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Timestamp: 2018-09-22 17:43:43
Document Index: 16843461

Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'artículo 31', 'artículo 2', 'artículo 56', 'artículo 2356', 'artículo 2356', 'Artículo 42', 'Artículo 86', 'artículo 42']

﻿ Sentencia T-655 de septiembre 5 de 2011
SENTENCIA T-655 DE 05 DE SEPTIEMBRE DE 2011
CONTENIDO:PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PARTICULARES. LA CONSTRUCCIÓN ES UNA ACTIVIDAD LICITA QUE PUEDE GENERAR DAÑOS LOS CUALES PUEDEN ACREDITARSE Y RESARCIRSE EN UN PROCESO ORDINARIOSIN EMBARGO, NO EXISTE UN MECANISMO QUE DE FORMA INMEDIATA RESTABLEZCA EL GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS TALES COMO LA VIVIENDA DIGNA, EL TRABAJO Y EL MÍNIMO VITAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AL TRABAJO, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PARTICULARES, DERECHO A VIVIENDA DIGNA, PRINCIPIO DE DERECHOS MÍNIMOS DEL TRABAJADOR
Sentencia T-655 de septiembre 5 de 2011
Sentencia T-655 de 2011
Ref.: Expediente T- 3.057.808
Acción de Tutela instaurada por Marilyn Ortiz Barbosa y otro contra Héctor Alirio Forero Quintero, Edificio Puerta del Sol PH y otros.
1.2.2. Indican que en la carrera 26 Nº 74-19, esto es, el predio ubicado justo en medio de sus casas, el señor Héctor Alirio Forero, inició la construcción del edificio Puerta del Sol P.H., para lo cual solicitó la licencia de construcción modalidad obra nueva, demolición, aprobación planos, alinderamientos y cuadros áreas P.H., radicada en la curaduría urbana 4 de Bogotá, bajo el expediente 08-4-1689.
1.2.3. En agosto de 2008, se llevó acabó la demolición de la propiedad sin cumplir las normas de seguridad, ocasionando daños en las viviendas colindantes, ante lo cual se requirió al señor Héctor Alirio Forero para que presentara la póliza de la compañía de seguros de responsabilidad civil extracontractual por daños contra terceros. No obstante, afirman los demandantes que el accionado respondió verbalmente que no tenía y que él mismo pagaba y reparaba los daños causados por la construcción del edificio por ser dueño de una constructora.
1.2.4. Señalan los accionantes que se acercaron a la curaduría urbana 4, con el fin de hacerse parte dentro del proceso para la expedición de la licencia y así hacer valer sus derechos. Sin embargo, la funcionaria que los atendió les informó que la citación a vecinos, la cual debe surtirse por correo certificado, no fue entregada por el servicio de mensajería de Servientrega contratado por la curaduría, argumentando que no encontraron a ninguno de los ocupantes de las dos casas, devolviendo los documentos el mismo día a la entidad y el 29 de agosto de 2008 fue publicado por edicto, sin embargo, de esta actuación no quedó ningún registro porque la empresa de mensajería no dejó número de guía o notificación que los hubiera enterado de la diligencia. Respecto a la intervención de terceros, la funcionaria les comentó que habían quedado sin participación dentro del trámite, pues para ello debían haberse presentado antes de la expedición del acto administrativo según lo previsto en los artículos 24 y 25 del Decreto 564 de 2006, en este punto, resaltan la omisión del trámite previsto en el parágrafo del artículo 24 del mencionado decreto, en cuanto al deber del señor Héctor Alirio Forero, como peticionario de la licencia de construcción, de instalar una valla con una dimensión mínima de un metro con ochenta (1.80) centímetros por ochenta (80) centímetros, en lugar visible desde la vía pública, en la que se advierta a terceros sobre la iniciación del trámite administrativo tendiente a la expedición de la licencia urbanística, indicando el número de radicación, la autoridad ante la cual se tramita la solicitud, el uso y características básicas del proyecto, la cual deberá permanecer en el sitio hasta tanto la solicitud sea resuelta. En conclusión, no pudieron hacerse parte dentro del proceso para hacer valer sus derechos, situación que conllevó a que la actuación arbitraria del constructor de la obra nueva continuara.
