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Timestamp: 2014-11-27 09:17:23
Document Index: 203804083

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Sentencia A.P. Burgos 414/2012, de 14 de septiembre. Delito de robo con fuerza. Validez de la prueba - 151363 - Lex Nova, informaci�n jur�dica actualizada
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Sentencia A.P. Burgos 414/2012, de 14 de septiembre�RESUMEN:Robo con fuerza en interior de local: Determinaci�n de la autor�a mediantre pericial dactilosc�pica. Validez de la prueba. Inasistencia voluntaria a juicio de imputado para poderse defender.BURGOSROLLO DE APELACION NUM. 150/2012PROCEDIMIENTO PENAL NUM. 335/2010JUZGADO DE LO PENAL NUM. 1 DE BURGOS SENTENCIA NUM. 00414/2012= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Ilmos. Sres. Magistrados:D. LUIS ANTONIO CARBALLERA SIM�ND. ROGER REDONDO ARG�ELLESD.� MAR�A TERESA MU�OZ QUINTANA= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =BURGOS, a catorce de Septiembre de dos mil doce.La Secci�n Primera de esta Audiencia Provincial, compuesta por los Magistrados expresados, ha visto en segunda instancia la causa procedente del Juzgado de lo Penal n.� 1 de Burgos, seguida por un delito de robo con fuerza en las cosas, contra Modesto, cuyas circunstancias y datos requeridos constan ya en la sentencia impugnada, en virtud de recurso de apelaci�n interpuesto por el anteriormente citado, bajo la representaci�n y defensa respectiva del Procurador de los Tribunales D. David Nu�o Calvo y del Letrado Don Luis Manuel Isasi Corral, y siendo parte apelada, el Ministerio Fiscal, por v�a de impugnaci�n del recurso, habiendo sido designado Ponente el Magistrado ilmo. Sr. Don LUIS ANTONIO CARBALLERA SIM�N, quien expresa el parecer de la Sala. ANTECEDENTES DE HECHO�Primero.—En las diligencias del Procedimiento Abreviado de referencia, por el Juzgado de lo Penal n�m. 1 de Burgos, se dict� sentencia de fecha 22 de Mayo de 2012, cuya declaraci�n de Hechos Probados es del tenor literal siguiente: -HECHOS PROBADOS-�nico.-Son hechos probados y as� se declaran que Modesto, con N.I.E NUM000, sin antecedentes penales computables a los efectos de reincidencia, entre las 04:00 y 06:00 horas del dia 26 de diciembre de 2008, con el �nimo de obtener un il�cito enriquecimiento patrimonial, se dirigi� al bar Robador, propiedad de Carlos Mar�a, sito en la Carretera de Bilbao, n�mero 2 de la localidad de Trespaderne, provincia de Burgos, asegurado en la compa��a de seguros Reale, donde tras inutilizar el sistema de alarma, intento primeramente entrar por una de las puertas del local, lugar en el que rompi� uno de los cristales giratorios que se encuentran en una hilera de siete peque�os cristales a modo de ventilaci�n, tras ello se dirigi� hacia otra de las puertas de acceso, donde tras retirar una hilera de ocho cristales que se encuentran encima de una de las puertas del mencionado establecimiento, a modo de ventana destinada a la ventilaci�n del local, accedi� a su interior procediendo a forzar la parte superior de una m�quina de tabaco, as� como desencajar su cerradura, no logrando abrir dicha m�quina, forzando y rompiendo tambi�n una m�quina recreativa logrando a sustraer de su interior 300 euros. Asimismo, tras entrar en la barra del citado bar, procedi� a abrir sin forzar las dos cajas registradoras, da�ando una de ellas y cogiendo de las mismas el importe de 300 euros. Tomadas huellas de diversas superficies del local susceptibles de haber podido ser manipuladas por parte del autor de tales hechos, se logr� identificar al mismo.Como consecuencia de tales hechos se produjeron da�os en la alarma del Bar Robador, valorados en la cantidad de 425,40 euros, y en la m�quina de tabcos, valorados en 1320.21 euros, todos, los cuales fueron abonados por Carlos Mar�a. Asimismo se cusaron da�os en las ventanas de ventilaci�n de dicho local, y en una de las cajas registradoras, habi�ndose valorado tales da�os en el importe de 704,73 euros que fueron satisfechos por la compa��a de seguros REALE S.A.Igualmente se causaron da�os en la m�quina recreativa, propiedad de "M�quinas Recreativas Quisa", cuyo importe de reparaci�n se desconoce al no comparecer el representante legal ante el �rgano judicial pese a su citaci�n.Segundo.—La parte dispositiva de la referida sentencia reca�da en la primera instancia, dice literalmente lo que sigue: " FALLO:"Que Debo CONDENAR Y CONDENO A Modesto como autor responsable de un delito de robo con fuerza en las cosas del art 237, 238.2.� y 240 del C�digo Penal a la pena de 1 A�O DE PRISI�N, INHABILITACIOIN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE CONDENA. Debiendo indemnizar a Carlos Mar�a en la cantidad de 2.222,71euros a raz�n de 1.320,31 euros por el valor de la reparacion de la m�quina de tabacos, 452,40 euros por la reparacion de la alarma, 300 euros por el dinero sustraido de la caja registradora y 150 euros por el valor del dinero sustraido del interior de la m�quina recreativa. A la compa��a de Seguros Reale, S.A en el importe de 704,73 euros como consecuencia de los da�os abonados por la misma y a la entidad "Maquinas Recreativas Quisa" en el importe de 150 euros por el valor del dinero sustraido de la m�quina recreativa, asi como por el valor que acredite por los da�os causados en la misma en ejecuci�n de sentencia. Cantidades a las que se les aplicar� el inter�s legal (art 576 LECivil). Con expresa imposici�n de las costas causadas.Tercero.