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Timestamp: 2017-05-23 16:47:56
Document Index: 364862584

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 134', 'artículo 126', 'artículo 124', 'artículo 1', 'artículo 3740']

La premiación será dada a conocer en el miércoles 7 de noviembre en el VII Seminario internacional niños y medios, organizado por DUOC UC – educarchile. Pueden ver el video aquí.
"Artículo 1º.- Modifícase,
en la forma que a continuación se indica, el decreto supremo Nº 1.378, de 2006,
del Ministerio de Justicia, que aprueba el Reglamento de la ley Nº 20.084:
a) En la letra b) sustituyendo la coma (,) y la letra ‘‘y’’ por
b) En la letra c) sustituyendo el punto (.) por una coma (,) y
la letra ‘‘y’’.
c) Incorporando una letra d) nueva: “d) Salida con fines
educacionales, laborales y de capacitación.’’.
a) En la letra b) sustituyendo el punto y coma (;) por una coma
(,) y la letra ‘‘y’’.
b) Suprímese la letra c), pasando la actual letra d) a ser letra
‘‘Artículo 134 bis. Salida con fines educacionales, laborales y
de capacitación. Se entenderá por ésta, la autorización otorgada por el
director del centro, para que aquellos adolescentes que, habiendo cumplido a lo
menos un cuarto de la pena, puedan salir durante la semana, por un período no
superior a diez horas diarias, con el objeto de concurrir a establecimientos laborales
o instituciones de capacitación laboral y/o formación educacional, con el fin
de desempeñar trabajos, cursar estudios o realizar otras actividades similares.
Para acceder a este permiso sólo se deberá dar cumplimiento a
los requisitos señalados en las letras a) y b) del artículo 126. En este caso,
el informe que elabore la unidad técnica, además de dar cuenta de las ventajas
para el proceso de integración social del adolescente, deberá acreditar de
manera fehaciente la existencia del trabajo o curso que realizará el
Para tal efecto se adjuntará al informe, copia del contrato
respectivo o comprobante de la matrícula correspondiente. Si ello no fuere
factible, se adjuntarán los antecedentes que cumplan el mismo propósito.
El director del centro, en la resolución que dicte autorizando y
regulando la salida con fines educacionales, laborales y de capacitación,
establecerá, además, la forma y periodicidad con que se efectuará el control
del cumplimiento de este beneficio.
Asimismo, en dicha resolución, se determinarán las condiciones
que se deberán cumplir con el objeto de resguardar en todo momento la
confidencialidad de la información de los datos sensibles del adolescente y de
la respectiva sanción.
En caso de incumplimiento injustificado, el que comprenderá
tanto la inobservancia a dichos fines como a las condiciones de regreso al
centro, procederá la revocación del permiso, la que deberá ser comunicada por
el Director del Centro al lugar de trabajo del joven o a su institución de
capacitación laboral y/o formación educacional, los que darán a dicha
información, la reserva correspondiente.
Sin perjuicio de la revocación del permiso, señalada en el
inciso precedente, se constituirá la comisión disciplinaria a que se refiere el
La concesión de este permiso no obsta a que el adolescente pueda
optar a las otras salidas contempladas en el artículo 124."
De los autores: Paula Alarcón Bañares, Ricardo Pérez-Luco, Sonia Salvo, Gloria Roa, Katherine Jaramillo, Carla Sanhueza
Publicado en la Revista Paidéia sept-dic. 2010, Vol.
