Source: https://www.derechoecuador.com/registro-oficial/2003/09/registro-oficial-29-de-septiembre-del-2003
Timestamp: 2019-10-17 13:17:35
Document Index: 325931034

Matched Legal Cases: ['artículo 150', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 11', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 17', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3']

Registro Oficial. 29 de SEPTIEMBRE del 2003
Lunes, 29 de Septiembre del 2003 - R. O. No. 179
856 Refórmase el Estatuto\n de la Fundación "Ecuador 2004", expedido mediante\n Decreto Ejecutivo N0 720, publicado en el Registro Oficial N0\n 150 de 19 de agosto de 2003
857 Refórmase el Decreto\n Ejecutivo N0 720, publicado en el Registro Oficial N0 150 de\n 19 de agosto de 2003.
858\n Ratificase el\n "Acuerdo de Reconocimiento de Certificados de Conformidad\n con Reglamentos Técnicos y Normas Obligatorias entre Perú\n y Ecuador"
Califícanse a\n varias personas para que puedan ejercer el cargo de auditor interno,\n de bienes inmuebles en las cooperativas de ahorro y crédito,\n de productos agrícolas, en los bancos privados, en el\n Banco Nacional de Fomento y en las instituciones del sistema\n financiero que se encuentran bajo control de ésta:
SBS-DN-2003-0636 Ingeniero comercial Mareo Ernesto\n Herrera Balarezo
SBS-DN-2003-0638 Compañía "PYA\n Peritajes y Avalúos
SBS-DN-2003-0640 Arquitecto Luis Alberto Suárez\n Farías.
SBS-DN-2003-0641 Ingeniero civil Patricio Alfonso\n Nardi
SBS-DN-2003-0643\n Ingeniero civil\n Luis Gerardo Calvache Valladares
SBS-DN-2003-0648 Ingeniero agrónomo Cristóbal\n Enrique Viteri Naranjo.
SBS-DN-2003-0650\n Doctor en medicina\n veterinaria y zootecnia Vicente Napoleón Cueva Cabrera.
SBS-DN-2003-0651 Ingeniero agrónomo Luis\n Israel Aragundi Castro
232-03\n Simón\n Bolívar Tobar Realpe y otros por plagio en perjuicio del\n ingeniero Jaime Fernando Zavala Guadalupe.
233-03	Segundo Antonio Collahuazo\n Galeano por homicidio simple
234-03	Federico Edmundo Cárdenas\n Bojorque por agresión sexual en perjuicio de la menor\n Andrea Lisseth Bojorque.
236-03	César José Soza\n Villigua por homicidio del ingeniero Manuel Enrique Zhingre Pacha.
237-03	Javier Ulises Tocto Palacios\n por estafa a Onofre Procelio Ludeña Sánchez \n
240-03	Manuel Eugenio Encalada Gálvez\n por el delito de robo previsto y sancionado en los artículos\n 550 y 551 del Código Penal
241-03	Olga Calderón Ramos\n por el delito previsto y sancionado en el Art. 403 del Código\n Penal.
243-03	Germán Mora Carpio por\n el delito de robo previsto y sancionado en los artículos\n 550 y 551 del Código Penal.
244-03	Wilson Edmundo Castañeda\n Peña y otros por el delito de plagio tipificado y sancionado\n por los artículos 188 y 189 del Código Penal
245-03	Edison Patricio Zumba Escudero\n por el delito tipificado y reprimido en el Art. 569 del Código\n Penal en perjuicio de C.A. Ecuatoriana de Cerámica.. \n
246-03	Nelson Fernando Rojas Barros\n por el delito de robo previsto y sancionado en el Art. 552 del\n Código Penal..
247-03	José Ramiro Silva Silva\n por el delito de abigeato tipificado y sancionado por los artículos\n 554 y 555 del Código Penal en perjuicio de Celia Puchicela
29-IP-2003\n Interpretación\n prejudicial de los artículos 58, literal g), 65 y 66 de\n la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,\n formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso\n Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de\n Quito; e interpre-tación de oficio de las disposiciones\n contenidas en los artículos 56, 58, literal f), 67 y 72\n ibídem, así como del artículo 150 y del\n inciso tercero de la disposición transitoria primera de\n la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad\n Andina. Marca: "POPS (mixta)". Actora: Sociedad KELLOGG\n COMPANY. Proceso interno N0 4879-MP
-\n Cantón El Pan: Que reglamenta el servicie de agua\n potable
-\n Cantón El Pan:\n Que reglamenta el cobre de la tasa por el servicio de alcantarillado.
-\n Cantón El Pangui: Reformatoria\n a la Ordenanza que regula la ocupación de mercados..\n \n
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 720, publicado en el Registro\n Oficial No. 150 de 19 de agosto de 2003, se aprobó el\n estatuto y concedió personería jurídica\n a la Fundación Ecuador 2004, y se le autorizó para\n que suscriba el contrato con la Empresa MISS UNIVERSE L.P.; LLP;\n mediante el cual el país el año próximo\n asume las obligaciones de anfitrión del Concurso Miss\n Universo;
Que en el artículo 5 del estatuto de la referida fundación\n se establece la composición de su Directorio;
Que es necesario que ese cuerpo colegiado esté integrado\n por un número significativo de representantes del gobierno\n nacional; y,
Expedir la siguiente reforma al Estatuto de la Fundación\n "Ecuador 2004".
