Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20043288
Timestamp: 2019-07-18 19:28:29
Document Index: 310964714

Matched Legal Cases: ['artículo 79', 'artículo 49', 'artículo 175', 'artículo 49', 'artículo 175', 'artículo 79', 'artículo 49', 'artículo 175', 'Artículo175', 'artículo 294', 'artículo 531', 'artículo 49', 'Artículo 49', 'artículo 49', 'Artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 79', 'artículo 49', 'artículo 79', 'Artículo 49', 'Artículo 49', 'artículo 324', 'artículo 79', 'Artículo 49', 'Artículo 175', 'artículo 531', 'artículo 534', 'Artículo 531', 'artículo 3', 'Artículo 79', 'Artículo 49', 'artículo 79', 'artículo 79', 'artículo 5', 'Artículo 294', 'artículo 175', 'Artículo 29', 'Artículo 14', 'Artículo 7', 'artículo 8', 'Artículo 14']

C-893 de 2012
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020043288CC-SENTENCIAC893201231/10/2012CC-SENTENCIA_C_893__2012_31/10/2012200432882012Sentencia C-893/12 DURACION DE LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA PENAL -Término máximo de la fiscalía para la formulación de la imputación o el archivo de la indagación TERMINOS ESTABLECIDOS PARA FORMULAR IMPUTACION U ORDENAR MOTIVADAMENTE EL ARCHIVO DE LA INDAGACION PENAL- No desconocen los principios de dignidad humana e igualdad, ni los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia, ni las funciones y atribuciones de la Fiscalía General de la Nación COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL -Jurisprudencia constitucional/ TERMINOS ESTABLECIDOS PARA FORMULAR LA IMPUTACION U ORDENAR MOTIVADAMENTE EL ARCHIVO DE LA INDAGACION PENAL- No se configura la cosa juzgada constitucional De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el fenómeno de la cosa juzgada material se presenta "(…) cuando después de proferido un fallo de constitucionalidad respecto de una norma determinada, la Corte debe estudiar otra disposición distinta que sea: (i) idéntica en su tenor a aquella sobre la cual recayó el pronunciamiento anterior, o (ii) no literalmente idéntica, pero con un contenido normativo igual al de la otra norma examinada." De este modo, en la medida en que este fenómeno se presenta cuando existe una coincidencia entre los contenidos normativos de la disposición demandada y los de otra cuya constitucionalidad fue evaluada en un fallo anterior, en esta oportunidad la Corte no puede estarse a lo resuelto en la Sentencia C-1033 de 2006, en cuanto no se presenta tal eventualidad. En otras palabras, no se perfecciona la cosa juzgada, por cuanto la disposición previamente declarada inexequible tiene un contenido diverso del analizado en esta oportunidad. NORMA SOBRE TERMINOS PARA FORMULAR IMPUTACION U ORDENAR MOTIVADAMENTE EL ARCHIVO DE INDAGACION PENAL -Juicio de constitucionalidad/ JUICIO DE COMPATIBILIDAD NORMATIVA / CRITERIOS DE INTERPRETACION CONSTITUCIONAL- Alcance/ JUICIO DE CONSTITUCIONALIDAD- Labor interpretativa/ CORTE CONSTITUCIONAL- Labor hermenéutica/ INTERPRETACION CONSTITUCIONAL- Criterios/ INTERPRETACION TEXTUAL- Aplicación/ INTERPRETACION FINALISTICA Y TELEOLOGICA- Aplicación/ INTERPRETACION CONTEXTUAL Y SISTEMATICA- Aplicación DOCTRINA DEL DERECHO VIVIENTE- Alcance ARCHIVO AUTOMATICO DE INDAGACION PRELIMINAR- Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia PLAZO EN ETAPA DE INDAGACION PRELIMINAR EN PROCESO PENAL- Jurisprudencia constitucional LIMITES TEMPORALES ESTABLECIDOS PARA FORMULAR IMPUTACION U ORDENAR MOTIVADAMENTE EL ARCHIVO DE INDAGACION PENAL -No suprimen las facultades y funciones investigativas de la Fiscalía General de la Nación/ TERMINOS ESTABLECIDOS PARA FORMULAR IMPUTACION U ORDENAR MOTIVADAMENTE EL ARCHIVO DE INDAGACION PENAL -Responden a criterios de razonabilidad y se enmarcan dentro de la libertad de configuración legislativa El establecimiento de límites temporales a esta fase del procedimiento penal no suprime las facultades y funciones investigativas de la Fiscalía General de la Nación, sino que, por el contrario, la impulsa a desarrollarlas diligente y eficazmente; tampoco afecta los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, porque obliga a las instancias judiciales a materializar sus derechos en términos cortos y precisos. Y aunque eventualmente el vencimiento del plazo puede dar lugar al archivo de las diligencias, tal decisión debe ser motivada a partir de los supuestos previstos en el artículo 79 del CPP, y se puede disponer la reapertura del caso cuando exista mérito para ello. En segundo lugar, los términos de dos, tres y cinco años previstos en la disposición acusada, responden a criterios de razonabilidad y se enmarcan dentro de la libertad de configuración legislativa. Referencia: expediente D-9067
Arturo Daniel López CobaCONSTITUCIONALIDADLuis Guillermo Guerrero PérezDemanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo único del artículo 49 de la Ley 1453 de 2011, modificatorio del artículo 175 de la Ley 906 de 2004.D9067Identificadores20020043289true64116Versión original20043289Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo único del artículo 49 de la Ley 1453 de 2011, modificatorio del artículo 175 de la Ley 906 de 2004.
Sentencia C-893/12
DURACION DE LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA PENAL-Término máximo de la fiscalía para la formulación de la imputación o el archivo de la indagación
TERMINOS ESTABLECIDOS PARA FORMULAR IMPUTACION U ORDENAR MOTIVADAMENTE EL ARCHIVO DE LA INDAGACION PENAL-No desconocen los principios de dignidad humana e igualdad, ni los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia, ni las funciones y atribuciones de la Fiscalía General de la Nación
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Jurisprudencia constitucional/TERMINOS ESTABLECIDOS PARA FORMULAR LA IMPUTACION U ORDENAR MOTIVADAMENTE EL ARCHIVO DE LA INDAGACION PENAL-No se configura la cosa juzgada constitucional
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el fenómeno de la cosa juzgada material se presenta "(…) cuando después de proferido un fallo de constitucionalidad respecto de una norma determinada, la Corte debe estudiar otra disposición distinta que sea: (i) idéntica en su tenor a aquella sobre la cual recayó el pronunciamiento anterior, o (ii) no literalmente idéntica, pero con un contenido normativo igual al de la otra norma examinada." De este modo, en la medida en que este fenómeno se presenta cuando existe una coincidencia entre los contenidos normativos de la disposición demandada y los de otra cuya constitucionalidad fue evaluada en un fallo anterior, en esta oportunidad la Corte no puede estarse a lo resuelto en la Sentencia C-1033 de 2006, en cuanto no se presenta tal eventualidad. En otras palabras, no se perfecciona la cosa juzgada, por cuanto la disposición previamente declarada inexequible tiene un contenido diverso del analizado en esta oportunidad.
