Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/social/social-III/2013/as201330044L.html
Timestamp: 2020-04-02 05:17:09
Document Index: 95537787

Matched Legal Cases: ['artículo 472', 'artículo 135', 'artículo 382', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 162', 'artículo 4', 'artículo 202', 'artículo 9', 'artículo 158', 'artículo 158', 'artículo 182', 'artículo 258', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 162', 'artículo 4', 'artículo 253', 'artículo 158', 'artículo 253', 'artículo 182', 'artículo 273', 'artículo 252', 'artículo 42', 'artículo 8']

AUTO SUPREMO Nº 44-2013
AUTO SUPREMO Nº 044/2013
EXPEDIENTE: S.764/2008
PARTES: Jorge Jaime Nava Ayllon y otros c/ Empresa Telefónica Celular de Bolivia S.A.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fojas 530 a 532 y vuelta, interpuesto por José Mario Serrate Paz Ramajo en representación legal de Telefónica Celular de Bolivia S.A.; contra el Auto de Vista No. 210 de 23 de mayo de 2008 (fojas 527 a 528 y vuelta), dentro del proceso social por pago de beneficios sociales y otros conceptos, seguido por Luis Zegada Saavedra en representación legal de Jorge Jaime Nava Ayllon, Adelio Palenque Cruz, Peregrino Pérez Quezada y Roger Pérez Quezada, contra la empresa recurrente, la contestación de fojas 534 y vuelta, los antecedentes del proceso y,
CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez Quinto de Partido de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, emitió la Sentencia No. 88 de 12 de diciembre de 2007 (fojas 500 a 509), en la cual FALLÓ:
1.- RECHAZANDO el incidente planteado de tacha de testigo, con costas, interpuesto por los demandantes Jorge Jaime Nava Ayllón, Adelio Palenque Cruz, Peregrino Pérez Quezada y Roger Pérez Quezada, cursante a fojas 262, mediante memorial de fojas 67, por haber sido presentado en forma extemporánea, habiendo precluído el derecho reclamado para oponer la tacha relativa de los testigos de descargo ofrecidos por la parte demandada TELECEL S.A., en cumplimiento y de conformidad a los artículos 171 y 252 del Código Procesal del Trabajo; y al artículo 472 del Código de Procedimiento Civil.
2.- Declarando IMPROBADA, la excepción perentoria de pago interpuesta por José Mario Serrate Paz, en representación legal de la empresa TELECEL S.A., mediante memorial cursante a fojas 145 a 146 y vuelta, debido a que no se ha demostrado y comprobado que se hayan cancelado los derechos y beneficios sociales según la pretensiones de la demanda, toda vez que no se ha cumplido con los requisitos legales necesarios para demostrar la excepción de pago opuesta por la parte demandada, según lo establecido por el artículo 135 del Código Procesal del Trabajo.
3.- RECHAZANDO el incidente planteado de objeción de la prueba de cargo ofrecida por la parte actora la misma que se encuentra cursante a fojas 8 a 12, fojas 14 a 15, fojas 23 a 50, con costas, interpuesto por la parte demandada TELECEL S.A., representada legalmente por José Mario Serrate Paz Ramajo, mediante memorial de fojas 258 y vuelta, en cumplimiento y de conformidad a los artículos 3 incisos f), g), h), j), 151 y 153 del Código Procesal del Trabajo; y al artículo 382 del Código de Procedimiento Civil.
