Source: https://www.derechoecuador.com/registro-oficial/2001/08/registro-oficial-9-de-agosto-del-2001
Timestamp: 2019-09-16 10:03:21
Document Index: 312537504

Matched Legal Cases: ['artículo 72', 'artículo 4', 'artículo 62', 'artículo 59', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 179', 'artículo 9', 'artículo 16', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 1699', 'artículo 3', 'artículo 1595', 'artículo 1595', 'artículo 18', 'artículo 6']

Registro Oficial. 9 de AGOSTO del 2001
Jueves 9 de Agosto del 2001
REGISTRO OFICIAL No. 387
\n 3005 Expídese el Reglamento\n de contratación para la adquisición de bienes,\n ejecución de obras y prestación de servicios no\n regulados por la Ley de Consultoría.
\n 169 Constitúyese\n una Comisión Interinstitucional integrada por representantes\n de los ministerios de Energía y Minas, Industrias,\n Comercio, Integración y Pesca; y, de la Federación\n Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, con el\n propósito de que asista al Ministro de Energia y \n Minas en el control del cumplimiento de la cláusula 84\n (c) del Contrato para la Construcción y Operación\n del Oleoducto de Crudos Pesados y Prestación del\n Servicio Público de Transporte de Hidrocarburos.
\n 249-2001 Antonio Leonardo\n Espinosa Delgado y otra en contra del Lcdo Jorge Morillo Ríos\n y otra.
250-2001 Imad Munir Tabbub Kaissi en\n contra de la Compañía de Seguros y Reaseguros Panamericana\n del Ecuador S.A.
251-2001 María Agustina de la Cruz Cashabamba\n en contra de José Chamba Chango.
252-2001 Manuel Mesias Quilambanqui\n Sagbay en contra de Julia Ortega Chuva y otro.
255-2001 Empresa Eléctrica Riobamba\n S.A. en contra del Ing. Luis Velastegui Moreno.
256-2001 Vicente Lucio Vergara Heredia en contra\n de Elvira Alcarraz y otras.
258-2001 Rosa Esperanza Robles Aucapiña\n en contra de Neptalí Amador Guallpa Saldaña.
259-2001 Judith Delfina León\n Calderón en contra de José Albino Martínez\n Segarra.
260-2001 José Quichimbo Pugo\n en contra de Rosa Delia Quichimbo Bueno y otros.
261-2001 Antonio Inca Alvear y otra en contra\n de Manuel Inca Alvear.
263-2001 Julio Ernesto Urbina Cárdenas\n en contra de Carmen Suscal y otra.
265-2001 Teresita de Jesús Moya Ortega\n en contra de Filanbanco, sucursal Manta.
266-2001\n Esther\n Sulima Calle Velàsquez en contra de los herederos de Manuel\n Antonio Siranaula Llivipuma y otra.
273-2001\n Director\n Regional 8 del IESS en contra de Luis Eladio Guevara Pérez.
\n 528 Criterios y pautas para la formulación\n y ejecución de la Politica Exterior Común (Texto\n unificado de la Directiva No 1 de la Política Exterior\n Común ).
529 Dictamen 08-2001 de incumplimiento\n por parte del Gobierno de Perú del artículo 72\n del Acuerdo de Cartagena.
530 Creación de un grupo \n ad hoc que recomiende una estrategia dirigida a la\n consolidación del mercado ampliado y el mejoramiento\n de la competitividad de la Cadena de Cereales para\n Consumo Humano en la Comunidad Andina.
531 Precios de Referencia del Sistema Andino\n de Franjas de Precios para la primera quincena de agosto del\n 2001, correspondientes a la Circular No 153 del 16 de julio\n del 2001.
\n 108-IP-2000 Interpretación\n prejudicial de los artículos 81 y 83, literal \n a) de la Decisión 344 de la Comisión\n del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de\n Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso\n Administrativo, Sección Primera Expediente Interno\n No 6011 Actora: Sociedad VARELA S.A. Marca: PUROSOL.
\n - Cantón Chinchipe:\n Que reglamenta la integración y funcionamiento de los\n comités de Contratación de Licitación y\n Concurso Público de Ofertas y la Contratación Interna\n del Gobierno Municipal\n \n
N0 3005
Que, de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo\n 2, del Acuerdo Ministerial No. 0001 - N de 15 de febrero del\n 2000, el señor Ministro de Bienestar Social delegó\n al señor Subsecretario General de Bienestar Social, la\n suscripción a su nombre de los actos, convenios o contratos\n en materias relacionadas con las actividades a su cargo;
Que, el penúltimo inciso del artículo 4 de la\n Codificación de la Ley de Contratación Pública,\n sustituido por el artículo 62 de la Ley de Transformación\n Económica del Ecuador, expedido mediante Ley No. 2000\n - 4 de 29 de febrero del 2000, publicada en el Suplemento del\n Registro Oficial No. 34 de 13 de mareo del mismo año,\n dispone que la adquisición de bienes muebles, la ejecución\n de obras y la prestación de servicios no regulados por\n la Ley de Consultoría, cuya cuantía sea inferior\n al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00002 por\n el monto del presupuesto inicial del Estado del correspondiente\n ejercicio económico, no se ausentara a los procedimientos\n precontractuales previstos en la Ley de Contratación Pública,\n pero para celebrar los contratos respectivos, se observarán\n las normas reglamentarias pertinentes que para el efecto dictará\n cada uno de los organismos contratantes;
Que, el artículo 59 de la Ley Orgánica de Administración\n Financia y Control, establece que, en cada entidad del sector\n público deben existir funcionarios ordenadores de gasto\n y de pagos;
Que, es necesario reglamentar los procesos internos para la\n ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación\n de servicios no regulados a la Ley de Consultoría; y,
En uso de las atribuciones que le confiere el artículo\n 16 reformado del Estatuto del Régimen Jurídico\n Administrativo de la Función Ejecutiva,
Expedir el siguiente: "REGLAMENTO DE CONTRATACION PARA\n LA ADQUISICION DE BIENES, EJECUCION DE OBRAS Y PRESTACION DE\n SERVICIOS NO REGULADOS POR LA LEY DE CONSULTORIA DEL MINISTERIO\n DE BIENESTAR SOCIAL".
