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Timestamp: 2019-09-23 07:18:32
Document Index: 226102944

Matched Legal Cases: ['artículo 138', 'artículo 146', 'artículo 268', 'Artículo 1', 'Artículo 7', 'artículo 241']

7 de julio del 2018.
Palabras de bienvenida a cargo del Dr. Servio Tulio Castaños G, Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS. 5 de junio de 2019
Saludamos y agradecemos la presencia de cada uno de ustedes a esta mesa de diálogo que tiene como objetivo contribuir al análisis de uno de los elementos que inciden en uno de los más graves problemas que afecta a la sociedad dominicana en la actualidad: la inseguridad ciudadana.
Quienes intervienen en la discusión de este tema insisten en la complejidad tanto de su estudio como de las vías para enfrentarlo. Insisten, con razón, que por encima de las diferentes interpretaciones que coexisten acerca de su naturaleza o evolución, es preciso que como sociedad organizada podamos encontrar las formas adecuadas para estructurar planes, estrategias y/o políticas que permitan frenar, prevenir, investigar y castigar a quienes a través de la violencia y otros mecanismos cometen delitos y crímenes.
Leemos que la inseguridad ciudadana debe ser abordada desde una perspectiva integral, multidimensional, interdisciplinaria e interinstitucional. Esto significa que para tener éxito en su enfrentamiento debemos tomar en consideración todas las variables y factores sociales, culturales, políticos, económicos y psicológicos que la generan.
Por ello hemos propuesto que como Estado y sociedad afrontemos conjuntamente la tarea de elaborar un plan nacional de seguridad ciudadana efectivo que aborde las estrategias a seguir incluyendo directrices integrales, entre las que se podrían mencionar: medidas preventivas, reformas legales, institucionales, adecuada inversión pública en programas sociales, replanteamiento de las relaciones Estado comunidades y el compromiso persistente de una voluntad política amplia y sostenida.
En el día de hoy nos centraremos en la necesidad de realizar las reformas urgentes al ordenamiento jurídico ligado a este tema, y de manera particular queremos resaltar la importancia de trabajar en la aprobación de un Código Penal adecuado a estos nuevos tiempos, que garantice a la sociedad que los delitos y crímenes típicos de esta etapa, así como los delitos tradicionales podrán ser investigados y que los responsables de las mismas serán acusados ante los tribunales por violaciones a disposiciones legales específicas.
Es triste escuchar las historias de que existe un importante grupos de delitos y crímenes que en nuestro Código Penal no están tipificados. Que criminales burlan la justicia y hacen daño sin la consecuencia que se merecen simplemente porque tenemos un código penal que tiene un atraso de décadas, permaneciendo estancado en algunas áreas. Seguimos de espaldas a la realidad de la globalización internacional, sin instrumentos legales que permitan enfrentar los crímenes complejos y transnacionales que hoy nos afectan.
Son muchas las áreas que deben mejorarse y que necesitan profundización en un nuevo Código Penal. Basta un ejemplo para entender la complejidad de este problema. En los últimos días se ha operado una modalidad de criminalidad que ha sido denominada como Secuestro Exprés en los medios de comunicación. Para sorpresa de muchos, esta figura no existe en el Código y sus elementos constitutivos están dispersos en otros delitos que no encierran la gravedad del crimen que enfrentamos.
Para ayudarnos a comprender las implicaciones que se desprenden de la necesidad de armonizar nuestro marco jurídico penal con las prácticas delictivas actuales y las posibilidades de tener mejores instrumentos para su investigación y castigo, contamos con la participación de juristas altamente calificados en materia penal.
Ellos son: Ricardo Rojas León (abogado) y Eric Raful (abogado), con vasta experiencia en la materia. Entendiendo que una reforma del Código Penal requiere aunar esfuerzos con el Poder Legislativo, nos complace contar con la perspectiva del honorable diputado Henry Merán, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
Gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación a compartir sus ideas e iniciativas con nosotros.
FINJUS Y Fundación Prensa y Derecho tienen el honor de invitarle al panel ¨Libertad de Expresión-Partidos Políticos-Redes Sociales
Análisis de la sentencia TC/0092/19 sobre inconstitucionalidad del artículos 44.6 de la ley 33-18 de Partidos Políticos¨. Info. 809-227-3250 ext.230
Los recientes hechos delictivos que reportan las redes y medios de comunicación, en especial ligados a los llamados “secuestros exprés”, han ocupado la atención social, incrementando la preocupación y la percepción de inseguridad generalizada. Estos no son hechos novedosos ni pueden atribuirse exclusivamente a la influencia foránea o a un factor particular. Reflejan, de manera descarnada, la debilidad de las instituciones claves en el sistema de la seguridad ciudadana y sobre todo la falta de políticas públicas modernas y la ineficiencia de la inversión social en esta materia.