1.2.6. Los accionantes acudieron a diferentes instancias, tratando de contrarrestar los perjuicios ocasionados por la construcción del edificio Puerta del Sol, sin éxito. Finalmente, refieren que en julio de 2010, tuvieron que desalojar sus casas asumiendo los gastos, costos de mudanza y arriendo de una vivienda digna que les permite salvaguardar sus vidas. En agosto de 2010, teniendo en cuenta concepto técnico de amenaza de ruina CAR No.1778 la Dirección de Prevención y Atención de Emergencia, DPAE, concluye que el predio es declarado en amenaza ruina. Ante la deplorable situación a que los ha llevado el accionado y la indefensión total en que los han dejado las autoridades administrativas, acuden al derecho de petición tratando de lograr que el accionado asuma la responsabilidad de sus actos para que les devuelva su vivienda que era su único medio de subsistencia familiar, económico, de protección y en general de vida, pero el accionado ni siquiera se toma la molestia de contestar absolutamente nada (sic).
1.4. Intervención de la entidad accionada
Admitida la acción de tutela, el Juzgado Sesenta y Ocho Civil Municipal, ordenó vincular a la Secretaría del Hábitat y a la Dirección de Prevención y Atención de Emergencia —DPAE—, notificar a la Alcaldía Local Barrios Unidos, a la curaduría urbana 4 de Bogotá y al administrador del Edificio Puerta del Sol, para que en el término de dos (2) días contados a partir del recibo de la notificación, asumieran su defensa pronunciándose de manera concreta sobre los hechos motivo de la demanda.
Manifestó la apoderada, que por orden del asesor de obras de la alcaldía se realizó visita técnica al predio afectado por parte de la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias (DPAE), el cual conceptuó que el costado norte del inmueble amenaza ruina. En consecuencia, emitió las resoluciones 713 de septiembre de 2010 y 817 de 2010, ratificando las recomendaciones que hiciera el DPAE para proveer medidas de seguridad, el aislamiento de los transeúntes en la zona objeto de peligro, restringir el uso de las edificaciones y advirtió a los demandantes que si optaban por demoler y levantar nuevamente los predios, debían contar previamente con licencia de construcción y planos aprobados.
Explicó, que dentro de las atribuciones que le confiere el Decreto-Ley 1421 de 1991, la alcaldía únicamente puede decretar la amenaza de ruina para permitir que se demuelan las edificaciones en deterioro, en tanto que la reclamación por daños y perjuicios se debe hacer a través de la justicia ordinaria, porque la administración no tiene competencia para tal fin, y tampoco expide las licencias de construcción.
1.4.3. Contestación del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias, Fopae.
El director general del Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá —FOPAE—, entidad distrital que mediante Resolución 413 de 2010 asumió las funciones que venía desarrollando la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias —DPAE—, responde la acción de tutela impetrada en los siguientes términos:
Respecto de las demás diligencias administrativas que se hubieren desplegado, indicó que teniendo en cuenta que el artículo 31, numeral 3º, literal c de la Ley 332 de 2004, nos ordena únicamente “emitir conceptos técnicos de amenaza ruina sobre los inmuebles u edificaciones ubicados en Bogotá D.C. de conformidad con el artículo 2º del Decreto 166 del 2004”. En consecuencia, señaló que ante los hechos mencionados, no es responsabilidad de las entidades distritales las afectaciones a los predios privados y mucho menos de la entidad que representa, por lo que solicitó al juez liberarla de cualquier tipo de responsabilidad.
1.4.4. Contestación de la curaduría urbana 4.
Consideró pertinente aclarar que el acta de vecindad es un documento privado, que no tiene regulación legal expresa y que permite verificar el estado actual de las construcciones vecinas de un proyecto arquitectónico para así facilitar la resolución de los conflictos que puedan presentarse con los eventuales daños que se puedan ocasionar por causa de la ejecución de dicho proyecto. Habitualmente el Acta consta de una descripción a nivel técnico sobre la situación estructural y arquitectónica de las construcciones que puedan verse afectadas. Por lo cual el curador urbano no tiene la facultad legal para exigirlas o intervenir en estas, toda vez que no tiene competencia para ejercer control urbano sobre las obras o construcciones de la ciudad; es un particular que ejerce una función pública que se debe limitar a la expedición de licencias urbanísticas, a petición del interesado, verificando el cumplimiento de las normas urbanas vigentes en el respectivo municipio o distrito, sin que ello implique efectuar una inspección ocular en los predios, dicha competencia, como ya se dijo, radica en cabeza de las alcaldías locales, de conformidad con lo previsto en el artículo 56 del Decreto 564 de 2006 (sic).
