Source: https://es.scribd.com/doc/136647324/Tribunal-de-Cuentas-conflicto-de-Poderes-Rojas-Pcia-de-Bs-As-Acuna-Juan-Carlos
Timestamp: 2017-03-28 02:18:41
Document Index: 60663358

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Tribunal de Cuentas - conflicto de Poderes - Rojas, Pcia de Bs As - Acuña, Juan Carlos
NavegarInteresesStay InformedCareerPersonal GrowthFiction & BiographiesHealth & FitnessLifestyleCultureNavegar porLibrosAudio librosNoticias & RevistasPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseEstudio de Tema: El H. Tribunal de Cuentas de la Provincia de Bs. As., las facultades de los ejecutivos municipales y la Ordenanza 2649/02 de Rojas
El criterio del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires y las facultades regladas por una ordenanza municipal para la designación de funcionarios públicos no electivos.
Por Juan Carlos Acuña1
1. Introducción – 2. Génesis de la Ordenanza Municipal 2649/2002 – 3. Carácter jurídico del servicio público – 4. Facultades discrecionales y regladas de los Intendentes Municipales – 5. Las funciones de Inspección y auditoría del HTC – 6. A modo conclusivo preliminar.
El presente pretende una aproximación dirigida a identificar si las facultades de los intendentes municipales para designar sus funcionarios auxiliares, cuando una ordenanza municipal dispone requisitos de idoneidad técnica y proceso de concurso para la cobertura del cargo público excluido del régimen de la ley 11.757, en el caso el titular de la Secretaría de Obras, Servicios Viales Rurales y Ordenamiento Hídrico de Rojas, puede considerarse como limitación a sus facultades de designación y calificarse, a la ordenanza municipal, de confusa, ilegal e impugnable judicialmente como lo recomienda el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires (HTC) a través de su Delegación de la Zona XVI con asiento en Junín. También procura el presente indagar respecto de la función del Honorable Tribunal de Cuentas cuando desde de un municipio se requiere información sobre montos recaudados y movimientos de la cuenta bancaria especial del área.
1 Abogado. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Nacional de La Plata. C.A.L.P.
Estudio de Tema: El H. Tribunal de Cuentas de la Provincia de Bs. As., las facultades de los ejecutivos municipales y la Ordenanza 2649/02 de Rojas
La cuestión surge de la Ordenanza Municipal de Rojas 2649/2002, consulta del Honorable Concejo Deliberante de Rojas (HCD) y respuesta del HTC Delegación Zona XVI, con relación al artículo 2º y 3º si bien sus recomendaciones “globalizan” a toda la ordenanza pues no hace cita a artículo en especial objeto de reproche o al menos resulta confuso entre desarrollo argumental y conclusión recomendada.2 Es también, tal lo anticipado en el segundo párrafo, cuestión materia de consulta la relacionada con los recursos afectados a la Secretaría de Obras, Servicios Viales Rurales y Ordenamiento Hídrico de Rojas, sobre su gestión, aplicación y destino. La consulta elevada por Resolución del HCD Rojas nº 1030/2013 y respondida por la Delegación Zona XVI, con asiento en Junín, del HTC por Nota 3 nº RTpPc-201 de fecha 21/03/13, abre interesantes interrogantes respecto de las facultades y atribuciones no sólo de los Departamentos Ejecutivos y Deliberativos Municipales la Provincia de Buenos Aires, sino también respecto de las competencias funcionales del HTC, de los criterios y áreas de opinión, si bien no vinculantes, del organismo provincial asumiendo en circunspección las atribuciones conferidas por el artículo 159 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. El artículo dispone “Art.159.