Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52019DC0170
Timestamp: 2019-04-20 13:27:57
Document Index: 283938809

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 103', 'artículo 64']

EUR-Lex - 52019DC0170 - EN - EUR-Lex
EUR-Lex - 52019DC0170 - EN
Document 52019DC0170
COM/2019/170 final
COM(2019) 170 final
Supervisión reforzada - Grecia, abril 2019
La Comisión adoptó su segundo informe de supervisión reforzada sobre Grecia el 27 de febrero de 2019 1 . Junto con la integración de Grecia en el Semestre Europeo, la supervisión reforzada ofrece un marco general para un seguimiento de la evolución económica y la aplicación de las políticas necesarias para garantizar una recuperación económica sostenible 2 . También sienta las bases para evaluar el compromiso general manifestado por Grecia en la reunión del Eurogrupo de 22 de junio de 2018 de proseguir y completar las reformas adoptadas en el marco del programa de apoyo a la estabilidad del Mecanismo Europeo de Estabilidad y de salvaguardar los objetivos de las reformas adoptadas en el marco de ese programa y sus predecesores, con arreglo al artículo 3, apartado 1, del Reglamento 472/2013. Esto incluye la aplicación de los compromisos de reforma específicos adjuntos a la declaración del Eurogrupo de 22 de junio de 2018, en los ámbitos de: i) las políticas presupuestaria y presupuestaria-estructural, ii) el bienestar social, iii) la estabilidad financiera, iv) los mercados de trabajo y de productos, v) las privatizaciones, y vi) la Administración pública 3 .
El informe de supervisión reforzada de 27 de febrero de 2019 concluyó que hasta finales de 2018 Grecia había logrado considerables progresos en la aplicación de sus compromisos específicos de reforma. Más concretamente, concluyó que a finales de 2018 podían considerarse cumplidos los siguientes compromisos específicos: i) adopción de un presupuesto para 2019 que debe alcanzar un objetivo de superávit primario del 3,5 % del PIB; ii) no acumulación de atrasos netos, si bien aún son necesarios esfuerzos adicionales para eliminar los atrasos acumulados y evitar la generación de otros nuevos; iii) apertura de una masa crítica de centros sanitarios de atención primaria (TOMY); iv) finalización de importantes medidas para garantizar una adquisición centralizada de material y equipos sanitarios; v) relajación de los controles de capitales, en consonancia con el plan acordado; vi) definición y adopción de la estrategia de venta del Fondo Griego de Estabilidad Financiera (HFSF), con la posible intervención de las autoridades en la fase final de la venta aún sujeta a examen; vii) adopción de legislación que permita la utilización de licencias de inversión; viii) revisión del salario mínimo formalmente en consonancia con el procedimiento adoptado, aunque la magnitud del incremento plantea riesgos para el empleo y la competitividad; ix) finalización de la fase I del proyecto de justicia en red; x) aplicación del plan estratégico de la Sociedad Helénica de Activos y Participaciones (SHAP). xi) reestructuración de la sociedad inmobiliaria ETAD e inicio de la implantación del mecanismo de coordinación para las empresas estatales incluidas en la SHAP a la vista de los retrasos en la transferencia del Centro Olímpico (OAKA); xii) actualización del plan para el desarrollo de activos de la agencia de privatización (TAIPED), la conclusión de las principales licitaciones de privatización, incluida la red de transmisión de gas (DESFA) y la prórroga de la concesión del Aeropuerto Internacional de Atenas, así como la finalización de importantes medidas relacionadas con el proyecto Hellinikon; y xiii) las autoridades han acordado con la Comisión las modalidades para realizar una evaluación independiente del proceso de designación de los secretarios administrativos y directores generales para mediados de 2019, y han adoptado legislación clave para mejorar la planificación de las contrataciones en el sector público y vincular el plan de contratación plurianual con la estrategia financiera a medio plazo.
No obstante, el informe de supervisión reforzada de 27 de febrero de 2019 también concluyó que una serie de compromisos específicos de reforma pendientes a finales de 2018 seguían abiertos y deberían completarse. Las cuestiones pendientes en ese momento estaban relacionadas con medidas en los ámbitos de la Administración tributaria, la estabilidad financiera, la energía, las privatizaciones y la Administración pública. En relación con algunos compromisos, debían completarse las medidas técnicas (reestructuración de la empresa de gas DEPA, autopista Egnatia, nombramientos en HFSF), mientras que, en otros, aún estaban en curso discusiones sustantivas (Administración tributaria y Administración pública, venta de centrales de lignito y sector financiero, incluida la protección de la residencia principal).
El informe de supervisión reforzada de 27 de febrero de 2019 también señaló que la evolución en algunos ámbitos plantea dudas sobre la orientación y la realización de las reformas a medio plazo. Estas preocupaciones merecen la máxima atención de las autoridades y se refieren a: a) el nivel de ambición a la hora de hacer frente a los retos presupuestarios estructurales pendientes y evitar la creación de nuevos riesgos tributarios que podrían surgir de sentencias del Tribunal, de contrataciones en el sector público y de posibles cambios en los sistemas de pago fraccionado de las deudas tributarias y con la seguridad social; b) el ritmo de avance y el grado de prioridad fijado en las medidas necesarias para restablecer la solidez y capacidad de adaptación del sector bancario, en particular en lo que se refiere a la calidad de los activos; y c) el compromiso de proteger la competitividad salarial a medio plazo y de crear un entorno favorable a las empresas y a la inversión.
