Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/736032169
Timestamp: 2020-07-10 07:19:14
Document Index: 156778757

Matched Legal Cases: ['artículo 32', 'artículo 15', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 47', 'artículo 2', 'artículo 2', 'Artículo 6', 'Artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 1']

Sentencia de Tutela nº 295/18 de Corte Constitucional, 24 de Julio de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 736032169
Fecha de Resolución: 24 de Julio de 2018
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO EN MATERIA MIGRATORIA. VULNERACION POR CUANTO NO SE SUMINISTRÓ INTERPRETE Y/O TRADUCTOR OFICIAL A CIUDADANO JAPONES. El accionante, un ciudadano de 70 años y de nacionalidad japonesa, tuvo inconvenientes con las autoridades migratorias colombianas por haber superado el tiempo de permanencia en el país en calidad de turista. Con el fin de resolver su situación se acercó al Grupo de Control Migratorio Especializado Regional Aeropuerto El Dorado y esta autoridad, ante la presunta infracción normativa en materia migratoria, inició y agotó ese mismo día, en un término aproximado de una hora, todas las etapas de la actuación administrativa sancionatoria, llegando incluso a la adopción de la medida de deportación, sin que brindara al sancionado el servicio de intérprete y/o traductor oficial. Se analiza la siguiente temática: 1º. Los derechos de los extranjeros en Colombia. 2º. El debido proceso administrativo y la importancia constitucional del derecho fundamental a la defensa técnica en los procesos judiciales o administrativos. 3º. El proceso administrativo sancionatorio en materia migratoria. Se CONCEDE el amparo invocado. Se advierte a la accionada que en lo sucesivo garantice los derechos de defensa y contradicción en desarrollo de los procedimientos administrativos migratorios de carácter sancionatorio, con sujeción a los términos previstos en la Ley 1437 de 2011 y a lo previsto en las normas constitucionales, de derechos humanos y la jurisprudencia constitucional, en relación con la necesidad de proveer el servicio de traductor y/o intérprete oficial que le permita al migrante que no domina el idioma castellano, expresarse y comprender los supuestos fácticos y jurídicos del trámite. Recibo Relatoria:
Acción de tutela presentada por M.O. contra la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia- Ministerio de Relaciones Exteriores-.
Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. –S. Laboral.
Asunto: Debido proceso administrativo migratorio.
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil dieciocho (2018).
La S. Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada G.S.O.D., quien la preside, y los M.J.F.R.C. y C.P.S., en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente:
En el proceso de revisión de la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., S.L., en segunda instancia, el 24 de enero de 2018, que revocó la decisión adoptada en primera instancia por el Juzgado Treinta y Tres Laboral del Circuito de Bogotá D.C., el 16 de noviembre de 2017, que concedió el amparo del derecho fundamental al debido proceso y ordenó dejar sin efecto las actuaciones administrativas que se surtieron en el Expediente N° 2017712540101010E y culminó con medida de deportación y, en su lugar, negó la protección solicitada por no encontrar acreditados los requisitos de procedencia, dentro de la acción de tutela promovida por M.O. contra la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia- Ministerio de Relaciones Exteriores-.
El asunto llegó a esta Corporación por remisión que efectuó la Secretaría del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., S.L., según lo ordenado por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. El 23 de marzo de 2018, la S. de Selección Número Tres de Tutelas[1] de la Corte lo escogió para revisión.
El 31 de octubre de 2017, el señor M.O. a través de apoderado judicial interpuso acción de tutela contra la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia- Ministerio de Relaciones Exteriores-, en la que solicitó (i) la protección del derecho al debido proceso; (ii) se ordenara a la entidad accionada dejar sin efecto las actuaciones administrativas que se surtieron respecto a su situación migratoria; (iii) se reiniciara dicha actuación pero suministrándole el servicio de un intérprete y/o traductor oficial; y (iv) se sustituyera el cargo de la medida de deportación por una sanción de menor entidad como la económica, de conformidad con las circunstancias del caso.
A.H. y pretensiones según la acción de tutela
2. Refiere que el 12 de abril de 2017 en el Aeropuerto Internacional El Dorado, funcionarios de Migración Colombia “(…) lo atendieron, y lo remitieron a unas oficinas donde lo colocaron a leer, firmar y diligenciar varios documentos los cuales desconoce completamente su contenido, pues no domina en lo más mínimo el idioma Español o C., y tampoco le fue suministrado el respectivo traductor o Intérprete Oficial, máxime teniendo en cuenta su avanzada edad; posteriormente fue enviado de vuelta a su país (…)”[3].
3. Luego de que el actor contactara los servicios de un abogado, el profesional en derecho le solicitó a la entidad accionada que le informara cuál era la situación migratoria del señor O. con el respaldo documental pertinente, específicamente, en donde constara la actuación que se inició en contra de su representado y que culminó con la sanción de deportación.
4. Refiere que el 18 de octubre de 2017, la entidad le respondió que el señor M.O., identificado con pasaporte N° TZ1065853 de nacionalidad japonesa, fue deportado del territorio colombiano al hallarse responsable de infringir la normativa migratoria de conformidad con lo establecido en el Decreto 1067 de 2015.
5. Resalta que de las copias del proceso administrativo que le entregaron, observó que el señor O. no contó con un traductor o intérprete oficial y, además, que la actuación administrativa de carácter sancionatorio, en los términos de la Ley 1437 de 2011 “(…) goza de términos procesales que se pueden extender incluso en tiempos superiores a los cuarenta (40) días hábiles, y la entidad accionada la desata y concluye en menos de una (1) hora, emitiendo la resolución N° 20177120009436 del 12 de abril de 2017, por medio de la cual imponen y ordenan la deportación de mi pupilo (…)”[4].
6. Anota que el señor O. no registra antecedentes penales y tampoco representa un peligro para la seguridad nacional.
7. Por ello, solicita se proteja el derecho fundamental al debido proceso, en consecuencia, se ordene a la entidad accionada: (i) dejar sin efecto todas las actuaciones administrativas migratorias que se surtieron respecto a la situación migratoria del señor M.O.; y (ii) reiniciar la actuación administrativa sancionatoria de carácter migratorio con observancia de todas las reglas que garanticen el debido proceso. En particular, busca que le otorguen un traductor o intérprete oficial y, en razón a la condición de su representado, se sustituyan los cargos de una sanción tan drástica como la deportación por cargos de una sanción de menor entidad (económica) que atienda y observe las circunstancias reales y materiales del caso.
