanto hace a la supletoriedad procesal de conformidad con la expedición de la nueva Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (artículo 47). para los efectos de la misma. tanto militares. en las Leyes Orgánicas de sus respectivas Instituciones.
En segundo término señala que es posible que tales funcionarios públicos interpongan un “juicio o medio de defensa” para combatir su remoción. agentes del Ministerio Público y los miembros de las instituciones policiales”. En ese apartado constitucional. Para algunos jueces y magistrados federales. del artículo 123 constitucional. Centro de Investigación y Docencia Económicas. Ana Laura. que se introdujeron reformas a la Fracción XIII. sólo podía proceder la indemnización. La estrategia de depuración de las corporaciones policiacas: el contraste entre Colombia y México. el Distrito Federal. es durante la presidencia del Licenciado Ernesto Zedillo Ponce de León y del Licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. . desde 1997. pp. Las reformas constitucionales. En primer término. del apartado B). desde 1995. cuando la autoridad no había respetado las formalidades constitucionales de todo procedimiento que afecte los derechos del ciudadano a las que se refieren los artículos 14 y 16 de la Constitución. cuando la autoridad no demostraba que el policía despedido no cumplía con los requisitos de las leyes vigentes. Para otros. el referido precepto constitucional impedía que. si el despido era injustificado. el policía despedido lograra su reinstalación. no procede su reinstalación sino sólo su indemnización. o bien. se establecen dos cuestiones relevantes. marinos. Carlos y Magaloni. peritos y miembros de las instituciones policiales de la Federación. 6 y ss. para que a “…los Ministerios Públicos. estableció que estas cuatro categorías de funcionarios tuvieran una relación de carácter administrativo con el Estado y no de carácter laboral como el resto de los servidores públicos.…” pudieran “…ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones. personal del servicio exterior.8 El texto de la reforma fue interpretado de distintas maneras. exenta de los derechos constitucionales de los trabajadores al servicio del Estado a los “militares. 2008. a través del amparo. Ello significa que sus derechos laborales los define la ley secundaria y no la Constitución. “La depuración de las corporaciones policiacas y el juicio de amparo”. en caso de que alguno de estos funcionarios gane el juicio en cuestión. es decir.PAULINA VÁZQUEZ CONTRERAS 18 de junio de 2013 corporaciones policiacas. en cambio. Es por ello que la Suprema Corte. o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones…”. Dos aspectos resultan llamativos de las distintas estrategias gubernamentales 10 llevar a cabo para depurar a las que. se han intentado 8 Elizondo. procedía la reinstalación cuando el despido no estaba justificado. los Estados y Municipios.
pp. Según el artículo 50 del Decreto Ley 41 de 1994. a un amplio proceso de depuración de las corporaciones policiales. por los dos oficiales generales que le sigan en antigüedad. En primer término. el relevante para el objeto de este ensayo es uno de ellos: el denominado Plan de Transparencia. véase. entre otros. en Seguridad y reforma policial de las Américas. el primero está integrado por el Subdirector General. sin embargo. el cual fue gestado por las propias cabezas de la Policía Nacional colombiana. Ed. “Desmilitarización en tiempos de guerra: la reforma policial en Colombia”. 10 9 10 Sobre la reforma policial de 1993 en Colombia. mientras que la segunda la integraban representantes de la sociedad civil. María Victoria Llorente. pp. durante el periodo 1995-2001. 171 y ss. documento de trabajo de la Fundación Seguridad y Democracia. sí abrió un espacio para que se diera inicio. a través del amparo. Las recomendaciones de estas comisiones fueron aceptadas por el gobierno colombiano y se aprobaron una ley y cinco decretos para implementarlas. por los cuales podía destituir a cualquier miembro de la corporación de cualquier rango sin llevar a cabo un proceso disciplinario y sin argumentar la causal del despido. el gobierno requiere de amplias facultades y pocos formalismos procedimentales para deshacerse de los malos elementos rápidamente. La primera estaba conformada por miembros de la policía de todos los rangos. una interna y otra externa. Siglo XXI. dicha depuración se ha enmarcado dentro de un proceso de regular despidos y no como una situación atípica y de emergencia. “Reformas y contrarreformas en la policía colombiana. la clase política y funcionarios públicos de alto nivel. el Comité de Evaluación de Oficiales Subalternos está integrado por dos oficiales generales de la policía en servicio activo. Una de las razones principales de dicha reforma fue el alto grado de penetración del narcotráfico en la policía colombiana. 11 Existían dos comités distintos unos para suboficiales y otro para oficiales subalternos. 192 y ss. lo único que requería era la recomendación de alguno de los dos comités creados con este propósito: el Comité de Evaluación de Oficiales Superiores y el Comité de Evaluación de Oficiales Subalternos. coordinadores Lucia Dammert y John Bailey. Y Pablo Casas Dupuy. México 2005. el programa tenía seis ejes de acción. como es el caso de México. Ello tuvo lugar a partir del denominado Programa de Transformación Cultural y Mejoramiento Institucional. “El doble reto del conflicto armado y la seguridad pública: la evolución de la Policía Nacional de Colombia”.PAULINA VÁZQUEZ CONTRERAS 18 de junio de 2013 corporaciones policiales se sus malos elementos. El segundo elemento que resulta llamativo del proceso mexicano de depuración de policías es el hecho de que los jueces constitucionales. El proceso de reforma policial en Colombia inicia con la administración del presidente Gaviria en 1993. y por el Director de Recursos Humanos que actúa como secretario. Gonzalo de Francisco. el Director de Recursos Humanos y el Jefe de la . Sin embargo. A su vez. ibídem. el cual consistió en un proceso amplio de depuración interna utilizando para ello facultades especiales (llámese discrecionales) que le otorgaban dos decretos presidenciales al director general de la policía. tienen la última palabra y han limitado de forma importante la capacidad del ejecutivo para deshacerse rápidamente de los malos elementos. Cuando la corrupción y los niveles de penetración del crimen organizado afectan a un porcentaje amplio de los miembros de una o varias corporaciones policiales.9 La reforma de 1993 no logró implementarse cabalmente. Dichos comités estaban integrados por tres oficiales de las más alta jerarquía en la institución... debido a esto se conformaron dos grandes “comisiones consultivas”.
