Source: https://cvperu.wordpress.com/2010/12/17/ley-n%C2%BA-29497-nueva-ley-procesal-del-trabajo/
Timestamp: 2017-06-24 11:57:22
Document Index: 19917480

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'in fine', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'artículo\n57', 'Artículo 42', 'Artículo 51', 'artículo 38', 'Artículo 38', 'artículo 8', 'artículo 52']

LEY Nº 29497 NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO | Consulting Tax&Business Asesoría en diagnóstico tributario, negocios y más/Rentas de Capital, Rentas de Trabajo y Empresarial
REGLAMENTO DE LEY DE FOMENTO AL EMPLEO DECRETO SUPREMO Nº 001-96-TR (26/01/1996)	Serve and grow rich!	LEY Nº 29497 NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO	diciembre 17, 2010	Consulting Tax&Business Cursos virtuales, asesoría en diagnóstico tributario, negocios y más/Rentas de Capital, Rentas de Trabajo y Empresarial www.cvperu.com@gmail.com	Tax Labor Perú	Deja un comentario	LEY Nº 29497
El proceso laboral se inspira, entre otros, en los principios de inmediación,
oralidad, concentración, celeridad, economía procesal y veracidad.
Corresponde a la justicia laboral resolver los conflictos jurídicos que se
originan con ocasión de las prestaciones de servicios de carácter personal,
de naturaleza laboral, formativa, cooperativista o administrativa; están excluidas
las prestaciones de servicios de carácter civil, salvo que la demanda
se sustente en el encubrimiento de relaciones de trabajo. Tales conflictos
jurídicos pueden ser individuales, plurales o colectivos, y estar referidos a
aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o posteriores a la prestación
efectiva de los servicios.
En todo proceso laboral los jueces deben evitar que la desigualdad entre
las partes afecte el desarrollo o resultado del proceso, para cuyo efecto procuran
alcanzar la igualdad real de las partes, privilegian el fondo sobre la
forma, interpretan los requisitos y presupuestos procesales en sentido favorable
a la continuidad del proceso, observan el debido proceso, la tutela
jurisdiccional y el principio de razonabilidad. En particular, acentúan estos
deberes frente a la madre gestante, el menor de edad y la persona con discapacidad.
Los jueces laborales tienen un rol protagónico en el desarrollo e impulso
del proceso. Impiden y sancionan la inconducta contraria a los deberes de
veracidad, probidad, lealtad y buena fe de las partes, sus representantes, sus
abogados y terceros.
El proceso laboral es gratuito para el prestador de servicios, en todas las
instancias, cuando el monto total de las pretensiones reclamadas no supere
las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP).
Artículo IV.- Interpretación y aplicación de las normas en la resolución
de los conflictos de la justicia laboral
Los jueces laborales, bajo responsabilidad, imparten justicia con arreglo
a la Constitución Política del Perú, los tratados internacionales de derechos
humanos y la ley. Interpretan y aplican toda norma jurídica, incluyendo los
convenios colectivos, según los principios y preceptos constitucionales, así
como los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional y de la Corte
Artículo 1º.- Competencia por materia de los juzgados de paz letrados
1. En proceso abreviado laboral, las pretensiones referidas al cumplimiento
de obligaciones de dar no superiores a cincuenta (50) Unidades de
Referencia Procesal (URP) originadas con ocasión de la prestación personal
de servicios de naturaleza laboral, formativa o cooperativista, referidas a
2. Los procesos con título ejecutivo cuando la cuantía no supere las
cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP); salvo tratándose de
la cobranza de aportes previsionales del Sistema Privado de Pensiones retenidos
por el empleador, en cuyo caso son competentes con prescindencia de
Artículo 2º.- Competencia por materia de los juzgados especializados
1. En proceso ordinario laboral, todas las pretensiones relativas a la
protección de derechos individuales, plurales o colectivos, originadas con
ocasión de la prestación personal de servicios de naturaleza laboral, formativa
o cooperativista, referidas a aspectos sustanciales o conexos, incluso
previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios.
Se consideran incluidas en dicha competencia, sin ser exclusivas, las
pretensiones relacionadas a los siguientes:
a) El nacimiento, desarrollo y extinción de la prestación personal de
servicios; así como a los correspondientes actos jurídicos.
b) La responsabilidad por daño patrimonial o extrapatrimonial, incurrida
por cualquiera de las partes involucradas en la prestación personal de
servicios, o terceros en cuyo favor se presta o prestó el servicio.
c) Los actos de discriminación en el acceso, ejecución y extinción de la
d) El cese de los actos de hostilidad del empleador, incluidos los actos de
acoso moral y hostigamiento sexual, conforme a la ley de la materia.
g) Los conflictos vinculados a una organización sindical y entre organizaciones
sindicales, incluida su disolución.
h) El cumplimiento de obligaciones generadas o contraídas con ocasión
de la prestación personal de servicios exigibles a institutos, fondos, cajas u
i) El cumplimiento de las prestaciones de salud y pensiones de invalidez,
a favor de los asegurados o los beneficiarios, exigibles al empleador, a las
entidades prestadoras de salud o a las aseguradoras.
k) La nulidad de cosa juzgada fraudulenta laboral; y
l) aquellas materias que, a criterio del juez, en función de su especial
naturaleza, deban ser ventiladas en el proceso ordinario laboral.
Conoce las pretensiones referidas al cumplimiento de obligaciones de
dar superiores a cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP).
2. En proceso abreviado laboral, de la reposición cuando ésta se plantea
como pretensión principal única.
3. En proceso abreviado laboral, las pretensiones relativas a la vulneración
4. En proceso contencioso administrativo conforme a la ley de la materia,
las pretensiones originadas en las prestaciones de servicios de carácter
2 ENERO 2010 / LEGISLACIÓN LABORAL
5. Los procesos con título ejecutivo cuando la cuantía supere las cincuenta
(50) Unidades de Referencia Procesal (URP).
Artículo 3º.- Competencia por materia de las salas laborales superiores
Las salas laborales de las cortes superiores tienen competencia, en primera
instancia, en las materias siguientes:
1. Proceso de acción popular en materia laboral, a ser tramitado conforme
a la ley que regula los procesos constitucionales.
2. Anulación de laudo arbitral que resuelve un conflicto jurídico de naturaleza
laboral, a ser tramitada conforme a la ley de arbitraje.
3. Impugnación de laudos arbitrales derivados de una negociación colectiva,
a ser tramitada conforme al procedimiento establecido en la presente
4. Contienda de competencia promovida entre juzgados de trabajo y
entre éstos y otros juzgados de distinta especialidad del mismo distrito judicial.
5. Conflictos de autoridad entre los juzgados de trabajo y autoridades
administrativas en los casos previstos por la ley.
4.1 La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de
Justicia de la República es competente para conocer de los siguientes recursos:
b) del recurso de apelación de las resoluciones pronunciadas por las
salas laborales en primera instancia; y
c) del recurso de queja por denegatoria del recurso de apelación o por
haber sido concedido en efecto distinto al establecido en la ley.
4.2 Las salas laborales de las cortes superiores son competentes para
conocer de los siguientes recursos:
a) Del recurso de apelación contra las resoluciones expedidas por los
b) del recurso de queja por denegatoria del recurso de apelación o por
4.3 Los juzgados especializados de trabajo son competentes para conocer
juzgados de paz letrados en materia laboral; y
Artículo 5º.- Determinación de la cuantía
La cuantía está determinada por la suma de todos los extremos contenidos
en la demanda, tal como hayan sido liquidados por el demandante. Los
intereses, las costas, los costos y los conceptos que se devenguen con posterioridad
a la fecha de interposición de la demanda no se consideran en la
Artículo 6º.- Competencia por territorio
A elección del demandante es competente el juez del lugar del domicilio
principal del demandado o el del último lugar donde se prestaron los
Si la demanda está dirigida contra quien prestó los servicios, sólo es
competente el juez del domicilio de éste.
