Source: https://actualicese.com/sentencia-t-459-de-21-06-2012/
Timestamp: 2020-05-29 20:39:19
Document Index: 146759052

Matched Legal Cases: ['artículo 68', 'artículo 22', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 2', 'artículo 3', 'ARTÍCULO 3']

Sentencia T-459
Referencia: expediente T-3375639
Sostiene que estuvo vinculado al Ejército Nacional como soldado profesional por más de 8 años.
Relata que en febrero de 2010 sufrió un accidente cuando realizaba labores de patrullaje. El ortopedista tratante emitió concepto en el que indicó que se trataba de “fractura del húmero proximal, estimando que la elevación del brazo era incompleta, funcional pero dolorosa”. Expone que como consecuencia de la lesión, le diagnosticaron callo óseo doloroso a nivel del húmero derecho con limitación moderada en los movimientos del brazo.
Destaca que desde el momento del accidente se desempeñó en el servicio militar como conductor, circunstancia que “nunca fue mal valorada por sus superiores y jefes de comando”.
Posteriormente, en Junta Médica Laboral Núm. 40301 del 28 de octubre de 2010, los galenos tratantes manifestaron que el accionante contaba con una incapacidad permanente parcial que disminuía en un 15% su capacidad laboral, razón que llevó a declararlo no apto para la actividad militar.
El actor impugnó la anterior decisión ante el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía en escrito en el que adujo sus “capacidades para continuar prestando el servicio y solicitando el estudio de la reubicación laboral”. No obstante, a través de Acta Núm. 454 del 9 de junio de 2011, el mencionado tribunal modificó parcialmente la determinación, al fijar la pérdida de capacidad laboral en 11% y considerar que no contaba con las condiciones para seguir en la institución.
Asevera que mediante Orden Administrativa de Personal -OAP- Núm. 1719 del 26 de septiembre de 2011, la Jefatura de Desarrollo Humano del Ejército Nacional ordenó su retiro de la entidad como soldado profesional, teniendo en cuenta que había sido confirmada la disminución de su capacidad laboral.
Estima que dicha situación es a todas luces discriminatoria, arbitraria e ilógica ya que el tribunal citado no tuvo en consideración que además de haberse desempeñado como soldado profesional, también ejerció, durante un año y medio, otro tipo de actividades que no requerían el uso de armas y, por tanto, podía ser reubicado en un sitio de trabajo en el que pudiera realizar una labor aprovechable.
El accionante manifiesta que el retiro de la entidad le genera un perjuicio irremediable debido a que después del accidente adquirió préstamos para solventar las necesidades de su esposa e hija menor de edad. En este punto, explica que su cónyuge se encuentra desempleada y que sus familiares le han negado el apoyo económico puesto que saben que perdió su empleo y que las entidades bancarias han iniciado el cobro pre-jurídico de los créditos que le descontaban directamente de nómina.
Igualmente, declara que celebró un contrato de arrendamiento de vivienda urbana según el cual debe cancelar trescientos mil pesos ($300.000) mensuales, valor al que se le suma lo correspondiente al pago de servicios públicos y los gastos de manutención diaria, entre los cuales se cuenta el pago del colegio y las onces de su hija.
Por consiguiente, solicita la protección de sus derechos fundamentales y que se ordene su reintegro al cargo que venía desempeñando o a uno que sea compatible con sus condiciones psicofísicas. También reclama el pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde su retiro, así como su afiliación al sistema de seguridad social. De manera subsidiaria, pide su inclusión en uno de los programas de apoyo para la reincorporación a la vida laboral, a cargo de la Jefatura de Desarrollo Humano de la Dirección de Personal de la entidad accionada. Finalmente, mientras se define su situación laboral, requiere su inscripción en el Sisben, junto a su esposa e hija menor de edad.
El 7 de diciembre de 2011, el Tribunal Superior de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, admitió la presente demanda y ordenó oficiar a la entidad demandada, con el fin de que en el término de 2 días ejerciera su derecho de defensa. En el mismo auto dispuso la vinculación oficiosa del Director de Sanidad del Ejército Nacional y del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía del Ministerio de Defensa .
