Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-131-18.htm
Timestamp: 2019-01-17 12:35:22
Document Index: 167424146

Matched Legal Cases: ['artículo 241', 'artículo 2', 'artículo 213', 'artículo 1', 'artículo 241', 'artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 42', 'artículo 1781', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 214', 'artículo 213', 'Artículo 213', 'artículo 213', 'artículo 1', 'artículo 213', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 113', 'artículo 28']

C-131-18
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil dieciocho (2018)
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, los ciudadanos Óscar Eduardo López Piedrahita y José Manuel Álvarez Cabrales presentaron, ante esta Corporación, demanda de inconstitucionalidad en contra del inciso 1° del artículo 2º de la Ley 1060 de 2006 “Por la cual se modifican las normas que regulan la impugnación de la paternidad y la maternidad”, por considerar que quebranta los artículos 1º, 4º, 13, 14, 16, 42 y 44 de la Constitución.
Posteriormente, se comunicó el inicio del proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso de la República y a los Ministerios del Interior y de Justicia para que, si así lo estimaban, intervinieran directamente o por intermedio de apoderado escogido para el efecto, en el término señalado. Del mismo modo se invitó a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a las facultades de derecho de las Universidades Externado de Colombia, del Rosario, Santo Tomás, de Cartagena, Gran Colombia de Armenia, Pontificia Bolivariana, EAFIT y de Nariño para que, si lo consideraban oportuno, intervinieran en este asunto para defender o atacar la constitucionalidad de los apartes demandado
2. Cuando en proceso de impugnación de la paternidad mediante prueba científica se desvirtúe esta presunción, en atención a lo consagrado en la Ley 721 de 2001.”
1. Academia Colombiana de Jurisprudencia[3]
Para tal efecto, señaló que el artículo demandado no puede entenderse sin integrarlo con el artículo 213 del Código Civil, el cual literalmente establece: “ARTICULO 213. PRESUNCIÓN DE LEGITIMIDAD <Artículo modificado por el artículo 1º de la Ley 1060 de 2006 > El hijo concebido durante el matrimonio o durante la unión marital de hecho tiene por padres a los cónyuges o compañeros permanentes, salvo que se pruebe lo contrario en un proceso de investigación o de impugnación de paternidad.”
2. Universidad Libre[4]
3. Instituto Colombiano de Derecho Procesal[5]
4. Universidad Externado de Colombia[6]
5. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar[9]
6. Presidencia de la República[10]
7. Departamento Administrativo para la Prosperidad Social[11]
8. Universidad Santo Tomás[12]
1.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4° de la Carta Política, la Corte Constitucional es competente para conocer de la demanda formulada en contra la expresión “o a la declaración de la unión marital de hecho”, contenida en el inciso 1° del artículo 2º de la Ley 1060 de 2006, debido a que se trata de acusaciones de inconstitucionalidad contra expresiones que forman parte de una ley de la República.
2. La Corte debe determinar si ¿el requisito de la declaración de la unión marital de hecho para que opere la presunción de paternidad es violatorio del artículo 13 de la Constitución? Para el efecto, la Sala Plena deberá ocuparse de los siguientes temas: (i) el concepto de familia en el ordenamiento constitucional colombiano; (ii) el matrimonio y la unión marital de hecho; (iii) la unión marital de hecho y los medios probatorios que pueden ser utilizados para demostrarla; y (iv) el concepto y alcance de la filiación.
3. Como lo señaló la Sentencia C-577 de 2011[14] la Corte ha definido la familia como una comunidad de personas unidas por vínculos naturales o jurídicos, fundada en el amor, el respeto y la solidaridad, caracterizada por la unidad de vida que liga íntimamente a sus integrantes más próximos. Además, es una realidad dinámica en la que cobran especial importancia los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de conciencia, el derecho a la intimidad, entre otros. El régimen constitucional colombiano ha buscado hacer de la familia el escenario para que, dentro de un clima de respeto, no violencia e igualdad, sus integrantes puedan desarrollarse libre y plenamente[15] sin la intromisión de terceros. De esta forma, la institución pretende lograr un equilibrio entre la estabilidad, la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad de cada uno de sus integrantes[16].
