Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2002sp/EEUU.11140a.htm
Timestamp: 2017-10-19 10:56:18
Document Index: 220093072

Matched Legal Cases: ['Artículo 14', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 27', 'Artículo 27', 'Artículo 27', 'Artículo 1', 'Artículo 15']

1. Derecho a la propiedad
44. Los peticionarios sostienen que el Estado es responsable de la violación de los derechos de la Dann a la propiedad en virtud del Artículo XXIII de la Declaración en razón de la limitación que el Estado ha impuesto a la ocupación y uso por las Dann de las tierras ancestrales Western Shoshone. El Artículo XXIII de la Declaración dispone lo siguiente:
45. En particular, los peticionarios sostienen que las Dann y otros integrantes de los Western Shoshone han establecido debidamente un derecho a las tierras ancestrales Western Shoshone a través de modalidades tradicionales de uso y ocupación de estas tierras y de sus recursos naturales. Los peticionarios se refieren a esto como "sistema consuetudinario de tenencia de la tierra" y afirman que esta es una forma de propiedad que está reconocida como título original o indígena por la ley de Estados Unidos y por otras jurisdicciones del derecho común, como los son el libre derecho a la pesca, la caza, la recolección y otros usos de los recursos o el acceso a las tierras. [3]
46. En este contexto, e independientemente del derecho común de las jurisdicciones internas, los peticionarios afirman que el derecho a la propiedad consagrado en el Artículo XXIII de la Declaración, considerado a la luz del principio fundamental de la no discriminación, debe interpretarse en el sentido de que comprende esas formas de tenencia de la tierra y uso de los recursos que derivan de modalidades tradicionales de uso y ocupación de la tierra de un pueblo indígena como los Dann. En apoyo de esta afirmación, los peticionarios citan la Convención de la Organización Internacional del Trabajo (No. 169) en relación con los pueblos indígenas y tribales, [4] el Artículo 14 del cual dispone lo siguiente:
47. Los peticionarios análogamente se basan en el Artículo XVIII de la proyectada Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas [5] y el Artículo 26 del Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, [6] proyectos de instrumento que afirman que los pueblos aborígenes tienen derecho al pleno reconocimiento de sus leyes, tradiciones y costumbres, a los sistemas de tenencia de la tierra y a las instituciones para el desarrollo y la gestión de los recursos, y el derecho a medidas efectivas de parte de los Estados para evitar toda interferencia, alienación o incautación de esos derechos.
48. En las circunstancias de Mary y Carrie Dann, los peticionarios sostienen que han establecido hechos que demuestran la existencia de los derechos de propiedad de los Western Shoshone sobre la base del uso y la ocupación tradicionales de la tierra y que las Dann son beneficiarias de esos derechos como miembros del pueblo Western Shoshone. Los peticionarios también afirman que han establecido hechos que indican que el Estado ha interferido con esos derechos, inclusive a través de medidas de organismos gubernamentales federales y estaduales que han impedido que las Dann y otros integrantes del pueblo Western Shoshone utilicen y ocupen las tierras ancestrales Western Shoshone de acuerdo con modalidades tradicionales. Sobre esta base, los peticionarios sostienen que el Estado ha violado el derecho de propiedad de las Dann, consagrado en el Artículo XXIII de la Declaración Americana, conforme a una interpretación y aplicación adecuadas de ese derecho en relación con los sistemas de tenencia de la tierra aborígenes y otros sistemas consuetudinarios.
49. Los peticionarios también señalan a este respecto que el Estado no ha impugnado la historia de tenencia de tierras tradicional que se afirma dio lugar al título aborigen Western Shoshone ni que sus agentes y los del Estado de Nevada hayan cometido actos que impiden la capacidad de las Dann para seguir ocupando y utilizando las tierras en cuestión, sino que, por el contrario, afirman que los derechos de propiedad de los Western Shoshone caducaron a raíz de procedimientos de reivindicación de base legal. Los peticionarios cuestionan la pertinencia de esta afirmación en base a que los derechos de propiedad de los Western Shoshone no han caducado, inclusive como cuestión de derecho en Estados Unidos y, más aún, impugnan la validez de la propia presunta caducidad, como violación de los derechos humanos fundamentales de las Dann.
50. Los peticionarios sostienen en particular que los tribunales estadounidenses nunca han dictaminado en forma concluyente sobre la caducidad de los derechos de propiedad de los Western Shoshone, sino que han decidido acerca de las reivindicaciones internas de las Dann en base a las interpretaciones de esos tribunales acerca de la ley de la Comisión de Reivindicaciones indígenas de manera tal que impidieron que las Dann afirmen su título Western Shoshone en las acciones judiciales internas. De acuerdo con los peticionarios, esta conclusión puede derivarse de la historia judicial de las actuaciones ante la justicia interna llevadas a cabo por las Dann.
51. A este respecto, los peticionarios señalan que la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito, que es la instancia superior para examinar y dictaminar sustantivamente en torno a los derechos de tierras de los Western Shoshone, en realidad llegó a la conclusión de que estos derechos "no habían caducado como cuestión de derecho por imperio de la ley de tierras del Estado, por la creación de la Reserva de Duck Valley o por la inclusión de la tierra en disputa en un distrito de pastoreo y el otorgamiento de un permiso de pastoreo de acuerdo con la Ley de Pastoreo de Taylor". Si bien la Corte Suprema de Estados Unidos posteriormente revirtió este dictamen, no lo hizo sobre la base de una conclusión de caducidad real del título Western Shoshone, sino sobre una interpretación estatutaria de la Ley de la ICC que prohibía la afirmación del título Western Shoshone debido a la existencia de una compensación monetaria de dicha Comisión por la presunta caducidad del título Western Shoshone en procesos colaterales. [7]
52. Con respecto a la afirmación del Estado de que las Dann no reclamaron "un título aborigen individual" de las tierras en cuestión ante los tribunales internos, los peticionarios explican que no han seguido esa vía debido a que ello las habría separado de la reivindicación de la nación Western Shoshone en base al tratado, posición que preservaría la tierra y la cultura del pueblo Western Shoshone como un todo. Básicamente, argumentan que interponer esa reivindicación socavaría los derechos aborígenes y el fundamento reconocido en el tratado para el título que configura la esencia histórica, cultural y política del pueblo y las tribus indígenas Western Shoshone y otras. [8]
53. Los peticionarios también impugnan la interferencia del Estado con la ocupación y el uso por las Dann de las tierras ancestrales Western Shoshone como discriminatoria y contraria al Artículo II de la Declaración, que protege el derecho a la igualdad ante la ley. [9] En particular, los peticionarios afirman que el Estado está obligado a proteger los derechos de propiedad aborígenes de las Dann y a otorgar a esos derechos el mismo grado de protección que brinda para la protección de los derechos de propiedad de los no indígenas, pero que no lo ha hecho.
