Source: https://www.scribd.com/doc/83098960/INFORME-SOBRE-EL-AVANCE-EN-EL-CUMPLIMIENTO-DE-LAS-SENTENCIAS-EMITIDAS-POR-LA-CORTE-INTERAMERICANA-DE-LOS-DERECHOS-HUMANOS-CONTRA-EL-ESTADO-MEXICANO-P
Timestamp: 2016-08-27 12:49:13
Document Index: 139501989

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BrowseUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicWelcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more.Find out moreCENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNEROINFORME SOBRE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS CONTRA EL ESTADO MEXICANO, PARTICULARMENTE EN LOS CASOS: CAMPO ALGODONERO Y, LAS MUJERES INDÍGENAS GUERRERENSES INÉS FERNÁNDEZ ORTEGA Y VALENTINA ROSENDO CANTÚ
Este material es propiedad de la Cámara de Diputados y los derechos de autora corresponden a la investigadora que elaboró el presente documento. Las opiniones expresadas en este documento reflejan el punto de vista de la investigadora, no necesariamente expresan el punto de vista del CEAMEG. LXI.CEAMEG.DEJDHMEG.SAT/03/2012.LARM.24/01/12
Introducción I. Marco teórico 1. Violencia Género 2. Perspectiva de Género 3. Acceso a la Justicia 4. Dignidad Humana II. El Estado mexicano frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos 1. Las obligaciones internacionales derivadas de los instrumentos interamericanos de derechos humanos 2. México frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos A. Síntesis del Caso Campo Algodonero B. Síntesis del Caso Inés Fernández Ortega C. Síntesis del Caso Valentina Rosendo Cantú III.Avances en el cumplimiento de las sentencias condenatorias para el Estado mexicano 1. Poder Legislativo 2. Retos que faltan por cumplir Referencias Bibliográficas
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Introducción El presente documento pretende dar un panorama general del grado de cumplimiento que se observa desde el Poder Legislativo, de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos de González y otras; Fernández Ortega y Rosendo Cantú. México forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de los órganos e instrumentos que la integran. Recordemos que estos Sistemas Internacionales de protección, son coadyuvantes y complementarios del orden interno de cada país miembro de la OEA, esto con el objetivo de brindar una protección unificada e integral a toda persona sujeta a su jurisdicción. Por lo que México, al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, se compromete a respetar y garantizar los derechos humanos a toda persona sin discriminación alguna. En este contexto, México se comprometió a respetar y garantizar los derechos humanos de las mujeres. De igual manera, de tomar medidas para organizar su aparato gubernamental para hacer efectivos tales derechos. En caso de que un país no cumpla con estas obligaciones, es responsable internacionalmente por las violaciones a los derechos humanos. Estos argumentos son eje en cada uno de los casos González y otras, Fernández Ortega y Rosendo Cantú, en los cuales, se establecen medidas y acciones en todos los niveles de gobierno para hacer efectivos tales derechos o bien reparar el daño, en este caso, nos enfocaremos a la responsabilidad del poder legislativo en la materia. Por ello, el presente trabajo se divide en tres partes, en la primera se desarrolla un marco teórico que aborda el concepto de violencia de género, dignidad humana, acceso a la justicia y la perspectiva de género.
En la segunda parte, se desarrolla las obligaciones internacionales derivadas de los instrumentos interamericanos de derechos humanos. En este sentido, se hace un acercamiento a las funciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el papel de México frente a este órgano. Finalmente, se hace una síntesis de los casos Gonzáles y otras, Fernández Ortega y Rosendo Cantú. En la tercera parte, se revisará el avance en el cumplimiento de las sentencias y los pendientes.
I. Marco teórico 1. Violencia de Género El reconocimiento de la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos, fue producto de un proceso que demandó largos años de trabajo por parte de diversos actores, principalmente del movimiento de mujeres que realizó tareas de incidencia en múltiples espacios y especialmente ante los organismos internacionales de derechos humanos, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA). Para Galtung la violencia tiene una triple dimensión: Directa, Estructural y Cultural. La violencia directa es la más evidente y se manifiesta de manera física, verbal o psicológica. La violencia estructural se encuentra vinculada a los sistemas sociales, políticos y económicos mismos que gobiernan las sociedades, los estados y el mundo. La violencia cultural se refiere a aquellos aspectos de la cultura, en el ámbito simbólico que son utilizados para justificar o legitimar la violencia directa o estructural. Estos tipos y modalidades de violencia que sufren las mujeres no ocurren de manera aislada, como una laguna histórica, sino estos tipos de violencia se cometen en un escenario donde convergen la opresión y dominación de un género hacia el otro. A nivel internacional diversos documentos hacen referencia a la especificidad de la protección de las mujeres, por lo que encontramos en el artículo 1° de la Convención Belém do Pará, que la violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. A nivel nacional, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 5° fracción IV, retoma la definición de la Convención Belém do Pará.
2. Perspectiva de Género El género es una categoría de pensamiento, que analiza las relaciones entre mujeres y hombres. Esas diferencias creadas entre unas y otros por la sociedad, por medio de la asignación de estereotipos y roles de género, que determinan la calidad de vida de una persona. El análisis se hace más concreto y específico, cuando se toman en cuenta: la edad, raza, sexo, condición económica, etc. Por lo que la categoría de género, pretende mostrar las interpretaciones culturales de lo que se entiende por ser mujer y por ser hombre, y cómo este fenómeno es susceptible de ser modificado. Ahora bien, a partir de este concepto podemos vislumbrar el objetivo de la teoría y perspectiva de género. Esta teoría trata de conciliar los distintos grupos en situación de vulnerabilidad de la sociedad y esa dicotomía, es decir, que no se acentúe más la diferencia entre mujer y hombre construido socialmente a lo largo de la historia. Esta perspectiva tiene un nivel histórico, social, jurídico y político, los cuales, enfatizan como meta, la erradicación de toda forma de discriminación entre los géneros y, por ende, la violencia contra las mujeres. En este sentido, coloca a los sujetos de género en el centro de su análisis, es decir, ubica las relaciones de poder entre los géneros y las diferencias estructurales que llevan a la desigualdad. 3. Acceso a la Justicia El acceso a la justicia, como señala el maestro Ventura, se entiende como la posibilidad de toda persona, independientemente de su condición económica o de otra naturaleza, de acudir al sistema previsto para la resolución de conflictos y vindicación de los derechos protegidos de los cuales es titular. (Ventura Robles, 2005).
Por este principio podemos entender la acción, ante una controversia o la necesidad de esclarecimiento de un hecho, de poder acudir a los medios previstos por los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales para su respectiva resolución. El acceso a la justicia tiene dos dimensiones: Por un lado, se entiende como garantía de la igualdad de oportunidades para acceder a las instituciones, los órganos o los poderes del Estado que generan, aplican o interpretan las leyes y regulan normativas de especial impacto en el bienestar social y económico. Es decir, igualdad en el acceso sin discriminación por razones económicas. Por otro lado, incluye un conjunto de medidas que se adoptan para que las personas resuelvan sus conflictos y protejan sus derechos ante los tribunales de justicia. Ambas dimensiones no se complementan. (Cfr. Birgin Haydée, 2006: 20). Este es un presupuesto indispensable para la existencia de un sistema democrático, es decir, los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada, cada componente se define, completa y adquiere sentido en función de los otros.1 Si bien es cierto, que el acceso a la justicia es considerado como un derecho humano fundamental en diversos instrumentos jurídicos tanto nacionales como internacionales, se puede constatar los obstáculos estructurales a los que se enfrentan las personas, en específico aquellos que atienden a los estereotipos de género, aspectos como la pobreza, nivel educativo, condición de género, entre otros, afectan, sin duda a gran parte de la población a nivel nacional. Por ello, como señala Monticelli, no basta con una igualdad formal, sino una igualdad real y efectiva que debe reflejarse en una mayor preocupación por el problema del acceso a la justicia y por la necesidad de lograr en el proceso una
Cfr. Corte IDH, Opinión consultiva OC-8/87, “El habeas corpus bajo suspensión de garantías: arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos, 30 enero de 1987, Párr. 26.
verdadera nivelación de los justiciables, proporcionándoles una adecuada protección judicial. (Cfr. Birgin Haydée, 2006: 41). En este sentido, no basta que los recursos para acceder a la justicia se encuentren plasmados en una normatividad, se necesita que cumplan con dos requisitos fundamentales: primero deben ser adecuados, que la función de ese recurso dentro del orden interno, sea idónea para proteger la situación jurídica infringida y, segundo debe ser eficaz, capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido. 2 4. Dignidad Humana La dignidad humana no es un concepto absoluto, esto debido a la pluralidad de pensamientos alrededor de ella: filosofía, antropología, sociología, jurídica, política, etc. Para algunos autores, la dignidad humana tiene tres dimensiones en relación a los derechos humanos: la primera, consiste en brindar una especie de homogeneización a la diversidad de los derechos humanos, reducir los derechos fundamentales a un sistema. (Gutiérrez, 2005: 102). Así, la dignidad puede ser considerada como un principio común a todos los derechos y al mismo tiempo un bien supremo que debe ser protegido a través de ellos; la segunda es la función de delimitar el ejercicio de los derechos. Esta idea nos conduce una vez más a la característica de interdependencia de los derechos humanos, en la cual si existe una violación a un derecho, es probable que esa violación cause al mismo tiempo violaciones a otros derechos humanos. (Gutiérrez, 2005: 105-107).
