Source: http://www.aspectosprofesionales.info/2014/07/derecho-al-olvido-un-enfoque-imparcial.html
Timestamp: 2019-11-20 04:24:39
Document Index: 102239872

Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'Artículo 20', 'artículo 35', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 17', 'Artículo 29', 'artículo 11', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 6', 'artículo 35']

Aspectos profesionales: Protección de Datos, Cloud Computing y Sistemas de Gestión.: Derecho al olvido: un enfoque imparcial
Derecho al olvido: un enfoque imparcial
Resumen: Se estudia desde una posición imparcial el derecho al olvido que cobra sentido en un mundo interconectado globalmente a través de Internet. En síntesis lo que se debate es la posibilidad otorgada a todo sujeto para “volver a empezar” sin que el conocimiento digitalizado de circunstancias negativas de su pasado, carentes de relevancia social, le persigan toda su vida de forma ineludible. Dicho de otra manera, es otra forma de libertad personal.
2. EL NUEVO CONCEPTO DE PRIVACIDAD
3. IDENTIDAD DIGITAL Y REPUTACIÓN ONLINE
4. ¿QUE SE ENTIENDE POR DERECHO AL OLVIDO?
5. CONFLICTO DE DERECHOS
5.2. Derechos reclamados
5.3. El derecho a la información
5.4. El derecho de rectificación
5.5. Cuadro comparativo de derechos aplicables
5.6. Internet como derecho humano
6. OPINIONES QUE MATIZAN EL DERECHO AL OLVIDO
7. OPINIONES FAVORABLES AL DERERCHO AL OLVIDO
9. CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL DE LA UE
9.2. Derechos de libertad de expresión e información y libertad de empresa
9.3. El “derecho al olvido” y los derechos ARCO
10. DUDAS SOBRE LA SENTENCIA CONCRETA DEL TJUE
11. EL CRITERIO DE LA AUDIENCIA NACIONAL
13. CONTROL DE CAMBIOS DEL ARTÍCULO
He dudado mucho antes de decidirme a escribir este artículo sobre el derecho al olvido. Los que tenemos la privacidad como nuestra especialidad en el ámbito del Derecho corremos el riesgo de ser parciales en los considerandos y en las posibles conclusiones. Pretendo que cada lector extraiga las suyas propias después de conocer opiniones encontradas sobre los mismos “derechos”.
Considero también que la privacidad solo tendrá futuro si más que impuesta es entendida como un valor social y, en consecuencia, exigida por la sociedad misma. Por eso es tan importante ponderar correctamente la privacidad y la transparencia en Internet. En esta labor de concienciación han colaborado, aunque de forma disruptiva, los diferentes escándalos como el provocado por las revelaciones del Sr. Edward Snowden.
He esperado varios meses desde que se publicó la sentencia del TJUE sobre el asunto C‑131/12 de Google Spain, S.L., Google Inc. Contra la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en relación al caso del Sr. Mario Costeja González (Petición de decisión prejudicial planteada por la Audiencia Nacional) ya que así eliminaba toda la carga pasional de los primeros días.
La gran paradoja de todo este revuelo ha sido que debido al efecto llamada, también conocido como efecto Streidsan, los asuntos del Sr. Costeja ahora tienen mucha más repercusión mediática que antes del pretendido “olvido”.
Antes de empezar, fijaré un convenio personal sobre la utilización de los conceptos intimidad, protección de datos y privacidad. El derecho a la protección de datos es el que garantiza a los individuos el control y la libre disposición de sus datos personales, mientras que el derecho a la intimidad es el que protege todos aquellos aspectos concernientes a la vida privada de un individuo, de los cuales tiene derecho a que no trasciendan a terceros.
Vivimos en la era de la información y del conocimiento por lo que la esfera íntima de las personas, en el mundo actual, comprende cada vez un mayor número de datos personales. No es de extrañar, en este contexto, que se diluyan los límites entre el derecho a la intimidad y el derecho a la protección de los datos de carácter personal, al estar nuestra intimidad cada vez más digitalizada. En consecuencia utilizaré en este artículo de forma generalizada el término “privacidad” para referirme a la conjunción de ambos derechos fundamentales.
El “ser” es el individuo aislado con una serie de cualidades que pueden variar a lo largo de su desarrollo evolutivo.
Al mismo tiempo ese ser convive con otros individuos interactuando y mostrándose ante ellos. Esa interacción es la que genera su identidad que muestra una serie de características propias que lo describen.
Como mas interactúa y se muestra socialmente, más rica, amplia y conocida será su identidad. Si esto es así en el plano real, lo mismo sucede en el plano digital.
La identidad no solo se construye por lo que el individuo dice o hace, sino también por lo que otros conocen y difunden de él. La diferencia entre ambos planos radica en el hecho de que al ser el digital, en toda su amplitud, un medio sujeto a propagación viral por Internet, entraña de forma inherente un mayor riesgo motivado por esa desproporción en cuánto a la difusión. Además en el mundo digital, mediante técnicas analíticas y predictivas, puede inferirse conocimiento adicional de un individuo en base a sus interacciones en la red.
La sociedad se encuentra en esta era digital ante la tesitura de permitir la transparencia en cuánto a la información digital de las personas, que sin duda aporta beneficios, y protegerse del riesgo inherente relacionado con la privacidad. Debe buscarse un equilibrio que concilie los intereses de todos ya que en una relación duradera todos deben ganar, aunque sea en diferente medida.
Construir una reputación positiva es una tarea que puede llevar mucho tiempo y que requiere de coherencia. Por tanto resulta más difícil alcanzar una buena reputación que destruirla por una interacción desacertada. Desgraciadamente, y las noticias en la prensa son un ejemplo, lo negativo habitualmente toma más fuerza que lo positivo. En el plano digital, la reputación online está más amenazada por el efecto multiplicador de las diferentes interacciones a partir de contenido publicado por el propio individuo o por terceros.
Una medida protectora, al menos en lo que depende del propio sujeto, es evitar el oversharing [1] que consiste en la divulgación de una cantidad excesiva de información personal, información que convencionalmente sólo sería manifestada a, o conocida por, los más cercanos al individuo.
La tecnología actual, especialmente las redes sociales tipo Facebook© y los sistemas de mensajería instantánea tipo WhatsApp©, llevan el concepto de oversharing a un nivel completamente nuevo que podemos llegar a calificar de síndrome o trastorno conductual.
Un caso particular es el de los padres que publican indiscriminadamente información sobre sus propios hijos menores sin ser conscientes de que están escribiendo páginas enteras de su reputación digital. Deberían moderar esa conducta y esforzarse en ayudar a sus hijos a construir una correcta reputación digital.