4. Asimismo, la Sentencia C-278 de 2014[20] recordó que esta Corporación ha sostenido que el concepto de familia es dinámico y variado. En consecuencia, incluye familias originadas en el matrimonio, en las uniones maritales de hecho, así como a las constituidas por parejas del mismo sexo. En esa medida, la familia debe ser especialmente protegida, independientemente de la forma en la que surge. Esta posición reiteró lo establecido en la Sentencia C-577 de 2011 que se refirió a diferentes tipos de familias con hijos: las surgidas biológicamente, por adopción, por crianza, monoparentales, originadas por la unión de parejas del mismo sexo, y enfatizó que todas ellas están amparadas por el mandato de protección integral establecido en el artículo 42 Superior.
5. Sin embargo, pueden existir diferencias legítimas en las formas de protección de ciertos efectos derivados de los distintos tipos de conformación de las familias, en particular en los casos de matrimonios, uniones maritales de hecho y uniones de parejas del mismo sexo. Para el análisis del asunto objeto de debate es relevante estudiar las dos primeras configuraciones.
6. En relación con las diferencias entre el matrimonio y la unión marital de hecho, la Sentencia C-278 de 2014[22] analizó una demanda contra el artículo 1781 del Código Civil y, específicamente, uno de los problemas jurídicos abordados fue si se violaba el derecho a la igualdad, por el hecho de que el Legislador hubiese regulado de forma diferente la sociedad conyugal en el matrimonio y la sociedad patrimonial de la unión marital de hecho. En esa oportunidad este Tribunal reconoció el amplio margen de configuración del Congreso en la materia, y de qué manera ha optado por regular de modo distinto los efectos patrimoniales de la sociedad conyugal y de la sociedad patrimonial. La Corte concluyó que las diferencias no desconocen el derecho a la igualdad, puesto que se trata de instituciones diferentes respecto de las cuales la Constitución no ha previsto el deber de otorgar igual tratamiento.
7. Las distinciones entre los mecanismos probatorios de la sociedad conyugal y de la sociedad patrimonial son consideradas legítimas –dentro de ciertos límites- desde el punto de vista constitucional, dadas las diversas dinámicas y consecuencias que se generan a causa de las características particulares de las figuras que les pueden dar origen: el matrimonio y la unión marital. En efecto, la jurisprudencia ha reconocido distinciones conceptuales: “El matrimonio no es pues la mera comunidad de vida que surge del pacto conyugal; ésta es el desarrollo vital del matrimonio, pero no es lo esencial en él. La esencia del matrimonio es la unión jurídica producida por el consentimiento de los cónyuges”[25]. De otro lado, la dinámica del compromiso en la unión de hecho es distinta, la construcción de una vida en común por parte de los compañeros resulta la fuente que justifica la decisión de conformarla[26]. El consentimiento no pretende avalar un vínculo formal, sino constituir una comunidad de vida, por encima incluso del reconocimiento legal. Si bien los cónyuges y los compañeros permanentes buscan en esencia los mismos propósitos, no es menos cierto que cada pareja lo busca por caminos distintos, ambos protegidos por la Constitución bajo la idea de que uno de esos objetivos es comúnmente la conformación de una familia. De hecho, la libre autodeterminación de los miembros de la pareja es la que define si prefieren no celebrar el matrimonio y excluir de su relación del régimen jurídico propio de ese contrato.[27]
8. La legitimidad de las eventuales diferencias entre las situaciones que se presentan en las uniones maritales y en los matrimonios también fue reafirmada por la Sentencia C-755 de 2008[31] que determinó que los tratamientos diferenciales deben tener algún sentido, de lo contrario, se transgrediría el mandato constitucional que proscribe la discriminación por razones de origen familiar. De hecho, y como obiter dictum[32], se refirió al surgimiento de la sociedad patrimonial, que requiere de dos años de existencia de la unión marital para nacer a la luz del derecho, como un ejemplo de diferencia legítima.
