Source: https://issuu.com/tirantloblanch/docs/9f70781dd2674f312c2c8f7856490b46
Timestamp: 2017-02-23 04:24:08
Document Index: 52371205

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 1', 'Artículo 430', 'artículo 31']

1_9788490046647 by Editorial Tirant Lo Blanch - issuu
PENAL DE LAS PERSONAS
JURÍDICAS EN EL PROYECTO
DE REFORMA DE 2009
Prólogo del Ministro de Justicia D. Francisco Caamaño Domínguez
© Jacobo Dopico Gómez-Aller y otros
I.S.B.N.: 978-84-9004-665-4
NOTA PRELIMINAR....................................................................................
PRÓLOGO . ...................................................................................................
UNA INICIATIVA FRUCTÍFERA ..............................................................
Jacobo Dopico Gómez-Aller y Juan Antonio Lascuraín Sánchez
METODOLOGÍA DEL SEMINARIO........................................................
Jaime Alonso Gallo....................................................................................
Gonzalo de Aranda y Antón......................................................................
Norberto J. de la Mata Barranco................................................................
Jacobo Dopico Gómez-Aller.....................................................................
Luigi Foffani..............................................................................................
Francisco García Figueroa.........................................................................
José Ángel González Franco......................................................................
Adán Nieto Martín....................................................................................
María Antonia Sanz Gaite.........................................................................
José Miguel Zugaldía Espinar....................................................................
RELACIÓN DE LOS DEBATES
Primera sesión: la estructura de imputación del artículo 31 bis y aspectos
conexos (Relator: Víctor Gómez Martín)..................................................
Segunda sesión: el sistema de penas para las personas jurídicas y aspectos
conexos (Relatora: Raquel Roso Cañadillas)..............................................
Tercera sesión: aspectos procesales y otras cuestiones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas (Relatora: María Trapero Barreales)..............................................................................................................
CONCLUSIONES..........................................................................................
ANEXO: Tabla comparativa de la reforma en materia de responsabilidad penal
de las personas jurídicas.............................................................................
NOTA PRELIMINAR1
En este volumen se han pretendido recoger los análisis, debates y
conclusiones alcanzadas en el Congreso «La responsabilidad penal de las
personas jurídicas en el Proyecto de Reforma del Código Penal de 2009», celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de
Madrid, coordinado por la Profª María Martín Lorenzo y que tuvimos
el honor de codirigir el Prof. Lascuraín Sánchez y yo.
En este Congreso, inaugurado por el Ministro de Justicia, D. Francisco Caamaño Domínguez, se dieron cita más de setenta intervinientes
entre académicos españoles y extranjeros, magistrados, fiscales, abogados y asesores técnicos del Ministerio de Justicia. La tarea acometida
fue analizar desde un punto de vista técnico el texto del Proyecto de
Reforma de 2009 en un aspecto tan complejo, polémico e innovador
como la introducción de un régimen de responsabilidad penal de las
El primer agradecimiento debe, pues, dirigirse al Ministro de Justicia
y a su grupo de asesores técnicos, encabezados en este punto por el Prof.
Íñigo Ortiz de Urbina. Que un Ministerio lleve un Proyecto de Ley
para su discusión en un foro técnico independiente, exponiéndolo a las
sugerencias y críticas de los intervinientes, es un gesto de transparencia
que redunda en la mejora de la técnica legislativa, huyendo de la perniciosa legislación penal a golpe de titular que tanto hemos padecido en
los últimos años. Ojalá este tipo de prácticas se consoliden en un futuro
En segundo lugar, vaya nuestro agradecimiento a la Universidad
Complutense de Madrid, a su entonces Rector Magnífico, D. Carlos
Berzosa, y al Decano de la Facultad de Derecho, D. Raúl Canosa. Sin el
apoyo y la hospitalidad que nos brindaron acogiendo la celebración de
este evento en su impresionante Sala de Juntas, habría sido muy difícil
Esta publicación se enmarca en el Proyecto de Investigación RESP-PJ («La Implantación de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Derecho español
y su repercusión en los mercados»), financiado por la Comunidad Autónoma de Madrid y la Universidad Carlos III de Madrid (CCG10-UC3M/HUM-5349).