Art. 1.- Refórmase el Art. 5 del Estatuto de la Fundación\n "Ecuador 2004", por el siguiente:
El Directorio de la FUNDACIÓN "ECUADOR - 2004"\n es el máximo organismo de la misma y estará integrado\n por los siguientes miembros:
a)	Dos delegados del señor Presidente de la República;
b)	Ministro(a) de Comercio Exterior, Industrialización,\n Pesca y Competitividad, quien lo presidirá;
c)	Ministro de Relaciones Exteriores, o su delegado;
d)	Ministro de Economía y Finanzas, o su delegado;
e)	Ministro de Turismo, o su delegado;
f)	Secretario General de Comunicación;
g)	El Alcalde del Distrito Metropolitano del Ilustre Municipio\n de Quito;
h)	El Alcalde del Ilustre Municipio de Guayaquil;
i)	El Alcalde del Ilustre Municipio de Cuenca;
j)	Un representante de la Federación de Cámaras\n de Turismo (FENACAPTUR);
k)	Un representante de la Asociación de Agencias de\n Viajes, Operadores de Turismo y Mayoristas (ASECUT); y,
l) Un representante de la Federación Hotelera del\n Ecuador (AHOTEC).".
Art. 2.- En el penúltimo inciso del Art. 7, añádase:\n "En caso de empate en la votación se adoptará\n la decisión en el sentido del voto del Presidente del\n Directorio".
Art. 3.- En el literal c) del Art. 10 elimínense las\n palabras "las" e "interpersonales".
Art. 4.- El presente decreto entrará en vigencia a\n partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 19 de septiembre\n de 2003.
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 720, publicado en el Registro\n Oficial No. 150 de 19 de agosto de 2003, se aprobó el\n Estatuto y concedió personería jurídica\n a la Fundación "Ecuador 2004", y se le autorizó\n para que suscriba el contrato con la Empresa MISS UNIVERSE L.P.;\n LLP, mediante el cual el país el año próximo\n asume las obligaciones de anfitrión del Concurso Miss\n Universo;
Que el artículo 5 del referido decreto, dispone que\n el Ministerio de Economía y Finanzas transfiera directamente\n a la referida fundación, los recursos necesarios para\n el pago de los derechos a la Empresa MISS UNIVERSSE LP.; LLP;
Que el Ministerio de Economía y Finanzas mediante oficio\n No. 3793-SGC-2003 de 15 de agosto de 2003, manifiesta que esa\n Cartera de Estado cuenta con los recursos necesarios para cubrir\n con los gastos derivados del citado evento; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos\n 171, numeral 9 de la Constitución Política de la\n República,
Expedir la siguiente reforma al Decreto Ejecutivo No. 720,\n publicado en el Registro Oficial No. 150 de 19 de agosto de 2003.
Art. 1.- Sustitúyase el Art. 5 por el siguiente:
"Art. 5.- El Ministerio de Economía y Finanzas\n asignará al Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización,\n Pesca y Competitividad, la cantidad de cinco millones de dólares\n ($ US 5'000,000.oo) a fin de que éste entregue a la Fundación\n "Ecuador 2004" o transfiera directamente a la empresa\n MISS UNIVERSSE LP.; LLP. si así lo solicitare la Fundación\n "Ecuador 2004", como aporte del Estado ecuatoriano,\n para pagar los derechos para ser anfitrión del evento\n Miss Universo 2004.
Dicha suma será transferida según el cronograma\n y plazos conforme a lo acordado entre la Fundación "Ecuador\n 2004" y la firma Miss Universse L.P.; LLP".
Art. 2.- De la ejecución del presente decreto, que\n entrará en vigencia a partir de la presente fecha sin\n perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguense\n a los ministros de Economía y Finanzas y de Comercio Exterior,\n Industrialización, Pesca y Competitividad.
