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Timestamp: 2020-08-13 07:54:16
Document Index: 119885002

Matched Legal Cases: ['artículo 477', 'artículo 4', 'artículo 12', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 7', 'artículo 9']

Determina el Tribunal Supremo en la que en los supuestos de ejercitarse la acción social de responsabilidad del administrador una vez cesado el plazo de prescripción el computo no se inicia hasta que haya cesado del cargo de forma efectiva y no desde la fecha del cese (FJ 2).STS de 10 de mayo de 2017
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EL PLAZO DE 60 DIAS PARA EL PAGO DE FACTURAS EN OPERACIONES COMERCIALES
enero 8, 2017 Por Emilio Bernabeu Deja un comentario
Establece la STS de 23 de noviembre de 2016 que el plazo de 60 días para el pago de las facturas en operaciones comerciales tiene carácter imperativo para las partes, por lo que son nulos de pleno derecho aquellos pactos o cláusulas contractuales que exceden de dicho límite temporal
“Contrato de ejecución de obra. Relación contratista y subcontratistas de la obra. Aplicación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, con relación a la naturaleza y alcance de la limitación temporal dispuesta para el plazo de pago. Criterios de interpretación normativos. Actos propios y control de abusividad. Doctrina jurisprudencial aplicable.
1. La recurrente, al amparo del ordinal tercero del artículo 477.2 LEC , por interés casacional de normas que no lleven más de cinco años en vigor, interpone recurso de casación que articula en dos motivos.
2. En el primer motivo, denuncia la infracción de los artículos 4.1 y 9.1 de la LLCM, en su redacción dada en la Ley 5/2010, de 5 de julio , de forma que la armonización de ambos preceptos se realice considerando que la limitación del plazo establecida en el artículo 4.1 es de carácter imperativo para las partes, sin posibilidad del pacto en contrario.
En primer término, con relación al alcance de la limitación de la determinación del plazo para el pago, debe precisarse que la posibilidad, por el legislador nacional, de configurar dicha limitación con carácter imperativo para las partes contratantes encuentra un claro encaje con lo dispuesto en la Directiva 2011/7/ UE, pues su artículo 12.3 expresamente prevé que los Estados miembros puedan «mantener o establecer disposiciones que sean más favorables para el acreedor que las necesarias para cumplir la presente Directiva».
Sentado lo anterior, hay que señalar que la opción por el carácter imperativo de la limitación del plazo (como norma de ius cogens) fue la que ya ejercitó nuestro legislador con la modificación introducida por la Ley 5/2010, de 5 de julio. Opción que reflejó no sólo el propio tenor del artículo 4.1 de dicha Ley, sino también el Preámbulo de la misma en atención a las finalidades y objetivos que informaban las modificaciones operadas respecto del texto inicial de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. Carácter imperativo de la limitación del plazo que, a su vez, ha sido respetado por la posterior reforma introducida por la LMAE, de 2013, en donde el artículo 4.3 dispone con claridad que «Los plazos de pago indicados en los apartados anteriores podrán ser ampliados mediante pacto de las partes sin que, en ningún caso, se pueda acordar un plazo superior a 60 días naturales».
En esta línea, la interpretación sistemática de la normativa aplicable debe ajustarse a esta razón de imperatividad de la limitación del plazo para el pago. Razón que no sólo encuentra fundamento en la ordenación o estructuración de la norma, en donde el artículo 4 regula específicamente la determinación del plazo, sino también y, sobre todo, en que la limitación prevista constituye una de las finalidades u objetivos queridos por el legislador a tenor del propio Preámbulo de la norma. En este sentido, además, la antinomia existente entre el artículo 4 y 9 de la citada Ley 5/2010, que 5 de julio, ha dejado de tener consistencia tras la modificación de este último artículo por la LMAE que ha suprimido la perturbadora referencia al «carácter subsidiario» de los plazos fijados por LLCM, con lo que la razón de imperatividad de la limitación del plazo para el pago resulta fortalecida en el plano de la interpretación sistemática de la normativa aplicable, conforme también a la última reforma llevada a cabo por el legislador.