54. Los peticionarios afirman que existen varios fundamentos para su denuncia de discriminación. Primero, sostienen que la teoría en base a la cual la ICC dictaminó la caducidad del título de los Western Shoshone, a saber, "el emplazamiento gradual" de colonos no indígenas, mineros y otros, constituye una transferencia no consensual y discriminatoria de los derechos de propiedad de la tierra quitándoselos a los pueblos indígenas que siguen en posesión de su tierra y en favor de intereses no aborígenes. Sostiene que este es un "concepto ilegal que simplemente recompensa a los intrusos y libera a los Estados Unidos de su propia obligación legal de defender los derechos indígenas a la tierra." [10] Los peticionarios respaldan sus argumentos en parte esgrimiendo las conclusiones de un seminario de expertos convocado por las Naciones Unidas, que identificó las transferencias de bienes de esta naturaleza como parte de una modalidad más generalizada de discriminación racial de que fueron víctimas los pueblos indígenas. [11]
55. Los peticionarios identifican como otra fuente de discriminación la inexistencia de protecciones sustanciales de los derechos de propiedad de los indígenas, incluyendo los derechos derivados del título aborigen de los Western Shoshone, que son iguales a las protecciones acordadas a las formas de propiedad no indígena. En particular, indican que, según la legislación de Estados Unidos, incluida la Quinta Enmienda de la Constitución de ese país y otras leyes federales y estaduales, la toma en posesión de bienes por el gobierno comúnmente requiere un propósito público válido y el derecho de los propietarios a ser notificados, a una audiencia judicial y a una compensación justa basada en el valor real de mercado de la propiedad que se toma. [12] Los peticionarios argumentan en forma contrastante que las tierras ancestrales de los Western Shoshone fueron tomadas sin cumplir ninguno de estos requisitos previos, circunstancia que los peticionarios sostienen es congruente con el patrón discriminatorio aplicado por Estados Unidos a los bienes de los pueblos indígenas en general, como lo reflejan decisiones judiciales tales como las de los indígenas Tee-Hit-Ton c. Estados Unidos. [13] En las circunstancias de las Dann, los peticionarios afirman haber establecido hechos que indican que no se ha establecido propósito público alguno para la presunta caducidad del título Western Shoshone a las tierras y que la compensación monetaria de 1979 resultante de las reivindicaciones ante la ICC fue calculada sobre la base de una valuación de la tierra al 1 de julio de 1872, la presunta fecha de caducidad, y que no se calculó ningún interés para fijar la compensación. [14] Sobre esta base, los peticionarios sostienen que no se otorgó a los Western Shoshone una justa compensación como se exige en los casos de expropiación de bienes de no indígenas.
56. También de acuerdo con los peticionarios, el tratamiento discriminatorio de los bienes indígenas está indicado asimismo por los hechos vinculados a los procedimientos conforme a los cuales los Estados Unidos determinaron la caducidad del derecho a las tierras ancestrales de los Western Shoshone y la compensación, que los peticionarios sostienen no ha protegido ni respaldado los derechos a las tierras indígenas en la misma medida en que protege otros derechos de propiedad. En las circunstancias de las Dann y de otros integrantes de los Western Shoshone, los peticionarios afirman que durante las actuaciones de la ICC por las cuales el Estado afirma prescribieron los derechos de los pueblos Western Shoshone, sólo un pequeño grupo estuvo representado ante la ICC y posteriormente ante la Corte de Reivindicaciones de Estados Unidos. También afirman que otros Western Shoshone, incluidas las Dann, se vieron impedidos de intervenir en las actuaciones de la ICC. Además, los reclamantes Western Shoshone que estuvieron representados ante la ICC se vieron impedidos de suspender los servicios de su abogado cuando decidieron que no estaba actuando en favor de sus intereses.
57. Los peticionarios contrastan esta situación con los requisitos de la ley de propiedad de Estados Unidos en general, de acuerdo con la cual los derechos de propiedad comúnmente sólo pueden caducar o suspenderse a través de "procedimientos cuidadosos y rigurosos en los que se escuchen los intereses de todas las partes a través de un asesor de su elección". [15] Por lo tanto, los peticionarios denuncian que el gobierno de Estados Unidos está tratando ahora de someter a las Dann y a otros integrantes del pueblo Western Shoshone a las condiciones negociadas por un abogado en un procedimiento en que se les negó a aquellos el derecho a participar, en violación de la norma internacional de igualdad ante la ley.
58. En respaldo de esta afirmación de que este tratamiento constituye una discriminación a los efectos del Artículo II de la Declaración, los peticionarios citan decisiones y proclamaciones de órganos internos e internacionales, que incluyen una decisión de la Alta Corte Australiana en la que una mayoría de esa Corte concluyó que una medida legislativa que específicamente disponía la caducidad de un título nativo, excluyendo los derechos de propiedad de los no indígenas, era racialmente discriminatoria y, por tanto, nula. [16] Los peticionarios también citan declaraciones de la Comisión de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial, exhortando a los Estados partes de la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación racial a "reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas a poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales." [17] Señalan una decisión en particular de acuerdo con los procedimientos para acciones de alerta temprana y urgentes de la Comisión, expresando preocupación por las enmiendas a la ley de títulos nativos de Australia, que la Comisión consideró había creado una certeza jurídica para los gobiernos y para terceros a expensas del título indígena y por no haber previsto una participación efectiva de las comunidades indígenas en la formulación de las enmiendas legislativas. [18] Con respecto a esta última decisión, los peticionarios argumentan que la falta de protección procesal y sustantiva para las Dann configura un "caso igualmente elocuente de discriminación denigrante que exige atención inmediata."
3. Derecho a la integridad cultural
59. Los peticionarios afirman que las acciones del Estado en relación con las tierras de las Dann y las tierras ancestrales de los Western Shoshone en términos más generales violan el derecho de las Dann a la protección de la integridad cultural que, por su parte, sostienen está afirmada en la Declaración Americana, en el Artículo XXII (derecho a la propiedad), el Artículo III (derecho a la libertad religiosa), el Artículo VI (derecho a la familia y a su protección) y el Artículo XIV (derecho a formar parte de la vida cultural de la comunidad). Los peticionarios sostienen en particular que la Comisión ha reconocido el libre ejercicio de estos derechos como "esencial para el goce y la perpetuación de la cultura de los pueblos indígenas". [19]
60. En las circunstancias de las Dann en particular, los peticionarios afirman que los Estados Unidos intentan activamente privar a las Dann de sus tierras tradicionales. Como la cultura Western Shoshone depende de la tierra y los recursos naturales que contiene, los peticionarios argumentan que la acción del Estado amenaza directamente el goce por las Dann de la cultura Western Shoshone. Entre los actos que señalan amenazan con esta privación, se cuentan la publicación de avisos de sanciones administrativas y penales contra las Dann por el uso de sus tierras tradicionales, amenazas de confiscación del ganado de las Dann, impedimentos a la recolección de alimentos para la subsistencia, límites a su acceso a los lugares sagrados y el otorgamiento de concesiones mineras a privados y actividades militares perjudiciales en las tierras tradicionales de los Western Shoshone, actividades que han amenazado el medio ambiente y destruido los recursos disponibles.