En la impugnación de laudos arbitrales derivados de una negociación
colectiva es competente la sala laboral del lugar donde se expidió el laudo.
La competencia por razón de territorio sólo puede ser prorrogada cuando
resulta a favor del prestador de servicios.
7.1 El demandado puede cuestionar la competencia del juez por razón
de la materia, cuantía, grado y territorio mediante excepción. Sin perjuicio
de ello el juez, en cualquier estado y grado del proceso, declara, de oficio, la
nulidad de lo actuado y la remisión al órgano jurisdiccional competente si
determina su incompetencia por razón de materia, cuantía, grado, función o
territorio no prorrogado.
7.2 Tratándose del cuestionamiento de la competencia del juez por razón
de territorio, el demandado puede optar, excluyentemente, por oponer
la incompetencia como excepción o como contienda. La competencia de los
jueces de paz letrados sólo se cuestiona mediante excepción.
7.3 La contienda de competencia entre jueces de trabajo y entre éstos y
otros juzgados de distinta especialidad del mismo distrito judicial la dirime
la sala laboral de la corte superior correspondiente. Tratándose de juzgados
de diferentes distritos judiciales, la dirime la Sala de Derecho Constitucional
y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República.
8.1 Los menores de edad pueden comparecer sin necesidad de representante
legal. En el caso de que un menor de catorce (14) años comparezca al
proceso sin representante legal, el juez pone la demanda en conocimiento
del Ministerio Público para que actúe según sus atribuciones. La falta de
comparecencia del Ministerio Público no interfiere en el avance del proceso.
8.2 Los sindicatos pueden comparecer al proceso laboral en causa propia,
en defensa de los derechos colectivos y en defensa de sus dirigentes y
8.3 Los sindicatos actúan en defensa de sus dirigentes y afiliados sin
necesidad de poder especial de representación; sin embargo, en la demanda
o contestación debe identificarse individualmente a cada uno de los afiliados
con sus respectivas pretensiones. En este caso, el empleador debe poner
en conocimiento de los trabajadores la demanda interpuesta. La inobservancia
de este deber no afecta la prosecución del proceso.
La representación del sindicato no habilita al cobro de los derechos
económicos que pudiese reconocerse a favor de los afiliados.
9.1 Las pretensiones derivadas de la afectación al derecho a la no discriminación
en el acceso al empleo o del quebrantamiento de las prohibiciones
de trabajo forzoso e infantil pueden ser formuladas por los afectados
directos, una organización sindical, una asociación o institución sin fines de
lucro dedicada a la protección de derechos fundamentales con solvencia
para afrontar la defensa a criterio del juez, la Defensoría del Pueblo o el
9.2 Cuando se afecten los derechos de libertad sindical, negociación
colectiva, huelga, a la seguridad y salud en el trabajo y, en general, cuando
se afecte un derecho que corresponda a un grupo o categoría de prestadores
de servicios, pueden ser demandantes el sindicato, los representantes de los
trabajadores, o cualquier trabajador o prestador de servicios del ámbito.
Artículo 10º.- Defensa pública a cargo del Ministerio de Justicia
La madre gestante, el menor de edad y la persona con discapacidad que
trabajan tienen derecho a la defensa pública, regulada por la ley de la materia.
Artículo 11º.- Reglas de conducta en las audiencias
En las audiencias el juez cuida especialmente que se observen las siguientes
a) Respeto hacia el órgano jurisdiccional y hacia toda persona presente
en la audiencia. Está prohibido agraviar, interrumpir mientras se hace uso de
la palabra, usar teléfonos celulares u otros análogos sin autorización del
juez, abandonar injustificadamente la sala de audiencia, así como cualquier
expresión de aprobación o censura.
b) Colaboración en la labor de impartición de justicia. Merece sanción
alegar hechos falsos, ofrecer medios probatorios inexistentes, obstruir la
actuación de las pruebas, generar dilaciones que provoquen injustificadamente
la suspensión de la audiencia, o desobedecer las órdenes dispuestas
12.1 En los procesos laborales por audiencias las exposiciones orales de
las partes y sus abogados prevalecen sobre las escritas sobre la base de las
ANÁLISIS LABORAL / ENERO 2010 3
cuales el juez dirige las actuaciones procesales y pronuncia sentencia. Las
audiencias son sustancialmente un debate oral de posiciones presididas por
el juez, quien puede interrogar a las partes, sus abogados y terceros participantes
en cualquier momento. Las actuaciones realizadas en audiencia, salvo
la etapa de conciliación, son registradas en audio y vídeo utilizando cualquier
medio apto que permita garantizar fidelidad, conservación y reproducción
de su contenido. Las partes tienen derecho a la obtención de las
respectivas copias en soporte electrónico, a su costo.
12.2 La grabación se incorpora al expediente. Adicionalmente, el juez
deja constancia en acta únicamente de lo siguiente: identificación de todas
las personas que participan en la audiencia, de los medios probatorios que
se hubiesen admitido y actuado, la resolución que suspende la audiencia, los
incidentes extraordinarios y el fallo de la sentencia o la decisión de diferir su
Si no se dispusiese de medios de grabación electrónicos, el registro de
las exposiciones orales se efectúa haciendo constar, en acta, las ideas centrales
Artículo 13º.- Notificaciones en los procesos laborales
Las notificaciones de las resoluciones que se dicten en el proceso se
efectúan mediante sistemas de comunicación electrónicos u otro medio idóneo
que permita confirmar fehacientemente su recepción, salvo cuando se
trate de las resoluciones que contengan el traslado de la demanda, la admisión
de un tercero con interés, una medida cautelar, la sentencia en los
procesos diferentes al ordinario, abreviado y de impugnación de laudos arbitrales
económicos. Las resoluciones mencionadas se notifican mediante
Para efectos de la notificación electrónica, las partes deben consignar
en la demanda o en su contestación una dirección electrónica, bajo apercibimiento
de declararse la inadmisibilidad de tales actos postulatorios.
La notificación electrónica surte efectos desde el día siguiente que llega
a la dirección electrónica.
En las zonas de pobreza decretadas por los órganos de gobierno del
Poder Judicial, así como en los procesos cuya cuantía no supere las setenta
(70) Unidades de Referencia Procesal (URP) las resoluciones son notificadas
por cédula, salvo que se solicite la notificación electrónica. Las notificaciones
por cédula fuera del distrito judicial son realizadas directamente a la
sede judicial de destino.
Las resoluciones dictadas en audiencia se entienden notificadas a las
partes, en el acto.
Artículo 14º.- Costas y costos
La condena en costas y costos se regula conforme a la norma procesal
civil. El juez exonera al prestador de servicios de costas y costos si las pretensiones
reclamadas no superan las setenta (70) Unidades de Referencia
Procesal (URP), salvo que la parte hubiese obrado con temeridad o mala fe.
También hay exoneración si, en cualquier tipo de pretensión, el juez determina
que hubo motivos razonables para demandar.
Artículo 15º.- Multas
En los casos de temeridad o mala fe procesal el juez tiene el deber de
imponer a las partes, sus representantes y los abogados una multa no menor
de media (1/2) ni mayor de cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal
(URP).
