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Timestamp: 2020-01-21 16:38:38
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Matched Legal Cases: ['artículo 191', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 6', 'artículo 56']

BOCG. Senado, serie II, núm. 24-c, de 25/05/2001
Núm. 24 (c) (Cong. Diputados, Serie A, núm. 31 Núm. exp. 121/000031)
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las propuestas de veto presentadas al Proyecto de Ley del Plan Hidrológico Nacional.
Palacio del Senado, 22 de mayo de 2001.--P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
Los Senadores Manuel Cámara Fernández y José Cabrero Palomares, IU (Grupo Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan un veto al Proyecto de Ley del Plan Hidrológico Nacional.
Palacio del Senado, 3 de mayo de 2001.--Manuel Cámara Fernández y José Cabrero Palomares.
Manuel Cámara y José Cabrero, IU (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.
La propuesta de Plan Hidrológico Nacional (PHN), presentado por el Gobierno, se inscribe en un contexto marcado por dos especificidades:
1)España es el país de la Unión Europea con más embalses y el quinto país del mundo, con un 3% del total.
2)España ha experimentado bajo la hégira del Partido Popular una continuada e implacable orientación hacia la privatización del agua (pese a su carácter de bien público y social eminentemente y por ello, su naturaleza de patrimonio de todos) que se normativiza a través de la reforma
de la Ley de Aguas, por la que se crean los mercados del agua y se da vía libre a las empresas de obras hidráulicas de cada Confederación Hidrográfica.
En definitiva, hemos asistido a la regularización del negocio del agua, fundamentado sobre una base conceptual, inaceptable en términos ambientales (déficit, excedentes en las cuencas...). En esta línea, el PHN se cimenta en la confluencia de negocio billonario en tres sectores: los nuevos mercados del agua, la obra hidráulica hormigonizante y la cuenta de resultados de las eléctricas.
El PHN es y debe ser, ante todo, el instrumento básico de la Política de Aguas al servicio del desarrollo sostenible en el marco del Estado español. La satisfacción de las demandas, debería orientarse en dirección a la mejora, renovación y optimización de infraestructuras y sistemas existentes, con un sistema de Gestión Integral basada en instrumentos de ahorro y gestión de la demanda y en una gestión fundamentada en los principios de conservación y equidad en su asignación y eficiencia en su uso.
Al estar su provisión y aprovechamiento mediatizados por la irregularidad de su disponibilidad natural en el tiempo y en el espacio y determinada por las características de las distintas áreas hidrográficas, se reclama una gestión basada en la planificación hidrológica y con ella la existencia de instituciones adecuadas y específicas para esas funciones de gestión y administración del dominio público, atribuidas al Estado, lo que implica establecer un sistema de gestión integrado, basado en la unidad de gestión del recurso.
El proyecto de Ley del PHN, no es ese instrumento que debiera ser, ya que más que tratarse de un plan para la gestión del recurso, estamos básicamente ante un plan de obras, aproximadamente un millar, de las que al menos 30 de ellas producen un fuerte impacto medioambiental, recogidas en el Anexo II, y que no sirve para responder a la necesidad de asignar el agua para atender los servicios que presta, la gestión democrática del recurso y una política de precios definida administrativamente, para primar el ahorro y el uso eficiente, penalizando el derroche y manteniendo el carácter público del agua.
El PHN presentado por el Gobierno no responde a la lógica de la sostenibilidad, en ninguno de sus postulados: socialmente equitativo, justo, económicamente eficaz y ambientalmente sustentable, territorialmente vertebrador y con proyección de futuro. El PHN propuesto no es ni sustentable, ni el instrumento necesario para un desarrollo sostenible. Por el contrario, es expresión de un modelo obsoleto y destructivo, el modelo de desarrollo sostenido, porque en definitiva, el PHN es la justificación de los trasvases y la desalación.
Desde nuestro punto de vista, resulta cuando menos contradictorio, que mientras no se ha sabido optimizar las grandes infraestructuras existentes en nuestro país, esas sobredimensionadas hijas directas del secular continuismo regeneracionista, se planteen numerosas obras de similares características.
