Source: https://www.scribd.com/doc/125527862/purificacioncarpinteyro-mx-iniciativa-pdf
Timestamp: 2016-09-27 01:43:30
Document Index: 227910358

Matched Legal Cases: ['Artículo 6', 'Artículo 3', 'Artículo 6', 'artículo 25', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 2', 'artículo 13', 'Artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 11', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 27', 'artículo 2', 'artículo 15', 'artículo 6', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'Artículo 6', 'artículo 28', 'artículo 27', 'artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 44', 'Artículo 44', 'artículo 27']

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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN, DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR
Los diputados Fernando Belaunzarán Méndez, Purificación Carpinteyro Calderón y Fernando Zárate Salgado, integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad constitucional que les otorgan los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; 5, 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento para la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal del Derecho de Autor, con base en la siguiente
De conformidad con lo establecido con el Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado está obligado a garantizar el derecho a la información. El derecho de libertad de expresión y el derecho a la información están íntimamente ligados, y ambos son derechos humanos reconocidos y protegidos por nuestra Constitución y el Derecho Internacional. Esta obligación del Estado de garantizar el derecho a la información, está también irreductiblemente vinculada a los derechos y garantías consignadas en el Artículo 3o de la Constitución, que establece sin cortapisas, el derecho de todo individuo a recibir educación y cultura para mejorar la convivencia humana. A mayor abundamiento, nuestra norma fundamental en su Artículo 6 fracción III expresamente consagra que toda persona tendrá acceso gratuito a la información, pública; y de sus fracciones IV, V y VI se infiere el que el acceso a la información es requisito indispensable de la rendición de cuentas de la gestión pública y por tanto, lo es también de la libertad de expresión, a efecto de afianzar la confianza de los ciudadanos en la obtención de información objetiva y expedita, generada por los órganos de los tres órdenes de gobierno y demás sujetos que obtengan o ejerzan recursos públicos, consolidando con estas acciones, una sociedad mejor informada, con mayores elementos para evaluar el acontecer gubernamental, y con mejores instrumentos para fiscalizar las acciones estatales. Este derecho a la información se traduce en la posibilidad que tiene todo individuo para acceder y percibir libremente al pensamiento expresado de manera objetiva, libre y oportuna, respecto al cual, el Estado debe garantizar que se proporcione y difunda, sin más límites que los establecidos en la propia Constitución. En todo sistema democrático el libre flujo de la información se encuentra implícito a través del voto de los ciudadanos, el cual debe ser un voto informado, y en ese sentido, debe garantizarse que no se entorpezca el uso de los medios de difusión masiva de ideas, resultando inadmisible que se restrinja la cantidad o calidad de la información que deba ser difundida. Libertad de expresión y acceso gratuito a la información son derechos fundamentales conforme a nuestra Carta Magna y también de acuerdo al Derecho Internacional al que México se ha adherido a través de la firma y ratificación de diversos instrumentos internacionales, entre los que se encuentran la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, La Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración sobre el Fomento de unos Medios de Comunicación Independientes y Pluralistas, y la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, ubicando al derecho a la información como una obligación. Por otro lado, el artículo 25 Constitucional establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático, así como planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional y llevar a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de las libertades que otorga la Constitución. Asimismo, es imprescindible destacar que corresponde a la Nación el dominio directo, entre otros bienes, del espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el derecho internacional, siendo el Estado quien debe fijar las condiciones que aseguren la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes de dominio público de la Federación en términos de los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. purificacioncarpinteyro.mx/iniciativa.html 1/12
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Federación en términos de los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Relacionado a lo anterior, el espectro radioeléctrico, constituye un bien del dominio público de la Nación, que es inalienable, imprescriptible e inembargable, conforme a lo establecido en los artículos 3, 4, 6, fracción I, 7 fracción I, 8, 13 y 16 de la Ley General de Bienes Nacionales; y 1 de la Ley Federal de Radio y Televisión. Por su parte la Ley Federal de Telecomunicaciones regula el servicio de televisión restringida y de conformidad con el artículo 3, fracción XVI, el servicio de radio y televisión es el servicio de audio o de audio y video asociado que se presta a través de redes públicas de telecomunicaciones, así como el servicio de radiodifusión. El artículo 7 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, señala que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, así como fomentar una sana competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones, a fin de que éstos se presten con mejores precios, diversidad y calidad en beneficio de los usuarios. Asimismo, la Ley Federal de Radio y Televisión en su artículo 2 define al servicio de radiodifusión como aquél que se presta mediante la propagación de ondas electromagnéticas de señales de audio o de audio y video asociado, haciendo uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico atribuido por el Estado precisamente a tal servicio; con el que la población puede recibir de manera directa y gratuita las señales de su emisor utilizando los dispositivos idóneos para ello. A nadie le es ajeno que la comunicación a través de la radio y la televisión es