Source: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R0004:es:NOT
Timestamp: 2014-03-08 13:45:31
Document Index: 233079071

Matched Legal Cases: ['artículo 03', 'artículo 03', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 12', 'artículo 65', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 5', 'e contrario', 'artículo 29', 'artículo 51', 'artículo 44', 'artículo 27', 'artículo 32', 'artículo 33', 'artículo 19', 'artículo 49', 'artículo 51', 'artículo 21', 'artículo 59', 'artículo 48', 'artículo 53', 'artículo 63', 'artículo 61', 'artículo 62', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 19', 'artículo 57', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 57', 'artículo 58', 'artículo 58']

EUR-Lex - 32009R0004 - ES
Reglamento (CE) n o 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008 , relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos
DO L 7de 10.1.2009, p. 1/79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Edición especial en croata Capítulo 19 Tomo 005 p. 138 - 216
entr. en vigor: 30/01/2009; entrada en vigor fecha publicación + 20 ver art. 76
entr. en vigor: 18/09/2010; aplicación parcial ver art. 76
entr. en vigor: 18/06/2011; aplicación parcial ver art. 76
rectif. por 32009R0004R(01) rectif. por 32009R0004R(02) rectif. por 32009R0004R(03) modificado por 32011R1142 modificación anexo X desde 12/11/2011
modificado por 32011R1142 modificación anexo XI desde 12/11/2011
modificado por 22013A0921(01) complemento anexo X desde 21/09/2013
modificado por 22013A0921(01) complemento anexo XI desde 21/09/2013
modificado por 32013R0517 sustitución anexo III PT 2.2.2.3 desde 01/07/2013
modificado por 32013R0517 sustitución anexo III PT 5.1 desde 01/07/2013
modificado por 32013R0517 sustitución anexo II PT 2.2.3 desde 01/07/2013
modificado por 32013R0517 sustitución anexo II PT 5.1 desde 01/07/2013
modificado por 32013R0517 sustitución anexo I PT 2.2.3 desde 01/07/2013
modificado por 32013R0517 sustitución anexo I PT 5.1 desde 01/07/2013
modificado por 32013R0517 sustitución anexo IV PT 2.2.2.3 desde 01/07/2013
modificado por 32013R0517 sustitución anexo IV PT 5.1 desde 01/07/2013
modificado por 32013R0517 sustitución anexo VII PT 11.1 desde 01/07/2013
modificado por 32013R0517 sustitución anexo VII PT 2.2.3 desde 01/07/2013
modificado por 32013R0517 sustitución anexo VII PT 3.2.3 desde 01/07/2013
modificado por 32013R0517 sustitución anexo VII PT 6.2.4 desde 01/07/2013
modificado por 32013R0517 sustitución anexo VII PT 7.2.3 desde 01/07/2013
modificado por 32013R0517 sustitución anexo VI PT 2.2.3 desde 01/07/2013
modificado por 32013R0517 sustitución anexo VI PT 3.2.3 desde 01/07/2013
modificado por 32013R0517 sustitución anexo VI PT 8.1.7.4 desde 01/07/2013
modificado por 32013R0517 sustitución anexo VI PT 8.2.2.3 desde 01/07/2013
modificado por 32013R0517 sustitución anexo VI PT 9.7.3 desde 01/07/2013
modificado por 32013R0517 sustitución anexo V PT 1.2.3 desde 01/07/2013
modificado por 32013R0517 sustitución anexo V PT 2.2.3 desde 01/07/2013
artículo 03 PTA) interpretación solicitada por 62013CN0400 artículo 03 PTB) interpretación solicitada por 62013CN0400 artículo 3 A interpretación solicitada por 62013CN0408 artículo 3 B interpretación solicitada por 62013CN0408 artículo 12 interpretación solicitada por 62013CN0442 Actos citados:
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Reglamento (CE) no 4/2009 del Consejo
(1) La Comunidad se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia dentro del cual esté garantizada la libre circulación de personas. Para instaurar progresivamente este espacio, la Comunidad debe adoptar, entre otras cosas, medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil que tienen incidencia transfronteriza, en la medida necesaria para el buen funcionamiento del mercado interior.
(2) De acuerdo con lo establecido en el artículo 65, letra b), del Tratado, entre esas medidas habrán de incluirse aquellas que fomenten la compatibilidad de las normas aplicables en los Estados miembros sobre conflictos de leyes y de jurisdicción.
(3) A este respecto, la Comunidad ya adoptó, entre otras medidas, el Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil [3], la Decisión 2001/470/CE del Consejo, de 28 de mayo de 2001, por la que se crea una Red Judicial Europea en materia civil y mercantil [4], el Reglamento (CE) no 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil [5], la Directiva 2003/8/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003, destinada a mejorar el acceso a la justicia en los litigios transfronterizos mediante el establecimiento de reglas mínimas comunes relativas a la justicia gratuita para dichos litigios [6], el Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental [7], el Reglamento (CE) no 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo Reglamento, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados [8], y el Reglamento (CE) no 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil (notificación y traslado de documentos) [9].
(4) El Consejo Europeo, reunido en Tampere los días 15 y 16 de octubre de 1999, invitó a la Comisión y al Consejo a establecer normas comunes de procedimiento especiales para simplificar y acelerar la solución de los litigios transfronterizos relativos, entre otras cosas, a las demandas de pensión alimenticia. También instó a que se suprimieran las medidas intermedias exigidas para permitir el reconocimiento y la ejecución en el Estado requerido de una resolución dictada en otro Estado miembro, en particular en el caso de las resoluciones relativas a pensiones alimentarias.
(5) El 30 de noviembre de 2000 se adoptó un programa, común a la Comisión y al Consejo, de medidas para la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil [10]. Este programa prevé la supresión del procedimiento de exequátur para las pensiones alimenticias, con el fin de dar mayor eficacia a los medios de que disponen los acreedores de tales pensiones para hacer respetar sus derechos.
(6) El Consejo Europeo, reunido en Bruselas los días 4 y 5 de noviembre de 2004, adoptó un nuevo programa titulado "El Programa de La Haya: consolidación de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea" (en lo sucesivo denominado "el Programa de La Haya") [11].
(7) El Consejo adoptó, en su sesión de los días 2 y 3 de junio de 2005, un Plan de Acción del Consejo y la Comisión [12] que traduce el Programa de La Haya en acciones concretas y menciona la necesidad de adoptar propuestas sobre las obligaciones de alimentos.
(8) En el marco de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, la Comunidad y sus Estados miembros participaron en unas negociaciones que culminaron, el 23 de noviembre de 2007, con la adopción del Convenio sobre Cobro Internacional de Alimentos para Niños y Otros Miembros de la Familia (en lo sucesivo denominado "el Convenio de La Haya de 2007") y del Protocolo sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias (en lo sucesivo denominado "el Protocolo de La Haya de 2007"). Estos dos instrumentos, pues, deben tenerse en cuenta en el marco del presente Reglamento.
(9) El acreedor de alimentos debe contar con medios que le permitan obtener fácilmente en un Estado miembro una resolución que tenga automáticamente fuerza ejecutiva en otro Estado miembro sin ninguna otra formalidad.
(10) A fin de alcanzar este objetivo, procede crear un instrumento comunitario en materia de obligaciones alimenticias que aúne las disposiciones sobre los conflictos de jurisdicción, los conflictos de leyes, el reconocimiento y la fuerza ejecutiva, la ejecución, la asistencia jurídica gratuita y la cooperación entre autoridades centrales.
(11) El ámbito de aplicación del Reglamento debería extenderse a todas las obligaciones de alimentos derivadas de las relaciones familiares, de parentesco, matrimonio o afinidad, a fin de garantizar la igualdad de trato a todos los acreedores de alimentos. A los fines del presente Reglamento, el concepto de "obligación de alimentos" debería interpretarse de manera autónoma.
(12) A fin de tener en cuenta las diferentes formas de resolver las cuestiones relacionadas con las obligaciones de alimentos en los Estados miembros, el presente Reglamento debería aplicarse tanto a las resoluciones judiciales como a las resoluciones dictadas por las autoridades administrativas, siempre que estas autoridades ofrezcan garantías, en particular en lo que respecta a su imparcialidad y al derecho de las partes a ser oídas. Dichas autoridades administrativas deberán, en consecuencia, aplicar todas las normas del presente Reglamento.
(13) Por las razones antes enunciadas, también procede garantizar en el presente Reglamento el reconocimiento y la ejecución de las transacciones judiciales y de los documentos públicos con fuerza ejecutiva, sin que ello afecte al derecho de cualquiera de las partes en una determinada transacción o acto a impugnar tales instrumentos ante un órgano jurisdiccional del Estado miembro de origen.