Respecto de los perjuicios causados, lucro cesante y daño emergente, del señor Efraín Ortiz, ya se llegó a una conciliación, llegando al compromiso de mi parte de construirle una nueva casa, en el mismo lugar de la casa afectada. Los trámites necesarios para radicar la solicitud de licencia ya fueron radicados. El señor Ortiz, fue reubicado en un apartamento donde se le cancela el valor del canon de arrendamiento, por valor de ($ 750.000) mensuales y también un lucro cesante por la suma de ($ 550.000). No obstante y con el ánimo de dar por terminado este asunto con el señor Manuel Guío, quiero manifestar ante su despacho mi interés de comprar el inmueble de su propiedad, en los valores que comercialmente un perito avaluador nos indique. Esta solicitud, la he presentado hasta la saciedad al demandante; no entiendo porque desgata el aparato judicial cuando le he ofrecido, desde el comienzo del deterioro de su casa, pagarle el valor de esta, de acuerdo al valor comercial.
1.4.1 Juzgado Sesenta y Ocho Civil Municipal de Bogotá.
Con igual sentido desestimatorio consideró que las diferentes posiciones planteadas en el caso, encarnan un asunto conflictivo emanado de una relación negocial cuya resolución se encuentra a cargo de las autoridades civiles y no de la constitucional, situación que torna improcedente la protección invocada. No obstante, señaló que conforme al desarrollo jurisprudencial la acción de tutela puede proceder cuando los medios jurídicos previstos resultan insuficientes o ineficaces para otorgar un amparo integral o evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Frente al anterior planteamiento observó, que la parte accionada alega una afectación a la vida en conexidad con la vivienda digna, pero no demuestra el perjuicio irremediable como quiera que del material probatorio que milita la actuación, se evidencia que en virtud del concepto técnico emitido por el técnico de DPAE en relación con el predio carrera 26 Nº 74-27, los accionantes actualmente no habitan el predio sino que viven en arriendo en otro inmueble y según lo señalado en la contestación a la acción de tutela por Héctor Alirio Forero Quintero, se entrevé que este es quien estaba pagando el rubro y en consecuencia no se está afectando el derecho a la salud o vida de los actores (sic).
En cuanto a la actuación surtida por las autoridades administrativas, curaduría urbana 4 y la Alcaldía de Barrios Unidos, estimó el juez que se respetó el debido proceso de acuerdo a la reglamentación dispuesta para el caso.
1.4.2.1. Impugnación presentada por la apoderada de los accionantes.
Respecto al caso del señor Efraín Ortiz precisó, que antes de que se le destruyera su casa, vivía de los arriendos que allí le pagaban, es decir, su vivienda le generaba los recursos para subsistir como lo son pagar los servicios públicos y la alimentación de él y su esposa. El señor Héctor Alirio Forero, al destruir su hogar, se comprometió a pagar el lucro cesante, el daño emergente, lo correspondiente a los cánones de arriendo de la vivienda donde fue trasladado el señor Efraín Ortiz, con los servicios públicos y la suma de $ 550.000 mensuales, para subsistir. No se explica cómo el juez de instancia desmejora esa situación, solo autorizando a pagar el canon de arrendamiento y deja sin mencionar el lucro cesante y el pago de servicios públicos, restringiendo con esta decisión los derechos fundamentales, al mínimo vital, a la vida, a la salud, a la vivienda digna. Así las cosas, solicita se revoque el fallo de tutela en el sentido de que además del pago del arriendo, se le ordene al constructor cancelar lo correspondiente al mínimo vital, es decir, los servicios públicos, el lucro cesante, hasta que responda por la construcción destruida.