Para FINJUS este cuadro, que lamentablemente se repite cada temporada, amerita la reflexión profunda y la acción coordinada del Estado y la sociedad sobre la seguridad ciudadana para consensuar, formular e implementar los planes y políticas que sirvan de sostén a un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana con bases sólidas, recursos adecuados y voluntad política para hacer que el imperio de la ley, la prevención, la persecución y el castigo oportuno y efectivo se hagan realidad en nuestro país.
Desde su complejidad, la seguridad ciudadana debe ser abordada de manera integral, multidimensional, interdisciplinaria e interinstitucional. Hasta el momento han resultado infructuosos los sucesivos “planes” de prevención y control de la delincuencia, pues se han basado en políticas públicas aisladas, impregnadas de populismo penal, sensacionalismo y golpes de efecto sin continuidad, lo que inevitablemente ha generado mayor inseguridad.
Se ha insistido que la inseguridad se traduce en elevados costos sociales y económicos, afectando la productividad, el crecimiento económico y la reducción de los ingresos de todas las capas sociales. Se repite una y otra vez que es urgente formular un efectivo plan nacional de seguridad ciudadana que armonice medidas preventivas, reformas legales, institucionales, inversión pública en programas sociales, así como el replanteamiento de las relaciones entre el Estado y las comunidades, incluyendo nuevos actores como son los ayuntamientos.
FINJUS entiende que hemos dado importantes pasos para la reforma legal relacionada con las nuevas perspectivas de la seguridad ciudadana, siendo su punto luminoso la adopción de la nueva Ley Orgánica de la Policia Nacional. Están elaborados y prácticamente consensuados en el Congreso Nacional los proyectos de Leyes de reforma del Ministerio de Interior y Policia y el Código Penal. Faltan por adoptar los reglamentos que ordena la nueva Ley de la Policía, cuya aprobación por parte del Poder Ejecutivo no debe ser entorpecida ni limitada como hasta el momento.
En el caso del Código Penal su aprobación no admite más demoras, dado que el actual Código se remonta a épocas en que el raterismo y las fullerías concentraban la atención social y que no está diseñado para enfrentar las nuevas modalidades de crimen organizado, transnacional y tecnológico, así como un conjunto de conductas antijurídicas tan diversas como el atraco, el recién denominado secuestro exprés, entre otros. Sin un Código Penal moderno, que responda a la realidad actual y sea un instrumento efectivo del sistema de justicia penal contra la criminalidad, seguiremos sucumbiendo a todas las amenazas que ya están presentes entre nosotros.
FINJUS considera que ha llegado la hora para elaborar un plan nacional por la seguridad ciudadana que contemple el diseño de estrategias integrales, programas e instituciones responsables y la definición pormenorizada de los recursos que se requieren. Esta es una de las prioridades nacionales para encaminarnos hacia una sociedad donde la convivencia pacífica, el respeto de los derechos de los demás y la tolerancia sean el sustento del progreso económico y social y el fortalecimiento de las instituciones.
Agradecemos a la comisión de ética pública del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES (CEP-MICM) por su invitación a participar en este diálogo alrededor de una cuestión de tanta relevancia para la función pública como lo es “el delito de corrupción”. Vemos con agrado la creación de estos espacios de conversación, orientación y concienciación desde el seno de la Administración Pública, pues reitera el compromiso estatal y gubernamental de combatir este flagelo que tanta preocupación genera en la sociedad.
En efecto, socializar esta problemática con quienes deben afrontarlas en primer orden, es decir, con ustedes los servidores públicos, permite razonar sobre la necesidad de garantizar la transparencia de los recursos públicos en las instituciones y deviene en el fomento del apego a la ética y en el establecimiento de una cultura de integridad desde la misma Administración.
Desde la Fundación Institucionalidad y Justicia, de manera reiterada, junto a otras organizaciones sociales y entes gubernamentales, hemos asumido la discusión sobre este tema procurando siempre colaborar en el planteamiento de soluciones que promuevan la consolidación de un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho.
