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Timestamp: 2017-08-18 21:59:40
Document Index: 120479137

Matched Legal Cases: ['artículo 342', 'artículo 311', 'artículo 75', 'artículo 75', 'artículo 136', 'artículo 90', 'artículo 75', 'artículo 75', 'artículo 90', 'artículo 40', 'artículo 75']

CE SEC3 EXP1995 N10015 Ambiental, Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>1995 100%
LICENCIA DE EXPLOTACIÓN MINERA / PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE / PARTICIPACION CIUDADANA / ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR / ACCION DE NULIDAD ESPECIAL - Trámite / INTERES GENERAL La Ley 99 antes citada al regular los modos y procedimientos de participación ciudadana, creó fuera de la acción de cumplimiento (arts. 77 y ss), una especial de nulidad contra esos actos administrativos de contenido particular, mediante los cuales “se expide, modifica o cancela un permiso, autorización, concesión o licencia ambiental de una actividad que afecte o pueda afectar el medio ambiente”, tal como lo da a entender al art. 73 del mismo estatuto. Así como cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad de demostrar interés jurídico alguno, tendrá derecho a intervenir en las actuaciones administrativas tendientes a la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividad que afecten o puedan afectar al medio ambiente, según las voces de
CE SEC3 EXP1995 N10042 JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>1995 100%
SENTENCIA DE EXPROPIACION - Improcedencia de desistimiento / REDUCCION DE PREDIO EXPROPIADO - Improcedencia / SENTENCIA EJECUTORIADA / DESISTIMIENTO PARCIAL - Improcedencia El predio expropiado, entonces, no podía ser reducido en la extensión correspondiente a los 41 lotes adjudicados por el Incora, tal como se decidió por el juzgado de conocimiento a petición de éste, las resoluciones mediante las cuales se adjudicaron dichos lotes fueron declaradas nulas por esta corporación como se vio antes, así como los actos por los cuales se declaró baldío todo el predio rural denominado Hacienda Llano Grande; y además, porque estando ejecutoriada la sentencia de expropiación no procedía desistimiento parcial de las pretensiones de la sentencia o renuncia parcial de los efectos de la misma conforme a las previsiones del artículo 342 del C.P.C., ni aclaración a dicción, sólo corrección de errores aritméticos, según el artículo 311 ibídem. &nbs
CE SEC3 EXP1995 N10054 Económico y financiero, Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>1995 100%
ENAJENACIÓN DE INMUEBLES DESTINADOS A VIVIENDA - Inspección y vigilancia / SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES - Competencia / SOCIEDADES FIDUCIARIAS - Inspección y vigilancia / MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - Competencia / SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES - Facultades / QUEJAS / MULTAS / POSESION DE BIENES Y HABERES / FALLA DEL SERVICIO POR OMISION - Inexistencia Ni al Presidente de la República, ni al Ministerio de Desarrollo Económico le estaba asignada directamente la inspección y vigilancia de las actividades relacionadas con la enajenación de inmuebles destinados a vivienda y el otorgamiento de financiación para la adquisición de lotes o viviendas. Estas funciones fueron asignadas desde la vigencia de la Ley 66 de 1968 inicialmente a la Superintendencia Bancaria, y luego, por mandato del Decreto 497 de marzo de 1987, tales funciones de inspección y vigilancia fueron asignadas a la Superintendencia Bancaria con excepción de las socie
CE SEC3 EXP1995 N10129 Económico y financiero, Administrativo, Laboral y seguridad social JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>1995 100%
DICTAMEN PERICIAL - Error grave / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / MULTA - Oportunidad / RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / LIQUIDACION DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE IGUALDAD / PRINCIPIO DE LIBRE COMPETENCIA / EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO / CONTRATO - Modificación / LICITACION - Finalidad Por lo demás, también en torno de esta experiencia cabe señalar que es al juzgador a quien le corresponde calificar el comportamiento de las partes contratantes, así como el cumplimiento de cada una de sus obligaciones, con base desde luego en la información técnica suministrada por los peritos, la que puede no ser coincidente, sin que ello conduzca indefectiblemente a descalificar una peritación por error grave, entendido éste como aquella equivocación que de no haberse presentado, otro hubiera sido el resultado o el sentido del respectivo dictamen. En realidad, si bien no existen coincidencias exactas entre las apreciaciones técnicas contenidas en las distintas experticias pr
