Source: http://formu.info/la-convencin-internacional-sobre-los-derechos-de-las-personas-v3.html?page=17
Timestamp: 2018-10-20 07:17:02
Document Index: 18634263

Matched Legal Cases: ['artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 9', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 21', 'artículo 20', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 30', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 24', 'artículo 30', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 30', 'artículo 24', 'artículo 30', 'artículo 4', 'Artículo 68', 'artículo 69', 'artículo 70', 'artículo 22']

Cultura, ocio y deporte - La convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y su impacto...
3.1.1. Determinación del objeto de análisis.
3.1.2. O
3.1.3. Concreción de las obligaciones dispuestas por la Convención
3. Cultura, ocio y deporte.
3.1. Delimitación del contenido de la Convención
En el Preámbulo de la Convención sobre Derechos Fundamentales de las Personas con Discapacidad se reitera la idea de la necesidad de la participación de las personas con discapacidad en todos las dimensiones de la vida, sea en el ámbito civil, político, económico, social y cultural (apartados m, v, y).
Precisamente con respecto a éste último, el artículo 30 se dedica a la participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte. La garantía de la participación de las personas con discapacidad en estos ámbitos es una manifestación de los principios que informan la Convención en tanto esta se dirige a garantizar su participación plena y efectiva en la sociedad (art. 1 y art. 3.2 b) lo que se extiende a todos los ámbitos, incluidos éstos que pudieran considerarse ajenos al ámbito propio de los Derechos humanos.
En efecto, la participación de las personas con discapacidad debe ser efectiva en todas las dimensiones de la realidad y debe garantizarse en igualdad de condiciones que las demás, razón por la cual, se especifica el derecho a la participación en dicho ámbito y se establecen unas obligaciones concretas en el artículo 30 de la Convención.
No obstante la participación de las personas con discapacidad en la vida cultura, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte se encuentra vinculada a la realización efectiva de otros derechos y al cumplimiento de otras obligaciones que constituyen un prerrequisito para poder disfrutar de una plena participación es estos ámbitos.
En concreto, la accesibilidad debe estar garantizada para que la participación pueda ser efectiva. En este sentido debe cumplirse el contenido del artículo 9 de la Convención que se ve reforzado por las exigencias específicas relativas a la accesibilidad en estos ámbitos que se disponen en el artículo 30 y que serán analizadas a continuación. Dentro de estas exigencias específicas de accesibilidad deben distinguirse entre aquéllas referidas al entorno, instalaciones y servicios en general (que se analizan en este mismo ámbito de la investigación) y las relativas al acceso a la información. Estas últimas que afectan al artículo 30.1 a) y b) y apartado 3 se analizan dentro del ámbito 9 sobre accesibilidad a los medios audiovisuales, por lo que quedan excluidos del presente ámbito.
Por otra parte, la libertad de expresión y de opinión y de acceso a la información a la que se refiere el artículo 21 de la Convención resultan esenciales para garantizar tanto la participación en la vida cultural y en el ocio y esparcimiento, por lo que debe tenerse en cuenta el análisis que al respecto se lleva a cabo también en el ámbito 9 sobre accesibilidad a los medios audiovisuales.
Asimismo, la participación de las personas con discapacidad tanto en actividades culturales, como recreativas, de esparcimiento y deportivas se encuentra vinculada a la movilidad a la que se refiere en artículo 20 de la Convención. En la medida que esta movilidad no se encuentre garantizada, afectará a la posibilidad de estas personas de participar de forma activa o pasiva en este tipo de actividades.
3.1.2. Objetivo y alcance de las obligaciones de la Convención.
El objetivo del artículo 30 de la Convención es garantizar la participación de las personas con discapacidad en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte en igualdad de condiciones que las demás.
El objetivo expresado en el artículo 30 se extiende a todos estos ámbitos por igual, de manera que alcanza a las expresiones culturales más elevadas como al ocio común, sin distinguir si se trata de un disfrute intelectual o meramente físico.
