Source: https://legislacion.vlex.es/vid/organica-proteccion-ciudadana-127150
Timestamp: 2019-09-15 20:44:35
Document Index: 332431818

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 20', 'Artículo 8', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 5', 'Artículo 21', 'Artículo 107', 'Artículo 23', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 24', 'artículo 23', 'Artículo 26', 'artículo 25', 'Artículo 28', 'Artículo 28', 'artículo 2', 'artículo 26', 'Artículo 29', 'Artículo 29', 'Artículo 2', 'Artículo 7']

Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero) - Normativa Estatal - Legislación - VLEX 127150
Publicado en: BOE Num. 46 (1992)
SECCIÓN I. Armas y explosivos - arts. 6 y 7
SECCIÓN II. Espectáculos públicos y actividades recreativas - art. 8
SECCIÓN III. Documentación e identificación personal - arts. 9 a 11
SECCIÓN IV. Actividades relevantes para la seguridad ciudadana - art. 12
SECCIÓN V. Medidas de seguridad en establecimientos e instalaciones - art. 13
CAPITULO III. Actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana - arts. 14 a 22
SECCIÓN I. Infracciones - arts. 23 a 27
SECCIÓN II. Sanciones - arts. 28 a 30
SECCIÓN III. Procedimiento - arts. 31 a 39
Norma citada en: 7239 sentencias, 136 artículos doctrinales, 45 disposiciones normativas, 7 temas prácticos, 300 resoluciones administrativas, 329 noticias
En el Capítulo II de la nueva Ley, se regulan las actividades relacionadas con armas y explosivos, habilitando la intervención del Estado en todo el proceso de producción y venta, así como en la tenencia y uso de los mismos, reconociendo el alcance restrictivo de las autorizaciones administrativas para ello, regulando la prohibición de ciertas armas, municiones y explosivos especialmente peligrosos y considerando como sector con regulación especifica en materia de establecimiento la fabricación, comercio o distribución de armas o explosivos.
Se establece, también, el derecho y el deber de obtener el Documento Nacional de Identidad a partir de los catorce años, que tendrá por si sólo suficiente valor para acreditar la identidad de los ciudadanos, garantizando en todo caso el respeto al derecho a la intimidad de la persona, sin que los datos que en el mismo figuren puedan ser relativos a raza, religión, opinión, ideología, afiliación política o sindical, o creencias. Se regula la expedición del pasaporte o documento que lo sustituya, y se establece, por otra parte, el deber de identificación de los extranjeros que se hallen en España, sin que puedan ser privados de esta documentación, salvo en los mismos supuestos previstos para el Documento Nacional de Identidad.
En el Capítulo III se habilita para realizar actuaciones dirigidas al mantenimiento y al restablecimiento de la seguridad ciudadana, particularmente en supuestos de desordenes colectivos o de inseguridad publica graves. Quedan, así, facultadas las autoridades para el cierre de locales o establecimientos y para la evacuación de inmuebles en situaciones de emergencia o en circunstancias que lo hagan imprescindible, así como para la suspensión de los espectáculos, desalojo de locales y cierre provisional de establecimientos cuando en los mismos tuvieran lugar graves alteraciones del orden. Se prevé la limitación o restricción de la circulación o permanencia en vías o lugares públicos en supuestos de alteración del orden o la seguridad ciudadana. Se posibilita el establecimiento de controles en las vías, lugares o establecimientos públicos, con el fin de descubrir y detener a los participes en un hecho delictivo y de aprehender los instrumentos, efectos o pruebas del mismo.
Esta competencia comprende el ejercicio de las potestades administrativas previstas en esta Ley, con la finalidad de asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacifica de las vías y espacios públicos, así como la de prevenir la comisión de delitos y faltas.
Artículo citado en: 127 sentencias, 3 artículos doctrinales, 2 resoluciones administrativas, una noticia
A los efectos de esta Ley, son autoridades competentes en materia de seguridad:
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las autoridades locales seguirán ejerciendo las facultades que les corresponden, de acuerdo con la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la legislación de Régimen Local, Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, así como de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
Artículo citado en: 91 sentencias, 2 resoluciones administrativas
Además de las competencias reguladas en otras Leyes, corresponden al Ministerio del Interior las competencias en materias de Armas y Explosivos; Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas; Documentación e Identificación Personal; y Prevención, Mantenimiento y Restablecimiento de la Seguridad Ciudadana, reguladas en la presente Ley.
