Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/727607093
Timestamp: 2020-02-27 18:40:02
Document Index: 334886856

Matched Legal Cases: ['artículo 34', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 10', 'artículo 86', 'artículo 23', 'artículo 15', 'artículo 20', 'artículo 74', 'artículo 74', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 23', 'artículo 3', 'artículo 12', 'artículo 32', 'artículo 44', 'artículo 173', 'artículo 15', 'artículo 29', 'artículo 32']

Sentencia de Tutela nº 114/18 de Corte Constitucional, 3 de Abril de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 727607093
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PRIVADA Y LA NATURALEZA DE LA INFORMACIÒN RECOPILADA POR LOS CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION. El padre de la peticionaria estaba de paseo en el establecimiento accionado cuando sufrió un accidente en las piscinas del referido centro recreativo que le produjeron su posterior fallecimiento. Por no tener certeza alguna de las circunstancias de tiempo y modo en que acaecieron los hechos, se solicitó copia de los videos captados ese día por las cámaras de seguridad. La accionada denegó la petición argumentando que en dichos registros fílmicos aparecían las imágenes de niños, niñas y adolescentes en vestidos de baño, lo cual se considerada como datos sensibles que se encontraban protegidos por la Ley Estatutaria de Datos Personales. Luego de reiterar jurisprudencia relacionada con el derecho fundamental de petición y acceso a la información se DENIEGA el amparo invocado. No obstante, se le informa a la tutelante que puede hacer uso de los mecanismos procesales vigentes para solicitar la entrega del material de video de las cámaras de seguridad ubicadas en el establecimiento de comercio demandado. A éste, se le advierte el deber de custodia que tiene frente a dicho material fílmico, debido a que eventualmente puede ser requerido por alguna autoridad judicial. Recibo Relatoria:
Acción de tutela instaurada por la señora L.Q.B. contra la sociedad Ecotermales San Vicente S.A.
La S. Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada D.F.R. y los Magistrados L.G.G.P. y C.B.P., quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
En el trámite de revisión del fallo de segunda instancia adoptado por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de P., 13 de septiembre de 2017, que confirmó la decisión proferida por el Juzgado Segundo Civil Municipal de P., el 26 de julio de 2017, dentro del proceso de tutela promovido por la señora L.Q.B. contra la sociedad Ecotermales San Vicente S.A.
Conforme a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto-ley 2591 de 1991, la S. de Selección Número Seis de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, el asunto de la referencia.
De acuerdo con el artículo 34 del Decreto-ley 2591 de 1991, esta S. de Revisión procede a dictar la sentencia correspondiente.
El 14 de julio de 2017, la señora L.Q.B. formuló acción de tutela en contra de la sociedad Ecotermales San Vicente S.A., a fin de que se le protegieran sus derechos fundamentales de petición, habeas data, acceso a la administración de justicia y de acceso a la información.
Los supuestos fácticos que dieron origen a la presente acción de tutela se pueden sintetizar así:
Narró la tutelante que el 2 de julio de 2017, su padre, el señor S.M.Q.C., se encontraba de paseo en el establecimiento de comercio denominado “Termales de San Vicente” de propiedad de la sociedad accionada, lugar en el cual, sufrió un accidente en circunstancias extrañas, que le produjeron su posterior fallecimiento el día 8 de los mismos mes y año.
Relató que al solicitarle explicaciones al administrador de dicho centro de recreación, el mencionado funcionario manifestó “no ser procedente dar las mismas” y, en consecuencia, le sugirió que presentara una petición, a través de la cual, solicitara copia de los videos de seguridad de la fecha de ocurrencia del accidente.
Señaló que, el 7 de julio de 2017, su hermana solicitó copias de los registros fílmicos a la sociedad accionada, debido a que, en la institución médica en la cual se encontraba hospitalizado el señor Q.C. necesitaban conocer con precisión el tiempo de inmersión de la víctima en las aguas termales.
Expresó que, el 11 de julio de 2017, la sociedad Ecotermales San Vicente S.A. respondió negativamente a la petición elevada por la hermana de la tutelante, debido a que los videos requeridos “muestran datos sensibles en donde están menores de edad y la ley de protección de datos les impide su compulsa”.
Concluyó que a fin de obtener información acerca de los motivos del fallecimiento del señor Q.C., necesita verificar el registro fílmico de la fecha de acaecimiento del accidente y, ante tal negativa, la entidad accionada está vulnerando los derechos fundamentales de información, petición y acceso a la administración de justicia, por cuanto, “para nosotros los parientes no es posible determinar la causa probable de la muerte de mi padre si no se tiene conocimiento de los hechos que rodearon el suceso que le llevó a la muerte”[1].
Pretensiones[2]
La tutelante solicitó que i) se amparen los derechos fundamentales de información, petición, habeas data y de acceso a la administración de justicia y, ii) se ordene a la accionada la entrega del registro fílmico de las cámaras de seguridad instaladas en el establecimiento Termales de San Vicente, del día 2 de julio de 2017, entre las 3 y 5 de la tarde.
El 14 de julio de 2017, el Juzgado Segundo Civil Municipal de P. admitió la referida acción constitucional y, ordenó tener como pruebas los documentos aportados con el referido recurso de amparo[3].
El 19 de julio de 2017, la sociedad Ecotermales San Vicente S.A. dio respuesta a la acción de tutela instaurada en su contra por la señora L.Q.B. y, para tal efecto, esgrimió los siguientes argumentos en su defensa.
Adujo la configuración de un hecho superado “con relación al derecho de petición radicado el 07 de julio de 2017 y contestado el 11 de julio de 2017, por considerar que los presupuestos invocados por el actor para fundamentar su acción de tutela en este sentido habían desaparecido una vez se dio respuesta”[4]. Además, arguyó que la respuesta no fue favorable, debido a que la Ley 1581 de 2012 prohíbe a la sociedad accionada y a cualquier persona jurídica que administre datos “exponer o circular datos sensibles, la circulación de imágenes de (menores de edad) quienes además estaban en vestido de baño”[5].
