Source: http://www.domingorondina.com.ar/2012/11/sampay-y-el-articulo-19.html
Timestamp: 2017-04-26 21:37:07
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Matched Legal Cases: ['Artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 194', 'artículo 157', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 134', 'artículo 19', 'artículo 16', 'artículo 19']

Derecho Constitucional - Domingo Rondina - Dando cátedra: Sampay y el articulo 19
Otra nota nuestra sobre Sampay: La REREREelección presidencial La Filosofía Jurídica del Artículo 19 de la Constitución Nacional (*)
1. Cicerón ya lo vio bien: una filosofía esencial, que determina en qué consiste el bien humano, anima necesariamente a todo ordenamiento jurídico positivo1, pues éstos tienen por finalidad promover la buena vida social entre los miembros de la comunidad. En su original artículo 19, la Constitución nacional enuncia la filosofía que siempre ha sido la fuente del derecho positivo argentino, ya que esta disposición, casi con su ac-tual texto, surge poco menos que a la par de nuestro ser nacional y ha perdurado a través de todas las reformas constitucionales experimenta-das por el país. Antes de analizar el significado de dicho precepto y precisamente para facilitar esta tarea, estudiaremos su génesis histórica y la filosofía del le-gislador respecto al tema, puesto que, como ya lo expresaba Platón, lo ordenado por una ley es un juicio de la razón, un logismós, que se tor- na decreto del Estado, dogma poleos2, y entonces aquel logos, aquella concepción esencial, de donde deriva la regla para la acción o praxis de los miembros de la sociedad, es algo que debe preconocerse para comprender la norma de que se trata. O sea, el estudio de la dogmática constitucional, vale decir, de la ley positiva constitucional, requiere fun-damentalmente la aprehensión de la idea interna con la cual el legislador articuló ese dogma del Estado. 2. La segunda parte del artículo 19 –la parte rigurosamente preceptiva porque la primera es de mera enunciación de principios– surge en el de-recho público argentino con el artículo 194 del Proyecto de Constitución de 1813 elaborado por la Sociedad Patriótica y Literaria, el cual rezaba: (*) Publicado por Cooperadora de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1975. La presente re-producción fue autorizada por el Dr. Arturo Enrique T. Sampay, hijo del autor, especialmente para Con-textos.
1 De Legibus, lib. I, 17. 2 Las Leyes, 644 d. “No se puede impedir lo que no está prohibido por la ley y ninguno podrá ser obligado a hacer lo que ella no prescribe”. Este precepto fue tomado del artículo 157 de la Constitución de Venezuela sancionada el 21 de diciembre de 1811, que establecía: “No se puede impedir lo que no está prohibido por la ley y ninguno podrá ser obligado a hacer lo que ella no prescribe”. Monteagudo fue el inspirador del proyecto de Constitución de la Sociedad Patriótica y Literaria y el presbítero doctor Antonio Sáenz, su redactor3. Por su parte, los constituyentes venezolanos receptaron esa disposición del artículo 5º de la declaración francesa de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, y cuyo texto es del tenor siguiente: “La ley no tiene derecho a prohibir más acciones que las nocivas a la socie-dad. Todo lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido y nadie puede ser obligado a hacer lo que ella no ordena”4.
