Source: http://almacendederecho.org/sanciones-administrativas-y-responsabilidad-civil/
Timestamp: 2017-09-24 15:56:21
Document Index: 640830

Matched Legal Cases: ['Artículo 333', 'artículo 37', 'artículo 101', 'artículo 130', 'artículo 28', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 90']

Sanciones administrativas y responsabilidad civil - Almacén de Derecho
por Almacen de derecho | Nov 30, 2015 | Alejandro Huergo, Derecho Administrativo, Derecho Civil | 8 Comentarios
La Ley 40/2015 cambia las reglas del juego
Luis Jiménez-Asenjo	el 1 diciembre, 2015 a las 8:25 am
En el Código de Consumo de Cataluña hay un precepto en el mismo sentido que establece: “Artículo 333-7 Indemnización por daños y perjuicios probados.
Con independencia de las sanciones establecidas por la presente ley, en el procedimiento sancionador puede dictarse una resolución para exigir al infractor o infractora la reposición de la situación alterada por la infracción a su estado original y, si procede, la indemnización por daños y perjuicios probados causados a la persona consumidora, que deben ser determinados por el órgano competente para imponer la sanción. Si el infractor o infractora no cumple voluntariamente esta resolución, queda abierta la pertinente vía judicial”.
Cuando entró en vigor pensé que era una fórmula buena para evitar judicializar las reclamaciones de consumo. Ahora bien, una vez lo intenté poner en práctica y el funcionario ni me quiso coger el escrito….. me dijo simplemente: “esto al Juzgado”.
Gracias por el Blog. Lo sigo con interés!!
Alejandro Huergo	el 1 diciembre, 2015 a las 8:30 am
Buenos días y muchas gracias por el comentario. Ese precepto de la legislación catalana es muy similar al 130.2 de la Ley 30/1992 y al Texto Refundido de Consumo (de hecho, el legislador autonómico está vinculado por la Ley 30/1992). La cláusula “queda abierta la pertinente vía judicial” lo desactivaba y por eso el funcionario no hacía nada. Ahora la norma estatal es distinta y la Administración sí puede fijar una indemnización de forma vinculante, veremos si lo hace y con qué resultados.
Juan Carlos García	el 4 diciembre, 2015 a las 8:22 am
Gracias por esta exposición clara y completa. Las asociaciones de consumidores llevan años pidiendo que, en su ámbito, el resarcimiento de daños se vincule al procedimiento sancionador. Por razones de justicia material, de economía procesal y de economía “a secas” para el consumidor. Durante años se ha desaconsejado al consumidor el inicio de procedimientos administrativos farragosos que en el mejor de los casos podrían terminar en una sanción al infractor. Sanción que nunca era ni siquiera disuasoria, porque cuando el infractor hace las cuentas en diciembre, el saldo de su infracción siempre es positivo: al no tener que indemnizar, la operación le sale a cuenta. Tan solo apunta en el lado del coste la propia sanción y la provisión del riesgo ínfimo de que cuatro consumidores informados pasen a la vía civil. El coste del proceso civil es disuasorio. En los últimos meses, organizaciones como OCU han liderado una acción de reclamación de daños a concesionarios y marcas de automóviles, que han sido previamente sancionadas por la CNMC por conductas anticompetitivas. 150.000 compradores de coches nuevos en España han pedido información para personarse.
Si la legislación lo hubiera permitido, la resolución sancionadora de la CNMC podría haber incluido una condena de reparación estimada en un porcentaje del precio pagado por coche. Y sería el infractor quien debiera haber iniciado el procedimiento judicial para tratar de eludir esa responsabilidad ya definida por la Administración.
A la luz del derecho del consumidor la tradicional disputa doctrinal entre el ámbito civil y el administrativo se antoja demasiado liviana.
Luis Arroyo Jiménez	el 5 diciembre, 2015 a las 12:13 am
Alejandro, gracias por llamar nuestra atención sobre esta novedad de la legislación administrativa. Tengo algunas dudas acerca del alcance que atribuyes al nuevo art. 28.2 LPAC.
