Source: https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/gl/areas-tematicas/area-internacional/tribunal-europeo-derechos/jurisprudencia-tedh/articulo-derecho-vida-privada
Timestamp: 2020-07-10 00:16:39
Document Index: 80736597

Matched Legal Cases: ['Artículo 8', 'artículo 44', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 43', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 44', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 13', 'Artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8']

Artículo 8: Derecho a la vida privada y familiar - La jurisprudencia del TEDH - Ministerio de Xustiza
Asunto: Omorefe v. España (69339/16)
Sentencia Omorefe c. España (versión original francesa) (PDF. 287 KB)
La demandante, Pat Omorefe, de nacionalidad nigeriana, tuvo un bebé prematuro en 2008. La relación con el padre del niño era conflictiva, ambos eran migrantes irregulares y en situación de desempleo. Los servicios sociales además informan de la falta de cuidados de la madre hacia el niño, con quien parecía tener dificultades para establecer un vínculo afectivo. En febrero de 2009, la demandante solicitó que su hijo fuera puesto bajo tutela en un centro de acogida gestionado por el Gobierno de Navarra. A continuación, el niño fue declarado en situación legal de desamparo y entregado en un centro de acogida. Tras el procedimiento debido se entregó en acogimiento preadoptivo, que se puede revertir si los padres biológicos cumplen una serie de condiciones.
En julio de 2009, la demandante recurrió dicha decisión, recurso que fue inadmitido. Posteriormente, recurrió ante la Audiencia Provincial de Navarra, que admitió su recurso al considerar que la adopción del niño no podía tener lugar sin el consentimiento de la madre, anulándose la medida de acogida previa a la adopción de febrero de 2014.
En marzo de 2014 la demandante solicitó que se le permitiera visitar a su hijo. Al no recibir respuesta de las autoridades competentes, presentó un recurso en el que se quejaba de la falta de reconocimiento de su derecho de visita. En junio de 2015, el juzgado de primera instancia le concedió el derecho de visita durante una hora al mes, para visitas supervisadas en un centro de reunión familiar.
Mientras tanto, desde la Dirección General de Familia del Gobierno de Navarra se tomaron medidas para organizar la recepción previa a la adopción del menor por su familia de acogida, seguida de su adopción, presentando un informe en el que se mostraban los vínculos del niño con la familia de acogida, con la que había estado conviviendo durante cinco años, y también su desarrollo satisfactorio y evolución favorable.
En octubre de 2015 la Audiencia Provincial de Navarra autorizó la adopción del hijo de la demandante, considerando que la falta de consentimiento de la madre biológica no era un obstáculo si dicha medida se tomaba en favor del mejor interés del menor. La demandante recurrió en amparo ante el Tribunal Constitucional, que lo inadmitió.
Teniendo en cuenta las circunstancias particulares del presente caso y la necesidad urgente de poner fin a la violación del derecho de la demandante a que se respete su vida familiar, el Tribunal Europeo en su sentencia invita a las autoridades nacionales a que vuelvan a examinar, en un plazo breve, la situación de la demandante y de su hijo menor de edad y a que consideren la posibilidad de establecer cualquier tipo de contacto entre ellos, teniendo en cuenta la situación actual del niño y su interés superior, y a que adopten cualquier otra medida apropiada de conformidad con la sentencia. A este respecto, señala que la propia Audiencia Provincial, en su sentencia de 28 de octubre de 2015, indicó que sería conveniente "señalar la posibilidad (...) de adoptar en el futuro, si así se considera conveniente y se cumplen los requisitos legales, y siempre en el interés superior del menor, cualquier forma de relación o contacto a través de visitas o comunicaciones con la madre biológica". El Tribunal observa que no hubo contacto entre la demandante y su hijo, ni antes ni después de esta decisión y considera que la ejecución de la presente sentencia debe dar efecto a la decisión interna antes citada.
El Tribunal considera, por tanto, que se ha vulnerado el derecho a la vida privada y familiar de la demandante (art. 8 del Convenio), y que la forma más adecuada de reparación en un caso como el presente, en el que el proceso llevado a cabo por las autoridades y los tribunales nacionales condujo a la adopción del hijo de la demandante por su familia de acogida, consiste en garantizar que la demandante se encuentre, en la medida de lo posible, en la situación en la que se encontraría si no se hubiera vulnerado su derecho. Señala que el Derecho interno prevé la posibilidad de revisar las decisiones firmes declaradas contrarias a alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, de conformidad con los artículos 510 y 511 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), "siempre que no perjudique los derechos adquiridos por terceros de buena fe".
En cuanto a las medidas de ejecución a adoptar, y para poner fin a la violación del derecho de la demandante al respeto de su vida familiar, el Tribunal pide a las autoridades internas que revisen, tan pronto como sea posible, el contacto de la demandante y de su hijo menor a la luz de la presente sentencia y de las decisiones dictadas por los órganos judiciales internos, y a tomar cualquier otra medida apropiada en interés superior del menor, así como a la posibilidad ya apuntada de revisar las sentencias firmes conforme a los artículos 510 y 511 LEC.
La sentencia será firme de acuerdo con lo establecido en el artículo 44.2 del Convenio.
