Source: https://www.scribd.com/document/12783548/Culpabilidad
Timestamp: 2016-08-26 20:15:05
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BrowseUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicWelcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more.Find out moreLa CulpabilidadSumario: 1. Introducción. Principio de Culpabilidad y Categoría de la
Culpabilidad. 2. Perspectiva Formal: Contenido de la Culpabilidad. Evolución Histórica y Fundamento. 2.1. Antijuricidad y culpabilidad 2.2. Cntenido de la culpabilidad: Evolución histórica 2.2.1. La concepción psicológica de la culpabilidad 2.2.2. La concepción normativa de la culpabilidad 2.2.3. La concepción normativa en el finalismo 3. Perpectiva Material: El Fundamento de la Culpabilidad 3.1. El fundamento basado en el libre albedrío 3.2. El fundamento basado en razones preventivas 3.3. La culpabilidad como atribución intersubjetiva 4. La Imputabilidad 4.1. Concepto. La capacidad de culpabilidad. 4.2. Supuestos de inimputabilidad 4.2.1. Introducción. Regulación en el Código Penal 4.2.2. Anomalía psíquica y trastorno mental transitorio 4.2.3. Intoxicación plena por alcohol u otras drogas 4.3. La inimputabilidad provocada: la doctrina de la actio libera in causa 4.4. La minoría de edad 5. El Conocmiento de la Antijuricidad. El Error de Prohibición. 5.1. Planteamiento. Evolución histórica y regulación legal 5.2. Concepto, terminología y clases 5.3. Teorías sobre el error con prohibición 5.3.1. Teoría del dolo 5.3.2. Teoría de la culpabilidad
5.3.3. La teoría restringida de la culpabilidad. Referencia al error sobre los presupuestos fácticos de una causa de justificación (error indirecto) 5.4. Concreciones sobre el error indirecto: ejemplos y posturas doctrinales 5.5. El contenido de la conciencia de la antijuridicidad. Distinción entre el error vencible y el invencible 6. La Inexigibilidad como Elemento de la Culpabilidad. Las Llamadas Causas de Exculpación 6.1. Planteamiento 6.2. Regulación en la Ley dominicana 6.3. Causas de exculpación más habituales 6.3.1. Miedo insuperable 6.3.2. Estado de necesidad exculpante
culpabilidad. Hasta el momento hemos abordado los elementos cuya concurrencia
permite calificar como antijurídica a una conducta – acción u omisión -. Es decir, hemos analizado los requisitos que dicha conducta debe cumplir para poder ser considerada contraria al ordenamiento jurídico penal. Pero, como es sabido, con el juicio de tipicidad y antijuridicidad no ha culminado el análisis propio de la teoría del delito, ni, por tanto, se han satisfecho todos los presupuestos jurídicos que permiten dar lugar a la imposición de la sanción penal. Para ello es preciso también que la conducta haya sido realizada culpablemente o, expresado en otros términos, que el autor haya actuado con
capacidad de culpabilidad.
Ello es consecuencia de la garantía inherente al principio de culpabilidad, que ya ha sido analizado con detenimiento en la Lección primera del presente curso, así como al comienzo de la Lección tercera, cuando nos planteábamos el principio de culpabilidad, o de responsabilidad subjetiva, en su relación con la exigencia, ubicada sistemáticamente en la tipicidad, de que la conducta sea realizada con dolo o imprudencia. A estos efectos, y para evitar confusiones, es importante distinguir entre el principio de culpabilidad, entendido como garantía fundamental de legitimación inherente a un Derecho penal democrático y liberal, y la categoría sistemática de la culpabilidad, como filtro o eslabón configurado por la teoría del delito bajo el que se aglutinan diferentes exigencias de carácter subjetivo para declarar “culpable” (esto es: responsable) a una persona por su acción antijurídica y poder, con ello, aplicarle la sanción penal. El principio de culpabilidad es un presupuesto de legitimación previo a la construcción sistemática de la teoría del delito, que se proyecta sobre muy diversas instituciones penales incluidas en el concepto dogmático de delito, configurando sus contornos. En este sentido, la incidencia del principio de culpabilidad va
más allá de los elementos que comprende la categoría de la culpabilidad. Así, por ejemplo, la exigencia de dolo o imprudencia, que la práctica totalidad de la doctrina científica sitúa actualmente en la categoría de la tipicidad como su vertiente subjetiva, es expresión directa del principio de culpabilidad, como ya vimos. De igual modo, la previsibilidad del resultado producido como presupuesto básico de la teoría de la imputación objetiva (ubicado, como sabemos, dentro de la tipicidad objetivo) se deriva igualmente de la culpabilidad como garantía básica del Derecho penal. Pues bien, la presente lección está dedicada al estudio de los elementos que componen la categoría de la culpabilidad, cuya concurrencia permite afirmar que el autor de un hecho típico y antijurídico actuó también de modo culpable. Como primera aproximación a lo que después veremos más detalladamente, podemos mencionar que para ello, para poder afirmar la culpabilidad de un autor respecto a lo realizado y, con ello, hacerle penalmente
responsable, es preciso que se cumplan tres requisitos:
a) Que tenga capacidad para comprender la relevancia del hecho y de actuar conforme a dicha comprensión (imputabilidad) b) Que conozca (o haya podido conocer) que su conducta estaba prohibida por las leyes penales (conocimiento de la antijuridicidad). c) Que no existan circunstancias susceptibles de haber impedido o disminuido su capacidad de motivación ante la norma (ausencia de
causas de exculpación).
En cualquier caso, antes de entrar a abordar detenidamente cada uno de esos tres requisitos, es preciso asentar algunas cuestiones introductorias, relativas, en especial, a los aspectos sistemáticos de la categoría de la culpabilidad y sus elementos, y al fundamento de la culpabilidad.
2. Perspectiva formal: Contenido de la culpabilidad. evolución histórica y fundamento. 2.1 Antijuricidad y culpabilidad Como es sabido, el concepto dogmático del delito se establece a partir de distintas categorías, que operan como filtros de enjuiciamiento desde los que el hecho debe ir siendo analizado en orden a determinar su relevancia penal. Acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad conforman, así, un conjunto de elementos o requisitos que la conducta debe satisfacer para poder ser considerada una infracción penal y poder asignarse la consecuencia jurídica penal. Como también es sabido, tales categorías se ordenan de modo sistemático; ello implica que, en principio, los requisitos agrupados bajo cada una de esas categorías tienen una naturaleza común entre sí y diversa a los requisitos incluidos en las restantes categorías. Ello se debe a que la valoración del hecho que se realiza en cada una de las categorías posee una finalidad distinta. En este sentido, las dos valoraciones esenciales que se realizan con el sistema del delito son la relativa a la contrariedad del hecho al ordenamiento
jurídico-penal, de una parte, y la responsabilidad del autor por tal hecho. La
primera de ellas se corresponde con las categorías de la acción, la tipicidad y la antijuridicidad: con ellas se enjuicia el hecho, sin atender a las circunstancias personales del autor; éstas son objeto del análisis propio de la categoría de la
culpabilidad. Expresado en palabras de Mir Puig, mientras la antijuridicidad (en
sentido amplio) constituye un “juicio despersonalizado de desaprobación sobre el hecho”, la culpabilidad analiza “la posibilidad de imputación de ese hecho desvalorado a su autor”1. Y ese orden sistemático no es casual: el análisis de la culpabilidad sólo tiene sentido una vez que ya hemos considerado que la acción realizada es antijurídica, dado que no existe una culpabilidad “en sí”, sino que ese juicio se remite a la responsabilidad por el hecho (antijurídico).
MIR PUIG, Derecho penal. Parte General, p. 527.
2.2. Contenido de la culpabilidad: Evolución histórica Ya hemos anticipado el conjunto de requisitos que se incluyen bajo la actual configuración de la categoría de la culpabilidad. Según las nociones terminológicas que venimos manejando, podemos decir que todos ellos (la imputabilidad, el conocimiento de la prohibición y la ausencia de causas de exculpación) constituyen requisitos para poder imputar el hecho al autor y declararle con ello responsable.
Así, por ejemplo, cuando una persona mata a otra estando sumida en un brote esquizofrénico, la enfermedad mental bajo cuya influencia actuaba el sujeto en nada afecta a la valoración jurídico-penal sobre el hecho realizado: independientemente de la situación psíquica en que se hallaba el sujeto, podemos calificar la acción realizada como una conducta típica –porque, digamos, el resultado de muerte puede imputársele objetivamente y el actor actuó con dolo de matar- y antijurídica –porque, por ejemplo, no actuó bajo una legítima defensa-.
No obstante, la actual configuración de la culpabilidad no siempre ha sido como se presenta actualmente por la práctica totalidad de los autores, sino que, al igual que el resto del sistema del delito, ha venido recibiendo distintos contenidos a lo largo de la evolución de la teoría del delito. Por ello, es procedente exponer un breve panorama de tal evolución, de cara a comprender su estado actual. 2.2.1. La concepción psicológica de la culpabilidad La diferenciación básica entre antijuridicidad y culpabilidad estaba ya plenamente asentada a finales del siglo XIX, cuando von Liszt y Beling, padres de la actual dogmática jurídico-penal, desarrollaron sus respectivas concepciones. Ambas estaban sostenidas sobre una metodología positivistacientífica, dando lugar al llamado “concepto clásico” del delito. Partiendo de la
influencia de las ciencias naturales, se acogió una estricta división entre la parte externa u objetiva del hecho, y la parte interna, o subjetiva, estableciendo a partir de la misma la diferenciación entre la antijuridicidad y la culpabilidad. Así, la primera se asociaba con la parte externa, con lo aprehensible por los sentidos, viniendo especialmente determinada por la causalidad como criterio central del injusto penal. Y, en consecuencia, la culpabilidad se nutría de todos los elementos subjetivos o internos del hecho, formando parte de ella, por tanto, también el dolo, que en la actualidad se halla ubicado en la tipicidad. En este sentido, el concepto de dolo era distinto del manejado hoy: el dolo contenido en la culpabilidad por este concepto clásico del delito era un “dolus malus”, que incluía no sólo el conocimiento y voluntad de realizar el hecho (dolo neutro actual), sino también el conocimiento de la antijuridicidad de la conducta. Bajo esta concepción, la idea de la culpabilidad estaba exenta de valoración y, por tanto, no se entendía como un juicio de reproche, sino que se entendía únicamente como una realidad psicológica: la culpabilidad consistía en el nexo psicológico entre el hecho y el autor del mismo, siendo el dolo o la culpa (imprudencia) las dos posibles conexiones psíquicas que permitían vincular el hecho con el autor2. 2.2.2. La concepción normativa de la culpabilidad Dicho concepto puramente psicológico de la culpabilidad se enfrentaba a problemas casi irresolubles, lo que, unido a un cambio de perspectiva metodológica, terminó por motivar su abandono por parte de la doctrina, y la asunción de una perspectiva normativa de la culpabilidad. Los problemas principales de la siguientes: concepción psicológica eran los
Vid. por todos MIR PUIG, Derecho penal. Parte General, p. 523.
