Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-806-de-junio-29-de-2000?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041a9e5f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-16 08:51:34
Document Index: 387174562

Matched Legal Cases: ['artículo 221', 'artículo 221', 'artículo 256', 'artículo 112', 'artículo 99', 'artículo 29', 'artículo 221', 'artículo 221', 'artículo 221']

﻿ SENTENCIA T-806 DE JUNIO 29 DE 2000
SENTENCIA T-806 DE 29 DE JUNIO DE 2000
CONTENIDO:VÍA DE HECHO AL RESOLVER CONFLICTOS DE COMPETENCIA. TUTELA CONTRA DECISIÓN A FAVOR DE LA JURISDICCIÓN PENAL MILITAR.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONFLICTO DE COMPETENCIA, JURISDICCIÓN PENAL MILITAR, INVOCACIÓN DE VÍA DE HECHO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:345 DE SEPTIEMBRE DE 2000, PÁG.1852
REVISTA TUTELA N°:9 DE SEPTIEMBRE DE 2000, PÁG.1765
Sentencia T-806 de junio 29 de 2000
VÍA DE HECHO AL RESOLVER CONFLICTOS DE COMPETENCIA
TUTELA CONTRA DECISIÓN A FAVOR DE LA JURISDICCIÓN PENAL MILITAR
EXTRACTOS: «Corresponde a esta Sala establecer si la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura pudo incurrir en una vía de hecho al definir el conflicto de competencia suscitado entre el comandante de la extinta Vigésima Brigada y la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, en favor del primero, atribuyéndole a la justicia penal militar la competencia para investigar el delito de homicidio de que fue víctima Nidia Érika Bautista Arellana.
El Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, por medio de quien ejercía la presidencia de la Sala, doctora Amelia Mantilla Villegas, solicitó denegar la acción de tutela, por considerar que no puede tildarse la decisión de la Sala como una vía de hecho, por cuanto ésta, en cumplimiento de su función de dirimir los conflictos entre las diversas jurisdicciones, encontró, en criterio de la mayoría de sus integrantes, que, en el caso sometido a estudio, existía una relación directa entre el hecho delictivo investigado y la función militar, razón por la que la competencia para investigar y juzgar a los sindicados en él, radicaba en la jurisdicción penal militar, tal como lo estatuye el artículo 221 de la Constitución. Decisión que es de obligatorio cumplimiento (fls. 276 y 277).
4. La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al cumplir su función de dirimir conflictos de competencia entre las diversas jurisdicciones, específicamente entre la justicia penal ordinaria y la justicia penal militar, está obligada a interpretar el texto constitucional que define el fuero militar, con criterios que consulten el carácter restrictivo y excepcional de éste. Las interpretaciones que no consulten estos dos caracteres y que resulten desconociendo la tradición civilista de la Carta, proyectadas a un caso concreto, pueden ser analizadas por el juez de tutela para determinar si una providencia en la que se resuelve un conflicto de esta naturaleza, resulta contraria a los principios constitucionales, específicamente con el principio de legalidad y el derecho al debido proceso, al desconocer uno de los pilares en los que éstos se fundan: el juzgamiento por el juez natural, contraviniendo el texto constitucional mismo.
Reiterada ha sido la jurisprudencia de esta corporación en la que se ha aceptado la procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales, cuando en éstas, el funcionario judicial se aparta de la sana lógica y de los principios mínimos que rigen la interpretación, para hacer prevalecer su voluntad y capricho al momento de adoptar una decisión determinada, sin consideración alguna a la normatividad existente. Al respecto se ha dicho
“una vía de hecho se produce cuando el juzgador, en forma arbitraria y con fundamento en su sola voluntad, actúa en franca y absoluta desconexión con la voluntad del ordenamiento jurídico. La Sala no duda en reiterar que la intervención del juez de tutela en una sentencia judicial, calificándola como una vía de hecho, sólo puede producirse en aquellos casos en que el vicio alegado sea constatable a simple vista... Adicionalmente, el defecto cuya remoción se persigue por vía de la acción de tutela debe conllevar, en forma inmediata, la violación de uno o múltiples derechos fundamentales, lo cual determina que sólo las decisiones judiciales cuyos efectos trasciendan el campo de los anotados derechos, en detrimento de éstos, pueden ser atacadas mediante la acción de tutela”. (negrilla fuera de texto) (sent. T-567/98).
