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Timestamp: 2019-10-23 00:16:30
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Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 164', 'artículo 164', 'artículo 9', 'artículo 29', 'artículo 167', 'artículo 125', 'artículo 168', 'artículo 164', 'artículo 2', 'artículo 164', 'artículo 2', 'artículo 2']

﻿ SENTENCIA 2184-04 DE ABRIL 26 DE 2007
SENTENCIA 2184-04 DE 26 DE ABRIL DE 2007
CONTENIDO:CARRERA DE LA RAMA JUDICIAL. SE DECLARA LA NULIDAD DE LA FRASE "DE CONFORMIDAD CON LOS RESULTADOS DEL CURSO DE FORMACIÓN JUDICIAL" QUE CONTIENE EL ARTÍCULO SEGUNDO, NUMERAL 4.2, ETAPA CLASIFICATORIA, DEL ACUERDO 1547 DE SEPTIEMBRE 17 DE 2002, EXPEDIDO POR LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, POR MEDIO DEL CUAL SE CONVOCÓ AL X CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN DE CARGOS DE CARRERA DE LA RAMA JUDICIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:CARRERA JUDICIAL, CONCURSO DE MÉRITOS EN LA CARRERA JUDICIAL
Sentencia 2184-04 de abril 26 de 2007
Número interno 2184-04
Exp.: 11001 03 25 000 2004 00138 01
Actor: Audrín Bermúdez Zea.
EXTRACTOS:«Consideraciones:
Se decide la nulidad del artículo 2º, numeral 4.2 Fase III Clasificación del Acuerdo 1547 de 2002, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mediante el cual se convocó al XI concurso de méritos para la provisión de cargos de carrera en la Rama Judicial, magistrados de la Sala Administrativa de los consejos seccionales de la judicatura.
Fundamenta la solicitud de nulidad en que dicha previsión vulnera los artículos 164 numeral 4º, 165 incisos 2º y 3º, y 168 de la Ley 270 de 1996, ya que si bien el curso de formación judicial hace parte del proceso de selección con carácter eliminatorio, según el numeral 4.1, lo cierto es que en la etapa clasificatoria es el único requisito tenido en cuenta para la ubicación en el orden descendente de los aspirantes dentro del registro de elegibles. Disponen las citadas disposiciones normativas:
“ART. 164.—Concurso de méritos.
4. Todo concurso de méritos comprenderá dos etapas sucesivas de selección y de clasificador.
“ART. 165.—Registro de elegibles
Para decidir la nulidad del texto acusado, resulta indispensable remitirnos en todo a las sentencias expedidas por la Sección Segunda de esta corporación, en las que se decidieron sendas demandas cuyas pretensiones comprendían la nulidad de, entre otros, el artículo 2º, numeral 4.2 de los acuerdos 1548, 1549 y 1550 expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, por los cuales se convocan, respectivamente, al XI, XII y XIII concurso de méritos para proveer cargos de carrera judicial.
Precisó el fallo del 9 de diciembre de 2004, Expediente 2183-04, Magistrada Ponente doctora Ana Margarita Olaya, sobre la demanda formulada contra el artículo 2º, numeral 4.2 del Acuerdo 1548 de 2002:
Cuando el sentido que se deduce del tenor literal de una norma jurídica, además de ser claro, resulta ajustado al ordenamiento jurídico, —entendido como un conjunto de reglas y principios que armónicamente interactúan con una finalidad—; cualquier intento del intérprete por descubrir “fines” u objetivos distintos a los que la norma consagra, resulta incoherente e inadecuado.
1.1. El inciso primero del artículo 164, define de forma precisa y no genérica, al concurso de carrera judicial, como un proceso dentro del cual se debe evaluar seis factores: conocimientos, destrezas, aptitud, experiencia, idoneidad moral y condiciones de personalidad de los aspirantes a ocupar cargos de carrera en la rama judicial; para determinar con el resultado de dicha evaluación, no solo la inclusión de un concursante en el registro o lista de elegibles, sino también su ubicación en el mismo.
Para ello, el numeral 4º del mismo artículo 164 de la Ley estatutaria de la administración de justicia menciona dos etapas sucesivas y asigna a cada una de ellas una finalidad diferente: la etapa de selección mediante la cual se obtiene la inclusión del concursante en el registro de elegibles; y la etapa de clasificación, mediante la cual se define la ubicación que corresponde al concursante dentro de dicho registro.
