Source: http://www.slideshare.net/kirurzun/stsj-galicia-26-42005-responsabilidad-del-sindicato-por-actos-de-afiliados
Timestamp: 2016-05-30 12:07:03
Document Index: 2446161

Matched Legal Cases: ['e contrario', 'artículo 191', 'artículo191', 'artículo 5', 'artículo 191', 'artículo 5', 'artículo 28', 'artículo 5', 'artículo1101', 'artículo 1902', 'artículo 1903', 'artículo 1104', 'artículo 1104', 'artículo 1', 'artículo 1902', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 1695', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 231', 'artículo506', 'artículo 270', 'artículo270']

AS 2005 1548Sentencia Tribunal Superior de Justicia Galicia (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 26 abril2005Jurisdicción: SocialRecurso de Suplicación núm. 4398/2002.Ponente: Ilmo. Sr. D. Luis Fernando de Castro Mejuto.HUELGA: responsabilidad civil derivada de su ejercicio: aplicación subsidiaria de lasnormas civiles sobre responsabilidad resarcitoria; sindicato convocante: responsabilidadpor daños: requisitos; reparación de los daños ocasionados a los bienes de la empresadurante su ejercicio: desestimación: falta de prueba de la autoría de los hechos;responsabilidad por la pérdida de una concesión como consecuencia del ejercicio de lahuelga: desestimación: falta de prueba de nexo causal; servicios mínimos:incumplimiento: responsabilidad del sindicato convocante: desestimación:responsabilidad individual de los trabajadores adscritos a los mismos.DAÑOS Y PERJUICIOS: responsabilidad civil: contractual y extracontractual: concepto;resarcimiento: requisitos: necesidad de acciones u omisiones culposas.SINDICATOS: responsabilidades: exoneración por los actos individuales: excepciones:alcance; responden por los actos realizados por sus afiliados por cuenta del sindicato ylos realizados en el ejercicio de sus funciones representativas: interpretación restrictiva.El TSJ desestima el recurso de suplicación interpuesto por la parte demandante contrala Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de los de Pontevedra, de fecha15-07-2002, dictada en autos promovidos en reclamación de otros extremos,confirmando lo resuelto en la misma. Texto:A Coruña, a veintiséis de abril de dos mil cinco.La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, compuesta porlos Sres. Magistrados citados al margen y EN NOMBRE DEL REYha dictado la siguiente SENTENCIA
En el recurso de Suplicación núm. 4398/02 interpuesto por Transportes La Unión,SA contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Pontevedra siendoPonente el Ilmo. Sr. Luis F. de Castro Mejuto. ANTECEDENTES DE HECHOQue según consta en autos número 152/02 se presentó demanda por TransportesLa Unión, SA en reclamación de otros extremos siendo demandado Ciga, D.Daniel, D. Jose Augusto, Ignacio, D. Juan Luis, D. Julián, D. Victor Manuel, D.Raúl, D. Braulio, D. Jose Ángel, D. Fidel, D. Jesús Manuel y D. Lorenzo, en su díase celebró acto de vista, habiéndose dictado sentencia con fecha 15 de julio de2002 por el Juzgado de referencia que desestimó la demanda.Que en la citada sentencia se declaran como hechos probados los siguientes:«I.-La Entidad Mercantil Transportes La Unión, Sociedad Anónima está dedicada ala actividad de transporte público regular de pasajeros y transporte escolar,formando parte de un grupo empresarial, bajo la denominación comercial deMONBUS, siendo administrador único de la misma D. David y gerente de la citadaentidad D. Luis Carlos.II.-Con efectos del día 30 de enero de 2001, previo preaviso, fue convocada, por elSindicato CIG (Confederación Intersindical Gallega), huelga con carácterindefinido en la empresa Transportes La Unión, SA, manteniéndose hasta el día31.05.2001 en que fue desconvocada.III.-D. Daniel, DNI n° NUM000, D. Jose Augusto, DNI n° NUM001, D. Ignacio, DNIn° NUM002, D. Juan Luis, DNI n° NUM003, D. Julián, DNI n° NUM004, D. VictorManuel, DNI n° NUM005, D. Raúl, DNI n° NUM006, D. Braulio, DNI n° NUM007,D. Jose Ángel, DNI n° NUM008, D. Fidel, DNI n° NUM009, D. Jesús Manuel, DNI n° NUM010 y D. Lorenzo, DNI n° NUM011, todos ellos mayores de edad, fuerondesignados, por la Asamblea de Trabajadores, miembros del Comité de Huera.IV.-En fecha 29.01.01 fue publicada en el Diario Oficial de Galicia, la Orden de 26de enero de 2001 dictada por la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicasy Vivienda de la Xunta de Galicia, por la que se determinan los servicios mínimosa mantener durante la huelga convocada en la empresa Transportes La Unión, SAV.-Por Decreto 28/2001, de 8 de febrero, dictado por la Conselleria de laPresidencia y Administración Pública y publicado en el Diario Oficial de Galicia eldía 9.0201, se dictan las medidas urgentes y extraordinarias para garantizar elfuncionamiento de los servicios mínimos esenciales en la huelga convocada en laempresa Transportes La Unión, SAVI.-Por Resolución de 13 de febrero de 2001 de la Conselleria de PolíticaTerritorial de Obras Públicas y Vivienda, se autoriza a la empresa Transportes LaUnión, SA a subcontratar los servicios mínimos de transporte regular permanentemientras dura el conflicto de huelga planteado en dicha empresa.
