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Timestamp: 2019-01-17 15:41:40
Document Index: 274366988

Matched Legal Cases: ['artículo 75', 'artículo 32', 'artículo 168', 'artículo 253', 'artículo 254', 'artículo 252', 'artículo 25', 'artículo 357', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 357', 'artículo 1494', 'artículo 1495', 'artículo 864', 'artículo 1500', 'artículo 18', 'artículo 26', 'artículo 187', 'artículo 233', 'artículo 241', 'artículo 1614', 'artículo 2', 'Artículo 168', 'artículo 177', 'Artículo 253', 'artículo 41']

﻿ Sentencia 1999-12400 de enero 27 de 2012
SENTENCIA 1999-12400 DE 27 DE ENERO DE 2012
CONTENIDO:NO REFORMATIO IN PEJUS. ES LA GARANTÍA , EN VIRTUD DE LA CUAL NO ES VÁLIDAMENTE POSIBLE QUE CON SU DECISIÓN, EL JUEZ DE LA SEGUNDA INSTANCIA AGRAVE, EMPEORE O DESMEJORE LA SITUACIÓN, QUE EN RELACIÓN CON EL LITIGIO CORRESPONDIENTE LE HUBIERE SIDO DEFINIDA AL APELANTE ÚNICO EN LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ENTIDAD PÚBLICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO, PRINCIPIO DE LA REFORMATIO IN PEJUS, DAÑO EMERGENTE, LUCRO CESANTE, RECURSO DE APELACIÓN, DICTAMEN PERICIAL, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MORALES
Sentencia 1999-12400 de enero 27 de 2012
Radicación: 73001-23-31-000-1999-1240-01
Expediente: 20.614
Actor: James Olaya Buitrago
Demandado: Universidad del Tolima
Referencia: Contractual, Apelación sentencia
Bogotá, D.C., veintisiete de enero de dos mil doce.
Para desatar el presente conflicto judicial la Sala analizará los siguientes aspectos: a) la competencia del Consejo de Estado para conocer del asunto; b) pruebas recaudas y su valoración; c) los límites del recurso de apelación; d) la certeza del perjuicio indemnizable; y e) el análisis del caso concreto.
1. Competencia del Consejo de Estado para conocer del asunto.
Esta corporación es competente para conocer del recurso de apelación en virtud de lo dispuesto por el artículo 75(1) de la Ley 80, expedida en el año de 1993, el cual prescribe, expresamente, que la competente para conocer de las controversias generadas en los contratos celebrados por las entidades estatales es la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por cuanto la Universidad del Tolima tiene el carácter de entidad estatal, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio e independiente, en su condición de entidad territorial.
Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que la naturaleza del contrato no depende de su régimen jurídico, puesto que según las normas legales vigentes, por cuya virtud se acogió un criterio eminentemente subjetivo u orgánico, hay lugar a concluir que deben considerarse contratos estatales aquellos que celebren las entidades que participan de esa misma naturaleza. En este sentido se ha pronunciado esta Sala:
“De este modo, son contratos estatales ‘todos los contratos que celebren las entidades públicas del Estado, ya sea que se regulen por el estatuto general de contratación administrativa o que estén sujetos a regímenes especiales’, y estos últimos, donde encajan los que celebran las empresas oficiales que prestan servicios públicos domiciliarios, son objeto de control por parte del juez administrativo, caso en el cual las normas procesales aplicables a los trámites que ante este se surtan no podrán ser otras que las del derecho administrativo y las que en particular existan para este tipo de procedimientos, sin que incida la normatividad sustantiva que se le aplique a los contratos”(2) (negrilla fuera del texto).
De conformidad con lo anterior, se tiene entonces que en el marco del ordenamiento vigente la determinación de la naturaleza jurídica de los contratos radica en el análisis particular de cada entidad, pues la naturaleza de esta definirá, directamente, la del contrato que ha celebrado.
Así pues, adquiere relevancia en este punto la naturaleza de cada entidad, por lo cual si se considera que determinado ente es estatal, por contera habrá de concluirse que los contratos que la misma celebre deberán tenerse como estatales, sin importar el régimen legal que les deba ser aplicable.
Esta afirmación encuentra soporte legal en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, disposición que al tratar de definir los contratos estatales adoptó un criterio eminentemente subjetivo u orgánico, apartándose así de cualquier juicio funcional o referido al régimen jurídico aplicable a la parte sustantiva del contrato:
“Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación (...)”(3).
“La jurisdicción de lo contencioso administrativo no juzga las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley. Las decisiones jurisdiccionales adoptadas por las salas jurisdiccionales disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y de los consejos seccionales de la judicatura, no tendrán control jurisdiccional” (Negrillas fuera de texto).
“PAR.—Sin perjuicio de lo previsto en el presente artículo, se mantiene la vigencia en materia de competencia, de las leyes 142 de 1994, 689 de 2001 y 712 de 2001.” (Negrillas fuera de texto).
