Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2012-00269-2926-2013-de-enero-31-de-2018?documento=jurcol&contexto=jurcol_504d06bd6fd24adf89e21f565cd3937a&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-08-11 07:40:06
Document Index: 194932188

Matched Legal Cases: ['artículo 150', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 45', 'artículo 1', 'ARTÍCULO 46', 'artículo 1', 'artículo 12', 'artículo 45', 'artículo 1', 'artículo 12']

﻿ SENTENCIA 2012-00269/2926-2013 DE ENERO 31 DE 2018
SENTENCIA 2012-00269 DE 31 DE ENERO DE 2018
CONTENIDO:CARACTERÍSTICAS DE LA BONIFICACIÓN CON EFECTOS PENSIONALES PARA SERVIDORES DE LA RAMA JUDICIAL. SE EXPLICÓ QUE LA BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS, FIJADA EN PRINCIPIO PARA LOS TRABAJADORES DEL ORDEN NACIONAL, FUE CREADA PARA LOS SERVIDORES DE LA RAMA JUDICIAL MEDIANTE EL DECRETO 247 DE 1997, COMO UN FACTOR SALARIAL AL QUE ESTOS TENDRÍAN DERECHO CUMPLIDO UN AÑO CONTINUO DE LABORES Y QUE DEBÍA TENERSE EN CUENTA PARA EFECTOS PENSIONALES. ASÍ MISMO, SE SEÑALÓ QUE EL DECRETO 717 DE 1978, ADEMÁS DE CONSAGRAR ALGUNOS FACTORES SALARIALES DE LOS EMPLEADOS DE LA RAMA JUDICIAL Y DEL MINISTERIO PÚBLICO, SEÑALA QUE CONSTITUYE SALARIO TODAS LAS SUMAS QUE HABITUAL Y PERIÓDICAMENTE RECIBA EL FUNCIONARIO O EMPLEADO COMO RETRIBUCIÓN POR SUS SERVICIOS, LO QUE SIGNIFICA QUE LA LISTA DE FACTORES QUE ENUMERA ES ENUNCIATIVA Y NO TAXATIVA. ADICIONALMENTE, LA SALA SEÑALÓ QUE LA BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS CONSTITUYE UN FACTOR SALARIAL QUE SE PAGA SIEMPRE QUE EL EMPLEADO CUMPLA UN AÑO DE SERVICIOS EN FORMA CONTINUA EN LA MISMA ENTIDAD OFICIAL. Y LA LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN NO PUEDE SER POR EL MONTO TOTAL DE LO RECIBIDO EN EL AÑO, ES DECIR EL 100 %, SINO POR LO QUE CORRESPONDE A UNA MESADA, ESTO ES, UNA DOCEAVA PARTE, EN TANTO SU PAGO SE REALIZA ANUALMENTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:SERVIDOR PÚBLICO, BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS, RAMA JUDICIAL, TRABAJADOR, SERVIDOR PÚBLICO TERRITORIAL, AUTONOMÍA DE LA RAMA JUDICIAL
Sentencia 2012-00269/2926-2013 de enero 31 de 2018
Exp.: 17001-23-33-000-2012-000269-01 (2926-2013)
Demandante: Caja Nacional de Previsión Social en Liquidación (hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social [UGPP])
Demandado: Humberto Alonso Cárdenas Urrea
Tema: Reconocimiento de bonificación de prestación servicios en un 100%, en cumplimiento de fallo de tutela.
5.1. Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, esta corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda instancia.
5.2. Problema jurídico. Corresponde a la Sala determinar, por un lado, si procede el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo dictado en cumplimiento de un fallo de tutela en el que se ordenó reliquidar la pensión de jubilación del demandado, con la inclusión de la bonificación por prestación de servicios en un ciento por ciento (100%); y, por el otro, si a la entidad accionante le asiste el derecho para no reliquidar la pensión en el porcentaje del ciento por ciento (100%), sino, como lo alega, en doceavas (1/12) partes.
