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Timestamp: 2017-09-25 07:49:31
Document Index: 274443265

Matched Legal Cases: ['artículo 80', 'artículo 44', 'artículo 193', 'artículo 44', 'artículo 93', 'artículo 146', 'artículo 57', 'artículo 146', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 33', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 149', 'artículo 33', 'artículo 394', 'artículo 394', 'artículo 395']

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Publicado por lexlegis 21-sep-2017
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ANULADA LA HIPOTECA MULTIDIVISA POR FALTA DE INFORMACIÓN
VIC (BARCELONA) DECLARA LA NULIDAD DE UNA HIPOTECA MULTIDIVISA DEL BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
El Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Vic (Barcelona) condena en sentencia a Banco Popular Español S.A., a la nulidad de Cláusula Multidivisa y al recálculo de su deuda a euros así como las amortizaciones y los intereses de la misma también a euros y costas del proceso judicial.
Los demandantes firmaron una hipoteca multidivisa con Banco Popular Español S.A., para la compra de una Vivienda en Tona (Barcelona). En concreto, se centró el debate en la transparencia o no de la contratación en fecha 23 de julio de 2007, de un préstamo multidivisa con garantía hipotecaria, por un importe principal de 246.000,00 euros (41.623.200,00 yenes), que grava su vivienda con la referida garantía real, a interés variable (índice de referencia más diferencial (en euros + 1,50 puntos, en divisas, + 1,25 puntos), menos bonificaciones.
A los vecinos de Tona les venden un producto especulativo como es la hipoteca multidivisa para poder financiar su casa. Ellos interponen la demanda, asesorados por la letrada Magdalena Rico Palao, en la que piden que se declare la nulidad parcial del préstamo hipotecario en todo lo referido a la opción multidivisa. Solicitan además que se recalcule su deuda en euros, así como las amortizaciones y los intereses de la misma. Esto es debido a la escasa y deficiente información recibida por los actores, en relación con esta modalidad de préstamo, tanto con carácter previo a la formalización de la escritura de préstamo, como de la información obrante en la misma.
Literalmente la Sentencia dice que: <<<Cuadro de texto: 29La entidad bancaria tan sólo le expuso las ventajas del producto, las diferencias del tipo de interés aplicable respecto del que la demandante abonaba en la Caixa donde tenia suscrita la hipoteca anterior; la demandante sabía que eran yenes lo que contrataba, si bien no alcanzaba a comprender la trascendencia económica ni el riesgo que dicha circunstancia entrañaba y el banco no cumplió con su deber cualificado de contárselo e informarla adecuadamente (véase la declaración de los testigos, quienes manifestaron que nunca les hicieron ninguna simulación ni les proporcionaron oferta vinculante y que firmaron en la propia oficina bancaria, de forma rápida, toda vez que el notario se había desplazado allí a tales efectos e incluso el Sr. Caimel afirmó que “el notario parecía un trabajador más del banco”). >>>
Según la directora legal del proceso, la letrada Magdalena Rico Palao, cuando las condiciones generales (y la multidivisa lo es) estén incluidas en contratos con consumidores, es preciso que superen el control de transparencia, no pasando estos controles en este caso, pues no existe ni folleto informativo ni oferta vinculante de la entidad previa a la firma de la escritura.
Mas info: Despacho Lexlegis (Magdalena Rico Palao)- Telf: 900 69 65 25 -hipotecamultidivisa
#condicionesgenerales
#faltadetransparencia
#multidivisabarcelona
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Mas info: Despacho Lexlegis (Magdalena Rico Palao)- Telf: 900 69 65 25 -
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Publicado por lexlegis 14-sep-2017
El Juzgado lo mercantil Nº 1 de Murcia anula la cláusula IRPH por abusiva y por falta de transparencia. quedó demostrado que no se ofreció simulación alguna u oferta alternativa.
Cajamar condenada a sustituir el índice IRPH por Euríbor y a reintegrar las cantidades cobradas de más y a recalcular el cuadro de amortización. también anula la cláusula suelo y ordena la devolución de las cantidades cobradas en exceso.
El préstamo fue suscrito con CAJAMAR a interés variable el 9 de marzo de 2004 para la rehabilitación de su vivienda. En la suscripción del préstamo existía un mecanismo de fijación del interés pactado -referencia IRPH-, así como que el tipo mínimo o suelo, que en ningún caso sería inferior al tipo del 5,5%.
Según Magdalena Rico Palao, que ha asistido a los afectados, CAJAMAR alegó que dichas cláusulas fueron negociadas entre las partes y que los términos relativos al interés variable fueron claros y precisos. Argumentó que el cliente tuvo pleno conocimiento y que el lenguaje utilizado era plenamente comprensible para cualquier consumidor, todo lo cual ha quedado huérfano de prueba, según dicha letrada que expresa su satisfacción por esta sentencia que es pionera en la Región de Murcia sobre el IRPH.