Asunto: Haddad v. España (16572/17)
Sentencia Haddad v. España (PDF. 370 KB)
El demandante y su esposa, ambos de nacionalidad siria, llegaron a España con 3 hijos menores. Un mes después de su llegada, la madre presentó una denuncia por maltrato contra el padre de los niños y demandante ante el Tribunal. A raíz de dicha denuncia, se abrió un procedimiento penal contra el demandante por violencia de género. El Juzgado de Violencia contra la Mujer de Coslada, prohibió al demandante aproximarse y comunicarse con su esposa e hijos, confiriendo provisionalmente la guarda y custodia de los hijos a la madre y privando al padre de la patria potestad.
En junio de 2012, la Comisión de Tutela del Menor de la Comunidad de Madrid acordó asumir la tutela de los tres menores ante su situación de desamparo, a raíz de la petición de la esposa del demandante de que no podía ocuparse de sus hijos, y de la suspensión provisional del régimen de visitas del demandante.
Poco después la madre se trasladó a Murcia, donde la Dirección de Política Social de la Región de Murcia inició un procedimiento de constitución de tutela y posterior acogimiento familiar de los menores con el fin de que pudiesen integrarse en una familia de acogida, dada su situación de desamparo.
La administración informó sobre la falta de interés del padre respecto a la situación de sus hijos, así como de los intentos infructuosos de comunicarse con este en diversas ocasiones. Informa igualmente sobre la incapacidad de la madre para hacerse cargo de los menores. En consecuencia, los menores se asignan a los correspondientes centros de acogida, autorizándose para la más pequeña su acogimiento familiar en régimen pre-adoptivo.
En septiembre de 2013, el demandante fue absuelto de todos los cargos que se le imputaban, anulándose cualquier medida civil y penal adoptada.
En noviembre de 2013, tras comunicar dicha sentencia al Servicio de Protección de Menores, el demandante solicita permiso para visitar a sus hijos, que es informado negativamente hasta que los menores presenten un estado psicológico emocional más estable.
Recurrida dicha decisión, en febrero de 2016 el demandante recupera la custodia de sus dos hijos mayores. No obstante, respecto a la más pequeña, la Audiencia Provincial de Murcia ratifica su acogimiento familiar en régimen pre-adoptivo, considerándose que las consecuencias negativas que se derivarían del cese de esta acogida no recomiendan un cambio de su situación.
El demandante recurre en amparo dicha resolución ante el Tribunal Constitucional, que lo desestima por ausencia de relevancia constitucional.
El demandante invoca el artículo 8 del Convenio (derecho al respeto a la vida privada y familiar), alegando la falta de medidas para lograr el restablecimiento de su relación con su hija menor una vez absuelto de todos los cargos que se le imputaban, incluida la orden de alejamiento respecto de sus hijos.
Mediante sentencia de 18 de junio de 2019, el Tribunal declara:
En cuanto a las causas de inadmisibilidad (falta de agotamiento de los recursos internos por no haber el demandante explicado ante el Tribunal Constitucional la especial trascendencia constitucional del asunto) considera que de hecho el recurso de amparo se refería a la posible contradicción con la jurisprudencia establecida por el TEDH en el asunto R.M.S. c. España. Por ello la excepción es desestimada.
En cuanto al fondo el TEDH señala que el derecho a que un padre viva con sus hijos es parte del derecho a la vida familiar del art 8 del Convenio y que las medidas nacionales que lo impiden suponen una injerencia en dicho derecho. Las autoridades nacionales, no obstante, deben hallar en casos de conflicto un adecuado equilibrio entre el derecho a la vida familiar otros intereses que pueden ser concurrente –el mantenimiento del orden público y el interés superior del menor- y gozan de un margen de apreciación en este sentido.
En cuanto a las medidas de ejecución a adoptar, si bien el demandante pide que se le ponga de inmediato en contacto con su hija, el Tribunal pide a las autoridades internas que revisen, tan pronto como sea posible, la situación del solicitante y de su hija a la luz de la presente sentencia y de la posibilidad de establecer una cualquier contacto entre ellos, teniendo en cuenta la situación actual de la niña y a su interés superior, y a tomar cualquier otra medida apropiado en el interés superior de la menor. En este sentido toma nota de la posibilidad de revisión de las sentencias firmes siempre que no perjudique a derechos adquiridos por terceros de buena fe, conforme a los arts 510 y 511 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Asunto: Jorge FRAILE ITURRALDE v. España (66498/17)
Decisión asunto Fraile Iturralde v. España (PDF. 326 KB)
El demandante, Jorge Fraile Iturralde, es un ciudadano español nacido en 1970, quien desde 1998 está cumpliendo una condena de 25 años por colaboración con banda armada, como es la banda terrorista ETA. Desde junio de 2010 cumple condena en la cárcel de Badajoz.
El asunto se refiere a la queja interpuesta respecto a la denegación de su petición para ser trasladado a una cárcel más próxima a su familia.
En 2016 el demandante presentó una queja ante los tribunales nacionales por la decisión de mantenerle internado en la cárcel de Badajoz en régimen cerrado. Se quejó en concreto de que las autoridades penitenciarias le habían denegado que pudiese cumplir su condena más cerca del domicilio de su familia, en Durango.Afirmó que los 700 kms de desplazamiento desde Durango a Badajoz eran penosos para su esposa y su hija de cinco años. Sus padres, de edad avanzada, no podían visitarle.
