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Timestamp: 2017-12-15 21:42:05
Document Index: 188578432

Matched Legal Cases: ['e contrario', 'artículo 78', 'artículo 98', 'artículo 220', 'artículo 220', 'artículo 221', 'artículo 221', 'artículo 221', 'artículo 221', 'artículo 31', 'e contrario', 'artículo 221', 'artículo 221', 'artículo 220', 'artículo 26', 'artículo 248', 'artículo 86']

Sentencia de la AN núm. 251/2016, de 10 de junio. Tributos trafico exterior. Derechos Antidumping e Impuesto sobre el Valor Añadido a la Importación - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia de la AN núm. 251/2016, de 10 de junio. Tributos trafico exterior. Derechos Antidumping e Impuesto sobre el Valor Añadido a la Importación
JUR\2016\134785
Recurso contencioso-administrativo 38/2012
Ponente: Excmo. Sr. Ernesto Mangas González
Núm. de Recurso: 0000038/2012
Núm. Registro General: 01532/2012
Demandante: VESTEL IBERIA, S.L.
Procurador: D. GERARDO TEJEDOR VILLAR
Ponente IImo. Sr.: D. ERNESTO MANGAS GONZÁLEZ
D. JOSÉ LUIS LOPEZ MUÑIZ GOÑI
D. JAIME ALBERTO SANTOS CORONADO
Madrid, a diez de junio de dos mil dieciséis.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional [Sección Séptima] ha pronunciado la siguiente Sentencia en el recurso contencioso-administrativo núm. 38/2012, interpuesto por «VESTEL IBERIA, SOCIEDAD LIMITADA», representada por el Procurador de los Tribunales D. Gerardo Tejedor Villar, con asistencia letrada, contra la resolución del Tribunal Económico- Administrativo Central [Sala Segunda - Vocalía Quinta] de 25 de noviembre de 2011 [R. G. 5316-09], sobre Tributos-Tráfico Exterior [Derechos Antidumping/IVA a la Importación - 2000/2001]; habiendo intervenido como parte demandada la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y asistida por la Abogacía del Estado. Cuantía: 4.706.092,61 Euros.
PRIMERO: Los actos administrativos de liquidación originariamente impugnados.
-Con fecha de 20 de mayo de 2004, la Jefatura del Área Regional de Aduanas e Impuestos Especiales [Delegación Especial de Madrid, AEAT] practicó liquidación en concepto de Derechos Antidumping, a cargo de «VESTEL IBERIA, S. L.», por importe de 4.210.799,50 Euros [Cuota: 3.565.156,56 Euros; Intereses de Demora: 645.642,94 Euros] y con el siguiente detalle:
Cuota: 1.220.248,30 Euros [44,60% sobre el valor en aduana]
Intereses: 252.338,06 Euros [arts. 58.2 c) y 61.2 LGT]
Cuota: 2.344.908,26 Euros [44,60% sobre el valor en aduana]
Intereses: 394.304,88 Euros [arts. 58.2 c) y 61.2 LGT]
Liquidación confirmada mediante resolución de 09 de julio de 2004, al desestimarse el recurso de reposición interpuesto por el obligado tributario, y que es consecuencia del acta de disconformidad A02/70838522, incoada a su vez como resultado de las actuaciones llevadas a cabo por la OLAF [Oficina Europea Antifraude], en relación con aparatos receptores de TV importados en el período de referencia, declarando como origen y procedencia Turquía, al amparo de los correspondientes DUAs, y cuyo origen se comprobó que, a efectos aduaneros, era el país de origen de los tubos de rayos catódicos utilizados, en aplicación de las reglas -para los productos de la partida 8528 del Arancel (origen no preferencial)- del Anexo 11 del Reglamento CEE 2454/93 de la Comisión, de aplicación del CA (su origen es el país que aporta, al menos, el 35% de los materiales no originarios), por lo que a juicio de la Inspección, procedía liquidar los correspondientes Derechos Antidumping del Reglamento CE 2584/98 del Consejo, que modificó el Reglamento CE 710/95 del Consejo, de 23 de marzo de 1995 (al tipo del 44,6% sobre los valores en Aduana).
-Del mismo modo y con fecha de 20 de mayo de 2004, la referida Jefatura del Area Regional de Aduanas e Impuestos Especiales practicó liquidación en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido a la importación, a cargo de «VESTEL IBERIA, S. L.», por importe de 585.819,04 Euros [Cuota: 495.293,11 Euros; Intereses de Demora: 90.525,93 Euros], conforme a la propuesta formulada por la Inspección de Hacienda del Estado en acta de disconformidad A02/70838540, mediante la aplicación de lo establecido en el art. 83.Uno de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. Liquidación confirmada mediante resolución de 09 de julio de 2004, al desestimarse el recurso de reposición interpuesto por el obligado tributario, y que presenta el siguiente detalle:
Cuota: 144.770,25 Euros [16% sobre la cuota antidumping - Art. 90 de la Ley del IVA]
Intereses: 29.886,56 Euros [arts. 58.2 c) y 61.2 LGT]
Cuota: 350.522,86 Euros [16% sobre la cuota antidumping - Art. 90 de la Ley del IVA]
Intereses: 60.639,37 Euros [arts. 58.2 c) y 61.2 LGT]
SEGUNDO: Impugnación de los actos de liquidación en vía económico-administrativa.
El obligado tributario impugnó las mencionadas liquidaciones en vía económico-administrativa ante el Tribunal Económico- Administrativo Regional de Madrid, que procedió a su desestimación mediante resolución de 23 de junio de 2009 [Reclamaciones núm. 28/11420/04 y 28/11419/04]. Y procedió después a impugnar esta resolución ante el Tribunal Económico- Administrativo Central, que con fecha de 25 de noviembre de 2011 [R. G. 5316-09] resolvió estima en parte el recurso de alzada interpuesto, anulando la liquidación de intereses de demora correspondientes al IVA a la importación, confirmando el resto del acuerdo impugnado.
TERCERO: Interposición de recurso contencioso-administrativo.
Con fecha de 01 de febrero de 2012, el Procurador de los Tribunales D. Gerardo Tejedor Villar, actuando en representación de «VESTEL IBERIA, SOCIEDAD LIMITADA» [C. I. F.: B-82/073222], interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional recurso contencioso-administrativo frente a la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 28 de noviembre de 2011 [R. G. 5316-09], por la que se procedió a estimar parcialmente el recurso de alzada promovido por aquella entidad frente a resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid de 23 de junio de 2009 [Expedientes 28/11420/04 y 28/111419/04], anulando los intereses de demora correspondientes al IVA a la Importación y confirmando el resto el acuerdo impugnado.
CUARTO: Admisión a trámite del recurso jurisdiccional.
El recurso contencioso-administrativo así planteado fue admitido a trámite por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional [Sección 7ª] mediante decreto de 06 de febrero de 2012 [Recurso Contencioso-Administrativo núm. 38/2012].
QUINTO: Formalización de la demanda rectora del recurso jurisdiccional.
Una vez recibido el expediente administrativo, se dio traslado del mismo a la parte actora para que formalizara la demanda, lo que efectuó mediante escrito presentado con fecha de 11 de diciembre de 2012 en el que, tras la exposición de los hechos y de los correspondientes fundamentos de derecho, terminó suplicando a la Sala la estimación de la demanda rectora del recurso jurisdiccional, declarando que no es conforme a derecho la resolución del TEAC inmediatamente impugnada, "salvo en lo relativo a los intereses sobre el IVA, sobre cuyo punto la resolución impugnada admitió la reclamación del recurrente y anuló los mismos, siendo también inválidas las liquidaciones correspondientes y confirmadas por la resolución impugnada", con imposición de las costas a la parte demandada, si se opusiere.
SEXTO: Contestación a la demanda. Suspensión del curso del proceso ante la pendencia de recurso de anulación interpuesto por la propia parte demandante ante el Tribunal de la Unión Europea.
