Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2007-00210-de-mayo-7-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_f9dc01c7a7250160e0430a0101510160&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-17 05:15:28
Document Index: 255751492

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 25', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 6', 'artículo 102', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 102', 'artículo 102', 'artículo 828', 'artículo 140', 'Artículo 146', 'artículo 54', 'artículo 15', 'artículo 54', 'artículo 6', 'artículo 25', 'artículo 11']

﻿ Sentencia 2007-00210 de mayo 7 de 2014
SENTENCIA 2007-00210 DE 07 DE MAYO DE 2014
CONTENIDO:IMPUESTO PREDIAL –FIDUCIA. LAS SOCIEDADES FIDUCIARIAS TENIENDO EN CUENTA EL DECRETO 807 DE 1993 TIENEN REGULADAS LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO, RESPECTO DE LOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS QUE ADMINISTREN. EN CUANTO A LA OBLIGACIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTOS, EN PRIMERA INSTANCIA CORRESPONDE REALIZARLO A LA FIDUCIARIA COMO VOCERA ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO, TAL OBLIGACIÓN ESTA CONDICIONADA A QUE EXISTAN RECURSOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO PUES DE NO EXISTIR, ENTRAN A RESPONDER LOS BENEFICIARIOS, PERO SIN QUE LA NORMA ESTABLEZCA SOLIDARIDAD ENTRE LA FIDUCIARIA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO Y EL BENEFICIARIO, SINO SUBSIDIARIEDAD EN LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL BENEFICIARIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, FIDUCIA, FIDUCIA COMERCIAL, Impuesto, PROPIEDAD FIDUCIARIA, SOCIEDAD FIDUCIARIA, PATRIMONIO AUTÓNOMO, IMPUESTO PREDIAL, CONTRATO DE FIDUCIA COMERCIAL
Sentencia 2007-00210 de mayo 7 de 2014
Rad.: 250002327000200700210 01 (19913)
Actor: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. (NIT. 800143157-3)
Impuesto predial – años gravables 1999, 2000 y 2001
En los términos del recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar la legalidad de los actos demandados, por medio de los cuales la Administración Distrital realiza el cobro a la Fiduciaria Occidente S.A. del pago del impuesto predial de los años gravables 1999 a 2001, respecto de los predios de los patrimonios autónomos que administra y que fueron relacionados en el cuadro inserto en el acápite de antecedentes de esta sentencia.
Previo a decidir de fondo, la Sala advierte que, contrario a lo afirmado por la demandante en los alegatos de conclusión, el recurso de apelación interpuesto por la demandada cumple con el requisito de sustentación, toda vez que los argumentos de su escrito permiten establecer los motivos de inconformidad con el fallo de primera instancia y que se concretan a mantener la legalidad de los actos pues, a su juicio, los pagos que fueron tenidos en cuenta por el a quo fueron realizados luego de haberse proferido los actos demandados.
Ahora bien, de otra parte, la Sala considera pertinente concretar en este punto la materia objeto de debate en el presente proceso, para lo cual es necesario precisar los fundamentos de los actos demandados.
Mediante mandamiento de pago 48555 del 10 de mayo de 2004, la Administración libró mandamiento de pago contra la actora por adeudar al Distrito Capital las sumas indicadas respecto de cada uno de los predios que allí se relacionaron(10).
En el escrito de excepciones, la demandante informó lo siguiente:
- En relación con cada uno de los fideicomisos, señaló que “ha venido desarrollando la totalidad de las gestiones indicadas en el acto constitutivo y en la propia Ley, incluido el cumplimiento de los deberes formales respecto de los tributos generados por los inmuebles fideicomitidos, dado que no se cuenta con recursos para su cancelación en el patrimonio autónomo”(11).
Como sustento de lo anterior, la actora aportó los balances generales de cada uno de los fideicomisos por los años 1999 a 2003, según el caso, así como una relación de los fideicomitentes y/o beneficiarios de los fideicomisos(12).
- Que, el fideicomiso DALHOM quedó completamente liquidado mediante auto del 15 de diciembre de 1999 emitido por la Superintendencia de Sociedades en el proceso concordatario, dentro del cual se entregó el predio de la Cl 16 95-64 en dación en pago de las obligaciones.
- Que, previo a la expedición del mandamiento de pago, se pagaron los impuestos prediales de los inmuebles: AAA0097BNDM (año gravable 1999), AAA0137PABR (año gravable 1999) y AAA0102PBEP (años gravables 2000 y 2001), por lo que solicitó declarar la excepción de pago.
- Que, se oponían al mandamiento de pago las excepciones de: inexistencia de título ejecutivo, no ser la fiduciaria la obligada al pago de las obligaciones exigidas, prescripción, cobro de lo no debido, error o confusión en cuanto al sujeto pasivo de la obligación, todas sustentadas en los argumentos fácticos y legales expuestos en el escrito de demanda.
En la Resolución del 11 de abril de 2005, que falló las excepciones, la Administración manifestó, en síntesis, lo siguiente:
- No aceptó la excepción de pago del fideicomiso DALHOM por cuanto el predio dado en pago no correspondía con el que se estaba solicitando el pago del impuesto predial, es decir, el Local 1 CL 16 9-64. Y frente a los demás inmuebles se había establecido obligaciones pendientes por dichos periodos.