En lo atinente al suministro de los registros de las cámaras de seguridad, la entidad accionada expresó que no era posible acceder a tal solicitud, toda vez que, “las cámaras de video guardan información solo 8 días y luego graban sobre el mismo disco, por lo tanto no existe dicho registro, a excepción de la piscina de algas (lugar cercano donde sucedieron los hechos) y de la cual Ecotermales San Vicente S.A. guarda una copia de seguridad para aportar a una eventual investigación en caso de ser requerida por una autoridad judicial que pretenda analizar los hechos”[6].
El 26 de julio de 2017, el Juzgado Segundo Civil Municipal de P. declaró como hecho superado los supuestos fácticos que dieron origen a la acción de tutela de la referencia, de conformidad con las siguientes consideraciones:
“Teniendo presentes los hechos puestos en conocimiento, se vislumbra que en este caso concreto no existe vulneración a ningún derecho fundamental, por cuanto la entidad accionada ya dio respuesta al derecho de petición con base en la formulación de manera clara y concisa. Independientemente de que haya o no accedido a satisfacer la pretensión final de la accionante y la cual está sustentada en el por qué de su negativa a acceder a lo impetrado por la señora Q.B..
En concreto, respecto a los derechos fundamentales invocados es claro que ECOTERMALES SAN VICENTE no le ha vulnerado los derechos a la señora L.Q.B..
El 8 de agosto de 2017, la tutelante formuló impugnación en contra de la decisión aludida en el numeral anterior, a fin de que fuera revocada y, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la mencionada acción constitucional. En efecto, señaló que “el derecho de petición no solamente busca que las peticiones sean resueltas sino que busca una verdadera satisfacción al derecho de información (…) y lo que busca es conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que falleció mi padre, antes que sean borrados los registros fílmicos que darán cuenta de lo sucedido, información de la cual no es reserva”[8].
El 13 de septiembre de 2017, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de P. confirmó la decisión de primera instancia, de conformidad con las siguientes consideraciones:
En consecuencia, se confirmará el fallo emitido por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de P., el día veintiséis de junio del año que avanza, el cual negó el amparo por la señora L.Q.B.”[9].
Esta S. de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela proferido dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto-ley 2591 de 1991.
Identificación de los problemas jurídicos
Le corresponde a esta S. de Revisión resolver los siguientes problemas jurídicos:
¿La acción de tutela presentada por la señora L.Q.B. en contra de la sociedad Ecotermales San Vicente S.A., cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela?
Dado el evento en que la respuesta al anterior interrogante fuere afirmativa, esta Corporación pasará a resolver el siguiente problema jurídico:
¿La sociedad Ecotermales San Vicente S.A. debe garantizar los derechos fundamentales de petición, de información, habeas data y de acceso a la administración de justicia de la señora L.Q.B., y en consecuencia, está obligada a entregarle los registros de las cámaras de seguridad instaladas en la piscina del establecimiento Termales de San Vicente, del día 2 de julio de 2017?
Para resolver estos problemas jurídicos, la S. de Revisión abordará los siguientes tópicos: i) Reiteración de la jurisprudencia de la Corte Constitucional acerca de los requisitos generales de procedencia de dicha acción constitucional; iii) Verificación del cumplimiento de los requisitos de legitimación en la causa por activa y por pasiva y, de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela; iv) Contenido y alcance del derecho a la información.
Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela (Reiteración de jurisprudencia)
El artículo 86 de la Carta Política dispone que toda persona puede acudir a la acción de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de particulares. En relación con estos últimos, la mencionada disposición señala que la acción de tutela procede siempre que sean encargados de la prestación de un servicio público, que afecten grave y directamente el interés colectivo o respecto de quienes se esté en situación de indefensión o subordinación[10]. Por último, la referida acción constitucional resulta procedente cuando el accionante no disponga de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para la protección de sus derechos, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la consolidación de un perjuicio irremediable.
Procede entonces esta S. de Revisión a verificar si en el caso concreto se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela.
En lo que tiene que ver con la legitimidad e interés en la acción de tutela, el artículo 86 de la Carta Política de 1991 dispuso que toda persona puede reclamar ante las autoridades judiciales la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. Asimismo, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que “la acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante”.
Sin embargo, el referido decreto ley distinguió algunos eventos en los cuales se faculta a terceras personas para solicitar el amparo de derechos ajenos a través de la figura de la agencia oficiosa[11]. De igual manera, el defensor del pueblo y los defensores municipales también pueden incoar dicha acción constitucional[12].
En el presente caso, se encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de la señora L.Q.B., toda vez que allegó copia de su registro civil de nacimiento[13] del cual se desprende que es hija del señor S.M.Q.C., quien sufrió un accidente en el establecimiento de comercio “Termales San Vicente” que, posteriormente, le produjo su fallecimiento.
La jurisprudencia de esta Corporación ha sido pacífica en afirmar que el artículo 86 de la Constitución Política diseñó la acción de tutela como un mecanismo con carácter residual y subsidiario[14]. La principal finalidad de esta acción consiste en la protección de los derechos fundamentales ante posibles vulneraciones y/o amenazas “cuando no exista otro medio idóneo de defensa de lo invocado, o cuando existiéndolo, no resulte oportuno o se requiera acudir al amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”[15]. Es decir, siempre que exista otro medio judicial que garantice la eficacia de la protección de los derechos de la tutelante, deberá acudirse a estos y no a la acción de tutela.
A su turno, el referido precepto constitucional consagró que, en principio, la acción de tutela se invoca para la protección de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública. No obstante, la tutela también procede contra acciones u omisiones de particulares siempre que estén “encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”[16].
Habida cuenta de que el presente asunto está referido a una supuesta vulneración del derecho fundamental de petición reconocido en el artículo 23 de la Constitución y desarrollado en la Ley Estatutaria 1755[17] de 2015, esta S. de Revisión destaca que aquel se encuentra a cargo de personas naturales y jurídicas, cuyo núcleo esencial está compuesto por: (i) la pronta resolución; (ii) la respuesta de fondo; y (iii) la notificación de la respuesta.
