Source: http://observatoriointernacional.com/?p=729
Timestamp: 2018-01-19 15:00:32
Document Index: 127108441

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 65', 'ARTÍCULO 65', 'ARTÍCULO 65', 'ARTÍCULO 65', 'ARTÍCULO 65', 'artículo 80', 'ARTÍCULO 65', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 61', 'artículo 61']

Venezuela – Objeción de conciencia – Sala Constitucional/2007 | observatoriointernacional.com
“…La parte accionante al alegar la violación de tales derechos, lo hace en referencia a la Medida de Protección dictada por los Consejeros de Protección del Niño y del Adolescente del Municipio Libertador, es decir, alude al acto administrativo, mediante el cual se ordenó el tratamiento médico en régimen de internación, en el Hospital de Clínicas Caracas, a la adolescente “…SE OMITE IDENTIDAD DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE…” quien es venezolana, de doce años de edad y titular de la cédula de identidad N° (…), dado que no se tomó en cuenta su opinión ni se le brindaron las oportunidades objetivas para que ella misma pudiera expresar sus argumentos, y menos aún (sic) se le brindó la oportunidad de estar asesorada por sicólogos o profesionales especializados en la materia…”.
En otro orden de ideas, en lo concerniente al señalamiento de infracción de los derechos consagrados en los artículos 80, 85 y 86 de la Ley Orgánica para la protección del Niño y del Adolescente, la accionante denunció que no se tomó en cuenta la opinión de la adolescente ‘…SE OMITE IDENTIDAD DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE…’, ya identificada, ni se le brindaron las oportunidades objetivas para que ella misma pudiera expresar sus argumentos, y menos aún se le brindó la oportunidad de estar asesorada por sicólogos o profesionales especializados en la materias, en el momento en que fue dictada ‘Inaudita Altera Parte’ La Medida de Protección (…) la cual ordenaba el Tratamiento Médico (…) debiendo aplicar los médicos tratantes todos aquellos tratamientos médicos tendientes a mejorar su cuadro clínico, incluyendo la transfusión de sangre o cualquier otro aplicable a la situación presentada (…)”.
En el caso de marras, tenemos que la infracción señalada ocurre en momento anterior a la interposición de la presente acción de Amparo Constitucional, toda vez que el tratamiento médico objetado por la accionante y respecto del cual se sostiene resultaba menester consultar de forma específica a la adolescente “…SE OMITE IDENTIDAD DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE…”, ya identificada, consiste en transfusiones de hemoderivados con la finalidad de mejorar las condiciones hemodinámicas, metabólicas de oxigenación, función celular y disminuir el riesgo de sangramiento espontáneo, fue aplicado no en una, sino en repetidas ocasiones durante el tiempo que permaneció recluida la referida adolescente en el Hospital de Clínicas Caracas…’.
“…no permiten la posibilidad del restablecimiento de dichos derechos, por cuanto no se trata de una situación actual que pueda ser solventada a través de la acción de Amparo, toda vez que el tratamiento médico señalado por la parte accionante, incluyendo por supuesto las transfusiones de sangre, ya había sido practicado a la adolescente ‘…SE OMITE IDENTIDAD DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE…’, supra identificada, aún antes de ser interpuesta la presente acción (…)
Que el goce de los derechos de la adolescente de autos fue violentado e interrumpido por una Medida de Protección dictada “inaudita altera parte” por el CONSEJO DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL MUNICIPIO LIBERTADOR, en fecha 13 de septiembre de 2006, y que esa violación e interrupción se perpetuó durante cuarenta y nueve (49) días, hasta el día 31 de octubre de 2006, cuando la Sala de Juicio se dignó a constituirse en la habitación 629, piso 6 del mencionado Hospital. Que ese acto aunque tardío, constituyó el restablecimiento de los derechos violentados a “…SE OMITE IDENTIDAD DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE…”, es decir, el derecho a opinar, derecho de petición y derecho de defenderse, los cuales fueron las bases fundamentales de la acción de Amparo. Que en ningún momento se solicitó retrotraer la aplicación del tratamiento médico (transfusión de sangre) por cuanto es imposible a ciencia cierta, tal cosa. Que no obstante, sí se podía evitar, con la actuación judicial efectiva, la continuidad en la aplicación de dicha transfusión de sangre ordenada bajo medidas restrictivas de libertad con la Medida de Protección, sin oír a la adolescente ni satisfacer su petición de recibir tratamiento médico de la más alta calidad sin la utilización de sangre lo que ha quedado suficientemente demostrado en autos. Que el escrito de la acción de Amparo se recibió el 15 de septiembre de 2006, que el 18 ó 20 de septiembre de 2006, se hizo una revisión exhaustiva del escrito de Amparo y se ordenó su corrección, que el día 26 de septiembre del mismo año se llevó a cabo una audiencia pública solicitada con carácter de urgencia por la accionante y que el 28 es admitido el Amparo, por lo que sobraron oportunidades para que a su hija se le diera tutela judicial efectiva. Que al declarar inadmisible la acción de Amparo el a quo violó la tutela judicial efectiva en el caso de la adolescente de autos, y por ello insiste en que restablecer su derecho a opinar, pedir y defenderse, tenía que realizarse inmediatamente con la presentación del escrito contentivo de la acción; que puede indicarse que allí hubo una falla por parte de los funcionarios judiciales de Protección de no dar curso inmediato a la acción, pero que lo más grave para la adolescente es que la Jueza a quo considere según su decisión, “…que resulta inoficioso entrar en el examen de las consideraciones del mérito de la causa…”.
