Source: http://cfr.tsj.gob.ve/decisiones/2007/octubre/1723-22-2445-.html
Timestamp: 2017-02-21 09:42:56
Document Index: 74620510

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 9', 'artículo 7', 'artículo 44', 'artículo 335', 'artículo 18', 'artículo 373', 'artículo 250', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 44', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6']

Caracas, 22 de octubre de 2007
EXP. Nro. 2445-07.-
Corresponde a esta Sala Dos de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, conocer de la Acción de Amparo Constitucional interpuesto por RAFAEL ALBERTO LATORRE CÁCERES, venezolano, mayor de edad, abogado en ejercicio, de este domicilio e inscrito en el Inpreabogado con el Nº 32.028, procediendo en este acto en su carácter de defensor de los ciudadanos THAYRIC THAIMY GUZMAN LANDAETA, MARTHA LANDAETA DELGADO, RICARDO JOSE LANDAETA DELGADO Y YAJAIRA LANDAETA DELGADO DE SALAS, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números 19.226.340, 7.801.075, 9.724.111 y 5.845.500 respectivamente, ampliamente identificados en actas, por las presuntas violaciones de los principios constitucionales de Debido Proceso, Igualdad, Acceso a la Justicia, Defensa, Presunción de Inocencia y Otros Inherentes a la Dignidad Humana y Protección de los Derechos Humanos Recibidas como fueron las presentes actuaciones en fecha 04 de OCTUBRE de 2007, se designó como Juez Ponente a la Dra. ELSA JANETH GOMEZ MORENO; procediendo a solicitar el expediente original por considerarse útil y pertinente, el cual fue recabado el 09-10-07.
A los fines de decidir esta Sala previamente observa:
En fecha 03 de octubre de 2007, el Abogado RAFAEL ALBERTO LATORRE CÁCERES, de este domicilio e inscrito en el Inpreabogado con el N° 32.028, procediendo en este acto en su carácter de defensor de los ciudadanos THAYRIC THAIMY GUZMAN LANDAETA, MARTHA LANDAETA DELGADO, RICARDO JOSE LANDAETA DELGADO Y YAJAIRA LANDAETA DELGADO DE SALAS, interpone la presente acción de amparo, cuyo escrito, transcrito en lo pertinente, es del tenor siguiente:
“…Yo, Rafael Alberto Latorre Cáceres, venezolano, mayor de edad, abogado en ejercicio, de este domicilio e inscrito en el Inpreabogado con el N° 32.028, procediendo en este acto en mi carácter de defensor de los ciudadanos THAYRIC THAIMY GUZMAN LANDAETA, MARTHA LANDAETA DELGADO, RICARDO JOSE LANDAETA DELGADO Y YAJAIRA LANDAETA DELGADO DE SALAS, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números 19.226.340~ 7.801.075, 9.724.111 y 5.845.500 respectivamente, todos suficientemente identificados en el Expediente o Asunto 10.580-07 contentivo de la causa penal que cursa ante el Juzgado Cuadragésimo de Primera h1stancia en funciones de Control de esta misma Circunscripción Judicial por la presunta comisión del delito de HURTO CALIFICADO, a Ud, con el debido acatamiento y conforme a las previsiones contenidas en los artículos 2, 3, 19, 21, 25, 26, 44 numeral 1°, 49 ordinales 1°, 3° y 8° y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con los dispuesto en los artículos 27 ejusdem y _1°, 2°, 4° y 5° de la Ley Orgánica de de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales a fin de interponer ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL (HABEAS CORPUS) dada la violación de sagrados principios constitucionales referidos al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA JUSTICIA, DEFENSA, PRESUNCION DE INOCENCIA Y OTROS INHERENTES A LA DIGNIDAD HUMANA y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS en contra de la conducta desplegada por el Juzgado Cuadragésimo del Ministerio Público de esta misma Circunscripción Judicial así como de la Fiscalía 122° del Ministerio Público ambos de esta misma Circunscripción Judicial, acción que interpongo en los términos que a continuación se expresan: I
DE LOS HECHOS GENERICOS