N0 858
Que en la ciudad de Lima, Perú con fecha 8 de marzo\n de 2002, los gobiernos ecuatoriano y peruano suscribieron el\n "Acuerdo de Reconocimiento de Certificados de Conformidad\n con Reglamentos Técnicos y Normas Obligatorias entre Perú\n y Ecuador", por medio del cual las partes se comprometen\n a reconocer los certificados de conformidad emitidos por los\n organismos de certificación acreditados o reconocidos\n por ambos países, con los que se evalúa el cumplimiento\n de los reglamentos o normas técnicas de observancia obligatoria,\n mismos que tendrán validez de un (1) año y que\n amparan los lotes de determinados productos a ser exportados\n durante dicho período, exceptuándose aquellos concernientes\n a aspectos sanitarios, fito y zoosanitarios y los que son regulados\n por disposiciones comunitarios especificas;
Que la Asesoría Técnico Jurídica del\n Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante dictámenes\n 1 6-ATJ de 10 de enero de 2003 y 243/2003-ATJ-DGT de 18 de agosto\n de 2003, manifiesta que el referido instrumento bilateral, por\n no encontrarse incurso en ninguno de los numerales del artículo\n 161 de la Constitución Política vigente, puede\n ser ratificado por el Presidente Constitucional de la República\n de conformidad con la disposición establecida en el artículo\n 171, numeral 12 de la Constitución Política del\n Ecuador;
Que luego de examinar el referido acuerdo, lo considera conveniente\n para los intereses del país; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confieren el artículo\n 171, numeral 12 de la Constitución Política del\n Estado y el artículo 11, literal ch) del Estatuto del\n Régimen Jurídico Administrativo de la Función\n Ejecutiva vigentes,
ARTICULO PRIMERO.- Ratificase el "Acuerdo de Reconocimiento\n de Certificados de Conformidad con Reglamentos Técnicos\n y Normas Obligatorias entre Perú y Ecuador", suscrito\n por los gobiernos de los dos países en la ciudad de Lima,\n Perú el 8 de marzo de 2002.
ARTICULO SEGUNDO.- Publíquese en el Registro Oficial\n el texto del referido instrumento internacional, al cual lo declara\n Ley de la República, comprometiendo para su observancia\n el Honor Nacional.
Dado en Quito, en el Palacio Nacional, a 22 de septiembre\n de 2003.
No. SBS-DN-2003-0636
Que en el Subtitulo III "Auditorias", del Título\n VIII "De la contabilidad, información y publicidad"\n de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia\n de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, consta el Capítulo\n II "Normas para la calificación de los auditores\n internos de las entidades sujetas al control de la Superintendencia\n de Bancos y Seguros";
Que el ingeniero comercial Marco Ernesto Herrera Balarezo,\n ha presentado la solicitud y documentación respectivas\n para su calificación como auditor interno, las que reúnen\n los requisitos exigidos en las normas reglamentarias pertinentes.
Que a la fecha de expedición de esta resolución\n el ingeniero comercial Marco Ernesto Herrera Balarezo, no registra\n hechos negativos relacionados con central de riesgos, cuentas\n corrientes cerradas y cheques protestados; y,
En ejercicio de las facultades conferidas en la letra a) del\n artículo 17 de la Resolución ADM-2003-6473 de 15\n de agosto de 2003,
ARTICULO 1.- Calificar al ingeniero comercial Marco Ernesto\n Herrera Balarezo, portador de la cédula de ciudadanía\n No. 1700 12704-4, para que pueda desempeñarse como auditor\n interno en las instituciones del sistema financiero, que se encuentran\n bajo el control de esta Superintendencia de Bancos y Seguros.
Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.-\n Dada en la Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito, Distrito\n Metropolitano, el primero de septiembre de dos mil tres.
Lo certifico.- Quito, Distrito Metropolitano, el primero de\n septiembre de dos mil tres.
Superintendencia de Bancos y Seguros.- Certifico que es fiel\n copia del original.- f.) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Secretario General.-\n 18 de septiembre de 2003.
No. SBS-DN-2003-0638
Que según lo dispuesto en el articulo 3 de la Sección\n 1 "Definiciones, requisitos incompatibilidades y registro",\n del Capitulo II "Normas para la calificación y registro\n de los peritos avaluadores", del Subtitulo IV "De las\n garantías adecuadas", del Titulo VII "De los\n activos y limites de crédito" de la Codificación\n de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y\n de la Junta Bancaria, corresponde a la Superintendencia de Bancos\n y Seguros calificar la idoneidad y experiencia del perito avaluador;
Que la Compañía "PYA PERITAJES Y AVALÚOS",\n a través de su representante legal, ha presentado la solicitud\n y documentación respectivas para su calificación\n como perito avaluador, las que reúnen los requisitos exigidos\n en las normas reglamentarias pertinentes;
Que a la fecha de expedición de esta resolución,\n la Compañía "PYA PERITAJES Y AVALÚOS"\n no registra hechos negativos relacionados con central de riesgos,\n cuentas corrientes cerradas y cheques protestados; y,
En ejercicio de las facultades conferidas en la letra a) del\n articulo 17 de la Resolución ADM-2003-6473 de 15 de agosto\n de 2003,
ARTICULO 1.- Calificar a la Compañía "PYA\n PERITAJES Y AVALÚOS", con registro único de\n contribuyentes No. 1890142237001, para que pueda desempeñarse\n como perito avaluador de bienes inmuebles en las instituciones\n del sistema financiero que se encuentran bajo el control de la\n Superintendencia de Bancos y Seguros.
ARTICULO 2.- Disponer que se incluya la presente resolución\n en el Registro de Peritos Avaluadores se le asigne el número\n de registro N0 PA-2003-501 y se comunique del particular a la\n Superintendencia de Compañías.
Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.-\n Dada en la Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito, Distrito\n Metropolitano, el uno de septiembre de dos mil tres.
