Source: https://www.sipiapa.org/notas/1200161-ley-prensa-nicaragua-base-legal
Timestamp: 2020-08-11 07:50:53
Document Index: 292536360

Matched Legal Cases: ['Artículo 138', 'artículo 182', 'artículo 159', 'artículo 93', 'artículo 93', 'artículo 33', 'artículo 99', 'artículo 86', 'artículo 67', 'artículo 46', 'artículo 52', 'artículo 105', 'artículo 113', 'artículo 114', 'artículo 62', 'artículo 15', 'artículo 39', 'artículo 404', 'artículo 196', 'artículo 46', 'in fine', 'artículo 59', 'artículo 139', 'in fine', 'artículo 97']

I .Fundamentacióna .Marco ConstitucionalTexto de la Constitución de la República de Nicaragua:
La Constitución Política de Nicaragua fue promulgada en enero de 1987. Ha sido reformada en ocho ocasiones. En enero de 1990, en febrero de 1994, en febrero de 1995, en enero de 2000, en junio de 2004, dos veces en enero de 2005 y en marzo del mismo año 2005.
El Texto Fundamental vigente y sus reformas contienen varias disposiciones relacionadas con el tema del presente informe.
Art. 26.- Toda persona tiene derecho:
1. A su vida privada y la de su familia.
2. A la inviolabilidad de su domicilio, su correspondencia y sus comunicaciones de todo tipo.
3. Al respeto de su honra y reputación.
4. A conocer toda información que sobre ella hayan registrado las autoridades estatales, así como el derecho de saber por qué y con qué finalidad tiene esa información. ...
Art 30.- Los nicaragüenses tienen derecho a expresar libremente su pensamiento en público o en privado, individual o colectivamente, en forma oral, escrita o por cualquier otro medio.
Art. 48.- Es obligación del Estado eliminar los obstáculos que impidan de hecho la igualdad entre los nicaragüenses y su participación efectiva en la vida política, económica y social del país.
Art 66.- Los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea de manera oral, por escrito, gráficamente o por cualquier otro procedimiento de su elección.
Art 67.- El derecho de informar es una responsabilidad social y se ejerce con estricto respeto a los principios establecidos en la Constitución. Este derecho no puede estar sujeto a censura, sino a responsabilidades ulteriores establecidas en la ley.
Art 68.- Los medios de comunicación, dentro de su función social, deberán contribuir al desarrollo de la nación.
Los medios de comunicación públicos, corporativos y privados no podrán ser objeto de censura previa. En ningún caso podrán decomisarse, como instrumento o cuerpo del delito, la imprenta o sus accesorios ni cualquier otro medio o equipo destinado a la difusión del pensamiento.
Art 86.- Todo nicaragüense tiene derecho a elegir y ejercer libremente su profesión u oficio y a escoger un lugar de trabajo sin más requisitos que el título académico y que cumpla una función social.
Art 131.- Los funcionarios de los cuatro Poderes del Estado, elegidos directa o indirectamente, responden ante el pueblo por el correcto desempeño de sus funciones y deben informarle de su trabajo y actividades oficiales.
La interpretación sistemática de los artículos constitucionales relacionados reconocen, pues, a la libertad de información no sólo como un derecho fundamental de cada ciudadano, medio de comunicación social o periodista sino que se erige también en la garantía institucional para la formación de una opinión pública libre, base del pluralismo democrático en cualquier Estado de Derecho contemporáneo
A Texto de la Constitución de la República de Nicaragua:
Las disposiciones constitucionales que determinan el régimen jurídico, posición o status de los tratados internacionales en el derecho nicaragüense son las siguientes:
Art. 46.- En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción y protección de los derechos humanos, y de la plena vigencia de los derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas y en la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.
Art. 71. ... La niñez goza de protección especial y de todos los derechos que su condición requiere, por lo cual tiene plena vigencia la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña.