Igualmente, se han señalado las diversas modalidades que puede revestir la vía de hecho en tratándose de decisiones judiciales, sin que la mencionada enumeración resulte excluyente de otros casos en los que ésta pueda evidenciarse. Estos casos se encuentran resumidos en la sentencia T-567 de 1998, así “cuando (la providencia judicial) (1) presente un grave defecto sustantivo, es decir, cuando se encuentre basada en una norma claramente inaplicable al caso concreto; (2) presente un flagrante defecto fáctico, esto es, cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado; (3) presente un defecto orgánico protuberante, el cual se produce cuando el fallador carece por completo de competencia para resolver el asunto de que se trate; y, (4) presente un evidente defecto procedimental, es decir, cuando el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones”.
Dentro de este marco, corresponde a la Sala determinar si, en el caso en revisión, la providencia del Consejo Superior de la Judicatura que dirimió el conflicto de competencia entre la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación y la extinta Brigada Veinte del Ejército, en el caso expuesto en los hechos de esta acción, puede calificarse como una vía de hecho. El marco de análisis de esta clase de providencias, estará determinado por el texto constitucional mismo, artículo 221.
4.1. En primer término, es claro que por expresa disposición del artículo 256, numeral 6º de la Constitución, en concordancia con el artículo 112, numeral 2º de la Ley 270 de 1996, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es el órgano llamado a resolver los conflictos de competencia que se presenten entre dos jurisdicciones. En tratándose de la justicia penal ordinaria y la penal militar, la Sala Disciplinaria debe dar estricto cumplimiento a los términos del artículo 99 del Código de Procedimiento Penal, según el cual una vez propuesta ésta, debe resolver de plano, en un término máximo de tres (3) días. Contra la decisión que se profiera no procede recurso alguno.
4.2. La definición sobre la competencia de un funcionario para conocer y decidir sobre un proceso no es asunto baladí, pues es este uno de los elementos que conforman el derecho al debido proceso. Señala el artículo 29 de la Constitución, “nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”. Es así como la primera obligación del juez al momento de acometer el estudio de un proceso, es determinar si tiene la competencia para el efecto, entendida ésta como la facultad que tiene un funcionario para ejercer su jurisdicción en un caso concreto. Así, cuando se presenta dilema sobre si se tiene o no competencia para conocer de un proceso determinado, el ordenamiento ha ideado diferentes mecanismos procesales para definir ésta. Esos mecanismos van desde suscitar los conflictos de competencia para que un tercero, independiente y de mayor jerarquía decida en qué funcionario radica ésta, hasta la interposición de recursos y excepciones.
La falta de competencia, como presupuesto objetivo del debido proceso, tiene como remedio último la nulidad de lo actuado por quien carecía de ésta, remedio que busca salvaguardar este derecho. Por tanto, y a fin de evitar ésta, el funcionario correspondiente ha de adoptar los correctivos necesarios para prevenir que se produzca tal sanción, no sólo como una forma de dar prevalencia al derecho al debido proceso, sino como garantía del cumplimiento de otros principios que orientan la administración de justicia, tales como la celeridad, la economía y la eficacia.
4.3. Como se ha insinuado, una de las formas de definir la competencia de un determinado funcionario judicial, es a través de los conflictos o colisiones de competencia, los cuales pueden ser de carácter positivo o negativo. El primero se presenta cuando dos funcionarios creen tener la competencia para conocer de un mismo asunto, el segundo, por el contrario, cuando se afirma no tenerla.