Lo certifico.- Quito, Distrito Metropolitano, el uno de septiembre\n de dos mil tres.
No. SB-DN-2003-0640
Que según lo dispuesto en el articulo 3 de la Sección\n 1 "Definiciones, requisitos, incompatibilidades y registro",\n del Capitulo II "Normas para la calificación y registro\n de peritos avaluadores", del Subtítulo IV "De\n las garantía s adecuadas", del Título VII\n "De los activos y límites de crédito"\n de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia\n de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, corresponde a la\n Superintendencia de Bancos y Seguros calificar la idoneidad y\n experiencia del perito avaluador;
Que el arquitecto Luis Alberto Suárez Farías,\n ha presentado la solicitud y documentación respectivas\n para su calificación como perito avaluador, las que reúnen\n los requisitos exigidos en las normas reglamentarias pertinentes;
Que a la fecha de expedición de esta resolución\n el arquitecto Luis Alberto Suárez Farías no registra\n hechos negativos relacionados con la central de riesgos, cuentas\n corrientes cerradas y cheques protestados; y,
En ejercicio de las facultades conferidas en la letra b) el\n artículo 17 de la Resolución No. ADM-2003-6473\n de 15 de agosto de 2003,
ARTICULO 1.- Calificar al arquitecto Luis Alberto Suárez\n Farías, portador de la cédula de ciudadanía\n No. 090741850-3, para que pueda desempeñarse como perito\n avaluador de bienes inmuebles en las instituciones financieras\n públicas, que se encuentran bajo el control de la Superintendencia\n de Bancos y Seguros.
ARTICULO 2.- Disponer que se incluya la presente resolución\n en el Registro de Peritos Avaluadores, se le asigne el número\n de registro No. PA-2003-502 y se comunique del particular a la\n Superintendencia de Compañías.
f.) Teresa Rada Torres, Secretaria General, encargada
No. SBS-DN-2003-0641
Que según lo dispuesto en el artículo 3 de la\n Sección 1 "Definiciones, requisitos, incompatibilidades\n y registro", del Capitulo II "Normas para la calificación\n y registro de peritos avaluadores", del Subtítulo\n IV "De las garantías adecuadas", del Título\n VII "De los activos y límites de crédito"\n de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia\n de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, corresponde a la\n Superintendencia de Bancos y Seguros calificar la idoneidad y\n experiencia del perito avaluador;
Que el ingeniero civil Patricio Alfonso Nardi, ha presentado\n la solicitud y documentación respectivas para su calificación\n como perito avaluador, las que reúnen los requisitos exigidos\n en las normas reglamentarias pertinentes;
Que a la fecha de expedición de esta resolución\n el ingeniero civil Patricio Alfonso Nardi no registra hechos\n negativos relacionados con la central de riesgos, cuentas corrientes\n cerradas y cheques protestados; y,
En ejercicio de las facultades conferidas en la letra b) del\n articulo 17 de la Resolución No. ADM-2003-6473 de 15 de\n agosto de 2003,
ARTICULO 1.- Calificar al ingeniero civil Patricio Alfonso\n Nardi, portador de la cédula de ciudadanía No.\n 170414156-1, para que pueda desempeñarse como perito avaluador\n de bienes inmuebles en las instituciones del sistema financiero,\n que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos\n y Seguros.
ARTICULO 2.- Disponer que se incluya la presente resolución\n en el Registro de Peritos Avaluadores, se le asigne el número\n de registro No. PA-2003-503 y se comunique del particular a la\n Superintendencia de Compañías.
No. SBS-DN-2003-0643
Que según lo dispuesto en el artículo 3 de la\n Sección 1 "Definiciones, requisitos, incompatibilidades\n y registro", del Capitulo II "Normas para la calificación\n y registro de peritos avaluadores", del Subtitulo IV "De\n las garantías adecuadas", del Titulo VII "De\n los activos y límites de crédito" de la Codificación\n de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y\n de la Junta Bancaria, corresponde a la Superintendencia de Bancos\n y Seguros calificar la idoneidad y experiencia del perito avaluador;
Que el ingeniero civil Luis Gerardo Calvache Valladares, ha\n presentado la solicitud y documentación respectivas para\n su calificación como perito avaluador, las que reúnen\n los requisitos exigidos en las normas reglamentarias pertinentes;
Que a la fecha de expedición de esta resolución\n el ingeniero civil Luis Gerardo Calvache Valladares no registra\n hechos negativos relacionados con la central de riesgos, cuentas\n corrientes cerradas y cheques protestados; y,
En ejercicio de las facultades conferidas en la letra b) del\n artículo 17 de la Resolución No. ADM-2003-6473\n de 15 de agosto de 2003,
ARTICULO 1.- Calificar al ingeniero civil Luis Gerardo Calvache\n Valladares, portador de la cédula de ciudadanía\n No. 110214249-2, para que pueda desempeñarse como perito\n avaluador de bienes inmuebles en las cooperativas de ahorro y\n crédito que realizan intermediación financiera\n con el público, que se encuentran bajo el control de la\n Superintendencia de Bancos y Seguros.
