Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-103-de-febrero-11-de-2003?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041db04f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-21 09:21:03
Document Index: 79629060

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 24', 'artículo 24', 'artículo 111', 'artículo 24', 'artículo 189', 'artículo 14', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 18', 'artículo 37', 'artículo 134', 'artículo 134', 'artículo 111', 'artículo 134', 'artículo 134', 'artículo 150', 'artículo 44', 'artículo 155', 'artículo 193', 'artículo 150', 'artículo 134', 'artículo 134', 'artículo 134', 'artículo 7', 'artículo 2', 'artículo 150']

﻿ SENTENCIA C-103 DE FEBRERO 11 DE 2003
SENTENCIA C-103 DE 11 DE FEBRERO DE 2003
CONTENIDO:ESTÍMULO PARA DOCENTES QUE LABORAN EN ÁREAS RURALES Y DE DIFÍCIL ACCESO. DEPENDE DE LA REGLAMENTACIÓN. SE DECLARA EXEQUIBLE EL INCISO SEXTO DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY 715 DE 2001.
TEMAS ESPECÍFICOS:MAGISTERIO, DOCENTE MUNICIPAL, ESTÍMULO PARA DOCENTE MUNICIPAL
Sentencia C-103 de febrero 11 de 2003
Sentencia C-103 de 2003
Ref.: Expediente D-4225.
Demandante: Alexander López Quiroz.
A continuación se transcribe el texto del artículo 24 de la Ley 715 y se resalta el aparte demandado:
ART. 24.—Sostenibilidad del sistema general de participaciones. Durante el período de siete años, comprendido entre enero 1º de 2002 y 30 de diciembre de 2008, el ascenso en el escalafón de los docentes y directivos docentes, en carrera, se regirá por las siguientes disposiciones:
El requisito de capacitación será en el área específica de desempeño, o general según la reglamentación que para tal efecto señale el Gobierno Nacional.
PAR.—El régimen de carrera de los nuevos docentes y directivos docentes que se vinculen, de manera provisional o definitiva, a partir de la vigencia de la presente ley, será el que se expida de conformidad con el artículo 111 (1) .
(1) Diario Oficial Nº 44.654 del 21 de diciembre de 2001.
Afirma el actor que la norma acusada desconoce los derechos adquiridos por los docentes, a quienes la Ley 115 de 1994 y el Decreto 707 de 1996 les reconoce un porcentaje entre el 8% y el 16% del salario básico devengado y “el tiempo doble en zonas de difícil acceso o mineras o de orden público alterado” (fl. 2).
Agrega que “el inciso de la norma atacada, ordena que en el futuro se reglamentará ya sea en tiempo, capacitación o dinero a los docentes que laboren en zonas de difícil acceso, desconociendo abiertamente los derechos consagrados en la ley anterior, es decir, la ley puede ser derogada pero para los docentes que sean vinculados a partir de la vigencia de esta Ley 715, pero no a los docentes que se encontraban gozando de este derecho” (fl. 2).
Considera que al haber consagrado la Ley 715 de 2001 una norma que establece el incentivo para los docentes oficiales, se mantiene la garantía que consagraba la norma derogada, “en la medida en que existan las condiciones que dan lugar a la misma. Por eso es que no se vulnera ningún derecho de los docentes, puesto que, más que un derecho adquirido, es una garantía o un incentivo que se le concede a algunos docentes que laboran en lugares con características especiales, pero que, apenas se incumpla o no se esté dentro de uno de los condicionamientos de la norma, este incentivo se perderá inexorablemente, y se regirán esos docentes por las normas generales, es decir, por las normas aún vigentes de la Ley 115 de 1994” (fl. 22).
Como fundamento de su apreciación señala lo siguiente: “El actor no puede negar desconocimiento de derechos adquiridos, por cuanto el Decreto 707 establece es un estímulo, que no se puede equiparar a las prestaciones señaladas en el Código Laboral. Es decir, los estímulos pueden ser suspendidos en cualquier momento porque no son derechos laborales, que puedan ser catalogados como susceptibles de adquiridos, (...) más aún cuando estos estímulos o bonificaciones no son de carácter permanente, ya que sólo se conocían cuando las condiciones que señala el mencionado decreto se daban; es decir, si el docente que laboraba en zonas de difícil acceso o de conflicto se traslada a otra ciudad deja de percibir tal bonificación, por lo que no se puede catalogar de adquirido un derecho que no es permanente” (fl. 29).
