Source: http://apps.procuraduria.gov.co/gd/docs/sc487_09.html
Timestamp: 2019-08-23 10:26:38
Document Index: 48036203

Matched Legal Cases: ['artículo 89', 'Artículo 123', 'artículo 217', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 123', 'artículo 13']

Guía Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación [C-487_2009]
Expediente D-7449
La Corte constata que mediante sentencia C-014 de 2004, la Sala Plena de esta Corporación se pronunció sobre la constitucionalidad de la norma que es nuevamente objeto de reproche en esta oportunidad, determinando que la cosa juzgada que operó sobre el artículo 89 del Código Disciplinario Único fue absoluta, no sólo porque no fue limitada expresa o tácitamente, sino porque la Corte integró la unidad normativa con la totalidad de esa disposición para que el fallo emitido produzca plenos efectos jurídicos.
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA-Incumplimiento de requisitos de certeza, pertinencia y suficiencia
Artículo 123. Intervinientes en el proceso disciplinario. En los procesos disciplinarios solamente pueden actuar el presunto infractor y su defensor, sin perjuicio de la intervención que en razón de la vigilancia superior pueda realizar la Procuraduría General de la Nación.
Según criterio del demandante, la exclusión del quejoso o de la víctima (o sus familiares en caso de fallecimiento de ésta) como sujetos procesales de las actuaciones disciplinarias viola los artículos 2º, 4, 13, 29 y 229 de la Constitución En consecuencia, solicita que la Corte declare la inexequibilidad de las disposiciones normativas acusadas y, en consecuencia, "se incluya en dichas normas al quejoso o sus familiares en caso de fallecer aquel". Los argumentos en que se apoya el actor, en síntesis, son los siguientes:
Finalmente, las normas acusadas violentan el derecho de acceso a la administración de justicia, como quiera que, de conformidad con lo expresado por la Corte Constitucional en sentencia T-430 de 1992, "este derecho disciplinario, que es en últimas un derecho penal administrativo, debe aplicarse con la observancia debida a los principios del derecho penal común..."; de modo que esta garantía también es predicable en materia disciplinaria, pues "en tratándose de administrar justicia toda persona tiene esta garantía supralegal, sin ambages ni limitaciones". Incluso, tanto el quejoso como la víctima y sus familiares pueden contribuir eficazmente a la obtención de la verdad en estos procesos, pues muchas veces "conocen verdades que en un momento dado pueden y deben ser debatidas en el decurso del proceso...", lo que se impide al tenerlos como meros "invitados de piedra" en el trámite de las actuaciones disciplinarias.
Las disposiciones impugnadas no desconocen los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del quejoso en el proceso disciplinario porque esa limitación es compatible con la índole de los intereses que se debaten en éste. El derecho disciplinario actúa sobre los deberes funcionales del sujeto disciplinable y la imputación disciplinaria "no precisa de la vulneración de un bien jurídico, entendida tal vulneración como causación de un daño concreto o como la producción de un resultado materialmente antijurídico, no es posible afirmar la concurrencia de una persona afectada con la comisión de la falta". De allí que en el proceso disciplinario no exista, estrictamente, una persona afectada con la comisión de la ilicitud disciplinaria, y por ende, no es posible legitimar a una persona para que intervenga en el proceso planteando un interés directo y alentando unas pretensiones específicas. Es decir, "en el proceso disciplinario no hay víctimas y ello es consecuente con la índole de la imputación que en él se formula".
De otra parte, el artículo 217 de la Constitución confiere a las Fuerzas Militares la responsabilidad de defender la soberanía y el orden constitucional. Por esa razón, es claro que la ley hubiere previsto para los servidores públicos que desarrollan esas funciones un régimen disciplinario especial. En tal virtud, la ley "consagró normas sustantivas con observancia de los principios rectores, dirigidas a un determinado grupo de personas, que se distinguen de los demás servidores del Estado, debido a la específica función que les corresponde cumplir cuya finalidad primordial es la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio y del orden constitucional...".
"...[E]l cargo de inconstitucionalidad debe ser suficiente. La suficiencia no impone el agotamiento del análisis jurídico de la oposición normativa, pues éste finalmente recae en el juez constitucional, pero sí exige la formulación de un silogismo completo, integrado y sugestivo que haga nacer en el intérprete una duda mínima sobre la exequibilidad de la norma que se acusa. El cargo completo y suficiente es aquél que es capaz de hacer sospechar al juez sobre la constitucionalidad de la disposición acusada.
