Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-2009-00073-de-julio-19-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_915783f1cff8604ae0430a010151604a&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-20 14:08:32
Document Index: 403006913

Matched Legal Cases: ['artículo 267', 'artículo 83', 'artículo 207', 'artículo 1568', 'artículo 1571', 'artículo 1568', 'artículo 825', 'artículo 2344', 'artículo 86']

﻿ Sentencia 2009-00073 de julio 19 de 2010
AUTO 2009-00073 DE 19 DE JULIO DE 2010
CONTENIDO:OBLIGACIONES SOLIDARIAS PASIVAS. ES FACULTAD DEL ACREEDOR DEMANDAR A TODOS LOS DEUDORES SOLIDARIOS CONJUNTAMENTE, O A UNO DE ELLOS A SU ARBITRIO PARA EXIGIR LA TOTALIDAD DE LA DEUDA, LO CUAL IMPLICA QUE LA SOLIDARIDAD POR PASIVA NO DETERMINA LA CONFORMACIÓN DE UN LITISCONSORCIO NECESARIO POR PASIVA DENTRO DEL PROCESO JUDICIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, ACREEDOR, OBLIGACIONES SOLIDARIAS, SOLIDARIDAD ACTIVA, SOLIDARIDAD PASIVA, LITISCONSORTE, LITISCONSORTE NECESARIO, DEUDOR SOLIDARIO, VINCULACIÓN AL PROCESO, LITISCONSORTE POR PASIVA
Sentencia 2009-00073 de julio 19 de 2010
Rad.: 66001-23-31-000-2009-00073-01 (38341)
Actor: Jairo de Jesús Hernández Valencia y otros
Demandado: Instituto Nacional de Vías y otros
Sea lo primero advertir que el apelante solo impugnó la decisión respecto de la negativa de acceder a la solicitud de vinculación al proceso como litisconsorte necesario a la sociedad Autopistas del Café S.A., y no impugnó ni sustentó en relación con la integración del contradictorio con la Compañía Aseguradora Confianza S.A., motivo por el que la Sala no se pronunciará en relación con este aspecto, dado el carácter dispositivo del recurso de apelación de autos que implica que la competencia en esta instancia está circunscrita a la resolución de los puntos materia de inconformidad del apelante, de manera que habrá de entenderse que se conformó en este último punto con lo dicho en la providencia por el juez a quo.
Así las cosas, la Sala confirmará la decisión en el aspecto recurrido, para lo cual se pronunciará acerca de los siguientes aspectos: 1. la intervención litis consorcial y sus modalidades 2. las obligaciones solidarias y su exigibilidad en juicio, y 3. el caso concreto.
1. La intervención litisconsorcial y sus modalidades.
Las partes que participan en la composición de un litigio, como demandante y demandado, pueden estar conformadas por una sola persona en cada caso o, por el contrario, pueden converger a integrarlas una pluralidad de sujetos, evento en el cual se está en presencia de lo que la ley y la doctrina han denominado un litisconsorcio.
Esta institución consagrada en nuestra legislación procesal (CPC, arts. 50 y ss), ha sido dividida tradicionalmente atendiendo a la naturaleza y número de relaciones jurídicas que intervengan en el proceso en dos clases a saber: litisconsorcio necesario y litisconsorcio voluntario o facultativo. Existe una tercera modalidad reconocida por la doctrina y la jurisprudencia como litisconsorcio cuasinecesario.
Existe litisconsorcio necesario cuando hay pluralidad de sujetos en calidad demandante (litisconsorcio por activa) o demandado (litisconsorcio por pasiva) que están vinculados por una única "relación jurídico sustancial" (CPC, art. 51); en este caso y por expreso mandato de la ley, es indispensable la presencia dentro del litigio de todos y cada uno de ellos, para que el proceso pueda desarrollarse, pues cualquier decisión que se tome dentro de este es uniforme y puede perjudicar o beneficiarlos a todos.
