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Timestamp: 2019-06-18 23:00:24
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Matched Legal Cases: ['artículo 11', 'artículo 104', 'artículo 7', 'artículo 55', 'artículo 56', 'artículo 66', 'artículo 2', 'artículo 11', 'artículo 56', 'artículo 114', 'artículo 104', 'artículo 104', 'artículo 6', 'artículo 123', 'artículo 123', 'artículo 55', 'artículo 6']

Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por Explotaciones Granjeras, S. A., contra la negativa del Registrador Mercantil de Sevilla número 1, a inscribir determinados acuerdo sociales adoptados por dicha entidad mercantil. - Doctrina Administrativa - VLEX 207425943
Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por Explotaciones Granjeras, S. A., contra la negativa del Registrador Mercantil de Sevilla número 1, a inscribir determinados acuerdo sociales adoptados por dicha entidad mercantil.
Fecha de Resolución: 26 de Noviembre de 2007
Publicado en: BOE, 19 de Diciembre de 2007
En el recurso interpuesto por doña Elisa G. A. E., en su propio nombre y derecho y en representación de «Explotaciones Granjeras, S. A.», contra la negativa del Registrador Mercantil de Sevilla (Registro número I) don Severiano Montero González, a inscribir determinados acuerdo sociales de adoptados por dicha entidad mercantil.
En su apartado 2 dispone «que la sociedad sólo reputará accionista a quien se halle inscrito en dicho libro registro».
Igualmente el artículo 11 de los Estatutos «sólo tendrán derecho de asistencia a las Juntas Generales los accionistas cuyas acciones figuren inscritas en el libro-registro de acciones». De la misma forma el artículo 104 LSA.
Sevilla, a 29 de julio de 2005.-El Registrador.-Firma ilegible (existe sello con el nombre y apellidos del Registrador)
Porque el Registrador está apoyando el sentido de su calificación, no en documentos «en cuya virtud se solícita la inscripción» o «por lo que resulta de ellos», como sería lo correcto, sino exclusivamente en otros distintos que aunque acompañan a aquéllos por interesar así a los accionistas, ni son necesarios para formarse aquél ningún juicio de valor ni en modo alguno son inscribibles, como es el caso de los numerados del 1 al 13 en la calificación. Tales documentos no deben ni pueden influir en la calificación, ni para favorecer la inscripción ni para denegarla, debiendo ser absolutamente irrelevantes al Registrador, al igual que debería entonces serlo el hecho de que consten incorporados al acta notarial de Junta General en fotocopias -eso sí, tras la exhibición al Notario y devolución de los documentos originales como señala el acta notarial de Junta, extremo éste que omite el Registrador-por lo que mencionar como defecto a la inscripción que éstos hayan sido así incorporados a la escritura supone una clara extralimitación de las funciones calificadoras.
Porque aunque en el improbable caso de que el Registrador pudiera entender como documentos presentados a «la inscripción» no sólo el acta notarial «estrictu sensu» y los adjuntos exigidos por ley (anuncios convocatoria, etc.), sino también el resto de los documentos que acompañan a ésta, y así entrado a valorar el contenido de la copia del libro registro de acciones y su discordancia formal con la lista de asistentes formada por la Presidenta de la Junta, tal circunstancia nunca le podría haber llevado al extremo de hacer prevalecer aquél sobre ésta. Esto es, aún observando la referida discordancia (que las hojas del libro no están «actualizadas», dice el Registrador) está no puede ser el elemento nuclear para la calificación al no poder prevalecer sobre las declaraciones que la Presidenta de la Junta realizó en el acta notarial de Junta en virtud de su cargo (así ya observando la irregularidad del contenido del libro registro) y que viene llamada legal y reglamentariamente a formar la lista de asistentes y a formalizar los acuerdos oportunos, manifestaciones que ninguna objeción encontró por los accionistas asistentes. En este sentido, es particularmente interesante la Resolución de esta DGRN de 9 de enero de 1998 [cuyo texto reproduce parcialmente la recurrente].