3 Cfr. C. L. Fregeiro, “Primera Constitución Argentina”, en: La Biblioteca, Año I, t. I, Buenos Aires, 1896, p. 382. Monteagudo consideró a la Constitución venezolana de 1811 “un eterno monumento a la filosofía y a la equidad..., constitución capaz por sí sola de justificar nuestro orgullo y de honrar al genio americano en su mismo rival hemisférico”. (El Grito del Sud / Buenos-Ayres / Del Martes 19 de Enero de 1813). Entre los libros de Monteagudo embargados en 1815 figura Documentos relativos a Caracas en Inglés y Espa-ñol. (Museo Mitre, Inventario de los libros de Bernardo de Monteagudo, A. 1, c. 18, c. 18, 1, fol. 4 vta.); se trata de Documentos interesantes relativos a / Interisting Documents relating to Caracas, London, 1812, y donde se halla publicada entre las páginas 150 y 302 el texto en castellano e inglés de la Constitución venezolana de 1811. 4 Lo preceptuado en el artículo 5º de la Declaración de 1789 no se encuentra repetido en las otras declaraciones de derechos sancionadas por las convenciones de la revolución francesa, y de aquella declaración existía solamente la versión castellana del prócer colombiano Antonio Nariño, publicada en Bogotá en 1793. Esta edición de cien ejemplares fue totalmente destruida por Nariño en vísperas de ser encarcelado por esa publicación, pues, desde diciembre de 1789, la Inquisición en América tenía prohi-bido la declaración de los derechos del hombre de la revolución francesa (Cfr. J. T. Medina, Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de Cartagena de Indias, Santiago de Chile, 1899. p. 387-391). El propio Nariño reimprimió su traducción en Caracas en 1811, y sin duda esta reedición fue utilizada por los constituyentes venezolanos de 1811. (Cfr. Pedro Grazes, La conspiración de Gual y España y el ideario de la independencia, Caracas, 1949, p. 56-57). Las fuentes principales de la Constitución venezolana de 1811 son las declaraciones de derechos de la revolución francesa y las constituciones norteamericanas traducidas al español por Manuel García del Sena y publicadas en su libro La Independencia de la Costa Firme justificada por Thomas Paine treinta y ocho años ha, Philadelphia, 1811. Ariosto D. Fernández pone como fuente del proyecto argentino de 1813, elaborado por la Sociedad Pa-triótica y Literaria, a los modelos utilizados por los redactores de la Constitución venezolana, siendo que Monteagudo y Sáenz han tenido como casi exclusiva fuente de su proyecto a la antedicha Constitución venezolana. (Cfr. Ariosto D. Fernández, Fuentes y concordancias del Proyecto de Constitución de la Sociedad Patriótica y Literaria de Buenos Aires, Montevideo, 1940). del mismo modo no prohíbe”. El principal redactor de este Estatuto fue Antonio Sáenz5.
5 Emilio Ravignani, Antonio Sáenz / Fundador y organizador de la Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 1925, p. 5. 6 Reforma del Estatuto Provisional del Estado, Buenos-Ayres, Imprenta de Niños Expósitos, 1816, p. 12 7 Emilio Ravignani, Asambleas Constituyentes Argentinas, T. I, Buenos Aires, 1937, p. 411. Bien; según se ha visto, a esta altura del desarrollo constitucional argen-tino ya se encuentra cabalmente conformado el texto del artículo 19 que nos rige, salvo un concepto que intercalaran los constituyentes de 1853 y la sustitución de un término que se consumará en la convención nacional de 1860 y que luego trataremos.
9 Los escritos de Sáenz que hemos resumido en el texto son los siguientes: “Un estudio sobre las leyes”, en Mártir o Libre, nº 7, Lunes de Mayo de 1812, p. 52-56; “Correspondencia sobre el derecho natural”, en El Centinela, nº 32, Buenos Aires. Domingo 9 de Marzo de 1823, p. 139-140; “De los Duelos”, en La Abeja Argentina, nº 15, 15 de Julio de 1823, T. II, p. 216; Informe de la Comisión nombrada para cen-surar el curso de Derecho natural dictado por el Doctor Don Antonio Sáenz y Acuerdo de la Muy ilustre Sala de doctores de esta Universidad, Buenos Aires, Imprenta de la Independencia 1823; Instituciones elementales sobre el Derecho Natural y de Gentes (Curso dictado en la Universidad de Buenos Aires en los años 1822-23), Buenos Aires, 1939.. 10 Castro Barros formuló una ajustada filosofía de los fines del poder político en su estudio titulado Sobre la Autoridad Espiritual Soberana de la Iglesia y su Independencia absoluta de la Autoridad Civil, Soberana de la Patria, publicado como apéndice del Panegírico del Glorioso Príncipe de los Apóstoles predicado... por el Doctor D. Miguel Calisto del Corro y Cabanillas, Buenos Aires, Imprenta Argentina, 1838. En la época que se dictó la Constitución de 1826, Castro Barros, a la sazón Rector de la Universidad de Córdoba, reeditaba en esta ciudad
11 El periódico era escrito y publicado en Santiago de Chile por Juan Fariñas y Fray Justo Pastor Donoso. Cfr. Antonio Zinny, Efemiridografía argireparquiótica o sea de las Provincias Argentinas, Buenos Aires, 1868, p. 142-5. 12Núm. 13 de El Pensador Político-religioso de Chile, del 14 de enero de 1827, Córdoba, Imprenta de la Universidad, p. 280. 13 J. Francisco V. Silva, “Federalismo del Norte y Centro en 1820”, en: Revista de la Universidad Nacional de Córdoba, 1931, nº 5 y 6, p. 139. oriental de 1830, fue recogido, como luego veremos mejor, por la Consti-tución de 1853, lo cual permite inferir que nuestro artículo 19 fue tomado del artículo 134 de la carta oriental de 1830, pues esta Constitución, recomendada como modelo por Alberdi en las Bases, ha sido tenida a la vista por los constituyentes de Santa Fe en la recopilación de Tratados y Constituciones editada en 1848 por Florencio Varela en Montevideo.