NORMA SOBRE TERMINOS PARA FORMULAR IMPUTACION U ORDENAR MOTIVADAMENTE EL ARCHIVO DE INDAGACION PENAL-Juicio de constitucionalidad/JUICIO DE COMPATIBILIDAD NORMATIVA/CRITERIOS DE INTERPRETACION CONSTITUCIONAL-Alcance/JUICIO DE CONSTITUCIONALIDAD-Labor interpretativa/CORTE CONSTITUCIONAL-Labor hermenéutica/INTERPRETACION CONSTITUCIONAL-Criterios/INTERPRETACION TEXTUAL-Aplicación/INTERPRETACION FINALISTICA Y TELEOLOGICA-Aplicación/INTERPRETACION CONTEXTUAL Y SISTEMATICA-Aplicación
DOCTRINA DEL DERECHO VIVIENTE-Alcance
ARCHIVO AUTOMATICO DE INDAGACION PRELIMINAR-Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
PLAZO EN ETAPA DE INDAGACION PRELIMINAR EN PROCESO PENAL-Jurisprudencia constitucional
LIMITES TEMPORALES ESTABLECIDOS PARA FORMULAR IMPUTACION U ORDENAR MOTIVADAMENTE EL ARCHIVO DE INDAGACION PENAL-No suprimen las facultades y funciones investigativas de la Fiscalía General de la Nación/TERMINOS ESTABLECIDOS PARA FORMULAR IMPUTACION U ORDENAR MOTIVADAMENTE EL ARCHIVO DE INDAGACION PENAL-Responden a criterios de razonabilidad y se enmarcan dentro de la libertad de configuración legislativa
El establecimiento de límites temporales a esta fase del procedimiento penal no suprime las facultades y funciones investigativas de la Fiscalía General de la Nación, sino que, por el contrario, la impulsa a desarrollarlas diligente y eficazmente; tampoco afecta los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, porque obliga a las instancias judiciales a materializar sus derechos en términos cortos y precisos. Y aunque eventualmente el vencimiento del plazo puede dar lugar al archivo de las diligencias, tal decisión debe ser motivada a partir de los supuestos previstos en el artículo 79 del CPP, y se puede disponer la reapertura del caso cuando exista mérito para ello. En segundo lugar, los términos de dos, tres y cinco años previstos en la disposición acusada, responden a criterios de razonabilidad y se enmarcan dentro de la libertad de configuración legislativa.
Arturo Daniel López Coba
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Arturo Daniel López Coba demandó el parágrafo único del artículo 49 de la Ley 1453 de 2011, modificatorio del artículo 175 de la Ley 906 de 2004.
Artículo175. Duración de los procedimientos. El término de que dispone la Fiscalía para formular la acusación o solicitar la preclusión no podrá exceder de noventa (90) días contados desde el día siguiente a la formulación de la imputación, salvo lo previsto en el artículo 294 de este código.
PARÁGRAFO.La Fiscalía tendrá un término máximo de dos años contados a partir de la recepción de la noticia criminis para formular imputación u ordenar motivadamente el archivo de la indagación. Este término máximo será de tres años cuando se presente concurso de delitos, o cuando sean tres o más los imputados. Cuando se trate de investigaciones por delitos que sean de competencia de los jueces penales del circuito especializado el término máximo será de cinco años.
- Dado el alto nivel de congestión en la Fiscalía General de la Nación, desestimula que las personas acudan a la administración de justicia, pues de antemano las víctimas de los delitos pueden prever que sus solicitudes serán archivadas en un breve lapso de tiempo.
- Establece una carga probatoria irrazonable en cabeza de las víctimas, pues ahora son ellas las que deben sustituir a la Fiscalía General de la Nación en su labor investigativa, teniendo en cuenta el alto nivel de congestión en esa institución, así como los breves plazos procesales.
1.2.6. Desconocimiento de las funciones y atribuciones de la Fiscalía General de la Nación
- Comunicar la iniciación del proceso a la Presidencia de la República, al Congreso de la República, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia y del Derecho, a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía General de la Nación.
En primer lugar, afirma que por la falta de correspondencia entre el contenido de la disposición acusada y los cargos formulados en la demanda, debe proferirse un fallo inhibitorio por ineptitud sustantiva de la demanda. A su juicio, el accionante supone erróneamente que la norma autoriza a la Fiscalía General de la Nación a no investigar las conductas constitutivas de delitos, cuando únicamente fija unos plazos para la indagación preliminar; además, el actor pasa por alto la exigencia de motivación de la decisión de archivo, y asume equivocadamente que este acto absuelve de manera definitiva al investigado, cuando en realidad la decisión no se refiere a la responsabilidad del investigado, no hace tránsito a cosa juzgada y puede decidirse la reapertura del caso cuando aparezcan nuevos elementos probatorios.
- El archivo que según la disposición acusada puede producirse tras el vencimiento del plazo, no obstaculiza la investigación y sanción de los delitos. A la luz de los lineamientos vertidos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-1154 de 2005[3], este acto no tiene efectos de cosa juzgada y, por el contrario, es posible reiniciar la investigación por iniciativa de la propia Fiscalía, o por solicitud de las víctimas. Adicionalmente, esta decisión debe ser motivada, puesta en conocimiento de la víctima y del Ministerio Público y, por lo mismo, es susceptible de ser controvertida.
Esto significa que la apreciación del demandante sobre la vulneración de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, se sustenta en una comprensión inadecuada de la disposición acusada y del contexto normativo en el que se inscribe, como quiera que supone erróneamente que el archivo implica la renuncia a la acción penal y a la función investigativa y acusatoria de la Fiscalía General de la Nación.
- El establecimiento de un plazo para la etapa de la indagación preliminar es consecuente con el sistema acusatorio, en el cual se confiere al órgano investigador "la capacidad de ejercer sus competencias con criterios de racionalidad, a fin de maximizar la eficacia en el ejercicio de las atribuciones que la confiere la ley".
A su juicio, los cargos no cumplen con los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, en cuanto las razones que aduce el actor son "confusas y equivocadas, algunas de ellas ajenas al mandato de la Carta, y en todo caso, insuficientes para activar la jurisdicción constitucional, ya que no muestra un contraste directo y objetivo entre las normas demandadas y las normas constitucionales invocadas". Esta insuficiencia se materializa así:
Finalmente, en caso de concluirse que es procedente un fallo de fondo, debe analizarse si el precepto demandado es contrario a la Constitución, por resultar incompatible con la dignidad humana, con los derechos al debido proceso y de acceso a la justicia de las víctimas, y con el rol y las funciones de la Fiscalía General de la Nación.