En la causa que cursa por ante el Juzgado Cuadragésimo de Primera Instancia en funciones de Control de esta Circunscripción Judicial, se encuentra evidenciado que el día 22 de junio de 2007, el ciudadano KARIM JOSE KABCHE EL DOUAIHI y algunos miembros de su familia fueron objeto de HURTO en su residencia. El día siguiente 23 de junio el referido ciudadano KARIM JOSE KABCHE EL DOUAIHI formuló denuncia ante ella Delegación de Santa Mónica del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (en lo sucesivo CICPC). Al ser interrogada la víctima por el funcionario instructor si sospechaba de persona alguna, el mismo señaló expresamente al ciudadano CARLOS ENRIQUE FUENMA YOR GOMEZ, quien es venezolano, mayor de edad, concubino de una de mis representadas TRA YRIC TRA YMY GUZMAN LANDAETA, quien a su vez es hija de mi también defendida MARTHA LANDAETA DELGADO, y sobrina de los ciudadanos RICARDO JOSE LANDAETA DELGADO y YAJAIRA LANDAETA DELGADO DE SALAS, los tres primero detenidos y ésta última en libertad….(omissis). II
DE LOS HECHOS RELEVANTES QUE DETERMINAN LA VIOLACION DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES DENUNCIADAS
En el itinerario procesal de la investigación por parte de los funcionarios entre otros Sub Inspector MAURO DUARTE, Inspector LEONARDO GONZALEZ, Sub Comisario EMILIO FUENTES, Inspector FRANCISCO BULLON y la Agente BRENDA ZERPA, todos adscritos al CICPC de este delito de HURTO que es un ilícito contra la propiedad consistente en el apoderamiento de unos bienes ajenos sin la autorización de su propietario yen vista de los graves, plurales y concordantes indicios y presunciones de su comisión así como de la autoria del mismo por parte del ciudadano CARLOS ENRIQUE FUENMA YOR GOMEZ, se desplegó una acelerada y procaz persecución y diligencias de investigación contra mis supra mencionados defendidos para justificar la aparente acción del Cuerpo Policial y del Ministerio Público para resolver el caso. En efecto, en primer lugar y para justificar la supuesta "CONFESION" del ciudadano CARLOS ENRIQUE FUENMA YOR GOMEZ, este fue salvajemente golpeado y torturado en los calabozos del CICPC insistimos en la SubDelegación de Santa Mónica, al punto que parte de las cuatro heridas punzo penetrantes que presentaba el mismo tal como lo apreció mi defendida' y ahora imputada Y AJAIRA LANDAETA quien vive y ejerce su profesión de abogado en Maracaibo, Estado Zulia persuadieron a éste a formular la denuncia- en la Fiscalía de Derechos Fundamentales y asimismo le fue ordenado el Reconocimiento Médico Forense el mismo día que fue torturado esto es el 28 de junio de 2006 el cual le correspondió como número de estrada 8106 pero ni la Fiscalía 1223 del Ministerio Público ni el Juzgado Cuadragésimo de Primera instancia en Funciones de Control han querido recabar con la urgencia del caso como se los requiriera el suscrito en fechas 07 y 11 de septiembre del presente año a la primera y el 18 de septiembre al Tribunal; esto por _ las implicaciones del mismo en la investigación, contrariamente Al proceder de los mismos con presteza y diligencia en proveer el mismo día o el siguiente las peticiones de la víctima. No hubo reparo en que MARTHA y THA YRIC GUZMAN LANDAETA tuviesen estabilidad residencial (arraigo comprobado con constancia de residencia), que estuviesen estudiando derecho, que la primera padeciera de graves problemas de tensión, cardíacos- y de diabetes al punto que el día 26 de septiembre de los corrientes se desmayara en el centro de reclusión el a pesar que requerí el 18 de septiembre con carácter de urgencia y para lo cual juré la urgencia del caso se oficiara a la directora del INOF para que sea trasladada de urgencia a la unidad de cardiología del Hospital de Los Teques Victorino Santaella, lo cual no se ha materializado para la presente, que ninguna de ellas tuviese motivo para saber de las andanzas del principal involucrado quien es concubino por mas de dos años con THA YRIC GUZMAN; a quienes - sin habérsele incautado objeto alguno ni que exista indicio o evidencia técnica, circunstancial ni referencial en su contra se encuentran PRIVADAS DE SU LIBERTAD desde el28 de julio de 2007. Pero no solamente han sido privadas injustamente de su libertad, pues desde esa fecha mis representadas han sido maltratadas verbal y moralmente en el tribunal y por el Ministerio Público, también han sido amenazadas por funcionarios activos del CICPC y asimismo fueron visitadas con fines de amedrentamiento en la División de Capturas por la ex funcionaria de ese cuerpo policial ODALIZ CALDERA y la abogada IDANIS CONTRERAS quienes ofrecieron- conseguirles su libertad y una recompensa de Bs. 100.000.000,00 si devolvían las prendas sustraídas a la familia KABCHE o de lo contrario permanecerían por muchos años detenidas.