una actividad de interés público que tiene la función social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y al mejoramiento de las formas de convivencia humana, y que es necesario que estos servicios se presten en las mejores condiciones, en beneficio de la población; a cuyo efecto el Estado debe vigilar que el servicio sea susceptible de ser captado por los gobernados e inclusive, en el extranjero, para divulgar de mejor manera las manifestaciones de la cultura mexicana, fomentar la relaciones comerciales el país y transmitir informaciones sobre los acontecimientos de la vida nacional en términos de los artículos 4, 5 y 7 de la Ley Federal de Radio y Televisión. De esta forma el derecho al acceso a la información, a la libertad de expresión y de recepción de señales, mediante la radio y televisión, no pueden ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa ni de limitación alguna ni censura previa, y se ejercerá en los términos de nuestra Constitución. Así, la utilización de las señales radiodifundidas como vehículos de comunicación entre las instituciones públicas y la población son indispensables, por lo que los ciudadanos deben estar en posibilidad de tener acceso a ellas en materia de educación, seguridad, salud, cultura y orientación social, entre otros, en términos de lo señalado en la Ley Federal de Radio y Televisión. Por su parte, el Reglamento del Servicio de Televisión y Audio Restringido en su artículo 13 establece que las redes públicas de telecomunicaciones que ofrecen el servicio de televisión restringida están obligadas a que las señales radiodifundidas que se incluyan en su servicio tengan la misma calidad que el resto de los canales de la Red. Es de resaltar que el 28 de noviembre de 2006, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes recibió la opinión de la Comisión Federal de Competencia en materia de contenidos audiovisuales, que incluye entre otras recomendaciones las siguientes: (i) desarrollar un marco regulatorio consistente y neutral para el sector, que abarque tanto los términos y condiciones de acceso a los contenidos, como la regulación de los contenidos mismos; (ii) garantizar el acceso no discriminatorio de los concesionarios de televisión restringida a las señales de televisión abierta, y (iii) garantizar el acceso de los canales de televisión abierta a los sistemas de televisión restringida como parte de los canales básicos. En este tenor se incluyen las figuras que internacionalmente se conocen como "must carry" y el "must offer". La primera de estas figuras, -conocida como must carry, es la obligación impuesta a los sistemas de televisión restringida por el Estado como política pública, para asegurar que los usuarios de los servicios de los operadores de televisión restringida tengan acceso a las señales de televisión abierta en forma gratuita. La experiencia internacional muestra que en diversos países existen reglas que establecen la obligación de los operadores de televisión restringida de incluir canales de televisión radiodifundida que se emiten en la localidad, ya que esto responde a la obligación del Estado de garantizar el derecho a la información. Así, la mayoría de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han estado estableciendo la obligación para que los operadores de televisión restringida, transmitan canales públicos, comerciales y locales a fin de asegurar que toda la población tenga acceso a los canales de televisión abierta a toda la población.
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purificacioncarpinteyro.mx/iniciativa.html locales a fin de asegurar que toda la población tenga acceso a los canales de televisión abierta a toda la población.
La segunda figura -conocida como must offer, es la obligación impuesta a los operadores de televisión de radiodifusión o "abierta", de garantizar el acceso de los concesionarios de televisión restringida a las señales de televisión abierta como parte de los canales básicos, que deberán transmitir como parte de su programación, en forma gratuita. Es decir, el radiodifusor debe ofrecer al concesionario de televisión restringida (must offer) y éste último debe portar en su programación (must carry), las señales de televisión abierta. Solamente mediante este binomio (must carry/must offer) puede garantizarse en materia de televisión, tanto la libertad de expresión, por una parte, como el acceso gratuito a la información pública a que se refiere el Artículo Sexto Constitucional y diversas convenciones internacionales de las que el Estado mexicano es parte, y que conforme a nuestro actual Artículo Primero Constitucional, consagran derechos humanos que el Estado mexicano debe garantizar. La Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho de la libertad de pensamiento y de expresión, mismo que dispone: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. En múltiples resoluciones la Corte Interamericana ha resuelto que el derecho a la libertad de pensamiento y expresión tienen una doble dimensión: la individual y la social. La individual, no se agota en el reconocimiento del derecho a hablar o escribir sino que comprende, además, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios, por ello, una restricción de las posibilidades de divulgación representa un límite al derecho de expresarse libremente; la social, comprende el derecho de comunicar a otras puntos de vista, pero implica también el derecho de todas a conocer opiniones, relatos y noticias. Ambas dimensiones deben ser garantizadas por los Estados, si se omite hacerlo en una de ellas el derecho humano se violenta y se genera responsabilidad internacional. La dimensión social es un derecho de interés común, que el estado mexicano tiene derecho de garantizar, así se ordena en el Artículo 6Âº de la Constitución: "...El derecho a la información será garantizado por el Estado." La obligación constitucional que se impone al Estado Mexicano, por razón de la doble dimensión del derecho, implica garantizar el derecho de cada persona a expresarse y el derecho de todos a estar bien informados, de modo que no se afecta una de las condiciones básicas de una sociedad democrática. Se incumple la obligación cuando el Estado omita ejercer una acción directa. De igual forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la libertad de expresión y el derecho a la información son derechos funcionalmente centrales en un estado constitucional y tienen una doble faceta: por un lado, aseguran a las personas espacios esenciales para el despliegue de su autonomía y, por otro, gozan de una vertiente pública, colectiva o institucional que los convierte en piezas básicas para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa. [TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXX, Diciembre de 2009; Pág. 287 LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU IMPORTANCIA EN UNA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL. La libertad de expresión y el derecho a la información son derechos funcionalmente centrales en un estado constitucional y tienen una doble faceta: por un lado, aseguran a las personas espacios esenciales para el despliegue de su autonomía y, por otro, gozan de una vertiente pública, colectiva o institucional que los convierte en piezas básicas para el adecuado