Art 138. Son atribuciones de la Asamblea Nacional:
Dichos instrumentos internacionales solamente podrán ser dictaminados, debatidos, aprobados o rechazados en lo general, sin poder hacerles cambios o agregados a su texto. La aprobación legislativa les conferirá efectos legales, dentro y fuera de Nicaragua una vez que hayan entrado en vigencia internacionalmente, mediante depósito o intercambio de ratificaciones o cumplimiento de los requisitos o plazos, previstos en el texto del tratado o instrumento internacional.
Art. 150. Son atribuciones del Presidente de la República, las siguientes:
8) Dirigir las relaciones internacionales de la República. Negociar, celebrar y firmar los tratados, convenios o acuerdos y demás instrumentos que establece el inciso 12) del Artículo 138 de la Constitución Política, para ser aprobados por la Asamblea Nacional.
Art. 182 La Constitución Política es la carta fundamental de la República; las demás leyes están subordinadas a ella. No tendrán valor alguno las leyes, tratados, órdenes o disposiciones que se le opongan o alteren sus disposiciones.
De las disposiciones anteriores resulta que, en virtud del fenómeno llamado por la doctrina "constitucionalización", los instrumentos internacionales enunciados en los artículos 46 y 71 tienen una especie de valor parecido al de la Constitución Política o, por lo menos, constituyen parámetros de control de la constitucionalidad de las demás normas jurídicas. En cualquier caso ocupan una posición jurídica superior al de las leyes ordinarias.
Sin embargo, no ocurre lo mismo con el resto de tratados o instrumentos internacionales, es decir, con los contemplados en los artículos 138.12 y 150.8. Éstos, en virtud del artículo 182, se subordinan a la Constitución y, en principio, tiene un régimen jurídico equiparable al de las leyes ordinarias.
Por lo anterior, resulta adecuado dejar plasmadas las principales disposiciones de los instrumentos internacionales "constitucionalizados".
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataque a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razones de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
http://www.cidh.oas.org/Basicos/Basicos1.htm
Art. IV: Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio.
Art. V: Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar.
Art. XIII: Toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y especialmente de los descubrimientos científicos.
Art. 5. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a:
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas
Art. 19. 1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;b) La protección de la seguridad nacional, el orden público a la salud o la moral públicas.
Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.
Art. 11. Protección de la Honra y de la Dignidad.
Art. 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión.
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de elección.
a) El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, ob) La protección de la seguridad nacional, el orden público a la salud o a la moral públicas.
Art.14. Derecho de Rectificación o Respuesta.
c .Estructura judicial especial de prensaA Texto de la Constitución de la República de Nicaragua:
Arts. 27, 165, y 159: En virtud de los artículos constitucionales 27 que señala que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección; 165 que afirma que los magistrados y jueces en su actividad judicial se rigen, entre otros, por el principio de igualdad y del artículo 159 que dice que los tribunales de justicia forman un sistema unitario, cuyo órgano superior es la Corte Suprema de Justicia, no existen estructuras judiciales para conocer y resolver específica y especializadamente las faltas y delitos relacionados con las libertades de expresión, información o prensa o con las personas que ejerzan tales derechos de manera profesional o no.
Sin embargo, aunque no tenga una relación directa con estos derechos y libertades talvez merezca la pena recordar una excepción al principio general anterior que puede eventualmente relacionarse con el manejo de cierta información clasificada. El artículo 93 constitucional señala, en su parte conducente, que los delitos y faltas estrictamente militares, cometidos por miembros del Ejército, serán conocidos por los Tribunales Militares establecidos por ley. En efecto, la Ley 617, Código de Procedimiento Penal Militar de la República de Nicaragua, regula la jurisdicción penal militar y crea a los órganos jurisdiccionales a los que se refiere dicho artículo 93. En cualquier caso, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer los recursos de casación provenientes de la jurisdicción militar según dispone el artículo 33 de la Ley 260, Ley Orgánica del Poder Judicial de la República de Nicaragua.
