Source: http://www.revistanaval.com/www-alojados/blimdanet/historias/actualidad/derecho.htm
Timestamp: 2017-10-24 02:21:50
Document Index: 162413901

Matched Legal Cases: ['artículo 35', 'artículo 85', 'artículo 96', 'artículo 609', 'artículo 610', 'artículo 55', 'artículo 611', 'artículo 4', 'artículo 43', 'artículo 4', 'artículo 44', 'artículo 43', 'artículo 612', 'artículo 37', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 613', 'artículo 54']

PROTECCION DE LAS PERSONAS Y BIENES EN CASO DE CONFLICTO ARMADO
"LAS HISTORIAS DE BLIMDANET" ofrecen este interesante artículo extractado del Boletín de la EIM.
"La guerra no es una relación de hombre a hombre, sino de Estado a Estado, en el que los particulares no son enemigos más que accidentalmente, no como hombres, ni como ciudadanos, sino como soldados... Siendo el fin de la guerra la destrucción del Estado Enemigo, hay derecho a matar a sus defensores mientras conservan las armas en la mano; pero en cuanto las entregan y se rinden, dejan de ser enemigos, vuelven a ser simplemente hombres y no hay derecho sobre sus vidas".
Jean-Jacques Rousseau: "El Contrato Social".
La guerra supone, en su propia esencia, el ejercicio de la violencia en las personas y bienes del adversario. Pero la exterminación absoluta del enemigo y de sus medios de subsistencia pugna con las más elementales consideraciones éticas y jurídicas. Dichas consideraciones exigen poner un límite a la violencia bélica ilimitada, conforme refleja el artículo 35 del Protocolo de Ginebra de 1977 sobre protección a las víctimas de los conflictos internacionales: "En todo conflicto armado, el derecho de las Partes en conflicto a elegir los métodos o medios de hacer la guerra no es ilimitado".
España se ha adherido y ha ratificado varios Convenios Internacionales multilaterales que regulan la protección de las personas y los bienes durante los conflictos armados internacionales e internos.
Todos estos Convenios contienen una cláusula por la que sólo las Partes Contratantes se obligan a su observación, así como que se comprometan a recoger en su legislación penal interna la sanción de las conductas que infrinjan gravemente lo convenido. Así, los Convenios de Ginebra de 1949 disponen: "Las altas partes contratantes se comprometen a tomar todas las medidas legislativas necesarias para fijar las adecuadas sanciones penales que hayan de aplicarse a las personas que cometan, o den la orden de cometer, cualquiera de las infracciones graves al presente Convenio ..."
Cada una de las Partes Contratantes tendrá obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, o mandado cometer, cualquiera de las infracciones graves, debiendo hacerlas comparecer ante sus propios tribunales, sea cual fuere la nacionalidad de ellas .
El artículo 85.5 del Protocolo I define como crímenes de guerra, las infracciones graves recogidos en los Convenios y en el presente Protocolo, que son:
- El homicidio intencional, tortura o tratos inhumanos, incluso las experiencias biológicas, el causar de propósito grandes sufrimientos o realizar atentados graves a la integridad física o la salud, la destrucción y apropiación de bienes, no justificada por necesidades militares y ejecutadas en gran escala de manera ilícita y arbitraria.
- Toda acción u omisión deliberada que ponga gravemente en peligro la salud o la integridad física o mental de toda persona en poder de una Parte distinta de aquella de la de que depende, sea que viole cualquiera de las prohibiciones siguientes: la salud y la integridad física o mental de las personas en poder de la Parte adversa, las mutilaciones físicas, los experimentos médicos o científicos y las extracciones de tejidos u órganos para trasplantes
- Hacer objeto de ataque a la población civil o a personas civiles, lanzar un ataque indiscriminado que afecte a la población civil o bienes de carácter civil a sabiendas, hacer objeto de ataque a localidades no defendidas y zonas desmilitarizadas, hacer objeto de ataque a una persona a sabiendas de que está fuera de combate, así como hacer uso pérfido de la Cruz Roja, Media Luna Roja, o del León y Sol Rojos, o de otros signos protectores.