Dichas quejas fueron desestimadas ese mismo año tras su examen en dos instancias jurisdiccionales, por el Juzgado Central de Vigilancia en primera instancia y por la Audiencia Nacional en apelación.
Los tribunales declararon básicamente que una excepción de la norma general de que los detenidos deben mantenerse internados cerca de su familia y amigos se justificaba mediante una política general penitenciaria sobre terroristas condenados, su comportamiento disruptivo y su adhesión permanente a ETA en la cárcel, así como por los informes penitenciarios que probaban el hecho de que mantenía un contacto frecuente con familiares y amigos.
En 2017, el Tribunal Constitucional declaró inadmisible el recurso de amparo. Ratificando las conclusiones de los tribunales inferiores, mantuvo que el asunto no revelaba apariencia alguna de vulneración de los derechos objeto de dichos recursos.
El demandante reclama que la denegación de su petición para ser trasladado a una cárcel más próxima a su familia vulnera sus derechos en virtud del artículo 8 (derecho al respeto a su vida familiar). Se basa igualmente en el artículo 6.1 (acceso a los tribunales) para reclamar que el auto del Tribunal Constitucional fue arbitrario y excesivamente formalista.
a)Sobre la presunta violación del art 8 del Convenio (Derecho a la vida privada y familiar)
El TEDH recuerda que toda pena de prisión lleva aparejada, por su propia naturaleza, una afectación a la vida privada y familiar. El Convenio no garantiza a los condenados el derecho a elegir su lugar de detención. Sin embargo ejecutar la pena de prisión en lugares que dificulten mucho o imposibiliten el contacto familiar pudieran suponer una violación de este precepto, en la medida en que la ausencia de contacto puede afectar al mantenimiento de los vínculos familiares.
Aunque es cierto que en el caso del demandante la ejecución de la pena en la prisión de Badajoz interfiere en la frecuencia en que puede mantener contacto con sus familiares, debe examinarse si es conforma a la ley, si perseguía una finalidad legítima y si era proporcionada en relación con el fin.
En cuanto a lo primero, la ley española (art 79 de la Ley General Penitenciaria y art 31 de su Reglamento) es accesible, conocida y previsible en su aplicación, de manera que el margen de discrecionalidad de las autoridades quede suficientemente acotado. La decisión inicialmente adoptada asignando prisión de cumplimiento era recurrible en vía administrativa y ulterior jurisdiccional y el interesado dejó que alcanzara firmeza, sin explicar por qué causa no formalizo el oportuno recurso ante el Ministerio del Interior. Posteriormente se podía pedir revisión, solicitud que fue analizada administrativamente y sujeta a revisión jurisdiccional por dos instancias. La ley española permite analizar la situación personal y familiar del detenido, así como se orienta a favorecer la reinserción de los presos. Las decisiones adoptadas por los tribunales españoles lo hicieron en ese marco legal, apreciando las circunstancias individuales del caso. En este contexto el TEDH no tiene por qué cuestionar la interpretación de la ley nacional por las autoridades nacionales, especialmente por los tribunales internos.
Respecto de lo segundo –finalidad legítima- el fomento de la disciplina y el buen comportamiento en prisión es una finalidad legítima. En este caso el acercamiento geográfico a la familia habría incrementado los vínculos del demandado con ETA cuando estaba desarrollando un mal comportamiento en prisión bajo instrucciones de la misma banda terrorista. Asimismo el alejamiento de los presos de ETA respondería al legítimo fin de respetar la dignidad de las víctimas –que se ofenderían si los condenados se encontraran en prisiones cercanas a ellas-. Asimismo la concentración de presos de ETA en ciertas presiones aumentó en el pasado la presión que sobre ellos ejercía la organización terrorista y el señalamiento como objetivos de funcionarios de prisiones.
Respecto de lo tercero –proporcionalidad con el fin perseguido- si bien el tribunal considera que el amplio margen de apreciación que tienen los Estados en la ejecución de las condenas penales puede limitarse si afecta sustancialmente a los vínculos familiares, en este caso se considera que las medidas fueron proporcionales. Ello se funda en la constatación de que el demandante ha mantenido contacto regular con su familia, enviado y recibido cartas regularmente y se ha beneficiado de un permiso cuando su mujer dio a luz a su hija. No hay constancia de que los viajes de su familia tuvieran especiales dificultades. La política de alejamiento de presos se aplicaba sólo a presos por delitos terroristas, para minimizar el riesgo derivado de su contacto cercano con organizaciones terroristas, teniendo en cuenta que la ETA no anunció el completo desmantelamiento de sus estructuras hasta un comunicado de 3 de mayo de 2018.Asimismo se hace notar que el demandante no se desvinculo individualmente de la banda terrorista y que a aquellos que sí lo hicieron sí les fue concedido acceso al tercer grado penitenciario.