Artículo citado en: 33 sentencias, 2 artículos doctrinales, 6 resoluciones administrativas
En las materias sujetas a potestades administrativas de Policía especial no atribuidas expresamente a Órganos dependientes del Ministerio del Interior, estos sólo podrán intervenir en la medida necesaria para asegurar la consecución de las finalidades previstas en el apartado 2 del artículo 1.
Todas las Autoridades y Funcionarios Públicos en el ámbito de sus competencias deberán colaborar con las autoridades a que se refiere el Artículo 2 de la presente Ley y prestarles el auxilio que sea posible y adecuado para la consecución de las finalidades prevenidas en el artículo 1.
También podrán las autoridades competentes a los efectos de esta Ley y los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en caso necesario y en la medida indispensable para el cumplimiento de las funciones que les encomienda la presente Ley, recabar de los particulares su ayuda y colaboración, siempre que no implique riesgo personal para los mismos, y disponer de lo estrictamente preciso para asegurar el cumplimiento de las Leyes y el ejercicio de los derechos. Quienes sufran daños o perjuicios por estas causas, serán indemnizados de acuerdo con las Leyes.
Todas las Autoridades Públicas y sus agentes que tuvieren conocimiento de hechos que perturben gravemente la Seguridad Ciudadana y, en consecuencia, el ejercicio de derechos constitucionales, deberán ponerlo en conocimiento de la Autoridad Judicial o Gubernativa.
Artículo citado en: 65 sentencias, 2 disposiciones normativas, 3 resoluciones administrativas
CAPITULO II Medidas de acción preventiva y vigilancia Artículos 6 a 13
SECCIÓN I Armas y explosivos Artículos 6 y 7
Artículo citado en: 47 sentencias, 3 artículos doctrinales, 12 resoluciones administrativas
Se faculta al Gobierno para reglamentar las materias y actividades a que se refiere el artículo anterior, en atención a las circunstancias que puedan concurrir en los distintos supuestos:
La fabricación, comercio o distribución de armas y explosivos constituye sector con regulación especifica en materia de derecho de establecimiento, en los términos del artículo 20.2 de la Ley de Inversiones Extranjeras en España y en todo caso bajo el control de los Ministerios de Defensa y del Interior.
Artículo citado en: 742 sentencias, 4 artículos doctrinales, 14 resoluciones administrativas
SECCIÓN II Espectáculos públicos y actividades recreativas Artículo 8
Los espectáculos deportivos quedaran, en todo caso, sujetos a las medidas de prevención de la violencia que se disponen en el Título IX de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.
Artículo citado en: 88 sentencias, un artículo doctrinal, una resolución administrativa, una noticia
SECCIÓN III Documentación e identificación personal Artículos 9 a 11
Todos los españoles tendrán derecho a que se les expida el Documento Nacional de Identidad, que gozará de la protección que a los documentos públicos y oficiales otorgan las Leyes, y que tendrá, por sí sólo, suficiente valor para la acreditación de la identidad de las personas.
Artículo citado en: 27 sentencias, un artículo doctrinal, una disposición normativa, 2 resoluciones administrativas
El Pasaporte o documento que lo supla se expedirá a los ciudadanos españoles, salvo que el solicitante haya sido condenado a penas o medidas de seguridad que conlleven la privación o limitación de su libertad de residencia o de movimiento, mientras no se hayan extinguido, o cuando haya prohibido su expedición o la salida de España la autoridad judicial respecto al interesado que se halle inculpado en un proceso penal. A los incluidos en la primera de las excepciones indicadas, se les expedirán, no obstante, los referidos documentos siempre que obtengan autorización del Ógano Judicial competente.
El Pasaporte o documento que lo sustituya se expedirá a quien se encuentre sujeto a patria potestad o tutela si cuenta con autorización de quien la ejerza o, en defecto de esta, del Órgano Judicial competente.
