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Timestamp: 2018-10-23 16:43:56
Document Index: 387708824

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 14', 'artículo 17', 'artículo 8', 'artículo 36', 'artículo 36']

﻿ SENTENCIA 2013-01841/4080-2015 DE MARZO 16 DE 2017
SENTENCIA 2013-01841 DE 16 DE MARZO DE 2017
CONTENIDO:INDEXACIÓN DEL INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN DE UNA PENSIÓN GRACIA. EL ALTO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO HA PRECISADO QUE LA PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO DE LA MONEDA Y EL FENÓMENO INFLACIONARIO, SON HECHOS NOTORIOS QUE EL SERVIDOR NO ESTÁ OBLIGADO A SOPORTAR, Y QUE POR TAL RAZÓN, TIENE DERECHO A QUE SU PRESTACIÓN SEA INDEXADA, CON EL OBJETIVO DE NO VER TRANSGREDIDOS SUS DERECHOS FUNDAMENTALES, POR TAL RAZÓN, DEBE DARSE APLICACIÓN A LA FÓRMULA ADOPTADA POR CADA UNA DE ELLAS PARA QUE LA PENSIÓN GARANTICE SU PODER ADQUISITIVO.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHOS FUNDAMENTALES, INDEXACIÓN, INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN, PENSIÓN DEL DOCENTE, LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN
Sentencia 2013-01841 de marzo 16 de 2017
Bogotá, D.C. dieciséis (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017).
Rad.: 050012333000201301841 01 (4080-2015)
Demandante: Eyda Córdoba Valencia
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Asunto: Pensión gracia. Indexación de la primera mesada pensional
Al respecto, se observa que en muchas ocasiones los empleados que aspiran al reconocimiento de una prestación pensional, se retiran definitivamente de sus labores al haber cumplido el tiempo de servicio exigido por la ley, sin haber alcanzado la edad necesaria para consolidar su estatus pensional, lo que en la práctica conduce al hecho de que el reconocimiento de su derecho pensional pueda darse incluso años después de haber alcanzado el primero de los requisitos mencionados, esto es, el tiempo de servicio.
Esta situación, deja en evidencia la posibilidad de que al momento en que un docente finalmente adquiera su estatus pensional y le sea reconocido su derecho, se haya producido una devaluación de la moneda por el transcurso del tiempo.
Atendiendo a los argumentos expuestos por la parte demandada en el recurso de apelación, la Sala encuentra que debe determinar si la pensión gracia dada su connotación de ser una prestación especial, puede ser actualizada con base en el índice de precios al consumidor.
Teniendo en cuenta el problema jurídico planteado, la Sala estima que debe resolver los siguientes cargos planteados en la alzada, en el siguiente orden: i) Sobre la pensión gracia; ii) Contexto normativo y jurisprudencial de la actualización de la primera mesada; iii) El caso concreto.
Sobre la pensión gracia.
La pensión gracia fue creada por la Ley 114 de 1913(19) para los educadores de enseñanza primaria que cumplan 20 años de servicio en establecimientos educativos oficiales y 50 años de edad, siempre y cuando demuestren haber ejercido la docencia con honradez, eficacia, consagración, observado buena conducta y que no posean bienes de fortuna.
Según el artículo 1° ibídem, la cuantía de la prestación correspondería a la mitad del sueldo que hubiere devengado el empleado en los dos últimos años de servicio.
Posteriormente, la Ley 4ª de 1966(20) dispuso en su artículo 4º lo siguiente:
La ley antes citada fue reglamentada por el Decreto 1743 de 1966, en su artículo 5° dispuso que las pensiones serían liquidadas tomando como base el 75% del promedio mensual de salarios devengados durante el último año de servicios.
A su vez, esta prestación es compatible con la pensión de jubilación de carácter municipal, departamental, intendencial y distrital.