Esta actualización evalúa la evolución de la aplicación de los compromisos específicos de reforma que debían materializarse hasta finales de 2018 desde la adopción del informe de supervisión reforzada el 27 de febrero de 2019. En particular, Grecia ha: i) adoptado legislación primaria y secundaria para reforzar la Autoridad Tributaria Independiente; ii) facilitado información actualizada sobre las medidas de apoyo a la resolución de préstamos no productivos y la estabilidad del sector bancario (subastas electrónicas, garantías estatales, plan de acción sobre insolvencia de los hogares); iii) adoptado la legislación primaria y se ha comprometido a adoptar en breve legislación derivada sobre un nuevo régimen de protección de la vivienda principal; iv) adoptado las medidas necesarias para cubrir las vacantes en el HFSF; v) relanzado la licitación para la cesión de parte de la capacidad de producción de PPC a base de lignito; vi) adoptado legislación para la reestructuración de DEPA; vii) adoptado medidas para eliminar los obstáculos a la transacción relativa a Egnatia; y viii) adoptado una serie de medidas para hacer avanzar la reforma de la Administración pública.
Grecia ha tomado las medidas necesarias para tener en cuenta todos los compromisos específicos de reforma para finales de 2018.
El 22 de junio de 2018, el Eurogrupo convino en que el paquete de medidas de reducción de la deuda para Grecia debería incluir incentivos para garantizar una aplicación firme y continua de las medidas de reforma acordadas en el programa. A tal efecto, algunas de las medidas relacionadas con la deuda en función de las políticas se pondrán a disposición de Grecia semestralmente hasta mediados de 2022, a condición de que el país cumpla sus compromisos en materia de continuidad y finalización de las reformas, sobre la base de informes positivos en el marco de la supervisión reforzada. Dichas medidas relacionadas con la deuda incluyen: i) la devolución de los importes derivados de las obligaciones griegas en manos de los bancos centrales en el marco del Programa para Mercados de Valores y el Acuerdo sobre los Beneficios de los Activos Financieros Netos, y ii) una supresión del margen del tipo de interés progresivo para una parte de los préstamos concedidos por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera. El contenido del informe de supervisión reforzada de 27 de febrero de 2019 y esta actualización posterior podrían servir de base para que el Eurogrupo decida sobre la liberación de un primer tramo de medidas de deuda contingente.
Información actualizada sobre los progresos en la aplicación de los compromisos específicos de reforma
Aunque todavía no se ha cumplido el compromiso específico de contar al final de 2018 con una plantilla de 12 000 empleados permanentes en la Autoridad Tributaria Independiente (ATI) (en ese momento era de 11 487 personas), las autoridades ya han adoptado un conjunto completo de medidas complementarias. Estas medidas apoyarán el cumplimiento del compromiso de dotación de personal, reforzarán la reforma más amplia de la recaudación de ingresos y mejorarán la capacidad operativa y la eficiencia de la ATI en una serie de aspectos. En el momento del informe de supervisión reforzada de 27 de febrero de 2019, las autoridades ya habían adoptado una serie de dichas medidas (adopción del plan de acción de reforma para 2019-2021; acuerdo con la Secretaría General de Servicios de Información sobre una dotación informática anual). Desde la adopción del informe de supervisión reforzada el 27 de febrero de 2019, las autoridades han adoptado las restantes medidas complementarias acordadas para reforzar la ATI:
·La introducción de la clasificación, la remuneración y la evaluación de resultados adaptadas se considera esencial para mejorar las perspectivas de que la ATI atraiga a personal muy cualificado y permitir su desarrollo y evolución. A principios de marzo de 2019 se adoptó una modificación legislativa de la legislación de habilitación de la ATI. Posteriormente, dicha modificación permitirá adoptar la legislación secundaria que introducirá un nuevo sistema de clasificación directamente vinculado con las descripciones de los puestos de trabajo. Esta reforma está estrechamente relacionada con la reforma de la Administración pública, y en particular el nombramiento de altos cargos del sector público.
·Las modificaciones legislativas sobre protección de la responsabilidad y facilitación de la movilidad se acordaron y adoptaron a principios de marzo de 2019.
·A principios de marzo se adoptó una Decisión ministerial conjunta sobre la adquisición de marcadores de combustible, que constituirá una herramienta importante en la lucha contra el contrabando.
Marco de resolución de los préstamos dudosos
El informe de supervisión reforzada había concluido que debían subsanarse las deficiencias en los marcos jurídicos pertinentes para la resolución de los préstamos dudosos. Desde la adopción del informe de supervisión reforzada el 27 de febrero de 2019, las autoridades han adoptado nuevas medidas en varios ámbitos. Estas acciones se consideran suficientes para cumplir el compromiso específico de apoyar la resolución de los préstamos dudosos; sin embargo, se requerirá una vigilancia y un seguimiento minucioso en el futuro, y las instituciones europeas informarán en el contexto de la supervisión reforzada. Más concretamente:
·Las autoridades han adoptado una modificación legislativa y han presentado un plan de acción actualizado sobre el tratamiento de los préstamos garantizados por el Estado. En los próximos meses se evaluará su eficacia práctica para la plena liquidación de las garantías pendientes.
·En lo que respecta a las subastas electrónicas, se ha esbozado la forma de abordar la cuestión de los aplazamientos judiciales de las subastas que se derivan de la presentación de peticiones de deudores para una revisión del precio de reserva en el contexto de la próxima evaluación de la aplicación del Código de enjuiciamiento civil. Se espera que, cuando sea necesario en el contexto del tercer ciclo de supervisión reforzada, las autoridades presenten y adopten propuestas de medidas de aplicación para impedir el abuso de procedimiento por parte de los morosos estratégicos a través de peticiones de aplazamiento de última hora en el contexto de la aplicación del nuevo sistema de protección de la residencia principal y del sistema existente de insolvencia de los hogares (ley Katseli). Las autoridades también analizarán más detalladamente las razones de las subastas fallidas y las abordarán, incluso por medios legislativos, en caso necesario.