El proyecto se articula en torno a una falsa lógica argumental: reducir el déficit en la cuenca mediterránea (eje nodal y objetivo primordial), pero la experiencia concreta ha demostrado que la importación del recurso (trasvase) lejos de ser parte de la solución, contribuye a generar nuevos problemas, como ilustra la experiencia del trasvase Tajo-Segura, que con una media de agua trasvasada anualmente de 300 Hm3, hasta 1999 (cuando estaba previsto alcanzar los 1.000 Hm3), no sólo no ha acabado con el déficit, sino que le ha visto incrementar, ya que el espejismo de disponer de más cantidad del recurso, dispara la expectativas, alentando la puesta en regadío de más tierras de cultivo. Así, en el marco del PHN del Gobierno, cuando se alude al déficit, éste debe referirse únicamente hacia los regadíos y los futuros crecimientos urbanísticos.
El PHN se basa en el trasvase desde el Bajo Ebro hasta la Costa Mediterránea (Interior de Cataluña-Júcar-Segura-Sur), lo cual, a partir de que conforma el eje central de la propuesta, debe suponer alguna ventaja (al menos, a juicio de quien lo elabora y de quienes con su voto lo han revalidado) comportando, eso sí, claros inconvenientes medioambientales que son analizados (de forma claramente insuficiente, como pone de manifiesto el hecho mismo de que no busca alternativas más eficaces, incluida la de no hacer el trasvase) en el propio Plan. Pero sobre todo, contiene en su planteamiento incertidumbres importantes, como son todas aquellas referentes a los efectos del cambio climático (el PHN mantiene respecto a este fenómeno una doble relación causa-efecto) que dibuja una espiral, ya que el descenso de aportes hídricos impedirá finalmente la disponibilidad de agua trasvasable en unos años.
En este caso concreto se trata de una obra de casi 500 Km por la costa, que a la vez de grandes obras hidráulicas conlleva un consumo cautivo de electricidad para cada impulsión necesaria para trasladar el agua, por lo que se encarecerá enormemente el precio del agua, al unir el gasto del consumo eléctrico a la amortización de las obras y las concesiones. Pero lo más grave de la propuesta del Gobierno es que no garantiza el destino del agua a los sectores básicos a proteger: el agua de boca y el regadío derivado del asentamiento rural, porque los precios finales serán prohibitivos para estos sectores en competencia con el ocio-turismo o la agricultura intensiva que puede pagar el agua a altos precios. Por tanto este PHN que el Gobierno nos propone expulsa de sus intereses centrales el abastecimiento de la población actual, porque piensa más en el incremento de la población futura atraída por estos reclamos, y sobre todo a la explotación familiar agraria que supone casi el 60% de la realidad agraria del mediterráneo fuertemente comprometida con el asentamiento rural.
Tanto los trasvases (entendidos en el PHN como gran trasvase intercuencas) como la desalación son rechazables al comportar ambos impactos severos:
1)El modelo trasvasista, desemboca en un sistema de regulación lineal en el que las demandas crecientes, requieren una oferta proporcionalmente mayor y ésta, en un proceso de retroalimentación, implica una ampliación continuada y permanente de la generación y distribución del recurso.
2)La desalación por su parte, supone impactos más invisibles, pero más irreversibles en materia de emisión de gases de efecto invernadero, así la pretendida «solución» de disponer de 1.000 Hm3, incrementaría las emisiones españolas de CO2 entre un 10-14%, y vertería al mar el 60% del agua utilizada con salmuera, aumentando la salinidad y la contaminación del entorno. La desalación sólo sería admisible en casos excepcionales: el abastecimiento de agua de boca en las islas.
Un plan hidrológico fundamentado en el principio de desarrollo sostenible (real, que no declarativo) debe plantearse el uso del agua con la mayor eficiencia posible en cada cuenca, respetando el medio ambiente y adaptando el desarrollo a las disponibilidades de agua de cada cuenca.
