Source: http://cortesyperez.blogspot.com/2016/
Timestamp: 2018-08-14 16:07:39
Document Index: 262807483

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 7', 'artículo 24', 'artículo 249', 'ARTÍCULO 28', 'artículo 28', 'ARTÍCULO 28']

Cortés, Pérez y CIA Servicios Jurídicos: 2016
Extinción del contrato de arrendamiento por fallecimiento del arrendador
Una cuestión que se plantea a menudo en los contratos de arrendamiento, es que sucede cuando fallece el arrendador de la finca arrendada.
Ya se trate de una vivienda o de un local de negocio arrendado por parte de una persona física, el fallecimiento del arrendador siempre que éste sea pleno propietario del bien, no conlleva la extinción del contrato de arrendamiento, ya que en este caso sus herederos o legatarios se subrogan en la posición arrendadora y el contrato sigue vigente con todas sus condiciones pactadas.
No obstante, cuando el arrendador no actúa como pleno propietario sino en su condición de usufructuario (puesto que el usufructuario de un bien tiene la facultad de arrendar los bienes que tiene en usufructo) y siempre que el contrato esté sujeto a la ley de arrendamientos Urbanos de 1994, vigente a partir de enero de 1.995, conlleva que el alquiler quede extinguido, en aplicación de lo dispuesto en su artículo 13.2. de la referida Ley.
Esta consecuencia es distinta a los contratos a los que se le aplica la anterior Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, conocidos comúnmente como contratos de renta antigua, ya que el fallecimiento del arrendador usufructuario con la anterior legislación no es causa de resolución del contrato de arrendamiento, salvo que las condiciones pactadas para el arrendamiento por el usufructuario anterior fueren notoriamente gravosas para la propiedad, como por ejemplo un precio de alquiler muy bajo.
Consiguientemente es importante que cuando se vaya a tomar un bien inmueble en arrendamiento y se vaya a firmar el correspondiente contrato ya sea de vivienda o de local de negocio con una persona física que actúe como propietaria, se verifique si la misma actúa en su condición de pleno propietario o simplemente de usufructuario del bien, puesto que en éste último caso, pese a la validez jurídica del contrato que se celebre, en caso de fallecimiento del usufructuario las consecuencias para el contrato de arrendamiento son absolutamente diversas ya que conlleva la extinción del arrendamiento sea cual fuere la duración que se estipulara, con el consiguiente perjuicio para el arrendatario.
Por ello, es aconsejable que se verifique en el registro de la propiedad a quien pertenece el bien que se va a tomar en arriendo, las características de su titularidad, así como obtener copia del documento público que acrediten la propiedad o el derecho que se ostenta sobre la finca a arrendar.
Etiquetas: contrato arrendamiento, extinción alquiler por fallecimiento, fallecimiento arrendador
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ANULA LAS TASAS DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
El pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad ha estimado en reciente sentencia de fecha 21 de julio, la nulidad de las tasas para el ejercicio de las acciones judiciales por parte de las personas jurídicas, como consecuencia de su elevada cuantía.
Recordemos que ya por Real Decreto-Ley 3/2.013, de 22 de febrero, se eximió del pago del tributo a las personas físicas, pero se mantuvieron aún para las personas jurídicas.
Consiguientemente la Sentencia anula el pago de las tasas que aparecen recogidas en el artículo 7.1. de la Ley 10/2.012, de 20 de noviembre, por el que se regulan determinadas tasa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en el orden civil, contencioso-administrativo y social. Si bien el Tribunal Constitucional argumenta que en las tasas en sí mismas no vulneran el derecho fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, si considera que resultan desproporcionadas por su elevada cuantía, lo que hace que dicha medida no sea la idónea para acabar con los recursos abusivos ante la Justicia, que era una de las finalidades pretendidas por la indicada Ley.
Por otro lado, el Tribunal Constitucional aclara que, en virtud del principio de seguridad jurídica, la declaración de nulidad de las tasas solo producirá efectos “pro-futuro”, es decir, que solo se aplicará a los nuevos procedimientos, pero no a los que aun estén en curso o hayan finalizado y por tanto no ordena la devolución de las cantidades pagadas en relación a dichas tasas declaradas nulas, salvo que su pago ya hubiera sido impugnado por vulneración del artículo 24.1 de la Constitución, lo que implica que su no impugnación dio firmeza a la liquidación del tributo.