61. De acuerdo con los peticionarios, estas acciones, sumadas a la insistencia del Estado de que el título de los Western Shoshone ha caducado, amenazan con destruir la cultura Western Shoshone, en violación de la Declaración Americana, según lo informa en particular el Artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Artículo 27 de este instrumento establece que "en los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma." Los peticionarios argumentan que la propia Comisión se ha basado en el Artículo 27 del Pacto para afirmar que la legislación internacional protege a los grupos minoritarios, incluidos los pueblos indígenas, en el goce de todos los aspectos de sus diversas culturas e identidades grupales, [20] y que para los pueblos indígenas en particular, el derecho a la integridad cultural abarca "los aspectos vinculados a la organización de la producción, que incluye, entre otras cosas, el uso de las tierras ancestrales y comunales." [21] También a este respecto, los peticionarios citan los comentarios generales y decisiones del Comité de Derechos Humanos de la ONU que incluyen sus opiniones en el caso Ominayak, Jefe del grupo de Lubicon Lake de Cree c. Canadá, en el que llegó a la conclusión de que este país era responsable de la violación del Artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por permitir que el gobierno provincial de Alberta otorgase arrendamientos para la exploración de petróleo y gas y para la explotación maderera dentro del territorio ancestral del grupo indígena de Lubicon Lake. De acuerdo con el Comité, esta actividad de explotación de los recursos naturales comportaba una inequidad histórica que "amenazaba el estilo de vida y la cultura del grupo de Lubicon Lake."
62. Sobre la base de estos argumentos, los peticionarios sostienen que el Estado es responsable de la violación del derecho de las Dann a la integridad cultural, protegido en los Artículos III, VI, XIV y XXIII de la Declaración Americana.
4. Derecho a la libre determinación
63. Los peticionarios argumentan que Estados Unidos también es responsable de la violación del derecho de las Dann a la libre determinación prescrito en el derecho internacional. De acuerdo con los peticionarios, el principio de libre determinación significa que "los seres humanos, individual y colectivamente, tienen derecho a controlar sus propios destinos en condiciones de igualdad". [22] Los peticionarios sostienen que el Estado es responsable de la violación de este principio en dos aspectos, al privar a las Dann de su tierra y sus recursos y, por tanto, de sus medios de subsistencia, y por excluir a las Dann de la participación en decisiones que afectan a sus tierras y a sus recursos naturales.
64. En particular, los peticionarios argumentan que para los pueblos indígenas el principio de libre determinación establece un derecho a controlar sus tierras y sus recursos naturales y a participar auténticamente en todo el proceso de decisiones que los afecten. En respaldo de esta afirmación, los peticionarios refieren a las declaraciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU en relación con la situación de los pueblos indígenas de Canadá, en la que el Comité ha subrayado "que el derecho de libre determinación exige, entre otras cosas, que todos los pueblos puedan disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales y que no puedan ser privados de sus propios medios de subsistencia." [23]
65. Sin embargo, en el caso de las Dann, los peticionarios sostienen que Estados Unidos ha interferido activamente con el usufructo por las Dann de sus tierras ancestrales y está privando voluntariamente a las Dann y a otros integrantes de los Western Shoshone de sus medios de subsistencia al retirar o intentar retirar su ganado de sus tierras tradicionales. Los peticionarios también argumentan que Estados Unidos no ha consultado debidamente con las Dann y con otros integrantes de los Western Shoshone en relación con las decisiones que afectan el usufructo de sus tierras ancestrales. De acuerdo con los peticionarios, el derecho a la propiedad afirmado en el Artículo XXIII de la Declaración Americana tendría escaso sentido para los pueblos indígenas si sus bienes pudieran ser afectados sin debida consulta y consideración y, en las circunstancias apropiadas, una compensación justa por parte del Estado. Si no existe una oportunidad plena y justa de ser oídos y de incidir verdaderamente en las decisiones que los afectan, los peticionarios argumentan que las Dann y otros grupos Western Shoshone no pueden ejercer su derecho a la libre determinación como lo garantiza el derecho internacional. [24]
66. En base a estas argumentaciones, los peticionarios sostienen que el Estado ha violado, en relación con las Dann y con otros integrantes de los Western Shoshone, sus derechos a la consulta, el usufructo de su desarrollo social y económico y su propia subsistencia y, por tanto, su derecho a la autodeterminación.
5. Derecho a la protección judicial y al debido proceso de la ley
67. Los peticionarios sostienen que el Estado ha negado a las Dann sus derechos a la protección judicial y al debido proceso de la ley conforme lo consagran el Artículo XVIII de la Declaración Americana y otros numerosos instrumentos internacionales. Los peticionarios argumentan que está implícito en el Artículo XVIII de la Declaración el derecho al proceso judicial de acuerdo con principios fundamentales de justicia y el debido proceso de la ley. En respaldo de su posición, citan varias determinaciones de esta Comisión y de la Corte Interamericana a los efectos de que el derecho a la protección judicial va más allá del libre acceso y el ejercicio del recurso judicial, al punto de que, por ejemplo, es necesario que el órgano judicial interviniente llegue a una conclusión sobre la base de los méritos de la reivindicación, que establezca la validez o invalidez de la posición legal que dio lugar al recurso judicial, para que el recurso judicial se considere efectivo. [25]
68. En las circunstancias del presente caso, los peticionarios sostienen que las Dann y otros integrantes de los Western Shoshone que procuraron afirmar la validez del título Western Shoshone a las tierras, vieron negada su participación o carecieron de representación adecuada en las actuaciones ante la ICC, actuaciones que dieron lugar a una determinación de que el título Western Shoshone había caducado sin que tuvieran oportunidad de litigar o contestar la teoría de la caducidad sostenida por Estados Unidos.
