Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-491-de-junio-16-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_8b8556058f74e0cce0430a010151e0cc&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-14 00:52:22
Document Index: 194233690

Matched Legal Cases: ['artículo 53', 'artículo 38', 'artículo 39', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 39', 'artículo 1', 'artículo 86', 'artículo 53', 'artículo 39', 'artículo 1', 'artículo 39', 'artículo 11', 'artículo 39', 'artículo 1', 'artículo 39', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 45', 'artículo 243', 'artículo 21', 'artículo 11', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 1', 'artículo 53', 'artículo 38', 'artículo 53', 'artículo 1', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 11', 'artículo 33', 'artículo 38']

﻿ Sentencia T-491 de junio 16 de 2010
SENTENCIA T-491 DE 16 DE JUNIO DE 2010
CONTENIDO:TRANSITO NORMATIVO DE LAS NORMAS SOBRE REQUISITOS PARA ACCEDER A LA PENSIÓN DE INVALIDEZ. APLICACIÓN AL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN LA DETERMINACIÓN DE LA NORMA APLICABLE PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ.
TEMAS ESPECÍFICOS:PENSIÓN DE INVALIDEZ, PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD, PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD, RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN, REQUISITOS PARA LA PENSIÓN DE INVALIDEZ
Sentencia T-491 de junio 16 de 2010
Ref.: Expedientes T-2.530.789 y T-2.545.945
Acciones de tutela presentadas por la señora Sonia Maritza Salcedo Gaona contra el Fondo de Pensiones BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, y el señor Edgar Enrique Doneys Castaño, contra el Fondo de Pensiones Porvenir.
Bogotá, D.C.,dieciséis de junio de dos mil diez.
La Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub —quien la preside— Antonio Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, ha proferido la siguiente
En el trámite de revisión de los fallos de tutela adoptado por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Bogotá, del 20 de noviembre de 2009, y por el Juzgado Trece Civil Municipal de Cali, del 4 de diciembre de 2009, proferidos en los asuntos de la referencia, dentro de las acciones de tutela promovidas separadamente por la señora Sonia Maritza Salcedo Gaona, y el señor Edgar Enrique Doneys Castaño.
De manera preliminar debe anotarse que la presente Sala de Revisión, a través de auto del 31 de mayo de 2010, decidió acumular los citados procesos, a fin que fueran resueltos en una sola sentencia. Lo anterior, en razón a la analogía de los problemas jurídicos en ellos contenidos, circunstancia que a la luz del principio de economía procesal, justifica la mencionada acumulación.
1.1. Expediente T-2.530.789.
La señora Sonia Maritza Salcedo Gaona a través de apoderado, presentó solicitud de tutela contra el Fondo de Pensiones BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, invocando la protección de sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la protección especial para los discapacitados, a la salud, a la dignidad humana y a la igualdad, los cuales considera vulnerados por la entidad demandada, al no reconocerle su pensión de invalidez.
1.2.1. La señora Sonia Maritza Salcedo Gaona, nació el 15 de julio de 1979, y a la fecha cuenta con 30 años y 11 meses de edad.
1.2.2. La accionante está afiliada al fondo de pensiones BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías desde el 21 de septiembre de 2004, fecha en que empezó a realizar los aportes al citado fondo.
1.2.3. Dice el apoderado que la señora Sonia Maritza Salcedo Gaona, es una paciente que sufre de cardiopatía congénita e hipertensión pulmonar asintomática.
1.2.4. Mediante dictamen de la aseguradora BBVA Seguros de Vida Colombia, se estableció la patología de la señora Sonia Maritza Salcedo Gaona como de origen común, con una pérdida de capacidad laboral del 72,95%, estructurada desde el 10 de octubre de 2008.
1.2.5. Con base en el dictamen anterior, la accionante solicitó al fondo de pensiones BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, el trámite de su pensión de invalidez, la cual le fue negada mediante comunicación del 19 de diciembre de 2008, con el argumento de no cumplir con el requisito de fidelidad de aportes al sistema general de pensiones.
1.2.6. Manifiesta que en el mes de marzo del año 2009, interpuso una acción de tutela contra el Fondo de Pensiones BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, la cual le fue negada bajo los mismos argumentos anteriores.
1.2.7. Afirma el apoderado de la accionante, que la presente acción se interpone con base en un nuevo elemento material y normativo, cual es la declaratoria de inexequibilidad emitida por la Corte Constitucional en la Sentencia C-428 del 1º de julio de 2009, respecto de la norma que disponía el requisito de fidelidad de aportes al sistema general de pensiones, invocando el principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la Carta Política.
1.2.8. Asegura que debido a su enfermedad, no ha podido volver a trabajar por cuanto su poca capacidad física no se lo permite; asegura además, que es una persona carente de recursos y que la pensión sería su única fuente de subsistencia, no solo para ella sino también para su madre, quien depende económicamente de su ingreso.
La accionante solicita que se le amparen los derechos fundamentales al mínimo vital, a la dignidad humana, a la salud, a la igualdad y al debido proceso, y se le ordene al Fondo de Pensiones BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, que proceda al reconocimiento y pago de su pensión de invalidez de manera definitiva desde la fecha en que se estructuró su incapacidad.
El Juzgado Tercero Penal Municipal de Bogotá, admitió la tutela y solicitó al Fondo de Pensiones BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías pronunciarse sobre los hechos expuestos por la señora Sonia Maritza Salcedo Gaona.
La entidad accionada respondió mediante escrito del 17 de noviembre de 2009, manifestando que no considera vulnerado los derechos de la accionante, dado que la petición de pensión de invalidez se analizó y decidió conforme a la normativa legal vigente a la fecha de la solicitud y al no reunir los presupuestos para su otorgamiento, la pretensión se despachó desfavorablemente.
Así, una vez recibida la solicitud se procedió a verificar el cumplimiento del artículo 38 de la Ley 100 de 1993, que determina cuándo se considera inválida a una persona, y para ello se remitió el caso a la aseguradora BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., para efectuar el análisis y el origen de la invalidez, la cual se estableció como de origen común en un 72.95% de pérdida de capacidad laboral, con una estructuración a partir del 10 de octubre de 2008, cumpliendo con lo normado en el artículo citado.