(14) En el presente Reglamento procede prever que el término "acreedor" englobe, a los efectos de una solicitud de reconocimiento y ejecución de una resolución dictada en materia de obligaciones de alimentos, a los organismos públicos que tengan el derecho a actuar en lugar de una persona a quien se deba el pago de alimentos o a solicitar un reembolso por las prestaciones suministradas al acreedor a título de alimentos. Cuando los organismos públicos actúan en esta calidad, deberán tener derecho a los mismos servicios y a la misma asistencia judicial que los acreedores.
(15) Con el fin de preservar los intereses de los acreedores de alimentos y de favorecer una buena administración de justicia en la Unión Europea, deberían adaptarse las reglas relativas a la competencia, tal como dimanan del Reglamento (CE) no 44/2001. El hecho de que el demandado tenga su residencia habitual en un Estado tercero debería dejar de ser causa de inaplicación de las reglas comunitarias de competencia, y, en adelante, debería excluirse toda remisión a las reglas de competencia del derecho nacional. Procede, pues, determinar en el presente Reglamento los casos en que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro puede ejercer una competencia subsidiaria.
(16) A fin de remediar muy especialmente situaciones de denegación de justicia, procede también prever en el presente Reglamento un forum necessitatis que permita, en casos excepcionales, a un órgano jurisdiccional de un Estado miembro conocer de un litigio que guarde un estrecho vínculo con un Estado tercero. Uno de esos casos excepcionales podría darse cuando en el Estado tercero de que se trate resulte imposible un procedimiento, por ejemplo debido a una guerra civil, o cuando no quepa esperar razonablemente que el solicitante introduzca o conduzca un procedimiento en dicho Estado. Sin embargo, esta competencia fundada en el forum necessitatis solo podrá ejercerse si el litigio guarda un vínculo suficiente con el Estado miembro del órgano jurisdiccional requerido, por ejemplo, la nacionalidad de una de las partes.
(17) Una norma de competencia adicional debería prever que, salvo que se den condiciones particulares, el deudor solo puede iniciar un procedimiento para que se modifique una resolución alimenticia existente o para obtener una nueva resolución en el Estado en el que el acreedor tenía su residencia habitual cuando se dictó la resolución y en el que siga residiendo habitualmente. Para garantizar que el Convenio de La Haya de 2007 y el presente Reglamento estén bien articulados, conviene aplicar también esta regla a las resoluciones de un Estado tercero que sea parte de dicho Convenio, en la medida en que este último esté en vigor entre el Estado miembro de que se trate y la Comunidad y cubra las mismas obligaciones alimenticias en ambos.
(18) A los efectos de la aplicación del presente Reglamento, conviene prever que el concepto de "nacionalidad" se sustituya, en el caso de Irlanda, por el de "domicilio". Lo mismo vale para el Reino Unido, siempre que el presente Reglamento sea aplicable en este Estado miembro, en virtud del artículo 4 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
(19) Para aumentar la seguridad jurídica, la previsibilidad y la autonomía de las partes, el presente Reglamento debería permitir a las partes elegir de común acuerdo el órgano jurisdiccional competente en función de factores de vinculación determinados. Sin embargo, a fin de garantizar la protección del más débil, tal elección de foro debe quedar excluida para las obligaciones de alimentos respecto de un menor de 18 años.
(20) En el presente Reglamento conviene prever que, para los Estados miembros que estén vinculados por el Protocolo de La Haya de 2007, las disposiciones relativas a las normas de conflicto de leyes aplicables son las previstas en dicho Protocolo. A tal fin, debería insertarse una disposición que remita a dicho Protocolo, que será celebrado por la Comunidad en el momento oportuno para permitir la aplicación del presente Reglamento. Para tener en cuenta la posibilidad de que el Protocolo de La Haya de 2007 no se aplique a todos los Estados miembros, es conveniente establecer, a efectos del reconocimiento, de la fuerza ejecutiva y de la ejecución de resoluciones, una distinción entre los Estados miembros que están vinculados por el Protocolo de La Haya de 2007 y los que no lo están.
(21) Conviene precisar, en el marco del presente Reglamento, que dichas normas de conflicto de leyes solo determinan la ley aplicable a las obligaciones de alimentos, y no la ley aplicable al establecimiento de las relaciones familiares en las que se basan las obligaciones de alimentos. El establecimiento de relaciones familiares sigue estando regulado por el Derecho nacional de los Estados miembros, incluidas sus normas de Derecho internacional privado.
(22) Con el fin de garantizar el cobro rápido y eficaz de los créditos alimenticios y prevenir los recursos dilatorios, las resoluciones en materia de obligaciones de alimentos dictadas en un Estado miembros deberían en principio ir acompañadas de fuerza ejecutiva provisional. Por consiguiente, en el presente Reglamento conviene prever que el órgano jurisdiccional de origen debería poder declarar la resolución ejecutiva provisional, incluso cuando el derecho nacional no prevea la fuerza ejecutiva de pleno derecho, e incluso en el caso de que se haya interpuesto o quepa interponer recurso contra ella con arreglo al Derecho nacional.
(23) Para limitar las costas vinculadas a los procedimientos regulados por el presente Reglamento, sería conveniente recurrir en la medida de lo posible a las tecnologías modernas de comunicación, en particular al proceder a la audiencia de las partes.
(24) Las garantías que aporta la aplicación de las normas de conflicto de leyes deberían justificar que las resoluciones en materia de obligaciones de alimentos dictadas en un Estado miembro vinculado por el Protocolo de La Haya de 2007 sean reconocidas y gocen de fuerza ejecutiva en todos los demás Estados miembros sin necesidad de procedimiento alguno y sin que en el Estado miembro de ejecución se controle en forma alguna el fondo de la resolución.
(25) El reconocimiento en un Estado miembro de una resolución en materia de obligaciones de alimentos tiene como único objeto permitir el cobro del crédito alimenticio determinado en la resolución. No implica, en cambio, que dicho Estado miembro deba reconocer las relaciones familiares, de parentesco, matrimonio o afinidad que sean la base de la obligación de alimentos que dio origen a la resolución.
(26) Por lo que respecta a las resoluciones dictadas en un Estado miembro no vinculado por el Protocolo de La Haya de 2007, debe preverse en el presente Reglamento un procedimiento de reconocimiento y de otorgamiento de la ejecución. Dicho procedimiento debería inspirarse en el procedimiento y en los motivos de denegación de reconocimiento previstos en el Reglamento (CE) no 44/2001. A fin de acelerar el procedimiento y para que el acreedor pueda cobrar rápidamente lo que se le adeuda, conviene disponer que el órgano jurisdiccional requerido debería dictar su resolución en plazos determinados, salvo circunstancias excepcionales.
(27) Asimismo, conviene limitar al máximo las formalidades de ejecución que puedan hacer aumentar los gastos a cargo del acreedor de alimentos. A tal fin, el presente Reglamento prevé que el acreedor de alimentos no estaría obligado a disponer de una dirección postal ni de un representante autorizado en el Estado miembro de ejecución, sin que, por otra parte, se vea afectada la organización interna de los Estados miembros en lo que se refiere a los procedimientos de ejecución.
(28) A fin de limitar los gastos vinculados a los procedimientos de ejecución, no deberá exigirse ninguna traducción, salvo si se presenta oposición a la ejecución y sin perjuicio de las normas aplicables a la notificación y al traslado de los actos.
(29) A fin de garantizar el respeto de las exigencias del juicio justo, conviene prever en el presente Reglamento el derecho del demandado que no haya comparecido ante el órgano jurisdiccional de origen de un Estado miembro de origen vinculado por el Protocolo de La Haya de 2007 a pedir que se reexamine la resolución dictada contra él, en la fase de ejecución de esta. No obstante, el demandado debería solicitar dicho reexamen en un plazo determinado que habría de empezar a correr a más tardar a partir del día en que, en la fase del procedimiento de ejecución, se hayan embargado total o parcialmente sus bienes por primera vez. Este derecho de reexamen debe entenderse como un recurso extraordinario, otorgado al demandado cuando la resolución se haya dictado en su ausencia, que no afecta al ejercicio de otras vías de recurso extraordinarias previstas por el Derecho del Estado miembro de origen, siempre que dichas vías de recurso no sean incompatibles con el derecho de reexamen previsto en el presente Reglamento.
