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Timestamp: 2019-08-24 01:42:22
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Diario de Sesión: Sesión Especial N° 50
TRANSPARENCIA, LÍMITE Y CONTROL DE GASTO ELECTORAL
Sesión 50ª, en miércoles 14 de mayo de 2003
(De 12:18 a 14:38)
Proyecto de ley, en primer trámite, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral (2745-06) (se aprueba en particular).......................
--Se abrió la sesión a las 12:18, en presencia de 20 señores Senadores.
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 47ª, ordinaria, en sus partes pública y secreta, y 48ª, extraordinaria, en 7 y 8 de mayo del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
De la Honorable Cámara de Diputados, por medio del cual comunica que ha dado su aprobación al proyecto que modifica la ley Nº 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, con urgencia calificada de "simple" (Boletín Nº 2.787-03).
Con el primero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable señor Lavandero, referido a la inversión extranjera en la Compañía Minera Disputada de Las Condes S.A., y
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre de los Honorables señores Larraín y Naranjo relativo a una moción, de la que son autores, que modifica la Ley sobre Monumentos Nacionales con el propósito de facultar al Fisco y a los Municipios para restaurar monumentos históricos o nacionales que pertenezcan al ámbito privado.
Del señor General Director de Carabineros mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Fernández, concerniente a situación que ha afectado a la comunidad ganadera de Magallanes.
Del señor Carlos Domingo Riquelme Uribe, de rehabilitación de su ciudadanía (Boletín Nº S 668-04).
Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República , en primer trámite constitucional, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, con informe verbal de las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Hacienda, unidas, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (2745-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 11ª, en 4 de julio de 2001.
Gobierno, sesión 17ª, en 1 de agosto de 2001.
Gobierno y Hacienda, unidas (verbal), sesión 49ª, en 13 de mayo de 2003.
Sesión 24ª, en 21 de agosto de 2001 (se aprueba en general).
El proyecto fue aprobado en general por el Senado en sesión del 21 de agosto de 2001. Las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Hacienda, unidas, analizaron en particular la iniciativa y, en esta oportunidad, darán cuenta en forma verbal del segundo informe.
Con todo, cabe señalar que las Comisiones unidas acordaron elaborar un certificado donde se deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que todos los artículos fueron objeto de indicaciones y modificaciones. Asimismo, se describen las indicaciones aprobadas y las rechazadas, las declaradas inadmisibles y las que fueron retiradas. En ese mismo documento se consigna el texto aprobado por ellas.
Las modificaciones efectuadas al proyecto aprobado en general configuran un texto sustitutivo de éste, aprobándose todas las enmiendas por la unanimidad de sus miembros. En consecuencia, deben ser votadas sin debate, de conformidad a lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 133 de nuestro Reglamento, salvo que algún señor Senador, antes del inicio de la discusión particular, solicite debatir la proposición de las Comisiones respecto de alguna de ellas o que existan indicaciones renovadas.
Corresponde indicar que los artículos 1º a 60 permanentes y el artículo transitorio del proyecto tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, requiriendo, por lo tanto, para su aprobación del voto conforme de 27 señores Senadores. El precepto restante -el 61- tiene el rango de ley común.
Finalmente, debo informar a Sus Señorías que la Secretaría de las Comisiones unidas ha elaborado un boletín comparado dividido en tres columnas que contemplan, sucesivamente, el texto aprobado en general por el Senado; las modificaciones efectuadas , y, por último, el articulado cuya aprobación proponen.
Debo advertir a la Sala que el proyecto debe tratarse en particular y que en el segundo informe fueron incorporadas diversas materias e indicaciones hechas tanto por el Ejecutivo como por los señores Senadores.
En todo caso, el señor Ministro del Interior me ha pedido hacer uso de la palabra al comienzo de la discusión en particular.
En consecuencia, ofrezco la palabra al señor Ministro .
El señor INSULZA ( Ministro del Interior ).-
Señor Presidente, debo expresar que en este proyecto se han recogido los criterios planteados por distintas fuerzas políticas y Parlamentarios, en el sentido de legislar sobre cuatro aspectos muy importantes en el desarrollo de los procesos políticos y electorales.
El primero de ellos se relaciona con la incorporación de un criterio de austeridad en el desarrollo de las campañas electorales, para lo cual se establecen límites a los gastos que los partidos o los candidatos realicen durante el transcurso de ellas.
El segundo se refiere a la transparencia del proceso, es decir, a la posibilidad de conocer o verificar la procedencia de los recursos que se emplean en dichas campañas y la forma como ellos se gastan. Creo que en este sentido se ha hecho un gran esfuerzo - y es importante considerar este concepto cuando se evalúe la calidad de las normas- por compatibilizar la necesidad de transparencia con la de no violentar los derechos individuales que la Constitución establece, y que también deben aplicarse al ámbito de la política. Por lo tanto, las normas en materia de transparencia están dirigidas a evitar la influencia excesiva del dinero en la política; y no a realizar una suerte de indagación total de hasta pequeñas donaciones que no tienen por objeto influir indebida o excesivamente en la conducción de la política, las que deben ser respetadas en su privacidad, o al menos en su reserva.
El tercer aspecto se refiere a la igualdad de oportunidades, o a un mínimo de igualdad de ellas, para lo cual, de un modo que considero histórico en nuestro país, se introduce limitadamente el concepto de gasto público en la actividad electoral. Ello, bajo el criterio, sin embargo, de no entregar recursos directamente a candidatos o a partidos, sino más bien de establecer que en determinado tipo de actividades electorales, adecuadamente documentadas, se pague directamente a los proveedores; no a los candidatos. Ésa constituye una forma de regulación bastante idónea.
Y el cuarto criterio consiste en que, mediante algunas normas complementarias que ya existen en la Ley de Bases de la Administración del Estado, en el Estatuto Administrativo, se dispone la prescindencia de funcionarios y autoridades públicas en la actividad electoral.
Se incluyen también, finalmente, algunas disposiciones para regular la forma en que los partidos políticos recaudan sus recursos en períodos no electorales.
Dicho lo anterior, señor Presidente , debo manifestar que una revisión final del proyecto ha revelado algunas imprecisiones y ciertos problemas que sería necesario corregir. Ellos dicen relación a la necesidad de armonizar algunas normas que, talvez por la rapidez con que la Comisión despachó el proyecto, resultaron incongruentes, y, también, de perfeccionar las modalidades de donaciones reservadas, cuya condición se quiere proteger. Por eso se presentan algunas indicaciones a este respecto, con un problema cuya gravedad no escapará a los señores Parlamentarios. Me refiero al hecho de que, con la secuencia de actividades que proceden después de las elecciones (es decir, entre el momento en que se realiza ese acto y aquel en que definitivamente se aprueba una cuenta dentro de los plazos aquí indicados), los pagos con cargo a fondos públicos se vendrían realizando alrededor de seis meses después de finalizar el período electoral. Al respecto, estamos proponiendo algunas indicaciones para reducir esos plazos, de manera que el pago a terceros se realice en tiempo razonable.
Entonces, señor Presidente , solicito la recepción de estas indicaciones, que ya se encuentran en poder de la Mesa, para que, si la Sala lo estima así, se vean a medida que se vayan tratando los artículos pertinentes.
Señores Senadores, la totalidad de los artículos fueron aprobados unánimemente por la Comisión. En conformidad al artículo 133 del Reglamento, correspondería pronunciarse sin discusión sobre ellos, salvo que algún señor Senador indique en forma precisa qué normas desea que se discutan separadamente. También tendríamos que pronunciarnos sobre todas aquellas que han sido objeto de indicaciones renovadas, o las que la Sala, por unanimidad, acordara introducir.
Para cumplir con las exigencias de quórum, propongo iniciar la votación de las disposiciones que no han recibido indicaciones, renovadas o nuevas, aprobadas por unanimidad, y que no hayan sido objeto de solicitud para votarlas por separado.
Señor Presidente , a propósito del procedimiento para realizar la discusión del proyecto, debo decir, en nombre de los Senadores señora Frei y señor Ruiz-Esquide , y además en el mío, que presentamos una serie de indicaciones durante el tratamiento del proyecto en las Comisiones unidas de Gobierno y de Hacienda, algunas de las cuales fueron rechazadas; otras, aceptadas. Entiendo que las que se han rechazado, de no renovarse, no podrán conocerse ni discutirse.
En el espíritu en que se ha dado el acuerdo marco del Gobierno con los partidos, no vamos a renovar -pudiendo hacerlo- algunas de las indicaciones rechazadas. Pero sí me gustaría dejar constancia, aunque fuera brevemente, del espíritu de ellas. En el caso de algunas normas aprobadas después de haberse rechazado las indicaciones, no lo podría hacer si se dan todas por aprobadas y despachadas.
En tal caso podría producirse una discusión sobre cada uno de los artículos en que uno vuelve a lo mismo; pero talvez sería conveniente que en algún momento se me permitiera expresar, en términos generales...
No hay problema. En la discusión particular y en los artículos que corresponda, Su Señoría podrá hacer las observaciones del caso.
Señor Presidente , quiero formular una consulta a los señores Senadores que participaron en la elaboración del proyecto. Entiendo que se puede discutir cada disposición, siempre que no esté incluida en el acuerdo. Quienes no hemos participado ignoramos qué cosas serían esenciales y cuáles no.
Su Señoría tiene a su lado al señor Ministro del Interior , que le puede contestar.
Sí, pero él no me puede estar respondiendo aquí, al oído, cada pregunta. Creo que sería conveniente, señor Presidente , que quienes han estado involucrados en el trámite hicieran la advertencia: "Mire, este artículo es esencial", caso en el cual uno no lo discute. Pero hay cosas que son secundarias o accesorias que quizás valdría la pena discutir.
Cuando veamos las indicaciones que tenemos que examinar, iremos resolviendo, señor Senador ...
No; Su Señoría ha instruido en el sentido de que cada Senador pedirá someter a discusión el artículo que le interese.
Que le interese. Sí, tiene que ser expreso.
Evidente. Deseo referirme a algunas, señor Presidente , pero no sé si eso podría provocar algún trastorno político, lo que no es mi intención.
Es algo difícil hacer ese análisis en la Sala misma.
Entonces, voy a ir pidiendo la palabra en cada caso, señor Presidente.
Señor Presidente , creo estrictamente necesario que se haga una relación de lo que ha sido el acuerdo y de sus aspectos básicos. Es menester que el Ejecutivo ofrezca esa relación para claridad de la Sala, sin perjuicio de que algunos Honorables colegas hayan manifestado su interés por intervenir en el momento oportuno.
Bueno, yo creí que con la exposición del señor Ministro del Interior había quedado definido el marco del acuerdo. Pero si él quiere precisar aún más la petición que se ha hecho con relación a lo planteado por el Senador señor Viera-Gallo y a lo que, por su parte, expuso el Honorable señor Cantero , no tengo inconveniente.
Señor Presidente , creo que si un señor Senador necesita explicación sobre alguna materia, naturalmente la puede pedir y conversaríamos a su respecto. Ahora, si me preguntan cuál es el acuerdo en su conjunto, ya he manifestado que éste establece cuatro aspectos muy centrales y que en cada uno existe cierto criterio que inspira aquél.
En materia de límites, se discutieron varias alternativas, desde los voluntarios hasta la inexistencia de ellos, o que incluso fuesen más pequeños, etcétera. Y se concordó en que debían ser, a la vez, reducidos. O sea, si se observan las cifras que resultan de cada uno de esos límites, que de alguna manera, han sido objeto de críticas por la cantidad, se va a gastar menos dinero en las campañas. Pero, al mismo tiempo, dentro del concepto de que la política es una actividad legítima y que debe ser adecuadamente financiada, hay que dar la posibilidad a quienes recién se incorporan a ella de que dispongan de los recursos necesarios para efectuar propaganda y publicidad. Es decir, existe un criterio intermedio, que fue calculado finalmente con bastante dificultad.
Por lo tanto, a mi juicio, la reducción o el cambio en los límites produciría un problema complejo.
En materia de transparencia -como ya lo expliqué-, se discute sobre la base de dos criterios. Lo obvio es la transparencia completa. Todo aporte a cualquier campaña electoral queda registrado y se toma cuenta de él. Una primera dificultad -y los candidatos lo saben- es que en actividades públicas, actos de adhesión, etcétera, se incurre en gastos y se recibe dinero cuya cifra es muy difícil anotar. Entonces, ahí había que dejar un margen de anonimato.
Un segundo tema, que en mi opinión es central, dice relación a qué se desea proteger, cuál es el bien jurídico que está detrás de la transparencia. Y, en verdad, el criterio usado aquí fue el de evitar la influencia indebida del dinero en la política. En tal sentido, queremos saber de dónde proceden los recursos, pero sólo cuando éstos puedan influir de manera indebida. Es decir, cuando sean muy cuantiosos o cuando financien una parte muy sustantiva de una sola candidatura. Y, finalmente, con ello se pretende también evitar que determinados entes o grupos de personas puedan influir sobre muchos candidatos al mismo tiempo con un reparto de dinero que vaya más allá de lo normal.
