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Timestamp: 2020-05-25 18:11:04
Document Index: 45444978

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 18', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 13', 'artículo 3', 'artículo 10', 'artículo 17', 'artículo 8', 'artículo 30', 'artículo 10', 'artículo 8', 'artículo 149', 'artículo 151', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 10', 'Artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 14', 'Artículo 14', 'artículo 16', 'Artículo 16']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 436, de 23/04/1998
Año 1998 VI Legislatura Núm. 436
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GABRIEL CISNEROS LABORDA
celebrada el jueves, 23 de abril de 1998
-- Proposición de Ley reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación social (Número de expediente 122/000024) (Página 12640)
-- Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid (Número de expediente 127/000005) (Página 12640)
-- Proposición de Ley orgánica reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación social (Número de expediente 122/000024) (Página 12640)
-- Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid (Número de expediente 127/000005) (Página 12650)
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RATIFICACION DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR LAS SIGUIENTES INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--PROPOSICION DE LEY REGULADORA DE LA OBJECION DE CONCIENCIA Y DE LA PRESTACION SOCIAL (Número de expediente 122/000024).
--PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (Número de expediente 127/000005).
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señoras y señores diputados.
Vamos a proceder al desarrollo del orden del día de la sesión número 17 de esta Comisión Constitucional, cuyos puntos 1 y 2 se refieren a la ratificación de la ponencia de la proposición de ley reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación social, así como la ratificación de la ponencia de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.
Quiero, a requerimiento de varias señoras y señores portavoces, hacer la salvedad de que, con independencia de cual sea el desarrollo temporal del trámite de dictamen, no procederemos a ninguna votación antes de las seis y cuarto de la tarde.
En consecuencia, en el punto primero del orden del día sometemos a la consideración de la Comisión, por asentimiento, la ratificación de la ponencia de la proposición de ley reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación social.
A efectos informativos, sepan los señores comisionados que dicha ponencia ha estado constituida por los señores y señoras diputados Trías Sagnier, Bermúdez de Castro, Fernández de Mesa, Del Campo Casasús, Barrero López, Castellano Cardalliaguet, Campuzano i Canadès, Mardones Sevilla, Uría Echevarría y Lasagabaster Olazábal.
¿Queda ratificada la ponencia? (Asentimiento.) Queda ratificada por asentimiento.
La ponencia encargada de informar la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid estuvo integrada por don Jesús María López-Medel, don Mario Mingo, don Ismael Bardisa, doña Dolores García-Hierro Caravallo, doña Cristina Alberdi, doña Inés Sabanés, don Josep López de Lerma, doña Margarita Uría, don José Carlos Mauricio y doña Cristina Almeida.
¿Queda ratificada la composición de la ponencia encargada de dictaminar la propuesta de reforma del Estatuto de la Comunidad de Madrid? (Asentimiento.) Queda ratificada por asentimiento.
--PROPOSICION DE LEY ORGANICA REGULADORA DE LA OBJECION DE CONCIENCIA Y DE LA PRESTACION SOCIAL (Número de expediente 122/000024.)
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, señoras y señores comisionados, nos vamos a adentrar en los trabajos del debate en Comisión de la proposición de ley reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación social.
Reclamo la atención de SS. SS. porque, como sin duda saben --desde luego lo saben los miembros de la ponencia y entiendo que los restantes miembros de la Comisión también--, esta iniciativa legislativa ha sido objeto, en trabajo de ponencia, de una profunda revisión, de suerte que nos encontramos casi en presencia de un texto al menos profundamente renovado respecto a aquel del que el Pleno de la Cámara hace ya algún tiempo tomó en unánime consideración.
Esta circunstancia me anima a ordenar el debate, si SS. SS. no disponen otra cosa, en turno únicos de voz de cada grupo, obviamente dando, en primer término, la palabra a aquellos grupos parlamentarios cuyas enmiendas, total o parcial, no han sido incorporadas en el nuevo informe de la ponencia, que por el contrario sí que ha integrado numerosísimas propuestas transaccionadas derivadas de algunas de las enmiendas en presencia y del propio trabajo reordenador y en alguna medida creador de la ponencia.
Después habremos de referirnos --si en el curso del debate SS. SS. no lo suscitan, esta Presidencia lo pondría en conocimiento y consideración de la Comisión-- a las vicisitudes que con respecto a la tramitación de esta iniciativa se siguen de su condición inicialmente no de orgánica, que pasó a ser de orgánica en virtud de un dictamen de los servicios de la Cámara a propuesta de la Mesa de la Comisión; cuyo carácter orgánico, según criterio unánime de la ponencia y también asistido por dichos servicios de la Cámara, habría decaído en función de su formulación definitiva en virtud de la adopción de las enmiendas transaccionales, pero naturalmente, desde un punto de vista formal, tal decisión no corresponde adoptarla en este momento, sino sólo al término de los trabajos de dictamen. En todo caso, sí pongo en conocimiento de SS. SS.
que, orgánica o no, en la reunión de la Junta de Portavoces de la pasada semana se adoptó el acuerdo de la avocación a Pleno del dictamen final de esta proposición de ley. Sin pretender restringir en absoluto la libertad de expresión de SS. SS., también les advierto que los grandes temas, los temas nucleares de esta iniciativa van a ser objeto de reexamen y redebate en el Pleno de la Cámara.
Hechas estas salvedades, daría la palabra, en primer término, al portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, según la nota que me prepara el señor letrado de la Comisión, cuyas enmiendas han sido en su integridad rechazadas.
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Para la defensa de sus enmiendas, don Pablo Castellano tiene la palabra.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Voy a intervenir en un solo turno, porque, como ha reflejado la Presidencia, todas y cada una de las enmiendas que formulaba nuestro grupo han sido desestimadas, pero voy a mantener las mismas.
No creo que haga falta ni muchísimo tiempo ni cansar a SS. SS. porque todas ellas tienen por objeto rechazar, en esta ley reguladora de la objeción de conciencia, lo que se refiere a la prestación social. Creemos y compartimos el texto del informe de la ponencia en cuanto a la necesidad de la regulación de la objeción de conciencia, porque ese derecho constitucional debe tener su encauzamiento y su normativa, pero rechazamos el que, de forma preceptiva --admitiríamos, en su caso, en un intento transaccional que lo fuere de forma voluntaria--, se tenga que imponer, a aquellos que hacen uso del derecho constitucional a la objeción de conciencia, la prestación social llamada sustitutoria.
Además, creemos que estas enmiendas, a las que luego nos referiremos, tienen enorme razón de ser cuando al mismo tiempo, en la propia Cámara, se está viviendo la situación de reconocimiento expreso por todos los grupos parlamentarios, y fundamentalmente por parte de los grupos mayoritarios, de la contradicción que supone querer obligar a realizar una prestación social sustitutoria y tener una absoluta impotencia para que ésta se realice de modo mínimamente conforme con lo que al parecer era la voluntad de quienes han querido, sin la menor necesariedad ni obligación, utilizando una opción que había en la Constitución, imponer tal clase de condena, por decirlo de alguna manera, porque tras de ello lo que late es una negativa a aceptar alto tan elemental como es el derecho a la objeción de conciencia sin ninguna otra clase de contraprestaciones.
Se ha discutido en la Cámara hace muy pocos días y se ha visto la necesidad, primero, de establecer una especie de amnistía hacia todos aquellos que por la imposibilidad de la propia Administración ni han cumplido ni van a cumplir la prestación social sustitutoria. Se ha visto incluso la necesidad de rebajarla en el tiempo, y además se están comprobando las consecuencias negativas de tal comportamiento en cuanto se refiere a las desigualdades que genera y a las cargas que ha establecido con ciertos escalones de nuestra Administración que se declaran incapaces de saber resolverlo.
Por estas razones y no por otras ha mantenido siempre nuestro grupo, a lo largo de todas las discusiones que se han producido sobre este tema, la conveniencia de que no existiera tal prestación social sustitutoria con carácter obligatorio. En todo caso, podría perfectamente existir con carácter voluntario si alguno de los objetores pensaran que era conveniente para ellos mismos y para su propia posición en conciencia el querer manifestar, de alguna determinada manera, una solidaridad con la comunidad a través de la prestación de su trabajo.
No es ése el criterio que ha prosperado, lo reconocemos, en la mayoría de la Cámara, y en consecuencia, si repasan ustedes todas y cada una de nuestras enmiendas, verán que son de supresión, que quieren eliminar, desde del artículo 1 hasta la disposición final de este texto, toda referencia a una prestación social sustitutoria y a todo lo que la regule, a todo lo que la quiera normativizar, a todo lo que quiera, en un momento determinado, incluso establecer un catálogo de sanciones por su posible incumplimiento.
Por todo ello --repito--, no voy a cansar más la atención de SS. SS., y comprendiendo que lógicamente mantienen otros criterios, mantenemos las enmiendas, en su caso, vista la avocación a Pleno, para poder exponer allí cuáles son las razones de las mismas.