(30) Para acelerar la ejecución de resoluciones de un Estado miembro vinculado por el Protocolo de La Haya de 2007 en otro Estado miembro, conviene limitar los motivos de denegación o suspensión de la ejecución que podría alegar el deudor debido al carácter transfronterizo de los créditos alimenticios. Esta limitación no debería afectar a los motivos de denegación o suspensión previstos por el derecho nacional que no sean incompatibles con los que se indican en el presente Reglamento, como la liquidación de una deuda por el deudor en el momento de la ejecución o el carácter inembargable de determinados bienes.
(31) Para facilitar el cobro transfronterizo de créditos alimenticios, es preciso instaurar un régimen de cooperación entre las autoridades centrales designadas por los Estados miembros. Estas autoridades deberían prestar ayuda a los acreedores y deudores de alimentos a fin de que puedan hacer valer sus derechos en otros Estados miembros mediante la presentación de solicitudes de reconocimiento, de carácter ejecutorio y de ejecución o de modificación de las resoluciones existentes, o para obtener una resolución. También deberían intercambiar información a efectos de localizar a los deudores y acreedores y de determinar sus ingresos y su patrimonio en la medida en que sea necesario. Por último, deberían cooperar entre sí intercambiando información general y fomentar la cooperación entre las autoridades competentes de sus respectivos países.
(32) Las autoridades centrales designadas en virtud del presente Reglamento deberían hacerse cargo de sus propios gastos, salvo excepciones expresamente determinadas, y prestar ayuda a todo solicitante que resida en su Estado miembro. El criterio para determinar si una persona tiene derecho a solicitar ayuda de una autoridad central debería ser menos estricto que el criterio de vinculación derivado de la "residencia habitual", empleado a otros efectos en el presente Reglamento. Ahora bien, el criterio de "residencia" debería excluir la mera presencia.
(33) Con el fin de poder prestar plena asistencia a los acreedores y deudores de alimentos y de facilitar por los mejores medios el cobro transfronterizo de alimentos, las autoridades centrales deberían poder obtener ciertos datos de carácter personal. Por consiguiente, el presente Reglamento debería obligar a los Estados miembros a velar por que sus autoridades centrales tengan acceso a dichos datos ante las autoridades públicas o administraciones que dispongan de la información de que se trate en el marco de sus actividades habituales. No obstante, conviene confiar a cada Estado miembro la tarea de determinar las modalidades de dicho acceso. Así, los Estados miembros deberían poder designar a las autoridades públicas o administraciones que estén obligadas a facilitar la información a las autoridades centrales con arreglo al presente Reglamento, incluidas, llegado el caso, las autoridades públicas o las administraciones ya designadas en el marco de otros regímenes de acceso a la información. Cuando un Estado miembro designe a autoridades públicas o administraciones, debería velar por que su autoridad central esté en condiciones de acceder a la información requerida con arreglo al presente Reglamento que posean aquellas. Los Estados miembros también deberían poder permitir que su autoridad central tenga acceso a la información requerida de cualquier otra persona jurídica que la posea y sea responsable de su tratamiento.
(34) En el marco del acceso a los datos de carácter personal, de la utilización y de la transmisión de estos, deberán respetarse las exigencias de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos [13], tal como la hayan incorporado los Estados miembros a su ordenamiento jurídico interno.
(35) Procede sin embargo definir las condiciones específicas de acceso a los datos de carácter personal, de la utilización y de la transmisión de los mismos a efectos de la aplicación del presente Reglamento. En ese contexto se ha tomado en consideración el dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos [14]. Debería informarse a persona destinada a la recogida de datos de conformidad con su Derecho nacional. No obstante, conviene prever la posibilidad de diferir esa información para impedir que el deudor transfiera sus bienes y comprometa así el cobro del crédito alimenticio.
(36) Teniendo en cuenta los costes de procedimiento, conviene prever un régimen de asistencia jurídica gratuita muy favorable, a saber, la asunción total de los costes ligados a los procedimientos iniciados a través de las autoridades centrales relacionados con las obligaciones de alimentos respecto de menores de 21 años. Así, pues, las normas existentes en la Unión Europea en materia de justicia gratuita en virtud de la Directiva 2003/8/CE deberían completarse mediante normas específicas que creen un régimen especial de asistencia jurídica gratuita para las obligaciones de alimentos. En este marco, la autoridad competente del Estado miembro requerido debería poder, excepcionalmente, cobrar los gastos de un demandante beneficiario de la asistencia judicial gratuita que resultara vencido, siempre que su situación financiera lo permitiera. Sería el caso, en particular, de una persona acomodada que hubiera actuado de mala fe.
(37) Por otra parte, en lo referente a las obligaciones de alimentos distintas de las mencionadas en el considerando anterior, procede garantizar a todas las partes el mismo trato en términos de asistencia judicial en el momento de la ejecución de una resolución en otro Estado miembro. Así, debería entenderse que las disposiciones sobre la continuidad de la asistencia judicial del presente Reglamento conceden igualmente dicha asistencia a una parte que, aunque no hubiera gozado de asistencia judicial en un procedimiento para obtener o modificar una resolución en el Estado miembro de origen, sí la hubiese obtenido posteriormente en el mismo Estado en el marco de una solicitud de ejecución de la resolución. Asimismo, una parte que hubiera gozado de un procedimiento gratuito ante una de las autoridades administrativas enumeradas en el anexo X debería obtener, en el Estado miembro de ejecución, el beneficio de la asistencia judicial más favorable o de la exención de gastos y costas más amplia a condición de justificar que la había obtenido en el Estado miembro de origen.
(38) Con objeto de reducir los costes de traducción de los documentos justificativos, el órgano jurisdiccional requerido solo debería exigir la traducción de dichos documentos cuando esta sea necesaria, sin perjuicio de los derechos de la defensa y de las normas aplicables a la notificación y al traslado de los actos.
(39) Para facilitar la aplicación del presente Reglamento, es conveniente prever que los Estados miembros estén obligados a comunicar a la Comisión los nombres y datos de sus autoridades centrales, así como otras informaciones. Toda esta información debería ponerse a disposición de los profesionales en este ámbito y de la población en general, mediante publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o mediante acceso electrónico a través de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil creada por Decisión 2001/470/CE. Por otra parte, la utilización de los formularios previstos en el presente Reglamento debería facilitar y acelerar la comunicación entre autoridades centrales y permitir la presentación de solicitudes por vía electrónica.
(40) Conviene regular la relación entre el presente Reglamento y los convenios y acuerdos bilaterales o multilaterales sobre obligaciones alimentarias de los que son partes los Estados miembros. En este contexto, procede prever que los Estados miembros partes en el Convenio del 23 de marzo de 1962 entre Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia y Noruega sobre el cobro de los créditos alimentarios podrán seguir aplicándolo habida cuenta de que contiene normas en materia de reconocimiento y ejecución más favorables que las previstas en el presente Reglamento. Por lo que se refiere a los futuros acuerdos bilaterales en esta materia con terceros Estados, los procedimientos y las condiciones según los cuales los Estados miembros estarían facultados para negociar y celebrar en nombre propio dichos acuerdos deberían determinarse en el marco de los debates sobre la propuesta que va a presentar al respecto la Comisión.
(41) Para calcular los períodos y plazos previstos en el presente Reglamento, debería aplicarse lo dispuesto en el Reglamento (CEE, Euratom) no 1182/71 del Consejo, de 3 de junio de 1971, por el que se determinan las normas aplicables a los plazos, fechas y términos [15].
(42) Las medidas necesarias para la ejecución del presente Reglamento deben ser aprobadas con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión [16].
(43) Es conveniente, en particular, facultar a la Comisión para que apruebe las modificaciones de los formularios previstos en el presente Reglamento por el procedimiento consultivo contemplado en el artículo 3 de la Decisión 1999/468/CE. Para la elaboración de la lista de las autoridades administrativas incluidas en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, así como de la lista de las autoridades competentes en materia de certificación del derecho de asistencia judicial, conviene facultar a la Comisión a actuar son arreglo al procedimiento de gestión a que se refiere el artículo 4 de dicha Decisión.
(44) El presente Reglamento debería modificar el Reglamento (CE) no 44/2001 sustituyendo las disposiciones de este aplicables en materia de obligaciones de alimentos. A reserva de las disposiciones transitorias del presente Reglamento, los Estados miembros deberían aplicar, en materia de obligaciones de alimentos, las disposiciones del presente Reglamento sobre competencia, reconocimiento, fuerza ejecutiva y ejecución de las resoluciones y sobre la asistencia judicial, en lugar de las del Reglamento (CE) no 44/2001 a partir de la fecha de aplicación del presente Reglamento.
