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Timestamp: 2017-11-20 09:45:01
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Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 311', 'artículo 305', 'artículo 38', 'artículo 310', 'artículo 56', 'artículo 311', 'artículo 34', 'artículo 305', 'artículo 305', 'artículo 308', 'artículo 305', 'artículo 305', 'artículo 310', 'artículo 310', 'artículo 310', 'artículo 309', 'artículo 309', 'artículo 309', 'artículo 310', 'artículo 30']

Introducción - La Postura Española En La Tercera Conferencia De Las Naciones Unidas Sobre El Derecho Del Mar - Libro Gratis
Creo conveniente iniciar el análisis de la postura española transcribiendo, precisamente, palabras textuales realizadas por el Ministro de Asuntos Exteriores Gregorio LÓPEZ-BRAVO, el 3 de febrero de 1971, en las cuales reflexiona sobre esta Tercera Conferencia y sus objetivos:
"La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 16 del pasado diciembre una Resolución, la número 2750 C, que convoca una Conferencia sobre Derecho del Mar para 1973. Dicha Conferencia adoptará Tratados sobre diversos puntos del Derecho del Mar que carecen hoy de regulación o que están regulados por normas (en especial las Convenciones de Ginebra de 1958) que se estimen revisables ante los nuevos datos determinados por el avance científico y tecnológico. En el mandato que la Resolución citada establece para la Conferencia, en su segundo párrafo dispositivo, junto con el establecimiento de un régimen internacional para los fondos marinos y oceánicos del subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional, y de su definición precisa, se incluye, como una cuestión relacionada con dichos temas, el mar territorial , añadiéndose entre paréntesis "incluso su anchura y la cuestión de los estrechos internacionales". Ahora bien, esta inclusión, si bien en un tono menor y como de pasada, de los estrechos, es el resultado de una fuerte, diría de una tremenda presión por parte de las superpotencias.
Entre los estrechos internacionales que no gozan de un régimen especial, el de mayor importancia, por el tonelaje del tráfico que lo atraviesa y por su valor estratégico, es el de Gibraltar. La obtención de la máxima libertad de paso por el estrecho de Gibraltar es un objetivo esencial, prioritario, tanto de los Estados Unidos como de la U.R.S.S.. Para alcanzar una idea de cómo y en qué medida la modificación del régimen jurídico internacional de los estrechos puede afectar a nuestros intereses, debo, muy brevemente, referirme a la situación actual y tratar de valorar con realismo su alcance y eficacia.
La Convención de Ginebra sobre el mar territorial de 1958 recoge una norma de Derecho internacional general al regular, en su artículo 14, el paso inocente por aguas territoriales. Se trata de una norma de aceptación universal, de manera que puede invocarla cualquier estado, se haya adherido o no a la Convención.
Esta norma es aplicable a los estrechos, cubiertos por el mar territorial de uno o más Estados, cuando se utilizan para la navegación internacional desde o hacia alta mar, como es el caso de Gibraltar, y establece la libertad de paso cuando éste no es perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad del Estado costero. A ello se añade que los submarinos deben, en todo caso, navegar en superficie. Igualmente puede el Estado costero prohibir el sobrevuelo sobre sus aguas jurisdiccionales y tomar las medidas necesarias para impedir todo paso que no sea inocente.
De acuerdo con la regla de las seis millas, que mantiene España hasta ahora, o de las doce, que siguen los países árabes y la U.R.S.S., entre todos, el estrecho de Gibraltar está comprendido en el mar territorial de uno u otro Estado ribereño por espacio de diez millas en sentido Este-Oeste, que se ampliará a treinta y tres de extender España sus aguas territoriales a doce millas. Los Estados Unidos, como saben, siguen hasta ahora la regla de las tres millas, precisamente, entre otras razones, para aumentar el área del mar libre en que no existen limitaciones, y según esta regla se puede mantener que existe en el centro del estrecho de Gibraltar un canal de mar libre. Sin embargo, la regla de las doce millas es seguida hoy por más de cincuenta Estados, mientras que sólo veintiséis seguían, hasta 1969, la de las tres millas.
La calificación del paso como inocente o no, y la prohibición de los sobrevuelos sobre las aguas jurisdiccionales constituyen una garantía que tiene el valor y el alcance que las normas jurídicas poseen en este tiempo agitado que vivimos. Pero es, en todo caso una salvaguardia mínima e irrenunciable. Es la base jurídico-internacional de nuestra defensa en el punto, quizás, de mayor importancia estratégica para España, y de la protección de nuestro territorio en una zona de tráfico tan intenso y cercano.
Tuve especial empeño en señalarlo en el foro universal de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en mi intervención del 13 de octubre pasado. En aquella ocasión dije que España se siente vitalmente interesada en cuanto ocurra en el Estrecho, o a través de él o sobre él. Por ello, subrayaba, "el paso por el estrecho de Gibraltar ha de respetar, como mínimo, en todo momento y ocasión, la paz, el buen orden y la seguridad de España", escogiendo intencionadamente, al formular este interés declinable de España y al referirme a las condiciones que debe satisfacer el paso para ser admisible la misma fórmula con que el artículo 14 de la Convención de Ginebra lo califica de inocente.
Pues bien, desde hace unos dos años, y de manera reiterada e intensa desde la primavera pasada, se ha montado una verdadera acción diplomática destinada a sustituir la reglamentación internacional vigente para el paso por los estrechos internacionales por otra que otorgue mayor libertad a la navegación y al sobrevuelo y restrinja, en consecuencia los derechos de los Estados ribereños"1 .
Tras estas expresivas y significativas palabras, debemos partir de la idea de que la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar es de carácter eminentemente estratégico. Así lo puso de manifiesto el temprano acuerdo alcanzado en 1967 entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en virtud del cual la aceptación de mares territoriales de doce millas se hacía depender del reconocimiento de la libertad de paso -a través y por encima- de las aguas de los estrechos que, como resultado de aquella extensión, quedasen cubiertas por el mar territorial de los Estrechos ribereños. Sin embargo, a pesar de este intento de situarlo cronológicamente no debemos olvidar que el desarrollo del Derecho del Mar es inseparable del desarrollo del Derecho internacional en general2 . La Convención pretende acabar con "l'anarchie internationale" sustituyendo el Derecho clásico de la Mar por un nuevo orden jurídico3 . Lo cierto es que la Conferencia debía cumplir una "mission impossible" 4. Sin embargo, no han faltado calificativos como "Constitution for the Oceans" 5. Incluso algún autor la ha calificado como "the most important global international meeting of our decade, perhaps of all time" 6. Además, este éxito hay que atribuírselo, entre otras causas, a "l'influence exercée par certaines personnalités a été déterminante dés le début de l'examen des problèmes du droit de la mer. Le ròle des ces personnalitès évolua au cours des ans dans le cadre des structures organiques de la Conférence" 7.
El 10 de diciembre de 1982 ha pasado a la historia, pues nunca jamás una Convención había sido firmada por 119 Estados en el primer día en que se abría a la firma8 . Si hacemos una retrospectiva habría que señalar que -en palabra de BOUTROS GHALI, en el décimo aniversario de la apertura a la firma de la Convención de Montego Bay (Jamaica)- ha sido "un hito en los 50 años de historia de nuestra Organización, un hito en la construcción de una verdadera comunidad de naciones... Sin embargo, aún debe ser ratificada por todos los Estaos, incluidos los países industrializados que, en opinión del Secretario General, se contaban entre "los principales usuarios de las vías marítimas y "los principales contaminadores" del mar. Los ciudadanos de esos países "deben tener conciencia de ese hecho y deben decidir si pueden continuar ese estado de cosas" 9. Sin embargo, en mi opinión , aunque estas afirmaciones son ciertas, también lo es que su éxito hubiera podido ser aún mayor si todos los países -entre ellos las grandes potencias- realmente hubieran estados dispuestos a una negociación verdadera y auténtica, máxime cuando habrían sido los que menos hubieran tenido que sacrificarse en proporción a los restantes países. A pesar de todas estas afirmaciones tan categóricas no podemos olvidar que hasta que no entró en vigor el 16 de noviembre de 1994, a los Estados Partes de los Convenios de Ginebra de 1958 les vincularía este último, amén de ser necesario -salvo en las normas consuetudinarias- que un Estado lo haya ratificado para que le vincule10 . En concreto el Convenio de Montego Bay -CONVEMAR o CNUDM-fue ratificado por España el 20 de diciembre de 1996 y entró en vigor para nuestro país el 14 de febrero de 1997.
Quizá las ideas que gobiernan este Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar sean la de "consenso"11 y la "negociación global o por paquete" ("package deal"). El método del consenso, ciertamente, tiene la ventaja de evitar normas demasiado rígidas y, por tanto, es un obstáculo para crear una "situazioni-capestro"12 . Además, el consenso es más una "democrazia sostanziale" que una "democrazia formale", en la medida en que excluye a las minorías y se refleja la expresión de la mayoría13 . Este consenso es un instrumento político y además es "un veto" que consigue paralizar 14. Sin duda, en mi opinión, estos métodos eran un medio para mantener unidas a las grandes potencias y crear discrepancias entre los restantes países. El enrevesado juego del "package deal" -que simplificando mucho cabría resumir así: mar territorial de 12 millas-zona económica exclusiva-principio archipelágico por libre tránsito de estrechos o espacios archipelágicos-libre navegación por la zona económica exclusiva, con el balancín incierto de los fondos marinos- los Estados-archipiélago han ganado, verosímilmente, buena parte de la guerra 15. McDOUGAL y BURKE han señalado que había cientos de "package deals" que daban lugar a un último "package deal" 16. Por tanto, se creó un mecanismo para evitar que se llegase a una situación de "impasse", después de tan largas negociaciones17 . La Conferencia se caracteriza por su ambigüedad, resultado de una voluntad deliberada de los negociadores18 y supone una reforma general del Derecho del Mar y establece el Nuevo Orden Jurídico Internacional de los espacios marinos. Esta reforma se caracteriza por ser universal, implica a todos los Estados del mundo 19, y global, regula todos los problemas 20. Lo cierto es que el Derecho del Mar parece ser hoy el medio más importante para el desarrollo de reglas de Derecho Internacional Público21 .
También jugó un gran papel la preparación de los representantes de los distintos Estados22 . Aunque no menos importante es el número de Estados representados en las Conferencias sobre el Derecho del Mar, celebradas hasta el momento23 . La Tercera Conferencia sobre el Derecho del Mar se caracteriza por haber introducido una serie de reglas basadas en los siguientes principios: "consensus", "gentlemen's agreement", "package deal", "acquiescense by silence", "compromise formula", "chairman's discretion", y "soft-law provisions"24 . Muy en relación con el "package deal" ("marché in bloc") y el "consenso" está el tema de los Grupos25 . Los grupos de intereses específicos se unieron para defender la misma situación geográfica (tales como los Estados geográficamente desventajados o los Estados archipelágicos) o los mismos intereses económicos. Pero sobre todo, se crearon grupos oficiosos para superar los mecanismos oficiales que hacían más lento el trabajo e imposible una verdadera "négociation groupusculaire"26 . Además, LACHARRIÉRE ha señalado que se crearon "groupes de négociations" para "questions-cles" o "particulièrement délicates"27 . Efectivamente, como ha señalado PUEYO LOSA:
"Los reagrupamientos estatales desarrollados en la III Conferencia a la luz de los particularismos geográficos han servido, ciertamente, a las propias Grandes Potencias para aprovechar en su propio beneficio los resquebrajamientos que, en muchos casos, vendrían a conmover las genuinas solidaridades regionales expresivas de una verdadera comunidad de intereses" 28.
Además, hay tendencia hacia un "nazionalismo marittimo"29 , en mi opinión favorecido por la presencia de los Grupos en la Tercera Conferencia sobre el Derecho del Mar. Además, como ha señalado LACHARRIÉRE, los grandes beneficiados son las tendencias: nacionalismo, regionalismo, mundialismo30 . Todos estos aspectos reflejan, como ha señalado PONTAVICE y CORDIER, que al confiarse la preparación de la Conferencia a un órgano político (como lo es el Comité de Fondos Marinos), y no a un órgano jurídico como en el caso de las otras Conferencias sobre el Derecho del Mar, manifiesta el carácter político de las cuestiones tratadas31 . Otro principio sobre el cual se basa el Derecho del Mar es el "gentlemen's agreement", aprobado por la Asamblea General el 16 de noviembre de 1973. Este sistema resulta de un compromiso entre el Tercer Mundo y los Estados industrializados para proteger a esta minoría contra la mayoría automática del Tercer Mundo32 . Las naciones del Tercer Mundo querían que la Conferencia sirviera para establecer un nuevo Código sobre el Derecho del Mar, y no para una simple revisión de las Convenciones de Ginebra de 1958, que habían sido impuesta por las Grandes Potencias Marítimas, reclamando su derecho a oponerse a una costumbre internacional codificada antes del fin del colonialismo 33.
Pero, paradójicamente, -y a pesar de la regla del consenso- finalmente la Convención sobre el Derecho del Mar, hubo de ser adoptada mediante votación, a instancias de Estados Unidos, el 30 de abril de 1982 (DOC.A/CONF.62.SR.182)34 .
En cuanto a una posible entrada en vigor de la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982, debemos de tener en cuenta que, según el art. 308.1:
"Esta Convención entrará en vigor doce meses después de la fecha en que haya sido depositado el sexagésimo instrumento de ratificación o de adhesión" 35.
A finales de 1989, únicamente cuarenta y dos Estados habían cumplido este requisito36 . Apenas una cuarta parte de los signatarios, habían manifestado su consentimiento en obligarse37 . Sin embargo, parecen existir en estos momentos esperanzadores indicios de su pronta entrada en vigor. En un artículo de julio de 1994, STEVENSON y OXMAN, hacían la siguiente afirmación:
"The overwhelming majority of states signed it and over sixty have ratified it. It will enter into force on November 16, 1994.
Now the world must decide whether or not the Convention will be widely ratified, that is, whether objetions to Part XI will be accommodated and the Convention will enjoy both widespread and representative participation. This option will not last indefinitely.
In recent years, the laws and policies of many goverments have been based on the assumption that in time the Convention would be widely ratified. Its entry into force puts that assumption to the test. If over time the assumption appears to be increasingly questionable, its influence as a restraining force on the laws and actions of governments may weaken. As states yield to the temptation to adopt measures inconsistent with the Convention, their willingness and political ability to ratify it will decline, and we will have lost a unique opportunity to reap its benefits" 38.