otro, gozan de una vertiente pública, colectiva o institucional que los convierte en piezas básicas para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa. Como señaló la Corte Interamericana en el caso Herrera Ulloa, se trata de libertades que tienen tanto una dimensión individual como una dimensión social, y exigen no sólo que los individuos no vean impedida la posibilidad de manifestarse libremente, sino también que se respete su derecho como miembros de un colectivo a recibir información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno. Así, tener plena libertad para expresar, recolectar, difundir y publicar informaciones e ideas es imprescindible no solamente como instancia esencial de autoexpresión y desarrollo individual, sino como condición para ejercer plenamente otros derechos fundamentales -el de asociarse y reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, el derecho de petición o el derecho a votar y ser votado- y como elemento determinante de la calidad de la vida democrática en un país, pues si los ciudadanos no tienen plena seguridad de que el derecho los protege en su posibilidad de expresar y publicar libremente ideas y hechos, será imposible avanzar en la obtención de un cuerpo extenso de ciudadanos activos, críticos, comprometidos con los asuntos públicos, atentos al comportamiento y a las decisiones de los gobernantes, capaces de cumplir la función que les corresponde en un régimen democrático. Por consiguiente, cuando un tribunal decide un caso de libertad de expresión, imprenta o información no sólo afecta las pretensiones de las partes en un litigio concreto, sino también el grado al que en un país quedará asegurada la libre circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto, condiciones todas ellas indispensables para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa. La Corte Interamericana considera a la libertad de expresión e información como: los principales mecanismos que tiene la sociedad para ejercer un control democrático sobre las personas que tienen a su cargo asuntos de interés público; la forma efectiva para participar en debates activos, firmes y desafiantes respecto de todos los aspectos vinculados al funcionamiento normal y armónico de la sociedad; un medio eficiente para difundir la educación y la cultura; la forma de denunciar la corrupción, entre otros. Además, señala que la libertad de expresión es un elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia de una sociedad democrática, indispensable para la formación de la opinión pública. La Corte Interamericana en la Opinión Consultiva OC-5/85, párr. 69, sostiene que la libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse, ello implica que se garanticen las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto. Del derecho humano en estudio, la Corte Interamericana sostiene que comprende el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. En este sentido, la expresión y la difusión de pensamientos e ideas son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en junio del presente año, 2012, ha resuelto que la radiodifusión es un medio tecnológico para ejercer el derecho de libertad de expresión. [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro IX, Junio de 2012, Tomo 1; Pág. 262 LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA RADIODIFUSIÓN ES UN MEDIO TECNOLÓGICO PARA EJERCER ESE DERECHO. Conforme al artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho a la información estará garantizado por el Estado, lo que debe ser de manera general, incluyendo tanto la que es producida o se encuentra en posesión de los órganos de gobierno, como la que es propia de los particulares; garantía que debe cumplirse no sólo respecto de su difusión, sino también de su recepción por el público en general o destinatarios del medio, pues el enunciado normativo previsto en el mandato constitucional no se limita a la información pública gubernamental. Así, cualquier marco normativo o política gubernamental debe empezar por garantizar el ejercicio de ese derecho, el cual si bien puede ser restringido excepcionalmente, las restricciones correspondientes deben estar fijadas por la ley y buscar la protección y respeto de algún interés o bien jurídicamente tutelado, como: a) los derechos o reputación de los demás, b) la seguridad nacional, c) el orden público, d) la salud pública, y, e) la moral pública; de ahí que, al ser la radiodifusión un medio tecnológico para ejercer dicho derecho, el Estado debe establecer las condiciones para su pleno ejercicio sin discriminación alguna, mediante políticas públicas en la materia; así, las restricciones deben cumplir con los criterios de: a) razonabilidad, esto es, deberá enfocarse a los fines perseguidos, y b) proporcionalidad, que se traduce en que la medida no impida el ejercicio de aquel derecho en su totalidad o genere en la población una inhibición en su ejercicio. Si bien es cierto que de conformidad con la Convención de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, artículo 11 BIS, los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar: "...1o. la radiodifusión de sus obras o la comunicación pública de las mismas por cualquier otro medio de difusión inalámbrica de señas, sonidos o imágenes; 2o. cualquier comunicación pública, ya sea por hilos o sin hilos de la obra radiodifundida cuando dicha comunicación se haga por otro organismo que el original; 3o. la comunicación pública, por alto parlante o por cualquier