- Tampoco aceptó las demás excepciones propuestas, para lo cual sostuvo, con fundamento en la normativa comercial, el Decreto 807 de 1993 y el Concepto 824 de 10 de noviembre de 1999 que “si bien la obligación formal de la presentación de la declaración del impuesto predial corre por cuenta de la Fiduciaria, no la desobliga a la del pago de la misma, por cuanto se debe proveer todos los recursos para efectuar estos con los rendimientos del patrimonio autónomo, convirtiéndose en una obligación solidaria con el fideicomitente, independientemente de los acuerdos celebrados entre particulares, (…), porque para el impuesto predial en principio es sujeto pasivo del impuesto predial en Bogotá, (….) es quien ostente la calidad de propietario o poseedor del inmueble a primero de enero de cada vigencia fiscal, (…)”(13).
- En relación con la prescripción, la demandada no encontró configurada la excepción, porque para el mandamiento de pago respecto de las deudas del año 1999, debía tenerse en cuenta que la declaración fue presentada en el año 2000, razón por la cual es a partir de esta fecha que debe contarse el término de 5 años.
Contra la anterior decisión, la demandante insistió en los argumentos planteados y, adicionalmente, solicitó, entre otras pruebas, una inspección a los libros de contabilidad de la Fiduciaria para demostrar que los patrimonios autónomos carecían de recursos para pagar el impuesto predial.
La Administración Distrital confirmó la resolución que falló las excepciones previas, mediante resolución de mayo 31 de 2007, en la que confirmó la decisión recurrida. En esta oportunidad sustentó la vinculación a la actora en lo dispuesto en el literal b) del parágrafo del artículo 6º del Acuerdo 105 de 2003, que dispone que el mandamiento de pago podrá proferirse “contra la sociedad fiduciaria, para los efectos de su obligación de atender el pago de las deudas tributarias vinculadas al patrimonio autónomo, con los recursos de ese mismo patrimonio”. Negó por improcedente la prueba de revisión de la contabilidad, porque “no desvirtuaría la calidad de título ejecutivo de las declaraciones tributarias presentadas por la Fiduciaria sin pago”(14).
Precisado lo anterior, procede la Sala al análisis de fondo del asunto objeto de estudio, así:
Se advierte que en primera instancia, el Tribunal recaudó pruebas expedidas por la propia Administración respecto del pago realizado por la demandante de gran parte de las obligaciones que hacen parte del cobro objeto de demanda, unas porque fueron pagadas antes de expedirse el mandamiento de pago y, otras, porque se pagaron con posterioridad a la fecha en que se expidió la Resolución que decidió el recurso de reposición contra el acto que decidió las excepciones.
Sin embargo, la demandada en el recurso de apelación afirma que no se puede tener por probado el pago hasta que no sea verificado y, porque, en todo caso, fueron pagos posteriores y no fueron informados por la actora.
Al respecto, la Sala advierte que no resulta procedente que la Administración controvierta la certificación(15) que fue aportada por ella misma en la etapa probatoria en primera instancia y que da cuenta del estado de cuenta en ceros de los predios respecto de los cuales el a quo ordenó cesar el proceso de cobro coactivo(16), amén de que con el recurso no se allegó prueba que desvirtuara ese estado de cuenta por los años gravables discutidos.
Dicha certificación fue expedida el 7 de septiembre de 2009 por la Oficina de Cuentas Corrientes del Contribuyente de la Secretaría de Hacienda del Distrito Capital, fecha para la cual, los pagos realizados por la actora en el año 2007, ya tuvieron que haber ingresado y estar registrados en el sistema de la entidad, lo cual permitió concluir que no presentaban deuda por pago del impuesto predial.
De otra parte, el hecho que los pagos se hubieran realizado luego de la expedición de los actos demandados y que no hubieran sido informados, la Sala observa que tal situación no impide a esta jurisdicción reconocerlos y excluirlos del cobro adelantado contra la demandante, pues no se ajusta al debido proceso y al derecho de defensa mantener los actos demandados en desconocimiento de las pruebas legalmente aportadas al proceso, además la administración de justicia se rige por el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal(17).
Es pertinente precisar en este punto que la certificación a la que se ha hecho mención, reportó un saldo de $250.000 respecto del predio identificado con el CHIP AAA0137PABR y por el año gravable 1999, cuyo pago fue reconocido por el a quo en el numeral 2º de la sentencia, la Sala observa que está acreditado que la fiduciaria presentó la declaración privada el 17 de julio de 2000 y pagó la suma de $7.029.000(18), entonces, si el Distrito consideraba que estaba pendiente la suma de $250.000, debió requerir a la actora para que corrigiera su declaración.