(45) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, la aplicación de una serie de medidas que permitan garantizar el cobro efectivo de los créditos alimenticios en casos transfronterizos y, por tanto, facilitar la libre circulación de personas, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor, debido a la dimensión y a los efectos del Reglamento, a nivel comunitario, la Comunidad está facultada para adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos.
(46) De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Irlanda ha notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación del presente Reglamento.
(47) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Reino Unido no participa en la adopción del presente Reglamento y no queda vinculado por él ni sujeto a su aplicación. Ello, no obstante, se entiende sin perjuicio de que el Reino Unido pueda notificar su intención de aceptar el presente Reglamento tras su adopción de conformidad con el artículo 4 del Protocolo antes mencionado.
(48) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento, y no queda vinculada por él ni sujeta a su aplicación, sin perjuicio de la que Dinamarca pueda aplicar el contenido de las modificaciones introducidas en el Reglamento (CE) no 44/2001 en virtud del artículo 3 del Acuerdo de 19 de octubre de 2005 entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil [17].
2. En el presente Reglamento, se entenderá por "Estado miembro" todo Estado miembro al que se aplique el presente Reglamento.
1) "resolución": cualquier resolución en materia de obligaciones de alimentos dictada por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro con independencia de la denominación que reciba, tal como auto, sentencia, providencia o mandamiento de ejecución, así como el acto por el cual el secretario judicial liquidare las costas del proceso. A efectos de los capítulos VII y VIII, se entenderá también por "resolución" cualquier resolución en materia de obligaciones de alimentos dictada en un Estado tercero;
2) "transacción judicial": una transacción en materia de obligaciones de alimentos aprobada por un órgano jurisdiccional o celebrada en el curso de un proceso judicial ante un órgano jurisdiccional;
3) "documento público con fuerza ejecutiva":
a) un documento en materia de obligaciones de alimentos formalizado o registrado como documento público con fuerza ejecutiva en el Estado miembro de origen y cuya autenticidad:
i) se refiera a la firma y al contenido del instrumento, y
ii) haya sido establecida por un poder público u otra autoridad autorizada a tal efecto, o bien
b) un acuerdo en materia de obligaciones de alimentos, celebrado ante las autoridades administrativas del Estado miembro de origen o formalizado por ellas;
4) "Estado miembro de origen": el Estado miembro en el cual se haya dictado la resolución, se haya aprobado o celebrado la transacción judicial, o se haya otorgado el documento público con fuerza ejecutiva, según el caso;
5) "Estado miembro de ejecución": el Estado miembro en el que se solicite la ejecución de la resolución, de la transacción judicial o del documento público con fuerza ejecutiva;
6) "Estado miembro requirente": el Estado miembro cuya autoridad central transmita una solicitud con arreglo al capítulo VII;
7) "Estado miembro requerido": el Estado miembro cuya autoridad central reciba una solicitud con arreglo al capítulo VII.
8) "Estado parte del Convenio de La Haya de 2007": cualquier Estado que sea parte del Convenio de La Haya sobre Cobro Internacional de Alimentos para Niños y Otros Miembros de la Familia, de 23 de noviembre de 2007 (en lo sucesivo denominado "el Convenio de La Haya de 2007"), en la medida en que dicho Convenio sea aplicable entre la Comunidad y ese Estado;
9) "órgano jurisdiccional de origen": el órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución que debe ejecutarse;
10) "acreedor": toda persona física a quien se deban o se alegue que se deben los alimentos;
11) "deudor": toda persona física que deba o a quien se reclamen los alimentos.
2. A efectos del presente Reglamento, el concepto de "órgano jurisdiccional" incluye a las autoridades administrativas de los Estados miembros con competencias en materia de obligaciones de alimentos, siempre que dichas autoridades ofrezcan garantías en lo que respecta a su imparcialidad y al derecho de las partes a ser oídas, y que sus resoluciones, dictadas con arreglo al Derecho del Estado miembro en el que estén establecidas:
i) puedan ser objeto de recurso o revisión ante la autoridad judicial, y
ii) tengan fuerza y efectos similares a los de la resolución de una autoridad judicial sobre la misma materia.
3. A efectos de los artículos 3, 4 y 6 el concepto de "domicilio" sustituirá al de "nacionalidad" en aquellos Estados miembros que utilicen dicho concepto como criterio de vinculación en materia familiar.
A efectos del artículo 6, se considerará que las partes que tengan su "domicilio" en diferentes unidades territoriales de un mismo Estado miembro tienen su "domicilio" común en ese Estado miembro.
a) el órgano u órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que una de las partes tenga su residencia habitual;
b) el órgano u órganos jurisdiccionales del Estado miembro del que sea nacional una de las partes;
c) por lo que respecta a las obligaciones de alimentos entre cónyuges o excónyuges:
i) el órgano jurisdiccional competente para conocer de sus litigios en materia matrimonial, o
ii) el órgano u órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo territorio hayan tenido su última residencia habitual común los cónyuges durante al menos un año.
4. Si las partes hubieren acordado atribuir una competencia exclusiva a un órgano jurisdiccional o a los órganos jurisdiccionales de un Estado parte en el Convenio relativo a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil [18], firmado en Lugano el 30 de octubre de 2007 (denominado en lo sucesivo "el Convenio de Lugano"), y dicho Estado no fuere un Estado miembro, dicho Convenio será de aplicación excepto en lo referente a los litigios mencionados en el apartado 3.
a) cuando las partes hayan aceptado con arreglo al artículo 4 la competencia de los órganos jurisdiccionales de ese otro Estado miembro;
b) cuando el acreedor se someta a la competencia de los órganos jurisdiccionales de ese otro Estado miembro en virtud del artículo 5;
c) cuando la autoridad competente del Estado de origen parte del Convenio de La Haya de 2007 no pueda o no quiera ejercer su competencia para modificar la resolución o dictar una nueva, o
d) cuando la resolución dictada en el Estado de origen parte del Convenio de La Haya de 2007 no pueda ser reconocida o declarada ejecutiva en el Estado miembro en el que se esté considerando la posibilidad de un procedimiento para modificar la resolución o dictar una nueva.
a) desde el momento en que se le hubiere presentado el escrito de demanda o documento equivalente, a condición de que posteriormente el demandante no hubiere dejado de tomar todas las medidas que se le exigieren para que se entregue al demandado la cédula de emplazamiento, o
b) si dicho documento hubiere de notificarse al demandado antes de su presentación al órgano jurisdiccional, en el momento en que lo recibiere la autoridad encargada de la notificación, a condición de que posteriormente el demandante no hubiere dejado de tomar todas las medidas que se le exigieren para presentar el documento al órgano jurisdiccional.
La ley aplicable a las obligaciones de alimentos se determinará de acuerdo con el Protocolo de La Haya, de 23 de noviembre de 2007, sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias (en lo sucesivo, "el Protocolo de La Haya de 2007") en los Estados miembros que estén vinculados por este instrumento.
a) el escrito de interposición de la demanda o documento equivalente no se le haya notificado con antelación suficiente y de manera tal que haya podido organizar su defensa, o
b) no haya podido impugnar la reclamación de alimentos por causa de fuerza mayor o debido a circunstancias extraordinarias, ajenas a su responsabilidad,
b) el extracto de la resolución expedido por el órgano jurisdiccional de origen mediante el formulario cuyo modelo figura en el anexo I;
c) si ha lugar, un documento que establezca el estado de los atrasos y que indique la fecha en que se efectuó el cálculo;
d) si ha lugar, la trascripción o traducción del contenido del formulario mencionado en la letra b) en la lengua oficial del Estado miembro de ejecución o, si este tuviera varias lenguas oficiales, en la lengua o en una de las lenguas oficiales de los procedimientos judiciales del lugar en que deba ejecutarse, conforme al Derecho de dicho Estado miembro, o en otra lengua que el Estado miembro de ejecución haya indicado que puede aceptar. Cada Estado miembro podrá indicar la lengua o lenguas oficiales de las instituciones de la Unión Europea, distintas de las propias, en las cuales acepta que se cumplimente el formulario.
a) si el reconocimiento es manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro en el que se solicita el mismo. El criterio del orden público no podrá aplicarse a las reglas relativas a la competencia judicial;
b) por lo que respecta a las resoluciones dictadas en ausencia del demandado, si el escrito de interposición de la demanda o documento equivalente no se notificó al demandado con antelación suficiente y de manera tal que pudiera organizar su defensa, a menos que el demandado, habiendo podido recurrir la resolución, hubiera optado por no hacerlo;
c) si la resolución es incompatible con otra dictada en el Estado miembro en el que se solicita el reconocimiento;
d) si la resolución fuere inconciliable con una resolución dictada con anterioridad en otro Estado miembro o en un Estado tercero entre las mismas partes en un litigio que tuviere el mismo objeto y la misma causa, cuando esta última resolución reuniere las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado miembro en el que se solicita el mismo.