comunicación se haga por otro organismo que el original; 3o. la comunicación pública, por alto parlante o por cualquier otro instrumento análogo que transmita señas, sonidos o imágenes, de la radiodifusión de la obra, en un ejercicio de ponderación...", el derecho de autor queda en un segundo plano ante el derecho de información que tiene la sociedad, tal derecho implica una doble vertiente que es de interés público y cuya protección permite se garanticen derechos como la educación, acceso a la cultura, y es la base para establecer un régimen democrático de gobierno; el derecho de autor es un derecho que sólo tiene una dimensión individual. La radiodifusión exige el cumplimiento de la función social que establece tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la Ley Federal de Radio y Televisión. El Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el servicio de radiodifusión debe sujetarse al respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales de los gobernados debido a que "... constituye una herramienta de transmisión masiva de educación y cultura, que debe garantizar el acceso a diversas corrientes de opinión, coadyuvar a la integración de la población, en especial de los grupos indígenas al desarrollo nacional, proporcionar información imparcial, general y veraz, esparcimiento y entretenimiento, influir en sus valores, en su democratización, en la politización, en la ideología de respeto al hombre sin discriminación alguna...". [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XXVI, Diciembre de 2007; Pág. 1092 RADIODIFUSIÓN. LA SUJECIÓN DE ESTE SERVICIO AL MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL SE DA EN EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES Y PERMISOS DE MANERA TRANSITORIA Y PLURAL Y CON EL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN SOCIAL QUE EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD EXIGE POR PARTE DE LOS CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS. La prestación del servicio de radiodifusión (radio y televisión abierta) que se realiza mediante concesión o permiso está sujeta al marco constitucional y legal en dos vertientes: a) En el ejercicio de la actividad que desempeñan los concesionarios en la materia, mediante el condicionamiento de la programación y de la labor de los comunicadores que en ella intervienen, la cual deberá sujetarse al respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales de los gobernados, pues en su calidad de medios masivos de comunicación cumplen una función social de relevancia trascendental para la nación porque constituyen el instrumento a través del cual se hacen efectivos tales derechos, toda vez que suponen una herramienta fundamental de transmisión masiva de educación y cultura, que debe garantizar el acceso a diversas corrientes de opinión, coadyuvar a la integración de la población, en especial de los grupos indígenas al desarrollo nacional, proporcionar información (imparcial, general y veraz), esparcimiento y entretenimiento, influir en sus valores, en su democratización, en la politización, en la ideología de respeto al hombre sin discriminación alguna, etcétera; lo que revela la importancia de la correcta regulación y supervisión que el Estado debe llevar a cabo en la prestación de este servicio a fin de que cumpla la función social que le está encomendada; y, b) En la procuración de que el acceso a la adquisición, operación y administración de los servicios de radiodifusión, mediante concesiones o permisos, se otorgue de manera transitoria y plural a fin de evitar la concentración del servicio en grupos de poder, resultando de vital importancia que el Estado, como rector de la economía nacional y garante de la libertad de expresión y del derecho a la información, evite el acaparamiento de los medios masivos de comunicación. Adicionalmente a los argumentos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se debe perder de vista que la radiodifusión es una herramienta a través de la cual se ejercen los derechos políticos, por lo cual es necesario que el Estado garantice el acceso a la radio y televisión abierta a la mayor población posible La misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ponderado la libertad de expresión y el derecho a la información como de "protección especialmente intensa en materia política y asuntos de interés público". [TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXX, Diciembre de 2009; Pág. 287 LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU PROTECCIÓN ES ESPECIALMENTE INTENSA EN MATERIA POLÍTICA Y ASUNTOS DE INTERÉS PÚBLICO. El discurso político está más directamente relacionado que otros con la dimensión social y con las funciones institucionales de las libertades de expresión e información. Por tanto, proteger su libre difusión resulta especialmente relevante para que estas libertades desempeñen cabalmente sus funciones estratégicas de cara a la formación de la opinión pública, dentro del esquema estructural propio de la democracia representativa. Una opinión pública bien informada es un instrumento imprescindible para conocer y juzgar las ideas y acciones de los dirigentes políticos; el control ciudadano sobre las personas que ocupan o han ocupado en el pasado cargos públicos (servidores públicos, cargos electos, miembros de partidos políticos, diplomáticos, particulares que desempeñan funciones públicas o de interés público, etcétera) fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de todos los involucrados en la gestión de los asuntos públicos, lo cual justifica que exista un margen especialmente amplio de protección para la difusión de información y opiniones en el debate político o sobre asuntos de interés público. Como subraya el Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos del año 2008, las personas con responsabilidades públicas tienen un umbral distinto de protección, que les expone en mayor grado al escrutinio y a la crítica del público, lo cual se justifica por el carácter de interés
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purificacioncarpinteyro.mx/iniciativa.html que les expone en mayor grado al escrutinio y a la crítica del público, lo cual se justifica por el carácter de interés público de las actividades que realizan, porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio colectivo más exigente y porque su posición les da una gran capacidad de reaccionar a la información y las opiniones que se vierten sobre los mismos (Informe 2008, Capítulo III, párr. 39).