En cambio, el litisconsorcio será facultativo o voluntario cuando concurran libremente al litigio varias personas, en calidad de demandantes o demandados, ya no en virtud de una única relación jurídica, sino de tantas cuantas partes dentro del proceso deciden unirse para promoverlo conjuntamente (legitimación por activa), aunque válidamente pudieran iniciarlo por separado, o de padecer la acción si solo uno o varios de ellos debe soportar la pretensión del actor (legitimación por pasiva). Bajo esta modalidad, los actos de cada uno de los litisconsortes no redundarán en provecho o en perjuicio de los otros, sin que ello afecte la unidad del proceso o implique que la sentencia sea igual para todos (CPC, art. 50). En este caso, el proceso puede adelantarse con o sin su presencia porque el contenido de la sentencia en últimas no lo perjudica ni lo beneficia. Solo contándose con su presencia en el proceso, la decisión que se adopte en la sentencia lo vinculará, dado que en ella se decidirá sobre sus propias pretensiones o sobre las razones que esgrime en su defensa. La intervención facultativa solo podrá ejercerse hasta antes de que se profiera sentencia de única o primera instancia y dentro del término previsto para la interposición de la acción correspondiente, esto es, siempre que no hubiese operado la caducidad (art. 52 ejusdem).
Y el litisconsorcio cuasinecesario, es una especie o modalidad jurídica intermedia, entre el litisconsorcio necesario y el litisconsorcio facultativo, que se presenta cuando uno o varios sujetos tienen legitimación para intervenir en un proceso, por la activa o por la pasiva, esto es, en calidad de demandantes o de demandados, por tener una relación sustancial o material, pero basta con que uno solo actúe dentro del proceso en tal calidad, para que pueda dictarse sentencia de mérito con plenos efectos jurídicos (CPC, art. 52, inc. tercero).
Es, por consiguiente, una figura procesal distinta al litisconsorcio necesario, que implica la legitimación simultánea para varios sujetos, pero sin que la propia ley, ni la naturaleza de la relación sustancial, establezca como requisito sine qua non para su procedencia, la integración del contradictorio con todos ellos. Además, esta modalidad se identifica con el litisconsorcio necesario en que en una y en otra la sentencia vincula al tercero y lo afecta, pero se diferencian en que en el litisconsorcio cuasinecesario no se requiere que todos los sujetos comparezcan al proceso para proferirla; y se parece al litisconsorcio facultativo en que el sujeto voluntariamente puede concurrir o no al proceso, pero difiere del mismo por cuanto si no comparece al proceso la sentencia es uniforme y lo vincula. Con todo, el interviniente cuasinecesario puede presentarse al proceso en el estado en que se encuentre, siempre que no se haya dictado sentencia de única o segunda instancia, y procede su actuación con todas las prerrogativas de parte (CPC, art. 52).
Ahora bien, los artículos 51 y 83 del Código de Procedimiento Civil, aplicables al proceso contencioso por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, disponen respecto de la integración de la litis, que ella se hace mediante la citación al proceso de todas las personas que sean sujetos de las relaciones jurídicas o de los actos respecto de los cuales gira la controversia y sin los cuales no es posible proferir sentencia de mérito, es decir, de los litisconsortes necesarios. La primera disposición establece en lo pertinente:
“ART. 51.—Cuando la cuestión litigiosa haya de resolverse de manera uniforme para todos los litisconsortes, los recursos y en general las actuaciones de cada cual favorecerán a los demás. Sin embargo, los actos que impliquen disposición del derecho en litigio solo tendrán eficacia si emanan de todos”.
Por lo tanto, es claro que cuando la cuestión litigiosa tiene por objeto una relación jurídica material única que debe resolverse de manera uniforme para todos los sujetos que integran la parte correspondiente, impone que su comparecencia al proceso se torne en obligatoria, por considerarse un requisito indispensable para su adelantamiento(1), caso en el cual, como se señaló, se está en presencia de la modalidad del litisconsorcio necesario. A su vez, el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, al respecto reza:
"ART. 83.—Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por su disposición legal, no fuere posible resolver de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez en el auto que admite la demanda ordenará dar traslado de este a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado.
En el caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez hará la citación de las mencionadas personas, de oficio o a petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los citados el mismo término para que comparezcan. El proceso se suspenderá durante el término para comparecer los citados (...)". (negrillas ajeno al texto original).
Por su parte, el artículo 207 numeral 3º del Código Contencioso Administrativo, ordena que en el proceso contencioso administrativo ordinario que el auto admisorio “... se notifique personalmente a la persona o personas que, según la demanda o los actos acusados, tengan interés directo en el resultado del proceso...”.