Es imprescindible señalar que, a pesar de la consagración formal de las disposiciones comentadas en los párrafos anteriores, la realidad jurídico-política nicaragüense discurre, no pocas veces, por otros caminos. Los acuerdos políticos de 1999 entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) consagrados constitucionalmente a través de la reforma del 2000, conocidos por el pueblo nicaragüense peyorativamente como pacto, han desvirtuado la administración de justicia.
Los fenómenos de politización de la justicia y judicialización de la política son moneda común en los tribunales y casas de justicia nicaragüense. Esta situación ha afectado gravemente el ejercicio de la libertad de prensa y de información. Sólo por señalar algunos ejemplos recientes vale la pena recordar el juicio amañado por calumnias en contra de Jaime Chamorro y Eduardo Enríquez, director y jefe de redacción del diario LA PRENSA, respectivamente. Tal juicio fue insólita y repentinamente cambiado de sede judicial aduciendo errores informáticos y quedando, finalmente, radicado en un juzgado cuyo titular es de filiación sandinista. Finalmente, después de un sinnúmero de irregularidades fueron condenados por el delito de injurias. Así pues, aunque las leyes no establecen estructuras judiciales especiales de prensa, a veces la realidad política sí las impone.
Algunas disposiciones constitucionales permiten afirmar que existe una clara voluntad política del constituyente de favorecer la no regulación específica de la libertad de prensa tal y como la hemos conocido en algunos períodos de la tradición nicaragüense. Por ejemplo, la Ley de Prensa de 10 noviembre de 1911 regulaba detalladamente los derechos y poderes de la misma. En 1953 entró en vigor una nueva ley por la que se prohibía a todas las publicaciones ofender o molestar al presidente, a los dirigentes del país y a los diplomáticos de los países amigos. A finales de 1957, bajo el mandato de Luis Somoza, el Parlamento derogó parte de estas disposiciones restrictivas, aunque especificaba las diferentes formas del abuso de la libre expresión. O el Código de Radio que los periodistas bautizaron como el Código Negro utilizado por el régimen somocista en sus últimos veinte años para reprimir al periodismo. Luego se conoció el Decreto 48, Ley General sobre Medios de Comunicación Social de agosto de1979. En abril de 1989 se aprobó una nueva ley sobre el tema, la Ley 57, reformada, a su vez, por la Ley 64 de septiembre del mismo año. Con el triunfo electoral de Violeta Barrios de Chamorro, se abrieron nuevas condiciones políticas que permitieron en marzo de 1990 la derogación de la ley general sobre los medios y la comunicación social por medio de la Ley 78.
A partir de este momento, en coherencia con la libertad de empresa (artículo 99 Cn), con el libre ejercicio profesional (artículo 86 Cn) y con el derecho de informar sujeto a responsabilidades ulteriores (artículo 67 Cn), no ha existido en el país una ley específica de prensa; sin embargo, existen un sinnúmero de leyes que inciden más o menos directamente en el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa que, precisamente, se relacionan a lo largo del presente informe.
b .Acceso a la informaciónLey de Acceso a la Información Pública
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/675A94FF2EBFEE9106257331007476F2?OpenDocument
La Ley 621, Ley de Acceso a la Información Pública, aprobada el 15 de junio del 2007, es aplicable a todos los Poderes del Estado con sus dependencias, organismos adscritos o independientes, entes autónomos y gubernamentales, incluidas sus empresas; a los gobiernos municipales y regionales autónomos de la costa atlántica con sus correspondientes dependencias y empresas, a las entidades autónomas establecidas en la Constitución Política, a toda entidad mixta o privada que sea concesionaria de servicios públicos y a las personas de derecho público o privado cuando en el ejercicio de sus actividades actúen en apoyo de las entidades antes citadas o reciban recursos provenientes del Presupuesto General de la República.