La participación debe producirse de forma plena, esto es, tanto en su dimensión activa, garantizando la participación de las personas con discapacidad en la creación cultural respetando su propia identidad cultural y lingüística, así como en la organización y desarrollo de las actividades recreativas y deportivas; como en su dimensión pasiva, garantizando el disfrute de las actividades y servicios culturales, recreativos, de esparcimiento y deportivos.
En el ámbito de la vida cultural, el artículo 30 reconoce la participación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás como un derecho y exige a los Estados que adopten todas las medidas pertinentes para asegurarla.
Entre dichas medidas se encuentra la de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a los lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos. Esta obligación se encuentra directamente vinculada a la relativa a la accesibilidad a las instalaciones abiertas al público o de carácter público a la que se refiere el artículo 9. La exigencia de accesibilidad se aplica a toda instalación vinculada con las actividades culturales, estén o no incluidas en la enumeración que no tiene carácter exhaustivo— y tiene un carácter más amplio que la contenida en el artículo 9 ya que incluye a todas instalaciones, sean o no de abiertas al público o de uso público.
Una mención específica merecen los monumentos y lugares de importancia cultural nacional, a los que se refiere el inciso final del artículo 30.1 a). Por una parte, por lo que respecta a los monumentos, en tanto que instalación abiertas al público o de uso público estarían sometidos a los criterios de accesibilidad contenidos en el artículo 9. Sin embargo, se dispone que en éste caso, y teniendo en cuenta las singulares características de estos espacios, dispone que la accesibilidad deberá garantizarse en la medida de lo posible, lo que supone una excepción al principio de accesibilidad total dispuesto en el artículo 9. Por lo que respecta a los lugares de importancia cultural nacional, debe aplicarse este mismo criterio en la medida que se trate de instalaciones, esto es, que sean construcción artificiales. Sin embargo, cuando se trate de espacios naturales, se aplicará esta previsión como una obligación adicional que va más allá de lo dispuesto en el artículo 9 que únicamente garantiza la accesibilidad en los entornos derivados de la acción humana. Por lo tanto, los espacios naturales (como son los llamados monumentos naturales), deberán cumplir las condiciones de accesibilidad en la medida que sea posible.
Otras medidas relativas a la vida cultural son aquéllas que se refieren al desarrollo y utilización de su potencial creativo, artístico e intelectual (art. 30.2). Esto implica tanto medidas relativas a la formación en estos ámbitos —lo cual conecta con el derecho a la educación reconocido en el artículo 24 de la Convención—, como medidas dirigidas al desarrollo del dicho potencial (premios, exposiciones, etc.). Estas medidas deben estar dirigidas al desarrollo de la actividad cultural creadora de las personas con discapacidad que debe redundar no sólo en beneficio de éstas sino para el enriquecimiento de la sociedad. Se trata de un criterio en la articulación de estas medidas que deben garantizar su difusión de manera que no se convierta en una actividad marginal sin sentido, sino que su finalidad sea, al igual que cualquier otra actividad cultural constituya un aporte en general a la sociedad.
Esto no impide que el artículo 30.4 reconozca el derecho a una identidad cultural y lingüística específica, en igualdad de condiciones que las demás. Esto implica que los Estados deben apoyar a través de medidas de fomento la definición cultural de las personas con discapacidad, incluidas la lengua de señas y la cultura de los sordos.
En cuanto a las actividades recreativas, de esparcimiento, turísticas y deportivas se plantean igualmente unas exigencias adicionales de accesibilidad que se suman a las dispuestas con carácter general en el artículo 9 de la Convención. Por una parte se exige que los Estados adopten las medidas pertinentes para asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas (art. 30.5 c); por otro, deben asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios de quienes participan en la organización de actividades recreativas, turísticas, de esparcimiento y deportivas (art. 30.5 e).