La ley ha establecido la manera de dirimir éstos, señalando los distintos órganos que pueden conocer y decidir con carácter obligatorio sobre esta cuestión. Así, una vez se ha resuelto el conflicto y discernido la competencia en un funcionario determinado, por quien tiene la facultad para ello, no puede presentarse, en otras instancias, nueva discusión sobre la observancia de este presupuesto procesal, por cuanto el mismo ya ha sido objeto de examen y decisión, razón por la que la jurisprudencia y la doctrina han coincidido en señalar que el fallo que resuelve esta clase de conflictos se convierte en ley del proceso de obligatorio cumplimiento, y, como tal, no puede ser discutido ni desconocido por las partes o funcionario judicial alguno.
“... conviene explicar que cuando la competencia depende de la adecuación típica que se dé a los hechos, la determinación que en ese aspecto tome el superior al resolver la colisión de competencias es vinculante, por lo menos mientras subsistan los mismos elementos de juicio, pues si no fuera así bastaría que el inferior no la compartiera para dejar sin efectos la providencia que dirime la colisión, y ante eso se podría llegar al absurdo de que no habría funcionario judicial que conociera del caso.... De modo que la inconformidad del censor con el auto en que el Tribunal Nacional envió el expediente al Tribunal de Medellín proponiéndole colisión de competencias en lugar de fallar y absolver no tiene asidero procesal, pues se repite, contra ese tipo de providencias no es viable la impugnación extraordinaria por imperativo legal”. (CSJ, sent. mar. 24/98. M.P. Ricardo Calvete Rangel).
4.4. En este orden de ideas y para el caso específico de los conflictos que se suscitan entre la justicia penal y la justicia militar, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, de tiempo atrás ha venido señalando que no procede el recurso extraordinario de casación ni la nulidad en esta clase de procesos, cuando el cargo o motivo de éstos se sustente en la violación del derecho de defensa por desconocimiento del presupuesto procesal de competencia, si el órgano llamado a dirimir una colisión positiva o negativa entre estas dos jurisdicciones, ha tenido la oportunidad de definir el punto.
“No obstante tratarse de un aspecto procesal que en otras condiciones podría configurar un error de procedimiento susceptible de ser atacado en sede de casación en la forma que lo hace el actor en esta ocasión, ...es un hecho irrebatible que en este proceso debe descartarse, por virtud de la definición de competencia en la forma en que ella fue hecha. Atentaría contra la seguridad jurídica de las decisiones judiciales que han sido dictadas con apego a la legalidad, en obedecimiento de una decisión de superior jerárquico investido de la facultad de asignar competencia cuando hay dudas a ese respecto, y descalificaría los pilares de la administración de justicia el acogerse una censura que, fundada o no, actualice el mismo problema jurídico y lo traslade, en círculo vicioso, al mismo punto en que tuvo su partida. Convertida en ley del proceso la asignación de competencia en un conflicto de jurisdicciones, todos los jueces con posterioridad que a ella intervengan en él, deben respetarla sujetándose a ella, salvo que surjan nuevos hechos que la modifiquen. Es el presupuesto de orden y de seriedad que garantiza el Estado a sus asociados, y la pauta de la organización jerárquica de la autoridad jurisdiccional que marca el mantenimiento de su prevalencia” (subrayas fuera del texto) (CSJ, Sala Penal, nov. 22/89. M.P. Jaime Giraldo Ángel).
En anterior providencia se estableció:
“En el caso presente se resolvió un problema de competencia por la autoridad a quien la Constitución y la ley le han encomendado esa misión y esa decisión es ley del proceso que no puede desconocerse ahora; se trata en consecuencia de una verdad procesal cuyo cumplimiento representa una necesidad en aras de la seguridad jurídica.
...Conviene agregar que la Corte, no obstante patrocinar un criterio diferente al emitido por el tribunal disciplinario, tiene por doctrina permanente el que no es posible, cuando se ha definido la colisión de competencia por el organismo competente, invocar un criterio distinto al que se ha aplicado en el caso concreto para deducir de allí una posible nulidad...” (Auto jun. 2/80. M.P. Gustavo Gómez Velásquez).
