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Timestamp: 2019-10-19 05:11:15
Document Index: 19603749

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 16', 'ARTÍCULO 9', 'artículo 15', 'artículo 355', 'artículo 25', 'artículo 12', 'artículo 189', 'artículo 9', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 2', 'artículo 46', 'artículo 22', 'artículo 46', 'artículo 9', 'artículo 16', 'artículo 46']

﻿ SENTENCIA C-47 DE ENERO 24 DE 2001
SENTENCIA C-47 DE 24 DE ENERO DE 2001
CONTENIDO:PROCESO DE PAZ. LOS MEDIOS PARA LLEVARLO A TÉRMINO DEBEN SER CONSTITUCIONALES. POR OTRO LADO LA CORTE CONDICIONA EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 418 DE 1997 QUE ESTABLECE QUE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA RECIBIRÁN ASISTENCIA HUMANITARIA, SIEMPRE QUE LA SOLICITUD SE ELEVE DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA OCURRENCIA DEL HECHO Y SE DECLARA INEXEQUIBLE EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY 418 DE 1997
TEMAS ESPECÍFICOS:DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, AYUDA HUMANITARIA, EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS, PRINCIPIO DE PAZ Y CONVIVENCIA, PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ, DERECHO A LA AYUDA HUMANITARIA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:351 DE MARZO DE 2001, PÁG.581
Sentencia C-47 de enero 24 de 2001
LOS MEDIOS PARA LLEVARLO A TÉRMINO DEBEN SER CONSTITUCIONALES
EXTRACTOS: «A continuación se hace la transcripción literal de las normas demandadas, de conformidad con el texto publicado en el Diario Oficial Nº 43.201 del 26 de diciembre de 1997. Se subraya lo acusado.
Disposiciones para facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con organizaciones armadas al margen de la ley, a las cuales el Gobierno Nacional les reconozca carácter público para su desmovilización, reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica.
ART. 9º—Con el fin de facilitar la transición a la vida civil y política legal de las organizaciones armadas al margen de la ley a las cuales el Gobierno Nacional les reconozca carácter político con las que se adelante un proceso de paz dirigido por el Gobierno, éste podrá nombrar por una sola vez, para cada organización, y en su representación, un número plural de miembros en cada Cámara Legislativa, así como en las demás corporaciones públicas de elección popular, para lo cual podrá no tener en cuenta determinadas inhabilidades y requisitos.
Con el fin de determinar la conveniencia de los nombramientos en corporaciones públicas de elección popular nacional, departamentales, distritales, municipales, el Gobierno Nacional, consultará al Congreso, al gobernador o alcalde y a la asamblea o concejo respectivos. El concepto negativo de algunas de las anteriores autoridades, según corresponda, obliga al Gobierno.
ART. 16.—En desarrollo del principio de solidaridad social, y dado el daño especial sufrido por las víctimas, éstas recibirán asistencia humanitaria, entendiendo por tal la ayuda indispensable para sufragar los requerimientos necesarios con el fin de satisfacer los derechos constitucionales de quienes hayan sido menoscabados por actos que se susciten en el marco del conflicto armado interno. Dicha asistencia será prestada por la red de solidaridad social, en desarrollo del objeto constitucional, y por las demás entidades públicas dentro del marco de sus competencias, siempre que la solicitud se eleve dentro del año siguiente a la ocurrencia del hecho.
ART. 46.—En cumplimiento de su objeto y en desarrollo de sus facultades, la red de solidaridad social se atenderá gratuitamente y sin intermediarios a las víctimas de actos a que se refiere el artículo 15, en los términos previstos en los artículos 20 y 23 de la presente ley, los gastos funerarios de las mismas, para proteger a los habitantes contra las consecuencias de actos que se susciten en el marco del conflicto armado interno, subsidiará las líneas de crédito a que se refiere el presente título, de conformidad con las reglamentaciones que adopte su junta directiva. Igualmente podrá cofinanciar los programas que adelanten entidades sin ánimo de lucro, celebrando para este último efecto los contratos a que se refiere el artículo 355 de la Constitución Política y a las normas que lo reglamentan, todo en función de la protección y ayuda a los damnificados.