20, No. 47, pp. 291-302
"Ayer el gobierno anunció que bajó el delito en el país. Los datos entregados por el Ministerio del Interior muestran disminuciones en las denuncias realizadas a Carabineros en prácticamente todos los delitos de mayor connotación social. De ahí, la creatividad en las interpretaciones ha sido múltiple. Lamentablemente en la mayoría de casos equivocada. La salida comunicacional dejó en claro que las noticias eran positivas para el país, demostraban el funcionamiento de alguna iniciativas del gobierno y que evidenciaban un camino de entusiasmo en la llamada lucha contra la criminalidad. Ahora bien. ¿Qué indica una caída en los niveles de denuncia? El acuerdo de todos los especialistas de seguridad en el país reconoce que las denuncias no son indicador para medir la criminalidad. La variación en los niveles de denuncia pueden vincularse a hechos tan variados como la baja en la confianza en las instituciones, el aumento de los delitos menores que se denuncian menos, la disminución efectiva de los hechos delictivos, la disminución de la cifra negra (hechos que no se denuncian), la decisión policial de generar incentivos para la no denuncia, entre muchas otras hipótesis. Sin otros datos de contexto, entregados anualmente por la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), las denuncias no nos dicen mucho. Así, para ser más gráficos. Los datos necesarios para interpretar el fenómeno criminal son al menos tres. Niveles de victimización (el numero total de personas que fueron de hecho victimas de un delito de ENUSC), los niveles de denuncia (el porcentaje de víctimas que dijo haber denunciado de ENUSC) y las tasas de denuncia (los registros policiales). Medido en el tiempo estos tres datos nos explicarían que está pasando en términos criminales en el país. Lo más llamativo es que Chile es uno de los pocos países de la región (y el mundo) que se ha comprometido en el seguimiento detallado del problema mediante la ENUSC, que de forma anual permite hacer el análisis y seguimiento del problema. Por lo que la salida comunicacional de ayer parece ser principalmente eso, una búsqueda de mostrar efectividad en un tema que es principal preocupación ciudadana. ¿Estamos mejor? Ojalá, pero con los datos publicados ayer por el Ministerio del Interior no se puede afirmar nada. Lo que si podemos afirmar y reiterar es la necesidad de mayor experticia y conocimiento de los profesionales que trabajan en el área de seguridad del gobierno. Reiterar la urgencia de espacios de alta dirección pública para espacios como el manejo de los sistemas de información y los estudios que realiza dicha institución. La seguridad pública no es un tema político sino de política pública. Requiere de formación, capacitación y responsabilidad. Las hipótesis no sirven para generar políticas públicas serias y efectivas. En los últimos años se ha dicho que el aumento de las denuncias era una señal de mayor confianza en las instituciones y por ende un objetivo evidente. Ahora se dice, que su disminución muestra un camino de progresos y menor inseguridad. En el medio los ciudadanos, atemorizados por los dobles discursos, descreídos de la aparente seguridad que no llega y desconfiados de instituciones que deberían generar certezas. El juego de los datos de seguridad es inaceptable por que genera primeras planas momentáneas pero desconfianzas de largo plazo. Ad portas de una elección presidencial el debate de la inseguridad se pondrá en el centro de la agenda. El gobierno debería reunir a un grupo de expertos que deje en claro el estado de situación, los cambios de la delincuencia, los avances y retrocesos. Con esta base de acuerdo transversal se obligará a los candidatos a conversar de propuestas, políticas e iniciativas. De otra forma, seguiremos con el desconocimiento, la politización y la creatividad de corto plazo." Fuente: La Tercera
El profesor de la Escuela de Justicia Penal e investigador del Centro de Derecho Internacional y Comparado en la Universidad de Baltimore (Estados Unidos), de visita en nuestro país, adelantó parte de su nuevo trabajo, en el que profundiza en los recintos penitenciarios de máxima seguridad.
Este tipo de prisiones nacieron durante la década de los 80 en EE.UU. Y en la actualidad es un modelo replicado por los países más industrializados del planeta.
Pese a su proliferación, estás cárceles están en el ojo de la opinión pública, debido a las denuncias por violación de los DD.HH. al interior de sus rejas. Siendo las prisiones de Guantánamo en Cuba y Abu Ghraib en Irak, las más conocidas en su tipo.
Caso detectives formalizados: consideraciones para una reforma Leonardo Moreno Holman Carta al Director, El Mercurio, 23 de octubre de 2012.
El problema es otro. La justicia penal es ejecutada por seres humanos, que actúan cumpliendo sus roles de policías, jueces, fiscales, defensores, peritos y testigos, todos conforme a lo que dice la ley, que es otra creación humana. No es posible esperar que entre las más de 350 mil causas que se tramitan al año no existan errores, incluso algunos bastante gruesos. La prensa legítimamente informa de estos tropiezos, pero normalmente con el ánimo de achacar responsabilidades de inmediato. Aquí es donde su falta de rigor echa a rodar la bola de nieve de la indignación ciudadana contra el sistema de justicia, especialmente contra los jueces, y también contra los fiscales. Y en estos tiempos, es difícil que el mundo político se sustraiga del clamor popular.