En relación a la reputación online, igual que sucede en medicina, más vale prevenir que curar. Es mejor que la sociedad sea cauta al generar contenidos que tener que ejercer luego el derecho al olvido.
En esencia entenderemos por derecho al olvido a la posibilidad otorgada a todo sujeto para “volver a empezar” sin que el conocimiento digitalizado de circunstancias negativas de su pasado, carentes de relevancia social, le persigan toda su vida de forma ineludible. Dicho de otra manera, es otra forma de libertad personal.
El derecho al olvido no debe considerarse como un nuevo derecho que deba añadirse a los ya conocidos por sus iniciales como ARCO: Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición.
El derecho al olvido debe entenderse como la traslación a Internet de dos de los actuales derechos: El de cancelación y el de oposición. En consecuencia, debería resultar plenamente aplicable todo lo regulado sobre esos derechos.
Según la sentencia de 13 de mayo del TJUE sobre el caso Google, el derecho al olvido se legitima cuando se produce una indexación de contenido digital en los resultados de búsqueda, referido a datos personales, que sea incompatible con la legislación aplicable sobre protección de datos. Esa “incompatibilidad” debe ser considerada en la más amplia interpretación de la palabra.
Dicho de otro modo, ningún ciudadano que no sea objeto de un hecho noticiable verídico y de relevancia pública tiene que resignarse a que sus datos se difundan por Internet sin poder oponerse ni cancelar su inclusión. Se entiende que los afectados pueden:
Ejercer el derecho de cancelación de los datos que se conservan accesibles en la red cuando estos no estén contenidos en una fuente accesible al público ni exista una finalidad legítima que proteja la publicación. (Libertades informativas, finalidad cultural e histórica...).
Ejercer el derecho de oposición frente al tratamiento que los buscadores realizan de los datos personales, es decir, la desindexación por parte de los motores de búsqueda de la información (habitualmente del pasado pretérito amparándose en los principios de calidad de los datos y de finalidad) poniendo los medios para que esa información no vuelva a aparecer en el futuro. Este derecho sería ejercitable incluso considerando que la información divulgada fuera legítima y reciente, pero aun así existieran razones fundadas para evitar el tratamiento de la misma sin el consentimiento de su titular [2].
Como norma general consideraremos que el derecho al olvido únicamente comprende casos de informaciones personales que carecen de relevancia o interés público y cuya difusión universal causa una lesión al afectado.
Como ejemplo de formulario para permitir ejercer el derecho al olvido que determinado motor de búsqueda (Google) pone a disposición de los afectados, está la “Solicitud de retirada de resultados de búsqueda en virtud de la normativa de protección de datos europea” .
En él puede leerse: “(…) c) Explique los motivos por los que la inclusión de cada URL como resultado de búsqueda resulta irrelevante, obsoleto o inaceptable de cualquier otro modo. (…)”.
Un derecho fundamental no es absoluto y tiene límites. Éstos se determinan en los demás derechos fundamentales y, en consecuencia, pueden llegar a colisionar.
Caso de conflicto deberá discernirse cuál de ellos debe prevalecer eludiendo reglas generales. Deberá estudiarse cada caso concreto.
Dos son los derechos fundamentales reclamados cuando se invoca la tutela sobre el derecho al olvido: El de protección de la intimidad, el honor y la propia imagen, por un lado, y el de protección de datos, por otro. Incidiremos más en uno u otro, según las circunstancias de cada caso concreto [3].
El derecho a la intimidad, el honor y la propia imagen son adecuados para protegerse de la existencia de información obsoleta del pasado que lesiona el bien jurídico protegido por este derecho fundamental. La divulgación de hechos pretéritos que afecten a la reputación online o imagen social de un individuo, le permiten apelar al derecho al honor para oponerse a esa información. Para considerarse lesionado el derecho al honor no es estrictamente necesario que los hechos difundidos carezcan de veracidad en el momento de su publicación. La difusión actual de información pasada, aunque veraz en su momento, puede implicar una distorsión de la imagen actual de un individuo, al vincularla con hechos pretéritos que no se corresponden con la realidad actual, con las consecuencias derivadas de falsas valoraciones por parte de terceros ocasionándole un perjuicio. La tutela para este derecho es dispensada por los órganos judiciales.
El derecho a la protección de datos tiene por objeto el tratamiento de todo dato que identifique o permita identificar a una persona. Aquí entraría la autodeterminación informativa basada en el principio de consentimiento, el principio de finalidad, el principio de calidad de los datos… La tutela administrativa la realiza en primera instancia una agencia independiente (en España la AEPD), constituida como autoridad de control, aunque sus resoluciones pueden ser recurridas mediante procedimiento contencioso-administrativo en la sala correspondiente de la AN y tribunales superiores.
Empezaré recordando el artículo 20 CE (Constitución Española):
Artículo 20. Libertad de expresión 1. Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
Como hemos visto en la introducción cuando se produce una colisión entre límites de diferentes derechos fundamentales debe discernirse cuál de ellos debe prevalecer, ponderándolos atendiendo a cada circunstancia concreta. En este caso están en juego el derecho a la información (libertad de expresión) y la privacidad (derechos a la intimidad y a la protección de datos), entre otros [4].
En la SENTENCIA del TC 172/1990, de 12 de noviembre de 1990, se argumenta: “según reiterada doctrina constitucional, las libertades del art. 20 de la Constitución no sólo son derechos fundamentales de cada ciudadano, sino también condición de existencia de la opinión pública libre, indisolublemente unida al pluralismo político, que es un valor fundamental y requisito de funcionamiento del Estado democrático. Esta excepcional trascendencia otorga a las expresadas libertades un valor de derecho prevalente sobre los derechos de la personalidad garantizados por el art. 18.1 de la Constitución, en los que no concurre esa dimensión de garantía de la opinión pública libre y del principio de legitimidad democrática”.
Sigue argumentando la sentencia: “Tal valor preferente, sin embargo, no puede configurarse como absoluto, puesto que, si viene reconocido como fundamento de la opinión pública, solamente puede legitimar las informaciones que impliquen una intromisión en otros derechos fundamentales cuando tales informaciones guarden congruencia con esa finalidad, es decir, cuando resulten relevantes para la formación de la opinión pública sobre asuntos de interés general y no lleven la intromisión en la intimidad o el honor de otros más allá de lo necesario para alcanzar esa finalidad.
