Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sl3693-2017-56998-de-marzo-15-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_318bb1e491904cec8733d55bf36a1d1f&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-17 23:13:13
Document Index: 374477619

Matched Legal Cases: ['artículo 97', 'artículo 6', 'artículo 98', 'artículo 1', 'artículo 32', 'artículo 1', 'artículo 151', 'artículo 97', 'artículo 98', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 31', 'artículo 32', 'artículo 77', 'artículo 39', 'artículo 32', 'artículo 77', 'artículo 39', 'artículo 90', 'artículo 151', 'artículo 488', 'artículo 90', 'artículo 39', 'artículo 320', 'artículo 90', 'artículo 39', 'artículo 90', 'artículo 39', 'artículo 90', 'artículo 90']

﻿ SENTENCIA SL3693-2017/56998 DE MARZO 15 DE 2017
SENTENCIA SL3693-2017 DE 15 DE MARZO DE 2017
CONTENIDO:AUNQUE LA PRESCRIPCIÓN PUEDA PROPONERSE Y ESTUDIARSE COMO EXCEPCIÓN PREVIA, NO SIEMPRE DEBE FORMULARSE DE ESA MANERA. SE ADVIERTE QUE EL HECHO DE QUE LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN PUEDA PROPONERSE Y ESTUDIARSE, BAJO CIERTAS CONDICIONES, EN LA CALIDAD DE PREVIA NO QUIERE DECIR QUE SIEMPRE DEBA FORMULARSE DE ESA MANERA Y QUE PIERDA SU NATURALEZA ESENCIALMENTE PERENTORIA. LO ANTERIOR NO SIGNIFICA QUE LA LEY HAYA PERMITIDO UNA MUTACIÓN DE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, ES DECIR, QUE HAYA CAMBIADO DE SER UNA EXCEPCIÓN DE FONDO A DILATORIA, SINO QUE POR ECONOMÍA PROCESAL Y CELERIDAD AL JUEZ LABORAL LE ES DABLE RESOLVERLA EN LA PRIMERA AUDIENCIA DE TRÁMITE, SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA DISCUSIÓN SOBRE LA FECHA DE EXIGIBILIDAD DE LA PRETENSIÓN O DE SU INTERRUPCIÓN O DE SU SUSPENSIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE CELERIDAD, PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL, AUDIENCIA DE TRÁMITE, EXCEPCIÓN PREVIA, JUEZ LABORAL, RECURSO DE CASACIÓN, PRESCRIPCIÓN
Sentencia SL3693-2017 de marzo 15 de 2017
SL3693-2017
Rad.: 56998
Interpuesto por la apoderada del demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, en cuanto confirmó la declaratoria de la excepción de prescripción, para que, en sede de instancia, revoque la decisión de primer grado y le otorgue prosperidad a las pretensiones de la demanda.
Acusa la sentencia impugnada de violar directamente, por infracción directa del inciso final del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 6º de la Ley 1395 del 12 de julio de 2010; y artículo 98 del Código de Procedimiento Civil modificado por el artículo 1º, numeral 47 del Decreto 2282 de 1989; artículo 32 del Código Procesal del Trabajo modificado el artículo 1º de la Ley 1149 de 2007, lo que condujo a la aplicación indebida del artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y del artículos (sic) 488 del Código Sustantivo del Trabajo.
En desarrollo de la acusación, la recurrente aduce que en el artículo 97 del Código de Procedimiento Civil se consagra la prescripción como una excepción de naturaleza previa, mientras que en el artículo 98 de la misma codificación se regula la oportunidad y la forma para proponerla, estos es, «…en el traslado de la demanda en escrito separado» Agrega que, en el mismo sentido, el artículo 32 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social es claro al definir que la excepción de prescripción debe proponerse como previa.
Con fundamento en lo anterior, destaca que en este caso el apoderado de la sociedad demandada propuso la prescripción como excepción de fondo, dentro de la contestación de la demanda, y no como previa y en escrito separado, como, reafirma, era lo legalmente apropiado. En ese sentido, dice que tanto el juez de primer grado como el Tribunal desconocieron la reforma introducida por la Ley 1149 de 2007 al artículo 32 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, pues no podían atender la excepción de prescripción y, por el contrario, debieron tenerla como no presentada.