9. Ahora bien, en relación con la razonabilidad de la diferencia entre las parejas que deciden contraer nupcias y las que deciden libremente conformar una familia, en la Sentencia C-840 de 2010[33], esta Corporación declaró la exequibilidad del establecimiento de un mínimo de dos años de convivencia para que las parejas en unión material puedan postularse para ser adoptantes. Al respecto, la providencia dijo:
10. En la Sentencia C- 257 de 2015[35], la Corte se pronunció sobre la expresión "por un lapso no inferior a dos años" contenida en la parte inicial del artículo 2º literal b) de la Ley 54 de 1990, modificado por el artículo 1º de la Ley 979 de 2005. Tanto el cargo como el problema jurídico versaron sobre la presunta violación de los artículos 5, 13 y 42 de la Constitución porque, según los actores, no se garantizaba la protección a la familia cuando esta se constituye por un vínculo distinto al matrimonio, puesto que impide que nazca la sociedad de bienes de manera inmediata. De esta forma, la sociedad patrimonial debe esperar dos años de convivencia y ayuda mutua de los compañeros permanentes para que se presuma y declare judicialmente, mientras que la sociedad conyugal es un vínculo accesorio que nace de forma instantánea y coetánea al matrimonio.
11. Ahora bien, el ordenamiento jurídico colombiano consagra mecanismos de protección que emanan de manera inmediata para quienes conformen una unión marital de hecho; figura que solo exige a la pareja no tener un vínculo solemne entre sí y hacer comunidad de vida permanente y singular, conforme el artículo 1º de la Ley 54 de 1990. Un ejemplo es la garantía de que nadie pueda ser molestado en su familia, sino con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley (art. 28 superior). En la Constitución no se establecieron requisitos temporales para ello, lo que sin duda sería contrario a la obligación de no discriminar por razones de origen familiar, dado que no tendría sentido que ciertos grupos familiares sí fueran sometidos a un término de convivencia para beneficiarse de esta garantía constitucional.
12. En este orden de ideas, es legítimo señalar que el surgimiento de la unión marital de hecho no depende de un término concreto, sino de la voluntad para conformarla, de la singularidad de la relación, y del acompañamiento constante y permanente, que permita vislumbrar estabilidad y compromiso de vida en pareja. No obstante, el surgimiento de la sociedad patrimonial que regula las relaciones económicas de esta forma de familia, sí requiere un tiempo mínimo de dos (2) años para que sea presumida por ministerio de la ley o pueda ser declarada judicialmente o de manera voluntaria.
13. En síntesis, la protección a la familia como institución básica de la sociedad y la garantía de no discriminación, lejos de equiparar las distintas formas de las que surgen las familias, lo que pretende es otorgar igualdad de derechos a todos sus miembros a través de la imposición de límites de razonabilidad en cualquier tratamiento diferenciado que se pretenda establecer. Adicionalmente, busca salvaguardar la voluntad de quienes han optado por una de las diversas formas de hacer familia para impedir que el Estado imponga una forma única de darle origen y permita el pluralismo garantizado por la Constitución.
14. La Ley 54 de 1990, que principalmente regula los efectos patrimoniales de la unión marital de hecho, no establece un término para que la misma surja, dado que el artículo 1º de dicha norma la define de la siguiente manera: “para todos los efectos civiles, se denomina Unión Marital de Hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular”.
Lo anterior ha sido reafirmado por la doctrina, la cual precisa que la existencia de un término únicamente tiene relación con la presunción de existencia de la sociedad patrimonial. Al respecto, Lafont Pianetta señala que es facultad y función del juez entrar a definir, según las pruebas aportadas, si existe o no la permanencia y estabilidad suficiente en la convivencia de la pareja para valorar la conformación de una unión que genere efectos legales[39].
15. Ahora bien, asunto diferente es la prueba de la unión marital. El artículo 4º de la Ley 54 de 1990, modificado por el artículo 2º de la Ley 979 de 2005, estableció que “La existencia de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes, se declarará por cualquiera de los siguientes mecanismos: 1. Por escritura pública ante Notario por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes. 2. Por Acta de Conciliación suscrita por los compañeros permanentes, en centro legalmente constituido. 3. Por sentencia judicial, mediante los medios ordinarios de prueba consagrados en el Código de Procedimiento Civil, con conocimiento de los Jueces de Familia de Primera Instancia.”