Esta corporación ya se pronunció sobre la constitucionalidad del inciso sexto del artículo 24 de la Ley 715 (Sent. C-617/2002), que es la misma norma acusada en el proceso de la referencia.
La Corte concluyó que la norma era exequible dado que, por su naturaleza, los estímulos a los docentes no pertenecen a la reserva de ley orgánica, circunstancia que no permitía adentrarse en el debate sobre la constitucionalidad o no de la reglamentación que emitiera el Presidente de la República, por ser una discusión que resulta inocua. Agregó la Corte que “... en este caso, la facultad reglamentaria presidencial en estas materias no sólo no viola la Constitución sino que son claro desarrollo del artículo 189 numeral 11 de la Constitución, que, a la postre, ni siquiera necesitaban contar con la autorización expresa” (2) .
(2) Corte Constitucional. Sentencia C-617 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra y Jaime Córdoba Triviño.
El cargo por el cual ahora se solicita la declaratoria de inexequibilidad de la norma acusada se refiere a la vulneración de los derechos adquiridos y del principio de confianza legítima, puesto que, según el actor, la nueva reglamentación modificará el régimen de estímulos que señalaba el Decreto Reglamentario 707 de 1996 para los docentes que laboren “en zonas de difícil acceso o mineras u orden público alterado” (3) .
El actor considera que la norma acusada vulnera los artículos 2º y 58 de la Constitución Política y el principio de la confianza legítima, pues desconoce los derechos adquiridos de los docentes estatales que trabajan en “zonas de difícil acceso o mineras o de orden público alterado”, a quienes el Decreto 707 de 1996 les reconocía incentivos en tiempo para efectos del ascenso en el escalafón nacional docente o en una bonificación sobre la asignación básica mensual del educador.
De acuerdo con la ley, el sistema de estímulos tiene como finalidades: i) Garantizar que la gestión institucional y los procesos de administración del talento humano se manejen integralmente en función del bienestar social y del desempeño eficiente y eficaz de los empleados; ii) Proporcionar orientaciones y herramientas de gestión a las entidades públicas para que construyan una vida laboral que ayude al desempeño productivo y al desarrollo humano de los empleados; iii) Estructurar un programa flexible de incentivos para recompensar el desempeño efectivo de los empleados y de los grupos de trabajo de las entidades, y iv) Facilitar la cooperación interinstitucional de las entidades públicas para la asignación de incentivos al desempeño excelente de los empleados (4) .
(4) Cfr. Decreto-Ley 1567 de 1968, artículo 14. Este decreto es aplicable para los empleados de la carrera docente pues en el parágrafo de su artículo 1º prescribe que “En caso de vados respecto a la capacitación y a los estímulos en las normas que regulan las carreras especiales a las cuales se refiere la Constitución Política, o en las normas que regulan los sistemas específicos de carrera de que trata el artículo 4º de la Ley 443 de 1998, serán aplicables las disposiciones contenidas en el presente decreto-ley y demás normas que lo reglamenten y complementen”.
El sistema de estímulos para los empleados se pone en funcionamiento a través de los programas de bienestar social y de los programas de incentivos que formulen y ejecuten las entidades (5) .
(5) Cfr. Decreto-Ley 1567 de 1968, artículo 18.
ART. 37.—Tiempo doble. A los educadores con título docente que a partir de la fecha de expedición de este decreto desempeñen sus funciones en escuelas unitarias, áreas rurales de difícil acceso y poblaciones apartadas, se les tendrá en cuenta como doble el tiempo de servicio para efectos de ascenso en el escalafón.
Como lo señalaba el inciso segundo, el Gobierno Nacional determinaría los criterios para definir las áreas de difícil acceso y las poblaciones apartadas, a fin de dar aplicación al estímulo establecido en el inciso primero (6) .
