Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-590-de-septiembre-21-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_c434c3d6d1d04c9fa50a8f64c563e941&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-16 22:59:38
Document Index: 344436587

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 3', 'artículo 116', 'artículo 105', 'artículo 82', 'artículo 12', 'artículo 82', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 74', 'artículo 7', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 6', 'Artículo 105', 'artículo 82', 'artículo 30', 'artículo 1', 'Artículo 7']

﻿ SENTENCIA T-590 DE SEPTIEMBRE 21 DE 2017
SENTENCIA T-590 DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:PROCESO CONTRAVENCIONAL DE DESACATO A ORDEN ADMINISTRATIVA DE PROCESO POLICIVO. DECISIONES JUDICIALES COMO FUENTE DE DISCRIMINACIÓN EN CONTRA DE LA MUJER Y EL ENFOQUE DE GÉNERO COMO OBLIGACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. SE VIOLA EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO CUANDO LOS JUECES OMITEN VALORAR PRUEBAS OBRANTES EN EL EXPEDIENTE DE LA EXISTENCIA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AL DEBIDO PROCESO, CONTRAVENCIÓN, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, INCIDENTE DE DESACATO, PROCESO POLICIVO, SENTENCIA JUDICIAL
Sentencia T-590 de septiembre 21 de 2017
Ref.: Expediente T-6.186.420
Acción de tutela formulada por Carmen(1) contra la Inspección 10 C Distrital de Policía de la Alcaldía de Engativá de la ciudad de Bogotá.
El proceso de la referencia fue escogido por la Sala de Selección de Tutelas Número Seis(2), mediante auto proferido el 16 de junio de 2017, en aplicación de los criterios de selección objetivo: “Necesidad de pronunciarse sobre una línea jurisprudencial” y subjetivo: “Necesidad de materializar un enfoque diferencial”. Correspondiendo por sorteo al Despacho del Magistrado Alberto Rojas Ríos.
Con el fin de proteger el derecho fundamental a la intimidad y a la confidencialidad de la agenciada y de su familia, la Sala ha decidido reemplazar las referencias a su identificación y la de su hija en el presente proceso(3). En consecuencia, para todos los efectos de la presente sentencia, el nombre de la accionante será reemplazado por el de Carmen, el de su hija por el de Liliana y el de su ex pareja por Carlos.
1.4. Advierte la accionante que su ex pareja no quiso responder económicamente por sus hijos, es por ello que lo denunció por inasistencia alimentaria. Además, debido a que persistieron los actos de violencia, solicitó una medida de protección ante la Comisaría Diecisiete de Familia de Bogotá, quien el 8 de agosto de 2005 resolvió ampararla en los siguientes términos(4):
c) Ordenar protección especial a las víctimas por parte de las autoridades. Ofíciese”.
1.5. Afirma la actora que el 30 de septiembre de 2009, un agente del Ministerio Público de la sala de atención al usuario de la Fiscalía de Engativá, por medio de Oficio Nº 913, comisionó al Comandante de la Policía de Engativá, a fin de que le brindara protección por ser objeto de amenazas, agresiones físicas y verbales por parte del señor Carlos.
1.7. Señala la accionante que el 29 de enero de 2010 el señor Carlos al percatarse que no podía ingresar al hogar de su expareja, promovió una querella policiva con radicación número 6158-10 ante la Inspección Décima C Distrital de Policía de la Alcaldía Local de Engativá, a fin de que se le permitiera el ingreso al inmueble, alegando tener la tenencia sobre una habitación del mismo(5).
a. ABSTENERSE de realizar en lo sucesivo, cualquier acto de violencia física, verbal, o psicológica en contra de Carmen, en cualquier lugar donde se encuentre y/o en presencia de su hija LILIANA.
b. ABSTENERSE de realizar cualquier tipo de escándalo en el sitio de vivienda, trabajo vía pública contra Carmen y/o en presencia de su hija LILIANA.
c. ABSTENERSE de amenazar y/o intimidar de cualquier forma, a la señora Carmen, en cualquier lugar donde se encuentre y/o en presencia de su hija LILIANA.
d. ABSTENERSE, de ingresar por la fuerza, con violencia o vulnerando la seguridad del sitio de habitación de la señora Carmen y de la niña LILIANA.
e. ABSTENERSE, de sacar a la señora Carmen y la niña LILIANA del inmueble en el cual habitan, como también de sacar objeto de dicho inmueble, sin autorización legal emitida por autoridad competente.
f. ASISTIR, de manera obligatoria, a un proceso psicoterapéutico por parte de su EPS, orientado a la adquisición o fortalecimiento de habilidades para la comunicación efectiva con su hija, manejo de la asertividad y expresión de sentimientos, como también para evaluar, diagnosticar y trabajar áreas de ajuste que sean un factor de riesgo para su bienestar, el de su ex compañera y su hija”.(6) (Negrilla fuera del texto original).
1.9. El 13 junio del 2015, la Inspección Décima C Distrital de Policía de la Alcaldía de Engativá resolvió la querella policiva Nº 6158-10 por perturbación a la tenencia y declaró a la señora Carmen como perturbadora de la tenencia, arguyendo que se logró verificar que se cambiaron las guardas del inmueble y que el ciudadano Carlos tenía la tenencia sobre una de las habitaciones del mismo, ya que al realizar la inspección judicial en el domicilio se logró percatar que éste abrió la puerta. La inspección falló en los siguientes términos:
SEGUNDO: Impartir ORDEN DE POLICÍA, consistente en que en forma inmediata permita nuevamente la entrada al señor CARLOS, al inmueble ubicado en la CALLE XX Nº XX.XX y hacer entrega de la llave del portón principal y de la llave de la puerta de la entrada posterior a la del portón, que da acceso al interior de lo habitable, teniendo en cuenta que el querellante señor CARLOS, tiene la llave de la puerta de la habitación que ocupaba.
TERCERO: Hacerle saber a la querellada señora Carmen, que el incumplimiento de la orden impartida, dará lugar a la iniciación del proceso contravenciones, contemplada en el artículo 18 del Decreto 522 de 1971, por DESACATO A ORDEN DE POLICÍA, donde se podrá imponer la respectiva multa, sin perjuicio de la acción penal que la parte querellante pueda iniciar en su contra por el delito de FRAUDE A RESOLUCIÓN JUDICIAL.