La multa por temeridad o mala fe es independiente de aquella otra que
se pueda imponer por infracción a las reglas de conducta a ser observadas
La multa por infracción a las reglas de conducta en las audiencias es no
menor de media (1/2) ni mayor de cinco (5) Unidades de Referencia Procesal
Adicionalmente a las multas impuestas, el juez debe remitir copias de
las actuaciones respectivas a la presidencia de la corte superior, al Ministerio
Público y al Colegio de Abogados correspondiente, para las sanciones a
que pudiera haber lugar.
Existe responsabilidad solidaria entre las partes, sus representantes y
sus abogados por las multas impuestas a cualquiera de ellos. No se extiende
la responsabilidad solidaria al prestador de servicios.
El juez sólo puede exonerar de la multa por temeridad o mala fe si el
proceso concluye por conciliación judicial antes de la sentencia de segunda
instancia, en resolución motivada.
El juez puede imponer multa a los testigos o peritos, no menor de media
(1/2) ni mayor de cinco (5) Unidades de Referencia Procesal (URP) cuando
éstos, habiendo sido notificados excepcionalmente por el juzgado, inasisten
sin justificación a la audiencia ordenada de oficio por el juez.
Admisión y procedencia
Artículo 16º.- Requisitos de la demanda
La demanda se presenta por escrito y debe contener los requisitos y anexos
establecidos en la norma procesal civil, con las siguientes precisiones:
a) Debe incluirse, cuando corresponda, la indicación del monto total del
petitorio, así como el monto de cada uno de los extremos que integren la
demanda; y
b) no debe incluirse ningún pliego dirigido a la contraparte, los testigos o
los peritos; sin embargo, debe indicarse la finalidad de cada medio de prueba.
El demandante puede incluir de modo expreso su pretensión de reconocimiento
de los honorarios que se pagan con ocasión del proceso.
Cuando el proceso es iniciado por más de un demandante debe designarse
a uno de ellos para que los represente y señalarse un domicilio procesal
Los prestadores de servicios pueden comparecer al proceso sin necesidad
de abogado cuando el total reclamado no supere las diez (10) Unidades
de Referencia Procesal (URP). Cuando supere este límite y hasta las setenta
(70) Unidades de Referencia Procesal (URP) es facultad del juez, atendiendo
a las circunstancias del caso, exigir o no la comparecencia con abogado. En
los casos en que se comparezca sin abogado debe emplearse el formato de
demanda aprobado por el Poder Judicial.
El juez verifica el cumplimiento de los requisitos de la demanda dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes de recibida. Si observa el incumplimiento
de alguno de los requisitos, concede al demandante cinco (5) días hábiles para
que subsane la omisión o defecto, bajo apercibimiento de declararse la conclusión
del proceso y el archivo del expediente. La resolución que disponga la
conclusión del proceso es apelable en el plazo de cinco (5) días hábiles.
Excepcionalmente, en el caso de que la improcedencia de la demanda
sea notoria, el juez la rechaza de plano en resolución fundamentada. La
resolución es apelable en el plazo de cinco (5) días hábiles siguientes.
Artículo 18º.- Demanda de liquidación de derechos individuales
Cuando en una sentencia se declare la existencia de afectación de un
derecho que corresponda a un grupo o categoría de prestadores de servicios,
con contenido patrimonial, los miembros del grupo o categoría o quienes
individualmente hubiesen sido afectados pueden iniciar, sobre la base de
dicha sentencia, procesos individuales de liquidación del derecho reconocido,
siempre y cuando la sentencia declarativa haya sido dictada por el Tribunal
Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República, y haya
pasado en autoridad de cosa juzgada.
En el proceso individual de liquidación del derecho reconocido es improcedente
negar el hecho declarado lesivo en la sentencia del Tribunal Constitucional
o de la Corte Suprema de Justicia de la República. El demandado
puede, en todo caso, demostrar que el demandante no se encuentra en el
ámbito fáctico recogido en la sentencia.
4 ENERO 2010 / LEGISLACIÓN LABORAL
Artículo 19º.- Requisitos de la contestación
La contestación de la demanda se presenta por escrito y debe contener
los requisitos y anexos establecidos en la norma procesal civil, sin incluir
ningún pliego dirigido a la contraparte, los testigos o los peritos; sin embargo,
debe indicarse la finalidad de cada medio de prueba.
La contestación contiene todas las defensas procesales y de fondo que
el demandado estime convenientes. Si el demandado no niega expresamente
los hechos expuestos en la demanda, estos son considerados admitidos.
Artículo 20º.- Caso especial de procedencia
régimen se haya establecido un procedimiento previo ante un órgano o tribunal
específico, en cuyo caso debe recurrirse ante ellos antes de acudir al
Artículo 21º.- Oportunidad
Los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes únicamente
en la demanda y en la contestación. Extraordinariamente, pueden ser ofrecidos
hasta el momento previo a la actuación probatoria, siempre y cuando
estén referidos a hechos nuevos o hubiesen sido conocidos u obtenidos con
Las partes concurren a la audiencia en la que se actúan las pruebas con
todos sus testigos, peritos y documentos que, en dicho momento, corresponda
ofrecer, exhibir o se pretenda hacer valer con relación a las cuestiones
probatorias. Esta actividad de las partes se desarrolla bajo su responsabilidad
y costo, sin necesidad de citación del juzgado y sin perjuicio de que
el juez los admita o rechace en el momento. La inasistencia de los testigos o
peritos, así como la falta de presentación de documentos, no impide al juez
pronunciar sentencia si, sobre la base de la prueba actuada, los hechos necesitados
de prueba quedan acreditados.
En ningún caso, fuera de las oportunidades señaladas, la presentación
extemporánea de medios probatorios acarrea la nulidad de la sentencia apelada.
Estos medios probatorios no pueden servir de fundamento de la sentencia.
Artículo 22º.- Prueba de oficio
Excepcionalmente, el juez puede ordenar la práctica de alguna prueba
adicional, en cuyo caso dispone lo conveniente para su realización, procediendo
a suspender la audiencia en la que se actúan las pruebas por
un lapso adecuado no mayor a treinta (30) días hábiles, y a citar, en el
mismo acto, fecha y hora para su continuación. Esta decisión es inimpugnable.
Esta facultad no puede ser invocada encontrándose el proceso en casación.
La omisión de esta facultad no acarrea la nulidad de la sentencia.
23.1 La carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran
su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos,
sujetos a las siguientes reglas especiales de distribución de la carga probatoria,
sin perjuicio de que por ley se dispongan otras adicionales.
23.2 Acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia
de vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario.
23.3 Cuando corresponda, si el demandante invoca la calidad de trabajador
o ex trabajador, tiene la carga de la prueba de:
a) La existencia de la fuente normativa de los derechos alegados de
origen distinto al constitucional o legal.
23.4 De modo paralelo, cuando corresponda, incumbe al demandado
que sea señalado como empleador la carga de la prueba de:
a) El pago, el cumplimiento de las normas legales, el cumplimiento de
sus obligaciones contractuales, su extinción o inexigibilidad.
23.5 En aquellos casos en que de la demanda y de la prueba actuada
aparezcan indicios que permitan presumir la existencia del hecho lesivo alegado,
el juez debe darlo por cierto, salvo que el demandado haya aportado
elementos suficientes para demostrar que existe justificación objetiva y razonable
de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.