La mencionada normatividad regula, entre otros aspectos, lo atinente al derecho de petición ante organizaciones e instituciones privadas y, para tal efecto, consagró que toda persona se encuentra facultada para ejercer este derecho, a fin de garantizar sus derechos fundamentales ante organizaciones privadas con o sin personería jurídica, tales como sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, instituciones financieras o clubes[18].
Además, estableció que este derecho también podía ejercitarse ante personas naturales siempre y cuando frente a ellas el solicitante se encuentre en situación de indefensión, subordinación, o la persona natural se encuentre ejerciendo una función o posición dominante frente al peticionario[19].
En línea con lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que para su procedencia, se debe concretar al menos uno de los siguientes eventos:
Al descender al caso concreto, se tiene que la sociedad Ecotermales San Vicente S.A. es una organización privada, tal y como se desprende del correspondiente certificado de existencia y representación legal[25], cuyo principal objeto social consiste, entre otras cosas, en la explotación de la industria hotelera y turística. En ese orden, se trata de una persona jurídica que, según la Ley Estatutaria 1755 de 2015, se encuentra obligada a darle trámite a aquellas solicitudes que formulen ciudadanos a fin de garantizar otros derechos fundamentales.
En tal orden de ideas, se impone concluir que respecto de la sociedad Ecotermales San Vicente S.A. se encuentra legitimada en la causa por pasiva para actuar dentro del asunto de la referencia, puesto que se trata de un particular autorizado por la referida ley estatutaria para tramitar solicitudes que se formulen en ejercicio del derecho fundamental de petición.
Este requisito de procedibilidad le impone al tutelante el deber de formular la acción de tutela en un término prudente y razonable respecto del hecho o la conducta que causa la vulneración de derechos fundamentales[26]. La jurisprudencia de la Corte Constitucional, de manera reiterada, ha sostenido que no existe un plazo de caducidad para incoar la referida acción constitucional, tal como se indicó en la sentencia C-543 de 1992, en cuya virtud se declaró la inconstitucionalidad de los artículos 11[27], 12[28] y 40[29] del Decreto Ley 2591 de 1991.
Empero, la inexistencia de un término de caducidad de la acción de tutela no implica per se que dicho recurso pueda presentarse en cualquier tiempo, por cuanto una de las principales características de este mecanismo de protección es la inmediatez, por consiguiente, esta Corporación ha señalado que la acción constitucional aludida debe formularse dentro de un plazo razonable que permita la protección inmediata del derecho fundamental presuntamente transgredido y/o amenazado[30].
El referido aspecto temporal pretende combatir la negligencia, el descuido o la incuria de quien la ha presentado, por cuanto es deber del tutelante evitar que transcurra un lapso excesivo, irrazonable o injustificado desde que se presentó la actuación u omisión que causa la amenaza o vulneración de las garantías constitucionales hasta la presentación de la acción de tutela[31].
A su turno, esta Corporación[32], de manera reiterada, ha identificado una serie de situaciones a fin de determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el desconocimiento de la atribución fundamental y el reclamo ante el juez constitucional, entre las cuales se destacan las siguientes:
Así, pues, la S. observa que los hechos que la tutelante considera como vulnerantes de su derecho a obtener una respuesta clara por parte de la sociedad Ecotermales San Vicente S.A. ocurrió el 11 de julio de 2017, fecha en la que la sociedad accionada contestó el derecho de petición de información formulado por la tutelante y que, según esta última, no respondió de fondo. Habida consideración de que la mencionada acción se presentó el 14 de los mismos mes y año, se impone concluir que la señora L.Q.B. acudió a este mecanismo dentro de un plazo razonable.
La jurisprudencia de esta Corporación[36] ha sido clara en señalar que cuando se trata de proteger el derecho fundamental de petición, el ordenamiento jurídico colombiano no tiene previsto un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz diferente de la acción de tutela, de modo que quien resulte afectado por la vulneración a este derecho fundamental no dispone de ningún mecanismo ordinario de naturaleza judicial que le permita efectivizar el mismo.
En tal sentido, quien encuentre que la respuesta a su derecho de petición no fue producida en debida forma, ni comunicada dentro de los términos que la ley señala, y que en esa medida vea afectada esta garantía fundamental, puede acudir directamente a la acción de amparo constitucional.
Ahora bien, resulta menester advertir que el derecho de petición implica diversas modalidades: reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerimiento de información, examen o petición de copias de documentos, formulación de consultas, quejas, denuncias y reclamos e interposición de recursos[37].
En el presente litigio, la sociedad Ecotermales San Vicente S.A. le dio respuesta a la petición formulada por la tutelante, no obstante, dicha ciudadana estima que no fue resuelta de fondo. En consecuencia, la señora L.Q.B. acudió a la acción de tutela para reclamar contra un particular, la protección a su derecho fundamental de petición y, siendo este el único mecanismo disponible para su pretensión, resulta imperioso concluir que la misma está llamada a proceder en términos de subsidiariedad.
Derecho fundamental de petición y acceso a la información. Clasificación. Reiteración de jurisprudencia
En primer lugar, debe señalarse que la Convención Americana sobre Derechos Humanos[38] garantiza el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, el cual está comprendido por la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea de manera oral, escrita o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento a elección de la persona interesada.
Asimismo, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contempló que todas las personas contarán con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio sin discriminación por motivo de raza, color, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, etc.
Aunado a ello, se destaca el principio tercero del mencionado instrumento internacional, según el cual, toda persona tiene derecho al acceso a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa y, por su parte, el principio 4 indicó que el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos y, constituye deber del aparato estatal garantizar el ejercicio de este derecho. Dicho principio solo admite limitaciones excepcionales que deben estar previstas por la ley para el caso en que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas.
En el ordenamiento jurídico interno, el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental. En efecto, el artículo 15[39] de la Constitución Política prescribe que todas las personas tienen derecho a conocer las informaciones que se hayan recogido en bancos de datos y archivos de entidades públicas y privadas. A su turno, el artículo 20[40] Superior consagró la garantía de toda persona a la libertad de informar y recibir información veraz e imparcial. Además, el artículo 74[41] Fundamental dispuso que todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley.