Art. 1. - Ámbito. - El presente reglamento se aplicará\n en los casos de adquisición de bienes, ejecución\n de obras y prestación de servicios no regulados por la\n Ley de Consultoría, cuya cuantía no exceda el valor\n que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00002 por el monto\n del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio\n económico.
ORDENADOR DE GASTO Y ORDENADORES DE PAGO
Art. 2. - Ordenador de gastos. - Es ordenador de gastos y\n competente para autorizar las contrataciones, sin limite de cuantía,\n el señor Ministro de Bienestar Social o su delegado.
Art. 3. - Ordenadores de pagos. - El Director Financiero,\n los jefes financieros, o quienes hagan sus veces en las subsecretarias\n regionales y direcciones provinciales, serán los responsables\n de ordenar los pagos siempre y cuando la documentación\n se encuentre en orden y autorizada por el respectivo ordenador\n del gasto.
Art. 4. - Registro de proveedores. - La Dirección Administrativa,\n para facilitar la contratación directa y la selección\n de cotizaciones, deberá mantener actualizado el
\n Registro de Proveedores.
Art. 5. - Convocatoria e Invitación. - La Dirección\n Administrativa, en el mes de enero de cada año, convocará\n por la prensa a las personas naturales y/o jurídicas para\n que se inscriban en el Registro de Proveedores. Sin embargo,\n en el transcurso del ejercicio fiscal, pueden inscribirse y calificarse\n otras personas naturales y/o jurídicas, siempre que cumplan\n con los requisitos establecidos para tal efecto por este Ministerio\n y presenten la documentación necesaria.
Art. 6. - Otros proveedores. - En caso de que ninguno de los\n constantes en el Registro de Proveedores se encontrase en capacidad\n de atender los requerimientos del Ministerio, la Dirección\n Administrativa podrá solicitar cotizaciones a otros que\n se incorporarán a dicho registro.
Art. 7. - Montos para solicitar cotizaciones. - El Director\n Administrativo solicitará, en forma directa, cotizaciones\n de conformidad con el siguiente detalle:
a) Hasta US$ 500 1 cotización
b) De USS 501 a US$ 1000 2 cotizaciones
c) De US$ 1001 en adelante 3 cotizaciones
Art. 8. - Excepciones. - Los procesos de adquisición,\n cuyo valor supere las cantidades enunciadas en los literales\n b) y c) del artículo anterior se podrán realizar\n con una sola cotización, en los siguientes casos:
a) Si en el mercado existe un solo proveedor legalmente autorizado\n para vender el bien, prestar el servicio o ejecutar la obra requerida;
b) Si implica la utilización de patentes, derechos,\n licencias o marcas exclusivas;
c) Si requiere adquirir al proveedor principal de los bienes,\n con objeto de completar el mobiliario o las adecuaciones en una\n entidad administrativa, con el propósito de mantener el\n diseño y uniformar los bienes; y,
d) Cuando convenga al interés institucional.
Art. 9. - Modalidades de contratación:
a) Para montos superiores a quinientos dólares se requerirá\n la suscripción de contrato; y,
b) Para montos inferiores a quinientos dólares se requerirá\n la emisión de una orden de compra o trabajo.
Art. 10. - Garantías, - Previamente a la suscripción\n de un contrato o a la recepción de anticipos, el contratista\n debe rendir las garantías, en la forma, condiciones y\n términos señalados en el Capitulo IV, Título\n V de la Ley de Contratación Pública, únicamente\n se aceptarán las formas de garantía previstas en\n los literales b) y c) del Art. 73 de la misma ley.
Art. 11. - Registro y notificación. - La Dirección\n Financiera mantendrá el registro y custodia de las garantías\n rendidas en los contratos y será responsable de notificar\n su vencimiento, con por lo menos quince días de anticipación,\n a las áreas encargadas de vigilar la ejecución\n del contrato.
Art. 12. - Renovación y ejecución. - Notificaos\n los funcionarios responsables de las áreas que deben vigilar\n la ejecución del contrato, estarán obligados a\n requerir de inmediato al contratista la renovación de\n las garantías o solicitar su ejecución a la Dirección\n Financiera.
En todo caso las garantías presentadas por los contratistas\n deben contener la cláusula de renovación automática.
Art. 13. - Contrato. - Instrumento legal que elabora la Dirección\n de Asesoría Jurídica, o la dirección respectiva,\n en base al modelo que para tal efecto haya otorgado la Dirección\n de Asesoría Jurídica, en cuyo caso deberán\n remitirse a esta misma unidad para la revisión y visto\n bueno respectivo.
El contrato será elaborado en original y tres copias.
Una vez suscritos los contratos, se inscribirán en\n el Registro de Contratos que para el efecto mantiene la Dirección\n de Asesoría Jurídica, en el cual constarán\n tales instrumentos, fechados y numerados en su orden cronológico.
El expediente que contenga el original del instrumento y de\n las garantías, se remitirá a la Dirección\n Financiera.
La primera copia y una copia de las garantías se remitirá\n a la Unidad Operativa correspondiente.
La segunda copia se archivará en la Dirección\n de Asesoría Jurídica.
La tercera copia será entregada al contratista.
Art. 14. - Orden de compra o trabajo. - Instrumento legal\n que contiene un requerimiento de trabajo u obra, formulado por\n el Director Administrativo o la Unidad Operativa correspondiente\n a una persona natural o jurídica, inscrita en el Registro\n de Proveedores.