- El traslado por la Potencia ocupante de parte de su propia población civil al territorio que ocupa, o de la deportación o el traslado en el interior o fuera del territorio ocupado de la totalidad o parte de la población de ese territorio, la demora injustificable en la repatriación de prisioneros de guerra o de personas civiles, las prácticas del apartheid, y el hecho de privar a una persona protegida por los Convenios de su derecho a ser juzgada normal e imparcialmente.
- Dirigir un ataque a monumentos históricos, obras de arte o lugares de culto que constituyan el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos y se haya conferido protección especial en virtud de acuerdos especiales celebrados, y cuando tales obras de arte o culto no están situadas en la inmediata proximidad de objetivos militares.
Según el artículo 96.1 de nuestra Constitución de 1978: "Los tratados internacionales válidamente celebrados, y una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno". Por lo que conlleva a que las normas internacionales sean incorporadas a nuestro Derecho Penal respetando, por tanto, el principio de legalidad y tipicidad expresa que caracteriza las leyes penales.
Nuestro Código Penal de 1995 recoge en sus artículos 608 a 614, que forma el Capítulo "De los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado", dentro del Título "delitos contra la comunidad internacional", los compromisos internacionales adquiridos por España, haciendo una referencia expresa a los siguientes convenios: Convenio II de la Haya de 29 de julio de 1899, Convenios I, II, III y IV de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y a sus respectivos Protocolos I y II adicionales de 8 de junio de 1977, como de cualquier otro Tratado Internacional de los que España fuera parte, por lo que aunque no hace referencia, recoge el contenido de los Convenios de la Haya de 18 de octubre de 1907 relativo a los derechos y deberes de las potencias y personas neutrales en caso de guerra terrestre, y el del 14 de mayo de 1954 sobre protección de bienes culturales en caso de conflicto armado.
El artículo 609 condena:
"El que, con ocasión de un conflicto armado, maltrate de obra o ponga en grave peligro la vida, la salud o la integridad de cualquier persona protegida, la haga objeto de tortura o tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, cause grandes sufrimientos o le someta a cualquier acto médico que no esté indicado por su estado de salud ni de acuerdo con las normas médicas generalmente reconocidas que la Parte responsable de la actuación aplicaría, en análogas circunstancias médicas, a sus propios nacionales no privados de libertad".
- Son personas protegidas, los militares que han depuesto las armas o han quedado fuera de combate por herida, enfermedad, detención o cualquier otra causa; se exceptúan los mercenarios, que no podrán gozar del estatuto de combatiente o prisionero de guerra.
- En las personas civiles se entiende que comprenden a todos aquellos que se abstengan de todo acto de hostilidad. También queda protegida la población de un territorio no ocupado que tome espontáneamente las armas contra el enemigo invasor que se acerca, sin llegar a constituirse en fuerza armada regular siem pre que lleve las armas visiblemente y respete las leyes y costumbres de la guerra.
- Los heridos, enfermos o náufragos y el personal sanitario o religioso protegido por los I y II Convenios de Ginebra o por el Protocolo I. Entre los heridos y enfermos se incluyen tanto a militares como a civiles, los náufragos, sean civiles o militares, que se encuentren en situación de peligro en el mar o en otras aguas a consecuencia de un infortunio propio o de la nave que les transportaba.
- El personal religioso, sea militar o civil, como capellanes, dedicados exclusivamente a su ejercicio y adscritos a las fuerzas armadas de una Parte, a las unidades sanitarias y a los organismos de protección civil de una parte en conflicto.
- También se consideran personas protegidas los prisioneros de guerra.
El artículo 610 del Código Penal de 1995 dispone que "será castigado el que, con ocasión de un conflicto armado, emplee u ordene emplear métodos o medios de combate prohibidos o destinados a causar sufrimientos innecesarios o males superfluos, así como aquellos concebidos para causar o de los que fundadamente quepa prever que causen daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural, comprometiendo la salud o la supervivencia de la población".
