Source: http://abogadowilliamalcantara.blogspot.com/2007/07/
Timestamp: 2019-06-17 22:58:51
Document Index: 156032387

Matched Legal Cases: ['artículo 437', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 23', 'artículo 2', 'Artículo 29', 'Artículo 37', 'artículo 31', 'Artículo 38', 'Artículo 32']

William Alcántara: julio 2007
La violencia contra la mujer en República Dominicana
http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=64058
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Juez de la Ejecucioón de la Pena y la Libertad Condicional
Juez de la Ejecución de la Pena y la libertad Condicional
A raíz de la solicitud del recluso Juan Manuel Moliné de libertad condicional, los dominicanos hemos tenido la oportunidad de hablar del Juez de la Ejecución de la Pena el responsable de evaluar si se le concedía o no este derecho. Finalmente, el Juez Francisco Mejía Engomas consideró que el recluso no estaba apto para salir en libertad, a pesar que tiene 11 años y dos meses de reclusión de los 20 años a que fue condenado.
El Juez de la Ejecución de la Pena es el “ juez del orden judicial que preside la jurisdicción especializada que tiene como función principal garantizar al condenado o condenada por sentencia irrevocable, el goce de los derechos y garantías fundamentales que le reconocen la Constitución, los tratados internacionales, la Ley 224 sobre Régimen Penitenciario vigentes y demás leyes especiales y el Código Procesal Penal; y controla y vigila la legalidad de la ejecución de la pena” (Resolución No. 296-2005).
Una de las funciones que debe evaluar el Juez de la Ejecución es sobre la Libertad Condicional, que es un beneficio concedido por la Ley No.164, sobre Libertad Condicional del 14 de octubre del 1980, al condenado o condenada, de abandonar la prisión antes del cumplimiento total de la pena, siempre que se trate de condena, cuya duración sea de más de un año de prisión y se haya cumplido la mitad de la misma, y los demás requisitos establecidos en la ley.
Para que el juez pueda favorecer la libertad condicional de un recluso es necesario que haya cumplido la mitad de la pena impuesta y además que:
b) Que la pena impuesta sea mayor de un año.
c) Que haya demostrado hábito de trabajo y observado conducta intachable en la cárcel.
d) Que se encuentre capacitado física y psíquicamente para reintegrarse a la vida social.
e) Que su estado de rehabilitación haga presumible que se conducirá bien en libertad.
f) Si pudiendo hacerlo ha pagado los daños e indemnizado los perjuicios causados por la infracción o llegado a un acuerdo con la parte perjudicada.
El Código Procesa Penal establece en su artículo 437 que se le atribuye al Juez de la Ejecución de la Pena, el control y vigilancia del sistema penitenciario, a los fines de garantizar todos los derechos y garantías de los condenados, por lo que es de su competencia el control judicial del sistema penitenciario y de manera específica:
1. Inspeccionar y visitar los establecimientos penitenciarios, por lo menos cada dos meses;
2. Hacer comparecer ante sí a los condenados o a los encargados de los establecimientos con fines de vigilancia y control, en los casos de quejas y denuncias, si se consideran bien fundadas;
3. Dictar autos, aún de oficio, sobre las medidas que juzgue conveniente, para corregir y prevenir las fallas en el funcionamiento del sistema penitenciario, en violación a las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas y la Ley No. 224 sobre Régimen Penitenciario vigente.
4. Ordenar a la Dirección General de Prisiones, para que en el mismo sentido expida las resoluciones pertinentes.
5. En virtud de esas atribuciones es competencia del Juez de la Ejecución ejercer la tutela efectiva de los derechos del condenado, de conformidad con los Arts. 3, 8 y 10 de la Constitución Política Dominicana y los derechos penitenciarios contenidos en las indicadas Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los reclusos y Ley No.224 sobre Régimen Penitenciario en la República Dominicana, o la que estuviese en vigencia.