ARTICULO 2.- Disponer que se incluya la presente resolución\n en el Registro de Peritos Avaluadores, se le asigne el número\n de registro No. PA-2003-504 y se comunique del particular a la\n Superintendencia de Compañías.
Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.-\n Dada en la Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito, Distrito\n Metropolitano, el dos de septiembre de dos mil tres.
Lo certifico.- Quito, Distrito Metropolitano, el dos de septiembre\n de dos mil tres.
No. SBS-DN-2003-0648
Que según lo dispuesto en el artículo 3 de la\n Sección 1 "Definiciones, requisitos, incompatibilidades\n y registro", del Capítulo II "Normas para la\n calificación y registro de peritos avaluadores",\n del Subtitulo IV "De las garantías "adecuadas",\n del Título VII "De los activos y límites de\n crédito" de la Codificación de Resoluciones\n de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria,\n corresponde a la Superintendencia de Bancos y Seguros calificar\n la idoneidad y experiencia del perito avaluador;
Que el ingeniero agrónomo Cristóbal Enrique\n Viteri Naranjo, ha presentado la solicitud y documentación\n respectivas para su calificación como perito avaluador,\n las que reúnen los requisitos exigidos en las normas reglamentarias\n pertinentes;
Que a la fecha de expedición de esta resolución\n el ingeniero agrónomo Cristóbal Enrique Viteri\n Naranjo no registra hechos negativos relacionados con la central\n de riesgos, cuentas corrientes cerradas y cheques protestados;\n y,
ARTICULO 1.- Calificar al ingeniero agrónomo Cristóbal\n Enrique Viteri Naranjo, portador de la cédula de ciudadanía\n No. 090392536-0, para que pueda desempeñarse como perito\n avaluador de productos agrícolas en los bancos privados,\n que se encuentran bajo el control, de la Superintendencia de\n Bancos y Seguros.
ARTICULO 2.- Disponer que se incluya la presente resolución\n en el Registro de Peritos Avaluadores, se le asigne el número\n de registro No. PA-2003-505 y se comunique del particular a la\n Superintendencia de Compañías.
Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.-\n Dada en la Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito, Distrito\n Metropolitano, el tres de septiembre de dos mil tres.
Lo certifico.- Quito, Distrito Metropolitano, el tres de septiembre\n de dos mil tres.
No. SBS-DN-2003-0650
Que según lo dispuesto en el artículo 3 de la\n Sección 1 "Definiciones, requisitos, incompatibilidades\n y registro", del Capitulo II "Normas para la calificación\n y registro de peritos avaluadores", del Subtítulo\n IV "De las garantías adecuadas", del Titulo\n VII "De los activos y límites de crédito"\n de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia\n de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, corresponde a la\n Superintendencia de Bancos y Seguros calificar la idoneidad y\n experiencia del perito avaluador;
Que el doctor en medicina veterinaria y zootecnia Vicente\n Napoleón Cueva Cabrera, ha presentado la solicitud y documentación\n respectivas para su calificación como perito avaluador,\n las que reúnen los requisitos exigidos en las normas reglamentarias\n pertinentes;
Que a la fecha de expedición de esta resolución\n el doctor en medicina veterinaria y zootecnia Vicente Napoleón\n Cueva Cabrera no registra hechos negativos relacionados con la\n central de riesgos, cuentas corrientes cerradas y cheques protestados;\n y,
En ejercicio de las facultades conferidas en la letra b) del\n articulo 18 de la Resolución No. ADM-2003-6493 de 2 de\n septiembre de 2003,
ARTICULO 1.- Calificar al doctor en medicina veterinaria y\n zootecnia Vicente Napoleón Cueva Cabrera, portador de\n la cédula de ciudadanía No. 170438 190-2, para\n que pueda desempeñarse como perito avaluador de productos\n agropecuarios en el Banco Nacional de Fomento, que se encuentra\n bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros.
ARTICULO 2.- Disponer que se incluya la presente resolución\n en el Registro de Peritos Avaluadores, se le asigne el número\n de registro No. PA-2003-507 y se comunique del particular a la\n Superintendencia de Compañías.
Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.-\n Dada en la Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito, Distrito\n Metropolitano, el cuatro de septiembre de dos mil tres.
Lo certifico.- Quito, Distrito Metropolitano, el cuatro de\n septiembre de dos mil tres.