17“La potestad legislativa (es) la facultad de hacer Leyes que sirvan de norma y regla a los Individuos del Estado para sus actos exteriores y públicos”. Antonio Sáenz, Instituciones elementales sobre el Derecho Natural y de Gentes, p. 80. 18 Cfr. Andrea Oddone S. J., Teoria degli atti umani / Pro Manuscripto per la Facoltá di Giurisprudenza, Milano, 1931, p. 11-97; H. D. Noble, “L’Action volontaire”, en: Mélanges Thomistes, publicado en oca- Pero esta posibilidad irrenunciable de elegir una determinada conducta ante la necesidad de obrar, que es el vivir del hombre, le acarrea la responsabilidad de cómo se conduce, porque ese componente suyo le ha sido dado para que él contribuya a la creación de su propio ser. En otras palabras: la libertad es un constitutivo del hombre en cuanto ser abierto a la necesidad de realizar su vida, de lograr el perfeccionamiento de su propia naturaleza específica, que es donde reside la felicidad, buscada irresistiblemente por él a través de todas sus acciones individuales y sociales19.
19 Cfr. J. A. Ramírez, De Hominis Beatitudine, T. I, Salamanca, 1942 ; T. II, Madrid, 1943 ; T. III, Madrid, 1947 ; N. Kaufmann, “La finalité dans l’ordre moral / Étude sur la téléologie dans l’Éthique et la Politique d’Aristote et de Saint Thomas”, en : Revue néo-scolastique de Philosophie, T. VI (1899), p. 220-299. 20 Cfr. Octavio Nicolás Derisi, Los fundamentos metafísicos del orden moral, 2º ed., Madrid, 1955, p. 391-428; Lorenzo Paolo Ferrari, I fondamenti della morale e del diritto, Genova, 1899, p. 38-70. 21 Cfr. Santo Tomás de Aquino, Sum. Theol., I-II q. 21 a. 3; Sum. c. Gent lib. III, cap. CXL; Luigi Taparelli, Sággio teoretico di Diritto Naturale appoggiato sul fatto, par. 134-135; A. D. Sertillanges, La philosophie morale de Saint Thomas d’Aquin, París, 1922, ch. XVII, par. 9. juego, los magistrados lo penan por infringir el código penal, la conciencia que preside el orden interior del nombre reacciona por el remordimiento y, finalmente, Dios lo juzgará por quebrantar el orden moral.