3. Sobre la cosa juzgada constitucional
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el fenómeno de la cosa juzgada material se presenta "(…) cuando después de proferido un fallo de constitucionalidad respecto de una norma determinada, la Corte debe estudiar otra disposición distinta que sea: (i) idéntica en su tenor a aquella sobre la cual recayó el pronunciamiento anterior, o (ii) no literalmente idéntica, pero con un contenido normativo igual al de la otra norma examinada."[8]De este modo, en la medida en que este fenómeno se presenta cuando existe una coincidencia entre los contenidos normativos de la disposición demandada y los de otra cuya constitucionalidad fue evaluada en un fallo anterior, en esta oportunidad la Corte no puede estarse a lo resuelto en la Sentencia C-1033 de 2006, en cuanto no se presenta tal eventualidad. En otras palabras, no se perfecciona la cosa juzgada, por cuanto la disposición previamente declarada inexequible tiene un contenido diverso del analizado en esta oportunidad.
De este modo, en esta oportunidad no hay lugar a estarse a lo resuelto en la Sentencia C-1033 de 2006[12], por medio de la cual se declaró la inexequibilidad del artículo 531 de la Ley 906 de 2004, sin perjuicio de que, como el actor entiende que de la disposición ahora acusada se desprende un efecto sobre los términos de prescripción de la acción penal, las reglas jurisprudenciales establecidas en el fallo referido puedan ser aplicadas como precedente relevante en este caso.
4. Sobre la solicitud de fallo inhibitorio
En caso afirmativo, debe establecer si el parágrafo del artículo 49 de la Ley 1453 de 2011, efectivamente, obliga a la Fiscalía a archivar automáticamente las indagaciones, cuando transcurrido el plazo allí previsto, no se encuentran suficientes elementos para formular la respectiva imputación, y si tal decisión tiene carácter definitivo.
Dado que existen varias alternativas interpretativas de la disposición demandada, y como quiera que su aplicación corresponde a otros operadores jurídicos -los miembros de la Fiscalía General de la Nación, y secundariamente la jurisdicción penal, especialmente los jueces de garantías penales-, la Corte se pregunta si, como presupuesto para adelantar el juicio de constitucionalidad que le ha sido planteado, puede pronunciarse sobre el sentido y alcance de los preceptos acusados.
- El transcurso del tiempo no opera automáticamente, de modo que en circunstancias excepcionales y ajenas a la actuación de la Fiscalía, y ante una justificación clara, inequívoca y contundente, sería admisible que la adopción de la decisión del fiscal en torno a la formulación de imputación o de archivo de las diligencias, se adoptase por fuera de los términos previstos en la disposición acusada[24].
En este contexto, la Corte debe establecer el contenido, sentido y alcance de la disposición, definiendo si el Parágrafo del Artículo 49 de la Ley 1453 de 2011 ordena el archivo automático de la indagación cuando transcurre el plazo legal y no se encuentran los elementos para la formulación de la imputación, o si, por el contrario, solamente establece un deber a cargo de la Fiscalía General de la Nación de adelantar esta etapa dentro de ciertos límites temporales.
a) Interpretación textual
La interpretación textual atribuye el significado a los preceptos normativos a partir de las reglas semánticas y sintácticas del lenguaje empleado en ellos:"Una disposición debe ser interpretada según el significado ordinario de las palabras y las reglas gramaticales de la lengua comúnmente aceptadas"[26]. De este modo, el contenido está en función de las reglas comunes de uso del lenguaje en el que se expresa la disposición, y de su contexto lingüístico.
Pues bien, desde este criterio se desprende un sentido distinto del asumido por el actor respecto de la disposición acusada. En efecto, el texto únicamente dispone que la Fiscalía cuenta con un plazo general de dos años, o excepcional de tres o cinco años contados a partir de la recepción de la noticia criminis, para adoptar una decisión, bien sea en el sentido de formular la imputación, o en el de ordenar motivadamente el archivo. Es decir, la norma señala lo siguiente:
- La etapa de indagación preliminar está sometida a un plazo, dentro del cual el Fiscal debe decidir si formula la imputación o procede al archivo motivado de la investigación.
b) Interpretación finalista y teleológica
Pues bien, la disposición acusada se enmarca en la Ley 1453 de 2011, conocida como "Ley de seguridad ciudadana", cuyo propósito fundamental es la utilización del régimen penal como herramienta de la seguridad. De acuerdo con esta directriz, la Exposición de Motivos destaca cuatro objetivos: la eliminación de la impunidad, la lucha eficiente contra la criminalidad organizada y el terrorismo, la eficiencia del procedimiento penal y la vinculación de la comunidad en la prevención del delito[30].
- Segundo, se introducen modificaciones puntuales al procedimiento penal en el marco del sistema acusatorio, con la aspiración de dotarlo de eficacia, y por esta vía garantizar la seguridad ciudadana. Esto explica que el capítulo segundo de la ley se titule "medidas de procedimiento penal para garantizar la seguridad ciudadana". Así, se regla la orden judicial de allanamiento (arts. 50 y 51), se facilita la labor investigativa y el recaudo de pruebas a través de la interceptación de comunicaciones debidamente autorizada o de la recuperación de la transmisión de datos a través de las redes de comunicaciones (arts. 52 y 53), la vigilancia y el seguimiento de personas (art. 54), y la protección de la vida e integridad de los testigos, así como de la información suministrada por ellos (arts. 66 y 67).
Con respecto a las medidas en materia de procedimiento penal, el objetivo fundamental consistió en remover las barreras normativas que en la práctica estaban generando impunidad, caos e ineficiencia en la administración de justicia. Con respecto a esta finalidad, en la Exposición de Motivos se expresó que "[e]l sistema acusatorio ha significado sin lugar a dudas un avance en las garantías de los ciudadanos que debe conservarse", pero que, sin embargo, "(…) la Ley 906 de 2004 tiene falencias y defectos importantes que están generando graves situaciones de impunidad en Colombia" y que, para solucionar esta situación"(…) no se requiere de cambios estructurales, sino de la realización de modificaciones puntuales relacionadas con la remoción de obstáculos injustificados que generan impunidad y caos en la administración de justicia".
c) Interpretación contextual y sistemática
d) La interpretación dominante del parágrafo del artículo 49 de la ley 1453 de 2011, en el marco de la doctrina del "derecho viviente"
El fundamento de este criterio interpretativo se encuentra en la denominada "doctrina del derecho viviente", en cuya virtud, para la interpretación del derecho positivo se debe atender al sentido que efectivamente le ha conferido la comunidad jurídica. A partir de esta teoría, la Corte ha puntualizado que su utilización en el marco del control abstracto es garantía de imparcialidad, efectividad y seguridad jurídica, en la medida en que recae sobre el significado que se le atribuye en la realidad y sobre el que realmente produce efectos jurídicos, y en la medida en que por esta vía asegura la efectividad del control. De realizarse el juicio de inconstitucionalidad sobre una interpretación meramente hipotética, se tornaría inocuo y superfluo[40].