De ello se deriva que la legitimidad de las intromisiones en el honor e intimidad personal requiere, no sólo que la información cumpla la condición de la veracidad, sino también que su contenido se desenvuelva en el marco del interés general del asunto al que se refiere, puesto que, de otra forma, el derecho de información se convertiría en una cobertura formal para, excediendo del discurso público en el que debe desenvolverse, atentar sin límite alguno y con abuso de derecho al honor y a la intimidad de las personas, con afirmaciones, expresiones o valoraciones que resulten injustificadas por carecer de valor alguno en relación con el interés general del asunto”.
En consecuencia, hemos de discernir entre:
La libertad de expresión, basada en la veracidad y en el interés general, y legitimada por el derecho fundamental a la información.
Los derechos ARCO en Internet basados, entre otros, en la autodeterminación de la propia información y el principio de calidad de los datos, y legitimados por el derecho a la protección de datos y al honor, la intimidad y la propia imagen.
Ante tal tesitura, y en caso de discrepancia, deberá estudiarse caso por caso sin que puedan aplicarse reglas generales. Pero existe también un enfoque distinto que quizá pueda decantar la balanza hacia el valor de la información, en su conjunto, para la humanidad: Empezar a considerar Internet como un nuevo derecho humano.
5.4 El Derecho de rectificación
Existe una Ley Orgánica, menos conocida que la LOPD, que también habla del derecho de rectificación: La LO 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación. [16] [17]
En su artículo primero, dispone: “Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho a rectificar la información difundida, por cualquier medio de comunicación social, de hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio. Podrán ejercitar el derecho de rectificación el perjudicado aludido o sus representantes y, si hubiese fallecido aquél, sus herederos o los representantes de éstos”.
Se ha criticado que se trate de una Ley decimonónica orientada a la prensa escrita, la única existente en 1984. Esta realidad se concreta en el artículo tercero, que dispone: “Siempre que el derecho se ejercite de conformidad con lo establecido en el artículo anterior, el director del medio de comunicación social deberá publicar o difundir íntegramente la rectificación, dentro de los tres días siguientes al de su recepción, con relevancia semejante a aquella en que se publicó o difundió la información que se rectifica, sin comentarios ni apostillas. Si la información que se rectifica se difundió en publicación cuya periodicidad no permita la divulgación de la rectificación en el plazo expresado, se publicará ésta en el número siguiente. Si la noticia o información que se rectifica se difundió en espacio radiofónico o de televisión que no permita, por la periodicidad de su emisión, divulgar la rectificación en el plazo de tres días, podrá exigir el rectificante que se difunda en espacio de audiencia y relevancia semejantes, dentro de dicho plazo. Y en el artículo cuarto “Si, en los plazos señalados en el artículo anterior, no se hubiera publicado o divulgado la rectificación o se hubiese notificado expresamente por el director o responsable del medio de comunicación social que aquélla no será difundida, o se haya publicado o divulgado sin respetar lo dispuesto en el artículo anterior, podrá el perjudicado ejercitar la acción de rectificación dentro de los siete días hábiles siguientes ante el Juez de Primera Instancia de su domicilio o ante el del lugar donde radique la dirección del medio de comunicación. La publicación o difusión de la rectificación será siempre gratuita”. Y en el artículo quinto “(…) El Juez, de oficio y sin audiencia del demandado, dictará auto no admitiendo a trámite la demanda si se considera incompetente o estima la rectificación manifiestamente improcedente. En otro caso convocará al rectificante, al director del medio de comunicación o a sus representantes a juicio verbal, que se celebrará dentro de los siete días siguientes al de la petición. La convocatoria se hará telegráficamente, sin perjuicio de la urgente remisión, por cualquier otro medio, de la copia de la demanda a la parte demandada (…)”. Artículo sexto “(…) c) La sentencia se dictará en el mismo o al siguiente día del juicio (…)”.
Pese a todo, por mucha diligencia en los trámites del perjudicado, es probable que transcurran un mínimo de cuatro días hasta que se dicte sentencia en caso de desacuerdo, plazo suficiente para una difusión masiva conocida la “viralidad” de Internet.
Como elemento de valor, la ratio legis de esta norma jurídica es doble:
Por un lado, garantizar que se proteja el derecho al honor de la persona física o jurídica afectada por la publicación inexacta.
Y por otro, procurar que el derecho a la información salga reforzado permitiendo mejorar el contenido y la veracidad de la noticia al incorporar otra versión de la misma.
Intentaré juntar en una misma tabla el derecho al olvido, el derecho de rectificación (2/1984) y los conocidos en protección de datos como derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición).
Dónde incide
LO15/1999, de 13 de diciembre. (LOPD)
(…) 2. Serán rectificados o cancelados, en su caso, los datos de carácter personal cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y, en particular, cuando tales datos resulten inexactos o incompletos. (…)
Rectificación de datos personales inexactos o incompletos
Puede producirse y se evaluará caso por caso
En la Web de origen o publicación
RD1720/2007, de 21 de diciembre.
(RDLOPD)
2. El ejercicio del derecho de cancelación dará lugar a que se supriman los datos que resulten ser inadecuados o excesivos, sin perjuicio del deber de bloqueo conforme a este reglamento. (…)
LO2/1984, de 26 de marzo.
(de Rectificación)
Artículo primero. Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho a rectificar la información difundida, por cualquier medio de comunicación social, de hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio.
PF y PJ
Aportar nuevos datos contrastados al medio, al considerar la información publicada inexacta y perjudicial.
Es difícil, ya que se aporta nueva información. Podemos verlo como un instrumento de contraste informativo que pretende una mayor calidad de la noticia.
Ya que no es recogido en la Directiva 95/46/CE.
SAN de fecha 29 de diciembre de 2014, en el Recurso 725/2010.
El derecho de oposición es el derecho del afectado a que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos de carácter personal o se cese en el mismo en los siguientes supuestos: (…).
SAN: Fundamento del Derecho decimotercero. La consecuencia lógica es que quien ejercita el derecho de oposición ha de indicar ante el responsable del tratamiento, o ante la Agencia Española de Protección de Datos, que la búsqueda se ha realizado a partir de su nombre como persona física, indicar los resultados o enlaces obtenidos a través del buscador así como el contenido de la información que le afecta y que constituye un tratamiento de sus datos personales a la que se accede a través de dichos enlaces, para que de ese modo tanto el responsable del tratamiento como la propia Agencia cuente con los elementos necesarios para llevar a cabo el juicio de ponderación a que se refiere la Sentencia del Tribunal de Luxemburgo; así se deduce también del artículo 35 [ejercicio del derecho de oposición] del Reglamento de Protección de Datos”.
Evitar que los buscadores accedan a la información cuando se realiza una consulta mediante el nombre, como persona física, del afectado.