Seguido a ello, se procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003. El estudio demostró que la señora Sonia Maritza Salcedo Gaona cotizó al sistema general de pensiones un total de 66,29 semanas en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, por lo que cumplió con el requisito de las 50 semanas cotizadas en los últimos tres años. Pero, al verificar la fidelidad en los aportes se estableció que no cumplía con el requisito de haber cotizado el 20% del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha de la calificación de la invalidez que dispone la citada norma, equivalente, en el caso suyo, a 96 semanas de cotización, ya que tan solo alcanzó a cotizar 86 semanas.
Argumenta además, que la Sentencia C-428 del 1º de julio de 2009, que examinó la constitucionalidad del artículo 1º de la Ley 860 de 2003, no se aplica para la fecha de la solicitud de pensión de invalidez, por cuanto las sentencias de constitucionalidad no tienen efectos retroactivos, y la solicitud fue resuelta mediante comunicación del 19 de diciembre de 2008.
Por lo anterior, solicita no tutelar los derechos pretendidos por la accionante ante el BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A.
1.5.1. Copia del dictamen de pérdida de capacidad laboral expedido por la aseguradora BBVA Seguros de Vida Colombia S.A.
1.5.2. Copia de la comunicación JB-08-8756 del 19 de diciembre de 2008.
1.5.3. Copia de la historia clínica de la accionante.
1.5.1.(sic) Juzgado Tercero Penal Municipal de Bogotá.
Mediante fallo único de instancia del 20 de noviembre de 2009, se niegan las pretensiones de la accionante.
1.5.2.(sic) Consideraciones del juzgado.
Dentro del análisis de los hechos precisó que en el caso concreto no se cumplió con el requisito de la inmediatez, y que a pesar de que la accionante tiene incapacidad física, este puede hacer valer sus derechos dentro del marco de la razonabilidad por vías distintas a la tutela.
Así mismo agrega, que como quiera que se declaró inexequible el requisito de la fidelidad contemplado en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, motivo por el cual se le denegó la pretensión inicial, la accionante aún cuenta con herramientas jurídicas ante la misma entidad accionada, esto es, solicitar nuevamente la pensión y, con base en ese hecho nuevo, le será resuelta. Además argumenta el juez de tutela, que no aparece demostrado el perjuicio irremediable de la actora.
2. Expediente T-2.545.945.
El señor Edgar Enrique Doneys Castaño, presentó acción de tutela contra el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., invocando la protección de sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la igualdad, al derecho a la salud y a la seguridad social, los cuales considera vulnerados por la entidad demandada al no reconocerle su pensión de invalidez.
2.1.1. El señor Edgar Enrique Doneys Castaño, nació el 21 de septiembre de 1961, y a la fecha cuenta con 48 años y 9 meses de edad.
2.1.2. El accionante se le viene tratando médicamente por esquizofrenia desde el año 1998, fecha en la cual se originaron los síntomas.
2.1.3. Sostiene el accionante, que en el año 2006 sufrió un accidente de trabajo el cual estuvo incapacitado durante más de dos años, por fracturas del radio y el carpio.
2.1.4. El accionante está afiliado al Fondo de Pensiones Porvenir S.A., quien lo remitió a Seguros de Vida Alfa S.A. para que fuera valorado.
2.1.5. Mediante valoración inicial realizada por el grupo interdisciplinario de calificación de pérdida de la capacidad laboral y origen de Seguros Alfa S.A., el día 3 de diciembre de 2008, se determinó la patología del señor Doneys como de origen común y se calificó la pérdida de capacidad laboral en un 57.29% estructurado a partir del 30 de octubre de 2008.
2.1.6. Posteriormente, la junta regional de calificación de invalidez del Valle del Cauca, con fecha del 11 de febrero de 2009, determinó la patología del señor Doneys como de origen común y calificó el grado de pérdida de capacidad laboral en un 56.16% discriminado así: “Discapacidades, 4.90%; minusvalía, 18.00% y deficiencia, 33.26%, con fecha de estructuración del 30 de octubre de 2008”.
2.1.7. La aseguradora con escrito del 11 de marzo de 2009, le informó al accionante que le serían canceladas sus incapacidades continuas desde el día del accidente de trabajo hasta la fecha de estructuración de su enfermedad, es decir hasta el 30 de octubre de 2008.
2.1.8. Igualmente, en oficio del 17 de junio de 2009, el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., le comunicó que se haría responsable de la administración de sus recursos pensionales y que realizaría las gestiones ante el ISS a fin de solicitar el reintegro de los aportes allí registrados.
2.1.9. Con base en el dictamen anterior, el accionante solicitó al Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. el trámite de su pensión por invalidez, la cual le fue negada con el argumento de no cumplir con el requisito de fidelidad de aportes al sistema general de pensiones.
El accionante solicita la protección de sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la igualdad, al derecho a la salud y a la seguridad social, los cuales considera vulnerados por el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., y que se le ordene a la demandada que proceda al reconocimiento y pago de su pensión de invalidez de manera definitiva, desde la fecha en que se estructuró tal invalidez.
El Juzgado Trece Civil Municipal de Cali admitió la tutela vinculando al Instituto de Seguros Sociales, ISS, y solicitó a dicho instituto y al Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. que se pronunciaran sobre los hechos expuestos por el señor demandado.
El Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. respondió mediante escrito del 4 de diciembre de 2009, señalando que no había vulneración ni amenaza de los derechos fundamentales del accionante, porque los motivos de la demanda constituían un hecho superado. Argumentó, que al señor Doneys se le informó con fecha del 4 de diciembre de 2009, que su solicitud había sido rechazada por cuanto no cumplía con el requisito legal de fidelidad para acceder a una pensión de invalidez en el régimen de ahorro individual con solidaridad; en este sentido, consideró la empresa accionada, que había resuelto de fondo las peticiones del accionante.
Manifestó, que la pensión de invalidez es una prestación económica que cubre una contingencia derivada de la pérdida de la capacidad laboral del afiliado por circunstancias de origen común, siempre y cuando se reúnan los requisitos previstos en la ley.