·Los datos sobre casos pendientes en el contexto del marco de insolvencia de los hogares, así como una trayectoria objetivo para la eliminación del retraso acumulado hasta 2021, según lo previsto en el plan de acción, fueron presentados por las autoridades partiendo de la hipótesis de una infraestructura mejorada. Se espera que a mediados de 2019 las autoridades faciliten un plan de acción revisado, teniendo también en cuenta el impacto del nuevo régimen de protección de la residencia principal.
·En cuanto a la legislación de compraventa y titulización de préstamos dudosos, se pidieron aclaraciones a la Asociación Bancaria Helénica, que las cargó en el sitio web del Ministerio de Hacienda. Su eficacia será evaluada en los próximos meses.
Préstamos dudosos: protección de la residencia principal
Grecia ha adoptado legislación para establecer un nuevo sistema de protección de determinadas residencias principales, que tiene por objeto apoyar los esfuerzos de reestructuración de los préstamos dudosos. Esto es consecuencia de la expiración de las disposiciones sobre la protección de las residencias principales en el marco de la legislación sobre insolvencia de los hogares (ley Katseli), que debía ser temporal y expiró a finales de febrero de 2019, tras una prórroga excepcional de dos meses. La legislación primaria del régimen se adoptó el 29 de marzo y los actos legislativos secundarios sobre las especificaciones de la plataforma electrónica designada, la subvención estatal y la forma de valoración de determinados activos incluidos en los criterios de riqueza se adoptarán con posterioridad y lo más rápidamente posible.
El nuevo régimen es único para Grecia. En resumen, los prestatarios que son personas físicas y cuyos préstamos están garantizados mediante una garantía real sobre su residencia principal y que se encontraban en situación de mora a 31 de diciembre de 2018 pueden solicitar, a través de una plataforma electrónica, beneficiarse del régimen. Siempre que cumplan determinados criterios de admisibilidad, podrían solicitar beneficiarse de una reestructuración y de la condonación de sus deudas hipotecarias (préstamos a la vivienda o a la empresa), bien tras un acuerdo sobre las propuestas de reestructuración normalizadas que deban ofrecer los acreedores a través de una plataforma en línea o, en ausencia de dicho acuerdo, recurriendo a los tribunales; los deudores también se beneficiarían de la protección de la exclusión de su residencia principal siempre que efectúen pagos fraccionados de las deudas reestructuradas. Para una parte de los plazos, los prestatarios recibirían una subvención estatal. Durante las últimas semanas, los debates sirvieron para aclarar cuestiones clave, con el fin de garantizar que el régimen sea realmente temporal, esté bien orientado y contenga salvaguardias adecuadas para evitar abusos por parte de los morosos estratégicos, y la acumulación de nuevos retrasos en los tribunales, así como para apoyar los incentivos para la disciplina de pago.
Los principales parámetros del nuevo régimen son los siguientes:
·El régimen cubre tanto los préstamos a hogares como a empresas garantizados por residencias principales. La ampliación a los préstamos a empresas suscita una especial preocupación, que se ha comunicado a las autoridades griegas. Implica la ampliación del ámbito de la protección de las residencias principales a una nueva categoría de prestatarios no cubiertos por la anterior ley Katseli (beneficiarios de préstamos empresariales) y sin evaluar la viabilidad de las empresas: por lo tanto, es menos evidente el número de solicitudes que habrá y por qué razón se hará frente a la capacidad del sistema (incluidos los órganos jurisdiccionales y el mecanismo de subvenciones estatales). También merece especial atención desde el punto de vista de la estabilidad financiera, ya que las evaluaciones de impacto disponibles indican que se necesitarán mayores condonaciones de deuda en comparación con los préstamos hipotecarios sobre viviendas, por lo que el impacto estimado en el capital de los bancos es comparativamente elevado. Por otra parte, si el régimen no funciona correctamente, existe el riesgo de que, en el futuro, los bancos estén menos dispuestos a conceder préstamos a pequeñas empresas en las que la residencia principal se utilice como garantía y que, por lo tanto, la actividad de préstamo garantizada pueda verse afectada. Por último, existe el riesgo de que la disponibilidad del nuevo régimen para préstamos a empresas reduzca los incentivos de los deudores elegibles para utilizar el marco extrajudicial que permite la reestructuración de los posibles atrasos también con respecto a los impuestos y las cotizaciones a la seguridad social. El criterio más vinculante de elegibilidad es la cuantía de los préstamos pendientes, que se fija en 130 000 EUR por acreedor para préstamos hipotecarios sobre inmuebles residenciales y en 100 000 EUR para préstamos a las empresas, mitigando así en cierta medida los riesgos asociados a esta categoría de préstamos. Según las estimaciones disponibles, el número de deudores elegibles con obligaciones con respecto a más de un acreedor sería limitado y la adopción de un umbral por acreedor simplificaría la tramitación automática de las solicitudes en el marco de la plataforma. Las instituciones han expresado su preocupación por permitir el umbral para múltiples acreedores y han solicitado información adicional a las autoridades sobre la cobertura y el impacto.