Las normas especiales que rigen el reconocimiento de la pensión gracia (arts. 4º de la L. 4ª/66 y 5º del D. 1743/66), se aplican bajo el entendido de que el 75% del promedio obtenido en el último año de servicios, es del año inmediatamente anterior a la consolidación del estatus de pensionado, en la que se deben incluir todos los factores salariales percibidos por el docente que ha cumplido los requisitos de tiempo y edad entre otros, vale decir, los que regían para el momento en que se consolidó el derecho.
Contexto normativo y jurisprudencial sobre la actualización de la primera mesada
De la Ley 100 de 1993(21) resaltamos el artículo 14 que dice:
De lo anterior, debe precisarse que dentro del Régimen General de Seguridad Social en Pensiones, no existe norma expresa que establezca la actualización del ingreso base de liquidación pensional diferente al reajuste anual de las mesadas ya reconocidas en los términos del artículo referenciado.(22)
• Sentencia SU-1073/2012 “Derecho a la indexación de la primera mesada pensional y a mantener el poder adquisitivo de las mesadas pensionales”.
“2.4.1.2. (...) las leyes 10 de 1972, 4ª de 1976 y 71 de 1988, establecieron que las pensiones serían reajustadas, cada año, de acuerdo al aumento en el salario mínimo. Igualmente, algunos regímenes especiales como el de los congresistas, consagraron mecanismos para asegurar el poder adquisitivo de la prestación. Así, el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, dispuso que éstas se aumentaran en el mismo porcentaje que se reajusta el salario mínimo.
Del recuento anterior se observa que el legislador ha previsto la manera de actualizar la mesada de quien ha adquirido el derecho a la pensión al momento de encontrarse laborando. Sin embargo, el problema de la indexación de la primera mesada pensional surge en razón de la inexistencia de una norma que establezca con precisión la base para liquidar la pensión de jubilación de quien se retire o sea retirado del servicio sin cumplir la edad requerida, pero cuyo reconocimiento pensional es hecho en forma posterior. (Subraya la Sala).
El derecho laboral es sin duda alguna uno de los campos jurídicos en los cuales adquiere primordial importancia la consideración de los problemas de equidad, humanos y sociales, que surgen de la inflación galopante. No puede olvidarse que del trabajo depende la subsistencia y la realización de los seres humanos, y que el derecho laboral tiene un contenido específicamente económico, en cuanto regula jurídicamente las relaciones de los principales factores de producción —el trabajo, el capital y la empresa—, afectados directamente por la inflación. Sin embargo, justo es confesar que la estimulación de este grave problema, por la ley por la doctrina y por la jurisprudencia de Colombia ha sido mínima por no decir inexistente o nula. Se reduciría al hecho de que, en la práctica el salario mínimo se reajusta periódicamente, como es de elemental justicia, teniendo en cuenta el alza en el costo de la vida, aunque no de manera obligatoria, proporcionada o automática. Y a que, como es sabido, las pensiones de jubilación o de vejez, de invalidez y de sobrevivientes, se reajustan por mandato de la ley teniendo en cuenta esos aumentos en el salario mínimo (leyes 10 de 1972 y 4ª de 1976)}.
Cabe señalar que la Sección Segunda de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, sostenía la tesis contraria y consideraba que no era posible la aplicación de la teoría de la indexación a las deudas laborales, a menos que estuviese expresamente consagrado por el legislador (Sent. de 11 de abril de 1987)(23). Sin embargo, en la Sentencia del 8 de abril de 1991 (proferida con anterioridad a la expedición de la Constitución el 7 de julio de 1991) se unifica la postura de la Sala Laboral y se dijo que la indexación era un factor o modalidad del daño emergente y que, por tanto, al disponer pago de los perjuicios compensatorios que se encontraban tasados expresamente en el artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, debía ser incluida para que la satisfacción de la obligación fuera completa.(24)
2.4.3.1. Como referente jurisprudencial se encuentra la Sentencia SU-120 de 2003(25), en la cual se unificó la doctrina sentada hasta ese momento por las salas de revisión de esta corporación concerniente a la procedencia de la indexación pensional por medio de la acción de tutela, en aplicación, entre otros, de los principios laborales de favorabilidad y efectividad de los derechos.
