Source: http://colombiaaldia.co/estados/boletines/boletin_9_2012/index.htm
Timestamp: 2018-12-11 04:51:44
Document Index: 140305486

Matched Legal Cases: ['Artículo 73', 'artículo 12', 'artículo 1', 'artículo 338', 'artículo 338', 'artículo 48', 'Artículo 73', 'artículo73', 'artículo 40', 'artículo 23', 'artículo 39', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 12', 'artículo 65']

Habiendo transcurrido tres meses desde la implementación de la Ley 1437 de 2011 o nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo es evidente la falta de planeación legislativa y ejecutiva de nuestro Estado.
No de otra forma se puede observar que las capacitaciones sobre la nueva normativa se programen y lleven a cabo una vez la misma ha entrado a regir y no previamente como la lógica lo dictaminaría, más aún cuando la Ley entró a regir año y medio después de su promulgación. Si a lo anterior le sumamos que algunos de sus articulados fueron reemplazados precozmente por el Código General del Proceso, la panorámica de desconcierto no es un invento de simples críticos inconformes.
Por el lado de los abogados litigantes la confusión no es menor. El Presidente del Tribunal Administrativo del Huila, ciudad sede del XVIII Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo 2012, manifiesta que en dicho Tribunal se han recibido aproximadamente unas 63 demandas ordinarias, pero debido a las deficiencias formales o sustanciales, solo se han admitido dos. Además comenta que: “…una vez entró en vigencia la nueva preceptiva, advertimos falencias que dificultan la operatividad del sistema oral. Por ejemplo, no existe un protocolo del manejo de las salas de audiencias, no se sabe cómo es su mecánica, lo cual implica que se tenga que improvisar, y eso no es bueno”.[1]
No podemos perder de vista que el cambio es irreversible, es decir que ante el mismo solo queda la alternativa de asumirlo, así lo asevera el Magistrado Presidente de la Corporación en mención, al mencionar que se trata de un reto personal y profesional por parte de magistrados, jueces y empleados de la Jurisdicción pero “partiendo de la base de que (el sistema) no es la panacea que va a resolver automáticamente la congestión y la deuda histórica con los usuarios”.
Queda a disposición de Ustedes el Boletín número 009 de nuestra Corporación, el cual entregamos con el gusto de siempre. Esperamos les sea de utilidad.
PRINCIPALES PROVIDENCIAS PROFERIDAS POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2012.
1. NULIDAD / Código de rentas del Municipio de Puerto Tejada/La Constitución de 1991 dispuso que la ley, las ordenanzas y los acuerdos podían determinar los elementos del tributo, en concordancia con los principios de descentralización y autonomía de las entidades territoriales/Aplicación de precedentes judiciales verticales y horizontales/No prosperan pretensiones. 19001230000120100000800. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
2. PÉRDIDA DE INVESTIDURA/Concejal/ No se demostró violación al régimen de conflicto de intereses que conllevara a la pérdida de su investidura. 19001230000020120030500. MP/David Fernando Ramírez Fajardo.
3. ACCIÓN POPULAR/ Equilibrio ecológico y aprovechamiento racional de recursos naturales/Construcción de cementerio en inmediaciones de humedal. 19001333100520100030401. MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz
4. REVISIÓN DE ACUERDO/ Acuerdo 025 del 16 de diciembre de 2011/ Municipio de Bolívar/ Artículo 73 de la Ley 136 de 1.994/Para que un proyecto sea acuerdo debe aprobarse en dos debates, celebrados en distintos días/ El acto no se ajustó a la Ley. 19001230000020120006900. MP/ Magnolia Cortés Cardozo.
5. TUTELA/ Derecho de petición/La respuesta no tiene que ser necesariamente satisfactoria/Revoca sentencia del a quo. El precedente invocado por el actor contiene supuestos fácticos diferentes. 19001333100520120014201. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
6. TUTELA/ Improcedencia/ Para controvertir la legalidad del trámite de convocatoria pública para la elección de gerente de ESE/Debió acudirse a la acción electoral/ Confirma decisión del a quo. 19001333100420120015201 MP/David Fernando Ramírez Fajardo.
7. TUTELA/ Derecho de petición/Reserva legal de documentos/Trámite especial de la Ley 1437 de 2011/Improcedente el amparo. 19001230000020120043400 MP/David Fernando Ramírez Fajardo.
8. TUTELA/ Derecho de petición/ Reliquidación de pensión/ Revoca decisión de primera instancia. 20120008701. MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
9. TUTELA/ Jurisdicción indígena/ La Defensoría Pública debe velar por los derechos fundamentales al debido proceso y derecho de defensa de un procesado por dicha Jurisdicción/Los derechos y garantías constitucionales son transversales a toda jurisdicción. 19001230000020120042500. MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
10. TUTELA/ Derecho a la seguridad personal/ Sólo se puede invocar por vía de tutela cuando su titular está sometido a un riesgo extraordinario. 19001230000020120041600. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
11. TUTELA/ Interposición de tutela de manera repetida, con identidad de pretensión y actuación de parte o apoderado.19001230000020120043300. MP. David Fernando Ramírez Fajardo.
12. Tutela/ Improcedencia/Para precaver un litigio futuro e hipotético/Confirma sentencia del a quo. 19001333100220120011801. MP/ David Fernando Ramírez Fajardo.
13. Tutela/Improcedencia /Para obtener el reintegro laboral de un empleado amparado con fuero sindical/ La vía judicial idónea para hacer respetar el fuero sindical es la acción de reintegro prevista en el Código Procesal del Trabajo/ No se configuró ninguna de las situaciones fácticas previstas por el “Retén Social”. 19001333100720120010801. MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
14. TUTELA/ Derecho al descanso remunerado de funcionarios de la Rama Judicial/ Régimen de vacaciones individuales/ El empleado no se encuentra obligado a aceptar un encargo por necesidad del servicio/Se conmima a la Entidad a aplicar en casos análogos las directrices impartidas en el fallo, sin que los empleados tengan la necesidad de interponer acciones de tutela, con el fin de hacer respetar su derecho fundamental al descanso. 19001233300220120039200. MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
15. TUTELA/ Derecho a la personalidad jurídica/Error en el registro civil impidió al actor recibir su mesada pensional. 19001230000020120042200. MP/Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
16. Derecho de petición/ Internos/ La respuesta de la Entidad no fue precisa/Revoca decisión del a quo. 19001333100820120010601. MP/ David Fernando Ramírez Fajardo.
17. TUTELA/ Derecho a la salud/ Internos/ Para el INPEC emerge la obligación de afiliar al actor de manera inmediata a una EPS-S y constatar el tratamiento médico oportuno que requiere el actor, sin dilación alguna/ Para la EPS-S, surge la obligación de brindar la atención médica integral que requiere el paciente en los términos de eficiencia, continuidad, integridad y oportunidad/ Revoca decisión de primera instancia. 1900133310082012000490. MP/ David Fernando Ramírez Fajardo.
18. TUTELA/Reubicación laboral por prescripciones médicas. 19001230000020120042300. MP/Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
19. INCIDENTE DE DESACATO/ACCIÓN POPULAR/Tratamiento de aguas residuales/Matadero municipal/A pesar de que la orden no se acató conforme fue definida por el juez constitucional por cuanto se evidenció la imposibilidad física de hacer la adecuación de las instalaciones donde funcionaba con anterioridad el matadero municipal, la Entidad dispuso el cierre del lugar y ordenó las medidas necesarias para evitar que el mismo sea utilizado/Abstención de sanción. 19001230000020020140300. MP/Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
20. CONSULTA INCIDENTE DE DESACATO/ACCIÓN DE TUTELA/Análisis de elementos objetivo y subjetivo/Revoca sanción impuesta por el a quo. 19001333100720100010001. MP/Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
21. CONSULTA INCIDENTE DE DESACATO/ ACCIÓN DE TUTELA/ La sanción debe estar acorde con las reglas de la experiencia y al juicio de razonabilidad para evitar que resulte ser desproporcional a la actitud del funcionario incumplido/Modifica la medida impuesta por el A quo. 19001333100820110054301. MP. Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
22. REPARACIÓN DIRECTA/ Privación injusta de libertad/El carácter fundamental del derecho a la libertad obliga al Estado a su cuidadosa protección y defensa, por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido/Prelusión de la investigación. 19001333100520070023300. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
23. REPARACIÓN DIRECTA/ Proyecto de construcción de vivienda/ Siniestro por incumplimiento/ El daño no depende de la expedición del acto administrativo/El daño se produce en el momento en que las entidades demandadas incumplen con la entrega de las viviendas debidamente terminadas, a pesar de estar obligadas a ello/Revoca decisión del a quo. 19001230000120030121301. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
24. REPARACIÓN DIRECTA/Lesiones a reclusos/Los perjuicios morales se tasan con base en la facultad discrecional del juzgador. 190012331701200070017701. MP/ Pedro Javier Bolaños Andrade.
25. REPARACIÓN DIRECTA/ Dilación injustificada dentro de un proceso penal/ Posibilidad de obtener la indemnización de los perjuicios dentro de un proceso penal/ No se demostró nexo causal. 19001230000420080002700. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
26. REPARACIÓN DIRECTA/ Error judicial sucedido en un proceso contencioso electoral/ La caducidad de la acción de reparación se cuenta desde la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia dictada por el Consejo de Estado que declaró la nulidad del acto suspendido. 19001230000420080000700. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
27. REPARACIÓN DIRECTA/ Emboscada de grupo ilegal/Muerte de oficial de policía/ No hubo falla en la prestación del servicio/Riesgos inherentes al servicio/Confirma decisión del a quo. 1900133310062006003201 MP/ Magnolia Cortés Cardozo
28. REPARACIÓN DIRECTA /Privación injusta de libertad/ Por un término mayor al que por ley correspondía, negándose el beneficio al cual tenía derecho el actor. 19001333100520070037700. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
29. REPARACIÓN DIRECTA/ Perjuicio dentro de un proceso de responsabilidad fiscal/No se afectó el buen nombre y la honra del investigado/Se le garantizó el debido proceso/ La condición de servidor público implica el deber de soportar, entre otras, la carga de ser investigado, indagado y enjuiciado en los distintos ámbitos de responsabilidad que le son propios. 19001230000120090007500. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
30. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Retén Social/ Ante la duda de la Entidad sobre el dato exacto de la edad de la actora, la primera debió adelantar las medidas tendientes a zanjarla, para lo cual hubiera bastado requerir a aquella para que allegara el documento idóneo con el fin de acreditar su edad/ No procedía el retiro de la actora por tener la condición de prepensionable y, por contera, beneficiaria del reten social regulado en el artículo 12 de la Ley 790 de 2.002/Confirma decisión del a quo. 19001230000120040184901. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
31. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/Reliquidación de pensión/ Detective profesional del DAS/Debe incluirse la prima de riesgo como factor salarial. 2008002910. MP/ Pedro Javier Bolaños Andrade.
32. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Supresión de cargos/ CRC/ Correspondió a un estudio técnico y no a favores políticos/ La supresión no estaba prohibida por la Ley 996 de 2005, máxime si se tiene en cuenta que era urgente adecuar la planta de cargos de la CRC a la nueva nomenclatura establecida legalmente en el Decreto Ley 770 de 2005/ Revoca decisión del a quo. 19001230000120060066001. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
33. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Miembro de la Policía Nacional condenado por la Justicia Penal a pena de prisión por delito doloso debe ser separado de la Institución/ Decreto 1791 de 2000/ No implica vulneración al principio non bis in ídem. 19001230000020050110601. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
34. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Pensión Gracia/ La pensión gracia tiene una regulación especial que no comporta en sí misma la potestad de reliquidarla con los factores salariales devengados en el último año de servicios al retiro definitivo, pues el derecho surge y se reconoce y se hace efectivo al momento en que el docente obtenga el status de pensionado. 19001233170220090043800. MP/Magnolia Cortés Cardozo.
35. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Asignación de retiro/ Las diferencias reconocidas a la prestación se deben aplicar al momento de realizar la liquidación de las mesadas ulteriores/ Prescribieron las mesadas pensionales no reclamadas, mas no así el derecho constitucional al mantenimiento del poder adquisitivo de la pensión. 1900123317012006001020. MP/ Pedro Javier Bolaños Andrade.
36. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Cesantías definitivas adeudadas/ Ley 244 de 1995/ Sanción por mora/ Solo basta la acreditación de la mora sin que sea necesario una declaración de carácter judicial, ni demostrar mala fe del empleador. 19001333100620050179601. MP/Magnolia Cortés Cardozo.
37. ACLARACIÓN DE VOTO/ REPARACIÓN DIRECTA/ Adquisición de vivienda/ Convenio Constructora Los Faroles y Municipio de Popayán/Caducidad de la acción. 19001230000120030121301. Magistrada Magnolia Cortés Cardozo.
Sentencia: 30 de agosto de 2010
Expediente: 19001230000120100000800
Tema tratado: Código de rentas del Municipio de Puerto Tejada/La Constitución de 1991 dispuso que la Ley, las ordenanzas y los acuerdos podían determinar los elementos del tributo, en concordancia con los principios de descentralización y autonomía de las entidades territoriales/Aplicación de precedentes judiciales verticales y horizontales/No prosperan pretensiones.
“La sentencia C-1055 del 2004 la Corte Constitucional ordenó estarse a lo resuelto en la sentencia C-504 del 2002, anteriormente referida, al decidir la demanda de inconstitucionalidad instaurada contra el literal d) del artículo 1 de la Ley 97 de 1913, por violación del artículo 338 de la Constitución Política, alegándose que éste autorizó la creación de un impuesto sobre un servicio público, en lugar de una tasa. Acogiendo las anteriores orientaciones, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 9 de julio del 2009, modificó la línea jurisprudencial que venía aplicando en materia de facultad impositiva de las entidades territoriales, a propósito de la demanda de nulidad contra el Acuerdo Municipal 0627 de 2006, por el cual el Concejo de Manizales estableció el impuesto al teléfono destinado a la seguridad ciudadana en dicho territorio. En dicha providencia la Corporación puso de presente que bajo la vigencia de la Constitución de 1886 la facultad impositiva de los municipios era derivada en cuanto se supeditada a las leyes expedidas por el Congreso, pero que tal directriz había sufrido una variante en el año 1991, cuando el constituyente dispuso que la Ley, las ordenanzas y los acuerdos podían determinar los elementos del tributo, en concordancia con los principios de descentralización y autonomía de las entidades territoriales, consagrados en los artículos 1°, 287-3, 300-4 y 313-4 de la Carta, que confirieron a las Asambleas Departamentales y a los Concejos Municipales la potestad de establecer los diferentes aspectos de la obligación tributaria. De acuerdo con lo anterior, la sentencia concluyó que la facultad para determinar los presupuestos objetivos de los gravámenes no es exclusiva del Congreso, pues ello haría nugatoria la autorización que la Constitución confirió expresamente a los Departamentos y Municipios sobre tales aspectos, a través del artículo 338. En sentencia del 10 de marzo de 2011, con ponencia de la magistrada Carmen Teresa Ortiz, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, ratificó el principio de la facultad impositiva territorial, esta vez para analizar justamente un caso relacionado con el impuesto de alumbrado público (…). Para la Sala, el supuesto fáctico que entonces se analizó para declarar ajustado a la Ley el Acuerdo del Municipio de Miranda, que fijaba una tasa para gravar la expedición de certificaciones y constancias, es el mismo que ahora se estudia, por tanto, considera que le es aplicable el mismo criterio interpretativo, y en consecuencia debe concluir que no prospera el cargo de violación imputado a los artículos 233 y 234 del Acuerdo 35 de 2008 expedido por el Concejo Municipal de Puerto Tejada”.
Sentencia: 15 de agosto de 2012
Expediente: 19001230000020120030500
Tema tratado: Concejal/ No se demostró violación al régimen de conflicto de intereses que conllevara a la pérdida de su investidura.
“En el caso sub examine se tiene que en la solicitud de pérdida de investidura invocada por el actor, se sostiene en que el concejal demandado violó el régimen de conflicto de intereses al haber participado en la sesión de instalación del 2 de enero de 2012 cuando debió haberse declarado impedido, ya que se trataba de la elección de su primo consanguíneo el señor FRANKI DARIO ALMARIO BRAVO, como Presidente del Concejo Municipal de Popayán, incurriendo en causal de pérdida de investidura establecida en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 (…) Los componentes fácticos del caso presente no prueban que el concejal demandado haya incurrido en violación al régimen de conflicto de intereses que conlleve la pérdida de su investidura, pues el que se haya demostrado que en su condición de concejal de la Corporación, haya favorecido con su voto la elección del también concejal el señor ALMARIO BRAVO, solo evidencia el cumplimiento de un deber cual es el elegir la conformación de la mesa directiva del Concejo Municipal; por demás delegado directamente por sus electores. En esas condiciones, las razones que el actor pretende para demostrar la existencia del interés directo para la configuración del conflicto de intereses no se probaron, puesto que de la documentación allegada, no se acredita el parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, aducido por el Actor”.
Sentencia: 03 de agosto de 2012
Expediente: 19001333100520100030401
Tema tratado: Equilibrio ecológico y aprovechamiento racional de recursos naturales/Construcción de cementerio en inmediaciones de humedal.
“En el caso concreto, la construcción de un cementerio en inmediaciones del Humedal La Marquesa Doria, generaría un impacto ambiental de consecuencias nefastas para el ecosistema, con lo cual se afectaría a todas aquellas personas que se encuentran dentro del área de influencia del humedal, así como la flora y la fauna que requieren de él para su subsistencia. Por otra parte, es preciso señalar que si bien se encuentra demostrado en el sub lite, que las empresas gestoras del proyecto solicitaron y se les otorgaron los permisos exigidos por la ley para la construcción del parque cementerio y el Decreto 1220 de 2.005 no exige para el desarrollo de estas actividades el otorgamiento de licencia ambiental, lo cierto es que dentro del proceso se encuentra plenamente acreditado, que a pesar de contar con los permisos respectivos, el Parque Cementerio Getsemaní afecta de manera directa el Humedal Doria y su zona de protección, razón por la cual es necesario protegerlo, con el fin de evitar un desastre ambiental de enormes proporciones que afecte el ecosistema en tal proporción que sea imposible su recuperación. Así las cosas, le asiste razón al A Quo al señalar que si bien la sociedades Construcol Ltda y Campo Santo Getsemaní Ltda afectan con la construcción del parque cementerio al Humedal La Marquesa Doria, también es cierto que la afectación de los derechos e intereses colectivos se genera por la omisión en que incurrieron el municipio de Timbío (Cauca) y el Departamento del Cauca al otorgar los respectivos permisos para la ejecución del proyecto sin haber tenido en cuenta el impacto ambiental sobre el mencionado ecosistema”.
Acción: Revisión de acuerdo
Sentencia: 23 de agosto de 2012
Expediente: 19001230000020120006900
Tema tratado: Acuerdo 025 del 16 de diciembre de 2011/ Municipio de Bolívar/ Artículo 73 de la Ley 136 de 1.994/Para que un proyecto sea acuerdo, debe aprobarse en dos debates, celebrados en distintos días/ El acto no se ajustó a la Ley.