Las víctimas que sufrieren una pérdida del 50% o más de su capacidad laboral calificada con base en el manual único para la calificación de invalidez expedido por el Gobierno Nacional, tendrán derecho a una pensión mensual mínima legal vigente, de acuerdo con lo contemplado en el régimen general de pensiones de la Ley 100 de 1993, siempre y cuando carezcan de otras posibilidades pensionales y de atención en salud, lo que será cubierto por el Fondo de Solidaridad Pensional a que se refiere el artículo 25 de la Ley 100 de 1993.
Los pagos que deban hacerse por razón de los seguros que se contraten se harán con cargo a los recursos de la Red de Solidaridad Social”.
Primer asunto bajo revisión.
2. Con el fin de crear mecanismos para la búsqueda de la convivencia pacífica, el legislador facultó al Presidente de la República para nombrar, por una sola vez, un número plural de personas que representarían a los grupos armados al margen de la ley ante cada cámara legislativa y ante los cuerpos colegiados de elección popular.
Según criterio del actor y de algunos de los intervinientes, la norma que confiere esa atribución es inconstitucional, como quiera que la Carta expresamente dispone que el acceso al Congreso, a las asambleas y a los concejos distritales y municipales, sólo puede efectuarse por medio de elección popular y en representación de los electores, en quienes reside la soberanía.
Por el contrario, otros intervinientes consideran que la disposición normativa impugnada se ajusta a la Carta, por cuanto concreta los fines del Estado, especialmente el de la convivencia pacífica, y desarrolla el derecho a la paz. Así mismo, otro ciudadano sostiene que la norma acusada encuentra sustento en el artículo 12 transitorio de la Carta, el cual dispone que, por una sola vez, el Presidente puede designar en las cámaras legislativas a representantes de los grupos al margen de la ley que adelanten procesos de paz.
3. En consideración con lo expuesto, le corresponde a la Corte, averiguar si es constitucionalmente válido que, en un proceso de paz, el legislador autorice al Presidente de la República a nombrar representantes de los grupos al margen de la ley, en cargos de elección popular. No obstante, antes de estudiar ese problema jurídico, es importante tener en cuenta que la facultad que se reprocha es uno de aquellos “instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia” que consagra al Ley 418 de 1997. Por ello, la Sala considera necesario empezar por aclarar el contexto general de la potestad de los órganos políticos para diseñar mecanismos de solución pacífica de las controversias internas.
Discrecionalidad política para el diseño de los mecanismos de solución pacífica del conflicto interno y principio de supremacía constitucional.
4. La Corte considera que el legislador goza de amplio margen de configuración política en la escogencia de los mecanismos tendientes a la solución del conflicto armado en Colombia. La Constitución no señala fórmulas precisas para ello, porque aquellas decisiones corresponden a momentos históricos, sociales y políticos que deben ser evaluados por los órganos políticos, principales responsables de la conformación del ordenamiento jurídico de nuestro país.
De otra parte, para esta corporación es claro que la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos internos desarrolla la filosofía humanista de la Constitución de 1991 y legitima la acción de las autoridades públicas en un Estado democrático. En consecuencia, las partes en controversia, particularmente en aquellos conflictos cuya continuación pone en peligro el mantenimiento de la convivencia pacífica y la seguridad nacional, deben esforzarse por encontrar soluciones pacíficas que vean al individuo como fin último del Estado.