Frente a la situación de los señores Manuel Guio Lara y su esposa Marilyn Ortiz, indicó que habitan el inmueble con nomenclatura carrera 26 Nº 74-15, desde hace más de quince años, el señor Manuel la ocupa como hijo legítimo de los propietarios, quienes fallecieron, de manera que, son ellos quienes se encuentran afectados por no habitar el inmueble constituido como su hogar y como fuente de sus recursos, toda vez que la señora Marilyn Ortiz atendía en consulta psicológica a sus pacientes desde el consultorio habilitado para ello, en su casa. Resaltó además, la afectación en la salud del señor Manuel Guio, quien debido a un accidente cerebro vascular se encuentra inhabilitado para laborar, aunado al hecho de ahora no tener vivienda por cuanto fue destruida con la construcción del edificio Puerta del Sol, sin ingresos económicos que le permitan vivir dignamente y la incertidumbre cada mes del pago de un arriendo desde la evacuación de su casa, circunstancias que lo colocan en una condición de debilidad manifiesta. Demandó por tanto, tener en cuenta el estado de indefensión tantas veces pregonado en los fundamentos de derecho de tutela presentada por el señor Manuel Guio y su esposa Marilyn Ortiz, en razón a su grave estado de salud y la vital importancia que para ellos tiene que el responsable de actos tan arbitrarios, como la destrucción de su hogar, restablezca sus derechos.
1.4.3. Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogotá.
El ad quem, limitó su análisis al caso del señor Efraín Ortiz como sujeto de especial protección constitucional y a los descargos que hiciera el señor Héctor Alirio Forero en su escrito de impugnación, resaltando que por regla general, la acción de tutela está vedada para los asuntos que se concretan a un rango legal, dado que su campo de conocimiento se limita por la vulneración o amenaza de derechos constitucionales fundamentales, y su propósito específico es el de brindar a la persona protección efectiva y actual, por lo anterior es claro que esta acción constitucional no busca una finalidad indemnizatoria, como lo pretenden hacer valer los accionantes con respecto al pago de los servicios públicos y el lucro cesante (sic).
2.1. Copia de comunicación a vecinos colindantes, expedida por la curaduría urbana 4, con fecha del 25 de agosto de 2008, mediante la cual avisa que el señor Forero Quintero Héctor Alirio, radicó solicitud de Licencia de Construcción en la modalidad obra nueva, demolición, en el predio localizado en la dirección carrera 26 74 19, de la urbanización: La Aurora. El proyecto pretende desarrollar el uso: Vivienda Multifamiliar. En uno de sus apartes indicó además, que la curaduría no cuenta con la competencia objetiva para conocer de las irregularidades o molestias que se puedan llegar a ocasionar a través de la construcción. De otro lado, en caso de perturbación o daño material a su propiedad, usted deberá acudir a la inspección de policía de su sector con el fin de que dispongan de las medidas policivas tendientes a hacer cesar la perturbación derivada de la obra(1).
2.2. Copias de registros fotográficos del estado de los predios, facturas de venta entre las partes de materiales de obra, informe técnico de vulnerabilidad del estado del inmueble de la carrera 26 Nº 74-15 emitido por la arquitecta Dalila Molina(2).
2.3. Copia de la conciliación llevada a cabo en la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, el 21 de septiembre de 2010, en la que no se llegó a ningún acuerdo, por lo tanto, se declaró fallida(3).
2.4. Copia de la respuesta al derecho de petición presentado por la señora Marilyn Ortiz a la Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría del Hábitat, en la cual le informan que dicha oficina no es competente para realizar trámite alguno respecto a la solicitud, por lo que dará traslado del documento a la Alcaldía Local de Barrios Unidos, por ser a ellos a quienes corresponde decidir sobre el asunto(4).
2.5. Copia de los diversos derechos de petición presentados al señor Héctor Alirio Forero por parte de la señora Marilyn Ortiz, solicitando la reparación de los daños presentados a su predio por la construcción del Edificio Puerta del Sol(5).
2.6. Copia de la diligencia de descargos prestada por la señora Marilyn Ortiz, ante el asesor de obras de la Alcaldía de Barrios Unidos, en la cual se le hizo entrega del concepto de la DPAE, recomendando una serie de medidas tendientes a asegurar la edificación declarada en ruina(6).