Con respecto al procedimiento administrativo que se adelantó en contra del señor M.O. informó que el 12 de abril de 2017 el actor se presentó en las instalaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado con la intención de abandonar el territorio colombiano y que al realizar las respectivas verificaciones se estableció que el ciudadano japonés se encontraba desde el 5 de diciembre de 2016 sin visa o permiso que amparara su permanencia en Colombia, lo cual contraviene lo dispuesto en la normativa migratoria[7] y se considera como una conducta grave de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Resolución 0714 de 2015[8].
Por lo anterior, el D. de la Regional Aeropuerto El Dorado, mediante Resolución N° 20177120009436 del 12 de abril de 2017, aplicó la medida de deportación del territorio colombiano al señor O. y la prohibición de ingreso al país por el término de 5 años, actuación que se le notificó sin que interpusiera recurso alguno y cobró ejecutoria el 28 de abril de 2017.
Refirió que el señor M.O. de su puño y letra reconoció la falta que se le endilgó en el auto de formulación de cargos, lo cual hizo en el idioma español y que, aunque el ordenamiento jurídico colombiano contempla acciones legales para controvertir este tipo de decisiones ante la jurisdicción contencioso administrativa, han transcurrido 6 meses sin que el accionante hubiese acudido a ninguna de las herramientas con que cuenta.
El Juzgado Treinta y Tres Laboral del Circuito de Bogotá D.C., mediante providencia del 16 de noviembre de 2017[9], amparó el derecho fundamental al debido proceso del señor M.O. y dejó sin efecto la totalidad de las actuaciones administrativas migratorias que se surtieron en el expediente N° 2017712540101010E. En consecuencia, ordenó al D. General de Migración Colombia que emitiera un nuevo acto administrativo con el que iniciara las actuaciones administrativas migratorias a que hubiese lugar en contra del ciudadano japonés M.O., de conformidad con los artículos 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y garantizara el ejercicio de contradicción del actor.
El juez de primera instancia concluyó que la entidad accionada vulneró el derecho al debido proceso del señor O. por cuanto inició, adelantó y resolvió el proceso disciplinario en contra del actor sin seguir lo dispuesto en el Título III, Capítulo III del CPACA. Esto es, al igual que en el caso que analizó el Consejo de Estado, Migración Colombia emitió el auto de apertura de la actuación administrativa, el auto de formulación de cargos y la resolución de deportación en la misma fecha sin seguir los términos de las etapas en este tipo de procedimiento administrativo.
Segunda instancia- Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., S.L..
La S. Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá D.C., mediante sentencia del 24 de enero de 2018[13], revocó la sentencia impugnada y, en su lugar, negó la solicitud de amparo al considerar que el accionante no utilizó los medios de defensa judicial.
De otro lado, se ofició a la entidad accionada para que se pronunciara acerca del tipo de permiso que se le otorgó al ciudadano japonés M.O., especificara la forma en la que se había adelantado el trámite administrativo migratorio el 12 de abril de 2017 y si le había suministrado el servicio de intérprete y/o traductor oficial, cuál era el estatus migratorio del actor y allegara la guía que contiene los lineamientos para desarrollar este tipo de procedimientos administrativos[16].
Respuesta del apoderado del actor M.O..
Manifestó que el señor O. se acercó al Centro Facilitador de Servicios Migratorios de la ciudad de Cali, con el fin de solicitar la prórroga de permanencia PTP[18]. Sin embargo, en ese momento ya había excedido el tiempo de permanencia en el país, lo cual imposibilitó que le extendieran el permiso inicial. Allí le indicaron que podía solucionar su situación cancelando una sanción económica al momento de salir por el puesto de control migratorio por donde realizara la emigración.
Afirmó que es imposible que el señor O. hubiese tenido claridad acerca de los documentos que firmó y menos cuestionar o realizar alguna solicitud durante el desarrollo de la actuación sancionatoria ya que la misma se realizó en menos de 1 hora. Además, no se le suministró traductor y/o intérprete oficial y los oficiales que impulsaron el trámite administrativo no dominan y/o manejan el idioma japonés.
Como consecuencia del amparo del derecho al debido proceso del señor M.O. en primera instancia, la accionada, a través del Subdirector de Verificación Migratoria de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, expidió la Resolución N° 20175020000546 del 28 de noviembre de 2017 “Por la cual se resuelve una Revocatoria Directa”, en donde además de dar cumplimiento al fallo de tutela, reconoció el yerro en el que incurrió la Dirección Regional del Aeropuerto Internacional El Dorado, al imponer la medida de deportación, así:
Finalmente, cabe resaltar que la Subdirección de Verificación Migratoria constantemente generado (sic) los lineamientos correspondientes a los D.es Regionales, sobre la importancia del respeto y consecución de los términos procesales que hay que tener en cuenta en desarrollo del proceso administrativo sancionatorio, estableciendo incluso controles adicionales con el fin de respetar los preceptos legales en esta materia; en tal sentido se le hace un llamado a esta Regional para que acoja de manera irrestricta a los plazos legales que la Ley 1437 de 2011 congrega (…)”[19].
Con fundamento en la anterior decisión, el señor O. ingresó de nuevo al territorio nacional el 11 de enero de 2018. Sin embargo, a su llegada, Migración Colombia le comunicó el auto de apertura de la actuación administrativa de carácter migratorio N° 2017712540103642E y, otra vez, no le suministró intérprete oficial que le permitiera entender y comprender los documentos que suscribió. En consecuencia, la entidad accionada no removió esta barrera jurídica para garantizar los derechos de contradicción y defensa del señor M.O..
Ahora bien, en segunda instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., S.L., revocó la decisión del juez de primera instancia y negó el amparo a favor del actor. Como consecuencia de esta decisión el D. Regional del Aeropuerto Internacional El Dorado expidió el auto N° 20187120017405 del 12 de marzo de 2018 “Por medio de la cual se decide un procedimiento administrativo sancionatorio en materia Migratoria”, mediante el cual ordenó el archivo definitivo de la actuación que había iniciado con número 2017712540103642E y, en consecuencia, quedó vigente la Resolución N° 20177120009436 del 12 de abril de 2017, que ordenó la deportación del señor O..