2.4.3.2. De igual manera, en el ámbito del control abstracto de constitucionalidad, mediante las sentencias C-862 de 2006(26) y C-891-A del mismo año(27), esta corporación se pronunció sobre la exequibilidad de los artículos 8° de la Ley 171 de 1961 y 260 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo, respectivamente, proclamando el derecho universal de los jubilados a la indexación de la primera mesada pensional.
(...) 2.5.3. La jurisprudencia constitucional ha predicado el carácter universal de la indexación de la primera mesada pensional.
“En cuanto a la imprescriptibilidad del derecho a la indexación de la primera mesada pensional y su relación con el requisito de la inmediatez, señaló la Corte Constitucional en Sentencia T-042 de 2011 que la negativa a su reconocimiento “(...) puede originar la vulneración, amenaza o desconocimiento de un derecho que implica una prestación periódica, por lo que su afectación, en caso de presentarse alguna, se habría mantenido durante todo el tiempo, siendo soportada incluso hoy en día por los ex trabajadores y ahora pensionados de la accionada. Son estas las razones que llevan a la Sala a concluir que la vulneración señalada, en caso de presentarse, tiene un carácter de actualidad, lo que confirma que en esta específica situación se cumple con el requisito de la inmediatez y, por consiguiente, se satisfacen los presupuestos exigidos para declarar procedente la acción”.
Así las cosas, la nueva tesis de esta Sala, sostiene que resulta viable la actualización del salario que sirve de base para calcular el monto inicial de la mesada pensional, incluso respecto de aquellas jubilaciones causadas con anterioridad al 7 de julio de 1991 y su respaldo, se finca en la existencia de otros parámetros, igualmente válidos, como lo son la equidad, la justicia y los principios generales del derecho, que gozan de fuerza normativa, en los términos de los artículos 8º de la Ley 153 de 1887 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo.
El alto tribunal en lo contencioso administrativo, en providencia del 10 de julio de 2014(28) proferida por la Sección Segunda, Subsección B, expuso sobre el asunto lo siguiente:
La Subsección A de la misma Sección al entrar a resolver sobre un caso en el cual el peticionario cumplió el tiempo de servicio antes de la edad requerida para acceder al derecho prestacional —pensión gracia—, desplegó en la sentencia de 17 de agosto de 2011(29) las siguientes consideraciones:
En el mismo sentido se pronunció la Corporación en la sentencia del 6 de octubre de 2011(30).
La Sentencia T-098 de 4 de febrero de 2005 proferida por la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, definió la fórmula para indexar la primera mesada pensional así:
Después establecerá la diferencia resultante entre lo que debía pagar y lo que efectivamente pagó como consecuencia del reconocimiento de la pensión. De dichas sumas no se descontarán los aportes que por ley corresponda hacer al pensionado al sistema de seguridad social en salud, pues existe prueba en el expediente de que éstos fueron pagados.(31)
“Sin embargo, al aplicar la fórmula para indexar la primera mesada pensional de la demandante, se remitió a la sentencia del 14 de noviembre de 2007 con radicación Nº 30486, posición que fue rectificada por esta corporación, a través de la sentencia CSJ SL, 13 dic 2007, Rad. 30602, reiterada en la CSJ SL, 16 Oct 2013, Rad. 47709, entre muchas otras, en la que se dijo:
De la aplicación indebida de la fórmula, se desprende el error del tribunal pues la adoptada por esta corporación, que recogió la de la sentencia del 14 de noviembre de 2007 con radicación Nº 30486, impone que los IPC a tener en cuenta son los correspondientes al 31 de diciembre de 1982 (inicial) y al 31 de diciembre de 1992 (final), pues con ello se cumple con el cometido del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que se centra en actualizar anualmente la base salarial, a efectos de determinar la mesada pensional, con lo que se garantiza que los elementos que integran el IBL conserven su valor; función que se logra adecuando la mencionada norma a cada situación, para lo cual debe buscarse la fórmula que más se ajuste al mecanismo para mantener el poder adquisitivo; por eso al multiplicar el valor monetario por el IPC final, y dividirlo por el inicial, se cumple con los postulados de la preceptiva estudiada, así como la de los artículos 48 y 53 de la Constitución Política».