Puede producirse, por lo que algunos buscadores, como Google, han establecido un comité de expertos [18] para la ponderación.
En los buscadores que indexan el contenido en Internet.
Romina Florencia, abogada y profesora invitada de la Maestría de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, presenta una tesis muy interesante desde el punto de vista constitucionalista. [5] Al ser un criterio pertinente a este artículo me propongo desarrollarla y comentarla aquí.
Con el nacimiento y la aceptación mundial de Internet nace una nueva sociedad a la que denominamos Sociedad de la Información y el Conocimiento en la cual se facilita enormemente el acceso y la trasmisión de la información y el conocimiento que se extrae de ella. Internet ha revolucionado el mundo apoyada firmemente sobre el principio de la libertad de expresión, que en Internet se traduce en una frase: libertad de los contenidos publicados.
Podemos considerar que hemos iniciado la tercera revolución de la humanidad. La primera fue industrial, la segunda de las TIC (tecnologías de la información) y la tercera del conocimiento (que se extrae de la información).
El concepto de derechos humanos incluye derechos de diversa naturaleza, entre los cuales se ubican los civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos no establece niveles de valor entre derechos y todos ellos gozan de la misma jerarquía e importancia
Allí donde se detecta que existe una íntima relación entre la persona y sus distintas esferas de actividad se suele estar en presencia de un derecho fundamental. Luego se entiende que los derechos fundamentales se han ido contemplando y evolucionando igual que progresa la humanidad. Recordemos el tránsito del status subiectionis al status libertatis, al status civitatis, al status activae civitatis y al status positivus sociales. Pero una vez aceptados, como ya he dicho, todos gozan de igual jerarquía.
El Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC) ha votado últimamente, por fallo casi unánime, que Internet sea considerada un derecho humano. El Consejo de Europa en un documento titulado Internet Governance (Developing the future toguether), de 14 de abril de 2011, cita: “10. Para muchas personas, el derecho y la libertad de recibir y difundir información e ideas a través de Internet se están convirtiendo en una necesidad, más que una opción, por razones económicas, financieras y sociales. Como la confianza y dependencia de Internet crece, este derecho y libertad se vuelve aún más importante”.
Sabemos que cuando los Derechos Humanos se fueron recogiendo en las diferentes constituciones de los Estados de Derecho, fue cuando pasaron a denominarse Derechos Fundamentales y dejaron su faceta filosófica para recibir una protección jurídica adecuada.
De todo lo aquí planteado puede concluirse la importancia de no desvirtuar Internet, la posibilidad de considerarla un Derecho Humano y, con el tiempo, la posibilidad de que pase a recibir una protección jurídica adecuada como Derecho Fundamental en las diferentes constituciones de los Estados de Derecho.
Mucha tinta se ha vertido estos días a raíz de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictara sentencia en el asunto C-131/12, Google Spain, S.L., Google Inc. contra la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en razón de la demanda de tutela de derechos de Mario Costeja González en el conocido asunto del “derecho al olvido” en Internet.
Si bien se trata de una sentencia compleja, empezaré diciendo que algunos se cuestionan la viabilidad, e incluso la razón de ser, del manido derecho al olvido.
Para mí el derecho al olvido en la era digital es una voluntad jurídica y una quimera tecnológica. En otras palabras, encierra dificultades materiales y jurídicas. Si entendemos Internet como una red global ubicua, que no está sujeta a fronteras ni a horarios, nos daremos cuenta que intentar regularla significaría eliminarle su principal razón de ser convirtiéndola en algo distinto. Además, y como ya he dicho, al poder llegar a propagarse la información de forma viral, los potenciales consumidores de esa información pueden duplicarla en sus equipos locales y hacerla aflorar pasado un tiempo indeterminado en esa o en cualquier otra plataforma distinta de la original. Y eso sometido a un efecto multiplicador.
Para disponer de opiniones provenientes de un entorno distinto, que no se base en la protección jurídica del derecho fundamental a la protección de datos como en el que me desenvuelvo, he creído oportuno parafrasear a Enrique Dans (profesor del IE Business School) [6] que hablando sobre el derecho al olvido dice:
<< Lo que Mario Costeja ha conseguido es matar al mensajero, a la propuesta de valor de una de las herramientas más importantes que ha creado la civilización humana: La que permitía acceder a toda la información. Su empecinamiento en censurar a los buscadores y en eliminar de ellos alguna referencia ha generado un precedente que nos lleva a que, a partir de ahora, ya no podamos confiar en que un buscador, Google o el que sea, nos devuelva información veraz y no sesgada. Se empieza por eliminar “esto porque ya no es cierto”, se sigue por “esto no quiero que salga porque me desacredita” y se termina por “elimina los enlaces a esa foto porque me han sacado por mi lado malo”. Es sencillamente una barbaridad, una estupidez, un intento de defender un supuesto derecho de los individuos, exagerado hasta la hipérbole, perjudicando el derecho de todos de acceder a la información. Lo que se supone que va a ocurrir a partir de ahora no es que la información que molesta a sus protagonistas desaparezca, sino que tendremos que utilizar herramientas que nos pongan una especie de “venda en los ojos”, que solo podremos ver lo que determinadas personas quieran que veamos. Eso no es un derecho, es una aberración.
El olvido no es un derecho. El olvido es un proceso fisiológico que tiene lugar en el cerebro del que olvida, no algo que tenga lugar en función de los deseos del olvidado…>>
De esas palabras se interpreta que la ciudadanía es consciente, aunque no sepa expresar con precisión jurídica los términos, de la colisión entre diferentes derechos fundamentales que no están exentos de límites.
Cuando se produce esa colisión debe discernirse cuál de ellos debe prevalecer ponderándolos atendiendo a cada circunstancia concreta. En esos casos yo suelo ayudarme, a la luz de amplia jurisprudencia constitucional y de variada doctrina sobre el carácter no ilimitado del derecho a la intimidad y el derecho a la protección de datos en su colisión con otros derechos fundamentales, mediante un criterio, que ha aplicado varias veces el TS para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, que es constatar que cumpla los tres siguientes requisitos o condiciones:
Juicio de idoneidad: Si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto.
Juicio de necesidad: Si, además, es necesaria en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia.
Juicio de proporcionalidad en sentido estricto: Y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto.
En el caso de los buscadores, se trata de un conflicto entre los derechos fundamentales a la protección de datos y el derecho a la intimidad por un lado y, por otro, el derecho a la información y el principio de transparencia.
