Source: https://derecholocal.es/novedad-legislativa/supervision-por-la-ue-de-las-ayudas-estatales-para-respaldar-la-economia-por-el-brote-de-covid-19
Timestamp: 2020-07-08 03:29:40
Document Index: 261506217

Matched Legal Cases: ['artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 32', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'ARTÍCULO 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 1', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 2', 'artículo 3']

Supervisión por la UE de las ayudas estatales para respaldar la economía por el brote de COVID-19 - El Derecho Local
Supervisión por la UE de las ayudas estatales para respaldar la economía por el brote de COVID-19
DOUE CI 91/1/2020 de 20 de Marzo de 2020
La Comisión Europea ha emitido una Comunicación a los Estados miembros en relación a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía como consecuencia del impacto económico que está provocando la situación de emergencia sanitaria por el coronavirus.
Establecen la necesidad de que haya una estrecha coordinación europea de las medidas nacionales de ayuda para garantizar que las mismas sean eficaces y no se fragmente el mercado interior de la UE, y se mantenga la cohesión dentro de la Unión.
La Comunicación señala las posibilidades de que disponen los Estados miembros en virtud de las normas de la UE para garantizar la liquidez y el acceso a la financiación para las empresas:
- opciones disponibles al margen del ámbito de aplicación del control de las ayudas estatales de la UE, las cuales pueden aplicarse sin la participación de la Comisión (subsidios salariales, la suspensión del pago de los impuestos sobre sociedades y el valor añadido o las cotizaciones sociales, etc);
- medidas de apoyo en consonancia con el Reglamento general de exención por categorías (Reglamento (UE) 651/2014);
- posibilidad de notificar a la Comisión regímenes de ayuda para satisfacer necesidades de liquidez agudas y apoyar a las empresas que se enfrentan a dificultades financieras, debidas al brote de COVID-19 o agravadas por él, con base en el art. 107.3.c) TFUE.
- posibilidad de indemnizar a las empresas de los sectores especialmente afectados por el brote en base al art. 107.2.b) TFUE.
- medidas temporales adicionales de ayuda estatal que considera compatibles con arreglo al art. 107.3.b) TFUE, que pueden aprobarse muy rápidamente tras la notificación por parte del Estado miembro de que se trate (ayudas en forma de subvenciones directas, anticipos reembolsables o ventajas fiscales, ayudas en forma de garantías de préstamos, ayudas en forma de bonificación de los tipos de interés de préstamos, ayudas en forma de garantías y préstamos canalizados a través de entidades de crédito u otras entidades financieras, seguro de crédito a la exportación a corto plazo).
Por último, se establecen una serie de obligaciones formales para los Estados miembros:
- deben publicar la información pertinente sobre cada ayuda individual concedida al amparo de la presente Comunicación en la web general de ayudas estatales en el plazo de doce meses desde el momento de la concesión;
- deben presentar informes anuales a la Comisión;
- a más tardar el 31 de diciembre de 2020, deben facilitar a la Comisión una lista de las medidas que adopten al amparo de los regímenes aprobados en virtud de esta Comunicación;
- deben asegurarse de que se conservan registros detallados de las ayudas concedidas, que deberán conservarse durante diez años a contar desde la concesión de la ayuda.
La Comunicación es aplicable desde el desde el 19 de marzo de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020.
EL BROTE DE COVID-19, SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA Y LA NECESIDAD DE ADOPTAR MEDIDAS TEMPORALES
1.1. El brote de COVID-19 y su impacto en la economía
1. El brote de COVID-19 es una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos y las sociedades, pues ha infectado a personas en todos los Estados miembros de la Unión. Además, también es una gran perturbación de las economías mundiales y de la Unión, y una respuesta económica coordinada de las instituciones de la UE y de los Estados miembros es esencial para mitigar estas repercusiones negativas en la economía de la Unión.