Por parte de la letrada de los afectados, Sra. Rico Palao, se valora de forma muy positiva esta resolución, en tanto que los firmantes de la hipoteca no pudieron negociar ninguno de los contenidos, ni tomar consciencia del sentido, extensión y consecuencias del IRPH y Cláusula Suelo.
La sentencia recoge que la entidad bancaria no proporcionó la oferta vinculante al actor y tampoco exhibió el contenido formal de la escritura pública con antelación de tres días a la firma, ni se le ofreció al cliente una simulación o un producto financiero alternativo.
La juez declara la nulidad del IRPH por tener carácter abusivo y por falta de transparencia; dictamina que se ha de sustituir el tipo de referencia por el tipo de referencia Euribor +0,5% y condena a CAJAMAR a reintegrar las cantidades, más intereses, de lo que hubieran percibido en aplicación del IRPH.
Finalmente, condena igualmente a la devolución de cantidades cobradas de más por el índice IRPH y por la cláusula Suelo también declarada nula en esta hipoteca.
La Juez manifiesta que, no cabe duda de que la cláusula que se examina no es transparente al no cumplir con los requisitos que el artículo 80 del TRLGDCU exige de concreción, claridad, sencillez en la redacción, accesibilidad y legibilidad, de forma que permitan al consumidor y usuario el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia y contenido, de forma que las alegaciones sobre transparencia y realizadas por la Caja decaen atendiendo a lo dispuesto en la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de fecha 23 de diciembre de 2015 en la que señala sobre la falta de transparencia de una cláusula suelo que “queda envuelta entre un cúmulo de estipulaciones, menciones y datos, dificultando la compresión efectiva de la realidad resultante, que no es otra que lo efectivamente contratado.”
En consecuencia, las pretensiones de nulidad de los índices de referencia incluidos en las escrituras impugnadas en la demanda rectora del presente pleito merecen ser acogida.
Dirección Letrada: MAGDALENA RICO PALAO, DESPACHO LEXLEGIS - TELF: 968 79 33 80 - e-mail: lexlegis@lexlegis.org - http://eliminarclausulasuelo.com.es/eliminar-irph/
Banco: Cajamar Caja Rural Sociedad Cooperativa de Crédito
Producto: IRPH.
Ver documento PDF: https://drive.google.com/file/d/0B2vXghyvNGRPekJXdGttRWdHb2s/view?usp=sharing
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116 Vistas Comentarios: 0 Enlace permanente Etiquetas: sociedad limitada, lsc, ley de sociedades de capital, ley 31/2014, mejora del gobierno corporativo, retribución de, retribución del consejero delegado, funciones inherentes al cargo de administrador, función ejecutiva del consejero delegado, junta general, consejo de administración, sociedades de capital, s.a., s.l., sociedad anónima
Publicado por gfernandez 27-jul-2017
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó Sentencia, con fecha 22 de junio de 2017, pronunciándose acerca de un tema que suscita multitud de controversia en el ámbito laboral y concursal. Este tema no es otro que la protección del derecho de los trabajadores y sucesión de empresa en el más que habitual caso de compraventa de Unidad Productiva en un procedimiento concursal, sobre la relación entre el artículo 44 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET) y los artículos 146 bis y 149 de la Ley Concursal (LC).
Esta Sentencia todavía no se encuentra publicada, a día de hoy, en la base de datos CENDOJ, por lo que será incorporada a la base de datos de iberley en cuanto sea posible.
Se trata de una resolución judicial de especial interés porque se ve influenciada por la normativa y jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y aborda una nueva interpretación a la que venían ejercitando los jueces de lo mercantil, en el sentido más proteccionista de los derechos de los trabajadores. Dicha Sentencia estima el recurso de suplicación interpuesto por una trabajadora y declara la responsabilidad solidaria (de un crédito laboral de esta trabajadora) de una empresa que adquirió una Unidad Productiva en el seno de un procedimiento concursal y que había sido absuelta en primera instancia. Además, ha sido recurrida en casación por lo que debemos estar muy atentos a la posición del Tribunal Supremo al respecto.
Esta vez voy a empezar por el final y voy a deciros, en primer lugar, la conclusión a la que se puede llegar cuando se interpreta esta importante Sentencia del TSJ para, posteriormente, dar los razonamientos esgrimidos que da lugar a tal conclusión. En caso de que una futura Sentencia del Tribunal Supremo confirme lo establecido por el TSJ, se va a tratar de una circunstancia que debe ser tenida muy en consideración por parte de los administradores concursales, abogados de interesados en la adquisición de una unidad productiva en un procedimiento concursal, así como los abogados de trabajadores que han sido despedidos con anterioridad a la transmisión. Esta conclusión es la siguiente:
Para poder exonerar al cesionario de las deudas laborales de los trabajadores de los que no se hayan subrogado, y que extinguieron su relación laboral con anterioridad a la transmisión realizada en el seno de un procedimiento concursal, es muy importante que el juez del concurso se pronuncie expresamente, en el Auto que acuerda la transmisión, sobre esta exención de responsabilidad por parte del cesionario de las deudas laborales pendientes de pago, de manera que, en caso de no pronunciarse al respecto, puede interpretarse que no se producirá tal exención de responsabilidad.