a) En primer lugar, que desde esa estrecha concepción psicológica no se acertaba a explicar la imprudencia inconsciente, sobre la cual existía (y existe) consenso en que debe ser castigada pero en la que sin embargo no cabe afirmar un vínculo psicológico entre el autor y el hecho porque, precisamente, se caracteriza porque el sujeto no se representa la posibilidad de producción del resultado. b) En segundo lugar, hay supuestos de exclusión de la culpabilidad en los que, no obstante, resulta indudable la concurrencia de dolo. Así, ello tiene lugar especialmente en los casos de exculpación por la circunstancia de miedo insuperable, o por un estado de necesidad exculpante, en los que la razón por la que se excluye la culpabilidad no puede ser la ausencia de vínculo psicológico entre el hecho y el autor (dado que el sujeto quiere producir el resultado), sino que tal exclusión está fundada en razones de índole político-criminal, basadas en la inexigibilidad por el ordenamiento jurídico de otra conducta distinta o en la ausencia de necesidad de pena. Por otra parte, la metodología científico-naturalista que había presidido la teoría del Derecho penal fue sustituida, a comienzos del siglo XX, por una aproximación neokantiana, según la cual las ciencias sociales, como el Derecho, no consisten en explicar o describir la realidad, sino en una labor de comprensión y valoración de la misma; ello implicaba que las categorías de la teoría del delito debían estar configuradas no a partir de fenómenos naturales (como la causalidad), sino también atendiendo a valores. Como acabamos de afirmar, la coexistencia de ambos aspectos abocó a la adopción por la doctrina de la llamada concepción normativa de la culpabilidad, pasando ésta a entenderse como un juicio de valor, en lugar de como una mera constatación de un vínculo psicológico. “La culpabilidad es
reprochabilidad”, afirmaría Frank, uno de los principales valedores de esta concepción3. El “concepto neoclásico del delito” a que este giro dio lugar no conllevaba, por el momento, modificación de los elementos de la culpabilidad, si bien sí suponía una importante diferencia en su comprensión. Así, el dolo y la imprudencia pasaban a ser elementos necesarios pero no suficientes, por cuanto lo determinante era el juicio de reproche, que venía fundado en factores distintos que la mera conexión psíquica entre autor y hecho. Ello, ciertamente, permitía integrar como elementos de la culpabilidad aspectos esencialmente valorativos, como los citados supuestos de estado de necesidad exculpante o miedo insuperable. 2.2.3. La concepción normativa en el finalismo Con el advenimiento del finalismo – corriente surgida de la mano de Welzel – y de su noción esencial de la acción final, la configuración tradicional de la teoría del delito sufrió una alteración radical, que todavía hoy permanece. Si la acción debía entenderse como el ejercicio de una voluntad dirigida a un fin, el contenido de esa voluntad (el dolo) no podía quedar relegado a la culpabilidad, sino que configuraba ya el propio concepto de acción y, por tanto, de la tipicidad. Ello supuso que el dolo y la imprudencia – tal y como lo hemos estudiado en la Lección terceraprohibición. Con ello la culpabilidad quedaba conformada tal como en la actualidad sigue sosteniéndose mayoritariamente: por los elementos de la imputabilidad, el conocimiento de la prohibición y la ausencia de causas de exculpación. pasaran a situarse en la tipicidad, permaneciendo en la culpabilidad, no obstante, el conocimiento de la
En su obra Über den Aufbau des Schuldbegriffs (1907), citado por MELENDO PARDOS, El concepto material de culpabilidad y el principio de inexigibilidad, p. 9.
3. Perspectiva material: El fundamento de la culpabilidad. Ahora bien, ni la concreta configuración que adopte la categoría de la culpabilidad, ni los elementos o requisitos que queramos introducir en ella, dan respuesta a la cuestión relativa al fundamento de la culpabilidad; cuestión que, ciertamente, tiene carácter previo, por cuanto el concreto contenido y límites de aplicación de tales elementos –de los supuestos de error de prohibición, o de los casos de inexigibilidad, por ejemplo- dependerá de cuál sea el fundamento de la culpabilidad. La culpabilidad, como hemos afirmado, conlleva un juicio de desvalor, de reproche, hacia el sujeto que realizó la conducta antijurídica; o, en otros términos, implica la atribución de responsabilidad por lo realizado y, consecuentemente, la legítima posibilidad de imposición de una sanción penal. Pues bien, la cuestión que con el fundamento material de la culpabilidad nos planteamos es: ¿Cómo puede justificarse ese juicio de reproche, esa atribución de responsabilidad? Para responder este interrogante –mucho más complejo de lo que a primera vista pudiera parecer- se han ensayado diversas respuestas, agrupadas bajo dos concepciones básicas: a) La postura que asume el libre albedrío, considerando que el
fundamento del reproche consiste en que el autor podía haber actuado de otro modo a como lo hizo. b) La postura que, frente a la anterior, adopta una perspectiva
determinista, rechazando la existencia del libre albedrío, o al menos la imposibilidad de su demostración, y opta por un fundamento basado en los fines de la pena.
3.1. El fundamento basado en el libre albedrío. La concepción clásica que acoge como presupuesto de la culpabilidad la existencia o demostrabilidad del libre albedrío puede considerarse quizá en la actualidad, al menos en el marco del Derecho penal, como minoritaria, si bien cuenta todavía con importantes seguidores, principalmente surgidos de las filas del finalismo. Desde esta posición se asume que el hombre tiene capacidad de decidir sobre su actuación: que “la voluntad humana es normalmente libre e incondicionada, en el sentido de que todos los seres racionales tienen la facultad de autodeterminarse y son padres y dueños de sus acciones” 4. Y además se asume también que sólo bajo ese presupuesto es posible la atribución de culpabilidad, por cuanto sólo puede reprocharse a alguien lo realizado si hubiera podido actuar de otro modo. Dentro de este punto de vista existen fundamentaciones
cuasimetafísicas, que asumen la existencia del libre albedrío como un hecho ontológicamente evidente, aun cuando sea indemostrable empíricamente, y posiciones menos radicales que, en lugar de partir de perspectivas empíricas, asumen el libre albedrío como un presupuesto inherente a nuestra propia comprensión como seres humanos, el cual se halla prescindir. 3.2. El fundamento basado en razones preventivas. Frente al punto de vista anterior, una corriente también tradicional de pensamiento ha venido rechazando la existencia o demostrabilidad del libre albedrío, asumiendo en ocasiones una postura determinista, según la cual “todo fenómeno – y por tanto no sólo las acciones, sino también la intención (o sea, la suma de conocimiento y voluntad) de realizarlas- es efecto necesario y, por ello, inevitable, de causas absolutamente condicionantes, de tipo físico,
inscrito en las mismas
estructuras lingüísticas (Schünemann) y del que por tanto no podemos
FERRAJOLI, Derecho y razón, 1995, p. 493.
psíquico, ambiental económico o social, condicionadas, a su vez, por otras causas de tipo análogo e igualmente condicionantes y condicionadas en una especie de espiral hasta el infinito”5; o bien, en todo caso, adoptando una perspectiva “agnóstica” en materia de libre albedrío, en el sentido de que siendo indemostrable no puede servir como pilar desde el que construir el edificio de un Derecho penal de la culpabilidad. Se afirma, así, que si para la apreciación de la culpabilidad se parte de un fenómeno que se pretende empírico pero que no puede constatarse, ello habría de conducir siempre a la absolución en virtud del principio in dubio pro reo, porque nunca podría probarse que el agente pudo, en el caso concreto, haber actuado de otro modo6. Obviando ahora las diversas posturas doctrinales que cabe aglutinar bajo las tesis preventivas, lo que las asemeja es partir de los propios fines preventivos del Derecho penal como fundamento de la culpabilidad. Así, por un nutrido sector doctrinal -especialmente en España bajo el magisterio de Gimbernat- se sostiene que el fundamento de la culpabilidad es la necesidad preventiva de pena, que sólo concurre en aquellos ciudadanos que tienen
capacidad de ser motivados por la norma. Si la finalidad del Derecho penal es la
evitación de conductas lesivas de bienes jurídicos a través de las normas de conducta, el presupuesto de la culpabilidad radicará en la capacidad del sujeto de ser motivado por la norma. No es por tanto necesario exigir que el sujeto hubiera podido actuar de otro modo, sino que basta con poder acreditar que el sujeto, en el momento de realización del hecho, estaba en condiciones psíquicas normales a los efectos de ser motivado por la norma de conducta; aspecto éste, a diferencia del libre albedrío, demostrable empíricamente. La “anormalidad motivacional” (Mir Puig) sería el fundamento de la exclusión de responsabilidad penal. Los defensores de esta postura sostienen que el fundamento en la
necesidad de pena no ha de llevar – como oponen sus críticos- a la punición de
FERRAJOLI, Derecho y razón, 1995, p. 493. ROXIN, Derecho Penal. Parte General. Tomo I, pp. 799-800.
inimputables, puesto que la utilización de la pena sobre esa clase de personas no es preventivamente necesaria. Desde la amenaza de pena, porque no son motivables por la misma; pero tampoco la imposición de una pena a un inimputable tendría efectos de intimidación sobre futuros delincuentes, y ello, se afirma, porque entre los individuos imputables se da un “proceso de
identificación” que permite diferenciar efectos preventivos con respecto a los
inimputables. Se sostiene, así, que “la impunidad del loco en nada relaja la eficacia inhibitoria de la pena frente a los ‘imputables’; éstos no se identifican con aquél, se saben distintos y saben también, por consiguiente, que a ellos sí que les van a castigar si hacen lo mismo que el enajenado delincuente”7. 3.3. La culpabilidad como atribución intersubjetiva. En la actualidad, un buen número de autores asume una concepción que podemos llamar intermedia entre las anteriores, pues al mismo tiempo que asume que el fundamento de la culpabilidad sólo puede radicar en razones preventivas, de necesidad de pena, no funda esta conclusión en un rechazo del libre albedrío. Son muchas las variantes manejadas, que no es preciso reproducir aquí. Baste con una exponer las líneas básicas de una versión personal8. Ciertamente, la culpabilidad es consecuencia de un juicio de atribución de responsabilidad, y esa atribución de responsabilidad, en Derecho penal, sólo tiene sentido cuando la aplicación de una pena resulta necesaria desde la finalidad preventiva que la legitima. No obstante, ello no implica prescindir de la idea de la libertad de acción como fundamento de dicha atribución, siempre que se entienda de un modo distinto a como se ha venido haciendo por la doctrina tradicional del libre albedrío. Es un hecho indubitado que cada uno de
GIMBERNAT, El sistema de Derecho Penal en la actualidad, en: Gimbernat: Estudios de Derecho Penal, 1990 (3ª edición), pp. 176 -177. 8 Para una más detallada exposición, vid. ALCACER GUIRAO, Prevención y garantías: conflicto y síntesis, en: XXIV Jornadas Internacionales de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia, 2002.