2.1. Dirección de Sanidad del Ejército Nacional
2.2. Subdirección de Personal del Ejército Nacional
En escrito presentado extemporáneamente, el Subdirector de Personal del Ejército Nacional expuso que la entidad “cumplió con el procedimiento para el retiro del personal con problemas de sanidad, de acuerdo a la Sentencia C-381 de 2005 de la Corte Constitucional”. En ese sentido, señaló que se hizo un estudio pormenorizado con el personal idóneo que concluyó con la decisión de que no era posible reubicar laboralmente al actor. En este punto, recordó lo establecido por el Tribunal Médico Laboral, así:
“Se evidencia antecedentes de fractura cerrada en tercio proximal de húmero derecho de origen traumático, secundaria a accidente en motocicleta que requirió tratamiento quirúrgico con osteosíntesis, consolidada que dejó como secuela limitación de los arcos de movimientos articulados del hombro con atrofia muscular, calificado en primera instancia como si fuera un solo compromiso de tejidos blandos u óseos contrario a la historia clínica del paciente, por el (sic) cual se modifica la Junta Médica Laboral No. 40301 del 28 de octubre de 2010. RESPECTO A LA SOLICITUD DE REUBICACIÓN LABORAL SE DESPACHA NEGATIVAMENTE TENIENDO EN CUENTA QUE NO POSEE CAPACITACIONES, DESTREZAS O HABILIDADES APROVECHABLES, AUNADO A LA ACTIVIDAD PARA LA CUAL FUE VINCULADO COMO SOLDADO PROFESIONAL, EN LA CUAL NO ADMITE ACTIVIDADES DIFERENTES DE LO ESTABLECIDO (sic), EN CUMPLIMIENTO A LA FUNCIÓN CONSTITUCIONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL”.
Por otra parte, sostuvo que “se debe tomar en consideración que existe la Oficina de Atención al Personal Militar herido en Combate, cuya función se extiende igualmente a la atención al personal militar afectado en su salud, [por lo que] no existe abandono de ninguna naturaleza”.
2.3. Ministerio de Defensa Nacional
En documento allegado después del plazo concedido por el juez de tutela, la Asesora Jurídica del Tribunal Médico Laboral del Ministerio de Defensa Nacional sostuvo que en el caso bajo estudio no existió vulneración de derecho fundamental alguno. Señaló que el actor pretende desvirtuar y dejar sin piso jurídico la decisión adoptada por dicho órgano, a pesar de que ésta se tomó respetando los principios generales del derecho administrativo, principalmente del debido proceso.
Aclaró que en el acta núm. 454 del 9 de junio de 2011, proferida por el mencionado tribunal, se hizo un análisis muy completo de la situación médico-laboral del accionante que concluyó con la determinación de que la lesión le produjo una “INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL – NO APTO PARA LA ACTIVIDAD MILITAR, por artículo 68 literal a y b del Decreto 094 de 1989. NO SE SUGIERE REUBICACIÓN LABORAL”. Sobre este aspecto, explicó que “la actividad militar requiere de ciertas capacidades y habilidades pues esta actividad es generadora de diversas situaciones y circunstancias que pueden poner en riesgo no solamente a la comunidad y a la confianza que ésta tiene en sus instituciones, sino también se puede poner en riesgo la vida del militar o policial que no cumpla determinados niveles médico-laborales, así como a sus compañeros de trabajo”.
Por último, resaltó que las decisiones del Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y de Policía son irrevocables y obligatorias y contra ellas sólo proceden las acciones jurisdiccionales pertinentes, según lo dispuesto por el artículo 22 del Decreto 1796 de 2000.
Concepto médico emitido el 1 de febrero de 2011 por la doctora Carol Rodríguez Bohórquez en el que señala: “No se puede negar que el paciente podría presentar algún nivel de evolución favorable con terapia física, mejorando así su calidad de vida cotidiana, pero al hablar de una actividad física que exija más esfuerzos probablemente el paciente no podría responder de manera óptima, disminuyendo cierto porcentaje su capacidad laboral relacionada a esfuerzos físicos. En este orden de ideas, se podría pensar que el paciente podría desempeñar una labor que no exija esfuerzo físico excesivo en su miembro superior derecho, siempre y cuando continúe bajo el control médico” (folio 1).
Escrito de impugnación del Acta de Junta Médica Laboral Núm. 40301 del 28 de octubre de 2010 (folios 2 y 3).
Acta de Junta Médica Laboral Núm. 40301 del 28 de octubre de 2010 (folios 4 a 6).
Registro civil de nacimiento de Eblin Mayerlin Pabón Torres (folio 7).
Registro civil de matrimonio celebrado entre Luis Arnulfo Pabón Moreno y María Rubiela Torres (folio 8).
