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Timestamp: 2020-02-21 18:15:14
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 383', 'ARTÍCULO 1', 'artículo 383', 'artículo 1', 'artículo 383', 'artículo 241', 'artículo 383', 'artículo 10', 'artículo 379', 'artículo 380', 'artículo 152', 'artículo 383', 'artículo 89', 'artículo 382', 'artículo 380', 'artículo 228', 'artículo 29', 'artículo 241', 'artículo 228', 'artículo 383', 'artículo 1']

﻿ SENTENCIA C-736 DE SEPTIEMBRE 10 DE 2002
SENTENCIA C-736 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2002
CONTENIDO:RECURSO DE REVISIÓN. FIN DE LAS CAUSALES. SE DECLARA EXEQUIBLE EL INCISO 5 DEL ARTÍCULO 383 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, MODIFICADO POR EL NUMERAL 192 DEL ARTÍCULO 1 DEL DECRETO LEY 2282 DE 1989.
TEMAS ESPECÍFICOS:ADMISIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN, EFECTOS DEL RECURSO DE REVISIÓN, APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL
Sentencia C-736 de septiembre 10 de 2002
Sentencia C-736 de 2002
Ref.: Expediente D-3965
Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 5º del artículo 383 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el numeral 192 del artículo 1º del Decreto-Ley 2282 de 1989.
Actor: Carlos Patiño Ospina.
Bogotá, D.C., diez de septiembre de dos mil dos.
A continuación se transcribe el texto de la disposición acusada, de conformidad con el Diario Oficial 39.013 del 7 de octubre de 1989 y se subraya la parte demandada:
“192. El artículo 383 quedará así:
“En ningún caso procederá la reforma de la demanda de revisión”.
La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 241-5 de la Constitución Política, por tratarse de una disposición que forma parte de un decreto con fuerza de ley expedido por el Presidente de la República en ejercicio de facultades extraordinarias, que modificó una norma del Código de Procedimiento Civil.
Corresponde a la Corte decidir si la improcedencia de la reforma de la demanda de revisión, establecida en el artículo 383, inciso 5º, del Código de Procedimiento Civil, modificado por el numeral 192 del artículo 10 del Decreto-Ley 2282 de 1989, es contrario a los derechos de acceso a la administración de justicia, defensa y debido proceso, libertad de expresión y difusión del pensamiento y opiniones y al principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales.
• El legislador goza de libertad de configuración en lo referente al establecimiento de los recursos y medios de defensa que pueden intentar los administrados contra los actos que profieren las autoridades. Es la ley, no la Constitución, la que señala si determinado recurso —reposición, apelación, u otro— tiene o no cabida respecto de cierta decisión, y es la ley, por tanto, la encargada de diseñar en todos sus pormenores las reglas dentro de las cuales tal recurso puede ser interpuesto, ante quien, en qué oportunidad, cuándo no es procedente y cuáles son los requisitos —positivos y negativos— que deben darse para su ejercicio (1) .
(1) Sentencias C-742 de 1999, C-384 de 2000, C-803 de 2000, entre otras.
• Corresponde al Congreso fijar las etapas de los diferentes procesos y establecer los términos y las formalidades que deben cumplir. Sin embargo, en esta labor el legislador tiene ciertos límites, representados fundamentalmente en su obligación de atender los principios y fines del Estado y de velar por la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos (2)(3) ”.
(2) Sentencia C-728 de 2000.
(3) Sentencia C-1104 de 2001
“Es indudable que corresponde al legislador determinar cuáles son las formas procedimentales que deben regir la tramitación de los respectivos procesos, ante las distintas jurisdicciones. La Corte reiteradamente ha reconocido cierta autonomía y libertad del legislador para regular las formas y formalidades del debido proceso, que sólo encuentra su límite en los mandatos constitucionales que consagran los derechos, deberes y garantías, en los que constituyen principios y valores esenciales del orden constitucional y, en el respeto por la racionalidad y razonabilidad de las normas en cuanto ellas se encaminen a alcanzar fines constitucionales legítimos. Por consiguiente, el control de constitucionalidad debe dirigirse a establecer si en relación con las normas procesales que se acusan el legislador ha actuado o no con sujeción a los referidos límites (4) ”.