·El régimen establece criterios de elegibilidad para la renta y el patrimonio de los hogares distintos de la residencia principal, así como un umbral para el valor de la propiedad. El umbral de riqueza se fija en 15 000 EUR para los activos líquidos del prestatario, cónyuge y dependientes, y en 80 000 EUR para los bienes inmuebles y los vehículos de transporte en el momento de la solicitud. Las instituciones europeas han llamado la atención de las autoridades sobre las implicaciones de su decisión política sobre los incentivos para la disciplina de pago y sobre las consecuencias distributivas de la concesión de una subvención estatal durante 20 años a prestatarios que puedan tener un patrimonio razonable además de su residencia principal. El umbral de ingresos se basa en las condiciones establecidas en la ley Katseli, es decir, depende del tamaño del hogar, con un límite máximo de 36 000 EUR anuales 4 . El umbral para el valor de la residencia protegida se fija en un importe uniforme de 250 000 EUR para los préstamos a los hogares, por lo que tiene un ámbito de aplicación más amplio que el de la ley Katseli (cuyo umbral es de 180 000 EUR más complementos según el tamaño de la familia). En el caso de los préstamos a empresas, el umbral se fija en un valor uniforme de 175 000 EUR.
·El régimen está abierto a deudores que, en calidad de empleados públicos, hayan contratado una hipoteca no en un banco, sino en un fondo público sujeto a condiciones preferentes. Las instituciones europeas han llamado la atención de las autoridades sobre el hecho de que esto no aborda el reto de los préstamos dudosos del país, que se refiere a los créditos bancarios, y puede tener repercusiones en los incentivos para mantener la disciplina de pago.
·El régimen está concebido para ser temporal. Las solicitudes podrán presentarse a más tardar el 31 de diciembre de 2019 para los préstamos vencidos desde hace 90 días o más a 31 de diciembre de 2018. Esto permitirá informar sobre la expiración del régimen en el contexto del seguimiento de los compromisos específicos de finales de 2019 en el marco de la supervisión reforzada.
·Sobre la base de las ofertas de reestructuración de los bancos, los plazos se financiarán mediante una subvención estatal de manera progresiva y dependiente de los ingresos (estimada en torno al 30 % de media). El régimen aplica una quita obligatoria al principal que exceda del ratio préstamo-valor del 120 %. Por otra parte, los plazos tendrán una duración normal de 20 años, con un límite máximo de 80 años para la edad del deudor. El enfoque puede ayudar a superar los retrasos en la reducción de los préstamos dudosos, ofreciendo una solución normalizada. Sin embargo, contrariamente a la práctica bancaria habitual, no tiene plenamente en cuenta la capacidad general de pago del deudor, ni la viabilidad de los prestatarios empresariales, ya que aplica horizontalmente la misma reestructuración y amortización. Esto se pensó así para facilitar un gran número de reestructuraciones en un corto período.
·La plataforma electrónica debería comenzar a funcionar al final de abril de 2019. Está previsto que funcione de forma totalmente automatizada para evaluar el cumplimiento de los criterios de admisibilidad y podrá acceder a información pertinente para los solicitantes que se encuentren en otras bases de datos del sector público o de la banca. La plataforma notificará a los acreedores las solicitudes pendientes y les facilitará los datos necesarios para poder formular su propuesta a los deudores. También está previsto que la plataforma se utilice para filtrar asuntos pendientes de la ley Katseli con referencia a sus elementos cuantitativos; si se aplica correctamente, este aspecto ayudará a los órganos jurisdiccionales a descubrir las solicitudes abusivas formuladas en virtud de la legislación sobre insolvencia de los hogares y permitirá una resolución más rápida de estos casos.
·En principio, un funcionamiento eficiente de la plataforma podría resultar en un número satisfactorio de reestructuraciones, con un riesgo limitado, pero no despreciable, de litigios posteriores que podrían aumentar los retrasos existentes. En caso de que el procedimiento a través de la plataforma no dé lugar a un acuerdo de reestructuración, el deudor tendrá derecho a presentar una solicitud de reestructuración ante el órgano jurisdiccional competente. La designación de la fecha de la vista oral y la sentencia judicial deben producirse respetando unos plazos estrictos (seis meses a partir de la presentación de la solicitud y tres desde la vista del caso, respectivamente). Pueden concederse suspensiones temporales de ejecución en condiciones específicas y exigir, en el caso de deudores que fueron considerados elegibles pero no consiguieron una reestructuración a través de la plataforma, el pago de las cuotas mensuales o de parte del importe pendiente, dependiendo de las circunstancias. La legislación establece algunas salvaguardias contra las notificaciones frívolas o de mala fe, ya que pueden ser sancionadas por el tribunal mediante la imposición de una sanción. Sin embargo, está justificado supervisar de cerca los posibles nuevos litigios generados en el marco del régimen y el impacto en la ejecución tanto a corto como a largo plazo, ya que ambos elementos son pertinentes para las futuras actividades de préstamo y el proceso de reducción de los préstamos dudosos.
·Las estimaciones disponibles confirman que el coste presupuestario de la subvención será de 150 millones EUR para 2019 y de 200 millones EUR anuales a partir de entonces. La calibración de la subvención debe establecerse en el Derecho derivado y requerirá un seguimiento cuidadoso, ya que las estimaciones están sujetas a incertidumbres visto que los datos disponibles son incompletos.
En general, el nuevo sistema legislativo podría apoyar la reestructuración de los préstamos dudosos, aunque sigue habiendo algunos riesgos ligados a la estabilidad financiera y la disciplina de pago. Se avanzó considerablemente durante la fase de redacción de la legislación para mitigar los riesgos de aplicación y de posibles litigios detectados en un dictamen del BCE 5 sobre una redacción anterior de la ley; dichas preocupaciones estaban relacionadas con el posible impacto del régimen en la estabilidad financiera y la disciplina de pago, así como en los riesgos de abusos por parte de los beneficiarios morosos. Sin embargo, cabe destacar que en la legislación adoptada estos riesgos se han mitigado en cierta medida, aunque no han sido eliminados: el carácter único del régimen significa que existe incertidumbre sobre la forma en que funcionará en la práctica y, por tanto, en la escala y la posibilidad de cuantificar estos riesgos.