De otro lado, tiene especial relevancia constitucional el hecho de que el Presidente de la República sea la autoridad que el legislador autorizó para adelantar el proceso de paz y ejecutar los instrumentos para el logro de la convivencia pacífica que los órganos políticos escogieron. En efecto, el numeral 4º del artículo 189 superior, señala que corresponde al Presidente de la República “conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado” y, los alcaldes y gobernadores son agentes del jefe de gobierno para el mantenimiento del orden público (C.P., arts. 315-2 y 303). En tal virtud, el Presidente de la República es el primer obligado a preservar el orden público, por lo que resulta congruente que el legislador le atribuya facultades en torno al manejo de la paz en el conflicto armado interno.
5. No obstante la amplia libertad de configuración legislativa en el presente asunto, la Corte considera que la ley parcialmente acusada no puede quedar exenta del control constitucional ni puede apartarse de las directrices generales que el constituyente señaló, puesto que la Constitución es un medio a través del cual todos los poderes del Estado, en cuanto poderes constituidos, están obligados a respetar las normas y en especial las reglas básicas de la sociedad, que como tales están protegidas de las decisiones mayoritarias transitorias. En otras palabras, la búsqueda de la paz no faculta a los órganos políticos a tomar decisiones que contradigan normas constitucionales. Así, la Carta es el referente necesario y fundamento último de la actuación de los poderes constituidos, por lo que toda actuación debe condicionarse a la vigencia del Estado constitucional. Por ello, nunca pueden concebirse decisiones políticas o jurídicas, por más loables que sean, como excepciones a la propia institución superior, pues de ella dependen y su función es garantizarla.
En este orden de ideas, todas las facultades legales otorgadas al Presidente de la República para adelantar el proceso de paz deben ajustarse a las reglas constitucionales. Así las cosas, la Corte entrará a estudiar el problema jurídico planteado en precedencia, esto es, si es constitucionalmente válido que, durante un proceso de paz, el legislador autorice al Presidente de la República a nombrar representantes de los grupos al margen de la ley, en cargos de elección popular.
Elección popular y representación de la voluntad del elector.
6. El principio democrático constituye uno de los fundamentos estructurales de nuestro Estado constitucional, pues no sólo irradia todo el ordenamiento jurídico sino que legitima el poder de las autoridades públicas (C.P. preámbulo, arts. 1º, 2º, 3º, 40, entre otros). Por ello, los operadores jurídicos no pueden desconocer la importancia indiscutible que tiene la constitucionalización de los mecanismos democráticos, por lo que “a la luz de la Constitución la interpretación que ha de privar será siempre la que realice más cabalmente el principio democrático, ya sea exigiendo el respeto a un mínimo de democracia o bien extendiendo su imperio a un nuevo ámbito (1) ”.
(1) Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Ahora bien, el principio democrático en la organización electoral se concreta no sólo en estructuras de representación, sino que amplía los mecanismos de participación del pueblo, considerándolos como medios idóneos y necesarios para hacer efectiva la justicia social. De ahí que, el fortalecimiento constitucional de los instrumentos de participación en todas las esferas no significa que la democracia representativa deje de ser relevante en la vida social y política colombiana ni que la elección de los representantes en los cargos públicos señalados en la Carta se convierta en un asunto que escapa de las finalidades del Estado. Por el contrario, la Constitución consagra el voto, que es el principal instrumento de la democracia representativa, como un derecho y un deber de los ciudadanos (C.P., art. 258) y, al mismo tiempo, determina que los colombianos tienen el derecho fundamental a elegir y ser elegidos (C.P. art. 40-1).
7. En tal contexto, la Constitución diseñó la estructura de poder a partir de la existencia de una rama que encarna la representación democrática, pues dispuso que el legislador representa en forma directa al pueblo y el elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a los electores (C.P. art. 133). Además, dispuso la existencia de cargos públicos cuya forma de acceso es la elección popular (C.P. art. 260). Por consiguiente, la Carta no es neutra frente al ingreso a la función pública, pues señaló diferentes formas de vinculación al Estado que deben ser desarrolladas legalmente y determinó, en forma mínima, los cargos que deben proveerse mediante la elección popular (C.P. arts. 125 y 260).