Consideramos que el modelo estatal que se encuentra configurado en nuestra Constitución condena la realización de prácticas patrimonialistas y clientelistas ya que las mismas afectan la garantía efectiva de los derechos de los ciudadanos, además de que obstaculizan el proceso de construcción de un orden justo y democrático en cualquier sociedad. La sociedad con elevados índices de corrupción se caracterizan por un considerable atraso, constituyendo uno de los frenos u obstáculos para el desarrollo nacional y en especial para la modernización de sus instituciones.
En esta ocasión desearía ocupar su valiosa atención haciendo algunas puntualizaciones con relación al delito de corrupción, enfatizando aquellos que están tipificados en el marco legislativo dominicano; esto sin dejar de lado la necesidad de reflexionar sobre la forma de como la corrupción se convierte en el flagelo que distorsiona el discurrir de la administración pública.
Referirnos a la corrupción, en el caso que nos ocupa que es en el contexto estatal, amerita entender su contenido. Esta práctica alude a la utilización de funciones públicas y de medios destinados al interés general en provecho de sus gestores, esto es de quienes están obligados a bien administrarlos. La doctrina latinoamericana ha acuñado una definición en ese sentido delimitada por el catedrático Bejarano, quien establece que: “...hay un acto de corrupción cuando una persona ilícitamente pone su interés personal por encima de los intereses generales a los cuales está obligado a servir”.
La corrupción administrativa se percibe como un acto que desnaturaliza la esencia de la función pública al reducirla al aprovechamiento personal o de un grupo particular.
La corrupción se origina por factores diversos como lo son: aspectos de carácter cultural, moral, político y económico, así como por la falta de control administrativo, de visión de gestión adecuada y de un sistema de consecuencias lo suficientemente estricto como para desincentivar su práctica.
Los expertos que estudian el aspecto económico sostienen que la corrupción es un problema de motivos y oportunidades. Los motivos, debido a los bajos salarios y la falta de incentivos de los empleados públicos, así como a las oportunidades, al poder discrecional excesivo y a las deficiencias de información y control[1].
Otros autores, establecen la corrupción como un factor inevitable de los procesos de modernización; entendiendo que los referidos procesos ocasionan cambios bruscos en los valores de la sociedad, crean nuevas fuentes de bienes y poder, e implican un crecimiento de la estructura del Estado y su injerencia en áreas anteriormente reservadas al sector privado[2].
Sin necesidad de encasillarnos en cualquiera de estas dos perspectivas, se puede comprobar que la corrupción merma la calidad de nuestra institucionalidad democrática y desmejora las estructuras estatales. Así que, sin importar la motivación estricta que lo origine, se requiere entender que el panorama que poseemos como país exige la formulación y adopción de estrategias que propicien una administración cimentada en principios de transparencia e integridad, tal y como lo configura nuestra Constitución.
La corrupción en la Administración Pública
A partir del contenido de nuestra ley sustantiva podemos verificar los conceptos que ha definido el ordenamiento jurídico dominicano con relación a la corrupción, lo cual permite identificar el tratamiento legal que se le da a este fenómeno.
Lo mencionado anteriormente, respecto a que se genera corrupción cuando se antepone el provecho particular al interés general, revela el estrecho vínculo que tiene la esencia y principios que sustentan la administración pública con las oportunidades que permiten que se produzcan actuaciones corruptas.
En nuestra Constitución podemos encontrar las bases que asientan el concepto de Administración Pública, así en su artículo 138 establece que la Administración “está sujeta en su actuación a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado”.
Estos principios comprometen al servidor o funcionario público en tanto actúe en el marco de sus funciones dentro de la organización del Estado, generando una serie de responsabilidades prácticas y, sobre todo, éticas frente a la ciudadanía.
Respecto al incumplimiento del principio previamente definido, debe destacarse que es lo que provoca muchos de los delitos de corrupción en el ámbito estatal. El servidor público y, por vía de consecuencia, las instituciones a las cuales pertenezca tiene el deber ineludible de ser transparente con cada una de sus actuaciones, ya que evita el manejo indebido y discrecional de fondos públicos y permite acentuar o no la veracidad sobre la actividad administrativa.
La Constitución Dominicana es clara al establecer que se condena cualquier acto de corrupción en el Estado.
En efecto, uno de los elementos más interesantes del texto constitucional al respecto es que instauró la proscripción de la corrupción desde la perspectiva de dar cumplimiento al principio de transparencia, estableciéndose casi como derecho fundamental el que la ciudadanía tenga garantía de una administración pública honesta.
En el artículo 146 la Constitución se condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado, al disponer que sea sancionada con las penas que disponga la ley a quien sustraiga fondos públicos, se beneficie o beneficie a los suyos por tráfico de influencias, entre otros. Además, coherente a ello, en otros articulados se indica el deber de respeto del patrimonio público por parte de los servidores y/o funcionarios públicos y el ejercicio transparente de la función pública.