El Pasaporte o documento que lo supla podrá ser retirado por la misma autoridad a quien corresponda su expedición, si sobrevinieren las circunstancias determinantes de su denegación, como consecuencia de las resoluciones judiciales a que se refiere el apartado 2. En tales casos, y en la medida que el Documento Nacional de Identidad sea documento supletorio del Pasaporte, se proveerá a su titular de otro documento a los solos efectos de identificación.
Artículo citado en: 244 sentencias, 5 artículos doctrinales, una resolución administrativa
SECCIÓN IV Actividades relevantes para la seguridad ciudadana Artículo 12
Artículo citado en: 3 sentencias, 8 disposiciones normativas, 5 resoluciones administrativas
SECCIÓN V Medidas de seguridad en establecimientos e instalaciones Artículo 13
Artículo citado en: 85 sentencias, un artículo doctrinal, 47 resoluciones administrativas
CAPITULO III Actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana Artículos 14 a 22
Las autoridades a las que se refiere la presente Ley adoptarán las medidas necesarias para proteger la celebración de reuniones o manifestaciones y de espectáculos públicos, procurando que no se perturbe la seguridad ciudadana. Sin embargo, podrán suspender los espectáculos y disponer el desalojo de los locales y el cierre provisional de los establecimientos públicos mientras no existan otros medios para evitar las alteraciones graves de la seguridad que se estuvieren produciendo.
Dichas autoridades, por medio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, podrán disolver, en la forma que menos perjudique, las reuniones en lugares de tránsito público y las manifestaciones, en los supuestos prevenidos en el Artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reunión. También podrán disolver las concentraciones de vehículos en las vías publicas y retirar aquellos o cualesquiera otra clase de obstáculos cuando impidieran, pusieran en peligro o dificultaran la circulación por dichas vías.
Artículo citado en: 11 sentencias, 2 artículos doctrinales, una resolución administrativa, una noticia
Antes de llevar a efecto las medidas a que se refieren los artículos anteriores, las unidades actuantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán avisar de tales medidas a las personas afectadas.
En los casos a que se refieren los artículos anteriores, los empleados de empresas privadas de vigilancia y seguridad, si los hubiere, deberán colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, respecto del interior de los locales o establecimientos en que prestaren servicio.
Artículo citado en: 9 sentencias, un artículo doctrinal, 3 resoluciones administrativas, 2 noticias
Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán limitar o restringir, por el tiempo imprescindible, la circulación o permanencia en vías o lugares públicos en supuestos de alteración del orden, la seguridad ciudadana o la pacifica convivencia, cuando fuere necesario para su restablecimiento.
Para el descubrimiento y detención de los participes en un hecho delictivo causante de grave alarma social y para la recogida de los instrumentos, efectos o pruebas del mismo, se podrán establecer controles en las vías, lugares o establecimientos públicos, en la medida indispensable a los fines de este apartado, al objeto de proceder a la identificación de las personas que transiten o se encuentren en ellos, al registro de los vehículos y al control superficial de los efectos personales con el fin de comprobar que no se portan sustancias o instrumentos prohibidos o peligrosos. El resultado de la diligencia se pondrá de inmediato en conocimiento del Ministerio Fiscal.
Artículo citado en: 121 sentencias, 11 artículos doctrinales, 2 resoluciones administrativas
En las dependencias a que se hace referencia en el apartado anterior se llevara un libro-registro en el que se harán constar las diligencias de identificación realizadas en aquellas, así como los motivos y duración de las mismas, y que estará en todo momento a disposición de la Autoridad Judicial Competente y del Ministerio Fiscal. No obstante lo anterior, el Ministerio del Interior remitirá periódicamente extracto de las diligencias de identificación al Ministerio Fiscal.
Artículo citado en: 282 sentencias, 20 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, 2 temas prácticos, 6 resoluciones administrativas, una noticia
Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sólo podrán proceder a la entrada y registro en domicilio en los casos permitidos por la Constitución y en los términos que fijen las Leyes.
Cuando por las causas previstas en el presente artículo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad entrasen en un domicilio, remitirán sin dilación el acta o atestado que redactaren a la autoridad judicial competente.