Sólo hay una enmienda que quizás escapa a esa rúbrica general de supresión de toda referencia a lo que sea la prestación social sustitutoria, que sería la enmienda número 2, que lógicamente lo que trata es de suprimir la afirmación o la inserción de la expresión del ayuntamiento u oficina consular en que deba efectuar su exclusión.
Algunos pensarán que podría permanecer y sería incluso hasta cohonestable con lo que mantenemos. No es así, porque también mantenemos que si prospera, como va prosperando, nuestro criterio de que el ayuntamiento u oficinas consulares no tengan que participar en el reclutamiento ni tengan por qué hacer tareas que no son propias, lo lógico es que también desaparezca cualquier alusión a los mismos imponiéndoles tal gravamen o tal carga.
Esta es, fundamentalmente, la filosofía de todas y cada una de las enmiendas. Solicito, repito, aunque sólo sea desde el punto de vista más formal, porque, si no, no tendría sentido ni siquiera la intervención, el voto de todos ustedes a favor de las mismas, y acabo mi intervención pidiendo disculpas y agradeciendo su atención.
El señor PRESIDENTE: Señor Castellano, a S. S. se le escucha siempre con gusto; no es necesario que presente disculpa alguna.
Para la defensa de las enmiendas números 22 a 27 suscritas por doña Begoña Lasagabaster, del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Señor presidente, efectivamente, intervengo ante todo para dar por defendidas las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto, y en concreto las que usted citaba de la señora Lasagabaster, enmiendas que pretenden --y así las defenderá en el Pleno-- una, digamos, descentralización en las competencias de lo que ella propone que se denomine consejo de objeción de conciencia. Esas enmiendas también hubiera sido fácilmente aceptadas por Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya.
Dicho esto, haré una brevísima reflexión, para no abusar de la Presidencia ni de la Comisión, sobre el texto final que hoy se nos presenta. Desde Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya creemos que no era una mala proposición de ley, y ante todo debemos lamentar el retraso; quiero recordar que la proposición proviene de junio de 1996 y francamente no entendemos las causas de este retraso. No se pueden entender, repito desde el punto de vista de la tramitación parlamentaria las causas del retraso, y menos en esta
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Comisión, que desde luego no parece muy sobrecargada de funciones.
Lo peor es que si esta proposición se hubiera aprobado antes quizás nos hubiéramos evitado problemas, y desde luego se les podían haber evitado a muchos jóvenes españoles. Pero lo más preocupante es que este retraso y tan detenida reflexión como parece que nos sugiere ha tenido como consecuencia que el texto, a nuestro modo de ver, ha empeorado en el trabajo en ponencia y me limitaré a citar exclusivamente tres datos en comparación con la redacción primitiva de la proposición. Primero, no se recoge la objeción sobrevenida. En segundo lugar, el plazo de disponibilidad hay que recordar que la ley anterior no lo recogía, y como SS. SS. no ignoran media una sentencia del Tribunal Supremo en la que se aludía a que no debe de producirse esa espera forzosa de más de un año.
La proposición de ley proponía un año y sin embargo la ponencia propone ahora tres años. Ese plazo que hoy aprobemos se puede convertir prácticamente en ilimitado si finalmente el ejército profesional comienza a funcionar, como algunas voces reclaman, en el año 2001. En cualquier caso, se prolongarán así situaciones de incertidumbre indeseables. Un tercer dato es que la regulación sobre la objeción de conciencia en tiempo de guerra aparecía mucho más precisa, y además en un tema extraordinariamente sensible siquiera sea por su valor simbólico, porque desde luego en el horizonte de nadie puede estar imaginar que se pueda producir una situación bélica, pero era mucho más preciso, insisto, en la proposición que en el texto que ahora aporta la ponencia.
Quede constancia, pues, de que lamentamos estos cambios y otros que podríamos citar, y expresamos una cierta decepción ante el texto que va a aprobarse definitivamente.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas rechazadas, no sé si íntegra o en todo caso mayoritariamente, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), doña Margarita Uría tiene la palabra.
La señora URIA ECHEVARRIA: Señor presidente, es conocida por todas SS.
SS. la tradicional postura del grupo al que represento en relación con la obligación de cumplimiento del servicio militar. Nuestra postura como grupo ha sido siempre la de sostener la profesionalización de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, puesto que estamos ante un ofrecimiento cierto de cumplimiento de esta que es nuestra pretensión tras la promesa efectuada por el presidente Aznar en el debate de investidura, pensamos que se trataba, con un criterio utilitarista, de facilitar el librarse de esta obligación al mayor número posible de jóvenes, y desde esa óptica presentamos una serie de enmiendas al proyecto que hoy examinamos.
Tres de las enmiendas presentadas tenían como dato cierto un elemento que tras los trabajos de la ponencia no tiene ya justificación: la creencia de que estábamos ante la regulación de una ley orgánica en una materia que era la defensa, título correspondiente al Estado y que por eso debía ser objeto de transferencia o delegación. Evidenciado que no es así, que no se transfiere nada, que el Estado mantiene la titularidad de la gestión instrumentándose a través del Ministerio de Justicia los correspondientes convenios con aquellas comunidades autónomas que lo decidan, decaen y procede la retirada en este mismo momento de las enmiendas números 18, 20 y 21 de las presentadas por mi grupo, que obedecían a una concepción de la ley, como si lo fuera del 150.2 de la Constitución, de transferencias o delegación, cuya naturaleza, evidentemente, tras los trabajos de la ponencia ha desaparecido.
En cuanto a los concretos contenidos de las demás enmiendas, me referiré a la número 16, al artículo 8, que mantenemos y que se refiere al período de disponibilidad. Mi grupo ha sostenido en otros debates habidos en esta Cámara en Pleno a propósito de otras iniciativas, que lo razonable es que la Administración cumpla sus obligaciones en plazo, y sobre todo cuando se trata de obligaciones que suponen una carga en relación con determinados ciudadanos el período de un año nos parece razonable y tiene ya un reconocimiento en alguna jurisprudencia del Tribunal Supremo. Esta enmienda, por tanto, la mantendremos, lo cual no nos va a llevar, sin embargo, a votar en contra del contenido entero del artículo 8, puesto que es en este mismo precepto donde se incluye lo que para nosotros es uno de los logros o de los avances más significativos del texto de la ley, que es la equiparación del tiempo de cumplimiento de la prestación social sustitutoria con el servicio militar, con lo cual, a pesar de esta objeción y de que mantenemos la enmienda número 8 que de no ser aprobada la sostendremos también para el Pleno, votaremos a favor del artículo 8 por entender que supone un avance sustancial.
Mantendremos también la número 17, que tiene, asimismo, como norte la idea de evitar el rechazo social entre la juventud y mejorar las condiciones de la prestación. Con ella pretendíamos, de alguna manera, introducir la idea de la posibilidad de compatibilizar el cumplimiento de la prestación social sustitutoria con los estudios o con el posible puesto de trabajo que estuviese desempeñando el joven en ese momento.
Conocemos que por el Grupo Popular se nos va a hacer una oferta de transacción en este punto y puedo ya anunciar que a mi grupo le parece satisfactorio hasta donde ha llegado dicho Grupo Popular en la propuesta que nos hace; por tanto, me daré por satisfecha con la transacción, retirando también la número 17.
Respecto a la enmienda número 19, referida al artículo 18.1.d), el apartado de las respuestas sancionadoras en relación con determinadas conductas infractoras, nos parecía que el período de tres meses que se establece era quizá excesivo, pretendíamos reducirlo al plazo de un mes y lo justificábamos en la idea de introducir un criterio de proporcionalidad en la respuesta sancionadora. Esta enmienda también la sostendremos. Unicamente mantenemos vivas las enmiendas números 16 y 19.
Quiero terminar mi exposición haciendo mención al esfuerzo que ha efectuado el grupo proponente de la iniciativa y el propio grupo mayoritario en esta Cámara, en lo que creemos que es una importante mejora de la situación a la hora de cumplir un deber legal de un gran número de jóvenes españoles.
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El señor PRESIDENTE: Según las notas que obran en poder de esta Presidencia, el Grupo Parlamentario Socialista mantiene viva la enmienda número 28, que fue rechazada por la ponencia, así como en términos de voto particular el artículo 8.1.3 del texto originario de la proposición de ley.
En consecuencia, para la defensa de ambas posiciones tiene la palabra la señora Del Campo.
La señora DEL CAMPO CASASUS: Señor presidente, voy a defender ambas posiciones, aunque desde este momento anuncio la retirada de la enmienda número 28, puesto que, aunque no en los mismos términos, su contenido ha quedado recogido en el informe de la ponencia.
Mantiene mi grupo vivo el voto particular y quisiera hacer alguna reflexión de carácter general sobre el contenido que nos llega hoy de esta proposición de ley, ciertamente distinto a aquel que se presentó en 1996.
Llegamos hoy, en efecto, señor presidente, al término de un largo embarazo, desde la toma en consideración en noviembre de 1996, y a un parto ciertamente dificultoso que ha dado a luz una magra criatura; ha quedado muy lejos el contenido original de aquella proposición de ley que presentó Convergència i Unió, como ya ha señalado el representante del Grupo Mixto.