En esas condiciones, no prospera el recurso de apelación de la demandada. Ahora bien, en relación con el recurso interpuesto por la demandante, con el fin de que se revoque el numeral 4º de la sentencia apelada en cuanto ordenó continuar el procedimiento de cobro respecto de los predios identificados con chips AAA0094FZXS (años gravables 2000 y 2001); AAA0072YKHK (año gravable 2000); AAA0031MJXS (año gravable 2000), AAA0053MJBS (años gravables 2000 y 2001); AAA0088EJHK (años gravables 2000 y 2001); AAA00141BWWW (año gravable 2001) y AAA0030OTRU (año gravable 2000), por los saldos insolutos, se advierte lo siguiente:
La fiducia mercantil está contemplada en el ordenamiento comercial como un “negocio jurídico en virtud del cual una persona, llamada fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o más bienes especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario”(19).
Con fundamento en la anterior norma, la Sala(20) ha precisado que una vez el fiduciante transfiere los bienes al fiduciario, se forma con ellos un patrimonio autónomo, separado del resto de activos de la entidad y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios. Este patrimonio autónomo está afecto a la finalidad para la cual fue creado(21) y no forma parte de la garantía general de los acreedores del fiduciario, de manera que los bienes fideicomitidos sólo garantizan las obligaciones contraídas en el cumplimiento de la finalidad perseguida(22), es decir, que la fiducia tiene como deuda la finalidad para la cual fue creada.
La exigencia de la separación de los “bienes fideicomitidos” del resto del activo de una Fiduciaria(23), busca que ese patrimonio no se confunda con el del fiduciario ni con otros patrimonios igualmente constituidos, por ello se constituye como patrimonio autónomo y contablemente debe ser reflejado de manera trasparente su registro como bienes propios del fideicomiso(24).
Así pues, una vez constituida la fiducia surge un patrimonio autónomo únicamente afecto al cumplimiento de las obligaciones que sean contraídas para desarrollar la finalidad para la cual fue creado. Aunque el patrimonio autónomo sea administrado por la sociedad fiduciaria es independiente de su patrimonio y de los demás negocios fiduciarios, además, los bienes que lo constituyen dejan de ser parte del patrimonio del fiduciante, pues se escinden de él.
En el caso concreto, el pago que la Administración pretende hacer efectivo mediante el proceso de cobro coactivo, son las obligaciones contenidas en las declaraciones privadas del impuesto predial de diferentes predios de los patrimonios autónomos administrados por la actora, correspondientes a los años 1999, 2000 y 2001.
En los antecedentes administrativos, se advierte que la Fiduciaria celebró varios contratos de fiducia mercantil, en virtud de los cuales se constituyeron varios patrimonios autónomos con el fin de que la Fiduciaria administrara los bienes, de acuerdo con lo estipulado en dichos contratos.
El objeto de los contratos de fiducia en comentario, de forma general, fue el siguiente: “el fideicomitente trasfiere a título de fiducia mercantil, en favor de la Fiduciaria, la totalidad de los derechos reales, el dominio y la posesión que tiene y ejerce sobre los bienes inmuebles, con el fin de permitir que la Fiduciaria realice las gestiones que se le encomiendan a través de este contrato y ejerza protección de los derechos del beneficiario o de sus cesionarios”.
La conformación de un patrimonio autónomo quedó consignado así: “El bien fideicometido constituye un patrimonio autónomo, separado e independiente de los patrimonios de las partes que intervienen en este contrato, patrimonio que estará exclusivamente afecto a las finalidades de la presente fiducia”.
Del texto del contrato de fiducia, la Sala establece que se trata de un típico contrato de fiducia mercantil, toda vez que el fiduciante transfiere los bienes al fiduciario y se forma con ellos un patrimonio autónomo, separado del resto de activos de la entidad y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios. Esto significa que no se puede confundir la sociedad fiduciaria con el fideicomiso mismo, por el simple hecho de que la fiduciaria sea su administradora y vocera, pues se trata de dos entes o sujetos diferentes, con patrimonio y objetos también diferentes.
Ahora bien, el impuesto predial unificado está regulado en la Ley 44 de 1990, como un impuesto del orden municipal que fusionó varios tributos(25) y que grava la propiedad o posesión de un inmueble en áreas urbanas, rurales o suburbanas(26).
El Decreto 807 de 1993(27) establece que la declaración del impuesto predial unificado es anual y debe presentarse en los formularios oficiales con el lleno de los requisitos legales, en los lugares y dentro de los plazos, que para el efecto señale la autoridad distrital(28).
En cuanto a los obligados a presentar declaración del impuesto predial unificado, el mismo ordenamiento, en el artículo 25 del Decreto 807 de 1993, vigente para la época de los hechos, dispone:
“Los propietarios, poseedores o usufructuarios de predios ubicados en la jurisdicción del Distrito Capital de Bogotá, estarán obligados a presentar anualmente y durante el respectivo periodo, una declaración del impuesto predial unificado por cada predio.
En el caso de predios que pertenezcan a varias personas, la presentación de la declaración por una de ellas, libera de dicha obligación a las demás, independientemente de la responsabilidad de cada una por el impuesto, intereses y sanciones, en proporción a la cuota parte o derecho que tengan en la propiedad”(29).
