Source: https://www.derechoecuador.com/registro-oficial/2002/12/registro-oficial-2-de-diciembre-del-2002
Timestamp: 2019-12-07 14:48:10
Document Index: 202666307

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 130', 'artículo 343', 'artículo 440', 'artículo 563', 'artículo 3', 'artículo 243', 'artículo 1', 'artículo 50', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 52']

Registro Oficial. 2 de DICIEMBRE del 2002
Lunes, 2 de diciembre del 2002 - R. O. No. 716
2002-91	Ley Reformatoria al Código\n Penal
2002-92	Ley que otorga, a través de donaciones\n voluntarias, participación en el impuesto a la renta a\n los municipios y consejos provinciales del país
0941-C\n Autorízase\n a las personas naturales que llevan contabilidad y se encuentran\n obligadas a actuar como agentes de retención de impuestos,\n la facultad para emitir liquidaciones de compras de bienes y\n servicios
1001\n Dispónese\n que a partir del mes de diciembre del presente año, los\n contribuyentes especiales presentarán sus declaraciones\n del impuesto al valor agregado en medio magnético
Califícanse a\n varias personas y compañías para que puedan ejercer\n el cargo de peritos avaluadores en las instituciones del\n sistema financiero, bajo control:
SBS-DN-2002-0868 Señor César Humberto\n Rodríguez Sorroza
SBS-DN-2002-0869 Señor José Antonio\n González Guevara
SBS-DN-2002-0870 Señora Loida Eunice\n Vélez Cueva.
SBS-DN-2002-0871 Compañía "A\n Vargas Zúñiga & Associates" S.A
SBS-DN-2002-0877\n Señor\n Marcelo Darwin Arcos Egred.
SBS-DN-2002-0879 Señor Galo Rolando Granja\n Terán
276	Hilda Piedad Benavides Carrillo\n en contra del IESS
278	José Antonio Ramírez en\n contra del IESS
279	Martha Eugenia Barragán Bustos\n en contra del IESS
280	Doctora Fanny Prado Verdesoto en contra\n del IESS
281 Aida Guevara Villacís y otras en\n contra del IESS
282	Marcela Margarita Tobar Chaz y otras en\n contra del IESS
283	Marcia Bolaños Sánchez en\n contra del IESS
284	María Ercilla Garcés Cabrera\n en contra del IESS
285	Hilda Antonieta Rivera Carvajal en contra\n del IESS
286	Alcides Augusto Reinoso Orbe en contra\n del IESS.
287	Joaquín Nasca en contra del IESS
288	Norma Yolanda Villacís Luna en\n contra del IESS.
289	Julia Emelina Endara Sevilla en contra\n del IESS
291	Eloy Amable Salvador Raza Bolaños\n en contra del IESS
76-IP-2002 Interpretación prejudicial\n de los artículos 82 literal d), 146 y 147 de la Decisión\n 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia\n con el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal,\n solicitada por el Consejo de Estado de la República de\n Colom-bia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección\n Primera. Actor: PAPELES NACIONALES S.A. Marca: "ULTRASOFT".\n Expediente interno N0 6401.
79-IP-2002\n Solicitud de\n interpretación prejudicial de los artículos 81,\n 82, literales a), b) y e), 83 y 93 de la Decisión 344\n de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulado por\n la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo,\n Distrito de Quito. República del Ecuador. Expediente Interno\n N0 2188-E.G. Actor: "BIC, INDUSTRIA ESFERO-GRAFICA BRASILEIRA\n S.A.". Marca: DISEÑO DE ETIQUETA"
- Cantón Las Lajas, El\n Oro: Que define\n la denominación de Gobierno Municipal del Cantón\n Las Lajas, provincia de El Oro
- Cantón Déleg:\n Sustitutiva\n que reglamenta el cobro de la tasa de recolección\n de basura y aseo público y su servicio
- Cantón\n Las Lajas, El Oro: Que regula el cobro de tasas por\n el servicio de agua potable de la ciudad La Victoria.
- Cantón\n Samborondón: De avalúo general de los predios\n urbanos a aplicarse en el quinquenio 2003-2007\n \n
Quito, a 26 de noviembre del 2002.
De conformidad de lo que dispone la Constitución Política\n de la República, le remito para su publicación\n en el Registro Oficial las siguientes leyes:
LEY REFORMATORIA AL CODIGO\n PENAL.
LEY QUE OTORGA, A TRAVES\n DE DONACIONES VOLUNTARIAS, PARTICIPACION EN EL IMPUESTO A LA\n RENTA A LOS MUNICIPIOS Y CONSEJOS PROVINCIALES DEL PAIS,
Así mismo se dignará encontrar los auténticos\n de las referidas leyes, para que sean devueltas al Congreso Nacional,\n una vez que se publiquen en el Registro Oficial.
f.) Marcelo Santos Vera, Secretario General de la Administración.