Si bien se ha escrito mucho sobre el caso, me permitiré hacer una ponderación de la reclamación planteada por Mario Costeja basándome en el juicio de proporcionalidad:
Juicio de idoneidad: La medida de obligar a un buscador determinado a que elimine cierto enlace a una información cuestionada, que la mayoría de las veces no genera y no almacena, no parece pueda garantizar una total efectividad ya que al no incidirse sobre la fuente de la información, otros buscadores, redes sociales públicas, blogs de terceros… pueden resucitar esa información en cualquier momento.
Juicio de necesidad: Parece que una medida más moderada sería incidir en origen en vez de hacerlo en el intermediario.
Juicio de proporcionalidad en sentido estricto: Mediante este proceder puede desvanecerse el derecho fundamental a la información, por un lado, y el principio de transparencia, por otro. Podría plantearse, siguiendo la línea argumental del profesor Enrique Dans, el riesgo de que se acabara desvirtuando, debido a motivaciones banales, el medio de propagación por excelencia de la información mundial, pudiendo la sociedad universal en su conjunto perder mucho más que el beneficio concreto que se pretende alcanzar.
En consecuencia y desde un punto de vista constitucionalista, si se me permite enfocarlo así, al existir una colisión entre diferentes derechos fundamentales no es nada evidente el fallo de la sentencia, que algunos califican de insuficiente e inadecuadamente motivado, especialmente si alguien se ha leído las conclusiones previas del Abogado General de la UE en relación a este caso.
Podría pensarse en la prevalencia de las libertades informativas frente a la “censura colateral” [13] que representaría, por parte del intermediario prestador de servicios de la sociedad de la información (PSSI), suprimir o des-indexar contenidos de terceros para evitar su responsabilidad sin esperar a tener un “conocimiento efectivo” ejercido por el propio interesado o afectado.
Los que abogan por un derecho de cancelación absoluto amparándose en el principio de calidad de los datos, según dispone el artículo 4.3-5 LOPD y el artículo 6 de la Directiva europea, han de tener en cuenta que el legislador estaba pensando en esas fechas en el responsable del fichero y no en un hipotético buscador creado en septiembre de 1998 y apenas conocido entonces. Recordemos que la LORTAD entró en vigor en 1992 y la Directiva europea 95/46/CE en 1995. [Sobre la consideración de responsable del tratamiento al buscador, como se recoge en la sentencia ya hablaré mas adelante].
Un aspecto inédito de la sentencia es la no necesidad de que el interesado sufra un “perjuicio” para que pueda ejercer el derecho al olvido. Según Pablo García Mexía [7] el razonamiento parece contradictorio: “si la base de la argumentación es que los datos habrían perdido su calidad, entonces el perjuicio sería inevitable, pues el propio Tribunal afirma que un dato devenido innecesario respecto de los fines iniciales de su tratamiento resulta incompatible con la Directiva 95/46. (…) . Por eso acertaba en este aspecto el Abogado general de la UE, al hacer constar que una “razón legítima” [propia de la situación particular del interesado] para ejercer el derecho de oposición, tal y como la Directiva exige respecto de tal derecho, no podía hacerse coincidir con una “preferencia subjetiva. Al ignorar esta idea, el Tribunal ha abierto la puerta a un océano potencial de peticiones abusivas que, a la vez, puede resultar muy difícil de tramitar, con el consiguiente riesgo de que, las que de veras resulten fundadas, no reciban la atención que merecerían.
La mayoría de las solicitudes de tutela de derechos, como es el caso resuelto por el TJUE, responden a solucionar desajustes entre la información publicada y la realidad actual del individuo. Se amparan en la idea de que Internet puede ser un ente de memoria infinita y las personas deberían tener derecho a “volver a empezar” sin que situaciones puntuales de su pasado les persigan toda su vida incardinadas en su reputación online.
En el VI Foro de la Privacidad del Data Privacy Institute, organizado por ISMS Forum Spain y celebrado en el auditorio del IE en Madrid, intervino el Director de la AEPD -José Luis Rodriguez Álvarez- para referirse en su alocución al “derecho al olvido”. El extracto lo incorporo a este artículo, al considerar que representando a la Agencia presentó un enfoque novedoso al asunto.
Primero presentó una analogía entre la pena de vergüenza pública vigente durante la Edad Moderna (Siglos XVI al XVIII) y la persistencia a perpetuidad en los buscadores de Internet de información que pudiera lesionar el honor e intereses actuales de una persona. Tal pena de vergüenza pública ya no existe en los ordenamientos jurídicos actuales al ser considerada infame por contraria a los derechos humanos más elementales y contraria a la integración social del condenado. El derecho al olvido tiende a evitar esto amparándose en el potencial lesivo de los buscadores.
No se discute de bloquear el acceso general a cierta información, sino que se plantea únicamente la eliminación del enlace para el acceso a determinada información de una persona cuando se hace una búsqueda exclusivamente por su nombre (tecleándolo literal en el buscador).
Además el bloqueo bajo esas circunstancias se limita al acceso a la información que carece de relevancia o interés público, con un contenido muy acotado al derecho de oposición y cancelación.
Siguió diciendo el Director de la AEPD que no se borra nada en las fuentes de origen, la información no se toca. Sólo de bloquea el acceso, bajó determinado criterio de búsqueda, como es el nombre completo del afectado. Eso es suficiente para poner fin a la lesión.
Esta fórmula del agrado de la AEPD consigue un equilibrio al ser menos restrictiva al acceso a la información que eliminarla de la fuente original. Pensemos que aplicar una solución en la web de origen tipo robots.txt, para advertir a los buscadores, provoca como consecuencia la eliminación del contenido de una página entera con lo cual la medida tiene mayor impacto en la información.
En esta línea se expresa Javier Sempere en un artículo publicado en el blog “privacidad lógica” [8]: “Si uno acude a algunas de las resoluciones publicadas en la web de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), se encontrará que, en la mayoría de ocasiones, el derecho al olvido lo ejerce “el ciudadano de a pie” para cuestiones de los más variopinto. Por ejemplo, eliminación de un anuncio de agradecimiento en un periódico de 1978 que ha sido digitalizado; derecho de oposición frente a una publicación en el BOE de un proceso selectivo de 2008; derecho de oposición también frente al BOE sobre la publicación de dos notificaciones de sendos procedimientos sancionadores; borrado de los datos personales que aparecen en la agrupación municipal de un partido político o incluso, el mismo “Caso Costeja” (oposición a un anuncio de embargo de hace bastantes años que había sido publicado en un periódico).
Son supuestos sencillos, en los que no existe ninguna colisión con el derecho de información, tratándose de información obsoleta en la mayoría de los casos y que no tienen ningún valor añadido. En resumen, no existe un interés legítimo ni general que sustente que este tipo de informaciones pueda ser consultado por la colectividad”.