el presidente. que hace las veces de secretario del comité.12 En franco contraste.500 uniformados de distintos rangos. 11 Según Pablo Casas Dupuy. pág. a través de la jurisdicción constitucional. sino que es producto de un acto discrecional plenamente justificado dada la situación que atravesaba la policía. El tercer argumento se centró en torno a la necesidad de realizar un proceso de depuración rápido. lo que equivalía aproximadamente a 12% de los miembros de la corporación. cit. su argumento giró en torno a cuatro cuestiones fundamentales. “Reformas y Contrarreformas en la Policía Colombiana”. 194. para el “retirado” la única ventaja es que no sería perseguido penalmente. op. “el impacto de dicha depuración fue muy alto al interior de la institución y se podría decir que como una medida coyuntural. 11 12 . ni tampoco seguir las formalidades del proceso de este tipo. La única posibilidad jurídica de impugnar el proceso de depuración es intentar invalidar. se refirió a la situación crítica que atravesaba la Política Nacional y el derecho de los ciudadanos de contar con una policía profesional. de 1995 al 2001 se despidieron cerca de 8. Cuando se trata de “retiros” y no de “despidos” no existe la posibilidad de establecer una litis laboral ante un juez. la Corte señaló que el retiro no es propiamente una sanción. esta diferencia hace que la autoridad no tenga que demostrar las causas legales del “despido”. Finalmente. según la Corte. ésta fue muy eficaz para restituir la imagen de la Policía con la ciudadanía y para inculcar internamente el principio de rechazo a la corrupción”. por unanimidad. en caso de que hubiera delito por perseguir. bastaba la recomendación de alguno de los comités evaluadores para que el director de la policía retirara a cualquier elemento de la corporación. la inconstitucionalidad de las normas impugnadas.PAULINA VÁZQUEZ CONTRERAS 18 de junio de 2013 Según María Victoria Llorente. En segundo término. 31. es quien mejor puede definir las medidas necesarias para el buen funcionamiento de las fuerzas armadas (policías y militares). en estricto sentido legal. además el elemento perdía todo derecho laboral. dada la situación coyuntural que atravesaba la policía. las normas jurídicas que lo sustentan (es una figura similar a la del amparo y la otra a una controversia de poderes) pero la Corte Constitucional desestimó. pues no hay nada que la autoridad tenga que demostrar ni justificar para retirar a un policía. En el caso de Colombia. lo que se justifica cuando la corrupción policiaca es tan amplia y recurrente que se pone en riesgo la viabilidad misma de la institución y con ello la seguridad interna y la gobernabilidad del país. 12 ¿Desmilitarización en tiempos de guerra?. documento de trabajo de la Fundación Seguridad y Democracia. incluida la pensión. tratándose de una estrategia de depuración. no se habla de “despidos” sino de “retiros”. En primer término. requería una actitud deferente por parte de los jueces hacia las decisiones que toma el ejecutivo en este ámbito. lo que lo hacía un procedimiento menos caro. sostuvo que la autoridad y responsabilidad del ejecutivo en la conducción y dirección de la fuerza pública. División de Procedimiento de Personal. pág. El “retiro” significa simple y llanamente la decisión discrecional de la autoridad de poner fin a una relación laboral sin que tenga que justificar las razones de la misma.
lento y caro limpiar a las policías de sus malos elementos teniendo que demostrar las causas del despido y siguiendo los procesos disciplinarios establecidos. Los jueces federales mexicanos. en cambio.la tradición judicialista de la época colonial se combinó con la corriente también judicialista del derecho público de Estados Unidos. CAPÍTULO SEGUNDO 13 “ASPECTOS JURISDCCIONALES” TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA Al declararse la independencia –dice Fix-Zamudio. particularmente la Corte. resulta muy esclarecedor para entender algunos de los problemas centrales que tiene el juicio de amparo en México.PAULINA VÁZQUEZ CONTRERAS 18 de junio de 2013 El contraste de la postura de la Corte Constitucional Colombiana con las decisiones de los Tribunales Colegiados y la Suprema Corte de México. lo que determinó que en los principales . estima que lo que debe prevalecer es el derecho de los ciudadanos frente a los posibles derechos laborales de los policías. de lo contrario se puede terminar defendiendo policías corruptos y olvidando a los ciudadanos. honesta y eficaz. a través del amparo. necesariamente. La Corte Colombiana. debe modificar su manera de entender su papel en este ámbito y asumir que lo que realmente protege la Constitución Mexicana es el derecho de los ciudadanos a contar con una policía profesional y honesta. La situación de los policías es crítica y tenderá a agravarse sin una estrategia de depuración con procedimientos de retiro ágiles y expeditos. va a ser muy difícil. de un ejecutivo con autoridad y margen de acción para poner orden en las corporaciones policiales. protegen a los policías por encima del derecho de los ciudadanos a contar con una policía profesional. Ello requiere. en segundo lugar. los tribunales federales. Las principales lecciones son: que el ejecutivo tendría que distinguir la estrategia legal de depuración por emergencia de los procesos ordinarios de despidos.
cuando el interesado no desee acudir ante la propia autoridad administrativa. p. “Sistema Jurídico sobre las Responsabilidades de los Servidores Públicos”. lo anterior. “Introducción a la Justicia Administrativa en el Ordenamiento Mexicano”. De este modo. “Derecho Procesal Administrativo Mexicano”. las reguladoras del proceso de amparo. la única posibilidad que se ha valorado. no estaría completo sin la debida estructuración de los medios de impugnación en contra de la imposición de sanciones disciplinarias”. de lo contrario se sobreseería el juicio de nulidad por improcedente. 13 Cuando ante esa tradición judicialista y las deficiencias que ofrecía. o por las Contralorías Internas. Gabino Eduardo. deberá esperar a que la autoridad administrativa resuelva dicho recurso para poder impugnar ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. a través del cual se dirimen los litigios administrativos. en el derecho procesal Administrativo Mexicano coexisten normas inspiradoras en principios distintos: por un lado. ante la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en cuya circunscripción. Colegio de México. siguiendo el modelo francés. mediante el recurso de revocación ante la propia autoridad. le asiste el derecho de recurrir las resoluciones dictadas por estas autoridades mediante la impugnación ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.PAULINA VÁZQUEZ CONTRERAS 18 de junio de 2013 ordenamientos constitucionales y legales expedidos durante el siglo XIX se mantuviera el principio general de que los conflictos entre los administrados y la administración debieran plantearse ante los Tribunales Ordinarios. radique la autoridad que emitió la resolución impugnada. 14 González Pérez. quien señala que “el Sistema de Responsabilidades de los Servidores Públicos. el servidor público sancionado debe presentar la demanda. Jesús. por escrito. Ed. México 1999. en términos de los dispuesto por el artículo 203 del Código Fiscal de la Federación. pero si utilizó la vía del recurso de revocación. México. por lo que respecta a las formalidades del Juicio de Nulidad. México. las reguladoras del proceso ante tribunales administrativos –bien con jurisdicción general o con jurisdicción limitada a cuestiones fiscales. 16 Delgadillo Gutiérrez. más o menos ampliadas a determinadas materias administrativas-. en tanto no exista una legislación reguladora de un proceso especial con este objeto específico. p. Porrúa. 23 15 Castrejón García.78. dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a que haya surtido efectos la 14 Fix-Zamudio. cuando el servidor público sancionado por la Secretaría de la Función Pública. 1983 p. 15 En este punto se estima conveniente citar al Maestro Luis Humberto Delgadillo. 14 Por cuanto hace al tema de este trabajo. mejor conocida como Juicio de Nulidad. Cárdenas Velasco Editores. 16 El Juicio de Nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Porrúa. se ha intentado estructurar un eficaz sistema de justicia administrativa. por otro. puede intentarse directamente contra la resolución mediante la cual se hubiese impuesto una sanción. Luis Humberto. 2005. ha sido la de confiar la justicia administrativa a unos tribunales administrativos. la resolución originaria. como en todo sistema jurídico. y. 13 . 229. 3ª Edición. Por otra parte. “El Sistema de Responsabilidades de los Servidores Públicos”.