6. En el Art. 6 de la Ley No. 224, se crea la Dirección General de Prisiones, dependiente de la Procuraduría General de la República, como órgano administrativo para la dirección y control de todos los establecimientos penales del país, lo que implica la individualización de las funciones de ambos operadores en materia de la ejecución y extinción de la pena, unas funciones administrativas la de la Dirección General de Prisiones y jurisdiccional, la del Juez de la Ejecución de la Pena, quien es el competente para garantizar el control jurisdiccional para la efectiva vigencia de los derechos humanos de los reclusos, dentro de la finalidad del Estado de Derecho.
Articulo publicado en el Periódico EL GUARDIAN edición del mes de Julio del 2007.
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La Difamacion e Injuria
Por: Orlando Alcántara Fernández (Cristorly).
Antes de tratar el tema sobre la difamación e injuria en asuntos personales o de la vida privada de los individuos es pertinente mantener presente el Artículo 8, acápite 5, de la Constitución dominicana, que manifiesta el siguiente principio:
"A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohibe. La ley es igual para todos: no puede ordenar más que lo que es justo y útil para la comunidad ni puede prohibir más que lo que le perjudica." (Congreso Nacional, 2002a).
En otras palabras, si algún hecho no es sancionado por la Ley, pero ese hecho puede constituir una ofensa, como llamar "lambón" a una persona, entonces este hecho puede ser considerado como difamación e injuria por la víctima. Lo mismo pasa con asuntos privados respecto a la orientación sexual de las personas. Mayormente la difamación e injuria se trata sobre provocaciones o incitaciones o insinuaciones que ofenden directa o indirectamente el honor y la honra de las personas al imputarle hechos delictivos o punibles a una persona de modo alegre, como llamarle "ladrón" sin aportar pruebas. Este caso es muy común.
En nuestra Constitución, el Artículo 8, acápite 6, condena la difamación e injuria, entre otras cosas relativas a la libre expresión y difusión del pensamiento, en los siguientes términos:
"Toda persona podrá, sin sujeción a censura previa, emitir libremente su pensamiento mediante palabras escritas o por cualquier otro medio de expresión, gráfico u oral. Cuando el pensamiento expresado sea atentatorio a la dignidad y a la moral de las personas, al orden público o a las buenas costumbres de la sociedad, se impondrán las sanciones dictadas por las leyes. Se prohibe toda propaganda subversiva, ya sea por anónimos o por cualquier otro medio de expresión que tenga por objeto provocar desobediencia a las leyes, sin que esto último pueda coartar el derecho a análisis o a crítica de los preceptos legales." (Congreso Nacional, 2002a).
Aunque obsoleta en ciertos aspectos, la Ley 6132 sobre la Expresión y Difusión del Pensamiento es la Ley vigente en nuestro sistema jurídico. Los Artículos siguientes son aplicables a los casos de difamación e injuria en asuntos personales o sobre la vida privada de los individuos:
"Artículo 23.- Las personas que hubieren incitado directamente al autor o los autores de un acto calificado crimen o delito, en caso de que la incitación fuere seguida de efecto o comisión del crimen o delito, serán castigados como cómplices del mismo.
"a) Por medio de discursos, alocuciones, gritos o amenazas proferidos en sitios públicos, ya sea directamente o por medio de altoparlantes, discos, cintas magnetofónicas o cualquier otro vehículo de reproducción de la voz;
"b) Por medio de escritos o impresos, vendidos, distribuidos, puestos en venta o expuestos en sitios o reuniones públicas.
"c) Por medio de carteles, edictos, pancartas o cualquier otro medio de propaganda visual o escrita;
"d) Por medio de cintas cinematográficas.
"La presente disposición será asimismo aplicable cuando la incitación sólo fuere seguida de una tentativa de crimen prevista por el artículo 2 del Código Penal.
"Artículo 29.- Constituye difamación toda alegación o imputación de un hecho que encierre ataque al honor o la consideración de la persona o del organismo al cual se impute el hecho.
"La publicación o radiodifusión, directa o por vía de reproducción, de tal alegación o de tal imputación es castigable, aún cuando se haga en forma dubitativa o si alude a una persona o a un organismo no mencionados de manera expresa, pero cuya identificación se haga posible por los términos de los discursos, gritos, radioemisiones, películas, amenazas, escritos o impresos, carteles o edictos incriminados.