CE SEC3 EXP1995 N10266 Económico y financiero, Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>1995 100%
CONTRATO ESTATAL / PROCESO EJECUTIVO / TRIBUNAL ADMINISTRATIVO / CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA - en segunda instancia El conocimiento del proceso ejecutivo previsto por el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, es de competencia, en primera o única instancia, según la cuantía, de los Tribunales Administrativos, puesto que lo pretendido en últimas es la satisfacción de una suma líquida de dinero previamente decretada por la Jurisdicción o que emerge directamente del contrato estatal y demás documentos pertenecientes al mismo. Mal se concluiría al afirmar que el cobro ejecutivo de las cobranzas de créditos originados en contratos estatales, sean de competencia en única instancia del Consejo de Estado, cuando por averiguado se tiene que el proceso de conocimiento, declarativo o de condena tiene su origen en los Tribunales Administrativos y, si la cuantía lo permite, tan solo conocerá en grado de apelación el Consejo de Estado en segunda instancia (numeral 8, art
CE SEC3 EXP1995 N10282 Económico y financiero, Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>1995 100%
FALLA EN EL SERVICIO DEL DATT - Inexistencia / VEHICULO AUTOMOTOR - Matrícula / NEXO CAUSAL - Inexistencia / CULPA DE LA VICTIMA / MATRICULA AUTOMOTRIZ - Trámite No existe fundamento para imputar responsabilidad a la entidad demandada por los perjuicios que dice haber sufrido el demandante, dado que el daño sufrido no le es imputable por cuanto no fue causado por la acción u omisión de uno de sus agentes. En efecto, el DATT de Nariño se limitó a adelantar un trámite de matrícula de un automotor porque para el efecto el interesado allegó toda la documentación que los reglamentos requieren. No se observa en el trámite ninguna falla, o negligencia de la cual puede deducirse responsabilidad en contra de esa entidad. De otro lado, el demandante antes de hacer la negociación debió cerciorarse de la legalidad del automotor que adquiría, trámite que debe adelantarse ante la Sijín, entidad encargada de revisar los automotores y certificar en relación con su procedenc
CE SEC3 EXP1995 N10333 Económico y financiero, Laboral y seguridad social JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>1995 100%
LEGITIMACION EN LA CAUSA POR ACTIVA - Inexistencia / VINCULO MATRIMONIAL / PRUEBA / REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO / PARENTESCO / PERJUICIOS MATERIALES - Reducción / TERCEROS DAMNIFICADOS No se probó la existencia de un vinculo matrimonial y que los documentos eclesiásticos aportados para acreditar el parentesco no son probatoriamente adecuados para hacerlo, por cuanto se refieren a nacimientos posteriores a 1938 cuya prueba se surte a través de las partidas de origen civil. Por lo demás ha sido exigencia de la Sala, reiterada en numerosas providencias, que para acreditar el parentesco extra matrimonial, debe aportarse la fotocopia del registro civil de nacimiento con miras a establecer, entre otras cosas, la fecha de inscripción, el reconocimiento paterno si lo hubo y si también la madre suscribió el acta respectiva. No obstante lo anterior, considera la Sala que existen otros medios probatorios de los cuales se deduce que la pretendida compañera y sus
CE SEC3 EXP1995 N10709 Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>1995 100%
PROCESO EJECUTIVO CONTRACTUAL / COMPETENCIA / JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / TÍTULO EJECUTIVO DE NATURALEZA CONTRACTUAL / JURISDICCIÓN COACTIVA - Improcedencia / AUTO ADMISORIO DE DEMANDA - Inexistencia / MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN La jurisprudencia de la Corporación, con apoyo en el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, ha venido sosteniendo que los procesos de ejecución, cuyo título provenga de un contrato estatal, son del conocimiento de la jurisdicción administrativa. No es del todo cierto que todo título ejecutivo a favor del Estado sea del conocimiento exclusivo de la jurisdicción coactiva. Y no lo es porque existen títulos, como los de origen contractual, que se deben ventilar ante la jurisdicción administrativa por el procedimiento ejecutivo regulado en los artículos 497 y ss; y porque, además, existen otros que se hacen valer por la vía del procedimiento administrativo coactivo ante la misma administración. No todo título ejecutivo a favor
