Source: https://www.observatoriobioetica.org/2014/01/informe-del-anteproyecto-de-ley-sobre-el-aborto-en-espana/1948
Timestamp: 2020-07-09 01:37:53
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INFORME DEL OBSERVATORIO DE BIOÉTICA SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DEL ABORTO EN ESPAÑA | Observatorio de Bioética, UCV	Aborto: INFORME DEL ANTEPROYECTO DE LEY SOBRE EL ABORTO EN ESPAÑA
INFORME DEL OBSERVATORIO DE BIOÉTICA SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DEL ABORTO EN ESPAÑA
Crean un nuevo método para transportar vacunasLas vacunas podrían figurar pronto en películas. Dirigido por Maria Croyle, un equipo de la [...]
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“El nasciturus no está tan protegido como se intenta hacer ver en la Exposición de Motivos del Anteproyecto”, sin embargo, “contiene mejoras a la vigente Ley 2/2010.”
INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE LA VIDA DEL CONCEBIDO Y DE LOS DERECHOS DE LA MUJER EMBARAZADA
A petición de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española, el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica “San Vicente Mártir” de Valencia ha elaborado el presente Informe sobre el “Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada”, aprobado el pasado día 20 del mes de diciembre del año 2013 por el Consejo de Ministros.
El Informe, en su apartado jurídico, consta de cuatro partes:
Un análisis descriptivo con la finalidad de conocer qué dice el Anteproyecto
Un breve análisis de la Sentencia del Tribunal Constitucional número 53/85 para saber si el Anteproyecto es constitucional o no
Un breve análisis comparativo con la vigente Ley 2/2010 con el objeto de reconocer las relaciones y /o diferencias entre ambos textos jurídicos
Un análisis valorativo del Anteproyecto en relación con la Ley 2/2010
PRIMERA PARTE: ¿QUÉ DICE EL ANTEPROYECTO?
Para valorar el Anteproyecto hay que empezar por conocerlo y saber qué dice el mismo. Nace del Ministerio de Justicia y consta de una Exposición de Motivos, siete Artículos, una Disposición Derogatoria y cuatro Disposiciones Finales.
Hemos acotado el objeto de esta primera parte del Informe a la Exposición de Motivos y al Artículo primero (“Modificaciones de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal”). Tal acotación obedece a los objetivos de la investigación que perseguimos ahora y que pueden quedar resumidos en uno: conocer el cambio del sistema o criterio de plazos de la vigente Ley 2/2010, por el sistema o criterio de indicaciones que propone el Anteproyecto recientemente aprobado.
Acabaremos esta primera parte del Informe con unos resultados y unas conclusiones.
Por un lado, pretende elaborar una norma que entiende más acorde con nuestra Constitución (artículos 10 -dignidad humana- y 15 –derecho a la vida-), con nuestra doctrina jurisprudencial (Sentencia del Tribunal Constitucional número 53/85, entre otras), y con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y Acuerdos internacionales ratificados por España. (E. M. I)
Por otro lado, y en consonancia con lo anterior, que los derechos del nasciturus estén mejor o más eficazmente protegidos sin menoscabar los derechos de la mujer: buscar, por tanto, un equilibrio. Su intención es, pues, regular el conflicto (cuando lo haya) entre los derechos del nasciturus y los derechos de la mujer (E. M. I y II).
Por último, reducir la práctica de abortos utilizando la finalidad disuasoria del Derecho Penal. El contenido del Anteproyecto viene a ser en este punto concreto que analizamos, una reforma del vigente Código Penal, que en materia de aborto está redactado conforme a la Ley 2/2010. El Anteproyecto pretende convertir el aborto de nuevo en un delito despenalizado más que en un acto conforme a ley.
Anticipa la respuesta diciendo que:
Para aplicar la voluntad del legislador a la norma (concretamente y en el caso que nos ocupa, resolver el conflicto de derechos entre la mujer embarazada y el nasciturus), el citado legislador opta por un sistema de indicaciones y no por un sistema de plazos.