Los presupuestos expuestos por la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, en esta materia, han sido ratificados por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, al señalar:
“...definida la colisión por medio de la decisión de esta corporación en el sentido de atribuir el conocimiento a uno de los dos funcionarios judiciales en conflicto, se convierte en ley del proceso, adscripción de la competencia que se torna inmutable, sin que ninguna autoridad judicial pueda desconocerla, modificarla o cambiarla... una vez dictada la providencia respectiva, que define cuál es el juez competente, para el conocimiento del asunto, resulta inamovible, más aún cuando tal decisión constituye una decisión judicial... sin que se consagre recurso alguno contra tal decisión o la posibilidad de volver sobre el tema, a no ser que existan nuevas pruebas, no aportadas inicialmente.
Tampoco es propio de esta instancia judicial examinar su propia decisión, pues no está permitido tal procedimiento en norma escrita alguna. Basta concluir que para el asunto en concreto, los hechos no han variado, ni se han conocido nuevas circunstancias y menos se trata de revisar una situación no propuesta con antelación. Es decir, son los mismos hechos atribuidos a una persona por el delito de homicidio, asunto ya definido en el sentido de que por tener relación con el servicio, el conocimiento le correspondía a la jurisdicción penal militar”. (Auto dic. 4/97. M.P. Rómulo González Trujillo).
La constante en las providencias reseñadas, es, precisamente, que la decisión que ponga fin a una colisión de competencias entre dos funcionarios judiciales, tiene carácter vinculante tanto para las partes como para cualquier autoridad judicial, por cuanto es necesario proporcionar al proceso un principio de seguridad jurídica en el sentido que el mismo punto, el de la competencia, no será debatido en ninguna instancia judicial posterior. Por tanto, una vez debatido y fallado este punto por el órgano competente para resolver esta clase de controversias, la decisión adquiere el carácter de definitiva, inmodificable e inmutable.
Jurisprudencia que comparte esta corporación, pues es claro que si un asunto de tanta entidad ya fue definido por quien constitucional y legalmente está facultado para ello, no puede ser planteado nuevamente, dado que ello atenta contra todos los principios que rigen la administración de justicia, entre ellos, tal como lo señalan los fallos citados, el de la seguridad jurídica.
4.5. No obstante lo anterior, ello no significa que en la providencia en que se adopte tal decisión, el funcionario u órgano judicial correspondiente, no pueda incurrir en una vía de hecho, entendida ésta en los términos descritos en otro acápite de esta decisión. Si bien se admite que el fallo que dirime una colisión de competencia se convierte en leydel proceso, esto sólo es predicable cuando éste se ajusta a derecho. En otros términos, la intangibilidad de una providencia que ponga fin a un conflicto de competencia no puede defenderse, tal como sucedería con cualquier otra clase de decisión, si la misma es contraria a los principios mínimos en que se funda el ordenamiento constitucional y legal.
Al respecto, vale decir que la providencia que resuelve esta clase de asuntos queda amparada bajo el principio de la cosa juzgada, principio éste que, como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta corporación, sólo es admisible frente a providencias en las que el funcionario correspondiente no hubiese incurrido en una vía de hecho.
“La certeza que impone la cosa juzgada no constituye un valor absoluto frente a la vigencia y defensa de los derechos fundamentales, de suerte que si está de por medio la protección de tales valores, procede la tutela contra sentencias que sean el resultado de una “vía de hecho”, lo cual ocurre cuando el juez la adopta contrariando ostensiblemente el contenido y voluntad de la ley o desconociendo ritualidades cuya observancia consagran una garantía del derecho de defensa de las partes en el proceso. La cosa juzgada como resultado de una vía de hecho, pierde su valor de decisión intangible y poco vale como cosa juzgada”. (C. Const., sent. T-175/94).