Tan grosera ingerencia de personas ajenas a la investigación policial también se hizo sentir en las dependencias del Ministerio Público como se puede probar en los registros de acceso a la Fiscalía 122a en la sede de Ferrenquín y en el Juzgado 40 de Control desde el inicio de la investigación y durante las vacancia tribunalicia. Ahora se pretende involucrar a la profesional del derecho Y AJAIRA LANDAETA por ENCUBRIMIENTO por el solo hecho de que el ciudadano ARLOS ENRIQUE FUENMA YOR quien es el yerno de su hermana MARTA LANDAETA estuvo al día siguiente de su supuesta confesión y torturas en su casa en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia a donde acudió para pedir asesoría a la tía de su concubina respecto de lo que lo habían herido involucrar en una supuesta investigación por HURTO en la casa de .. ,jefes; sin advertir a esta que haya tenido participación alguna en el hecho mucho menos de la supuesta confesión acomodada donde fue involucrado también mi patrocinado el ciudadano RICARDO LANDAET A, quien es hermano de aquella y quien por el solo hecho de haber estado incurso en un delito contra la propiedad hace mas de 10 años, asunto prescrito; todo lo cual fue motivo para preparar la mejor coartada torturando y poniendo en libertad al autor del hecho, dejándolo irse con amenazas de muerte y pretender resolver el problema de la forma mas burda "sembrándole algunas prendas" a RlCARDO LANDAETA golpeándolo y también torturándolo en el viaje que hizo a Caracas con la ciudadana MARIA JOSEFINA TORO GONZALEZ. En efecto ciudadano Juez, no podemos obviar narrar tan grotesco episodio de investigación solo digno de una averiguación de secuestro u homicidio, respecto de la detención de mi representado RICARDO LANDAETA quien estaba totalmente al margen de los hechos efectuados por CARLOS ENRIQUE FUENMA YOR; luego de haber efectuado los funcionarios del CICPC VISITAS DOMICILIARIAS en la ciudad de Campano, en la población de Duaca ambas en el Estado Sucre; en la ciudad de Maracaibo Estado Zulia en la población de Cúa en casa de la familia LANDAETA y de las concubinas que tu o RICARDO LANDAET A, por supuesto no logrando encontrar los funcionarios del CICPC ninguna evidencia de interés criminalístico en el caso que según acta policial de fecha 06 de julio de 2007 suscrita por el detective JHON VENTURA (Folio 159 de la primera pieza) manifestó: < •• encontrándome en la sede de este despacho se recibió llamada telefónica de parte de una persona desconocida con timbre de voz femenina, quien no quiso identificarse por temor a represalias, indicando que el ciudadano RiCARDO LANDAETA, quien gurda relación con el presente caso se encontraba en la ciudad de Nueva Cúa, Estado Miranda y el mismo se disponia a abordar un colectivo de pasajeros con destino hacia la ciudad de Cara as especíjicamente hacia la pasarela que se encuentra al final de la bajada de tazón. Frente al módulo de la Policía Militar en Fuerte Tiuna y que el mismo portaba como vestimenta un pantalón blue jean, una franela blanca y una chaqueta jeans de color azul, motivo por el cual me trasladé en compañía del Sub Comisario EMILIO FUENTES, Inspector FRANCISCO BULLON y la Agente BRENDA ZERP A a bordo de la unidad P-599 hacia la dirección antes mencionada a fin de verificar la información antes suministrada. Una vez en el lugar y luego de realizar varias pesquisas en la zona procedimos a solicitar la documentación de las personas las cuales poseian caracterÍsticas .. similares a las aportadas anteriormente donde avistamos a un sujeto el cual portaba como vestimenta pantalón blue jeans, una franela blanca y una chaqueta jeans de color azul motivo por el cual nos acercamos al ciudadano en cuestión y previa identificación como funcionarios de este cuerpo de investigaciones y manifestarle el motivo de la omisión, procedimos a pedirle su documentación personal quedando identificado de la siguiente manera RICARDO JOSE LANDAETA DELGADO…(Omissis). La precedente actuación policial basada en una llamada anónima de quien no dudamos tuvo que ser un prestidigitador o vidente que no solo adivinó donde estaba y lo que supuestamente portaba en sus bolsillos mi defendido RICARDO LANDAETA sino que estaba a su lado como si fuese su sombra y sabía cuando salió de su casa y para donde iba anticipándose a su arribo; siendo la eficiente participación policial donde se trasladó la directiva del CICPC de Santa Mónica en una patrulla plenamente identificada para que mi representado al observarla se detuviera y permitiera se efectuara el procedimiento con la incautación de las prendas allí referidas. Ciudadano Juez Constitucional, efectivamente mi representado RICARDO LANDAETA fue detenido en esa ocasión pero no bajo las circunstancias indicadas en el acta policial en referencia, puesto que mi patrocinado se encontraba para el momento con la ciudadana MARIA JOSEFINA TORO GONZALEZ quien fuera su concubina, no tenía nada de valor encima y ambos fueron tirados al piso como unos vulgares delincuentes constituyendo dicha actuación del CICPC un Acto Falso y simulador de Hecho Punible; en efecto la referida ciudadana MARIA TORO GONZALEZ labora en la Caja de Ahorros del CICPC y si bien es cierto en el acta policial refiere como delatora a una voz femenina, dicha ciudadana no ha sido entrevistada y por el contrario ha sido incomunicada en el departamento donde labora con prohibición de recibir llamadas todo ello para que no diga la verdad de los golpes y del hecho cierto de que a mi representado no le fue incautado nada, solamente fue utilizado como chivo expiatorio para "cuadrar" la investigación y tener "policialmente resuelto el caso". Es inverosímil que una persona que haya cumplido una condena penal les haya manifestado espontáneamente ese hecho, mucho menos a sabiendas que tuviese consigo objetos provenientes de delito; poco creíble resulta que con una llamada anónima produzca el traslado una comisión policial con los superiores de una delegación policial y ante una llamada anónima donde el informante sabe incluso a donde se dirige el supuesto sospechoso como en este caso "especijicamente hacia la pasarela que se encuentra al final de la bajada de tazón. Frente al módulo de la Policía Militar en Fuerte Tiuna" La prueba de la falsedad de esta acta respecto de las menciones que contiene a excepción de que efectivamente se materializó la detención de mi defendido RICARDO LANDAETA lo constituye una grabación efectuada en conversación telefónica sostenida por mi también defendida abogada y AJAIRA LANDAETA con la referida ciudadana MARIA TORO la cual acompaño al presente y reproducimos en su contenido para ser leída por el tribunal donde la última narra los pormenores de lo acontecido. III
