Source: http://www.conr.es/contenido/ficha-sobre-condiciones-especiales-de-ejecuci%C3%B3n
Timestamp: 2020-04-06 02:09:12
Document Index: 229264811

Matched Legal Cases: ['artículo 202', 'artículo 202', 'artículo 145', 'artículo 145', 'artículo 2', 'artículo 202', 'artículo 192', 'artículo 211', 'artículo 71', 'artículo 211', 'artículo 192', 'artículo 202', 'artículo 71', 'artículo 202', 'artículo 9']

Por lo que respecta en concreto a las CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN, el artículo 202 LCSP 2017 establece:
4. Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo.”
1.- Aplicación obligatoria
Una de las grandes novedades de la Ley es la imposición a los órganos de contratación de la obligación de incluir siempre una cláusula de índole social, ético o medioambiental como condición de ejecución, de manera que las cláusulas sociales dejan de ser una facultad administrativa que podía ejercitarse o no a voluntad del adjudicador del contrato.
2.- Requisitos para su aplicación
De las previsiones legales contenidas en el artículo 202 LCSP cabe destacar lo siguiente en relación con las condiciones especiales de ejecución:
- Han de estar vinculadas al objeto del contrato, en el sentido del artículo 145 LCSP 2017
En relación con la exigencia prevista en la Ley, en el apartado seis del artículo 145 se dispone:
- No ser directa o indirectamente discriminatorias y ser compatibles con el Derecho comunitario
Establece la ley la exigencia de que las condiciones especiales de ejecución sean compatibles con el Derecho comunitario, de manera que los únicos límites a la inclusión de cláusulas de esta índole en la contratación pública serán los derivados de los principios fundamentales consagrados en el Tratado de la UE, las consabidas libertades de prestación de servicios y el principio de no discriminación. De esta manera, se acomodaría perfectamente a los principios comunitarios una condición especial que obligara a emplear en la ejecución del contrato un determinado porcentaje de personas con discapacidad. Sin embargo, quedarían excluidas las cláusulas que obliguen a las empresas a contratar personas con discapacidad de una determinada localidad o región, o a hacerlo bajo una modalidad contractual específica.
Así, por ejemplo, no cabría encubrir como cláusulas sociales o condiciones especiales de ejecución consideraciones relativas al arraigo territorial de las empresas. En este sentido, en el Informe 16/2015 de la Junta Consultiva de Aragón, se concluye que no es posible establecer una condición de ejecución que imponga a las empresas que los beneficios del contrato obtenidos por la empresa adjudicataria repercutan sobre un territorio determinado o se exija que se tribute por los mismos en dicho territorio, por considerar que tal cláusula o condición resulta directamente discriminatoria. Así, según el Informe, la posibilidad de atribuir fines sociales al objeto del contrato “no es ilimitada ya que según el acervo comunitario en la materia el objeto de un contrato no puede definirse de tal forma que el acceso a éste quede restringido a empresas nacionales, en detrimento de los licitadores de otro Estado miembro u operadores de países con derechos equivalentes; o cuando produzca un efecto discriminatorio entre los candidatos o licitadores”.
- Incluirse en el anuncio de licitación y en los pliegos
Por lo demás, las condiciones especiales de ejecución recogidas en el contrato serán extensibles a todos los subcontratistas que intervengan en su ejecución.
Entre las condiciones especiales de ejecución de contenido social, la propia Ley ya anticipa como posibles las de:
- hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad,
- contratar un número de personas con discapacidad superior al que exige la legislación nacional, o
- promover el empleo de personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral, en particular de las personas con discapacidad.
De conformidad con lo anterior, los órganos de contratación estatales deberán valorar siempre, a la hora de preparar un contrato, la posibilidad de introducir en los pliegos condiciones de ejecución relativas:
- a la subcontratación con centros especiales de empleo de iniciativa social, empresas de inserción o programas de empleo protegido:
“En el caso de que el pago de la prestación se realice de forma periódica, se adjuntará con la factura del contratista, las facturas justificativas de las prestaciones subcontratadas con el centro especial de empleo o la empresa de inserción. En el caso de que el pago sea único la documentación anterior se aportará al órgano de contratación junto con la factura del contratista.