Lo que tenemos hoy ante nosotros es bastante similar a un hijo clónico de la Ley de Objeción de Conciencia de 1984. Las diferencias que presenta el texto que hoy debatimos en relación al del año 1984 son ciertamente pocas, aunque algunas de ellas significativas. Entre ellas, creemos que son significativas, en sentido positivo, fundamentalmente, la reducción de la duración del período de actividad de la prestación social sustitutoria igualando la del servicio militar. Es un aspecto que se ha aprobado aquí que no podemos por menos que aplaudir, puesto que estaba contenido en el programa electoral que mi partido presentó a las últimas elecciones.
Sin duda, hay algún otro aspecto positivo: la suspensión de la incorporación al servicio militar cuando la solicitud de reconocimiento se presente al menos un día antes o la reducción del plazo de silencio positivo de seis a tres meses para decisiones del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia o, por último, la incorporación de una representación sindical que vele, en el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, porque la labor que realicen los objetores a lo largo de la prestación no incida en el mercado laboral.
Son aspectos positivos que, a nuestro modo de ver, son dignos de aplauso, pero que vienen empañados por dos graves errores que creemos que contiene este informe de la ponencia que hoy debatimos y que vamos a votar. El primero de ellos es el fijar el período de disponibilidad de los objetores en tres años, frente al año que contenía originalmente la proposición de ley de CiU o frente al año que recientemente ha defendido mi grupo en una proposición no de ley. Creemos que esta fijación en tres años es un intento vano de cerrar los ojos a la realidad. Si las cifras de marzo han seguido más o menos el mismo ritmo que las de enero y febrero, tenemos unos 140.000 objetores de conciencia esperando el inicio de la prestación social sustitutoria. De ellos, 50.000 llevan más de un año en espera del inicio de la actividad, pero sólo 14.000 llevan más de tres años. Por tanto, lo que se consiga con la fijación de este período de disponibilidad en tres años será un escasísimo descenso de la bolsa de objetores.
Por otra parte, la avalancha de nuevos objetores aumenta en proporción geométrica, señor presidente, mientras que los puestos para realizar la prestación social sustitutoria avanzan todo lo más en proporción aritmética; es imposible crear nuevos puestos a la velocidad que requiere el aumento constante del número de objetores. Para ello hay datos significativos, y no voy a alargarme demasiado. Simplemente me voy a referir al último mes del que yo tengo constancia, febrero de 1998, en el que se han producido 9.854 solicitudes de reconocimiento de la condición de objetor de conciencia, frente a las 6.870 del mes de febrero del año 1997. Estamos en un aumento de 3.000 personas en un mes, de año a año.
Fijar un plazo de disponibilidad de tres años, prácticamente un plazo ilimitado, porque coincidiría con el fin del servicio militar obligatorio y con el de la prestación social sustitutoria, supone dar a esa bolsa de espera unas proporciones gigantescas y completamente imposibles de asumir; además, para nosotros supone, señorías, hacer a los objetores del futuro, a los posteriores a la aprobación de esta ley, de peor condición que los de hoy. No insistiré en este argumento porque ya algún interviniente lo ha señalado, pero es cierto que hoy ya las sentencias han empezado a declarar la caducidad automática de cualquier expediente de adscripción a la prestación social sustitutoria que no haya sido resuelto en el plazo de 14 meses, de forma que la jurisprudencia está delimitando de una forma razonable, acorde a las circunstancias de fin de un período, que es en el que nos encontramos, la duración del período de disponibilidad. Nosotros intentamos poner puertas al campo y aumentar este período a tres años, en un vano intento de mantenella y no enmendalla, cerrando los ojos a lo que acontece en este momento con los objetores.
Mi grupo mantiene un voto particular para conservar el texto original del artículo 8, párrafo tercero --creo recordar-- de la proposición de Convergència i Unió, en el que se fijaba la duración de esta situación de disponibilidad en un año.
Quisiera señalar también, señor presidente, otro de los defectos que a nuestro parecer presenta el texto que ha salido de este informe de la ponencia, y es que hemos perdido con él una gran oportunidad: la oportunidad de despenalizar ya, de una vez, las conductas de incumplimiento de la prestación social sustitutoria y establecer para ellas sanciones administrativas. Estamos convencidos de que en este proceso de desaparición del servicio militar obligatorio no tiene sentido mantener el reproche penal, sea o no la pena de prisión, para unas conductas que son contrarias al cumplimiento de unas obligaciones que dentro de poco dejarán de ser tales.
Es cierto que el texto de esta proposición de ley es antiguo y que, por tanto, ha sido posterior a él el debate y la no toma en consideración de una proposición de ley del
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Grupo Socialista que pretendía precisamente extraer del Código Penal el reproche de estas conductas e introducirlas como infracciones administrativas en la propia Ley de Objeción de Conciencia. Aquella fue una oportunidad perdida, puesto que nuestro texto se rechazó. Nos tememos que ésta sea también otra oportunidad perdida, porque era el momento ideal para incluir esta reforma en la Ley de Objeción de Conciencia y sacarla del Código Penal.
Precisamente por ese motivo nuestro grupo se abstendrá en la votación de los artículos 17 y 18 del texto, que tipifican las infracciones y sanciones en materia de objeción de conciencia, no tanto por su contenido como por lo que creemos que en ellos falta.
Con este anuncio, señor presidente, y con la solicitud de votación separada, en su momento, tanto del párrafo tercero del artículo 8 como de la enmienda número 16 del Grupo Vasco, doy por terminada mi intervención.
El señor PRESIDENTE: Señora del Campo, le rogaría que precisase a esta Presidencia si se trata del párrafo tercero del artículo 8.1 o si se trata del punto 3 de dicho artículo 8. Hace referencia a la duración máxima de la situación de disponibilidad a los tres años en el informe de la ponencia.
La señora DEL CAMPO CASASUS: Es el párrafo que hace referencia a la duración máxima de la situación de disponibilidad. Es el tercero del artículo 8.1.
El señor PRESIDENTE: Para manifestar su grado de satisfacción en orden a las enmiendas que presentadas por su grupo han sido en buena parto o plenamente acogidas por la Ponencia y, en general, para la fijación de posición del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria sobre esta proposición de ley, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Comienzo por recoger su invitación y tengo que decir que mi grado de satisfacción es altísimo, dado que prácticamente todas las enmiendas presentadas por mi grupo en el trámite de ponencia han sido aceptadas, bien por vía directa en el texto, bien por vía transaccional. A este respecto, para que quede constancia en el «Diario de Sesiones», quiero significar que en el informe de la ponencia pudiera parecer que ha desaparecido nuestra enmienda número 30, porque no se hace ninguna referencia a ella. La enmienda número 30 estaba presentada al artículo 6 y fue objeto de una aceptación, vía transaccional; dado que en el informe de la ponencia, en relación al artículo 6, sólo se hace referencia a nuestra enmienda número 31 y anteriormente se ha citado la número 29, se pueden preguntar: ¿dónde está la 30? La enmienda 30 ya está recogida en el artículo 13, en la estructura del Consejo Nacional de la Objeción de Conciencia, por lo que representa a la salvaguarda de los intereses laborales, porque ya se ha incorporado una representación sindical. Esta era la aclaración que quería hacerle.
Tengo que señalar también que en el informe de la ponencia la enmienda número 34 --que era nuestra--, se dirigió al texto original de la proposición de ley que presentó el Grupo Catalán (Convergència i Unió).
En este punto, quiero hacer un reconocimiento explícito al Grupo Catalán, quiero felicitarle, por la oportunidad en la presentación del texto inicial y su gran sentido de responsabilidad, así como su flexibilidad al ir aceptando, en las negociaciones con ponentes, como este que habla, una serie de observaciones. Pues bien, la enmienda número 34 quedó automáticamente retirada porque la ponencia suprimió del texto inicial la disposición transitoria primera. No es porque se haya incorporado, como se dice aquí, al texto inicial de la disposición transitoria primera, sino por la supresión de dicha disposición en el texto original del Grupo Catalán (Convergència i Unió), al que se dirigía nuestra enmienda. Por tanto, al estar de acuerdo la ponencia y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en la supresión de la disposición transitoria primera del texto original, decaía automáticamente nuestra enmienda 34, que era la que traía causa.
Finalmente, señor presidente, quiero decir que ante la satisfacción de este texto y nuestra aceptación de enmiendas, vamos a votar favorablemente el informe de la ponencia con aquellas enmiendas transaccionales que en este trámite de la Comisión Constitucional se acepten mayoritariamente. Como bien ha anunciado ya la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), doña Margarita Uría, había una enmienda transaccional que iba a aceptar el Grupo Parlamentario Popular. Nosotros también la votaremos favorablemente, mostrando nuestro grado de satisfacción por haber llegado a este punto.