1. Consistencia interpretativa, que exige cierta uniformidad en la comunidad jurídica, aunque no necesariamente una homogeneidad plena y absoluta.
2. Consolidación, de modo que la línea interpretativa esté afianzada entre los operadores jurídicos encargados de su aplicación.
3. Relevancia interpretativa, en la medida en que ofrezca elementos de juicio para determinar el sentido y alcance de la disposición controvertida.
Este tribunal encuentra que a pesar de la reciente entrada en vigencia de la norma impugnada, puede evidenciarse la estructuración de un auténtico "derecho viviente", tal como se demuestra a continuación.
En primer lugar, como esta norma regula la fase de indagación preliminar del procedimiento penal, el operador jurídico encargado de su aplicación es la Fiscalía General de la Nación.
Pues bien, a través de la Circular 005 del 8 de septiembre de 2011, la Fiscal General de la Nación fijó las directrices para la aplicación del parágrafo del Artículo 49 de la Ley 1453 de 2011. En este instrumento normativo se señala que teniendo en cuenta el texto de la disposición, así como los preceptos constitucionales que atribuyen al Estado la función investigativa de los delitos y señalan el rol y las atribuciones de la Fiscalía General de la Nación, debe entenderse que la norma únicamente fija un plazo para promover la celeridad en el trámite procesal, pero que en modo alguno es una causal para el archivo automático del caso. En tal sentido, en esa circular se señala lo siguiente:
"El parágrafo del artículo 49 de la ley 1453 de 2011, en cuanto se limita a señalar el término máximo para formular la imputación o archivar motivadamente la indagación, es una norma simplemente instrumental o de trámite, cuyo fin es el de propender por la celeridad en el trámite procesal (…) cuando el mencionado parágrafo se refiere al archivo de la indagación dentro del término señalado en la norma, no lo hace en el sentido de crear una nueva causal para adoptar esta determinación, por el mero paso del tiempo. En efecto, esta mera circunstancia no puede justificar la orden de archivo, porque ello iría en contravía de un real acceso a la administración de justicia de las víctimas, así como de la garantía efectiva de los derechos de ésas a la verdad, la justicia y la reparación
Además, la decisión de archivar una indagación debe fundarse en las causales previstas en el artículo 79 de la ley 906 de 2004, lo que presupone la concurrencia de los elementos materiales probatorios necesarios para sustentar esta decisión, ello en garantía efectiva e integral -se repite- de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación
Así las cosas, la ineficacia judicial por falta de investigación oportuna de las conductas punibles no sirve de sustento para que se renuncie al ejercicio de la acción penal en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, cuando exista mérito para ello. Una interpretación contraria, desconoce el debido proceso de las víctimas de las conductas punibles (arts. 1, 13 y 29 C.P.), el acceso a la justicia (art. 229 C.P.) y la obligación de al Fiscalía General de la Nación de adelantar la acción penal frente a los hechos que revisten las características de un delito (art. 250 C.P.)
2.El simple cumplimiento del término no permite que la Fiscalía disponga el archivo de la indagación (…)
3. La ineficacia judicial por la falta de investigación oportuna de las conductas punibles en perjuicio de los afectados, no sirve de sustento para que se renuncie al ejercicio de la acción penal en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, cuando exista mérito para ello.
4. El archivo al que hace referencia el parágrafo del artículo 49 de la ley 1453 debe estar motivado en las causales contempladas en el artículo 79 de la ley 906 de 2004, y esa carga argumentativa, sólo puede estar basada en los resultados de una actividad investigativa seria y responsable (…)".
De este modo, la Fiscalía General de la Nación, encargada de dar aplicación a la norma controvertida, ha fijado su sentido y alcance en los términos indicados anteriormente.
A modo ilustrativo, esta tesis fue sostenida por el Juzgado 68 Penal Municipal con función de control de garantías en sentencia del 18 de enero de 2012[41]. En esta oportunidad se había controvertido la legalidad de la formulación de la imputación, por haberse efectuado después de haber transcurrido el plazo previsto en el parágrafo del Artículo 49 de la Ley 1453 de 2011. El juez desechó la pretensión del peticionario argumentando que se fundaba en una comprensión inadecuada del precepto, y que de ninguna manera éste obliga al archivo inmediato de las diligencias. Al respecto sostuvo lo siguiente:
"En criterio del Juzgado, y así se expresó en la audiencia, la alegación de improseguibilidad de la acción penal -en fase de imputación- por vencimiento del término previsto en el art. 49 de la ley 1453 de 2011 no comporta ningún problema de aplicabilidad de la ley en el tiempo, sino que el legislador no le dio la connotación que pretende darle el demandante. Pues, si bien se consagró un deber de diligencia en cabeza del fiscal, en nuestro criterio, el legislador no previó expresamente el paso del término referido en la norma como un evento de extinción de la acción penal -en lo sustancial- ni lo catalogó como una circunstancia de improseguibilidad de la acción penal -bajo la óptica procesal-"
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia ha resuelto algunas demandas de tutela que, con base en la disposición demandada, pretenden el archivo automático de la indagación preliminar. En el marco de estas acciones, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se ha abstenido de definir explícitamente la duda interpretativa, señalando que en virtud de la residualidad del amparo, son los jueces de garantías penales los llamados a resolver este tipo de controversias. No obstante lo anterior, en algunas oportunidades ha efectuado algunas aclaraciones que dejan entrever su posición interpretativa, concordante con la sostenida por la Fiscalía General de la Nación.
"La Ley 2453 de 2001 (…) estableció que la Fiscalía tendrá un máximo de dos años contados a partir de la noticia criminal para formular la respectiva imputación u ordenar motivadamente el archivo de la indagación, el cual se extenderá a tres años en caso que se presente concurso de delitos o multiplicidad de indagados o de cinco en asuntos de competencia de la justicia especializada (…) ello no quiere decir que la duración de la indagación se deba extender al máximo establecido, pues está Célula Judicial se mantiene en cuanto, éste no debe ser otro que el necesario para que la policía judicial bajo la supervisión del Fiscal encargado del caso recaude los elementosindispensables para soportar, bien sea la imputación -formulación-, la petición de preclusión o el archivo de las diligencias para que los intervinientes no vean de modo alguno afectados sus derechos fundamentales".
"Pues bien, conforme con las anteriores pautas y de acuerdo con el material probatorio allegado se observa que, si bien los hecho objeto de indagación datan del 8 de diciembre de 2007 y a la fecha no se ha realizado la formulación de imputación, la fiscalía ha realizado labores tendientes a llevar a cabo la audiencia de formulación de imputación.
