Source: https://www.scribd.com/doc/136770749/RELATO-GENERAL-ACUERDOS-COSA-JUZGADA-Y-EJECUCION-SANTIAGO-PEREIRA-CAMPOS-BsAsJunio2012-pdf
Timestamp: 2017-01-19 11:15:08
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Matched Legal Cases: ['artículo 26', 'artículo 88', 'de lege ferenda', 'artículo 61', 'artículo 15', 'artículo 17', 'artículo 21', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 53', 'Artículo 33', 'artículo 103', 'artículo 33', 'artículo 16', 'artículo 35', 'artículo 54', 'artículo 35', 'artículo 476', 'artículo 332', 'artículo 82', 'artículo 220', 'artículo 194', 'artículo 4', 'artículo 84', 'artículo 95', 'artículo 307', 'artículo 65', 'Artículo 34', 'artículo 54']

BrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksArticlesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinLOS RECAUDOS PARA APROBAR UN ACUERDO, LA COSA JUZGADAY LA LIQUIDACIÓN Y EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN LOS PROCESOS COLECTIVOS / CLASS ACTIONS EN AMÉRICA
SANTIAGO PEREIRA CAMPOS*
Profesor Titular de Derecho Procesal Profesor Titular de Litigación por Audiencias Facultad de Derecho - Universidad de Montevideo spereira@rap.com.uy
Con la colaboración de VIRGINIA BARREIRO*** y SANTIAGO LABAT**** I. LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES ENTRE EL CAOS Y EL LABERINTO Desde hace ya unos cuantos años, en diversos eventos académicos, la doctrina procesal trabaja en la difícil tarea de encontrar soluciones al fenómeno de los procesos colectivos. En Iberoamérica el Código Modelo de Procesos Colectivos es, sin lugar a dudas, el jalón más importante en este trabajo incesante. Prueba de estos esfuerzos de investigación es esta Conferencia donde procesalistas de todo el mundo nos reunimos en torno a los procesos colectivos/class actions como tema central, analizando las diversas aristas de tan complejo instituto jurídico. Mucho se ha avanzado en los últimos años. Sin embargo, en varios países de América, existe todavía nula o escasa regulación y poca información y jurisprudencia sobre procesos colectivos, siendo aún una temática de especialistas, difícil de transmitir a juristas de otras disciplinas, a legisladores, administradores y a la sociedad civil. Como se señala en la Exposición de Motivos del Código Modelo de Proceso Colectivos: “la situación de la defensa de los derechos transindividuales en Iberoamérica, es insuficiente y heterogénea, por no decir caótica. Y también se percibe que diversos países están sintiendo la necesidad de legislar sobre la materia”.
Relato general por América a la “I Conferencia Internacional de la Asociación Internacional de Derecho Procesal y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y XXIII Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal, Coloquio de la Asociación Internacional de Derecho Procesal ”, celebrado en Buenos Aires, Argentina, del 6 al 9 de junio de 2012.
** Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y de la Asociación Internacional de Derecho
Procesal. Integra el Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA-OEA). Profesor de Derecho Procesal del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay (CEJU – Poder Judicial uruguayo). Profesor Titular del Postgrado en Derecho Procesal Aplicado de la Universidad de Montevideo. Socio de RUEDA ABADI PEREIRA. Investigador Activo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). Consultor de PNUD, ONUDI, BID, FOMIN, CEJA y del Instituto del BANCO MUNDIAL. Las opiniones del relator general son formuladas a título personal y no comprometen a las instituciones que integra. spereira@rap.com.uy.
*** Docente de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo. **** Docente de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo y en la
Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal.
En los países con regulación más específica y mayor experiencia sobre procesos colectivos/class actions (Brasil, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Argentina), los sistemas son objeto de defensa cerrada de parte de unos y críticas feroces de parte de otros. A ello se suman grandes intereses económicos en pugna y el riesgo de la utilización con propósitos espurios de estos procesos, que podrían transformarse, para las voces apocalípticas que nunca faltan, en un monstruo ingobernable1. Se nos plantea entonces el apasionante desafío de encontrar soluciones para la Justicia Colectiva, que sean adecuadas a la realidad social y al sistema jurídico de cada uno de los países de América. Es que, a pesar de todos los esfuerzos, como lo ha señalado OTEIZA2, hay un creciente grado de incertidumbre sobre cuáles son las mejores estrategias de política pública para regular los procesos colectivos3. Entre el caos4, la indiferencia, la falta de soluciones y/o los intrincados laberintos5 creados por el legislador y/o por la jurisprudencia, muchos de los países de América requieren de nuestro esfuerzo. Nuestra tarea, más que explicar los sistemas, es esencialmente encontrar la forma de dar las soluciones más simples posibles a un tema por demás complejo. Ello, en el convencimiento de que los procesos colectivos son necesarios y es por ende imprescindible un mecanismo adecuado que efectivice los derechos sustanciales colectivos, permitiendo hacer justicia. Como enseñan MORELLO y CAFFERATTA6, no hay problema que no deba ser captado en sus diversos pliegues y dificultades desde tres dimensiones: la constitucional, la social y la internacional7, de
1 En Estados Unidos, las class actions tienen defensores pero también fervientes críticos que llegan a hablar
de la “holy war against class actions” e incluso se las ha denominaado el monstruo Frankestein (Ver el ya famoso trabajo de MILLER “Of Frankestein monster and shining knights: m yth, reality and the class action problem”, 92 Harvard Law Review, 1979). PÉREZ RAGONE señala que los excesos y el empleo errado del instituto procesal en EEUU deben ser tenidos en cuenta al momento de definir un modelo de procesos colectivos para Iberoamérica. Indica que la visión negativa de las acciones de clase parte de consideraciones no sólo empíricas, sino también dogmáticas y jurisprudenciales dentro del propio sistema procesal norteamericano y las feroces críticas a los procesos de acciones de clase (PÉREZ RAGONE, A., “¿Necesitamos los procesos colectivos?”, Procesos Colectivos, con OTEIZA, E., Santa Fé, 2006, pp. 81 y 135).
2 OTEIZA, E., “Prologo” a VERBIC, F., Procesos Colectivos, Buenos Aires, 2007, p. VII. 3 PÉREZ RAGONE, por su parte, señala que la temática de los procesos colectivos está imbuida de una
infinidad de mitos y falacias que parten ya de erróneas premisas procesales y prejuicios, ya de la mezcla argumental entre puntos de vista de derechos sustancial-formal y moral (PÉREZ RAGONE, “¿Necesitamos los procesos colectivos?”, cit., p. 80).
4 Escribió Ernesto SÁBATO en Abaddón el Exterminador: “Estaba tan cómodo en el caos que lo explicó, en
lugar de solucionarlo”. Con esta cita literaria tan acertada se inicia el libro de VERBIC, Procesos Colectivos, cit., p. V.
5 Dijo Jorge Luis BORGES en una entrevista: “En el laberinto hay algo muy curioso, porque la idea de
perderse no es rara, pero la idea de un edificio construido para que la gente se pierda, es una idea rara. La idea de construir un edificio de una arquitectura cuyo fin sea que se pierda la gente o que se pierda el lector, es una idea rara, por eso sigo siempre volviendo al laberinto”.
6 MORELLO, A. y CAFFERATTA, N., Visión procesal de cuestiones ambientales, Santa Fe, 2004, p. 10. 7 La dimensión internacional del problema en América tiene su ejemplo paradigmático en el polémico caso
Chevron en Ecuador. En lo que constituye una de las condenas más grandes del mundo por daños
manera sistémica y finalista, procurando que las respuestas valiosas, oportunas y acordes con la paz social y la justicia, superen los “tests” de validez y eficacia para plasmar soluciones de resultados efectivos. Nuestro relato general pretende, desde esa perspectiva, analizar tres temas: los recaudos para aprobar un acuerdo, la cosa juzgada y la liquidación y ejecución de sentencia en los procesos colectivos/class actions en América. Dada la complejidad de los tres temas y las comprensibles limitantes de extensión impuestas al relato, nos limitaremos a dar un panorama de la situación sobre los tres temas en América y proponer algunas líneas de solución para los principales problemas planteados. Este informe hubiera sido imposible sin el valioso aporte de los relatores nacionales, con quienes tenemos una enorme deuda de gratitud8. Desde ya asumimos la responsabilidad por los errores que podamos cometer al resumir, simplificar y/o traducir, en su caso, los relatos nacionales. Nos queda la tranquilidad de que el lector podrá consultar directamente los propios relatos nacionales que también se publican. II. ESTADO DE AMÉRICA
LA LEGISLACIÓN SOBRE PROCESOS COLECTIVOS/CLASS ACTIONS EN
El estado de la legislación en materia de procesos colectivos, de acuerdo a lo que surge de los relatos nacionales relevados, es muy disímil en los países de América. Mientras que ha tenido un avance significativo en algunos países (sin perjuicio de existir grandes diferencias entre ellos, tanto respecto al grado de ese avance como a las soluciones implementadas), en otros no existen previsiones legales respecto de los procesos
ambientales, el juicio contra Chevron comenzó en 1993 cuando 88 ecuatorianos presentaron ante una corte federal de Texas una demanda por daño ambiental. En 1994, el mismo grupo presentó una demanda ante tribunales de Nueva York. Ambas cortes desecharon la demanda entendiendo que debía litigarse en Ecuador. Finalmente el caso recayó en la corte de la provincia de Sucumbíos, que tardó 18 años en dictar la sentencia y a inicios de 2012 fijó en 18 mil millones de dólares el monto que debe pagar Chevron para resarcir los daños ambientales, humanos y comunitarios causados en la amazonia norte ecuatoriana durante las operaciones de extracción de crudo de Texaco entre 1972 y 1990 por derramar toneladas de desechos tóxicos en la selva, lo que provocó enfermedades a los pueblos indígenas (Chevron compró a Texaco en 2001 y asumió sus obligaciones). Un nuevo fallo de esa Corte ecuatoriana, del 1/3/2012 ratificó la sentencia y el monto que debía pagar Chevron, mientras la Corte de Arbitraje de La Haya, pocos días después, requirió a Ecuador evitar la ejecución de ese fallo aduciendo que viola tratados de protección de inversiones suscritos entre Ecuador y Estados Unidos. La Corte Provincial de Sucumbíos no acogió el pedido de la Corte de La Haya. Los actores anunciaron que intentarán cobrar la sentencia con activos que la compañía posee en Panamá y Venezuela ya que Chevron tiene muy pocos activos en Ecuador. Chevron por su parte ha dicho que irá a cualquier tribunal, en cualquier país del mundo para luchar contra lo que calificó de fraude, conductas ilícitas y poco éticas de los demandantes. El caso se complejizó aún más por la destitución en febrero de 2012 de dos de los jueces ecuatorianos que participaron en la redacción del fallo. Fue cursada solicitud de relato nacional a todos los países de América que tienen miembros activos en el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Los países relevados especialmente en este relato general son aquellos de los cuales se recibió el relato nacional o, en su defecto, colaboración de algún experto en esa legislación. Los relatores nacionales son los siguientes: ARGENTINA: Roberto M. PAGÉS y Jorge A. ROJAS; BOLIVIA: Primitivo GUTIÉRREZ; BRASIL: Sergio Cruz ARENHART; CANADÁ: Janet WALKER; COLOMBIA: Juan Carlos GUAYACÁN; CHILE: José Pedro SILVA y Maite AGUIRREZABAL; ECUADOR: Juan FALCONI; GUATEMALA: Mauro Roderico CHACÓN; PARAGUAY: Pablo VILLALBA; PERÚ: Adrián SIMONS; URUGUAY: Luis M. SIMÓN; VENEZUELA: Rodrigo RIVERA. También agradecemos a Antonio GIDI por sus aportes respecto del sistema de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA y a Alfredo TAULLARD por sus informaciones.
colectivos. Como ha señalado PELLEGRINI GRINOVER9, en relación a los países del civil law, el estado de los procesos colectivos si bien aún no alcanzó el estado de madurez de las class actions norteamericanas, la tendencia es que cada vez más países crean verdaderos sistemas de procesos colectivos. A efectos de graficar la situación, clasificamos los países relevados en tres categorías: a) aquellos que no poseen regulación procesal sobre procesos colectivos/class actions, b) aquellos que poseen regulación procesal genérica o fragmentada (generalmente vinculada a la materia de relaciones de consumo y/o protección del medio ambiente, o alguna previsión general escueta sobre procesos colectivos en la codificación procesal) y, c) aquellos que poseen una regulación procesal específica y más integral para los procesos colectivos.
Regulación legal de los procesos colectivos/class actions en América
País Argentina Brasil Bolivia Canadá Chile Colombia Ecuador EUA Guatemala Paraguay Perú Uruguay 10 Venezuela Ausencia de regulación Regulación fragmentada o genérica X Regulación específica integral X X X X X X X X X X X X
Del Cuadro surge que varios países de América poseen regulación sobre procesos colectivos/class actions, y que en la mayoría de ellos es muy incompleta o se prevé para cierta clase de procesos colectivos en particular (medioambiente o consumidor, por ejemplo), careciendo de una regulación de carácter específico integral aplicable a todos los procesos colectivos. En doctrina, el debate sobre si debe legislarse y cómo legislar sobre procesos colectivos/class actions, es complejo. En efecto, aunque existen importantes voces que reclaman la aprobación de legislación en la materia en aquellos países que no la poseen12 9 PELLEGRINI GRINOVER, A., Novas tendências em matéria de legitimação e coisa julgada nas ações coletivas -
Civil Law, Relato general al XIII Congreso Mundial de Derecho Procesal, Salvador, Bahia, 2007. El caso de VENEZUELA requiere especial destaque porque si bien no tiene regulación legal sobre los derechos colectivos y difusos -sin perjuicio de existir previsiones constitucionales al respecto (art. 26 y concordantes)- por vía jurisprudencial, la Sala Constitucional, se ha subrogado la competencia para conocer de las acciones por intereses colectivos y difusos, hasta tanto la legislación adjetiva que se desarrolle en esa materia sea dictada y, provisionalmente, con carácter vinculante, ha fijado los procedimientos mediante los cuales se pueden tutelar dichos intereses (en desarrollo de la garantía prevista en el artículo 26 de la Constitución) y estableció el carácter “erga omnes“ de los fallos que resolvieran dichas cuestiones.
Este cuadro se realiza a los solos efectos de simplificar la exposición, debiendo señalarse que el criterio adoptado no siempre refleja acabadamente la realidad toda del país. Ello ocurre de manera especial en aquellos países que poseen un sistema federal.
12En Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallo de 2009 ha recomendado de especial
manera al Congreso, la aprobación de un texto legal que recoja y regule adecuadamente estos procesos (Caso “Halabi” de fecha 24/2/2009).
posición a la que se pliega este relator. PEREIRA CAMPOS.o los sistemas de derecho comparado más avanzados. Revista Uruguaya de Derecho Procesal N° 2/2000.
13 A los procesos colectivos en Uruguay nos hemos referido en anteriores trabajos. Sin embargo se percibe que algo más se puede hacer para que despliegue su influencia. 2007 y Revista Uruguaya de Derecho Procesal Nº 1/2007.no siempre la exhaustiva regulación en si misma representa una solución a la problemática identificada. “Intereses difusos y efectos de la cosa juzgada”. Las razones para ello de alguna manera están explicadas en las conclusiones de los informes recibidos de Uruguay. consideramos que la regulación sobre procesos colectivos y. “Intereses difusos y colectivos en Uruguay: marco conceptual.
16 PÉREZ RAGONE habla de “trasplante legal responsable”: “el trasplante de institutos de sistemas jurídicos
de un sistema a otro demuestra que pueden afinarse las virtudes. 2008). comentario al art.. p. V.. es necesaria pero debe realizarse de manera extremadamente cuidadosa. 137). cit. 220. S. S. pues bien sabemos lo difícil que es llegar a promulgar un código desde nuestros poderes legislativos” (RAMIREZ. 174 y 175). abogados. específicamente sobre los tres temas de que trata nuestro informe. a ser adaptado a las peculiaridades locales. cit. Procesos Colectivos... Revista Uruguaya de Derecho Procesal 2/2005. Colombia y Argentina. Código General del Proceso . SIMON.. legitimación y efectos de la cosa juzgada”. F. KLETT. y GARDERES. S. porque la forma de implementar la Justicia Colectiva está esencialmente vinculada con las características de cada país 13.Anteproyecto de Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica”. M. pudiendo constituirse incluso en un problema más. Montevideo. 2002 y Revista Uruguaya de Derecho Procesal Nº 1/2002. Lima 2008. PEREIRA CAMPOS.. 284). Enrique Vescovi . Las soluciones estandarizadas en Códigos –como es el Código Modelo14. “Representación de intereses difusos y defensa del medio ambiente”. al mismo tiempo. Está demostrado además que el trasplante automático de soluciones legislativas de un país a otro suele fracasar..
. Revista Uruguaya de Derecho Procesal 2/2003.. como indican los propios relatores nacionales en algunos de los sistemas en los que estos marcos legislativos ya existen. S.. Montevideo. 2004 y Revista Uruguaya de Derecho Procesal Nº 3/2003.
14 El estado de situación de la influencia del Código Modelo de Procesos Colectivos en las legislaciones
internas fue tratado en las XXI Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal (Lima. un modelo plenamente operativo”. El Derecho depende de cómo una sociedad determinada observa las cosas y qué cosas importan. debiendo siempre pasarse por el tamiz de la realidad16. N. p. “Nuevas tendencias en materia de legitimación y cosa juzgada en los procesos colectivos”.Comentado. S. VESCOVI. S. que serán tomadas en consideración en la actividad legislativa de cada país. pp. S. “El Código Modelo de Procesos Colectivos y su influencia en Iberoamérica”. Roma. Bah ía. Y esto varía. L. El Derecho es un oficio de lugar. En virtud ello y conforme los relatos nacionales. de los que surgen
nuestras opiniones y a los cuales nos remitimos: PEREIRA CAMPOS. Derecho Procesal... Anotado y Concordado. Toyota contrató ingenieros y Ford. “¿Necesitamos los procesos colectivos?”. y PEREIRA CAMPOS. “Aspectos preliminares sobre la tute la jurisdiccional de los derechos difusos. Siempre se trata de extraer inducciones y leyes generales de y para situaciones locales. DE HEGEDUS. “Tutela de los intereses colectivos y difusos en Uruguay”. tomo 6. pese a esa importancia (el Código Modelo) no haya recibido el impulso que merece para tener vigencia entre nuestros países. y GARDERES S. CARDINAL. “Los procesos colectivos . TRIONFETTI ha dicho: “La tutela jurisdiccional de los derechos colectivos no puede hacerse en el vacío sino sobre un tipo determinado de sistema judicial….. Frente al tema de la polución que generan los automóviles. pero debe ser. colectivos y homogéneos”. LANDONI. E. S. Las perspectivas cambian según las culturas” (TRIONFETTI. Dr... En este sentido. evitarse los errores y obtenerse un resultado menos defectuoso del ‘sistema madre’” (PÉREZ RAGONE. 2000.. Es probable que haber denominado Código a la propuesta pueda constituir un impedimento formal. Estudios de Derecho Procesal en homenaje al Prof. Roma. son sin lugar a dudas un punto esencial de partida pero no necesariamente cubren todas las necesidades propias de cada nación 15. 2000. S. PEREIRA CAMPOS. PEREIRA CAMPOS. A... PEREIRA CAMPOS. S. y PEREIRA CAMPOS. Indicó el relator general RAMÍREZ: “Es anecdótico constatar que.. “Intereses difusos y defensa del medio ambiente (Inhibición o interdicción a ANCAP de producir y poner en el mercado gasolinas con plomo)”. Se señala en la Exposición de Motivos del Código Modelo de Procesos Colectivos: “El Código – como su propia denominación dice– debe ser tan sólo un modelo.
Las previsiones sobre acuerdos colectivos en el Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica Si bien en el Código Modelo no se regulan específicamente los acuerdos colectivos.