Se ha hecho alusión aquí a una correlación de la penalización o despenalización de la figura de la objeción de conciencia, de los insumisos y la prestación social sustitutoria. Quiero decir que nunca se nos ha ocurrido presentar ninguna observación al respecto, por entender que ortodoxamente estábamos hablando de un texto, tal como lo planteaba la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que acordamos tomar en consideración y que se refería a regular la objeción de conciencia y la prestación social sustitutoria. En esa línea de complementariedad y fuera de este texto, el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria acordaron presentar una iniciativa parlamentaria que, como bien sabe el señor presidente y los miembros de esta Comisión, se ha discutido en el Pleno, en la cual se suprimen las penas de prisión y de multa para la insumisión. Pero todo eso está reflejado en el Código Penal del anterior Gobierno, siendo ministro el señor Belloch, que introdujo la penalización de esta figura, y no ninguno de los grupos proponentes de esta segunda alternativa.
Por todo lo demás, señor presidente, vamos a votar con satisfacción muy favorablemente esta proposición de ley en el trámite de la Comisión.
El señor PRESIDENTE: Con independencia de su constancia en el «Diario de Sesiones», aquellos extremos concretos del informe de la ponencia que han sido subrayados por S. S. serán corregidos en el mismo.
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A los efectos de manifestar su grado de conformidad con la aceptación de las enmiendas presentadas en su calidad de grupo enmendante, responder a las enmiendas vivas y fijar posición con carácter general respecto a la iniciativa, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro.
El señor BERMUDEZ DE CASTRO FERNANDEZ: La reforma de la Ley de Objeción de Conciencia que hoy debatimos, a nuestro juicio pretende conseguir dos objetivos fundamentales: de un lado, modificar y corregir los desequilibrios existentes en la vigente legislación, que penalizaba a los objetores de conciencia respecto a los jóvenes que optaban por la realización del servicio militar, y, de otro, mejorar las condiciones de cumplimiento de la prestación social. Son, pues, los principios de no discriminación y seguridad jurídica los que han inspirado el acuerdo de varios grupos, plasmado en el informe de la ponencia, en cuya defensa intervengo, todo ello desde el respeto a la doctrina del Tribunal Constitucional y en el marco de una situación, que es novedosa, de un proceso de tránsito hacia la plena profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas, que, como ya he tenido oportunidad de reiterar en varias ocasiones, exige, a nuestro entender, una actitud de responsabilidad, por lo que se hace necesario garantizar, de un lado, el ejercicio de este derecho constitucional y, de otro, proteger y amparar el valor y las necesidades de defensa durante este período de tránsito.
Nos encontramos ante un acuerdo que, como han resaltado anteriores portavoces, supone un avance muy importante en relación a la actual regulación de la objeción de conciencia. Así, la equiparación del período de actividad entre el servicio militar y la prestación social sustitutoria y el establecimiento en tres años del tiempo límite de espera entre el reconocimiento de la condición de objetor y el inicio del período de actividad, son novedades contempladas en el acuerdo plasmado en la ponencia, que responden, como decía al inicio de mi intervención, a los principios de no discriminación y de seguridad jurídica. Y siendo estas novedades importantes, no son las únicas. Por ello, establecemos también la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan profundizar en la gestión de la prestación social sustitutoria mediante celebración de convenios con el Ministerio de Justicia, manteniendo, eso sí, dicha materia en el ámbito de la competencia de la Administración del Estado. Otra mejora, como también se ha dicho, es la reducción de seis a tres meses del tiempo en que el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia debe resolver acerca de las solicitudes de reconocimiento de la condición de objetor, estableciendo, en caso contrario, el silencio administrativo positivo en la línea de los principios de la reforma anunciada de la Ley de procedimiento administrativo.
En este sentido, también consideramos relevante la ampliación de la composición del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, incluyéndose un vocal representativo de las centrales sindicales, lo que redundará, como se ha dicho, en un mayor control para que los puestos de actividad no incidan negativamente en el mercado laboral, y también se incluye un vocal de las entidades de voluntariado. Esto, a mi juicio, es bastante significativo, toda vez que se contempla entre las competencias de dicho organismo la posibilidad de convalidar los servicios voluntarios a efectos del cómputo de la prestación social, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de 15 de enero de 1996 del voluntariado. En definitiva, estas y otras medidas contempladas redundarán en una mayor garantía de los derechos de los objetores y en una mejora de las condiciones de cumplimiento de la prestación social sustitutoria, por lo que se puede asegurar, sin ningún género de dudas, que estamos ante una reforma que supone un avance importante en la regulación del derecho de objeción de conciencia, por lo que manifiesto nuestra satisfacción respecto al texto que ha nacido de la ponencia.
En cuanto a las enmiendas que permanecen vivas y que han sido defendidas por los portavoces de Izquierda Unida, Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alkartasuna y el voto particular del PSOE, debo manifestar que no las vamos a aceptar, salvo la número 17, del PNV, a quien vamos a ofrecer una transaccional que posteriormente enunciaré.
Comenzando por las enmiendas de Izquierda Unida, las números 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 y 15, pretenden, como muy bien ha dicho su portavoz señor Castellano, se suprima la obligatoriedad de la prestación social sustitutoria, justificándolo, tal y como aparece reflejado en la motivación de sus enmiendas y en su propia intervención, en el hecho de que la obligatoriedad del cumplimiento de la prestación social no es sino una penalización que se impone a los objetores cuando ejercitan un derecho que ustedes en la justificación dan rango de fundamental, aunque hoy el señor Castellano le ha dado rango de derecho constitucional, no fundamental.
Nosotros entendemos que la prestación social no es una sanción o una penalización, sino simplemente una obligación legal que deben realizar los jóvenes que optan por el ejercicio de esta causa de exención del servicio militar, y a la par derecho constitucional, de cuyo ejercicio nace el deber de cumplir una prestación social. Porque, fíjense, en el texto nacido de la ponencia regulamos este derecho con la máxima amplitud en cuanto a sus causas, recogiendo en su plenitud las expresadas en la resolución de la Asamblea Consultiva o del Consejo de Europa, e interpretando que es la incompatibilidad entre las actividades militares y las convicciones del ciudadano, y no la naturaleza de dichas convicciones, lo que justifica la exención del servicio militar; exención que para evitar discriminaciones entre los ciudadanos, en razón de sus creencias e ideologías, lleva pareja la obligación de cumplimiento de una prestación social sustitutoria.
Esa no es sólo nuestra opinión, sino también la del propio Tribunal Constitucional. Por eso, en una sentencia que he tenido ocasión de relatar en varias ocasiones en otros debates, la 55 de 1996, dicho Tribunal estableció que los objetores de conciencia al servicio militar tienen reconocido el derecho a no realizar el servicio militar, pero la Constitución no les reconoce ningún derecho a negarse a realizar la prestación social como medio para imponer sus particulares opiniones acerca de la organización de las
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Fuerzas Armadas o de su radical supresión. ¿Por qué hay que mantener la prestación social ligada al valor de la defensa? Sencillamente porque cuando un objetor es reconocido como tal, no queda exento del deber de defender a España, sino de hacerlo de una manera concreta. Queda exento de una forma del deber, pero no del deber mismo. La norma general de defender a España sigue vinculando al objetor de conciencia. Por tanto, en la medida en que subsista la obligatoriedad de cumplir el servicio militar, debe mantenerse igualmente la obligatoriedad del cumplimiento de una prestación social para los objetores de conciencia.
En relación a la enmienda número 2, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, en que se solicita se suprima en el artículo 3 la referencia a los ayuntamientos y oficinas consulares como órganos de reclutamiento, nosotros consideramos que dichos órganos cumplen con la función que les encomienda la Ley Orgánica 13/1991 y que no es redundante contemplarlos en el texto de la ley: primero, porque lo que abunda no daña y, segundo, porque suprimir dicha referencia podría dar lugar a una interpretación contraria, no querida por ninguno de los grupos que hemos defendido el texto de la ponencia.
Por último, tampoco podemos admitir su enmienda número 13, señor Castellano, por una razón práctica de la que espero su comprensión. Como usted sabe, en el informe de la ponencia esta ley tiene carácter retroactivo y eso significa que una vez que entre en vigor la nueva regulación, la Administración tendrá que dar de baja a los objetores en activo que lleven realizando la prestación social nueve o más meses, y no estoy hablando de cientos, sino de miles de jóvenes que se encuentran en esa situación y a los que les afecta. Lógicamente, la Administración necesita un período mínimo para la organización y el envío de las notificaciones de baja y, a la par, iniciar el procedimiento para la sustitución en esos puestos de actividad por nuevos objetores, por lo que, a nuestro juicio, el plazo general de 20 días para la entrada en vigor de la ley parece razonable.
Finalmente, no consideramos su enmienda 14, en la medida en que ya se ha producido en el Pleno de la Cámara el debate en relación con la despenalización y sigue su trámite en la Comisión de Justicia. Por tanto, entendemos que no debemos reabrir en esta Comisión lo que ya se está sustanciando en la Comisión competente.
Hasta aquí nuestra posición en relación a las enmiendas de Izquierda Unida.