En tal sentido, el salario actualizado de la demandante corresponde a la suma de $ 159.279,33, que al aplicarle una tasa del reemplazo del 75%, arroja como primera mesada pensional $ 119.459,50, valor que debidamente actualizado hasta la fecha en que el Instituto de Seguros Sociales reconoció la prestación de vejez el 24 de enero de 1998 (fl. 7), arroja como resultado $ 306.995,54”.
a) Con base en la variación porcentual del índice nacional de precios al consumidor certificado por el DANE para el año calendario inmediatamente anterior, es decir, incrementando anualmente los ingresos bases de cotización hasta llegar a la fecha de la última cotización realizada [operación que se realiza con el certificado índice de precios al consumidor (IPC)-variaciones porcentuales)].
b) Multiplicando el salario base de cotización por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor del acumulado a diciembre de la anualidad anterior a la fecha de causación de la pensión entre el índice inicial del acumulado al mismo mes de la anualidad anterior a la fecha de cotización de cada salario base [operación que se realiza con el certificado de índice de precios al consumidor (IPC)-índices-serie de empalme)].
Conclúyase entonces, que no pudo el tribunal haber incurrido en error, pues utilizó los indicadores nacionales certificados por el DANE —que conforme al art. 191 del CPC son un hecho notorio—, que reposan en la página de Internet www.dane.gov.co, de acceso libre al público, y que son los únicos que sirven para los efectos de la actualización de los salarios de que trata el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. (Negrillas fuera del texto)”.
En reciente sentencia de 27 de agosto de 2015 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda(32), se reiteró la fórmula que ha acogido esta corporación para aplicar la actualización monetaria de la primera mesada pensional cuando un empleado se retira del servicio antes de llegar a la edad requerida en la ley y su pensión es reconocida tiempo después, la cual coincide con las adoptadas por la Corte Constitucional y por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
“ART. 187.—Contenido de la sentencia. (...) Las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero se ajustarán tomando como base el índice de precios al consumidor”.
Ahora, la jurisprudencia de la corporación(33) sobre la actualización de las condenas y la corrección monetaria en el año 1990 dijo:
“... La corrección monetaria con referencia a ingresos provenientes de un trabajo no se estima con fundamento en la desvalorización del peso colombiano en relación con alguna moneda sino en relación con la variación del índice de precios al consumidor en un periodo dado y no por el sistema de porcentajes acumulados, para cuyo efecto se toma el citado índice en el mes y año de la sentencia en concreto o del incidente regulador si aquella se pronunciare en abstracto y se divide por el índice del mes y año de la causación del perjuicio y el factor así obtenido se multiplica por el capital o la suma que se actualiza, que no es otro que el porcentaje del ingreso mensual que correspondiera al demandante a cuyo favor se profiere la sentencia. Por esto, en general, no es necesaria la práctica de una peritación, sino que probados los ingresos de la víctima y la vida probable de ésta en relación con quienes la sobreviven, así como la dependencia económica de éstos con aquella, le basta al juzgador aplicar las fórmulas de matemáticas que al efecto existen...”.