La orden de compra o trabajo se emitirá en formularios\n numerados, en original y dos copias.
El expediente que contenga el original de orden y la correspondiente\n factura, se remitirá a la Dirección Financiera.
La segunda copia se archivará en la Dirección\n Administrativa o unidad operativa correspondiente.
Art. 15. - Para las contrataciones directas cuya cuantía\n sea superior a quinientos dólares:
1. Requerimiento. - Documento emanado de cualquier unidad\n operativa del MBS, que contenga la necesidad de suscribir contratos\n de los previstos en el artículo 1 de este Reglamento.\n Adicionalmente, deberán agregarse:
a. Términos técnicos de referencia. - Que contendrán\n las características y condiciones técnicas mínimas\n que debe reunir el bien, obra o el servicio a contratar; y,
b .Presupuestos referenciales. - Las unidades operativas determinarán\n el presupuesto referencial, sobre la base de precios reales en\n el mercado del bien a adquirirse, de la obra a ejecutarse o del\n servicio a contratarse.
2. Aceptación a trámite. - Documento emitido\n por el Ministro o su delegado, adjunto al expediente recibido,\n que manifieste la aceptación expresa de la propuesta Presentada\n por la Dirección o unidad operativa y disponga al Director\n o funcionario responsable correspondiente, la continuación\n del trámite.
3. Informe administrativo. - Documento remitido por el Director\n Administrativo o quien corresponda al Ministro o su delegado,\n que contendrá:
a. Términos administrativos de referencia: Que contendrán\n por lo menos:
Forma de pago; y, Modalidad y lugar de entrega.
b. Cuadro comparativo de ofertas con sus correspondientes\n recomendaciones.
c. Certificación de partida presupuestaria. - Documento\n emitido por el Director Financiero el cual indicará la\n existencia de fondos suficientes así como la determinación\n de la partida presupuestaria a la cual se aplicará el\n gasto.
4. Aprobación. - Documento remitido por el Ministro\n o su delegado al Director General, al Director de asesoría\n jurídica o al Director Administrativo o unidad operativa\n correspondiente disponiendo, la elaboración del contrato\n o la emisión de la orden de compra o de trabajo respectiva.
5. Suscripción de contrato o emisión de orden\n de compra o trabajo. - Una vez completados todos los procedimientos\n se procederá a la suscripción del contrato o de\n la orden de compra o trabajo por parte del Ministro o su delegado.
Art. 16. - Para contrataciones directas cuya cuantía\n sea inferior a quinientos dólares:
El Director Administrativo, podrá realizar la contratación\n para la adquisición de bienes y prestación de servicios,\n cuyo presupuesto referencial sea inferior a $ 500 dólares\n con una oferta que solicitará a las personas naturales\n y/o jurídicas, inscrita en el Registro de Proveedores\n o en el Registro de Consultores, previo el cumplimiento del numeral\n 1 del Art. 15 de este reglamento.
Para el pago correspondiente deberá remitir a la Dirección\n Financiera el informe administrativo conforme consta en el numeral\n 3 del Art. 15 de este reglamento, acompañando el expediente\n conforme el artículo 17 y la correspondiente orden de\n compra o trabajo'por él suscrita.
Art. 17. - Expediente y documentos habilitantes. - Para efectos\n de control, el expediente se conformará con los siguientes\n documentos habilitantes:
Términos técnicos de referencia;
Términos administrativos de referencia; y,
Certificación de partida presupuestaria.
Adicionalmente debe acompañarse los siguientes documentos,\n según el caso:
a. Para adquisición de bienes:
Copias de cédula de ciudadanía y del registro\n único de contribuyentes; y,
Certificado de la Contraloría General del Estado de\n no haber sido declarado adjudicatario fallido o contratista incumplido.
Documento que acredite la personería jurídica;
Nombramiento del representante legal (debidamente legalizado);
Certificado de la Superintendencia de Compañías\n sobre el cumplimiento de obligaciones; y,
Certificado de la Contraloría General del Estado -\n de no constar en el Registro de Contratistas Incumplidos y Adjudicatarios\n Fallidos.
b. Para ejecución de obras:
Copia de cédula de ciudadanía y del registro\n único de contribuyentes;
Certificado de Afiliación del Colegio Profesional al\n que pertenece;
Certificado de Afiliación a la Cámara de Construcción\n correspondiente; y,
Certificado de la Contraloría General del Estado de\n no constar en el Registro de Contratistas Incumplidos y Adjudicatarios\n Fallidos.
c. Para prestación de servicios:
Copia de cédula de ciudadanía y del registro\n unico de contribuyentes;
Certificado de la Contraloría General del Estado de\n no constar en el Registro de Contratistas Incumplidos y Adjudicatarios\n Fallidos; y,
Certificado de hallarse inscrito en el Registro de Consultores\n (en caso de consultorías).
Certificado de la Superintendencia de Compañías\n sobre el cumplimiento de obligaciones;
DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA LA EJECUCION DE OBRA
Art. 18. - Programación y ejecución. - La ejecución\n de obra pública será programada por la Dirección\n de Construcciones, aprobada por el Ministro o su delegado y deberá\n contar con la certificación de disponibilidad presupuestaria\n de la Dirección Financiera.