Se ha sostenido en algunos pronunciamientos judiciales que el acto administrativo dictado en cumplimiento de un fallo de tutela no es de carácter definitivo, sino de ejecución, y, por ende, no es susceptible de control jurisdiccional, puesto que no crea o modifica una situación particular diferente a la analizada por el juez de tutela; este solo se limita a cumplir las órdenes impartidas en dicha decisión. Sin embargo, esta corporación ha afirmado de manera categórica que “si bien la resolución en cuestión tiene la connotación de acto de ejecución, al ser cumplimiento de una sentencia, lo cierto es que la orden fue impartida dentro de una acción de tutela que es de naturaleza distinta a la de la acción ordinaria, motivo por el cual es probable su estudio a .través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho”(1).
Y en esa línea de pensamiento, cuando el juez de tutela, en su competencia constitucional, ordena la expedición de un acto administrativo, este es susceptible de control de legalidad, pues el argumento que se sustenta en que “el acto administrativo que expresa la eficacia de una decisión judicial y que por consiguiente no resulta susceptible de control ordinario, porque ello supondría de forma indirecta, oficiar como criterio de corrección de la decisión judicial en firme, representa un argumento cuya justificación es equívoca en razón a que tal postura, además de sustraer una decisión de la administración del control de su juez natural, por vía de interpretación, establece un criterio inconstitucional, es decir, una restricción no prevista por el constituyente a las competencias de la justicia de lo contencioso administrativo, lo cual acarrea evidente lesión al orden jurídico, y supone desde luego, un error conceptual inaceptable dentro del marco de la teoría general del acto administrativo”(2).
En efecto, en dicha norma se dispuso que las personas que en el momento de entrar en vigor el sistema de seguridad social integral (1º de abril de 1994) contaran con treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres, o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, se les reconocerá la pensión de jubilación de conformidad con el régimen anterior al cual se encontraban afiliadas; es decir, la pensión de jubilación respecto de la edad, tiempo de servicio y monto se les aplicará el régimen anterior.
ARTÍCULO 1º. El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o·discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55), tendrá derecho a que por la respectiva caja de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.
Además de la asignación básica mensual fijada por la ley para cada empleo, constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y periódicamente reciba el funcionario y empleado como retribución por sus servicios.
La norma anterior, además de consagrar algunos factores salariales de los empleados de la rama judicial y del Ministerio Público, señala que constituye salario todas las sumas que habitual y periódicamente reciba el funcionario o empleado como retribución por sus servicios, lo que significa que la lista de factores que se enumera es enunciativa y no taxativa.
ARTÍCULO 45. A partir de la expedición de este decreto, créase una bonificación por servicios prestados para los funcionarios a que se refiere el artículo 1º.
ARTÍCULO 46. La bonificación por servicios prestados a que tienen derecho los empleados que trabajan en las entidades a que se refiere el artículo 1º de este decreto, será equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor conjunto de la asignación básica, los incrementos por antigüedad y los gastos de representación que correspondan al funcionario en la fecha en que se cause el derecho a percibirla, siempre que no devengue una remuneración mensual por concepto de asignación básica y gastos de representación superior a cien mil setecientos cincuenta pesos ($100.750).
Créase la bonificación por servicios prestados para los funcionarios y empleados de la rama judicial (tribunales, juzgados, Fiscalía General de la Nación, direcciones ejecutivas de la administración judicial, consejos seccionales de la judicatura y empleados de las altas corporaciones) y la Justicia Penal Militar, en los mismos términos establecidos en los artículos 45 y siguientes del Decreto-Ley 1042 de 1978 y las demás normas que lo modifiquen o adicionen, la cual será exigible a partir del 1º de enero de 1997.
El Decreto 247 de 1997 (en el art. 1º), para los funcionarios y empleados de la rama judicial y Justicia Penal Militar, señala que esta bonificación es exigible a partir del 1º de enero de 1997 [...]. Esta prima es computable para efectos pensionales y por consiguiente, se debe cotizar por ella; ahora, como es una prima anual, se debe tener en cuenta su doceava parte para la liquidación pensional.
[...] Conforme al ordenamiento jurídico estas primas son anuales, pues se pagan una vez por año, cuando se cumplen los requisitos; también se reconocen y pagan ‘proporcionalmente’ cuando el servidor no labora para la época normal de su pago.