Por esa razón, existe un conjunto de límites en materia de donaciones electorales. Se establece una donación anónima -que no es tan pequeña- hasta por un monto de 20 UF. Pero nos parece que no es el que corresponde, pues, por mucho que se diga que son más de 300 mil pesos, dicha cantidad no influye en lo que un candidato va a hacer durante todo el período, a menos, claro, que se trate de una candidatura circunscrita a un ámbito muy pequeño, de muy pocos electores, para lo cual se determina que las donaciones anónimas no pueden exceder el 20 por ciento del máximo que se puede gastar en esa campaña.
En seguida, se dispone un sistema de donaciones, conforme al cual es preciso hacerlas públicas cuando excedan cierta cantidad. Al respecto, hemos presentado indicación. Quien decide acerca de cómo se procede es el Servicio Electoral.
Pero en el espacio entre lo anónimo y lo público existe una donación de carácter reservado. ¿En qué consiste? Se trata de una donación que no conoce el candidato ni el partido y que es entregada, por una empresa o persona, en el Servicio Electoral, donde queda registrada para verificar que se ha cumplido con todas las normas y límites, que tenga una procedencia lícita, etcétera. Sin embargo, ella no puede ser conocida públicamente si el donante no ha querido someterla a las reglas de publicidad. Incluso -para seguir explicando lo que planteaba como criterio-, es hasta discutible que el donante pueda hacerla pública, por la simple razón de que precisamente se trata de evitar que éste -quiero decirlo con franqueza- pueda cobrar cuentas después por su donación. Es decir, el único certificado que se entregará es para fines tributarios o de otro tipo y en ningún caso para que el donante pueda requerir del donatario determinado servicio.
El tercer gran criterio es el concerniente al gasto público. Éste fue eliminado completamente para los partidos políticos en las elecciones puramente unipersonales. Es decir, ellos no van a recibir dinero por un candidato a alcalde ni por uno a la Primera Magistratura de la Nación . En realidad, la elección de Presidente de la República fue excluida de plano del financiamiento electoral público. Y a partir de eso se verifica que, en realidad, las colectividades políticas invierten recursos en favor de las elecciones de sus candidatos o en beneficio de ellas mismas, y los candidatos también realizan una parte importante de gasto.
Por lo tanto, hay aporte público para los partidos -reitero- en las elecciones de Senadores, Diputados, Concejales y Alcaldes y también lo hay para los candidatos a dichos cargos. Tales gastos se sufragarán de la siguiente forma: antes de los comicios, de hecho, se dará un adelanto a las colectividades políticas, y después de celebrados éstos se pagará a los candidatos. Se entregará a aquéllas el complemento que proceda. Pero el pago nunca se hará directamente al partido o al candidato, sino a los proveedores de servicios, sobre la base de las facturas que se presenten, en alguno de los rubros que se establecen en el proyecto al definir el gasto electoral.
Por último, hay algunas normas relativas a los partidos políticos y a la forma como pueden recaudar fondos, y se consignan un conjunto de modificaciones a la Ley sobre Votaciones Populares y Escrutinios. La principal es la reducción del plazo de campaña a 90 días. Sé que algunos Parlamentarios son partidarios de que éste sea menor, 30 ó 60 días; pero, dadas las actuales exigencias de dicha normativa en materia de inscripción de candidatos y de reclamos, es completamente imposible disminuirlo más. Tal vez, cuando se vean otras enmiendas a aquélla el Congreso pueda estimar interesante reducirlo ulteriormente a 60 días o algo parecido.
Sin embargo, a nuestro juicio, la reducción del plazo de campaña de 150 a 90 días, junto con otra cantidad de propuestas en lo relativo a propaganda, al tipo de ésta que puede hacerse y a otras cosas, deberían reducir en sí el gasto electoral.
Además, se contemplan diversas normas concernientes a las actividades del Estado y de los funcionarios públicos.
Si Sus Señorías me preguntan qué es lo esencial del acuerdo, diría que es la línea gruesa que he relatado. Porque entendemos que algunos temas son más del agrado de unos que de otros. O sea, unos preferirían, probablemente, que hubiera mucho menos gasto público; otros, que los límites fueran más bajos; algunos, que la transparencia fuera mayor, y otros, que las normas que regulan la actividad del Estado en la política fueran mucho más draconianas, lo cual, entre paréntesis, tendría ciertos problemas constitucionales. Sin embargo, lo planteado en el proyecto constituye un justo equilibrio.
Por lo tanto, llamo la atención de los señores Senadores en el sentido de que el oponerse a una norma que a uno le provoca dificultad, o que el límite para donaciones públicas fuera más bajo, o que hubiera otro tipo de donaciones, o que los partidos no recibieran ni un peso para las elecciones, ciertamente, implica el riesgo de romper los equilibrios que se alcanzaron para la formulación de la ley en proyecto.
Señor Presidente , en cuanto al planteamiento de la Mesa en orden a dar por aprobados todos los artículos que lo fueron por unanimidad en las Comisiones, y después de la explicación del señor Ministro -la consideraba útil e importante-, estoy dispuesto a que la Sala proceda en esos términos.
Efectivamente, como lo hizo presente dicho Secretario de Estado, algunos aspectos de la iniciativa no son compartidos por todos. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en la forma como se ha resuelto lo relativo al financiamiento público de los partidos y de las campañas. Pero creo que, si se abre debate separado, es posible que el proyecto no prospere.
Por eso, concurro al procedimiento propuesto, teniendo en cuenta que, para efectos prácticos, el que se nos presenta a nuestra consideración es un texto nuevo y más transparente en relación con el aprobado en general. Y una discusión global puede generar un debate que, en mi opinión, tal vez no resulte oportuno.
Más vale -ésta es mi sugerencia- confiar en el acuerdo político y en el trabajo de las Comisiones de Gobierno y de Hacienda, que plantean un proyecto en los términos señalados.
Señor Presidente , al inicio de la sesión consulté cómo se iba a tratar la iniciativa porque, desde el punto de vista reglamentario, todos los artículos vienen aprobados por unanimidad y, en estricto rigor, no debería discutirse ninguno. Es decir, de acuerdo con la mecánica planteada por la Mesa, correspondería despachar el proyecto inmediatamente.
Ésa es la razón por la cual pedí dejar constancia del sentido de las indicaciones analizadas en las Comisiones unidas de Gobierno y de Hacienda, pues mucho del contenido del texto propuesto por ellas tiene que ver con lo que indicó el señor Ministro : el acuerdo marco que se tomó como base y los ciertos equilibrios que se buscaron durante la discusión. Porque el articulado que ahora se nos presenta es distinto al de la indicación sustitutiva formulada por el Gobierno, que formaba parte del acuerdo adoptado con los partidos. Y es distinto, pero en sentido positivo, por cuanto mejora sustancialmente el anterior en diversos aspectos que, o no se habían considerado, o de alguna manera fueron perfeccionados. Tal perfeccionamiento se acentuará aún más con las indicaciones a que hizo referencia el señor Ministro , trabajadas en conjunto con los Senadores en las Comisiones y respecto de las cuales la Sala ya dio su unanimidad.
En consecuencia, en la misma línea del Honorable señor Larraín , deseo acogerme al procedimiento propuesto por la Mesa, siempre y cuando, en representación de los Senadores señora Carmen Frei y señor Ruiz-Esquide , y sin ánimo de polemizar, pueda explicar brevemente el sentido de nuestras indicaciones, que se enmarcan en la línea del acuerdo. Me parece importante dejar constancia de ello, porque, como lo dijo el señor Ministro , en algunos temas existe pleno acuerdo, en otros hay matices, algunos nos gustan más, otros menos. Pero no puede, lisa y llanamente, darse todo por aprobado, sin que se aluda al menos al debate que hubo en las Comisiones.
Señor Presidente , comparto los objetivos del proyecto en cuanto a establecer un límite del gasto electoral, un mejor control y una buena fiscalización del mismo y, por supuesto, una mayor transparencia respecto de los orígenes de los dineros que financian las campañas, así como incorporar el financiamiento público. A través de las indicaciones que presentamos en las Comisiones unidas, nosotros tratamos, fundamentalmente, de restringir al máximo el límite al gasto. Las indicaciones no prosperaron en ese sentido, pero sirvieron para que el texto final consigne varias medidas que permitan acotar los períodos de campaña, los recursos que ahí se emplean y las imputaciones al gasto total de las mismas.
Por otro lado, buscábamos fortalecer de mejor manera el control y la fiscalización y, sobre todo, la capacidad de denuncias, a fin de que el Servicio Electoral las pudiera tomar en consideración y actuar en consecuencia. Con ese propósito se proponía una escala de sanciones más alta que la prevista en el acuerdo entre los partidos y el Gobierno, lo que de alguna forma nos facilitó la vida en términos del cuestionamiento que hacíamos sobre el límite al gasto electoral, que considerábamos alto, y respecto del cual planteábamos lisa y llanamente eliminar lo que en el acuerdo se denominaba "piso" para cada una de las campañas.
Junto con el acortamiento de las campañas, claramente se produce también una acotación en el gasto, lo que ha hecho posible superar algunas de nuestras dudas.
La indicación que iba directamente en contra del acuerdo político entre los partidos y el Gobierno -se refirió a ella el Honorable señor Viera-Gallo y, lógicamente, fue rechazada- tenía por objeto terminar con las donaciones anónimas, es decir, replanteaba el principio de que todas ellas fueran públicas en algún grado y que se conociese a los donantes. Eso, que en nuestra opinión apuntaba a una necesaria transparencia, tiene evidentemente las contrapartidas aquí señaladas. En las Comisiones se consideró que afectaba principalmente a las candidaturas con poco acceso a recursos o donaciones de empresarios o de sectores pudientes. Más bien era contraria a quienes pudieran obtener algún financiamiento o apoyo para personas naturales o para gente modesta.
Otra indicación -que no entra en la discusión de este proyecto, sino en la de uno que ingresó a trámite en la Cámara de Diputados- persigue que las donaciones estén afectas a algún tipo de franquicia o incentivo tributario. Esa indicación la perdimos y no la hemos renovado, pero aborda un tema que, al menos para los Senadores que la presentamos, nos complica sobremanera. Entiendo que en la otra iniciativa a que me referí el asunto queda bastante acotado. No se trata, en su espíritu, del mismo acuerdo que conocimos en términos públicos, lo cual, por supuesto, ayuda a que no se produzca respecto del financiamiento de las campañas un tratamiento similar al existente para las donaciones a la cultura o al fomento del deporte o a otras franquicias previstas en nuestra legislación.
Sólo quería dejar constancia, señor Presidente , del espíritu que nos motivó a plantear nuestras indicaciones.
Insisto en que el proyecto se optimizó bastante gracias al debate habido en la Comisión. A nuestro juicio, se incorporaron mejores mecanismos de control, de fiscalización y de transparencia, y de alguna manera también se restringió lo referente al límite en el gasto electoral, que era otra gran preocupación.
Queda pendiente el tema relacionado con franquicias e incentivos tributarios, el cual será analizado a propósito de otra iniciativa.
Agradezco, señor Presidente, la posibilidad de haber dado a conocer nuestros planteamientos.
Señor Presidente , por haber asistido, junto con don Patricio Rojas, en representación del Partido Demócrata Cristiano, a todas las reuniones que se celebraron en La Moneda, y por ser miembro de las Comisiones unidas, quiero hacer presente que el acuerdo político a que se llegó y que fue respetado en dichos organismos, referido al límite, transparencia, financiamiento y otras medidas vinculadas al gasto público electoral (entre paréntesis, celebro la forma en que el Honorable señor Pizarro expresó y canalizó sus inquietudes, legítimas, primero en las Comisiones y luego en la Sala, donde ha dejado constancia de ellas), constituye un paquete que, de no respetarse en su conjunto, produciría la caída del acuerdo.
A mi juicio, la presente iniciativa representa un paso histórico muy trascendente en el sistema político chileno. Junto al proyecto de alta dirección pública, que en este momento se discute en la Comisión de Hacienda, contribuirá a la modernización del Estado y a la solución de problemas de capital importancia.
En consecuencia, con toda esa experiencia, quiero simplemente certificar que el método propuesto por el señor Presidente para resolver y despachar el proyecto resulta extremadamente adecuado, y, ciertamente, lo comparto.
Señor Presidente , junto con valorar lo señalado en el sentido de garantizar en mejor forma la igualdad de oportunidades y la transparencia en los procesos electorales, conviene lograr algunas aclaraciones en la presente instancia, luego de revisada la iniciativa que se somete a nuestra consideración y pese a existir un acuerdo político sobre el tema.
En lo relativo al financiamiento público, por ejemplo, podría generarse un efecto negativo e inscribirse una gran cantidad de candidaturas para el sólo efecto de obtener dinero, en concordancia con algunas empresas de publicidad, en fin. Entonces, es necesario saber cómo se está considerando ese aspecto.
Por otro lado, el definir un período entre la inscripción o declaración de candidaturas y hasta el acto eleccionario podría producir el efecto perverso de anticipar las campañas. Las personas podrían empezar a efectuar gastos estratosféricos con bastantes meses de antelación y, en el fondo, lograr el efecto electoral que persiguen.