“El cargo se halla fundamentado en que el Concejo Municipal de BOLIVAR CAUCA, al momento de proferir el acto demandado, desatendió el normativo que regula el trámite a darse para la aprobación de los proyectos en cuanto hace al término que debe mediar entre uno y otro debate, con lo que se vulneró lo dispuesto por el artículo73 de la Ley 136 de 1.994 que dispone: “Para que un proyecto sea acuerdo, debe aprobarse en dos debates, celebrados en distintos días. El Proyecto será presentado en la Secretaría del Concejo, la cual lo repartirá a la comisión correspondiente donde se surtirá el primer debate. La Presidencia del Concejo designará un ponente para primero y segundo debate. El segundo debate le corresponderá a la sesión plenaria. “Los proyectos de acuerdo deben ser sometidos a consideración de la plenaria de la Corporación tres días después de su aprobación en la comisión respectiva” (Subraya el Tribunal). Revisado el acto demandado se encuentra que, según constancia de la Secretaría del H. Concejo Municipal de BOLIVAR, CAUCA los debates al proyecto de acuerdo se surtieron los días ( folio 9 ), con lo que, obviamente, no se cumplió el normativo señalado como sea que medio solo dos (2) días para el segundo debate ante la plenaria, pues éstos debían contarse (los tres días) DESPUES de la aprobación por la comisión respectiva. Así las cosas resulta forzoso señalar que efectivamente en la expedición del acto revisado se halla afectada por el vicio formal señalado por el Mandatario Seccional, por lo que debe concluirse que el acto no se ajustó a la Ley. En igual sentido tuvo oportunidad este Tribunal de referirse en la Sentencia de 5 de marzo de 2012 en el proceso con número de radicación 190012331002-201200067-00 con ponencia del H. Magistrado Dr. NAUN MIRAWAL MUÑOZ MUÑOZ al estudiar la exequibilidad del Acuerdo # 024 del año 2011 proferido por el Concejo Municipal de Bolívar, Cauca”.
Sentencia: 10 de agosto de 2012
Expediente: 19001333100520120014201
Tema tratado 1: Derecho de petición/La respuesta no tiene que ser necesariamente satisfactoria/Revoca sentencia del a quo.
“De conformidad con la anterior información, se corrobora que el documento mediante el cual se dio respuesta a la solicitud del accionante le fue entregado el 13 de junio de 2012, situación que permite colegir que no existe vulneración del derecho fundamental de petición al momento de impetrar la tutela -15 de junio de 2012, fl. 11-, toda vez que el señor Fabio Antonio Cabezas FAJARDO recibió una respuesta coherente con lo pedido y aunque no fue satisfactoria, esa sola situación no configura vulneración del derecho fundamental de petición, que se satisface con una respuesta aún cuando no sea favorable a lo solicitado. Por lo anterior, se revocará la sentencia impugnada. Así las cosas, esta Corporación observa que el accionante demanda la tutela de sus derechos fundamentales en atención al hipotético contenido del acto administrativo que fijará las condiciones en que se reconocerá su pensión de jubilación, que de llegar a darse en los términos que él señala –sin tener en cuenta todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios-, a su juicio constituirá una violación de derechos fundamentales. Sin embargo, dicha situación permite afirmar que la afectación a esos derechos no es actual y efectiva sino que depende de un acontecimiento futuro como es el reconocimiento de la pensión de jubilación del actor. Por tanto, ante la carencia de una amenaza actual e inminente de los derechos fundamentales se concluye que se debe denegar el amparo solicitado”.
Tema tratado 2: El precedente invocado por el actor contiene supuestos fácticos diferentes.
“Cabe anotar frente a la mención que hizo el accionante de que su asunto es similar al que se planteó en una tutela ya conocida y fallada por este Tribunal, radicada bajo el número 200900355-01, actora: MATILDE ELJACH PACHECO, demandado: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, que en ese caso ya existía un reconocimiento pensional y se había agotado la vía gubernativa (fls. 87 a 98). De esta forma, al actor si bien se le da un trato diferente al de la docente MATILDE ELJACH PACHECO, ello se debe a que los supuestos fácticos que él plantea en esta tutela, son totalmente opuestos a los presentados en el proceso 200900355-01”.
Magistrado Ponente: DAVID FERNANDO RAMÍREZ OCAMPO
Sentencia: 29 de agosto de 2012
Tema tratado: Improcedencia/ Para controvertir la legalidad del trámite de convocatoria pública para la elección de gerente de ESE/Debió acudirse a la acción electoral/ Confirma decisión del a quo.
“Igualmente, comparte la Sala la apreciación del A quo, referente a que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para controvertir la legalidad del trámite de convocatoria pública para la elección del gerente de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE POPAYÁN E.S.E, puesto que en el ordenamiento jurídico colombiano se ha previsto una acción que según las condiciones del señor FABIÁN ALONSO HURTADO GARZÓN, es idónea y eficaz para reclamar los derechos que considere vulnerados por la entidad demandada, cual es la acción electoral contra el acto de nombramiento del cargo de gerente, acción que debió instaurar en el término de veinte (20) días y al no hacerlo no puede pretender revivir el término de la caducidad por vía de este mecanismo subsidiario- Art.136 -12 CCA”.
Sentencia: 31 de agosto de 2012
Expediente: 19001230000020120043400
Tema tratado: Derecho de petición/Reserva legal de documentos/Trámite especial de la Ley 1437 de 2011/Improcedente el amparo.
“Se capta que la respuesta niega aduciendo reserva legal, dos documentos solicitados, pero guarda silencio en relación con los restantes nueve. Siendo ello así, si el peticionario no se encuentra conforme con la reserva invocada por la entidad, cuenta con la posibilidad de insistir en su petición; de no lograr su cometido podrá acudir al Tribunal Administrativo o al juez competente para que decida si se niega o se acepta, total o parcialmente, la petición formulada, por lo que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para definir si dichos documentos tienen que ser entregados, pues para ello se ha contemplado un trámite especial en la Ley 1437 de 2011. Por lo anterior al momento de decidir esta tutela se declarará improcedente en relación con los documentos de los cuales predican reserva legal, al existir otro mecanismo judicial idóneo como ya se aclaró anteriormente. Respecto de los demás documentos frente a los cuales no se pronunció el Batallón de Infantería No. 7 “José Hilario López” encuentra la Sala que se le está lesionando el Derecho fundamental de petición del accionante. En este orden de ideas el Tribunal procederá al amparo del mismo, ordenando que se emita una respuesta de fondo por parte de la Institución, y así se dispondrá en la parte resolutiva”.
Expediente: 20120008701
Tema tratado: Derecho de petición/ Reliquidación de pensión/ Revoca decisión de primera instancia.
“Ahora bien, teniendo en cuenta que el derecho fundamental de petición de que son titulares los accionantes, sí resultó conculcado por el ISS, la decisión en esta instancia inicialmente debería encaminarse a ordenar a la entidad, que informe a los petentes sobre el estado de la solicitud y la fecha en la cual procederá a darles respuesta de fondo, sin embargo, como quiera que al momento de decidir el recurso de alzada, se encuentra totalmente superado el término de 4 meses con que contaba la entidad para resolver de fondo la solicitud puesta a su consideración, término que se cumplió el 15 de julio de las calendas, hecho que conllevaría a que una orden como la inicialmente planteada resulte ineficaz para la efectiva salvaguarda del derecho de petición, esta Corporación, cumpliendo con la función encomendada por la Carta Política al Juez Constitucional, de propender por garantizar la efectiva protección de los derechos de raigambre fundamental, revocará la sentencia de primera instancia y en su lugar amparará el derecho fundamental de petición, ordenando al ISS, que dentro de los diez días siguientes a la notificación de esta providencia proceda a dar respuesta de fondo a la solicitud de reliquidación de pensión elevada por los accionantes el 15 de marzo de 2012, respuesta que deberá ser notificada a los solicitantes, para que se entienda satisfecha la orden impartida en esta instancia”.
Sentencia: 30 de agosto de 2012
Expediente: 19001230000020120042500
Tema tratado: Jurisdicción indígena/ La Defensoría Pública debe velar por los derechos fundamentales al debido proceso y derecho de defensa de un procesado por dicha Jurisdicción/Los derechos y garantías constitucionales son transversales a toda jurisdicción.
“Ahora bien, en lo que tiene que ver con la designación de un Defensor Público, para que intervenga ante el Cabildo de Yaquiva, con el fin de que verifique las supuestas irregularidades en el juicio llevado en su contra, se tiene que el Defensor (…), le contesta al hoy accionante que al ser condenado por una jurisdicción especial – Indígena - no es posible brindarle la asistencia solicitada, por cuanto dicha entidad solo representa a las partes dentro de un proceso ordinario – penal. Al respecto, se tiene que si bien de conformidad con la Ley 24 de 1992, la Defensoría Pública está organizada para atender asuntos Civiles, Administrativos, Penales y efectivamente no determinó la asistencia a los comuneros indígenas en los juicios penales adelantados ante sus autoridades, al ser una jurisdicción especial, ello no obsta para que el Defensor del Pueblo ante la Petición de un indígena que se encuentra condenado a 25 años de prisión, pueda en cumplimiento de su investidura constitucional y legal, como protector de los derechos fundamentales, solicitar información al Cabildo sobre el juicio llevado a cabo en contra del accionante, pues si bien la jurisdicción indígena tiene autonomía para adelantar los juicios penales de conformidad con sus usos y costumbres, los mismos deben sujetarse a la Constitución Política, respetando en todos los casos el Debido Proceso y el Derecho de Defensa, derechos fundamentales que deben ser protegidos y garantizados a todas las personas. Por su parte los Cabildos indígenas si bien son una entidad pública especial, al no pertenecer a la estructura orgánica del Estado como tal, también están obligados a brindar información y a dar las explicaciones del caso a las autoridades como la Defensoría del Pueblo, que vela por los derechos fundamentales de las personas, con el fin de que éstos se hagan efectivos, por intermedio de las acciones a que hubiere lugar. De la lectura detallada de las peticiones elevadas por el actor ante la Defensoría, se vislumbra que el accionante expone de manera insistente, que el juicio realizado por el Cabildo de Yaquiva, - en su entender - no se ajustó a los parámetros constitucionales del Derecho al Debido Proceso, el cual, como ya se dejó establecido, debe ser tenido en cuenta, por todas las autoridades que impongan sanciones – incluida la jurisdicción indígena- tal y como lo ha definido la Corte Constitucional. Además, el Defensor del Pueblo deberá tener presente que al negarle al actor la posibilidad de prestarle la asistencia requerida ante el Cabildo de Yaquiva, vulnera su derecho a no ser discriminado por su condición de indígena, hecho que al contrario, lo pone en la condición de sujeto de protección especial por parte de las autoridades públicas”.