Sin embargo -y esta es una opinión que comparten muchos expertos y juristas que no basan sus impresiones en la información de prensa, sino que en el estudio exhaustivo y el conocimiento del sistema de justicia por dentro-, los problemas que se han suscitado para castigar a los verdaderos responsables de los delitos no están en la ley, sino que en la infracción a la ley. Y los hechos confirman que en general, estas vulneraciones se están dando en la base de la persecución: en la investigación policial.
No hay entonces claridad de qué ocurrió en ese lugar".
Agregó que "hubo allanamientos y detenciones ilegales, hubo entrega de información falsa, que no se registró de acuerdo a la ley, por lo que evidentemente está viciado el procedimiento y no se pueden utilizar los antecedentes incriminatorios en esta investigación, no quedando otra que dejar sin efecto la prisión preventiva y el arresto domiciliario que se dictó en su oportunidad".
La verdad es que esto no es garantismo, ni juventud, ni falta de experiencia, es simplemente sumisión a la ley. Esto no tiene que ver con el criterio del juez, no tiene nada que ver con la mano en el corazón, ni sentido común, ni política. Es sólo sumisión a la ley y el cumplimiento de los roles institucionales".
Los imputados asentían y Guzmán siguió haciendo uso de su escenario, respondiendo las críticas que se le han hecho a los jueces en el último tiempo, lo que incluso llevó al Presidente de la República, Sebastián Piñera a anunciar una reforma a la reforma.
"Es bastante más fácil, pero ineficiente a la vez ir a llorar al Palacio de Justicia, a quejarse de la actuación del juez, porque levantó la voz exigiendo racionalidad al Ministerio Público. O ir a La Moneda a pedir cambios legales para restringir los controles del juez de garantía. Eso es fácil, ineficiente, pero un camino posible. De hecho un camino que vemos todos los días".
"Pero esa no es la única razón por la cual me puedo sentir insatisfecho, sino que porque personas que han afectado a la salud pública: ustedes, poniendo droga en las poblaciones, van a zafar y no porque no hayan cometido los ilícitos sino porque no hubo una investigación profesional atrás. Esto hay que tenerlo como lección, no sólo como discurso. Cuando tú tienes estándares altos, exigentes, lo que tienes son mayores esfuerzos por realizar una labor policial seria. En caso contrario, hay mayor desprolijidad de parte de las policías, y al final lo que tienes es impunidad. Eso es lo que tenemos hoy día: impunidad".
El juez agregó que "no solamente un inocente puede estar en la cárcel, sino que el culpable queda fuera. Si tuviéramos un sistema donde los sistemas de control operaran y dejaran que los jueces efectivamente cumplieran su labor, entonces lo que tendrían son investigaciones sofisticadas, hoy tenemos vaivenes, péndulos y que sucede...los culpables salen en libertad".
Corporación Opción, ha organizado un encuentro con miembros de circuito judicial de la Región Metropolitana, con motivo de la visita de nuestro país del destacado abogado y profesor costarricense, Carlos Tiffer, quien ha realizado diversos aportes a la implementación de los sistemas penales juveniles.
Durante la jornada, se realizará un panel donde Osvaldo Vázquez de Corporación Opción, presentará una síntesis a 5 años de la Ley 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA). Luego, el profesor Tiffer, expondrá sobre la determinación y las finalidades de las medidas y sanciones penales juveniles. Posteriormente se formará una mesa donde participarán el director del Sename, Rolando Melo, junto a otros representantes del circuito penal juvenil.
El profesor Carlos Tiffer obtuvo su licenciatura en derecho en la Universidad de Costa Rica en 1983, aprobando su tesis con distinción. En 1990, obtuvo el título de Legum Magister (LL.M.), en la Albert-Ludwings-Universität, en Freiburg, Alemania. Posteriormente, el grado de doctor en Derecho en la Ernst-Moritz-Arndt-Universität en Greifswald, Alemania, con calificación de magna cum laude.
Desde 1983, se desempeña como un destacado abogado litigante. Además, trabajó como fiscal en el Ministerio Público y como juez superior penal de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.