Entonces, quisiera saber si esos aspectos se conocieron por el señor Ministro o se analizaron durante el debate de la Comisión.
¿Podría repetir el segundo punto, señor Senador, por favor?
He planteado lo relativo al gasto electoral respecto del período que media entre la declaración de la candidatura y el acto electoral mismo. Pero se podría provocar el efecto perverso de que haya personas que anticipen sus campañas a la declaración de candidaturas e incurran en gastos realmente millonarios para garantizarse un buen beneficio y sin sanción, como lo sugiere el proyecto.
El señor INSULZA (Ministro del Interior).-
Si me lo permiten, daré respuesta a las dos preguntas.
Tal vez por un error de redacción inicial -que ya se corrigió con una indicación presentada el otro día en la Comisión de Gobierno-, se registró cierta confusión entre los límites del gasto electoral y el financiamiento público, particularmente cuando se habla de aquel que reviste carácter combinado, que, por ejemplo, en el caso de los Senadores, es de 50 millones de pesos más cero coma y algo de UF por voto. Ése es el límite de lo que un candidato puede gastar. Pero ello no tiene ninguna relación -ninguna- con lo que se recibe como financiamiento público.
En cuanto a este último, lo que recibe un candidato independiente a Diputado -estamos imaginando el caso mencionado por el Senador señor Horvath - es 0,03 UF por cada voto que obtenga. O sea, no existe ningún financiamiento público sino por voto obtenido. Y, por lo tanto, la persona que efectúe una gran inversión en publicidad esperando un financiamiento público hará un pésimo negocio, porque, probablemente, desembolsará 20 ó 30 millones de pesos y, si al final saca mil o dos mil votos, no pagará ni la décima parte de lo que gastó.
Es muy importante recalcar esto: nadie recibe financiamiento público a priori. La ley mexicana, por ejemplo, cometió el grave error -por un exceso de democratización, a mi juicio- de dar un financiamiento previo a cualquiera que se inscribiera, y han terminado con un gasto electoral inmenso. Efectivamente, se produjo una proliferación casi increíble de partidos y de candidatos, habiendo inscrito una familia incluso a un partido para los efectos de obtener el financiamiento público. No lo señalo en términos peyorativos, sino que consigno algo cierto.
En nuestro caso, por lo tanto, esto es muy estricto: nadie recibe recursos a priori. Los partidos políticos, como colectividades, logran efectivamente el adelanto de una parte de lo que van a obtener en la elección, calculada sobre la base de lo que lograron en los comicios anteriores. Pero es sólo una parte. Es decir, para que una colectividad política obtenga más de lo que debe recibir, tendría que perder un tercio de sus votos en una elección, lo cual ya es un castigo bastante grande.
Por lo tanto, no existe el problema. en realidad. Y reconozco que probablemente un error inicial de formulación puede haber creado cierta confusión.
En segundo lugar, se discutió largamente qué pasaba con los gastos previos. Entiendo, por lo demás, que la indicación que desea renovar el Honorable señor Cantero tiene que ver con el punto que plantea el Senador señor Horvath .
Primero que todo, los gastos previos para cosas que van a ocurrir en los 90 días están considerados. Es decir, si un candidato contrata radios seis meses antes de la elección, ello igual se le imputará al gasto electoral si los avisos se transmiten en los últimos 30 días del período electoral.
Recordemos que si hace propaganda antes incurre en una multa. Pero, de todas maneras, estamos disponibles para que la propaganda directa que realice una persona antes del período electoral o antes de inscribirse le sea imputada si es candidato. Me refiero solamente a la propaganda directa, para evitar el problema que plantea el Honorable señor Horvath y que -entiendo- corresponde a la indicación que va a presentar el Senador señor Cantero .
Señor Presidente , sólo deseo decir que la bancada socialista votará a favor del proyecto, que entendemos ha sido producto de una compleja negociación a nivel de los partidos.
Como muchos señores Senadores, tenemos observaciones a distintos aspectos de la iniciativa, pero comprendemos que en este caso se trata de un acuerdo general, global, de una arquitectura que ha sido difícil construir.
Y votaremos a favor, básicamente, porque, en comparación con la actual desregulación completa de las relaciones entre el dinero y la política, el proyecto -de aprobarse- significaría un adelanto sustancial.
Ésa es nuestra consideración política de fondo, sin perjuicio de que esperamos que muchos de estos aspectos, como ha ocurrido en otras democracias, vayan siendo mejorados en el futuro. Será necesario ver cómo funciona el sistema. En la mayoría de las democracias éste es un tema perfectible. Pero, como digo, nuestra orientación política central es considerar que con el proyecto en estudio mejoraremos sustantivamente respecto del cuadro existente, sin perjuicio de estimar que algunos puntos no son convenientes.
Solicito a los señores Senadores remitirse al tema del procedimiento, porque, si se van al fondo, se hará una nueva discusión general.
Perdón, señor Presidente . Sobre el procedimiento, entiendo que la proposición de la Mesa, que compartimos, es que se voten solamente las indicaciones renovadas.
Así es. Es lo que estamos planteando.
Tiene la palabra el Honorable señor Cantero para referirse al procedimiento.
Le concedo una interrupción al Honorable señor Espina, con la venia de la Mesa.
Señor Presidente , ésta es una norma respecto de la cual se ha estado informando a los señores Senadores. En realidad, el primer informe no tiene nada que ver con este otro. Por lo tanto, es importante que los Parlamentarios que estuvieron en la Comisión puedan proporcionar los antecedentes respectivos, como se ha estado haciendo en la ronda de intervenciones, que permiten aclarar muchas dudas. Y que en seguida se proceda a votar artículo por artículo, de acuerdo con el Reglamento, o sea, sin debate en el caso de los que no han recibido indicaciones y con discusión en la situación inversa. Creo que lo peor es despachar el proyecto a tirones, con algún artículo que pueda "caerse" porque alguien no se convenció.
Entonces, me parece que lo correcto es que el señor Presidente ofrezca la palabra -ésa es mi sugerencia-, para que tengan lugar intervenciones en general respecto del tema, y que posteriormente disponga, a contar de las 13:30 o de las 14, la votación particular de cada uno de los artículos, como corresponde.
Señor Presidente , lo primero que deseo señalar, en el orden general, es que el proyecto avanza en un sentido correcto, sin duda, al fijar un límite a los gastos en materia electoral, es decir, al restringir la influencia del dinero en ese ámbito.
También avanza en un sentido correcto en lo relativo al control de ese gasto, estableciendo procedimientos que, en general, consideran la dificultad de ejercerlo, porque, obviamente, siempre habrá fórmulas que permitan evitarlo.
Respecto de la transparencia, igualmente se avanza en un sentido correcto. Reconocemos que hay cuestionamientos en cuanto a los recursos denominados "anónimos", porque, en definitiva -digamos las cosas por su nombre-, allí no hay control ni identificación, en circunstancias de que ese rubro representa 20 por ciento de los recursos de una campaña. Y, ciertamente, se han opuesto razones con algún fundamento. Sin embargo, como el acuerdo se estableció en tales términos, lo respetaremos en esa lógica.
Un aspecto que estimo necesario exponer, con el mejor espíritu y buena fe -simplemente, se trata de una síntesis de lo que se planteó en la Comisión-, es que una materia de esta envergadura no puede recibir el tratamiento que tuvo al final, producto de un acuerdo político que la sacó del órgano especializado y la llevó a un ámbito en que quizás, en cuanto al tiempo, se hacen exigencias muy constreñidas y que dificultan el avance. Además, ese acuerdo fue suscrito por un grupo muy restringido, al punto de que los señores Senadores están preguntando en la Sala cuál es su alcance y cuáles son sus elementos inamovibles.
En consecuencia, por lo menos los colegisladores, tanto el Ejecutivo como el Parlamento, tendrán que reflexionar en el futuro respecto del procedimiento, porque, a mi juicio, el tratamiento es francamente engorroso, atendido el requerimiento de tiempo al que estamos haciendo referencia.
En términos generales, se encuentra adecuadamente regulado lo relativo al límite, control y transparencia en el período definido como de campaña. Sin embargo, creemos que no está bien cautelado -y llamo la atención de Sus Señorías sobre el punto, respecto del cual hemos presentado una indicación renovada- el período previo a la campaña. Eso, por un lado.
Por ese motivo, formulé una indicación que ha sido apoyada prácticamente por todos los sectores, a fin de corregir la situación y establecer un criterio claro respecto de cómo avanzar en esa lógica. La proposición dice lo siguiente:
"Los candidatos no podrán realizar gastos electorales de propaganda y publicidad dirigida directamente a promover el voto antes del plazo que esta ley establece. Si así fuera comprobado por el Servicio Electoral después de investigar denuncias fundadas, dichos gastos se computarán dentro del monto establecido como límite en el artículo 4º de esta ley. Sin perjuicio de lo anterior, toda infracción o falta de cumplimiento a las disposiciones de esta ley, que no tenga un pena especial, se sancionará con multa de cinco a cincuenta unidades tributarias mensuales.".
¿Qué hace esta norma? Primero, corrige algo que no tiene el texto, que es sancionar los gastos previos. Y, además, se aplica lo que establece el artículo 142 de la ley Nº 18.700, que corresponde a un ámbito de sanciones amplio, para que, de acuerdo con el criterio de la autoridad y el mérito de cada caso, se pueda disponer una multa que, repito, fluctúa entre cinco y cincuenta unidades tributarias mensuales -aproximadamente, entre 85 mil y un millón 500 mil pesos-, de acuerdo con la gravedad de la infracción.
¿Me permite una consulta, Honorable colega?
Tiene la palabra, Su Señoría .
Señor Presidente , solicito que el Senador señor Cantero nos explique bien qué significa la propaganda y publicidad antes del plazo que la ley establece. ¿Por qué? Porque es común que a través de todo el país, con antelación a la elección, los Parlamentarios tengan programas de radio. ¿Se consideraría eso como una transgresión a la disposición legal?
Si para la elección de 2005, por ejemplo, un señor Senador o Diputado saca semanalmente al aire un par de programas sobre información legislativa, ¿se consideraría que transgrede la ley y que se trataría de una propaganda directa del Parlamentario? ¿O no? Porque, entonces, quienes están en ejercicio no podrían mantener una comunicación por esa vía, ni tampoco, incluso, por medio de la publicación de artículos en algunos diarios regionales.
Recupera el uso de la palabra el Honorable señor Cantero.
Señor Presidente , en el texto se hace referencia a los actos dirigidos directamente a promover el voto de un candidato o de candidatos específicos. Es decir, si en el programa se tratan ideas generales, no hay ninguna dificultad. Pero, si antes del término del espacio radial el Parlamentario declara que se debe votar por determinado candidato, obviamente ello corresponde a un acto directo de promoción del sufragio por una persona y se caería en la sanción aludida.
Precisamente para precaver este tipo de situaciones se presentó una indicación complementaria que corrige la letra a) del artículo 2º, norma esta última que dice:
"Se considerarán gastos electorales los que se efectúen por los siguientes conceptos:
"a) Propaganda y publicidad dirigida, directa o indirectamente, a promover el voto para un candidato o candidatos determinados", etcétera.
Para tranquilidad de Su Señoría, se elimina la expresión "directa o indirectamente" y, en subsidio, en la proposición que leí anteriormente, se establece la explicación que he consignado, en el sentido de que se trata de los actos que apuntan directamente a inducir el voto en la etapa previa a la elección.
Con esas dos adecuaciones se corrige el vacío y se evita la interpretación relativa a que subsidiariamente se debía aplicar el artículo 142 de la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios, que fija sanciones -como dije- de cinco a cincuenta unidades tributarias mensuales. Ello no corresponde, en realidad, porque el artículo 1º de la iniciativa en estudio establece que el financiamiento, los límites, el control y las medidas de publicidad de los gastos electorales que realicen los partidos, etcétera, se regirán "por las disposiciones de la presente ley", es decir, por las del proyecto que nos ocupa.
Por eso, hemos estimado pertinente incluir en la iniciativa las sanciones establecidas en la ley Nº 18.700, para que tengan vigencia y aplicación respecto de los temas mencionados.
¿Me permite una acotación, señor Senador ?
No tengo inconvenientes, con la venia de la Mesa.
Muy bien. Pero se deben evitar los diálogos.
Considero bastante razonable la referencia en el artículo 3º a la época anterior a la campaña electoral, con las aclaraciones hechas en el nuevo texto, que mejora ostensiblemente lo propuesto en la Comisión.
Sin embargo, quiero acotar que la segunda indicación, que suprime la palabra "indirectamente" en el artículo 2º, genera una situación diversa. La respuesta del Senador señor Cantero fue clara, eso sí, ante la consulta del Honorable señor Muñoz Barra respecto de la indicación al artículo 3º. Si en el artículo 2º se elimina dicha palabra, se incurrirá en una serie de gastos no imputables al límite. En efecto, habrá candidatos que le "torcerán la nariz" a la ley presentando como no propaganda una serie de gastos que claramente calificarían como publicidad o propaganda indirecta. En consecuencia, no me parece tan razonable la segunda indicación planteada por el señor Senador.
