Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-3827-de-enero-31-de-2002?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041c78af034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-21 01:59:35
Document Index: 177576824

Matched Legal Cases: ['artículo 32', 'artículo 63', 'artículo 32', 'artículo 86', 'artículo 88', 'artículo 88', 'artículo 86', 'artículo 88', 'artículo 42', 'artículo 32']

﻿ SENTENCIA 3827 DE ENERO 31 DE 2002
SENTENCIA 3827 DE 31 DE ENERO DE 2002
CONTENIDO:CONTAMINACIÓN AUDITIVA. CUANDO EL RUIDO O DISTURBIOS FRECUENTES EN UN LUGAR DE DIVERSIÓN COMO TABERNAS, BARES, BALNEARIOS, ETC., MOLESTAN ÚNICAMENTE A LOS VECINOS DEL LUGAR, PROCEDEN LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN JURÍDICA INDIVIDUALES, COMO LA ACCIÓN DE TUTELA, SIEMPRE Y CUANDO DICHAS SITUACIONES SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PRESUPUESTOS DE LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY. LA TUTELA PROCEDE CONTRA PARTICULARES SIEMPRE Y CUANDO EL PETICIONARIO SE ENCUENTRE EN CONDICIÓN DE INDEFENSIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO, DERECHO A LA INTIMIDAD, CONTAMINACIÓN SONORA, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PARTICULARES, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO A LA SALUBRIDAD PÚBLICA, VIOLACIÓN A LA INTIMIDAD
REVISTA TUTELA N°:28 DE ABRIL DE 2002, PÁG.945
Sentencia 3827 de enero 31 de 2002
Rad.: 20013827-01, ene. 31/2002
M.P. Leonor Perdomo Perdomo
Aprobado según Acta Nº seis (6) de la fecha.
Desata la Sala la impugnación formulada por la apoderada de la empresa Servicios Múltiples Ltda. contra el fallo del 7 de noviembre de dos mil uno, mediante el cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca tuteló a favor del doctor Francisco Farfán Molina sus derechos fundamentales a la salud, tranquilidad, intimidad personal y familiar conculcados por la empresa Servicios Múltiples Ltda. representada por la señora Beatriz Molina de Rothman y los copropietarios del edificio “Balcones de Altaloma” etapa I.
1. Argumentos del actor:
Fueron resumidos en debida forma por la Sala a quo de la siguiente manera:
“El doctor Farfán Molina tiene su sitio de residencia en la calle 61 Nº 3B-66, apartamento 701, del edificio Balcones de Altaloma, etapa I, cuya administración se encuentra a cargo de la empresa Servicios Múltiples Ltda.
El apartamento en mención se encuentra adyacente al “cuarto de máquinas”, que permite el funcionamiento de un ascensor, el cual produce un ruido intenso y excesivo que se percibe en toda el área del apartamento que habita. Esta situación explica, le ha impedido la posesión pacífica del inmueble, así como un riesgo (sic) para la salud y una interferencia indebida en la intimidad personal y familiar.
La situación por la que atraviesa el accionante ha sido comunicada, en varias ocasiones a la administración del edificio “Balcones de Altaloma”, sin embargo, ésta decidió trasladar el problema a la asamblea general de copropietarios, quienes también se niegan a dar alguna solución, bajo el argumento, de que se trataba de un asunto que sólo afectaba a una persona, y en tal sentido es el propietario de dicho apartamento quien está obligado a reparar el daño de un bien común.
Para la asamblea general de copropietarios ha resultado de poca importancia la situación por la que atraviesa el actor, hasta el punto que se han ordenado obras por aproximadamente 12 millones de pesos, para gastos suntuarios, colocando la prevalencia del ornato por encima de los derechos fundamentales que se encuentran afectados por el uso del bien común.
El 8 de agosto de 2001, se remitió nueva comunicación a los señores de Servicios Múltiples Ltda. donde el afectado solicitó un informe sobre las medidas que han adoptado para mitigar el ruido excesivo que produce el cuarto de máquinas. Al escrito se anexó un dictamen técnico realizado con sonómetro en el apartamento 701, el cual concluye que: “Los resultados obtenidos superan los valores máximos establecidos para ruido nocturno en áreas residenciales por la Resolución 8321 de 1983 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esta petición no fue respondida por los señores de Servicios Múltiples Ltda”.