En el ámbito académico ha ejercido la cátedra de Criminología en la maestría de ciencias penales de la Universidad de Costa Rica y en las maestrías de derechos humanos y criminología de la Universidad Estatal a Distancia, entre otras.
Tiffer es autor de los proyectos de ley de Justicia Penal Juvenil y de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles de Costa Rica. Asimismo, ha escrito diversos libros y artículos sobre derecho penal, criminología y derecho penal juvenil.
Destacan entre sus numerosas y publicaciones: - "Ley de justicia penal juvenil. Comentada y corregida". 2a. Edición. Dado el peso que tuvo la ley costarricense, este tratado es pertinente para el análisis de nuestra Ley Nº 20.084.
- "Derecho Penal de Menores y Derechos Humanos enAmérica Latina," (1995). En: Ciencias Penales. Revista de la Asociación de
Ciencias Penales de Costa Rica. Núm.10,
- "De un Derecho Tutelar a un Derecho MínimoGarantista: La nueva Ley de Justicia Penal Juvenil," (1997). En: Ciencias
Penales. Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica. Núm. 13
- "Un Modelo Armado para Aplicar. JusticiaJuvenil de Costa Rica," (1998). En: Ley de Justicia Penal Juvenil de Costa
Rica. Un Año de Vigencia. San José- Costa Rica: UNICEF/ ILANUD
- De la arbitrariedad a la justicia: Adolescentes y Responsabilidad Penal en Costa Rica (Coordinador) - "Justicia JuvenilInstrumentos Internacionales de Naciones Unidas y la Experiencia de Costa Rica"
- "JuvenileCriminal Justice and Human Rights in Latin America," (1998). In: Young
Offenders and their Families- The Human Rights Issue. - "Argentina en su laberinto. A propósito de laprivación de la libertad de personas menores de edad," en Revista Digital de la
Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, Nº 1
Es además, consultor en materia penal del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (Ilanud), y en materia penal juvenil de Unicef Costa Rica.
Fue designado por el Colegio de Abogados de Costa Rica como, Jurista distinguido del año 2010. Año en que el Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ), también le otorgó el premio: Justicia juvenil sin Fronteras.
Próximo encuentro El jueves 18 de octubre, el profesor Tiffer participará en un seminario en la región de Tarapacá, donde dictará la clase magistral "Objetivos de la Justicia Penal Juvenil. Criterios de Determinación de Sanciones y Finalidades de las Sanciones en el Ámbito de la Ejecución."
En este evento, participarán el Director Regional del SENAME, José Bustamante y el coordinador de proyectos Miguel Luarte junto con Evelyn Rojas, directora del Programa PLE de Tarapacá, ambos de Corporación Opción.
Palummo dijo que la imposibilidad de “endurecer” el sistema penal adulto, está dando resultado con el sistema penal juvenil, al que el abogado consideró influenciado “por las discusiones de la opinión pública y orientado hacia su endurecimiento”.
Durante la presentación, el comisionado parlamentario del sistema penitenciario, Álvaro Garcé, se refirió al futuro plebiscito sobre la baja de la edad de imputabilidad, y advirtió respecto a que hay que “prever muy bien el impacto que esto va a tener en el sistema de privación de libertad para asignar los recursos y no repetir con los menores lo que en su momento se cometió con los mayores”.
En este contexto, la asesora del MI en temas penitenciarios, Gabriela Fulco, señaló los avances del sistema, aunque reconoció la existencia de “reductos de violación a los derechos humanos” en las cárceles uruguayas, que “aún registramos y que seguramente llevará más de una administración erradicar”.
Fulco destacó los cambios en las pautas de funcionamiento en los centros de reclusión, con la creación de subdirecciones técnicas y el ingreso de personal civil, la extensión de los sistemas abiertos y semi-abiertos (basados en un criterio de “seguridad dinámica”), y el inicio de un proceso de clasificación de internos para mejorar “cualitativamente” su distribución en las “unidades de internación”.
Asimismo, manifestó la necesidad de profundizar las medidas alternativas de privación de libertad, lo cual requiere “un proceso de cambio cultural en la sociedad para aceptar y admitir su posibilidad”. “Estamos convencidos y empecinados en modificar la tradición de un modelo centrado en la seguridad”, afirmó Fulco.