—Por el inculpado citado, con la representaci�n y defensa aludidas, frente a dicha Sentencia, se interpuso recurso de apelaci�n en el que se alegaron los fundamentos que se estimaron convenientes, contra lo estimado por la Juzgadora de instancia y, admitido en virtud de providencia en la que se dispuso el traslado del escrito de recurso al Ministerio Fiscal, por t�rmino de diez d�as, para que alegara lo que estimaran oportuno, remiti�ndose seguidamente lo actuado a esta Secci�n Primera; d�ndose por recibidos, y turn�ndose al Ilmo. Sr. Ponente, se�al�ndose para Examen los autos, y quedando pendientes para resoluci�n. II.- HECHOS PROBADOSSe aceptan los hechos probados de la sentencia recurrida y, en consecuencia, se dan por reproducidos en esta resoluci�n.
IFUNDAMENTOS DE DERECHO�Se aceptan los fundamentos de derecho y el fallo de la sentencia de Instancia.Primero.—- Por la defensa del referido acusado se impugna la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal n�m. 1 de Burgos, de fecha 22 de Mayo de 2012, que le condenaba como autor de un delito de robo con fuerza en las cosas. Alega, en primer lugar, la defensa t�cnica del recurrente, que se ha producido " error en la valoraci�n de la prueba por parte de la juzgadora de instancia", en cuanto que -seg�n se dice-, de las pruebas practicadas en el plenario, concretamente, de la huella dactilar se�alada por la Juzgadora de instancia -que se hallaba en el cristal, en el exterior del local-, no se ha probado en ning�n momento que concurran los requisitos del delito objeto de condena, ni la participaci�n del acusado en el delito imputado. �ntimamente relacionado con dicho motivo, invoca el principio de presunci�n de inocencia reconocido en el art. 24 de la Constituci�n, entendiendo que, atendidas tales circunstancias, dicha conducta, por aplicaci�n tambi�n del principio "in dubio pro reo", no ser�a constitutiva del delito imputado. Adem�s, invoca error en la apreciaci�n de las pruebas respecto de la indemnizaci�n civil, al no estar acreditados los da�os en el sistema de alarma, ni que los mismos sean consecuencia de la participaci�n o acci�n directa del recurrenteEn base a ello, solicita que, con revocaci�n de la sentencia recurrida, se absuelva al acusado del delito objeto de condena, con todos los pronunciamientos favorables.Segundo.—- La sentencia del Tribunal Constitucional 14 de marzo de 2005 indica que el derecho a la presunci�n de inocencia se configura, en tanto que regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo v�lidas, lo que implica que exista una m�nima actividad probatoria realizada con las garant�as necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de la misma quepa inferir razonablemente los hechos y la participaci�n del acusado en los mismos (entre otras, SSTC 220/1998, de 16 de noviembre, FJ 3; 229/1999, de 13 de diciembre, FJ 4; 249/2000, de 30 de octubre, FJ 3; 222/2001, de 5 de noviembre, FJ 3; 219/2002, de 25 de noviembre, FJ 2; y 56/2003, de 24 de marzo, FJ 5). Bajo el marco de esta primera premisa Constitucional referente a la necesidad de desvirtuar la presunci�n de inocencia para llegar a un fallo condenatorio, como es el caso que nos ocupa, debe iniciarse la revisi�n de los motivos de recurso, comenzando por el alegado "error en la valoraci�n de la prueba".En este sentido, debe recordarse la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional de la que debe partirse para tener en cuenta los l�mites en que debe desenvolverse la revisi�n por el Tribunal a quem. As� la STTC de 14 de Marzo de 2005 establece que:"Por otra parte, con car�cter general cuando se imputa al Juzgador de instancia valoraci�n err�nea de la prueba, deber�n de se�alarse aquellos razonamientos, deducciones, e inferencias, que han sido realizadas por aqu�l, y que le han llevado a obtener las conclusiones que plasma en el "factum" de la sentencia, y que a juicio del apelante carecen de apoyatura f�ctica, tanto por la falta de prueba directa, como por la insuficiencia de la prueba indiciaria practicada, as� como la posible, vulneraci�n de los derechos constitucionales, reflejados en la Carta Magna. As� mismo, por parte del �rgano "Ad quem "deber� de tenerse presente que la inmediaci�n de la que goza el Juzgador de instancia y de la que se carece en la segunda, coloca a aqu�l en una posici�n privilegiada a la hora de apreciar directamente las pruebas, y que rigiendo el principio consagrado en el art�culo 741 de la L.E.Criminal (apreciaci�n en conciencia de las pruebas), deber� de respetarse al m�ximo aquellas apreciaciones realizadas en la instancia