Art. 19. - Procedimiento. - Se observarán los siguientes\n procedimientos:
a. Si el presupuesto referencial es inferior al coeficiente\n que resulte de multiplicar 0,00001 por ciento por el Presupuesto\n General del Estado para el correspondiente ejercicio económico\n se podrá contratar directamente, con una sola oferte,\n mediante invitación directa a profesionales o personas\n jurídicas que consten en el Registro de Constructores\n o Consultores, según el caso. La Dirección de Construcciones\n evaluará la oferta y la pondrá en conocimiento\n del Ministro o su delegado para su aprobación, adjudicación\n y contratación respectiva; y,
b. Si el presupuesto referencial es superior al valor que\n resulte de multiplicar el coeficiente 0,00001 pero inferior al\n valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00002 del presupuesto\n inicial del Estado para el correspondiente ejercicio económico,\n se cursará la invitación a tres profesionales o\n personas jurídicas. En este caso, el Comité de\n Contrataciones evaluará la oferta de acuerdo a los formularios\n diseñados para el efecto y recomendará la contratación\n con el oferente cuya propuesta sea la más conveniente\n a los intereses nacionales e institucionales.
Art. 20. - Comité de Contrataciones. - El Comité\n de Contrataciones se conformar por los siguientes funcionarios:
Ministro o su delegado, quien lo presidirá;
Director de Asesoría Jurídica o su delegado;\n y.
Director de Construcciones o su delegado.
Actuará como Secretario el funcionario ministerial\n que designe el comité en su primera sesión.
Art. 21. - Registro de Contratistas. - Para efecto de la ejecución\n de obra, la Dirección de Construcciones llevará\n un Registro de Contratistas y Consultores, debidamente actualizado.
DEL ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Art. 22. - Arrendamiento y mantenimiento de bienes muebles\n e inmuebles. - El Director Administrativo, para cualquier monto,\n ejecutará el procedimiento para el arrendamiento y mantenimiento\n da bienes muebles e inmuebles, de conformidad con lo previsto\n en la Ley de Contratación Pública; y,
Art. 23. - Dirección de Asesoría Jurídica.\n - Las contrataciones o la instrumentación de acuerdos,\n convenios, y contratos de todo tipo en los que intervenga el\n Ministerio de Bienestar Social, deberán ser efectuadas\n en la Dirección General de Asesoría Jurídica\n de este Ministerio o, en su defecto, deberán remitirse\n u la Dirección de Asesoría Jurídica para\n su revisión y visto bueno; esto, para establecer la legalidad\n de los mismos por cumplimiento da los requisitos que ordena la\n ley.
Art. 24. - ResponsabilIdad. - Los miembros de los comités,\n de las comisiones y los ordenadores de gastos y de pagos, son\n personal y pecuniariamente responsables por sus acciones y omisiones\n con respecto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias\n e instrucciones internas relacionadas con la administración\n de los recursos financieros públicos.
Art. 25. - Reserva. - Los miembros de los comités,\n de las comisiones y los ordenadores de gastos y de pagos, guardarán\n absoluta reserva sobre los documentos y asuntos conocidos por\n ellos.
Art. 26. - Sujeción u la Ley de Contratación\n Pública y Normatividad Conexa. - En todo lo no contemplado\n en el presente reglamento, los funcionarios del Ministerio de\n Bienestar Social se sujetarán a las disposiciones de la\n Ley de Contratación Pública y su Reglamento General;\n al Reglamento General de Bienes del Sector Público, y\n demás normas aplicables.
Art. 27. - Derogatoria. - Deróganse los acuerdos ministeriales\n Nos. 0154 de 4 de abril de 1997, 0632 - A de 14 de junio del\n 2000 y 1545 de 8 de noviembre del 2000, así como las demás\n normas internas que se opongan al presente reglamento.
Art. 28. - Vigencia. - Este reglamento entrará en vigencia\n a partir de su inscripción sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.
De la ejecución encárguense las direcciones\n Jurídica, Financiera, Administrativa y Construcciones,\n de esta Cartera de Estado.
Dado en Quito, a 27 de junio del 2001.
M.A.E. Pablo Romero Quezada, Subsecretario General de ienestar\n Social.
N°\n 169
Que, el Ministro de Energía y Minas, el 15 de febrero\n del 001, en representación del Estado Ecuatoriano suscribió\n con la compañía Oleoducto de Crudos Pesados (OCP)\n Ecuador SA,, el contrato para la Construcción y Operación\n del Oleoducto de Crudos Pesados y Prestación del Servicio\n Público de Transporte de Hidrocarburos
Que, la cláusula 8.4. (c) del contrato en referencia\n dice: "(c La Compañía dará preferencia\n a la adquisición de bienes producidos y servicios prestados\n en el país, en la medida que dichos bienes y servicios\n se ofrezcan en iguales condiciones de precio, calidad, disponibilidad,\n apoyo técnico, oportunidad de entrega, volúmenes\n requeridos y otras condiciones necesarias, a juicio razonable\n de la Compañía de conformidad con las leyes aplicables.\n El Ministro velará que la Compañía cumpla\n con esta cláusula, según se dispone en el literal\n (q) del artículo 1 del Decreto de Autorización";
Que, el Decreto Ejecutivo 969, publicado en el Registro Oficial\n N 210 da 23 de noviembre del 2000, artículo 1, literal\n q) señala que en la construcción y operación\n del proyecto se privilegie la participación da la industria\n y servicios nacionales;
Que, es deber del Ministerio velar por el cumplimiento de\n las obligaciones estipuladas en el contrato, para lo cual es\n necesario contar con la participación de las instituciones\n del Estado y del sector privado relacionadas con el fomento de\n la industria nacional;
Que, el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración\n y Pesca tiene como atribución principal promover el desarrollo\n de la industria nacional; y,
En uso de las atribuciones que le confieren el numeral 6 del\n artículo 179 de la Constitución Política\n de la República del Ecuador, el artículo 9 de la\n Ley de Hidrocarburos y el artículo 16 del Estatuto del\n Régimen Jurídico Administrativo de la Función\n Ejecutiva,
Artículo 1. - Constituir una Comisión lnterinstitucional\n integrada por representantes del Ministerio de Energía\n y Minas, Ministerio de Industrias, Comercio, Integración\n y Pesca y de la Federación Nacional de Cámaras\n de Industrias del Ecuador, con el propósito de que asista\n al Ministro de Energía y Minas en el control del cumplimiento\n de la cláusula 8.4. (e) del Contrato para la Constitución\n y Operación del Oleoducto de Crudos Pesados y Prestación\n del Servicio Público de Transporte de Hidrocarburos, que\n establece la obligación de la compañía Oleoducto\n de Crudos Pesados (OCP) Ecuador S.A. de dar preferencia a la\n adquisición de bienes producidos y servicios prestados\n en el país, en los términos previstos en la cláusula\n 8.4. (e).