La interpretación razonable y correcta por ajustarse a ordenamiento jurídico, deduce entonces, que todo concurso de carrera judicial debe incluir instrumentos o pruebas que permitan la evaluación de los seis factores, que la Ley estatutaria de la administración de justicia considera necesario evaluar en los procesos de selección de los funcionarios judiciales, y que los resultados de todas esas pruebas deben incidir en los dos aspectos que la ley señala a saber: La inclusión del concursante en el registro de elegibles y la ubicación u orden que corresponde a cada concursante dentro de dicho registro.
Respetando la clara especificidad de la norma, el Consejo Superior de la Judicatura puede ejercer su facultad reglamentaria.
Respecto de los factores que deben ser evaluados en los concursos de méritos para acceder a cargos de carrera administrativa o judicial, la Corte Constitucional en la Sentencia C-040 de 1995, mediante la cual declaró la inexequibilidad del artículo 9º del Decreto 1222 de 1993, que desarrollaba los numerales 3º y 4º del artículo 29 de la Ley 27 de 1992, expresó lo siguiente:
“Para esta corporación es claro, que un verdadero concurso de méritos es aquel en el que se evalúan todos y cada uno de los factores que deben reunir los candidatos a ocupar un cargo en la administración pública, dentro de una sana competencia para lograr una selección justa, equitativa, imparcial y adecuada a las necesidades del servicio público. En consecuencia, la administración habrá de señalar un valor determinado a cada uno de esos ítems (condiciones profesionales, morales y personales) y, por consiguiente, el aspirante que obtenga el máximo puntaje es quien tiene derecho a ser nombrado en el cargo para el que concursó.
La Corte Constitucional en numerosas providencias —entre las cuales vale la pena citar por pertinencia la Sentencia C-037 de 1996, mediante la cual se analizó la constitucionalidad del referido artículo 167—, ha reiterado la interpretación que esta Sala acoge, por considerar que es la que se adecua a nuestro ordenamiento jurídico. La Corte manifestó lo siguiente:
En el mismo sentido, la Sentencia C-040 de 1995 ya citada, expresa lo siguiente:
En este orden de ideas, considera la Corte que una de las formas de acabar con esta práctica es precisamente incluir dentro de los factores de calificación, la idoneidad moral, social y física del candidato, pues el hecho de que el análisis en ese campo pertenezca a la subjetividad del nominador, no significa arbitrariedad, pues tales aspectos también han de ser apreciados y calificados, para evitar abusos. De no ser así, se desnaturalizaría la carrera administrativa y, por ende, se infringiría el artículo 125 superior, que ordena que el ingreso a ella se efectúe “previo el cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley, para determinar los méritos y calidades de los aspirantes”, y si ellos se desconocen, obviamente se infringe la Constitución.
Por tanto, quien ocupe el primer lugar, de acuerdo con el puntaje obtenido, será el ganador y excluirá a los demás, en orden descendente. Si se procede de otro modo, habría que preguntarse, como lo hace el demandante, ¿para qué el concurso de méritos y calidades, si el nominador puede elegir al candidato de sus preferencias? De este campo, es preciso desterrar la arbitrariedad y, justamente, para ese propósito se ha ideado el concurso. En él, por tanto, se ha de calificar no solo la idoneidad profesional o técnica del aspirante, sino también su solvencia moral, su aptitud física y su sentido social, de acuerdo con la categoría del empleo y las necesidades del servicio. Hay que hacer de la carrera administrativa el instrumento eficaz para lograr una administración pública en la que se garantice la eficiente prestación del servicio público, la idoneidad y moralidad de sus funcionarios y la prevalencia del interés general sobre el particular” (negrillas fuera de texto).
Ello se deduce del tenor literal de la norma, cuyo contenido resulta acorde con el ordenamiento jurídico en el cual se halla inserta. Así pues, el curso de formación judicial solo podría formar parte del proceso de selección con efectos eliminatorios porque de forma expresa y excluyente, la norma así lo define y no hay subreglas jurisprudenciales expedidas en ejercicio de competencias constitucionales, de las cuales se puedan deducir los efectos clasificatorios únicos que la norma excluye.
Al respecto vale la pena citar la Sentencia C-037 de 1997, proferida la Corte Constitucional al analizar la exequibilidad del artículo 168 citado:
C. El asunto bajo estudio
Con los anteriores criterios normativos y jurisprudenciales, encuentra la Sala que el numeral demandado del Acuerdo 1548 qua convocó a concurso de carrera judicial, infringió los artículos 164, 165 y 168 de la Ley estatutaria de la administración de justicia por dos razones fundamentales: 1. Porque redujo los criterios que la norma legal estipula para definir la ubicación del aspirante en la lista de elegibles; 2. Porque le asignó al “curso de formación judicial” un efecto clasificatorio único que las normas no permiten.