derivadas de observaci�n directa de los testimonios prestados por las partes y testigos, y por ello la cognitio de este �rgano de Apelaci�n se encuentra en cierta medida limitada a la revisi�n de la racionalidad de las conclusiones a las que ha llegado el Juez "a quo", sin que sea posible sustituirlas por otras postuladas por cualquiera de las partes, salvo que se aprecie el denunciado error valorativo. En definitiva, s�lo cabe revisar la apreciaci�n hecha por el Juez de la prueba recibida en el acto del juicio oral en la medida en que aqu�lla no dependa sustancialmente de la percepci�n directa o inmediaci�n que el mismo tuvo con exclusividad y, en consecuencia, el juicio probatorio no s�lo ser� contrastable por v�a de recurso en lo que concierne a las inducciones y deducciones realizadas por el "Juez a quo", de acuerdo con las reglas de la l�gica, pero no en lo relativo a la credibilidad de los testimonios o declaraciones o�dos por el juzgado, haciendo hincapi� en si tales inferencias l�gicas han sido llevadas a cabo por el �rgano judicial de forma absurda, irracional o arbitraria, es decir, si la valoraci�n de la prueba ha sido hecha mediante un razonamiento que cabe calificar de incongruente o apoyado en fundamentos arbitrarios como aquellos que aplican criterios contrarios a los preceptos constitucionales".Tercero.—Desde dicha portada f�ctica y jur�dica y, teniendo en cuenta los l�mites jurisprudenciales se�alados, debemos entrar en el an�lisis del sustrato formal y material del recurso, en coherencia intr�nseca con los motivos impugnatorios invocados en el escrito de recurso. En este sentido, alega el recurrente, como primer motivo impugnatorio, que el error en la valoraci�n de la prueba por parte de la juzgadora de instancia, viene asentado en los siguientes detalles y consideraciones:1.- Que de las pruebas practicadas en el plenario no se ha probado en ning�n momento que concurran los requisitos del delito de robo con fuerza en las cosas objeto de condena, no se ha probado en ning�n momento que concurran los requisitos del delito objeto de condena, al no acreditarse la participaci�n del acusado en el delito de robo imputado. 2.- Ello es as� -seg�n se dice- porque de las pruebas practicadas en el plenario, concretamente, de la huella dactilar se�alada por la Juzgadora de instancia -que se hallaba en el cristal, en el exterior del local-, no se ha probado en ning�n momento que concurran los requisitos del delito objeto de condena, ni la participaci�n del acusado en el delito imputado. Por su parte, la Juez "a quo", llega a la conclusi�n de que existe prueba suficiente como paras enervar los efectos del derecho a la presunci�n de inocencia reconocido en el art. 24 de la Constituci�n. Para llegar a tal conclusi�n, la juzgadora de instancia, toma en consideraci�n los siguientes elementos de prueba:1.�/ Especialmente la testifical de los Guardias Civiles con carn�s profesionales n�ms.. NUM001 y NUM002 que ratificaron el atestado y avalaron el contenido de la inspecci�n ocular y de las huellas dactilares recogidas en el lugar del robo 2.�/ La declaraci�n prestada por el titular del negocio y v�ctima del robo, D. Carlos Mar�a que ratific� el empleo de fuerza, as� como los da�os producidos y el valor de los mismos. 3.�/ La prueba pericial lofosc�pica ratificada por los agentes de la Guardia Civil n�ms. NUM003 y NUM004, al describir el resultado del cotejo efectuado sobre las huellas dactilares recogidas en el lugar de los hechos, adverando que de las 9 huellas halladas 4 corresponden con las del acusado. 4.�/ Adem�s, la juzgadora de instancia, con un evidente sentido de la l�gica, argumenta que no puede prevalecer sobre los expresados elementos probatorios la falta de actividad probatoria practicada a instancia del acusado quien no compareci� al acto del juicio pese a constar su citaci�n en forma legal. Por tanto, partiendo del juicio de veracidad que la juez de instancia otorga al testimonio de los citados agentes, en relaci�n con la pericial practicada en el plenario sobre las huellas halladas en el interior del local, siendo indiferente que muchas de ellas se hallaran en los cristales, pues de la conjunci�n del estudio lofosc�pico efectuado se colige la participaci�n del acusado en el delito imputado, al gozar de aptitud intr�nseca para el empleo de la fuerza a la que alude el art. 238.2 del CP. Pese a ello, la parte recurrente en apelaci�n sostiene en su recurso que la juzgadora incurre en error manifiesto al partir de la base de que la autor�a del inculpado queda acreditada por la identificaci�n de la huella dactilar de �ste en uno de los cristales hallado en el lugar de los hechos.Entrando en el examen del valor probatorio de la prueba pericial lofosc�pica, debemos recordar que es doctrina consolidada del Tribunal Constitucional que la valoraci�n de las pruebas corresponde al Juzgador de instancia, bastando con que se haya practicado en el juicio una �nica prueba de cargo, siempre que �sta acredite los distintos elementos del tipo