DE LAS CONDUCTAS LESIVAS CUESTIONADAS
Tal y como hemos narrado en el presente escrito tanto el Cuerpo Policial en comento como el Representante del Ministerio Público y la Juez de Control no han tenido como norte el desempeño de sus funciones conforme las normas atributivas de su competencia dado que como se puede fácilmente inducir de los señalamiento s anteriores donde hemos reproducido parte de las actas de investigación y declaraciones solamente está demostrada la perpetración de un hecho punible donde sin embargo no han sido consignadas por la víctima las facturas o soportes que acrediten su propiedad y características que puedan individualizar e identificar las supuestas prendas sustraídas, por ejemplo cabe destacar que en la detención de RICARDO FUENMA YOR supuestamente se incautó una pulsera de color amarillo con la inscripción EDMUNDO pero no consta en las actas procesales persona alguna que se identifique con ese nombre. Tomando en consideración que mi defendida THAYRIC TAIMY LANDAET A quien a sus escasos 20 años se encuentra cursando la carrera de Derecho y mantiene relación concubinaria con el ciudadano CARLOS ENRIQUE FUENMA YOR GOMEZ, sólo por este vínculo y sin que se le haya incautado prenda alguna no puede constituirse éste en un motivo bastante ni suficiente para creerla responsable criminalmente ni mucho menos para privársele de su libertad al igual que a su progenitora quien viene a ser suegra…(omissis). En la investigación no ha sido entrevistado por los instructores el ciudadano JOSE JORGE KABCHE en relación a la llamada que supuestamente le efectuó a CARLOS ENRIQUE FUENMA YOR según lo manifestó el denunciante KARIN JOSE KABCHE para llegar a un acuerdo sobre la devolución de las prendas y objetos de valor…(Omissis). IV
DEL DERECHO QUE HACE PROCEDENTE EL AMPARO
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece al Estado venezolano como un Estado de Derecho, el cual se conceptúa como un Estado en orden, un Estado que se rige por las normas que conforman el ordenamiento jurídico, el cual precisamente sirve para poner orden en el grupo social, y este orden es que salvaguarda ante todo los bienes superiores de un Estado Social que se afmca, en la vida, la libertad, la justicia, en la igualdad ante la ley, en la participación de los mas diversos grupos sin discriminación alguna, en la dignidad de la persona humana, y en el respeto a los derechos humanos, pudiéndose establecer que parte de ese orden lo establece el DEBIDO PROCESO…(Omissis). En base a todo lo señalado, la Constitución viene a ser la norma de las normas y por ende lo que se llama administración de justicia, actualmente no es una función cónsona con un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, como el constitucionalmente establecido en Venezuela, ya que la administración de justicia se encuentra afectada por la doctrina liberal individualista, donde la función de los jueces es secundaria a la del legislador, habida cuenta que les correspondía únicamente ser la boca de la ley mediante el silogismo de la justicia (Barreto 2000. Administración de Justicia Penal. Universidad de Estemado. Bogotá. Colombia), y esta actividad varió con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que dicha actividad pasó a ser una función de garantía del ciudadano frente a las violaciones de cualquier nivel de la legalidad por parte de los poderes públicos, es decir la sujeción del juez es a la ley en cuanto válida, o sea, coherente con la constitución. Asimismo, se tiene que ciertamente dentro de la nueva denominación constitucional dada al Estado venezolano, permite verificar que no sólo el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable, sino que también lo son aquellos comportamientos que lesionan el aparato de justicia en su forma, además los que lo vulneran los mecanismos para discernir y reconocer el derecho. La Constitución patria en su artículo 3 tiene como fines la defensa y desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa ) amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la carta fundamental, tal gestión tiene que ser adelantada por los funcionarios judiciales dentro de las exigencias de eficacia, rectitud y garantía, con lo que podrá avanzarse para conseguir la vigencia de un orden justo. En el Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, los poderes públicos no tienen una misión de meros observadores del acontecer diario de los ciudadanos, sino que están llamados a efectuar unas gestiones de prestación, sustentadas en valores superiores que entregan un contenido material de legitimidad a todas las expresiones del poder en consecuencia, los funcionarios judiciales abandonan su papel de boca de 1 y" para convertirse en hombres de pensamiento que aportan con sus decisione: en la impregnación de sus actos con los valores propugnados por el estado…(omissis). Con base a lo esgrimido, se tiene entonces que todo el ordenamiento jurídico patrio de carácter legal y sub-legal, debe ser interpretado bajo los lentes de la Constitución, por ende se debe velar por el respeto a los valores y objetivos del Estado venezolano, y en materia procesal, sobre todo en la penal, las garantías