Primero, creo que la nueva disposición puede seguir interpretándose en el sentido de que se refiere sólo a las indemnizaciones por responsabilidad que la Administración impone al infractor por los daños causados al patrimonio de la Administración. No encuentro ninguna razón para entender que el art. 28.2 LPAC altere la regla conforme a la cual la Administración no se pronuncia sobre la responsabilidad en la que incurre un particular frente a otro, a no ser que haya norma especial en contrario. No lo hace el tenor literal de la disposición (“serán compatibles”) y, según tú mismo señalas, los materiales relativos a su elaboración tampoco parecen apoyar esa conclusión (yo no los he consultado, así que queda hecha esta reserva). La eliminación del inciso final del art. 130.2 LRJAPAC puede responder a la conveniencia de eliminar una disposición que carecía de contenido normativo propio y que, como todos sabemos, generaba confusión.
Me parece, en segundo lugar, que hay buenas razones para mantener esa regla general en la legislación de procedimiento administrativo común. Una cosa es que la Administración ejerza su potestad de autotutela al servicio de un interés público (la protección de la indemnidad de su patrimonio frente a los daños causados por la conducta infractora) y otra bien distinta es que lo haga al servicio de intereses privados. Y el del particular dañado por la acción de otro no es necesariamente un interés público. Sólo lo será si la Ley (especial) le atribuye tal condición. La cuestión normativa es, por tanto, en qué casos debería el legislador introducir excepciones a la regla general (¿consumo, competencia, etc.?). Pues bien, es mejor afrontar este problema sectorialmente porque requiere tomar en consideración las peculiaridades que presentan las diversas áreas de regulación, tal y como tú mismo señalas en la entrada.
En tercer lugar, tampoco estoy seguro de que la nueva disposición obligue a fijar en la resolución sancionadora la indemnización a abonar a la Administración. Esta continúa siendo una posibilidad más, en los términos del art. 22.2 REPEPOS: la Administración puede (i) pronunciarse sobre los dos asuntos en la misma resolución, o (ii) imponer la sanción en la que pone fin al procedimiento sancionador y pronunciarse sobre la responsabilidad civil del infractor en otra diferente.
Por último, la aparente novedad es que ahora el precepto precisa que, en caso de que la resolución sancionadora declare la obligación de indemnizar, esa declaración se podrá ejecutar forzosamente (art. 101 LPAC). Pero, sin bien se mira, esto tampoco es una novedad porque antes también era ejecutiva por aplicación de las reglas generales.
Si me permites la broma, teniendo en cuenta cuál es la calidad de nuestra legislación (véase en este blog la serie sobre la reforma penal), quizás deberíamos adoptar la presunción de que las nuevas leyes no incorporan norma alguna al sistema, a no ser que quede demostrado suficientemente que esa era, de verdad, la voluntad de sus autores. Sería el negativo del modelo del legislador racional. Gracias de nuevo por la entrada. Un abrazo.
Alejandro Huergo	el 5 diciembre, 2015 a las 11:28 am
Es cierto que se legisla más de lo necesario y que en estas nuevas Leyes la inmensa mayoría de los preceptos, o repiten lo que decía la Ley anterior, o introducen novedades sorpresivas como ésta (o la del artículo 37.2 de la Ley 39/2015, que da para otra entrada). De todas formas, el hecho de que una norma no venga precedida de una explicación razonada en la Exposición de Motivos o en otros antecedentes es motivo de crítica a la técnica legislativa, pero no es razón suficiente para no aplicarla.
En el asunto de la posibilidad de que la Administración, en la resolución sancionadora, decida sobre los daños causados por la infracción (tanto a la propia Administración como a particulares), existe la objeción que tú dices: es una cuestión entre particulares y la Administración no debe pronunciarse sobre ella. No me parece que exista un obstáculo constitucional que lo impida: simplemente hace falta una habilitación legal. Hace 15 años me ocupé del tema en detalle a propósito de la actividad arbitral (La resolución extrajudicial de conflictos en el Derecho Administrativo, Bolonia, 2000, págs. 255-273). El legislador puede incluir, entre las cuestiones que son de interés público y por ello pueden ser decididas por la Administración mediante un acto administrativo, cuestiones entre particulares, como son las que se refieren a las expropiaciones con beneficiario privado, las que se refieren a la actividad arbitral en sectores regulados o, en este caso, las que se refieren a los daños sufridos por particulares como consecuencia de conductas que afectan a los intereses públicos (si no afectaran a intereses públicos no se explicaría que se tipificaran como infracciones administrativas).
La habilitación legal puede ser general o sectorial. Estoy de acuerdo contigo en que tal vez sea mejor que en cada ámbito material el legislador decida cuál es la mejor opción, pero no por ello es inconstitucional que lo decida una Ley general. Tal vez lo más adecuado sería una habilitación general y que después las Leyes sectoriales concreten si hacen uso de ella o no. Conste que yo también tengo mis dudas acerca de la conveniencia de esta novedad legislativa y sobre todo acerca de su ámbito general, pero la norma está ahí.