Lo que permite afirmar, que incluso, antes de la expedición de la Ley 1453 de 2011, el fiscal demandado ya contaba con elementos para formular imputación y, en consecuencia, su actitud no resulta reprochable por la vía constitucional".
Por su parte, en providencia del 1 de diciembre de 2011, la Corte Suprema sigue los lineamientos interpretativos anteriores: a pesar de haberse constatado que la indagación preliminar había tenido una duración superior a los tres años sin que se hubiera llegado a la formulación de imputación o al archivo, argumentó que las diligencias de la Fiscalía para recaudar el material probatorio excluían la obligación de archivar automática el caso:
"Pues bien, conforme con las anteriores pautas y de acuerdo con la información allegada al plenario se observa que, si bien la denuncia por los hechos objeto de indagación fue presentada el 29 de febrero de 2008 y la fecha no se ha realizado la formulación de imputación en contra de los petentes, luego de que se dio la nulidad de la realizada en otrora oportunidad, la Fiscalía 25 Seccional ha continuado con otras diligencias investigativas con las que no descarta la posibilidad de los accionantes y las que se soportan, según su dicho, en elementos diferentes al dictamen grafológico.
Lo que permite afirmar, que incluso, antes de la expedición de la Ley 1453 de 2011, es decir, en aplicación de la normatividad vigente, el Fiscal demandado ha adelantado diligencias tendientes a aclarar los hechos y establecer los posibles autores o partícipes de las conductas denunciadas y, en consecuencia, su actitud no resulta reprochable por la vía constitucional".
"Se observa que a la fecha, la aplicación de la mencionada norma carece de sentido como quiera que ya se realizó audiencia de formulación de imputación (…) lo cual supone, en principio, la superación del objeto de debate al ser una de las alternativas previstas en la norma la formulación de imputación, pues se reitera, no sólo procede el archivo de la indagación, sino, igualmente el inicio formal de la investigación bajo tal supuesto".
De acuerdo con estos parámetros, la Corte encuentra que, aunque el demandante supuso equivocadamente que el Parágrafo del Artículo 49 de la Ley 1453 de 2011 implicaba el establecimiento de un plazo cuyo vencimiento daba lugar al archivo inmediato y definitivo de la indagación preliminar, en cualquier caso, los cargos presentados son susceptibles de predicarse de la disposición tal y como ha sido interpretada por este Tribunal, en la medida en que, al menos de manera aparente y potencial, podría afectar, tanto los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, como la facultad investigativa y sancionatoria del Estado.
En estas circunstancias, el argumento planteado por el demandante, en el sentido de que se cercenan las facultades investigativas y sancionatorias del Estado, y de que se lesionan los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, son razonables a primera vista: la limitación temporal restringe las facultades de la Fiscalía, y además podría implicar el traslado del rol investigativo a las víctimas de los delitos, quienes por el temor a que por el vencimiento del plazo legal sean archivados los casos, asumirían la carga que constitucionalmente corresponde a la Fiscalía y, posteriormente, cuando se proceda al archivo, tendrían que adelantar las indagaciones y pesquisas para encontrar el material probatorio para justificar la reapertura del caso.
Por tales motivos, los cargos planteados por el demandante tienen cierta razonabilidad que amerita un examen de fondo. En efecto, el eventual archivo del caso sin que se sancione a los responsables de los delitos, podría llevar a concluir que lesiona la dignidad humana de las víctimas; la imposición de un plazo para esta etapa del procedimiento penal, puede terminar beneficiando a quienes cometen los delitos, en detrimento de las víctimas, y en particular de su derecho a la igualdad; los límites temporales puede ser entendidos como una lesión del derecho al debido proceso, por generar un desequilibrio procesal en favor de los responsables, por dificultar la participación de las víctimas en el proceso penal, y por sobredimensionar la presunción de inocencia; las cargas probatorias que tácitamente se imponen a las víctimas, y las restricciones para investigar y sancionar a los responsables pueden ser asumidas como lesivas del derecho de acceso a la justicia; y finalmente, la barrera temporal puede entorpecer y limitar injustificadamente el rol investigativo a cargo de la Fiscalía General de la Nación.
5. La constitucionalidad del precepto demandado
- ¿La habilitación para archivar las indagaciones preliminares tras el vencimiento de un plazo cerrado y único, que no consulta la complejidad de esta etapa del procedimiento penal ni las particularidades de las indagaciones específicas, limita la función investigativa de los delitos y desconoce los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación
- ¿El establecimiento de un plazo de dos, tres y cinco años, tras el cual es posible archivar la indagación, limita injustificadamente la actividad investigativa de la Fiscalía, e impone a las víctimas una carga probatoria excesiva
En primer lugar, la necesidad y la relevancia constitucional del plazo para esta etapa del procedimiento penal, ya fue definida en la Sentencia C-412 de 1993[45]. En ella la Corte declaró la inconstitucionalidad del artículo 324 del Decreto 2700 de 1991, según el cual "la investigación previa se desarrollará mientras no exista prueba para dictar resolución inhibitoria o mérito para vincular en calidad de parte al imputado", argumentando que "la garantía del debido proceso (…) torna imperioso el señalamiento de un límite cronológico a esta etapa, además de que exige que se anticipe -desde el mismo momento de la noticia del crimen, el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales en favor de la persona investigada".
En segundo lugar, si bien es cierto que, ante la existencia de un plazo para surtir esta etapa del procedimiento, las víctimas se pueden ver compelidas a actuar de manera particularmente diligente para evitar, en un primer momento, que el vencimiento del término genere el archivo del caso y, en un segundo momento, para solicitar el desarchivo del mismo, frente a la inactividad procesal de la Fiscalía, en ninguna de estas hipótesis se les impone cargas desproporcionadas.
A la anterior conclusión se llega, de un lado, porque como se indicó previamente, la función investigativa, aún en la hipótesis propuesta, radica de hecho y de derecho en la Fiscalía General de la Nación; la fijación de este plazo no libera al órgano investigativo de su rol natural. Además, no puede prescindirse del hecho de que existe un deber general de todos los ciudadanos de contribuir al funcionamiento de la administración de justicia, y en particular, de contribuir con la investigación y sanción de los delitos; y en la medida en que las víctimas, en su condición de tales, cuentan con elementos de juicio para este efecto, es natural y obvio que deban aportarlos en esta fase del procedimiento penal.
"Los términos procesales en materia penal consultan no sólo la obligación de la Fiscalía de investigar los hechos delictivos de los que tenga conocimiento, sino también, el interés de los presuntos infractores de la ley penal a conocer de qué se le acusa y a iniciar su pronta defensa, y el de las víctimas a conocer la verdad y a ser reparadas
No encuentra la Corte que el término de prescripción de la acción penal, constituya un término irrazonable o desproporcionado (…) en tanto consulta los (…) intereses y derechos (…) de las víctimas que tienen derecho a saber la verdad de lo ocurrido dentro de un término que no genere impunidad sino que por el contrario de seguridad sobre el accionar investigativo de la Fiscalía".