El delito de corrupción y su tipificación en las leyes dominicanas.
En el ordenamiento jurídico dominicano encontramos disposiciones legales, que llevan consigo el control jurídico, para sancionar las diversas inconductas cometidas en la administración pública por sus funcionarios y funcionarias.
Algunos juristas distinguen este delito del concepto estricto de corrupción, señalándolo como el sistema de consecuencias propio para lograr el sometimiento del ejercicio de la función pública al estado de derecho y el principio de legalidad.
Otros delitos que se encuentran en nuestro ordenamiento lo son la coalición de funcionarios; la utilización de informaciones y datos reservados (artículo 268, numeral 1); las sustracciones cometidas por los depositarios públicos y las concusiones cometidas por los funcionarios públicos.
Recientemente, a nuestro marco legal se ha añadido la Ley No. 155-17 contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en la cual se tipifica una serie de delitos relacionados al flagelo de la corrupción.
Igualmente, otro de los mecanismos tendentes a proscribir la corrupción lo es la Ley No. 311-14 sobre declaración jurada de bienes y enriquecimiento ilícito, legislación que aborda la necesidad de transparencia para con los servidores públicos, so pena de sanciones penales, para aquellos servidores públicos que durante su vinculación con la administración, o quien haya desempeñado funciones públicas obtenga, para sí o para otro, incremento patrimonial injustificado y/o desproporcionado.
Sin embargo, más que detallar la tipificación de cada uno de los delitos de corrupción que se encuentran en nuestro marco jurídico, lo que conviene entender es la esencia de la función pública y la necesidad de cumplir a cabalidad con los principios que se erigen como su base. Consiguiente a eso, diseñar políticas y estructuras que se orienten a la prevención y al desincentivo de la ocurrencia de actos que se encuadren dentro del fenómeno de la corrupción.
Como indica el jurista mexicano Oscar Diego Bautista, debemos reconocer que “la función pública es una organización que gestiona intereses generales y que las consideraciones éticas constituyen algo consustancial a la actividad de quienes forman parte de las administraciones públicas. Se rescata la idea sobre la importancia de los valores en el servicio público para alcanzar una transformación efectiva que permita lograr una verdadera cultura administrativa”.
Para ello entendemos esencial, entre otros aspectos, que el funcionario o servidor público se refleje en todas las dimensiones de la ética. Integrar los elementos de la ética pública en las herramientas administrativas es importante para “hacer frente a los problemas de ineficiencia, corrupción y desconfianza que padecen los gobiernos y administraciones públicas del mundo a fin de lograr el desarrollo de una cultura política y administrativa que acompañe a los gobernantes y funcionarios”.
Bien sabido es por todos que nuestro país ha continuado en el ojo del huracán por graves casos de corrupción, a tal grado de generarse la falsa percepción de que en todos los casos la corrupción es inherente a la función pública en el país. Sobre ello, consideramos que sería lamentable la persistencia de una órbita de corrupción normalizada, por ponerle alguna etiqueta.
Para la erradicación de este flagelo, apostamos a lograr mayores niveles de conciencia a lo interno de la administración, promoviendo una nueva visión sobre la gestión de la cosa pública. Esto lo define de manera precisa el profesor Barzelay al establecer que, “la Nueva Gestión Pública implica asumir una serie de principios que definen una forma distinta de pensar la gestión gubernamental y la incorporación de nuevas pautas de desempeño institucional. Representa un cambio en la perspectiva tradicional de la administración pública hacia un sistema que pone énfasis en los resultados, que reclama mayor responsabilidad y flexibilidad institucional”.
Entendemos necesario aunar voluntades y esfuerzos a fin de lograr una cultura institucional sólida que permita la consolidación de un modelo verdaderamente democrático, sostenible y ético.
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Les invitamos a ver las memorias institucionales del periodo 2017 - 2019	Featured
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"Impacto del respeto a la institucionalidad en el desarrollo de un país " Dr. Servio Tulio Castaños, Vicepresidente Ejecutivo FINJUS
Convención Anual de los clubes de leones del cibao 2019
Hotel Emotions Playa Dorada, Puerto Plata
Tema: Impacto del respeto a la institucionalidad en el desarrollo de un país
Agradezco muy sinceramente el honor que me confiere el Distrito R-2, integrado a la honorable Asociación Internacional de Clubes de Leones, al invitarme a compartir con ustedes en esta convención anual de los clubes de leones del Cibao.