Sostuvo que la accionada incurrió en un error porque aunque el Tribunal en sede de impugnación, revocó la decisión de primera instancia, ello no conlleva de manera automática a que la Resolución N° 20175020000546 del 28 de noviembre de 2017 “Por la cual se resuelve una Revocatoria Directa” que emitió el Subdirector de Verificación Migratoria de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, quede sin efectos. Además, refiere que quien expidió dicho acto es superior del D. de la Regional Aeropuerto El Dorado y sus argumentos en torno a la manera en que se adelantó el trámite administrativo siguen vigentes y deben cumplirse. En conclusión, advirtió que “(…) no puede de ninguna manera el señor D. de la Regional Aeropuerto Eldorado (sic) desconocer el pronunciamiento de su superior y pretender archivar la nueva actuación administrativa que se le ordenó iniciar, y mucho menos pretender dejar vigente una actuación que se encuentra legalmente revocada (…)”[20].
El señor M.O. ingresó a Colombia el 5 de diciembre de 2016 y se le otorgó un permiso de ingreso y permanencia (PIP) 5, el cual corresponde a la realización de actividades de descanso o esparcimiento en calidad de turista por 90 días, los cuales se cumplieron el 4 de marzo de 2017. Además, registra movimientos migratorios desde el 21 de abril de 2007 y el último ingreso fue el 11 de enero de 2018.
En el caso particular, no existen dentro de la actuación administrativa de carácter sancionatorio pruebas de arraigo en Colombia. Además, informó que el señor M.O. ha reincidido en infracciones a la normativa migratoria colombiana por la misma causal. Así, en los años 2014 y 2015 fue sancionado en la ciudad de Cali por la Regional Occidente de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, por encontrarse en permanencia irregular, al permanecer más tiempo del permitido sin llevar a cabo los procedimientos migratorios correspondientes que le autorizaran continuar en el país, sin incurrir en infracciones.
Indicó que dentro de los procesos sancionatorios que se han llevado a cabo en contra del señor M.O. se evidencia que en sus descargos siempre acude al argumento de que “vivir en Colombia es más barato”, lo cual indica que el accionante conoce el contexto del país e ingresa al territorio con vocación de domicilio, para lo cual es necesario obtener un visado expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por ello, considera que este incurre en permanencia irregular de forma consciente y de manera reiterada.
En virtud de las pretensiones del accionante y los hechos acreditados, esta S. consideró que era necesario ordenar una medida cautelar con el fin de evitar la eventual configuración de un perjuicio irremediable y/o la ineficacia de la decisión judicial en esta sede. Ello, por cuanto si no se adoptaba una medida urgente era probable que al momento de emitir el fallo este no produjera efectos jurídicos y de lo que se trata precisamente, es de evitar no sólo la posible afectación a un derecho fundamental sino también la ineficacia de la decisión judicial. Cabe anotar que al momento de disponer dicha medida se estableció comunicación telefónica con el abogado del actor con el fin de establecer si el señor M.O. se encontraba en el territorio nacional, quien respondió que, en efecto, en virtud del fallo de primera instancia que amparó su derecho al debido proceso retornó al país y que a la fecha aún se encuentra en Colombia[21].
En virtud de lo anterior, mediante auto del 30 de mayo de 2018 (notificado en el estado número 437 el 1° de junio de 2018) la S. Sexta de Revisión ordenó a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia que se abstuviera de hacer efectiva la medida migratoria de deportación al ciudadano extranjero M.O., identificado con pasaporte N° TZ1065853, de nacionalidad japonesa, hasta que la S. Sexta de Revisión de la Corte Constitucional se pronunciara de fondo sobre el tema.
1. Esta S. de Revisión es competente para examinar las sentencias de tutela proferidas en este asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9° de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. El señor M.O. ingresó al país el 5 de diciembre de 2016 y se le otorgó un permiso de ingreso y permanencia PIP-5 (Turista) por 90 días, el cual se cumplió el 4 de marzo de 2017. Por lo anterior, el accionante se acercó al Grupo de Control Migratorio Especializado Regional Aeropuerto El Dorado el 12 de abril de 2017 con el fin de resolver su situación migratoria. Ante la presunta infracción de la normativa en dicha materia, la entidad accionada inició y agotó las etapas de la actuación administrativa sancionatoria ese mismo día y adoptó la medida de deportación en contra del señor O., sin que este contara con el servicio de intérprete y/o traductor oficial.
3. Con base en los hechos descritos, de superarse el análisis de procedibilidad, corresponde a esta S. de Revisión establecer si:
¿Migración Colombia vulneró el derecho fundamental al debido proceso del ciudadano japonés M.O. en el procedimiento administrativo migratorio de carácter sancionatorio que se surtió el 12 de abril de 2017, al no suministrarle el servicio de intérprete y/o traductor oficial y llevar a cabo el procedimiento administrativo sancionatorio de carácter migratorio en un término inferior a una hora?
En el presente caso, el señor M.O., ciudadano japonés, acude a la acción de tutela a través de apoderado judicial, cuyo poder obra en el expediente[25], con un interés directo y particular respecto de la solicitud de amparo que eleva ante el juez constitucional, de manera que puede establecerse sin dificultad que lo que reclama es la protección de su derecho fundamental al debido proceso y se encuentra legitimado para el efecto[26].
Que a pesar de existir otro medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede como mecanismo transitorio; y
Que si bien existe otro medio de defensa judicial, éste no es idóneo o eficaz para proteger los derechos fundamentales invocados, caso en el cual la tutela procede de manera definitiva.