Orden Administrativa de Personal Núm. 1719 de la Jefatura de Desarrollo Humano del Ejército Nacional, del 26 de septiembre de 2011 en la que se dispone retirar del servicio activo al señor Luis Arnulfo Pabón Moreno por disminución de la capacidad psicofísica, de acuerdo al Acta Médica del Tribunal 454 de 9 de junio de 2011 (folios 9 a 12).
Acta de Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía Núm. 454 del 9 de junio de 2011 (folios 13 y 14).
Comprobante de pago de nómina del accionante, correspondiente al mes de octubre de 2011 (folio 15).
3. Las personas con discapacidad como sujetos de especial protección constitucional
3.2. Ahora bien, la protección especial de las personas con discapacidad, también ha sido reconocida en diversos tratados internacionales ratificados por Colombia. La Corte ha recordado algunos de estos compromisos :
“La Declaración de los derechos del deficiente mental aprobada por la ONU en 1971, la Declaración de los derechos de las personas con limitación, aprobada por la Resolución 3447 en 1975 de la ONU, la Resolución 48/96 del 20 de diciembre de 1993 de la Asamblea General de Naciones Unidas, sobre “Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad”, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad”, la Recomendación 168 de la OIT, el Convenio 159 de la OIT, la Declaración de Sund Berg de Torremolinos de la UNESCO en 1981, la Declaración de las Naciones Unidas para las personas con limitación de 1983, entre otras.”
De igual forma, ha señalado que estos instrumentos imponen a los Estados una obligación clara de evitar toda clase de discriminación en razón de determinada condición física en el mercado laboral interno. Así mismo, ordenan la creación de un ambiente propicio a la generación de empleo para las personas con alguna clase de limitación .
3.3. Es así como la Ley 361 de 1997 se encargó de establecer mecanismos con el fin de lograr la integración social de las personas con limitaciones, en el ámbito educativo, del trabajo, de las comunicaciones y del transporte, entre otros. En su artículo 2°, esta norma asigna al Estado la obligación de garantizar y velar por que en su ordenamiento jurídico no prevalezca discriminación por circunstancias personales, económicas, físicas, fisiológicas, síquicas, sensoriales y sociales. De igual forma, el artículo 4° impone a la administración central, el sector descentralizado, las administraciones departamentales, distritales y municipales, todas las corporaciones públicas y privadas del país el deber de disponer de los recursos necesarios para el ejercicio de los derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales de las personas con limitación. Siendo obligaciones ineludibles del Estado la prevención, los cuidados médicos y sicológicos, la habilitación y la rehabilitación adecuada, la educación apropiada, la orientación, la integración laboral y la garantía de los derechos fundamentales económicos, culturales y sociales de esas personas.
3.4. La jurisprudencia constitucional también ha tratado ampliamente el tema de la estabilidad laboral reforzada a favor de las personas con discapacidad. Este Tribunal ha considerado que se da un trato discriminatorio cuando se despide a una persona debido a su condición física, toda vez que no se les puede tratar de igual manera frente a aquellas que no se encuentran en igual circunstancia .
Igualmente, la sentencia T-198 de 2006 sostuvo que la mencionada norma consagra una protección laboral reforzada positiva y negativa a favor de las personas con discapacidad. La positiva implica que la limitación de una persona, no puede ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que se demuestre claramente que ésta es incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. El campo negativo se refiere a la imposibilidad de despedir o terminar el contrato de una persona por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la Oficina de Trabajo. Cuando se omita esta exigencia, el trabajador tendrá derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo.
En este punto, es necesario destacar que, en materia laboral, “la protección especial de quienes por su condición física están en circunstancia de debilidad manifiesta se extiende también a las personas respecto de las cuales esté probado que su situación de salud les impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares, sin necesidad de que exista una calificación previa que acredite su condición de discapacitados.” .
Así, este Tribunal ha entendido que “el amparo cobija a quienes sufren una disminución que les dificulta o impide el desempeño normal de sus funciones, por padecer i) deficiencia entendida como una pérdida o anormalidad permanente o transitoria, sea psicológica, fisiológica o anatómica de estructura o función; ii) discapacidad, esto es, cualquier restricción o impedimento del funcionamiento de una actividad, ocasionado por un desmedro en la forma o dentro del ámbito considerado normal para el ser humano; o, iii) minusvalidez, que constituye una desventaja humana, al limitar o impedir el cumplimiento de una función que es normal para la persona, acorde con la edad, sexo o factores sociales o culturales” .
