Source: http://godoyhoyos.com/2012/julio-2012/circular-externa-8-de-2012
Timestamp: 2017-06-28 20:49:08
Document Index: 345420678

Matched Legal Cases: ['artículo 48', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 601', 'artículo 2', 'artículo 96', 'artículo 857', 'artículo 75', 'artículo 75', 'artículo 282']

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La Superintendencia de Salud entiende que diversos pronunciamientos emitidos por la Corte Constitucional han considerado que es necesario que una parte de los recursos del sistema general de seguridad social en salud (en adelante SGSSS), sean dedicados a gastos administrativos, precisamente para que el sistema pueda operar, y puedan ser realizados los actos médicos. Entonces, resulta obvio para la Superintendencia que los dineros destinados a financiar esos gastos administrativos son recursos del sistema de seguridad social, que no pueden entonces ser gravados, ya que dichos gravámenes implican que una parte de esos ingresos entrarían a engrosar el presupuesto general, con lo cual un componente de los dineros de la seguridad social es destinado a otros propósitos, con clara vulneración de la prohibición prevista en el artículo 48 de la Constitución Política.
La DIAN entiende que existen 2 grandes clasificaciones para las expensas deducibles del impuesto sobre la renta, dentro de la primera categoría se encuentran las “expensas ordinarias”, deducibles según los requisitos generales del artículo 107 del Estatuto Tributario, y en una segunda categoría, las “deducciones especiales”, consagradas en disposiciones especiales por el legislador. Frente a lo anterior, dado que el pago de la prima de los contratos de estabilidad jurídica no se encuentra consagrado como una deducción especial del impuesto sobre la renta por ninguna norma legal, la DIAN entiende que debe acudirse a los criterios generales previstos por el artículo 107 del Estatuto Tributario (según la cual son deducibles las expensas realizadas en el año gravable, siempre que tengan relación de causalidad con la actividad generadora de renta, y sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con cada actividad), para determinar la deducibilidad de la partida bajo análisis. Así las cosas, frente al requisito de “relación de causalidad” previsto por la norma tributaria, la DIAN entiende que el pago de la prima en los contratos de estabilidad jurídica no se relaciona con la actividad generadora de renta del contribuyente, sino con los requisitos previstos en la Ley 963 de 2005 y en el contrato de estabilidad jurídica para tener derecho a dicho “régimen de estabilidad”. Del mismo modo, la DIAN entiende que los contratos de estabilidad jurídica no impiden (ni permiten) el desarrollo de la actividad generadora de renta de los contribuyentes que los suscriben, de manera que por dicha circunstancia tampoco se cumpliría el requisito de “relación de causalidad” con la actividad generadora de renta del contribuyente. Por otra parte, frente al requisito de necesidad de la expensa, la DIAN entiende que la prima que se paga en virtud de los contratos de estabilidad jurídica no cumple con dicho criterio de necesidad, puesto que el pago de la prima no puede catalogarse como una expensa que normalmente se acostumbra incurrir en desarrollo de la actividad productora de renta, puesto que la actividad económica puede adelantarse, sin importar que el pago de la prima se realice o no. Es decir, en criterio de la DIAN el pago de la prima es un gasto es necesario cuando se suscribe un contrato de estabilidad jurídica, más no resulta necesario para desarrollar la actividad generadora de renta del contribuyente.
Finalmente, la DIAN entiende que el pago de la prima dentro de los contratos de estabilidad jurídica no cumple con el requisito de proporcionalidad de que trata el artículo 107 del Estatuto Tributario, puesto que el monto de la prima (según la Ley 963 de 2005) responde a un criterio de proporcionalidad en relación con los riesgos asumidos por la Nación, así como las coberturas solicitadas por los inversionistas que suscriben dichos contratos, más no se trata de un criterio de proporcionalidad en relación con los ingresos percibidos por el contribuyente producto de su actividad generadora de renta. 1.3 La DIAN considera que la renta liquida por recuperación de deducciones, en el caso de los activos fijos depreciables, se encuentra condicionada a la enajenación del respectivo activo (Concepto 36691 de 2012)
“No obligados a presentar declaración del impuesto sobre las ventas. Adicionase el artículo 601 del Estatuto Tributario con los siguientes incisos y parágrafos: “Tampoco estarán obligados a presentar la declaración bimestral del impuesto sobre las ventas los responsables del régimen común en los períodos en los cuales no hayan efectuado operaciones sometidas al impuesto ni operaciones que den lugar a impuestos descontables, ajustes o deducciones en los términos de lo dispuesto en los artículos 484 y 486 del Estatuto Tributario. . .”.