69. Más particularmente, los peticionarios indican que las actuaciones de los años de 1970 se llevaron a cabo ante la ICC respecto de la determinación de toda reivindicación que los Western Shoshone pudieran plantear en relación con sus tierras ancestrales. En estas actuaciones, los Estados Unidos y el abogado que presuntamente representaba a todos los Western Shoshone "aceptaron y establecieron formalmente" que los derechos de los Western Shoshone a las tierras habían "caducado" el 1 de julio de 1872, según una teoría de "establecimiento gradual" de estadounidenses no nativos. Las Dann afirman no haber autorizado ni participado en estas actuaciones y que no tuvieron derecho a intervenir para impugnar la estipulación del abogado de los Western Shoshone. Los peticionarios también argumentan que no ocurrió nada sustancial respecto a los derechos de las tierras de los Western Shoshone el 1 de julio de 1872 y que la estipulación de esta fecha de caducidad es puramente ficticia y, en esencia, sólo sirvió para llegar a una transacción entre el deseo del gobierno de minimizar todo pago por las tierras y el deseo del abogado de maximizar el pago y los honorarios pertinentes. [26]
70. Las actuaciones de la ICC dieron lugar a un dictamen final el 12 de diciembre de 1979, en el cual ese órgano calculó un monto para la compensación del pueblo Western Shoshone en base a la valoración del bien en la fecha previamente estipulada de 1872. Los peticionarios sostienen también que el abogado que entendió en la materia ante la ICC era en efecto un adversario de las Dann y de los demás Western Shoshone, que pretendía representar y que estableció esa determinación en 1966 sin la autorización de los Western Shoshone; que en realidad representaba los intereses de Estados Unidos y sus propios intereses de obtener "abultados honorarios". [27] También afirman que el abogado, el gobierno de Estados Unidos y los tribunales de Estados Unidos engañaron a los Western Shoshone en relación con el efecto de sus sentencias en los derechos de los Western Shoshone a las tierras. [28]
71. En respuesta a la afirmación del Estado de que el abogado organizó "reuniones en consejo abierto" para consultar a los demás miembros de los Western Shoshone, los peticionarios argumentan que esas reuniones no fueron democráticas ni controladas por el pueblo Western Shoshone y que fueron celebradas ocho años después de la audiencia de 1957 sobre la cuestión del título de tierras y tres años después del dictamen de la ICC sobre la cuestión de la caducidad del título. [29]
72. Otras acciones legales tuvieron lugar contemporáneamente y posteriormente al dictamen de la ICC. Estas incluían una acción interpuesta por Estados Unidos en 1974 contra las Dann en la Corte Federal del Estado de Nevada reivindicando que era propietario de las tierras en cuestión y procurando indemnización por daños de parte de las Dann por invasión y una orden de suspensión que impidiera que las Dann pastoreasen su ganado en lo que el Estado consideraba tierras públicas. En el curso de este litigio, el Estado argumentó que las Dann estaban obligadas por la estipulación establecida entre Estados Unidos y el abogado en las actuaciones de la ICC. El Tribunal de Primera Instancia posteriormente dictó una sentencia en abril de 1980, cuatro meses después del dictamen de la ICC sobre la compensación, concluyendo que el título de los Western Shoshone a sus tierras ancestrales había caducado el 12 de diciembre de 1979, tras la sentencia definitiva de la ICC. En la instancia de apelación, la Corte del Noveno Circuito llegó a la conclusión de que el título de los Western Shoshone no podía haber caducado en las actuaciones de la ICC porque, pese a que ese órgano había pronunciado una sentencia definitiva, los Western Shoshone no habían recibido la compensación monetaria. Sin embargo, en otra apelación, la Suprema Corte de Estados Unidos concluyó que los Western Shoshone habían sido "indemnizados" con el monto monetario fijado en las actuaciones de la ICC y que este pago se había producido cuando el Congreso de Estados Unidos asignó los fondos y los colocó en una cuenta de la Tesorería controlada por el Secretario del Interior. Los peticionarios observan que la Suprema Corte de Estados Unidos no consideró sus afirmaciones en relación con la pertinencia y justicia de las actuaciones de la ICC ni de sus resultados. La materia fue devuelta al Tribunal Federal, que en última instancia adoptó la fecha estipulada de caducidad de 1872 a los efectos de dar por concluidas las actuaciones.
73. A la luz de estos antecedentes judiciales, los peticionarios señalan que los tribunales internos en última instancia desestimaron las actuaciones en relación con los intereses de las Dann a las tierras ancestrales Western Shoshone sin determinar la existencia real de hechos históricos de caducidad y sin considerar las alegaciones de fraude en las actuaciones colaterales. Por el contrario, mientras que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito decidió en la acción por invasión iniciada por Estados Unidos contra las Dann que el título de los Western Shoshone en realidad no había caducado, [30] la Corte Suprema revirtió esta decisión en base a otros fundamentos y dictaminó que, como consecuencia de la sentencia de la ICC y la posterior compensación monetaria por la Corte de Reivindicaciones, las Dann no podían afirmar el derecho a ese título. [31] Los peticionarios argumentan que el dictamen de la Suprema Corte impidió que las Dann afirmasen una defensa del título aborigen Western Shoshone contra las acciones federales por invasión y otros obstáculos al uso y usufructo de las tierras ancestrales Western Shoshone y, por tanto, ha privado a las Dann de una protección judicial adecuada.
74. Los peticionarios también sostienen a este respecto que, de acuerdo con una decisión del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en el caso posterior del Consejo Nacional Western Shoshone c. Molini, esa instancia extendió la decisión de la Corte Suprema en el caso Dann para impedir que éstas afirmaran sus derechos de caza y pesca como parte del título aborigen, pese al hecho de que en el proceso de la ICC obviamente no se abordó la caducidad de todos los derechos aborígenes y contractuales de los Western Shoshone. [32] Además, los peticionarios rechazan toda sugerencia del Estado de que la reparación "básicamente teórica" de un posible reconocimiento judicial de los "derechos aborígenes individuales" por ineficiente e inadecuada. Los peticionarios subrayan a este respecto que las Dann se encuentran entre los indígenas Western Shoshone que, como un todo, existen como nación indígena en el sentido de que comprenden una comunidad discreta unida por factores etnográficos, culturales y políticos. De manera que es el sistema consuetudinario de tenencia de la tierra generada por el pueblo Western Shoshone en su conjunto a lo largo de siglos, y no el propio derecho individual de las Dann a modalidades de uso de la tierra, lo que configura el fundamento de los derechos a la tierra que afirman las Dann. Sobre esta base, los peticionarios argumentan que "los derechos aborígenes individuales" no pueden servir de base para que las Dann afirmen los derechos al uso y la ocupación que derivan del título Western Shoshone.
75. En consecuencia, los peticionarios sostienen que el Estado no ha brindado a las Dann una reparación judicial efectiva, en violación de su obligación internacional de proteger los derechos fundamentales.