Advierto que no podemos empezar a discutir las indicaciones, porque en este momento se está entregando una explicación. El debate se realizará cuando corresponda votarlas. De lo contrario, se confundirá todo.
Pido a los señores Senadores que se pronuncien estrictamente sobre la apreciación general y el procedimiento. Conforme a los acuerdos de Comités, se comenzará a tomar la votación a las 13:30.
Señor Presidente , en términos generales, me parece razonable la argumentación. Hay dos bienes que cautelar. Nosotros intentamos cautelar exactamente el contrario del planteado por el Senador señor Boeninger . Con el texto propuesto se avanza en sentido positivo para cautelar la igualdad de oportunidad de todos los chilenos...
Perdón, señor Presidente , pero quiero formular una pregunta.
Señor Presidente , estoy de acuerdo con cualquiera de las dos indicaciones presentadas. Sólo quiero saber cuál es la que se discute. Porque la que tengo en mis manos reemplaza las palabras "directa o indirectamente" por la expresión "directamente"; en cambio, de lo expuesto por el Senador señor Cantero se colige que la indicación al artículo 2º es para eliminar los términos "directa o indirectamente", no para sustituirlos.
Pido al señor Ministro no entrar a discutir lo relativo a las indicaciones. Eso lo veremos después.
Señor Presidente, es una situación que debe resolverse.
En todo caso, señor Presidente , tiene razón el señor Ministro , porque, si así fuera, se habría distribuido una indicación que no corresponde.
Lo precisaré en la Mesa inmediatamente de terminada mi intervención, pues lo que se busca es eliminar la expresión "directa o indirectamente".
Agradezco la aclaración del señor Ministro .
Decía, señor Presidente , que este texto legal avanza en el sentido correcto, permite cautelar la igualdad de oportunidades y reduce significativamente la incidencia del poder económico, del poder del dinero, en los procesos electorales, lo que sin duda contribuye a consolidar los procesos democráticos.
El señora COLOMA.-
Señor Presidente , a la hora de los balances un tanto generales, y haciéndome cargo de una pregunta del Honorable señor Viera-Gallo , quiero explicar en forma breve el porqué de la vinculación de una cosa con otra y por qué todo esto suma un conjunto armónico que a quienes participamos en las Comisiones unidas de Gobierno y de Hacienda nos llevó a aprobar la iniciativa por unanimidad.
A nadie extrañará lo curioso que resulta el hecho de que un proyecto de esta naturaleza llegue aprobado por consenso. Pero esto no es algo casual: obedece a que aquí hay una arquitectura, elementos en juego que justifican esa forma de actuar.
En primer lugar, ¿cuál es el concepto matriz de esta iniciativa, a nuestro juicio? Básicamente, avanzar en la modernización del Estado, la cual está pendiente en nuestro país. Por eso nos convocamos con esta velocidad, con esta intensidad, con este esfuerzo, para estructurar elementos que puedan transformar a Chile. Y en este aspecto particular, en dos vetas armónicas: cómo fortalecer y profesionalizar la alta dirección pública y el servicio público -materia que se está estudiando a esta hora en la Comisión de Hacienda- y cómo, paralelamente, mejorar la igualdad de oportunidades en lo político.
Ésa es la armonía que se busca a través de dos iniciativas que avanzan con relativa simultaneidad.
En segundo término, tocante al proyecto que nos ocupa, quiero dejar claro, ante todo, que es una señal potente de unidad en cuanto a cómo se pueden mejorar prácticas vinculadas al desarrollo de las campañas electorales y al funcionamiento de los partidos políticos. Esto nunca ha pretendido ser -y no puede serlo- un compendio detallado y garantista de que todo va a funcionar bien. He analizado en detalle los últimos informes de todos los lugares del mundo (de Katz, de Pinto-Duschinsky, de Plasser y Plasser), y la única conclusión a que llegan es la de que aquí no hay una norma perfecta. Lo que sí importa son las señales con que la ciudadanía puede orientarse respecto de lo que significa o no una práctica electoral. O sea, tratar de acotar dentro del contexto en que se plantea la cuestión.
En tercer lugar, me parece esencial expresar que aquí hay cuatro ideas clave -lo señalaron antes el Senador señor Larraín y el Ministro señor Insulza -, que no necesariamente tienen el mismo grado de adhesión particular. Sin embargo, nos pusimos de acuerdo en ellas: limitar el gasto; transparentar y contabilizar; financiar públicamente, y terminar con la indebida influencia del Estado.
Sin embargo, ello no es casual; no es que alguien llegara y dijera "Cómo unimos estas ideas". No. Aquí, detrás de cada idea hay principios. Y es lo que quiero explicitar en forma muy breve.
¿Cuál es el principio respecto del límite al gasto? Es necesario saber por qué restringimos éste. Lo hacemos en una doble lógica, que paso a explicar.
De un lado, para avanzar en la igualdad relativa de oportunidades; es decir, no generar tanta diferencia entre lo que puedan gastar unos u otros para captar el voto ciudadano. Se busca una igualdad relativa. Nadie aspira a lo absoluto, como la legislación japonesa -los señores Senadores deben de haberla leído-, que no ha funcionado y que obliga a que el gasto sea exactamente igual.
Y de otro, para tener claro también que la legislación en proyecto debe que permitir la alternancia en el poder respecto de los Parlamentarios, de nosotros mismos. Y voy hasta la exageración: mientras más bajo sea el límite al gasto, menor posibilidad de alternancia existe. Porque cualquier Parlamentario entenderá que, si su rival no puede gastar nada o gasta muy poco, la posibilidad de su reelección va a ser gigantesca.
Por eso, hay que armonizar la limitación del gasto para no producir una diferencia excesiva con su limitación para posibilitar la alternancia en el Poder Legislativo.
Y por ello se aplicaron cuatro normas diferentes. Primero: restringir el gasto razonablemente; se podrán discutir los tres centésimos de unidad de fomento más la suma según el tipo de candidatura, pero es algo que pareció razonable. Segundo: explicitar qué es gasto, lo cual no está definido en Chile y resulta muy complejo, como lo habrán podido corroborar los señores Senadores en la discusión suscitada a propósito de una indicación presentada por el Honorable señor Cantero . Tercero: exigir contabilización. Y cuarto: posibilitar el control adecuado.
A través de esos cuatro elementos se busca dar pie a los dos principios que afirman la idea clave del límite al gasto.
Alguien podría decir "¿Por qué tanto?" o "¿Por qué tan poco?". Tratamos de armonizar ambos principios, que a mi entender son válidos dentro de la vida pública.
La segunda idea clave son la transparencia y la contabilidad.
¿Qué buscamos a través de ellas? Dos principios básicos. Por un lado, impedir la mala influencia del dinero. En sí mismo, el dinero puede ser completamente compatible con la política. Lo que no resulta adecuado, en el fondo, es que su uso en determinadas candidaturas pueda impedir la autonomía del elegido o ejercer tal grado de influencia sobre él que lleve a pensar en su imposibilidad de trabajar con libertad. Pero, por el otro, debe entenderse que también existe el derecho a la intimidad de la persona y a no ser perseguido. Hay quienes libremente pueden decir: "Quiero asignar mis recursos al que yo desee. Tal como puedo darlos al Hogar de Cristo, a la Iglesia o a cualquier organismo, quiero que mis ideas políticas puedan tener éxito, y puedo gastar mis recursos libremente en ese propósito".
¿Cómo armonizar, entonces, esos dos elementos: respetar el derecho a la intimidad y entender que existe un minuto en que el ejercicio excesivo de él puede anular la verdadera libertad de la voluntad del elegido?
Por eso hay dos tipos de normas. Unas que distinguen el aporte por su influencia o monto. ¿Y por qué lo de los aportes anónimos, reservados y públicos? No porque a alguien se le haya ocurrido generar una especie de entelequia curiosa, sino por la existencia de un fundamento.
Entendemos que la cifra de menor valor es parte de lo que libremente un ciudadano quiere aportar sin darse a conocer ¿Es válido eso? Sí, siempre que el monto no sea muy decisivo. De lo contrario, se pasa a violentar el segundo principio.
Consideramos aportes reservados aquellos que representen menos del 10 por ciento del total de gastos y hasta 600 unidades de fomento. Esto es muy importante en la elección de alcaldes, de concejales. Si bien 600 unidades de fomento para gasto reservado pueden no ser significativas en el caso de una senaturía grande, sí pueden serlo tratándose de una alcaldía pequeña, por ejemplo. Por ello se establece el doble límite y se hace público el saldo, con un tope de aporte por candidato ascendente a mil unidades de fomento.
Además, existen normas sobre contabilización de todos los gastos, con obligación de rendir cuenta. La rendición de cuenta -respecto de ella se han presentado indicaciones para hacerla un poco más breve en el tiempo- es la clave para transparentar y tener conocimiento de la contabilidad practicada en una elección.
Y cuando hablamos de transparencia y contabilidad, armonizamos esos dos principios.
En cuanto al financiamiento público, entendemos que es muy discutible.
Quiero dejar claro que nosotros no estábamos de acuerdo con ello, por una razón de oportunidad. Otros, con buenos argumentos, señalaron que era clave y esencial para los elementos anteriores. Y por eso se trata de un acuerdo. Si no, obviamente, habría existido votación dividida sobre el particular.
¿Qué se busca con lo del financiamiento? Nuevamente, dos principios. Primero, el derecho a un mínimo de oportunidades, precisamente para que quien no está en condiciones de hacer una campaña destinada a difundir sus ideas cuente al menos con elementos mínimos. Pero, también, una adecuada jerarquización del gasto público. Porque creo que a todos nos gustaría -y es un tema de fondo- gastar lo más posible en aquello que tiene relación directa con la solución de los problemas sociales del país. Y eso es lo que motiva que el financiamiento sea lo más limitado posible.
No es fácil llegar a acuerdo en esa materia. Pero de nuevo procuramos armonizar el mínimo de oportunidades con la adecuada jerarquización del gasto público.
Insisto: nosotros no estábamos de acuerdo, pero entendimos que existía una lógica aceptable.
Sin embargo, además se da contenido: se fijan cantidades contra factura de gastos. O sea, la idea no es dar un cheque a un candidato, sino pagar lo gastado básicamente en los ítemes de publicidad y encuesta (no en cualquier ítem; si no, el gasto es mucho menos fiscalizable), y -aquí está la respuesta al Senador señor Horvath - por voto obtenido.
Ésa es la clave para entender que no por el hecho de ser candidato se va a tener financiamiento. Lo que da la lógica es el voto obtenido, que, en el fondo, implica mayor democracia en el aspecto contable.
Por último está el término de la indebida influencia del Estado en su conjunto.
¿Qué principio hay involucrado aquí? Uno clave: la neutralidad del Estado. Es algo muy importante para nosotros -y creo que lo será para todos en su momento-, porque, claramente, un Estado que realiza acciones o ayuda a algunos candidatos en una campaña no está cumpliendo su función y produce una desigualdad entre quienes pueden buscar financiamiento en el mundo privado y los que pueden obtenerlo en el privado y en el público.
¿Me permite una interrupción al respecto, Honorable colega?
Después de terminar la idea, con todo agrado, señor Senador.
En consecuencia, se busca establecer prohibiciones a los funcionarios públicos para actuar en beneficio de algún candidato y, además, que investigue y sancione la Contraloría, que es un organismo independiente, y no el jefe del servicio respectivo. Porque, obviamente, si éste se halla vinculado al candidato que teóricamente está siendo ayudado, no tendrá independencia de juicio para investigar y sancionar adecuadamente. Y por eso se traspasa el asunto al Organismo Contralor.
Son esas cuatro ideas clave las que se van involucrando a través de los principios y del contenido. Y por eso esta vinculación en el sentido de que si pasa una cosa puede alterar otra. Porque tratamos de buscar un mecanismo que signifique dar un paso decisivo hacia la modernidad, para dejar claro que lo que está pendiente en Chile puede tener una salida adecuada.
Señor Presidente , concedo al Honorable Horvath la interrupción que me solicitó.
Una interrupción breve, para dar oportunidad de intervenir a los demás señores Senadores.
Señor Presidente , el tema mencionado por el Honorable señor Coloma es clave: buscar también el equilibrio para evitar la intervención del Estado o del Gobierno de turno. Porque la verdad es que en este sentido hay una larga práctica. Por ejemplo, se inaugura un puente meses antes de una campaña y se pronuncian discursos orquestados, en los cuales se manifiesta que determinado candidato fue el gestor de esa obra.
Entonces, la pregunta es más bien -independiente de que ello siga ocurriendo; y el señor Ministro conoce varios de esos casos- cómo aquello estará ligado con las sanciones. Porque éstas no se encuentran referidas a tal aspecto. Entiendo que serían las normales para los funcionarios de la Administración Pública.
Gracias, Honorable colega.
Señor Presidente , es importante lo planteado por el Honorable señor Horvath . Justamente, lo que se pretende es tipificar la conducta en la ley en proyecto. Y se explicita. Quizá es reiterativo de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, pero se explicita. Y, básicamente, se prevé que la investigación se haga mediante la Contraloría General de la República. Es el elemento definitivo que cambia la actual situación. Porque todos queremos que esto resulte. De otro modo, si cada uno se pone a buscar la forma de violentar la norma, siempre va a encontrarla. Y las sanciones son las que establece el Estatuto Administrativo, pero aplicadas por el Organismo Contralor. Esto es lo que cambia el escenario respecto de lo existente en la materia.