No obstante lo anterior, como se observará más adelante, la Sala advierte que en el caso concreto el Tribunal a quo no exigió a la parte actora probar la existencia del contrato estatal, como presupuesto indispensable para proferir la declaración de incumplimiento. En este sentido, es necesario efectuar algunas precisiones sobre el particular, sin desmedro de los límites del recurso de apelación, tratándose de apelante único.
El artículo 168 del Código Contencioso Administrativo(4) señala expresamente que a los procesos atribuidos al conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo aplicará el régimen legal probatorio establecido por el Código de Procedimiento Civil. Así, al incorporarse dicho régimen se adoptó también parte de la filosofía(5) que inspira las pruebas en el estatuto procesal civil, el cual se materializa en el sistema de valoración probatoria que está presente en los procesos constitutivos, declarativos o de condena que regula esa normatividad.
Bajo esta perspectiva, es necesario tener presente que de acuerdo con el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil(6), los documentos pueden aportarse al proceso en original o en copia, estas últimas consistentes en la trascripción o reproducción mecánica del original; sumado a ello, el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, regula el valor probatorio de los documentos aportados en copia, respecto de los cuales señala que tendrán el mismo valor del original en los siguientes eventos: i) cuando hayan sido autorizados por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez en donde se encuentre el original o copia autenticada; ii) cuando sean autenticados por notario, previo cotejo con el original o con la copia autenticada que se le ponga de presente y iii) cuando sean compulsados del original o de la copia auténtica.
A lo anterior se agrega que el documento público, es decir aquel que es expedido por funcionario de esa naturaleza, en ejercicio de su cargo o con su intervención (CPC., art. 251), se presume auténtico y tiene pleno valor probatorio frente a las partes, los terceros y el juez, salvo que su autenticidad sea desvirtuada mediante tacha de falsedad, según lo dispone el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil.
“En tratándose de documentos originales puede el artículo 25 ser explicable, porque su adulteración es más difícil, o puede dejar rastros fácilmente. No así en lo que tiene que ver con las copias, cuyo mérito probatorio está ligado a la autenticación”.
Previo a examinar de fondo el recurso de apelación propuesto, se requiere estudiar cada una de las pruebas aportadas al proceso de la referencia, a efectos de establecer su autenticidad y, por ende, realizar el respectivo juicio de legalidad; de esta forma se relacionan a continuación los medios de convicción aportados y recaudados con su respectiva calificación probatoria:
2.1.1. Circular del 20 de agosto de 1997, expedida por la Universidad del Tolima, por medio de la cual se hace un pronunciamiento sobre la problemática que atravesaba el programa de Lenguas Extranjeras con énfasis en Relaciones Internacionales (fls. 1 y 2 cdno. 1).
2.1.2. Acuerdo 84 del 10 de septiembre 1997, por el cual el consejo académico de la Universidad del Tolima autorizó la transferencia del programa de lenguas extranjeras al programa de lenguas modernas (fls. 3 y 4 cdno. 1).
2.1.3. Oficio CA-022-98 del 16 de enero de 1998, por medio del cual el secretario general de la Universidad del Tolima comunicó al demandante la decisión del consejo académico de negar el reintegro de los dineros cancelados por concepto de matrículas de semestres académicos cursados (fl. 5 cdno. 1).
2.1.4. Publicación hecha por la Universidad del Tolima denominada “Carta del rector Nº 3”, del mes de septiembre de 1997 (fls. 6 a 9 cdno. 1).
2.1.5. Acuerdo 029 de 1995, por medio del cual el consejo académico de la Universidad del Tolima aprobó el programa profesional de Lenguas Extranjeras (fls. 10 a 15 cdno. 1).
2.1.6. Desprendibles de pago de matrícula correspondientes a cuatro semestres, de los años 1996 y 1997 (fl. 18 cdno. 1).
2.1.7. Escrito del señor James Olaya Buitrago del 29 de agosto de 1997, por el cual manifestó al rector de la Universidad del Tolima su deseo de cambiar de programa académico (fl. 23 cdno. 1).
2.1.8. Escrito del señor James Olaya Buitrago del 28 de octubre de 1997, por el cual solicitó al rector de la Universidad del Tolima el “reconocimiento o exoneración del pago de matrícula de los próximos 4 semestres”, en el programa de lenguas modernas (fl. 25 cdno. 1).
2.1.9. Hoja de Vida del Estudiante James Olaya Buitrago (fls. 56 y 57 cdno. 1).
2.1.10. Acuerdo 052 del 27 de mayo de 1998, por el cual la Universidad del Tolima autorizó al estudiante James Olaya Buitrago la homologación de las asignaturas comprensión de lectura y taller de expresión oral, por taller de lengua (fl. 58 cdno. 1).
2.1.11. Certificado de índice de precios al consumidor expedido por el DANE el 11 de agosto de 2000 (fls. 1 y 2 cdno. 2).
2.1.12. Certificado del Banco de la República sobre los indicadores económicos a 12 de abril de 2000 (fls. 3 y 4 cdno. 2).