En relación a las enmiendas de Eusko Alkartasuna, que han sido defendidas por el señor Alcaraz, entendemos que nuestra exposición inicial de defensa del texto justifica la negativa a aceptar la enmienda número 23, que pretende modificar la exposición de motivos, y las enmiendas números 24 y 25, que hacen referencia a lo que podíamos denominar la declaración automática de la condición de objetor, toda vez que, como ya ha sentenciado en varias ocasiones el propio Tribunal Constitucional, nos encontramos ante un derecho de naturaleza excepcional, necesitado de su reconocimiento, por lo que no basta la mera declaración por parte del joven para adquirir la condición de objetor, sino que es necesario el reconocimiento como tal por parte del organismo que se contempla en la ley: el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia.
En relación a las enmiendas números 22 y 27, que hacen referencia al traspaso de competencias en materia de gestión de prestación social a las comunidades autónomas, diré que el Grupo Popular siempre se ha manifestado contrario al traspaso de una competencia que está vinculada al valor de la defensa, por lo que entendemos que, con lo que hemos contemplado, es decir, a través de convenios, las comunidades autónomas pueden participar de manera más activa en la gestión de la prestación social, sin necesidad de traspasar esa competencia, que, como ya he dicho, permanece en el ámbito del Ministerio de Justicia. Por tanto, si no hay traspaso de competencias, no ha lugar a que exista más que un Consejo de Objeción de Conciencia.
Por otro lado, en relación con el Partido Nacionalista Vasco, agradezco a la señora Uría el contenido de su discurso, elogioso en relación al texto nacido de la ponencia, y el esfuerzo de aproximación que ha realizado retirando sus enmiendas números 18, 20 y 21. En ese mismo esfuerzo de aproximación, he ofrecido una enmienda transaccional a su enmienda número 17, que ella, puesto que conoce, me ha dicho que acepta y que consiste --lo digo a efectos de que quede reflejado en el «Diario de Sesiones»-- en añadir al artículo 10 del texto de la ponencia el siguiente párrafo: Cuando las necesidades del servicio lo permitan, se procurará la compatibilidad de la prestación social con la realización de estudios.
Ese sería el texto de nuestra enmienda transaccional a la enmienda número 17 del PNV.
El señor PRESIDENTE: Señor Bermúdez de Castro, ¿tendrá la bondad de hacer llegar a la Mesa la transcripción literal?
El señor BERMUDEZ DE CASTRO FERNANDEZ: Se la haré llegar en cuanto finalice mi intervención.
Siguen vivas, tal y como ha anunciado la portavoz del Partido Nacionalista Vasco, señora Uría, sus enmiendas números 19 y 16.
Respecto a la enmienda número 19, entendemos que es razonable y proporcionado que se imponga como sanción la prolongación por un período máximo de tres meses --y recalco, un período máximo de tres meses-- de la prestación social cuando concurran las infracciones graves previstas en el artículo 17 del texto, cosa que, por otra parte, ya aparecía en la vigente regulación de la Ley de Objeción de Conciencia.
En cuanto a la enmienda número 16 y el voto particular que ha manifestado la señora Del Campo, en nombre del Grupo Socialista, en relación al texto original del artículo 8, tengo que decir que hacen referencia a un mismo objetivo: que el período máximo de disponibilidad sea de un año. Como aquí se ha dicho, hemos tenido ocasión de debatir no hace siquiera un mes en el Pleno de la Cámara una proposición no de ley del Grupo Socialista que perseguía tal objetivo, si bien con una particularidad. El entonces portavoz del Grupo Socialista, el señor Caballero, entendía que, de acuerdo con la vigente legislación, es decir, la que
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ustedes habían elaborado, la duración máxima del período de disponibilidad era de 14 meses, pero no porque la Ley de Objeción de Conciencia estableciese un período límite de espera, que no lo establece, sino como consecuencia de la caducidad de los expedientes de objeción iniciados de oficio, en aplicación de la Ley de procedimiento administrativo, en relación al reglamento de objeción de conciencia. No voy a reproducir los argumentos que utilicé en su día en nombre de mi grupo para rechazar tal iniciativa, entre otras cosas porque están en el «Diario de Sesiones», pero le reiteraré uno y le voy a añadir otro.
Cuando en mayo de 1996 el Partido Popular accede al Gobierno, había una bolsa de 130.000 objetores pendientes de cumplir la prestación social.
¿Sabe cuántos objetores de los que llevaban más de 14 meses de espera habían sido exonerados por la Administración socialista de cumplir la prestación social como consecuencia de que habían caducado sus expedientes? Ninguno. ¿Por qué? Sencillamente porque no interpretaban que, de acuerdo con la legislación de la objeción de conciencia que ustedes mismos habían elaborado, se estableciese tal límite temporal a la situación de espera. Pero es que no sólo no exoneraban del cumplimiento de la prestación social pasados 14 meses, sino que a quien, transcurrido dicho plazo, no se incorporaba al puesto de actividad porque alegaba que ya había sobrepasado el tiempo límite de espera lo denunciaban ante la Fiscalía. Eso es así, señora Del Campo, y usted lo sabe. Otra cosa distinta es que ahora quieran introducir en la reforma un límite de un año, algo que legítimamente es discutible y en lo que nosotros no estamos de acuerdo. Deberá reconocer conmigo que la Ley de Objeción de Conciencia de 1984 no establecía ningún límite a la situación de disponibilidad, ni un año, ni tres, ni cinco, lo que colocaba a muchos objetores en una situación de incertidumbre y de cierta indefensión. Eso es precisamente lo que queremos corregir con la reforma.
¿Por qué no estamos de acuerdo en un año como tiempo límite de espera? Sencillamente --y con ello contesto también a la señora Uría-- porque supondría un nuevo desequilibrio, esta vez en favor del objetor, respecto del joven que opta por el cumplimiento del servicio militar. Todos sabemos que en el régimen del servicio militar pueden pasar casi tres años desde la clasificación, a los 17 años, hasta la efectiva incorporación a filas. Esa es la razón, bajo el principio de no discriminación, por la que nosotros también establecemos para el objetor un período máximo de tres años en la situación de disponibilidad.
Señor presidente, con esto creo haber contestado a los distintos portavoces y justificado nuestro voto negativo a las enmiendas que siguen vivas.
En conclusión, creo que el texto de la ponencia mejora las condiciones de cumplimiento de la prestación social, cumple con el artículo 30 de nuestra Constitución al regular la objeción de conciencia con las debidas garantías, elimina las discriminaciones que hoy sufrían los objetores y mejora su sistema de garantías y plasma la doctrina del Tribunal Constitucional en esta materia. En definitiva, se trata de una reforma que, con independencia de su vigencia, es muy importante porque va a afectar a decenas de miles de jóvenes, que --estoy seguro-- van a reconocer y valorar el avance que va a suponer esta reforma en relación a la vigente legislación para la defensa de sus garantías y derechos.
El señor PRESIDENTE: Le reitero, señor Bermúdez de Castro, que haga llegar a la Mesa el texto de la enmienda transaccional propuesta.
Por último, en su calidad de portavoz del grupo proponente e impulsor de la iniciativa, tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADéS: En esta tarde de primavera en la que muchos, o al menos este diputado, tienen el corazón y la cabeza a unos cuantos kilómetros de esta ciudad, porque les gustaría estar en Barcelona, celebrando el día de San Jordi, voy a entrar en la casi etapa final de esta proposición de ley.
Como se ha dicho, ésta ha sido una tramitación larga. La toma en consideración de la proposición de ley se produjo en noviembre de 1996, pero es evidente que la historia del debate político sobre la legislación en materia de objeción de conciencia en las Cortes Generales y en el conjunto de la sociedad española se remonta a hace muchísimos años y, en lo que hace referencia a la necesidad del cambio de la Ley de 1984, a prácticamente el propio momento de la aprobación de aquella ley: recurso del Defensor del Pueblo, rechazo de importantes sectores, de los movimientos sociales a la Ley de 1984 y el hecho de que desde 1988, y a iniciativa del Grupo Nacionalista Vasco, de Izquierda Unida, del Grupo Mixto, del Parlament de Catalunya y de Convergència i Unió, ha habido intentos de reforma de esta ley.
Si, en 1988, la entonces mayoría absoluta del Partido Socialista hubiese tomado en consideración esas reformas que proponían diversos grupos, buena parte de los problemas que hoy, a mediados de 1998 y en la perspectiva de supresión del servicio militar obligatorio, tenemos no existirían. La reforma, sin duda alguna, hubiese sido ya oportuna en 1988 o en 1992, cuando el diputado que les habla, el 6 de octubre de ese año, presentó en nombre del Parlamento de Cataluña una proposición de ley de características muy similares a aquella que se tomó en consideración en noviembre de 1996. Sabrá el Grupo Socialista por qué desde 1988 hasta esta tarde se desgranaron los argumentos que se desgranaron, y al «Diario de Sesiones» me remito, para imposibilitar reformas que hubiesen permitido, insisto, evitar que hoy tuviésemos que avanzar hacia una reforma que, seguramente, en muchos aspectos se nos puede quedar corta.