Desde esa perspectiva, hay que plantearse, como exigencia previa a la implantación de la ley, el reducir el riego a «manta», eliminar los regadíos ilegales y proteger la explotación familiar agraria, acabar con la generalizada práctica de expansión de nuevos regadíos y de pozos ilegales, que está produciendo graves procesos de sobreexplotación y degradación de ríos y acuíferos, y la existencia de mercados negros de agua que especulan y derivan agua a destinos no previstos.
Resulta esencial abordar la elaboración y aplicación de planes de ordenación territorial y urbanísticos sostenibles, que acoten el crecimiento de los negocios urbano-turísticos y de agricultura intensiva y esquilmadora, que están en el origen de una espiral insostenible de demandas. Es imprescindible sustraerse a la lógica unívoca del más.
El PHN que hace falta para el conjunto del territorio español debe estar íntimamente ligado a los Planes de Cuenca y al Plan Nacional de Regadíos, junto a una fuerte democratización en el control de la gestión del agua, que actualmente no aportan las Confederaciones, ni los sindicatos de regantes, al no representar los intereses de los sindicatos agrarios, ni a la explotación familiar agraria, ni al mundo rural.
El Plan presentado por el Gobierno favorece la confrontación entre regiones y dentro de ellas, entre los usos tradicionales del agua y los nuevos y emergentes negocios del agua, por lo que se hace imprescindible plasmar un amplio consenso en la reelaboración del Plan Hidrológico sobre la base de los siguientes principios:
1)La función primordial del Plan es la de la gestión de los recursos hídricos de nuestro país, de forma socialmente equitativa y justa, territorialmente vertebradora y ecológicamente sustentable, razones por las que debe desarrollarse desde un enfoque de Gestión Integral de la Demanda. Como paso previo al desarrollo del Plan, éste habrá de someterse a Evaluación estratégica Ambiental y en coherencia con la Directiva marco de Agua aprobada por la Unión Europea.
2)El PHN debe incluir y desarrollar un Plan Nacional de Regadíos, para establecer de forma precisa, rigurosa y fundamentada, las necesidades reales de la demanda agrícola, modernizando los regadíos mediante el empleo de técnicas de riego más eficientes, la depuración y la reutilización de las aguas. Un Plan que gire en torno al eje central del ahorro, ha de incrementar la eficiencia y la reducción de pérdidas en las redes de distribución (que llegan a alcanzar valores de hasta el 40% en determinados lugares, pero que en cualquier caso, no baja del 20% de media).
3)El Plan debe mantener y mejorar la calidad y cantidad de agua de nuestros ríos y ha de evitar el deterioro ambiental de ríos, lagos, deltas, humedales, bosques de ribera, montañas, ya que el agua es la base de la vida de todos los ecosistemas y un elemento esencial de nuestra salud y bienestar colectivos.
4)El Plan ha de incluir un Programa Vertido Cero, que ponga en práctica medidas urgentes, eficaces y sostenidas en el tiempo para conseguir aguas de calidad, tanto en el plano económico como para su uso social.
Igualmente ha de terminar con la sobreexplotación de las aguas subterráneas y su contaminación por vertidos, desarrollando programas de regeneración cuantitativa y cualitativa de los acuíferos.
5)El Plan ha de elaborarse desde un amplio debate social, con garantías de participación en plano de igualdad de todos los territorios y sectores afectados, sintonizando y corrigiendo las diferencias económicas y sociales entre distintas zonas del Estado, consolidando una ordenación del territorio más equilibrada, más justa entre el interior y el litoral, entre la montaña y el llano, entre la ciudad y el medio rural.