Si bien, desde el punto de vista mercantil, en virtud del contrato de fiducia le da la propiedad de los bienes fideicomitidos a la fiduciaria, lo que a simple vista la haría sujeto pasivo del impuesto predial, debe tenerse en cuenta que, para efectos de propiedades administradas por patrimonios autónomos, la normativa relacionada con las obligaciones formales y sustanciales del impuesto predial en el Distrito Capital, debe ser complementada con lo dispuesto en el artículo 11-1 al Decreto 807 de 1993(30), que dispone lo siguiente:
“ART. 6º—Cumplimiento de las Obligaciones de los Patrimonios Autónomos. Adiciónase el Decreto 807 de 1993 con el siguiente artículo:
“ART. 11-1—Cumplimiento de las Obligaciones de los Patrimonios Autónomos. En el caso de los fondos comunes, fondos de valores o patrimonios autónomos, se entenderá cumplido el deber de presentar las declaraciones tributarias, cuando la declaración se haya efectuado por el fondo, o patrimonio autónomo, o por las sociedades que los administre.
Cuando los recursos del fideicomiso sean insuficientes, los beneficiarios responderán solidariamente por tales impuestos, retenciones y sanciones”. (Negrillas y subrayas fuera de texto)
De la norma transcrita se establecen las obligaciones formales tributarias a cargo de las fiduciarias y la forma de cumplir la obligación sustancial de pago de los tributos administrados por el Distrito Capital, así:
- Presentación de las declaraciones tributarias correspondientes respecto de cada uno de los patrimonios autónomos(31).
- Pago de las sanciones derivadas del incumplimiento de obligaciones formales, lo cual es responsabilidad directa y exclusiva de la fiduciaria.
- Pago de los impuestos distritales con “cargo a los recursos del fideicomiso” y, en caso de que estos “sean insuficientes”, los “beneficiarios” responderán solidariamente por tales impuestos, retenciones y sanciones.
En esas condiciones, la Sala advierte que las sociedades fiduciarias tienen reguladas expresamente en el artículo 11-1 del Decreto 807 de 1993, las obligaciones tributarias a cargo, respecto de los patrimonios autónomos que administren. En cuanto a la obligación de pago del impuesto, si bien en primera medida corresponde realizarlo a la fiduciaria como vocera y administradora del patrimonio autónomo, tal obligación está condicionada a que existan recursos en el patrimonio autónomo pues de no existir, entran a responder los beneficiarios(32), pero sin que la norma establezca solidaridad entre la fiduciaria como vocera y administradora del patrimonio autónomo, y el beneficiario sino subsidiariedad en la responsabilidad exclusiva del beneficiario(33).
Ahora bien, del acervo probatorio aportado al asunto objeto de estudio, se advierte que, como lo señaló la demandante, en su calidad de administradora de los patrimonios autónomos, presentó las declaraciones privadas del impuesto predial de los bienes inmuebles afectos a los patrimonios autónomos, sin embargo, no pagó el valor a cargo por concepto del tributo(34), por cuanto los patrimonios no contaban con recursos suficientes para cumplir con la obligación.
La Sala advierte que, la actuación adelantada por la demandante, en principio, se ajusta a lo dispuesto en el artículo 11-1 del Decreto 807 de 1993, en la medida en que (i) cumplió con la obligación formal de presentar las declaraciones correspondientes al impuesto predial objeto de cobro y, (ii) en cuanto a la obligación sustancial, teniendo en cuenta que el patrimonio autónomo no contaba con los recursos suficientes para cubrir el valor del tributo, la fiduciaria optó por no pagar suma alguna.
En efecto, la normativa prevé la situación en la que presuntamente se encontraban los patrimonios autónomos en el caso sub examine, esto es, contempla la posibilidad de que el patrimonio autónomo no tenga los recursos suficientes para pagar el impuesto predial, en ese caso, el inciso final del artículo 11-1 del Decreto 807 de 1993 habilita a la Administración para perseguir el pago del tributo en cabeza del beneficiario del fideicomiso, pero nunca de manera solidaria con los recursos propios de la entidad fiduciaria, porque la norma en mención no contempla tal solidaridad y por la naturaleza misma del contrato de fiducia mercantil que ya ha sido explicada.
En esas condiciones, la falta de recursos del fideicomiso para atender el pago del impuesto debe ser demostrada por la sociedad fiduciaria como vocera y administradora del patrimonio autónomo a los cuales están vinculados los bienes inmuebles, aspecto que si bien fue alegado por la actora en el curso del proceso, como lo señaló en el recurso, no fue analizado por el a quo siendo uno de los argumentos insistentemente expuestos por la demandante.
En este caso, como se vio, la Fiduciaria desde el escrito de excepciones contra el mandamiento de pago informó a la Administración que la falta de pago de los impuestos prediales de los bienes fideicomitidos, obedeció a que los patrimonios autónomos no tenían recursos para sufragarlos, para lo cual aportó pruebas de los balances generales de cada uno de los patrimonios autónomos debidamente suscritos por el contador y el representante legal de la fiduciaria, pruebas que no fueron controvertidas por la demandada, e incluso la actora solicitó a la Administración que revisara los libros de contabilidad de la fiduciaria, prueba que no fue practicada.