También señala que si bien la imposición de la tasa no cumple con el objetico disuasorio de abuso en la interposición de recursos, sí cumple con otro objetivo que se pretendía, que era el de la financiación mixta de la justicia y que considera que es necesaria porque no hay a su juicio una alternativa a la tasa para conseguir dicha finalidad.
Por tanto, de celebremos dicho pronunciamiento de nuestro Tribunal Constitucional, aunque mucho nos tememos que no se descarte de nuevo por parte del Gobierno, volver a introducirla, aunque sea de cuantías menores.
Publicado por CORTÉS & PÉREZ Auditores y Asesores Asociados, S.L. en 14:43
Etiquetas: anulación tasas, anulación tasas jurídicas, tasas jurídicas
VÍNCULO JURÍDICO DEL CONSEJERO DELEGADO EN LAS SOCIEDADES MERCANTILES
Que tras las reforma de la ley de Sociedades de capital, como consecuencia de la entrada en vigor el 24 de diciembre de 2014, para la mejora del gobierno corporativo, cuando un miembro del consejo de administración sean nombrado consejero delegado y se le atribuyan funciones ejecutivas, es necesario que se celebre un contrato entre éste y la sociedad, aprobado previamente por el consejo de administración con el voto favorable de cómo mínimo las dos terceras partes de sus miembros, no admite duda y dicha obligación ya es conocida por las sociedades mercantiles.
Ahora bien, lo que la ley no delimita es cuál es la naturaleza jurídica de dicho contrato. ¿Es un mero contrato mercantil? ¿Está sujeto a la legislación laboral? ¿Tiene la naturaleza de contrato de alta dirección? La cuestión es compleja y no está clara a la luz de la actual normativa, sin perjuicio de ver de cómo se irán pronunciando nuestros Juzgados y Tribunales.
Como es sabido el Tribunal Supremo ha venido declarando la incompatibilidad de los contratos de alta dirección con el desempeño de funciones ejecutivas por parte de un cargo de consejero mercantil, quedando subsumidas las relaciones laborales especiales en las mercantiles. Pero también es cierto que se ha pronunciado en otros casos manteniendo la dualidad de retribuciones, con base a una u otra relación, lo que viene a añadir una gran dosis de inseguridad al intentar calificar su naturaleza o vínculo del consejero delegado con la empresa, unido a las teorías del vínculo único o de doble vínculo de nuestra doctrina jurídica cuando además se efectúan otros trabajos de distinta clase en la empresa.
A la vista del tenor literal del nuevo artículo 249 de la LSC, en nuestra opinión, parece que la solución más correcta sería la de considerar que estamos ante un contrato de naturaleza mercantil nuevo, en la que en muchos caso se nova expresamente la relación de alta dirección que pudiera venir ostentando el consejero delegado en la sociedad en un contrato nuevo específico, por lo que es conveniente, regular exhaustivamente las funciones que realizará el consejero delegado, las retribuciones a percibir y las indemnizaciones que las partes acuerden para el supuesto de cese, pudiendo por tanto fijarse indemnizaciones blindadas o bien remitirse expresamente a normativa específica como la que regula por ejemplo la relación laboral especial para los altos directivos.
Es indudable, que pese a estar dicha figura contractual contemplada por la normativa societaria y no en una norma laboral específica, tiene puntos en común con la figura del alto cargo, regulada en el Real Decreto 1.382/1985, de 1 de agosto, por el que se aprueba la Relación Laboral de carácter especial de personal de alta Dirección, puesto que ambos ostentan poderes generales de la empresa y solo están supeditados a las directrices emanadas del consejo de administración, pero en un caso uno pertenece al propio órgano de administración y el mero alto cargo no. Sin duda, su creación conllevará a nuevos pronunciamientos judiciales, que darán más luz a su naturaleza o vínculo con la empresa.
Etiquetas: Consejero Delegado, contrato consejero delegado, vínculo laboral consejero delegado
SOBRE LA LIMITACIÓN DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY HIPOTECARIA
Más de uno se habrá encontrado con la ingrata sorpresa de acudir a la entidad bancaria a solicitar un préstamo hipotecario para adquirir un inmueble y que se lo hayan denegado, porque el inmueble está afecto al art. 28 de la Ley Hipotecaria.
Este artículo de la Ley Hipotecaria establece que “Las inscripciones de fincas o derechos reales adquiridos por herencia o legado, no surtirán efecto en cuanto a tercero hasta transcurridos dos años desde la fecha de la muerte del causante. Exceptúense las inscripciones por título de herencia testada o intestada, mejora o legado a favor de herederos forzosos.”
