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Timestamp: 2020-04-04 02:13:39
Document Index: 284949583

Matched Legal Cases: ['artículo 32', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 31', 'artículo 154']

Acciones pendientes, limitaciones y medidas correctivas
Crpd/C/cri/1 Naciones Unidas crpd/C/cri/1 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
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I. Monitoreo e impulso a la implementación de la Convención
1. Acciones realizadas y recursos destinados
2. Observaciones de la sociedad civil
2. Acciones pendientes, limitaciones y medidas correctivas
220. Esta área es una de las más débiles a nivel de país, pues a la fecha y según lo indica el MIDEPLAN: “En Costa Rica, no existe ninguna provisión normativa en materia de cooperación internacional que garantice lo establecido en la Convención, dado que la Ley de Planificación Nacional N.º 5525, Art. 11, data de 1974. En el reciente Decreto que reglamenta el Art. 11 de dicha ley tampoco se contempló alguna disposición en este sentido dado que es hasta hace unos pocos meses que nos enteramos de dicha Convención y lo que plantea en el artículo 32 referente a cooperación”
221. Otro aspecto que se desprende del informe enviado por el Ministerio de Planificación es la poca compresión de la discapacidad como asunto relacionado con la inclusión y los derechos humanos, lo que dificulta el planteamiento de acciones concretas para mejorar.
222. Como parte de las acciones a realizar el ente rector en discapacidad deberá continuar a lo largo de este cuatrienio labores de acercamiento tanto con el MIDEPLAN y el Ministerio de Relaciones Exteriores para logar el planteamiento de acciones concretas que permitan la inclusión de medidas que favorezcan a la población con discapacidad.
223. Para desarrollar lo relacionada a esta área se tomó como base el artículo 33 de la Convención (Aplicación y seguimientos nacionales) y la institución del Estado llamada a brindar su informe fue el CNREE.
224. Las acciones de monitoreo e impulso a la implementación de la Convención son reportadas únicamente por el CNREE, en quien recae actualmente la fiscalización y promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad, por ello lo que se reporta se refiere a lo actuado en relación con los incisos 1 y 3 del artículo 33 de la Convención.
225. En relación con el párrafo supracitado las principales acciones han estado dirigidas al ámbito relacionado con la garantizar el derecho de las personas con discapacidad en el vida política y pública para ello sus acciones se han enfocado al acompañamiento, asesoría y la fiscalización del proceso electoral del 2010. Concretamente en lo que respecta a la fiscalización del proceso mencionado se capacitó a diversas personas para que ser observadores autorizados por el TSE. Esta acción se orientó en dos vías: la accesibilidad del espacio físico de los recintos electorales y la observación de que los derechos de las personas con discapacidad fuesen respetados en el momento en que se ejerció el derecho al voto, previo a la fiscalización, se llevó a cabo una capacitación en todo el país con todas las personas a las que se les emitió la credencial de observadores y en todo el proceso se contó con la participación activa de 38 personas con discapacidad de todo el país.
226. De igual forma según se mencionó en el apartado de participación en la vida política pública otra acción realizada por el ente rector ha estado dirigida hacia autoridades políticas que toman decisiones de impacto nacional y local (Diputados/as de las diversas fracciones presentes en la actual Asamblea Legislativa, Jerarcas de los diversos Ministerios, Alcaldes/alcaldesas y candidatos a estos puestos) para incluir las diversas necesidades de la población con discapacidad en la agenda política.
227. Con estos actores se ha realizado un proceso de incidencia directa, en el cual la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad ha sido uno de los elementos centrales en las reuniones que se han realizado, no solamente se les ha entregado el documento en su versión física si no que se les ha explicado los alcances del mismo, esto manteniendo como elemento central la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad y la necesidad del cumplimiento y promoción de acciones que mejoren la calidad de vida de toda la ciudadanía.
228. Estas acciones como se menciona anteriormente contemplan diferentes niveles del espectro político nacional, tratando de llegar a la mayor cantidad de grupos posibles para lograr su concientización en el tema, elemento fundamental al entender lo poco que se mantiene en la agenda política el tema discapacidad y por esto la importancia de la Convención como elemento que genera responsabilidades estatales.