CE SEC3 EXP1995 N10823 JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>1995 100%
FALLA DEL SERVICIO VIAL - Falta de señalización en zona de derrumbes / RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION - Negligencia Quedó bien demostrado con los distintos medios de convicción que obran en el informativo, que las entidades demandadas, son solidariamente responsables por la muerte, que se produjo al quedar atrapada en medio de diversas clases de materiales que se desprendieron de lo alto de la montaña que circunda el sitio conocido como Puente Murallas, localizado en la vía que conduce de la ciudad de Pasto a la de Mocoa. Y resulta procedente deducirle responsabilidad a la administración por los hechos que se le imputan, pues obró con negligencia al no instalar las señales que advirtieran sobre el riesgo y al permitir que particulares y vehículos transitaran por el área de la tragedia, sobre todo, cuando las condiciones geológicas, el mal tiempo reinante y los peligros de trabajo que adelantaban para despejar la vía, hacía aconsejable la aplicación de
CE SEC3 EXP1995 N10966 Administrativo, Laboral y seguridad social JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>1995 100%
ACCIÓN DE REPETICIÓN - Cómputo del término de caducidad / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN - Cómputo del Término En acciones de repetición, el término a partir del cual se empieza a correr el tiempo de caducidad será el de la fecha del pago hecho por la entidad pública a favor del funcionario. De esta manera y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 136 del C.C.A., el plazo para efectos de la caducidad vencía el 6 de agosto de 1994 y la demanda se presentó el 22 de febrero de 1995, habiendo transcurrido más de dos (2) años del término que la ley otorga para ejercitar este tipo de acciones CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA Consejero ponente: JUAN DE DIOS MONTES HERNÁNDEZ Santa Fe de Bogotá, D.C., catorce (14) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995) Radicación número: 10966 Actor: Gobernador del Huila Demandad
CE SEC3 EXP1995 N10971 JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>1995 100%
AUTO QUE APRUEBA LA CONCILIACIÓN - Recurso de Apelación / TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - Competencia / CONCILIACIÓN JUDICIAL - Efectos / CONCILIACIÓN PREJUDICIAL - Efectos / CONCILIACIÓN ENTRE ENTIDADES ESTATALES - Improcedencia / LEY EN EL TIEMPO - Aplicación Ha sido jurisprudencia reiterada de esta Corporación, la apelabilidad del auto que decide sobre la aprobación de la conciliación, trátese de la prejudicial reglamentada por la ley 23 de 1991, o de la judicial contemplada en el Dto. 2651 del mismo año. Si bien es cierto que la Ley 23 de 1991 señala la irrecurribilidad de la decisión que se tome en relación con la aprobación de la conciliación y el Dto. 2651 nada dice al respecto, la Sala encuentra que esa decisión es apelable y que además debe ser proferida por el Tribunal en pleno o por la sección correspondiente cuando se trate de tribunales divididos en éstas. La decisión frente a la aprobación de la conciliación está íntimamente relacionada con la terminación
CE SEC3 EXP1995 N10993 JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>1995 100%
LLAMAMIENTO EN GARANTÍA - Requisitos / DOLO - Demostración / CULPA GRAVE - Demostración No es suficiente para llamar en garantía. a las luces del artículo 90 de la Constitución Política, hacer la citación de una persona sin explicar las razones de hecho y los fundamentos jurídicos que permiten formular la denuncia respectiva o hacer el llamamiento en garantía, sino que, por el contrario se requiere indispensablemente determinar cuál fue la actuación, dolosa o gravemente culposa del funcionario, que se constituyó en la causa de la responsabilidad reclamada contra el ente oficial. Esto con el fin de garantizarles a los servidores públicos o terceros vinculados al proceso una adecuada defensa. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA Consejero ponente: DANIEL SUÁREZ HERNÁNDEZ Santa Fe de Bogotá, D.C., diecisiete (17) agosto de mil novecientos noventa y cinco (1995)