Cfr. Corte IDH, Caso Velázquez Rodríguez, Sentencia 29 de julio de 1988. párrs. 64 y 66; Caso Godínez Cruz, Sentencia 20 de enero 1989, párrs. 67 y 69, Caso Fairén Garbi y Solís, 15 de marzo de 1989. párr. 88 y 91. Opinión consultiva OC11/1990, “Excepciones al agotamiento de los recursos internos (arts. 46.1, 46.2.a y 46.2.b. Convención Americana sobre Derechos Humanos”. 10 de agosto de 1990. Párr. 36
Y la tercera es limitar los derechos, aquí la dignidad figura como el centro de todos los derechos y por lo tanto es la frontera del legislador. (Gutiérrez, 2005: 108-109). Si la dignidad se establece como principio rector de los derechos y los dota de contenido, las obligaciones de los Estados se convierten en más específicas. Los Estados deben respetar la dignidad humana y por lo tanto proteger los derechos que desde la característica de interdependencia tienen como objetivo principal el concretar un concepto de dignidad humana. Actualmente podemos decir que el principio de dignidad debe eliminar los grandes desafíos como son la discriminación, exclusión, la desigualdad y la violencia contra las mujeres.
II. El Estado mexicano frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos 1. Las obligaciones internacionales derivadas de los instrumentos interamericanos de derechos humanos En una relación jurídica, se establecen derechos, los cuales a su vez, están vinculados con obligaciones asumidas por una de las partes. En el caso de los Derechos Humanos, hay dos sujetos en la relación: el sujeto activo y el sujeto pasivo. El primero es el hombre como titular de los derechos humanos; el segundo, es el Estado que asume las obligaciones de respetar y garantizar los derechos. Ahora bien, los Estados Partes asumen una doble obligación, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º de la Convención. En primer lugar se establece la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella por parte del Estado; en segundo lugar, se compromete a garantizar su pleno y libre ejercicio a los individuos sujetos a su jurisdicción sin discriminación alguna de raza, sexo o nacionalidad. En este punto, se hace referencia a los principios de Derecho Internacional de Derechos Humanos, entre ellos encontramos al principio de no discriminación. (Hitters, 1991: 191). Aquí se habla del concepto de discriminación en sentido amplio, entendido como toda infracción al principio general de igualdad y en sentido estricto, se refiere a la violación de la igualdad, siempre y cuando, concurran algunos de los criterios de diferenciación o selección prohibidos basados en la raza, sexo, religión, etc. Por ello, se habla de una normativa que estaría encaminada a identificar la discriminación y por otro, la eliminación de ella. (Barrére Unzueta, 2001: 146-149). La primera obligación es la de respetar (que se puede entender como una obligación de no hacer), el Estado se abstendrá de realizar cualquier acto, por medio de sus órganos, que puedan causar menoscabo a los Derechos Humanos de las personas sujetos a su jurisdicción. La segunda, es la de garantizar, que impone un carácter positivo a diferencia de la obligación de respetar. Esto tiene un efecto horizontal, el ejercicio y goce de tales derechos trae consigo obligaciones 10
específicas a los Estados en cuanto garante de esos mismos derechos. (Faúndez Ledesma, 2044: p. 29). Esto significa que el Estado debe organizar y preparar toda su estructura gubernamental para evitar que otros individuos o entidades violen esos derechos. De esta obligación se desprenden tres específicas: prevenir, investigar y sancionar. La obligación de prevenir, abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural, con el fin de crear un orden normativo para promover la salvaguarda de los Derechos Humanos dentro de su territorio. La obligación de investigar, se presenta cuando el Estado no pudo prevenir dentro de su territorio violaciones a los Derechos Humanos, por lo que procederá a investigar de manera seria. Aquí el Estado debe asumirla como deber jurídico propio, sin que existan intereses políticos o personales, sino simplemente llegar a la verdad.3 Finalmente la obligación de sancionar, surge cuando ya se ha investigado y se han identificado a los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos. Si esta no se asume por parte del Estado, estaríamos frente a un Estado de impunidad, que la misma Corte ha definido como la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones a los derechos humanos.4. En este sentido la Corte ha emitido el siguiente criterio:
“El Estado en el deber jurídico de prevenir razonablemente las violaciones de los derechos humanos; investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción, a fin de identificar a los responsables y
Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velázquez Rodríguez, 29 de julio de 1989, párrs. 172 y 175.
Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Paniagua Morales, 8 de marzo de 1998, párr. 173. 11
de imponer sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación del daño”.5
Ahora analizaremos el artículo 2º de la Convención que señala que los Estados tendrán la obligación de adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Este artículo esta vinculado a la obligación de prevenir a que se refiere el artículo 1º, ya que es una obligación de hacer. Si el Estado no dicta en forma inmediata aquellas disposiciones que funcionan para proteger los Derechos Humanos, en este caso incurre en responsabilidad internacional porque dentro de la legislación no hay algún medio para proteger o garantizar ese derecho. Son dos las formas como un Estado puede violar un tratado internacional, por acción u omisión, y esto lo ha manifestado la Corte en los siguientes términos:
“(…) un Estado puede violar un tratado de derechos humanos, específicamente la Convención. En este último caso, puede hacerlo, por ejemplo, omitiendo dictar las normas que establecen los artículos 1 y 2 de la misma, y también, por supuesto, dictando disposiciones que no estén en conformidad con lo que exigen sus obligaciones dentro de la Convención”.6
Siguiendo el criterio de la Corte, el deber general emanado del artículo 2º, implica la adopción de dos medidas: la primera es la supresión de cualquier norma que pueda constituir una violación a los derechos y libertades plasmadas en la
Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velázquez Rodríguez, 29 de julio 1989, párr. 175 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-14/94. “Responsabilidad Internacional por la expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención”. 9 de diciembre de 1994. párr. 37. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-13/93.”Ciertas atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”,16 de julio de 1993. párr.26.
Convención; la segunda, se refiere a la expedición de normas que garanticen tales derechos. 7 Al incorporarse las disposiciones de un instrumento internacional al orden interno, pueden ser invocadas para exigir su cumplimiento cuando estas sean auto ejecutables y cumplan los siguientes requisitos: por una parte que el derecho sea en favor del individuo como sujeto activo de la relación; por la otra, que el precepto sea claro y concreto, para que sea interpretado y aplicado por los tribunales. (Hitters: 1991: 221) En el caso tanto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como la Convención Belém do Pará, por ser tratados de Derechos Humanos se presta a que sus disposiciones sean auto ejecutables. Todo lo anterior, en base a la naturaleza jurídica del sistema, consagrada en el 2º párrafo del preámbulo de la Convención, al puntualizar que los Derechos Humanos no nacen de ser nacional de un determinado Estado, sino que van más allá; por lo tanto, requieren una protección internacional de manera coadyuvante y complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados. Por lo que la Corte señala que:
De conformidad con el derecho internacional, las obligaciones que éste impone deben ser cumplidas de buena fe y no puede invocarse para su cumplimiento el derecho interno. Estas reglas pueden ser consideradas como principios generales del derecho y han sido aplicadas aún tratándose de disposiciones de carácter constitucional. 8
Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Castillo Petruzzi y otros. 30 de mayo de 1999. Párr.207. Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva 14, OC-14/ “Responsabilidad Internacional por la expedición, y aplicación de leyes violatorias de la Convención: Arts. 1° y 2° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. 9 de diciembre de 1994. Párr. 35.