La compañía Oleoducto de Crudos Pesados (OCP)\n Ecuador SA, por intermedio de un representante designado para\n el efecto, podrá intervenir en las deliberaciones de la\n comisión.
Artículo 2.. La Comisión tendrá como\n objetivo fundamental conseguir la mayor participación\n posible, compatible con el interés del país, di\n la ingeniería, bienes y servicios de origen nacional,\n en la construcción del oleoducto de crudos pesados.
Con esta finalidad determinará los aspectos específicos\n del proyecto en los que podrá participar la industria\n nacional y evaluará los pedidos realizados por las empresas\n ecuatorianas que desean participar en la ejecución del\n proyecto, La comisión vigilará que las ofertas\n de contratistas ecuatorianos y extranjero se evalúen de\n forma equitativa,
Las conclusiones de la comisión serán puestas\n en conocimiento del Ministro de Energía y Minas para su\n aplicación contractual.
Artículo 3. - Para el cumplimiento de su objetivo,\n la comisión establecerá su propia forma de conducirse,\n debiendo en todo caso, tomar las decisiones que sean del caso,\n oportuna y motivadamente.
Articulo 4.. El presente acuerdo entrará en vigencia\n desde la fecha de su expedición sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.
Dado, en Quito, Distrito Metropolitano, a 27 julio del 2001.
Es fiel copia del original. - Lo certifico. Quito, a 30 de\n julio del 2001,
No. 249\n - 2001
ACTOR: Antonio Espinosa Delgado y otra.
\n DEMANDADO: Lcdo. Jorge Morillo Ríos.
Quito, a 13 de junio del 2001 las 09h25.
VISTOS: De la sentencia pronunciada por la Segunda Sala de\n la Corte Superior de Justicia de Loja que confirma en lo principal\n el fallo del inferior, modificándolo únicamente\n en cuanto a que se declara que entre lo que se demanda y lo que\n se reconviene se ha operado compensación, de conformidad\n con el artículo 1699 del Código Civil. En el fallo\n pronunciado por el inferior se acepta la demanda propuesta por\n Antonio Espinosa contra Jorge Morillo, así como también\n la reconvención declarando que los demandados Jorge Morillo\n Ríos y Ligia María Feijoo son deudores de los demandantes\n Antonio Leonardo Espinosa Delgado y Karina Espinosa urna, en\n la suma de diez millones de sucres de capital, puro debiendo\n descontarse la suma de cinco millones de sucres que corresponde\n al puesto de trabajo número 13 de la Cooperativa de Transporte\n Loja, que vendido por los actores, no tea entregado a los demandados,\n Como el juicio se encuentra en estado de resolución, para\n hacerlo, se considera: PRIMERO. - La Sala es competente para\n conocer el recurso interpuesto en virtud de la disposición\n constitucional constante en el Art. 200, que está en relación\n con el Art. 1 de la Ley de Casación, toda vez que el juicio\n fue sorteado el 27 de noviembre de 1995, habiéndose calificado\n la procedencia del recurso por parte de la Segunda Sala de la\n Corte Superior de Justicia de Loja con fecha 26 de mayo de 1995,\n a las 15h00, SEGUNDO. - Los recurrentes manifiestan que en la\n sentencia se infringen entre otras, las normas contenidas en\n los artículos 1532, 1702, 1703, 1704, 1707 y 1699 del\n Código Civil; y artículos 119, 198, 277 y 278 del\n Código de Procedimiento Civil, Que funda el recurso en\n el artículo 3 de la Ley de Casación, causales primera,\n tercera, cuarta y, quinta. Que apoyan el recurso en que demandaron\n a los prenombrados cónyuges el pago de diez millones de\n sucres más los intereses legales como saldo insoluto del\n contrato aparejado al mismo, así como costas procesales\n y honorarios de su abogado. Que el contrato su refiere a la compraventa\n de un vehículo por valor de S/. 40'000.000 de los cuales\n S/. 10'000.000 debían ser pagados mediante la transferencia\n de dominio de un departamento, lo cual no fue cumplido por los\n demandados. Que a la demanda, los demandados oponen las siguientes\n excepciones: 1. - Negativa pura y simple de los fundamentos de\n hecho y de derecho de la acción; 2, - Improcedencia de\n la acción; 3. - Falta de derecho de la parte actora, ya\n que si bien es cierto que en el contrato de compraventa consta\n que deben entregar un departamento por la suma de S/. 10'000.000,\n ya tienen pagado la suma de 6'325.322,23 sucres al Banco La Previsora,\n Sucursal Loja, por cuanto el vehículo que compraron a\n los esposos Espinosa Espinosa se encontraba con prenda industrial.\n Que aparte reconvienen expresamente a los accionantes Antonio\n Espinosa y Karina Espinosa Jarrín al pago de daños\n y perjuicios por cuanto el vehículo que recibieron en\n compra constaba que tenía puesto en la Cooperativa Loja,\n puesto o sitio que les fuera quitado y en el que se dispuso el\n retiro de la unidad, reconviniendo a los demandantes en la suma\n de S/. 