A mí me parece que cuando el art. 28.2 dispone que la resolución sancionadora podrá imponer al infractor “la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados”, sin limitarla a los casos en que los daños se han causado a la Administración, no cabe interpretar la norma imponiéndole cortapisas o limitaciones a su ámbito de aplicación que no aparecen en su texto (o que aparecen sólo en normas anteriores de rango inferior, como el REPEPOS).
También hay que recordar que el tenor aparentemente no imperativo (“serán compatibles”) se explica porque este precepto está diciendo que la reposición y la indemnización no son sanciones y por tanto pueden acumularse a ellas sin vulnerar el non bis in ídem.
El cambio del inciso final “quedando, de no hacerse así, expedita la vía judicial correspondiente” (art. 130.2 LPC) por “se procederá en la forma prevista en el artículo 101 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas” (art. 28.2 Ley 40/2015) es muy importante porque precisamente el texto anterior es el que, al remitir a la vía judicial, dejaba claro que la Administración no podía decidir la responsabilidad civil del infractor con la eficacia propia de un acto administrativo. El 130.2 sí tenía un contenido propio relevante, porque admitía que la Administración se pronunciase sobre los daños pero a continuación dejaba en agua de borrajas esa habilitación, al remitirse a la vía judicial. Esa remisión a la vía judicial no se contiene respecto a otros actos administrativos y cuando se contiene el efecto es claro: excluir la autotutela.
En cuanto a las reglas generales sobre la ejecución de los actos, el artículo 130.2 lo que hacía era precisamente excluirlas, al decir que los pronunciamientos sobre responsabilidad civil carecían de la eficacia ejecutiva de los actos y era necesario acudir a la vía judicial. Por eso ahora, al eliminarse ese inciso y al remarcarse (de forma tal vez innecesaria, como dices acertadamente, pero que se explica porque la norma anterior decía justo lo contrario) que sí cabe la vía de apremio, me parece que se deja claro el cambio respecto al régimen precedente.
Creo, en fin, que la norma introduce una novedad cierta, que no debería quedar en el tintero porque puede ser útil en muchos casos, siendo cierto también que el legislador sectorial tiene un amplio campo para matizarla o concretarla porque, como decía en la entrada y subrayas con razón, quedan cuestiones abiertas y además hoy en día hay regímenes sancionadores particulares que se aplican con preferencia al general.
Emilio	el 8 agosto, 2016 a las 1:44 pm
En cuanto a la posibilidad de fijar la indemnización a favor de un tercero, creo que una interpretación sistemática del artículo 28.2 de la Ley 40/2015 con el artículo 90 de la Ley 39/2015 puede llevar a considerar la imposibilidad de proceder a fijar la indemnización a favor de tercero en la resolución sancionadora.
Y es que, el artículo 90, que se refiere al contenido de las resoluciones sancionadoras, no recoge en ninguno de sus apartados la posibilidad de fijar la indemnización a favor de un tercero. Es más, la única previsión que se hace respecto a la posibilidad de fijar las indemnizaciones es la que se contiene en el apartado 4º, que se limita, en exclusiva, a la posibilidad de abrir, entiendo que tras la resolución sancionadora, un procedimiento complementario para fijar la cuantía destinada a indemnizar los daños y perjuicios causados a las Administraciones. Esto es, nada dice de la posibilidad de abrir ese procedimiento complementario para fijar la indemnización a favor de los particulares.
En esa tesitura la pregunta que surge es evidente ¿por qué si cabe fijar la indemnización para el particular en la propia resolución sancionadora no cabe fijar la misma a través del procedimiento complementario del artículo 90.4 Ley 39/2015? ¿Ha existido realmente un cambio o, simple y llanamente, nos encontramos en la misma situación que con la Ley 30/1992 y el REPEPOS?
JOSE EUGENIO Soriano	el 6 diciembre, 2015 a las 3:37 pm
Alejandro te recomiendo el trabajo de Alvaro Soriano Hinojosa en LA LEY sobre la Directiva 104/2014 publicado hace unos dias
Jaime Vigil Rigacci	el 5 julio, 2017 a las 10:27 pm
Tengo una duda a la luz de esta nueva ley, por ejemplo se puede pedir indemnización por daños y perjuicios por infracción a la marca ante OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas) en vez de hacerlo por vía judicial
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