CE SEC3 EXP1995 N11078 Económico y financiero JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>1995 100%
PROCESO EJECUTIVO CONTRACTUAL - Competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa / TRIBUNAL ADMINISTRATIVO La Sala reitera que el conocimiento del proceso ejecutivo previsto por el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, es de competencia, en primera o única instancia, según la cuantía, de los Tribunales Administrativos, puesto que lo pretendido en últimas es la satisfacción de una suma liquida de dinero previamente decretada por la jurisdicción o que emerge directamente del contrato estatal y demás documentos pertenecientes al mismo. Mal se concluiría al afirmar que el cobro ejecutivo de las cobranzas de créditos originados en contratos estatales, sean de competencia en única instancia del Consejo de Estado, cuando por averiguado se tiene que el proceso de conocimiento, declarativo o de condena tiene su origen en los Tribunales Administrativos y, si la cuantía lo permite, tan solo conocerá en grado de apelación el Consejo de Estado en segunda instancia
CE SEC3 EXP1995 N11203 JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>1995 100%
CONTRATO ESTATAL - Controversias de carácter ejecutivo / PROCESO EJECUTIVO - Trámite / LEY DE CONTRATACION - Aplicación El artículo 75 de la Ley 80 de 1993 determinó que las controversias de carácter ejecutivo, originadas en CONTRATOS ESTATALES, serán del conocimiento de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa. Nada dijo sobre juez competente ni trámite especial por seguir. Por ello esta Sección ha indicado que los factores determinantes de la competencia, tales como territorio y cuantía habrán de ser tenidos en cuenta para deducir aquella. El punto relacionado con el trámite también se ha dicho que habrá de serlo el previsto para el proceso ejecutivo de mayor cuantía de que tratan los artículos 488 y ss. del C. de P. C. OBLIGACION CLARA, EXPRESA Y EXIGIBLE - Concepto Bien sabido es que habrá lugar al cobro ejecutivo de créditos contenidos en documentos auténticos, provenientes del deudor o de su causante, que contengan obligaciones
CE SEC3 EXP1995 N11233 JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>1995 100%
CONCILIACION JUDICIAL - Efectos frente al llamado en garantía / LLAMAMIENTO EN GARANTIA - Efectos de la Conciliación frente al llamado / PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL - Continuación del proceso trámite con el llamado en garantía después de conciliación entre las partes En forma reiterada se ha sostenido que bien puede llevarse a cabo la conciliación de las pretensiones de la relación principal, esto es, la de demandante - demandado, con el consecuencial efecto de cosa juzgada, para continuar el proceso con la segunda relación, es decir, la de la parte demandada y el llamado en garantía y definir esta última mediante sentencia que dé lugar a la acción de repetición prevista en el segundo inciso del artículo 90 de la C.P. Se ha dicho igualmente que tal solución desde el punto de vista de la descongestión de los despachos judiciales le evita a la entidad demandada la iniciación de un nuevo proceso en ejercicio de la acción de repetición, a más de facilitar el de
CE SEC3 EXP1995 N11310 Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>1995 100%
CONTRATO ESTATAL - Controversia contractual / JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - Competencia controversias contractuales / LEY DE CONTRATACION - Aplicación La norma relacionada con competencia, es una norma de aplicación, inmediata a su entrada en vigencia, sin importar que se trate de aplicarla en relación con un contrato celebrado en vigencia del Decreto 222 de 1983. Esta conclusión se desprende de la aplicación del artículo 40 de la Ley 153 de 1887. La competencia para conocer de las controversias derivadas de ese contrato, cuando ellas son planteadas ante la jurisdicción después de haber entrado en vigencia el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, sin importar la clasificación que se le dé al contrato. La Ley 80 de 1993 unificó en una sola categoría que denominó “contrato estatal”, a todos los contratos celebrados por una entidad estatal, eliminó todas las distinciones que le fueron propias al D