(6) El artículo 37 del Decreto-Ley 2277 de 1979 fue reglamentado por el Decreto 2669 de 1981; éste a su vez fue modificado por el Decreto 177 de 1982; el Decreto 177 fue sustituido por el Decreto 2147 de 1986, que a su vez fue derogado por el Decreto 267 de 1988.
ART. 134.—Incentivo especial para ascenso en el escalafón. Los docentes estatales que presten sus servicios en zonas de difícil acceso o en situación crítica de inseguridad o mineras, disfrutarán, además, de una bonificación especial y de una disminución en el tiempo requerido para el ascenso dentro del escalafón, según reglamentación que expida el Gobierno Nacional (7) (negrilla fuera de texto).
(7) El artículo 134 de la Ley 715 de 1994 fue reglamentado por el Decreto 707 de 1996. En éste se tomaron las siguientes determinaciones: señala los incentivos, sus destinatarios y las condiciones para su otorgamiento (arts. 1º y 3º); establece los conceptos de zona de difícil acceso, de zona de situación crítica de inseguridad y de zona minera (art. 2º); asigna funciones en esta materia a las secretarías de educación departamentales, distritales y municipales (arts. 4º , 6º y 9º); fija límites para el otorgamiento de los estímulos (art. 5º); consagra la continuidad de la aplicación de los estímulos reconocidos en la norma anterior (art. 7º); contempla la intervención de autoridades administrativas nacionales en esta materia (art. 8º) y señala la vigencia de la norma (art. 10).
Finalmente, la Ley 715 de 2001 deroga expresamente el artículo 134 de la Ley 115 (art. 113) y, se infiere, deja vigentes los estímulos contemplados en los artículos 133, 135, 136 y 137 de la Ley 115. Además, la Ley 715 establece, por una sola vez, un estímulo para los docentes que voluntariamente acepten traslados interdepartamentales (art. 40, par. 2º) y otorga facultades extraordinarias al Gobierno Nacional para expedir un nuevo régimen de carrera docente y administrativa para los docentes, directivos docentes, y administrativos, que ingresen a partir de la promulgación de la ley, que esté acorde con la nueva distribución de recursos y competencias. El nuevo régimen de carrera docente y administrativa se denominará estatuto de profesionalización docente y tomará en cuenta entre otros los siguientes criterios: i) Incentivos a mejoramiento profesional, desempeño en el aula, ubicación en zonas rurales apartadas, áreas de especialización; ii) Mecanismos de evaluación, capacitación, permanencia, ascensos y exclusión de la carrera; iii) Oportunidades de mejoramiento académico y profesional de los docentes (art. 111.2) (8) .
(8) En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 111 de la Ley 715 de 2001, el Gobierno Nacional emitió el Decreto-Ley 1278 de 2002, por el cual se expide el estatuto de profesionalización docente (D.O. Nº 44.840, jun. 20/2002).
La Ley 715, además de derogar el artículo 134 de la Ley 115, consagra para los docentes que laboran en áreas rurales de difícil acceso estímulos consistentes en bonificación, capacitación y tiempo, entre otros, de conformidad con el reglamento que expida el Gobierno Nacional (art. 24, inc. 6º). Esta es la norma demandada en el proceso de la referencia.
De la anterior referencia a la evolución normativa sobre los incentivos para los docentes oficiales se deduce lo siguiente: 1. Es el legislador el que consagra el plan de incentivos para los docentes y señala los principios generales para su reconocimiento; 2. Los estímulos pecuniarios o no pecuniarios por prestar servicios en las zonas indicadas por el legislador hacen parte de un plan integral de incentivos para los docentes; 3. El plan de incentivos puede ser modificado por el legislador; 4. El reconocimiento efectivo de los estímulos está condicionado, por principio, a la reglamentación por parte del Gobierno Nacional, ello ha sido una constante en el reconocimiento de este tipo de estímulos. Por ende, corresponde al ejecutivo adoptar el concepto de las áreas o zonas especiales que señale el legislador; establecer las circunstancias y condiciones para efectuar el reconocimiento de los incentivos a los docentes; fijar el monto de las bonificaciones y señalar los demás estímulos pecuniarios o no pecuniarios a que haya lugar.
La jurisprudencia constitucional sobre los estímulos para los docentes.