76. Con respecto a los méritos de la denuncia de los peticionarios, el Estado niega haber violado los derechos de las Dann consagrados en la Declaración Americana. En efecto, el Estado argumenta que las materias planteadas por los peticionarios no involucran una violación de los derechos humanos, sino un litigio prolongado por el título a las tierras y cuestiones vinculadas al uso de la tierra, que han sido y siguen siendo materia de cuidadosa consideración por los tres poderes del gobierno de Estados Unidos. A este respecto, el Estado sostiene que el título de las Dann a las tierras en cuestión ha caducado por prolongación del litigio ante los tribunales estadounidenses, incluida la Suprema Corte de Estados Unidos, y que la compensación por la pérdida del título ha sido colocada en un fondo fiduciario en favor de las Dann y de otros miembros del pueblo Western Shoshone, a la espera de formular un plan para la distribución de dichos fondos.
77. El Estado primero impugna la afirmación de los peticionarios de que se han visto privadas de la propiedad y el uso de las tierras de Nevada. El Estado argumenta que las Dann poseen el título, la propiedad y la posesión de las tierras que constituyen su hacienda en Nevada, que fue registrada por su padre y que nunca el Estado intentó desalojarlas de su hacienda. [33] El Estado también indica que, en tanto las Dann cumplan con los requisitos de la BLM, tienen derecho a un permiso de pastoreo en tierras públicas.
78. El Estado afirma a este respecto que el fallecido padre de las Dann, Dewey Dann, se estableció en una zona de Nevada, organizó una hacienda y adquirió el título a la tierra de los Estados Unidos a través de una patente de uso de la tierra para agricultura y ganadería. El Estado también sostiene que otorgó al Sr. Dann un permiso de pastoreo para su ganado en tierras públicas hasta su fallecimiento en los años 60, el cual autorizaba al pastoreo de 170 vacunos y 10 equinos en tierras de propiedad federal cercanas a su hacienda, tierras que eran compartidas con otros hacendados de la zona. El Estado sostiene que el Sr. Dann cumplió con el permiso y que nunca interfirió con la cría de ganado por las Dann en conformidad con el permiso. [34] Sin embargo, tras el fallecimiento de su padre, el Estado sostiene que las hermanas Dann empezaron a pastorear un número mayor de cabezas que las autorizadas en el permiso y que este pastoreo excesivo perjudicó la cría e interfirió con los usos de las tierras públicas por otros hacendados. El Estado sostiene que la BLM procuró resolver la cuestión administrativamente con las Dann, pero que estos esfuerzos fracasaron y exigieron por tanto que la BLM adoptara medidas de incautación y de otra índole para poner fin al pastoreo no autorizado. [35]
79. También en el contexto de las reivindicaciones de los peticionarios, el Estado alega que en realidad no existe una entidad "nación Western Shoshone," sino que existen grupos de indígenas Western Shoshone que son reconocidos como tribus. De acuerdo con un proceso establecido, los Estados Unidos reconocen a ciertos grupos estadounidenses nativos como "tribus", como naciones soberanas y, en consecuencia, considera que esas tribus tienen su propia dirigencia o gobierno y mantienen relaciones de gobierno a gobierno con ellas. Los grupos o tribus Western Shoshone con este estatuto reconocido incluyen a la tribu Ely Shoshone de Nevada y la tribu Temoak de la Reserva de Yamba, pero, según el Estado, no incluye al grupo Dann. [36]
80. Con respecto al estatuto de las tierras en cuestión en este caso, en términos más generales, el Estado confirmó que los tribunales estadounidenses reconocen la doctrina del título aborigen que permite que los estadounidenses nativos como tribu, o, en algunos casos, como individuos, utilicen y ocupen sus tierras tradicionales. [37] Pero, en el presente caso, el Estado subrayó que los tribunales de Estados Unidos llegaron en última instancia a la conclusión de que el título Western Shoshone había caducado y había quedado proscrito tras las actuaciones de la ICC. Además, Estados Unidos reconoce que los Western Shoshone históricamente ocuparon una zona que cubre una gran parte de lo que es hoy el Estado de Nevada. Esta tierra fue cedida a los Estados Unidos por México en 1848, según el Tratado de Guadalupe Hidalgo, sujeto a la ocupación por estadounidenses nativos, y en 1863, Estados Unidos firmó el "Tratado de Ruby Valley" con los Western Shoshone. De acuerdo con los términos de ese Tratado, Estados Unidos y los Western Shoshone acordaban poner fin a las hostilidades y vivir amigablemente y, de acuerdo con el Estado, el Tratado no tenía el propósito de reconocer el título Shoshone a las tierras que el instrumento comprendía. [38] Con posterioridad a este Tratado, Estados Unidos sostiene que empezó a considerar a ciertas tierras dentro de la zona en cuestión como tierras públicas de Estados Unidos.
81. También en los años de 1960, el Estado sostiene que otros habitantes de Estados Unidos empezaron a trasladarse hacia el oeste y a establecerse en nuevas tierras en el oeste, incluyendo las zonas del Estado de Nevada tradicionalmente habitadas por los Western Shoshone. Esto se realizó en parte a través de la concesión de patentes a colonos si los colonos residían con permanencia, establecían una granja o hacienda y cumplían ciertos otros requisitos.
82. A la luz de estos antecedentes, el Estado sostiene que las Dann y otros Western Shoshone perdieron todo interés en las tierras en cuestión a raíz de este establecimiento de estadounidenses no nativos y que esta determinación fue formulada debidamente a través de actuaciones ante la ICC, órgano cuasi judicial creado con el propósito preciso de determinar en torno a cuestiones de reivindicaciones de tierras indígenas. De acuerdo con el Estado, era necesario que el Congreso estableciera por ley la ICC en parte porque la doctrina de la inmunidad soberana históricamente impedía que los indígenas entablaran juicio contra el gobierno federal por la pérdida de tierras ancestrales. El Estado aclaró a este respecto que, de acuerdo con la legislación que creó la ICC, la Comisión tenía jurisdicción para escuchar, entre otras, "reivindicaciones derivadas de la toma de posesión por el Estado, sea a raíz de un tratado de cesión o por otra vía, de tierras propiedad del reclamante u ocupadas por el reclamante sin el pago por tales tierras de una compensación acordada por el reclamante." [39] De acuerdo con el Estado, el término "o por otra vía" en esta disposición incluye la toma de posesión de tierras mediante el establecimiento gradual de colonos o mineros.