22 Thom. Hobbes, Elementa philosophica de Cive, cap. XII, I (Amsterodami apud Ludovicum Elzevirium, Anno 1647, p. 190). Sobre la concepción totalitaria del Estado en Hobbes, cfr. H. Schelsky, Die Totalität des States bei Hobbes, en: Archiv für Rechts, und Sozial philosophie, t. XXXI (1938), p. 176-201; J. Via-latoux, La Cité de Hobbes théorie de l’Etat totalitaire, París, 1935; Carl Schmitt, El Leviathan (En la teoría del Estado de Tomás Hobbes), trad. de Francisco Javier Conde, Madrid, 1941. 23 Mussolini, con su célebre fórmula “tutto nello Stato, niente contro lo Stato, nulla al di fuori dello Stato” (Scritti e Discorsi, Hoepii editore, vol. VI, p. 76) originó el nombre de totalitarismo para denominar a ese tipo de Estado. Pero, en realidad de verdad, la concepción totalitaria del Estado fue enunciada tem-pranamente por los Sofistas, quienes, polemizando con Sócrates, afirmaban, por boca de Trasímaco, que “justo es aquel que obra de conformidad a la ley y la ley es sancionada a la guisa del interés de los poderosos”, agregando, por medio de Cábeles, que la concepción de una moralidad objetiva, dictada por la divinidad, es una astuta invención de los poderosos para reforzar coherentemente la obediencia de sus leyes. Cfr. Adof Menzel, Kallikles / Eine Etudie zur Geschichte der Lehre vom Rechte des Stárkeren, Wien und Leipzig, 1923; Mario Untersteiner, I Sofisti, Torino, 1949. p. 385-420 24 En Grecia, originariamente, la palabra “tyrannos” era sinónima de “basileus” (rey), pero con Platón adquiere el significado de gobernante injusto. (Cfr. Benedikt Giger, Der Tyrann / Werden und Wesen des tyrannischen Menschen und des Staatstyrannen / Eine Darstellung aus Werken Platons, Calendria, 1940; Hugo Perls, “Le tyran d’après Platon”, en: Les œuvres nouvelles, Éditions de la Maison Française, New York, 1946, p. 11-147). Entre los romanos, la palabra significaba una injuria lanzada contra los que abusaban del poder; en efecto, los filósofos moralistas distinguían entre “rex” y “tyrannus”: el primero re-presentaba al gobernante justo, dominador de sus pasiones, el segundo, al gobernante injusto, esclavo de ellas. (Cfr. J. Beranger, “Tyrannus / Notes sur la notion de tyran chez les Romains”, Extrait de la Revue des études latines T. XIII, París, 1935). A partir de la alta edad media y hasta después del Renacimiento, la doctrina jurídica distinguía entre “tirano por ejercicio ilegítimo del poder” (tirannis ex parte exercitii) y “tirano por el origen ilegítimo del título con que ejerce el poder” (tirannis ex defectu tituli), siendo el primero el gobernante injusto y el otro lo que a partir de Grocio se llama gobernante de facto. (Cfr. Francesco Ercole, Sulle fonti e sul contenuto della distinzione fra tirannia “ex defectu tituli” e tirannia “exercitio”, Firenze, 1912). ley de la justicia general, que es salvar al país; este gobernante, por ende, a diferencia del tirano, no viola sino afirma el orden de lo justo natural25. 11. Al retomar nuestro tema principal, partimos recordando algo que ya adelantamos, a saber: que entre los actos libres hay que distinguir los actos exteriores y los actos interiores. Pues bien, las acciones exteriores se caracterizan porque rematan con un acto de la potencia motriz del operante, y estas acciones exteriores son “sociales” cuando relacionan al sujeto operante con otro sujeto, pudiendo ser este otro sujeto un indi-viduo, varios o la sociedad entera. Por tanto, el acto exterior está com-puesto, por una parte, de una manifestación del cuerpo y, por otra, de una decisión de la inteligencia y la voluntad; de esta interioridad directriz –repetimos– le viene al acto externo su calidad de humano y moral.
27 Cfr. Santo Tomás de Aquino, Sum. Theol. I-II q. 64 a. 2; II-II q. 58 a. 10 ad. 1; Joannis a Sancto Thoma O. P., Cursus Theologicus, Isagoge ad D. Thomae Theologiam, De Justitia ipsa, ed. Desclée et socii, Parisiis, 1931, T. I, p. 187. 28 Cfr. P. W. Kamphiusen, “L’influence de la philosophie sur la conception du droit naturel chez les juris-consultes romains”, en: Revue Historique de Droit français et étranger, 1932, p. 389-412. 29 Cfr. Jean-Marie Aubert, Le droit romain dans l’œuvre de Saint Thomas, París, 1955, p. 89. 30 Félix Senn, De la justice et du droit / Explication de la définition traditionnelle de la justice, París, 1927, p. 1-17. 31 Cfr. Juan Zaragüeta y Bengochea, “El concepto de ‘lo suyo’ en la definición de la justicia”, en: Misce-llanea Vermeersch, Roma, 1935, vol. II, p. 203-228. 32 Cfr. Lotus Lachance O. P., Le droit et les droits de l’homme, París, 1959, p. 104-170. 33Cfr. Giuseppe Capograssi, “Honestere vivere”, en: Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto, Anno IV, Oct.-Dic., 1926, fasc. IV, p. 558-565. se reduce a exigir cierta equivalencia cuando alguien da algo suyo a cam-bio de un bien recibido de otro. Debido a estas cosas es que el legislador ordena el cumplimiento de determinadas obligaciones provenientes de la virtud de justicia y, en su defecto, las manda imponer coercitivamente.