COLECTIVOS/CLASS ACTIONS EN AMÉRICA
1. ¿son aplicables las normas clásicas que asimilan el efecto de la transacción aprobada judicialmente al de la cosa juzgada? Los efectos del acuerdo colectivo aprobado ¿se extienden a todos los miembros de la clase o grupo? h) ¿Cómo se solucionan los eventuales conflictos de interés entre los propios miembros de la clase y/o entre abogados y/o entre el abogado de la clase y la propia clase? 2. en el parágrafo 1º del mismo artículo. en el art. ¿qué recaudos debieran exigirse para la aprobación judicial? d) ¿Cómo se realiza la publicidad de los acuerdos? e) ¿El contenido del acuerdo puede alcanzar a aquellos que no participaron en él pero que pertenecen a la clase o grupo que lo suscribió? f) ¿Qué sistema se adopta para permitir que miembros de la clase se incluyan o se excluyan del acuerdo? g) En caso de no existir regulación sobre acuerdos colectivos. 11. al cometerle al Juez tentar la conciliación e incluso a sugerir otras formas adecuadas de solución del conflicto como la mediación. Al referirse a la evaluación neutral del tercero. Vuelve a admitirse la posibilidad de un acuerdo conciliatorio. la que constituirá título ejecutivo
17 En efecto. al establecerse que a la audiencia comparecerán las partes o sus procuradores. En lo que refiere a la aprobación de un acuerdo conciliatorio se prevé en el parágrafo 4º que será homologado por sentencia.
. desde que su finalidad es orientarlas en la tentativa de composición amigable del conflicto. el Código Modelo establece que su resultado no es vinculante para las partes. quienes deberán estar habilitados para transigir.III. el arbitraje y la evaluación neutral del conflicto. Planteo de la cuestión Los acuerdos en materia de procesos colectivos plantean interesantes cuestiones. El Par. se
admite implícitamente la posibilidad de conciliar. al establecer las actividades que se desarrollan en la audiencia preliminar. de varias de sus disposiciones surge la posibilidad de que las partes arriben a un acuerdo conciliatorio17. o en el riesgo de fraude o colusión procesal entre las partes intervinientes para perjudicar al grupo. La trascendencia del tema se pone de manifiesto a poco que pensemos en la posibilidad de que un acuerdo colectivo pueda estar viciado en su consentimiento. Frente a ello. son varias las cuestiones a resolver: a) ¿Es procedente la realización de acuerdos en materia de procesos colectivos/class actions? ¿Es aconsejable optar por un sistema que admita la disponibilidad de estos derechos colectivos mediante transacción o conciliación o tal posibilidad debiera estar vedada por la legislación? b) De admitirse. ¿cuál debe ser el alcance/límites de los acuerdos colectivos? c) ¿Es necesaria la intervención del Juez para dotar al acuerdo de eficacia? En caso afirmativo. 3º del art. 11 dispone: “preservada la indisponibilidad del bien jurídico colectivo. las partes podrán transigir sobre el modo de cumplimiento de la obligación”. o que quien actúa en representación de los derechos colectivos o difusos no cuente con la representación adecuada.
” Agrega luego: “Mientras no exista una norma reglamentando un procedimiento para evaluar la adecuación de los acuerdos en Brasil y en el Código Modelo. ni al rol que deberá desempeñar el juez al momento de su intervención. incluso el autor de este artículo. pp. La regulación de los acuerdos colectivos en los países de América Varios ordenamientos americanos carecen de una regulación puntual sobre acuerdos colectivos y. 418 y 419). En definitiva. no se incorporaron disposiciones relativas a los requisitos para la celebración del acuerdo..
19 Expresa GIDI: “La mayoría de los juristas brasileños. niega que los
representantes en las acciones colectivas brasileñas (o en el Código Modelo) tengan amplios poderes para negociar acuerdos colectivos con la contraparte del grupo. La Tutela de los Derechos Difusos. tal como sucede en el derecho norteamericano.judicial18. en algunos que cuentan con disposiciones referidas a los mismos. ni a los efectos que un acuerdo de esta naturaleza puede tener sobre las personas que no estuvieron presentes a la hora de su celebración pero que ingresan en la clase o pertenecen al grupo de sujetos que sí lo hicieron.
Regulación legal de los acuerdos colectivos en América
País Argentina Brasil Bolivia Canadá Chile Colombia Ecuador EUA Guatemala Paraguay Perú Uruguay Venezuela Ausencia de regulación Previsión específica X X X X X X X X X X X X
18 La distinción entre juicio ejecutivo y juicio de ejecución. el Código Modelo ha optado por la indisponibilidad del bien jurídico colectivo. que tendrán eficacia de título ejecutivo extrajudicial”. 3o 5º del Código Modelo. se cuestiona su alcance. lo que determina que los acuerdos colectivos se limitan fundamentalmente a compromisos de ajuste de la conducta del condenado19. “Notas críticas al anteproyecto de Código Modelo de Procesos Colectivos del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal”. y entre título ejecutivo y título de ejecución. Los órganos públicos sólo pueden hacer concesiones limitadas sobre la forma como el demandado cumplirá o “ajustará” su conducta a la ley. la concepción de un efecto vinculante a cualquier acuerdo en una acción colectiva sería una solución extremadamente peligrosa en Iberoamérica y de nefastas consecuencias” (GIDI. Sin la existencia de controles adecuados. respecto de aquellos sujetos que pertenecen a la clase o grupo pero que no comparecen a celebrar el acuerdo. México 2003. Colectivos e Individuales Homogéneos. El propio Código Modelo prescribe que “el bien jurídico colectivo” es indisponible. suele
ser confusa en los distintos países de Iberoamérica. 3. la práctica de realizar nuevos acuerdos no deberá ser permitida y el “compromiso de ajuste de conducta”.
. El art. 3º. Par. 5º prevé que el “Ministerio Público y los órganos públicos legitimados podrán requerir de los interesados el compromiso administrativo de ajuste de su conducta a las exigencias legales. No obstante estas referencias del Código Modelo al acuerdo conciliatorio. A. deberá ser la única posibilidad. mediante conminaciones. previsto en el art. Ello tiene íntima relación con los efectos (alcance) que el acuerdo puede tener.
pp. según informan los relatores nacionales PAGÉS y ROJAS. ya que el tercero usuario o consumidor que pretenda amparo en la sentencia obtenida en el proceso homologatorio del cual no participó.
El relator brasileño explica el punto: “La ley brasileña no trata propiamente al acuerdo sobre las acciones colectivas. La ausencia o escasez de regulación sobre los acuerdos colectivos en algunos países no responde necesariamente a una falta de consideración del tema por parte del legislador. Justicia Colectiva. En ARGENTINA. es escasa la regulación sobre este punto. debe tener condiciones similares que aquellos quienes hayan participado y no debe haber manifestado con anterioridad a la sentencia – en los términos y condiciones que el juez disponga – su voluntad de exclusión del acuerdo arribado. Dicen los relatores argentinos: “…el art. Esta solución legal adoptada a nivel nacional. aunque no existe una ley específica general sobre procesos colectivos20. al menos para los legitimados para la acción colectiva. 281-282. La sentencia que haga lugar a la pretensión hará cosa juzgada para el demandado y para todos los consumidores o usuarios que se encuentren en similares condiciones. Y no lo hace por una razón: se supone para la doctrina mayoritaria que son indisponibles en forma generalizada los intereses metaindividuales y. ha sido incorporada por la legislación interna de algunas provincias (entre otras. salvo que éste sea el propio actor de la acción de incidencia colectiva. con el objeto de que se expida respecto de la adecuada consideración de los intereses de los consumidores o usuarios afectados. Tal pareciera ser el caso de BRASIL.De los relatos nacionales analizados se desprende que. deberá correrse vista previa al Ministerio Público Fiscal. Chubut y Santa Cruz).. Revista Internauta de Práctica Jurídica. Colombia. En cuanto a la eficacia de la sentencia homologatoria. Por ello se admite un cierto margen de “discrecionalidad” en la estipulación de la “forma” y del “plazo” para la satisfacción de los derechos difusos. en general. San Luis. Canadá. se disciplina la
20 Señala DE LOS SANTOS que no existe en Argentina una regulación procesal general para este tipo de
procesos que contemple de modo eficaz sus relevantes particularidades (DE LOS SANTOS. La homologación requerirá de auto fundado. Ante la imposibilidad de disposición sobre estos derechos. Chile y Estados Unidos de América. M. Todavía. El acuerdo deberá dejar a salvo la posibilidad de que los consumidores o usuarios individuales que así lo deseen puedan apartarse de la solución general adoptada para el caso. admitiéndose en algunos casos los acuerdos con alcance muy limitado y en otros con amplio alcance. si no puede el legitimado colectivo transigir sobre el contenido del
. El mecanismo de homologación del acuerdo por auto judicial fundado22. tal como lo ilustra el relator nacional ARENHART23. colectivos e individuales homogéneos.. con la salvedad de que el mismo sea el promotor de la incidencia colectiva). consiste en un proceso sumario con preceptiva intervención del Ministerio Público. excepto de aquellos que manifiesten su voluntad en contrario previo a la sentencia en los términos y condiciones que el magistrado disponga”. 54 de la ley de defensa del consumidor 24. dispone que “para arribar a un acuerdo conciliatorio o transacción. 2006). Vale decir que. R. “Algunas pautas para la regulación normativa de los procesos colectivos”. la ley argentina parece relativizar la fuerza de la cosa juzgada en la especie. colectivos e individuales homogéneos.240 con su últim a modificación por la ley 26. existe legislación especial relativa a consumidores21. pudiendo destacarse previsión específica en Argentina. 2010.361. Brasil. esta valla a la transacción (respecto del contenido del derecho) comporta ciertas peculiaridades. Buenos Aires. En efecto. los intereses individuales de masa. sino a la problemática referente a la posibilidad de disponer sobre los derechos o intereses difusos. en algunos casos la falta de específica previsión legal responde a una posición de principio o “policy” del Estado al respecto. LORENZETTI. con el objeto de que se expida respecto de la adecuada consideración de los intereses de los consumidores o usuarios afectados (naturalmente.
492/92. Los demandados prefieren llegar a un acuerdo respecto de la creación de un fondo que les asegure saber cuánto dinero está comprometido. Por su parte.
24 Art. 5º. que implica incluir en el acuerdo un tope máximo. Se han presentado dificultades para los jueces en el manejo de estas audiencias de aprobación de acuerdos. pueden ser suspendidos o abandonados con la aprobación del juez en los términos que éste considere apropiados. denominada “ratcheting down”. num. Las negociaciones incluyen. La determinación del monto que integre el fondo puede resultar complejo y requerir evidencia por muestra o estadística. acordar respecto del plazo para el cumplimiento de determinadas obligaciones o sobre la forma de satisfacer el derecho“ (traducción libre del relator general). si dicha notificación debe incluir un detalle de la forma en que se conducirá el proceso. Esta clase de compromisos puede ser utilizado exclusivamente por entidades de “derecho público” que se encuentran legitimadas para el ejercicio de la acción civil pública. el análisis del honorario del abogado de la clase. bien la reparación del daño. instrumento mediante el cual se estipula un plazo y determinadas condiciones para que el eventual infractor adecue su conducta a las previsiones legales en materia de defensa de estos intereses. por ejemplo. basada en la Federal Rule 23 de los Estados Unidos. o un mecanismo mediante el cual individualmente se presenten los reclamos. y no pueden ser aplicados en lo que tenga relación con actos de deshonestidad administrativa24. por razones tales como el interés económico del abogado de la clase. la corte debe considerar si se debe notificar a los miembros de la clase. con ciertos límites. Estas
derecho en sí. La legislación prevé que los procesos que hayan sido certificados como procesos colectivos o de clase. En Canadá los procesos colectivos suelen resolverse antes del litigio. una declaración sobre el resultado del proceso y la descripción acerca del plan de distribución de los fondos producto del acuerdo (traducción libre del relator general). El interés del abogado de la clase puede entrar en conflicto con el interés de la clase26.figura del “compromiso de ajustamiento de conducta”. implicará que se prorrateen los montos adjudicados individualmente. únicamente después de ser aprobados por el juez25. Los abogados de la clase y del demandado deben solicitar conjuntamente la aprobación judicial del acuerdo (“fairness hearing”). ya que les permite conocer la cantidad de dinero que recibirá cada uno de ellos. 7. En CANADÁ informa la relatora nacional WALKER que existe regulación de los procesos de clase en las reglas de la Corte Federal y en la legislación de las provincias. la relatora nacional informa que generalmente tendrá como fin la creación de un fondo del cual los demandantes podrán cobrarse una indemnización. quien podría estar tentado de poner en riesgo el recupero para la clase a fin de conseguir que se le asegure un mejor
. 1º de la Ley 8. Los acuerdos colectivos son ampliamente admitidos. puede. 25 Señala la relatora canadiense que a los efectos de determinar la procedencia de la certificación de un
proceso colectivo y sus condiciones. bien la prevención del conflicto. Como esta solución puede ser desventajosa para el demandado por la incertidumbre que se crea respecto del límite de su responsabilidad. Los acuerdos son obligatorios para todos los miembros de la clase.347/85 y art. los demandantes también suelen preferir un acuerdo. 6º de la Ley N. 17 num. que está fuera de toda proporción en comparación con el del abogado de un miembro de la clase actuando individualmente. teniendo un rol preponderante el tribunal en su aprobación. Así. se plantea la alternativa. que en caso de ser excedido. En cuanto al contenido del acuerdo. destaca que este tipo de instrumentos no permite la disposición del derecho en cuestión sino que únicamente tiene por finalidad.
podría estar bajo presión de aceptar un acuerdo por un monto menor que el que se podría conseguir si siguiera negociando o siguiera el proceso. Cuando la certificación de la clase y la aprobación del acuerdo son solicitados al mismo tiempo. La relatora refiere al fenómeno conocido como “reverse auction” que implica que el abogado del demandado elija al abogado de la clase que conoce que aceptará la oferta más baja. el juez debe determinar si el representante de la clase podrá representarla de manera justa y adecuada. analizando el plan de litigio y. Existen otras dificultades con esta audiencia (“fairness hearing”) porque los jueces del common law prácticamente no tienen experiencia en audiencias sin confrontación de partes28. hacen que sea muy difícil asegurar que el acuerdo propuesto sea justo para la clase.
honorario. en la medida que el abogado de la clase normalmente es quien asume el costo y riesgo del financiamiento del litigio con un acuerdo de honorario condicional. Así. Sean cual fueren los conflictos de interés que afecten el compromiso del abogado de la clase de obtener el mejor resultado para la clase. a fin de obtener la aprobación judicial para circularlo entre miembros de la clase potenciales y en una segunda oportunidad en una audiencia a la que los demandantes potenciales puedan asistir y manifestar sus objeciones. esto requiere una particular vigilancia por parte del tribunal. presentando argumentos que. de lo contrario. es la posibilidad de que existan diferencias en los
intereses de los miembros de la propia clase. Por ende tiene pocas oportunidades de ganar experiencia desarrollando sus propios interrogatorios y perfeccionando sus habilidades de cuestionar testigos para poner a prueba la evidencia durante la audiencia. Además. podrían no ser considerados por éste (traducción libre del relator general). a lo que se suma la difícil posición en que se coloca al juez al tener que analizar las motivaciones del abogado en la celebración del acuerdo. organizaciones de consumidores y otras organizaciones públicas preocupadas con el bienestar de grupos como aquellos que probablemente se encuentren en la clase involucrada en dicho proceso colectivo. a veces es necesario presentar el acuerdo propuesto al tribunal dos veces. que pueden surgir en el curso de las negociaciones.
Señala WALKER que los miembros de clase potenciales que sean notificados del acuerdo propuesto tendrán la oportunidad de presentar sus objeciones por escrito o en la audiencia. sumadas a la difícil cuantificación de las concesiones hechas en el acuerdo. El abogado de la clase podría estar tentado de pasar por alto los beneficios de ciertos miembros de la clase. las circunstancias descriptas.
27 Otro dificultad que señala la relatora canadiense. puede requerir que el abogado vuelva con una nueva propuesta para su consideración. en caso de que el mismo le genere dudas. a fin de evitar largas esperas.
. A los efectos de asegurar que la “fairness hearing” cumpla su propósito. a fin de obtener un acuerdo para la clase como un todo. por tanto evaluando el asesoramiento legal de la clase. Si bien el juez no tiene la posibilidad de volver a redactar el acuerdo. en una primera oportunidad. También pueden oponerse los abogados que hubiesen querido actuar como abogados del proceso colectivo.dificultades pueden ser atenuadas a través de la participación del tribunal en la certificación del reclamo. Estos eventuales opositores al acuerdo pueden ayudar al tribunal a determinar si el acuerdo es justo y adecuado29. Para la relatora canadiense. Ello sólo podrá ser evitado por el tribunal actuando con máxima diligencia en el análisis. el problema se agrava por el hecho de que los miembros de la clase suelen estar menos involucrados y tener menos información de la negociación que aquella con la que cuenta el abogado (traducción libre del relator general). así como la probabilidad de que el abogado acepte una oferta desventajosa de acuerdo debido a las dificultades económicas por prolongadas negociaciones27. El rol tradicional de Juez en el “common law” es observar la evidencia presentada por los abogados que intentan persuadirlo a favor de su cliente y oír los argumentos de ellos a fin de determinar el mejor resultado. Estos opositores podrían estar más familiarizados que el juez con los varios temas y opciones a tener en cuenta.
También puede suceder que el abogado de la clase fije un porcentaje del acuerdo. Sin perjuicio de ello. Los honorarios del abogado de la clase constituyen un tema de relevancia en los acuerdos. deduciendo los costos de notificación. con el compromiso respaldado por sus firmas de llevar a cabo las medidas convenidas y con el seguimiento de un comité o de un auditor para apoyar al Juez en la búsqueda del cumplimiento de los acuerdos plasmados en la sentencia. la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público (si la Defensoría fuera la promotora de la convocatoria a audiencia). presencia de buena fe y la ausencia de colusión. Los honorarios de los abogados30 serán aprobados en la misma audiencia que el acuerdo. mediante las cuales se protegen los intereses colectivos (aquellos compartidos indivisiblemente por un numero plural de personas) y. mientras que en otros casos el monto solicitado se basará en el tiempo que le dedicó al proceso multiplicado por un número que refleje el riesgo del asunto y el resultado obtenido. las acciones de grupo que son las acciones indemnizatorias para reclamar colectivamente perjuicios derivados de una causa uniforme (lo que el Código Modelo y el Código Brasileño del Consumidor denominan los intereses individuales homogéneos). la Ley 472 de 1998 reglamentando el artículo 88 de la Constitución Política regula dos
procedimientos:. En esta audiencia las partes pueden establecer formas tendientes a la protección del interés colectivo y restablecerse las cosas al estado anterior. el tribunal no tiene como función sustituir la voluntad de las partes que arribaron al acuerdo. ello es complejo porque los honorarios que el abogado de la clase espera que sean aprobados podrían tener un impacto en la naturaleza del acuerdo cuya aprobación el abogado de la clase solicitará31. en el entendido de que el magistrado debe exclusivamente preservar la indisponibilidad del interés. consejo de partes neutrales de ser posible. Para las “acciones de grupo” la ley (art. En el caso de las “acciones populares” se prevé la celebración de una audiencia llamada “pacto de cumplimiento”. sin más. Pero tampoco su función es simplemente sellar la propuesta. el demandado ofrece pagar los reclamos de los demandantes y. En esta oportunidad. monto y naturaleza de la prueba. debiendo el Juez controlar la legalidad del acuerdo. términos y condiciones del acuerdo. En cuanto a los específicos recaudos exigidos por la ley. No obstante. por separado. 61 de la Ley 472 de 1998) prevé la figura de la audiencia de conciliación que debe estar obligatoriamente programada por el juez. o pueden ser aprobados en una audiencia posterior. los costos asociados al proceso hasta un monto ya convenido. uno para las acciones populares. Muchas veces el abogado del demandado no cuestiona los honorarios del abogado del demandante porque necesita que éste apoye la propuesta de acuerdo negociada. número de opositores y naturaleza de sus objeciones. por lo que tendrán que determinar qué parte o cantidad de trabajo hizo cada uno a fin de obtener el acuerdo en cuestión. el relator nacional
30 Señala la relatora canadiense que puede ocurrir que varios abogados representando a distintos grupos de
demandantes estén involucrados. recomendación y experiencia del abogado. el relator nacional GUAYACÁN distingue las “acciones populares” de las “acciones de grupo”32. se pueden obtener soluciones reales discutidas entre los intervinientes. administración del acuerdo y costos del litigio antes de repartir el monto restante a los demandantes. ya sea del fondo común o del monto total estimado de los reclamos efectuados. ni cuestionar el fundamento de la acción. posibilidad de tener éxito en el proceso. por otra parte. costo y duración probable del proceso.