VP = Vh ------------------------
En virtud de lo expuesto, la Sala encuentra que ante el vacío normativo existente en relación con la indexación del ingreso base de liquidación de una pensión gracia, la jurisprudencia de esta corporación y de las demás altas cortes, han establecido de forma pacífica, que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y el fenómeno inflacionario, son hechos notorios que el servidor no está obligado a soportar, y que por tal razón, tiene derecho a que su prestación sea indexada con el fin de no ver transgredidos sus derechos fundamentales, y en tal virtud, debe darse aplicación a la fórmula adoptada por cada una de ellas para que la pensión garantice su poder adquisitivo.
Del material probatorio recaudado dentro del presente proceso, se pudo acreditar lo siguiente:
— La demandante cumplió 50 años de edad el 10 de octubre de 1983, según información contenida en la cedula de ciudadanía visible a folio 17 y completó los 20 años de servicio como docente nacionalizada el 29 de diciembre de 1980, de acuerdo con la información visible en el Formato Único Para la Expedición de Certificado de Historia Laboral emanado de la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia (fl. 19).
— La Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) reconoció la pensión gracia mediante la Resolución 11447 de 8 de noviembre de 1984, en cuantía de $ 14.239,21 con efectos a partir del 10 de octubre de 1983, fecha en la cual llegó a la edad de 50 años no obstante haberse retirado del servicio el día 29 de diciembre de 1980 (fls. 2-4).
— La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), mediante la Resolución RDP001608 de 16 de enero de 2013, resolvió la solicitud de reliquidación pensional solicitada el 1° de octubre de 2012, argumentando que tras haber efectuado la respectiva operación aritmética encontró que el valor calculado era de $ 12.874, es decir, inferior a la cuantía de la mesada reconocida, por lo que en virtud del principio de favorabilidad mantuvo la pensión en las condiciones iniciales sin atender la actualización de la pensión (fls. 6-8).
— La UGPP a través de la Resolución RDP013011 de 18 de marzo de 2013, resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el acto administrativo anterior, confirmándolo en todas sus partes, y señaló que la primera mesada de la pensión gracia no puede indexarse toda vez que ésta prestación es una dádiva (fls. 15-16).
— Los factores salariales devengados durante el último año de servicios contenidos en el Certificado de Factores Salariales expedido por la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia, causados en los años 1979 y 1980 (fl. 20).
— Certificado de salarios devengados por la demandante, expedido el 21 de febrero de 1980 por la dirección de relaciones laborales del Departamento de Antioquia, en el que informa lo percibido por ella en los años 1979 y 1980, los cargos desempeñados y el tiempo de servicio prestado desde 1955 hasta 1980 (fl. 113).
Afirma la actora, que se retiró del servicio el 29 de diciembre de 1980 cuando cumplió 20 años de servicio docente, y que al llegar a los 50 años de edad, eso es, el 10 de octubre de 1983, solicitó ante Cajanal el reconocimiento de la pensión gracia, la cual fue concedida y liquidada mediante la Resolución 11447 del 8 de noviembre de 1984 con efectos fiscales a partir de la fecha en que consumó la edad requerida para tal fin.
El punto en discusión, radica en que la prestación no fue indexada a pesar de haber sido recocida en 1983, ante la pérdida del valor adquisitivo de la moneda tras haber transcurrido más de 2 años entre la fecha del retiro del servicio y la de su reconocimiento.
Ahora bien, cabe resaltar de acuerdo con la valoración de las pruebas allegadas al proceso, que la accionante solicitó el 1º de octubre de 2009 ante la UGPP la reliquidación e indexación de la primera mesada pensional, y que mediante la Resolución 001608 de 16 de enero de 2013 concluyó atendiendo a sus consideraciones: 1) Que el monto de la pensión debió ser de doce mil ochocientos setenta y cuatro pesos ($ 12.874) m/cte., y no de catorce mil doscientos treinta y nueve pesos ($ 14.239,21) m/cte. con veintiún centavos como fue reconocida en la Resolución 11447 de 8 de noviembre de 1984; y 2) Que luego de hacer el análisis jurídico de la petición, la primera mesada de la pensión gracia no puede ser indexada, concluyó el ente previsional.
