Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-4937-de-agosto-2-de-1999?documento=jurcol&contexto=jurcol_767f383adf468026e0430a0101518026&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-16 22:37:11
Document Index: 111221642

Matched Legal Cases: ['artículo 368', 'artículo 2', 'artículo 407', 'artículo 368', 'artículo 681', 'artículo 2', 'artículo 542', 'artículo 1746', 'artículo 1746', 'artículo 1746', 'artículo 1525', 'artículo 1746', 'artículo 1525', 'artículo 1746', 'artículo 2', 'artículo 1746', 'artículo 1746', 'artículo 1525', 'artículo 1521']

﻿ Sentencia 4937 de agosto 2 de 1999
SENTENCIA 4937 DE 02 DE AGOSTO DE 1999
CONTENIDO:EMBARGO. REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS-ADMISIBILIDAD. REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS-CANCELACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO CIVIL, REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS, INSTRUMENTO PÚBLICO, CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS, EMBARGO, CANCELACIÓN DEL EMBARGO
1.1. Que es nulo absolutamente, por objeto ilícito el contrato de compraventa contenido en la escritura pública 1629, otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de Manizales el 30 de septiembre de 1974, mediante la cual el doctor Gustavo Robledo Isaza obrando en nombre y representación de la sociedad “Reconstructora Manizales Ltda., Recoman” vendió un inmueble consistente en un lote de terreno con sus mejoras y anexidades, situado en la ciudad mencionada en la calle 50 Nº 20-64, el cual aparece debidamente identificado en el libelo por los respectivos linderos.
1.3. Que se disponga la cancelación del registro de la escritura en el folio de matrícula inmobiliaria 100-0001806, para cuyo efecto solicitó se librara el respectivo oficio al registrador de instrumentos públicos de la misma ciudad.
2.1. Mediante escritura pública 1629 del 30 de septiembre de 1974, otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de Manizales, el doctor Gustavo Robledo Isaza obrando en nombre y representación de la Sociedad “Reconstructora Manizales Ltda., Recoman”, transfirió al municipio mencionado el derecho de dominio y la posesión material, respecto del inmueble al que se hizo mención anteriormente.
2.4. La escritura mencionada fue registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados de Manizales, el 15 de noviembre de 1974, en el folio de matrícula inmobiliaria 100-0001806.
2.5. Para la fecha en que se otorgó la escritura precitada, el inmueble objeto de la venta, se encontraba embargado dentro del proceso ejecutivo que con título hipotecario adelantaba el señor Fermín Naranjo Aristizábal contra la sociedad vendedora, en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales, y dentro del proceso ejecutivo laboral que promoviera el señor Miguel Londoco frente a la misma sociedad, ante el Juzgado Primero Laboral, también del circuito de Manizales.
3.1. Precisado lo anterior insiste en que el interés para obrar se deriva “de la posibilidad que tiene de obtener la declaratoria de pertenencia por prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, cuyo tiempo ya completó, pero que se encuentra impedido para obtenerla, ya que el inmueble en general se encuentra en cabeza de una entidad de derecho público, como lo es el municipio de Manizales, contra el cual no podría prosperar una acción de dicha naturaleza, según normas en actual vigencia. Por consiguiente, está sufriendo un perjuicio actual, que data desde la misma fecha de la escritura 1629/74”.
3.2. La sociedad vendedora fue liquidada definitivamente mediante escritura pública otorgada en la Notaría Primera del Círculo de Manizales, el 8 de mayo de 1981 e inscrita en la cámara de comercio el 12 de agosto del mismo año; en virtud de lo cual, la presente demanda se dirige en contra del municipio de Manizales y de los socios que conformaban dicha sociedad, doctores Oscar Borrero Molina y Gustavo Robledo Isaza, a fin de integrar el litis consorcio necesario.
4. Notificado el auto admisorio de la demanda y corrido el respectivo traslado a los demandados (fls. 67, 68 y 83, cdno. 1), el municipio de Manizales, por intermedio de apoderado judicial, dio contestación oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones (fls. 70 al 78).
El demandado Óscar Borrero Molina no contestó la demanda.
5. Puso fin a la primera instancia la sentencia del 11 de noviembre de 1992, por medio de la cual se absolvió a los demandados y se condenó en costas a la parte demandante (fls. 149 al 166, ídem).