No se tendrán como pruebas documentales válidas que puedan ser valoradas en este juicio, tal y como se expuso en el numeral 2.1 de esas consideraciones, las copias simples del Acuerdo 59 de 1997 (fls. 19 y 20 cdno. 1), el listado de transferencia de estudiantes de lenguas extranjeras a otros programas (fl. 22 cdno. 1), el memorando 037 de septiembre 17 de 1997 (fl. 24 cdno. 1) y la sentencia del 29 de abril de 1999 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima (fls. 26 a 32 cdno. 1).
2.1.3. Dictamen pericial.
En el auto que decretó la apertura y práctica de pruebas, el 28 de marzo de 2000, se decretó el dictamen pericial para determinar los perjuicios materiales –lucro cesante- sufridos por el demandante.
Los peritos María Mabel Polanía Pardo y Adalberto Vargas Hernández presentaron, el 4 de agosto de 2000, el dictamen pericial encomendado determinando que los perjuicios materiales ascendían a la suma de diez millones cuatrocientos treinta y seis mil quinientos cuarenta y nueve pesos con trece centavos m/cte. ($ 10’436.549.13) discriminados así (fls. 5 a 9 cdno. 2):
“Valor proyectado por concepto de pago de matrículas $ 493.567.20
Por concepto de manutención por los años 96-97 $ 5’822.400.00
Lucro cesante $ 4’120.581.93”.
2.1.4. Declaración extrajudicial del demandante.
La parte actora aportó con la demanda una declaración rendida ante el notario primero del círculo de Ibagué el 5 de mayo de 1999, en la cual manifestó bajo la gravedad del juramento los gastos en que había incurrido durante los años 1996 y 1997, con ocasión de los estudios adelantados en la Universidad del Tolima (fls. 16 y 17 cdno. 1).
Esta declaración de parte no puede tenerse como prueba sumaria porque no se trata de una declaración de tercero, sino del propio demandante, lo que la hace inconducente. En este sentido, recuerda Jeremías Bentham, en su tratado sobre las pruebas judiciales, que existe una oposición natural entre los caracteres de parte y de testigo resumida en la máxima antigua de la jurisprudencia nemo debet ese testis in propria causa(7). En efecto, mientras que el testimonio corresponde a una declaración espontánea de una persona ajena al proceso que se presenta a exponer de su propia conformidad y sin intervención de nadie, todo lo que sabe acerca de una causa, la finalidad de quien solicita un interrogatorio de parte es la de obtener la confesión de la parte contraria.
En este orden de ideas, la declaración de parte está prevista en los artículos 194 a 210 del Código de Procedimiento Civil, como un medio de prueba que tiene como propósito lograr la confesión y que puede ser practicado en el proceso con la única condición de que sea una parte con intereses contrarios quien solicite la citación de la otra parte, con el fin de interrogarla sobre hechos relacionados con el proceso. En el asunto objeto de juzgamiento, la deposición ante notario del propio demandante puede tenerse entonces como prueba susceptible de valoración en el presente proceso.
3. Objeto del recurso de apelación. No reformatio in pejus. Ausencia de prueba del contrato estatal.
Resulta necesario precisar que el recurso de apelación formulado por la parte actora contra el fallo de primera instancia está encaminado a lograr la imposición de la indemnización correspondiente a perjuicios materiales (lucro cesante y daño emergente) y morales derivados de la declaración de incumplimiento del contrato de enseñanza celebrado con la Universidad del Tolima.
Lo anterior obliga a destacar que el recurso de apelación se encuentra limitado a los aspectos indicados, razón por la cual y dado que en el presente caso no hay lugar a tramitar el grado jurisdiccional de consulta, la Sala debe abstenerse de emitir pronunciamiento alguno en relación con la declaratoria de incumplimiento dispuesta por el Tribunal Administrativo del Tolima en contra de la entidad demandada, por carecer de competencia para ello, de conformidad con la parte inicial del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, cuyo tenor indica:
“La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella” (negritas de la Sala).
En este orden de ideas resulta claro que, por regla general, para el juez de segunda instancia el marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se adoptó en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por los recurrentes, se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación opera el principio de la congruencia de la sentencia, de acuerdo con el cual “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum’”(8).
Otra de las limitaciones relevantes a las cuales se encuentra materialmente sujeta la competencia del juez ad quem para efectos de proferir el fallo respectivo con el que se ha de desatar la apelación interpuesta contra una sentencia, la constituye la garantía de la no reformatio in pejus, por virtud de la cual no es válidamente posible que, con su decisión, el juez de la segunda instancia agrave, empeore o desmejore la situación que en relación con el litigio correspondiente le hubiere sido definida al apelante único en la sentencia de primera instancia.
Dicha garantía, que le imposibilita al juez de la segunda instancia agravar la situación del apelante o resolverle en su perjuicio y que se circunscribe a los eventos en los cuales el cuestionamiento del fallo proviene de apelante único, encuentra expresa consagración constitucional en el artículo 31 de la Carta Política, a cuyo tenor:
“ART. 31.—Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley.