Los indicios pueden ser, entre otros, las circunstancias en las que sucedieron
los hechos materia de la controversia y los antecedentes de la conducta
Artículo 24º.- Forma de los interrogatorios
El interrogatorio a las partes, testigos, peritos y otros es realizado por el
juez de manera libre, concreta y clara, sin seguir ningún ritualismo o fórmula
preconstituida. Para su actuación no se requiere de la presentación de
pliegos de preguntas. No se permite leer las respuestas, pero sí consultar
documentos de apoyo. Los abogados de las partes también pueden preguntar
o solicitar aclaraciones, bajo las mismas reglas de apertura y libertad. El
juez guía la actuación probatoria con vista a los principios de oralidad, inmediación,
concentración, celeridad y economía procesal. Impide que esta
se desnaturalice sancionando las conductas temerarias, dilatorias, obstructivas
o contrarias al deber de veracidad.
Artículo 25º.- Declaración de parte
La parte debe declarar personalmente. Las personas jurídicas prestan su
declaración a través de cualquiera de sus representantes, quienes tienen el
deber de acudir informados sobre los hechos que motivan el proceso.
Artículo 26º.- Declaración de testigos
Los testigos no presencian el desarrollo de la audiencia y solo ingresan
a ella en el momento que les corresponda.
El secretario del juzgado expide al testigo una constancia de asistencia
a fin de acreditar el cumplimiento de su deber ciudadano. Tratándose de un
trabajador, dicha constancia sirve para sustentar ante su empleador la inasistencia
y el pago de la remuneración por el tiempo de ausencia.
Artículo 27º.- Exhibición de planillas
La exhibición de las planillas manuales se tiene por cumplida con la
presentación de las copias legalizadas correspondientes a los períodos necesitados
La exhibición de las planillas electrónicas es ordenada por el juez al
funcionario del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo responsable
de brindar tal información. Es improcedente la tacha de la información de
las planillas electrónicas remitida por dicho funcionario, sin perjuicio de la
responsabilidad penal o funcional que las partes puedan hacer valer en la
vía correspondiente.
Las partes pueden presentar copias certificadas expedidas por el Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo de la información contenida en las
planillas electrónicas, en lugar de la exhibición electrónica.
Artículo 28º.- Pericia
Los peritos no presencian el desarrollo de la audiencia y solo ingresan a
ella en el momento que corresponda efectuar su exposición.
Los informes contables practicados por los peritos adscritos a los juzgados
de trabajo y juzgados de paz letrados tienen la finalidad de facilitar
al órgano jurisdiccional la información necesaria para calcular , en la sentencia,
los montos de los derechos que ampara, por lo que esta pericia no se
ofrece ni se actúa como medio probatorio.
Artículo 29º.- Presunciones legales derivadas de la conducta de las
El juez puede extraer conclusiones en contra de los intereses de las partes
atendiendo a su conducta asumida en el proceso. Esto es particularmente relevante
cuando la actividad probatoria es obstaculizada por una de las partes.
Entre otras circunstancias, se entiende que se obstaculiza la actuación
probatoria cuando no se cumple con las exhibiciones ordenadas, se niega la
existencia de documentación propia de su actividad jurídica o económica,
se impide o niega el acceso al juez, los peritos o los comisionados judiciales
al material probatorio o a los lugares donde se encuentre, se niega a declarar,
o responde evasivamente.
ANÁLISIS LABORAL / ENERO 2010 5
Artículo 30º.- Formas especiales de conclusión del proceso
El proceso laboral puede concluir, de forma especial, por conciliación,
allanamiento, reconocimiento de la demanda, transacción, desistimiento o
abandono. También concluye cuando ambas partes inasisten por segunda
vez a cualquiera de las audiencias programadas en primera instancia.
La conciliación y la transacción pueden ocurrir dentro del proceso, cualquiera
sea el estado en que se encuentre, hasta antes de la notificación de la
sentencia con calidad de cosa juzgada. El juez puede en cualquier momento
invitar a las partes a llegar a un acuerdo conciliatorio, sin que su participación
implique prejuzgamiento y sin que lo manifestado por las partes se
considere declaración. Si ambas partes concurren al juzgado llevando un
acuerdo para poner fin al proceso, el juez le da trámite preferente en el día.
Para que un acuerdo conciliatorio o transaccional ponga fin al proceso
debe superar el test de disponibilidad de derechos, para lo cual se toman los
a) El acuerdo debe versar sobre derechos nacidos de una norma dispositiva,
debiendo el juez verificar que no afecte derechos indisponibles;
Los acuerdos conciliatorios y transaccionales también pueden darse independientemente
de que exista un proceso en trámite, en cuyo caso no
requieren ser homologados para su cumplimiento o ejecución. La demanda
de nulidad del acuerdo es improcedente si el demandante lo ejecutó en la
vía del proceso ejecutivo habiendo adquirido, de ese modo, la calidad de
El abandono del proceso se produce transcurridos cuatro (4) meses sin
que se realice acto que lo impulse. El juez declara el abandono a pedido de
parte o de tercero legitimado, en la segunda oportunidad que se solicite,
salvo que en la primera vez el demandante no se haya opuesto al abandono
o no haya absuelto el traslado conferido.
Artículo 31º.- Contenido de la sentencia
El juez recoge los fundamentos de hecho y de derecho esenciales para
motivar su decisión. La existencia de hechos admitidos no enerva la necesidad
de fundamentar la sentencia en derecho.
La sentencia se pronuncia sobre todas las articulaciones o medios de
defensa propuestos por las partes y sobre la demanda, en caso de que la
declare fundada total o parcialmente, indicando los derechos reconocidos,
así como las prestaciones que debe cumplir el demandado. Si la prestación
ordenada es de dar una suma de dinero, la misma debe estar indicada en
monto líquido. El juez puede disponer el pago de sumas mayores a las demandadas
si apareciere error en el cálculo de los derechos demandados o
error en la invocación de las normas aplicables.
Tratándose de pretensiones con pluralidad de demandantes o demandados,
el juez debe pronunciarse expresamente por los derechos y obligaciones
concretos que corresponda a cada uno de ellos.
El pago de los intereses legales y la condena en costos y costas no requieren
ser demandados. Su cuantía o modo de liquidación es de expreso
pronunciamiento en la sentencia.
Artículo 32º.- Apelación de la sentencia en los procesos ordinario,
abreviado y de impugnación de laudos arbitrales económicos
El plazo de apelación de la sentencia es de cinco (5) días hábiles y empieza
a correr desde el día hábil siguiente de la audiencia o de citadas las
partes para su notificación.
Artículo 33º.- Trámite en segunda instancia y audiencia de vista de la
causa en los procesos ordinario, abreviado y de impugnación de laudos
arbitrales económicos
Interpuesta la apelación, el juez remite el expediente a segunda instancia
a) Dentro de los cinco (5) días hábiles de recibido el expediente fija día
y hora para la celebración de la audiencia de vista de la causa. La audiencia
de vista de la causa debe fijarse entre los veinte (20) y treinta (30) días
hábiles siguientes de recibido el expediente.
b) El día de la audiencia de vista, concede el uso de la palabra al abogado
de la parte apelante a fin de que exponga sintéticamente los extremos
apelados y los fundamentos en que se sustentan; a continuación, cede el
uso de la palabra al abogado de la parte contraria. Puede formular preguntas
a las partes y sus abogados a lo largo de las exposiciones orales.
c) Concluida la exposición oral, dicta sentencia inmediatamente o luego
de sesenta (60) minutos, expresando el fallo y las razones que lo sustentan,
de modo lacónico. Excepcionalmente, puede diferir su sentencia dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes. En ambos casos, al finalizar la audiencia
señala día y hora para que las partes comparezcan ante el despacho para la
notificación de la sentencia, bajo responsabilidad. La citación debe realizarse
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de celebrada la audiencia
d) Si las partes no concurren a la audiencia de vista, la sala, sin necesidad
de citación, notifica la sentencia al quinto día hábil siguiente, en su
Artículo 34º.- Causales del recurso de casación
El recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que incida
directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en
el apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional
o la Corte Suprema de Justicia de la República.
