Source: https://diario-oficial-generalitat-catalunya.vlex.es/vid/fiscales-financieras-administrativas-81578214
Timestamp: 2019-10-18 14:04:50
Document Index: 158983889

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 59', 'Artículo 59', 'artículo 62', 'Artículo 62', 'artículo 59', 'artículo 63', 'Artículo 63', 'artículo 59', 'Artículo 2', 'Artículo 1', 'Artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 4', 'Artículo 6', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 7', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 10', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 12', 'Artículo 10', 'artículo 1', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'artículo 17', 'artículo 17', 'Artículo 17', 'Artículo 13', 'Artículo 17', 'Artículo 17', 'Artículo 17', 'Artículo 17', 'Artículo 17', 'Artículo 14', 'Artículo 18', 'Artículo 15', 'artículo 21', 'Artículo 16', 'Artículo 22', 'Artículo 22', 'Artículo 22', 'artículo 35', 'Artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 22', 'Artículo 22', 'Artículo 22', 'artículo 22', 'Artículo 22', 'artículo 1', 'Artículo 22', 'Artículo 22', 'Artículo 17', 'Artículo 26', 'Artículo 26', 'Artículo 26', 'Artículo 26', 'Artículo 26', 'Artículo 26', 'Artículo 18', 'Artículo 27', 'Artículo 27', 'Artículo 27', 'Artículo 27', 'Artículo 19', 'artículo 60', 'artículo 65', 'artículo 66', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 22', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 3', 'Artículo 34', 'Artículo 22', 'Artículo 53', 'artículo 92', 'artículo 90', 'artículo 92', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 20', 'artículo 41', 'artículo 9', 'artículo 12', 'Artículo 12', 'artículo 3', 'artículo 4', 'Artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 1', 'artículo 4', 'Artículo 20', 'Artículo 47', 'artículo 57', 'artículo 67', 'artículo 67', 'artículo 67', 'artículo 47', 'artículo 67', 'artículo 76', 'Artículo 76', 'artículo 96', 'artículo 67', 'artículo 77', 'artículo 67', 'artículo 83', 'artículo 83', 'artículo 67', 'artículo 40', 'Artículo 40', 'artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 94', 'artículo 45', 'artículo 94', 'artículo 43', 'artículo 68', 'artículo 68', 'artículo 94', 'artículo 94', 'artículo 94', 'artículo 94', 'artículo 45', 'artículo 94', 'artículo 94', 'artículo 94', 'artículo 94', 'artículo 95', 'artículo 130', 'artículo 94', 'artículo 135', 'artículo 130', 'artículo 94', 'artículo 149', 'artículo 94', 'artículo 156', 'artículo 153', 'artículo 56', 'artículo 94', 'artículo 163', 'Artículo 163', 'artículo 94', 'artículo 57', 'artículo 94', 'artículo 43', 'artículo 94', 'artículo 94', 'artículo 98', 'Artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 52', 'Artículo 53', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 13', 'artículo 20', 'artículo 93', 'artículo 102', 'Artículo 93', 'Artículo 93', 'Artículo 93', 'artículo 517', 'Artículo 93', 'artículo 93', 'Artículo 93', 'Artículo 5', 'artículo 11', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 14', 'artículo 9', 'artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 40', 'artículo 22', 'artículo 94', 'artículo 62', 'artículo 15', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 22', 'artículo 22']

LEY 26/2009, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, financieras y administrativas. (Corrección de erratas en el DOGC núm. 5553, pág. 4269, de 26.1.2010 y en el DOGC núm. 5567, pág. 10390, de 15.2.2010). - DOGC. Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (en castellano) - Legislación - VLEX 81578214
LEY 26/2009, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, financieras y administrativas. (Corrección de erratas en el DOGC núm. 5553, pág. 4269, de 26.1.2010 y en el DOGC núm. 5567, pág. 10390, de 15.2.2010).
Sección tercera. - art. 19
Sección segunda. - arts. 22 a 29
Sección tercera. - arts. 30 y 31
Sección cuarta. - arts. 32 y 33
Capítulo I. - arts. 34 a 40
Capítulo II. - arts. 41 y 42
Sección primera. - arts. 43 y 44
Sección segunda. - arts. 45 y 46
Sección tercera. - art. 47
Sección cuarta. - arts. 48 a 51
Sección quinta. - art. 52
Sección sexta. - art. 53
Sección novena. - arts. 59 a 61
Sección décima. - arts. 62 a 65
El proyecto de esta ley fue sometido a la consideración del Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña. Este consejo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 2.1. a.primero de la Ley 7/2005, de 8 de junio, del Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña, debe emitir un dictamen preceptivo no vinculante sobre los anteproyectos de ley que regulan materias socioeconómicas, laborales y de ocupación de competencia de la Generalidad. A la vista de este dictamen, se introdujeron en el texto del Proyecto de ley varias sugerencias que afectaron su contenido.
Título I Artículos 1 a 33
Capítulo I Artículos 1 a 19
Se modifica el apartado 1 del artículo 58 de la Ley 4/1997, de 20 de mayo, de protección civil de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
Se modifica el apartado 3 del artículo 58 de la Ley 4/1997, que queda redactado del siguiente modo:
Se modifica el artículo 59 de la Ley 4/1997, que queda redactado del siguiente modo:
"Artículo 59. Sujeción y cuantía del gravamen
"1. Están sometidos al gravamen los siguientes elementos patrimoniales afectos a actividades de riesgo y situados en el territorio de Cataluña:
"Primero. Las instalaciones industriales o los almacenes en los que se utilizan, se almacenan, se depositan o se producen sustancias consideradas peligrosas de acuerdo con el anexo I, parte 1, "Relación de sustancias", y parte 2, "Categorías de sustancias y preparados no denominados específicamente en la parte 1", del Real decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas, siempre y cuando la cantidad presente en la instalación o en el grupo de instalaciones de que se trate supere el 10% de las que figuran en la columna 3 del anexo I, parte 1 y parte 2 del Real decreto 1254/1999.
"a) Si se trata de almacenes situados en terrenos calificados de suelo urbano, el gravamen es exigible si la cantidad almacenada supera, en cualquier momento a lo largo del año natural, el 5% de cualquiera de las que figuran en los anexos mencionados y con los mismos criterios.
"b) En los supuestos a los que se refieren el apartado primero y la letra a , la base del gravamen debe constituirse con la cantidad media anual de sustancia presente en la instalación o en el grupo de instalaciones, expresada en kilogramos.
"c) El tipo aplicable debe determinarse para cada sustancia dividiendo 250 por las cantidades, expresadas en toneladas, que aparecen en la columna 3 del anexo I, parte 1 y parte 2, del Real decreto 1254/1999.
"Segundo. Las instalaciones y las estructuras destinadas al transporte por medios fijos de sustancias peligrosas, en el sentido al que se refiere el apartado primero.
"a) En las conducciones de gas canalizado de presión igual o superior a 36 kilogramos por centímetro cuadrado, el tipo de gravamen es de 0,29 euros por metro lineal.
"b) Para los otros casos a los que se refiere este apartado, el gravamen es exigible al tipo de 0,0041 euros por metro lineal.
"Tercero. Los aeropuertos y los aeródromos, sin perjuicio del gravamen sobre las instalaciones industriales anexas que sea procedente, de acuerdo con el apartado primero. La base del gravamen debe constituirse con el movimiento medio de los cinco años naturales anteriores al devengo, expresado en número de vuelos y según la capacidad de pasajeros de cada aeronave despegada o aterrizada.
"La tarifa es la siguiente:
"a) Aeronaves con capacidad entre 1 y 12 pasajeros: 11,55 euros.
"b) Aeronaves con capacidad entre 13 y 50 pasajeros: 24,05 euros.
"c) Aeronaves con capacidad entre 51 y 100 pasajeros: 46,05 euros.
"d) Aeronaves con capacidad entre 101 y 200 pasajeros: 83,55 euros.
"e) Aeronaves con capacidad entre 201 y 300 pasajeros: 133,55 euros.
"f) Aeronaves con capacidad entre 301 y 400 pasajeros: 183,55 euros.
"g) Aeronaves con capacidad entre 401 y 500 pasajeros: 233,55 euros.
"h) Aeronaves con capacidad de 501 pasajeros o más: 283,55 euros.
"i) Aeronaves de carga: 11,55 euros.
"Cuarto. Las presas hidráulicas: la base del gravamen debe constituirse con la capacidad de la presa, expresada en metros cúbicos. El tipo es de 0,0002 euros por metro cúbico.
"Quinto. Las centrales nucleares y otras instalaciones y estructuras destinadas a la producción o a la transformación de energía eléctrica: la base del gravamen debe constituirse con la potencia nominal, expresada en megavatios. El tipo de gravamen es de 41,53 euros por megavatio en las centrales nucleares, y de 20,76 euros por megavatio en las otras instalaciones.
"Sexto. Las instalaciones y las estructuras destinadas al transporte o al suministro de energía eléctrica, de acuerdo con la siguiente tarifa:
"a) Entre 26 y 110 kilovoltios (kV): 0,00083 euros por metro.
"b) Entre 111 y 220 kilovoltios (kV): 0,0041 euros por metro.
"c) Entre 221 y 400 kilovoltios (kV): 0,0083 euros por metro.
"d) Más de 400 kilovoltios (kV): 0,0332 euros por metro.
"2. Para cada uno de los apartados primero, segundo, cuarto, quinto y sexto del apartado 1, y dentro de cada apartado para cada uno de los elementos patrimoniales situados en términos municipales distintos, la cantidad máxima que debe ingresar el sujeto obligado al pago del gravamen por instalación o red no puede superar los 124.589,80 euros, y debe ajustarse a la siguiente escala:
"a) Hasta 4.152.993,64 euros de facturación o ingresos equivalentes: una cuantía máxima de 8.305,99 euros.
"b) De 4.152.993,65 euros a 10.382.484,10 euros de facturación o ingresos equivalentes: una cuantía máxima de 14.535,48 euros.
"c) De 10.382.484,11 euros a 16.611.974,55 euros de facturación o ingresos equivalentes: una cuantía máxima de 20.764,97 euros.
"d) De 16.611.974,56 euros a 29.070.955,48 euros de facturación o ingresos equivalentes: una cuantía máxima de 31.147,45 euros.
"e) De 29.070.955,49 euros a 41.529.936,40 euros de facturación o ingresos equivalentes: una cuantía máxima de 41.529,94 euros.
"f) De 41.529.936,41 euros a 54.451.696,64 euros de facturación o ingresos equivalentes: una cuantía máxima de 55.373,25 euros.
"g) De 54.451.696,65 euros a 67.373.456,88 euros de facturación o ingresos equivalentes: una cuantía máxima de 69.216,56 euros.
"h) De 67.373.456,89 euros a 100.000.000,00 de euros de facturación o ingresos equivalentes: una cuantía máxima de 83.059,87 euros.
"i) Más de 100.000.000,00 de euros de facturación o ingresos equivalentes: una cuota máxima de 124.589,80 euros.
Se modifica el artículo 62 de la Ley 4/1997, que queda redactado del siguiente modo:
"Artículo 62. Devengo
"1. El gravamen se devenga el 31 de diciembre de cada año natural en el que se han realizado las actividades de riesgo que determinan su exigencia, salvo en el caso del apartado tercero del artículo 59.1, relativo a los aeropuertos y aeródromos, en el que el gravamen se devenga el último día de cada trimestre natural.
"2. En caso de cese de la actividad, el gravamen se devenga el último día de la actividad.
Se modifica el artículo 63 de la Ley 4/1997, que queda redactado del siguiente modo:
"Artículo 63. Gestión tributaria
"1. La gestión, la inspección y la recaudación del gravamen corresponden a la Agencia Tributaria de Cataluña.
"2. Las personas físicas o jurídicas sujetas al gravamen están obligadas a presentar declaración o, si procede, declaración liquidación, en los términos y con los modelos que se establezcan por reglamento.
Se añade una nueva disposición adicional, la sexta, a la Ley 4/1997, con el siguiente texto:
"Sexta. Aplicación progresiva de la tarifa del gravamen de protección civil para aeropuertos y aeródromos
"La cuota que deben satisfacer los aeropuertos y los aeródromos, que resulta de la aplicación de las tarifas establecidas por el apartado tercero del artículo 59.1, tiene las siguientes bonificaciones:
". Un 50% para el ejercicio 2010.
. Un 25% para el ejercicio 2011.
Sección segunda Artículos 2 a 18
Subsección primera Artículo 2
Beneficios fiscales de las tasas
"Artículo 1.2-7. Beneficios fiscales
"1. No pueden establecerse, si no es por ley, exenciones u otros beneficios tributarios, los cuales deben ajustarse a los principios de justicia tributaria recogidos en la Constitución.
"2. Pueden establecerse por ley exenciones a favor del Estado, la Generalidad y otros entes públicos territoriales o institucionales, o como consecuencia de lo dispuesto por los tratados o los acuerdos internacionales.
"3. Se establece una bonificación del 10% de la cuota de la tasa que corresponda en cada caso por la prestación del servicio o la realización de actividades, si se realiza la solicitud por medios electrónicos. No se aplica esta bonificación en el caso de que la regulación de la tasa correspondiente establezca una bonificación específica por este mismo concepto.
"4. Si como consecuencia de la aplicación de una bonificación o deducción resulta un importe con tres o más decimales, debe hacerse el redondeo monetario al céntimo de euro, de modo que si el tercer decimal es igual o superior a 5, se incrementa la unidad de céntimo de euro. Hecha esta operación:
"a) La cifra de las unidades de céntimo de euro, si está comprendida entre 1 y 5, se redondea a 5.
"b) La cifra de las unidades de céntimo de euro, si está comprendida entre 6 y 9, se redondea a 0 y se aumenta en una unidad la cifra de las decenas de céntimo de euro.
Subsección segunda Artículo 3
Se modifica el enunciado del apartado 5 del artículo 4.3-5 del capítulo III del título IV del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 3/2008, que queda redactado del siguiente modo:
5. Por la expedición, renovación o diligenciación del documento de identificación equina (DIE) o pasaporte: euros/animal.
Se modifica el enunciado del apartado 5.3 del artículo 4.3-5 del capítulo III del título IV del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 3/2008, que queda redactado del siguiente modo:
5.3. Por la diligenciación del documento de identificación equina o pasaporte
Subsección tercera Artículo 4
"Artículo 4.7-4. Cuota
"La cuota de la tasa por producto amparado se calcula según el siguiente sistema:
"1. Se establece una tasa base de 110,00 euros para los operadores productores (agricultores y ganaderos), con la siguiente distinción:
". Hasta 4 hectáreas en cultivo de leñosos.
". Hasta 8 hectáreas en cultivo de herbáceos (cereales).
". Hasta 80 hectáreas en cultivo de herbáceos (prados, pastos, barbecho y recolección silvestre).
". Hasta 1 hectárea en cultivo de hortícolas.
"Se incluye el control de las hectáreas detalladas anteriormente solo en cuanto al cultivo más significativo de la explotación inscrita.
"2. Se aplican otras tasas sumadas a la tasa base de productores en los siguientes casos:
". Tasa para productores ganaderos: 75,00 euros; se incluye el control de hasta quince unidades de ganado mayor (UGM) en ganadería, tanto si se trata de rumiantes como de no rumiantes, y hasta setenta y cinco colmenas en apicultura.
". Tasa para productores ganaderos con actividad ganadera de engorde: 25,00 euros; se incluye el control de hasta quince UGM en ganadería de engorde.
". Tasa para productores elaboradores: 80,00 euros, siempre y cuando cumplan los requisitos mínimos establecidos en el apartado 3.3 para que se les pueda considerar productores elaboradores.
