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Timestamp: 2017-08-23 04:08:20
Document Index: 135424276

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'Artículo 4', 'artículo 340', 'artículo 3', 'artículo 330', 'artículo 334', 'artículo 336', 'artículo 3', 'artículo 340']

Declaración de renta naturales 2013; la verdad sobre la "simplicidad" | Gerencie.com
Inicio Impuestos Impuesto a la renta Gerencie.com 12/07/2014
Por Norvey Valencia Salazar.
Contextualización: El presente escrito no pretende abordar aspectos técnicos del tributo, que permitan concluir el deber formal de declarar o no, por el año gravable 2013, de una persona natural; sino que tiene como intención poner de presente el riguroso y técnico marco regulativo del impuesto de renta, para cuyo entendimiento se requiere de la debida competencia profesional.
Resultado claro, que conforme a la pasada reforma tributaria (ley 1607 de 2012), y a partir de lo consagrado en el artículo 7 del decreto 2972 de diciembre 20 de 2013, se surtieron importantes cambios en torno a los requisitos exigidos a las personas naturales no obligadas a presentar declaración de renta; y con ello, consecuentemente, se amplió el universo de esos contribuyentes si obligados a cumplir con el deber formal de declarar.
Entratándose de esa obligación de declarar, los requisitos demandados para determinar el cumplimiento de esa imposición legal no comportan ninguna dificultad trascendental; pues, ellos están referidos a condiciones de ingresos brutos, patrimonio bruto, consumos con tarjetas de crédito, movimientos financieros y compras, entre otros.
Pero contrario a lo antes dicho, y en virtud de la citada ley 1607 y sus decretos reglamentarios, son varios los hechos que revisten significativa complejidad – en este hoy – al momento de preparar la declaración de renta, y de determinar el impuesto a cargo, de una persona natural.
Una primera circunstancia dificultosa, que debe sortear el obligado a declarar, es identificar la categoría tributaria a la cual pertenece, a saber empleado, trabajador por cuenta propia o de las demás personas naturales (artículos 2,3 y 5 decreto 3032 de 2013); para tal efecto, deberá partir de sus condiciones propias, y para cuyo caso – y de manera general – ha de tener presente:
Tipo de ingreso (laboral, honorarios, comisiones, servicios, de actividades mercantiles, de actividades no mercantiles, etc.).
Verificar el cumplimiento de restricciones porcentuales (en especial la relación 80/20), encaminadas a concluir su inclusión o no en las categorías empleado o trabajadores por cuenta propia.
Los ingresos percibidos en el año gravable que no se tienen en cuenta para determinar la categoría tributaría de la persona natural. (Artículo 4 decreto 3032 de 2013)
Ahora, de manera específica no pueden desconocer tópicos fundamentales tales como:
Para la categoría empleados, el reglamento definió 3 conjuntos, para cuyo entendimiento se requiere la interiorización previa de conceptos como profesión liberal, servicio técnico, materiales o insumos especializados, maquinaria o equipos especializados y “cuenta y riesgo propio”. (Artículos 1 y 2 decreto 3032 de 2013).
Para la categoría de trabajadores por cuenta propia, se hace necesario el conocimiento de las actividades de que trata el artículo 340 del Estatuto Tributario (y su homologación con las actividades de la Resolución 000139 de 2012); y adicional a ello, ha de tenerse total claridad de lo dispuesto en el artículo 3 del decreto 3032, en especial a la introducida condición de 12.000 UVTs de patrimonio líquido del año inmediatamente anterior.
Una vez identificada la categoría a la cual pertenece la persona natural, y con ello vencida la primera complejidad, el contribuyente debe verificar el sistema de determinación del tributo; en cuyo contexto ha de encontrarse con sistemas que obligatoriamente le impone el ordenamiento normativo, y con otros por los cuales de manera opcional, y previo el cumplimiento de los requisitos regulados, puede decidir el responsable.