organizar un Congreso con la estructura y metodología que habíamos
En tercer lugar, es un deber y un placer dar las gracias a todos los
Proyectos de investigación y foros de reflexión públicos y privados que
coordinadamente aportaron su apoyo técnico y económico para que esta
iniciativa pudiese fructificar:
–	Proyectos de investigación (por orden cronológico):
o	«Derecho penal de la seguridad frente a garantismo penal. La
política criminal tras el 11-M» (SEJ 2006-06594/JURI, Investigador Principal Prof. Dr. Gimbernat Ordeig).
o	«El Derecho penal ante los nuevos retos del siglo XXI: globalización, internacionalización, políticas de seguridad».
SEJ2007-60312, Investigador Principal Prof. Dr. Díaz y García Conlledo.
o	«Teoría del Derecho y Proceso. Sobre los fundamentos normativos de la decisión Judicial» (SEJ 2007-64496/JURI, Investigador Principal Prof. Dr. García Amado).
o	Derechos fundamentales y normas penales. Elementos para
la construcción de un Derecho Penal supranacional europeo»
(DER 2008-01503/JURI, Investigadora Principal Profª Dra.
Huerta Tocildo).
o	«Protección penal del sistema económico, empresarial y laboral en el marco de los mercados» (DER 2008-02004/ JURI,
Investigador Principal Prof. Dr. Luzón Peña).
–	Otros foros2:
o	Cátedra de Investigación «Antonio Quintano Ripollés» de
la Universidad Carlos III de Madrid (Dir. Prof. Dr. Álvarez
o	Programa Interuniversitario en I+D+i «La cultura de la legalidad. Confianza, transparencia y responsabilidad. TRUST-CM»
Es doble nuestro agradecimiento a estas tres instituciones, que además han apoyado generosamente la publicación de este volumen.
(S2007/HUM-0461; Investigador Principal: Prof. Dr. Sauca
o	Observatorio Penal Económico del despacho González Franco Abogados Penalistas.
Finalmente, un especial agradecimiento a la editorial Tirant lo
Blanch y a su director D. Salvador Vives, que han tenido a bien acoger
en esta colección un trabajo de estas características.
El Código Penal es el garante normativo de nuestros compromisos
básicos de convivencia. Esta posición del Código Penal lo convierte en
expresión democrática de la política criminal de un país y, al tiempo, en
manifestación de su cultura política. Como límite de garantía de derechos y libertades individuales y colectivas, la modificación del Código
Penal es siempre una tarea especialmente compleja, sobre cuya oportunidad ha de reflexionarse sin premuras y en profundidad. Y es cierto
que en la sociedad mediática y de los riesgos que nos ha tocado vivir las
ocasiones para la reflexión no son, precisamente, habituales.
La aprobación del Código Penal de 1995 hizo que la doctrina española desempolvase a Savigny y se preguntase sobre el sentido de codificar el ius puniendi del Estado. Hoy, quince años después, los interrogantes son otros.
La teoría de la legislación nos dice que las dos principales razones o
motivos para reformar una Ley son la existencia de un mandato jurídico
o su adecuación para resolver cuestiones sociales que se estiman relevantes. Pero la función de una Ley no es tanto la de ordenar la realidad,
cuanto la de pacificarla, resolviendo conflictos de intereses que se animan por la razón, y también por la pasión. Hay pulsos sentimentales de
la sociedad que se traducen en un derecho simbólico o en lecturas simbólicas del derecho. Ambas variantes son un Guadiana en el complejo
relieve de lo normativo, en aquel derecho que por no ser para dioses
tiene el cuño de fábrica de lo humano.