"3. A partir de la tasa resultante de aplicar los apartados 1 y 2, se suman los siguientes importes por dimensión de la explotación:
"3.1. Producción vegetal
". Cultivos leñosos: a partir de 4 hectáreas, se aplica una tasa de 4,00 euros/ha añadida.
". Cultivos herbáceos (cereales): a partir de 8 hectáreas, se aplica una tasa de 2 euros/ha añadida.
". Cultivos herbáceos (prados, pastos, barbecho y recolección silvestre): a partir de 80 hectáreas, se aplica una tasa de 0,20 euros/ha añadida.
". Cultivos hortícolas: a partir de 1 hectárea, se aplica una tasa de 9,00 euros/ha añadida.
"3.2. Producción ganadera
"Rumiantes:
". UGM engorde: a partir de quince UGM, se aplica una tasa de 1,40 euros/UGM.
". UGM no engorde: a partir de quince UGM, se aplica una tasa de 0,80 euros/UGM.
"No rumiantes:
". UGM no rumiante: a partir de quince UGM, se aplica una tasa de 4 euros/UGM.
". Colmena: a partir de setenta y cinco colmenas, se aplica un precio de 0,5 euros/colmena.
"3.3. Producción elaboración
". Producto autorizado a partir del décimo producto, se aplica una tasa de 2 euros/producto.
"Se consideran productores elaboradores los que cumplen uno de los dos primeros requisitos y el tercer requisito, de los siguientes:
". El envasado en campo (autorización de producto hortofrutícola).
". La facturación de elaboración representa menos del 50% de la facturación total, teniendo en cuenta el envasado y la elaboración de los productos procedentes de la misma explotación.
". La facturación de la parte de elaboración es inferior a 50.000 euros.
"4. A partir del importe resultante, se aplica, si procede, el siguiente coeficiente multiplicador por tipos de explotación:
"Grupo profesional de agricultores o ganaderos: coeficiente multiplicador 0,7.
"Se consideran grupos profesionales los agricultores o ganaderos que cumplen estos requisitos:
". Llevan toda la gestión documental centralizada.
". En el grupo hay un mínimo de cinco agricultores o ganaderos.
". Todos los agricultores o ganaderos tienen un mismo cultivo o una misma especie animal.
". Las parcelas se encuentran en una misma zona de control (se inspeccionan en una misma visita de inspección).
"5. A partir del importe resultante, se aplican los siguientes coeficientes multiplicadores por tipos de producción:
" . Producción exclusivamente ecológica: coeficiente multiplicador 1.
". Producción mixta (producción ecológica y convencional dentro de la misma explotación): coeficiente multiplicador 1,2.
"6. Se establece una tasa base de 185,00 euros para las empresas elaboradoras, importadoras o comercializadoras. A partir de esta tasa base, se suman los siguientes importes o se aplican los siguientes coeficientes multiplicadores:
"6.1. Dimensiones de la industria:
"6.1.1. Número de productos autorizados
". Monoingredientes (ingredientes agrarios)
"Entre 11 y 80 referencias: 80 euros.
"Entre 81 y 300 referencias: 135 euros.
"Más de 300 referencias: 185 euros.
". Multiingredientes (ingredientes agrarios)
"Entre 11 y 80 referencias: 120 euros.
"Entre 81 y 300 referencias: 205 euros.
"Más de 300 referencias: 315 euros.
"6.1.2. Número de productos autorizados al por mayor o a granel
"Entre 21 y 100 referencias: 50 euros.
"Entre 101 y 400 referencias: 100 euros.
"Más de 400 referencias: 180 euros.
"Entre 21 y 100 referencias: 110 euros.
"Entre 101 y 400 referencias: 225 euros.
"Más de 400 referencias: 300 euros.
"6.1.3. Número de certificados de exportación emitidos
"Entre 11 y 50 certificados/año: 120 euros.
"Entre 51 y 200 certificados/año: 225 euros.
"Entre 201 y 400 certificados/año: 375 euros.
"Más de 400 certificados/año: 450 euros.
"6.1.4. Número de certificados de importación emitidos
"Para el control y la emisión de cada certificado de importación hay que sumar un importe de 15,00 euros/certificado.
"Para el cálculo hay que considerar el número de productos autorizados o certificados emitidos a 31 de diciembre del año anterior.
"6.2. Control complementario:
". Control específico de análisis de riesgos: coeficiente multiplicador 1,2.
". Maquila: coeficiente multiplicador 0,8.
"6.3. Tipos de actividad:
". Elaboración y comercialización de productos exclusivamente ecológicos: coeficiente multiplicador 1.
". Elaboración y comercialización mixta (elaboración y comercialización de productos ecológicos y convencionales dentro de la misma instalación): coeficiente multiplicador 1,2.
"6.4. Volumen de la facturación anual de productos ecológicos sometidos a control:
". Hasta 30.000 euros: coeficiente multiplicador 0.90
". De 30.001 euros a 60.000 euros: coeficiente multiplicador 1.5.
". De 60.001 euros a 100.000 euros: coeficiente multiplicador 2.
". De 100.001 euros a 200.000 euros: coeficiente multiplicador 2.5.
". De 200.001 euros a 400.000 euros: coeficiente multiplicador 3.
". De 400.001 euros a 700.000 euros: coeficiente multiplicador 3,5.
". De 700.001 euros a 1.000.000 de euros: coeficiente multiplicador 4.
. Más de 1.000.000 de euros: coeficiente multiplicador 5.
Subsección cuarta Artículo 5
"Artículo 4.8-4. Cuota
"1. Por inscripción en los registros
"1.1. Para los operadores productores, por hectárea inscrita y por una sola vez: 10 euros.
"1.2.1. Hasta 200.000 kg de producto comercializado bajo producción integrada: 14,20 euros.
"1.2.2. Por cantidades superiores a 200.000 kg: 28,20 euros.
"1.3. Por la emisión del certificado de actualización de datos: 15 euros anuales para todos los operadores.
"2. Cuota de la tasa por productos amparados
"2.1.1. Secano, por hectárea, anualmente:
"Por las 30 primeras hectáreas: 15 euros.
"De la hectárea 31 a la 100: 12 euros.
"Por las hectáreas que exceden de 100: 9 euros.
"2.1.2. Regadío, por hectárea, anualmente:
"Por las 30 primeras hectáreas: 18 euros.
"De la hectárea 31 a la 100: 15 euros.
"Por las hectáreas que exceden de 100: 11 euros."2.2. Para los operadores productores elaboradores, elaboradores o importadores:
"2.2.1. En el caso de elaboradores de productos amparados en el sistema de producción agraria integrada exclusivamente, si el total de producto envasado no supera los 200.000 kg anuales, anualmente: 210,85 euros.
"2.2.2. En el caso de elaboradores de productos amparados en el sistema de producción agraria integrada que tienen también una línea de elaboración de producto convencional, si el total de producto envasado no supera los 200.000 kg anuales, anualmente: 234,3 euros.
"2.2.3. En el caso de elaboradores de productos amparados en el sistema de producción agraria integrada exclusivamente, si el total de producto envasado supera los 200.000 kg anuales, anualmente: 644,15 euros.
Subsección quinta Artículo 6
"Capítulo VIII. Tasa por el servicio de guarda de vehículos del monasterio de Sant Pere de Rodes
"Artículo 8.8-1. Hecho imponible
"Constituye el hecho imponible de la tasa el uso del servicio de aparcamiento de vehículos en el monasterio de Sant Pere de Rodes, del que es titular el departamento competente en materia de cultura.
"Artículo 8.8-2. Sujeto pasivo
"Es sujeto pasivo de la tasa a título de contribuyente la persona física o jurídica que utiliza el aparcamiento de vehículos.
"Artículo 8.8-3. Devengo
"La tasa se devenga en el momento en que se inicia el uso del aparcamiento.
"Artículo 8.8-4. Cuota
"El importe de la cuota por el uso del servicio, entre las 9 h y las 21 h, es el siguiente:
"Autocares: 5 euros.
"Motocicletas: 1 euro.
"Turismos y otros tipos de vehículos a motor: 2 euros.
Subsección sexta Artículo 7
Tasa por los servicios prestados por la Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas
Se modifica la cuota correspondiente a la inscripción de las delegaciones de fundaciones que actúan en Cataluña, del apartado 1 del artículo 10.1-4 del capítulo I del título X del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 3/2008, que queda redactada del siguiente modo:
Se añaden dos nuevas cuotas al apartado 2, relativo a asociaciones y federaciones, del artículo 10.1-4 del capítulo I del título X del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 3/2008, con el siguiente texto:
"Inscripción de delegación de asociación extranjera: 32,85 euros.
Se añaden siete nuevas cuotas al apartado 3, relativo a los colegios profesionales y consejos de colegios, del artículo 10.1-4 del capítulo I del título X del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 3/2008, con el siguiente texto:
"Declaración de adecuación a la legalidad de los reglamentos de colegios y consejos de colegios: 43,75 euros.
"Declaración de adecuación a la legalidad de la modificación global de los reglamentos de colegios y consejos de colegios: 43,75 euros.
"Declaración de adecuación a la legalidad de la modificación parcial de los reglamentos de colegios y consejos de colegios: 21,95 euros.
"Delegación de funciones y apoderamientos: 21,95 euros.
"Apertura y cierre de delegaciones territoriales: 32,85 euros.
"Fusión y escisión: 21,95 euros.
Subsección séptima Artículo 8
Subsección octava Artículo 9
Tasas por los permisos de caza de aves acuáticas y de caza mayor, excepto el jabalí, en las zonas de caza controlada
"Artículo 12.2-4. Cuota
"La cuota de la tasa de cada permiso de caza se exige de acuerdo con las siguientes tarifas:
"Aves acuáticas: 16 euros.
"Cabra hispánica: 110 euros.
"Macho de gamo: 30 euros.
"Hembra de gamo: 5 euros.
"Macho de rebeco: 35 euros.
"Hembra de rebeco: 10 euros.
"Macho de corzo: 15 euros.
"Hembra de corzo: 5 euros.
"Macho de ciervo: 40 euros.
Subsección novena Artículo 10
"1.7. Gamo
"Caza selectiva:
"De hembras: 30 euros.
"De machos: 30 euros.
"Caza de trofeo: 100 euros.
"1.8. Muflón
"2.5 Gamo
"De hembras: 50 euros.
"De machos: 100 euros.
"Caza de trofeo:
"Por pieza herida y no cobrada: 60 euros.
"Por pieza cobrada: 130 euros.
"2.6 Muflón
2.7 El establecimiento y la modificación de las fórmulas para el cálculo de la puntuación correspondiente a cada pieza cobrada, para determinar la cuantía de la cuota variable o complementaria de la tasa, se hacen mediante orden u órdenes del consejero o consejera del departamento competente en materia de medio ambiente, con el informe favorable de la Intervención Delegada y del Departamento de Economía y Finanzas. En el expediente de elaboración de la orden o las órdenes debe constar una memoria económica en la que hay que justificar que la fórmula cumple el principio de equivalencia del artículo 1.2-8. Las fórmulas que se establezcan deben equipararse, del modo que sea posible, a las fórmulas internacionales fijadas por el Consejo Internacional de la Caza, pero la puntuación que resulte es independiente de las puntuaciones oficiales de homologar y limita sus efectos a la liquidación de la cuota de la tasa, sin perjuicio de que otras normas, actos o contratos puedan remitirse también a las fórmulas de la orden u órdenes mencionadas.
Subsección décima Artículo 11
Subsección undécima Artículo 12
Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 17.2-3 del capítulo II del título XVII del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 3/2008, que quedan redactados del siguiente modo:
"1. Los sujetos pasivos que acrediten documentalmente la situación de incapacidad permanente total o absoluta y las personas menores de catorce años están exentos del pago de la tasa en las zonas de pesca controlada con la modalidad de pesca sin muerte.
Se modifica el artículo 17.2-5 del capítulo II del título XVII del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 3/2008, que queda redactado del siguiente modo:
"Artículo 17.2-5. Cuota
"La cuota de la tasa por permisos de zonas de pesca controlada es la siguiente:
"1. Salmónidos con muerte
"Tarifa general: 6,65 euros.
"Miembro de la sociedad de pescadores ribereños: 3,40 euros.
"Miembros federados: 4,25 euros.
"2. Salmónidos sin muerte
"Tarifa general: 5,45 euros.
"Miembro de la sociedad de pescadores ribereños: 2,75 euros.
"Miembros federados: 3,25 euros.
"3. Intensivo con muerte
"Tarifa general: 12,20 euros.
"Miembro de la sociedad de pescadores ribereños: 6,65 euros.
"Miembros federados: 8,75 euros.
"4. Intensivo sin muerte
"Tarifa general: 7,70 euros.
"Miembro de la sociedad de pescadores ribereños: 4,45 euros.
"Miembros federados: 5,25 euros.
"5. Ciprínidos (anual)
"Tarifa general: 16,45 euros.
"Miembro de la sociedad de pescadores ribereños: 7,70 euros.
"Miembros federados: 12 euros.
"6. Ciprínidos (diario)
Subsección duodécima Artículo 13
Tasa para la realización de concursos de pesca
"Capítulo IV. Tasa para realizar concursos de pesca
"Artículo 17.4-1. Hecho imponible
"Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios inherentes a la autorización por parte del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda para realizar el concurso de pesca en las zonas de pesca controlada.
"Artículo 17.4-2. Sujeto pasivo
"Es sujeto pasivo de la tasa la Federación Catalana de Pesca.
"Artículo 17.4-3. Exenciones
"1. Están exentos del pago de la tasa los concursos de carácter internacional, estatal o autonómico, en la modalidad de pesca sin muerte.
"2. Están exentos del pago de la tasa los concursos en la modalidad de pesca sin muerte organizados por ayuntamientos con motivo de la celebración de la fiesta mayor, con un máximo de dos concursos gratuitos por año.
"Artículo 17.4-4. Devengo
"La tasa se devenga y se hace efectiva con la obtención del permiso para realizar el concurso.
"Artículo 17.4-5. Cuota
"1. El importe de la tasa del concurso queda definida por el número de participantes y de acuerdo con el tipo de la zona de pesca controlada en el cual se efectúa. Las cuotas que deben aplicarse son las siguientes:
"Zonas de pesca controlada intensiva sin muerte: 5,25 euros/participante.
"Zonas de pesca controlada intensiva con muerte: 8,75 euros/participante.
"Zonas de pesca controlada de salmónidos sin muerte: 3,25 euros/participante.
"Zonas de pesca controlada de ciprínidos: 2,75 euros/participante.
Subsección decimotercera Artículo 14
"Artículo 18.1-5. Cuota
"El importe de la cuota es el siguiente:
"1. Pruebas para la obtención de los certificados de nivel básico, elemental e intermedio: 14,10 euros.
2. Pruebas para la obtención de los certificados de suficiencia y superior: 24,55 euros.
Subsección decimocuarta Artículo 15
Se modifica el apartado 1. c del artículo 21.7-4 del capítulo VII del título XXI del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 3/2008, que queda redactado del siguiente modo:
"c) Por emisión de certificado de exportación con desplazamiento específico: 50 euros. Los certificados de exportación que se emitan en el mismo acto de control oficial, descontado el primero, tienen un coste adicional de 10 euros por certificado.
c bis ) Por emisión de certificado de exportación sin desplazamiento específico: 10 euros.
Subsección decimoquinta Artículo 16
Tasa por la prestación del servicio del cuerpo de bomberos de la Generalidad de Cataluña
"Capítulo V. Tasa por la prestación de servicios de prevención y extinción de incendios y salvamentos
"Artículo 22.5-1. Hecho imponible
"1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios del cuerpo de bomberos de la Generalidad de Cataluña en los siguientes casos:
"b) Rescate y salvamento de personas en los siguientes casos:
"Tercero. Si la persona solicita el servicio sin que existan motivos objetivamente justificados.