Estas dos referencias suponen una concreción de la obligación genérica de garantizar el acceso a las instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público contenida en el artículo 9 de la Convención, aunque no se hace referencia al carácter abierto al público o al uso público de las instalaciones, quizás porque se entiende que dichas instalaciones cumplen siempre esas características. Sea como fuere, el acceso a este tipo de instalaciones e instalaciones debe garantizarse de forma plena en todos los casos independientemente de sus características. En el caso de los servicios de quienes participan en la organización de estas actividades debe aclararse que el acceso se predica tanto de los servicios turísticas, deportivos, etc. como aquéllos otros conexos que puede ser relevantes para la participación de las personas con discapacidad en la organización o disfrute de estas actividades.
Además de la accesibilidad en las actividades deportivas como recreativas, los Estados deben asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de organizar y desarrollar dichas actividades, lo que implica que se garantice que no existe ningún obstáculo material o legal que les impida participar en igualdad de condiciones que las demás. Para que la participación no sea únicamente formal sino real y efectiva, de forma adicional los Estados deberán alentar a que se les ofrezca, igualdad de condiciones con las demás, instrucción, formación y recursos adecuados.
La participación en este ámbito de los niños y niñas con discapacidad debe asegurarse de forma específica, no sólo en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas sino también en actividades lúdicas lo que pone de manifiesto la existencia de una dimensión formativa adicional. Esto se confirma al señalar el artículo 30.5 d) que estas actividades abarcan las que realicen dentro del sistema escolar, lo que remite al artículo 24 sobre derecho a la educación.
Por último, en el caso específico de las actividades deportivas, los Estados deben adoptar las medidas pertinentes para alentar y promover la participación, en la mayor medida posible, de las personas con discapacidad en las actividades deportivas generales a todos los niveles. Lo cual supone adoptar las medidas de fomento necesarias para alcanzar una participación efectiva de todas las personas con discapacidad (independientemente del tipo de discapacidad), en todas las actividades deportivas (con independencia de la disciplina —que deberá ser adaptada en caso necesario—), y de que sea aficionado o profesional, y a todas las edades y sexo.
Por último, como límite general a todo el artículo 30 de la Convención, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 4.2 que señala que con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de la cooperación internacional, para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos.
3.1.3. Concreción de las obligaciones dispuestas por la Convención.
Obligaciones generales: los Estados reconocen el derecho de las personas con discapacidad a participar en la vida cultural, así como su obligación de asegurar su participación en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, en igualdad de condiciones con las demás. Para lo cual deben adoptar todas medidas pertinentes para asegurar las obligaciones específicas que se señalan a continuación.
Obligaciones específicas relativa a la participación en la vida cultural:
a. Medidas para garantizar la participación activa: medidas necesarias para que puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual (art. 30.2), así como el reconocimiento y el apoyo a su identidad cultural y lingüística específica (art. 30.4).
b. Medidas para garantizar la participación pasiva: acceso a material cultural en formatos accesibles (art. 30.1 a); acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras actividades culturales en formatos accesibles (art. 30.1 b); acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos y, en la medida de lo posible, tengan acceso a monumentos y lugares de importancia cultural nacional (art. 30.1 c): medidas para que las leyes de propiedad intelectual o constituyan una barrera excesiva o discriminatoria (art. 30.3)
c) Obligaciones específicas relativas a la participación en las actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas:
a. Medidas para garantizar una participación activa: asegurar que las personas con discapacidad tienen la oportunidad de organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas (art. 30.5 b); asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso.
b. Medidas para garantizar una participación pasiva: garantizar la participación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas (art. 30.5 a) y b); asegurar el acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas (art. 30.5 c) y a los servicios de quienes participan en la organización de actividades recreativas, turísticas, de esparcimiento y deportivas (art. 30.5 e); asegurar que los niños y las niñas con discapacidad tengan igual acceso con los demás a la participación en actividades lúdicas, recreativas, de esparcimiento y deportivas, incluidas las que se realicen en el sistema escolar (art. 30.5 d).
