Source: https://acedicilsa.com/2016/12/05/caso-saif-al-islam-gaddafi-cooperacion-de-libia-cpi/
Timestamp: 2018-12-19 06:03:04
Document Index: 97147933

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'Artículo 7', 'Artículo 7', 'artículo 20', 'artículo 19', 'Artículo 17', 'Artículo 17', 'artículo 17']

Imagen del juicio a Saif Al-Islam Gaddafi, en el cual fue condenado a muerte por un tribunal libio en 2015. En julio de 2016 se conoció que fue liberado.
Por Damaris Eliana Martínez Acosta[1]
La Corte Penal Internacional surgió a la vida jurídica mediante la concurrencia de la voluntad de 120 países que apoyaron lo consignado en el Estatuto de Roma, esto es, la creación de un tribunal penal de carácter permanente encargado de investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de los más graves crímenes que conmueven la conciencia de la humanidad. Si bien a la fecha el Estatuto de Roma se encuentra ratificado por 124 países, aún la Corte no cuenta con la jurisdicción global que se espera de ella, dado que existen Estados que anteponen su soberanía a la acción de la justicia, la lucha contra la impunidad, la prevención de nuevos crímenes y en general a la prevalencia de la garantía y la defensa de los Derechos Humanos.
Bajo tales términos, se hará referencia en las siguientes líneas a la situación en Libia y al caso particular de Saif Al-Islam Gaddafi, contra quien la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto en su contra por considerarse un posible máximo responsable de la comisión de crímenes de competencia de la Corte en un Estado no Parte del Estatuto de Roma.
Contextualización de la situación en Libia
El 26 de febrero de 2011, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con base en el artículo 13 (b) del Estatuto de Roma, decidió por unanimidad remitir la situación en Libia desde el 15 de febrero de 2011 ante la CPI. Después de realizar un examen preliminar de la situación, el Fiscal llegó a la conclusión, el 3 de marzo de 2011, de que existía una base razonable para creer que crímenes bajo la competencia de la Corte se habían cometido en Libia y por ende decidió abrir una investigación en tal situación, sosteniendo que Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi había ideado y ejecutado, por medio de miembros de su círculo de allegados como su hijo Saif Al‐Islam y Abdullah Al‐Senussi, un plan encaminado a suprimir toda oposición a su autoridad absoluta, mediante asesinatos y persecuciones de todo tipo llevados a cabo por las fuerzas de seguridad libias, que constituian ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil, en particular contra presuntos manifestantes y disidentes.[2]
El 27 de junio de 2011 la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional emitió ordenes de arresto contra Muammar Gaddafi[3], Saif Gaddafi[4] y Al-Senussi[5], al considerarse presuntos responsables de los crímenes de lesa humanidad de asesinato (Artículo 7 (1) (a) del Estatuto) y de persecución (Artículo 7 (1) (h) del Estatuto) en territorio libio, específicamente en Trípoli, Bengasi y Misrata, a través del aparato del Estado y de las Fuerzas de Seguridad entre aproximadamente el 15 al 28 de febrero de 2011.
El caso contra Muammar Gaddafi se dio por concluido el 22 de noviembre de 2011 tras su fallecimiento[6] mientras que el caso contra Al-Senussi terminó el 24 de julio de 2014[7], luego de que la Sala de Apelaciones de la Corte confirmara la decisión adoptada por la Sala de Cuestiones Preliminares I[8] acerca de la inadmisibilidad del caso frente a la CPI, en razón a que el mismo ya estaba sujeto a un régimen permanente de procesos internos llevados a cabo por las autoridades libias competentes, y por ende, Libia estaba dispuesto y en capacidad de llevar adelante las investigaciones correspondientes.
En consecuencia, el único caso que continúa vigente por la situación acaecida en Libia es aquel contra Saif Al-Islam Gaddafi. Infortunadamente aun cuando han transcurrido cinco años de ser dictada la orden de arresto en su contra, Saif Gaddafi no ha sido puesto a disposición de la CPI y por ende no ha respondido ante la comunidad internacional por los cargos que se le imputan, principalmente debido a la diversidad de dificultades que se han presentado con Libia, Estado no Parte del Estatuto de Roma, para que lleve a buen término las determinaciones adoptadas por la CPI.
Muammar Gadafi, padre de Saif Gaddafi, en su famoso discurso de hora y media en la Asamblea General de Naciones Unidas en 2009, donde criticó el Consejo de Seguridad y la Carta de San Francisco
¿Qué ha sucedido tras cinco años de la admisibilidad del caso?