Pues bien, revisados los balances aportados por la actora y con los cuales sustenta que no pudo cumplir con el pago de los impuestos prediales de los patrimonios autónomos que administra, se advierte que la demandante liquidó y presentó las declaraciones con pago en ceros, así:
Chip(35) Año gravable Fecha de presentación
AAA0094FZXS 2000 7 de julio de 2000
2001 7 de mayo de 2001
AAA0072YKHK 2000 7 de julio de 2000
AAA0053MJBS 2000 7 de julio de 2000
AAA003OTRU 2000 7 de julio de 2000
2001 7 de junio de 2001
AAA00141BWWW 2001 7 de junio de 2001
AAA0088EJHK 2000 7 de junio de 2000
2001 7 de julio de 2001
Como se advierte para los años gravables 2000 y 2001 las declaraciones fueron presentadas en los meses de mayo y julio de 2000 y julio de 2001, fechas para las cuales la actora ha señalado que los patrimonios autónomos no contaban con recursos suficientes para atender el pago del impuesto predial. Sin embargo, los balances generales aportados al proceso con los cuales pretende demostrar la falta de recursos, corresponden a los meses de noviembre y diciembre de 2000, 2001 y para algunos fideicomisos del 2003, por tanto, la prueba no brinda a la Sala la certeza suficiente para tener por demostrado el supuesto de hecho previsto en el artículo 11-1 del Decreto 807 de 1993.
En estas condiciones, es procedente que la demandada adelantara el procedimiento de cobro contra la fiduciaria como vocera de los patrimonios autónomos a los cuales están vinculados los bienes inmuebles y su responsabilidad sólo opera hasta el monto de los recursos con que cuenten los fideicomisos.
Ahora bien, esta Sala observa que del hecho que la Administración haya dirigido formalmente los actos a nombre de la sociedad fiduciaria no puede establecerse, como lo afirma la actora, que la Administración pretenda el cobro de las sumas adeudadas con los recursos propios de la entidad fiduciaria, pues en los actos demandados la Administración ha señalado que el pago debe hacerse con cargo a los recursos de los patrimonios autónomos, lo cual se deduce de una lectura integral de los actos demandados.
En efecto, en la resolución que falla las excepciones, la Administración transcribió el artículo 11-1 del Decreto 807 de 1993 al cual ya se ha hecho mención en estas consideraciones y fundamentó su decisión en el Concepto 824 del 10 de noviembre de 1999, en el que se indica lo siguiente:
“Así las cosas tenemos que dentro de un contrato de fiducia el fiduciario se predica propietario del bien y es entonces este quien deberá proceder a declarar y pagar el Impuesto Predial Unificado por cada uno de los predios que posea bajo la figura de la fiducia, cargando los valores cancelados al patrimonio autónomo, ya que como se ha establecido previamente y observando la normatividad tributaria distrital, está obligado a declarar y pagar el Impuesto Predial Unificado los propietarios, poseedores y usufructuarios de predios ubicados en la jurisdicción de Santa Fe de Bogotá D.C.
Para finalizar este punto debemos aclarar que las responsabilidades tributarias de conformidad con el artículo 11-1 del Decreto Distrital 807 de 1993, tienen características diferentes en cuanto respecta al pago del tributo así como los intereses que este genere y de otro lado el pago de las sanciones que como consecuencia de omisiones o errores propios de la sociedad fiduciaria se presenten con ocasión de declaraciones del impuesto predial unificado, al respecto debemos tener en cuenta dos situaciones totalmente definidas, a saber:
1. En cuanto a los impuestos predial unificado y sobre vehículos automotores, tenemos que el pago de los impuestos, intereses y actualizaciones por inflación que se generen como resultado de las operaciones del mismo, deberán ser efectuados por la fiduciaria con cargo a los recursos del fideicomiso”(36). (Negrillas propias del texto)
Del anterior Concepto, la demandada concluyó en la mencionada resolución que: “De la parte del concepto transcrito, se puede colegir entonces que si bien la obligación formal de la presentación de la declaración del impuesto predial corre por cuenta de la Fiduciaria, (…) por cuanto se debe proveer todos los recursos para efectuar estos con los rendimientos del patrimonio autónomo, (…)”
En el acto que resolvió el recurso de reposición, frente al argumento de la demandante, según el cual existía un error en el deudor de la obligación objeto de cobro, la demandada expresamente señaló:
“La Fiduciaria no es responsable del pago del impuesto predial de los inmuebles afectos a los patrimonios autónomos, es necesario ratificarle al recurrente la posición jurídica adoptada por la Dirección Distrital de Impuestos mediante el Concepto 824 del 10 de noviembre de 1999 (…) citado en el fallo de excepciones. Posición jurídica que se debe complementar con el Concepto 1016 de marzo 11 de 2004, proferido por la misma dependencia, al señalar que:
9. ¿Quién es responsable de declarar el impuesto predial y quién debe pagarlo, cuando se trata de bienes establecidos como patrimonios autónomos, conforme con el Acuerdo 105 de 2003?
Así las cosas, en principio es sujeto pasivo del impuesto predial en Bogotá, la persona propietaria o poseedora de bienes inmuebles ubicados en esta jurisdicción, así las cosas y teniendo en cuenta como antecedentes doctrina proferida por esta Subdirección (conceptos jurídicos 824, 889 y 900), la obligación de declarar el impuesto predial unificado, cuando los bienes se encuentra sujetos a un contrato de fiducia y por ende constituidos como patrimonios autónomos, recae en cabeza de la fiduciaria por existir transferencia de dominio a su favor, en virtud del contrato suscrito, y es responsable de pagar el impuesto con los recursos del patrimonio autónomo.