Agregó, que al efectuar la verificación del requisito de un período mínimo de fidelidad en las cotizaciones, se observó que el demandante, “no acreditaba el requisito legal de haber cotizado el 20% del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años de edad (1981/09/21) y la fecha del dictamen que determina la pérdida de capacidad laboral (2008/12/03)”.
Sostuvo, que el actor no cuenta con las 65.28 semanas que en su caso constituyen el 20% del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años y la fecha de la estructuración de la invalidez, ya que solo cuenta con 57 semanas; razón por la cual, concluyó que el accionante no reunía los requisitos legales exigidos por la norma para acceder a una pensión de invalidez.
Y, por último, solicitó que se denegaran las pretensiones o declarar improcedente la presente acción de tutela.
El Instituto de Seguros Sociales no se pronunció al respecto.
2.4.1. Copia del dictamen expedido por el grupo interdisciplinario de calificación de pérdida de la capacidad laboral y origen de seguros de Vida Alfa S.A.
2.4.2. Copia de la cédula de ciudadanía del señor Edgar Enrique Doneys Castaño.
2.4.3. Copia de la comunicación de Seguros de Vida Alfa S.A. de fecha 5 de diciembre de 2008.
2.4.4. Copia del dictamen de pérdida de la capacidad laboral del 11 de febrero de 2009, expedido por la junta regional de calificación de invalidez del Valle del Cauca.
2.4.5. Copia de la comunicación de Seguros de Vida Alfa S.A. de fecha 11 de marzo de 2009.
2.4.6. Copia de la comunicación de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. de fecha 17 de junio de 2009.
2.4.7. Copia de la comunicación de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. de fecha 4 de diciembre de 2009.
2.4.8. Copia del recibo de pago de incapacidades por parte de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. de fecha 28 de abril de 2009.
2.5.1. Juzgado Trece Civil Municipal de Cali.
Mediante fallo único de instancia del 4 de diciembre de 2009, se declaran improcedentes las pretensiones del señor Edgar Enrique Doneys Castaño.
2.5.2. Consideraciones del juzgado.
Dentro del análisis de los hechos precisó que, en el caso concreto, se observaba que el accionante pretendía se accediera por vía de tutela al reconocimiento de la pensión de invalidez y que el juez de tutela no era el competente para resolver las peticiones impetradas, pues solo lo sería cuando el interesado no gozara de otro mecanismo judicial al cual acudir, salvo cuando se tratara de un perjuicio irremediable, el cual, dentro del proceso no aparecía demostrado por el accionante.
Por tanto esta Sala deberá resolver si: ¿Con la negativa del reconocimiento de la pensión de invalidez a los accionantes, se les están vulnerando sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la igualdad, por no acreditar el requisito de fidelidad contemplado en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, vigente para la fecha de estructuración de la incapacidad?
Para resolver los asuntos planteados, la Sala se pronunciará sobre los siguientes temas: primero, la procedencia excepcional de la acción de tutela para obtener el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez; segundo, el tránsito normativo sobre la materia; tercero, los conflictos que estas modificaciones en la ley generan frente a la eficacia de los principios de favorabilidad laboral y progresividad de los derechos sociales; cuarto, el régimen legal aplicable en materia de pensión de invalidez, en los casos de afiliados afectados por modificaciones normativas contrarias al principio de progresividad; y quinto, con base en lo anterior, se resolverán los casos concretos.
3.2.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela para obtener el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.
El artículo 86 de la Carta Política considera la acción de tutela como un mecanismo subsidiario de defensa judicial, pues en el evento de existir otros medios jurídicos para la protección de los derechos fundamentales, solo procede cuando estos resultan insuficientes o ineficaces para otorgar un amparo integral o para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable,caso en el cual la tutela se concede de manera transitoria, mientras se resuelve en forma definitiva el respectivo asunto por la vía judicial ordinaria.
En razón de su naturaleza eminentemente subsidiaria esta corporación en Sentencia T-1309 del 12 de diciembre de 2005(1)ha sido enfática en señalar que:
“la acción de tutelacomo mecanismo de protección y garantía de los derechos fundamentales no es, en principio, procedente para definir controversias respecto de la titularidad de los mismos, ya que el desconocimiento o vulneración de un derecho presupone su existencia. Excepcionalmente, dichas controversias pueden dar lugar al amparo tutelar, usualmente como mecanismo transitorio de protección para evitar la configuración de un perjuicio irremediable o incluso como mecanismo definitivo en aquellos casos en los que sea posible establecer que la conducta o la omisión del accionado, y de la que resulta la controversia que debería dirimirse en la vía ordinaria, es en sí misma violatoria de los derechos fundamentales del tutelante. Pero de ordinario, en tales eventos, es claro que la protección de los derechos fundamentales pasa por la vía de los procedimientos ordinarios que se han previsto para el efecto, y en los cuales, con el respeto de las garantías propias del debido proceso, habrá de establecerse la titularidad de los derechos, determinarse si ha habido violación o desconocimiento de los mismos, y si es del caso, adoptar las medidas de protección a las que haya lugar”.
En relación con los asuntos de seguridad social, la Corte en Sentencia T-1025 del 10 de octubre de 2005(2) ha señalado:
Ahora bien, esta regla no es absoluta. Así pues, la Corte ha sostenido que, excepcionalmente, es posible reconocer esta clase de derechos por vía de tutela, no solo cuando se ejercen como mecanismo transitorio, evento en el cual es necesario demostrar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, sino también, cuando el medio de defensa judicial previsto en el ordenamiento jurídico, apreciado en concreto, resulte ineficaz para el amparo del derecho fundamental invocado y, las circunstancias específicas del caso, hagan necesaria la protección inmediata en el caso concreto(3).
Sobre este particular, la Corte en la Sentencia T-076 del 5 de febrero de 2003(4), señaló:
“...la jurisprudencia de esta corporación sostiene que la acción de tutela procede a pesar de existir otro medio de defensa judicial, cuando: i) se considera que este es ineficaz debido a que no resuelve el conflicto de manera integral(5), o ii) este no es lo suficientemente expedito frente a la exigencia particular de una protección inmediata, generándose en ambos casos, de no asumirse el conocimiento por parte del juez de tutela, la ocurrencia de un perjuicio irremediable(6).