Artículo 21.2 declarado inconstitucional por STC 341/1993, de 18 de noviembre.
Artículo citado en: 61 sentencias, 9 artículos doctrinales, 6 disposiciones normativas, 4 resoluciones administrativas
Para obtener el cumplimiento de las órdenes dictadas en aplicación de la presente Ley, las autoridades competentes para imponer las sanciones en ella establecidas podrán imponer multas en los términos del Artículo 107 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
En todo caso habrá de darse un plazo suficiente para cumplir lo dispuesto, de acuerdo con la naturaleza y fines de la orden, transcurrido el cual se podrá proceder a la imposición de las multas en proporción a la gravedad del incumplimiento. Tales multas no excederán de 25.000 pesetas, si bien se podrá aumentar sucesivamente su importe en el 50 por 100 en caso de reiteración del citado incumplimiento, sin que pueda sobrepasar los límites cuantitativos máximos establecidos para las sanciones.
CAPITULO IV Régimen sancionador Artículos 23 a 39
SECCIÓN I Infracciones Artículos 23 a 27
La celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones, incumpliendo lo preceptuado en los artículos 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reunión, cuya responsabilidad corresponde a los organizadores o promotores, siempre que tales conductas no sean constitutivas de infracción penal.
e)La apertura de establecimientos y la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas careciendo de autorización o excediendo de los límites de la misma.
La alegación de datos o circunstancias falsos para la obtención de las documentaciones previstas por la presente Ley, siempre que no constituya infracción penal.
La carencia de los registros previstos en el Capítulo II de la presente Ley para las actividades con trascendencia para la seguridad ciudadana.
La negativa de acceso o la obstaculización del ejercicio de las inspecciones o controles reglamentarios, establecidos conforme a lo dispuesto en la presente Ley, en fabricas, locales, establecimientos, embarcaciones y aeronaves.
Originar desordenes graves en las vías, espacios o establecimientos públicos o causar daños graves a los bienes de uso público, siempre que no constituya infracción penal.
ñ) La apertura de un establecimiento, el inicio de sus actividades o el desarrollo de su funcionamiento sin autorización o sin adoptar total o parcialmente las medidas de seguridad obligatorias o cuando aquellas no funcionen o lo hagan defectuosamente, o antes de que la autoridad competente haya expresado su conformidad con las mismas.
Artículo modificado por Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos.
Artículo 23 letras p) y q) incorporadas por la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte.
Artículo 23 letras p) y q), derogadas por la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 21 de Junio de 2013.
Artículo citado en: 1512 sentencias, 3 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, 2 temas prácticos, 53 resoluciones administrativas, 20 noticias
ARTICULO 24 Gradaciones.
Artículo 24 modificado por la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte.
Artículo 24, referencias a las letras p) y q) del artículo 23, derogadas por la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 21 de Junio de 2013.
Artículo citado en: 62 sentencias, 4 resoluciones administrativas
Artículo citado en: 538 sentencias, un artículo doctrinal, 3 disposiciones normativas, 45 resoluciones administrativas, 3 noticias
La omisión o la insuficiencia de medidas para garantizar la conservación de las documentaciones de armas o explosivos, así como la falta de denuncia de la perdida o sustracción de tales documentaciones.
La admisión de menores en establecimientos públicos o en locales de espectáculos, cuando este prohibida, y la venta o servicio de bebidas alcohólicas a los mismos.
Las irregularidades en la cumplimentación de los registros prevenidos en las actividades con trascendencia para la seguridad ciudadana y la omisión de los datos o comunicaciones obligatorios dentro de los plazos establecidos.
Alterar la seguridad colectiva u originar desordenes en las vías, espacios o establecimientos públicos.
Artículo 26.j) declarado inconstitucional por STC 341/1993, de 18 de noviembre.
Artículo citado en: 1362 sentencias, 2 disposiciones normativas, 34 resoluciones administrativas, 3 noticias
Artículo citado en: 327 sentencias, 3 resoluciones administrativas
SECCIÓN II Sanciones Artículos 28 a 30
Las infracciones determinadas de acuerdo con lo dispuesto en la Sección anterior podrán ser corregidas por las autoridades competentes con una o más de las sanciones siguientes:
Multa de 30.050,62 euros a 601.012,1 euros, para infracciones muy graves. De 300,52 euros a 30.050,61 euros, para infracciones graves. De hasta 300,51 euros, para infracciones leves.