En vista de ello, el 17 de septiembre de 2001, se solicitó por cuarta vez a la empresa Servicios Múltiples que adoptara las medidas para mitigar el ruido excesivo que produce el ascensor, y hasta la fecha de presentación de esta tutela no se han pronunciado al respecto, ni han llevado a cabo los arreglos pertinentes.
Dice que la contaminación acústica y las vibraciones que produce el ascensor cada vez que se usa, han impedido desde hace más de dos meses, que la persona residente en el apartamento 701 pueda pernoctar en dicho inmueble, tal y como lo demuestran las declaraciones extrajuicio que se allegan con la demanda...”. (fls. 1 al 10 c.o.).
Tan pronto el magistrado ponente en primera instancia avocó el conocimiento de la acción admitiéndola y dispuso la notificación de la demanda a las partes como a los terceros con interés en el resultado de la misma, decretó la práctica de inspección judicial con el objeto de constatar los hechos referidos por el actor en el libelo de tutela, en tal sentido el 1º de noviembre de 2001 el funcionario en comento, en asocio del perito Luis Alberto Laverde Barrera adscrito al Departamento Administrativo del Medio Ambiente, DAMA, se desplazaron al inmueble, sitio en donde se encuentra el apartamento del accionante, instalando durante 15 minutos en el acceso interno del mismo un sonómetro Quest 2900.
El 6 de noviembre siguiente el ingeniero topógrafo especialista en impacto ambiental de proyectos allegó a las diligencias constitucionales el resultado de las mediciones ya señaladas en las cuales entre otras cosas se destaca:
“De acuerdo con los datos obtenidos se puede establecer que los niveles de presión sonora en horario diurno (7:01 a.m. 9:00 p.m.), se encuentra dentro de los rangos de cumplimiento establecidos por la Resolución 8321 de 1983 del Ministerio de Salud, donde se estipula que para una zona residencial el nivel de presión sonora en período diurno es de 65dB(A). Por otra parte, los niveles de presión sonora registrados en horario nocturno (9:01 p.m. 7:00 a.m.), considerando que el ascensor funciona durante las 24 horas, en el pasillo interior del apartamento 701 varía entre 45.9dB(A) y 49.2dB(A) ... siendo superior al establecido en la mencionada resolución, donde el máximo nivel de presión es de 45dB(A)” (1) .
(1) Cfr. folios 71 al 77 c.o.
El 6 de noviembre de 2001 fue oída en diligencia de declaración la señora Beatriz Molina de Rothman quien dijo representar a la firma Servicios Múltiples Ltda., empresa que a partir de abril de 2000 recibió el edificio Balcones de Altaloma para su administración.
En concreto sobre los hechos materia de censura constitucional la dama en cuestión señaló (2) :
(2) Cfr. folios 80 al 86 c.o.
“… hemos efectuado la administración bajo parámetros establecidos en el reglamento de propiedad horizontal el cual manifiesta que la asamblea de copropietarios es la máxima autoridad y la administración debe acatar sus decisiones y mandatos y por este motivo la firma administradora no ha realizado físicamente ninguna obra de insonorización del cuarto de las máquinas del ascensor de la torre A. ...La administración no puede llevar a cabo obras unilateralmente sino con el mandato de la asamblea...
La firma administradora tiene una facultad hasta $ 500.000 cuota que fue establecida este año en la asamblea extraordinaria de este año y todo trabajo que se vaya hacer (sic) en el edificio por pequeño que sea debe tener tres cotizaciones las cuales se deben presentar al consejo de administración para decidir la más conveniente... Para mi modo de ver salvo opinión de los expertos, el equipo del ascensor en horas de la noche no trabaja constantemente, por tal razón no vemos que sea una cosa de un afán terrible... Para gastos necesarios como lo había dicho ya, cualquier arreglo que se haga debe ser con el visto bueno del consejo y tres cotizaciones aun que (sic) el reglamento de propiedad horizontal diga que la administración puede hacer los gastos necesarios y urgentes... motivo por el cual el caso del doctor Farfán se comentó en asamblea y reuniones del consejo y hasta la fecha no han tomado ninguna determinación... El edificio no tiene recurso para llevar a cabo ese trabajo, por motivo de que hay algunos apartamentos que no están al día, se encuentran atrasados en sus cuotas, como dije anteriormente los gastos del edificio se componen de portería, aseadora, administración, servicios públicos, agua, luz, teléfono, mantenimiento ascensores, mantenimiento de puertas, de jardín, bombas de agua lo cual asciende a $ 4.932.237, aproximadamente. Tenemos que tener en cuenta que hay varios apartamentos que no cancelan su cuota, eso produce un defitO (sic) mensual”.