Expediente: 19001230000020120041600
Tema tratado: Derecho a la seguridad personal/ Sólo se puede invocar por vía de tutela cuando su titular está sometido a un riesgo extraordinario.
“En efecto, el accionante no puede pretender por esta vía se acceda a brindar protección especial por parte del Estado cuando el nivel del riesgo al que se encuentra sometido fue evaluado como ordinario por la autoridad competente, puesto que la jurisprudencia ha sido clara en afirmar que el derecho a la seguridad personal sólo se puede invocar cuando su titular está sometido a un riesgo extraordinario. No obstante lo anterior, la entidad accionada manifiesta que (el actor) puede realizar el procedimiento ordinario del programa de protección establecido en el artículo 40 del Decreto 4912 modificado parcialmente por el decreto 1225 de 2012 nuevamente, lo cual garantiza que si la situación de riesgo ha cambiado y ahora es extraordinario o extremo se tomen las medidas que ello amerite, en vista de las funciones que desempeña como Coordinador de Derechos Humanos de la Asociación Surca Amor y Vida. Por tanto, a la fecha no se evidencia la vulneración de los derechos a la vida, la integridad y la seguridad personal por parte de la entidad accionada, toda vez que se determinó que el riesgo al que está sometido (el actor) es ordinario”.
Expediente: 19001230000020120043300
Tema tratado: Interposición de tutela de manera repetida, con identidad de pretensión y actuación de parte o apoderado.
“Ante similitud de las pretensiones y fundamentos de la presente acción con otra conocida por este Despacho (pedir pruebas o documentos para arrimar a proceso de reparación directa rad. 2011-00039-00) se revisó el sistema Siglo XXI y se encontró los siguientes procesos, presentados por actor diferente (Karol Bibiana Legarda o Claudia Milena Tascón, interesados en el mismo asunto) o cambiando la denominación del convocado –(Comando Segunda Brigada de Ocaña o Batallón de Infantería N°. 15 Francisco de Paula Santander de Ocaña o Atención al Usuario Prestaciones Sociales - Ejército Nacional), (…) Así, mismo se reporta en el Siglo XXI, otros procesos tendientes al recaudo de pruebas para el proceso ordinario referido anteriormente, unos presentados por la actora y otros por la abogada Karol Bibiana Legarda. Si se tiene en cuenta que el poderdante y su apoderado configuran una unidad, raya con la temeridad el que se hagan solicitudes de tutela de manera repetida, con identidad de pretensión y actuación de parte o apoderado. Ante la situación expuesta, no es posible que mediante una acción de tutela, el Juez Constitucional, ordene la inclusión de unas pruebas documentales dentro de un proceso ordinario, toda vez que resulta una carga de la parte demandante, estar vigilante al curso del proceso ordinario; unido a que el Juez Administrativo, tiene la facultad, poderes de dirección de proceso, que pueden ser ejercitados ante la pasividad o el silencio de las partes procesales”.
Sentencia: 08 de agosto de 2012
Tema Tratado: Improcedencia/Para precaver un litigio futuro e hipotético/Confirma sentencia del a quo.
“No es la acción de tutela el mecanismo judicial idóneo para precaver un litigio que puede darse o no en el futuro, menos aún en este caso cuando el derecho pensional no ha sido reconocido al accionante, ni se tiene certeza en los términos en los que la AFP resuelva. En este orden de ideas, se confirmará la sentencia de primera instancia, en el entendido de que la Universidad del Cauca infringió el derecho de petición del actor, y se declarará improcedente la acción de tutela en el caso concreto, frente a los derechos fundamentales de seguridad social, debido proceso, trabajo en condiciones dignas y justas, e igualdad, por las razones consideradas”.
Expediente: 19001333100720120010801
Tema tratado 1: Improcedencia /Para obtener el reintegro laboral de un empleado amparado con fuero sindical/ La vía judicial idónea para hacer respetar el fuero sindical es la acción de reintegro prevista en el Código Procesal del Trabajo.
“El accionante manifiesta que la administración departamental vulneró su derecho de asociación sindical como consecuencia de la terminación de su nombramiento en provisionalidad sin haber solicitado previamente la autorización judicial para levantar su fuero sindical. No obstante, frente a dicha objeción, se debe advertir que la jurisprudencia constitucional ha considerado que la vía judicial idónea para hacer respetar el fuero sindical es la acción de reintegro prevista en el Código Procesal del Trabajo, proceso que se tramita en términos de reconocida agilidad. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dicho que “la acción de reintegro prevista para la protección del fuero sindical es un mecanismo idóneo para controvertir los actos de desvinculación que atenten contra dicha garantía laboral. Habida cuenta de la prontitud con que se tramitan dichos procedimientos, la Corte ha reconocido que la tutela no es el medio adecuado para resolver las peticiones encaminadas a proteger dicho fuero”. Por su parte en la en la Sentencia T-1209 de 2000, la Corte sostuvo que la acción de tutela no es procedente para ventilar casos de protección de fuero sindical, dado que la acción de reintegro ofrece garantía de agilidad incompatible con el carácter subsidiario de la tutela. En ese fallo se afirmó que una tesis contraria implicaría la sustitución de la acción que específica, particular y concretamente fue diseñada por el legislador para reparar el daño sufrido al fuero sindical (…). En el caso concreto, es claro que el accionante dispone de otro mecanismo de defensa judicial como lo es la acción de reintegro para la protección del fuero sindical, por lo que no resultaba procedente acudir a la acción de tutela para satisfacer dicha pretensión”.
Tema tratado 2: No se configuró ninguna de las situaciones fácticas previstas por el “Retén Social”.
“Si bien la acción de tutela es procedente para amparar derechos derivados del retén social, observa la Sala que en el sub lite la situación del accionante no se enmarca dentro de ninguna de las situaciones fácticas previstas por el “retén social”, ya que su desvinculación no proviene de una restructuración en la Administración Pública o de una liquidación forzosa administrativa, sino del nombramiento en periodo de prueba de una persona que participó en un concurso de méritos, razón por la cual se negará el amparo solicitado. Las anteriores consideraciones de hecho y de derecho, conducen a la Sala a modificar la sentencia impugnada en el sentido de declarar la improcedencia de la acción en relación con la solicitud de reintegro por desconocimiento del fuero sindical, y a negar el amparo solicitado respecto de la protección del retén social”.
Expediente: 119001233300220120039200
Tema tratado: Derecho al descanso remunerado de funcionarios de la Rama Judicial/ Régimen de vacaciones individuales/ El empleado no se encuentra obligado a aceptar un encargo por necesidad del servicio/Se conmima a la Entidad a aplicar en casos análogos las directrices impartidas en el fallo, sin que los empleados tengan la necesidad de interponer acciones de tutela, con el fin de hacer respetar su derecho fundamental al descanso.
“Destaca la Sala que desde el nivel nacional la Dirección Ejecutiva este tramitando una modificación al contenido de la Circular PSAC11- 44, con el fin de que en casos semejantes se preserve el derecho fundamental al descanso remunerado, como prerrogativa esencial del derecho laboral de los servidores judiciales que por la naturaleza de sus cargos, se encuentran supeditados al régimen de las vacaciones individuales. Lo anterior significa, que no le asiste razón a la DESAJ, cuando afirma que un empleado se encuentra obligado a aceptar el Encargo por necesidad del servicio, más, sin devengar el mismo salario del servidor judicial que reemplazará, pues se pueden presentar diversas situaciones en su ámbito familiar o laboral que le impiden aceptarlo, siendo un derecho el rehusar tal nombramiento, pues no se puede olvidar que cada empleado tiene asignadas sus propias funciones, las cuales sí son de obligatorio cumplimiento. En razón de lo anterior y con el fin de precaver la vulneración del derecho fundamental al descanso de los servidores judiciales que se puedan encontrar en iguales circunstancias que las que son objeto de análisis en esta acción y para evitar que se vean obligados a acudir en acción de tutela a hacer respetar este derecho, se conminará a la DESAJ para que aplique las directrices impartidas en el presente fallo”.
Expediente: 19001230000020120042200
Tema tratado: Derecho a la personalidad jurídica/Error en el registro civil impidió al actor recibir su mesada pensional.
“Analizados los documentos allegados al expediente y los hechos que con ellos se acreditan, considera la Sala que si bien, una vez notificada de la acción de tutela la Registraduría inició la actuación tendiente a revocar en lo que atañe a la situación del actor, la Resolución 5112 de 27 de junio de 2012, en cumplimiento de la Circular 068 de 2008, ello no es suficiente para denegar el amparo solicitado, toda vez que el error en el registro civil del actor no tiene como causa ningún hecho imputable a éste, sino a la administración, en este caso la Registraduría Municipal de Albán – Cundinamarca, circunstancia por la cual no puede verse afectado el accionante. Aunado a lo anterior, estima la Sala que la cancelación de la cédula de ciudadanía, del señor Omar Hernando Castrillón Velasco, ha afectado su mínimo vital, debido a la suspensión del pago de su mesada pensional, hecho que persistirá hasta tanto se restablezca el documento de identidad, conforme lo manifestó la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, y por tanto es necesario que se imparta una orden con el fin de que el referido procedimiento administrativo se realice con estricto cumplimiento del término previsto en la Circular 068 de 2008, en el entendido que las condiciones de vida del actor se han visto afectadas al no poder recibir su mesada pensional. De igual forma precisa la Sala que el hecho de que el actor deba promover el correspondiente proceso judicial tendiente a la cancelación del registro civil de defunción, transgrede sus derechos y además va en contra del principio de eficacia de la administración pública, dado que como antes se enunció la inscripción de dicho registro es responsabilidad de la Registraduría Nacional del Estado Civil, siendo ésta la obligada a cancelar de oficio el mencionado registro, según lo establece el inciso 4° del artículo 23 del Decreto – Ley 19 de 2012. Es por ello que se ordenará a la entidad que al confirmar que el certificado de defunción identificado con el serial N° 1250069, de la Registraduría Municipal de Albán – Cundinamarca no corresponde al señor Omar Hernando Castrillón Velasco, identificado con la cédula N° 2.417.995, proceda a cancelarlo de oficio tal como lo ordena la disposición antes citada”.