Ser más acorde con la Constitución Española en esta materia, con la Jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional y con los Tratados internacionales ratificados por España. En la segunda parte ampliaremos este resultado.
No es exactamente una vuelta a la anterior legislación. Sería más bien, y por el contrario, una reforma del Código Penal de 1995 en materia de aborto técnicamente mejor elaborada que la operada por la Ley 2/2010, atendiendo a la voluntad del legislador y a la finalidad del Anteproyecto. Pretende regular, con mejor o peor acierto (que no nos metemos por ahora, porque de lo que se trata aquí es de conocer la Ley, no de criticarla), un conflicto de derechos para resolverlo. Queda por saber si lo consigue más eficazmente que la vigente “Ley del Aborto”.
SEGUNDA PARTE: SU ADECUACIÓN A LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
El objetivo que perseguimos en esta segunda parte es saber si el Anteproyecto es conforme con nuestra Constitución y con la doctrina del Tribunal Constitucional. Para no extendernos en esta última, nos limitaremos a examinar brevemente la Sentencia del Tribunal Constitucional número 53/85.
Insistimos en que estamos realizando un análisis jurídico-constitucional, por lo que nos interesa ahora conocer qué dice la doctrina del Tribunal Constitucional, no si mostramos nuestro acuerdo o desacuerdo con tal doctrina, es decir, si nos satisface o no.
La Sentencia comienza a responder a la pregunta en el Fundamento Jurídico 3º, para el cual el problema nuclear es el alcance de la protección constitucional del nasciturus: esto tiene como consecuencia analizar el derecho a la vida. Dicho derecho: 1) Está reconocido y garantizado en el artículo 15 CE. 2) Es una proyección de un valor superior del Ordenamiento Jurídico constitucional: la vida humana. 3) Es un derecho fundamental esencial y troncal: sin ese derecho, los demás no tienen existencia posible. 4) Indisolublemente relacionado con él está la dignidad de la persona: Es un valor jurídico fundamental garantizado y protegido por el Artículo 10 CE, el cual está a la cabeza del título y el 15, del capítulo: son el punto de arranque, el prius lógico de los demás derechos.
Por su parte, el Fundamento Jurídico 5º de la Sentencia entra a analizar el concepto de vida humana como base para dirimir jurídicamente el alcance del derecho a la vida. Así, la vida humana:
Es un devenir, un proceso que comienza con la gestación, es una realidad biológica que va tomando corpórea y sensitivamente configuración humana. Sometido a cambios cualitativos (¿?) de naturaleza somática y psíquica.
La consecuencia de la gestación es un tertium que existe, que es distinto de la madre, y que se aloja en ella.
Dentro de esos cambios cualitativos, el más relevante es el nacimiento, pero parte de que la vida es una realidad desde el inicio de la gestación. Antes, el cambio cualitativo se da cuando adquiere plena individualidad humana.
De ello se deduce que el nasciturus:
Encarna un valor fundamental: la vida humana.
Ese valor está reconocido y protegido por el artículo 15 CE.
Es un bien jurídico cuya protección encuentra su fundamento constitucional en ese artículo.
En el Pleno del Congreso, fue defendida por mayoría la enmienda que tenía por objeto incluir el adverbio todos en lugar de “todas las personas” (cfr. Artículos 29 y 30 CC), precisamente para incluirle, aunque sí existía ambigüedad en relación a la titularidad del derecho.
En definitiva, el sentido objetivo del debate parlamentario corrobora que el nasciturus está protegido por el art. 15 de la Constitución aun cuando no permite afirmar que sea titular del derecho fundamental.