- A pesar de que la anterior conclusión conduciría, en principio, a un fallo inhibitorio, estima la Corte que es procedente el examen sobre la constitucionalidad del precepto demandado, toda vez que algunos de los reproches formulados por el actor pueden predicarse de su sentido admisible, particularmente los referidos a la presunta limitación de la función investigativa de la Fiscalía y a la consiguiente imposición de cargas probatorias excesivas a las víctimas durante la fase de la indagación preliminar, y posteriormente cuando se pretenda la reapertura del caso.
En primer lugar, el establecimiento de límites temporales a esta fase del procedimiento penal no suprime las facultades y funciones investigativas de la Fiscalía General de la Nación, sino que, por el contrario, la impulsa a desarrollarlas diligente y eficazmente; tampoco afecta los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, porque obliga a las instancias judiciales a materializar sus derechos en términos cortos y precisos. Y aunque eventualmente el vencimiento del plazo puede dar lugar al archivo de las diligencias, tal decisión debe ser motivada a partir de los supuestos previstos en el artículo 79 del CPP, y se puede disponer la reapertura del caso cuando exista mérito para ello.
Exequible por el cargo analizado ... (parágrafo unico ) Artículo 49 LEY_1453_2011_24/06/2011
Exequible por el cargo analizado ... Artículo 175 LEY_906_2004_31/08/2004
[4] M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[5] En este sentido, el artículo 531 de la Ley 904 de 2004 dispuso lo siguiente: "Proceso de descongestión, depuración y liquidación de procesos. Los términos de prescripción y caducidad de las acciones que hubiesen tenido ocurrencia antes de la entrada en vigencia de este código, serán reducidos en una cuarta parte que se restará de los términos fijados en esta ley. En ningún caso el término prescriptiva podrá ser inferior a tres (3) años. // En las investigaciones previas a cargo de la Fiscalía y en las cuales hayan transcurrido cuatro (4) años desde la comisión de la conducta, salvo las exceptuadas en el siguientes inciso por su naturaleza, se aplicará la prescripción".
[6] En esa oportunidad también actuó como demandante el ciudadano Arturo Daniel López Coba.
[7] El fragmento del artículo 534 del C.P.P. dispuso al respecto lo siguiente: "Los términos de prescripción y caducidad de las acciones que hubiesen tenido ocurrencia antes de la entrada en vigencia de este código, serán reducidas en una cuarta parte que se restará de los términos fijados en al ley. En ningún caso el término prescriptivo podrá ser inferior a tres (3) años // En las investigaciones previas a cargo de la Fiscalía y en las cuales hayan transcurrido cuatro (4) años desde la comisión de la conducta, se aplicará la prescripción".
[8] Sentencia C-693 de2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[9] Sobre la naturaleza, fundamento material y efectos de la prescripción en materia penal, cfr., la Sentencia C-401 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[10] Sobre la naturaleza, fundamento material y efectos del archivo, cfr. la Sentencia C-1154 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[11] Las diferencias entre estas dos figuras se encuentra en este mismo fallo, en el acápite referido a la constitucionalidad del señalamiento de un plazo a la indagación preliminar, pp. 38 - 39.
[12] En este fallo se declaró la inexequibilidad del Artículo 531 de la ley 906 de 2004, y se declaró, entre otras cosas, que "los términos de prescripción y caducidad de las acciones que hubiesen tenido ocurrencia antes de la entrada en vigencia de este código, serán reducidos en una cuarta parte que se restará de los términos fijados en la ley", que "en ningún caso el término prescriptivo podrá ser inferior a tres (3) años", y que "en las investigaciones previas a cargo de la Fiscalía y en las cuales hayan transcurrido cuatro (4) años desde la comisión de la conducta, salvo las exceptuadas en el siguiente inciso por su naturaleza, se aplicará la prescripción.".
[13] En la Sentencia C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil, la Corte expresó lo siguiente: "Esta Corporación ha venido señalando que, en principio, no le corresponde al juez constitucional resolver aquellos debates suscitados en torno al proceso de aplicación o interpretación de la ley, pues es claro que en estos casos no se trata de cuestionar el contenido literal de la norma impugnada, sino el sentido o alcance que a éste le haya fijado la autoridad judicial competente. Según lo ha señalado, en tanto es la propia Constitución la que establece una separación entre la jurisdicción constitucional y las otras jurisdicciones, los conflictos jurídicas que surjan como consecuencia del proceso de aplicación de las normas legales han de ser resueltos por los jueces ordinarios y especializados a quien se les asigna dicha función".
[14] En la Sentencia C-426 de 2002, la Corte afirmó lo siguiente: "No obstante, también este alto Tribunal ha admitido que por vía de la acción pública de inexequibilidad se puedan resolver los conflictos atinentes a la interpretación de las normas jurídicas, cuando aquellas 'están involucrando un problema de interpretación constitucional' y el mismo se origina directamente en el texto o contenido de la disposición impugnada. El hecho de que a un enunciado normativo se le atribuyan distintos contenidos o significados, consecuencia de la existencia de un presunto margen de indeterminación semántica, conlleva a que la escogencia práctica entre sus diversas lecturas trascienda el ámbito de lo estrictamente legal y adquiera relevancia constitucional, en cuanto que sus alternativas de aplicación pueden resultar irrazonables y desconocer mandatos superiores".
[20] Sobre las indeterminaciones en el Derecho, verGenaro Carrió, Notas sobre derecho y lenguaje, Buenos Aires, Ed. AbeledoPerrot, 1994.
[21] En la Sentencia C-690 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero, la Corte sostuvo lo siguiente: "En razón a que el estudio y decisión de la Corte Constitucional, como órgano encargado de salvaguardar la integridad de la Carta, no sólo se limita a la simple confrontación exegética de la norma legal y la Constitución, sino que su labor hermenéutica exige dilucidar los distintos sentidos posibles de los supuestos impugnados, las interpretación que resultan intolerables y los efectos jurídicos diversos o equívocos que contrarían la Constitución".
[22]En diversas ocasiones esta Corporación ha realizado este ejercicio interpretativo. En la sentencia C-156 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, por ejemplo, la Corte debía resolver una demanda en contra de los artículos 413 y 414.1 del Código Civil. A juicio del accionante, el régimen de alimentos allí establecido era contrario al principio de igualdad, en cuanto establecía un trato diferenciado injustificado y discriminatorio entre los hijos y padres adoptivos de los biológicos, y entre hermanos extramatrimoniales y matrimoniales. La Corte sostuvo que el reproche de inconstitucionalidad se debía a una integración normativa deficiente, al pasar por alto las reformas sucesivas del Código Civil; en particular, sostuvo que como en realidad se deben alimentos congruos al cónyuge a los descendientes y ascendientes legítimos, extramatrimoniales y adoptivos o adoptantes, no había lugar a alegar la vulneración del derecho a la igualdad. A partir de esta definición interpretativa, concluyó que los preceptos acusados no transgredían los preceptos constitucionales, y declaró su exequibilidad.