3.2. Identificación del contenido de la normativa nacional relevante
I. Normativa general sobre personas con discapacidad.
Objetivo general (art. 1): garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Se entiende por igualdad de oportunidades la ausencia de discriminación, directa o indirecta, que tenga su causa en una discapacidad, así como la adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, económica, cultural y social.
Real Decreto 1492/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social.
Andalucía. Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención a las personas con discapacidad en Andalucía (Título VI, Ocio y Deporte)
Comunidad Valenciana. Ley 11/2003, de 10 de abril, sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad. (Artículo 68. Actividades culturales.; artículo 69. Actividades deportivas; artículo 70. Integración en los ámbitos social y cultural).
II. Normativa específica relativa a la vida cultural
A) Normativa sobre accesibilidad a espacios e instalaciones culturales
Normativa sobre espectáculos públicos y actividades recreativas.
Ley de Andalucía 17/1997 de espectáculos públicos y actividades recreativas;
Ley de Aragón 11/2005 reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos
Ley asturiana 8/2002 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas;
Ley del Parlamento de Cataluña 10/1990 sobre Policía de Espectáculos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos
Ley de Madrid 17/1997 de espectáculos públicos y actividades recreativas, remite, además a la norma sobre accesibilidad,
Ley 8/1993 de promoción de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
Ley de Valencia 4/2003 de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, en este caso por remisión a la Ley 1/1998.
Ley 4/2000 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad Autónoma de La Rioja
Ley de Castilla y León 7/2006 de espectáculos públicos y actividades recreativas
Ley 1/1998 de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas. Esta difiere de las anteriores ya que se hace referencia, no sólo a la accesibilidad física, sino también accesibilidad a los contenidos en su Decreto 227/1997 por el que se aprueba el Reglamento.
Real Decreto 496/1994, por el que se modifica el artículo 22 del Reglamento de Museos de titularidad estatal y del sistema español de museos, aprobado por Real Decreto 620/1987
Real Decreto 119/2004, de 23 de enero, por el que se reorganiza el Museo Nacional de Antropología.
Orden de 28 de junio de 1994 por la que se regula la visita pública a los museos de titularidad estatal adscritos al Ministerio de Educación y Cultura.
Ley 14/2007, de 26 de noviembre de 2007. Regula el Patrimonio Histórico de Andalucía.
Ley 7/1986, de 5 diciembre 1986. Normas reguladoras de los museos de Aragón
Ley 1/2001, de 6 marzo 2001. Normas reguladoras del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias.
Ley 4/1999, de 15 marzo 1999. Ley del Patrimonio Histórico de Canarias
Ley 11/1998, de 13 octubre 1998. Ley del Patrimonio Cultural de Cantabria.
Ley 5/2001, de 19 noviembre 2001. Museos de Cantabria.
Ley 4/1990, de 30 mayo 1990. Regulación del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha
Ley 10/1994, de 8 julio 1994. Regulación de los Museos de Castilla y León
Ley 17/1990, de 2 noviembre 1990. Regula los museos de Cataluña.
Ley 9/1993, de 30 septiembre 1993. Regula el patrimonio cultural catalán
Ley 2/1999, de 29 marzo 1999. Ley del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura
Ley 8/1995, de 30 octubre 1995. Regula el Patrimonio Cultural de Galicia
Ley 12/1998, de 21 diciembre 1998. Ley del Patrimonio Histórico de Illes Balears
Ley 4/2003, de 26 marzo 2003. Ley de Museos de las Illes Balears.