Igualmente la declarante aportó al libelo de tutela la cotización suscrita por el gerente de la empresa Soluciones Viables en la cual se señala el procedimiento y el costo que conlleva la insonorización del cuarto de máquinas, así como el material a utilizar y el tiempo estimado para llevar a cabo la obra (fls. 88 y 90 c.o.).
Por su parte, la firma Servicios Múltiples Ltda., a través de apoderada allegó escrito en el cual, oponiéndose a las pretensiones del actor grosso moddo advirtió:
“El ascensor del edificio produce el ruido normal de cualquier máquina de esa especie, según concepto técnico de quienes efectúan su mantenimiento, y a la única persona que le incomoda es la (sic) señor Farfán Molina. Se ha tomado la medición del tiempo que toma el ascensor en desplazarse del primero al séptimo piso y no dura más de diecinueve segundos. En la noche especialmente a partir de las 10 p.m. el uso del ascensor se disminuye notablemente”.
Cita además de manera textual el literal b) del artículo 32 y artículo 63 del reglamento de copropiedad del Edificio Balcones Altaloma que prevén:
“...b) Cuando se trate de mejoras y/o modificaciones físicas no previstas expresamente en el presupuesto anual aprobado por la asamblea del respectivo proyecto, de deberá presentar por parte del consejo a la asamblea general, para su aprobación, la cual requerirá el voto favorable de una mayoría de copropietarios que represente por lo menos el 60% de los votos presentes en la asamblea”.
“ART. 63.—Atribuciones del administrador. Convocar la asamblea a su reunión anual, antes de que termine el mes de marzo y someter a su aprobación el inventario y el balance general de la cuentas del año anterior y un presupuesto detallado de gastos e ingresos para el nuevo ejercicio anual con destino a la conservación, reparación, reposición y administración de los bienes comunes... hacer las mejoras y reparaciones ordenadas por la asamblea en forma concreta o con autorización de carácter general y también las de carácter urgente, debiendo en todo caso conseguir la autorización del consejo de administración, en caso de que no hubiere autorización de la asamblea o no existiere partida suficiente en el presupuesto” (3) .
(3) Cfr. folios 149 al 154 c.o.
3. Fallo materia de revisión.
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, en sentencia del 7 de noviembre de dos mil uno, concedió la tutela solicitada por el abogado representante del doctor Francisco Farfán Molina de sus derechos fundamentales a la salud, tranquilidad, intimidad personal y familiar.
Apreció el colegiado de primer grado, que en el caso a estudio no obstante la acción constitucional se dirigía contra un particular, es por la actividad propia y ejercicio de las funciones de los demandados que se cumple el requisito que exige el Decreto 2591 de 1991 para que se dé la legitimación por pasiva en el sub examine.
Como argumento principal para acceder al petitum del actor, el a quo advirtió que en efecto tal y como se precisó en el libelo de demanda, conforme a las mediciones que se hicieron por parte del despacho en la diligencia de inspección judicial, el ruido que produce el cuarto de máquinas y/o el ascensor en su desplazamiento nocturno, medido en decibeles supera el límite que señala la Resolución 8321 de 1983 expedida por el Ministerio de Salud, razón por la cual, se ordenó a los accionados que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo de primera instancia, se efectúen las reparaciones y el mantenimiento correspondiente para insonorizar tanto el cuarto de máquinas como el ascensor de la torre en donde está ubicado el apartamento de propiedad del doctor Farfán Molina (fls. 166 al 183 c.o.).