A continuación se dio traslado a la Abogacía del Estado para la contestacióna la demanda, lo que realizó mediante escrito presentado con fecha de 26 de febrero de 2013, en el cual expuso los hechos y sus correspondientes fundamentos de derecho, suplicando: 1) La suspensión del procedimiento en el estado actual hasta que el TJUE dicte sentencia en el asunto T-249/12 Vestel vs Comisión Europea,dando traslado después de lo cual a la parte actora para que se ratifique en su demanda y, posteriormente, a la Abogacía del Estado para la contestación. 2) Subsidiariamente, la inadmisión de la demanda por falta de jurisdicción, sin perjuicio de las alegaciones que atendiendo a circunstancias sobrevenidas puedan articularse por el Estado en el escrito de conclusiones, con imposición de costas a la parte recurrente.
Mediante providencia de 28 de febrero de 2013 se dio traslado de dicho escrito a la parte demandante para alegaciones sobre lo solicitado en el mismo. La parte actora presentó escrito al efecto con fecha de 12 de marzo de 2013, instando: 1) La suspensión del proceso contencioso-administrativo hasta que el TJUE dicte sentencia en el asunto T-249/12, permitiendo a las partes alegar lo que convenga a su derecho una vez el TJUE haya dictado sentencia, y denegando en todo caso la solicitud de inadmisión por falta de jurisdicción. 2) Simultáneamente a la suspensión, la remisión de cuestión prejudicial al TJUE sobre la interpretación del art. 221 (3) del Código Aduanero Comunitario, "y todo ello en el supuesto de que esta Sala pretenda excluir la aplicación de dicha disposición, contrariamente a lo alegado por la recurrente".
Con lo cual, mediante auto de 21 de marzo de 2013 se decidió suspender el curso del proceso contencioso-administrativo hasta que el TJUE resolviese el Asunto T-249/12 (VESTEL IBERIA/COMISIÓN).
SEPTIMO: Escrito de alegaciones presentado por la parte demandante el 17 de mayo de 2013.
Con fecha de 17 de mayo de 2013, la parte actora presentó escrito manifestando que el 23 de abril de 2013 había recibido comunicación de la Comisión Europea, que adjuntaba, en la que se indicaba que la Administración española había reconocido ante la Comisión que liquidaciones como las impugnadas en este proceso son contrarias a derecho. Y solicitando en indicado escrito: 1) Que se diera copia del escrito y de la comunicación adjunta a la Abogacía del Estado para que se pronunciase sobre si mantiene su oposición a este recurso jurisdiccional en relación con la aplicación del plazo de tres años previsto en el art. 221.3 CAC o si, por el contrario, no se opone a la aplicación de dicha disposición y está de acuerdo con la demandante en que las liquidaciones aquí impugnadas son contrarias a derecho en la medida que no se respetó el plazo de tres años previsto en el art. 221.3 CAC. 2) Que se tenga en cuenta la comunicación adjuntada, en la resolución de este recurso contencioso- administrativo, en los términos señalados en el propio escrito, y que en el momento procesal oportuno se confirme que la resolución impugnada y las correspondientes liquidaciones son contrarias a derecho, por incumplir el plazo de tres años previsto en el art. 221.3 CAC, en relación con las importaciones realizadas en el año 2000y hasta el 24 de mayo de 2001, según ha reconocido la propia Administración española y la Comisión Europea. Y que procede la suspensión del recurso en relación con los demás motivos de invalidez alegados por la demandante y que se resolverán en el Asunto T-249/12.
Mediante providencia de 23 de mayo de 2013 se dio traslado a la Abogacía del Estado para alegaciones sobre lo instado en primer término en el escrito precedente, y se tuvieron por hechas las alegaciones con respecto a lo instado en último término. La Abogacía del Estado [escrito presentado el 05 de julio de 2013] se opuso a la admisión del escrito presentado por la parte contraria, por encontrarse suspendida la tramitación del proceso y por ser irrelevante para el asunto que se enjuicia. Por lo que mediante providencia de 15 de julio de 2013 se tuvieron por hechas las alegaciones de la Abogacía del Estado y se acordó estar a lo resuelto en auto de 21 de marzo de 2013.
OCTAVO: Traslado a las partes del expediente complementario para alegaciones. Mantenimiento de la suspensión del proceso tras la sentencia del TJUE resolutoria del recurso de anulación.
Mediante providencia de 10 de septiembre de 2013, se dio traslado a las partes del expediente complementario remitido por el TEAR de Madrid [12 Anexos correspondientes a la Reclamación 28/11420/2004], para alegaciones, levantando a esos solos efectos la suspensión del proceso. Mediante escrito presentado el 26 de septiembre de 2013, la parte actora, tras precisar que lo enviado por el TEAR era el escrito de alegaciones presentado por la misma en la reclamación de referencia con sus anexo, solicitó que se mantuviera la suspensión del proceso, en la medida en que el Asunto T-249/12 seguía pendiente de resolución ante el TJUE. Y la Abogacía del Estado, mediante escrito presentado el 08 de 0ctubre de 2013, se ratificó en su escrito de contestación a la demanda de 26 de febrero de 2013. Por lo que mediante providencia de 09 de octubre de 2013 se acordó estar a lo resuelto en auto de 21 de marzo de 2013.
Mediante escrito presentado el 08 de septiembre de 2015, la representación procesal de «VESTEL IBERIA, SOCIEDAD LIMITADA» vino a manifestar:
-Que con fecha de 12 de marzo de 2015 el TJUE dictó sentencia [DOUE de 27 de abril de 2015, C 138/46] por la que, sin llegar a conocer del fondo del asunto, se inadmite el recurso de anulación interpuesto el 05 de junio de 2012 [T-249/12] contra la Decisión de la Comisión "C (2010) 22 final (REM 02/08)"-y en el que se propugnaba la invalidez de cuya Decisión en base al art. 220(2) (b) CAC-, por falta de legitimación activa de la recurrente; y que el 02 de junio de 2015, la mencionada entidad había interpuesto recurso de casación [C-265/15 P] frente a la sentencia dictada, por lo que la suspensión del recurso contencioso- administrativo continuaba estando justificada por lo que respecta al primer motivo de impugnación en que se basa su demanda, esto es, el consistente en la improcedencia de la contracción a posteriori de la liquidación impugnada, por la existencia de un error de las autoridades aduaneras en aplicación del art. 220 (2) (b) del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario [CAC], DOUE L302/1.
-Que por lo que respecta al segundo motivo de impugnación, consistente en la improcedencia de la liquidación impugnada en relación con aquellas importaciones para las que se excedió el plazo de comunicación de tres años establecido en el art. 221 (3) CAC, había recibido una comunicación de la Comisión según la cual la Administración española reconocía que liquidaciones como las impugnadas son contrarias a derecho por haber procedido a su comunicación fuera del plazo de tres años previsto en el art. 221 (3) CAC; que a dicha comunicación ya se refirió en escrito de 15 de mayo de 2013, y que en este contexto solicita el planteamiento, "en este momento procesal sin necesidad de esperar a que el TJUE dicte sentencia en el asunto c-26/15 P", de cuestión prejudicial [art. 267TFUE], sobre la validez de la mencionada Decisión de la Comisión y, al mismo tiempo, en la medida que este Tribunal albergara dudas sobre la necesidad de anular la liquidación impugnada en la parte que se notificó fuera del plazo de tres años, sobre la correcta interpretación del plazo de tres años establecido en el art. 221 (3) CAC. Y ello, por los fundamentos jurídicos que la parte actora exponía en el escrito de referencia, del que mediante diligencia de ordenación de 10 de septiembre de 2015 se dio traslado a la parte contraria para alegaciones, las cuales presentó la Abogacía del Estado mediante escrito presentado el 23 de septiembre de 2015, oponiéndose a lo solicitado de contrario.
Con lo cual, mediante auto de 08 de octubre de 2015, la Sala decidió mantener la suspensión del proceso hasta la resolución del recurso de casación interpuesto por la misma parte actora frente a la sentencia del TJUE de 12 de marzo de 2015 en el asunto T-249/12; y rechazar el planteamiento de cuestión prejudicial.
