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Timestamp: 2018-08-21 09:31:53
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Mediación Mercantil en las empresas : AEPPI - Asociación de Empresarios y Propietarios de Polígonos Industriales de la Puebla de Alfindén
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Mediación Mercantil en las empresas
La filosofía de la mediación es muy especial y sobre ella hay que incidir para no confundirla con otros institutos de solución no judicial de conflictos como el arbitraje. Veamos las características:
a) Intervención del mediador: La mediación es una forma de resolución de conflictos que se caracteriza porque mediante la misma las partes intentan encontrar una solución a sus conflictos con la ayuda de un tercero, denominado mediador.
b) No exigencia de acatamiento de la decisión del mediador: A diferencia de los arbitrajes o los tribunales de justicia, en la mediación no existe un tercero que tome una decisión que las partes deban acatar. El papel del mediador es el de ayudar a las partes a negociar una posible solución, pero no el de tomar una decisión que ponga fin al conflicto. Por eso, la mediación puede finalizar perfectamente sin que las partes alcancen ningún acuerdo (pudiendo acudir en dicho caso, si alguna de las partes lo desea, a los tribunales para solucionar sus controversias).
c) Fomento de la mediación. Se pretendía con el citado Proyecto fomentar que los particulares y las empresas acudan a la mediación para solucionar sus disputas en materia civil y mercantil, de manera que así se reduzca el número de asuntos que lleguen a los tribunales de justicia.
d) Incorporación al derecho español la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación transfronteriza en asuntos civiles y mercantiles, ya que el plazo finalizaba el 21 de Mayo de 2011, con lo que cuando se presenta el Proyecto de Ley quedaba solo un mes para que se cumpliera el plazo.
e) Obligatoriedad de la mediación: El proyecto de ley contemplaba que la mediación sería obligatoria en los siguientes conflictos en materia civil y mercantil (las cuestiones penales, laborales y de consumo quedan expresamente excluidas): (a) En todas aquellas reclamaciones de cantidad inferiores a seis mil euros. (b) En todos aquellos litigios en los que las partes hubieren acordado someter la resolución de los mismos a mediación (por ejemplo, previéndolo así en una cláusula del contrato), aunque esta obligatoriedad que se recogía en el Proyecto fijaba que lo único obligatorio para las partes es iniciar el proceso de mediación, sin que estén forzadas a alcanzar un acuerdo.
f) Requisitos de los mediadores: Todas aquellas personas que (i) se hallen en el pleno disfrute de sus derechos civiles, (ii) carezcan de antecedentes penales por delito doloso, (iii) estén en posesión de un título oficial universitario o de educación profesional superior, (iv) tengan suscrito un seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente, y (v) figuren inscritos en el Registro de mediadores y de instituciones de mediación.
Algunas de estas características cambian en de la Ley 5/2012, de mediación civil y mercantil que regula ahora el procedimiento de mediación civil y mercantil como ahora veremos.
I. CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LA LEY 5/2012, DE 6 DE JULIO, DE MEDIACIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y MERCANTILES
La Ley 5/2012 de mediación civil y mercantil, se configura en cinco apartados de desarrollo esenciales, para configurar en primer lugar unos principios generales de aplicación objetiva, subjetiva y territorial, la plasmación de cuáles son los principios informadores a modo de objetivos de la mediación y lo que con ella se pretende y cómo llevarla a efecto, la configuración de la importante figura del mediador como profesional encargado de ella, la fijación de un procedimiento de mediación y, por último, cómo se ejecutan los acuerdos. Así, con independencia de desarrollar de forma específica las líneas generales de la mediación civil y mercantil se destacan como más importantes las siguientes:
a) Voluntariedad: El modelo de mediación se basa en la voluntariedad y libre decisión de las partes.
b) Tercero que aconseja y propone: Intervención de un mediador, del que se pretende una intervención activa orientada a la solución de la controversia por las propias partes.
c) Naturaleza de título ejecutivo del acuerdo: La voluntad, expresada en el acuerdo que la pone fin, podrá tener la consideración de título ejecutivo, si las partes lo desean, mediante su elevación a escritura pública, cuya ejecución podrá instarse directamente ante los tribunales.
d) Deslegalización o pérdida del papel central de la ley en beneficio de un principio dispositivo que rige también en las relaciones que son objeto del conflicto.
e) Formación adecuada del mediador: El mediador ha de tener una formación general que le permita desempeñar esa tarea y sobre todo ofrecer garantía inequívoca a las partes por la responsabilidad civil en que pudiese incurrir.
f) La mediación suspende la prescripción, no la interrumpe. La mediación conlleva la suspensión de la prescripción cuando tenga lugar el inicio del procedimiento frente a la regla general de su interrupción, con el propósito de eliminar posibles desincentivos y evitar que la mediación pueda producir efectos jurídicos no deseados.
g) Se configura como un procedimiento de fácil tramitación, poco costoso y de corta duración en el tiempo.
h) Objetivo jurisdiccional: La mediación se circunscribe estrictamente al ámbito de competencias del Estado en materia de legislación mercantil, procesal y civil, que permiten articular un marco para el ejercicio de la mediación, sin perjuicio de las disposiciones que dicten las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias.
Pues bien, centradas estas características básicas hay que señalar los puntos más importantes que definen la mediación:
Define el artículo 1 la mediación como aquel medio de solución de controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador.
Pero existen diferencias terminológicas con otros métodos, tales como:
Es una modalidad de la mediación en la que un tercero propone fórmulas de solución no obligatorias que ayudan a las partes a un acuerdo.
b) Arbitraje
La tercera persona ejerce de árbitro. No propone ni sugiere, sino que resuelve mediante un laudo que las partes están dispuestas a acatar desde su inicio.
2. Ámbito de aplicación objetivo de la mediación
A tenor del artículo 2 la posibilidad de utilizar la mediación se hace extensiva a los asuntos civiles o mercantiles, incluidos los conflictos transfronterizos, siempre que no afecten a derechos y obligaciones que no estén a disposición de las partes en virtud de la legislación aplicable. Se exige que, para que se aplique el procedimiento de mediación que una de las partes tenga su domicilio en España y la mediación se realice en territorio español.
Sin embargo, hay materias que no pueden ser objeto de aplicación de la Ley 5/2012 de mediación civil y mercantil en cuestión, pero que no de la mediación, ya que por ejemplo se excluye de aplicación en materia penal, pero porque ya se está trabajando en un texto ad hoc para esta materia, y tampoco se aplica en la mediación con las Administraciones Públicas, la laboral y en materia de consumo.
Se aplica esta Ley 5/2012 de mediación civil y mercantil cuando una de las partes tenga domicilio en España exigiéndose que la actividad de la mediación se lleve a cabo en España, pero se admite la mediación transfronteriza para los casos de conflictos con ciudadanos extranjeros (artículo 3).
4. La mediación suspende la prescripción de la acción a ejercitar por el actor
Importante resulta el efecto que conlleva el uso de la mediación, ya que en el artículo 4 se recoge como reclamo para su uso que "el comienzo de la mediación suspenderá la prescripción o la caducidad de acciones. A estos efectos se considerará iniciada la mediación con la presentación de la solicitud por una de las partes o desde su depósito, en su caso, ante la institución de mediación." En la Exposición de Motivos de la Ley 5/2012 de mediación civil y mercantil se contempla que es positiva la opción de la suspensión de la prescripción cuando tenga lugar el inicio del procedimiento frente a la regla general de su interrupción, con el propósito de eliminar posibles desincentivos y evitar que la mediación pueda producir efectos jurídicos no deseados. Con ello no se reinicia luego el cómputo de los plazos para aplicar la prescripción cuando termine la mediación si es preciso todavía acudir a la vía judicial. Sin embargo, en el párrafo 3º de este artículo 4 se concreta la necesidad de tramitarla con agilidad, ya que la suspensión de los plazos de prescripción no lo es sine die, sino con arreglo a lo que marca la exigencia de que "si no se firmara el acta de la sesión constitutiva en el plazo de quince días naturales a contar desde el día en que se entiende comenzada la mediación, se reanudará el cómputo de los plazos."
5. Incorporación de las instituciones de mediación
El método por el que se canaliza la mediación es la creación de unas instituciones de mediación que en el artículo 5 recoge que tienen la consideración de instituciones de mediación las entidades públicas o privadas y las corporaciones de derecho público que tengan entre sus fines el impulso de la mediación, facilitando el acceso y administración de la misma, incluida la designación de mediadores. Es decir, se trata de configurar unas instituciones ad hoc sobre las que gire el proceso de implementación de la figura de la mediación. Pero no es obligatorio que los mediadores pertenezcan a estas, ya que a lo largo del Real Decreto se recurre a la expresión "mediador, o en su caso institución de mediación".
Además, el proyecto de ley que caducó ya preveía también la existencia de instituciones de mediación (p.ej. Cámaras de Comercio, Colegios Profesionales, etc.), lo que va a dar mucho juego a todos los colegios profesionales al permitirse que entre las instituciones de mediación estén los colegios profesionales que en la actualidad fueron duramente castigados por la Ley Omnibus, pero que con esta y otras actividades pueden "reinventarse" mostrando nuevas ofertas a la sociedad, como esta de participar activamente en la labor de mediación según la materia de la que se trate.
De todos modos hay que irse hasta la disposición final quinta de este Real Decreto para comprobar las medidas de desarrollo que irán acompañando a esta disposición legal, ya que bajo la rúbrica de Desarrollo reglamentario del control del cumplimiento de los requisitos de la mediación exigidos en la Ley 5/2012 de mediación civil y mercantil se deriva al "Gobierno para prever reglamentariamente los instrumentos que se consideren necesarios para la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos en este real decreto-ley a los mediadores y a las instituciones de mediación, así como de su publicidad." Con ello, las instituciones de mediación se acomodarán en breve a estos requisitos para que puedan ser llamadas por los particulares para intervenir en el proceso de mediación.
Por último, y para constancia de quien o quienes constan como mediadores o instituciones de mediación en esta misma DF 5ª se añade que "Estos instrumentos podrán incluir la creación de un Registro de Mediadores y de Instituciones de Mediación, dependiente del Ministerio de Justicia y coordinado con los Registros de mediación de las Comunidades Autónomas, y en el que en atención al incumplimiento de los requisitos previstos en este real decreto-ley se podrá dar de baja a un mediador."
6. Principios de la mediación
Como principios básicos de la mediación civil se destacan en el texto los siguientes:
1. La mediación es voluntaria
Frente al texto del Proyecto de Ley que caducó en el que se contemplaba que podía ser obligatoria cuando lo prevea la legislación procesal, en este texto se opta en el artículo 6 por la estricta voluntariedad, lo que desde nuestro punto de vista constituye un error por cuanto se debía haber apostado por el modelo de la preceptividad en algunos aspectos, ya que la mera voluntariedad restringe el uso de la misma al no estar muchas veces las partes en condiciones de acudir a la mediación. Además, que la mediación es estrictamente voluntaria lo destaca el apartado 3º que puntualiza que "Nadie está obligado a mantenerse en el procedimiento de mediación ni a concluir un acuerdo."
2. Pacto expreso de sometimiento a la mediación
En el apartado 2º del artículo 6 se contempla la situación de que "cuando exista un pacto por escrito que exprese el compromiso de someter a mediación las controversias surgidas o que puedan surgir, se deberá intentar el procedimiento pactado de buena fe, antes de acudir a la jurisdicción o a otra solución extrajudicial. Dicha cláusula surtirá estos efectos incluso cuando la controversia verse sobre la validez o existencia del contrato en el que conste." Es decir, que como excepción a la no obligatoriedad de acudir a esta se prevé para cuando se haya pactado por escrito, aunque tan solo al proceso de sometimiento al mediador y estar a las resultas de su informe al respecto o intento de solución amistosa del conflicto.
3. Igualdad de las partes e imparcialidad de los mediadores y su neutralidad
En el artículo 7 se garantiza que en el procedimiento de mediación se garantizará que las partes intervengan con plena igualdad de oportunidades, manteniendo el equilibrio entre sus posiciones y el respeto hacia los puntos de vista por ellas expresados, sin que el mediador pueda actuar en perjuicio o interés de cualquiera de ellas. Ahora bien, todo se deja a la garantía de que el mediador esté formado y tenga cualificación para la materia sometida a su actividad mediadora. A ello se añade lo que en el artículo 8 se configura como el principio de la neutralidad para garantizarse que se permita a las partes en conflicto alcanzar por sí mismas un acuerdo de mediación.
Importante es el deber de confidencialidad que debe presidir el uso de la mediación, por cuanto si no fructifica el intento las partes no pueden hacer uso de todo lo que allí se diga o se aporte documentalmente, y así el artículo 9 apunta que "El procedimiento de mediación y la documentación utilizada en el mismo es confidencial. La obligación de confidencialidad se extiende al mediador y a las partes intervinientes de modo que no podrán revelar la información que hubieran podido obtener derivada del procedimiento."
Ello conlleva que los mediadores o las personas que participen en el procedimiento de mediación no están obligados a declarar o aportar documentación en un procedimiento judicial o en un arbitraje sobre la información derivada de un procedimiento de mediación o relacionada con el mismo, aunque se introducen dos obvias salvedades derivadas de dos circunstancias, en las que sí existirá en el primer caso la opción y en el segundo la obligación de dar traslado de lo que se conozca en ella, a saber:
a) Cuando las partes de manera expresa y por escrito dispensen de esta obligación.
5. Las partes en la mediación
Aspecto fundamental de la mediación es que a tenor del artículo 10.2.2, durante el tiempo en que se desarrolle la mediación las partes no podrán interponer entre sí ninguna acción judicial o extrajudicial en relación con su objeto, y en los casos en los que entre las partes exista un pacto de sometimiento a la mediación, este y su iniciación impide a los tribunales conocer de las controversias sometidas a mediación durante el tiempo en que se desarrolle ésta, siempre que la parte a quien interese lo invoque mediante declinatoria.
El procedimiento de mediación.
a) La fase informativa en el procedimiento de mediación.
En los artículos 16 y siguientes, se disciplina todo lo relativo a los pasos que hay que ir dando hasta que concluya el procedimiento de mediación. Pues bien, este puede iniciarse:
a. De común acuerdo entre las partes. En este caso la solicitud incluirá la designación del mediador o la institución de mediación en la que llevarán a cabo la mediación, así como el acuerdo sobre el lugar en el que se desarrollarán las sesiones y la lengua o lenguas de las actuaciones.
b. Por una de las partes en cumplimiento de un pacto de sometimiento a mediación existente entre aquéllas.
b) ¿Cómo y ante quien se solicita la mediación?
Es obvio que las personas o instituciones que actúen en estos procedimientos deberán darse a conocer en su actividad de mediación a fin de que los particulares que quieran recurrir a ellos puedan proponerles que intervengan. Nótese que en el apartado 2º del artículo 16 se especifica que:
"2. La solicitud se formulará ante las instituciones de mediación o ante el mediador propuesto por una de las partes a las demás o ya designado por ellas."
c) La mediación puede solicitarse estando en curso un procedimiento judicial.
Novedad de gran interés es la introducida en el apartado 3º del artículo 16 ya que "Cuando de manera voluntaria se inicie una mediación estando en curso un proceso judicial, las partes de común acuerdo podrán solicitar su suspensión de conformidad con lo dispuesto en la legislación procesal."
Así, también se modifica el artículo 415.1.3º LEC al recoger que "Las partes de común acuerdo podrán también solicitar la suspensión del proceso de conformidad con lo previsto en el artículo 19.4, para someterse a mediación o arbitraje." Y al mismo tiempo, si el procedimiento de mediación terminare sin acuerdo también se modifica el apartado 3º del artículo 415 LEC para añadir en su párrafo 2º que "Cuando se hubiera suspendido el proceso para acudir a mediación, terminada la misma, cualquiera de las partes podrá solicitar que se alce la suspensión y se señale fecha para la continuación de la audiencia", lo que está fijando que se continuaría el procedimiento judicial ante la falta de acuerdo.
Recordemos que cuando se celebra la audiencia previa el juez puede advertir a las partes que acudan a una mediación antes de seguir adelante. Y así, en la disposición Final 2ª del Real Decreto Ley se modifica la LEC y se sustituye el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 414 por los siguientes:
"En esta convocatoria, si no se hubiera realizado antes, se informará a las partes de la posibilidad de recurrir a una negociación para intentar solucionar el conflicto, incluido el recurso a una mediación, en cuyo caso éstas indicarán en la audiencia su decisión al respecto y las razones de la misma."
El CGPJ ha editado una "Guía práctica de la mediación civil y mercantil intrajudicial" que se puede descargar en la página www.poderjudicial.es indicando en el buscador este término, mediante la cual se han elaborado unos protocolos de actuación en los diferentes órdenes para poder secuenciar la forma de llevarla a efecto, pero sobre todo en materia civil y mercantil, con formularios ad hoc. Hay que darse cuenta que en principio, ante la falta de costumbre de recurrir a la mediación extrajudicial de forma directa se empezará por recurrir a la intrajudicial cuando los jueces empiecen a plantear a las partes de un conflicto la derivación a la mediación y al final se incluya en la práctica la filosofía de acudir de forma directa a la extrajudicial ante la mayor rapidez de la solución del conflicto y el ahorro de costes que para las partes también supone.
En atención al objeto del proceso, el tribunal podrá invitar a las partes a que intenten un acuerdo que ponga fin al proceso, en su caso a través de un procedimiento de mediación, instándolas a que asistan a una sesión informativa.
Es decir, que ya está recomendando el texto al Poder Judicial que incentiven el uso de la mediación si en la audiencia previa así lo exponen y derivan a que elijan mediador o institución de mediación.
d) Información y sesiones informativas.
d.1. Citación a las partes. Una vez que el profesional mediador o la institución de mediación han recibido el encargo de intervenir el mediador o la institución de mediación citará a las partes para la celebración de la sesión informativa. En caso de inasistencia injustificada de cualquiera de las partes a la sesión informativa se entenderá que desisten de la mediación solicitada.
d.2. Posible concurrencia de causas que afecten a la imparcialidad del mediador.
Se mantiene la vigencia del principio informador de la imparcialidad antes visto en virtud del cual se insiste en el artículo 17.2 que en esa sesión el mediador informará a las partes de las posibles causas que puedan afectar a su imparcialidad, de su profesión, formación y experiencia.
d.3. Información del alcance de la mediación. También el mediador debe aprovechar esta sesión informativa para advertir a las partes de las características de la mediación, su coste, la organización del procedimiento, las consecuencias jurídicas del acuerdo que se pudiera alcanzar, así como del plazo para firmar el acta de la sesión constitutiva.
d.4. Sesiones colectivas de las instituciones de mediación. El fomento de la mediación.
Interesante resulta lo dispuesto en el artículo 17.2 en virtud del cual las instituciones de mediación, tales como colegios profesionales sobre todo, podrán organizar sesiones informativas abiertas para aquellas personas que pudieran estar interesadas en acudir a este sistema de resolución de controversias, que en ningún caso sustituirán a la información prevista en el apartado primero.
Quiere esto decir que es una forma para fomentar la mediación de entre los ciudadanos para que conozcan por un lado las ventajas de la mediación , cómo se lleva a cabo y para qué sirve, y, por otro, para que estos ciudadanos puedan conocer la capacidad de un determinado colectivo para ejercer como mediador en la resolución de conflictos. Nótese que el artículo 16.1, a) permite a las partes designar a la institución de mediación que puede estar a cargo de resolver la controversia entre las partes.
e) Pluralidad de mediadores.
Atendiendo a la dificultad del objeto de la mediación el artículo 18 permite que se pueda llevar a cabo por uno o varios mediadores la mediación, no obstante lo cual entendemos que esto ocurrirá solo en los procesos de especial complejidad y ni aun en estos porque el coste será mayor al tener que retribuir las partes a todos y menos lo hará la parte a la que se reclama el cumplimiento de una obligación.
f) Inicio puro del procedimiento de mediación.
A tenor del artículo 19, y al modo de un acta de juicio se procede a extender un acta en la que tras recogerse expresamente por el mediador que las partes expresan su deseo de desarrollar la mediación dejan constancia de los siguientes aspectos:
h. Duración y desarrollo del procedimiento de mediación.
No se fija un plazo concreto en el artículo 20, que se limita a fijar que la duración del procedimiento de mediación será lo más breve posible y sus actuaciones se concentrarán en el mínimo número de sesiones. Mientras que en el Proyecto de ley añadía que La duración máxima del procedimiento será de dos meses a contar desde la fecha de la firma del acta de la sesión constitutiva, prorrogables con carácter excepcional y de común acuerdo de las partes por un mes más. En la presente redacción no se fija un término para concluirlo, pero sí que sea lo más breve posible, lo que relaja más la tramitación frente a la redacción del texto del Proyecto de ley que ponía un tope de duración. De todos modos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 22.1 es posible que al inicio del procedimiento las partes fijen un plazo máximo de duración del intento de mediación transcurrido el cual se dará a este por finalizado, lo que es posible pactar en la sesión informativa y sería deseable que los mediadores ofrecieran a las partes la fijación ab initio de un plazo razonable que podría ser el de dos meses fijado en el Proyecto, pero quizás en este caso en lugar de fijar este plazo ex lege se ha concretado que sean las partes las que lo fijen.
También se articula en el artículo 21 la posición del mediador como director de las sesiones que sean necesarias para la consecución del acuerdo.
i) La terminación del procedimiento.
i.1. Terminación por acuerdo o falta de acuerdo.
En el artículo 22 se contempla la terminación, que puede concluir en acuerdo o finalizar sin alcanzar dicho acuerdo, bien sea porque todas o alguna de las partes ejerzan su derecho a dar por terminadas las actuaciones, comunicándoselo al mediador, bien porque haya transcurrido el plazo máximo acordado por las partes para la duración del procedimiento, así como cuando el mediador aprecie de manera justificada que las posiciones de las partes son irreconciliables o concurra otra causa que determine su conclusión.
En estos casos de terminación se devolverán a cada parte los documentos que hubiere aportado. Con los documentos que no hubieren de devolverse a las partes, se formará un expediente que deberá conservar y custodiar el mediador o, en su caso, la institución de mediación, una vez terminado el procedimiento, por un plazo de seis meses.
i.2. Terminación por renuncia del mediador. En el artículo 22.2 se contempla que la renuncia del mediador a continuar el procedimiento o el rechazo de las partes a su mediador sólo producirá la terminación del procedimiento cuando no se llegue a nombrar un nuevo mediador.
i.3. Reflejo en el acta de los acuerdos alcanzados.
En el artículo 22.3 se recoge que el acta final determinará la conclusión del procedimiento y, en su caso, reflejará los acuerdos alcanzados de forma clara y comprensible, o su finalización por cualquier otra causa. El acta deberá ir firmada por todas las partes y por el mediador o mediadores y se entregará un ejemplar original a cada una de ellas.
Importante recordar que tanto la mediación como la documentación que se utilice en la misma serán confidenciales.
Hacer notar, también, que el artículo 25 señala que las partes “podrán” elevar el acuerdo a escritura pública, por lo que también se modifica el artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para otorgar a este acuerdo elevado a escritura pública del carácter de título ejecutivo. Lo importante es señalar que ambas partes deben estar de acuerdo en elevarlo a escritura pública y si luego este no se cumple podrá presentarse demanda acompañando la escritura como demanda de ejecución. Si no se eleva a escritura pública y no se cumple el acuerdo habría que, o bien instar su ejecución del juez que tramitaba el litigio si venía de mediación intrajudicial, o bien presentar una demanda declarativa para reconocer la existencia del acuerdo de mediación y en consecuencia ordenar el juez a su ejecución.
(Información obtenida de Guias Jurídicas Wolters Kluwer)
. 17 Nov 2016
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