Resumidamente, una empresa, que entró en concurso en noviembre de 2014, finalizó un procedimiento de despido colectivo extinguiendo sus relaciones laborales un mes antes de su declaración de concurso. En el seno de la Fase de Liquidación se vende, en septiembre de 2015, su Unidad Productiva a favor de un tercero y, una vez elevada a publico dicha venta, el adquirente pasa a tener una nueva denominación, combinando el nombre de la sociedad concursada con el suyo propio.
Por su parte, una de las trabajadoras que vio extinta su relación laboral, presentó demanda ante los juzgados de lo social en noviembre de 2014 contra la empresa concursada y, posteriormente, amplió la demanda contra la sociedad adquirente. EL Juzgado de los Social estimó la pretensión de demanda de despido y reclamación de cantidad “declarando el despido como improcedente” y condenó a la mercantil concursada al pago de la indemnización por despido y al pago de las cantidades dimanantes de la omisión del plazo de preaviso así como por vacaciones no disfrutadas. No obstante, absolvió a la entidad adquirente varios meses más tarde de haberse producido la extinción contractual.
Alegaciones en suplicación.
Se presentó recurso de suplicación en base a los apartados b) y c) del artículo 193 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social en base a que la Sentencia de instancia no ha tenido en cuenta que estamos ante un supuesto de sucesión de empresa toda vez que la adquirente había continuado con la actividad de la concursada con sus recursos humanos, materiales, tecnología aplicable, etc. Debiendo extender la responsabilidad y obligaciones jurídicas de la empresa adquirente a los trabajadores que prestaban sus servicios con anterioridad a la subrogación.
La parte recurrente defiende, como es lógico, todo lo contrario, argumentando que sus obligaciones y responsabilidades jurídicas tan solo recaían sobre los trabajadores que han sido subrogados en la adjudicación tras la venta de la Unidad productiva, habida cuenta que la trabajadora en cuestión había extinguido su relación laboral con la sociedad concursada, varios meses antes de la adjudicación, por lo que no tiene obligaciones para con ella, por lo que no cabe subrogación alguna respecto de la deuda de los trabajadores que no continúan en la empresa.
Sobre la normativa nacional.
El apartado 1 del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, dicta al tenor literal siguiente:
"1. El cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior, incluyendo los compromisos de pensiones, en los términos previstos en su normativa específica, y, en general, cuantas obligaciones en materia de protección social complementaria hubiere adquirido el cedente".
La recurrente realiza sus pretensiones en base a este artículo, así como a los artículos 146 bis y 149, ambos de la Ley Concursal. También apelan al artículo 93 de la Ley Concursal que versa sobre las personas “especialmente relacionados con el concursado” aunque al respecto concluye la Sala que “nada podemos decir para por esta vía declarar la responsabilidad de la cesionaria de los créditos pendientes de la cedente” ya que no se acredita por la trabajadora las especiales circunstancias que deberían concurrir para su aplicación, por lo que no resulta de aplicación lo establecido en el apartado 4, segundo párrafo, del artículo 146 bis LC que excluye de la exención de responsabilidad de las personas especialmente relacionadas.
Por su parte, la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, “sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad", prevé la posibilidad de establecer limitaciones de las responsabilidades de la empresa adquirente respecto a otra que se encuentre en situación de concurso, siendo el artículo 57 ET el que recoge expresamente el acogimiento a la Ley Concursal estableciendo que “En caso de concurso, a los supuestos de modificación, suspensión y extinción colectivas de los contratos de trabajo y de sucesión de empresa, se aplicarán las especialidades previstas en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal”, siendo tales especialidades las que a continuación se expresan.
El artículo 146 bis de la Ley Concursal es un precepto que versa sobre las “especialidades de la transmisión de unidades productivas”, dentro del cual resulta de interés lo establecido en el mismo en sus apartados 1 y 4, los cuales establecen:
“1. En caso de transmisión de unidades productivas, se cederán al adquirente los derechos y obligaciones derivados de contratos afectos a la continuidad de la actividad profesional o empresarial cuya resolución no hubiera sido solicitada. El adquirente se subrogará en la posición contractual de la concursada sin necesidad de consentimiento de la otra parte. (...)”
“4. La transmisión no llevará aparejada obligación de pago de los créditos no satisfechos por el concursado antes de la transmisión, ya sean concursales o contra la masa, salvo que el adquirente la hubiera asumido expresamente o existiese disposición legal en contrario y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.4.
Por otro lado, el apartado 4 del artículo 149 LC establece que: “4. Cuando, como consecuencia de la enajenación a que se refiere la regla 1.ª del apartado 1, una entidad económica mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria, se considerará, a los efectos laborales y de Seguridad Social, que existe sucesión de empresa. En tal caso, el juez podrá acordar que el adquirente no se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores. Igualmente, para asegurar la viabilidad futura de la actividad y el mantenimiento del empleo, el cesionario y los representantes de los trabajadores podrán suscribir acuerdos para la modificación de las condiciones colectivas de trabajo”.