La Corte Constitucional ha encontrado ajustados a la Carta Política los estímulos señalados en la ley para los docentes oficiales, en especial los que se reconocen a quienes prestan sus servicios en las zonas o áreas señaladas por el legislador. En la Sentencia C-1218 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis, se declaró la exequibilidad del artículo 134 de la Ley 115 de 1994, que contemplaba la bonificación especial en beneficio de los docentes estatales que prestaran sus servicios en zonas de difícil acceso o en situación crítica de inseguridad o mineras. Para la Corte, esta norma hace parte de la potestad legislativa para establecer el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos (C.P., art. 150-19, lits. e y f). Al respecto señaló que “... la decisión de adoptar la citada bonificación especial de los docentes estatales encuentra respaldo en el mandato constitucional del artículo 150-19, pues el señalamiento del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos pertenece a la órbita de competencia del Congreso y del Presidente de la República” (9) .
(9) En la misma sentencia hizo referencia a la naturaleza jurídica y a la razonabilidad y proporcionalidad de la bonificación especial que consagraba la norma demandada. Al respecto expresó lo siguiente: “En ese contexto se observa que la bonificación establecida en la norma acusada constituye una retribución pecuniaria que se otorga enferma habitual y periódica, y por estas razones se subsume dentro de la definición de salario antes otorgada. Así las cosas, debe entenderse que forma parte del salario que devengan los maestros estatales, como contraprestación a la labor de docencia que otorgan a la comunidad, por virtud de su vinculación con el Estado y la prestación del servicio en las zonas del país anotadas. (...) De manera que, el riesgo que aceptan para sí mismos los docentes destinatarios de la bonificación especial que establece la norma acusada, por las posibles afectaciones y perjuicios que se puedan producir en su integridad física y moral, salud, vida, patrimonio, etc., debe ser de alguna manera recompensado por el Estado, máxime cuando con ello demuestran un compromiso mayor que el que pudieren asumir otros servidores públicos al servicio del Estado y de la comunidad. En consecuencia, la bonificación especial que asigna la norma enjuiciada se configura en una forma de retribuir en dinero ese mayor esfuerzo, por encima de la satisfacción y la protección de los derechos e intereses personales y económicos. (...) Coincide este tratamiento especial de los educadores estatales de las regiones del país aludidas, con el papel fundamental que la ley general de educación les ha reconocido en la sociedad, cuando se organizó la prestación del servicio de educación, en la forma de principales orientadores de los educandos y de esta manera, de transformadores de la educación con miras hacia una mejor calidad y cubrimiento de la misma. De ahí que, el establecimiento de una bonificación especial para ellos, como se expresó durante el trámite y aprobación de esa norma, haya provenido de la voluntad del legislador de profesionalizar y tecnificar la actividad de los docentes estatales y, en razón de ello, de otorgarles un estímulo para obtener una mejor prestación del servicio en las zonas de riesgo del país, que al mismo tiempo permitiera hacer tangible un mayor beneficio para los estudiantes” (Sent. C-1218/2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis).
La Corte también se ha pronunciado acerca de la constitucionalidad de los estímulos señalados en la ley para otros servidores públicos. Así, por ejemplo, en la Sentencia C-468 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz, declaró exequible el artículo 44 del Decreto 2651 de 1991, que fijaba una bonificación asignada a los jueces de descongestión (10) ; en la Sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, se declaró la exequibilidad del artículo 155 de la Ley 270 de 1996 —Ley estatutaria de la administración de justicia—, que contempla estímulos y distinciones para los funcionarios y empleados de la rama judicial (11) ; y en la Sentencia C-054 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz, declaró exequible el artículo 193 de la Ley 100 de 1993, que establece estímulos a los trabajadores y profesionales de la salud (12) .