Artículo 35º.- Requisitos de admisibilidad del recurso de casación
1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que,
como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. En el caso de sentencias
el monto total reconocido en ella debe superar las cien (100) Unidades
de Referencia Procesal (URP). No procede el recurso contra las resoluciones
que ordenan a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento.
2. Ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada. La
sala superior debe remitir el expediente a la Sala Suprema, sin más trámite,
dentro del plazo de tres (3) días hábiles.
3. Dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes de notificada la
resolución que se impugna.
4. Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si el recurso no cumple
con este requisito, la Sala Suprema concede al impugnante un plazo de tres
(3) días hábiles para subsanarlo. Vencido el plazo sin que se produzca la
subsanación, se rechaza el recurso.
Artículo 36º.- Requisitos de procedencia del recurso de casación
1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución
2. Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento
de los precedentes vinculantes.
3. Demostrar la incidencia directa de la infracción normativa sobre la
4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese
anulatorio, se precisa si es total o parcial, y si es este último, se indica hasta
dónde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisa en qué debe
consistir la actuación de la sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos,
debe entenderse el anulatorio como principal y el revocatorio como subordinado.
Artículo 37º.- Trámite del recurso de casación
Recibido el recurso de casación, la Sala Suprema procede a examinar el
6 ENERO 2010 / LEGISLACIÓN LABORAL
cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 35° y 36° y resuelve
declarando inadmisible, procedente o improcedente el recurso, según sea
Declarado procedente el recurso, la Sala Suprema fija fecha para la vista
Las partes pueden solicitar informe oral dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes a la notificación de la resolución que fija fecha para vista de la
Concluida la exposición oral, la Sala Suprema resuelve el recurso inmediatamente
o luego de sesenta (60) minutos, expresando el fallo. Excepcionalmente,
se resuelve dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. En
ambos casos, al finalizar la vista de la causa se señala día y hora para que las
partes comparezcan ante el despacho para la notificación de la resolución,
bajo responsabilidad. La citación debe realizarse dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de celebrada la vista de la causa.
Si no se hubiese solicitado informe oral o habiéndolo hecho no se concurre
a la vista de la causa, la Sala Suprema, sin necesidad de citación,
notifica la sentencia al quinto día hábil siguiente en su despacho.
Artículo 38º.- Efecto del recurso de casación
La interposición del recurso de casación no suspende la ejecución de las
sentencias. Excepcionalmente, solo cuando se trate de obligaciones de dar
suma de dinero, a pedido de parte y previo depósito a nombre del juzgado de
origen o carta fianza renovable por el importe total reconocido, el juez de la
demanda suspende la ejecución en resolución fundamentada e inimpugnable.
El importe total reconocido incluye el capital, los intereses del capital a
la fecha de interposición del recurso, los costos y costas, así como los intereses
estimados que, por dichos conceptos, se devenguen hasta dentro de
un (1) año de interpuesto el recurso. La liquidación del importe total reconocido
es efectuada por un perito contable.
En caso de que el demandante tuviese trabada a su favor una medida
cautelar, debe notificársele a fin de que, en el plazo de cinco (5) días hábiles,
elija entre conservar la medida cautelar trabada o sustituirla por el depósito
o la carta fianza ofrecidos. Si el demandante no señala su elección en el
plazo concedido, se entiende que sustituye la medida cautelar por el depósito
o la carta fianza. En cualquiera de estos casos, el juez de la demanda
dispone la suspensión de la ejecución.
Artículo 39º.- Consecuencias del recurso de casación declarado fundado
Si el recurso de casación es declarado fundado, la Sala Suprema casa la
resolución recurrida y resuelve el conflicto sin devolver el proceso a la instancia
inferior. El pronunciamiento se limita al ámbito del derecho conculcado
y no abarca, si los hubiere, los aspectos de cuantía económica, los
cuales deben ser liquidados por el juzgado de origen.
En caso de que la infracción normativa estuviera referida a algún elemento
de la tutela jurisdiccional o el debido proceso, la Sala Suprema dispone
la nulidad de la misma y, en ese caso, ordena que la sala laboral emita un
nuevo fallo, de acuerdo a los criterios previstos en la resolución casatoria; o
declara nulo todo lo actuado hasta la etapa en que la infracción se cometió.
Artículo 40º.- Precedente vinculante de la Corte Suprema de Justicia
La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la
República que conozca del recurso de casación puede convocar al pleno de
los jueces supremos que conformen otras salas en materia constitucional y
social, si las hubiere, a efectos de emitir sentencia que constituya o varíe un
La decisión que se tome en mayoría absoluta de los asistentes al pleno
casatorio constituye precedente judicial y vincula a los órganos jurisdiccionales
de la República, hasta que sea modificada por otro precedente.
Los abogados pueden informar oralmente en la vista de la causa, ante el
pleno casatorio.
Artículo 41º.- Publicación de sentencias
El texto íntegro de todas las sentencias casatorias y las resoluciones
que declaran improcedente el recurso de casación se publican obligatoriamente
en el diario oficial El Peruano, aunque no establezcan precedente. La
publicación se hace dentro de los sesenta (60) días de expedidas, bajo responsabilidad.
Artículo 42º.- Traslado y citación a audiencia de conciliación
b) la citación a las partes a audiencia de conciliación, la cual debe ser
fijada en día y hora entre los veinte (20) y treinta (30) días hábiles siguientes
a la fecha de calificación de la demanda; y
c) el emplazamiento al demandado para que concurra a la audiencia de
conciliación con el escrito de contestación y sus anexos.
Artículo 43º.- Audiencia de conciliación
1. La audiencia, inicia con la acreditación de las partes o apoderados y
sus abogados. Si el demandante no asiste, el demandado puede contestar la
demanda, continuando la audiencia. Si el demandado no asiste incurre automáticamente
en rebeldía, sin necesidad de declaración expresa, aun cuando
la pretensión se sustente en un derecho indisponible. También incurre en
rebeldía automática si, asistiendo a la audiencia, no contesta la demanda o
el representante o apoderado no tiene poderes suficientes para conciliar. El
rebelde se incorpora al proceso en el estado en que se encuentre, sin posibilidad
de renovar los actos previos.
Si ambas partes inasisten, el juez declara la conclusión del proceso si,
dentro de los treinta (30) días naturales siguientes, ninguna de las partes
hubiese solicitado fecha para nueva audiencia.
2. El juez invita a las partes a conciliar sus posiciones y participa activamente
a fin de que solucionen sus diferencias total o parcialmente.
Por decisión de las partes la conciliación puede prolongarse lo necesario
hasta que se dé por agotada, pudiendo incluso continuar los días hábiles
siguientes, cuantas veces sea necesario, en un lapso no mayor de un (1) mes.
Si las partes acuerdan la solución parcial o total de su conflicto el juez, en el
acto, aprueba lo acordado con efecto de cosa juzgada; asimismo, ordena el
cumplimiento de las prestaciones acordadas en el plazo establecido por las
partes o, en su defecto, en el plazo de cinco (5) días hábiles siguientes. Del
mismo modo, si algún extremo no es controvertido, el juez emite resolución
con calidad de cosa juzgada ordenando su pago en igual plazo.