De cara al futuro, deben concretarse con rapidez otros detalles técnicos, especialmente en relación con el funcionamiento y la funcionalidad de la plataforma, y la ejecución técnica debe establecerse lo antes posible. La aplicación deberá ser objeto de un estrecho seguimiento en lo que se refiere a los aspectos operativos (funcionamiento de la plataforma, velocidad de resolución), las repercusiones sobre el capital de los bancos, el impacto en la ejecución y en los litigios, y el coste fiscal de la subvención. Las instituciones europeas facilitarán información actualizada sobre la aplicación del régimen y los posibles problemas en el contexto de la supervisión reforzada. Se invita a las autoridades griegas a que se comprometan a no ampliar aún más la duración o el ámbito de aplicación del nuevo régimen y a adoptar medidas correctoras, incluida legislación, si surgen problemas de aplicación o jurídicos con el régimen. Por último, debe recordarse que el nuevo régimen requerirá la aprobación de la ayuda estatal por parte de la Comisión.
En consonancia con el informe explicativo adjunto a la legislación sobre el nuevo régimen, las instituciones europeas acogen con satisfacción el compromiso de las autoridades griegas de tomar medidas para unificar el conjunto de leyes relativas a la insolvencia, los concursos de acreedores y la reestructuración de la deuda. Esto empezará con una reforma de la ley Katseli, que debería concluir a mediados de 2019, con vistas a garantizar la claridad y coherencia jurídicas, eliminando las lagunas que pueden aprovecharse para suspender o bloquear la aplicación añadiendo salvaguardias que se consideren suficientes para disuadir a posibles beneficiarios falsamente morosos en caso de incumplimiento, y reforzando la cultura de que los órganos jurisdiccionales propician las reestructuraciones bilaterales o multilaterales.
Fondo Griego de Estabilidad Financiera (HFSF)
Todos los compromisos relativos a la gobernanza del HFSF se han cumplido. En lo que respecta al funcionamiento del HFSF, el ministro de Hacienda presentó una carta al grupo de trabajo del Eurogrupo con los candidatos para los puestos vacantes del consejo ejecutivo y del consejo general del HFSF, y los candidatos fueron ratificados por el grupo de trabajo. El Ministerio de Hacienda también obtuvo y aprobó un dictamen del asesor jurídico del Estado sobre el estatuto del grupo de selección del HFSF y sobre su continuación durante la vigencia del HFSF.
La venta de partes de la capacidad de producción a base de lignito de la empresa de electricidad pública (PPC), compuesta por las centrales eléctricas de lignito de Meliti y Megalopoli 3 y 4, sigue siendo una piedra angular de las reformas energéticas de Grecia. Tras el fracaso de la primera licitación en febrero de 2019, las autoridades reafirmaron su intención de finalizar la venta y cumplir con el compromiso existente en el marco de la supervisión reforzada, las medidas antimonopolio y la correspondiente decisión de la Comisión. A tal efecto, organizaron una nueva licitación que estableció finales de junio como plazo para el cierre del acuerdo, con la aprobación por la asamblea general de PPC. La venta se incluyó también en una reciente modificación de la legislación griega en materia de energía, que amplió a los accionistas de la PPC la obligación de completar la venta. La PPC puede solicitar una nueva tasación de las centrales, esta vez teniendo en cuenta otras ventas de centrales de lignito en la UE, tal como se establece en las medidas de defensa de la competencia, así como las ofertas recibidas en la reciente licitación fallida. Además, la PPC nombrará a otro perito que emitirá un dictamen independiente sobre las ofertas recibidas. Por lo que respecta a la claridad de las condiciones de venta, se acordó no incluir un mecanismo de riesgo compartido en los acuerdos de compraventa, aunque durante el proceso podrían negociarse otras condiciones con los inversores. Todas estas medidas se adoptarán para completar con éxito el proceso de venta de conformidad con los compromisos contraídos en el asunto de defensa de la competencia y respetando el plazo fijado para la nueva licitación.
El nuevo proceso de venta ya está en curso de conformidad con los plazos previstos. Seis empresas respondieron a la invitación a presentar manifestaciones de interés. Actualmente existe una sala de datos virtual que contiene los acuerdos de compraventa que servirán de base para las negociaciones. En los próximos meses deberían aparecer las primeras versiones de los acuerdos de compraventa, la versión final de los mismos y, a continuación, la presentación de ofertas vinculantes. Estas ofertas deben ser aprobadas tanto por el consejo de administración como por la asamblea general de la PPC antes de que finalice el período de venta, fijado para el final de junio de 2019. Tras la aprobación por la asamblea general de la PPC, el Parlamento griego ratificará la venta. Partiendo de la aplicación oportuna de las medidas previstas hasta la fecha, será fundamental mantener el impulso recuperado de la operación de venta en curso.
La legislación relativa a la reestructuración de la empresa de gas DEPA se adoptó el 7 de marzo de 2019. La legislación permite proceder a la operación de privatización acordada. Será importante garantizar que las disposiciones transitorias sobre empleo incluidas en la legislación sigan aplicándose a los empleados existentes en sus niveles actuales.
En enero de 2019, las autoridades aceptaron una serie de medidas que debían aplicarse rápidamente para hacer frente a los obstáculos recurrentes ligados a la concesión de la autopista Egnatia. Los objetivos consistían en permitir la realización de la operación con vistas a disponer de ofertas vinculantes en 2019, de acuerdo con el plan de desarrollo de activos actualizado del fondo de privatización TAIPED. Las acciones acordadas hasta ahora se han aplicado en consonancia con la viabilidad técnica. Esto incluye, en particular, la adopción del presupuesto de Egnatia, la finalización del procedimiento parlamentario para el nombramiento de su director general, el envío por Egnatia de todos los expedientes pendientes a la autoridad que autoriza la construcción de túneles y la presentación a la Comisión de la información necesaria sobre la política de fijación de las tarifas de los peajes. Debe mantenerse el proceso urgente para la obtención de las licencias para los túneles, a fin de resolver los problemas de las licencias de la manera más rápida y práctica posible. En general, será fundamental garantizar que la transacción se realice sin obstáculos, con el fin de evitar que el panorama general positivo de la agenda de privatización se nuble.