constitucionales consagradas dentro de los derechos civiles…(Omissis) De lo anterior se desprende que no basta con que las razones para la detención consten en la ley. Se precisa algo más, a saber, se debe verificar la situación relativa a las garantías que el imputado debe presentar para conservar su libertad de acuerdo con los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que Venezuela ha ratificado. En este sentido, los dos tratados ratificados por Venezuela en materia de derechos humanos, ya mencionados, tienen en común que la no detención de la persona debe tener como contrapartida las garantías de que comparecerá al juicio, y que la sentencia, en caso de ser de condena, pueda ser ejecutada. Todo gira en tomo al derecho a la libertad personal. Dispone el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sobre la libertad y la detención procesal lo siguiente: "La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo'" artículo 9, numeral "3") (Negritas mías). Por su parte, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, establece en su artículo 7, numeral "5" el derecho a ser juzgado en un plazo razonable o ser puesto en libertad "sin perjuicio de que continúe el proceso Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia enjuicio" (Negritas y subrayados míos). En el mismo sentido, los artículos 243 y 244 del Código Orgánico Pro ::al Penal de nuestra República desarrollan los anteriores principios, el primero disponiendo " ... toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las disposiciones establecidas en este Código .... y por otra parte el segundo artículo , esto es, el 244 en relación con las medidas de coerción personal señala en su primera parte " ... no se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca des proporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probahl¿. negritas y subrayados míos) . Ahora bien ciudadano Juez, es el caso que a mis representados THAYRIC THAIMY GUZMAN LANDAETA, MARTHA LANDAETA DELGAOO y RICARDO JOSE LANDAETA DELGADO fueron privados de su libertad las dos primeras el 28 de julio de 2007 y el último mencionado el 06 julio de 2007 por el Juzgado Cuadragésimo de Control de esta misma Circuncripción Judicial, o sea, hace sesenta (60) días las primeras y el último ha tenía Y dos (82) días, con base a la supuesta confesión del presunto autor de1 delito quien fue torturado y puesto en libertad, al igual que el levantamiento de un acto falso por funcionarios del CICPC siendo ostensible el verdadero encubrimiento en que incurrió la autoridad para sustraerlo de la acción de la justicia; es por lo expuesto circunstanciadamente en este libelo que ejerzo a favor de mi representados Acción de Amparo (HABEAS CORPUS) por violación del derecho a la libertad personal, contemplado en el artículo 44 de la Constitución de 1999 así como del debido proceso y otros derechos fundamentales con la inminencia de que en cualquier momento se le vulnere a mi también defendida YAJAIRA LANDAETA quien es abogada y domiciliada en Maracaibo Estado Zulia su derecho a la presunción de Inocencia. Es por lo anteriormente expuesto que esta Corte de Apelaciones con función constitucional, debe a nuestro juicio corregir inmediatamente la situación jurídica infringida declarando con lugar el amparo solicitado en virtud de la violación flagrante a normas Supraconstitucionales, Constitucionales y Legales, de estricto Orden Público; al actuar arbitrariamente los agraviante s al privar de su libertad a mis representados sin estar probada su participación en el hecho investigado con plurales y concordantes evidencias e indicios que hagan presumir su participación; sin haber apreciado y cerciorado el operador de justicia de las garantías que éstos han presentado o pudiesen presentar para comparecer al juicio, a pesar de tener conducta ejemplar mi representados y repito no estar probado que sean autores del hecho que se les atribuye ya que no consta ningún elemento que así determine que no sea la supuesta confesión obtenida con violación de los derechos humanas y contradictoria e inverosímil en si misma…(Omissis). En virtud de lo anteriormente expuesto, reitero mi solicitud a esta Corte en funciones de Tribunal Constitucional, DECLARE CON LUGAR LA PESENTE ACCION DE AMPARO y libre MANDAMIENTO DE HABEAS ORPUS ORDENANDO LA LIBERTAD INMEDIATA física y ambolutoria de mis representados THAYRIC THAIMY GUZMAN LANDAETA, MARTHA LANDAETA DELGADO, RICARDO JOSE LANDAETA DELGADO de las características señaladas en el encabezamiento del presente escrito, actualmente detenidos las dos primeras en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) y el último mencionado en el Internado Judicial el Rodeo 1 en la población de Guatire Estado Miranda. Puesto que se trata de personas acusadas, solicito se acuerde su libertad bajo caución juratoria. Asimismo solicito conforme a lo dispuesto en los artículos 190 y 191 se declare la NULIDAD ABSOLUTA de todas y cada una de los actos procesales dictados en base a la espuria e inverosímil declaración del ciudadano CARLOS FUENMA YOR GOMEZ rendida sin asistencia fiscal en fecha 28 de julio de 2007 ante el CICPC subdelegación de Santa Mónica con excepción de aquellas actos de investigación que no puedan ser repetidos y que se hallan efectuado con las formalidades legales….(OMISSI). DE LA COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala previamente establecer su competencia para conocer de la presente Acción de Amparo Constitucional, y a tal efecto se observa, que la misma va dirigida en contra del Juzgado Cuadragésimo (40°) de primera Instancia en funciones de Control, así como en contra de la Fiscalía 122° del Ministerio Público ambos de esta misma Circunscripción Judicial, alegando presuntas violaciones de los principios constitucionales de Debido Proceso, Igualdad, Acceso a la Justicia, Defensa, Presunción de Inocencia y Otros Inherentes a la Dignidad Humana y Protección de los Derechos Humanos.