229. Entre los resultados, en estas primeras etapas de reuniones, podemos citar los siguientes: posicionamiento del tema discapacidad en los diferentes proyectos que se analizan en la Asamblea Legislativa, incidencia directa en el Plan Nacional de Desarrollo, fortalecimiento de la función rectora del CNREE, trabajo directo con tomadores de decisiones e identificación del tema discapacidad como uno transversal con respecto a los proyectos nacionales, articulación y trabajo interinstitucional en tareas especificas en beneficio de las personas con discapacidad, además de esto se ha logrado un posicionamiento mediático importante lo que tiene una consecuencia en la ciudadanía y esto permite que el tema sea concebido como uno que debe estar en la agenda política nacional.
230. Es importante mencionar que a nivel de fiscalización de la Convención, específicamente con relación al artículo 33, Costa Rica está por aprobar un decreto que ratifica al CNREE como el ente encargado de realizar el monitoreo y los informes país referentes a esta Convención.
231. Además referente al artículo 31, nivel de acceso a la información, Costa Rica consiguió un logro trascendental con la ratificación del decreto que crea el Registro Nacional de Estadística sobre Discapacidad (RED), aprobado en febrero del 2011. De esta forma el país pretende crear una herramienta estadística ajustada a la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad y a la Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF), el instrumento se basa en las capacidades de las personas lo que mejorara su inclusión social. Con esta disposición mejorara la cantidad y calidad de información que se tiene acerca de la población con discapacidad, lo cual definitivamente potencia lo planteado en la Convención.
232. El elemento central de lo que mencionan las organizaciones no gubernamentales representantes de la sociedad civil, es la necesidad de fortalecer la función rectora del CNREE como manera de mejorar el proceso de fiscalización que realiza el país, esto porque falta monitoreo en las necesidades de las organizaciones y de la misma forma de las acciones que llevan a cabo las instituciones nacionales y las municipalidades. Se denota que el CNREE viene realizando un trabajo rector importante pero que carece de todo el apoyo estatal necesario para lograr el cumplimiento de la Convención y su fiscalización.
233. Con este fortalecimiento se espera que las diferentes instituciones tengan mayor seguimiento en lo que refiere al respeto y la divulgación de la Convención y de los derechos de las personas con discapacidad.
234. Dada la relevancia de los resultados obtenidos en el informe se consideró conveniente dejar el apartado de las conclusiones generales dentro del Documentos Específico y no colocarlo como un Anexo por lo que a continuación se presentan algunas de ellas.
235. En términos generales existen esfuerzos importantes por parte de las diversas instituciones del Estado costarricense por cumplir con la normativa en discapacidad y mejorar las condiciones de vida de la población con discapacidad sin embargo estos siguen orientados más al cumplimiento de aspectos relacionados con la accesibilidad al espacio físico y en menor grado a la accesibilidad a la información, empero se dejan de lado otros elementos fundamentales a considerar desde lo planteado por la Convención, lo anterior por cuanto las acciones se han orientado a cumplir con lo establecido en la Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad (Ley 7600) que data del año 1996 y no tanto hacia el cumplimiento de la Ley 8661 que corresponde a la Convención, refleja que aún persiste una visión médica de la discapacidad, enfocando la situación de la población con discapacidad en la funcionalidad del sujeto sin considerar otras aristas que tienen que ver con políticas nacionales e institucionales de inclusión a partir de la diversidad y el diseño universal en toda su expresión.
236. Los mayores avances son en educación, salud y justicia sin embargo en educación se requeriría una revisión integral del sistema educativa que parta de la diversidad más que de la uniformidad, fortaleciendo las habilidades y potencialidades del sujeto, lo que implica un desarrollo progresivo de la educación como sistema educativo desde la perspectiva holística del ser humano.
237. Es evidente que existe carencia de datos sobre la situación real que vive la población con discapacidad y sus necesidades tanto a nivel general como en áreas específicas tales como empleo, salud, situación económica y social, entre otras. Esto se refleja en la ausencia de información suministrada por la mayoría de instituciones en cuanto a las acciones realizadas dirigidas a población con discapacidad abordada de acuerdo a su discapacidad, edad y género. Además pone de relieve la necesidad a nivel del país de invertir recursos llevar a cabo una encuesta en discapacidad con la que se puedan obtener datos e información que permite hacer una mejor proyección a corto, mediano y largo plazo para abordar la situación de la población con discapacidad.