uno de los requisitos principales para que el servidor público sancionado esté en posibilidad de promover el juicio en comento. TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 15 No obstante lo señalado en los apartados precedentes. fracción I del Código Fiscal de la Federación.PAULINA VÁZQUEZ CONTRERAS 18 de junio de 2013 notificación. consiste en que dicho servidor público debe verse afectado en su esfera jurídica con la resolución que lo sanciona. existe otro medio de defensa en contra de las declaraciones de incumplimiento emitidas por la Secretaría de la Función Pública: el amparo. en términos de lo dispuesto por el artículo 202. en términos de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley de Amparo. Asimismo. también llamado Juicio de Garantías. el . es importante destacar que además del recurso de revocación y el juicio de nulidad. En efecto.
ejecutoria que incumple la autoridad respectiva. señalaremos algunas generalidades aplicables al caso que nos ocupa. promueve el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. sería procedente el juicio de garantías del servidor público. la suspensión del acto constituirá en el no ejercicio. por tratarse de dicha declaratoria. Por lo que respecta a la suspensión del acto reclamado. inexistencia del acto y la inactividad procesal. consistirá. empleo o comisión dentro del servicio público. por ende. toda vez que la sanción por su incumplimiento corresponde a la inhabilitación para desempeñar cualquier cargo. procede el amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito. se encuentra facultado para promover juicio de amparo en contra de dicha autoridad. En relación a la declaración final de situación patrimonial. respecto de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos. de una resolución que pone fin a un procedimiento. definitivamente de la aplicación de la sanción antes descrita. sino que únicamente se refiere a la que tienen las personas morales oficiales. en primer término temporal.PAULINA VÁZQUEZ CONTRERAS 18 de junio de 2013 servidor público agraviado por la declaración de incumplimiento emitida por la Secretaria. ordenando la reinstalación del servidor público en su empleo cargo o comisión que venía desempeñando. la nulidad de dicha declaración. respecto de la omisión de la presentación de las declaraciones de situación patrimonial señaladas en las fracciones I y III del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. si se trata de una declaratoria de incumplimiento. dejar sin efectos el nombramiento del servidor público. el Doctor Castrejón García en su obra Sistema Jurídico sobre la Responsabilidad de los Servidores Públicos. en el no ejercicio de Es importante anotar cuáles son las causales de sobreseimiento a que se refiere el artículo 63 de la ley respectiva y que consiste fundamentalmente en el desistimiento de la demanda. es decir. para tales efectos. señala que “podemos mencionar el caso del servidor público sancionado mediante declaración de incumplimiento respecto de las declaraciones de situación patrimonial emitida por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. por medio de sus funcionarios o representantes que designen las leyes. en virtud de la sanción que implica su incumplimiento. declarando este último en sentencia. Al respecto. 17 Ídem. En principio. cuando durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia. fallecimiento del agraviado. pp. no obstante se encuentre previsto como tal en la Ley de Amparo”. A modo ejemplificativo.17 Por lo que respecta al procedimiento. 237. la Ley de Amparo no señala expresamente la capacidad del servidor público por propio derecho para promover el juicio de garantías. En este caso. . cabe destacar que contra la declaratoria de incumplimiento emitida por la secretaría. y en su caso. las cuales se refieren a las declaraciones inicial y anuales. el cual. y en consecuencia. la suspensión 16 dicha inhabilitación.
PAULINA VÁZQUEZ CONTRERAS 18 de junio de 2013 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. en las resoluciones de amparo. ha creado que las mismas pierdan claridad y operatividad. lo que termina abriendo la posibilidad para que algunos jueces y magistrados federales decidieran. 17 Debido a la incapacidad del aparato legislativo de nuestro país. para algunos . ponderar con mayor peso la carrera policial sobre las necesidad de depurar las corporaciones policiales de los malos elementos. cuando ha efectuado análisis durante las reformas a la fracción XIII del apartado B del artículo 123. El texto de las reformas fue interpretado de distintas maneras.
Dicha sentencia había determinado que: “a pesar de que fue ilegal la baja decretada en su contra. octubre de 1992. tiene que ver con las tesis jurisprudenciales del Primero y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito.PAULINA VÁZQUEZ CONTRERAS 18 de junio de 2013 jueces y magistrados federales. fracción XIII. en cuanto fiscalizador de la actuación de las autoridades administrativas. como se verá. “al no encontrarse debidamente fundada y motivada la resolución por la que se le dio de baja. ya que./J 22/92 Idem. no 18 19 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. permite ilustrar con toda claridad la tensión que existe entre el Poder Judicial Federal. es decir. constitucional. La contradicción que resuelve la Corte. con apoyo en el párrafo tercero de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. policía “C” adscrito a la Dirección General de la Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México. mismas que a continuación resumiremos: El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito (Amparo directo (1107/99). la reforma constitucional no pudo surtir el efecto deseado.”18 18 En el amparo directo promovido por Víctor Gómez Ramírez se argumenta que “la sentencia reclamada no se encuentra debidamente fundada y motivada porque resulta inexacta e improcedente la aplicación del artículo 123. no tiene derecho a que se le reinstalara el cargo que desempeñaba. o bien cuando la autoridad no había respetado las formalidades constitucionales de todo procedimiento que afecte los derechos del ciudadano a las que se refieren los artículos 14 y 16 de la Constitución. cuando la autoridad no demostraba que el policía despedido no cumplía con los requisitos de las leyes vigentes. La causa del despido fue que el policía se había ausentado cuatro días consecutivos sin causa justificada. el policía despedido lograra su reinstalación. en cambio. este asunto se refiere a la remoción de Víctor Gómez Ramírez. a través del amparo. para otros. La Suprema Corte. Tesis: 4ª. Con esta última interpretación. El amparo. continuó siendo el mecanismo jurisdiccional por excelencia para que los policías despedidos lograran su reinstalación. solo podía proceder la indemnización. decidió resolver la contradicción de tesis. el referido precepto constitucional impedía que.”19 Según el quejoso el referido precepto constitucional no impide su reinstalación. ante la diversidad de criterios jurisprudenciales de los Colegiados. y el Poder Ejecutivo como máximo responsable de la seguridad pública y del orden interno de las corporaciones. el amparo que promueve el policía despedido fue contra la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México de fecha 5 de octubre de 1999. . apartado B. Tomo: 58. procedía. en algunos lugares Tribunales Colegiados. procedía la reinstalación cuando el despido no estaba justificado. si el despido era injustificado. El análisis de las tesis encontradas y de la decisión de la Segunda Sala de la Suprema Corte que resuelve dicha contradicción.