Porque aunque el documento sujeto a inscripción pudiera llegar a adolecer de algún vicio invalidante a futuro (lo que se niega y se dice solamente a efectos dialécticos) como consecuencia de la toma en consideración del contenido de la copia del libro registro, aún así, es innegable que conforme al sistema registral español no es posible condicionar la inscripción de aquél a la plena justificación de su validez, ya que en términos generales existen distintas circunstancias que pueden determinar la ineficacia de un documento cualquiera y que sin embargo quedan fuera del ámbito de calificación del Registrador. Lo importante en este caso es que el contenido del documento presentado a inscripción -el acta notarial de Junta-ni es contrario al orden público ni a una ley imperativa ni falta en el mismo ninguno de los requisitos esenciales que lo invaliden, supuestos éstos fuera de los cuales no se habilita al calificador a entrar ni a tomar en cuenta para practicar o no la inscripción, arrogándose de ese modo funciones propias de los Tribunales (Resolución de 14 de diciembre de 2004).
Porque el Registrador no está teniendo en cuenta en su calificación aquello que ya resulta «de los asientos del Registro» acerca de la misma Sociedad, y así su negativa a inscribir el documento presentado implica una visible contradicción con otras calificaciones anteriores practicadas sobre la base de la misma realidad, así la falta de inscripción de los accionistas asistentes a la Junta en el libro registro. Efectivamente, lo que ya consta anteriormente en la hoja abierta a la Sociedad como última inscripción (número 16), es la calificación positiva de una escritura de 28 de noviembre de 2001 y la inscripción practicada el 14 de diciembre de 2001 de los acuerdos de Junta General contenidos en la misma (10 de octubre de 2001), siendo así, que según consta expresamente en la certificación de esos acuerdos adjunta a la citada escritura, los accionistas asistentes a la sesión fueron, entre otros, precisamente los mismos quienes ahora resulta ser que nunca estuvieron inscritos en el libro registro de acciones (ya que el libro se abrió en el año 2004), circunstancia ésta que obsta a juicio del Registrador para practicar ahora la nueva inscripción solicitada. Conforme a ello, dado que la situación que ahora viene a reflejar el libro registro es la falta de constancia en el mismo de los accionistas asistentes a la Junta General de 10 de octubre de 2001, y que son quienes estuvieron también presentes o representados en la Junta de 16 de mayo de 2005, no existe razonamiento legal alguno para denegar la inscripción de los acuerdos tomados en la segunda sobre la base de aquélla ausencia en el libro cuando sí fueron inscritos los acuerdos contenidos en la primera siendo así que la situación de facto y jurídica era idéntica, así la inexistencia de constancia en el libro. De mantenerse pues, la calificación negativa, el Registrador estaría incurriendo en patente incongruencia y actuando en contra de sus propios actos. En este sentido merece mencionar la doctrina sentada por esta Dirección General en resolución de 14 de diciembre de 2004.
Porque además, ignorar la situación que «resulta del Registro» implica asimismo conculcar el principio de legitimación del artículo 7 RRM que establece que el contenido del Registro «se presume exacto y válido» y queda bajo la salvaguarda de los Tribunales, produciendo efectos mientras no se inscriba la declaración judicial de inexactitud o nulidad. Por consiguiente, como quiera que el contenido de la inscripción 16 de la hoja de la Sociedad practicada sobre la base de unos acuerdos tomados por accionistas no inscritos en el libro registro se presume no obstante válido y exacto, presunción que se extiende a la situación jurídica subyacente, denegar ahora la inscripción de los acuerdos adoptados en la Junta de 16 de mayo de 2005 como consecuencia de aquella misma ausencia en el libro registro sería tanto como predicar retroactivamente la invalidez e inexactitud de los acuerdos que sí causaron inscripción, arrogándose así el Registrador unas funciones de salvaguarda y revisión vedadas al mismo por estar exclusivamente reservadas al orden jurisdiccional a través de los cauces oportunos. Así entonces, siguiendo la doctrina de la resolución de esta Dirección General de 8 de mayo de 1987, el Registrador ha de atenerse a los asientos ya practicados, incluso con independencia de su posible invalidez, en tanto no hayan sido impugnados judicialmente y declarados nulos.