Si bien la orden de arresto contra Saif Al-Islam Gaddafi fue dictada el 27 de junio de 2011, el 1 de mayo de 2012[9], Libia negó la admisibilidad del caso ante la Sala de Cuestiones Preliminares I, alegando que la CPI no podía reemplazar sino complementar el sistema de justicia penal de los Estados, y él estaba en completa capacidad y disposición de hacerlo.
El 31 de mayo de 2013[10], la Sala rechazó la impugnación de la admisibilidad de la causa. A pesar de que se reconocieron los esfuerzos de Libia para restablecer el orden, se concluyó que las pruebas presentadas no eran suficientes para considerar que Libia internamente podía llevar a cabo el procesamiento contra Saif Gaddafi.
El 21 de mayo de 2014 la Sala de Apelaciones de la CPI[11], confirmó la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I declarando el caso contra Saif Al-Islam Gaddafi admisible ante la CPI.
A su vez la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte[12], emitió un acta de no cumplimiento del Estado libio en cuanto a la entrega de Saif Gaddafi y la destrucción de copias de documentos originales del antiguo Consejo de Defensa del que este hacía parte y que fueron incautados por las autoridades libias en junio de 2012 en Zintan. Tal acta fue remitida al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el fin de que el mismo (como organismo que activó la competencia de la Corte en tal situación), colaborara en la eliminación de obstáculos para que tal Estado prestara cooperación.
Por otra parte, en 2015, un tribunal libio, sentenció a pena de muerte a 9 personas por los disturbios ocurridos en Libia en 2011, entre ellos, Saif Gaddafi. Tras dicha decisión, la Fiscalía de la Corte, el 30 de julio de 2015 presentó una solicitud a la Sala de Cuestiones Preliminares I para que Libia se abstuviera de ejecutar la sentencia en su contra y en consecuencia lo entregara a instancias de la CPI. Tal solicitud fue contestada por Libia el 20 de agosto de 2015, en donde afirmó que la sentencia de muerte contra Gaddafi no era eficaz porque el proceso se llevó a cabo en su ausencia y por ende tendría que surtirse un nuevo juicio, puesto que, si bien Gaddafi se encuentra en territorio libio, no está custodiado por autoridades estatales.[13]
El pasado 6 de julio de 2016 se conoció la noticia de que los abogados que representan a Saif Al-Islam Gaddafi Libia habían declarado ante algunos canales de televisión, que su representado había sido liberado tras la declaración de una amnistía[14], esto es, que se impide un enjuiciamiento al respecto y se genera total inmunidad frente a la persecución penal. Por su parte, también solicitaron a la CPI el fin del proceso contra Gaddafi con sustento en el artículo 20 del Estatuto de Roma, referente al principio de cosa juzgada.
Aun así, pocos días después declaraciones del Consejo Presidencial de Libia han dejado claro que crímenes de la magnitud de los que se acusa a Saif Gaddafi no prescriben con el paso del tiempo ni tampoco dan lugar a perdones, todo ello para desmentir que se haya previsto una amnistía para él.[15]
Tras el recorrido de lo sucedido en el marco del caso contra Saif Al-Islam Gaddafi, puede evidenciarse que Libia pretende a toda costa preservar e imponer la unidad de su sistema jurídico penal con el fin de llevar a cabo los procedimientos judiciales contra Gaddafi, mediante la impugnación de la competencia de la Corte de la admisibilidad de la causa (artículo 19 del Estatuto), la emisión de una sentencia de pena de muerte por un tribunal nacional e incluso los rumores de la declaración de una amnistía en favor de quien se presume cometió crímenes de lesa humanidad.
¿Debe un Estado no parte del Estatuto de Roma cooperar con la CPI?
En principio se debe partir de la premisa de que la Corte Penal Internacional activa su competencia bajo los parámetros del principio de complementariedad, es decir, que no pretende sustituir los sistemas nacionales de justicia penal, sino que por el contrario, los complementa. La Corte puede investigar y, cuando proceda, perseguir y juzgar a los individuos sólo si el Estado en cuestión no lo hace, no puede o no está dispuesto a hacerlo realmente.