.En lo que refiere a los aspectos del acuerdo que la Corte debe analizar. En algunos acuerdos (“common fund settlements”) los demandados ofrecen una suma global para cubrir todos los gastos. En COLOMBIA. En la misma intervienen eventualmente y con funciones de mediación.
32 En Colombia. la relatora canadiense señala los siguientes: posibilidad de obtener una indemnización. En otros casos.
the court may approve it only after a hearing and on finding that it is fair. pudiendo hacer concesiones substanciales. issues. La regla 23 (e) de las Federal Rules of Civil Procedure (FRCP)33 dispone que los acuerdos en materia de procesos colectivos abarcan a todos los miembros de la clase. voluntary dismissal.. and adequate. La trascendencia de la regulación de los acuerdos se pone de manifiesto en el hecho de que un altísimo porcentaje de los conflictos colectivos en Estados Unidos.
34 Cf. Ese poder está legitimado por un sofisticado control de la adecuación del representante. el derecho de los miembros a intervenir. no han existido conciliaciones en las acciones de grupos abiertos y sólo algunas pocas en grupos cerrados en donde el juez tiene la dimensión del grupo. The claims. or compromised only with the court's approval. 353. los jueces no han entrado a analizar la capacidad del representante del grupo para conciliar. total o parcialmente. VERBIC. reasonable.
.. cit. (3) The parties seeking approval must file a statement identifying any agreement made in connection with the proposal. pp. del abogado. or Compromise. (2) If the proposal would bind class members. el plan de distribución presentado con el acuerdo así como las posibilidades de su cumplimiento por parte de los demandados y. or defenses of a certified class may be settled. termina en ellos. quienes pueden solicitar ser excluidos.indica que no se han establecido directrices específicas pero se le ha dado fuerza de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada “ultra partes” a aquellos acuerdos celebrados ante el Juez. exceptuando a aquellos que hubieren solicitado expresamente ser excluidos. Voluntary Dismissal. La Tutela de los derechos. En general. la realización de una audiencia pública. se consideran diversos factores. las posibilidades con que cuenta la clase para triunfar en el pleito. The following procedures apply to a proposed settlement. El magistrado debe verificar los alcances del acuerdo para establecer si se presenta como una solución que protege debidamente los intereses en juego. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA posee una regulación que habilita ampliamente los acuerdos. the objection may be withdrawn only with the court's approval”. ni se exige un poder expreso para el efecto. incluso renunciando. como ocurre con los fallos proferidos en este tipo de procesos. si es que no han manifestado ya su voluntad de no participar en el proceso (class actions bajo la Rule 23 (b)(3). del proceso y del acuerdo. A tal fin. Tal procedimiento incluye una notificación amplia al grupo. voluntarily dismissed. the court may refuse to approve a settlement unless it affords a new opportunity to request exclusion to individual class members who had an earlier opportunity to request exclusion but did not do so. el monto del acuerdo comparado con el pretendido en la demanda. 35 GIDI. razonable y adecuada a la problemática planteada. entre los cuales tiene especial relevancia el número de impugnaciones presentadas por los integrantes de la clase. Señala GIDI35: “los representantes en las acciones colectivas norteamericanas negocian agresivamente con la contraparte. a derechos de miembros del grupo con el objeto de obtener concesiones de la contraparte en otros aspectos de la controversia colectiva. cit. En este sistema se establece un procedimiento de homologación del acuerdo por el Juez que comienza con la adecuada difusión del mismo a los posibles afectados. la complejidad de las cuestiones de hecho y de derecho involucradas en el asunto. 418 y 419.
Al respecto la FRCP Rule 23 establece: “(e) Settlement. p. (4) If the class action was previously certified under Rule 23(b)(3). (5) Any class member may object to the proposal if it requires court approval under this subdivision (e). El Juez actuante debe resolver en audiencia si aprueba el acuerdo arribado. la regularidad de las notificaciones sobre el acuerdo a los miembros ausentes 34. Procesos Colectivos. En estos eventos. or compromise: (1) The court must direct notice in a reasonable manner to all class members who would be bound by the proposal. finalmente. considerando si el mismo implica una solución justa. el costo que irrogaría proseguir con el proceso.
quien puede rechazar los mismos. b) un arbitraje de consumo y c) un procedimiento administrativo ante la Dirección y Asistencia al Consumidor dependiente del Ministerio de Economía (el procedimiento puede iniciarse oficio o ante una queja o denuncia presentada. Posible aplicación a los acuerdos colectivos de las soluciones clásicas sobre acuerdos (conciliación y transacción) previstas en las normas generales En casi todos los países de América que carecen de regulación sobre los acuerdos colectivos. 52 y siguientes) con reformas introducidas por la Ley 19. el relator nacional GUTIÉRREZ informa que no existe legislación específica en cuanto al punto pero remite a las normas generales sobre conciliación y transacción destacando que presentan limitantes dado que los efectos clásicos de la conciliación obligan exclusivamente a aquellos que estuvieron presentes en el acto. según indica el relator nacional RIVERA.
En GUATEMALA. PARAGUAY. por disposición de la Sala Constitucional (Sent. no cuentan con regulación específica sobre acuerdos colectivos. N° 656 de 2000). indica los preceptos regulatorios de la conciliación y la transacción como medios alternativos de composición para los procesos individuales civiles y laborales.955. los relatores nacionales SILVA y AGUIRREZABAL señalan que en el procedimiento especial para la protección del interés colectivo o difuso de los consumidores37 se prevé la posibilidad del llamado a las partes a conciliación por el Juez. inadecuaciones y riesgos40. cuantas veces lo estime necesario.
En BOLIVIA.. En ECUADOR señala el relator nacional FALCONI que podrían aplicarse supletoriamente las normas generales relativas a la transacción o la conciliación.contestar los términos del acuerdo o excluirse del proceso y la aprobación judicial de la adecuación del acuerdo. ECUADOR. en materia administrativa se creó recientemente por ley. estableció la posibilidad de a) un arreglo directo conciliatorio entre las partes. GUATEMALA 38. tras aclarar que en ese país las acciones populares no han tenido un tratamiento profuso. 4. Además. según los relatos nacionales. Los acuerdos quedan librados al control del Juez. el relator nacional indica que lo más aproximado a la temática de los acuerdos colectivos es la Ley de Protección al Consumidor Usuario (vigente desde 2003) que si bien no previó un proceso de resolución de conflictos y controversias que surjan entre proveedores y consumidores o usuarios. los restantes países relevados (BOLIVIA. si los estima contrarios a derecho o abiertamente discriminatorios. No obstante. y en la misma se contempla la posibilidad de diferentes tipos de acuerdos conciliatorios. algunos autores como HODGES critican las acciones de clase americanas en tanto mecanismos de lucro poco éticos para los letrados participantes y el excesivo efecto público que lleva muchas veces a que se permita arribar a un acuerdo conciliador antes que continuar el proceso. Ello. y la impugnación de las resoluciones pueden dar lugar a un proceso contencioso administrativo). pudiera obtenerse un pronunciamiento que exima al demandado de toda responsabilidad. presenta limitantes de orden prohibitivo en cuanto a las materias que pueden ser objeto de la misma. (Rule 23 (e))”36. A fin de ilustrar la situación de su país cita un caso de jurisprudencia de la Corte Suprema
.496 (art. URUGUAY y VENEZUELA39). sin perjuicio de prevenir sobre sus limitaciones. el Instituto de Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. no hay regulación sobre los recaudos para aprobar a un acuerdo. “¿Necesitamos los procesos colectivos?”.
37 Ley 19. el relator nacional SIMONS señala que los temas ambientales están excluidos de la conciliación previa obligatoria como requisito para el acceso al sistema judicial. Finalmente. en los procesos sobre derechos colectivos y difusos debe notificarse al Ministerio Público y al Defensor del Pueblo porque son los legitimados conforme a la Constitución para los acuerdos. La transacción además de los requisitos propios de capacidad y legitimación dispositiva. pudiendo el demandado realizar ofertas públicas de avenimiento. se señala la posible aplicación de las normas clásicas de nuestras codificaciones sobre conciliación y transacción.
En VENEZUELA. 135). aún cuando de haber continuado el proceso. más allá de todas estas regulaciones garantistas.
PÉREZ RAGONE explica que. p. Respecto de PERÚ. En CHILE. En PARAGUAY el relator nacional VILLALBA. cit. Advierte que no toda acción está inspirada en motivos éticos y no toda conclusión o arreglo extrajudicial se adecua a la justicia sustancial del caso (PÉREZ RAGONE. PERÚ.
que incluso puede ser público en ocasiones. quien asume la condición de representante del grupo. lo haga apropiadamente”. partiendo de la óptica de la naturaleza colectiva o difusa de la titularidad del interés en juego.
. postulando de lege ferenda la inmediata rectificación de la laguna normativa. La clave está en que quien actúe en el acuerdo. Par. 220). Recaudos a controlar para la aprobación de un acuerdo colectivo Considerando los aportes de los relatores nacionales.. y VESCOVI. están condicionados por la política pública que cada país adopte en cuando a la disponibilidad o indisponibilidad de los derechos en juego. Igual solución postulamos nosotros para Uruguay hace ya varios años (PEREIRA CAMPOS. advertir a los terceros eventualmente interesados en atacar la eventual homologación del acuerdo. cit. KLETT. DE HEGEDUS. La eficacia de cosa juzgada podría restringirse al daño individual pero no al colectivo”. comentario al art. Y concluye que e n Argentina el control de la representatividad adecuada debe ser llevado a cabo de oficio por los jueces aun sin regulación específica sobre el punto. En URUGUAY. Concluye: “la doctrina se ha inclinado por la negativa. en nuestra opinión.
(precedente jurisprudencial que vincula a todos los jueces de su país) en el que se admitió como excepción procesal la transacción extrajudicial no homologada judicialmente a la que había arribado tiempo atrás la demandada con varios de los damnificados reclamantes. B) Difusión y posibilidad de control del acuerdo por parte de los no presentes La publicidad resulta imprescindible para salvaguardar la garantía del debido proceso y en todo caso. prevé que el Juez “analizará la existencia d el requisito de la representatividad adecuada en cualquier tiempo y grado del procedimiento”. t. pp. cit. En ARGENTINA ha dicho GIANNINI que la salvaguarda de la garantía del debido proceso “hace necesaria la existencia de mecanismos que aseguren que quien va a actuar gestionando y hasta disponiendo de intereses que no le pertenecen. SIMON. por hallarse en juego la garantía de defensa de los afectados y la seriedad y eficiencia del servicio de justicia. CARDINAL y PEREIRA CAMPOS. En COLOMBIA señala el relator nacional que la doctrina al comentar el artículo 61 de la ley 472 de 1998. (GIANNINI. Esa naturaleza hace necesario que los actos dispositivos emanen de todos los legitimados para que puedan alcanzarles. Procesos Colectivos.. 6. Y aquí se plantean también las cuestiones del eventual conflicto de intereses que se puede generar entre la clase y el abogado por sus honorarios. 3º del Código Modelo de Procesos Colectivos. “Intereses difusos y efectos de la cosa juzgada”. los requisitos principales serían los siguientes: A) Control de la representatividad adecuada Este punto está esencialmente vinculado al tema de la legitimación y representatividad de quienes actúan en el proceso colectivo. y por lo tanto versar sobre derechos susceptibles de disposición. los principales requisitos a considerar al momento de aprobar un acuerdo colectivo. represente en forma adecuada los intereses del grupo41. El art.5. cit.. Así. habida cuenta de que a la transacción se le aplican los efectos de la cosa juzgada. el relator nacional SIMÓN informa que la aplicación de las soluciones clásicas plantea problemas al momento de asignar la eficacia al acuerdo. 185-188). de admitirse los acuerdos colectivos. En cuanto a la capacidad para conciliar del representante del grupo en nombre de los ausentes. se entiende que si la ley autoriza a que se demande en nombre de ellos. Con carácter general. L. plantea dudas acerca de la posibilidad de otorgar esta misma eficacia a los acuerdos en materia de intereses colectivos. lo cual escapa al alcance de este relato general. Por tratarse de una acción indemnizatoria. el juez no debe hacer control alguno. tiene también la posibilidad de conciliar. “La representatividad adecuada en las pretensiones colectivas”. 2º.. "Código General del Proceso”. se limita a exponer los efectos de cosa juzgada de tal conciliación y la obligación que tiene el juez de ordenar que el acuerdo sea publicado.
C) Contralor y homologación del acuerdo por el Juez Como señala VERBIC45. cabe recordar el sistema de notificación de los miembros ausentes del grupo. cit. Es de suma importancia que antes de que el acuerdo sea sometido a homologación judicial. VERBIC44 en Argentina señala que como el instrumental colectivo descansa sobre la ficción de considerar presentes a todos aquellos sujetos afectados. el derecho al opt out y. El autor prevé dos tipos de publicidad. ya que (además de las complejidades intrínsecas que suelen presentar los acuerdos) existe siempre latente el potencial conflicto entre los miembros de la clase y entre éstos y el abogado que suele prestar sus servicios profesionales al representante en base a un pacto de cuota litis. La parte que no ha participado se puede excluir del eventual acuerdo colectivo43. cit. Procesos Colectivos. ESTADOS UNIDOS se ha inclinado por adoptar una solución de “opt out”.
44 Cf. “La representatividad”. con fundamento en la ausencia del recaudo de la representación adecuada (“collateral atack on adequacy of representation”). en el otro. 185 -188). VERBIC.. VERBIC. presentes en el proceso y eventuales que se pudiera afectar. p. la vinculatoriedad de la decisión final del
pleito se extiende a favor y en contra de los miembros de la clase.. 343. (GIANNINI. por edictos judiciales o comunicados masivos en diversos medios de comunicación y otro particular a cada uno de los legitimados. una genérica. de difícil determinación en muchos casos. pp. Entre ellas.
. en un caso. cit. 45 VERBIC. Procesos Colectivos. pp. lo cual obliga al tribunal a seguir de cerca las negociaciones. pueden aplicarse los mecanismos de “opt in” (derecho a estar incluido) u “opt out” (derecho de exclusión)42. Pero aun en el sistema de Estados Unidos se admite la posibilidad de que decisiones pasadas en autoridad de cosa juzgada sean declaradas inoponibles para determinados miembros de la clase que la decisión original contemplaba. Así. en el segundo. significará quedar comprendido (“opt out”). la publicidad tiende a garantizar su derecho de defensa.. la falta de expresión de voluntad por la vía hábil implicará quedar fuera del acuerdo (“opt in”) y. las prestaciones involucradas en una transacción pueden afectar de manera diferente a los interesados. 344-346). p. salvo que manifiesten su voluntad expresa de exclusión (Cf. razón por la cual el legislador ha previsto determinadas herramientas tendientes a impedir que alguien se vea privado de sus derechos sin la concurrencia de su voluntad. se le brinde una adecuada difusión entre quienes eventualmente estarían afectados por el mismo para que manifiesten lo que consideren oportuno.. Procesos Colectivos. así como su intención de estar incluidos o excluidos del acuerdo. se presume que todos los individuos integrantes de una clase estan involucrados. principalmente. Los relatores nacionales han sido contestes en la conveniencia de que el solicitante exponga cómo afecta el acuerdo los derechos de terceros no firmantes del mismo y que el Juez debería estar en condiciones de evaluar si el acuerdo cumple con ciertos mínimos
42 En el primer sistema sólo es considerado en el proceso quien manifiesta en la oportunidad procesal
oportuna su intención de quedar comprendido y. cit. 352. El sistema que adopte la legislación condicionará el valor otorgado al silencio de los particulares. como es sabido.Ante las dificultades de determinar quiénes son los eventuales integrantes del grupo y permitir el control del acuerdo colectivo alcanzado por parte de ellos. dependiendo del sistema por el que se opte.
43 Señala GIANNINI: “En los Estados Unidos. el estudio de la representatividad adecuada como uno de los más trascendentes capítulos en la certificación de una class action”.
En estos sistemas el Juez desempeña un rol preponderante ya que es él quien determina la manera en que se hará conocer (notificar) el acuerdo a todos los componentes del grupo de modo que se garantice el conocimiento del mismo por parte de aquellos miembros del grupo o clase que deseen ser excluidos. La doctrina47 ha destacado que la intervención del tribunal es vital en la celebración de este tipo de acuerdos.sustanciales para su aprobación. en el sistema estadounidense (Federal Rule 23) – y en Canadá es similar.
49 Estas soluciones podrían incorporarse tanto en los marcos legales de procesos colectivos existentes como
también. que obviamente están condicionadas en cada uno de los países a definiciones de políticas públicas. p. Un modelo para países de Derecho Civil” Procesos
Colectivos. debiendo activarse medios de publicidad y notificación adecuados. en la marco de la existencia de una garantía constitucional. deben en todo caso prever un mecanismo de impugnación que tendrá evidente relación con las oportunidades procesales que se brinden para el ejercicio de las manifestaciones de voluntad que prevén los sistemas “opt in” y “opt out”. D) Eventual impugnación. en especial de los derechos de los ausentes. Como hemos visto. Argentina. En función de ello suele proponerse que hasta que se regulen los procesos colectivos. en su propuesta de Código de Proceso Civil Colectivo (apartado 14. quien debe contar con amplias facultades de control. consideramos conveniente que. y que esa notificación contenga. en cuanto a los acuerdos colectivos. proporcionalidad y razonabilidad con el rol propio de componedor del acuerdo (“common law” “keeper of the king’s conscience”) parecería. 6. “Código de Proceso Civil Colectivo.se requiere la aprobación judicial de la transacción en función de que ésta vincula a todos los miembros del grupo. 2011. no admitiéndose la transacción sin la intervención del magistrado. respectivamente a los Capítulos de Conciliación Previa y Modos Extraordinarios de Concluir el Proceso en los diferentes Códigos Procesales vigentes en los países relevados.
48 GIDI.
47 XXII Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Los sistemas. no limitándose a ser un mero controlador del cumplimiento de requisitos formales46. 472.
46 Sin perjuicio de ello. de difícil adaptación a los sistemas de la mayoría de los países de Sudamérica herederos del romanismo propio del “civil law”. Propuesta resultado del relevamiento Como resultado del relevamiento realizado. se realicen al menos una serie de previsiones legislativas49.
.. Comisión de Obligaciones.2) sugiere que la propuesta de acuerdo sea notificada al grupo y a sus miembros. prima facie.7. en forma más modesta. GIDI48. la solución aportada por el sistema estadounidense en el que el Juez debe analizar la
justicia. La Transacción y los procesos
colectivos por daños a intereses individuales homogéneos. correspondiendo redimensionar la figura del Juez Civil. sea la prudencia judicial la encargada de construir pautas de litigación para cada caso. cualesquiera sean. A. cit. al menos. incluyéndose específicamente la instancia de la transacción. la información sobre el procedimiento y un plazo razonable para la impugnación de la propuesta. entre otras cosas.
ya que pueden obstaculizar el carácter adecuado de la propuesta del acuerdo. alertando
. En el acuerdo se incluirá una multa diaria a la parte que no cumpla con sus términos (véase artículo 15. en lo posible. 14. deberá ser concedida a los miembros del grupo la opción de recibir un valor en efectivo.. debe definirse cuán disponibles son los derechos en juego50. como lo propone GIDI en su Proyecto de Código Modelo52.3. El tema está especialmente vinculado al rol del Juez en los procesos colectivos.
51 Los riesgos de acuerdos colectivos con amplia eficacia y escaso contralor explica como aún en algunos de
aquellos países con mayor desarrollo y especificidad en la legislación sobre procesos colectivos como es el caso de Brasil (sin perjuicio de permitirse los pactos de cumplimiento o compromisos de ajuste de conducta). puede a su vez señalarse dos grandes caminos: a) Prever una detallada regulación de todas las etapas a cumplirse y los elementos a controlar para aprobar un acuerdo. La existencia de controles adecuados en el caso de dársele efecto vinculante a cualquier acuerdo colectivo se vuelve esencial para evitar situaciones de fraude o indefensión. el acuerdo podrá establecer que el demandado indemnizará a los miembros del grupo a través de descuentos en la compra futura de piezas o productos de su fabricación. El Ministerio Público y los intervinientes tendrán derecho a participar en todas las fases de la negociación del acuerdo colectivo. 14. En su Código Modelo. No obstante. Responde: “El interrogante merecería una respuesta afirmativa por razones de principio en la medida que los derechos en disputa resulten de naturaleza disponible. 14 regula el “acuerdo adecuado”: “El representante del gru po podrá llegar a acuerdos con la contraparte del grupo.