De lo anterior se colige que la Acción de Amparo Constitucional, va dirigida contra facultades jurisdiccionales, sobre un inferior jerárquico, en atención al orden de gradación del órgano contra quien se acciona y coherente con el criterio establecido en los fallos emanados del Tribunal Supremo de Justicia por intermedio de su Sala Constitucional, los cuales son vinculantes para todos los Tribunales de la República y las demás Salas que integran el Máximo Tribunal, conforme se desprende del contenido del artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; así como lo dispuesto en los artículos 64 del Código Orgánico Procesal Penal y 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por lo que esta Sala se declara COMPETENTE para conocer de la presente acción, conforme a los artículos anteriormente citados. Y ASÍ SE DECIDE.
Revisada la Acción de Amparo Constitucional, observa esta Sala que los requisitos exigidos por el artículo 18 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se encuentran satisfechos.
Esta Sala advierte, que la acción de amparo constitucional, dado su carácter garante y protector de los derechos fundamentales, está circunscrita a los casos en que sean vulnerados de manera directa, inmediata y flagrante derechos subjetivos de rango Constitucional o previstos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, cuyo restablecimiento no haya sido posible a través de las vías procesales ordinarias, las cuales igualmente sirven de protectoras a tal fin.
En tal sentido, la presente acción extraordinaria no escapa a la verificación de los requisitos de admisibilidad que establece el ordenamiento jurídico aplicable, y así lo ha establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 114 del 06/12/2001 (ponencia del Magistrado José M. Delgado Ocando). Del examen de la pretensión aludida, se puede observar que el abogado representante de la víctima, ciudadano RAFAEL ALBERTO LATORRE CÁCERES, ha señalado la violación de forma flagrante del DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA JUSTICIA, DEFENSA, PRESUNCION DE INOCENCIA y OTROS INHERENTES A LA DIGNIDAD HUMANA y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, en contra de la conducta desplegada por el Juzgado Cuadragésimo de Primera Instancia en funciones de Control de este mismo Circuito Judicial, así como de la Fiscalía 122° del Ministerio Público, ambos de esta misma Circunscripción Judicial. No es trasferible la violación a los organismos judiciales, a quienes les corresponde determinar la procedencia de la detención de carácter provisional de los procesados mientras dure el juicio, tal y como lo expresa la Sala Constitucional de nuestro máximo Tribunal, en sentencia de fecha 09/04/2001, con ponencia del magistrado IVAN RINCÓN URDANETA, Expediente 00-2294, la cual señala:
“...En criterio de la Sala, la acción de amparo propuesta resulta inadmisible toda vez que la inconstitucionalidad de la presenta detención practicada por los organismos policiales sin orden judicial alguna, no puede ser imputada... (omisis), al Juzgado de Control que dictó el auto de privación judicial preventiva de libertad...(omisis), ya que la presunta violación de los derechos constitucionales derivada de los actos realizados por los organismos policiales tiene límite en la detención judicial ordenada por el Juzgado de Control, de modo tal que la presunta violación de los derechos constitucionales cesó con esa orden, y no se transfiere a los organismos judiciales a los que corresponde determinar la procedencia de la detención provisional del proceso mientras dure el juicio. Como consecuencia de la afirmaciones anteriores, esta Sala considera que las presuntas violaciones alegadas por el accionante cesaron con el dictamen judicial del Juez de Control y que, de cualquier manera, los presuntos hechos en los que el accionante funda sus alegatos no constituye una violación atribuible a la Corte accionada...(omisis)”. En este orden de ideas, puede advertir igualmente esta alzada que de las actuaciones insertas en la incidencia, es palmario el respeto de los principios referentes a los derechos humanos y al debido proceso, con la expresa consideración de la presunción de inocencia y derecho a la defensa, observándose tan solo la práctica de diligencias orientadas al descubrimiento y futura comprobación científica del delito o delitos objeto de la presente causa, sus características, la identificación de sus autores o partícipes y el aseguramiento de los objetos activos y pasivos, siendo aprehendidos los presuntos responsables, impuestos del motivo de tal aprehensión, leídos sus derechos y puestos a la orden de la autoridad judicial y una vez cumplido ello, fue celebrada la audiencia a que se contrae el artículo 373 de la norma adjetiva penal, con salvaguarda de todos los derechos y garantías procesales y constitucionales, que les asisten, por lo que considerando llenos los supuestos establecidos en el artículo 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, el Juzgado de Instancia, estimó la procedencia de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, considerando además la entidad del delito que le es atribuido a los subjudices de autos, prevaleciendo la presunción de inocencia, tratándose de la etapa intermedia, cuyo resultado podría variar en la celebración del juicio oral y público.