Esta ley es de suma importancia porque como se ha afirmado no es solamente para perseguir al funcionario publico ineficiente o corrupto, que es lo que suele creerse, sino porque acerca a gobernantes y gobernados, fortalece el rol de los ciudadanos y su participación efectiva en los asuntos públicos, facilita la rendición de cuentas de los servidores públicos, contribuye con la transparencia y la lucha contra la corrupción en detrimento del secretismo, mejora las condiciones para la investigación y reduce los niveles de exclusión social.
Aunque la Ley 621 debe mejorarse para ensanchar la transparencia en varios aspectos significativos como por ejemplo los relacionados con temas militares o con el patrimonio de los funcionarios públicos, obviamente constituye un paso positivo para el marco jurídico del país. Sin embargo, no puede dejar de mencionarse que una parte del artículo 46 de la Ley fue objeto de amplias críticas ya que si bien no establece sanciones puede dar lugar a interpretaciones restrictivas al ejercicio del derecho a la libre información. En efecto, ahí se señala que el ejercicio de este derecho (de acceso) se realizará de manera responsable, proveyendo información de interés público a la colectividad de carácter completo, veraz, adecuadamente investigada y contrastada con las fuentes que sean convenientes y oportunas. Se trata de una desafortunada pretensión de regular el ejercicio del periodismo.
La Ley 621 fue reglamentada mediante el Decreto 81-2007 aprobado el 12 de diciembre de 2007 y por medio del Decreto 117-2007 del 20 de diciembre del 2007 el Presidente de la República ordenó a los ministros, presidentes y máximos titulares de todas las instituciones del Poder Ejecutivo, procedieran a integrar la Oficina de Acceso a la Información Pública de cada entidad. Curiosamente, la propia Presidencia de la República carece de una oficina de acceso de información pública y, todo lo contrario, resulta harto difícil obtener la información atingente a las actividades, programas y proyectos del Presidente de la República y sus colaboradores más cercanos.
En cuanto al recurso de Habeas Data la Ley 621 en su artículo 52 dispone que ciento ochenta días después de publicada esta ley deberá presentarse y aprobarse la Ley de Habeas Data. Aunque no se cumplió en el plazo establecido, recientemente, el 27 de marzo de 2008, diputados de la Asamblea Nacional introdujeron una iniciativa de "Ley de Protección de Datos Personales". Esta norma tiene como objetivo la protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, ya sea que estén almacenados en ficheros de datos públicos o privados, automatizados o no, y será aplicable a los datos relativos a personas naturales y jurídicas.
c. Leyes de radio y televisión y el contenido de la informaciónLey General de Telecomunicaciones y Servicios Postales
http://207.42.179.84/leyes/Nicaragua/Ley%20de%20Telecomunicaciones.pdf
De conformidad con el artículo 105 constitucional que consagra la obligación del Estado de regular la prestación de los servicios de comunicación, entre otros, la Ley 200, Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales, promulgada en agosto de 1995 y sus reformas, es la norma que tiene por objeto la regulación de los servicios de radio y televisión y encarga al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), como ente regulador, la normación, regulación, planificación, supervisión, aplicación y control del cumplimiento de las regulaciones pertinentes. El régimen jurídico de TELCOR lo establecen los Decretos 1053, Ley Orgánica de TELCOR, aprobado en junio de 1982 y 2-96 Reglamento de la Ley Orgánica de TELCOR, aprobado en septiembre 1996, y sus reformas.
Se establecen pocas restricciones al contenido de la información y se exige que la información emitida no sea contraria a las buenas costumbres o valores morales. Establece condiciones técnicas para el otorgamiento de concesiones y licencias de explotación. El Reglamento establece la inviolabilidad de las comunicaciones al señalar sanciones para quienes intercepten, impidan o publiquen el contenido de las comunicaciones privadas.