En ese orden, siguiendo los lineamientos fijados en las normas citadas y en la jurisprudencia que sobre el tema se encuentra vigente en la corporación y que se han expuesto en ésta providencia, es preciso recalcar, que la Constitución Política establece en sus artículos 48 y 53, el deber de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, y dar aplicación efectiva a los principios de favorabilidad y de -indubio pro operario- a favor del empleado, razón por la cual, no le asiste razón constitucional ni legal a la entidad demandada para negar la actualización de la primera mesada de la prestación en cuestión, aunque a su parecer estime que éste derecho sólo se aplica a determinadas categorías de pensionados excluyendo a la pensión gracia, cuando en realidad todos ellos se encuentran en la misma situación y se verán afectados en su mínimo vital por el efecto que genera la depreciación monetaria.
Atendiendo los principios de legalidad y favorabilidad y a los fundamentos jurídicos expuestos en esta providencia, se ordenará a la UGPP a que proceda a indexar la primera mesada de la demandante aplicando la fórmula aquí esbozada, pero para ello precisa la Sala, que deberá partir de la cuantía de doce mil ochocientos setenta y cuatro pesos ($ 12.874) m/cte. definida en la Resolución 001608 de 16 de enero de 2013, tomando el IPC mes a mes desde el 29 de diciembre de 1980 hasta el 10 de octubre de 1983, teniendo presente las diferencias canceladas al momento de efectuar el pago.
Abordando lo concerniente a la prescripción de las diferencias de las mesadas pagadas, se debe tener en cuenta, que del acervo probatorio se ha comprobado que la demandante presentó la solicitud de reliquidación y de la indexación de su pensión ante la entidad prestacional el 1° de octubre de 2012, lo que permite determinar que el término prescriptivo se interrumpió el día en que fue radicada la petición, razón por la cual, se deben pagar las diferencias respecto de las mesadas causadas a partir del 1º de octubre de 2009. Luego de ello, deberá continuar efectuando el pago de la pensión con el nuevo valor que corresponda.
Así las cosas, se confirmará la decisión proferida en primera instancia bajo los condicionamientos y precisiones esbozados en ésta providencia.
1. CONFIRMAR la sentencia del 25 de junio de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, modificando el numeral segundo de su parte resolutiva, en el sentido de tener en cuenta que la cuantía de la primera mesada que deberá indexar la demandada corresponde a $ 12.874.
2. RECONOCER personería al abogado Carlos Arturo Orjuela Góngora, identificado con C.C. 17.174.115 de Bogotá y T.P. 6.491 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), en los términos y para los efectos conferidos en el poder obrante a folio 165 del expediente.
Magistrados: Sandra Lisset Ibarra Vélez—César Palomino Cortés—Carmelo Perdomo Cuéter, ausente con permiso».
19 “Que crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela”.
20 “Por la cual se provee de nuevos recursos a la caja nacional de previsión social, se reajustan las pensiones de jubilación e invalidez y se dictan otras disposiciones”.
21 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.
22 «ART. 14.—Reajuste de pensiones. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del índice de precios al consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el gobierno. (...)».
23 Rad. 12, M.P. Rafael Baquero Herrera.
24 Cfr. Sentencia C-862 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
25 Sentencia del 13 de febrero de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
26 Sentencia del 19 de octubre de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
27 Sentencia noviembre 1° de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
28 C.P. Gerardo Arenas Monsalve, Rad. 1767-2014.
29 C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, Rad. 2029-2010.
30 C.P. Gerardo Arenas Monsalve, Rad. 2054-2010.
31 Fls. 167-175 del Cuaderno que contiene la actuación del proceso laboral en primera y segunda instancia.
32 M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad. 0432-2014.
33 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, C.P. Dr. Gustavo de Greiff Restrepo. 7 de julio de 1990, Rad. 5980. Actor: Arcelia Tovar de Trujillo. Demandado: Nación – Policía Nacional.