2. México frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos La Corte es definida en el artículo 1° de su Estatuto, como una institución judicial autónoma cuyo objeto es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. (CEJIL, 2001: 185). Es una institución independiente y autónoma porque no forma parte de los órganos enumerados en el capítulo X de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. En el artículo 2° de su Estatuto, establece dos competencias: la competencia contenciosa o jurisdiccional y la competencia consultiva. La aceptación de la competencia de la Corte, puede ser efectuada en cuatro formas: incondicionalmente, bajo condición de reciprocidad, por un plazo determinado y por último aceptación por casos específicos. (CEJIL, 2001: 52). Una vez que la Corte ha emitido su decisión al respecto, ya sea afirmando su competencia en un caso particular, o admitiendo que carece de ella para emitir una decisión, esta será obligatoria para las partes. El 16 de diciembre de 1998, México acepta la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 62 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La función consultiva de la Corte La Convención Americana prevé en su artículo 64 que cualquier Estado miembro de la Organización puede consultar a la Corte acerca de la interpretación de la Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los Derechos Humanos en los Estados americanos. La competencia consultiva de la Corte es amplia en razón de las personas y en razón de la materia de consulta.
derecho se hace extensivo, en lo que le compete a cada uno de los órganos enumerados en el capítulo X de la Carta de la OEA. Asimismo, la Corte puede a
Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-1/82. “Otros Tratados” objeto de la función consultiva de la Corte. Sentencia del 24 de septiembre de 1982. Párr. 19. 9
solicitud de cualquier Estado miembro de la Organización, emitir opinión acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los instrumentos internacionales. En este sentido, la Corte ha expresado lo siguiente:
“La función consultiva de la Corte no puede desvincularse de los propósitos de la Convención. Dicha función tiene por finalidad coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados americanos en lo que concierne a la protección de los derechos humanos, así como el cumplimiento de las funciones que en este ámbito tienen atribuidas los distintos órganos de la OEA. Es obvio que toda solicitud de opinión consultiva que se aparte de ese fin debilitaría el sistema de la Convención y desnaturalizaría la competencia consultiva de la Corte”. 10
En este sentido, México promovió dos opiniones consultivas, la primera en 1999, Opinión Consultiva N° 16, “El derecho a la información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal” y, la segunda en 2003, la Opinión Consultiva N° 18 “Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados”. La función contenciosa de la Corte Si bien es cierto, que ningún Estado está obligado a aceptar la competencia de la Corte, tampoco pueden imponer condiciones a dicho reconocimiento con el fin de limitar su funcionamiento, porque ello equivaldría a la no aceptación de la competencia de la Corte. En el momento en que un caso es sometido ante la Corte, ella debe verificar que posee tres competencias: la primera, en razón de las partes que intervienen en el procedimiento de conformidad con el artículo 61 de la Convención, sólo la
10 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-1/82. “Otros Tratados” objeto de la función consultiva de la Corte. Sentencia del 24 de septiembre de 1982. Párrafo 25).
Comisión y el Estado tienen derecho a someter un caso ante la Corte. Como ya mencionamos, el Estado demandado que declare expresamente que reconoce como obligatoria de pleno derecho la competencia de la Corte. Es un acto unilateral de cada Estado condicionado por lo términos de la propia Convención Americana como un todo y por lo tanto no está sujeta a reservas.11 La aceptación de la competencia contenciosa, en palabras de la Corte:
“ (…) constituye una cláusula pétrea, que no admite limitaciones que no estén expresamente contenidas en el artículo 62.1, ya que no puede estar a merced de limitaciones no previstas, y que sean invocadas por los Estado partes por razones de orden interno”.12
Esto nos remite al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, al establecer que, una de las partes no podrá invocar disposiciones de Derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado (Seara Vázquez, 1992: 708-737). En este sentido, los Estados que acepten la jurisdicción de la Corte, de manera inmediata se obligan no sólo a preservar y garantizar las normas sustantivas de la Convención, sino también, a las normas procesales, como la referente a la cláusula de aceptación de la competencia contenciosa de la Corte.13 Como mencionamos anteriormente, México aceptó la jurisdicción obligatoria de la Corte el 16 de diciembre de 1998. Tal reconocimiento, contribuiría a fortalecer el andamiaje jurídico interno para la protección de los derechos humanos (Fix Zamudio, 1999: 44).
Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Cantos, Excepciones preliminares. Sentencia del 7 de septiembre de 2001, párrafo 34. 12 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ivcher Bronstein, competencia. Sentencia del 24 de septiembre de 1999. Párrafo 34. Caso Tribunal Constitucional, competencia. Sentencia del 24 de septiembre de 1999, párrafo 35. 13 Cfr.Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ivcher Bronstein, competencia. Sentencia del 24 de septiembre de 1999. Párrafo 37. Caso Tribunal Constitucional, competencia. Sentencia del 24 de septiembre de 1999, párrafo 36.
La segunda, es la competencia en razón de la materia. La Corte sólo podrá, de acuerdo al artículo 62, conocer de cualquier caso que se le someta y que concierna a la interpretación y aplicación de los derechos consagrados en la Convención. La Corte es competente para decidir si se ha producido una violación a alguno de los preceptos de la Convención. Por otro lado, su competencia se puede extender hacia diversos tratados de Derechos Humanos. Si bien es cierto, que la Corte puede ampliar sus facultades para conocer de violaciones a los Derechos Humanos en demás instrumentos, éstas se deben referir a derechos consagrados por la Convención, con excepción de que algún instrumento sea ratificado por el Estado y le confiera competencia para conocer de violaciones a los Derechos protegidos por dicha Convención.14 Esto como señalan diversos autores, atiende al propósito concreto y específico del desarrollo y consolidación de las obligaciones erga omnes, que es el cumplimiento e identificación de una obligación general de garantía del ejercicio de los derechos de la persona. Se refiere a la obligación de respetar y garantizar los Derechos Humanos, plasmada en tratados sobre esta materia. Esto como un común denominador, para la protección de los seres humanos en cualquier circunstancia.15 Finalmente, la tercera competencia se refiere aquella en razón del tiempo “ratione temporis”. La Corte se encuentra limitada no sólo por la naturaleza de los hechos, sino por el momento en que estos hayan tenido lugar, ya que solo tiene competencia para conocer de hechos ocurridos con posterioridad a la fecha en que el Estado haya aceptado la competencia contenciosa.
Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso las Palmeras, Excepciones Preliminares. Sentencia del 4 de febrero del 2000. Párrafo 34. 15 Cfr. Voto razonado Cançado Trindade, Antonio, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Las Palmeras, Excepciones Preliminares. Sentencia del 4 de febrero de 2000. Párrafos 7, 8 y 15.
En el caso de México, los últimos tres años han sido importantes no sólo, para el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sino para visibilizar las deficiencias en el acceso a la justicia de las mujeres, quienes han sido víctimas de violaciones sistemáticas a sus derechos humanos. La práctica dentro de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, exhiben un panorama, en el que las violaciones a los derechos humanos de las mujeres tienen un rostro de impunidad y denegación de justicia, lo que las conduce a acceder a una justicia internacional. (Cfr. Birgin Haydée, 2006:193). Los casos paradigmáticos como el de González y otras “Campo Algodonero”, Caso Fernández Ortega y otros, y el Caso Rosendo Cantú y otra, son una muestra de las desigualdades de género que sufren las mujeres en nuestro país para acceder a la justicia. Es importante, resaltar que la jurisprudencia desarrollada en estos casos, se fundamentó, no sólo en disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como el derecho a la vida, a la integridad personal y protección judicial, en el contexto de violaciones graves y sistemáticas por parte de agentes del Estado, sino a diversos artículos de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, “Belem do Pará”, tutelando, así, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En cada uno de los casos, la Corte IDH, emitió sentencias condenatorias al Estado mexicano, enumerando las reparaciones que debe cumplir como parte de la sentencia.