REMIRO BROTONS ha manifestado que este instrumento de trescientos veinte artículos y nueve anjeos tiene una "clara vocación constitucional... llamado -si no a sustituir- a prevalecer (artículo 311.1) sobre las cuatro Convenciones de Ginebra, de 22 de abril de 1958, a las que España se adhirió el 25 de febrero de 1971" 39. RIQUELME DE CORTADO, bastante acertadamente a nuestro juicio, señala que "de suerte que, si el número de los Estados contratantes sigue aumentando al ritmo que lo ha venido haciendo hasta ahora, sobre todo si tomamos como media la que arrojan las ratificaciones depositadas en manos del Secretario General de las Naciones Unidas en los tres últimos años -en los que sólo diez Estados han dado este paso, frente a los treinta y dos que lo dieron antes-, aún podrían pasar más de cuatro años para que la Convención de 1982 llegue a entrar en vigor. Y, lo que es peor, presumiblemente lo hará respecto de unos Estados -tercermundistas, en su inmensa mayoría- que difícilmente van a poder acometer, por sí solos, la puesta en marcha del costoso y complejo sistema diseñado en la Convención para la exploración y explotación de los recursos de la zona internacional de fondos marinos"40 . De hecho, entró en vigor el 16 de noviembre de 1994, a los cuatro años de la afirmación de este autor. Pero de lo que no cabe duda es que la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ha sido y seguirá siendo la "Conférence su siècle"41 . Sin embargo, TULLIO TREVES considera que "il s'ensuit que, bien qu'il soit possible, et méme probable, que la convention de 1982 entre en vigueur au cours des prohaines années, il n'est pas probable, à moins que des changements importants ne soient portés au régime des hauts-fonds marins, qu'elle entre en vigueur dans un avenir prochain pour les États maritimes et industrialisés le plus importants"42 . En mi opinión, todos los problemas con los que se han encontrado la elaboración de esta Convención, pone de manifiesto que su entrada en vigor sería más un símbolo que una realidad, en la medida en que son los Estados con menos influencia en la economía mundial los que la han ratificado, y además, el auténtico problema de la zona internacional de los fondos marinos es un problema de futuro. La única solución, a mi juicio, sería la buena fe de los Estados y, sobre todo, de las Grandes Potencias y que realmente estuviesen dispuestos a hacer concesiones a cambio de los beneficios obtenidos en el articulado de la Convención.
Sin embargo, el auténtico problema aún hoy no resuelto es la rotunda oposición de los grandes países desarrollados, principalmente Estados Unidos y la ex-Unión Soviética, como consecuencia de la explotación de los recursos de la Zona. Pero lo cierto es que ha favorecido un proceso de codificación y desarrollo progresivo del Derecho del mar incoado por la Conferencia, "impulsando cambios legislativos relativamente armónicos en la mayoría de los países y propiciando la formación, cristalización y confirmación de normas generales por vía consuetudinaria" 43. Lo cierto es que la Conferencia es a la vez un desarrollo del derecho escrito y de la costumbre44 . Así, JIMÉNEZ PIERNAS ha llegado a analizar la cuestión en los siguientes términos:
"La práctica estatal que sin esperar al éxito o fracaso formal final ha decidido aplicar o respetar los acuerdos o consensos conseguidos en ciertos temas, caso arquetipo de la fórmula 12+188 millas como extensiones del mar territorial y de la zona económica exclusiva y, por ende, del régimen jurídico de ambos espacios. Por tanto, la labor de la Conferencia respecto de ciertas instituciones ha sido, paradójicamente y por lo menos hasta ahora, más de contenido sustantivo que de carácter formal"45
España es uno de los firmantes, siendo incomprensible esta postura, en la medida en que globalmente no se protegen los intereses españoles como lo hacen todavía los Convenios de Ginebra, particularmente el de mar territorial y zona contigua, ni como Estado ribereño de un estrecho, ni como Estado mixto. Sin embargo, España, finalmente, firmó el Convenio pero tan sólo cinco días antes de que finalizara el plazo -cerrado el diez de diciembre de 1984 (artículo 305.2)-. Quizá faltase, en realidad una justificación oficial suficiente, a mi juicio, en la medida en que los intereses españoles se veían notablemente lastimados o ignorados. Durante su elaboración España defendió de forma rotunda los mismos, pero lo cierto es que de una forma ineficaz. Aunque, en mi opinión, España hizo todo lo posible dentro de sus posibilidades teniendo en cuenta la situación política en la que tuvo lugar, que comprende una etapa tan crítica y con problemas internos tan difíciles como el paso de una dictadura a la democracia y los años de la crisis mundial. Años difíciles y muy agitados en los cuales reinaba un gran desconcierto y falta de coordinación en las instituciones gubernamentales. De este modo, primaron los intereses de las Grandes Potencias, que defendieron sus intereses estratégicos. Sin embargo, España y otros dieciséis Estados se habían abstenido en la adopción del Convenio, y entre ellos estaban, por razones obvias todos los de Europa. Estados Unidos no sólo no firmó la Convención sino que, además, había votado con anterioridad, contra la adopción de su texto, junto con Israel, Turquía y Venezuela.
Sin embargo, y a pesar de lo que en un principio podría pensarse, la Convención de Montego Bay no puede ser impuesta a los Estados no Parte sin su expreso consentimiento (artículo 38 del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 23 de mayo de 1969). Por esta razón, a España se le seguiría aplicando las Convenciones de Ginebra y la Convención de Chicago. Además, a España -a pesar de lo que han defendido en numerosas ocasiones el Gobierno norteamericano- no se le podría aplicar a la fuerza el régimen de paso en tránsito a través y sobre los estrechos usados para la navegación internacional sin su previo consentimiento. Además, podrá continuar manteniendo el régimen de paso inocente para buques y el régimen de previa autorización para el sobrevuelo de aeronaves estatales a través y sobre los estrechos, de acuerdo a la Convención sobre el mar territorial de 1958 y la Convención de Chicago. Sin embargo, no es lo que está ocurriendo en la práctica -es el caso del bombardeo de Libia-, cuestión que estudiaremos más detenidamente en su momento. Además, puede exigir el cumplimiento de estos regímenes a los Estados que sean partes en las Convenciones mencionadas. A mi juicio, esta es una conclusión obvia en la medida en que únicamente vinculará a los Estados parte en el mismo, salvo las ya normas consuetudinarias.
Sin embargo, volvemos a insistir en una idea que debe de estar presente en todo nuestro planteamiento: a finales de 1989, cuarenta y dos Estados habían ratificado y España no estaba entre ellos. La Convención entró en vigor el 16 de noviembre de 1994, en la medida en que el artículo 310 exigía sesenta instrumentos de ratificación para este propósito 46, aunque para España entró en vigor el 14 de febrero de 1997. Además, como ha manifestado TULLIO TREVES, "il n'en reste pas moins que, dès le moment où la Convention a été adoptée par la Conférence, il y a eu des raisons de douter qu'elle devienne un instrument conventionnel de véritable portée universelle. Certains États industrialisés d'importance, les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne et la République fédérale d'Allemagne, n'ont pas signé la Convention en indiquant leur désaccord sur la partie concernant le régime de l'exploitation des ressources minières des hauts-fonds marins. D'autres États indutrialisés, tout en ayant signé la Convention, ont clairement indiqué que leur signature ne voulait pas indiquer que la décision de ratifier était prise: au contraire, pour prendre cette décision, ils atendaient que les résultats des travaux de la commission préparatoire de l'Autorité internationale des fonds marins, instituée par une résolution annexée à l'Acte final de la Conférence, corrigent les "imperfections et insuffisances" des règles concernant l'exploitation des ressources des hauts-fonds marins"47 .
España se abstuvo en la votación y no firmó el Convenio del día 10 de diciembre de 1982, por las razones que el Embajador MANUEL LACLETA MUÑOZ, argumentaría:
"Los intereses de sus país no fueron debidamente tenidos en cuenta cuando se llegó a la solución de transacción definitiva. La delegación de España, tras muchos años de esfuerzo, se vio obligada a presentar una serie de enmiendas a varios artículos del texto de la Convención y otra enmienda de proyecto de resolución III que, o bien fueron retiradas en un último esfuerzo de transacción o hubieron de ser llevadas hasta la votación. Al no haber conseguido que se incorporaran al texto esas enmiendas, que su Gobierno consideraba de gran importancia, no habría extrañado a nadie que la delegación de España hubiese votado en contra del proyecto.
Sin embargo, el Gobierno de España, consciente de la transcendencia política e histórica del momento final de la Conferencia, se ha limitado a abstenerse, por más que considera que su posición, en una cuestión de gran importancia y que le afecta muy directamente, no ha sido recogida adecuadamente en el texto. Se trata de la Parte III del proyecto de Convención y, muy especialmente, de los artículos 38, 39, 41 y 42. La posición de España sobre la materia consta en el documento A/CONF.62/L.136. Además, el Gobierno de España tampoco puede aceptar el texto de la resolución III en su conjunto y objeta en especial el párrafo segundo de ésta.
Por último, el Gobierno de España considera, al menos en relación con las cuestiones antes mencionadas, que los textos aprobados por la Conferencia no constituyen una codificación o expresión del derecho consuetudinario"48 .
Por razones obvias, España no se limitó a firmar la Convención, sino que hizo, además, nueve declaraciones interpretativas de alguno de sus artículos, puesto que las reservas estaban prohibidas (artículos 309 y 310, respectivamente)49 .
Naturalmente, España con estas declaraciones, al igual que los restantes Estados, ha intentado matizar, suavizar o, incluso, sortear los aspectos más negativos que para sus intereses se derivan del estatuto de mares y océanos propuesto por la Convención de 1982 y, en especial los relacionados con su posición estratégica como país estrechario. Además, estas declaraciones son, en líneas generales, como era de suponer, fiel reflejo de los puntos de vista y actitudes mantenidos por nuestra delegación a lo largo del proceso de revisión del Derecho del Mar, tanto en la Comisión de Fondos Marinos, preparatoria de la Tercera Conferencia sobre el Derecho del Mar, como en la Conferencia misma. Lo cierto es que, como ha señalado REMIRO BROTONS, "las reservas fueron prohibidas justamente para evitar que a través de ellas se esfumaran las ventajas que los países en vías de desarrollo creían haber obtenido, mediante las correspondientes concesiones, de los países desarrollados; de hecho, fue esta prohibición la que forzó a Estados Unidos a votar y a no firmar la Convención, rompiendo el consenso con el que se esperó adoptar el texto. Las declaraciones fueron a su vez, permitidas, para suavizar la rigidez de la prohibición de las reservas"50 . Para RIQUELME CORTADO, España firmó la Convención porque el Convenio de Jamaica prevé una posición aventajada de los signatarios frente a los no signatarios en la Comisión Preparatoria de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, ya que los signatarios podrán adoptar decisiones a diferencia de los no signatarios que sólo podrán participar en ellos. Además, debemos tener en cuenta que la Comisión Preparatoria va a desempeñar un papel importantísimo pues sus decisiones deberán ser reconocidas y respetadas por la Autoridad y sus órganos. También hay que tener en cuenta que España estaba pendiente de su ingreso en la Comunidad Económica Europea y la mayoría de los Estados miembros de esta organización y la propia Comunidad la habían firmado ya51 .
España fue uno de los países que, en defensa de sus intereses propios, mantuvo en la Conferencia que se autorizaran las reservas en aquellas materias donde no fuera posible alcanzar un acuerdo satisfactorio para todos. Sin embargo, no tuvo éxito. Pero el distanciamiento entre la postura adoptada por los delegados españoles y el contenido de determinados artículos que afectaban seriamente a nuestros intereses, era prácticamente inconciliable. Por esto, España, al igual que un tercio de los restantes signatarios, se vio obligada a realizar, junto con la firma, una serie de declaraciones interpretativas. Sin embargo, el sistema adoptado en el Convenio es bastante aceptable, a pesar de los graves perjuicios que pueda ocasionar a España, en la medida en que con ello se evita una fragmentación de la integridad de la Convención y el acuerdo global prestado al Derecho del mar y, por otra, la de aquellos países que exigían la permisión de reservas a las reglas sobre delimitación de espacios52 . En mi opinión, a pesar de los numerosos intereses que estaban en juego, hubiera sido un grave error permitir las reservas, pues, precisamente, el fracaso de las Convenciones de 1958, había sido la fragmentación de la regulación y que unos países ratificasen unos Convenios, pero no los otros.
Como ya hemos mencionado, España formuló nueve declaraciones interpretativas53 , cinco de las cuales versan sobre el régimen de paso en tránsito y la lucha contra la contaminación en los estrechos utilizados para la navegación internacional. Es evidente que España tuvo que tomar la cabeza del grupo de Estados estrecharios, pues era uno de los más afectados por la "política avasalladora de las grandes potencias usuarias (y usurarias), dispuestas sólo a compromisos retóricos"54 . Pero sus miembros eran pocos, su influencia escasa y su capacidad de maniobra limitada. Por todos estos motivos fue fácil conseguir el apoyo, por otra parte injustificado, de los más dependientes y los menos comprometidos y, finalmente, conseguir desmoralizar a los restantes que se veían impotentes.
Lo cierto es que el régimen de los estrechos utilizados para la navegación internacional fue la principal causa de la abstención española en la adopción de la Convención y, lógicamente, la Parte de ésta que requería ser interpretada de manera que, respetándola, se protegiera en la medida de lo posible los intereses españoles.
Además, también serán objeto de nuestro estudio los artículos 41 y 42, referidos a la navegación en inmersión de los submarinos (un derecho que, a nuestro juicio no debería presumirse y en el que ya profundizaremos en su momento) son garantías insuficientes para la seguridad marítima.
Con todo, aún pueden consolarse los que se beneficien -que no es el caso de España- del impulso que en el proceso de formación de la Convención ha supuesto para la consagración, cristalización o generación de normas consuetudinarias ya oponibles a todos los Estados al margen de la expresión formal de su consentimiento en vincularse por ellas. Sin embargo, a nuestro juicio, el único motivo por el cual España pudo haber firmado dicho Texto es como consecuencia de la adquisición de "status" de miembro de pleno derecho de la Comisión Preparatoria de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Pero lo cierto es que una gran parte de la Convención ha llegado a formar parte de la costumbre internacional55 , incluso antes de su ratificación y, por tanto, vincula tanto a los signatarios como a los no signatarios. Incluso los Estados Unidos creen que una parte del Derecho del Mar son normas codificadas como las relativas a la jurisdicción del Estado costero sobre mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental. Incluso las normas relativas a la navegación marítima y sobrevuelo a través del mar territorial y estrechos, según los Estados Unidos, ha llegado a ser parte de la costumbre 56.
Toda esta cuestión acerca de las declaraciones interpretativas de España serán analizadas más detenidamente al hacer referencia al estrecho de Gibraltar. Sin embargo, hemos creído fundamental esta breve explicación de la misma para poder dar una amplia versión de las cuestiones que nos ocuparán en su debido momento.