El protocolo I dispone en sus artículos 54 y 55 que se prohíbe como método de guerra hacer padecer hambre a personas civiles, así como atacar, destruir, sustraer o inutilizar los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, y el artículo 55 establece la protección del medio ambiente natural estableciendo la prohibición de emplear métodos o medios de hacer la guerra que causen daños en el medio ambiente natural que comprometan la salud o la supervivencia de la población, quedando prohibidos dichos ataques contra el medio natural como represalias.
El artículo 611 del Código Penal castiga al que con ocasión de conflicto armado:
"Realice u ordene realizar ataques indiscriminados o excesivos o haga objeto a la población civil de ataques, represalias o actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizarla" (...)
El Protocolo I da una definición de personas civiles y de población civil: Es persona civil cualquiera que no pertenezca a una de las categorías de personas a que se refiere el artículo 4 a, 1), 2), 3) y 6) del III Convenio, y el artículo 43 del presente Protocolo. En caso de duda acerca de la condición de una persona, se la considerará como civil. La población civil comprende a todas las personas civiles. La presencia entre la población civil de personas cuya condición no responda a la definición de persona civil no priva a esa población de su calidad de civil.
(...) "Destruya o dañe, violando las normas de Derecho Internacional aplicables en los conflictos armados, buque o aeronave no militares de una Parte adversa o neutral, innecesariamente, y sin dar tiempo o sin adoptar las medidas necesarias para proveer a la seguridad de las personas y a la conservación de la documentación de a bordo".
- Como normas del Derecho Internacional aplicables serán las leyes y usos de la guerra como lo que se ha denominado principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario.
(...) "Obligue a un prisionero de guerra o persona civil a servir, en cualquier forma, en las Fuerzas Armadas de la Parte adversa, o les prive de su derecho a ser juzgados regular e imparcialmente".
- En cuanto a los prisioneros de guerra, la III Convención de Ginebra de 12 de agosto de 1949 define en su artículo 4 quién se puede beneficiar de tal carácter en cuanto caen en poder de Parte adversa hasta su liberalización y repatriación:
1) los miembros de las fuerzas armadas de una Parte contendiente, así como miembros de milicias y cuerpos de voluntarios que forman parte de esas fuerzas;
2) miembros de otras milicias y miembros de otros cuerpos voluntarios que sin estar integrados en las fuerzas armadas figuren a su cabeza una persona responsable, lleven signo distintivo fijo y fácil de reconocer a distancia, que lleven francamente armas y que actúen en sus operaciones conforme a las costumbres y leyes de la guerra;
3) miembros de las fuerzas armadas regulares pertenecientes a un Gobierno o a una autoridad no reconocidos por la Potencia en cuyo poder hayan caído;
4) personas que sigan a las fuer zas armadas sin formar parte integrante de ellas;
5) miembros de las tripulaciones de la marina mercante y de la aviación civil;
6) la población de un territorio no ocupado que tome espontáneamente las armas para combatir a las tropas invasoras, siempre que lleven francamente las armas y respeten las leyes y usos de la guerra.
- También, dicho artículo dice que se beneficiarán igualmente del trato que el presente Convenio hace a los prisioneros de guerra:
1) las personas que pertenezcan o hayan pertenecido a las fuerzas armadas de un país ocupado, y la Potencia ocupante considera necesario su internamiento;
2) las personas enumeradas anteriormente, que hayan sido recibidas en sus territorios por Potencias neutrales o no beligerantes, y a quienes éstas tengan obligación de internar en virtud del derecho internacional.
- Los heridos, enfermos, náufragos de una parte beligerante, caídos en poder del adversario, serán prisioneros de guerra, siéndoles aplicables las reglas del derecho de gentes relativas a prisioneros de guerra.
También quedarán como prisioneros de guerra los enfermos, heridos y náufragos, así como la tripulación de las aeronaves sanitarias, en caso de aterrizaje o amaraje fortuito en territorio enemigo u ocupado por éste. El artículo 44 del Protocolo I dice: "Todo combatiente, tal como queda definido en el artículo 43, que caiga en poder de una Parte adversa será prisionero de guerra"; por tanto, serán prisioneros de guerra las fuerzas, grupos y unidades armadas y organizadas de una Parte en conflicto que reúna los requisitos del art. 43 del mismo Protocolo.