6. Apelada por la parte actora la sentencia de primer grado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, mediante providencia del 26 de agosto de 1993 (fls. 23 al 46, cdno. 5), la revocó y en su lugar declaró viciado de nulidad absoluta por objeto ilícito el contrato de compraventa celebrado por el municipio de Manizales con la Sociedad Reconstructora Manizales Ltda. “Recoman”, el cual se encuentra contenido en la escritura pública 1629 del 30 de septiembre de 1974, otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de Manizales, e inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria 100-0001806.
Como consecuencia de la declaración anterior, ordenó oficiar tanto al notario como al registrador, para que se hicieran las anotaciones pertinentes y volvieran las cosas al estado en que se encontraban antes de la celebración del contrato. También dispuso que el municipio de Manizales le restituyera a los codemandados el inmueble objeto del contrato y que estos a su vez le reintegraran a aquel el precio recibido en cuantía de $ 598.206.40 con la respectiva corrección o ajuste monetario, valorado en unidades de poder adquisitivo constante “UPAC”, conforme a certificación que expida el Banco de la República al momento del pago.
El ad quem luego de referirse al desarrollo del proceso, inicia las consideraciones afirmando que indudablemente se configura el presupuesto de la pretensión denominado legitimación en la causa por activa, toda vez que el accionante Libardo Antonio Jaramillo Pineda detenta total o parcialmente el inmueble a que se refiere el contrato atacado, predio respecto del cual persigue la declaración de dominio, mediante un proceso de pertenencia que en ese momento se tramitaba en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales.
A continuación examinó la legitimación por pasiva, encontrándola también configurada, para enseguida proceder a analizar el fondo de la cuestión debatida.
El municipio de Manizales, en su condición de codemandado, impugna la sentencia antes resumida formulando cinco (5) cargos, todos con fundamento en la causal 1ª del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil. En el primero y en el quinto se acusa la sentencia de ser directamente violatoria de la ley sustancial, en tanto que los tres restantes se proponen por la vía indirecta.
Los cargos se estudiarán en el orden propuesto, así: el primero y segundo se despacharán conjuntamente por merecer consideraciones comunes, luego el tercero, y, dado que el cuarto y quinto persiguen que se case parcialmente la sentencia en lo referente a las restituciones mutuas, se omitirá el estudio del cuarto, toda vez que el quinto está llamado a prosperar y solo habría lugar a analizar el cuarto en la medida que este resultará impróspero, pues al salir exitoso implica que en la sentencia que ponga fin a este litigio no debe haber condena sobre restituciones mutuas, mientras que en el cuarto simplemente se ataca la tasación de estas cuando se declara nulo el contrato por objeto ilícito.
Con apoyo en la causal primera se acusa la sentencia de violar directamente, por aplicación indebida, los artículos 1740, 1741 y 1746 del Código Civil, así como los artículos 2º de la Ley 50 de 1936 y 407, inciso 4º del Código de Procedimiento Civil.
Al iniciar el desarrollo del cargo, el recurrente manifiesta que el actor Libardo Antonio Jaramillo Pineda pretende que se declare nulo absolutamente el contrato de compraventa contenido en la escritura 1629, otorgada en la Notaría Segunda de Manizales el 30 de septiembre de 1974, mediante la cual la Sociedad Reconstructora Manizales Ltda. vendió un inmueble al municipio de Manizales, invocando para tal efecto su condición de tercero afectado por tal acto, ya que es poseedor de parte del inmueble desde el año de 1966 y por lo tanto tiene la posibilidad de adquirirlo por prescripción extraordinaria.
Al respecto, dice, que no es jurídicamente razonable admitir que un tercero que no ostenta una condición judicial definida y cierta, sino que apenas pretende adquirirla, requiriendo para tal efecto una decisión jurisdiccional, pueda atacar actos que le son ajenos, so pretexto de causarle daño patrimonial, pues en dicho caso no existe un interés jurídico cierto y determinado que justifique su intromisión en las relaciones jurídicas de otros, porque solo es titular de un derecho litigioso, el cual no tiene más contenido que el alea incierta de ganar o perder el litigio respectivo. De modo que no le asiste al demandante un interés jurídico con la consistencia que el artículo 2º de la Ley 50 de 1936 exige para que un tercero pueda alegar la nulidad absoluta de un acto celebrado por otros.
Por lo anterior, dice que el interés en cuestión, tiene que ser coetáneo con la celebración del contrato, requisito que no se dio en el asunto sub judice, pues según la demanda el actor inició la posesión en el año de 1966, lo cual significa que para la fecha de la celebración del contrato impugnado —sep. 30/74—, solo llevaba nueve (9) años de posesión, estando por lo tanto muy lejos de adquirir el dominio del inmueble por prescripción extraordinaria.