“El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”.
No sobra puntualizar que la no reformatio in pejus —al igual que ocurre con la casi totalidad de las garantías y de los derechos que el ordenamiento jurídico consagra y tutela— no tiene alcance absoluto o ilimitado, comoquiera que su aplicación encuentra, al menos, dos importantes restricciones de carácter general, a saber: i). En primer lugar debe resaltarse que la imposibilidad de reformar el fallo de primer grado en perjuicio o en desmedro del apelante sólo tiene cabida cuando la impugnación respectiva hubiere sido formulada por un solo interesado, lo cual comprende tanto las hipótesis en las cuales la apelación hubiere sido interpuesta por diversos sujetos procesales que comparten un mismo interés o que integran una misma parte dentro de la litis (demandada o demandante), como los eventos en los cuales si bien la apelación proviene de diversos sujetos procesales lo cierto es que cada una de tales impugnaciones se refiere a puntos, a decisiones o a intereses diferentes entre sí, totalmente independientes y que, por tanto, no chocan ni se contradicen. ii). —En segundo lugar ha de comentarse que en aquellos casos relacionados con la apelación de los fallos inhibitorios de primer grado, en los cuales el juez de la segunda instancia encuentre que hay lugar a proferir una decisión de mérito, así deberá hacerlo “(...) aun cuando fuere desfavorable al apelante” (CPC, art. 357, inc. final).
Acerca del alcance de la garantía de la no reformatio in pejus, la Sala ha señalado:
“Ese principio ínsito en dichas disposiciones [se refiere a los artículos 31 de la Constitución Política y CPC., art. 357], de no agravar la condición del apelante único, ha sido objeto de innumerables manifestaciones, por la jurisprudencia y la doctrina.
La Corte Constitucional en sentencia proferida el día 29 de julio de 1992, T-474, se pronunció “sobre la prohibición de reforma peyorativa del apelante único”; aludió a la finalidad de la prohibición y entre otros manifestó:
‘El artículo 31 de la Constitución viene a completar los derechos fundamentales consagrados en los artículos 28, 29 y 30.
La consagración en la Carta Política de la prohibición de agravar la pena impuesta al condenado cuando este es apelante único eleva a nivel constitucional la garantía de la proscripción de la ‘reformatio in pejus’ (...).
Es un principio general del derecho procesal y una garantía constitucional que hace parte del derecho fundamental al debido proceso (C.N., art. 29). Ella es consecuencia de la regla ínsita en la máxima latina ‘tantum devolutum quantum appelatum’, en virtud de la cual se ejerce la competencia del juez superior. El ejercicio de las competencias judiciales radicadas en el juez superior y su límite, ambos, se suscitan y a la vez se limitan por virtud de la impugnación y las pretensiones que ella involucra (...)”.
Couture expresa que “La reforma en perjuicio (reformatio in pejus) consiste en una prohibición al juez superior de empeorar la situación del apelante, en los casos en que no ha mediado recurso de su adversario” y agrega que dicho principio, en primer término, es negativo pues restringe la iniciativa del juez por fuera de los casos expresamente señalados en la ley y, segundo término, dicho principio también lo es del agravio, en el sentido de que el agravio es la medida de la apelación ((9)).
Viene de lo dicho, de una parte, que como los demandantes no apelaron la sentencia en lo que les fue desfavorable y, de otra parte, que como al demandado no se le puede agravar su situación —por ser apelante único— el fallo se confirmará”(10).
En otra oportunidad, la Sala precisó sobre la materia:
“En efecto, la no reformatio in pejus , o, prohibición de la agravación en peor, se concibe como garantía del derecho al debido proceso dentro del trámite de la segunda instancia, pues condiciona la competencia del ad quem que conoce del mismo; el alcance de dicho condicionamiento ha sido precisado por la Corte Constitucional, en los siguientes términos(11):
Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum’ (...). En otros términos, la apelación siempre se entiende interpuesta en lo desfavorable, tanto que una alzada propuesta contra una decisión que de ninguna manera agravia, tendría que ser declarada desierta por falta de interés para recurrir, pues tal falta afecta la legitimación en la causa. Por tanto, tratándose de apelante único, esto es, de un único interés (o de múltiples intereses no confrontados), no se puede empeorar la situación del apelante, pues al hacerlo se afectaría la parte favorable de la decisión impugnada, que no fue transferida para el conocimiento del superior funcional” (se resalta y subraya)
La prohibición de empeorar la situación del apelante único se circunscribe entonces al contenido de la decisión que se impugna, es decir, el juez de segunda instancia sólo puede modificarla si con ello el apelante resulta favorecido o mejorado en el reconocimiento de sus pretensiones.
De allí que, si el recurso de apelación no prospera y por ende se confirma la decisión que, por desfavorable, fue impugnada, no existe fundamento alguno que permita siquiera considerar el quebrantamiento del aludido principio”(12).