A. Síntesis del Caso Campo Algodonero Hechos del Caso
Desde 1993 existe en Ciudad Juárez, Chihuahua, un aumento de homicidios de mujeres, habiendo por lo menos 264 víctimas hasta el año 2001 y 379 hasta el 2005. Sin embargo, más allá de las cifras, algunos de estos crímenes parecen presentar altos grados de violencia, incluyendo sexual, y que en general han sido influenciados, tal como lo acepta el Estado, por una cultura de discriminación contra la mujer, la cual, según diversas fuentes probatorias, ha incidido tanto en los motivos como en la modalidad de los crímenes, así como en la respuesta de las autoridades frente a éstos. En este sentido, cabe destacar las respuestas ineficientes y las actitudes indiferentes, documentadas en cuanto a la investigación de dichos crímenes, que parecen haber permitido que se haya perpetuado la violencia contra la mujer en Ciudad Juárez. La Corte constata que hasta el año 2005 la mayoría de los crímenes seguían sin ser esclarecidos, siendo los homicidios que presentan características de violencia sexual los que presentan mayores niveles de impunidad.
Laura Berenice Ramos Monárrez de 17 años de edad, desapareció el martes 25 de septiembre de 2001; Claudia Ivette González de 20 años de edad desapareció el 10 de octubre de 2001 y Esmeralda Herrera Monreal de 15 años de edad, desapareció el 29 de octubre del 2001. Los familiares de las víctimas acudieron ante las autoridades para iniciar la búsqueda de sus hijas, y encontraron omisión por parte de ellas, ya que manifestaban que debían esperar 72 horas para que pudieran iniciar la búsqueda.16
Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso González y otras versus México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Párrs.165, 166 y 167.
El 6 de noviembre de 2001, en Ciudad Juárez, Chihuahua, se realizó la búsqueda y levantamiento de tres cadáveres del sexo femenino cuyo estado de conservación era incompleto, encontrados en un terreno conocido como Campo Algodonero.17 La Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, inició la investigación por los delitos de homicidio y violación. En días posteriores a la localización de los cuerpos, fueron presentados Víctor Javier García Uribe, y Gustavo González Meza como presuntos responsables de los crímenes.18
En esta fase, solamente se realizó la necropsia, la cual sólo se limitó a describir como se encontraba el cuerpo de las víctimas, sin establecer la causa de la muerte. Se tomaron algunas muestras de ADN para confirmar el parentesco de las víctimas, pero algunas fueron entregadas meses o años más tarde. Debido al alto grado de descomposición en los que se encontraban los cuerpos, era difícil la identificación.19
Los familiares de las víctimas podían hacer el reconocimiento por medio de las prendas que llevaban. A lo largo, de este proceso, los familiares de las jóvenes fueron víctimas no sólo de juicios de valor por parte de las autoridades, sino de hostigamiento, que los obligo a cambiar de residencia o solicitar medidas provisionales.20
Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Campo Algodonero. 4 de noviembre de 2007. Párr. 84. 18 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Campo Algodonero. 4 de noviembre de 2007. Párr. 114. 19 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Campo Algodonero. 4 de noviembre de 2007. Párr. 111. 20
Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso González y otras versus México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Párr.208; Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Campo Algodonero. 4 de noviembre de 2007. Párr. 118.
El 6 de marzo de 2002 la CIDH recibió tres denuncias en las que se alegaba la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las irregularidades en la investigación de lo sucedido a Claudia Ivette González Banda petición 281/02 , Esmeralda Herrera Monreal petición 282/02 y Laura Berenice Ramos Monárrez petición 283/02 . 21 Principales argumentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los representantes La Comisión argumentó que el Estado incumplió su obligación de garantizar el derecho a la vida de las víctimas mediante la adopción de medidas para prevenir sus asesinatos. Asimismo, falló en su deber de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar los actos de violencia sufridos por las víctimas. Por último, incumplió su obligación de investigar efectiva y adecuadamente la desaparición y posterior muerte de las jóvenes González, Herrera y Ramos, en violación. El Estado no ha avanzado en el esclarecimiento de los sucesos o de la responsabilidad correspondiente. 22
Señalaron que la omisión de acción y reacción de las autoridades ante las denuncias de desaparición, no solo favoreció que las mataran sino también que las mantuvieran privadas de libertad y que las torturaran; lo anterior a pesar de la conocida situación de riesgo en la que se encontraban las mujeres. 23
desapariciones de niñas y mujeres en Ciudad Juárez, son la máxima expresión de la violencia misógina”, razón por la que alegaron que esta violencia se ha conceptualizado como feminicidio. Estos crímenes misóginos y crueles, tienen una
Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Campo Algodonero. 4 de noviembre de 2007. Párr. 12, 23 y 36. 22 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso González y otras versus México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Párr. 109. 23 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso González y otras versus México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Párr. 110. 21
enorme tolerancia e impulso social y estatal a la violencia genérica contra las mujeres. 24
Principales argumentos del Estado mexicano
El Estado afirmó que no se configura una situación de impunidad, ya que se ha investigado, perseguido, capturado, enjuiciado y sancionado a un número significativo de responsables. También indicó que entre enero de 1993 y mayo de 2008 se habían registrado 432 casos de homicidios de mujeres, de los cuales “45.25% fueron resueltos por una instancia jurisdiccional y el 33.02% en etapa de investigación”.25
El Estado alegó que a partir del contexto de violencia en Ciudad Juárez reconocido por las autoridades gubernamentales, se tomaron y se siguen adoptando, todas las medidas que se consideraron necesarias para evitar que los hechos de violencia contra las mujeres se repitieran.26
Se han fortalecido amplios programas orientados a erradicar patrones integrales de prevención, atención a víctimas del delito, participación ciudadana y capacitación de funcionarios públicos.27
Señaló que no tendría responsabilidad internacional puesto que no existió participación directa de agentes estatales en los homicidios, además en relación a la minoría de edad de las víctimas, no se ha demostrado que sea un factor y
Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso González y otras versus México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Párr. 138 y 227.
Cfr.Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso González y otras versus México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Párr. 157.
Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso González y otras versus México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Párr. 259. Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso González y otras versus México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Párr. 405.
porque ha implementado medidas especiales para asegurar la plena vigencia de los derechos del niño. 28 Decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Términos generales
El Estado violó los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal reconocidos en los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana, en relación con la obligación general de garantía contemplada en el artículo 1.1 y la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contemplada en el artículo 2 de la misma, así como con las obligaciones contempladas en el artículo 7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará, en perjuicio de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal;
El Estado incumplió con su deber de investigar y con ello su deber de garantizar los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, consagrados en los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y con el artículo 7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará, en perjuicio de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal. Por los mismos motivos, el Estado violó los derechos de acceso a la justicia y protección judicial, consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y 7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará, en perjuicio de las víctimas indirectas (familiares);
Cfr.Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso González y otras versus México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Párr. 405.
El Estado violó el deber de no discriminación contenido en el artículo 1.1 de la Convención Americana, en relación con el deber de garantía de los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, consagrados en los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de dicho tratado; y
El Estado deberá, conducir el proceso penal en curso y, de ser el caso, los que se llegasen a abrir, para identificar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición, maltratos y privación de la vida de las jóvenes González, Herrera y Ramos;
El Estado deberá, dentro de un plazo razonable, investigar, por intermedio de las instituciones públicas competentes, a los funcionarios acusados de irregularidades y, luego de un debido proceso, aplicará las sanciones administrativas, disciplinarias o penales correspondientes a quienes fueran encontrados responsables;
El Estado deberá realizar, dentro de un plazo razonable, las investigaciones correspondientes y, en su caso, sancionar a los responsables de los hostigamientos de los que han sido objeto los familiares de las víctimas;
El Estado deberá, en el plazo de seis meses a partir de la notificación de la presente Sentencia, publicar en el Diario Oficial de la Federación, y diarios de circulación nacional la sentencia. En el plazo de un año deberá realizar el reconocimiento de responsabilidad internacional y levantar un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio en razones de género;
Continuar con la estandarización de todos sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres, conforme a los instrumentos internacionales en la materia;
Adecuar el Protocolo Alba, o en su defecto implementar un nuevo dispositivo análogo, conforme a las siguientes directrices, debiendo rendir un informe anual durante tres años;
Continuar con los programas y cursos permanentes de educación y capacitación en derechos humanos y género; perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y homicidios de mujeres por razones de género, y superación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres dirigidos a funcionarios públicos;
El Estado deberá, dentro de un plazo razonable, realizar un programa de educación destinado a la población en general del estado de Chihuahua, con el fin de superar dicha situación. A tal efecto, el Estado deberá presentar un informe anual por tres años, en el que indique las acciones que se han realizado con tal fin; y 25
El Estado debe brindar atención médica, psicológica o psiquiátrica gratuita, de forma inmediata, adecuada y efectiva, a través de instituciones estatales de salud especializadas, a los familiares de las víctimas.