Hago presente que, conforme a lo convenido, a la una y media daré comienzo a la votación y que aún hay tres señores Senadores inscritos.
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag, a quien ruego ser breve y conciso.
Señor Presidente , éste es un proyecto de una magnitud muy importante, producto de un gran acuerdo político al que todos los partidos con representación parlamentaria han concurrido. Y por eso no extraña que en las Comisiones se haya aprobado casi todo por unanimidad.
Estamos contestes en que no es el ideal. A lo mejor, cada partido político tiene otras aspiraciones. Pero ha sido lo posible de conseguir ahora.
Esto es muy relevante, pues la función pública que desempeñamos es noble. Y detrás de ella están los destinos del país. Sin embargo, había siempre una nebulosa y muchas dudas sobre cómo se financiaban las campañas políticas y de dónde provenían los recursos pertinentes.
Al respecto, vienen al recuerdo las palabras de candidatos derrotados y de otros que se retiraron antes de serlo: "Más vale que les coloquen precio a las senaturías y a las diputaciones, porque sencillamente es imposible competir de esta manera".
Con la regulación propuesta vamos a ser más transparentes ante la ciudadanía y se sabrá cuánto gasta cada candidato y de dónde emanan los fondos.
Los democratacristianos vamos a honrar nuestros acuerdos políticos votando favorablemente el proyecto tal como viene sugerido por las Comisiones unidas.
Brevemente, tiene la palabra el Senador señor Ávila; luego, el Honorable señor Martínez, y después se cerrará el debate.
Señor Presidente , en medicina existe un examen que se denomina "mielograma". Consiste en inyectar un líquido en el canal raquídeo para permitir una radiografía muy exacta y nítida.
Es eso lo que yo esperaba de esta iniciativa. Pero, desgraciadamente, nos deja un conjunto de zonas oscuras, insondables, en la relación del dinero con la política.
El proyecto se convierte en una suerte de alivio de conciencias desesperadas que buscan una forma de eludir el juicio crítico de la ciudadanía en determinado momento. En los hechos, atemperar los ánimos de todos los sectores mediante un acuerdo que se ha extendido a una diversidad muy grande de materias y que amenaza, a raíz de la mecánica reglamentaria, con prácticamente suprimir el debate. Y, dado que llegan a la Sala con la unanimidad conseguida en las Comisiones respectivas, acá sencillamente vemos pasar, como en una estación de ferrocarril, las diversas normas, sin poder siquiera mirar qué llevan dentro.
Así no sea más que para la historia de la ley, creo que constituiría una frescura inadmisible el hecho de que Parlamentarios dueños de radios o de medios de comunicación permitieran pasar después facturas al Estado por la autopropaganda que se realizaran a través de esas vías.
¿De quién estará hablando...?
De ahí, creo que necesariamente ha de corresponder a terceros el eventual pago de servicios que se haga en virtud de la legislación en proyecto.
¡Hay ropa tendida en este Senado...!
Me informan que hay ropa tendida. Pero la verdad es que yo sólo me preocupo de la ropa sucia antes de que entre en la lavadora.
¡Está muy acostumbrado a ensuciarla, señor Senador!
Señor Presidente , es cierto que hay un pequeño y casi imperceptible avance en materia de justicia para el gasto electoral de quienes no tienen el patrocinio de los poderes económicos. Pero ya estoy cansado de avanzar con tranco de hormiga en la dirección supuestamente correcta.
Por lo tanto, como gesto de rechazo a lo que implica un proyecto que me atrevo a calificar de anodino, votaré en contra.
Tiene la palabra el Senador señor Martínez; después, el Honorable señor Núñez.
Sin duda, buscar financiamiento a las campañas es loable en el espíritu de la transparencia, que ha sido el eje de todo este proyecto y del acuerdo político.
Sin embargo, quiero recordar una situación: la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos establece claramente que éstos deben hacer balances anuales y remitirlos al organismo público correspondiente. Por desgracia, parece que los balances están muy atrasados, porque ¡hace diez años que no se publican!
Ahí tenemos el primer problema...
Es muy lógico que, desde el punto de vista de la transparencia, se quiera manejar bien las cuotas de dinero que se entregan para las campañas y actividades semejantes. Eso es muy respetable. Pero el problema radica en que el artículo 57 obliga a que, terminada la campaña y hecho el resumen, se adecue el funcionamiento del partido en cuestión "a las disposiciones sobre contabilidad, balances y publicidad"; pero no se dice que éstos deben hacerse públicos, en circunstancias de que la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos señala la obligatoriedad de la publicidad de los balances.
Quiero que se entienda bien este fenómeno. Si no, esto pasará a ser sencillamente un "show off", una presentación ante la opinión pública, pero que en la práctica no se cumple, vulnerando la idea fundamental de la transparencia y, con ello, el prestigio de los partidos políticos. Y, desgraciadamente, éstos no se encuentran actualmente en la posición que les correspondería, como canalizadores de la opinión pública.
Así como hay sombras y luces en este proyecto, el que acabo de exponer es un tema que debe preocuparnos.
Señor Senador, este proyecto no deroga la obligatoriedad de los balances establecida en la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos. El tema del balance de los gastos ordinarios de los partidos es diferente de lo relativo a los gastos de las campañas, aunque también debe hacerse una rendición de cuentas ante el Director del Servicio Electoral . Y cualquier persona tendrá acceso a ella si desea estampar algún reclamo. Además, por lo menos en lo que a mi Partido concierne -y lo he visto en otros también-, me consta que todos los años publica su balance en el Diario Oficial. O sea, no es efectivo que se haya dejado de publicar durante diez años.
Señor Presidente , me refiero a los medios privados de comunicación, a la prensa diaria. El Diario Oficial, por supuesto, está disponible...
Todo el mundo hace sus publicaciones en el Diario Oficial porque así lo establece la ley.
Señor Presidente , olvidamos muy a menudo que venimos discutiendo este proyecto hace casi un año, y tal vez más.
La Comisión de Gobierno lo estudió durante más de seis meses -lamento mucho que no esté la Senadora señora Frei , quien nos podría dar una información más precisa respecto al tema-, y tuvimos la oportunidad de conversar con el Director del Servicio Electoral , entre otras autoridades. Convidamos a varios constitucionalistas, a fin de evitar el error de irnos por un camino que posteriormente pudiera ser objetado desde el punto de vista constitucional. De modo que esta iniciativa ha sido suficientemente analizada.
Segundo: lo que acordaron los partidos con el Gobierno no debe avergonzar ni a aquéllos ni a éste ni a los Ministros que intervinieron. Siempre pensamos que es casi ilícito que las colectividades políticas discutan el tema del gasto electoral. Eso es parte de la hipocresía nacional, que debiéramos rechazar. Porque los partidos, legítimamente, sobre todo los vinculados de manera más directa con los gastos electorales, tienen derecho, en tanto tales, a debatir este tema, que es de trascendencia nacional. Hicieron bien, tanto los de Oposición como los de Gobierno, en sentarse a conversar con el Ejecutivo .
Lo que avanzamos en las Comisiones de Gobierno y de Hacienda, unidas, fue bastante sustantivo. Esto no quiere decir que estemos frente a un proyecto de ley que vaya a resolver todos los problemas del proceso electoral chileno y, en fin, definir la manera como hacemos política; pero creo que representará un paso muy de fondo en la línea de prestigiar una actividad que hoy -digámoslo francamente- está muy desprestigiada. Por lo tanto, la normativa que se propone eleva el sentido ético que queremos dar a la política. Es posible que sea imperfecta, pero no comparto la opinión de mi colega y amigo el Senador señor Ávila en cuanto a que sería anodina. No lo es. Si uno mira la historia de Chile, advierte que nunca antes hubo una ley que regulara en algo los límites, el control, la transparencia del gasto electoral. En consecuencia, no puede ser anodino un proyecto que da un salto cualitativo enorme. Es imperfecto, sin duda alguna. Conozco los casos de México y de otros lugares donde todavía siguen perfeccionando iniciativas como ésta, porque son en sí mismas perfeccionables, en función de la experiencia concreta de cada país. Y nosotros tendremos que hacer lo mismo, seguramente. Sin duda, después de las elecciones municipales nos veremos en la necesidad de mejorar algunas de sus disposiciones, porque por primera vez las pondremos a prueba.
Tercero: uno de los principios básicos, como muy bien señalaban el señor Ministro y el Senador señor Coloma , es el de la igualdad de oportunidades. Pero digámoslo francamente: nunca habrá absoluta igualdad de oportunidades en los procesos electorales, porque quienes están ejerciendo el mandato de concejal, de alcalde, de diputado , de senador o de Presidente de la República -si rigiera la reelección presidencial- siempre van a contar con ventaja. Y es muy difícil evitarlo. Le dimos muchas vueltas a este punto. Creo que el financiamiento público avanza sustantivamente en la idea de dar igualdad de oportunidades al ciudadano que no está ejerciendo un mandato. Pero eliminar la posibilidad de que quienes lo ejercen -como es el caso de los que estamos aquí- se beneficien de ello en función de esta igualdad de oportunidades un tanto abstracta, es muy difícil. No hay mecanismos de control absoluto sobre esta materia.
Cuarto: se le entrega un conjunto de atribuciones a la Dirección del Servicio Electoral. Temo, sin embargo -esto lo dije en la Comisión y lo repito ahora-, que no estará en condiciones de controlar todo y, en consecuencia, habrá que hacer un gran esfuerzo para que tanto su oficina nacional como las regionales puedan ejercer efectivamente los mecanismos de fiscalización y de control. ¿Por qué? Adelantémonos un poco: en la próxima elección se van a presentar denuncias que no serán fáciles de resolver, porque, como existe poca experiencia al respecto, mucha gente va a sentirse, legítimamente, con derecho a denunciar a tal o cual candidato de cualquier partido -da lo mismo- diciendo: "Mire, este señor está haciendo campaña directa antes del período electoral". Y probar que la campaña no es directa sino indirecta, que no tiene nada que ver con el período electoral que se avecina, va a ser realmente muy difícil. Entonces, acostumbrémonos desde ahora al hecho de que van a llover las denuncias, algunas bien intencionadas; otras, presentadas al calor de la lucha política, como es natural y lógico en una democracia. Pero tengamos claro que este período va a ser de ajuste.
Quinto: en el tema de la prescindencia de los funcionarios públicos se ha dado un paso muy importante. Sin embargo, debemos estar conscientes de que tampoco se elimina la condición de ciudadano del funcionario público. En consecuencia, éste tendrá derecho a desempeñar algún tipo de actividades además de sus funciones propias. Todo lo que haga dentro de su jornada laboral como funcionario público podrá ser investigado por la Contraloría. Y eso queda claro en las disposiciones legales que estamos discutiendo.
Por último, señor Presidente , a diferencia de lo planteado por el Senador señor Martínez , hemos avanzado respecto a cómo controlar los recursos que recaudan los partidos políticos. ¿Por qué? En primer lugar, porque hay un porcentaje de recursos externos que ellos podrán recaudar; y eso deberá ser público. Y segundo, porque se perfecciona la legislación vigente, que efectivamente da mucha manga ancha para que los partidos se demoren a veces dos o tres años -no diez- en presentar su contabilidad ante el país a través del Diario Oficial. Ahora, con esta iniciativa, lo cierto es que no habrá ninguna razón para no mostrar, año tras año, sus gastos ordinarios, conforme lo establece la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos.
En consecuencia, estamos ante un conjunto de disposiciones que pueden ser imperfectas, pero que avanzan de manera sustantiva en el mejoramiento de la vida política del país.
Si le parece a la Sala, se aprobarán todos los artículos acogidos unánimemente y que no han sido objeto de indicaciones renovadas o de indicaciones nuevas que la Sala esté dispuesta a considerar.
Hay acuerdo, señor Presidente .
Señor Presidente , por desgracia, quiero manifestar mi oposición.
Primero, estoy absolutamente de acuerdo con que los partidos busquen financiamiento público; es loable y necesario. Pero -por esto hago presente mi objeción- creo que éste no es el momento apropiado para que el país gaste en esta materia. La opinión pública no entenderá ni el propósito ni la filosofía de lo que se propone, considerando que sus problemas son tremendamente mayores.
Lamento la oportunidad en que se ha presentado el proyecto, cuya finalidad es muy loable, pero desgraciadamente no es la que corresponde a la realidad que estamos viviendo.
Por esa razón, mi voto es negativo. Pero quiero dejar bien claro que no estoy en contra de los partidos políticos, que son fundamentales y necesarios, sino de la oportunidad en que la iniciativa se discute.
Se dejará constancia de su voto contrario, señor Senador.