Pues bien, a la luz de esta garantía, que le impone al juez de la segunda instancia el deber de respetar o de preservar el fallo apelado en aquellos aspectos que no resultaren desfavorables para el apelante único, conecta perfectamente con la anteriormente referida limitación material que de igual manera debe respetar el juez de segunda instancia, contenida en la parte inicial del inciso primero del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, en razón de la cual “la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, (...)”, de lo cual se desprende, con claridad, que si la apelación debe entenderse interpuesta únicamente en relación con aquello que en el fallo impugnado resultare perjudicial o gravoso para el recurrente, el juez de la segunda instancia está en el deber de respetar y de mantener incólume, para dicho recurrente único —y con ello para el resto de las partes del proceso—, los demás aspectos de ese fallo que no hubieren sido desfavorables para el impugnante o frente a los cuales él no hubiere dirigido ataque o cuestionamiento alguno, puesto que la ausencia de oposición evidencia, por sí misma, que el propio interesado no valora ni estima como perjudiciales para sus intereses los aspectos, las decisiones o las materias del fallo de primera instancia que de manera voluntaria y deliberada no recurrió, precisamente por encontrarse conforme con ellos.
De esta manera resulta claro que el límite material que para las competencias del juez superior constituye el alcance de la apelación y los propósitos específicos que con la misma se persiguen, se complementa de manera diáfana con la garantía de la no reformatio in pejus, a la cual, simultáneamente, le sirve de fundamento y explicación.
Ahora bien, lo anterior no es obstáculo para que la Sala recuerde la reiterada y pacífica jurisprudencia relacionada con la necesidad de que en este tipo de controversias se aporte prueba del documento escrito contentivo del contrato estatal suscrito por las partes, como requisito ad substantiam actus, previo al estudio de la pretensión de incumplimiento. Sobre el particular, la Sección Tercera ha señalado:
“El contrato, como fuente de obligaciones, encuentra soporte legal tanto en el artículo 1494 del Código Civil, norma a cuyo tenor “las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones...”, como en el artículo 1495 de la ley civil, el cual definió el contrato como el “acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa...”.
Por su parte, el Código de Comercio, en su artículo 864, recoge la siguiente definición: “El contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellos una relación jurídica patrimonial,...”.
De conformidad con lo dispuesto por tales normas legales, resulta claro que el contrato sólo puede concebirse en cuanto medie un acuerdo o concurso de voluntades, el cual no siempre nace a la vida jurídica de manera consensual sino que la ley, en algunos casos, ha establecido ciertos requisitos o formalidades como condición para su existencia.
Así, el artículo 1500 del Código Civil define el contrato solemne como aquel que “está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil”.
La formalidad de la instrumentación escrita para que el contrato alcance su perfeccionamiento ha sido consagrada como regla general en los distintos Estatutos de Contratación del Estado, tal y como se observa en el artículo 18 del Decreto 150 de 1976, en el artículo 26 del Decreto-Ley 222 de 1983 y también ha sido exigida por la Ley 80 de 1993 en sus artículos 39(13) y 41(14), normatividad que en la actualidad rige la actividad contractual de las entidades públicas.
Es así como los contratos celebrados por el Estado se reputan solemnes, puesto que en la generalidad de los casos su existencia pende de y se acredita mediante el documento escrito; así lo ha admitido, reiteradamente, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado(15).
La Sala, en jurisprudencia(16) que hoy reitera, ha determinado que la solemnidad del escrito para instrumentar la relación jurídico-contractual de carácter estatal constituye requisito ad substantiam actus, lo cual imposibilita acreditar la existencia misma del contrato con cualquier otro medio probatorio previsto en la ley procesal; en otras palabras, para acreditar la existencia del contrato se requiere del documento escrito debidamente suscrito por las partes, aportado en la forma prevista por la ley procesal, para que el mismo preste mérito probatorio, aserto que encuentra sólido apoyo en el ordenamiento positivo según lo evidencia el texto del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil”(17).
En el asunto que centra la atención de la Sala, se echa de menos el documento escrito que acredite la existencia del contrato de enseñanza celebrado entre el señor James Olaya Buitrago y la Universidad del Tolima. En tales condiciones, resulta evidente que el tribunal a quo no atendió en debida forma la necesidad de consultar el contrato en cuestión, para establecer las obligaciones en él contenidas y las condiciones para su cumplimiento, tal y como lo acertadamente lo advirtió la representante del Ministerio Público.
Esta particular situación sirve a la Sala para hacer un llamado de atención a las entidades públicas, para que ejerzan una adecuada defensa de sus intereses, puesto que la Universidad del Tolima no hizo pronunciamiento alguno sobre esta notable falencia probatoria en el curso de proceso.