50 VERBIC señala que el principal problema que se plantea es determinar si tanto la acción como el derecho
resultan disponibles para aquel sujeto que asumió la representación del grupo involucrado en el conflicto. A efectos del cálculo de los honorarios de los abogados.2. Excepcionalmente. pp. Y aquí se abren tres principales opciones: a) No aceptar ningún tipo de acuerdo colectivo. Las partes presentarán al juez la propuesta del acuerdo. como es el caso de Estados Unidos. La solicitud de aprobación de la propuesta de acuerdo deberá describirlo de forma neutra y completa. Cualquier tipo de limitaciones deben encontrarse justificadas.4). Siempre que sea posible. Si los términos del acuerdo fueran adecuados para tutelar los derechos e intereses del grupo y de sus miembros. En cuanto a la forma de regular el procedimiento de aprobación de los acuerdos para el caso de que éstos se admitan. tal como ocurre en Estados Unidos.2). 14. tal principio general requiere adaptaciones inherentes a las características del conflicto involucrado en el caso colectivo y a la particularidad que configura el fenómeno de la representación extraordinaria” (VERBIC. 351-352). en países donde el Juez tiene un rol activo en el contralor de los diversos requisitos del acuerdo. GIDI en el art. se habilita este tipo de acuerdos. Colombia y lo prevé el Código Modelo51. Si el acuerdo fuese parcial. establecerse sin condiciones. b) Aceptar únicamente acuerdos de cumplimiento o ajuste de conducta como ocurre en Brasil. la acción colectiva continuará respecto de los aspectos restantes de la controversia colectiva (véase artículo 17). 14. En cambio. dada la indisponibilidad total de los derechos en juego (solución que parece la menos apropiada). el juez los homologará a través de sentencia motivada y el acuerdo vinculará a todos (véase artículos 18 y 20. El acuerdo deberá tutelar los intereses del grupo en su conjunto y podrá incluir aspectos ajenos al objeto del proceso. En otras palabras. lo que impone reglamentar el procedimiento para evaluar la adecuación de los acuerdos. 14. Procesos Colectivos.5. cit.1). y no en consideración a la suma del valor nominal de los cupones (véase artículo 21.4.1. la ventaja obtenida para el grupo será calculada sobre la base de su valor en efectivo. Los cupones de descuento deben. Se pregunta: “¿Puede el legitimado extraordinario transigir con el demandado sobre el objeto de la pretensión y obligar con ese acuerdo a los miembros ausentes?”.La primer decisión de política pública a adoptar en cada país es si se admitirán o no los acuerdos colectivos y con qué grado y alcance. c) Aceptar los acuerdos colectivos con amplio alcance y eficacia. se encuentra todavía vedada la posibilidad de realizar actos dispositivos con respecto a los derechos en cuestión.
Cualquier interesado podrá presentar. La inadecuación del acuerdo o del representante podrá derivarse de omisiones sustanciales en la solicitud de aprobación.5. “Código de Proceso Civil Colectivo”. Cualquier otra información relevante en el caso concreto.1. refiere al alcance subjetivo de la sentencia. 14. La comparación entre una eventual sentencia estimatoria de la pretensión colectiva y la propuesta del acuerdo (GIDI.3. Una descripción neutra e imparcial de la propuesta de acuerdo. muchas veces. 14. LA COSA JUZGADA EN LOS PROCESOS COLECTIVOS / CLASS ACTIONS EN AMÉRICA Modelos de referencia
La cuestión de la cosa juzgada y los efectos de la sentencia en los procesos colectivos es el elemento más importante de cualquier legislación sobre la materia..7. 14.7. La notificación de la propuesta de acuerdo deberá contener.9. 252 y 253). donde el juez oirá a los interesados (véase artículo 5o. el coste y la duración del proceso colectivo. pp. otorgándose discrecionalidad reglada al Juez para instrumentar lo más adecuado a las características de cada caso.7. 14. 14.10. La fecha y lugar de la audiencia pública de evaluación de la propuesta.1 y 5.6. desconocen su existencia). 14. cit.6. 14.2. incluyendo los eventuales perjuicios para el grupo y los motivos por los cuales el acuerdo debe ser considerado adecuado a pesar de dichas imperfecciones. México. La complejidad. 14.10. independientemente de contar con un abogado.1. colectivos e individuales en Brasil – Un modelo
para países de derecho civil. una acción es una acción colectiva si resuelve los intereses de
al juez respecto de los aspectos positivos y negativos de la propuesta. tomando en consideración factores como: 14.5. salvándose siempre la acción individual. 1. si bien integran la clase o grupo de interés representado en el proceso.4. con derecho de exclusión (“opt out”).10. con el resumen de todos los argumentos empleados.7. IV. pp. Procesos colectivos. el fraude y la colusión procesal53.
54 GIDI. con información sobre los argumentos a favor y en contra para su aprobación.) más significativos y a los intervinientes que participaron más activamente en el proceso colectivo. Los argumentos en favor y en contra de la propuesta de acuerdo.). Instrucciones sobre cómo obtener más información sobre el acuerdo y el proceso. 2004. La probabilidad de procedencia o improcedencia de la pretensión colectiva. El procedimiento y un plazo razonable para la impugnación de la propuesta.4. 14. El juez podrá atribuir a uno de los interesados o a una persona de su confianza la presentación de un documento único. El juez examinará cuidadosamente la propuesta de acuerdo. cit..
. no han participado directamente en el litigio que da lugar a la sentencia (e incluso. El valor líquido o la ventaja a ser recibida por cada miembro del grupo.10.8.4): 14. el juez podrá promover una notificación limitada a los legitimados colectivos (véase artículo 2o. Si el juez considera la propuesta de acuerdo satisfactoria. Antes de promover la notificación amplia al grupo. 14.6. La suficiencia de las pruebas disponibles y la fundamentación jurídica de la pretensión del grupo en el momento de la realización del acuerdo y las probabilidades de que otras informaciones o pruebas puedan ser descubiertas durante el desarrollo del proceso.7. A. Están en juego valores tan esenciales como la salvaguarda de la garantía del debido proceso para los damnificados que no litigaron directamente y la necesidad de precaver el dolo. entre otras. 14. como señala GIDI54.11). p.b) Prever una regulación más escueta.3.2. la siguiente información (véase artículo 5. 98-99. Las acciones colectivas y la tutela de los derechos difusos.7. Los riesgos presentes en el litigio.7. La elección de una u otra solución depende de las características de cada país y la realidad imperante al momento de intentar la reforma. El principal tema de debate sobre los procesos colectivos que se ha presentado históricamente y se mantiene aún en nuestros días. exhortándolos a que se manifiesten sobre la propuesta del acuerdo (véase artículos 5.. 14. 14.10.
53 Como señala VERBIC. 14. sus razones a favor o en contra de la propuesta del acuerdo. 14. deberá notificar ampliamente al grupo y a sus miembros los términos y condiciones de la propuesta y promoverá una audiencia pública de aprobación. Las cuestiones de hecho y de derecho contempladas en el litigio. enfrentamos la dificultad de compatibilizar la necesaria extensión de los efectos de
la cosa juzgada con el principio de contradicción y el debido proceso legal (VERBIC. El tema es insoslayable porque.10.10.7. 471). No existe consenso en el mundo jurídico acerca de cuál es la mejor solución para proteger los derechos de aquellos que.10. 14.
en el plazo de 2 (dos) años contado desde el conocimiento de la prueba nueva sobreviniente al proceso colectivo (cosa juzgada secundum probationem.
56 Dice el art. que perfecciona y complementa. que abrieron camino a las acciones reparadoras de los perjuicios individualmente sufridos (equivalentes en el sistema norteamericano a las “class actions for damages”). empeñados en la transformación de un proceso individualista en un proceso social”. admitiendo nueva acción. acaba perdiendo cualquier característica nacional y se constituye en un verdadero sistema iberoamericano de procesos colectivos. armonioso y completo. la cosa juzgada positiva actúa erga omnes. como derivación especial de la cláusula rebus sic stantibus). Con relación a los intereses o derechos individuales homogéneos. adherente a las reglas preexistentes en los ordenamientos iberoamericanos. pudiendo
Como se expresa en la Exposición de Motivos del Código Modelo de Procesos Colectivos. hipótesis en que la demanda puede ser repetida. pero la propuesta ahora presentada se aparta en diversos puntos de los dos modelos. salvo cuando la improcedencia se diera por insuficiencia de pruebas. mantenida en el Código. 194 del Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica: “(Efectos de la cosa juzgada en
procesos promovidos en representación de intereses difusos). con base en pruebas nuevas. el régimen de la cosa juzgada es siempre la eficacia de la sentencia erga omnes (o ultra partes). es de la cosa juzgada secundum eventum litis: o sea. pero la cosa juzgada negativa sólo alcanza a los legitimados a las acciones colectivas. se analizaron la sistemática norteamericana de las class actions y la brasileña de las acciones colectivas. por otro legitimado”. La sentencia debe tener efectos obligatorios más allá de las partes por lo cual el carácter erga omnes de la cosa juzgada es un elemento esencial del proceso colectivo. Como se señala en la Exposición de Motivos del Código Modelo de Procesos Colectivos: “Para los intereses o derechos difusos. en cuyo caso podrá volver a plantearse la cuestión en otro proceso. que en los sistemas del “civil law” introdujo la tutela de los intereses difusos y colectivos. la opción de la legislación brasileña. La sentencia dictada en procesos promovidos en defensa de intereses difusos (artículo 53) tendrá eficacia “erga omnes” salvo si fuere absolutoria por ausencia de pruebas.los miembros ausentes de un grupo. que está basado principalmente en una efectiva garantía de publicidad y protección a los integrantes del grupo pero ausentes en el proceso. beneficiando a todos los miembros del grupo. y luego la categoría de los llamados “intereses individuales homogéneos”. En forma resumida. pero el Código avanza. que podrá ser tomado como modelo por los países de nuestra comunidad. De ese modo. Se agrega que el Código “sin despreciar las experiencias de la tutela jurisdiccional de los derechos e intereses transindividuales de diversos países. para que manifiesten su voluntad de participar o no en el resultado del mismo. La ley aporta líneas generales librando a la jurisprudencia la concreción de la norma específica en el caso concreto. en caso de procedencia o improcedencia del pedido. con nuevas pruebas. adecuado a la realidad existente en los diversos países iberoamericanos”. para crear un sistema original. Esta solución ya es tradicional en los países de Iberoamérica. de naturaleza indivisible. éste contiene soluciones que se apartan tanto del modelo americano como del brasileño: "Evidentemente. c) La codificación modelo para Iberoamérica elaborada por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal55: primero el Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica (1988)56 y luego el Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica (2004). b) El sistema brasileño. en relación a la cosa juzgada pueden mencionarse tres grandes modelos estructurales en América que regulan soluciones diversas en cuanto al derecho de los miembros ausentes: a) El sistema estadounidense de las class actions (Federal Rule Nº 23). crea un modelo original.
es el mismo tratamiento de la cosa juzgada secundum eventum litis para los intereses o derechos individuales homogéneos. Mutatis mutandis. no vinculará a los miembros del grupo. cuando se trata de bienes jurídicos de naturaleza indivisible (intereses difusos).
57 Artículo 33: En los proceso colectivos de que trata este Código. oponerse a la cosa juzgada. para apartar la eficacia de la sentencia en su esfera jurídica individual. cuando la clase litiga en el polo activo”58. con idéntico fundamento si se valiere de nueva prueba. 1º Asimismo en la hipótesis de rechazo basado en las pruebas producidas. Pár. pero la sentencia que acoja la demanda. en el ámbito personal. categoría o clase. en esos casos.” El art. dispone: “Si no hubiere controversia en cuanto a la parte anticipada en la decisión liminar. Pár. cualquier legitimado podrá intentar otra acción. que no hubiera podido ser producida en el proceso. el régimen de la cosa juzgada es erga omnes simétricamente a lo que ocurre cuando el grupo litiga en el polo activo (pero sin el temperamento de la improcedencia por insuficiencia de pruebas. pero. Al preverse las acciones contra un grupo. Por su parte. Parágrafo único – Cuando la pretensión colectiva fuere promovida contra un sindicato. los interesados podrán deducir acción de indemnización a título individual. Pár. 2º Tratándose de intereses o derecho individuales homogéneos. inadecuado cuando la clase se coloca en el polo pasivo). “Cuando se trate de intereses o derechos individuales homogéneos. Así. que podrán promover acciones propias o discutir la sentencia en el proceso de ejecución.cada individuo. en provecho de las víctimas individuales del mismo evento dañoso. categoría o clase. siempre que ella sea idónea. promoviendo su acción individual. al regular la tutela anticipada. 5º. tales efectos beneficiarán a las víctimas quienes podrán solicitar la liquidación y ejecución en los términos de los artículos 22 a 24. Se señala en la Exposición de Motivos: “La cuestión principal que se planteaba. Y también se regulan la conexión y la litispendencia entre acciones colectivas o entre una acción colectiva y las acciones individuales”57. caso en el cual cualquier legitimado podrá intentar otra acción. después de la oportunidad de contradictorio ésta se tornará definitiva y hará cosa juzgada. en caso de rechazo de la pretensión. la parte podrá pedir la revisión de lo que fue decidido por sentencia”. 36 la cosa juzgada pasiva en relación a intereses o derechos difusos: “Cuando se trate de intereses o derechos difusos. Pár. in utilibus. 4o. categoría o clase”. el mismo principio debía ser mantenido cuando la clase figurase en el polo pasivo de la demanda. si sobreviniere modificación en el estado de hecho o de derecho. la cosa juzgada tendrá eficacia erga omnes en el plano colectivo. pero si hubiera sido declarado procedente el pedido. la cosa juzgada positiva no vinculará a los miembros del grupo. que podrán plantear pretensiones o defensas propias en el proceso de ejecución para dejar sin efecto la eficacia de la decisión en su esfera jurídica individual. como sustituto procesal de la categoría. propuestas individualmente o en la forma prevista en este Código. 3º Los efectos de la cosa juzgada en los procesos de tutela de intereses o derechos difusos. la cosa juzgada tendr á eficacia erga omnes y vinculará a los miembros del grupo. no perjudicaran las acciones de indemnización por daños personalmente sufridos. por si sola para modificar el resultado del proceso.
. para el juzgamiento de los demás puntos o cuestiones comprendidas en la demanda”. con idéntico fundamento en el plazo de 2 años contados desde el conocimiento de la nueva prueba superviniente. El Código Modelo es innovador al regular la acción colectiva pasiva (“defendant class action” del sistema norteamericano). perjudicado por la sentencia. era la del régimen de la cosa juzgada: en obsequio al principio general de que la sentencia sólo puede favorecer a los integrantes del grupo cuando se trata de derechos o intereses individuales homogéneos. 4º Lo dispuesto en el parágrafo anterior es aplicable a la sentencia penal condenatoria. la sentencia hará cosa juzgada erga omnes.
58 Dice el art. Pár. y proseguirá el proceso. el art. 5º La competencia territorial del órgano juzgador no implicará una limitación para la cosa juzgada erga omnes.
excepto cuando la pretensión fuere rechazada por falta de pruebas. 37 al regular la cosa juzgada pasiva en relación a intereses o derechos individuales
homogéneos. categoría o clase. Otras normas cuidan de la extensión. si fuere el caso. 34 dispone: “En las relaciones jurídicas continuadas. se regula en el art. de la cosa juzgada positiva resultante de una acción en defensa de intereses o derechos difusos o colectivos. Par. cuando se trata de bienes jurídicos de naturaleza divisible (intereses o derechos individuales homogéneos).
la influencia viene dada en exclusividad por una sola fuente y. salvo si fuere absolutoria por ausencia de pruebas (“secundum eventum probationem”). b) La ley da efecto obligatorio general a la sentencia tan sólo si el grupo triunfa: preclusión unilateral (“one-way preclusion”) en la terminología del sistema norteamericano o cosa juzgada “secundum eventum litis” en la terminología del civil law. las soluciones de los modelos mencionados. por más de una).
Regulación legal de la cosa juzgada en los procesos colectivos/class actions en América
País Argentina Brasil Bolivia Canadá Chile Colombia Ecuador EUA Guatemala Paraguay Perú Uruguay 60 Venezuela Ausencia de regulación Regulación X X X X X X X X X X X X X Alto grado de experiencia y regulación integral
la cosa juzgada tendrá eficacia erga omnes y vinculará individualmente a todos los miembros. generalmente previéndose instrumentos de difusión y opción de exclusión (“opt out”). sin perjuicio de que algunos presentan soluciones a nivel jurisprudencial. C) Países sin regulación existente en la materia. c) La ley da efecto obligatorio general a la sentencia.
59 CANADÁ podría incluirse también en este grupo en algunos de sus aspectos. Los países de América han ido incorporando algunas de tales soluciones (en algunos casos. aún en el caso de procedencia del pedido”. B) Países con regulaciones generales o puntuales sobre cosa juzgada en los procesos colectivos/class actions.
.Existen tres grandes soluciones para resolver el delicado equilibrio de la cosa juzgada en los procesos colectivos: a) La ley da efecto obligatorio general a la sentencia colectiva siendo irrelevante su resultado (“pro et contra”). 2. en mayor o menor medida. se advierte diferente grado de evolución de la legislación sobre procesos colectivos/class actions en los países americanos. que presentan gran heterogeneidad y siguen. Regulación de la cosa juzgada en los procesos colectivos /class actions en América
En lo que refiere a la cosa juzgada. pudiendo en forma simplificada clasificarse en tres grandes grupos: A) Países con elevado grado de experiencia y regulación: Brasil y Estados Unidos de América59. en otros casos.
adoptándose así la solución “secundum eventum litis”. 2º del Código de Defensa del Consumidor que la cosa juzgada es “erga omnes. el relator brasileño sigue a LIEBMAN (y a otros autores) y precisa que tanto en uno como en otro caso la inmutabilidad de la sentencia se impone a la colectividad por la falta de legitimación de sus miembros para discutir o hacer algo en contra de esa decisión.
En consecuencia. I del Código de Defensa del Consumidor de Brasil establece que en el proceso por intereses difusos “la cosa juzgada será erga omnes. en el primer caso la eficacia de la sentencia sería “erga omnes” y en el segundo “ultra partes”.A) Brasil y Estados Unidos de América Brasil y Estados Unidos de América han logrado un grado de evolución que los convierte en referentes ineludibles (uno con predominancia de los principios y estructuras lógicas del civil law y el otro de claro raigambre en el common law). la Sala Constitucional. con idéntico fundamento. dispone el art. en los términos del inciso anterior”61. la solución dada por el Derecho Brasileño no sigue el principio “secundum eventum probationem” sino que se ligó el alcance de la cosa juzgada a la suerte de la pretensión en la sentencia. se pueden distinguir. aclara que la cosa juzgada es calificada como “ultra partes. cuando la ley refiere a derechos colectivos. beneficien o perjudiquen a la colectividad o al sector sobre el que desplegaran sus efectos. a) BRASIL En materia de cosa juzgada colectiva. por vía jurisprudencial. en este caso. sólo en el caso de procedencia del pedido. Así. según la cual la cosa juzgada en las acciones civiles públicas es “erga omnes”. salvo que la sentencia sea desfavorable por ausencia de prueba. El relator nacional califica la diferenciación entre el efecto “ultra partes” y “erga omnes” como una “artificialidad sin ningún valor” (traducción libre del relator general). el artículo 103 inc. valiéndose de nueva prueba”. En similar solución al artículo 33 del Código Modelo de Procesos Colectivos. hipótesis en la cual cualquier legitimado podrá intentar otra acción. ha fijado el carácter erga omnes de los fallos en la materia. según el relator nacional tres aspectos: a’) Alcance de la cosa juzgada en procesos sobre derechos difusos y colectivos. tanto en el caso de fallo favorable o desfavorable. Seguidamente.
. La cosa juzgada que se forma en estos procesos va a extenderse a todos los integrantes del grupo o colectividad. más limitadamente al grupo. con independencia de si el rechazo se produce por falta de pruebas o no. y aclara el relator que naturalmente quedan exceptuados de esta solución quienes han intervenido en el proceso en el cual se declaró la improcedencia de la demanda. Relativizando el valor de tales diferenciaciones. c’) Limitación territorial de la cosa juzgada colectiva Destaca el relator nacional la limitación operada por el artículo 16 de la Ley Nº 7345/85. 103 num. para beneficiar a todas las víctimas y sus sucesores”. aplicándose a su respecto las normas generales de la cosa juzgada en los procesos individuales.