Así pues, el TEDH concluye que dado el limitado ámbito de las consideraciones de política criminal que se aplicaron en el caso del demandante, la falta de evidencia de que haya sufrido una significativa afección a sus vínculos afectivos y teniendo en cuenta el margen de apreciación del que gozan los Estados parte, no se vulnera el principio de proporcionalidad.
Por lo tanto esta queja se encuentra manifiestamente mal fundada y resulta inadmitida.
b)Sobre la presunta violación del derecho a un juicio justo del art 6.
El demandante considera que la inadmisión de su recurso de amparo fue formalista y vulneraria su derecho de acceso a una revisión jurisdiccional.
El TEDH declara que el Tribunal Constitucional no vulneró el Convenio ya que inadmitió el amparo en base a los preceptos que regulan la admisión de los recursos de amparo en su ley, siendo legítimo que así se establezca cuando las cuestiones planteadas no tengan entidad suficiente o si el recurso no tiene visos de poder prosperar.
Por lo tanto, esta queja también es manifiestamente mal fundada.
Se declara la demanda inadmisible.
Derecho a la propia imagen y protección de la reputación Familiar
Asunto: De La Flor Cabrera c. España. (10764/09)
Sentencia DE LA FLOR CABRERA c. España (PDF. 267 KB)
El demandante, que había sido atropellado por un vehículo mientras realizaba un paseo en bicicleta, presentó una demanda contra el conductor del vehículo y la compañía de seguros implicada, por daños y perjuicios alegando su incapacidad, a raíz del accidente, para conducir vehículos a motor. En el proceso, la compañía aseguradora presentó un video grabado en lugares públicos por una agencia de detectives privados en el cual se veía al demandante conducir una moto.
En el recurso ante la Audiencia Provincial, ésta se pronunció en favor del informe de la agencia de detectives, estimando que las circunstancias en las que habían sido tomadas estas imágenes no constituían ni una interferencia en el comportamiento ni un condicionamiento del demandante.
Paralelamente, el demandante promovió un procedimiento contra la compañía aseguradora por vulneración de su derecho a la vida privada y a su imagen. El Tribunal desestimó su pretensión y la Audiencia Provincial estimó justificada la grabación, tanto respecto del objetivo perseguido por la aseguradora como de los detectives que la habían realizado.
Invocando el artículo 8 (derecho a la vida privada y familiar) el demandante alega que las grabaciones de video realizadas sin su consentimiento y utilizadas en el proceso son contrarias a su derecho a la intimidad personal así como al de su imagen.
El TEDH resuelve desestimar la demanda porque :
Las imágenes fueron tomadas exclusivamente con el objetivo de poner a disposición del Juez todos los elementos relevantes que contribuyen al debate judicial. En efecto las imágenes litigiosas contradecían las afirmaciones del demandante según las cuales se había vuelto incapaz, a raíz de su accidente, de conducir vehículos a motor.
Por tanto, la injerencia en el derecho del demandante en su vida privada no ha sido desproporcionada con respecto a las exigencias del artículo 8 del Convenio. En consecuencia el TEDH resuelve que no ha habido violación del Convenio.
Asunto: López Ribalda y otros c. España. GRAN SALA
Sentencia de Gran Sala en el asunto López Ribalda y otros v. España (original en inglés) (PDF. 483 KB)
En el presente asunto las demandantes denunciaron la videovigilancia encubierta en la cadena de supermercados donde trabajaban por parte del empleador, con el fin de investigar una serie de robos en cantidades cuantiosas que venían produciéndose en el establecimiento. El empleador instaló cámaras visibles y cámaras ocultas en cada caja. La empresa informó a sus trabajadoras sobre las primeras, pero no sobre las segundas. Las demandantes fueron grabadas robando junto a otros trabajadores y en connivencia con clientes. Los hechos fueron finalmente aceptados por las demandantes en una reunión privada con representante sindical, siendo despedidas por la empresa por razones disciplinarias. A pesar de que las trabajadoras y el empleador llegaron a un acuerdo en el que una parte reconocía su participación en el robo y a no presentar demanda laboral, firmando el finiquito, y la otra parte se comprometió a no iniciar un proceso penal contra ellas, finalmente, las demandantes impugnaron la legalidad del despido ante la jurisdicción social. No obstante, los despidos fueron considerados procedentes en primera instancia y suplicación. El vídeo fue aceptado como prueba legalmente obtenida.
Las demandantes pidieron del TEDH que se declarara una violación de los artículos 8 (derecho al respeto de la vida privada) y el artículo 6.1 (derecho a un juicio justo) del Convenio. Consideraban que la toma de imágenes sin previa comunicación por las cámaras ocultas había violado su derecho a la vida privada y que al aceptar los órganos jurisdiccionales la validez de la prueba videográfica no habrían sido enjuiciadas justamente. Asimismo estimaban que los acuerdos de transacción a los que habían llegado con la empresa en presencia del representante sindical y la suscripción de los finiquitos no habrían tenido validez por haberse concluido, en su opinión, bajo coacciones.