4.1. El Ejército Nacional cuenta con un régimen de carrera y estatuto de personal de los soldados profesionales establecido en el Decreto 1793 de 2000 . Precisamente, el artículo 1° define a los soldados profesionales como aquellos “varones entrenados y capacitados con la finalidad principal de actuar en las unidades de combate y apoyo de combate de las Fuerzas Militares, en la ejecución de operaciones militares, para la conservación, restablecimiento del orden público y demás misiones que le sean asignadas”.
Adicionalmente, el artículo 8 consagra las causales de retiro del servicio activo de los soldados profesionales, a saber:
8. Por acumulación de sanciones.”
Respecto de la causal de retiro por disminución de la capacidad laboral, el artículo 10° de la mencionada norma dispone:
Ahora bien, el Decreto 1796 de 2000 regula, entre otras cosas, la evaluación de la capacidad laboral de los miembros de la Fuerza Pública. La capacidad psicofísica es definida en el artículo 2° del decreto como “el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes y potencialidades de orden físico y psicológico que deben reunir las personas a quienes se les aplique el presente decreto, para ingresar y permanecer en el servicio, en consideración a su cargo, empleo o funciones.”
A su vez, en el artículo 3° se encuentran las diferentes categorías de capacidad psicofísica para ingreso y permanencia en el servicio:
“ARTÍCULO 3. CALIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD PSICOFÍSICA. La capacidad sicofísica para ingreso y permanencia en el servicio del personal de que trata el presente decreto, se califica con los conceptos de apto, aplazado y no apto.
PARÁGRAFO. Esta calificación será emitida por los médicos que la Dirección de Sanidad de la respectiva Fuerza o de la Policía Nacional autoricen para tal efecto.”(Subrayado y resaltado fuera del texto).
“Cuando la lesión o enfermedad (i) es producida durante o por ocasión de la prestación del servicio y (ii) es generada como producto directo de la actividad desempeñada o (ii) es la causa de la desincorporación de las fuerzas militares o de policía, las fuerzas militares o de policía deberán hacerse cargo de la atención médica.”
Lo anterior, con el fin de proteger los derechos fundamentales de quien hubiere sido desvinculado de la fuerza pública, garantizando la continuidad en el servicio de salud para este individuo. Como bien lo mencionó la sentencia T-081 de 2011, en materia de seguridad social en salud no solamente estarán cubiertos “aquellos miembros de la fuerza pública que se encuentren en servicio activo, sino también aquellos que hayan sufrido una lesión o enfermedad durante la prestación del mismo, por ello no deberá entenderse que dicha obligación se extingue con la desvinculación.”
En dicha sentencia, se reconoció que si bien “se requiere la plena capacidad sicofísica de un soldado profesional, al mismo tiempo, no debe perderse de vista, tal como se explicó, que el Estado debe asegurar una debida protección a las personas que han sufrido una discapacidad en actos relacionados con el servicio, como es el caso de los soldados profesionales.” Por ello, este Tribunal ordenó la reincorporación del soldado.
Dicho pronunciamiento resaltó que “que la desvinculación del demandante de la fuerza castrense lo deja desprovisto de un trabajo que le permita desarrollarse de manera efectiva en la sociedad, este retiro desconoce los preceptos trazados por la Organización Internacional del Trabajo en materia de integración social, por ello es vital comprender que a pesar de que las personas que hacen parte de un cuerpo institucional armado son formadas para la guerra y su trabajo está dado dentro del conflicto, no por ello cuando por curso de éste se ven transgredidas en su integridad física o síquica dejan de ser “útiles” en su labor y para la sociedad. Por consiguiente, no deben ser desvinculadas sin que medien formas de contrarrestar el daño ocasionado”.
En este punto, vale la pena señalar que la reincorporación no tiene que ser necesariamente al mismo cargo que desempeñaba el individuo, sino que éste debe “ser reubicado en una actividad que pueda desempeñar, teniendo en cuenta tanto su grado de escolaridad así como sus habilidades y destrezas” .
5.1. Como se expuso en los antecedentes de esta providencia, el soldado profesional Luis Arnulfo Pabón Moreno estuvo vinculado por, aproximadamente, 8 años al Ejército Nacional. Como consecuencia de un accidente mientras patrullaba, sufrió fractura del húmero proximal. A partir de ese momento y durante 18 meses se desempeñó como conductor de una camioneta. Sin embargo, a raíz de que seguía padeciendo dolores, fue objeto de valoración por parte de
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