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Timestamp: 2019-02-20 16:41:20
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Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'artículo 28', 'artículo 51', 'artículo 147', 'artículo 25', 'artículo 147']

¿Cómo fue la crisis bancaria de los 90?Revista La Otra | Revista La Otra
Yo sé lo que hiciste el feriado pasado
40 años después del boom petrolero, las grandes decisiones económicas –que en los años siguientes debieron llevar a nuestro país a días de progreso y desarrollo– fueron tomadas por un minúsculo grupo de empresarios, banqueros y políticos. Ellos, serviles a las necesidades del poder económico, marcaron el rumbo del Ecuador hacia la catástrofe financiera de 1999
Un saqueo a los fondos públicos y privados de un país no se gesta de la noche a la mañana. Resula indignante recorrer las páginas de la historia reciente de nuestro país. Durante casi tres décadas, el Ecuador fue ejemplo del “eterno retorno”, donde, no solo la historia sino que sus personajes y sus errores, se repetían una y otra vez.
La sinergia entre políticos, empresarios y banqueros fue siempre necesaria. Los ricachones necesitaban leyes para hacerse más ricachones y los políticos requerían plata para ganar elecciones y convertirse en ricachones. Todo esto a costillas del dinero del pueblo, del dinero de cada uno de nosotros. Así, los ciudadanos –movidos por los medios de comunicación propiedad de los mismos empresarios y banqueros– tuvimos que aceptar la realidad de lo inevitable: nuestro dinero ya no nos pertenecía, era de ellos porque así las leyes lo decían.
Para contar bien la historia, debemos remontarnos al gobierno de Rodrigo Borja, el mandatario de “izquierda” que firmó tres cartas de intención con el FMI. Entre otros compromisos, como el alza de los combustibles y de las tarifas de los servicios básicos, en esos documentos se comprometió a aprobar la Ley 133 que inició el proceso de flexibilización laboral. Y como cereza del pastel, la útima hazaña de esa presidencia fue la promulgación de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, en mayo de 1994.
Durante los últimos años, se ha acusado al gobierno de Sixto Durán Ballén y Alberto Dahik de ser el promotor legal de la crisis bancaria de los 90. Claro que fueron ellos quienes impulsaron y aprobaron la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. Pero, no fue solo el régimen del “abuelito bonachón” el que dio rienda suelta a los intereses de la banca.
En las postrimerías del gobierno de la Izquierda Democrática (ID) se daba el puntapié inicial al libertinaje bancario, aprobando una ley que, años más tarde, sería aprovechada por decenas de bancos que acudieron al Estado para ejecutar préstamos de liquidez. Es decir, el Banco Central entregaba plata de los contribuyentes a bancos privados; sin más garantía que papeles, muchas veces, sin ningún valor.
Así establecía la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado en su artículo 24: “La Junta Monetaria, solo en caso de falta de liquidez de los bancos privados o de los demás establecimientos de crédito del sistema financiero privado, podrá autorizar al Banco Central la concesión de créditos”.
También existían los créditos por retiro y los especiales, que constaban en los artículos 25 y 26 de la misma normativa y garantizaban un abanico de posibilidades crediticias para los bancos. Todas estas con tremendas facilidades, tal como lo consagraba el artículo 27: “Las operaciones de crédito en favor de las instituciones financieras serán garantizadas por documentos entregados al Banco Central y avalados por la institución solicitante. Salvo que el Banco Central requiera garantías adicionales, quirografarias o reales”. ¡Y qué viva la feria!
Entonces, como era de suponerse, hasta finales de 1995, más de 20 instituciones financieras, avaladas por ellos mismos, recurrieron al Banco Central para solicitar préstamos que, en su gran mayoría, nunca fueron pagados.
Tal era el compromiso de los políticos de la época con el poder económico, que el artículo 28 de la misma ley daba la potestad a la Junta Monetaria de autorizar préstamos de hasta el 10 % del Presupuesto General del Estado. ¿A quiénes iban esos créditos? ¡A los banqueros!
Para terminar esta etapa de la historia, hay que ser justos. No se puede culpar solo al “pobre” de Rodrigo Borja y sus sueños rotos de izquierda. Fue en el congreso del hombre del maletín y de los cenicerazos, donde nació esta ley que dio inicio al mayor robo de la historia del Ecuador.