N0 2002-91
Que mediante Registro Oficial No. 110 del 30 de junio del\n 2000, se publicó la Ley Reformatoria al Código\n Penal, en lo que se refiere al tráfico ilegal de migrantes;
Que la referida Ley Reformatoria, establece como tipo penal\n la acción de "facilitar por medios ilegales el tráfico\n ilegal de personas hacia otros países";
Que dicha norma, es insuficiente para combatir y sancionar\n este tipo de prácticas de tráfico ilegal de personas,\n pues no contempla sanciones para acciones concretas que posibilitan\n el tráfico ilegal de migrantes, como son la falsificación\n de pasaportes y documentos de viaje;
Que la reforma no establece responsabilidad alguna, cuando\n a causa del tráfico ilegal de migrantes, se produce lesiones\n o la muerte de los mismos, situación que se produce de\n manera muy frecuente; y,
En ejercicio de la atribución conferida en el numeral\n 5 del artículo 130 de la Constitución Política\n de la República, expide la siguiente:
LEY REFORMATORIA AL CODIGO PENAL
Art. 1.- Sustitúyase el artículo 343 del Código\n Penal, por el siguiente:
Art. 343.- El que hubiere imitado o falsificado un\n pasaporte, o cualquier otro documento público de viaje,\n nacional o extranjero, o hubiese hecho uso doloso de los referidos\n documentos, será reprimido con la pena de reclusión\n menor ordinaria de tres a seis años.
No tendrá responsabilidad alguna quien haya sido inducido\n a utilizar tales documentos, cuando sea víctima del tráfico\n ilegal de migrantes.
Art. 2.- A continuación del artículo 440-A-,\n introducido al Código Penal, mediante reforma publicada\n en el Registro Oficial No. 110 del 30 de junio del 2000, agréguese\n el siguiente artículo:
Art. 440 B.- Si a consecuencia de los actos de ejecución\n del tráfico ilegal de migrantes las víctimas sufrieren\n lesiones previsibles, de aquellas contempladas en los artículos\n 465, 466 y 467 de este Código, se impondrá a quienes\n hayan facilitado las migraciones ilegales, una pena de seis a\n nueve años de reclusión menor ordinaria, según\n la gravedad de la lesión y en caso de muerte, la pena\n será de reclusión mayor ordinaria de ocho a doce\n años.
Art. 3.- Agréguese al artículo 563 del Capítulo\n V del Título X del Libro II del Código Penal, el\n siguiente inciso:
"La pena será de reclusión menor ordinaria\n de tres a seis años, si la defraudación se cometiera\n en casos de migraciones ilegales".
Artículo Final.- La presente ley entrará en\n vigencia, a partir de su publicación en el Registro Oficial.
Dada, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n en la sala de sesiones del Congreso Nacional del Ecuador, a los\n veinte días del mes de noviembre del año dos mil\n dos.
Palacio Nacional, en Quito, a veinte y uno de noviembre del\n dos mil dos.- PROMULGUESE.
N° 2002-92
Que el 15 de octubre de 1997 se publicó en el Segundo\n Suplemento del Registro Oficial No. 173 la Ley No. 26 de Deducción\n del Impuesto a la Renta a las personas naturales o jurídicas\n que hagan donaciones y subvenciones a la Fundación Malecón\n 2000, ley que dispone que tales donaciones y subvenciones a favor\n de la Fundación Malecón 2000, destinadas a financiar\n exclusivamente el proyecto de ampliación, construcción,\n restauración, administración y mantenimiento del\n Malecón sobre el Río Guayas de la ciudad de Guayaquil,\n podrán ser deducidas anualmente, hasta en un 25% del monto\n del Impuesto a la Renta causado que los donantes deban como contribuyentes\n por las utilidades que obtengan de los ejercicios económicos\n de los años 1997 al 2002, inclusive;
Que el derecho de tales deducciones, por medio de la expedición\n de la Ley No. 2001-48, publicada en el Registro Oficial No. 436\n de 19 de octubre del 2001, se extendió a las personas\n naturales o jurídicas que hagan donaciones y subvenciones\n a la institución antes citada, para, la ampliación,\n construcción, restauración, administración\n y mantenimiento del Malecón sobre el Estero Salado de\n la ciudad de Guayaquil y del Museo Naval de la Armada Nacional;