CUARTO: contra la presente decisión procede el recurso de Reposición ante este Despacho y el de Apelación ante el Consejo de Justicia de Bogotá. Una vez en firme y legalmente ejecutoriada la presente providencia, procédase al ARCHIVO DEFINITIVO de la presente querella, sino fuere recurrida. La presente resolución se procede a notificar a las partes en ESTRADOS”.
El Juzgado Quince Civil Municipal de Bogotá D.C. admitió la acción de tutela interpuesta por la señora Carmen y, en consecuencia, dispuso correr traslado a la Inspección Décima C Distrital de Policía de la Localidad de Engativá para que se pronunciara sobre los hechos que aduce el accionante en la demanda de tutela. Así mismo, le ordenó remitir copia del expediente que allí se tramita en contra de la accionante e informar si ese Despacho tenía conocimiento de la medida de protección Nº 00801 de 2010 RUG Nº 10-2-09-02569 de la Comisaría 1ª Distrital de Familia II Sector que fue decidida el 15 de junio de 2010.
3.1. Inspección Décima C Distrital de Policía de la localidad de Engativá - Bogotá.
“En el asunto bajo examen, observa esta juzgadora que la accionante cuenta con otros mecanismos de defensa judicial idóneos mediante los cuales puede poner de presente la inconformidad frente a la decisión que se llegue a tomar dentro del proceso contravencional de desacato a orden administrativa, como son interponer los recursos que la ley previo contra esta clase de decisiones”.
5.1. Copia de oficio expedido el 31 de mayo de 1999 por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se examinan las lesiones ocasionadas presuntamente por el señor Carlos(7).
5.2. Copia de la mediación Nº 8784 llevada a cabo el 17 de noviembre de 2004 entre la señora Carmen y el señor Carlos por inasistencia alimentaria en la Fiscalía 289 de la localidad décima(8).
5.3. Copia del memorial dirigido a la Fiscal 289 DJPM de la localidad décima en el cual la señora Carmen informa que el señor Carlos incumplió el compromiso de alimentos celebrado en su Despacho el 17 de noviembre de 2004(9).
5.4. Copia de la comunicación realizada el 5 de agosto de 2005 dirigida al Comandante del CAI, por el señor Miguel N. Galindo Bautista, Comisario Diecisiete de Familia - CAVIF Fiscalía, en el que le informa sobre la medida provisional de protección a favor de la señora Carmen y le indica que debe brindarle la ayuda necesaria para evitar que los hechos violentos se repitan(10).
5.5. Copia de la medida de protección provisional a favor de la señora Carmen, expedida el 8 de agosto de 2005 por el Comisario Diecisiete de Familia – CAVIF Fiscalía(11).
5.6. Copia de la citación realizada el 11 de agosto de 2005 a la señora Carmen para que comparezca a la audiencia de trámite y fallo dentro de la medida de protección en contra del señor Carlos(12).
5.7. Copia de la citación realizada el 5 de agosto de 2005 a la señora Carmen y el señor Carlos para la audiencia de conciliación que se llevaría a cabo ante el Centro de Atención Integral Contra la Violencia Intrafamiliar el día 25 de agosto de 2005(13).
5.8. Copia del acta de audiencia de conciliación pre procesal del 25 de agosto de 2005, en el que no se llegó a un acuerdo entre la señora Carmen y el señor Carlos(14).
5.9. Copia del Oficio Nº 1007003016 del 9 de febrero de 2007, por medio del cual la Comisaria de Familia de Engativá II Sector, remite a la señora Carmen al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a fin de que se le practique valoración médica(15).
5.10. Copia del Oficio Nº 913 del 30 de septiembre de 2009 proferido por Nancy Moreno Barbosa, Agente del Ministerio Público - Sala de Atención al Usuario de la Fiscalía de Engativá, por medio del cual solicita al Comandante de la Estación de Policía de la localidad de Engativá, se sirva efectuar las medidas preventivas necearías del caso a la señora Carmen(16).
5.11. Copia del acta de conciliación fracasada del 26 de octubre de 2009 dentro de la audiencia celebrada ante la Fiscalía 282 Local por el delito de inasistencia alimentaria(17).
5.12. Copia del acta de derechos a las víctimas del 30 de septiembre de 2009, en la cual figura la señora Carmen como denunciante y víctima(18).
5.13. Copia del Formato Único de Noticia Criminal con número de radicado 110016000018200980122 de la Fiscalía General de la Nación del 30 de septiembre de 2009, donde la señora Carmen denuncia al señor Carlos por el delito de inasistencia alimentaria(19).
5.14. Copia del informe Técnico Médico Legal de Lesiones No Fatales, expedido el 18 de febrero de 2010 por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses(20).
5.15. Copia del acta de derechos a las víctimas de la violencia intrafamiliar del 19 de febrero de 2010(21).
5.16. Copia del Formato Único de Noticia Criminal con número de radicado 110016000107201000726 de la Fiscalía General de la Nación del 19 de febrero de 2010, donde la señora Carmen denuncia al señor Carlos por el delito de violencia intrafamiliar(22).
5.17. Copia del acta de inasistencia del señor Carlos a la diligencia de conciliación del 2 de marzo de 2010(23).
5.18. Copia de citación a nueva conciliación del 2 de marzo de 2010, dirigida al señor Carlos por la Fiscalía General de la Nación(24).
5.19. Copia del acta de inasistencia del señor Carlos a la diligencia de conciliación del 23 de marzo de 2010(25).
5.20. Copia de la medida de protección Nº 00801 proferida por la Comisaría Décima Distrital de Familia II Sector de Bogotá el 15 de junio de 2010(26).
5.21. Copia del acta de conciliación por el delito de lesiones personales celebrada entre la señora Carmen y el señor Carlos el 20 de junio de 2014(27).
5.22. Copia de la constancia de estudio de viabilidad de acercamiento entre la suscrita y el señor Carlos por el delito de inasistencia alimentaria del 16 de marzo de 2012(28).