Expediente: 119001333100820120010601
Tema tratado: Derecho de petición/ Internos/ La respuesta de la Entidad no fue precisa/Revoca decisión del a quo.
“Manifiesta el actor que elevó derecho de petición ante el Establecimiento Penitenciario y Carcelario EPAMSCASPY, para obtener la redención por trabajo y/o estudio y/o enseñanza, conforme a las órdenes de trabajo 346884, 348897, 2094603, 2891968, 3012014, al igual que las calificaciones de conducta (…) Le asiste razón al Accionante en el sentido que las autoridades carcelarias no han respondido de manera precisa acerca de la información solicitada para los meses de abril a julio de 2010 y de abril a junio de 2012. En efecto existe una información remitida a este proceso, sin que el Accionante la conozca (fl.40)”.
Sentencia: 01 de agosto de 2012
Expediente: 19001333100820120004901
Tema tratado: Derecho a la salud/ Internos/ Para el INPEC emerge la obligación de afiliar al actor de manera inmediata a una EPS-S y constatar el tratamiento médico oportuno que requiere el actor, sin dilación alguna/ Para la EPS-S, surge la obligación de brindar la atención médica integral que requiere el paciente en los términos de eficiencia, continuidad, integridad y oportunidad/ Revoca decisión de primera instancia.
“Manifiesta el accionante que mediante fallo de 2012, se ordenó al INPEC y a SALUDCOOP EPS, la atención integral en su favor de las patologías que presenta. A pesar de contar con decisión constitucional en su favor, las demandadas INPEC y SALUDCOOP EPS, no adelantaron el tratamiento correspondiente, por lo que optó por desafiliarse de SALUDCOOP, para recibir atención médica por parte de CAPRECOM, al igual que todo el personal recluso. Que oportunamente informó a las demandadas sobre la novedad de la desafiliación de SALUDCOOP EPS a fin de ser afiliado a CAPRECOM EPS-S, y obtener el tratamiento integral que requiere; sin embargo y a pesar de sus peticiones, no ha logrado ni la afiliación, ni el tratamiento que requiere con urgencia dada su patología y tan sólo recibe por enfermería inyecciones para mitigar el dolor (...) Este Tribunal concluye, que se debe brindar la protección de los derechos fundamentales del actor y en su lugar se resalta a las demandadas su obligación de hacer, por lo que para el INPEC emerge la obligación de afiliar al actor de manera inmediata a una EPS-S y constatar el tratamiento médico oportuno que requiere el actor, sin dilación alguna. Mientras que para la EPS-S, surge la obligación de brindar la atención médica integral que requiere el paciente en los términos de eficiencia, continuidad, integridad y oportunidad”.
Sentencia: 28 de agosto de 2012
Expediente: 19001230000020120042300
Tema tratado: Reubicación laboral por prescripciones médicas.
“Teniendo en cuenta que el traslado de la accionante se adoptó como consecuencia de la Consulta de los Partidos y Movimientos Políticos que se llevará a cabo el día 30 de septiembre de 2.012 y no se determinó que el traslado finalizará una vez se surta el respectivo proceso, la Sala conminará a la entidad accionada para que una vez realizado el proceso democrático se abstenga de trasladar nuevamente a la tutelante al municipio de Inzá (Cauca) u otro municipio del Departamento del Cauca que no cumpla con las condiciones especiales que debe tener su lugar de trabajo según las prescripciones médicas. Así las cosas, concluye la Sala que la entidad accionada no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por la accionante y por el contrario ha adoptado las decisiones administrativas a través de las cuales se le ha brindado una protección especial a la señora Nancy Piedad Hurtado Quijano, razón por la cual se negará el amparo solicitado”.
Acción: Popular (Incidente de desacato)
Sentencia: 14 de agosto de 2012
Expediente: 19001230000020020140300
Tema tratado: Tratamiento de aguas residuales/Matadero municipal/A pesar de que la orden no se acató conforme fue definida por el Juez Constitucional por cuanto se evidenció la imposibilidad física de hacer la adecuación de las instalaciones donde funcionaba con anterioridad el matadero municipal, la Entidad dispuso el cierre del lugar y ordenó las medidas necesarias para evitar que el mismo sea utilizado/Abstención de sanción.
“El Tribunal Administrativo del Cauca, en providencia de 13 de mayo de 2003 ordenó al municipio de Rosas que en un plazo de tres meses dé inicio a las obras necesarias para el tratamiento de las aguas residuales del matadero municipal y adelantar el acondicionamiento de las áreas y equipos respectivos para cumplir con lo regulado por el artículo 39 del Decreto 1036 del 18 de abril de 1991”.(…)“…al verificar la actitud funcional del Alcalde del municipio de Rosas, encargado de cumplir la orden dada con ocasión a la acción popular tendiente a la protección de los derechos colectivos, se evidencia que si bien ésta no se acató conforme fue definida por el Juez Constitucional, lo cierto es que, a raíz del concepto de las autoridades sanitarias, se evidenció la imposibilidad física de hacer la adecuación de las instalaciones donde funcionaba con anterioridad el matadero municipal, situación que conllevó a que el Alcalde Municipal mediante Decreto 039 del 24 de abril de 2008 dispusiera el cierre del lugar y ordenara las medidas necesarias para evitar que el mismo sea utilizado. Acudiendo a la finalidad del desacato, no sólo debe observarse si la orden se cumplió sino además las medidas tomadas por los responsables de acatar la orden, que en el caso se encaminaron a cesar la afectación de derechos colectivos que originaron el pronunciamiento del Juez Constitucional, por lo que no será procedente la sanción por Desacato”.
Acción: Tutela (Consulta incidente de desacato)
Sentencia: 13 de agosto de 2012
Expediente: 19001333100720100010001
Tema tratado: Análisis de elementos objetivo y subjetivo/Revoca sanción impuesta por el a quo.
“De lo anterior se determina, que en este momento el fundamento de la sanción impuesta por desacato ha desaparecido pues en efecto se corrobora que la orden de tutela fue cumplida por la entidad accionada con la autorización del procedimiento quirúrgico ordenado por el médico tratante, situación que lleva a la Sala a concluir que se superó el hecho que originó el incidente de desacato. Al respecto el H. Consejo de Estado ha manifestado que “no hay lugar a imponer sanción por desacato [cuando] (...) se encuentra demostrado [que] (...) el hecho que dio lugar a iniciar el incidente de desacato se encuentra actualmente superado”, pues el desacato busca, más que imponer una sanción, proteger los derechos fundamentales amenazados o vulnerados cuyo amparo constitucional se ha solicitado. Así, entonces al verificar la ausencia del elemento objetivo del desacato en el asunto bajo estudio, no será necesario el análisis del elemento subjetivo, lo que lleva a concluir que la sanción impuesta por desacato a la orden de tutela impartida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Popayán frente a la petición hecha por la señora (…), actuando como agente oficioso del señor (…) carece de fundamento y como tal deberá ser revocada”.
Expediente: 119001333100820110054301
Tema tratado: La sanción debe estar acorde con las reglas de la experiencia y al juicio de razonabilidad para evitar que resulte ser desproporcional a la actitud del funcionario incumplido/Modifica la medida impuesta por el A quo.
“La falta de respuesta clara a la petición del 30 de septiembre de 2011 y la consideración reiterada en torno al escrito de respuesta del 29 de febrero de 2012, por parte del Director del EPCAMS de Popayán constituyen una actitud negligente frente al cumplimiento de lo ordenado en el fallo de tutela del 9 de noviembre de 2011, sobre todo porque la respuesta que se pretende hacer valer como contestación al derecho de petición se dirige a varios internos del centro penitenciario y trata temas diferentes a los solicitados. Una vez analizada la procedencia de la sanción de desacato, al encontrar configurado los elementos objetivo y subjetivo del mismo, la Sala procederá a hacer un control sobre la sanción impuesta, ello en atención a que la misma debe estar acorde con las reglas de la experiencia y al juicio de razonabilidad para evitar que resulte ser desproporcional a la actitud del funcionario incumplido. El a quo resolvió imponer sanción por desacato consistente en tres (3) días de arresto y multa de cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes al señor TC (r) GONZALO ALBERTO BARRIGA FLECHAS, por incumplir el fallo de tutela del 9 de noviembre de 2011. Sin embargo, la medida resulta ser desproporcional, pues a pesar de que no se ha dado respuesta al derecho de petición presentado por el accionante el fallo se ha cumplido de manera parcial, pues sí se procedió a hacer entrega del kit de aseo y a realizar las gestiones administrativas necesarias para la atención en salud del interno por parte de CAPRECOM con el fin de lograr un diagnóstico y el tratamiento a seguir, de acuerdo a lo ordenado por el Juez de Tutela. Por lo anterior, se modificará la sanción impuesta en atención al incumplimiento parcial del fallo de tutela del 9 de noviembre de 2011 proferido por el Juzgado Octavo Administrativo de Popayán, mediante el cual se buscó la protección de los derechos fundamentales del señor CARLOS ARTURO RESTREPO, debido a la falta de contestación a la petición presentada el 30 de septiembre de 2011”.
Expediente: 19001333100520070023300
Tema tratado: Privación injusta de libertad/El carácter fundamental del derecho a la libertad obliga al Estado a su cuidadosa protección y defensa, por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido/Prelusión de la investigación.