238. Se requiere mayor intervención con la familia de las personas con discapacidad pues por lo general si la persona con discapacidad sufre exclusión también la sufre su familia, así las acciones para mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad deben considerar su entorno inmediato empezando por su núcleo familiar desde un enfoque holístico y centrado en la persona, de manera que los apoyos económicos ofrecidos a personas con discapacidad en situación de pobreza ofrezcan lo mínimo necesario para que pueda desarrollarse de manera independiente.
239. A partir de los datos suministrados por las diversas instancias del Estado se evidencia que los servicios llegan a la población con discapacidad pero su impacto positivo sobre la misma no ha logrado el desarrollo e inclusión de este sector de la población costarricense. Así por ejemplo entre los años 2008 y 2010 la inversión realizada por el Estado Costarricense para abordar la situación de la población con discapacidad fue de 65.456.888.764,04 colones o lo que es lo mismo 129.004.895,57 dólares, de los cuales en lo que a garantizar el nivel de vida adecuado se refiere la inversión ascendió aproximadamente a los 7.290.579.453,51 colones, lo que equivale a 14.227.445,39 dólares. Sin embargo durante ese mismo período el porcentaje de la población costarricense en situación de pobreza pasó del 21% al 24%, si se considera la relación directa que tienen el trinomio discapacidad-exclusión-pobreza, se concluye que la población en cuestión se encuentra en mayor situación de vulnerabilidad y afectación.
240. En relación con lo citado en el párrafo anterior de los resultados del informe se desprende que la actual situación de la población con discapacidad obedece fundamentalmente a tres factores: a) La falta de aprobación de una política nacional en discapacidad desde el enfoque de derechos, menos asistencial y que abarque las políticas específicas (salud, empleo, educación) dificulta la ejecución de acciones que orientadas al desarrollo integral, mejoras en la calidad de vida e inclusión de la población con discapacidad; b) la gran desarticulación en la ejecución de acciones de los diversos sectores, lo que impide mayor impacto positivo en el desarrollo y mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad; c) aunque en los últimos dos años se ha evidenciado un creciente posicionamiento del CNREE como ente rector en discapacidad, su estructura organizativa interna requiere mayor fortalecimiento lo que hace que sus obligaciones rebase su capacidad operativa instalada tanto para fiscalizar, asesorar y coordinar acciones a favor de la inclusión y desarrollo de la población con discapacidad de manera efectiva y oportuna, en el momento en que la las instituciones y la población lo requiere.
241. Por último, en cuanto al proceso llevado a cabo la participación de la sociedad civil en la revisión y análisis de la información suministrada por las diversas instituciones para la elaboración de este informe fue fundamental, sobre todo porque permitió no sólo llevar a cabo un proceso transparentes sino que brindó aportes importantes en cuanto a la situación que viven las personas con discapacidad desde su experiencia y realidad la cual por la complejidad en muchas ocasiones es difícil de identificar y cuantificar debido a los múltiples factores que intervienen en la misma. Su aporte brindan un norte que permite no sólo validar el impacto del accionar del Estado en la situación de la población con discapacidad sino también constituyen un filtro para analizar la calidad de la oferta estatal para hacer sociedades inclusivas y además de ofrecer líneas que servirán de base para la propuesta de acciones a futuro.
* * Con arreglo a la información transmitida a los Estados partes acerca de la publicación de sus informes, el presente documento no fue objeto de revisión editorial antes de ser enviado a los servicios de traducción de las Naciones Unidas.
* ** Los anexos pueden consultarse en los archivos de la Secretaría.
1  Lo que en la Constitución Política se entiende por enfermo desvalido de acuerdo a la Convención debe entenderse por persona con discapacidad. Lo anterior obedece a que la constitución política de Costa Rica data de 1949, por lo que utiliza algunos elementos conceptuales propios de la época. Sin embargo según se observa el espíritu del constituyente fue de inclusión de todas y cada una de las personas.
2  El ente rector en materia de turismo velará por que, en los hoteles e instalaciones afines, todas las habitaciones sean accesibles. Asimismo, estos deberán cumplir con las demás normas de este reglamento (artículo 154 del Reglamento).
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