VII.-En 08.03.01 fue publicada en el Diario Oficial de Galicia, una nueva Orden defecha 1 de marzo de 2001 dictada por la Conselleria de Política Territorial, ObrasPúblicas y Vivienda de la Xunta de Galicia, por la que se determinan los serviciosmínimos que hay que mantener durante le huelga convocada en la empresaTransportes La Unión, SA, unificando así la prestación de los servicios mínimosestablecidos en la Orden de 26 de enero de 2001.VIII.-Por Resolución de 1 de marzo de 2001 de la Conselleria de Educación yOrdenación Universitaria, se habilita provisionalmente a terceras empresas para laprestación de los servicios mínimos de transporte escolar mientras dure elconflicto de huelga planteado en dicha empresa.IX.-Por Auto de 12 de marzo de 2001 dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia se acuerda lasuspensión de la aplicación y ejecución de los actos dictados por el Consello de laXunta de Galicia y las Consellerias de Educación y Ordenación Universitaria yPolítica Territorial, Obras Públicas y Vivienda, en fechas 8 y 13 de febrero de2001.X.-Por Resolución de 15 de marzo de 2001 de la Conselleria de Educación yOrdenación Universitaria, se suspende la ejecutividad de las Resoluciones dedicha Conselleria de 13 de febrero y 1 de marzo de 2001.XI.-Por Auto de 23 de marzo de 2001 dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia se acuerda suspender laejecución del Auto de fecha 12 de marzo de 2001, limitando la posibilidad desubcontratación a la cobertura de los servicios mínimos en su día establecidos.XII.-En fecha 29 de mayo de 2001 tuvo lugar una reunión convocada por elConselleiro de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda de la Xunta deGalicia, entre los representantes del Sindicato CIG y los representantes de lamercantil Transportes La Unión, SA, con presencia de los representantes de losSindicatos CC OO y UGT, levantándose el acta correspondiente y cuyo contenidose da íntegramente por reproducido (documento n° 1 del ramo de prueba de laparte demandada), en virtud de la cual y tras los acuerdos alcanzados, losrepresentantes del Sindicato CIG se comprometen a desconvocar la huelga en elplazo máximo de cuarenta y ocho horas, lo que fue verificado el día 31 de mayode 2001.XIII.-Por Sentencia n° 1598/02, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de fecha 19 dediciembre de 2001, se declara la nulidad de la Orden de 26 de enero de 2001 de laConselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda por la que sedeterminan los servicios mínimos que hay que mantener durante la huelgaconvocada en la empresa Transportes La Unión, SA y la Resolución de 2 defebrero de 2001 que modifica la anterior “... por ser contrarias al derechofundamental de huelga...”.XIV.-La Entidad mercantil Transportes La Unión, SA acredita la titularidad de los
siguientes cuarenta y tres vehículos-autocares (Ramo de prueba de la parte actora(documento n° 91), teniendo todos ellos cubiertos el seguro obligatorio deresponsabilidad civil con la Compañía de Seguros Mercurio, SA, a saber:SETRA 5-215, PO-7834-W.SETRA 5-215 H/2, PO-2056-AS.SETRA S 215 H2, PO-7464-AM.SETRA S 215 H/2, PO-7458-AT.SETRA S 215 HD, M-7195-FT.SETRA S 215 HU, PO-3840-AB.SETRA 5-215, PO-1965-AD.SETRA 5-215, PO-9819-AM.MERCEDES BENZ 0.303, PO-5630-BS.SCANIA D-82, PO-8823-U.SETRA 5-215 HV, PO-0134-V.SETRA S-215, PO-7610-V.SCANIA K-82, PO-8413-V.SETRA S 215 HU I, PO-0126-W.SETRA S 215 HU3, PO-0139-W.PEGASO 5031 L/4, PO-7345-W.SETRA 5-215, PO-4715-Y.SETRA 5-215 HD, PO-6464-Y.SETRA S 215 HU, PO-7527-Y.SETRA S 215 HD, PO-6265-Z.SETRA S 215 HU I, PO-4363-AD.SETRA S 215 AU 1, PO-4364-AD.VOLVO B-10, PO-3001-AF.VOLVO B10 M, PO-3002-AF.PEGASO 5317, PO-3334-AF.
PEGASO 5317, PO-3335-AF.SETRA S 215 HU 1, PO-1419-AH.SETRA S15 HU, PO-3735-AH.DAF SB 3000 DKV, PO-0287-AK.D.A.F. SB 3000, PO-1301-AL.SETRA 215, PO-7463-AM.SETRA 5215, PO-9820-AM.SETRA S 215 H2, PO-3849-AS.SETRA S 215 H/2, PO-3850-AS.SETRA 215 HU, LU-2003-H.SETRA S 215 HD, M-6266-GH.SETRA S 215 HD, M-6267-GH.SETRA S 215 HD, M-6268-GH.SETRA S 215 HD, M-7192-FT.SETRA 5-215 HD, M-7193-FT.SETRA S 215 HD, M-7194-FT.SETRA S 215 H/2, PO-7459-AT.SETRA S 215 H/2, PO-7460-AT.MERCEDES 03031 SRHD, M-0905-7G.SCANIA L113CLB, PO-5370-BB.SCANIA L113CLB, PO-5369-BB.SCANIA K113CLC, PO-2870-BL (doc n° 87)XV.-La entidad mercantil demandante reclama el importe de 113.922,28 euros enconcepto de daños y perjuicios directos ocasionados por la rotura de lunas ypinchazos en ruedas, hasta el 31 de octubre de 2001, en concreto y en relación alas daños ocasionados en aquellos vehículos-autocares cuya titularidad ha sidoacreditada, los cuantifica en los siguientes importes (Ramo de prueba de la parteactora, documento n° 86).VEHICULO- DAÑOS IMPORTEAUTOCARPO-7834-W Reparación lunas 315,03 euros
PO-2056-AS Reparación Lunas 945,08 eurosPO-7464-AM Reparación Lunas 2.221,41 eurosPO-4758-AT Reparación Lunas 5.124,57 eurosM-7195-AT Reparación Lunas 5.124,02 eurosPO-6265-Z Reparación Lunas 3.463,83 eurosPO-4363-AD Reparación Lunas 1.203,84 eurosPO-3850-AS Reparación Lunas 1.318,16 eurosPO-1301-AL Reparación Lunas 990,26 eurosPO-0139-W Reparación Lunas 685,95 eurosPO-3849-AS Reparación Lunas 345,89 eurosLU-2003-H Reparación Lunas 352,08 eurosPO-1419-AH Reparación Lunas 1.341,31 eurosPO-7610-V Reparación Lunas y ruedas 1.215,77 euros ruedaPO-3001-AF Reparación Lunas y ruedas 696,14 euros ruedasPO-6464-Y Reparación Lunas y ruedas 2.184,82 euros ruedasPO-4715-Y Reparación Lunas y ruedas 1.616,39 euros ruedaPO-3334-AF Reparación Lunas y ruedas 3.410,78 euros ruedasPO-7463-AM Reparación Lunas y ruedas 1.050,23 euros ruedasPO-7460-AT Reparación Lunas 654,40 eurosPO-9820-AM Reparación Lunas 1.785,20 eurosPO-3735-AH Reparación Lunas y ruedas 931,53 euros ruedasPO-0139-W Reparación Lunas y ruedas 772,50 euros ruedasPO-6267-GH Reparación Lunas y ruedas 354,96 euros ruedasPO-3002-AF Reparación Lunas 699,58 eurosPO-8823-U Reparación Lunas y ruedas 399,16 euros ruedasPO-7463-AM Reparación Lunas y ruedas 1.050,23 euros ruedasM-6268-GH Reparación Lunas 364,05 eurosPO-7459-AT Reparación Lunas 346,04 eurosPO-5370-BB Reparación Lunas 519,71 eurosPO-2870-BL Reparación Lunas y ruedas 2.029,77 euros ruedasXVI.-La Entidad Mercantil reclama el importe de 78.411,82 euros en concepto dedaños y perjuicios ocasionados por los ingresos no realizados debido alincumplimiento de los servicios mínimos durante el período de huelga, enconcreto, fue acreditada la no realización de los siguientes servicios mínimos:
-Día 22.03.01: De Marín a Vigo (Bouzas)-Documento núm. 77 ramo parte actora.-Día 23.03.01: De Marín a Vigo (Bouzas)-Documento núm. 78 ramo parte actora.-Día 23.03.01: de Bouzas (Vigo) a Marín-Documento n° 79 ramo parte actora.-Día 26.03.01: De Pontevedra a Cangas-Documento n° 80 ramo parte actora.-Día 28.03.01 De Marín a Vigo (Bouzas)-Documento n° 81 ramo parte actora.-Día 29.03.01: De Bouzas (Vigo) a Marín-Documento n° 82 ramo parte actora.XVII.-Por Resolución de fecha 10 de diciembre de 2001 de la Conselleria dePolítica Territorial, Obras Públicas y Vivienda, se autoriza la concesión a la entidadmercantil Viajes Alfonsín, Sociedad Limitada para realizar el transporte públicoregular de uso especial -escolar- al colegio “Sagrada Familia” de Vilagarcía deArousa (Documento n° 84 del ramo de prueba de la parte actora).XVIII.-La entidad mercantil reclama el importe de 12.230,35 euros por la pérdidade la concesión del transporte escolar.XIX.-Por Sentencia de fecha 11 de marzo de 2002 dictada por el Juzgado de loPenal n° 3 de esta ciudad en el Procedimiento Abreviado n° 38/01 (Rollo n° 13/0condena a D. Marcelino, a ente electoral del sindicato CIG., por un delitocontinuado de daños a la pena de veinte meses de multa a razón de 6,01 eurosdiarios y, en concepto de responsabilidad civil, a indemnizar, a la entidad mercantilAPSA, SA y a la entidad mercantil Transportes La Unión, SA. en la cantidad de1.135,88 euros por los daños causados, el día 27 de abril de 2001, en losautobuses y en la cantidad de de 594,14 euros por los perjuicios de paralizaciónsufridos por dichas mercantiles. Tales daños se refieren a los ocasionados en elautobús Pegaso matrícula PO-3334-AF y en el autobús Volvo, matrícula PO-6960-AD, ambos propiedad de la mercantil APSA, según los hechos declaradosprobados de la citada sentencia, cuyo contenido se da íntegramente porreproducido (documento n° 22 del ramo de prueba de la parte demandada).XX.-Por el Juzgado de Instrucción n° 6 de esta ciudad fue dictada Sentencia, cuyafecha no consta, en Juicio de Faltas núm. 604/01 por la que se condena a D.Carlos Antonio, Secretario Comarca de sindicato CIG y a D. Paulino, SecretarioGeneral del sindicado CIG en el ámbito del mar, como autores de una falta decoacciones, (documento n° 88 del ramo de prueba de la parte actora).XXI.-En fecha 26 de junio de 2001 fueron detenidos por la Guardia Civil deCambados D. Fernando, D. Carlos Antonio, D. Antonio y D. Luis Miguel comopresuntos autores de un delito de desorden público y daños efectuados contravehículos-autocares propiedad de la entidad mercantil Transportes La Unión, SA,siendo incoadas, por el Juzgado de Instrucción n° 3 de Cambados, DiligenciasPrevias-Procedimiento Abreviado n° 630/2001 (documento n° 90 del ramo deprueba de la parte actora). Dichos daños no son objeto de reclamación en elpresente procedimiento.
XXII.-En fecha 09 de agosto de 2001 fue acordada, por el juzgado de instrucción n° 6 de esta ciudad, la apertura de juicio oral en Diligencias Previas-ProcedimientoAbreviado n° 401/2001 por un presunto delito de daños ocasionados el día19.03.01 al vehículo-autocar PO-2870-BL, propiedad de la mercantil TransportesLa Unión, SA, cuantificados en 879,76 euros (146.830 pesetas), habiéndoseformulado acusación contra D. Marcelino (documento n° 87 del ramo de prueba dela parte actora). Dichos daños no son objeto de reclamación en el presenteprocedimiento.XXIII.-Se intentó sin avenencia la obligatoria conciliación ante el Servicio deMediación, Arbitraje y Conciliación».Que la parte dispositiva de la indicada resolución es del tenor literal siguiente:« FALLO: Desestimando la demanda interpuesta por la entidad MercantilTransportes la Unión, s a., contra el Sindicato CIG y los miembros del comité deHuelga, D. Daniel, D. Jose Augusto, Ignacio, D. Juan Luis, D. Julián, D. VictorManuel, D. Raúl, D. Braulio, D. Jose Ángel, D. Fidel, D. Jesús Manuel y D.Lorenzo, absuelvo a estos demandados de todas las peticiones de la demanda».Contra dicha sentencia se interpuso recurso de Suplicación por la partedemandante/demandado siendo impugnado de contrario. Elevados los autos aeste Tribunal, se dispuso el paso de los mismos al Ponente. FUNDAMENTOS DE DERECHOFrente a la Sentencia de Instancia, que desestimó la demanda de responsabilidadcivil frente al Sindicato «Confederación Intersindical Galega» -en lo sucesivo CIG-y los miembros del Comité de Huelga presentada por la empresa «Transportes LaUnión SA», recurre ésta instando -vía artículo 191 b LPL ( RCL 1995 1144, 1563)- la modificación de los hechos declarados probados y denunciando -vía artículo191 c LPL- la infracción por indebida aplicación del artículo 5 LOLS ( RCL 19851980) .Debido a la extensión de los motivos de revisión fáctica (un total de cuarenta ycuatro) procederemos a agruparlos sistemáticamente en las siguientes letras:a) Las modificaciones contempladas en los apartados primero y segundo delrecurso son inviables, porque se trata -en realidad- de una cuestión de estilo, demera redacción de los ordinales de los hechos declarados probados, y, por ello,inaceptables, por absolutamente intrascendentes. Tal como se ha indicado enmuchas ocasiones (valgan por todas las SSTSJ de Galicia 18/03/05 R. 672/02,09/03/05 R. 4164/02, 07/03/05 R. 5076/02 [ PROV 2005 103844] , 10/03/05 R.344/05 [ PROV 2005 103748] , 04/03/04 R. 3641/02, 22/02/05 R. 4480/02,14/02/05 R. 6065/04, 07/02/05 R. 3270/02, 28/01/05 R. 5806/04, 02/12/04 R.5140/04, 22/11/04 R. 4609/04, 19/11/04 R. 4765/04, 19/11/04 R. 4750/02,26/10/04 R. 4013/04, 21/09/04 R. 319/04, 23/07/04 R. 6768/03, 23/07/04 R.2847/04, 23/07/04 R. 2552/04 [ AS 2004 2443] , 16/07/04 R. 929/02, 16/07/04 R.2662/04 [ PROV 2004 256453] , 15/07/04 R. 2045/03 y 28/06/04 R. 2660/04), en