2. Esta perturbación afecta a la economía por diferentes vías: una perturbación de la oferta como consecuencia de la interrupción de las cadenas de suministro, una perturbación de la demanda provocada por una menor demanda de los consumidores, el efecto negativo de la incertidumbre sobre los planes de inversión y el impacto de las restricciones de liquidez para las empresas.
3. Las diferentes medidas de contención adoptadas por los Estados miembros, como las medidas de distanciamiento social, las restricciones de viaje, las cuarentenas y el confinamiento, tienen por objeto garantizar que la perturbación sea lo más breve y limitada posible. Estas medidas tienen un impacto inmediato tanto en la oferta como en la demanda, y afectan a las empresas y los trabajadores, especialmente en los sectores de la salud, el turismo, la cultura, el comercio minorista y el transporte. Más allá de los efectos inmediatos en la movilidad y el comercio, el brote de COVID-19 está afectando de manera creciente a empresas de todos los sectores y de todo tipo, tanto a pequeñas y medianas empresas (pymes) como a grandes empresas. El impacto también se percibe en los mercados financieros mundiales, en particular en lo que se refiere a la liquidez. Estos efectos no se circunscribirán a un Estado miembro concreto; tendrán un impacto negativo en la economía de la Unión en su conjunto.
4. En las circunstancias excepcionales creadas por el brote de COVID-19, empresas de todo tipo pueden verse enfrentadas a una grave falta de liquidez. Puede que no solo las empresas solventes sino también las menos solventes padezcan una súbita escasez o incluso la falta de disponibilidad de liquidez. Las pymes están particularmente en riesgo. Por lo tanto, todo ello puede afectar seriamente a la situación económica de muchas empresas saneadas y de sus empleados a corto y medio plazo, al tiempo que también tiene efectos más duraderos, al poner en peligro su supervivencia.
5. Los bancos y otros intermediarios financieros tienen un papel clave que desempeñar a la hora de abordar los efectos del brote de COVID-19, manteniendo el flujo de crédito a la economía. Si el flujo de crédito se viera perturbado de forma grave, la actividad económica se desaceleraría considerablemente, ya que las empresas tendrían dificultades para pagar a sus proveedores y empleados. En este contexto, conviene que los Estados miembros puedan adoptar medidas para incentivar a las entidades de crédito y a otros intermediarios financieros a que sigan desempeñando su papel y continúen apoyando la actividad económica en la UE.
6. Las ayudas concedidas por los Estados miembros a las empresas en virtud del artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE en el marco de la presente Comunicación, que se canalizan a través de los bancos en su calidad de intermediarios financieros, benefician directamente a dichas empresas. Estas ayudas no tienen por objeto preservar o restablecer la viabilidad, la liquidez o la solvencia de los bancos. Del mismo modo, las ayudas concedidas por los Estados miembros a los bancos en virtud del artículo 107, apartado 2, letra b), del TFUE para indemnizarlos por los daños y perjuicios directos sufridos como resultado del brote de COVID-19 (1) no tienen por objeto preservar o restablecer la viabilidad, la liquidez o la solvencia de una institución o entidad. Como consecuencia de ello, dichas ayudas no reunirían los requisitos para ser consideradas ayuda financiera pública extraordinaria con arreglo a la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias) (2) ni al amparo del Reglamento n.º 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (el Reglamento MUR) (3) y tampoco se evaluarían con arreglo a las normas sobre ayudas estatales (4) aplicables al sector bancario . (5)
7. Si, debido al brote de COVID-19, los bancos necesitan apoyo directo en forma de liquidez, recapitalización o medidas relacionadas con el deterioro de activos, habrá que evaluar si las medidas cumplen las condiciones del artículo 32, apartado 4, letra d), incisos i), ii) o iii), de la Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias. En caso de que se cumplan dichas condiciones, debe considerarse que el banco que reciba ese apoyo directo no es una entidad inviable o con probabilidad de llegar a serlo. En la medida en que estas medidas aborden problemas relacionados con el brote de COVID-19, se consideraría que se encuadran en el ámbito de aplicación del punto 45 de la Comunicación bancaria de 2013 (6), que establece una excepción al requisito de reparto de cargas entre los accionistas y los acreedores de deuda subordinada.