Pese al desigual avance en el nombramiento de altos cargos, se han completado una serie de acciones complementarias relacionadas con la modernización de la Administración pública, incluida la adopción de una ley que permitirá un plan de contratación a largo plazo estrechamente relacionada con la estrategia presupuestaria a medio plazo y la creación de un plan para racionalizar el sistema de clasificación profesional («klados»). Desde la adopción del informe de supervisión reforzada el 27 de febrero de 2019, las autoridades han adoptado medidas clave relativas a la reforma de la codificación jurídica, incluida la decisión de aprobar la licitación del portal digital y la presentación de disposiciones jurídicas para la Comisión Central de Codificación, que se espera que desempeñe un papel clave en la supervisión de la codificación jurídica. Además, las autoridades han confirmado que el número de contrataciones previstas en 2019 se atiene a las cifras recogidas en el plan de empleo público, cumpliendo así la previsión de contratar a una persona por cada una que se jubila. Esto supondrá recalibrar con respecto a 2018 el número de contratos indefinidos (unos 1 000) que sobrepasaron la norma de reducción de efectivos de 3 a 1 para 2018, así como reducir el personal interino (aproximadamente un 14 %) con objeto de cumplir el objetivo de gasto en salarios establecido en la estrategia presupuestaria a medio plazo.
Avance de los compromisos específicos acordados el 22 de junio de 2018 con el Eurogrupo para el final de 2018 ( Anexo Eurogrupo )
Objetivo presupuestario: superávit primario anual presupuestario a medio plazo del 3,5 % del PIB.
El presupuesto de 2019 se aprobó y es coherente con el objetivo de superávit primario.
Administración tributaria: 12 000 puestos permanentes de personal de la Autoridad Tributaria Independiente (ATI) al final de 2018.
Al final de 2018, el personal permanente sumaba 11 487 personas, por lo que se situaba por debajo del objetivo. Las autoridades han adoptado las siguientes medidas complementarias:
·Plan director (2019-2021): la ATI ha adoptado su plan director.
·Informática: acuerdo alcanzado entre el GSIS y la ATI sobre una dotación anual para los servicios de la ATI que forman parte del presupuesto del GSIS.
·Reforma de los recursos humanos: el 6 de marzo de 2019 se aprobó una modificación de la legislación (FEK A 48/2019, artículo 64) que permite el establecimiento de un sistema de clasificación basado en las descripciones de los puestos laborales. Esta medida está relacionada con la reforma de la Administración pública (#16).
·Responsabilidad de los funcionarios tributarios y de aduanas: acuerdo sobre el contenido. Modificación de la legislación adoptada el 6 de marzo de 2019 (FEK A 48/2019, artículo 64).
·Transferencias a la ATI desde el programa de movilidad: deben adoptarse disposiciones legales para facilitar la transferencia de personal a la ATI con cargo al programa de movilidad; acuerdo sobre el contenido. Modificación de la legislación adoptada el 6 de marzo de 2019 (FEK A 48/2019, artículo 64).
·Decisión ministerial conjunta sobre «marcadores de combustible»: adoptada (FEK B 803/2019, de 7 de marzo de 2019).
·Decisión de evaluación de la ATI en el Boletín Oficial (FEK B 6225/2018).
Gestión de las finanzas públicas: evitar la acumulación de nuevos atrasos.
Los datos de diciembre de 2018 muestran que el volumen de atrasos netos se ha reducido desde el final del programa MEDE. Los datos de enero muestran una reducción continua aunque lenta. De cara al futuro, aún son necesarios esfuerzos adicionales para compensar el retraso acumulado y evitar la acumulación de nuevos atrasos.
Atención sanitaria: Apertura de al menos 120 centros de atención primaria (TOMYs) hasta finales de 2018.
Sobre la base de los últimos informes, se abrieron en todo el territorio 120 centros.
Atención sanitaria: establecer el organismo principal responsable de la contratación central (EKAPY) para finales de 2018.
El organismo principal responsable de la contratación central, EKAPY, está funcionando y se ha reanudado la contratación centralizada.
Préstamos dudosos: seguir aplicando las reformas destinadas a restablecer la salud del sistema bancario, incluidos esfuerzos para la resolución de préstamos dudosos garantizando la eficacia continuada del marco jurídico pertinente.
Préstamos garantizados por el Estado: se ha presentado un plan de acción actualizado a las instituciones europeas; se ha adoptado una enmienda jurídica acordada. Subastas electrónicas: se ha alcanzado un acuerdo para abordar la cuestión de los aplazamientos judiciales de las subastas que se derivan de la presentación de peticiones de deudores para una revisión del precio de reserva en el contexto de la próxima evaluación de la aplicación del Código de enjuiciamiento civil, que debería estar concluida al final de marzo de 2019. Retrasos en los casos de insolvencia de los hogares: las autoridades han presentado datos actualizados sobre la evolución del retraso acumulado a lo largo de 2018. Legislación sobre ventas de préstamos dudosos y titulizaciones: las aclaraciones requeridas sobre la aplicación de la Ley 4354/2015 se comunicaron a la Asociación Bancaria Helénica y se incorporaron al sitio web del Ministerio de Hacienda.