9. Respecto del requisito de subsidiariedad, aunque la entidad accionada manifiesta que no se halla acreditado este requisito, ya que contra la Resolución N° 20177120009436 del 12 de abril de 2017 “Por medio de la cual se decide una deportación del territorio Colombiano”[32] procede el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para impugnar su validez[33], lo cierto es que según consta en el plenario, las etapas del procedimiento administrativo migratorio se adelantaron el 12 de abril de 2017 y, según lo manifestó el apoderado del actor en uno de los escritos que allegó a esta Corporación, ese día el señor O. salió del país en calidad de deportado[34]. Lo anterior, también puede inferirse de lo expuesto por el Subdirector de Verificación Migratoria en la Resolución N° 20175020000546 del 28 de noviembre de 2017 en la que sostiene que la ejecución de todos los actos administrativos acaeció en un solo día[35], dentro de los cuales se encuentra el de la deportación del ciudadano japonés.
Ante estas circunstancias particulares, la S. encuentra que dicho medio de control no resulta idóneo ni eficaz para lograr la protección del derecho invocado por el actor, pues si bien el accionante contó en su momento con otros mecanismos judiciales para atacar el acto administrativo que hoy se cuestiona como violatorio del derecho al debido proceso, lo cierto es que no los pudo ejercer efectivamente porque la medida de deportación se hizo efectiva el mismo día en el que se le notificó. También se evidencia, como lo afirma el juez de primera instancia, que el actor apostilló el poder para actuar en este proceso constitucional en Japón, de lo cual puede inferirse que no se encontraba en el país para acudir a las instancias judiciales. Además, no es claro que ante la barrera idiomática el actor hubiese entendido el alcance y las implicaciones de dichos recursos en el sistema jurídico colombiano, como también se puede deducir que operó el fenómeno de la caducidad de la acción ante la jurisdicción contenciosa administrativa, esto porque el término para acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es de 4 meses y el acto administrativo objeto de reproche se expidió el 12 de abril de 2017 y quedó ejecutoriado el 28 de abril del mismo año[38].
10. En definitiva, la S. estima que en este caso es evidente que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no resulta idóneo o eficaz[39] ante el reclamo de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados al solicitante, en consideración a que no contó efectivamente con la posibilidad de hacer uso de los mecanismos judiciales porque no se encontraba en el país, sumado a que la barrera idiomática también resta idoneidad a las acciones judiciales ordinarias al limitar el cabal entendimiento acerca de la manera en que opera el sistema jurídico en Colombia, en este caso específico, la manera en que se agota la vía gubernativa y se ejercen las acciones judiciales, más aún, desde la distancia.
12. En el caso bajo estudio, se advierte que se cumplió con el mismo, en la medida en que la acción de tutela se interpuso dentro de un plazo razonable en atención a la circunstancia de deportación del actor. Así, se observa que el ciudadano japonés fue deportado por las autoridades migratorias colombianas el 12 de abril de 2017 y que el señor M.O. otorgó poder a un profesional en derecho para que presentara en su nombre acción de tutela, cuyo documento se entregó ante el Consulado de Colombia en Tokio, Japón, para la diligencia de reconocimiento de firma el 11 de septiembre de 2017[46]. Luego de lo cual, se radicó la acción de tutela el 31 de octubre de 2017 en la ciudad de Bogotá, esto es, después de que transcurrieran aproximadamente 6 meses, lapso que se estima razonable teniendo en cuenta las particularidades del caso.
En virtud de lo expuesto esta S. encuentra razonable el tiempo en el que se ejerció la acción constitucional luego de que se emitió el acto administrativo que dispuso la medida de deportación, pues no se encontraba en el país en razón a la orden de deportación y a la prohibición de ingresar al territorio nacional en un periodo de 5 años, sumado a que la vulneración o amenaza del derecho invocado es actual y continúa en el tiempo, pues como lo informó la autoridad administrativa al apoderado del actor, la Resolución mediante la cual se decidió la deportación se encuentra vigente[47].
Verificada la procedibilidad de la acción de tutela, la S. pasa a abordar el marco constitucional aplicable al caso para resolver el problema jurídico planteado.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 23 de noviembre de 2010, proferida dentro del caso V.L. contra Panamá[60], consideró que el derecho a la defensa obliga al Estado a considerar al individuo como un verdadero sujeto del proceso y no como un objeto del mismo, por lo que conforme a los literales d) y e) del artículo 8.2 de la Convención, el procesado tiene derecho a defenderse personalmente o a ser asistido por un defensor de su elección o, en caso de imposibilidad de hacerlo, a que el Estado se lo proporcione. De tal manera que en aquellos procedimientos judiciales en los que se adopten decisiones que afecten, por ejemplo, la libertad personal, la prestación de un servicio público gratuito de defensa legal a favor de quienes afrontan el proceso se requiere dicha asistencia para evitar la vulneración a las garantías del debido proceso y envuelve un imperativo del interés de la justicia[61].
23. Así lo expuso ese órgano judicial en el Caso W.H.W. contra Perú (Sentencia del 30 de junio de 2015):
Cabe anotar que en este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el proceso de extradición contra el señor W.H.W. duró más de seis años y excedió el plazo razonable, como también que a la fecha de proferir la decisión judicial no había concluido, por tanto, señaló que las autoridades estatales no actuaron con la celeridad y el deber de diligencia exigidos en este tipo de casos, más aún cuando el proceso de extradición constituye una etapa previa al posible proceso penal que debe enfrentar el acusado[68].
24. Ahora bien, la Corte Interamericana analizó esta garantía en casos en los que el procedimiento se agota en un plazo irrazonablemente corto. Así, en el caso F.P.T. contra el Estado Plurinacional de Bolivia (25 de noviembre de 2013), expuso lo siguiente:
“192. La Corte constata que, tal como surge de sus alegatos, el Estado planteó un análisis en abstracto acerca de la efectividad de tales recursos, citando jurisprudencia del Tribunal Constitucional boliviano para alegar que en la época de los hechos esos recursos eran adecuados y efectivos para haber detenido la expulsión de la familia P.T. o para cuestionar violaciones del debido proceso en la denegatoria de su solicitud de estatuto de refugiados, e incluso para eventualmente solicitar daños y perjuicios. Sin embargo, en este caso las presuntas víctimas no contaron con posibilidad alguna de conocer, mínimamente, las decisiones que habían sido proferidas en relación con su solicitud y su situación migratoria, pues está probado que fueron expulsados de Bolivia en la mañana del día siguiente a la emisión de la resolución de expulsión, la cual fue expedida en un plazo excesivamente sumario, no les fue notificada y fue ejecutada inmediatamente. Tal situación hizo nugatorio o impracticable cualquier recurso interno que existiera en Bolivia para haber amparado o remediado los actos ejecutados en su perjuicio. Por ende, no corresponde a la Corte realizar un examen in abstracto de la adecuación y efectividad de tales recursos para subsanar las violaciones de derechos analizadas anteriormente (…)”.