(4) Sentencia C-596 de 2000.
3.2. Los recursos son actos procesales mediante los cuales la parte perjudicada por una decisión judicial adoptada en forma subjetivamente errada la impugna, con el fin de que se examine y se enmiende o corrija, por el mismo juez que la tomó o por su superior.
La revisión es un medio de impugnación de sentencias ejecutoriadas, es decir, de sentencias que no son susceptibles de ataque a través de los recursos que pueden interponerse antes de la terminación del proceso. Por esta razón la doctrina procesal considera que es una limitación a la institución de la cosa juzgada, y por ende al principio de seguridad jurídica que la inspira y a la presunción de legalidad y acierto que deriva de ella, en virtud de principios o valores a los cuales se otorga prevalencia.
Esta característica ha originado controversia en la doctrina procesal, tanto extranjera como nacional, sobre su naturaleza, en cuanto para unos autores se trata de una acción autónoma que origina un nuevo proceso, por haber terminado formalmente aquel en el cual se dictó la sentencia que se impugna, mientras que para otros se trata de un recurso de carácter extraordinario o excepcional, que se tramita como una continuación o prolongación del mencionado proceso.
En el ordenamiento colombiano está contemplada expresamente como un recurso de carácter extraordinario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 379 del Código de Procedimiento Civil, en virtud del cual “el recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas de la Corte Suprema, los tribunales superiores, los jueces de circuito, municipales y de menores”.
Como consecuencia de dicho carácter extraordinario, el recurso sólo puede interponerse por las causales señaladas taxativamente en el artículo 380 del mismo código, las cuales se refieren a hechos y situaciones producidos o conocidos con posterioridad a la sentencia impugnada.
Con dichas causales se persigue el cumplimiento de tres fines, así:
i) El cumplimiento de la justicia, la equidad y la verdad con base en los motivos previstos en los numerales 1º a 6º, que consisten en:
— Haberse encontrado después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
— Haberse declarado falsos por la justicia penal documentos que fueren decisivos para el pronunciamiento de la sentencia recurrida.
— Haberse basado la sentencia en declaraciones de personas que fueron condenadas por falso testimonio en razón de ellas.
— Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en la producción de dicha prueba.
— Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia recurrida.
— Haber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente.
ii) La garantía del derecho de defensa, conforme a los motivos contemplados en los numerales 7º y 8º, que consisten en:
— Estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representación o falta de notificación o emplazamiento contemplados en el artículo 152, siempre que no haya saneado la nulidad.
— Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso.
iii) La garantía de la cosa juzgada, de acuerdo con el motivo señalado en el numeral 9º, que consiste en:
3.3. Con base en las consideraciones anteriores, se puede expresar en relación con la demanda que se examina:
En ejercicio de su libertad de configuración, el legislador puede determinar que la impugnación contra sentencias firmes, por errores cometidos por el juzgador, sea materia de un proceso autónomo o de un recurso dentro del mismo proceso en que se profieren.
En el ordenamiento procesal civil colombiano el legislador decidió que sea un recurso extraordinario y ello es válido a la luz de las normas constitucionales.
Por otra parte, el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia está garantizado con la consagración de la revisión como medio de impugnación, que constituye una manifestación del derecho de acción y de contradicción y permite que se examine la decisión con el fin de que se adopte en forma justa y conforme al debido proceso, si existen razones suficientes para ello.
En consecuencia, dicho derecho fundamental no resulta vulnerado por la improcedencia de la reforma de la demanda de revisión, más aún si se tiene en cuenta que el inciso 3º del mismo artículo 383 prevé la declaración de inadmisibilidad de la demanda y la posibilidad de su corrección, en los siguientes términos: “Se declarará inadmisible la demanda cuando no reúna los requisitos formales exigidos en el artículo anterior, así como también cuando no vaya dirigida contra todas las personas que deben intervenir en el recurso, casos en los cuales se le concederá al interesado un plazo de cinco días para subsanar los defectos advertidos. De no hacerlo en tiempo hábil la demanda será rechazada”.