En tanto, el comisionado parlamentario, Álvaro Garcé, realizó una breve historia del sistema carcelario desde 1878 hasta la actualidad y concluyó que Uruguay nunca tuvo una política pública en materia carcelaria. Sin embargo, desde el retorno de la democracia la cuestión penitenciaria “quedó relegada”, lo cual derivó las falencias del actual sistema.
En este sentido, Garcé consideró prioritario “rectificar la política criminal”, por cuanto la fuerte inversión en materia edilicia, que permitiría sanear el tema del hacinamiento, puede sucumbir de no modificarse el actual sistema penal. “Hay que repensar el papel de la prisión preventiva”, expresó.
adolescentes presos,
¿Qué papel juega Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), la organización que vela por los derechos de los niños en todo el mundo, acá en Uruguay en la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad penal? Para el senador Pedro Bordaberry, uno de los principales impulsores de la campaña de firmas que consiguió que se convoque a un plebiscito que ocurrirá en octubre de 2014, la posición de los representantes de Unicef en Uruguay es “contradictoria” y falta de “coherencia”, pero además está influida por “asesores” de la organización que “militaron en el Frente Amplio recientemente”.
Con estos argumentos Bordaberry criticaba, en una entrevista que le hacíamos en En Perspectiva el mes pasado, la postura de Unicef, que se ha manifestado en contra de bajar la edad de imputabilidad porque, a su entender, es una opción “muy simplista” y “peligrosa”, y coloca al adolescente “como un enemigo público”.
Esta mañana vamos a profundizar en estas consideraciones de Unicef, a averiguar qué responde la institución ante las críticas del senador Bordaberry, pero además y sobre todo, cuál es su opinión sobre el debate de fondo, qué participación va a tener en la polémica, en la campaña que habrá sobre el plebiscito que se viene. En los próximos minutos, el diálogo es con Egidio Crotti, representante de Unicef en Uruguay desde marzo de 2009.
Una pregunta en general, para empezar, respecto de la edad de imputabilidad penal para los adolescentes: ¿Unicef tiene una posición común en todos los países en los que opera?
Unicef tiene una posición común, porque su mandato es promover la Convención de los Derechos del Niño. Es una primera aclaración importante, no expresamos nuestra opinión a partir de una ideología partidaria, sino que nuestra referencia es el tratado de derecho humano más universal que existe en este momento en el planeta.
ECr - La postura de Unicef se basa, repito, en la convención, y en ella hay artículos bastante claros sobre la relación entre el Estado y el adolescente acusado de cometer delito, de infringir la ley. El artículo 1 considera niños a todos los menores de 18 años, a menos que la legislación nacional prevea otro tipo de edad, y el artículo 3740, que es más específico, es sobre cómo reglamentar la respuesta del Estado frente a adolescentes que cometen delitos.
Y quisiera aclarar un punto. La convención, y como consecuencia Unicef, no promueve ni la impunidad ni la irresponsabilidad de los adolescentes. Esto es importante, la convención no habla de impunidad y sobre todo no habla de irresponsabilidad. Lo que dice, y por eso mi posición y la de Unicef, es que los estados, una vez ratificada la convención, se comprometen a tener un sistema de responsabilidad penal específico para adolescentes, que tiene algunos puntos muy claros. Una finalidad distinta de los adultos, tiene como finalidad prioritaria la inserción o la reinserción social. Capaz que eso tendría que ser también para los adultos, pero para el adolescente es la finalidad, por eso se habla a veces de medidas socioeducativas. También penas distintas de las de los adultos, con la garantía que se dan a los adultos en un debido proceso: derecho a la defensa, que si una actividad no es un delito para un adulto no puede serlo para un adolescente, el marco garantista. Y una especialización, que es cómo después se implementa un sistema penal con jueces, defensores, fiscales, operadores especializados. También propone una edad mínima por debajo de la cual el Estado renuncia a cualquier tipo de intervención penal, que en el caso de Uruguay son los 13 años. Uruguay tiene un sistema –que después podemos ver si está funcionando bien o no– de responsabilidad penal juvenil de 13 a 18 años.
rebaja de edad,