Por lo anterior, no cabe lugar a dudas que el derecho a la información, debido a su carácter social, tiene prevalencia sobre derechos únicamente personales. A continuación se reproducen algunas consideraciones de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que refuerzan los argumentos esgrimidos anteriormente. Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile Sentencia de 5 de febrero de 2001 (Fondo, Reparaciones y Costas) 64. En cuanto al contenido del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, quienes están bajo la protección de la Convención tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Es por ello que la libertad de expresión tiene una dimensión individual y una dimensión social, a saber: ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno. 65. Sobre la primera dimensión del derecho consagrado en el artículo mencionado, la individual, la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. En este sentido, la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente. 66. Con respecto a la segunda dimensión del derecho consagrado en el artículo 13 de la Convención, la social, es menester señalar que la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones entre las personas; comprende su derecho a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, pero implica también el derecho de todas a conocer opiniones, relatos y noticias. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia. 67. La Corte considera que ambas dimensiones poseen igual importancia y deben ser garantizadas en forma simultánea para dar efectividad total al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión en los términos previstos por el artículo 13 de la Convención. Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Palamara Iribarne Vs. Chile Sentencia de 22 de noviembre de 2005 (Fondo Reparaciones y Costas) Cfr. Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 en su artículo 27.2; Convención Universal sobre el Derecho de Autor; Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas en su artículo 2; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 15; Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre el Derecho de Autor en su artículo 6 inc. 1; y Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC). 107. Asimismo, la supresión de la información electrónica relativa al libro impidió al señor Palamara Iribarne, en caso de que lo considerara conveniente, modificar, reutilizar o actualizar su contenido. Al respecto, el Tribunal estima que el contenido del derecho de autor, el cual protege el aprovechamiento, la autoría y la integridad de la obra, así como incluye en su ejercicio la facultad de difundir la creación realizada, se encuentra íntimamente relacionado con las dos dimensiones del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión (supra párr. 69). El concepto de la doble dimensión individual y social de la libertad de pensamiento y de expresión, así como su interdependencia, han sido desarrollados en reiteradas ocasiones por la Corte . Corte Interamericana de Derechos Humanos
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Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay Sentencia de 31 de agosto de 2004 (Fondo, Reparaciones y Costas) 72. En cuanto al artículo 13 de la Convención, la Comisión alegó que: a) el artículo 13 de la Convención dispone claramente las limitaciones a la libertad de expresión, las cuales deben ser excepcionales. Asimismo, y sin perjuicio de la expresa prohibición de cualquier modo de censura previa, el artículo 13 también prevé la aplicación de responsabilidades ulteriores. La imposición de dichas responsabilidades resulta excepcional: deben estar fijadas por la ley y, además, ser necesarias para el respeto de derechos o la reputación de los demás, entre otros; b) "el libre discurso y debate político son parte esencial para la consolidación de la vida democrática de las sociedades". Dado el interés social imperativo que rodea a "este tipo de debates", las justificaciones permisibles al Estado para restringir la libertad de expresión en este ámbito son mucho más estrictas y limitadas, ya que el derecho a la libertad de expresión e información es uno de los principales mecanismos que tiene la sociedad para ejercer un control democrático sobre las personas que tienen a su cargo asuntos de interés público; c) "el derecho a la libertad de expresión es precisamente el derecho del individuo y de toda la comunidad a participar en debates activos, firmes y desafiantes respecto de todos los aspectos vinculados al funcionamiento normal y armónico de la sociedad". Muchas veces estos debates pueden ser críticos y hasta ofensivos para quienes ocupan cargos públicos o están vinculados a la formulación de la política pública; d) la libertad de expresión es una de las formas más eficaces para denunciar la corrupción. Además, la regla debe ser la publicidad de los presuntos actos de corrupción; 77. La Corte ha señalado anteriormente, con respecto al contenido del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, que quienes están bajo la protección de la Convención tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Es por ello que la libertad de expresión tiene una dimensión individual y una dimensión social, a saber: ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno . 78. Al respecto, la Corte ha indicado que la primera dimensión de la libertad de expresión "no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios" . En este sentido, la expresión y la difusión de pensamientos e ideas son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente . 79. Con respecto a la segunda dimensión del derecho a la libertad de expresión esto es, la social, es menester señalar que la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones entre las personas; comprende su derecho a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, pero implica también el derecho de todos a conocer opiniones, relatos y noticias vertidas por terceros. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia . 80. Este Tribunal ha afirmado que ambas dimensiones poseen igual importancia y deben ser garantizadas plenamente en forma simultánea para dar efectividad total al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión en los términos previstos por el artículo 13 de la Convención . Corte Interamericana de Derechos Humanos CASO HERRERA ULLOA VS. COSTA RICA SENTENCIA DE 2 DE JULIO DE 2004 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) 1) El contenido del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión 108. La Corte ha señalado anteriormente, con respecto al contenido del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, que quienes están bajo la protección de la Convención tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Es por ello que la libertad de expresión tiene una dimensión individual y una dimensión social, a saber: ésta requiere, por un lado, que purificacioncarpinteyro.mx/iniciativa.html nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento7/12 y
ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno . 109. Al respecto, la Corte ha indicado que la primera dimensión de la libertad de expresión "no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios" . En este sentido, la expresión y la difusión de pensamientos e ideas son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente . 110. Con respecto a la segunda dimensión del derecho a la libertad de expresión esto es, la social, es menester señalar que la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones entre las personas; comprende su derecho a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, pero implica también el derecho de todos a conocer opiniones, relatos y noticias vertidas por terceros. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia . 111. Este Tribunal ha afirmado que ambas dimensiones poseen igual importancia y deben ser garantizadas plenamente en forma simultánea para dar efectividad total al derecho a la libertad de expresión en los términos previstos por el artículo 13 de la Convención . 2) La libertad de pensamiento y de expresión en una sociedad democrática 112. La Corte Interamericana en su Opinión Consultiva OC-5/85, hizo referencia a la estrecha relación existente entre democracia y libertad de expresión, al establecer que [...] la libertad de expresión es un elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre . 113. En iguales términos a los indicados por la Corte Interamericana, la Corte Europea de Derechos Humanos se ha manifestado sobre la importancia que reviste en la sociedad democrática la libertad de expresión, al señalar que [...] la libertad de expresión constituye uno de los pilares esenciales de una sociedad democrática y una condición fundamental para su progreso y para el desarrollo personal de cada individuo. Dicha libertad no sólo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una sociedad democrática. [...] Esto significa que [...] toda formalidad, condición, restricción o sanción impuesta en la materia debe ser proporcionada al fin legítimo que se persigue . 114. La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas también se han pronunciado en ese mismo sentido. 115. En este sentido valga resaltar que los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas aprobaron el 11 de septiembre de 2001 la Carta Democrática Interamericana, en la cual, inter alia, señalaron que [s]on componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa . 116. Existe entonces una coincidencia en los diferentes sistemas regionales de protección a los derechos humanos y en el universal, en cuanto al papel esencial que juega la libertad de expresión en la consolidación y dinámica de una sociedad democrática. Sin una efectiva libertad de expresión, materializada en todos sus términos, la democracia se desvanece, el pluralismo y la tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia ciudadana se empiezan a tornar inoperantes y, en definitiva, se empieza a crear el campo fértil para que sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad. 3) El rol de los medios de comunicación y del periodismo en relación con la libertad de pensamiento y de expresión
117. Los medios de comunicación social juegan un rol esencial como vehículos para el ejercicio de la dimensión social de la
117. Los medios de comunicación social juegan un rol esencial como vehículos para el ejercicio de la dimensión social de la libertad de expresión en una sociedad democrática, razón por la cual es indispensable que recojan las más diversas informaciones y opiniones . Los referidos medios, como instrumentos esenciales de la libertad de pensamiento y de expresión, deben ejercer con responsabilidad la función social que desarrollan. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS OPINIÓN CONSULTIVA OC-5/85 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 1985 LA COLEGIACIÓN OBLIGATORIA DE PERIODISTAS (ARTS. 13 Y 29 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS) SOLICITADA POR EL GOBIERNO DE COSTA RICA 54. En verdad no toda transgresión al artículo 13 de la Convención implica la supresión radical de la libertad de expresión, que tiene lugar cuando, por el poder público se establecen medios para impedir la libre circulación de información, ideas, opiniones o noticias. Ejemplos son la censura previa, el secuestro o la prohibición de publicaciones y, en general, todos aquellos procedimientos que condicionan la expresión o la difusión de información al control gubernamental. En tal hipótesis, hay una violación radical tanto del derecho de cada persona a expresarse como del derecho de todos a estar bien informados, de modo que se afecta una de las condiciones básicas de una sociedad democrática. 55. La supresión de la libertad de expresión como ha sido descrita en el párrafo precedente, si bien constituye el ejemplo más grave de violación del artículo 13, no es la única hipótesis en que dicho artículo pueda ser irrespetado. En efecto, también resulta contradictorio con la Convención todo acto del poder público que implique una restricción al derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, en mayor medida o por medios distintos de los autorizados por la misma Convención; y todo ello con independencia de si esas restricciones aprovechan o no al gobierno. 56. Más aún, en los términos amplios de la Convención, la libertad de expresión se puede ver también afectada sin la intervención directa de la acción estatal. Tal supuesto podría llegar a configurarse, por ejemplo, cuando por efecto de la existencia de monopolios u oligopolios en la propiedad de los medios de comunicación, se establecen en la práctica "medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones". 69. Considera la Corte, sin embargo, que el mismo concepto de orden público reclama que, dentro de una sociedad democrática, se garanticen las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto. La libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse. En este sentido, la Corte adhiere a las ideas expuestas por la Comisión Europea de Derechos Humanos cuando, basándose en el Preámbulo de la Convención Europea, señaló: que el propósito de las Altas Partes Contratantes al aprobar la Convención no fue concederse derechos y obligaciones recíprocos con el fin de satisfacer sus intereses nacionales sino... establecer un orden público común de las democracias libres de Europa con el objetivo de salvaguardar su herencia común de tradiciones políticas, ideales, libertad y régimen de derecho. (" Austria vs. Italy", Application No.788/60, European Yearbook of Human Rights, vol.4, (1961), pág. 138). También interesa al orden público democrático, tal como está concebido por la Convención Americana, que se respete escrupulosamente el derecho de cada ser humano de expresarse libremente y el de la sociedad en su conjunto de recibir información. 70. La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. 75. Por otra parte, el argumento comentado en el párrafo anterior, no tiene en cuenta que la libertad de expresión comprende dar y recibir información y tiene una doble dimensión, individual y colectiva. Esta circunstancia indica que el fenómeno de si ese derecho se ejerce o no como profesión remunerada, no puede ser considerado como una de aquellas restricciones contempladas por el artículo 13.2 de la Convención porque, sin desconocer que un gremio tiene derecho de buscar las mejores condiciones de trabajo, esto no tiene por qué hacerse cerrando a la sociedad posibles fuentes de donde obtener información. Es así que, si bien nuestro país forma parte de la Convención de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas,
14/02/13 Es así
purificacioncarpinteyro.mx/iniciativa.html que, si bien nuestro país forma parte de la Convención de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, el derecho de autor queda en segundo plano ante el derecho de información que tiene la sociedad, ya que tal derecho implica una doble vertiente que es de interés público y cuya protección permite que se garanticen derechos como la educación, acceso a la cultura y es la base para establecer un régimen democrático de gobierno; en tanto que el derecho de autor es un derecho que apenas tiene una dimensión individual.