Legislación sobre insolvencia de los hogares: las autoridades han legislado un régimen de protección de las residencias principales. Aunque el régimen podría apoyar la reestructuración de los préstamos dudosos, los riesgos para la estabilidad financiera y la disciplina de pago se han mitigado hasta cierto punto, pero no se han eliminado. Se requerirá una vigilancia minuciosa en el futuro, y las instituciones europeas informarán en el contexto de la supervisión reforzada. Se espera que los obstáculos en las subastas electrónicas y un plan de acción actualizado sobre la acumulación de casos de insolvencia de los hogares relacionados con la ley Katseli se aborden o presenten en el contexto del tercer ciclo de supervisión reforzada, teniendo también en cuenta el marco revisado para la protección de las residencias principales.
Control de capitales: flexibilización de los controles de capitales, en consonancia con el plan de mayo de 2017.
Las autoridades han seguido flexibilizando los controles de capitales en consonancia con el plan acordado.
Justicia: completar la fase I del establecimiento del sistema de justicia en red (OSDDY-PP) para el final de 2018.
La fase I de la OSDDY-PP se completó y todos los documentos fueron entregados formalmente por el contratista en enero de 2019.
A más tardar a finales de 2018, el HFSF desarrollará una estrategia para la venta de sus participaciones en los bancos sistémicos y el mandato del comité de selección del HFSF se ajustará al mandato del HFSF.
Estrategia de venta: el consejo general del HFSF aprobó el marco para la venta de sus acciones en los cuatro bancos sistémicos. Extensión del mandato del comité de selección: las autoridades aclararon que, en su opinión, el mandato del comité de selección del HFSF como organismo está en consonancia con el recientemente ampliado mandato del HFSF; esto fue confirmado por el asesor jurídico del Estado, cuyo dictamen aprobó el ministro de Hacienda. Nombramientos: en lo que respecta a los candidatos para los cargos vacantes en el consejo ejecutivo y en el consejo general, el GTE, en su carta al ministro de 14 de marzo, respaldó a todos los candidatos mencionados anteriormente. Las decisiones ministeriales sobre el nombramiento de estas personas están pendientes.
Mercado laboral: salvaguardar la competitividad mediante una actualización anual del salario mínimo de conformidad con las disposiciones de la Ley 4172/2013.
Las autoridades han actualizado el salario mínimo con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 103 de la Ley 4172/2013. En consecuencia, el salario mínimo se ha incrementado en un 10,9 % y se ha eliminado el salario mínimo más bajo para los menores de 25 años (lo que supone un aumento de aproximadamente el 27 %). La magnitud del aumento suscita preocupación para las perspectivas de empleo (especialmente en el caso de los jóvenes y los trabajadores poco cualificados), y por lo que respecta a la competitividad a medio plazo.
Licencias de inversión: adoptar toda la legislación que permita la concesión de licencias.
Toda la legislación habilitadora había sido adoptada mediante la emisión de una decisión ministerial conjunta (FEK/B/436-14.2.2019).
Energía: concluir la cesión acordada de una parte de la capacidad de lignito de la PPC para finales de 2018.
Tras el fracaso del proceso de licitación, las autoridades han presentado una propuesta revisada, que se ha debatido en detalle, aclarándose los elementos principales. El 7 de marzo se aprobaron enmiendas a una ley sobre la energía que contenía disposiciones para permitir la venta. El 8 de marzo se presentó a la Comisión una propuesta actualizada de licitación basada en las condiciones debatidas. La propuesta prevé relanzar un procedimiento acelerado de licitación que deberá concluir en mayo de 2019. Los aspectos clave de la propuesta son:
·una nueva tasación de las centrales, teniendo en cuenta operaciones similares
·en el acuerdo de compraventa no debe hacerse referencia a un acuerdo de reparto de riesgos
·el acuerdo de compraventa será aprobado por el Parlamento Europeo
·los gestores y accionistas de la PPC tienen la obligación legal realizar la transacción
El 8 de marzo de 2019 se publicó la convocatoria de manifestaciones de interés y la solicitud de ofertas vinculantes.
Las acciones intermedias se han ejecutado de acuerdo con los plazos previstos. Se ha abierto el VDR, que contiene el acuerdo de compraventa inicial, al que se ha dado acceso a las seis empresas que manifestaron su interés y firmaron el acuerdo de confidencialidad. Esta será la base para los debates entre estos inversores y la PPC.
Sociedad Helénica de Acciones y Participaciones (SHAP): aplicación continuada del Plan Estratégico de la SHAP
La SHAP elaboró el plan estratégico, que fue aprobado por la asamblea general en enero de 2018. Sobre la base del plan estratégico, las filiales no cotizadas presentaron planes empresariales actualizados a la SHAP. Además, la SHAP preparó el plan de empresa para el período 2019-2021 por el que se aplica el plan estratégico y se establecen los indicadores clave de rendimiento para las filiales no cotizadas.
SHAP: la transferencia de OAKA a la SHAP y la reestructuración de ETAD concluirán a finales de 2018.
La reestructuración de ETAD ha concluido. La transferencia de OAKA se está retrasando más de lo previsto inicialmente. Las autoridades han desarrollado un plan de medidas específicas que deben adoptarse a lo largo de 2019 para resolver las cuestiones técnicas pendientes, que parece adecuada a la luz de la complejidad del proyecto. Además, el 21 de febrero de 2019, el Comité del Gabinete y la SHAP pusieron en marcha la aplicación del mecanismo de coordinación para las empresas de propiedad estatal.
Licitaciones: el plan de desarrollo de activos de TAIPED se aplicará de forma continua. Las operaciones de concesión de AIA, Hellinikon y DESFA estarán terminadas a finales de 2018.