Que el 14 de mayo del 2001 se publicó en el Suplemento\n del Registro Oficial No. 325 la Ley de Reforma Tributaria, en\n cuya Disposición Transitoria Cuarta se establece que las\n personas naturales y jurídicas podrán voluntariamente\n realizar donaciones y subvenciones a favor del Municipio del\n Distrito Metropolitano de Quito, destinadas a financiar exclusivamente\n los proyectos de protección y preservación del\n medio ambiente, forestación, adquisición de tierras,\n construcción, adecuación, ampliación, restauración,\n administración y mantenimientos de los parques centrales\n Metropolitano, Itchimbía, y Parque del Sur, las cuales\n podrán ser deducidas anualmente, hasta en un 25% del monto\n del Impuesto a la Renta causado, que los donantes deban como\n contribuyentes por las utilidades que obtengan de los ejercicios\n económicos de los años 2001 al 2005, inclusive;
Que el progreso y la indisoluble unidad de la Nación\n ecuatoriana tiene en la autonomía y gestión municipales\n un verdadero soporte, en tanto los Municipios procuran el bien\n común local a través del bienestar material de\n la colectividad y la contribución al fomento y protección\n de los intereses locales, conforme se desprende del artículo\n 12 de la Ley del Régimen Municipal;
Que tan nobles propósitos en aras del desarrollo de\n todos los pueblos obligan al Gobierno Nacional del Ecuador a\n una actitud de complementación, traducida en el apoyo\n irrestricto a la autonomía y gestión municipales;
Que uno de los deberes primordiales del Estado ecuatoriano\n es impulsar el desarrollo equilibrado y equitativo en beneficio\n colectivo, conforme lo prescribe el artículo 3 numeral\n cuatro de la Constitución Política de la República;
Que según nuestra Carta Suprema uno de los objetivos\n permanentes de la economía es "El desarrollo socialmente\n equitativo, regionalmente equilibrado, ambientalmente sustentable\n y democráticamente participativo", acorde a lo previsto\n en el numeral 1 del artículo 243 de la misma;
Que en función de lo anterior es fundamental extender\n el régimen jurídico sobre los beneficios ya citados,\n a todas las municipalidades del país; y,
LEY QUE OTORGA, A TRAVES DE DONACIONES VOLUNTARIAS, PARTICIPACION\n EN EL IMPUESTO A LA RENTA A LOS MUNICIPIOS Y CONSEJOS PROVINCIALES\n DEL PAIS
Art. 1.- DONACIONES Y CONTROL.- Las personas naturales\n y jurídicas, excepto las empresas públicas, podrán\n donar hasta el 25% de su impuesto a la renta causado en un ejercicio\n económico, a favor del o los municipios o consejos provinciales\n del país, con el propósito exclusivo de financiar\n obras públicas, que hayan sido calificadas, con anterioridad\n a la donación, como de interés mayoritario de la\n comunidad, por el Concejo Municipal o Consejo Provincial beneficiario\n de la donación.
Se limita al 25% del 100% del impuesto a la renta causado\n en un ejercicio económico el monto máximo que un\n contribuyente puede donar.
El producto de las donaciones del 25% del Impuesto a la Renta,\n no podrá destinarse a gasto corriente, por lo que es prohibido\n imputarlo al pago de remuneraciones, viáticos, honorarios\n y gastos de viaje bienes y servicios de consumo para inversión,\n transferencias para inversión o activos de larga duración.\n De ser necesarios estos gastos para ejecutar obras públicas\n financiadas con donaciones del impuesto a la renta, deberán\n cubrirse con cargo a los otros ingresos de la institución.
Art. 2.- Del porcentaje total de la donación,\n el 65% será transferido al municipio o a los municipios\n o al consejo provincial o a los consejos provinciales que el\n donante así lo señale. Del 35% restante constituirá\n un fondo que será distribuido y transferido a los restantes\n municipios y consejos provinciales en los términos que\n establece la Constitución Política de la República,\n excepto para los municipios de Quito y Guayaquil; y, para los\n consejos provinciales de Pichincha y Guayas.
Los recursos a los que hace referencia este artículo\n estarán sujetos a los propósitos y limitaciones\n establecidos en el artículo 1 de esta ley.
Art. 3.- PERIODO DE LAS DONACIONES.- Las donaciones\n establecidas en la presente ley se podrán realizar hasta\n 30 días antes del día en que corresponda a los\n contribuyentes realizar la correspondiente declaración\n anual del impuesto a la renta.
La mora en el pago de los anticipos o en la presentación\n de las declaraciones del impuesto a la renta, no afectará\n el derecho de las entidades beneficiarias de las donaciones.\n El Servicio de Rentas Internas efectuará la liquidación\n de los pagos y declaraciones tardías, dentro de los 15\n días posteriores a la fecha en que se hayan efectuado,\n y comunicará de inmediato al Ministerio de Economía\n y Finanzas para que efectúe la transferencia a favor del\n beneficiario.