15'000.000. Que al contestar la reconvención alegaron\n la negativa simple a los fundamentos de hecho y de derecho; la\n improcedencia de la acción; y, la insuficiencia de personería,\n pues no le debe ni a Morillo ni a su esposa dinero, porque quienes\n deben son ellos por no haber cumplido con el pacto que obra en\n el contrato. Que trabada la controversia han aportado la prueba\n conducente para demostrar sus afirmaciones, debiendo la sentencia\n resolver todos los puntos materia de la litis y analizar la prueba\n relacionada con ella. Que la sentencia admite su derecho pero\n que se contradice e infringe normas de derecho porque también\n admite la reconvención declarando que se ha operado la\n compensación. Que incide en la parte dispositiva en cuanto\n no causa efecto al compromiso de transferencia de dominio porque\n no se ha otorgado escritura pública y es en esta razón\n que demanda el precio pactado. Que quien tuvo el puesto de trabajo\n en la Cooperativa de Transporte Loja fue Luis Alfredo Espinosa\n Delgado y por eso es que en el contrato ampliatorio de 15 de\n enero de 1995 fue él quien hizo la cesión del 'puesto\n de trabajo". Que en cuanto a la transferencia del "puesto",\n es ilegal porque entraña la venta de algo inexistente\n y que ellos no han cometido ninguna ilegalidad; que del proceso\n aparece que el "puesto" número 13, ha sido motivo\n de embargo y remate lo que implica que los derechos del socio\n se han cometido en una especie de acción o de derecho\n real y que entonces la Segunda Sala de la Corte Superior jamás\n podía considerar como prueba a favor de los demandados\n tal hecho ilegal. Que los demandados jamás obtuvieron\n la calidad de socios de la Cooperativa para que pueda operar\n a su favor la transferencia de los certificados del socio Luis\n Espinosa Delgado, como tampoco han podido demostrar los supuestos\n daños y perjuicios. Que la sentencia no decide los asuntos\n que son materia de la litis. TERCERO. - El contrato celebrado\n entre Antonio Espinosa Delgado y Jorge Morillo Ríos, constante\n a fs. 1. de los autos es ilegible, sin embargo de las confesiones\n de Ligia Maria Feijoo fs. 2 y Manuel de Jesús Morillo\n Ríos se establece que ciertamente adquirieron el bus Mercedes\n Benz, modelo 1982, documento que es provisional porque tiene\n un documento aclaratorio con el reconocimiento de firmas de Antonio\n Leonardo Espinosa, su esposa y Luis Espinosa, que el precio fue\n de S/. 40'000.000. Que el negocio lo realizaron conforme consta\n en el documento aclaratorio haciendo constar que el puesto de\n trabajo del cual fue despojado en octubre de 1992 perdiendo la\n producción diaria del bus interprovincial los derechos\n de socio propietario de Cooperativa Loja y que en verdad el departamento\n lo adquirieron al Banco Ecuatoriano de la Vivienda teniendo arrendado\n a la Sra. Soraya Orbe, soportando el departamento un gravamen\n de patrimonio familiar. CUARTO. - La entrega del vehículo\n por parte de los vendedores, se presume fue hecha a los compradores\n Jorge Morillo y Ligia Feijoo. El contrato de compraventa consta\n a fs. 45 a través del cual Antonio Leonardo Espinosa Delgado\n y Karina Simone Espinosa Jarrín en calidad de vendedores\n y Manuel de Jesús Morillo Ríos y Ligia María\n Feijoo como compradores convienen en celebrar un contrato de\n compraventa de un vehículo marca Mercedes Benz, tipo bus,\n modelo 1982, motor No. 34591510066043, color blanco, azul, rojo\n de la Cooperativa de Transportes Loja, signado con el número\n 13 se hace constar que el precio de compraventa es de 600.000\n sucres pagaderos al contado que los vendedores declaran haber\n recibido en dinero de curso legal a su entera satisfacción,\n los vendedores declaran que el vehículo no soporta gravamen\n alguno que afecte su dominio. Que incluye también en la\n venta y por el mismo precio el puesto de trabajo de los vendedores\n en la Cooperativa de Transporte Loja a favor de los compradores.\n En el contrato aclaratorio constante a fs. 46 y 46 y. hace constar\n que el verdadero precio del negocio del bus Mercedes Benz es\n de S/. 40'000.000 pagaderos en la siguiente forma: S/. 9'000.000\n en un automóvil Susuki modelo 91, color rojo, que los\n compradores han entregado a los vendedores; S/. 10'000.000 en\n un departamento construido con préstamo del BEV en el\n sitio El Tejar, tercer piso, número 302 que debía\n ser entregado el 2 de febrero de 1992; 11'000.000 mediante letras\n de cambio comprometiéndose los esposos Espinosa - Espinosa,\n a pagar un saldo deudor en la Cooperativa de Transporte Loja\n y el valor de la matrícula hasta el año 1992. La\n venta del vehículo comprende la cesión del puesto\n de trabajo en la cooperativa, la fecha del contrato es el 15\n de enero de 1992. De las certificaciones de fs. 47 y 48 consta\n que el Lic. Jorge Morillo Ríos canceló el préstamo\n prendario que mantenía Luis Espinosa Delgado en el Banco\n La Previsora y por capital, intereses, mora, e impuesto a Solca\n ascendió a la suma de S/. 6'325.322,23. La cancelación\n de la prenda en el Registro Mercantil tiene fecha 3 de marzo\n de 1993. De fs. 31 a fs. 38 constan los recibos que a nombre\n de Luis Espinosa fueron pagados por el Lic. Jorge Morillo según\n certificación de la Cooperativa Loja Herlinda Lavanda\n constante a fs. 39, que asciende a la suma de S/. 