2.7. Copia de la Resolución 713 del 28 de septiembre de 2010, emitida por la Alcaldía Local de Barrios Unidos, mediante la cual concede al señor Efraín Ortiz, permiso para llevar a cabo una serie de medidas de seguridad tenientes a aislar el predio declarado amenaza de ruina, ubicado en la carrera 26 Nº 74-27, advirtiendo a su propietario que si opta por demoler la fachada y levantarla nuevamente deberá contar previamente con licencia de construcción y planos aprobados(7).
2.8. Copia del informe presentado por el director del DPAE al asesor de obras de la Alcaldía Local Barrios Unidos, referente a la visita técnica que hicieran al predio ubicado en la carrera 26 Nº 74-15 de propiedad del señor Manuel Guio y Marilyn Ortiz, declarando la amenaza de ruina del inmueble(8).
2.9. Copia del ofrecimiento de reubicación temporal de vivienda presentado por el señor Héctor Forero Quintero, a través de sus mandatarios(9), al señor Efraín Ortiz, en el que le proponen: 1) reubicación temporal del señor Efraín Ortiz y su señora esposa, a un inmueble ubicado en la carrera 27 Nº 73-93, primer piso (previa inspección y aceptación de su parte). 2) los cánones de arrendamiento y servicios públicos que se generen por el lapso que ocupen el inmueble serán sufragados directa y exclusivamente por los mandatarios del propietario del inmueble, quienes suscribirán el respectivo contrato de arrendamiento. 3) el tiempo y el término durante el cual estará vigente el contrato de arrendamiento será desde el día ___de____ de 2010, hasta que finalice a total y entera satisfacción la remodelación del predio afectado. Reiteramos que el señor Efraín Ortiz, no asumirá ningún costo o gasto producto del arrendamiento y utilización de los servicios públicos que han de ocupar temporalmente en dicho predio, ni por cláusulas de incumplimiento a que haya lugar(10) (sic).
2.10. Copia de los ofrecimientos y compromisos realizados por el señor Héctor Alirio Forero al señor Efraín Ortiz, en los que se obliga a la demolición y construcción de obra nueva, así como al pago de los cánones de arrendamiento del inmueble en el que fue reubicado, pago de servicios públicos, etc.(11).
2.11. Copia del escrito allegado al señor Juez Sesenta y Ocho Civil Municipal por la apoderada de los accionantes, en el cual informa que la casa ubicada en la carrera 26 Nº 74-15 figura en el certificado de libertad a nombre de Luis Antonio Guio Sandoval, fallecido el 22 de diciembre de 2007 y Cecilia Lara de Guio fallecida el 1 de enero de 2011, quienes son el padre y la madre del señor José Manuel Guio Lara, esposo de Marilyn Ortiz. En razón de ello, resalta los derechos que tienen los solicitantes en razón de las facultades legales y de hecho que les asiste como poseedores de buena fe, así como el derecho que como hijo legitimo tiene el señor Manuel Guio(12).
2.12. Copia de poder especial conferido por el señor José Manuel Guio Lara a Marilyn Ortiz, para que actúe en su nombre y representación en el proceso contra Héctor Alirio Forero, protocolizado ante el Consulado General de Colombia en la ciudad de New York, el 7 de junio de 2010. Así como el poder otorgado por Efraín Ortiz a Marilyn Ortiz, ante la Notaría Cuarenta y Ocho de Bogotá, el 13 de enero de 2001(13).
2.13. Copia de historia clínica de José Manuel Guio, comprobando el estado de salud del mencionado señor, quien sufrió aneurisma cerebral, del cual viene siendo tratado desde agosto de 2009(14).
Así mismo, los preceptos disponen que, excepcionalmente, la acción de tutela procede en los casos en los que quien vulnera o amenaza los derechos fundamentales es un particular, siempre que se cumplan unas circunstancias y condiciones específicas(15). La Corte, en su desarrollo jurisprudencial, ha indicado que las diferencias significativas que existían entre lo público y lo privado han ido disminuyendo, de tal forma que, actualmente, se acepta que la vulneración de derechos fundamentales no solo puede provenir de una autoridad estatal, sino también de los particulares, concretamente cuando (i) este tenga a su cargo la prestación de un servicio público(16); (ii) cuando con su actuar afecte gravemente el interés colectivo o; (iii) en casos en los que el accionante se encuentre en situación de subordinación e indefensión con respecto al agresor(17).