8. Es posible que las empresas no solo experimenten un nivel de liquidez insuficiente, sino que también sufran un perjuicio significativo a causa del brote de COVID-19. El carácter excepcional de este brote significa que tales perjuicios no podrían haberse previsto, son de importancia significativa y, por tanto, colocan a las empresas en condiciones que difieren considerablemente de las condiciones normales de mercado en las que operan. Incluso las empresas saneadas, bien preparadas para los riesgos inherentes al curso normal de la actividad empresarial, pueden tener dificultades en estas circunstancias excepcionales, hasta el punto de que su viabilidad se vea menoscabada.
9. El brote de COVID-19 plantea el riesgo de que se produzca una grave recesión que afecte a toda la economía de la UE, y especialmente a las empresas, al empleo y a los hogares. Se necesita un apoyo público correctamente orientado para garantizar la disponibilidad de suficiente liquidez en los mercados, contrarrestar los perjuicios ocasionados a las empresas saneadas y preservar la continuidad de la actividad económica durante y después del brote de COVID-19. Dado el tamaño limitado del presupuesto de la UE, la principal respuesta procederá de los presupuestos nacionales de los Estados miembros. Las normas sobre ayudas estatales de la UE permiten a los Estados miembros adoptar medidas rápidas y eficaces para apoyar a los ciudadanos y las empresas, en particular a las pymes, que se enfrenten a dificultades económicas ocasionadas por el brote de COVID-19.
1.2. Necesidad de que haya una estrecha coordinación europea de las medidas nacionales de ayuda
10. La aplicación específica y proporcionada del control de las ayudas estatales por parte de la UE sirve para garantizar que las medidas nacionales de apoyo sean eficaces de cara a ayudar a las empresas afectadas durante el brote de COVID-19, pero también para que puedan recuperarse de la situación actual, teniendo en cuenta la importancia de cumplir con la doble transición ecológica y digital con arreglo a los objetivos de la UE. Del mismo modo, el control de las ayudas estatales por parte de la UE garantiza que no se fragmente el mercado interior de la UE y se mantengan intactas las condiciones de competencia equitativas. La integridad del mercado interior también conducirá a una recuperación más rápida. Asimismo, evita las competiciones por conseguir mayores subvenciones, en las que aquellos Estados miembros con mayores recursos pueden consagrar fondos más cuantiosos que sus vecinos, en detrimento de la cohesión dentro de la Unión.
1.3. Necesidad de adoptar medidas adecuadas de ayuda estatal
11. En el esfuerzo general de los Estados miembros para abordar los efectos del brote de COVID-19 en su economía, la presente Comunicación establece las posibilidades de que disponen los Estados miembros en virtud de las normas de la UE para garantizar la liquidez y el acceso a la financiación para las empresas, especialmente las pymes que se enfrentan a una súbita escasez en este período, a fin de que puedan recuperarse de la situación actual.
12. En la Comunicación relativa a la respuesta económica coordinada al brote de COVID-19, de 13 de marzo de 2020 (7), la Comisión estableció las diferentes opciones disponibles para los Estados miembros al margen del ámbito de aplicación del control de las ayudas estatales de la UE, las cuales pueden aplicar sin la participación de la Comisión. Entre ellas se incluyen medidas aplicables a todas las empresas en relación con los subsidios salariales, la suspensión del pago de los impuestos sobre sociedades y el valor añadido o las cotizaciones sociales, o la concesión de ayudas financieras directas a los consumidores por los servicios cancelados o los billetes no reembolsados por los operadores correspondientes.
13. Los Estados miembros también pueden diseñar medidas de apoyo en consonancia con el Reglamento general de exención por categorías (8) sin la participación de la Comisión.