Para entender que comporta esta limitación legal, hemos de saber, en primer lugar, que en nuestro sistema registral rige el principio de fe pública registral, en virtud del cual se protege a aquellos terceros que hayan adquirido un bien o derecho a título oneroso del titular registral, confiados en el contenido del Registro. Al amparo de este principio estos terceros adquirentes de buena fe no verán afectada su titularidad por mucho que otra persona reivindique el derecho como suyo.
Pues bien, el art. 28 de la Ley Hipotecaria establece una suspensión temporal a los efectos de dicho principio de fe pública registral.
Esta suspensión entra en juego cuando un heredero voluntario o aparente transmite a un tercero un bien o derecho del que es titular registral dentro del plazo de dos años desde el fallecimiento del causante, este tercero inscribe a su vez su titularidad y durante dicho período de dos años aparece un heredero real (forzoso o legitimario) que ataca la inscripción del heredero voluntario o aparente, así como la titularidad e inscripción de este tercer adquirente; en dicho supuesto, este tercero no verá protegida su titularidad al amparo del mencionado principio de fe pública registral.
Los herederos reales o forzosos son aquellos que tienen derecho a la legítima y los supuestos en los que éstos podrían aparecer, una vez efectuada la manifestación y aceptación de herencia, son, entre otros, los siguientes: (i) aparición de un testamento no inscrito en el Registro General de últimas voluntades; (ii) la existencia de un testamento escrito a mano y no presentado ante Juez o funcionario competente; (iii) aparición de un hijo desconocido; (iv) aparición de heredero que se creía fallecido; (v) regreso de un heredero que se creía ausente; etc.
Precisamente, para no verse afectados por los posible vicios de la herencia, es por lo que algunas entidades bancarias no conceden hipotecas sobre fincas afectadas por la limitación del art. 28 de la Ley Hipotecaria hasta transcurridos dos años desde el fallecimiento del causante.
No obstante, como dicha limitación del artículo 28 de la Ley Hipotecaria no es aplicable en el supuesto de que los adjudicatarios del bien o derecho sean legitimarios, en estos casos las entidades bancarias no deberían poner problemas en la concesión del préstamo hipotecario.
En cualquier caso, de estar interesados en la adquisición de un bien o derecho afecto a dicha limitación, les recomendamos prudencia y considerar la posibilidad de posponer la adquisición hasta haber transcurrido el período de dos años. Sin perjuicio, de poder valorar otras opciones, como, por ejemplo, la suscripción de un contrato de arrendamiento con opción de compra a ejercer tras el transcurso de los dos años, una vez salvada la limitación.
En todo caso, es importante saber que el tercer adquirente afectado por la aparición de un heredero real, que perdiese la titularidad del bien o derecho, podría reclamar al heredero aparente o voluntario que le transmitió el bien o derecho el precio que pagó por él, así como las costas del pleito frente al heredero real y los gastos de formalización de la transmisión del bien o derecho satisfechos.
Publicado por CORTÉS & PÉREZ Auditores y Asesores Asociados, S.L. en 10:56
Etiquetas: art.28 ley hipotecaria, Limitación ley hipotecaria, suspensión temporal ley hipotecaria
El establecimiento de un modelo de organización y gestión, incluyendo medidas de vigilancia y control para prevenir delitos.
La creación de un órgano con poderes autónomos dentro de la empresa que supervise el funcionamiento y el cumplimiento del modelo de prevención.
La identificación del mapa de riesgos de las actividades de la empresa.La implantación de protocolos y de código ético de la empresa.
La puesta en funcionamiento de modelos de gestión de recursos financieros adecuados para prevenir la comisión de delitos.
Los canales de denuncia y el sistema disciplinario.
La verificación periódica de dicho modelo de prevención.
Publicado por CORTÉS & PÉREZ Auditores y Asesores Asociados, S.L. en 12:51
Etiquetas: Compliance, cumplimiento penal, prevención responsabilidad penal, responsabilidad penal sociedades
NOVEDADES PARA EL COBRO DE DEUDAS: EL MONITORIO NOTARIAL
La reciente Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria, ha introducido una nueva vía extrajudicial para la reclamación de deudas dinerarias, tanto de carácter civil como mercantil, que a día de hoy ya se conoce como el “Procedimiento Monitorio Notarial”.