Art. 4.- LIQUIDACION Y PAGO.- El Servicio de Rentas\n Internas dentro de los 15 días posteriores a los meses\n en que deben efectuarse los pagos de los anticipos del impuesto\n a la renta y/o las declaraciones respectivas, deberá efectuar\n las liquidaciones que corresponden para determinar el valor que\n se debe transferir· a los beneficiarios de las donaciones\n y notificará al Ministerio de Economía y Finanzas\n para que de inmediato efectúe la transferencia de fondos\n a los beneficia-rios, en forma automática y sin ningún\n trámite administrativo.
Art. 5.- MECANISMOS PARA LAS DONACIONES.- Los contribuyentes\n expresarán su decisión de realizar donaciones a\n uno o varios de los municipios o consejos provinciales del país\n hasta el total del porcentaje previsto por el artículo\n 1 de esta ley, a través de una carta o comunicación\n dirigida al Servicio de Rentas Internas, con copia al o a los\n respectivos beneficiarios; incluso a través de los mecanismos\n establecidos en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas\n Electrónicas y Mensajes de Datos. En todo caso los procedimientos\n y mecanismos para la donación se ajustarán a lo\n previsto en el artículo 50 de la Ley de Régimen\n Tributario Interno, en las correspondientes normas de su Reglamento\n y en las que para el efecto defina el Servicio de Rentas Internas,\n SRI.
Art. 6.- CUENTAS ESPECIALES.- Los recursos que obtengan\n los municipios y consejos provinciales por la aplicación\n de la presente ley se depositarán, el 65% al que hace\n referencia el artículo 2 de esta ley, en una cuenta corriente\n especial en el Banco Central del Ecuador, denominada "Ley\n de Participación en el Impuesto a la Renta", y el\n restante 35%, en otra cuenta denominada "Fondo de Participación\n Municipal y Provincial" igualmente abierta en el Banco Central\n del Ecuador, contra las cuales podrán girarse exclusivamente\n para pagar el valor de los contratos de obra pública o\n de otra modalidad jurídica para asegurar la utilización\n de dichos recursos para los fines previstos en la presente ley.
En ningún caso los recursos obtenidos por la aplicación\n dé la presente ley serán imputables a otros ingresos\n de dichos organismos nacidos en otras leyes.
Art. 7.- PUBLICACIONES.- Hasta el 31 de marzo de cada\n año, las entidades que hubieren recibido donaciones con\n cargo al impuesto a la renta del donante, rendirán cuentas\n del uso y empleo de los valores recibidos, mediante la publicación\n en un medio de comunicación impreso de mayor circulación\n en su jurisdicción, de la siguiente información:
a)	Nombre de los donantes y monto individualizado de la donación,\n domicilio fiscal del donante;
b)	Breve descripción de cada obra ejecutada y concluida\n en el año al que se refiera el informe, costo total, nombre\n de el o los contratistas, valor de el o los contratos;
c)	Breve descripción individualizada de las obras en\n ejecución no terminadas en el período que cubre\n el informe, porcentaje ejecutado, valores desembolsados, nombre\n de el o los contratistas, valor de el o los contratos; y,
d)	Valor total recibido en el año, valor gastado, saldo\n para el siguiente ejercicio.
El incumplimiento de esta norma, será causa suficiente\n para que el Servicio de Rentas Internas, terminado un período\n de gracia de 15 días, suspenda la transferencia de los\n fondos provenientes de las donaciones realizadas en virtud de\n esta ley, hasta cuando la publicación sea hecha.
Primera.- El Distrito Metropolitano de Quito podrá\n también destinar para los fines establecidos en el artículo\n 1 de la presente ley los recursos que obtiene de la aplicación\n de la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley de Reforma\n Tributaria, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No.\n 325 de 14 de mayo del 2001, a partir de la expedición\n de la presente ley.
El I. Municipio de Quito tendrá derecho a beneficiarse\n exclusivamente de las donaciones a las que hace referencia la\n Cuarta Disposición Transitoria de la Ley de Reforma Tributaria\n anotada.
Segunda.- Las donaciones que se efectúen en beneficio\n del Distrito Metropolitano de Quito por la aplicación\n la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley de Reforma\n Tributaria, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No.\n 325 de 14 de mayo del 2001, no estarán sujetas a las disposiciones\n contenidas en el artículo 2 de esta ley.
Dada, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n en la sala de sesiones del Pleno del Congreso Nacional del Ecuador\n a los trece días del mes de noviembre del año dos\n mil dos.
Palacio Nacional, en Quito, a veinte y uno de noviembre del\n dos mil dos.