NOVENO: Señalamiento para votación y fallo. Escrito de la parte demandada adjuntando copia de la resolución adoptada por el TJUE respecto del recurso de casación promovido por la demandante frente a la sentencia resolutoria del recurso de anulación.
Mediante providencia de 10 de marzo de 2016 se señaló para votación y fallo el 28 de abril de 2016, fecha en la que tuvo lugar, quedando el recurso contencioso-administrativo visto para sentencia.
Mediante escrito presentado con fecha de 06 de mayo de 2016, la Abogacía del Estado, considerando su relevancia para la resolución del proceso, adjuntó copia del auto dictado por el TJUE con fecha de 21 de abril de 2016 en los asuntos C-264/15 P y C-265/15 P, solicitando su admisión, pese al señalamiento para votación y fallo, al haberse efectuado cuyo señalamiento sin levantar expresamente la suspensión del proceso y sin previa notificación a las partes, y al objeto de subsanar el defecto de haber levantado prematuramente la suspensión. Al propio tiempo, venía a alegar que habiendo concluido el proceso cuya existencia había determinado la suspensión de este proceso, mediante la inadmisión del recurso de alzada presentado por el aquí recurrente, venía a quedar confirmado el acuerdo de la Comisión, sobre el cual se remitía a su escrito de 21 de septiembre de 2015, además de invocar que su posición había quedado confirmada por la Ley 34/2015, a través de su Artículo único ["Modificación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria"], al introducir la Disposición Adicional Vigésima de la LGT ["Tributos integrantes de la deuda aduanera"]; y a través del apartado Uno su Disposición Final Tercera ["Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa"], al introducir la disposición adicional novena de la LJCA ["Incidencia de las competencias de la Unión Europea en el proceso contencioso-administrativo tributario"].
Mediante diligencia de 18 de mayo de 2016 se dejó constancia de la puesta a disposición del Ponente del escrito reseñado. Por lo que mediante providencia de 18 de mayo de 2016 se acordó unir el escrito presentado y, de conformidad con el art. 271.2 LEC, se dio traslado a la parte demandante por el plazo de cinco días para alegar y pedir lo que estimase procedente, con suspensión del plazo para dictar sentencia. Mediante escrito de 26 de mayo de 2016, la parte actora realizó las alegaciones que tuvo por convenientes, solicitando la anulación de la resolución administrativa impugnada y de las liquidaciones por ella confirmados, tal y como se solicitó en el escrito de demanda. Mediante diligencia de 31 de mayo de 2016 se hizo constar que en el anterior día hábil se había recibido el precedente escrito de alegaciones, y de que se pasaba a dar cuenta de ello al Ponente.
DECIMO: Cuantía del proceso. Observancia de prescripciones legales con excepción del plazo de la sentencia.
La cuantía del proceso [arts. 40 a 42, LJCA] ha de cifrarse en 4.706.092,61 Euros. Que es el resultado de descontar, del importe de las liquidaciones originariamente impugnadas en concepto de Derechos Antidumping e IVA a la importación [4.796.618,54 Euros], el importe de los intereses de demora del IVA [90.525,93 Euros], que fueron excluidos de la regularización tributaria por el TEAC en la resolución inmediatamente impugnada en el recurso jurisdiccional y, por tanto, no cuestionados en el proceso judicial.
En la tramitación del recurso jurisdiccional se han observado las prescripciones legales, excepto el plazo para dictar sentencia, debido a la complejidad de las cuestiones litigiosas planteadas, a la extensión del expediente administrativo y a la sustanciación del trámite de aportación de documentos con posterioridad al señalamiento para votación y fallo, con el que propiamente se alzó la suspensión del proceso, siguiendo la pauta establecida con el señalamiento del PO 239/2010, sentenciado el 14 de diciembre de 2015, que también se hallaba en suspenso a expensas de que se resolvieran por el Tribunal de la Unión Europea los Asuntos acumulados T-249/12 y T-269/12.
Al respecto del procedimiento de sustanciación del recurso jurisdiccional, las partes no solicitaron el recibimiento del proceso a prueba. La parte actora [quinto otrosí de la demanda] se limitó a adjuntar diversos documentos anexos a la demanda, a efectos probatorios [art. 56.3 LJCA], algunos de los cuales figuraban incorporados al expediente administrativo. La parte actora solicitó el trámite de conclusiones [Cuarto otrosí de la demanda], mientras que la parte demandada, en el escrito de contestación, se reservó el derecho a formular las alegaciones que atendiendo a circunstancias sobrevenidas pudieran articularse en el escrito de conclusiones, y a falta del trámite para su formalización, presentaron diversos escritos de alegaciones tras la formalización de la demanda y de la contestación, en los que fijaron su posición procesal, abundando en las tesis defendidas en sus escritos de debate.
Habiendo sido Ponente el Magistrado D. ERNESTO MANGAS GONZÁLEZ, quien expresa el parecer de la Sala.
1.- Es objeto de impugnación [art. 25, Ley 29/1998, de 13 de julio] la resolución dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Central con fecha de 25 de noviembre de 2011 [R. G. 5316-09], por la que se estima en parte el recurso de alzada interpuesto por «VESTEL IBERIA, SOCIEDAD LIMITADA» frente a la resolución dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid de 23 de junio de 2009 en los expedientes núm. 28/11420/04 y 28/11419/04, por los conceptos de Derechos Antidumping e Impuesto sobre el Valor Añadido a la Importación, ejercicios 2000 y 2001, y cuantías de 4.210.799,50 Euros y 585.819,04 Euros, respectivamente. La suma de cuyos importes asciende a 4.796.618,54 Euros.
2.- En efecto, con fecha de 10 de agosto el obligado tributario promovió ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid sendas reclamaciones económico-administrativas [Expedientes núm. 28/11420/04 y 28/11419/04] frente a las liquidaciones reseñadas en el Antecedente de Hecho Primero de esta sentencia, siendo desestimadas cuyas reclamaciones mediante resolución del TEAR de 23 de junio de 2009, contra la que el obligado tributario promovió, a su vez, recurso de alzada ante el Tribunal Económico-Administrativo Central, y que este estimó parcialmente mediante resolución de 25 de noviembre de 2011 [R. G. 5316/09], anulando la liquidación de intereses correspondientes al IVA a la importación [86.174,59 Euros], y confirmando en lo restante el acuerdo impugnado [4.706.092,61 Euros].
Para ello, el TEAC, en línea con las razones expuestas en el acuerdo impugnado, vino a confirmar la procedencia de la liquidación de Derechos Antidumping :
«...por ser de aplicación la segunda norma del Anexo 11 RACAC, y al ser los tubos de imagen de origen chino, este es el origen que adquieren los televisores importados por VESTEL IBERIA SL, procediendo liquidar Derechos Antidumping UE.»
Confirmó el TEAC, igualmente, la liquidación de intereses de demora devengados por la liquidación de Derechos Antidumping, al considerar
«...que ante la falta de regulación comunitaria sobre la totalidad de los aspectos referentes a la recaudación a posteriori, especialmente al de la morosidad, es necesario recurrir a la normativa nacional. En este sentido, parece clara la referencia que se hace en el tercer considerando del Reglamento (CEE, EURATOM) número 1352/89 del Consejo, de 29 de mayo de 1989 (...) y más recientemente en el 1355/96 del Consejo, de 8 de julio de 1996, que modifica el anterior (...) En el mismo sentido, debe traerse a colación lo establecido en el apartado tercero del artículo 78 del propio Código Aduanero (...) Pues bien, conforme a lo expuesto, siendo criterio general en nuestro ordenamiento interno la aplicación general de intereses de demora en los ingresos fuera del plazo en que debieron efectuarse, cuando su exigencia se hubiera derivado de la actuación comprobadora e investigadora de la Administración, según se establece en la Ley General Presupuestaria, Ley General Tributaria y Reglamento General de la Inspección de los Tributos y copiosa jurisprudencia al respecto sobre el carácter indemnizatorio y no sancionador de los intereses de demora, de ello deviene la procedencia de liquidar tales intereses en los casos de recaudación a posteriori.»