-… Dicho tribunal tendrá las siguientes atribuciones: 1) Examinar las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas, tanto provinciales como municipales, aprobarlas o desaprobarlas y en este último caso, indicar el funcionario o funcionarios responsables, como también el monto y la causa de los alcances respectivos. 2) Inspeccionar las oficinas provinciales o municipales que administren fondos públicos y tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier irregularidad en la forma y con arreglo al procedimiento que determine la ley. Las acciones para la ejecución de las resoluciones del Tribunal corresponderán al Fiscal de Estado. Concordantemente la ley Orgánica del Tribunal de Cuentas nº 10.869 4, texto actualizado con las modificaciones introducidas por las leyes 10.876, 11.755, 13.118 y 13.339, dispone en su artículo 14 que “Es facultad del Tribunal…
2 http://es.scribd.com/doc/84107358/Ordenanza-Municipal-Rojas-2649-02 3 https://docs.google.com/file/d/0B9Zji4WrjQePYW1XeDJUMGNKMlE/edit?usp=sharing 4 http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-10869.html
examinar los libros de contabilidad y la documentación existente en las dependencias públicas provinciales o comunales o en aquellos entes que de cualquier forma perciban posean o administren fondos o bienes fiscales; inspeccionar las mismas; realizar arqueo de caja…; toda otra actividad que coadyuve al cumplimiento de las funciones previstas en esta ley” , es decir las funciones, entre otras, las asignadas a las delegaciones del Tribunal en el marco del estudio y dictamen sobre los estados de ejecución de planta de personal, de ejecución del presupuesto de gastos, de ejecución del cálculo de recursos, de ejecución de cuentas especiales, de ejecución de terceros, de movimiento de fondos y valores, de patrimonio, de resultado económico financiero; como también la realización de “inspecciones y auditorías” en las oficinas y demás dependencias de la administración municipal y elevar sus resultados al Tribunal de Cuentas, quien a su vez notificará al responsable del órgano municipal que correspondiere…”5 En una primera aproximación puede afirmarse que las competencias y áreas de conocimiento del HTC, en el sector provincial y municipal, se circunscriben a las cuentas, examen de libros de contabilidad, examen de la documentación vinculada a la forma de administración de fondos y bienes del Estado, del examen de la ejecución del presupuesto de gastos, cálculo de recursos, rendiciones de cuentas y la ejecución de inspecciones y auditorías relacionados con aquéllos; no surge expresamente jurisdicción para pronunciarse sobre la legalidad de normas, alcances y modalidad de designación de funcionarios municipales que no guardan relación alguna con aspectos contables y administración de fondos y bienes del Estado que constituyen central materia de su competencia.
GÉNESIS DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 2649/2002.-
Resulta importante hacer una breve reseña de la génesis de la Ordenanza que estableció una singular organización del servicio público municipal de servicios y obras de mantenimiento y reparación de los caminos rurales de Rojas a la que agregaron inéditamente las cuestiones del manejo de los excedentes de aguas superficiales por efecto de las lluvias, anticipándose a lo que desde 2004 constituye la actual Política Hídrica Nacional de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, si bien con demoras y fallas graves de ejecución, Política