Por ello, para efectos pensionales, se las ha tenido en cuenta en una doceava parte de su valor.
Al hilo de lo anterior, para el cálculo de dicha bonificación y al tenor de lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 717 de 1978: “constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y periódicamente reciba el funcionario y empleado como retribución por sus servicios”, ha de entenderse que su inclusión en la liquidación de la pensión de jubilación no puede ser por el monto total de lo recibido en el año, el ciento por ciento (100%), sino por lo que corresponde a una mesada, o sea, una doceava (1/12) parte, ya que su pago se realiza anualmente, como lo ha dicho recientemente esta corporación en distintas decisiones, y, entre ellas, la del 7 de febrero de 2013(6), en la que expresó lo siguiente:
a) Fotocopia auténtica de Resolución 49680 de 9 de octubre de 2007, de Caja Nacional de Previsión Social, por la cual se reconoce y ordena el pago de la pensión mensual vitalicia de jubilación al señor Humberto Alonso Cárdenas Urrea, en cuantía de $1.991.598,71, a partir del 13 de abril de 2007 (fls. 55-59).
b) Fotocopia auténtica de fallo de tutela del Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales, de 18 de diciembre de 2007, mediante el cual se ordena a la Caja Nacional de Previsión Social que dicte un acto administrativo que reliquide la pensión de jubilación del señor Humberto Alonso Cárdenas Urrea, en su calidad de exservidor de la rama judicial y del Ministerio Público, en el que ·se tome como base el salario más alto devengado en el último año de servicios, con todos los factores salariales legalmente reconocidos a los funcionarios y empleados de la rama judicial, y, de manera específica el ciento por ciento (100%) de la bonificación por servicios prestados, de conformidad con los artículos 6º del Decreto 546 de 1971 y 12 del Decreto 717 de 1978 (fls. 73-90).
c) Resolución 10283 de 3 de marzo 2009, de la Caja Nacional de Previsión Social, “Por la cual se da cumplimiento a un fallo de tutela proferido por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales”, que ordena la reliquidación de la pensión de jubilación del señor Humberto Alonso Cárdenas Urrea, en cuantía de $2.251.019,88, a partir del 13 de abril de 2007, para cuyo efecto se tuvieron en cuenta los siguientes factores salariales: asignación básica, prima de navidad, bonificación por servicios (fls. 133-137).
d) Derechos de petición formulados por el señor Humberto Alonso Cárdenas Urrea ante la Caja Nacional de Previsión Social, de 26 de marzo de 2009 y 28 de abril de 2010, orientados a obtener el cumplimiento al fallo de tutela, con la inclusión del 100% de la bonificación por servicios prestados (fls. 172-173 y 207).
e) Resolución UGM 24739 de 10 de enero de 2012, “Por la cual se aclara y modifica la Resolución 10283 del 3 de marzo de 2009 que dio cumplimiento a un fallo de tutela proferido por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales”, en la que se reliquida la pensión del señor Humberto Alonso Cárdenas Urrea, con la inserción del 100% de la bonificación por servicios prestados (fls. 279-285).
En este último acto administrativo (Resolución UGM 24739 de 10 de enero de 2012, de la Caja Nacional de Previsión Social), en la que se aclara la Resolución 10283 de 3 de marzo 2009, que dio cumplimiento al fallo de tutela, de 18 de diciembre de 2007, del Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales, se tuvieron en cuenta los siguientes factores salariales: asignación básica, bonificación por servicios prestados (100%), primas de navidad, servicios, vacaciones y antigüedad.
Como el presente asunto gira alrededor del reconocimiento de la bonificación por servicios prestados corno factor salarial en un 100% para la reliquidación de la pensión de jubilación del demandado, es conveniente recordar lo que, al respecto, la subsección A de esta sección, en sentencias de 27 de julio(8) y 10 de agosto de 2017(9), expresó:
El Decreto-Ley 1042 de 1978 [artículo 45] por medio del cual se fijó el régimen salarial de los empleados del orden nacional (ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales) creó la bonificación por servicio en los siguientes términos:
Por su parte, el Decreto 247 de 1997 [artículo 1º], creó la bonificación por servicios para los funcionarios y empleados de la rama judicial en los siguientes términos:
Por tanto, con fundamento en pronunciamientos de esta corporación(10), la estimación de la bonificación por servicios al momento del cálculo de la pensión debe ser en una doceava parte y no sobre el 100% del valor percibido por ese concepto en consideración a que su pago se realiza de manera anual y la mesada pensional se calcula con la proporción mensual de todos los factores salariales devengados en el último año, conforme lo señala el artículo 12 del Decreto 717 de 1978.
