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Timestamp: 2019-02-20 22:11:15
Document Index: 201792792

Matched Legal Cases: ['in dubio', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 52', 'artículo 178', 'artículo 19']

﻿ Sentencia 2005-00343 de octubre 16 de 2014
SENTENCIA 2005-00343 DE 16 DE OCTUBRE DE 2014
CONTENIDO:ORIGEN DE ACCIDENTE LABORAL – FUNCIONES DEL CARGO. DEBE ENTENDERSE COMO ACCIDENTE DE TRABAJO TODO SUCESO IMPREVISTO Y REPENTINO QUE SOBREVENGA POR CAUSA O CON OCASIÓN DEL TRABAJO Y QUE PRODUZCA AL EMPLEADO UNA LESIÓN ORGÁNICA O PERTURBACIÓN FUNCIONAL PERMANENTE O PASAJERA, SIEMPRE QUE NO HAYA SIDO PROVOCADO DELIBERADAMENTE O POR CULPA GRAVE DE LA VÍCTIMA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIDENTE DE TRABAJO, EMPLEADO PÚBLICO, PROCESO ADMINISTRATIVO, INCAPACIDAD LABORAL POR ACCIDENTE DE TRABAJO, COLEGIO
Sentencia 2005-00343 de octubre 16 de 2014
Ref.: 520012331000200500343 01
Actoras: Isbelia María Tobar Villareal y otras
Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por las demandantes en el recurso de apelación, a los cuales se circunscribirá el análisis en esta instancia, para determinar si es dable o no revocar la sentencia proferida el 5 de noviembre de 2010 por la Sala Tercera del Tribunal Administrativo de Nariño.
Al efecto, se advierte que las recurrentes argumentan que las Resoluciones 2690 de 2004 (7 de mayo) y 3904 de 2004 (16 de diciembre) deben declararse parcialmente nulas, pues i) sólo le reconoció el seguro de muerte del señor Luis Alberto Rosero Herrera en valor equivalente a doce (12) mensualidades del último salario devengado por el causante, pese a que el accidente que éste sufrió se ocasionó en ejercicio de su actividad laboral, ya que se desplazaba a San Juan de Pasto para solicitar a la Secretaría de Educación Departamental sillas y pupitres para el colegio, así como para cotizar la compra de un motor para un bus del centro educativo; y ii) porque en aplicación del principio in dubio pro operario, ante la inexistencia de una definición jurídica de “accidente de trabajo” debe hacerse una interpretación favorable al trabajador que permita establecer que el accidente que sufrió fue con ocasión de su trabajo.
Bajo el anterior contexto, pasa la Sala a estudiar los cargos expuestos por las actoras en el recurso de apelación.
1. Desplazamiento del señor Luis Alberto Rosero Herrera a San Juan de Pasto, en ejercicio de su actividad laboral.
Las actoras sostienen que las resoluciones 2690 de 2004 (7 de mayo) y 3904 de 2004 (16 de diciembre) son parcialmente nulas, pues reconocen el seguro de muerte por el fallecimiento del señor Luis Alberto Rosero Herrera, en valor equivalente a doce (12) mensualidades del último salario devengado por el causante, y no en veinticuatro (24), que es la suma que debe reconocerse cuando el accidente se sufre con ocasión del desarrollo de una actividad laboral.
Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional considera que las resoluciones acusadas se expidieron conforme a derecho, afirmando que no existen pruebas suficientes para acreditar que la muerte del señor Luis Alberto Rosero Herrera se produjo con ocasión de su actividad de trabajo.
Es claro, entonces, que en el presente asunto la Sala debe determinar si la muerte del señor Luis Alberto Rosero Herrera se produjo con ocasión de su actividad laboral o no.
Al efecto, se advierte que en la Resolución 2690 de 2004 (7 de mayo) el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Regional Nariño del Ministerio de Educación señaló lo siguiente:
“Que mediante constitución de poder otorgado por la señora Isbelia María Tobar Villareal, identificada con cédula de ciudadanía Nº 36.890.108 de Córdoba (Nar.), otorga poder especial, amplio y suficiente al abogado José Eduardo Ortiz Vela, identificado con cédula de ciudadanía Nº 12.977.077 de Pasto (Nar.) y T.P. 44.737 del C.S. de la J. para que la represente en el reconocimiento y pago del seguro por muerte causado por su esposo y padre de las menores Eliana María y Ana Cristina Rosero Tobar.
Que el peticionario aportó los siguientes documentos:
• Registro civil de los beneficiarios
• Copia de la publicación de edictos
• Certificado expedido por la entidad pagadora sobre el último salario devengado por la causante
• Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía de los beneficiarios.