Así pues, la vinculación de quienes conforman el litisconsorcio necesario podrá hacerse dentro de la demanda, bien obrando como demandante o bien llamando como demandados a todos quienes lo integran, porque, en el evento en que el juez omita citarlos, debe declararse la nulidad de lo actuado desde el auto admisorio de la demanda (CPC, art. 140, num. 8º). Si esto no ocurre, el juez de oficio o por solicitud de parte podrá vincularlos en el auto admisorio de la demanda o en cualquier tiempo antes de la sentencia de primera instancia, otorgándoles un término para que comparezcan, y de no hacerlo debe declararse la nulidad de una parte del proceso o a partir de la sentencia de primera instancia (CPC, art. 140, num. 9º), con el fin de lograr su vinculación al proceso para que tengan la oportunidad de asumir la defensa de sus intereses dado que la sentencia los puede afectar.
En definitiva, conforme las normas procesales antes citadas para que opere la citación forzosa o la integración oficiosa del contradictorio es preciso que no sea posible fallar de mérito sin la comparecencia al proceso de los sujetos activos o pasivos de una relación jurídica material y única objeto de la decisión judicial(2). Y, al contrario, resulta claro entonces, que si el juez puede dictar sentencia respecto de un sujeto procesal, sin necesidad de la comparecencia de otro sujeto que hubiera podido ser demandante en el mismo proceso, no se está en presencia de un litisconsorcio necesario.
2. Las obligaciones solidarias y su exigibilidad en juicio.
Cabe recordar que dentro de la clasificación de las obligaciones complejas en atención a la pluralidad de sujetos en cualquiera de los extremos del vínculo jurídico (activo: acreedores, o pasivo: deudores), existen las denominadas obligaciones solidarias, cuya noción y características, importa resaltar para efectos de determinar si presentándose en el caso concreto una obligación de esa naturaleza es forzosa la integración del contradictorio, porque no sea posible fallar de mérito sin la comparecencia al proceso de los sujetos activos o pasivos de ese tipo de relación jurídica, o en cambio, sí es viable adelantar el proceso y dictar sentencia respecto del inicialmente demandado.
Ha señalado esta sección que las obligaciones solidarias(3), son aquellas en que existiendo pluralidad de acreedores (solidaridad activa)(4) o de deudores (solidaridad pasiva), según el extremo del vínculo de que se trate, cada uno de estos debe de manera íntegra y total la obligación a cada uno de aquellos de forma que cualquiera de los acreedores puede exigir el total de la deuda a cada uno de los deudores y el pago realizado por uno de ellos a uno cualquiera de los acreedores, extingue la obligación de todos y para con todos.
En efecto, el inciso segundo del artículo 1568 del Código Civil dispuso que:
"... en virtud de la convención, del testamento o de la ley puede exigirse a cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, y entonces la obligación es solidaria o in solidum.
La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no la establece la ley...".
La noción legal anterior abarca tanto la solidaridad activa (entre acreedores), como la solidaridad pasiva (entre deudores), siendo esta última la que adquiere relevancia en relación con la responsabilidad civil extracontractual, en tanto en virtud de la misma el acreedor puede cobrar a cualquiera de los deudores la totalidad de la prestación debida. Como bien se explica por la doctrina a propósito de este tipo de solidaridad:
"En razón de la solidaridad pasiva todos los deudores están obligados a (...) una misma prestación. Con la solidaridad pasiva el acreedor puede recibir la totalidad de la prestación y exigirla de uno cualquiera de los deudores, de varios de ellos o de todos, en la proporción que a bien tenga, según su mayor conveniencia. Íntegros los deudores deben el total, el mismo y uno solo, así sea distinto el monto como lo deben, independientemente de si la prestación es indivisible o divisible y, en este último caso, sin que quepa el beneficio de división (C.C., arts. 1568, 1569 y 1571)(5)" (negrilla por fuera del texto original).
Son varias las características que singularizan la obligación solidaria pasiva: a) pluralidad de sujetos, dada la naturaleza de esta clase de obligaciones; b) unidad de objeto, esto es, una prestación única y común (C.C., art. 1569)(6), sin que resulte determinante que sea ella divisible o indivisible, pues en últimas la inejecución de la obligación transforma su objeto en el subrogado pecuniario, que por naturaleza es divisible; c) la pluralidad de vínculos entre el acreedor y los deudores(7); d) texto expreso de la ley o expresa voluntad de las partes que la establezca en el respectivo negocio jurídico (contrato o testamento), pues en el derecho civil la solidaridad no se presume; y e) exigencia del pago total de la obligación por parte de cada acreedor a cualquiera de los deudores, a varios de ellos o a todos ("tota in loto et tota in qualibet parte”).