4. Argumentos de la inconforme.
Inconforme con la anterior determinación la abogada representante judicial de la empresa Servicios Múltiples Ltda. allegó a las diligencias escrito por medio del cual al censurar el fallo de instancia entre otras cosas y luego de insistir en los argumentos que expuso al momento de pronunciarse sobre los hechos de la demanda, acotó que los copropietarios obligados con la orden del juez a quo no fueron notificados en debida forma vulnerándoseles su derecho de defensa. Y en consecuencia depreca la revocatoria de la decisión que puso fin a la acción de tutela en primera instancia (fls. 189 al 197 c.o.).
Aceptado por parte de la Sala el impedimento propuesto por el doctor Temístocles Ortega Narváez, decide la Sala lo pertinente respecto de los argumentos expuestos por la impugnante.
Así mismo, por ser esta corporación su superior jerárquico, es competente para conocer en segunda instancia de los fallos proferidos por los consejos seccionales, tal como lo prevé el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
2. Tutela contra particulares.
El artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, consagra los casos en que excepcionalmente procede la tutela contra particulares, esto es, cuando el particular esté encargado de la prestación de un servicio público, cuando su conducta afecte grave y directamente el interés público, o cuando respecto de él el peticionario se halle en estado de subordinación o indefensión.
En este orden de ideas y para el caso particular es claro que la legitimidad por pasiva se concreta por el estado de subordinación en que se encuentra el actor respecto de las determinaciones que adoptan los copropietarios demandados, en consonancia con la empresa que administra el edificio Balcones de Altaloma etapa I, toda vez que tal y como se colige del expediente de tutela, la censura constitucional tiene que ver con la omisión de los accionados, cuando de frente a los múltiples requerimientos del afectado doctor Farfán Molina —quien ha puesto en conocimiento de los mismos la vulneración de sus derechos fundamentales a causa del ruido que produce el cuarto de máquinas y el ascensor en sus desplazamientos sobre todo en horas de la noche—, no se han dignado implementar los correctivos necesarios para poner fin a tan enconosa situación.
Sobre un asunto similar en el cual la Corte Constitucional reconoce la procedencia de la acción de tutela contra un particular señaló (4) :
(4) T-267 de 1998.
“En el presente caso, los demandados ostentan la calidad de miembros de la junta directiva del edificio, y por su parte la señora Beltrán también se desempeña como administradora del mismo, lo que nos permite determinar la procedencia de la tutela contra particulares en la modalidad de subordinación, pues los habitantes de los conjuntos residenciales o edificios, se encuentran en ese estado, respecto de las juntas directivas, en tanto deben acatar las decisiones por aquellas tomadas. Además, del análisis de la Ley 16 de 1985 y del Decreto Reglamentario 1365 de 1986, se desprende que las disposiciones contendidas en los reglamentos de propiedad horizontal son obligatorias para todos los habitantes del edificio, y por lo tanto deben cumplir y someterse a las órdenes dadas por quienes de acuerdo con el reglamento de propiedad horizontal deben administrarlo”.
3. Contaminación auditiva —Violación de derechos fundamentales. Actuación ilegítima de un particular—.
El Decreto 2591 de 1991 señala como uno de los supuestos de la tutela contra particulares el hecho de que, con su conducta, éstos afecten grave y directamente intereses públicos, como el medio ambiente y la tranquilidad de los habitantes. Además, la Constitución Política señala que cabe la tutela contra particulares respecto de los cuales el peticionario se encuentre en condiciones de indefensión.
Así las cosas se advierte que la contaminación auditiva puede constituir una intromisión indebida en el espacio privado de las personas, y que, por contera, implica generalmente la transgresión de los derechos a la intimidad personal y familiar, a la paz y a la tranquilidad, sin perjuicio de los daños que aquélla pueda ocasionar a la salud o a la calidad de vida.
Reiterada y plural ha sido la jurisprudencia de nuestro más alto tribunal en asuntos de tutela, para quien en principio la contaminación por ruido compromete derechos o intereses colectivos, respecto de los cuales sería también aplicable el artículo 88 de la Carta Política. No obstante, si se logra probar la vulneración de derechos fundamentales de personas determinadas, como en este caso en donde es tan sólo una persona quien demanda el amparo dada la vecindad entre su cuarto de habitación y el recinto donde funcionan las máquinas que controlan el movimiento del ascensor, la acción de tutela resulta ser una mecanismo viable para lograr tal cometido.