Antes de abordar el tema que nos concierne, en el marco de la apertura de este evento, debo decir que para todos los dominicanos, especialmente los de mi generación, resulta una gran distinción coincidir con los miembros de esta importante organización, cuya trayectoria de bien, su vocación y su constancia para apoyar las mejores causas humanitarias y sociales en nuestro país constituye un modelo de trabajo al servicio de la comunidad.
Desde la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), nos hemos empeñado en asumir como objetivo fundamental la concreción del tema que hoy nos ocupa: “el respeto a la institucionalidad”. Para ello, junto a otras organizaciones de la sociedad, hemos colaborado en el diálogo y planteamiento de soluciones que promuevan la consolidación del Estado social y democrático de derecho consignado en nuestra Constitución.
Consideramos sumamente relevante que entes sociales como los son los clubes de leones inviten a la conversación y concienciación de aspectos tan esenciales para el desarrollo nacional como lo es el respeto a la institucionalidad de cara a la consolidación del diseño estatal que propugnamos desde nuestra norma fundamental. Nos satisface saber y reafirmar que los esfuerzos por fortalecer la institucionalidad, sobre todo la que atañe a una verdadera democracia, nacen por numerosos caminos y encuentran respaldo.
Al abordar este tema entendemos esencial partir de las nefastas consecuencias que, en diversos momentos de nuestra historia, como país hemos padecido a causa de la falta de institucionalidad en el diseño estatal. Referirnos, solo por citar algunos ejemplos, a la crisis sociopolítica y económica que antecedió y dio paso a la primera intervención norteamericana en 1916; al impacto que significó la dictadura de Trujillo a la incipiente modernización estatal a la que se encaminaba la nación; a los posteriores ataques que obstaculizaban una inminente transición democrática post régimen, entre otros.
A pesar de estas etapas críticas de nuestra historia estatal, no podemos desconocer que, luego de establecida la democracia como sistema político en nuestro país, esto es en los últimos años, se han hecho esfuerzos en torno a la construcción de una cultura de institucionalidad de la cual no solo se visibilizan cambios en el sector privado sino que se perciben importantes avances desde el seno de la Administración Pública. La suma de legislaciones y decretos, la implementación de políticas públicas, la elaboración de planes gubernamentales y las distintas acciones de control social y político, en las cuales ha tenido relevante participación la ciudadanía, han contribuido a mejorar el funcionamiento del Estado y sus instituciones.
Sin perjuicio de lo anterior, somos conscientes que todavía persisten fallos estructurales que frenan el desarrollo nacional y constituyen serias preocupaciones respecto del futuro de la Republica Dominicana, dentro de estos: el incumplimiento de los deberes y principios básicos que están establecidos en nuestro ordenamiento, la existencia de graves casos de corrupción, las evidentes debilidades en los sistemas de consecuencias, las serias falencias de nuestros partidos políticos, etc.
En efecto, los rankings internacionales en áreas claves del desarrollo y la democracia reflejan que como país ocupamos puestos críticos en cuanto a debilidades latentes en la Administración Pública. Por citar un ejemplo, según el Informe Konrad Adenauer sobre Índice de Desarrollo Democrático de América Latina en 2014, ocupamos junto a Guatemala los últimos lugares, por nuestras deficiencias en el cumplimiento de formalismos y en el ejercicio de los derechos y libertades y la calidad institucional.
En este mismo sentido han concluido estudios más recientes. Traemos a colación consideraciones expresadas en el último informe emitido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre la calidad democrática en la República Dominicana hasta 2018, en el cual, en su capítulo de calidad de la gestión pública y calidad de vida se indica, entre otras cosas, lo siguiente:
“El país experimentó un avance moderado en la profesionalidad de la Administración Pública, pero también aumentó la desconfianza en las instituciones (…)
La pérdida de confianza en las instituciones de la democracia dominicana es un llamado de alerta. Sobre todo, porque los datos exponen la debilidad del Estado de Derecho, la limitada capacidad de las instituciones democráticas para servir como contrapesos, las bajas garantías de derechos fundamentales y el alto grado de discrecionalidad que mantiene el Poder Ejecutivo frente a las otras ramas del Estado (…)
Todos estos elementos construyen un contexto de vulnerabilidad de la democracia dominicana ante situaciones con potencial desestabilizador”
De cara al actual contexto que enfrentamos como nación, interesa sobremanera que, en escenarios como estos, se trate este tema. De inicio, es indispensable señalar la conceptualización del término “institucionalidad”, el cual hace referencia a la consolidación permanente, uniforme y sistemática de conductas, usos e ideas mediante instrumentos que aseguran el control y cumplimiento de una función social[1].