Muy relacionado con el tema de las declaraciones españolas están los efectos de este trabajo sobre el Derecho internacional consuetudinario, los cuales son, entre otros:
a) Las nociones tradicionales del mar territorial, paso inocente, alta mar, estrechos, islas, plataforma continental o los valorados en el marco de esta Conferencia y sean adaptados a las realidades actuales.
b) Las nuevas nociones son: zona económica de 200 millas marinas, fondos marinos internacionales, régimen archipelágico, etc. 57.
Sin embargo, si debemos hacer una valoración de lo que ha supuesto la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, debemos de tener muy en cuenta la opinión de ANN L. HOLLICK, que ha manifestado que "the legal regimen emerging at the Conference is seriousley deficient. And from the perspective of international equity, the likely outcome of the Conference is a worsening of the already monumental gap between the poorest developing nations and the rest of the world"58 . STEVENSON y OXMAN, al hacer un análisis del status de la Convención han señalado que:
"There are four main reasons why a widely ratified Convention is a better guarantor of this long-term stability than customary international law.
First, governments are more inclined to respect obligations to which formal consent has been given by the highest political authorities. Even if the Convention is now generalley declaratory of customary international law, this leaves much room for argument about important details.
Second, without widespread ratification, inevitable "violations" are more easily interpreted as evidence that state practice, the ultimate source of customary law, is not necessarily rooted in the Convention.
Third, the Convention contains compulsory dispute settlement procedures to help restrain unreasonable claims and contribute to a stable legal order. Customary international law imposes no such obligation and few states are under such an obligation to each other.
Fourth, the Convention contains a system for ordered change that strengthens rather than erodes the legitimacy of its basic structure. It is open to formal amendment and encourages supplementary agreements and organizational arrangements with the participation of affected states. Its interpretation will be adapted to changing cicumstances by authoritative tribunals. It incorporates by reference future safety and enviromental rules, and contains a flexible system of shared competence for regulating navigation in particulary sensitive or dangerous coastal areas59 .
Otro problema que vamos a analizar es el que puede plantear ciertas instituciones del derecho del Mar en cuanto a su carácter o no de norma consuetudinaria. Esta situación se plantea en la medida en que el 10 de diciembre de 1982, Estados Unidos y otras veintidós naciones decidieron no firmar la Convención. Es decir, cuál es el estatuto de los "third states". Sin embargo, esta misma situación que se han planteado numerosos autores dependerá en su respuesta de los intereses que se persigan 60. Sin embargo, es una cuestión que creo conveniente analizar en cada supuesto concreto según se trate del sobrevuelo de aeronaves, navegación de estrechos, etc.
En la Conferencia se trataron temas viejos enfocados, sin embargo, a la luz de las realidades del momento, son -a modo de ejemplo-, las aguas interiores, el mar territorial, los estrechos internacionales, la plataforma continental, el alta mar, las islas, la solución de controversias, etc. Temas nuevos son el régimen y mecanismo para la zona internacional de los fondos marinos y oceánicos, la zona económica exclusiva, la problemática de los Estados sin litoral y en situación geográfica desventajosa, la cuestión de los archipiélagos, la contaminación, la investigación científica y un larguísimo etcétera61 . El nuevo régimen convencional ha beneficiado a España en materia de mar territorial, zona contigua y plataforma continental; en lo que concierne a la delimitación de la plataforma continental y la zona económica exclusiva el régimen de 1982 es menos favorable para España que el de 1958, pero no hay que olvidar que este último no era de aceptación general y que no vinculaba a los Estados vecinos del nuestro con los que España tiene problemas de delimitación; en la cuestión de los archipiélagos, España no ha obtenido de la Convención las consecuencias favorables que hubiesen resultado posibles, es decir, la extensión del principio archipelágico a los archipiélagos de Estado; en lo que concierne a la zona internacional de los fondos marinos, el impacto del régimen convencional en los intereses españoles es complejo y está repleto en todo caso de interrogantes e incertidumbres; por lo que respecta a los estrechos utilizados para la navegación internacional, el régimen de 1982 es claramente desfavorable para nuestro país -ribereño del Estrecho de Gibraltar-, como también lo es la institución de la zona económica exclusiva, que repercute seriamente y de manera negativa en los importantes intereses de la pesca de altura española. Pero de todos modos, la zona económica exclusiva ya es una costumbre internacional en la medida en que la mayoría de los países la habían adoptado en su legislación interna antes de 198262 . En mi opinión, estas breves reflexiones son un reflejo de cuál es la situación para España y si le beneficia o perjudica la regulación. Reflexiones que comparto en su totalidad.
Antes de iniciar el primer capítulo debemos señalar que todas las cuestiones que a partir de este momento vamos a analizar están redactadas en seis idiomas en el Convenio y todos ellos son igualmente auténticos. Esto ha llevado a que en muchas cuestiones -que analizaremos en su momento- las traducciones del texto inglés a los restantes idiomas se hicieron muy rápidamente, lo que planteará numerosos problemas. Sin embargo, lo cierto es que no es fácil encontrar solución a los numerosos problemas de armonización y concordancia 63
1 .- Vid. YTURRIAGA, J.A., La actual revisión del Derecho del Mar: una perspectiva española. Textos y documentos, II, 2, Madrid, 1974, pp. 398-400. También puede consultarse, en su mayor parte pero con el texto en inglés, la obra del mismo autor: vid. YTURRIAGA, J.A., Straits used for international navigation. A spanish perspective, Dordrecht/Boston/London, The Netherlands, 1991, pp. 48-49. Estas palabras están transcritas del Ministro de Asuntos Exteriores Gregorio López-Bravo, el 3 de febrero de 1971 en una Conferencia pronunciada en el "CESEDEN" (Higher Centre for Studies of National Defence). El subrayado es nuestro.
Un análisis general sobre el Derecho del Mar puede consultarse en la obra de LIÑÁN BARRETO, A.P., El Derecho del Mar, 2007, cuyo texto puede consultarse en la siguiente dirección de Internet [http://www.monografias.com/trabajos44/derecho-del-mar/derecho-del-mar.shtml].
2 .- Vid. CHURCHILL, R.R., y LOWE, A.V., The Law of the Sea, Manchester Univesity Press, 1988, p. 3 (segunda edición revisada y ampliada). El subrayado es nuestro. Un análisis general de los océanos y el Derecho del Mar, puede consultarse en DOC. A/64/66/Add.1*, publicado el 25 de noviembre de 2009, participando España. Vid. el texto completo la Red de Redes que es Internet [http://www.preventionweb.net/files/resolutions/N0949933.pdf], que recoge el 64º período de sesiones. En la Resolución de Los Océanos y el Derecho del Mar emitida en su 66º Período de Sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGONU) decidió que durante su 67º Período de Sesiones dedicara dos días de sesión plenaria (10 y 11 de diciembre de 2012) al examen del tema Los Océanos y el Derecho del Mar y a la conmemoración del 30º aniversario de la apertura de la firma de la Convención. Vid. el Documento "30º aniversario de la apertura a firma de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) 1982-2012", 5, Ius Gentium (2012 julio), p. 5, y también puede consultarse en [http://www.sre.gob.mx/images/stories/doccja/bjcsept2012.pdf]. También puede consultarse el DOC. A/67/L.21, de 23 de noviembre de 2012, que recoge el 67º período de sesiones, y una nueva Resolución sobre Los Océanos y el Derecho del Mar, en el que también estuvo presente la Delegación española.
3 .- Vid. LACHARRIERE, G. de, "La réforme du Droit de la Mer et le role de la Conférence des Nations Unies", en BARDONNET, D., y VIRALLY, M., ed., Le Nouveau Droit International de la Mer, Paris, 1983, p. 3. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar representa un nuevo orden jurídico para regir los usos y recursos de los océanos. Vid. KOH, Tommy, T.B., "Negotiating a New World Order for the Sea", 24, V.J.I.L. (1984), p. 761.
4 .- Vid. LACHARRIERE, Guy de, "La réforme...", loc. cit., en BARDONNET, D., y VIRALLY, M., ed., Le Nouveau Droit..., loc. cit., p. 6. En los Documentos Oficiales se pone de manifiesto esta idea en los siguientes términos:
"La importancia de la Conferencia quedó demostrada por la alta calidad de las contribuciones hechas por los gobiernos y sus representantes en el proceso de preparación. Los Estados manifestaron con mucha claridad sus circunstancias e intereses nacionales vitales. Pero también es evidente que se está desarrollando una comprensión generalizada del hecho de que es preciso conciliar esos intereses para que pueda establecerse un orden jurídico internacional generalmente aceptado y eficaz". Vid. Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Documentos Oficiales, vol. I, 1974, p. 3.
AMERASINGHE considera que "El hecho de que el derecho del mar sea una esfera muy complicada y difícil no debe intimidar a la Conferencia. Por el contrario, debe darle una determinación aún mayor del tener éxito". Ibíd. p. 4. También LACHARRIERE consideraba que era una "mission impossible". Vid. LACHARRIERE, G. de, "La réforme du Droit de la Mer et le role de la Conférence des Nations Unies", 84, R.G.D.I.P. (1980), p. 221.
5.- Vid. MANN-BORGESE, E., "The role of the Sea-Bed authority in the '80s and '90s. The Common Heritage of Mankind"; en DUPUY, R-J., La gestion des ressources pour l'humanité: Le droit de la mer/The management of humanity's resources: the Law of the Sea, R.C.A.D.I. (1981), p. 36. Prueba de ello es que el proyecto de la Convención supone una verdadera ruptura con el derecho internacional de la mar y se caracteriza por "le mode communautaire", rompiendo con el individualismo tradicional. Vid. BELAID, S., "Communautarisme" et individualisme dans le nouveau droit de la mer", Ibíd., p. 135. También la califica "constitution for the oceans", entre otros autores, J.S. STEVENSON. Vid. GARDNER, R.G., (moderador), "Post Caracas: striking a bargain for settlement at Geneva", 14, 1, C.J.T.L. (1975), p. 8. También FERNÁNDEZ BEISTEGUI, C.F., "La preservación del medio marino en el nuevo Derecho del Mar", VII, A.D.M. (1989), p. 144. En este mismo sentido vid. NORTON MOORE, J., "Charting a new course in the Law of the Sea negotiations"; 10, D.J.I.L.P. (1981), p. 208. También es calificada "Charter for the World's Oceans" por VRIES LENTSCH, P. de, "The right of overflight over strait States and archipelagic States. Developments and prospects. XIV, N.Y.I.L. (1983), p. 166. Vid. también HAZOU, Linda L., "Determining the extent of admissibility of reservations: some considerations with regard to the Third United Nations Conference on the Law of the Sea", 9, D.J.I.L.P. (1980), p. 82. También se ha hablado de "new era of stability and certainty for the law of the sea". Vid. JOYNER; Christopher C., (moderador), "Law of the Sea: Evolving National policies", en JOYNER, Christopher C., "Remarks", American Society of International Law Proceedings of the 84th Annual meeting, march 28-31 1990, p. 277. Pero quizá esta frase se atribuya, con más frecuencia, a TOMMY T.B. KOH, "A Constitution for the Oceans", en NORDQUIST, M.H., ed., United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. A Commentary, I, Dordrecht, The Netherlands, 1985, p. 11. Además, esta misma calificación "constitución para los océanos" ha sido recogida en CRÓNICA ONU, "Derecho del Mar: no socaven la Convención", 2, XXI (1984), p. 102. En el mismo sentido EVENSEN, J., "Working methods and procedures in the Third United Nations Conference on the Law of the Sea", 199, R.C.A.D.I. (1986-IV), pp. 430 y 438. También se ha calificado como "Magna Carta of the Deep Ocean Floor", Ibíd., p. 501. Quizá la expresión que mejor califique la misma sea la recogida en la resolución 46/78, adoptada por la Asamblea General, en la que se habla de "universal participation in the Convention". Vid. reproducida en "Law of the sea", 45, Yearbook of the United Nations (1991), p. 838. En estos mismos términos se recoge en artículos recientes como el escrito por PLATZÖDER, que se refiere en los siguientes términos a esta cuestión:
"A specific clause was introduced by the UN Resolution on the Law of the Sea of that year, which invited 'all States to make renewed efforts to facilitate universal participation in the Convention'. The term 'universal participation' was agreed upon after a long debate.
The States which insist on substantive changes to the Convention would have preferred the term 'universally or generally accepted Convention'. Others did not want to take sides, and felt that the best term to describe their common objective was 'universality of the Convention'. In the 1992 Report on the Law of the Sea of the Secretary-General there is a section entitled 'Question of the Universality of the Convention on the Law of the Sea'. It is stated, that 'since the overwhelming majority of ratifications are from developing countries, the long-standing intent of the international community to achieve a universally accepted Convention takes on a new meaning'. Thus, the Secretary-General shares at least some sympathy with those States which argue that the Convention was not universally acceptable when adopted, and should be changed before its entry into foce. However, the Secretary-General is using the term 'universal participation' when reporting on his 'initiative of convening informal consultations aimed at achieving universal participation in the Convention". Vid. PLATZÖDER, R.; "Substantive changes in a multilateral treaty before its entry into force: The case of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea", 4, 3, E.J.I.L. (1993), p. 391.
MATEESCO-MATTE la ha calificado "la plus universelle de l'histoire". Vid. MATEESCO-MATTE, M., "Quelques remarques en marge de la Convention de Montego Bay (Jamaique) sur le nouveau Droit de la Mer: du "patrimoine de l'humanité au patrimoine national des États riverains", VII, A.D.M.A. (1983), p. 44.
6.- Vid. GARDNER, R.G., (moderador), "Post Caracas: striking...", loc. cit., p. 3. Esta opinión es manifestada por el propio moderador. Además, ha sido calificada como "the largest multilateral negotiation in history". Vid. NORTON MOORE, J., "Charting a new course..., loc. cit., p. 208. Sin embargo, KIRSCH señala que "most of the industrialized nations, signatoires or not, also stated at the time and later that they would give their adherence to the convention only of the sea-bed regime was developed in an acceptable manner..., and only one by an industrialized nation -Iceland. For an instrument intended to be universal, this is a rather poor result". Vid. KIRSCH, Ph., "The right to property in international law: The legal regime of the Sea-bed", H.Y.I.L. (1991), p. 218.