Así, en Sentencia T-28 del 31 de enero de 1994 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) se afirmó:
“...en algunos eventos la acción o la omisión de un particular, así como la de una autoridad pública, puede afectar a un número plural de personas, todas ellas identificadas o identificables, en cuyo caso no se puede predicar una situación de “interés colectivo” que amerite la protección jurídica mediante la figura de las acciones populares de que trata el artículo 88 superior, sino que se trata de una circunstancia que puede protegerse o remediarse mediante instrumentos especiales como lo son las acciones consagradas en la legislación colombiana, o la acción de tutela en los términos definidos por el artículo 86 de la Carta Política. En consecuencia, cuando se presentan los supuestos descritos, es posible tutelar los derechos fundamentales de las personas, toda vez que se trata realmente de un acumulación de acciones encaminadas a proteger a unos individuos determinados.
Por otra parte, se presentan situaciones en que los denominados “derechos colectivos”, como la paz, la salubridad pública, la moral administrativa o el medio ambiente, entre otros, únicamente afectan a una o varias personas identificadas o identificables, y no a un número de personas indeterminadas. Lo anterior puede darse, por ejemplo, cuando el ruido o disturbios frecuentes en un lugar de diversión (tabernas, bares, balnearios, etc.), molestan únicamente a los vecinos del lugar. En estos eventos proceden los mecanismos de protección jurídica individuales, como es el caso de la acción de tutela, siempre y cuando dichas situaciones se encuentren dentro de los presupuestos que la Constitución y la ley establecen para la protección de los derechos.
Las anteriores consideraciones llevan a la Sala a concluir que no es posible afirmar que los instrumentos jurídicos para el amparo del interés colectivo —como es el caso de las acciones populares o las acciones de clase—, resulten aplicables por el simple hecho de que se afecte a un número plural de personas, o porque se trate de derechos enumerados en el artículo 88 de la Carta Política o en alguna otra disposición constitucional o legal”.
El caso que ahora se analiza —como se dijo anteriormente—, se ajusta a lo prescrito en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, que señala como uno de los supuestos de la tutela contra particulares el hecho de que, con su conducta, éstos afecten grave y directamente intereses públicos, como el medio ambiente y la tranquilidad de los habitantes.
Además, la Constitución señala que cabe la tutela contra particulares respecto de los cuales el peticionario se encuentre en condiciones de indefensión. Esta resulta ostensible en el caso propuesto, ya que el accionante es diariamente forzado a escuchar de manera constante —sobre todo en horas nocturnas—, el estruendo del ascensor cuando se desplaza por los pisos del edificio, así como el ruido que emite el cuarto de máquinas, sin que pueda hacer nada para impedir la agresión, toda vez que como lo aceptara la propia administradora en declaración recepcionada por la Sala a quo, no obstante el actor ha demandado solución del problema, ni la administración del edificio ni la asamblea de copropietarios han procurado poner fin a la manifiesta vulneración de los derechos fundamentales invocados por el actor, en los términos que se referirán a continuación:
No admite discusión que la contaminación auditiva puede constituir una intromisión indebida en el espacio privado de las personas, y que, por contera, implica generalmente la transgresión de los derechos a la intimidad personal y familiar, a la paz y a la tranquilidad, sin perjuicio de los daños que aquélla pueda ocasionar a la salud o a la calidad de vida.
En Sentencia T-210 de 1994 dijo la Corte:
“...una interpretación del derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, a la luz de los tratados internacionales ratificados por Colombia (C.P. art. 93), exige entender comprendido en su núcleo esencial la interdicción de ruidos molestos e ilegítimos. En efecto, la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) establece:
“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra y a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.