Explica el relator nacional que. en el sistema brasileño. categoría o clase. excepto si el pedido fue juzgado improcedente por insuficiencia de pruebas. b’) Alcance de la cosa juzgada en procesos sobre derechos individuales homogéneos. salvo improcedencia por insuficiencia de pruebas.
En VENEZUELA señala el relator nacional que.
cit. Por lo expuesto. uno individual. la introducción de mecanismos para la defensa de la garantía del debido proceso es de vital importancia en el proceso estadounidense. iv) los representantes de cada parte (actora y demandada) constituyen una garantía de protección suficiente y adecuada de los intereses de la clase. en beneficio del grupo. existen en estos proceso dos pedidos independientes. en el sistema norteamericano nos encontramos ante una acción representativa (“representative action”).
63 GIDI.
. la doctrina se ha manifestado en contra del mismo por considerarlo violatorio de diversas normas y principios constitucionales corolarios de la regla del debido proceso legal.. como el representante de la acción colectiva reclama tanto a nombre propio como por los sujetos a quienes representa. p. 64 Explica GIDI que sea la sentencia favorable o adversa a los intereses del gr upo (“wether favorable or
adverse”). El literal (a) de la Rule 2365 regula los requisitos básicos (genéricos) de toda class action (“prerequisites”): i) la cantidad de sus miembros es tan numerosa que no resulta posible hacerlos presentes a todos en juicio. motivo por el cual se considera que el juicio se sigue con todos ellos y por consecuencia. Por consecuencia. and (4) the representative parties will fairly and adequately protect the interests of the class”. A class action como instrumento de tutela coletiva dos direitos. b) Estados Unidos de América Como señala GIDI63. (2) there are questions of law or fact common to the class. el sistema se basa en la ficción de que todos los miembros de la clase o grupo se encuentran completamente abarcados por el representante. y en todo caso. El actor representa en juicio los intereses de los demás miembros del grupo o clase que no participan del proceso. que la dimensión regional o nacional depende de la revisión de la decisión colectiva por un tribunal con competencia regional o nacional. ella estará revestida por el manto de la inmutabilidad en relación a los derechos individuales y colectivos de todos los miembros ausentes del grupo. abarcando a todos . Y este resultado. 271 y ss. se aplica sea cual sea la suerte de la pretensión (haya sido acogida o rechazada por la sentencia). A. (3) the claims or defenses of the representative parties are typical of the claims or defenses of the class. La jurisprudencia ha acatado la aplicación de la mencionada solución legal y ha manifestado en algunas oportunidades que para extender por fuera de la jurisdicción del tribunal la eficacia de la cosa juzgada debería iniciarse el proceso en la Capital del Estado o en el Distrito Federal y. pp. Asimismo informó que. ii) existen cuestiones de hecho y/o de derecho en común para la clase. One or more members of a class may sue or be sued as representative parties on behalf of all members only if: (1) the class is so numerous that joinder of all members is impracticable. es irrelevante el motivo por el que fuere rechazada64. Dispone el apartado (a) de la Rule 23: “ (a) Prerequisites. iii) las pretensiones y defensas son propias de la clase. 272). a diferencia de lo que prevé el Código Modelo o el Código del Consumidor del Brasil. que una persona se vea vinculada jurídicamente por los hechos de su representante. y..
Tipos de class actions.pero solo opera dentro del límite de la jurisdicción territorial del juez que dictó la sentencia (“nos limites da competência territorial do órgão prolator”)62. a pesar de que el Supremo Tribunal Federal rechazó una demanda de inconstitucionalidad del precepto aludido.
62 El relator brasileño critica esta solución y explica que si bien podría llegar a aplicarse en materia de
intereses individuales homogéneos resulta absurda su aplicación a los casos de intereses o derechos colectivos y difusos. Entonces. San Pablo. la sentencia hace cosa juzgada “erga omnes”. lo novedoso de este sistema es que el representante puede entablar la acción sin haber conseguido antes la anuencia de sus representados y muchas veces sin siquiera el conocimiento del reclamo por parte de aquellos a quienes representa (GIDI. Comenta que no es un hecho nuevo. A class action. 2007. el pedido del representante y otro colectivo o de clase. en otros casos.
156). pp...
. cit. would be dispositive of the interests of the other members not parties to the individual adjudications or would substantially impair or impede their ability to protect their interests. 69 Enseña GIDI que en general las class actions del tipo (b)(2) no son aplicables a los casos en que la
pretensión principal tiene naturaleza indemnizatoria (“damages or monetary relief”) (GIDI. (2) the party opposing the class has acted or refused to act on grounds that apply generally to the class.
68 GIDI. as a practical matter. se trata de la acción más genérica de carácter típicamente residual que abarca a todas aquellas pretensiones no comprendidas en las dos anteriores hipótesis y en estos casos. Como expone GIDI. A class action. este relato general se centra en la misma. debido a que la cohesión de los miembros del grupo no es tan fuerte como en las hipótesis anteriores. de los tres tipos de class actions analizados. so that final injunctive relief or corresponding declaratory relief is appropriate respecting the class as a whole. 140-141). (C) the desirability or undesirability of concentrating the litigation of the claims in the particular forum. 141. Se trata de la estructura procesal por la que se sustancia la “class action for damages”69 que en la actualidad. p. and (D) the likely difficulties in managing a class action”.
67 GIDI explica incluso que ante la dificultad de encontrar una denominación única para cada categoría. (GIDI. (B) the extent and nature of any litigation concerning the controversy already begun by or against class members. or (B) adjudications with respect to individual class members that.. por verificarse dos diferentes factores de riesgo: (A) que las diferencias de tratamiento por sentencias individuales a los diversos miembros de la clase perjudique los intereses de la clase como conjunto y (B) que la disposición de derechos de algún o algunos de sus miembros. la causa petendi en cada uno de estos procesos)67:  (b)(1): class action que se verifica cuando resulta imposible a los titulares del interés la deducción por separado de sus pretensiones o defensas. buscándose mediante el proceso un mandato judicial para modificar la conducta de la demandada. or (3) the court finds that the questions of law or fact common to class members predominate over any questions affecting only individual members.  (b)(3) class actions en que las cuestiones jurídicas o de hecho comunes a los miembros de la clase predominan sobre cualquier cuestión que afecte sólo a los miembros individuales y por eso la class action es el mecanismo o método más satisfactorio para dilucidar esa pretensión. The matters pertinent to these findings include: (A) the class members’ intere sts in individually controlling the prosecution or defense of separate actions. and that a class action is superior to other available methods for fairly and efficiently adjudicating the controversy. la Rule previó las garantías de notificación y “opt out”. equivaldría a la descripción de los elementos básicos de las diferentes pretensiones o más específicamente. cit. Señala GIDI68 que la doctrina las ha denominado respectivamente como “incompatible standards class actions” y “prejudice class actions”. p. Por el contenido específico de este tipo de acciones se las denomina “injunctive class actions”.  (b)(2): la pretensión consiste en una obligación de hacer o no hacer. (2) o (3) del literal (b) de la Rule 23.El literal (b) de la Rule 2366 estructura las diferentes categorías o tipos de class actions (lo que en los sistemas del civil law. A class action. represente o pueda representar un impedimento u obstáculo para la satisfacción del derecho de los restantes. la
mayoría de los operadores jurídicos ha preferido identificarlas según se trate de la prevista en el numeral (1). A class action. cit.
Dispone el apartado (b) de la Rule 23: “(b) Types of Class Actions. Por ende. A class action may be maintained if Rule 23(a) is satisfied and if: (1) prosecuting separate actions by or against individual class members would create a risk of: (A) inconsistent or varying adjudications with respect to individual class members that would establish incompatible standards of conduct for the party opposing the class. es la de mayor aplicación en la vida forense.
For any class certified under Rule 23(b)(3). la Rule 23 (c)(2)(B)72 prescribe que en las acciones colectivas de tipo (b)(3). y generalmente inspirada en ellos y/o en los Códigos Modelos. 71 Explica GIDI que tales garantías así como el efecto erga omnes de la cosa juzgada representaron la gran
innovación de la modificación de la Rule 23 de 1938 por la versión de 1966. los miembros del grupo ejercen su derecho de auto exclusión por asesoramiento de su abogado personal que aconseja que muchas veces resulta conveniente dejar a salvo la acción propia para obtener un mejor resultado en el reclamo individual que el que obtuvo el grupo en conjunto. En los hechos.
73 GIDI. and (vii) the binding effect of a class judgment on members under Rule 23(c)(3)”. haya sido la misma favorable o no a sus intereses. B) Países con previsiones legales específicas sobre cosa juzgada en procesos colectivos /class actions Además de los países de referencia (Brasil y Estados Unidos). (vi) the time and manner for requesting exclusion. 54 de la Ley de Defensa del Consumidor Nº 24. puesto que con anterioridad a la reforma este tipo de class actions (b)(3) eran más bien consideradas como un mero mecanismo permisivo de litisconsorcio en el que los miembros debían estar presentes en juicio para ser afectados por la sentencia (GIDI. Dispone la Rule 23 (c)(2)(B): “For (b)(3) Classes. (iii) the class claims. issues..
. cit. excluyendo específicamente a quienes hubieren ejercido la opción de “opt out”. (1) y (2) del literal (b) de la Rule 23.. GIDI70 indica que en las class actions previstas en el núms. 162). La norma dispone74: “La sentencia que haga lugar a la pretensión hará
70 GIDI. (iv) that a class member may enter an appearance through an attorney if the member so desires. 74 Art. easily understood language: (i) the nature of the action. the court must direct to class members the best notice that is practicable under the circumstances. Señala GIDI73 que el derecho de auto exclusión proporciona un balance entre los intereses de autonomía del individuo y la necesidad de dar un tratamiento colectivo a la controversia. 299.240 modificada por la Ley Nº 26. A class action. cit. Como uno de los mecanismos de garantía al debido proceso legal. Aquellos miembros que dentro del término fijado por el Juez en la notificación no ejercieran su derecho de auto exclusión (“opt out”) se encontrarán abarcados por los efectos de la sentencia. or defenses. pueden destacarse dos sistemas diferentes: A) En materia de consumidores. A class action. (3) del literal (b) la sentencia debe especificar o describir los miembros del grupo a quienes la notificación prevista en el núm. including individual notice to all members who can be identified through reasonable effort. señalan los relatores nacionales que se sigue la solución de los Estados Unidos de América. Notificación y “opt out”71. (v) that the court will exclude from the class any member who requests exclusion. A class action. 272. cit. se ha desarrollado en otros países de América legislación sobre cosa juzgada en procesos colectivos.En cuanto a los efectos de la sentencia. (2) (B) del literal (c) de la Rule 23 fue dirigida. The notice must clearly and concisely state in plain. el Juez de primer grado debe describir en la sentencia las características básicas de pertenencia necesarias para que un individuo pueda ser considerado miembro de la clase y en virtud de ello ser abarcado por la cosa juzgada. Los miembros así especificados serían aquellos abarcados por la cosa juzgada. En ARGENTINA.361. (ii) the definition of the class certified.. En el caso del num. p. p. se debe cumplir con la notificación judicial a todos los miembros del grupo con la advertencia de que el Juez excluirá a todos quienes así lo soliciten en la forma y en el plazo estipulado por él. p.
ya que se previó que no es impedimento para certificar el reclamo como un proceso colectivo: a) que la demanda incluya un reclamo por daños que requiera un análisis individual luego de la determinación de las cuestiones comunes. y de modo de poder notificar a los miembros de la clase del proceso. que haya establecido un plan para el proceso que prevea un método viable a fin de llevarlo adelante en nombre de la clase. El abogado de la clase podrá llegar a acuerdos con los demandados
. La sentencia afecta a cada uno de los miembros de la clase que no hayan ejercido su derecho de “opt out” en tiempo y forma.alcanza exclusivamente a las cuestiones comunes de la clase. brindando la posibilidad de que se reitere el planteo si el rechazo se debió a defectos en materia probatoria: “la sentencia hará cosa juzgada y tendrá efectos erga omnes. o diversas partes involucradas en la producción y distribución del producto).cosa juzgada para el demandado y para todos los consumidores o usuarios que se encuentren en similares condiciones. de ejercitar su derecho de autoexclusión (opt-out)”. Da cuenta WALKER de que en Canadá se fue más allá de lo previsto en la legislación estadounidense. B) En materia ambiental. cuestión por demás compleja y delicada. La sentencia no abarcará. excepto de aquellos que manifiesten su voluntad en contrario previo a la sentencia en los términos y condiciones que el magistrado disponga.los intereses del grupo. cuando las causas son comunes a más de un demandado (por ejemplo. 33 de la Ley Nº 25. que no sean compartidos por todos los miembros de la clase (traducción libre del relator general). Esto lleva muchas veces a acuerdos entre los abogados para solucionar la cuestión77. e) que la clase incluya una subclase cuyos miembros tengan reclamos o defensas basados en cuestiones o intereses comunes. aunque sea parcialmente por cuestiones probatorias”75. intereses contrarios al los de los demás miembros de la clase. los reclamos o defensas de los miembros del grupo o clase tengan un interés común.675. ya que alcanzará a todo el grupo. ni tendrá eficacia en un proceso posterior iniciado por quien haya salvado la acción individual mediante su ejercicio. a excepción que la acción sea rechazada. exista de un representante de los demandantes o demandados que represente -de manera imparcial y adecuada. y este efecto vinculante . Otro problema que se plantea es la posibilidad de acuerdos parciales que involucren sólo algunas de las partes o reclamos. c) que se soliciten distintas soluciones para diferentes miembros de la clase. d) que se desconozca la cantidad o identidad de los miembros de la clase. En CANADÁ ilustra la relatora nacional WALKER que la sentencia en materia de cuestiones comunes de un grupo o clase o subgrupo de clase 76 debe determinar los integrantes de la misma. los relatores argentinos citan la solución de la Ley General del Ambiente que contiene la solución de la cosa juzgada “secundum eventum probationem”. b) que la demanda refiera a contratos separados que involucran a distintos miembros de la clase.desde un punto de vista objetivo . la naturaleza de los reclamos y defensas esgrimidas. y que este representante no tenga en las cuestiones comunes a la clase.
75 Art. Los principales debates vinculados a la cosa juzgada en Canadá refieren a la certificación del proceso colectivo y a la competencia entre los abogados para verificar cuál es a juicio del juez el más capacitado para llevar adelante el proceso.” Indican los relatores nacionales que en cuanto a la cosa juzgada “se sigue claramente el sistema americano de las class actions. cuando existen diversos fabricantes de un producto que ha resultado defectuoso. el proceso colectivo sea el más adecuado para la resolución de estos asuntos comunes. exista una clase identificable de dos o más personas que actúen representadas por intermedio de un representante de la parte actora o de la parte demandada. brindándosele la posibilidad a cada interesado. y especificar la solución dada por el magistrado. 76 La relatora canadiense señala que se admite la certificación o admisión de un proceso como de clase
cuando se reúnan determinadas condiciones: la solicitud o anuncio de solicitud exponga un fundamento para el ejercicio de la acción. ni a quien haya ejercido el derecho de exclusión.
En CHILE. es decir “será obligatoria incluso para quienes no hayan participado en el proceso” admitiéndose así los efectos expansivos de la sentencia. la Corte Constitucional al resolver una demanda de inconstitucionalidad del artículo 35 de la ley 472 de 1998.
El relator colombiano expuso que la Corte Constitucional advirtió que los efectos de la cosa juzgada erga omnes de la sentencia no serían absolutos sino más bien relativos en caso de sucumbencia de la parte actora por falta de pruebas. 54): “la sentencia ejecutoriada que declare la responsabilidad del o los demandados producirá efectos erga omnes”. ante el mismo tribunal y valiéndose de nuevas circunstancias una nueva acción. ya sea porque se afirme su responsabilidad por parte de los demandantes. Para el caso que la sentencia definitiva rechace la pretensión contenida en la demanda. harán tránsito a cosa juzgada erga omnes. bien por tratarse de un caso de insuficiencia probatoria. y pueden querer solicitar la aprobación de un acuerdo respecto de algunos pero no todos los demandados. o de los otros demandados. La cosa juzgada en las “acciones de grupo” tiene efectos ultra partes si dentro del término de 5 días del vencimiento del traslado de la demanda ningún miembro del grupo ha manifestado su voluntad de exclusión. Las resoluciones al respecto (“bar orders”) establecen un balance entre los derechos de los demandados que hayan llegado a un acuerdo y las otras partes del proceso. Su uso y operatividad han sido debatidos. estableció que los efectos erga omnes no eran absolutos. Finalmente la ley 472. hayan o no intervenido en el proceso. las mismas podrían volver a ser propuestas. aunque ello fue cuestionado por la Corte Constitucional79. según expuso el relator nacional. Los demandados que lleguen a un acuerdo querrán un fallo que los proteja de estar involucrados en el futuro en la demanda.
. el inciso final del artículo 54 citado dispone que: “cualquier legitimado activo podrá interponer. dentro del plazo de la acción. sino relativos. advirtiendo que si las pretensiones de una acción popular no prosperan por insuficiencia de pruebas. En PERÚ. estableciendo que la sentencia definitiva que acoge la pretensión vinculada al derecho difuso objeto de controversia resulta eficaz erga omnes. en su artículo 35. los relatores nacionales mencionan la Ley de Protección del Consumidor (art. siguiendo la experiencia brasilera. especialmente para quienes no han tenido oportunidad de participar en el juicio). En el artículo 476 de dicha codificación se estipulaba que los fallos proferidos en los procesos de acción popular. si otro actor popular aporta nuevas pruebas”. en el artículo 332. lo que presentaría dificultades interpretativas. entendiéndose suspendida la prescripción a su favor por todo el plazo que duró el juicio colectivo”. También pueden excluirse de esta eficacia quienes dentro de los 20 días de publicada la sentencia acreditaren que sus intereses no fueron debidamente representados (mecanismos de “opt out” como forma de protección del debido proceso. La norma se incorporó en el Código de Procedimiento Civil de 1970. aunque utilizando la expresión: “La sentencia tendrá efecto de cosa juzgada respecto de las partes y el público en general”. Informa el relator nacional que la cosa juzgada en las “acciones populares” adquiere efectos de cosa juzgada “erga omnes”78. en el denominado Código Judicial. el Código Procesal Civil en el artículo 82 regula expresamente el punto. en los mismos términos. pero actualmente son aceptados en procesos colectivos en Canadá. Explica el relator la posición de la Corte: “No obstante. En COLOMBIA se distinguen las “acciones populares” de las “acciones de grupo”. lo que implica que se ha optado por extender los efectos de la sentencia a todo el grupo de consumidores afectados. y lo determinado por el Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica. bien por rechazarse expresamente la pretensión. La cosa juzgada en las acciones populares ha tenido norma específica desde 1931. también estableció esta modalidad de cosa juzgada.
en distintos momentos. Señala la ausencia de mención expresa en la norma acerca de las hipótesis de infundabilidad. La norma parece encontrar su antecedente en el sistema brasileño que sigue la regla: “secundum eventum probationem”.
aunque son insuficientes. más allá de cuál sea el contenido de la sentencia y sin entrar tampoco a considerar la situación de los miembros que se excluyan expresamente del proceso (en Venezuela hay imperatividad jurisprudencial debido al carácter vinculante de las decisiones de la Sala Constitucional). que tuvieran por objeto sellar la suerte de otros damnificados en sus derechos a reclamar. Es decir. ya que persigue evitar pactos fraudulentos entre reclamantes y demandados.En URUGUAY. según informa el relator nacional. todas prestaciones que tendrían por principal obligado al Estado). le afecta dicha decisión y no podrá interponer nueva demanda. pues los hechos deberán modificarse o sufrir modificaciones para volver a proponerse. Se ñala además que la “res inter alios iudicata” o principio de relatividad de la sentencia. Cabe señalar que la norma sólo refiere a procesos “promovidos en representación de intereses difusos” pero la jurisprudencia amplió el alcance también a los intereses colectivos.