Samuel Parra confirma estas apreciaciones en su blog “protección de datos personales” [9]: “En el año 2013 la AEPD dictó un total de 2100 resoluciones de Tutela de Derechos; de estas 2100, tan solo 89 han tenido incidencia en esto del “derecho al olvido” frente al buscador Google.
El análisis DAFO (SWOT -por sus siglas en inglés-), es una metodología de estudio de la situación de un proyecto, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada. En este caso la utilizaremos para estudiar y ordenar de una forma más objetiva los efectos de la sentencia del TJUE.
- SIN LEGISLACIÓN: No existe de forma explícita, en el momento de conocerse la sentencia del asunto C‑131/12 de Google contra la AEPD, legislación europea sobre el derecho al olvido. No consta en la vigente Directiva 95/46/CE aunque si aparece en el artículo 17 del borrador del futuro RGPDUE aún pendiente de aprobar y, en consecuencia, se trata de un instrumento jurídico todavía no aplicable. A partir de ahora la doctrina del TJUE tiene fuerza vinculante general sobre el alcance de la interpretación que deba darse a la Directiva 95/46/CE sobre el derecho al olvido.
- TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDAD: La sentencia cede la responsabilidad de decisión, en primera instancia, sobre la legitimidad de las peticiones de ejercicio del derecho al olvido a la empresa privada, como lo es la que gestiona un buscador, ponderando ésta unilateralmente los posibles derechos fundamentales en juego.
- VOLUNTAD JURÍDICA Y QUIMERA TECNOLÓGICA: La decisión de obligar al buscador a olvidar, y no necesariamente a la fuente de la información, puede provocar en el transcurso del tiempo la indexación por otros buscadores que vayan apareciendo en el futuro. También un tercero podría haberla copiado y hacerla aflorar en cualquier otro medio transcurridos unos años. Recordemos que la propagación en Internet puede ser viral.
- LEGISLAR REGULACIÓN: Las actuales circunstancias deberían aprovecharse para regular o establecer protocolos de actuación en la aplicación del derecho al olvido por parte de buscadores y otras entidades. Podría disponerse inicialmente como una opinión o dictamen del Grupo de Trabajo del Artículo 29.
- DEBERIA AGILIZARSE EL NUEVO RGPDUE: Se aprecia cada vez más la necesidad de disponer lo antes posible de un Reglamento General Europeo sobre protección de datos. En el debería regularse, una vez vistas las consecuencias de la sentencia del TJUE, el derecho al olvido (o al borrado como se le llama después de alguna enmienda) con mayor detalle que en el borrador actual sin apoyarse tanto en los “actos delegados” vid 17.9 RGPDUE.
- EVITAR ÚNICAMENTE BÚSQUEDAS DIRECTAS: La propuesta de la AEPD de evitar mostrar la información cuestionada únicamente cuando se realice una petición de búsqueda a partir del nombre completo del afectado, y no mediante otro tipo de consultas, parece razonable.
- COLISIÓN DE DERECHOS: La evolución tecnológica, que lleva aparejada la evolución social, ha convertido en “imprescindible” el acceso libre a Internet para equiparar el desarrollo del conocimiento de cualquier persona con independencia de dónde se encuentre. Incluso hay quienes reclaman se considere este acceso libre a Internet y sus contenidos como un nuevo derecho humano emergente. Si permitimos a los buscadores auto-limitarse en ausencia de criterios objetivos y claramente regulados y aceptados por todos, podríamos estar minando este nuevo derecho junto al derecho a la información.
- MAYOR RECEPTIVIDAD SOCIAL: Después del escándalo social que ha propiciado el caso Snowden, la sociedad está mucho más concienciada de los peligros que amenazan a la privacidad y predispuesta a que se impulsen medidas protectoras de estos derechos fundamentales.
Veamos algunas de las conclusiones previas a la sentencia del Abogado General [10] Sr. NIILO JÄÄSKINEN presentadas el 25 de junio de 2013 en el asunto C‑131/12 de Google Spain, S.L., Google Inc. Contra la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en relación al caso del Sr. Mario Costeja González (Petición de decisión prejudicial planteada por la Audiencia Nacional), relacionadas con la libertad de expresión y que, según el criterio de muchos, algunas de sus opiniones son más acertadas que la propia sentencia del TJUE.
120. El presente asunto afecta, desde múltiples puntos de vista, a la libertad de expresión e información consagrada en el artículo 11 de la Carta, concordante con el artículo 10 CEDH. El artículo 11, apartado 1, de la Carta establece que «toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras.»
121. El derecho de los usuarios de Internet a buscar o recibir información disponible en Internet está protegido por el artículo 11 de la Carta. Afecta tanto a la información contenida en las páginas web fuente cuanto a la información proporcionada por los motores de búsqueda. Como ya he mencionado, Internet ha revolucionado el acceso a todo tipo de información y su difusión, y ha puesto en marcha nuevos medios de comunicación y de interacción social entre particulares. A mi juicio, el derecho fundamental a la información merece protección particular en Derecho de la Unión Europea, particularmente a la luz de la tendencia cada vez mayor de los regímenes autoritarios en todo el mundo a limitar el acceso a Internet o a censurar el contenido disponible en él.
122. Los editores de páginas web disfrutan igualmente de protección con arreglo al artículo 11 de la Carta. Poner contenidos a disposición del público en Internet equivale, como tal, a la libertad de expresión, (86) máxime cuando el editor ha enlazado su página a otras y no ha limitado su indexación o archivo por parte de los motores de búsqueda, indicando de este modo su deseo de que su contenido se difunda ampliamente. La publicación en la web es un medio para que los particulares participen en debates o difundan sus propios contenidos, o contenidos cargados por otros, en Internet”.
“B. ¿Equivalen los derechos de rectificación, supresión, bloqueo y oposición establecidos en la Directiva a un «derecho al olvido» del interesado?
104. Los derechos de rectificación, supresión y bloqueo de datos establecidos en el artículo 12, letra b), de la Directiva se refieren a datos cuyo tratamiento no cumple lo dispuesto en la Directiva, en particular debido al carácter incompleto o inexacto de los datos.
107. En las situaciones en las que se considera que los proveedores de servicios de motor de búsqueda en Internet son responsables del tratamiento de datos personales, el artículo 6, apartado 2, de la Directiva les obliga a ponderar los intereses del responsable del tratamiento de los datos, o de los terceros en cuyo interés se tratan los datos, con los del interesado. Como observó el Tribunal de Justicia en la sentencia ASNEF y FECEMD, a la hora de realizar la ponderación es relevante que los datos controvertidos hayan aparecido ya o no en fuentes públicas.