El Estado opuso que se tratara de un conflicto entre particulares, de cuyo resultado no era responsable. Las autoridades españolas sancionan de manera efectiva la instalación de video vigilancia en los centros de trabajo sin previa comunicación a los trabajadores a través de la Agencia de Protección de Datos si hay una denuncia, por lo que cumpliría su obligación positiva de garantizar el respeto de las normas del Convenio. Además el Tribunal Constitucional, a partir de 2013, ha establecido que si la videograbación oculta incumplidora de la normativa de protección de datos es la única prueba para el despido, el mismo debe ser considerado nulo. Además las pruebas de los robos no eran exclusivamente las derivadas de las grabaciones ocultas, por los que los jueces habían tenido en cuenta también otros elementos relevantes para fijar los hechos. Por último, se consideraba que los acuerdos y finiquitos no se habían concluido en contra de lo establecido en el Convenio.
La Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que:
- En cuanto al artículo 6.1 del Convenio (derecho a un juicio justo), el Tribunal declara que no ha habido vulneración ya que, por un lado, a las demandantes se les ha permitido cuestionar la autenticidad de las grabaciones durante el proceso judicial y, por otro, las decisiones judiciales no se basaron únicamente en dichas grabaciones sino también en las declaraciones testificales. Tampoco considera que los acuerdos o los finiquitos se suscribieran bajo amenazas o coacciones por parte del empleador.
En base al artículo 43 del Convenio y antes de que dicha sentencia deviniera firme, el Gobierno solicitó la remisión del asunto ante la Gran Sala, que ha dictado sentencia el 17 de septiembre en audiencia pública. Como resultado, la Gran Sala, en formación de 17 jueces, ha fallado lo siguiente:
1. Desestima, por unanimidad, la objeción preliminar del Gobierno
2. Declara, por catorce votos a tres, que no se ha vulnerado el art. 8 del Convenio
3. Declara, por unanimidad, que no se ha vulnerado el artículo 6 del Convenio, respecto al uso como prueba de las grabaciones obtenidas mediante videovigilancia
4. Declara, por unanimidad, que no se ha vulnerado el artículo 6 del Convenio, respecto a la aceptación de acuerdos de liquidación firmados por la tercera, cuarta y quinta demandantes.
En virtud del artículo 44 del Convenio, dicha sentencia es firme.
Asunto: Vicent del Campo c. España (25527/13)
Sentencia Vicent del Campo v España (PDF. 329 KB)
El demandante, Fernando Vicent del Campo es un nacional español nacido en 1957. Reside en Villavente (León).
El caso atañe a una resolución judicial interna que señalaba nominalmente al Sr. Vicent del Campo como acosador de una compañera de trabajo, cuando en realidad la parte demanda en este proceso era, de hecho, su empleador -una Autoridad local-.
Profesor y jefe de servicio en la Escuela de Artes y Oficios de León, el Sr. Vicent del Campo fue acusado de acoso por una de sus compañeras. Al haber sido rechazada la queja de esta compañera que instaba la adopción de medidas administrativas, esta presentó una solicitud de responsabilidad patrimonial ante la Junta de Castilla y León. Ante el silencio de la Administración, instó en enero del 2007 una demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
En noviembre de 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se pronunció contra la Administración regional obligando a indemnizar a la compañera afectada. Consideró responsable a la Administración porque la demandante había sido víctima de acoso y las Autoridades competentes no habían hecho nada para impedirlo. La sentencia citaba en varias ocasiones el nombre del Sr. Vicent del Campo y estimaba que se había acreditado que había acosado y perseguido a su compañera.
En diciembre de 2012, el Sr. Vicent del Campo solicitó acceder al expediente y ser parte en el procedimiento, aduciendo que había tenido conocimiento de la sentencia por la prensa local. Las jurisdicciones nacionales rechazaron su solicitud de ser parte debido a que sólo la Administración podía ser parte demandada en semejante caso, incluso si a título individual un funcionario podía ser identificado y su comportamiento juzgado. El recurso de amparo interpuesto por la demandante ante el Tribunal Constitucional fue inadmitido por falta de relevancia constitucional.
Invocando el artículo 6 § 1 (derecho a un proceso equitativo), el Sr. Vicent del Campo se queja de no haber podido ser parte en la solicitud de responsabilidad patrimonial contra la Administración aun cuando tenía, según él, un interés directo en defenderse de unas graves alegaciones de acoso en el lugar de trabajo.
En el ámbito del artículo 8 (derecho al respeto a la vida privada y familiar) y del artículo 13 (derecho a un recurso efectivo) el Sr. Vicent del Campo considera como una vulneración injustificada de su derecho al honor y a la reputación la sentencia del TSJ declarándole culpable de acoso, dictada en un procedimiento en el que no era parte, y que no disponía de ninguna vía de recurso efectivo para hacer valer sus quejas al respecto.
La demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos fue interpuesta el 2 de abril de 2013.
Artículo 8: El TEDH señala que la noción de vida privada engloba a la reputación y al honor de cada persona.
La sentencia dictada en noviembre de 2011 por el TSJ contra la Administración designaba nominalmente al Sr. Vicent del Campo y concluía que, mediante su actuación, este había acosado y perseguido a una compañera. Ahora bien, el interesado no tenía conocimiento de este procedimiento, posterior al rechazo años atrás de la primera queja presentada por la compañera, y en el que no había sido parte. El TEDH concluye que el haber designado al Sr. Vicent del Campo en la sentencia se considera como una injerencia en su derecho a la protección de su vida privada.