16. De una primera lectura podría considerarse que solo mediante tales elementos es posible demostrar la existencia de la unión marital de hecho. Sin embargo, la existencia de diferentes medios probatorios para demostrar la unión marital de hecho ha sido aceptada por la jurisprudencia de esta Corporación, tanto en sede de control abstracto como concreto. En efecto, en la Sentencia C-521 de 2007 referida en el acápite anterior, esta Corporación expuso que para demostrar la unión marital de hecho, con el fin de afiliar como beneficiario al compañero o compañera permanente al Plan Obligatorio de Salud, era suficiente una declaración juramentada ante notario. Asunto que se estableció en los siguientes términos: “(…)La condición de compañero (a) permanente debe ser probada mediante declaración ante notario, expresando la voluntad de conformar una familia de manera permanente, actuación a la que deben acudir quienes conforman la pareja y que supone la buena fe y el juramento sobre la verdad de lo expuesto; por lo tanto, el fraude o la ausencia de veracidad en las afirmaciones hechas durante esta diligencia acarrearán las consecuencias previstas en la legislación penal y en el resto del ordenamiento jurídico”.
17. En control concreto de constitucionalidad, la Corte ha aceptado el reconocimiento de otros medios probatorios diferentes de aquellos que conforme con la Ley 54 de 1990 sirven para declarar la unión marital. Así, en la Sentencia T-489 de 2011[42] esta Corporación, para proteger los derechos invocados y ordenar el desacuartelamiento del conscripto, aceptó la validez probatoria de la declaración juramentada celebrada por los compañeros permanentes, así:
“Por otra parte, y a efectos de determinar si las autoridades militares han vulnerado los derechos fundamentales del accionante, al no permitir su desacuartelamiento pese a que alega encontrarse amparado por una causal de exención, observa la Sala que en el asunto sub examine existe un conflicto evidente entre la obligación del soldado Edwin Alexander Figueroa Calderón de prestar el servicio militar, y la situación particular de su compañera Gloria Asunción Parra Parra y de su hijo menor, pues ambos dependen económicamente de aquél para subsistir. // Lo anterior, teniendo en consideración que dentro del acervo probatorio se encuentra la declaración juramentada de dos conocidos de la pareja, quienes afirman que llevan una convivencia de 9 meses y que Edwin Alexander Figueroa es padre cabeza de familia y es el encargado del sostenimiento de su núcleo familiar, declaración que se ve corroborada con la copia del contrato laboral suscrito entre Edwin Alexander Figueroa y la Empresa ASOMER LTDA., lo que permite inferir que es el proveedor económico de su familia”.
18. En síntesis, para demostrar la existencia de la unión marital de hecho, en orden a lograr consecuencias jurídicas distintas a la declaración de los efectos económicos de la sociedad patrimonial, se puede acudir a cualquiera de los medios ordinarios de prueba previstos en el ordenamiento procesal como lo son los testimonios o las declaraciones juramentadas ante notario. De allí que, exigir determinadas solemnidades para tales efectos, desconoce el principio de libertad probatoria que rige en la materia y, además, vulnera el derecho fundamental al debido proceso de quienes pretenden derivar de ella efectos tales como: reparaciones económicas, reconocimientos pensionales, beneficios de la seguridad social y exención del servicio militar obligatorio, entre otros[45].
19. La jurisprudencia constitucional ha sostenido de manera reiterada que la filiación es un derecho fundamental y uno de los atributos de la personalidad, que se encuentra indisolublemente ligada al estado civil de las personas[46]. En otras palabras, el “derecho a la filiación, como elemento integrante del estado civil de las personas, es un atributo de la personalidad, y por ende es un derecho constitucional deducido del derecho de todo ser humano al reconocimiento de su personalidad jurídica”[47].
20. El vínculo filial puede ser clasificado en tres grupos: matrimonial, de hecho y adoptivo[48]. La filiación matrimonial es aquella que se genera del nacimiento de un niño luego de celebrado el matrimonio o inclusive 300 días después de disuelto. A su vez, este vínculo se extiende al hijo nacido después de la declaración de la unión marital de hecho, para quienes también se aplica la presunción de paternidad de los cónyuges o compañeros permanentes[49].
21. En este punto, cabe recordar cómo se determinan los vínculos de filiación de acuerdo con la ley. Así, como se refirió anteriormente, los hijos pueden haber sido concebidos durante el matrimonio o la unión marital de hecho, procreados por fuera de dichas instituciones o ser hijos adoptivos.