(...)"Deporte, traslade de modo forzoso, tome como rehén o detenga ilegalmente a cualquier persona protegida".
(...) "Traslade y asiente en territorio ocupado a población de la Parte ocupante, para que resida en él de modo permanente".
(...) "Realice, ordene realizar o mantenga, respecto de cualquier persona protegida, prácticas de segregación racial y demás prácticas inhumanas y degradantes basadas en otras distinciones de carácter desfavorable, que entrañen un ultraje contra la dignidad personal".
(...) "Impida o demore, injustificadamente, la liberación o la repatriación de prisioneros de guerra o de personas civiles".
El artículo 612 castiga al que con ocasión de un conflicto armado:
(...) "Viole a sabiendas la protección debida a unidades sanitarias y medios de transporte sanitarios, campos de prisioneros, zonas y localidades sanitarias y de seguridad, zonas neutralizadas o lugares de internamiento de la población civil, localidades no defendidas y zonas desmilitarizadas, dadas a conocer por los signos distintivos apropiados".
- El Protocolo I define lo que son unidades sanitarias, transporte sanitario, localidades no defendidas y zona desmilitarizada.
- El III Convenio de Ginebra no define lo que es un campo de prisioneros, aunque sí trata de las condiciones que debe reunir. Las zonas y localidades sanitarias y de seguridad tienen como objeto poner al abrigo de los efectos de la guerra a los heridos y enfermos, así como al personal encargado de la organización y administración de dichas zonas y localidades y de las personas en ellas concentradas. Son zonas neutralizadas las destinadas a poner al abrigo los peligros de los combates, sin distinción alguna a los heridos y enfermos combatientes o no combatientes personas civiles.
(...)"Ejerza violencia sobre el personal sanitario o religioso o integrantes de la misión médica o de las sociedades de socorro".
(...)"Injurie gravemente, prive o no procure el alimento indispensable o la asistencia médica necesaria a cualquier persona protegida o la haga objeto de tratos humillantes o degradantes, prostitución inducida o forzada o cualquier forma de atentado a su pudor, omita informarle, sin demora justificada y de modo comprensible, de su situación, imponga castigos colectivos por actos individuales, o viole las prescripciones sobre alojamiento de mujeres y familias o sobre protección especial de mujeres y niños establecidas en los Tratados Internacionales en los que España fuere parte".
(...) "Use indebidamente o de modo pérfido los signos protectores o distintivos, emblemas o señales establecidos y reconocidos en los Tratados Internacionales en los que España fuere parte, especialmente los signos distintivos de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja".
El artículo 37 del Protocolo I define la perfidia como los actos que, apelando a la buena fe de un adversario con intención de traicionarla, den a entender a éste que tiene derecho a protección, o que está obligado a concederla, de conformidad con las normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados.
El artículo 8.1) del Protocolo I define lo que es signo distintivo, como la Cruz Roja, la Media Luna Roja o el Leon y Sol Rojos sobre el fondo blanco, cuando se utilice la protección de unidades y medios de transporte sanitarios y del personal sanitario y religioso, su equipo y material.
El artículo 8.m) define la señal distintiva como todo medio de señalización especificado en el Capítulo III del Anexo I del Protocolo y destinado exclusivamente a la identificación de las unidades y de los medios de transporte sanitario.
(...)"Utilice indebidamente o de modo pérfido bandera, uniforme, insignia o emblema distintivo de Estados neutrales, de las Naciones Unidas o de otros Estados que no sean partes en el conflicto o de Partes adversas, durante los ataques o para cubrir, favorecer, proteger u obstaculizar operaciones militares, salvo en los casos exceptuados expresamente previstos en los Tratados Internacionales en los que España fuere parte".
Complementando las prohibiciones de los artículos 37 a 39, del Protocolo I:
(...) "Utilice indebidamente o de modo pérfido bandera de parlamento o de rendición, la bandera de parlamento y la de rendición es blanca, atente contra la inviolabilidad retenga indebidamente a parlamentario o a cualquiera de las personas que lo acompañen, a personal de la Potencia Protectora o su sustituto, o a miembro de la Comisión Internacional de Encuesta".
