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Timestamp: 2018-06-19 13:39:33
Document Index: 384928618

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 20', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 20', 'Artículo 20', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 45', 'artículo 5', 'artículo 16']

DICTAMEN JURIDICO SOBRE LA VALIDEZ DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN FORMATO ELECTRÓNICO EN EL ÁMBITO NORMATIVO DE LA SEGURIDAD PRIVADA - PDF
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María Dolores Castilla Gallego
1 DICTAMEN JURIDICO SOBRE LA VALIDEZ DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN FORMATO ELECTRÓNICO EN EL ÁMBITO NORMATIVO DE LA SEGURIDAD PRIVADA 1. CUESTION OBJETO DE LA PRESENTE CONSULTA Se somete a mi mejor criterio, consulta acerca de las exigencias formales impuestas en el ámbito de la seguridad privada a las empresas de seguridad para cumplimiento del artículo 6 de la vigente Ley 23/92 de Seguridad Privada relativo a los contratos de servicios de seguridad y su precepto de desarrollo, artículo 20 del RD 2364/94 por el que sea aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, tras la entrada en vigor de la Ley 34/2002 de 11 de Julio sobre Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, así como de forma particular por la Orden del Ministerio de Interior 314/2011 de 1 de febrero sobre las Empresas de Seguridad Privada. De manera concreta, es objeto de pronunciamiento la validez y eficacia del contrato electrónico en el ámbito administrativo de la Seguridad Privada a los efectos de su entrega por la Empresa de Seguridad ante requerimiento u oficio de las autoridades policiales de supervisión y control, sin que entre en modo alguno a valorar la validez del contrato electrónico con firma o certificado digital, frente a otras autoridades administrativas u Ordenes jurisdiccionales. Deseo destacar a los efectos de futuros desarrollos doctrinales, que en la fecha de redacción del presente Dictamen se encuentran en fase de estudio y elaboración dos proyectos normativos dentro del marco regulatorio de la Seguridad Privada que apuestan por la Administración Electrónica en las relaciones de las Empresas y usuarios de servicios de seguridad con la Seguridad Pública. 2. NORMATIVA ANALIZADA SOBRE EL PARTICULAR Ley 23/92 de Seguridad Privada de 30 de julio. Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada. Orden del Ministerio de Interior 314/2011 de 1 de febrero sobre Empresas de Seguridad Privada.
2 Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los servicios públicos. Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre, por el que se regula la contratación telefónica o electrónica con condiciones generales en desarrollo del artículo 5.3 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, de condiciones generales de la contratación. Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico. 3. CONCLUSIONES SOBRE LA CUESTION PLANTEADA Con carácter general, teniendo en cuenta lo establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 1983, en cuanto a que en la interpretación de las normas no ha de atenderse tanto a la observancia estricta y literal de precepto legal como a su indudable espíritu, recto sentido y verdadera finalidad, ya que las normas jurídicas deben responder a los fines supremos de justicia, libertad e igualdad-artículo 1 de la Constitución Española-, que únicamente han de considerarse cumplidos, cuando los preceptos se aplican en forma tal que permitan, en aplicación de una adecuada y justa flexibilidad de criterio, acomodarse a las circunstancias del caso, y que cuando se comprueba que la aplicación meramente literal de las disposiciones lleva consigo resultados prácticos desproporcionados o contradictorios, la misma ha de ser desechada. En lo que lo es objeto de este dictamen respecto al contrato de servicios de seguridad privada, conviene expresar que el articulo 6 de la Ley de Seguridad Privada establece de forma clara, que los contratos de los distintos servicios de seguridad deberán en todo caso consignarse por escrito con arreglo a modelo oficial y comunicarse al Ministerio de Interior con una antelación mínima de tres días a la iniciación de tales servicios.
3 Por consiguiente dicho articulo impone a la Empresa de Seguridad dos obligaciones formales o limitaciones a nivel contractual que son diferentes e independientes: Una: Que el contrato de servicios de seguridad deberá consignarse por escrito. Dos: Que con carácter previo a formalizarse dicho contrato por escrito con el cliente usuario de los servicios de seguridad, la Empresa de Seguridad deberá proceder a la comunicación de su celebración ante el Ministerio de Interior. En el mismo sentido se pronuncia el artículo 20 del Reglamento de Seguridad Privada cuando en su apartado 1 exigiendo a las Empresas de Seguridad la obligación de comunicación del contrato de servicios de seguridad con un contenido y plazo específico previo a su celebración. Por supuesto informo que el formato de contrato y de la comunicación que será por siempre por escrito, viene determinado por el Ministerio de Interior según se dispone en el apartado 2 del mismo artículo. Conviene recordar que a fecha del presente documento la comunicación de los contratos por las Empresas se realiza en formato electrónico a través de la sede electrónica creada por el Ministerio de Interior (Dirección General de la Policia) a tal efecto para mejor cumplimiento por las Empresa de Seguridad, de la obligación del apartado 1 del Artículo 20 del Reglamento de Seguridad Privada, hoy ratificada por el artículo 17 de la Orden del Ministerio de Interior 314/2011 de 1 de febrero sobre Empresas de Seguridad Privada. Así mismo, deseo expresar dada su relevancia en lo que es objeto de estudio, que el apartado decimoséptimo así como el Anexo IV (Modelo del contrato de servicios de seguridad) de la Orden del Ministerio de Interior de fecha 23 de abril de 1997 por la que se concretan determinados aspectos en materia de empresas de seguridad, ya no resultan de aplicación a las Empresas de Seguridad dichas exigencias, al haber sido derogado por la Disposición Derogatoria Unica de la Orden del Ministerio de Interior 314/2011 de 1 de febrero sobre Empresas de Seguridad.