En ese orden, entonces, es imperativo recordar – y con sustento en las vigentes categorías de personas naturales – que los sistemas de determinación aplicables son:
Empleados: Deberán someterse al sistema ordinario (artículos 26 y 188 del E.T.) y al impuesto mínimo alternativo nacional (IMAN) (artículo 330 y 331 del E.T.), y escoger el mayor tributo obtenido de ambos sistemas. De manera opcional, para las personas que califiquen es ésta categoría, podrán decidir por el impuesto mínimo alternativo simple (IMAS) (artículo 334 E.T.); ello, siempre y cuando su renta gravable alternativa (RGA) sea inferior a 4.700 UVTs (hoy $126.153.000).
Trabajadores por cuenta propia (TCP): Deberán determinar el impuesto de renta por el sistema ordinario (artículo 336 E.T.); y aquellos TCP que cumplan la totalidad de los requisitos de artículo 3 del decreto 3032 de 2013, podrán optar por el impuesto mínimo alternativo simple (IMAS) de que trata el artículo 340 del Estatuto Tributario.
Demás personas naturales: Para ésta categoría sólo es dable la determinación del impuesto por el sistema ordinario (artículos 26 y 188 del E.T.).
Ahora, y después de sortear la categorización del la persona natural y los sistemas de determinación del impuesto, es el tiempo de enfrentarse a los procesos de identificación de la Renta Líquida Gravable (para el sistema ordinario) y/o la Renta Gravable Alternativa (para los sistemas IMAN e IMAS); para efecto de la primera, ha de acudirse a los artículos 26 y 188 del E.T., y tener total claridad de conceptos tributario tales como ingresos, costos, deducciones, rentas exentas, valor patrimonial neto, exclusiones de la renta presuntiva (entre muchos otros); y tratándose de la segunda, ha de remitirse a los artículos 332 y 339 del E.T. y no olvidar que únicamente podrán ser detraídos (de los ingresos) los factores expresamente allí señalados.
Agotado todo el procedimiento antes descrito, e independientemente de la categoría y del sistema de determinación, el obligado a declarar deberá reportar el patrimonio poseído a 31 de diciembre de 2013, para lo cual ha de observar las reglas contenidas el capítulo I Título III del libro Primero del Estatuto Tributario.
Referido al patrimonio, ha de tenerse especial cuidado al momento de su reporte, en la declaración de renta, pues los eventuales equívocos en este importante rubro podrían tener incidencia en otros conceptos impositivos tales como renta presuntiva, renta por comparación patrimonial, pérdida de la posibilidad de acogerse a la categoría de trabajadores por cuenta propia (por incumplimiento del requisito de patrimonio líquido de 12.000 UVTs) o el incluirse en tal categoría por subvaloración de su patrimonio, entre muchos otros.
De otro lado, y siendo necesario hacer mención a ello, ha de recordarse que para el cumplimiento de la obligación de declarar, el contribuyente deberá evaluar el formulario aplicable a su caso particular, en cuya circunstancia tendrá a sus disposición los formularios codificados con los números 210, 110, 230 y 240.
Como bien se evidencia de lo antes expuesto, el cumplir debidamente con el deber formal declarar demanda un analítico y cuidadoso recorrer por diversos referentes normativos contenidos en el Estatuto Tributario (y en los diferentes decretos que reglamentan el impuesto de renta); y en ese orden, sería fácil inferir que en la medida que no se atiendan esas puntuales regulaciones, la confección de la declaración impositiva quedaría por fuera del ordenamiento jurídico (es decir, equivocada o errada), y sin duda alguna tal hecho daría lugar a la aplicación de consagrado régimen sancionatorio.
A partir de todo lo antes señalado, no es entendible la posición – y publicidad – de la Administración Tributaria en torno a la “facilidad” o “sencillez” del cumplimiento de ese deber de declarar; y menos aún, puede ser comprensible el cobro irrisorio de honorarios de algunos profesionales, por tan delicada labor.
Finalmente, y pese a los esfuerzos de la Administración (por ejemplo a través de su “Programa de Ayuda Renta Año Gravable 2013”), es de concluir – con toda contundencia – que el cumplimiento del deber de declarar está asociado a un marco de técnico, de gran rigurosidad, que no puede ser abordado por personas que carecen de esa competencia o formación específica; y en ese sentido, entonces, todo contribuyente está llamado a procurarse el debido apoyo de los profesionales preparados en esa especial disciplina.