nosotros se asume como libre, y contempla sus acciones como el resultado de una decisión, y no como la consecuencia ciega de una infinita cadena causal de acontecimientos. Pues bien, partiendo de esa asunción, también contemplamos y asumimos a los demás como entes dotados de la libertad de decisión. Pues bien, es en ese mutuo reconocimiento intersubjetivo es donde podemos situar donde podemos situar el fundamento de la culpabilidad, por cuanto el juicio de atribución de responsabilidad que hacemos cuando alguien infringe una norma (ya sea moral o jurídica) presupone una previa atribución de libertad de decisión sobre lo realizado. Sin libertad no cabe afirmar la culpabilidad, por cuanto sólo de lo elegido puede ser uno hecho responsable. Pero, al igual que la atribución de responsabilidad, la libertad no es un hecho que necesite verificación empírica, sino que es un “hecho social” fruto del mutuo reconocimiento como seres humanos. Ahora bien, hay ocasiones en las cuales esa atribución de libertad de actuar a los demás debe ponerse en duda, porque concurran en la persona –o en el contexto en que se realiza la acción- determinadas circunstancias especiales que, a estos efectos, nos obliguen a dudar de que ha podido decidir libremente la realización de la acción. Pues bien, es aquí donde entra la
capacidad normal de motivación por la norma como criterio básico para trazar
esa diferenciación en Derecho penal, el cual se justifica precisamente porque las normas de conducta son el instrumento con el que el Derecho se dirige al ciudadano. Pero lo fundamental es que no está en condiciones de “motivabilidad normal”, de “asequibilidad normativa” (Roxin), no ha tenido capacidad para elegir libremente entre infringir o respetar la norma (entre realizar o no realizar la acción prohibida u ordenada), y es debido a ello por lo que no cabe atribuirle responsabilidad penal. A ello dedicaremos el resto de la lección: al estudio de esas circunstancias especiales que impiden al sujeto responder al mensaje de la norma en condiciones normales y en virtud los que, por tanto, debemos negar la culpabilidad.
Lectura: Sobre el fundamento de la culpabilidad Texto: “Cuando existe dicha asequibilidad normativa partimos, sin poder ni pretender probarlo en el sentido del libre albedrío, de la idea de que el sujeto posee también capacidad de comportarse conforme a la norma, y de que se convierte en culpable cuando no adopta ninguna de las alternativas de conducta en principio psíquicamente asequibles para él. El indeterminista interpretará esta suposición de libertad como empíricamente acertada. Pero asimismo podrían aceptarla el agnóstico que se declara desconocedor de la existencia no del libre albedrío…y el determinista. Pues la misma no dice que el sujeto pudiera efectivamente actuar de otro modo – lo que precisamente no podemos saber- sino sólo que, cuando exista una capacidad de control intacta y con ella asequibilidad normativa, se le trata como libre. La suposición de libertad es una “aserción normativa”, una regla social de juego, cuyo valor social es independiente del problema de teoría de conocimiento y de las ciencias naturales. (…) En la concepción aquí defendida, la culpabilidad es un dato mixto empíriconormativo. Es empíricamente constatable la capacidad general de autocontrol y la asequibilidad normativa que con ella se produce…En cambio, se atribuye normativamente – en cualquier caso por quien no quiera comprometerse a una posición indeterminista- la posibilidad, derivada de esa constatación, de conducta conforme a Derecho”. Claus ROXIN, Derecho Penal. Parte General. Tomo I, pp. 808, 810.
4. La inimputabilidad. 4.1. Concepto. La capacidad de culpabilidad. Independientemente de cuál sea el fundamento de la culpabilidad por el que queramos optar, para poder atribuir responsabilidad por lo realizado es requisito ineludible que el sujeto haya llevado a cabo su acción u omisión bajo determinadas condiciones psíquicas que permitan afirmar que, o bien podía
haber actuado de otro modo, o bien había podido acceder al mensaje contenido en la norma y acomodado su conducta al mismo. Por ejemplo, la posibilidad de decidir actuar o de dejarse motivar por la norma distinta si quien actúa es una persona mayor de edad -de que quien puede presuponerse que ya ha alcanzado un grado razonable de madurez intelectual y emocional-, o si es menor de edad; si es una persona mentalmente sana a si quien actúa era un esquizofrénico; etc. Expresado en los términos de la teoría del delito, requisito ineludible para afirmar la culpabilidad del autor por el hecho realizado es que sea imputable. Tradicionalmente, la imputabilidad venía definida como la capacidad de conocer y querer la realización el hecho. No obstante, tal concepción ha sido criticada por la doctrina mayoritaria actual, que considera, más correctamente, que la imputabilidad viene caracterizada por dos notas esenciales: a) La capacidad de comprender lo injusto del hecho b) La capacidad de dirigir la actuación conforme a dicha comprensión.
Lectura: Nociones básicas sobre la imputabilidad Objetivo formativo: profundizar en la noción de imputabilidad Texto: “La culpabilidad supone, en primer lugar, un determinado desarrollo o madurez de la personalidad y unas determinadas condiciones biopsíquicas que le permitan conocer la ilicitud o ilicitud de sus acciones u omisiones y obrar conforme a ese conocimiento. La imputabilidad o capacidad de culpabilidad es, por ello, un presupuesto de la culpabilidad. (…) En la ciencia del derecho penal española solía definirse la imputabilidad, por influencia de la ciencia del Derecho penal italiana, como capacidad de entender y de querer. Esta noción es dogmáticamente insostenible, sin embargo, pues si faltaba en el sujeto, por completo, la capacidad de entender y de querer, quedarían excluidas la acción o la omisión como primer elemento del concepto del delito. Me parece más acertado, por ello, el concepto de
imputabilidad como capacidad de comprender el carácter ilícito de la conducta y de obrar conforme a ese conocimiento, que inspira los artículos 20 y 21 del Código Penal alemán, y la regulación de las eximentes de anomalía o alteración psíquica y de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas y otras que produzcan efectos análogos o de hallarse bajo la influencia de un síndrome de abstinencia, de os números 1º y 2º del art. 20 de nuestro nuevo Código Penal. Por lo que respecta al concepto intelectual de la imputabilidad, no se trata de conocer la ilicitud penal o la punibilidad de la acción o la omisión, sino únicamente su ilicitud. No es preciso que el sujeto pueda conocer los preceptos legales, sino únicamente si su acción o su omisión son contrarias al orden de la comunidad. No basta, sin embargo, la capacidad de comprender el desvalor ético-social o lo injusto material. Mir Puig rechaza el concepto de imputabilidad de la opinión dominante, como capacidad de conocer el carácter ilícito de la conducta y de obrar conforme a ese conocimiento, por estimar que se basa en la concepción de la culpabilidad como capacidad de obrar de otro modo y considera que la imputabilidad es la normalidad psíquica, que hace posible una motivación normal. Para Muñoz Conde, que parte también de una crítica de la concepción material de la culpabilidad de la opinión dominante, la imputabilidad es, simplemente, la capacidad de motivación por la norma”. CEREZO MIR, Curso de Derecho Penal español, Parte General, III, pp. 51 y 52.
Como puede apreciarse de la lectura del autor español citado, y según habíamos adelantado, la concreción de la definición y de los elementos integrantes de la inimputabilidad dependerá en gran medida de cuál sea el concepto material de culpabilidad que se maneja. Así, quienes opten por un fundamento basado en el libro albedrío optarán por una comprensión de la imputabilidad basada en la capacidad de libre actuación y de libre decisión acerca de la infracción de la norma que determina la ilicitud de la conducta. En
cambio, quienes adopten un fundamento basado en los fines preventivogenerales de la pena, delimitarán la imputabilidad a partir del conjunto de circunstancias psíquicas que permiten al sujeto acceder al mensaje normativo y motivarse por la prohibición o el mandato contenido en la norma. En cualquier caso, y sin entrar en matizaciones que no serían procedentes en una lección general sobre esta materia, en lo esencial ambas concepciones parten de los mismos criterios para afirmar la imputabilidad, entendiendo que lo fundamental para poder afirmar la capacidad de culpabilidad es que el agente, como destinatario de la norma penal, se halle en una situación de normalidad psíquica suficiente para poder comprender el significado de dicha norma y, con ello, de poder acomodar su conducta a lo prescrito por ella. Dicho esto, lo importante es concretar cuáles son los casos en los que no concurra esa “normalidad” y debamos considerar que el autor de un hecho antijurídico carece de capacidad de culpabilidad. Como resalta Mir Puig, “el concepto de “normalidad” es relativo y depende no tanto de consideraciones estadísticas como de lo que en cada momento histórico-cultural se considera como “normal”; no se trata de un concepto naturalístico, sino normativo o cultural. Cada Código Penal viene, por otra parte, a reflejar una determinada concepción acerca de dicha “normalidad”. En términos generales cabe advertir una evolución histórica que supone una progresiva ampliación del ámbito de las causas de inimputabilidad. En épocas históricas anteriores los enfermos mentales respondían penalmente, y hasta hace poco la edad límite de la mayoría de edad penal se fijaba muy por debajo de la actual”9.
MIR PUIG, Derecho penal. Parte General, p. 559.
4.2. Supuestos de inimputabilidad 4.2.1. Introducción. Regulación en el Código Penal Como acabamos de afirmar, existe consenso en la actualidad en determinar el concepto de la imputabilidad penal a partir de dos elementos básicos: a) La capacidad de comprender lo injusto del hecho b) La capacidad de dirigir la actuación conforme a dicha comprensión. El primer elemento exige que para atribuir responsabilidad penal por un hecho el sujeto agente haya sido capaz de comprender el significado antijurídico del hecho; a sensu contrario, faltará ese requisito cuando la capacidad mental del sujeto le impida acceder a ese significado. Por su parte, la capacidad de dirigir su actuación con arreglo a ese conocimiento presupone un poder de autocontrol del agente con relación a su actuar. Este último elemento faltará siempre que esté ausente el primero, por cuando, obviamente, sólo cuando se ha adquirido la comprensión de la antijuridicidad del hecho cabe acomodar la conducta con arreglo a tal comprensión; pero cabe que se dé el primer elemento y, sin embargo, el sujeto no tenga capacidad para controlar su actuación; así, por ejemplo, ante algunos casos de enfermedades como la esquizofrenia. Tales condiciones –que determinarán lo que hemos denominado capacidad de culpabilidad, en tanto constituyen presupuestos para la imputación de responsabilidad penal – presuponen con carácter general un cierto grado de desarrollo y madurez intelectual, así como ciertas condiciones psíquicas mínimas, que los Códigos Penales suelen reflejar, por lo general, no tanto a partir de una definición de lo que haya de ser la imputabilidad, sino a partir de un catálogo de circunstancias eximentes o atenuantes relativas a tales condiciones intelectuales y psíquicas, a partir de las que modular la culpabilidad del sujeto. Por ello, para determinar los supuestos de inimputabilidad es obligado atender a lo establecido por el Legislador penal.