“El precedente jurisprudencial que sobre el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad avala en la actualidad el Consejo de Estado, establece que es ilegítimo para un Estado Social de Derecho como el nuestro, exigir a los asociados la asunción de la carga de soportar una investigación penal y la privación de la libertad, bajo el argumento de conservación del interés y seguridad general de la comunidad, en la investigación y sanción de los delitos. La tesis expuesta se sustenta en el carácter fundamental del derecho a la libertad, que obliga al Estado a su cuidadosa protección y defensa, por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido, análisis que debe realizar en cada caso concreto el juzgador, pues no se trata de condenar al Estado por todas las investigaciones penales en las que se absuelva al sindicado. En este caso, es evidente que la parte demandante ha sufrido un perjuicio por la privación de su libertad y su vinculación en un proceso penal que concluyó con la preclusión de la investigación a favor de los señores Jerry Mojica Gómez, Yecid Gomez Acosta y Fredy Osvaldo Bravo Quijano. El régimen de responsabilidad respaldado en el daño antijurídico, atribuye al Estado la obligación de reparar los perjuicios causados en ejercicio de actuaciones tanto ilícitas como lícitas, así haya existido apego a la legalidad por parte de la Fiscalía al proferirle medida de aseguramiento consistente en detención preventiva”.
Sentencia: 16 de agosto de 2012
Expediente: 19001230000120030121301
Tema tratado: Proyecto de construcción de vivienda/ Siniestro por incumplimiento/ El daño no depende de la expedición del acto administrativo/El daño se produce en el momento en que las entidades demandadas incumplen con la entrega de las viviendas debidamente terminadas, a pesar de estar obligadas a ello/Revoca decisión del a quo.
“Se debe resaltar, que la configuración del hecho dañoso no se puede condicionar en el presente asunto, a la expedición de un acto por parte de la administración como lo consideró el A quo, en tanto ello implicaría afirmar que la existencia del daño depende de la voluntad de la administración de emitir o no un acto administrativo, siendo que la declaratoria del siniestro por incumplimiento (fecha a partir de la cual el juez de instancia inicia el conteo de caducidad) puede ser declarado o no por la Administración dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia del mismo. En este orden, considera la Sala que el daño alegado por la parte actora, surge al momento en que las entidades demandadas, incumplen con la entrega de las viviendas debidamente terminadas, a pesar de estar obligadas a ello. En consecuencia, dado que en el sub judice es manifiesto el daño y la ubicación temporal en que ocurrió, 8 de enero de 2001, y no como lo consideró el A quo, el término de caducidad de la acción principiará desde el día siguiente a dicha fecha, hasta los dos años siguientes. Como la demanda se interpuso el 29 de agosto de 2003 (Fl. 44 C. ppal 1), concluye la Sala que la acción fue interpuesta por fuera de los 2 años que otorga la ley, cuando ya se encontraba caducada la acción, en consecuencia, procederá la Sala a revocar la sentencia proferida el 19 de febrero de 2010 por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Popayán, y en su lugar se declarará probada la excepción de caducidad”.
Expediente: 190012331701200070017701
Tema tratado: Lesiones a reclusos/Los perjuicios morales se tasan con base en la facultad discrecional del juzgador.
“Así entonces, es claro que el arbitrio judicial se configura como único sistema para realizar la tasación de los perjuicios morales y que es este el método utilizado para definir las cuantías indemnizatorias reconocidas a los actores; conforme a su facultad discrecional y de lo referido en la sentencia de primera instancia se tiene que el Juez a quo, no pasó por alto el material probatorio que daba cuenta de la información al Establecimiento carcelario sobre las amenazas que radicaban en cabeza del recluso DIEGO FERNANDO GUZMAN ROBLEDO y que finalmente concluyeron con las lesiones ocasionadas a su integridad el 2 de mayo de 2005 y respecto de las cuales se solicitó su reparación. En este orden de ideas, la Sala decide confirmar el numeral tercero de la sentencia de primera instancia, toda vez que se considera que dicho valor constituye una adecuada compensación a la afectación moral causada por las lesiones de que fue víctima”.
Expediente: 19001230000420080002700
Tema tratado: Dilación injustificada dentro de un proceso penal/ Posibilidad de obtener la indemnización de los perjuicios dentro de un proceso penal/ No se demostró nexo causal.
“(…) la Sala concluye que en el caso bajo examen no hay a lugar a declarar la responsabilidad del Estado, pues si bien está demostrada la mora en que incurrió la entidad demandada, no ocurre lo mismo respecto del nexo causal entre ésta y el pretendido daño; en otros términos: no se demostró que la dilación injustificada advertida en el trámite de la instrucción, entre las etapas de cierre y la calificación del sumario, fue la causa eficiente de que la parte civil hubiere sido privada de una indemnización al interior del mismo proceso, pues ni siquiera se evidenció que éste tuviera probabilidad de terminar con una sentencia condenatoria, y que en tal caso hubiera sido posible la efectividad de la reparación de los perjuicios que llegaren a reconocerse”.
Expediente: 19001230000420080000700
Tema tratado: Error judicial sucedido en un proceso contencioso electoral/ La caducidad de la acción de reparación se cuenta desde la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia dictada por el Consejo de Estado que declaró la nulidad del acto suspendido.
“Aplicando las sub-reglas referidas al inicio de este acápite, considera la Sala que la caducidad en el caso bajo examen debe contarse, no a partir de la ejecutoria del auto que decretó la suspensión provisional de la elección, pues su carácter transitorio dejaba pendiente esta decisión de lo que se resolviera en la sentencia, sino desde la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia dictada por el Consejo de Estado el 11 de noviembre de 2.005, pues fue ésta última decisión la que resolvió de fondo el asunto declarando la nulidad del acto hasta ese momento suspendido, además que con ella se agotaron definitivamente las instancias del proceso electoral; en otros términos: con la sentencia de segunda instancia quedó establecida con efectos de cosa juzgada la ilegalidad del acto de elección de 24 de enero de 2.004 (formulario E-26). Ahora bien, debe subrayar la Sala que no puede tomarse como fecha de referencia para iniciar el cómputo de la caducidad aquella en la cual se realizaron los nuevos escrutinios y la nueva declaración de elección del señor Reinaldo Gaspar Ortiz Guamanga como alcalde del Municipio de Santa Rosa por parte del Tribunal Administrativo, esto es, el 19 de enero de 2006, pues conforme a las reglas indicadas atrás, fue a partir de la sentencia de la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia que los demandantes tuvieron certeza sobre la firmeza de la decisión judicial cuestionada, además porque los escrutinios constituyen un acto posterior y de ejecución de la sentencia en firme”.
Expediente: 1900133310062006003201
Tema tratado: Emboscada de grupo ilegal/Muerte de oficial de policía/ No hubo falla en la prestación del servicio/Riesgos inherentes al servicio/Confirma decisión del a quo.
“…los actores no lograron acreditar que la muerte del señor JESUS ANGEL CERON PULICHE tuviera causa eficiente en una falla en la prestación del servicio o en la exposición de la víctima a un riesgo excepcional en comparación al que naturalmente debía enfrentar en razón de su servicio, por el contrario la causa del deceso tuvo origen precisamente en uno de los riesgos que debe enfrentar el cuerpo armado al realizar sus labores de vigilancia y protección, cual es el hostigamiento o la emboscada que sufrieron los agentes estatales por parte de un grupo ilegal armado, riesgo que como se explicó en precedencia es inherente a la profesión militar, en tales condiciones no es posible atribuirle responsabilidad a la entidad demandada por la ocurrencia de los hechos en tanto que el daño se ocasionó como consecuencia de la concreción de un riesgo contingente que voluntariamente asumieron las víctimas, sin que esté demostrado un riesgo mayor al asumido por sus compañeros, pues se trató de una emboscada o ataque de carácter intempestivo, irresistible e impredecible, sin previa información o conocimiento de amenazas específicas al respecto y sin prueba que permita acreditar que la presencia de un mayor número de policiales en el momento de los hechos hubiese podido evitar el desenlace fatal antes descrito. Así las cosas le asiste razón al ad- quo al negar las pretensiones de la demanda al considerar los daños sufridos como consecuencia de los riesgos inherente propios de su actividad, los cuales fueron reconocidos a través de la indemnización que por ley está asignada para los daños sufridos con ocasión de la prestación del servicio, dentro del marco de la relación laboral que lo vinculaba con la entidad demandada y en esas condiciones la Sala procederá a confirmar en su totalidad la sentencia impugnada”.
Expediente: 19001333100520070037700
Tema tratado: Privación injusta de libertad/ Por un término mayor al que por ley correspondía, negándose el beneficio al cual tenía derecho el actor.
“Ahora, en cuanto al término de privación de la libertad que se debe tener como injusto, observa la Sala que en el fallo de tutela que declaró la nulidad del proceso penal respecto a la sentencia condenatoria, se indicó que “con la dosificación punitiva en derecho, la pena fluctuaría entre dos años como mínimo y dos años y seis meses como máximo”, con lo cual, en un principio se podría indicar que la privación de la libertad del actor se tornó en injusta al momento en que traspasó el término indicado en el fallo de tutela, esto es los dos años y seis meses, sin embargo, se observa que la sentencia condenatoria emitida por el Juzgado Penal Municipal de Popayán, se dispuso negar la solicitud de la suspensión condicional de la ejecución condicional bajo la consideración que si bien el actor era merecedor de dicho beneficio, no cumplía con el requisito objetivo cual era que la pena no excediera el tope de los 3 años. Igualmente en el fallo de tutela se consideró que en vista de que la condena debió oscilar entre los 2 años y los 2 años y medio, el actor “cumplía a plenitud dicha exigencia, factor que se tuvo en cuenta para negarle la suspensión condicional de la ejecución de la pena”. Por lo tanto concluye la Sala que el actor debió conservar su libertad desde el momento en que se profirió la sentencia condenatoria, por cuanto si se hubiera dosificado la pena en forma correcta, como lo indicó el Juez Constitucional, el mismo hubiese gozado del beneficio del que como lo indica era merecedor. En este orden, considera la Sala que el actor, estuvo privado de la libertad injustamente desde el momento en que es capturado, hasta que se concede su libertad, dado que si bien fue condenado, tenía derecho a gozar del beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena desde un principio, siendo preciso reiterar que la única razón de su rechazo, fue el que la pena excedía el tope de los 3 años, en consecuencia encuentra la Sala que el tiempo por el cual se debe indemnizar a la parte actora, es el transcurrido desde el 4 de agosto de 2003 hasta el 10 de julio de 2007, indemnización que corresponderá reconocer y pagar a la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, por ser la autoridad judicial que profirió la decisión de privar de la libertad al demandante por un término mayor al que por ley correspondía, y en consecuencia negar el beneficio al cual tenía derecho, conforme lo probado en este proceso”.