Esta Corte ha destacado que el derecho a la información no es solamente el derecho a informar, sino también el derecho a estar informado. “De ahí la importancia del artículo 74 de la Constitución Nacional, que al consagrar el derecho de acceder a los documentos públicos, hace posible el ejercicio del derecho a la información, y de esta manera los demás derechos fundamentales ligados al mismo”[42].
Ahora bien, esta Corporación, en sentencia T-578 de 1993, distinguió tres manifestaciones del derecho fundamental a la información así: i) un deber, tanto del Estado como de los particulares, de emitir una respuesta frente a la solicitud de información requerida; ii) un derecho de toda persona a recibir información y iii) un derecho de los profesionales de construir la información con libertad y responsabilidad social.
Igualmente, esta Corte enfatizó que la libertad de información es un derecho fundamental cuyo ejercicio goza de protección jurídica y, a su vez involucra obligaciones y responsabilidades, por cuanto, es un derecho-deber, esto es, un derecho no absoluto que supone una carga que condiciona su realización[43].
En lo que tiene que ver con la clasificación de la información, esta Corporación, en la sentencia T-729 de 2002, estableció una doble tipología. De un lado, señaló que la información se podía catalogar como personal o impersonal en razón a la protección de derechos como la intimidad, el buen nombre y el habeas data, entre otros. Y del otro, la clasificó desde “(…) un punto de vista cualitativo en función de su publicidad y la posibilidad legal de obtener acceso a la misma”. De conformidad con esta última clasificación, la información puede ser:
De igual forma, en sentencia T-414 de 2010, la S. Novena de Revisión de la Corte Constitucional destacó que esta clasificación contribuía a esclarecer en el trámite de una acción de tutela, si el solicitante tiene derecho a obtener la información y, correlativamente, si la autoridad accionada se encuentra en la obligación de suministrarla sin vulnerar derechos fundamentales, tales como, el de petición, a la intimidad, al acceso a documentos públicos, al buen nombre y al habeas data, etc.
Asimismo, esta Corte, de manera reciente, señaló que el derecho a la intimidad comprendía la información reservada, la privada y la semiprivada. Además, que respecto de cada una de ellas existe un interés jurídicamente protegido, que se traduce en la posibilidad de oponerse absolutamente a la búsqueda, divulgación y uso de la información (información reservada) o en la necesidad de que tales actividades estén precedidas de una autorización judicial (información privada) o administrativa (información semiprivada)[45].
Atendiendo la clasificación elaborada por la jurisprudencia constitucional, esta S. de Revisión se concentrará en distinguir los aspectos más esenciales de la información pública y la información privada, con el propósito de, posteriormente, determinar la naturaleza de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento de comercio “Termales San Vicente” y de este modo establecer si le fue o no garantizado su derecho de petición de información
Con la expedición de la Ley 1712 de 2014 se promulgó la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. En dicha normatividad se catalogó como fundamental el derecho de acceso a la información pública y, adicionalmente, su artículo 2°, definió la información pública como aquella que está en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado, la cual no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal[46].
En lo tocante a los sujetos obligados a entregar la información pública, esta Corte debe advertir que el derecho fundamental de acceso a la información genera obligaciones para las autoridades públicas de todas las ramas del poder público, las pertenecientes a los niveles central y descentralizado y la de los órganos autónomos y de control, de todos los niveles de gobierno. Este derecho también vincula a aquellas personas naturales y jurídicas que cumplen funciones públicas o presten servicios públicos. La obligación consiste en suministrar la información exclusivamente relacionada con el desempeño de la función pública o con la prestación del servicio público.
Justamente, la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, en su artículo 5[47], señaló las personas que se encuentran obligadas a hacer entrega de la información, así:
Se advierte en la mencionada Ley Estatutaria que aquellas personas naturales o jurídicas de carácter privado que sean usuarios de información pública no serán sujetos obligados a entregar información[48]. Sin embargo, la Ley 1755 de 2015[49], en su capítulo III[50], reguló el derecho de petición ante organizaciones e instituciones privadas y, en consecuencia, le impuso el deber a tales sujetos de atender las solicitudes que presenten las personas en ejercicio de aquel a fin de garantizar sus derechos fundamentales y, habida cuenta que el derecho de acceso a la información es una modalidad del derecho de petición[51], se impone concluir que las personas jurídicas de derecho privado sí se encuentran obligadas a suministrar información.
Asimismo, mediante la sentencia C-274 de 2013, la Corte Constitucional examinó la constitucionalidad de la Ley Estatutaria de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y, respecto de los elementos de este derecho fundamental, adujo que: i) el titular del derecho es universal al señalar que “toda persona” puede conocer la información pública; ii) el objeto sobre el cual recae la posibilidad de acceso a información en posesión o control de un sujeto obligado no sólo es la información misma, sino también su existencia; iii) el derecho sólo puede ser restringible excepcionalmente por expreso mandato constitucional o legal.
En lo que tiene que ver con la restricción al acceso a la información pública, esta Corporación estableció unas reglas para considerar legítima una restricción del derecho de acceso a la información pública >, así[52]:
En la mencionada decisión, se advirtió que la finalidad de proteger la seguridad o defensa nacional resultaba constitucionalmente legítima y, por ende, para el logro de tales objetivos podía establecerse la reserva de cierta información. No obstante, en cada caso se debía “acreditar que tales derechos o bienes se verían seriamente afectados si se difunde determinada información, lo que hace necesario mantener la reserva”[53].
La jurisprudencia de la Corte Constitucional define la información privada como aquella que se encuentra en el ámbito propio del sujeto a quien le incumbe y, por ende, sólo puede accederse a esta por orden de autoridad judicial en el ejercicio de sus funciones[54]. La información personal comprende la relacionada con los libros de los comerciantes, los documentos privados, las historias clínicas, la información extraída a partir de la inspección del domicilio o luego de la práctica de pruebas en procesos penales sujetas a reserva[55]. De igual forma, tiene naturaleza de información privada “la información genética que reposa en bancos de sangre, esperma, laboratorios, consultorios médicos u odontológicos o similares”[56].