penal, para que la presunci�n de inocencia agote sus efectos; siendo reiterada la jurisprudencia que admite la suficiencia de la citada prueba para estimar enervada la presunci�n de inocencia, a�n cuando no existan otras pruebas de cargo (sentencias de 5 de Junio de 1.987, 16 de Septiembre de 1.989, 19 de Enero y 4 de Julio de 1.990, entre otras), Igualmente, es constante la jurisprudencia que admite su eficacia identificativa, pues como se�ala la sentencia Tribunal Supremo de 7 de Septiembre de 1.989 " el ser humano lleva en sus manos el sello indeleble e irrepetible de su identidad y acaso de su personalidad, �nica e inconfundible". Para acreditar la identidad se exige la existencia de ocho o diez puntos caracter�sticos comunes entre la huella encontrada en el lugar del delito y la indubitada del acusado, con igual emplazamiento morfol�gico y topogr�fico y sin ninguna desemejanza natural entre ellas (sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 5 de Julio de 2.010). En la misma l�nea se manifiesta la sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya de fecha 11 de Abril de 2.001, al se�alar que "el Tribunal Constitucional en sentencia de 21 de Diciembre de 1.989 vino a establecer que la presunci�n de inocencia del art�culo 24.2 de la Constituci�n Espa�ola se asienta sobre dos ideas esenciales: de un lado el principio de libre valoraci�n de la prueba en el proceso penal que corresponde efectuar a los jueces y Tribunales por imperativo del art�culo 117.3 de la Constituci�n Espa�ola, y de otro, que la sentencia condenatoria se fundamente en aut�nticos actos de prueba y que la actividad probatoria sea suficiente para desvirtuarla, para lo cual se hace necesario que la evidencia que origina su resultado lo sea, tanto con respecto a la existencia del hecho punible como en todo lo atinente a la participaci�n que en �l tuvo el acusado, pues la inocencia de que habla el art�culo 24 de la Constituci�n Espa�ola ha de entenderse en el sentido de no autor�a, no producci�n del da�o o no participaci�n en �l. La Jurisprudencia ha considerado que es suficiente para estimar enervada la presunci�n de inocencia la prueba pericial dactilosc�pica, a�n cuando no existan otras pruebas de cargo, llegando a aceptar sin duda como v�lida la identificaci�n del acusado hecha mediante el informe pericial dactilosc�pico (sentencias del Tribunal Supremo de 29 de Mayo y 4 de Julio de 1.990). Es verdad que esta prueba no tiene car�cter directo sino que se trata de una prueba indiciaria. No es efectivamente una prueba directa de la participaci�n en el hecho delictivo, sino un indicio respecto de tal participaci�n, pues lo que directamente acredita es la estancia en el lugar donde se cometi� el hecho (sentencia del Tribunal Supremo de 30 de Marzo de 1.990). Por ello como prueba indiciaria, precisa de un argumento l�gico inductivo para concluir de �l la culpabilidad de la persona a quien corresponden las huellas; entendi�ndose cumplida esa exigencia cuando la presencia de las huellas no ha sido contradicha ni explicada por el acusado (sentencias del Tribunal Supremo de 16 de Septiembre y 19 de Diciembre de 1.989). En definitiva, el Tribunal Supremo viene declarando constantemente la suficiencia de esta prueba si no queda enervada por otra de signo contrario, es decir, son necesarios contraindicios para desvirtuarla (sentencias de 5 de Marzo y 7 de Septiembre de 1.998)". El art�culo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal autoriza al �rgano sentenciador para que dicte sentencia apreciando en conciencia las pruebas practicadas en el juicio. Este precepto viene a establecer como reiteradamente ha indicado esta Sala, una libre valoraci�n de la prueba. En nuestro caso, las pruebas que la Juzgadora ha valorado en conciencia para considerar probados los hechos han sido las declaraciones prestadas por los funcionarios que practicaron la inspecci�n ocular y la prueba pericial lofosc�pica ratificada por los agentes de la Guardia Civil n�ms. NUM003 y NUM004, al describir el resultado del cotejo efectuado sobre las huellas dactilares recogidas en el lugar de los hechos, adverando que de las 9 huellas halladas 4 corresponden con las del acusado. Ello fue debido a que se contaba en los archivos policiales con las huellas dactilares del acusado, las cuales una vez cotejadas con las halladas en el lugar de los hechos dieron resultado identificativo positivo. En su recurso de apelaci�n la defensa expone una serie de objeciones a la prueba tenida en cuenta por la Juzgadora a quo para condenar al recurrente, indicando que surgen dudas sobre la participaci�n del acusado en el robo desde el momento mismo que no se encontraron huellas en el interior del local, en concreto en la m�quina tragaperras ect.Frente a ello, debe decirse que, en el presente caso, el dictamen pericial dactilosc�pico que contiene su resultado se incorpora a la causa con suficiente antelaci�n para que la defensa pudiera estudiar y analizar su contenido y pudiera solicitar, si le conviniera, la toma de