En el Código Penal vigente en la República Dominicana la regulación de la inimputabilidad se estructura en torno a dos grandes bloques: los casos de “demencia”, de una parte (art. 64), y la minoría de edad, de otra (art. 66 y ss.).
Lectura: La regulación de la inimputabilidad en el Código penal Objetivo formativo: Formas alternativas de regulación de la inimputabilidad en el Derecho positivo. Texto: Antes de entrar en la legislación dominicana, puede ser útil introducir algunos ejemplos de regulación de la inimputabilidad. El Código Penal italiano dispone, en su artículo 85, que “nadie puede ser castigado por un hecho previsto por la ley como delito, si, en el momento de cometerlo, no era imputable”, definiendo la imputabilidad como la “capacidad de entender y de querer”, y considerando que “no es imputable el que, en el momento de cometer el hecho, estaba, por enfermedad, en tal estado mental que excluía la capacidad de entender o de querer” (art. 88). Por su parte, el Código Penal portugués establece en su artículo 20 (“imputabilidad por razón de anomalía psíquica”) que: 1. “Es inimputable el que, a causa de una anomalía psíquica, fuera incapaz, en el momento de cometer el hecho, de valorar la ilicitud de éste o de determinarse de acuerdo con esa valoración”; 2. “Puede ser declarado inimputable el que, por causa de una anomalía psíquica grave, no accidental, y cuyos efectos no domina, sin que por ello pueda ser censurado, tuviere, en el momento de cometer el hecho, la capacidad de valorar la ilicitud de éste o para determinarse de acuerdo con esa valoración sensiblemente disminuida”. 3. “La comprobada incapacidad del agente para ser influenciado por las penas puede constituir un indicio de la situación prevista en el número anterior”. El código Penal español se establece el catálogo de eximentes en su artículo 20, de las cuales las tres primeras abarcan supuestos de inimputabilidad:
Estará exento de responsabilidad penal: 1. “El que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a dicha comprensión. El trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión”. 2. “El que al tiempo de cometer la infracción se halle en estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, siempre que no haya sido buscado con el propósito de cometerla o no se hubiese previsto o debido prever su comisión, o se halle bajo la influencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia de tales sustancias, que le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión”. 3. “El que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o
desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad”. Afirma Cerezo que en la regulación de las causas de inimputabilidad basadas en una enfermedad, anomalía o trastorno mental suelen adoptarse en los códigos penales tres tipos de fórmulas: psiquiátricas o biológicas, psicológicas y psiquiátrico-psicológicas. En las primeras (psiquiátricas o biológicas) se hace referencia únicamente a la anomalía, la enfermedad o el trastorno mental, sin aludir a los efectos psicológicos en la conciencia o voluntad del sujeto, o en su capacidad de comprender el carácter ilícito de la conducta o de obrar conforme a ese conocimiento. Por su parte, las psicológicas harían mención sólo al estado de inconsciencia o anulación de la voluntad del sujeto, independientemente de la causa que lo hubiese provocado.
Y en las teorías mixtas (psiquiátrico-psicológicas o biopsicológicas) se hace referencia a una enfermedad, anomalía o trastorno mental, pero se exige que, como consecuencia de ello, el sujeto se hubiera visto privado de la capacidad de comprender la ilicitud del hecho y de actuar conforme a tal conocimiento10. Partiendo de esa clasificación, podemos afirmar que el Código Penal español adopta una fórmula mixta, en la medida en que introduce tanto la causa biológica-psiquiátrica como el efecto en la capacidad de culpabilidad; mientras que el Código Penal dominicano, dada la antigüedad de la regulación, acoge una fórmula biológica pura, apelando únicamente a la causa –“estado de demencia”-, y sin concretar cuáles han de ser las consecuencias penalmente relevantes de la misma, a los efectos de la capacidad de culpabilidad.
Como acabamos de ver, el Código Penal dominicano no introduce un catálogo de circunstancias a partir de las que poder concluir que estamos ante supuestos de “demencia”, exentos de culpabilidad. Debido a ello, puede ser razonable que nos sirvamos de los criterios manejados por otros legisladores como vehículo para interpretar el art. 64 y, con ello, delimitar el alcance de su aplicación. La cuestión de si todas o algunas de estas circunstancias, tal como inmediatamente serán desarrolladas, tienen cabida en el vano concepto de “demencia” ha de quedar soslayada de estas consideraciones; en cualquier caso, debe tenerse muy presente que, como regla general, los límites a la interpretación – esto es, los límites al principio de legalidad penal- pueden ser mucho más laxos cuando la misma se realiza a favor del reo (como es el caso, en el que estamos planteando los límites de aplicación de circunstancias
CEREZO MIR, Curso de Derecho Penal Español, Parte General, III. Teoría Jurídica del delito, 2, p. 53.
eximentes) que cuando se realiza contra reo11. Teniendo esto en mente, pasemos a un breve análisis de tales circunstancias. 4.2.2. Anomalía psíquica y trastorno mental transitorio Tradicionalmente, los supuestos de eximentes por inimputabilidad vinculados con enfermedades mentales solían venir caracterizados por los legisladores penales bajo términos como “demencia” o “enajenación mental”. Tales términos permitían englobar, sin lugar a dudas, casos de enfermedades mentales en sentido estricto – psicosis, esquizofrenias-, pero no alcanzaba a las oligofrenias, que se caracterizan por suponer sólo un grado de inteligencia inferior al normal. No obstante, resalta Mir Puig que la doctrina y la jurisprudencia (española) ha venido siempre admitiendo que las oligofrenias profundas merecían la exención plena de responsabilidad penal, y las incluyó en el término “enajenado” que figuraba en el Código Penal español hoy derogado12. Por ello, resulta más indicado emplear la expresión más genérica de “anomalía psíquica”; en cualquier caso, la experiencia española muestra que el principio de legalidad no tendría por qué suponer un obstáculo infranqueable para dar una interpretación amplia del término “demencia” empleado por el legislador dominicano, en aras de incluir estos y otros supuestos que no puede caracterizarse estrictamente como enfermedad mental. Siguiendo al autor citado, podemos caracterizar brevemente los supuestos de inimputabilidad por anomalía psíquica en los siguientes términos.
Lo afirmado en absoluto entra en colisión con lo dispuesto en el art. 65 CP. Éste dispone que no podrán aplicarse otras eximentes o atenuantes que las establecidas legalmente; esto es, que no cabe una aplicación analógica (que vaya más allá del sentido literal posible, que delimita el marco de la legalidad penal). Lo que en el texto se dice es que cabe forzar más la interpretación cuando es pro reo que contra reo, pero sin salir del marco del sentido literal posible. 12 MIR PUIG, Derecho Penal. Parte General, p. 557.
Bajo las anomalías psíquicas podemos entonces distinguir: •
psicosis, como enfermedad mental en sentido estricto, dentro de la que
se englobarían: la esquizofrenia la paranoia la psicosis maniaco-depresiva las epilepsias que suponen un déficit de inteligencia generada por una
oligofrenias,
detención del proceso de desarrollo del cerebro durante los primeros años de vida, dentro de las que suelen distinguirse grados de intensidad (debilidad mental, imbecilidad e idiocia). •
Psicopatías, consistentes en anomalías del carácter, que dan lugar a un
acentuado desequilibrio entre los diversos patrones de la personalidad (instintos, sentimientos, emociones, voluntad, etc.). Afirma Mir Puig que esta anomalía es la que a efectos de valoración penal presenta más problemas, por cuanto no conllevan un déficit en la capacidad de comprensión del ilícito, ni tampoco a la capacidad de decisión o voluntad, sino únicamente a la afectividad, consistente en ocasiones en una absoluta ausencia de frenos morales.
Neurosis, que constituyen reacciones extremas frente a una situación
concreta. Ciertamente, todas estas modalidades de “anormalidad psíquica” pueden
presentarse en diferentes grados de intensidad, dependiendo entonces de cada caso concreto – y especialmente en virtud del estudio del mismo por un especialista- la aplicación o no de la eximente. Qué duda cabe que en el este ámbito la teoría del delito es tributaria de los conocimientos especializados proporcionados por otras ciencias, por lo que no resultaría procedente abundar aquí sobre tales especificaciones técnicas.
Por lo que respecta al trastorno mental transitorio, estaremos ante una diferente causa biológica que ante supuestos de anomalía psíquica, si bien en cualquier caso lo fundamental será, en ambos casos, que sobre la persona que los sufre generen, en el momento de realización del hecho, una situación de incapacidad de culpabilidad; esto es, y como habíamos ya afirmado, la incapacidad de comprender la relevancia del hecho y de actuar conforme a dicha comprensión, no pudiendo, con ello, ser motivado por las normas penales en citación de normalidad. En este sentido, la única característica relevante que, en el plano penal, diferenciaría al trastorno mental transitorio con respecto a las anomalías psíquicas es, como su propio nombre indica, su duración, estando en estos casos ante episodios temporales o puntuales. Tradicionalmente se ha venido considerando que una característica inherente al trastorno mental transitorio era que debía proceder de causas exógenas, es decir, la que no consiste en una enfermedad o característica interna del sujeto, sino que surge de alguna situación externa o ambiental. No obstante, en la actualidad es mayoritaria la opinión que rechaza esa conclusión, sin que, por el contrario, tampoco sea necesario que el trastorno mental tenga una base patológica – esto es, que pueda, de modo más o menos directo, reconducirse a una base endógena. Ciertamente, aquellas personas afectadas por diversas patologías pueden ser más sensibles a sufrir una alteración de la conciencia ante situaciones emocionales extremas, por ejemplo, pero ello no debe erigirse en requisito inherente a esta modalidad de la inimputabilidad13. En realidad, y máxime en el ámbito del derecho dominicano, donde no existe una noción de “trastorno mental transitorio” acuñada por el derecho positivo, lo determinante, independientemente de las causas, exógenas o endógenas, es que pueda afirmarse en el caso concreto una situación mental del sujeto tal que le haya impedido guiarse por la norma y dirigir su actuación en relación con el mensaje prescriptivo.
Sobre ello, MIR PUIG, Derecho Penal. Parte General, p. 571-572.