No obstante tomadas todas la precauciones por la fiduciaria, si los recursos del patrimonio no pueden cubrir el pago del impuesto, es responsable del mismo el fideicomitente o titular de los derechos fiduciarios, esto en segunda instancia y de conformidad con lo expuesto en el artículo 6 del Acuerdo 105 de 2003“.
Por el concepto anteriormente trascrito se concluye que no existe error en la vinculación de la Fiduciaria Unión S.A., en la orden de pago librada mediante (…), por cuanto la Oficina de Cobro optó por el literal b) del parágrafo del artículo 102 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el artículo 6º del Acuerdo 105 de 2003”. (Negrillas fuera de texto)
Se advierte que la Administración para fundamentar que la fiduciaria no era la obligada al pago, transcribió el artículo 6º del Acuerdo 105 de 2003, que prevé lo siguiente:
ART. 6.—Cumplimiento de las obligaciones tributarias de los patrimonios autónomos. Para los efectos del impuesto predial unificado, del impuesto de industria y comercio y de los demás impuestos distritales que se originen en relación con los bienes o con actividades radicados o realizados a través de patrimonios autónomos constituidos en virtud de fiducia mercantil, será responsable en el pago de impuestos, intereses, sanciones y actualizaciones derivados de las obligaciones tributarias de los bienes o actividades del patrimonio autónomo el fideicomitente o titular de los derechos fiduciarios. La responsabilidad por las sanciones derivadas del incumplimiento de obligaciones formales, la afectación de los recursos del patrimonio al pago de los impuestos y sanciones de los beneficiarios se regirá por lo previsto en el artículo 102 del Estatuto Tributario Nacional.
c. Contra los beneficiarios del fideicomiso, como deudores en los términos del artículo 102 del Estatuto Tributario Nacional(37). (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Como se advierte, de los apartes de los actos demandados se puede establecer que lo realmente pretendido por la demandada es obtener el pago del impuesto predial adeudado con cargo a los recursos del patrimonio autónomo y no de la fiduciaria.
Ahora bien, en cuanto a la alegada “falta de título ejecutivo” que sustenta la demandante en que el documento que presta mérito ejecutivo no es la declaración privada, se destaca que el ordenamiento fiscal establece, de manera expresa, cuáles son los títulos ejecutivos.
El Estatuto Tributario, en el Libro Quinto, Título VIII, establece el procedimiento administrativo coactivo para el cobro de las deudas fiscales por concepto de impuestos, anticipos, retenciones, intereses y sanciones, de competencia de la Dirección General de Impuestos Nacionales.
En efecto, el artículo 828 del E.T, aplicable por remisión del artículo 140 del Decreto 807 de 1993, consagra que las deudas exigibles por este procedimiento pueden constar, entre otras, en las declaraciones tributarias presentadas por los administrados, desde el vencimiento de la fecha para su pago.
En el caso sub judice, las obligaciones cuyo pago exige la Administración de manera coactiva son las liquidadas en las declaraciones del impuesto predial, presentadas por la fiduciaria, documentos que al tenor de la norma, son títulos ejecutivos, que consagran una obligación clara, expresa y exigible a cargo de la actora como vocera de los patrimonios autónomos a los cuales están vinculados los inmuebles respecto de los cuales se cobra el tributo.
También es pertinente concretar que el proceso de determinación del impuesto no es un requisito previo para adelantar el proceso de cobro coactivo, por tanto, el Distrito Capital estaba facultado para adelantar el procedimiento con fundamento en las declaraciones presentadas por la demandante en ceros, como lo indicó el Tribunal.
Ahora bien, la actora manifiesta que las deudas a cargo del fideicomiso DALHOM por $258.868.460.05 fueron saldadas por un acuerdo concordatario, por lo que quedó extinguida la obligación del impuesto predial del año gravable 2000 por $687.000(38), respecto del inmueble ubicado en la CL 16 Nº 9-37, identificado con matrícula inmobiliaria 50C-1389820 y con el Chip No. AAA0031MJXS, sujeto al fideicomiso DALHOM constituido mediante escritura pública número 1400 de 13 de febrero de 1996(39).
Mediante Resolución SH-2005PEE36473 de 11 de abril de 2005, la Secretaría de Hacienda declaró no probada la excepción de pago total en razón de que no coincide el inmueble objeto de dación en pago con el predio que se encuentra en el RIT de catastro distrital(40); y por Resolución DDI 027543 de 31 de mayo de 2007, resolvió el recurso de reposición y sostuvo que “el predio con dirección CL 16 9 37 LC y CHIP AAA0031MJXS no figura dentro de los predios que fueron objeto de pago a través de la dación en pago”(41).
En el caso en concreto, el 15 de diciembre de 1999(42) se aprobó por la Superintendencia de Sociedades el concordato celebrado entre la sociedad Dalhom S.A. y el Distrito Capital, en su calidad de acreedor. A su vez, la entidad de vigilancia y control decretó la cancelación de los gravámenes que pesan sobre la propiedad de la deudora(43).