26. En esa oportunidad le correspondió a la S. Novena de Revisión analizar, entre otros aspectos, lo concerniente al contenido del derecho de contradicción y defensa cuando se trata de procesos administrativos seguidos contra migrantes[70]. Sobre el alcance de este derecho se realizaron las siguientes precisiones:
34. Del análisis del caso planteado, se deriva que el señor M.O. ingresó al país el 5 de diciembre de 2016 y se le otorgó un permiso de ingreso y permanencia PIP-5 para realizar actividades de descanso y esparcimiento (Turista) por un término de 90 días calendario, el cual se cumplió el 4 de marzo de 2017. En virtud de lo anterior, el señor O. se acercó el 12 de abril de 2017 al punto de control migratorio Aeropuerto El Dorado con el fin de regularizar su situación migratoria. Ante la presunta infracción de las normas migratorias, la entidad accionada surtió el respectivo trámite administrativo sancionatorio que culminó con medida de deportación y se hizo efectiva en esa misma fecha. Por ello, la S. analizará el procedimiento administrativo que se surtió el 12 de abril de 2017, a la luz del derecho fundamental al debido proceso.
Consta en el plenario que el señor O. se presentó el 12 de abril de 2017, a las 8:15 a.m., al punto Front Office del Grupo de Control Migratorio Especializado Regional Aeropuerto El Dorado, con el fin de resolver su situación migratoria, ya que una vez acaeció la validez del permiso otorgado no solicitó prórroga de permanencia ni tramitó salvoconducto, por lo cual en esa fecha se encontraba incurso en una presunta infracción de las normas migratorias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.11.2.12, numeral 2, del Decreto 1067 de 2015[80] que establece que se adquiere el estatus de irregular cuando:“2. (…) el extranjero habiendo ingresado legalmente permanece en el país una vez vencido el término concedido en la visa o permiso respectivo”.
(ii) Dirigió un oficio al señor M.O. comunicándole la apertura de la anterior actuación[82] en la cual le manifiesta que de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) y en el Decreto 4062 de 2011[83], iniciará las actuaciones respectivas para verificar si ha observado las normas migratorias contenidas en el Decreto 1067 de 2015[84].
(iii) Formuló pliego de cargos en contra del ciudadano japonés M.O.[85] por incurrir en causal de deportación de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.13.1.2., numeral 3 del Decreto 1067 de 2015: “CAUSALES DE DEPORTACIÓN (…) 3. Encontrarse en permanencia irregular en los términos del Capítulo 11 de este Título, siempre y cuando no existan circunstancias especiales que ameriten la sanción económica”[86].
(v) Posteriormente, se encuentra un oficio escrito a mano y suscrito por el accionante en el que manifiesta que renuncia a términos: “(…) yo M.O. con pasaporte Japones TZ1065853, Renuncia a las etapas Rrocesales (sic) y términos de ley y maniflesto (sic) que lkRegular (sic) por que vivir en Colombia es mas (sic) economico (sic)”[88].
(vii) A continuación, a las 9:05 a.m., la entidad accionada le notificó personalmente al señor O. el contenido de la anterior resolución por medio de la cual le impuso la medida de deportación. En esta misma diligencia, consta que se leyó dicho acto administrativo y se le informó que contra el mismo procedían los recursos de reposición y apelación “(…) el primero ante la Coordinación del Grupo de Verificación Migratoria Especializado, y el segundo ante la Regional Aeropuerto Eldorado (sic) los que podrán ser interpuestos dentro de los diez (10) días siguientes a esta diligencia (…)”[91]. (Subraya fuera de texto)
35. En sede de primera instancia, el Juez 33 Laboral del Circuito de Bogotá, accedió al amparo del derecho fundamental al debido proceso del actor, dejó sin efecto la totalidad de las actuaciones administrativas migratorias que se adelantaron en el Expediente N° 2017712540101010E y ordenó al D. General de Migración Colombia que emitiera un nuevo acto administrativo en el que diera inicio a las actuaciones pertinentes en materia migratoria, de conformidad con los términos previstos en el CPACA que garantizara el derecho de contradicción del accionante.
En virtud de lo anterior, el señor O. ingresó al país el 11 de enero de 2018 y en esta misma fecha Migración Colombia inició actuación administrativa bajo el Expediente N° 2017712540103642E[96], y expidió el Auto N° 20187120002065 “Por medio del cual se ordena la apertura de una actuación administrativa de carácter migratorio”[97] que se le comunicó al actor en esta misma fecha. Después de lo cual, la entidad accionada profirió el Auto N° 20187120003185 del 16 de enero de 2018[98], por el cual formuló pliego de cargos en contra del actor.
Es decir, la segunda actuación administrativa que inició el 11 de enero de 2018 en virtud del fallo judicial del juez de tutela en primera instancia se archivó y quedó vigente la primera, esto es, la del 12 de abril de 2017 que ordenó la medida de deportación, y a la cual se circunscribe el análisis de esta S..
38. Para la S., la entidad accionada violó el derecho al debido proceso del accionante con el procedimiento que surtió el 12 de abril del 2017 al no haberle suministrado el servicio de intérprete y/o traductor oficial al tutelante y por llevar a cabo el procedimiento en un tiempo tan corto que, a su vez, no le permitió al mismo ejercer sus derechos a la defensa y contradicción.
Al respecto, esta S. no comparte dicha conclusión, pues: (i) del video que se allegó no se deriva el pleno dominio del idioma castellano como lo afirma la entidad accionada. En este, tan solo se observa que el actor pronuncia dos o tres palabras cortas y que en su gran mayoría asiente con la cabeza a las preguntas e indicaciones que le da, en español, la funcionaria de Migración Colombia con respecto al inicio del trámite administrativo[105] y; (ii) de los movimientos migratorios de los que informa la entidad, se observa que ha ingresado en varias oportunidades al país desde el 21 de abril de 2007 y, en distintos periodos y no es posible concluir que, en razón a dichas visitas, las cuales se interrumpieron en una oportunidad desde el 28 de marzo de 2008 al 30 de marzo de 2014, por mencionar un ejemplo, tenga pleno dominio del idioma castellano.