Otras definiciones doctrinales aportan elementos importantes que conviene tomar en consideración pues establecer una cultura de institucionalidad implica diseñar un conjunto de reglas que articulan y organizan las interacciones económicas, sociales y políticas entre los individuos y los grupos sociales [2]; esto sin olvidar que las instituciones en sí mismas son construcciones históricas que, a lo largo de su evolución (origen, estabilización y cambio) los individuos erigen expresamente (…) de acuerdo a las características peculiares que identifican los rasgos dominantes de una determinada economía y sociedad[3].
A propósito de esto último debe destacarse que las instituciones no son simple reflejo de la economía o de la sociedad, pues impera una relación de influencia e interdependencia (…) entre ellas, de manera que las instituciones moldean las preferencias de los individuos y los intereses de las organizaciones, y, a su vez, los individuos y organizaciones transforman las relaciones institucionales[4].
La aplicación de este concepto como principio transversal en las estructuras que conforman el Estado requiere entender algunas particularidades. En primer lugar, la permanencia, pues la institución está supuesta a permanecer en el tiempo sin importar las voluntades que la crearon, es por ello que, por ejemplo, pierde relevancia lo que circunstancialmente quieran gobernantes y gobernados en lo que concierne al fundamento del Estado como institución.
Como consecuencia de lo anterior se logran conductas uniformes a medida que se establecen las directrices que son inherentes a la institución como tal, las cuales deberán ser seguidas por sus adherentes a fin de alcanzar el fin o propósito para lo cual fue creada o que justifica su existencia, esto es su función social.
El cumplimiento de estos fines requiere de ciertos instrumentos para llevarlos a cabo que pueden erigirse en objetos tangibles, como las infraestructuras, o en cuestiones relativas a las ideologías o fundamento de la institución que se concretizan a través de las normas que la rigen.
A fines de comprender el impacto que supone el respeto a la institucionalidad para el desarrollo de nuestro país, específicamente, conviene primero recordar las directrices fundacionales que sustentan y erigen al Estado dominicano como institución.
Para ello nos remitimos a la Constitución, en tanto ley suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado, que establece en sus artículos primero y séptimo lo siguiente:
Artículo 1. – Organización del Estado. El pueblo dominicano constituye una Nación organizada en Estado libre e independiente, con el nombre de República Dominicana.
Artículo 7. – Estado Social y Democrático de Derecho. La República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de republica unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos.
De esto verificamos la configuración del Estado como institución con carácter permanente, así como su definición de social y democrático de derecho como condiciones innegociables para el sostenimiento del mismo.
Resaltamos que la base de nuestro Estado encuentra cauce en la democracia como sistema político, modelo el cual hemos asumido y defendemos pues, aunque adolece de defectos y no hay ejemplos de erradicación de abusos, injusticias y corrupción, evocando a Churchill, sigue siendo el único sistema que garantiza, de algún modo, aunque con falencias, los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y la participación ciudadana.
De ahí que resulte necesario adentrarnos a la institucionalidad democrática, de manera específica, para abordar lo relativo al desarrollo nacional estableciendo, en primer orden, que la principal característica de una democracia es la independencia de los poderes públicos que se consolida mediante el respeto de cada uno de ellos hacia las facultades y obligaciones de los otros.
Un Estado Social y Democrático de Derecho, tal y como lo enarbola nuestra Constitución, requiere de la construcción y perfeccionamiento de instituciones democráticas que cumplan cabalmente con sus competencias y atribuciones. El jurista y académico mexicano Jaime Cárdenas expone de manera precisa este punto en su ensayo titulado “La Construcción de la Institucionalidad Democrática” en el cual afirma que:
“Se construyen instituciones democráticas en periodos de transición a la democracia, o también en democracias consolidadas cuya finalidad es profundizar (reconocer, proteger, garantizar) derechos humanos y establecer mecanismos para que los gobernantes rindan cuentas y actúen responsablemente, los poderes se mantengan en equilibrio, etcétera.
Con las instituciones democráticas se pretende desarrollar o lograr la realización de la democracia, esto es la competencia entre los partidos en igualdad de oportunidades, las elecciones como método para dirimir la integración de los poderes, y los derechos humanos para justificar y caracterizar el Estado de derecho.”