En esencia, en el cargo se cuestiona al tribunal por haberse pronunciado frente a la excepción de prescripción propuesta por la sociedad demandada en la contestación a la demanda, a pesar de que la misma no fue planteada como excepción previa y en escrito separado, como, arguye la recurrente, correspondía hacerlo legalmente.
Para dar respuesta a dicho cuestionamiento, basta con advertir, en primer lugar, que el artículo 31 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social regula de manera expresa la forma y condiciones de la contestación de la demanda, en el marco del proceso ordinario laboral, y en su numeral 6 obliga al demandado a que, en esa oportunidad, proponga «…las excepciones que pretenda hacer valer debidamente fundamentadas…» En línea con lo anterior, en este preciso aspecto no es posible aplicar por remisión las normas del procedimiento civil y exigir, como lo aduce la censura, que las excepciones se propongan en escrito separado.
Adicional a ello, el artículo 32 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social regula, igualmente de manera expresa, el trámite que debe darse a las excepciones, y establece que «…también podrá proponerse como previa la excepción de prescripción cuando no haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión o de su interrupción o de su suspensión…» En desarrollo de dicha norma, esta sala de la Corte ha explicado con suficiencia que el hecho de que la excepción de prescripción pueda proponerse y estudiarse, bajo ciertas condiciones, en la calidad de previa, no quiere decir que siempre deba formularse de esa manera y que pierda su naturaleza esencialmente perentoria. En la sentencia CSJ SL, 25 jul. 2006, rad. 26939, se dijo al respecto:
Por sabido se tiene que las excepciones procesales son los mecanismos o herramientas de defensa que la ley otorga a la parte demandada para “controlar la existencia jurídica y la validez formal del proceso, depurándolo cuando sea el caso de defectos o impedimentos que atentan contra la eficacia misma del instrumento. De ahí que, por vía de principio general, ellas tengan como objetivo salvaguardar los presupuestos procesales, para disponer los saneamientos correspondientes cuando haya lugar, o provocar el aborto del proceso, terminándolo formalmente, cuando las deficiencias no se superan y siguen gravitando en él”, conocidas con el nombre de previas o dilatorias y entre las que se encuentran las de falta de competencia, de jurisdicción, compromiso, falta de integración del litis-consorcio necesario; o para atacar el alma o el corazón del derecho deprecado por la contraparte, pues su fin no es otro que repeler que éste acabe en pleno vigor; aquí, entonces, el blanco de la defensa apunta a las pretensiones de la demanda y son las de mérito o de fondo, entre ellas están las de prescripción, pago y compensación.
La ley procesal determina que las excepciones previas deben ser resueltas por el juez laboral en la audiencia pública de “conciliación, de decisión de excepciones previas, de saneamiento y fijación del litigio” (artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 39 de la Ley 712 de 2001). Por su parte, las excepciones de mérito deben ser decididas por el juez con la sentencia.
Empero lo precedente, según la exposición de motivos de la Ley 712 de 2001, en aras de “la economía procesal y la descongestión judicial, y considerando el desarrollo que en el procedimiento civil han tenido las llamadas excepciones mixtas, se consagra un trámite especial para dos excepciones de mérito; la de prescripción y las de cosa juzgada, que podrán en ciertos casos decidirse en la primera audiencia de trámite” (negrillas fuera de texto).
Así las cosas, no es que la ley permitió una mutación de la naturaleza jurídica de la excepción de prescripción, es decir, que haya cambiado de ser una excepción de fondo a dilatoria, sino que, se itera, por economía procesal y celeridad, al juez laboral le es dable resolverla en la primera audiencia de trámite, siempre y cuando, como lo establece el artículo 32 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el 19 de la Ley 712 de 2001, “no haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión o de su interrupción o de su suspensión”.
En este orden de ideas, para que el juez pueda decidir sobre la prescripción, al comienzo de la litis, no debe tener duda en cuanto a la claridad y existencia del derecho; pero si hay controversia en cuanto a la exigibilidad, interrupción o suspensión de la prescripción, la resolución de la misma debe esperar a la sentencia.