De lo anteriormente señalado, pueden extraerse los siguientes criterios de interpretación. Así, en primer lugar, el carácter imperativo para las partes de la limitación temporal establecida por la norma para el plazo del pago comporta que todos aquellos pactos que exceden de dicho límite temporal, 60 días naturales, resulten nulos de pleno derecho por contravención de lo dispuesto en la norma imperativa ( artículo 6. 3 del Código Civil ). En segundo lugar, esta limitación legal del plazo, como regla general, presenta como única excepción, prevista en el propio artículo 4.2 LLCM, aquellos supuestos de contratación que bien por mandato legal, o bien por pacto expreso, comporten procedimientos de aceptación o comprobación que verifiquen la conformidad con los bienes o servicios prestados, pues en tales supuestos el límite legal del plazo se puedan extender hasta los 90 días naturales contados desde la fecha de la entrega de los bienes o la realización de la prestación de los servicios. Por último, de acuerdo con lo señalado, el control de abusividad previsto en el artículo 9 LLCM ópera, necesariamente, dentro del plazo marcado por la limitación temporal establecido por la norma, pues más allá del mismo la sanción contemplada no es otra que la nulidad del pacto por ser contrario a la norma imperativa. Conclusión acorde tanto con la función tuitiva de la norma, como con la conveniencia de una interpretación que fije con claridad los criterios de aplicación normativa.
4. En el motivo segundo del recurso, la recurrente denuncia la indebida aplicación del principio de los actos propios con relación al artículo 9.1 de la LLCM.
En este sentido, considera que la sentencia recurrida incurre en dicha infracción cuando al tratar de la posible abusividad consideró que la recurrente actuaba en contra de sus propios actos al alegar la nulidad de unas cláusulas cuya validez no discutió hasta la finalización del contrato y el impago de las facturas reclamadas.
Conforme a lo anteriormente expuesto, la estimación del primer motivo comporta la estimación del recurso de casación y, por tanto, la innecesariedad de entrar en el examen de este motivo. La razón es que el plazo establecido para el pago, 180 días desde la fecha de recepción de las facturas, es de por sí ilustrativo de que se ha vulnerado el límite temporal legalmente establecido por la norma, en este caso, 60 días naturales, por lo que dicho pacto ya es nulo de pleno derecho y no pueden dar lugar a un posterior enjuiciamiento del control de abusividad.
Sin embargo, y una vez sentado esto, interesa entrar en el examen de este motivo para fijar con claridad, en contra del criterio sostenido por la Audiencia, que, cuando proceda entrar en el examen del control de abusividad de estas cláusulas o prácticas de contratación entre empresarios, el mero hecho de que el subcontratista no lo haya impugnado previamente por el contenido abusivo de algunas de sus cláusulas no constituye, en modo alguno, un acto propio que impida su reclamación en el transcurso de la ejecución del contrato celebrado.
En efecto, ello es así porque el control de la abusividad dispuesto en el artículo 9 LLCM, como todo control de abusividad, parte de una función tuitiva en favor de la parte más débil de la práctica de contratación tomada como referencia por la norma. Parte débil que, por lo general, corresponde a la posición de inferioridad que asume el subcontratista respecto del contratista principal de la obra y que le impide, desde el inicio de la contratación, defender sus intereses en pie de igualdad respecto de las imposiciones del contratista de la obra.
En el presente caso, no cabe duda que tanto la desproporción del plazo de pago establecido, 180 días respecto de los 60 legalmente previstos, y los 30 días recomendados por LLCM, así como la desproporción del interés contemplado como compensación de dicho aplazamiento, interés legal más 1,5 puntos, frente a los 8 puntos que establece el artículo 7 LLCM como referencia, fueron impuestas por la parte a la que realmente favorecía, esto es, al contratista principal de la obra. Frente a ello, como significativamente alega la recurrente, la subcontratista no tuvo más remedio que aceptarlo si realmente quería conseguir el contrato. De ahí que, en la lógica de la función tuitiva que informa al control de abusividad, la mera celebración del contrato no constituye un acto propio que impida a la parte débil, objeto de tutela, ejercitar su derecho a que judicialmente se revise la legalidad de las condiciones impuestas de acuerdo con el control de abusividad que específicamente para este sector de contratación prevé el artículo 9 de la LLCM, como reacción contra el posible abuso de derecho en la contratación, que no se realiza en pie de igualdad entre las partes contratantes.”