Sobre la normativa comunitaria.
Alega la recurrente que ha habido una infracción de la normativa laboral al que se hace referencia en el punto anterior toda vez que, al haberse producido la sucesión de empresa debió haberse declarado la responsabilidad solidaria (o, en su caso, subsidiaria), respecto a lo no abonado, por el FOGASA o dentro del procedimiento concursal. En cambio se optó por limitar la responsabilidad de la cesionaria a los contratos vigentes en el momento de la subrogación, eximiendo de toda responsabilidad a la empresa cesionaria de la indemnización por cese optado por la concursada.
Para resolver tal cuestión, la Sala acude a la doctrina establecida por el TJUE a través de su Auto de fecha 28 de enero de 2015 (asunto C-688/13), que resuelve un conflicto suscitado en nuestro país con una sociedad en liquidación, el cual establece que, en una transmisión de empresa, cuando el cedente sea objeto de un procedimiento concursal y el Estado Miembro opte por aplicar el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2001/23/CE, ésta no se opone a que, en el momento de la transmisión o de la apertura del procedimiento concursal, el Estado Miembro permita que las cargas derivadas de contratos laborales (incluyendo los créditos con la Seguridad Social) que resulten para el cedente, "no se transfieran al cesionario, siempre que dicho procedimiento garantice una protección de los trabajadores como mínimo equivalente a la establecida por la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, si bien nada impide que dicho Estado Miembro prevea que tales cargas deban ser soportadas por el cesionario aun en caso de insolvencia del cedente”
Lo que el TJUE acaba determinando como conclusión es que: “sin perjuicio de las disposiciones previstas en su artículo 3, apartado 4, letra b), dicha Directiva (la 2001/23/CE) no establece obligaciones en cuanto a las cargas del cedente resultantes de contratos o relaciones laborales que ya se hubieran extinguido antes de la fecha de la transmisión, pero no se opone a que la normativa de los Estados miembros permita la transferencia de tales cargas al cesionario”.
Es decir, la normativa comunitaria otorga amplias facultades a los Estados Miembros acerca de la transmisión de los créditos laborales en un procedimiento concursal, existentes con anterioridad a la transmisión, que pueden optar por la subrogación del cesionario de los créditos labores del cedente, o no, siempre que se garantice la protección otorgada por la Directiva 80/987/CEE (que resultó modificada en octubre de 2015 por la Directiva 2008/94/CE relativa a la protección de trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario).
Argumentación del TSJ en cuanto a la responsabilidad solidaria del cedente y cesionario de los salarios e indemnizaciones pendientes de pago de un trabajador que no se ha subrogado en la nueva empresa y que ha visto extinta su relación laboral con anterioridad a la transmisión realizada en el seno de un procedimiento concursal.
El TSJ de Andalucía parte, en la Sentencia objeto de análisis, de una interpretación de la doctrina comunitaria así como de lo establecido en la Sentencia del TS de 15 de julio de 2003 que establece el siguiente criterio respecto de las deudas laborales existentes con anterioridad a la transmisión: “hay que entender que en caso de sucesión empresarial no sólo se produce la subrogación de la nueva titular en los derechos y obligaciones del anterior respecto de los trabajadores cedidos, sino que la responsabilidad solidaria de ambas empresas alcanza a todas las deudas laborales pendientes de la cedente”.
En este momento debemos valorar si consideramos que la responsabilidad de los créditos de un trabajador que ha sido despedido con anterioridad a la transmisión de la sociedad en un procedimiento concursal y no ha sido subrogado por el cesionario, es únicamente de la empresa cedente o si, como trata de argumentar el TSJ en su Sentencia, se trata de una responsabilidad solidaria del cedente y cesionario. La Sala refuerza el derecho de los trabajadores en este sentido, argumentando que el Auto del Juzgado de lo Mercantil que aprueba la transmisión de la Unidad Productiva de la concursada no dice nada “respecto a salarios y indemnizaciones pendientes de pago anteriores, salvo enunciar la regla general de que el adquirente no responde del pago de los créditos anteriores a la transmisión no satisfechos” concluyendo, en base a lo que a continuación se expondrá, en que “el Juez del concurso no puede liberar totalmente de la responsabilidad ex art. 44.3 ET a la adquirente; solo podrá liberar de una parte de las deudas sociales del concursado (art. 149.4 LC)”.
Determina la Sala que a pesar de que la transmisión de la Unidad Productiva no llevará aparejada obligación de pago de los créditos no satisfechos con anterioridad a la transmisión (ya sean concursales o contra la masa), la insolvencia no legitima la no aplicación del régimen de solidaridad y transmisión de obligaciones.
