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Timestamp: 2019-09-21 18:12:17
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Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 12', 'artículo 5', 'artículo 11']

Derecho-Chile – Corte Suprema acoge recurso de protección, aplicando el “derecho al olvido” y ordena eliminar de los soportes digitales del medio de comunicación.
Por |25.01.2016|Sentencias|2 Comentarios |
La Corte Suprema en fallo dividido acogió recurso de protección, aplicando el “derecho al olvido” y ordenó eliminar de los motores de búsqueda de versión digital de medio de comunicación, noticia sobre un hecho delictivo publicado hace más de una década. Por considerar que “la mantención de la noticia por más de 10 años en los registros de búsqueda de internet del recurrente, afecta su derecho a la honra y una adecuada reinserción social después de cumplida la pena del delito”.
Primero: Que según se desprende de la lectura de la acción constitucional intentada en estos autos, la omisión por la cual se recurre está constituida por la falta de respuesta por parte del Director del “DM”, señor AEE, a la solicitud de fecha 8 de septiembre de 2015 planteada por el recurrente, de eliminar de los motores de búsqueda de internet una publicación efectuada el día 14 de agosto de 2014, a través del medio de comunicación XXXX.COM, dependiente de “DM” en la cual se indica que “el Ministro en visita Sergio Muñoz, sometió a proceso al Mayor (I) de Carabineros AG, como presunto autor del delito de abusos sexuales contra menores… AG se desempeñó como Jefe de Contabilidad del Hospital de Carabineros hasta el año XXXX y en la XXava. Comisaria de Menores”.
En este contexto, señala como garantías infringidas las contenidas en la Constitución Política de la República, en particular la del N° 1 del artículo 19, por cuanto existiría a su juicio una afectación a su integridad física y síquica, ya que al mantenerse vigente la referida noticia generaría graves consecuencias psicológicas. Lo anterior agravado por el hecho de que su apellido –G- no es común, radicándose éste sólo en su familia, produciendo en ella sentimientos de inseguridad, frustración e impotencia que merman su integridad psíquica.
A su vez, señala como vulnerado el artículo 19 N° 4 del mismo texto constitucional, en lo que dice relación con la protección a la vida privada de él y su núcleo familiar, puesto que, por un lado, la fiscalía de “DM” pretende que el señor G firme un finiquito mediante el cual renuncie a su derecho a ejercer acciones legales en contra de tal empresa a cambio de eliminar la noticia en comento, configurándose con ello –según estima- una figura de extorsión; dicha institución mantiene una publicación por más de diez años de ocurridos los hechos, y finalmente contiene una afirmación falsa, al sostener que mantenía contacto con menores de una Unidad de Carabineros, cuando prestaba servicios en un departamento distinto de dicha institución policial.
Desde luego el artículo 19 N°4 de la Constitución Política garantiza “El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”. Esos derechos no se suspenden ni siquiera en sede penal, como lo atestiguan los artículos 4, 7 inciso 1°, 9, 10 y 289 del Código Procesal Penal, que cautelan su prevalencia; misma posición en la que se encaminan el Decreto Supremo N° 64, de 27 de enero de 1960, que permite la eliminación de las anotaciones penales después de un breve tiempo, las leyes N° 19.812 y 20.575, sobre vencimiento de registros informáticos bancarios, y la Ley N° 19.628, sobre protección de datos, que contempla, entre otras cosas, la caducidad del almacenamiento de datos bancarios por expiración del plazo para su vigencia.
Tal es, también y por lo demás, la tendencia mundial. Desde luego, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuyo texto aprobado en la resolución N° 217 de 3 de marzo de 2009 prescribe en su artículo 12: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. La Convención Americana (Pacto de San José, ratificada por Chile y publicada el 5 de enero de 1991, en su artículo 5 señala: “N° 1 Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral” y en su artículo 11: n°1, “Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad”; N°2, “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”; 3° “Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.
En el mismo sentido precedentemente anotado, es importante observar que, de la misma manera que el derecho a ser olvidado no es una novedad, tampoco lo es el equilibrio de su aplicación con otros derechos e intereses. De hecho, la jurisprudencia, principalmente extranjera ya ha desarrollado una serie de criterios importantes, que la legislación de los países ha consagrado, para resolver algunos de estos conflictos. Es el caso del derecho penal, donde el derecho al olvido se desarrolló por primera vez. Efectivamente, en caso de conflicto entre el derecho al olvido del pasado judicial (a la supresión de la información sobre antecedentes penales y condenas pasadas) y el derecho a la información (acceso a dicha información), el factor tiempo se ha usado como un criterio decisivo. Si la información se considera de interés periodístico (debido a la actualidad de su ocurrencia), el derecho a la información prevalece; si no, el derecho al olvido prevalece sobre el derecho a la información (todavía se puede acceder a la sentencia, pero ya no se incluyen los nombres de los implicados). En definitivas cuentas, no se trata de que la información personal –como de la que se trata en el presente caso- sea eliminada de todo tipo de registro, sino que el acceso a la misma debe ser circunscrita a las fuentes oficiales de la información, de manera que puedan ser siempre consultadas por quien tenga un interés real en conocerla y con alguna finalidad específica -de investigación, por ejemplo-. Mantener vigente una noticia como la ya mencionada después de una década, es ajena a la finalidad de informar a la ciudadanía de los hechos ocurridos en ese momento determinado, que es en el que presenta mayor interés y utilidad.