No. 0941-C
Que el Art. 8 de la Ley de Creación del Servicio de\n Rentas Internas, otorga la facultad indelegable a esta Dirección\n General para expedir resoluciones, circulares o disposiciones\n de carácter general y obligatorio, necesarias para la\n aplicación de las normas legales y reglamentarias;
Que es obligación del Servicio de Rentas Internas velar\n por una eficaz aplicación de las disposiciones del Decreto\n Ejecutivo No. 3055 que contiene el Reglamento de Facturación\n y de Comprobantes de Retención, publicado en el Registro\n Oficial No. 679 de 8 de octubre del 2002, de manera que permitan\n un fluido desarrollo de las relaciones comerciales surgidas entre\n los sujetos pasivos de los tributos;
Que varios agentes de retención de tributos han solicitado\n al Servicio de Rentas Internas una prórroga en la aplicación\n de las disposiciones, que sobre comprobantes de retención\n contiene el Decreto Ejecutivo No. 3055, pues cuentan con un considerable\n inventario de comprobantes impresos según la anterior\n normativa;
Y en uso de sus facultades legales,
Art. 1.- De conformidad con lo dispuesto en el primer\n inciso del Art. 11 del Reglamento de Comprobantes de Venta y\n Retención, las personas naturales que llevan contabilidad\n y se encuentran obligadas a actuar como agentes de retención\n de impuestos, se hallan facultadas para emitir liquidaciones\n de compras de bienes y servicios.
Art. 2.- Los comprobantes de venta impresos de conformidad\n con las disposiciones del anterior Reglamento de Facturación,\n tendrán validez durante el plazo señalado en los\n mismos. Sin embargo, en el caso de comprobantes de venta que\n emitan los contribuyentes especiales, de manera obligatoria deberán\n incorporar, mediante cualquier mecanismo, la leyenda "contribuyente\n especial" junto con el número de la resolución\n por medio de la cual se les otorgó tal calidad.
Art. 3.- La numeración preimpresa que deben\n contener los comprobantes de retención, según lo\n previsto en el literal b) del numeral 5) del Art. 37 del Reglamento\n de Comprobantes de Venta y Retención, comenzará\n con los dígitos 001 y aumentará secuencialmente,\n en función de los puntos de emisión de comprobantes\n de retención que existan dentro de un mismo establecimiento\n del sujeto pasivo.
Art. 4.- Las disposiciones para los comprobantes de\n retención dispuestas en el Decreto Ejecutivo No. 3055\n y en las resoluciones dictadas para el efecto, se aplicarán\n a partir del 1 de enero del 2003.
f.) Ing. Patricia Carrera R., Directora General del Servicio\n de Rentas Internas, Enc.
SRI.- Es fiel copia del original.- Lo certifico.- f.) Dra.\n Alba Molina P., Secretaria General.
Que el Art. 8 de la Ley 41 de Creación del Servicio\n de Rentas Internas, dispone que su Director General expedirá\n resoluciones, circulares o disposiciones de carácter general\n y obligatorio, necesarias para la aplicación de las normas\n legales y reglamentarias;
Que los artículos 75, 120, 131 y 192 del Reglamento\n para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario\n Interno y sus reformas, publicado en el Suplemento del Registro\n Oficial No. 484 el 31 de diciembre del 2001, establece que la\n declaración del impuesto a la renta, impuesto al valor\n agregado e impuesto a los consumos especiales se efectuarán\n en la forma y medios que determine el Servicio de Rentas Internas;
Que el artículo 2 de la Resolución No. 2394,\n expedida por la Dirección General de Rentas del Ministerio\n de Finanzas y Crédito Público el 15 de mayo de\n 1996 y publicada en el Registro Oficial No. 960 con fecha 5 de\n junio de 1996, establece que los contribuyentes especiales deberán\n declarar y pagar, tanto el IVA causado en su calidad de sujeto\n pasivo del IVA, como el IVA retenido en condición de agente\n de retención en forma separada, un formulario para cada\n una de las formas de declaración y pago citadas;
Que el artículo 3 de la resolución antes mencionada,\n dispone que los contribuyentes especiales que deban cancelar\n alguna obligación utilizando el recibo múltiple\n de pago, deberán solicitar su emisión al área\n de recaudación de la unidad operativa de control en la\n Administración Tributaria;
Que es deber de la Administración Tributaria, facilitar\n a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias\n y deberes formales; y,
En uso de las atribuciones legales de las que se halla investida,
Artículo 1.- A partir del mes de diciembre del\n presente año, los contribuyentes especiales presentarán\n sus declaraciones del impuesto al valor agregado, tanto en calidad\n de agentes de percepción como de retención, en\n el medio magnético establecido para tal efecto por el\n Servicio de Rentas Internas, con el respaldo impreso que se ha\n definido para tal propósito.