El artículo 149.4 LC dispone que, en caso de sucesión de empresa, “el juez podrá acordar que el adquirente no se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial”, por lo que no excluye de forma absoluta la responsabilidad del cesionario, ya que dicha responsabilidad “se mantendrá, al menos sobre las partidas no cubiertas por la protección que dispensa el FOGASA, tanto de aquellas que no son objeto de su tutela, como de la parte de aquellas que siéndolo, excede de su garantía, porque el legislador se limita a no reclamar del cesionario las cuantías en las que se subrogó el FOGASA”.
Además, este artículo se interpreta, a juicio de la Sala, en el sentido de que “el juez del concurso libera al adquirente de pagar una parte de las deudas laborales del concursado, las asumidas por el FOGASA, y simultáneamente declarar la no subrogación del FOGASA en el crédito laboral de los trabajadores, puesto que estará impidiendo que el FOGASA pueda solicitar al adquirente el reembolso de las cantidades abonadas”.
Normativa concursal vs normativa laboral.
Añade la Sala que, toda vez que el sistema de responsabilidad es diferente según lo regulado en la normativa laboral (arts. 44 LET, 33 LET y 2.4 del RD 505/1985) o en la concursal (149.4 LC), respecto a la sucesión de empresa y al pago de las deudas económicas debidas, aplicar la facultad moderadora que la Ley Concursal ha atribuido al juez mercantil “deberá acordarse expresamente en una resolución judicial”, cosa que no ha sucedido en el caso objeto de enjuiciamiento.
Es decir, la normativa concursal permite disminuir la responsabilidad del cesionario (ex art. 149.4 LC) mientras que la normativa laboral dispone, en su articulo 44.3 LET, que: “Sin perjuicio de lo establecido en la legislación de Seguridad Social, el cedente y el cesionario, en las transmisiones que tengan lugar por actos inter vivos, responderán solidariamente durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas”
Por su parte el artículo 33.3 LET dice: “En caso de procedimientos concursales, desde el momento en que se tenga conocimiento de la existencia de créditos laborales o se presuma la posibilidad de su existencia, el juez, de oficio o a instancia de parte, citará al Fondo de Garantía Salarial, sin cuyo requisito no asumirá este las obligaciones señaladas en los apartados anteriores. El Fondo se personará en el expediente como responsable legal subsidiario del pago de los citados créditos, pudiendo instar lo que a su derecho convenga y sin perjuicio de que, una vez realizado, continúe como acreedor en el expediente”.
Lo que puede hacer el juez del concurso es liberar al cesionario de una parte de las deudas laborales del cedente, pero no del conjunto de las mismas, concretamente tiene la facultad de “impedir” que el FOGASA pueda accionar posteriormente contra aquel para reclamar las cantidades abonadas, de manera que el FOGASA pasaría, según lo establecido en la Sentencia, “(…) de responsable legal subsidiario del pago de los citados créditos (art.33.3 ET) a responsable directo” realizando un pago a fondo perdido y quedando fuera de la lista de acreedores.
Mención expresa del Auto que acuerda la transmisión de la unidad productiva.
Concluye la Sala que, toda vez que el Auto del Juzgado de lo Mercantil no realiza mención alguna expresa a la exención de las responsabilidades que permite el art. 149.4 LC, no se ha aplicado correctamente este precepto por parte del juzgador de instancia, en cuanto a la interpretación que ha hecho del mismo, en relación con el art. 44 de la LET, para absolver de la demanda a la empresa cesionaria, por lo que dicha empresa debe “ser condenada solidariamente por el crédito laboral que el concursado cedente tenía pendiente por las sumas devengadas tanto con anterioridad al concurso como durante este (momento en que se optó por la indemnización y por tanto es una deuda de la masa)”.
A sensu contrario, tal y como ya he expresado en las conclusiones al inicio de esta entrada, parece que lo que la Sala quiere expresar es que, para poder exonerar al cesionario de las deudas laborales de los trabajadores de los que no se hayan subrogado, y que extinguieron su relación laboral con anterioridad a la transmisión realizada en el seno de un procedimiento concursal, es muy importante que el juez del concurso se pronuncie expresamente, en el Auto que acuerda la transmisión, sobre esta exención de responsabilidad por parte del cesionario de las deudas laborales pendientes de pago, de manera que, en caso de no pronunciarse al respecto, puede interpretarse, en base a lo establecido, que no se producirá tal exención de responsabilidad.
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Publicado por lexlegis 27-jul-2017
85 Vistas Comentarios: 1 Enlace permanente Etiquetas: préstamo hipotecario, hipoteca multidivisa, #hipotecamultidivisa, #sentenciamultidivisa, #multidivisabbva, #multidivisaguardiacivil, transparencia bancaria
Publicado por gfernandez 19-jul-2017
258 Vistas Comentarios: 0 Enlace permanente Etiquetas: ley segunda oportunidad, segunda oportunidad, exoneración pasivo insatisfecho, acuerdo extrajudicial de pagos, acuerdo con acreedores
Publicado por lexlegis 13-jul-2017
NULIDAD DE CLÁUSULA SUELO DE UN LOCAL DE NEGOCIO por falta de TRANSPARENCIA EN ELCHE
En fecha 4 de Abril de 2007, los afectados concertaron con la entidad bancaria demandada BBVA un préstamo hipotecario para adquisición de su local de negocios, por un importe principal de 390.000,00 euros, a interés variable (Euribor más 0,750 puntos) y que contenía entre otras condiciones generales de la contratación una cláusula techo del 3 %, cláusula que es impuesta por la entidad BBVA.