Se aprecia, sin duda, que la solidaridad pasiva es uno de los más eficaces medios para asegurar la satisfacción de una deuda, en tanto confiere al acreedor la facultad de perseguir la totalidad de su crédito de varios patrimonios de los deudores solidarios y por ende dentro de los efectos que rigen esa relación externa con el acreedor, se encuentran, entre otros, los siguientes:
i) El acreedor puede dirigirse contra todos los deudores solidarios conjuntamente, o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, para exigir la totalidad de la deuda, sin que ninguno de estos le pueda oponer el beneficio de división o el fraccionamiento de la responsabilidad en el pago de la prestación, de conformidad con lo previsto en el artículo 1571 del Código Civil. Ello implica que la solidaridad por pasiva no determina la conformación de un litisconsorcio necesario por pasiva dentro del proceso judicial;
ii) El acreedor, en consecuencia, es libre de demandar a todos los obligados de manera simultánea o sucesiva, hasta la satisfacción íntegra de la deuda, pues cuando demanda a uno o a varios no pierde el derecho para perseguir a los demás por el saldo insoluto (C.C., art. 1572);
iii) El acreedor puede renunciar a la solidaridad respecto de uno o de todos los deudores solidarios, de manera expresa o tácita, en este último caso como cuando, por ejemplo, demanda el acreedor a alguno de los codeudores por su cuota solamente y no se reserva la solidaridad de la obligación, aunque no extingue la acción contra los otros deudores, por toda la parte del crédito que no haya sido cubierta por el deudor a cuyo beneficio se renunció la solidaridad; si el acreedor consiente la división de la deuda se entiende extinguida la solidaridad (C.C., art. 1573), aunque respecto de los ya devengados y no los futuros cuando lo debido es una pensión periódica (C.C., art.1574);
iv) El pago total realizado por uno de los deudores extingue la obligación y favorece a los demás, dado que no podría el acreedor seguir demandado en tantas oportunidades como deudores existan al encontrarse satisfecha su prestación; así como el pago parcial les beneficia, pues podrá perseguir a los deudores pero con descuento del valor recibido. El deudor solidario que no hizo parte en el proceso en el que se libera de responsabilidad a uno de ellos puede invocar a su favor la cosa juzgada, excepto que la sentencia que exoneró al codeudor solidario haya sido fundamentada en razones personales; también podrá oponer las excepciones generales (pago, prescripción, etc.).
De otra parte, aun cuando en virtud de la solidaridad cualquiera de los deudores debe cumplir toda la prestación frente al acreedor (relación externa), entre los deudores la deuda se encuentra dividida (relaciones internas)(8). De ahí que, por lo que corresponde a las relaciones internas entre los deudores, quien ha pagado la deuda al acreedor o la ha extinguido por alguno de los medios equivalentes al pago, queda subrogado en la acción del acreedor con todos sus privilegios y seguridades, pero limitada respecto de cada uno de los codeudores a la parte o cuota que tenga este codeudor en la deuda, dependiendo del interés que tengan en relación con la misma (deudores o fiadores) y el respectivo descuento de su propia cuota si a él también se le predica algún interés en aquella; es decir, si interesa a todos los deudores solidarios la obligación, deben todos soportar con cargo a su patrimonio el pago realizado por uno de ellos al acreedor, pero si tan solo le interesaba a uno o algunos esos finalmente son los que deben soportarlo(9).
Ahora bien, como lo prevé el inciso tercero del artículo 1568 del Código Civil analizado, la solidaridad pasiva nace por disposición expresa de la ley, del testamento o la convención, razón por la cual es una excepción en el régimen civil; mientras, en contraste, en el régimen comercial, la solidaridad es la regla general, en tanto se presume de acuerdo con el artículo 825 del Código de Comercio, que cuando varias personas se han obligado a una misma prestación, todas ellas se han obligado solidariamente.
En este sentido, el artículo 2344 del Código Civil establece la solidaridad en la responsabilidad extracontractual, como sanción civil a una falta común que otorga una ventaja de reparación a la víctima, así:
"ART. 2344. —Si un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 (daños causados por la ruina de un edificio) y 2355 (daños causados por la cosa que se cae o arroja de la parte superior de un edificio).
Todo fraude o dolo cometido por dos o más personas produce la acción solidaria del precedente inciso".