Dentro de las deudas que fueron objeto de pago en virtud de la dación en pago en comento, no se acredita que se encuentre el impuesto predial del inmueble ubicado en la CL 16 Nº 9-37, identificado con matrícula inmobiliaria 50C-1389820 y con el Chip No. AAA0031MJXS, comoquiera que no aparece en el documento contentivo del anexo 2 de la dación en pago en el que se reconocen, califican y gradúan las deudas de DALHOM al Distrito Capital y en el cual se identifican plenamente cada uno de los predios(44).
Así pues, independiente de que se haya trasferido el derecho de dominio de un predio al Distrito para pagar las obligaciones a cargo de Dalhom S.A., en virtud del acuerdo concordatario aprobado el 15 de diciembre de 1999, el impuesto gravable del año 2000 del bien inmueble ubicado en la Calle 16 Nº 9 37 LC, objeto de cobro coactivo, no se había reconocido, calificado, ni graduado para el año 1999, situación que no fue desvirtuada por la actora, pues en su recurso se limitó a reiterar lo expuesto en la demanda.
Ahora bien, la Sala observa que la actora en la demanda solicitó como prueba oficiar a la Superintendencia de Sociedades, para que certifique que los inmuebles afectos al fideicomiso Dalhom, fueron objeto de dación en pago y que la obligación pertinente fue extinguida(45). El Tribunal decretó la prueba y la Superintendencia de Sociedades respondió que “a la fecha la compañía se encuentra adelantando un trámite de liquidación voluntaria, en los términos de los artículos 225 a 259 del Código de Comercio”. Además se informó que se remitió el oficio enviado al liquidador, pero sin que haya sido posible su respuesta y ubicación por parte del Tribunal(46).
Así pues, esta Sección advierte que, si bien la compañía Dalhom se está actualmente en trámite de liquidación del patrimonio social, tal situación no determina que la fiduciaria haya perdido su condición de administradora del bien inmueble afecto al patrimonio de dicha sociedad y, por ende, responsable de las obligaciones que se derivan de este. Además, la liquidación voluntaria no implica que el activo fideicomitido haya regresado al patrimonio de la sociedad, pues los bienes fideicomitidos quedan representados en el patrimonio como derechos fiduciarios en el grupo de intangibles.
Además, no se demostró que la fiduciaria haya dado por terminado el contrato de fiducia en razón del proceso de liquidación voluntaria, como tampoco del contrato que obra a folios 399 a 420, se puede establecer que dicho trámite dé por terminado el contrato.
Las razones anteriores son suficientes para confirmar los numerales primero, segundo y tercero de la sentencia apelada y para modificar el numeral cuarto, para efectos de precisar que, respecto del inmueble ubicado en la KR 89 61 39 SUR, identificado con matrícula inmobiliaria 050-00543898 y con el Chip AAA053MJBS el periodo objeto de cobro únicamente es el año gravable 2000.
MODIFÍCASE el numeral cuarto de la sentencia apelada, el cual quedará así:
“4. Se DISPONE CONTINUAR con el procedimiento de cobro coactivo respecto de los predios identificados con chips AAA0094FZXS (años gravables 2000 y 2001); AAA0072YKHK (año gravable 2000); No. AAA0031MJXS (año gravable 2000); AAA0053MJBS (año gravable 2000); AAA0088EJHK (años gravables 2000 y 2001); AAA00141BWWW (año gravable 2001) y AAA0030OTRU (año gravable 2000), por los saldos insolutos”
10 Fls. 277 a 278 c.a.
11 Fls. 632 a 605 c.a.
12 Fls. 611 a 612 c.a.
13 Fls. 635 a 736 c.p.
14 Fl. 941 c.a.
15 Fl. 350 c.p
16 Numeral 3º de la sentencia apelada.
17 ART. 228 C.P.
18 Folio 234 c.p.
19 ART. 1226 C. Co.
20 Sentencia del 5 de febrero de 2009, Exp. 16261, M.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia
21 ART. 1233 C.Co.
22 ART. 1227 C.Co.
23 Cfr. Artículo 146 numeral 7º del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero: “Separación Patrimonial de los fondos recibidos en fideicomiso. Toda sociedad fiduciaria que reciba fondos en fideicomiso deberá mantenerlos separados del resto de activos de la entidad”.
24 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 7 de mayo de 2008. C.P. Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié.
25 El impuesto predial unificado reúne los siguientes tributos: (i) el impuesto predial adoptado por el Código de Régimen Municipal (D. 1333/86) y demás normas complementarias; (ii) el impuesto de parques y arborización, regulado por el Código de Régimen Municipal; (iii) el impuesto de estratificación económica de la Ley 9a de 1989 y (iv) la sobretasa de levantamiento catastral a que se refieren las leyes 128 de 1941, 50 de 1984 y 9 de 1989.
26 El artículo 54 de la Ley 1430 de 2010 prevé que son sujetos pasivos del impuesto predial, los tenedores de inmuebles públicos a título de concesión.
27 “Por el cual se armonizan el procedimiento y la administración de los tributos distritales con el Estatuto Tributario Nacional y se dictan otras disposiciones”.