No. SBS-DN-2003-0651
Que según lo dispuesto en el artículo 3 de la\n Sección 1 "Definiciones, requisitos, incompatibilidades\n y registro", del Capítulo II "Normas para la\n calificación y registro de peritos avaluadores",\n del Subtítulo IV "De las garantías adecuadas",\n del Titulo VII "De los activos y límites de crédito"\n de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia\n de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, corresponde a la\n Superintendencia de Banyos y Seguros calificar la idoneidad y\n experiencia del perito avaluador;
Que el ingeniero agrónomo Luis Israel Aragundi Castro,\n ha presentado la solicitud y documentación respectivas\n para su calificación como perito avaluador, las que reúnen\n los requisitos exigidos en las normas reglamentarias pertinentes;
Que a la fecha de expedición de esta resolución\n el ingeniero agrónomo Luis Israel Aragundi Castro no registra\n hechos negativos relacionados con la central de riesgos, cuentas\n corrientes cerradas y cheques protestados; y,
ARTICULO 1.- Calificar al ingeniero agrónomo Luis Israel\n Aragundi Castro, portador de la cédula de ciudadanía\n No. 120088328-6, para que pueda desempeñarse como perito\n avaluador de productos agrícolas en el Banco Nacional\n de Fomento, que se encuentra bajo el control de la Superintendencia\n de Bancos y Seguros.
ARTICULO 2.- Disponer que se incluya la presente resolución\n en el Registro de Peritos Avaluadores, se le asigne el número\n de registro No. PA-2003-506 y se comunique del particular a la\n Superintendencia de Compañías.
No 232-03
Juicio penal N0 325-02 seguido en contra\n de Simón Bolívar Tobar Realpe, Manuel Mesías\n Tobar Realpe; y, María Angélica Rosero Guzmán\n por plagio en perjuicio del Ing. Jaime Fernando Zavala Guadalupe.
Quito, 21 de mayo de 2003; las 16h00.
VISTOS: La presente causa se encuentra en conocimiento de\n esta Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia,\n por recursos de casación interpuestos en su oportunidad\n por los condenados de nombres Simón Bolívar Tobar\n Realpe, Manuel Mesías Tobar Realpe y Maria Angélica\n Rosero Guzmán, disconformes con la sentencia pronunciada\n por el Tribunal Penal Primero de Pichincha que impone a cada\n uno de los procesados la pena de doce años de reclusión\n mayor extraordinaria como autores responsables del delito de\n plagio tipificado en el Art. 188 del Código Penal y reprimido\n por el Art. 189, inciso primero del mismo código, sin\n consideración de circunstancias atenuantes por haberse\n cometido la infracción en pandilla, y obrando a propósito\n por la noche y en despoblado.- Sustanciado el recurso, para decidir\n se considera: PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer\n la impugnación, en virtud del pertinente sorteo, como\n consta de la razón actuarial sentada a fs. 1 del cuaderno\n formado a este nivel. SEGUNDO.- En el escrito que pretende ser\n de fundamentación del recurso, Simón Bolívar\n Tobar Realpe manifiesta, en compendio, que en la sentencia que\n impugna "se ha violado flagrantemente la ley", cuando\n en el considerando quinto determina que la responsabilidad penal\n en la ejecución de la infracción, se ha comprobado\n con las propias aseveraciones de los encartados y por habérseles\n encontrado en forma flagrante en la comisión de la infracción.\n Dice que este análisis es ilegal, in jurídico,\n impertinente, anticonstitucional y "contrario a los principios\n del nuevo Código de Procedimiento Penal" en cuanto\n señala que el testimonio del acusado constituye medio\n de prueba y de defensa a su favor. Manifiesta que las versiones\n de los imputados fueron recibidas por el Agente Fiscal sin la\n intervención de un Secretario y sin cumplir con lo que\n dispone el Art. 24, numeral quinto de la Constitución,\n en el sentido de que todo interrogado debe contar con la asistencia\n de un abogado defensor, que, al decir del recurrente, no es lo\n mismo que la presencia de un patrocinador. TERCERO.- De su parte\n Manuel Mesías Tobar Realpe y María Angélica\n Rosero Guzmán sostienen que en la sentencia recurrida\n se les ha condenado sin tomar en cuenta ni enumerar la prueba\n por ellos actuada. Dice que tampoco se ha considerado atenuantes,\n especialmente las determinas en el Art. 72 del Código\n Penal, pese a que en la parte considerativa se reconoce que ha\n presentado certificados de buena conducta anterior y excelente\n posterior al ilícito. Expresan que se ha acogido indebidamente\n la acusación particular deducida por el ingeniero Jaime\n Fernando Zavala Guadalupe, quien no ha demostrado ser el ofendido.\n Alegan violación a los numerales 1, 2, 3 y 4 del Art.\n 309 del Código de Procedimiento Penal por cuanto en la\n sentencia se ha omitido el año de su expedición,\n así como la cita de las disposiciones legales que se aplican.