Ahora bien, la norma acusada señala el nombramiento excepcional como forma de acceso a las cámaras legislativas y a las corporaciones públicas de elección popular. No obstante, la Carta establece una regla precisa sobre el ingreso a esos cargos públicos, pues los artículos 133 y 260 superiores señalan claramente que esos funcionarios deben ser electos popularmente para períodos fijos y que son responsables frente a sus electores. Por ende, sólo pueden acceder a los cargos de elección popular los candidatos que los electores hayan elegido como sus representantes, por cuanto las decisiones de los órganos políticos deben corresponder a la voluntad de los electores. De ahí que la escogencia de las personas que acceden a las corporaciones públicas de elección popular no sea irrelevante, pues el elegido debe ejecutar los programas que los electores confiaron y debe responder políticamente frente a ellos, por lo que “existe una conexidad necesaria entre la representación política y la elección popular de uno u otro candidato, de modo que solamente pueden ser considerados representantes aquellos titulares de cargos públicos cuya designación resulta directamente de la elección popular” (2) . En este orden de ideas, la Corte observa que el nombramiento de servidores públicos en cargos de elección popular contraviene normas constitucionales claras.
(2) Corte Constitucional. Sentencia C-448 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
8. Refuerza la anterior conclusión el hecho de que los artículos 171 y 176 superiores señalan el número preciso de senadores y representantes a la Cámara y, que los artículos 299, 312 y 323 de la Constitución, determinan el número y composición de las asambleas y concejos distritales y municipales. Por consiguiente, si el Presidente de la República designa un número plural de miembros de las organizaciones armadas al margen de la ley para que accedan a esos cuerpos colegiados, necesariamente altera el número preciso de servidores públicos que deben ejercer sus funciones en las corporaciones públicas de elección popular.
Por lo expuesto, la Corte concluye que el artículo 9º de la Ley 418 de 1997, es contrario a la Constitución.
9. Con todo, uno de los intervinientes sostiene que la facultad impugnada encuentra sustento en el artículo 12 transitorio de la Constitución, por lo que la Corte debe declararla exequible. Veamos, esa norma dispone:
“Con el fin de facilitar la reincorporación a la vida civil de los grupos guerrilleros que se encuentren vinculados decididamente a un proceso de paz bajo la dirección del Gobierno, éste podrá establecer, por una sola vez, circunscripciones especial de paz para las elecciones a corporaciones públicas que tendrán lugar el 27 de octubre de 1991, o nombrar directamente, por una sola vez, un número plural de congresistas en cada cámara en representación de los mencionados grupos en proceso de paz y desmovilización.
Para los efectos previstos en el presente artículo el Gobierno podrá no tener en cuenta determinadas inhabilidades y requisitos necesarios para ser congresista”.
La simple lectura de la norma transitoria demuestra que aquella se refiere al proceso de paz adelantado por el gobierno al momento de promulgarse la Constitución de 1991, pues dispuso la creación de circunscripciones de paz para las elecciones públicas del “27 de octubre de 1991” y el nombramiento “por una sola vez” de representantes de los grupos al margen de la ley. Ello evidencia que la atribución del artículo 12 transitorio de la Carta fue un hecho excepcional, vinculado a una realidad histórica concreta. En consecuencia, la norma transitoria perdió su vigencia y no puede ser aplicada en la actualidad.
Lo anterior es congruente con la jurisprudencia constitucional (3) ha señalado en relación con el carácter precario y temporal de las normas transitorias. Así, la Sentencia C-025 de 1993 (4) dijo:
(3) Al respecto pueden verse las sentencias C-025 de 1993, C-188 de 1994 y C-032 de 1996. En el mismo sentido, el auto número 6 de 1994, de la Sala Plena de esta corporación.