28 D.807/93, art. 12, num. 1º, 13 y 16.
29 Esta norma fue modificada por el artículo 15 del Acuerdo 469 de 2011, que establece: ART. 15.—Obligados a presentar declaración del impuesto predial unificado. Los propietarios, poseedores, usufructuarios, así como los tenedores de bienes públicos entregados en concesión, ubicados en la jurisdicción de Bogotá Distrito Capital, estarán obligados a presentar anualmente y durante el respectivo período, una declaración del impuesto predial unificado por cada predio, sin perjuicio de las exenciones y exclusiones contenidas en las normas vigentes.
(…). Cuando se trate de predios vinculados y/o constitutivos de un patrimonio autónomo, son responsables por las obligaciones formales y sustanciales del impuesto, los fideicomitentes y/o beneficiarios del respectivo patrimonio, en su calidad de sujetos pasivos. (Negrillas fuera de texto). Este artículo fue modificado en virtud de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 1430 de 2010, que señala: ART. 54.—Sujetos pasivos de los impuestos territoriales. Son sujetos pasivos de los impuestos departamentales y municipales, las personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho, y aquellas en quienes se realicen el hecho gravado, a través de consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos en quienes se figure el hecho generador del impuesto. En materia de impuesto predial y valorización, igualmente son sujetos pasivos del impuesto los tenedores de inmuebles públicos a título de concesión. (Negrillas fuera de texto).
30 Norma adicionada por el artículo 6° del Decreto 401 de 1999
31 Aunque la norma transcrita señala que debe presentarse una sola declaración por todos los patrimonios autónomos, se ha entendido que esta obligación para el caso del impuesto predial debe concordarse con el artículo 25 del Decreto 807 de 1993, que establece: «ART. 25º—Obligados a presentar Declaración de Impuesto Predial Unificado. A partir del 1º de enero de 1994, los propietarios o poseedores de predios ubicados en la jurisdicción de Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, estarán obligados a presentar anualmente y durante el respectivo período, una declaración del impuesto predial unificado por cada predio». La Administración Distrital en el Concepto 824 del 10 de noviembre de 1999, citado en la Resolución que falló las excepciones en el presente proceso, indicó lo siguiente: «Como podemos observar en el impuesto Predial Unificado la obligación de declarar y pagar el tributo recae en los propietarios, poseedores y usufructuarios de predios ubicados en jurisdicción de Santa Fe de Bogotá, D.C., de la misma forma la obligación tributaria debe ser cumplida por cada predio existente de manera independiente. Ahora bien, si debe ser declarado cada predio de manera independiente mal podría pensarse en cumplimiento de la disposición prevista en el artículo 11-1 del Decreto 807 de 1993, de “presentar una sola declaración por todos los patrimonios autónomos” cuando estos correspondan a predios inmuebles, sea el caso de la titularización o en la fiducia de administración a manera de ejemplo. Ya que esta disposición imposibilitaria el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones por concepto del impuesto predial unificado ya que la característica propia del tributo así lo determina».
32 Esta conclusión no contradice la sentencia del 8 de noviembre de 2007, Exp. 15958, M.P. Dra. Ligia López Díaz, pues en esa oportunidad el asunto discutido era diferente, pues el análisis propuesto estaba encaminado a establecer si la declaración del impuesto predial presentada por el beneficiario del fideicomiso era válida, a pesar de que la fiducia ya había presentado la liquidación del impuesto.
33 Como lo ha señalado la Sala: “Es procedente precisar que la Responsabilidad Solidaria hace referencia a la obligación conjunta sobre una misma prestación, aunque en materia fiscal ésta se encuentra limitada por el monto de los aportes, de modo que para cada uno de los responsables, principal o solidario, se hace exigible al tiempo la obligación sustancial y con ello nace la posibilidad de ejercer en su contra el cobro coactivo.
La subsidiaria, en cambio, aunque esté previamente determinada en la ley, sólo opera de manera residual al cumplimiento de una condición, que es la que el deudor principal no pague; de forma tal que no puede iniciarse proceso de cobro coactivo contra el deudor subsidiario, sino cuando esté demostrado en la actuación que la labor de cobro en contra del deudor principal ha sido fallida”. Sentencia del 31 de julio del 2009, exp. 17103, M.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia.
34 Fls. 2 a 120 c.a.
35 Se tienen en cuenta aquellos respecto de los cuales el Tribunal ordenó seguir adelante la ejecución en el numeral 4º de la sentencia objeto de apelación, salvo el predio identificado con el Chip AAA0031MJXS por tratarse del fideicomiso Dalhom que se analizará más adelante.
36 Fls. 46 a 47 c.p.
37 Los apartes subrayados fueron declarados nulos por esta Sección, mediante sentencia del 5 de febrero de 2009, Exp. 16281.
38 Según el mandamiento de pago 48555 de 10 de mayo de 2004, Folios 276 a 279.
39 Folios 399 a 420 c.a.
40 Folios 39 y 40 c.p.
41 Folios 53 a 64 c.p.
42 Fls. 837 a 838 c.a.
43 Folios 392 a 398 c.a.
44 Folios 395 a 396 c.a.
45 Fl. 232 c.p.
46 Fls. 345 a 362 c.p.