6)Otra filosofía del gasto, en dirección de elaborar una auténtica alternativa cimentada en una nueva cultura del agua que entienda el agua como recurso agotable y se centre en la gestión de la demanda y el ahorro y la reutilización. En este sentido propondríamos otra distribución de inversiones para los próximos 7 años, así:
a)Disminuiríamos las inversiones para regulación general (embalses)... 150.000 millones (pasando del 16,6% al 5,0% del total previsto).
b)Incrementaríamos la inversión de modernización de regadíos en todas las cuencas... 1.200.000 millones (del 31,7% al 40,0% del total previsto).
c)Mejoraríamos el abastecimiento a todas las poblaciones (se gasta en tremendas obras, mientras cientos de pueblos en los veranos han de abastecerse por medio de camiones)... 478.000 millones (15,8% del total previsto).
d)Aumentaríamos el Control y calidad del agua y los vertidos...
326.717 millones (11% del total previsto).
5)Como alternativa a los trasvases previstos en el PHN de 1.050 Hm3, IU propone:
a)En la cuenca interior de Cataluña, incrementaríamos la asignación del recurso mediante redistribución, frente a los 190 Hm3 previstos, ya que el abastecimiento de agua tiene un retorno del 80%, para ello:
1)Habría que coger agua de calidad que se emplea en regadíos para abastecimiento, y
2)Utilizar mejor las aguas de retorno, reciclarlas con tratamiento terciario, riegos, consumos y recarga de acuíferos.
c)En la cuenca del Júcar y frente a los 315 Hm3 propuestos, incrementaríamos la eficiencia en la utilización del recurso agua y se pondrían en marcha técnicas más eficientes de riego, de forma que no se regara por inundación, cambiando al goteo aplicando una línea de subvenciones.
d)En la cuenca del Segura y frente a los 450 Hm3 propuestos en el PHN, se adoptarían medidas para el abandono de cultivos ilegales, unido a un mayor control e intensificación de sistemas de optimización de regadíos.
e)En la cuenca Sur, frente a los 95 Hm3, limitaríamos el crecimiento de los regadíos y desmantelaríamos el cultivo con riego intensivo ilegal existente.
8.Supresión embalses innecesarios:
a)Pirineo-Aragón: el problema es que en la cuenca del Ebro la eficiencia es muy baja (muchas pérdidas y técnicas de riego inadecuadas), por lo tanto no habría que más embalses, sino corregir derroches.
b)Duero: Irueña y Castrovido. No se justifica la prevención de avenidas con embalses, ha de afrontarse la lucha contra avenidas, suprimiendo edificaciones en cauces.
c)Andalucía: el pantano de Melonares no es necesario para abastecer Sevilla, esto se podría lograr con una reducción en las pérdidas en las redes de distribución. La Breña II, no es necesario, hay que actuar sobre las 200.000 Has. de olivar de regadío, que son ilegales e insostenibles y disparan la producción con el inconveniente añadido de provocar efectos sociales perversos.
d)Tajo: Monteagudo (desestimado hace 10 años y ahora petición de la Junta de Extremadura). Alberche, absolutamente innecesario tal como recoge en sus alegaciones la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, para el abastecimiento de Madrid, ya que el auténtico cuello de botella serían las impulsiones).
9.Frenar y reducir la demanda, única solución al problema del agua.
Objetivo de ahorro del 30% en las cuencas del Ebro, Duero y Tajo, mediante incremento de la eficiencia en regadíos, reduciendo pérdidas en redes de distribución, cambios tecnológicos en riegos. El ahorro implica no tener que hacer más embalses, el agua ahorrada devuelta al río es un factor de calidad y mejora del recursos y los ecosistemas.
En España se consumen al año 28.250 Hm3, el 80% lo consume el regadío. La falta de eficiencia hace que se desperdicien 10.000 Hm3, de los cuales 5.000 retornan de una u otra forma (ríos, alcantarillados, cultivos, etc.) y el resto se pierden y desaprovechan.
Así proponemos un objetivo de ahorro bruto de agua de 3.000 Hm3/año.
10.Apuesta por el riego a presión.
El riego en el estado español se comporta del siguiente modo:
a)aspersión... 17,95%.
b)goteo... 4,8%.
c)gravedad... 64,5%.
d)otros... 12,6%.
La eficiencia del sistema de gravedad (el más consumidor) es del 60% en plantas, mientras que el goteo es del 90%.