4.6. En tratándose de los conflictos de competencia entre la justicia penal militar y la justicia penal ordinaria, la Constitución directamente señala los parámetros para la procedencia de una y otra, asignándole a la primera un carácter restrictivo y excepcional, tal como se tuvo la oportunidad de examinarlo en otro aparte de este fallo. Así, cuando el funcionario judicial desconoce los elementos mínimos que configuran o dan origen a una institución excepcional, es este caso el fuero militar, utilizando para el efecto una interpretación que no encaja dentro de los presupuestos que se tienen señalados para el efecto, la decisión no puede ser admitida ni muchos menos tenerse como ley del proceso, precisamente por desnaturalizar la figura excepcional y poner en juego uno de los principios elementales del Estado de derecho: el principio de legalidad, y, consecuentemente, el derecho al debido proceso.
“Carece de fundamento objetivo la actuación manifiestamente contraria a la Constitución y a la ley. La legitimidad de las decisiones estatales depende de su fundamentación objetiva y razonable. El principio de legalidad rige el ejercicio de las funciones públicas, es condición de existencia de los empleos públicos y su desconocimiento genera la responsabilidad de los servidores públicos. Una decisión de la autoridad no es constitucional solamente por el hecho de adoptarse en ejercicio de las funciones del cargo. Ella debe respetar la igualdad de todos ante la ley, principio que le imprime a la actuación estatal su carácter razonable. Se trata de un verdadero límite sustancial a la discrecionalidad de los servidores públicos, quienes, en el desempeño de sus funciones, no pueden interpretar y aplicar arbitrariamente las normas, so pena de abandonar el ámbito del derecho y pasar a patrocinar simple y llanamente actuaciones de hecho contrarias al Estado de derecho que les da su legitimidad”. (C. Const., sent. T-079/93).
Por tanto, quien está aplicando la norma constitucional, en este caso quien está dirimiendo el conflicto, tiene un campo de acción limitado, demarcado no sólo por la Constitución sino por la interpretación que del mismo haga su intérprete autorizado, es decir la Corte Constitucional. Por tanto, so pretexto de su competencia, independencia y autonomía no puede desconocer éstos, dado que su decisión se opondría, en sí misma, a los fines propios de la función que está llamado a cumplir.
“La Corte, en principio, comparte el respeto que se debe otorgar al principio de independencia judicial, pero considera que ello no es excusa para abstenerse de verificar si la actuación judicial calificada por el demandante como vía de hecho, efectivamente lo es. En este caso, la vinculación mayor con el ordenamiento jurídico, y el designio de poner término a la arbitrariedad, propio de un Estado de derecho, se torna más obligante que el de mantener a toda costa una independencia que, de tener ese origen, habrá perdido ya toda legitimidad”. (C. Const., sent. T-231/94).
De lo expuesto, es clara la viabilidad de la acción de tutela contra una decisión que ponga fin a un conflicto de competencia, específicamente entre la jurisdicción especial y la ordinaria, si en la misma, el funcionario incurrió en una vía de hecho. Procedencia que se justifica, si se tiene en cuenta que no existe en el ordenamiento jurídico colombiano ningún mecanismo que permita volver sobre este punto, precisamente porque estas decisiones están amparadas con una presunción de inmutabilidad, en aras de proteger el principio de seguridad jurídica, principio éste que, en todo caso, no puede anteponerse ante violaciones protuberantes de derechos fundamentales, tales como el del debido proceso y el principio mismo de legalidad.
Viabilidad que, además, encuentra otro sustento, el ser la acción de tutela el único mecanismo con que cuenta un sujeto procesal para atacar una decisión de esta naturaleza. Primero, porque la ley no consagra recurso alguno en contra de la providencia que ponga fin a una colisión de competencia. Segundo, porque la nulidad por este aspecto no es viable, por cuanto se considera que el punto ya fue objeto de discusión previa y la decisión, como tal, es ley del proceso. Tercero, por cuanto el recurso extraordinario de casación no es procedente, tal como la misma Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia lo ha manifestado en los fallos antes transcritos. Cuarto, porque el funcionario a quien se le asigne en estos casos la competencia para conocer y fallar de un proceso determinado, no puede negarse a tramitarlo, aduciendo su incompetencia, por cuanto su superior jerárquico ya definió el punto y, como tal, está obligado a cumplir lo resuelto por aquél.