Esta Corporación ha entendido que el estado de indefensión se configura, cuando las circunstancias de una persona la imposibilitan para satisfacer una necesidad básica por causa de una decisión o actuación desarrollada por un particular, en ejercicio de un derecho del que es titular, pero de forma irrazonable, irracional o desproporcionada(18). De suerte que, la posible situación de indefensión en la que se encuentra una persona, debe ser evaluada por el juez constitucional de cara al caso concreto, teniendo en cuenta sus circunstancias particulares, y los derechos fundamentales que están siendo objeto de amenaza o vulneración, por cuenta del ejercicio de la posición de poder que ostente la persona o el grupo de que se trate(19).
Por su parte, la Corte Constitucional para determinar la procedencia de la acción de tutela ha referido dos aspectos. El primero, si la tutela se presenta como mecanismo principal, es preciso examinar que no exista otro medio de defensa judicial. Si no existe otro medio, o aún si existe pero no resulta idóneo en el caso concreto, la tutela procede como mecanismo principal de amparo de derechos fundamentales(20). El segundo, cuando la acción de tutela se interpone como mecanismo transitorio, sin ser relevante la existencia de un medio judicial ordinario idóneo, pues se presenta necesaria para evitar un perjuicio irremediable(21).
“(...) Es necesario aclarar que la posibilidad de acción cuando los particulares incurren en violación al régimen urbanístico, no es más que una forma de poner en funcionamiento el control administrativo en esa materia, que en manera alguna tiene carácter judicial y, por ende, no es apto para desplazar a la acción de tutela.
El régimen de las licencias de construcción, de otro lado, implica el compromiso para el constructor de reparar los daños causados con su actividad, pero en manera alguna establece para él una obligación expresa de prevenirlos. También sucede esto con el régimen civil dedicado a los daños que se causan a los demás, el cual es de carácter puramente resarcitorio. Luego, fuerza concluir que los propietarios de inmuebles que pueden resultar averiados por la construcción de otros, se encuentran en estado de indefensión para exigir de los constructores reducir al máximo, en la medida de lo posible, el margen de probabilidades de causar daño; o sea, no existe un régimen preventivo propiamente dicho en esta materia, sino que aquellos que vean amenazada su propiedad o persona por razón de la actividad legal de la construcción, tienen a su alcance dos salidas: esperar a sufrir el daño para luego, si aún existen, perseguir por la vía judicial su reparación, o evitarlo por sus propios medios y asumir los costos que ello implique, con la esperanza de que los jueces posteriormente ordenen la devolución de lo gastado” (negrillas fuera de texto).
Así las cosas, tal como se estableció en el antecedente citado, es evidente que el problema planteado en la acción de tutela en estudio no encuentra otro medio de defensa judicial que permita a los afectados el amparo de sus derechos fundamentales vulnerados por la construcción llevada a cabo por el señor Héctor Alirio Forero Quintero(22). En efecto, se encuentra suficientemente probado dentro del expediente, que los daños producidos en los inmuebles de los demandantes, representados por la señora Marilyn Ortíz, fueron el resultado de la construcción del edificio Puerta del Sol PH desde la misma iniciación de la obra, hecho ante el cual comenzó el largo padecimiento de los demandantes, pues no valió ninguno de los esfuerzos realizados para evitar la destrucción de sus hogares, ante su eminente y paulatina ruina.
Los demandantes afirman ser propietarios de dos predios ubicados en el barrio la Aurora, localidad Barrios Unidos de la ciudad de Bogotá: el primero, situado en la Carrera 26 # 74-15 (habitada por la señora Marylin Ortíz y su esposo Manuel Guio Lara) y el segundo, en la carrera 26 Nº 74-27 (habitada por el señor Efraín Ortiz y su esposa).
Indican que en la carrera 26 Nº 74-19, esto es, el predio ubicado justo en medio de sus casas, el señor Héctor Alirio Forero, inició la construcción del edificio Puerta del Sol P.H., para lo cual solicitó la licencia de construcción modalidad obra nueva, demolición, aprobación planos, alinderamientos y cuadros áreas P.H., radicada en la curaduría urbana 4 de Bogotá.