. calificándola como “innegablemente deficiente” y reclama una futura modificación legal al respecto. educación y salud. “Tampoco expresa con claridad lo relativo acerca de sentencias condicionales y de futuro”. Y comenta: “Véase en la sentencia señalada que para presentar nueva demanda es necesario la aparición de hechos nuevos que impliquen nuevas amenazas o nuevas lesiones. no existe regulación respecto a la cosa juzgada en procesos colectivos. La doctrina ha valorado favorablemente la no aplicación de la cosa juzgada erga omnes al caso de falta de prueba. GUATEMALA. En PARAGUAY. establece que la sentencia dictada en este tipo de procesos tiene eficacia general. el artículo 220 del Código General del Proceso. pero igualmente integran la clase o grupo involucrado en la pretensión. Agrega el relator venezolano: “En cuanto a la repetición de la demanda no se contemplan las diversas hipótesis que pueden surgir. el relator nacional explica que en la especial coyuntura de ese país. ECUADOR. La solución constituye una expansión del alcance subjetivo de la cosa juzgada. muy similar al artículo 194 del Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica. 409). cumplen un importante papel para la defensa de los principales “intereses colectivos” (medio ambiente. de acuerdo al criterio de efectividad erga omnes fijado. daría aparición de un nuevo proceso”. no se toma en cuenta el criterio de cosa juzgada secundum eventum litis”. según trasmite el relator nacional. o si otros actores colectivos pueden proponer nuevas acciones sobre los mismos hechos. con excepción de aquella que resultare desestimatoria de la demanda por ausencia de pruebas. Careciendo de previsiones legales respecto de la cosa juzgada en los procesos colectivos. por ejemplo. la regulación proviene de fuente jurisprudencial emanada de la Sala Constitucional ha sostenido el carácter erga omnes de los fallos que resuelven cuestiones de derechos colectivos e intereses difusos. sea perjudicado o beneficiado. especialmente en protección de todos aquellos que no tuvieron oportunidad de participar en el proceso. el proceso de amparo y el control de inconstitucionalidad de la Ley. Agrega. El relator nacional critica duramente la solución jurisprudencial. Es decir que da pie a pensar que se está en presencia de una extraña e insólita concepción de la cosa juzgada secumdum eventum facti. El relator nacional de ECUADOR informó que no existe previsión específica sobre la cosa juzgada en las acciones de clase y marcó como principal foco de atención la situación de todos aquellos que no pudieron participar de la formación de la sentencia. tanto beneficien como perjudiquen a la colectividad o al sector sobre el que desplieguen sus efectos. con similar carencia legislativa. VENEZUELA)80. lo que sin lugar a dudas. C) Países sin previsión legal respecto a la cosa juzgada en los procesos colectivos /class actions Son todavía varios los países de América que carecen de regulación legislativa sobre la cosa juzgada en los procesos colectivos (BOLIVIA. PARAGUAY. resulta a todas luces insuficiente para la cobertura de estos derechos de índole social. Es más. si fue desestimada por insuficiencia de pruebas. 3) Recursos contra la sentencia en procesos colectivos /class actions en América
En BOLIVIA. el relator nacional valoró muy positivamente la incorporación de la Acción Autónoma de Nulidad al Código Procesal Civil (art. En sentencia de fecha 30 de junio de 2000. En GUATEMALA. el efecto erga omnes se formula de manera genérica. por cuanto significó una importante flexibilización de los límites de la cosa juzgada tradicional en los procesos individuales. ya que bajo estos supuestos no existiría identidad de la causa. VENEZUELA presenta un interesante caso.
En COLOMBIA. clase o grupo de interés y la nulidad del emplazamiento o ausencia de notificación adecuada. Agrega el relator nacional que estas sentencias pueden ser además objeto del recurso de extraordinario revisión en circunstancias especiales. Quizás por esa razón algunos relatos nacionales se limitan a mencionar los recursos ordinarios81. motivo por el cual la representación adecuada es primordial. instrumento empleado para atacar la cosa juzgada por vicios graves (como “o impedimento do juiz ou a ofensa a literal disposição de lei”). los tribunales en un proceso posterior (individual o colectivo). la parte podrá pedir la revisión de lo que fue decidido por sentencia”. si se verifican sus causales. pero en Ontario esto sólo puede hacerse con autorización. no reconocerán el efecto vinculante de la cosa juzgada y pueden decidir
81 El Código Modelo de Procesos Colectivos. como máximo tribunal de lo contencioso administrativo. 485 y ss. En CANADÁ informa la relatora nacional que es posible apelar tanto la negativa de certificación como la des-certificación del proceso como class action. prevé en su art. salvo cuando la fundamentación fuere relevante y pudiere resultar para la parte una lesión grave y de difícil reparación. del Código del Proceso Civil). el que no impide en ningún caso la ejecución de la sentencia. 34 dispone: “En las relaciones jurídicas continuadas. Ley 472 de 1998). La class action reposa en la idea histórica y filosófica de que un pequeño grupo lucha en un proceso judicial por los derechos de una colectividad (mayoría ausente). es posible la interposición del recurso de casación (Cfe. existen escasas previsiones específicas. GIDI82 enseña que entre las causales de impugnación más frecuentes en los tribunales. de regla. la cosa juzgada colectiva puede ser impugnada por medio de la acción rescisoria (art. si sobreviniere modificación en el estado de hecho o de derecho. pp. El art.
82 GIDI. En ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. cit.
. 280 y 281. También se puede apelar la certificación. señala el relator nacional que por aplicación de la Ley 1285 de 2009. A class action. las sentencias de segunda instancia que se pronuncien en acciones populares y de grupo tramitadas ante jueces administrativos (contra el Estado u otras personas de Derecho Público). existen dos de especial relevancia: la falta de representación adecuada o suficiente de quien actuó en el proceso por la colectividad. así como acontece con la cosa juzgada individual. Pueden ser apelados también el fallo respecto de cuestiones comunes y los daños reconocidos y su indemnización.. son susceptibles de un recurso de revisión ante el Consejo de Estado. 18 el recurso de apelación que. caso en el cual el juez podrá atribuir al recurso efecto suspensivo”. pueden los individuos de la clase solicitar autorización para ejercer la representación a efectos de apelar. debiendo en casi todos los países recurrirse a los medios impugnativos generales regulados en los códigos procesales. En BRASIL informa el relator nacional que.En cuanto a los recursos extraordinarios que en los países de América pueden afectar de algún modo la sentencia del proceso colectivo (tema esencialmente vinculado al de la cosa juzgada). Para el caso que el representante no hubiere apelado. Para el caso de que se acreditare que uno o algunos miembros del grupo no han sido representados adecuadamente en el proceso colectivo. Respecto de las sentencias dictadas en las acciones de grupo en que el demandado es una persona particular. no
impide la ejecución de la sentencia: “La apelación de la sentencia definitiva tendrá efecto meramente devolutivo.
en el que existan violaciones a las garantías constitucionales. La existencia de una regulación legal que garantice el efectivo cumplimiento de la sentencia condenatoria o del acuerdo transaccional (en caso de admitirse el mismo en la legislación) resulta de extrema importancia. el Código de Procedimiento Civil postula la revisión extraordinaria de sentencias ejecutoriadas en proceso ordinario mediante el recurso extraordinario de revisión. los dos recursos extraordinarios que prevé la legislación uruguaya son el de casación y el de revisión.
86 COUTURE. O. Como resultado de este recurso el Tribunal Supremo debe dictar una nueva sentencia si el recurso es resuelto de manera favorable al recurrente. pág. LIQUIDACIÓN Y EJECUCIÓN ACTIONS EN AMÉRICA
DE SENTENCIAS SOBRE PROCESOS COLECTIVOS/CLASS
El “drama” de la ejecución
La liquidación85 y ejecución de las sentencias constituye un aspecto medular en la protección de los derechos colectivos.
La particular situación que se plantea en Argentina a la hora de liquidar una sentencia de condena. como pórtico de entrada a la ejecución de sentencias.. ejecución sin conocimiento es despotismo y no
83 Apunta GIDI que muchas veces el principal interesado en subsanar cualquier defecto en la representación
es la propia parte contraria. dolo o colusión. etc. 1. el artículo 4º del Código Procesal Constitucional permite atacar mediante amparo una sentencia definitiva que haya sido dictada en manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva. En PERÚ existen dos mecanismos para atacar la inmutabilidad de la sentencia: la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta y el amparo contra resoluciones judiciales. difusos e individuales homogéneos. o la violación grave del debido proceso. es descripta por GOZAÍNI85: “…la aprobación de la liquidación judicial. procesal o sustancial (“in procedendo” o “in iudicando” o en las reglas que hacen a la admisión o valoración de la prueba). 1948. Estudios de Derecho Procesal Civil. Santa Fe. También en recta aplicación de la regla del debido proceso legal se puede excluir de los efectos de la cosa juzgada a aquellos miembros que siendo fácilmente identificables no fueron notificados personalmente para que puedan ejercer su derecho de autoexclusión. mientras que la revisión procede por causales estrictas como ser el dolo. pudiendo la demanda respectiva ser interpuesta por la parte o el tercero afectado. Protección procesal del usuario y consumidor. También se permite acudir a la Corte Constitucional únicamente cuando se trata de impugnar un fallo ejecutoriado o que causó estado. 2005. V. los relatores nacionales analizan los medios previstos para los procesos tradicionales que podrían ser aplicados a los procesos colectivos84.
Buenos Aires. La primera vía regulada en el Código Procesal Civil persigue la impugnación de la sentencia por motivos como ser el fraude.nuevamente la cuestión. con causales específicas fundadas principalmente en hipótesis de fraude.. A class action. tiene más sinuosidades que la puerta que se abre al laberinto. 89. De hecho. Por otra parte.. o aparición posterior de pruebas decisivas. y que en ocasiones impugna para lograr del Juez un análisis más profundo del punto y una expresa decisión en autos que evite futuras impugnaciones (GIDI. pp. que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. Esta impugnación lleva el nombre de “collateral attack”83. p. La casación refiere a la impugnación de la sentencia por haberse padecido error en la aplicación de la norma de derecho. 280 y 281). la colusión. el fraude. En las sabias palabras de COUTURE86: “conocimiento y declaración sin ejecución es academia y no justicia. la colusión. En URUGUAY. y esto es fatal para la rápida ejecución de lo conseguido en lo s estrados” (GOZAÍNI. Ambos se deciden por la Suprema Corte de Justicia. E. En BOLIVIA. En los países que no tienen regulación especial para la impugnación de la sentencia de los procesos colectivos. En PARAGUAY se menciona la “acción autónoma de nulidad” que podría trasladarse a una futura legislación eficiente en materia de cosa juzgada de procesos colectivos. “Las garantías constitucionales en el proceso civil”. la existencia de fallos contradictorios o la aparición de nuevas y trascendentes pruebas antes desconocidas. cit. 477).
. si no hay liquidación no hay ejecución. En ECUADOR se menciona el recurso extraordinario de casación que a juicio del relator nacional deviene claramente aplicable también en los procesos colectivos o las acciones de clase.
con Montevideo. Sin ejecución. 2010. La liquidación y ejecución de la sentencia en el Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica
El Código Modelo contiene una precisa regulación de los diversos aspectos de la liquidación y ejecución de la sentencia del proceso colectivo90. al preverse los proveimientos jurisdiccionales que se pueden obtener por el ejercicio de la acción colectiva. El proceso de conocimiento donde se declara el derecho y el proceso de ejecución donde se satisface ese derecho deben ser vistos como dos lados de la misma moneda” (DE HEGEDUS. 885 y ss. a la cual se prefiere el régimen de multas diarias (astreintes) o hasta incluso el de mandamientos judiciales aptos a la obtención de un resultado práctico equivalente al cumplimiento de la obligación. M. producto de las especiales características de los derechos involucrados y. p. S.. Existe plena coincidencia en todos los ámbitos.
89 Cf. en que la indemnización es la ultima ratio. ¿Qué deberíamos modificar?”. Santiago de Chile. p. Muchas veces las sentencias no condenan a dar o a indemnizar sino a hacer o no hacer. Modernización de la Justicia Civil.” A la problemática general del proceso de ejecución cuya eficacia es cuestionada en casi todos los países del mundo. Se prevé el
Al respecto señalan DE HEGEDUS y ROMERO: “La tutela judicial efectiva de los derechos declarados en las sentencias requiere de los órganos jurisdiccionales que éstas no configuren pronunciamientos sin efectividad o tardíos. lo que implica complejas etapas89. “La Ejecución Civil”. considerando que el proceso de ejecución integra el concepto de debido proceso.justicia”. que debe conducir a una respuesta jurisdiccional realmente capaz de satisfacer los derechos transindividuales violados o amenazados. fundamentalmente. sobre la acción condenatoria a la reparación de los daños al bien indivisiblemente considerado y al destino de la indemnización para la recuperación del bien dañado o a finalidades conexas. se suman los propios de los procesos colectivos. Por ello la ejecución en tiempo razonable integra la noción de debido proceso y el derecho fundamental a una tutela judicial efectiva. 8.. en su declaración. la cuestión de la identificación de los beneficiarios de la condena. M. Procesos Colectivos. Y por ello el proceso ha de proporcionar una tutela efectiva al litigante victorioso para lograr la plena satisfacción jurídica. 2011.
. 19 y 22 a 28. Contiene normas sobre la anticipación de tutela y sobre su posible estabilización. 14. “El Proceso de Ejecución en la ley de Enjuiciamiento Civil Española de 2000 y en el Código
Modelo. Tomo I.
PEREIRA CAMPOS. 2. 360. sobre la condenación a una obligación de dar. el derecho aparece sólo en eso. En cuanto a la implementación de la ejecución de las sentencias colectivas complejas.
88 ORTELLS. Derecho Procesal Contemporáneo. cit. siendo fundamental encontrar soluciones adecuadas87. “es efectivo el proceso de ejecución que alcanza su finalidad de plena satisfacción del ejecutante en un plazo razonable. con TAVOLARI. De nada sirve una resolución favorable si no puede obtenerse su efectiva realización. 518). pp. 6.
90 Las principales normas del Código Modelo a considerar respecto de la liquidación y la ejecución de la
sentencia son los arts. se procura preeminentemente la efectividad del proceso colectivo. y ROMERO A. que el acceso a la Justicia no se concreta meramente con obtener una declaración que indique que asiste razón al justiciable.. R. sobre la condenación a una obligación de hacer o no hacer (inhibitoria). Las dificultades derivadas de la ineficacia del proceso de ejecución civil ha sido objeto de profundos debates y análisis por parte de la doctrina procesal. 3.. resulta necesario acordar al Juez la posibilidad de disponer de todas las medidas legítimas necesarias para asegurar el resultado práctico buscado.. Como se señala en su Exposición de Motivos. VERBIC. 18. 7. Como señala ORTELLS88.
creativa y flexible. también. se dispone que será el restablecimiento o reparación de los daños causados al grupo y en caso de que ello no sea posible. cabe distinguir en América aquellos países que tienen una regulación especial sobre la liquidación y ejecución de sentencias en procesos colectivos de aquellos que carecen de ella. jueces y representantes de la comunidad. la indemnización por el daño causado al grupo revertirá este fondo. Al igual que el Código Modelo. en la sentencia condenatoria. probar en la liquidación de la sentencia su daño personal. discutir sus pretensiones individuales en el proceso colectivo de conocimiento. fije las indemnizaciones individuales. Se da conocimiento del enjuiciamiento de la acción a los posibles interesados. del caso de concurso de créditos y se prescribe que. si esto no fuere posible. si lo desean. entre otras que beneficien el bien jurídico perjudicado91.
. Sus recursos serán destinados a la reconstitución de los bienes lesionados o. a la realización de actividades tendientes a minimizar la lesión o a evitar que ella se repita. 3. promovida por los legitimados sin necesidad de indicación de la identidad de las víctimas. y cuantificar el perjuicio individualmente sufrido. transcurrido un año sin la comparecencia de interesados en número compatible con la gravedad del daño. declarando la existencia del daño general y condenando al vencido a la obligación de indemnizar a todas las víctimas y sus sucesores (aún no identificados). Pero el Código también prevé la posibilidad de que el juez.Fondo de los Derechos Difusos e Individuales Homogéneos administrado por un Consejo Gestor Gubernamental. inclusive a través del financiamiento y de la fiscalización de otras acciones colectivas y de proyectos científicos de investigación. particularmente. cuidando que ellos sean vertidos con destino al Fondo.
Regulación de la liquidación y ejecución de la sentencia en procesos colectivos en América
País Ausencia de Regulación
91 La creación de un Fondo de los Derechos del Grupo. Incumbirá a éstos. la sentencia podrá ser genérica. el nexo causal con el daño global reconocido por la sentencia. por eso. Aquí el Código adopta la solución de la “fluid recovery” del sistema norteamericano. prevé su administración por una comisión tripartita (Ministerio Público. habrá ejecución colectiva de la indemnización debida a título de daños causados. Se regula la legitimación para la liquidación y ejecución de condena y la ejecución definitiva y la ejecución provisional de la sentencia. los recursos deberán ser utilizados en forma discrecional. aplicando por ende las normas generales sobre liquidación y ejecución de sentencias de los procesos individuales. del que participarán necesariamente miembros del Ministerio Público. para que puedan intervenir en el proceso. Jueces e integrantes de la comunidad). Se tomó cuidado especial con las notificaciones. sobre la acción colectiva reparadora de los daños individualmente sufridos (la class action for damages norteamericana). también es prevista por GIDI en su Código de
Proceso Civil Colectivo (art. relacionados con la naturaleza de la infracción o daño causado. individualmente o por los legitimados colectivos. Se cuida. En caso de acogimiento del pedido. como asistentes o coadyuvantes. las denominadas “pretensiones indemnizatorias transindividuales del grupo”. siéndoles vedado. que suelen ser insuficientes e ineficientes. La regulación de la liquidación y ejecución de la sentencia en los procesos colectivos /class actions en América
De conformidad con los relatos nacionales. informativos y educacionales. En cuanto a los destinos de los recursos del Fondo. cuando esto fuera posible. 24) en el cual establece que cuando recaiga una condena montería en. Se regulan las acciones colectivas en defensa de intereses o derechos individuales homogéneos y.
los resultados de la sentencia se acotan a las personas que la sentencia menciona. es el Juez quien indica cómo el resarcimiento debe ser instrumentado. Si no fuera posible identificar a los beneficiarios. cit.
. Si se trata de daños diferenciados para cada consumidor o usuario. la condena tiene particularidades para ejecutarla. 54 de la ley de defensa del consumidor 24. buscando siempre el beneficio del grupo afectado. de ser factible se establecerán grupos o clases de cada uno de ellos y. de no ser ello posible. si no pudieran ser individualizados. Indica que los efectos de la sentencia solamente alcanzan a quienes puedan identificarse. Respecto de la ejecución colectiva en materia de derechos del consumidor.. los relatores nacionales explican que si la sentencia tiene contenido patrimonial. En este caso.240 con su última modificación por la ley 26. es por imperio legal. mediante sistemas que permitan que los afectados puedan acceder a la reparación y. señala GOZAÍNI93 que cuando la sentencia alcance a terceros representados por una asociación de defensa del interés colectivo. poder ejecutar ante su banco el reintegro de las sumas de dinero concernidas (GOZAÍNI. y con ello. se dispuso la concurrencia de cada uno de quienes se considere afectado para requerir en su favor la aplicación del precedente dictado. la del incidente. Protección.361. “Sin embargo. se establecerán las pautas para la reparación económica así como el procedimiento para su determinación “teniendo siempre en miras el principio de reparación integral”. el juez fijará la manera en que el resarcimiento sea instrumentado. pp. porque cuando litiga un grupo de afectados perfectamente determinado.regulación Argentina Brasil Bolivia Canadá Chile Colombia Ecuador EUA Guatemala Paraguay Perú Uruguay Venezuela
específica X X X X X
Países con regulación específica sobre liquidación y/o ejecución de sentencias colectivas
En ARGENTINA. 479 y 480). dispone: “La sentencia que haga lugar a la pretensión hará cosa juzgada para el demandado y para todos los consumidores o usuarios que se encuentren en similares condiciones. cuando
Dicen los relatores argentinos: “…el art. en la forma que más beneficie al grupo afectado. se pueden establecer grupos o clases diferenciadas92. podrán éstos estimar y demandar la indemnización particular que les corresponda”. por vía incidental. Si se trata de la restitución de sumas de dinero se hará por los mismos medios que fueron percibidas. La vía procesal para la determinación de la indemnización y el quantum de cada reclamo en estos casos. o afecte derechos difusos de pertenencia general. excepto de aquellos que manifiesten su voluntad en contrario previo a la sentencia en los términos y condiciones que el magistrado disponga. Si la cuestión tuviese contenido patrimonial establecerá las pautas para la reparación económica o el procedimiento para su determinación sobre la base del principio de reparación integral. si la determinación individual no es posible (por ej. Si se trata de una pretensión de daños respecto de los cuales corresponde hacer una diferencia entre diversos usuarios o consumidores.