4.2.3. Intoxicación plena por alcohol u otras drogas. Un supuesto específico de trastorno mental transitorio puede ser el derivado de la embriaguez plena derivada de la ingesta de alcohol u otras drogas, o bien la situación padecida por un sujeto bajo un síndrome de abstinencia de determinadas drogas. En cualquier caso, puede ser analizado de modo independiente por constituir, criminológicamente, un fenómeno más habitual que otros supuestos de trastorno mental14. Los supuestos de embriaguez suelen clasificarse en letárgica, plena, semiplena o productora de simple excitación. La primera de ellas, la letárgica, supone un estado de práctica inconsciencia que excluiría ya la capacidad de acción. La embriaguez plena produce una perturbación total de la conciencia que ha de excluir la inimputabilidad, mientras que la semiplena no alcanzaría ese efecto eximente. En ocasiones pueden producirse supuestos límite con el supuestos de inimputabilidad fundado en la anomalía psíquica, pues, como es sabido, el consumo masivo y continuado de alcohol u otras sustancias puede dar lugar a diversas formas de psicosis alcohólica; en estos casos, desde la regulación del Derecho penal dominicano la aplicación de la exención sería indudablemente más fácil, pues nos hallaríamos sin lugar a dudas en el campo de las “demencias”15. En cualquier caso, debe resaltarse una vez más la interpretación amplia que debe recibir el citado término legal. En este sentido, afirma con razón el autor dominicano Artagnan Pérez Méndez que “El Código se refiere a la palabra demencia con alcance amplio de toda enajenación mental, por lo que, en sí misma, la demencia no incluye a la embriaguez, pero, dada la estrechez con que se redactó el artículo 64 del Código Penal, nadie duda que un estado
De hecho, como ya hemos mencionado, el legislador español optó por otorgarle una regulación autónoma, considerándolo una eximente o, en su caso, atenuante específica. 15 Como pone de relieve CEREZO MIR, Derecho penal, cit., p. 78, en España el Tribunal Supremo es partidario de aplicar en esos casos la eximente de anomalía o alteración psíquica.
pleno de embriaguez debe asimilarse a la “demencia” y hace irresponsable a quien, bajo ese efecto, actúa delictivamente”16. 4.3. La inimputabilidad provocada: la doctrina de la actio libera in causa Un requisito básico para que tanto la embriaguez como las restantes causas de inimputabilidad susceptibles de ser causadas por el sujeto reciban un efecto eximente de la responsabilidad penal es, expresado genéricamente, que no hayan sido provocadas de propósito para delinquir. No obstante, tales supuestos deben distinguirse del caso, por lo demás el habitual en el ámbito de la embriaguez, en el que el sujeto se ha embriagado voluntariamente, porque ello, por sí solo, no basta para que estemos ante un supuesto de actio libera in
causa. La diferencia básica es que mientras en éstos el sujeto, cuando se
dispone a embriagarse (es decir, a ponerse, eventualmente, en situación de inimputabilidad), ya tiene que haber asumido con su dolo – o de modo imprudente - que va a cometer un delito en tal estado, en los casos de mera embriaguez voluntariamente producida, pero que sí pueden ser merecedores de la exención de pena, cuando el sujeto se emborracha o ingiere la droga no ha asumido ni siquiera con dolo eventual que en tal estado cometerá un delito. Esa es la estructura que caracteriza a la actio libera in causa (alic, en adelante) dolosa: la existencia de un doble dolo, que acompañe a cada una de las dos acciones, la primera dirigida a generar la situación de inimputabilidad- o de ausencia de acción, en su caso-, y la segunda dirigida a realizar el delito. Así, el agente tiene que asumir tanto la autopuesta en una situación de ausencia de culpabilidad (primer dolo) como el hecho de que en ese estado realizará un hecho típico y antijurídico (segundo dolo).
Lectura: Sobre la actio libera in causa Texto: “Desde una concepción amplia, la alic puede definirse como el conjunto de situaciones en las que un sujeto lesiona (o intenta lesionar) un
Artagnan PÉREZ MÉNDEZ, Código Penal dominicano anotado, tomo I, 1996, p. 603.
bien jurídico en un estado o situación que impide la imputación de responsabilidad penal (en sentido amplio), pero habiendo provocado él mismo, dolosa o imprudentemente, ese estado defectuoso. Dada esa provocación puede entonces afirmarse que, si bien la acción lesiva del bien jurídico no es libera in actu, sí es, en todo caso, libera in causa. Estructuralmente, entonces, este tipo de conductas presenta dos momentos diferenciables: primero, la actio praecedens, o “acción de provocación”, con la que el sujeto provoca un estado o una situación “defectuosa” para la imputación de responsabilidad penal; y segundo, la actio posterior, o “acción defectuosa”, con la que, inmerso en ese estado o situación, lesiona o pone en peligro el bien jurídico protegido. En todo caso, para estar ante un supuesto de alic, entre ambas conductas tiene que concurrir una vinculación de imputación subjetiva, estando la realización de la acción de provocación orientada a la posterior lesión del bien jurídico por medio de la acción en estado defectuoso. La relación funcional entre ambas acciones se da, así, a partir del tipo subjetivo: de lo perseguido por el autor o, al menos, de lo que se representó o podía haberse representado”. ALCÁCER GUIRAO, R., Actio libera in causa dolosa e imprudente, p. 21
Junto a la modalidad dolosa, pueden también existir supuestos de alic imprudente, en los cuales el agente no se pone en situación de inimputabilidad con intención de cometer posteriormente un delito o asumiendo que lo hará, pero sí puede representarse en ese momento que ello tendrá lugar y aún así continúa, por ejemplo, bebiendo. El problema que plantea la alic es que, en el momento en que el actor realiza los actos susceptibles de ser calificados como delictivos, se halla sumido en una situación de ausencia de culpabilidad, que impide la atribución de responsabilidad penal; pero resulta injusto eximirle de pena porque tal situación de falta de responsabilidad penal ha sido creada por el mismo sujeto con el fin de realizar el delito, o bien asumiendo que lo llevará a cabo, o al menos pudiendo representarse que así será. Se ha afirmado que la aplicación de la
eximente constituiría un fraude de ley, porque el actor se aprovecharía de la existencia de una circunstancia eximente para poder delinquir impunemente. Es debido a ello, por lo que en algunos Código Penales – el español, entre ellos- se ha incorporado una cláusula expresa según la cual la circunstancia “no eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión” (art. 20 CP español). Y por lo que la doctrina ha venido creando fórmulas tendentes a argumentar la no aplicación de la circunstancia eximente y la atribución de responsabilidad penal. En este sentido, mayoritariamente se opta por el criterio consistente en retrotraer a la acción previa, con la que se genera la situación de inimputabilidad, el momento al que debe remitirse la imputación de responsabilidad17. Ejemplos:
• Alic dolosa: A tiene que matar a B por haberse comprometido a ello, y para darse ánimos y coraje se pone a beber hasta que se emborracha y cae en un estado de inimputabilidad. Una vez en ese estado, se acerca hasta done está B y le clava el cuchillo, produciéndole la muerte. • Alic imprudente: A es esquizofrénico y sabe que si no toma la medicación puede caer en una fase de brote, caracterizada por pensamientos de agresividad y por el riesgo de cometer actos violentos contra terceros. A pesar de ello, opta por dejar de tomar la medicación durante varios días, hasta que pierde el sentido de la realidad y golpea repetidamente a un vecino.
Solución: En el primer caso, el problema que se plantea es que en el momento
en que A realiza la acción típica, que da lugar al resultado de muerte, se halla en situación de ausencia de culpabilidad, por lo que, en rigor, no podría ser
Es la llamada “solución de la tipicidad”, que se opondría al sector que propone un “modelo de la excepción” para resolver el problema de la alic. Cfr. ALCÁCER GUIRAO, Actio Libera in causa, cit., passim.
hecho responsable. No obstante, el hecho de que dicha situación haya sido creada dolosamente para producir el resultado lesivo permite atribuir el resultado y la responsabilidad penal por el mismo reconduciendo la imputación a la acción previa consistente en emborracharse con el fin de matar. En el segundo caso, en principio no podríamos hacer responsable a A por las lesiones producidas sobre su vecino, por cuanto las realizó en fase de brote esquizofrénico y, por tanto, en situación de “demencia” (art. 64 CP). No obstante, lo cierto es que podemos afirmar también que A podía haber previsto y, por tanto, evitado, las lesiones si hubiera tomado la mediación, porque las mismas eran previsibles en el momento previo en el que, estando en plenitud de sus facultades, decidió dejar de tomar la medicación. Por ello, podremos atribuirle responsabilidad imputando las lesiones a ese momento en el que el resultado era previsible y era capaz de culpabilidad. 4.4. La minoría de edad La minoría de edad como circunstancia modificativa de la responsabilidad penal aparece regulada en los artículos 66 y siguientes del CP. No obstante, no viene configurada como exclusivamente eximente, sino que la exención de pena se hace depender de que el menor de edad “haya obrado sin discernimiento” (art. 66). En el caso de que no concurra ese requisito – cuya apreciación queda al arbitrio del juez -, esto es, que a pesar de la minoría de edad sí ha obrado con discernimiento, el artículo 67 establece un catálogo de penas atenuadas, a cumplir en una casa de corrección. La regulación de la minoría de edad varía mucho de legislación en legislación, por lo que aquí sólo cabe ofrecer un panorama genérico de la misma en orden a destacar la relevancia que la misma puede conllevar en el sistema penal. Con carácter general, puede decirse que factor común denominador de todas las legislaciones avanzadas es establecer un límite de edad a partir del que se acoge una presunción de inimputabilidad, por debajo
del cual ya no resulta aplicable el sistema de sanciones ordinario, sino que, como un Derecho penal de los menores, entran en aplicación otras medidas, caracterizadas por una mayor vocación reeducadora y resocializadora. En este sentido, el CP, en su art. 68, introduce la labor de los tribunales correccionales como una jurisdicción específica para el enjuiciamiento de las causas que se formen contra los menores de dieciséis años, lo que debe interpretarse a la luz del Código Penal del Menor, promulgado en 199418. Lo que, sin embargo, no aparece establecido de modo expreso en el CP es la edad mínima de responsabilidad penal, a partir de la que no cabe serles impuestas ni las penas ordinarias ni las que pueda imponer la jurisdicción de menores, por cuanto, a juicio de Artagnan Pérez Méndez, “el Código [de los menores] comprende a todos los menores, desde el nacimiento hasta los 18 años, considerando como niños y niñas a los menores hasta los 12 años y adolescentes de los trece años hasta los 18. Pero todos caen bajo la competencia de la Jurisdicción especializada, aun los menores de 8 años”19. A la hora de establecer la regulación de la minoría de edad, pugnan de una parte la seguridad jurídica, que aspira a delimitar de modo taxativo los límites entre la mayoría y la minoría de edad, y de otra el principio de igualdad de trato y a la postre el principio de culpabilidad mismo, que postularía acomodar las consecuencias penales de la minoría de edad en el caso según si la persona que actúa lo hace o no sin discernimiento. En cualquier caso, la trascendencia de una delimitación taxativa será mayor o menor según las consecuencias que vengan asociadas a los que quedan por debajo del límite establecido por el legislador penal: no será lo mismo si existe un sistema penal de menores, con sus particulares medidas (aun punitivas) de sanción y tratamiento, a si tal sistema no existe, caso en el que la diferencia entre la aplicación de la sanción penal y la completa absolución, se muestra radical.
Sobre ello, Artagnan PÉREZ MÉNDEZ, Código Penal dominicano anotado, tomo I, 1996, p. 654 s.
Cit., p. 659.