111. Por consiguiente, llegó a la conclusión de que los artículos 12, letra b), y 14, letra a), de la Directiva no establecen un derecho al olvido”.
De las conclusiones del Abogado General de la UE debería desprenderse, sentencia del TJUE aparte:
El derecho de cancelación debería ejercerse por el afectado frente al responsable del tratamiento, esto es, frente a la página web de origen que es la fuente de la información.
Los proveedores de servicios de motor de búsqueda en Internet deberían considerarse terceros, más que responsables del tratamiento.
El derecho al olvido, distinto del de cancelación, consta únicamente en la propuesta del RGPDUE y, en consecuencia, no puede considerarse normativa del Derecho actual.
Debo hacer notar el hecho de que, como apunta Ricard Martínez en su blog “LOPD y seguridad” [11] “El TJUE responde únicamente a lo que se le pregunta. Por tanto mientras todos vamos a realizar una lectura general a la búsqueda de criterios, el TJUE está respondiendo a preguntas concretas de un órgano jurisdiccional específico para un caso determinado. Y esto de algún modo supone que se aplique un enfoque concentrado que renuncia a una visión periférica o de conjunto. Porque lo que sin duda constituye un hecho es que los criterios de interpretación normativa son generalizables, y este es el segundo elemento central”.
Desde la más absoluta imparcialidad, paso a reseñar una serie de dudas que se plantean sobre esta sentencia concreta del TJUE [12].
Se limita a ponderar un interés económico con los derechos fundamentales a la protección de datos y al honor, la intimidad y la propia imagen. Es evidente que el interés económico siempre será legítimo pero insuficiente frente derechos fundamentales. En lugar del interés económico quizá debería ponderarse el derecho fundamental a la información (proporcionarla y recibirla) como defendía el Abogado General de la UE.
Parece que se esté empleando la técnica jurídica de la subsunción, forzando la realidad de los hechos para obtener conclusiones preestablecidas, a partir de una aplicación determinada de la norma. Considerar razonable el dirigirse a Google para que des-indexe contenido sin necesidad de dirigirse, o haberse dirigido, a la página web como fuente de origen, con el único argumento de que Google consigue un efecto multiplicador de la visibilidad, parece al menos cuestionable. Podríamos añadir una nota de humor responsabilizando de ocasionar una enfermedad al microscopio que lo magnifica en vez de al virus que es el auténtico causante biológico. No obstante, la propuesta de la AEPD sobre limitarse a no mostrar la información cuestionada únicamente cuando se realiza una búsqueda con el nombre completo del afectado, y si hacerlo bajo otros criterios específicos, parece razonable.También podría ser cuestionable considerar a Google responsable del tratamiento.
Sitúa en la percepción y el criterio de un sujeto privado, como es un motor de búsqueda, la decisión de des-indexar con resultados a futuro impredecibles en este momento. [12] Si bien en el caso de Google se ha constituido una comisión internacional de expertos, algunos de reconocido prestigio, para que establezcan las directrices de actuación ante el más que probable aluvión de peticiones de tutela de derechos, sería deseable establecer una “guía de criterios de ponderación” con las pautas necesarias para balancear la subjetividad, a la que nos aboca esta sentencia, hacia la objetividad necesaria que tienda a dar mayor seguridad jurídica asegurando las indudables ventajas, frente a los riesgos, que aportan los buscadores a la sociedad.
El Tribunal no efectúa distinción alguna, a diferencia del Abogado General, y se limita a tratar en bloque toda la actividad del buscador. De este modo lo cataloga como responsable sin matices. La argumentación del Abogado general acerca de si Google puede ser considerado responsable (con su triple distinción entre contenidos de los webs de terceros, los de la memoria oculta del buscador y los del índice propiamente dicho del buscador) es desde luego mucho más rica y clarificadora en este aspecto – muy importante a fin de calibrar el alcance que la responsabilidad deba tener- que la del TJUE. [7] La responsabilidad solo debería surgir si Google actúa en contra de lo que le exija o solicite la fuente, como editora de la información originaria, que es quien puede realmente calibrar si los fines perseguidos con el tratamiento inicial siguen siendo necesarios o no.
Como se expone en el “FUNDAMENTO DEL DERECHO DECIMOTERCERO.- Criterios de ponderación”, de la SAN de fecha 29 de diciembre de 2014, en el Recurso 725/2010: [14]
“(…) Con carácter previo a la concreta ponderación de intereses en juego merece ser destacado el papel que representa en la difusión de la información la actividad de los buscadores en internet y su distinción con el propio de los editores de los sitios web donde se publica la información.
En general, el tratamiento de datos personales efectuado por el gestor de un motor de búsqueda, ofreciendo una lista de resultados a partir de la búsqueda realizada con el nombre de una persona física, puede afectar significativamente a los derechos fundamentales de respeto de la vida privada y de protección de datos personales, toda vez que dicho tratamiento permite a cualquier internauta obtener mediante la lista de resultados una visión estructurada de la información relativa a esta persona que puede hallarse en Internet, que afecta potencialmente a una multitud de aspectos de su vida privada, y puede establecer un perfil más o menos detallado de la persona de que se trate.
Además, el efecto de la injerencia en dichos derechos del interesado se multiplica debido al importante papel que desempeñan Internet y los motores de búsqueda en la sociedad moderna, que confieren a la información contenida en tal lista de resultados carácter ubicuo (véase la Sentencia del TJUE, apartado 45).
Sin embargo, ese tratamiento de datos personales consistente en la actividad de un motor de búsqueda, que se dirige a hallar información publicada o puesta en Internet por terceros, indexarla de manera automática, almacenarla temporalmente y, por último, ponerla a disposición de los internautas según un orden de preferencia determinado o a partir del nombre de una persona, ha de reputarse licito, cuando la información concernida y publicada en las páginas web, cuyos vínculos muestra el índice de resultados que ofrece a los internautas, ha sido objeto de publicación en tales sitios web lícitamente. En tal caso se advierte la presencia del interés legítimo del gestor del motor de búsqueda en prestar el servicio a los internautas que representa su actividad junto con otros intereses legítimos, cuya satisfacción persigue tal actividad, representados principalmente por el ejercicio de la libertades de expresión e información.
Por tanto, el gestor del motor de búsqueda facilita sensiblemente la accesibilidad a dicha información a cualquier internauta que lleve a cabo una búsqueda sobre el interesado y puede desempeñar un papel decisivo para su difusión, pero a su vez conlleva una injerencia mayor en el derecho fundamental al respeto de la vida privada del interesado que la mera publicación por el editor de esta información en su página web (véase la Sentencia del TJUE, apartado 87).