(10) Para la Corte, “La bonificación o prima que se instituyó, además de tener el carácter de excepcional, está destinada precisamente a retribuir o compensar, así sea en mínima parte, el gran esfuerzo que implicaba para cada uno de los servidores estatales de los despachos atrasados, obtener el propósito buscado, dado el número de procesos que en muchas ocasiones existía, sin tener que descuidar, ni desatender los asuntos que se encontraban adelantando, como aquellos otros que les correspondiera por reparto”. Sentencia C-468 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(11) Al respecto se señaló que “De la misma forma como esta corporación ha encontrado que la facultad del legislador de establecer límites, deberes y responsabilidades a la labor que desempeñan los servidores públicos pertenecientes a la rama judicial se ajusta a la Constitución Política, considera que la ley puede, de acuerdo con lo establecido en el numeral 23 del artículo 150 superior, consagrar mecanismos que estimulen y distingan a aquellas personas que, de una forma u otra, han ejecutado su labor de conformidad con los compromisos que el Estatuto Superior le ha confiado a la administración de justicia”. Sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(12) En esta providencia expresó la Corte que “las facultades para crear incentivos a los trabajadores de la salud, con el fin de estimular el eficiente desempeño de los empleados que laboran en este sector, para su localización en las regiones con mayores necesidades y el establecimiento de un régimen de estímulos salariales y no salariales los cuales en ningún momento constituyen salario, no contradicen la Carta Política, en cuanto a las atribuciones de las asambleas departamentales y los concejos municipales, gobernadores y alcaldes, como lo argumenta el actor, ya que una vez el Gobierno Nacional establece un proceso gradual para nivelar los límites mínimos de cada rango salarial entre las diferentes entidades territoriales, éstas pueden señalar, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, los salarios y emolumentos que les correspondan a los empleos de la respectiva sección territorial así como las escalas de remuneración en las cuales se ubican los empleos”. Sentencia C-054 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz.
Según lo consideró esta corporación, este “estímulo económico crea incentivos dentro del grupo de los docentes estatales para que laboren en las zonas del país que presentan condiciones anormales, como las ya mencionadas, logrando conciliar la realización del derecho fundamental de las personas a la educación (C.P., arts. 2º y 67), la prestación de la misma como servicio público en forma continua y permanente, mediante un mayor cubrimiento en esas zonas del país y ampliando las posibilidades de ingreso y permanencia en el sistema educativo, especialmente en el grupo de los niños, a fin de que accedan al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura (C.P., arts. 67 y 44), con el recibo de una retribución económica que compense el mayor esfuerzo con que se cumple la función de los docentes beneficiarios de la misma, protegiendo así su derecho al trabajo en “condiciones dignas y justas” (C.P., art. 25). (...) La misma proporcionalidad puede también apreciarse en el ámbito del cumplimiento de los fines estatales, pues además de garantizar la prestación del servicio público de la educación, en forma continua y permanente, se posibilita la materialización de principios constitucionales indispensables para la consolidación de un Estado social de derecho, como así sucede con los de participación ciudadana en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación, con el pluralismo, la tolerancia, el respeto a la dignidad humana, básicos en la formación y desarrollo de una identidad nacional dentro de una cultura democrática” (13) .
(13) Corte Constitucional. Sentencia C-1218 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
Así entonces, en el presente caso no se está ante el desconocimiento por el legislador de derechos adquiridos por los docentes que prestan sus servicios en las zonas señaladas en el artículo 134 de la Ley 115 de 1994, puesto que se trata de un asunto inherente al ejercicio de la potestad reglamentaria por parte del Gobierno Nacional. Ello es así, en la medida en que la ley anterior y la actual condicionan el reconocimiento y pago de los estímulos a la reglamentación que para el efecto expida el ejecutivo. El propio actor así lo reconoce en su demanda, cuando afirma que “Estas normas constituyeron un derecho para los docentes que se les ha venido reconociendo y pagando la bonificación consagrada en el Decreto 707 de 1996” (14) .
(14) Folio 2 del expediente.
Ahora bien, frente a los eventuales derechos adquiridos de los docentes que prestan sus servicios en las zonas señaladas en el artículo 134 de la Ley 115, el Gobierno Nacional bien podría acudir, en la reglamentación de la disposición ahora demandada y siempre y cuando así se permita, a una fórmula semejante a la utilizada en el Decreto 707 de 1996 que conservó los beneficios consagrados en la norma anterior (15) .