Ante esta última circunstancia, la existencia de un perjuicio irremediable justifica la procedencia de la acción de tutela de manera transitoria debido a la gravedad de la violación o amenaza, que exige una respuesta impostergable que evite o haga cesar la actividad a través de medidas inmediatas(7)”.
En estos casos, la autoridad judicial analizará las circunstancias concretas en cada caso particular, con el fin de establecer si el medio de defensa judicial ordinario es suficiente para la protección de los derechos fundamentales del accionante, pues ante la afectación de un perjuicio irremediable, el conflicto planteado trasciende el nivel puramente legal para convertirse en un problema de carácter constitucional(8), y este mecanismo de amparo tiene la virtud de “desplazar la respectiva instancia ordinaria para convertirse en la vía principal de trámite del asunto(9)”.
En ese sentido, la Corte en Sentencia T-055 del 2 de febrero de 2006(10), sostuvo:
(ii) que la falta de pago de la prestación o su disminución, genere un alto grado de afectación de los derechos fundamentales, en particular del derecho al mínimo vital;
(iv) que se acredite siquiera sumariamente, las razones por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados.De este modo, deberá analizarse en cada caso concreto si se verifican estos requerimientos a fin de declarar la procedencia del amparo”.
En este orden de ideas, esta corporación en Sentencia T-043 del 1º de febrero de 2007(11), ha reiterado(12) que es posible el amparo constitucional en forma excepcional cuando se presenten las siguientes condiciones: (i) que la negativa al reconocimiento de la pensión de invalidez, jubilación o vejez se origine en actos que en razón a su contradicción con preceptos superiores puedan, prima facie, desvirtuar la presunción de legalidad que recae sobre las actuaciones de la administración pública; (ii) que esa negativa de reconocimiento de la prestación vulnere o amenace un derecho fundamental; y (iii) que la acción de tutela resulte necesaria para evitar la consumación de un perjuicio irremediable.
En el primer caso, la Corte sostiene que cuando la conducta desplegada por las entidades de la administración pública responsables del reconocimiento de derechos pensionales, se muestra desde el principio como contraria a los postulados de índole legal o constitucional, al punto de configurarse una vía de hecho administrativa, el mecanismo de amparo constitucional resulta procedente, aun cuando no se demuestre la afectación del mínimo vital, dado que la protección al derecho se fundamenta, en primer lugar, en la necesidad de proteger al ciudadano de determinaciones abiertamente contrarias al ordenamiento constitucional y, segundo, en la protección de los derechos al debido proceso, a la igualdad, y al principio de dignidad humana de los afectados(13).
En el segundo caso, ha reiterado esta corporación que para que el amparo al derecho pensional esté llamado a prosperar, es necesario demostrar que la falta de reconocimiento, pago o reajuste de esta prestación se encuentre en conexidad con otros derechos fundamentales, tales como la vida, la integridad física y el mínimo vital. Es decir, cuando esta omisión pone en riesgo o amenaza gravemente la vida e integridad de una persona en condiciones dignas, sujeto de especial protección. Esto por cuanto es necesario tener en cuenta que someter a una persona que se encuentra incapacitada para laborar y no cuenta con otra fuente de ingreso, resulta desproporcionado negar el pago de la pensión porque le ocasiona un perjuicio para su vida personal y familiar(14).
Por último, para que proceda la acción de tutela ante la presencia de un perjuicio irremediable, debe comprobar la inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial de los derechos fundamentales que se encuentren amenazados o vulnerados o que de existir, carecen de idoneidad. La Corte ha dicho que para ello debe acreditarse: (i) que sea inminente, es decir, que exige de un grado de certeza de los hechos y las causas del daño; (ii) que sea grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea altamente significativo para ella; (iii) que las medidas de protección sean urgentes para superar el daño, las cuales deben ser proporcionales frente a la inminencia del perjuicio; y (iv) que estas medidas deben ser impostergables, y respondan a condiciones de oportunidad y eficacia, a fin de evitar la consumación del daño irreparable(15).
“tratándose de sujetos de especial protección, el concepto de perjuicio irremediable debe ser interpretado en forma mucho más amplia y desde una doble perspectiva. De un lado, es preciso tomar en consideración las características globales del grupo, es decir, los elementos que los convierten en titulares de esa garantía privilegiada. Pero además, es necesario atender las particularidades de la persona individualmente considerada, esto es, en el caso concreto”(16).
Visto lo anterior, se concluye que para la procedencia de la acción de tutela es necesario demostrar la inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados o que, de existir, carece de idoneidad; caso en el cual, el amparo constitucional se muestra como una medida necesaria para evitar la consumación de un perjuicio irremediable en contra del afectado, para lo cual la Corte analizará las circunstancias concretas para cada caso(17), teniendo en cuenta, la calidad de la persona y el tiempo de afectación al derecho vulnerado(18).
3.2.2. Tránsito normativo de las normas sobre requisitos para acceder a la pensión de invalidez en el régimen general de seguridad social.
Esta disposición fue declarada inexequible por esta corporación en sentencia C-1056 del 11 de noviembre de 2003(19), por vicios de procedimiento en su formación, dado que vulneraba el principio de consecutividad del trámite legislativo.
2. Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimostres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma, y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez”.
Esta disposición, exigía requisitos similares alos contemplados en la Ley 797 de 2003. Sin embargo, se observa que disminuye el porcentaje de fidelidad al sistema del 25% en la anterior norma al 20% en la nueva disposición en el tiempo transcurrido entre el momento en que el afiliado cumplió 20 años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez; así mismo, extiende el requisito de fidelidad al reconocimiento de la pensión de invalidez originada por accidente de trabajo; y por último, estipula que en caso que el afiliado acredite al menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, para obtener la pensión de invalidez solo requerirá haber cotizado 25 semanas en los últimos tres años.
No obstante lo anterior, la Corte, en Sentencia C-428 del 1º de julio de 2009(20) resolvió una demanda de inconstitucionalidad contra este artículo por presunta violación al artículo 53 de la Carta Política, al mostrarse regresiva frente a la protección otorgada por la legislación anterior.