14. Además, sobre la base del artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE y tal como se especifica en las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración, los Estados miembros pueden notificar a la Comisión regímenes de ayuda para satisfacer necesidades de liquidez agudas y apoyar a las empresas que se enfrentan a dificultades financieras, también debidas al brote de COVID-19 o agravadas por él . (9)
15. Además, sobre la base del artículo 107, apartado 2, letra b), del TFUE, los Estados miembros también pueden indemnizar a las empresas de los sectores especialmente afectados por el brote (por ejemplo, el transporte, el turismo, la cultura, la hostelería y el comercio minorista) y/o los organizadores de eventos cancelados por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del brote y provocados directamente por él. Los Estados miembros podrán notificar dichas medidas compensatorias y la Comisión las evaluará directamente en virtud del artículo 107, apartado 2, letra b), del TFUE . (10) El principio de «ayuda única» (11) de las Directrices de salvamento y de reestructuración no abarca las ayudas que la Comisión declare compatibles con arreglo al artículo 107, apartado 2, letra b), del TFUE, dado que este tipo de ayuda no es «ayuda de salvamento, ayuda de reestructuración o apoyo temporal de reestructuración» en el sentido del punto 71 de las Directrices de salvamento y reestructuración. Por consiguiente, los Estados miembros podrán indemnizar, en virtud del artículo 107, apartado 2, letra b), del TFUE, los daños y perjuicios directamente causados por el brote de COVID-19 a las empresas que hayan recibido ayudas con arreglo a las Directrices de salvamento y reestructuración.
16. Para complementar las posibilidades antes mencionadas, la Comisión establece en esta Comunicación medidas temporales adicionales de ayuda estatal que considera compatibles con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE, que pueden aprobarse muy rápidamente tras la notificación por parte del Estado miembro de que se trate. Además, la notificación de planteamientos alternativos, tanto regímenes de ayuda como medidas individuales, sigue siendo posible. El objetivo de la presente Comunicación es establecer un marco que permita a los Estados miembros hacer frente a las dificultades que están encontrando las empresas, al tiempo que mantienen la integridad del mercado interior de la UE y garantizan la igualdad de condiciones.
APLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 107, APARTADO 3, LETRA B), DEL TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA
17. Con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE, la Comisión puede declarar compatibles con el mercado interior las ayudas destinadas a «poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro». En este contexto, los órganos jurisdiccionales de la Unión han dictaminado que la perturbación debe afectar a la totalidad o a una parte importante de la economía del Estado miembro de que se trate, y no solo a la de una de las regiones o partes de su territorio. Esto, además, está en consonancia con la necesidad de hacer una interpretación estricta de cualquier disposición excepcional como el artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE . (12) Esta interpretación ha sido aplicada sistemáticamente por la Comisión en su toma de decisiones . (13)
18. Dado que el brote de COVID-19 afecta a todos los Estados miembros y que las medidas de contención adoptadas por estos afectan a las empresas, la Comisión considera que las ayudas estatales están justificadas y pueden declararse compatibles con el mercado interior en virtud del artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE, durante un período de tiempo limitado, para poner remedio a la escasez de liquidez a la que se enfrentan las empresas y garantizar que las perturbaciones ocasionadas por el brote de COVID-19 no socaven su viabilidad, especialmente la de las pymes.
19. La Comisión expone en esta Comunicación las condiciones de compatibilidad que aplicará, en principio, a las ayudas concedidas por los Estados miembros en virtud del artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE. Por ello, los Estados miembros deben demostrar que las medidas de ayuda estatal notificadas a la Comisión en el marco de la presente Comunicación son necesarias, adecuadas y proporcionadas para poner remedio a una gran perturbación de la economía de un Estado miembro afectado y que se respetan plenamente todas las condiciones indicadas en esta Comunicación.