"c) Incendios intencionados o consecuencia de una imprudencia grave del sujeto pasivo, siempre y cuando se puedan identificar, en bienes muebles o inmuebles, o incendios de vegetación forestal, agrícola o urbana, u otros tipos de incendio.
"d) Limpieza por derramamiento de combustibles, aceites, líquidos peligrosos o similares, si es a causa de una imprudencia.
"e) Intervenciones en elementos interiores o exteriores de inmuebles, incluyendo el saneamiento de fachadas, rótulos publicitarios, alarmas, etc., si esta intervención es debida a una construcción o un mantenimiento deficientes por imprudencia.
"f) Inundaciones ocasionadas por obstrucción de desagües, acumulación de suciedad, depósitos en mal estado y casos similares, siempre y cuando se aprecie imprudencia en el mantenimiento de los espacios, los inmuebles o las instalaciones de gas o agua en la via pública.
"g) Vigilancia y protección de incendio o accidente en las pruebas deportivas o en otras actividades culturales o de tiempo libre, sin perjuicio de las competencias municipales, salvo las que organizan las entidades sin ánimo de lucro y las administraciones públicas, si no cobran entrada para asistir a las mismas y si no se financian con derechos de retransmisión televisiva.
"2. No se produce el hecho imponible por los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamentos ni por la prestación de otros servicios en el caso de situaciones de catástrofe o calamidad pública.
"Artículo 22.5-2. Exenciones
"1. Están exentas del pago de la tasa las administraciones municipales.
"2. También están exentos:
"a) La prestación de servicios o las intervenciones que son consecuencia de fenómenos meteorológicos extraordinarios o catastróficos, o de casos de fuerza mayor.
"b) Los servicios prestados por el interés general y no en beneficio de particulares o de bienes determinados.
"Artículo 22.5-3. Sujetos pasivos
"1. Son sujetos pasivos contribuyentes de la tasa las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que se refiere el artículo 35.4. de la Ley general tributaria que sean beneficiarias de la prestación del servicio, salvo en los casos establecidos por el punto 2.
"2. En los casos que se especifican a continuación, es sujeto pasivo la persona o personas que se indican:
"a) En caso de accidente de tráfico, el sujeto pasivo es la persona responsable del accidente, de acuerdo con lo que establezcan los informes técnicos de la autoridad de tráfico. Si no se determina un responsable, se consideran sujetos pasivos los beneficiarios del servicio.
"b) En caso de incendios intencionados o consecuencia de una imprudencia grave, el sujeto pasivo es la persona responsable del incendio, de acuerdo con lo que establezcan los informes técnicos de las autoridades competentes.
"c) En caso de limpieza por derramamiento imprudente, el sujeto pasivo es la persona responsable del derramamiento de la sustancia, de acuerdo con lo que establezcan los informes técnicos de las autoridades competentes.
"d) En caso de intervención en elementos interiores o exteriores de inmuebles, el sujeto pasivo es la persona propietaria del inmueble o la arrendataria que ha actuado de forma imprudente en la construcción deficiente o en el mantenimiento del inmueble, de acuerdo con la información de las autoridades competentes.
"e) En caso de inundaciones ocasionadas por imprudencia, el sujeto pasivo es la persona responsable de la inundación, de acuerdo con lo que establezcan los informes técnicos de las autoridades competentes.
"3. Son obligados tributarios en concepto de sustitutos del contribuyente o la contribuyente las entidades o sociedades aseguradoras con que tenga contratada una póliza de seguro que cubra los supuestos objeto de tributación y hasta el límite establecido como suma asegurada en esta póliza.
"En caso de accidente de tráfico, son obligados tributarios, en concepto de sustitutos de los contribuyentes, sus entidades aseguradoras.
"Al efecto de la obligación de soportar la tasa, cuando concurren distintas personas beneficiarias de la prestación del servicio, la tasa debe imputarse proporcionalmente a los efectivos utilizados en las tareas en el beneficio de cada sujeto pasivo. Si no pueden individualizarse o concurren múltiples responsables, la tasa debe imputarse a partes iguales.
"Artículo 22.5-4. Devengo y exigibilidad
"1. La tasa se devenga en el momento en que se inicia la prestación del servicio, que coincide con la salida de la correspondiente dotación.
"2. Sin perjuicio de lo establecido por el apartado 1, en el supuesto establecido por el apartado 1. g del artículo 22.5-1, puede exigirse el pago de la tasa previamente a la prestación del servicio. Si, terminada la prueba deportiva o la actividad cultural, la tasa definitiva, según lo establecido por el artículo 22.5-5, es superior a la pagada previamente, hay que girar una liquidación complementaria por la diferencia de la cuota devengada.
"Artículo 22.5-5. Cuota
"1. La cuota se determina, por una parte, a partir del número de efectivos y medios, tanto personales como materiales, que intervengan en la prestación del servicio, y por la otra, según el tiempo invertido en este servicio por cada uno de los efectivos y medios.
"2. De acuerdo con el apartado 1, los importes que deben computarse en cada hecho imponible para el 2010 son los siguientes:
"a) Bomberos: 31,26 euros por unidad y hora.
"b) Vehículos: 40,65 euros por unidad y hora.
"c) Helicópteros: 2.363,29 euros por unidad y hora.
"En el caso de fracciones de hora, los importes anteriores deben aplicarse de forma proporcional.
"3. Los importes establecidos por el apartado 2 deben actualizarse según las tarifas aprobadas y publicadas anualmente en la Ley de presupuestos de la Generalidad.
"Artículo 22.5-6. Liquidación
"Una vez prestado el servicio que constituye el hecho imponible y emitido el informe por la unidad responsable de los bomberos de la Generalidad de Cataluña, el órgano competente para liquidar la tasa debe emitir la propuesta de liquidación, la cual, además de cumplir con todos los requisitos y elementos exigidos por la normativa vigente, tiene que especificar los efectivos y medios que han intervenido y el número de horas utilizado, así como el importe vigente correspondiente a cada concepto según lo establecido por el artículo 22.5-5.
"Artículo 22.5-7. Afectación de la tasa
"De acuerdo con lo establecido por el artículo 1.1-3 del texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña, los ingresos derivados de esta tasa quedan afectados a la financiación del coste de los servicios prestados por el cuerpo de bomberos de la Generalidad de Cataluña, con cargo al presupuesto de gastos del departamento competente en la materia.
"Artículo 22.5-8. Convenios
"La representación autorizada de las entidades aseguradoras puede solicitar al órgano liquidador el establecimiento de convenios exclusivamente para recaudar la tasa.
"Artículo 22.5-9. Infracciones y sanciones
Subsección decimosexta Artículo 17
"Capítulo II. Tasa por la concesión de las autorizaciones de trabajo para las personas extranjeras
"Artículo 26.2-1. Hecho imponible
"Constituye el hecho imponible de la tasa la concesión de la autorización administrativa inicial para trabajar, así como las modificaciones que se realicen.
"Artículo 26.2-2. Sujeto pasivo
"Son sujetos pasivos de la tasa las personas extranjeras a favor de las cuales se conceden las autorizaciones de trabajo, salvo en las autorizaciones de trabajo por cuenta ajena, en que el sujeto pasivo es el empleador o empleadora, o el empresario o empresaria, que quiera contratar al trabajador o trabajadora extranjero.
"Artículo 26.2-3. Exenciones y bonificaciones
"1. Están exentos de esta tasa, previa justificación documental de su situación, los sujetos pasivos si la concesión de autorización de trabajo es por un período inferior a seis meses.
"2. Están exentos de esta tasa por la concesión de las autorizaciones para trabajar los nacionales iberoamericanos, filipinos, andorranos, de Guinea Ecuatorial, los sefardís, los hijos y nietos de español o española de origen y los extranjeros nacidos en el Estado español cuando quieran llevar a cabo una actividad lucrativa, laboral o profesional por cuenta propia.
"Artículo 26.2-4. Devengo
"La tasa debe devengarse cuando se conceda la autorización inicial de trabajo o su modificación.
"Artículo 26.2-5. Cuota
"Las cuotas por la concesión de las autorizaciones iniciales de trabajo por un período superior a seis meses son las siguientes:
"1. Autorizaciones de trabajo por cuenta ajena
"a) Autorización inicial de trabajo por cuenta ajena
"Retribución inferior a dos veces el sueldo mínimo interprofesional: 188,25 euros.
"Retribución igual o superior a dos veces el sueldo mínimo interprofesional: 376,54 euros.
"b) Modificación de autorización de trabajo por cuenta ajena: 75,30 euros.
"2. Autorizaciones de trabajo por cuenta propia
"a) Autorización inicial de trabajo por cuenta propia: 188,25 euros.
"b) Modificación de autorización de trabajo por cuenta propia: 75,30 euros.
"3. Autorizaciones de trabajo para trabajadores transfronterizos
"a) Por cuenta ajena
"Inicial. Retribución inferior a dos veces el sueldo mínimo interprofesional: 188,25 euros.
"Inicial. Retribución igual o superior a dos veces el sueldo mínimo interprofesional: 376,54 euros.
"b) Por cuenta propia. Inicial: 188,25 euros.
"4. Otras autorizaciones para trabajar
"a) A titulares de autorización de estancia por estudios
"Concesión inicial de duración inferior a seis meses: gratuito.
"Concesión inicial de duración superior a seis meses: 112,95 euros.
"Modificación: 37,64 euros.
"b) Otras autorizaciones para trabajar (concedidas a titulares de autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales)
"Artículo 26.2-6. Pago
Subsección decimoséptima Artículo 18
Tasa por la inscripción en la prueba de acceso a la universidad
"Capítulo II. Tasa por la realización de las pruebas de acceso a la universidad
"27.2-1. Hecho imponible
"Constituye el hecho imponible de la tasa la inscripción a las pruebas de acceso a la universidad en las diferentes modalidades:
"1. Pruebas de acceso a la universidad para todas las enseñanzas:
"Prueba de acceso a la universidad para los estudiantes con el título de bachillerato.
"Prueba de acceso a la universidad para mayores de veinticinco años.
"Prueba de acceso a la universidad para mayores de cuarenta y cinco años.
"2. Prueba adicional específica para el acceso a determinadas enseñanzas universitarias.
"Artículo 27.2-2. Sujeto pasivo
"Son sujetos pasivos de la tasa las personas que se inscriben a las pruebas en las diferentes modalidades.
"Artículo 27.2-3. Exenciones y bonificaciones
"1. Están exentos del pago de la tasa para la inscripción a las pruebas de acceso a la universidad en las diferentes modalidades los siguientes colectivos:
"a) Los estudiantes beneficiarios de una beca al estudio con cargo a los presupuestos generales del Estado.
"b) Los miembros de familias numerosas de categoría especial.
"c) Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
"d) Las víctimas de actos terroristas, sus cónyuges y sus hijos.
"e) Las víctimas de violencia de género y sus hijos dependientes.
"f) Los estudiantes de 65 años o más.
"2. Se establece una bonificación del 50% del importe de la tasa para las personas miembros de familias numerosas de categoría general.
"3. Las justificaciones documentales para acreditar alguna de estas circunstancias son las mismas que las establecidas para estos colectivos por la disposición que anualmente fija los precios de los servicios académicos universitarios.
"Artículo 27.2-4. Devengo
"La tasa se devenga mediante la prestación del servicio y se exige en el momento de la inscripción.
"Artículo 27.2-5. Cuota
"1. Los importes de las cuotas para la inscripción a las pruebas de acceso a la universidad para todas las enseñanzas son los siguientes:
"1.1. Derechos de examen: 30 euros.
"1.2. Debe añadirse a la cuota establecida por el apartado anterior la que corresponda en función de la prueba de acceso respecto de la que se solicite la inscripción:
"1.2.1. Cuota de la prueba de acceso a la universidad para los estudiantes con el título de bachillerato:
"b) Fase específica: 10 euros por cada ejercicio del que se examina el estudiante o la estudiante.
"1.2.2. Cuota de la prueba de acceso a la universidad para mayores de veinticinco años: 50 euros.
"1.2.3. Cuota de la prueba de acceso a la universidad para mayores de cuarenta y cinco años: 50 euros.
"2. En el caso de que la enseñanza universitaria a la que se quiere acceder requiera la realización de pruebas adicionales especiales establecidas por las universidades, los importes de las cuotas de estas pruebas adicionales específicas son los siguientes:
"2.1. Derechos de examen: 30 euros.
Sección tercera Artículo 19
Se modifica el apartado 1 del artículo 60 de la Ley 5/1994, de 4 de mayo, de regulación de los servicios de prevención y extinción de incendios y de salvamentos de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
1. Se crea la contribución especial para el establecimiento, la mejora y la ampliación de los servicios de prevención y extinción de incendios y de salvamentos .en lo sucesivo, contribución ., dentro del ámbito territorial de Cataluña. A los efectos de esta contribución, dentro del concepto de mejora se incluyen las actuaciones que comportan una ampliación cualitativa o cuantitativa de los servicios de prevención y extinción de incendios y de salvamentos.
Se modifica el apartado 3 del artículo 65 de la Ley 5/1994, que queda redactado del siguiente modo:
Se modifica el apartado 6 del artículo 66 de la Ley 5/1994, que queda redactado del siguiente modo:
Se añade una nueva disposición transitoria, la undécima, a la Ley 5/1994, con el siguiente texto:
Capítulo II Artículos 20 a 33
El contribuyente o la contribuyente puede aplicarse, en la cuota íntegra del impuesto sobre la renta de las personas físicas, en la parte correspondiente a la comunidad autónoma, y con efecto desde el 1 de enero de 2010, una deducción del 20% de las cantidades invertidas durante el ejercicio en la adquisición de acciones o participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de constitución de sociedades o de ampliación de capital en las sociedades mercantiles a que se refiere el apartado 2. El importe máximo de esta deducción es de 4.000 euros.
Para poder aplicar la deducción establecida por el apartado 1 deben cumplirse los siguientes requisitos y condiciones:
La participación conseguida por el contribuyente o la contribuyente computada junto con las del cónyuge o la cónyuge o personas unidas por razón de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado incluido, no puede ser superior al 40% del capital social de la sociedad objeto de la inversión o de sus derechos de voto.
Tercero. Debe desempeñar una actividad económica. A tal efecto, no debe tener por actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 4.8. dos . a de la Ley del Estado 19/1991, de 6 de junio, del impuesto sobre el patrimonio.
Quinto. En caso de que la inversión se haya realizado mediante una ampliación de capital, la sociedad mercantil debe haber sido constituida en los tres años anteriores a la fecha de esta ampliación.
El contribuyente o la contribuyente puede formar parte del consejo de administración de la sociedad en la que ha materializado la inversión, pero en ningún caso puede llevar a cabo funciones ejecutivas ni de dirección. Tampoco puede mantener una relación laboral con la entidad objeto de la inversión.
Las participaciones adquiridas deben mantenerse en el patrimonio del contribuyente durante un período mínimo de tres años.
Los requisitos establecidos por los apartados segundo, tercero y cuarto del apartado 2. b , y el límite máximo de participación regulado por el apartado 2. a , deben cumplirse durante un período mínimo de tres años a contar desde la fecha de efectividad del acuerdo de ampliación de capital o constitución que origine el derecho a la deducción.
El incumplimiento de los requisitos y las condiciones establecidos por los apartados 2. a , 2. e y 2. f comporta la pérdida del beneficio fiscal y el contribuyente o la contribuyente debe incluir en la declaración del impuesto correspondiente al ejercicio en el que se ha producido el incumplimiento la parte del impuesto que se ha dejado de pagar como consecuencia de la deducción practicada, junto con los intereses de demora devengados.