En ese mismo sentido se pronuncia, por ejemplo, Quintero Olivares: “los menores de edad componen un especial grupo de sujeto inimputables. Los Códigos Penal fijan una edad por debajo de la cual el sujeto autor es considerado inimputable, por lo tanto, incapaz de culpabilidad. Actualmente existe una áspera polémica sobre la cuestión del límite de edad. Antes de pronunciarnos sobre ella, es preciso advertir que el problema del límite no reside en sí mismo, sino en el tratamiento que se da antes y después de traspasarlo. Puede suceder, y así se comprueba en Códigos de países con alto grado de desarrollo cultural, que la mayoría de edad penal comience pronto a los ojos del jurista de otros países, olvidando que esa mayoría de edad sólo determina la aplicación del tratamiento penal específico para jóvenes y adolescentes. En cambio, en otras legislaciones la mayoría de edad implica de hecho pasar de niño a adulto sin etapas intermedias. Cuando es éste el planteamiento resulta comprensible el enconamiento que adopta la discusión sobre la edad, ya que puede no importar fijarla a los quince años, si se sabe que ese baremo de edad sólo supone un tratamiento juvenil, con sus correspondientes sanciones y medidas especiales, centros especiales, etc. Pero no es lo mimo si conlleva la aplicación de la pena clásica con, a lo sumo, la apreciación de una atenuante, como tradicionalmente venía ocurriendo hasta 1995 en el Derecho penal español”20.
5. El conocimiento de la antijuridicidad. el error de prohibición. 5.1. Planteamiento. Evolución histórica y regulación legal. A diferencia de otras instituciones de la teoría del delito, la del error de prohibición - o, dicho de otro modo, la exigencia del conocimiento de la prohibición como requisito para la culpabilidad y la condena penal- es de aparición relativamente reciente. En efecto, no es hasta mediados del siglo XX cuando la jurisprudencia y los legisladores de diversos países europeos comenzaron a implantar tal requisito (aun cuando la doctrina científica ya había
QUINTERO OLIVARES, Manual de Derecho penal, 2000, p. 559.
venido solicitándolo desde bastante antes), abandonando la clásica teoría del
error iuris nocet, según la cual “el error de Derecho perjudica” o, expresado en
fórmula acuñada, la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento. Así, por poner un par de ejemplos representativos, en Alemania el Tribunal Supremo federal mantuvo la doctrina del error iuris nocet hasta el año 1952, en el que con la famosa Sentencia de 18 de marzo de 1952 asumió la insostenibilidad de la absoluta irrelevancia del error sobre la significación antijurídica del hecho21. De modo similar, en España el Tribunal Supremo mantuvo la teoría del error iuris nocet hasta mediados de los años sesenta, excepcionando de la irrelevancia penal del error únicamente el error extrapenal, esto es, cuando un error de Derecho versaba sobre preceptos de otros sectores del Ordenamiento jurídico22. El presupuesto de partida de esta línea jurisprudencial radicaba en el entendimiento de que los preceptos del Derecho penal era expresión fiel de la Ética social vigentes en la sociedad, por lo que un error sobre tales preceptos resultaba prácticamente inverosímil. Precisamente, uno de los argumentos manejados por el Tribunal Supremo alemán para abandonar el error iuris nocet fue que el Derecho penal de mediados del siglo XX ya se había expandido lo suficiente como para que muchas de sus normas ya no pudieran considerarse expresión de las convicciones morales de la sociedad. Y si tardía fue la implantación del error de prohibición en la jurisprudencia, más aún tardó el legislador en plasmar la institución en los Códigos Penales. Así, por ejemplo, en España no fue hasta el año 1983 cuando se introdujo el error de prohibición en el Código como circunstancia eximente,
Esta Sentencia adquirió notable relevancia también por la segunda gran decisión que tomó, consistente en optar por la llamada teoría de la culpabilidad y la distinción, más moderna en la época, entre error de tipo y error de prohibición – frente a la clásica doctrina del dolo y a la distinción entre error de hecho y de Derecho -. Volveremos a continuación sobe tales nociones. Sobre esta resolución y la evolución del error de prohibición en Alemania, puede verse, pp. 27 ss. 22 Sobre la evolución en España, cfr. FELIP Y SABORIT, Error iuris, cit., 76. Por otra parte, como informa MOLINA FERNÁNDEZ, antijuridicidad penal y sistema del delito, 2001, p. 586, en ordenamiento jurídicos como los angloamericanos todavía no se reconoce el efecto eximente del error de derecho con carácter general.
en los siguientes términos: “la creencia errónea e invencible de estar obrando
lícitamente excluye la responsabilidad criminal”. Si el error es vencible se
preveía una atenuación de la pena23. Dada la reciente implantación de la figura del error de prohibición, no es de extrañar que ningún rastro de ella aparezca en el CP dominicano, heredero directo del Código Penal francés napoleónico. Ciertamente, ello no obsta a que el mismo hubiera podido introducirse por vía de reforma parcial. Y lo cierto es que así ha sido, si bien no en el CP, sino en el Código Procesal penal, en cuyo art. 340, bajo el epígrafe del “perdón judicial”, se ha incluido una referencia a la figura del error. Dispone el citado precepto que: “En caso de circunstancias extraordinarias de atenuación el tribunal puede eximir de pena o reducirla incluso por debajo del mínimo legal, siempre que la pena imponible no supere los diez años de prisión, atendiendo a las siguientes razones: (…) El error del imputado en relación al objeto de la infracción o debido a su creencia de que su actuación era legal o permitida”. Como puede fácilmente apreciarse, la referencia al error sobre la creencia de que su actuación era legal o permitida remite directamente al error de prohibición. Como características más destacables de dicha regulación pueden mencionarse, en primer lugar, el amplio margen de arbitrio que se concede al juez para modular la pena, pues puede desde eximir completamente de pena, hasta no rebajarla en absoluto, aun dada la concurrencia del error (puesto que la tanto la exención como la reducción es facultativa: “podrá…”), pasando por la posibilidad de reducirla incluso por debajo del mínimo legal. En segundo lugar, es importante poner de relieve que la posibilidad de reducir o
A título ilustrativo, téngase presente que esa regulación se ha modificado en la actualidad, disponiendo el art. 14 CP español: “El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en grado”.
eximir de pena sólo viene contemplada para penas inferiores a diez años, lo que, a mi juicio, supone una limitación injustificada, que atenta contra el principio de culpabilidad. El problema que esa limitación presenta es, en esencia, que la regulación en tales términos del error de prohibición por el Código Procesal penal puede venir a cercenar la posibilidad de que de modo
supralegal los jueces puedan eximir de pena, por ausencia de culpabilidad,
cuando se presente un supuesto de error de prohibición. 5.2. Concepto, terminología y clases. El error de prohibición consiste en el desconocimiento, inevitable o evitable, de la ilicitud penal de la conducta; expresado en otros términos, actuará bajo un error de prohibición aquél que tenga la creencia errónea de que la conducta que realiza no está sancionada por las leyes penales. El error de prohibición pleno – invencible, no evitable- excluye la culpabilidad penal. Esta afirmación puede fundamentarse por diferentes vías, según cuál sea el concepto de culpabilidad que se sostenga. Baste con afirmar que si el fundamento de la culpabilidad radica en la capacidad de motivación normal por las normas de conducta, requisito para la culpabilidad será el conocimiento previo de las mismas por parte de su destinatario, pues solo entonces podremos concluir que la persona había tenido la posibilidad de acceder al mensaje normativo. Pero también los defensores de un fundamento basado en el libre albedrío tienen razones para defender el error de prohibición como requisito de la culpabilidad, pues quien desconoce la norma carece de la posibilidad de haber actuado de otro modo, en cuanto que desconocía las consecuencias de las opciones a tomar. Por su parte, esas mismas razones justificarían que el error de prohibición vencible, si bien no excluiría la culpabilidad –porque con una diligencia mínima o media podría el agente haber salido de su error-, sí permitiría reducir el grado de reprochabilidad y, por tanto, de respuesta penal a la acción realizada bajo ese déficit de conocimiento.
En lo tocante a la terminología, en la actualidad es mayoritaria la delimitación entre las figuras de error de tipo y error de prohibición, estando prácticamente abandonada la clasificación tradicional entre el error de hecho y el error de derecho. Se afirma que esta última clasificación puede inducir a error respecto del objeto de la delimitación, por cuanto no todo error que verse “sobre el Derecho” tiene que ser, por ello, un error de prohibición. Así, sabido es que los tipos legales poseen tanto elementos descriptivos como elementos normativos, y que para acceder al significado de éstos es preciso, muchas veces, acudir a otras normas jurídicas extrapenales – así, por ejemplo, las nociones de “amenidad”, “funcionario”, etc-24. No obstante, ello no implica que todo error referido a tales elementos normativos sea - y deba ser tratado como un error de prohibición25. A continuación abordaremos el estudio del error de prohibición distinguiendo dos supuestos: • El error de prohibición “directo”, caso en el que el autor considera que la conducta es acorde a Derecho por desconocer la existencia o alcance de una norma, creyendo o bien que no existe en absoluto una norma que le prohíba realizar su conducta o bien que la norma existente no abarca supuestos de esa índole. • El error de prohibición “indirecto”, en el que el autor conoce la existencia de una norma prohibitiva pero cree erróneamente que en el caso concreto concurre una norma de carácter permisivo que justifica su conducta, ya por creer que existe una causa de justificación objetivamente inexistente, ya por errar sobre los límites de aplicación una causa de justificación existente.
Sobre ello, vid. la Lección tercera, en relación con lo afirmado sobre el error de tipo ante elementos normativos. 25 En este sentido, MIR PUIG, PG, p. 535
5.3. Teorías sobre el error de prohibición. 5.3.1. Teoría del dolo. La doctrina del error iuris nocet – o error iuris non excusat – había sido ya rechazada por la doctrina con antelación a su abandono por la jurisdicción y el legislador, defendiendo la llamada “teoría del dolo”. Según esta concepción, defendida por la doctrina más antigua y por tanto bajo la sistemática causalista, la conciencia de la antijuridicidad formaría parte del dolo, entendido éste como un dolus malus, que estaría ubicado en la categoría de la culpabilidad y abarcaría no solo el conocimiento de los elementos del tipo, sino asimismo el conocimiento de la prohibición. Así, un error de prohibición excluiría el dolo, y con él la culpabilidad, y si fuera vencible se trataría desde los parámetros de la imprudencia. En otras palabras, y como resalta Mir, la naturaleza dogmática del error de prohibición coincide, según esta concepción, con la del error de tipo, por cuanto ambas formas de error excluyen el dolo y reciben, por tanto, idéntico tratamiento26. 5.3.2. Teoría de la culpabilidad Con la introducción de la sistemática finalista, auspiciada por Hans Welzel, el dolo pasaría a concebirse como un dolo neutro, reduciéndose su contenido al conocimiento y voluntad de realización de los elementos del tipo penal y quedando excluido del mismo, por tanto, el conocimiento de la antijuridicidad. Con ello se operaba una modificación sistemática crucial, y que aún perdura: el dolo pasa a la categoría de la tipicidad, pero el conocimiento de la prohibición no “viaja” con el dolo, sino que, permaneciendo en la categoría de la culpabilidad, pasa a convertirse en una exigencia autónoma de la misma. Desde el análisis de este elemento, ello dio lugar a la “teoría de la culpabilidad”, que conllevaría también la propuesta de adoptar la diferenciación entre “error de tipo” y “error de prohibición”, no sólo a efectos puramente terminológicos,
MIR PUIG, PG, cit., p. 535.