(...) "Despoje de sus efectos a un cadáver, herido, enfermo, náufrago, prisionero de guerra o personal civil internado".
El artículo 613 condena al que:
(...)"Ataque o haga objeto de represalias o de actos de hostilidad a bienes culturales o lugares de culto claramente reconocidos, que constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos y a los que haya conferido protección en virtud de acuerdos especiales, causando como consecuencia extensas destrucciones de los mismos y siempre que tales bienes no estén situados en la inmediata proximidad de objetivos militares o no sean utilizados en apoyo del esfuerzo militar del adversario".
Los bienes culturales y los lugares de culto están protegidos por el Convenio de la Haya de 29 de julio de 1899 sobre leyes y usos de la guerra terrestre, el Convenio de la Haya de 18 de octubre de 1907 sobre bombardeo por fuerzas navales en tiempo de guerra, el Convenio de la Haya de 14 de mayo de 1954 sobre protección de bienes culturales en caso de conflicto armado, y Protocolo I Adicional de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949.
(...)"Ataque o haga objeto de represalias o de actos de hostilidad a bienes de carácter civil de la Parte adversa, causando su destrucción, siempre que ello no ofrezca, en las circunstancias del caso, una ventaja militar definida o que tales bienes no contribuyan eficazmente a la acción militar del adversario".
Según el Protocolo I son bienes de carácter civil todos los bienes que no son objetivos militares. Los ataques se limitarán estrictamente a los objetivos militares, que son los que se limitan a aquellos objetos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar o cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca en las circunstancias del caso una ventaja militar definida. En caso de duda acerca de si un bien que normalmente se dedica a fines civiles, se utiliza para contribuir eficazmente a la acción militar, se presumirá que no se utiliza con tal fin.
(...) "Ataque, destruya, sustraiga o inutilice los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, salvo que la Parte adversa utilice tales bienes en apoyo directo de una acción militar o exclusivamente como medio de subsistencia para los miembros de sus Fuer zas Armadas". El artículo 54 del Protocolo I regula la protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil estableciendo las prohibiciones como las excepciones.
(...) "Ataque o haga objeto de represalias a las obras o instalaciones que contengan fuerzas peligrosas, cuando tales ataques puedan producir la liberación de aquellas fuerzas y causar, en consecuencia, pérdidas importantes en la población civil, salvo que tales obras o instalaciones se utilicen en apoyo regular, importante y directo de operaciones militares y que tales ataques sean el único medio factible de poner fin a tal apoyo". El Protocolo I cita como obras o instalaciones que contienen fuerzas peligrosas a las presas, los diques y las centrales nucleares de energía eléctrica.
La citada protección cesará: para las presas o diques si se utilizan para funciones distintas de aquellas a que normalmente están destinados en apoyo regular, importante y directo de operaciones militares, y si tales ataques son el único medio factible de poner fin a tal apoyo, y para las centrales nucleares de energía eléctrica, solamente si suministran corriente eléctrica en apoyo regular, importante y directo de operaciones militares, y si tales ataques son el único medio factible de poner fin a tal apoyo.
(...)"Destruya, dañe o se apodere, sin necesidad militar, de cosas que no le pertenezcan, obligue a otro a entregarlas o realice cualesquiera otros actos de pillaje". La destrucción y apoderamiento de cosas deben de ser ilícitos.
El art. 614 recoge un tipo abierto de norma penal, que castiga (...)"otras infracciones o actos contrarios a las prescripciones de los Tratados Internacionales en los que España fuere parte y relativos a la conducción de las hostilidades, protección de los heridos, enfermos y náufragos, tanto de los prisioneros de guerra, protección de las personas civiles y protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado", haciendo una previsión para incluir futuras conductas recogidas en Tratados Internacionales.
- Manual de Derecho de Guerra. Estado Mayor del Ejército. 1986.
- Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales. Pastor Ridruejo. Ed. Tecnos 1989.
- El cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre protección de las personas y de los bienes en caso de conflicto armado. Alicia Rodríguez Núñez. III Congreso Andaluz de Ciencias Penales. 1996.
- Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal Militar.
- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Código Penal.