En cuanto a las medidas cautelares, están llamadas a facilitar que la finalidad del proceso se pueda alcanzar efectivamente, asegurando la realización de un proceso eficiente, en atención, entre otras razones, a la obtención de la prueba y a la práctica de todos aquellos actos procesales necesarios, para poder arribar al pronunciamiento de mérito lo mas expedito y económico posible, con la rigurosa observancia de las garantías constitucionales y procesales. En este aspecto, los argumentos hechos por el quejoso de autos en su solicitud de amparo constitucional, estima este Colegiado actuando en sede Constitucional, que la acción de amparo debe tenerse como un recurso especial, en virtud de su naturaleza, pues es ésta, una acción extraordinaria; en tal sentido, ella sólo procede cuando no exista un medio breve, sumario y eficaz, acorde con la protección constitucional pretendida, es decir, que pueda restituir el hecho supuestamente lesivo por otras vías ordinarias, las cuales deben ser previamente agotadas, conforme lo prevé el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
En este orden de ideas se observa que, la infracción de normas de rango Constitucional, alegadas por el accionante, sobre las cuales se fundamenta su solicitud en la presente acción de amparo constitucional, pudieron ser resueltas por vía de apelación en segunda instancia, y/o de la revisión, la cual puede ser ejercida sin límite en cualquier momento ante el mismo Juez que conoce la causa, y no como lo pretenden mediante la presente acción, que tiene carácter extraordinario.
De proceder esta Alzada al trámite de un asunto donde se omiten las vías ordinarias, conllevaría a la admisión de hecho de un recurso no consagrado por la Ley Procesal Penal, con lo cual se estaría contraviniendo la normativa Adjetiva Penal General vigente en la actualidad, por lo que resulta inadmisible, conocer de denuncias sobre hechos para los cuales existen vías judiciales ordinarias.
En otras palabras, como bien lo señaló la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia N° 939-2000: “…se estarían atribuyendo a este medio procesal los mismos propósitos que el recurso de apelación…”.
Al respecto, el artículo 6° en su ordinal 5° de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y garantías Constitucionales, establece lo siguiente:
5.- Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado…”.
Esta causal, como bien lo asienta Chavero, está referida, en principio a los casos en que el particular primero acude a la vía ordinaria y luego pretende intentar la acción de amparo constitucional. Sin embargo, la jurisprudencia ha entendido, rescatando el principio elemental del carácter extraordinario del amparo, que este también es inadmisible, cuando teniendo abierta la posibilidad de acudir a la vía ordinaria, no lo hace, sino que utiliza el remedio extraordinario.
Advierte esta Sala, como ha quedado explanado, que el accionante, con anterioridad a la interposición de la presente acción extraordinaria de amparo constitucional, contaba con los medios judiciales ordinarios de apelación y revisión, motivo por el cual nos encontramos en presencia de la causal de inadmisibilidad contenida en el ordinal 5° del artículo 6° de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Es pertinente citar con relación a ello, lo plasmado en sentencia Nº 2369 de fecha 23 de noviembre de 2001, emanada de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República, en donde se explanó lo siguiente:
“…la acción de amparo es inadmisible cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías ordinarias o hecho uso de medios judiciales preexistentes; por argumento a contrario, es admisible entonces, si el agraviado alega injuria constitucional, en cuyo caso el juez debe acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado. Ahora bien, para que el artículo 6.5 no sea inconsistente es necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria inconstitucional, aun en el supuesto de que el agraviado también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios que no ejerció previamente. De otro modo, la antinomia de dicho artículo autorizaría al juez a resolver el conflicto de acuerdo con las técnicas integrativas de que dispone el interprete…”
Al respecto expresa textualmente la Sala Constitucional en sentencia de fecha 13 de noviembre de 2003, N° 02-2807, en donde igualmente ratifica lo plasmado en la doctrina y en la sentencia de fecha 09-11-2.001 (caso Oly Henriquez), lo siguiente:
“…se ha reiterado en doctrina y en jurisprudencia el carácter especifico de la acción de amparo y el problema que constituiría el otorgarle un carácter sustitutivo de los demás mecanismos judiciales, los cuales al ser parte de un sistema jurídico homogéneo, se presentan igualmente como garantizadores y protectores de los derechos constitucionales…” Así en el expediente N° 06-0240, sentencia N° 1180, de fecha 16-06-06, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, en la que se desprende:
El numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece que serán inadmisibles aquellas acciones de amparo en las que el presunto agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o haya hecho uso de los medios judiciales preexistentes …”.