La actividad de la construcción, no obstante ser lícita, ha sido señalada por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, como una actividad peligrosa entendida como todas aquellas que el hombre realiza mediante el empleo de cosas o energía susceptible de causar daño a terceros(23).
Igualmente, la doctrina, a partir del artículo 2356 del Código Civil, ha tratado de precisar el concepto de actividad peligrosa, así, Javier Tamayo Jaramillo, la define como aquella que una vez desplegada, su estructura o su comportamiento generan más probabilidades de daño, de las que normalmente está en capacidad de soportar, pos sí solo, un hombre común y corriente. Esta peligrosidad surge porque los efectos de la actividad se vuelven incontrolables o imprevisibles debido a la incertidumbre de los efectos del fenómeno o a la capacidad de destrozo que tienen sus elementos(24).
Valencia Zea las define: estímese actividades peligrosas aquellas en que se emplean máquinas, instrumentos, aparatos, energías o sustancias que ofrecen riesgos o peligros en razón de su instalación, de su propia naturaleza explosiva o inflamable o de otras causas análogas(25).
“La jurisprudencia de la Corte, desde vieja data, ha señalado que la construcción de edificios es una actividad peligrosa, y que siendo posible que con ella se causen daños en los predios vecinos, no ha titubeado en atribuirle responsabilidad al propietario de la obra, bajo el entendimiento de que este bien puede ser la persona que en su predio toma la iniciativa de la construcción, como que lo hace en procura de satisfacer intereses legítimos, no obstante el peligro que esa actividad entraña para otros.
Así, ha expuesto que entratándose de una obra que se construye, las posibilidades de causar daño a terceros son análogas o semejantes a las que ofrecen los casos contemplados en los ordinales 2º y 3º del artículo 2356 del Código Civil; por lo cual la obligación de indemnizar que en estos se produce, debe también proceder en el de los daños causados por concepto de la obra en construcción ”(26).
1. REVOCAR la sentencia emitida por el Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogotá, el 23 de marzo de 2011, para en su lugar, CONCEDER la tutela impetrada por la señora Marilyn Ortiz Barbosa en representación de su esposo Manuel Guio Lara y Efraín Ortiz.
2. ORDENAR, al señor Héctor Alirio Forero Quintero que i) traslade por su cuenta a los demandantes Marilyn Ortiz Barbosa y su esposo Manuel Guio Lara y al señor Efraín Ortiz, respectivamente, a sitios de habitación, que se encuentren en condiciones similares a las que gozaban los de su propiedad antes de iniciarse la construcción del edificio Puerta del Sol PH, mientras se realice la construcción de los inmuebles de su propiedad. El cumplimiento de esta orden deberá surtirse en el improrrogable término de quince (15) días calendario, contados a partir de la notificación de la presente providencia; ii) en cuanto al señor Efraín Ortiz, dada su condición de sujeto de especial protección constitucional y en vista que su mínimo vital se vio seriamente afectado con la destrucción de su casa, el pago de una cuota mensual que le permita costear los servicios públicos y la alimentación tanto de él como de su esposa.
3. ORDENAR al señor Héctor Alirio Forero Quintero que no solamente garantice la elaboración de los estudios técnicos y las obras necesarias para restablecer los inmuebles de los demandantes, sino que los efectúe. Las gestiones que a ello conduzcan, deberán iniciarse en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta sentencia.
4. INDICAR que el tiempo dado para la construcción de las viviendas de los accionantes no debe ser mayor de seis (6) meses.
5. El Juzgado Sesenta y Ocho Civil Municipal, vigilará el cumplimiento que se dé a esta sentencia e informará a la Sala de ello en forma pormenorizada.
Magistrados: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub—Humberto Antonio Sierra Porto, con salvamento parcial de voto, Luis Ernesto Vargas Silva.
(2) Folios 7 al 34, cuaderno 1.
(3) Folios 35 y 36, cuaderno 1.
(5) Folios 42 al 47, cuaderno 1.
(6) Folios 54 y 55, cuaderno 1.
(7) Folios 59 al 61, cuaderno 1.
(8) Folios 62 a 69, cuaderno 1.
(9) Liliana Gómez Rodríguez (asesora jurídica) y Orlando Cubillos Cadena (arquitecto).
(10) Folio 264, cuaderno 1.
