Source: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/c-875_2002.html
Timestamp: 2019-05-23 23:51:40
Document Index: 100752594

Matched Legal Cases: ['artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 23', 'artículo 94', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 137', 'artículo 137', 'artículo 137', 'artículo 137', 'artículo 149', 'artículo 48', 'artículo 138', 'artículo 23', 'artículo 45', 'artículo 137', 'Artículo 250', 'artículo 2', 'Artículo 23', 'Artículo 2', 'artículo 94', 'Artículo 5', 'artículo 137', 'artículo 137', 'artículo 137', 'artículo 138', 'artículo 137', 'artículo 137', 'artículo 137', 'artículo 93', 'artículo 1', 'artículo 250']

Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad [C-875_2002]
3.1	Normas constitucionales presuntamente infringidas
3.2	Acusación contra la expresión contenida en el artículo 45
3.3	Acusación contra los artículos 48 y 137
4.1	Intervención de la Fiscalía General de la Nación
Para el procurador, el amparo de pobreza sí resulta aplicable a las víctimas y perjudicados con la comisión de un delito, independientemente de que se trate de actores populares o individuales. Esta conclusión la sustenta bajo el supuesto según el cual las disposiciones del código de procedimiento civil le son aplicables al procedimiento penal, en cuanto no sean contrarias al mismo. Para tal efecto considera que en el presente caso es necesario analizar el artículo 45 de la Ley 600 de 2000, en armonía con lo dispuesto por el artículo 23 de la misma norma.[1]
Aplicando el artículo 94 constitucional al problema concreto, en virtud de la remisión expresa del artículo 2º del Código de Procedimiento Penal,[2] sostiene que "la enunciación de derechos y garantías enunciados en el ordenamiento procesal penal no debe entenderse como negación de otros que siendo inherentes a los perjudicados por un delito, no figuren expresamente en las normas que rigen esa materia". Por esta razón, al proceso penal le son aplicables las disposiciones que garantizan el acceso de las personas a la administración de justicia, independientemente de su condición social.
A su vez, aduce que el mismo ordenamiento procesal penal consagra específicamente el deber de las autoridades judiciales de proteger especialmente a las personas que por su condición económica se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, en aras de garantizar su derecho a la igualdad.[3] Por lo tanto, aun en el caso de existir la alegada omisión legislativa, las mismas disposiciones del proceso penal se encargan de subsanarla. En esa medida, concluye que la figura del amparo de pobreza, consagrada expresamente a favor del actor popular, no excluye la aplicación de la misma figura a favor de quienes actúen como parte civil a favor de intereses individuales, lo cual queda corroborado con lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-037/96 que analizó la constitucionalidad del artículo 2º del proyecto de Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
6.1	Competencia
6.2	Análisis de fondo
6.2.1	Problemas jurídicos
Los artículos 48 y 137
El procurador, por su parte, afirma que el artículo 137 de la Ley 600 de 2000 fue estudiado por esta Corporación, y declarado exequible mediante Sentencia C-228/02 (M.Ps. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett).[4] Por lo tanto, en relación con dicho artículo se configuró el fenómeno de la cosa juzgada, y la Corte debe estarse a lo resuelto en el anterior pronunciamiento. Sin embargo, en la sentencia a la que se refiere el procurador se restringieron los efectos de la cosa juzgada a los cargos estudiados.[5] Por lo tanto, antes de entrar a determinar si la expresión contenida en dicho artículo es contraria a la Constitución, la Corte debe establecer si el alcance del análisis efectuado por la Corte en la Sentencia C-228/02 en relación con el artículo 137 de la Ley 600 de 2000, produjo sobre él el fenómeno de la cosa juzgada constitucional que abarque los cargos planteados en la presente demanda.