el relato de hechos han de hacerse constar exclusivamente los puntos de hechono admitidos -controvertidos- que sean necesarios para la debida solución deltema objeto del litigio y en el grado mínimo requerido para que los litigantespuedan proceder a su impugnación en todos los aspectos relevantes del proceso,y para que los órganos jurisdiccionales de suplicación o de casación puedancomprender cabalmente el debate procesal y resolver sobre el mismo en lostérminos previstos en la Ley ( STS 22/01/98 [ RJ 1998 7] ). sin que ello quieradecir que la regular constatación de hechos probados exija su expresiónexhaustiva o prolija, sino que el requisito se cumple con un relato suficiente quecentre el debate en modo tal que también el Tribunal que conozca del recursopueda proceder a su resolución con arreglo al propio relato histórico, admitiéndose-incluso- la forma irregular de remisión, a los efectos de determinación de hechosprobados, pero siempre que tal técnica permita apreciar, con singularidad eindividualización, los hechos base de la decisión ( SSTS 11/12/97 [ RJ 1997 9313], 01/07/97 [ RJ 1997 6568] , etc.).En definitiva, debe existir una interconexión entre los motivos a los que se refiereel artículo 191 b) LPL ( RCL 1995 1144, 1563) , (los de «hechos») y los que searticulan al amparo de la letra c) de dicho precepto (los de «derecho»), pues si ellono se realizara de la manera indicada se produciría una ruptura total en la líneaargumenta! del recurso, al dejar, en definitiva, huérfanos de apoyo jurídico losmotivos fácticos. Y debe quedar claro que estos últimos no son, una meta en símismos, sino un camino de previo recorrido dirigido al fin de argumentar despuésen derecho; en síntesis, un ataque a un hechos declarados probados sólo puedetener trascendencia en sí mismo en tanto que, apoyado en un posteriorrazonamiento jurídico dado por el recurrente, sirva para modificar el fallo deinstancia.b) Las contenidas en los apartados tercer a quinto tampoco pueden aceptarse,pues la modificación se ampara en prueba testifical (en concreto, declaraciones-en diversos ámbitos- del Sr. Emilio, del Sr. Aurelio y del Sr. Narciso), olvidandoque es fundamento insuficiente para tal fin, ya que -tal y como ha reiterado lajurisprudencia y hemos recordado constantemente (así, entre las últimas, SSTSJGalicia 15/04/05 R. 997/05, 10/03/05 R 344/05 [ PROV 2005 103748] , 27/12/04R. 4819/02, 09/12/04 R. 2298/04, 02/12 04 R. 3170/02 [ PROV 2005 39361] ,22/11/04 R. 4609/04, 19/11/04 R. 4765/04, 20/10/04 R. 2011/02...)- carecen detoda virtualidad revisoria las pruebas de confesión judicial y testifical.c) Las comprendidas entre los apartados sexto y cuadragésimo primero (referidastodas ellas a daños sufridos por diversos elementos del parque móvil de laempresa) las admitimos, porque no se trata -a diferencia de las mentadas en laletra a- de mera cuestión de estilo, sino de diferentes hechos, que aunque a lapostre resulten intrascendentes para la resolución, sin embargo -así, SSTSJ deGalicia de 03/03/05 R. 4342/02, 14/02/05 R. 6065/04, 26/01/04 R. 5637/04,27/12/04 R. 2959/02, 15/12/04 R. 4178/04, 10/12/04 R. 5239/04, 19/11/04 R.4750/02, 30/01/03 R. 5819/02, 03/10/01 R. 4202/01 ( AS 2001 3364) , 26/06/01 R.2451/01 ( AS 2001 1491) , 30/05/01 R. 2125/01 ( AS 2001 1224) , 21/04/01 R.
218/99, 29/03/01 R. 1202/01 ( AS 2001 455) , 15/03/01 R. 444/00 ( PROV 2001177871) , 24/01/01 R. 3204/97 ( PROV 2001 82723) , 19/01/01 R. 5470/00( PROV 2001 82366) , 12/01/01 R. 4678/99 ( PROV 2001 81760) y 10/01/01 R3424/98- al no ser este trámite de Suplicación el último grado de jurisdicción yresultar siempre factible que contra la presente sentencia se interponga recurso deCasación, de manera que en unificación de doctrina el Tribunal Supremo bienpudiera apreciar en forma diversa la trascendencia de los hechos que el recursopretende incorporar al relato fáctico, tales circunstancias determinan que la Saladeba ya dejar definitivamente configurada la visión que tiene de los hechos, sinque pueda excluir respuesta a los motivos revisorios por considerar que losaducidos son irrelevantes para el pronunciamiento que haga ( SSTS 23/02/99 [ RJ1999 2018] , 19/01/98 [ RJ 1998 997] , 22/05/96 [ RJ 1996 4610] ...). Enconsecuencia, se acepta la revisión y los nuevos hechos configurarán -en lostérminos propuestos- los ordinales vigésimo cuarto a quinquagésimo noveno.d) Las contempladas en los apartados cuadragésimo segundo a cuadragésimocuarto también hemos de aceptarlas, puesto que se fundamentan en undocumento hábil al efecto, de forma tal que los ordinales vigésimo, vigésimoprimero y segundo adicionarán los siguientes párrafos:-al ordinal vigésimo: «En el desarrollo de la huelga de transporte de la empresaMonbus, el día 20 de marzo de 2001, entre las 6,30 y las 7,50 horasaproximadamente, los acusados Paulino y Carlos Antonio, como representantesdel Sindicato CIG, secundados por un número de 80 personas aproximadamente,ocupaban totalmente la entrada a las cocheras de la empresa (...), e impedían laentrada de trabajadores para desarrollar su trabajo como conductores y la salidade los autobuses que conducían, al mismo tiempo que mantenían una actitudinsultante y amenazante, con abucheos hacia esos trabajadores que nosecundaban la huelga y pretendían desarrollar su jornada laboral».-al ordinal vigésimo primero: «En esa detención les fue incautada una bolsa decolor negro en la que aparecía un letrero en el que versaba “Cig Forga” y quecontenía diverso material susceptible de ser utilizado en destrozos de lunas ypinchazos, como una bolsa blanca con tres pasamontañas (dos grises y uno rojo);una pistola de gas marca “Gazno” modelo “P-23”; 2 cajas con cinco bombas deCO2, cada una y una tercera caja de dos bombonas, para accionar pistolas de esetipo; una bolsa abierta con multitud de proyectiles (bolas de plomo) susceptiblesde ser disparadas con dicha arma; una caja vacía de pegamento “Super Glue” ycuatro botes de pintura tipo Spray», y-al ordinal vigésimo segundo: «De las cuatro personas que fueron detenidas el día26 de junio de 2001. D. Carlos Antonio ostenta el cargo de Secretario Comarcaldel Sindicato y D. Fernando es Secretario de Negociación Colectiva de la CIG.Asimismo, Don Antonio es miembro de la Ejecutiva a nivel gallego, y Don LuisMiguel es trabajador del Sindicato CIG».-En definitiva, los datos fácticos relevantes han quedado delimitados de lasiguiente manera: (a) con efectos del día 30/01/01 fue convocada por el sindicado