Razón y sentimiento, necesidad de regulación y necesidad de reajustar el pulso social, también son los motivos del proyecto de reforma del
Código Penal que hemos presentado ante las Cortes Generales.
Por un lado, se da cumplimiento a más de una docena de compromisos jurídicos internacionales y comunitarios contraídos por nuestro país.
Por cierto, la Presidencia española me ha permitido comprobar cuantas
dificultades tenemos a la hora de negociar armonizaciones de tipos penales con nuestros socios europeos y defender a la vez el principio de
cumplimiento integro y efectivo de las penas. Es realmente una situación de difícil soledad, porque España se encuentra siempre solicitando
que se aplique como máximo el mínimo de las penas que se proponen, y
con muy poca capacidad de explicación y argumentación respecto de los
socios comunitarios, donde la inexistencia de aquel principio les permite
tener tipos penales mucho más amplios y, por tanto, con un efecto de
prevención general mayor. Como digo, muchos de esos mandatos jurídicos son compromisos internacionales o comunitarios que a menudo
imponen la introducción de nuevos tipos penales, como ocurre con el
caso de la trata de seres humanos o la corrupción en el sector privado,
mientras que otras veces tan sólo obligan a la modificación de los tipos
ya existentes, como es el caso de los delitos sexuales y los de terrorismo.
Por otro lado, el proyecto atiende a la resolución de algunos problemas detectados en la praxis y a demandas vinculadas a nuevas preocupaciones ciudadanas.
La reforma incorpora así un abanico de diversas y variadas cuestiones.
Algunas tienen que ver con las instituciones de la parte general, como
la introducción de la nueva figura de la libertad vigilada, que pretende
cohonestar la finalidad resocializadora de las penas privativas de libertad
con las especiales necesidades de control del tránsito a la libertad presentadas por muy concretas realidades delictivas. La conceptualización
de esta figura como medida de seguridad garantiza su vinculación con la
existencia de un pronóstico de peligro y su consiguiente cesación cuando éste no se produzca.
Como es lógico, el mayor número de reformas afecta a lo que denominamos la parte especial. Entre ellas se encuentran aspectos tales
como la nueva regulación del delito de cohecho, acogiéndose las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (el conocido
grupo GRECO), y también las reflexiones contenidas en trabajos de la
doctrina penal española.
La introducción en nuestro ordenamiento del delito de corrupción privada es consecuencia de la transposición de la Decisión Marco
2003/568/JAI, de 22 de julio de 2003. La reforma de los delitos sexuales
pretende conseguir una mayor protección, especialmente de los menores
y las personas con específicas condiciones de vulnerabilidad. Asimismo
se reforman los delitos contra la propiedad intelectual y los de tráfico
de drogas, atendiendo en ambos casos a la solicitud de los jueces y tribunales en el sentido de dotar de una mayor flexibilidad a la respuesta
penal, que permita sancionar con proporcionalidad, distinguiendo los
supuestos más graves de aquellos otros que no lo son. Hoy ciertamente
las cárceles españolas están llenas de personas que han cometido delitos
vinculados sustancialmente con el tráfico de estupefacientes en sus distintas modalidades, y es verdad que nuestra legislación penal actual no
es lo bastante flexible para diferenciar entre las grandes bandas que se
dedican al tráfico de forma organizada y continuada y las circunstancias
del joven de l8 años al que le han dado una pastilla de éxtasis y que,
como no es consumidor, decide venderla en una discoteca, (y hablo de
un caso real). Queríamos buscar que los tipos penales se ajustasen más
y fuesen más gravosos para quienes están realmente detrás de estas conductas ilícitas, permitiendo cierta flexibilidad al Juez para atemperarlo
en función de las circunstancias.
Se introducen también mejoras en el régimen de ejecución de las
penas, como la posibilidad de sustitución de las penas de prisión de
hasta 6 meses por la de localización permanente de la misma duración;
se reforma el denominado «período de seguridad» para excluir su aplicación general y proporcionar un régimen más flexible y propicio a la
reinserción social del delincuente.