Al igual que otros países del hemisferio pareceríamos encuadrarnos dentro de una transición hacia la democracia o inmersos en el proceso de su consolidación, pues todavía no se ha alcanzado la construcción del entramado institucional que exige una democracia.
Si bien esta consolidación democrática está mermada por factores como la desigualdad socioeconómica, el subdesarrollo, la pobreza, la corrupción, entre otros, no es menos cierto que lo que se requiere, en orden primario, para arribar a una transformación política tangible, es la concreción del marco jurídico e institucional.
Es preciso advertir que sin una organización adecuada de esa base rectora, los procesos de cambio pueden sumirse en un estancamiento que devienen en menoscabo de los esfuerzos de los actores políticos y sociales, quienes entonces lejos de abrazar el objetivo nación se aferran a la salvaguarda de sus intereses.
En estos últimos años el contexto político-institucional de la República Dominicana ha tenido altos picos de variabilidad como consecuencia de la ola de reformas orientadas a adecuarnos a las tendencias contemporáneas y al proceso de globalización; pues, aunque subsisten grandes retos, desde la sociedad se ha entendido el papel del fortalecimiento de la institucionalidad como elemento indispensable no solo como garantía de una verdadera democracia sino también como motor para incentivar a los agentes económicos lo cual es fundamental para el desarrollo nacional.
Con relación al aspecto económico es preciso apuntar que un entorno político-institucional estable y con una sólida seguridad jurídica facilita el desarrollo de los negocios al promover la inversión privada, nacional y extranjera; en contraposición a ello, cuando no hay institucionalidad garantizada en los órganos gubernamentales no se obtienen los beneficios derivados de la competencia en un mercado ordenado y libre.
De las grandes reformas de los últimos años debemos mencionar la Constitución de 2010 que marcó pautas claras respecto al nuevo ordenamiento en las capacidades institucionales del aparato estatal indicando, mediante reservas de ley, la necesidad de contar con disposiciones normativas claras que regularan determinado aspecto; de igual forma se reestructuró e instituyó los órganos incumbentes a los poderes del Estado e, incluso, se crearon órganos extrapoderes como el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, y la adecuación del Tribunal Superior Administrativo a los fines de establecer una estructura coherente que garantizara la efectividad de las reformas contenidas.
En lo relativo a la conducción del Estado, el texto constitucional estableció mediante su artículo 241 que fuese sancionado por ley el proceso de planificación y de inversión pública, compromiso el cual derivó en la la ley 1-12 del 25 de enero del 2012 que diseñó la Estrategia Nacional de Desarrollo a 2030.
Este documento (Estrategia Nacional de Desarrollo) entendemos propicio mencionarlo pues es la expresión más clara que encontramos en nuestro marco normativo de los esfuerzos que se hacen para encaminarnos hacia una cultura de institucionalidad o, al menos, la evidencia de una declaración de principios y/o especie de carta compromiso suscrita desde el Estado en este sentido.
La referida disposición recoge el enfoque país dividiéndolo en 4 ejes claros que impactan todos los sectores de la sociedad: 1) el fortalecimiento institucional para la consecución de un Estado Social y Democrático de Derecho; 2) la igualdad de derechos y oportunidades; 3) un modelo de desarrollo económico con crecimiento sostenido; y, 4) una sociedad con cultura de producción y consumo sostenible.
Dentro del primer eje, relativo a lo institucional, que consignó la estrategia nacional de desarrollo, se resaltó la necesidad de contar con instituciones regidas por la ética, la transparencia y la eficacia que garanticen, entre otros aspectos, la gobernabilidad y el desarrollo nacional y local
A modo de ilustración se indicaron como compromisos la tarea de adecuar la estructura organizativa del Estado de conformidad al derecho administrativo moderno; así también implementar el servicio civil y la carrera administrativa en todos los estamentos de la administración pública e, inclusive, en los gobiernos locales. Por otro lado, se estableció la intención de cumplir con las normas de transparencia en las compras y contrataciones públicas en procura de garantizar el acceso a la información y la rendición de cuentas por parte de los órganos estatales
De igual forma, se esbozó la reforma de los marcos legales e institucionales relativos a seguridad ciudadana y defensa nacional, partiendo de los altos niveles de inseguridad que enfrenta la sociedad dominicana y que se traducen en elevados costos sociales y económicos pues para contrarrestarlos se aumentan las partidas para la búsqueda de soluciones alternas como la contratación de seguridad privada.
Otro punto tratado lo fue la regulación normativa del sistema de partidos y el régimen electoral que apuntaba a la institucionalización de las agrupaciones partidarias y el restablecimiento de la confianza de los diversos sectores de la sociedad en el esquema electoral y partidario de nuestro país.
