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Timestamp: 2017-11-18 02:59:54
Document Index: 582122

Matched Legal Cases: ['artículo 35', 'artículo 119', 'artículo 2', 'artículo 25', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 21', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 20', 'artículo 20']

Acuerdo del pleno no jurisdiccional de la sala cuarta del TS sobre las tasas en el orden social - El Laboralista
Acuerdo del pleno no jurisdiccional de la sala cuarta del TS sobre las tasas en el orden social
La entrada en vigor de la Ley de Tasas (Ley 10/2012) y su posterior modificación por el RDL 3/2013 ha generado múltiples dudas a los órganos jurisdiccionales del Orden Social, que esencialmente se han manifestado ya en la práctica en dos cuestiones básicas: a) Si los trabajadores han de pagar las tasas judiciales, y por extensión, si los asimilados a trabajadores deben abonarlas (beneficiarios de la seguridad social, y funcionarios y personal estatutario cuando actúan ante la jurisdicción Social ); y b) Si los sindicatos deben abonar las tasas.
Se parte en la STC de que el legislador tiene una evidente libertad de configuración normativa para desarrollar la exigencia de las tasas, y para ello "....debe tomar en consideración las circunstancias y los datos relevantes, atendida la naturaleza y finalidad de los distintos impuestos, tasas y otras figuras tributarias que puede establecer, dentro de los márgenes constitucionales -STC 185/1995, de 14 de diciembre, FJ 6 a)-".
"La libertad de configuración del legislador alcanza igualmente a la vertiente del gasto público. Los servicios y prestaciones públicos corresponde delimitarlos al legislador atendiendo a los intereses públicos y privados implicados y a las concretas disponibilidades presupuestarias ....Con ocasión de enjuiciar el régimen de justicia gratuita que había establecido la Ley 34/1984, de 6 de agosto, subrayamos que la Constitución no ha proclamado la gratuidad de la administración de justicia, sino "un derecho a la gratuidad de la justicia... en los casos y en la forma que el legislador determine", tal y como dispone el art. 119 CE. "El reconocimiento de esta amplia libertad de configuración legal resulta manifiesta en el primer inciso del art. 119 al afirmar que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley. El legislador podrá atribuir el beneficio de justicia gratuita a quienes reúnan las características y requisitos que considere relevantes, podrá modular la gratuidad en función del orden jurisdiccional afectado -penal, laboral, civil, etc.- o incluso del tipo concreto de proceso y, por supuesto, en función de los recursos económicos de los que pueda disponer en cada momento".
Con arreglo a esa doctrina constitucional dictada en torno al artículo 35 de la Ley 53/2002, “en principio no vulnera la Constitución que una norma de rango legal someta a entidades mercantiles, con un elevado volumen de facturación, al pago de unas tasas que sirven para financiar los costes generados por la actividad jurisdiccional que conlleva juzgar las demandas que libremente deciden presentar ante los Tribunales del orden civil para defender sus derechos e intereses legítimos. Conclusión general que solo podría verse modificada "... si se mostrase que la cuantía de las tasas establecidas por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre , son tan elevadas que impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto en términos irrazonables ... En esta misma línea se ha pronunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, a partir de la Sentencia Kreuz contra Polonia, de 19 de junio de 2001 (asunto núm. 28249/95), mantiene que el requisito de abonar tasas judiciales en procesos civiles no infringe por sí solo el derecho de acceso a un tribunal protegido por el art. 6.1 del Convenio de Roma. Sin embargo, la cuantía de las tasas no debe ser excesiva, a la luz de las circunstancias propias de cada caso, de tal modo que impida satisfacer el contenido esencial del derecho de acceso efectivo a la justicia (§§ 60 y 66; en el mismo sentido, SSTEDH de 26 de julio de 2005, Kniat c. Polonia, as. 71731/01 ; 28 de noviembre de 2006, Apostol c. G eorgia, as. 40765/02; y 9 de diciembre de 2010, U rbanek c. Austria, as. 35123/05)”. diciendo en esa STC que ese contenido esencial o constitucional se desarrolla en el segundo inciso del art. 119 CE, al proclamar que "en todo caso" la gratuidad se reconocerá "a quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar".
II La Regulación de las tasas en el Orden Jurisdiccional Social
1.- Las tasas y el beneficio de justicia gratuita reconocido a los trabajadores en el Orden Social
El punto de partida ha de ser necesariamente el artículo 119 CE en el que se dice que "La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar."
Ese derecho se configura en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica G ratuita en cuyo artículo 2, referido al ámbito o personal de aplicación, establece en la letra d) que tendrán ese beneficio, con independencia de la inexistencia de recursos...
De esta forma se asumía la tradicional regulación que sobre ese derecho se contenía antes en el artículo 25.2 de la vieja Ley de Procedimiento Laboral, que se derogaba expresamente por la Disposición Derogatoria Ú nica de esa Ley 1/1996.