34Cfr. François Charriére, “Le droit naturel est-ce un droit?”, en : Nova et Vetera / Revue Catholique pour la Suisse Romande, Fribourg, 1945, p. 307-308. 35 Cfr. Santo Tomás de Aquino, Sum. Theol. II-II q. 60 a. 5 ad. 1; In V Ethic., lect. XII, n. 1020; Santiago Ramírez, El Derecho de Gentes, Madrid-Buenos Aires, 1955, p. 75, 96, 122. 36 Dejamos resumido lo expresado hasta esta altura del parágrafo 12 del texto en el siguiente cuadro sinóptico: Débito de las virtudes sociales
37 Cfr. Giorgio del Vecchio, L’“homo juridicus” e l’insufficienza del diritto como regola della vita, Roma, 1936; “Integrazione morale del diritto”, en Rivista Internazionale di Filosofía del Diritto, Anno XXV, Serie III, Genn.-Giug., 1948, Fase. MI, p. 187-188; Teófilo Urdanoz O. P., “Caridad social, alma y complemento del orden social”, en: Sapientia, nº 63, Buenos Aires, 1962, 7-36. 38 Cfr. J. A. Ramírez O. P., Di Ordine placita quaedam thomistica, Salamanca, 1963, p. 218-219 ; Aimé Forest, “Ordre et Valeur”, en: Actes du IIIº Congrès des Sociétés de Philosophie de langue française, Bruxelles-Louvain, 1947, p. 87-92; Alessandro Levi, “L’ordre public comme but essentiel de tout ordre juridique”, en: Annuaire de l’Institut International de Philosophie du Droit et de Sociologie juridique, T. III París, 1938, p. 66-74. 39 Política 1253 a. 37. 40 Etica nicornaquea 136 a. 30. “no ofender el orden” cuando los hombres entre sí o los hombres y la sociedad contracambian bienes, lleva incoado los otros dos preceptos, porque no quebrantar la moral de los actos humanos públicos y no per-judicar a un tercero es proceder conforme a la justicia, virtud mediante la cual se causa y mantiene aquel orden.
43 Cfr. Sófocles, Antígona, 450-460; Santo Tomás de Aquino, Sum. Theol. I-II q. 95 a 2; Francesco Olgiati, Il concetto di giuricitá in San Tommaso d’Aquino, 2º ed., Milano, 1944, p. 210-218; Peter Tes-chlender, Ursprung und Träger der Staatsgewalt nach des hl. Thomas und seiner Schule, M. Gladbach, 1923, p. 104-112; Albert Mignault O. P., La resistance aux lois injustes, Montreal, 1922; Jean Dabin, La philosophie de l’ordre juridique positif, París, 1929, p. 668-769; Gustav Radbruch, “Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht”, en el volumen del autor Der Mensch im Recht, 2º ed., Göttingen, 1961, p. 111-124. 44 Fallos de la Corte Suprema de Justicia, 248:291 La doctrina constitucional moderna formula la distinción entre ley en sentido formal y ley en sentido material. Ley en sentido formal es toda orden dictada por el órgano legislativo de un ente político, y en sentido material es cualquier precepto emanado de una autoridad pública que regle, de modo abstracto y general, una relación jurídica entre particulares o entre particulares y el poder político o entre dependencias del poder político45. A este respecto, corresponde aclarar que la Corte Suprema de la Nación ha consagrado esta distinción dentro del texto de nuestro estatuto fundamental46.