Pero, según la sentencia, ¿el nasciturus es titular del derecho a la vida? El Tribunal Constitucional, en su Fundamento Jurídico 6º, entiende que no, sobre la base de los textos relativos a los derechos humanos, que en su versión francesa original habla de personas, no de todos.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no se ha pronunciado sobre el tema; pero la Comisión Europea de Derechos Humanos (cuya función es admitir demandas), en el asunto 8416/1979 excluye, de las posibles interpretaciones, la de que el feto pudiera tener un «derecho a la vida» de carácter absoluto (Fundamentos Jurídicos 17 a 23).
A pesar de todo, hay que tener en cuenta el Informe que en 2009 elaboró el Consejo Fiscal, recordando al respecto en las páginas 4-7 las siguientes consideraciones:
A) El “derecho a decidir”, como tal, en materia de terminación voluntaria del embarazo, no está expresamente reconocido en los instrumentos internacionales. Por el contrario, el Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos protege la vida del no nacido.
B) Los Tratados internacionales en materia de derechos humanos no establecen el derecho al aborto.
C) Cita el Convenio Europeo de Derechos Fundamentales y Libertades Públicas; el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Sociales y Culturales, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención de Derechos del Niño.
D) Por último, el Consejo recuerda que en materia de Derecho Internacional, hay que distinguir dos clases de normas: los Tratados o Convenios internacionales, y cualquier otro texto emanado de Instituciones internacionales. Solo los primeros son fuente normativa en nuestro ordenamiento jurídico (artículos 94.1 y 96.1 CE).
Así pues, y volviendo a la Sentencia, en su Fundamento Jurídico 7º, concluye a modo de resumen: 1) El nasciturus no es titular del derecho a la vida. 2) Pero la vida del nasciturus es un bien constitucionalmente protegido por el artículo 15 CE, y ello es lo decisivo.
Partiendo de esas dos conclusiones y del Fundamento Jurídico 4º, las consecuencias para el Estado son tres que, además, son obligaciones: 1) Debe de abstenerse de interrumpir ese proceso vital. 2) Debe proteger la vida del nasciturus en cualquier momento de su proceso vital, incluso con normas penales como última garantía. 3) Pero esa protección no es absoluta, debe estar sujeta a limitaciones.
Tales limitaciones, que jurídicamente se llaman indicaciones, se encuentran desarrolladas en el Fundamento Jurídico 11º. Son ya conocidas: grave peligro para la salud física o psíquica de la embarazada; que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de delito de violación; que se presuma que al feto nacerá con graves taras físicas o psíquicas. De modo que, conforme al Fundamento Jurídico 12º, el ámbito penal del nasciturus queda excluido en los casos indicados y solo en esos, en razón de su colisión con los derechos de la mujer y de las circunstancias. Por otro lado, la protección de la vida del nasciturus exige la adopción de ciertas medidas médicas evidentes (informes de especialistas, clínicas de acuerdo con la ley, etc.)
Por último, en cuanto a la participación de los padres en la decisión de abortar, conforme al Fundamento Jurídico 13, el Tribunal Constitucional opina que la decisión afecta primordialmente a la madre, por la especial relación que hay entre el nasciturus y ella.
Previamente a emitir las conclusiones de esta segunda parte, y a pesar de que seguimos con un análisis descriptivo más que valorativo, nos parece conveniente para evitar equívocos advertir dos premisas:
La primera es que nuestra Jurisprudencia, queriendo aunar voluntades, no ha conseguido dar con una solución que convenga a todas las posturas, ya que habla de bien constitucionalmente protegido en y por el artículo 15 CE. Jurídicamente, no nos es convincente la argumentación según la cual al nasciturus no se le reconoce la titularidad del derecho a la vida. En la línea de A. Ollero, tampoco entendemos la existencia de sujetos sin derechos. Nuestro punto de vista es, pues, que el nasciturus sí tiene derecho a la vida.
Por otro lado, la vida humana es un continuum (ni nosotros ni nadie lo duda), pero entendemos que cada etapa tiene su relevancia en acto, por eso ha de ser protegida en cada momento durante todo el proceso.