Las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no dejan resquicio a cuestionamiento alguno. Pero menos cuando cualquiera que ose llamarse ciudadano, considera las circunstancias socio-económicas, poblacionales, geográficas, y culturales de nuestro país. En México, el medio de difusión masiva por excelencia es la televisión abierta. De acuerdo con información de la Encuesta sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares 2010 (ENDUTIH, INEGI), 26.8 millones de hogares cuentan con un aparato receptor de televisión; ello representa el 94.7% de hogares del país. Su importancia es tan relevante que, es a través de este medio informativo â€“la televisión abierta-, que el Gobierno Federal y los gobiernos estatales difunden boletines, informaciones, campañas preventivas de salud, avisos de emergencias climáticas, y logros de su gestión de interés general, y por los que pagan cuantiosos presupuestos anuales a las concesionarias de televisión abierta. A mayor abundamiento, el derecho a la información por señales radiodifundidas es tan relevante que es parte intrínseca y fundamental de la legislación que regula los procesos electorales en todos los ámbitos. Sin embargo, a pesar de que las señales de televisión radiodifundidas en México deberían asegurar una cobertura del 96.5% del territorio nacional y de la población del país, para garantizar su presencia como el principal medio por el que las personas puedan recibir en forma gratuita programas de contenido formativo, informativo, noticioso y de fomento económico, dichas señales de televisión abierta, por su propia naturaleza, son afectadas por obstáculos orográficos y otros fenómenos de radiopropagación que inciden negativamente en la recepción y la calidad de éstas por parte del público. Este fenómeno sucede fundamentalmente en las regiones más marginadas y apartadas del país, en las que para poder acceder a información proveniente de los servicios de televisión abierta -que por derecho tendría que ser gratuita; los pobladores se ven forzados a contratar servicios de televisión de paga, y a pagar fundamentalmente los paquetes básicos que primordialmente dan acceso a los canales de programación difundidos por los operadores de televisión abierta â€“que tienen derecho a recibir en forma gratuita-, ya que de lo contrario, carecerían de contacto e información respecto a lo que sucede en el resto de la Nación. Es así que, la obligación del Estado consignada en la Constitución que en su Artículo 6 fracción III consagra que "toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública", se ve violentada en la medida en que los dos grupos concesionarios que, directa o indirectamente a través de estaciones afiliadas, concentran el 94 por ciento de las concesiones de señales de televisión radiodifundida del país, cobran a los operadores de televisión restringida por la retransmisión de sus señales abiertas; y que, naturalmente, dicho cobro es repercutido por los operadores de televisión restringida en el precio de los servicios que ofrecen a la población, haciendo que, una vez más, sean los que menos tienen los que se vean forzados a pagar por obtener información que por derecho debería ser gratuita. Actualmente existen en el país más de 800 redes cableadas y dos operadores de televisión satelital en operación, que para fines del 2011 prestaban el servicio de televisión restringida a 11.5 millones de hogares de todo el país, y creciendo. Se calcula que para fines del 2012, casi la mitad de la población tenga contratados servicios de televisión de paga; por lo que ante el constante crecimiento de la penetración del servicio de televisión restringida a través de redes públicas de telecomunicaciones, resulta necesario evitar el desplazamiento de los medios de radiodifusión garantizándoles su permanencia y el acceso de la población a sus señales gratuitas. La redes públicas de telecomunicaciones que prestan el servicio de televisión restringida dentro de las áreas de cobertura de las estaciones de televisión radiodifundida, cuentan con la capacidad para coadyuvar a que la población reciba las señales del servicio de radiodifusión con mejor calidad, y ayudan a garantizar la continuidad del servicio ante el proceso de transición a la televisión digital terrestre, atendiendo a los principios plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales que garantizan el derecho a la información, la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley Federal de Radio y Televisión. Las estaciones de radiodifusión distribuyen las señales mediante el uso y explotación del espectro radioeléctrico, por lo que las redes públicas de telecomunicaciones que prestan el servicio de televisión restringida dentro del área de cobertura de la estación radiodifusora y capten estas señales libres por medios convencionales para incluirlas en su totalidad en tiempo real, sólo constituyen un medio de transmisión distinto para que la población pueda recibir las señales abiertas o de radiodifusión. En efecto, el área de cobertura se encuentra definida en términos de la Ley Federal de Radio y Televisión y la Norma Oficial Mexicana NOM-03-SCT1-1993, Especificaciones y Requerimientos para la Instalación y Operación de Estaciones de Radiodifusión de televisión a purificacioncarpinteyro.mx/iniciativa.html Color (Bandas VHF y UHF); 10/12
Radiodifusión de televisión a Color (Bandas VHF y UHF); En consecuencia, con la implementación de esta política, el Estado toma medidas en beneficio del interés público para que las personas puedan recibir mediante los sistemas de televisión restringida, las señales de televisión abierta que tienen derecho a recibir, impulsar la penetración del servicio de la televisión abierta y, muy especialmente, acelerar la transición a la televisión digital terrestre. Actualmente nuestra legislación es omisa en cuanto a las obligaciones de transmitir las señales radiodifundidas como parte de la programación de los operadores de televisión restringida -must carry-; al igual de que es omisa en cuanto a la obligación de los concesionarios de televisión radiodifundida de ofrecer las señales abiertas sin costo para que sean retransmitidas por los operadores de televisión restringida -must offer. El artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no solo permite sino que obliga a que el Estado defina este tipo de políticas para fijar las condiciones que aseguren la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes de dominio público de la Federación. En este sentido, es relevante subrayar la reforma constitucional por el Congreso, a afecto de que se aprovechen los tiempos oficiales para las