“Ahora bien, la Corte no puede desconocer, al confrontar los textos normativos del artículo 39 (original) de la Ley 100 de 1993 con las modificaciones introducidas en los numerales 1º y 2º del artículo 1º dela Ley 860 de 2003, que el legislador agregó un requisito de acceso al beneficio pensional más gravoso para el cotizante. En la norma —nums. 1º y 2º—, se estipuló la demostración de su fidelidad de cotización para con el sistema con cotizaciones mínimas del “veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez”.
El establecimiento de una exigencia adicional de fidelidad, que no estaba prevista en la Ley 100 de 1993, aparece, prima facie, como una medida regresiva en materia de seguridad social al hacer más riguroso el acceso a la pensión de invalidez (La negrilla es nuestra).
3.2.3. Aplicación del principio de favorabilidad en la determinación de la norma aplicable para el reconocimiento de la pensión de invalidez.
Este tránsito normativo lo resume la Corte en Sentencia T-043 del 1º de febrero de 2007(21), a saber: desde 1994 hasta el 28 de enero de 2003, estuvieron vigentes las reglas de la redacción “original” del artículo 39 de la Ley 100 de 1993. Luego, la Ley 797 de 2003 modificó los requisitos, regulación que tuvo vigencia hasta el 11 de noviembre de 2003, fecha en la que esta corporación declaró inexequible el artículo 11 de la mencionada ley por vicios de procedimiento en su formación. Así, en consideración a lo planteado por la Corte en el sentido que la declaratoria de inexequibilidad de una norma derogatoria conlleva la reincorporación al ordenamiento de la norma derogada(22), el modelo legal del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 pervivió desde el 12 de noviembre de 2003 hasta el 29 de diciembre del mismo año, fecha en la que entró en vigencia la Ley 860 de 2003, cuyo artículo 1º modificó el artículo 39 citado. Y por último, desde esta fecha hasta el 1º de julio de 2009, en la cual la Corte, mediante Sentencia C-428 de 2009 modificó los numerales 1º y 2º del artículo 1º de la Ley 860 de 2003, al declarar inexequible la palabra fidelidad, se exigía el citado requisito.
Ahora bien, ¿qué sucede en los casos en que la norma vigente al momento de estructuración de la invalidez era el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, del cual fue expulsada del ordenamiento jurídico la palabra fidelidad contemplada en los numerales 1º y 2º del citado artículo por cuanto fue declarada inexequible en Sentencia C-428 del 1º de julio de 2009(23)?
En estos casos, se hace referencia al artículo 45 de la Ley 270 de 1996 —estatutaria de administración de justicia—, la cual señala que las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control tienen efectos hacia futuro, a menos que la Corte resuelva lo contrario. Pero en este evento, observamos que la Sentencia C-428 de 2009 no estableció ningún efecto particular en cuanto a la vigencia de la decisión, esto genera controversia, por cuanto otorgar validez a la aplicación del precepto declarado inconstitucional contraería el desconocimiento de los efectos de la cosa juzgada constitucional prevista en el artículo 243 Superior(24).
Este principio encuentra consagración legal en el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual prevé que en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo,prevalece la más favorable al trabajador. Igualmente dispone, que la que se adopte deber ser aplicada en su integridad.
Respecto al principio de favorabilidad, la Corte en la Sentencia SU-1185 de 2001(25), realizó un estudio detallado del su contenido y alcance en materia laboral. En esa oportunidad, la Sala Plena sostuvo lo siguiente:
En efecto, la Sentencia T-1268 del 6 de diciembre de 2005(26), al estudiar un caso similar a los planteados en la referencia, estimó cómo la favorabilidad laboral resulta aplicable,
“no solo cuando existe conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o entre dos normas de idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma que admite varias interpretaciones dentro de los parámetros de razonabilidad y partiendo de la jurisprudencia y doctrina pertinentes. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los elementos del principio de favorabilidad laboral son (i) la noción de “duda” ante la necesidad de elegir entre dos o más interpretaciones, y (ii) la noción de “interpretaciones concurrentes””.|| En estos aspectos, la Corte ha considerado que la “duda” debe revestir un carácter de seriedad y objetividad, pues no sería dable que ante una posición jurídicamente débil, deba ceder la más sólida bajo el argumento que la primera es la más favorable al trabajador.En ese orden, la seriedad yla objetividad de la duda dependen a su vez de la razonabilidad de las interpretaciones. En efecto, la fundamentación y solidez jurídica de las interpretaciones, es la que determina que la duda que se cierna sobre el operador jurídico, sea como tal una duda seria y objetiva”.
En la Sentencia T-974 del 23 de septiembre de 2005(27) la Corte analizó el caso de un trabajador que el día 30 de septiembre de 2003 sufrió un accidente cerebro vascular, que le ocasionó un estado de discapacidad del 73.8%; no obstante, la entidad administradora de pensiones negó la prestación debido a que no se cumplían los requisitos contemplados en el artículo 11 de la Ley 797 de 2003, a pesar de la declaratoria de inexequibilidad ocurrida luego de la estructuración de la invalidez. En esta ocasión esta corporación dio aplicación preferente a las normas favorables para acceder a la pensión de invalidez, entendida como consecuencia necesaria del principio constitucional de favorabilidad laboral.
Del análisis realizado, se puede inferir que la Corte ha insistido que ante las diferentes interpretaciones sobre la norma que aplicable en materia de pensión de invalidez, se debe preferir a las normas que, verificadas las circunstancias de cada caso, se muestren más favorables para el trabajador y, de acuerdo al principio de favorabilidad, se aplicará el precepto que otorgue mejores condiciones al empleado. En los casos en estudio, observamos que se dan las condiciones suficientes que permiten defender la aplicación de los preceptos de la Ley 100 de 1993 u otra norma favorable, en contraposición al requisito de fidelidad exigido en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003.
3.2.4. Principio de progresividad de los derechos sociales. Reiteración de jurisprudencia.
Los artículos 48, 49 y 53 de la Constitución Política, consagran la seguridad social como un derecho constitucional, igualmente dispone que es un servicio público, irrenunciable, el cual debe ser prestado de manera obligatoria, cimentado en los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, participación, y progresividad, cuyo alcance se materializa en la ley(28).
Para los casos sometidos a estudio, se analizará particularmente el principio de progresividad de los derechos sociales.