Éstas son algunas de las novedades que incluye el proyecto. Como
también lo es aquella sobre la que versa el Seminario de hoy. Me refiero
a la regulación, por primera vez en nuestra historia, de una auténtica
Hace tiempo que se conocen los problemas político-criminales que
presentan las personas jurídicas, problemas usualmente ilustrados con
una conocida frase de von Liszt que no voy a repetir por respecto a este
Auditorio. Sí me gustaría, como contrapartida, detenerme un instante
en los avances que en esta materia se han producido tanto en el ámbito
jurídico-penal de cuño germánico como en la investigación criminológica anglosajona.
La dogmática se ha ocupado del análisis de los problemas de las
estructuras jerarquizadas, de la división vertical y horizontal del trabajo
y las consecuencias que esto tiene desde el punto de vista de la intervención del Derecho Penal, tratándose de un derecho que necesariamente
ha de basarse en el principio de culpabilidad. Existe aquí una doble
dificultad; en primer lugar la de encontrar a una persona física responsable; y, en segundo lugar, la de poder imputarle el reproche agravado
necesario para la adscripción de responsabilidad penal. Dos cuestiones
en las que se lleva desde hace mucho tiempo trabajando, y es cierto que
la dogmática jurídico penal lleva igual tiempo ofreciendo soluciones,
muchas de ellas, en mi opinión, perfectamente válidas y asumibles por
El resultado conjunto de estos factores ha sido brillantemente descrito por el profesor Schünemann al decir que nos encontramos ante
una auténtica «irresponsabilidad organizada». Y ésta, evidentemente, da
al traste con los efectos preventivo-generales buscados a través de la
intervención penal, como propósito primero.
Desde otra perspectiva, la investigación criminológica ha mostrado
que la estructura empresarial es también propicia para el desarrollo de
las denominadas «estrategias de neutralización». Introducidas en la discusión criminológica por Sykes y Matza en un breve artículo del año
1957, con muchos desarrollos ulteriores, las estrategias de neutralización
son expedientes, por así decir, que permiten al infractor entender que su
conducta, legalmente proscrita, es sin embargo moralmente legítima.
En el ámbito de la organización empresarial y de los contextos empresariales este es un elemento a tener en consideración de manera inevitable,
porque son muchos los mecanismos de este tipo cuya existencia se ha
verificado y se ha contrastado en este contexto de la actividad empresarial. Entre ellos destacan la negación por el autor de la realidad del daño,
el traslado de la responsabilidad por la infracción a quienes aprueban las
normas respecto de quienes las deben cumplir, la negación de la condición de víctima del perjudicado o, finalmente, la apelación a lealtades
superiores distintas a las previstas específicamente en la ley.
La responsabilidad penal de las personas jurídicas viene a afrontar,
por tanto, estos dos fenómenos que muy breve y sintéticamente les aca-
bo de describir porque su conocimiento sobre el mismo es muy superior
al que yo pueda tener.
Por ello proponemos esta incorporación al Código Penal de algo que
tradicionalmente, casi por esencia filosófica, todos hemos negado.
Debido a los límites del esfuerzo individualizador, y a la consiguiente
subsistencia de lagunas de punibilidad, resulta oportuno complementar
la responsabilidad individual con la de la propia persona jurídica cuando
su estructura o funcionamiento haya precisamente facilitado la comisión
del ilícito. Y el mismo carácter de medida de refuerzo o de complemento tiene la responsabilidad penal de la persona jurídica en lo referente a
las antes citadas estrategias de neutralización.