6.2.2	Inexistencia de cosa juzgada formal: cosa juzgada material respecto del artículo 137 de la Ley 600 de 2000
Aunque uno de los cargos estudiados por la Corte en contra del artículo 137 de la Ley 600 de 2000 se refería al derecho a la igualdad, el alegato de violación en la presente demanda difiere sustancialmente del que se analizó en aquella oportunidad. Particularmente, en cuanto a los términos de comparación propuestos en cada caso. Mientras en aquella ocasión se estaban comparando las facultades procesales del imputado para ejercer materialmente su defensa, actuando personalmente frente a las de la parte civil –bajo el supuesto de que el primero no estaba obligado a actuar mediante apoderado-, en esta ocasión se están comparando la situación más general de quienes tienen recursos para contratar un abogado frente a la situación de quienes no los tienen.[6]
Como se observa, el cargo planteado en dicha oportunidad por violación del derecho a la igualdad, si bien se refería al mismo artículo de la Constitución, tenía especificidades[7] que lo distinguen del que se plantea ahora ante la Corte. Como ésta limitó los efectos de su decisión a los cargos y no a un artículo de la Constitución, es necesario concluir que, en principio, la decisión adoptada en la Sentencia C-228/02 no implica que sobre tal disposición haya recaído el fenómeno jurídico procesal de la cosa juzgada constitucional. Adicionalmente, porque en el presente caso el demandante formuló otros cargos además de la violación del derecho a la igualdad.
Sin embargo, en la Sentencia C-069/96 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), la Corte se había pronunciado sobre una expresión normativa idéntica, contenida en el artículo 149 del Decreto 2700 de 1991, declarando su exequibilidad de manera pura y simple, sin limitar los efectos de su decisión.[8]
Por lo tanto, teniendo en cuenta que el contenido material de las dos disposiciones es el mismo, y que en la Sentencia C-069/96 la Corte no limitó los efectos de su decisión, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia constitucional,[9] esta Corporación se estará a lo resuelto en dicho fallo.
6.2.3	La exigencia de otorgar poder a un abogado para constituirse como parte civil dentro de un proceso penal no constituye una restricción del derecho de acceso a la administración de justicia por parte de las personas de escasos recursos
La Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre disposiciones con un alcance similar al del artículo 48 que ahora se analiza. En efecto, en la Sentencia C-069/96 antes citada, esta Corporación analizó el artículo 138 del Decreto 2700 de 1991.[10] Este artículo establecía la necesidad de ser abogado inscrito para intervenir como defensor o como apoderado de una de las partes dentro del proceso penal, salvo las excepciones legales, lo cual, por supuesto, incluía al apoderado de la parte civil.[11]
En aquella ocasión, la Corte sostuvo que al interpretar de manera armónica los artículos 26 y 229 de la Constitución es necesario concluir que, como regla general, resulta obligatorio que las partes actúen mediante abogados dentro de los procesos judiciales, particularmente en los penales, y que corresponde al legislador determinar las excepciones a esta regla general.[12] A su vez en la Sentencia C-228/02, la Corte sostuvo, que dentro del margen de su potestad configurativa, le corresponde a éste determinar en qué casos es necesario que las partes actúen mediante abogado, y en qué otros pueden hacerlo directamente. En esta sentencia la Corte sostuvo:
Adicionalmente, según lo ha dicho la jurisprudencia, le compete al legislador fijar las excepciones a esta regla general, siempre y cuando la determinación de las mismas resulte razonable y proporcionada. La razonabilidad de las excepciones depende, entre otros factores, de la complejidad técnica y de la importancia del procedimiento o actuación de que se trate, de la posibilidad de contar con abogados para que se surtan tales actuaciones, y por supuesto, del valor constitucional de los derechos e intereses que el defensor o el apoderado deban representar.[13] En relación con este último factor, es necesario distinguir aquellos casos en que el abogado actúa como defensor de un sindicado, de cuando actúa como apoderado de la parte civil dentro de un proceso penal, pues en el primero de los casos están de por medio la libertad individual de las personas, mientras que en el segundo están involucrados sus derechos a la verdad, a la justicia y al resarcimiento.[14]