B. Síntesis del Caso Inés Fernández Ortega Hechos del Caso La señora Inés Fernández Ortega es una mujer indígena perteneciente a la comunidad indígena Me’phaa, residente en Barranca Tecoani, estado de Guerrero. Al momento de los hechos tenía 24 años.29 El 22 de marzo de 2002, alrededor de las tres de la tarde, la señora Fernández Ortega se encontraba en su casa en compañía de sus cuatro hijos, cuando un grupo de aproximadamente once militares, vestidos con uniformes y portando armas, se acercó a su casa. Tres de ellos ingresaron en el domicilio sin su consentimiento y le preguntaron, en varias ocasiones, a dónde había ido a robar carne su marido; a lo que ella no contestó, por no hablar bien español y por miedo. Los militares le apuntaron con sus armas insistiendo con la misma pregunta; acto seguido, uno de ellos la tomó de las manos y, apuntándole con el arma, le dijo que se tirara al suelo; ella así lo hizo. Una vez en el suelo, otro militar, con una mano tomó las manos de Inés Fernández y con la otra le levantó la falda, le bajó la ropa interior y la violó sexualmente, mientras los otros dos militares miraban. 30 Posteriormente, los tres militares salieron de la casa y se retiraron del lugar, junto con los que se habían quedado afuera. En los momentos inmediatamente previos
Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Fernández Ortega, en contra de los Estados Unidos Mexicanos. 7 de mayo de 2009. Párr. 44. 30 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Fernández Ortega, en contra de los Estados Unidos Mexicanos. 7 de mayo de 2009. Párr. 56.
a la violación sexual, los hijos de Inés Fernández corrieron al domicilio de sus abuelos, quienes vivían cerca. 31 Al día siguiente, el esposo de Inés, acudió a la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), en Ayutla de los Libres, a denunciar lo sucedido a su esposa. Lo atendieron el señor Ramírez Rodríguez y la señora Eugenio Manuel, quién llamó al señor Lugo Cortés, Visitador General de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero (CODDEHUM), para presentar una queja. 32 Ese mismo día, los dos miembros de la OPIM y el Visitador General llevaron un doctor particular de Ayutla al domicilio de la señora Fernández Ortega, pues ella se sentía muy mal. El médico sólo le dio analgésicos dado que, según refirió, “no había más medicina”. 33 El 24 de marzo de 2002 Inés y su esposo, los representantes de la OPIM y el Visitador General se presentaron ante el Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Allende, con residencia en el Municipio de Ayutla los Libres, para interponer la denuncia de los hechos, dando origen a la averiguación previa ALLE/SC/03/76/2002. Debido a las dificultades de Inés Fernández Ortega para hablar español, ya que su lengua materna es el me’phaa, la señora Eugenio Manuel participó como intérprete en su declaración. 34 Cuando Inés Fernández señaló que los autores de los hechos eran miembros del Ejército, el agente del Ministerio Público les dijo “que no tenía tiempo de recibir la denuncia”. 35
31 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Caso Fernández Ortega, en contra de los Estados Unidos Mexicanos. 7 de mayo de 2009. Párr. 59. 32 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Fernández Ortega versus México. Sentencia 30 de 2010.Párr. 84. 33 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Fernández Ortega versus México. Sentencia 30 de 2010.Párr. 84. 34 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Fernández Ortega versus México. Sentencia 30 de 2010.Párr. 85. 35 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Fernández Ortega versus México. Sentencia 30 de 2010.Párr. 85.
Humanos, agosto de agosto de agosto de agosto de
Ese mismo día, la señora Inés Fernández se presentó en el Hospital General de Ayutla, donde solicitó la revisión médica por parte de una doctora. Le informaron que no había ninguna doctora en ese momento y se le indicó que regresara en los turnos de lunes a viernes. Al día siguiente, 25 de marzo de 2002, la señora Fernández Ortega acudió de nuevo al Hospital General de Ayutla y una doctora realizó una revisión ginecológica, en la cual determinó que Inés no presentaba datos de agresión y solicitó la realización de exámenes de laboratorio. 36 El 4 de abril de 2002, el Director del Hospital General de Ayutla informó al Ministerio Público que no contaban con los reactivos necesarios para realizar los estudios de laboratorio solicitados, por lo que no fueron realizados. Al día siguiente, Inés Fernández solicitó al Ministerio Público que requiriera al Director del referido hospital que explicara por escrito qué hizo el personal médico a su cargo con las muestras tomadas para realizar los análisis que solicitó la doctora. No se recibió respuesta. 37 El 17 de mayo de 2002, el Ministerio Público de Allende se declaró incompetente para conocer de la investigación, debido a que Inés había señalado que sus agresores eran miembros del Ejército, y mandó el expediente de la averiguación previa al Ministerio Público Militar adscrito a la 35ª Zona Militar, quien el 21 de mayo de 2002, aceptó la investigación del Ministerio Público Civil, y convalidó todas las actuaciones practicadas, agregándolas a la averiguación previa militar número 35ZM/06/2002.38
Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Fernández Ortega versus México. Sentencia 30 de agosto de 2010.Párr. 86. 37 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Fernández Ortega versus México. Sentencia 30 de agosto de 2010.Párr. 87. 38 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Fernández Ortega, en contra de los Estados Unidos Mexicanos 7 de mayo de 2009. Párr. 64.
El 13 de marzo de 2003, Inés Fernández Ortega presentó un escrito mediante el cual se opuso a que fuera el Ministerio Público Militar el que realizará la investigación sobre los hechos. Ese mismo día el Ministerio Público Militar rechazó la solicitud, defendiendo que era competente para llevar a cabo la investigación. Contra esa decisión, el 10 de abril de 2003, Inés Fernández interpuso una demanda de amparo, la cual fue sobreseída por el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Guerrero el 3 de septiembre de 2003. Dicha resolución fue impugnada por Inés Fernández y confirmada el 27 de noviembre de 2003 por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito del estado de Guerrero.39 El 14 de junio de 2004, presenta la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 40 Principales argumentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos La Comisión argumentó que la violación sexual cometida por miembros de las fuerzas de seguridad de un Estado contra integrantes de la población civil constituye una grave violación a los derechos humanos protegidos en los artículos 5 (integridad personal) y 11 (protección a la honra y la dignidad) de la Convención Americana. En los casos de violación sexual contra mujeres indígenas, el dolor y la humillación se agrava por su condición de indígenas debido “al desconocimiento del idioma de sus agresores y de las demás autoridades intervinientes y por el repudio de su comunidad como consecuencia de los hechos”. 41 La Comisión agregó que una violación sexual, además de afectar la integridad física, psíquica y moral de la víctima, quebranta su dignidad, invade una de las esferas más íntimas de su vida, su espacio físico y sexual y la despoja de su
Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Fernández Ortega, en contra de los Estados Unidos Mexicanos. 7 de mayo de 2009. Párrs. 65 y 66. Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Fernández Ortega, en contra de los Estados Unidos Mexicanos 7 de mayo de 2009. Párr. 11. 41 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Fernández Ortega versus México. Sentencia 30 de agosto de 2010.Párr. 90.
capacidad para tomar decisiones respecto de su cuerpo conforme a su autonomía.42 La violación sexual es un tipo especialmente grave de violencia sexual que fue utilizada como una forma de manifestar dominación por parte de los militares.