b) un extracto de la resolución expedido por el órgano jurisdiccional de origen mediante el formulario cuyo modelo figura en el anexo II, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29;
c) si ha lugar, la trascripción o traducción del contenido del formulario a que se refiere la letra b) en la lengua oficial del Estado miembro de ejecución o, si este tuviera varias lenguas oficiales, en la lengua o en una de las lenguas oficiales de los procedimientos judiciales del lugar en que se presenta la demanda, conforme al Derecho de dicho Estado miembro, o en otra lengua que el Estado miembro de ejecución haya indicado que puede aceptar. Cada Estado miembro podrá indicar la lengua o lenguas oficiales de las instituciones de la Unión Europea, distintas de las propias, en las cuales acepta que se cumplimente el formulario.
a) el asesoramiento previo a la demanda con vistas a llegar a un acuerdo antes de la presentación de la demanda;
b) la asistencia jurídica y la representación ante los órganos jurisdiccionales;
c) la exención de las costas procesales y los honorarios de las personas que actúen en el proceso a requerimiento del tribunal;
d) en los Estados miembros en que pueda condenarse a la parte que pierde el proceso al pago de las costas de la parte contraria, en caso de que el beneficiario de la justicia gratuita perdiera el proceso, las costas de la parte contraria, a condición de que la justicia gratuita las hubiera cubierto igualmente si el beneficiario hubiera tenido su domicilio o su residencia habitual en el Estado miembro del órgano jurisdiccional que haya conocido del asunto;
e) los servicios de interpretación;
f) la traducción de los documentos presentados por el beneficiario de la justicia gratuita a instancias del órgano jurisdiccional o de la autoridad competente que sean necesarios para resolver el asunto;
g) los gastos de desplazamiento que corran por cuenta del beneficiario de la justicia gratuita, cuando la ley o el órgano jurisdiccional del Estado miembro de que se trate requieran la comparecencia física, ante el órgano jurisdiccional, de las personas relacionadas con la defensa de las pretensiones del beneficiario, y el órgano jurisdiccional decida que no existen otros medios satisfactorios de tomar declaración a tales personas.
a) cooperar entre sí, en particular mediante el intercambio de información, y promover la cooperación entre las autoridades competentes de sus respectivos Estados miembros para alcanzar los objetivos del presente Reglamento;
b) tratar de resolver, en la medida de lo posible, las dificultades que pudieran surgir en la aplicación del presente Reglamento.
a) transmitir y recibir dichas solicitudes;
b) iniciar o facilitar la iniciación de procedimientos sobre esas solicitudes.
a) conceder o facilitar la concesión del beneficio de justicia gratuita, cuando las circunstancias lo requieran;
b) ayudar a localizar al deudor o al acreedor, en particular en aplicación de los artículos 61, 62 y 63;
c) facilitar la obtención de información pertinente sobre los ingresos y, en caso necesario, sobre el patrimonio del deudor o del acreedor, incluida la localización de sus bienes, en particular en aplicación de los artículos 61, 62 y 63;
d) promover las soluciones amistosas a fin de obtener el pago voluntario de los alimentos, recurriendo cuando sea apropiado a la mediación, la conciliación o mecanismos análogos;
e) facilitar la ejecución continuada de las resoluciones en materia de alimentos, incluido el pago de atrasos;
g) facilitar la obtención de pruebas documentales y de otros tipos, sin perjuicio del Reglamento (CE) no 1206/2001;
h) proporcionar asistencia para determinar la filiación cuando sea necesario para el cobro de los alimentos;
i) iniciar o facilitar la iniciación de procedimientos para obtener las medidas provisionales necesarias de carácter territorial cuya finalidad sea asegurar el resultado de una solicitud de alimentos pendiente;
j) facilitar la notificación y el traslado de documentos, sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 1393/2007.
a) reconocimiento o reconocimiento y otorgamiento de ejecución de una resolución;
b) ejecución de una resolución dictada o reconocida en el Estado miembro requerido;
c) obtención de una resolución en el Estado miembro requerido cuando no exista resolución previa, incluida la determinación de la filiación en caso necesario;
d) obtención de una resolución en el Estado miembro requerido cuando no sea posible el reconocimiento y el otorgamiento de ejecución de una resolución dictada en un Estado que no sea el Estado miembro requerido;
e) modificación de una resolución dictada en el Estado miembro requerido;
f) modificación de una resolución dictada en un Estado distinto del Estado miembro requerido.
a) reconocimiento de una resolución que dé lugar a la suspensión o la limitación de la ejecución de una resolución anterior en el Estado miembro requerido;
b) modificación de una resolución dictada en el Estado miembro requerido;
c) modificación de una resolución dictada en un Estado distinto del Estado miembro requerido.
d) el nombre y la fecha de nacimiento de toda persona para la que se reclamen alimentos;
f) si es el acreedor quien presenta la solicitud, información relativa al lugar al que deben enviarse o transmitirse electrónicamente los pagos;
g) el nombre y los datos de contacto de la persona o servicio de la autoridad central del Estado miembro requirente responsable de la tramitación de la solicitud.
b) la situación económica del deudor, incluidos el nombre y la dirección de su empleador y la naturaleza y la localización de los bienes del deudor;
c) cualquier otra información que pueda facilitar la localización del demandado.
a) del nombre de la persona o del servicio responsable de cada asunto concreto;
b) del estado de tramitación del asunto,
a) la dirección del deudor o del acreedor;
b) los ingresos del deudor;
c) la identificación del empleador del deudor y/o de la cuenta o cuentas bancarias de las que el deudor sea titular;
d) el patrimonio del deudor.
1. A los efectos de una solicitud de reconocimiento y de otorgamiento de ejecución, o a efectos de la ejecución de resoluciones, el término "acreedor" comprende el organismo público que actúe en nombre de una persona física a la cual se deba el pago de alimentos, o el organismo al que se adeude un reembolso por prestaciones concedidas a título de alimentos.
a) de una la resolución dictada contra un deudor a petición de un organismo público que reclame el pago de prestaciones concedidas a título de alimentos;
b) de una resolución dictada entre deudor y acreedor, en la cuantía de las prestaciones concedidas al acreedor a título de alimentos.
a) de los procedimientos simplificados y acelerados para la ejecución de decisiones en materia de alimentos, y
b) una asistencia jurídica más favorable que la prevista en el capítulo V del presente Reglamento.
a) una descripción de la legislación y los procedimientos nacionales en materia de obligaciones de alimentos;
b) una descripción de las medidas adoptadas para cumplir los requisitos establecidos en el artículo 51;
c) una descripción de la forma en que se garantiza el acceso efectivo a la justicia, según lo dispuesto en el artículo 44;
d) una descripción de las normas y procedimientos de ejecución nacionales, con información sobre toda limitación impuesta en este ámbito, en especial las normas sobre protección del deudor y sobre plazos y prescripción.
a) los nombres y datos de contacto de los órganos jurisdiccionales o autoridades competentes para tramitar las solicitudes de otorgamiento de ejecución de conformidad con el artículo 27, apartado 1, y los recursos contra las resoluciones dictadas sobre dichas solicitudes de conformidad con el artículo 32, apartado 2;
b) Los procedimientos de recurso contemplados en el artículo 33;
c) el procedimiento de reexamen a efectos de la aplicación del artículo 19 y los nombres y datos de contacto de los órganos jurisdiccionales competentes;
d) los nombres y datos de contacto de sus autoridades centrales y, si procede, el alcance de sus atribuciones con arreglo al artículo 49, apartado 3;
e) los nombres y datos de contacto de los organismos públicos y otras entidades y, si procede, el alcance de sus atribuciones con arreglo al artículo 51, apartado 3;
f) los nombres y datos de contacto de sus autoridades competentes en materia de ejecución a efectos del artículo 21;
g) las lenguas aceptadas para las traducciones de los documentos contemplados en los artículos 20 y 40;
h) las lenguas aceptadas por sus autoridades centrales para las comunicaciones, contempladas en el artículo 59, con las demás autoridades centrales.
a) las resoluciones dictadas en les Estados miembros antes de la fecha de aplicación del presente Reglamento para las que se soliciten después de dicha fecha el reconocimiento y la declaración que demuestre la fuerza ejecutiva;
b) las resoluciones dictadas tras la fecha de aplicación del presente Reglamento en procedimientos iniciados antes de dicha fecha, en la medida en que dichas resoluciones, a los fines del reconocimiento y la ejecución, entren dentro del ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 44/2001.