Por su parte, en la Sentencia C-1024 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil, se evaluó la constitucionalidad del artículo 3 de la ley 797 de 2003, en virtud del cual "quienes ingresen por primera vez al sector público en cargos de carrera administrativa estarán obligatoriamente afiliados al Instituto de Seguros Sociales, durante el mismo lapso". En esta oportunidad la Corte sostuvo que dada la ambigüedad de la norma, debía excluirse de su ámbito de aplicación a las personas que por primera vez ingresan al sector público en cargos de carrera, pero que previamente se encontraban vinculados al régimen de ahorro individual con solidaridad. La razón de tal exclusión, es que este grupo de personas serían objeto de un serio y grave desequilibrio en la imposición de las cargas públicas de solidaridad, con claras y profundas desventajas que no tienen ningún tipo de compensación, y verían cercenada su libertad de elección de régimen pensional.
En un sentido semejante se encuentran las sentencias C-496 de 2004, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-081 de 1996; C-109 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-389 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-690 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-488 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-1436 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-557 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-1255 de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes; C-128 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; C-415 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-156 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; C-901 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; y C-107 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[23] A partir del Artículo 79 del C.P.P. la Corte Constitucional ha concluido que el efecto jurídico del archivo consiste únicamente en la suspensión del procedimiento adelantado por los fiscales para obtener el material probatorio, la evidencia física y la información relevante para individualizar el delito, su autoría y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometió. //Sin embargo, esta cesación no es irreversible y puede ser activada cuando aparecen nuevos elementos probatorios que cuestionen razonablemente el sustento de la decisión anterior. Estos elementos pueden ser aportados por las propias víctimas, quienes además tienen la facultad para solicitar la reanudación de la investigación; y ante la negativa de la Fiscalía en torno a la reapertura, es el juez de garantías el llamado a resolver la controversia. //Sobre la provisionalidad del archivo y sobre la posibilidad de las víctimas para solicitar la reapertura del caso, cfr. la Sentencia C-1154 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[24] Según lo ha reconocido y destacado esta Corporación, la evaluación del cumplimiento de los términos procesales se efectúa partir del principio de instrumentalidad de las formas y el procedimiento, y en especial, en función de fines para los cuales fueron previstos estos límites temporales. Así por ejemplo, en sede de tutela ha sostenido que aunque existe un deber general de los funcionarios judiciales de respetar estrictamente los términos procesales, la mora judicial no se configura automáticamente por cualquier retraso, sino que en hipótesis excepcionales puede considerarse justificada, como cuando a partir de criterios objetivos se demuestra que la dilación se originó en circunstancias especiales como la complejidad del asunto, o en problemas estructurales que escapan a la diligencia del operador jurídico, como el exceso en la carga laboral de los funcionarios. //En este marco, cuando debido a circunstancias excepcionales (como el estudio de un caso particularmente complejo) vence el término contemplado en el parágrafo del Artículo 49 de la Ley 1453 de 2011, y el fiscal carece actualmente de los elementos de juicio para formular las imputaciones del caso, pero encuentra que en el corto plazo es posible obtener nuevos insumos para este efecto, no podría concluirse válidamente que el fiscal tiene el deber jurídico de archivar el caso, sino que debe actuar de la manera más diligente posible para adoptar una decisión en uno u otro sentido.//En tales circunstancias, una correcta comprensión de la naturaleza de los plazos descarta de plano la tesis sobre la incompatibilidad entre los plazos procesales y la función investigativa, persecutoria y sancionatoria de los delitos en cabeza del Estado y los derechos de las víctimas.//Sobre la mora judicial cfr. las sentencias T-357 de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-1154 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-258 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; y T-1126 de 2001, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[25] Las razones de esta distinción son las siguientes: Primero, el archivo se predica exclusivamente de las diligencias y actividades investigativas que se adelantan con ocasión de la noticia criminis, se ha activado en cabeza de los fiscales; no versa y no tiene incidencia en la acción penal, ni en la función persecutoria de los delitos, y mucho menos en la definición de la responsabilidad de los presuntos infractores de la ley penal; es más, estas gestiones pueden adelantarse incluso sin que se hayan individualizado tales sujetos. Por este motivo, el propio artículo 79 del C.P.P. se refiere al archivo de las diligencias. Por el contrario, la prescripción extingue la acción penal, hace cesar la función persecutoria de los delitos en cabeza del Estado, y tiene una repercusión concreta, directa y específica en la definición de la responsabilidad penal de los indiciados y procesados. IISegundo, el fundamento de la prescripción es el paso del tiempo (art. 83 C.P.), mientras que el archivo se decide cuando existen motivos que indiquen la inexistencia de los hechos indicados en la noticia criminis o la atipicidad de la conducta investigada. //Por último, los efectos jurídicos son distintos en uno y otro caso. La prescripción extingue la acción penal, hace cesar definitivamente la función persecutoria de los delitos, y tiene efectos de cosa juzgada. Por el contrario, el archivo no tiene efectos definitivos ni da lugar al fenómeno de la cosa juzgada; dado su carácter provisional, el caso puede ser desarchivado cuando aparezcan nuevos elementos de juicio que permitan inferir la existencia de los hechos identificados en la noticia criminis, así como la presencia de los elementos objetivos del tipo penal; esto es justamente lo que establece el artículo 79 del C.P.P. cuando dispone que "si surgieren nuevos elementos probatorios, la indagación se reanudará mientras no se haya extinguido la acción penal".//Lo que sucede es que ante el silencio de la legislación sobre el plazo de la indagación preliminar, esta Corporación entendió el plazo coincide con el término de prescripción de la acción penal. Al respecto cfr. las sentencias C-412 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-1194 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-025 de 2009, M.P. Rodrigo Escobar Gil; y C.12711, M.P. Maria Victoria Calle Correa.
[26] Marina Gascón Abellán y Alfonso J. García Figueroa, La argumentación en el Derecho, Lima, Ed. Palestra, 2005, p. 198.
[27] Implícita o explícitamente, la Corte apela con frecuencia a este criterio hermenéutico para establecer el alcance de los preceptos constitucionales y legales. En ocasiones es un criterio exclusivo de interpretación, pero normalmente se utiliza conjuntamente con las demás herramientas. Por tan solo mencionar algunos ejemplos aislados, en la Sentencia C-121 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, , se utiliza este método para definir los hechos que son gravados con el impuesto de industria y comercio; en la Sentencia C-317 de 1994 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) se utiliza para determinar el alcance de la libertad de expresión y las facultades de los alcaldes en relación con la propaganda política; y en la Sentencia C-078 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, para fijar el sentido del artículo 5º del Acto Legislativo 02 de 2003.