22. Respecto a los actos de reconocimiento de la filiación de los hijos, la Corte en Sentencia C-145 de 2010[51] estableció que “El acto de reconocimiento del hijo por parte de sus padres es, por regla general, un acto libre y voluntario que emana de la recta razón humana, por el hecho natural y biológico que supone la procreación, y puede hacerse: (i) mediante la firma del acta de nacimiento; (ii) por escritura pública; (iii) por testamento; y (iv) por manifestación expresa y directa hecha ante juez; (v) siendo posible también, que el padre o la madre puedan reconocer al hijo, incluso, en la etapa de conciliación previa al proceso de filiación y dentro del mismo proceso. Sólo cuando los padres se niegan a reconocer al hijo, se justifica entonces la intervención del Estado, mediante los procesos de filiación, para forzar dicho reconocimiento, en aras de proteger los derechos del menor, en particular los derechos a la personalidad jurídica, a tener una familia y formar parte de ella, a tener un estado civil, y en la mayoría de los casos es en relación con dichos menores que se demanda en busca de establecer quién es su verdadero padre o madre, y obligar a los padres a cumplir las obligaciones y responsabilidades que se derivan de su condición”.
23. Ahora bien, el derecho a la filiación, está integrado por un conjunto normativo que regula la determinación y el establecimiento de la relación paterno-materna filial, así como la modificación y extinción de tales relaciones. En dicho marco normativo se encuentran los procesos legales de determinación de la filiación, tal y como lo son la investigación y la impugnación de la paternidad y la maternidad.
23. Con todo, debe tenerse en cuenta que la filiación, a pesar de las clasificaciones antes expresadas, es ante todo un mecanismo legal para garantizar el derecho a tener una familia y no ser separada de ella, razón por la cual las diferentes maneras de lograr esa filiación en modo alguno pueden entenderse como razones suficientes para otorgar tratamientos jurídicos diferentes, en lo que respecta a los derechos fundamentales que se derivan de la misma.
24. En ese mismo orden de ideas, debe establecerse una clara diferenciación entre los dos extremos analizados: De un lado, están las diferentes formas constitutivas de familia, caso en el cual es válido que el Legislador establezca regulaciones diferentes, siempre y cuando no se afecten los derechos constitucionales predicables de sus integrantes. De otro lado, se encuentran los modos de filiación que se originan entre los integrantes de la familia, caso en el cual se impone un tratamiento homogéneo, derivado del mandato que (i) prohíbe toda discriminación fundada en el origen familiar; y en consecuencia (ii) exige idéntico tratamiento jurídico para los hijos, al margen de la modalidad en que se haya constituido su filiación o la manera contractual o natural que sirvió para conformar su familia.
25. La norma acusada modifica el artículo 214 del Código Civil, cuyo inciso primero establece las reglas para la presunción de paternidad. Determina, en ese sentido, que el hijo que nace después de expirados los ciento ochenta días subsiguientes a: (i) el matrimonio; o (ii) la declaración de la unión marital de hecho, se reputa concebido en el vínculo y tiene por padres a los cónyuges o a los compañeros permanentes. Esto con excepción de los casos previstos en los numerales 1 y 2 del mismo artículo, y relativos a cuando el cónyuge o compañero demuestre por cualquier medio que no es el padre; o cuando en proceso de impugnación de la paternidad y mediante prueba científica, se desvirtúe esta presunción.
26. Para resolver el problema jurídico materia de esta decisión, la Corte considera que deben hacerse varias precisiones conceptuales, en especial si se tienen en cuenta las diversas interpretaciones que sobre la norma acusada realizan tanto los intervinientes como el Ministerio Público y los mismos demandantes.
Este asunto se evidencia incluso desde el trámite legislativo que dio lugar a la Ley 1060 de 2006. En efecto, en el primer debate en la Plenaria del Senado de la República del Proyecto de Ley 297 de 2005 se propuso suprimir, como en efecto se hizo, la expresión “declarada legalmente” que contenía el artículo 213 en relación con la unión marital de hecho. En su versión original, el artículo señalaba lo siguiente: “Artículo 213. Presunción de legitimidad. El hijo concebido durante el matrimonio o durante la unión marital de hecho declarada legalmente tiene por padres a los cónyuges o compañeros permanentes, salvo que se pruebe lo contrario en un proceso de investigación o de impugnación de paternidad.”