Cuando se consideró en noviembre del año pasado la oportunidad de la reforma, ya se discutió. Se habló de qué sentido tenía plantear esa reforma cuando estábamos ya en un período de transición y en un período final. A nosotros nos parecía, y le ha terminado pareciendo también al Gobierno del Partido Popular y al propio Partido Popular, cosa que es extremadamente positiva, que el colapso del sistema de objeción de conciencia, que los agravios o discriminaciones que padecían los objetores de conciencia en
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relación con la falta del período de disponibilidad --que el señor Bermúdez de Castro tan brillantemente ha situado allí donde se sitúa la responsabilidad, que es en la Administración socialista o con el amplio rechazo social que tenía que esta ley-- obligaban, incluso en ese período final, a introducir reformas que, no tan sólo fuesen de gestión administrativa, sino también de organización del sistema a través de la ley. Y creo que el texto que presenta la ponencia, con algunas limitaciones, en las cuales ya entraremos, va a atajar los agravios, las discriminaciones y el colapso del sistema y lo va a hacer en un momento de transición.
Estos debates tenían sentido en 1988 o en 1992. En 1991, el Congreso de los Diputados había aprobado mantener un sistema mixto de reclutamiento hasta el año 2000 y eso creaba un espacio legal, un espacio político y un modelo determinado de defensa y seguridad. En 1996, el Congreso de los Diputados había iniciado un proceso de supresión del servicio militar, lo cual necesariamente condiciona el marco legal que otorguemos a la regulación de la objeción de conciencia. Nuestro grupo parlamentario ha sido sensible a este planteamiento y de ahí que el texto que hoy va a aprobar esta Comisión se aleje en determinados puntos del texto que presentamos para su tramitación parlamentaria.
Yo creo que no es bueno menospreciar los cambios introducidos ni intentar decir que poco es lo que se reforma, porque, para unos cuantos miles de jóvenes, seguramente para más de 70.000 jóvenes, cuando en el Boletín Oficial del Estado se publique esta ley, su situación personal va a cambiar y lo va a hacer en sentido positivo. Esto es una realidad absoluta. Más de 70.000 jóvenes van a dejar de hacer la PSS, porque ya llevarán nueve meses cumpliéndola, y más de 15.000 jóvenes que llevaban más de tres años pendientes para realizar su prestación social no van a tener que hacer nada. Y, si más de 15.000 jóvenes estaban pendientes de hacer su prestación social, no es responsabilidad del Gobierno del Partido Popular ni, muchísimo menos, como pueden intuir y suponer, responsabilidad del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Por tanto, esos cambios que alguien intenta minimizar, les puedo asegurar que, para miles de jóvenes, van a tener un efecto positivo.
Los cambios, ya se han mencionado: igualar la duración de la PSS y del servicio militar y determinar un período de disponibilidad. Cuando se dice que introduce un período ilimitado de disponibilidad, hemos de recordar que el establecimiento de un expreso carácter retroactivo de esta nueva norma va a implicar que, a lo largo de 1998 y de 1999, más jóvenes que hayan llegado a los tres años en situación de espera pasen directamente a la situación de reserva y el número de beneficiados por la determinación de un período de disponibilidad va a ser superior a esos 15.000 que hemos mencionado. Por tanto, creemos que es bueno.
Partiendo de las posiciones diferentes que con el Grupo Popular hemos mantenido a lo largo de la tramitación, lo que es cierto es que el control efectivo de la prestación social en las comunidades autónomas que así lo desean va a ser de sus gobiernos, y en el caso del Gobierno de Cataluña ya se ha manifestado la voluntad de llegar al convenio correspondiente con el Ministerio de Justicia, para que todo aquello que hace referencia a la PSS en Cataluña dependa de la Generalitat de Cataluña. Entendemos que supone un reforzamiento importantísimo de la capacidad de control autonómico y, en todas las negociaciones que el Gobierno de la Generalitat mantuvo con anteriores ministerios de Justicia, nunca se planteó un nivel de control real de la PSS como el que esta ley garantiza.
Otras cuestiones seguramente menores, pero no poco importantes, son, por ejemplo, la reducción a tres meses del silencio administrativo, la contabilidad de trabajos de la Administración pública con la reducción de la PSS, la presencia de sindicatos o de las ONG en el Consejo de la objeción de conciencia o la consolidación del sistema del voluntariado.
¿Qué no se incorpora de nuestra proposición de ley? No se incorporan dos cuestiones importantes. En primer lugar, el reconocimiento de este derecho común fundamental, que, con la simple declaración, ya debería producir la declaración de objeción de conciencia. Nosotros partíamos de posiciones ideológicas sobre la consideración del derecho muy alejadas del Grupo Popular y, ligado a esta cuestión, existía el reconocimiento de la objeción sobrevenida. Ha sido un criterio prioritario de Convergència i Unió no enfatizar sus diferencias de orden ideológico con el grupo del Gobierno, sino buscar aquellos elementos que nos permitían crear un espacio de consenso mínimo para resolver realmente los problemas que tenían los ciudadanos que optaban por este derecho. Desde ese punto de vista, yo entiendo que la renuncia de orden ideológico que hace nuestro grupo, al haber sido capaces de llegar a estos acuerdos con el Partido Popular, es positiva y, por tanto, nos sentimos absolutamente orgullosos del esfuerzo que se ha hecho, un esfuerzo que, en definitiva, no deja de ser también un reconocimiento a los cientos de personas de todo el Estado español --y yo podría hablar lógicamente de la gente que conozco, que es la gente de Cataluña-- que desde 1984 optaron, desde el pacifismo, desde la crítica a la Ley de Objeción de Conciencia, por aprovechar los márgenes que les daba la ley, optaron por entender que esas obligaciones legales que venían marcadas por la ley, la de recepción de la prestación social sustitutoria, podían introducir elementos y valores positivos a la solidaridad y a la formación de los jóvenes.
Esta ley supone también una reivindicación de aquellos sectores del mundo de la objeción de conciencia que decidieron mayoritariamente por apostar por la creación de plazas de prestación social, ya sea en las administraciones, ya sea en las ONG. Supone asimismo un reconocimiento de estos mismos sectores, que, a lo largo de estos años, lucharon, en el terreno social y en el terreno político, por conseguir cuestiones esenciales que hoy recoge esta ley, como es la equiparación de su duración, nueve meses, entre la prestación social y el servicio militar.
Además, el hecho de que en el Estado español hayamos pasado de 6.000 objetores en los primeros años a los 130.000 con los que se terminó en 1997 supone también un elemento de reflexión colectivo sobre muchísimas de las cuestiones que han
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cambiado en nuestra sociedad, y si esta mañana, en el Congreso de los Diputados, la ponencia de la Comisión mixta para la plena profesionalización ha aceptado un uniforme, que va a ser aprobado por la Comisión el próximo 11 de mayo, en el que se marcan ya los límites, los márgenes de la supresión del servicio militar, es evidente que eso responde también a esos planteamientos de estos miles de objetores que, con su actitud, yo creo que han forzado la máquina de la historia y que han hecho que, en el Estado español, la supresión de la mili sea hoy una realidad más que evidente en el horizonte lejano.
Las enmiendas que los grupos han mantenido yo creo que se alejan del sentido último de la ley o de este carácter de espacio de consenso que con el Grupo Popular hemos buscado.
Quiero agradecer, lógicamente, el papel del señor Bermúdez de Castro, que ha sido fundamental para poder crear este espacio de consenso con nuestro grupo; conozco el trabajo que ha tenido que realizar con los ministerios implicados en esta historia y, por tanto, en nombre del Grupo Catalán tengo que manifestarle nuestro agradecimiento. También reconozco la actitud positiva y de búsqueda de acuerdos que han mantenido los grupos de Coalición Canaria y PNV, que permite que esta ley siga adelante con un consenso político amplísimo. A nosotros nos gustaría que, por sentido de la responsabilidad, y quizás por un mínimo sentido del decoro, el Grupo Parlamentario Socialista, en coherencia con lo que mantuvo en los debates de 1988, 1991 y 1992, se pudiese sumar a ese consenso, porque hoy afrontamos nuevos procesos políticos, más importantes y con mayor trascendencia social, y todos los grupos, pero especialmente el que ha tenido responsabilidades del gobierno, pocas razones van a tener para no participar de un consenso que, en todo caso, parte de la racionalidad de que, hoy, el objetivo prioritario que en esta materia tenemos, que es la supresión de la mili, necesita de una ley de objeción de conciencia, que seguramente no sería la que defendería Convergència i Unió si la mili no se suprimiese, pero que sí que nos permite llegar al año 2000 de manera razonada al fin del servicio militar.
Con esta petición de responsabilidad, con este agradecimiento sincero al señor Bermúdez de Castro, al Grupo Vasco y a Coalición Canaria termino mi intervención, anunciando el rechazo a las enmiendas mantenidas y el apoyo a la enmienda transaccional que el señor Bermúdez de Castro ofrecía a la enmienda de la señora Uría.