\n Alegan que se ha infringido el Art. 21, regla primera del Código\n de Procedimiento Penal; el Art. 23 numerales 3, 26 y 27 de la\n Constitución Política del Estado por cuanto si\n el plagio se inició en un sitio que corresponde a la parroquia\n y cantón Pedro Vicente Maldonado, el Fiscal que dio inicio\n a la instrucción, y el Juez de la causa debieron ser necesariamente\n los que tienen asiento en dicha ciudad de Pedro Vicente Maldonado,\n y no el Agente Fiscal y el Juez de lo Penal con sede en la ciudad\n de Quito. También alegan violación del Art. 262\n del Código de Procedimiento Penal por cuanto en la audiencia\n pública de juzgamiento actúa, y luego firma la\n sentencia, la doctora Patlova Guerra, Jueza Tercera del Tribunal\n Primero de Pichincha, sin estar notificada. Finalmente sostienen\n que se ha violado el Art. 4 del Código Penal, porque en\n la sentencia no consta que sobre la víctima se haya ejercido\n violencia, esto es, que haya sido maltratada física o\n psicológicamente. Finalizan su memorial solicitando se\n case la sentencia y se declare la inocencia de los recurrentes.\n CUARTO.- Con la fundamentación de los recursos se corrió\n traslado a las otras partes que intervienen en el proceso, para\n que contesten en la forma que prescribe el Art. 355 del Código\n de Procedimiento Penal. El señor Director de Asesoría\n Jurídica, subrogante de la Ministra Fiscal General, manifiesta\n que en el fallo recurrido no hay transgresión de las normas\n legales y por lo mismo estima improcedente el recurso de casación\n interpuesto por los sentenciados, a la vez que advierte la errónea\n cita del número 1 del Art. 189 del Código Penal,\n cuando la imposición de la pena corresponde al número\n 6 de dicho precepto sustantivo. QUINTO.- Como se ha dicho en\n fallos reiterados, la casación en el ámbito penal\n es un recurso extraordinario que acusa error in judicando, o\n violación de la ley en la sentencia, en cualesquiera de\n los modos fijados en el Art. 349 del Código de Procedimiento\n Penal, esto es, por contravenir expresamente al texto de la norma\n utilizada; por haberse hecho una falsa aplicación de la\n misma; o, por haberla interpretado erróneamente. Corresponde\n a la Sala de lo Penal decidir si en el fallo censurado se ha\n incurrido o no en los quebrantamientos de la norma según\n sostiene el recurrente, sin que el análisis pueda comprender\n el caudal probatorio que, en ejercicio de sus atribuciones, efectuó\n en su momento el Tribunal juzgador con sujeción a las\n reglas de la sana crítica. SEXTO.- Los actos procesales\n cumplidos en la etapa de indagación previa o en la de\n instrucción fiscal, no pueden impugnarse eficazmente en\n casación, pues por la naturaleza especial de este recurso,\n le está vedado a la Sala examinar y apreciar tales actuaciones.-\n No obstante lo dicho, vale observar que, conforme dispone el\n Art. 143 del Código de Procedimiento Penal, el testimonio\n del acusado tendrá el valor de prueba contra él\n cuando, conteniendo admisión de culpabilidad hecha en\n forma libre y voluntaria, se probare la existencia del delito,\n tal como acontece en la especie que se juzga.- En consecuencia\n de lo dicho, es de rigor desechar el recurso intentado por Simón\n Bolívar Tobar Realpe, por carecer de soporte legal. SÉPTIMO.-\n De las infracciones a la ley en la sentencia de mérito\n que censuran Manuel Mesías Tobar Realpe y Maria Angélica\n Rosero Guzmán, solamente las que tienen relación\n con los Arts. 4 y 72 del Código Penal pueden servir de\n sustento a un recurso de casación. Las otras alegaciones\n se refieren a violaciones de procedimiento que pueden servir\n de fundamento a un recurso de nulidad, el cual fue ya interpuesto\n por el sentenciado Simón Bolívar Tobar Realpe y\n negado por la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de\n Quito, según aparece del ejecutorial visible a fs. 424\n y 424 vta. En cuanto a las atenuantes, se encuentra que en el\n considerando séptimo de la sentencia el Tribunal Penal\n determina que no ha lugar a aquellas, por haberse cometido la\n infracción en pandilla, y obrando a propósito por\n la noche y en despoblado. Y, por último, no aparece que\n en el fallo impugnado se haya incurrido en interpretación\n extensiva, puesto que la norma sustantiva penal ha sido aplicada\n con apego a sin texto, sin introducir consideraciones que tengan\n carácter interpretativo. OCTAVO.- A más de lo sentando\n anteriormente, de lo que se infiere la falta de fundamento de\n los cargos formulados a la sentencia definitiva, es de advertir\n que ésta contiene los requisitos que exige el Art. 309\n del Código de Procedimiento Penal. El análisis\n de la prueba de cargo y de la de descargo, la declaración\n de hechos ciertos y probados, y el convencimiento de la participación\n y consecuente responsabilidad de los procesados, guarda armonía\n y correspondencia con la parte dispositiva, por lo cual deviene\n pertinente el proceso aplicado así como la sanción\n impuesta.- Por las anteriores consideraciones, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n se declara improcedente los recursos de casación interpuesto\n por los sentenciados Simón Bolívar Tobar Realpe,\n Manuel Mesías Tobar Realpe y María Angélica\n Rosero Guzmán. En razón de la observación\n manifestada por el señor representante del Ministerio\n Público, se corrige el error en la cita del precepto utilizado,\n que no corresponde al número 1, sino al número\n 6 del Art. 189 del Código Penal. Devuélvase el\n proceso al Tribunal Penal de origen. Notifíquese.
Certifico.- f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario\n Relator.