Una vez aportada la documentación, y antes dar la conformidad a la factura correspondiente, el responsable del contrato certificará el cumplimiento de esta obligación.”
Ej 1: “La empresa adjudicataria estará obligada a subcontratar un X % del presupuesto de adjudicación del contrato/las partidas correspondientes a ........ del proyecto de obra, (elegir según el caso) con Centros especiales de empleo sin ánimo de lucro o Centros Especiales de Empleo de iniciativa social o Empresas de Inserción.
Esta obligación se entenderá cumplida si se ha ofrecido la ejecución de la parte correspondiente del contrato a todas las entidades capacitadas dentro del ámbito de la____________________ y ninguna de ellas se encuentra en disposición de realizarlo. Esta circunstancia deberá constar por escrito.”
Ej 2: “Es condición especial de ejecución que la empresa adjudicataria subcontrate al menos el xx del importe del contrato con empresas inscritas en el registro de Centros Especiales de Empleo o en el registro de Empresas de Inserción”.
b) A la obligación de sustituir las bajas y vacaciones de los trabajadores adscritos al contrato por personas de difícil empleabilidad (para contratos de duración igual o superior a un año).
“Durante la ejecución del contrato la empresa adjudicataria deberá acreditar la contratación de estas personas, según se indica a continuación:
– Para poder realizar el seguimiento de las sustituciones del personal adscrito al contrato, la empresa adjudicataria presentara el plan de vacaciones de los trabajadores afectados antes del primer mes trascurrido desde el inicio del contrato y siempre que haya modificaciones.
– En el caso de que el pago de la prestación se realice de forma periódica, se adjuntará con la factura una declaración sobre las bajas y vacaciones producidas durante el periodo correspondiente e identificando a las personas contratadas de difícil empleabilidad. Se acompañará de los documentos TC2 y cuando fuera preciso, de otros documentos (contratos, DNI, etc.) que acrediten el cumplimiento de la obligación.
– En el caso de que el pago sea único la documentación del párrafo anterior se aportará al órgano de contratación con la factura.
– Al presentar la anterior documentación por primera vez, y siempre que haya modificaciones, se aportará un certificado acreditativo de la situación de difícil empleabilidad contratadas. Éste deberá estar expedido por los Servicios Sociales Públicos competentes de las Comunidades Autónomas, o por las entidades colaboradoras acreditadas por las mismas.
- Una vez aportada la documentación, y antes dar la conformidad a la factura correspondiente, el responsable del contrato certificará el cumplimiento de esta obligación.”
“Es condición especial de ejecución que la empresa adjudicataria, en las nuevas contrataciones, bajas y sustituciones que se produzcan durante la ejecución del contrato, se comprometa a incorporar al menos un x% de personas desempleadas inscritas en las oficinas de empleo, priorizando en su contratación los pertenecientes a colectivos desfavorecidos, con dificultades de acceso al mundo laboral o con riesgo de exclusión social”
c) A la obligación de contratación de desempleados
Acreditación de ejecución
“Durante la ejecución del contrato la empresa adjudicataria deberá acreditar tal circunstancia, según se indica a continuación:
– Al presentar la anterior documentación por primera vez, y siempre que haya modificaciones en los trabajadores afectados, se aportará documentación acreditativa de la situación de parados de las personas contratadas, mediante certificado de periodos de inscripción emitido por el Servicio Público de Empleo y certificado de la situación de discapacidad.
– Una vez aportada la documentación, y antes dar la conformidad a la factura correspondiente, el responsable del contrato certificará el cumplimiento de esta obligación.”
