Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2011-00023-de-agosto-12-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_02ab1633247b0100e0530a0101510100&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-02-23 09:19:32
Document Index: 398355699

Matched Legal Cases: ['artículo 447', 'artículo 461', 'artículo 468', 'artículo 102', 'artículo 53', 'artículo 102', 'artículo 447', 'artículo 468', 'artículo 468', 'artículo 102', 'artículo 468', 'artículo 102', 'artículo 102', 'artículo 102', 'artículo 5']

﻿ Sentencia 2011-00023 de agosto 12 de 2014
SENTENCIA 2011-00023 DE 12 DE AGOSTO DE 2014
CONTENIDO:IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS – COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO. LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO DISTINTAS A LAS QUE PRESTAN LOS SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA AUTORIZADOS POR EL MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL, SE SOMETEN AL RÉGIMEN GENERAL, EN LO CONCERNIENTE A LA TARIFAES DECIR QUE LA BASE GRAVABLE SERÁ EL CORRESPONDIENTE AL NETO QUE OBTIENE LA COOPERATIVA UNA VEZ DEDUZCA LAS COMPENSACIONES A QUE TIENEN DERECHO LOS ASOCIADOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO, SERVICIO DE ASEO, IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, CONTRIBUCIONES
Sentencia 2011-00023 de agosto 12 de 2014
Demandante: Cooperativa de Trabajo Asociado Unir CTA
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN
En los precisos términos del recurso de apelación, y de acuerdo con el marco de competencia del ad quem, le corresponde a la Sección determinar si la Cooperativa de Trabajo Asociado Unir CTA, podía tomar como base gravable la denominada cuota de administración, sin tener en cuenta para ello las compensaciones de los asociados, o si, por el contrario, era necesario que calculara el impuesto respecto de los ingresos totales generados por las operaciones gravadas.
2.1. El impuesto a las ventas, IVA, grava la enajenación de bienes corporales muebles, la prestación de servicios en el territorio nacional, la importación de bienes corporales muebles y la circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar.
2.2. El aspecto cuantitativo del gravamen tiene un régimen general, en el cual, la base gravable y tarifa responden a los siguientes criterios: La primera, es la establecida en el artículo 447 del estatuto tributario, que señala:
“ART. 447.—En la venta y prestación de servicios, regla general. En la venta y prestación de servicios, la base gravable será el valor total de la operación, sea que ésta se realice de contado o a crédito, incluyendo entre otros los gastos directos de financiación ordinaria, extraordinaria, o moratoria, accesorios, acarreos, instalaciones, seguros, comisiones, garantías y demás erogaciones complementarias, aunque se facturen o convengan por separado y aunque, considerados independientemente, no se encuentren sometidos a imposición.
“ART. 468.—Tarifa general del impuesto sobre las ventas. La tarifa general del impuesto sobre las ventas es del dieciséis por ciento (16%), la cual se aplicará también a los servicios, con excepción de los excluidos expresamente. Igualmente, la tarifa general será aplicable a los bienes de que tratan los artículos 446, 469 y 474 y a los servicios de que trata el artículo 461 del estatuto tributario”.
2.3. No obstante, frente a algunas actividades, el legislador definió condiciones especiales para determinar el tributo a cargo. De tal suerte, que la base gravable y tarifa difieren de las generales, ajustándose a las particularidades del bien o servicio que genera la obligación y a políticas de fomento y acceso a ciertos sectores.
2.4. Para el caso de las cooperativas de trabajo asociado, el estatuto tributario nacional, antes de las modificaciones introducidas por la Ley 1111 de 2006, estableció una tarifa del 10%, aplicable al componente AUI (administración, utilidades e imprevistos), que constituía la base gravable del gravamen, siempre que éstas se encontraran en los supuestos del artículo 468-3 numeral 2º ib. que fuesen compatibles con su naturaleza (adicionado por la L. 863/2013, art. 52), según el cual:
“ART. 468-3.—: (…)
2.5. En ese orden de ideas, aquellas CTA, distintas a las que prestan los servicios de aseo y vigilancia autorizados por el Ministerio de Protección Social, se someten al régimen general, por lo menos, en lo que concierne a la tarifa, pues en punto a la base gravable, es el artículo 102-3 ib., adicionado por el artículo 53 de la Ley 863 de 2003, la disposición aplicable:
“ART. 102-3.—Distribución de los ingresos en las cooperativas de trabajo asociado. En los servicios que presten las cooperativas de trabajo asociado, para efectos de los impuestos nacionales y territoriales, las empresas deberán registrar el ingreso así: para los trabajadores asociados cooperados la parte correspondiente a la compensación ordinaria y extraordinaria de conformidad con el reglamento de compensaciones y para la cooperativa el valor que corresponda una vez descontado el ingreso de las compensaciones entregado a los trabajadores asociados cooperados, lo cual forma parte de su base gravable” (resaltado fuera del texto).
2.6. Luego, el ingreso que debe registrarse para efectos del IVA y que determina su base gravable, es el correspondiente al neto que obtiene la cooperativa una vez deduzca las compensaciones a que tienen derecho los asociados, tesis ésta que ha sido fijada por la Sala y que se reitera en esta ocasión. En reciente pronunciamiento señaló la Sección(2):
Por lo tanto, la Sala observa que el artículo 102-3 estatuto tributario es norma aplicable en materia del IVA para los servicios que en general prestan las CTA y dado que es una disposición posterior y especial para la materia objeto de regulación, prevalece respecto del artículo 447 estatuto tributario, para efectos de la base gravable de los servicios que presten las Cooperativas, para periodos anteriores al 2007, pues a partir de este año, en virtud de la Ley 1111 de 2006, se estableció una base gravable y tarifa específicas para las CTA (resaltado original)”.