Y el TEAC confirmó la "liquidación por el Impuesto sobre el Valor Añadido a la importación consecuencia de los incrementos de base resultantes del acta A02/70838522 (...), por la simple aplicación al supuesto de lo establecido en los artículos 83.Uno y 90 de la Ley del Impuesto". Pero apreció la improcedencia de liquidar intereses de demora sobre las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido a la importación, a la vista de la jurisprudencia a que hace referencia, conforme a la cual, "las previsiones del artículo 98.2 de la Ley 37/1992 deban ceder ante los designios del legislador de la Unión Europea".
Finalmente, en lo que se refiere a la "temporaneidad de las conclusiones inspectoras" y al plazo de tres años establecido para comunicar la deuda aduanera al deudor, el TEAC confirmó igualmente las apreciaciones hechas por el TEAR al rechazar las objeciones de carácter formal hechas en las reclamaciones y, más concretamente, al rechazar la infracción del art. 221.3 CA por el transcurso del plazo de tres años desde las fechas de presentación de los correspondientes DUAs, y al rechazar el incumplimiento del plazo establecido en el art. 31 RGIT.
Planteamiento del recurso contencioso-administrativo.
1.- La pretensión y los motivos de la demanda.
Con la pretensión de que se estime la demanda rectora del recurso jurisdiccional, "declarando no ser conforme a Derecho la resolución de 25 de noviembre de 2011 dictada por el Tribunal Económico Administrativo Central, salvo en lo relativo a los intereses sobre el IVA, sobre cuyo punto la resolución impugnada admitió la reclamación del recurrente y anuló los mismos, siendo también inválidas las liquidaciones correspondientes y confirmadas por la resolución impugnada, y todo ello con expresa condena en costas a la parte demandada si se opusiere" [art. 25, Ley 29/1998], los motivos de impugnación que frente a aquella resolución formula la parte actora en la demanda [art. 56.1, idem], son:
«Improcedencia de la contraccióna posteriori conforme al artículo 220 (2) (b) del Código Aduanero Comunitario »
Sostiene la demandante que se cumplen las condiciones establecidas en el art. 220 (2) (b) del CAC, que justifican la no contracción a posteriori de las liquidaciones. Lo que, a su juicio, determina la nulidad de la resolución impugnada y de la liquidaciones por ella confirmadas. Y ello, en la medida en que:
«a) Existe un claro error imputable a las autoridades aduaneras tanto del país de exportación (autoridades turcas) como del país de importación (autoridades españolas); y b) el error no pudo ser detectado por la recurrente, que siempre actuó de buena fe y con arreglo a las disposiciones vigentes, en particular por los siguientes motivos: i. La complejidad de la interpretación de la Decisión 1/95 y de las normas de origen no preferencial, que incluso con posterioridad a la investigación de la OLAF seguían sin estar consensuadas entre todos los Estados miembros ni con Turquía; y ii. La diligencia de la recurrente, que siempre actuó bajo la confianza legítima, alimentada por la actuación de las autoridades aduaneras implicadas y del sistema informático establecido por la Agencia Tributaria, de que su actuación era la debida. La recurrente alega que cumple por lo tanto con la segunda condición para la aplicación del artículo 220 (2) (b) del CAC teniendo en consideración la complejidad de la interpretación y aplicación de las normas relevantes y la diligencia y buena fe demostrada por Vestel. En consecuencia y de acuerdo con lo expuesto, no procede la contracción a posteriori de los derechos de antidumping ni el IVA a la importación, y carecen de fundamento las liquidaciones practicadas, admitidas por la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central que aquí recurrimos, y que debe ser anulada por no ser conforme a Derecho»
Al respecto, mediante otrosí de la demanda, solicitó la suspensión del proceso contencioso-administrativo hasta que el TJUE dictase sentencia en el asunto T-249/12 sobre la validez de la Decisión de la Comisión REM 02/08.
«Improcedencia de las liquidaciones en relación a las importaciones para las que se había excedido el plazo de tres años establecido en el artículo 221 del CAC realizadas para su notificación»
La recurrente alega que la resolución impugnada incumple el art. 221 (3) del CAC según el cual una deuda aduanera solo puede comunicarse válidamente al deudor en el plazo de tres años a contar desde la fecha de nacimiento de la deuda. Tras exponer los motivos por los cuales considera que la interpretación seguida por las autoridades españolas, y respaldada por la resolución impugnada, para excluir la correcta aplicación del plazo de tres años establecido en el artículo 221 (3) del CAC, no se puede sostener, y que por lo tanto la resolución impugnada incumple el art. 221 (3) del CAC, establece la siguiente conclusión:
«El Reglamento 2898/95 no es aplicable a aquellas liquidaciones que tengan la consideración de deuda aduanera, como es el caso de los derechos antidumping sobre los que versa la resolución impugnada. Incluso si el Reglamento 2898/95 y el Código Aduanero Comunitario fueran potencialmente aplicables a una liquidación aduanera, quod non, es de aplicación el Código Aduanero Comunitario por tratarse de una deuda aduanera y por ser el Código Aduanero Comunitario la normativa sectorial. En ningún caso puede excluirse su aplicación a favor de una normativa general como el Reglamento 2898/95. En ningún caso puede invocarse la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al Reglamento 2898/95, tal y como por ejemplo el asuntoC-278/02, para excluir la aplicación del Código Aduanero Comunitario a deuda aduaneras. El Código Aduanero Comunitario no era ni tan siquiera aplicable a los hechos de los que conocía el Tribunal de Justicia en dicho asunto y, por lo tanto, en ningún caso era necesario elegir entre su aplicación y la del Reglamento 2988/95. Es más, la cuestión de la que debía conocer el Tribunal de Justicia en ningún caso incluía si el Código Aduanero Comunitario debía aplicarse en lugar del Reglamento 2988/95. Por último, la aplicación del plazo de tres años previsto por el artículo 221 (3) del CAC ha sido confirmada por la jurisprudencia de los tribunales españoles, incluido el Tribunal Supremo, según los cuales, una vez transcurrido el plazo de tres años, la deuda aduanera no es exigible. Por lo tanto, Vestel alega que el acuerdo impugnado es contrario a derecho por cuanto confirma los acuerdos de liquidación impugnados pese a incluir estos importaciones efectuadas durante el año 2000 y hasta el 24 de mayo de 2001. No procede la liquidación por dichas importaciones por haberse excedido el plazo para comunicar la deuda a Vestel, según el artículo 221 (3) del CAC.»
Al respecto, en el caso de que este Tribunal tenga la intención de excluir la aplicación del plazo de tres años establecido por el art. 221 (3) del CAC, la recurrente solicita, mediante otrosí de la demanda, el planteamiento de cuestión prejudicial al TJUE [art. 267TFUE] sobre la correcta interpretación del mencionado artículo.
«Improcedenciade los intereses de demora sobre los derechos arancelarios»
Mantiene la demandante que la regularización de la situación tributaria de la misma, liquidando intereses de demora desde que se produjeron las importaciones de referencia no resulta ajustada a derecho, al no existir base legal para ello. Es decir, por no contemplarse la posibilidad de su liquidación ni en la normativa comunitaria, en particular el art. 232 del CAC, ni en el Derecho interno, tal y como han afirmado reiteradamente los Tribunales. Cita al respecto las sentencias de la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional de 25 de junio de 2001,, 06 de febrero y 08 de marzo de 2004, y 13 de octubre de 2009.
«Se han excedido los plazos establecidos para completar la inspección, siendo las liquidaciones impugnadas por tanto nulas de pleno derecho»
Se dice en la demanda que la inspección llevada a cabo por las autoridades españolas para determinar la exigencia de una deuda aduanera a la recurrente es contraria a derecho por haber excedido el plazo de doce meses establecido para finalizar la investigación, habiéndose interrumpido por causas injustificadas durante un período de más de doce meses, por lo que se produce la nulidad absoluta de las actuaciones de comprobación e investigación llevadas a cabo por las autoridades españolas, o por haberse, en su caso, excedido el período máximo de interrupción de seis meses previsto en el artículo 31 bis. 1 (a) RGIT.
2.- En sus escritos de 04 de septiembre de 2015 y de 26 de mayo de 2016.