El asesoramiento del demandante se realizó por la letrada Magdalena Rico Palao quien manifiesta que, para el cliente bancario, la cláusula suelo resulta ininteligible, confusa y no describe cuál es el tipo de interés real, su modo de cálculo, ni se informa de la “decisiva influencia” que la propia entidad bancaria tendría a la hora de fijar ese tipo de interés del préstamo hipotecario.
El afectado, según la letrada Sra. Rico Palao, no pudo conocer la carga económica y el sacrificio patrimonial que le podía representar esta hipoteca. En consecuencia, no puede estimarse superado el control de transparencia.
La Sentencia revoca otra dictada por el Juzgado Mercantil de Elche y dice que con los antecedentes fácticos expuestos, no compartimos el criterio del juzgador de instancia, de que los demandantes no tuvieran la condición de consumidores, cuando adquirieron el local comercial y cuando obtuvieron el préstamo con el que pagaron su precio.
La vinculación empresarial de la compra del inmueble con la que venía ejerciendo el afectado no deriva, en modo alguno, ni de la escritura de compraventa ni de la escritura de préstamo hipotecario, en la que, únicamente, se reseñó que su finalidad era (cláusula séptima) “la parte prestataria deberá destinar el importe del préstamo, junto con los recursos propios que sean necesarios, a la adquisición onerosa de local comercial que luego se describe.”
Puesto que de dicho documental no se deriva el más mínimo indicio de vinculación del local adquirido a una actividad empresarial, el tribunal considera que correspondía a la parte demandad, ex art. 217 LEC, la carga de probar tal extremo, en tanto alegó en la contestación la no condición de consumidor de la contraparte. Y dicha prueba no se ha conseguido.
Que el local adquirido se haya arrendado a un tercero, años después de la compra (en el año 2016), ninguna influencia tiene al respecto, ya que la compra se produjo en el año 2007, y a esa fecha ha de atenderse para determinar si los compradores tenían o no la condición de consumidores, a los efectos de la LGDCU.
En consecuencia, la Audiencia Provincial de Alicante –sección octava- mediante Sentencia del 31/03/2017 estima íntegramente la demanda interpuesta por el afectado. Por ello, Banco BBVA deberá reintegrar al afectado los importes cobrados en aplicación de dicha cláusula, abonar los intereses legales de dichos importes. Se imponen a la parte demandada las costas de la primera instancia.
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Se declara NULIDAD DE CLÁUSULA SUELO DE HIPOTECA de empresa por no estar incluida en el contrato
En fecha 11 de Junio de 2008, la empresa afectada concertó con la entidad bancaria Banco Guipuzcoano (actual Banco Sabadell) una subrogación de préstamo con garantía hipotecaria por importe de 420.045,66 € para adquisición de la vivienda habitual del administrador social de dicha empresa.
La letrada que ha asistido legalmente a la empresa es Magdalena Rico Palao, manifiesta que en las escrituras de préstamo hipotecario no se menciona la cláusula suelo, más bien al contrario, se menciona que existe un tipo variable, Euribor más un diferencial, no aludiendo a la Cláusula Suelo.
Según la letrada Magdalena Rico Palao, que ha asistido legalmente a la empresa, el pleito que nos ocupa es paradigmático, en tanto que, girando en torno a la nulidad de una cláusula suelo, dicha cláusula es absolutamente desconocida, en su redacción y literalidad. Lo que enlaza, realmente, con el hecho de que la cláusula suelo que se aplica a la mercantil alicantina realmente exista.
La empresa afirma, que la cláusula suelo, en cuanto condición general de la contratación, no había quedado incorporada al contrato, pues no había tenido conocimiento de ella en ningún momento, hasta que recibió unos cargos mensuales de la cuota, invariables en su cuantía, y se enteró que le estaban aplicando una cláusula suelo del 3%.
La duda sobre la existencia de la cláusula suelo alcanza su zénit cuando la entidad bancaria refirió solamente la existencia de un tipo de interés variable con revisiones anuales en base al tipo de referencia Euribor más un diferencial de 1 punto porcentuales, sin alusión a la cláusula suelo de ningún tipo (tampoco en ninguna de las escrituras anteriores).
Por si fuera poco, los recibos girados a la mercantil refieren “vivienda a tipo variable”, sin alusión alguna al tipo mínimo.
En definitiva, dice la Audiencia Provincial de Alicante, no existiendo prueba alguna de la existencia de la cláusula suelo, se da un caso de apariencia de pacto que no se corresponde con la realidad, que es preciso destruir mediante el ejercicio de la acción de nulidad, en los términos en que se ha formulado la pretensión por la empresa alicantina.