Señor Presidente , me voy a abstener de votar el artículo 27 del proyecto, que dice lo siguiente: "Los funcionarios públicos no podrán realizar actividad política dentro del horario dedicado a la Administración del Estado o usar su autoridad, cargo o bienes de la institución para fines ajenos a sus funciones.". O sea, fuera del horario, desde el primero hasta el último funcionario -hasta los porteros en la Administración Pública-, podrían usar su autoridad, cargo o bienes de la institución para propaganda política. En consecuencia, una de las partes que luchan electoralmente tendría propaganda y personal dedicado a ese tipo de actividades en número no inferior a cientos de miles de personas.
Tal situación me merece objeciones de carácter ético. Por lo tanto, me abstendré.
Se dejará constancia de su abstención, señor Senador.
Hay 38 votos a favor y 2 en contra.
Señor Presidente , creo que el Senador señor Aburto tiene razón en cuanto a la mala redacción del artículo 27. Pero de ninguna manera el espíritu de la norma apunta a que, después del horario de trabajo, el personal pueda usar bienes de la institución para fines ajenos a sus funciones.
Me parece que habría unanimidad en la Sala para encargar a la Secretaría redactar la disposición.
Vamos por parte, porque de lo contrario se confunde todo.
Dejemos de lado el artículo 27 y aprobemos el resto de las disposiciones por 39 votos contra 3.
¿Me permite, señor Presidente , una aclaración de procedimiento?
Señor Presidente , ¿su proposición se refiere a todos los artículos aprobados que no han sido objeto de indicación?
Las normas que recibieron indicaciones las trataremos después.
Señor Presidente , quiero agregar un detalle muy importante respecto del artículo 57, porque puede haber un error en su redacción al no mencionar al Diario Oficial como medio de publicación del resultado de inversiones de dineros públicos de los partidos.
Por lo tanto, debe especificarse al Diario Oficial , porque de lo contrario se presentarán situaciones problemáticas.
Señor Presidente , como el espíritu del artículo 27 no es el señalado por el Senador señor Aburto -aunque podría desprenderse de su redacción -, creo que agregando una coma después de la expresión "Estado" se resuelve el problema. De este modo queda claro que la restricción horaria es para la realización de actividades políticas dentro de la institución, y lo relativo a usar su autoridad, cargo o bienes queda expresado de manera genérica.
Había pedido dejar pendiente esa norma.
Daré por aprobados, con tres votos en contra -contando el del Honorable señor Canessa -, los artículos sobre los que no se haya renovado indicación.
¿Consignó el mío, señor Presidente?
En este momento lo haremos, Su Señoría . Son cuatro los votos negativos.
¡Separadito el mío, señor Presidente ...!
En ese caso, tendría que tomar votación...
Señor Presidente , quiero señalar una salvedad que, si es bien comprendida, no haría necesario dejar pendiente el artículo 27.
Me permito recordar que en la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República está incorporada otra legislación que se refiere específicamente y de manera completa a la forma en que se permite la propaganda en la Administración del Estado.
Por eso propuse votar separadamente dicha norma.
Allí se resuelve el asunto de manera clara.
Pero estudiémoslo después.
Ahora pronunciémonos sobre los artículos aprobados por unanimidad en las Comisiones unidas -salvo el 27- y que no hayan recibido indicaciones renovadas.
¿Habría acuerdo para hacer votación económica?
--En votación económica, se aprueban todos los artículos acogidos por unanimidad y que no fueron objeto de indicaciones renovadas (38 votos contra 4), dejándose constancia de que se cumple con el quórum constitucional requerido.
En cuanto al artículo 27, hay una proposición del Senador señor Larraín...
Creo que ella resuelve el problema, señor Presidente.
...y una aclaración del Honorable señor Silva en el sentido de que tal asunto ya estaría solucionado.
Si le parece a la Sala, se aprobará el artículo 27, con la modificación propuesta para cambiar la coma por punto y coma después del término "Estado", encargando a la Secretaría su redacción.
--Se aprueba el artículo 27 en esos términos (38 votos a favor y 4 en contra), dejándose constancia de que se cumplió con el quórum constitucional exigido.
A continuación trataremos las indicaciones renovadas por el Honorable señor Cantero; luego daré la palabra al señor Ministro del Interior para que se refiera al paquete de indicaciones relativo a una materia redactada de común acuerdo; y por último nos abocaremos al despacho de la disposición señalada por el Senador señor Viera-Gallo.
En discusión la indicación renovada Nº 1.
Señor Presidente , lo que propongo tiene por objeto corregir una situación derivada de la letra a) del artículo 2° que puede prestarse a malos entendidos. Por eso se plantea la supresión de la frase entre comas "directa o indirectamente", trasladando la expresión "directamente" al artículo siguiente. Por lo tanto, la norma quedaría de la siguiente manera: "a) Propaganda y publicidad dirigida a promover el voto para un candidato o candidatos determinados,".
Ése es todo el sentido de la indicación.
Señor Presidente , ya expresé que yo distinguía dos casos: en primer lugar, el relativo a la indicación renovada al artículo 3º,...
Estamos viendo la del artículo 2º, señor Senador .
De acuerdo, pero están ligadas.
Por lo tanto, a mi entender, la indicación renovada al artículo 3º está correctamente formulada, porque en la etapa previa es donde se debe acotar la publicidad directa, lo que se relaciona con la duda planteada por el Senador señor Muñoz Barra .
Sin embargo, la indicación renovada al artículo 2º para eliminar la palabra "indirectamente" significa dejar sin imputación probable un conjunto de gastos realizados durante las campañas, que en el fondo representa escabullir el límite al gasto electoral.
Por eso, creo que el Honorable señor Cantero está equivocado, ya que el problema que le preocupa se resuelve con la indicación al artículo 3º, no con la supresión de la palabra "indirectamente" en el artículo 2º.
En consecuencia, rechazo la indicación renovada.
Señor Presidente , es mucho más estricto dejar las expresiones "directa o indirectamente", porque de otra manera habrá algunos gastos que podrían considerarse como no dirigidos directamente a promover el voto.
Por lo tanto, si se busca mayor estrictez, es mejor mantener la redacción propuesta.
Señor Presidente , coincido en que la indicación al artículo 2º no es necesaria. En cambio, sí lo es la recaída en el artículo 3º, por las razones que se han señalado.
Por ejemplo, si un año antes de empezar el período de campaña electoral se coloca una valla en la cual sólo aparezcan la foto y el apellido de determinada persona, eso constituye propaganda indirecta. Sin embargo, conforme a lo establecido en la indicación Nº 1, su valor no se imputará a gasto electoral y, por consiguiente, no afectará el monto establecido como límite. Pero si la misma valla se mantiene durante la campaña, de acuerdo con la misma indicación tampoco se imputaría al gasto electoral, porque no correspondería a una incitación al voto de manera directa, sino indirecta.
En consecuencia, tienen razón los Senadores señor Boeninger y señora Matthei al manifestar que la norma debe quedar tal como fue aprobada por las Comisiones unidas, por ser restrictiva.
Ese solo ejemplo justifica el mantener la actual redacción de la letra a) del artículo 2º.
Sería bueno que el Senador señor Cantero retirara la citada indicación.
La recaída en el artículo 3º me parece adecuada.
Señor Presidente , comparto lo señalado en el sentido de no acoger la indicación al artículo 2º formulada por el Senador señor Cantero porque, pese a ser bienintencionada, distorsiona el sentido más profundo de lo que se pretende con el proyecto.
Doy excusas a los señores Senadores, pero, a propósito de la discusión habida aquí sobre estas indicaciones -en su momento no intervine, para no molestar-, no quiero dejar pasar ciertas insinuaciones que se hicieron sobre algunos temas que se han abordado.
Indudablemente, éste ha sido un debate serio, en términos de buscar tres cosas esenciales: primero, que el gasto electoral no sea un asunto tal que trastorne la vida democrática del país; segundo, que el financiamiento público de la política se considere como parte de la democracia porque involucra el comportamiento de todos nosotros, y tercero, que esto se dignifique en el sentido que corresponde. Pero que no se saque de aquí -lamento que un señor Senador haya intentado hacerlo- la conclusión de que estaríamos efectuando una votación de alguna manera espuria, aunque tal vez sea mejor retirar esta palabra, para que no haya conformidad con esto.
Según algunos colegas, nunca se entenderá que éste pueda ser el momento apropiado para legislar acerca del financiamiento electoral. Creo que lo es. La democracia no sólo se sustenta en las cosas materiales que deben realizarse, sino también en el sentido más profundo de que se mantengan los tres principios que mencioné. Si sólo se tratara de la oportunidad del gasto, podríamos estar días enteros discutiendo, en la visión de cada uno, qué es lo oportuno, lo prioritario, lo que se podría hacer y lo que no se debería hacer.
Insisto -por lo menos para que quede constancia de mi parecer- en que la forma de hacer lo más transparente posible la actividad política deberíamos haberla establecido hace muchos años. El hacerlo ahora quizá nos ha costado más; pero es preciso dejar en esa línea la presente iniciativa, y no como si ella fuera una suerte de modalidad inadecuada.
Por eso he querido hacer este planteamiento, con mucho respeto por las opiniones ajenas, pero también con mucha claridad.
Señor Presidente , con referencia a la indicación del Senador señor Cantero al artículo 2º, pienso que debe mantenerse la expresión "directa o indirectamente", porque lo que regula el gasto es el período electoral. Por lo tanto, es obvio que acciones que directa o indirectamente induzcan al voto deben imputarse a gastos electorales. Si no, ello se prestaría para vulnerar toda la ley. Y concuerdo con lo expresado en ese sentido.
En lo concerniente a la indicación del mismo señor Senador para agregar en el artículo 3º un inciso tendiente a regular los gastos de propaganda en que se incurra con anterioridad al período electoral, estimo que en tal caso sí corresponde especificar que se trata de gastos dirigidos directamente a inducir el voto.
Por otro lado, no quiero dejar de expresar mi criterio sobre un punto que tocó denantes el Senador señor Ruiz-Esquide.
Creo que plantear el debate en términos de que nunca es oportuno financiar la actividad pública ni regularla es lo mismo que sostener que nunca es oportuno aumentar, cambiar o corregir el presupuesto de las Fuerzas Armadas.
Me alegro de que el Parlamento, de una vez por todas, enfrente el tema como corresponde. Por ello, felicito al Gobierno, a los partidos de la Concertación y a los de la Oposición y a quienes elaboraron la iniciativa. Porque desde que estoy en política se ha venido diciendo, con bastante demagogia, que no era oportuno regular este aspecto. Pero con posterioridad se ha visto que la falta de regulación impide saber qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué significa regular y cuál es la manera transparente como se deben comportar quienes se dedican a la actividad política, los partidos y los candidatos en los períodos electorales.
Quiero hacer esta aclaración, señor Presidente , porque la materia da lugar a un debate muy demagógico. Decir al país que se pretende destinar recursos a la actividad política en circunstancias de que sabemos que hay necesidades sociales urgentes y poner siempre este dilema, conduce a que la cuestión jamás se resuelva.
Considero adecuado lo que se ha hecho, pese a que duele emplear con ese fin estas platas, que a lo mejor podrían destinarse a otro objeto. Todos desearíamos resolver diversos problemas en nuestras circunscripciones; pero alguna vez en política debemos ser responsables frente a un tema respecto del cual no se puede seguir con doble discurso. Queremos transparencia; que todos participen; que haya igualdad de oportunidades; que no se gaste en exceso. Pero a la hora de tener que regularlo no se hace, siempre bajo el pretexto de que no es oportuno.
Reitero: lo que se está haciendo es correcto. Me parece que la calificación en cuanto a la oportunidad para realizarlo termina siendo un enemigo del perfeccionamiento del sistema democrático, que en esta materia es urgente.
Señores Senadores, ha llegado la hora de término de la sesión. Sugiero prorrogarla por el tiempo necesario para votar las indicaciones.
El proyecto quedaría en primer lugar de la tabla de la sesión ordinaria de la tarde.
Señor Presidente , ¿por qué no se prorroga la sesión hasta el despacho de la iniciativa?
Si hubiera consenso, no habría ningún inconveniente.
Señor Presidente, a este paso seguiremos sesionando hasta el 21 de mayo, para que el Primer Mandatario llene la canasta y pueda exhibirla.
Hasta he pensado si no sería mejor aprobar de una vez por todas que sólo existan Senadores institucionales. Es más barato elegirlos.
No tanto. No exagere, señor Senador. Bastante onerosos han resultado para la democracia en este país.
¿Habría unanimidad para prorrogar la sesión hasta el total despacho del proyecto?
Señor Presidente , atendido el hecho de que la indicación Nº 2, recaída en el artículo 3º, recoge la expresión pertinente y explicita que no se podrán realizar gastos electorales en el período previo a la campaña, y que la letra a) del artículo 2º, en este marco de perspectiva que se está planteando, sólo definirá lo que es gasto electoral, retiro la indicación Nº 1 y dejo vigente únicamente la Nº 2.
--Queda retirada la indicación Nº 1.
Señor Presidente , iba a referirme a la indicación que acaba de retirar el Senador señor Cantero . Pero quiero aprovechar para hacer una reflexión.