Con efecto desde el 1 de enero de 2010, en la parte de la cuota íntegra del impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente a la comunidad autónoma, el contribuyente o la contribuyente puede aplicarse una deducción del 20% de las cantidades invertidas durante el ejercicio en la adquisición de acciones como consecuencia de acuerdos de ampliación de capital suscritos por medio del segmento de empresas en expansión del Mercado Alternativo Bursátil aprobado por acuerdo del Gobierno del Estado en el Consejo de Ministros del 30 de diciembre de 2005 y regulado por las circulares 1, 2, 3 y 4 del Mercado Alternativo Bursátil. El importe máximo de esta deducción es de 10.000 euros.
La participación conseguida por el contribuyente o la contribuyente en la sociedad objeto de la inversión no puede ser superior al 10% de su capital social.
Las acciones adquiridas deben mantenerse en el patrimonio del contribuyente o la contribuyente durante un período de dos años, como mínimo.
La sociedad objeto de la inversión debe tener el domicilio social y fiscal en Cataluña, y no debe tener como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 4.8. dos . a de la Ley del Estado 19/1991, de 6 de junio, del impuesto sobre el patrimonio.
El incumplimiento de los requisitos anteriores durante el plazo de dos años a contar desde la fecha de adquisición de la participación comporta la pérdida del beneficio fiscal y el contribuyente o la contribuyente debe incluir en la declaración del impuesto correspondiente al ejercicio en el que se ha producido el incumplimiento la parte del impuesto que se ha dejado de pagar como consecuencia de la aplicación de la deducción que se ha convertido en improcedente, junto con los intereses de demora devengados.
Sección segunda Artículos 22 a 29
En las adquisiciones por causa de muerte, incluidas las de los beneficiarios de pólizas de seguros de vida, las reducciones personales por razón del parentesco con el causante o la causante aplicables a la base imponible son las siguientes:
Grupo I (adquisiciones por descendientes y adoptados menores de veintiún años): 275.000 euros, más 33.000 euros por cada año de menos de veintiuno que tenga el causahabiente o la causahabiente, hasta el límite de 539.000 euros.
Grupo II (adquisiciones por descendientes y adoptados de veintiún años o más, cónyuges, ascendientes y adoptantes):
- Cónyuge: 500.000 euros.
- Hijo o hija: 275.000 euros.
- Resto de descendientes: 150.000 euros.
- Ascendientes: 100.000 euros.
Grupo III (adquisiciones por colaterales de segundo y tercer grado, ascendientes y descendientes por afinidad): 50.000 euros.
Grupo IV (adquisiciones por colaterales de cuarto grado, grados más distantes y extraños): no se aplica ninguna reducción por razón de parentesco.
Los importes establecidos por el apartado 1 se reducen a la mitad en el caso de que el contribuyente o la contribuyente opte por aplicar cualquiera de las siguientes reducciones y exenciones:
Las reducciones del artículo 2.1. d de la Ley 21/2001, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, salvo la reducción por vivienda habitual regulada por el apartado tercero de dicho artículo, que es de aplicación en todos los casos.
Las reducciones de los artículos 9 y 10 de la Ley 17/2007, de 21 de diciembre, de medidas fiscales y financieras.
Las exenciones y reducciones reguladas por la Ley del Estado 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias.
Cualquier otra reducción de la base imponible o exención que requiera solicitud por parte del contribuyente o la contribuyente o que dependa de la concurrencia de determinados requisitos cuyo cumplimiento corresponda exclusivamente a la voluntad del contribuyente o la contribuyente.
En las adquisiciones por causa de muerte por personas de setenta y cinco años o más se aplica una reducción de 275.000 euros.
La reducción establecida por el apartado 1 es incompatible con la reducción por discapacidad establecida por el artículo 2.1. b de la Ley 21/2001, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
Se modifica el apartado tercero del artículo 2.1. d de la Ley 21/2001, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, que queda redactado del siguiente modo:
"Tercero. La vivienda habitual del causante o la causante. Ésta reducción tiene un límite de 500.000 euros por el valor conjunto de la vivienda. Este límite conjunto debe prorratearse entre los sujetos pasivos en proporción a su participación. Como resultado del prorrateo, el límite individual por cada sujeto pasivo no puede ser inferior a 180.000 euros.
"Esta reducción es aplicable al cónyuge o la cónyuge, a los descendientes o adoptados y a los ascendientes o adoptantes. Los parientes colaterales, para poder disfrutar de esta reducción por adquisición de la vivienda habitual, deben ser mayores de sesenta y cinco años y haber convivido con el causante o la causante durante los dos años anteriores a la muerte del mismo.
"Se considera vivienda habitual la que se ajusta a la definición y a los requisitos establecidos por la normativa del impuesto sobre la renta de las personas físicas. La vivienda, un trastero y hasta dos plazas de aparcamiento pueden considerarse conjuntamente como vivienda habitual, pese a que no hayan sido adquiridos de forma simultánea en unidad de acto, si están situados en el mismo edificio o complejo urbanístico y se encuentran, en el momento de la transmisión, a disposición de sus titulares, sin haber sido cedidos a terceros.
Si en el momento de la realización del hecho imponible el causante o la causante tenía la residencia efectiva en otro domicilio del que no era titular, también tiene la consideración de vivienda habitual la que tenía esta consideración hasta cualquier día de los diez años anteriores a su muerte. La limitación de los diez años no se tiene en cuenta si el causante o la causante ha tenido su último domicilio en un centro residencial o sociosanitario.
Una vez aplicadas todas las reducciones a las que tenga derecho el contribuyente o la contribuyente, el exceso de base imponible puede reducirse en un 50% con los siguientes importes máximos para cada grupo:
Grupo I: 125.000 euros.
- Cónyuge: 150.000 euros.
- Hijo o hija: 125.000 euros.
- Resto de descendientes: 50.000 euros.
- Ascendientes: 25.000 euros.
En las adquisiciones por contribuyentes de los grupos III y IV no es aplicable ninguna reducción adicional.
El porcentaje y los importes máximos establecidos por el apartado 1 se reducen a la mitad en caso de que el contribuyente o la contribueyente opte por aplicar cualquiera de las reducciones y exenciones a las que se refiere el apartado 2 del artículo 22.
La opción a la que se refieren los artículos 22.2 y 25.3 deben ejercitarse en el plazo de presentación voluntaria.
Si en el plazo de presentación voluntaria el contribuyente o la contribuyente ha manifestado en más de una ocasión su opción de forma diferente en cada caso, se entiende que vale la opción realizada en último lugar.
El derecho de opción no se rehabilita si, como resultado de la comprobación administrativa, no se reúnen los requisitos de aplicación de una o más de una de las reducciones o exenciones a las que se refieren los artículos 22.2 y 25.3, y tampoco si se incumplen las reglas de mantenimiento a las que queda sujeto el disfrute definitivo de las reducciones o exenciones mencionadas.
"Artículo 3. Tarifa
"La cuota íntegra del impuesto sobre sucesiones y donaciones se obtiene aplicando a la base liquidable la siguiente escala:
"Artículo 4. Cuota tributaria
"La cuota tributaria por el impuesto sobre sucesiones y donaciones se obtiene aplicando a la cuota íntegra el coeficiente multiplicador que corresponda de los que se indican a continuación, establecidos en función del grupo de parentesco:
1. Dentro del ámbito de competencias asumidas por la Generalidad en el marco de la Ley del Estado 21/2001, del 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía, las situaciones de convivencia de ayuda mutua se asimilan al resto de descendientes del grupo II a los efectos de la aplicación de las reducciones personal y adicional y por la adquisición de la vivienda habitual del causante o la causante.
Sección tercera Artículos 30 y 31
a) El tipo tributario general es del 25% sobre la base definida por el artículo 3.3º del Real decreto ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los aspectos penales, administrativos y fiscales de los juegos de suerte, envite o azar. Este tipo tributario se aplica a todos los juegos de suerte, envite o azar que no tengan señalado un tipo tributario específico.
"Artículo 34. Devengo
"1. La tasa se devenga, a todos los efectos, en el momento de la autorización y, en su defecto, en el momento de la celebración o la organización del juego.
"2. En el caso del juego del bingo, la tasa se devenga en el momento del suministro de cartones a la entidad titular de la correspondiente autorización administrativa o a la empresa de servicios gestora del juego del bingo.
"3. En el caso de máquinas o aparatos automáticos aptos para la realización de juegos de azar:
"a) La tasa es exigible por trimestres naturales y se acredita el primer día de cada trimestre por lo que se refiere a las máquinas o los aparatos autorizados en trimestres precedentes. A tales efectos, la tasa se devenga siempre y cuando no conste fehacientemente que antes del primer día de cada trimestre natural se ha renunciado a la autorización de explotación de la máquina o se ha revocado esta por cualquier causa.
"b) Para las máquinas de nueva autorización, la fecha de devengo de la tasa coincide con la fecha de la autorización, y debe satisfacerse la tasa del trimestre en curso dentro del plazo que se fije por reglamento.
"c) En el caso de transmisión de la máquina antes del plazo que el reglamento establezca para el pago del trimestre en curso, puede establecerse, también por reglamento, el anticipo del pago.
d) No se devenga la tasa en caso de suspensión temporal del permiso de explotación otorgado por el órgano competente en materia de juego y apuestas.
Sección cuarta Artículos 32 y 33
Gestión y obligaciones formales
Los órganos de la Agencia Tributaria de Cataluña competentes para la gestión del impuesto sobre sucesiones y donaciones pueden acordar el aplazamiento de hasta dos años del pago de las liquidaciones practicadas por causa de muerte, siempre y cuando no haya en el inventario de la herencia efectivo o bienes fácilmente realizables suficientes para pagar las cuotas liquidadas y la solicitud del aplazamiento se efectúe antes de finalizar el plazo reglamentario de pago. La concesión del aplazamiento implica la obligación de satisfacer el correspondiente interés de demora.
El aplazamiento al que se refiere el apartado 1 tiene carácter excepcional y solo puede solicitarse con relación a las cuotas del impuesto sobre sucesiones y donaciones correspondientes a hechos imponibles devengados en el período que va del 1 de agosto de 2009 al 31 de diciembre de 2011.
Título II Artículos 34 a 65
Capítulo I Artículos 34 a 40
Se añade un nuevo artículo, el 22 bis , al texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, con el siguiente texto:
"Artículo 22 bis . Obligaciones informativas del sector público de la Generalidad con relación a avales y operaciones de endeudamiento
Se añade una nueva sección, la quinta, con un nuevo artículo, el 53 bis , al capítulo V del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, con el siguiente texto:
"Sección quinta. Reglas de actuación con relación a los avales y las operaciones de endeudamiento de las entidades del sector público de la Generalidad
"Artículo 53 bis . Reglas de actuación
"Los representantes de la Generalidad en los órganos de decisión de los consorcios, las fundaciones y otras entidades, de cualquier forma jurídica admitida en derecho, en los que participa la Generalidad deben obtener, previo ejercicio del derecho de voto, las siguientes autorizaciones:
"a) Para operaciones de endeudamiento o de aval por un importe superior al 50% de los fondos patrimoniales o de los recursos propios de la entidad en cuestión o que sobrepasen la participación de la Generalidad, se precisa la autorización del Gobierno, mediante el consejero o consejera competente en materia de economía y finanzas. Por importes inferiores se precisa la autorización del departamento competente en materia de economía y finanzas.
Se añade un nuevo artículo, el 90 bis , al texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, del 24 de diciembre, con el siguiente texto:
"A las subvenciones y transferencias reguladas por la presente ley, se les aplican, a todos los efectos, las siguientes reglas:
"a) La Administración de la Generalidad y los entes que conforman su sector público, en los términos establecidos por la presente ley y con relación a las subvenciones y transferencias que otorgan, pueden llevar a cabo actuaciones de control y requerir información al destinatario o destinataria final del fondo, incluso en los supuestos en los que este no sea el beneficiario o beneficiaria inicial de la subvención o transferencia.
"b) El Gobierno debe regular los límites a la posibilidad de acumular entre sí cargos ejecutivos o de gestión a las entidades que perciben subvenciones provenientes de la Administración de la Generalidad y de los entes que conforman su sector público, cuando realicen entre ellas donaciones, aportaciones a título gratuito o prestaciones con esta naturaleza o mantengan relaciones financieras.
"c) Los beneficiarios de subvenciones deben someter obligatoriamente a sus órganos internos e independientes de control la comprobación de la destinación adecuada de los fondos que reciban en concepto de subvenciones o transferencias, abarcando la referida a los fondos atribuidos a título gratuito o en virtud de relaciones financieras en favor de terceros. En este último caso, los terceros deben someter igualmente a sus órganos de control la comprobación de la destinación de los fondos recibidos.
"d) Los beneficiarios de subvenciones deben garantizar que sus órganos de gobierno conocen, analizan y debaten, de manera directa e independiente de los responsables directos de la gestión, las auditorías realizadas sobre las cuentas de la entidad.
Se añade una nueva letra, la i , al apartado 2 del artículo 92 del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, con el siguiente texto:
"i) La obligación del beneficiario o beneficiaria de realizar una declaración responsable que incluya:
"Primero. Las remuneraciones que percibe el personal directivo de la entidad subvencionada; entendiendo por directivo o directiva la persona que ejercita funciones ejecutivas y de administración.
"Segundo. El compromiso de dar publicidad a dichas remuneraciones en la memoria que se adjunta a los estados contables.
"Tercero. El compromiso de las entidades de mantener, en el marco de la relación laboral preexistente y durante el período de vigencia de la subvención, la mencionada estructura retributiva.
Cuarto. El cumplimiento de las reglas establecidas por los apartados a, b, c y d del artículo 90 bis .
Se añade un nuevo apartado, el 9, al artículo 92 del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, con el siguiente texto:
Se añade un nuevo artículo, el 92 bis , al texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, con el siguiente texto:
"1. Los beneficiarios de subvenciones provenientes de la Administración de la Generalidad o de los entes que integran su sector público no pueden hacer donaciones, aportaciones o prestaciones de servicios a título gratuito en favor de partidos políticos, fundaciones o asociaciones que estén vinculadas orgánicamente a los mismos, desde la presentación de la solicitud hasta la finalización de la actividad subvencionada. Esta prohibición se aplica también a las transferencias reguladas por la presente ley.
"2. Los beneficiarios no pueden llevar a cabo en ningún caso las actividades a las que se refiere el apartado 1, en favor de cualesquiera otras personas jurídicas, por un importe superior a tres mil euros, o inferior, cuando acumuladamente y respecto de un mismo perceptor sobrepasen en el ejercicio corriente esta cuantía, salvo en los siguientes casos:
"a) Si la aportación a título gratuito se hace en favor de una administración pública, a las entidades sometidas a tutela de la Generalidad porque pertenecen a su administración corporativa o si las prestaciones se derivan del cumplimiento de una normativa sectorial.
"b) Si se trata de entidades que, de acuerdo con sus normas fundacionales o estatutarias, tienen como finalidad la colaboración con la Administración o la prestación de servicios de interés social, las cuales requieren, necesariamente, el otorgamiento de ayudas.
"c) Si el beneficiario presenta la solicitud de la subvención haciendo constar, expresamente, que los fondos recibidos pueden ser objeto de actuaciones a título gratuito o financiar aportaciones con esta naturaleza en favor de terceros. En este caso se entiende concedida la excepción cuando, motivadamente, se dicte la resolución de concesión.
Las transferencias, las subvenciones directas y las subvenciones establecidas con carácter nominativo por la Ley de presupuestos de la Generalidad que se hagan en favor de consorcios, fundaciones y otras personas jurídicas por cuantía superior a cincuenta mil euros deben formalizarse mediante convenios.