93 GOZAÍNI cita el caso de jurisprudencia “Defensor del Pueblo de la Nación c/PEN” al que califica como
paradigma del pronunciamiento con alcances hacia el colectivo (ahorristas e inversores) afectados por las medidas económicas dictadas por el Estado que impidieron el retiro de fondos propios acreditados en bancos y entidades financieras.
La legitimación activa para la promoción de la ejecución de la sentencia que refiere a derechos colectivos. En BRASIL explica el relator nacional que existen reglas diferentes aplicables a la tutela de derechos difusos y colectivos y a la tutela de derechos individuales homogéneos. La prestación objeto de la condena no necesariamente tiene que implicar un “dar” sino que se admite cualquier especie de condena. pasados los 60 días contados desde la ejecutoria. deben presentarse en las actuaciones para que se les asigne legitimación procesal en la causa. 15. 14) en cuanto establece que está legitimado el Ministerio Público a iniciar la ejecución del fallo
94 Ley 7347/85. las condenas pecuniarias no son las más eficaces. ya que en ese caso estamos delante de derechos nítidamente individuales. se asemeja en parte la solución que propone el Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica (art. En estos casos donde la sentencia tiene efectos erga omnes y comprende a quienes no han sido partes en el proceso. sin protección los derechos lesionados. El producido de la ejecución es destinado a un Fondo Público. como ser multas coercitivas o la intervención judicial. como sí puede resultar la imposición de conductas de hacer o de no hacer. la mayoría de los casos se resuelven todavía mediante sentencias de condena pecuniarias e ilustra que en su país la regulación es “bastante minuciosa” y básicamente sigue los parámetros tradicionales. de este modo. 83 del Código del Consumidor. poder extender los dichos del pronunciamiento en su propio beneficio”. art. difusos e individuales homogéneos. prevista en el ordenamiento brasileño. la sentencia –además de pronunciarse respecto a las personas concretas que se personaron en el juicio – establecerá los requisitos necesarios para que cualquier afectado pueda instar la ejecución. El relator brasileño comenta que. se presentan serios inconvenientes para muchos de los interesados. en muchos casos. por la esencia de los derechos difusos y colectivos. que cuenta con representatividad de los interesados pero cuya gestión ha recibido muchas críticas 95. tanto por la escasez de
recursos como por la falta de orientación o criterio para la aplicación del dinero. permaneciendo. Por tal motivo el relator nacional se manifiesta también en estos casos proclive a las soluciones que impliquen de alguna manera la imposición de la conducta del demandado para restituir – en la medida de lo posible – las cosas al estado anterior. y en caso que una asociación haya sido la gananciosa. La diferenciación tiene fundamentalmente el propósito de adecuar el procedimiento para autorizar las ejecuciones individuales de sentencias proferidas en el proceso colectivo cuando refiere a derechos individuales homogéneos.existe contaminación de alimentos y no se puede encontrar la nómina total de afectados por la ingesta). 95 Indica el relator brasileño que el funcionamiento del fondo es muy criticado. según surge establecido por el art.
. y. La ejecución puede ser iniciada a instancia de cualquier legitimado activo para la demanda del proceso de conocimiento. Sin embargo admite el relator que en cuanto refiere a los intereses colectivos. y se regularon medios coercitivos especiales en el artículo 84 del mismo Código para forzar al cumplimiento de las condenas de hacer y no hacer. a la que le siguen las respectivas ejecuciones individuales. que son calificados como más eficaces. si bien existe una concreta protección por medio de una condena pecuniaria genérica. En cuanto refiere a las condenas en procesos por la defensa de intereses individuales homogéneos. podrá el Ministerio Público o los demás legitimados pedir la ejecución94. pues implican una exención a los damnificados beneficiarios de participar individualmente en la ejecución. tanto para la tutela de los derechos meta individuales como para los derechos individuales de masas.
informa el relator nacional que el artículo 95 del Código de Defensa del Consumidor prevé que de regla la sentencia de condena es “genérica” y se limita a establecer la responsabilidad de los demandados por los daños causados. El tribunal puede disponer el pago de la condena directamente a la corte o a cualquier otro depositario apropiado. explica la relatora nacional que la legislación prevé que la sentencia puede establecer directamente la distribución de los montos que considera apropiados. con amplias facultades que pueden incluir el otorgamiento de financiación y hasta quitas de la deuda. el tribunal es quien se encarga del control de la misma y en ejercicio de esa competencia es que puede verificar suspensiones por los plazos que considere apropiados. éste puede darle otro destino. Finalmente. conozca o no el tribunal la cantidad de miembros de la clase. En CANADÁ. cuyo producto revertirá en favor del Fondo (art. e incluso. y siempre que transcurridos 60 días del dictado de la sentencia. éstos prefieren a aquéllos (art. En el concurso entre créditos destinados al Fondo y aquellos referentes a las indemnizaciones individuales. sus sucesores) puedan liquidar y ejecutar de forma individual ese título. informa la relatora nacional que los tribunales canadienses han considerado las controversias y la problemática que en los Estados Unidos de América ha generado la administración y distribución de la condena y han aprendido de ello. Este tipo de ordenes se pueden verificar. el Juez puede designar un Administrador (“Claims Administrator”) que le asista en la evaluación de los reclamos y la administración del proceso. A partir de esa condena genérica se abre la posibilidad de que las víctimas (o eventualmente. Asimismo. si el mecanismo alternativo de distribución beneficia a personas que no son miembros de la clase o que igualmente recibirían una indemnización como resultado del proceso colectivo. ordenar el pago personal de la demandada a los damnificados integrantes de la clase. En cuanto a los aspectos formales de la ejecución. Una vez transcurrido el plazo determinado por el tribunal para la ejecución y distribución de la condena. si lo hubiera. establecer la forma de pago (contado o mediante financiación). sin que la totalidad de la misma haya sido reclamada o distribuida. quienes son remunerados de cargo a gastos del proceso o directamente por el demandado y se encuentran sujetos a control del tribunal. En cuanto a la ejecución de sentencias colectivas de condena pecuniarias en tutela de intereses individuales homogéneos. 100 Código de Defensa del Consumidor). Cuando sea oportuno. o también nombrar una tercera persona que tome a su cargo la tarea de distribuir el monto de la condena entre los miembros de la clase actora. También puede nombrar personas para mediar o arbitrar reclamos. 99 del Código de Defensa del Consumidor).cuando se trate de interés social relevante. los legitimados para la acción colectiva podrán promover liquidación y ejecución del valor total de la indemnización debida. el tribunal debe considerar cuál es la solución más práctica y eficiente. siempre que el mismo razonablemente signifique un beneficio para los miembros de la clase. Si en el plazo de un año. Como
. el remanente será devuelto al demandado. el demandante no lo hubiese promovido. indica WALKER. no se habilitan víctimas para la ejecución en número compatible con la gravedad del daño. que si la condena no ha sido distribuida en el plazo determinado por el tribunal. Al decidir cómo distribuir la condena. y descontar del fondo los gastos del nombramiento de Administrador. así como el monto que corresponde a cada uno de ellos.
para de esa manera señalar. se prevé el llamado “ incidente de desacato”. se le confiere descuentos por la compra de bienes y
servicios que comercializa el demandado. cuando el contenido de la sentencia dictada en las acciones populares es indemnizatorio. reglamentado por el artículo 307 de la misma codificación). la existencia de imprecisiones sobre la identidad de los miembros del grupo e. siendo más bien un premio para los demandados en la medida que se los anima a seguir vendiendo en el futuro en lugar de operar como una sanción97. En cuanto a la aplicación práctica de estos procedimientos el relator colombiano plantea desconocer juicios ejecutivos al respecto en la experiencia jurisdiccional colombiana. que pueden fracasar como mecanismo de compensación adecuado. le piden al Fondo para la Protección de los Intereses Colectivos que les envíe la lista de las personas que concurrieron al llamado.ejemplo de estos problemas cita el caso de los “cupon settlements”96. que implica la aplicación de conminaciones pecuniarias convertibles en personales para el caso que se incumplan las órdenes dadas por el Juez. El juez puede revisar por una sola vez la distribución de la condena. Con respecto a la ejecución de las sentencias dictadas en las acciones de grupo. Indica también que han existido debates sobre la propiedad de indemnizaciones “ cy-près” y la identificación de beneficiarios. mediante sentencia adicional. Así. un monto que se distribuirá a prorrata entre tales personas. que se encarga de su distribución entre los diferentes miembros del grupo. ocurrido lo cual. cuando la sentencia recae en una acción popular que impone una obligación de hacer. en las acciones de grupo no es posible que la sentencia profiera una condena ilíquida. no existe norma expresa. que un Juez haya olvidado establecer el monto para los miembros del grupo que pueden presentarse dentro de los 20 días siguiente a la publicación. que potencialmente puedan presentarse dentro de los 20 días siguientes a la publicación de la sentencia. toda vez que el artículo 65 de la Ley 472 de 1998. le indica al juez que debe hacer una condena global que sea el producto del ponderado de las condenas individuales. no existe en Colombia aún regulación específica. además de distinguirse según se trate de acciones populares o acciones de grupo. la cual es recibida por el “Fondo para la Protección de los Intereses Colectivos”. Sin embargo. En las acciones populares (acción colectiva para la protección de intereses colectivos). En cambio.
99 El relator colombiano cita un interesante caso de jurisprudencia. cuando se trata de grupos abiertos. El relator nacional explica que la puesta en práctica de estas soluciones ha presentado severas dificultades como que el grupo resulte superior al previsto en la sentencia.
Artículo 34 de la Ley 472 de 1998. en este tipo de procesos se establece en la sentencia una suma total de indemnización. No obstante. por lo que se aplica el proceso de ejecución clásico. en el que se condenó al Ministerio de
Defensa a indemnizar a los habitantes de un municipio por el desplazamiento forzado del que habían sido objeto por acción de un grupo ilegal. según señala el relator nacional. En COLOMBIA. En cambio. los jueces han optado por esperar a que transcurran 20 días después de la publicación de la sentencia. La falta de identidad concreta de las personas beneficiadas por el fallo
. le obliga a calcular una suma para cada uno de los integrantes del grupo. en
96 Como forma de indemnizar a los reclamantes. Para la liquidación remite al régimen previsto por el Código de Procedimiento Civil (la concreción del monto de la condena se hace mediante un incidente. incluso. se establecen distintos procedimientos atendiendo al contenido de la sentencia a ejecutar. Además. el desplazamiento de parte de las actuaciones del Juez hacia el Fondo99. una dependencia de la Defensoría del Pueblo. se autoriza la condena “in genere” y el posterior incidente de liquidación98.
y en el caso de presentarse un mayor número de personas a las estimadas en el fallo. debe restituirse el excedente. con prueba. Una vez efectuadas las publicaciones comienza a correr un plazo de 90 días dentro del cual los interesados .por sí o representados – pueden comparecer y acreditar su condición de miembros del grupo afectado.
determinó que el Consejo de Estado resolviera que sería el Fondo el encargado de determinar exactamente a los integrantes de ese grupo de personas que habían sido desplazadas.496. Como interesante norma de constricción.”
. En caso de que se presentara una cantidad menor.
100 Rige en Chile un sistema de publicación de la sentencia condenatoria en los diarios que el Juez actuante
determine (por lo menos dos publicaciones en oportunidades diferentes. al procedimiento general previsto por la Ley 19. se adaptó el proceso de las demandas colectivas a los juicios por daños y perjuicios en la calidad de las construcciones. tomándose para ello la estructura del proceso incidental. Asimismo vale destacar la ponderación de la ley chilena en cuanto prevé la posibilidad de que el Juez establezca mecanismos alternativos al pago contado de las indemnizaciones cuando el mismo pueda afectar la solvencia del condenado de manera drástica102. Una vez vencido el plazo aludido se confiere un traslado por un plazo de 10 días. se agregan las siguientes particularidades: a) el número de afectados no puede ser inferior a 6 propietarios. contados desde aquél en que se haya fallado el incidente recién aludido. de modo que pueda estimarse que quedará próximo a la insolvencia.
102 Señalan los relatores chilenos: “Si a juicio del tribunal el pago de estos montos globales produce en el
demandado un detrimento patrimonial significativo. b) cabe la extensión a la solicitud de daños como ser lucro cesante y daño moral c) la sentencia afecta a todos los sujetos de una misma clase “del mismo interés colectivo”. la solución chilena impone al demandado efectuar las reparaciones o consignar el monto íntegro de las indemnizaciones en el plazo de 30 días corridos. El incidente puede ser susceptible de los recursos ordinarios y es competente. el juez podrá establecer un programa mensual de pago de indemnizaciones completas para cada demandante o bien determinar una forma de cumplimiento alternativo del pago. en caso de tratarse de pequeños grupos. señala el relator nacional que los jueces se han resistido a pronunciarse luego de dictada la sentencia. han considerado que tal cuestión corresponde al Fondo y el juez pierde competencia. Como una solución propia de las circunstancias de Chile ante las dificultades sísmicas.443 de 2010. que parte de la publicación del fallo100. con un intervalo de entre tres y cinco días). Pese a ello. el magistrado puede establecer un sistema diferente e igualmente fehaciente de notificación a todos los integrantes y que los requisitos del contenido del edicto respectivo también están previstos en el artículo 54 A de la Ley. trasladándose de este modo al órgano administrativo actividad probatoria. los relatores nacionales informan el procedimiento regulado para la ejecución de la sentencia.caso de que se presentaran más personas que las estimadas. extensible por resolución fundada. En CHILE. tanto para su dilucidación así como para la ejecución del fallo. Dada la especial naturaleza de esta pretensión. Informan los relatores chilenos que. por el monto global de las indemnizaciones o reparaciones o por el saldo total insoluto. en la práctica. el tribunal que entendió en primera instancia en la demanda colectiva101. explican los relatores nacionales que por Ley 20. efectuándose el pago a los interesados a prorrata de sus derechos declarados en la sentencia definitiva”. “la ejecución se efectuará a través del procurador común en un único procedimiento. Si la sentencia no es cumplida por el demandado. pudiendo exigir alguna forma de fianza u otra caución si la situación económica del demandado así lo permite. Cabe la posibilidad de que se abra un proceso de conocimiento. a los efectos de que se conteste las alegaciones de quienes pretenden la calidad de miembros del grupo.
no se prevé la generación de un fondo común en dinero del que puedan ser retirados gastos del proceso y honorarios de abogados (GIDI.
106 VERBIC. En PERÚ si bien no existe una regulación general referida a la ejecución de sentencias recaídas en procesos sobre derechos colectivos (aplicándose por ende las normas procesales de alcance general).. pudiendo controlar la actividad del obligado o incluso actuar en su lugar si es posible. 470. las meramente declarativas (“declaratory relief”) o que imponen al demandado una prestación de hacer (“injunctive relief”).En ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. el saldo se destina
103 GIDI. A class action.dos tipos de class actions: aquellas de naturaleza indemnizatoria (“damages”. generalmente dentro del tipo (b)(3) y. pp. Procesos Colectivos. Debido a que tales proveimientos imponen al obligado el cumplimiento de prestaciones complejas. diversificadas y prolongadas. bajo la dirección del tribunal.. cit. También resulta de interés destacar la modalidad de liquidación y pago que presentan los “coupon settlements”: acuerdos para que el demandado indemnice total o parcialmente al grupo mediante descuentos en la venta de sus mercaderías o equipamientos de su fabricación (estos acuerdos reciben también el nombre de “in kind settlements”)107. A class action. GIDI104 define al “Common Fund” como “un fondo de dinero. 104 GIDI. Este organismo prorratea su monto entre los consumidores que se apersonen ante él y que acrediten ser titulares del derecho discutido en el proceso. producido con la condena al demandado o en acuerdo realizado en una acción colectiva”.. 373).. A class action.
. p. 361-262. resulta interesante la técnica creada por las cortes estadounidenses para implementar aquellas decisiones orientadas a imponer la modificación de la estructura u organización de entidades y organismos de distinto tipo conocidas como “structural injuctions” o “institutional decrees”. se procede a la formación de un fondo común (“Common Fund”) del que se reparten las sumas por los daños reconocidos en la sentencia o acordados a los miembros del grupo (que no hubieren ejercido el derecho de auto exclusión – “opt out”). honorarios de abogados y finalmente se distribuye el resultado entre los miembros del grupo105. Señala el relator peruano que el Código de Protección y Defensa del Consumidor prevé en el art. el tribunal que las dicta confía la misión de gestionar la ejecución específica de la decisión a comités colegiales o a colaboradores del tribunal designados ad hoc (“master”. en cuanto al contenido de las sentencias que acogen la pretensión. Como lo destaca VERBIC106. Luego de transcurrido un año desde que este instituto cobra la indemnización. 107 GIDI. elaboran programas de actividades para lograr el objetivo perseguido. A class action. 105 Señala GIDI que para los casos de las acciones en que se pretende la condena a una prestación de hacer
(“injunctions”) o declaratorias. Tanto en caso de sentencia indemnizatoria o acuerdo indemnizatorio verificado entre las partes. “receiver” o “administrator”) que.. 131 que consentida o ejecutoriada la sentencia que ordena el cumplimiento de la obligación demandada. ésta es cobrada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Industrial (Indecopi). podemos distinguir– siguiendo a GIDI103 . por otra parte. perteneciente al grupo. p. cit. p. 468. De ese fondo se pagan primero gastos judiciales de la acción. p. cit. cit. 362. cit. sí cuentan con una disposición expresa en el ámbito de los intereses colectivos de los consumidores.
En GUATEMALA se advierte que no se ha logrado la regulación de procesos colectivos/class actions ni de manera ordinaria. no obstante ello. que puede ser liquidada en otro proceso. URUGUAY Y VENEZUELA. así como con las pautas de la jurisprudencia en materia de montos de condenas pecuniarias. por categorías de damnificados y luego establecer por vía incidental liquidatoria. la Sala Constitucional provisionalmente ha fijado los procedimientos mediante los cuales se pueden tutelar intereses colectivos y difusos. tornen viable la determinación por vía incidental de la liquidación de la condena. por vía jurisprudencial. manifiestan que en sus países no existe normativa específica sobre liquidación y ejecución de las sentencias dictadas en procesos colectivos. PARAGUAY. ni constitucional. problemas y soluciones para la liquidación y ejecución de la sentencia en los procesos colectivos/class actions en América
De los relatos nacionales relevados pueden extraerse tendencias sobre liquidación y ejecución de sentencia colectivas.a un fondo especial para financiar y difundir los derechos de los consumidores. Si bien comparte la doctrina uruguaya que. GUATEMALA. información relevante para los mismos y al sistema de patrocinio de intereses de los consumidores. En URUGUAY se aplica el régimen general. Principales tendencias. Recordemos que VENEZUELA tiene la peculiaridad de que si bien no existe regulación legal detallada sobre sentencias colectivas. a falta de norma expresa.  La mayoría de los países de América no cuenta con regulación específica sobre el proceso de liquidación y ejecución en los procesos colectivos/class actions. por lo cual no existen decisiones de cómo debe liquidarse la sentencia. Destaca que la Sala Constitucional no ha establecido cuál es el órgano competente para la liquidación así como tampoco la forma de liquidar la sentencia ni en forma individual ni colectiva. no hacer o indemnizar a la colectividad o a grupos dentro de ella. debiendo
En BOLIVIA son de aplicación de las normas generales sobre ejecución del Código de Procedimiento Civil pese a que no condicen con la liquidación y ejecución de sentencia que postula el Código Modelo de Procesos Colectivos. En ECUADOR ocurre lo mismo. que admite el dictado de una sentencia ilíquida en procesos individuales. 4. y posteriormente la ejecución de la misma. principalmente. Agrega que. En PARAGUAY no existe regulación de esta clase de procedimientos y el relator nacional describe el régimen general vigente. debido a que la Sala Constitucional resuelve los procesos colectivos o difusos. en la forma que ordene el juez. guardan íntima vinculación con las posibilidades propias de la economía de cada país. Se cuestiona el relator uruguayo si es posible determinar el responsable al pago de la indemnización. con señalamiento de cuáles instituciones sociales o públicas. B) Países que no cuentan con regulación específica sobre liquidación y ejecución de la sentencia en procesos colectivos
En este grupo pueden reunirse aquellos países de América que teniendo o no regulaciones sobre algunos aspectos de los procesos colectivos. carecen de disposiciones específicas sobre la liquidación y ejecución de sentencias dictadas en este tipo de procesos. en forma genérica. En VENEZUELA se señala que la sentencia de mérito puede imponer órdenes de hacer. ésta debe cuantificarse caso a caso). por lo cual suelen aplicarse las normas comunes de liquidación y ejecución de sentencias108. en la práctica. propone para tal hipótesis la tramitación de un nuevo proceso ordinario. se ha impedido que asociaciones del interior o grupos de lesionados en sus derechos colectivos intenten procesos colectivos. ECUADOR. de las que surgen los problemas que requieren de nuestra búsqueda de soluciones:  Los problemas sobre el proceso de ejecución en la Justicia Colectiva y sus posibles soluciones. o cuáles personas serán acreedores de la indemnización. el quantum de los daños y la calidad de damnificado beneficiado por la condena (el ordenamiento uruguayo no prevé un régimen tarifado o forfaitaire de compensación y por ende. Los relatores de BOLIVIA. estima que pueden existir casos en que la concepción del objeto del primer litigio y de la condena.