5 Conf. Artículo 21 de la Ley 10.869 t.a.
Nacional que integra las cuestiones viales con las hidráulicas propiciando un manejo integrado. La iniciativa se dio en el marco de la emergencia económica y climática de 2001, iniciándose el proceso en el invierno de 2001 con una amplísima participación de los productores rurales de Rojas y culminó en setiembre de 2002 con la sanción de la Ordenanza 2649; este proceso fue acompañado por una inteligente apertura del poder político local expresado por el Departamento Ejecutivo y por el Departamento Deliberativo recreando un saludable clima de democrática participación ciudadana. En ejemplar proceso de participación ciudadana, asambleas de productores fueron debatiendo sus propuestas como alternativa a la ejecución del servicio por administración municipal; importante punto de partida fue la preexistencia de comisiones rurales por localidades y parajes rurales cuyos vecinos se autoconvocaron avanzando orgánica y ordenadamente en el debate de las distintas opciones en el marco de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires (LOM): 1) concesión, 2) Cooperativa, 3) Consorcio, 4) Convenio-Permisos experimentales y 5) Organismo Descentralizado. Finalmente y luego de consultas con experiencias de productores en consorcios, concesiones y cooperativas de otros distritos, mayoritariamente la propuesta de las asambleas de productores se inclinó por mantener la ejecución del servicio dentro de la administración municipal a través de un organismo descentralizado municipal en el marco de los artículos 178 inc. 2 y 204 a 217 inclusive de la LOM, el anteproyecto fue elevado al DEM y éste formó expediente, elevó la iniciativa al HCD y simultáneamente al Asesor Legal del Municipio y a la Asesoría de Asuntos Municipales de la Provincia de Buenos Aires. Elevados e intensos debates se dieron en el seno del HCD, finalmente la propuesta quedó a medio camino en una descentralización atípica pero que, sin embargo, significó un sustancial progreso del modelo de gestión hasta ese momento vigente, se incorporó la cuestión hídrica integrándola a la resolución de problemas viales; se creó una Dirección, luego Secretaría 6, específica para las cuestiones viales e hídricas; se creó un Consejo Asesor Municipal de Productores integrados por delegados “ad honorem” y sin compensación por movilidad y/o viáticos, de las siete comisiones rurales; se incorporó el concepto de “recurso afectado” en el marco legal vigente; se incorporaron progresistas
6 Ordenanza Municipal 2672/2002
principios de participación ciudadana mediante mecanismos múltiples: a través del presupuesto participativo; a través de facultades de vigilancia y control social de la gestión y aplicación de recursos públicos y a través de la participación en el mecanismo de selección de postulantes para ocupar el cargo público de director, luego secretario, reglando requisitos de idoneidad técnica. El proceso se extendió por casi un año y medio, lejos de manifestar cansancio por las horas dedicadas a los análisis y debates, avances y retrocesos, los productores rurales de Rojas crecieron con convicción en el dominio y conocimiento de normas públicas que antes les eran ajenas y perteneciente al extraño mundo de lo “público”; este proceso se afirmó profundizándose con el ejercicio de una participación activa desde 2002 hasta el presente transitando y compartiendo con gobiernos municipales de distinto signo partidario, pues sus objetivos institucionales no son partidarios, son objetivos el asumir responsabilidades como actores de la política pública estatal municipal para una mejor, eficiente y eficaz gestión de obras, servicios y aplicación de recursos públicos municipales representado por un porcentaje de la tasa de red vial y por los recursos afectados por leyes provinciales a los fines viales.
CARÁCTER JURIDICO DEL SERVICIO PUBLICO.
Siguiendo la obra de Manuel María Diez con la colaboración de Tomás Hutchinson7 y en general para todos los servicios públicos, citan doctrina que señalan los siguientes caracteres fundamentales: 1) Continuidad, 2) Regularidad, 3) Igualdad, 4) Generalidad y 5) Obligatoriedad. Con alto sentido común los productores rurales de Rojas, en 2001 y en su calidad de usuarios-contribuyentes de un servicio público, exigieron e impulsaron fuertemente una demanda insatisfecha de continuidad, regularidad y obligatoriedad en la prestación del servicio. El carácter de continuidad procura que las prestaciones del servicio público de mantenimiento, reparación de la red vial y ordenamiento hídrico debe ser continuo, no debe interrumpirse, ni paralizarse, ni ejecutarse por épocas. El carácter de regularidad se expresa en que el servicio se preste correctamente en condiciones razonables de buen funcionamiento, estas demandas fueron receptadas por el DEM y HCD a través de la Ordenanza Municipal 2649 para
7 DERECHO ADMINISTRATIVO – TOMOS I Y II – Edit. Plus Ultra – Bs As 1995
efectuar las modificaciones necesarias en la organización del servicio encaminado a brindarlo correcta y eficientemente a los usuarios-contribuyentes. El carácter de obligatoriedad del Municipio en la prestación surge de la misma naturaleza del servicio que es deber del municipio atender monopólicamente ejecutándolo por gestión directa de la administración municipal o por terceros a través de algunas de las formas contempladas por la LOM.
LAS FACULTADES DISCRECIONALES Y REGLADAS DE LOS INTENDENTES MUNICIPALES PARA DESIGNAR FUNCIONARIOS Y EL HCT.