“... Los contribuyentes o responsables que liquiden saldos a favor en sus declaraciones tributarias podrán:
Se le consulta a la DIAN cuál es la entidad competente, en el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo, para la expedición de la certificación sobre utilidad común, para efectos de la exención de impuestos, tasas y contribuciones sobre los recursos de cooperación internacional, a que se refiere el parágrafo del artículo 2 del Decreto 540 de 2004 y el artículo 96 de la Ley 788 de 2002. En este punto, la Administración entiende que las normas reglamentarias preceptúan de manera general, que la certificación debe ser expedida por la entidad pública pertinente del sector en el que se va a desarrollar e proyecto o inversión. Así por ejemplo, si los recursos están destinados a un proyecto de construcción de un ente educativo en un departamento o municipio, la entidad que expide la certificación en uno u otro caso será la secretaría de educación departamental o municipal, según corresponda. Por otra parte, si se trata de un proyecto a nivel nacional, será la entidad del sector respectiva (educación, salud, ambiente, etc.) la que debe expedir la certificación.
Se le consulta a la DIAN si resulta procedente realizar la imputación de un saldo a favor de IVA, en el evento en que se produzca el rechazo de la solicitudes de devolución del mismo, por los supuestos previstos en los numerales 1 (solicitud extemporánea) o 3 (exportaciones con anterioridad a inscripción en el RUT) del artículo 857 del Estatuto Tributario. Sobre el particular, la DIAN entiende que las causales de rechazo aludidas en la consulta no constituyen un mero requisito de forma que pueda sacrificarse a instancia del principio de prevalencia de la sustancia sobre la forma.
Se le consulta a la DIAN si los derechos de producción o explotación sobre las reservas de hidrocarburos son un bien incorporal para efectos fiscales, y cómo se calcula el costo de que trata el artículo 75 del Estatuto Tributario, cuando los bienes incorporales (activos intangibles) están en cuentas de orden, y no fueron incluidos en la declaración de renta y complementarios del contribuyente respectivo. Sobre el particular, la DIAN entiende que debe tenerse en cuenta que acorde con lo dispuesto por los artículos 74 y 279 del Estatuto Tributario, los bienes incorporales adquiridos a cualquier título se estiman por su costo de adquisición demostrado, menos las amortizaciones concedidas y la solicitada por el año o período gravable. Es decir que tratándose de incorporales adquiridos, el valor patrimonial es el costo de adquisición menos las amortizaciones. Diferente es el tratamiento para los incorporales formados, en criterio de la DIAN, puesto que en dicha hipótesis, según el artículo 75 del Estatuto Tributario, el costo se determina al momento de su enajenación y para que proceda el costo presunto del treinta por ciento (30%) del valor de enajenación, el intangible debe figurar en la declaración del impuesto sobre la renta y complementario del año inmediatamente anterior al gravable, y estar debidamente soportado por avalúo técnico.
Ahora bien, la Administración señala que de conformidad con el artículo 282 del Estatuto Tributario, el patrimonio líquido se determina restando del patrimonio bruto poseído por el contribuyente en el último día del año o período gravable, el monto de las deudas a cargo del mismo, vigentes en dicha fecha. A su turno, al tenor de los artículos 188 y 295-1 del Estatuto Tributario, el patrimonio líquido, una vez hecha la depuración expresamente señalada en el mismo Estatuto, constituye la base de cálculo de la renta presuntiva y la base gravable del impuesto al patrimonio, respectivamente. En este punto, la DIAN entiende que los derechos de producción o explotación de hidrocarburos son bienes incorporales.