apartado B fracción XIII de la Constitución. decisión de la Primera sala Regional fue ratificada por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México en todos sus 20 21 Idem. constitucional. teniendo. no era procedente la reinstalación del Miguel de acuerdo con lo establecido en el artículo 123. según dicha sala regional. La apartado B. este caso tiene su origen en la visita que realizó el Subprocurador General de Justicia del Estado de México. con independencia de que exista algún juicio o medio de defensa para impugnar la resolución que la ordena”. 23 Idem. porque está sería la única forma de restituirlo plenamente en el goce del derecho afectado. en su caso. según dicho tribunal.” Ello según el Tribunal es el sentido de la reforma constitucional al artículo 123. “no se controvierte en el juicio de origen la facultad de la autoridad tercero perjudicada para ordenar la remoción de los elementos que integran su corporación. en dicha visita detectó irregularidades en la detención de vehículos. “contrario a lo que menciona el quejoso. agente de la policía de esa entidad federativa. Sin embargo. El Subprocurador estimó que Miguel Ángel Méndez había violado el artículo 21. 19 sólo procedía su indemnización. si existe una remoción. . La Primera Sala Regional del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México determinó que la autoridad responsable le dio un indebido valor probatorio al reporte del Subprocurador y. se requería “honradez y probidad notorias”. 22 Idem. Ello produjo la baja y remoción de Miguel Águila Méndez. fracción V. decidió negarle el amparo. para ser agente de la policía judicial.” 21 El Tribunal Colegiado consideró infundados los conceptos de violación expresados por el quejoso y. Idem. cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatirlo. por el cual el proceder de la autoridad responsable resulta ajustado a derecho”. debió ordenar “su reinstalación en el puesto que desempeñaba. existe en el caso concreto exacta adecuación entre éste y la hipótesis constitucional mencionada.23 El criterio de interpretación constitucional del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito es contundente: “no puede realizarse la reincorporación de un elemento de un cuerpo policíaco para que continúe prestando sus servicios. la cual señalaba que. de acuerdo con el quejoso. Por el contrario. fracción XIII. 22 Además. al Centro de Justicia del Valle de Chalco. la fracción XIII del apartado B del artículo 123. respecto de quien se hubiere ordenado su remoción. por tanto. únicamente derecho a la indemnización. con fecha 3 de febrero de 1999. según el tribunal. sino la imposibilidad de reincorporar al servicio a alguno de ellos. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado. por ende. el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito (amparo directo 222/99). declaró la invalidez de la resolución.PAULINA VÁZQUEZ CONTRERAS 18 de junio de 2013 resulta aplicable el dispositivo constitucional de referencia”. 20 El Tribunal Contencioso Administrativo.
se concluye “no existe ningún impedimento constitucional para que. 5/2000. el Poder Judicial ha 20 para regular las diversas hipótesis emitido diversos criterios jurisdiccionales que se han ido presentando durante el desarrollo de la relación Estadogobernado. la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo pretende dar un diverso alcance a la disposición constitucional. el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito conoció del asunto y en su sentencia concedió el amparo del quejoso. 26 Esto no significa que los restantes criterios dejen de ser importantes. De acuerdo con el Tribunal Colegiado. pero el espacio no nos permite citar a cada uno de ellos.PAULINA VÁZQUEZ CONTRERAS 18 de junio de 2013 términos. a través de los medios legales procedentes. 26 24 25 Idem. el proceso de despido. según el Tribunal Colegiado es que dicho precepto “sólo prohíbe la reinstalación por la causa específica. pues con ello no se contravendría el espíritu de la norma de que sólo los buenos elementos continúen sirviendo dentro de esas instituciones y si. conforme a lo dispuesto por la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Carta Magna. marzo de 2000./J. la correcta interpretación del tercer párrafo de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución. destaca que. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. para el referido Tribunal Colegiado. debe seguir las formalidades constitucionales del procedimiento propias de los artículos 14 y 16 constitucionales. de estimarse lo contrario. 339. además. los policías despedidos podían obtener su reinstalación. cuando el agente ya no reunía los requisitos que las leyes vigentes en el momento de la remoción señalen para permanecer en dichas instituciones. Tomo: XI.” 24 Sin embargo. ya que ello significaría desconocer el sentido y alcance de las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales. para ser justificado. p. Tesis: 2ª. . En la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.”25 CRITERIOS JURISDICCIONALES Debido a que nuestra constitución existe un solo caso de excepción respecto a la naturaleza de la relación de trabajo. se restituya en el cargo a quienes injustificadamente hubieran sido cesados en sus funciones. es decir. se consideran “más importantes”. se propiciaría la realización de remociones arbitrarias e injustificadas en franca contravención a las garantías de legalidad y seguridad jurídica establecidas en la Constitución Federal. fuera de este supuesto. Según los magistrados. En este apartado se va a indicar la idea central de cada uno de los criterios que. El policía decidió ampararse argumentando la incongruencia de la sentencia de la Sala Superior. no se puede interpretar que la Constitución prohíbe totalmente la reinstalación de un policía despedido sin causa justificada.
ha transformado la naturaleza de dicha relación equiparándola a una de carácter laboral y ha considerado al Estado como un patrón sui generis. fracción VIII. deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 45 del artículo del ordenamiento citado y acudir a lo establecido en el Código Federal de Procedimientos Penales y. profesionalismo y honradez en el desempeño de su función. si los miembros de la policía municipal o judicial del Estado de México. Tesis: P/J. que constituye una reglamentación de lo dispuesto en el Título IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. que en caso particular referente a la orden de baja del servicio. por lo tanto. constituyen un cuerpo se seguridad pública. sino de una autoridad. eficiencia. 27 En los artículos del 50 al 55 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. pretende por encima de las actitudes procesales 27 Novena Época Instancia: Pleno. alejado de las formalidades y solemnidades que rigen en otras materias. para lo cual es necesario conocer la verdad real de los actos u omisiones que se les atribuyan. se regula un específico sistema de responsabilidades. las determinaciones que dichas entidades tomen en torno a ésta no constituyen actos de particulares. en principio de naturaleza administrativa. Septiembre de 1995. de dicho tratamiento general se encuentran excluidos cuatro grupos a saber: los militares. Sin embargo. a fin de salvaguardar la legalidad. de los policías judiciales y de los peritos de la Procuraduría General de la República. para colmar el vacío legislativo que se advierta en las normas que integran aquel contexto normativo. así como las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran y los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. de la determinación jurídica que considera la relación del servicio asimilada a la de trabajo y al Estado equiparado como patrón. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. . Página: 43. específicamente de su artículo 113. Tomo: II. De esta manera. ello en atención a la especial naturaleza de las funciones desempeñadas por esos servidores públicos. segundo párrafo y 116. autoridad. mediante el cual se establecen obligaciones a cargo de los agentes del Ministerio Público Federal. es de naturaleza administrativa y se rige por las normas también administrativas de la ley y reglamentos que les correspondan y que. en virtud de que si 21 la finalidad de los procedimientos previstos en la señalada ley orgánica es determinar la responsabilidad administrativa de los referidos funcionarios. para los cuales la relación sigue siendo de orden administrativo y el Estado. hace procedente el juicio de amparo ante juez de Distrito. complementario del sistema general previsto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. en lo conducente. Por tanto. pero en derecho positivo mexicano. ese objetivo es congruente y acorde con el sistema previsto por el referido código procesal penal que. en beneficio y protección de los empleados. 24/95. están excluidos por la fracción XIII Apartado B del artículo 123. fracción V.PAULINA VÁZQUEZ CONTRERAS 18 de junio de 2013 La relación Estado-empleado fue. los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior. Fuente: Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta. en relación con los artículos 115. por lo que la relación que guardan con el gobierno del Estado o del Municipio. a lo señalado en el Código Penal Federal. normas supletorias en materias de responsabilidades administrativas de los servidores públicos de la Federación. los marinos.