Por otra parte, y en tratamiento normativo diferenciado, en el artículo 3.1 de la Ley de Asistencia Jurídica G ratuita se reconoce ese beneficio a quien acredite la insuficiencia de recursos regulado en su alcance y procedimiento para obtenerlo en la propia Ley.
La Ley 10/2012 por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del I nstituto N acional de Toxicología y Ciencias Forenses,de 20 de noviembre, entró en vigor el 22 de noviembre de ese año.
En el preámbulo de la Ley se dice que "la regulación de la tasa judicial no es solo ... una cuestión meramente tributaria, sino también procesal", y así se desprende de su regulación. De ésta forma, se puede afirmar que si el impago de la tasa impide la tramitación del proceso, ciertamente no se trata de un tributo más, sino de un requisito tributario que condiciona el ejercicio de la tutela judicial efectiva residenciada en el art 24 de la CE, lo que exigiría en todo caso una interpretación restrictiva de las normas procesales en juego.
En su artículo 1o , referido al ámbito de aplicación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional ( se entiende que por promover ese ejercicio) se dice que la misma y en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social tiene carácter estatal y será exigible por igual en todo el territorio nacional en los supuestos previstos en esta Ley, sin perjuicio de las tasas y demás tributos que puedan exigir las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus respectivas competencias financieras, los cuales no podrán gravar los mismos hechos imponibles".
En el artículo 2o.- se dice que constituye el hecho imponible de la tasa el ejercicio de la potestad jurisdiccional originada por el ejercicio de los siguientes actos procesales:
....... /f) La interposición de recursos de suplicación y de casación en el orden social.
Y en el apartado 3.- se dispone que "En el orden social, los trabajadores, sean por cuenta ajena o autónomos, tendrán una exención del 60 por ciento en la cuantía de la tasa que les corresponda por la interposición de los recursos de suplicación y casación".
El planteamiento inicial que se ha expuesto más arriba queda absoluta y profundamente alterado por la entrada en vigor de ésta norma, (el 24 de febrero de 2.013) y del mismo podemos concluir que desde esa fecha, en principio y sin perjuicio de lo que luego se dirá, los trabajadores y beneficiarios del sistema público de Seguridad Social "vuelven" a tener el beneficio de asistencia jurídica gratuita en los términos previstos en el artículo 2 de la Ley 1/1996, por las siguientes razones:
El artículo 2 de ese RDL modifica algunos preceptos de la LAJG , y sin alterar en nada el que se refiere a que los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social tendrán el beneficio, lo extiende de manera automática, con independencia a su nivel de recursos, a otras persona, como a las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas, así como a los menores de edad y las personas con discapacidad psíquica cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato.
Por otra parte, de manera totalmente coherente también se modifica en el RDL 3/201323 el contenido material del derecho de asistencia jurídica gratuita, para que alcance también nos solo a los depósitos, sino también a las tasas. Así se dice en el nuevo artículo 6 LAJG , según redacción del RDL 3/2013, que "El derecho a la asistencia jurídica gratuita comprende las siguientes prestaciones:
... /5. Exención del pago de tasas judiciales, así como del pago de depósitos necesarios para la interposición de recursos”.
En este punto del razonamiento es importante detenerse un momento. Si antes del RDL 3/2013 y a la luz de la Ley 10/2012 podían existir dudas interpretativas sobre la desaparición parcial del beneficio de justicia gratuita que tenían los trabajadores y beneficiaros al margen de la insuficiencia de recursos para litigar, en la actualidad, después de la entrada en vigor de la nueva redacción de la LAJG llevada a cabo por el RDL 3/2013 ya no ha duda de que la interpretación de ambas normas ha de conducir a la afirmación de que el sistema de gratuidad de la justicia establecido en esa norma implica que los trabajadores (y por extensión los beneficiarios del sistema público de SS , que tienen el mismo beneficio- luego volveremos sobre ello-) no han de abonar tasa alguna por la interposición de los recursos de suplicación y casación.
Dando un paso más después de lo razonado, ante la duda de que en el periodo transitorio que media entre la entrada en vigor de la Ley 10/2012 –el 22 de noviembre de 2.012— y el 24 de febrero de 2. 013, fecha de la entrada en vigor del RDL 3/2013, pudiera resultar exigible la tasa para los trabajadores, aún con la exención parcial subjetiva correspondiente, debe decirse que en el propio RDL 3/2013 se contiene una norma de extensión de efectos de sus previsiones a las tasas devengadas con anterioridad, cuando en su Disposición transitoria primera establece lo que sigue:
"Reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica Las normas de este real decreto-ley serán también de aplicación en relación con el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, respecto del pago de la tasa judicial devengada conforme a la Ley 10/2012, de 20 de noviembre"
Por lo que se refiere a los funcionarios y al personal estatuario que accionen en la jurisdicción Social (supuestos previstos en el art. 2 e) de la LRJS), las anteriores reflexiones les han de ser extensivas, y por consiguiente concluir que tampoco ellos tendrán que abonar tasa alguna por interponer recursos de suplicación y casación en tales casos, toda vez que, según contempla la LRJS en su art. 21. 5". Los funcionarios y el personal estatutario en su actuación ante el orden jurisdiccional social como empleados públicos gozarán del derecho a la asistencia jurídica gratuita en los mismos términos que los trabajadores y beneficiarios del sistema de seguridad social".