Como dije en líneas anteriores, los nombres se repiten una y otra vez. Por eso estoy muy convencido de que todo fue planeado desde un inicio. ¡Nada fue casualidad!
Podemos contar a las estrellas del Congreso Nacional de 1992: Jaime Nebot, Jamil Mahuad, Alberto Dahik, Vladimiro Álvarez y Fabián Alarcón. Quienes, además de haber aprobado la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, en años siguientes fueron protagonistas de las decisiones y acontecimientos que llevaron al país a la quiebra. Es decir, se vivía un eterno retorno.
Esta frase hasta suena jocosa cuando revisamos la historia y nos damos cuenta de que el gobierno de la Unidad Republicana, lo que más hizo fue retroceder. Nuestro país resultó presa fácil de los intereses de la banca internacional privada, del FMI y del Banco Mundial (BM). Obvio que fue en esta época donde las élites bancarias y políticas ecuatorianas, en coloridas reuniones en el Club de la Unión, trazaron el inicio del premeditado ejercicio de quebrar bancos y recurrir al Estado para “salvarlos”.
Sixto Durán Ballén entregó el manejo económico del país al vicepresidente Alberto Dahik. Y, bajo ese mando, prácticamente se dio todo al sector privado.
Por ejemplo, tan catastrófico fue el manejo de la deuda externa, que “en diciembre de 1992, autoridades del gobierno ecuatoriano (Mario Ribadeneira, ministro de Finanzas; y Ana Lucía Armijos, gerente general del Banco Central) renunciaron unilateralmente al derecho de prescripción de la deuda externa comercial. En ese momento, la deuda llegaba a los 7.000 millones de dólares, mediante el denominado Tolling Agreement”. Así detalló en su informe la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público, creada en el actual gobierno.
Es decir, el país por derecho podía dejar de pagar le deuda externa, pero el gobierno de Sixto Durán Ballén dijo: ¡queremos seguir pagándola! ¿Y quién fue la protagonista de esa decisión? Ana Lucía Armijos, quien un par de años después aprobaría el salvataje al Banco Continental y a renglón seguido, fue premiada al ser nombrada ministra de gobierno y, luego, de Finanzas de Jamil Mahuad. La historia y los personajes se repiten.
No solo eso, estos personajes endeudaron al país hasta el cuello con los bonos Brady, que solo favorecieron a los acreedores y, además, se constituyeron en el mayor contrato de endeudamiento global celebrado por el Estado hasta 1995. El monto emitido por ese concepto fue de 5.953 millones de dólares.
Fieles a lo que decía la propia Armijos: “Primero la deuda, luego lo social”, hasta 1995 el pago de la deuda externa llegó a representar –inclusive- el 50 % del Presupuesto General del Estado.
En el país, también había que favorecer a los empresarios y banqueros. Por ello, las leyes aprobadas a su conveniencia fueron nuevamente el arma para lograr sus objetivos y qué mejor que un congreso dominado por los socialcristianos y la Unidad Republicana de Durán Ballén.
De esta forma, y bajo la supervisión de FMI y el BM, fue aprobada la Ley de Modernización, que el propio secretario de Planificación de la época, Pablo Lucio Paredes, la calificaría como: “Una ley de privatizaciones maquillada con otras cosas”. Tal y como la misma legislación lo pedía, el proceso de modernización comprendía, entre otras cosas, la desregulación económica, la reforma financiera y la Ley de Hidrocarburos, que fue otro ejemplo de cómo regalaron el país.
Esta ley afectó los recursos del sector público y permitió que la participación del Estado en los ingresos petroleros bajara del 90 % al 33 %, en el mejor de los casos. Esto incidió directamente en el sector social, pues en el gobierno de estos genios del neoliberalismo, inclusive la educación dejó de ser gratuita. Es decir: el pueblo pagaba los regalos a los bancos y empresas transnacionales.
¿LA LEY DEL ATRACO?
Con múltiples publicaciones en los medios locales, la banca de la época y, sobre todo, el Banco de Guayaquil de Guillermo Lasso, promovía y exigía la pronta aprobación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero.
Esa ley, desde adentro, era impulsada por sus promotores Alberto Dahik, Ana Lucía Armijos y Gustavo Ortega Trujillo, superintendente de Compañías de ese entonces, y hermano de Leónidas Ortega Trujillo, dueño del Banco Continental.