Añade el Tribunal que, aún admitiendo que dicha cláusula suelo, de tenor desconocido, estuviera inserta en el préstamo hipotecario, en absoluto se dió a la mercantil adherente la posibilidad real de conocerla, pues, reiteramos la paradoja, tampoco se le ha dado a este Tribunal en el presente procedimiento, al que no ha quedado “incorporada”. Con ello, se comprueba palmariamente que faltaría el requisito de la incorporación.
En consecuencia, la Audiencia Provincial de Alicante, mediante Sentencia del 30/05/2017 se estima íntegramente la demanda interpuesta por el afectado. Por ello, Banco de Sabadell deberá declarar la nulidad de la cláusula suelo del 3%, así como proceder a la devolución de la totalidad de las cantidades que haya percibido, desde la fecha de celebración del contrato, en aplicación de la cláusula suelo declarada nula, debiendo abonar el interés legal de dichas cantidades desde la fecha en que fueron satisfechas hasta la fecha en que se restituyan; imponiendo las costas de la primera instancia a la parte demandada.
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Publicado por gfernandez 21-jun-2017
Como saben, a día de hoy hay Sentencias judiciales que han considerado que la cláusula suelo inserta en un préstamo hipotecario no puede considerarse abusiva por haber superado el control de transparencia otorgado por la doctrina jurisprudencial (que tuvo su origen en la famosa Sentencia del TS de 9 de mayo de 2013). La consideración de la validez de la misma radica no solo en su claridad a la hora de haberse redactado, sino también en que había sido negociada con anterioridad a la firma de la escritura hipotecaria ante Notario, así como que el consumidor disponía de la información de las condiciones contractuales y las consecuencias de dicha celebración de manera que éste decide si desea vincularse por las condiciones redactadas de antemano basándose en tal información recibida.
El Tribunal Supremo, en su Sentencia de 9 de marzo de 2017, ha considerado que la cláusula suelo cumplía con todos los requisitos de transparencia toda vez que se probó que no aparecía enmascarada entre otras cláusulas y que fue negociada individualmente entre las partes (ya que, en este caso concreto, se aplicaba un suelo inferior al que normalmente utilizaba la entidad, y que la notario advirtió expresamente a los contratantes sobre tal cláusula). De esta manera, la información suministrada permitía al consumidor percibir que se trata de una cláusula que define el objeto principal del contrato, el cual incide (o puede incidir) en el contenido de su obligación de pago, ostentando un conocimiento razonable y real de cómo juega en la economía del contrato.
Llegados a este punto los abogados debemos “andarnos con ojo”, como saben, hay muchos tipos de clientes que entran por la puerta del despacho con la escritura debajo del brazo y, tras la pregunta del abogado acerca de si han negociado con la entidad financiera la inclusión de la cláusula suelo en la hipoteca, algunos expresan un “no” rotundo, otros no se acuerdan (puede ser, porque ha transcurrido mucho tiempo) y otros, simplemente, no se quieren acordar. También es muy importante tener en cuenta la profesión del propio cliente (ya que para un economista es mucho más fácil que comprenda el significado de la cláusula que para un administrativo).
Por este motivo, mi consejo es demandar por la cláusula suelo junto con otra cláusula abusiva que exista en la escritura de préstamo con garantía hipotecaria. Los bancos nos lo han dejado “fácil” ya que, como no había ningún tipo de control, insertaban en la hipoteca multitud de cláusulas abusivas (vencimiento anticipado, intereses de demora, gastos de formalización de hipoteca…). De esta manera nos blindamos ante la probable condena en costas de nuestro cliente derivada de una eventual desestimación íntegra de la demanda (si se prueba que la cláusula suelo supera los controles de transparencia).
Sobre las costas procesales en contra del consumidor en caso de un allanamiento parcial.
Por otro lado, en caso de realizar la demanda solicitando la nulidad de la cláusula suelo junto con otra cláusula abusiva, la entidad demandada puede allanarse parcialmente a la demanda en cuanto a la nulidad de una cláusula (vencimiento anticipado, por ejemplo) y seguir el procedimiento únicamente por la cláusula suelo. Esto puede ocasionar la duda al abogado en cuanto a si es posible que su cliente sea condenado en costas si se acaba dirimiendo que la cláusula suelo es transparente, a pesar del allanamiento parcial realizado por el banco.
Para contestar a esta duda, debemos acudir, en primer lugar, en la redacción otorgada en la Ley de Enjuiciamiento Civil al artículo 394.1 que relata la condena en costas de la primera instancia y el cual establece:
“En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho”.
Es decir, de la lectura del precepto se puede concluir que el mismo no resulta de aplicación al caso, por cuanto se refiere al supuesto en que todas las pretensiones de una de las partes hayan sido desestimadas, circunstancia que no sucede en el caso que nos ocupa, al existir un allanamiento parcial (y por lo tanto, una condena parcial), por lo que alguna de las pretensiones de los actores fueron estimadas.