La supresión de la expresión “declarada legalmente”, se produjo en la medida en que, de conformidad con lo considerado en el primer debate en la Plenaria del Senado, “la Ley 979 de 2005 que modifica la Ley 54 de 1990, autoriza a los compañeros permanentes a realizar la declaración ante notario, sin necesidad de trámites judiciales que antes se requerían, pues este tipo de uniones tiene reconocimiento legal y constitucional, bien lo consagra el art. 42 de la Constitución Política, la familia es el núcleo de fundamental de la sociedad, se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”[54].
27. Con base en lo expuesto, la constitucionalidad de ese trato diverso debe analizarse a partir del juicio estricto de proporcionalidad. El primer paso, entonces, consiste en determinar si la medida cumple con un fin constitucionalmente válido, legítimo e imperioso. Para la Corte, la respuesta a ese interrogante es negativa. En efecto, en fundamentos jurídicos anteriores se demostró que existe un mandato superior de tratamiento jurídico análogo a las diferentes formas de filiación, en lo que respecta a los derechos que se derivan de la misma. No se evidencia cuál es el objetivo imperioso que busca establecer un régimen más gravoso para los hijos nacidos durante la unión marital de hecho. Incluso, la Sala encuentra que esa diferenciación plantea evidentes vulneraciones de los derechos fundamentales de dichas personas. Por ejemplo, los hijos nacidos luego de iniciada la convivencia y antes de la declaración judicial o notarial de la unión marital, no tendrían la opción de beneficiarse de la presunción de paternidad prevista en la norma acusada. Esto entraría en abierta contradicción con los derechos derivados de la filiación, en particular al nombre y a tener una familia y no ser separado de ella.
28. Con todo, en contra de esta conclusión podría plantearse, como lo hace uno de los intervinientes, que la interpretación planteada es incorrecta, en la medida en que la norma demandada debe leerse de manera sistemática con el artículo 213 del Código Civil, modificado por el artículo 1° de la Ley 1060 de 2006, según el cual el hijo concebido durante el matrimonio o la unión marital de hecho tiene por padres a los cónyuges o compañeros permanentes, salvo que se pruebe lo contrario en proceso de investigación o de impugnación de paternidad. No obstante, la Sala advierte que esta norma regula una situación diferente a la examinada, pues refiere a la presunción respecto del momento de la concepción, no del nacimiento. Además, resulta plenamente factible que el matrimonio o la unión marital inicie luego de la concepción, lo que demuestra que el artículo 213 no es una garantía predicable a la circunstancia analizada.
Adicionalmente, otros intervinientes también plantean que la norma es exequible, puesto que cuando se usa la expresión “declaración”, en realidad refiere al momento en que se inicia la convivencia en la unión marital, de modo que los hijos nacidos luego del matrimonio o de dicha convivencia quedarían en pie de igualdad. La Sala se opone a esta conclusión, al advertir que la declaración de la unión marital de hecho es un concepto definido por el Legislador, de manera diferente a como lo sugieren los intervinientes. En efecto, el artículo 4° de la Ley 54 de 1990, modificado por el artículo 2° de la Ley 979 de 2005, establece que la existencia de la unión de hecho se declarará por escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial. Por ende, desde la interpretación autorizada que ejerce el Congreso, no es posible hacer equivalente la declaración al inicio de la convivencia.
29. Los demandantes sostienen que el aparte de la norma acusada vulnera el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política. Al respecto, señalan que la disposición demandada es discriminatoria, pues a los hijos nacidos después de expirados los 180 días siguientes al matrimonio no se les exige, como a los hijos procreados en unión marital de hecho, un requisito adicional para acceder a la filiación por presunción, como lo es la declaración de dicha unión.
30. Advertida la contradicción entre la norma acusada y la Constitución, es necesario determinar cuál es el remedio más adecuado para esa situación. Sobre el particular, dos de los intervinientes consideran que la Corte debe declarar la inexequibilidad de la expresión “a la declaración”, de manera que la disposición deje en el mismo supuesto al matrimonio y a la unión marital. Esta aproximación, aunque fundamentada y compatible con los argumentos anteriores, plantea una nueva dificultad interpretativa, esta vez derivada de un vacío normativo. Ello debido a que la previsión legal resultante estipularía el término presuntivo de paternidad para el “hijo que nace después de expirados los ciento ochenta días subsiguientes al matrimonio o a la unión marital de hecho”, fórmula que no aclararía cuándo se entiende que inicia la unión marital, sin que su asimilación con el matrimonio resuelva el interrogante. Esto en razón que mientras este es un contrato solemne, aquella es un hecho susceptible de prueba, sin que la capacidad demostrativa del contrato pueda extenderse, sin más, a la convivencia material.