[28] Marina Gascón Abellán y Alfonso J. García Figueroa, La argumentación en el Derecho, Lima, Ed. Palestra, 2005, p. 199
[29] Por tan solo mencionar algunos ejemplos, la Corte se ha valido de este método para establecer la procedibilidad de la objeción de conciencia al servicio militar (Sentencia C-511 de 1994, M.P. Fabio Morón Díaz), la entrada en vigencia de los planes de desarrollo cuando dejan de ser expedidos por causas distintas a su falta de aprobación por el Congreso (Sentencia C-1065 de 2001, M.P. Alfredo Beltrán Sierra), el alcance del principio de unidad de materia (Sentencia C-551 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett), y las exigencias derivadas de este mismo principio (Sentencia C-1071 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[30] En la Exposición de Motivos se sostuvo lo siguiente: "El terrorismo y la criminalidad organizada son fenómenos que afectan gravemente la paz y la seguridad pública, convirtiéndose en medios para minar las bases del Estado de derecho y afectar a los ciudadanos en su vida, honra y bienes; razón por la cual, estos graves atentados contra la ciudadanía deben prevenirse y atacarse de manera decisiva y ejemplar (…) en este proyecto (…) se busca cumplir con cuatro objetivos: eliminar la impunidad; luchar contra la criminalidad organizada y el terrorismo; aumentar la efectividad del procedimiento penal, la extinción del dominio y la responsabilidad juvenil; y vincular a la comunidad en la prevención del delito, sin poner en peligro la integridad de sus miembros, ni afectar sus derechos fundamentales".
[35] Por tan solo mencionar algunos ejemplos, este Tribunal ha hecho uso de este método para determinar el alcance de la inviolabilidad del voto de los congresistas (Sentencia C-047 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero), las materias que son de iniciativa del gobierno en el proceso de producción legislativa (Sentencia C-643 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis), el alcance del derecho a la no auto-incriminación (Sentencia C-776 de 2001, M.P. Alfredo Beltrán Sierra), el momento de la votación en los referendos que tienen un origen gubernamental (Sentencia C-551 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett), y el sentido de la privación del ejercicio de la privación del ejercicio de la patria potestad y la guarda a padre y madre en juicio contradictorio (Sentencia C-145 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), entre muchas otras.
[36] El Artículo 294 del Código de Procedimiento Penal establece al respecto lo siguiente: "Vencido el término previsto en el artículo 175 el fiscal deberá solicitar la preclusión o formular la acusación ante el juez de conocimiento. // De no hacerlo, perderá competencia para seguir actuando de lo cual informará inmediatamente a su respectivo superior. // En este evento el superior designará un nuevo fiscal quien deberá adoptar la decisión que corresponde en el término de sesenta (60) días, contados a partir del momento en que se le asigne el caso. El término será de noventa (90) días cuando se presente concurso de delitos, o cuando sean tres o más los imputados o cuando el juzgamiento de alguno de los delitos sea de competencia de los jueces penales del circuito especializado. // Vencido el plazo, si la actuación permanece sin definición el imputado quedará en libertad inmediata, y la defensa o el Ministerio Público solicitarán la preclusión al juez de conocimiento".
[37] El Articulo 79 del C.P.P. dispone lo siguiente: "Cuando la Fiscalía tenga conocimiento de un hecho respecto del cual constate que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito, o que indiquen su posible su existencia como tal, dispondrá el archivo de la actuación. // Sin embargo, si surgieren nuevos elementos probatorios, la indagación se reanudará mientras no se haya extinguido al acción penal".
[38] La Sentencia C-1154 de 2005 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) declara la exequibilidad del Srtículo 79 del C.P.P. "en el entendido que la expresión 'motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito', corresponde a tipicidad objetiva y la decisión del fiscal deberá ser motivada y comunicada al denunciante y al Ministerio Público para ejercicio de sus derechos y funciones".
[39]RiccardoGuastini, Teoría e ideología de la interpretación constitucional, Madrid, Ed. Trotta - Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2008.
[40] Sobre el contenido y justificación de la doctrina del derecho viviente, verlas sentencias C-557 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y C-901 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil. En el mismo sentido se encuentran las sentencias C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-569 de 2004, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes; C-803 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-309 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; y C-842 de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
[41]Exp. 110012204000201200094-00, demandante: Carlos Eduardo Pulido Callejas.
[42]Exp. T-58791, M.P. Luis Guillermo Salazar Otero.
[43] Otras sentencias de la Corte Suprema de Justicia son las siguientes: Sentencia del 23 de noviembre de 2011, exp. T-56598, M.P. Augusto Ibáñez Guzmán; Sentencia del 23 de noviembre de 2011, exp. T-56998, M.P. Luis Guillermo Salazar Otero; Sentencia del 1 de diciembre de 2011, exp. T-57283, M.P. Luis Guillermo Salazar Otero; Sentencia del 15 de diciembre de 2011, exp. T-57544, M.P. Augusto Ibáñez Guzmán; Sentencia del 7 de febrero de 2012, exp. 58067, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca; Sentencia del 28 de febrero de 2012, exp. T-58675, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca; Sentencia del 8 de marzo de 2012, exp. T-58791, M.P. Luis Guillermo Salazar Otero; Sentencia del 15 de marzo de 2012, exp. 58944, M.P. Luis Guillermo Salazar Otero; Sentencia del 17 de mayo de 2012, exp. T-60053, M.P. Augusto Ibáñez Guzmán; Sentencia del 23 de mayo de 2012, exp. T-60189, M.P. Sigifredo Espinosa Pérez; Sentencia del 28 de junio de 2012, exp. T-61164, M.P. Sigifredo Espinosa Pérez; y Sentencia del 28 de junio de 2012, exp. T-61389, M.P. Maria del Rosario González Muñoz.
[45]M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[46] En efecto, el Artículo 29 del texto constitucional dispone que "el sindicado tiene derecho (…) a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas". En consonancia con esta directriz, los artículos 7.5 y 8.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Humanos reconocen la razonabilidad del plazo como componente del derecho al debido proceso.
El Artículo 7.5. de la CADH dispone al respecto lo siguiente:"Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso (…)" // Por su parte, el artículo 8.1. de esta misma convención dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter". // El Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en este sentido lo siguiente: "(…) 3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas // A ser informada sin demora (…) de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella. // (…) A ser juzgado sin dilaciones indebidas".
[47]M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[48]M.P. Rodrigo Escobar Gil
[49]M.P. María Victoria Calle Correa
[50]M.P. María Victoria Calle Correa.