campañas electorales, por lo que es necesario garantizar que estos mensajes del Estado lleguen a la audiencia esperada que se genera por la televisión abierta, a través de los medios que el público elija. Por su parte, el modelo comercial de la televisión abierta se sustenta en la venta de anuncios comerciales, que pagan los anunciantes bajo la base de que éstos lleguen a la población sin restricciones, por ser televisión abierta. Es necesario mantener la gratuidad de este servicio de interés público como un medio por el que se ejerce la libertad de expresión y el derecho a la información, entre otros derechos humanos a los que el Estado debe hacer frente a través del servicio de radio y televisión. Los concesionarios están obligados a respetar estos derechos humanos precisamente porque el Estado otorgante de la concesión lo está y continúa estándolo como concedente. Si los concesionarios incumplen, el Estado mexicano incurre en violación de derechos humanos. En este sentido, se considera prioritario impulsar medidas que garanticen que las señales de televisión abierta lleguen también a todos los suscriptores de servicios de televisión restringida. En términos de los artículos 12, 24 y 26 de la Ley Federal del Derecho de Autor, autor es la persona física que ha creado una obra literaria y artística, por la que tiene un derecho patrimonial; en el caso de que su obra sea retransmitida, regalía que resulte será pagada por quien transmita la obra. Así mismo, el artículo 27 de la Ley Federal de Derecho de Autor, señala que los titulares de los derechos patrimoniales pueden autorizar o prohibir la transmisión o radiodifusión, en cualquier modalidad, incluyendo la transmisión o retransmisión de las obras por cable, fibra óptica, microondas, vía satélite o cualquier otro medio conocido o por conocerse. Ahora bien, los artículos 143 y 144 de la Ley Federal del Derecho de Autor, establecen que son señales libres aquellas que pueden ser recibidas por cualquier aparato apto para recibir las señales, que los organismos pueden autorizar o prohibir respecto de sus emisiones la retransmisión y la distribución simultánea o diferida, por cable o cualquier otro sistema, lo que impide que las señales de televisión abierta puedan ser transmitidas por redes de televisión restringida sin costo adicional para el concesionario de estas últimas, es decir, se trata de señales que han sido transmitidas al público y que tienen por objeto ser recibidas por la población de manera gratuita, por tanto, no pueden ser objeto de prohibición alguna que impida que cumplan con la naturaleza propia del servicio de radiodifusión. Por tanto, si un sistema de televisión restringida incluye en forma gratuita las señales de la televisión abierta, para el público que se encuentra dentro del área que sirve la estación de la televisión abierta que originó las señales, se permitirá: 1.- Eliminar una práctica discriminatoria que opera como barrera a la entrada al mercado de televisión restringida y estimular la oferta de los servicios complementarios, como la banda ancha; 2.- Garantizar que los contenidos de la televisión abierta que se distribuyen de manera gratuita, lleguen al público al cual están destinados; 3.- La televisión abierta se sustenta en la venta de anuncios comerciales, al crecer la televisión restringida y garantizar que los canales de televisión abierta sean incluidos en sus redes, se propicia que la televisión abierta mantenga una elevada audiencia lo cual tiende a fomentar mayor demanda de tiempo aire publicitario. Por lo anteriormente expuesto, purificacioncarpinteyro.mx/iniciativa.html se somete a la consideración de esta Soberanía la presente:
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Soberanía la presente: Artículo Primero: Se reforma el artículo 2, y se adicionan los artículos 58 bis y 104 Ter. a la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar de la siguiente forma: Artículo 2 La presente ley es de interés público y tiene por objeto regular el servicio público de radiodifusión. El servicio público de radiodifusión es aquél que se presta mediante la propagación de ondas electromagnéticas de señales de audio y video asociado haciendo uso, aprovechamiento o explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico atribuido por el Estado precisamente a tal servicio, con el que la población puede recibir de manera gratuita las señales del emisor. Para efectos de la presente ley se entiende por radio y televisión al servicio de radiodifusión. Artículo 58 Bis Los concesionarios o permisionarios que presten el servicio de televisión radiodifundida están obligados a permitir, de manera gratuita, la retransmisión simultanea de su señal a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que ofrezcan el servicio de televisión restringida, dentro de la misma cobertura geográfica. 104 Ter. El incumplimiento a lo establecido en el artículo 58 Bis de la presente ley, será sancionado con la revocación de la concesión o el permiso respectivo. Artículo Segundo. Se adiciona el artículo 44 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar de la siguiente forma: Artículo 44 Bis. Los Concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que presten el servicio de televisión restringida, deberán retransmitir de manera gratuita las señales radiodifundidas dentro de su área de cobertura, e incluirlas, sin costo adicional, en el servicio contratado por los suscriptores o usuarios. Las señales radiodifundidas que se incluyan en los servicios de televisión restringida, se transmitirán en forma íntegra, sin modificaciones, incluyendo publicidad, y con la misma calidad que se reciben las señales de programación de televisión restringida. Artículo Tercero. Se adiciona un último párrafo al artículo 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para quedar de la siguiente forma: Articulo 27. Los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir: I. ..., II. ..., III. ..., IV. ..., V. ..., VI. ..., VII. No podrán oponerse a la transmisión o retransmisión de obras por medio de sistemas de televisión restringida, los titulares de los derechos patrimoniales que previamente hayan vendido o licenciado los mismos a un concesionario del servicio de televisión por radiodifusión. Transitorios Artículo Primero. El presente enterará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que se opongan al presente. Artículo Tercero. En caso de que la misma señal de televisión radiodifundida se encuentre disponible en formato analógico o digital, el concesionario está obligado a transmitir únicamente la señal digital.
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