Respecto a si esta injerencia estaba justificada, el TEDH observa que existe un interés para el público en que se garantice la transparencia de los procedimientos judiciales y que la publicación del razonamiento del juez nacional podría haber permitido que se protegieran los derechos de la compañera al reconocer los hechos de acoso en el lugar de trabajo.
Sin embargo, el juez nacional no se conformó con resolver sobre la falta de responsabilidad de la Administración: designó también nominalmente al Sr. Vicent del Campo y calificó el comportamiento de este último como acoso psicológico reiterado. Esta sentencia le ha cubierto de oprobio y probablemente haya tenido importantes consecuencias para su situación profesional.
Pues bien, el haber designado de esta manera al Sr. Vicent del Campo no se justificaba por razones imperativas. El juez podía no haber indicado su nombre, o mencionar solamente sus iniciales -una práctica por otra parte seguida por el Tribunal Constitucional español y por el Tribunal de Estrasburgo- y se comprende mal el porqué de haber actuado así.
El Sr. Vicent del Campo sólo ha tenido conocimiento de la sentencia por medio de la prensa local, más de cinco años después de que se rechazará la primera queja administrativa presentada por la Autoridades docentes.
No ha sido citado a comparecer, ni interrogado, ni advertido de ninguna otra manera de las pretensiones judiciales de su compañera, lo que supone que no ha tenido ninguna posibilidad de solicitar el anonimato en la sentencia. La injerencia en su derecho al respeto de su vida privada no estaba por tanto acompañada de suficientes garantías.
Como estas sentencias son en principio públicas, y el anonimato compete al secretario y no a los propios tribunales, el TSJ debería, desde el principio, haber adoptado más medidas en orden a proteger el derecho del Sr. Vicent del Campo al respeto de su vida privada.
En conjunto, el TEDH concluye que la injerencia en el derecho al respeto de la vida privada del Sr. Vicent del Campo no estaba debidamente justificada y que ha habido violación del artículo 8.
Dada su conclusión en lo relativo al artículo 8, el TEDH no juzga oportuno resolver por separado sobre las quejas del Sr. Vicent del Campo respecto de los artículos 6 § 1 y 13.
El TEDH otorga 12.000 euros al demandante en concepto de daños morales y 9.268,60 euros por gastos y costas.
Los jueces Keller y Serghides han emitido un voto particular parcialmente discordante sobre la decisión de la Sala de no entrar a valorar si ha habido violación del artículo 6 § 1 del Convenio.
Asunto: López Ribalda y otros c. España (1874/13 y 8567/13)
Sentencia LÓPEZ RIBALDA Y OTROS v ESPAÑA (PDF. 410 KB)
En el presente asunto las demandantes denuncian la vigilancia encubierta por vídeo en la cadena de supermercados donde trabajaban por parte del empleador, con el fin de investigar unos robos cuantiosos que venían produciéndose en el establecimiento. El empleador instaló cámaras visibles y cámaras ocultas en cada caja. La empresa informó a sus trabajadoras sobre las primeras, pero no sobre las segundas. Las demandantes fueron grabadas robando junto a otros trabajadores y en connivencia con clientes. Los hechos fueron finalmente aceptados por las demandantes en una reunión privada con representante sindical, siendo despedidas por la empresa por razones disciplinarias. A pesar de que las trabajadoras y el empleador llegaron a un acuerdo en el que una parte reconocía su participación en el robo y a no presentar demanda laboral, firmando el finiquito, y la otra parte se comprometió a no iniciar un proceso penal contra ellas, finalmente, las demandantes impugnaron la legalidad del despido ante la jurisdicción social. No obstante, los despidos fueron considerados procedentes en primera instancia y suplicación. El vídeo fue aceptado como prueba legalmente obtenida.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que:
- Se produjo la vulneración del artículo 8 del Convenio (derecho al respeto de la vida privada), en la medida en que de acuerdo con la legislación de protección de datos española se debía haber informado previamente de la colocación de las cámaras.
Asunto: Rubio Dosamantes c. España (20996/10)
Sentencia RUBIO DOSAMANTES c España (PDF. 139 KB)
ANTECEDENTES: Este caso atañe a los comentarios vertidos sobre la vida privada de una cantante mejicana afincada en España en distintos programas “del corazón”, considerados por la interesada como atentatorios contra su derecho al honor y a su vida privada.
En los meses de abril y mayo del año 2005, el antiguo representante de la cantante fue entrevistado en tres programas de televisión en relación con distintos aspectos de la vida privada de la cantante. En mayo de 2005, ésta promovió una acción civil contra su antiguo representante, presentadores y colaboradores de dichos programas así como contra las productoras de los mismos y de las propias cadenas de televisión. Se quejaba del contenido de los programas emitidos en abril y mayo de 2005, considerando que ciertos comentarios que se habían hecho allí habían vulnerado sus derechos fundamentales.