"Constituye injuria toda expresión de ultraje, término de desprecio o invectiva que no conlleve imputación de hecho alguno.
"Artículo 37.- La verdad del hecho difamatorio, pero solo cuando se relaciona con las funciones que desempeña el organismo o persona alegadamente agraviada podrá establecerse por todos los medios de prueba en el caso de imputaciones contra los Poderes constituidos, Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, las instituciones públicas y contra las personas enumeradas en el artículo 31.
"La verdad de las imputaciones difamatorias e injuriosas podrá establecerse asimismo contra los directores o administradores de toda empresa industrial, comercial o financiera que solicite públicamente ahorros o créditos.
"Igualmente puede probarse siempre la verdad de los hechos alegadamente difamatorios salvo:
"a) Cuando la imputación concierne a la vida privada de una o más personas;
"b) Cuando la imputación se refiere a un hecho que constituye una infracción amnistiada o prescrita, o que ha dado lugar a una condena borrada por la rehabilitación o por la revisión, siempre que la persona a quien se hace la imputación no esté acusada o condenada por nuevos crímenes o delitos.
"En los casos previstos en el apartado que antecede queda reservada la prueba en contrario. Si se produce la prueba del hecho difamatorio, se rechazará la querella contra el prevenido.
"En cualquier otra circunstancia y en la que concierne a cualquiera otra persona no calificada por esta ley, cuando el hecho que le sea imputado estuviera siendo objeto de procedimientos judiciales iniciados a requerimiento del ministerio público o bien fuere objeto de una querella por parte del propio prevenido, se sobreseerán durante la instrucción y vista de la causa, la persecución y el fallo del delito de difamación.
"Artículo 38.- Toda reproducción de una imputación que se haya calificado de difamatoria se reputará hecha de mala fe, salvo prueba en contrario a cargo de su autor. (El Consejo de Estado, 1962).
El Nuevo Código Procesal Penal, Ley 76-02, postula lo siguiente en su Artículo 32:
"Acción privada. Son sólo perseguibles por acción privada los hechos punibles siguientes: 1.- Violación de propiedad; 2.- Difamación e injuria; 3.- Violación de la propiedad industrial; 4.- Violación a la ley de cheques." (Congreso Nacional, 2002b).
Para evitar ser culpable de difamación e injuria hay que hacer como el sastre, que mide dos veces y corta una sola vez. Es decir, hay que pensar dos veces antes de hablar, pues nuestras palabras nos pueden condenar y pueden revertirse en nuestra contra como un búmerang. Ya en la Biblia en el libro de Santiago se previene sobre lo pernicioso de la lengua con las siguientes aseveraciones:
Santiago 3:1-12:
"1 Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación.
12 Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas, o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce." (Reina-Valera, 1960).
¡Cuidémonos de cometer difamación e injuria, pues ya sea en lo civil o en lo penal, o en ambos casos, podemos ser condenados por este delito si no pensamos dos veces antes de hablar! ¡Felicidades crísticas universalistas! ¡En el nombre de Jesucristo! ¡Amén!
Biblia Reina-Valera. (1960). Santiago 3:1-12. Sociedades Bíblicas en América Latina.
Congreso Nacional (2002a). Constitución de la República Dominicana. Recuperado el 16 de julio del 2007, de http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/DomRep/domrep02.html
Congreso Nacional. (2002b). Código Procesal Penal de la República Dominicana. Ley 76-02. Recuperado el 16 de julio del 2007, de http://www.oas.org/juridico/MLA/sp/dom/sp_dom-int-text-cpp.pdf
El Consejo de Estado. (1962). Ley No. 6132, de Expresión y difusión del Pensamiento. Gaceta Oficial 8721. Recuperado el 16 de julio del 2007, de http://www.informejudicial.com/leyes/Derechos%20Humanos/Ley%206132,%20de%20Expresion%20y%20Difusion%20del%20Pensamiento.htm
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Avenida Constitucion No.102, San Cristóbal, República Dominicana
Telefono 809-327-3384
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