El acreedor puede usar esta vía para el cobro de sus deudas, cualquiera que sea su importe siempre que sean líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, mediante un requerimiento notarial que deberá realizar a través del Notario que tenga residencia en el domicilio del deudor tal y como se deduzca del documento que acredite la deuda, de cualquier otra documentación aportada o del lugar dónde el deudor pudiera ser hallado.
Es importante advertir que estos requerimientos notariales no pueden interponerse en los siguientes casos:
- Las deudas debidas entre empresario y consumidores o usuarios finales.
- Las deudas de alimentos.
- Las reclamaciones en las que esté concernida una Administración Pública.
El Notario que sea llamado por el acreedor para requerir de pago al deudor, será quien se encargará de verificar que, a su juicio, la deuda y cualquier otro importe debidamente acreditado que el acreedor pretenda reclamar, está justificado documentalmente de forma indubitada.
El Notario levantará un acta de requerimiento en la que consignará los datos de identificación y domicilio de las partes, los correspondientes al origen, naturaleza e importe de la deuda así como el requerimiento de pago al deudor para que pague lo debido en el plazo de 20 días.
Es importante considerar que será válido el requerimiento efectuado al deudor aunque rehúse hacerse cargo de la documentación, así como el efectuado a cualquier empleado, familiar o persona que conviva con el deudor siempre que sea mayor de edad para intentar proceder al cobro de deudas. Y, en caso de que requerido sea una persona jurídica, será válido el requerimiento efectuado a cualquier miembro del órgano de administración que acredite poseer facultades de representación suficientes o actúe como persona encargada de recibir notificaciones y requerimientos fehacientes en interés de la mercantil.
Una vez practicado el requerimiento, las posibilidades son distintas:
- Que el deudor comparezca en plazo ante el notario y pague la deuda. El Notario lo hará constar en el acta y entregará la cantidad al acreedor.
- Que el deudor no pague ni se oponga al requerimiento. En este supuesto el notario dejará constancia de esta circunstancia en el acta y cerrará su actuación. La novedad más importante introducida por el legislador es que esta acta llevará aparejada ejecución que deberá despacharse por los cauces establecidos para las ejecuciones de títulos extrajudiciales.
- Finalmente, cabe la posibilidad que el deudor requerido de pago se oponga a la reclamación. En este supuesto, el notario hará constar mediante diligencia la oposición y los motivos de ésta y la comunicará al acreedor. El acta se cerrará poniendo fin a la actuación notarial, sin perjuicio del derecho del acreedor de acudir a la vía judicial para hacer valer sus derechos de crédito.
En definitiva, el legislador mediante la regulación de esta vía extrajudicial de reclamación de deudas ha introducido una novedad muy importante ya que en caso de que el deudor requerido notarialmente no se oponga en plazo y forma, el requerimiento notarial practicado tendrá fuerza ejecutiva. Sin duda, supone una gran novedad y avance para el cobro ágil y económico de las deudas.
Publicado por CORTÉS & PÉREZ Auditores y Asesores Asociados, S.L. en 13:00
Etiquetas: cobro de deudas, monitorio notarial, procedimiento monitorio
MÁS SOBRE EL IMPUESTO SOBRE VIVIENDAS VACÍAS
El pasado día 16 de febrero de 2016 se aprobó el Reglamento del Impuesto sobre viviendas vacías, en virtud de Decreto 183/2016, en el que se establece que la presentación e ingreso de la autoliquidación del Impuesto sobre Viviendas Vacías debe efectuarse los días 1 y 20 del mes de marzo siguiente a la fecha del devengo del impuesto (31 de diciembre de cada año), por vía telemática.
La autoliquidación de dicho Impuesto deber realizarse mediante el Mod. 501, que lo encontrarán en la web www.e-tributs.cat de la Generalitat de Catalunya.
Como ya expusimos en el artículo “El nuevo impuesto sobre viviendas vacías” publicado el pasado 2015 en nuestro blog jurídico, dicho impuesto es un tributo propio de la Generalitat de Catalunya, constituyendo el hecho imponible del mismo la desocupación permanente de una vivienda durante más de dos años sin causa justificada.
El cómputo del período de dos años se inicia a partir de la fecha en que la vivienda está a disposición del propietario par ser ocupada o para ceder el uso a un tercero, y no haya ninguna causa que justifique su desocupación.