CIG una huelga indefinida en la empresa «Transportes La Unión, SA», que semantuvo hasta el día 31/05/0l (b) durante el transcurso de la misma, diversosautocares de la empresa -más de cuarenta- fueron objeto de actos violentos(rotura de ventanillas, pinchazos, etc.), cuantificándose los daños tal y como serecogen en los hechos declarados probados y dándose la circunstancia de que suautor o autores no han sido identificados, (c) además la empresa reclamaba -aconsecuencia de la huelga- la no realización de algunos servicios mínimos y lapérdida de una concesión de transporte escolar; (d) un agente electoral delsindicato convocante fue condenado por un delito continuado de daños por losdesperfectos causados el 27/04/01 en dos autobuses de la empresa; (e) elSecretario Comarcal y el Secretario General en el ámbito del mar del sindicatoconvocante fueron condenados en Juicio de Faltas por coacciones; (e) en junio/01el Secretario Comarcal, el Secretario de Negociación Colectiva, un miembro de laEjecutiva a nivel gallego y un trabajador del Sindicato CIG fueron detenidos por laGuardia Civil como autores de un delito de daños por los menoscabos causadosen diversos autobuses de la empresa -aunque no se reclaman en este asunto-; y(f) el mismo agente electoral fue condenado por otros daños causados en unautobús de la empresa -aunque no se reclaman en este asunto-.Ya de lleno en la cuestión jurídica, esto es, si se ha producido la vulneración delartículo 5.2 LOLS ( RCL 1985 1980) en la Sentencia de Instancia, indicaremosque esta Sala rechaza cualquier manifestación violenta del ejercicio del derechode huelga, que -en todo caso- ha de tener expresión a través de las vías jurídicasy fácticas diseñadas por el legislador. Cualquier acción ilícita merece toda nuestradesaprobación, crítica y repulsa más unánime, máxime cuando se aprovecha unasituación de tensión, de conflicto laboral, para la expansión de instintos dañinosque nada tienen que ver -ni por asomo- con un estado democrático, donde lanegociación y la búsqueda del entendimiento han de ser los elementos nuclearesde las relaciones, el pilar de la convivencia, porque sólo el respeto a los derechosy a la libertad de los demás hará que superemos estadios anteriores de barbarie.Es y mas, en este asunto se han cristalizado diversos comportamientos, actosrepetidos de ataques a bienes jurídicos protegidos, que superan lo que podríamosadjetivar como esporádico (en una situación de confrontación de intereses), y bienpudiéramos calificarlos como sistemático, pues -al margen de cualquier cuestiónfáctica- es evidente que en el decurso de la huelga de la empresa «Transportes LaUnión» convocada el 30/01/01 se causaron daños cuantiosos a la empresa y secoaccionó de formas diversas. Desde este punto de vista, comprendemos ellegítimo ejercicio de acciones legales y la exigencia de responsabilidades a quienfue convocante de la huelga. Ahora bien, esto exigirá acreditar con rigor todos losextremos necesarios para la imputación de responsabilidades civiles; veámoslodetenidamente.La cuestión exige un pequeño excuso, pues es indudable que la propia naturalezadel derecho de huelga, como medio de autodefensa basado en la producción deun daño, hace difícil concebir la idea de que los huelguistas (y, por ende, elsindicato) puedan ser detentadores de responsabilidad alguna por los perjuicioscausados por la huelga, si atendemos a la clara y conocida máxima del viejo
Derecho Romano qui iure suo utitur, neminem laedit ( SSTS 14/02/90 [ RJ 19901088] , 30/06/90 [ RJ 1990 5551] , 06/07/90 [ RJ 1990 6072] y 03/04/91 [ RJ1991 3248] ). Dificultad que se acentúa en un ordenamiento como el nuestro en elque no sólo se configura la huelga como un derecho, sino que se eleva al rangode derecho fundamental (artículo 28.2 CE [ RCL 1978 2836] ) -STC 11/81, de 08/abril ( RTC 1981 11) -. Porque -en definitiva- la huelga, ya se configure comoderecho o como libertad, forma parte indisociable de lo que genéricamente sedenomina libertad sindical (entre las últimas, SSTC 132/00, de 16/mayo [ RTC2000 132] , 36/04, de 08/marzo [ RTC 2004 36] , 64/04, de 19/abril [ RTC 200464] , 66/04, de 19/abril [ RTC 2004 66] ), pues, sin ánimo de constreñir su ámbito,la libertad de asociación sindical sólo cobra pleno sentido cuando se ve dotada delos medios poderosos de la negociación y, sobre todo, del conflicto. Sin ellos, lalibertad sindical sería un mero flatus vocis, un puro retoricismo para dar coberturaa un agrupamiento carente de finalidad, o -por decirlo de otra manera-, se veríadesprovista de lo que nuestro Tribunal Constitucional viene calificando como«núcleo mínimo e indisponible» de tal derecho fundamental. Todo ello no es,ciertamente, obstáculo insalvable para admitir que en el ejercicio del derecho dehuelga, los huelguistas pueden traspasar indebidamente los confines permitidospor el Ordenamiento y devenir, por ello, responsables del daño causado, pues esclaro que todos los derechos -incluso los constitucionales- están sometidos alímites en su ejercicio.Los problemas se multiplican entonces, ya que si en este marco no cabe aplicarpura y simplemente la doctrina civilista de que toda conducta que origina un dañoes antijurídica, se hace preciso indagar en qué medida el uso de la fuerza hapodido conducir a sus autores o inductores a traspasar la siempre insegurafrontera del uso abusivo del derecho; o, lo que es lo mismo, acudiendo de nuevo alos parámetros utilizados por nuestro Tribunal Constitucional, se hace precisodeterminar en qué medida existe una desproporción efectiva del daño causado porla huelga, que unida a la intencionalidad del autor nos proporcione la evidencia (aveces, sólo el indicio) de que ese uso abusivo ha tenido efectivamente lugar. Enpalabras del TC, «no basta con que la huelga origine un daño a la empresa, sinoque es preciso que el daño sea grave y que haya sido buscado por los huelguistasmás allá de lo que es razonablemente requerido por la propia actividad conflictivay por las exigencias inherentes a la presión que la huelga necesariamente implica»( SSTC 41/84, de 21/marzo [ RTC 1984 41] , y 72/82, de 02/diciembre [ RTC1982 72] y STS 17/12/99 [ RJ 2000 522] , 17/1/00 [ RJ 2000 1429] y 28/05/03[ RJ 2003 4210] ). Ni que decir tiene que el tema adquiere nuevas complejidadessi se tiene en cuenta que el sujeto imputable en caso de daños ilícitamenteproducidos en una acción de huelga no es, por lo general, un huelguista concreto,o un conjunto de éstos cuya individualidad muchas veces no resulta fácil deprecisar, sino que va a ser la organización profesional a que los huelguistaspertenecen la eventualmente llamada a responder, en cuanto, como convocantedel paro, puede intentarse que sea declarada responsable de los actosindividuales de sus afiliados, si se superan, como primera dificultad, las barrerascautelares que establece LOLS ( RCL 1985 1980) (artículo 5.2).