3.1. La inclusión de la circular de la DIAN 9 de enero 17 de 2007 y la Ley 1111 de 2006 en el estudio de legalidad de los actos administrativos demandados.
3.1.1. Según el recurrente, el tribunal no debió referirse a la Circular 9 de 2007 de la DIAN (en la que se vertió un criterio de interpretación de la L. 1111/2006), y a la Ley 1111, como quiera que éstas son posteriores a los hechos materia de debate y que para esa fecha, existían conceptos de la DIAN que resultaban aplicables.
3.1.2. Sobre el particular, la Sala considera que la sentencia de primera instancia no desconoció la temporalidad de las normas y la imposibilidad de aplicar retroactivamente tanto los actos de interpretación de la DIAN, como la Ley 1111. Todo, porque si bien el a quo hizo alusión a estas disposiciones, lo cierto es que las mencionó a manera de ilustración y no como sustento de la decisión.
“Lo conceptuado por la administración en el aparte traído a cita de la Circular 9 deja claro que la base gravable para la aplicación del IVA la constituía antes de la reforma, el ingreso por concepto de AIU y no de la totalidad de los ingresos de la cooperativa por concepto de los servicios, en este caso, por concepto del valor de las compensaciones, del AIU y del 1% de los ingresos recibidos de los trabajadores cooperadores, lo que a juicio de la DIAN constituye el ingreso bruto y por lo mismo sobre él debe aplicar la tarifa del 16% por concepto de IVA”(4).
3.1.3. Por eso, no podría afirmarse que por la mención que se hizo a la circular, o incluso a la misma Ley 1111 de 2006, se estuviese aplicando en forma retroactiva esta última, habida cuenta de que su inclusión en la sentencia, se dio a modo de herramienta de interpretación del estatuto tributario, tal como regía al momento de expedición de los actos acusados.
3.2. Base gravable del IVA aplicable a la demandante para el período discutido.
3.2.1. Afirma la demandada, que Unir CTA no estaba habilitada legalmente para liquidar el IVA bajo las previsiones especiales del artículo 468-3 del estatuto tributario, de conformidad con el cual, la base gravable se compone del AUI.
3.2.2. La discusión se circunscribe entonces, a determinar si la base gravable del IVA debió corresponder, a los ingresos totales percibidos por las operaciones gravadas, como sostiene la demandada, o si por el contrario, ésta debe determinarse atendiendo lo dispuesto en el artículo 468-3 referido, o al artículo 102-3, ambos del estatuto tributario.
3.2.3. Sin embargo, debe precisarse que la parte actora no fundamentó la legalidad de su liquidación privada en la base gravable especial de IVA contenida en el artículo 468-3 del estatuto tributario, planteó, que la base gravable aplicable a las cooperativas de trabajo asociado (CTA), es la consagrada en el artículo 102-3 (adicionado por L. 863/2003, art. 53).
3.2.4. Para la Sala, la demandante sí tiene derecho a calcular la base gravable de acuerdo a las directrices del artículo 102-3 ib., esto es, tomando la cuota de administración, sin incluir los ingresos que reciben sus miembros como contraprestación a su trabajo, a la tarifa general del 16%, tal como se hizo en la liquidación privada.
Todo, porque como se anotó previamente, se trata de una cooperativa de trabajo asociado, que presta servicios de manera autogestionaria, cuyos integrantes (trabajadores) son a la vez aportantes y gestores. Luego se reitera, son los asociados quienes desarrollan personalmente y a título de aporte las actividades previstas en el objeto social de la cooperativa, a fin de satisfacer las obligaciones comerciales que esta última adquiere con terceros, a cambio de una compensación establecida en función de “…la especialidad, el rendimiento y la cantidad del trabajo aportado”(7).
Esas compensaciones, por orden expresa del artículo 102-3 del estatuto tributario, no se computan como ingresos de las cooperativas, a fin de determinar las obligaciones tributarias a su cargo.
3.2.5. Así las cosas, la liquidación del impuesto bajo las condiciones en que la practicó la actora, resulta ajustada a derecho, pues ésta lo calculó a partir de los ingresos propios, con una tarifa del 16%, tal como le correspondía. No le asiste entonces razón al apelante, y en esa medida, se impone confirmar la decisión de primera instancia, que anuló los actos demandados y dejó en firme la liquidación privada.
1. CONFIRMAR la sentencia de 16 de febrero de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que declaró la nulidad de los actos demandados, por las razones expuestas en esta providencia.
2. Se RECONOCE personería para actuar a la abogada Maritza Alexandra Díaz Granados, como apoderada judicial de la demandada, de conformidad con el poder que obra a folios 158 del cuaderno principal.
(2) Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 13 de marzo de 2014, expediente 19467, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
(3) Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencia del 27 de septiembre de 2012, expediente 18520, Consejera Ponente Martha Teresa Briceño de Valencia.
(4) Folio 127, cuaderno principal.
(5) De conformidad con la descripción de las actividades a que se dedica la cooperativa, hecha en los estatutos de la misma. En el artículo 5º numeral 1º de dichos estatutos, se lee: “Trabajo asociado (…) Realizar actividades de producción y comercialización de confecciones, contratar con entidades oficiales o privadas servicios generales como conducción de todo tipo de vehículos, mantenimiento general, aseo...”. Folio 49, cuaderno anexo 1.
(6) Folios 105 a 108, cuaderno anexo 1.
(7) Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 13 de marzo de 2014, expediente 19467, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.