Finalmente, en el régimen penal también se ha consagrado esta responsabilidad solidaria por los daños que tienen por fuente el delito; así tanto en el Código Penal de 1980 (D.L. 100, art. 105), como en el actual previsto en la Ley 599 de 2000 se estableció que "los daños causados con la infracción deben ser reparados por los penalmente responsables, en forma solidaria, y por los que, conforme a la ley sustancial, están obligados a responder..." (art. 96).
En conclusión, cuando existen obligaciones solidarias pasivas, es facultad del acreedor demandar a todos los deudores solidarios conjuntamente, o a uno de ellos a su arbitrio para exigir la totalidad de la deuda, lo cual implica que la solidaridad por pasiva no determina la conformación de un litisconsorcio necesario por pasiva dentro del proceso judicial, y que ni el juez tenga la competencia de conformar la relación procesal litisconsorcial, así como tampoco el demandado la posibilidad jurídica de solicitarla.
En el sublite, evidentemente la Sociedad Autopistas del Café S.A. no reúne la condición de litisconsorte necesario, porque no es indispensable la presencia de las mismas dentro del litigio para que el proceso pueda desarrollarse válidamente y se pueda dictar decisiones de fondo, así como culminado mediante la sentencia respectiva.
En el caso concreto, como lo advirtió el tribunal a quo la relación jurídica aludida en la que se fundamenta el Instituto Nacional de Concensiones Inco para hacer su solicitud de integración del litisconsorcio necesario, no constituye obstáculo alguno para un pronunciamiento de fondo respecto de las pretensiones de la demanda, dado que no se trata de una de aquellas relaciones sustanciales, únicas e inescindibles, objeto de la decisión judicial y de un pronunciamiento uniforme, tal y como lo exigen los artículos 51 y 83 del Código de Procedimiento Civil.
En efecto, el Instituto Nacional de Concesiones, INCO, solicitó vincular en calidad de litisconsorte necesario a la Sociedad Autopistas del Café S.A. al considerar que el contrato de concesión 113 de 1997, así como sus modificatorios, la vinculan natural y jurídicamente a este proceso, toda vez que ella como sociedad concesionaria era para la época del accidente, la encargada de llevar a cabo toda serie de actividades constructivas, de mantenimiento y señalización en la avenida del Ferrocarril, donde ocurrió el accidente objeto de la demanda.
Por consiguiente, si la convocatoria a que hace referencia el demandado para que se integre la parte pasiva con la Sociedad Autopistas del Café S.A., tiene como fundamento la intervención que estas hayan podido tener en la causación del daño por el cual se demanda indemnización, en los términos del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, de tales sujetos, como lo ha sostenido ya esta corporación(10), podría eventualmente predicarse una responsabilidad solidaria, por cuya virtud, la acción reparatoria puede dirigirse contra todos ellos o contra cualquiera de ellos, situación que descarta la existencia de un litisconsorcio necesario entre todos los causantes del daño.
En otros términos, el vínculo existente entre el demandado INCO y la mencionada sociedad que se solicita tener como litisconsortes necesarios, se origina en la posibilidad de que en virtud de la existencia del contrato de concesión 113 de 1997, suscrito entre la Sociedad Autopistas del Café S.A. y el Instituto Nacional de Invías, puedan entrar a responder solidariamente por los hechos denunciados en la demanda que darían lugar a la obligación indemnizatoria que surgiría en caso de una eventual condena por el daño inferido al demandante; sin embargo, como dicha relación se origina en una posible solidaridad que surgiría entre quien el INCO, quien funge como demandado inicial, y el concesionario, es claro que excluye la modalidad del litisconsorcio necesario.
En este orden de ideas, de acuerdo con la relación jurídica que sustenta la petición del sub examine, no se dan los presupuestos para la procedencia de un litisconsorcio necesario, de manera que cualquier intervención de la Sociedad Autopistas del Café S.A., evidentemente lo sería en calidad de litisconsorte facultativo, por cuanto, en verdad, la eventual responsabilidad que le podría caber a esta en los hechos materia de la demanda es independiente de la que podría atribuírsele al Instituto Nacional de Vías y al Instituto Nacional de Concesiones, de forma que sería un litigante separado, dada su situación jurídica independiente e individual de la mencionada sociedad.