Mediante sentencia de 19 de febrero de 2007, el Juzgado de primera instancia nº 1 de Madrid desestimó la demanda, estimando que los comentarios respecto del consumo de droga por parte de la pareja de la demandante, se referían únicamente al estado de su relación sentimental y no a una presunta incitación directa de la interesada al consumo. En cuanto a las alusiones hechas sobre la orientación sexual de la demandante, el Juez consideró que no habían atentado contra su honor por cuanto la condición de homosexual de una persona en la actualidad no debe ser entendida como deshonrosa y además la propia actora ha consentido tácitamente la polémica al respecto, Por último, el Juez estimó que las palabras relativas a los malos tratos que la demandante habría infligido a su pareja tampoco vulneraban su reputación. La demandante recurrió. Mediante sentencia dictada el 29 de octubre de 2007, la Audiencia Provincial de Madrid ratificó la sentencia recurrida. En mayo de 2009 el Tribunal Supremo inadmitió su recurso de casación. La demandante entonces recurrió en amparo ante el Tribunal Constitucional quien inadmitió asimismo el recurso en octubre de 2009.
QUEJAS: Invocando el artículo 8 (derecho al respeto a la vida privada y familiar) del Convenio, la demandante se queja de que los comentarios con respecto a ella en el marco de distintos programas de televisión habían vulnerado su derecho al honor y al respeto de su vida privada.
Que el hecho de ser muy conocida del público como artista, no implica que sus actividades o comportamientos en su vida privada deban por ello entrar en el ámbito del interés público. Estima que el hecho de que la demandante se aprovechara del interés prestado por la prensa no autorizaba a las cadenas de televisión a difundir unos comentarios incontrolados sobre su vida privada.
El TEDH recuerda que ciertos acontecimientos de la vida privada y familiar son objeto de una protección especialmente atenta con respecto al artículo 8 del Convenio, y deben llevar a los periodistas a dar muestras de prudencia y precaución en su tratamiento. Así, el hecho de propagar rumores no comprobados o difundir pruebas no verificadas o hacer comentarios sin control ni limitación sobre cualquier tema respecto de la vida de los demás, no debe ser visto como una cosa anodina.
Que correspondía a las Autoridades nacionales proceder a una valoración de los programas de televisión litigiosos con el fin de distinguir y ponderar lo que era susceptible de afectar al núcleo de la vida privada de la demandante y lo que podía presentar un interés legítimo para el público. El Tribunal considera que esta ponderación no ha sido suficientemente motivada ni razonada por lo que entiende que no se puede amparar en el margen de apreciación del que disponen las autoridades judiciales internas, dentro del cual el Tribunal no se pronunciaría.
En consecuencia el TEDH resuelve que ha habido violación del artículo 8 del Convenio.
No procede el pago de satisfacción equitativa alguna al no haber presentado la demandante reclamación por este concepto en plazo.
Asunto: C. C. c. España
Sentencia CC (PDF. 238 KB)
Asunto: Polanco Torres y Movilla Polanco c. España
POLANCO TORRES Y MOVILLA POLANCO c. España (PDF. 1,44 MB)
Derecho a permanecer en territorio español
Asunto: Saber y Boughassal c. España (76550/13 y 45938/14)
Sentencia Saber y Boughassal c. España (PDF. 434 KB)
Asunto: R.M.S. c. España
Sentencia RMS (PDF. 282 KB)
Asunto: K.A.B. c. España
Sentencia KAB (PDF. 288 KB)
Asunto: Saleck Bardi c. España
Sentencia Saleck Bardi (PDF. 264 KB)
Asunto: P. V. c. España
Sentencia P.V. (PDF. 194 KB)
Las Autoridades españolas no han desplegado los esfuerzos adecuados y suficientes para hacer respetar el derecho de los demandantes en relación con sus hijos.
Respeto del domicilio
Asunto: Cuenca Zarzoso (23383/12)
Sentencia Cuenca Zarzoso v España (PDF. 226 KB)
En el presente asunto el demandante reclamó que las autoridades valencianas no habían tomado las medidas oportunas para acabar con el ruido producido por los bares y otros locales de ocio en su lugar de residencia.
El demandante se basó en el artículo 8 del Convenio (derecho a respetar la vida privada) para reclamar la falta de actuación por parte de las autoridades, en concreto del Ayuntamiento de Valencia, para acabar con el ruido producido por dichos locales, y que por tanto había incumplido su obligación positiva al respecto.
El Gobierno alegó que la mera declaración de una zona como acústicamente saturada no puede reconocerse como justificación suficiente para reconocer los daños causados a todos los residentes. No obstante, el Tribunal considera que en este caso, las molestias sufridas por el demandante se mantuvieron durante un largo periodo antes y después de dicha declaración, lo que implica una vulneración constante de su vida privada. También considera que las pruebas presentadas por el demandante son suficientes para demostrar los problemas de salud ligados al ruido.
En consecuencia, el Tribunal declara la vulneración del artículo 8 del Convenio (derecho al respeto de la vida privada), así como la concesión de una indemnización en concepto de daños materiales, daños morales y del abono de los gastos y costas correspondientes.
Asunto: Martínez Martínez y Pino Manzano c. España
Sentencia Martínez Martínez y Pino Manzano (DOC. 131 KB)
Los ruidos medio ambientales en una zona industrial donde reside un matrimonio, no entrañan vulneración del derecho al respeto del domicilio y de la vida privada. No existe vulneración del artículo 8 del Convenio.