20. Las ayudas concedidas con arreglo a lo dispuesto en la sección 3.1 pueden acumularse tanto con las concedidas con arreglo a las secciones 3.2 o 3.3 de la presente Comunicación como con las concedidas con arreglo a la sección 3.5 de la misma . (14)
MEDIDAS TEMPORALES DE AYUDA ESTATAL
3.1. Ayudas en forma de subvenciones directas, anticipos reembolsables o ventajas fiscales
21. Más allá de las posibilidades existentes en virtud del artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE, las ayudas temporales de importe limitado a empresas que se enfrentan a una súbita escasez o, incluso, a una falta de liquidez, pueden ser una solución adecuada, necesaria y específica mientras duren las actuales circunstancias.
22. La Comisión considerará tales ayudas estatales compatibles con el mercado interior con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE, siempre que se cumpla la totalidad de las condiciones siguientes (las disposiciones específicas relativas a los sectores primario agrícola, de la pesca y de la acuicultura se establecen en el punto 23):
a. las ayudas no superan los 800 000 EUR por empresa en forma de subvenciones directas, anticipos reembolsables o ventajas fiscales o de pago; todas las cifras utilizadas constituyen importes brutos, es decir, antes de impuestos y otras retenciones;
b. las ayudas se otorgan con arreglo a un régimen con presupuesto estimado;
c. las ayudas pueden concederse a empresas que no estaban en crisis (a tenor de lo dispuesto en el Reglamento general de exención por categorías) (15) a 31 de diciembre de 2019; pueden concederse a empresas que no estén en crisis y/o a empresas que no estaban en crisis a 31 de diciembre de 2019 pero que sí lo estaban o empezaron a estarlo con posterioridad a consecuencia del brote de COVID-19;
d. las ayudas se conceden, a más tardar, el 31 de diciembre de 2020 (16);
e. las ayudas concedidas a las empresas que operan en la transformación y comercialización de productos agrícolas (17) están supeditadas a que no se repercutan total o parcialmente a los productores primarios y no se fijan en función del precio o la cantidad de los productos adquiridos a los productores primarios o comercializados por las empresas interesadas;
23. No obstante lo dispuesto en el punto 22, en los sectores de la agricultura, la pesca y la acuicultura se aplican las siguientes condiciones específicas:
a. las ayudas no superan los 120 000 EUR por empresa activa en los sectores de la pesca y la acuicultura (18) o los 100 000 EUR por empresa activa en la producción primaria de productos agrícolas (19); todas las cifras utilizadas constituyen importes brutos, es decir, antes de impuestos y otras retenciones;
b. las ayudas a las empresas dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas no deben establecerse en función del precio o la cantidad de los productos comercializados;
c. las ayudas a las empresas que operan en los sectores de la pesca y la acuicultura no afectan a ninguna de las categorías de ayuda a las que hace referencia el artículo 1, apartado 1, letras a) a k), del Reglamento (UE) n.º 717/2014 de la Comisión (20);
d. cuando una empresa opera en varios sectores a los que se aplican distintos importes máximos de conformidad con el punto 22, letra a), y el punto 23, letra a), el Estado miembro de que se trate garantiza, mediante medidas adecuadas como la separación de la contabilidad, que para cada una de estas actividades se aplique el límite máximo correspondiente y que no se supere en total el importe más elevado posible;
e. se aplican todas las demás condiciones del punto 22 . (21)
3.2. Ayudas en forma de garantías de préstamos
24. A fin de garantizar el acceso a la liquidez para las empresas que se enfrenten a una súbita escasez, las garantías públicas de préstamos por un período de tiempo y un importe de préstamo limitados pueden ser una solución adecuada, necesaria y específica mientras duren las actuales circunstancias.