5.23. Copia del Certificado de libertad y tradición del inmueble con número de matrícula 50C-1320868(29).
5.24. Copia del Registro Civil de defunción del señor Pedro Rodríguez Castellanos(30).
5.25. Copia de la declaración extra juicio realizada en la Notaría Sesenta y Siete del Círculo de Bogotá por la señora Carmen el 3 de septiembre de 2016(31) en la que señaló que el señor Carlos la ha agredido físicamente en diferentes ocasiones y amenazado con expulsarla de su propio domicilio, razón por la cual y debido a la orden proferida por la Inspección Décima C Distrital de la Localidad de Engativá de Bogotá teme por su integridad y la de su hija.
5.26. Copia de la declaración extra juicio realizada en la Notaría Sesenta y Siete del Círculo de Bogotá por la joven Liliana el 3 de septiembre de 2016(32), en la que expone que vive en permanente angustia e incertidumbre desde que la Inspección Décima C Distrital de la Localidad de Engativá de Bogotá le permitió al señor Carlos el ingreso al inmueble donde reside, toda vez que, constantemente golpea a su mamá.
5.27. Copia de la querella interpuesta el 28 de enero de 2010por Carlos en contra de la señora Carmen por perturbación a la tenencia(33).
5.28. Copia de la diligencia de inspección ocular y del fallo proferido el 13 junio de 2015 por la Inspección Décima C Distrital de Policía de la Localidad de Engativá(34).
5.29. Copia de la providencia proferida el 24 de agosto de 2015 por el Consejo de Justicia, Sala de Decisión de Contravenciones Civiles de Bogotá(35).
5.30. Copia de la diligencia de verificación de la querella policiva Nº 6158-10- del 2 de mayo de 2016(36).
5.31. Copia de la citación dirigida a la señora Carmen por la Inspección Décima C Distrital de Policía de la Localidad de Engativá por desacato a orden de policía(37).
5.32. Copia del sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial donde se evidencia la existencia del proceso con radiado 11001310303720130024501(38).
Fue eso justamente lo que hizo el Consejo de Justicia en el caso estudiado: pronunciarse sobre los argumentos puntuales de la apelante. Referirse a otras circunstancias, como las que ahora, por vía de tutela, plantea la señora Carmen, hubiera llevado a la Sala a vulnerar la igualdad procesal ocupándose de forma oficiosa de un aspecto no expuesto por una de las partes en el debate de la decisión de primera instancia y a invadir la órbita propia de otra jurisdicción. En ese sentido, no le corresponde a la autoridad de policía, dada la naturaleza y alcance del proceso, aplicar enfoques diferenciales a partir de información suministrada en otras etapas procesales, pero sin incorporar con un criterio de actualidad y pertinencia al momento del debaté (sic) de la decisión final, mucho menos si esa aplicación se sustenta en la hipótesis del incumplimiento de una medida de protección legalmente impuesta, pues en ese mismo plano hipotético también cabe la posibilidad de que el querellante respete esa medida e ingrese a la habitación cuya tenencia se ampara en momentos en que no esté la querellada, previo acuerdo al respecto”.
6.4. El 15 de agosto de 2017, se ordenó a la Inspección Décima C Distrital de Policía de la Localidad de Engativá de Bogotá remitir en calidad de préstamo, el expediente de la Querella Policiva Nº 6158-10.
6.5. El 30 de agosto de 2017, la Inspección Décima C Distrital de Policía de la Localidad de Engativá remitió tardíamente a la Secretaría de la Corte Constitucional el expediente de la Querella Policiva Nº 6158-10.
No obstante, la Sala Octava de Revisión considera que debido a la informalidad de la tutela el juez está llamado a ofrecer el derecho y la solución jurídica aplicable al supuesto fáctico que se expone, además de ello, que la acción de tutela debe interpretarse de conformidad con el principio iura novit curia –‘el juez conoce el derecho’–(39). Por esta razón, de la situación fáctica reseñada, se observa que la accionante no pretende la suspensión del incidente de desacato, toda vez que su alegato hace referencia a que sus derechos a la vida e integridad se encuentran en riesgo por las decisiones adoptadas por las entidades accionadas, quienes no valoraron el material probatorio que daba cuenta de un contexto de violencia de género. Es por lo anterior que se evidencia que la actora, realmente lo que pretende controvertir el proceso policivo con Radicado 6158-10 adelantado ante la Inspección Décima C Distrital de Policía de la Localidad de Engativá y por lo tanto, se le permita habitar con tranquilidad en su vivienda junto con su hija.
Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley”. (Negrilla fuera del texto original)
Ahora bien, se hace necesario que en cada caso en particular el Legislador fije las condiciones bajo las cuales se garantiza la autonomía e imparcialidad para la toma de decisiones, como lo exige reiterada jurisprudencia sobre el particular(40). Decisiones que podrán ser susceptibles de impugnación ante las autoridades judiciales, según lo prevé el artículo 3º de este proyecto, y que en todo caso pueden ser impugnadas a través de la acción de tutela contra providencias judiciales, siempre y cuando se cumplan los requisitos para tal fin. (Negrilla fuera de texto original)
“(i) representa una manifestación del principio de colaboración armónica y de separación de funciones entre los poderes públicos, para la realización de los fines del Estado (art. 113 de la Constitución)(41);
(ii) la medida es excepcional y su carácter es restrictivo, en razón a que solamente pueden administrar justicia las autoridades judiciales expresamente determinadas por la ley(42). Excepcionalidad que no equivale a esporádico o transitorio, sino al rompimiento de la regla general, mediante la decisión del legislativo al ponderar circunstancias especiales que ameritan que no sean los jueces quienes administren justicia, sino que para ciertos casos lo haga la administración(43);
iii) su reconocimiento implica que las decisiones proferidas, una vez agotados los recursos procedentes, adquieren fuerza de cosa juzgada por ser un acto emitido con base en una facultad jurisdiccional(44) y por tanto se impone la inimpugnabilidad mediante acciones judiciales diferentes a la tutela cuando se incurra en defectos o irregularidades que vulneren o amenacen derechos fundamentales(45);
iv) de ninguna manera puede otorgarse a la administración competencia para adelantar la instrucción de sumarios ni para juzgar delitos, pues esta potestad se ha asignado sustancialmente a los jueces, quienes son los únicos autorizados para imponer pena privativa de la libertad, siguiendo el principio de reserva judicial para limitar ese derecho fundamental(46);
vi) la finalidad legítima de la competencia jurisdiccional asignada(47), está marcada por la garantía de imparcialidad e independencia(48) así como por la preservación del debido proceso. Condiciones por medio de las cuales se asegura que el acto proferido por la autoridad, adquiera los efectos de cosa juzgada, además, que la decisión se adopte por un tercero del proceso que decide con objetividad”.(49)
5. Procedencia de la acción de tutela para controvertir decisiones adoptadas en procesos policivos.
Tal como se indicó en el acápite anterior, el artículo 116 inciso 3º de la Carta Política(50) dispuso que excepcionalmente la ley puede otorgar facultades jurisdiccionales a ciertas autoridades administrativas.