Debe ser considerada como un acto de tortura”, ya que concurren los tres elementos de la misma: i) es un acto intencional; ii) que causa graves sufrimientos, y iii) que se comete con un fin o propósito. 44 Desde que interpuso la denuncia en su búsqueda de justicia enfrentó, entre otras múltiples barreras, la resistencia, el silencio, la negligencia, el hostigamiento, el miedo, la revictimización y un fuero sin competencia.45 Principales argumentos del Estado mexicano El Estado mexicano manifestó que, al no haberse determinado los responsables de los hechos supuestamente sufridos por ella, no se puede aseverar que se configuró la participación de elementos del Estado. Y, agregó que se pretende confundir que una violación sexual, por sí misma, constituye tortura. Para poder calificar un acto como tortura es necesario un minucioso análisis de las circunstancias en las cuales se genera la conducta, su objeto, su grado de severidad y las consecuencias reales de la misma. 46 Lamentó las consecuencias que genera una violación sexual en los familiares cercanos; sin embargo, entre otros argumentos, sostuvo que no se acreditó el delito ni sus responsables y, en consecuencia, no puede reconocer ni aceptar que
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Fernández Ortega versus México. Sentencia 30 de agosto 2010.Párr.91. 43 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Fernández Ortega versus México. Sentencia 30 de agosto 2010.Párr. 92. 44 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Fernández Ortega versus México. Sentencia 30 de agosto 2010.Párr. 93. 45 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Fernández Ortega versus México. Sentencia 30 de agosto 2010.Párr. 133. 46 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Fernández Ortega versus México. Sentencia 30 de agosto 2010.Párr. 97.
los derechos a la integridad personal y a la honra y a la dignidad de los familiares de la señora Fernández Ortega hayan sido violados.47 Decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos • El Estado deberá conducir en el fuero ordinario, y dentro de un plazo razonable, la investigación y, en su caso, el proceso penal que tramiten en relación con la violación sexual de la señora Fernández Ortega, con el fin de determinar las correspondientes responsabilidades penales y aplicar, en su caso, las sanciones y demás consecuencias que la ley prevea; • Deberá, de acuerdo con la normativa disciplinaria pertinente, examinar el hecho y la conducta del agente del Ministerio Público que dificultó la recepción de la denuncia presentada por la señora Fernández Ortega; • Deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; • Deberá adoptar las reformas pertinentes para permitir que las personas afectadas por la intervención del fuero militar cuenten con un recurso efectivo de impugnación de tal competencia; • Deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los hechos del presente caso. Y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación y diarios de circulación nacional; •
Brindar el tratamiento médico y psicológico que requieran las víctimas;
Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Fernández Ortega versus México. Sentencia 30 de agosto de 2010.Párr. 142.
Continuar con el proceso de estandarización de un protocolo de actuación, para el ámbito federal y del estado de Guerrero, respecto de la atención e investigación de violaciones sexuales de conformidad con los instrumentos internacionales en la materia;
Implementar programas y cursos permanentes de capacitación sobre investigación diligente en casos de violencia sexual e impartirse a funcionarios federal y del estado de Guerrero;
Capacitar en derechos humanos a los integrantes de las Fuerzas Armadas e implementar un programa permanente de formación;
Otorgar becas de estudios a Noemí, Ana Luz, Colosio, Nelida y Neftalí, todos ellos de apellidos Prisciliano Fernández;
Asegurar los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia sexual, como tratamiento médico y psicológico que requieran las víctimas. Fortaleciendo al personal mediante recursos materiales y capacitación;
Continuar campañas de concientización y sensibilización de la población en general sobre la prohibición y los efectos de la violencia y discriminación contra la mujer indígena;
Facilitar recursos para que la comunidad indígena de Mep’aa cuente con un centro comunitario, a fin de desarrollar actividades educativas en derechos humanos y de las mujeres. De igual manera, la instalación de una escuela secundaria en la comunidad;
Entregar la cantidad de US$ 5.500,00 (cinco mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en pesos mexicanos, por concepto de pérdida de ingresos de la señora Fernández Ortega y del señor Prisciliano Sierra;
Entregar la cantidad de US$ 50.000,00 (cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de la señora Fernández Ortega, como compensación por concepto de daño inmaterial sufrido. Una compensación de US$ 10.000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) para cada una de las hijas mayores, Noemí Prisciliano Fernández y Ana Luz Prisciliano Fernández, y US$ 5.000,00 (cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de cada una de las siguientes personas: Colosio Prisciliano Fernández, Nélida Prisciliano Fernández y Neftalí Prisciliano Fernández. Finalmente, fija en una compensación de US$ 2.500,00 (dos mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América) a favor del señor Prisciliano Sierra.
Entregar la cantidad de US$ 14.000,00 (catorce mil dólares de los Estados Unidos de América), US$ 10.000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América), y US$ 1.000,00 (mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de CEJIL, de Tlachinollan y de la señora Fernández Ortega, respectivamente, por concepto de costos y gastos.
C. Síntesis del Caso Valentina Rosendo Cantú Hechos del Caso Los hechos del caso se llevaron a cabo en un contexto de fuerte presencia militar en el estado de Guerrero dirigida a reprimir grupos delictivos. Guerrero es uno de los estados con mayor población indígena en el país, se enfrentan con barreras estructurales, y por ende, son víctimas de violaciones a sus derechos humanos. 33
La señora Rosendo Cantú es una mujer indígena perteneciente a la comunidad indígena de Me´phaa, originaria de la comunidad de Caxitepec, estado de Guerrero. Al momento de los hechos tenía 17 años, estaba casada con el señor Fidel Bernardino Sierra con quien residía en un lugar que quedaba aproximadamente a una hora caminando de Barranca Bejuco, junto con la hija de ambos, Yenys Bernadino Rosendo, nacida el 23 de noviembre de 2001. La comunidad de Barranca Bejuco se encuentra en una zona montañosa, aislada y, por lo tanto, de difícil acceso. 48 La señora Cantú narra que el 16 de febrero de 2012 se encontraba en un arroyo cercano a su domicilio a donde había acudido a lavar ropa. Cuando se disponía a bañarse, ocho militares, acompañados de un civil que llevaban detenido, se acercaron a ella y la rodearon. Dos de ellos la interrogaron sobre “los encapuchados”, le mostraron una foto de una persona y una lista con nombres, mientras uno de ellos le apuntaba con su arma. Indicó que, “por temor a que ellos fueran a hacerle algo”, les contestó que no conocía a la gente sobre la cual la interrogaban. El militar que la apuntaba la golpeó en el estómago con el arma, haciéndola caer al suelo y perder el conocimiento por un momento. Cuando recobró el conocimiento se sentó, uno de los militares la tomó del cabello mientras insistió sobre la información requerida, indicándole que si no contestaba iban a matarla así como matarían a todos los de Barranca Bejuco. Con violencia le rasguñaron la cara”, le quitaron la falda y la ropa interior y la tiraron al suelo, y uno de ellos la penetró sexualmente, al término de lo cual el otro que también la interrogaba procedió igualmente a penetrarla sexualmente.49
Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Rosendo Cantú versus México. Sentencia 31 de agosto de 2010.Párr.29. 49 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Rosendo Cantú versus México. Sentencia 31 de agosto de 2010.Párr. 30.
El esposo fue a denunciar los hechos a las autoridades comunitarias de Barraca Bejuco. Posteriormente, el 18 de febrero de 2002 la señora Rosendo Cantú, en compañía de su esposo, acudió a una clínica de salud en la comunidad de Caxitepec para que la atendieran por los golpes que recibió, no constando que hubiera indicado al médico que la trató que había sido violada sexualmente. El médico le dio analgésicos y antiinflamatorios para calmar el dolor. El 26 de febrero de 2002 acudieron a Ayutla de los Libres para que fuera atendida en el Hospital, para lo cual tuvieron que caminar aproximadamente ocho horas. Allí fue atendida por el servicio de consulta general, con el antecedente de traumatismo en abdomen.50 Un día después interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual fue admitida. El 8 de marzo de 2002 la señora Rosendo Cantú, en compañía del señor Lugo Cortés y otras personas, interpuso una denuncia por el delito de violación ante el Ministerio Público de Allende. Ese mismo día el Ministerio Público inició la averiguación previa ALLE/SC/02/62/2002 “por el delito de violación. La averiguación previa fue remitida a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. El 8 de abril de 2002, la Procuraduría General de Justicia del Estado, declinó su competencia a favor de la jurisdicción militar. En junio interpone el recurso de amparo que fue denegado. El 10 de noviembre de 2003 se presenta una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.51 Principales argumentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos La Comisión señaló que la violación sexual cometida por miembros de las fuerzas de seguridad de un Estado contra integrantes de la población civil constituye una grave violación a los derechos humanos protegidos en los artículos 5 y 11 de la Convención Americana. En los casos de violación sexual contra mujeres
Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Rosendo Cantú versus México. Sentencia 31 de agosto de 2010.Párr. 32. 51 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Valentina Rosendo Cantú contra los Estados Unidos Mexicanos. 2 de agosto de 2009. Párrs. 42-54.