Proponemos destinar una partida de 300.000 millones para subvenciones agrícolas para pasar del riego por gravedad, al riego por presión.
El Senador Anxo Manuel Quintana González, BNG (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula un veto al Proyecto de Ley del Plan Hidrológico Nacional.
Palacio del Senado, 10 de mayo de 2001.--Anxo Manuel Quintana González.
La Ley de Aguas confiere al Plan Hidrológico Nacional (PHN) la función de afrontar las medidas necesarias de coordinación de los diferentes Planes Hidrológicos de Cuenca, y dar solución a las alternativas que ofrezcan, culminando la planificación hídrica en el Estado español.
La primera impresión que causa el PHN remitido a las Cortes Generales para su aprobación es que la planificación hídrica del Gobierno se circunscribe a dotar de importantes caudales de agua a la cuenca Mediterránea a través de transferencias de agua de otras cuencas hidrográficas, sin atender a las repercusiones medioambientales que ocasiona, y con el objetivo primordial de perpetuar una agricultura intensiva que necesita importantes consumos de agua, fitosanitarios y abonos químicos.
Esta visión global de la planificación hídrica del Estado español vislumbra un cambio sustancial en la concepción del agua, ya iniciado con la reforma de la Ley de Aguas de 1999, puesto que deja de ser considerado un recurso natural a proteger, convirtiéndose en un factor de producción para el sector agroalimentario e industrial, y por lo tanto, debe ser potenciado su uso en las actuaciones económicas más rentables, situando en segundo plano las
consecuencias ambientales y los desequilibrios territoriales que esa explotación económica del agua lleva aparejada.
La planificación hidrológica del Estado está totalmente incardinada con la planificación territorial del mismo. La planificación de los recursos hidrológicos condicionará el desarrollo territorial, materia en la que las CC. AA. tienen mucho que aportar. Por ello, resulta realmente censurable que en el informe previo al PHN la coordinación y participación de las CC. AA. haya sido tan escasa, únicamente dentro del Consejo Nacional del Agua, un órgano híbrido, de carácter más técnico que político, en el que además confluyen los agentes sociales, en vez de articular mecanismos de colaboración y coordinación directa donde las CC.
AA. participasen de manera más activa y directa en la planificación hidrológica del Estado, acorde con la descentralización territorial que el esquema institucional de la Constitución señala. Esta circunstancia se agrava en el caso de Galicia, puesto que ya tiene mermada su participación en la planificación hidrológica de la cuenca Miño-Sil, al estar integrado en una «Unión de Confederaciones Hidrográficas», a través de una representación minoritaria que no se corresponde con la importancia que ese cauce fluvial tiene en la vertebración territorial de Galicia.
También existe una relación muy estrecha entre planificación hidrológica y agraria. En este aspecto, el PHN se presenta como un instrumento al servicio del desarrollo de una agricultura intensiva, que requiere abundantes consumos de agua, en zonas donde los recursos hídricos se han sobreexplotado, y finalmente agotado, precisamente por la perpetuación de un modelo agrario cuyos costes ambientales nunca han sido evaluados adecuadamente. Se plantea así, seguir destinando importantes recursos públicos para acometer obras de transferencia de aguas para regadíos que han experimentado incrementos de demanda por encima de los recursos propios disponibles, en vez de considerar prioritario modernizar aquellos regadíos ya existentes, optimizando las superficies agrarias cultivadas afectadas por infraestructuras de regadío.
Es ilustrativo señalar que no se contempla en todo el PHN la modernización de los regadíos existentes en Galicia, donde se pueden mantener altos índices de productividad agrícola sin necesidad de inversiones tan elevadas como las plasmadas en este PHN para destinar agua al Mediterráneo ni ocasionar los enormes impactos ambientales que conlleva esta última opción. Además, debe proceder a actualizarse la política de regadíos, y no a través de la realización de grandes obras de infraestructura hidráulica, sino comprendiendo la mejora integral de las infraestructuras, sistemas y técnicas de riego que permitan el ahorro del agua destinada a riegos agrícolas. Se trata en definitiva, de conceder prioridad a la puesta en valor de regadíos en declive de uso y explotación, para que sirvan de dinamizadores de la economía de las comarcas donde están situados, y no volcarse indefinidamente en la ampliación de zonas regables cuya eficiencia en el uso del agua se ha demostrado deficiente.