Por otra parte, el artículo 394 en su apartado 2 de la LEC, que regula el supuesto de la condena en costas en el caso de una estimación parcial, indica: “Si fuere parcial la estimación o desestimación de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, a no ser que hubiere méritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad”.
Es aquí dónde podría caber la posibilidad de la condena en costas al consumidor, si se considera que hubo temeridad en la demanda (por la cláusula suelo), circunstancia que, a mi entender, podemos salvar con una reclamación previa al SAC del banco, solicitando la nulidad de la/s otra/s cláusulas con las que vamos a acompañar a la nulidad de la cláusula suelo, habida cuenta que se trata de una reclamación previa que pocas veces es contestada por la entidad bancaria.
Finalmente, el artículo 395 de la LEC, que regula las costas en caso de allanamiento, sólo hace referencia a dos posibilidades: Costas por mitad como regla general y costas al demandado, como excepción, y sólo para el supuesto de mala fe en el demandado.
Es decir, en resumen de lo expuesto, a pesar de que es poco frecuente que la entidad bancaria consiga probar en el juicio que la cláusula suelo ha superado todos los controles de transparencia, es muy recomendable, para salvaguardar los intereses del cliente, realizar la demanda solicitando la nulidad de la cláusula suelo y otra cláusula abusiva inmersa en el préstamo hipotecario.
A mayor abundamiento, debemos tener en cuenta que, aunque también es poco probable que las costas procesales sean interpuestas a la parte demandante en caso de un allanamiento parcial si se prueba la temeridad del demandante (que parece podría justificar su interposición), se aconseja, para salvar la temeridad, enviar una reclamación previa (solicitando la no inclusión de la misma en el préstamo hipotecario) al SAC del banco.
Nuevo En el siguiente enlace se encuentran dos Formulario de demanda de iberley para reclamar, por un lado, la cláusula suelo junto con la cláusula de vencimiento anticipado y, por otro, para reclamar la cláusula suelo con la cláusula que fija los intereses de demora, solicitando la nulidad de ambas cláusulas junto con la devolución de las cantidades pagadas de más:
Demanda cláusula suelo junto con intereses de demora: https://www.iberley.es/formularios/formulario-demanda-nulidad-clausula-suelo-intereses-demora-reclamacion-extrajudicial-modelo-ii-90744
Demanda cláusula suelo junto con la cláusula de vencimiento anticipado: https://www.iberley.es/formularios/formulario-demanda-nulidad-clausula-suelo-vencimiento-anticipado-reclamacion-extrajudicial-modelo-iii-90759
1350 Vistas Comentarios: 0 Enlace permanente Etiquetas: cláusula suelo, costas procesales, nulidad de las cláusulas suelo, nulidad de las cláusulas abusivas, cláusulas abusivas, cláusula de vencimiento anticipado, allanamiento parcial, temeridad
Publicado por gfernandez 02-jun-2017
2966 Vistas Comentarios: 1 Enlace permanente Etiquetas: cláusula suelo, nulidad de las cláusulas suelo, irrenunciabilidad de derechos, acción de nulidad, nulidad de las cláusulas abusivas, defensa de consumidores y usuarios, renuncia a reclamar la clausula suelo, validez de la renuncia a reclamar la cláusula suelo, nulidad radical, nulidad radical de la cláusula suelo
Herramienta para pasar la contabilidad al formato de Balance y cuenta de Pérdidas y Ganancias
Publicado por lfgallardo 28-abr-2017
Os adjunto en este artículo una herramienta que he creado para que os pueda dar soporte a la hora de realizar cierres contables.
Únicamente tenéis que introducir el sumas y saldos a tres dígitos sin la cuenta 129 en la pestaña "información a introducir" y os sacará la siguiente información:
Pestaña "Información a introducir" columna E-> Os indica si tenéis algún número de cuenta duplicado o si la cuenta introducida no se recoge en el cuadro de cuentas del Balance y cuenta de Resultados.
Pestaña "Balance" y "PYG"-> Os traslada el sumas y saldos al formato de Balance y Pérdidas y Ganancias.
Pestaña "Ratios"-> Os saca algunos ratios bastante interesantes además de unas pequeñas gráficas de evolución.
Pestaña "Incidencias"-> Os detalla algunos de los posibles errores existentes en vuestra contabilidad para que los subsaneis.
La elaboración de la herramienta ha sido compleja por lo que cualquier mejora que detectéis no dudéis en compartirlo con nosotros.
73 Vistas Comentarios: 0 Enlace permanente Etiquetas: cierre del ejercicio contable, asiento de cierre, balance contable, cuenta de pérdidas y ganancias
Publicado por lfgallardo 21-abr-2017
76 Vistas Comentarios: 1 Enlace permanente Etiquetas: cierre del ejercicio contable, asiento de cierre, balance contable, cuenta de pérdidas y ganancias, controles contables