“La razón de ser de las normas transitorias, esta corporación lo reitera, es la de servir de puente hacia la instauración del régimen constitucional ordinario al cual ellas se refieren y que se encuentra en suspenso hasta su agotamiento. La instrumentalidad del régimen transitorio explica su carácter eminentemente temporal y precario, llamado a ser superado y sustituido por el régimen ordinario tan pronto sea ello posible jurídica y materialmente. La interpretación, consecuentemente, debe favorecer cuando sea del caso el advenimiento del régimen ordinario, pues sólo a partir de él adquieren vigencia sus disposiciones y mayor contenido de legitimación los actos del Estado”.
Conforme con lo anterior, el Legislador ordinario no puede facultar al Presidente de la República para nombrar servidores públicos en cargos de elección popular, pues esa decisión corresponde al constituyente primario, quien, de considerarlo pertinente, puede reformar el texto constitucional en ese sentido. Por lo expuesto, la norma acusada deberá declararse inexequible.
Libertad de configuración política del legislador para señalar el término para presentar solicitud a las autoridades y a su razonabilidad.
10. De otra parte, el demandante y uno de los intervinientes sostienen que el término de un año para solicitar la ayuda humanitaria que el Estado brinda a las víctimas del conflicto armado es inconstitucional, por cuanto desconoce que la mayoría de las personas que pueden ser beneficiarias de la disposición se encuentran desplazadas y no tienen conocimiento de ella. Por esta razón, afirman, la caducidad de la acción se convierte en una negación de la protección estatal, desconociendo así el principio de solidaridad.
Por el contrario, otros intervinientes consideran que el legislador goza de amplia libertad para determinar los plazos y condiciones en que los particulares acceden a la administración pública. Así mismo, opinan que el término de un año para solicitar la ayuda humanitaria es razonable, puesto que esta solicitud de apoyo no excluye la posibilidad de presentar demanda de responsabilidad extracontractual del Estado.
Entra pues la Corte a estudiar el cargo formulado contra el aparte “siempre que la solicitud se eleve dentro del año siguiente a la ocurrencia del hecho”, contenido en el artículo 16 de la Ley 418 de 1997.
11. En reiterada jurisprudencia (5) , la Corte Constitucional ha dicho que el establecimiento de términos que predeterminan el normal desarrollo de los procesos judiciales o administrativos, es un desarrollo claro de la cláusula segunda de competencia del Congreso para hacer la leyes (C.P. arts. 29 y 150). En efecto, la Constitución entrega al legislador un amplio margen de configuración política de los procedimientos, puesto que con ello no sólo pretende otorgar un alto grado de seguridad jurídica a los administrados sino también busca la efectividad de los derechos y deberes consagrados en la Carta (C.P. art. 2º). Así las cosas, es constitucionalmente válido que el Congreso fije un término para que las víctimas del conflicto armado interno eleven la solicitud de ayuda humanitaria.
(5) Al respecto, pueden consultarse las sentencias C-166 de 1995, C-040 de 1997, C-078 de 1997, C-351 de 1994, C-370 de 1994, entre otras.
No obstante lo anterior, esta corporación también ha manifestado (6) que si bien es cierto el legislador tiene amplio margen de discrecionalidad para determinar los términos judiciales o administrativos, no es menos cierto que la decisión no puede ser arbitraria, por lo que la Corte debe ejercer un control constitucional de límites sobre la configuración legal de los plazos. En tal virtud, el término debe obedecer a criterios de razonabilidad y no puede introducir tratos discriminatorios.
(6) Pueden verse las sentencias C-078 de 1997, C-418 de 1994, C-327 de 1997 y C-742 de 1999.
12. En el asunto sub judice, la Corte considera que el término de un año para presentar la solicitud de ayuda humanitaria es razonable. En efecto, el objetivo de la medida es atender de manera urgente la necesidades de las víctimas del conflicto armado, lo cual, en desarrollo del principio de solidaridad, encuentra sustento constitucional. Al mismo tiempo, tal y como lo sostuvo el Procurador, la norma acusada busca facilitar la debida y oportuna planeación de los gastos públicos, puesto que el presupuesto del Estado debe planificarse y ejecutarse anualmente (C.P. arts. 346 y ss.).