83. A este respecto, el Estado, en respuesta a la cuestión planteada por la Comisión en el curso de la audiencia del 10 de octubre de 1996 en torno a esta cuestión, [40] aclaró que, de acuerdo con la legislación de Estados Unidos, existían dos métodos por los cuales el gobierno obtiene el título de propiedad a través del ejercicio del poder soberano: "expropiación directa" y "expropiación inversa". De acuerdo con el primer proceso, el Estado interpone una acción de expropiación de un bien de un individuo para servir un propósito público, como la construcción de una carretera. En el segundo proceso, alguna acción oficial de Estados Unidos para un propósito público distinta de la interposición de una acción judicial, por ejemplo, la inundación del bien en relación con la construcción y el llenado de una represa, determina que se prive a una persona del uso de su bien. En ambas instancias, Estados Unidos otorga una compensación justa. [41] De acuerdo con el Estado, la ICC fue creada específicamente para entender en litigios y dictaminar en relación con reivindicaciones indígenas con fundamentos que incluían las expropiaciones inversas. El Estado indicó también que la ICC en general lo haría en tres etapas: determinando si la tribu poseía un título aborigen o de otro tipo de la zona y si ese interés había caducado; determinando el valor de la zona en la fecha de la confiscación, y compensando todo recurso que hubiera gastado Estados Unidos para la tribu. [42]
84. En el caso de los Western Shoshone, la ICC efectivamente determinó que existía una expropiación inversa basada en la colonización del oeste. Esta expropiación se hizo efectiva para el propósito público de estimular la colonización y el desarrollo agrícola y constituía una privación del uso de las tierras por parte de los Western Shoshone que exigía una justa compensación, que en última instancia fue otorgada.
85. En cuanto a la compensación, el Estado aclaró que el monto otorgado a los Western Shoshone era de US$ 26.145.189,89, en base a valores de 1872 de unos 15 centavos por acre, más la pérdida de oro y otros recursos. [43] A la fecha de la sentencia definitiva de la ICC en agosto de 1977, el estatuto de esa Comisión disponía que la compensación se depositaría en el registro, donde generaría intereses hasta que se acordara y aprobara por el Departamento del Interior un plan de distribución, si este acuerdo se lograba dentro de los seis meses, o por el Congreso, si pasaba de ese plazo. A la fecha de las observaciones del Estado de setiembre de 1973, no se había elaborado plan de distribución alguno. Según el Estado, ello se debía a la falta de acuerdo en torno al plan entre los distintos participantes. Entre tanto, el Estado indica que los fondos se mantienen en una cuenta que genera intereses y que, una vez aprobado un plan de distribución, se presentará al Congreso de Estados Unidos para su aprobación, tras lo cual se distribuirá la compensación y los intereses generados. [44]
86. De acuerdo con los mismos escritos, el Estado contesta la afirmación de los peticionarios de que los procedimientos realizados ante la ICC fueron "falsos" y que las Dann han sido objeto de violaciones de sus derechos humanos porque personalmente no contaron con un "juicio" pleno en torno a la cuestión de si los Western Shoshone aún poseen las tierras que actualmente constituyen el Estado de Nevada. De acuerdo con el Estado, el proceso de la ICC transcurrió en los siguientes términos. En 1951, el grupo Temoak de los Western Shoshone interpuso una petición ante la ICC procurando una compensación por la expropiación de grandes zonas de las tierras de los Western Shoshone en California y Nevada. En 1962, la ICC dictaminó que el título aborigen de los indígenas que otorgaba la propiedad de California había caducado en marzo de 1853 y que el monto de la compensación podría establecerse en base a esa fecha. También dictaminó en 1962 que los indígenas habían usado y ocupado continuamente 22 millones de acres de tierras de Nevada hasta que su estilo de vida fue distorsionado y se vieron privados de sus tierras por "establecimiento gradual" de colonos blancos y otros y por la adquisición, disposición o expropiación de sus tierras por Estados Unidos, para su uso y beneficio y el de sus ciudadanos. Durante setiembre y octubre de 1965, los asesores letrados de los grupos Temoak mantuvieron reuniones en consejo abierto en cuatro localidades del territorio Western Shoshone. Todos los Western Shoshone tuvieron oportunidad de asistir y votar para elegir un comité de reivindicación de ocho miembros, que utilizó un préstamo del gobierno de Estados Unidos para contratar un evaluador experto que diera testimonio ante la ICC en relación con la valoración de las tierras expropiadas. La votación para crear el comité y contratar al experto evaluador fue de 219 a favor y 17 en contra. El experto fue posteriormente contratado y brindó testimonio ante la ICC.
87. El Estado también afirma que, dado que el establecimiento de colonos fue gradual, no existe un hecho específico histórico, legal o administrativo que marque la caducidad del título aborigen tribal Western Shoshone a las tierras en cuestión. Por lo cual, en 1966, el asesor de los Western Shoshone y del gobierno de Estados Unidos acordó estipular la fecha del 1 de julio de 1872 como fecha de valoración de las tierras Shoshone en Nevada. La ICC empezó entonces a determinar el valor de la tierra a la fecha en que la había expropiado y después de una evaluación determinó que los indígenas tenían derecho a unos US$ 26 millones de compensación, incluyendo aproximadamente US$ 4,6 millones en compensación por los minerales que habían sido extraídos de la tierra antes de 1872. En marzo de 1974, los valores de indemnización fueron examinados y sometidos a la ICC. A esta altura de las actuaciones, en abril de 1974, otro grupo Western Shoshone, la Asociación de defensa y educación Western Shoshone, que incluía a las Dann, intentó intervenir en las actuaciones y argumentó que la tribu todavía tenía derecho a unos 12 millones de acres de tierras de Nevada, título que la ICC sostenía había caducado. [45]
88. El Estado sostiene además que, independientemente de que haya existido un juicio sobre la condición del título de las tierras ancestrales Western Shoshone, se llegó a una decisión definitiva en la ICC en el sentido de que los Western Shoshone habían sido privados de sus tierras a partir de 1872. El Estado también argumenta que la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció esta decisión y sobre esta base impidió que las Dann recurrieran a la no caducidad de los derechos por las tierras shoshone como defensa en el proceso interpuesto contra ellas por Estados Unidos. [46] El Estado argumenta que por el mero hecho de que las Dann discordaran con la decisión definitiva de la ICC y la consideraran errónea no puede deducirse que la decisión fuera incorrecta.