[1] Dictamen emitido el 13 de diciembre de 2007 (no publicado aún en el Diario Oficial) y dictamen emitido el 4 de diciembre de 2008 tras una nueva consulta (no publicado aún en el Diario Oficial).
[2] Dictamen emitido tras una consulta no obligatoria (DO C 185 de 8.8.2006, p. 35).
[4] DO L 174 de 27.6.2001, p. 25.
[5] DO L 174 de 27.6.2001, p. 1.
[6] DO L 26 de 31.1.2003, p. 41.
[7] DO L 338 de 23.12.2003, p. 1.
[8] DO L 143 de 30.4.2004, p. 15.
[9] DO L 324 de 10.12.2007, p. 79.
[10] DO C 12 de 15.1.2001, p. 1.
[11] DO C 53 de 3.3.2005, p. 1.
[12] DO C 198 de 12.8.2005, p. 1.
[14] DO C 242 de 7.10.2006, p. 20.
[15] DO L 124 de 8.6.1971, p. 1.
[17] DO L 299 de 16.11.2005, p. 62.
[18] DO L 339 de 21.12.2007, p. 3.
EXTRACTO DE UNA RESOLUCIÓN O TRANSACCIÓN JUDICIAL EN MATERIA DE OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS NO SOMETIDO A UN PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO Y DECLARACIÓN DE EXEQUÁTUR
[artículos 20 y 48 del Reglamento (CE) no 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos [1]]
La expedición la realizará el órgano jurisdiccional de origen
La expedición solo tendrá lugar si la resolución o transacción judicial tiene fuerza ejecutiva en el Estado miembro de origen
Solo se mencionarán los datos indicados en la resolución o transacción judicial o de los que tenga conocimiento el órgano jurisdiccional de origen
 | Resolución |  | Transacción judicial |
3. Solicitante(s) [**] [***]
3.1.4. Dirección:
3.1.5. Se ha beneficiado de:
 | Sí |  | No |
3.2.4. Dirección:
3.2.5. Se ha beneficiado de:
3.3.4. Dirección:
3.3.5. Se ha beneficiado de:
4. Demandado(s) [**] [***]
4.1.4. Dirección:
4.1.5. Se ha beneficiado de:
4.2.4. Dirección:
4.2.5. Se ha beneficiado de:
4.3.4. Dirección:
4.3.5. Se ha beneficiado de:
5.2. Prestación de alimentos [****]
5.2.1.2.  Suma íntegramente pagada en una única vez
5.2.1.3.  Suma pagada en varias veces
Fecha de vencimiento (dd/mm/aaaa) | Importe |
5.2.1.4.  Suma pagada periódicamente
 Una vez a la semana
 Una vez al mes
 Otro (precisar la periodicidad): …
 En su caso, hasta (dd/mm/aaaa) o acontecimiento): …
5.2.1.5.  Suma adeudada con carácter retroactivo:
5.2.1.6.  Intereses (en caso de que se indiquen en la resolución/transacción judicial)
5.2.1.7.  Pago en especie (precisar) …
5.2.1.8.  Otro tipo de pago (precisar): …
5.2.2.2.  Suma íntegramente pagada en una única vez
5.2.2.3.  Suma pagada en varias veces
5.2.2.4.  Suma pagada periódicamente
5.2.2.5.  Suma adeudada con carácter retroactivo:
5.2.2.6.  Intereses (en caso de que se indiquen en la resolución/transacción judicial)
5.2.2.7.  Pago en especie (precisar) …
5.2.2.8.  Otro tipo de pago (precisar): …
5.2.3.2.  Suma íntegramente pagada en una única vez
5.2.3.3.  Suma pagada en varias veces
5.2.3.4.  Suma pagada periódicamente
 En su caso, hasta (fecha (dd/mm/aaaa) o acontecimiento):
5.2.3.5.  Suma adeudada con carácter retroactivo:
5.2.3.6.  Intereses (en caso de que se indiquen en la resolución/transacción judicial)
5.2.3.7.  Pago en especie (precisar) …
5.2.3.8.  Otro tipo de pago (precisar): …
En caso de adjuntarse hojas adicionales, número de páginas: …Hecho en: … el … (dd/mm/aaaa)Firma y/o sello del órgano jurisdiccional de origen:…
[1] DO L 7 de 10.1.2009, p. 1.
[**] Cuando no se haya establecido la cualidad de solicitante o de demandado de las partes en la resolución/transacción judicial, se les identificará indiferentemente como solicitante o demandado.
[***] Si la resolución o la transacción judicial se refiere a más de tres solicitantes o a más de tres demandados, adjuntar una hoja adicional.
[****] Si la resolución o la transacción judicial se refiere a más de tres prestaciones de alimentos, adjuntar una hoja adicional.
EXTRACTO DE UNA RESOLUCIÓN O TRANSACCIÓN JUDICIAL EN MATERIA DE OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS SOMETIDO A UN PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO Y DECLARACIÓN DE EXEQUÁTUR
[artículos 28 y 75, apartado 2, del Reglamento (CE) no 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos [1]]
 En su caso, hasta …(dd/mm/aaaa) o acontecimiento):
 En su caso, hasta (dd/mm/aaaa) o acontecimiento):
5.2.2.7.  Pago en especie (precisar): …
EXTRACTO DE UN DOCUMENTO PÚBLICO CON FUERZA EJECUTIVA EN MATERIA DE OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS NO SOMETIDO A UN PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO Y DECLARACIÓN DE EXEQUÁTUR
[artículo 48 del Reglamento (CE) no 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos [1]]
La expedición la realizará la autoridad competente del Estado miembro de origen
La expedición solo tendrá lugar si el documento público tiene fuerza ejecutiva en el Estado miembro de origen
Solo se mencionarán los datos indicados en el documento público o de los que tenga conocimiento la autoridad competente
2.1.  Acto establecido o registrado el: … (dd/mm/aaaa)
 Convenio celebrado o autentificado el: … (dd/mm/aaaa)
2.2. Autoridad competente:
2.2.2. Dirección:
3. Acreedor(es) [**]
4. Deudor(es) [**]
4.1.4. Dirección
5.2. Prestación de alimentos [***]
 En su caso, hasta (fecha (dd/mm/aaaa) o acontecimiento): …
5.2.1.6.  Intereses (en caso de que se indiquen en el documento público)
5.2.2.6.  Intereses (en caso de que se indiquen en el documento público)
5.2.3.6.  Intereses (en caso de que se indiquen en el documento público)
En caso de adjuntarse hojas adicionales, número de páginas: …Hecho en: … el … (dd/mm/aaaa)Firma y/o sello de la autoridad competente:…
[**] Si el documento público se refiere a más de tres acreedores o a más de tres deudores, adjuntar una hoja adicional.
[***] Si la resolución o la transacción judicial se refiere a más de tres prestaciones de alimentos, adjuntar una hoja adicional.
EXTRACTO DE UN DOCUMENTO PÚBLICO CON FUERZA EJECUTIVA EN MATERIA DE OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS SOMETIDO A UN PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO Y DECLARACIÓN DE EXEQUÁTUR
[artículos 48 y 75, apartado 2 del Reglamento (CE) no 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos [1]]
 En su caso, hasta …(fecha (dd/mm/aaaa) o acontecimiento):
 En su caso, hasta … (fecha (dd/mm/aaaa) o acontecimiento):
SOLICITUD CON VISTAS A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS ESPECÍFICAS
[artículo 53 del Reglamento (CE) no 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos [1]]
PARTE A: a rellenar por la autoridad central requirente
1.2. Dirección
1.7. Persona encargada del seguimiento de la solicitud:
3.1.1.  Ayudar a localizar al deudor o al acreedor (véanse los puntos 3.3 y 3.4)
3.1.2.  Facilitar la búsqueda de datos sobre los ingresos o el patrimonio del deudor o del acreedor (véanse los puntos 3.3 y 3.4)
3.1.3.  Facilitar la obtención de elementos de prueba documental o de otra naturaleza
3.1.4.  Obtener asistencia para determinar la filiación
3.1.5.  Introducir o facilitar la introducción de instancias con el fin de obtener una medida necesaria y provisional con carácter territorial
3.1.6.  Facilitar la comunicación y notificación de un acto
3.3.1.  al deudor siguiente:
3.3.1.2. Fecha (dd/mm/aaaa) y lugar de nacimiento [**]: …
3.3.1.4. Número de identidad o de seguridad social [**]: …
3.3.1.5. Cualquier otra información que puede resultar de utilidad [***]:
3.3.2.  al acreedor siguiente:
3.3.2.2. Fecha (dd/mm/aaaa) y lugar de nacimiento [**]: …
3.3.2.4. Número de identidad o de seguridad social [**]: …
3.3.2.5. Cualquier otra información que puede resultar de utilidad [***]:
3.4.1.  Dirección actual del deudor/acreedor
3.4.2.  Ingresos del deudor/acreedor
3.4.3.  Patrimonio del deudor/acreedor, incluida la ubicación de los bienes del deudor/acreedor
 La notificación a la persona a que se refiere la petición de información puede perjudicar al cobro efectivo de la prestación de alimentos [artículo 63, apartado 2, del Reglamento (CE) no 4/2009].