En decisión recaída en el expediente 03-2543, de fecha 23 de Junio de 2004, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, contra decisión del Juzgado Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, lesiva a juicio de la accionante, de los derechos de libertad personal y al debido proceso consagrados en el artículo 44.4 y 49 de la Constitución, asentó:
“El numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece que serán inadmisibles aquellas acciones de amparo en las que el presunto agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o haya hecho uso de los medios judiciales preexistentes.
Se ha reiterado en doctrina y en jurisprudencia el carácter especial de la acción de amparo y el problema que constituiría el otorgarle un carácter sustitutivo de los demás mecanismos judiciales, los cuales al ser parte de un sistema jurídico homogéneo, se presentan igualmente como garantizadores y protectores de los derechos constitucionales”.
“En tal sentido, los Tribunales ante la interposición de una acción de amparo constitucional, deberán revisar si en el proceso originario fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos y, de constar tales circunstancias, la consecuencia será la inadmisibilidad de la acción, sin entrar a analizar la idoneidad del medio procedente, pues el carácter tuitivo que la Constitución atribuye a las vías ordinarias o medios procesales ordinarios, les impone potestad de conservar o restablecer el goce de los derechos fundamentales, por lo que su agotamiento es un presupuesto procesal a la admisibilidad de la acción de amparo.
Visto lo anterior, observa esta Sala, que la decisión que se pretende impugnar por vía de amparo-la negativa de nulidad del acta de calificación de flagrancia-es el resultado del uso del medio procesal ordinario ejercido por la defensa del accionante, a fin de obtener el restablecimiento de la situación jurídica infringida,…por ello, a tenor de lo establecido en el artículo 6.5 es Inadmisible como lo declaró el a quo, motivo por el cual pasa a confirmar en los términos expuestos en el presente fallo, la sentencia consultada”.
En consecuencia no puede esta Sala proceder a tramitar la denuncia del Abogado RAFAEL ALBERTO LATORRE CÁCERES, de este domicilio e inscrito en el Inpreabogado con el N° 32.028, procediendo en este acto en su carácter de defensor de los ciudadanos THAYRIC THAIMY GUZMAN LANDAETA, MARTHA LANDAETA DELGADO, RICARDO JOSE LANDAETA DELGADO Y YAJAIRA LANDAETA DELGADO DE SALAS, existiendo vías ordinarias idóneas en la Ley Adjetiva Penal, a través de las cuales puede solicitar se reestablezcan los derechos que denuncia como infringidos, ya que esta Sala como garante de la legalidad debe mantener un correcto equilibrio entre la acción extraordinaria de amparo y el resto de los mecanismos judiciales previstos legalmente, lo cual es fundamental para el adecuado funcionamiento de la administración de Justicia.
Por las razones antes expuestas, considera esta Sala Dos de la Corte de Apelaciones, que lo procedente y ajustado a derecho en el presente caso será declarar INADMISIBLE IN LIMINE LITIS la acción de amparo constitucional interpuesta por el Abogado RAFAEL ALBERTO LATORRE CÁCERES, de este domicilio e inscrito en el Inpreabogado con el N° 32.028, procediendo en este acto en su carácter de defensor de los ciudadanos THAYRIC THAIMY GUZMAN LANDAETA, MARTHA LANDAETA DELGADO, RICARDO JOSE LANDAETA DELGADO Y YAJAIRA LANDAETA DELGADO DE SALAS, en contra de la conducta desplegada por el Juzgado Cuadragésimo de Primera Instancia en funciones de Control de este mismo Circuito Judicial, así como de la Fiscalía 122° del Ministerio Público, ambos de esta misma Circunscripción Judicial; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la causal de inadmisibilidad contenida en el numeral 5º del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Y así se declara.
Por el razonamiento anteriormente expuesto, esta Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, Declara INADMISIBLE IN LIMINE LITIS la acción de amparo constitucional interpuesta por el Abogado RAFAEL ALBERTO LATORRE CÁCERES, de este domicilio e inscrito en el Inpreabogado con el N° 32.028, procediendo en este acto en su carácter de defensor de los ciudadanos THAYRIC THAIMY GUZMAN LANDAETA, MARTHA LANDAETA DELGADO, RICARDO JOSE LANDAETA DELGADO Y YAJAIRA LANDAETA DELGADO DE SALAS, en contra de la conducta desplegada por el Juzgado Cuadragésimo de Primera Instancia en funciones de Control de este mismo Circuito Judicial, así como de la Fiscalía 122° del Ministerio Público, ambos de esta misma Circunscripción Judicial; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la causal de inadmisibilidad contenida en el numeral 5º del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Publíquese, Regístrese, y Diarícese.
Abg. LUIS ANATO Causa N° 2445-07
ORC/EJGM/BAG/LA/fl.-