Así mismo, esta corporación ha reiterado que algunas decisiones que se adoptan en ejercicio de la función de policía tienen carácter judicial, motivo por el cual el juez administrativo no tiene control sobre ellas. “Este tipo de decisiones administrativas con rango jurisdiccional, son las que se toman dentro de los procesos o juicios de policía civiles, como ocurre en las acciones policivas”.(51) Por esta razón, en aquellos procesos policivos en donde se pretenda salvaguardar la posesión, la tenencia o la servidumbre, estas autoridades de policía ejercen funciones jurisdiccionales(52), tal como lo dispone el artículo 105 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(53). Al respecto, la Sentencia C-241 de 2010 dispuso:
“[e]n tanto las decisiones adoptadas en desarrollo de juicios de policía de naturaleza civil, como cuando se interviene en asuntos destinados a amparar provisionalmente la posesión, la tenencia o una servidumbre o los asuntos de carácter penal, se encuentran expresamente excluidos de dicho control en virtud de lo dispuesto en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo(54), según el cual tal Jurisdicción carece de competencia para juzgar las decisiones proferidas en juicios civiles o penales de policía regulados por la ley(55). Lo anterior se justifica si se tiene en cuenta que, en estos casos, las medidas de policía son de efecto inmediato en punto a evitar que se perturbe el orden y la tranquilidad pública. Se trata de medidas de carácter precario y provisional, cuya única finalidad es devolver el statu quo mientras el juez ordinario competente para decidir sobre la titularidad de los derechos reales en controversia, decide definitivamente sobre ellos. Por esta razón, la doctrina ha afirmado que estas decisiones hacen tránsito a cosa juzgada “formal”.
Cabe advertir en todo caso, que frente a las decisiones de policía proferidas dentro de juicios de naturaleza civil o penal, no existe la posibilidad de lograr la protección -in situ–, de los derechos fundamentales cuando estos son vulnerados, como tampoco puede acudirse ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa para ese propósito, como se desprende del artículo 12 del decreto 2304 de 1989, reformatorio del artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, de manera que queda tan solo disponible la acción de tutela para lograr la protección de los derechos fundamentales que sean conculcados y solo con tal fin”.
6. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.
La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales surge de la necesidad de encontrar un equilibrio razonable entre la función constitucional de proteger los derechos fundamentales de las personas y el respeto por la autonomía judicial y la seguridad jurídica, esenciales en un Estado de derecho.(56) En este sentido, la Corte Constitucional ha sostenido que esta acción procede cuando el funcionario judicial desconoce la Constitución(57) y se cumplen los requisitos generales y especiales de procedibilidad(58).
1. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, es decir, que exista una confrontación de la situación suscitada por la parte accionada con derechos fundamentales. Ello, so pena que el juez constitucional se involucre en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones(59). De esta manera, corresponde al juez de tutela indicar con claridad y de forma expresa por qué la cuestión a resolver es una cuestión de relevancia constitucional que afecta las garantías de carácter constitucional fundamental de las partes.
2. Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable, de conformidad con el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela(60). Por lo tanto, es un deber del accionante adelantar todos los mecanismos judiciales que tenga a su disposición para la defensa de sus derechos. Pues de lo contrario, recaería en la jurisdicción constitucional todos aquellos debates que se deben adelantar ante las distintas autoridades.
3. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la solicitud de amparo se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la presunta vulneración(61). Debido a que, el principio de cosa juzgada y seguridad jurídica se verían sacrificados.
4. Si la solicitud de amparo se fundamenta en una irregularidad procesal, se debe demostrar que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte accionante(62).
6. Que no se trate de sentencias de tutela(63). Toda vez que, las controversias respecto de la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse indefinidamente en el tiempo.
6.2. Requisitos especiales.
6.2.1. Defecto fáctico.
El defecto fáctico, como causal de procedencia de la acción tutela contra providencias judiciales, se presenta cuando el juez no tiene el apoyo probatorio suficiente para aplicar el supuesto legal en el que sustenta la decisión(64) porque dejó de valorar una prueba o no la valora dentro de los cauces racionales y/o denegó la práctica de alguna sin justificación(65).
Para una mejor compresión de este defecto la jurisprudencia constitucional(66) ha establecido que éste defecto se produce cuando “un juez emite una sentencia (providencia judicial) sin que se halle probado el supuesto de la norma, cuando quiera que (i) se haya producido una omisión en el decreto o valoración de una prueba, (ii) una apreciación irrazonable de las mismas, (iii) la suposición de algún medio probatorio, (iv) o el otorgamiento a una prueba de un alcance material y jurídico que no tiene”.(67)
Bajo estos parámetros, la Corte Constitucional en Sentencia SU-448 de 2016 reiteró que el defecto fáctico “[s]e estructura, entonces, siempre que existan fallas sustanciales en la decisión, que sean atribuibles a deficiencias probatorias del proceso. (…) el fundamento de la intervención del juez de tutela por deficiencias probatorias en el proceso, radica en que, no obstante las amplias facultades discrecionales con que cuenta el juez del proceso para el análisis del material probatorio, éste debe actuar de acuerdo con los principios de la sana crítica, es decir, con base en criterios objetivos y racionales.(68)”.