Entre otras joyas, el cuerpo legal permitía la creación de grupos financieros, facilitaba la creación de nuevas entidades bancarias, que con tan solo un capital de un millón de Unidades de Valor Constante (UVC) podían funcionar. Es así que, desde 1994 a 1996, se sumaron 12 nuevos bancos que saturaron el “naciente” sistema financiero ecuatoriano. Muchos de ellos quebraron pocos años después.
Asimismo, según el artículo 51 de la misma ley, los bancos tenían la posibilidad de recibir préstamos y aceptar créditos de instituciones financieras nacionales y del exterior. También tenían facultad de emitir obligaciones y cédulas garantizadas con sus activos y patrimonio.
La parte medular del asunto fue el artículo 74 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, que abrió las puertas a los préstamos vinculados que se permitían en un 100 % del patrimonio técnico de las instituciones. Es decir, un banco podía prestarse plata a sí mismo a través de empresas de papel y de personas naturales vinculadas, pertenecientes a amigos, parientes y testaferros.
El economista Jorge Rodríguez, exvocal de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), aseguró en una entrevista que: “Según las investigaciones de la comisión, una persona conformó 711 empresas en una sola notaría y luego las vendió a los banqueros. Ellos pusieron a sus choferes y guardaespaldas de representantes de estas empresas y se hicieron préstamos millonarios que sumaron un perjuicio superior al Producto Interno Bruto (PIB) del año 2000”.
Para colmo, el artículo 147 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero permitía otorgar a las instituciones del sistema financiero -que estuvieran con problemas de liquidez-, préstamos denominados subordinados. Es decir, si el banco quedaba desfinanciado por prestar plata a sus propias empresas, que nunca era devuelta, la solucioón era sencilla: se recurría al Estado para que, con dinero del pueblo, tapara esos huecos financieros ocasionados por ellos mismos. Así, el negocio de quebrar bancos fue redondo.
BANCO CONTINENTAL, EL PRIMER EXPERIMENTO
Según publicaba el economista Hernán Reyes, en la revista América Economía, Guillermo Lasso, entonces presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil y vocal de la Junta Monetaria desde septiembre de 1994, aseguraba que las medidas ejecutivas y legislativas asumidas en el gobierno de turno “habían creado un entorno adecuado para producir el incremento de la eficiencia del sistema bancario ecuatoriano durante 1994” (cita tomada del artículo “La banca crece en eficiencia”, de Guillermo Lasso; Guayaquil; 25 de agosto de 1995).
Esas expresiones resultan extrañas, ya que, en agosto de 1994, el primer banco cayó en medio de acusaciones de lavado de activos y préstamos vinculados. La quiebra del Banco de Los Andes dejaba ver los débiles controles de la Superintendencia de Bancos. Nadie lo pudo salvar. Ni siquiera el auxilio de 52 mil millones de sucres concedido por el Banco Central (fuente: documentos biblioteca del Banco Central).
Ya en febrero de 1995, el Banco Central del Ecuador y el Banco Continental ejecutaron el acuerdo denominado Facilidad de Crédito de Liquidez; concediendo –el primero a favor del segundo- más de 10 créditos a lo largo de 1995 e inicios de 1996. Todos autorizados por la Junta Monetaria.
Los préstamos de liquidez para el Banco Continental sumaron 470 mil millones de sucres.
Para la concesión de estos préstamos, según el artículo 25 de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, se requería del voto conforme de seis de los miembros de la Junta Monetaria. Guillermo Lasso Mendoza era el vocal que representaba a la banca privada y, además, fungía como presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Y, nuevamente, Ana Lucía Armijos, ahora en su papel de presidenta de la Junta Monetaria.
Pero, ningún préstamo fue suficiente. Claro está que el país, en general, pasaba por duros momentos: el conflicto bélico con Perú, la situación política, la crisis energética y los problemas de liquidez de las instituciones del sistema financiero de noviembre y diciembre de 1995. Estos fueron –en palabras del entonces gerente del Banco Central, Augusto de la Torre–, los motivos por los cuales se otorgaba un crédito subordinado por 485 mil millones de sucres al Banco Continental, en marzo de 1996. Con este préstamo se garantizaba la estabilidad del sistema financiero, avalando la decisión en el artículo 147 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. Así se reseña el Acta 2562 del 19 de marzo, desclasificada después de 19 años por Diario El Telégrafo.