Artículo 2.- Desde el mes de enero del ejercicio\n económico 2003, los contribuyentes especiales podrán\n cancelar sus deudas utilizando el formulario 106A "Pago\n de Deudas y multas Tributarias" sin solicitar su emisión\n en las unidades operativas del Servicio de Rentas Internas.
Artículo 3.- Derógase los artículos\n 2 y 3 de la Resolución No. 02394, publicada en el Registro\n Oficial No. 960 de 5 de junio de 1996.
Dado en el despacho de la Dirección Nacional del Servicio\n de Rentas Internas, en la ciudad de Quito, a 27 de noviembre\n del 2002.- Comuníquese y publíquese.
Proveyó y firmó la resolución que antecede\n la Econ. Elsa de Mena, Directora General del Servicio de Rentas\n Internas, en Quito a, 27 de noviembre del 2002.- Lo certifico.
f.) Dra. Alba Molina, Secretaria General del Servicio de Rentas\n Internas.
No. SBS-DN-2002-0868
Que según lo dispuesto en el artículo 3, de\n la Sección I "Definiciones, requisitos, incompatibilidades\n y registro", del Capítulo II "Normas para la\n calificación y registro de peritos avaluadores",\n del Subtitulo IV "De las garantías adecuadas",\n del Título VII "De los activos y límites de\n crédito" de la Codificación de Resoluciones\n de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria,\n corresponde a la Superintendencia de Bancos y Seguros calificar\n la idoneidad y experiencia del perito avaluador;
Que el señor César Humberto Rodríguez\n Sorroza, ha presentado la solicitud y documentación respectivas\n para su calificación como perito avaluador, las que reúnen\n los requisitos exigidos en las normas reglamentarias pertinentes;
Que con memorando No. DCR-CC-2002-0023 de 9 de septiembre\n del 2002, el Director de Consultas y Reclamos de esta Superintendencia,\n informa que revisadas las bases de datos de la central de riesgos,\n cuentas corrientes cerradas y cheques protestados, el señor\n César Humberto Rodríguez Sorroza no ha sido reportado\n con hechos negativos por las instituciones del sistema financiero;\n y,
ARTICULO 1.- Calificar al señor César Humberto\n Rodríguez Sorroza, portador de la cédula de ciudadanía\n No. 090791185-3, para que pueda desempeñarse como perito\n avaluador en las instituciones del sistema financiero que se\n encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos y\n Seguros.
ARTICULO 2.- Disponer que se incluya la presente resolución\n en el Registro de Peritos Avaluadores, se le asigne el número\n de registro No. PA-2002-322 y se comunique del particular a la\n Superintendencia de Compañías.
Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.-\n Dada en la Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito, Distrito\n Metropolitano, el dieciocho de noviembre del dos mil dos.
Lo certifico.- Quito, Distrito Metropolitano, el dieciocho\n de noviembre del dos mil dos.- f.) Lic. Pablo Cobo Luna, Secretario\n General.
Superintendencia de Bancos.- Es fiel copia, lo certifico.-\n f.) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Secretario General.- 20 de noviembre\n del 2002.
No. SBS-DN-2002-0869
Que el señor José Antonio González Guevara,\n ha presentado la solicitud y documentación respectivas\n para su calificación como auditor interno, las que reúnen\n los requisitos exigidos en las normas reglamentarias pertinentes;
Que con memorando No. DGGI-DCR-2002-443 de 11 de julio del\n 2002, el Director de Central de Riesgos de esta Superintendencia,\n informa que revisadas las bases de datos de la central de riesgos,\n cuentas corrientes cerradas y cheques protestados, el señor\n José Antonio González Guevara no ha sido reportado\n con hechos negativos por las instituciones del sistema financiero;\n y,
ARTICULO 1.- Calificar al señor José Antonio\n González Guevara, portador de la cédula de ciudadanía\n No. 170103006-4, para que pueda desempeñarse como auditor\n interno en las instituciones del sistema financiero que se encuentran\n bajo el control de esta Superintendencia de Bancos y Seguros.
No. SBS-DN-2002-0870
Que según lo dispuesto en el artículo 3, de\n la Sección 1 "Definiciones, requisitos, incompatibilidades\n y registro", del Capítulo II "Normas para la\n calificación y registro de peritos avaluadores",\n del Subtítulo IV "De las garantías adecuadas",\n del Título VII "De los activos y limites de crédito"\n de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia\n de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, corresponde a la\n Superintendencia de Bancos y Seguros calificar la idoneidad y\n experiencia del perito avaluador;
Que la señora Loida Eunice Vélez Cueva, ha presentado\n la solicitud y documentación respectivas para su calificación\n como perito avaluador, las que reúnen los requisitos exigidos\n en las normas reglamentarias pertinentes;
Que con memorando No. DCR-CC-2002-0045 de 2 de octubre del\n 2002, el Director de Consultas y Reclamos de esta Superintendencia,\n informa que revisadas las bases de datos de la central de riesgos,\n cuentas corrientes cerradas y cheques protestados, el señora\n Loida Eunice Vélez Cueva no ha sido reportada con hechos\n negativos por las instituciones del sistema financiero; y,
ARTICULO 1.- Calificar a la señora Loida Eunice Vélez\n Cueva, portadora de la cédula de ciudadanía No.\n 070292241-0, para que pueda desempeñarse como perito avaluador\n en las instituciones del sistema financiero que se encuentran\n bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros.