“No obstante, el operador judicial ostente un amplio margen de valoración probatoria sobre el cual fundamentará su decisión y formará libremente su convencimiento(69), ‘inspirándose en los principios científicos de la sana crítica (arts. 187 CPC y 61 CPL)’(70), [empero] esta facultad nunca podrá ser ejercida de manera arbitraria, pues dicha valoración lleva intrínseca ‘la adopción de criterios objetivos(71), no simplemente supuestos por el juez, racionales(72), es decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas allegadas, y rigurosos(73), esto es, que materialicen la función de administración de justicia que se les encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente recaudadas’.
En este sentido, esta corporación ha afirmado que atendiendo los principios de autonomía judicial, juez natural e inmediación, la autoridad constitucional no puede realizar un nuevo examen del material probatorio como si se tratara de una instancia judicial adicional,(74) su función se ciñe a verificar que la solución de los procesos judiciales sea coherente con la valoración ponderada de las pruebas recaudadas por el juez y aportadas por los intervinientes.(75)
La Sala Octava de Revisión Constitucional resolverá, más adelante, sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones judiciales. Debe tenerse en cuenta, que no solo estamos frente a un caso de violencia y discriminación de género sino que también, es deber de los jueces tomar decisiones con ese mismo enfoque. Esto constituirá un factor importante al momento de verificar los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial(76).
7. El compromiso nacional e internacional de erradicar toda forma de violencia y discriminación contra la mujer.
El Estado ratificó, por medio de la Ley 51 de 1981, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer –CEDAW–, que dispuso la incorporación en las constituciones nacionales y en la legislación, del principio de igualdad del hombre y la mujer, y su necesidad de ser asegurado por los medios que garanticen su efectiva materialización. Esto, con el fin de “reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres”(77).
A su vez, la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer reconoció que la violencia contra la mujer es una manifestación de la desigualdad entre hombres y mujeres, que decanta en la dominación, subordinación, discriminación, y en la imposibilidad de que estas puedan desarrollarse plenamente. Es por ello, que encontró necesario establecer los derechos para la erradicación de la violencia contra la mujer en todas sus formas. Al respecto, el artículo 4º de la Declaración dispuso lo siguiente:
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, también conocida como la "Convención de Belém do Pará", ratificada por Colombia mediante la Ley 248 de 1995, en su artículo 7º indicó como obligaciones de los Estados partes, las siguientes:
(iv) En cuanto a las autoridades encargadas de investigar los delitos de violencia contra la mujer, la Ley 1542 de 2012 agregó un parágrafo al artículo 74 de la Ley 906 de 2004, en el cual se garantiza la diligencia y protección por parte de estas autoridades, puesto que, les impone el deber de investigar de oficio, en cumplimiento de la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres consagrada en el artículo 7º literal b) de la Convención de Belém do Pará, ratificada por el Estado colombiano mediante la Ley 248 de 1995. Además, añadió que se elimina el carácter de querellables y desistibles de los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria.
Así mismo, la jurisprudencia de esta corporación en distintas ocasiones ha señalado que el Estado y la sociedad tienen el deber de propender por la erradicación de la violencia contra la mujer(78). Un claro ejemplo de ello, es la Sentencia T-878 de 2014 en la que se dispuso:
“La violencia contra las mujeres constituye un problema social que exige profundos cambios en los ámbitos educativo, social, jurídico, policial y laboral, a través de los cuales se introduzcan nuevas escalas de valores que se construyan sobre el respeto de los derechos fundamentales de las mujeres. Ya se ha demostrado que las leyes resultan insuficientes, puesto que tienen que formar parte de un esfuerzo más general. Se debe repensar la relación entre hombres y mujeres, porque una sociedad que tolera la agresión en contra de ellas es una sociedad que discrimina. Y dejar de vivir en una sociedad que discrimina es responsabilidad de todos”.
En suma, se evidencia que para el Estado colombiano la erradicación de toda forma de violencia y discriminación contra la mujer, se ha convertido en uno de sus propósitos indispensables. Para ello se ha obligado a reprochar “todas las formas de violencia contra la mujer (...), adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia”(79).
8. Decisiones judiciales como fuente de discriminación en contra de la mujer. Enfoque de género como obligación de la administración de justicia.
Al aceptarse que la violencia contra la mujer es una realidad social generada como consecuencia de una “manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”(80), el Estado colombiano ha incorporado al ordenamiento jurídico textos normativos tendientes a la protección de los derechos de las mujeres tanto en el ámbito público como en el privado. Esto en aplicación a los diferentes instrumentos internacionales que ha celebrado y en la evidente necesidad de amparar los derechos de las mujeres.
La Corte Constitucional, en cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales(81), ha reconocido que las mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar o sexual son sujetos de especial protección. “En este sentido, y en el marco de un ámbito investigativo y de juzgamiento de la violencia de género, la Corte ha amparado los derechos fundamentales de este grupo poblacional cuando se ha demostrado que las autoridades de conocimiento han vulnerado el derecho al debido proceso al momento de evaluar la necesidad de brindar medidas de protección por violencia intrafamiliar”(82).
De esta manera, es importante resaltar que cuando las mujeres víctimas de violencia acuden a las autoridades públicas para el amparo de sus derechos, en repetidas ocasiones se produce una “revictimización” por parte de los operadores jurídicos, toda vez que la respuesta que espera por parte de estas autoridades no es satisfactoria y además, llegan a confirmar patrones de desigualdad, discriminación y violencia en contra de esta población. “Tales circunstancias se presentan, al menos, de dos formas. La primera por la “naturalización” de la violencia contra la mujer, obviando la aplicación de enfoques de género en la lectura y solución de los casos y, la segunda, por la reproducción de estereotipos”(83).
Es por ello, que esta corporación ha desarrollado diferentes medidas basadas en el respeto y la diferencia de la mujer. De esta manera, ha implementado parámetros de análisis en favor de las mujeres, como una clara afirmación del derecho a la igualdad, a través de acciones afirmativas y medidas de protección especiales(84).