En efecto, según el contenido del artículo 89 del Código de Procedimiento Civil, que contempla como regla general la reforma de la demanda en los procesos de conocimiento y los ejecutivos, solamente se considerará que existe tal reforma cuando haya alteración de las partes en el proceso, o de las pretensiones o de los hechos en que ellas se fundamenten, así como también cuando, en aquella, se piden nuevas pruebas.
Por su parte, el artículo 382 ibídem, relativo a la formulación del recurso de revisión, señala que la demanda deberá contener, entre otros requisitos, el “nombre y domicilio de las personas que fueron parte en el proceso en que se dictó la sentencia, para que con ellas se siga el procedimiento de revisión”, “la expresión de la causal invocada y los hechos concretos que le sirven de fundamento” y “la petición de las pruebas que se pretenda hacer valer”.
Ello significa que las partes del procedimiento de revisión están predeterminadas por el proceso en el cual se dictó la sentencia impugnada y que, de otro lado, si el recurrente ha omitido indicarlas podrá subsanar la omisión en el término de corrección. La misma subsanación podrá hacer cuando haya omitido indicar la causal, los hechos concretos que la configuran o las pruebas que pretende hacer valer. En cambio, si el impugnante ha hecho sólo un señalamiento parcial de los hechos o de las pruebas, ha faltado al cumplimiento de la carga de diligencia y cuidado que tienen las partes e intervinientes en los procesos judiciales y en tal caso las consecuencias adversas serán atribuibles exclusivamente al mismo, y no al legislador.
Así mismo, la disposición acusada es congruente con el contenido general del Código de Procedimiento Civil, pues éste consagra como regla general la reforma de la demanda en los procesos de conocimiento y los ejecutivos y, por el contrario, no consagra reforma alguna del escrito inicial de interposición de los recursos, tanto ordinarios como extraordinarios, lo cual puede explicarse por la aplicación de los principios de celeridad y economía procesales, que forman parte integrante de la institución constitucional del debido proceso.
Por las mismas razones, la disposición acusada no contraría el derecho de defensa, el cual, por el contrario, es protegido de manera general con el recurso mismo de revisión y es también amparado en forma particular con las causales señaladas en los numerales 7º y 8º del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil.
En este orden de ideas, dicha disposición tampoco viola el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales, consagrado en el artículo 228 de la Constitución Política, ya que los derechos sustantivos del impugnante presuntamente perjudicado por la sentencia atacada pueden ser reconocidos mediante el examen de ésta al culminar el procedimiento de revisión, sin que dicho resultado sufra mengua por la exclusión de la reforma de la demanda.
Igualmente, la libertad de expresar y difundir los pensamientos y opiniones no padece menoscabo, pues el ejercicio de dicho derecho fundamental en los procesos y actuaciones judiciales está subordinado al cumplimiento de las reglas del debido proceso, de que trata el artículo 29 de la Constitución Política, y por ello a “la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”, que hacen posible precisamente el acceso a la administración de justicia y la prevalencia del derecho sustancial.
De otro lado, el demandante yerra al afirmar que la norma atacada es inconstitucional por ser contraria a las disposiciones contenidas en los artículos 89 y 304 del mismo Código de Procedimiento Civil, puesto que el juicio de constitucionalidad consagrado en el artículo 241 de la Constitución Política se refiere únicamente a la armonía o contrariedad entre las disposiciones jurídicas allí señaladas y los preceptos de aquella, y no a la posible oposición de una ley a otra ley, por lo cual el cargo resulta sin fundamento.
Finalmente, cabe indicar que por no ser incompatible dicha norma con el principio de la prevalencia del derecho sustancial establecido en el artículo 228 superior, como se anotó, no es válido sostener que fue derogada tácitamente por este último.
Por las razones anteriores, se declarará la exequibilidad de la norma acusada.
DECLARAR EXEQUIBLE el inciso 5º del artículo 383 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el numeral 192 del artículo 1º del Decreto-Ley 2282 de 1989.