Sin embargo, a pesar de las diferencias entre los derechos que representan el defensor y el apoderado de la parte civil, la Corte ha considerado que en ambos casos la asistencia técnica constituye una garantía para los derechos de las partes. Al referirse a la necesidad de que la parte civil esté apoderada por un abogado, como mecanismo para garantizar una adecuada defensa técnica de sus derechos e intereses, la Corte, en la Sentencia C-228/02, sostuvo que "... la constitución de parte civil mediante abogado (...) resulta conforme a la Carta y está encaminada a garantizar los derechos de la parte civil y así lo declarará la Corte en su parte resolutiva."[15]
6.2.4	La extensión del amparo de pobreza a quienes intervienen como parte civil dentro del proceso penal
La Corte estima que si bien el argumento de la remisión general aducido por el procurador resulta plausible, no se puede desconocer que la expresión demandada está regulando una materia de carácter especial, y que ella misma remite a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil que se refieren al beneficio de pobreza, pero –al menos explícitamente- sólo se refiere al actor popular. En esa medida, si la misma disposición especial remite a las disposiciones que consagran un beneficio en el Código de Procedimiento Civil, no habría para qué aplicar el artículo 23 del mismo estatuto, que también remite al ordenamiento procesal civil, para darle un alcance más general que el contenido en la disposición especial. Y si la remisión especial del artículo 45 se refiere sólo al actor popular, sería factible interpretarla como aplicable exclusivamente a éste. Como muestra de ello, es necesario resaltar que de este modo la interpreta el Fiscal General (E) en su concepto.
En efecto, en la Sentencia C-228/02, la Corte resolvió cambiar de jurisprudencia y declarar la exequbilidad del inciso 1º del artículo 137, bajo el entendido de que la parte civil dentro del proceso penal, además de su derecho al resarcimiento económico, tiene derecho a la verdad y a la justicia.[16] Para ello tuvo en cuenta diversos factores.
En primer lugar, que el objeto de la intervención de la parte civil ha sido objeto de amplias transformaciones normativas tanto en el derecho comparado, como en el derecho internacional y en el derecho interno. Como resultad de tales transformaciones se ha ampliado el derecho de acceso a la justicia de la parte civil en el derecho penal. En esa medida, la Corte consideró que la ampliación de que ha sido objeto el derecho de acceso a la justicia de la parte civil en el proceso penal debe prevalecer, al ser ponderada frente a la expectativa de las personas en la confirmación del precedente judicial.[17]
"... es necesario considerar un referente normativo más amplio que el tenido en cuenta inicialmente en la sentencia C-293 de 1995 ... El referente normativo considerado en la sentencia C-293 de 1995, no incluyó las disposiciones específicas sobre las víctimas, como las normas relativas a la obligación del Fiscal General de proteger a las víctimas y la de adoptar las medidas necesarias para el restablecimiento de sus derechos (Artículo 250, numerales 1 y 4, CP). Además, tal como se señaló en el aparte 4.1. de esta sentencia, el artículo 2 de la Constitución y disposiciones concordantes establecen el deber constitucional de las autoridades judiciales de garantizar el goce efectivo de los derechos de las personas dentro de las cuales están comprendidas las víctimas y perjudicados. Son éstos otros referentes normativos que en la presente sentencia adquieren plena relevancia. De tales fundamentos, así como de otros principios también subrayados en el apartado 4.1. de esta providencia, se deriva que una protección efectiva de los derechos de la víctima requiere que se garantice su acceso a la administración de justicia para buscar la verdad, la justicia y la reparación."
"Si bien los cambios en la concepción de los derechos de las víctimas y los perjudicados se refieren a graves violaciones a los derechos humanos, la tendencia en las legislaciones internas no se limita a dicha protección mínima sino que comprende también delitos de menor gravedad. Igualmente, el legislador colombiano dispone de un margen de apreciación para modular el alcance de los derechos de la parte civil según diferentes criterios –dentro de los cuales se destacan, de un lado, la gravedad del delito y, del otro, la situación del procesado que puede llegar a ser de una significativa vulnerabilidad– siempre que no reduzca tales derechos a la mera reparación pecuniaria."