A partir de la doctrina y la jurisprudencia internacional, la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia ha desarrollado el principio de progresividad de los derechos sociales. Así, esta corporación en Sentencia T-221 del 23 de marzo de 2006(29), al referirse a la progresividad de la seguridad social señaló que “(…) implica, de una parte, el deber del Estado de avanzar en la materialización del derecho en cabeza de todas las personas, procurando el alcance de mayores beneficios por parte de la población y, de otra, la prohibición general, en principio, de establecer medidas regresivas, es decir, medidas que desconozcan reconocimientos que se hayan logrado a favor de los asociados”.
Posteriormente, en Sentencia T-043 del 1º de febrero de 2007(30), señaló que:
En reiteradas oportunidades(31), la Corte ha precisado que el requisito para acceder a la pensión de invalidez contemplado en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, según el cual la fidelidad de cotización para con el sistema debe ser de al menos el 20% entre el momento en que la persona cumplió 20 años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez, es una medida regresiva en materia de derechos sociales, toda vez que con esta norma se imponen requisitos más exigentes para el reconocimiento de la pensión de invalidez, ya que originariamente el artículo 39 de la Ley 100 de 1993(32) no contemplaba esta obligación, pues tan solo se requería la calificación de inválido según las normas pertinentes y un tiempo de cotización de 26 semanas anteriores al tiempo de producirse el estado de invalidez.
Así mismo, la Corte también ha estudiado varios casos en donde la entidad administradora de pensiones ha negado el reconocimiento de la pensión de invalidez cuando el peticionario no cumple los requisitos consagrados en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley860 de 2003(33).
En Sentencia T-628 del 15 de agosto de 2007(34) ha dicho la Corte:
La modificación a estas condiciones fue dada por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, que además de aumentar el número de semanas cotizadas (50 semanas en los últimos tres años), eliminó el evento en donde el peticionario se encontraba desafiliado(35), por lo tanto, quién pretende acceder al reconocimiento de la pensión de invalidez no solo debe encontrarse afiliado sino que también debe acreditar una fidelidad de afiliación al sistema del 20% contabilizado a partir de que el peticionario cumple 20 años hasta el momento de la estructuración de la invalidez.
En Sentencia T-043 del 1º de febrero de 2007(36), esta corporación señaló:
En varias oportunidades, la Corte ha estudiado casos en los cuales ha concluido que debido a la regresividad de la Ley 860 de 2003, este se torna carente de justificación y por ende le ha sido aplicado la excepción de inconstitucional para el caso concreto. Así, en la Sentencia T-1291 del 7 de diciembre de 2005(37) esta corporación estudió el caso de una madre cabeza de familia que sufrió un accidente el 28 de enero de 2004, que le ocasionó una pérdida laboral 69.05% la cual le impedía desempeñar sus labores. En este caso, la subsistencia de la peticionaria dependía del reconocimiento de la pensión de invalidez, para lo cual le fue negada dado que la actora no cumplía con el requisito de semanas que debían cotizarse para acceder a dicha pensión, según lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003.
“Por tratarse de un caso de invalidez por “riesgo común” acaecido el 28 de enero de 2004, la AFP aplicó a la discapacidad y minusvalía de Adriana María Jaramillo Ríos el numeral 1º del artículo trascrito.Con base en este concluyó que ella no cumple con el número de semanas cotizadas en los últimos tres años y negó la prestación.
Sin embargo el razonamiento anterior, aunque en apariencia se ajusta a la ley, vulnera de manera flagrante la Constitución Política y el principio de progresividad del sistema de seguridad social(38). En efecto, hay que tener en cuenta que frente a los requisitos establecidos en el artículo 39 “original” (o derogado el 29 de diciembre de 2003) la señora Jaramillo Ríos sí cumplía con las condiciones para acceder a la prestación y, por tanto, haber aplicado para el caso concreto la modificación hecha por la Ley 860 vulnera el principio de progresividad, el derecho a la seguridad social de la peticionaria y, por conexidad, sus derechos a la igualdad, a la vida digna, el mínimo vital, el trabajo y los derechos de su menor hija, Luisa Fernanda Gutiérrez Jaramillo.
Es de anotar que en vigencia del artículo 39 “original” (o derogado), a la peticionaria se le aplica el numeral 1º de dicha norma, es decir, se le exigirían veintiséis (26) semanas de cotización (sin límite de tiempo) al momento de producirse su estado de invalidez(39). Ahora, conforme al parágrafo de la misma norma, el cálculo de las semanas cotizadas por la actora incluye “el número de semanas cotizadas en cualesquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones”(40). Pues bien, para el efecto esta corporación allegó la totalidad de aportes efectuados al sistema por Adriana María Jaramillo Ríos. Como resultado obtuvo que ella cotizara al Seguro Social un total de 162 semanas. Como conclusión de lo anterior, se puede deducir sin duda, que bajo estas condiciones la actora tiene derecho a la prestación económica derivada de su discapacidad.
En otra situación posterior, esta corporación, en la Sentencia T-221 del 23 de marzo de 2006(41), referida en apartes anteriores, conoció el caso de una mujer de 73 años de edad, quien contrajo cáncer pulmonar que redujo su capacidad laboral en un 58,6%. Una vez solicitada su pensión de invalidez, la entidad prestadora del servicio consideró que la peticionaria no cumplía con el segundo requisito previsto en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, esto es, una fidelidad de afiliación del 20% desde el momento en que la cotizante cumplió 20 años y la fecha en que se produjo la primera calificación del estado de invalidez.
En ese sentido, la Corte en Sentencia T-043 del 1º de febrero de 2007(42) señaló:
En segundo término, para que el amparo constitucional proceda en los casos analizados deberán comprobarse circunstancias de índole fáctica, las cuales tendrán que concurrir ineludiblemente en cada evento concreto, como presupuesto para que el juez de tutela proteja los derechos fundamentales invocados. Así, en primer lugar, en cada caso deberá estarse ante los supuestos que la jurisprudencia constitucional ha previsto para la inminencia de un perjuicio irremediable, habida cuenta que la discusión sobre derechos laborales en un asunto que, de manera general, es de competencia de la jurisdicción ordinaria.Como segunda medida, debe acreditarse que la falta de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez tiene efectos incontrovertibles en términos de vulneración del derecho fundamental al mínimo vital del afiliado. En ese sentido, deberá comprobarse la conexión necesaria entre el pago de la prestación económica y la consecución de las condiciones materiales que garanticen la subsistencia del interesado. De esta manera, en caso que se demuestre que el afiliado cuenta con otras fuentes de ingreso, distintas a la pensión solicitada, el amparo resultará improcedente ante la falta de inminencia de un perjuicio irremediable.