ARTICULO 2.- Disponer que se incluya la presente resolución\n en el Registro de Peritos Avaluadores, se le asigne el número\n de registro No. PA-2002-323 y se comunique del particular a la\n Superintendencia de Compañías.
No. SBS-DN-2002-0871
Que según lo dispuesto en el artículo 3, de\n la Sección I "Definiciones, requisitos, incompatibilidades\n y registro", del Capítulo II "Normas para la\n calificación y registro de peritos avaluadores",\n del Subtítulo IV "De las garantías adecuadas",\n del Título VII "De los activos y limites de crédito"\n de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia\n de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, corresponde a la\n Superintendencia de Bancos y Seguros calificar la idoneidad y\n experiencia del perito avaluador;
Que la Compañía "A VARGAS ZÚÑIGA\n & ASSOCIATES" SA., a través de su representante\n legal ha presentado la solicitud y documentación respectivas\n para su calificación como perito avaluador, las que reúnen\n los requisitos exigidos en las normas reglamentarias pertinentes;
Que con memorando No. DCR-CC-2002-0053 de 14 de octubre del\n 2002, el Director de Consultas y Reclamos de esta Superintendencia,\n informa que revisadas las bases de datos de la central de riesgos,\n cuentas corrientes cerradas y cheques protestados, la Compañía\n "A VARGAS ZUÑIGA & ASSOCIATES" S.A. no ha\n sido reportada con hechos negativos por las instituciones del\n sistema financiero; y,
ARTICULO 1.- Calificar a la Compañía "A\n VARGAS ZUÑIGA & ASSOCIATES" SA., con registro\n único de contribuyentes No. 0992166118001, para que pueda\n desempeñarse como perito avaluador en las instituciones\n del sistema financiero que se encuentran bajo el control de la\n Superintendencia de Bancos y Seguros.
ARTICULO 2.- Disponer que se incluya la presente resolución\n en el Registro de Peritos Avaluadores, se le asigne el número\n de registro No. PA-2002-324 y se comunique del particular a la\n Superintendencia de Compañías.
Lo certifico.- Quito. Distrito Metropolitano, el dieciocho\n de noviembre del dos mil dos.- f.) Lic. Pablo Cobo Luna, Secretario\n General.
No. SBS-DN-2002-0877
Que el señor Marcelo Darwin Argos Egred, ha presentado\n la solicitud y documentación respectivas para su calificación\n como perito avaluador, las que reúnen los requisitos exigidos\n en las normas reglamentarias pertinentes;
Que con memorando No. DCR-CC-2002-0026 de 10 de septiembre\n del 2002, el Director de Consultas y Reclamos de esta Superintendencia,\n informa que revisadas las bases de datos de la central de riesgos,\n cuentas corrientes cerradas y cheques protestados, el señor\n Marcelo Darwin Arcos Egred no ha sido reportado con hechos negativos\n por las instituciones del sistema financiero; y,
ARTICULO 1.- Calificar al señor Marcelo Darwin Arcos\n Egred, portador de la cédula de ciudadanía No.\n 090090919-3, para que pueda desempeñarse como perito avaluador\n marítimo en los bancos privados y sociedades financieras,\n que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos\n y Seguros.
ARTICULO 2.- Disponer que se incluya la presente resolución\n en el registro de peritos avaluadores, se le asigne el número\n de registro No. PA-2002-325 y se comunique del particular a la\n Superintendencia de Compañías.
Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.-\n Dada en la Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito, Distrito\n Metropolitano, el veintidós de noviembre del dos mil dos.
Lo certifico.- Quito, Distrito Metropolitano, el veintidós\n de noviembre del dos mil dos.- f.) Lic. Pablo Cobo Luna, Secretario\n General.
Superintendencia de Bancos.- Es fiel copia, lo certifico.-\n f.) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Secretario General.- 22 de noviembre\n del 2002.