La investigación criminológica ha puesto de manifiesto la enorme
importancia que para generar un entorno favorable al cumplimiento de
la legalidad tiene la movilización y la sensibilización de la persona jurídica. Que ésta trabaje activamente en defensa de la legalidad y, sobre
todo, impregnando sus prácticas internas con conciencia acerca de los
elementos ilícitos. A tal efecto, es clave la aceptación por la empresa de
su responsabilidad social y la promoción voluntaria de una cultura jurídica de cumplimiento normativo. No cabe duda de que la existencia de
una responsabilidad penal de la persona jurídica supone siempre un importante incentivo para la toma de esa clase de medidas en el entorno y
en el interior de la propia empresa, así como para la efectiva instauración
de una cultura empresarial de respeto a la legalidad desde la primera a
la última de las personas implicadas en todo el proyecto. Cultura que,
como se ha dicho, a mi modo de ver con sumo acierto, no es más que
una vertiente de eso que hoy todos conocemos como responsabilidad
Bien sé que estamos ante una cuestión compleja y delicada que aconseja prudencia por parte del legislador. Pero se trata en mi opinión de un
paso obligado que ya han dado algunos otros ordenamientos jurídicos,
como es el caso de Francia, Austria, Italia, Suiza y Chile, y que ya es
inaplazable para el derecho penal de nuestro país, que también se mueve
en un contexto cada vez más global.
Es cierto que ya en el Código Penal del año 2003 se pretendió dar un
paso hacia el reconocimiento de la responsabilidad penal de las personas
jurídicas con la introducción del vigente artículo 31.2. No es menos
cierto, sin embargo, que la imprecisión de este precepto ha sido la crónica de un fracaso anunciado. Un exhaustivo estudio sobre su aplicación
judicial durante los primeros cinco años de vigencia ha puesto de relieve,
entre otras cosas, que sólo se aplicó nueve veces por parte de Audiencias
Provinciales, y que en ningún caso fue objeto de pronunciamiento por
Es evidente, por tanto, que la reforma no logró su objetivo y que ha
de ser sustituida por una regulación de mayor calado y técnicamente
más depurada. Eso es lo que pretendemos, y ojala lo consigamos, con
nuestra iniciativa legislativa en este punto. Deseamos también que las
aportaciones de todos, de la Universidad, del Seminario, y la de los parlamentarios en la tramitación del proyecto, nos ayuden a mejorar técnicamente y a perfeccionar este instrumento jurídico penal.
El artículo 31 bis del Proyecto de Reforma del Código penal que ya
se encuentra en las Cortes introduce de manera efectiva la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro ordenamiento. Lo hace
con mesura, estableciéndola para un número tasado de figuras delictivas
y además sólo para dos supuestos:
–	En primer lugar, para aquellos casos en los que la persona física
responsable de un delito es un administrador o representante y
lo comete en nombre o por cuenta de la persona jurídica, y en
provecho de ésta.
–	En segundo lugar, aquellos otros casos en los que la persona física puede cometer el delito en el ejercicio de actividades sociales
debido a la falta de control por parte de los responsables de la
Con estas cautelas se garantiza el respeto a los principios de intervención fragmentaria y de culpabilidad. La reforma establece también
mecanismos para garantizar la eficacia de la regulación, previendo la
responsabilidad de la persona jurídica en los casos en los que el autor
individual se hubiere sustraído de la acción de la justicia, así como la
traslación de la responsabilidad en supuestos de transformación, fusión,
absorción o escisión del ente colectivo.
Como puede apreciarse, la reforma responde a un doble objetivo:
la evitación de la irresponsabilidad organizada y el fomento de la instauración de una cultura corporativa respetuosa de la legalidad. Como
refuerzo adicional, en el proyecto se prevé además la posibilidad de atenuación de la pena cuando tras la comisión del delito la persona jurídica
colabore con la justicia, así como cuando instaure medidas eficaces para
la prevención y en su caso descubrimiento de delitos cometidos bajo su
En este momento estamos analizando además las modificaciones
procesales precisas para dotar de eficacia en juicio a este nuevo marco
sustantivo que hemos previsto en el Código Penal.