La explotación de los medios de radio y televisión se hará a través de concesiones. Se harán en condiciones de equidad respondiendo a las condiciones técnicas ofrecidas por el oferente.
http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/Nicaragua/D44.asp
Por su parte la Ley 322, Ley de Protección de Señales Satelitales Portadoras de Programas, aprobada en diciembre de 1999, tiene por objeto la protección de los entes u organismos de origen que emitan señales alámbricas o inalámbricas portadoras de programas, incluidas las transmisiones dirigidas hacia un satélite o que pasen a través de él, con el fin de asegurar los recursos adecuados para prevenir su utilización no autorizada.
La Ley 578, Ley de Reforma a la Ley 322, impone prisión de tres a cuatro años a quien sin el consentimiento previo y escrito por parte del titular del derecho sobre la señal emitida, incurra en alguno de los actos siguientes:
5. La recepción y subsiguiente distribución dolosa de una señal portadora de programas que se haya originado como una señal de satélite codificada a sabiendas que ha sido decodificada sin la autorización del distribuidor legítimo de la señal.
Esta disposición fue derogada por el nuevo Código Penal aprobado en noviembre de 2007, todavía pendiente de publicación por parte del Presidente de la República (en adelante CP-2007). Su contenido fue retomado con pequeñas modificaciones. Dicho código entrará en vigencia 60 días después de su publicación en la Gaceta, Diario Oficial.
d. Secreto Profesional o protección de fuentes
En el ordenamiento jurídico nicaragüense existen diversas disposiciones que establecen la obligación de guardar el secreto profesional. Algunas de ellas regulan profesiones o actividades profesionales específicas y, otras, lo hacen de manera general, es decir referidas a todos los profesionales que presten su servicio en el territorio nacional.
Entre las regulaciones específicas se pueden mencionar como mínimo las siguientes:
Ley 561, Ley General de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/1A3ECC04110514C9062570F300755895?OpenDocument
Art. 113. La Ley 561, Ley General de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros, en su artículo 113 dispone que, salvo las excepciones establecidas en la misma ley, los bancos y demás instituciones reguladas no podrán dar informes de las operaciones pasivas que celebren con sus clientes sino, según fuere el caso, a sus representantes legales o a quienes tengan poder para retirar los fondos o para intervenir en la operación de que se trate, salvo cuando lo autorice expresamente el cliente o cuando lo pidiese la autoridad judicial en virtud de causa que estuviere conociendo, mediante orden escrita en la que se debe expresar dicha causa respecto a la cual esté vinculado el depositante, ahorrador o suscriptor. En caso de fallecimiento del depositante podrá suministrársele información al beneficiario si lo hubiere.
Art. 114: Y en el artículo 114 se señala que los funcionarios y empleados de los bancos serán responsables, de conformidad con la Ley, por la violación del sigilo que se establece en el artículo anterior. En el caso de violación, los bancos y empleados o funcionarios responsables estarán obligados solidariamente a reparar los daños y perjuicios que se causen.
Ley 358, Ley de Servicio Exterior
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_nic_anexo7.pdf
Art. 62: Por su parte la Ley 358, Ley de Servicio Exterior en su artículo 62 establece entre otras obligaciones para los miembros del servicio exterior la de guardar discreción absoluta y confidencialidad acerca de los asuntos que conozcan con motivo de su desempeño oficial. En tal sentido los miembros del servicio exterior deberán abstenerse de brindar documentos originales, copias o fotocopias de los mismos, así como cualquier otro tipo de información a terceros o a los medios de información, sin la debida autorización del superior inmediato. También guardar el deber de secreto profesional durante el ejercicio de algún cargo o comisión oficial. Quien violare intencionalmente este deber, causando perjuicio al interés nacional, será destituido y no podrá reintegrarse al servicio exterior. Igualmente, quien faltare al deber del secreto profesional una vez terminado su encargo oficial, será destituido y no podrá reingresar al servicio exterior. Independientemente de las sanciones administrativas que se impongan a quienes violaren esta obligación, les podrán ser aplicadas las penas que establezcan sobre la materia las leyes de Nicaragua.