La Corte ha advertido que en los eventos aludidos, esta información revela facetas importantes de la vida personal, social y económica del individuo y que, debido a expresa disposición constitucional o por su propia naturaleza, solo puede ser divulgada por autorización de la persona a la que se refiere, o por la existencia de una decisión judicial. “En estos casos, la justificación que explica la posibilidad de divulgar la información, en contra de la voluntad de la persona a la que se refiere, puede hallarse en finalidades especialmente importantes como ocurre, por ejemplo, con la búsqueda de la verdad en un proceso penal”[57].
Recientemente, la S. Séptima de Revisión de la Corte Constitucional precisó que las reglas establecidas para el acceso a la información y a los documentos públicos no son aplicables en el caso de los documentos e informaciones privadas, pues como lo ha señalado la Corte, las relaciones entre particulares se desarrollan bajo el postulado de la libertad y la autonomía de la voluntad privada y, por tanto, no deben existir desequilibrios ni cargas adicionales para los ciudadanos[58].
A propósito de lo anterior, debe traerse a colación que la Ley 1581 de 2012[59] reguló lo relacionado con el tratamiento de datos personales. Entre sus principios orientadores está el de confidencialidad, en cuya virtud las personas que intervengan en el tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos, están obligadas a garantizar la reserva de la información, incluso después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el tratamiento, pudiendo solo realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en el mencionado cuerpo normativo[60].
Efectivamente, la mencionada ley estatutaria delimitó el concepto de datos sensibles como aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como los que revelen el origen racial o étnico, orientación política, convicciones religiosas o filosóficas, pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales de derechos humanos o que promuevan intereses de cualquier partido político o garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos[61].
La normativa aludida prohibió el tratamiento de datos sensibles[62], salvo los siguientes eventos, cuando:
Ahora bien, en lo atinente a los datos personales de niños, niñas y adolescentes[63], la Ley 1581 proscribió el tratamiento de dicha información, salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública[64].
En primer lugar, un circuito cerrado de televisión o Closed Circuit Television –CCTV– es un conjunto de componentes directamente entrelazados, que crean un circuito de imágenes y, se les denomina circuito cerrado porque a diferencia de la televisión tradicional, este solo permite un acceso limitado y restringido del contenido de las imágenes a algunos usuarios[65].
En efecto, el CCTV puede estar compuesto de una o varias cámaras de vigilancia conectadas a uno o más monitores o televisores, los cuales reproducen imágenes capturadas; estas imágenes pueden ser, simultáneamente, almacenadas en medios analógicos o digitales, según lo requiera el usuario[66].
Precisamente, la Superintendencia de Industria y Comercio publicó la guía denominada “Protección de datos personales en sistemas de videovigilancia”[67], en la cual se brinda una orientación a aquellas personas naturales o jurídicas que implementen tales sistemas y, en consecuencia, los exhorta para que adecúen el uso de los mismos a las disposiciones que regulan la protección de datos personales.
En dicha publicación se precisó que los sistemas de videovigilancia son considerados como intrusivos de la privacidad al involucrar herramientas como el monitoreo y la observación de las actividades que realizan las personas a lo largo del día. En tal sentido, se afirma que antes de tomar la decisión de implementar tales sistemas se debe tener en cuenta la necesidad de utilizarlos y, además, considerar si esa necesidad se suple con la implementación de los mismos o si existen otros mecanismos que se puedan utilizar y que generen un menor impacto en la privacidad de las personas.
Ahora bien, la jurisprudencia de esta Corte ha reconocido que los métodos de vigilancia son instrumentos encaminados a la prevención del delito o de las faltas por medio de la disuasión y a la identificación de delincuentes en un entorno físico determinado. En consecuencia, las cámaras de seguridad reducen la posibilidad de cometer delitos, por cuanto, al estar el espacio respectivo bajo vigilancia, resulta más complejo la perpetración de una conducta punible[68].
De igual manera, esta Corte, en aquella oportunidad, recordó que los sistemas de videovigilancia no solo graban las actuaciones delictivas, sino todas las actividades que llevan a cabo las personas en espacios públicos, con el agravante de que, en la mayoría de los casos, la ciudadanía no tiene conocimiento de que está siendo grabada, ni mucho menos que está siendo observada, ni tampoco para qué fines se utilizan los mencionados videos[69].
Aunado a ello, esta Corporación ha sostenido que la filmación en espacios privados como el domicilio, no son tan generalizadas. En efecto, “las cámaras pueden ser instaladas para garantizar la seguridad, por voluntad del interesado, cuando por ejemplo quiere vigilar la conducta del personal de servicio, o en el perímetro de una casa para evitar los asaltos, o pueden ser utilizadas para filmar las actividades de las personas dentro de la casa con diferentes fines. En estos casos, no es el Estado o el dueño de un espacio semi-público o semi-privado quien controla la grabación, sino el propio individuo, por consiguiente, al pertenecer a su esfera privada, no se vulnera derecho alguno a menos de que la información sea divulgada por un tercero”[70].
En la sentencia T-768 de 2008, la S. Novena de Revisión de esta Corte resolvió una acción de tutela interpuesta por un funcionario de una entidad financiera que alegaba que la instalación, por parte del banco, de cámaras de video por fuera del sistema de monitoreo, de manera subrepticia, en el lugar donde desempeñaba sus funciones, vulneraba su derecho fundamental a la intimidad. En la citada providencia se establecieron una serie de criterios a tener en cuenta al momento de instalar un sistema de videovigilancia, así:
Pues bien, a fin de determinar la naturaleza de la información captada por los circuitos cerrados de televisión, resulta importante tener en cuenta el lugar de instalación de las cámaras de vigilancia, esto es, si están dispuestas en: i) lugares privados, como por ejemplo, en una residencia, ii) establecimientos privados abiertos al público o, iii) establecimientos y/o instituciones públicas.
Respecto de la anterior distinción, se tiene que la información captada por las cámaras de seguridad instaladas en el domicilio de una persona es indiscutiblemente privada. De igual manera, la información captada por los equipos de vigilancia instalados en establecimientos privados abiertos al público también tienen la naturaleza de privada, debido a que continuamente se encuentra registrando información de las personas que frecuentan este tipo de lugares.
