Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2007-00009-de-abril-26-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_a41e76cb58df0062e0430a0101510062&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-12-06 15:10:51
Document Index: 240767606

Matched Legal Cases: ['artículo 131', 'artículo 165', 'artículo 164', 'artículo 131', 'artículo 11', 'artículo 164', 'artículo 85', 'artículo 84', 'artículo 84']

﻿ Sentencia 2007-00009 de abril 26 de 2011
SENTENCIA 2007-00009 DE 26 DE ABRIL DE 2011
CONTENIDO:PROVISIÓN DEL CARGOS DE NOTARIO, MEDIANTE CONCURSO ABIERTO. EL HECHO DE QUE SE CONVOQUE UNA PLAZA OCUPADA POR UN NOTARIO DESIGNADO EN PROPIEDAD NO IMPLICA LA ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO GENERAL, ACUERDO 1 DE 2006, PUES EN MATERIA DE CONVOCATORIAS PRIMA EL INTERÉS GENERAL SOBRE EL PARTICULAR EL ACTO ADMINISTRATIVO GENERAL QUE CONVOCA A CONCURSO PÚBLICO, BUSCA BAJO LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y LA PREVALENCIA DEL MÉRITO PROVEER LOS CARGOS DE NOTARIOS CON EL MEJOR ELEMENTO HUMANO, INTERESES CONTRAPUESTOS A LA PERMANENCIA O ESTABILIDAD EN EL CARGO.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONCURSO DE MÉRITOS, NOTARIO EN PROPIEDAD, NOMBRAMIENTO DEL NOTARIO
Sentencia 2007-00009 de abril 26 de 2011
Rad.: 11001-03-25-000-2007-00009-00 (0130-07)
Actor: José Javier Osorio
Demandado: Consejo Superior de la Administración de Justicia
Bogotá, D.C., veintiséis de abril de dos mil once.
El problema jurídico que ocupa la atención de la Sala, consiste en determinar si el acto administrativo acusado está incurso en violación de las normas superiores e incompetencia, al convocar a la provisión de los cargos de notario, mediante concurso abierto. Específicamente, establecer si el Consejo Superior no podía convocar a concurso de méritos para proveer el cargo de notario de primera categoría en la ciudad de Manizales porque el demandante ocupaba dicho puesto en propiedad.
Los artículos 1º y 2º del Acuerdo 1 de 2006, expedido por el Consejo Superior, según el documento aportado al proceso, prevén, textualmente:
“ART. 1º—Convocatoria. Convóquese a concurso público y abierto para el nombramiento de los notarios en propiedad y el ingreso a la carrera notarial
“Cargos de notario en círculos de primera categoría: Trescientos quince (315).
Círculo notaría
Cargos de notarios en círculos de segunda categoría: Ciento setenta y ocho (178).
San Juan de Arama/Vista Hermosa
El acuerdo antes mencionado como se lee de sus considerandos se soportó en el artículo 131 de la Carta Política, norma que prevé:
También se sustentó en el Decreto 960 de 1970, la Ley 588 de 2000, el Decreto 3454 de 2006, la Sentencia C-421 de 2006 de la Corte Constitucional.
Ahora bien, específicamente se soportó en el ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 165 del Decreto 960 de 1970, esta última preceptiva prevé:
“ART. 165.—Con suficiente anticipación el Consejo Superior fijará las bases de cada concurso, con señalamiento de sus finalidades, requisitos de admisión, calendario, lugares de inscripción y realización, factores que se tendrán en cuenta, manera de acreditarlos, y sistema de calificaciones, e indicará la divulgación que haya de darse a la convocatoria”.
De la misma forma en la Ley 588 de 2000, en los artículos 2º y 3º, que estipulan:
De otro lado, es cierto que la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-421 de 2006, conminó a que el Consejo Superior, conformado o compuesto según lo dispuesto por el artículo 164 del Decreto-Ley 960 de 1970, procediera a la realización de los concursos abiertos para la provisión en propiedad por parte del gobierno del cargo de notario, en un término máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación de esa sentencia. Para ello consideró:
“Téngase en cuenta que después de quince años de proferida la Constitución y de ocho años de haberse declarado por la Corte la existencia de un estado de cosas inconstitucional en la Sentencia de Unificación SU-250 de 1998(1), el imperativo mandato superior señalado en el artículo 131 según el cual el nombramiento de los notarios en propiedad se hará mediante concurso continúa inaplicado a pesar de la expedición de la Ley 588 de 2000 que fija los criterios para la realización de los respectivos concursos.
A ello cabe agregar que dado que la declaratoria de inexequibilidad de la expresión “164” del artículo 11 de la Ley 588 de 2000 implica, como ya se señaló, que recobra vigencia la disposición que establece el órgano competente según la ley para convocar y administrar los concursos y la carrera notarial —a saber el artículo 164 del Decreto-Ley 960 de 1970—, y que en consecuencia está claramente determinado en la ley el órgano competente, su integración y la forma de designación por la primera vez —por los demás miembros del consejo— de los representantes de los notarios que de él hacen parte, no hay razón alguna que impida proceder sin más dilaciones a la programación y realización de los concursos abiertos exigidos por el Constituyente, y a la consecuente provisión en propiedad por parte del gobierno de los cargos de notario.