La consecuencia lógica es que quien ejercita el derecho de oposición ha de indicar ante el responsable del tratamiento, o ante la Agencia Española de Protección de Datos, que la búsqueda se ha realizado a partir de su nombre como persona física, indicar los resultados o enlaces obtenidos a través del buscador así como el contenido de la información que le afecta y que constituye un tratamiento de sus datos personales a la que se accede a través de dichos enlaces, para que de ese modo tanto el responsable del tratamiento como la propia Agencia cuente con los elementos necesarios para llevar a cabo el juicio de ponderación a que se refiere la Sentencia del Tribunal de Luxemburgo; así se deduce también del artículo 35 del Reglamento de Protección de Datos”.
En la nota de prensa de 23 de enero de 2015, [15] la Audiencia Nacional indica que esta primera sentencia es importante porque en ella la Sala fija los criterios que deben seguir a partir de ahora los particulares, el responsable del tratamiento y la Agencia de Protección de datos, que tendrán que llevar a cabo el juicio de ponderación esgrimido por la sentencia de 13 de mayo de 2014 del TJUE, en relación al llamado “derecho al olvido”.
Esos criterios se resumen en lo siguiente:
Quien ejercite el derecho de oposición ha de indicar ante el responsable del tratamiento o ante la Agencia Española de Protección de Datos que la búsqueda se ha realizado a partir de su nombre, como persona física;
Indicar los resultados o enlaces obtenidos a través del buscador;
Indicar el contenido de esa información que le afecta y que constituye un tratamiento de sus datos personales a la que se accede a través de dichos enlaces.
- Declaración de Ciudad de Panamá. “Hacia la unificación de criterios y garantías para la protección de la identidad digital y el derecho al olvido”. Presentada el 23 de julio de 2014. Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos.
- [1] José Luis Colom. “El oversharing es una actitud con secuelas para el futuro”. 21 de enero de 2014. Blog Aspectos profesionales.
El oversharing
- [2] Lorenzo Cotino Hueso. "Datos personales y libertades informativas. Medios de comunicación social como fuentes accesibles al público (art. 3 de la LOPD)". En: Troncoso Reigada, Antonio (dir.). Comentario a la Ley orgánica de protección de datos personales. 2010. Navarra: Civitas, p. 289–315 (esp. 298).
- [3] Luis Javier Mieres Mieres. “El derecho al olvido digital”. Documento de trabajo 186/2014. 2014. Fundación Alternativas.
- [4] José Luis Colom. “Conflicto jurídico entre el derecho a la intimidad y el derecho a la información”. 6 de Mayo de 2014. Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos.
- [5] Romina Florencia Cabrera. “LA INTERNET COMO DERECHO HUMANO”. 24 de febrero de 2013. Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos.
- [6] Enrique Dans. “El absurdo derecho a que internet te saque por tu lado bueno”. 13 de mayo de 2014. El blog de Enrique Dans.
El absurdo derecho
- [13] Lorenzo Cotino Hueso. “Libertades informativas y responsabilidad de los prestadores de servicios en Internet”. 21 de febrero de 2013. XI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN CONSTITUCIONALISTAS DE ESPAÑA (ACE).
- [7] Pablo García Mexía. “Gana el derecho al olvido, pierden Internet y la libre expresión”. 15 de mayo de 2014. La Ley en la Red. Blogs ABC.
Gana el derecho al olvido
- [8] Francisco Javier Sempere. “Derecho al olvido: ni censura ni límite al derecho de información”. 27 de mayo de 2014. Blog Privacidad lógica.
- [9] Samuel Parra. “Esto es lo que obligan a borrar a Google en virtud del Derecho al Olvido”. 2 de junio de 2014. Blog Protección de datos personales.
Esto es lo que obligan a borrar
- [10] Niilo Jääskinen. “conclusiones del Abogado General de la UE en el asunto C‑131/12 del Sr. Mario Costeja”. 25 de junio de 2013. Comisión Europea. Justicia.
- [11] Ricard Martínez. “Olvidar es un fenómeno muy complejo”. 14 de mayo de 2014. Blog LOPD y Seguridad.
- Francisco Ramón González-Calero Manzanares. “Sentencia sobre derecho al olvido ¿Algo ha cambiado?”. 27 de mayo de 2014. El Derecho (Grupo Francis Lefebvre).
- [12] Lorenzo Cotino Hueso. “(Audio) sobre el olvido de la libertad de recibir información en la sentencia TJUE que reconoce el derecho al olvido…”. 14 de mayo de 2014. Universitat de València.
- Ruth Benito Martín. “Consideraciones entorno al derecho al olvido”. 29 de julio de 2014. Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos.
Consideraciones entorno al derecho al olvido
- [15] Consejo General del Poder Judicial - Audiencia Nacional. “LA AUDIENCIA NACIONAL ESTABLECE POR PRIMERA VEZ LOS CRITERIOS PARA RECONOCER EL “DERECHO AL OLVIDO”. Madrid, 23 de enero de 2015. Nota de prensa.
- [14] Audiencia Nacional. “SAN en el Recurso Nº: 0000725/2010 de GOOGLE SPAIN, S.L., y GOOGLE, INC., contra la resolución de 30 de julio de 2010 del Director de la AEPD por la que se estima la reclamación formulada por don Mario Costeja González”. Madrid, 29 de diciembre de 2014.
SAN asunto Mario Costeja
- [18] Google. “Informe del Consejo Asesor de Google en el Derecho al Olvido”. [In English]. 6 de febrero de 2015.
- [16] Eva Muñoz Deiros. “El Derecho de Rectificación en Internet”. Enero de 2013. Blog profesional.
- [17] Eduardo López-Román. “El derecho de rectificación y mi identidad en un entorno digital”. Septiembre de 2015. ENATIC Blog.
Se añade en el apartado “7 Opiniones favorables al derecho al olvido” la intervención del Director de la AEPD durante el VI Foro de la Privacidad del Data Privacy Institute (ISMS FORUM SPAIN).
Se añaden los apartados “5.4. El derecho de rectificación” y “5.5. Cuadro comparativo de derechos aplicables” y las referencias bibliográficas [15], [16] y [17] en el apartado “12 Bibliografía Consultada”.
Publicado por Jose Luis Colom en 20:57
Etiquetas: AEPD, ARCO, colisión de derechos, COLOM, derecho al olvido, DERECHOS FUNDAMENTALES, Google, PRIVACIDAD, PROTECCIÓN DE DATOS, Reglamento Europeo