Se debe aclarar que los enfoques de género dentro de los distintos procesos por violencia intrafamiliar o sexual permiten que se corrija aquellas consecuencias jurídicas que conllevan a un detrimento de los derechos de las mujeres. “De ahí que, entonces, se convierta en un ‘deber constitucional’ no dejar sin contenido el artículo 13 Superior y, en consecuencia, interpretar los hechos, pruebas y normas jurídicas con base en enfoques diferenciales de género”(85).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso que la investigación, en los casos de violencia contra la mujer, debe “emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad”(86). En términos generales, debe desarrollarse de manera:
B. Exhaustiva, practicando las pruebas necesarias y valorándolas integralmente(87) y analizando el contexto de los hechos para determinar si se trata de un patrón generalizado de conducta(88);
C. Imparcial, para lo cual fiscales y jueces deben actuar objetivamente, es decir, libres de prejuicios o tendencias(89) y evitando razonamientos teñidos de estereotipos;
D. Respetando en forma adecuada los derechos de las afectadas, para prevenir una revictimización”.(90)
Además, la Sentencia T-012 de 2016(91) señaló que hay un deber por parte de los operadores judiciales de erradicar cualquier tipo de discriminación en contra de la mujer. Por lo tanto, dispuso que los jueces cuando se encuentren frente a un caso de violencia intrafamiliar o sexual obligatoriamente deben “incorporar criterios de género al solucionar sus casos”(92) . Atendiendo a lo anterior, indicó como deberes los siguientes:
Es importante resaltar que en distintas ocasiones esta corporación al estudiar las tutelas contra providencias judiciales ha amparado el derecho a la administración de justicia, cuando evidencia que los jueces omitieron valorar pruebas obrantes en el expediente, que demostraban la existencia de violencia intrafamiliar, y, en consecuencia, no analizaron el caso a la luz del enfoque de género(93). Así mismo, ha indicado que se configura un defecto fáctico cuando el juez no tiene el apoyo probatorio suficiente para aplicar el supuesto legal en el que sustenta la decisión(94), ya sea porque dejó de valorar una prueba o no la valora dentro de los cauces racionales y/o denegó la práctica de alguna sin justificación(95).
9.1. Configuración de los requisitos generales.
2. Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
4. Si la solicitud de amparo se fundamenta en una irregularidad procesal, se debe demostrar que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de parte la accionante.
La Sala encuentra que la accionante cumplió con este requisito de procedibilidad, en la medida que identificó, con claridad, los hechos y los derechos fundamentales que a su juicio hacen viable la presente acción de tutela. De esta manera, el hecho propuesto como vulnerador del derecho fundamental al debido proceso consiste en la no valoración de las pruebas obrantes dentro de la querella policiva Nº 6158-10.
9.2. Cumplimiento del defecto fáctico.
El caso objeto de estudio hace referencia al presunto defecto fáctico en que incurre el fallo proferido por la Inspección Décima C Distrital de Policía de la Alcaldía de Engativá de Bogotá(96) y que fue confirmada por la Sala de Decisión de Contravenciones Civiles del Consejo de Justicia de Bogotá, en la cual se le ordenó a la accionante permitir la entrada a su domicilio y hacerle entrega de las llaves del mismo al señor Carlos, sin la previa valoración de las pruebas que reposaban en el expediente.
Conforme a los lineamientos expuestos en las consideraciones, se evidencia que la Inspección Décima C Distrital de Policía de la Localidad de Engativá de Bogotá y la Sala de Decisión de contravenciones Civiles del Consejo de Justicia de Bogotá incurrieron en un defecto fáctico, toda vez que omitieron valorar el contrainterrogatorio efectuado a la accionante por parte de la apoderada del señor Carlos y la declaración proferida por el querellante dentro del proceso policivo Nº 6158-10.
“él sabe bien los motivos por los cuales no lo dejé entrar, es porque él me pegó y en la Comisaría quedó con medida de protección que él no se acercara donde yo viviera, ni a mi trabajo, ni donde yo estuviera”(97) (Negrillas fuera del texto original)
“por agresiones de él hacía mí y por la medida de protección y desde aproximadamente 2010. Y el entraba hasta el 2004 con su llave de entrada al inmueble y dejó de ir por lo menos tres años que por allá no aparecía, después fue cuando fue a entrarse a la fuerza, y fue cuando me agredió y tuve que ir a Medicina Legal, donde me dieron doce días de incapacidad por los golpes que él me propinó, y fue cuando la comisaría me ordenó no dejarlo entrar porque era un peligro que él viviera conmigo bajo el mismo techo”(98). (Negrillas fuera del texto original)
“se coloca de presente por parte de la querellada acta de audiencia de levantamiento de medida de protección. Y en su resuelve, se levanta parcialmente la medida de protección a favor de la señora Carmen y la adolescente LILIANA, y en el literal A. levanta medida de protección de la providencia del quince de junio de 2010 a favor de la adolescente LILIANA y contra CARLOS y se mantiene la medida de protección a favor de Carmen”(99). (Negrillas fuera del texto original)
De acuerdo con los parámetros establecidos para la configuración del defecto fáctico, se demuestra que la Inspección Décima C Distrital de Policía de la Localidad de Engativá y la Sala de Decisión de Contravenciones Civiles del Consejo de Justicia de Bogotá, incurrieron en este, pues si bien, la inspección de policía fundamentó su decisión en que la actora no probó que la Comisaría 10 de Familia le ordenó cambiar las guardas de su domicilio(100), ese argumento no era suficiente para fallar a favor del querellante, habida cuenta de que existía material probatorio suficiente, como lo son las declaraciones presentadas por la señora Carmen y el señor Carlos, para determinar que se trataba de un caso de violencia intrafamiliar, que exigía garantizar el derecho fundamental de la mujer a tener una vida libre de violencia.
Por tanto, para la Sala resulta evidente que dichas entidades cercenaran aquellas pruebas fehacientes, que indicaban que las agresiones por parte del querellante en contra de la accionante eran el motivo por el cual esta no le permitía el ingreso al domicilio. En consecuencia, si se hubiese tomado en consideración las declaraciones llevadas a cabo dentro del proceso Policivo Nº 6158-10, la decisión habría sido diferente.