Ley 228, Ley de la Policía Nacional
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/88992F7FAA40EFAC06257116005D3CFF?OpenDocument
Igualmente la Ley 228, Ley de la Policía Nacional señala la obligación para los miembros de la policía de guardar riguroso secreto respecto a todas las informaciones que conozcan en el desempeño de sus funciones, salvo que en el ejercicio de las mismas la Ley les indique lo contrario (arto. 7.2.6).
En relación con los servidores públicos, la Ley 621, Ley de Acceso a la Información Pública, los responsabiliza por el quebrantamiento de la reserva de información, sancionándolos con multa de uno a seis meses de su salario mensual cuando, entre otras cosas, entregue, difunda, copie o comercialice información pública reservada (artículos 18 y 47).
La información pública reservada se define en el artículo 15 como la expresamente clasificada como tal mediante acuerdo del titular de cada entidad, al aplicar los siguientes criterios:
d. Cuando se trate de información cuya divulgación ponga en riesgo las relaciones internacionales, los litigios ante Tribunales Internacionales o la estrategia de negociación de acuerdos comerciales o convenios de integración, sin perjuicio del derecho de participación ciudadana durante los procesos de negociación y, toda información que por disposición o normas expresas del Derecho Internacional que en materia de defensa colectiva y seguridad ciudadana el Estado Nicaragüense esté obligado a proteger.
e. Cuando se trate de proyectos de sentencias, resoluciones y acuerdos de un órgano unipersonal o colegiado en proceso de decisión, así como las recomendaciones u opiniones de técnicos o de los integrantes del órgano colegiado que formen parte del proceso deliberativo, mientras no sea adoptada la decisión definitiva; se excluye todo lo referente al proceso de formación de la ley y los procesos relativos a la adopción de cualquier disposición de carácter general o la formulación de políticas públicas, y los avances o informes preliminares de la Contraloría General de la República. Una vez dictado el acto y notificada la Resolución o Sentencia, ésta podrá ser consultada por cualquier persona.
Ley 588, Ley General de Colegiación y Ejercicio Profesional
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/8283A6B92D7D0AD1062573F30059CBEE?OpenDocument
En cuanto al ejercicio profesional del periodismo no existe una norma que regule el secreto profesional. La Ley Creadora del Colegio de Periodistas de Nicaragua no establece expresamente para sus miembros la obligación de guardar el secreto profesional. Sin embargo, alguna interpretación inadecuadamente extensiva por excesivamente literalista, podría, al amparo de la regulación general establecida en la Ley 588, Ley General de Colegiación y Ejercicio Profesional, considerar que también los periodistas están obligados a guardar el secreto profesional, lo cual no parece lógico ni coherente con la naturaleza intrínseca al ejercicio del periodismo.
Art. 39: En efecto, el artículo 39 de la Ley 588 configura como infracción, entre otras, la revelación de secretos profesionales cuando no se trate de casos de dispensa. Para esta ley están dispensados de guardar el secreto profesional:
i. Por consentimiento expreso del cliente;
ii. Si es relevado por la Junta Directiva del colegio y a petición del profesional, por estimar que guardar el secreto profesional podría causar una lesión al propio profesional o a un tercero notoriamente injusta; y
iii. Cuando el secreto encubra la comisión de algún delito o algún acto ilícito.
Tal revelación del secreto profesional se sanciona con multa de un mil a cinco mil córdobas y amonestación por escrito con copia a su expediente (arto. 42).
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/643CC814A8E2E2C4062570A600648D01?Open
http://www.oas.org/juridico/Mla/sp/nic/sp_nic-int-text-cp.html
El Código Penal vigente, bajo el capítulo Revelación de Secretos, expresa en el artículo 404: sufrirán inhabilitación especial de dos años y multa de veinticinco a doscientos córdobas, los abogados, escribanos, médicos, cirujanos, parteras o comadronas y cualesquiera otros que revelen los secretos que se les confíen por razón de su profesión, salvo los casos en que la ley obligue hacer tales revelaciones.