En realidad, la iniciativa constituye el primer paso en este sentido en la historia de Chile. Definitivamente. Hemos dado innumerables pasos en cuanto a modernización del Estado; tenemos un Estado de Derecho; contamos con una estructura admirada por el mundo entero. Chile tiene una excelente imagen por su modelo económico, por los acuerdos internacionales y, sin embargo, quienes deben administrar ese Estado de Derecho conforman, en la práctica, un club de buenos amigos. Carecen de fundamento económico.
En efecto, en toda nuestra historia no hemos hecho absolutamente nada por fundamentar económicamente la estructura de los encargados de administrar finalmente el Estado. Por esa razón este paso, no obstante todas las imperfecciones que pueda tener, reviste extraordinaria importancia. Es como el proyecto de ley relativo a la Agencia Nacional de Inteligencia, que tratamos ayer, donde obviamente el concepto y el principio eran esenciales (por supuesto, a ese "fórmula uno" le estamos poniendo ruedas de bicicleta).
En este caso el concepto también es esencial. Puede que en los aspectos particulares presente -como se ha señalado esta tarde en forma tan acertada- innumerables problemas, que en el camino se irán perfeccionando. Esto va a tomar tiempo, mucho tiempo, porque se está iniciando una tarea que, en realidad, ha sido la gran incomprensión para los ciudadanos chilenos, que se preguntan cómo es posible que estos grupos ideológicos tan importantes para su destino no estén fundada y económicamente estructurados.
Ésa es la razón por la cual los propios señores Senadores dijeron que se han producido tantos e innumerables problemas en el empleo de los recursos públicos y de los dineros de privados, como también que últimamente hayan surgido lamentables inconvenientes con algunos representantes de la Cámara de Diputados, derivados de esa situación.
Señor Presidente , quise hacer este pequeño alcance, a propósito de la indicación del Senador señor Cantero , para fundamentar un poco mi voto.
Tiene la palabra el Honorable señor Frei, que es el último orador inscrito.
Señor Presidente , junto con apoyar la indicación al artículo 3º, deseo aprovechar la oportunidad para sumarme, en primer lugar, a las voces escuchadas en esta Sala.
Recuerdo que en 1994 me tocó conocer por primera vez este proyecto, cuando se creó la Comisión de Ética Pública, que propuso 43 iniciativas, de las cuales más de 32 se concretaron en leyes, decretos o reglamentos. Ese órgano estaba presidido en la época por el Senador señor Valdés y participaron en dicho análisis el Presidente de la Corte Suprema y otras autoridades. Ahí se estableció como requisito fundamental el financiamiento público de las campañas electorales.
En seguida, deseo referirme a la oportunidad en que se plantea esta normativa.
Hace poco tiempo, en marzo, me tocó participar en un seminario realizado por el Centro Carter, al que asistieron varios representantes chilenos, entre otros el Ministro señor Insulza y gente de los medios de comunicación. Ahí se abordó lo relativo al financiamiento de la política, y, al hacerse un balance de las legislaciones existentes, se pudo apreciar que Chile era el único país latinoamericano que hasta ese mes no tenía legislación en la materia. ¡El único país! Nos sentimos los ingleses de América del Sur, los más inteligentes de América Latina, pero tuvimos que "tragarnos el buey", porque cuando se nos preguntó qué legislación había en Chile, tuvimos que responder "ninguna".
Además, en dicho evento se hizo un balance sobre los gastos de las campañas políticas, el que arrojó como resultado que nuestro país tenía uno de los más altos en pesos por ciudadano, considerando las últimas tres campañas electorales: la presidencial, la municipal y la parlamentaria. De acuerdo con ellas, figuramos entre las naciones con más gasto electoral en el mundo, similar a Japón, Estados Unidos y otros países.
Por lo tanto, creo que la oportunidad por fin llegó -aunque demoró bastante- y vamos a tener una ley. Tal vez no sea perfecta. Nunca las normativas lo son. Por eso, habrá que observar la experiencia internacional, que es muy disímil. Sin embargo, creo que estamos dando un paso sustancial para terminar de una vez por todas con la hipocresía que hay en nuestro país e ir transparentando las cosas.
Ojalá en otras materias podamos terminar también con la hipocresía y avanzar en la modernización del Estado, que hemos venido planteando por años y respecto de la cual estamos dando ahora un paso muy decisivo.
Por eso, apoyo la iniciativa.
¿Habría acuerdo en la Sala para aprobar la indicación formulada por el Senador señor Cantero para agregar un inciso final al artículo 3º?
--Se aprueba por unanimidad (40 votos), y se deja constancia de que se cumplió con el quórum constitucional requerido.
Tiene la palabra el señor Ministro para que explique las indicaciones formuladas por el Ejecutivo .
Señor Presidente, en realidad, casi todas ellas buscan precisar ciertos aspectos en lo referente a las nuevas normas que se han incorporado al proyecto; es decir, las relacionadas con el financiamiento público y la transparencia.
Me referiré a las indicaciones en orden correlativo, a pesar de que algunas están ligadas con otras.
La primera apunta a reemplazar el artículo 7º y tiene que ver también con una proposición recaída en los artículos 15 y 44.
¿Qué ocurre? Si sumamos los 30 días de que disponen los administradores generales electorales para presentar la cuenta al Director del Servicio Electoral , a los 90 días que tiene éste para pronunciarse sobre la misma, más los 30 días que se asignan a dicho organismo para pagar las facturas pendientes de los candidatos una vez aprobada su cuenta, concluiremos que hay 150 días de espera antes de la formulación de los reclamos, lo que también está normado en el artículo 7º, fijándose un plazo de 15 días para tal efecto.
Por lo tanto, si un candidato quiere hacer uso de fondos públicos, debe esperar 150 ó 175 días para que su petición pueda concretarse. Además, nadie le dará crédito por eso. Así que el gasto electoral es completamente inútil en la forma en que se pretende pagar.
En virtud de lo anterior, la indicación al artículo 7º reduce el plazo para presentar denuncias; la relativa al artículo 15 disminuye, de 30 a 10 días, el del Director del Servicio Electoral para autorizar el correspondiente pago, y la atinente al artículo 44 rebaja, de 90 a 30 días, el tiempo con que cuenta ese organismo para pronunciarse sobre las cuentas de ingresos y gastos electorales. De esta forma, se fija un período razonable en lo atinente al pago de fondos públicos.
De su lado, los artículos 11, 19 y 20 se refieren fundamentalmente a los mecanismos de transparencia que contempla el proyecto e introducen una serie de normas que hacen muy engorroso lo relacionado con la reserva de la información al incorporar a los bancos en esta materia, determinando que éstos deben emitir certificados de depósito, etcétera.
En consecuencia, la indicación al artículo 19 regula la forma como se establece el sistema de reserva dentro del Servicio Electoral y, de paso, hace aplicable a los funcionarios de ese organismo la normativa sobre secreto bancario, que el proyecto sólo contemplaba para su Director. En realidad, para que tal reserva sea efectiva, la disposición debe comprender a todo el Servicio.
Por su parte, la indicación al artículo 20 alude a un aspecto primordial: para establecer que las donaciones hechas a los candidatos, partidos o al conjunto de candidatos de un partido deban ser públicas, es necesario sumar todas las efectuadas a lo largo del sistema por el mismo donante a esos mismos candidatos y partidos.
La indicación al artículo 13 tiene por objeto eliminar su inciso segundo. ¿Por qué razón? Esa norma corresponde a una redacción anterior, que disponía el pago de determinada cantidad a los partidos por sus candidatos a alcaldes. Sin embargo, en la medida en que ahora sólo se consideran aportes a las colectividades políticas con motivo de las elecciones de Senadores, Diputados y concejales, suprimiéndose aquéllos para los postulantes a alcaldes, el artículo resulta completamente contradictorio -por así decirlo- con el resto del proyecto. Por eso, sugerimos la eliminación de su inciso segundo.
Por otro lado, se aprecia un error manifiesto en el artículo 18, porque la idea ahí es obligar a la transparencia pública cuando las donaciones que realice la persona a un partido o al conjunto de candidatos dentro de un solo partido superen cierto monto. Sin embargo, el texto dice exactamente lo contrario, pues se refiere a "distintos candidatos o partidos políticos", en circunstancias de que, para ser coherente con el conjunto del proyecto, la norma debería decir "para un partido político o el conjunto de sus candidatos", como se propone en la indicación.
La indicación al artículo 21 tiene por finalidad eliminar simplemente una frase redundante, porque dice que los partidos deberán entregar al Servicio Electoral el nombre de las instituciones que crean para recibir fondos "y el nombre de su representante". Pero el inciso siguiente señala que el tesorero del partido será siempre el representante legal de las mismas. Por consiguiente, resulta obvio suprimir aquella oración, pues se sabe que ese dirigente tendrá tal calidad.
En el artículo 28 se precisa un aspecto. Dice la disposición que las infracciones a las normas del presente Título tendrán las sanciones que indica. Pero se había introducido un Párrafo 2º, relativo al financiamiento público, donde se dispone que las faltas que se cometan respecto de él serán objeto, por su fuerza, por su naturaleza, de una sanción distinta. Vale decir, se aplica una multa directamente al candidato que viola sus disposiciones y se reservan, además, sanciones penales para quien presente cuentas adulteradas o algo por el estilo.
En consecuencia, dicho precepto debe redactarse excluyendo el Párrafo 2º y dejando sólo los Párrafos 1º, 3,º 4º y 5º, porque el artículo 29 consagra las sanciones para los que violen las disposiciones relativas al financiamiento público.
Finalmente, señor Presidente , el artículo 57 contempla una norma de carácter transitorio, por lo cual se suprime, y, entonces, el nuevo artículo transitorio incluye el 57 dentro de su texto, y se refiere a lo siguiente.
Si queremos lograr plena transparencia en el funcionamiento de los partidos, debemos darles un plazo para que adecuen su financiamiento a las disposiciones sobre contabilidad, balance, límites y publicidad que establece el proyecto. Pero además, dentro de similar plazo, les estamos dando a las distintas colectividades políticas la posibilidad de hacer lo mismo con las entidades que cumplan las funciones que se crean. Cada partido va a poder contar ahora con planteles de formación e instituciones recaudadoraa de fondos. Todo esto estaba a cargo, de manera absolutamente irregular -por así decirlo-, de determinada gente. Se constituían sociedades de personas y se daba el caso de que algunas tenían los bienes del partido a su nombre.
Mediante esta norma se les brinda la oportunidad de regular situaciones como ésas. Y, contrario sensu, si esa tienda política no regulariza el traspaso, los bienes que están a nombre de personas o de otras entidades simplemente van a dejar de pertenecerle.
Tales son las indicaciones, que, como dije, no alteran en lo absoluto las disposiciones del proyecto, pues son adecuaciones.
Señor Presidente , sólo quiero dejar constancia de que efectivamente esas indicaciones forman parte del acuerdo. Se limitan básicamente a proponer adecuaciones de aspectos que no habían quedado bien formulados en el texto original. Así que sugiero aprobarlas todas en un paquete, porque se ajustan a lo conversado anteriormente.
¿Habría acuerdo de la Sala?
Señor Presidente, anuncio que voy a votarlas favorablemente; pero deseo dejar constancia de que, a mi juicio, las sanciones consignadas en el proyecto son muy leves. Por lo tanto, las infracciones serán seguramente frecuentes.
Aquí podríamos haber implantado un sistema semejante al existente en otros países -desgraciadamente, no se logró acuerdo sobre el particular-, en donde quien traspasa el límite o infringe las normas legales pertinentes se expone a la suspensión de su cargo o a pérdida del mismo. Y recuerdo al respecto que hace unos días contamos con la presencia de un ilustre visitante, invitado por el Senador señor Valdés , quien nos dio a conocer que el Primer Ministro de un país en el cual él se desempeñó como Ministro de Relaciones Exteriores está al borde de perder su cargo precisamente por haber traspasado el límite del gasto electoral.
Un hecho semejante significaría vulnerar la soberanía popular.
Señor Presidente, en general, las indicaciones simplifican bastante el procedimiento y resuelven algunos de los problemas analizados en la Comisión.
Tengo una sola preocupación, y se relaciona con la indicación al artículo 7º, que restringe a 15 días el plazo para la presentación de las denuncias luego de la cuenta de la candidatura. Cabe recordar que el espíritu del proyecto es facilitar la posibilidad de formularlas. Estamos hablando de denuncias fundadas, que tengan asidero.
Por lo tanto, para evitar que las denuncias sean utilizadas con determinados fines durante las campañas, se dispone que sólo podrán concretarse luego de entregada la cuenta por las candidaturas. Es decir, al término del proceso electoral.
Pero temo que limitar el plazo de las denuncias a sólo quince podría influir en que ellas no se hagan efectivas.
El Ministro nos ha dado razones de peso en el sentido contrario. En realidad, son más bien de "pesos", porque tienen que ver con los plazos relacionados con la entrega de los aportes públicos. Si mantuviéramos el texto actual, las denuncias podrían hacerse hasta un año después y, por tanto, el Servicio Electoral tendría que retener la aprobación de la cuenta, sin la cual no se puede distribuir el dinero.
Dejo constancia solamente de que el espíritu que nos guió fue el de que hubiera al respecto una mayor amplitud, que no inhibiera la presentación de las denuncias; pero, indudablemente, la solución que para los efectos prácticos plantea la indicación es la que parece más razonable.