El señor PRESIDENTE: Vamos a ofrecer un turno de réplica a los señores enmendantes que deseen hacer uso del mismo.
Tiene la palabra la señora Uría, fundamentalmente a los efectos de manifestar su conformidad a la fórmula transaccional que ha sido ofrecida por el señor Bermúdez de Castro en el momento en que su señoría se encontraba ausente de la sala y que consistiría en una adición de un nuevo párrafo al artículo 10 del siguiente tenor: Cuando las necesidades del servicio lo permitan, se procurará la compatibilidad de la prestación social con la realización de estudios.
La señora URIA ECHEVARRIA: Señor presidente, tal y como he manifestado en mi intervención, conocía el texto de la transacción que se me iba a ofrecer y, en efecto, la acepto, retirando, por tanto, mi enmienda correspondiente.
La señora DEL CAMPO CASASUS: Mi grupo no pensaba hacer uso de este turno de réplica, puesto que de sobra tendremos ocasión de ampliar argumentos en el Pleno de la semana que viene, pero han sido las últimas palabras del señor Campuzano las que me han movido a pedirle a usted la ocasión de intervenir.
Efectivamente, señor Campuzano, por coherencia, por sentido de la responsabilidad y por sentido del decoro, mi grupo, manteniendo el acuerdo que mantiene en algunos aspectos básicos, que ya he señalado, de esta proposición de ley, mantiene dos discrepancias fundamentales; una de ellas se reflejará en nuestra abstención y la otra se reflejará en el voto particular que hemos mantenido y que seguiremos manteniendo al artículo 8.1, relativo al período de disponibilidad. Y lo haremos, señor Campuzano, porque no cabe aquí aludir a actitudes o a posturas del anterior Gobierno socialista. Estamos en situaciones completamente diferentes, lo hemos repetido hasta la saciedad con ocasión del debate de las iniciativas que se referían a la cuestión de la prestación social sustitutoria y lo repetimos ahora. Venimos de una serie de actitudes mantenidas por un gobierno en una situación en que en esta Cámara había un amplio consenso sobre el mantenimiento del servicio militar obligatorio. Estamos ahora en una situación completamente distinta, una situación que, a nuestro juicio, requiere medidas para no incrementar esa bolsa de objetores exageradamente y para salvar los derechos de quienes ahora, en estos últimos tiempos de práctica muerte de la prestación social sustitutoria y del servicio militar obligatorio, deben cumplir con estas prestaciones.
El señor PRESIDENTE: En los términos de contradicción, voy a conceder la palabra por dos minutos al señor Campuzano, advirtiéndole que su intervención legitimaría la respuesta de la señora Del Campo.
El señor CAMPUZANO I CANADéS: Voy a intervenir con mucha brevedad, señor presidente, y sin buscar la polémica con la señora Del Campo; todo lo contrario.
Creo que sería importante que el Grupo Parlamentario Socialista apoyase con su voto favorable la reforma de la Ley de Objeción de Conciencia. En primer lugar, porque el conjunto de mejoras que ha resultado de los acuerdos a que han llegado Coalición Canaria, el PNV, el Grupo Parlamentario Popular y Convergència i Unió son acuerdos indudablemente positivos y todos ellos van a redundar de manera prioritaria en intentar que este período final de la prestación social sea lo más digno posible.
Una de las cuestiones que más van a influir en conseguir que el colapso del sistema sea lo menor posible es igualar en nueve meses de la prestación social. El hecho de
que los mismos puestos de disponibilidad tengan una mayor rentabilidad, desde el punto de vista de los objetores que los pueden utilizar, va a constituir un elemento que va a permitir, junto con una gestión, que yo no me canso de repetir que es buena, desde la Dirección General de Objeción de Conciencia, que el sistema no se colapse. Yo les pediría que reflexionasen sobre estos elementos positivos y que releyesen el conjunto de intervenciones que se hacían en 1988, en 1991 y 1992, las nuestras y las suyas, y que busquen la coherencia en los hilos argumentales de unas y de otras. Y lo normal y lo lógico es que esta lectura les llevase a un voto favorable, con toda la discreción que usted quiera, al texto que hoy sometemos a su consideración.
La señora DEL CAMPO CASASUS: Señor presidente, no intervengo con intención de oponerme al señor Campuzano, pero, señor Campuzano, no pretenderá usted que rompamos en aplausos. Ya le he señalado algunos aspectos de esta proposición de ley que me parecen encomiables, fundamentalmente uno que coincide con nuestro programa electoral, que es reducir el plazo de la PSS a nueve meses. Efectivamente, tiene usted razón al decir que esta modificación va a beneficiar a todos aquellos jóvenes que llevan cumpliendo la prestación social más de nueve meses en el momento de entrada en vigor de la ley. Simplemente, entre otros aspectos que ahora no entro a mencionar, como los penales, a nuestro grupo le hubiera parecido mejor que también salieran beneficiados aquellos jóvenes que llevan entre catorce meses y tres años esperando para empezar a cumplir la PSS, cuya situación nos parece que con este texto no se verá mejorada, sino empeorada. Esta es una de nuestras dos diferencias fundamentales.
El señor PRESIDENTE: Señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Es para saber, señor presidente, si ha llegado el momento de decir cuál es el orden de votaciones. Hemos presenciado, con mucho gusto, este arreglamentario turno de cortejeo, que no se produjo en la ponencia, pero sí aquí. Creemos que debe ser, lógicamente, en aras de San Jordi, y además celebraríamos muy gustosamente que el cortejeo culminara en toda clase de promesas de carácter amoroso de futuro y de presente. Pero, como no parce que sea muy reglamentario, porque algunos podríamos pensar que nos vemos menospreciados en la posibilidad de merecer, lógicamente por parte de quien reparte hoy, el Grupo Parlamentario Catalán, sus generosas atenciones, a lo mejor es prudente que se diga ya en qué orden queremos votar y votemos, porque, como además esto está avocado a Pleno, estamos ansiosos de saber cómo se reproducirán allí los galanteos, que estoy absolutamente convencido de que harán época en el «Diario de Sesiones».
El señor PRESIDENTE: Yo he entendido que el señor Campuzano lo que hacía era una exhortación al consenso, que está dentro de las tradiciones y usos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: Les he dicho antes que no entraríamos en las votaciones antes de la seis y cuarto, por lo que nos vamos a adentrar en el debate del punto cuarto del orden del día, concerniente a la propuesta de reforma orgánica, obviamente, por su naturaleza, del Estatuto de Madrid.
Esta reforma trae causa de una proposición aprobada con carácter unánime por la Asamblea de Madrid. A la formulación proveniente de la Cámara autonómica se presentaron enmiendas por parte de los grupos parlamentarios Popular y Socialista, enmiendas idénticas en su espíritu, en su alcance, en su intención y en su literalidad. Lo único que ocurría es que uno de los grupos lo articulaba en forma de una sola enmienda, y el otro --no sé ni siquiera cuál de ellos-- articulaba cinco enmiendas distintas, lo que en uno de los grupos era una con cinco puntos.
Fundamentalmente de carácter técnico, no afectaban a la sustancia de la voluntad expresada por los parlamentarios regionales madrileños y por consiguiente entendemos que ha sido plenamente respetado por el trabajo de la ponencia.
La ponencia nos propone la aceptación de todas estas enmiendas presentadas, no quedando en este trámite de dictamen ninguna enmienda viva, por lo que entraríamos directamente en turno de fijación de posición de los grupos, de los grupos presentes en la sala.
En consecuencia, daría la palabra en primer lugar, si me lo solicita, a la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), doña Margarita Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Intervengo a los solos efectos de que conste en el «Diario de Sesiones» la presencia y el apoyo del Grupo Vasco a la tramitación de un estatuto de autonomía.
Es conocido por todos el apoyo y el criterio que mi grupo sigue respecto de los instrumentos básicos de autogobierno de todas y cada una de las comunidades autónomas, creyendo, como sostenemos siempre, que el principio dispositivo que rige en la Constitución española hace que cada comunidad autónoma deba tener aquel instrumento de autogobierno que sus órganos representativos han decidido.
Conocedores de que existe acuerdo entre los dos grupos mayoritarios de la Cámara en relación con las enmiendas presentadas, intervengo solamente para que conste --repito-- mi presencia en la Comisión y para anunciar que votaré favorablemente el texto resultante.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra doña Inés Sabanés.
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La señora SABANES NADAL: Señor presidente, el informe de la ponencia sobre la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, como no podía ser de otra manera, reitera el criterio unánime de la Asamblea de Madrid y de los grupos que tienen representación en ella, Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida, y que quedó expresado en la propuesta de reforma de autonomía del Estatuto de la Comunidad de Madrid.
En el trámite de la ponencia se han presentado unas enmiendas que tienen carácter técnico y que nuestro grupo ha entendido que en ningún caso modificaban el consenso básico de los propios representantes de la Asamblea de Madrid, pues han sido consensuadas por estos tres grupos en el seno del a ponencia.