La prohibición que recae sobre las injerencias arbitrarias en la vida privada de la persona, su familia, su domicilio o su correspondencia, no sólo garantiza a la persona frente al ingreso injustificado de personas o agentes públicos al espacio físico de su exclusivo control, sino también la ampara contra las invasiones que penetran la esfera de intangibilidad de su vida personal o familiar, mediante aparatos electrónicos o mecánicos, en este caso ya no tan sólo en forma directa e intencional. La amplitud del concepto de “injerencia”, contenido en el derecho a no ser molestado que, a su vez, hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental a la intimidad personal o familiar, incluye los ruidos ilegítimos, no soportables ni tolerables normalmente por la persona en una sociedad democrática”. (Sala Tercera de Revisión. Sentencia aprobada el 17 de abril de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
En este orden de ideas, no cabe duda de que la acción de tutela se convierte en un medio judicial eficaz para salvaguardar estos derechos fundamentales, cuando se ha demostrado su violación, más aún cuando por la inercia de los accionados, pese a los constantes requerimientos del actor, ésta no se ha logrado.
En el presente caso, el actor acudió en varias oportunidades a la administración del edificio con el fin de que se tomaran las medidas pertinentes para solucionar el conflicto planteado. Sin embargo, la representante de la firma encargada de dicha tarea, al amparo de normas previstas en el reglamento de copropiedad, ha justificado su inercia aduciendo que la asamblea general de copropietarios no ha autorizado el gasto que implica la insonorización debido a que es solamente el doctor Farfán Molina quien dice verse afectado con el ruido que denuncia.
Llama la atención de esta Sala que probado como está la afectación del medio ambiente en el cual reside el actor, tal y como tinosamente lo refirió el a quo al cotejar los resultados de las mediciones que se hicieron durante la inspección judicial de la cual se dio cuenta en acápite anterior, al verificarse que ciertamente el ruido medido en decibeles proveniente del cuarto de máquinas y del ascensor, sobrepasa los límites que contrae la Resolución 8321 de 1983, ninguna de las partes convocadas al trámite constitucional haya adoptado medidas de saneamiento, no siendo de recibo el argumento que esgrimió la administradora para eludir su responsabilidad en el asunto cuando es precisamente el literal l) del contrato de administración el cual prevé la posibilidad de que la administradora adelante las gestiones de ley para cobrar los dineros no recaudados, que bien podían ser utilizados para los gastos que demandan la insonorización en los términos que contiene la cotización que ella misma aportara a las diligencias constitucionales.
En consecuencia no pueden ser de recibo las argumentaciones de la abogada impugnante cuando afirma que el ruido que produce el cuarto de máquinas y el ascensor es normal, nada más lejano de la realidad cuando, las mediciones científicas y las conclusiones aportadas al encuadernamiento indican lo contrario (5) , circunstancia que en términos de la Corte Constitucional desconoce el derecho fundamental a la intimidad del actor pues según el alto tribunal:
(5) ...De acuerdo con los datos obtenidos se puede establecer que los niveles de presión sonora en horario diurno (7:01 a.m.-9.00 p.m.), se encuentra dentro de los rangos de cumplimiento establecidos por la Resolución 8321 de 1983 del Ministerio de Salud, donde se estipula que para una zona residencial el nivel de presión sonora en período diurno es de 65dB(A). Por otra parte, los niveles de presión sonora registrados en horario nocturno (9:01 p.m.-7:00 a.m.), considerando que el ascensor funciona durante las 24 horas, en el pasillo interior del apartamento 701 varía entre 45.9dB(A) y 49.2dB(A) ...siendo superior al establecido en la mencionada resolución, donde el máximo nivel de presión es de 45dB(A)...
“En su versión tradicional, el derecho a la intimidad ha sido identificado con la protección al domicilio y a la correspondencia frente a intervenciones indeseadas y arbitrarias de personas ajenas. A nivel penal, el allanamiento del domicilio o la interceptación de las comunicaciones, sin orden judicial que las autorice, son conductas punibles que atentan contra la inviolabilidad de la habitación y del sitio de trabajo (título X, capítulo IV del Código Penal) y contra la reserva de las comunicaciones y documentos privados (título X, capítulo V del Código Penal).