No obstante, debe precisar la Sala que la improcedencia de esta figura de intervención en el sub lite, independiente de que se dé o no el motivo que adujo el tribunal a quo relacionado con la falta de oportunidad, depende más de la circunstancia de que en las relaciones jurídicas derivadas de las obligaciones solidarias la vinculación de un litisconsorte facultativo en el proceso solo se da si así lo determina o solicita el actor en la demanda o en su reforma, según el caso, y no el juez o la parte demandada, pues, como arriba se explicó, el primero no tiene competencia para realizar tal vinculación y el segundo carece de facultad para hacer tal solicitud, porque en las obligaciones solidarias es atribución del acreedor dirigir su demanda contra todos los deudores solidarios conjuntamente, o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, para exigir la totalidad de la deuda que reclama.
De acuerdo con lo anterior, al aducirse un vínculo de solidaridad el cual no sirve de fundamento para vincular en calidad de litisconsorte necesario a la Sociedad Autopistas del Café S.A. y por ende no darse los presupuestos de esta u otra modalidad de intervención consorcial, se confirmará la decisión del tribunal a quo.
En mérito de lo expuesto esto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
1. Confírmase el auto en el aspecto apelado, esto es, aquel proferido por el Tribunal Administrativo de Risaralda, el 16 de diciembre de 2009, en cuanto decidió no vincular a la Sociedad Autopistas de Café S.A.
(1) Véscovi, Enrique, Teoría General del Proceso, Bogotá, Editorial Temis. 1984, págs. 93 yss.
(2) Cfr. Corte Suprema de Justicia, sentencia de 14 de junio de 1971, T. CXXXVIII.
(3) Vid. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 15 de octubre de 2008, Exp. 22.342.
(4) "ART.1570.—Solidaridad activa. El deudor puede hacer el pago a cualquiera de los acreedores solidarios que elija, a menos que haya sido demandado por uno de ellos, pues entonces deberá hacer el pago al demandante. "La condonación de la deuda, la compensación, la novación que intervenga entre el deudor y uno cualquiera de los acreedores solidados, extingue la deuda con respecto a los otros, de la misma manera que el pago lo haría; con tal que uno de estos no haya demandado ya al deudor“.
(5) Hinestrosa, Fernando, Tratado de las Obligaciones, primera edición, 2002, Edt. Universidad Externado de Colombia, págs. 329 y 330.
(6) "ART. 1569. —“Identidad de la cosa debida”. La cosa que se debe solidariamente por muchos o a muchos, ha de ser una misma, aunque se deba de diversos modos; por ejemplo, pura y simplemente respecto de unos, bajo condición o a plazo respecto de otros”.
(7) La doctrina menciona que son tres las características que sobresalen en la definición de las obligaciones solidarias en general: "...a) la pluralidad de los sujetos activos o pasivos... b) la pluralidad de vínculos entre el acreedor o acreedores y el deudor o deudores; y c) la unidad de objeto, o sea, de la prestación..." Cfr. Ospina Fernández Guillermo, Régimen General de las Obligaciones; Edt. Temis, 2002; octava edición, pág. 240.
(8) "El rasgo característico, distintivo de la solidaridad es que en la relación obligatoria, o sea en las relaciones externas (entre acreedor y deudores, o deudor y acreedores), no cabe la división de los créditos y las deudas, según sea el caso, sin perjuicio de que internamente la situación de cada miembro del respectivo grupo sea autónoma, y en principio tenga una parte de la deuda y solo esa parte" (...). En la solidaridad en general, y más visiblemente en la solidaridad pasiva, se aprecia la presencia de dos clases de relaciones: de un lado se tiene la relación externa aquella que media entre las partes, acreedora y deudora y, mirando la solidaridad pasiva, la conjunción mayúscula de los varios deudores frente al acreedor; y de otro lado están las relaciones internas, las de los varios deudores entre sí, al margen de la exposición total frente al acreedor". Cfr. Hinestrosa, Fernando, Ob. Cit. págs. 326 y 330.
(9) "Si el negocio para el cual ha sido contraída la obligación solidaria, concernía solamente a alguno o algunos de los deudores solidarios, serán estos responsables entre sí, según las partes o cuotas que le correspondan en la deuda, y los otros codeudores serán considerados como fiadores. "La parte o cuota del codeudor insolvente se reparte entre todos los otros a prorrata de las suyas, comprendidos aun aquellos a quienes el acreedor haya exonerado de la solidaridad" (C.C., art. 1579, incs. 2 º y 3º).
(10) Ver en este sentito: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia de 24 de enero de 2007. Expediente 32.862.