1'169.950 que\n son los valores adeudados por Luis Espinosa expropietario de\n la unidad No. 13. QUINTO. - Los vendedores omitieron mencionar\n en el contrato de venta del vehículo, que el mismo se\n encontraba prendado al Banco La Previsora, Sucursal Loja; en\n la misma forma omitieron manifestar que el puesto de trabajo\n que tenía esa unidad en la Cooperativa de Transporte Loja,\n y que constaba a nombre de Luis Espinosa Delgado tenía\n algunas deudas por concepto de fondo de seguro, de ahorro y crédito,\n deuda que fue pagada por Jorge Morillo Ríos, y que en\n consecuencia la transferencia del puesto de trabajo no pudo hacerse\n por prohibición expresa de la Cooperativa de Transporte\n Loja. SEXTO. - En el contrato bilateral de conformidad a lo dispuesto\n en el artículo 1595 del Código Civil, ninguno de\n los contratantes está en mora, dejando de cumplir lo pactado,\n mientras el otro no lo cumple por su parte, o no se allana a\n cumplirlo en la forma y tiempo debidos. Los vendedores debieron\n cumplir la transferencia de dominio del puesto de trabajo y la\n entrega del vehículo saneado. Los compradores por su parte\n debieron cumplir el pago del vehículo en la siguiente\n forma: entrega del automóvil Suzuki 1991 por el valor\n de S/. 9'000.000; la entrega de un departamento ubicado en el\n sitio El Tejar en el tercer piso con el número 302 por\n valor de S/. 10'000.000, y que por tratarse de un bien inmueble\n obligatoriamente debió celebrarse el contrato mediante\n escritura pública y que al no hacerlo carece de validez\n dicha cláusula contractual; y el pago del saldo en dinero\n en efectivo situación que parece se cumplió. Lo\n pagado por Jorge Murillo Ríos al Banco La Previsora y\n a la Cooperativa Loja asciende a la suma de 7'495.272,23. Lo\n que reclaman los demandantes a los demandados es el pago de los\n S/. 10'000.000 equivalentes al valor del departamento en tanto\n que, los esposos Morillo - Feijoo reconvienen al pago de daños\n y perjuicios porque el puesto de trabajo en la Cooperativa Loja\n les fue quitado, se les retiró la unidad, reconvención\n que la hacen en la suma de S/. 15'000.000. Los demandantes no\n pudieron exigir el pago de S/. 10'000.000, valor del departamento\n a través de una cláusula que no obligaba a los\n compradores por no constar mediante escritura pública,\n es decir, encontrándose con el vehículo prendado\n y con deudas en la Cooperativa Loja por parte del verdadero socio\n Luis Espinosa Delgado, no estaban en la obligación jurídica\n de exigir a los compradores el pago, por cuanto estaban en mora;\n y en igual forma, los compradores se encontraban en mora de cumplir\n lo pactado por el incumplimiento de los vendedores al no haber\n hecho la cesión del puesto de trabajo, que según\n ellos les causa un grave perjuicio económico. Por las\n consideraciones anotadas, la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil,\n ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD\n DE LA LEY, rechaza el recurso de casación interpuesto,\n por cuanto ninguno de los contratantes está en mora, dejando\n de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumple por su parte,\n o no se allana a cumplirlos en la forma y tiempo debidos, como\n lo preceptúa claramente el artículo 1595 del Código\n Civil. En cinco salarios mínimos vitales se multa a los\n recurrentes conforme a 16 dispuesto en el artículo 18\n de la Ley de Casación. Publíquese y notifíquese.
Fdo.) Dres. Olmedo Bermeo Idrovo, Bolívar Guerrero\n Armijos, Bolívar Vergara Acosta, (Voto Salvado) Ministros\n Jueces y Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario\n Relator que certifica.
VOTO SALVADO DEL DR. BOLIVAR VERGARA ACOSTA. CORTE SUPREMA\n DE JUSTICIA
Quito, a 13 de junio del 2001; las 09h25.
VISTOS: Ha venido a conocimiento de la Sala este juicio ordinario\n que exigiendo el pago de diez millones de sucres e intereses\n adeudados por saldo de precio pactado en compraventa de un automotor,\n que sigue Antonio Leonardo Espinosa Delgado y Karina Simone Espinosa\n Jarrín, en contra de Jorge Manuel de Jesús Morillo\n y Ligia María Feijoo. La Segunda Sala de la Corte Superior\n de Loja, ha dictado sentencia confirmatoria en lo principal de\n lo resuelto por el Juez Décimo Noveno de lo Civil de Loja,\n pero la modifica al declarar que entre los litigantes ha operado\n compensación conforme a lo prescrito por el Art. 1699\n del Código Civil. Inconforme con esta sentencia, los actores\n interponen recurso de casación (fs. 34 a 40 de segundo\n grado), objetando la legalidad. Procede resolver, en aplicación\n del Art. 9 (r) de la Ley de Casación, corresponde examinar\n si el recurso interpuesto ha sido debidamente concedido, a fin\n de declarar la admisión o rechazo del recurso, al hacerlo,\n se considera: PRIMERO. - El recurso ha sido propuesto dentro\n de un juicio de conocimiento en que se persigue el pago de una\n suma de dinero adeudada, interpuesto dentro dé tiempo\n oportuno y por parte legitimada, respetando lo dispuesto en los\n Arts. 2 (r), 4 y 5 de la Ley de Casación. SEGUNDO. - Respecto\n de los requisitos de formalidad que trae el Art. 6 de la Ley\n de Casación, se observa: 2.1. Los recurrentes citan genéricamente\n en el acápite II como normas infringidas en la sentencia\n analizada, las contenidas en los Arts. 1532, 1702, 1703, 1704,\n 1707 y 1699 del Código Civil, y 119, 198, 277 y 278 del\n Código de Procedimiento Civil y en el párrafo III\n como causales en que se fundamenta el recurso, la 1ra., 3ra.,\n 4ta., y 5ta. del Art. 3 de la Ley de Casación, 2.2. Revisado\n exhaustivamente el recurso, con referencia al Art. 1532 del Código,\n no concreta ni especifica la causal. 