Esto último lo decimos porque el Fundamento Jurídico 5º de la meritada Sentencia habla de cambios cualitativos. Sin embargo, nosotros entendemos que sólo se da un salto cualitativo, es decir, sustantivo, que es la existencia del cigoto (por eso es un tertium y por eso, entre otras razones, es ahí donde se da la indvidualidad humana). Apoyamos con ello a un sector muy amplio de la doctrina jurídiica. Es más, el propio Fundamento Jurídico 5º afirma que cada etapa debe ser protegida.
De todas formas, y una vez hechas las anteriores premisas, de la conclusión a la que llega el Tribunal Constitucional, se desprenden las siguientes, básicas e importantes consideraciones:
Que sí es un bien constitucionalmente protegido desde la fecundación por el artículo 15 CE: todos tienen derecho a la vida, no unos sí y otros no. El nasciturus entra dentro de ese “todos”. (Fundamento Jurídico 5º)
El Estado no solo debe de abstenerse de interrumpir ese proceso vital, sino que debe poner todos los medios para proteger la vida del nasciturus. (Fundamento Jurídico 7º)
Sin la vida los demás derechos no tienen existencia posible. (Fundamentos Jurídico 3º y 5º: lo fundamentan tanto en el citado artículo 15 como en el artículo 10 –dignidad humana-, ambos de la Constitución Española)
De las tres consideraciones anteriores, se desprende que el ejercicio de los derechos de la madre tienen como límite la vida del nasciturus, que el artículo 15 Constitución Española protege desde la concepción.
Pero la protección jurídica del nasciturus no es absoluta, pues la mujer también tiene derechos que hay que proteger (Fundamentos Jurídicos 4º, 11º y 12º).
Así pues, una vez conocida la doctrina del Tribunal Constitucional, estamos en disposición de responder a si el Anteproyecto es conforme o no con nuestra Constitución.
Y la respuesta no puede ser otra que afirmativa. Dejando a parte consideraciones de otra índole y circunscribiéndonos al análisis descriptivo jurídico, como se ha podido comprobar, el Anteproyecto:
Fundamenta el desarrollo del articulado en los artículos 10 y 15 de la Constitución.
Emplea el Código Penal en su función disuasoria, no en otra. Esto se comprueba con la consideración expresa de excluir a la madre como autora del delito.
También se apoya en los Tratados y Acuerdos internacionales ratificados por España (que ninguno de ellos opta por el aborto como derecho)
Es coherente con el sistema de indicaciones expuesto por la Sentencia mencionada.
TERCERA PARTE: LA LEY 2/2010 Y EL ANTEPROYECTO
Para evaluar ambos textos, vamos a realizar un breve análisis comparativo a modo de cuadro. Ya sabemos qué dice el Anteproyecto; ahora conocemos qué dice la vigente Ley.
El artículo 13. Cuatro regula la decisión de abortar de una mujer entre 16 y 17 años. Si ocurre, tal decisión le corresponde exclusivamente a ella, siendo informados al menos uno de los padres o tutor; salvo que la menor alegue fundadamente conflicto familiar, en cuyo caso se prescinde de la información a la familia o al tutor.
El artículo 14 regula el “aborto libre” o el “sistema de plazos”: una mujer embarazada puede abortar si así lo desea en el caso en que se encuentre dentro de las primeras 14 semanas, sin más requisitos que un trámite consistente en informarle verbalmente y aportarle en impresos información sobre los derechos y ayudas públicas a la maternidad, teniendo al menos tres días entre la información y la intervención.
Dicho plazo se amplía a 22 semanas, artículo 15 (sistema mixto de plazos e indicaciones), si existen riesgos graves para la vida o la salud de la mujer embarazada y anomalías graves o incompatibles con la vida si se trata del feto. En estos casos, en lugar de trámites administrativos, nos encontramos con un informe médico emitido por un facultativo distinto de aquél que practique o dirija la intervención.