De acuerdo con lo anterior, el requisito de fidelidad no puede ser exigido a los afiliados que soliciten dichas prestaciones, pues solo deben acreditar los porcentajes de pérdida de la capacidad laboral(43) y que hubieren cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la incapacidad, para la solicitud de la pensión de invalidez.
Ahora bien, como podría objetarse para el caso de las solicitudes de pensión de invalidez, que la estructuración de la misma fue anterior a la declaratoria de inexequibilidad de la disposición, es necesario precisar que la sentencia de constitucionalidad corrigió una situación que antaño era contraria al derecho fundamental a la seguridad social en pensiones, limitándose por consiguiente a reafirmar el carácter irregular de una disposición contraria a la Constitución, por consiguiente el pronunciamiento de la Corte “tendría un carácter declarativo y no constitutivo(44)”.
3.2.6.1. Expediente T-2.530.789.
La señora Sonia Maritza Salcedo Gaona a través de apoderado, presentó tutela contrael Fondo de Pensiones BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, con el fin de que se reconociera su pensión de invalidez.
La accionante cuenta actualmente con 30 años y 11 meses de edad, que a pesar de su corta edad, sufre de de cardiopatía congénita e hipertensión pulmonar asintomática, generándole una incapacidad del 72.95% de pérdida de capacidad laboral, estructurada a partir del 10 de octubre de 2008, de origen común. Debido a su enfermedad, no puede volver a trabajar por cuanto su poca capacidad física no se lo permite, sumado a que es una persona carente de recursos para su subsistencia, no solo para ella sino para su madre quien depende económicamente de su ingreso.
Esta situación coloca a la demandante en un completo estado de indefensión y vulnerabilidad evidente, frente al cual los medios ordinarios de defensa no son lo suficientemente expeditos y oportunos para atender la afectación del mínimo vital.
La accionante comenzó a cotizar al fondo de pensiones BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías desde el 21 de septiembre de 2004, y de acuerdo al estudio de las pruebas aportadas, se demostró que la señora Sonia Maritza Salcedo Gaona cotizó al sistema general de pensiones un total de 66,29 semanas en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, por lo que cumplió con el requisito de las 50 semanas cotizadas en ese tiempo.
Pese a lo anterior, el fondo de pensiones BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías le negó la pensión mediante comunicación del 19 de diciembre de 2008, con el argumento de no cumplir con el requisito de fidelidad de aportes al sistema general de pensiones, por cuanto no cumplía con el requisito del 20% que establecía la norma equivalente a 96 semanas de cotización, ya que tan solo alcanzó a cotizar 86 semanas.
La accionante manifiesta que en el mes de marzo del año 2009, interpuso una acción de tutela contra el Fondo de Pensiones BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, la cual le fue negada bajo los argumentos anteriores.
Ahora bien, ¿es procedente la presentación de una nueva tutela en el presente caso, sin que se pueda afirmar la existencia de cosa juzgada o describir la acción como temeraria? Observa la Sala, que la accionante presenta nuevamente la acción de tutela con base en un nuevo elemento material y normativo, cual es la declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional en la Sentencia C-428 del 1º de julio de 2009(45), del requisito de fidelidad de aportes al Sistema General de Pensiones e invocando el principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la Carta Política.
Respecto a esto, el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 describe la actuación temeraria como aquella que se presenta “cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales” y prescribe que su consecuencia es que “se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”. Además, indica que el abogado que incurra en esta conducta “será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar”.
La jurisprudencia constitucional, en desarrollo del anterior artículo, ha determinado que para que se configure la temeridad y se puedan aplicar las consecuencias antes descritas —rechazo o decisión desfavorable y sanciones— se deberá verificar, en primer lugar, si existe una identidad de partes, hechos y pretensiones entre las acciones de tutela interpuestas —lo que coincide con el fenómeno de la cosa juzgada en el caso de que alguna haya sido decidida previamente— y, en segundo lugar, si no existe justificación para ello razón por la cual hay mala fe en la actuación del accionante(46).
Ahora bien, en el caso presente no se encuentran contemplados estos dos elementos por lo que no se configura la temeridad ni la existencia de la cosa juzgada, como ya se dijo anteriormente la nueva acción de tutela se presenta con base en un nuevo elemento material y normativo, como es la inexequibilidad declarada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-428 del 1º de julio de 2009(47), la cual expulsó del ordenamiento jurídico el requisito de fidelidad de aportes al sistema general de pensiones, invocando el principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la Carta Política. En este orden de ideas, desecha latemeridad, pues este no puede abrirse paso cuando no hay mala fe en la actuación de la accionante.
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, se concederá de manera definitiva la presente acción de tutela y, por tanto, la Sala revocará el fallo proferido por el Juez Tercero Penal Municipal de Bogotá, disponiendo que el fondo de pensiones BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda a iniciar el trámite pertinente para reconocer y pagar a la señora Sonia Maritza Salcedo Gaona, en un plazo que no podrá exceder de quince (15) días, la pensión de invalidez respectiva atendiendo la fecha en que solicitó el reconocimiento.
3.2.6.2. Expediente T-2.545.945.
El señor Edgar Enrique Doneys Castaño, presentó acción de tutela contrael Fondo de Pensiones Porvenir S.A., con el fin de que se reconociera su pensión de invalidez.
El accionante cuenta actualmente con 48 años y 9 meses de edad, y se le viene tratando por esquizofrenia desde el año 1998, fecha en la cual se originaron los síntomas, mediante valoración realizada por el grupo interdisciplinario de calificación de pérdida de la capacidad laboral y origen de Seguros Alfa S.A., el día 3 de diciembre de 2008, determinó la patología del señor Doneys como de origen común y califica la pérdida de capacidad laboral en un 57.29% estructurado a partir del 30 de octubre de 2008.