Las anteriores reflexiones efectuadas respecto de los trabajadores, son extensibles -como ya se anticipó más arriba- a los beneficiarios de prestaciones de seguridad social. En efecto, el artículo 21. 4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social dispone que, como los trabajadores, por disposición legal ostentan todos el derecho a la asistencia jurídica gratuita, como por otra parte dispone el artículo 2-d) de la Ley de Asistencia Jurídica G ratuita, es decir, por ministerio de la ley y sin necesidad de previa solicitud ni de justificación de la carencia o insuficiencia de recursos para litigar, por lo que las mismas razones antes apuntadas respecto de los trabajadores abonan la conclusión de que no están comprendidos en el ámbito subjetivo de la tasa, máxime cuando no están mencionados en las disposiciones que regulan la misma, ni siquiera a la hora de establecer la exención –o bonificación- del porcentaje señalado para los trabajadores en el artículo 4.3 de la Ley 10-2012 de 20 de noviembre, con independencia de que en todo caso evidentes razones de proximidad de situación obligarían a aplicarles igualmente un régimen semejante al de trabajadores, teniendo en cuenta el tradicional reconocimiento, a los trabajadores desde 1908, y a los beneficiarios de la seguridad social después, del beneficio de asistencia jurídica gratuita en su actuación ante la jurisdicción de trabajo, como recuerda la Ley 7/1989 de Bases de Procedimiento Laboral (EM, apartado II y Base Novena) y así se dispone en la DA 5a de la Ley de Asistencia Jurídica que dio nueva redacción al art. 21 de la Ley de Procedimiento Laboral, antecedente directo del actual art. 21.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
En cuanto a los sindicatos, el artículo 20.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social dispone que "los sindicatos estarán exentos de efectuar depósitos y consignaciones en todas sus actuaciones ante el orden social y gozarán del beneficio legal de justicia gratuita cuando ejerciten un interés colectivo en defensa de los trabajadores y beneficiarios de la seguridad social". La actuación de los sindicatos en el proceso laboral puede tener lugar dentro del ámbito de la libertad sindical de la que son titulares (art. 2.2 LO 11/1985, de Libertad Sindical), en el planteamiento de conflictos individuales y colectivos [ap. d) del citado precepto], bien promoviendo conflictos colectivos, personándose en ellos o interviniendo en otros procesos donde estén en juego intereses colectivos (STC 210/1994), como en el caso de los procesos de tutela de derechos fundamentales (art. 177.2 LRJS), bien como representante de sus afiliados para la defensa de los derechos individuales de éstos (art. 20.1 LRJS), actuaciones procesales en las que el sindicato tiene expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita por la disposición antes mencionada de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y no se le aplican las tasas, teniendo en cuenta por lo demás que no hay disposición en contra de lo antes indicado en la Ley 10/2012 o en el Real Decreto-ley 20/2010, antes al contrario, la titularidad del derecho de justicia gratuita, por razones análogas a lo antes apuntado comprende la exención de cualquier tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Es en esta misma perspectiva de titularidad y ejercicio de la 11libertad sindical que es obligado interpretar la expresión legal del artículo 20.4 LRJS y la mención al ejercicio de intereses colectivos. En cuanto a las actuaciones que promuevan en nombre e interés de sus afiliados por medio de la representación presunta de estos (art. 20.2 LRJS), además de formar parte estas actuaciones del derecho de libertad sindical en su vertiente de ejercicio por las organizaciones titulares de este derecho a plantear tanto conflictos individuales como colectivos [art. 2.2 d) LOLS antes citado], y por ello ejercitar así también un interés colectivo, en todo caso le asiste en esa postulación procesal el mismo derecho de justicia gratuita que tiene el trabajador o beneficiario de la seguridad individualmente considerado en su comparecencia en el proceso.
5.- Conclusión respecto de una eventual inconstitucionalidad de algunos preceptos de la Ley de Tasas
Y 2)Tampoco son exigibles las Tasas a los sindicatos para la interposición de recursos de suplicación ni de casación, ya unificadora, ya ordinaria, ante la Jurisdicción Social, ni siquiera respecto de recursos interpuestos con anterioridad al RDL 3/2013. En Madrid, a 5 de junio de 2013.
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