Si de aquella revelación desautorizada, resultare daño al particular, la multa podrá elevarse hasta quinientos córdobas a favor de la parte damnificada; y cuando el culpable no tenga título profesional sobre que recaiga la inhabilitación se castigará con arresto de seis meses a un año y multa de cincuenta a veinticinco mil córdobas.
Y en el Título XIII, dedicado a los delitos contra la seguridad exterior del Estado, regula en los artículos 538 y siguientes diversas situaciones tipificadas como delitos de revelación de secretos y sus correspondientes penas.
El CP-2007 en su artículo 196 establece la violación de secreto profesional: Quien por razón de su investidura, oficio, cargo, empleo, profesión o arte, tenga noticia de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, y lo revele sin justificación legítima, será penado con prisión de uno a tres años e inhabilitación especial de dos a cinco años para ejercer el cargo, profesión u oficio de que se trate.
Ley 566, Código Penal Militar
http://ni.vlex.com/vid/36241047
Por su parte la Ley 566, Código Penal Militar, expresa que quien sin propósito de cooperar con el adversario revelare asuntos secretos, se le impondrá prisión de seis meses a dos años. Si dicha revelación produjere consecuencias graves, la sanción será de dos a cinco años de prisión (arto. 99).
También tipifica los delitos de revelación de secreto militar y revelación de secretos al adversario en los artículos 102 y 105 respectivamente:
El militar que en asuntos del servicio revele secretos de los cuales tenga conocimiento por razón de su cargo será penado de uno a tres años de prisión y si de la revelación del secreto resultaren graves daños al Ejército, la pena será de dos a cinco años de prisión (arto. 102).
Es que con el propósito de cooperar con el adversario revelare asuntos secretos se le impondrá prisión de diez a veinticinco años (arto. 105).
Protección de fuentesLey de Acceso a la Información Pública
Art. 46: El artículo 46 in fine de la Ley de Acceso a la Información establece: Quien ejerza labores periodísticas no está obligado a revelar sus fuentes de información ni el origen de sus noticias, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra por sus informaciones. Obviamente esta disposición viene a mejorar las condiciones para el ejercicio del periodismo libre y responsable.
Ley 606, Ley Orgánica de la Asamblea Nacional
http://www.asamblea.gob.ni/index.php?option=com_docman&task=doc_view&g7
Por su parte, el artículo 59 de la Ley 606, Ley Orgánica de la Asamblea Nacional, establece la protección y seguridad de la fuente informativa en favor de los diputados: Los diputados no están obligados a revelar la fuente de la información que hayan recibido en el ejercicio de sus funciones, por lo que no podrán ser llamados a declarar o rendir testimonio sobre los hechos que hayan denunciado como actos irregulares del gobierno.
No se comprende muy bien la virtualidad de esta norma ya que los diputados gozan de inviolabilidad e inmunidad de conformidad con el artículo 139 Cn. Y declarar o rendir testimonio para la aclaración de hechos denunciados parece constituir un mínimo deber que en nada perjudica al parlamentario ni al parlamento. En cualquier caso, se trata de otro supuesto de protección de fuente informativa.
Las leyes de invento y marcas de fabricas nacionales y extranjeras de octubre de 1899 y sus reformas, el Código Civil, artículos 729 a 867, promulgado en febrero de 1904 y la Ley Sobre la Protección de Inventos e Industrias Nuevas de marzo de 1925, eran las normas que establecían el régimen jurídico de la propiedad intelectual.