Ley 7/2004, de 18 octubre 2004. Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja
Ley 9/1999, de 9 abril 1999. Museos de la Comunidad de Madrid
Ley 5/1996, de 30 julio 1996. Regula los Museos de la Región de Murcia
Ley 7/1990, de 3 julio 1990. Regulación del Patrimonio Cultural Vasco
Ley 7/2006, de 1 de diciembre, de Museos del País Vasco
Decreto 284/1995, de 28 noviembre 1995. Reglamento de creación y de gestión de fondos museísticos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Decreto 56/1987, de 8 mayo 1987. Desarrolla Ley 5 diciembre 1986 de normas reguladoras de los museos de Aragón
Decreto 33/1991, de 20 marzo 1991. Regula la creación de museos del Principado de Asturias y establece un sistema regional de cooperación y coordinación
Decreto 36/2001, de 2 mayo 2001. Desarrollo parcial de Ley de Cantabria 11/1998, de 13-10-1998, de Patrimonio Cultural
Decreto 174/1994, de 28 julio 1994. Regula la visita a los museos de titularidad estatal gestionados por la Junta de Castilla y León
Decreto 13/1997, de 30 enero 1997. Reglamento de desarrollo parcial de Ley 8 julio 1994, de museos de Castilla y León
Decreto 35/1992, de 10 febrero 1992. Desarrolla Ley 2 noviembre 1990, de regulación de los museos de Cataluña
Decreto 110/1996, de 2 julio 1996. Creación de la red de museos y exposiciones museográficas permanentes de Extremadura.
Decreto 314/1986, de 16 octubre 1986. Regulación del sistema público de museos de Galicia.
Decreto 137/2005, de 9 diciembre 2005. Desarrolla parcialmente la Ley 5/1996, de 30-7-1996, de Museos de la Región de Murcia
Decreto Foral 203/1994, de 24 octubre 1994. Establece el régimen de acceso a los museos de titularidad de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas. Establece que los planes de fomento de la lectura “…tendrán especial consideración con la población infantil y juvenil y con los sectores más desfavorecidos socialmente, con especial atención a las personas con discapacidad…”. Contiene previsiones sobre promoción y fomento del uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, así como disposiciones sobre igualdad y accesibilidad universal a las instalaciones y se insiste en la importancia de implementar servicios de accesibilidad en los soportes de los libros.
Real Decreto 1581/1991, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto de la Biblioteca Nacional.
Orden CUL/4486/2004, de 30 de diciembre, por la que se establecen las normas de acceso a la Biblioteca Nacional.
Ley 16/2003, de 22 diciembre 2003. Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación.
Ley 8/1986, de 19 diciembre 1986. Regulación de las Bibliotecas de Aragón
Ley 3/2001, de 25 septiembre 2001. Bibliotecas de Cantabria
Ley 1/1989, de 4 mayo 1989. Normas reguladoras de las Bibliotecas de Castilla-La Mancha.
Ley 9/1989, de 30 noviembre 1989. Normas reguladoras de las Bibliotecas de Castilla y León
Ley 4/1993, de 18 marzo 1993. Establece las bases y las estructuras fundamentales del Sistema Bibliotecario de Cataluña.
Ley 6/1997, de 29 mayo 1997. Ley de Bibliotecas de Extremadura
Ley 14/1989, de 11 octubre 1989. Regulación de las Bibliotecas de Galicia.
Ley 4/1990, de 29 junio 1990. Bibliotecas de La Rioja
Ley 10/1989, de 5 octubre 1989. Regulación de las Bibliotecas de la Comunidad de Madrid.
Ley 5/1999, de 30 marzo 1999. Fomento del Libro y la Lectura de la Comunidad de Madrid.
Ley 7/1990, de 11 abril 1990. Regula las Bibliotecas y el Patrimonio Bibliográfico de la Región de Murcia.
Ley Foral 32/2002, de 19 noviembre 2002. Regula el sistema bibliotecario de Navarra.
Ley 11/2007, de 26 octubre 2007. Ley de Bibliotecas de Euskadi
Ley 10/1986, de 30 diciembre 1986. Centros integrados en el sistema bibliotecario valenciano.
Decreto 230/1999, de 15 noviembre 1999. Reglamento del Sistema Bibliotecario de Andalucía.
Decreto 65/1987, de 23 mayo 1987. Desarrolla Ley 19 diciembre 1986 de regulación de las bibliotecas de Aragón.