4. La certeza como característica del perjuicio.
Para que el daño sea resarcible o indemnizable la doctrina y la jurisprudencia han establecido que debe reunir las características de cierto, concreto o determinado y personal. En efecto, en la materia que se estudia la doctrina es uniforme al demandar la certeza del perjuicio. Tal es el caso de los autores Mazeaud y Tunc, quienes sobre el particular afirman:
“Al exigir que el perjuicio sea cierto, se entiende que no debe ser por ello simplemente hipotético, eventual. Es preciso que el juez tenga la certeza de que el demandante se habría encontrado en una situación mejor si el demandado no hubiera realizado el acto que se le reprocha. Pero importa poco que el perjuicio de que se queje la víctima se haya realizado ya o que deba tan sólo producirse en lo futuro. Ciertamente, cuando el perjuicio es actual, la cuestión no se plantea: su existencia no ofrece duda alguna. Pero un perjuicio futuro puede presentar muy bien los mismos caracteres de certidumbre. Con frecuencia, las consecuencias de un acto o de una situación son ineluctables; de ellas resultará necesariamente en el porvenir un perjuicio cierto. Por eso, no hay que distinguir entre el perjuicio actual y el perjuicio futuro; sino entre el perjuicio cierto y el perjuicio eventual, hipotético (...)”(18).
Por otra parte, la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano ha señalado la necesidad de que el daño, para aspirar a ser indemnizado, tiene que estar revestido de certeza(19). No puede por tanto tratarse de un daño genérico o hipotético sino un daño específico(20):
“En este orden de ideas, la certeza del daño hace relación a la evidencia y seguridad de su existencia independientemente de que sea presente o futura, mientras que la eventualidad precisamente se opone a aquella característica, es decir, es incierto el daño “cuando hipotéticamente puede existir, pero depende de circunstancias de remota realización que pueden suceder o no”(21) y por lo tanto, no puede considerarse a los efectos de la responsabilidad extracontractual. Y la concreción del daño se dirige a que el bien que se destruye, deteriora o modifica se precisa finalmente en la determinación o cuantificación del monto indemnizable”(22).
En este orden de ideas, la certeza del perjuicio hace relación a la evidencia y seguridad de su existencia, independientemente de que sea presente o futura, mientras que la eventualidad precisamente se opone a aquella característica, es decir, es incierto el daño “cuando hipotéticamente puede existir, pero depende de circunstancias de remota realización que pueden suceder o no”(23) y, por lo tanto, no puede considerarse a los efectos de la responsabilidad patrimonial. Y la concreción del daño se dirige a que el bien que se destruye, deteriora o modifica se precisa finalmente en la determinación o cuantificación del monto indemnizable.
Para resolver el recurso presentado, la Sala resolverá los siguientes puntos: a) Sobre el dictamen pericial; b) Sobre los perjuicios materiales reclamados; y c) sobre los perjuicios morales.
5.1. El dictamen pericial rendido en el proceso. De conformidad con el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, la peritación como medio de prueba es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. El perito debe informarle razonadamente al juez lo que de acuerdo con esos conocimientos especializados sepa de los hechos —y no cuestiones de derecho— que se sometan a su experticio, sin importarle a cuál de las partes beneficia o perjudica, de manera que su dictamen debe ser personal(24) y contener conceptos propios sobre las materias objeto de examen y no de otras personas por autorizadas que sean, sin perjuicio de que pueda utilizar auxiliares o solicitar por su cuenta el concurso de otros técnicos, pero siempre bajo su directa dirección y responsabilidad inmediata (CPC, art. 237, num. 2º).
Por su parte, el artículo 241 ibídem señala que al valorar o apreciar el dictamen de los peritos, el juez tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso. Con esto se quiere significar que el juez es autónomo para valorar el dictamen y verificar la lógica de sus fundamentos y resultados, toda vez que el perito es un auxiliar de la justicia, pero él no la imparte ni la administra, de manera que el juez no está obligado a “(...) aceptar ciegamente las conclusiones de los peritos, pues si ello fuese así, estos serían falladores (...)”(25).
En suma, el juez está en el deber de estudiar con arreglo a la sana crítica el dictamen pericial y en libertad de valorar razonablemente sus resultados; si lo encuentra ajustado y lo convence, puede tenerlo en cuenta total o parcialmente al momento de fallar; o desechar sensatamente y con razones los resultados de la peritación por encontrar sus fundamentos sin la firmeza, precisión y claridad que deben estar presentes en el dictamen para ilustrar y transmitir el conocimiento de la técnica, ciencia o arte de lo dicho(26).
En criterio de la Sala, la valoración efectuada en el dictamen pericial por María Mabel Polanía Pardo y Adalberto Vargas Hernández el 4 de agosto de 2000 no puede ser tenida en cuenta, por las siguientes razones:
a. No se conceptúan ni identifican adecuadamente los rubros de daño emergente y lucro cesante, lo que, de entrada, denota falta de pericia y de competencia técnica por parte de los auxiliares de la justicia.
b. El lucro cesante, de la manera como fue calculado por los peritos, no cumple con el requisito uniformemente exigido por la jurisprudencia de esta corporación, en el sentido de que el perjuicio debe ser cierto, comoquiera que el perjuicio eventual no otorga derecho a indemnización. El perjuicio indemnizable, entonces, puede ser actual o futuro, pero, de ningún modo eventual o hipotético. Para que el perjuicio se considere existente, debe aparecer como la prolongación cierta y directa del estado de cosas producido por el daño, por la actividad dañina realizada por la autoridad pública. Esa demostración del carácter cierto del perjuicio está ausente en el experticio de marras.