Texto de la Constitución de la República de Nicaragua:
Arts. 125 y 127: Actualmente, los derechos de propiedad intelectual encuentran su fundamento en los artículos 125 in fine y 127 de la Constitución Política que señalan respectivamente que el Estado promueve y protege la libre creación, investigación y difusión de la ciencia, la tecnología, las artes y las letras y garantiza y protege la propiedad intelectual. Y que la creación artística y cultural es libre e irrestricta. Los trabajadores de la cultura tienen plena libertad de elegir formas y modos de expresión. El Estado procurará facilitarles los medios necesarios para crear y difundir sus obras y protege su derecho de autor.
Ley 312, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos,
http://www.upoli.edu.ni/icep/legis-nicaragua/Ley%20de%20derecho%20de%20autor%20y%20derechos%20conexos.pdf
Estos derechos son desarrollados por la Ley 312, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, reformada por la Ley 577 y reglamentada por el Decreto 22-2000, reformado por el Decreto 24-2006.
La Ley 312 regula los derechos de autor sobre las obras literarias, artesanales, artísticas o científicas y los derechos conexos de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión.
Art. 97: En su artículo 97 establece que los titulares, originarios o derivados, de los derechos regulados en esta Ley, y los cesionarios en exclusividad de los derechos de autor y derechos conexos, sin perjuicio de otras acciones que le correspondan, podrán instar, en caso de violación de su derecho, el cese de la actividad ilícita y exigir la indemnización de los daños morales y patrimoniales causados, en los términos previstos en el presente capítulo. También podrán solicitar la adopción de las medidas de protección provisional que se regulan en el mismo.
Asimismo tipifica los delitos y las sanciones contra quienes violaren los derechos consignados en ella (artos. 106 a 112).
También el CP-2007 tipifica los siguientes delitos:
Ejercicio no autorizado del derecho de autor y derechos conexos: Será sancionado con noventa a ciento cincuenta días multa o prisión de seis meses a dos años e inhabilitación especial por el mismo período para ejercer cargo, profesión, oficio, industria o comercio relacionado con la conducta delictiva, quien contraviniendo la ley de la materia, y con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero, realice cualquiera de los actos siguientes sin autorización escrita del titular del derecho:
a) La traducción, arreglo u otra transformación de la obra;
b) La comunicación pública de una obra o fonograma por cualquier forma, medio o procedimiento, íntegra o parcialmente.
c) La retransmisión, por cualquier medio alámbrico o inalámbrico de una emisión de radiodifusión;
d) La reproducción de un mayor número de ejemplares que el establecido en el contrato;
e) Distribuir o comunicar la obra después de finalizado el contrato;
f) La atribución falsa de la autoría de una obra;
g) La realización de cualquier acto que eluda o pretenda eludir una medida tecnológica implementada por el titular del derecho para evitar la utilización no autorizada de una obra o fonograma;
h) La fabricación, importación, distribución y comercialización, o quien proporcione mecanismos, dispositivos, productos o componentes, u ofrezca servicios de instalación para evadir medidas tecnológicas enunciadas en el literal anterior;
i) La alteración, supresión de información sobre gestión de derechos;
j) La importación, distribución, comercialización, arrendamiento o cualquier otra modalidad de distribución de obras o fonogramas cuya información sobre gestión de derechos ha sido suprimida o alterada (arto. 247).
Reproducción ilícita: Será sancionado con trescientos a quinientos días multa o prisión de uno a tres años e inhabilitación especial por el mismo período para ejercer cargo, profesión, oficio, industria o comercio relacionado con la conducta delictiva, quien contraviniendo la Ley de la materia y con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero, realice cualquiera de los siguientes actos sin autorización escrita del titular del derecho:
a) La reproducción, total o parcial, de una obra o fonograma por cualquier medio, forma o procedimiento;
b) La distribución de ejemplares de una obra o fonograma por medio de venta, arrendamiento, préstamo público, importación, exportación o cualquier otra modalidad de distribución;
c) La fijación de la actuación de un artista intérprete o ejecutante, y,
d) La fijación de una emisión protegida para su ulterior reproducción o distribución (arto. 248).