25. La Comisión considerará tales ayudas estatales en forma de nuevas garantías públicas de préstamos compatibles con el mercado interior con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE, siempre que:
a. las primas de garantía se establezcan en un nivel mínimo del siguiente modo:
Tipo de beneficiarioMargen de riesgo de crédito para un préstamo con vencimiento a 1 añoMargen de riesgo de crédito para un préstamo con vencimiento a 2-3 añosMargen de riesgo de crédito para un préstamo con vencimiento a 4-6 añosPymes25 pb50 pb100 pbGrandes empresas50 pb100 pb200 pb
b. como alternativa, los Estados miembros pueden notificar regímenes, tomando el cuadro anterior como base, pero en los cuales el vencimiento, el precio y la cobertura de garantía puedan modularse (es decir, que una cobertura de garantía más baja compense un vencimiento más prolongado);
c. la garantía se conceda a más tardar el 31 de diciembre de 2020;
d. en el caso de los préstamos con un vencimiento posterior al 31 de diciembre de 2020, el importe del principal del préstamo no supere:
i. el doble de los costes salariales anuales del beneficiario (incluidas las cargas sociales y el coste del personal que trabaje en el recinto de la empresa pero figure formalmente en la nómina de un subcontratista) correspondientes a 2019 o al último año disponible; en el caso de empresas creadas después del 1 de enero de 2019, el importe máximo del préstamo no podrá superar la estimación de los costes salariales anuales para los dos primeros años de actividad; o
ii. el 25 % del volumen de negocios total del beneficiario en 2019; o
iii. con la justificación adecuada y sobre la base de una autocertificación por parte del beneficiario de sus necesidades de liquidez (22), el importe del crédito puede incrementarse para cubrir las necesidades de liquidez de los dieciocho meses siguientes al momento de la concesión en el caso de las pymes y de los doce meses siguientes al momento de la concesión en el de las grandes empresas;
e. para los préstamos con vencimiento hasta el 31 de diciembre de 2020, el importe del principal del préstamo puede ser superior al establecido en el punto 25, letra d), si existe una justificación adecuada y siempre que esté asegurada la proporcionalidad de la ayuda;
f. la duración de la garantía esté limitada a un máximo de seis años y la garantía pública no supere:
i) el 90 % del principal del préstamo cuando las pérdidas se imputen proporcionalmente y en condiciones idénticas a la entidad de crédito y al Estado; o.
ii) el 35 % del principal del préstamo cuando las pérdidas se imputen primero al Estado y solo después a las entidades de crédito (es decir, una garantía de primera pérdida); y.
iii) en los dos casos mencionados en los incisos i) y ii), cuando el préstamo disminuye a lo largo del tiempo —por ejemplo, porque se empieza a devolver—, el importe garantizado ha de disminuir proporcionalmente.
g. la garantía puede estar relacionada tanto con préstamos para inversiones como con préstamos para el capital circulante;
h. la garantía puede concederse a empresas que no estaba en crisis (a tenor del Reglamento general de exención por categorías) (23); puede concederse a empresas que no estén en crisis y/o a empresas que no estaban en crisis a 31 de diciembre de 2019, pero que sí lo estaban o empezaron a estarlo con posterioridad a consecuencia del brote de COVID-19.
3.3. Ayudas en forma de bonificación de los tipos de interés de préstamos
26. A fin de garantizar el acceso a la liquidez para las empresas que se enfrenten a una súbita escasez, la bonificación de los tipos de interés por un período de tiempo y un importe de préstamo limitados puede ser una solución adecuada, necesaria y específica mientras duren las actuales circunstancias. En el caso de idéntico principal de préstamo subyacente, las ayudas concedidas con arreglo a las secciones 3.2 y 3.3 no pueden acumularse.