No. SBS-DN-2002-0879
Que según lo dispuesto en el artículo 3, de\n la Sección 1 '~Definiciones, requisitos, incompatibilidades\n y registro", del Capítulo II '~Normas para la calificación\n y registro de peritos avaluadores", del Subtítulo\n IV "De las garantías adecuadas", del Título\n VII "De los activos y límites de crédito"\n de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia\n de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, corresponde a la\n Superintendencia de Bancos y Seguros calificar la idoneidad y\n experiencia del perito avaluador;
Que el señor Galo Rolando Granja Terán, ha presentado\n la solicitud y documentación respectivas para su calificación\n como perito avaluador, las que reúnen los requisitos exigidos\n en las normas reglamentarias pertinentes;
Que a la fecha de expedición de esta resolución,\n el señor Galo Rolando Granja Terán no registra\n hechos negativos relacionados con central de riesgos, cuentas\n corrientes cerradas y cheques protestados; y,
ARTICULO 1.- Calificar al señor Galo Rolando Granja\n Terán, portador de la cédula de ciudadanía\n No. 170 104482-6, para que pueda desempeñarse como perito\n avaluador en las instituciones del sistema financiero que se\n encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos y\n Seguros.
ARTICULO 2.- Disponer que se incluya la presente resolución\n en el registro de peritos avaluadores, se le asigne el número\n de registro No. PA-2002-326 y se comunique del particular a la\n Superintendencia de Compañías.
Lo certifico.- Quito, Distrito Metropolitano, el veintidós\n de noviembre del dos mil dos.-
\n f.) Lic. Pablo Cobo Luna, Secretario General.
Superintendencia, de Bancos.- Es fiel copia, lo certifico.-\n f.) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Secretario General.- 22 de noviembre\n del 2002.
Quito, a 21 de agosto del 2002; las\n 11h00.
VISTOS (46-02): El economista Patricio Llerena Torres en su\n calidad de Director General (e) del Instituto Ecuatoriano de\n Seguridad Social, interpone recurso de casación contra\n la sentencia dictada el 10 de enero del 2002 por la Segunda Sala\n del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito,\n dentro del juicio seguido por Hilda Piedad Benavides Carrillo.\n Sostiene que se han infringido las siguientes normas de derecho:\n Art. 19, numeral 17, lit. ch). de la Constitución Política\n de la República, vigente a la fecha de la renuncia voluntaria:\n Art. 556 del Código de Trabajo; la solemnidad sustancial\n segunda de los Arts. 355 y 358 del Código de Procedimiento\n Civil; Arts. 1, 5 y 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso\n Administrativa; Arts. 52 y 63 de la Ley de Modernización\n del Estado y Art. 78 de su reglamento. Funda su recurso en la\n causal primera del Art. 3 de la Ley de Casación por aplicación\n indebida de las normas de derecho y en la causal segunda del\n mismo artículo por falta de aplicación de las normas\n procesales. Radicada la competencia de esta Sala para conocer\n y resolver el presente recurso y habiéndose agotado el\n trámite previsto en la ley, para sentencia se considera:\n PRIMERO.- Del análisis de la sentencia recurrida aparece\n que la recurrente interpuso recurso de plena jurisdicción\n o subjetivo impugnando la resolución del Director General\n del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, mediante la cual\n se le negaba la compensación que establece el artículo\n 52 de la Ley de Modernización del Estado, la que a su\n criterio tenía derecho a recibirla por haber presentado\n su renuncia voluntaria. En tanto que la institución demandada\n sostiene que lo que ocurrió es que el organismo en ejercicio\n de su autonomía, aprobó un estímulo económico\n a favor de quienes presentaron su renuncia para jubilarse, por\n lo que comunicó de este hecho a todos los funcionarios\n que podían beneficiarse con el mismo, para que de creerlo\n conveniente, presentaran su renuncia en el correspondiente formulario,\n en el que debían señalar que lo hacían para\n acogerse al beneficio de la jubilación, sin que, por otra\n parte la institución en ningún momento haya aplicado\n el plan que conforme el artículo 52 debía establecer\n cada entidad y organismo para la separación voluntaria\n de sus miembros. SEGUNDO.- Conforme consta de autos, el Consejo\n Superior del IESS aprobó conceder a los funcionarios que\n se separen de la institución para acceder a la jubilación,\n un estímulo (bono), de diez millones de sucres adicionales\n a los derechos establecidos en el contrato colectivo de la entidad\n y totalmente independientes de aquél. Por otra parte,\n a la fecha de la renuncia del demandante, regia el Reglamento\n a la Ley de Modernización, publicada en el Registro Oficial\n No 411 de 31 de marzo de 1994, cuyo Art. 78 imponía a\n todas las entidades del sector público, de manera obligatoria,\n la aprobación de un plan de reducción de personal\n por separación voluntaria. En efecto, dicha norma dispone:\n "Art. 78.- Para efectos de la compensación por separación\n voluntaria, cada entidad u organismo en el plazo máximo\n de sesenta días contados a partir de la fecha de expedición\n del pre