Las repercusiones que el PHN, de llevarse a cabo en su totalidad, ocasionará para el futuro también son preocupantes. Se promociona el consumo del agua, sin poner énfasis en la gestión de los recursos, en la preservación de la cantidad, la protección contra la contaminación y del medioambiente acuático. Se olvida incidir más en la reutilización conjunta de aguas residuales, en la reducción de los usos industriales, y en destinar recursos a mantener la calidad de las aguas en su estado óptimo.
Por último, este PHN carece de una evaluación estratégica de impacto ambiental que, a la vista de las importantes obras de infraestructura hidráulica que contiene (trasvases, embalses), deberían avalar el mismo, especialmente en lo que se refiere al estado de los ecosistemas acuáticos del Estado español en el futuro.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, al amparo de lo previsto en el Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley del Plan Hidrológico Nacional.
Palacio del Senado, 21 de mayo de 2001.--El Portavoz Adjunto, Ramón Aleu i Jornet.
La observación de la realidad aconseja dar un giro a la política del agua para comenzar a comprenderla como una política esencialmente territorial y respetuosa con el medio ambiente. Es evidente que hablar de política territorial en España exige apostar decididamente por una actuación coordinada, franca y leal, del Estado con las Comunidades Autónomas y de éstas entre sí.
Es en este contexto que debemos diseñar la política hidráulica de nuestro país, y, por tanto, el Plan Hidrológico debería comportar otras consideraciones distintas y con una visión más amplia que las meramente hidráulicas, como son el equilibrio territorial y el mantenimiento de la población en las zonas interiores del país.
El Proyecto de Ley del Plan Hidrológico Nacional llega al Senado sin que se haya realizado una valoración medioambiental previa ni se hayan previsto seriamente las consecuencias de su aplicación. Sin embargo, la necesidad de someter el PHN a Evaluación Estratégica Ambiental es clara, y está apoyada por diversos aspectos de la legislación aplicable en materia de medio ambiente. Así, el nuevo artículo 6 del Tratado de la UE impone la integración de los requisitos de protección ambiental en la definición y aplicación
de todas las políticas de los estados miembros, siendo la evaluación de planes y programas uno de los principales instrumentos de integración ambiental.
En cualquier caso, el PHN debería contribuir a lograr un mayor equilibrio territorial, reducir los problemas hídricos y crear nuevas oportunidades de empleo y calidad de vida, estableciendo mecanismos que garanticen un uso sostenible del agua en el Estado español. Muy al contrario, este plan acentúa los desequilibrios territoriales, genera graves impactos ambientales y no garantiza una gestión sostenible del agua. En este sentido, del estudio de la memoria económica del Plan Hidrológico Nacional propuesto se deducen graves inconsistencias económicas, así como notables contradicciones respecto al principio de Recuperación Integra de Costas demandada por la UE en la Directiva Marco.
Este Plan es contrario a la política que sobre el agua se desarrolla en la Unión Europea. Incumple la Carta Europea del Agua suscrita formalmente por el Estado español y desoye la recién aprobada Directiva Marco del Agua (DMA), que tiene como mayor preocupación la calidad ecológica y configura la cuenca fluvial como ámbito de actuación. Además, la ausencia de objetivos detallados, de análisis hidrológicos ambientales, de políticas de I+D y de argumentos socioeconómicos para la lista de actuaciones estructurales que se presentan en el anexo II del proyecto --señalada especialmente por expertos y expertas en planificación hidrológica-- representa, una vez más, un choque con la Directiva Marco, con la PAC y con el Plan Nacional de Regadíos del Estado.