Expediente: 19001230000120090007500
Tema tratado: Perjuicio dentro de un proceso de responsabilidad fiscal/No se afectó el buen nombre y la honra del investigado/Se le garantizó el debido proceso/ La condición de servidor público implica el deber de soportar, entre otras, la carga de ser investigado, indagado y enjuiciado en los distintos ámbitos de responsabilidad que le son propios.
“…las pruebas obrantes en el plenario no dan cuenta que el actor haya sufrido una carga mayor a la que regularmente tendría que soportar en su condición de servidor público con funciones de gestión fiscal, ni que en el curso del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 1234 se hubiere incurrido en una falla del servicio que le produjera daños en su persona o en sus bienes; si bien se registró alguna dilación en el trámite del mismo, por las nulidades que decretó la Dirección de Gestión Fiscal, ello obedeció a la necesidad de ajustar el trámite en garantía del debido proceso, y a la vinculación de otros sujetos a la investigación, todo lo cual contribuyó precisamente a aclarar que aquél no tuvo ninguna responsabilidad en el presunto daño patrimonial. Luego la afirmación de que su buen nombre y honra se vieron comprometidos, carece de respaldo. En este punto, la Sala reitera que la condición de servidor público implica el deber de soportar, entre otras, la carga de ser investigado, indagado y enjuiciado en los distintos ámbitos de responsabilidad que le son propios, en este caso, el fiscal, sin que ese sólo hecho pueda tenerse como suficiente para generar un daño indemnizable; si así no se concibiera, terminaría por erigirse en regla general que toda decisión favorable al investigado o imputado dentro de un proceso de responsabilidad fiscal, es per se fuente generadora de perjuicios. Se concluye, entonces, que no hay lugar a declarar la responsabilidad de la Contraloría General de la Nación, puesto que el actor no demostró que con su vinculación al Proceso de Responsabilidad Fiscal No 1234 haya sido sometido a una carga superior a la que en las mismas circunstancias tendría el deber de soportar cualquier servidor público, o que en el trámite del mismo se incurrió en una falla del servicio que le produjera una daño indemnizable”.
Expediente: 19001230000120040184901
Tema tratado: Retén Social/ Ante la duda de la Entidad sobre el dato exacto de la edad de la actora, la primera debió adelantar las medidas tendientes a zanjarla, para lo cual hubiera bastado requerir a aquella para que allegara el documento idóneo con el fin de acreditar su edad/ No procedía el retiro de la actora por tener la condición de prepensionable y, por contera, beneficiaria del reten social regulado en el artículo 12 de la Ley 790 de 2.002/Confirma decisión del a quo.
“Ahora, frente al argumento manifestado por la entidad demandada en el recurso, acerca de que la no inclusión de la actora entre los servidores beneficiarios del reten social obedeció a la circunstancia de que en los documentos obrantes en los archivos de la entidad (hoja de vida y solicitud de inscripción en carrera) aparecían fechas de nacimiento distintas a partir de las cuales no podía concluirse que a la fecha de retiro le faltaran 3 años para pensionarse, en el plenario se advierte que ese yerro ocurrió únicamente en la solicitud de inscripción en carrera de fecha 6 de marzo de 1.985, en la que la demandante anotó como fecha de nacimiento el 18 de enero de 1.956 (fl. 50 C. Pbas), pues en el formato de hoja de vida, suscrita por la actora, sí se registró la data del 18 de enero de 1951. No obstante, para la Sala esa incorrección no excusa la omisión de la entidad, que ante la duda sobre el dato exacto de la edad de la actora, debió adelantar las medidas tendientes a zanjarla, para lo cual hubiera bastado requerir a aquella para que allegara el documento idóneo para acreditar su edad. En ese sentido resulta pertinente referir el artículo 13.lit.d) del Decreto 1390 de 2.003, que establece en cabeza de la entidad, la obligación de identificar los posibles beneficiarios del reten social en la modalidad de personas próximas a pensionarse, sin que en ello resulte imperativa la iniciativa o diligencia del servidor (…). Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia en tanto dedujo ilegal la supresión del cargo Secretaria G06 adscrito al Despacho Administrativa Financiera, de la REGIONAL CAUCA, que ocupaba la actora, pues como quedó demostrado, no procedía su retiro por tener la condición de prepensionable y, por contera, beneficiaria del reten social regulado en el artículo 12 de la Ley 790 de 2.002”.
Expediente: 20080029101
Tema tratado: Reliquidación de pensión/ Detective profesional del DAS/Debe incluirse la prima de riesgo como factor salarial.
“Al haberse desempeñado el actor como detective profesional, adquirió el derecho a que se le cancelara la prima de riesgo con carácter permanente consagrada en el Decreto 1137 del 2 de junio de 1994, que equivalía al 30% de la asignación básica mensual, la cual le fue efectivamente pagada durante el último año de labores, como se acredita con la certificación original suscrita por el funcionario pagador del DAS, Seccional Cauca. Por consiguiente, al haber sido beneficiario el demandante de la prima de riesgo durante el último año de labores y habérsele cancelado efectivamente, tenía el derecho, conforme al precedente jurisprudencial antes transcrito, a que la referida prima se hubiera incluido como factor salarial al momento de proceder la entidad demandada a liquidar la pensión de jubilación. Lo anterior conlleva a la Sala a que se deba revocar parcialmente la sentencia proferida por el A quo, conforme a lo dispuesto por el H. Consejo de Estado en el fallo de tutela, para disponer que la entidad demandada, al momento de proceder a la reliquidación de la pensión de jubilación del actor, deberá tener en cuenta como factor salarial, además de los factores dispuestos en la sentencia de primera instancia, la prima de riesgo”.
Expediente: 19001230000120060066001
Tema tratado: Supresión de cargos/ CRC/ Correspondió a un estudio técnico y no a favores políticos/ La supresión no estaba prohibida por la Ley 996 de 2005, máxime si se tiene en cuenta que era urgente adecuar la planta de cargos de la CRC a la nueva nomenclatura establecida legalmente en el Decreto Ley 770 de 2005/ Revoca decisión del a quo.
“Se reitera entonces que lo que la Ley 996 de 2005 prohíbe, es la vinculación de personas a los cargos de las entidades públicas; así, y en gracia de discusión, se admite que los nuevos cargos que se crearon denominados Director Territorial Código 0042, Grado 07 sólo podían ser provistos hasta después de culminadas las elecciones presidenciales del 28 de mayo de 2006, y por ende los nombramientos hechos por la entidad en los mismos estarían viciados de nulidad, sin embargo, debido a que tales nombramientos no fueron objeto de demanda en la presente acción, no se dictará ningún pronunciamiento al respecto. Lo dicho, para aclarar que la supresión del cargo, que fue la actuación que afectó al demandante, no estaba prohibida por la Ley 996 de 2005, máxime si se tiene en cuenta que era urgente adecuar la planta de cargos de la CRC a la nueva nomenclatura establecida legalmente en el Decreto Ley 770 de 2005; tan es así, que el cargo del demandante por pertenecer al nivel ejecutivo, debía dejar de existir al 17 de marzo de 2006. Corolario de lo expuesto, se tiene que de modo alguno se puede admitir que la supresión del cargo que ostentaba el señor Álvaro Graciano Daza Plaza obedeció a un favor político, sino que antes bien, se dio por cuanto legalmente la planta de cargos de la CRC debía modificarse y porque se dio un estudio técnico que dio como resultado la necesidad modificar la planta de cargos. Así las cosas, la Sala no comparte la decisión tomada en la primera instancia, en cuanto declaró la nulidad bajo la afirmación de que la supresión del cargo del actor estaba prohibida por la Ley 996 de 2005; razón por la cual se revocará la misma, y en su lugar, se denegaran las pretensiones de la demanda”
Expediente: 119001230000020050110601
Tema tratado: Miembro de la Policía Nacional condenado por la Justicia Penal a pena de prisión por delito doloso debe ser separado de la Institución/ Decreto 1791 de 2000/ No implica vulneración al principio non bis in ídem.
“La parte demandante sostiene, tanto en la demanda como en el recurso de alzada, que con el acto acusado se vulneró el principio non bis in ídem y el debido proceso, al ser sancionado dos veces por los mismos hechos, como quiera que en virtud de una investigación disciplinaria le fue impuesta una sanción consistente en multa y por otro lado, en fecha posterior, se dispuso a través de la Resolución No. 00975 de 1º de abril de 2005, la separación absoluta del actor del servicio, considerando por tal, que existió una doble investigación por la misma situación fáctica. (…) En este orden, comparte la Sala la decisión adoptada por el juez de primera instancia, en tanto se puede concluir que en ningún momento se le impusieron dos sanciones al demandante por los mismos hechos, como lo plantea la parte actora, dado que a través de la Resolución No. 00975 de 1º de abril de 2005, se adoptó una decisión, en acatamiento de lo dispuesto por los artículos 50 y 66 del Decreto 1791 de 2000, que establecen claramente que el personal que resulte condenado por la Justicia Penal Militar o la Ordinaria, a la pena principal de prisión o arresto por la comisión de delitos dolosos, será separado en forma absoluta de la Institución, como medida necesaria para evitar que el imputado eluda la acción de la justicia, sin que se pueda entender como lo pretende el actor, como una nueva sanción disciplinaria, motivo este suficiente para que el cargo expuesto por la parte demandante, frente al mencionado principio, no tenga vocación de prosperidad”.
Expediente: 19001233170220090043800
Tema tratado: Pensión Gracia/ La pensión gracia tiene una regulación especial que no comporta en sí misma la potestad de reliquidarla con los factores salariales devengados en el último año de servicios al retiro definitivo, pues el derecho surge y se reconoce y se hace efectivo al momento en que el docente obtenga el status de pensionado.