4.- Declarando PROBADA EN PARTE, sin costas, la demanda de fojas 51 a 59, interpuesta por Luis Zegada Saavedra, en representación legal de Peregrino Pérez Quezada , Jorge Jaime Nava Ayllon, Adelio Palenque Cruz y Roger Pérez Quezada, de obrados, por haber probado la relación laboral existente entre los demandantes y la parte demandada empresa Telefónica Celular de Bolivia S.A. por consiguiente, al demandante Peregrino Pérez Quezada, le corresponde el pago de Desahucio; Indemnización por el tiempo de servicios prestados de 4 años, 5 meses y 15 días, calculados por Bs.9.000; Aguinaldo doble de las gestiones 2003, 2004, 2005 y duodécima doble de la gestión 2002 (7 meses y 15 días) y de la gestión 2006 (10 meses); vacación de la gestión 2002 - 2003; 2003 -2004; 2004 - 2005; 2005 - 2006 y duodécimas de la gestión 2006 - 2007 (5 meses y 15 días). Asimismo le corresponde el pago de la multa con el recargo del 30% establecido en el artículo 9 del Decreto Supremo No. 28699 de 1 de mayo de 2006. Pero no le corresponde el pago de aportes a la Seguridad Social y al Seguro Social Obligatorio a Largo Plazo, debido a la falta de legitimación activa del demandante para reclamar dichas pretensiones jurídicas. Al demandante Jorge Jaime Nava Ayllón le corresponde el pago de Desahucio; Indemnización por el tiempo de servicios prestados de 3 años, 3 meses y 14 días, calculados por Bs.3.000; Aguinaldo doble de la gestión 2004, 2005, y duodécima doble de la gestión 2006 (10 meses y 15 días); Vacación de la gestión 2003 - 2004; 2004 -2005; 2005 - 2006. Así mismo le corresponde el pago de la multa con el recargo del 30% establecido en el artículo 9 del Decreto Supremo No. 28699 de 1 de mayo de 2006. Pero no le corresponde el pago de aportes a la Seguridad Social y al Seguro Social Obligatorio a Largo Plazo, debido a la falta de legitimación activa del demandante para reclamar dichas pretensiones jurídicas. Al demandante Adelio Palenque Cruz le corresponde el pago de Desahucio; Indemnización por el tiempo de servicios prestados de 2 años, 4 meses y 9 días, calculados por Bs.2,305; Aguinaldo doble de la gestión 2005, y duodécimas doble de la gestión 2004 (5 meses y 9 días) y de la gestión 2006 (11 meses); Vacación de la gestión 2004 - 2005 y 2005 - 2006. Asimismo le corresponde el pago de la multa con el recargo del 30% establecido en el artículo 9 del Decreto Supremo No. 28699 de 1 de mayo de 2006. Pero no le corresponde el pago de aportes a la Seguridad Social y al Seguro Social Obligatorio a Largo Plazo, debido a la falta de legitimación activa del demandante para reclamar dichas pretensiones jurídicas. Al demandante Roger Pérez Quezada le corresponde el pago de Desahucio; Indemnización por el tiempo de servicios prestados de 3 años, 3 meses y 14 días, calculados por Bs.2.000; Aguinaldo doble de la gestión 2004, 2005 y duodécima doble de la gestión 2003 (4 meses) y de la gestión 2006 (10 meses y 15 días); Vacación de la gestión 2003 - 2004; 2004 - 2005 y 2005 - 2006. Asimismo le corresponde el pago de la multa con el recargo del 30% establecido en el artículo 9 del Decreto Supremo No. 28699 de 1 de mayo de 2006. Pero no le corresponde el pago de aportes a la Seguridad Social y al Seguro Social Obligatorio a Largo Plazo, debido a la falta de legitimación activa del demandante para reclamar dichas pretensiones jurídicas.