3. En caso de haberse solucionado parcialmente el conflicto, o no haberse
solucionado, el juez precisa las pretensiones que son materia de juicio;
requiere al demandado para que presente, en el acto, el escrito de contestación
y sus anexos; entrega una copia al demandante; y fija día y hora para la
audiencia de juzgamiento, la cual debe programarse dentro de los treinta
(30) días hábiles siguientes, quedando las partes notificadas en el acto.
Si el juez advierte, haya habido o no contestación, que la cuestión debatida
es solo de derecho, o que siendo también de hecho no hay necesidad
de actuar medio probatorio alguno, solicita a los abogados presentes exponer
sus alegatos, a cuyo término, o en un lapso no mayor de sesenta (60)
minutos, dicta el fallo de su sentencia. La notificación de la sentencia se
realiza de igual modo a lo regulado para el caso de la sentencia dictada en la
Artículo 44º.- Audiencia de juzgamiento
La audiencia de juzgamiento se realiza en acto único y concentra las
etapas de confrontación de posiciones, actuación probatoria, alegatos y sentencia.
La audiencia de juzgamiento se inicia con la acreditación de las partes o
apoderados y sus abogados. Si ambas partes inasisten, el juez declara la
conclusión del proceso si, dentro de los treinta (30) días naturales siguientes,
ninguna de las partes hubiese solicitado fecha para nueva audiencia.
Artículo 45º.- Etapa de confrontación de posiciones
La etapa de confrontación de posiciones se inicia con una breve exposición
oral de las pretensiones demandadas y de los fundamentos de hecho
ANÁLISIS LABORAL / ENERO 2010 7
Luego, el demandado hace una breve exposición oral de los hechos que,
por razones procesales o de fondo, contradicen la demanda.
Artículo 46º.- Etapa de actuación probatoria
1. El juez enuncia los hechos que no necesitan de actuación probatoria
por tratarse de hechos admitidos, presumidos por ley, recogidos en resolución
judicial con calidad de cosa juzgada o notorios; así como los medios
probatorios dejados de lado por estar dirigidos a la acreditación de hechos
impertinentes o irrelevantes para la causa.
2. El juez enuncia las pruebas admitidas respecto de los hechos necesitados
de actuación probatoria.
3. Inmediatamente después, las partes pueden proponer cuestiones probatorias
solo respecto de las pruebas admitidas. El juez dispone la admisión
de las cuestiones probatorias únicamente si las pruebas que las sustentan
pueden ser actuadas en esta etapa.
4. El juez toma juramento conjunto a todos los que vayan a participar
5. Se actúan todos los medios probatorios admitidos, incluidos los vinculados
a las cuestiones probatorias, empezando por los ofrecidos por el
demandante, en el orden siguiente: declaración de parte, testigos, pericia,
reconocimiento y exhibición de documentos. Si agotada la actuación de
estos medios probatorios fuese imprescindible la inspección judicial, el
juez suspende la audiencia y señala día, hora y lugar para su realización
citando, en el momento, a las partes, testigos o peritos que corresponda.
La inspección judicial puede ser grabada en audio y vídeo o recogida en
acta con anotación de las observaciones constatadas; al concluirse, señala
día y hora, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes para los alegatos
6. La actuación probatoria debe concluir en el día programado; sin embargo,
si la actuación no se hubiese agotado, la audiencia continúa dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes.
Artículo 47º.- Alegatos y sentencia
Finalizada la actuación probatoria, los abogados presentan oralmente
sus alegatos. Concluidos los alegatos, el juez, en forma inmediata o en un
lapso no mayor de sesenta (60) minutos, hace conocer a las partes el fallo de
su sentencia. A su vez, señala día y hora, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes, para la notificación de la sentencia. Excepcionalmente, por la complejidad
del caso, puede diferir el fallo de su sentencia dentro de los cinco (5)
días hábiles posteriores, lo cual informa en el acto citando a las partes para
que comparezcan al juzgado para la notificación de la sentencia.
La notificación de la sentencia debe producirse en el día y hora indicados,
Artículo 48º.- Traslado y citación a audiencia única
b) el emplazamiento al demandado para que conteste la demanda en el
plazo de diez (10) días hábiles; y
c) la citación a las partes a audiencia única, la cual debe ser fijada entre
los veinte (20) y treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de calificación
Artículo 49º.- Audiencia única
La audiencia única se estructura a partir de las audiencias de conciliación
y juzgamiento del proceso ordinario laboral. Comprende y concentra
las etapas de conciliación, confrontación de posiciones, actuación probatoria,
alegatos y sentencia, las cuales se realizan, en dicho orden, una seguida
de la otra, con las siguientes precisiones:
1. La etapa de conciliación se desarrolla de igual forma que la audiencia
de conciliación del proceso ordinario laboral, con la diferencia de que la
contestación de la demanda no se realiza en este acto, sino dentro del plazo
concedido, correspondiendo al juez hacer entrega al demandante de la copia
de la contestación y sus anexos, otorgándole un tiempo prudencial para
la revisión de los medios probatorios ofrecidos.
2. Ante la proposición de cuestiones probatorias del demandante el juez
puede, excepcionalmente, fijar fecha para la continuación de la audiencia
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes si, para la actuación de
aquella se requiriese de la evacuación de un informe pericial, siendo carga
del demandante la gestión correspondiente.
Artículo 50º.- Admisión de la demanda
Además de los requisitos de la demanda, la sala laboral verifica si esta
se ha interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de haberse
notificado el laudo arbitral que haciendo las veces de convenio colectivo
resuelve el conflicto económico o de creación de derechos, o su aclaración;
en caso contrario, declara la improcedencia de la demanda y la conclusión
Los únicos medios probatorios admisibles en este proceso son los documentos,
los cuales deben ser acompañados necesariamente con los escritos
de demanda y contestación.
Artículo 51º.- Traslado y contestación
Verificados los requisitos de la demanda, la sala laboral emite resolución
c) la notificación a los árbitros para que, de estimarlo conveniente y
dentro del mismo plazo, expongan sobre lo que consideren conveniente.
Artículo 52º.- Trámite y sentencia de primera instancia
La sala laboral, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de contestada
la demanda, dicta sentencia por el solo mérito de los escritos de demanda,
contestación y los documentos acompañados. Para tal efecto señala
día y hora, dentro del plazo indicado, citando a las partes para alegatos y
sentencia, lo cual se lleva a cabo de igual modo a lo regulado en el proceso
Artículo 53º.- Improcedencia del recurso de casación
Contra la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la República no
procede el recurso de casación.
Artículo 54º.- Aspectos generales
A pedido de parte, todo juez puede dictar medida cautelar, antes de
iniciado un proceso o dentro de este, destinada a garantizar la eficacia de la
pretensión principal. Las medidas cautelares se dictan sin conocimiento de
Cumplidos los requisitos, el juez puede dictar cualquier tipo de medida
cautelar, cuidando que sea la más adecuada para garantizar la eficacia de la
pretensión principal.
En consecuencia, son procedentes además de las medidas cautelares
reguladas en este capítulo cualquier otra contemplada en la norma procesal
civil u otro dispositivo legal, sea esta para futura ejecución forzada, temporal
sobre el fondo, de innovar o de no innovar, e incluso una genérica no
prevista en las normas procesales.
Artículo 55º.- Medida especial de reposición provisional
El juez puede dictar, entre otras medidas cautelares, fuera o dentro del
proceso, una medida de reposición provisional, cumplidos los requisitos ordinarios.