No es ésta una tarea fácil, dada la ausencia de normativa laboral en la materia.Por otra parte, y pese a la abundante doctrina judicial vertida en otros ámbitos dela huelga, son raros los pronunciamientos que se refieren a la responsabilidad civilderivada de la misma ( SSTS 14/02/90 [ RJ 1990 1088] , 30/06/90 [ RJ 19905551] , 06/07/90 [ RJ 1990 6072] y 03/04/91 [ RJ 1991 3248] ). El vacío delegislación laboral en esta materia ha determinado la aplicación subsidiaria de lasnormas civiles sobre responsabilidad resarcitoria, conforme a lo previsto por el art.4.3 CC ( LEG 1889 27) . En principio, nada obsta a la aplicación de la doctrinageneral sobre es responsabilidad civil por daños, contenida en los artículos 1102 ysiguientes CC respecto de la responsabilidad contractual o derivada delincumplimiento de obligaciones preexistentes a la afirmación de responsabilidad, yen los artículos 1902 y siguientes de la misma norma, para el supuesto deresponsabilidad extracontractual por daños a terceros, consecuencia delquebrantamiento del principio general alterum non laedere. Así pues, si se admitela posibilidad de que el huelguista pueda incurrir en dicha responsabilidad pordaños ( SSTC 02/82, de 29/enero [ RTC 1982 2] , 332/94, de 19/diciembre [ RTC1994 332] , 333/94, de 19/diciembre [ RTC 1994 333] , 40/95, de 13/febrero[ RTC 1995 40] , y 37/98, de 17/febrero [ RTC 1998 37] ), para el éxito de lapetición resarcitoria del perjuicio ocasionado en la huelga sería precisa laconcurrencia de los elementos que, según las precitadas normas generales, hacennacer la responsabilidad civil.1.-Tal como tenemos indicado en ocasiones anteriores -así en las sentencias de02/12/04 R. 3228/02, 20/10/04 R. 2011/02, 26/03/04 R. de 3166/01 ( AS 20011660) , 31/03/03 R. 5793/99, 23/06/00 R. 1415/97 ( AS 2000 1708) y 08/03/99( AS 1999 216) -, la más autorizada doctrina caracteriza la responsabilidad civildiciendo que implica que una persona ha vulnerado un deber de conductaimpuesto en interés de otro sujeto y por lo mismo queda obligada a resarcirle eldaño producido. Esta responsabilidad civil tradicionalmente se clasifica encontractual y extracontractual (aquiliana); la primera supone una transgresión deun deber de conducta impuesto por un contrato (responsabilidad exigible conformea los artículos 1101 y siguientes CC [ LEG 1889 27] ); la responsabilidadaquiliana, por el contrario, da idea de la producción de un daño a un tercero almargen de una previa relación jurídica y por mera trasgresión del genérico deberneminem laedere es decir, de la obligación de abstenerse de un comportamientolesivo para los demás (responsabilidad actuable por los artículos 1902 y 1903 CC).Más exactamente y para la responsabilidad civil de origen contractual, el artículo1101 CC ( LEG 1889 27) dispone que: «Quedan sujetos a la indemnización de losdaños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligacionesincurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modocontravinieren el tenor de aquéllas». Por su parte, en la regulación positiva de laculpa extracontractual, el artículo 1902 CC ( LEG 1889 27) preceptúa que: «Elque por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia,está obligado a reparar el daño causado» y el artículo 1903 fija unaresponsabilidad por hechos ajenos para, entre otros, el empresario por los actosde sus empleados.
2.-Pues bien, al menos en apariencia no es apreciable diferencia sustancial -aefectos de exigencia legal de culpabilidad- entre ambas responsabilidades. Peroesa común exigencia de culpabilidad ha resultado ser tan sólo legal en ciertadoctrina y jurisprudencia, porque la culpa extracontractual se ha venidoobjetivando -concretamente a partir de la STS de 10/07/43 ( RJ 1943 856) - y seha alcanzado un sistema en el que se aceptan soluciones cuasi-objetivasdemandadas por el incremento de actividades peligrosas en la técnica de nuestrosdías. Con arreglo a este planteamiento se entiende que quien crea la situación deriesgo y de ella se beneficia, igualmente ha de aceptar la contrapartida deresponder -indemnizando- por los daños que traigan causa en tal actividad quecomporte riesgo; es lo que integra la llamada doctrina de la responsabilidad porriesgo, la que -se argumenta- no puede decirse incurra en una primitivaresponsabilidad por el exclusivo resultado, habida cuenta de que en ella se hallapresente una voluntariedad referida al hecho productor del daño (así, STS Civil08/11/90 [ RJ 1990 8534] ).Y se llega la responsabilidad por riesgo, en primer término a través del cauce deinvertir la de carga probatoria y de presumir culposa toda acción u omisióngeneradora de un daño indemnizable, a no ser que el agente demuestre haberprocedido con la diligencia debida a tenor de las circunstancias de tiempo o lugar,o cuando consta debidamente acreditada la culpa de la víctima (SSTS Civil, entreotras, 16/10/89 [ RJ 1989 6923] , 24/09/91 [ RJ 1991 6061] , 11/02/92 [ RJ 19921209] y 25/02/92 [ RJ 1992 1554] ); y en segundo termino se consigue esa mismafinalidad objetivista, entendiendo exigible una diligencia más alta que laadministrativamente reglada y por considerar que la simple observancia de talesdisposiciones no basta para exonerar de responsabilidad cuando las garantíasadoptadas no han ofrecido un resultado positivo, revelando la insuficiencia delcuidado prestado ( STS Civil 11/02/92 [ RJ 1992 1209] ); en definitiva, res ipsaloquitor (las cosas hablan por sí mismas). Muy contrariamente la culpa contractualse desenvuelve -al menos en sus planteamientos más clásicos- en el estrictoámbito de lo subjetivo (la culpa o negligencia que define el artículo 1104 CC),siquiera se pretenda objetivar el grado de diligencia debido con la referencia al«buen padre de familia» (mismo artículo 1104 CC, ya citado); concepto éste, el de«buen padre de familia», que es identificable con el de «hombre común».3.-De todas formas, como recordábamos en SSTSJ Galicia 20/10/04 R. 2011/02,26/03/04 R. 3166/01 ( AS 2004 1660) , 31/03/03 R. 5793/99 y 25/10/99 ( AS 19993190) , la doctrina jurisrudencial dictada en unificación de doctrina- STS 30/09/97 (RJ 1997 6853) -insiste en que tanto en la regulación del artículo 1.101 como la delartículo 1902 del Código Civil constituye presupuesto necesario para la exigenciade responsabilidad indemnizatoria el que se constate, aparte del daño, unaconducta calificable con una cierta culpa o negligencia empresarial en nexo causalcon aquel daño, poniendo expresamente de relieve la necesidad de poner limites alas responsabilidades empresariales, «pues venir a duplica por vía de laresponsabilidad contractual o aquiliana [...] más que ser una mejoría social setransforma en un elemento de inestabilidad y desigualdad. Por ello, en esteámbito, la responsabilidad por culpa ha de ceñirse a su sentido clásico y