Además, el apoderado del accionante afirmó que el párrafo que escribió el señor O. para renunciar a términos se realizó con ayuda de traductores como “google” y otras herramientas de Internet. De esa traducción no se deriva que se entienda efectivamente el procedimiento y sus etapas y tampoco se cumple con el estándar de garantizar el conocimiento de la actuación administrativa.
De todas maneras, esta Corporación considera que de los argumentos precedentes no es posible concluir que el señor M.O. domina el idioma oficial de nuestro país y que comprendió el alcance de los documentos que firmó ni la manera en que podía agotar la vía gubernativa y acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contenciosa administrativa. En efecto, sin intérprete, es difícil asegurar que el señor O. comprendió la normativa que originó la medida de deportación y la manera de ejercer los recursos y acciones que tenía a su alcance ni que contaba con todos los elementos de juicio para cuestionar los actos administrativos, lo cual implica conocer, así sea de manera mínima, cómo funciona el sistema jurídico colombiano.
40. En conclusión, en el presente caso se vulneró el derecho al debido proceso en el trámite administrativo migratorio de carácter sancionatorio que se adelantó en contra del señor M.O., porque no se le suministró el servicio de intérprete y/o traductor oficial que le permitiera ejercer de manera real y eficaz los derechos de contradicción y defensa dentro de dicho proceso.
41. Sumado a lo anterior, esta S. observa que el procedimiento administrativo migratorio se adelantó el mismo día y en un tiempo aproximado de una hora, lo cual también constituye una vulneración del derecho al debido proceso, específicamente, del derecho a un plazo razonable.
Esto, ocurrió de manera similar en el presente caso, donde toda la actuación administrativa se agotó en un plazo excesivamente corto, 1 hora, lapso durante el cual se expidieron los actos administrativos de auto de apertura de la investigación, formulación de pliego de cargos y la decisión de imponer medida de deportación. A lo cual se suma la renuncia a términos del investigado y la suscripción de varios formatos sobre buen trato e información adicional que la entidad accionada le suministró al señor M.O..
Es importante resaltar que tal y como lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos la actuación sumaria vacía de contenido las garantías más básicas del derecho al debido proceso y afecta la garantía de la protección judicial, pues como se vio en este caso, así el actor tuviera a su disposición los recursos en sede gubernativa y ante la jurisdicción contenciosa, el hecho de que la medida de deportación se ejecutara ese mismo 12 de abril, le restó efectividad a los recursos que se le otorgaron. Así las cosas, se configuró lo que la Corte Interamericana denomina “situación de imposibilidad fáctica” porque el señor O. al estar fuera del país no contó con la posibilidad real de recurrir el acto administrativo mediante el cual se impuso la medida de deportación.
Al respecto, esta S. considera importante advertir al actor, a través de su apoderado judicial, que observe las normas y procedimientos internos como también adelante los trámites a que haya lugar, los cuales deben corresponder a las actividades que pretende desarrollar en el país. Todo esto, en el marco del respeto al debido proceso, que incluye la superación de las barreras idiomáticas.
Por lo antes anotado, esta S. accederá al amparo del derecho al debido proceso, el cual se desconoció por la entidad accionada al adelantar el trámite administrativo migratorio en un solo día, esto es, el 12 de abril de 2017, y sin proveer el servicio de traductor y/o intérprete oficial al actor.
44. Con fundamento en las consideraciones expuestas, la S. revocará la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, S.L. que negó el amparo del derecho fundamental al debido proceso del actor y confirmará la decisión del Juzgado 33 Laboral del Circuito de Bogotá en cuanto accedió al amparo invocado por el actor, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Por consiguiente, dejará sin efecto los actos administrativos que se hubiesen emitido con posterioridad a la Resolución N° 20175020000546 del 28 de noviembre de 2017, Expediente 2017712540101010E “Por la cual se resuelve una Revocatoria Directa”, por cuanto fue expedida en virtud de lo dispuesto por el Juez de tutela de primera instancia, y ordenará a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, emita un acto administrativo que dé inicio a la actuación administrativa migratoria a que haya lugar en contra del ciudadano japonés M.O., identificado con pasaporte N° TZ1065853, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y la ley y teniendo en cuenta lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
Teniendo en cuenta el fundamento jurídico número 42 de esta sentencia, se advertirá al apoderado judicial del actor que le informe al señor M.O., a través de un intérprete y/o traductor oficial, acerca de la normativa colombiana que rige la situación migratoria en el país, en particular, las causales de incumplimiento de las normas migratorias que pueden culminar con medidas sancionatorias como la deportación y además, sobre el contenido de la presente providencia. Ello, con el fin de asegurar que el actor tenga conocimiento de las consecuencias que conlleva inobservar las normas migratorias en el territorio colombiano y también que acceda al contenido de la decisión y los fundamentos de la presente providencia.
Es importante advertir que no puede anularse el inicio de la actuación administrativa contra el actor, pues se observa que dicho procedimiento se adelantó ante el presunto desconocimiento de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico colombiano en materia migratoria por parte del ciudadano japonés M.O..
Con fundamento en las consideraciones expuestas, la S. Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
PRIMERO.- REVOCAR la decisión proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, S.L., el 24 de enero de 2018, que negó el amparo del derecho fundamental al debido proceso del actor. En su lugar, CONFIRMAR la sentencia emitida por el Juzgado 33 Laboral del Circuito de Bogotá, el 16 de noviembre de 2017, en cuanto amparó el derecho al debido proceso del actor, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO.- ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, emita un acto administrativo que dé inicio a la actuación administrativa migratoria a que haya lugar en contra del ciudadano japonés M.O., identificado con pasaporte N° TZ1065853, con el respeto y garantía del debido proceso en cada una de las etapas, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
QUINTO.- ADVERTIR al apoderado judicial del actor que le informe al señor M.O., a través de un intérprete y/o traductor oficial, acerca de la normativa colombiana que rige la situación migratoria en el país, en particular, las causales de incumplimiento de las normas migratorias que pueden culminar con medidas sancionatorias como la deportación y, también, sobre el contenido de la presente providencia en un término no superior a un (1) mes, a partir de la notificación de la misma.