una nueva impresi�n, esta vez, a presencia Judicial para, como si de la confecci�n de un cuerpo de escritura se tratare, procediendo al cotejo de dicha huella con la encontrada en el objeto en que apareci� y la obrante en los archivos de la Guardia Vivil, sin que nada de ello se solicitara por la parte recurrente a fin de contradecir el resultado de la aludida prueba pericial.Cuando, en realidad, en la pr�ctica de la prueba lofosc�pica se han observado escrupulosamente los indicados presupuestos que aseguran su validez y eficacia probatoria, puesto que seg�n resulta de los autos, los informes dactilosc�picos se incorporaron a la causa con tiempo suficiente para que la defensa antes de calificar pudiese conocerlos y estudiarlos, e interesar si le conviniera que se llevase a cabo un nuevo cotejo de las 4 huellas encontradas por la Guardia Civil en el lugar del robo con la perteneciente al supuesto autor de la misma y los agentes que personalmente realizaron el estudio de la huella y toma de vestigios comparecieron al acto del juicio y se ratificaron en las conclusiones de su informe.A este respecto, la Jurisprudencia tiene declarado con constante reiteraci�n el car�cter de aut�ntica prueba directa y acreditativa de que la huella aparecida en el lugar de los hechos pertenece indiscutiblemente al acusado y es bastante para estimar acreditada su culpabilidad, a menos que aparezcan motivos bastantes para pensar, bien por el lugar en que fue tomada la huella, o bien, por la relaci�n espacio temporal que hay entre su recogida y la causaci�n del hecho delictivo, que la referida impresi�n ha podido asentarse de manera fortuita, o que la persona a la que pertenece la misma ha podido acudir al lugar de autos en momento distinto al que tuvo lugar el robo (sentencias del Tribunal Supremo de 23 de Septiembre de 1.998 y 30 de Junio de 1.999). La Jurisprudencia destaca la suficiencia de la prueba lofosc�pica si no queda enervada por otra de signo contrario; es decir, son necesarios contraindicios o, lo que es lo mismo, una coartada s�lida y probada para desvirtuarla (sentencias del Tribunal Supremo de 5 de Junio de 1.987 y 5 de Marzo y 7 de Septiembre de 1.989). Vistas las anteriores consideraciones, procede estimar la prueba pericial efectuada en el presente procedimiento, como prueba de cargo suficiente para destruir la presunci�n de inocencia y para acreditar la participaci�n del acusado, en concepto de autor, en los hechos denunciados; ello en atenci�n a su contenido, seg�n el cual, se han acotado suficientes particularidades o puntos caracter�sticos comunes, con id�ntico emplazamiento morfol�gico y sin ninguna desemejanza natural entre las huellas objeto del presente y el dactilograma con ellas coincidentes con las del acusado, revel�ndose 4 del acusado con las 9 encontradas en el lugar de los hechos.De ello, si se coteja el resultado de la inspecci�n ocular con el referido informe lofosc�pico, se llega a la conclusi�n de la existencia de una pluralidad de huellas, en distintas superficies del local, que gozan de aptitud suficiente como para colegir la participaci�n del acusado en el robo enjuiado, sin que, por su incomparecencia al plenario, el acusado haya aportado prueba alguna de descargo que contradiga la efectividad de dicha prueba pericial.Desde dicha portada b�sica, es claro que no estamos ante un error de valoraci�n judicial de la prueba practicada, sino ante un vano intento de sustituir dicha valoraci�n libre, racional, imparcial y motivada por la propia de parte, irracional, parcial; m�xime cuando en esta segunda instancia no se ha propuesto ni practicado prueba alguna, con virtualidad eficiente como para enervar la libre valoraci�n de la prueba por parte de la juzgadora de instancia, en base a la inmediaci�n desgajada de la valoraci�n cognoscitiva emanada de las declaraciones de los intervinientes y testificales y periciales ofrecidas por las personas comparecientes en el acto del juicio oral.Dos circunstancias deben se�alarse al recurrente a este respecto.En primer lugar, que el Tribunal de apelaci�n no puede entrar en el an�lisis del juicio de veracidad hecho por la "juez a quo" y que deber� de respetarse al m�ximo aquellas apreciaciones realizadas en la instancia derivadas de observaci�n directa de los testimonios prestados por las partes y testigos, limit�ndose la revisi�n del juicio l�gico desarrollado en la valoraci�n conjunta de la prueba.De otro lado, en segundo lugar, debe se�alar esta Sala que comparte �ntegramente la valoraci�n realizada por la juzgadora de instancia, no ya por la apreciaci�n de la veracidad de los testimonios verificada por la misma y que se realiz� en base al principio de inmediaci�n del que la Sala carece, sino tambi�n por la propia aplicaci�n de la l�gica y las normas de la sana cr�tica y experiencia.En efecto, tal y como se�ala el recurrente existe, como medio de prueba h�bil para destruir la presunci�n de inocencia, las declaraciones de los funcionarios de la Guardia Civil que intervinieron como testigos y peritos