2.1.- En su escrito de 04 de septiembre de 2015.
Una vez recaída resolución [Sentencia del Tribunal de la Unión Europea de 12 de marzo de 2015, Asuntos T-249/12 y T-269/12] en el recurso de anulación promovido por la ahora demandante respecto de la Decisión de la Comisión C (2010) 22 final, de 18 de enero de 2010 [Asunto REM 02/08], en el sentido de declarar inadmisible el mentado recurso de anulación, constatando que está justificada la contracción a posteriori de derechos a la importación y que no está justificada la condonación de esos derechos en un caso particular, la parte demandante alegó en el escrito de referencia:
-La invalidez de la mencionada Decisión de la Comisión. Solicitando a cuyo efecto el planeamiento de cuestión prejudicial sobre la validez de la indicada Decisión.
-La liquidación impugnada es contraria a derecho en la parte que se notificó fuera del plazo de tres años señalado en el art. 221 (3) CAC. Solicitando a cuyo efecto el planeamiento, en su caso, de cuestión prejudicial sobre la interpretación del plazo establecido en aquel precepto para la comunicación de la deuda aduanera.
2.2.- En su escrito de 26 de mayo de 2016.
Y una vez recaída resolución [Auto del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 21 de abril de 2016, Asuntos acumulados C-264/15 P y C-265/15 P] en el recurso de casación promovido por VESTEL IBERIA SL frente a la mencionada sentencia del Tribunal General [Sala Sexta] de 12 de marzo de 2015 [Asuntos T-249/12 y T-269/12], la Abogacía del Estado vino a manifestar:
-Que la resolución impugnada es contraria a derecho con independencia de los efectos que la Decisión de la Comisión Europea [REM 02/08] pueda tener para la recurrente.
Pues, a su juicio, la resolución impugnada es contraria al art. 221.3 del CAC [Reglamento CEE nº 2913/92], puesto que los acuerdos de liquidación se notificaron cuando ya había transcurrido el plazo de tres años establecido en aquel, por lo que concluye que tales acuerdos son inválidos en relación con las importaciones efectuadas durante el año 2000 y hasta el 24 de mayo de 2001. Añade que, en cualquier caso, las actuaciones inspectoras excedieron del plazo general de duración de doce meses [art. 31, Real Decreto 939/1986, de 25 de abril], sin que mediase acuerdo ampliatorio ni se hubiese comunicado una causa injustificada para la interrupción del plazo. Invoca la sentencia dictada por esta Sala y Sección en sentencia de 14 de diciembre de 2015 [Rec. 239/2010]. Por lo que al considerar que los acuerdos de liquidación son contrarios a derecho en su totalidad por los motivos reseñados, "la validez y efectos jurídicos de la Decisión de la Comisión REM 02/08 son irrelevantes para la resolución de este recurso.
-Que la resolución del TJUE de 21 de abril de 2016 se pronuncia únicamente sobre la admisibilidad del recurso de anulación interpuesto por la recurrente, y no sobre la validez de la Decisión de la Comisión Europea REM 02/08. Y que dicha resolución permite la aplicación del art. 220 (2) (b) del CAC.
Para la parte demandante, el principio que se deriva de la resolución del TJUE de 21 de abril de 2016 es que la referida Decisión únicamente tiene efectos jurídicos vinculantes para las autoridades o tribunales españoles en relación al operador económico que solicitó la remisión y que, por lo tanto, motivó la adopción de la Decisión de la Comisión REM 02/08 [Schneider España de Informática SA]. Expresamente se remite al efecto al párrafo 48 del Auto de 21 de abril de 2016. Por lo que considera que, sin necesidad de declarar previamente dicha Decisión inválida, se puede concluir que no procede la contracción a posteriori en aplicación del art. 220 (2) (B) CAC. Con lo cual, terminó solicitando la anulación de la resolución inmediatamente impugnada y de los acuerdos de liquidación por ella confirmados.
3.- Oposición al recurso contencioso-administrativo.
3.1.- En la contestación a la demanda.
La Abogacía del Estado se opuso al recurso jurisdiccional, alegando al respecto en la contestación a la demanda:
«Falta de jurisdicción. Soberanía de la Unión Europea para conceder o denegar la condonación de derechos antidumping debidos a una contracción a posteriori. Los actos de la Administración española son meros actos debidos de ejecución»
Se dice en la contestación a la demanda que, en todo lo que se refiere en este caso a la procedencia de efectuar la contracción a posteriori y a denegar o conceder la condonación de esta última, la competencia es exclusiva de la Unión Europea y la jurisdicción para enjuiciar el caso corresponde en exclusiva al TJUE. Se propugna, en consecuencia, la inadmisión de la demanda [arts. 1 y 69 a) LJCA].
«Suspensión de la tramitación en cuanto al resto de las cuestiones»
En consecuencia, para la parte demandada, la jurisdicción de este Tribunal se limitaría a enjuiciar si el acto de la Administración española ejecuta correctamente la Decisión de la Comisión, una vez confirmada por el TJUE. Por lo que para poder enjuiciar esto, considera que hay que conocer previamente la sentencia del TJUE. Finalmente, señala que la parte demandante no discute los intereses liquidados sobre los derechos contraídos a posteriori, por lo que, en principio, considera que si la Decisión de la Comisión fuera confirmada por el TJUE, el presente recurso podría quedar de forma sobrevenida sin objeto.
Por lo cual, solicitaba en la contestación a la demanda la suspensión del proceso en el estado en que se hallaba hasta que el TJUE dictase sentencia en el asunto T-249/12 y que, tras de lo cual, se diese traslado a la actora para que ratificase su demanda y a la Abogacía del Estado para formular contestación. Subsidiariamente, solicitaba que se tuviera por contestada la demanda y que se inadmita la misma por falta de jurisdicción.
3.2.- En sus escritos de 21 de septiembre de 2015 y de 05 de mayo de 2016.
3.2.1.- En su escrito de 21 de septiembre de 2015.
Una vez dictada la sentencia del Tribunal General [Sala Sexta] de 12 de marzo de 2015 [Asuntos T-249/12 y T-269/12], en el recurso de anulación planteado por la demandante respecto de la Decisión de la Comisión ya reseñada, la Abogacía del Estado vino a oponerse a lo solicitado de contrario en escrito de 04 de septiembre de 2015, al hallarse en suspenso el curso del proceso. Reiterando al mismo tiempo que la Comisión había determinado que en este concreto caso había que proceder a la contracción a posteriori de los derechos, de manera que la Administración española simplemente actúa como ejecutora de un acto comunitario.
3.2.2.- En su escrito de 05 de mayo de 2016.
Una vez recaída resolución [Auto del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 21 de abril de 2016, Asuntos acumulados C-264/15 P y C-265/15 P] en el recurso de casación promovido por VESTEL IBERIA SL frente a la sentencia del Tribunal General [Sala Sexta] de 12 de marzo de 2015 [Asuntos T-249/12 y T-269/12], la Abogacía del Estado vino a manifestar que:
«...habiendo concluido el proceso cuya existencia motivó la suspensión del presente, mediante inadmisión del recurso presentado por el aquí recurrente, queda confirmado el acuerdo de la Comisión. Como ya se indicó en nuestro anterior escrito de fecha 21 de septiembre de 2015: (...) la propia Comisión ha determinado que en este concreto caso hay que proceder a la contracción a posteriori de los derechos, de manera que la Administración española simplemente actúa como ejecutora de un acto comunitario. Aquí el asunto relevante es si se invocaron indebidamente preferencias arancelarias y si procede, en consecuencia, cobrar a posteriori los derechos de aduanas. Esto es lo que se enjuicia ante el TJUE, cuya jurisdicción ya se está ejerciendo por lo que no procede otro planteamiento de la misma cuestión»
En apoyo de cuya posición alegó entonces las modificaciones realizadas en la Ley Jurisdiccional [introducción de la disposición adicional novena] y en la Ley General Tributaria [introducción de la disposición adicional vigésima] por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre.
Sobre la inadmisibilidad del recurso jurisdiccional planteada en la contestación a la demanda.