Fuente: OTROSI.NET
EL TRIBUNAL SUPREMO DECLARA NULOS LOS PACTOS QUE EXCEDEN LOS 60 DÍAS PARA EL PAGO A LAS SUBCONTRATAS
diciembre 20, 2016 Por Emilio Bernabeu Deja un comentario
La única excepción a ese límite temporal de sesenta días, según establece el alto tribunal en una sentencia dada a conocer este viernes, está prevista para aquellos contratos que por mandato legal, o por pacto expreso, impliquen procedimientos de aceptación o comprobación para verificar la conformidad con los bienes o servicios prestados; supuestos en los que el límite legal del plazo puede extenderse hasta los noventa días naturales contados desde la fecha de entrega de los bienes o la prestación de los servicios.
En este caso, señala el Supremo, «no cabe duda que tanto la desproporción del plazo de pago establecido, 180 días respecto de los 60 legalmente previstos, y los 30 recomendados por la ley, así como la desproporción del interés contemplado como compensación de dicho aplazamiento, interés legal más 1,5 puntos, frente a los 8 puntos que establece la ley como referencia, fueron impuesta por la parte a la que realmente favorecía, que era el contratista de la obra. Frente a ello, señala la sentencia, la subcontratista no tuvo más remedio que aceptarlo si realmente quería conseguir el contrato».
CAUSAS DE NULIDAD DE UNA JUNTA GENERAL
diciembre 9, 2016 Por Emilio Bernabeu Deja un comentario
El Tribunal Supremo establece en su STS de 19 de abril de 2016 que los casos en que la ausencia de todos los administradores sociales a la junta general puede ser considerada como causa de suspensión o nulidad de la junta
La Sala confirma la sentencia que anuló la junta general de la sociedad demandada, por estar mal constituida, ya que los administradores no estuvieron presenten en la junta.
Señala que es imperativo legal que los administradores sociales asistan a las juntas generales, y que si bien su ausencia, como regla general, no puede ser considerada como causa de nulidad de la junta, sin embargo, dicha regla puede tener sus excepciones, puesto que habrá casos en que la ausencia de los administradores podrá ser decisiva para la privación de alguno de los derechos de los socios. Esto es lo que ha ocurrido en el caso presente porque en el orden de día de la convocatoria figuraba que había que deliberar y votar sobre una delegación en el consejero delegado para la suscripción de operaciones crediticias y novaciones de préstamos, y en su caso, negociación para liberación a los socios de avales personales en préstamos. La naturaleza de dicho punto del orden del día suponía un derecho y deber de información reforzado, a fin de explicar adecuadamente las necesidades, características y consecuencias de las operaciones crediticias. Al faltar todos los administradores el derecho de información quedó completamente cercenado; y esa ausencia conlleva la nulidad de la junta, al haberse omitido un requisito esencial para su válida constitución y celebración en el supuesto concreto.
EL JUEZ MERCANTIL PUEDE DECLARAR LA EXTINCIÓN COLECTIVA DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO EN EL SENO DE UN CONCURSO DE ACREEDORES
noviembre 3, 2016 Por Emilio Bernabeu Deja un comentario
La Sala acuerda en STS de 13 de abril de 2016 desestimar el recurso interpuesto y confirma la sentencia que declaró que el Juez Mercantil en el seno del concurso de acreedores podía declarar la extinción colectiva de los contratos de los trabajadores que formularon demanda de despido tácito motivada por la situación económica o de insolvencia del empleador por hechos acontecidos antes de la solicitud de declaración de concurso de acreedores por parte de su empleador, habiéndose presentado la demanda de despido ante el Juez Social con anterioridad a la fecha de tal solicitud y encontrándose el proceso social en tramitación en el momento de la declaración de concurso.
Basa su decisión en que el art. 64.10 de la Ley Concursal, referido a acciones resolutorias individuales del art. 50 del ET motivadas por la situación económica o de insolvencia del concursado, ha de aplicarse a los despidos tácitos singulares o plurales motivados por esas mismas circunstancias, con la finalidad de que ante unos mismos hechos deba darse idéntica solución, evitando el posible fraude derivado de poder elegir ante una misma situación acciones distintas que pudiera llevar a situaciones desiguales en cuanto a la fecha de extinción, salarios e indemnizaciones procedentes.
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