tradicional, sin ampliaciones que ya están ya previstas...». Realmente, se viene aafirmar que no en todo accidente de trabajo o enfermedad profesionalnecesariamente ha de existir responsabilidad empresarial, que deben aplicarse lasnormas protectoras de la Seguridad Social y que sólo cuando conste o se acrediteuna efectiva conducta empresarial causante directa del daño o que haya servidopara aumentar el riesgo propio del trabajo realizado podrá ser exigida lacomplementaria indemnización con base en responsabilidad contractual oextracontractual.Así, pues, no se ha producido una absoluta eliminación del elemento culposo( STS Civil 03/12/98 [ RJ 1998 9703] ), por cuanto su existencia es un «principiobásico de nuestro ordenamiento jurídico que impide condenar a quien prueba queactuó con la debida y exigible diligencia, siendo la causa de los daños ajena a suactuar y no previsible» ( STS Civil 13/12/90 [ RJ 1990 10002] ), por lo que seimpone la necesidad de que se acrediten acciones u omisiones culposas a añadira la responsabilidad ya reconocida -en su caso- por infracciones de medidas deseguridad, toda vez que la existencia de las mismas no comporta,necesariamente, culpa civil ( STS 27/04/92 [ RJ 1992 3414] ). De tal manera quepara viabilizar el resarcimiento pretendido, es necesaria la simultaneidad dedeterminados requisitos, que pueden resumirse así: 1.-La existencia real de unasituación generadora de daños y perjuicios. 2.-Su cabal acreditamiento en elproceso que se inicie instando su resarcimiento. 3.-Un probado incumplimiento dela contraparte, determinante de aquella situación. 4.-La relación causal y directaentre este incumplimiento y aquel daño ( STS 20/02/86 [ RJ 1986 962] ). O lo quees igual -en palabras de la STS 03/10/95 ( RJ 1995 7097) -, «se exige de formainexcusable la concurrencia de una conducir, empresarial, de un ilícito oincumplimiento laboral, relacionado directamente, por tanto, con el haz dederechos y obligaciones que derivan del contrato de trabajo que une a las partes[...] la producción de un daño y, finalmente, el enlace causal entre éste y el actuarempresarial contraventor de una obligación [...]; relación que jurisprudencialmentese construye bajo el principio de la “causa adecuada”, por la que se impone laexigencia de valorar, en cada caso concreto, si el antecedente se presenta comocausa necesaria del efecto lesivo producido, de tal manera que “el cómo y el porqué” se produjo éste “constituyen elementos definitorios del contenido del aquellarelación causal”».1.-De forma clara, advertimos que en este asunto ha concurrido el daño (basteobservar los menoscabos producidos en el patrimonio de la empresa demandante,sus denuncias y el definitivo contenido de los hechos declarados probados)derivado del comportamiento inexcusable de diversos individuos durante unperíodo coincidente con el desarrollo de una huelga; sin embargo se presentandos dificultades -creemos insuperables- al posible éxito de la pretensiónresarcitoria: una es la falta de prueba de la autoría de los daños (todas lasdenuncias hablan de autores desconocidos o grupos no identificados, salvo en loscuatro comportamientos reenvido- en los ordinales finales, dos de los cuales-además- no son objeto de reclamación); y otra es el propio tenor de la normaalegada como infringida (artículo 5.2 LOLS [ RCL 1985 1980] ), que supone una
cortapisa importante a una reclamación.2.-Todos los ataques sufridos por autocares de la empresa recurrente han sidollevados a cabo por autores desconocidos, esto es, no se sabe quién originó losdaños y, por ende, si estaban o no vinculadas con el sindicato demandado; y queunos desperfectos se causen en el desarrollo de una huelga no significa -en modoalguno- que el convocante sea responsable de aquéllos. Tan solo en cuatrocomportamientos -ordinales décimo noveno a vigésimo segundo- han sidoidentificados, pero tres de ellos no son objeto de reclamación en este proceso,quedando uno en el que un agente electoral del Sindicato demandado fuecondenado por un delito continuado de daños.Lo anterior obliga a plantearse dos cuestiones diversas: por un lado, si losprovocados por este agente pueden ser imputables al sindicato al que pertenece;y por otro, si cuatro actos de violencia atribuibles a gente vinculada con elsindicato permitirán generalizar la responsabilidad/autoría de los demás actos. Larespuestas a ambas es rotundamente no.1.-La respuesta a la segunda se infiere de forma directa de la doctrina civil quehemos referido antes: no se puede extender una responsabilidad civil más allá delos actos en los que haya probado la participación, no cabe generalización alguna,se exige culpa y prueba.2.-Centrándonos en la primera, el artículo 5.2 LOLS ( RCL 1985 1980) enconcepto dice: «el sindicato no responderá por actos individuales de sus afiliados,salvo que aquello se produzcan en el ejercicio regular de las funcionesrepresentativas o se pruebe que dichos afiliados actuaban por cuenta delsindicato». Esta redacción supone imponer como regla general la exoneración deresponsabilidad del sindicato por cualquier acto individual, lo libera en principio delas consecuencias derivadas del proceder de sus afiliados, salvo que sea posibleprobar: a) que las actuaciones individuales que originaron los daños fueronllevadas a cabo por instrucción o consigna del sindicato en tal sentido, o b) laintervención de representantes por cuenta del sindicato en los hechos por los quese reclama el resarcimiento.En realidad, la regulación del precitado artículo funciona como una presunciónlegal: siempre que la actuación se deba a los afiliados se presumiera que elsindicato no está implicado en las resultas de aquélla. La imputación, por tanto,habrá de ser probada, sin que valga cualquier tipo de relación entre el afiliado y elsindicato, como sucede con la sociedad común cuando, por no haberse estipuladoel modo de administrar, todos los socios se considerarán apoderados hasta elpunto que lo que cualquiera de ellos hiciere por si solo, obligará a la sociedad[artículo 1695 CC ( LEG 1889 27) ]. Ha de demostrarse una de las dosposibilidades contempladas en el segundo párrafo del artículo 5, y en estesupuesto no vale la analogía; no sólo porque que el régimen de administración delsindicato debe estar previsto en sus estatutos en todo caso (artículo 4 LOLS), sinoporque las excepciones formuladas lo han sido muy nítidamente.
3.-No obstante, la situación fáctica presente ni por asomo puede incluirse enalguna de las dos excepciones indicadas: ni se ha producido un ejercicio regularde funciones representativas (ni hay tal apoderamiento, ni la participación derepresentantes en algún acto violento supone la imputación de sus resultados a laorganización), ni se ha probado que dichos afiliados actuasen por cuenta delsindicato; en particular:a) La primera excepción imputa la responsabilidad al sindicato en el caso en quelos actos individuales de los afiliados se produzcan en el ejercicio regular de lasfunciones representativas; supuesto referido a la representación voluntaria -queaquí no existe-; aparte de que la expresión utilizada prohíbe una gestión ultra virescuando sea perjudicial para los intereses del sindicato representado, yb) La segunda lo hace en caso de actuación por cuenta del sindicato, esto es, sien lugar de haber mandato, expreso o tácito, el afiliado sólo y meramente haobrado en su carácter de tal, siempre que tal acto haya redundado en provechodel sindicato. Habrá de tratarse, por tamo de una comprobación a posteriori. En lamedida en que no hay encargo previo ni documento que confirme el mándate, laimputación del patrimonio sindical sólo se admite tras la correspondiente pruebaque destruya el tan repetido principio general de no imputabilidad; y desde luego,mal puede entenderse que destruir patrimonios ajenos pueda englobarse en elconcepto de provecho para el sindicato.4.