89. Con respecto a las denuncias de los peticionarios en cuanto a la falta de representación de las Dann ante la ICC, el Estado sostiene que esta cuestión fue planteada antes y considerada por esa Comisión y que la legislación de la propia ICC tenía en cuenta quiénes de los numerosos indígenas Shoshone estaba calificado para representar los intereses de toda esa comunidad. En particular, la ley de la ICC preveía la representación de una organización tribal reconocida por el Secretario del Interior cuando existiera, a menos que se demostrara fraude o colusión, y que los Western Shoshone estuvieron representados por esa organización, a saber, el grupo Temoak. [47] Como se sugirió antes, el Estado sostiene que las Dann estaban perfectamente informadas a través de reuniones periódicas con los miembros de la tribu, incluidas las Dann, y por notas a este respecto, de que la Corte de Reivindicaciones rechazaba toda alegación de inequidad por parte de los abogados que representaron al grupo Temoak, en base a la ausencia de toda prueba concreta que los respaldara. El Estado también argumenta que, de acuerdo con la Corte de Reivindicaciones de Estados Unidos, el procedimiento de la ICC no tenía carácter de acción colectiva, en el que debieran considerarse todos los intereses individuales, sino que la actuación involucraba una reivindicación grupal y que si existían alegaciones de que el grupo había estado indebidamente representado, "por lo menos, los miembros que sostienen representar los intereses mayoritarios tienen que hacer conocer formalmente su posición a la Comisión y a las demás partes lo antes posible –y no después de haberse avanzado en la labor y de haber transcurrido años". [48] El Estado sostiene además que, si bien la ICC no estaba en libertad para otorgar compensación alguna que no fuera por daños, tenía libertad de determinar que el título de los Shoshone a las tierras no había caducado. Sin embargo, según el Estado, la ICC llegó a la conclusión de que los indígenas ya no ejercían una ocupación y un control suficientes de las tierras en cuestión para retener el título aborigen y que el gobierno de Estados Unidos había afirmado suficiente autoridad en las tierras para constituir una caducidad directa de todo derecho preexistente. [49]
90. Además, si bien el Estado reconoce que el propio grupo Temoak posteriormente despidió a su abogado, impugnó el dictamen de caducidad de la ICC en base a un argumento de colusión y procuró suspender las actuaciones en base a ese fundamento, la ICC rechazó esta demanda y la Corte de Reivindicaciones lo afirmó, sobre la base de que el abogado no había engañado a los indígenas en cuanto a la naturaleza y el alcance del proceso de la ICC y que las denuncias de colusión no estaban debidamente fundadas. [50] El Estado también argumentó a este respecto que, aunque las Dann y otros Western Shoshone no pudieron sostener ante el proceso de la ICC que las tierras debían seguir a nombre de la tribu y que ésta aún poseía dichas tierras, ese impedimento no era singular de las reivindicaciones de los estadounidenses nativos en ese momento y que estadounidenses no nativos que interponían acciones reclamando una interferencia con sus bienes enfrentaban el mismo dilema. Si bien hoy Estados Unidos permite que se interpongan acciones en su contra para retener el título por tierras, estas reivindicaciones siguen sujetas a limitaciones, pese a lo cual las tierras de los estadounidenses nativos están específicamente exceptuadas. [51]
91. Por lo tanto, el Estado argumenta que en efecto los peticionarios procuran que la Comisión interprete decisiones adoptadas hace muchos años por los propios Western Shoshone y su abogado en procura de una compensación y no de un litigio por derechos de propiedad de la tierra, por la ICC en el manejo de estas cuestiones y por los tribunales estadounidenses que respaldaron la decisión de la ICC. [52]
92. Otro argumento planteado por el Estado afirma que las Dann podían interponer una acción ante los tribunales internos en base a "un título aborigen tribal individual". El Estado observa a este respecto que la Corte Suprema de Estados Unidos, al desestimar las demandas de las Dann en 1985, indicó que las Dann podrían haber reivindicado sus derechos a algunas tierras afirmando una teoría de derechos aborígenes individuales y que, si bien las Dann inicialmente siguieron este rumbo de acción, en 1991 voluntariamente retiraron esta reclamación. [53]
93. Específicamente con respecto a las alegaciones de los peticionarios de que Estados Unidos es responsable de la violación del derecho a la propiedad amparado en el Artículo XXIII de la Declaración Americana, el Estado sostiene que esta disposición de la Declaración refiere a los derechos del individuo y no de una entidad gubernamental separada como lo es una tribu indígena. [54] El Estado también argumenta en términos más generales que la Declaración se basa en derechos individuales por oposición a los de grupos como los Western Shoshone y, por tanto, no constituye una base adecuada para fundamentar las denuncias de los peticionarios.
94. En la medida en que los peticionarios sostienen basarse en la Convención Americana, el Estado subraya que Estados Unidos no es parte de la Convención y, por tanto, no está obligado por ella y que, en todo caso, la Convención, al igual que la Declaración, abarcan derechos de individuos y no de entidades como las tribus Western Shoshone. Análogamente, en la medida en que los peticionarios se basan en el proyecto de declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Estado argumenta que la declaración no ha sido aprobada, que está y seguirá estando sujeta a comentarios de los gobiernos, no es obligatoria y, por tanto, no constituye un fundamento adecuado para las reivindicaciones de los peticionarios. El Estado adopta un criterio similar ante el recurso de los peticionarios al Convenio de la OIT (N° 169) en relación con los pueblos indígenas y tribales de países independientes, que Estados Unidos tampoco ha ratificado.
[3] Nota informativa complementaria de los peticionarios sobre los méritos, Marzo de 2000, pág. 8, n.24, donde se cita entre otros a F. Cohen, Handbook of Federal Indian Law 442-443, 491 (1982 ed.); Estados Unidos ex rel. Hualapai Indians c. Santa Fe Pacific Railroad, 314 U.S. 339 (1941); R. c Adams 91996) 110 C.C.C. (3d) 97 (S.C.C.) (Can.); Amodu Tijani c. Secretary, Southern Nigeria, 2 A.C. 399 (P.C.1921).
[4] Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (N°169 de 1989) en relación con los pueblos indígenas y tribales en los países independientes, que entró en vigencia en setiembre de 1991.
[5] Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la CIDH e el 133° período de sesiones. 26 de febrero de 1997, OEA.Ser.L/V/II.95, doc. 7 rev., 1997, 654-676.
[6] Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobado por la Subcomisión de la ONU sobre Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías, 26 de agosto de 1994, E/CN.4/Sub.2/1994/45, 105.
[7] Nota informativa complementaria de los peticionarios sobre los méritos, supra, pág. 9, donde se cita a Estados Unidos c. Dann, 706 F. 2d 919, 927-933 (9° Cir. 1983), revertida con otros fundamentos, 470 U.S. 39 (1985).
[8] Observaciones de los peticionarios del 25 de enero de 1995, págs. 6 y 7.
[9] El Artículo II de la Declaración Americana establece: "Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna".
[10] Petición de los peticionarios de 2 de abril de 1993, pág. 21.
[11] Nota informativa complementaria de los peticionarios sobre los méritos, supra, pág. 10, donde se cita el Informe del seminario de las Naciones Unidas sobre los efectos del racismo y la discriminación racial en las relaciones entre los pueblos indígenas y los Estados, E/CN.4/1989/22, HR/PUB/89/5, 5 (1989).
[12] Petición de los peticionarios del 2 de abril de 1993, pág. 21.