Sin embargo, también puede dictarla si el demandante cumple los
a) Haber sido al momento del despido dirigente sindical, menor de edad,
madre gestante o persona con discapacidad;
8 ENERO 2010 / LEGISLACIÓN LABORAL
Si la sentencia firme declara fundada la demanda, se conservan los efectos
de la medida de reposición, considerándose ejecutada la sentencia.
Artículo 56º.- Asignación provisional
De modo especial, en los procesos en los que se pretende la reposición,
el juez puede disponer la entrega de una asignación provisional mensual
cuyo monto es fijado por el juez y el cual no puede exceder de la última
remuneración ordinaria mensual percibida por el trabajador, con cargo a la
Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Si la sentencia firme ordena la
reposición, el empleador restituye el depósito más sus intereses y, en caso de
ordenarse el pago de remuneraciones devengadas, se deduce la asignación
Artículo 57º.- Títulos ejecutivos
c) los laudos arbitrales firmes que, haciendo las veces de sentencia, resuelven
un conflicto jurídico de naturaleza laboral;
d) las resoluciones de la autoridad administrativa de trabajo firmes que
reconocen obligaciones;
g) la liquidación para cobranza de aportes previsionales del Sistema
Artículo 58º.- Competencia para la ejecución de resoluciones judiciales
firmes y actas de conciliación judicial
Las resoluciones judiciales firmes y actas de conciliación judicial se ejecutan
exclusivamente ante el juez que conoció la demanda y dentro del
mismo expediente. Si la demanda se hubiese iniciado ante una sala laboral,
es competente el juez especializado de trabajo de turno.
Artículo 59º.- Ejecución de laudos arbitrales firmes que resuelven un
Los laudos arbitrales firmes que hayan resuelto un conflicto jurídico de
naturaleza laboral se ejecutan conforme a la norma general de arbitraje.
Artículo 60º.- Suspensión extraordinaria de la ejecución
Tratándose de la ejecución de intereses o de monto liquidado en ejecución
de sentencia, a solicitud de parte y previo depósito o carta fianza por el
total ordenado, el juez puede suspender la ejecución en resolución fundamentada.
Artículo 61º.- Multa por contradicción temeraria
Si la contradicción no se sustenta en alguna de las causales señaladas en
la norma procesal civil, se impone al ejecutado una multa no menor de media
(1/2) ni mayor de cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP).
Esta multa es independiente a otras que se pudiesen haber impuesto en
otros momentos procesales.
Artículo 62º.- Incumplimiento injustificado al mandato de ejecución
Tratándose de las obligaciones de hacer o no hacer si, habiéndose resuelto
seguir adelante con la ejecución, el obligado no cumple, sin que se
haya ordenado la suspensión extraordinaria de la ejecución, el juez impone
multas sucesivas, acumulativas y crecientes en treinta por ciento (30%) hasta
que el obligado cumpla el mandato; y, si persistiera el incumplimiento, procede
a denunciarlo penalmente por el delito de desobediencia o resistencia
Artículo 63º.- Cálculo de derechos accesorios
Los derechos accesorios a los que se ejecutan, como las remuneraciones
devengadas y los intereses, se liquidan por la parte vencedora, la cual puede
solicitar el auxilio del perito contable adscrito al juzgado o recurrir a los
programas informáticos de cálculo de intereses implementados por el Ministerio
La liquidación presentada es puesta en conocimiento del obligado por
el término de cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación. En caso de
que la observación verse sobre aspectos metodológicos de cálculo, el obligado
debe necesariamente presentar una liquidación alternativa.
Vencido el plazo el juez, con vista a las liquidaciones que se hubiesen
presentado, resuelve acerca del monto fundamentándolo.
Si hubiese acuerdo parcial, el juez ordena su pago inmediatamente, reservando
la discusión sólo respecto del diferencial.
Artículo 64º.- Consignación
La consignación de una obligación exigible no requiere que el deudor
efectúe previamente su ofrecimiento de pago, ni que solicite autorización
del juez para hacerlo.
Artículo 65º.- Contradicción
El acreedor puede contradecir el efecto cancelatorio de la consignación
en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificado. Conferido el traslado y
absuelto el mismo, el juez resuelve lo que corresponda o manda reservar el
pronunciamiento para que se decida sobre su efecto cancelatorio en el proceso
Artículo 66º.- Retiro de la consignación
El retiro de la consignación se hace a la sola petición del acreedor, sin
trámite alguno, incluso si hubiese formulado contradicción.
El retiro de la consignación surte los efectos del pago, salvo que el acreedor
hubiese formulado contradicción.
Artículo 67º.- Autorización judicial para ingreso a centro laboral
En los casos en que las normas de inspección del trabajo exigen autorización
judicial previa para ingresar a un centro de trabajo, esta es tramitada
por el inspector de trabajo o funcionario que haga sus veces. Para tal efecto
debe presentar, ante el juzgado de paz letrado de su ámbito territorial de
actuación, la respectiva solicitud. Esta debe resolverse, bajo responsabilidad,
en el término de veinticuatro (24) horas, sin correr traslado.
Artículo 68º.- Entrega de documentos
La mera solicitud de entrega de documentos se sigue como proceso no
contencioso siempre que ésta se tramite como pretensión única. Cuando se
presente acumuladamente, se siguen las reglas establecidas para las otras
PRIMERA.- En lo no previsto por esta Ley son de aplicación supletoria
las normas del Código Procesal Civil.
SEGUNDA.- Cuando la presente Ley hace referencia a los juzgados especializados
de trabajo y a las salas laborales, entiéndese que también se
alude a los juzgados y salas mixtos.
TERCERA.- Los procesos iniciados antes de la vigencia de esta Ley continúan
su trámite según las normas procesales con las cuales se iniciaron.
CUARTA.- Las tercerías de propiedad o de derecho preferente de pago,
así como la pretensión de cobro de honorarios de los abogados, se interponen
ante el juez de la causa principal y se tramitan conforme a las normas
del proceso abreviado laboral.
QUINTA.- La conciliación administrativa es facultativa para el trabajador
y obligatoria para el empleador. Se encuentra a cargo del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo, el cual proporciona los medios técnicos y
profesionales para hacerla factible.
El Estado, por intermedio de los Ministerios de Justicia y de Trabajo y
Promoción del Empleo, fomenta el uso de mecanismos alternativos de solución
de conflictos. Para tal fin, implementa lo necesario para la promoción
de la conciliación extrajudicial administrativa y el arbitraje.
SEXTA.- Las controversias jurídicas en materia laboral pueden ser sometidas
a arbitraje, siempre y cuando el convenio arbitral se inserte a la
conclusión de la relación laboral y, adicionalmente, la remuneración mensual
percibida sea, o haya sido, superior a las setenta (70) Unidades de Referencia
SÉTIMA.- En los procesos laborales el Estado puede ser condenado al
pago de costos.
ANÁLISIS LABORAL / ENERO 2010 9
OCTAVA.- Los expedientes que por cualquier razón reingresen a
los órganos jurisdiccionales tienen preferencia en su tramitación.
NOVENA.- La presente Ley entra en vigencia a los seis (6) meses de
publicada en el Diario Oficial El Peruano, a excepción de lo dispuesto en las
Disposiciones Transitorias, que entran en vigencia al día siguiente de su publicación.
La aplicación de la presente Ley se hará de forma progresiva en la oportunidad
y en los distritos judiciales que disponga el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial. En los distritos judiciales, en tanto no se disponga la aplicación
de la presente Ley, sigue rigiendo la Ley núm. 26636, Ley Procesal del
Trabajo, y sus modificatorias.