4.7. Dentro de este contexto, ha de aceptarse la procedencia de la acción de tutela en contra de las providencias que definan conflictos de competencia, específicamente entre la jurisdicción penal militar y la ordinaria, si de la decisión misma se desprende el desconocimiento del carácter restrictivo y excepcional del fuero militar. En otros términos, cuando es evidente la violación del texto constitucional, artículo 221.
Para poder circunscribir los hechos que dieron origen a la investigación penal que actualmente cursa en el Comando de la Fuerza Aérea, se transcribirá el relato de los hechos que fueron expuestos en la resolución de acusación que dictó la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, hechos éstos que, en su momento, fueron los que tuvo en cuenta la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para resolver el conflicto suscitado entre las dos jurisdicciones.
“...Aseveraciones que coincidieron palpablemente en muchos aspectos tácticos, y con aportes de nombres de oficiales y suboficiales que participaron en el acontecimiento denunciado por Bernardo Garzón (...) se aclaró así, la manera como se localizó en la ciudad de Bogotá a Nidia Érika por indicaciones del comandante de la Tercera Brigada del Ejército de Cali, coronel Arturo Cifuentes Mogollón, estuvo privada de su libertad, efectuó un trato con éste para que le suministrara información, ubicación de personas relacionadas con actividades subversivas, por lo anterior la cautiva entregó la red de comunicaciones del M-19 en Cali. A cambio de ello recibió vivencia (sic) y manutención.
Y una vez transcurrieron varios meses perdieron contacto con Nidia Érika Bautista, ubicándola nuevamente en la ciudad de Bogotá, quienes la señalan al capitán Pulecio Tovar y al teniente Mejía Lobo componentes del grupo de operaciones especiales de la Brigada Veinte de Inteligencia de ese entonces, para que la localizaran, orden o misión que recibió el sargento Ortega Araque, los cabos Hernández Guillermo, Angarita Mauricio y Miguel Salamanca, quienes en un vehículo jeep Susuki SJ-410 de color gris y armados, se dirigieron al barrio Kenedy, Urbanización Casablanca, y la interceptaron llevándola violentamente hacía la Brigada, finalmente deciden deshacerse de ella abandonándola en “Quebradablanca” pasando un túnel” (fl. 34) (negrillas fuera de texto).
El Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, resolvió el conflicto de competencia suscitado entre la justicia penal militar y la ordinaria, de la siguiente forma:
“En estas condiciones, de las transcripciones anteriores, [las mismas que esta Sala efectuó en el párrafo anterior] mediante las cuales la Fiscalía General de la Nación relacionó las circunstancias modales que rodearon el homicidio investigado, y la forma como intervinieron los vinculados, aparece en forma clara la relación con el servicio, pues los suboficiales del Ejército Nacional, para la época de los acontecimientos... en su condición de integrantes del Ejército Nacional y adscritos a la unidad operativa de la Brigada Veinte de esta ciudad en cumplimiento de órdenes superiores localizaron a Nidia Érika Bautista “...y la interceptan llevándola violentamente hacia la Brigada, finalmente deciden deshacerse de ella abandonándola en Quebradablanca, pasando el túnel”, siendo evidente que el hecho punible, se originó en ejercicio de la función castrense desempeñada para ese momento cuya relación fue la comisión de la conducta punible investigada y por la cual deberán responder...” (subrayas fuera de texto) (fl. 34).
Esta motivación fue suficiente para asignar la competencia al juez penal militar, además de traer a colación otra providencia de la misma corporación en la que, en relación con los miembros de grupos de inteligencia y contrainteligencia, se advirtió:
“... su función es de carácter permanente, pues responde así a la naturaleza de la actividad que le es propia a estos órganos; razón por la cual no es necesario que para el ejercicio de las funciones se dé ocasión a una orden específica, sino que es intrínseca de la misión permanente de contrainteligencia” (providencia de mayo 11 de 1995. M.P. Camilo Noguera Aaron).