Pero también se han valorado negativamente en cuanto a que es ambigua en su significado y simplifica los conceptos y hay inconsistencias en el lenguaje que da lugar a erróneas interpretaciones. Vid. KWIATKOWSKA, B., The 200-Mile Exclusive Economic Zone in the New Law of the Sea, Dordrecht, The Netherlands, 1989, p. xxxiii. La Conferencia se presentaba asimismo como ampliamente innovadora, pues muchos de los planteamientos de la misma aspiraban a hacer tabla rasa del régimen entonces en vigor, tal como había sido calificado en las Convenciones de Ginebra de 29 de abril de 1958 adoptadas en la Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; era el caso de la reivindicación de los Estados ribereños tercermundistas de establecer una zona de 200 millas a partir de la costa -la zona económica exclusiva- y que para los estrechos utilizados para la navegación internacional se estableciese un régimen de libertad que permitiese el paso de los submarinos en inmersión y el libre sobrevuelo de aeronaves; era asimismo la demanda de los Estados archipelágicos de poder medir el mar territorial y la zona económica exclusiva a partir del denominado perímetro archipelágico, etc. También estaba la cuestión del aprovechamiento de los inmensos recursos minerales situados en el fondo de los océanos, a gran profundidad y a larga distancia de la costa, cuya explotación resultaba ya posible y rentable gracias al increíble desarrollo de la tecnología. Vid. PASTOR RIDRUEJO, J.A., "La Convención de 1982 sobre el Derecho del Mar y los intereses de España", en Cursos de Derecho Internacional de Vitoria-Gasteiz (1983), p. 74.
7.- Vid. LÉVY, J.P., "La Conférence sur le Droit de la Mer. Un atelier international expérimental", 84, R.G.D.I.P. (1980), p. 47.
8.- KOH, Tommy T.B., "A Constitution for the Oceans", en NORDQUIST, M.H., ed., United Nations Convention..., loc. cit., p. 11.
9.- CRÓNICA ONU, "Convención sobre el Derecho del Mar: 10 años después. Un hito en la construcción de una verdadera comunidad de naciones", 1, XXX (marzo 1993), p. 87. Además, "pese a no estar aún en vigor, la Convención había tenido "repercusiones importantes sobre la práctica de los Estados en cuestiones marítimas", señaló ante la Asamblea José Luis Jesús (Cabo Verde), Presidente de la Comisión Preparatoria de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y del Tribunal Internacional de los Fondos Marinos y del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Una amplia mayoría de Estados había elaborado la importante práctica de "ajustar sus políticas y legislación nacional al nuevo orden jurídico para los océanos". Sin embargo, el problema de la extracción de los fondos marinos llevó a una crisis de la Convención. Ibíd.
10 .- A estos efectos, conviene recordar que el citado Convenio sobre mar territorial y la zona contigua no contiene cláusula de denuncia y que, cuando Senegal pretendió retirarse del mismo en 1971, los servicios jurídicos de la ONU mantuvieron que ello no era posible, y el citado país sigue figurando en la lista de Estados Partes en el Convenio. Como señaló el Gobierno de Gran Bretaña, el Convenio no era susceptible de denuncia unilateral de un Estado Parte y, por consiguiente, no se podía aceptar la validez o efectividad de la citada denuncia. En efecto, como se indica en el Convenio de Viena de 1969, un tratado que no prevea la denuncia o retiro del mismo no podrá ser objeto de denuncia, a menos que conste que fue intención de las partes admitir tal posibilidad, o que el derecho de denuncia pueda inferirse de la naturaleza del tratado (artículo 56,1 del Convenio de Viena, de 23 de mayo de 1969 sobre derecho de los tratados). Incluso al propio Convenio de 1982 prevé que sus disposiciones no modificarán los derechos ni las obligaciones de los Estados Partes que dimanen de otros acuerdos compatibles con ella (artículo 311,2 del Convenio de 1982). Mas, ¿qué ocurrirá con los acuerdos que no sean compatibles, cual es el caso de las disposiciones del Convenio de Chicago relativas al sobrevuelo de las aeronaves del Estado?. En base al Convenio de Viena, un tratado no crea obligaciones para un tercer Estado sin su consentimiento expreso. Podrá ser enmendado por acuerdo entre las partes, pero el nuevo acuerdo no obligará a ningún Estado que, aún siendo parte en el tratado, no lo sea en el acuerdo. En tal caso, "en las relaciones entre un Estado que sea parte en ambos tratados y un Estado que sólo lo sea en uno de ellos, los derechos y obligaciones recíprocos se regirán por el tratado en que los dos Estados sean partes" (artículo 34, 35, 39, 40,4 y 30,4 del Convenio de Viena). Así pues, dado que España es parte en el Convenio de Chicago, las modificaciones que la Convención introduzca en el mismo no se le podrán imponer contra su voluntad. España podrá, por tanto, seguir aplicando en el espacio aéreo suprayacente a los estrechos las normas de su ordenamiento que están en conformidad con el Convenio de Chicago. El Convenio de Viena prevé, sin embargo, que lo dispuesto sobre sucesión de tratados no impedirá que una norma de ellos enunciada "llegue a ser obligatoria para un tercer Estado como norma consuetudinaria de derecho internacional reconocida como tal". No resulta en este caso aplicable -como algunos autores han pretendido- la doctrina de la "cristalización instantánea" de las normas consuetudinarias a través de la "opinio iuris" de los Estados expresada durante una conferencia internacional y recogida en un tratado internacional como la Convención, pasando por alto el elemento temporal requerido para su consolidación. Vid. YTURRIAGA BARBERÁN, J.A., Ámbitos de soberanía..., loc. cit., pp. 318-319. He creído conveniente avanzar una serie de ideas que, si bien pueden considerarse un poco precipitadas, es la base del tema en cuestión: la relación del Convenio de 1982 y otros Convenios como el de Chicago, Viena o los de Ginebra de 1958.
LACLETA MUÑOZ, ALMAZÁN GÁRATE y ESTEPA MONTERO consideran que uno de los motivos de la entrada en vigor en noviembre de 1994 de la Convención de Montego Bay puede ser la aprobación por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Resolución de 28 de de julio de 1994, pocos meses antes de su entrada en vigor:
"La Resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 28 de julio de 1.994 se titula 'Acuerdo para la aplicación de la Parte XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar aprobada en Montego Bay'. ¿En qué consiste el referido acuerdo? El acuerdo va encaminado a permitir la aplicación; pero para permitir la aplicación lo que hace realmente es reformar, modificar, y enmendar la Convención. El texto de la Parte XI resulta enmendado de manera que sea aceptable para las potencias industriales y también para los Estados Unidos de América. Y para ello, se introducen modificaciones de gran importancia que en la práctica significan la vuelta al sistema liberal y el abandono en gran parte del sistema institucional. Es decir, que la Convención basada inicialmente en un sistema que habíamos llamado 'sistema paralelo', se vuelve hacia el sistema liberal, en el que la autoridad no piensa que a través de su empresa se vaya explorar y explotar, sino que simplemente va ser una autoridad encargada de otorgar concesiones, de dar licencias a los Estados y las empresas son las que van a explorar y explotar directamente y por su cuenta y riesgo. Con ello, desaparecen las obligaciones fiscales; las obligaciones de transferencias de tecnología; se obvian también las posibles limitaciones a la producción, a la extracción de minerales de los fondos marinos, en beneficio de los productores terrestres; se elimina asimismo la posibilidad de conceder ayudas a los productores terrestres perjudicados por la producción de los fondos marinos. Y el sistema parece que entra en una perspectiva de utilización económica. Todavía, sin embargo, no hemos alcanzado la fase de la explotación económica de los fondos marinos. En la actualidad, la Autoridad se limita a otorgar las mencionadas concesiones, de momento solamente de exploración. La entrada en funciones de la empresa internacional ha sido aplazada sin fecha especial, hasta que pueda ser necesario su funcionamiento, en cuyo caso se pensaría de nuevo si sería posible una explotación paralela. Pero una explotación paralela no ya porque la empresa fuera a actuar por su cuenta, aunque al margen de los Estados, sino que se piensa más bien en la posibilidad de formar 'joint ventures', es decir, empresas conjuntas entre los Estados y la futura empresa. Pero repetimos, lo importante es que la iniciación de la empresa ha quedado aplazada 'sine die'. Y más importante que todo ello, se modifica también el sistema de adopción de decisiones en la asamblea y en el consejo. Y así como en la asamblea que prevé la Parte XI, resultaron decisivas finalmente las tesis mayoritarias, con lo cual salía beneficiado el tercer mundo, en el nuevo método se establecen 'cuatro cámaras' formadas e integradas por distintos Estados, cada una de las cuales discute sólo aspectos parciales de los problemas y, al mismo tiempo, tiene posibilidades de vetar las decisiones de las otras cámaras. La asamblea, en cambio, no puede tomar una decisión final más que sobre la base de una propuesta procedente de las cámaras. De este modo, queda garantizado que los Estados industrializados, digamos toda la verdad, tendrán siempre la posibilidad de controlar las decisiones de la asamblea e impedir los acuerdos que sean contrarios a los intereses de los productores. Con ello, el sistema ha dado la vuelta. No se puede decir que haya sido abandonada la idea general del patrimonio común de la humanidad, y de la utilización en beneficio de toda la humanidad, pero sí que ha sido fundamentalmente alterado el esquema inicial y que hemos vuelto a un sistema liberal de concesiones otorgadas por un autoridad a los exploradores y explotadores de esos recursos en los fondos marinos". Vid. LACLETA MUÑOZ, J., ALMAZÁN GÁRATE, J.L., y ESTEPA MONTERO, M., El régimen jurídico de los espacios marinos en Derecho español e internacional, E.T.S. Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Madrid, 2007, p. 68. En el Apéndice II de esta monografía puede consultarse el mencionado 'Acuerdo para la aplicación de la Parte XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar aprobada en Montego Bay'. Esta monografía y el Anexo mencionado puede consultarse en la siguiente dirección electrónica en su texto completo e íntegro, incluyendo Anexos [http://www.almazan-ingenieros.es/data/archivo/La%20delimitacion%20de%20los%20Espacios%20Marinos.pdf].
11.- Al final, la propia Convención de 1982, aunque negociada toda ella mediante consenso, tuvo que adoptarse por votación. STEVENSON, representante de Estados Unidos de América, se manifiesta sobre el consenso muy positivamente: "la Conferencia se resigna a resolver sus problemas de procedimiento mediante la votación y no mediante el consenso. Adoptar decisiones por votación sobre cuestiones es que hay puntos importantes de desacuerdo tendría un efecto negativo en la labor de la Conferencia. La delegación de los Estados Unidos apoya la propuesta del Presidente relativa a las consultas oficiosas; se debe tratar por todos los medios de llegar a un consenso y considerar la votación como último recurso", Documentos Oficiales, vol. I, 1974, p. 34, pár. 14, en la aprobación del reglamento (A/CONF.62/2 y Add. 1 a 3, A/CONF.62/4 a 14).
12 .- Vid. IANNETTONE, G., Politica per la spartizione del mare. 3ª Conferenza ONU sul diritto del mare, Napoli, 1983, p. 83. Lo cual favorece la elaboración de normas bastante flexibles, facilitando la derogación de las mismas. Tal método procedimental hace necesaria la discusión, el diálogo, favoreciendo el enfrentamiento de las distintas instancias y la oportunidad recíproca de ser útil si se antepone los propios intereses a la razón. Por tanto, es un sistema que invita a la reflexión sobre la efectividad. Ibíd.
13 .- Vid. IANNETTONE, G., Politica per la spartizione..., loc. cit., p. 84. En este sentido se manifiesta MICHAEL HARDY al afirmar que "this trend away from unanimity was widely regarded a movement towards a more democratic rule of law among States". Vid. HARDY, M., "Decision making at the Law of the Sea Conference", XI, 2, R.B.D.I. (1975), p. 443.
14.- Vid. IANNETTONE, G., Politica per la spartizione..., loc. cit., p. 88.
15 .- Vid. PUEYO LOSA, J., El archipiélago oceánico. Regulación jurídico-marítima internacional, International, Madrid, 1981, p. 8 (en el prólogo de la obra de Manuel PÉREZ GONZÁLEZ). Sin embargo, ello no es más que un reflejo de lo que posteriormente sería el Preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982, al manifestar que eran "conscientes de que los problemas de los espacios marinos están estrechamente relacionados entre sí y han de considerarse en su conjunto".
16 .- Vid. McDOUGAL, M.S., y BURKE, W. T., The Public Order of the Oceans. A contemporary International Law of the Sea, Dordrecht, pp. lvii-lviii. Como ha señalado DIEGO LIÑÁN NOGUERAS:
"La técnica de negociación es la del Package deal cuya globalización del objeto de negociación conduce a que el equilibrio de intereses no se centre en un acuerdo concreto sino en el resultado global y en función de las mutuas concesiones en la multiplicidad del acuerdo, lo que permite que el equilibrio no haya de lograrse en cada punto de negociación sino que la mayor presencia de unos intereses en unos puntos se compense con la prevalencia de intereses opuestos en otros". Vid. LIÑÁN NOGUERAS, D., La conciliación obligatoria en el Convenio de 1982 sobre el Derecho del mar, Memoria de Licenciatura, Facultad de Derecho, 1986, p. 29.
17 .- Vid. TREVES, T., "Una svolta alla Conferenza sul diritto del mare?. Il "Testo unico informale di negoziato", LVIII, R.D.I. (1975), p. 459.
18 .- Vid. QUÉNEUDEC, J-P., "Les tendances dominantes du système juridique issu de la Convention", en COLLOQUE DE ROVEN, Perspectives du droit de la mer a l'issue de la 3e Conférence des Nations Unies, Paris, 1984, p. 149. Muestra de esta ambigüedad es que los diferentes textos auténticos podían dar lugar a diferentes interpretaciones. Vid. en este sentido NELSON, L.D.M., "The Drafting Committee of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea: The implications of multilingual texts", LVII, B.Y.B.I.L. (1986), en especial las pp. 187-188.
19 .- Los Documentos Oficiales de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar comienzan, precisamente, con las siguientes palabras:
"El SECRETARIO GENERAL dice que le complace mucho abrir la primera sesión de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que reúne al mayor número de Estados que hayan participado jamás en una Conferencia internacional". Vid. Documentos Oficiales, vol. I, 1974, p. 3.
20.- Vid. GOY, R., "Les sources du droit et la convention: droit conventionnel et droit coutumier", en COLLOQUE DE ROVEN, Perspectives du droit..., loc. cit., p. 3. Según este mismo autor, todo esto nos lleva a una "griserie législative". Ibíd.
21 .- Vid. HEINZ, K.E., "Law of the Sea- Underdeveloped?. The United Nations Conferences of Caracas and Geneva, and two Judgements of the International Court of Justice", en R.D.I.S.D.P. (octobre-décember, 1979), p. 234.