Ej 1: “Cuando la ejecución del contrato precise la dedicación de al menos 20 personas, la empresa adjudicataria deberá acreditar que al menos el 5% de los trabajadores que ejecutará el contrato posea una discapacidad igual o superior al 33%. Si existiera un deber de subrogar al personal u otras circunstancias en el momento de iniciarse la ejecución del contrato impidiesen cumplir el porcentaje señalado, la empresa deberá contratar a personas con discapacidad en las nuevas contrataciones, bajas y sustituciones que se produzcan o precisen hasta alcanzar dicho porcentaje.”
Ej 2: “La empresa adjudicataria deberá emplear en la plantilla que ejecute el contrato al menos a un X % de personas con un porcentaje de discapacidad igual o superior al 33%, ……………. Si existiera el deber de subrogar al personal u otras circunstancias en el momento de iniciarse la ejecución del contrato que impidiesen cumplir el porcentaje señalado, la empresa deberá contratar este perfil de personas en todas las nuevas contrataciones, bajas y sustituciones que precise o se produzcan hasta alcanzar dicho porcentaje.”
La posibilidad de exigir la contratación de trabajadores desempleados como condición especial de ejecución fue admitida en el Informe 6/2009, de 15 de abril, de la Junta Consultiva de Contratación de Aragón en base a la siguiente argumentación:
“la integración de aspectos sociales en los contratos públicos deriva directamente de los artículos 1.1 y 40 de la Constitución española, que proclaman el Estado social y democrático de Derecho y prescriben la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones favorables para el progreso social y económico en el marco de una política de estabilidad económica, destacando que «de manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo». En este sentido la contratación administrativa, a través de la inclusión de cláusulas sociales, sirve de instrumento para llevar a cabo diferentes políticas públicas, entre las que destaca el pleno empleo. Por su parte, el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea establece entre sus fines la promoción de «un alto nivel de empleo y de protección social»”. Sin embargo, este mismo informe establecía que el pliego no podía exigir que los trabajadores a contratar estuvieran empadronados en el ámbito territorial del órgano contratante.
d) a la obligación de contratar personas con discapacidad con mayores dificultades de empleabilidad
Acreditación de ejecución:
– En el caso de que el pago de la prestación se realice de forma periódica, se adjuntará con las facturas los documentos TC2 y cuando fuera preciso, otros documentos (contratos, DNI, etc.) que identifiquen a las personas contratadas con discapacidad con mayores dificultades de empleabilidad. En el caso de que el pago sea único la documentación anterior se entregará al órgano de contratación antes de la finalización del primer mes trascurrido desde el inicio del contrato y de nuevo con la factura, si la duración de la prestación fuera superior a dos meses.
– Al presentar la anterior documentación por primera vez, y siempre que haya modificaciones en los trabajadores afectados, se aportará un certificado acreditativo de la situación de discapacidad con mayores dificultades de empleabilidad de las personas contratadas. Éste será expedido por los Servicios Sociales Públicos competentes de las Comunidades Autónomas, o por las entidades colaboradoras acreditadas por las mismas.
“Es condición especial de ejecución que el contratista —en caso de ser una empresa que cuenta con 50 o más trabajadores en el total de su plantilla— mantenga durante toda la ejecución del contrato la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad o las medidas alternativas previstas en la legislación vigente."
En relación con esta fórmula, conviene recordar que el propósito de las condiciones especiales de ejecución en materia social es establecer para el adjudicatario un mayor compromiso social que el manifestado para concurrir a la licitación —requisitos que se exigían en el momento de finalización del plazo para presentar las proposiciones—, por lo cual no resulta pertinente que estas condiciones especiales de ejecución se refieran a los criterios de aptitud para contratar o al mero cumplimiento de las obligaciones impuestas por la legislación vigente. No obstante, la normativa no impide que el órgano de contratación decida incorporar al pliego como condición especial de ejecución el compromiso de mantener dichas circunstancias u obligaciones durante todo el periodo de ejecución del contrato. Sin embargo, el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones impuestas por la legislación sectorial vigente, como pueden ser las relativas a las condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales, accesibilidad, igualdad entre hombres y mujeres o cuotas de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, tiene un mejor encaje en el apartado del pliego de cláusulas que se refiere a prohibiciones de contratar o a las obligaciones del contratista.