Cosa distinta, ocurre con los dispositivos de seguridad instalados en establecimientos y/o instituciones públicas, debido a que, según la tipología establecida por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, está captando imágenes en un lugar abierto al público.
Lo anterior sin perjuicio de las particularidades de cada caso, por cuanto, puede ocurrir que dentro de una residencia se instalen unas cámaras de seguridad por orden legal y/o judicial, circunstancia en la cual no se puede considerar que las imágenes que capten dichos equipos sean de carácter privado, toda vez que, la utilización de dicho material estaría destinado a fines completamente diferentes a los personales.
R., la presente acción de tutela está relacionada con el derecho de petición que la señora L.Q.B. formuló el 14 de julio de 2017 ante la sociedad Ecotermales San Vicente S.A., propietaria del establecimiento de comercio denominado “Termales San Vicente” ubicado en la ciudad de P., con el fin de que se le hiciera entrega de una copia de los videos captados por las cámaras de seguridad de dicho establecimiento el día 2 de julio de 2017 entre las 3:30 p.m. y 5:00 p.m.
Se relata en la demanda de tutela que el padre de la tutelante, señor Segundo M.Q.C. sufrió un accidente en las piscinas del referido centro recreativo que, posteriormente, le produjo la muerte, sin que se tenga certeza alguna de las circunstancias de tiempo y modo en que acaeció el citado accidente.
Según lo manifestado en la contestación[71] del derecho de petición y en la correspondiente contestación a la acción de tutela, la sociedad Ecotermales San Vicente S.A. indicó que no era posible acceder a la petición elevada por la señora L.Q.B., habida cuenta de que en los referidos videos de seguridad se registraban las imágenes de niños, niñas y adolescentes en vestidos de baño, por lo tanto, se trataba de datos sensibles que se encuentran protegidos por la Ley Estatutaria de Datos Personales.
Ante tal negativa de la empresa, la ciudadana L.Q.B. formuló acción de tutela, solicitando el amparo de los derechos fundamentales de petición, al habeas data, de acceso a la administración de justicia y a la información, argumentando que aun cuando había obtenido una respuesta negativa a su solicitud, lo cierto es que para esclarecer las circunstancias en que ocurrió la muerte del señor Segundo M.Q.C. resultaba indispensable verificar los registros fílmicos aludidos. Aunado a lo anterior, pidió que se le ordenara a la sociedad accionada el suministro de las citadas grabaciones de seguridad.
En este contexto, se procederá a analizar si dentro de la presente litis la sociedad Ecotermales San Vicente S.A. vulneró los derechos fundamentales invocados por la señora L.Q.B..
La jurisprudencia de esta Corte ha sido coincidente en afirmar que el derecho de petición, contemplado en el artículo 23 de la norma fundamental, resulta indispensable para el logro de los fines esenciales del Estado, concretamente el servicio a la comunidad, la promoción de la prosperidad general, la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta Política de 1991[72], así como también, le permite a los ciudadanos, entre otras cosas, reclamar ante las autoridades y/o particulares explicaciones acerca de las decisiones que los puedan llegar a afectar directa o indirectamente[73].
De igual forma, esta Corporación ha precisado que el contenido del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la correspondiente solicitud, por cuanto, resultaría inocua la posibilidad de acudir ante las autoridades y/o particulares si aquellos no resuelven o se reservan para sí el sentido de lo decidido[74].
Aunado a ello, la Corte Constitucional ha enfatizado en que la respuesta debe cumplir con los requisitos de: i) oportunidad; ii) debe ser de fondo, clara, precisa y congruente con lo pedido y, iii) debe darse a conocer al peticionario[75]. De igual manera, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita[76].
En el presente litigio, se tiene que la petición formulada el 7 de julio de 2017 por la señora L.Q.B. fue contestada por la sociedad Ecotermales San Vicente S.A., el día 11 de los mismos mes y año, en los siguientes términos:
“En atención a la comunicación de la referencia mediante la cual solicita a Ecotermales San Vicente S.A., ‘copia del video de seguridad en donde muestre lo sucedido el día 02 de julio de 2017, domingo entre las horas 3:30 pm a 5:00 p.m. del día, más específicamente donde se muestre minutos antes de iniciar el incidente ocurrido con el señor Segundo M.Q. (…) hasta el momento en el cual lo desplazan hacia la clínica…’; de manera atenta me permito informar que la empresa como responsable del manejo de datos y responsable del tratamiento de los mismos, se abstiene de disponer o circular información restringida o datos sensibles, lo anterior toda vez que en el video que usted solicita sin efectivamente acreditarse como causahabiente, aparecen niños, niñas y adolescentes en vestido de baño, quienes tienen derechos prevalentes, en virtud del artículo 3° numeral 3°, artículo 12 Decreto Reglamentario 1377 del 2013, el cual reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012, de cara a respetar y asegurar los derechos fundamentales y el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.
Al descender al caso concreto, esta S. observa que la petición de información elevada por la tutelante fue contestada de manera oportuna, esto es, sólo transcurrieron dos días hábiles[78] desde la presentación de la petición (7 de julio de 2017) hasta la contestación respectiva (12 de julio de 2017). Asimismo, una vez revisada la respuesta emitida por la sociedad Ecotermales San Vicente S.A., se observó que:
Ahora, bien, en punto de la negativa de la información requerida por la peticionaria, está acreditado que el sustento de la misma se fundamentó en la reserva de la información autorizada en la ley de tratamiento de datos sensibles, razón por la cual, la sociedad accionada atendió lo previsto en el inciso tercero del artículo 32 de la Ley 1755 de 2015[79], según el cual, las organizaciones privadas solo podrán invocar dicha reserva en los casos expresamente autorizados en la Carta Política y la ley.
Al respecto resulta pertinente mencionar que la Corte Constitucional, en la sentencia T-487 de 2017, resolvió un caso relacionado con una solicitud de tutela al derecho fundamental de petición, que en su criterio resultó vulnerado con la negativa de Winner Group S.A., de expedirle copia magnética a su costa, de los videos tomados por las cámaras del establecimiento comercial RIO CASINO, que captan imágenes de la calle y del espacio público, del día 13 de agosto de 2016 entre las 8:30 pm y las 9:30 pm, las que enfocaban la salida – entrada del parqueadero que se ubica sobre el andén peatonal.