[1] La S. de Selección estuvo conformada por los Magistrados A.L.C. y G.S.O.D..
[11] Radicación N° 05001-23-33-000-2016-01830-01 (AC) Consejero Ponente: A.Y.B., 10 de noviembre de 2016.
[15] Folio 205, Cuaderno principal. Específicamente en el Auto de pruebas se le formularon las siguientes preguntas: (i) ¿Qué tipo de permiso se le otorgó al señor M.O.? ¿por cuánto tiempo estuvo en Colombia y cuál era el propósito de su visita?; (ii) ¿Por cuánto tiempo le fue concedido?; (iii) ¿Qué trámites adelantó para su renovación?; (iv) ¿Dónde se encontraba en el periodo en el que venció su permiso?; (v) ¿Cuáles han sido sus ingresos al país?; (vi) ¿Entendió las preguntas que le formuló Migración Colombia durante el trámite sancionatorio?; (vii) ¿Entendió el alcance de los documentos que firmó o tuvo dudas? ¿Realizó alguna solicitud al respecto?; (viii) ¿Qué le preguntaron y cómo respondió durante el trámite sancionatorio?; (ix) ¿Cuáles fueron las condiciones en qué se desarrolló el trámite administrativo sancionatorio en materia migratoria en su contra? ¿Le ofrecieron el servicio de intérprete o traductor oficial?; y (x) si, tal y como se afirma en el escrito de tutela, no domina en lo más mínimo el idioma español, cómo escribió de su puño y letra lo que consta a folio 23, esto es, que renunciaba a las etapas procesales y términos de ley, como también que había incurrido en permanencia irregular. ¿Qué conocimiento tiene del idioma español?
[16] Ibídem. En particular, se le preguntó sobre los siguientes aspectos: (i) ¿Qué tipo de permiso tuvo el señor M.O. y por cuánto tiempo?; (ii) ¿Qué requisitos debía cumplir para su renovación?; (iii) ¿Desde qué fecha se encontraba el actor en el territorio colombiano?; (iv) ¿Cuáles han sido los ingresos al país del actor? ¿En qué fechas?; (v) Explique el alcance de la expresión "siempre y cuando no existan circunstancias especiales que ameriten la sanción económica" contenida en la causal del artículo 2.2.1.13.1.2. del Decreto 1067 de 2015, y cuando procede la aplicación de esta excepción; (vi) ¿Se le suministro traductor o intérprete oficial al actor durante el trámite administrativo sancionatorio?; (vii) ¿Explique en detalle las etapas y los tiempos del procedimiento que se aplicó en el caso concreto?; (viii) ¿Cómo se aseguró de que el accionante hubiese entendido los recursos con los que contaba y que podía hacer valer en el sistema jurídico colombiano?; (ix) Qué sucedió a partir del momento en que se le notificó al señor M.O. la Resolución N° 20177120009436 del 12 de abril que decidió deportarlo? ¿Ese mismo día fue deportado a su país?; (x) ¿Cuál es el estatus migratorio actual del ciudadano japonés M.O.?; (xi) ¿Ha proferido otros actos administrativos en relación con la situación migratoria del señor O.?; y (xii) allegue la guía para el desarrollo del procedimiento administrativo sancionatorio en materia migratoria o señale el enlace en donde se puede consultar oficialmente esta información.
[22] Este capítulo se desarrolla con base en lo expuesto en la Sentencia T-605 de 2017. M.G.S.O.D..
[23] “Sentencia T- 172 de 1993” M.J.G.H.G., H.H.V. y A.M.C..
[24] Sentencia C-834 de 2007. M.H.A.S.P.
[27] Ver entre otras las sentencias T-1015 de 2006, M.Á.T.G. y T-373 de 2015, M.G.S.O.D..
[28] Sentencias T-373 de 2015; T-736 de 2015; T-313 de 2016; T-185 de 2016, M.G.S.O.D..
[29] Sentencia T-051 de 2016. M.G.E.M.M.
[30] M.M.J.C.E.
[31] Sentencia T-007 de 2008, M.M.J.C.E.:“En aquellos casos en que se constata la existencia de otro medio de defensa judicial, establecer la idoneidad del mecanismo de protección alternativo supone en los términos del Artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, que el otro medio de defensa judicial debe ser evaluado en concreto, es decir, teniendo en cuenta su eficacia en las circunstancias específicas que se invoquen en la tutela.[31] Por tal razón, el juez de la causa, debe establecer si ese mecanismo permite brindar una solución “clara, definitiva y precisa”[31] a los acontecimientos que se ponen en consideración en el debate constitucional, y su habilidad para proteger los derechos invocados. En consecuencia, ´el otro medio de defensa judicial existente, debe, en términos cualitativos, ofrecer la misma protección que el juez constitucional podría otorgar a través del mecanismo excepcional de la tutela (…)[31]”.
[39] En la Sentencia T-956 de 2013. M.L.E.V.S., se expuso con respecto a la idoneidad y eficacia del mecanismo judicial, en un proceso administrativo migratorio, que el actor: “(…) careció de las condiciones mínimas exigibles para cuestionar o cuando menos comprender, los hechos y normas que motivaron en su momento la orden de deportación(…)” ante la ausencia de intérprete del castellano a su idioma. Esto, le restó idoneidad a los mecanismos judiciales ordinarios, pues “(…) carecía de cualquier elemento de juicio para conocer qué recursos judiciales y de la vía gubernativa tenía a su alcance (…)”.
[40] M.G.E.M.M.
[41] M.G.E.M.M.
[42] M.G.E.M.M.
[43] Sentencias T-1009 de 2006, M.C.I.V.H.; y T-299 de 2009, M.M.G.C..
[44] Cfr. Sentencias T-1110 de 2005, M.H.A.S.P.; T-425 de 2009, M.G.E.M.M.; y T-172 de 2013, M.J.I.P.P..
[48] M.F.M.D.
[49] Sentencia T-303 de 1994. M.F.M.D.