Sistema mixto: plazos e indicaciones Sistema de indicaciones
14 semanas de gestación, aborto libre Aborto, delito despenalizado
Se amplía a 22 semanas si:- Riesgos graves vida o salud embarazada- Anomalías del feto graves o incompatibles con la vida- Mujeres entre 16 y 17 años, les corresponde decidir exclusivamente a ellas, siendo informado al menos uno de los padres o tutor.- Si la menor alega fundadamente conflicto familiar, se prescindirá de la información a los padres o tutor Aborto no delito si:- Grave peligro vida o salud física o psíquica embarazada si se practica en 22 semanas- Embarazo consecuencia de delito contra libertad o indemnidad sexual: 12 semanas y denuncia.- Mujer entre 16 y 18 años, su consentimiento expreso y asentimiento de padres o tutor o curador.- Mujer menor de 16 años, manifestación de su voluntad y consentimiento expreso padres o tutor- Si serios motivos desaconsejan consulta a padres o tutor, resuelve el juez sobre validez consentimiento de la menor
Informes médicos necesarios para artículo 15, no para el 14:- Riesgos embarazada: un dictamen médico distinto al que practique el aborto- Graves anomalías feto: un dictamen también por otro médico- Anomalías fetales incompatibles con la vida: un dictamen emitido también por otros dos médicos Informes médicos:- Riesgos embarazada: informe de dos médicos especialistas distintos del que practicó el aborto y de distinto centro- Si origen del riesgo psíquico es anomalía incompatible con vida del feto: dos informes, uno de ellos por especialista en la materia- Si urgencia por peligro vital gestante, y ésta no puede dar consentimiento, podrá prescindirse de informe, asesoramiento, información y consentimiento; pudiendo consultar con familiares embarazada
CUARTA PARTE: VALORACIÓN DEL ANTEPROYECTO RESPECTO A LA LEY 2/2010
Teniendo en cuenta que es un Anteproyecto y que, por ende, va a sufrir modificaciones en la tramitación parlamentaria (además de los Informes previos que emitirán el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial), bajo nuestro punto de vista, el citado texto jurídico tiene aspectos positivos y aspectos negativos en comparación con la vigente Ley del Aborto.
Insistimos que esta valoración lo es comparando ambos textos.
Entre los aspectos positivos, encontramos los siguientes:
Tiene una construcción jurídica técnicamente mejor elaborada.
Se adecua mejor a la Constitución Española (artículos 10 y 15) y a la doctrina del Tribunal Constitucional.
Es un texto más conforme con los Tratados y Acuerdos internacionales ratificados por España.
Acaba con el sistema de plazos y, por ende, con el aborto libre.
Reconoce que existe un conflicto de derechos entre el nasciturus y la mujer embarazada que pretende regular de manera equilibrada. Aunque no acaba consiguiéndolo, al menos no reduce al nasciturus a mera cosa sin protección, ni su vida está siempre y exclusivamente en manos de terceros.
Reconoce y valora los derechos de la mujer, pero entiende que esos derechos no son absolutos ni ilimitados.
Reconoce y valora mejor la vida y los derechos del concebido y no nacido.
Lo hace, sobre todo, cuando se prevea pueda sufrir algún tipo de anomalía, salvo lo que luego se dirá.
Es cierto que regula la salud psíquica que, como sabemos, fue un “coladero” en la legislación anterior a la Ley 2/2010. Pero no es menos cierto que para intentar evitar ese “efecto coladero” amplía el número de informes médicos para acreditar la existencia y el alcance de tal anomalía.
En cuanto al caso del aborto de menores de edad, no siendo la solución más deseable, sí es cierto, al menos (también salvo lo que luego se dirá), que tiene más en cuenta la opinión y/o decisión de los padres o tutor.