En ese orden, la Resolución 318 de 19 de enero de 2009 “por la cual se da cumplimiento a un fallo de tutela proferido por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales Caldas” y que dispuso la reliquidación de la pensión de jubilación del señor Eduardo Castaño Gonzáles con la inclusión del 100% de la bonificación por servicios prestados, es claramente susceptible de ser cuestionado ante esta jurisdicción por tratarse de una competencia otorgada tanto por el legislador como por la Constitución Política (arts. 236 a 238) a los jueces de lo contencioso administrativo, para que a través de los medios de control previstos en los artículos 135 y siguientes del CPACA decidan acerca de la legalidad de los diferentes actos que expide la administración, incluidos, por supuesto, los que profiera en cumplimiento de una orden constitucional de tutela.
3.1.2. De acuerdo con los antecedentes administrativos que obran en el expediente se encuentra que a través de la Resolución 318 de 19 de enero de 2009 Cajanal, en cumplimiento del fallo de tutela proferido por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales, reliquidó la pensión de vejez del señor Eduardo Castaño González, incluyendo el 100% de lo devengado por concepto de bonificación por servicios (fls. 290-298).
De conformidad con el anterior derrotero jurisprudencial, la bonificación por servicios prestados constituye un factor salarial que se paga siempre que el empleado cumpla un año de servicios en forma continua en la misma entidad oficial, motivo por el cual para efectos de la inclusión del referido emolumento en la liquidación de la pensión del demandante debe hacerse en una doceava parte, y no sobre el 100%, habida cuenta de que este se recibe de manera anual.
Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se confirmará la sentencia apelada en cuanto declaró la nulidad del acto acusado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso­ Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
1. Confírmase la sentencia proferida el 30 de mayo de 2013 por el Tribunal Administrativo de Caldas, que accedió a las pretensiones de la demanda incoada por la Caja Nacional de Previsión Social en Liquidación, hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), contra el señor Humberto Alonso Cárdenas Urrea, conforme a lo expuesto en la parte motiva.
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 25 de octubre de 2011, Expediente 11001-03-15-000-2011-01385-00 (AC), C. P. Alfonso Vargas Rincón.
2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto de 17 de abril de 2013, medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la Caja Nacional de Previsión Social en Liquidación contra Judith Giraldo González, Radicado 25000 23 25 000 2010 01143 01, C. P. Alfonso Vargas Rincón.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 29 de junio de 2006, Expediente 15001-23-31-000-2000-02396-01(7559-05), demandante: Caja Nacional de Previsión Social, demandado: Sara Julia Camacho Pineda, C. P. Tarsicio Cáceres Toro.
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 7 de febrero de 2013, Expediente 05001-23-31-000-2010-00323-01(2117-12), actor: Martha Lucía López Mora, demandado: Caja Nacional de Previsión Social en Liquidación - Cajanal, C. P. Víctor Remando Alvarado Ardila.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, C. P. Alberto Arango Mantilla, sentencia de 8 de febrero de 2007, Radicación 25000-23-25-000-2003-06486-01(1306-06), Actor: Gema Neila Acevedo González.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 27 de julio de 2017, consejero William Hernández Gómez, Expediente 05001-23-33-000-2013-00626-01 (1209-15), demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), demandando: Fernando León Cano Arias.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Subsección A, sentencia de 10 de agosto de 2017, Expediente 17001-23-33-000-2013-00533-01 (4503-14), actor: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), demandado: Eduardo Castaño González.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 6 de febrero de 2008, C. P. Gerardo Arenas Monsalve, número interno 0640-2008; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 27 de febrero de 2014, C. P. Bertha Lucía Ramírez de Páez (e.), número interno 1896-2013.