Decreto 65/1986, de 15 mayo 1986. Normas generales de actuación del Principado de Asturias para la promoción y coordinación de los Servicios Bibliotecarios
Decreto 36/2001, de 2 mayo 2001. Desarrollo parcial de Ley de Cantabria 11/1998, de 13-10-1998, de Patrimonio Cultural.
Decreto 28/1998, de 7 abril 1998. Organización de la Biblioteca de Castilla-La Mancha.
Decreto 56/1991, de 21 marzo 1991. Estructura y funciones de la Biblioteca de Castilla y León.
Decreto 214/1996, de 13 septiembre 1996. Reglamento de los centros y servicios integrados en el Sistema de Bibliotecas de Castilla y León.
Decreto 263/1997, de 26 diciembre 1997. Reglamento interno de organización de los servicios de las bibliotecas públicas de titularidad estatal gestionadas por la Comunidad de Castilla y León.
Decreto 313/1986, de 16 octubre 1986. Organización y coordinación bibliotecaria de Galicia.
Decreto 24/1995, de 20 enero 1995. Regula los centros bibliotecarios fijos de Galicia
Decreto 41/2001, de 1 febrero 2001. Refundición de la normativa de Galicia en materia de Bibliotecas.
Decreto 24/2002, de 19 abril 2002. Aprueba el reglamento del Sistema de Bibliotecas de La Rioja.
Decreto 136/1988, de 29 diciembre 1988. Regulación del Depósito Legal en la Comunidad de Madrid.
Decreto 102/1983, de 21 diciembre 1983. Creación del Sistema Bibliotecario de la Región de Murcia.
Decreto 27/2008, de 5 febrero 2008. Modifica y refunde la normativa de organización y funcionamiento del Consejo Vasco de la Cultura.
Normativa sobre identidad cultural
III. Normativa específica en materia de deporte
Plan ADO Paralímpico. El Plan Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico (ADOP) se puso en marcha en junio de 2005 y supuso la culminación de un proceso de equiparación de los deportistas paralímpicos con respecto a sus compañeros olímpicos, que ya gozaban del Plan ADO desde antes de los Juegos de Barcelona 1992.
Con la firma pública del Plan ADO Paralímpico en el Palacio de La Moncloa, que contó con el aval del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se atendió finalmente una reivindicación histórica del movimiento paralímpico español.
Impulsado por el Consejo Superior de Deportes y la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y la Discapacidad, en estrecha colaboración con el Comité Paralimpico Español, el Plan ADOP nació con un presupuesto de 7 millones de euros para el ciclo 2005-2008, aportados en su mayoría por media docena de patrocinadores privados, con el objetivo de que los deportistas españoles tuvieran las mejores condiciones posibles para sus entrenamientos y preparación de cara a los Juegos Paralímpicos.
Federación Española de Deportes de Minusválidos Físicos (FEDMF)
Federación Española de Deportes para Ciegos(FEDC)
Federación Española de Deportes de Paralíticos Cerebrales(FEDPC)
Federación Española de Deportes de Sordos(FEDS)
Ley 3/1995, de 21 de febrero, del Deporte de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
Ley 9/1990, de 22 de junio, del Deporte de Castilla-León
Ley 1/1995, de 2 de marzo, del Deporte de Castilla La Mancha
Ley 2/1994, 29 de diciembre, del deporte de Asturias
Ley 8/1988, de 7 de abril, del Deporte de Cataluña
Ley 8/1999, de 30 de julio, de la Jurisdicción Deportiva y de modificación de las Leyes 8/1988, del Deporte, y 11/1984, de creación del organismo autónomo Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña
Ley 8/1995, de 2 de mayo, del Deporte de la Comunidad de la Rioja
Programas específicos sobre actividad física para personas con discapacidad.
IV. Normativa específica en materia de turismo
Ley 6/2003, de 27 de febrero, de Turismo de Aragón.
Ley 7/2001, de 22 de junio, de Turismo del Principado de Asturias
Ley 2/2005, de 22 de marzo, de comercialización de estancias turísticas en viviendas en las Islas Baleares.