“No tiene derecho el actor a que se ordene la reliquidación de la PENSION GRACIA con todos los factores salariales devengados en el último año de servicios anterior a la fecha de retiro definitivo del servicio oficial, por tratarse de una pensión con regulación especial que no autoriza esa decisión ni en vía administrativa ni en vía judicial. En el caso del actor, la entidad demandada reconoció y ordenó el pago de la Pensión Gracia de Jubilación, a partir de la fecha en la cual éste obtuvo el status de pensionado: 50 años de edad que los cumplió el 24 de julio de 1993 y 20 años de servicio en la educación primaria; para determinar el monto de la pensión la parte demandada invocó en el acto de reconocimiento la ley 33 de 1985 y lo fijó con base en la Asignación básica y el sobresueldo sin tener en cuenta para ello los factores a que hace referencia inicialmente en la demanda que también devengó: Prima de navidad y auxilio de alimentación. En su oportunidad legal el actor recurrió la resolución de reconocimiento con la pretensión de que se le incluyera esos dos factores, sin embargo no agotó vía gubernativa en tanto ante una decisión desfavorable desistió del recurso de apelación. Ahora mediante la presente acción demanda los actos administrativos que surgieron con base en una nueva petición de reliquidación de la pensión pero motivada en que se le tuviera en cuenta los factores salariales devengados en el último año de servicio al retiro definitivo del servicio oficial. Respecto a esa pretensión encuentra la Sala que ella no es procedente en razón a que la pensión Gracia tiene una regulación especial que no comporta en sí misma la potestad de reliquidarla con los factores salariales devengados en el último año de servicios al retiro definitivo, pues el derecho surge y se reconoce y se hace efectivo al momento en que el docente obtenga el status de pensionado y no le limita este estado de pensionado seguir prestando el servicio y en ese sentido no queda desprotegido laboral ni económicamente”.
Expediente: 19001233170120060010201
Tema tratado: Asignación de retiro/ Las diferencias reconocidas a la prestación se deben aplicar al momento de realizar la liquidación de las mesadas ulteriores/ Prescribieron las mesadas pensionales no reclamadas, mas no así el derecho constitucional al mantenimiento del poder adquisitivo de la pensión.
“Se procederá, por consiguiente, bajo esas mismas consideraciones, a modificar el punto materia del recurso de apelación, por cuanto la asignación de retiro al ser una prestación semejante a la pensión de vejez y por tanto periódica, - y a que en el fallo recurrido se accede a la reliquidación de la prestación con fundamento en el IPC - se genera claramente un incremento periódico y futuro de forma ininterrumpida, por lo que, como lo sostiene el H. Consejo de Estado, las diferencias reconocidas a la prestación se deben aplicar al momento de realizar la liquidación de las mesadas ulteriores. Si bien es cierto, las mesadas causadas antes del 01 de febrero de 2002, como bien lo determinó el a quo, se encuentran prescritas, en atención a la jurisprudencia del Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo arriba citada, es claro que le asiste razón al apelante en el sentido de afirmar que aunque si bien el numeral tercero de la sentencia recurrida ordena el reajuste desde 1 de febrero del año 2002, debió ordenarse desde el año de 1.999, acorde con la solicitud elevada ante CASUR y con la demanda, habida cuenta que aun cuando la entidad demandada no está obligada a pagar esa diferencia, eso no significa que el derecho al reajuste este prescrito, pues este sirve de base para el incremento realizado en el año de 2000 y así en lo sucesivo. Lo anterior en el entendido de que - como ya se expuso - se prescribieron las mesadas pensionales no reclamadas, mas no así el derecho constitucional al mantenimiento del poder adquisitivo de la pensión. Dicho de otro modo, tal y como lo establece la jurisprudencia administrativa, es claro que el hecho de que se haya accedido a la reliquidación de la base con fundamento en el IPC, implica que tal monto se vaya incrementando de manera cíclica y a futuro de manera ininterrumpida, pues las diferencias reconocidas a la base pensional sí deben ser utilizadas para la liquidación de las mesadas posteriores. Luego, entonces, debe precisarse, que como quiera que la base pensional se ha ido modificando desde el año de 1999, con ocasión de la aplicación del índice de precios al consumidor – IPC -, es claro que necesariamente este incremento incide en los pagos futuros, por lo que mal puede establecerse limitación alguna, cuando este incremento no se agota en un tiempo determinado”.
Expediente: 19001333100620050179601
Tema tratado: Cesantías definitivas adeudadas/ Ley 244 de 1995/ Sanción por mora/ Solo basta la acreditación de la mora sin que sea necesario una declaración de carácter judicial, ni demostrar mala fe del empleador.
“Así las cosas para la Sala es claro el acierto que tuvo la Juez de instancia en su decisión, toda vez que como ha quedado demostrado, la entidad demandada incumplió con la obligación de cancelar las cesantías definitivas adeudadas a la actora dentro del término fijado por la ley 244 de 1995. Por lo demás habrá de agregarse, que la falsa motivación de los actos acusados alegada por la actora tiene vocación de prosperidad en razón a que esta causal considerada por la doctrina como la discrepancia o divergencia surgida entre los supuestos de hecho y de derecho que debieron estimular la producción del acto y los efectivamente señalados en el mismo por quien lo produce, o como lo señala el Consejo de Estado: “Cuando la administración, para sustentar la expresión de su voluntad, en forma errónea o intencional le da visos de realidad a una explicación que no cabe dentro de la categoría de lo verídico, o bien abusa de las atribuciones que los ordenamientos legales o reglamentarias le han asignado, o bien toma un camino equivocado en el ejercicio de las mismas…” se configura en el presente caso, pues erró la administración al justificar su decisión en la buena fe asumida por el empleador invocando una normatividad no aplicable. Es claro según lo manifestado por el máximo Tribunal que en tratándose de servidores públicos no es de aplicación el artículo 65 del C.C.T. sino la ley 244 de 1995, norma de carácter especial, y privativa de los servidores públicos, la cual conmina a la autoridad administrativa a cancelar una sanción moratoria por el retardo en el reconocimiento y pago del auxilio de cesantías, luego, solo basta la acreditación de la mora sin que sea necesario una declaración de carácter judicial, ni mucho menos demostrar la mala fe del empleador. Amén de lo expresado, habrá de modificarse la parte resolutiva de la sentencia expedida por la Juez de primera instancia en su numeral segundo, para precisar que la fecha a partir de la cual empezó a correr la sanción moratoria corresponde al día 13 de junio de 2003 y no el 12 del mismo mes y año, en razón a que el plazo con que contaba la administración para pagar las cesantías adeudadas venció el 12 de junio de 2003, por ende la entidad demandada deberá realizar la liquidación de la sanción moratoria con base en las pautas establecidas por la Juez de primera instancia, pero iniciando su computo desde la fecha establecida por la Sala”.
Magistrado: MAGNOLIA CORTÉS CARDOZO
Tema tratado: Adquisición de vivienda/ Convenio Constructora Los Faroles y Municipio de Popayán/Caducidad de la acción.
“En el cargo de JUEZA SEGUNDA ADMINISTRATIVA DEL CIRCUITO DE POPAYAN en casos como el presente proferí sentencias de primera instancia con decisión de fondo porque consideré que en dichas acciones no existía caducidad. Finqué mi argumento al decidir la excepción así propuesta por parte del Fondo Nacional del Ahorro, en que la misma no se encontraba probada y para ello tuve en cuenta como fecha final la que correspondió a la Resolución por medio de la cual se declaró el siniestro “Resolución # 491 del 30 de abril de 2001”, pues hasta esa fecha fue que la parte actora tuvo conocimiento que el proyecto de vivienda había fracasado, luego de tantas ampliaciones o prórrogas dadas al convenio suscrito entre la Constructora LOS FAROLES y el MUNICIPIO DE POPAYAN y del cual surgió el contrato de consultoría a cargo del Municipio de Popayán. En la Sentencia de la referencia se llega a la decisión de que la acción interpuesta esta incursa en caducidad por cuanto la fecha que se indicó por el Ad-quo al resolver la excepción mencionada como 7 de febrero de 2003, no corresponde a la realidad procesal en tanto la acción fue interpuesta el 29 de agosto de 2003 y que revisado el expediente efectivamente la acción fue interpuesta en esta última fecha, por lo que repito comparto la decisión así tomada en la providencia de segunda instancia. Pero seguidamente en la sentencia se hace unas consideraciones que se dirigen directamente a establecer cuándo se configuró el hecho dañoso para concluir que éste surge en el momento en que las entidades demandadas incumplen con la entrega de las viviendas debidamente terminadas, a pesar de estar obligadas a ello y no desde el 30 de abril de 2001, cuando se declaró el siniestro, que aunque no es la razón de la decisión si debo manifestar el no compartirla entre otros argumentos, por lo expresado en el párrafo anterior”.
Tema tratado: Enaltecimiento al Derecho Procesal - Comentarios a la sentencia de 7 de junio de 2012 del Consejo de Estado.
“La decisión de valorar las copias simples aportadas en un proceso contencioso administrativo regulado por el decreto ley 01 de 1984, ha traído en los últimos años una fuerte contradicción en las posiciones de las Secciones del Consejo de Estado e incluso entre las diferentes subsecciones al interior de la sección tercera, puesto que se ha alternado el merito probatorio de un documento en copia simple, otorgando o negando su valoración como prueba, situación que apareja la inestabilidad de la jurisprudencia, la confusión en la aplicación del derecho en los distintos despachos y la inseguridad jurídica para las partes contendientes en el proceso, como fue tratado en el escrito “El Valor Probatorio de las Copias Simples en el Proceso Contencioso Administrativo. La Vacilación de La Jurisprudencia Reciente y Las Excepciones Generadas.”, publicado en la Revista Garantismo Procesal IV”.
[1] Ámbito Jurídico, número 355, 01 al 14 de octubre de 2012, página 2.