En cuanto a la correcta estructuración del cargo por violación del derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución, la Corte Constitucional ha señalado que el demandante tiene una importante carga argumentativa porque, salvo que se trate de la utilización de los denominados "criterios sospechosos de discriminación" a que hace referencia esa regla superior, el legislador goza de amplio margen de configuración normativa del principio de igualdad. Por esa razón, al demandante corresponde definir los sujetos de comparación, el término de comparación que se emplea para ejercer el control de constitucionalidad y debe establecer suficientes razones para concluir que el trato jurídico previsto en la ley repugna con la Constitución. De hecho, no podemos olvidar que la Constitución no impide el trato jurídico distinto, pues incluso en ocasiones lo obliga –inciso final del artículo 13 superior-, la Carta prohíbe el trato discriminatorio, esto es, el trato distinto sin justificación constitucionalmente válida para establecer la diferencia. Al respecto, la Corte explicó:
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA-Improcedencia (Salvamento de voto)
1. Esta Corporación[19] ha especificado a través de su jurisprudencia el contenido de los mencionados requisitos, puntualmente ha señalado que la certeza en el cargo se refiere a que éste recaiga sobre una proposición jurídica presente en el ordenamiento jurídico , que ataque la norma acusada y no otra no mencionada en la demanda; así entonces, los cargos no pueden inferir consecuencias subjetivas de las disposiciones demandadas , ni extraer de estas efectos que ellas no contemplan objetivamente. En últimas, los cargos serán ciertos si las proposiciones jurídicas acusadas devienen objetivamente del "texto normativo". Los supuestos, las conjeturas, las presunciones, las sospechas y las creencias del demandante respecto de la norma demandada no podrán constituir un cargo cierto. En relación con la pertinencia del cargo se ha afirmado que los cargos deben tener una naturaleza constitucional. Es decir, que los cargos contrapongan normas de inferior categoría a las normas constitucionales. Por ende, es indispensable que los razonamientos sean del orden constitucional, razón por la cual no podrán ser aceptados cargos basados en argumentos legales o doctrinarios. De igual manera, no aparejan pertinencia aquellos cargos que pretenden sustentar la inconstitucionalidad de la norma acusada basado en ejemplos, acaecimientos particulares, hechos personales, vivencias propias, sucesos y ocurrencias reales o imaginarias , en las que supuestamente se aplicó o será aplicada la norma demandada. Finalmente, los cargos son suficientes si despierten una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional.
3. Por consiguiente, las normas demandadas se referían a las personas que tenían el carácter de sujetos procesales, mientras que el quejoso e informador son meros intervinientes. Como tales, están en desventaja frente al investigado, su defensor y el ministerio público, pues sus atribuciones son limitadas, no pueden controvertir pruebas, impugnar decisiones y en general proteger sus propios intereses, tratamiento que a juicio del demandante podría no encontrarse justificado. Tales argumentos eran suficientes para que la Corte realizara un análisis de constitucionalidad sobre estos cargos y profiriera una decisión de fondo, como quiera que contaba con el mínimo de argumentación necesario para sembrar una duda sobre la exequibilidad de la norma y justificar, en consecuencia, su examen por esta Corporación.
4. Así las cosas, el cargo por violación al artículo 13 constitucional cumplía con las características constitucionales de certeza, pertinencia y suficiencia es decir, la demanda recayó sobre una proposición jurídica presente en el ordenamiento jurídico (artículos 89 y 90 parágrafo único de la Ley 734 del 5 de febrero de 2002 "por la cual se expide el Código Disciplinario Único" y artículo 123 de la Ley 836 de julio 16 de 2003 "por la cual se expide el reglamento del Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares"), los cargos demostraban la supuesta contradicción entre unas normas inferiores y una norma constitucional (artículo 13), lo que aparejaba como consecuencia la amplia suficiencia del cargo para hacer un estudio de fondo del problema jurídico planteado.
[6] En Sentencia C-362 de 2001, la Corte concluyó que no existían cargos porque los argumentos dirigidos a reprochar la disposición partían de proposiciones que no se derivaban de la norma acusada.
[19] Auto 032 de 2005, Sala Plena, Corte Constitucional.