Certifico que la copia que antecede es igual a su original.-Quito,\n 2 de septiembre de 2003.
No 233-03
Juicio penal N0 258-02, seguido en contra\n de Segundo Antonio Collahuazo Galeano por homicidio simple.
VISTOS: De la sentencia por la cual el Tribunal Penal de Imbabura,\n en aplicación del Art. 449 del Código Penal le\n impone la pena de ocho años de reclusión mayor,\n interpone recurso de casación el sentenciado Segundo Antonio\n Collahuazo Galeano, habiendo llegado el trámite a conocimiento\n de esta Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia\n que, siendo competente para conocer y encontrándose en\n estado de resolución, considera: PRIMERO. - El recurso\n de casación es de naturaleza extraordinaria, porque se\n contrae a determinar si existe violación a la ley en la\n sentencia, sea por contravenir expresamente a su texto, o por\n haberse hecho una falsa aplicación o una errónea\n interpretación de la norma. En consecuencia es ajena a\n la naturaleza del recurso cualquier pretensión de que\n la Sala vuelva a examinar la carga probatoria, que sirvió\n de base para que el Tribunal Penal en cumplimiento de su misión\n juzgadora dictara el fallo recurrido. SEGUNDO.- El recurrente\n de fs. 4 a 14 vta, del cuadernillo del recurso, se limita en\n su escrito de fundamentación a realizar subjetivos comentarios\n sobre el contenido de la sentencia y a glosar las consideraciones\n que hace el Tribunal Penal, sin que en parte alguna determine\n en qué consiste la violación a la ley en la sentencia,\n pretendiendo como hace en el acápite cinco de su escrito,\n que la Sala reexamine sobre todo las pruebas testimoniales lo\n cual es completamente ajeno a la casación penal, terminando\n su alegación por intentar sin éxito explicar que\n no se ha aplicado la sana crítica en la valoración\n de la carga probatoria, pero efectuando afirmaciones desde su\n particular punto de vista, sin demostrar lo que exige la casación\n penal, es decir la contravención a la ley en el fallo\n recurrido. TERCERO.- De fs. 17 a 19, el Ministro Fiscal General\n subrogante, al contestar el traslado del que se le ha corrido\n con el escrito de fundamentación, manifiesta que en la\n sentencia no se encuentra violación legal alguna ni al\n Art. 24, numeral 14 de la Constitución Política\n de la República, porque el recurrente ha ejercido su derecho\n de defensa en forma amplia; ni tampoco que se haya violado el\n Art. 127, ni las normas de los Arts. 62, 64, 66, 105, 108 del\n Código de Procedimiento Penal, ni tampoco el 326 ibídem,\n ya que el Tribunal Penal ha llegado a la conclusión inequívoca\n de que el recurrente disparó su arma configurando los\n elementos del delito de homicidio simple tipificado en el Art.\n 449 del Código Penal, por lo que el Tribunal juzgador\n ha aplicado correctamente el Art. 64 del Código de Procedimiento\n Penal de 1983, por todo lo cual considera improcedente el recurso\n de casación interpuesto. CUARTO.- La Sala del examen de\n la sentencia recurrida, establece que en forma lógica\n y coherente el Tribunal Penal ha llegado a la conclusión\n resolutiva que guarda armonía lógica con las partes\n considerativa y motiva, para imponer la pena al sentenciado,\n sin que se observe violación legal alguna, lo que no permite\n a la casación penal prosperar en este caso.- Por todas\n estas consideraciones la Segunda Sala de lo Penal, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n declara improcedente el recurso de casación interpuesto\n y ordena devolver el proceso.- Notifíquese.
Certifico que la copia que antecede es igual a su original.-\n Quito, 2 de septiembre de 2003.- f.) Secretario Relator.
No 234-03
Juicio penal N0 92-02, seguido en contra\n de Federico Edmundo Cárdenas Bojorque por agresión\n sexual en perjuicio de la menor Andrea Lisseth Bojorque.
Quito, 21 de mayo de 2003; las 15h00.
VISTOS: De la sentencia dictada por el Primer Tribunal Penal\n del Azuay, en la que condena al procesado Federico Edmundo Cárdenas\n Bojorque a la pena de ocho años de reclusión mayor,\n costas, daños y perjuicios, como autor de agresión\n sexual en perjuicio de la menor Andrea Lisseth Bojorque, interpone\n recursos de nulidad y de casación el sentenciado, habiendo\n desistido del recurso de nulidad se ha sustanciado el de casación\n en la Sala, el mismo que encontrándose en estado de resolver,\n para hacerlo se considera: PRIMERO. - El recurrente Federico\n Edmundo Cárdenas Bojorque, en escrito constante a fs.\n 8 a 11 del cuadernillo de la Sala, dice que se le ha condenado\n sin prueba del delito ni de su responsabilidad, solamente por\n venganzas personales de los padres de la menor que son sus parientes,\n sostiene que mi existen huellas de violencia de acuerdo con el\n reconocimiento médico-legal, que las declaraciones de\n los padres de la menor no tie