22.- Un ejemplo de la evidencia es que de las 132 delegaciones presentes en la 5ª sesión de 1976 totalizaron 1319 miembros de los cuales 656 eran diplomáticos, 418 eran otros funcionarios, 44 eran representantes de los gobiernos y parlamentarios, 75 militares, 71 expertos y consultores y 55 por otro tipo de personajes.
La más numerosa de las delegaciones era la de Estados Unidos con 97 miembros; en segundo lugar, Canadá con 61 miembros; la República Federal Alemana con 43; Francia con 42; Japón con 39; Reino Unido con 32; la URSS con 32 más 8 de la República de Bielorrusia y 8 de la República de Ucrania; Noruega con 30; Dinamarca con 27; España con 26; Italia con 25; Indonesia con 21; Países Bajos, Suecia y Venezuela con 20 cada uno; la República Democrática Alemana, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, Costa de Marfil, Ecuador, Grecia, India, Irlanda, Liberia, Malasia, México, Yugoslavia, Nigeria, Perú, Filipinas, Polonia, Thailandia, Túnez y Turquía de 10 a 20 miembros cada una; todas las restantes delegaciones tenían menos de 10 miembros. Vid. IANNETTONE, G., Política per la spartizione..., loc. cit., p. 10.
Lo cierto es que ciento cincuenta y seis Estados, representados por unos 3.000 delegados, y algunas organizaciones internacionales que enviaron observadores, estuvieron presentes. Vid. CERVERA PERY, J., El Derecho del Mar. Evolución, contenido, perspectivas (De las bulas papales al Convenio de Jamaica), Madrid, 1982, p. 57.
23.- De este modo, 40 Estados participaron en la Conferencia de La Haya de 1930, ampliándose hasta 86 en la Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y 88 en la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; llegando en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar a 140 en la sesión de 1974. De éstos 119 serían Estados en vías de desarrollo y forman el "Grupo de los 77". Vid. IANNETTONE, G., Politica per la spartizione..., loc. cit., p. 19. Sin embargo, ANAND llega a afirmar que en la Conferencia de 1930 participaron 44 países y 86 y 88 en las Conferencias de 1958 y 1960, respectivamente, y en la Tercera Conferencia de 1958 y 1960, respectivamente, y en la Tercera Conferencia sobre el Derecho del Mar llegaron a participar 137 países -de los 149 invitados- en la sesión de Caracas de 1974, llegando a incrementarse a 156 en la sesión de Nueva York en 1976, y a 158 en 1980. Vid. ANAND, R.P., Origin and development of the Law of the Sea. History of International Law Revisited, Publications on ocean development, The Hague, The Netherlands, 1983, p. 209.
24 .- Vid. JOHNSTON, D.M., The International Law of fisheries. A framework for policy-oriented Inquiries, Dordrecht, Netherlands, 1987, p. XLII. Aunque no siempre se han cumplido tales principios ya que al final hubo de recurrirse al procedimiento del voto, rompiéndose el "acuerdo de caballeros" de actuar por consenso, por culpa, precisamente, de los que habían sido sus más fuertes paladines. De este modo se puso de manifiesto el alto grado de politización de la Conferencia, la desunión del Grupo Occidental (en el que se habría incrustado la problemática delegación de Estados Unidos) y la transcendental importancia que daban los Estados a estar presentes en los órganos directivos de la Conferencia. Vid. YTURRIAGA BARBERÁN, J.A., Ámbitos de soberanía en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Una perspectiva española, Madrid, 1993, p. 51.
25 .- MARTÍNEZ PUÑAL -haciendo una valoración de las posturas de los distintos países- ha manifestado que: "... la III Conferencia funcionó, de alguna manera, como un escenario en que el "papel" a desempeñar por los países vino dado por un libreto situacional que indicaba las posiciones del actor en la escena. Más bien escaso sería, pues, el espacio dejado para el voluntarismo solidario -al margen de los niveles de progreso incorporados por el resultado final- en una Conferencia anclada preferentemente en un "situacionalismo" de difícil variabilidad como el geográfico. Vid. MARTÍNEZ PUÑAL, A., Los derechos de los Estados sin litoral y en situación geográfica desventajosa en la zona económica exclusiva (participación en la explotación de los recursos vivos), Santiago, 1988, pp. 292-293.
26 .- Vid. GOY, R., "Les sources du droit et...", loc. cit., en COLLOQUE DE ROVEN, Perspectives du droit..., loc. cit., p. 7.
27 .- Vid. LACHARRIERE, G., de, "La réforme...", en BARDONNET, D., y VIRALLY, M., ed., Le Nouveau Droit..., loc. cit., p. 8.
28.- Vid. PUEYO LOSA, J., El archipiélago oceánico..., p. 49. También hay que señalar una serie de grupos existentes en el seno de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Entre ellos cabe destacar los siguientes:
a) Grupo de los Estados costeros. Estaba formado por 76 Estados, tanto desarrollados como en desarrollo. Estos eran los siguientes: Argentina, Australia, Bangladesh, Bahamas, Benin, Brasil, Birmania, Canadá, Cabo Verde, Chile, Colombia, Congo, Costa Rica, Kampuchea Democrática, República Democrática de Corea, Yemen Democrática, República Democrática, Ecuador, Egipto, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Fiji, Gabón, Gambia, Ghana, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haití, Honduras, Islandia, India, Indonesia, Irán, Irlanda, Costa de Marfil, Kenia, Jamahiriya Árabe Libia, Madagascar, Mauritania, Mauricio, México, Marruecos, Mozambique, Nauru, Nueva Zelanda, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Omán, Paquistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Portugal, República de Corea, Senegal, Sierra Leona, Somalia, España, Sri Lanka, Sudán, Surinam, Thailandia, Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, Uruguay, Venezuela, Emiratos Árabes Unidos, Samoa Occidental, Yemen, Yugoslavia. Este grupo surgió espontáneamente durante 1972 como una reacción al fuerte grupo organizado de los Estados sin litoral o en situación geográfica desventajosa. Pretendía extender la jurisdicción de los Estados costeros y, en particular, la zona económica exclusiva.
b) Estados sin litoral o en situación geográfica desventajosa. Son 55 miembros. Entre los primeros están: Afganistán, Austria, Bután, Bolivia, Botswana, Burundi, Bielorrusia, República Central Africana, Chad, Checoslovaquia, Hungría, República Democrática de Laos, Lesotho, Liechtenstein, Luxemburgo, Malawi, Malí, Mongolia, Nepal, Níger, Paraguay, Ruanda, San Marino, Swaziland, Suiza, Uganda, Alto Volta, Zambia, Zimbawe. Entre los segundos: Argelia, Bahrein, Bélgica, Bulgaria, Etiopía, Finlandia, Gambia, República Democrática Alemana, República Federal de Alemania, Grecia, Iraq, Jamaica, Jordania, Kuwait, Países Bajos, Polonia, Qatar, Rumania, Singapur, Sudán, Suecia, República Árabe Siria, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, República Unida de Camerún, Zaire. Estos países defendieron el límite de las 200 millas para la zona económica exclusiva.
c) Grupo Territorialista. Puede ser considerado como un subgrupo del Grupo de Estados Costeros. Los miembros de este grupo eran Estados cuya legislación nacional establecía un mar territorial de más de doce millas y que querían retener tales derechos adquiridos. Sus miembros eran: Benin, Brasil, Cabo Verde, Congo, Yemen Democrático, Ecuador, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Gabón, Guinea, Guinea-Bissau, Jamahiriya Árabe Libia, Madagascar, Mauritania, Mozambique, Panamá, Perú, Sao Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Togo, Uruguay.
d) Grupo de Estados estrecharios. Estaba compuestos por Estados que bordean los estrechos. Sus miembros eran Chipre, Grecia, Indonesia, Malasia, Marruecos, Omán, Filipinas, España y Yemen. Pretendía asegurar un único régimen de paso inocente a través del mar territorial y los estrechos que forman parte del mar territorial. De este modo, cuando el Texto único para fines de negociación (1975) y el Texto único revisado para fines de negociación (1976) hizo una distinción entre el paso a través del mar territorial (paso inocente) y paso a través de los estrechos (paso en tránsito), sus intereses comunes se duplicaron. Primero, para oponerse al concepto de paso en tránsito, y segundo para buscar enmiendas a los artículos del paso en tránsito para acomodar sus más inmediatos intereses al control de los Estados costeros, por ejemplo, en la prevención de la polución. Aquellos miembros de este grupo que eran también Estados archipelágicos tales como Indonesia y Filipinas, tenían otros intereses, pues entendían que un régimen de paso a través de los estrechos podrían servir de modelo al régimen de paso a través de las aguas archipelágicas. El grupo llegó a ser inactivo después de que algunos de sus miembros, tales como Indonesia y Malasia, fueron obligados a aceptar el concepto de paso en tránsito.
e) Grupo de Estados archipelágicos. Estaba formado por Fiji, Indonesia, Mauritania y Filipinas. Mauritania se retiró de este grupo en las últimas sesiones de la Conferencia. Sin embargo, aunque las Bahamas no formaban parte formalmente de un miembro del Grupo cooperó estrechamente con sus miembros. Aunque el grupo estaba formado por unos pocos miembros, fue muy efectivo y sus reclamaciones fueron aceptadas y reflejadas en la Convención. Especialmente, este grupo pretendía asegurar que se reconociera el especial método de delimitar las líneas de base rectas uniendo los puntos más extremos de las islas para crear estas líneas. Las aguas que quedasen dentro de estas líneas serían aguas archipelágicas, en las cuales el Estado archipelágico ejercería soberanía análoga a las aguas interiores. Específicamente, sus objetivo era adoptar una posición común en el paso a través de las aguas archipelágicas, o exigir a sus Estados vecinos el acceso garantizado y comunicación y derechos en las pesquerías.
f) Grupo defensor de la línea media o principio de equidistancia. Pretendía resolver las controversias en el método de delimitación de la zona económica exclusiva y la plataforma continental entre ciudades opuestas o adyacentes a otra. Sus miembros eran: Bahamas, Barbados, Canadá, Cabo Verde, Chile, Colombia, Chipre, Yemen Democrática, Dinamarca, Gambia, Grecia, Guinea-Bissau, Guyana, Italia, Japón, Kuwait, Malta, Noruega, Portugal, España, Suecia, Emiratos Árabes Unidos, Gran Bretaña, Yugoslavia.
g) Grupo de delimitación defensor de principios equitativos. Defendía los principios equitativos como método de delimitación de áreas opuestas y adyacentes del espacio marítimo. Estos Estados presentaron la propuesta NG. 7/10 de 1 de mayo de 1978. Sus miembros eran Argelia, Argentina, Bangladesh, Benin, Bhutan, Congo, Francia, Gabón, Iraq, Irlanda, Costa de Marfil, Kenya, Liberia, Jamahiriya Árabe Libia, Madagascar, Malí, Mauritania, Marruecos, Nicaragua, Nigeria, Paquistán, Papua Nueva Guinea, Polonia, Rumania, Senegal, República Árabe Siria, Somalia, Turquía, Venezuela.
h) Grupo de Oceanía. Sus miembros eran Australia, Fiji, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea, Samoa, Tonga, y los territorios en fideicomiso del Pacífico. Este grupo representaba los intereses de las islas del Pacífico Sur. El interés común del grupo era asegurar que las islas no impedirían establecer zonas económicas exclusivas y plataformas continentales.
i) Grupo de Estados Marítimos. Estaba formado por Estados que tenían intereses en la navegación y en la reducción de la polución marina. Sus miembros eran Francia, República Federal de Alemania, Grecia, Japón, Liberia, Noruega, Panamá, U.R.S.S., Gran Bretaña, Estados Unidos.
j) Las Grandes Potencias Marítimas. Sus miembros eran Francia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos, U.R.S.S., y República Federal de Alemania.
k) Grupo de los 12. Pretendía modificar la Parte XI de la Convención. Estaba formado por las delegaciones: Australia, Austria, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Irlanda, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, Suiza y Países Bajos. Intentó ser un puente entre Estados Unidos y los Estados en desarrollo.
l) Grupo de los 77. Formado por 120 países aproximadamente. Defendía los intereses de los Estados en desarrollo.
ll) Grupos Regionales. Entre ellos estaban el Grupo Africano, Asiático, Árabe, Latinoamericano, de Europa del Este y de Europa Occidental y Otros Grupo.
m) Grupo de países de la C.E.E.
n) Grupo Árabe. No era un grupo homogéneo. Algunos eran Estados Geográficamente Desventajados y otros reclamaban zonas económicas exclusivas. No fueron muy activos. Defendía intereses comunes al oponerse a la plataforma continental más allá de las 200 millas. Sus miembros eran: Argelia, Bahrein, Yemen Democrática, Djibouti, Iraq, Jordán, Kuwait, Líbano, Jamahiriya Árabe Libia, Mauritania, Marruecos, Omán, Qatar, Arabia Saudí, Somalia, Sudán, República Árabe Siria, Túnez, Emiratos Árabes Unidos, Yemen, O.L.P. (como observador).
ñ) Grupo Evensen de Expertos Jurídicos.
o) Grupo Privado de Estrechos copatrocinado por Fiji y Gran Bretaña. Su objetivo era elaborar un proyecto de artículos sobre paso a través de estrechos utilizados para la navegación internacional que fuera aceptable tanto para las Potencias marítimas y Estados estrecharios. Fiji y Gran Bretaña invitaron a las siguientes 13 delegaciones: Argentina, Australia, Bahrein, Bulgaria, Dinamarca, Islandia, India, Italia, Kenia, Nigeria, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, Venezuela. La composición del Grupo pretendía excluir los puntos de vista extremos y radicales como el de los Estados estrecharios de Indonesia (Malasia y España) y las dos superpotencias, los Estados Unidos y la U.R.S.S. La intención era formar un grupo moderado. Pero el Grupo de los Estados estrecharios criticaron la composición del Grupo en la medida en que los intereses de Gran Bretaña en los estrechos era idéntica a la de la U.R.S.S. y Estados Unidos. La mayoría de los artículos del Proyecto presentado sería el que se incorporase al Texto único oficioso.
p) Grupo Castañeda sobre el status legal de la zona económica exclusiva y materias relacionadas. Las 17 delegaciones que formaban este Grupo eran Australia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Egipto, India, Kenia, México, Nigeria, Noruega, Perú, Singapur, Gran Bretaña, República Unida de Tanzania, Estados Unidos, U.R.S.S. y Venezuela.
q) Grupo Nandan o Grupo de los 21 sobre los derechos de los Estados sin litoral y en situación geográfica desventajosa en la zona económica exclusiva. Este grupo era resultado de un deseo por parte de las delegaciones moderadas de los Estados costeros y Estados sin litoral o en situación geográfica desventajosa de resolver lo más pronto posible el tema de los derechos de los Estados sin litoral o en situación geográfica desventajosa. Su composición era la siguiente:
- Estados sin litoral o en situación geográfica desventajosa. Austria, Checoslovaquia, Iraq, Jamaica, Nepal, Paraguay, Polonia, Singapur, Swaziland, Uganda.