Que los factores salariales base de la liquidación son:
Asignación básica mensual 1.463.754
Sobresueldo 439.129
Salario base de liquidación 1.902.883
Que son normas aplicables, entre otras, la Ley 91 de 1989 y los decretos 3135 de 1968 y 1846 de 1969.
Artículo primero. Reconocer y pagar un seguro de muerte por el fallecimiento del (la) docente Luis Alberto Rosero Herrera, quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía Nº 87.510.338 de Cumbál (Nar) por valor de VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MDA. LEGAL ($ 22.834.560). (...)”(5) (Se resalta)
Por su parte, la Resolución 3904 de 2004 (16 de diciembre), mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 2690 de 2004 (7 de mayo), dispuso:
“El apoderado manifiesta: “no estar de acuerdo con la Resolución 2690 del 7 de mayo de 2004, porque considera que la muerte del docente Rosero Herrera se produjo por accidente de trabajo, por lo cual dicha entidad debe reconocer y pagar no las 12 mensualidades del último salario devengado (con todos los factores) como lo ha hecho la entidad en la resolución impugnada, sino 24 mensualidades, dada la connotación especial del fallecimiento”.
De manera que no está demostrado que la muerte se ocasionó como consecuencia de un accidente de trabajo, por lo tanto los familiares de la víctima tienen derecho al seguro de muerte, equivalente a 12 mensualidades del último salario devengado.
Artículo primero. Negar el recurso de reposición...
Artículo segundo. Confirmar en todas sus partes la Resolución 2690 del 7 de mayo de 2004...”(6) (Se resalta)
En suma, se advierte que mediante Resolución 2690 de 2004 (7 de mayo), confirmada por la Resolución 3904 de 2004 (16 de diciembre), el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Regional de Nariño del Ministerio de Educación Nacional reconoció y pagó a favor de las señoras Isbelia María Tobar Villareal, Eliana María Rosero Tobar y Ana Cristina Rosero Tobar, un seguro de muerte por el fallecimiento del señor Luis Alberto Rosero Herrera, en valor equivalente a doce (12) mensualidades del último salario devengado por el causante, considerando que su muerte se produjo por una causa común y no por un accidente de trabajo.
Bajo el anterior contexto, es importante destacar que el artículo 9º del Decreto 1295 de 1994(7), norma vigente para la fecha en que se expidieron las resoluciones acusadas, señala que debe entenderse como accidente de trabajo “...todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte...”(8).
En este orden de ideas, se observa en el Certificado de Tiempo de Servicio de la Secretaría de Educación de la Gobernación de Nariño, de 24 de marzo de 2004(9), que el señor Luis Alberto Rosero Herrera trabajó como rector de la Institución Educativa Técnica Agrícola de Panán, desde el 16 de enero de 1996 hasta el 19 de septiembre de 2003, fecha en que falleció(10) en un accidente de tránsito.
A su turno, a folio 19 del cuaderno 1 obra constancia de 27 de octubre de 2003, suscrita por el Secretario de Educación de la Alcaldía de Cumbál, superior jerárquico del señor Luis Alberto Rosero Herrera, en la que señala que el accidente que sufrió Rosero Herrera se produjo “cuando se desplazaba hacia la ciudad de San Juan de Pasto en el vehículo de su propiedad, con los señores Juan España y José Eduardo Tatamues García, Presidente y Tesorero respectivamente de la Junta de Padres de Familia de la Institución Educativa Agrícola Indígena de Panán, con el propósito de realizar diligencias para la buena marcha del plantel educativo”.
En un mismo sentido, en el testimonio rendido el 29 de noviembre de 2005 por el señor Segundo Agustín Cuáspud Guaitarilla, quien trabaja en la secretaría de educación municipal, se lee: “Sobre la ocurrencia de los hechos, el mismo 22 de septiembre de 2003 me informaron que el rector estaba en cumplimiento de sus funciones oficiales, pues se desplazaba con miembros de la junta de padres de familia de esa institución educativa; tengo entendido que iban a la secretaría de educación departamental a sustentar un proyecto de infraestructura de la institución...”(11).
En síntesis, las pruebas relacionadas permiten constatar que el señor Luis Alberto Rosero Herrera falleció el 19 de septiembre de 2003 en un accidente laboral, mientras se desplazaba a San Juan de Pasto a realizar diligencias propias de la institución educativa en la que trabajaba como rector. De hecho, debe destacarse que al amparo de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 715 de 2001(12), son funciones de los rectores de las instituciones públicas “establecer contactos interinstitucionales para el logro de las metas educativas”.