y del perjudicado, a las que la juez "a quo", contando con el privilegio de la inmediaci�n de que la Sala carece, ha otorgado mayor credibilidad que a la falta de prueba practicada a instancia del recurrente, quien.como se hadicho., no compareci� al acto del juicio.Como se ha dicho, no es facultad de esta Sala revisar la apreciaci�n hecha por la juez "a quo" de la prueba recibida en el acto del juicio oral, en la medida en que aqu�lla dependa sustancialmente de la percepci�n directa o inmediaci�n que de la misma tuvo con exclusividad la juzgadora de instancia.La referida declaraci�n de los funcionarios de polic�a intervinientes (como testigos y peritos) y del perjudicado es sin duda existente, en este supuesto, y plenamente v�lida para constituir aut�ntico acervo probatorio objeto de valoraci�n, al haberse obtenido sin tacha alguna de ilicitud y practicado con estricto cumplimiento de los principios de oralidad, publicidad, inmediaci�n y contradicci�n, rectores de nuestro sistema de enjuiciamiento penal, siendo, as� mismo, considerada suficiente en multitud de resoluciones de esta Sala, para enervar, por s� sola, el derecho a la presunci�n de inocencia del acusado.Es, no obstante, respecto de la suficiencia de tal prueba en supuestos como el que aqu� nos ocupa, que la doctrina de la Sala 2.� del Tribunal Supremo viene insistiendo en una serie de criterios cuya concurrencia determina la credibilidad de la versi�n de los testigos intervinientes y su suficiencia incriminatoria.En definitiva, pasando la construcci�n de la resoluci�n recurrida por el tamiz de los referidos axiomas doctrinales, a fin de comprobar que en la misma se ha otorgado el respeto debido a la presunci�n de inocencia del recurrente, se advierte que dicha resoluci�n est� tan debidamente motivada en la forma de su argumentar, tan prolija y detallada como se aprecia a la vista del contenido del Fundamento Jur�dico Segundo, como s�lida resulta en los elementos probatorios en los que su convicci�n se apoya.En cualquier caso, no resulta censurable la valoraci�n que el Tribunal "a quo" lleva a cabo en su Sentencia, antes al contrario y contra lo alegado en el Recurso, la misma se asienta en una motivaci�n del todo suficiente, l�gica y razonable, respecto del material probatorio disponible, para fundamentar la convicci�n de quien, reiter�moslo por �ltima vez, goz� del privilegio de la inmediaci�n en la percepci�n directa de la pr�ctica de tales pruebas, entre las que, adem�s, cobra carta de naturaleza coadyuvante la falta de prueba practicada a instancia del acusado.As� que, en definitiva, la Sala no encuentra fundamento alguno para mantener el motivo de recurso alegado por el recurrente, al no existir falta de coherencia, irracionalidad o arbitrariedad en el esquema y desarrollo l�gico seguido por la Juez "a quo", hecho este que debe hacer decaer dicho motivo de recurso.Cuarto.—- Cuesti�n diferente, una vez admitida la valoraci�n realizada por la juez a quo, es la de determinar si ha existido prueba de cargo suficiente como para motivar la condena ahora recurrida. A este respecto, alega el recurrente que no existen elementos de prueba que puedan revestir la suficiente consistencia como para poder apreciar la enervaci�n de la presunci�n de inocencia, ni como para poder establecer la concurrencia, completa, del il�cito penal que se invoca y los requisitos que le conforman, en cuanto que no se ha probado en ning�n momento que el acusado fuera la persona que realiz� el robo.Como se�ala la Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de Enero de 2006 se�ala que "en ning�n caso el derecho a la presunci�n de inocencia tolera que alguno de los elementos constitutivos del delito se presuma en contra del acusado, sea con una presunci�n iuris tantum sea con una presunci�n iuris et de iure" (por todas, STC 87/2001, de 2 de abril, FJ 8). De tal afirmaci�n se desprende inequ�vocamente que no cabe condenar a una persona sin que tanto el elemento objetivo como el elemento subjetivo del delito cuya comisi�n se le atribuye hayan quedado suficientemente probados, por m�s que la prueba de este �ltimo sea dificultosa y que, en la mayor�a de los casos, no quepa contar para ello m�s que con la existencia de prueba indiciaria. Pues si bien "el objeto de la prueba han de ser los hechos y no normas o elementos de derecho" (STC 51/1985, de 10 de abril, FJ 9), y la presunci�n de inocencia "es una presunci�n que versa sobre los hechos, pues s�lo los hechos pueden ser objeto de prueba" (SSTC 150/1989, de 25 de septiembre, FJ 2.b; 120/1998, de 15 de junio, FJ 6), y no sobre su calificaci�n jur�dica (STC 273/1993, de 27 de septiembre, FJ 3), ello no obstante, en la medida en que la actividad probatoria que requiere el art. 24.2 CE ha de ponerse en relaci�n con el delito objeto de condena, resulta necesario que la prueba de cargo se refiera al sustrato f�ctico de todos los "elementos objetivos del delito y a los elementos subjetivos del tipo en cuanto sean determinantes de la culpabilidad" (SSTC 127/1990, de 