Es causa de interrupción del cómputo de dicho plazo de 2 años la ocupación de la vivienda durante un período de como mínimo 6 meses continuados.
Son sujetos pasivos de dicho impuesto las personas jurídicas propietarias de dichas viviendas vacías, así como las personas jurídicas titulares de un derecho de usufructo, de un derecho de superficie o de cualquier otro derecho real que otorgue la facultad de explotación económica de la vivienda.
La base imponible del impuesto está constituida por el número total de metros cuadrados de las viviendas vacías de las que sea titular el sujeto pasivo en la fecha de devengo del Impuesto (31 de diciembre de cada año).
La cuota tributaria se obtiene de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen de la escalera siguiente:
Base imponible hasta
(número de m2)
Resto base imponible hasta
Los sujetos pasivos que destinan parte de su parque de viviendas al alquiler asequible pueden aplicarse una bonificación en la cuota que va del 10% al 100%, según la ratio de viviendas destinas a alquiler asequible en municipios de Cataluña de fuerte y acreditada demanda, sobre el total de viviendas vacías sujetas al impuesto.
Etiquetas: impuesto viviendas, impuesto viviendas desocupadas, viviendas desocupadas
LAS JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS CON CARÁCTER UNIVERSAL
Como es sabido, los acuerdos que se alcanzan en el seno de las sociedades mercantiles por parte de sus socios o accionistas se instrumentan a través de los correspondientes acuerdos de Juntas generales y en la mayoría de los casos, especialmente en aquellas sociedades de carácter familiar o con un número reducido de socios, éstos se instrumentan a través de Juntas generales celebradas con carácter universal, es decir, con la concurrencia de todo el capital social y con aceptación por unanimidad de la celebración de la reunión y el orden del día.
Ello implica por tanto, que son Juntas celebradas, sin necesidad de que previamente se haya convocado a los socios en la forma legalmente o estatutariamente procedente, es decir, se prescinde de los requisitos de convocatoria que se prevén de convocatoria, ya sea envío de cartas, anuncios en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, anuncios en periódicos, etc. Ahora bien para que dicha Junta celebrada con carácter universal sea válida, se han de cumplir los siguientes requisitos:
Requiere la asistencia personal o por representación de todos los socios o accionistas, titulares del 100% del capital social, que deben firmar la correspondiente lista de asistencia, identificando los socios asistentes y/o representados.
Todos los asistentes deben estar de acuerdo en la celebración de la Junta con carácter universal y con el orden del día propuesto.
Por consiguiente, cuando ello no pueda darse, la Junta deberá ser previamente convocada, ya que no reúne los requisitos necesarios para ser considerada una junta universal válidamente constituida.
Todo ello reviste especial importancia, por cuanto la mayoría de los acuerdos adoptados en Junta general son elevados a público, mediante las certificaciones que expiden quienes tienen facultad certificante (administrador o el Secretario con el VºBº del Presidente del consejo de administración) y por consiguiente, si los extremos que certifican no son ciertos, en relación a si se ha dado cumplimiento a los requisitos de convocatoria o a su carácter de junta universal, incurrirían en falsedad en documento público, con las consecuencias penales que ello conlleva, lo que obliga a actuar siempre con la máxima diligencia y cautela al expedir certificaciones de los acuerdos sociales.
Publicado por CORTÉS & PÉREZ Auditores y Asesores Asociados, S.L. en 16:24
Etiquetas: Junta General con carácter de Universal, Juntas Generales; Juntas Socios; Juntas Universales; Juntas Generales de Socios
SOBRE LA FIGURA JURÍDICA DEL PATRIMONO PROTEGIDO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La mayor preocupación de los padres con hijos discapacitados es el futuro de los mismos, pensando sobretodo en cuando ellos no estén o no puedan hacerse cargo de ellos.
Existe una figura jurídica que permite planificar el futuro financiero de las personas discapacitadas, denominada “patrimonio protegido de las personas con discapacidad”, que viene regulada en la Ley 41/2003, de 18 de noviembre.
El patrimonio protegido se constituye mediante aportaciones a título gratuito de bienes y derechos, que tienen como destino la satisfacción de las necesidades vitales de la persona con discapacidad.
Dicho patrimonio protegido se puede constituir a favor de personas afectadas por una minusvalía psíquica igual o superior al 33% y de personas afectadas por una minusvalía física o sensorial igual o superior al 65%.