Abril de 2008. se concluye que la suplencia prevista en la citada fracción no opera tratándose de los miembros de los cuerpos de seguridad pública. a favor del trabajador. ya se les concede la suplencia. Tesis: 2ª. Tomo: XIV. en las leyes administrativas correspondientes. Instancia: Segunda Sala. el artículo 76 BIS. de la Constitución General de la República. 29 Al respecto cabe hacer precisar que de conformidad con el artículo 79. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. fracción XIII. fracción XIII. 53/2008 Página: 711. En congruencia con lo anterior y tomando en consideración que el Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P. Tomo XXXIV. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la relación entre el Estado y los policías. de la Ley de Amparo establecía que las autoridades que conozcan del juicio de garantías en materia laboral deberán suplir la queja deficiente en los conceptos de violación de la demanda y en los agravios. En congruencia con lo anterior. Diciembre de 2001. peritos y agentes del Ministerio Público es de naturaleza administrativa y no laboral. por el simple hecho de haber sido cesados./J. .PAULINA VÁZQUEZ CONTRERAS 18 de junio de 2013 de las partes. Tesis: 2ª.”. 119/2011. pues aun cuando el acto reclamado emana de un tribunal burocrático. Tesis: 2ª. Fuente: Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta. para determinar los conceptos que deben integrar la indemnización prevista en el citado precepto constitucional ha de estarse a lo dispuesto en la propia Constitución y. Página: 412. demostraran que no dejaron de cumplir con los requisitos de permanencia exigibles. además de que supondría conferir a dicha Ley alcances que están fuera de su ámbito material de validez. reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008. Tomo: XXVII. pues éste nacería cuando se dictara la 22 que el cese fue injustificado./J. 30 Novena Época. marinos./J. los miembros de las corporaciones policiacas cesados no tendrían derecho a su reinstalación salvo que en el juicio en el que se combatiera la baja. 28 Anteriormente. apartado B. de la Constitución General de la República no destruyó o modificó en su perjuicio el derecho a ser reinstalados. fracción IV. apartado B. la Ley Federal del Trabajo. indagar sobre la realidad de los eventos materia de examen. sostuvo que la relación Estado-empleado en el caso de militares. En sentencia en la que se determinara congruencia con lo anterior. pues ello implicaría desconocer el régimen especial al que están sujetos los referidos servidores públicos. 74/2001 Página: 278. Agosto de 2011. 30 Conforme al artículo 123. ni aun supletoriamente. Instancia: Segunda Sala. el vínculo existente entre aquéllos y el Estado no es de carácter laboral sino administrativo. es claro que el artículo 123. 24/95. de donde se sigue que dichos servidores. toda vez que éste no había nacido en la medida en 28 Novena Época. en su caso. fracción V de la Ley de Amparo en vigor./J. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA. no tenían incorporado a su esfera jurídica el derecho a la reinstalación. 29 Novena Época. sin que pueda aplicarse. cuerpos de seguridad pública y personal del servicio exterior es de naturaleza administrativa. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. si durante la tramitación del juicio entró en vigor el mencionado decreto conforme al cual no procede la reinstalación de los policías. de rubro: “POLICIAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS.
32 Novena Época. Julio de 2011. y 4o. fracción IV. sin que en ningún caso proceda su reincorporación./J. 23 permitiéndole cumplir cabalmente su misión. su aplicación en la sentencia correspondiente no es retroactiva. vigentes hasta el 20 de noviembre de 2008. se compensaría con el pago de la indemnización respectiva. la circunstancia de que el referido artículo 226. Diciembre de 2010.PAULINA VÁZQUEZ CONTRERAS 18 de junio de 2013 que estaba siendo controvertido en juicio y. no viola las garantías de igualdad y no discriminación contenidas en los artículos 1o. Instancia: Segunda Sala. Página: 577. 177/2010. 32 Los artículos 24. por lo que independientemente de la razón del cese tiene preferencia la decisión del Constituyente de impedir que los miembros de las corporaciones policiacas que hubiesen causado baja se reincorporen al servicio. preserva la eficacia de ese sector. 33 Novena Época./J. impide la discriminación de dichos elementos por motivos de enfermedad y. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tesis: 2ª. 103/2010. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De lo anterior se sigue que a partir de la aludida reforma la prohibición de reincorporación es absoluta. por ende. Tesis: 2ª.33 El artículo 80 de la Ley de Amparo obliga a nulificar el acto reclamado y todos los subsecuentes que de él se deriven. baja.31 Del citado precepto constitucional se advierte que los miembros de las instituciones policiales podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos de permanencia o si incurren en responsabilidad. con la expresa previsión de que si la autoridad resolviere que la separación. 102/2010. Ahora bien. por otra. Tomo XXXIV. Tomo XXXIV. cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada. el 31 Novena Época. en el caso de un militar a quien se concede amparo contra la orden de baja en el activo del Ejército. ya que la autoridad aplicadora en estos casos deberá realizar una interpretación acorde con el aludido precepto y considerar que sólo cuando el grado de avance de la enfermedad provoque invalidez podrá invocarse como causa de baja del Ejército. Tomo XXXII. pues el derecho a la reinstalación constituía una simple expectativa. 35 y 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. prevén como causa de retiro por "inutilidad" para los militares en activo alguno de los accidentes o enfermedades enlistados en el último precepto. . Página: 310. en su caso. Instancia: Segunda Sala. restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y restituyendo al agraviado en el goce pleno e íntegro de las garantías individuales violadas. remoción. Instancia: Segunda Sala. no aclare en los supuestos de enfermedades que presenten distintos grados de afección a cuál de ellos se refiere o si abarca cualquiera. Tesis: 2ª. Página: 309. Así. por una parte./J. el Estado sólo está obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho. interpretación que. en sus distintas categorías. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Julio de 2011. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. lo que se corrobora con el análisis del proceso relativo del que deriva que el Constituyente Permanente privilegió el interés general por el combate a la corrupción y la seguridad por encima de la afectación que pudiere sufrir el agraviado la que. cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.
por la que se agregó el apartado B del artículo 123 de la ley fundamental. el maestro Andrés Serra Rojas estableció que “el derecho se asociación sindical de los 34 Séptima Época.PAULINA VÁZQUEZ CONTRERAS 18 de junio de 2013 cabal cumplimiento de la ejecutoria emitida en su favor. Página: 176. el artículo 23. A partir de la reforma constitucional de 1960. de manera específica. . así.34 CAPÍTULO TERCERO “DERECHOS HUMANOS” LIBERTAD SINDICAL 24 Humanos señala en el artículo 20. Instancia: Segunda Sala.1 determina el derecho de fundar sindicatos y de sindicarse para la defensa de los intereses personales. de manera que antropológica y jurídicamente no cabe duda que los derechos relativos a la sindicación son parte esencial del acervo humano. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.1 La Declaración Universal de los Derechos el derecho de asociarse de toda persona y. 18 Tercera Parte. se han tenido por ciertos diversos derechos constitucionales de los trabajadores burocráticos. que le sean cubiertos los haberes dejados de percibir desde la fecha en que fue dado de baja en forma ilegal y en contra de la cual obtuvo la protección de la Justicia de la Unión. además. sino que es indispensable. requiere no sólo la nulificación de dicha orden y la reinstalación del quejoso en el empleo que desempeñaba a partir del día en que se produjo aquélla.