La Corte coincide con ese argumento por la siguiente razón: esta corporación no puede desconocer que el conflicto armado colombiano genera desplazamiento de campesinos (7) y enormes dificultades para proveer la seguridad a sectores de la población, por lo que en ocasiones las víctimas de la confrontación armada deben marginarse para no ser amenazadas. Así las cosas, resulta evidente para la Corte, que dada la complejidad e intensidad de la controversia armada que ocurre en nuestro medio, los destinatarios de la ayuda humanitaria a que se refiere el artículo 16, no pueden, por razones de fuerza mayor o caso fortuito, acudir ante la autoridad correspondiente para solicitarla. Por lo tanto, es diferente la situación de quienes pueden acceder a las autoridades y quienes no lo hacen porque están inmersos en hechos de fuerza mayor o caso fortuito, pese a ello el legislador otorgó el mismo trato jurídico. En consecuencia, la exclusión de la fuerza mayor o del caso fortuito como condiciones relevantes para la solicitud de la ayuda humanitaria, es discriminatoria.
(7) Sobre el tema de desplazamiento de campesinos, pueden consultarse las sentencias SU-1150 de 2000, T- 448 de 2000 y T-227 de 1997.
Ineptitud de la demanda del artículo 46 de la Ley 418 de 1997, por ausencia de cargos.
14. Finalmente, el actor impugna la constitucionalidad de la expresión “sin intermediarios” contenida en el artículo 46 de la ley parcialmente acusada, por cuanto considera que los abogados pueden dirigirse a la Red de Solidaridad para solicitar la atención gratuita del Estado, en representación a las víctimas del conflicto armado. La mayoría de intervinientes sostienen que la Corte debe declararse inhibida para conocer el asunto planteado, puesto que el actor no presenta reproches de inconstitucionalidad contra la norma sino que plantea una interpretación de la misma. A su turno, uno de los participantes, en la audiencia pública considera que la Corte debe efectuar un estudio de fondo, puesto que el control constitucional que corresponde a esta corporación debe ser integral y no está sometido a los rigorismos propios de otros procesos.
Así las cosas, la Corte deberá analizar si existe cargo contra el artículo 46 de la Ley 418 de 1997, puesto que de no ser así la Corte deberá inhibirse para conocer de fondo la norma en comento.
15. El ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad es un derecho político de los ciudadanos colombianos sometido a las reglas que señala la Constitución y la ley (C.P. arts. 40-6 y 241). En efecto, el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, desarrolla los requisitos que deben cumplir las demandas de inconstitucionalidad y, específicamente, el numeral 3º dispone que la demanda debe expresar las razones por las cuales el actor estima que lo impugnado vulnera la Carta. Esto significa que, en principio, corresponde al demandante exponer los argumentos jurídicos necesarios para cotejar la norma de inferior jerarquía y la Constitución, por lo que el control constitucional debe partir, por lo menos, de un fundamento mínimo de confrontación.
En consideración con lo anterior, en reiteradas oportunidades (8) , esta corporación ha dicho que el incumplimiento de las condiciones de procedibilidad de la acción pública de inconstitucionalidad genera ineptitud de la demanda y, en consecuencia, inhibición por parte de la Corte. Ello es razonable, puesto que la propia Constitución diferenció, para efectos del control constitucional abstracto de las leyes, el control oficioso (C.P. arts. 241-6, 7º, 8º, 10) y aquél que se origina por vía de acción (C.P. arts. 241-1, 4º, 5º). De ahí pues que “cuando existen cargos indirectos o indeterminados, producto de las diversas interpretaciones de la norma, de su aplicación concreta o de su posible reglamentación y desarrollo” (9) , la Corte deberá inhibirse y permitirle a los particulares que presenten demanda en debida forma contra la misma norma. Así las cosas, salvo el caso de la necesaria unidad normativa, la Corte no puede conocer de oficio la constitucionalidad abstracta y general de las leyes ordinarias, como es el caso de la Ley 418 de 1997.