Los valores y principios constitucionales que fundamentan estos derechos, como son la justicia, el acceso al conocimiento, y el carácter participativo del Estado,[18] y su estrecha relación con derechos fundamentales,[19] le dan una dimensión objetiva a los mismos, y permiten inferir que el interés de las víctimas y de los perjudicados en participar dentro del proceso penal trasciende el aspecto meramente subjetivo e individual. Esto ha sido resaltado por la jurisprudencia de esta Corporación en otros recientes pronunciamientos. Así, en la Sentencia C-580 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) la Corte estableció que frente al delito de desaparición forzada de personas, el derecho de las víctimas y de los perjudicados a la verdad y a la justicia permitía al legislador establecer la imprescriptibilidad de la acción penal. En dicha oportunidad la Corte sostuvo que el interés de las víctimas y de los perjudicados en conocer la verdad de los hechos y en establecer responsabilidades individuales, se proyecta a la sociedad en su conjunto:
"En efecto, el conocimiento público de los hechos, el señalamiento de responsabilidades institucionales e individuales y la obligación de reparar los daños causados son mecanismos útiles para crear conciencia entre las personas acerca de la magnitud de los daños causadas por el delito. En esa medida, son también mecanismos de prevención general y especial del delito, que sirven para garantizar que el Estado no apoye, autorice o asuma una actitud aquiescente frente a tales conductas. En general, la acción penal en los casos de desaparición forzada de personas es un mecanismo a través del cual se establecen responsabilidades institucionales que llevan a que el Estado se sujete al derecho en el ejercicio de la fuerza, y a hacer efectivo el deber de las autoridades de proteger y garantizar los derechos fundamentales.[20]" (resaltado fuera de texto)
"1. En la teoría constitucional existe un método de interpretación, denominado interpretación por principios. Los principios constitucionales pueden estar expresados de manera explícita o implícita. La seguridad jurídica es un principio que se encuentra consagrado implícitamente en nuestra Constitución.
La Corte buscando hacer conciliable la seguridad jurídica, con la imprescriptibilidad, hizo una mistura de principios inconciliables y creo un Frankenstein jurídico ya que permitió que la acción fuera imprescriptible y al mismo tiempo acepto que cuando ya estén individualizados los autores o cómplices, comience a correr la prescripción respecto de ellos.
En relación con el tema de amnistías e indultos, considero que el Protocolo II de Ginebra permite las más amplias amnistías e indultos al final de un proceso de paz y que no excluye esta clase de delitos. Cosa diversa es que no puedan existir autoamnistias; que las víctimas de estos delitos tengan derecho a la verdad, a la indemnización de perjuicios y a la justicia, y que los autores de ellos se reconozcan culpables públicamente, pues de lo contrario no gozarán de amnistía ni de indultos."
[1] Tal disposición establece: "Artículo 23. Remisión. En aquellas materias que no se hallen expresamente reguladas en este Código son aplicables las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y de otros ordenamientos procesales, siempre que no se opongan a la naturaleza del proceso penal".
[2] Este artículo dispone: "Artículo 2°. Integración. En los procesos penales se aplicarán las normas que en materia de garantías se hallan consignadas en la Constitución Política y en los Tratados y Convenios internacionales ratificados por el Estado Colombiano, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 94 de la Constitución Política."
[3] Tal artículo dispone: "Artículo 5°. Igualdad. Es deber de los servidores judiciales hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta."
[4] El magistrado Jaime Araujo Rentería aclaró su voto a la Sentencia C-228/02.
[5] El numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia, al referirse al inciso primero del artículo 137 de la Ley 600 de 2000, en el cual se encuentra el aparte demandado en esta oportunidad, dijo: "Primero.- Declarar EXEQUIBLE, en relación con los cargos estudiados, el inciso primero del artículo 137 de la Ley 600 de 2000, en el entendido de que la parte civil tiene derecho al resarcimiento, a la verdad y a la justicia en los términos de la presente sentencia." (subrayado fuera de texto).