27. La Comisión considerará las ayudas estatales en forma de bonificaciones a los préstamos públicos compatibles con el mercado interior con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:
a. los préstamos se pueden conceder a tipos de interés reducidos que sean al menos idénticos al tipo base (IBOR a 1 año o equivalente, según lo publicado por la Comisión (24)) aplicable el 1 de enero de 2020, más los márgenes de riesgo de crédito establecidos en el siguiente cuadro;
Tipo de beneficiarioMargen de riesgo de crédito para un préstamo con vencimiento a 1 añoMargen de riesgo de crédito para un préstamo con vencimiento a 2-3 añosMargen de riesgo de crédito para un préstamo con vencimiento a 4-6 añosPymes25 pb (25)50 pb (26)100 pbGrandes empresas50 pb100 pb200 pb
c. los contratos de préstamo se firman a más tardar el 31 de diciembre de 2020 y se limitan a un máximo de seis años;
d. en el caso de los préstamos con un vencimiento que vaya más allá del 31 de diciembre de 2020, el importe del préstamo no supera:
i. el doble de los costes salariales anuales del beneficiario (incluidas las cargas sociales y el coste del personal que trabaje en el recinto de la empresa pero figure formalmente en la nómina de un subcontratista) para 2019 o para el último año disponible; en el caso de empresas creadas el 1 de enero de 2019 o con posterioridad a esa fecha, el préstamo máximo no debe superar la estimación de los costes salariales anuales para los dos primeros años de actividad; o
iii. con la justificación adecuada y sobre la base de una autocertificación por parte del beneficiario de sus necesidades de liquidez (27), el importe del préstamo podrá incrementarse para cubrir las necesidades de liquidez de los dieciocho meses siguientes al momento de la concesión en el caso de las pymes y de los doce meses siguientes al momento de la concesión en el caso de las grandes empresas;
e. para los préstamos con vencimiento hasta el 31 de diciembre de 2020, el importe del principal del préstamo puede ser superior al establecido en el punto 27, letra d), si existe una justificación adecuada y siempre que esté asegurada la proporcionalidad de la ayuda;
f. el préstamo puede cubrir las necesidades de inversión o las de capital circulante;
g. el préstamo puede concederse a empresas que no estaban en crisis (a tenor de lo dispuesto en el Reglamento general de exención por categorías) (28) a 31 de diciembre de 2019; puede concederse a empresas que no estén en crisis y/o a empresas que no estaban en crisis a 31 de diciembre de 2019, pero que sí lo estaban o empezaron a estarlo con posterioridad a consecuencia del brote de COVID-19.
3.4. Ayudas en forma de garantías y préstamos canalizados a través de entidades de crédito u otras entidades financieras
28. Pueden concederse ayudas en forma de garantías públicas y tipos de interés reducidos de conformidad con la sección 3.2 y la sección 3.3 de la presente Comunicación a las empresas que se enfrentan a una súbita escasez de liquidez, directamente o a través de entidades de crédito y otras entidades financieras como intermediarios financieros. En este último caso, deben cumplirse las condiciones que se establecen a continuación.
29. Aunque estas ayudas están dirigidas directamente a las empresas que se enfrentan a una súbita escasez de liquidez y no a las entidades de crédito u otras entidades financieras, también pueden constituir una ventaja indirecta para estas últimas. Sin embargo, esta ayuda indirecta no tiene por objeto preservar o restablecer la viabilidad, la liquidez o la solvencia de las entidades de crédito. En consecuencia, la Comisión considera que dicha ayuda no debe considerarse ayuda financiera pública extraordinaria con arreglo al artículo 2, apartado 1, punto 28, de la Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias y al artículo 3, apartado 1, punto 29, del Reglamento MUR, y no debe evaluarse con arreglo a las normas sobre ayudas estatales aplicables al sector bancario . (29)
30. En cualquier caso, conviene introducir determinadas salvaguardias en relación con la posible ayuda indirecta en favor de las entidades de crédito u otras entidades financieras, con el fin de limitar los falseamientos indebidos a la competencia.
31. Las entidades de crédito u otras entidades financieras deben, en la medida de lo posible, repercutir las ventajas de la garantía pública o de las bonificaciones de los tipos de interés de préstamos a los beneficiarios finales. El intermediario financiero deberá poder demostrar que aplica un mecanismo que garantiza la repercusión de las ventajas, en la mayor medida posible, a los beneficiarios finales en forma de mayores volúmenes de financiación, carteras con un mayor grado de riesgo, menores requisitos en materia de garantías, primas de garantía menos elevadas o tipos de interés más bajos. Cuando exista una obligación legal de prorrogar el vencimiento de préstamos vigentes para las pymes, no se cobrará comisión de garantía.