indígenas, el dolor y la humillación se agrava por su condición de indígena, debido “al desconocimiento del idioma de sus agresores y de las demás autoridades intervinientes, y por el repudio de su comunidad como consecuencia de los hechos”. 52 La Comisión agregó que “una violación sexual, además de afectar la integridad física, psíquica y moral de la víctima, quebranta su dignidad, invade una de las esferas más íntimas de su vida, -la de su espacio físico y sexual- y la despoja de su capacidad para tomar decisiones respecto de su cuerpo conforme a su autonomía”. Por ello, solicitó a la Corte que declare al Estado responsable de la violación de los artículos 5.1 y 11 de la Convención Americana, en perjuicio de la señora Rosendo Cantú, en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento.53 Que la violación sexual sufrida por la señora Rosendo Cantú constituye “un acto de tortura”, ya que concurren los tres elementos de la misma: i) un acto intencional; ii) que causa severos sufrimientos, y iii) que se comete con un fin o propósito.54 Y constituye una de las más agresivas injerencias a la privacidad de una mujer. Los agentes estatales que la violaron invadieron de la manera más arbitraria su cuerpo, afectando su ámbito más íntimo, pues le “negaron su derecho de escoger con quién y cómo establecer relaciones personales, pues la obligaron a mantener relaciones sexuales de manera violenta y contra su voluntad.55
Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Rosendo Cantú versus México. Sentencia 31 de agosto de 2010.Párr. 84. 53 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Rosendo Cantú, versus México. Sentencia 31 de agosto de 2010. Párr. 81 54 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Rosendo Cantú, versus México. Sentencia 31 de agosto de 2010. Párr. 83 55 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Rosendo Cantú, versus México. Sentencia 31 de agosto de 2010. Párr. 84 36
Principales argumentos del Estado mexicano Señaló que no ha sido acreditado el delito ni sus responsables, por lo que no puede reconocer y aceptar que el derecho a la integridad personal y a la honra y a la dignidad han sido violados en perjuicio de la señora Rosendo Cantú.56 El Estado señaló que: i) la declaración de la presunta víctima no constituye por sí sola prueba plena, sino que debe ser valorada en conjunto con otros medios probatorios, que no se han aportado en el caso; ii) la declaración de la señora Estela Bernardino Sierra carece de valor probatorio porque no presenció los hechos; iii) las pruebas periciales que denotaron signos de violencia en forma alguna prueban la relación entre los elementos castrenses y la presunta víctima; iv) la presencia de militares en la zona durante el período en que sucedieron los hechos denunciados responde a tareas de prevención y combate al narcotráfico, y v) los informes de organismos multilaterales a que se refiere la Comisión, en los que se señalan denuncias de abuso sexual contra mujeres indígenas en el estado de Guerrero, no fueron identificados, de manera que tampoco pueden generar indicios ni crear convicción en la Corte. 57
Decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos En términos generales * La Corte concluye que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad y a la vida privada, consagrados, respectivamente, en los artículos 5.2, 11.1 y 11.2 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 del mismo tratado y 1, 2 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como por el incumplimiento del deber establecido en el artículo 7.a de la Convención
Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Rosendo Cantú versus México. Sentencia 31 de agosto de 2010.Párr. 85. 57 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Rosendo Cantú versus México. Sentencia 31 de agosto de 2010.Párr. 86 56
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en perjuicio de la señora Rosendo Cantú; 58 * El Estado es responsable por la violación de los derechos del niño, consagrado en el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de la señora Rosendo Cantú; y
*México incumplió la obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia, establecido en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1. del mismo instrumento, en perjuicio de la señora Rosendo Cantú.
Conducir en el fuero ordinario, dentro de un plazo razonable, la investigación y, en su caso, el proceso penal que tramite en relación con la violación sexual de la señora Rosendo Cantú, con el fin de determinar las correspondientes responsabilidades penales y aplicar, en su caso, las sanciones y demás consecuencias que la ley prevea;
Adoptar en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia;
Adoptar reformas pertinentes para permitir que las personas afectadas por la intervención del fuero militar cuenten con un recurso efectivo de impugnación;
Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Rosendo Cantú versus México. Sentencia 31 de agosto de 2010.Párr. 121.
internacional en relación con los hechos del presente caso;
Estandarización de un protocolo de actuación para el ámbito federal y del estado de Guerrero, respecto de la atención e investigación de violaciones sexuales;
Otorgar becas de estudios a la señora Rosendo Cantú y a su hija;
Entregar la cantidad de US$ 5.500,00 (cinco mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en pesos mexicanos, por concepto de pérdida de ingresos de la señora Rosendo Cantú;
Entregar la cantidad de US$ 60.000,00 (sesenta mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de la señora Rosendo Cantú, como compensación por concepto de daño inmaterial. Asimismo, dados los sufrimientos padecidos como consecuencia de los hechos del caso, particularmente el destierro y desequilibrio de la estructura familiar, se fija la cantidad de US$ 10.000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de Yenys Bernardino Rosendo; y
• Entregar la cantidad de US$ 14.000,00 (catorce mil dólares de los Estados Unidos de América), US$ 10.000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América), y US$ 1.000,00 (mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de CEJIL, de Tlachinollan y de la señora Rosendo Cantú, respectivamente, por concepto de costos y gastos.
III. Avances en el cumplimiento de las sentencias condenatorias para el Estado mexicano 1. Poder Legislativo59 Actualmente México cuenta con 32 entidades federativas con leyes en materia de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 27 entidades cuentan con reglamentos de la ley, y se instalaron 32 Sistemas o Consejos Estatales para Prevenir, Eliminar, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. En la mayoría de las leyes de acceso a una vida libre de violencia contemplan obligaciones a dependencias para llevar a cabo acciones en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Sólo 14 Leyes Estatales y la Ley General contemplan acciones específicas para atender a mujeres indígenas. Y de esas sólo 8 tienen acciones para prevenir la violencia y las demás sólo establecen algunas medidas para la atención de la violencia. Cabe señalar, que los Estados que establecían medidas la prevención y atención de la violencia de mujeres indígenas, eran estados con altos índices de población indígena. Las 31 entidades federativas cuentan con la figura de órdenes de protección, sólo Chihuahua no la contempla, pero en su legislación civil y penal contempla las medidas precautorias que pueden ser otorgadas en función del interés superior de la víctima. En el marco de la legislación en materia de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, 30 entidades federativas incorporaron los tipos de violencia como son; la sexual, psicológica, física, patrimonial y económica. (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Distrito
Información retomada de la Organización de los Estados Americanos, Comisión Interamericana de Mujeres, Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento a la Convención Belém do Pará, Respuesta de México al Cuestionario de la Segunda Ronda de Evaluación Multilateral, 5 abril 2010.
Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas). En este sentido, 24 entidades federativas incluyen la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, contemplan en la definición de violencia contra las mujeres, los elementos de acción, omisión contra las mujeres. (Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas). En la definición de violencia contra las mujeres se contempla que estos elementos tengan como resultado la muerte, daño o sufrimiento, sólo 27 entidades federativas lo contemplan (Baja California Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas). En la definición de violencia contra las mujeres se hace referencia a que dicha afectación se lleve a cabo tanto en el ámbito público como privado, sólo 23 entidades federativas contemplan estos elementos (Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán). Finalmente, sólo 25 entidades federativas contemplan en sus leyes estatales de acceso, una forma de reparación para las víctimas (Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Estado de México,
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas). Recordemos que las mujeres se tienen que enfrentar con barreras estructurales para acceder a la justicia, y en ese periodo sufren de hostigamiento y humillaciones por parte de las autoridades, lo que se puede englobar dentro de una violencia institucional que menoscaba los derechos de las mujeres. En este sentido, las 32 entidades federativas contemplan la violencia institucional en sus leyes estatales en materia de acceso a una vida libre de violencia (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas). Ámbito penal Actualmente 9 entidades federativas tipifican el delito de feminicidio en sus códigos penales: Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Morelos, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Cabe señalar que en el Estado de Chihuahua, desde el 2006, se contempla en el artículo 126 bis, una agravante al homicidio, cuando la víctima es del sexo femenino.60
El pasado 13 de diciembre de 2011, el pleno de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, aprobó por unanimidad la reforma al Código Penal Federal, en la que se destaca la tipificación del Feminicidio como un delito grave, con sanciones de 40 a 60 años de prisión. Esta iniciativa se envió a la Cámara de Senadores para su análisis y efectos legales correspondientes.
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Por otra parte, se cuenta con una Ley Federal y 15 Leyes Estatales para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas: Baja California, Chiapas, Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.61
Actualmente 28 entidades federativas tipifican el delito de trata de personas en sus código penales: (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora , Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas).62 En el delito de violación, 32 entidades federativas lo tipifican en sus respectivos códigos penales, sólo 25 contemplan agravante, si entre los perpetradores se encuentra un agente del Estado: (Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guerrero, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas).