Como queda dicho, la Abogacía del Estado planteó en la contestación a la demanda la falta de jurisdicción, ante la soberanía de la Unión Europea para conceder o denegar la condonación de derechos antidumping debidos a una contracción a posteriori, y la consideración de los actos de la Administración española como meros actos debidos de ejecución. Pues para la parte demandada, todo lo que se refiere en este caso a la procedencia de efectuar la contracción a posteriori, y a denegar o conceder la condonación de esta última, es de la competencia exclusiva de la Unión Europea, y la jurisdicción para enjuiciar cuya decisión corresponde en exclusiva al TJUE. Se propugna, en consecuencia, la inadmisión del recurso jurisdiccional [arts. 1 y 69 a) LJCA].
Sin embargo, el objeto del recurso jurisdiccional no es otro que la impugnación de la resolución del TEAC que parcialmente vino a confirmar en vía económico-administrativa los actos administrativos de liquidación dictados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la imposición de derechos antidumping a determinadas operaciones de importación y la correlativa liquidación del IVA a la importación devengado, en aplicación del Reglamento (CE) nº 710/95 del Consejo, de 27 de marzo de 1995, por el que se estableció un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de receptores de televisión en color originarios de Malasia, la República Popular China, la República de Corea, Singapur y Tailandia. De manera que siendo objeto del recurso jurisdiccional la "actuación de las Administraciones públicas sujeta al derecho administrativo" [art. 9.4 LOPJ ; art. 1.1 LJCA], carece de fundamento propugnar la falta de jurisdicción del orden contencioso-administrativo para su enjuiciamiento [art. 69 a) LJCA]. Sin perjuicio del alcance que en la resolución del litigio puedan tener tanto las decisiones adoptadas por la Comisión Europea en el ejercicio de sus competencias, como las resoluciones dictadas por el Tribunal de la Unión Europea en relación con dichas decisiones, cuya incidencia en proceso contencioso-.administrativo ha sido regulada precisamente tras la incoación del presente recurso jurisdiccional por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, en vigor desde 12 de octubre de 2015, al modificar tanto la LGT como la LJCA; modificación normativa a la que hizo referencia la parte demandada en su escrito de 05 de mayo de 2016,
Sobre los motivos de la demanda basados en la infracción de las normas rectoras de la duración del procedimiento de inspección.
1.- Sostiene la demandante la nulidad de pleno derecho de las liquidaciones originariamente impugnadas, por considerar que "se han excedido los plazos establecidos para completar la inspección. Motivo de impugnación que defiende por considerar:
-Que el procedimiento de comprobación e inspección incoado por la Administración tributaria para determinar la deuda aduanera excedió del plazo de doce meses establecido para finalizar la investigación [Art. 31 RGIT].
-Que la inspección no fue interrumpida por causa justificada, antes al contrario, se interrumpió por causas injustificadas durante un período de más de doce meses.
-Que la interrupción de la inspección excedió en todo caso los plazos máximos establecidos para las interrupciones [6 meses: art. 31bis (1) (a) RGIT].
2.- Del expediente se desprende que las actuaciones inspectoras se iniciaron el 21 de mayo de 2002, al objeto de comprobar las bases y tipos de derechos antidumping declarados por el obligado tributario en las importaciones de 2000 y 2001 en base a los arts. 78 y 220 del Reglamento CEE 2813/92, del Consejo, de 12 de octubre de 1992.
Según expone el órgano de liquidación en su resolución de 09 de julio de 2004: «Si las actuaciones se inician el21/05/2002,se interrumpen justificadamente el27/06/2002 por un período de doce meses, fecha en la que el actuario informa a la Inspectora- Jefe de la necesidad de dejar abierto el expediente a la espera de información de la OLAF, se extiende el02/12/2003 diligencia con el objeto de de comprobar el origen de los televisores en color importados de Turquía, solicitando los expedientes correspondientes a las operaciones de importación de televiso4res en color procedentes de empresas del Grupo Vestel, se extienden el09/03/2004 sendas diligencias comunicando los datos de las operaciones comprobadas con arreglo a los datos proporcionados a la OLAF por el fabricante turco de los televisores y los proporcionados por la propia interesada, y concediéndose el trámite de audiencia, se incoa el acta el05/04/2004 y se dicta el acuerdo el20/05/2004, las actuaciones han finalizado en el plazo establecido reglamentariamente.»
El TEAC, respaldando las apreciaciones hechas al respecto por el órgano de gestión, y en línea con lo resuelto en primera instancia por el TEAR, considera justificada la interrupción de las actuaciones inspectoras por el plazo de 12 meses [art. 31 bis RGIT], porque la información relevante para la liquidación de los derechos, en cuanto base fundamental para determinar el origen de las mercancías y para la exigencia de derechos antidumping, no se puso a disposición de la Agencia Tributaria por la interesada al comienzo de las actuaciones inspectoras. Circunstancia que, para el TEAC, permitiría descartar tanto el incumplimiento del plazo máximo de inspección [12 meses] legalmente establecido [art. 31RGIT], como la interrupción injustificada de las actuaciones inspectoras por más de seis meses [arts. 31 bis 1 a) y 31 quater RGIT].
3.- Sin embargo, en el procedimiento de inspección de que se trata no se acordó la ampliación del plazo de tramitación del expediente [art. 31 ter RGIT], sino que el actuario se limitó a dictar la ya mencionada diligencia de 27 de junio de 2002 para dejar constancia de que no se verificado el origen de las mercancías importadas, y se deja abierta la comprobación hasta el posterior reinicio, que se produjo el 02 de diciembre de 2003. Por lo que al haberse producido entretanto el transcurso del plazo máximo de tramitación establecido reglamentariamente, y no haberse precisado suficientemente en la mencionada diligencia de 27 de junio de 2002 las causas de interrupción del procedimiento, en perjuicio del obligado tributario, la referida interrupción ha de considerarse injustificada, con la consiguiente caducidad del procedimiento y la ineficacia del mismo para causar la interrupción del curso de la prescripción. Y en el mismo sentido se pronunció esta Sala y Sección en sentencia de 14 de diciembre de 2015, dictada en el Procedimiento Ordinario 239/2012, que asimismo estuvo en suspenso a expensas de que se resolviera el recurso de anulación planteado ante el Tribunal de la Unión Europea respecto de la Decisión de la Comisión COM (2010) 22 final, de 18 de enero de 2010. En la referida sentencia se apreció concretamente que la diligencia de 30 de septiembre de 2002, de contenido semejante a la de 27 de junio de 2002, del procedimiento de que aquí se trata, y por extensión las actuaciones inspectoras, "no han la interrumpido plazo alguno ni de caducidad ni de prescripción, quedando caducado en este caso el acto administrativo controvertido".
Sobre el motivo de impugnación relativo al transcurso del plazo establecido en el Código Aduanero Comunitario para comunicar la liquidación de los derechos a recaudara posteriori.
Se dice en la demanda que la resolución administrativa impugnada es contraria a derecho, por haber confirmado los acuerdos de liquidación impugnados, pese a incluir éstos importaciones realizadas durante el año 2000 y hasta el 24 de mayo de 2001, en la medida en que no procede la liquidación por dichas importaciones, por haberse excedido el plazo de tres años establecido para comunicar la deuda liquidada a Vestel Iberia SL [art. 221 (3) CAC].
Al respecto, partiendo de la aplicación del Código Aduanero Comunitario [Reglamento (CEE) 2913/92] y de la prevalencia del mismo sobre el Reglamento CE nº 2988/95, del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, se especifica en la demanda que, en la medida en que los acuerdos de liquidación de que se trata fueron notificados a la recurrente el 24 de mayo de 2004, todas las importaciones efectuadas en el año 2001 y hasta el 24 de mayo de 2001 están fuera del plazo de tres años establecido en aquel precepto. Plazo contado desde el origen de la deuda aduanera, que se produce en el momento de la admisión de la declaración en aduana de que se trate [art. 201 CAC].