Hecho en … el: … (dd/mm/aaaa)Nombre y firma del funcionario autorizado por la autoridad central requirente:…
PARTE B: A rellenar por la autoridad central requerida
 | No |  | Sí (precisar): |
 | No |  | Sí (precisar) |
 | No |  | Sí |
(en caso de aplicación de los artículos 61, 62 y 63 del Reglamento)Con excepción de las informaciones relativas a la existencia de un domicilio, de ingresos o de un patrimonio en el Estado miembro requerido, la información contemplada en el artículo 61, apartado 2, no podrá divulgarse a la persona que haya presentado solicitud ante la autoridad central requirente, sin perjuicio de la aplicación de las normas de procedimiento ante los órganos jurisdiccionales [artículo 62, apartado 2, párrafo segundo del Reglamento (CE) no 4/2009].
Hecho en … el: … (dd/mm/aaaa)Nombre y firma del funcionario autorizado por la autoridad central requerida:…
[**] Si estos datos están disponibles.
[***] Por ejemplo, nombre y apellido de un empleador anterior, nombres y apellidos y direcciones de miembros de la familia, referencias de un vehículo o de un edificio propiedad del deudor.
FORMULARIO DE SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO, DE DECLARACIÓN DE EXEQUÁTUR O DE EJECUCIÓN DE UNA RESOLUCIÓN EN MATERIA DE OBLIGACIONES DE ALIMENTOS
[artículos 56 y 57 del Reglamento (CE) no 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligación de alimentos [1]]
 Solicitud de reconocimiento o de reconocimiento y declaración de exequátur [artículo 56, apartado 1, letra a)]
 Solicitud de reconocimiento de una resolución [artículo 56, apartado 2, letra a)]
 Solicitud de ejecución de una resolución dictada o reconocida en el Estado miembro requerido [artículo 56, apartado 1, letra b)]
2.7. Persona encargada del seguimiento de la solicitud:
3.2. Dirección:
4. Documentos anexos [**] a la solicitud en caso de resoluciones dictadas en un Estado miembro
 Copia de la resolución/la transacción judicial/el documento público
 Extracto de la resolución/la transacción judicial/el documento público mediante el formulario tipo que figura en el anexo I, el anexo II, el anexo III o el anexo IV
 Transcripción o traducción del contenido del formulario modelo que figura en el anexo I, el anexo II, el anexo III o el anexo IV
 En su caso, una copia del otorgamiento de ejecución
 Un documento por el que se establece el importe de los atrasos con indicación de la fecha en la que se efectuó el cálculo
 Un documento que acredite que el solicitante se ha beneficiado de asistencia jurídica gratuita o de una exención de costas y gastos
 Un documento que acredite que el solicitante se ha beneficiado de un procedimiento gratuito ante una autoridad administrativa en el Estado miembro de origen y que reúne las condiciones económicas para poder beneficiarse de la ayuda judicial o de una exención de costas y gastos.
 Un documento que acredite el derecho del organismo público a pedir el reembolso de prestaciones proporcionadas al acreedor y certifique el pago de tales prestaciones
 Otro (precisar): …
5. Documentos anexos [**] a la solicitud en caso de resoluciones dictadas en un tercer Estado
 Texto completo de la resolución
 Resumen o extracto de la resolución establecido por la autoridad competente del Estado de origen
 Documento que acredite que la resolución es ejecutiva en el Estado de origen y, en el caso de una resolución de una autoridad administrativa, documento que acredite que se cumplen los requisitos contemplados en el artículo 19, apartado 3, del Convenio de La Haya de 2007
 Si el demandado no compareció ni estuvo representado en los procedimientos en el Estado de origen, documento o documentos que acrediten, según el caso, que el demandado fue debidamente informado del procedimiento y tuvo la posibilidad de hacerse oír o que fue debidamente informado de la resolución y tuvo la posibilidad de impugnarla o de recurrirla en cuanto a los hechos y a los fundamentos
 Un documento con información útil para la realización de los cálculos correspondientes en caso de una resolución que prevé un indización automática
 Documento que determine en qué medida el solicitante ha recibido asistencia jurídica gratuita en el Estado de origen
Número total de documentos que se adjuntan al formulario de solicitud: …Hecho en: … el … (dd/mm/aaaa)Nombre y firma del funcionario autorizado de la autoridad central requirente: …
PARTE B: A rellenar por el solicitante o, en su caso, por la persona/autoridad autorizada en el Estado miembro requirente para rellenar el formulario en nombre del solicitante
6.1.  Solicitud de reconocimiento o reconocimiento y otorgamiento de ejecución de una resolución
6.1.1.  El capítulo VI, sección 2, del Reglamento (CE) no 4/2009
6.1.2.  El Convenio de La Haya de 2007
Sí |  | No |  |
6.1.3.  El Derecho nacional del Estado miembro requerido
6.1.4.  Otro (precisar): …
6.2.  Solicitud de ejecución de una resolución dictada o reconocida en el Estado miembro requerido
8.1.3. Número de identidad o de seguridad social [***]: …
8.1.7. Dirección:
8.1.7.1. A cargo de: … (nombre y apellido(s)) [****]
8.1.9. Se ha beneficiado de:
8.2.2. Dirección:
8.2.4. Nombre de la persona que representa al organismo en los procedimientos [*****]:
8.2.5. Persona encargada del seguimiento de la solicitud:
9.2. Fecha (dd/mm/aaaa) y lugar de nacimiento [******]: …
9.3. Número de identidad o de seguridad social [******]: …
9.4. Nacionalidad [******]: …
9.5. Profesión [******]: …
9.6. Estado civil [******]: …
9.7. Dirección [******]:
11. Persona o personas para quienes se piden o a quienes se adeudan alimentos []
11.1.  La persona es la misma que el solicitante identificado en el punto 8
11.2.  La persona es la misma que el demandado identificado en el punto 9
 | El solicitante |  | El demandado |
11.3. es el representante legal [] que defiende los intereses de la persona o las personas siguientes:
11.3.1.3. Número de identidad o de seguridad social []: …
11.3.1.4. Nacionalidad []: …
11.3.1.5. Profesión []: …
11.3.1.6. Estado civil []: …
11.3.2.3. Número de identidad o de seguridad social []: …
11.3.2.4. Nacionalidad []: …
11.3.2.5. Profesión []: …
11.3.2.6. Estado civil []: …
11.3.3.3. Número de identidad o de seguridad social []: …
11.3.3.4. Nacionalidad []: …
11.3.3.5. Profesión []: …
11.3.3.6. Estado civil []: …
12.1.  La persona es la misma que el solicitante identificado en el punto 8
12.2.  La persona es la misma que el demandado identificado en el punto 9
12.3. es el representante legal [] que defiende los intereses de la siguiente persona:
12.3.3. Número de identidad o de seguridad social [******]: …
12.3.4. Nacionalidad [******]: …
12.3.5. Profesión [******]: …
12.3.6. Estado civil [******]: …
13.2.2. Cheque que debe dirigirse a
13.2.2.2. Dirección
Hecho en: … el … (dd/mm/aaaa)Firma del solicitante: …y/o, si fuera necesario:Nombre y apellido(s) de la persona/autoridad autorizada en el Estado miembro requirente para rellenar el formulario en nombre del solicitante:…
[**] Se marcarán las casillas que corresponda y se numerarán los documentos por orden de anexión.
[***] Si se dispone de estos datos.
[****] En los casos de violencia doméstica [véase el artículo 57, apartado 3, del Reglamento (CE) no 4/2009].
[*****] Cuando este dato sea pertinente.
[******] Si se dispone de estos datos.
[] Para más de tres personas, adjuntar una hoja adicional.
[] Por ejemplo, la persona que ejerza la responsabilidad parental o el tutor de un mayor protegido.
[] Si estos datos están disponibles y/o son pertinentes.