sino derivándose un distinto tratamiento penal para ambas modalidades de error. Desde esta perspectiva, el error de prohibición no excluye el dolo, sino solo la culpabilidad, y la vencibilidad del error no es, entonces, equivalente a una imprudencia, sino que conlleva una reducción de la culpabilidad y, por tanto, de la pena del delito doloso27. Desde esta concepción, también el error “indirecto” constituye un error de prohibición, ya se produzca sobre la existencia de la causa de justificación, ya en relación con los presupuestos fácticos de la misma. 5.3.3. La teoría restringida de la culpabilidad. Referencia al error sobre los presupuestos fácticos de una causa de justificación (error indirecto) Frente a la anterior concepción – que podríamos denominar como teoría “pura” o estricta” de la culpabilidad- un sector doctrinal, aun aceptando sus postulados básicos, modificó alguno de sus extremos, proponiendo una “teoría restringida de la culpabilidad”. La diferencia esencial entre ambas radica en el tratamiento del error indirecto, considerando la teoría restringida que el error sobre los presupuestos fácticos de una causa de justificación no constituye un error de prohibición, sino que es un error de tipo, o bien que, en todo caso, debe ser tratado como tal. Como afirma Cerezo Mir: “En definitiva, la diferencia entre la teoría de la culpabilidad pura y la restringida radica en el tratamiento del error sobre las circunstancias que sirven de base a una causa de justificación. Según la teoría pura o estricta de la culpabilidad se trata de un error de prohibición; si es vencible se atenúa la pena del delito doloso y si es invencible exime de responsabilidad penal. Según la teoría restringida de la culpabilidad se trata de un error sobre un elemento –negativo- del tipo o debe tratarse como si lo
Sobre ello, vid. por ejemplo CEREZO MIR, Curso, cit., p. 121.
fuera; si es vencible estamos ante un delito imprudente, o debe aplicarse la pena de dicho delito y si es invencible exime de responsabilidad criminal”28. 5.4. Concreciones sobre el error indirecto: Ejemplos y posturas doctrinales. El error indirecto es aquél que se proyecta sobre la concurrencia en el caso concreto de una causa de justificación. Dicha creencia errónea puede venir dada por dos motivos distintos, que constituyen dos clases de error: • “Error de permisión”. El autor yerra sobre la existencia o alcance de una causa de justificación, creyendo que existe una causa de justificación objetivamente inexistente en el CP aplicable a su acción, o creyendo que una causa de justificación sí existente puede aplicarse a su caso por darle un alcance mayor del que objetivamente tiene. Ejemplos: a) A, policía, recibe la orden de su superior de torturar a un detenido hasta que confiese el delito del que es sospechoso. A obedece la orden y tortura al detenido, creyendo que existe una eximente de obediencia debida que justifica la práctica de torturas. b) A da un puñetazo a B en el transcurso de una pelea. Cuando A ya se está alejando del lugar, B le persigue y golpea a A en la cabeza, creyendo que su acción viene amparada por una legítima defensa. • “Error sobre los presupuestos fácticos de una causa de
justificación”. El autor cree erróneamente que en el caso concreto
concurren los elementos de una causa de justificación objetivamente existente en el CP.
CEREZO MIR, Curso, cit., pp. 123-124.
Ejemplo: A va caminando de noche por una zona de la ciudad en la que abundan los robos y los asaltos, cuando ve que por detrás de él se aproxima una persona con la cara cubierta y un palo alargado en la mano; cuando esta persona está justo detrás de él levanta el palo por encima de la cabeza de A, momento en que éste, creyendo que iba a ser objeto de una agresión, se da la vuelta y da un fuerte puñetazo a la persona, dejándola prácticamente inconsciente. A descubre después que era un vecino suyo que iba con prisa a casa abrigado por una bufanda y que se disponía a abrir su paraguas cuando fue golpeado por A. Como ya hemos mencionado, según la teoría que se adopte, las soluciones pueden ser distintas: • La teoría estricta de la culpabilidad sostiene que ambas clases de error indirecto constituyen errores de prohibición, y recibirán, por tanto, idéntico tratamiento. • La teoría restringida de la culpabilidad diferencia según la clase de error: el error de permisión constituye un error de prohibición; en cambio, el error sobre los presupuestos de una causa de justificación es un error de tipo, o, según un planteamiento muy similar, debe ser tratado como tal. 5.5. El contenido de la conciencia de la antijuridicidad. Distinción entre el error vencible y el invencible. ¿Qué debemos entender cuando afirmamos que el agente deber tener conocimiento de la antijuridicidad de su conducta? Expresado inversamente: ¿cuándo afirmaremos que existe un error de prohibición? Comenzando por lo más obvio, indudable es que no constituye requisito de la conciencia de la prohibición que el sujeto conozca el concreto precepto del Código Penal, o la exacta regulación que en el mismo – o en otras leyes sectoriales – se establece. En palabras de Jescheck, “no es objeto de la conciencia del injusto el 40
conocimiento del precepto jurídico lesionado o la punibilidad del hecho. Basta, más bien, con que el autor sepa que su comportamiento contradice las exigencias del orden social y que por esa razón ha sido prohibido jurídicamente. Con otras palabras, resulta suficiente el conocimiento de la antijuridicidad material, en el sentido del conocimiento según el profano”29. Para determinar la vencibilidad o invencibilidad del error es preciso atender a si el sujeto podía, con una diligencia mínima, haber salido del error. Suele, así, afirmarse que el criterio a emplear es preguntarse si una persona ideal situada en la posición del autor concreto y con idéntica capacidad mental y de representación de los valores jurídicos hubiese podido conocer la antijuridicidad de la conducta que se disponía a realizar. A su vez, para dar respuesta la interrogante hay que contemplar factores como si el sujeto actuó sumido en la duda de la ilicitud o si existían motivos para plantearse la posible ilicitud de su conducta, si pensó que la conducta podía ser contraria a la ética social – pues esto podía haber actuado como indicio de la ilicitud-, o si se desenvuelve la conducta en un ámbito social que el sujeto sabe o asume que podía estar regulada jurídicamente. A estos efectos, también la pertenencia del sujeto al sector social en el que se desenvuelve la actividad – máxime si es un sector especializado – será un elemento de ponderación para determinar la vencibilidad del error. Así, por ejemplo, será muy difícil apreciar un error, ni siquiera vencible, en un delito de cohecho o prevaricación realizado por un funcionario público. Por otra parte, operan criterios similares a los que delimitan el error de tipo vencible e invencible, y, a su vez, el dolo y la imprudencia, según los hemos analizado en Lecciones anteriores. Así, el conocimiento eventual de la antijuridicidad será suficiente para negar un error de prohibición, por lo que en muchos supuestos en los cuales, a pesar de la existencia de una duda, el sujeto asuma la probabilidad de la existencia de la prohibición, podremos concluir el conocimiento de la ilicitud. Asimismo, manifiesta Cerezo que, de modo paralelo
JESCHECK, Tratado de Derecho Penal. Parte General, 4ª edición, 1993, p. 409-410.
a la llamada culpa por asunción, podremos estar ante un error vencible aun cuando en el momento mismo de la acción el sujeto no pudo salir de su error, si previamente no había adquirido los conocimientos jurídicos imprescindibles para el desarrollo de la actividad que iba a desempeñar. Ciertamente, y como conclusión, cabe decir que por lo general son muy pocos los supuestos de error de prohibición invencible que se aprecian por los Tribunales. En este sentido, se ha afirmado que “en todos los supuestos en que la antijuridicidad del hecho resulta palmaria, y el autor es adulto y plenamente capaz de culpabilidad, se presupone la concurrencia del conocimiento del injusto” (Jescheck). En cualquier caso, no está de más enfatizar que el Derecho penal actual no encarna ya el conjunto de convicciones morales que conforman la ética social. De una parte, desde hace ya unos cuantos años el Derecho penal está siendo objeto de un imparable proceso inflacionario, abarcando ámbitos sociales tan dispares como el urbanismo, el Derecho penal económico o la protección de la propiedad intelectual; regulaciones que, además, proliferan –en muchos casos- en leyes sectoriales que hacen más difícil su seguimiento. De otra parte, existen sociedades dentro de las que, ya de modo tradicional o ya por nuevos flujos migratorios, comunidades culturales, cada una con usos conviven muy diferentes jurídicos en ocasiones muy
diversos. Ambos factores, de crecimiento exponencial en la actualidad, impiden afirmar con la misma rotundidad que es prácticamente inverosímil la concurrencia de errores sobre la antijuridicidad del hecho. Ello es particularmente relevante en algunos países americanos, en los cuales un nutrido grupo de población pertenece a una etnia dotada de muy arraigadas tradiciones culturales y normativas, y que rigen sus conductas a partir de normas particulares y diversas, en ocasiones, de las promulgadas por el Estado. Estos casos de “errores culturalmente condicionados” presentan una problemática específica que no puede ser abordada aquí; no obstante, cabe afirmar que las herramientas clásicas de la teoría del delito deben ser moduladas para responder a las particularidades que estos casos presentan.
Como afirma Binder, “se suele tratar como un caso especial de error aquellos en los que un sujeto ha infringido una norma por cumplir otra propia de su cultura. Se ha pretendido englobar todos estos casos bajo la forma del error, porque se parte del supuesto de que en un Estado existe un solo sistema normativo y que los otros sistemas o son sistemas morales en sentido amplio o son simples manifestaciones culturales. Todavía más complejo es el supuesto, muy común en nuestra región, en el que el sujeto pertenece a un pueblo originario (mayas, quechuas, aymaras, guaraníes, mapuches, etc.) que tienen una organización política completa con su propio sistema normativo y judicial. En realidad, no todos son casos de error. Ello se ha tornado más claro cuando las convenciones internacionales y las propias normas fundamentales de la mayoría de los Estados de nuestra región han reconocido la existencia y virtualidad de esos sistemas políticos, normativos y judiciales, cada uno de ellos con sus propias características. La conformación del Estado como un Estado multicultural ha roto con la ficción del orden normativo30. 6. La inexigibilidad como elemento de la culpabilidad. Las llamadas causas de exculpación. 6.1. Planteamiento Existe un amplio acuerdo en la doctrina actual en afirmar que la culpabilidad no se agota en los requisitos de la imputabilidad y el conocimiento de la prohibición, sino que, además, para poder afirmar la culpabilidad en el caso concreto y con ello atribuir responsabilidad personal al autor, es preciso que concurra una situación de normal motivabilidad. Expresado en otros términos: hasta el momento hemos contemplado circunstancias excluyentes de la responsabilidad penal basadas ya en un déficit de capacidad psíquica de culpabilidad (por ejemplo, quien tiene una enfermedad mental o quien está bajo una embriaguez plena), ya en un déficit de conocimiento de la norma (error de prohibición). Pues bien, pueden existir supuestos en los cuales una
BINDER, Introducción al Derecho penal, 2004, p. 237.