En efecto, el acuerdo demandado ubica al curso de formación judicial en la etapa de selección del concurso, lo que resulta adecuado al ordenamiento jurídico; no obstante, al estipular el criterio que define la clasificación de los concursantes en el registro de elegibles, solo tiene en cuenta los resultados obtenidos en el curso de formación judicial.
Ello se contempla en el aparte destacado, del numeral 4.2 del Acuerdo 1548, Etapa Clasificatoria: “Esta etapa tiene por objeto establecer el orden de clasificación en el registro nacional de elegibles, de conformidad con los resultados del curso de formación judicial, asignándola a cada una de las personas que hayan aprobado el curso, un lugar dentro del grupo de personas que concursaron para el mismo cargo”.
En tal circunstancia y con el soporte jurisprudencial que se ha citado en esta providencia, la Sala encuentra en el Acuerdo 1548 de 2002, una paradoja que resulta contraria a la coherencia que debe caracterizar al ordenamiento jurídico: Si el nominador no puede desconocer la ubicación u orden de los aspirantes en el registro de elegibles, aduciendo razones relativas a la experiencia, a la idoneidad moral, o a las condiciones de personalidad del aspirante, porque estas circunstancias ya fueron evaluadas en el proceso selectivo; ¿sería válido como lo pretende el acuerdo, excluir dichos factores como criterio clasificatorio para definir tal orden en el registro o lista de elegibles?
Como dicho escollo debe ser superado para preservar la armonía de las normas que integran el sistema jurídico, esta Sala declarará la nulidad de la frase: “de conformidad con los resultados del curso de formación judicial”, contenida en el aparte demandado del Acuerdo 1548 de 2002.
Pero la ubicación u orden en el registro de elegibles, de los concursantes que obtengan calificación aprobatoria en el curso de formación judicial, se define exclusivamente, con los resultados obtenidos en la fase que el acuerdo demandado denomina “de oposición” y que comprende la prueba de conocimientos y aptitudes, la evaluación de la experiencia adicional y docencia, la evaluación de la capacitación adicional y publicaciones y la entrevista”.
Estos son los únicos instrumentos a los que el Acuerdo 1548 de 2002 asignó un puntaje específico, para evaluar los seis (6) criterios que el inciso primero del artículo 164 de la Ley 270 de 1996 estipula, para los dos efectos sustanciales que tal norma asigna: la inclusión del concursante en el registro de elegibles y “... su ubicación en el mismo ...”.
Basta con recordar la jerarquía normativa de la Ley 270 de 1996, que es ley estatutaria, para entender que los acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura en ejercicio de una función reglamentaria, deben respetar el verdadero sentido que dicha norma expresa”.
En similares términos se pronunció la Sala en sentencias del 11 de mayo de 2006, expedientes 2182 de 2004 y 2491 de 2004, Magistrado Ponente doctor Jesús María Lemos Bustamante, en las que declaró la nulidad de un aparte del artículo 2º, numeral 4.2. de los acuerdos 1549 y 1550 de 2002:
Por lo tanto, determinar que el resultado del curso de formación judicial constituye el factor único de clasificación en el registro de elegibles contraría las normas de la Ley 270 de 1996 señaladas por la demandante como violadas porque el artículo 164 tiene en cuenta varios aspectos dentro del concurso de méritos, muchos de los cuales no serían considerados si el curso fuera el único factor de clasificación; se desconoce el artículo el (sic) 165 porque el registro de elegibles debe integrarse con el resultado de distintas etapas, no solo con el curso de formación judicial; y el 168 porque esta disposición en forma clara preceptúa que el curso solo tiene carácter eliminatorio.
Por lo expuesto se declarará la nulidad de la expresión: “de conformidad con los resultados del curso de formación judicial”, contenida en el artículo 2º, numeral 4.2, del Acuerdo 1550 de 17 de septiembre de 2002, aparte contra el cual se dirigen los cargos formulados en la demanda”.
En este orden de ideas, y comoquiera que en esta demanda se esgrimen idénticos argumentos en contra del artículo 2º, numeral 4.2 del Acuerdo 1547 del 17 de septiembre de 2002, es evidente que con igual orientación y fundamento deberá declararse la nulidad de la expresión “de conformidad con los resultados del curso de formación judicial” allí contenida.
DECLÁRASE la nulidad de la frase “de conformidad con los resultados del curso de formación judicial” que contiene el artículo segundo, numeral 4.2, etapa clasificatoria, del Acuerdo 1547 de septiembre 17 de 2002, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, por medio del cual se convocó al X concurso de méritos para la provisión de cargos de carrera de la Rama Judicial.
Magistrados: Ana Margarita Olaya Forero— Alberto Arango Mantilla—Jaime Moreno García».