(11) Folios 297 al 300, 302 - 303, 304 al 311, cuaderno 1.
(12) Copia del certificado de libertad del inmueble, registro de defunción del señor Luis Antonio Guio y de la señora Cecilia Lara de Guio, así como copia de los poderes otorgados por los familiares de Manuel Guio para promover cualquier acción respecto del inmueble, teniendo en cuenta que se trata de un bien en sucesión. Folios 610 a 619, cuaderno 1.
(13) Folios 624 y 625, cuaderno 1.
(15) Sin que ello implique que el juez constitucional desplace al juez ordinario, ni que invada su competencia para decidir el conflicto que se plantea. Al respecto, ver entre otras las sentencias T-932 de septiembre 19 de 2008, M. P. Rodrigo Escobar Gil., T-791 del 3 de noviembre de 2009, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
(16) Artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, numerales 1, 2, 3.
(17) Artículo 86 de la Constitución Política, desarrollado en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.
(18) Ver Sentencia T- 375 de agosto 20 de 1996, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(19) En Sentencia T- 172 de abril 4 de 1997, se dijo al respecto: La indefensión se predica respecto del particular contra quien se interpone la acción. Este particular es quien con su conducta activa u omisiva pone en peligro o vulnera un derecho fundamental correcto del indefenso. La indefensión no se predica en abstracto, sino que es una situación relacional intersubjetiva, en la que el demandante es uno de los extremos y el demandado es otro. El primero ha sido ofendido o amenazado por la acción del segundo. Adicionalmente, el demandante no tiene posibilidades ni de hecho ni de derecho para defenderse de esta agresión injusta. Debe darse una agresión o amenaza de vulneración injusta. Y que esta agresión injusta debe proceder del demandado, bien sea por acción o por omisión.
(20) En la Sentencia T-702 de 2008, se dijo al respecto: en relación con la existencia del otro medio de defensa judicial, la jurisprudencia de la Corte ha señalado que no existe la obligación de iniciar el proceso ordinario antes de acudir a la acción de tutela, basta que dicha posibilidad esté abierta al interponer la demanda de tutela, pues si el accionante ha dejado vencer la oportunidad para iniciar el trámite del proceso ordinario, la tutela no procede como mecanismo transitorio.
(21) Ídem: Dicho perjuicio se caracteriza, según la jurisprudencia, por lo siguiente: (i) por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.
(22) Esta tesis fue reiterada en la Sentencia T-023 de 2011: en la cual se señaló: Por consiguiente, es preciso aclarar que las pretensiones del accionante no se circunscriben a la solicitud de reparación sino principalmente a la construcción del acceso, para lo cual no resulta idóneo el proceso civil de responsabilidad extracontractual, el cual tendría un carácter meramente indemnizatorio. En efecto, la construcción de la carretera es una actividad lícita que puede generar daños los cuales pueden acreditarse y resarcirse en un proceso ordinario. Sin embargo, no existe un mecanismo que de forma inmediata restablezca el goce efectivo de los derechos fundamentales alegados como vulnerados por el actor tales como el mínimo vital, el trabajo, a la vivienda digna, entre otros. En conclusión, el señor Sabogal López no cuenta con otro medio de defensa judicial idóneo y efectivo que permita la protección de sus derechos fundamentales, en tanto dada su condición de discapacidad requiere que se garantice el ingreso peatonal y vehicular a su predio de forma inmediata, así sea temporalmente, a fin de salvaguardar su derecho a la vida digna, al mínimo vital, a la vivienda digna, al trabajo y a la salud.
(23) Corte Suprema de Justicia, Sentencia de mayo 3 de 1965. Ver también, Sentencia del 14 de marzo de 1938, 3 de mayo de 1965, 27 de abril de 1990, 30 de abril de 1976, 22 de febrero de 1995.
(24) Tamayo Jaramillo, Javier. De la responsabilidad civil. Tomo II. De la responsabilidad extracontractual. Editorial Temis. Santa Fe de Bogotá. Colombia. 1999. Página 322.
(25) Valencia Zea, Arturo. Derecho Civil. De las obligaciones. Bogotá. Temis S.A., Tomo III, vigésima edición, 1998. Página 288.
(26) G.J. T. LXXV, pág. 285. Citada en el Código Civil (& 11861).