(8) Al respecto pueden consultarse, entre otras, las sentencias C-447 de 1997, C-003 de 1999, C-538 de 1999, C-297 de 1999, C-363 de 1996.
(9) Sentencia C-1516 de 2000, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
16. Pues bien respecto del segmento impugnado del artículo 46 de la Ley 418 de 1997, el actor sostiene que la Corte debe darle la lectura que él propone, para lo cual explica sus razones. Sin embargo, pese a que el demandante señala algunas normas constitucionales infringidas no desarrolla reproche constitucional alguno ni expone argumentos con relevancia constitucional que hagan posible el control, pues se limita a proponer una hermenéutica concreta de la norma. Sin embargo, en principio, a la Corte no le corresponde fijar la interpretación legal autorizada de las normas acusadas, puesto que la separación de competencias entre las jurisdicciones ordinaria y constitucional exigen del tribunal constitucional el estudio, únicamente, de argumentos con relevancia constitucional. Por lo tanto, la Corte no debe entrar a conocer de fondo el asunto en comento.
17. Con todo, uno de los intervinientes considera que esta corporación debe aplicar el artículo 22 del Decreto 2067 de 1991, según el cual la Corte debe “confrontar las disposiciones sometidas a control con la totalidad de los preceptos de la Constitución”, por lo que el presente estudio no se limitaría exclusivamente a los argumentos de la demanda.
En efecto, el principio de hermenéutica constitucional denominado “unidad constitucional” exige que el intérprete entienda la Carta como un todo armónico que impide la anulación de algunas normas para fortificar otras (10) . No obstante, ello no significa que la Corte está obligada a adelantar el control oficioso de todo el ordenamiento jurídico. De ahí que si se acepta la tesis del interviniente, esta corporación “confundiría los conceptos de control oficioso y el de confrontación integral de la norma con la Constitución. En efecto, en los procesos de control constitucional por vía de acción, el cotejo de la disposición sólo es posible si ha sido demandada. Dicho de otro modo, una cosa es que existan diferentes posiciones jurídicas en relación con una norma acusada —sobre la cual la Corte efectúa una confrontación integral con la Carta— y otra cosa es que el tribunal constitucional deba asumir de oficio el conocimiento de una disposición (11) ”.
(10) El principio de unidad de la Constitución se explica, entre otras, en las sentencias T-425 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-255 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(11) Sentencia C-006 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
Por lo tanto, esta corporación se abstendrá de pronunciarse en relación con la expresión “y sin intermediarios” contenida en el artículo 46 de la Ley 418 de 1997, por ineptitud de la demanda. En consecuencia, en la parte resolutiva de esta sentencia, la Corte se declarará inhibida para pronunciarse de fondo sobre este punto.
1. Declarar INEXEQUIBLE el artículo 9º de la Ley 418 de 1997.
2. Declarar EXEQUIBLE la expresión “siempre que la solicitud se eleve dentro del año siguiente a la ocurrencia del hecho”, contenida en el artículo 16 de la Ley 418 de 1997, bajo el entendido de que el término de un año fijado por el legislador para acceder a la ayuda humanitaria, comenzará a contarse a partir del momento en que cese la fuerza mayor o el caso fortuito que impidieron presentar oportunamente la solicitud.
3. INHIBIRSE para pronunciarse de fondo en relación con la expresión “y sin intermediario”, contenida en el artículo 46 de la Ley 418 de 1997, por ineptitud de la demanda.
(Sentencia C-047 de enero 24 de 2001. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Montealegre Lynett).