De igual forma, se podrían establecer como condiciones especiales de ejecución cuestiones relativas a la accesibilidad y el diseño para todos.
Es evidente la necesidad de establecer mecanismos para el control y seguimiento de los aspectos sociales incorporados al contrato, de manera que se garantice su efectividad y, principalmente, la consecución de los importantes objetivos públicos a los que están vinculados.
En este sentido, el Informe de la Junta Consultiva de Contratación de la Comunidad Autónoma de Aragón 16/2014, de 1 de octubre, establece:
De igual forma, en su Informe 18/2014, de 17 de diciembre, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Cataluña dispone que “la falta de seguimiento del cumplimiento de las cláusulas sociales -como, de hecho, todo el resto que se incluyan en los pliegos– puede provocar su pérdida de virtualidad.”
En definitiva, es fundamental pasar de considerar los aspectos sociales de la contratación como meras declaraciones voluntaristas y convertirlas en auténticas obligaciones contractuales, cuyo cumplimiento ha de ser controlado por el órgano de contratación. Así, de igual forma que se reputarían como inadmisibles incumplimientos relativos al precio o al plazo del contrato, debe vigilarse la estricta observancia de las consideraciones sociales, pues vinculan al contratista desde el momento en que, libre y responsablemente, presentó su oferta en una licitación pública.
Pues bien, el cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución en materia de discapacidad se podrá verificar mediante la aportación, antes de la finalización del contrato, de la siguiente documentación:
- Una declaración responsable en la que conste el número global de trabajadores de la empresa y el número de personas contratadas con discapacidad, y una copia de los contratos de trabajo, de los documentos de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores con discapacidad y los certificados emitidos por los órganos competentes para determinar el grado de discapacidad.
- En el caso de haber optado por el cumplimiento de las medidas alternativas a que hace referencia el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad, una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración responsable en la que se especifiquen las medidas concretas adoptadas.
Para el caso de que, requerida esta documentación, se comprobara el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas para promover la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, en el apartado 3 del artículo 202 LCSP se dispone:
“Los pliegos podrán establecer penalidades, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 192, para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución, o atribuirles el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos señalados en la letra f) del artículo 211. Cuando el incumplimiento de estas condiciones no se tipifique como causa de resolución del contrato, el mismo podrá ser considerado en los pliegos, en los términos que se establezcan reglamentariamente, como infracción grave a los efectos establecidos en la letra c) del apartado 2 del artículo 71.”
En función, por consiguiente, de lo que se haya establecido en los pliegos en relación con cada condición especial de ejecución, las consecuencias del incumplimiento serán unas u otras:
- El cumplimiento de esta condición se considera una obligación contractual de carácter esencial. Su incumplimiento, por parte del contratista tendrá los efectos regulados en la letra f) del artículo 211 LCSP.
En este supuesto, por consiguiente, se produciría la resolución del contrato.
- El cumplimiento de esta obligación se considera condición especial de ejecución, por lo que su incumplimiento dará lugar a las penalidades previstas en este pliego.
En este caso, se produce una remisión a las reglas que en la materia establece el artículo 192 LCSP 2017, de forma que estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10 por cien del precio del contrato, IVA excluido ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato.
Sin perjuicio de lo anterior, y tal y como establece el apartado tercero del artículo 202, “cuando el incumplimiento de estas condiciones no se tipifique como causa de resolución del contrato, el mismo podrá ser considerado en los pliegos, en los términos que se establezcan reglamentariamente, como infracción grave a los efectos establecidos en la letra c) del apartado 2 del artículo 71”.