Por lo que conforme a lo dispuesto por el artículo 162 de la Constitución Política del Estado, al artículo 4 de la Ley General del Trabajo y al artículo 202 del Código Procesal del Trabajo, por la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores demandantes, corresponde, y en cuyo mérito ordenó a la empresa TELEFÓNICA CELULAR DE BOLIVIA S.A. representada legalmente por José Mario Serrate Paz Ramajo, pague a tercero día de ejecutoriada la Sentencia, a favor de los demandantes: JORGE JAIME NAVA AYLLON, ADELIO PALENQUE CRUZ, PEREGRINO PÉREZ QUEZADA Y ROGER PÉREZ QUEZADA, el monto equivalente a sus derechos y beneficios sociales siguientes:
JORGE JAIME NAVA AYLLON:
De 3 meses X Bs.-3,000 Bs.- 9,000
INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS:
Por 3 años, 3 meses y 14 días Bs.- 9,866.66
Doble de la gestión 2004 y 2005 Bs.- 12,000
Duodécima doble de la gestión 2006 (10 meses y 15 días) Bs.- 5,250
De la gestión 2003-2004 Bs.- 1,500
De la gestión 2004-2005 Bs.- 1,500
De la gestión 2005-2006 Bs.- 1,500
Mas el recargo del 30% (Bs.-40,616.66) Bs.- 12,185
TOTAL Bs.- 52,801.66
ADELIO PALENQUE CRUZ:
De 3 meses X Bs.-2,305 Bs.- 6,915
Por 2 años, 4 meses y 9 días Bs.- 5,436
Doble de la gestión 2005 Bs.- 4,610
Duodécima doble de la gestión 2004 (5 meses y 9 días) Bs.- 2,038
Duodécima doble de la gestión 2006 (11 meses) Bs.- 4,226
De la gestión 2004-2005 Bs.- 1,152.50
De la gestión 2005-2006 Bs.- 1,152.50
Mas el recargo del 30% (Bs.-25,530) Bs.- 7,659
TOTAL Bs.- 33,189
PEREGRINO PEREZ QUEZADA:
De 3 meses X Bs.-9,000 Bs.- 27,000
Por 4 años, 5 meses y 15 días Bs.- 40,125
Doble de la gestión 2003,2004 y 2005 Bs.- 54,000
Duodécima doble de la gestión 2002 (7 meses y 15 días) Bs.- 11,250
Duodécima doble de la gestión 2006 (10 meses) Bs.- 15,000
De la gestión 2002-2003 Bs.- 4,500
De la gestión 2003-2004 Bs.- 4,500
De la gestión 2004-2005 Bs.- 4,500
De la gestión 2005-2006 Bs.- 4,500
Duodécima de la gestión 2006-2007 (5 meses y 15 días) Bs.- 2,062.5
Mas el recargo del 30% (Bs.-167,437.50) Bs.- 50,231
TOTAL Bs.-217,668.50
ROGER PEREZ QUEZADA:
De 3 meses X Bs.-2,000 Bs.- 6,000
Por 3 años, 3 meses y 14 días Bs.- 6,578
Duodécima doble de la gestión 2003 (4 meses) Bs. 1,333
Doble de la gestión 2004 y 2005 Bs.- 8,000
Duodécima doble de la gestión 2006 (10 meses y 15 días) Bs.- 3,500
De la gestión 2003-2004 Bs.- 1,000
De la gestión 2004-2005 Bs.- 1,000
De la gestión 2005-2006 Bs.- 1,000
Mas el recargo del 30% (Bs.-28,411) Bs.- 8,523
TOTAL Bs.- 36,934
GRAN TOTAL: Bs. 340.593,16
Son: TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 16/100 BOLIVIANOS, y en caso contrario, con la actualización, reajustes y mantenimiento de valor dispuestos por el artículo 9 del Decreto Supremo No. 28699 de 1 de mayo de 2006.
En grado de apelación, formulado por el representante legal de la empresa demandada (fojas 512 a 514), la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, mediante Auto de Vista No. 210 de 23 de mayo de 2008 (fojas 527 a 528 y vuelta), CONFIRMÓ la Sentencia de fojas 500 a 509, dictada por el Juez Quinto de Partido de Trabajo y Seguridad Social. Con costas.
Que, contra el referido Auto de Vista, la empresa demandada a través de su representante legal José Mario Serrate Paz Ramajo interpuso recurso de casación en el fondo (fojas 530 a 532 y vuelta), en base a los siguientes argumentos:
Acusa que el Auto de Vista impugnado, realizó interpretación errónea de los artículos 2 y 3 del Decreto Supremo No. 28699 de 1 de mayo de 2006, aduce que la relación entre TELECEL S.A. y los demandantes, no tuvo las características propias de la relación laboral en cuanto a la dependencia y subordinación de los comisionistas que contrató TELECEL S.A. a través de un contrato de comisión conforme los artículos 1260 a 1289 del Código de Comercio, por lo que no hubo subordinación ni dependencia. En cuanto a la prestación de trabajo por cuenta ajena, el comisionista es quien se beneficia de manera directa, en cuanto a la percepción de remuneración, los comisionistas no gozan de salario. Asimismo ha presentado como pruebas los contratos de comisionistas amparados por el Código de Comercio de naturaleza comercial que no generan obligación social, citando el Auto Supremo No. 169 de 6 de junio de 2008, emitido por la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia.