31. Además, este Tribunal ha entendido que en virtud del principio de conservación del derecho, la declaratoria de inexequibilidad solo puede prosperar cuando la expresión legislativa es absolutamente incompatible con la Carta y no existe ninguna interpretación de la misma que pueda ajustarse a la Constitución. En esa medida, la Corte Constitucional ha encontrado que para efectos de adoptar la correspondiente decisión es fundamental ponderar el efecto de la declaratoria de inexequibilidad para no desproteger bienes constitucionalmente protegidos.
32. Por ende, la Corte concuerda con varios de los intervinientes y el Ministerio Público, en el sentido que la manera más acertada de resolver el problema jurídico es mediante un fallo de exequibilidad condicionada, en el cual se reconozca la constitucionalidad de la norma acusada, en el entendido que para el caso de los hijos nacidos durante la unión marital de hecho, el término de ciento ochenta días se empezará a contar desde cuando se acredite el inicio de la convivencia entre los padres. De esta forma se aclara la dificultad interpretativa que ofrece la estipulación legal antes explicada y, de la misma manera, se evitaría el vacío normativo antes mencionado.
[3] Escrito presentado el 3 de agosto de 2017, por Carlos Fradique Méndez en calidad de miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Folios 72 a 78, cuaderno 1.
[4] Escrito presentado el 3 de agosto de 2017, por Jorge Kenneth Burbano Villamarin, Jenner Alonso Tobar Torres y Paola Fernanda Erazo Ramírez, en calidad de miembros del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Universidad Libre. Folios 79 a 85, cuaderno 1.
[5] Escrito presentado el 4 de agosto de 2017, por Jesael Antonio Giraldo Castaño, en calidad de miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Folios 86 a 96, cuaderno 1.
[6] Escrito presentado el 9 de agosto de 2017, por Carlos Alberto Chinchilla Imbett, en calidad de Profesor del Departamento de Derecho Civil de la Universidad. Folios 97 a 107, cuaderno 1.
[9] Escrito presentado el 28 de agosto de 2017, por Luz Karime Fernández Castillo, en calidad de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del ICBF. Folios 108 a 117, cuaderno 1.
[10] Escrito presentado el 2 de octubre de 2017, por Claudia Isabel González Sánchez, en calidad de Secretaria Jurídica del ICBF. Folios 118 a 123, cuaderno 1.
[11] Escrito presentado el 7 de noviembre de 2017, por Lucy Edrey Acevedo Meneses, en calidad de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del DPS. Folios 128 a 130, cuaderno 1.
[12] Escrito presentado el 26 de junio de 2018, por Ciro Norberto Güecha Medina y Carlos Rodríguez Mejía, como Decano y Profesor de la Facultad de Derecho de dicha Universidad. Folios 200 a 205.
[13] Consideraciones parcialmente tomadas de la Sentencia C-257 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[14] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Esta sentencia se ocupó de la demanda contra las expresiones “un hombre y una mujer” y “de procrear” contenidas en el artículo 113 del Código Civil, y contra la frase “de un hombre y una mujer” contenida en los artículos 2º de la Ley 294 de 1996 y 2º de la Ley 1361 de 2009. La Corte declaró exequible el primer fragmento, y se declaró inhibida para estudiar de fondo los otros dos.
[15] Cfr. Sentencia C-875 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[16] Cfr. Sentencia C-660 de 2000. Paráfrasis tomada de la Sentencia C-577 de 2011.
[19] T-553 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[20] MP Mauricio González.
[22] Esta providencia, entre otras, está incluida en el recuento jurisprudencial que hace la sentencia C-336 de 2014, MP Mauricio González Cuervo, sobre las diferencias entre el matrimonio y la unión marital de hecho, que en ese caso pretendía ilustrar la legitimidad de las distinciones para efectos pensionales.