En el caso que nos ocupa, ya la CPI ha indicado que Libia es incapaz para surtir el debido proceso contra Saif Gaddafi, en los siguientes términos:
Aunque en Libia pueden existir autoridades de la administración de justicia, una serie de cuestiones legales y de hecho dan lugar a la falta de disponibilidad del sistema judicial nacional en el caso contra Gaddafi. Como consecuencia de ello, Libia es, a juicio de la Sala, incapaz de asegurar la transferencia de la custodia del señor Gadafi de su lugar de detención en virtud de la milicia de Zintan a la autoridad del Estado y no hay evidencia concreta de que este problema puede ser resuelto en un futuro cercano. Por otra parte, la Sala no está convencida de que las autoridades libias tienen la capacidad de obtener el testimonio necesario. Por último, la Sala ha observado un impedimento práctico para el desarrollo de los procedimientos internos contra Gaddafi puesto que Libia no ha demostrado cómo va a superar las dificultades existentes en la garantía de un abogado para el sospechoso.[16]
La incapacidad del Estado, puede presentarse bajo tres eventos: colapso total, colapso sustancial o carecer de un sistema de justicia nacional, es decir que no puede hacer comparecer al acusado, no dispone de las pruebas y los testimonios necesarios o no está por otras razones en condiciones de llevar a cabo el juicio (Artículo 17 (3) del Estatuto).
La carencia de un sistema de justicia nacional, modalidad de incapacidad bajo la cual se enmarca el Estado libio, partiendo de una interpretación literal amplia puede revelar tres potenciales aspectos: la no existencia de algo, la no accesibilidad a alguna cosa, y la inutilidad de un recurso, independientemente de su existencia y accesibilidad.[17]
Con base en lo anterior, es posible legitimar la competencia de la CPI en el caso contra Saif Al-Islam Gaddafi, por un lado, tras la remisión del Consejo de Seguridad de lo acontecido en un Estado No Parte del Estatuto de Roma y por otro, tras la evaluación de admisibilidad de la Corte frente al mismo.
Por otra parte, por regla general y tomando como base la Convención de Viena sobre del Derecho de los Tratados, aquel Estado que no ha ratificado el Estatuto de Roma y que por ende no ha aceptado la competencia de la CPI, no tiene en principio ningún vínculo que le obligue a cooperar con tal organismo.
Sin embargo, si se analiza la vinculatoriedad de un Estado no Parte del Estatuto de Roma para con la CPI frente a hacer efectiva una orden de detención, partiendo de los principios y normas generales del derecho internacional y la autoridad que representa el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tal cooperación puede constituir una obligación imperativa.[18]
Si bien Libia es un Estado no Parte del Estatuto de Roma y los hechos acaecidos en tal territorio fueron remitidos a la Corte por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en tal medida su cooperación con la CPI deviene de la Resolución 1970 de 2011, que ha señalado que las autoridades libias deben cooperar plenamente con el Fiscal y la CPI y en consecuencia prestarles toda la asistencia necesaria de conformidad con la Resolución en mención.
En conclusión, si bien se reconoce que los Estados no Parte del Estatuto de Roma no tienen obligación alguna en virtud de él, es del compromiso y diligencia de los mismos de conformidad con los principios que rigen el derecho, la figura del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la búsqueda de la justicia y la paz, más allá de la soberanía de sus territorios y ciudadanos, que en efecto podrán consolidarse verdaderas bases de cooperación con la Corte Penal Internacional.
Ambos, K. (2010). El test de complementariedad de la Corte Penal Internacional (Artículo 17 del Estatuto de Roma). Revista InDret, 2-47.
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International Criminal Court. The Prosecutor v. Abdullah Al-Senussi. Judgment on the appeal of Al-Senussi against the decision of Pre-Trial Chamber I of 11 October 2013 entitled “Decision on the admissibility of the case against Al-Senussi”. AC. ICC-01/11-01/11-565, 24 July 2014.
International Criminal Court. The Prosecutor v. Abdullah Al-Senussi. Decision on the admissibility of the case. PTC I. ICC-01/11-01/11-466-Red, 11 October 2013.
International Criminal Court. The Prosecutor v. Abdullah Al-Senussi. Warrant of arrest. PTC I. ICC-01/11-15, 27 June 2011.
International Criminal Court. The Prosecutor v. Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi. Decision to Terminate the Case. PTC I. ICC-01/11-01/11-28, 22 November 2011.
International Criminal Court. The Prosecutor v. Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi.Warrant of arrest. PTC I. ICC-01/11-13, 27 June 2011.
International Criminal Court. The Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi. Decision on the admissibility of the case. PTC I. ICC-01/11-01/11-344-Red, 31 May 2013.