2. Retos que faltan por cumplir Sentencias del Campo Algodonero: • • Tipificación del delito de feminicidio en 23 entidades federativas. Incorporar la figura de órdenes de protección en la ley estatal contra la violencia hacia las mujeres del estado de Chihuahua.
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Información actualizada al mes de octubre de 2011. 63 Información actualizada al mes de octubre de 2011. 44
Sentencia de Fernández Ortega y Rosendo Cantú: • Reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, de acuerdo a los estándares internacionales en derechos humanos. • Adoptar reformas pertinentes para permitir que las personas afectadas por la intervención del fuero militar cuenten con un recurso efectivo de impugnación. • Reformar 18 de las leyes estatales en materia de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, para incorporar acciones de prevención y atención de violencia contra las mujeres indígenas.
Referencias Bibliográficas Amorós, C, (2001). Feminismo. Igualdad y diferencia, PUEG-UNAM, México. Barrére Unzueta, M. (2001) “Problemas del Derecho Antidiscriminatorio: subordinación, versus discriminación y acción positiva versus igualdad de oportunidades”, en Revista Vasca de Administración Pública, Número 60. Birgin H. (2006), Acceso a la justicia como garantía de igualdad: Instituciones, actores y experiencias comparadas. Biblos, Buenos Aires Argentina. CEJIL, (2001). Compilación de Instrumentos, 3ª edición, San José, Costa Rica. Faúndez Ledesma, Héctor, (2004)El Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos: Aspectos Institucionales y procesales, IIDH, San José, Costa Rica. Fix Zamudio, H. (1999). México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2a. edición, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México. GALTUNG, J. (1969). Violence, peace and peace research. Journal of peace research. Vol.6. Oslo, Noruega Gutiérrez I. (2005), Dignidad de la persona y los derechos fundamentales, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid. Hitters, J.C (1991), Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Tomo I, Ediar, Argentina. IIDH, (2004). Los derechos humanos de las mujeres: fortaleciendo su promoción y protección internacional, de la formación a la acción, IIDH, CEJIL, San José, Costa Rica. Seara Vázquez, M, (1992). Derecho Internacional Público, Porrúa, México, Serret, E., (2004). Género y Democracia, Instituto Federal Electoral, México. Ventura Robles, M. (septiembre 2005), “La jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos en materia de acceso a la justicia e impunidad”, Taller Regional sobre Democracia, Derechos Humanos y Estado de Derecho, OACNUDH, San José Costa Rica.
Jurisprudencia internacional Comisión Interamericana de Derechos Humanos Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Campo Algodonero. 4 de noviembre de 2007. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Fernández Ortega, en contra de los Estados Unidos Mexicanos. 7 de mayo de 2009. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Valentina Rosendo Cantú contra los Estados Unidos Mexicanos. 2 de agosto de 2009. Organización de los Estados Americanos, Comisión Interamericana de Mujeres, Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento a la Convención Belém do Pará, Respuesta de México al Cuestionario de la Segunda Ronda de Evaluación Multilateral, 5 abril 2010. Corte Interamericana de Derechos Humanos Opiniones Consultivas Opinión Consultiva OC-1/82. “Otros Tratados” objeto de la función consultiva de la Corte. Sentencia del 24 de septiembre de 1982. Opinión consultiva OC-8/87, “El habeas corpus bajo suspensión de garantías: arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos, 30 enero de 1987. Opinión consultiva OC-11/1990, “Excepciones al agotamiento de los recursos internos (arts. 46.1, 46.2.a y 46.2.b. Convención Americana sobre Derechos Humanos”. 10 de agosto de 1990. Opinión Consultiva OC-13/93.”Ciertas atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” (arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), del 16 de julio de 1993. Opinión Consultiva OC-14/94. “Responsabilidad Internacional por la expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención”. (artículos 1 y 2 de la Convención Americana), del 9 de diciembre de 1994.
Casos contenciosos Corte IDH, Caso Velázquez Rodríguez, Sentencia 29 de julio de 1988. Corte IDH, Caso Godínez Cruz, Sentencia 20 de enero 1989, Corte IDH, Caso Fairén Garbi y Solís, 15 de marzo de 1989. Corte IDH, Caso Paniagua Morales. Sentencia de 8 de marzo de 1998. Corte IDH, Caso Castillo Petruzzi y otros. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Corte IDH, Caso Cantos, Excepciones preliminares. Sentencia del 7 de septiembre de 2001. Corte IDH, Caso Ivcher Bronstein, competencia. Sentencia del 24 de septiembre de 1999. Corte IDH, Caso Tribunal Constitucional, competencia. Sentencia del 24 de septiembre de 1999. Corte IDH, Caso las Palmeras, Excepciones Preliminares. Sentencia del 4 de febrero del 2000. Corte IDH, Caso González y otras versus México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Corte IDH, Caso Fernández Ortega versus México. Sentencia 30 de agosto de 2010. Corte IDH, Caso Rosendo Cantú versus México. Sentencia 31 de agosto de 2010.
CEAMEG Cámara de Diputados LXI Legislatura 24 de enero de 2012 www3.diputados.gob.mx/camara/CEAMEG ceameg@congreso.gob.mx / 50-36-00-00 Ext. 59216 Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género Dip. Mirna Lucrecia Camacho Pedrero
Dip. María Elena Pérez de Tejada Romero Dip. O. Magdalena Torres Abarca
Dip. Jaime Fernando Cárdenas Gracia Dip. Rosa Adriana Díaz Lizama Dip. Margarita Gallegos Soto Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo Dip. Marcela Guerra Castillo Dip. Elvia Hernández García Dip. Elsa María Martínez Peña Dip. Juan Carlos Natale López Dip. Adela Robles Morales Dip. Enoé Margarita Uranga Muñoz
Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género Mtra. María de los Ángeles Corte Ríos
Directora Interina de la Dirección de Estudios Jurídicos de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Equidad de Género
Directora Interina de la Dirección de Estudios Sociales de la Posición y Condición de las Mujeres y la Equidad de Género
Mtra. Lesley Alexia Ramírez Medina
Agenda Legislativa Federal para el Empoderamiento Económico de las Mujeres MexicanasInmujeres Valor económico del trabajo domésticoCuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares boletín de prensa InmujeresPolíticas de gasto público y equidad de géneroIntegración del género en los ministerios de finanzasLa hora de la igualdad en el trabajoLa hora de la igualdad en el trabajoLa hora de la igualdad en el trabajoLa hora de la igualdad en el trabajoLa hora de la igualdad en el trabajoInmujeres Igualdad Mujeres y HombresEmpoderamiento económico de la mujerLA ECONOMÍA DEL CUIDADO EN AMÉRICA LATINATrabajo y Familia Reporte México Consolidado Observatorio Ciudadano de los Derechos de las Mujeres 2006Observaciones Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la MujerCEDAW Conceptos Básicos de GéneroREVISIÓN DE LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA GARANTIZAR LA EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS CONSAGRADOS EN ÉSTASFeminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios, 1985-2009Aprueban diputados en Comisión dictamen para prohibir discriminaciónTomo IV.-El adelanto de las mujeres a través del trabajo parlamentarioTomo II.-Compilación de la legislación que tutela los derechos humanos de las mujeres en MéxicoTomo I.- Protocolo teórico metodológico para la verificación del grado de tutela de derechos de las mujeres en el orden jurídico mexicano
INFORME SOBRE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS CONTRA EL ESTADO MEXICANO, PARTICULARMENTE EN LOS CASOS: CAMPO ALGODONERO Y, LAS MUJERES INDÍGENAS GUERRERENSES INÉS FERNÁNDEZ ORTEGA Y VALENTINA ROSENDO CANTÚ by MujeresAlCien252 viewsEmbedDownloadDescriptionEl presente documento pretende dar un panorama general del grado de
cumplimiento que se observa desde el Poder Legislativo, de las sentencias
emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humano...El presente documento pretende dar un panorama general del grado decumplimiento que se observa desde el Poder Legislativo, de las sentenciasemitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos deGonzález y otras; Fernández Ortega y Rosendo Cantú. México forma parte de laOrganización de los Estados Americanos (OEA) y de los órganos e instrumentosque la integran.Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentShow moreShow less