Alega interpretación errónea del artículo 158 del Código Procesal del Trabajo, toda vez que acompañó la documentación que acredita el tipo de relación existente, ya que los comisionistas trabajan con independencia, además que el Juez de primera instancia verificó las oficinas de TELECEL S.A. y verificó que los comisionistas trabajan en forma independiente y sin supervisión, sin límites de horario, además que el Juez se apartó del artículo 158 del Código Procesal del Trabajo.
Prosiguiendo con el memorial de recurso indica que existe interpretación errónea del artículo 182 inciso a) del Código Procesal del Trabajo por parte del Auto de Vista impugnado al confundir una relación comercial con una relación de prestación de servicios de naturaleza laboral entre el comisionista y el comitente.
Concluye que por los argumentos vertidos en el recurso de casación, se restituya el derecho a la demandada, casando el Auto de Vista recurrido.
CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación, los antecedentes del proceso, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:
Antes de ingresar en el análisis de la problemática planteada, se debe dejar claramente establecido que el memorial de interposición del recurso carece de técnica jurídica, limitándose a expresar que se vulneró disposiciones de orden público y cumplimiento obligatorio, alegando que no fueron apreciadas correctamente las pruebas de descargo por parte del Juez de primera instancia y el Tribunal de Alzada, observándose que la empresa recurrente, no cumple con las exigencias de enunciar la cita legal de la norma en la que ampara su pretensión invocada en el memorial de recurso de casación en el fondo, pese a esta limitación se pasa a fundamentar a efectos de dar una respuesta pronta y oportuna a las partes en litigio.
Que, el recurso de casación es uno extraordinario, constituyéndose por esta razón en una nueva demanda de puro derecho, que debe contener y circunscribirse a los requisitos enumerados en el artículo 258 del Código de Procedimiento Civil. En este sentido, el recurrente se encuentra obligado a fundamentar de manera precisa y concreta las causas que dieron lugar a la interposición del recurso ya sea en el fondo, en la forma o en ambos a la vez, no siendo suficiente la simple cita de normas legales y la relación de los hechos que se dieron a lo largo del proceso, sino demostrar en términos razonados y razonables, en qué consiste la infracción que se acusa.
Que, en cuanto a la interpretación errónea de los artículos 2 y 3 del Decreto Supremo No. 28699 del 1 de mayo de 2006, por parte del Auto de Vista impugnado, no es evidente por cuanto la Resolución impugnada en casación, en su fundamentación legal no cita la disposición legal invocada que se acusa se habría interpretado erróneamente, lo cierto y evidente es que la Sentencia dictada por el Juez de primera instancia, en su décimo CONSIDERANDO, numeral 2), fundamentó: “En cuanto a la relación laboral y tiempo de servicios prestados; se tiene demostrado por las pruebas de cargo y descargo aportadas al presente proceso en el término probatorio…Que existió relación laboral entre PEREGRINO PEREZ QUEZADA con la empresa TELEFÓNICA CELULAR DE BOLIVIA S.A., desde el 15 de mayo de 2002 hasta el 30 de octubre de 2006, como promotor de ventas, haciendo un total de tiempo de servicios prestados de 4 años, 5 meses y 15 días. Que existió relación laboral entre JORGE JAIME NAVA AYLLON con la empresa TELEFÓNICA CELULAR DE BOLIVIA S.A., desde el 1 de agosto de 2003 hasta el 15 de noviembre de 2006, como promotor de ventas, haciendo un total de tiempo de servicios prestados de 3 años, 3 meses y 14 días. Que existió relación laboral entre ADELIO PALENQUE CRUZ con la empresa TELEFÓNICA CELULAR DE BOLIVIA S.A., desde el 21 de julio de 2004 hasta el 30 de noviembre de 2006, como promotor de ventas, haciendo un total de tiempo de servicios prestados 2 años, 4 meses y 9 días. Que existió relación laboral entre ROGER PEREZ QUEZADA con la empresa TELEFÓNICA CELULAR DE BOLIVIA S.A., desde el 1 de agosto de 2003 hasta el 15 de