International Criminal Court The Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi. Judgment on the appeal of Libya against the decision of Pre-Trial Chamber I of 31 May 2013 entitled “Decision on the admissibility of the case against Saif Al-Islam Gaddafi”. AC. ICC-01/11-01/11-547-Red, 21 May 2014.
International Criminal Court. The Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi. Decision on the non-compliance by Libya with requests for cooperation by the Court and referring the matter to the United Nations Security Council. PTC I. ICC-01/11-01/11-577, 10 December 2014.
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Wenqi, Z. (2006). Acerca de la cooperación de los Estados que no son partes en la Corte Penal Internacional . International Review of the Red Cross, 1-26.
[1] Estudiante miembro del Semillero In Ius Vocatio dedicado a las líneas de investigación de Derecho Penal Internacional y Justicia Transicional de la Facultad de Derecho de la Universidad La Gran Colombia – Sede Bogotá.
[2] ICC. Trying individuals for genocide, war crimes and crimes against humanit. Situations and Cases. (2016). Disponible en: https://www.icc-cpi.int/pages/situations.aspx
[3] ICC. The Prosecutor v. Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi.Warrant of arrest. PTC I. ICC-01/11-13, 27 June 2011.
[4] ICC. The Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi. Warrant of arrest. PTC I. ICC-01/11-13, 27 June 2011. ICC-01/11-14, 27 June 2011.
[5] ICC. The Prosecutor v. Abdullah Al-Senussi. Warrant of arrest. PTC I. ICC-01/11-15, 27 June 2011.
[6] ICC. The Prosecutor v. Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi. Decision to Terminate the Case. PTC I. ICC-01/11-01/11-28, 22 November 2011.
[7] ICC. The Prosecutor v. Abdullah Al-Senussi. Judgment on the appeal of Al-Senussi against the decision of Pre-Trial Chamber I of 11 October 2013 entitled “Decision on the admissibility of the case against Al-Senussi”. AC. ICC-01/11-01/11-565, 24 July 2014.
[8] ICC. The Prosecutor v. Abdullah Al-Senussi. Decision on the admissibility of the case. PTC I. ICC-01/11-01/11-466-Red, 11 October 2013.
[9] ICC. The Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi. Application on behalf of the Government of Libya pursuant to Article 19 of the ICC Statute. ICC- 01/11-01/11-130-Conf, 1 May 2012.
[10] ICC. The Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi. Decision on the admissibility of the case. PTC I. ICC-01/11-01/11-344-Red, 31 May 2013.
[11] ICC. The Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi. Judgment on the appeal of Libya against the decision of Pre-Trial Chamber I of 31 May 2013 entitled “Decision on the admissibility of the case against Saif Al-Islam Gaddafi”. AC. ICC-01/11-01/11-547-Red, 21 May 2014.
[12] ICC. The Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi. Decision on the non-compliance by Libya with requests for cooperation by the Court and referring the matter to the United Nations Security Council. PTC I. ICC-01/11-01/11-577, 10 December 2014.
[13] OTP. Tenth Report ot The Prosecutor of the International Criminal Court. 26 Octubre 2015, prr. 7.
[14] Stephen, Chris. The Guardian. Gaddafi son Saif al-Islam ‘freed after death sentence quashed’. 7 July 2016. Disponible en: https://www.theguardian.com/world/2016/jul/07/gaddafi-son-saif-al-islam-freed-after-death-sentence-quashed?CMP=twt_gu
[15] Delgado, Felipe. Biobiochile. Gobierno libio descarta amnistía para hijo de Gadafi. 10 Julio 2016. Disponible en: http://www.biobiochile.cl/noticias/internacional/m-oriente/2016/07/10/gobierno-libio-descarta-amnistia-para-hijo-de-gadafi.shtml
[16] ICC. The Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi. Decision on the admissibility of the case. PTC I. ICC-01/11-01/11-344-Red, 31 May 2013., prr. 215.
[17] Ambos, Kai. El test de complementariedad de la Corte Penal Internacional (artículo 17 Estatuto de Roma). Revista InDret. 2010, p. 35.
[18] Wenqi, Zhu. Acerca de la cooperación de los Estados que no son partes en la Corte Penal Internacional. (2006), p. 4.
Corte Penal Internacional, Derecho Penal Internacional, Estatuto de Roma, info, Libia, Muammar Gaddafi, Naciones Unidas, Saif Al-Islam Gaddafi
Seminario Experiencias investigativas de nuevos internacionalistas