Efectivamente, la sociedad Winner Group S.A. invocó que la información solicitada tenía carácter de reservada y que tan solo podía ser entregada en cumplimiento de una orden judicial. Sin embargo, la S. Séptima de Revisión de la Corte Constitucional consideró que en este caso procedía el amparo, toda vez que la sociedad accionada “violó la prohibición de invocación genérica de reservas eventualmente inexistentes” y, en tal sentido, precisó que “las informaciones o documentos reservados sólo adquieren ese carácter o estatus, porque una norma legal o constitucional se lo otorga, y no por la opinión o el parecer de la organización privada”[80] (Se destaca).
En el presente caso, debe señalarse que la sociedad Ecotermales San Vicente S.A. sí cumplió con la carga de invocar el fundamento legal que consagra la reserva de la información solicitada por la señora L.Q.B., fundamento que además resulta razonable por ajustarse a las disposiciones legales vigente en materia de protección de datos.
La tutelante invocó como vulnerado el derecho fundamental de petición de información, debido a la negativa en la entrega de los videos de seguridad aludidos, por lo tanto, le corresponde a esta S. establecer la naturaleza de la información contenida en los sistemas de videovigilancia del establecimiento Termales San Vicente, teniendo en cuenta que, el referido lugar es de carácter privado, cuya propietaria es la sociedad Ecotermales San Vicente S.A. y, adicionalmente, es un establecimiento abierto al público.
Justamente, debe señalarse que, según la tipología de información construida por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los registros audiovisuales contenidos en las cámaras de seguridad del establecimiento aludido constituyen una información privada, en tanto que versan sobre información personal de niños, niñas y adolescentes en vestido de baño que se recrean en la piscina de Termales San Vicente, por consiguiente, solo puede ser obtenida y ofrecida por orden de autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones.
Lo anterior, a fin de preservar el derecho a la intimidad personal que tienen los niños, niñas y adolescentes que se encontraban para esa fecha en el establecimiento Termales San Vicente, el cual, según el Código de Infancia y Adolescencia[81], se materializa a través de la protección contra toda injerencia arbitraria o ilegal en su vida privada, la de su familia, domicilio y correspondencia, así como también, respecto de toda conducta, acción o circunstancia que afecte su dignidad[82].
En línea con lo anterior, no debe perderse de vista que, tal como lo ha reiterado esta Corte en abundante jurisprudencia[83], la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes se hace efectiva a través del principio del interés superior del menor, consagrado en el mismo artículo 44 fundamental al disponer que “los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás” y, en el numeral 1° del artículo tercero de la Convención de los Derechos del Niño, el cual dispone que “1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.
Así las cosas, esta S. no encuentra vulneración alguna al derecho invocado, debido a que la información solicitada no es de carácter público, sino privada y, ella solo puede ser obtenida a través de orden judicial, tal como lo prescribe la ley de tratamiento de datos personales.
En efecto, la señora L.Q.B. tiene la posibilidad de iniciar un proceso judicial por el fallecimiento del señor Segundo M.Q.C. ante la jurisdicción ordinaria y, habida consideración que la Ley 1581 de 2012[84] prohibió el tratamiento de datos sensibles, salvo que el mencionado tratamiento se refiera a datos que fueren necesarios para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial, el correspondiente juez podrá requerirle a la sociedad Ecotermales San Vicente S.A.
Es más, se destaca que la referida ley de protección de datos personales señaló que el tratamiento de datos requiere de la autorización previa e informada del titular, sin embargo, no habría necesidad de la misma en aquellos casos en que se trate de una información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial[85].
Ahora bien, debe advertirse que aun cuando el Código General del Proceso consagró como un deber[86] a cargo de las partes y sus apoderados, el de abstenerse de solicitar a la autoridad judicial la consecución de documentos que directamente o a través del ejercicio del derecho de petición hubiere podido conseguir, lo cierto es que en el asunto bajo estudio se encuentra demostrado que la hoy tutelante intentó obtener los videos de seguridad aludidos, no obstante, no logró su consecución debido al carácter de reservados que tenían los mismos.
En tal sentido, en el evento en que la señora L.Q.B. decidiera adelantar un proceso judicial con ocasión de la muerte de su padre, señor S.M.Q.C., el juez que asuma el conocimiento de dicho litigio no podrá abstenerse de decretar la solicitud de obtención de tales registros fílmicos invocando el contenido del segundo inciso del artículo 173 del Código General del Proceso[87].
En todo caso resulta pertinente advertirle a la sociedad Ecotermales S.A. el deber de custodia y/o conservación que tiene respecto de los videos de seguridad aludidos, por cuanto, podrían ser requeridos por alguna autoridad judicial, dado el caso en que la señora L.Q.B. decida iniciar un proceso judicial con ocasión del fallecimiento de su padre.
De igual manera, la autoridad judicial que llegue a requerir dicha información, deberá tener en cuenta que los mencionados videos de seguridad contienen información sensible, esto es, imágenes de niños, niñas y adolescentes que se recrean en vestido de baño en la piscina del lugar aludido, razón por la cual, el juez, en su momento, deberá tener unos deberes de custodia de este material, como por ejemplo, evitar la divulgación de los mismos o, en caso de que, deba divulgarse, garantizar el anonimato de los menores que allí aparecen, para tal efecto, podrá hacer borrosa o fragmentar las imágenes de tales sujetos de especial protección constitucional.
Las anteriores consideraciones conllevan a la S. a concluir que el derecho fundamental de petición de la señora L.Q.B. no fue vulnerado, por cuanto –se insiste– a pesar de que no fue resuelto de manera positiva a sus intereses, lo cierto es que sí se cumplió con los requisitos exigidos por la jurisprudencia para que la respuesta fuere adecuada.