Como puede observarse en la providencia que se transcribe, la decisión mayoritaria de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, consideró que el hecho punible denunciado estaba directamente relacionado con el servicio y, como tal, su investigación y juzgamiento radicaba en la jurisdicción especial. Le bastó a la Sala afirmar que entre los hechos denunciados y las funciones de inteligencia y contrainteligencia que cumple el Ejército Nacional había una relación directa, para entender que la detención y posterior muerte de la señora Nidia Érika Bautista quedaban amparadas bajo la figura del fuero militar, por estar estas dos acciones relacionadas con el servicio.
Sin embargo, puede observarse que no se adujo razón alguna para deducir tal relación. Se habló de la existencia de una orden superior, para ubicar a la víctima y que una vez cumplida ésta, los miembros de la fuerza pública “...deciden deshacerse de ella abandonándola en Quebradablanca, pasando el túnel”. Se pregunta esta Sala ¿cuál es la relación que encontró la Sala Disciplinaria entre esta última conducta y las funciones que debe cumplir el Ejército Nacional? elemento éste determinante para dirimir la colisión presentada. Este interrogante carece de respuesta en la providencia que se analiza, dado que se omitió explicar el nexo existente entre el hecho delictivo y la función desempeñada por los presuntos homicidas.
Así, lo primero que se echa de menos en la decisión de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es la motivación en la que se pudo fundamentar ésta para deducir el tercer elemento del fuero militar, pues, pese a lo que se dice en la providencia, no es claro ni evidente que el “deshacerse” de una persona que ha sido detenida por la fuerza pública en cumplimiento de sus funciones, haga parte o pueda tenerse como un hecho derivado de su competencia. La Sala Disciplinaria pasa por alto esta circunstancia, le basta afirmar llanamente que existe la relación con el servicio, sin dar argumentos que sustenten su aserto, como si su leal saber y entender, su convicción, fuesen sustento suficiente de su fallo.
Si la principal obligación de los jueces consiste en motivar sus decisiones aduciendo las razones de hecho y de derecho que le permiten arribar a la decisión que ponga fin a la controversia planteada, motivación que no sólo permite a las partes conocer los fundamentos que tuvo el juzgador para llegar a una conclusión determinada, sino el mecanismo a través del cual se busca erradicar la arbitrariedad del Estado, la Sala Disciplinaria de Consejo de la Judicatura, en el caso en análisis, estaba en el deber jurídico de fundamentar su decisión, especificando cuál era la relación que, en su entender, existía entre el hecho investigado y las funciones que constitucionalmente está obligado a cumplir el Ejército Nacional, para diferir en la jurisdicción militar la competencia para adelantar el proceso penal por el homicidio de la señora Bautista.
Esas razones, no expresadas en la providencia, riñen con los principios mismos de la Constitución, pues, cómo entender que cuando los miembros de la fuerza pública cumpliendo o no una orden, o como en el caso de la referencia, efectuando labores de inteligencia deciden “deshacerse” de una persona se pueda afirmar que tal conducta tenga relación con el servicio, cuando el mismo texto constitucional establece que el derecho a la vida es inviolable (art. 11), y que nadie puede ser sometido a desaparición forzada ni a tratos crueles, degradantes e inhumanos (art. 12), asignando a las autoridades como su principal deber, el de proteger, conservar y respetar la vida. La providencia de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura no explicó las razones para arribar a tal conclusión, y la ausencia de éstas son las que llevan a esta Sala de Revisión a calificar la decisión proferida como una vía de hecho.
En reciente fallo, la propia Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en relación con este punto, expuso:
“De estas normas (haciendo mención a los artículos 16 y 170 de la Constitución de 1886 y el artículo 221 de la Constitución de 1991) se desprende claramente que ninguna autoridad de la República, para el caso concreto la militar, podía disponer de la vida de ninguna persona. Al contrario, su deber constitucional y consiguientemente legal le imponía proteger la vida de todos los residentes en Colombia. Por tanto, cualquier hecho punible que envolviera desconocimiento de dicho deber no guardaba ninguna relación con el servicio, pues justamente éste le imponía lo contrario, esto es, la preservación de la vida de las personas. El ataque o vulneración de dicho derecho ya nada tiene que ver con el servicio. La conservación de las instituciones no implicaba ni de lejos, el sacrificio caprichoso y voluntarista de la vida de los asociados; actuaciones de esa clase no obedecían al servicio institucional, sino a todo lo contrario, a su vulgar y protuberante desconocimiento”. (Providencia jun. 17/99. M.P. Amelia Mantilla Villegas).