QUINTO: Que en el caso en referencia han pasado más de diez años en que el DM dio a conocer la noticia de que el recurrente tuvo participación en un delito de particular relevancia social. Sin duda, su figuración posterior en los motores de búsqueda de las versiones digitales de dicho diario, ha obedecido al escrupuloso registro de su historial de noticias, lo que evidentemente constituye un legítimo ejercicio de su derecho a expresión, también protegido por la misma Constitución Política.
Se previene que la Ministra señora Egnem concurre a la decisión de revocar el fallo en alzada sólo en cuanto a ordenar a la recurrida la eliminación del registro informático de la noticia de que tratan estos antecedentes.
PRIMERO: El acto recurrido dice relación con la omisión del director de la empresa recurrida, El M S.A.P., de responder una carta solicitando que medie en un conflicto para eliminar de los motores de búsqueda de internet la publicación efectuada el 17 de agosto de 2004, en que se dice que el “Juez Sr. Muñoz somete a proceso en calidad de autor a AG por abusos sexuales contra menores”.
Agrega el recurrente que en la actualidad no tiene asuntos pendientes con la justicia. “Lo que sí tiene certeza es que el Diario El M, en su momento, cumplió con su deber de informar, lo que no está en reproche, no es problema de conflicto”.
Señalan los sentenciadores, que la vulneración de las garantías constitucionales que denuncia, pudieron ser amparadas mediante las acciones que le franquea la Ley N° 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, consideraciones por las cuales rechazan el recurso interpuesto.
SÉPTIMO: Que a fojas 86 a 88, están agregados los documentos que acompaña al recurso de apelación, en el último de los cuales consta que en la causa rol N° xxx.xxx-xxxx- PLF Tomo I y II, se le impuso una condena por el Trigésimo Cuarto Juzgado del Crimen de Santiago (Ex Tercer Juzgado del Crimen de Santiago) de 541 días como autor del delito de abuso sexual, fijándose un período de observación de 541 días, en la medida de remisión condicional de la pena.
“…la Primera y Decimocuarta Enmiendas disponen nada menos que los Estados no pueden imponer sanciones frente a la publicación de información fidedigna contenida en registros públicos que se encuentren disponibles al público (Cox Broadcasting Corp. v. Cohn – 420 U.S. 469 1975, FJ 18).
La jurisprudencia francesa, ha reconocido el derecho al olvido respecto de “un suceso público –en el caso, un proceso penal que había tenido lugar hacía 46 años–, por el paso de un tiempo suficientemente largo, puede convertirse, para la persona que ha sido la protagonista, en un hecho privado, sometido al secreto y al olvido: la relación de tal evento en un periódico constituye un atentado a la vida privada”. (Sentencia de la Corte de Apelación de Versalles, de 14 de septiembre de 1989, citada en Bertrand, 1999). (Ibid. Pág.18).
En el caso Casa Editorial El Tiempo, la Corte Constitucional de Colombia, en sentencia de 2015, en relación a la protección de los derechos fundamentales de la actora al buen nombre e intimidad, entre otros, condena a la Casa Editorial a actualizar la información publicada en su página web, respecto de los hechos que la relacionan con el delito de trata de personas, de tal manera que se informe que no fue vencida en juicio (el proceso finalizó por prescripción) y que, además, por medio de la herramienta técnica “robots.txt” “metatags” u otra similar, neutralice la posibilidad de libre acceso a la noticia “Empresa de Trata de Blancas” a partir de la mera digitación del nombre de la accionante.
De igual manera, esta medida debe ir acompañada de la actualización del artículo, de tal forma que se garantice el derecho de los receptores de la comunicación a acceder a información veraz e imparcial. Debe entonces, reportarse en forma completa el desenlace del proceso al cual fue vinculada la actora”. (Texto íntegro de la sentencia disponible en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/t-277-15.htm).
DÉCIMO TERCERO: Que, como puede colegirse de la jurisprudencia reseñada, no hay una posición uniforme en la materia, pero sí puede concluirse, en lo que interesa al análisis, que el denominado derecho al olvido en los casos en que éste es aplicado “entra en conflicto con el derecho a la información; el tiempo es el criterio para resolver el conflicto. El derecho al olvido debe dar prioridad a las exigencias del derecho a la información cuando los hechos que se revelan presentan un interés específico para su divulgación.
para los hechos relacionados con la historia o cuando se trate de un tema de interés histórico y
para los hechos vinculados al ejercicio de la actividad pública por parte de una figura pública.
(Historia de la Ley N° 20.594. Biblioteca del Congreso Nacional.)
Magaly Carrasco Oyarzún 31/01/2016 en 05:40 - Reply
Esta página me parece super interesante, y un acierto para los abogados que recurrimos a internet para solucionar dudas jurídicas, que nos apremian muchas veces.
Agradecida Magaly Carrasco
Abogado Pablo 01/02/2016 en 15:25 - Reply
Estimada colega Magaly,
le doy las gracias por sus amables palabras y por confiar en Derecho-Chile.