Frente a lo anterior, es importante agregar que debido a las normas internacionales y nacionales, los administradores de justicia se encuentran compelidos a resolver los casos en los que se investiguen hechos de violencia contra la mujer con base en criterios diferenciadores de género, con el propósito de prevenir y erradicar toda forma de violencia contra la mujer. Un claro ejemplo de ello es lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde estableció como deber para los jueces, investigar de manera “Exhaustiva, practicando las pruebas necesarias y valorándolas integralmente(101) y analizando el contexto de los hechos para determinar si se trata de un patrón generalizado de conducta”(102).
Así mismo, dejará sin efectos la totalidad de los fallos del 13 de junio de 2015 y del 24 de agosto de 2015, proferidos respectivamente, por la Inspección Décima C Distrital de Policía de la Localidad de Engativá de Bogotá y la Sala de Decisión de Contravenciones Civiles del Consejo de Justicia de Bogotá que confirmó la decisión dentro del proceso policivo con Radicación 6158-10 promovido por el señor Carlos en contra de la accionante, y, ordenará a la Inspección Décima C Distrital de Policía de la Localidad de Engativá de Bogotá, emitir una nueva decisión conforme a la parte motiva y resolutiva de esta providencia.
Manifiesta la tutelante que la inspección de policía accionada dentro del proceso policivo Nº 6158-10l por perturbación a la tenencia, le ordenó permitir el ingreso y hacer entrega de las llaves de su domicilio al señor Carlos (querellante y ex pareja de la actora) tras considerar demostrado que éste tenía la tenencia sobre una habitación del inmueble y que las guardas de la casa fueron cambiadas para restringir su entrada sin una justa causa para ello, pues la medida de protección que alega tener la señora Carmen en contra del señor Carlos no fue probada. Este argumento no fue compartido por la accionante pues considera que las entidades demandadas dieron mayor importancia al amparo de un derecho de orden patrimonial que a la protección de su integridad física y psicológica.
En el estudio del caso concreto, la Sala encontró que la decisión proferida por la Inspección Décima C Distrital de Policía de la Localidad de Engativá de Bogotá, confirmada por el fallo del 24 de agosto de la misma anualidad emitida por la Sala de Decisión de Contravenciones Civiles del Consejo de Justicia de Bogotá, vulneraron el derecho fundamental al debido proceso de la ciudadana Carmen al incurrir en un defecto fáctico al no valorar las pruebas que obraban dentro del expediente, pues se omitió realizar un estudio exhaustivo de las declaraciones presentadas por la accionante y el señor Carlos que daban cuenta que contra éste último existía una medida de protección a favor de la accionante y además de ello, que existía una denuncia por violencia intrafamiliar, razón por la cual si se hubiese tomado en consideración las declaraciones llevadas a cabo dentro del proceso Policivo Nº 6158-10, la decisión habría sido diferente.
Por lo anterior, la Sala revocará las sentencias proferidas en primera(103) y segunda instancia(104) en el trámite la acción de tutela y, en su lugar, amparará el derecho fundamental al debido proceso. Y, en consecuencia, ordenará dejar sin efectos las decisiones cuestionadas, que fueros proferidas por la Inspección Décima C Distrital de Policía de la Localidad de Engativá y la Sala de Decisión de Contravenciones Civiles del Consejo de Justicia de Bogotá.
1. REVOCAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de Bogotá, el 29 de noviembre de 2016, el cual confirmó la decisión adoptada por el Juzgado Quince Civil Municipal de Bogotá, el 5 de octubre de la misma anualidad, que declaró improcedente la acción de tutela formulada por Carmen contra la Inspección Décima C Distrital de Policía de la Localidad de Engativá de la ciudad de Bogotá. En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso de Carmen.
2. DEJAR SIN EFECTO el fallo del 13 de junio de 2015 proferido por la Inspección Décima C Distrital de Policía de la Localidad de Engativá de Bogotá y la decisión del 24 de agosto de 2015 pronunciada por la Sala de Decisión de Contravenciones Civiles del Consejo de Justicia de Bogotá, dentro del proceso policivo con radicación Nº 6158-10 promovido por el señor Carlos en contra de la accionante.
3. ORDENAR a la Inspección Décima C Distrital de Policía de la Localidad de Engativá de Bogotá, que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta decisión, profiera un nuevo fallo en el que se tengan en cuenta todas las consideraciones de esta providencia referentes al principio de no discriminación por razón del sexo y la especial protección de la mujer víctima de cualquier tipo de violencia.
4. ORDENAR a la Secretaria General de la Corte Constitucional, ABSTENERSE de mencionar en el texto público de esta sentencia el nombre de la accionante, con el fin de salvaguardar su intimidad, como también OMITIR el nombre de la accionante y de las demás personas relacionadas con los hechos del caso en las reproducciones que se hagan del presente texto, salvo en las destinadas a las partes y a las autoridades vinculadas.
2 Integrada por las magistradas Gloria Stella Ortiz Delgado y Diana Fajardo Rivera.
3 En casos anteriores, la Corte protegió el derecho a la intimidad de los respectivos accionantes por petición expresa de ellos, o porque advirtió la necesidad de resguardar su derecho cuando se trataba, por ejemplo, de temas relacionados con hermafroditismo, señalamientos públicos de conducta, enfermos de VIH/SIDA, orientación sexual, menores de edad, etc. Para tal efecto, la corporación consideró oportuno proteger el derecho limitando la publicación de todo tipo de información que fuera del dominio público y que pudiera identificarlos. Al respecto pueden consultarse las sentencias T-513 de 2015, T-868 de 2012, T-323 de 2011, T-868 de 2009, T-295 de 2008, T-628 de 2007, T-349 de 2006, T-143 de 2005, T-220 de 2004, T-810 de 2004, T-618 de 2000, SU-337 de 1999, SU-480 de 1997, SU-256 de 1996, entre otras.