5 de julio, FJ 4; 93/1994, de 21 de marzo, FJ 2; 87/2001, de 2 de abril, FJ 8). De manera que �nicamente cabe considerar prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunci�n de inocencia "aqu�lla encaminada a fijar el hecho incriminado que en tal aspecto constituye el delito, as� como las circunstancias concurrentes en el mismo... por una parte, y, por la otra, la participaci�n del acusado, incluso la relaci�n de causalidad, con las dem�s caracter�sticas subjetivas y la imputabilidad" (SSTC 33/2000, de 14 de febrero, FJ 4; 171/2000, de 26 de junio, FJ 3); caracter�sticas subjetivas que, a su vez, �nicamente pueden considerarse suficientemente acreditadas cuando "el engarce entre los hechos directamente probados y la intenci�n que persigue el acusado con esta acci�n se deduce de una serie de datos objetivos que han posibilitado extraer el elemento subjetivo del delito a trav�s de un razonamiento l�gico, no arbitrario y plasmado motivadamente en las resoluciones recurridas" (STC 91/1999, de 26 de mayo, FJ 4). Aplicando esta Jurisprudencia al caso de autos, la Juzgadora de Instancia en una reflexi�n coherente, llega a la conclusi�n de que existe actividad probatoria suficiente como para deducir que el acusado es autor de un delito de los arts. 237, 238.2, 240 y 16 del C�digo Penal. Y, en efecto, del an�lisis de las pruebas valoradas en el acto del plenario con la garant�a que supone la inmediaci�n practicada, podemos extraer que la juez "a quo" ha tenido en cuenta tanto las declaraciones de los polic�as que comparecieron como testigos, en relaci�n con la prueba pericial lofosc�pica practicada y la declaraci�n del perjudicado, como la falta de actividad probatoria a instancia del inculpado, al no dar satisfacci�n suficiente sobre las huelas halladas en el local de autos.En consecuencia, por muchas divagaciones que pretendan hacerse sobre la existencia de los da�os reflejados en las facturas impugnadas por el recurrente y, la vista de las inducciones y deducciones realizadas por el Tribunal a quo que quedan, adem�s, reforzadas por las anteriores consideraciones, debe concluirse que �stas han sido verificadas conforme a las reglas de la l�gica y de la experiencia y, al amparo del art 741 LECr., sin que se evidencie en modo alguno, en la Sentencia Impugnada, razonamiento il�gico, arbitrario o carente de fundamento. Por ello, teniendo en cuenta que para desvirtuar la presunci�n de inocencia es necesario que existan pruebas de cargo a trav�s de las cuales pueda considerarse acreditado el hecho punible con todos sus elementos, tanto objetivos como subjetivos, incluida la participaci�n del acusado en los mismos, debe concluirse, en el mismo sentido que lo argumentado por la juez a quo, en la virtualidad acreditada de que, en el presente caso, existe prueba suficiente como para justificar la condena postulada por el Ministerio Fiscal.Por tanto, habiendo considerado no err�nea la valoraci�n realizada por la juez "a quo" quien atribuye valor a tales pruebas practicadas, la conclusi�n obvia es que existe prueba de cargo suficiente como para colegir la existencia del delito imputado.En consecuencia, admitida la virtualidad de la valoraci�n de la prueba verificada por la juzgadora de instancia, debe concluirse que existe prueba directa suficiente como para desvirtuar el derecho a la presunci�n de inocencia reconocido en el art. 24 de nuestra Carta Magna, sin que se pueda alegar infracci�n de �ste principio constitucional. A las consideraciones hechas en los fundamentos anteriores debe a�adirse que, en el presente caso, no resulta de patente aplicaci�n el principio b�sico del derecho penal "in dubio pro reo".Al respecto, debe recordarse la jurisprudencia del Tribunal constitucional que se�ala que "Hemos mantenido que, a pesar de las relaciones entre el principio de presunci�n de inocencia y el principio in dubio pro reo, puestas de relieve de forma reiterada por este Tribunal desde las Sentencias 31/1981, de 28 de julio, y 13/1982, de 1 de abril, y aunque uno y otro sean manifestaci�n de un gen�rico favor rei, existe una diferencia sustancial entre ambos: el principio in dubio pro reo s�lo entra en juego cuando existe una duda racional sobre la real concurrencia de los elementos del tipo penal, aunque se haya practicado una prueba v�lida con cumplimiento de las correspondientes garant�as procesales. Desde la perspectiva constitucional, mientras que el principio de presunci�n de inocencia est� protegido en la v�a de amparo, el principio in dubio pro reo, como perteneciente al convencimiento -que hemos denominado subjetivo- del �rgano judicial, adem�s de no estar dotado de la misma protecci�n, no puede en ning�n momento ser objeto de valoraci�n por nuestra parte cuando el �rgano judicial no ha tenido duda alguna sobre el car�cter incriminatorio de las pruebas practicadas (STC 25/1988, de 23 de febrero, FJ 2; 44/1989, de 20 de febrero; FJ 2, y 63/1993, de 1 de marzo, FJ 4), como ocurre en este caso) STTC 31-01-2000 Por su parte, en la sentencia de 1 de Marzo de 1993, se�ala que, " a pesar de la �ntima relaci�n que guardan el derecho a la presunci�n de inocencia y el principio in dubio pro reo, puesta de relieve de forma reiterada por este Tribunal desde las SSTC 31/1981 y 13/1982, y aunque uno y otro sean manifestaci�n de un gen�rico favor rei, existe una diferencia sustancial entre ambos, de modo que su alcance no puede ser confundido. As�, en lo que aqu� interesa, el principio in dubio pro reo s�lo entra en juego cuando, efectivamente practicada la prueba, �sta no ha desvirtuado la presunci�n de inocencia o, dicho de otra manera, la aplicaci�n del referido principio se excluye cuando "el �rgano judicial no ha tenido duda alguna sobre el car�cter incriminatorio de las pruebas practicadas"(STC 25/1988, fundamento jur�dico 2.). En el presente caso, resulta evidente que el resultado de las pruebas v�lidamente practicadas en el acto del juicio no generan la duda de la participaci�n del denunciado en los hechos en relaci�n a los hechos denunciados y su calificaci�n jur�dica por el empleo de fuerza en las cosas, lo que debe llevar a desterrar la vigencia del referido principio.Por tanto, debe ser desestimado el motivo de recurso alegado.Quinto.—- Finalmente, se invoca error en la apreciaci�n de las pruebas respecto de la indemnizaci�n civil -seg�n se dice-, al no estar acreditados los da�os en el sistema de alarma, ni que los mismos sean consecuencia de la participaci�n o acci�n directa del recurrente. Respecto a la fijaci�n de la indemnizaci�n, la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de Junio de 2000 declara que la cuantificaci�n concreta de la indemnizaci�n es competencia ponderadamente discrecional del Tribunal de instancia dentro de los par�metros m�ximos determinados por las peticiones acusatorias y del principio de razonabilidad (Sentencias de 23 de marzo de 1987, 27 de mayo de 1994, 28 de noviembre y 20 de diciembre de 1996, 16 de mayo de 1998 y 23 de marzo de 1999, entre otras). Seg�n la doctrina del Alto Tribunal, aunque el montante de las indemnizaciones es cuesti�n reservada al prudente arbitrio de los Tribunales sin que su decisi�n pueda someterse a recurso de casaci�n, s� pueden ser revisadas las bases determinantes de la cuant�a, siempre que quede patente una evidente discordancia entre esas bases y la cantidad se�alada para la indemnizaci�n (STS de 25 de febrero y 5 de marzo de 1992). En el caso ahora examinado, la juzgadora de instancia fundamenta la indemnizaci�n concedida en el concepto ahora impugnado en la virtualidad de la prueba testifical desgajada de la declaraci�n del perjudicado, avalada por la factura acompa�ada y compresiva de los da�os y del importe de la reparaci�n, en la suma de 452,40 €, sin que el recurrente, por su incomparecencia, haya aportado prueba alguna que contradiga la efectividad de la prueba tenida en cuenta por la juzgadora de instancia.Por tanto, el motivo debe ser desestimado.En consecuencia, por tales motivos, procede DESESTIMAR el recurso de Apelaci�n interpuesto y ahora examinado, confirm�ndose �ntegramente la sentencia recurrida. Sexto.—- De conformidad con lo preceptuado en el art�culo 239 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "en los autos o sentencias que pongan t�rmino a la causa o a cualquiera de los incidentes deber�n resolverse sobre el pago de las costas procesales", procediendo la imposici�n de costas al recurrente, al haberse desestimado el recurso de apelaci�n formulado, conforme precept�a el art�culo 901 L.E.Criminal, aplicado anal�gicamente (Art. 4 C�digo Civil). Vistos los preceptos y razonamientos citados, en nombre de S.M. el Rey.
FALLAMOS�Debemos DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS EL RECURSO DE APELACI�N interpuesto por el Procurador de los Tribunales, D. David Nu�o Calvo, actuando en nombre y representaci�n de Modesto, contra la Sentencia dictada por la ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal n.� 1 de Burgos, en la causa num. 335/10, de fecha 22 de Mayo de 2012, CONFIRM�NDOSE en su integridad la expresada resoluci�n, imponi�ndose las costas de esta alzada al recurrente. Esta sentencia es firme por no caber contra ella m�s recurso, en su caso, que el extraordinario de revisi�n.L�brese testimonio de la presente el cual se llevar� a los autos de su raz�n, quedando el original en el presente libro y rem�tase otro al Juzgado de procedencia a los efectos oportunos.Notif�quese esta sentencia al Ministerio Fiscal y partes personadas en el modo y forma previsto en la ley.As� por esta sentencia lo mandamos y firmamos.E./PUBLICACION.- Le�da y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Iltmo. Sr. D. LUIS ANTONIO CARBALLERA SIM�N, Ponente que ha sido de esta causa, habiendo celebrado sesi�n p�blica la Secci�n Primera de la Audiencia Provincial de esta capital, en el d�a de su fecha. Doy f�. Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentaci�n Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la informaci�n, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.