Si el juzgador tiene la certeza que el derecho reclamado se extinguió por el paso del tiempo, por su inactividad, por medio de auto interlocutorio así lo debe declarar en la audiencia del artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y en este evento no le es dable retomar en el fallo el punto debatido.
Pero, a contrario sensu, si el juez, como sucede en el sub examine, consideró que no tenía los suficientes elementos de juicio para decidir de entrada sobre la excepción de prescripción en la audiencia de trámite, era su deber legal pronunciarse sobre ella al momento de la sentencia. Resalta la Sala.
De acuerdo con lo anterior, el Tribunal no incurrió en error jurídico alguno al estudiar la excepción de prescripción, que había sido propuesta válidamente por la demandada como excepción de fondo, dentro de la contestación de la demanda.
Acusa la Sentencia impugnada de violar directamente, por infracción directa el artículo 39 y 41 del Código Procesal del Trabajo y de los artículos 315 y 320 del Código de Procedimiento Civil, lo que condujo a la aplicación indebida del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil; el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y del artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo.
En desarrollo de la acusación, la recurrente advierte que el Tribunal determinó que en este caso se había configurado la prescripción, en los términos del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, luego de discernir que el auto admisorio de la demanda presentada el 30 de junio de 2009 solo se había logrado notificar el 21 de septiembre de 2010.
Dicho ello, indica que los juzgadores de instancia desconocieron el artículo 39 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que consagra el principio de gratuidad, pues, de acuerdo con el mismo, la notificación establecida en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil debió hacerla el despacho judicial y no la parte «demandada». En tal sentido, aduce que el juzgador de primer grado no cumplió con el deber de enviar la notificación por aviso, en los términos de la mencionada norma, y que tuvo que interponer una acción de tutela para que la Empresa Postal Colombia 472 enviara la comunicación en la que constara que la demandada había recibido la «…notificación personal…» Agrega que, posterior a ello, tuvo que pagar el importe para que se surtiera efectivamente la mencionada notificación por aviso.
Recalca que el juez de primer grado fue negligente «…al no enviar la notificación mediante correo…» y trasladarle la responsabilidad al demandante de manera inapropiada, pues ninguna norma establece que la carga de la notificación le compete a las partes, de manera que el tribunal no podía concluir que la notificación había sido tardía por situaciones atribuibles a la parte demandante. Concluye, en tal medida, que el Tribunal aplicó indebidamente los artículos 90 del Código de Procedimiento Civil, 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 39, 41 y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, «…ya que dejó la carga de la notificación del auto admisorio de la demanda en cabeza única y exclusivamente del demandante…»
En lo fundamental, desde un escenario plenamente jurídico, la censura aduce que, en virtud del principio de gratuidad, la carga de la realización de la notificación del auto admisorio de la demanda le corresponde al juzgador de primer grado y que, por lo mismo, a la parte demandante no le pueden ser opuestos los efectos previstos en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, respecto de la interrupción oportuna de la prescripción.
En torno a dichas reflexiones, esta sala de la Corte ha precisado que a pesar de que los despachos judiciales son los encargados de adelantar el proceso ordinario laboral de manera eficaz y que, en términos generales, en el interior del mismo todas las actuaciones están sometidas al principio de gratuidad, las partes tienen ciertas cargas procesales que redundan en su propio beneficio, como es el caso de la notificación del auto admisorio de la demanda. En la sentencia CSJ SL, 18 sep. 2012, Rad. 40549, la Corte explicó al respecto:
No obstante, el recurrente aduce que la falta de notificación a la parte demandada del auto admisorio de la demanda durante el término transcurrido del 9 de febrero de 2000 hasta el 18 de diciembre de 2003 no le es imputable, pues era de cargo del juzgado de conocimiento surtir todos los pasos necesarios para notificar su decisión admisoria, y esa ‘negligencia’, como la conducta ‘elusiva’ de la demandada, no pueden perjudicar su pretensión.
Pues bien, para resolver el punto en discusión es suficiente recordar que ya la Corte ha asentado el criterio de que si bien es cierto que a la administración de justicia laboral compete adelantar de manera diligente y oportuna el proceso, para de esa forma hacer cierta la finalidad de pronta y cumplida justicia, ejerciendo para ello el poder - deber de dirigirlo, velar por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir su paralización procurando la mayor economía procesal, a través de lo que es dado en llamarse ‘oficiosidad procesal’; y que es regla procesal del derecho laboral la de la gratuidad de los actos procedimentales a que se refiere el artículo 39 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, también lo es que a las partes del proceso compete asumir ciertas cargas procesales, cuando quiera que sus resultados sólo obran en su propio beneficio o perjudican únicamente a quien elude asumirlas.