3.5. Seguro de crédito a la exportación a corto plazo
32. En la Comunicación de la Comisión sobre el seguro de crédito a la exportación a corto plazo (STEC) (30) se establece que los riesgos negociables no pueden ser cubiertos mediante seguro de crédito a la exportación con apoyo de los Estados miembros . (31) Como consecuencia del actual brote, no se puede descartar que, en determinados países, la cobertura de los riesgos negociables pueda no estar disponible temporalmente . (32)
33. En este contexto, los Estados miembros pueden demostrar la falta de mercado facilitando pruebas suficientes de la indisponibilidad de cobertura del riesgo en el mercado de seguros privado. En cualquier caso, se considerará justificada la aplicación de la exención relativa a los riesgos no negociables prevista en el punto 18, letra d), de la STEC cuando:
a. un asegurador internacional de créditos a la exportación privado grande y bien conocido y un asegurador de créditos nacional aporten pruebas de la indisponibilidad de dicha cobertura; o
b. al menos cuatro exportadores consolidados en el Estado miembro aporten pruebas de que los aseguradores se niegan a cubrir operaciones concretas.
34. Los Estados miembros han de publicar información pertinente (33) sobre cada ayuda individual concedida al amparo de la presente Comunicación en la web general de ayudas estatales en el plazo de doce meses desde el momento de la concesión.
35. Los Estados miembros deben presentar informes anuales a la Comisión . (34)
36. A más tardar el 31 de diciembre de 2020, los Estados miembros deben facilitar a la Comisión una lista de las medidas que adopten al amparo de los regímenes aprobados en virtud de la presente Comunicación.
37. Los Estados miembros deben asegurarse de que se conservan registros detallados de las ayudas concedidas en virtud de la presente Comunicación. Dichos registros, que han de contener toda la información necesaria para determinar el cumplimiento de las condiciones establecidas, debe conservarse durante diez años a contar desde la concesión de la ayuda y entregarse a la Comisión cuando esta lo pida.
38. La Comisión puede exigir información adicional relativa a la ayuda concedida para comprobar que se respetan las condiciones establecidas en la decisión de la Comisión por la que se aprueba la medida de ayuda.
39. La Comisión aplicará la presente Comunicación desde el 19 de marzo de 2020, fecha en la que acordó en principio su contenido, habida cuenta del impacto económico del brote de COVID-19, que requería una acción inmediata. La presente Comunicación está justificada por las actuales circunstancias, de carácter excepcional, y no se aplicará después del 31 de diciembre de 2020. La Comisión podrá revisarla con anterioridad a esa fecha en función de consideraciones importantes de índole económica o relacionadas con la política de competencia. Cuando resulte útil, la Comisión también podrá facilitar otras aclaraciones sobre su planteamiento en asuntos concretos.
40. La Comisión aplicará las disposiciones de la presente Comunicación a todas las medidas notificadas pertinentes a partir del 19 de marzo de 2020, incluso en el caso de que las medidas hayan sido notificadas con anterioridad a dicha fecha.
41. De conformidad con la Comunicación de la Comisión sobre la determinación de las normas aplicables a la evaluación de las ayudas estatales ilegales , la Comisión aplicará lo siguiente sobre las ayudas no notificadas:
a. la presente Comunicación, si la ayuda se hubiera concedido después del 1 de febrero de 2020;
b. en todos los demás casos, las normas aplicables en el momento de concesión de la ayuda.
42. La Comisión, en estrecha cooperación con los Estados miembros afectados, garantizará la rápida adopción de decisiones tras la notificación clara y completa de las medidas contempladas en la presente Comunicación. Los Estados miembros deberán informar a la Comisión de sus intenciones y notificar los planes para la introducción de tales medidas de la forma más rápida y exhaustiva posible. La Comisión prestará orientación y asistencia a los Estados miembros en este proceso.
Informe 04/04/2020