[50] Sentencia T-321 de 2005. M.H.A.S.P. y Artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
[51] Este capítulo se desarrolla con base en lo expuesto en las Sentencias C-328 y T-612 de 2016, M.G.S.O.D..
[52] M.J.G.H.G.
[54] Sentencia T-1049 de 2012, M., L.E.V.
[55] M.M.J.C.E.
[56] Cfr. sentencia T-784/00 (M.V.N.M.. La Corte afirmó en aquella oportunidad que en materia penal, el procedimiento “debe ser llevado a cabo, en principio, por los jueces penales dentro de los procesos en los que se manifiesten deficiencias en la defensa técnica de los sindicados, pues si mediante tales procedimientos, en sede de tutela, lo que se pretende es restablecer derechos conculcados, al aplicarlo dentro del proceso penal, se previenen eventuales vulneraciones de sus derechos fundamentales”.
[57] Cfr. sentencia T-654/98 (M.E.C.M.. Se concedió la tutela porque se probó que, pese a que el indagado había manifestado claramente el lugar en el que podía ser informado sobre cualquier decisión judicial y que, por carencia de medios económicos, no contaba con un defensor de confianza ni le había sido nombrado defensor de oficio, el juzgado no le informó sobre la expedición del cierre de investigación ni le nombró un defensor de oficio. Lo anterior, sumado a la casi absoluta falta de defensa técnica, y la no práctica de las pruebas solicitas por el sindicado llevaron a la Corte a considerar que se constituía una verdadera vía de hecho.
[59] Cfr. T-436 de 1992, M.C.A.B..
[60] Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso V.L. contra Panamá, Sentencia del 23 de noviembre de 2010, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Serie C- 218, párrafos 145-146.
[61] Cfr. Eur. C.H., B. v. United Kingdom (Application no 19380/92) Judgment of 10 June 1996, párrs. 61 (“La Corte concuerda con la Comisión que cuando se trata de la privación de la libertad, los intereses de la justicia en principio requieren de la asistencia letrada”) y 64 (“En consideración de la severidad de la pena que podía imponerse al señor B. y la complejidad del derecho aplicable, la Corte considera que los intereses de la justicia exigían que, para recibir una audiencia justa, el señor B. debía haberse beneficiado de asistencia letrada gratuita durante el procedimiento ante los magistrados”) (traducción de la Secretaría).
[62] Sentencia T-614 de 2016, M.J.I.P.P.: “[t]anto las autoridades judiciales como las administrativas deben observar el respeto por los procedimientos en toda clase de actuación, dando el trámite correspondiente a las mismas y corrigiendo los errores en los que las personas puedan incurrir por falta de comprensión o conocimiento”. En esta oportunidad, la Corte analizó el debido proceso en el marco del proceso sancionatorio militar.
[63] M.L.E.V.S.
[64] Sentencia T-051 de 2016. M.G.E.M.M.
[65] M.J.I.P.C..
[66] Corte IDH: Sentencia de 1 de marzo de 2005 (Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador), Sentencia del 7 de septiembre de 2004 (Caso Tibi Vs. Ecuador), Sentencia de 31 de agosto de 2004 (Caso R.C. contra Paraguay) y Sentencia de 5 de julio de 2004 (caso 19 Comerciantes).
[67]Sentencia C-496 de 2015 M.J.I.P.C. “En relación con la conducta de las autoridades nacionales la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “(L)a investigación que deben emprender los Estados debe ser realizada con la debida diligencia, puesto que debe ser efectiva . Esto implica que el órgano que investiga debe llevar a cabo, dentro de un plazo razonable todas aquellas diligencias que sean necesarias con el fin de intentar obtener resultado”.
[68] Caso W.H.W. contra Perú (2015): “223. El proceso de extradición contra el señor W.H.W. ha durado más de seis años y aún no ha concluido. Una vez el Poder Ejecutivo emita su decisión, puede aún recurrirse la misma (supra párr. 205) lo cual sumaría una mayor duración al proceso de extradición. La Corte resalta que el proceso de extradición representa una etapa muy previa al posible proceso penal al cual podría ser sometido el señor W.H.W. y, sólo en ella, ya se ha invertido más de seis años sin que el mismo hubiera concluido. Tras analizar los cuatro elementos para determinar la razonabilidad del plazo (supra párr. 209), la Corte Interamericana concluye que las autoridades estatales no han actuado con la debida diligencia y el deber de celeridad que exigía la privación de libertad del señor W.H.W., razón por la cual el proceso de extradición ha excedido el plazo razonable, lo cual vulnera el derecho a las garantías establecidas en el artículo 8.1, en relación con el artículo 1 de la Convención Americana, en perjuicio del señor W.H.W.)”.
[69] M.L.E.V.S.
[74] M.L.E.V.S.
[75] Consejero Ponente: A.Y.B.
De un lado, advierte la S. que el procedimiento administrativo sancionatorio adelantado por la UAEMC se desarrolló, en los asuntos sustanciales, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1067 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores” y, en lo que respecta a los asuntos procedimentales con aplicación a las reglas dispuestas por el CPACA – Ley 1437 de 2011, cuestión que se verifica que los autos remitidos como prueba por la misma unidad.
[77] Sentencia T-250 de 2017, M.A.L.C.
[100] Folios 116 (Reverso) y 117, Ibídem. Cabe resaltar que, tal y como se pudo verificar mediante llamada telefónica, el 30 de mayo de 2018, el señor M.O. se encuentra en territorio colombiano desde enero de 2018 en razón al fallo de tutela de primera instancia que protegió su derecho fundamental al debido proceso. Por esta razón, y para evitar que la decisión que adoptara la S. de Revisión fuera ineficaz, se emitió una medida cautelar con el fin de que la entidad accionada no hiciera efectiva la medida de deportación contra el señor O. hasta que la S. Sexta emitiera un pronunciamiento de fondo y, de esta manera, evitar la configuración de la carencia actual de objeto por daño consumado.
• Para los extranjeros que ingresen al país como visitantes. ( es decir, que su nacionalidad no requiera Visa de ingreso a Colombia) • Para los extranjeros que deban aclarar al interior del territorio colombiano alguna situación administrativa o judicial.