CE SEC3 EXP1995 N4094 Económico y financiero, Administrativo, Comercial JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>1995 100%
ACCIONES CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS - Causa / ACCION DE REPARACION DIRECTA - Procedencia / RESPONSABILIDAD POR EL HECHO DE LA LEY / RESPONSABILIDAD POR LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA / PRINCIPIO DE IGUALDAD Las acciones contencioso administrativas de resarcimiento (tomando el concepto en sentido genérico) están vinculadas a la fuente u origen de la lesión del derecho que se dice conculcado. Vinculación que no le permite al accionante escoger a su arbitrio la vía a seguir. Así, si el daño lo produce el acto administrativo, la acción será de nulidad y restablecimiento; si tiene origen en un hecho, omisión u operación administrativa, será de reparación directa; y si proviene de un contrato, la acción deberá ser contractual. Esta, es a grandes rasgos, la orientación jurisprudenci
CE SEC3 EXP1995 N4312 Comercial JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>1995 100%
COMPAÑIA ASEGURADORA / LEGITIMACION EN LA CAUSA POR ACTIVA La Sociedad “Compañía Mundial de Seguros S.A.” demostró su vocación hacia la reivindicación de los derechos adquiridos en el pasado por las firmas comerciales “Transcolombiana de Aviación S.A. Tavina” y “Embraer Bandeirante” con ocasión del accidentado suceso del 29 de mayo de 1982, pues pagó el precio de la aeronave, en cumplimiento de sus obligaciones adquiridas con las anteriores firmas comerciales debido a la suscripción del contrato de seguro de aviación AV-00427, vigente el día en que se produjo el siniestro. Quienes recibieron el pago TAVINA, y EMBRAER, eran los llamados por el Decreto Administrativo para adelantar el juicio de responsabilidad, pero al serles colmadas sus aspiraciones por la Cía. Mundial de Seguros, esta última se subrogó ipso jure en los derechos de los anteriores y con ello quedó justificado el interés para la acción. FALLA AL SERVICIO DE CONTROL AEREO / FALLA DEL
CE SEC3 EXP1995 N4312a Comercial JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>1995 100%
COMPAÑÍA ASEGURADORA / LEGIMITACIÓN EN LA CAUSA POR AC­TIVA La Sociedad "Compañía Mundial de Seguros S.A." demostró su vocación hacia la reivindicación de los derechos adquiridos en el pasado por las firmas comerciales "Transcolombiana de Aviación S.A. Tavina y Embraer Bandeirante" con ocasión del accidentado suceso del 29 de mayo de 1982, pues pagó el precio de la aeronave, en cumplimiento de sus obligaciones adquiridas con las anteriores firmas comerciales debido a la suscripción del contrato de seguro de aviación AV-00427, vigente el día en que se produjo el siniestro. Quienes recibieron el pago TAVINA, Y EMBRAER, eran los llamados por el Decreto Administrativo para adelantar el juicio de responsabilidad, pero al serles colmadas sus aspiraciones por la Cia. Mundial de Seguros, esta última se subrogó ipso jure en los derechos de los anteriores y con ello quedó justificado el interés para la acción. FALLA AL SERVICIO DE CONT
CE SEC3 EXP1995 N5767 Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>1995 100%
INDEBIDA ACUMULACION DE PRETENSIONES - Improcedencia / ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO / COSTAS - Improcedencia Sin recurrir a un excesivo e inadmisible rigorismo, se concluye que las súplicas del libelo inicial antes que inconexas son plenamente compatibles entre sí: la primera, se compagina bien con la naturaleza de la acción, pues de la revisión puede darse el anulatorio deprecado; la segunda, si se interpreta correctamente, es apenas consecuencia de la primera, ya que el particular que obtiene éxito puede lograr que se le restablezca el derecho que estima conculcado a través de la cancelación de las anotaciones hechas a iniciativa del Incora en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente: la tercera no es incompatible con estos procesos ya que eventualmente el particular vencido en la litis bien podría ser condenado al pago de costas a su cargo de la administración, ese pedimento no constituye una indebida acumulación de pretensiones y simplemente debe ser de