- Estados costeros. Canadá, Chile, Fiji, Islandia, Irán, Noruega, Paquistán, Perú, Senegal, España, República Unida de Tanzania.
r) Grupo Privado sobre arreglo de controversias. Se invitaron a casi 30 delegaciones de todas las regiones de todo el mundo, con la finalidad de modificar el capítulo de la Convención sobre arreglo de controversias.
Estos últimos cinco grupos eran privados.
s) Grupos secretos. Mientras los grupos privados no intentaron esconder su propia existencia, ni los proyectos elaborados por los mismos, estos grupos secretos tenían encuentros privados y de forma secreta elaboraban proyectos de nuevos textos para llegar a compromisos en los temas más conflictivos. Su finalidad era evitar el "impasse". Aunque estos grupos secretos realizaron grandes esfuerzos para conseguir compromisos en los temas más comprometidos, los textos fueron rechazados por la Primera Comisión. La mayoría de los miembros de la Conferencia se sentían ofendidos por la existencia de grupos de negociación en secreto. Vid. KOH, Tommy T.B., y Jayakumar Shanmugam, "Negotiating Proces of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea", en NORDQUIST, Myron H., ed., United Nations Convention..., loc. cit., pp. 70-85 y 106-111. También puede consultarse los siete Grupos de negociación existentes en la séptima sesión de la Tercera Conferencia en "Third United Nations Conference on the Law of the Sea", 45, Yearbook of the United Nations (1991), pp. 145-149.
Basándome en el esquema anterior sobre Grupos he elaborado un cuadro -haciendo una síntesis sobre el mismo- por Estados y grupos a los que pertenecen cada uno:
- Afganistán: b)
- Alto Volta: b)
- Arabia Saudí: n)
- Argelia: b), g), n)
- Argentina: a), g), o)
- Australia: a), h), o), p), k)
- Austria: b), k), q)
- Bahamas: a), f).
- Bahrein: b), n), o)
- Bangladesh: a), g)
- Barbados: f)
- Bélgica: b)
- Benin: a), c), g)
- Bhutan: g)
- Birmania: a)
- Bielorrusia: b)
- Bolivia: b)
- Bostwana: b)
- Brasil: a), c), p)
- Bulgaria: b), o), p)
- Burundi: b)
- Bután: b)
- Cabo Verde: a), c), f)
- Canadá: a), f), k), p), q)
- Chad: b)
- Checoslovaquia: b), q)
- Chile: a), f), q)
- Chipre: d), f)
- Colombia: a), f)
- Congo: a), c), g)
- Costa Rica: a)
- Costa de Marfil: a), g)
- Dinamarca: f), k), o)
- Djibouti: n)
- Ecuador: a), c)
- Egipto: a), p)
- El Salvador: a), c)
- Emiratos Árabes Unidos: a), b), f), n), o)
- España: a), d), f), q)
- Estados Unidos: i), j), p)
- Etiopía: b)
- Fiji: a), e), h), o), q)
- Filipinas: a), d), e)
- Finlandia: b), k)
- Francia: i), j), g)
- Gabón: a), c), g)
- Gambia: a), b), f)
- Ghana: a)
- Gran Bretaña: i), f), j), o), p)
- Grecia: b), d), f), i)
- Guatemala: a)
- Guinea: a), c)
- Guinea-Bissau: a), c), f)
- Guinea Ecuatorial: a), c)
- Guyana: a), f)
- Haití: a)
- Honduras: a)
- Hungría: b)
- India: o), p)
- Indonesia: a), d), e)
- Irán: a), q)
- Iraq: b), q), g), n)
- Irlanda: a), g), k)
- Islandia: a), k), o), q)
- Italia: f), o)
- Jamaica: b), q)
- Jamahiriya Árabe Libia: a), c), g), n)
- Japón: i), f), j)
- Jordán: n)
- Jordania: b)
- Kampuchea Democrática: a)
- Kenia: a), g), o), p)
- Kuwait: b), f), n)
- Lesotho: b)
- Líbano: n)
- Liberia: i), g)
- Liechtenstein: b)
- Luxemburgo: b)
- Madagascar: a), c), g)
- Malasia: d)
- Malawi: b)
- Malí: b), g)
- Malta: f)
- Marruecos: a), d), g), n)
- Mauricio: a)
- Mauritania: a), c), g), n), e)
- México: a), p)
- Mongolia: b)
- Mozambique: a), c)
- Nauru: a)
- Nepal: b), q)
- Nicaragua: a), g)
- Níger: b)
- Nigeria: a), g), o), p)
- Noruega: a), f), i), k), p), q)
- Nueva Zelanda: a), h), k)
- OLP: n)
- Omán: a), d), n)
- Países Bajos: b), k)
- Panamá: a), c), i)
- Papua Nueva Guinea: a), g), h)
- Paraguay: b), q)
- Perú: a), c), p), q)
- Paquistán: a), g), q)
- Polonia: b), g), q)
- Portugal: a), f)
- Qatar: b), n)
- República Árabe Siria: b), g), n)
- República Central Africana. b)
- República Democrática Alemana: b)
- República Democrática de Corea: a)
- República Democrática de Laos: b)
- República Federal de Alemania: b), i), j)
- República Unida de Camerún: b)
- República Unida de Tanzania: p), q)
- Ruanda: b)
- Rumania: b), g)
- Samoa: h)
- Samoa Occidental: a)
- San Marino: b)
- Sao Tomé y Príncipe: c)
- Senegal: a), c), g), q)
- Sierra Leona: a), c)
- Singapur: b), o), p), q)
- Sri Lanka: a)
- Somalia: a), c), g), n)
- Sudán: a), b), n)
- Suecia: b), f), k)
- Suiza: b), q)
- Surinam: a)
- Swaziland: b), q)
- Territorios en fideicomiso del Pacífico: h)
- Thailandia: a)
- Togo: a), c)
- Tonga: a), h)
- Trinidad y Tobago: a)
- Túnez: a), n)
- Turquía: b), g)
- Uganda: b), q)
- Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas: i), j), p)
- Uruguay: a), c)
- Venezuela: a), g), o), p)
- Yemen: a), d), n)
- Yemen Democrática: a) c), f), n)
- Yugoslavia: a), f)
- Zaire: b)
- Zambia: b)
- Zimbawe. b)
También puede consultarse la lista de grupos de intereses elaborado por LÉVY, J.P., en su artículo "La Conférence sur le Droit de la Mer. Un atelier international experimental", 84, R.G.D.I.P. (1980), pp. 57-58.
29 .- Vid. IANNETTONE, G., Politica per la spartizione..., loc. cit., p. 104. Según JIMÉNEZ PIERNAS, con la Conferencia de 1960, "se vislumbra el nacimiento de un nacionalismo marítimo por parte de los Estados subdesarrollados y recién descolonizados, que rechazan el régimen de primacía del principio de la libertad de los mares en cuya formulación ellos no habían participado, por encubrir en realidad una hegemonía de hecho de las antiguas potencias coloniales en el terreno económico y militar". Vid. DÍEZ DE VELASCO, M., Instituciones de Derecho Internacional Público, I, Madrid, 1988, p. 327 (los capítulos dedicados al Derecho del mar han sido elaborados por JIMÉNEZ PIERNAS). Incluso algún autor considera que se ha de evitar la proliferación de Derechos regionales e incluso nacionales, para obtener un Derecho internacional marítimo, uno e indivisible, vieja aspiración de varias instituciones científicas y organismos internacionales que han tratado de unificar sus reglas para una utilización racional y ordenada de la mar y de sus recursos naturales que a los países poderosos e industrializados y a los que se encuentran en vías de su desarrollo que tan justificadamente preocupa. Vid. AZCÁRRAGA, J.L., Derecho del Mar, I, Madrid, 1983, p. 20.
30 .- Vid. LACHARRIÉRE, G., de, "La réforme...", en BARDONNET, D., y VIRALLY, M., ed., Le Nouveau Droit..., loc. cit., p. 4. En los mismos términos se ha expresado René-Jean DUPUY y Daniel VIGNES al afirmar que el nacionalismo marítimo surge como medio para la apropiación de espacios marítimos. Vid. BENNOUNA, M., "Le caractere pluridimensional du Nouveau Droit de la Mer", en DUPUY, R-J., y VIGNES, D., Traité du Nouveau Droit de la Mer, Paris/Bruselas, 1985, p. 7.
31 .- Vid. PONTAVICE, E. du y CORDIER, P., La mer et le droit. Droit de la mer: problèmes actuels, I, Paris, 1984, p. 229. También es conveniente señalar que la organización de los trabajos se ha dispuesto en tres Comisiones, que han sucedido a los subcomités del Comité de Fondos Marinos. La Primera Comisión tiene a su cargo las negociaciones en torno al régimen jurídico de los Fondos marinos, declarados Patrimonio Común de la Humanidad por la Resolución 2.749 (XXV) de la Asamblea General; la Segunda Comisión estudia una amplia gama de cuestiones relativas al derecho del mar territorial, de los estrechos, de la plataforma continental, de la zona económica exclusiva, de la alta mar, y el problema de los Estados sin litoral o en situación geográfica desventajosa, y de los Estados archipelágicos; la Tercera Comisión tiene encomendados los problemas relativos al medio marino, la contaminación y la investigación científica oceanográfica. Vid. ALBIOL BIOSCA, G., El régimen jurídico de los fondos marinos internacionales, Tecnos, 1984, p. 53.
32 .- Vid. GOY, R., "Les sources du droit...", loc. cit., en COLLOQUE DE ROVEN, Perspectives du droit..., loc. cit., p. 8.
33 .- Vid. CONFORTI, B., "Does freedom of the seas still exist?", 1, I.Y.I.L. (1975), pp. 4-5. En la declaración del delegado español, ABAROA Y GOÑI en la 40ª sesión, de 12 de julio de 1974, considera que "la independencia de muchos Estados, presentes en la Conferencia, ha cambiado la faz de la comunidad internacional y ha alterado profundamente la situación política que existía en la Conferencia de Codificación del Derecho Internacional celebrada en La Haya en 1930 o en las dos Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, celebradas en Ginebra, así como han variado también las necesidades y las aspiraciones de los pueblos", en Documentos Oficiales, vol. I, 1974, p. 192.
34 .- La votación registrada fue la siguiente:
A favor: Alemania, República Federal de, Angola, Arabia Saudita, Argelia, Australia, Austria, Bangladesh, Barbados, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Burma, Burundi, Cabo Verde, Canadá, Chad, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Costa de Marfil, Cuba, Dinamarca, Djibouti, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, España, Fiji, Filipinas, Francia, Gabón, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, Guyana, Hungría, India, Indonesia, Iraq, Irlanda, Islandia, Italia, Jamahiriya Árabe Libia, Jamaica, Japón, Kenya, Liberia, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malawi, Malta, Marruecos, Mauritania, México, Mónaco, Mongolia, Mozambique, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Pakistán, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, R.S.S. de Bielorrusia, R.S.S. de Ucrania, Reino Unido, República Democrática Alemana, República Popular Democrática de Corea, República Popular Democrática Laos, República Unida de Tanzania, República Unida del Camerún, República de Corea, Rumania, Rwanda, Sierra Leona, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Suecia, Suiza, Surinam, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía, Uganda, Unión Soviética, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Yemen Democrático, Yemen, Yugoslavia, Zaire y Zambia.
En contra: Israel.
Abstenciones: Argentina.
Ausentes. Afganistán, Albania, Alto Volta, Antigua y Barbuda, Bahamas, Bahrein, Belize, Benin, Bhutan, Botswana, Checoslovaquia, Chipre, Comoras, Congo, Dominica, Ecuador, Estados Unidos, Etiopía, Finlandia, Gambia, Granada, Guinea Ecuatorial, Guinea, Guinea Bissau, Haití, Honduras, Irán, Islas Salomón, Jordán, Kampuchea Democrática, Kuwait, Lesotho, Líbano, Maldivas, Malí, Mauricio, Nepal, Níger, Omán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, República Árabe Siria, República Dominicana, Samoa, San Vicente, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Singapur, Swazilandia, Togo, Túnez, Vanuatu y Zimbabwe. Vid. XIX, 10, CRÓNICA ONU (1982, noviembre), p. 26.
35 .- Vid. DOC. A/CONF.62/122.