Porque la legitimación para el ejercicio de los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales derivado de la mera inscripción de los accionistas en el libro registro, ex artículos 55.2 y 104 de la LSA, sólo puede tener un carácter absoluto y excluyente para la sociedad cuando en aquél se contemple, de forma certera e inequívoca, todo el capital social, y no así en otros supuestos como en el presente cuyas copias del libro registro arrojan un contenido que no se ajusta a la realidad jurídica. En estos otros supuestos, resulta más que obvio que serán los títulos de propiedad, de titularidad de las acciones, los documentos que hayan de servir de soporte necesario para que los accionistas puedan acreditar tal condición y ejercitar los derechos que les corresponden en la Junta, ya que de lo contrario, los verdaderos accionistas quedarían privados de los derechos inherentes a su cualidad. Así pues, cuando el artículo 55.2 LSA establece que «La sociedad sólo reputará accionista a quien se halle inscrito en dicho libro», está partiendo de la premisa indispensable y lógica de que todos aquéllos que tengan una parte del capital estén comprendidos en el mismo con precisa expresión del número de acciones de su titularidad, dada la obligación impuesta a los administradores encargados de la correcta llevanza del libro -en nuestro caso el Secretario del Consejo-de inscribir inmediatamente en éste, ineludiblemente, todas las transmisiones de acciones que les sean acreditadas (artículo 56.1 LSA).
Porque hay supuestos expresamente previstos en la LSA en los que la legitimación para ejercitar los derechos de accionista no se deriva del libro registro, lo que constata nuevamente la relatividad del mismo. Nos referimos a los supuestos de copropiedad de acciones (artículo 66) y prenda de acciones (artículo 2), en donde, en el primer supuesto, los copropietarios designan de entre ellos a una sola persona para ejercitar los derechos de voto de las acciones indivisas, quien sin embargo no figura en el libro registro como pleno y exclusivo titular de todas ellas, y en el segundo caso -aún más gráficamente-, donde está contemplada la posibilidad de que ante la previsión estatutaria expresa quien ejercite los derechos de socio sea el acreedor pignoraticio, quien tampoco figuraría en el libro registro como titular de las acciones.
Porque aunque se entendiera que la inscripción en el libro registro es precisa, de forma excluyente, para acreditar la condición de accionista, la ausencia de constancia en éste de los asistentes a la Junta no puede sin embargo privarles del ejercicio de sus derechos en la misma cuando consta acreditado fehacientemente que desplegaron toda la diligencia debida para que tal inscripción se realizara. Efectivamente, consta en el acta notarial de Junta que los concurrentes a la sesión celebrada el 16 de mayo de 2005 habían procedido a solicitar a la Sociedad -al antiguo Secretario del Consejo-mediante carta remitida por burofax el 9 de mayo de 2005, la inscripción a nombre de aquéllos de las acciones adquiridas por virtud de los títulos oportunos, adjuntando éstos para mejor entendimiento. Conforme a ello, dada la validez de esos títulos aportados y que la comunicación tuvo lugar con una antelación superior a los cinco días que marca el artículo 11 de los Estatutos hasta la celebración de la sesión, el destinatario quedaba legalmente obligado a proceder de forma inmediata en el sentido solicitado, ex artículo 56.1 LSA, lo que sin embargo no hizo. En resumen, la solicitud en tiempo y forma de los accionistas que más tarde asistirían a la reunión de la Junta, de que sus acciones fueran inscritas en el libro registro, debe tener el mismo efecto que aquél que se habría producido sí efectivamente su titularidad hubiera tenido acceso en dicho documento como correspondía. En este sentido se ha pronunciado la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria, Sección Primera, de 8 de noviembre de 1999.