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA OBTENER O MODIFICAR UNA RESOLUCIÓN EN MATERIA DE OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS
 Solicitud de obtención de una resolución [artículo 56, apartado 1, letra c)]
 Solicitud de obtención de una resolución [artículo 56, apartado 1, letra d)]
 Solicitud de modificación de una resolución [artículo 56, apartado 1, letra e)]
 Solicitud de modificación de una resolución [artículo 56, apartado 1, letra f)]
 Solicitud de modificación de una resolución [artículo 56, apartado 2, letra b)]
 Solicitud de modificación de una resolución [artículo 56, apartado 2, letra c)]
4. Documentos anexos [**] a la solicitud, si procede
 Resolución del Estado miembro requerido que deniega el reconocimiento o la declaración de exequátur
 Copia de la resolución que debe modificarse
 Extracto de la resolución que debe modificarse
 Justificante de la modificación de los ingresos o cualquier otro cambio de circunstancias
 Partida(s) de nacimiento o equivalente
 Reconocimiento de filiación por el deudor
 Documento(s) que acredita(n) la filiación biológica
 Resolución de una autoridad competente relativa a la filiación
 Resultados de pruebas genéticas
 Certificado de adopción
 Certificado de matrimonio o relación equivalente
 Documento(s) que acredita(n) la fecha de divorcio/separación
 Documento(s) que acredita(n) la residencia común de las partes
 Certificado (s) de escolaridad
 Justificante de la situación financiera
Número total de documentos que se adjuntan al formulario de solicitud: …Hecho en: … el … (dd/mm/aaaa)Nombre y firma del funcionario autorizado de la autoridad central requirente:…
5.1.  Solicitud de obtención de una resolución
5.1.1.  La filiación no se ha acreditado
5.1.2.  No existe ninguna resolución
5.1.3.  El reconocimiento y la declaración de exequátur de una resolución existente no son posibles
5.1.4.  Importe solicitado:
5.2.  Solicitud de modificación de una resolución
5.2.1.  La resolución se dictó en el Estado miembro requerido
5.2.2.  La resolución se dictó en un Estado distinto del Estado miembro requerido
 Modificación de las rentas:
 de la persona/de las personas para quien(es) se piden o a las que se adeudan los alimentos
 de la persona que asuma con carácter principal la carga de la persona o personas para quienes se piden o a las que se adeudan los alimentos
 del deudor
 Modificación de los gastos y cargas:
 de la persona o personas para quienes se piden o a las que se adeudan los alimentos
 Cambio de la situación del niño o de los niños
 Cambio del Estado civil:
 Aumento del importe de los alimentos (precisar): …
 Disminución del importe de los alimentos (precisar): …
 Modificación de la frecuencia de los pagos (precisar): …
 Modificación de las modalidades de pago (precisar): …
 Modificación de la naturaleza de los pagos (precisar): …
 Cese de la obligación de alimentos (precisar): …
6.2. Dirección:
6.2.1. A cargo de: … (nombre y apellido(s)) [***]
6.5. Número de identidad o de seguridad social [****]: …
7.2. Dirección [****]:
7.3. Fecha (dd/mm/aaaa) y lugar de nacimiento [****]: …
7.4. Número de identidad o de seguridad social [****]: …
7.5. Nacionalidad [****]: …
7.6. Profesión [****]: …
7.7. Estado civil [****]: …
9. Persona o personas para quienes se piden o a quienes se adeudan alimentos [*****]
9.1.  La persona es la misma que el solicitante identificado en el punto 6
9.2.  La persona es la misma que el demandado identificado en el punto 7
9.3. es el representante legal [******] que defiende los intereses de la persona o las personas siguientes:
9.3.1.3. Número de identidad o de seguridad social []: …
9.3.1.4. Nacionalidad []: …
9.3.1.5. Profesión []: …
9.3.1.6. Estado civil []: …
 Filiación (precisar el vínculo): …
 Matrimonio
 Relación similar al matrimonio
 Afinidad (precisar el vínculo): …
9.3.2.3. Número de identidad o de seguridad social []: …
9.3.2.4. Nacionalidad []: …
9.3.2.5. Profesión []: …
9.3.2.6. Estado civil []: …
9.3.3.3. Número de identidad o de seguridad social []: …
9.3.3.4. Nacionalidad []: …
9.3.3.5. Profesión []: …
9.3.3.6. Estado civil []: …
10.1.  La persona es la misma que el solicitante identificado en el punto 6
10.2.  La persona es la misma que el demandado identificado en el punto 7
10.3. es el representante legal [******]que defiende los intereses de la siguiente persona:
10.3.3. Número de identidad o de seguridad social [****]: …
10.3.4. Nacionalidad [****]: …
10.3.5. Profesión [****]: …
10.3.6. Estado civil [****]: …
base mensualbase anual | Persona que asume con carácter principal la carga de la persona o personas para quienes se piden o a las que se adeudan los alimentos | Cónyuge o pareja actual de la persona que asume con carácter principal la carga de la persona o personas para quienes se piden o a las que se adeudan los alimentos | Persona para quien se piden o a quien se adeudan alimentos (Persona A) | Persona para quien se piden o a quien se adeudan alimentos (Persona B) | Persona para quien se piden o a quien se adeudan alimentos (Persona C) |
Salarios (incluidas ventajas en especie), pensiones de jubilación, incapacidad y alimentarias, ingresos, rentas vitalicias y subsidios de desempleo | | | | | |
Rentas de trabajo por cuenta propia | | | | | |
Rentas de valores/capitales mobiliarios/rentas inmobiliarias | | | | | |
Otras fuentes de ingresos | | | | | |
Impuestos y tasas | | | | | |
Primas de seguro, cotizaciones sociales y profesionales obligatorias | | | | | |
Alquiler/gastos de copropiedad, reembolso de préstamos inmobiliarios | | | | | |
Gastos alimentarios y de vestimenta | | | | | |
Gastos médicos | | | | | |
Alimentos pagados a un tercero en virtud de una obligación legal y/o gastos para otras personas a cargo no contempladas por la solicitud | | | | | |
Gastos escolares de los niños | | | | | |
Reembolso de préstamos mobiliarios, otras deudas | | | | | |
Otros gastos | | | | | |
base mensualbase anual | Deudor | Esposo (esposa) o compañero(a) actual del deudor |
Salarios (incluidas ventajas en especie), pensiones de jubilación, incapacidad y alimentarias, ingresos, rentas vitalicias y subsidios de desempleo | | |
Rentas de trabajo por cuenta propia | | |
Rentas de valores/capitales mobiliarios/rentas inmobiliarias | | |
Otras fuentes de ingresos | | |
Impuestos y tasas | | |
Primas de seguro, cotizaciones sociales y profesionales obligatorias | | |
Alquiler/gastos de copropiedad, reembolso de préstamos inmobiliarios | | |
Gastos alimentarios y de vestimenta | | |
Gastos médicos | | |
Alimentos pagados a un tercero en virtud de una obligación legal y/o gastos para otras personas a cargo no contempladas por la solicitud | | |
Gastos escolares de los niños | | |
Reembolso de préstamos mobiliarios, otras deudas | | |
Otros gastos | | |
12.1. Pago por vía electrónica
12.2. Pago por cheque
12.2.2. Cheque que debe dirigirse a
12.2.2.2. Dirección:
[***] En los casos de violencia doméstica [véase el artículo 57, apartado 3, del Reglamento (CE) no 4/2009].
[****] Si se dispone de estos datos.
[*****] Para más de tres personas, adjuntar una hoja adicional.
[******] Por ejemplo, la persona que ejerza la responsabilidad parental o el tutor de un mayor protegido.
ACUSE DE RECIBO DE UNA SOLICITUD
[artículo 58, apartado 3, del Reglamento (CE) no 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos [1]]
2.2. Persona encargada del seguimiento de la solicitud:
5.  Documento o información adicional necesario (precisar)
Hecho en: … el … (dd/mm/aaaa)Nombre y firma del funcionario autorizado de la autoridad central requerida:…
COMUNICACIÓN DE NO ADMISIÓN A TRÁMITE DE UNA SOLICITUD O DEL CESE DE LA TRAMITACIÓN
[artículo 58, apartados 8 y 9, del Reglamento (CE) no 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos [1]]
3.  La autoridad central requerida se niega a tramitar la solicitud porque es evidente que no se cumplen las condiciones requeridas
4.  La autoridad central requerida cesa el trámite de la solicitud porque la autoridad central requirente no proporcionó los documentos o la información suplementaria solicitados por la autoridad central requerida en el plazo de 90 días o en un plazo más largo especificado por esta última