El texto final viene a reconocer otra situación en lo que afecta al marco institucional y al marco competencial en la Comunidad de Madrid y nuestro grupo está convencido, como ya lo expresó en los debates de presentación de la propuesta por los parlamentarios de la Asamblea, de que los nuevos contenidos de que se va a dotar al Estatuto de Autonomía de Madrid deben incidir positivamente para dar solución a los no poco importantes problemas que en estos momentos tienen los ciudadanos y ciudadanas de nuestra Comunidad de Madrid.
Por tanto, desde el consenso básico expresado también en la ponencia y que respeta la voluntad de los tres grupos representados en la Asamblea de Madrid, nuestro grupo votará favorablemente el informe de la ponencia que se nos presenta hoy.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Alberdi.
La señora ALBERDI ALONSO: En la misma línea de consenso que se ha producido en el trabajo parlamentario en torno al Estatuto de Autonomía en la propia Asamblea autonómica y posteriormente en el Congreso de los Diputados, reconocemos esas enmiendas, consecuencia de ajustes técnicos, que no afectan a la voluntad política expresada por la Asamblea y que han sido consensuadas por todos los grupos.
La presente reforma es de una extraordinaria magnitud. Se equipara a la Comunidad Autónoma de Madrid --como ya se dijo en Pleno y por nuestros representantes autonómicos-- a las restantes del 151 de la Constitución.
Con esta ampliación de competencias de la Comunidad de Madrid se configura una Administración más eficaz, se refuerza el marco institucional de la comunidad, se destaca el papel de la Asamblea regional y, desde luego, se dignifica la figura de los diputados.
Por tanto, anuncio el voto positivo de este grupo parlamentario al informe de la ponencia.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bardisa.
El señor BARDISA JORDA: Señor presidente, reitero la postura del Grupo Parlamentario Popular, que es de consenso, como ya se ha indicado, con el resto de los grupos políticos que en su día efectuaron la propuesta de reforma del Estatuto de la Comunidad de Madrid.
Como muy bien se ha dicho por parte de la Presidencia, las enmiendas presentadas por los Grupos Socialista y Popular, y que en la ponencia fueron asumidas también por el grupo de Izquierda Unida, son de ajustes técnicos que no afectan para nada a la voluntad política expresada por los diputados de la Asamblea proponente. En ese sentido han ido las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, precisamente de adaptación a lo establecido en el artículo 149 de la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Judicial y con el objeto de dejar más claras las competencias estatales y las competencias autonómicas.
Quiero volver a resaltar la importancia de que este Estatuto haya salido consensuado de la Asamblea proponente. Así fue ratificado en la ponencia, lo será en la Comisión y esperamos que suceda lo mismo en el Pleno por los grupos políticos que componen la representación política y democrática de los ciudadanos madrileños.
Por último, he de resaltar la importancia de este Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, que busca fundamentalmente la eficacia de la Administración autonómica para poder gobernar a cinco millones de habitantes que componen la Comunidad Autónoma de Madrid. Y, en lo demás, por equiparar las competencias de dicha comunidad con el resto de las comunidades del artículo 151 de la Constitución. En ese sentido, creo que debemos ratificar lo que he dicho al principio, que es el consenso que ha existido entre los grupos políticos.
El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia, en razón del anuncio de la hora de votaciones --y agradeciendo la extraordinaria brevedad o economía en el uso de la palabra, pese al turno de cortejo o rituales de apareamiento a que se ha referido el señor Castellano (Risas.)--, debe precisarles que faltan diez minutos para la hora señalada para la celebración de las votaciones. Agradecería a los señores portavoces que recabasen la presencia de sus compañeros de grupo, así como que hicieran llegar a esta mesa, antes de las votaciones, la formalización de las sustituciones que se hayan producido entre las señoras diputadas y señores diputados miembros de la Comisión. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a reanudar la sesión, procediendo a las votaciones.
En primer lugar, vamos a votar, salvo que haya solicitudes de votación separada, conjuntamente las enmiendas 1 a la 15, del Grupo Federal de Izquierda Unida, a la proposición de ley reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación social sustitutoria.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 31.
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A continuación, pasamos a votar las enmiendas vivas números 16 y 19 del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Tiene la palabra la señora Del Campo.
La señora DEL CAMPO CASASUS: Señor presidente, votación separada de las enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, me lo había reclamado la señora Del Campo. Le ruego me disculpe.
Enmienda número 16 del Grupo Parlamentario Vasco.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 21; abstenciones, dos.
Enmiendas números 22 a 27, ambas inclusive.
La señora DEL CAMPO CASASUS: Entiendo que se ha votado tan sólo la enmienda número 16 del Grupo Vasco.
El señor PRESIDENTE: Tiene toda la razón la señora Del Campo.
Enmienda número 19 del Grupo Parlamentario Vasco.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 33; abstenciones, dos.
A continuación, votamos las enmiendas números 22 a 27, suscritas por doña Begoña Lasagabaster, del Grupo Parlamentario Mixto.
Se somete a votación el voto particular del Grupo Parlamentario Socialista que postula el mantenimiento del texto originario de la proposición de ley en el artículo 8.1.3.
Concluida la votación de las enmiendas, pasamos a la votación del articulado. Tenemos tal cúmulo de votaciones separadas, que va a ser preferible votar artículo por artículo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; en contra, dos.
Artículos 4 y 5.
Artículos 6 y 7.
Apartados 1, 2 y 3 del artículo 8, excepción hecha del párrafo 3 del artículo 8.1, que será objeto de votación separada, que es el que hace referencia a la duración máxima de la situación de disponibilidad.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en contra, dos.
Inciso correspondiente al párrafo 3 del artículo 8.1.
Artículos 9, 10, 11 y 12.
El señor BERMUDEZ ALONSO: Señor presidente, tan sólo una aclaración.
Deseo saber si en el artículo 10 que acabamos de votar se ha incluido la enmienda transaccional que ofrecí a la portavoz del Grupo Vasco y que ella aceptó.
El señor PRESIDENTE: Sí, señor Bermúdez. Como en el curso del debate ha sido leída en su literalidad esa incorporación que, reitero, consistía en añadir un párrafo que decía: Cuando las necesidades del servicio lo permitan, se procurará la compatibilidad de la prestación social con la realización de estudios, y esta incorporación con carácter de enmienda transaccional ha sido explícitamente asumida por la enmendante, señora Uría, hay que entender que la votación que ha versado sobre el artículo 10 integraba también esta adición.
Artículo 13 en su conjunto, con excepción de la letra c), que hace referencia a la vocalía nombrada por el Ministerio de Defensa en la constitución del consejo nacional de objeción de conciencia, cuya votación separada ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
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Ahora votamos la letra c) del artículo 13.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; en contra, dos.
El artículo 14 igualmente debe ser objeto de fragmentación en virtud de la petición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Vamos a votarlo en su conjunto con excepción de los apartados 2 y 4; es decir, apartados 1, 3, 5 y 6 del artículo 14.
Podemos votar, entiendo, señor Castellano, señora Sabanés, los apartados 2 y 4. (Asentimiento.) Artículo 14 apartados 2 y 4.
Artículos 16, 17, 18.
La señora DEL CAMPO CASASUS: Señor presidente, el Grupo Socialista pretende votación separada del artículo 16 por un lado y del 17 y 18 por otro.
El señor PRESIDENTE: Artículo 16.
Artículos 17 y 18.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, dos; abstenciones, 13.
Disposiciones adicionales --también se van a votar en dos bloques separados-- primera y tercera.
Disposiciones adicionales segunda y cuarta.
Disposiciones transitorias. En primer lugar, vamos a votar la disposición transitoria primera.
Votamos la disposición transitoria segunda.
Votamos las disposiciones derogatoria y final conjuntamente.
La señora DEL CAMPO CASASUS: Señor presidente, mi grupo quisiera solicitar, si es posible, en coherencia con su votación al articulado, la votación separada del tercer párrafo de la exposición de motivos, el que empieza: A tal fin, la presente ley...
El señor PRESIDENTE: Naturalmente que es posible, señora Del Campo.
Procedemos a votar, en primer término, el párrafo tercero de la exposición de motivos.
Resto de la exposición de motivos.
Votamos el título de la proposición de ley.
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida desearía que concluyera el título en la expresión «reguladora de la objeción de conciencia» y eliminar la referencia a la prestación social. Eso nos obliga a un fraccionamiento del título del proyecto. Obviamente ya no sería orgánica, sino reguladora de la objeción de conciencia.
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Expresión complementaria «y de la prestación social».
Con esta votación concluye el trabajo de dictamen de esta Comisión del proyecto de ley reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación social, que queda lista para el trámite de su votación final por el Pleno.
Pasamos a la votación de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.
¿Alguno de los grupos desea votación separada de alguno de los extremos de esta propuesta de reforma? (Pausa.) En consecuencia, procederemos a la votación, en primer término, de su articulado y, después, de su exposición de motivos.
Votamos el conjunto del articulado de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.
Votamos la exposición de motivos de dicha proposición.
Muchas gracias, señoras y señores comisionados. Han concluido los trabajos de esta sesión.