4 Folio 5, cuaderno de primera instancia.
5 Folio 46, cuaderno de primera instancia.
6 Folios 30-34, cuaderno de primera instancia.
8 Folio 2, cuaderno de primera instancia.
9 Folio 3, cuaderno de primera instancia.
10 Folio 4, cuaderno de primera instancia.
11 Folios 5, cuaderno de primera instancia.
12 Folio 6, cuaderno de primera instancia.
13 Folio 7, cuaderno de primera instancia.
14 Folios 8-10, cuaderno de primera instancia.
15 Folio 11, cuaderno de primera instancia.
16 Folio 12, cuaderno de primera instancia.
17 Folios 13-15, cuaderno de primera instancia.
18 Folios 16, cuaderno de primera instancia.
19 Folios 17-18, cuaderno de primera instancia.
20 Folio 19, cuaderno de primera instancia.
21 Folio 20, cuaderno de primera instancia.
22 Folios 21-23, cuaderno de primera instancia.
23 Folio 24, cuaderno de primera instancia.
24 Folio 28, cuaderno de primera instancia.
25 Folio 29, cuaderno de primera instancia.
26 Folios 30-34, cuaderno de primera instancia.
27 Folios 35-38, cuaderno de primera instancia.
28 Folio 39, cuaderno de primera instancia.
29 Folios 40-41, cuaderno de primera instancia.
30 Folios 42-43, cuaderno de primera instancia.
31 Folios 44, cuaderno de primera instancia.
32 Folio 45, cuaderno de primera instancia.
33 Folio 46, cuaderno de primera instancia.
34 Folios 47-55, cuaderno de primera instancia.
35 Folios 56-61, cuaderno de primera instancia.
36 Folio 62, cuaderno de primera instancia.
37 Folios 63, cuaderno de primera instancia.
38 Folios 64-67, cuaderno de primera instancia.
39 Sentencia T-047 de 2011.
40 Cfr., Corte Constitucional, Sentencias C-592 de 1992, C-212 de 1999, C-037 de 1996. C-672 de 1999, C-384 de 2000, C-1641 de 2000 y C-415 de 2002, entre otras.
41 Sentencia C-212 de 1994.
42 Sentencia C-1641 de 2000.
43 Sentencia C-384 de 2000.
44 Sentencia C-1038 de 2002.
45 Sentencia C-384 de 2000.
46 Cfr. entre muchas, las sentencias C-186 y C-163 de 2008 y C-479 y 951 de 2007.
47 Sentencia C-649 de 2001.
48 Sentencias C-1641 de 2000 y C-1071 de 2002, entre otras.
49 Sentencia T-302 de 2011.
50 Desarrollado por el artículo 13 de la Ley Estatutaria de la Administración de justicia, el cual fue modificado por el artículo 6º de la Ley 1285 de 2009.
51 Sentencia T-367 de 2015.
52 Sentencia T-302 de 2011.
53 “Artículo 105. Excepciones. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos:
54 Normatividad vigente al momento de los hechos. El artículo 82 del Decreto 01 de 1984, modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, a su vez recientemente modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006, estipula lo siguiente: “Objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de la distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la Constitución y la ley. // Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las controversias que se originen en actos políticos o de gobierno. // Lajurisdiccióndelocontenciosoadministrativonojuzgalasdecisionesproferidasenjuiciosdepolicíareguladosespecialmenteporlaley. // Las decisiones jurisdiccionales adoptadas por las salas jurisdiccionales disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y de los consejos seccionales de la judicatura, no tendrán control jurisdiccional”. (subrayado fuera del texto original).
55 Sentencia T-443 de 1993.
56 Sentencia T-133 de 2015.
57 Sentencia SU-659 de 2015.
58 Sentencias SU-198 de 2013, SU-659 de 2015, T-176 de 2016 y T-429 de 2016 entre otras.
59 Sentencia T-173 de 1993.
60 Sentencia T-504 de 2000.
61 Sentencia T-315 de 2005.
62 Sentencia T-008 de 1998 y SU-159 de 2002. [Cita de la Sentencia C-590/05]
63 Sentencias T-088-99, SU-1219-01. [Cita de la Sentencia C-590/05] T-951 de 2013.
64 Sentencia SU-448 de 2016.
65 Sentencia T-454 de 2015.
66 Sentencia T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015, T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
67 Sentencia T-012 de 2016.
68 Sentencia T-419 de 2011.
69 Cfr. Sentencia T-902 del 2005.
70 Cfr. sentencia T-442 de 1994.
71 Cfr. Sentencia SU-1300 del 6 del de 2001.
72 Cfr. Sentencia T-442 de 1994.
73 Cfr. Sentencia T-538 de 1994.
74 Sentencia T-625 de 2016.
75 Sentencia T-454 de 2015.
76 Sentencia T-012 de 2016.
77 Introducción Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
78 Sentencias C-776 de 2010, C-335 de 2013, T-652 de 2016, entre otras.
79 Artículo 7 de la Convención de Belém do Pará.
80 Convención de Belém do Pará.
81 Artículos 13 y 43 de la Constitución Política de 1991.
82 Sentencia T-027 de 2017.
83 Sentencia T-012 de 2016.
86 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras.
87 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Casos Bueno Alves vs. Argentina, Ríos y otros vs. Venezuela, Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, Perozo y otros vs. Venezuela.
88 Relatora especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos de la mujer. Informe “acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las américas”.
89 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Palamara Iribarne vs. Chile.
91 Dichos criterios fueron reiterados en las sentencias T-027 de 2017, T-145 de 2017 y T-184 de 2017.
92 Sentencia T-012 de 2016.
93 Sentencias T-473 de 2014, T-967 de 2014, T-241 de 2016 y T -145 de 2017.
94 Sentencia SU-448 de 2016.
95 Sentencia T-454 de 2015.
96 Querella policiva Nº 6158-10 interpuesta por el señor Carlos contra la señora Carmen.
97 Folio 47, cuaderno de primera instancia.
98 Folio 48, cuaderno de primera instancia.
99 Folios 47-48, cuaderno de primera instancia.
100 “aunque Carmen, hace alusión que la Comisaría 10 de Familia, le dio orden para que cambiara las guardas de este inmueble. Esto no se probó. (…)” Folio 53, cuaderno de primera instancia.
101 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Casos Bueno Alves vs. Argentina, Ríos y otros vs. Venezuela, Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, Perozo y otros vs. Venezuela.
102 Relatora especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos de la mujer. Informe “acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las américas”.
103 Fallo del 13 de junio de 2015 proferido por la Inspección Décima C Distrital de la Localidad de Engativá de Bogotá.
104 Fallo del 24 de agosto de 2016 proferido por la Sala de Decisión de Contravenciones Civiles del Consejo de Justicia de Bogotá.