Es decir, tendrá la consideración de prohibición de contratar para futuras licitaciones “haber incumplido las cláusulas que son esenciales en el contrato, incluyendo las condiciones especiales de ejecución establecidas de acuerdo con lo señalado en el artículo 202 cuando dicho incumplimiento hubiese sido definido en los pliegos o en el contrato como infracción grave, concurriendo dolo, culpa o negligencia en el empresario, y siempre que haya dado lugar a la imposición de penalidades o a la indemnización de daños y perjuicios”.
Cláusula 40.ª.b) PCAP
“B- Condiciones de calidad social: La empresa adjudicataria se compromete a incorporar en la obra adjudicada al menos un 10% de personas provenientes de los colectivos de personas desempleadas que se encuentran en especial dificultad para acceder al empleo, considerándose colectivos reconocidos en este concepto: parados de larga duración, mayores de 45 años, mujeres víctima de violencia de género, discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, drogodependientes y ex drogodependientes, ex reclusos, menores de 30 años que hayan abandonado los estudios prematuramente. El porcentaje de inserción se computará en relación al número de trabajadores necesarios para la realización de la obra objeto del contrato en su totalidad. En caso de que la empresa adjudicataria subcontrate la ejecución de determinadas partes del contrato, la obligación que se deriva del cumplimiento de la cláusula social será asumida del mismo modo e íntegramente”.
Obras de urbanización del parque de trinitarios en Pamplona. Fases A y B
Cláusula 5.ª PCAP
“Como condición especial de ejecución, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, los licitadores están obligados a contratar con Centros Especiales de Empleo sin ánimo de lucro, Centros de Inserción Sociolaboral o empresas acogidas a programas de empleo protegido por contar con una mayoría de empleados en situación de riesgo de exclusión social, un volumen de trabajo correspondiente al 6% del presupuesto de la obra”.
Servicio de ayuda a domicilio con criterios de calidad social e inserción laboral
Cláusula 10.ª PPT
10.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ADJUDICATARIA
“Serán obligaciones de la empresa adjudicataria, además de las contenidas en otras cláusulas de este pliego, las siguientes:
En relación con el personal que presta el servicio
H. El contratista se compromete a emplear en la plantilla que ejecutará el contrato al menos a un 5% de personas con discapacidad igual o superior al 33%,siempre que dicha discapacidad sea compatible con las funciones de auxiliar a domicilio. Si debido a la obligación de subrogar al personal en el momento de iniciarse la prestación no se pudiese cumplir dicho porcentaje, la empresa se compromete a llegar al referido 5% con las nuevas contrataciones, bajas y sustituciones que se precisen para la prestación del servicio”.
Cláusula 17.ª PCAP
“La empresa adjudicataria adquiere el compromiso de incorporar en la ejecución de la prestación contratada al menos un 20% de personas desempleadas que se encuentren en especial dificultad para acceder al empleo. El porcentaje de inserción se computará en relación con el número total de personas trabajadoras necesarias para la ejecución tanto de la empresa contratista como, en su caso, de las subcontratistas.
La imposibilidad de incorporar en la ejecución de la prestación contractual un 20 % de personas desempleadas con especiales dificultades de acceso al empleo, sólo podrá ser aceptada cuando esté motivada por la incapacidad acreditada de los servicios públicos de empleo y los servicios sociales de base, para atender la oferta de empleo presentada, o por cuestiones de tipo productivo, organizativo, técnico o económico, razones todas ellas debidamente acreditadas. En estos supuestos, siempre que sea adecuado a la tipología de las prestaciones objeto del contrato, la empresa adjudicataria deberá subcontratar al menos el 5% del importe del contrato con empresas inscritas en el Registro de Centros Especiales de Empleo contemplado en el Real Decreto 2273/1985, o en el Registro de Empresas de Inserción regulado por el Decreto 305/2000, de 26 de diciembre”.