El TEAC, en línea el parecer del órgano de gestión y con lo resuelto en primera instancia por el TEAR, considera que el plazo del art. 221.3 CAC es de caducidad, aplicable al procedimiento de gestión; y que si dentro de dicho plazo, contado desde el nacimiento de la deuda aduanera, la Administración inicia las actuaciones encaminadas a regularizar la situación del obligado tributario, tanto su plazo de actuación como los plazos de prescripción son los comunes establecidos por la LGT y el RGIT para la generalidad de los tributos.
Sin embargo, las consideraciones del TEAC y de la Administración tributaria carecen de fundamento. Porque el art. 221.1 del Código Aduanero Comunitario [Reglamento CEE 2913/92] establece que "Desde el momento de su contracción deberá comunicarse el importe de los derechos al deudor, según modalidades apropiadas". Añadiendo el apartado tercero que "La comunicación al deudor no podrá efectuarse una vez haya expirado el plazo de tres años a partir de la fecha de nacimiento de la deuda tributaria".
Por lo tanto, los derechos antidumping girados sobre las importaciones despachadas hasta el 24 de mayo de 2001 [y las cuotas del IVA a la importación liquidadas sobre dichos derechos], carecen de validez, por haberse comunicado cuya liquidación al obligado tributario fuera del plazo establecido para ello por el art. 221.3 del CAC, norma de especial aplicación a las deudas aduaneras [art. 63 LRJAP -PAC]. Y conforme a la Sentencias del TJUE de 23 de febrero de 2006 [Asunto C-201/2004]:
«El artículo 221, apartado 1, del Reglamento núm. 2913/92 exige que el importe de los derechos de importación o de exportación sea objeto de contracción antes de ser comunicado al deudor" y que "En el momento en que expira el plazo fijado en el artículo 221, apartado 3, del Reglamento núm. 2913/92, prescribe la acción para la recaudación de la deuda aduanera, salvo lo dispuesto en la excepción prevista en ese mismo artículo, lo que equivale a la prescripción de la propia deuda y, por lo tanto, a su extinción».
Por lo tanto, los derechos antidumping girados sobre las importaciones despachadas hasta el 24 de mayo de 2001 [y las cuotas del IVA a la importación liquidadas sobre dichos derechos], carecen de validez, por haberse comunicado cuya liquidación al obligado tributario fuera del plazo establecido para ello por el art. 221.3 del CAC, norma de especial aplicación a las deudas aduaneras, que impide a la Administración efectuar contracciones a posteriori de la deuda aduanera respecto a los despachos realizados en un período superior a tres años [art. 63 LRJAP -PAC].
En el mismo sentido se ha pronunciado esta Sala y Sección en sentencia de 14 de diciembre de 2015, dictada en el Procedimiento Ordinario 239/2012, que asimismo estuvo en suspenso a expensas de que se resolviera el recurso de anulación planteado ante el Tribunal de la Unión Europea respecto de la Decisión de la Comisión COM (2010) 22 final, de 18 de enero de 2010. En la expresada sentencia de 14 de diciembre de 2015, siguiendo la doctrina expresada por el TJUE a través de las sentencias que aparecen recogidas en la dictada por el TSJ de Madrid de 02 de marzo de 2011 [Rec. 167/2009], se procedió a la aplicación del art. 221.3 del CAC con el alcance expuesto anteriormente.
Sobre el motivo de impugnación relativo a la contraccióna posteriori de derechos antidumping e IVA a la importación.
Aparte de ser improcedentes los derechos antidumping relativos a importaciones admitidas hasta el 24 de mayo de 2001, y de haber de considerarse caducado el procedimiento de comprobación e inspección en el que recayeron las liquidaciones originariamente impugnadas, ha de considerarse también que -como alega la demanda- concurren los requisitos establecidos en el art. 220 (2) (b) del CAC para la aplicación de la excepción a la contracción a posteriori, y ello en virtud de las razones ya expuestas por esta Sala y Sección en la repetida sentencia de 14 de diciembre de 2015 [PO 239/2010], fundamento jurídico sexto, conforme al cual:
«La actora basa principalmente su impugnación en el art. 220.2.b CAC existencia de error en las autoridades aduaneras de la UE, de España y de Turquía. Este el artículo 220, apartado 2, letra b), del CAC supedita la no recaudación a posteriori por las autoridades nacionales a tres requisitos acumulativos. Cuando esos tres requisitos se cumplen, el deudor tiene derecho a que no se proceda a la recaudación a posteriori.
Es necesario que los derechos no hayan sido percibidos como consecuencia de un error de las propias autoridades competentes. Además, el error cometido debe ser de tal naturaleza que razonablemente no pudiera ser conocido por el deudor de buena fe, a pesar de su experiencia profesional y de la diligencia con la que debe actuar. Por último, el deudor debe haber observado todas las disposiciones establecidas por la normativa en vigor en lo que respecta a su declaración en aduana.
De lo que se trata, por tanto, en este caso, es determinar si se cumplían o no los requisitos exigidos para liquidar derechos antidumping en una contracción a posteriori respecto de las televisiones a color importadas de Turquía por la actora cuyos tubos catódicos se ha determinado que procedían o eran originarios de China.
Las autoridades españolas no cuestionaron las televisiones importadas ni por supuestos sus elementos impositivos en el momento del despacho aduanero, tras iniciarse en marzo 2002 unas investigaciones por la OLAF en relación al origen de los tubos catódicos de las televisiones procedentes de Turquía, es cuando se decide el inicio de una recaudación a posteriori. Es obvio, que dentro del periodo de tres años las autoridades aduaneras podían efectuar una contracción a posteriori, sin embargo el art. 220 mencionado enumera los casos en que deben las autoridades nacionales competentes no iniciar la recaudación a posteriori, cuando constaten la concurrencia de los tres requisitos que la hacen improcedente, en cuyo supuesto procede abstenerse de recaudar.
El primer requisito hace referencia a que los derechos no hayan sido percibidos como consecuencia de un error de las autoridades competentes. En este caso, el importador partía con un certificado ATR de los televisores fabricados por Vestel Electrónica, por lo que los televisores eran originarios de Turquía, aunque posteriormente la OLAF determinó que no lo eran, pero ello no podía conocerlo a priori el importador y en todo caso podían conocerlo las autoridades aduaneras turcas antes de emitir esos certificados de origen.
Al existir tales certificados, a la actora le permitía conocer el origen de las televisiones, al menos contaba con una garantía sobre el producto, y ese certificado permitió, también, a las autoridades españolas considerar a las televisiones de origen turco tipo arancelario 0 en base a la Decisión 1/95, que fue el indicado en la importación. Es solo posteriormente cuando la OLAF inicia sus investigaciones respecto al origen de los tubos catódicos cuando la administración aduanera española procede a iniciar los trámites de una contracción a posteriori.
La entidad recurrente no conocía el origen de los tubos catódicos, no existen indicios de que los conociera, por tanto efectuó las aportaciones actuando de buena fe.
El TS ha manifestado en ocasiones que el principio de exoneración al importador de buena fe fue recogido por el legislador en la reforma introducida en el Código Aduanero por medio del Reglamento CE 2700/2000, de 16 de noviembre de 2000, publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas L-311 de 12 de diciembre de 2000, cuyo Considerando 11 claramente señala que "no debe considerarse al deudor responsable de los fallos del sistema debidos a errores de las autoridades de un tercer país". (STS 8-3-2000 y 5-3-2004).
"Con la indicada modificación normativa el Código Aduanero no hizo otra cosa que recoger en su articulado el principio de seguridad jurídica del importador, a quien no deben trasladarse los efectos ni las consecuencias económicas de posibles inexactitudes, defectos o, incluso, falsedades en los certificados de origen expedidos por países terceros y cuya correcta expedición escapa totalmente al control de dicho importador, quien por ello no debe resultar responsable del pago de la deuda aduanera y mucho menos de unos derechos antidumping exigidos ex-novo sobre la base de un supuesto origen República Popular China no confirmado por las autoridades de este país.
Ninguna responsabilidad puede derivarse de todo ello para el importador recurrente quien debe quedar amparado por el principio de "protección de la confianza legítima", que le protegía dada la falta de manifestación de las autoridades aduaneras que tramitaron la importación de que tuvieran "dudas fundadas" acerca de la validez del certificado de origen presentado".