noviembre de 2006, como promotor de ventas, haciendo un total de tiempo de servicios prestados 3 años, 3 meses y 14 días. Debido a que la misma cumple con los requisitos esenciales que debe contener toda relación laboral como ser: a) dependencia y subordinación del trabajador respecto del empleador; b) prestación de trabajo por cuenta ajena; c) percepción de una remuneración o salario en cualquiera de sus formas y manifestaciones. De conformidad a lo establecido por los artículos 1 y 2 del Decreto Supremo 23570, de 26 de julio de 1993 (Ampliación del ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo); a los artículos 2 y 3 del Decreto Supremo 28699 de 1 de mayo de 2006…”; por lo que se evidencia que el Juez A Quo hizo un adecuado análisis de la presente litis conforme al principio de la primacía de la realidad instituido en el artículo 4 inciso d) del Decreto Supremo No. 28699, razonamiento confirmado por el Tribunal de Alzada. En cuanto al contrato de comisionista entre los demandantes y la empresa demandada -ahora recurrente- que aduce se encuentra amparada por el Código de Comercio, en el caso de autos, la Sentencia de primera instancia, en su décimo CONSIDERANDO, numeral 3) fundamentó: “…pese a la existencia de varios contratos de tipo civil-comercial, que trataron de simular y desvirtuar la relación laboral existente entre los actores y la parte demandada, los mismos que no surten los efectos pretendidos, debiendo prevalecer y aplicarse en este caso, el principio de proteccionismo para el trabajador, por el que los procedimientos laborales busquen la protección y la tutela de los derechos de los trabajadores; y el principio de primacía de la realidad, en el cual prevalecen los hechos a lo determinado por acuerdo de partes, en cumplimiento y de conformidad con los artículos 6 y 12 de la Ley General del Trabajo, al artículo 4 inciso d) y 5 del Decreto Supremo 28699 de 1 de mayo de 2006 y a los artículos 3 inciso g) y 182 inciso a) del Código Procesal del Trabajo”, bajo ese raciocinio al que llego el Juez A Quo, se tiene que en el caso de autos, es aplicable el “Principio de la Primacía de la Realidad” y la relación entre los demandantes y la empresa recurrente reúne las características del artículo 2 del Decreto Supremo No. 28699 de 01 de mayo del 2006, por otro lado, una de las bases fundamentales del legislador para la creación y aplicación de la disposición legal ya citada, dentro del ordenamiento jurídico, es que sobre el rótulo de libre contratación y libre rescisión, se han dado excesos que han significado decisiones arbitrarias para despedir y maneras camufladas para burlar obligaciones laborales, como son los contratos civiles encubiertos, reiterando que la empresa recurrente intentó ocultar la relación laboral con sus trabajadores; por otro lado, se debe tomar en cuenta que por mandato del artículo 162 de la Constitución Política del Estado (1967), en concordancia con el artículo 4 de la Ley General del Trabajo, ésta última norma, dispone que “Los derechos que esta Ley reconoce a los trabajadores son irrenunciables, y será nula cualquier convención en contrario”; es en alcance de tales principios que la legislación laboral vigente, orienta su sentido proteccionista hacia el trabajador, de donde se establece que el objeto del proceso laboral es el reconocimiento de los derechos consignados a favor de los trabajadores, en cuanto a la jurisprudencia citada por la recurrente no es aplicable al caso de autos, razón justificada para afirmar que no es evidente lo expresado por la empresa recurrente.
Por otra parte, la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia, que ésta enseña, a través del Auto Supremo No. 166 de 8 de mayo de 1995, correspondiente a la Sala Civil II, dispone: "En el recurso de casación en el fondo, necesariamente se tiene que acusar la violación, interpretación errónea o aplicación indebida de las Leyes que constituyen el fundamento del auto de vista impugnado y no otras disposiciones ajenas, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 253-1) del Código de procedimiento Civil”.