Por último, y aunque la valoración de este punto excede de lo estrictamente jurídico, dado que quien nos ha pedido el presente Informe es la Conferencia Episcopal Española y dadas las sospechas de connivencia de la Conferencia con el Anteproyecto que ya se han vertido en distintos medios y por parte de varias personas; es de meridiana claridad las diferencias entre el Magisterio Eclesiástico y el Anteproyecto elaborado por el Ministerio de Justicia. Cualquier manifestación de sospecha de colaboración entre el Ministerio y la Conferencia solamente expresa la ignorancia tanto de lo que dice el Anteproyecto como de lo que dice el Magisterio.
Entre los aspectos negativos, encontramos los siguientes:
Es cierto que apuesta por el sistema de indicaciones, pero los amplía demasiado, por lo que el nasciturus no acaba estando tan protegido como se intenta hacer ver en la Exposición de Motivos del Anteproyecto. Sin embargo, hay que hacer aquí dos salvedades:
Los avances de la ciencia médica, incluso en intervenciones prenatales, hacen que los casos de grave riesgo para la vida o salud de la mujer se hayan reducido considerablemente.
Los casos de embarazo o de evolución del mismo que son consecuencia de delitos contra la libertad sexual son también muy reducidos.
Todavía utiliza la expresión, junto con el término “aborto”, de “interrupción voluntaria del embarazo”. La utilización de ambos términos, sin mayor justificación ni aclaración, tiende más bien a la confusión.
Es difícil que la ampliación de dictámenes médicos acreditando el grave riesgo para la salud psíquica de la embarazada evite del todo el ya mencionado “efecto coladero”. Es más, si bien trata de defender a los menores con ciertas anomalías psíquicas o físicas (piénsese en el síndrome de down, por ejemplo), estos supuestos pueden entrar en la indicación del riesgo para la salud psíquica de la mujer. De modo que lo que trata de defender (que es muy loable) puede acabar no siendo tanta defensa.
Es muy delicado hablar del aborto practicado cuando el embarazo es consecuencia de un delito contra la salud sexual de la mujer. El sufrimiento que ésta padece exige tratar este punto no solo con el mayor respeto hacia ella sino de hacerlo con toda la sensibilidad de la que uno es capaz. Por ello, lo planteamos a modo de pregunta: ¿la mejor salida es siempre el aborto?
En cuanto al embarazo y aborto de las menores de edad, ya hemos dicho que no ofrece la mejor solución (de hecho y por un lado, plantearíamos de nuevo, aunque circunscrita a este supuesto, la misma pregunta que hemos planteado en el punto inmediatamente anterior; y, por otro lado, apostamos más bien por una solución previa: impartir en la familia y en los centros educativos una sana y adecuada educación sexual), pero al menos tiene más en cuenta la voluntad (aunque en ocasiones es mero asentimiento) de los padres o tutor.
Por último, si se nos pidiera un breve comentario más que una conclusión sobre el Anteproyecto, diríamos que no es el mejor texto jurídico (claro está) y que las diferencias con el Magisterio son evidentes, pero al menos contiene mejoras de las que la vigente Ley 2/2010 carece. En este sentido, es un comienzo cuyo desarrollo parlamentario posterior va a depender de su tono sereno y de su contenido científico, exento tanto de presiones sociales como de prejuicios ideológicos: difícil horizonte, visto lo visto.
DAVID GUILLEM-TATAY y JUSTO AZNAR
OBSERVATORIO DE BIOÉTICA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA “SAN VICENTE MÁRTIR” DE VALENCIA
SINOPSIS: El Anteproyecto de Ley denominada del aborto, presenta objetivas diferencias con el Magisterio de la Iglesia Católica, pero contiene mejoras de la vigente Ley 2/2010 lo que nos parece positivo. Es un comienzo cuyo desarrollo parlamentario posterior va a depender de su tono sereno y de su contenido científico, exento tanto de presiones sociales como de prejuicios ideológicos: difícil horizonte, visto lo visto.