DÉCIMA.- Conforme a lo establecido en la cuarta disposición final y
transitoria de la Constitución Política del Perú, los derechos laborales,
individuales o colectivos se interpretan de conformidad con la Declaración
Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales
sobre la materia ratificados por el Perú, sin perjuicio de
consultar los pronunciamientos de los órganos de control de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y los criterios o decisiones adoptados
por los tribunales internacionales constituidos según tratados de
los que el Perú es parte.
UNDÉCIMA.- Precísase que hay exoneración del pago de tasas judiciales
para el prestador personal de servicios cuando la cuantía demandada no
supere las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP), así como
cuando las pretensiones son inapreciables en dinero.
DUODÉCIMA.- Autorízase al Poder Judicial la creación de un fondo de
formación de magistrados y de fortalecimiento de la justicia laboral. El fondo
tendrá por objeto la implementación de medidas de formación específicamente
dirigidas a los magistrados laborales, así como el otorgamiento de incentivos
que les permitan desarrollar de manera óptima la función judicial.
PRIMERA.- El Poder Judicial implementa una red electrónica que permita
la notificación de las resoluciones mediante correo electrónico y publicación
simultánea en la página web del Poder Judicial. Los interesados solicitan
al Poder Judicial la asignación de un domicilio electrónico, el cual
opera como un buzón electrónico ubicado en el servidor. El acceso al buzón
es mediante el uso de una contraseña localizada en la página web del Poder
Judicial. De igual modo, implementa un soporte informático para el manejo
de los expedientes electrónicos.
SEGUNDA.- El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con la
colaboración del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, implementa
una base de datos pública, actualizada permanentemente, que permita a los
jueces y usuarios el acceso a la jurisprudencia y los precedentes vinculantes
y que ofrezca información estadística sobre los procesos laborales en curso.
TERCERA.- El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con la
colaboración del Poder Judicial, implementa un sistema informático, de acceso
público, que permita el cálculo de los derechos o beneficios sociales.
CUARTA.- El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo implementa
un sistema de remisión electrónica de información de las planillas electrónicas.
El requerimiento de información es enviado por el juzgado al correo
electrónico habilitado para tal fin por el Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo. El funcionario responsable da respuesta, también por correo
electrónico, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Dicha respuesta
debe contener la información solicitada presentada en cuadros tabulados,
agregándose las explicaciones que fuesen necesarias.
QUINTA.- El Poder Judicial dispone la creación e instalación progresiva
de juzgados y salas laborales en los distritos judiciales de la República que lo
requieran, para fortalecer la especialidad laboral a efectos de brindar un
servicio de justicia más eficiente.
SEXTA.- El Poder Judicial dispone el desdoblamiento de las salas laborales
en tribunales unipersonales que resuelvan en segunda y última instancia
las causas cuya cuantía de la sentencia recurrida no supere las setenta
(70) Unidades de Referencia Procesal (URP).
SÉTIMA.- El Poder Judicial aprueba los formatos de demanda para los
casos de obligaciones de dar sumas de dinero cuyo monto no supere las
setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP).
OCTAVA.- Las acciones necesarias para la aplicación de la presente
norma se ejecutan con cargo a los presupuestos institucionales aprobados a
los pliegos presupuestarios involucrados, sin demandar recursos adicionales
PRIMERA.- Modifícanse los artículos 42°, 51° y la parte referida a la
competencia de los juzgados de paz letrados en materia laboral del artículo
57° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado
por Decreto Supremo núm. 017-93-JUS, en los siguientes términos:
“Artículo 42°.- Competencia de las salas laborales
b. Anulación de laudo arbitral que resuelve un conflicto jurídico de naturaleza
d. Conflictos de competencia promovidos entre juzgados de trabajo y entre
éstos y otros juzgados de distinta especialidad del mismo distrito judicial.
e. Conflictos de autoridad entre los juzgados de trabajo y autoridades
Conocen, en grado de apelación, de lo resuelto por los juzgados especializados
Artículo 51°.- Competencia de los juzgados especializados de trabajo
Los juzgados especializados de trabajo conocen de todas las pretensiones
relativas a la protección de derechos individuales, plurales o colectivas
originadas con ocasión de las prestaciones de servicios de carácter personal,
de naturaleza laboral, formativa, cooperativista o administrativa, sea de derecho
público o privado, referidas a aspectos sustanciales o conexos, incluso
Se consideran incluidas en dicha competencia las pretensiones relacionadas
b) La responsabilidad por daño emergente, lucro cesante o daño moral
incurrida por cualquiera de las partes involucradas en la prestación personal
de servicios, o terceros en cuyo favor se presta o prestó el servicio.
g) Los conflictos vinculados a un sindicato y entre sindicatos, incluida
a favor de los asegurados o los beneficiarios exigibles al empleador, a las
l) Las pretensiones originadas en las prestaciones de servicios de carácter
personal, de naturaleza laboral, administrativa o de seguridad social, de
m) Las impugnaciones contra actuaciones de la Autoridad Administrativa
n) Los títulos ejecutivos cuando la cuantía supere las cincuenta (50)
Unidades de Referencia Procesal (URP).
10 ENERO 2010 / LEGISLACIÓN LABORAL
a) De las pretensiones atribuidas originalmente a los juzgados especializados
de trabajo, siempre que estén referidas al cumplimiento de obligaciones
de dar no superiores a cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal
b) De los títulos ejecutivos cuando la cuantía no supere las cincuenta
(50) Unidades de Referencia Procesal (URP);
c) De las liquidaciones para cobranza de aportes previsionales del Sistema
Privado de Pensiones retenidos por el empleador.
SEGUNDA.- Modifícase el artículo 38° del Texto Único Ordenado de la
Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado
por Decreto Supremo núm. 054-97-EF, en los siguientes términos:
“Artículo 38°.- Proceso de ejecución
La ejecución de los adeudos contenidos en la liquidación para cobranza
se efectúa de acuerdo al Capítulo V del Título II de la Ley Procesal del Trabajo.
a) La Ley núm. 26636, Ley Procesal del Trabajo, y sus modificatorias, la
Ley núm. 27021, la Ley núm. 27242 y la quinta disposición final y complementaria
de la Ley núm. 27942.
b) La Ley núm. 8683 y el Decreto Ley núm. 14404, sobre pago de salarios,
reintegro de remuneraciones y beneficios sociales a los apoderados de
c) La Ley núm. 8930 que otorga autoridad de cosa juzgada y mérito de
ejecución a las resoluciones de los tribunales arbitrales.
d) El Decreto Ley núm. 19334, sobre trámite de las reclamaciones de los
trabajadores que laboran en órganos del Estado que no sean empresas públicas.
e) El Título III del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo núm.
728, Ley de Formación y Promoción Laboral, aprobado por Decreto Supremo
núm. 002-97-TR, sobre competencia en los conflictos entre cooperativas de
trabajo y sus socios-trabajadores.
a) El artículo 8° del Decreto Supremo núm. 002-98-TR, sobre competencia
en las acciones indemnizatorias por discriminación.
b) El artículo 52° del Decreto Supremo núm. 001-96-TR que prohíbe la
acumulación de la acción indemnizatoria con la de nulidad de despido.
TERCERA.- Deróganse todas las demás normas legales que se opongan
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los trece días del mes de enero
REGLAMENTO DE LEY DE FOMENTO AL EMPLEO DECRETO SUPREMO Nº 001-96-TR (26/01/1996)	Serve and grow rich!	cvperu.com/blog 511 994729921 campos_vargas@hotmail.com