Estamos ante una reforma novedosa en España que, como toda novedad, precisará de un esfuerzo indudable de adaptación por parte de todos cuantos estamos implicados en el sector del derecho y de la justicia.
En mi doble condición de Ministro de Justicia y universitario, quiero
pedirles expresamente su colaboración. La colaboración de la doctrina
jurídico-penal española es fundamental para que lo que hoy es novedad
se incardine en nuestro derecho y se aplique con normalidad. Para ello
las aportaciones de la doctrina científica y la reflexión de todos ustedes
es fundamental. Sé que gracias al recorrido que todavía le queda a la
iniciativa presentada en el Congreso de los Diputados podremos entre
todos, adecuar sus perfiles. Pero quizá lo que es más importante, incluso
una vez que esas normas vean la luz, es que esta figura sea estudiada y
acogida. No será fácil. Siempre son más los supuestos de hecho posibles
que los previsibles por el legislador. Siempre son más las interpretaciones de un precepto que los esfuerzos de claridad y concreción que
persigue el legislador desde el punto de vista de la técnica legislativa. La
realidad es mucho más rica que las previsiones de un texto normativo
y en esa tarea de atemperar la realidad desde una lógica institucional la
doctrina es clave para que el derecho funcione en una sociedad.
Por este motivo es para mí una gran satisfacción estar hoy aquí, en
esta sala de la Universidad Complutense y poder inaugurar estas jornadas en las que participan importantísimos representantes de la doctrina
penal en nuestro país. Estoy convencido de que las conclusiones que
alcancéis nos beneficiarán a todos. Y ese es el legado indiscutible que la
Universidad aporta siempre a la ciudadanía española y a sus instituciones democráticas de Gobierno. Y en efecto, Rector, querido Decano, eso
también es investigación, y de primera calidad. Muchas gracias a todos
UNA INICIATIVA FRUCTÍFERA
1. EL EFECTO «PEDRO Y EL LOBO» Y LOS ÚLTIMOS
ANTEPROYECTOS DE REFORMA
Cierto efecto «Pedro y el lobo» parecía haberse instalado entre los penalistas españoles a finales de 2009. Cansados de diseccionar en vano
anteproyectos y proyectos de reforma que finalmente quedaban en nada,
dejaron pasar una de las más importantes propuestas de cambio penal
sin apenas prestarle atención.
En efecto: en enero de 2008 el ambicioso Proyecto de reforma de
20071 acababa de extinguirse in utero por vicisitudes parlamentarias ajenas a su planteamiento político-criminal. La doctrina española había
dedicado un detenido análisis a muchas de las propuestas en él contenidas, pero la pasividad del Legislador convirtió todos esos análisis en
Quizá el fracaso de 2008 llovió sobre mojado, excitando la memoria
histórica de una doctrina penal que en décadas pasadas se había comprometido seriamente con el análisis de multitud de proyectos de reforma de los más diversos orígenes, que en demasiados casos quedaron en
Sea como fuere, lo cierto es que el Anteproyecto de 2008-2009
—una de las reformas más extensas y profundas de la historia reciente
Proyecto 121/000119 de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (Boletín Oficial de las Cortes
Generales 15 de enero de 2007).
del Derecho Penal español— se paseó ante los ojos de una doctrina
penal recién escaldada sin que ésta detuviera suficientemente en él su
mirada. Y ello, pese a que incorporaba dos de las reformas más polémicas y de mayor calado de las últimas décadas: una medida de seguridad para personas imputables (libertad vigilada, con una regulación
diferente de la que preveía el Proyecto de 2007) y una extenso régimen
de responsabilidad penal de las personas jurídicas. El Anteproyecto fue
objeto de informe por parte del Consejo Fiscal, el Consejo General del
Poder Judicial (cuyo profundo estudio merecería una mención aparte)
y el Consejo de Estado, y el 27 de noviembre de 2009 se plasmó en un
Proyecto de Ley2, pero en sus casi dos años de singladura no mereció de
la doctrina española la reflexión que hubiera sido necesaria.