Retirada de las armas y de las licencias o permisos correspondientes a las mismas.
Incautación de los instrumentos o efectos utilizados para la comisión de las infracciones, y, en especial, de las armas, de los explosivos, de las embarcaciones de alta velocidad o de las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
Suspensión temporal de las licencias o autorizaciones o permisos desde seis meses y un día a dos años para infracciones muy graves, y hasta seis meses para las infracciones graves en el ámbito de las materias reguladas en el capítulo II de esta Ley.
Clausura de las fábricas, locales o establecimientos, desde seis meses y un día a dos años por infracciones muy graves y hasta seis meses por infracciones graves, en el ámbito de las materias reguladas en el capítulo II de esta Ley.
Las infracciones previstas en el artículo 25 podrán ser sancionadas, además, con la suspensión del permiso de conducir vehículos de motor hasta tres meses y con la retirada del permiso o licencia de armas, procediéndose desde luego a la incautación de las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
Artículo 28 modificado, en cuanto que las cantidades correspondientes se convierten a euros, por Tabla de la Resolución del 22 de Octubre de 2001, publicada en el BOE del 2 de Noviembre de 2001.
Artículo 28 modificado por Anexo de la Resolución del 22 de Octubre de 2001, publicada en el BOE del 17 de Noviembre de 2001.
Artículo citado en: 395 sentencias, 2 disposiciones normativas, 7 resoluciones administrativas
El Consejo de Ministros para imponer cualquiera de las sanciones previstas en esta Ley, por infracciones muy graves, graves o leves.
El Ministro del Interior para imponer multas de hasta 300.506,05 euros y cualquiera de las restantes sanciones previstas, por infracciones muy graves, graves o leves.
Los titulares de los órganos a que se refiere el artículo 2.b) de esta Ley para imponer multas de hasta 60.101,21 euros y cualquiera de las restantes sanciones previstas, por infracciones muy graves, graves o leves.
Los Gobernadores Civiles y los Delegados del Gobierno en Ceuta y en Melilla, para imponer multas de hasta 6.010,12 euros, las sanciones previstas en los apartados b) y c) del artículo anterior y la suspensión temporal de las licencias o autorizaciones de hasta seis meses de duración, por infracciones graves o leves.
Los Delegados del Gobierno en ámbitos territoriales menores que la provincia, para imponer multas de hasta 601,01 euros, y las sanciones previstas en los apartados b) y c) del artículo anterior, por infracciones graves o leves.
Por infracciones graves o leves en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, tenencia ilícita y consumo público de drogas y por las infracciones leves tipificadas en los apartados g), h), i) y j) del artículo 26, los Alcaldes serán competentes, previa audiencia de la Junta Local de Seguridad, para imponer las sanciones de suspensión de las autorizaciones o permisos que hubieran concedido los municipios y de multa en las cuantías máximas siguientes:
Artículo 29 modificado por Ley 10/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Artículo 29 modificado, en cuanto que las cantidades correspondientes se convierten a euros, por Anexo de la Resolución del 22 de Octubre de 2001, publicada en el BOE del 17 de Noviembre de 2001.
Artículo citado en: 296 sentencias, 2 artículos doctrinales, 7 resoluciones administrativas
Las respectivas normas reglamentarias podrán determinar, dentro de los limites establecidos por la presente Ley, la cuantía de las multas y la duración de las sanciones temporales por la comisión de las infracciones, teniendo en cuenta la gravedad de las mismas, la cuantía del perjuicio causado y su posible trascendencia para la prevención, mantenimiento o restablecimiento de la seguridad ciudadana.
Artículo citado en: 59 sentencias, una resolución administrativa
SECCIÓN III Procedimiento Artículos 31 a 39
No podrá imponerse ninguna sanción por las infracciones previstas en esta Ley, sino en virtud de procedimiento instruido al efecto y de acuerdo con los principios de audiencia al interesado, economía, celeridad y sumariedad.