Uno de los aspectos de controversia es el relacionado con la designación de los funcionarios no electivos como lo es el Secretario de Obras, Servicios Viales Rurales y Ordenamiento Hídrico de Rojas. La objeción central es enunciada por el HCT expresando “La doctrina de este Organismo ha dictaminado que la creación de cargos en el organismo del personal que se encuentra excluido del Estatuto del Personal de las Municipalidades (ley 11.757) debe ser establecida por ordenanza del H. Concejo Deliberante, siendo iniciativa del Departamento Ejecutivo su elaboración.” Este aspecto se comprueba tanto en el expediente de origen y tratamiento de la ordenanza municipal 2649 como también expresamente lo consagra el artículo 2º de la citada ordenanza estableciendo que el funcionario público a cargo del área revestirá “en la planta política del municipio estando excluido del régimen de la ley 11.757”, de allí que, obviamente, el comentario no merezca reflexión alguna. A continuación, la nota del HTC, dice “Que la ordenanza de aprobación de cargos no debe limitar la facultad del intendente en cuanto a la libre elección de sus secretarios; por lo tanto no se considera viable la exigencia de que el Secretario de Obras Viales y Rurales y Ordenamiento Hídrico surja de una terna elevada por el Consejo Asesor Municipal de Productores Rurales”. Esta afirmación puede calificarse de ligera: no surge de ninguna norma ni del principio de razonabilidad que la designación de funcionarios públicos no electivos (excluido de la planta permanente comprendidos en la ley 11.757) no pueda ser reglada y no sometida a discrecionalidad absoluta; de hecho la aducida “libertad de elección” del titular del DEM enunciada por el HTC encuentra límites aún en la LOM cuando establece incompatibilidades en los artículos 179º
y 180º; o cuando, más específicamente, determina requisitos de idoneidad para la designación del Contador Municipal en el artículo 185º; de ningún modo puede interpretarse que las normas citadas limiten al DEM la “libre elección” de sus funcionarios, sólo dispone incompatibilidades y condiciones de idoneidad técnica para cumplir la función pública encomendada. Calificada doctrina de Derecho Administrativo de autores ya citados y en el marco global del universo del funcionariado público estatal, reseña “Los funcionarios públicos no son designados de una manera uniforme. La legislación y la doctrina aceptan varias formas de designación, que son: el nombramiento, la elección, el sorteo y la contratación. El nombramiento es la manifestación de una sola voluntad. La elección es la manifestación de varias voluntades. El sorteo es ajeno a la voluntad humana. El nombramiento puede presentar distintas modalidades. Puede ser discrecional, condicionado o reservado. El nombramiento es discrecional cuando existe libertad completa en la designación. Condicionado, cuando la designación debe subordinarse a ciertas formalidades, como la del concurso, al acuerdo de otro órgano de la constitución o a la elección entre los integrantes de una terna…” En una exégesis se puede aseverar sin hesitaciones que en setiembre de 2002 el HCD de Rojas, por iniciativa del DEM y aprobada por unanimidad con asistencia perfecta de los concejales en ejercicio en aquél período, resolvió “reglar” las condiciones de idoneidad técnica de acceso a la función pública específica de un área de alta complejidad técnica y procedimiento de concurso para elección de una terna sobre la cual el titular del DEM posee la facultad de seleccionar y proceder a su designación; es decir, con la creación del área de obras, servicios viales rurales y ordenamiento hídrico el HCD aprobó por unanimidad la propuesta del DEM para que la designación de su titular reúna requisitos de idoneidad técnica acorde con la importancia y trascendencia funcional de un servicio público colectivo constituyendo una clara acción de modernización del Estado a nivel municipal, de búsqueda de calidad en la gestión pública y de compromiso con los ciudadanos que guardan congruencia plena con la ponencia presentada por el HTC bonaerense en el XXI Congreso Nacional de Tribunales de Cuentas celebrado en Mendoza en el año 2011 8; anticipadamente y por supremacía de un básico sentido común, estos fueron los ejes movilizadores de la participación e involucramiento de los productores
8 “Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, Preparación, Acompañamiento y Desarrollo del Control en la Modernización del Estado.” Vera, Valeria y Mansanta, Manuel.
rurales de Rojas en el proceso de construcción colectiva de alternativas de gestión del servicio público en materia vial rural e hídrica vinculada, entre otras, al manejo de excedentes hídricos en superficie.