[13] Indígenas Tee-Hit-Ton c. Estados Unidos, 348 U.S.272, 281, 285 (1955) (donde se afirma, entre otras cosas, que ningún caso de la Suprema Corte "ha llevado alguna vez a sostener que quitar el título o el uso indígena por parte del Congreso exigía una compensación", porque "la ocupación indígena de las tierras sin reconocimiento gubernamental [explícito previo] de la propiedad no establece derecho alguno en contra o caducidad por los Estados Unidos protegida por la Quinta Enmienda o por algún otro principio del derecho").
[14] Petición de los peticionarios del 2 de abril de 1993, págs. 16 y 17.
[15] Nota informativa complementaria de los peticionarios sobre los méritos, supra, pág. 12.
[16] Ibid, pág. 13, n.40, citando a Mabo c. Queensland (N°1) (1988) 166 C.L.R. 186.
[17] Ibid, citando CERD Recomendación General XXIII sobre los pueblos indígenas, aprobada el 18 de agosto de 1997, CERD/C51/Misc.13/Rev.4 (1997).
[18] Ibid, págs. 13 y 14, citando la Decisión de CERD (2)54 sobre Australia: Australia, CERD/C/54/Misc.40/Rev.2, párr.6 (18 de marzo de 1999); Información adicional de acuerdo con la decisión de la Comisión: Australia CERD/C/347 (22 de enero de 1999).
[19] Ibid, pág. 14, citando a la CIDH, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Ecuador, OEA/Ser.L/V/II.96, doc. 10 rev., 24 de abril de 1997, 103.
[20] Ibid, pág. 14 y 15, citando el caso de los Miskito, Caso 7964 (Nicaragua), CIDH, Informe sobre la situación d eun segmento de la población nicaragüense de origen miskito, OEAA/Ser.L/VII.62, doc. 10 rev.3, 76 y 78, 81 (1983); el caso Yanomani, Caso 7615 (Brasil), CIDH, OEA/Ser.L/V/II.66, doc. 10 rev.1, 24, 31 (1985); Informe sobre Ecuador, supra, 103-4. Los peticionarios también recurren al Artículo VII del proyecto de declaración de la Comisión sobre los derechos de los pueblos indígenas, que vincula a las culturas indígenas al uso y usufructo de las tierras.
[21] Caso de los miskito, supra, 81.
[22] Nota informativa complementaria de los peticionarios sobre los méritos, supra, párr.16, donde se cita el PIDCP, Artículo 1(1), que dispone que "todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural".
[23] Ibid, pág. 17, donde se citan las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos, Canadá, CCPR/C/79/Add.105, párr. 8 (7 de abril de 1999).
[24] Ibid, pág. 28, citando, entre otros, el Convenio Internacional del Trabajo N° 169 sobre los pueblos indígenas y tribales, cuyo Artículo 15.2 dispone: "En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras".
[25] Ibid, 21, citando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Godinez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989 (Ser.C), N°5 (1989), párrs. 69 a 71; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Garantías Judiciales en los Estados de Emergencia (Arts. 27(2), 25 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, (Ser.A) N°9 (1987); Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Fairen Garbi y Solis Corrales, Objeciones preliminares, Sentencia del 26 de junio de 1987, (Ser.D) N°2 (1994), párrs. 90-93.
[26] Petición de los peticionarios del 2 de abril de 1993, pág. 15.
[27] Petición de los peticionarios del 2 de abril de 1993, pág. 19.
[28] Petición de los peticionarios del 2 de abril de 1993, págs. 19 y 20.
[29] Respuesta de los peticionarios a las Observaciones del Estado, 22 de diciembre de 1993, pág. 13, n.6.
[30] Estados Unidos c. Dann, 706 F. 2d 919 (9° Cir. 1983), revisado con otros fundamentos, 470 U.S. 39 (1985).
[32] Nota informativa complementaria de los peticionarios sobre los méritos, supra, pág. 21, citando Consejo Nacional Western Shoshone c. Molini, 951 F. 2d 200 (9° Cir. 1991), cert. denegado, 506 U.S. 822(1992).
[33] El Estado ha argumentado a este respecto que, aunque los peticionarios afirman que su tierra no tiene un volumen adecuado para permitir una explotación ganadera, "esto es obviamente fundamento insuficiente para alegar una violación de los derechos humanos". Observaciones del Estado del 14 de julio de 1997, pág. 17.
[34] Observaciones del Estado del 9 de setiembre de 1993, pág. 7.
[35] Ibid, pág. 1.
[36] Observaciones del Estado del 14 de julio de 1997, pág. 4.
[37] Observaciones del Estado del 9 de setiembre de 1993, pág. 2.
[38] IIbid, pág. 3.
[39] Observaciones del Estado del 14 de julio de 1997, 10 y 11, citando 25. U.S.C. párr. 70ª(4) (desestimado).
[40] El Estado planteó en particular tres cuestiones en el curso de la audiencia del 10 de octubre de 1996 ante la Comisión, para que ésta posteriormente respondiera: 1) ¿cuál es la condición actual de la compensación otorgada a los Western Shoshone? 2) ¿qué procedimiento existe en la legislación estadounidense para la toma de posesión de bienes? ¿cuál es la justificación para la toma de posesión? 3) ¿cuál es la condición actual de las tierras de los peticionarios? ¿cuál es la situación actual?.
[41] Observaciones del Estado del 28 de febrero de 1997.
[42] Observación del Estado del 9 de setiembre de 1993, pág. 4.
[43] Observaciones del Estado del 9 de setiembre de 1993, pág. 6.
[44] Observaciones del Estado del 9 de setiembre de 1993, pág. 6.
[45] Observaciones del Estado de fecha 9 de setiembre de 1993, págs. 4 y 5.
[46] Observaciones del Estado de fecha 14 de julio de 1997, pág.10.
[47] Observaciones del Estado del 9 de setiembre de 1993, pág. 5.
[48] Observaciones del Estado del 9 de setiembre de 1993, págs. 5 y 6, citando la Asociación de Defensa Legal y Educación Western Shoshone c. Estados Unidos, 531 F.2d 495, 504 (Ct.Cl.).
[50] Observaciones del Estado del 9 de setiembre de 1993, 5; Observaciones del Estado de fecha 14 de julio de 1997, 13, citando la Asociación de Defensa Legal y Educación Western Shoshone c. Estados Unidos, 35 Ind. Cl. Comm. 457 (1975), aff'd 531 F.2d 495 (Ct.Cl.1976), cert.denegado, 429 U.S.885 (1976)
[51] Observaciones del Estado del 28 de febrero de 1997.
[52] Observaciones del Estado del 18 de abril de 1994, pág. 7.
[53] Observaciones del Estado del 9 de setiembre de 1993, pág. 2.
[54] Observaciones del Estado del 14 de julio de 1997, 4.
sión en su informe con respecto al proceso de la Comisión de Reivindicaciones Indígenas.