36 .- La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar fue adoptada en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar por 130 votos a favor, cuatro en contra (Estados Unidos de América, Israel, Turquía y Venezuela) y 17 abstenciones (Bélgica, Bulgaria, Bielorrusia, Checoslovaquia, República Democrática Alemana, República Federal de Alemania, Hungría, Italia, Luxemburgo, Mongolia, Países Bajos, Polonia, España, Thailandia, Ucrania, Unión Soviética y Reino Unido). Durante los dos años que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar estuvo abierta a la firma -del 10 de diciembre de 1982 hasta el 9 de diciembre de 1984 (artículo 305.2)-, ciento cincuenta y cinco Estados -más cuatro entidades no estatales (artículo 305.1)- pasaron a engrosar la lista de sus signatarios, España entre ellos. Sin embargo, hay un reducido -aunque heterogéneo- grupo que cuenta, no obstante, con la significativa presencia de Estados Unidos. En efecto, de los Estados invitados a participar en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del mar sólo quince decidieron no firmar la Convención: los cuatro Estados que el 30 de abril de 1982 votaron contra la adopción de su texto (Estados Unidos, Israel y Turquía -que ni siquiera quiso firmar el Acta Final de la Conferencia- y Venezuela); dos de los que en aquella fecha se abstuvieron (Reino Unido y la República Federal de Alemania); cinco que, por unas u otras razones no participaron en la sesión de abril (Albania, Ecuador, Kiribati, La Santa Sede y Tonga), y, lo que es algo sorprendente, cuatro Estados que aquel día votaron a favor de la adopción (Jordania, Perú, San Marino y la República Árabe Siria). Este gran apoyo inicial, tanto en la adopción como en la firma -pues tan sólo cuatro Estados votaron en contra, España entre ellos y dieciocho se abstuvieron-, alentó pronósticos demasiado optimistas respecto de la fecha de entrada en vigor de la Convención. Así hubo quienes creyeron -como el presidente de la Tercera Conferencia, KOH- que bastarían dos años para conseguir el depósito de los sesenta instrumentos de ratificación o adhesión requeridos por el artículo 308.2, para el feliz alumbramiento. Pero lo cierto es que, por unos u otros motivos, once años más tarde no se puede hablar aún de que existan motivos suficientes para preludiar un avance en estas posturas intransigentes. Afirmación que iremos matizando a medida que avancemos en nuestro estudio. Al 1º de abril de 1989 había 40 ratificaciones de la Convención. Vid. XXVI, 2, CRÓNICA ONU, "Funciones de "primeros inversionistas"; se examinan normas relativas a instituciones relacionadas con fondos marinos", (1989, junio), p. 39. Al 1º de septiembre de 1989 la Convención de 1989 había recibido 42 de las 60 ratificaciones o adhesiones requeridas. Vid. XXVI, 4, CRÓNICA ONU, "Comisión sobre el Derecho del Mar se centra en los deberes de los primeros inversionistas y aprueba programa de capacitación" (1989, diciembre), p. 35. Como ha llegado a afirmar Tullio TREVES, "le rythme des ratifications a été certes plus lent: au 31 décembre 1990 n'ont été déposés que quarante-cinq des soixante instruments requis por l'entrée en vigueur. Ce rythme n'est cepedant pas plus lent de celui des ratifications et adhésions à d'autres conventions importantes de codification du droit international". Vid. TREVES, T., "Codification du droit international et pratique des États dans le droit de la mer", 223, R.C.A.D.I. (1990-IV), p. 38. Sin embargo, en junio de 1992 contaba con 49 ratificaciones y 2 adhesiones y entrará en vigor un año después de haber recibido la ratificación o accesión número 60. Un representante del Grupo de los Once, también conocido como Amigos de la Convención (Australia, Austria, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Suecia y Suiza) dijo que sólo se necesitaban otras nueve ratificaciones para la entrada en vigor de la Convención y exhortó a los participantes a concentrarse e intensificar sus esfuerzos por "encontrar soluciones a los problemas que durante tanto tiempo impidieron la aceptación general de la Convención". Vid. XXIX, 2, CRÓNICA ONU, "Se pide una "actitud amistosa y positiva" en las negociaciones sobre el Derecho del Mar (1992, junio), p. 66. Desde un principio, entre los signatarios había Estados ribereños y sin litoral, grandes y pequeños, en desarrollo y desarrollados, y de todos los grupos económicos y políticos. La adhesión de tantos países constituye, según el Secretario General, "un fenómeno sin precedentes" que indica "claramente el amplio apoyo de la comunidad internacional a la Convención". Vid. XXII, 2, CRÓNICA ONU, "Convención sobre Derecho del Mar: se sienten ya sus repercusiones" (1985), p. 55.
37.- De los treinta y dos contratantes de la Convención sobre el Derecho del Mar desde el 10 de diciembre de 1982 hasta finales de 1986, tan sólo un Estado (Fiji) la ratificó el primer día, otros siete Estados (Bahamas, Belice, Egipto, Ghana, Jamaica, México y Zambia) y Namibia (representada entonces por el Consejo de las Naciones Unidas para el territorio) lo hicieron en 1983; cinco Estados más (Costa de Marfil, Cuba, Filipinas, Gambia y Senegal) dieron este paso en 1984; once en 1985 (Bahrein, Camerún, Guinea, Irak, Islandia, Malí, República Unida de Tanzania, Santa Lucía, Sudán, Togo y Túnez), y siete en 1986 (Guinea-Bissau, Indonesia, Kuwait, Nigeria, Paraguay, Trinidad y Tobago y Yugoslavia). Los diez Estados que han ratificado la Convención en los tres años siguientes son: Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe y Yemen Democrático, durante 1987; Chipre y Brasil decidieron hacerlo en diciembre del año siguiente; y hasta el 31 de octubre de 1989 la ratificaron cinco Estados más: Antigua y Barbuda, Kenia, Omán, Somalia y Zaire. Vid. XXVIII, 3, I.L.M. (1989), p. 792 -hasta el 31 de diciembre de 1986, la lista de los 32 Estados y Organizaciones que la habían ratificado y las declaraciones de los nueve que hicieron declaraciones según los artículos 287, 298 y 310 pueden consultarse en XXVI, 4, I.L.M (1987, july), pp. 1109-1129. Hasta el 31 de mayo de 1989 eran sólo cuarenta y pueden consultarse en XXVIII, 3, I.L.M. (1989, may), p. 792; o bien vid. RIQUELME CORTADO, R., España ante la Convención sobre el Derecho del Mar. Las declaraciones formuladas (prólogo de Antonio REMIRO BROTONS), Murcia, 1990, pp. 26-27, en su nota 2 y pp. 193-194. Si bien en junio de 1993 ya eran 55 los Estados que habían ratificado la Convención o accedido a ella. Vid. XXX, 2, CRÓNICA ONU, "Se necesita un marco para resolver las cuestiones "difíciles" (1993, junio), p. 71. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que cuando España se abstuvo en la votación de 30 de abril de 1982, junto con otros diecisiete Estados -comunitarios unos: Bélgica, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido y la República Federal de Alemania; socialistas otros: Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Mongolia, Polonia, República Democrática Alemana, República Socialista Soviética de Ucrania y la Unión Soviética; más Thailandia), y firmó el 4 de diciembre de 1984, el texto de la Convención sobre el Derecho del Mar contaba ya con el noventa por ciento de sus actuales signatarios -que son ciento cincuenta y nueve-. De ellos, ciento diecisiete Estados, entre los que se contaban la mayoría de los que votaron a favor de la adopción de su texto, Namibia (artículo 305.1,a) y las Islas Cook (artículo 305.1,c), ya la habían firmado en la ceremonia del 10 de diciembre de 1982. A lo largo del año siguiente la firmaron trece Estados más. Y de los veintisiete signatarios de la Convención de 1984 apenas la mitad lo hicieron después que España. El 5 de diciembre: África del Sur, Bélgica, Botswana, Brunei Darassalam, El Salvador, Luxemburgo y las Islas Niué; al día siguiente: Comoras, el 7 de diciembre: Líbano, Malawi, San Cristóbal y Nevis y la C.E.E.; y en el último día, 9 de diciembre, Nicaragua. Vid. RIQUELME CORTADO, R., España ante la Convención..., loc. cit., pp. 28-29 en su nota 3.
38.- Vid. STEVENSON, J.R., y OXMAN, Bernard H., "The future of the United Nations Convention on the Law of the Sea", 88, 3, A.J.I.L. (1994, july), p. 488. El subrayado es nuestro.
39 .- Vid. RIQUELME CORTADO, R., España ante la Convención..., loc. cit., p. 16 (del Prólogo). Para nuestro país entró en vigor el 24 de marzo de 1971. Vid. en B.O.E. de 24 de diciembre de 1971, A. 2296 la Convención sobre el mar territorial y zona contigua y en B.O.E. de diciembre de 1971, A. 2301, la Convención sobre plataforma continental.
40.- Vid. RIQUELME CORTADO, R., España ante la Convención..., loc. cit., pp. 26-27. España al ser un importante consumidor e importador de níquel, cobre, cobalto y manganeso -los minerales que habrán de extraerse de la Zona- y resultando alta la contribución financiera que pesa sobre ella para sufragar el presupuesto ordinario de la Autoridad y el primer lugar de explotación minera de la Empresa, nuestro país debería tener expectativas razonables de participación, a través del Consejo, en la gestión de la Autoridad. Vid. PASTOR RIDRUEJO, J.A., "La Convención de 1982...", loc. cit., p. 97.
41 .- Vid. LÉVY, J-P., La Conférence des Nations Unies sur le Droit de la Mer. Histoire d'une négociation singulière, Paris, 1983, p. 21. Algún autor la ha calificado -en 1993- como "la reunión de mayor duración habida hasta la fecha en los anales del Derecho Internacional". Vid. YTURRIAGA BARBERÁN, J.A., Ámbitos de soberanía..., loc. cit., p. 49.
42.- Vid. TREVES, T., "Codification du droit...", loc. cit., p. 39. En este mismo sentido se ha manifestado PASTOR RIDRUEJO, al considerar que "las condiciones de adopción de la Convención hacen pensar también que no va a tener vigencia universal, pues por el momento nada permite suponer que los Estados Unidos, que votaron en contra, u otros Estados industrializados occidentales, que se abstuvieron, vayan a manifestar su consentimiento en obligarse. Y la no participación en la Convención de muy importantes Estados industrializados arroja grandes incertidumbres sobre la operatividad real que en el futuro vaya a tener la Convención en lo que se refiere a su parte más novedosa: la Parte XI y Anexos correspondientes, que contienen el régimen y el mecanismo institucional para la explotación de los fondos marinos más allá de la jurisdicción nacional. Porque sin la financiación y la transmisión de tecnología de dichos Estados -previstas en la Convención-, el sistema diseñado para el aprovechamiento de los recursos de los fondos marinos internacionales puede encontrar grandes dificultades". Vid. PASTOR RIDRUEJO, J.A., Curso de Derecho Internacional Público, Madrid, 1986, pp. 299-300.
43 .- Vid. RIQUELME CORTADO, R., España ante la Convención..., loc. cit., p. 17 (del Prólogo). En este sentido, PAUL C. YUAN considera que la nueva Convención contiene reglas que ya han llegado a ser normas consuetudinarias de Derecho internacional como consecuencia de la práctica estatal, tales como las doce millas de aguas territoriales, las 200 millas de zona económica exclusiva y la aceptación universal del principio de "patrimonio común de la humanidad". Vid. YUAN, Paul C., "The United Nations Convention on the Law of the Sea from a Chinese perspectiva", 19, 2, T.I.L.J. (1984), p. 421.
44 .- Vid. GOY, R., "Les sources du droit..." en COLLOQUE DE ROVEN, Perspectives du droit..., loc. cit., p. 4.
45.- Vid. JIMÉNEZ PIERNAS, C., El proceso de formación del Derecho Internacional de los archipiélagos, II, Tesis doctoral, Madrid, 1982, p. 1041. Este mismo autor señala que:
"Si en la Tercera Conferencia se terminara adoptando formalmente un texto que no llegara a entrar en vigor por falta de ratificaciones, solo las normas consuetudinarias notoria y ampliamente reconocidas no perderían en nada su fuerza obligatoria en tanto que saldrían claramente perjudicadas en su obligatoriedad las reglas que no se encontraran en esa situación, como sucedería -claro está- con las que desarrollan el Derecho consuetudinario y que son mayoría en relación con las puramente declarativas en el Proyecto de Convención". Ibíd., pp. 1043-1044.
46.- Esta circunstancia ha sido calificada por BERNARD H. OXMAN como "one of the great ironies in the history of codification and progressive development of international law". Vid. OXMAN, B.H., "The Third United Nations Conference on the Law of the Sea: the 1976 New York Sessions", 71, 2, A.J.I.L. (1977), p. 247. Sin embargo, añade, es evidente que la Conferencia ha conseguido llegar a un acuerdo en cuestiones que no hubieron podido ser resueltas en las anteriores Conferencias. Además, algunas de esas cuestiones había dado lugar a serias dificultades en las relaciones internacionales durante largo tiempo. Sin embargo, no se ha podido llegar a un acuerdo sobre los nódulos de manganeso que se encuentran en la zona internacional de los fondos marinos. Ibíd. Daniel VIGNES, al hacer una reflexión sobre el artículo 310, señala que "il semble possible de dire que cet article a répondu à une tentative de jeter un pont entre les États favorables à l'interdiction de toutes réserves et ceux estimant à l'opposé que la présentation de réserves était une manifestation de la souveraineté des États qui ne pouvait étre interdite". Vid. VIGNES, D., "Les déclarations faites par les États signataires de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer, sur la base de l'árticle 310 de cette Convention", A.F.D.I., 1983, p. 716. Sin embargo, las reservas se caracterizan porque "ces déclarations ne doivent pas viser "à modifier l'effet juridique des dispositions de la Convention dans leur application à l'État". Ibíd.
47.- Vid. TREVES, T., "Codification du droit...", loc. cit., p. 38.
48.- Doc. A/CONF.62/SR.182. Vid. PASTOR RIDRUEJO, J.A., "La Convención de 1982..., loc. cit., p. 75. También puede consultarse tales opiniones en YTURRIAGA BARBERÁN, J.A., Ámbitos de soberanía..., loc. cit., pp. 102-103.
49.- España, previa autorización del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1984, la firmó el 5 de diciembre siguiente, haciendo una serie de declaraciones interpretativas de artículos determinados. YTURRIAGA BARBERÁN, tras transcribir la Declaración interpretativa española señala que "no ha sido, a mi conocimiento, objetada por ningún signatario, si bien es cierto que los dos países más sensibles a las posiciones de España -Estados Unidos y Gran Bretaña- no han firmado la Convención". Vid. YTURRIAGA BARBERÁN, J.A., Ámbitos de soberanía..., loc. cit., pp. 108-109. Vid. TORRES UGENA, N., Textos normativos de Derecho Internacional Público, Madrid, 1990, pp. 357-358. Vid. también PASTOR RIDRUEJO, J.A., Curso de Derecho, loc. cit., p. 299. La Conferencia ha enfocado la cuestión de las reservas en un camino que refleja algunas diferencias básicas entre la Convención sobre el Derecho del Mar y otros Tratados multilaterales. Además, si se hubiesen permitido reservas se hubiera alejado de los objetivos de los que partía la Convención. Vid. OXMAN, B.H., "The Third United Nations Conference on the Law of the Sea: The Night Session (1980)", 75, A.J.I.L. (1981-2), p. 247. Sin embargo, la delegación española, viendo la situación en la que se estaba a 26 de agosto de 1980, propuso que "algunas delegaciones han expresado la opinión de que la convención debería prohibir las reservas de modo absoluto, fundándose en que las ideas del consenso y de la solución global son incompatibles con las reservas. Sin embargo, tal idea sólo sería válida en la medida en que en todos los temas se llegue a un consenso real y absoluto que deje satisfechas a todas las delegaciones. Si este ideal fuese inalcanzable, se deberían admitir algunas reservas. Si bien es cierto que tal admisión afectaría a la integridad de la convención, no es menos verdad que propiciaría la universalidad de la misma. Lo adecuado sería, pues, que en materia de reservas la Conferencia mantuviese un equilibrio satisfactorio entre los principios rectores de integridad y universalidad". Vid. Declaración de IBÁÑEZ, el 26 de agosto de 1980, en la 138ª sesión, en Documentos Oficiales, vol. XIV, 1980, p. 63, pár. 38. En el Documento A/CONF.62/WS/12, de 3 de octubre de 1980, en la Declaración de la delegación de España de fecha de 26 de agosto de 1980, se señalaba que "en cuanto a las reservas, se ha sostenido por algunas delegaciones que la Convención debería prohibirlas de modo absoluto. El fundamento de tal parecer es que las ideas del consenso y del arreglo global son incompatibles con las reservas. Pero la delegación española estima que tal idea sólo sería válida en la medida en que todos los temas se llegue a un consenso real y absoluto que deje satisfechas a todas las delegaciones. Si este ideal fuese inalcanzable, se deberían admitir algunas reservas. Es cierto que tal admisión afectaría a la integridad de la Convención, pero no es menos verdad que propiciaría la universalidad de la misma. Lo adecuado sería, pues, que en materia de reservas la Conferencia mantuviese un equilibrio satisfactorio entre los principios rectores de integridad y universalidad, ambos mencionados como objetivos a alcanzar en el acuerdo de caballeros incorporado al reglamento", Documentos Oficiales, vol. XIV, 1980, pp. 873-874, pár. 24.