[6] En efecto, en el aparte III de la sentencia, en el cual se refirió a los cargos de la demanda, la Corte dijo: "A juicio del demandante, la ley concede al sindicado 'la libertad de actuar directamente en la defensa de su causa, de suerte que está facultado para aprehender directamente el expediente del sumario, y no obligatoriamente a través de abogado', mientras que impone al denunciante o al perjudicado, 'quien adquiere el apelativo de parte civil', el deber de actuar por intermedio de apoderado judicial, lo cual viola el principio de igualdad, 'coloca a la parte civil en situación de desventaja y deja al denunciante o al perjudicado en manos de abogados inescrupulosos'" Agregando más adelante: "Solicita, en consecuencia, a la Corte declarar inexequible el artículo 137 del Código de Procedimiento Penal y ordenar 'el cumplimiento de la igualdad en derechos de sindicado y denunciante, imputado y parte civil, en los procesos penales con reserva sumarial para tener acceso directo al expediente, a pedir y aportar pruebas, para lo cual no le es necesario el conocimiento de la abogacía, sin necesidad de intermediario'."
[7] En aquella oportunidad, pese a que el procurador solicitó a la Corte inhibirse por ineptitud de los cargos planteados, la Corte se pronunció de fondo, considerando que tal como había sido planteado: "dicho cargo resulta específico, claro, pertinente y suficiente, tiene carácter constitucional y es susceptible de controvertirse en sede judicial".
[8] En lo pertinente, la parte resolutiva de la Sentencia C-069/96 dispuso "CUARTO: Declarar EXEQUIBLES las expresiones acusadas de los artículos 46 del Código de Procedimiento Civil, los artículos 63 y 67 del mismo Código, y los artículos 153, 154 y 155 del Decreto 960 de 1970, 25, 26, 28 y 29 del Decreto 196 de 1971, 149 y 150 del Código de Procedimiento Penal." (subrayado fuera de texto original)
[9] En la Sentencia C-113/93, la Corte, al decidir sobre la exequibilidad del Decreto 2067/91, sostuvo: "En conclusión, sólo la Corte Constitucional, de conformidad con la Constitución, puede, en la propia sentencia, señalar los efectos de ésta. Este principio, válido en general, es rigurosamente exacto en tratándose de las sentencias dictadas en asuntos de constitucionalidad." Posición reiterada en las Sentencias C-037/96 y C-478/98. La Corte ha establecido dos excepciones: la figura de la cosa juzgada relativa implícita y la cosa juzgada aparente, las cuales no resultan aplicables en el presente caso. Sobre estos dos fenómenos jurídico procesales, ver: Sentencias C-478/98, C-045/02 y C-505/02.
[10] El texto demandado en aquella oportunidad, decía: "Salvo las excepciones legales, para intervenir como defensor o apoderado de una de las partes en la actuación procesal, se requiere ser abogado inscrito."
[11] En aquella oportunidad la Corte incluyó expresamente a los apoderados de la parte civil dentro del proceso penal en las categorías que estaban implícitas en el texto del artículo 138 del Decreto 2700 de 1991. Al referirse a las diferentes categorías que se encontraban incluidas dentro de las varias normas que estudió en aquella oportunidad, la Corte sostuvo: "Las normas acusadas señalan el requisito de la calidad de abogado inscrito para desempeñar el cargo de curador ad litem, litigar en causa propia, apoderar a una persona que ha de comparecer a un proceso, constituirse en parte civil o en tercero incidental dentro de una actuación penal, examinar los expedientes y actuaciones judiciales o administrativas, actuar con posterioridad a la oposición en diligencias de igual naturaleza y desempeñar el cargo de notario en los círculos de primera, segunda y tercera categoría o de personero municipal." (resaltado fuera de texto)
[12] En dicha oportunidad sostuvo: "Por regla general, en los procesos judiciales, y particularmente en los penales, y en las actuaciones administrativas, se requiere la intervención de abogado. Ello es así, porque la Constitución faculta expresamente al legislador para indicar en qué casos se puede acceder a la administración de justicia sin la representación de abogado (arts. 26 y 229), lo cual significa que, en principio, la intervención de abogado es obligatoria en los procesos judiciales."