4 De esta manera, la Orden del Ministerio de Interior 314/2011 ya meritada ahora vigente en su articulo 16 acerca del modelo de contrato, viene a establecer ya no un MODELO DE CONTRATO ESPECÍFICO del denominado Anexo IV, y sí una alusión determinada a la vigencia de unas clausulas específicas que deberán ser insertadas o constar en el contrato, sea interpretoen formato papel o digital: los contratos en que se concreten las prestaciones de las diferentes actividades se consignarán por escrito, debiendo contener con carácter general, los siguientes datos y clausulas, acorde al modelo disponible en la sede electrónica de la Dirección General de la Policia o en su caso de las Comunidades autónomas competentes: a) Fecha y número del contrato. b) Nombre y apellidos, número o código de identificación fiscal y domicilio de las partes contratantes, carácter con el que actúan y, en su caso, poder acreditado ante Notario. c) Objeto de la prestación del servicio. d) Lugar donde se va a prestar el servicio. e) Precio del servicio. f) Obligación de ajustarse a lo prevenido en la normativa reguladora de la seguridad privada. g) Duración del contrato. h) Fecha de entrada en vigor del contrato. De la lectura de lo anterior parece desprenderse la validez y eficacia frente a las autoridades de supervisión y control de la seguridad privada, del contrato de servicios de seguridad así como de su comunicación, tanto en soporte papel como en formato digital, siempre que la Empresa se obligue a reflejar la información reglamentariamente prevista por el Ministerio de Interior, si bien conviene hacer constar en cuanto al trámite de la comunicación del contrato, en su artículo 17 de la orden 314/2011 a una especie de situación no resuelta actualmente que en modo alguno afecta a lo constituye el contrato, tal y como se expone: una vez este procedimiento sea incluido en el Anexo de la Orden del Ministerio de Interior 3516/2009 de 29 de diciembre relativo al Registro Electrónico del Ministerio de Interior o en la correspondiente de las Comunidades Autónomas... Ahora bien, para mejor claridad y como mejor fundamento del criterio expuesto en el presente Dictamen traigo a colación el Informe emitido por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Interior de fecha 22 de octubre de 2004, tras consulta evacuada por mi persona ante dicho Organo técnico el día 12 de septiembre que constituye el único precedente y pronunciamiento de la autoridad competente, acerca de la validez ante el Ministerio de Interior, del contrato de servicios de seguridad en formato electrónico o digital.
5 En dicho Informe Jurídico con publicidad frente a terceros, se reconoce la validez y eficacia jurídica de los contratos celebrados en vía electrónica de acuerdo con el artículo 23,1 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico siempre que las Empresas de Seguridad hubieran adoptado dicha modalidad contractual, por lo que sus preceptos son también aplicables a la contratación de servicios de seguridad privada, siempre y cuando se cumplan los requisitos legal y reglamentariamente establecidos por la normativa de Seguridad Privada. Igualmente el apartado 3 del artículo 23 de la Ley 34/2002 contempla: siempre que la Ley (añado yo de Seguridad Privada) exija que el contrato o cualquier información relacionada con el mismo conste por escrito, este requisito se entenderá satisfecho si el contrato o la información se contiene en un soporte electrónico. En este mismo sentido La Ley 30/1992 de 21 de noviembre de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el artículo 45 establece que "los documentos emitidos, cualquiera que sea su soporte, por medios electrónicos, informáticos o telemáticos por las Administraciones públicas, o los que éstas emitan como copias de originales almacenados por estos mismos medios, gozarán de la validez y eficacia de documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y conservación y, en su caso, la recepción por el interesado, así como el cumplimiento de las garantías y requisitos exigidos por ésta u otras Leyes". El Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre, por el que se regula la contratación telefónica o electrónica con condiciones generales en desarrollo del artículo 5.3 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, de condiciones generales de la contratación, cuyo ámbito de aplicación son los contratos a distancia, o sin presencia física simultánea de los contratantes, incluye el documento electrónico como forma de contratación. En resumen, con fundamento en el Informe Jurídico meritado, así como del análisis y estudio de la Normativa vigente en materia de Seguridad privada debo pronunciarme en el sentido de que no existe obstáculo o impedimento legal en dicho ámbito normativo, para que la Empresa de Seguridad pueda formalizar los contratos de servicios de seguridad así como cualquier otra documentación exigida por la Normativa de Seguridad Privada a nivel formal a las Empresas de Seguridad, tal y como el Parte de Mantenimiento o Informe por alarma real o falsa alarma, en formato digital con sus clientes, siempre y cuando la Empresa de Seguridad inserte explícitamente en dicho contrato electrónico, las clausulas tasadas de forma expresa en el apartado 1 del artículo 16 de la Orden del Ministerio de Interior 314/2011 de 1 de febrero sobre Empresas de Seguridad Privada, con sometimiento expreso a la Ley 34/2002 y demás normativa relacionada, y por consiguiente dicho contrato de servicios de
6 seguridad en formato digital tiene validez y eficacia a los efectos de su exhibición y entrega ante la autoridad policial competente. Y para que así conste, y surta los oportunos efectos privados, En Madrid a 09 de julio de Jorge Salgueiro-Rodríguez Vicepresidente Ejecutivo de AECRA Vocal Experto Asesor en la Comisión Nacional de Seguridad Privada Asesor de Desarrollo Normativo de AJSE