Tal el caso del trabamiento de la relación jurídico procesal que se impone como acto procesal necesario a efectos de garantizar el derecho de defensa y de contradicción de quien es convocado forzosamente al proceso y que, en principio, beneficia exclusivamente a quien funge como actor. Razón suficiente para entender que el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, para la época, dispusiera que la presentación de la demandada tendría como efecto material, entre otros, la interrupción de la prescripción, siempre y cuando a la parte demandada se le notificara el auto admisorio de la demanda dentro de los 120 días siguientes a la notificación que, a su vez, de tal proveído se hiciera a la parte actora.
De suerte que, el beneficio material que para el actor podría constituir la presentación de la demanda, de interrumpir la prescripción, se vio condicionado a que se surtiera respecto del demandado la notificación del auto admisorio dentro de un específico término, de modo que, de no ocurrir ello, dicho beneficio se perdería, prosiguiendo así su decurso normal el término previsto para la prescripción de la acción.
Desde tal perspectiva es que ha entendido la Corte la aplicación de la ‘oficiosidad procesal’ y la ‘gratuidad’ de particulares actos del proceso laboral, por manera que, ni ésta ni aquélla tienen carácter absoluto, pues están limitadas por conceptos jurídicos como las llamadas ‘cargas procesales’, particularmente, para el trabamiento de la relación jurídico procesal, la de facilitar la postura a derecho del demandado mediante la notificación personal del auto admisorio de la demanda, o, en su defecto, la de la notificación a través de curador ad litem, pasados 10 días de haberse cumplido aquella con la parte actora del proceso.
En el anterior orden, no es cierto que, como lo aduce la censura, a la parte demandante no le asista responsabilidad alguna a la hora de lograr la notificación del auto admisorio de la demanda, pues, siendo una actuación que redunda en su propio beneficio, debe adelantar todas las medidas tendientes a que se cumpla efectiva y oportunamente.
Vale decir que la Corte también ha precisado que:
[…] la gratuidad contemplada en el artículo 39 del CPTSS está referido exclusivamente a los conceptos allí enunciados y no a ningún otro. En consecuencia, no abarca el supuesto de los gastos de notificación, los cuales deben ser sufragados por los interesados, por cuanto ellos no están mencionados en la citada norma legal, ni caben dentro del concepto “derechos de secretaría”, pues tal expresión tiene que ver con actividades realizadas directamente por dicho funcionario y la de notificación no encaja allí. (CSJ SL, 17 mayo 2006, Rad. 27887).
En tal sentido, el Tribunal no incurrió en error jurídico alguno al reivindicar la carga que tiene la parte demandante de sufragar los gastos necesarios para lograr la notificación del auto admisorio de la demanda y al aplicar los efectos previstos en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, respecto de la interrupción de la prescripción, de manera que el cargo es infundado.
Resta decir que, en todo caso, el Tribunal reprodujo apartes de la Sentencia CSJ SL, 18 feb. 1998, Rad. 10166, en la que se previno que «…la sola presentación de la demanda interrumpe la prescripción cuando la notificación del auto admisorio de la misma no se efectúa oportunamente, por negligencia del juzgado o por actividad elusiva del demandado…», de manera que no aplicó de manera automática e irreflexiva la regla contenida en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, solo que, debe asumirse, no encontró prueba de alguna negligencia del juzgado o de alguna conducta elusiva del demandado, al decir que la situación era atribuible a la parte demandante.
Frente a este último punto, esto es, la negligencia del juzgado o la actitud elusiva del demandado, vale agregar que, además de que son situaciones fácticas ajenas a la vía por la cual se encaminó la acusación, lo cierto es que no están demostradas dentro del expediente.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 4 de agosto de 2011, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, dentro del proceso ordinario laboral seguido por José Cornelio Castro Arenas contra la sociedad Pinturas y adhesivos C.I. Pyasa Colombiana S.A.