[13] En este sentido, ver Sentencias C-49/96 Considerando A; C-071/95 Considerando b); SU-044/95 Considerando 2.
[14] En la Sentencia C-228/02, la Corte sostuvo que la intervención de la parte civil dentro del procedimiento penal estaba encaminada a garantizar los derechos de las víctimas y los perjudicados a la verdad a la justicia y al resarcimiento, y declaró exequible el artículo 137 de la Ley 600 de 2000, en ese entendido. Dentro de sus consideraciones sostuvo: "No obstante, como las posibilidades de intervención de la parte civil están estrechamente ligadas a la concepción amplia de sus derechos y la norma refiere exclusivamente a los intereses económicos de ésta, la Corte declarará que el inciso primero del artículo 137 de la Ley 600 de 2000 es exequible en el entendido de que la parte civil tiene derecho al resarcimiento, a la verdad y a la justicia en los términos de la presente sentencia.."
[15] Considerando No. 5.
[16] La parte resolutiva de la Sentencia C-1228/02 dispone: "Primero.- Declarar EXEQUIBLE, en relación con los cargos estudiados, el inciso primero del artículo 137 de la Ley 600 de 2000, en el entendido de que la parte civil tiene derecho al resarcimiento, a la verdad y a la justicia en los términos de la presente sentencia."
[17] En relación con la transformación en materia de derechos humanos, la Core sostuvo: "... ha habido un cambio en la concepción del referente normativo, en particular, en el derecho internacional de los derechos humanos. Para 1995, fecha en que se produjo la mencionada sentencia, aún no se había cristalizado la tendencia del derecho internacional –en especial en el derecho de los derechos humanos del sistema interamericano– hacia una protección amplia de los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. En el año 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que las medidas legislativas que impidieran a las víctimas de violaciones de derechos humanos, conocer la verdad de los hechos, resultaban contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos. Como quiera que según el artículo 93 constitucional, "los derechos deben ser interpretados de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia", es necesario que la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sea valorada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. A ello se suman los factores internacionales mencionados en el apartado 4.2. de esta providencia que reflejan una concepción amplia de los derechos de las víctimas y los perjudicados."
[18] En la Sentencia C-412/93, (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), la Corte vinculó expresamente estos derechos con el carácter participativo de nuestro sistema democrático. En tal ocasión sostuvo: "las personas involucradas en los hechos punibles tienen un verdadero derecho al proceso cuya naturaleza y configuración en el Estado democrático debe ser eminentemente participativa". Por su parte, en la C-228/02 dijo al respecto: "En un Estado social de derecho y en una democracia participativa (artículo 1, CP), los derechos de las víctimas de un delito resultan constitucionalmente relevantes. Por ello, el constituyente elevó a rango constitucional el concepto de víctima. Así, el numeral 4 del artículo 250 Superior, señala que el Fiscal General de la Nación debe 'velar por la protección de las víctimas'."
[19] A su vez, en otras ocasiones ha resaltado la relación que tales derechos pueden tener con ciertos derechos fundamentales de las víctimas y de los perjudicados. Relacionando tal participación con el derecho al buen nombre y a la honra ver la Sentencia T-275/94 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
[20] En casos de desaparición forzada los mecanismos como las comisiones de la verdad de carácter internacional, gubernamental, o privado han contribuido a la erradicación de dicha práctica. En particular, pueden citarse los casos del informe "Nunca más", presentado por la llamada "Comisión Sábato" en Argentina, la cual aunque era de naturaleza privada, fue apoyada por el gobierno de entonces, y sirvió como base para el juzgamiento de algunos mandos militares por delitos cometidos durante la dictadura Videla. Así mismo, en cumplimiento del Acuerdo de Paz entre el gobierno y el FMLN en El Salvador, la Asamblea General de la ONU creó una "Comisión para la verdad en El Salvador", presidida por Thomas Buergenthal ex-presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual publicó los nombres de los responsables de las diversas violaciones de derechos humanos durante el conflicto salvadoreño, originando con ello un proceso de responsabilidad individual e institucional.