LAS FUNCIONES DE INSPECCION Y AUDITORÍA DEL HTC.
Otro aspecto, que atrapa la atención y curiosidad, está vinculado a la respuesta del HTC a la Resolución del HCD solicitando información contable y de cuentas especiales. Si bien puede concederse defectuosa la formulación del artículo de la Resolución del HCD que debería haber requerido la inspección o auditoría del tratamiento contable y gestión de recursos afectados por parte del DEM y si se ajustan a las disposiciones vigentes; ello no obsta a que el organismo a través de la delegación zonal y dentro de sus concretas facultades ordenara y dispusiera la ejecución técnica de las mismas. En lugar de ello recurrió a una respuesta de revelada laxitud citando el artículo 108º inc.7) de la LOM para suministrar informes, obviamente el carácter de estos informes se encontraran más vinculados a cuestiones políticas institucionales y no tan vinculados a las cuestiones de procedimientos administrativos contables, nudo central de la Resolución dirigida al HTC, por su incontestable carácter técnico y capacidades que dispone para análisis y conclusiones en materia de administración de fondos públicos que el HTC tiene bajo su jurisdicción. Se induce, de la respuesta del HTC, que su control sería “ex – post”, es decir y tal lo expresa en su respuesta citando el artículo 24º de la ley 10.864, su intervención se daría en el marco del estudio de las cuentas municipales de cada ejercicio vencido expresado en los documentos de “rendiciones de cuentas”. Sin embargo la tendencia de las acciones que deberían afirmarse es la expuesta por el mismo HTC en la ponencia presentada en el XXI Congreso Nacional de Tribunales de Cuentas más arriba citado exponiendo9 además del control ex – post , un control ex ante o durante el ejercicio con un claro propósito de ejercer acciones de inspección “…de oficinas provinciales o municipales que administren fondos públicos y tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier irregularidad en la forma y con arreglo al procedimiento que determine la ley.”(sic)
9 HTC. Ponencia citada. Página 27
En este punto debe celebrarse la orientación estratégica del HTC, expuesta en la ponencia, no sólo dirigida a la auditoría por resultados, sino también la auditoría operativa que actúe preventivamente y no sobre hechos consumados, incorporando los nuevos conceptos de auditoría de sistemas informáticos en oficinas y dependencias provinciales y municipales. Esta orientación estratégica encuentra absoluta correspondencia con el cuerpo normativo de la Ordenanza Municipal 2649/2002, especialmente lo dispuesto en el artículo 14º de la citada ordenanza que posibilita un control de la evolución contable-económica-financiera del área vial permitiendo, en el curso del ejercicio, practicar correcciones, reorientaciones preventivas de erogaciones para actividades operativas en el marco del Presupuesto de Gastos asignado al área. Pero resulta de ostensible evidencia, tal surge de la Resolución del HCD, que el DEM ha retaceado sistemáticamente información contable-económicafinanciera que es su obligación brindar al Consejo Asesor Municipal de Productores Rurales y al HCD, de lo contrario sería un absurdo que el cuerpo deliberativo por unanimidad haya aprobado la Resolución dirigida al HTC sino fuera para pedirle asistencia no sólo para procurar acceder a información específica, sino fundamentalmente invocar al HTC, en su carácter de órgano de control administrativo con funciones jurisdiccionales, para intervenir en las enmiendas de los procedimientos contables administrativos municipales incumplidos por el DEM que surgen de un básico principio de la obligación de informar y facilitación de acceso a documentación contable y administrativa que el DEM dificulta por acción u omisión.