"2. Tienen derecho a la prestación regulada por este artículo los menores de edad tutelados por la Generalidad que se encuentran en una de las siguientes situaciones:
"a) Atención en la propia familia.
"b) Acogimiento simple en familia extensa.
"c) Acogimiento simple en familia ajena.
Capítulo II Artículos 41 y 42
Se modifica el apartado 1 del artículo 7 del texto refundido de la Ley de patrimonio de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 1/2002, del 24 de diciembre, que queda redactado del siguiente modo:
Se modifica la letra a del artículo 8.1 del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/2002, que queda redactada del siguiente modo:
Se modifica el apartado 1 del artículo 18 del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/2002, que queda redactado del siguiente modo:
Se modifica el apartado 3 del artículo 18 del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/2002, que queda redactado del siguiente modo:
Se añade un nuevo apartado, el 4, al artículo 18 del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/2002, con el siguiente texto:
Se modifica el apartado 1 del artículo 20 del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/2002, que queda redactado del siguiente modo:
Se modifica el apartado 2 del artículo 41 del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/2002, que queda redactado del siguiente modo:
"2. Las infracciones administrativas se clasifican en leves, graves y muy graves.
"a) Son infracciones leves las que han producido daños hasta 600 euros.
"b) Son infracciones graves las que han producido daños de más de 600 y menos de 6.000 euros.
Se modifica la letra b del artículo 9.1 de la Ley 13/1996, de 29 de julio, del registro y el depósito de fianzas de los contratos de alquiler de fincas urbanas y de modificación de la Ley 24/1991, de la vivienda, que queda redactada del siguiente modo:
Se modifica el artículo 12 bis de la Ley 13/1996, que queda redactado del siguiente modo:
"Artículo 12 bis . Recargos por depósitos de fianzas fuera de plazo
"1. En caso de que las fianzas se depositen fuera del plazo establecido sin previo requerimiento de la inspección, se aplica un recargo del 5%, del 10% o del 15% sobre el importe de la fianza, si el plazo no supera, respectivamente, los tres, los seis o los doce meses, con exclusión de las sanciones que puedan exigirse y de los intereses de demora.
"2. En caso de que las fianzas se depositen fuera del plazo establecido, sin previo requerimiento de la inspección, una vez transcurridos doce meses, se aplica un recargo del 20% y los intereses de demora que se hayan devengado a contar desde el plazo establecido para depositar la fianza, con exclusión de las sanciones que puedan exigirse.
"3. En caso de que las fianzas se depositen fuera del plazo establecido, previo requerimiento de la inspección, una vez transcurridos doce meses, se aplica un recargo del 25% del importe de la fianza y los intereses de demora, que se han devengado a contar desde el plazo establecido para depositar la fianza, con exclusión de las sanciones que puedan exigirse.
Capítulo III Artículos 43 a 65
Sección primera Artículos 43 y 44
"3. El Patronato de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya es constituido por los siguientes miembros:
"a) Cinco patrones representantes de las entidades fundadoras, de los cuales uno es el director o directora general de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, dos son designados por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona y dos más son designados por la Federación Catalana de Cajas de Ahorros.
"b) Ocho patrones designados por el Gobierno de la Generalidad.
"c) Diez patrones designados por el Patronato, de entre personas físicas o jurídicas, de relevancia en los ámbitos social, cultural, científico o profesional, que no pertenezcan al sector público.
El cargo de presidente o presidenta del Patronato debe recaer en uno de los ocho patrones designados por el Gobierno de la Generalidad.
Sección segunda Artículos 45 y 46
Se añade un nuevo apartado, el 3, al artículo 3 de la Ley 16/2005, de 27 de diciembre, de la información geográfica y del Instituto Cartográfico de Cataluña, con el siguiente texto:
3. El Instituto Cartográfico de Cataluña, en el desarrollo de sus funciones, tiene la condición de medio propio instrumental y de servicio técnico de la Administración de la Generalidad de Cataluña y de los entes, los organismos y las entidades que dependen de esta o están vinculados a la misma, y que tienen la consideración de poderes adjudicadores, así como de los entes locales de Cataluña, a los efectos de lo que establece el artículo 4.1. n de la Ley del Estado 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público. En consecuencia, el Instituto Cartográfico de Cataluña está obligado a llevar a cabo, en el ámbito de las funciones establecidas por la presente ley, los encargos que le formulen los departamentos de la Administración de la Generalidad y los entes integrados en su sector público o los entes locales de Cataluña. Las relaciones del Instituto Cartográfico de Cataluña con los departamentos y los entes o entidades de los cuales es medio propio instrumental y servicio técnico no tienen naturaleza contractual y se articulan mediante encargos.
Se añade un nuevo artículo, el 26 bis , a la Ley 16/2005, con el siguiente texto:
"Artículo 26 bis . Actuación como medio propio
"1. El Instituto Cartográfico de Cataluña, en su actuación como medio propio instrumental y servicio técnico, articula las relaciones con los departamentos de la Administración de la Generalidad y los entes, los organismos y las entidades que dependen de esta o están vinculados a la misma, y con los entes locales, mediante encargos que no tienen naturaleza contractual. Los encargos deben incluir, como mínimo, el alcance correspondiente, la previsión de los costes y el sistema de financiación.
"2. El Instituto Cartográfico de Cataluña no puede participar en las licitaciones públicas convocadas por los entes respecto de los cuales tiene la consideración de medio propio instrumental y servicio técnico. Sin embargo, cuando no concurra ningún licitador, se puede encargar al Instituto Cartográfico de Cataluña la ejecución de la actividad objeto de la licitación pública.
Se modifica el apartado 1 del artículo 26 de la Ley 16/2005, que queda redactado del siguiente modo:
Se añade un nuevo apartado, el 4, al artículo 1 de la Ley 19/2005, de 27 de diciembre, del Instituto Geológico de Cataluña, con el siguiente texto:
4. El Instituto Geológico de Cataluña, en el desarrollo de sus funciones, tiene la condición de medio propio instrumental y de servicio técnico de la Administración de la Generalidad de Cataluña y de los entes, los organismos y las entidades que dependen de esta o están vinculados a la misma, y que tienen la consideración de poderes adjudicadores, al efecto de lo establecido por el artículo 4.1. n de la Ley del Estado 30/2007, del 30 de octubre, de contratos del sector público. En consecuencia, el Instituto Geológico de Cataluña está obligado a llevar a cabo, en el ámbito de las funciones establecidas por la presente ley, los encargos que le formulen los departamentos de la Administración de la Generalidad y los entes integrados en su sector público. Las relaciones del Instituto Geológico de Cataluña con los departamentos y los entes o entidades de los cuales es medio propio instrumental y servicio técnico no tienen naturaleza contractual y se articulan mediante encargos.
Se añade un nuevo artículo, el 20 bis , a la Ley 19/2005, con el siguiente texto:
"Artículo 20 bis . Actuación como medio propio
"1. El Instituto Geológico de Cataluña, en su actuación como medio propio instrumental y servicio técnico, articula las relaciones con los departamentos de la Administración de la Generalidad y los entes, los organismos y las entidades que dependen de esta o que están vinculados a la misma, mediante encargos que no tienen naturaleza contractual. Los encargos tienen que incluir, como mínimo, el alcance correspondiente, la previsión de los costes y el sistema de financiación.
"2. El Instituto Geológico de Cataluña no puede participar en las licitaciones públicas convocadas por los entes respecto de los cuales tiene la consideración de medio propio instrumental y servicio técnico. Sin embargo, cuando no concurra ningún licitador, puede encargarse al Instituto Geológico de Cataluña la ejecución de la actividad objeto de la licitación pública.
3. El Gobierno debe aprobar anualmente las directrices para la fijación individualizada de las tarifas de referencia que deben aplicarse para las diferentes actividades del Instituto Geológico de Cataluña y las condiciones básicas de ejecución de estas actividades.
Sección tercera Artículo 47
Entidades autónomas de carácter administrativo
1. El Patronato ejerce sus competencias dentro del ámbito territorial establecido en el correspondiente decreto de delimitación territorial del Parque Natural de la Montaña de Montserrat.
Sección cuarta Artículos 48 a 51
Se modifica la letra c del artículo 57.2 del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio, que queda redactada del siguiente modo:
c) Definir la estructura general que hay que adoptar para la ordenación urbanística del territorio y establecer las pautas para su desarrollo, sin perjuicio de la definición y desarrollo de otros elementos integrantes de la estructura general del territorio que puedan llevar a cabo los planes especiales regulados en la letra e del artículo 67.1.
Se modifica la letra e del artículo 67.1 del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/2005, que queda redactada del siguiente modo:
e) Para la creación de sistemas urbanísticos, generales o locales, no previstos por el planeamiento urbanístico general o para la modificación de los ya previstos y para legitimar la ejecución directa de obras correspondientes a la infraestructura del territorio o a los elementos determinantes del desarrollo urbano, en cuanto a las infraestructuras básicas relativas a las comunicaciones terrestres, marítimas y aéreas, a la infraestructura hidráulica general, a las infraestructuras de gestión de residuos, al abastecimiento y el suministro de agua, al saneamiento, al sistema energético en todas sus modalidades, incluida la generación, redes de transporte y distribución, a las telecomunicaciones y al resto de sistemas urbanísticos. Si la infraestructura afecta a más de un municipio o a distintas clases de suelo o no está prevista por el planeamiento urbanístico general, la formulación y la tramitación del plan especial son preceptivas, sin perjuicio de lo establecido por la legislación sectorial.
Se modifica el apartado 2 del artículo 67 del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/2005, que queda redactado del siguiente modo:
"2. Pueden formularse planes especiales urbanísticos, estén o no previstos por el planeamiento urbanístico general, para desarrollar las determinaciones del planeamiento urbanístico general, planes especiales urbanísticos autónomos para completar estas determinaciones, así como planes especiales urbanísticos autónomos para implantar nuevos sistemas urbanísticos o para modificar los previstos por el planeamiento. Los planes especiales urbanísticos desarrollan, completan o complementan las determinaciones del planeamiento urbanístico general, en cualquier clase o categoría de suelo o, en su caso, en distintas clases y categorías de suelo simultáneamente, con el objeto de prever la implantación de sistemas urbanísticos generales y locales o de alcanzar alguna o varias de las finalidades a las que se refiere el apartado 1. Los planes especiales urbanísticos no pueden sustituir en ningún caso el plan de ordenación urbanística municipal en su función de ordenación integral del territorio, por lo que no pueden alterar la clasificación del suelo, pero sí que pueden modificar su calificación para conseguir el objetivo legal que justifica su aprobación. Los planes especiales urbanísticos deben ser siempre compatibles con el planeamiento urbanístico general. A tales efectos, se consideran compatibles con el planeamiento urbanístico general, y no se requiere su modificación previa, los siguientes planes especiales:
"a) Los planes especiales urbanísticos que, sin alterar los usos principales establecidos por el planeamiento general, establecen restricciones de uso para ordenar la incidencia y los efectos urbanísticos ambientales y sobre el tejido urbano que las actividades producen sobre el territorio o para impedir la desaparición o la alteración de los bienes que integran el patrimonio cultural, de las zonas de un gran valor agrícola, forestal o ganadero, de zonas deltaicas o de espacios rurales o periurbanos o del paisaje.
"b) Los planes especiales que tienen por objeto implantar nuevos sistemas urbanísticos de carácter general o local o modificar los previstos por el planeamiento urbanístico general, siempre y cuando las infraestructuras o elementos a implantar cumplan alguno de los siguientes requisitos:
"Primero. Que se implanten en suelo no urbanizable o en suelo urbanizable no delimitado y que no entren en contradicción con las previsiones establecidas por el planeamiento urbanístico general.
"Segundo. Que estén previstos en un plan o un proyecto aprobado de acuerdo con la legislación sectorial y que esta imponga la calificación de sistema de los terrenos para ejercer las competencias propias de los entes supramunicipales.
"Tercero. Que estén previstos en un proyecto aprobado de acuerdo con la legislación sectorial y que no entren en contradicción con las previsiones establecidas por el planeamiento urbanístico general.
"c) Los planos especiales urbanísticos que sean necesarios para implantar las infraestructuras o para desarrollar otras determinaciones establecidas por un plan director urbanístico que no requiere la adaptación previa del plan de ordenación urbanística municipal.
"d) Los planes especiales que modifican el destino concreto de los terrenos calificados por el planeamiento urbanístico general como sistemas urbanísticos de equipamientos comunitarios, o su carácter local o general, manteniendo la calificación como sistema de equipamientos comunitarios.
"e) Los planes especiales que tengan por objeto la implantación en suelo no urbanizable de cualquiera de los usos admisibles de acuerdo con el artículo 47, siempre y cuando no entren en contradicción con las previsiones establecidas por el planeamiento urbanístico general.
Se modifica el apartado 4 del artículo 67 del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/2005, que queda redactado del siguiente modo:
4. Los planes especiales urbanísticos contienen las determinaciones que exigen el planeamiento territorial o urbanístico correspondiente o, en su defecto, las propias de su naturaleza y su finalidad, debidamente justificadas y desarrolladas en los estudios, los planes, las normas y los catálogos que procedan. A los planes especiales urbanísticos que tienen por objeto prever la implantación de las infraestructuras del territorio y los elementos determinantes del desarrollo urbano les corresponde el establecimiento de la calificación como sistema urbanístico del suelo que requiere la implantación de la infraestructura o elemento, además de las otras determinaciones necesarias para la implantación de estos. Estos planos especiales deben contener el análisis de las distintas alternativas de emplazamiento planteadas y la justificación de la opción escogida y del cumplimiento de los requisitos que legitiman la aprobación del plan.
Se modifica el artículo 76 del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/2005, que queda redactado del siguiente modo:
"Artículo 76. Formulación del planeamiento urbanístico derivado
Corresponde formular los planes especiales urbanísticos, los planes de mejora urbana y los planes parciales urbanísticos a los entes locales, a las entidades urbanísticas especiales o a los demás órganos competentes en materia de urbanismo, según corresponda, sin perjuicio de la iniciativa privada, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 96. En el caso de los planes especiales urbanísticos a los que se refiere el artículo 67.1. e , corresponde su formulación a la administración que tenga a su cargo la ejecución directa de las obras correspondientes a la infraestructura del territorio o a los elementos determinantes del desarrollo urbano o, en el caso de infraestructuras o elementos de titularidad privada, al titular.
Se modifica la letra e del artículo 77.1 del Texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/2005, que queda redactada del siguiente modo:
e) Los planes especiales urbanísticos autónomos a los que se refiere el artículo 67.1. e . Si en el plazo de audiencia establecido por el artículo 83.8, el ayuntamiento afectado manifiesta disconformidad con el emplazamiento escogido para implantar una infraestructura o elemento de interés supramunicipal, salvo que este emplazamiento venga predeterminado por una figura de planeamiento territorial, sectorial o urbanístico general, o por una decisión del Gobierno, la resolución definitiva del expediente debe adoptarse previo informe del departamento competente por razón de la materia y de la Comisión de Urbanismo de Cataluña, con el fin de ponderar los intereses públicos que concurren.
Se modifica el apartado 3 del artículo 83 del Texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/2005, que queda redactado del siguiente modo:
"3. La aprobación inicial y la aprobación provisional de los planes especiales urbanísticos a que se refiere el artículo 67.1. e , si las infraestructuras o elementos a implantar son de interés supramunicipal, corresponden:
"a) A la administración que los ha redactado, si tiene atribuidas competencias urbanísticas de tramitación o de aprobación de planes.
b) A la comisión territorial de urbanismo competente, en el resto de casos, salvo que el ámbito territorial del plan afecte a más de una comisión, en cuyo caso la aprobación inicial y la definitiva corresponden al consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas.