El no haber puesto la Aduana española objeción alguna al origen declarado, como permitía el artículo 26 del Código Aduanero, ni haber manifestado en momento alguno "dudas fundadas" sobre la validez y veracidad del certificado de origen presentado, no hizo sino permitir que el importador ''confiara en la apariencia de legalidad de su modo de operar", por usar los mismos términos empleados por este Tribunal Supremo en sus sentencias de 25 de febrero y26 de abril de 2010,recaídas en recursos de casación 785 y1887/2005, en las que declaró infringido el indicado principio de protección de la confianza legítima/ doctrina que la sentencia recurrida vulnera por no aplicarla.
Por último, hay que dejar constancia de que el actor cumplió con la normativa en vigor en su declaración en aduana, aportando el certificado ATR emitido por las autoridades turcas, en consecuencia procede anular la liquidación resultante de la liquidación a posteriori practicada.
Respecto a la liquidación IVA a la importación 2000 y 2001, corre la misma suerte que los derechos antidumping 2000 y 2001.
Por todo lo expuesto, procede estimar el presente recurso contencioso administrativo. Se debe añadir que el tribunal ha considerado que no existen razones para el planteamiento de la cuestión prejudicial solicitada por entender que no existen dudas interpretativas en el caso presente respecto de los preceptos del CAC que se han mencionado».
Sobre el motivo de impugnación relativo a los intereses de demora devengados por los derechos arancelarios liquidados.
En la resolución inmediatamente impugnada, el TEAC razona sobre la aplicación del Derecho interno en aquellos aspectos de la recaudación a posteriori, como el de la morosidad, a los que no alcanza la regulación comunitaria. Cita en tal sentido el art. 78 del propio Código Aduanero Comunitario y, partiendo del carácter indemnizatorio de los intereses de demora derivados de los ingresos efectuados fuera de plazo, a consecuencia de las actuaciones de comprobación de la Administración, confirma la exigibilidad de la liquidación de intereses de demora devengados por los derechos antidumping contraídos por el obligado tributario, conforme aparecen regulados dichos intereses en la Ley General Presupuestaria, en la Ley General Tributaria y en el Reglamento General de la Inspección de los Tributos.
La parte demandante, por el contrario, considera improcedente la liquidación de intereses de demora sobre los derechos arancelarios, por no contemplarse la posibilidad de su liquidación ni en la normativa comunitaria, en particular en el art. 232 CAC, ni en el Derecho interno. Para lo cual, parte de que "el devengo de los intereses de demora solo puede derivarse del incumplimiento de la obligación de pago en los plazos voluntarios establecidos al efecto, plazo voluntario que, en el presente supuesto, se iniciaría una vez practicada la liquidación y devenida esta definitiva, pero nunca antes".
Ello así, siendo inválida la liquidación de derechos antidumping [obligación principal] por las razones hasta ahora expuestas [transcurso del plazo de tres años respecto de gran parte de las operaciones de importación; caducidad del procedimiento inspector y concurrencia de los requisitos establecidos en el art. 220 (2) (b) del CAC], inválidas resulta también la liquidación de intereses de demora, en cuanto obligación accesoria de aquella principal.
Resolución del recurso jurisdiccional. Costas procesales e indicación de recursos frente a la sentencia.
1.- Lo expuesto conduce a la estimación del recurso jurisdiccional y, en consecuencia:
1.1.- A la correlativa anulación de la resolución del TEAC inmediatamente impugnada, menos en lo que respecta a la decisión de "anular la liquidación por intereses de demora correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido a la importación". Por no ser conforme a Derecho [arts. 70.2 y 71 de la Ley Jurisdiccional].
1.2.- A la anulación de las liquidaciones a que la mencionada resolución se contrae, practicadas por la Administración tributaria con fecha de 20 de mayo de 2004 en concepto de Derechos Antidumping y de Impuesto sobre el Valor Añadido a la importación. Y a la anulación de las resoluciones de 09 de julio de 2004 por las que se desestimaron los recursos de reposición deducidos respecto de tales liquidaciones. Por no ser conformes a Derecho [arts. 70.2 y 71 de la Ley Jurisdiccional].
Sin que, a juicio de la Sala, concurran razones para el planteamiento de cuestión prejudicial, en los términos sugeridos en la demanda y en posteriores escritos de alegaciones de la parte demandante. Por entender este órgano judicial que no existen dudas interpretativas en relación con los preceptos del Código Aduanero Comunitario de aplicación al caso [art. 267, Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea].
2.- Sin imposición de las costas procesales causadas en esta instancia, ante las dudas de derecho que, en el planteamiento de las respectivas posiciones procesales, presentaba el recurso jurisdiccional y que han quedado superadas tras la sustanciación del proceso [art. 139.1 de la Ley Jurisdiccional, en la redacción actualmente vigente].
3.- La sentencia que ahora se pronuncia no es susceptible de recurso de casación. Porque aunque la cuantía del proceso ha de cifrarse en la cantidad de 4.706.092,61 Euros [art. 41.3 LJCA] y la misma excede de la cantidad de 600.000 Euros, establecida para acceder al recurso de casación por el art. 86.2 b) de la Ley 29/1998 actualmente vigente [«b) Las recaídas, cualquiera que fuere la materia, en asuntos cuya cuantía no exceda de 600.000 euros, excepto cuando se trate del procedimiento especial para la defensa de los derechos fundamentales, en cuyo caso procederá el recurso cualquiera que sea la cuantía del asunto litigioso»], sin embargo, dicha cuantía comprende distintos conceptos y ejercicios. Y al respecto, la Sala de lo Contencioso- Administrativo el Tribunal Supremo tiene dicho que, a efectos del acceso al recurso de casación, hay que atender al importe de las cuotas liquidadas en concepto de derechos antidumping/Unión Europea en relación con cada uno de los DUAs [documentos únicos administrativos], individualmente considerados, siendo así que ninguna de las cuotas de derechos antidumping contraídos por cada uno de los DUAs objeto de regularización alcanza la cuantía establecida para el acceso al recurso de casación, tal y como se desprende del correspondiente acto de liquidación y del acta de disconformidad de que dimana. Como tampoco alcanza dicha cuantía la liquidación del IVA a la importación, según el mismo criterio, es decir, atendiendo a los distintos componentes de la liquidación, individualmente considerados, y a los singulares períodos de liquidación de los mismos. Cabe citar en tal sentido los Autos dictados por la Sala Tercera [Sección Primera] del Tribunal Supremo con fecha de 23 de febrero de 2012 [Rec. Casación nº 2123/2011], 22 de enero de 2015 [Rec. Casación nº 2144/2014] y 17 de septiembre de 2015 [Rec. Casación nº 1201/2015].
Vistos los preceptos legales citados y demás normas de general y pertinente aplicación,
Estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de «VESTEL IBERIA, SOCIEDAD LIMITADA» contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central [Sala Segunda - Vocalía Quinta] de 25 de noviembre de 2011 [R. G. 5316-09]. Y en consecuencia, declaramos la nulidad de dicha resolución, excepción hecha del pronunciamiento de la misma sobre la improcedencia de la liquidación de intereses de demora derivados de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido a la importación. Y asimismo, declaramos la nulidad de las actuaciones administrativas a que aquella resolución se contrae y, por tanto, la nulidad de las liquidaciones de Derechos Antidumping y del Impuesto sobre el Valor Añadido a la importación a que aquella resolución se contrae, y la nulidad de las resoluciones desestimatorias de los recursos de reposición deducidos contra dichas liquidaciones, unas y otras ya mencionadas, por ser todas ellas contrarias a Derecho.
Sin imposición de las costas procesales causadas en esta instancia.
Al notificarse esta sentencia se hará la indicación de recursos que previene el artículo 248.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, haciendo constar que la misma es firme y que contra ella no cabe recurso ordinario alguno, de conformidad con lo previsto en el artículo 86.2.b) LJCA, y de la cual será remitido testimonio, con el expediente, a la Oficina de origen para su ejecución.
Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Certifico.