A MODO CONCLUSIVO PRELIMINAR.
No puede obviarse citar a Andrieu10 quien ha sostenido que “…que se ha instalado en América Latina el debate sobre la cuestión del control de las actividades del Estado y, más y específicamente, la idea de perfeccionar el control en todo lo que hace al manejo de fondos públicos, unido al reclamo de acceder a la información y fomentar la participación ciudadana responsable en aquellos entes en los que directamente gestionan sus intereses.”
10 Profesora Ordinaria Adjunta de Derecho Administrativo. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales – Universidad Nacional de La Plata. “Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. Experiencia y Actualidad.”
La Municipalidad de Rojas normativamente, en el área de obras, servicios viales rurales y ordenamiento hídrico, a través de la Ordenanza Municipal 2649 de 2002 va un paso adelante en los conceptos de “participación” y “control de gestión en el manejo de los fondos públicos”; la cuestión se debate en su íntegro cumplimiento operativo por parte del DEM y que los órganos administrativos de contralor vigilen su cumplimiento en lo que hace a los procedimientos administrativos contables dispuestos en la ordenanza municipal que, como bien señala el HTC en su nota, “las ordenanzas son ley en sentido formal y material” y es de obligatoria aplicación y cumplimiento por la autoridad pública municipal. De los antecedentes expuestos, no existe impedimento legal alguno para que una ordenanza municipal disponga requisitos de idoneidad técnica y un proceso participativo de concurso para seleccionar al titular de un área municipal de servicio público colectivo, en el caso para obras, servicios viales rurales y ordenamiento hídrico del partido de Rojas constituyendo una clara acción de modernización del Estado a nivel municipal y de búsqueda de calidad en la gestión pública, objetivos que el mismo HTC expuso en XXI Congreso Nacional de Tribunales de Cuentas. El Honorable Concejo Deliberante de Rojas al sancionar, por unanimidad y con la completa presencia de los ediles, la Ordenanza Municipal 2649 en el año 2002 y sus modificatorias y complementarias, ha hecho legítimo ejercicio de sus facultades materiales propias y aplicando norma, doctrina y espíritu del artículo 16º de la Constitucional Nacional que habilita constitucionalmente la regulación de las condiciones de idoneidad, para ocupar un cargo público, en un marco de razonabilidad fundado en exigencias técnicas por la naturaleza del servicio público de obras, servicios viales rurales y ordenamiento hídrico del Partido de Rojas. Resulta de dudosa constitucionalidad, inadecuado e imprudente que el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, fuera de sus atribuciones asignadas por el artículo 159 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y por el artículo 14º de la Ley 10.869, se expida recomendando, por nota, “promover la derogación…o de lo contrario, tendría que solicitarse su nulidad a través de la Justicia” de una ordenanza que incorpora democráticos conceptos de descentralización, participación ciudadana y control social de gestión de recursos públicos, generando un inconducente e inservible escenario
de conflicto de poderes entre el Departamento Ejecutivo (DEM) y Departamento Deliberativo Municipal (HCD). La reciente coyuntura climática de excesos pluviales e inundaciones en territorio bonaerense, desnudó fallas técnicas y de aplicación de recursos presupuestarios afectados, a nivel estatal nacional, provincial y municipales; estos lamentables hechos de la naturaleza desnudaron imprevisión, cierta indolencia e impericia estatal de resolución anticipada que evitaran daños a la vida y a los bienes de los ciudadanos; la política pública municipal consagrada hace trece (13) años por la Municipalidad de Rojas, con el concurso del DEM y del HCD junto a la activa participación de los usuarios-contribuyentes, encuentran alta vigencia y significativo alcance identificando exigencias, a los funcionarios públicos municipales, de mayor formación y pericia técnica en el planeamiento y ejecución de obras y servicios que converjan en una óptima prestación de un servicio público, de obras, servicios viales y ordenamiento hídrico, y eficiente gestión de los recursos públicos con la participación de los usuarioscontribuyentes cooperando en actividades de planeamiento y control.
La Plata, abril de 2013
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