613). distinguen la ejecución de sentencias relativas a derechos difusos.
110 En Argentina. para adecuar la condena a las dificultades prácticas que plantee su concreción (DE LOS SANTOS.. p. A esos fines los jueces deben hacer pleno uso de las potestades judiciales inherentes a la “executio” como elemento de la jurisdicción.  La creación. y. y también para que de allí salgan las sumas necesarias para resarcir a los interesados que se presentaron acreditando ser parte del grupo beneficiado con la sentencia. el que debe preferirse a su reemplazo por una indemnización y sin perjuicio de corresponder esta última a favor de los individualmente afectados. al no contemplar sus especialidades. DE LOS SANTOS señala que la ejecución forzada de la sentencia colectiva es uno de los
temas esenciales a tener en cuenta para la adecuada regulación de este tipo de procesos. no hacer) y. La creación de los fondos en definitiva busca la obtención de una base de dinero para ir solventando la deducción de acciones colectivas. Protección Procesal. mucho menos lo es para los procesos colectivos. pero los mismos suelen ser objeto de críticas y especulaciones109. sería conveniente prever la posibilidad de modificar en la etapa de ejecución el modo de “recomposición” del medio ambiente. administración y funcionamiento de “fondos” u organismos recaudadores o administradores de las condenas se ha visto como una necesidad en nuestros países. así como la financiación de investigaciones y programas educacionales tendientes a evitar la reiteración de la conducta ilícita causante del daño (GOZAÍNI.
. cit. Algunos precedentes jurisprudenciales dan cuenta de las serias dificultades que ocasiona la ejecución de las condenas en materia de recomposición del medio ambiente dañado y que evidencian la necesidad de un mayor rigor en la ejecución forzada de los mandatos judiciales. permitiendo el acceso de todos los damnificados al sistema. Más aún.recurrirse a la regulación general del proceso de liquidación y ejecución cuando el condenado no cumple voluntariamente con el fallo.  Se destaca la necesidad de que los jueces utilicen medidas conminatorias eficaces para obtener el cumplimiento efectivo de la condena impuesta en la sentencia110. “Algunas pautas”. cit. Sin embargo. Algunos países cuentan con dichos “fondos” creados para administrar las indemnizaciones producto de procesos colectivos. en muchos países de América la mayoría de los casos se resuelven mediante sentencias de condena pecuniarias. GOZAÍNI señala que es diversa. lograr su rol eficiente en el proceso de ejecución es también un problema que se presenta en varios casos. hacer. eventualmente. colectivos e individuales homogéneos. si bien desde el punto de vista teórico resultan más eficaces las condenas a hacer o no hacer.  Resulta evidente que en casi todos los países el régimen general de liquidación y ejecución no es eficiente para los procesos individuales. su distribución y eventual reserva para quienes se ven alcanzados por la sentencia o acuerdo. Obviamente no se trata de las clásicas “astreintes” sino de la facultad del tribunal de disponer medidas eficaces (que representen un mal mayor que la condena pecuniaria o que persistir en la actitud contumaz) para obtener la prestación “in natura” de la condena o la ejecución del mandato incumplido “a costa del demandado”.  Se plantean dificultades a la hora de determinar el destino de las indemnizaciones provenientes de las condenas en los procesos colectivos.  Algunos países cuentan con normas que establecen un procedimiento especial de liquidación y ejecución de sentencias de los procesos colectivos/class actions. por cuanto pueden servir para pagar la recompensa al sujeto que llevó adelante la acción colectiva.). independientemente de sus recursos.
En cuanto a la finalidad que persiguen estos fondos. para compensar los gastos de quienes no pueden acudir a la justicia por escasez de recursos.  Las sentencias pueden tener diversos contenidos (dar. El juez debe recurrir a la medida conminatoria más adecuada para obtener el cumplimiento “in natura” de la condena.
 Al momento de la compleja ejecución de la sentencia colectiva puede afectarse la división de poderes113. 185). 186). la infraestructura del tribunal se satura. y los límites se vuelven difusos. “hay que terminar con la emisión de gases contaminantes de los automotores” y ordena que se dispongan medidas. Puede ocurrir incluso que los problemas de gestión.
Para solucionar el problema de las garantías de implementación. porque no tienen el tiempo ni poseen la información. dond e se fijaron objetivos. No dice cuál es el contenido del plan ni cuáles son las medidas. recursos ni medios.. Los jueces que han pasado esta frontera lo han hecho porque estaban convencidos de que la Administración no iba a cumplir lo ordenado. y esto puede derivar en decisiones equivocadas. terminen siendo imputados al tribunal. y su concreción lleva mucho tiempo. Justicia Colectiva. la creación de una “microinstitucionalidad” para implementar con suficientes garantías la ejecución del fallo114 ni las órdenes judiciales de organización para dicha implementación115. Justicia Colectiva. p. el tribunal puede hacerlo sin necesidad de entrometerse en los detalles. El tiempo es un factor de extraordinaria importancia para el tribunal y puede acarrear serios problemas. También se designaron encargados del control de cumplimiento que eran organizaciones no gubernamentales que
. no sólo porque – como dijimos – carecen de medios.
111 Señala LORENZETTI que es inevitable un lapso prolongado en la ejecución.. se describieron etapas según las distintas fuentes de contaminación y los plazos para cumplir. puede diseñarse una “microinstitucionlidad”. pero luego de unos meses. Justicia Colectiva.. A medida que pasa el tiempo. Puede ser factible llevar adelante un proceso colectivo. que son propios del Poder Ejecutivo. cit. culturas. en Estados Unidos y Canadá la mayor parte de los asuntos termina en acuerdos111. conductas. Ello podría ser de gran utilidad para lograr eficiencia en la ejecución. Fundamentalmente cuando se trata de condenas de hacer o no hacer se vuelven difusos los límites entre la función jurisdiccional y la función administrativa al ejecutar los fallos112.  Suelen plantearse dificultades en la larga fase de ejecución de las sentencias en la asignación y división de las funciones y competencias del tribunal. con perjuicio para la división de poderes y la imagen del servicio de justicia. 185-186).  No está aún suficientemente analizada ni evaluada en la mayor parte de nuestros países. Señala LORENZETTI: “Los jueces no están en condiciones de gestionar. lo cual es imposible. cuando se suman varios. el “fondo” y los órganos administrativos. volviéndose autocontradictorio. y consecuentemente las mayorías. que es un sector de la Administración. reglas. Ello significa que la sentencia puede contener una formulación que diga: “hay que limpiar el río” y ordena presentar un plan. El funcionamiento propio de los tribunales colegiados puede agravar la cuestión. porque se trata de modificar
situaciones que involucran instituciones. cit. Por estas razones es aconsejable que el tribunal tenga la sabiduría de poner un límite al proceso y dejar que los otros poderes cumplan su rol” (LORENZETTI. como lo propone LORENZETTI quien pone el ejemplo de la sentencia dictada por la Corte Suprema argentina en el caso del “Riachuelo”. ya que podrían cambiar los jueces que lo integran o sus ideas. cit. Pero si el problema consiste en controlar. ordenando la presentación de informes periódicos. p. Existen procesos de cinco años y otros de veinte con numerosos pasos intermedios (LORENZETTI. se identifica la decisión judicial con la gestión administrativa. La otra razón invocada es que no hay seguridad alguna de que la Administración esté en condiciones de aplicar las medidas correctas. pp.
Señala LORENZETTI: “El juez debe respetar los límites constitucionales de la división de funciones entre los distintos poderes y no puede avanzar más allá de afirmar la garantía de los derechos a través de mandatos orientados a un resultado. Se designó a un encargado responsable de llevar adelante la ejecución del plan. Cuando se interviene en un conflicto suele incrementarse la expectativa social de que se lo haga en todos los demás. El problema del tiempo en la ejecución suele ser un drama en los países iberoamericanos y probablemente para evitarlo. Tampoco existen garantías de que los jueces estén en mejores condiciones que la Administración para desempeñar estas tareas. sino porque también pueden haber opiniones muy distintas dentro del ámbito de autonomía judicial” (LORENZETTI. lo que está en el campo de la reserva de la Administración.
pero luego se deben dictar varias decisiones sobre aspectos concretos del plan y su implementación hasta que se logra una definición razonable (sentencia “Mendoza”. aunque bajo la supervisión lejana del tribunal. temporales y adaptativas.
Así. 2007.. que producen un alto impacto mediático y social. La sentencia declarativa es la que refiere al conflicto inicial conforme surge de la relación jurídico-procesal. Justicia Colectiva. Tampoco existen desarrollos en casi ninguno de los países de América en cuanto a la posible división de la ejecución por etapas cuando el objeto del litigio es demasiado amplio y/o la sentencia es comprensiva de situaciones diversas. LORENZETTI. cit. En cambio.. varios países carecen de regulación sobre acuerdos colectivos. mandatos de innovar y/o de no innovar. dinámico. Sería conveniente preverlo. cit.. 186-187).. o la división de la ejecución por etapas cuando el objeto del litigio es demasiado amplio y la sentencia es comprensiva de situaciones diversas y la aplicación de sanciones al funcionario público cuando se delega en la Administración la ejecución de un determinado mandato (Cf. y suele provocar una “ruptura”. cosa juzgada y liquidación y ejecución de la sentencia y. 2. p. pp. la sentencia puede contener exhortaciones. A. En términos generales. Es característico de estas sentencias una declaración de principios y una condena general. Señala el autor: “De este modo se creó una institu ción dedicada al cumplimiento del objetivo que actúa de modo autónomo.
117 Hemos tomado como punto de partida las conclusiones que en 2007 relevaba sobre algunos de estos
temas PELLEGRINI GRINOVER. etc. cit. pp. flexible. Este mecanismo permite que los diversos centros de interés interactúen de modo rápido. que se debe terminar con la contaminación del aire en Nueva Delhi o que se debe limpiar un río es un cambio respecto de una situación preexistente y consolidada). LORENZETTI pone el siguiente ejemplo: se condena a la ejecución de un plan para limpiar un río. otros. VI. Sin embargo. cit. un “cambio de concepción” (declarar que no debe haber más discriminación en las escuelas. El panorama legislativo sobre los procesos colectivos es heterogéneo en América: son pocos los países que han desarrollado un sistema jurídico integral sobre procesos colectivos. se mantiene la tendencia en el sentido de que cada vez más países van creando o proyectando sistemas de procesos colectivos. 178). pero luego es necesario dictar otras sentencias aclaratorias y ejecutorias (caso “Brown” y siguientes de la SC de Estados Unidos). Justicia Colectiva.). se mejoran los procesos de toma de decisiones al existir un proceso de debate previo y se aumenta el control social sobre el ritmo de la ejecución y su sentido” (LORENZETTI.
. La primera sentencia da el marco general y las posteriores van ejecutando. mandatos dirigidos a la administración y/o al Congreso. Se incrementa la cantidad de información disponible al ser aportada por diversos grupos. Justicia Colectiva. al menos en relación a las sentencias que condenan a hacer y/o a no hacer116. dada la importancia del bien afectado (cuando no es indemnizatoria o no es solo indemnizatoria. y una medida posterior puede dejar sin efecto la anterior (LORENZETTI.
participaron del proceso y un control de la transparencia financiera del plan. los procesos colectivos en los países americanos del civil law no alcanzaron aún el estado de evolución de las class actions norteamericanas. Señala LORENZETTI que la primera produce cosa juzgada y las segundas son provisorias. Novas tendencias. la ejecución normalmente importa numerosas etapas en las que se producen discusiones y precisiones. en algunos casos se ha señalado que no hay una sola sentencia sino varias. que es un ente público de auditoría. presentan legislación dispersa. 187-188). CONCLUSIONES117 1.. En muchos casos es necesario evaluar si el Juez puede hacer uso de facultades de superintendencia y otras medidas como las delegación de la ejecución en terceros porque una o más etapas exceden las posibilidades del tribunal. asistemática e incompleta al respecto. Salvador. en el XIII Congreso Mundial de Derecho Procesal. que configuran un proceso adaptativo de aproximación a la solución definitiva. generalmente. porque las medidas que se dictan son. CSJN argentina) o se ordena terminar con la discriminación en las escuelas. Bahía.
8. Los países del civil law y del common law presentan técnicas diferenciadas e institutos propios sobre acuerdos colectivos. Sin embargo. 10. fundamentalmente en la regulación de la cosa juzgada. suele ser mirado con cierto recelo por los políticos. operando así una suerte de “mestizaje” de las bases lógicas y estructurales de los sistemas del common law y del civil law. salgan razonablemente satisfechos. cosa juzgada y liquidación y ejecución de la sentencia. además de existir opiniones encontradas sobre si ello constituye la mejor solución. por tanto. 4. se percibe una tendencia a adoptar al menos algunas de sus soluciones en los países americanos del civil law. peor aún. la colusión y otras formas espurias de utilizar los mecanismos procesales. Ante la aprobación en muchos países de marcos legales sustantivos que habilitan e impulsan procesos colectivos (en materia medioambiental.3. 9. cosa juzgada y liquidación y ejecución de sentencias. suelen estar inspirados en los sistemas norteamericano. En el diseño de las mejores soluciones para cada país sobre acuerdos. está íntimamente ligada con definiciones de políticas públicas en
. se vislumbra con mayor claridad la necesidad imperiosa de proponer regulaciones legislativas simples y sencillas en los temas objeto de este informe. La experiencia de sistemas con excesiva y complejísima regulación y diversificación de situaciones que provocan distorsiones jurisprudenciales. 11. Los países de América que han adoptado regulaciones sobre procesos colectivos en los temas analizados en este informe. gradualmente. se ha verificado una influencia mixta del sistema norteamericano y del brasileño. el Estado. Existe en América consenso acerca de que los institutos y criterios tradicionales acerca de los acuerdos. La determinación del alcance de los acuerdos colectivos y los recaudos que debe controlar el juez. es interesante notar como en algunos países. organizaciones ambientalistas o de consumidores. legisladores y sociedad civil y. brasileño y/o en la codificación modelo para Iberoamérica.) y/o ante el planteo de demandas colectivas que ponen a prueba el sistema judicial. El Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica cobra paulatinamente mayor difusión y. 7. se hace patente la necesidad de regulaciones procesales de la Justicia Colectiva. etc. etc. 5. diseñadores e implementadores de políticas públicas. es fundamental considerar la realidad de cada nación y promover los instrumentos que permitan prevenir el fraude. 6. no son ni suficientes ni adecuados para los procesos colectivos. puede desalentar la consideración por algunos países de posibles regulaciones o. A medida que se profundiza en el análisis de las complejidades de los procesos colectivos. 12. lo que puede resultar innovador y positivo para el continente. de consumidores. Se percibe que en América existen dificultades en varios países para adoptar un marco regulatorio general y completo sobre procesos colectivos. La forma de regular los procesos colectivos presenta elevado grado de complejidad y sofisticación y en su debate suelen involucrarse intereses contrapuestos de sectores poderosos de la sociedad (grandes empresas. conforme a los principios que rigen sus sistemas procesales. visualizar a los procesos colectivos como laberintos de los que difícilmente el grupo o la clase que plantee pretensiones fundadas y/o el Estado.). Ello dificulta la comprensión del tema y el análisis objetivo de sus aristas por parte de los operadores jurídicos no especializados. la cosa juzgada y la liquidación y ejecución de las sentencias.
medio ambiente. y en casos muy complejos hasta la creación de una “microinstitucionalidad” para implementar los diversos aspectos de la sentencia. Algunos de los países que regulan la cuestión han adoptado exclusivamente uno de los referidos sistemas y otros utilizan fórmulas mixtas o diferenciadas según la materia sustantiva (derechos el consumidor. 17. En algunos casos se prevé que la eficacia de la sentencia favorable respecto de derechos difusos y colectivos pueda ser aprovechada en el proceso individual posterior en el que se reclame una indemnización. 14. La mayoría de los países de América no cuenta con regulación específica sobre el proceso de liquidación y ejecución de sentencia en los procesos colectivos/class actions. salvo si fuere absolutoria por ausencia de prueba (“secundum eventum probationem”). su ejecución. b) efecto obligatorio general de la sentencia tan solo si los actores triunfan (“secundum eventum litis”). se presenta un panorama muy variado en América. confiriéndole a quien no desea quedar alcanzado por el mismo el derecho de autoexclusión (como sucede en Estados Unidos y Canadá). Es imprescindible profundizar en la búsqueda de instrumentos idóneos para lograr en tiempos razonables la eventual liquidación de la sentencia y. En cuanto al alcance de la cosa juzgada en los procesos colectivos. por lo cual la sentencia colectiva desestimatoria no impedirá que los perjudicados ejerzan una acción individual reparatoria).). fundamentalmente. mediante la regulación de fondos adecuados. se adopta la cosa juzgada “secundum eventum litis” (solo favorece pero no perjudica las pretensiones individuales. que más excepcionalmente aparecen regulados en los países de América. hacer y/o a no hacer o indemnizatorio.
. 16. etc. Los países que lo regulan. Se destacan dos grandes sistemas: el que limita la posibilidad de celebrar acuerdos colectivos (sin perjuicio de “compromisos de ajuste de conducta” como sucede en Brasil o “pactos de cumplimiento” en Colombia) y el que admite ampliamente los acuerdos asignándole un rol preponderante al juez en el estricto contralor de los requisitos necesarios para su aprobación. seguido por la codificación modelo y varios países. 15. rendición de cuentas al juez del avance en el cumplimiento del fallo. como el de la cosa juzgada “secundum eventum probationem” de Brasil. condenar a dar. En materia de cosa juzgada en derechos individuales homogéneos. 18. debiendo recurrirse a las normas generales clásicas del proceso de liquidación y/o ejecución cuando el condenado no cumple voluntariamente con el fallo.materia de disponibilidad o indisponibilidad de los derechos y con las fortalezas. debilidades y rol de los jueces. En materia de alcance de la cosa juzgada se valoran como positivos tanto el mecanismo del “opt out” de los sistemas norteamericano y canadiense. considerando alguna de las tres principales soluciones: a) efecto obligatorio general de la sentencia sea a favor o en contra de los actores (previéndose generalmente instancias de publicidad y “opt out”. 13. ordenación de intervenciones. El contenido de las sentencias de los procesos colectivos/class actions puede ser meramente declarativo. lo cual es inadecuado e ineficiente. debiendo prestarse especial atención a no vulnerar la separación de poderes. y c) efecto obligatorio general de la sentencia. le confieren alcance general a la sentencia. conminaciones. 19.
pero queda mucha tarea por delante aún. otros han perfeccionado sus sistemas y en aquellos países que carecen de regulación o la misma es muy incipiente. se percibe en América una clara evolución en materia de procesos colectivos. si bien queda mucho por hacer y el panorama es muy diverso entre nuestros países. se comienzan a oír con más fuerza las voces de doctrina y jurisprudencia acerca de la necesidad de encontrar soluciones legales adecuadas para la Justicia Colectiva. La larga lucha de nuestros maestros comenzó a dar sus primeros frutos. Algunos han aprobado leyes nuevas. Finalmente.
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