45 El vocablo lex tenía ya entre los romanos un sentido formal y otro material. En efecto, en algunos períodos significó la norma jurídica sancionada por el órgano que cumplía la función legislativa, sea la asamblea comicial, el Emperador o el Senado; en otros, significó un precepto general dictado por cual-quier órgano del poder político (Cfr. M. E. Peterlongo, “‘Lex’ nel diritto romano-clásico e nella legislazione giustinianea”, en: Studi in memoria di Roberto Michels, Pádova, 1937, p. 277-313). En la edad media y en la época moderna hasta fines del siglo XVIII, ley significó toda norma jurídica dicta-da por una autoridad competente, o sea, se utilizaba el término en sentido material (Cfr. Giorgio La Pira, “Il concetto di legge secondo San Tommaso”, en: Rivista di Filosofia neo-scolástica, Anno XXII, 1930, fasc. III-IV, p. 208-217; Carlo Curcio, “Il concetto di legge nel pensiero italiano del secolo XVI”, en: Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto, Anno VI, 1926, fasc. III, p. 387-398). A partir de la Revolución francesa y del constitucionalismo que ella animó, volvióse a la acepción dual del término ley, aunque los sostenedores de “la ley expresión de la voluntad general” pretendían entregar el monopolio de la creación de normas jurídicas a los “representantes del pueblo”, esto es, al órgano legis-lativo del Estado. Empero, en todas las Constituciones modernas aparece el vocablo con los dos senti-dos, aunque predominando el formal, porque en esos textos subsiste el propósito político de concentrar en las leyes a todas las normas jurídicas y la función creadora del derecho positivo en el Parlamento. No obstante, el creciente intervencionismo estatal del siglo XX viene pluralizando la función legislativa entre organismos estatales y paraestatales. El tema de la distinción de ambos conceptos de ley y el sentido de puja política que esa distinción encierra fue motivo de una exhaustiva discusión entre los profesores alemanes de derecho público, reunidos en Munich en 1927 y en donde fueron relatores Hermann Heller y Max Wenzel (Cfr. “Der Begriff des Gesetzes in der Reichsverfassung”, en: Veröffentlichungen der Vereini-gung der Deutschen Staatsrechtslehrer, Heft 4, 1928. Para el aspecto dogmático jurídico de la distinción, cfr. Donato Donati, “7 caratteri della leggi in senso materiale”, en: Rivista di Diritto Pubblico, 1910, T. I, p. 289-327; Gustavo Ingrosso, “Sulla distinzione fra leggi in senso materiale e legge in senso formale”, en: Studi in onore di Federico Cammeo, Pádova, 1933, vol. I, p. 699-720). 46 “Ley formal (es el) acto emanado de la rama de gobierno que está investido del Poder Legislativo”. Dictamen del Procurador General doctor Sebastián Soler hecho suyo por la Corte Suprema, Fallos de la Corte Suprema de Justicia; 237:636. “Esta expresión (ley) no ha de caracterizársela como un concepto exclusivamente formal”. Fallos, 234:82. 47 En un esquema dejaremos clasificados, conforme a las tipificaciones realizadas en el texto, los artícu- Bien; apenas se examina el papel asignado a la ley en la segunda parte del artículo 19 de la Constitución, se echa de ver que ahí el vocablo abar-ca a las leyes nacionales, provinciales y municipales en sentido material, ya que, como dijimos, cualquier autoridad pública, dentro de su jurisdic-ción, posee la propiedad de prescribir o prohibir acciones humanas, y los habitantes de la Nación están obligados a cumplir esas órdenes. Y esto no varía en el caso de que el juez, ante la inexistencia de un man-dato expreso de la ley civil, recurra a los principios de lo justo natural y entonces, haciendo como si fuera legislador, imponga coercibilidad a una norma general de esa índole y, consecuentemente, la aplique en el juicio concreto que debe actuar, puesto que para hacerlo está autorizado por el artículo 16 del Código civil48 49. Por ende, en esta situación, a quien la sentencia judicial le impone obrar en determinado sentido, no queda obligado a hacer lo que la ley no manda, sino a la inversa. En tanto que nuestra Corte Suprema ha sostenido que, careciendo de fuerza legal los