Se dejará la constancia que solicita Su Señoría.
Señor Presidente , concuerdo con la indicación, por las razones dadas por el señor Ministro . Y ahora sólo quiero relativizar la legítima preocupación del Senador señor Pizarro , porque acá se habla de quince días después de la cuenta. En verdad las denuncias se acumulan, se juntan y se preparan con bastante anticipación. Y la razón por la cual se especifica un plazo a partir de la presentación de la cuenta es para que el que deba fallar sobre la denuncia la tenga como antecedente. Pero ese plazo previo brinda el tiempo suficiente para la preparación de las denuncias.
--Se aprueba la totalidad de las indicaciones del Ejecutivo , con el voto en contra de los Honorables señores Martínez, Canessa, Cordero y Ávila, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que emitieron pronunciamiento favorable 40 señores Senadores.
El Senador señor Viera-Gallo ha solicitado votar separadamente una disposición.
El Honorable señor Viera-Gallo solicitó discutir y votar separadamente la letra c) del artículo 21, que comienza con las palabras "Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles destinados al funcionamiento de los equipos...".
Señor Presidente , no veo la razón por la cual los arrendamientos de las oficinas de Parlamentarios sean considerados como gasto, porque un candidato que no lo sea puede también tener la suya, sin que eso sea estimado de igual manera. Es una oficina normal. Nuestro trabajo también lo es, y debemos seguir desempeñándolo en períodos electorales. En consecuencia, no me explico por qué el arrendamiento pueda ser considerado gasto. Con el mismo argumento, otros dineros que recibimos para su funcionamiento también podrían ser catalogados en la misma forma, como los gastos de luz, agua, en fin; no voy a entrar en detalle.
Es un problema muy menor, pero lo someto a la consideración de mis Honorables colegas.
Señor Presidente , cuando expliqué nuestra posición frente al límite y control del gasto, dije que se basaba en el principio de la igualdad de oportunidades, y en posibilitar la alternancia en el Poder. Y eso supone un concepto de equidad.
No pienso que sea equitativo el hecho de que, en una campaña, los candidatos no Parlamentarios tengan que recurrir a esos recursos -que además son imputables- y obtener donaciones de terceros para financiar el pago de un inmueble, en circunstancias de que las sedes que los Parlamentarios usamos en las campañas son pagadas, en función del cargo, con las asignaciones que entrega el Congreso Nacional.
A mi juicio, no es justo ni equitativo. Y no me parece que esta desigualdad de origen se ajuste a algún principio. Reitero que el propósito fundamental es buscar la equidad, y no creo que se logre si a nosotros, como eventuales candidatos, nos proporcionan fondos que se niegan a los que quieren tratar de ganar legítimamente.
De ahí la indicación. Aun cuando respeto el derecho del Senador señor Viera-Gallo a plantear su punto de vista, pienso que sus observaciones apuntan contra un equilibrio adecuado en los gastos electorales en Chile.
Señor Presidente , en esa misma línea, debo expresar que, para que las reglas sean efectivamente parejas, es evidente que si los candidatos nuevos tienen, en virtud del inciso primero de la letra c), que imputar a gasto electoral el arrendamiento de todo bien mueble, entonces en ese mismo período la preexistencia de inmuebles arrendados por parte de los Parlamentarios en ejercicio igualmente es gasto electoral. De manera que un principio relativo de justicia obliga a mantener la disposición como está; y en ese sentido estoy en desacuerdo con el Senador señor Viera-Gallo .
Señor Presidente , en realidad ambas partes tienen razón, de acuerdo con la siguiente lógica: no se puede presumir que siempre la oficina parlamentaria es un espacio de campaña política ni sede de partido. En consecuencia, cabe precisar que cuando la sede de que se trate está al servicio de la campaña, obviamente se imputará como gasto. Pero si es el lugar donde se trabaja exclusivamente en el marco parlamentario, no habría razón alguna para considerarlo en esa forma.
En mi opinión, se trata de lograr una mayor precisión en el texto de la norma.
Señor Presidente, creo que el espíritu de la norma es correcto.
No estoy de acuerdo con el Honorable señor Viera-Gallo , por una razón muy sencilla: porque si un nuevo candidato dispone de una oficina y la transforma en un lugar para la campaña, el gasto va a tener que imputársele a ese rubro.
En mi opinión, se puede perfeccionar la redacción, porque se dice que se atribuye la asignación en su integridad; y ello no parece razonable, pues no es imputable en su totalidad. Incluso se podría pagar un doble gasto. Imaginemos que parte de esa asignación corresponde a traslado y que, por otro lado, se disponga que a los gastos del caso también se les asigne esa calidad. Entonces se imputarían dos veces los gastos de traslado: una, por esa vía, por cuanto es una asignación que recibe del Congreso; e igualmente por la otra, ya que se señala que deben considerarse como gasto adicional todos aquellos traslados que se realicen.
En mi concepto, el espíritu de la norma está correcto. Sería una desventaja no incluir ese gasto, y más aún en el caso nuestro, cuando tenemos que ser ejemplo en esta materia. Sí me parece que habría que precisarlo, señalando, por ejemplo, "los gastos efectivos que se realicen en el arriendo de sedes y personal...". Aunque no sea el momento de redactar la norma, habría que precisarla, para que corresponda a la realidad.
No corresponde transformar a la Sala en una Comisión. Por último, dejemos algo de trabajo a la Cámara de Diputados.
Pero habría un tercer trámite.
Señor Presidente , es difícil de precisar el que algunos lugares no están destinado a la campaña. La única presunción posible, a mi juicio, es que durante el período que ella dura toda sede de un candidato debería considerarse como destinada a la misma. Es inadmisible una definición diferente.
Señor Presidente , el Parlamentario tiene una obligación constitucional que vence el último día de su mandato. Por lo tanto, todo cuanto se le impute para el ejercicio de su cargo es algo absolutamente constitucional y legal.
Quiero ponerme en el siguiente caso: el planteamiento de la igualdad de oportunidades -conforme a un ejemplo exagerado, para determinar si ella se encuentra en riesgo-, -implica que en los últimos noventa días de su mandato, cuando se abre el proceso electoral, el Parlamentario en ejercicio debería dejar de percibir su dieta?
En consecuencia, creo que el Honorable señor Viera-Gallo está en lo correcto.
Señor Presidente , aun cuando entiendo el espíritu de la norma relativa a la igualdad de oportunidades, en mi concepto, debemos tener cuidado, porque podemos caer en situaciones que después pueden volverse en contra nuestra.
El artículo dispone: "Constituirán también gastos electorales las asignaciones que ordinariamente provea la respectiva Cámara para el pago de arrendamiento de inmuebles percibidas durante la campaña electoral.".
Si hablamos de tres meses -lapso en el cual habrá gastos-, quiere decir que el financiamiento tendría que quedar sometido a las reglas de todo el articulado.
Entonces, cabe preguntar de qué manera puede aparecer como aporte a las campañas electorales de Senadores y Diputados el ítem que se entrega para el arrendamiento de oficinas. No entiendo cómo se consignaría. Lo otro podría ser que fuera considerado donación. Si lo fuera, incluso podríamos acogernos a los beneficios tributarios que se van a establecer en otra ley.
La situación planteada aquí es bastante absurda. Uno tendría derecho a preguntar por qué incluir sólo a los Senadores y Diputados y no a los concejales, los que igualmente tienen oficinas en las sedes municipales. Serán de menor jerarquía y todo lo que se quiera; pero, cuando se compite a nivel comunal, eso tal vez hace la diferencia.
¿Qué pasa con los otros candidatos no Parlamentarios o que no estén en el ejercicio de un cargo de representación popular, pero que poseen oficinas e instalaciones en las que hacen su campaña, y que tal vez forman parte de su actividad normal, como sucede con un abogado, un comerciante o un industrial, o lo que sea? De igual manera, y con el mismo criterio, tendríamos que imputarlo como gasto.
Me parece que lo razonable sería dejar el primer inciso de la letra c) y eliminar el segundo.
Señor Presidente , quiero proponer una fórmula de solución: suprimir el inciso, en el entendido de que los Parlamentarios en campaña electoral tienen que incluir como gastos de ella los pagos por concepto de arriendo de sus oficinas y las remuneraciones pagadas a quienes trabajan con ellos. Porque lo lógico es que todo eso se destine a la campaña. Por lo tanto, al eliminar el inciso, pero con una interpretación estricta en cuanto al gasto de la campaña electoral, quedaría cubierta la igualdad de oportunidades.
Tenemos que pronunciarnos sobre el particular.
Hay una proposición concreta del Senador señor Novoa.
Comparto plenamente lo planteado por el Senador Viera-Gallo.
Evidentemente, cuando las cosas se llevan al absurdo, carecen de sentido. Para hablar de igualdad, según un criterio estricto, lo más lógico sería que ningún Parlamentario se repostulara. Porque, por cierto, no sólo cuentan con las pequeñas ventajas que se señalan, como el estar en el ejercicio del cargo, aun cuando no pueden dejarse de reconocer las enormes garantías de un candidato sin representación popular.
Carece de sentido la manera como se está planteando la norma. A mi juicio, es ir demasiado lejos no crear ninguna igualdad, y peor todavía si ello proviene de nosotros mismos, aun cuando no tenemos por qué dar cuenta acerca de cada uno de nuestros actos.
Las cosas son lo que son. Quien va a la reelección debe hacerlo conforme a su condición actual. Tendrá que ver cómo se plantea ante la opinión pública. Y quien postule, dispondrá de las otras ventajas inherentes cuando no se ejerce un cargo de representación popular. Así el electorado podrá decidir. Pero no corresponde entrar a detallar hasta el último céntimo el dinero entregado para la postulación si el candidato es un Parlamentario.
Señor Presidente , en mi opinión, éstos son los pequeños detalles que carecen de comprensión dentro de las reglas del juego que nosotros fijamos. Evidentemente, si un Parlamentario, en el período de su campaña, destina -como así ocurre- sus oficinas de trabajo a la campaña electoral, -por qué el gasto en que incurra no lo va a incluir como tal? No hacerlo carecería de sentido, mientras que si el particular transforma el lugar habitual de su actividad en sede, lo hará, a fin de no exceder el tope. Me parece que con ello se rompe el principio de igualdad.
Sólo si son sedes de la campaña, señor Senador.
Creo que la solución propuesta por el Honorable señor Novoa es la correcta: eliminar el inciso segundo de la letra c) y dejar claro en la historia fidedigna de la ley que los Parlamentarios estarán obligados a incluir, dentro de la nómina de los gastos, aquellos que utilicen efectivamente en la campaña electoral. Y con eso me parece que el problema queda resuelto.
Señor Presidente , en mi concepto, aclararía mucho el asunto si pudiésemos distinguir entre oficina y sede. Porque resultaría injusto para un Parlamentario que a la vez es candidato y posee una oficina en la cual continúa su trabajo habitual que el arriendo de ésta le sea imputado como gasto de campaña no habiéndola destinado para sede.
Entonces, para ser estrictos, solamente se han de consignar en este renglón aquellos espacios físicos que tengan el destino preciso de la campaña electoral.
Hay una proposición concreta en cuanto a pronunciarse separadamente respecto del inciso segundo.
Si le parece a la Sala, se aprobará el inciso primero.
--En votación económica, se aprueba, por 34 votos contra 2, de los Honorables señores Canessa y Martínez, el inciso primero de la letra c) del artículo 2º, dejándose constancia de que concurre el quórum constitucional exigido.
Ahora corresponde ocuparse en el inciso segundo de la letra c).
Señor Presidente , el Senador señor Novoa hizo una buena propuesta...
Por eso, se votará si se aprueba o se rechaza la disposición mencionada.
Si le parece a la Sala, se eliminará el inciso segundo.
--En votación económica, se rechaza el inciso segundo de la letra c) del artículo 2º (33 votos contra 2).
Señor Presidente, entiendo que va a quedar en la historia de la ley lo que comprende la norma, porque...
Se dejará la constancia solicitada por el Honorable señor Novoa.
... en esas condiciones voté a favor.
Quedará consignado que ello obedece a un acuerdo de la Sala, no sólo al planteamiento del señor Senador.
Habría que precisar qué se entiende por "sede" y "sede de campaña".
No se votó al respecto. Se aprobó el inciso primero de la letra c), se eliminó su inciso segundo y se dejó establecido por la Sala el alcance de la disposición. Es decir,...
Así es. La norma hace referencia a la sede y no a las oficinas personales o del oficio propio del Senador.
Además, con el voto en contra del Senador señor Coloma.
--Queda despachado el proyecto.
Señor Presidente, deseo solicitar que, si la sesión no se puede empalmar con la de la tarde,...
En efecto. Ello no es posible.
Advierto que se debe almorzar, sostener una reunión de Comités y sesionar a partir de las 16.
Haremos el esfuerzo...
Propongo que se cite para las 16:30, porque hay que hacer tres cosas prácticamente en una hora.
¿Habría acuerdo para empezar la sesión de la tarde a las 16:30 pero con los timbres activados a partir de las 16:15?