-Conclusión desestimatorio de la pretensión que se ve refrendada por la doctrinaplasmada en la STC 254/88, 21/diciembre ( RTC 1988 254) que exime deresponsabilidad a los que participan en un piquete informativo (y, por ende, alsindicato) de los desmanes de otras personas del grupo; en sus palabras: «elejercicio abusivo del derecho de huelga no puede identificarse con la participaciónen grupos de huelguistas, y tampoco la mera representación de los mismos es, deacuerdo con la Ley, motivo suficiente para ser responsabilizado por el delito decoacciones cometido por otros. Tales interpretaciones no tienen en cuenta que elderecho de huelga, reconocido en el art. 28 CE ( RCL 1978 2836) implica elderecho a requerir de otros la adhesión a la huelga y a participar, dentro del marcolegal, en acciones conjuntas dirigidas a tal fin, sin que quepa admitir que el art.496 del Código Penal ( RCL 1995 3170 y RCL 1996, 777) hace responsables aquienes encabezan tales acciones de los excesos punibles que puedan cometerotras personas de un grupo. Un entendimiento de esta especie del art. 496 CP nosólo superaría los límites legales previstos en el art. 28 C. E., sino que chocaríaabiertamente con el principio de personalidad de la pena, que, como ha declaradoeste Tribunal, está protegido también por el art. 25.1 de la Norma fundamental».1.-Y finalmente, hemos de referimos a dos reclamaciones planteadas por lacomercial en la demanda, que fueron objeto de respuesta en la Sentencia y que sehan silenciado en la construcción del recurso, cuales son el incumplimiento de losservicios mínimos y la pérdida de una concesión de transporte, ambas aconsecuencia teórica de la huelga. Dichas cuestiones se resolvieron negándose-en parámetros de responsabilidad extracontractual- su realidad y enlace causal,por lo que habida cuenta de la eventual conformidad de la entidad con dicha
respuesta al no impugnarla, se hacía innecesario en pronunciamiento adicional,máxime cuando como ha tenido ocasión de iniciar el TC es admisible la motivaciónpor remisión -o aliunde- a la Sentencia de la Instancia impugnada ( SSTC115/1996 [ RTC 1996 115] , 11/1995 [ RTC 1995 11] y 154/1994 [ RTC 1994154] ; 171/02, de 30/septiembre [ RTC 2002 171] f. 2. que cita la STC 146/90, de01/octubre [ RTC 1990 146] , para la que «una fundamentación por remisión nodeja de serlo ni de satisfacer la exigencia contenida en el derecho fundamental ala tutela judicial efectiva») línea corroborada por la STEDH 27/09/01 ( TEDH 2001558) .2.-No obstante lo anterior, entendemos que la exigencia de responsabilidad alsindicato convocante de una huelga legal por la pérdida de una concesión esincompatible con el propio concepto de ésta (que cifra la STC 11/1981, de 08/abril[ RTC 1981 11] , en «una ocasión que se produce en el normal desenvolvimientode la vida social y en particular en el proceso de producción de bienes y serviciosque se lleva a cabo de forma pacífica y no violenta mediante un concierto de lostrabajadores y los demás intervinientes en dicho proceso» -F. 10-), ya que sufinalidad es presionar a la empresa ( STS 11/05/01 [ RJ 2001 5205] ) mediante lasuspensión de su normal actividad y, por lo mismo, las consecuencias económicaslesivas que se deriven al empresario, siempre que no se superen los parámetrosde lo razonable -vid supra F. QUINTO-, no pueden ser atribuidas ni al sindicato nia los trabajadores que en ella han participado. Es más, la pérdida de unaconcesión -que depende de una voluntad ajena a las partes en conflicto- podríahaberse producido por múltiples motivos desconectados con la existencia de unahuelga.Un último apunte merece la otra petición resarcitoria por incumplimiento de losservicios mínimos, porque ni el Comité de Huelga ni el Sindicato convocantetienen ninguna intervención en la designación de los trabajadores adscritos adichos servicios; entonces, mal pueden ser responsables por la actitud renuentede los conductores designados, son éstos los únicos responsables delincumplimiento de dichos servicios mínimos (pues es decisión individual nohacerlo) y, por tanto, quedarían incursos en causa justificada de sancióndisciplinaria o despido, pero en modo alguno se puede proyectar una decisiónindividual al colectivo ( STC 122/99, de 02/julio [ RTC 1999 122] , STCT 01/09/82 [RTCT 1982 4640] , SSTS 18/07/86 [ RJ 1986 4526] , 23/06/88 [ RJ 1988 6032] ,17/10/90 [ RJ 1990 7929] ).En consecuencia, FALLAMOSQue con desestimación del recurso interpuesto por la Empresa «Transportes laUnión, SA», confirmamos la sentencia que con fecha 15/07/02 ha sido dictada enautos tramitados por el Juzgado de lo Social n° Uno de los de Pontevedra, y por laque se rechazó la demanda formulada y se absolvió al Sindicato ConfederaciónIntersindical Galega y a los miembros del Comité de Huelga D. Daniel, D. JoseAugusto, Ignacio, D. Juan Luis, D. Julián, D. Victor Manuel, D Raúl, D. Braulio, D.Jose Ángel, D. Fidel, D. Jesús Manuel y D. Lorenzo.
Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior deJusticia de Galicia, haciéndoles saber que contra la misma, sólo cabe Recurso deCasación para unificación de doctrina eme se preparará por escrito ante esta Salade lo Social dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la notificación de esta Sentenciay de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 219 y siguientes de la Ley deProcedimiento Laboral ( RCL 1995 1144, 1563) y una vez firme, expídasecertificación para constancia en el Rollo que se archivará en este Tribunalincorporándose el original al correspondiente Libro de Sentencias, previadevolución de los autos al Juzgado de lo Social de procedencia.Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha,por el Ilmo. Sr. Magistrado-Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencia deeste Tribunal. Doy fe.A Coruña, a veintiséis de abril de dos mil cinco.La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, compuesta porlos Sres. Magistrados citados al margen y EN NOMBRE DEL REYHa dictado el siguiente: AUTOEn el recurso de suplicación número 4398/02 interpuesto por Transportes LaUnión s a contra sentencia del Juzgado de lo social n° 1 de Pontevedra de fecha15 de julio de 2002, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Luis F. de Castro Mejuto. ANTECEDENTES DE HECHOCon fecha 15/07/02 y en autos tramitados por el Juzgado de lo Social n° Uno delos de Pontevedra, se dictó sentencia desestimatoria de la demanda enreclamación de cantidad.Formalizado recurso de Suplicación, en fecha 29/11/02 se solicitó incorporar a lasactuaciones documental consistente en diversas hojas de periódicos, Auto dictadopor el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Cambados el04/11/03, Sentencias dictada por el Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedrael 11/03/02, por la Audiencia Provincial de Pontevedra el 07/10/02 y por elJuzgado de lo Penal número 2 de Pontevedra el 13/01/04.Se dio traslado a la contraparte, que se opuso a la aportación de los referidosdocumentos. FUNDAMENTOS DE DERECHOPara el trámite de recurso, el artículo 231 LPL ( RCL 1995 1144, 1563) disponeque «la Sala no admitirá a las partes documento alguno ni alegaciones de hechosque no resulten de los autos», admitiendo por excepción que se aporte a las
actuaciones «algún documentos de los comprendidos en el artículos en el artículo506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000 34, 962 y RCL 2001, 1892) ,remisión que ha de entenderse ahora alude al artículo 270 LECiv/2000».Y la Sala considera que el supuesto tiene adecuada incardinación en el artículo270 LECiv, porque se cumple el presupuesto de tratarse de documentos «relativosal fondo del asunto», y porque los mismos tienen incardinación en los supuestos -documentos posteriores al trámite de instancia, documentos anteriores dejustificada falta de conocimiento y documentos no obtenibles con anterioridad- queel citado precepto contempla.En consecuencia, La sala acuerda:Que ha lugar a incorporar a las actuaciones la documental que se aporta.Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles sabe que contra la misma nocabe recurso alguno.Así por este Auto, lo pronuncian, mandan, y firman los Magistrados señalados, delo que yo, Secretario de la Sala, doy fe.