50 .- Vid. RIQUELME CORTADO, R., España ante la Convención..., loc. cit., p. 19 (del Prólogo). Lo cierto es que, como señala A. REMIRO BROTONS en el mismo Prólogo, "la distinción entre reservas y declaraciones..., es tan clara en el concepto como endiablada en su aplicación a través de la calificación, una operación tan interesante como interesada, dada la diferencia del régimen y efectos de unas y otras". Ibíd., p. 21 (del Prólogo de la obra). Esta formulación de declaraciones al Convenio de Jamaica de 1982 ha sido regulada, con carácter general, en su artículo 310, según el cual un Estado puede, al firmar, ratificar o adherirse a la Convención, hacer declaraciones o manifestaciones cualquiera que sea su enunciado o denominación "siempre que tales declaraciones o manifestaciones no tengan por objeto excluir o modificar los efectos jurídicos de las disposiciones de la Convención", esto es, que bajo el envoltorio de "declaraciones" o "manifestaciones" no traten de ocultarse o encubrirse auténticas "reservas", pues la formulación de éstas se encuentra prohibida en la norma contenida en el precepto anterior. Este artículo 310 se redactó con anterioridad al artículo 309 y "fue el resultado de un compromiso entre los Estados favorables a la prohibición de todas las reservas -que eran mayoría". Ibíd. pp. 33-34. Lo cierto es que la prohibición expresa de formular reservas, a las que se refiere el primer inciso del artículo 309, estaba en consonancia con el método de negociación en paquete ("package deal") adoptado por la Conferencia, pero la coletilla final, sin embargo, admite la posibilidad de reservar determinadas disposiciones de la Convención. Esto "se debió al carácter provisional que en principio se imprimió a este precepto, en atención a que, cuando se redactó, la parte relativa a la delimitación de espacios marinos y el arreglo de las controversias que pudieran surgir en su ámbito aún no habían sido elaborados". Ibíd., p. 34.
51.- Vid. RIQUELME CORTADO, R., "Reflexiones sobre la firma y la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982). A propósito de la firma por España", VIII, A.D.I. (1985), pp. 206-210. Al quedar desde el primer día cubierto el mínimo de 50 firmas requerido para que entrara en funcionamiento la Comisión Preparatoria de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, la Conferencia decidió que aquella quedara constituida y su primera sesión tuvo lugar a partir del 15 de marzo de 1983. Esta Comisión estará constituida por representantes de quienes hayan firmado la Convención o se han adherido a ella, pudiendo los signatarios del Acta Final participar plenamente en sus deliberaciones, aunque sin derecho a participar en la adopción de decisiones. Esta Comisión deberá eliminar las incertidumbres sobre los derechos y obligaciones de todas las Partes interesadas, para facilitar la aceptación universal del nuevo régimen jurídico. Además, la Comisión "está tratando de encontrar fórmulas que permitan la incorporación a la Convención de Estados Unidos, la R.F.A. y Gran Bretaña, pero la labor no resulta fácil ante la rigidez y radicalidad de la posición de Estados Unidos, que sigue manteniendo la necesidad de modificación del Capítulo XI de la Convención y de sus Anexos. La Comisión concedió en 1987 derechos mineros a 4 inversores pioneros de Francia, India, Japón y la URSS". Vid. YTURRIAGA BARBERÁN, J.A., Ámbitos de soberanía..., loc. cit., pp. 108-109. En mi opinión se deberían de haber previsto, desde un primer momento, mecanismos similares a éste para animar a los más reticentes a su ratificación, permitiendo ciertos privilegios pero con obligaciones definidas para aquellos que realmente apoyasen la Convención para, de este modo, sopesar la posible regulación perjudicial para cierto grupo de países.
52 .- En el caso de la "Declaración de la delegación española de 26 de agosto de 1980" (Doc. A/CONF.62/WS/12; en Documentos Oficiales, vol. XIV, Nueva York, 1982, pp. 172-174. La Delegación española en cierto momento incluso llegó a considerar la posibilidad de que aquellas materias en las que no fuera posible el consenso, se pudieran establecer reservas. Sin embargo, cuando ese ideal del consenso se concibió como inalcanzable en la adopción del texto de la Convención en su conjunto y se confirmó que tampoco las normas sobre la delimitación de espacios marinos admitían la posibilidad de reservas, numerosas delegaciones se sintieron frustradas en tanto en cuanto el artículo 309 le prohibía, ya en general y de manera definitiva, formularlas.
53 .- RIQUELME CORTADO clasifica las declaraciones en tres grandes grupos: 1) las declaraciones políticas o de principios; 2) las que se dirigen a armonizar el Derecho interno del Estado que las hace con las disposiciones de la Convención. También denominadas de naturaleza general. Éstas son las que están previstas en el artículo 310; 3) y las declaraciones cuyo objeto principal consiste en interpretar determinadas disposiciones o partes de la Convención. Vid. "España ante la Convención..., loc. cit., pp. 48-49.
54.- Vid. RIQUELME CORTADO, R., "España ante la Convención...", loc. cit., p. 21 (del Prólogo).
55.- Vid. BERNHARDT, R., "Custom and treaty in the Law of the Sea", 205, R.C.A.D.I. (1987-V), p. 257.
56 .- Vid. ANAND, R.P., "Odd man out: The United States and the UN Convention on the Law of the sea", en VAN DYKE, Jon M., ed., Consensus and Confrontation: The United States and the Law of the Sea Convention, Honolulu, 1985, p. 114.
57.- Vid. LABROUSE, H., "Les problèmes militaires du Nouveau Droit de la Mer", en DUPUY, R-J., ed., La gestion des ressources..., loc. cit., p. 307.
58 .- Vid. HOLLICK, A.L., "LOS III: Prospects and Problems", 14, 1, C.J.T.L. (1975), p. 102. Del mismo punto de vista es, pero con una visión más reciente, PLATZÖDER, que en un artículo escrito en 1993 señala que:
"Since 1990, eleven sessions of informal consultations, also referred to as the Dialogue, have been held and their results were summarized in so-called 'information notes'. Unfortunately, these efforts have not yet produced a solution for several reasons. First, the United States never participated in PrepCom and did not actively participate in the consultations until very recently. Second, among the developing countries there is a great deal of hope that the Convention will enter into force as adopted in 1982, so that the Convention could only be changed in accordance with its amendment procedures. Third, there are hardly any precedents concerning the problem of changing a multilateral treaty before its entry into force". Vid. PLATZÖDER, R., "Substantive changes in a multilateral treaty before its entry into force: The case of the 1982 United Nations Convention of the Law of the Sea", 4, 3, E.J.I.L. (1993), pp. 391-392.
59.- Vid. STEVENSON, John R., y OXMAN, Bernard H., "The future of the United Nations Convention on the Law of the Sea", 88, 3, A.J.I.L. (1994, july), p. 492.
60 .- Vid. LEE, L.T., "The Law of the Sea Convention and Third States", 77, 3, A.J.I.L. (1983), p. 541. Este autor realiza un cuadro sinóptico en donde recoge el carácter de las distintas instituciones del Derecho del Mar. Ibíd., 550.
● DERECHOS DE TERCEROS ESTADOS EN LA CONVENCIÓN SOBRE EL DERECHO DEL MAR:
--------------------------------------------------------------------------- Todos los Estados Solamente las Partes
I. Introducción x
II. Mar territorial y zona contigua x
III. Estrechos x
IV. Estados archipelágicos x
V. Zona Económica Exclusiva x
VI. Plataforma continental x
VII. Alta mar x
VIII. Islas x
IX. Mares cerrados o semicerrados x
X. Derechos de acceso y tránsito de los Estados sin litoral x
XI. La Zona
135: Condición jurídica de las aguas y espacio aéreo subyacente x
136: Patrimonio común de la humanidad x
137: Condición jurídica de la Zona y sus recursos x
138: Comportamiento general de los Estados en relación con la Zona x
141: Utilización de la Zona exclusivamente con fines pacíficos x
142: Derechos e intereses legítimos de los Estados ribereños x
143(1): Investigación científica marina x
149: Objetos arqueológicos del medio marino x
Todos los restantes x
XII. Protección y preservación del medio marino x
XIII. Investigación científica marina
Sección 6: Solución de controversia y medidas provisionales x
Todas las restantes x
XIV. Desarrollo y transmisión de tecnología marina x
XV. Solución de controversias x
XVI: Disposiciones generales
303: Objetos arqueológicos e históricos hallados en el mar x
304: Responsabilidad por daños x
XVII: Disposiciones finales x
Sin duda, para aquellos Estados que no hayan ratificado el Convenio de 1982, estará vigente los Convenios de Ginebra de 1958. De este modo, la delegación española manifestaba que "en lo que respecta a la relación de la futura Convención con otros acuerdos y convenciones, en particular con las convenciones de Ginebra de 1958, mi delegación ha hecho constar ya la opinión de que no parece adecuada una cláusula derogatoria de aquellas. Las convenciones de 1958 representan un importante esfuerzo de codificación del derecho consuetudinario del mar y, según el proyecto del preámbulo, tales normas consuetudinarias continuarán rigiendo en las cuestiones no reguladas por la nueva Convención. De otro lado, la elaboración del nuevo derecho del mar toma como base de partida aquel derecho consuetudinario. Si se dejan en vigor las convenciones de 1958 , no va a resultar ningún efecto perjudicial para los Estados que no intervinieron en su elaboración y que no son partes en las mismas, pues según el derecho internacional general, tal como está codificado en el artículo 30 de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados, las convenciones de Ginebra únicamente regirían entre los Estados Partes en ellas y en la medida en que fuesen compatibles con las disposiciones de la nueva Convención". Vid. Documento A/CONF.62/WS/12, de 3 de octubre de 1980, en la declaración de la delegación de España de fecha de 26 de agosto de 1980, Documentos Oficiales, vol. XIV, 1980, p. 174, pár. 25.
61 .- Vid. PASTOR RIDRUEJO, J.A., "Consideraciones sobre la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar", III, A.D.I. (1976), p. 289.
62.- Vid. PASTOR RIDRUEJO, J.A., "La Convención de 1982...", loc. cit., p. 103. En estos mismos términos se expresa MARÍN LÓPEZ, A., "El paso por los estrechos", en Cursos de Derecho Internacional de Vitoria Gasteiz (1984), p. 98.
63.- Vid. OXMAN, B.H., "The Third United Nations Conference on the Law of the Sea: The night session (1980)", 75, A.J.I.L. (1981-2), pp. 254-255. Prueba de ello es la llamada "ambigüedad constructiva" en la que muchos momentos se movió la III Conferencia, que hace de ella un "puzzle de difícil interpretación". Vid. MARTÍNEZ PUÑAL, A., Los derechos de los Estados sin litoral..., loc. cit., pp. 297-298. Sin embargo, una posible solución la creo encontrar en crear un "convenio marco" para tratar las "cuestiones difíciles o pendientes" que aún no se han resuelto. Esta es la propuesta de la Comisión Preparatoria de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, en su 11º período de sesiones (Kingston, 22 de marzo a 2 de abril). Estas "cuestiones difíciles" comprenden las disposiciones de la parte XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que trata de las actividades extractivas en los fondos marinos en zonas fuera de la jurisdicción y soberanía de los Estados. Además, ese convenio marco sería una garantía de que se tratarían las cuestiones pendientes en un tiempo adecuado, sino que también crearía las condiciones para la aceptación universal de la Convención. Vid. XXX, 2, CRÓNICA ONU, "Se necesita un marco para resolver las cuestiones "difíciles" (1993, junio), p. 71. Además, BOUTROS-GHALI, señala que las Naciones Unidas deben velar por que la Convención entre en vigor plenamente y se convierta en la piedra angular del futuro Derecho Marítimo internacional. Este convenio marco deberá tener como fin salvar las instituciones creadas y conservar los principios básicos del régimen jurídico internacional de la parte XI. Ibíd. Incluso, recientemente, se ha llegado a hablar de la posibilidad de modificar la Convención antes de su entrada en vigor; pero, en realidad, se trataría de una cuestión básicamente política. Además, algún autor considera que:
"If the international community could act on the basis of this position it should be possible to amend the Convention by means of a proper legally binding instrument such as a protocol. As long as the discussions in the Dialogue have not reached that understanding, the efforts undertaken through the informal consultations have to be considered as an attempt to overcome political differences by using legal imagination, and the success of such an operation will depend in the end on 'human factors'. It needs a few key players, not fighting each other but striving together to cur the Gordian Knot". Vid. PLATZÖDER, R., "Substantiv changes in a multilateral treaty before its entry into force: The case of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea", 4, 3, E.J.I.L. (1993), pp. 400-402. En mi opinión, ésta sería una posible solución más teórica que práctica y casi imposible de aplicarse; de otro modo, se volvería a los orígenes de 1972, cuando se realizaba una Lista de Temas y Cuestiones para determinar los temas a discutir. Hasta tal punto sería imposible que el hecho de incluir un tema u otro era lo más importante, con independencia de su regulación, fuese a favor o en contra.
GÓMEZ-ROBLEDO VERDUZCO señala que:
"La administración Reagan, de conformidad con su decisión de no firmar la Convención de Montego Bay, propuso a varios de los países que no la firmaron, la celebración de un 'mini-tratado' relativo a la explotación de los fondos marinos.
[...]Si un tribunal internacional tuviera que pronunciarse sobre las consecuencias legales de dos tratados multilaterales en conflicto sobre el régimen de explotación de los fondos marinos, al menos los Estados parte en el tratado alternativo, tendrían un instrumento propio y válido internacionalmente para poder esgrimirlo en contra de la Convención". Vid. GÓMEZ-ROBLEDO VERDUCO, A., "La Convención de Montego Bay, génesis de la misma y el unilateralismo como técnica jurídica", en Temas Selectos de Derecho Internacional, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2001, pp. 388-389. Puede consultarse en [http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=122].