Por su lado, el Gobierno Nacional, mediante el Decreto 3454 de 2006, reglamentó la Ley 588 de 2000 y fijó el marco regulatorio para el ejercicio de las funciones del Consejo Superior, al respecto en dicha preceptiva señaló:
“ART. 3º—Convocatoria. La convocatoria será efectuada por el Consejo Superior mediante acuerdo que señalará las bases del concurso, y que contendrá, como mínimo:
PAR.—En el acuerdo el Consejo Superior reglamentará los criterios y condiciones de los aspectos anteriores preservando la publicidad y transparencia en todo el proceso de selección” (resaltado no es del texto).
Conforme a la regulación antes señalada, el Consejo Superior es la entidad que, con base en las normas antes citadas, podía convocar al concurso y por supuesto precisar cuáles vacantes se debían proveer.
Ahora bien, el hecho de que se convoque una plaza ocupada por un notario designado en propiedad, en este caso, la de la sede territorial del departamento de Caldas, no implica la ilegalidad del acto administrativo general demandado, pues en materia de convocatorias prima el interés general sobre el particular. El acto administrativo general que convoca a concurso público, busca bajo los principios de transparencia, participación y la prevalencia del mérito proveer los cargos de notarios con el mejor elemento humano, mientras que lo buscado por el demandante es la permanencia o estabilidad en el cargo, intereses que son contrapuestos y disímiles, y por ello no es procedente el control del primero bajo la óptica del segundo.
Además, una vez surtido el concurso, en el eventual caso de que, como lo alega el actor, la plaza convocada, esté ocupada por una persona que tiene derecho preferencial sobre este cargo, la entidad deberá realizar las actuaciones necesarias para ubicar al ganador en una plaza de similares condiciones, para así garantizar la seguridad jurídica del concursante que ganó la plaza. Pero si, como lo señala el Ministerio Público, el demandante no ostenta derechos de carrera sobre el cargo ocupado de notario de Manizales porque no ingresó por concurso de méritos, la administración puede instaurar las acciones pertinentes para obtener tal declaración o, simplemente, adoptará las decisiones para garantizar el mejor derecho de concursante ganador de la plaza de notario, pero estas circunstancias, que son subjetivas, no vician de nulidad el acto acusado.
En otras palabras, la legalidad del acto general que convoca a concurso de méritos no está supeditada a las condiciones y derechos particulares del demandante; de manera que, si el actor se cree lesionado en sus derechos debió incoar la respectiva acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, cuya finalidad implica la anulación del acto administrativo y, el consiguiente restablecimiento de derecho, conculcado o amenazado.
Empero, como ya lo ha precisado la Sala Plena, cuando se pide el restablecimiento del derecho, “la nulidad del acto que le sirve de soporte a esos derechos debe ser buscado a través del procedimiento especial de la acción subjetiva. Y así debe ser porque los actos de contenido particular son los que pueden generar vulneración del derecho subjetivo, que servirá luego para solicitar su restablecimiento, si el acto que le sirve de fundamento está viciado de nulidad; mas, no cuando se trata de actos de contenido general, que, como es sabido, no causan esa vulneración sino que crean cargas públicas, que los ciudadanos deben soportar como el precio de vivir en sociedad, a menos que dichas cargas constituyan un sacrificio especial que deba ser colectivizado”(2).
Así las cosas, no es procedente, a través de la presunta lesión de un derecho subjetivo, buscar la anulación de un acto administrativo de carácter general, proferido bajo lineamientos generales, abstractos e impersonales, porque, como se indicó, la legalidad del acto no depende de los efectos que ocasione con respecto a sus destinatarios, pues, los ciudadanos están sometidos a las cargas públicas de recibir la legislación y reglamentación de carácter general que las autoridades profieran y, la anulabilidad de estas decisiones no dependen de los efectos que produzcan en la comunidad o en los particulares sino del sometimiento a la legalidad y legitimidad con que se profieran.
El demandante, aparte de la lesión de sus derechos subjetivos, no propuso alguno los cargos de anulación previstos en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, lo que conlleva a que esta corporación niegue las pretensiones de la demanda.
Finalmente la Sala precisa que el Ministerio Público señaló que la demanda incoada, en los términos y con las pruebas aportadas, carece de todo fundamento fáctico y jurídico, pues el demandante alega que se convocó para proveer el cargo de notario en la ciudad de Manizales, pero resulta que en la prueba documental no aparece convocada tal plaza, cargo que, en aplicación prevalente del derecho sustancial frente al formal debe desestimarse, porque revisado el contenido del precepto acusado en el Diario Oficial 46454 del 15 de noviembre de 2006, se observa que, la plaza de la ciudad de Manizales sí fue convocada.
Ahora bien, la convocatoria de la plaza ocupada por el actor, como se señaló arriba, no lo vicia de nulidad, y las pretensiones de la demanda deben desestimarse porque el actor no alegó ni probó que el acto acusado hubiese estado incurso en alguna de las causales de anulación previstas en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo.
(1) M.P. Alejandro Martínez Caballero. Estado de cosas inconstitucional puesto de presente igualmente en la Sentencia C-373/2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(2) Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 4 de marzo de 2003, Expediente 110010324000199905683 02, Actor: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, Consejero Ponente: Dr. Manuel Santiago Urueta Ayola.