Se modifica el artículo 40 del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/2005, que queda redactado del siguiente modo:
"Artículo 40. Limitaciones del derecho de aprovechamiento urbanístico
"1. Los propietarios o propietarias de suelo urbano no consolidado, en los supuestos regulados por el artículo 43, tienen derecho al 90% del aprovechamiento urbanístico del sector o del polígono de actuación urbanística, referido a sus fincas, excepto en los siguientes supuestos:
"a) En el caso de las áreas residenciales estratégicas, en las que el porcentaje se puede reducir hasta el 85%.
"b) En los supuestos de modificación del planeamiento urbanístico general que establece el artículo 43.1, en los que el porcentaje puede reducirse hasta el 80%, de acuerdo con el artículo 94.6.
"2. Los propietarios o propietarias de suelo urbanizable delimitado tienen derecho al 90% del aprovechamiento urbanístico del sector, referido a sus fincas, excepto en los siguientes supuestos:
"a) En el caso de las áreas residenciales estratégicas, en las que el porcentaje puede reducirse hasta el 85%.
b) En los supuestos de modificación del planeamiento urbanístico general que establece el artículo 45.1. a , en los que el porcentaje puede reducirse hasta el 80%, de acuerdo con el artículo 94.6.
Se modifica el apartado 1 del artículo 43 del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/2005, que queda redactado del siguiente modo:
"1. Los propietarios o propietarias de suelo urbano no consolidado deben ceder a la administración actuante, gratuitamente, el suelo correspondiente al 10% del aprovechamiento urbanístico de los sectores sujetos a un plan de mejora urbana o de los polígonos de actuación urbanística que tengan por objeto alguna de las finalidades a las que se refiere el artículo 68.2. a , excepto en los siguientes supuestos:
"a) En el caso de las áreas residenciales estratégicas las personas propietarias deben ceder el suelo correspondiente al porcentaje que el plan director establezca, que puede ser de hasta un 15% del aprovechamiento urbanístico del sector.
"b) En caso de que mediante una modificación del planeamiento urbanístico general se establezca un nuevo sector o un nuevo polígono de actuación urbanística que tenga por objeto alguna de las finalidades a las que se refiere el artículo 68.2. a , las personas propietarias deben ceder el suelo correspondiente a los siguientes porcentajes de aprovechamiento urbanístico:
"Primero. Si el polígono de actuación urbanística tiene por objeto una actuación aislada de dotación a la que se refiere la disposición adicional decimosexta, el 15% del incremento del aprovechamiento urbanístico que comporte la actuación de dotación respecto del aprovechamiento urbanístico preexistente y efectivamente materializado, o el porcentaje superior que la modificación del planeamiento urbanístico general establezca de acuerdo con el artículo 94.6, y que puede ser de hasta el 20%.
"Segundo. En el resto de supuestos, el 15% del aprovechamiento urbanístico del ámbito de actuación, o el porcentaje superior que la modificación del planeamiento urbanístico general establezca de acuerdo con el artículo 94.6, y que puede ser de hasta el 20%.
"c) En caso de que mediante una modificación del planeamiento urbanístico general se incremente el techo edificable, la densidad del uso residencial o la intensidad del uso industrial, o se transformen los usos de determinadas parcelas del sector o del polígono de actuación urbanística, las personas propietarias, aparte de la cesión ordinaria que corresponda al ámbito de actuación, deben ceder el suelo correspondiente al 15% del incremento del aprovechamiento urbanístico o el porcentaje superior que la modificación del planeamiento urbanístico general establezca de acuerdo con el artículo 94.6, y que puede ser de hasta el 20%.
d) En caso de que mediante una modificación del planeamiento urbanístico general se haga una reordenación general de un sector o de un polígono de actuación urbanística que comporte la transformación global de los usos establecidos por el planeamiento, las personas propietarias deben ceder el suelo correspondiente al 15% del aprovechamiento urbanístico del ámbito de actuación, o el porcentaje superior que la modificación del planeamiento urbanístico general establezca de acuerdo con el artículo 94.6, y que puede ser de hasta el 20%.
Se modifica la letra a del apartado 1 del artículo 45 del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/2005, que queda redactada del siguiente modo:
"a) Ceder a la administración actuante, gratuitamente, dentro del sector de suelo urbanizable en el que estén comprendidos los terrenos, el suelo necesario para edificar el techo correspondiente al 10% del aprovechamiento urbanístico del sector, excepto en los siguientes supuestos:
"Primero. En el caso de las áreas residenciales estratégicas, las personas propietarias tienen que ceder el suelo necesario para edificar el techo correspondiente al porcentaje que el plan director urbanístico establezca, que puede ser de hasta un 15% del aprovechamiento urbanístico del sector.
"Segundo. En caso de que mediante una modificación del planeamiento urbanístico general se establezca un nuevo sector de suelo urbanizable o una reordenación general de un sector ya existente que comporte la transformación global de los usos establecidos por el planeamiento, las personas propietarias deben ceder el suelo correspondiente al 15% del aprovechamiento urbanístico del sector, o el porcentaje superior que la modificación del planeamiento urbanístico general establezca de acuerdo con el artículo 94.6, y que puede ser de hasta el 20%.
Tercero. En caso de que mediante una modificación del planeamiento urbanístico general se incremente el techo edificable, la densidad del uso residencial o la intensidad del uso industrial, o se transformen los usos de determinadas parcelas del sector, las personas propietarias, aparte de la cesión ordinaria que corresponda al sector, deben ceder el suelo correspondiente al 15% del incremento del aprovechamiento urbanístico o el porcentaje superior que la modificación del planeamiento urbanístico general establezca de acuerdo con el artículo 94.6, y que puede ser de hasta el 20%.
Se modifica la letra c del apartado 1 del artículo 94 del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/2005, que queda redactada del siguiente modo:
"c) En el caso de modificaciones de instrumentos de planeamiento general que comporten un incremento del techo edificable, de la densidad del uso residencial o de la intensidad del uso industrial, o la transformación de los usos anteriormente establecidos:
"Primero. Deben especificar en la memoria la identidad de todas las personas propietarias o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas, ya sean públicas o privadas, durante los cinco años anteriores al inicio del procedimiento de modificación, y los títulos en virtud de los cuales han adquirido los terrenos. Esta especificación se lleva a cabo mediante la incorporación a la memoria de una relación de estas personas y de las correspondientes notas expedidas por el Registro de la Propiedad, y en su caso, por el Registro Mercantil. En caso de falta de identificación de la persona propietaria en el Registro de la Propiedad deben hacerse constar los datos del catastro. También debe hacerse constar en la memoria la existencia, en su caso, de un adjudicatario o adjudicataria de la concesión de la gestión urbanística y su identidad.
"Segundo. Deben incluir en el documento de la agenda o del programa de actuación del Plan la previsión de ejecución inmediata del planeamiento y deben establecer el plazo concreto para esta ejecución, que debe ser proporcionado con la magnitud de la actuación. El incumplimiento de los plazos establecidos para iniciar o para acabar las obras de urbanización o para edificar los solares resultantes comporta que la administración actuante adopte las medidas necesarias para que la actuación se ejecute o para volver a la ordenación anterior a la modificación.
"Tercero. Deben incluir en el documento de la evaluación económica y financiera, como separata, una evaluación económica de la rentabilidad de la operación, en la que hay que justificar, en términos comparativos, el rendimiento económico derivado de la ordenación vigente y el que resulta de la nueva ordenación.
"Cuarto. Si las determinaciones del planeamiento general que deben modificarse tienen una vigencia inferior a cinco años, requieren el informe favorable de la comisión territorial de urbanismo competente, previamente a su tramitación. El informe debe ser pedido por la administración competente para tramitarlo y se entiende emitido en sentido favorable si transcurren tres meses desde que se solicitó sin que se haya notificado. Los motivos que justifican la modificación deben estar convenientemente explicitados en la solicitud de informe y deben fundamentarse en razones de interés público debidamente enumeradas y objetivadas.
Quinto. Requieren el informe favorable de la Comisión de Urbanismo de Cataluña, previo a la aprobación definitiva del expediente, cuando de acuerdo con el apartado 6 establecen un porcentaje de cesión de suelo con aprovechamiento superior al 15%, o cuando el órgano competente para la aprobación del expediente considere necesario establecerlo. En este último caso, el órgano competente para la resolución definitiva debe suspender la tramitación de la modificación hasta disponer del mencionado informe.
Se modifica el artículo 94 del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/2005, de modo que el apartado 6 tiene una redacción nueva, la redacción del antiguo apartado 6 pasa a ser la del apartado 7 y se añade un nuevo apartado 8. Los apartados 6, 7 y 8 mencionados quedan redactados del siguiente modo:
"6. Las modificaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico general referidas a sectores o a polígonos de actuación urbanística sujetas a la cesión de suelo con aprovechamiento deben prever los porcentajes de cesión que correspondan de acuerdo con los artículos 43.1 y 45.1. a . El porcentaje del 15%, establecido a todos los efectos, para las modificaciones a las que se refieren los mencionados artículos, puede incrementarse hasta el 20%, de forma proporcionada y justificada, si el valor de las parcelas resultantes de la modificación, una vez descontadas las cargas urbanísticas imputadas, es sensiblemente superior al valor medio del resto de suelos del entorno de la misma categoría que la propuesta. El órgano competente para la aprobación definitiva debe valorar la adecuación del porcentaje de cesión de suelo con aprovechamiento establecido y determinar su modificación, dentro de los límites mencionados, tanto si lo considera desproporcionado como si considera que no conlleva una participación adecuada de la comunidad en las plusvalías generadas. El importe obtenido de la enajenación del suelo de cesión con aprovechamiento, en la parte que corresponde al exceso del porcentaje respecto al 10%, puede ser destinado, total o parcialmente, a pagar el coste de obtención y ejecución de sistemas urbanísticos no imputables a un ámbito de actuación urbanística.
"7. Las propuestas de modificación de una figura de planeamiento urbanístico deben razonar y justificar la necesidad de la iniciativa, y la oportunidad y la conveniencia con relación a los intereses públicos y privados concurrentes. El órgano competente para aprobar la modificación debe valorar adecuadamente la justificación de la propuesta y, en el caso de hacer una valoración negativa, debe denegarla.
"8. Al efecto de lo establecido por el apartado 7, debe hacerse en cualquier caso una valoración negativa sobre las propuestas de modificación de los instrumentos de planeamiento urbanístico general, en los siguientes supuestos:
"a) Cuando comportan un incremento del techo edificable, de la densidad del uso residencial o de la intensidad del uso industrial o la transformación global de los usos anteriormente previstos en el supuesto de que el planeamiento anterior no se haya ejecutado y se trate de terrenos, bien de titularidad pública donde se haya adjudicado la concesión de la gestión urbanística, o bien terrenos de titularidad privada que en los cinco años anteriores formaron parte de un patrimonio público de suelo y de vivienda, sin que concurran circunstancias sobrevenidas que objetivamente legitimen la modificación.
"b) Cuando la ordenación propuesta no es coherente con el modelo de ordenación establecido por el planeamiento urbanístico general vigente o entra en contradicción con los principios de desarrollo urbanístico sostenible.
"c) Cuando la ordenación propuesta comporta una actuación excepcional de acuerdo con el planeamiento territorial, sin que se hayan apreciado razones de interés territorial o estratégico, de acuerdo con las normas de ordenación territorial.
"d) Cuando en la propuesta no hay una proyección adecuada de los intereses públicos. Se considera que no hay una proyección adecuada de los intereses públicos, entre otros, en los supuestos siguientes:
"Primero. Cuando no se da un cumplimiento adecuado a las exigencias establecidas por el artículo 95.1 con relación al mantenimiento de la superficie y de la funcionalidad de los espacios libres, las zonas verdes o los equipamientos deportivos considerados por el planeamiento urbanístico como sistemas urbanísticos generales o locales.
"Segundo. Cuando en un ámbito de actuación urbanística se reduce la superficie de los suelos calificados de sistema de espacios libres públicos o de sistema de equipamientos públicos en cumplimiento de los estándares mínimos legales, salvo que la calificación de sistema de equipamiento se sustituya por la de vivienda dotacional pública, con los límites y las justificaciones establecidos por la presente ley.
"Tercero. Cuando se reduce, a nivel del ámbito del Plan, la superficie de los suelos calificados de equipamientos de titularidad pública sin que quede acreditada la suficiencia de los equipamientos previstos o existentes, ni la concurrencia de un interés público prevalente de destinar los suelos a otro sistema urbanístico público.
"Cuarto. Cuando se pretende compensar la supresión de la calificación de equipamiento de titularidad pública mediante la calificación como equipamientos de suelos de peor calidad o funcionalidad para la implantación de los usos propios de esta calificación.
Se modifica el apartado 2 del artículo 130 del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/2005, que queda redactado del siguiente modo:
2. El proyecto de bases al que se refiere el apartado 1 ha de especificar los documentos que deben redactar las personas propietarias que deben llevar a cabo la ejecución urbanística, los criterios de reparcelación, las obras a ejecutar, el plazo de ejecución de las obras, las facultades de vigilancia que corresponden a la Administración, los factores que deben determinar la fijación de los precios de venta de los solares resultantes, los deberes de conservación y mantenimiento, las penalizaciones por incumplimiento, los supuestos de resolución y de caducidad, las garantías y los compromisos necesarios para ejecutar el plan y las demás circunstancias exigibles por reglamento. El proyecto de bases debe incluir expresamente como causa de extinción de la concertación el hecho de que, en el plazo de cinco años y antes de edificar los terrenos, se apruebe una modificación del planeamiento urbanístico general que comporte un incremento del valor de los terrenos. Esta modificación solo puede tener lugar por las circunstancias sobrevenidas a las que se refiere el artículo 94.8. a .
Se modifica el apartado 1 del artículo 135 del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/2005, que queda redactado del siguiente modo:
1. La modalidad de cooperación puede desarrollarse mediante la concesión de la ejecución urbanística integrada. A tal efecto, la administración actuante debe someter a información pública las características básicas de esta modalidad, por un plazo de un mes, con notificación individual a las personas propietarias afectadas, y debe incorporar el proyecto de las bases que deben regir la contratación, que deben ajustarse a lo establecido por el artículo 130.2. En este plazo, las personas propietarias pueden expresar su preferencia por el pago de las cuotas de urbanización mediante terrenos. En el proyecto de bases debe hacerse constar expresamente como causa de extinción de la concesión el hecho de que, en el plazo de cinco años y antes de edificar los terrenos, se apruebe una modificación del planeamiento urbanístico general que comporte un incremento del valor de los terrenos. Esta modificación solo puede tener lugar por las circunstancias sobrevenidas a las que se refiere el artículo 94.8. a .
Se modifica la letra d del artículo 149 del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/2005, que queda redactada del siguiente modo:
d) La atribución a concesionarios, mediante un concurso cuyas bases fijen sus derechos y sus obligaciones. En las bases debe hacerse constar expresamente como causa de extinción de la concesión el hecho de que, en el plazo de cinco años y antes de edificar los terrenos, se apruebe una modificación del planeamiento urbanístico general que comporte un incremento del valor de los terrenos. Esta modificación solo puede tener lugar por las circunstancias sobrevenidas a las que se refiere el artículo 94.8. a .