De acuerdo con lo anterior, procede la Sala a analizar directamente si existe prueba de los perjuicios materiales y morales reclamados por la parte actora.
5.2. El daño emergente reclamado. De conformidad con el artículo 1614 del Código Civil se entiende por daño emergente “(...) el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento”. Como daño emergente el demandante pretende el pago de $ 19’418.542, por concepto del valor de las matrículas pagadas por los semestres cursados y el valor de la manutención durante estos dos años.
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el recurrente no impugnó la declaración de responsabilidad proferida por el tribunal a quo, quien limitó el incumplimiento a “(...) solo en cuanto a las condiciones en que se impartió la instrucción académica correspondiente al programa de lenguas extranjeras fueron diferentes a las ofrecidas por la universidad al momento de promocionarlo”. De acuerdo con lo anterior, el demandante obtuvo un servicio efectivo de educación prestado por la entidad universitaria, a cambio de la cual como contraprestación estaba obligado al pago de la matrícula, como en efecto lo hizo. Si bien es cierto el a quo consideró que había recibido instrucción académica en condiciones diversas a las ofrecidas, esto no implica que la instrucción recibida no debía ser cancelada por el estudiante y menos aún que dicha instrucción se convierta en un daño emergente.
En lo relacionado con el sostenimiento, no advierte la Sala que los gastos de manutención alegados, más no probados de manera idónea por el actor, sean diversos de los necesarios para vivir, independientemente de que estuviera o no desarrollando sus estudios universitarios. Adicionalmente, la Universidad del Tolima mantuvo abiertas sus opciones de vinculación en el programa de lenguas modernas, por lo que no se advierte un perjuicio cierto y determinado que deba ser indemnizado al señor James Olaya Buitrago.
5.3. El lucro cesante reclamado. Según el Código Civil, el lucro cesante es la ganancia o el provecho que deja de reportarse (art. 1614), esto es, la pérdida de un interés futuro a un bien que todavía no corresponde a una persona. Este daño, como cualquiera otro, debe indemnizarse, si se prueba y en lo causado. La explicación que se da a esa regla se apoya en otro principio general del derecho: si el daño se indemniza por encima del realmente causado, se produce un enriquecimiento sin justa causa a favor de la ‘víctima’; si el daño se indemniza por debajo del realmente causado, se genera un empobrecimiento sin justa causa para la ‘víctima’; por ello el daño constituye en sí mismo la medida del resarcimiento.
El demandante reclamó el pago de $ 60’000.000, equivalentes a los ingresos que, en su criterio, dejaría de percibir como profesional, por el retraso de dos años en la culminación de sus estudios universitarios. Para la Sala no hay lugar a la condena por este aspecto, toda vez que el lucro cesante no se presume, ni es eventual o hipotético, sino que debe ser adecuadamente probado.
En el caso del estudiante Olaya Buitrago el daño futuro está sometido a una doble incertidumbre: por una parte que el demandante hubiera terminado exitosamente el programa de lenguas extranjeras con énfasis en relaciones internacionales, al que se había inscrito inicialmente. La adquisición de un título profesional en el término propuesto por el pensum académico es una expectativa y una probabilidad que no se encuentra revestida de certeza, pues durante ese lapso pueden ocurrir múltiples circunstancias curriculares y extracurriculares que impidan al estudiante obtener exitosamente el título profesional en el tiempo previsto, sobre todo cuando el actor no había cumplido el cincuenta por ciento de los semestres aprobados.
De otro lado, aunque se cumpliera la primera condición, no existe un medio de convicción que permita inferir válidamente que el estudiante tuviera a su alcance una oportunidad cierta y determinada de ejercer la profesión o trabajo en la carrera que había iniciado, con una remuneración demostrable. En consecuencia, no es procedente el pago de perjuicios por este concepto.
5.4. Sobre los perjuicios morales. El daño moral implica una reducción del nivel de las aptitudes personales e íntimas, que ni el dinero, ni bienes intercambiables por este pueden reparar. Así que el daño moral queda integrado por todas aquellas manifestaciones psicológicas, afectivas, emocionales o íntimas que sufre de manera antijurídica un perjudicado, y que no son constatables, de forma directa, en su ámbito económico.
Así pues, el daño moral es un cierto deterioro de los elementos psíquicos y espirituales que incidentalmente en el normal desarrollo cognitivo o emotivo del ser humano, extendiéndose a todo agravio que sufre la dignidad, honorabilidad, integridad física o cualquier elemento que pudiere alterar la normalidad de las facultades mentales o espirituales de una persona física. El daño moral se viene a traducir en el dolor, la angustia, la aflicción física o espiritual y los padecimientos provocados al demandante por el evento dañoso.