El patrimonio protegido se constituye en Escritura pública, pudiendo ser constituido por:
1) la propia persona con discapacidad beneficiaria del mismo, siempre que tenga capacidad de obrar suficiente;
2) sus padres, tutores o curadores cuando la persona con discapacidad no tenga capacidad de obrar suficiente;
3) el guardador de hecho de una persona con discapacidad psíquica, que podrá constituir en beneficio de éste un patrimonio protegido con los bienes que sus padres o tutores le hubieras dejado por título hereditario o hubiera de recibir en virtud de pensiones constituidas por aquéllos y en los que hubiera sido designado beneficiario.
La escritura de constitución del patrimonio protegido deberá contener como mínimo:
a) Designación de la persona en cuyo interés se constituye el patrimonio protegido, que será su titular.
b) El inventario de los bienes y derechos que inicialmente constituyan el patrimonio protegido.
c) La determinación de las reglas de administración y, en su caso, de fiscalización, incluyendo los procedimientos de designación de las personas que hayan de integrar los órganos de administración o, en su caso, fiscalización.
El patrimonio protegido se forma mediante las aportaciones iniciales efectuadas en el acto de constitución y mediante aportaciones posteriores, siempre gratuitas, que pueden realizarse por cualquier persona con interés legítimo, con el consentimiento de la persona con discapacidad, o de sus padres o tutores o curadores si no tuviera capacidad de obrar suficiente.
Al hacerse la aportación de dichos bienes y derechos, el aportante podrá establecer el destino que debe darse a tales bienes y derechos una vez extinguido el patrimonio protegido.
El patrimonio protegido se extingue por el fallecimiento o declaración de fallecimiento de su beneficiario o por dejar de tener éste la condición de persona con discapacidad en los términos establecidos en la Ley 41/2003.
Si el patrimonio protegido se extingue por fallecimiento o declaración de fallecimiento del beneficiario, se entenderá comprendido en la herencia de éste. Si en cambio se extingue porque el beneficiario ha dejado de tener la condición de persona con discapacidad, éste seguirá siendo titular de los bienes y derechos que integran el patrimonio. Todo ello sin perjuicio del destino que se haya podido prever para los bienes y derechos en el acto de aportación de los mismos al patrimonio.
La supervisión de la administración del patrimonio protegido corresponde al Ministerio Fiscal. Cuando el administrador del patrimonio no sea la propia persona beneficiaria o sus padres, el administrador deberá rendir cuentas de su gestión al Ministerio Fiscal anualmente o cuando éste lo determine.
Las aportaciones de bienes y derechos al patrimonio protegido de una persona con discapacidad conllevan beneficios fiscales tanto para el aportante como para el beneficiario del patrimonio:
A) Tratamiento fiscal del Beneficiario:
- Cuando los aportantes sean contribuyentes del IRPF, las aportaciones tendrán la consideración de rendimientos del trabajo hasta el límite de 8000 € por cada aportante y 24.250 € anuales en conjunto.
- Cuando sean sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, tendrán la consideración de rendimientos del trabajo siempre que hayan sido gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades con el límite de 8000 € anuales.
- Estos rendimientos se integrarán en la base imponible del contribuyente discapacitado titular del patrimonio protegido por el importe en que la suma de tales rendimientos y las prestaciones recibidas en forma de renta exceda de dos veces el salario mínimo interprofesional.
- La parte que exceda de los máximos anuales no se considerará rendimientos del trabajo y estará sujeta al Impuesto sobre Donaciones. La normativa del Impuesto sobre Donación aplicable en Catalunya prevé una reducción de la base imponible del impuesto del 90% del importe que exceda la cantidad máxima que tenga la consideración de rendimiento del trabajo.
B) Tratamiento fiscal del Aportante:
- En caso de aportantes personas físicas, que sean parientes en línea directa o colateral hasta el 3r grado inclusive, así como el cónyuge del discapacitado o por aquellos que lo tuviesen a su cargo en régimen de tutela o acogimiento, gozan de una reducción en la base imponible del IRPF de hasta 8000 € anuales o de 24.250 € anuales si aporta un grupo de personas.
- En caso de aportantes personas jurídicas, podrán deducirse en la cuota íntegra el 10% de lo aportado (no podrá superar 8000 € anuales por persona con discapacidad).
Publicado por CORTÉS & PÉREZ Auditores y Asesores Asociados, S.L. en 16:08
Etiquetas: patrimonio discapacitados, tratamiento fiscal discapacitados
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