Se modifica el apartado 2 del artículo 156 del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/2005, que queda redactado del siguiente modo:
2. El suelo correspondiente al porcentaje de aprovechamiento urbanístico de cesión obligatoria y gratuita, tanto en suelo urbano como en suelo urbanizable, se incorpora al patrimonio municipal de suelo y de vivienda. Si los terrenos son de uso residencial, el producto obtenido de la enajenación del suelo que no tiene la calificación de vivienda protegida pasa a formar parte del depósito municipal constituido a tal efecto y debe destinarse obligatoriamente a la finalidad especificada por el artículo 153.4. b , mediante un régimen de protección pública, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 56.5. c para las áreas residenciales estratégicas y el artículo 94.6 para las modificaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico general que comporten el establecimiento de un porcentaje de cesión de suelo con aprovechamiento superior al 10%.
Se modifica la rúbrica del capítulo III del título V del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/2005, la rúbrica del artículo 163 del mismo texto refundido, y se añade un nuevo apartado, el 3, a este artículo. Las rúbricas y el apartado mencionados quedan redactados del siguiente modo:
"Capítulo III. Enajenación de bienes inmuebles por las entidades urbanísticas especiales y condiciones resolutorias a las que deben sujetarse las enajenaciones de bienes de los patrimonios públicos de suelo y de vivienda".
"Artículo 163. Enajenación de bienes inmuebles por las entidades urbanísticas especiales y condiciones resolutorias a las que deben sujetarse las enajenaciones de bienes de los patrimonios públicos de suelo y de vivienda".
3. Las obligaciones establecidas por el apartado 1 se aplican en la enajenación de los bienes de cualquier patrimonio público de suelo y de vivienda y en cualquier caso se debe garantizarse su cumplimiento, configurándolas como condiciones resolutorias expresas en la escritura de enajenación. Estas escrituras también deben establecer como condición resolutoria expresa el hecho de que, en el plazo de cinco años y antes de edificar los terrenos, se apruebe una modificación del planeamiento urbanístico general que comporte un incremento del valor de los terrenos. Esta modificación solo puede tener lugar por las circunstancias sobrevenidas a las que se refiere el artículo 94.8. a .
Se modifica el apartado 4 de la disposición adicional decimosexta del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/2005, que queda redactado del siguiente modo:
4. Cuando las actuaciones de dotación a las que se refiere el apartado 3 establecen techo residencial de nueva implantación, están sujetas a las reservas de suelo para viviendas de protección pública reguladas por el artículo 57.3 y la disposición adicional decimonovena de la Ley de urbanismo. Las personas propietarias deben ceder el 15% del incremento del aprovechamiento urbanístico que comporte la actuación de dotación respeto al aprovechamiento urbanístico preexistente y efectivamente materializado, o el porcentaje superior que el planeamiento urbanístico general establezca de acuerdo con el artículo 94.6, y que puede ser de hasta el 20%. El cumplimiento de los deberes de las personas propietarias se hace efectivo mediante el sistema y la modalidad de actuación que se establezca para la ejecución del polígono de actuación urbanística que a tal efecto debe delimitarse, el cual puede referirse a una única finca. En caso de que el planeamiento determine que, por el hecho de concurrir las circunstancias indicadas por el artículo 43.3 y por el artículo 94.5. c de la Ley de urbanismo, respectivamente, el cumplimiento del deber de cesión del porcentaje correspondiente del incremento del aprovechamiento urbanístico que comporte la actuación de dotación y también el cumplimiento del deber de cesión de las reservas de suelo para zonas verdes y equipamientos que establece el artículo 94.5 de la Ley de urbanismo se pueden sustituir por su equivalente dinerario, debe calcular el valor total de las cargas imputables a la actuación y las personas propietarias pueden cumplir el deber de pago sustitutorio de las cesiones, sin necesidad de aplicar ningún sistema ni modalidad de actuación, en el momento de otorgamiento de la licencia de obra nueva o de rehabilitación que habilite la mayor edificabilidad o densidad o el establecimiento del nuevo uso atribuido por la ordenación y como condición previa a la concesión de la licencia.
Se modifica el apartado 4 del artículo 98 del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/2005, que queda redactado del siguiente modo:
4. Los convenios urbanísticos deben integrar la documentación del planeamiento o del instrumento de gestión al que se refieren, deben someterse a la correspondiente información pública y pueden ser objeto de consulta una vez aprobados. Las administraciones públicas con competencias urbanísticas y las entidades urbanísticas especiales deben garantizar la consulta presencial y por medios telemáticos de los convenios urbanísticos que suscriben y deben enviar una copia de los mismos al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas en el plazo de un mes desde su aprobación, para que sean insertados en la sección de convenios urbanísticos del instrumento de divulgación telemática del planeamiento urbanístico de la Administración de la Generalidad. En los municipios de menos de cinco mil habitantes que no disponen de los medios técnicos necesarios, el acceso telemático al contenido de los convenios urbanísticos puede realizarse mediante la conexión con el instrumento de divulgación telemática del planeamiento urbanístico de la Administración de la Generalidad. Los convenios urbanísticos obligan exclusivamente a las partes que los han firmado, y en ningún caso condicionan las competencias públicas en materia de planeamiento urbanístico, las cuales no pueden ser objeto de transacción, y no pueden comportar para las personas propietarias obligaciones o cargas adicionales o más gravosas que las establecidas por la legislación aplicable. Los convenios urbanísticos deben especificar en una cláusula las obligaciones de publicidad a las que están sometidos para el conocimiento de las partes signatarias.
Se añade una nueva disposición adicional, la vigésima segunda, al texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/2005, con el siguiente texto:
"Vigésima segunda. Cumplimiento de la obligación de garantizar el acceso telemático a los convenios urbanísticos
"1. El Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, en el plazo de tres meses a contar desde el 1 de enero de 2010, debe tener habilitada la sección de convenios urbanísticos del Registro de planeamiento urbanístico de Cataluña.
2. Los ayuntamientos tienen un plazo de tres meses, a contar desde el 1 de enero de 2010, para dar cumplimiento a la obligación de garantizar el acceso telemático a los convenios urbanísticos que aprueben a partir de esta fecha. En este mismo plazo todos los convenios que cumplen esta condición deben ser enviados al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas para que sean incluidos en el Registro de planeamiento urbanístico de Cataluña.
Sección quinta Artículo 52
Se modifican los apartados 3 y 4 el artículo 52 de la de la Ley 7/2004, de 16 de julio, de medidas fiscales y administrativas, que quedan redactados del siguiente modo:
"3. En caso de que el usuario o usuaria viaje sin billete, con un título de transporte no validado o con un título de transporte no válido para las características del trayecto o del usuario o usuaria, deben adoptarse las siguientes medidas:
"a) El personal de la empresa operadora debe requerir al usuario o usuaria el abono de una percepción mínima de 50 euros. A tal efecto, el personal de la empresa operadora debe expedir el documento justificativo correspondiente a la percepción mínima. Este importe debe ser abonado en un plazo de treinta días a contar desde la intervención del personal de la empresa operadora. Si la percepción mínima es abonada de forma inmediata, en el momento en el que se emite el correspondiente título, el importe se reduce en un 50%.
"b) En caso de que el usuario o usuaria no efectúe el pago inmediato de la percepción mínima, el personal de la empresa operadora debe solicitar que se identifique para gestionar su cobro. En caso de que no se efectúe el pago durante los treinta días posteriores a la intervención, la Administración titular del servicio debe tramitar el procedimiento sancionador correspondiente, siempre y cuando la actuación del usuario o usuaria constituya una infracción administrativa de acuerdo con la normativa de transporte aplicable.
"c) En caso de que el usuario o usuaria se niegue a abonar la percepción mínima o a identificarse adecuadamente, el personal de la empresa operadora puede solicitar el auxilio del personal de seguridad o de los agentes del orden público para que lo identifiquen, sin perjuicio de la facultad de requerirle que abandone el medio de transporte o las instalaciones.
Se añade un nuevo apartado, el 7, al artículo 52 de la de la Ley 7/2004, con el siguiente texto:
Sección sexta Artículo 53
Se modifica el apartado 1 del artículo 1 de la Ley 5/1998, del 17 de abril, de puertos de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
Se modifica la letra a del artículo 8 de la Ley 5/1998, que queda redactada del siguiente modo:
Se modifica la letra j del artículo 13 de la Ley 5/1998, que queda redactada del siguiente modo:
j) Adoptar acuerdos en materia de tributos portuarios y precios privados.
Se modifica la letra a del artículo 20.1 de la Ley 5/1998, que queda redactada del siguiente modo:
Se suprimen los apartados 1 y 2 del artículo 93 de la Ley 5/1998.
Se modifica el apartado 1 del artículo 102 de la Ley 5/1998, que queda redactado del siguiente modo:
Se modifica la sección tercera del capítulo III del título IV del libro II de la Ley 5/1998, que queda redactada del siguiente modo:
"Sección tercera. Precios privados
"Artículo 93. Precios privados
"Corresponde a Puertos de la Generalidad determinar el precio exigible a los particulares en contraprestación por las actividades económicas portuarias y servicios varios que lleva a cabo a solicitud de estos particulares.
"Artículo 93 bis . Revisión y actualización de los precios privados
"1. Corresponde a Puertos de la Generalidad revisar el precio que puede exigir a los particulares en contraprestación por las actividades económicas portuarias y servicios diversos que lleva a cabo a solicitud de estos particulares.
"2. Los precios establecidos por Puertos de la Generalidad se entienden automáticamente actualizados el 1 de enero de cada año, en una proporción equivalente al 100% de la variación interanual experimentada por el índice general de precios al consumo en Cataluña.
"Artículo 93 ter . Exigibilidad
"1. Puertos de la Generalidad puede exigir el pago del precio de las actividades económicas portuarias y servicios diversos desde el momento que recibe la petición de la persona interesada. A tal efecto, la entidad debe expedir la correspondiente factura. El solicitante o la solicitante debe hacerla efectiva en el plazo de treinta días naturales a contar desde su notificación.
"2. Puertos de la Generalidad puede exigir un depósito previo o la constitución de avales para garantizar el cobro de las facturas emitidas, por el importe correspondiente.
"3. Transcurrido el plazo de pago sin que el solicitante o la solicitante haya hecho efectivo el precio exigido, la Gerencia de Puertos de la Generalidad debe certificar esta circunstancia y debe notificarlo a la persona obligada al pago. La cantidad debida genera el interés legal de dinero vigente incrementado en dos puntos durante el período en el que se haya incurrido en mora.
"4. Si la persona obligada al pago ha constituido alguna garantía, Puertos de la Generalidad, con el requerimiento previo a la persona interesada, debe proceder al cobro de la cantidad debida con cargo a la dicha garantía. En otro caso, Puertos de la Generalidad debe reclamar la cantidad debida ante los órganos de la jurisdicción ordinaria. El certificado emitido por la Gerencia de Puertos de la Generalidad tiene la consideración de título ejecutivo a los efectos de la acción ejecutiva, de acuerdo con lo establecido por el artículo 517 de la Ley del Estado 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, y permite la promoción del proceso de ejecución correspondiente con independencia del importe efectivamente reclamado. La falta de pago de los intereses devengados durante el período en el que se ha incurrido en mora habilita igualmente a Puertos de la Generalidad para el ejercicio de la acción ejecutiva en la forma establecida por este artículo.
"Artículo 93 quater . Reclamación previa en la via judicial civil
"1. En materia de precios privados por la realización de actividades económicas portuarias, las personas interesadas deben formular reclamación previa por la vía administrativa al ejercicio de acciones fundadas en derecho privado contra Puertos de la Generalidad, en la forma establecida por la legislación sobre régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
2. Corresponde al consejero o consejera competente en materia de puertos la resolución de las reclamaciones previas por la vía administrativa al ejercicio de acciones fundadas en derecho privado en esta materia. La resolución debe dictarse en el plazo de tres meses a contar desde la entrada de la reclamación en el registro del órgano competente para resolver. El vencimiento del plazo establecido sin que se haya dictado y notificado la resolución de la reclamación determina su desestimación. La interposición de la reclamación previa no suspende la obligación de efectuar el pago de la factura en la forma establecida por el artículo 93 ter .
Se añade una nueva sección, la cuarta, al capítulo III del título IV del libro II de la Ley 5/1998, con el siguiente texto:
"Sección cuarta. Utilización de instalaciones bajo el régimen de concesión
"Artículo 93 quinquies . Utilización de instalaciones bajo el régimen de concesión
Sección séptima Artículos 54 y 55
El alumbrado exterior, tanto de titularidad pública como privada, debe cumplir las prescripciones de la Ley 6/2001 y las del decreto que la desarrolla no más allá del 31 de diciembre de 2011. Las adaptaciones a la normativa deben hacerse según el grado de protección donde se sitúa el alumbrado, de acuerdo con el Mapa de la protección ante la contaminación luminosa aprobado por el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda el 19 de diciembre de 2007.
Sección octava Artículos 56 a 58
"Artículo 5. La Dirección
"La persona que ocupa la Dirección con rango de director o directora general es nombrada y separada por decreto del Gobierno y tiene las siguientes funciones:
"a) Elaborar anualmente el plan de actuación y el anteproyecto y la liquidación del presupuesto, para presentarlos a la Presidencia para que los apruebe.
"b) Dirigir, coordinar, gestionar e inspeccionar los servicios de acuerdo con las directrices de la Presidencia.
"c) Administrar y gestionar los recursos económicos del Servicio.
"d) Ordenar los gastos y los pagos dentro de los límites establecidos.
"e) Proponer la plantilla del Servicio, la relación de puestos de trabajo y el régimen retributivo del personal en el marco de la legislación aplicable.
"f) Contratar el personal del Servicio en régimen laboral.
"g) Resolver los expedientes sancionadores que se incoen por infracciones cometidas contra la normativa de tráfico, la circulación de vehículos y la seguridad vial a las vías interurbanas y travesías, sin perjuicio de las competencias municipales.
"h) Resolver los expedientes sancionadores que se incoen por infracciones cometidas en vías urbanas de los municipios que hayan firmado un convenio de acuerdo con el artículo 11.
"i) Resolver los expedientes sancionadores relativos a las autoescuelas y a los centros de reconocimiento de aptitudes psicotécnicas de los conductores.
"j) Resolver los recursos administrativos.
k) Ejercer cualquier otra función que le delegue la Presidencia.
"Artículo 10. Recursos
"1. Las resoluciones de la Dirección del Servicio Catalán de Tráfico, que no agotan la vía administrativa, pueden ser objeto de recurso de alzada ante el titular o la titular del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y Participación. Las resoluciones de la Presidencia ponen fin a la vía administrativa.
"2. El recurso de revisión debe interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna en los supuestos establecidos legalmente.
"3. El recurso potestativo de reposición contra las resoluciones sancionadoras dictadas por el director o directora del Servicio Catalán de Tráfico se interpone ante este mismo órgano, que es el competente para resolverlo.
4. Agotada la vía administrativa, puede interponerse el recurso contencioso administrativo o el que se considere más ajustado a derecho, de acuerdo con los plazos y el procedimiento que señala la legislación aplicable a la Administración de la Generalidad.
"Artículo 11. Sanciones
"1. La persona que ocupa la dirección del Servicio Catalán de Tráfico es competente para imponer multas y sanciones en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial, sin perjuicio de las competencias municipales.
"2. Contra las resoluciones sancionadoras dictadas por el director o directora del Servicio Catalán de Tráfico puede interponerse recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, de conformidad con la normativa específica.
"3. Las sanciones en materia de publicidad corresponden a la dirección del Servicio Catalán de Tráfico.
"4. El director o directora del Servicio Catalán de Tráfico puede asumir la competencia sancionadora por infracciones de normas de circulación en vías urbanas que corresponden a los alcaldes, siempre y cuando haya un convenio suscrito en esta materia entre el ayuntamiento afectado y el Servicio Catalán de Tráfico.
"5. El importe de las multas y las sanciones puede ser exigido por vía de apremio.