En conjunto, los análisis económicos efectuados para justificar la viabilidad económica del PHN son incorrectos, existiendo otras alternativas que, siendo más rentables, no han sido contempladas. Por otra parte, tampoco debería obviarse el déficit estructural que comporta el PHN, que justifica su existencia sobre la base de trasvases desde las cuencas excedentarias, a las deficitarias, con lo cual se premia la gestión deficiente llevada a cabo por alguna de estas zonas receptoras.
Además, se pasa por alto que la racionalización en la gestión del agua por parte de las cuencas receptoras debería ser condición previa antes de tratar cualquier otro tema.
Por último, se debería estudiar detenidamente la afectación del PHN en el Delta del Ebro, ya que las consecuencias de su aplicación serían negativas e irreversibles. El PHN contempla unos recursos hídricospara el tramo final del Ebro de 17.300 Hm3 anuales sin tener en cuenta que la aportación es progresivamente decreciente como consecuencia del aumento de los regadíos, embalses y otros usos (que aumentan la evaporación).
La Adición de la Disposición Adicional Décima en su tramitación en el Congreso de los Diputados mejora la situación, pero es claramente insuficiente porque se refiere al caudal mínimo del Plan de Cuenca, y la aplicación de este Plan Integral podría llegar tarde. Además, el PHN no tiene en cuenta la aportación de los sedimentos de los ríos. Era lógico pensar que analizaría este problema y trataría de establecer medidas correctoras para recuperar una parte del caudal sólido que tenía el río a principios del siglo XX, pero no solo no aborda este problema sino que lo agudiza, al reducir la aportación líquida a la desembocadura y proponer decenas de nuevos embalses en la cuenca, condenando al Delta a una degradación irreversible.
Se desprecia la modernización de los regadíos y la reutilización de las aguas, con el ahorro que supone para los consumos de un recurso escaso.
No contempla la alternativa del aprovechamiento de las aguas subterráneas, en la que los embalses son los propios acuíferos subterráneos con menor coste económico real, además de no generar déficit público al sufragarlo los beneficiarios. Se ignoran otras medidas como son el fomento del uso de materiales para la construcción de viviendas que permitan un ahorro de agua (cañerías, depósitos, griferías...), el despliegue de medidas en materia de educación ambiental y sensibilización para promover hábitos para un uso sostenible del agua.
Por todos estos motivos, solicitamos la devolución al Gobierno del Proyecto de Ley del Plan Hidrológico Nacional.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley del Plan Hidrológico Nacional.
Palacio del Senado, 21 de mayo de 2001.--El Portavoz, Juan José Laborda Martín.
El Grupo Socialista presenta el VETO al proyecto de Plan Hidrológico Nacional para poner de manifiesto su oposición a un texto legal que carece del grado de acuerdo entre las fuerzas políticas y las Comunidades Autónomas que su propia naturaleza técnica y jurídica requiere. El dilatado número de años que, en el mejor de los supuestos, se necesitaría para su desarrollo, hace más incomprensible aún que no se haya buscado, por parte del Gobierno, el diálogo institucional y los acuerdos convenientes con las Comunidades Autónomas. Tiene para el Senado sentido debatir esta enmienda de VETO, por cuanto se ha impedido injustificadamente que este proyecto de Plan Hidrológico Nacional pudiera haberse discutido en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, cuando se solicitó, es decir, antes de que el Proyecto llegase a esta Cámara, por otra parte, en cumplimiento de la obligación estipulada, entre otros, en el artículo 56 b) del Reglamento del Senado.
Un Plan Hidrológico Nacional que no ha estado abierto al necesario acuerdo político, tendrá una corta vigencia, especialmente porque se sustenta en una concepción desarrollista,
basada en exclusiva en una obra pública llena de imprevisiones y riesgos, en vez de atender las nuevas orientaciones europeas de política del agua que coinciden con la nueva sensibilidad social de respeto a los equilibrios territoriales y ambientales.
La pretensión última de esta enmienda de VETO es hacerla innecesaria, pues la voluntad de los enmendantes es sustituirla por un acuerdo que permita la aprobación de un Plan Hidrológico Nacional en el que se integren las nuevas propuestas de política del agua.