(15) El Decreto 707 del 17 de abril de 1996, reglamentario del artículo 134 de la Ley 115 de 1994, estableció en su artículo 7º que: “Quienes en virtud de lo dispuesto en el literal a) del artículo 2º del Decreto 267 de 1988, presten sus servicios en las escuelas unitarias, continuarán siendo beneficiados con el estímulo del tiempo doble, mientras permanezcan prestando el servicio en los establecimientos educativos allí definidos y siempre que éstos conserven la naturaleza y el carácter señalados en dicho decreto”. Diario Oficial Nº 42.768 del 18 de abril de 1996, página 7.
Además, el precepto demandado no es inconstitucional por sí mismo, puesto que representa el ejercicio legítimo de la facultad de configuración legislativa que asiste al Congreso de la República, dado que la ley no puede ser perenne ni inmodificable. Por ello, como lo señaló esta corporación (16) , no es de extrañar, entonces, que la primera facultad del Congreso, en ejercicio de la cláusula general de competencia, sea la señalada en el artículo 150, numeral 1º de la Constitución, para “interpretar, reformar y derogar las leyes”.
(16) Corte Constitucional. Sentencia C-529 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. En esta sentencia y en relación con la facultad del Congreso para reformar o derogar las leyes, la Corte se pronunció en los siguientes términos: “Si el legislador careciera de competencia para cambiar o suprimir las leyes preexistentes se llegaría a la absurda conclusión de que la normatividad legal tendría que quedar petrificada. Las cambiantes circunstancias y necesidades de la colectividad no podrían ser objeto de nuevos enfoques legislativos, pues la ley quedaría supeditada indefinidamente a lo plasmado en normas anteriores, que quizá tuvieron valor y eficacia en un determinado momento de la historia pero que pudieron haber perdido la razón de su subsistencia frente a hechos nuevos propiciados por la constante evolución del medio social en el que tiene aplicación el orden jurídico. Estamos, pues, frente a una facultad que no es posible desligar de la función legislativa por cuanto es connatural a ella, toda vez que el legislador está llamado a plasmar, en el derecho que crea, las fórmulas integrales de aquello que, según su apreciación, mejor conviene a los intereses de la comunidad. Por ello no es extraño que estime indispensable sustituir, total o parcialmente, el régimen jurídico por él mismo establecido, con el objeto de adecuar los nuevos preceptos a los postulados que inspiran su actividad”.
De otra parte, en relación con el principio de la confianza legítima (17) , baste señalar que éste no constituye una limitación para el cambio de legislación. Así lo tiene establecido la jurisprudencia constitucional. En la Sentencia C-478 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero, consideró la Corte que “es claro que la protección de esa confianza legítima, y a diferencia de la garantía de los derechos adquiridos, no impide que el legislador, por razones de interés general, modifique las regulaciones sobre un determinado asunto, por lo cual mal puede invocarse este principio para solicitar la inexequibilidad de una norma que se limitó a suprimir un beneficio de fomento. (...) Como vemos, la “confianza legítima” no constituye un límite a la posibilidad de que el legislador derogue una normatividad anterior, pues la persona no goza de un derecho adquirido sino de una situación revocable, esto es, de una mera expectativa. Es cierto que se trata de una suerte de expectativa que goza de cierta protección, por cuanto existían razones que justificaban la confianza del administrado en que la regulación que lo amparaba se seguiría manteniendo”.
(17) Para la Corte, “Este principio pretende proteger al administrado y al ciudadano frente a cambios bruscos e intempestivos efectuados por las autoridades. Se trata entonces de situaciones en las cuales el administrado no tiene realmente un derecho adquirido, pues su posición jurídica es modificable por las autoridades. Sin embargo, si la persona tiene razones objetivas para confiar en la durabilidad de la regulación, y el cambio súbito de la misma altera de manera sensible su situación, entonces el principio de la confianza legítima la protege. En tales casos, en función de la buena fe, el Estado debe proporcionar al afectado tiempo y medios que le permitan adaptarse a la nueva situación. Eso sucede, por ejemplo, cuando una autoridad decide súbitamente prohibir una actividad que antes se encontraba permitida, por cuanto en ese evento, es deber del Estado permitir que el afectado pueda enfrentar ese cambio de política”. Sentencia C-478 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero.