Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.303.01.0045.01.SPA&toc=OJ:C:2016:303:TOC
Timestamp: 2019-09-22 23:41:53
Document Index: 243205493

Matched Legal Cases: ['artículo 304', 'artículo 19', 'artículo 11', 'artículo 154', 'artículo 304', 'artículo 154', 'Artículo 151', 'Artículo 191', 'artículo 54']

EUR-Lex - 52016AE0869 - EN - EUR-Lex
EUR-Lex - 52016AE0869 - EN
Document 52016AE0869
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Programa REFIT» (Dictamen exploratorio)
OJ C 303, 19.8.2016, p. 45–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Programa REFIT»
(2016/C 303/06)
El 13 de enero de 2016, de conformidad con el artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión Europea decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre el:
«Programa REFIT»
El Subcomité «Programa REFIT», creado de conformidad con el artículo 19 del Reglamento interno y encargado de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 19 de abril de 2016 por unanimidad.
En su 517.o pleno de los días 25 y 26 de mayo de 2016 (sesión del 26 de mayo de 2016), el Comité Económico y Social Europeo aprobó por 185 votos a favor, 4 en contra y 8 abstenciones el presente dictamen.
El Comité recuerda que el objetivo fundamental del programa REFIT (1) es mejorar la calidad y la eficacia de la legislación europea y elaborar normas simples, comprensibles y coherentes sin cuestionar los objetivos estratégicos establecidos y sin ir en detrimento de la protección de los ciudadanos, los consumidores, los trabajadores y el diálogo social o el medio ambiente.
La normativa europea es un factor de integración clave que no constituye una carga o un coste que se debe reducir. Al contrario, si es proporcionada, ejerce una importante función de protección, promoción y seguridad jurídica para todos los agentes y ciudadanos europeos.
Las evaluaciones de impacto de toda propuesta legislativa deben ser integradas y conceder a las dimensiones económica, social y medioambiental, incluso para las pymes, la importancia que se merecen. El Comité aboga por que el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea lleguen a un acuerdo sobre una metodología común con respecto a las evaluaciones de impacto, que también podrá servir de modelo para el Comité y el Comité de las Regiones (CDR).
Tanto el proceso de consulta pública como las consultas a expertos y partes interesadas deben ser lo más abiertos posible, pero no deben reemplazar las consultas a los interlocutores sociales y al Comité.
El Comité pide a la Comisión que incorpore a su cuadro de indicadores una evaluación anual de los principales costes y beneficios de las medidas del programa REFIT desde los puntos de vista cuantitativo y cualitativo, incluido con respecto al nivel y la calidad del empleo, la protección social y medioambiental, y la protección de los consumidores.
El proceso de decisión debe ser lo más fluido y pertinente posible. Los órganos y los filtros creados para verificar su fundamento no pueden atentar contra la decisión política, que debe mantener su carácter soberano. En este sentido, es necesario luchar contra la burocratización del proceso de decisión.
El Comité toma nota de la puesta en marcha de la plataforma REFIT, que ha recibido el mandato de trabajar en favor de una legislación más eficaz y de normas administrativas más sencillas. Subraya que debe ceñirse a examinar un número determinado de temas y que no debe reemplazar a los colegisladores ni las consultas obligatorias al Comité, dado que sus trabajos son diferentes, y a los interlocutores sociales previstas en los Tratados. Invita a la Comisión a publicar los criterios para la preselección de las sugerencias dirigidas a la plataforma, a velar por su equilibrio y a arrojar luz sobre el curso que se da a las recomendaciones de la plataforma a fin de facilitar la trazabilidad de las influencias.
En cuanto a la representatividad de la plataforma REFIT, el Comité considera que la concesión de dos puestos adicionales le permitiría respetar plenamente la naturaleza de su mandato y ser un reflejo de la sociedad civil a la que debe representar. Por lo demás, el Comité señala que no hay una representación paneuropea de las microempresas y las pymes en el «grupo de partes interesadas» de la plataforma y pide que se solucione cuanto antes.
El Comité, que cuenta con la ventaja de tener un contacto directo con la situación sobre el terreno y se beneficia de una amplia red de organizaciones a nivel nacional y de los conocimientos de sus miembros, está bien situado para aportar una contribución significativa a las evaluaciones de impacto realizadas a escala europea. Su intención es privilegiar las evaluaciones ex post y cualitativas, a fin de determinar la incidencia de una intervención legislativa o de una política europea, y de transmitir las vivencias y el sentir de los interlocutores económicos y sociales europeos.
En el caso de la transposición de determinadas directivas, el Comité desea contribuir de manera específica al informe de iniciativa del Parlamento Europeo sobre el informe anual relativo a la aplicación de la legislación de la UE por parte de los Estados miembros centrándose en los elementos añadidos por estos durante el proceso de transposición.
El Comité solicita que el programa REFIT sea un ejercicio que funcione en ambos sentidos, es decir, que a priori no se anticipe la dirección que debe tomar la normativa: validación, adición, complemento, modificación o supresión de un acto legislativo.
El Comité no aceptará participar en un ejercicio con unos objetivos específicos de reducción del acervo de la UE sobre una base cuantitativa sin haber evaluado previamente todas las consecuencias que esto puede tener de cara a la protección social y medioambiental, y la protección de los consumidores.
El Comité está a favor de una evaluación ex post más rigurosa de los efectos de la normativa de la UE en el marco del ciclo político de la UE, especialmente en cuanto a las consecuencias en el crecimiento o el empleo previstas en la evaluación de impacto que acompañe a la propuesta legislativa inicial. Las evaluaciones ex post deben realizarse de manera plural una vez transcurrido un período de tiempo razonable después de la fecha límite de transposición en el Derecho nacional.
El Comité recuerda que la legislación es fundamental para alcanzar los objetivos del Tratado, así como para crear las condiciones que permitan un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo en beneficio de los ciudadanos, las empresas y los trabajadores (2). Además, la normativa contribuye a mejorar el bienestar, proteger el interés general y los derechos fundamentales, promover un alto grado de protección social y medioambiental, y garantizar la seguridad y la previsibilidad jurídicas. Asimismo debería evitar el falseamiento de la competencia y el dumping social.
Por consiguiente, el Comité acoge con satisfacción el hecho de que el vicepresidente Timmermans haya recordado en varias ocasiones que el programa REFIT no puede tener como consecuencia la desregulación del acervo de la UE ni la reducción del nivel de protección social, la protección del medio ambiente y los derechos fundamentales (3).
El Comité considera que, aunque la normativa conlleva gastos y cargas administrativas que pueden resultar gravosos o innecesarios, también produce beneficios sustanciales para los ciudadanos, las empresas y las autoridades públicas. Recuerda que el objetivo de la normativa inteligente siempre debe ser lograr un verdadero valor añadido. Así pues, en la medida de lo posible, la normativa de la UE, en vez de crear nuevas cargas, debe eliminar las ya existentes.
El Comité considera que el principio de «legislar mejor» debe dar prioridad a la respuesta más adecuada para lograr la culminación del mercado interior de la UE: armonización específica, aplicación pertinente del principio de reconocimiento mutuo en los ámbitos no armonizados, corregulación, autorregulación y normalización. En este sentido, el Comité recuerda que la armonización específica e inteligente de las legislaciones contribuye a eliminar los obstáculos al correcto funcionamiento del mercado interior. Además, la armonización de las 28 legislaciones nacionales supone, para las empresas y los ciudadanos de la UE, una fuente importante de simplificación y reducción de la carga normativa y administrativa.
El Comité recuerda que el objetivo fundamental del programa REFIT es mejorar la calidad y la eficacia de la legislación europea y elaborar normas simples, comprensibles y coherentes sin cuestionar los objetivos estratégicos establecidos y sin ir en detrimento de la protección de los ciudadanos, los consumidores, los trabajadores y el diálogo social o el medio ambiente.
A este respecto, el Comité recuerda su posición favorable a que la legislación examinada y la carga relacionada con ella sean útiles, es decir, produzcan un beneficio final mayor que los costes generados, y a que la legislación sea proporcionada y garantice una seguridad jurídica suficiente.
2.7. La evaluación de impacto
El Comité toma nota del Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor» firmado por las tres instituciones el 13 de abril de 2016.
En particular, el Comité destaca el hecho de que las tres instituciones hayan reconocido que el sistema de evaluación de impacto es un instrumento que debe ayudarles a adoptar decisiones bien informadas y que no reemplaza las decisiones políticas (4).
El Comité se alegra de que, en el marco de sus evaluaciones de impacto integradas, equilibradas y pluralistas, la Comisión incluya soluciones alternativas referidas al coste de la no Europa y a las consecuencias de las distintas opciones en la competitividad; la repercusión de las propuestas en las pymes y las microempresas, y la dimensión digital y territorial (5).
El Comité celebra que la Comisión pueda llevar a cabo su evaluación de impacto por iniciativa propia o a petición del Parlamento Europeo o del Consejo, pero lamenta que cada institución determine de manera individual la forma de organizar su trabajo de evaluación. El Comité aboga por que las tres instituciones lleguen a un acuerdo sobre una metodología común con respecto a las evaluaciones de impacto, que también podrá servir de modelo para el CESE y el CDR a la hora de fundamentar sus enmiendas.
Desde el punto de vista del Comité, las evaluaciones de impacto se deben realizar en el mismo seno de las instituciones europeas. Sin embargo, cuando se prevea recurrir a asesores privados por motivos concretos, el Comité insiste en que:
el pliego de condiciones se redacte de manera imparcial sobre la base de unos criterios transparentes y claros y se publique con antelación,
la selección de los candidatos se realice en unas condiciones de total transparencia sobre la base de una convocatoria de licitación amplia y pluralista que permita la rotación de los asesores seleccionados y la verificación de sus competencias,
la adjudicación del contrato se haga pública.
2.8. La consultas a las partes interesadas
El Comité considera que la consulta a las partes interesadas y a los expertos no debe reemplazar ni la consulta a los interlocutores sociales, al Comité y al Comité de las Regiones, que intervienen en fases muy concretas del ciclo legislativo y dentro de los límites fijados por el TFUE, ni las consultas existentes a escala nacional, que deben basarse en una participación reforzada de los interlocutores sociales. Subraya que es fundamental identificar debidamente a las partes interesadas para que haya una adecuada representatividad de todas ellas y el procedimiento de consulta sea de calidad, e invita a la Comisión a que utilice para ello el Registro de Transparencia.
El Comité solicita que la consulta se lleve a cabo sin perjuicio del diálogo civil estructurado (artículo 11, apartado 2, del TUE) o de aquellas consultas que se celebren dentro de marcos específicos, como la consulta a los interlocutores sociales (organizaciones patronales y sindicales) en el marco del diálogo social (artículo 154 del TFUE), o de la consulta de órganos consultivos como el Comité Económico y Social Europeo (artículo 304 del TFUE).
El Comité subraya que a la hora de «identificar a las partes interesadas» se debe garantizar una adecuada distribución, tanto geográfica como en función de los grupos destinatarios, con especial énfasis en los grupos infrarrepresentados. En cuanto a la evaluación de las respuestas a las consultas, indica que se debe aplicar un mecanismo de ponderación justificada (6).
2.9. El programa REFIT
El Comité toma nota de los objetivos generales del programa REFIT desarrollado por la Comisión y se remite, en particular, a sus dictámenes (7) sobre el programa «Legislar mejor» y la «Normativa inteligente». Según el Comité, una «normativa inteligente» no dispensa de respetar la reglamentación sobre la protección de los ciudadanos, los consumidores y los trabajadores, las normas sobre la igualdad de género o el medioambiente, y no puede tener como consecuencia impedir las mejoras. Asimismo, debe respetar la dimensión social del mercado interior tal y como la contempla el Tratado, especialmente en cuanto a la transposición de los acuerdos negociados en el marco del diálogo social europeo.
El Comité señala que la Comisión tiene la intención de mejorar el proceso y la calidad de los instrumentos destinados a garantizar un seguimiento óptimo de la aplicación.
El Comité pide a la Comisión que incorpore a su cuadro de indicadores una evaluación anual de los principales costes y beneficios de las medidas del programa REFIT desde los puntos de vista cuantitativo y cualitativo, incluido con respecto al nivel y la calidad del empleo, la protección social y medioambiental y la protección de los consumidores.
El Comité hace hincapié en que el programa «Legislar mejor» no puede ni debe reemplazar las decisiones políticas.
2.10. Plataforma REFIT
El Comité toma nota de la puesta en marcha de la plataforma REFIT, en la que participa y cuyo objetivo es evaluar las propuestas orientadas a reducir la carga administrativa y reglamentaria inútil y a facilitar la aplicación de la legislación europea en los Estados miembros. Señala que los ámbitos que forman parte del diálogo social y de las competencias de los interlocutores sociales han sido excluidos de las atribuciones de la plataforma.
Sin embargo, el Comité señala que la plataforma debe:
ser un foro de intercambio de naturaleza consultiva que no puede alterar el funcionamiento normal de las instituciones y, en especial, el de los colegisladores,
respetar la consulta al Comité y las demás consultas obligatorias previstas en los Tratados, especialmente en el artículo 154 del TFUE en relación con los interlocutores sociales,
ceñirse a examinar un número determinado de temas.
El Comité también espera que:
esta plataforma no duplique los procesos de consulta iniciados en otras instancias y no se convierta en un estrato burocrático inútil,
la plataforma no interfiera en el proceso de toma de decisiones alegando que fue consultada, dedicó un debate a un asunto específico o sugirió una forma concreta de intervención.
El Comité llama la atención sobre el hecho de que el elevado número de participantes en la plataforma, la naturaleza tan dispar de los intervinientes (Estados miembros, interlocutores sociales, ONG, miembros de la sociedad civil), el amplio abanico de temas inscritos en el orden del día y la escasa frecuencia de las reuniones no permiten debatir a fondo sobre las sugerencias tratadas por la plataforma.
2.11. La representatividad de la plataforma REFIT
En este sentido, el Comité destaca que, a pesar de ser una institución establecida por los Tratados y representativa de la diversidad de la UE, solo cuenta con un puesto y su participación se basa en la rotación de sus tres grupos.
Por tanto, el Comité considera que la asignación de dos puestos más permitiría respetar la naturaleza tripartita de la institución y su mandato, y ser un reflejo de la sociedad civil a la que debe representar.
El Comité señala que no hay una representación paneuropea de las microempresas y las pymes en el «grupo de partes interesadas» de la plataforma y pide que se solucione cuanto antes.
2.12. El funcionamiento de la plataforma
El Comité invita a la Comisión a:
aclarar el proceso y los criterios de selección de las partes representadas en la plataforma,
asegurarse de que todos los representantes de las partes interesadas disponen de los medios materiales necesarios para preparar las reuniones e intervenir eficazmente en ellas,
publicar el número de sugerencias recibidas por la Comisión y transmitidas a continuación a la plataforma, así como los criterios para su preselección,
velar por la adecuada representatividad de las sugerencias (Estados miembros, interlocutores sociales, miembros de la sociedad civil),
presentar, a su debido tiempo, documentos preparatorios exhaustivos y útiles para los miembros, con el fin de que puedan preparar la reunión en condiciones óptimas y contribuir eficazmente al ejercicio en su conjunto,
garantizar el seguimiento de las recomendaciones a fin de permitir la trazabilidad de las influencias,
publicar los resultados obtenidos en el marco de los trabajos de la plataforma.
3. Observaciones secundarias
3.1. Evaluación de las políticas de la UE
El Comité recuerda que debe ser considerado como un socio institucional de pleno derecho y no como una subcategoría dentro de las partes interesadas caracterizadas por tener unos intereses múltiples, diversos y contradictorios.
El Comité recuerda que, al contar con la ventaja de tener un contacto directo con la situación sobre el terreno y beneficiarse de una amplia red de organizaciones a nivel nacional y de los conocimientos de sus miembros, está bien situado para aportar una contribución significativa a la evaluación de impacto.
El Comité subraya que esta actividad de evaluación servirá para reforzar sus relaciones con las distintas organizaciones de la sociedad civil y le permitirá consolidar su papel de puente entre las instituciones y los representantes de la sociedad civil.
Además, el CESE precisa que sus evaluaciones adoptarán la forma de recomendaciones sobre las políticas y que en ellas pondrá de relieve las principales repercusiones de las políticas examinadas en la sociedad civil y propondrá la forma más apropiada de proceder en el futuro.
El Comité subraya que tendrá que privilegiar las evaluaciones ex post y cualitativas, a fin de determinar la incidencia de una intervención legislativa o de una política europea y de transmitir las vivencias y el sentir de los interlocutores económicos y sociales europeos.
El Comité opina que las evaluaciones ex post de la Comisión y del Parlamento a las que contribuirá deben servir de base para una modificación legislativa o una nueva legislación sobre la que se le consultará.
El Comité se congratula de poder integrarse así plenamente en el ciclo legislativo y multiplicar sus oportunidades de contribuir a la definición de las futuras estrategias políticas de la Unión.
3.2. Transposición de las directivas
Al transponer las directivas en el Derecho nacional, los Estados miembros a veces añaden elementos que no están de ningún modo relacionados con la legislación europea en cuestión; por tanto, el Comité considera que se deben poner de relieve estas adiciones, ya sea mediante el acto o los actos de transposición o mediante documentos relacionados (8). En este contexto, el Comité considera que el término «gold-plating», que se refiere a la «sobrerregulación», es una expresión que no se debe usar dado que estigmatiza determinadas prácticas nacionales y excluye al mismo tiempo un enfoque diferenciado y flexible.
El Comité considera que, en los casos de armonización mínima, los Estados miembros deben conservar la facultad de establecer en su Derecho interno disposiciones que tengan como objetivo la promoción del empleo, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, una protección social adecuada, un nivel de empleo elevado y sostenible, la lucha contra las exclusiones (9) y la promoción y el desarrollo de las pymes, así como un nivel elevado de protección de la salud humana o de los consumidores (10) y de protección en el ámbito del medio ambiente (11), sin que ello suponga la creación de obstáculos normativos o administrativos inútiles, y que, por tanto, es importante, siempre que sea posible, conceder mayor prioridad a los reglamentos que a las directivas.
El Comité observa que el esfuerzo por conseguir la armonización máxima en las propuestas legislativas conduce a menudo a una amplia gama de excepciones y exclusiones que tienen como consecuencia la creación y legitimación de nuevas barreras en el mercado interior.
El Comité considera que puede desempeñar una función útil como intermediario entre los legisladores y los usuarios de la legislación de la UE y aportar una contribución específica al informe de iniciativa del Parlamento Europeo sobre el informe anual relativo a la aplicación de la legislación de la UE por parte de los Estados miembros centrándose en los elementos añadidos por estos durante el proceso de transposición. En este sentido, considera que el estudio de su Observatorio del Mercado Único sobre «Los efectos de la Directiva de servicios en el sector de la construcción» (12), así como el estudio de su Observatorio del Mercado de Trabajo sobre el desempleo juvenil (13), por citar tan solo dos ejemplos, pueden resultar útiles a efectos de la metodología.
3.3. Dimensión prospectiva
El Comité solicita que el programa REFIT sea un ejercicio que funcione en ambos sentidos, es decir, que a priori no se anticipe la dirección que debe tomar la normativa: adición, complemento, modificación o supresión de un acto legislativo.
El Comité está de acuerdo en que la Comisión realice un cribado y una reevaluación permanentes del acervo de la UE y, en especial, que examine la pertinencia y el valor añadido de los actos legislativos y no legislativos de la UE.
El Comité considera que el carácter integrado y holístico de las evaluaciones de impacto es fundamental y que la Comisión no debe centrarse únicamente en la dimensión de la competitividad. Asimismo, señala que es importante analizar debidamente el valor añadido de la intervención de la UE y que la evaluación de los costes y los beneficios debe contemplar todos los aspectos, incluidos los costes de la falta de intervención.
3.3.4. Evaluación de impacto
El Comité considera que la multiplicación de los criterios para la evaluación de impacto no puede tener como resultado que la Comisión no actúe o rechace una iniciativa alegando que no se cumplen uno o más criterios; por consiguiente, considera que la Comisión debe ponderar los criterios entre sí y que, además, la multiplicidad de los criterios no puede suponer una burocratización del proceso de decisión ni conllevar una abstinencia legislativa.
El Comité presta especial atención al principio de «pensar primero a pequeña escala» («Think Small First») y a la prueba de las pymes, especialmente en el marco del dictamen sobre la «Small Business Act» (14), pero considera que no es conveniente conceder a las microempresas exenciones generalizadas y que, al tratarse de propuestas legislativas, es más razonable adoptar un enfoque que se ajuste a cada caso sobre la base de una evaluación de impacto minuciosa.
El Comité está de acuerdo en que las propuestas de la Comisión vayan acompañadas de evaluaciones de impacto rigurosas y respaldadas por datos contrastados («evidence-based»), pero subraya que corresponde al legislador de la Unión ejercer su facultad de apreciación garantizando un determinado equilibrio entre, por una parte, la protección de la salud, del medio ambiente y de los consumidores, y, por otra parte, los intereses económicos de los operadores, todo ello para lograr el objetivo de alcanzar un elevado nivel de protección de la salud y del medio ambiente que le encomienda el Tratado (15).
El Comité señala que este ejercicio también puede incluir la cuantificación de la carga normativa y administrativa, siempre que:
examine la cuestión del coste y de las cargas de la normativa con respecto a su repercusión en las empresas y la competitividad en general, así como con respecto a los beneficios de la normativa existente en materia social, medioambiental, de derechos de los consumidores, de salud pública y de empleo,
no tenga como consecuencia la reducción o el debilitamiento de los objetivos políticos de la UE;
verifique los «agujeros» existentes en la normativa y las iniciativas que se deben llevar a cabo para dotar a la UE de normas inteligentes de gran calidad.
El Comité no puede aceptar participar en un ejercicio con unos objetivos específicos de reducción del acervo de la UE sobre una base cuantitativa sin haber evaluado previamente todas las consecuencias que esto puede tener de cara a la protección social y medioambiental, y la protección de los consumidores.
En cuanto a las evaluaciones de los costes acumulativos, el Comité señala que, cuando la Comisión evalúe el impacto ex ante o ex post de una parte de la legislación europea, debe tener en cuenta que estos nuevos costes se añaden a los costes de cumplimiento y de aplicación existentes. El Comité admite que estas evaluaciones permiten calcular los costes financieros que gravan la legislación de un sector concreto, pero indica que estas evaluaciones no pueden tener como resultado la exoneración parcial o total de un sector.
3.3.5. Evaluación ex ante
Al Comité le preocupa que el debate se desplace cada vez más hacia el principio del proceso, incluso antes de que intervengan los colegisladores y los interlocutores sociales, quienes, por tanto, corren el riesgo de quedar excluidos de los términos de este debate, que tendrá lugar sin su participación.
3.3.6. Evaluación ex post
El Comité considera que las evaluaciones ex post son, como mínimo, igual de importantes que la evaluación ex ante; así pues, pide a la Comisión que presente una guía metodológica sobre los criterios de desarrollo sostenible.
El Comité está a favor de una evaluación ex post más rigurosa de los efectos de la normativa de la UE en el marco del ciclo político de la Unión, especialmente en cuanto a las consecuencias en el crecimiento o el empleo previstas en la evaluación de impacto que acompañe a la propuesta legislativa inicial.
El Comité opina que las evaluaciones ex post deben realizarse de manera plural una vez transcurrido un período de tiempo razonable después de la fecha límite de transposición en el Derecho nacional.
El Comité opina que las evaluaciones ex post constituyen herramientas útiles de análisis y que las conclusiones extraídas de estas evaluaciones pueden servir directamente de base para una posible evaluación de impacto con vistas a la revisión de un acto legislativo.
Bruselas, 26 de mayo de 2016.
(1) Las siglas se refieren al programa de Adecuación y Eficacia de la Reglamentación.
(2) COM(2012) 746 final, p. 2.
(3) COM(2015) 215 final.
(4) Véase el punto 7 del Acuerdo Interinstitucional de 15 de diciembre de 2015 (http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/documents/iia_blm_final_en.pdf).
(6) DO C 383 de 17.11.2015, p. 57.
(7) DO C 327 de 12.11.2013, p. 33, DO C 248 de 25.8.2011, p. 87, y DO C 48 de 15.2.2011, p. 107.
(8) Punto 31 del Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor».
(9) Artículo 151 del TFUE.
(10) Artículos 168 y 169 del TFUE.
(11) Artículo 191 del TFUE.
(12) http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/eesc-2014-02466-00-01-tcd-tra-es.pdf
(13) http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.lmo-observatory-impact-study-youth
(14) DO C 376 de 22.12.2011, p. 51.
(15) Sentencia del Tribunal de Justicia, de 8 de julio de 2010, relativa al asunto Afton Chemical Limited/Secretary of State for Transport, punto 56 (asunto C-343/09, ECLI:EU:C:2010:419).
Las propuestas de enmienda siguientes, que obtuvieron más de un cuarto de los votos emitidos, fueron rechazadas en el transcurso de los debates (artículo 54.3 del Reglamento interno):
a) Puntos 2.11.1 y 2.11.2
Por tanto, el Comité considera que la asignación de dos puestos más permitiría respetar la naturaleza tripartita de la institución y su mandato y ser un reflejo de la sociedad civil a la que debe representar.
b) Punto 1.8
La representación del CESE solo puede ser una —la del CESE— y no la de cada uno de los Grupos. El modo en que se asegure dicha unidad en la representación compete exclusivamente al CESE, que no debe poder pronunciarse y votar con tres voces eventualmente discordantes.