La Corte Constitucional ha precisado que el derecho fundamental al hábeas data, consagrado en el artículo 15 de la N. Superior, se traduce en la facultad que tienen las personas para conocer, actualizar y rectificar las informaciones que respecto de ellas reposen en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas[88]. Aunado a ello, ha sostenido que el objetivo del mencionado derecho fundamental es el de preservar los intereses del titular de la información ante potenciales abusos del poder informático[89].
En lo atinente al contenido del núcleo esencial del citado derecho, esta Corporación ha precisado que está integrado por el derecho a la autodeterminación informativa, el cual consiste en la facultad de las personas para autorizar el uso, conservación y circulación de sus datos y por la libertad, en general y en especial económica, en cuanto ésta se vulnera por la indebida circulación de datos que no sean veraces o no autorizados por la persona concernida[90].
Al respecto, esta S. debe señalar que dentro del presente asunto no se encuentra vulnerado este derecho fundamental, por cuanto, según lo acreditado en el expediente, la señora L.Q.B. nunca estuvo en el establecimiento de comercio Termales de San Vicente, luego no tuvo la posibilidad de suministrar datos personales frente a los cuales pueda verificarse una vulneración de datos.
Tampoco se demostró que las imágenes que reposan grabadas en las cámaras de seguridad que registraron el accidente sufrido por el señor Segundo M.Q.C., hubiesen sido puestas en circulación sin la correspondiente autorización de sus familiares, por el contrario, los supuestos fácticos del presente proceso de tutela se contraen a que la sociedad accionada se rehúsa a suministrar los referidos videos de seguridad.
Para esta Corte, el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, constituye para el individuo una necesidad inherente a su condición y naturaleza, por cuanto, sin el ejercicio del mismo, los sujetos y la sociedad misma no podrían desarrollarse y carecerían de un instrumento esencial para garantizar su convivencia armónica[91].
Precisamente, la efectividad del mencionado derecho fundamental radica en que no resulta suficiente con que la autoridad judicial le dé trámite a la solicitud, por cuanto, es indispensable que dicho funcionario proceda a la resolución de las peticiones, previo el análisis y la ponderación de las pruebas y los argumentos que se alleguen al respectivo proceso, lo cual le permitirá arribar a una decisión razonada y razonable[92].
En el presente caso, esta Corporación no encuentra vulneración alguna del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia derivada de la respuesta negativa de su petición de información, toda vez que, si la intención de la tutelante es presentar dicha prueba dentro de algún proceso judicial que decida iniciar con ocasión de la muerte de su padre, cuenta con dos posibles alternativas, esto es, practicar alguna prueba anticipada[93][94] o, con ocasión del proceso, solicitar el decreto de la referida prueba[95].
En el asunto de la referencia, la S. Primera de Revisión confirmará la negativa de amparo de los derechos fundamentales invocados por la señora L.Q.B., de conformidad con las siguientes consideraciones:
La S. observó que la solicitud de información formulada por la tutelante fue contestada de manera oportuna. Asimismo, una vez revisada la contestación de la sociedad Ecotermales San Vicente S.A., se vislumbró que se trata de una respuesta de fondo, debido a que pese a que no fue favorable a lo pedido por la tutelante, lo cierto es que sí se plasmaron los argumentos que justificaban la negativa a entregar los videos de las cámaras de seguridad del día 2 de julio de 2017; fue clara puesto que, de manera diáfana, se señaló que no era posible acceder a la referida petición; fue precisa en tanto que se explicaron las razones jurídicas que impedían la entrega de los correspondientes videos de seguridad y, estuvo congruente con lo requerido, esto es, se solicitó la entrega de unas grabaciones de seguridad y, la sociedad accionada, en su contestación, se pronunció sobre la misma, aduciendo los motivos por los cuales no se accedería a tal solicitud.
Aunado a ello, teniendo en cuenta que se trataba de una petición de información, se observa igualmente que la información requerida no fue suministrada por la accionada, negativa que obedeció a la reserva de la información autorizada en la ley de tratamiento de datos sensibles, por lo tanto, la sociedad accionada atendió lo previsto en el inciso tercero del artículo 32 de la Ley 1755 de 2015[96], según el cual, las organizaciones privadas solo podrán invocar dicha reserva en los casos expresamente autorizado en la Carta Política y la ley.
La S. reiteró que según la tipología de información construida por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los registros audiovisuales contenidos en las cámaras de seguridad del establecimiento Termales San Vicente tienen carácter privado, como quiera que versan sobre información personal y, por ende, solo puede ser obtenida y ofrecida por orden de autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones, esto es, los registros fílmicos pretendidos por la tutelante contienen imágenes de niños, niñas y adolescentes que están en vestido de baño.
Finalmente, la S. de Revisión no encontró vulnerado el derecho al habeas data, en tanto la accionada no tuvo a su disposición datos personales de la tutelante, ni divulgó información personal de su fallecido padre. Tampoco estableció vulneración alguna a su derecho de acceso a la administración de justicia, en razón de que la respuesta a su derecho de petición hubiere sido negativa, por cuanto, en ningún momento se le está impidiendo acudir ante un juez, por el contrario, una vez, decida iniciar el correspondiente proceso judicial, la tutelante tendrá la oportunidad para solicitar el decreto de la referida prueba[97].
PRIMERO.- CONFIRMAR las sentencias de primera y segunda instancia, proferidas por el Juzgado Segundo Civil Municipal de P., el 26 de julio de 2017 y por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de P., el 13 de septiembre de la misma anualidad, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
[29] La declaratoria de inconstitucionalidad de esta norma se fundó en la unidad normativa con los artículos 11 y 12 declarados inconstitucionales. Corte Constitucional, Sentencia C-543 de 1992, M.P.J.G.H.G..
[32] T 575 de 2002 M.P.R.E.G., T-526 de 2005 M.P.J.C.T., T-890 de 2006 M.P.N.P.P., T-243 de 2008. M.P.M.J.C.E., T-691 de 2009 M.P.J.I.P.P., T-100 de 2010 M.P.J.C.H.P., T-047 de 2014 M.P.G.E.M.M. y T-899 de 2014 M.P.G.S.O.D.
[65] G.M., F.J.. Videovigilancia: CCTV usando videos IP. Editorial Vértice. 2010. P.. 266.