Leónidas Ortega no pudo quejarse del aparato burocrático. Su solicitud fue presentada el 18 de marzo, el 19 se aprobó la regulación que le permitía a la Junta Monetaria dar el préstamo y el 20 de marzo fue concedida su petición. ¡Qué agilidad más sorprendente!
Augusto de la Torre, en ese entonces gerente del Banco Central, en una entrevista de mayo de 1996, reconoció que la Junta Monetaria otorgó el crédito subordinado a pesar de la insolvencia del banco y que, apenas un mes después, la Superintendencia de Bancos supo a detalle lo que ocurría.
Se descubrió, de forma tardía, que el Banco Continental, “a través de una sofisticada ingeniería bancaria que incluía la piramidación de capitales y el uso intensivo de su banco off shore para mover inmensos recursos de Ecuador hacia el exterior, habían vaciado el patrimonio de la entidad”. Así lo afirmaba el economista Hernán Ramos.
El banco hizo aumentos ficticios de capital para poder acceder a mejores condiciones crediticias. Por ejemplo, en 1991 el grupo Conticorp emitió obligaciones por más de seis millones de dólares, a cuyos 214 compradores, dicha institución financiera les concedió préstamos sin exigir ninguna garantía.
Es decir, vendía acciones y los compradores las pagaban con el mismo dinero que el banco les había prestado.
Calificado como el más grave acto de corrupción que involucra al sector privado ecuatoriano en muchas décadas, el caso del Continental y sus empresas no financieras asociadas, muestra un cúmulo de irregularidades convertidas en un patrón de los movimientos financieros de la entidad y su grupo. Incluso, llegó a extender sus operaciones a Curazao, Bahamas, Miami y Bolivia. Compañías como Conticorp, Sonwey, Interamerican Assets, Management Fund -IAMF, Continental Curazao, Continental Bahamas y Panamerican Bank de Miami, según reseñaba un artículo de Diario El Tiempo de 1997.
Todos los implicados fueron enjuiciados. Es más, después de 19 años de litigio, el año pasado el Estado ecuatoriano ganó la demanda impuesta contra la empresa Conticorp y los hermanos Luis, Leónidas y Jaime Ortega Trujillo.
Regresando a los años 90, inclusive Carlos Solórzano Constantine, en su calidad de presidente de La Corte Suprema de Justicia en ese entonces, enjuició a los miembros de la Junta Monetaria. Ana Lucía Armijos huyó del país con orden de prisión. El exvocal de la Junta Monetaria, Guillermo Lasso, tuvo que presentar su testimonio y señaló: “el Banco Continental recibió, en el gobierno de Durán Ballén, 955 mil millones de sucres”. Además, reveló que la Junta Monetaria no conoció los balances consolidados de ese banco y que la decisión se tomó exclusivamente con base en informes de la superintendencia de Bancos y el Banco Central (fuente: documentos biblioteca Banco Central).
Eso quedó en nada. Carlos Solórzano aseguró que fue perseguido por los socialcristianos y fue cesado en sus funciones por enjuiciar a los implicados en el robo del Continental. “Es que el amarre de Febres Cordero con los bancos, era evidente”, Afirmó el extitular de la Corte Suprema de Justicia.
Inclusive, Solórzano recuerda con sorpresa: “Luego de que se suspendió la orden de prisión contra Armijos, ella regresó al país y le hicieron un homenaje”. Después de eso fue nombrada ministra de gobierno y de Finanzas durante la época de Jamil Mahuad y la coincidencia es que hizo nuevamente dupla con su excompañero de la Junta Monetaria, Guillermo Lasso Mendoza. Él actuaría como superministro de Economía de Mahuad. La dupla experta en salvatajes se repetía una vez más.
Tanto era el optimismo que, en 1998, Guillermo Lasso afirmaba ante la prensa: “Si algo ha funcionado bien en este país es la política monetaria y cambiaria, razón por la que no existe ningún justificativo para cambiar el régimen monetario y la estructura actual de la Junta Monetaria”.
Un año más tarde, el régimen congeló 1.840 millones de dólares del sistema bancario privado; 681,1 millones de la banca offshore y alrededor de 145 millones de sociedades financieras, cooperativas y mutualistas. El Estado intervino 33 entidades financieras y todo para salvar al sistema financiero que, insaciable, había vaciado las arcas de los bancos y las estatales.
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