Plan de desarrollo de activos: el plan de desarrollo de activos actualizado (FEK 461, de 15 de febrero de 2019) respaldó la actualización del plan de desarrollo de activos de TAIPED. DESFA: el cierre financiero de la operación se completó el 20 de diciembre de 2018. AIA: el acuerdo de ampliación de AIA fue ratificado por el Parlamento griego el 14 de febrero de 2019 y el pago de la transacción financiera de 1 100 millones EUR más un porcentaje anual del 10,3 %, pagado proporcionalmente por AIA desde el 1 de enero de 2019 hasta la fecha de cierre, se efectuó el 22 de febrero de 2019, cerrando así la transacción. Hellinikon: el proyecto ha sufrido algunos retrasos principalmente en la concesión de la licencia del casino y en la planificación urbanística y medioambiental. Como pasos intermedios clave: i) la solicitud de concesión de la licencia para el casino se cargó el 22 de febrero; ii) los estudios sobre la zona de planificación urbana, la zona de desarrollo y el parque fueron presentados por los inversores a las autoridades griegas el 6 de febrero de 2019, y el estudio de evaluación del impacto ambiental integrado, el 18 de febrero. El estudio de evaluación del impacto ambiental integrado se cargó en el registro medioambiental electrónico, tras las correcciones necesarias, el 25 de febrero de 2019. La consulta pública se inició el 21.3.2019. DEPA: la legislación relativa a la reestructuración de la DEPA se adoptó el 7 de marzo de 2019. La legislación permite proceder a la operación de privatización acordada. Será importante garantizar que las disposiciones transitorias sobre empleo incluidas en la legislación sigan aplicándose a los empleados existentes en sus niveles actuales. Egnatia: todas las acciones incluidas en la lista acordada entre las autoridades griegas y las instituciones para volver a poner en marcha la concesión Egnatia se han llevado a cabo. Solo quedan por completar las cuestiones técnicas para permitir que Egnatia proceda al lanzamiento de la construcción de todos los peajes restantes, mientras que deben mantenerse los esfuerzos para obtener información concluyente sobre la concesión de licencias para los túneles.
Administración pública-Nombramientos: se mantendrá la aplicación de reformas para modernizar la Administración pública. Como parte de este esfuerzo, Grecia completará las reformas para modernizar la gestión de los recursos humanos en el sector público y, en particular, el nombramiento de los directores generales administrativos y de todos los directores generales con arreglo a la Ley 4369/2016 a finales de 2018.
Directores generales: se han completado todos los nombramientos (90 puestos). Secretarios administrativos: hasta la fecha no se ha hecho ningún nombramiento (de 69) y, como acciones complementarias, las autoridades han adoptado una ley sobre contratación estratégica (que también vincula el plan de contratación con la estrategia tributaria a medio plazo) y refuerza la capacidad del Ministerio de Reconstrucción Administrativa y: i) han facilitado un calendario actualizado para finalizar las contrataciones de secretarios administrativos a finales de 2019; ii) han acordado con la Comisión las modalidades de la evaluación independiente de los ciclos de nombramiento de los secretarios administrativos y los directores generales, que debería estar finalizada en junio de 2019, con las medidas de seguimiento adoptadas en septiembre de 2019; iii) se comprometió a seguir un plan específico de racionalización de las cualificaciones profesionales («klados»), iv) se comprometió a actualizar la base de datos del censo («apografi») para informar también sobre los flujos de personal permanente de las entidades jurídicas de Derecho privado e introducir una categoría de personal temporal en dichas entidades que recibe sus salarios de NSRF y otras fuentes. v) se comprometió a poner en marcha las primeras convocatorias de nombramientos de jefes de división para el final de marzo de 2019. Como medida complementaria, las autoridades han llevado a cabo las siguientes acciones: en relación con la codificación jurídica, se decidió aprobar la licitación del portal digital (5 de marzo de 2019). Las disposiciones jurídicas para el Comité Central de Codificación han sido publicadas para consulta pública y se han presentado al Parlamento (26 de marzo de 2019). Además, en relación con la importante reforma de la Administración tributaria, el 6 de marzo de 2019 las autoridades adoptaron una enmienda que permite la aplicación de la primera fase de vinculación de la calificación a las descripciones de puestos para el IIAPR (FEK A 48/2019, artículo 64).
Los debates en curso con las autoridades sobre las disposiciones salariales se incluyeron en un proyecto de ley del Ministerio de Economía y Desarrollo. Las instituciones han expresado su preocupación por el hecho de que la enmienda propuesta para ampliar la denominada «diferencia personal» podría socavar los principios generales de la reforma de la red salarial unificada.
(1) Comunicación de la Comisión COM(2019) 201 y documento de trabajo de los servicios de la Comisión adjunto SWD(2019) 201, de 27 de febrero de 2019.
(2) El Banco Central Europeo (BCE) participa en la supervisión reforzada, de conformidad con sus competencias, y aporta así su experiencia sobre las políticas del sector financiero y cuestiones esenciales desde el punto de vista macroeconómico, como los objetivos presupuestarios generales y las necesidades en materia de financiación y sostenibilidad. El Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) participa en el contexto de su Sistema de Alerta Rápida y en consonancia con el memorando de acuerdo de 27 de abril de 2018 sobre las relaciones de trabajo entre la Comisión y el MEDE.
(3) https://www.consilium.europa.eu/media/35749/z-councils-council-configurations-ecofin-eurogroup-2018-180621-specific-commitments-to-ensure-the-continuity-and-completion-of-reforms-adopted-under-the-esm-programme_2.pdf
(4) La renta mediana equivalente de un hogar del tamaño elegible más elevado (dos adultos y tres personas a cargo) se sitúa en torno a los 18 000-20 000 EUR, en función de la edad de los hijos.
(5) https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_con_2019_09_f_sign_.pdf