En Estados Unidos de Norte América. gobierno y dirección de las mutualidades. cuyos objetivos. económicos y profesionales de sus afiliados y la realización de actividades sociales que favorezcan la eficacia en el ejercicio de la profesión y a la deontología profesional de sus miembros. así como para la elección de miembros de los órganos 25 de representación. asociaciones y restantes entes de previsión social y asistencial oficialmente constituidos por miembros de las Fuerzas Armadas.es/eurocop. expusieron sus experiencias con los sindicatos Militares.39 dentro de sus fines. defensa y desarrollo de la profesión policial como cuerpo público civil. son la promoción.PAULINA VÁZQUEZ CONTRERAS 18 de junio de 2013 trabajadores públicos es indiscutible”. México. salvo en aquellos supuestos en que dicha representación esté excluida. Rusia y Alemania. y de peticiones relacionadas con los fines a las autoridades competente. en España. Derecho administrativo. 420. fundada en los Ángeles. el 31 de octubre de 2002 nació la Federación de Sindicatos. denominada “Confederación Europea de Policía”. 39 http: www.php. que como institución tiene niveles de aprobación y confianza populares muy elevados.org .info.erne. California.org/odihr/22610 37 http: www. entre otros. Porrúa. promover candidaturas para la elección de miembros de los órganos colegiados de personal y de cualesquiera otros órganos de participación o de representación que se establezcan en las normas vigentes en cada momento. consultar en el siguiente link: http://www. cuando así lo prevea su normativa específica. llevada a cabo por miembros de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en donde representantes de Rumania. 35 sin embargo.org 40 http: www. en España la Asociación Unificada de Guardias Civiles 37 es una unión sindical de los oficiales de la guardia civil.aume.augc. 1979. y todavía más. en los países de la Unión Europea 36 son comunes los sindicatos constituidos por policías sin que se perjudique el servicio. de manera que al trabajador policiaco se le veda el acceso a dicha posibilidad. entre otros. Hungría. se encuentran: la satisfacción de los intereses sociales. I. asesorar y prestar apoyo y asistencia a sus asociados. p. celebrado en Bucarest.osce. La formación de sindicatos de los trabajadores de los cuerpos policiacos en Mexico se ha visto.moaa. t. afirmar la seguridad pública y ayudar a la solución de los problemas que afectan a sus miembros. el 23 de 35 36 Serra Rojas. 38 como resultado de la integración de la Union Internationale des Syndicats de Police y la Standing Cometee of Police. 38 http: www. lo forma la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME). Otro ejemplo. con un recelo por completo infundado y anacrónico. se encuentra la Asociación de Oficiales Militares de América40 (MOAA). sino todo lo contrario. la realización de propuestas. así como representarlos legítimamente ante los órganos competentes de las Administraciones Públicas en materias que afecten al ámbito profesional de los miembros de las Fuerzas Armadas. Véase también el resumen del informe de la mesa redonda sobre Sindicatos y Asociaciones Militares. por ejemplo. a varios grupos de trabajadores públicos se les ha negado el derecho de formar sindicatos y de afiliarse a ellos. Andrés. del 30 al 31 de octubre de 2006.
7) De lo expuesto. Quienes se excluyen del régimen de los trabajadores de base y sólo tienen derecho al salario y a la seguridad social. de retiro. Infante de Marina. Fuerza Aérea. Armada. que refleja las opiniones de todos los miembros.PAULINA VÁZQUEZ CONTRERAS 18 de junio de 2013 febrero de 1929. Fuerza Aérea y Marina . y el ex suboficial y oficiales con la autorización de los servicios uniformados siguientes: Ejército. lo que hace pensar que realmente existe. Quienes cuentan con un régimen desarrollado de alguna manera y con el mayor número de derechos. Guardia Costera. 4) Trabajadores del servicio exterior. su membresía se encuentra abierta para el servicio activo. pero de les garantiza la seguridad social. y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Sólo son excluidos del artículo 123. especialmente. Son excluidos del artículo 123. Sólo con excluidos del artículo 123. Los objetivos del MOAA son capturados en su resolución. 2) Trabajadores de confianza. se observa un régimen laboral casi enteramente desarrollado . 3) Trabajadores del Ejército. de la Guardia Nacional. la asociación juega un papel activo en cuestiones de personal militar y. 6) Trabajadores de las instituciones policiales . las propuestas que afectan a la fuerza de carrera. la comunidad de jubilados y veteranos de los servicios uniformados. cuya existencia cada sexenio se niega. La imposibilidad de tener acceso a la formación de asociaciones legales ha contribuido a que se formen grupos clandestinos como la “hermandad policiaca” en el Distrito Federal. NEGACIÓN DEL RÉGIMEN LABORAL Con las reformas que a la fecha ha observado el citado apartado B del artículo 123 constitucional. Servicio de Salud Pública. 5) Trabajadores del Ministerio Publico. Sólo son excluidos del artículo 123. participa en los asuntos relacionados con la estrategia militar o sistemas de armas individuales de los diferentes servicios. podemos encontrar 26 en él los siguientes regímenes distintos de relación entre los servidores públicos y el Estado: 1) Trabajadores de base. Reserva.
41 Miguel Marienhoff. el personal de seguridad y defensa no está comprendido en el régimen ordinario de los trabajadores del Estado. por ejemplo. “Tratado de Derecho Administrativo”. se lee que los cuerpos policiacos./J. respecto del trabajo ordinario de los servidores del Estado. incluido en el Diccionario Jurídico Mexicano. Jorge. XIX. es que existan servidores públicos cuya ordenación en el apartado B del artículo 123 constitucional los prive de todo régimen laboral y que. sin embargo. 352. los militares. se les niegue la misma relación laboral. entre otros. pero no les reconoce la relación laboral: Novena época. 44 Llama la atención que la Suprema Corte de Justicia sí concede a los policías el carácter de servidores. Se puede aceptar racionalmente que ciertos trabajadores tengan un régimen laboral especial. Artículo “Servidores excluidos del apartado B del artículo 123 constitucional”. en modo alguno significa que dichos grupos no cuenten con estatuto alguno”.42 es decir. Lo que no se puede aceptar. en el sentido de que los mencionados servidores públicos han de tener un régimen laboral especial. pero también es gravemente contrario a una administración eficiente. los Ministerios Públicos y los diplomáticos. por vía pretoriana. tesis 2ª. pero para el resto de la burocracia imperan las insuficiencias o impera la ausencia de reglas. “quedan regulados en sus relaciones de trabajo por los reglamentos especiales que les corresponden”. es de entenderse que. para la actual integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el texto de la fracción XIII del artículo 123 debe de entenderse en el sentido de que entre los servidores públicos referidos en el texto constitucional citado y el Estado no existe relación laboral sino simplemente un vínculo que denomina “relación administrativa”44. 1965. como en nuestro país. 43 pero un régimen al fin. Buenos Aires. lo cual es contrario a los derechos humanos. 42 Abeledo-Perrot. no obstante de que sea de carácter especial (México. es decir. pero esa finalidad justificada no tiene por qué marginarlos del régimen laboral con que deben contar los trabajadores policiacos. 43 En artículo denominado “Trabajadores al servicio del Estado”. lo que en su concepto conduce a la inexistencia de 41 Vargas Morgado. ts. tiene el propósito de armonizar las condiciones del trabajo con los requerimientos especiales de la función. 75/2004. III. 69 y 70. pp. refiere que.PAULINA VÁZQUEZ CONTRERAS 18 de junio de 2013 para los trabajadores de base. t. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS MIEMBROS . Porrúa-UNAM. o que los miembros del servicio exterior tengan una seguridad social adaptada al lugar en se encuentren. P-Z. 1991. al describir el régimen laboral burocrático argentino. pues olvida que sólo mediante una debida integración de la relación de trabajo el Estado obtendrá los resultados pertinentes. p. junio de 2004. las jornadas de trabajo de los militares sean diferentes a las de la burocracia en general. Segunda Sala. resulta obvio que diferencias cierto tipo de labores. pero aclara: “El hecho de que determinados grupos de agentes del Estado no se hallen regidos por el estatuto…. contrario a los derechos universales del hombre y a una administración inteligente. 27 que la disposición de la fracción XIII Cualquier persona de buena fe entendería del apartado B del artículo 123 constitucional. por ser irracional. t. p 3109). Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. sí se les reconoce una relación laboral. como la policíaca o la militar. diferente al ordinario de la burocracia.