Asunto: Martínez Martínez c. España. Ruidos
Demanda Martínez Martínez (PDF. 228 KB)
Asunto: Trabajo Rueda c. España (32600/12)
Sentencia TRABAJO RUEDA c. España (PDF. 145 KB)
ANTECEDENTES: Este caso atañe al hallazgo de ficheros pedófilos pornográficos en un ordenador personal al reparar el mismo en una tienda especializada.
El día 17 de diciembre de 2007, el Sr. Trabajo Rueda dejó su ordenador personal en una tienda de informática para que le fuera sustituida la grabadora del mismo. Tras efectuar dicha sustitución, el técnico procedió a probarla abriendo varias carpetas constatando que contenía elementos pedófilos pornográficos. El 18 de diciembre de 2007, denunció los hechos a las Autoridades y entregó el ordenador a la policía, quien examinó su contenido entregándolo a sus colegas expertos en informática. La investigación policial fue puesta a continuación en conocimiento del Juez de Instrucción.
El 20 de diciembre de 2007, el Sr. Trabajo Rueda fue detenido al personarse a recoger su ordenador. Fue condenado en mayo del 2008 a una pena de cuatro años de prisión por la Audiencia Provincial de Sevilla por posesión y difusión de imágenes de menores de carácter pornográfico. El Sr. Trabajo Rueda solicitó que los elementos de prueba fueran declarados nulos al considerar que se había vulnerado su derecho a la vida privada por haber accedido la policía al contenido de su ordenador así como a sus archivos pero su solicitud fue rechazada. El Sr. Trabajo Rueda recurrió sin éxito en casación y después en amparo ante el Tribunal Constitucional.
QUEJAS: Invocando el artículo 8 (derecho al respeto a la vida privada y familiar) el Sr. Trabajo Rueda sostenía que la incautación y examen de su ordenador por parte de la policía habían constituido una injerencia en su derecho al respeto de su vida privada y familiar.
En primer lugar que el acceso a los archivos del ordenador personal del Sr. Trabajo Rueda y su consecuente condena constituyen una injerencia de las Autoridades públicas en el derecho del interesado a su vida privada, señalando que esta injerencia estaba prevista por las disposiciones del Derecho nacional, en particular por los textos legislativos puestos en relación con la jurisprudencia interpretativa del Tribunal Constitucional que ha establecido la regla de la autorización judicial previa cuando está en juego la vulneración de la vida privada de una persona, salvo en los casos de situaciones de emergencia que permiten un control judicial posterior .
En segundo lugar, el TEDH constata que la injerencia en cuestión pretendía un fin legítimo, el de la “prevención de las infracciones penales” o la “protección de los derechos de los demás” señalando que las sevicias sexuales constituyen indudablemente un tipo odioso de delito que hace vulnerables a las víctimas” y que “los niños y otras personas vulnerables tienen derecho a la protección del Estado en forma de prevención eficaz que los resguarde de unas formas de injerencia tan graves en aspectos esenciales de su vida privada”.
En tercer lugar, el TEDH considera que la incautación y examen por la policía de los archivos del ordenador, tal como han sido efectuados en este caso, no eran proporcionados a los fines legítimos pretendidos y no eran por tanto “necesarios en una sociedad democrática”. En efecto, el TEDH precisa que es difícil apreciar, en este caso, la urgencia que habría obligado a la policía a incautarse de los archivos del ordenador personal del Sr. Trabajo Rueda y acceder a su contenido, sin obtener previamente la autorización judicial normalmente requerida, ya que no existía ningún riesgo de desaparición de carpetas y que se trataba de un ordenador incautado y retenido por la policía y no conectado a la red de Internet. El TEDH no logra por tanto detectar las razones por las que la espera de una autorización judicial previa a la intervención en el ordenador del Sr. Trabajo Rueda, que podía obtenerse con relativa rapidez, hubiera obstaculizado la investigación llevada a cabo por la policía de los hechos denunciados.
En consecuencia el TEDH concluye que ha habido violación del artículo 8 del Convenio.
En cuanto a la satisfacción equitativa, el TEDH resuelve que la declaración de la violación representa por sí misma una satisfacción equitativa suficiente por todo daño moral que hubiera podido padecer el Sr. Trabajo Rueda.
El Juez Dedov emite un voto particular en el que expresa su desacuerdo con la mayoría. Entiende que el TEDH no puede aplicar el criterio de la proporcionalidad y las exigencias generales de las garantías procesales en las circunstancias de este caso, en el que los hechos criminales han sido descubiertos por un miembro de la sociedad informática y verificados por la policía. Además no se trata de una injerencia en una vida ordinaria sino de una acción rápida y eficaz llevada a cabo para impedir que se siguiera cometiendo el delito que nos ocupa y proteger el interés público. En su opinión, la apreciación y la conclusión del TEDH han entrado en conflicto con la política penal del Estado. Entiende que el demandante ha abusado de su derecho a un recurso individual ante el TEDH, y que éste ha preferido proteger el derecho a la vida privada aunque este modo de vida “protegido” sea de carácter criminal. En efecto un buen eslogan para la presente sentencia podría ser: “Fiat justitia, et pereat mundus”