"6. El importe de las sanciones derivadas de las denuncias por infracciones cometidas en las vías urbanas que son formuladas por las policías locales y tramitadas y percibidas por el Servicio Catalán de Tráfico deben revertir parcialmente, por convenio, a favor del ayuntamiento correspondiente, en la forma que se establezca por reglamento.
7. El Servicio Catalán de Tráfico puede actuar como organismo recaudador por vía de apremio de las sanciones derivadas de las denuncias formuladas a infractores residentes en un municipio diferente al de la comisión de la infracción, si se ha establecido de este modo en el convenio correspondiente suscrito entre el ayuntamiento afectado y el Servicio Catalán de Tráfico.
Sección novena Artículos 59 a 61
Se modifica el apartado 1 del artículo 9 de la Ley 6/1984, de 5 de marzo, de la Sindicatura de Cuentas, que queda redactado del siguiente modo:
1. Los entes locales deben rendir las cuentas de cada ejercicio directamente a la Sindicatura de Cuentas antes del 15 de octubre del año siguiente al del cierre del ejercicio. Asimismo, deben remitirse las auditorías y cualquier otro informe de fiscalización con las recomendaciones y las reservas correspondientes.
Se añade un nuevo apartado, el 3, al artículo 9 de la Ley 6/1984, con el siguiente texto:
3. Si los entes locales incumplen el deber de remisión a la Sindicatura de Cuentas de la documentación establecida por el apartado 1 o de la información complementaria de aquella documentación, una vez dado el trámite de audiencia sin que se haya acreditado ninguna causa justificada del incumplimiento, el Pleno de la Sindicatura de Cuentas debe comunicarlo al Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas para la inscripción en el inventario público de control de cumplimiento de las obligaciones financieras de los entes locales, que debe estar a disposición de los departamentos de la Administración de la Generalidad, y al Departamento de Economía y Finanzas, para que se adopten las medidas destinadas a suspender la entrega al ente infractor de subvenciones o transferencias a las que tenga derecho con cargo a los presupuestos de la Generalidad de Cataluña, siempre y cuando no provengan de otras administraciones. Esta suspensión debe mantenerse hasta que no se acredite la remisión de las cuentas, y no genera, en ningún caso, derecho a compensación financiera.
Se añade una nueva letra, la g' , al artículo 14 de la Ley 6/1984, con el siguiente texto:
La Sindicatura de Cuentas debe realizar las actuaciones necesarias para dar publicidad en su sede electrónica corporativa de la relación de las corporaciones locales que han incumplido, en los términos previstos por el artículo 9, la obligación de suministro de información. La información debe referirse en cualquier caso al año anterior y al año corriente.
Sección décima Artículos 62 a 65
"1. El régimen jurídico de los clubs o las asociaciones deportivos debe adaptarse a las normas determinadas por reglamento. A las entidades deportivas federadas les son aplicables subsidiariamente las normas reguladoras de las federaciones deportivas catalanas que sean compatibles con la misma organización.
"2. En cualquier caso, los estatutos de los clubs o asociaciones deportivos deben ser aprobados por la Asamblea General con el fin de poder inscribirse en el Registro de Entidades Deportivas de la Generalidad de Cataluña.
"3. Los presidentes de los clubs o las asociaciones deportivos deben ejercer la representación legal de estos clubs o asociaciones y deben presidir sus órganos, excepto en los supuestos que legalmente o estatutariamente se determinen.
Se modifican los apartados 1 y 4 de la letra a , relativa a las actividades recreativas, del anexo IV de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades. Los apartados 1 y 4 mencionados quedan redactados del siguiente modo:
1. Bares musicales con un aforo superior a 150 personas.
4. Restaurantes musicales con un aforo superior a 150 personas.
Las licencias de caza y pesca recreativa en aguas interiores expedidas por las comunidades autónomas que han suscrito un convenio de reconocimiento recíproco de estas licencias con la Generalidad habilitan para el ejercicio de la caza y la pesca recreativa en aguas interiores en el territorio de Cataluña en los términos y las condiciones que establece el convenio.
Las licencias de caza y pesca recreativa en aguas interiores pueden expedirse de forma telemática y el pago de la correspondiente tasa puede realizarse de forma electrónica. La acreditación de la posesión del seguro obligatorio del cazador o cazadora se realiza mediante una declaración responsable en los términos establecidos por la normativa de simplificación de trámites en los procedimientos administrativos.
Se autoriza al Gobierno para que, en el marco de la normativa básica que el Estado adopte en esta materia, y de acuerdo con las condiciones generales previstas en esta disposición, cree un órgano colegiado independiente para el conocimiento y la resolución de los recursos especiales en materia de contratación que se interpongan con relación a los procedimientos de contratación de la Administración de la Generalidad, y también de los entes, las entidades y los organismos que integran su sector público, con el fin de garantizar la aplicación correcta de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, y la Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, por la que se modifican las directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE del Consejo en lo que respecta a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos.
El órgano colegiado al que se refiere el apartado 1 debe adscribirse orgánicamente al Departamento de Economía y Finanzas y configurarse como una instancia independiente respecto de los órganos de contratación cuyos actos sean susceptibles del recurso especial en materia de contratación. Las resoluciones de este órgano agotan en todos los casos la vía administrativa.
El órgano colegiado está compuesto por un presidente o presidenta y un número par de vocales no superior a seis, todos ellos designados por el Gobierno, entre funcionarios de carrera de los cuerpos o las escalas del grupo A, que sean licenciados en derecho y con más de quince años de actividad profesional en la Administración pública, preferentemente en el ámbito del derecho público relacionado con la contratación pública. El decreto de creación debe establecer las condiciones específicas de nombramiento, duración y finalización del mandato de los miembros de este órgano, así como las de su revocabilidad, de acuerdo con las exigencias derivadas de las directivas comunitarias de aplicación.
La creación de este órgano independiente debe hacerse durante el año 2010. El Gobierno debe dotar presupuestariamente este órgano para garantizar su correcto funcionamiento.
El decreto de creación del órgano, previo informe de las entidades representativas de los entes locales de Cataluña, puede establecer que los entes que integran la Administración local en Cataluña sometan también la resolución de los recursos especiales en materia de contratación al órgano colegiado. En este caso, debe garantizarse en el proceso de nombramiento que como mínimo uno de los miembros de este órgano sea designado a propuesta de las entidades representativas de los entes locales de Cataluña mencionadas.
Se reconoce el derecho a la devolución de las cuotas del impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos satisfechas o soportadas por los agricultores en ocasión de las adquisiciones de gasóleo que hayan tributado al tipo del epígrafe 1.4 del artículo 50.12 de la Ley del Estado 38/1992, de 28 de diciembre, de impuestos especiales, que hayan efectuado durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009.
El importe de la devolución es igual al resultado de aplicar el tipo de seis euros por mil litros sobre una base constituida por el resultado de multiplicar el volumen de gasóleo efectivamente utilizado en agricultura, incluida la horticultura, la ganadería y la silvicultura, durante el período indicado, expresado en miles de litros, por el coeficiente 0,998.
A los efectos de la devolución establecida por el apartado 1, se consideran agricultores las personas o entidades que en el período indicado han tenido derecho a utilizar el gasóleo que tributa al tipo del epígrafe 1.4 del artículo 50.1 de la Ley del Estado 38/1992 y que, efectivamente, lo han usado como carburante en la agricultura, incluida la horticultura, la ganadería y la silvicultura, y que, además, han sido inscritos, con relación al ejercicio de estas actividades, en el censo de obligaciones tributarias al que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley del Estado 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria.
El proceso de devolución debe realizarse por el procedimiento que establezca el consejero o consejera de Economía y Finanzas y puede comprender la obligación de que los interesados presenten declaraciones tributarias, incluso de carácter censal.
Los informes emitidos por la Sindicatura de Cuentas en su función de fiscalización, una vez recibidos por los entes locales, deben someterse al conocimiento de los órganos de gobierno de estos entes y deben hacer publicidad de los mismos en su sede electrónica corporativa. Los entes locales que en su ámbito territorial de actuación tienen un número superior a cincuenta mil habitantes, o cuando su presupuesto global anual ultrapasa los cincuenta millones de euros, deben someter a auditorías financieras, en los términos previstos por la normativa de haciendas locales, las cuentas de las entidades de su sector público; en concreto, de los organismos autónomos, las sociedades mercantiles, las fundaciones, los consorcios y, en general, cualquier entidad que esté participada mayoritariamente por aquellos entes y que no esté sometida a fiscalización previa. Dichas auditorías deben llevarse a cabo bajo la dirección o supervisión de los interventores respectivos.
Las auditorías a las que se refiere el apartado 1 deben someterse, con carácter previo a la remisión a la Sindicatura de Cuentas, a los órganos de gobierno de los entes locales. Dichas auditorías deben publicarse en las sedes electrónicas corporativas respectivas.
Debe remitirse al Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas y al Departamento de Economía y Finanzas, para el ejercicio de las competencias respectivas, una copia de las auditorías a las que se refieren los apartados 1 y 2.
El Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas debe crear un inventario público de control del cumplimiento de las obligaciones de envío de documentación economicofinanciera, tanto por parte de los entes locales como de las entidades de su sector público, al propio departamento y a la Sindicatura de Cuentas.
A los efectos de lo dispuesto por el artículo 40.1. a de la Ley del Estado 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía, se hace constar que las reducciones establecidas por el artículo 22 mejoran las del Estado que son análogas de estas y que las establecidas por los artículos 23 y 25 son reducciones propias.
- Para hechos imponibles devengados desde el 1 de enero de 2010 hasta el 30 de junio de 2010: 25%.
- Para hechos imponibles devengados desde el 1 de julio de 2010 hasta el 30 de junio de 2011: 62,5%.
- Para hechos imponibles devengados a partir del 1 de julio de 2011: 100%.
Las nuevas determinaciones relativas a los convenios urbanísticos se aplican a los convenios que se aprueben a partir de la entrada en vigor de la presente ley.
Los supuestos de valoración negativa de las modificaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico general, a que se refiere el artículo 94.8 del texto refundido de la Ley de urbanismo, en la redacción establecida por la presente ley, se aplican a las modificaciones que no hayan sido resueltas definitivamente a la entrada en vigor de la presente ley.
Las disposiciones establecidas por los artículos 49, 50 y 51 son aplicables a los instrumentos urbanísticos que se aprueben inicialmente después de la entrada en vigor, sin perjuicio de lo establecido por los apartados 1 y 2.
El apartado 2 del artículo 62 del texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2003, de 4 de noviembre.
El capítulo I del título VI del texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2008, de 25 de junio.
El capítulo I del título XI del texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2008.
El apartado 10 del artículo 15.1-4, del título XV del capítulo I del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 3/2008.
El apartado 4 del artículo 1 de la Ley 31/2002, del 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, de conformidad con el apartado 2 de la disposición derogatoria de la Ley 17/2007, de 21 de diciembre, de medidas fiscales y financieras.
La disposición adicional sexta de la Ley 31/2002.
El anexo de la Ley 10/1989, de 10 de julio, del Patronato de la Montaña de Montserrat.
La Orden del Departamento de Política Territorial y Obras Publicas, de 21 de diciembre de 2001, sobre la percepción mínima aplicable, en diversos medios de transporte, a los viajeros y viajeras sin billete.
El artículo 6 de la Ley 14/1997, de 24 de diciembre, de creación del Servicio Catalán de Tráfico.
El artículo 2.1. a de la Ley 21/2001, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
A la entrada en vigor de la presente ley, los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Ley 15/1983, de 14 de julio, de la higiene y el control alimentarios, rigen solo en aquello en lo que sean aplicables como normas de rango reglamentario hasta que entren en vigor las disposiciones reglamentarias que se dicten en desarrollo de la Ley 18/2009, de 22 de octubre, de salud pública, en materia de registro sanitario alimentario, momento en el cual quedan derogados.
Quedan derogadas las disposiciones de rango igual o inferior que contradigan lo establecido por esta ley, se opongan a ella o resulten incompatibles con la misma.
Primera. Las tasas deben sustituir los cánones y las tarifas por servicios regulados por la Ley 5/1998, de 17 de abril, de puertos de Cataluña, sin perjuicio de lo establecido por la disposición transitoria tercera de la presente ley en cuanto a los precios privados.
Segunda. Las tasas deben establecerse por la utilización privativa del dominio público portuario, por el aprovechamiento especial del dominio público portuario y por la prestación de servicios o realización de actividades administrativas.
Tercera. El hecho imponible de las tasas por la utilización privativa del dominio público portuario debe definirse en el marco de los siguientes supuestos:
La ocupación privativa del dominio público portuario.
La ocupación del dominio público portuario con bienes muebles destinados a la prestación de servicios portuarios específicos o al desarrollo de actividades económicas.
La estancia de barcos en la zona de varada.
Cuarta. El hecho imponible de las tasas por el aprovechamiento especial del dominio público portuario debe definirse en el marco de los siguientes supuestos:
La entrada y estancia de barcos.
La atracada de barcos.
La carga, la descarga, el transbordo y el tránsito de mercancías.
El embarque, el desembarco y el tránsito de pasajeros y vehículos bajo el régimen de pasaje.
La utilización por los barcos pesqueros en actividad de las obras y las instalaciones portuarias que permiten el acceso marítimo al puerto y su estancia en lugar de atracada, punto de amarre o lugar de anclaje que les haya sido asignado y por los productos de la pesca de las zonas de manipulación y servicios generales del puerto.
La utilización por las embarcaciones deportivas o de tiempo libre de las aguas del puerto y, si procede, de las zonas de anclaje o de las instalaciones de amarre, atracada en muelles o en muelles de pilones del puerto, accesos terrestres y vías de circulación.
El estacionamiento de vehículos.
Quinta. El hecho imponible de las tasas por la prestación de servicios o realización de actividades administrativas debe definirse en el marco de los siguientes supuestos:
La utilización de las básculas.
La seguridad portuaria.
Por las tasas de utilización privativa del dominio público portuario: el valor de mercado del bien (terrenos, espejo de agua y edificios por zona portuaria) y en función de la clase e intensidad de los usos del dominio público portuario.
Por las tasas de aprovechamiento especial del dominio público portuario: el valor de mercado del bien (terrenos, espejo de agua y edificios por zona portuaria) y el valor de la utilidad obtenida.
Por las tasas por prestación de servicios o realización de actividades administrativas: coste del servicio o actividad.
La presente ley entra en vigor el 1 de enero de 2010, salvo los artículos 56, 57 y 58 y el apartado 1. i de la disposición derogatoria, que entran en vigor al cabo de seis meses de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley del Estado por la que se modifica el texto articulado de la Ley de tránsito, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en materia sancionadora.
Para que el mercado asegurador pueda adecuar las pólizas de seguro de los ramos afectados por los hechos imponibles establecidos por los apartados c , d , e y f del artículo 22.5-1 del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 3/2008, en la redacción establecida por la presente ley, el primer párrafo del apartado 3 del artículo 22.5-3 entra en vigor el 1 de enero de 2011.
(09.356.090)
LEY 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana. [2003/135...
DECRETO FORAL 72/2001, de 26 de marzo, por el que se declara urgente, a efectos de expropiación forzosa, la ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución del Proyecto de Delimitación de la Unidad de Ejecución en el Sector SR de Ezkaba en Ansoain.
RESOLUCIÓ GAP/3402/2009, de 30 de novembre, per la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria del procés selectiu per proveir 5 places del cos d'intervenció (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 186).
Aprobación de convenio y terminación de juicio de quiebra en quiebra 9/97
DECRETO 280/1995, de 11 de septiembre, por el que se transforma la Escuela Universitaria de Traductores e Intérpretes en Facultad de Traductores e Intérpretes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.