48 Fallos, 234:82. 49 Por ser los actos humanos, sobre los cuales recaen las leyes, singulares y contingentes, además que infinitamente variables, resulta imposible que el legislador provea todas las relaciones sociales justicia-bles. Ante una de estas lagunas legislativas, el juez, obligado por la propia ley civil a juzgar los litigios que le presenten, extrae una norma general justa de las leyes positivas que tratan una materia análoga, de una costumbre reglante de esa materia, de la común opinión de la doctrina o simplemente de los princi-pios de la virtud de justicia y le imprime, para el caso, coercibilidad, por lo que Aristóteles dice que obra como “si el legislador mismo estuviera ahí presente, pues así lo habría declarado o de haberlo sabido así lo habría legislado” (Aristóteles, Ética nicomaquea 1137 b, 19-24; Francesco Marioni, “La equitá e la sua funzione nei giudizi”, en: Il Filangieri, Anno XXXIX, 1914, p. 481-526; Giorgio del Vecchio, Sui principi generali del diritto, nuova edizione, Milano, 1958; François Geny, Methode d’interprétation et sources en droit privé positif, 2º ed., París, 1932, T. II, Epilogue ajouté a la seconde édition, chap. III: Les pouvoirs du juge d’aprés le Code civil suisse du 10 décembre 1907, p. 308-329; Josef Esser, “Wandlungen von Killigkeit und Billigkeitsrechtsprechung im modernen privatrecht”, en: Tübinger Rechtswissenschaftliche Abhandlungen, Summum jus suma injuria, Tübingen, 1963, p. 22-40). actos ordenados por una autoridad pública en materia que está fuera de su jurisdicción, lo mandado por ella viene a no estar preceptuado o pro-hibido por la ley, con lo cual se contraría el artículo 19 de la Constitución nacional50.
1) Si ha sido dictada francamente contra la ley fundándose tan sólo en el capricho del juzgador, y no cuando se trata de una interpretación errónea del juez56. 2) Si se sustenta sobre hechos judicialmente inexistentes57 o sobre he-chos que, de no haberse omitido considerar cuestiones propuestas por las partes, pudieron no haber sido tales58, y no cuando sólo hay error en la apreciación de las circunstancias tácticas del caso. 3) Si se aplica la ley según una interpretación contraria a la enseñanza 50 Fallos, 98:370. 51 Fallos, 237:797. 52 Fallos, 133:177; 153:331; 184:516; 194:220; 237:370, 893; 238:416; 240:91; 242:14; 244:147; 257:273.
53 Fallos, 102:414. 54 Fallos, 244:220. 55 Cfr. Juan Francisco Linares, “El recurso extraordinario contra sentencia arbitraria dictada en aplicación de normas no federales”, en: Revista del Colegio de Abogados de Buenos Aires, T. XXVII, 1949, nº 3 y 4, p. 217-258; Esteban Ymaz, “Arbitrariedad y recurso extraordinario”, en: La Ley, T. 67, p. 741-751. 56Fallos, 207:72; Voto del Presidente de la Corte Suprema, doctor Tomás D. Casares, 211:958; 234:82; 235:109; 237:438; 244:448; 251:339. 57 Fallos, 235:864; 238:550; 255:206; 256:28; 256:370; 257:20; 126 58 Fallos, 234:307; 235:113, 864; 237:328; 255:132. unánime y constante de la jurisprudencia y la doctrina, no siendo razona-ble la nueva interpretación59.
59 Fallos, 235:267; 236:27; 244:523. Es de hacer notar que con esta jurisprudencia la Corte Suprema acepta la clásica doctrina sobre la autoridad de la “opinión común de los doctores”, consistente en la obligación del juez de aceptar –so pena de considerar su sentencia como si fuera contra leges– la ense-ñanza unánime y constante de los tratadistas, siempre que el juez no sostenga con razonabilidad su opi-nión singular. Cfr. Charles Lefevre, Les pouvoirs du juge en droit canonique, París, 1938, p. 262-305. 60 Fallos, 112:384; 131:387; 133:298; 150:84; 184:137. 61 Fallos, 236:105. objetivo, con lo cual los gobernados quedan moralmente inmunes al ries-go de someterse a una legalidad suficiente en sí misma, lo que equivale decir, asentada en la voluntad exclusiva de los hombres que ejercen los supremos poderes del Estado62.