2.3. Añade que existe\n contravención a lo dispuesto en los Arts. 277 y 278 del\n Código de Procedimiento Civil pero contradictoriamente\n en la exposición, atribuyen la perpetración de\n vicios diferentes, por un lado dicen "la sentencia vuelve\n a cometer el mismo error de no aplicar lo dispuesto en los Arts.\n 277 y 278 del Código de Procedimiento Civil, por lo que\n procede el recurso según las causales 1ra. y 4ta. (sic.\n fs. 36 vta.) y más adelante expone: "la sentencia\n incurre nuevamente en la indebida aplicación de lo dispuesto\n en los Arts. 277 y 278 del Código de Procedimiento Civil\n y, lo que es más, no valora debidamente la prueba como\n lo exige la ley a través de los Arts. 119 y 198 ibídem,\n por lo que procede el recurso según las causales 1ra.,\n 3ra., y 4ta.". (sic fs. 37). La transcripción evidencia\n la confusión de los recurrentes en cuanto a la determinación\n de las causales y los vicios imputados al Tribunal de Alzada,\n ya que alega un error por omisión, y seguidamente expresa\n que tal error sobre las mismas normas es por acción. 2.4.\n También los recurrentes dicen haberse producido violación\n de los Arts. 119 y 198 del Código de Procedimiento Civil,\n pero primeramente no señala el vicio producido, y luego\n sostienen "se vuelven a infringir los Arts. 119 y 198 del\n Código de Procedimiento Civil y procede el recurso de\n casación según la causal 3ra." (sic. fs. 39)\n y finalmente: "En otros términos, como dijimos anteriormente,\n acepta como prueba válida el resultado de una arbitrariedad\n jurídica. Infringe los Arts. 119 y 198 antes citados y\n se adoptan decisiones incompatibles. Procede en consecuencia\n el recurso de casación según las causales 3ra.\n y 5ta." (sic. fs. 39). En resumen, el escrito contentivo\n del recurso confunde las causales, sin que cumpla con determinarlas,\n impidiendo a esta Sala de Casación poder realizar su labor\n de fiscalización de la legalidad, dado que su campo de\n acción, lo fija la nitidez y precisión del recurso\n propuesto. Además que en la causal 5ta. del Art. 3 de\n la Ley de Casación que se asegura perpetrada, no señala\n a que vicio corresponde y que parte de la sentencia como tal\n decisión, y, en cuanto al Art. 1699 del Código\n Civil que se asegura infringido, tampoco ha sido puntualizada\n la causal en que se apoya. Por lo expuesto; se rechaza el recurso\n de casación, al irrespetar los numerales 3 y 4 del Art.\n 6 de la Ley de Casación. Notifíquese.
Fdo.) Dres. Olmedo Bermeo Idrovo, Bolívar Guerrero\n Armijos, Bolívar Vergara Acosta (Voto Salvado), Ministros\n Jueces y Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario\n Relator que certifica.
RAZON: Las seis copias que anteceden son auténticas,\n ya que fueron tomadas del juicio original No. 109 1 - 95 que\n sigue Antonio Espinosa Delgado y otra contra Lcdo. Jorge Morillo\n Ríos y otra (Resolución 249 - 2001).
No. 250\n - 2001
ACTOR: Imad Tabbub Kaissi.
\n DEMANDADA: Panamericana de Seguros S.A.
Quito, a 13 de junio del 2001; 09h30.
VISTOS: Interpone recurso de casación José Luis\n Holguín Darquea, en su calidad de apoderado especial de\n la compañía de seguros y Reaseguros Panamericana\n del Ecuador S.A., en el juicio verbal sumario propuesto por Imad\n Munir Tabbub Kaissi contra la compañía de seguros\n y reaseguros Panamericana del Ecuador S.A., en el proceso se\n demanda a la compañía de seguros el pago de la\n indemnización de daños y perjuicios de la póliza\n No. 04 - 1076, que amparaba el riesgo de transporte de mercaderías,\n por valor de $ 96.576 dólares USA. El recurso se dirige\n contra el fallo pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Superior\n de Justicia de Quito, que desestimando el recurso de apelación\n interpuesto por la empresa demandada y aceptándose parcialmente\n la adhesión del actor, confirma la sentencia pronunciada\n por el Juez Duodécimo de lo Civil de Pichincha, que condena\n a la compañía de seguros y reaseguros Panamericana\n del Ecuador S.A,, a indemnizar a Imad Munir Tabbub Kaissi, el\n pago de $ 96.576, los intereses a la tasa legal a partir del\n 1 de julio de 1995. Como el juicio se encuentra en estado de\n resolución, para hacerlo, se considera: PRIMERO. - La\n Sala es competente para conocer el recurso interpuesto en virtud\n del mandato constitucional constante en el Art. 200 de la Constitución\n Política de la República que está en relación\n con el Art. 1 de la Ley de Casación, toda vez que el juicio\n fue sorteado el 13 de marzo del 2000, correspondiendo su conocimiento\n a la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil; y habiéndose\n calificado la admisibilidad del recurso por cumplir los requisitos\n de procedencia, oportunidad, legitimación y formalidades,\n que dispone el artículo 6, se admite a trámite\n el recurso disponiéndose correr traslado a la parte actora\n por el término de 5 días, la misma que lo contesta\n manifestando que contrató una póliza de seguro\n con la compañía Panamericana del Ecuador S.A.,\n y que dicha empresa manifiesta que él no tenía\n la capacidad de realizar actos de comercio por la clase de visa\n que tenía a esa fecha; la afirmación a este hecho\n de que lo desconocían, demuestra su intención de\n inducir a error a los juzgadores. Añade que para el efecto\