Salvo lo dispuesto en la presente sección, el procedimiento sancionador se tramitará de acuerdo con lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo.
Será competente para ordenar la incoación de los expedientes sancionadores, independientemente de la sanción que en definitiva proceda imponer, cualquiera de las autoridades relacionadas en el Artículo 2 de la presente Ley, dentro de los respectivos ámbitos territoriales.
Artículo citado en: 56 sentencias, una disposición normativa
Cuando las conductas a que se refiere la presente Ley pudieran revestir caracteres de infracción penal, se remitirán al Ministerio Fiscal los antecedentes necesarios de las actuaciones practicadas, aunque ello no impedirá la tramitación de expedientes sancionadores por los mismos hechos. No obstante, la resolución definitiva del expediente sólo podrá producirse cuando sea firme la resolución recaída en el ámbito penal, quedando hasta entonces interrumpido el plazo de prescripción.
Artículo citado en: 64 sentencias, un artículo doctrinal, 4 resoluciones administrativas
En los procesos penales en que intervenga el Ministerio Fiscal, cuando se acordase el archivo o se dictase auto de sobreseimiento o sentencia absolutoria por acreditarse que los hechos no sean constitutivos de infracción penal, deberá aquel remitir a la autoridad sancionadora copia de la resolución y de los particulares que estime necesarios, cuando aquellos pudieran ser objeto de sanción administrativa conforme a lo previsto en esta Ley.
Artículo citado en: 51 sentencias, 8 resoluciones administrativas
Dichas medidas, que deberán ser proporcionadas a la naturaleza y gravedad de la infracción, podrán consistir en la adopción de medidas de acción preventiva y en la realización de actuaciones para el mantenimiento o restablecimiento de la seguridad ciudadana, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y especialmente en:
La retirada preventiva de autorizaciones, permisos, licencias y otros documentos expedidos por las autoridades administrativas, en el marco de lo dispuesto por la presente Ley.
La duración de las medidas cautelares de carácter temporal no podrá exceder de la mitad del plazo previsto en esta Ley para la sanción que pudiera corresponder a la infracción cometida.
Excepcionalmente, en supuestos de posible desaparición de las armas o explosivos, de grave riesgo o de peligro inminente para personas o bienes, las medidas previstas en la letra a) del apartado 2 anterior podrán ser ordenadas directamente por los agentes de la autoridad, debiendo ser ratificadas o revocadas por esta en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas.
Artículo citado en: 1254 sentencias, un artículo doctrinal, 2 disposiciones normativas, 12 resoluciones administrativas
La Ley 45/1959, de 30 de julio, de Orden Público.
La Ley 36/1971, de 21 de julio, sobre modificación de determinados artículos de la Ley de Orden Público.
El Real Decreto-Ley 6/1977, de 25 de enero, por el que se modifican determinados artículos de la Ley de Orden Público.
El apartado 5 del Artículo 7 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona.
El Real Decreto 3/1979, de 26 de enero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Las disposiciones relativas a los espectáculos públicos y actividades recreativas contenidas en la presente Ley, así como las normas de desarrollo de las mismas, serán de aplicación general en defecto de las que puedan dictar las Comunidades Autónomas con competencia normativa en esta materia.
En todo caso, la aplicación de lo establecido en las referidas disposiciones corresponderá a las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.
El Gobierno dictara las normas reglamentarias que sean precisas para determinar las medidas de seguridad y control que pueden ser impuestas a entidades o establecimientos.
Se autoriza al Gobierno para actualizar las cuantías de las sanciones pecuniarias previstas en la presente Ley, teniendo en cuenta las variaciones de Índice de Precios al Consumo. Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley Orgánica.
Ley Orgánica por la que se regula la Utilización de Videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Lugares Públicos (Ley Orgánica 4/1997, de 4 ...
Orden APA/3541/2007, de 3 de diciembre, por la que se convoca el programa nacional de abandono de la producción láctea y se establece un plazo de presentación de solicitudes de autorización de cesiones temporales de cuota láctea, para el período 2007/2008.
DECRETO 51/2003, de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Inventario de Bienes Culturales de la Comunidad de Madrid.