[23] “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN CIVIL. M.P.: ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ. Bogotá, D.C., once (11) de septiembre de dos mil trece (2013).-Ref.: 23001-3110-002-2001-00011-01.” Cita tomada de la Sentencia C-278 de 2014.
[24] C-098 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[25] C-533 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo.
[27] Cfr. Sentencia C-238 de 2012, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza que se ocupó de las diferencias entre el matrimonio y la unión libre en el marco del análisis de la vocación hereditaria del compañero o compañera supérstite en uniones de hecho integradas por heterosexuales y por personas del mismo sexo.
[28] C-014 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[35] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[36] M.P Clara Inés Vargas Hernández.
[39] Lafont Pianetta P. Derecho de familia unión marital de hecho (Ley 54 de 1990), Bogotá: Ediciones Librería Del Profesional, tercera edición, 2001. p. 123. Cita tomada de la Sentencia T-667 de 2012. M.P. Adriana María Guillén Arango.
[40] Ibíd. p. 123 y 124. Cita tomada de la Sentencia T-667 de 2012.
[41] Cfr. Sentencia T-667 de 2012, M.P. Adriana María Guillén Arango.
[42] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En esta providencia, la Corte revisó un caso en el cual se demandó a la Dirección de reclutamiento de un batallón, en razón a que uno de los compañeros permanentes había sido reclutado sin tener en cuenta la causal de exención al servicio militar obligatorio de que trata el artículo 28 de la Ley 48 de 1993. Como medios probatorios aportados al proceso figuraba una declaración extrajuicio en la que se manifestaba que conformaban una unión marital y que el conscripto era quién proveía económicamente por la familia, grupo en el cual -adicionalmente- la mujer se encontraba en estado de gestación. En consecuencia, a la Corte le correspondió determinar si la renuencia de las autoridades militares a desvincular del servicio militar a un soldado padre de familia que supuestamente estaba amparado por una causal de exención, vulneraba los derechos fundamentales del niño que estaba por nacer y de la mujer embarazada.
[43] M.P. Adriana Guillén. En dicho asunto, esta Corporación analizó si las autoridades públicas demandadas (Comandante del Distrito Militar Nº 31 y el Comandante del Batallón de Apoyo y Servicios para el Entrenamiento de Tolemaida), al no darle valor probatorio a la declaración extrajuicio efectuada por el demandante conculcaron su derecho fundamental al debido proceso y de contera, afectaron su derecho a la familia y a la igualdad. Esto, en razón a que en ese asunto se debatía la apreciación de una declaración extrajuicio como medio probatorio de la unión marital de hecho y las consecuencias jurídicas que de ello se derivan, como lo son las exenciones al servicio militar obligatorio.
[44] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. En esa oportunidad le correspondió a la Corte establecer si las decisiones judiciales proferidas por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Riohacha y el Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira, dentro del proceso de reparación directa promovido por los actores contra la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, incurrieron en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y, en consecuencia, vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. Lo anterior, al excluirse a la accionante del reconocimiento de la reparación económica de los perjuicios morales causados, por considerar el juez de primer grado que las declaraciones extrajudiciales aportadas con la demanda a fin de demostrar la unión marital de hecho con la víctima, carecían de valor probatorio, al haberse practicado a instancias de los demandados y en forma extraprocesal.
[45] Cfr. Sentencia T-247 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[46] Cfr. Sentencia C-004 de 1998, M.P. Jorge Arango Mejía, T-329 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández, T-488 de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica, T-183 de 2001, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, C-243 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-641 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-966 de 2001, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[47] Cfr. Sentencia C-109 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[48] En la sentencia C-577 de 2011. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza, se refirió a la igualdad que existe entre los hijos matrimoniales y extramatrimoniales, en los siguientes términos: “(…) en materia de filiación rige un principio absoluto de igualdad, porque, en relación con los hijos, no cabe aceptar ningún tipo de distinción, diferenciación o discriminación, en razón de su origen matrimonial o no matrimonial”.
[50] Cfr. T-071 de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[52] Cfr. Sentencia C-258 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[53] Sentencia C-247 de 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[54] Año XIV – Gaceta Nº 691, Bogotá, D. C., lunes 3 de octubre de 2005.