al establecer que los cuerpos de seguridad pública se regirán laboral con la institución a la que prestan sus servicios. confirma el carácter laboral de su relación con el Estado. fracción XIII. marinos. controversias que por tanto sólo se podrían referir a puntos de legalidad y no de la relación socioeconómicos de tipo laboral. 3) Reconocer el carácter administrativo de la relación jurídica de los servidores públicos con el Estado no es óbice para que también se reconozca el carácter laboral de la propia relación. En este sentido. porque el artículo 123. . personal del servicio exterior. suscita las siguientes reflexiones: 1) Los militares. o de las específicas que tienen en su carácter de miembros de los cuerpos de seguridad pública preventiva. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. según las procedimientos establecidos en la Ley de Seguridad conductas que se estimen violatorias de las obligaciones generales de los servidores públicos. de la administración pública centralizada. pero en ningún momento los excluye del régimen general de responsabilidad administrativa aplicable a todo servidor público en términos del título cuarto de la propia Constitución. de acuerdo con el artículo 108 de la Constitución. Los miembros de los cuerpos preventivos de seguridad pública del Estado de México pueden ser sancionados conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de esa entidad. apartado B.PAULINA VÁZQUEZ CONTRERAS 18 de junio de 2013 todo derecho de tipo laboral y a que sean los tribunales contencioso administrativos los que conozcan de las controversias que dicha relación suscite. deben contar con un régimen laboral especial. que por su alto impacto social. el orden jurídico mexicano está siendo omiso con buena parte de sus propios trabajadores. particularmente atendiendo a que el proemio del artículo 123 constitucional establece que “toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil”. pero en forma complementaria al régimen general aplicable a todo servidor público. puede válidamente regular lo relativo a la responsabilidad disciplinaria administrativa de los miembros de las instituciones policiales. 45 La interpretación jurisprudencial de la materia. esto es. 45 Varios ejemplos de ello se encuentran en el apartado de “Criterios Jurisdiccionales” del Capítulo “Aspectos Jurisdiccionales”. deben sujetarse a severo escrutinio por la mayor responsabilidad de quienes las desempeñan. lo cual se explica por las actividades que realizan. 2) El hecho de que los trabajadores policiacos sean “servidores públicos”. agentes del Ministerio Público y miembros de las instituciones policiacas. del presente trabajo. sin perjuicio de la que les corresponde por el hecho de ser servidores públicos al mando de la Secretaría de Gobierno del Estado de México. 4) Nunca debemos perder de vista que las personas esencialmente buscan un trabajo lo encuentren en un empresa privada o en una institución pública. SE REGULA POR LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA PREVENTICA ESTATAL Y POR LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE ESA ENTIDAD. la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México. teniéndola entonces como laboral-administrativa. o de acuerdo con las reglas y 28 Pública Preventiva del propio estado. no importando que el empresario tenga fines de lucro y el Estado supuestamente tenga fines de interés público y general. El derecho al trabajo y el derecho a servirse de sus frutos para mejorar el nivel de vida y para conseguir la satisfacción de las necesidades materiales son DE LOS CUERPOS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO. SEGÚN EL TIPO DE FALTA. 5) Si como sabemos es un derecho humano el derecho al trabajo.
AUSENCIA DE REGLAMENTACIÓN Conforme a lo expuesto en el presente trabajo. Sociales y Culturales. los remiten para efectos de seguridad social.ilo. y por tanto el Estado mexicano debe proponer hacerlos cabales para toda persona que se encuentre centro de sus fronteras. manuales. es pertinente indicar. credo o sexo tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad. lo común es que este tipo de Servidores Públicos se encuentren a disposición de las directivas. se puede corroborar que pese a que reiteradamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito han indicado que este tipo de Servidores Públicos nieguen que existe una “relación laboral” con el Estado.org/spanish/about/iloconst. . De la investigación efectuada a su normatividad. carecen de un Tribunal especializado para atender asuntos de la materia. que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado.. ya específicamente en el campo laboral internacional. lo cual resulta contradictorio. que 46 http://www. que el 10 de mayo de 1944 se expidió la Declaración de Filadelfia 46 en el seno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). a lo establecido en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado y la seguridad social la proporcionará el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores al Servicio del Estado. el 16 de diciembre de 1996 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Por la ausencia de normatividad. la generalidad de los servidores excluidos del apartado B del artículo 123. que los 29 son los miembros de los cuerpos de Servidores Públicos más desprotegidos seguridad pública. de seguridad económica y en igualdad de oportunidades”. etc.PAULINA VÁZQUEZ CONTRERAS 18 de junio de 2013 efectivamente derechos humanos. acuerdos. y tomarán las medidas adecuadas para garantizar este derecho”. Por otro lado.htm#anex. el cual enuncia en el artículo 6º que: “Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar. Como desarrollo subsecuente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. el inciso a) del punto II proclama que: “Todos los seres humanos. Por último se menciona. expidió el Pacto Internacional de Derechos Económicos. en la normatividad que rige la relación de éstos con cada una de las instituciones a las cuales pertenecen. y otros. es decir. sin distinción de raza. que comprenda las características de la relación que sostienen con el Estado. que por lo general es de desventaja.