Ahora bien, de los términos expuestos en el libelo se observa, que los derechos presuntamente violentados a la adolescente de autos, son: su derecho a opinar y a ser oída, derecho de petición y derecho a defender sus derechos. En este sentido, de autos se evidencia palmariamente que la adolescente sí ejerció su derecho a opinar, que efectivamente fue oída, lo cual se corrobora al folio 341, cuando en fecha 11 de septiembre de 2006, es decir, antes de la interposición de la presente acción, así como en el folio 352, cuando acudió una funcionaria del CONSEJO DE PROTECCIÓN a tomarle la declaración respectiva y también en los folios 277, 278 y 279, cuando la Jueza a quo se trasladó hasta el HOSPITAL DE CLÍNICAS CARACAS a fin de dar cumplimiento al dispositivo del artículo 80 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Por otra parte, de los mismos dichos de la accionante y pruebas aportadas por ella se desprende que efectivamente tal opinión fue oída. Al respecto, resulta imprescindible destacar, que si bien oír la opinión de los niños y adolescentes en los asuntos donde éstos tengan interés, resulta de vital importancia, ello no alcanza a investir a dichas opiniones de un carácter vinculante, para la decisión que en cada caso deba tomarse, pues lo contrario, en este caso de autos, equivaldría a aceptar la preeminencia del derecho a la libertad de religión y de culto sobre el derecho a la vida, lo que incontrovertiblemente, no puede considerarse como una violación del derecho a ser oída; por otra parte, el hecho que genera la intervención del CONSEJO DE PROTECCIÓN es precisamente esa opinión emitida previamente por la adolescente y su madre, lo que conduce a los médicos tratantes a resolver la situación y establecer responsabilidades en cuanto al cuadro clínico de “…SE OMITE IDENTIDAD DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE…”, luego el hecho que trataba de impedirse a través de la manifestación de voluntad de la adolescente, es decir, la transfusión sanguínea, se consuma previamente y sigue en el ínterin del proceso para salvar la vida de la adolescente, lo que resulta jurídica y humanamente ajustado a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dada la preeminencia del derecho a la vida sobre cualquier otro derecho consagrado en el texto constitucional o en cualquier otro texto normativo vigente, y así se establece.
Porque si no queda aquí contradictorio con lo que acabamos de aprobar en el artículo 61, es decir, evidentemente hay una contradicción; por eso objetaba que apareciera ese agregado en el artículo 61: por técnica debería estar en el artículo 63 y aquí cabe perfectamente, Presidente, la objeción que hacía [B], es decir, que este artículo 63 deberíamos redactarlo así: “Todas las personas tienen derecho a la libertad de conciencia y a manifestarla, salvo que su práctica constituya delito”, que son los casos que está señalando [B] en su intervención anterior, entonces decir, “se reconoce la objeción de conciencia sin que pueda invocarse para eludir el cumplimiento de las leyes o impedir a otros su cumplimiento en el ejercicio de sus derechos”, o colocamos de nuevo esta afirmación o tendríamos que fusionarlo con el artículo 61 diciendo sencillamente, “todas las personas tienen derecho a la libertad de conciencia…” y todo lo demás que dice el artículo 61, pero no vamos a colocar un artículo en contradicción con el otro (resaltado añadido).
Objeción de conciencia, Sala Constitucional, Sentencia, Venezuela