Porque la cualidad de accionistas de quienes concurrieron a la Junta General de 16 de mayo de 2005 ya consta debida y expresamente reconocida en varios documentos públicos que luego han sido inscritos en el Registro Mercantil de Sevilla, circunstancia aquélla que no puede ser ahora pasada por alto.
Porque la condición de accionistas de los asistentes a la Junta, no sólo nunca ha sido negada por los restantes socios, sino que estos últimos han reconocido de forma expresa, en distintas ocasiones, tal circunstancia. A estos efectos, la escritura de 28 de junio de 2004 por la que la antigua accionista Doña María Luisa L. transmitía sus acciones a la entidad Rulai, S. L., contiene el requerimiento de la vendedora al Notario autorizante para que comunicara a todos y cada uno de los restantes accionistas la citada compraventa a los efectos de que pudieran ejercitar el derecho de adquisición preferente, expresando aquélla que tales accionistas eran las personas citadas, todos ellas, nuevamente, asistentes a la reunión de la Junta de 16 de mayo de 2005. Queda entonces pacíficamente claro que esos cinco últimos señores sí eran accionistas a esta fecha.
Porque también ha quedado reconocido por el propio Juzgado que convocó la Junta General celebrada el 16 de mayo de 2005 que sí son accionistas de Explotaciones Granjeras, S. A., y están legitimados como tales aquéllos a quienes ahora el Registro niega que puedan haber ejercitado su derecho de asistencia y voto en la Junta de 16 de mayo 2005 por no constar inscritos en el libro registro.
Porque el Notario requerido para levantar acta de la Junta general juzgó la capacidad y legitimación de accionista de doña Elisa G. A. y la estimó bastante, a la luz de los documentos presentados, para solicitar su presencia el día 16 de mayo de 2005, pese a que no estaba aquélla inscrita en el libro registro. Así es, si conforme al artículo 114 LSA sólo pueden requerir la presencia de un Notario quienes sean accionistas (1% del capital al menos), y dicho fedatario accedió a levantar acta de la Junta, deviene claro que quien solicitó tal medida sí era accionista y pudo acreditarlo, una vez más al margen del tantas veces mencionado libro registro, condición aquélla que por extensión cualquiera de los restantes socios en controversia podía haber probado ante el citado Notario a los efectos de requerir su asistencia a la Junta.
Porque el hecho de que el libro registro se haya diligenciado en fecha retrasada, en marzo de 2004, y por consiguiente inscrita posteriormente en el mismo la titularidad de las acciones por quien tenía su cargo de Secretario del Consejo caducado -inscripción hecha de forma inexacta y no actualizada-sólo generará las responsabilidades que procedan en orden al desempeño desleal de las funciones de aquél, pero de ninguna manera puede sancionarse impidiendo ahora el ejercicio de los derechos de voto de los accionistas, toda vez que ello implicaría también desvirtuar la validez de todas las Juntas celebradas con anterioridad desde la misma constitución de la Sociedad.
Porque tratándose de Explotaciones Granjeras, SA de una sociedad de tipo familiar, donde no se han impreso ni entregado los títulos, no le es de aplicación en todo su rigor el artículo 104 LSA que permite que los Estatutos puedan condicionar el derecho de asistencia a la Junta a la legitimación anticipada mediante la inscripción de las acciones en el libro registro, bastando por el contrario exhibir los títulos de propiedad correspondientes. Es esta una opinión doctrinal autorizada mantenida entre otros por el autor que se cita según el cual la formula del artículo 104 está pensada para las grandes sociedades anónimas, y en los casos de sociedades familiares donde no se hayan impreso los títulos de las acciones ni emitido resguardos provisionales, «en estos casos el derecho de asistencia se ejercitará sobre la base del título fehaciente que acredite la titularidad de las acciones. Si la adquisición de las acciones fuera derivativa, intervivos o mortis causa debe bastar con la exhibición de la escritura de compra o de partición hereditaria».
El procedimiento que permite el ejercicio del derecho de adquisición preferente ex artículo 6 de los Estatutos, ha sido recogido en lo esencial por la vendedora en su oferta de transmisión de acciones y comunicado al resto de accionistas, y cumple con la finalidad perseguida en aquél.