Dentro de este contexto, encuentra esta Sala de Revisión, que la decisión de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al resolver la colisión de competencia entre la justicia penal militar y la penal ordinaria, por el proceso penal seguido por el homicidio de Nidia Érika Bautista, no sólo carece de una motivación concreta que explique la razón por la cual se consideró que el acto que se imputa a miembros de la fuerza pública tiene “relación con el servicio”, sino que de plano, se asume que ello es así, sin ningún análisis conceptual previo y, lo que es más grave, sin soporte probatorio de ninguna especie. Desconociendo, además, el carácter excepcional y restrictivo del fuero, transgrediendo de esta manera el texto constitucional que así lo contempla. Basta observar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se produjeron los hechos, los mismos que tuvo en cuenta la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura al definir el conflicto y no otros, para deducir que no fueronapreciadas, pues de haberse hecho, la decisión, según lo indica la sana lógica, hubiese sido diversa.
En este caso, no se trataba de darle aplicación al fallo de esta corporación que fijó el alcance de un texto constitucional de por sí restrictivo, y que de hecho fue posterior a la providencia que se acusa de ser contraria a derecho, tal como se sugirió en el escrito de tutela. Se trataba sí, de hacer cumplir el mandato constitucional y no sólo el contenido en el artículo 221, cuya inobservancia genera nada más ni menos que el desconocimiento del derecho al debido proceso, por desconocimiento del principio del juez natural, derecho éste que todo sujeto procesal puede hacer valer dentro de una actuación determinada, sino el requisito mismo de toda providencia, el de la motivación, otro de los presupuestos esenciales del derecho fundamental al debido proceso.
Razones éstas que legitimaban a la parte civil dentro del proceso penal que sigue la justicia castrense por el homicidio de Nidia Érika Bautista, a abogar, mediante el uso de los mecanismos judiciales a su alcance, por el respeto de este principio, fundamento mismo del Estado de derecho, y presupuesto objetivo del ejercicio del jus punendi del Estado. Estado que está obligado a prodigar a todas las personas, los recursos necesarios para que se administre de manera adecuada y pronta justicia, máxime cuando éstos son directamente las víctimas o sujetos pasivos del hecho punible.
“...la participación de familiares y perjudicados en un proceso penal desborda la pretensión puramente reparatoria ya que deriva también de su derecho a conocer qué ha sucedido con sus familiares (...). Este derecho de los familiares a conocer la suerte de los suyos, sean desaparecidos o fallecidos, no se agota entonces con la percepción visual del cadáver, ni se limita a una escueta información, ni puede quedarse en una conclusión simplista, sino que el Estado debe facilitar el acercamiento a la verdad permitiéndoles participar en el proceso penal” (subrayas no originales sentencia T-275 de 1994).
Las anteriores circunstancias, aunadas a lo que se explicó en relación con la inexistencia de mecanismos judiciales para controvertir las decisiones en las que se dirimen colisiones de competencia, obligan a esta Sala de Revisión a dejar sin efecto la providencia del catorce (14) de noviembre de mil novecientos noventa y seis (1996), proferida por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, que en apariencia dirimió el conflicto de competencia que, en su momento, se suscitó entre la unidad de derechos humanos de la Fiscalía General de la Nación y la extinta Brigada Veinte del Ejército Nacional, por el homicidio de la señora Nidia Érika Bautista. Y, en consecuencia, ordenará a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que, en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, dicte una nueva providencia que, en forma motivada y ciñéndose a los parámetros que establece la Constitución en relación con el fuero militar, dirima la mencionada colisión».
(Sentencia T-806 de junio 29 de 2000. Magistrado Ponente: Dr. Alfredo Beltrán Sierra).