En el asunto sub judice, el señor James Olaya Buitrago no demostró que el incumplimiento de su expectativa profesional inicial le produjera una cierta y real modificación en el desarrollo anímico, que se tradujera en un desequilibrio o pérdida de aptitudes o perspectivas. En consecuencia, no hay lugar a condena por este concepto.
1. CONFIRMAR la sentencia del diecinueve (19) de febrero de dos mil uno (2001) proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima.
(2) Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, Auto de 20 de agosto de 1998. Exp. 14.202. C.P. Juan de Dios Montes Hernández. Esta posición ha sido expuesta en otros fallos, entre los cuales se encuentra la sentencia de 20 de abril de 2005, Exp: 14519; Auto de 7 de octubre de 2004. Exp. 2675.
(3) Según este artículo, son contratos estatales aquellos celebrados por las entidades descritas en el artículo 2º de la Ley 80 de 1993, el cual dispone:
“1º Se denominan entidades estatales:
“b) El Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las contralorías departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias, las unidades administrativas especiales y, en general, los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos (...)”.
(4) Artículo 168, Código Contencioso Administrativo: “Pruebas admisibles. En los procesos ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas de este Código, las del Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración”.
(5) Sobre la filosofía que inspiró la redacción del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, ver: parra Quijano, Jairo. Manual de derecho probatorio. Bogotá: Librería Ediciones del Profesional. 2007., pág. 245.
(6) Artículo 253, Código de Procedimiento Civil: “Los documentos se aportarán al proceso originales o en copia. Esta podrá consistir en transcripción o reproducción mecánica del documento”.
(7) Jeremías Bentham, Tratado de las pruebas judiciales, Tomo I, Ediciones Nueva Jurídica, 2000, pág. 115.
(8) Al respecto, ver por ejemplo, sentencia de la Corte Constitucional C-583 de 1997.
(9) Cita original de Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de agosto 10 de 2000, exp. 12648. Consejera Ponente María Elena Giraldo Gómez: “Eduardo J. Couture. Fundamentos del derecho procesal civil. Ediciones de Palma Buenos Aires. 1990. Pág. 367 y s.s.”.
(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de agosto 10 de 2000, exp. 12648. Consejera Ponente María Elena Giraldo Gómez.
(11) Corte Constitucional. Sentencia C-583 del 13 de noviembre de 1997.
(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de julio 18 de 2002, exp. 19700. Consejero Ponente Alier Eduardo Hernández Henríquez.
(13) “ART. 39.—De la forma del contrato estatal. Los contratos que celebren las entidades estatales constarán por escrito y no requerirán ser elevados a escritura pública, con excepción de aquellos que impliquen mutación del dominio o imposición de gravámenes y servidumbres sobre bienes inmuebles y, en general, aquellos que conforme a las normas legales vigentes deban cumplir con dicha formalidad.
(14) El artículo 41 de la Ley 80 de 1993 prescribe: “Del perfeccionamiento del contrato. Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito.
(15) Sobre el tema pueden consultarse, entre otras, las siguientes sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a saber: Sentencias de 11 de julio de 1996, Exp. 9692, M.P. Juan de Dios Montes Hernández; de 8 de mayo de 1995, Exp. 9999, de 28 de enero de 1994, Exp. 9072 y de 29 de enero de 1998, Exp. 11099, M.P. Daniel Suárez Hernández. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto del 26 de agosto de 1998, M.P. César Hoyos Salazar, también re refirió al tema.
(16) Al respecto ver las sentencias de 29 de noviembre de 2006, Exp. 16855, M.P. Fredy Ibarra Martínez y de 2 de mayo de 2007, Exp. 14464, actor: Sociedad Inversiones Luis Alfredo García, demandado: Ferrovial.
(17) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 30 de julio de 2008, Exp. 23.003.
(18) Mazeaud, Henri y Leon y Tunc, André. Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil Delictual y Contractual. Buenos Aires. Ediciones Jurídicas Europa-América. 1977. 5ª. Edición. Tomo I, Vol. I. págs. 301-302.
(19) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de junio 2 de 1994, Exp. 8.998, Consejero Ponente Julio César Uribe Acosta.
(20) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de octubre 19 de 1990, Exp. 4.333, Consejero Ponente Gustavo de Greiff Restrepo.
(21) Sentencia del 8 de agosto de 1988, expediente 5154, actor: Hugo Napoleón Tovar Silva y Otros, C.P. Carlos Ramírez A.
(22) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de mayo 7 de 1998, exp. 1998-N10397, Consejero Ponente Ricardo Hoyos Duque.
(23) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de agosto de 1988, exp.5154, Consejero Ponente Carlos Ramírez A.
(24) Devis Echandía, Hernando, Compendio de Derecho Procesal, Tomo II, Pruebas Judiciales, Editorial ABC, 1984, págs. 339 y ss.
(25) Parra Quijano, Jairo, Manual de Derecho Probatorio, Librería Ediciones del Profesional Ltda., 2004, pág. 649.
(26) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de agosto de 2009, exp. 17957, Consejera Ponente Ruth Stella Correa Palacio.