Y ese pecado de omisión trajo consigo consecuencias.
2. EL DIABLO EN LOS DETALLES. GRAVES DEFECTOS DE
LA REGULACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE
LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL PROYECTO DE 2009
En efecto: en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, y con las honrosas excepciones de rigor, la doctrina penal orientaba sus trabajos a elevadas cuestiones de principio, centradas sobre todo
en la conveniencia y en la legitimidad de tal tipo de responsabilidad,
pero no descendía a las concretas cuestiones que regulaba el Proyecto.
Esta falta de feedback de la doctrina española privó al prelegislador de
opiniones que contrastaran su propuesta.
Y eso que había mucho de lo que hablar. No sólo sobre el sí o el no a
este nuevo régimen; ni sobre la clamorosa ausencia de regulación procesal, sólo reciente y escasamente paliado3. El diablo, como es sabido, está
Proyecto 121/000052 de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica
Generales 27 de noviembre de 2009).
El artículo 1 de la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización
Procesal, ha introducido por fin en la Ley de Enjuiciamiento Criminal algunos
preceptos dirigidos a regular determinados aspectos básicos de la presencia de las
en los detalles. Y en el Proyecto había detalles endiablados. Baste señalar
algunos de los más llamativos:
–	El texto obligaba al Juez a clausurar los locales y suspender las actividades de una persona jurídica que hubiese sido condenada por
un delito de cohecho, tráfico de influencias, etc. No había posible
alternativa. La sanción no estaba supeditada más que a la imputación del delito a la persona jurídica4. Si el Juez constataba que
una persona jurídica no había prestado el debido control para la
evitación de un cohecho y por ello un empleado finalmente pudo
cometerlo, estaba obligado a clausurar sus locales y suspender sus
actividades por tiempo de dos a cinco años5.
–	Asimismo, en la última versión del Anteproyecto6 (la que se plasmó en Proyecto de Ley) se consideraba que la actuación delictiva
de un mero apoderado («empleado con facultad de comprometer
a la empresa») generaba responsabilidad penal de la persona jurídica, exactamente igual que la de su administrador.
–	La responsabilidad de la persona jurídica estaba excesivamente
supeditada a la prueba de la responsabilidad de la persona física,
ya que no se contemplaba el supuesto en el que se constata la co-
personas jurídicas imputadas en el proceso penal. Este régimen entró en vigor el
31 de octubre de 2011, por lo que cabe afirmar que durante casi un año el régimen
de responsabilidad penal de las personas jurídicas ha carecido de un cauce procesal
por el que hacerse efectivo. Téngase en cuenta que la primera resolución en esta
materia es el Auto de la Audiencia Nacional de 11 de octubre de 2011 (el mismo
día de la publicación de la Ley, y 20 días antes de su entrada en vigor), que ya imputa a varias personas jurídicas.
Imagínese, por ejemplo, que en uno de los grandes bancos de España se descubriese que por la falta del debido control se había podido cometer un cohecho.
Artículo 430: «(…) Cuando de los delitos comprendidos en este capítulo fuere
responsable una persona jurídica de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis
de este Código, se le impondrá la pena de suspensión de las actividades sociales por
un plazo de dos a cinco años y clausura de sus locales y establecimientos durante
el mismo período de tiempo».
Y es que este Anteproyecto fue mutando según iba se iban emitiendo las opiniones
de las sucesivas instituciones informantes, de modo que su versión final no fue
aquella sobre la que emitió su informe, por ejemplo, el CGPJ.
1_9788490046647
Valencia, 2012 J acobo D opico G ómez -a ller Prólogo del Ministro de Justicia D. F rancisco c aamaño D omínGuez Director: Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. © Jacobo Dopico Gómez-Aller y otros Copyright ® 2012 Published on issuu