situación exterior determinada afectará a la capacidad de decisión del respeto a la norma, esto es, a la capacidad del sujeto de ser motivado por la norma. Algunos autores -Cerezo Mir, por ejemplo-, una vez establecida la imputabilidad como presupuesto de la culpabilidad, establecen a estos efectos una diferenciación entre un elemento cognoscitivo de la reprochabilidad, bajo el que se incluiría el error de prohibición, y un elemento volitivo de la reprochabilidad, que es el que ahora nos ocupa, definido en los siguientes términos: “consiste en la exigibilidad de la obediencia al Derecho. Puede ocurrir que las circunstancias del caso concreto, de carácter excepcional, y la presión emocional a la que se vio sometido el sujeto hagan que no le fuera exigible obrar de otro modo, es decir conforme a las exigencias del ordenamiento jurídico; en este caso la conducta dejaría de ser culpable”31. En efecto, el fundamento de las causas de exculpación radica en que ante una situación de anormalidad motivacional ante el mensaje de la norma no le es exigible al sujeto la conducta acorde a la misma. La diferencia con las restantes circunstancias de falta de culpabilidad es que en estos casos la causa de anormalidad no radica directamente en el sujeto –en su situación psíquica, o en su conocimiento- sino en la situación externa que le rodea. En un Derecho penal democrático, el Derecho no puede castigar conductas que van más allá de las exigibles a cualquier ciudadano, por lo que ante determinadas circunstancias excepcionales debe declarar como inexigibles conductas que nadie provisto de capacidades medias podría satisfacer. Expresado en una frase, la idea básica es que el Derecho penal no puede exigir conductas propias de héroes o santos32. 6.2. Regulación en la Ley Dominicana. Al igual que sobre el error de prohibición, el CP dominicano no ha incorporado circunstancias de exculpación concretas, si bien sí cabe encontrar
CEREZO MIR, Curso, cit., p. 116. MIR PUIG, cit, p. 586.
concretamente en el ya citado art. 340, referido al perdón judicial. Dentro de los supuestos que menciona –y con las limitaciones de aplicación ya destacadas-, al menos los siguientes podrían considerarse causas de exculpación: - La provocación del incidente por parte de la víctima o de otras personas; - La participación del imputado en la comisión de la infracción bajo coacción, sin llegar a constituir una excusa legal absolutoria; - La actuación del imputado motivada en el deseo de proveer las necesidades básicas de su familia o de sí mismo. Por lo demás, el supuesto basado en “la ocurrencia de la infracción en circunstancias poco usuales” es tan genérico que, por supuesto, permitiría también incluir casos de inexigibilidad. En cualquier caso, lo fundamental será la constatación en el caso concreto de que tales circunstancias fácticas: la provocación por terceras personas, la situación de coacción, etc., alcanzan un grado tal de intensidad que podamos concluir que han impedido al sujeto activo motivarse al respeto de la norma en situación de normalidad. Por ejemplo, en relación con la
coacción ello dependerá de la intensidad de la misma, y del contenido de la
amenaza con que se realiza la coacción.
Ejemplos: 1. A es obligado por una organización criminal a llevar un paquete con cocaína oculto en su maleta a Europa, bajo amenaza de que en caso contrario matarán a sus padres. 2. A, con la finalidad de sacar a su familia de la situación de pobreza en que se halla, contacta con una organización criminal, que ofrece una buena suma
de dinero a cambio de llevar un paquete con cocaína oculto en su maleta a Europa. En el primer caso, estaríamos sin lugar a dudas ante una situación de inexigibilidad que podría llegar a eximir de pena; en el segundo, sería mucho más discutible, por cuanto, por una parte, la persona no se enfrentaría sólo a la opción de realizar la acción antijurídica para evitar el riesgo que amenazaba a los suyos – tal como si ocurre en el primer caso-, sino que tendría otras opciones menos lesivas al Derecho para subvenir a esas necesidades. Por otra parte, el riesgo de causación de un mal a los suyos no es tan intenso y próximo como en el primer caso.
6.3. Causas de exculpación más habituales Las causas de exculpación constituyen supuestos de inexigibilidad establecidas por el legislador. Como ya hemos visto, el legislador dominicano no ha incorporado causas de dicha índole en el Código Penal. No obstante, resulta imprescindible abordar el estudio de varias de las causas de exculpación asumidas en las legislaciones y la doctrina de países como Alemania y España, tanto de cara a una futura reforma de la legislación penal dominicana, como por la virtualidad que tales supuestos pueden tener para la interpretación del Derecho positivo – en concreto, del citado art. 340 del Código procesal penal- y para una eventual aplicación supralegal de las mismas. Ceñiremos el estudio a dos de ellas: el miedo insuperable y el estado de necesidad exculpante. 6.3.1. Miedo insuperable El miedo insuperable como causa de exculpación aparece recogida en el CP español considerando exento de pena al que “obre impulsado por un miedo insuperable”. Si bien esta cuestión no es unánime, existiendo opiniones que
van desde considerarlo una causa de justificación (Gimbernat) hasta un supuesto de inimputabilidad, es quizá mayoritaria en la doctrina española la opinión que lo aborda como una causa de exculpación o de no exigibilidad. Ello implica que el foco de enjuiciamiento no debe proyectarse sobre los efectos anímicos o psicológicos que la causa del miedo hayan podido producir en el sujeto, sino de que se halla sometido a un mal objetivamente insuperable, para lo que deberá tomarse como medida el baremo de un ciudadano medio, y concluir que cualquiera que hubiera estado en una situación idéntica habría respondido de igual modo. Desde este punto de partida, no es difícil concluir que este criterio puede ser un trasunto de la causa de exención o atenuación de pena basada en la coacción que contempla el citado precepto del Código procesal penal, al menos en su grado de intensidad máxima: cuando como efecto de esa coacción surja una situación temor tal que, a partir un juicio objetivo, pudiera concluirse que cualquier persona sometida a la misma habría visto seriamente mermada su capacidad de motivación normal ante la norma.
Lectura: Sobre los criterios de aplicación de la circunstancia de miedo
Texto: “Puesto que, como se ha visto, la presente eximente no debe entenderse como causa de inimputabilidad, el miedo no tiene por qué llegar a consistir en una situación subjetiva cuya vivencia prive al sujeto de su lucidez o fuerza de voluntad, al modo de una especie de trastorno mental transitorio. Miedo no ha de entenderse como “terror”. Basta que concurra un temor insuperable. Lo decisivo será, pues, el carácter insuperable o no de dicho temor. Será insuperable en sentido estricto, cuando no pueda superarse su presión motivadora ni dejarse, por tanto, de realizar bajo su efecto la conducta antijurídica. Pero, si no se admite el libre albedrío ni el “poder actuar de otro modo” como fundamento de la responsabilidad penal, habrá que buscar otro criterio que permita evitar la pregunta de si el sujeto podía o no superar el miedo y, por tanto, si podía actuar de otro modo. El Tribunal Supremo maneja un criterio que hace posible obviar esta cuestión cuando
exige que el miedo sea de tal entidad que el hombre medio, “el común de los hombres” no lo hubiese resistido. Este punto de vista es admisible siempre que se sitúe al hombre medio en la posición del autor: imaginándolo en todos sus conocimientos y condiciones personales, físicas y mentales, salvo en aquello que pudiera privarle de la normalidad propia de criterio propia del hombre medio. Así, habría que preguntar si este hombre medio hubiera resistido al miedo caso de haber tenido la edad, sexo, la cultura, la experiencia, el oficio, etc. del autor, si lo hubiera hecho de haber conocido como éste la situación o de haberse producido el ataque por sorpresa, de noche, después de haberse producido una serie de atentados en aquella zona, etc. En cambio, no habrá que tener en cuenta característica patológicas del autor, como neurosis o psicopatías, que dan lugar a un miedo patológico ante circunstancias que el hombre normal lo superaría”. MIR PUIG, Derecho penal, cit., pp. 592-593.
6.3.2. Estado de necesidad exculpante. Como vimos en la Lección dedicada a la antijuridicidad penal, la concurrencia del estado de necesidad justificante presupone que el mal que se causa sea menor que el que se trata de evitar. La cuestión que inmediatamente surge es: ¿qué ocurre cuando, dándose el resto de las exigencias del estado de necesidad, el mal causado es igual, o incluso mayor, que el que se trata de evitar? ¿Qué ocurre cuando quien mata para salvar su vida? ¿o cuando alguien mata a otra persona para salvar su integridad sexual o su libertad?. No pudiendo considerar tales acciones justificadas, y calificándolas, por tanto, como conductas típicas y antijurídicas, lo cierto es que en la realización de las mismas nos hallamos ante una situación de conflicto entre bienes jurídicos, y que por tanto no pueden recibir la misma respuesta penal que los casos en los que tal conflicto no existe. Para dar respuesta a esta cuestión, por la doctrina ha venido planteándose la exención de pena, en muy determinadas circunstancias, bajo la figura del estado de necesidad exculpante;
planteamiento que ha sido acogido por algunas legislaciones, como la alemana, que mientras en el parágrafo 34 del CP regula el estado de necesidad justificante (fundado en la ponderación de intereses y exigiendo mayor valor del interés salvado que el del lesionado), en el 35 afirma la exclusión de la culpabilidad cuando el sujeto “en un peligro actual para la vida, el cuerpo o la
libertad no evitable de otra manera, cometa un hecho antijurídico con el fin de evitar el peligro para él para un pariente o para otra persona allegada”.
Para la mayoría de la doctrina, el fundamento de la exención radica en que la pena no resulta necesaria en este grupo de casos, porque ante la situación de peligro de bienes jurídicos propios o de personas cercanas tan relevantes (vida, integridad física o libertad) la capacidad de motivación ante la norma se dificulta sobremanera, por lo que no resulta exigible el cumplimiento de lo prescrito por el Derecho33; si bien las posiciones se dividen entre quienes hacen más hincapié en la disminución de la capacidad de motivación del sujeto, y quienes enfatizan, desde los fines de la pena, razones de prevención. Exponente de esta última línea doctrina es Roxin, quien describe el fundamento de la exención en los siguientes términos: dado que en estos casos “no es imposible un efecto motivador de la norma, pero, en virtud del carácter excepcional de las circunstancias, a menudo tampoco sería esperable aunque se amenazara con pena, dado que además, debido a la poca frecuencia de estas situaciones, apenas existe una necesidad preventivo-general de intimidar a los demás, y dado que los autores de tales hechos tampoco precisan de intervención preventivo-especial, el castigo del infractor de la norma sería político-criminalmente inadecuado”34. Como requisitos para su aplicación se predican que el peligro que amenace a los bienes jurídicos sea inmediato y grave, y que no sea evitable de otro modo, y que no haya sido provocada por el autor, o que éste, dirigido hacia él el peligro, no tenga obligación especial de sacrificio.
JESCHECK, PG, cit., p. 435. ROXIN, PG I, cit., p. 898.
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