En efecto, el suceso imprevisto y repentino que produjo la muerte del señor Luis Alberto Rosero Herrera sobrevino con ocasión de su actividad de trabajo, pues sucedió mientras se desplazaba a San Juan de Pasto, en ejercicio de sus funciones como rector de la Institución Educativa Técnica Agrícola de Panán, para realizar diligencias en la secretaría de educación departamental que beneficiarían al plantel educativo en el que laboraba.
En consecuencia, la Sala advierte que las resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, pues reconocen a las beneficiarias del seguro de muerte del señor Luis Alberto Rosero Herrera una suma equivalente a doce (12) mensualidades del último salario devengado por el causante y no una correspondiente a veinticuatro (24) mensualidades, como lo ordena el numeral 2 del artículo 52 del Decreto 1848 de 1969(13) cuando el fallecimiento se produce como consecuencia de un accidente laboral.
“ART. 52.—Valor del seguro.
2. El valor de dicho seguro será equivalente a veinticuatro (24) mensualidades del último salario devengado, en el evento de que el empleado oficial fallezca como consecuencia de accidente de trabajo o enfermedad profesional y excluye la indemnización a que se refieren los artículos 16 y 23, a menos que el accidente de trabajo o la enfermedad profesional se hayan ocasionado por culpa imputable a la entidad o empresa empleadora, en cuyo caso habrá lugar a la indemnización total y ordinaria por perjuicios. Si prosperare esta indemnización, se descontará de su cuantía el valor de las prestaciones e indemnizaciones en dinero pagadas en razón de los expresados infortunios de trabajo”. (Se resalta)
En este orden de ideas, en el presente caso se declarará la nulidad parcial de las resoluciones acusadas, en lo concerniente al valor reconocido por concepto del seguro de muerte del docente Luis Alberto Rosero Herrera, y a título de restablecimiento del derecho se condenará a la entidad demandada a pagar a las actoras el seguro de muerte por el fallecimiento del señor Luis Alberto Rosero Herrera, en valor equivalente a veinticuatro (24) mensualidades del último salario devengado por el causante.
No sobra advertir que por lo expuesto la Sala se abstendrá de examinar el otro cargo que invocaron las actoras en el recurso de apelación, pues al haber constatado que las disposiciones acusadas se encuentran viciadas de validez resulta inane estudiarlo, ya que también está encaminado a probar que dichas disposiciones deben declararse nulas, conclusión a la que ya se arribó.
1. REVÓCASE la sentencia proferida el 5 de noviembre de 2010 por la Sala Tercera del Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
2. DECLÁRASE la nulidad, en lo concerniente al valor reconocido por concepto del seguro de muerte del docente Luis Alberto Rosero Herrera, de las Resoluciones 2690 de 2004 (7 de mayo) y 3904 de 2004 (16 de diciembre), mediante las cuales el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Regional de Nariño del Ministerio de Educación Nacional reconoció y pagó dicho seguro de muerte a las demandantes.
3. Para efectos de restablecer el derecho conculcado, ORDÉNASE al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Regional de Nariño del Ministerio de Educación Nacional pagar a las demandantes, por concepto del seguro de muerte del fallecimiento del docente Luis Alberto Rosero Herrera, una suma equivalente a veinticuatro (24) mensualidades del último salario devengado por el causante, en los términos del artículo 178(14) del Código Contencioso Administrativo.
Consejeros: Guillermo Vargas Ayala, Presidente—María Elizabeth García González —María Claudia Rojas Lasso—Marco Antonio Velilla Moreno.
5 Fls. 12 y 13, c. 1.
6 Fls. 13 y 14, c. 1.
7 Por el cual se determina la organización y administración del sistema general de riesgos profesionales.
8 Declarado inexequible mediante Sentencia C-858/2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). El texto vigente es el consagrado en el artículo 19 del Decreto 1848 de 1969, que señala que debe entenderse como accidente de trabajo “...todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca al empleado oficial una lesión orgánica o perturbación funcional permanente o pasajera, siempre que no haya sido provocado deliberadamente o por culpa grave de la víctima”.
9 Fl. 96, c. 1.
10 A folio 16 del cuaderno 1 se lee en el registro civil de defunción que el señor Luis Alberto Rosero Herrera falleció el 25 de septiembre de 2003.
11 Fl. 59, c. 1.
12 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (A.L. 01/2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros
13 Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968 que prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales
14 “ART. 178.—La liquidación de las condenas que se resuelvan mediante sentencias de la jurisdicción en lo contencioso administrativo deberá efectuarse en todos los casos, mediante sumas líquidas de moneda de curso legal en Colombia y cualquier ajuste de dichas condenas sólo podrá determinarse tomando como base el índice de precios al consumidor, o al por mayor”.