Porque conforme al artículo 123 RRM el órgano de administración no está facultado para limitar o entorpecer mediante condicionante alguno la oferta de transmisión querida por la vendedora, quedando su actuación limitada, legal y estatutariamente, a servir de mero intermediario en la comunicación entre vendedor y restantes accionistas.
Porque en todo caso, el objetivo perseguido con las limitaciones a la libre transmisibilidad de acciones, que es permitir que quienes ya sean accionistas puedan a su elección adquirir el capital transmitido con prelación a terceros, quedó totalmente cumplido y salvaguardado al serles comunicados a aquéllos la venta y haber tenido la posibilidad de ejercitar su derecho preferente, como de hecho ocurrió.
El derecho de adquisición preferente se ejercitó solamente sobre una parte de las acciones porque los Estatutos Sociales prevén expresamente tal posibilidad, así que se pueda ejercitar «en todo o en parte», previsión ésta que queda bajo la salvaguarda de los Tribunales.
El derecho preferente de adquisición se ejercitó parcialmente porque la Ley no prohíbe que se realice de dicha forma.
No existe restricción estatutaria de ningún tipo en la Sociedad por la que el Consejo de Administración de ésta haya obligado a la vendedora, doña María Luisa L., a trasmitir un número distinto de acciones a las que exactamente deseaba vender, así, 10.000 acciones.
La vendedora transmitió exactamente el número de acciones que deseaba transmitir, sus 10.000 acciones, sin que ningún accionista haya obstaculizado su derecho en sí mismo considerado a la venta de esas acciones, por más que hayan ejercitado su legítimo derecho de adquisición preferente.
El ejercicio parcial del derecho de adquisición preferente no ha soslayado en modo alguno el objetivo final perseguido por el artículo 123.5 RRM. Según resulta de la doctrina emanada por esta DGRN, concretamente de la Resolución de 20 de agosto de 1993.
El precio de las acciones pagado por quienes ejercitaron el derecho de adquisición preferente se ajusta a la oferta de la vendedora, habiendo sido puesto aquél a su disposición.
Las acciones adquiridas por el derecho preferente no difieren de las señaladas en el acta notarial de Junta comprensiva de la sesión de 16 de mayo de 2005, más al contrario, se encuentran comprendidas en ésta.
En este expediente concurren las siguientes circunstancias:
Se presenta en el Registro Mercantil copia autorizada del acta notarial de Junta General de determinada sociedad anónima, convocada judicialmente, en la que, mediante acuerdo unánime de los asistentes, se nombra como miembros del Consejo de Administración a determinadas personas.
El Registrador resolvió no practicar la inscripción de dicho nombramiento de administradores por las razones que se expresan en la relación de Hechos de la presente Resolución y que se analizan en los siguientes fundamentos de Derecho, si bien cabe ahora precisar que únicamente habrán de ser objeto de análisis en este recurso los defectos primero y tercero de los expresados por el funcionario calificador, toda vez que el segundo -relativo a la falta de acreditación de la autenticidad de la copia de la convocatoria judicial de la Junta-es admitido por el recurrente al reconocer la necesidad de subsanarlo.
Según el primero de los defectos invocados por el Registrador en su calificación, en el acta notarial de la Junta General no resulta acreditado que las acciones de los socios concurrentes a la misma estén inscritas en el libro registro a que se refiere el artículo 55 de la Ley de Sociedades Anónimas.
El tercero de los defectos expresados por el Registrador en su calificación consiste en que, a su juicio, se han vulnerado el artículo 6 de los estatutos sociales sobre ejercicio del derecho de preferente en caso de transmisión de acciones.
Resolución de 18 de mayo de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Málaga, don Vicente José Castillo Tamarit, contra la negativa de la registradora de la propiedad de Vélez-Málaga, Registro n.º 2, a inscribir una escritura de préstamo con garantía hipotecaria.