Debido a su enfermedad, no puede trabajar por cuanto su capacidad mental no se lo permite, sumado a que es una persona carente de recursos para su subsistencia.
El accionante solicitó al Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. el trámite de su pensión por invalidez, la cual le fue negada con el argumento de no cumplir con el requisito de fidelidad de aportes al sistema general de pensiones.
Al verificar el acerbo probatorio existente, se observó que el señor Edgar Enrique Doneys Castaño, cotizó al sistema general de pensiones un total de 57 semanas en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, por lo que cumplió con el requisito de las 50 semanas cotizadas, más no cuenta con los 65.28 semanas correspondiente al 20% del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha del dictamen que determina la pérdida de capacidad laboral.
Con base en lo anterior, y tras recordar que el señor Edgar Enrique Doneys Castaño, cumple con los requisitos actualmente vigentes para obtener pensión de invalidez, esta Sala de Revisión ordenará le sea reconocido su derecho a obtener la pensión de invalidez.
Adicionalmente, y si en gracia de discusión se aceptara que resultan constitucionalmente posibles tanto la interpretación que restringe la eficacia de la protección desde el momento en que se profirió la decisión y hacia el futuro, como la que predica su eficacia incluso para las situaciones que se configuraron antes de proferirse la decisión de la Corte, la vigencia del principio pro hominem nuestro orden constitucional obligaría a preferir la interpretación más garantista para los afectados, de manera que también en este caso se estaría ante la misma conclusión, en el sentido de exigir única y exclusivamente los requisitos que siempre estuvieron conforme a la Constitución, en cuanto no incurrían en limitaciones ilegítimas de los derechos.
Con base en los anteriores argumentos esta Sala revocará el fallo del Trece Civil Municipal del 4 de diciembre de 2009, en el trámite de la acción de tutela interpuesta por el señor Edgar Enrique Doneys Castaño y en su lugar, reconocerá el amparo definitivo a sus derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital y a la seguridad social, y se lereconocerá el derecho a la pensión de invalidez.
1. REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Penal Municipal de Bogotá, del 20 de noviembre de 2009, en el trámite de la acción de tutela interpuesta por la señora Sonia Maritza Salcedo Gaona (Exp. T-2530789). En su lugar, CONCEDER el amparo solicitado para proteger sus derechos a la vida, al mínimo vital y a la seguridad social.
2. DECLARAR que la señora Sonia Maritza Salcedo Gaona tiene derecho a la pensión de invalidez y, en consecuencia, ORDENAR al Fondo de Pensiones BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, para que en el lapso de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia proceda a iniciar el trámite pertinente para reconocer y pagar la pensión de invalidez respectiva, desde cuando la peticionaria solicitó su reconocimiento, en un plazo que no podrá exceder de quince (15) días.
3. REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Trece Civil Municipal del 4 de diciembre de 2009, en el trámite de la acción de tutela interpuesta por el señor Edgar Enrique Doneys Castaño (Exp. T-2545945). En su lugar, CONCEDER el amparo solicitado para proteger los derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital y a la seguridad social.
4. DECLARAR que el señor Edgar Enrique Doneys Castaño tiene derecho a la pensión de invalidez y, en consecuencia, ORDENAR a la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. que en el lapso de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia proceda a iniciar el trámite pertinente para reconocer y pagar la pensión de invalidez respectiva, desde cuando la peticionaria solicitó su reconocimiento, en un plazo que no podrá exceder de quince (15) días.
(5) SU-961 del 1º de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(6) Sentencia T-1083 del 11 de octubre de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(7) Sentencia T-076 del 5 de febrero de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(8) Sentencia T-489 del 9 de julio de 1999, M.P. María Victoria Sáchica.
(9) Sentencia T-672 del 13 de noviembre de 1998, M.P. Hernando Herrera Vergara.
(13) Sentencia T-529 del 6 de agosto de 2009 M.P. Humberto Sierra Porto.
(14) Sentencia T-634 del 26 de junio de 2008 M.P. Mauricio González.
(15) SentenciasT-225 de 1993, SU-544 de 2001, T-1316 de 2001, entre otras.
(17) Ver ejemplo sentencia T-043 del 1º de febrero de 2007 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(18) Sobre el perjuicio irremediable, ver sentencias T-1316 de 2001, T-225 de 1993.
(22) Sobre este tópico pueden consultarse las sentencias C-501 de 2001, C-427 de 2002 y C-357 de 2003.
(23) M.P. Mauricio González Cuervo.
(24) Sentencia T-043 del 1º de febrero de 2007 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(28) En Sentencia C-655 de 5 de agosto de M.P. Rodrigo Escobar Gil, se refirió a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, participación, y progresividad.
(31) Sentencias T-221 de 2006, T-043 de 2007, T-018 de 2008, T- 287 de 2008 de 2008, entre otras.
(32) Ley 100 de 1993. ART. 39.—Tendrán derecho a la pensión de invalidez, los afiliados que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sean declarados inválidos y cumplan alguno de los siguientes requisitos:
(33) Sentencias T-1064 de 2006, T-1065 de 2006 y T-628 de 2007.
(35) El artículo 1º de la Ley 860 del 2003 dispuso: ART. 1º—El artículo 39 de la Ley 100 quedará así: ART. 39.—Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones (…) (Subraya fuera del texto).
(38) En sentencia de tutela T-974 de 2005 (M.P. Jaime Araújo Rentería) se da aplicación al artículo 39 derogado en aplicación del principio de favorabilidad ante la declaratoria de inexequibilidad del artículo 11 de la Ley 797 de 2003.
(39) Teniendo en cuenta que se encontraba cotizando al régimen desde el 5 de diciembre de 2003.
(40) Ley 100 de 1993, artículo 33, parágrafo 1º.
(43) Incapacidad superior al 50% exigido por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993.
(44) Sentencia T-609 de 2 de septiembre de M.P. Humberto Antonio Sierra.
(46) Sentencias T-009 de 2000. T-919 de 2003, T-919 de 2004, T-1034 de 2005, T-568 de 2006, T-089 de 2007, T-184 de 2007, T-362 de 2007, T-310 de 2008, T-502 de 2008, T-1104 de 2008, entre otras.
(47) M.P. Mauricio González Cuervo.