Sin embargo, una interpretación del derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, a la luz de los tratados internacionales ratificados por Colombia (C.P. art. 93), exige entender comprendido en su núcleo esencial la interdicción de ruidos molestos e ilegítimos. En efecto, la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) establece:
La prohibición que recae sobre las injerencias arbitrarias en la vida privada de la persona, su familia, su domicilio o su correspondencia, no sólo garantiza a la persona frente al ingreso injustificado de personas o agentes públicos al espacio físico de su exclusivo control, sino también la ampara contra las invasiones que penetran la esfera de intangibilidad de su vida personal o familiar, mediante aparatos electrónicos o mecánicos, en este caso ya no tan sólo en forma directa e intencional. La amplitud del concepto de “injerencia”, contenido en el derecho a no ser molestado que, a su vez, hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental a la intimidad personal o familiar, incluye los ruidos ilegítimos, no soportables ni tolerables normalmente por la persona en una sociedad democrática” (6) .
(6) T-575 de 1995.
Tampoco, tiene asidero jurídico la reflexión que hace la togada en torno a la omisión de la Sala de instancia respecto del acto de notificación de la tutela a los propietarios de los apartamentos del edificio Balcones de Altaloma, obligados con la orden del colegiado de primera instancia, toda vez que a folio 47 del expediente obra el auto por medio del cual el magistrado ponente dispuso la comunicación de la demanda en su calidad de terceros y a folio 60 aparece el oficio Nº 481 dirigido a la asamblea general extraordinaria de propietarios, enterándolos del trámite constitucional.
Nótese que el ruido como factor vulnerador de los derechos fundamentales del actor a la tranquilidad e intimidad, igualmente comporta amenaza inminente que pone en riesgo su salud. No son pocos los tratados que se han agotado en los cuales los galenos especialistas en trastornos del sueño han concluido que la falta de descanso nocturno genera innumerables desórdenes fisiológicos que incluso pueden cegar de manera prematura la vida de cualquier ser humano expuesta estridencias por encima de los límites tolerables.
“4. Patologías físicas o psicológicas. Algunas enfermedades asociadas con el insomnio:
· Trastornos cardiovasculares:
— Insuficiencia coronaria.
— Insuficiencia ventricular izquierda, o
— Trastornos pulmonares:
— Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
— Trastornos de la conducta alimentaria (TCA):
— Anorexia nerviosa.
— Trastornos endocrinos:
— Disfunción tiroidea.
· Trastornos neurológicos:
— Cefaleas.
— Enfermedad de Parkinson
— Lesiones en el tálamo (7) .
(7) http://www.ondasalud.com/edicion/noticia/0,2458,5335,00.html
“El impacto del insomnio sobre la calidad de vida relacionada con la salud.
Una definición de calidad de vida generalmente aceptada es el impacto funcional de una enfermedad y su consiguiente terapia en el paciente, como los perciba el paciente... incluye los siguientes campos: físico, psicológico y social.
Para algunos insomnios, la terapia basadas en principios paliativos podría ser más apropiada que el tratamiento simplemente basado en la patología” (8) .
(8) Consultar en internet.www.wncolombia.com/insominio.introducción.htm
En el anterior orden de ideas, habida consideración de la flagrante vulneración de los derechos fundamentales del actor a la intimidad y tranquilidad en conexidad con el de la salud, y a fin de que la orden de juez de tutela no sea inane, esta superioridad ve la necesidad de confirmar el fallo de amparo, resultando obligado hacer una modificación en cuanto hace a la orden específica que éste impartió, en tanto para lograr la insonorización adecuada, las accionadas deben efectuar las reparaciones y mantenimiento de conformidad con las especificaciones técnicas contentivas en el escrito de cotización aportado por la administradora accionada visible a folios 88 al 90 del expediente, independientemente de la empresa que escojan para llevar a cabo dicha labor.
Por lo anteriormente expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
1. MODIFICAR el fallo objeto de impugnación que amparó los derechos fundamentales invocados por el actor, en cuanto hace al alcance de la orden impartida por el a quo, acorde con lo expuesto en el acápite último de la parte motiva. En lo demás confírmese la determinación de instancia.
2. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia la secretaría judicial de esta Sala REMITIRÁ el presente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
Magistrados: Guillermo Bueno Miranda, Presidente—Jorge Alonso Flechas Díaz—Eduardo Campo Soto—Fernando Coral Villota—Rubén Darío Henao Orozco—Temistócles Ortega Narvaez—Leonor Perdomo Perdomo.
Yira Lucía Olarte Avila, Secretaria Judicial.