De estos compromisos se han concretado importantes piezas legislativas que aún se encuentran en proceso de implementación y adecuación dentro de nuestro marco jurídico, como son: la Ley 247-12 del 9 de enero de 2012 que es la orgánica de la administración pública; la Ley 107-13 del 6 de agosto de 2013 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la administración y de procedimiento administrativo; la Ley 137-11 del 13 de junio de 2011 orgánica del tribunal constitucional y de los procedimientos constitucionales; la Ley 139-13 del 13 de septiembre de 2013 orgánica de las fuerzas armadas; la Ley 590-16 del 15 de julio de 2016 orgánica de la policía nacional; la Ley 631-16 del 2 de agosto de 2016 para el control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados; la Ley 155-17 de 2017, contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo; la Ley 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la Ley 15-19 Orgánica de Régimen Electoral.
Aunque estas novedosas legislaciones no constituyen una panacea ni se erigen como la garantía de la institucionalidad, entendemos son pasos interesantes hacia el fortalecimiento de nuestra estructura democrática.
Así que corresponde que la sociedad continúe pendiente en las capacidades institucionales y la ejecución de las instituciones en el cumplimiento del orden normativo. Esto añade otros retos a los que subyacen en nuestra realidad actual.
No quisiera finalizar sin tocar de manera específica uno de los desafíos más importantes que nos corresponden como nación: el tema de la corrupción. Por todos es sabido que la corrupción como flagelo ha tenido especial incidencia y ha volcado la atención pública en los últimos años, generándose un preocupante clima de desconfianza hacia los gobernantes.
Estudios internacionales como el Latinobarómetro (publicaciones de 2017 y 2018) coinciden en que la corrupción, como consecuencia de la falta de institucionalidad, es el tercer problema de mayor importancia en República Dominicana constituyéndose en un impedimento importante, especialmente, en la efectividad de distribución del PIB y la realización de negocios, esto se refleja directamente en los indicadores económicos y financieros que miden la factibilidad económica del país; de ahí la necesidad de que todos los sectores de la sociedad tengan pendientes los temas relacionados a este punto y se aúnen esfuerzos en reformas legislativas eficaces que conjunto a un sistema de justicia fortalecido reduzca las brechas de oportunidad de corrupción en la administración pública.
Nos inquieta que los propios mecanismos institucionales creados por las leyes sean ignorados por algunas autoridades, actuando con actitudes de dueños de la verdad, en lugar de ser dirigentes, conductores sociales y líderes a los que las comunidades, hombres y mujeres sencillos, les han dado poder para representarlos.
En esta preocupación incluimos la especial atención que amerita nuestro sistema de justicia; y es que un sistema de justicia resquebrajado no podrá hacer frente a flagelos como la corrupción, el auge del crimen organizado, el incremento de la violencia, entre otras problemáticas que terminan afectando gravemente el desarrollo social, estancándolo.
Desde la perspectiva de la procura de la institucionalidad consideramos que como país estamos ante la oportunidad de acelerar de manera significativa el tránsito de una estructura patrimonialista y basada en la lealtad personal, a un esquema institucionalizado y fundado en principios coherentes con un Estado Social y democrático de derecho.
Para ello se requiere del concierto de todos los entes de la sociedad, de la cual ustedes son parte como individuos y como institución, por lo cual entiendo deben verse como promotores de cambios positivos y realistas, en base a sus principios y valores, de forma que su labor sirva como abono para crear una nueva cultura donde el diálogo, la responsabilidad y la fraternidad nos conduzcan a ser mejores ciudadanos y ciudadanas creyendo siempre en la necesidad del consenso y la actuación conjunta para aproximarnos al diseño de soluciones sostenibles, justas y humanas de nuestros problemas.
Gracias por la invitación y reitero mis felicitaciones por el excelente trabajo que, desde sus diferentes estructuras, realizan los Clubes de Leones.
Dr. Servio Tulio Castaños
[1] Lucas Verdú, Pablo, Principios de ciencia política, Madrid, Tecnos, tI, 1977, p. 238.
[2] Ayala Espino, José. Mercado, elección pública e instituciones. Una revisión de las teorías modernas del Estado, México, UNAM, 1996, p. 321.
[4] Cárdenas, Jaime, La construcción de la institucionalidad democrática, UNAM, México, 1999, pp. 20, Disponible en: https://www.revistadelauniversidad.mx/storage/bf336858-d761-444d-8f11-5286420796c0.pdf