sino para negárselo o quitárselo. marinos. por lo menos en la Secretaría de Seguridad Pública. cuando concurra con una pena privativa de libertad. militares. el 18 de junio de 2008. la cual empezará a correr desde que hubiere quedado extinguida la pena corporal. el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho. agentes del Ministerio Público y los miembros de las instituciones policiales. 47 Publicado en el Diario Oficial de la Federación. Esta sanción implica la privación absoluta del empleo militar que estuviere desempeñando el inculpado. se efectúen los llamados “controles de confianza”. éstos perderán los derechos adquiridos en virtud del tiempo de servicios prestados. del artículo 123 constitucional. remoción y retiro/jubilación. Con las reformas47 a la fracción decimotercera. ni bajar de un año ni pasar de diez. cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiera promovido. sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio. la que el personal de las jerarquías de sargentos y cabos pierdan sus derechos adquiridos en virtud del tiempo de servicios así como el de usar condecoraciones o distintivos. o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. . quedando inhabilitados para volver a pertenecer al ejercito por el término que se fije en la condena. personal del servicio exterior. De manera genérica las formas de terminación del servicio de los Servidores 30 del apartado B del artículo 123 de la Públicos comprendidos en la fracción XIII Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. por cuanto hace a los oficiales. En el ámbito del fuero militar la destitución puede ser impuesta como pena o como consecuencia de la pena de prisión. y el de usar uniforme y condecoraciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación del servicio fue injustificada. del apartado B. inhabilitación. se da el fundamento (sustento jurídico) para que. importando además. se pueden clasificar de la manera siguiente: destitución. desde la fecha de la sentencia irrevocable. podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones. y serán dados de baja.PAULINA VÁZQUEZ CONTRERAS 18 de junio de 2013 emitan sus Instituciones no solo para otorgarles algún beneficio. y en cualquier otro caso. suspensión del empleo. ésta no podrá exceder de un término igual a esa pena privativa de libertad. de lo contario como el propio artículo reza. TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABAJO.
indicará la persona facultada para la imposición de esta sanción. pág. 1ª. honores. de distintivos para los individuos de tropa y del uniforme para los oficiales. en el caso de los servidores públicos excluidos de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. las Leyes Orgánicas y/o Reglamento Interior de la Institución o Secretaría de que se trate. consideraciones e insignias correspondientes a aquél. correspondiente a la infracción cometida. las acciones antijurídicas son golpes devastadores para las Fuerzas Armadas. es decir Ejército. propiamente dicha. Ed. publicado en la obra Temas de actualidad “Derecho Militar”. si el monto de aquéllos no excede de doscientas veces el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal. será de un año hasta diez años. pues atenta contra su integridad y funcionamiento. el contralor interno o el titular del área de responsabilidades y ejecutadas por el titular de la dependencia o entidad correspondiente.. Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique beneficio o lucro. o cause daños o perjuicios.48 La inhabilitación. Artículo “Análisis de la Suspensión del Empleo al amparo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. haciendo notar que atiende preferentemente al delito y secundariamente a la persona. Porrúa-Facultad de Derecho de la UNAM. se indica que la suspensión del empleo consiste en la privación temporal del que hubiere estado desempeñado el sentenciado. las Leyes Orgánicas y/o Reglamento Interior de la Institución o Secretaría de que se trate. se es juzgado por Tribunales del Fuero de Guerra que aplican una pena expresamente consignada en la ley. Por otro lado. así como el uso de condecoraciones para todos los militares.PAULINA VÁZQUEZ CONTRERAS 18 de junio de 2013 Cuando el medio militar. desde el ámbito de las Fuerzas Armadas Mexicanas. el cual también será aplicado por conductas graves 31 La suspensión del empleo. se comete un delito en contra de la disciplina castrense. puede seguir laborando en las instituciones militares. se impone con motivo de la aplicación por los titulares de las Secretarías. pues el elemento. Fuerza Aérea y Marina. Alejandro M. de conformidad con lo previsto por la fracción II del artículo 16 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. el Contralor Interno o el titular del área de responsabilidades y ejecutadas por el titular de la dependencia o entidad correspondiente. Edit. así se sancionan rigurosamente las acciones u omisiones delictivas. y de la remuneración. en el fuero castrense. por ello. 48 Vázquez Hernández. se impone con motivo de la aplicación por los titulares de las Secretarías. también se da la suspensión del empleo como una sanción de tipo penal militar49. 56 Se hace la indicación que no es una forma de terminación del servicio. indicará la persona facultada para la imposición de esta sanción. de conformidad con lo previsto por la fracción III del artículo 16 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. y de diez a veinte años si excede de dicho límite. en el caso de los servidores públicos excluidos.. 49 . la cual se encuentra prevista en el Capítulo II del Código de Justicia Militar en vigor.
sólo procederá la indemnización. CONCLUSION 32 Con la realización de este trabajo. se pueden observar diversas consecuencias de la aplicación de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. el apartado de los Servidores Públicos excluidos del apartado en mención. así como de la Federación. Algunas de las consecuencias de la aplicación de la relación de tipo administrativo que se pueden vislumbrar son las siguientes: carecen una regulación específica conforme a sus derechos de seguridad social (exceptuando a las Fuerzas Armadas). esto es.PAULINA VÁZQUEZ CONTRERAS 18 de junio de 2013 Constitucionalmente los miembros de las instituciones policiales de los municipios. negación de derechos de asociación o sindicales. sin que proceda su reinstalación o restitución. del Distrito Federal. sin embargo y debido a las presiones políticas. Es indudable que existe infiltración de la delincuencia organizada en las instituciones de seguridad pública. entidades federativas. en su caso. podrán ser removidos de su cargo si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento de la remoción señalen para permanecer en dichas instituciones. por lo que en el ámbito del amparo carecen de derechos laborales. es la orden dictada por las autoridades respectivas en virtud de la cual los miembros de las fuerzas armadas están obligados a separase del servicio. cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la remoción y. la reforma no fue del . pese a que tienen normatividad que les da los parámetros bajo los cuales se van a desarrollar en lo laboral. se les ha sujetado a una relación de tipo administrativa con el Estado. para lo cual se ha reformado el citado precepto constitucional con la finalidad de “limpiar” a las corporaciones de esos elementos. se ven obligadas a dejarlos a consecuencia de acontecimientos imprevistos. En el derecho militar. negación de derechos laborales. El retiro es la situación jurídica en que se encuentran las personas que habiendo desempeñado servicios públicos o privados por determinadas periodos. entre otros.
Bermúdez Flores. Editorial Porrúa. J. Stylo MCLXV. García Ramírez. México. Ed.. Ed. Miguel S. Francisco. 1977. “Concepto y contenido del Derecho Militar”. “El Juicio de Responsabilidad en la Constitución de 1824” (antecedente inmediato del amparo). no se deja de observar que también existen buenos elementos que han sido afectos por dicha reforma. “Derechos de los Servidores Públicos”. lo que permitió que se amparan estos elementos. “Compendio de Derecho Administrativo”. Edit. Schroeder Codero. 2ª edición. Porrúa. sin embargo. Instituto de Administración Pública-UNAM. Teoría general. Abeledo Perrot. Miguel. Renato de J. Carlos Espinoza. Alejandro. Segunda Edición. “Derecho Militar Mexicano”. Tomo I. Sergio. Marrienhoff. 33 BIBLIOGRAFÍA Acosta Romero. “Tratado de Derecho Administrativo”. Universidad . México. México. “Apuntes de Derecho Militar”. Edit. Comentada”. Oxford University Press. Andrade Sánchez. Barragán Barragán. “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.PAULINA VÁZQUEZ CONTRERAS 18 de junio de 2013 todo clara. Porrúa. Buenos Aires. 1998. José. Eduardo.
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