Que, en cuanto a la interpretación errónea del artículo 158 del Código Procesal del Trabajo, al haber presentado documentación que acredita que los comisionistas trabajan por cuenta ajena, pretendiendo en esta instancia la valoración de la prueba, sin tomar en cuenta que la uniforme jurisprudencia desarrollada por el Supremo Tribunal de Justicia ha establecido que la apreciación y valoración de la prueba corresponde a los jueces y tribunales de instancia, siendo incensurable en casación, a no ser que se demostrare la infracción del inciso 3) del artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, extraordinariamente podrá procederse a una revaloración de la prueba, en la medida que el recurrente acuse y demuestre que se hubiera producido error de hecho o de derecho por los tribunales inferiores, aspecto que en el recurso en análisis no ocurrió, máxime cuando el Auto de Vista No. 210 de fecha 23 de mayo de 2008 (impugnado en casación), en el tercer CONSIDERANDO, quinto párrafo, fundamentó: “…durante la tramitación y conclusión del proceso, se demostró la relación laboral entre los demandantes Peregrino Pérez Quezada, Jorge Jaime Nava Ayllon, Adelio Palenque Cruz y Roger Pérez Quezada y la Empresa Telecel S.A., en su calidad de Promotores de Ventas de Teléfonos Celulares y Tarjetas Prepago para la empresa Telecel S.A., bajo la modalidad de pago por comisiones, con un salario promedio mensual de los últimos tres meses para Peregrino Pérez Quezada de Bs.9.000,00; Jorge Jaime Nava Ayllon de Bs. 3.000,00; Adelio Palenque Cruz de Bs.2.305,00 y Roger Pérez Quezada de Bs.2.000. En consecuencia el juzgador al dictar la Sentencia y reconocer los derechos sociales a favor de los extrabajadores, en base a estos salarios aplicó correctamente las disposiciones legales pertinentes.”
Que, en cuanto a que existe interpretación errónea del artículo 182 inciso a) del Código Procesal del Trabajo, al respecto la norma aludida, dispone: “Acreditada la prestación del servicio o la ejecución de la obra, se presume la relación de trabajo salvo prueba en contrario”; en el acápite anterior se transcribió el fundamento expresado en el Auto de Vista impugnado, de que existió una relación de trabajo entre los demandantes y la empresa recurrente, por lo que no existe la interpretación errónea aludida.
Que, en cuanto a la interpretación errónea, Pastor Ortiz Mattos en su Libro, “El Recurso de Casación en Bolivia”, Editorial Judicial, año 1997, página 152, define: “Que la interpretación errónea se refiere al error en el que incurre el Tribunal que dicta la Resolución recurrida sobre el pensamiento latente de la norma o sea la “Ratio Legis”. Para ello el Tribunal de casación debe interpretar cada Ley determinada de manera uniforme en sus distintos fallos, para realizar esa interpretación, el tribunal de casación escudriña la voluntad del legislador y, toma en cuenta su redacción gramatical, así como diversos elementos, tal es el sistemático, porque una ley no puede interpretarse aisladamente sino dentro del conjunto de leyes que regulan una materia determinada, porque ese conjunto, es un todo armónico que responde a una idea general”; aspecto que el memorial de recurso en análisis no fundamentó adecuadamente su recurso de casación en el fondo.
Que, en el marco legal descrito, el Auto de Vista recurrido, no ha incurrido en interpretación errónea de las disposiciones legales acusadas por parte de la empresa recurrente, como se acusó en el memorial de recurso de fojas 530 a 532 y vuelta, correspondiendo, en consecuencia, aplicar el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil, con la facultad remisiva del artículo 252 del Código Procesal del Trabajo.
POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Liquidadora del Supremo Tribunal de Justicia, con la facultad prevista en la Disposición Transitoria Octava y el numeral 1 del parágrafo I del artículo 42, ambos de la Ley del Órgano Judicial, así como del artículo 8 de la Ley No. 212 de 23 de diciembre de 2011, declara INFUNDADO el recurso de casación de fojas 530 a 532 y vuelta, con costas.
MAGISTRADA RELATORA: Dra. María Arminda Ríos García.
Sucre, 25 de febrero de 2013