Para concluir, expresa que ante la evidencia de la falta de interés jurídico, la sentencia impugnada vulneró por aplicación indebida los preceptos citados inicialmente, incluido el artículo 407, ordinal 4º del Código de Procedimiento Civil, tenido en cuenta por el tribunal al dar por existente el interés jurídico del actor.
Con fundamento en la causal 1ª del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil se acusa la sentencia de ser violatoria de los artículos 1740, 1741 y 1746 del Código Civil, 2º de la Ley 50 de 1936 y 407, numeral 4º del Código de Procedimiento Civil por aplicación indebida como consecuencia de errores de hecho cometidos por el tribunal en la apreciación de la prueba.
Manifiesta el recurrente que el tribunal hizo caso omiso de la confesión del demandante, quien en la demanda dijo que era un simple poseedor material del inmueble cuando se celebró el contrato atacado y que para 1974, año en que se efectuó el mismo, llevaba apenas ocho años “largos” de posesión, por lo que le faltaba mucho tiempo para adquirir el inmueble por prescripción. Por lo anterior, expresa que al no habérsele causado ningún daño inmediato al señor Jaramillo Pineda, este no tiene interés jurídico que legitime su pretensión.
Continúa afirmando que también incurrió en error de hecho el fallador al omitir tener en cuenta la confesión hecha por el demandante en el interrogatorio de parte, según la cual solo hasta el año de 1988 empezó a tener el comportamiento de poseedor, razón por la que insiste en sostener que el demandante no tiene legitimación en la causa, puesto que para la fecha de celebración del contrato objeto de la litis tenía apenas la condición de tenedor del inmueble en mención.
Según el texto precedente, la nulidad absoluta de un contrato puede pretenderla además de quienes intervinieron en su celebración y son parte del mismo, todos aquellos que resulten afectados por las consecuencias jurídicas del referido acto. Una norma de este linaje, se ha dicho por la doctrina, amplía el panorama de la legitimación cuando se trata de impugnar por vía de nulidad absoluta, no solo porque está de por medio el orden público, sino con el fin de asegurar y garantizar la vigencia de los principios de buena fe, justicia y equidad en la relación negocial.
Desde siempre doctrina y jurisprudencia se han preocupado por averiguar el significado de la expresión “interés”, como fundamento legitimante de los terceros, porque como se anotó, el precepto en comentario identifica a estos como “titulares de la acción de nulidad absoluta”, al lado de las partes y el Ministerio Público “en el interés de la moral o de la ley”, sin perjuicio del deber de oficiosidad que la norma atribuye al juez, para cuando se dan las circunstancias que ella misma señala.
La doctrina y la jurisprudencia chilena al examinar texto similar al colombiano (C.C. chileno, art. 1683), han estado de acuerdo en que la norma se refiere a quienes tienen un interés económico o patrimonial en la declaración de nulidad absoluta, o sea a quien derive de la satisfacción de la pretensión un beneficio pecuniario, quedando excluido, según lo dice Claro Solar, el interés puramente moral porque este es el que motiva la declaración por parte del Ministerio Público.
Esta corporación, también ha precisado que el interés que legitima al tercero es un interés económico que emerge de la afección que le irroga el contrato impugnado (casaciones, ago. 17/893, G. J. T. IX, pág. 2; jul. 13/896, G. J. T. XII, pág. 13; sep. 29/17, G. J. T. XXVI, pág. 180; oct. 8/25, G. J. T. XXXV, pág. 7; mayo 20/52, G. J: T. LXXII, pág. 125, entre otras). Desde luego que el “interés” al cual se refiere el artículo inicialmente citado, no es distinto al presupuesto material del interés para obrar que debe exhibir cualquier demandante, entendiendo por este el beneficio o utilidad que se derivaría del despacho favorable de la pretensión, el cual se traduce en el motivo o causa privada que determina la necesidad de demandar, que además de la relevancia jurídico sustancial, debe ser concreto, o sea existir para el caso particular y con referencia a una determinada relación sustancial; serio en tanto la sentencia favorable confiera un beneficio económico o moral, pero en el ámbito de la norma analizada restringido al primero, y actual, porque el interés debe existir para el momento de la demanda, descartándose por consiguiente las meras expectativas o las eventualidades, tales como los derechos futuros.
2. En el asunto sub judice el actor impetra la nulidad absoluta por objeto ilícito del contrato de compraventa contenido en la escritura pública 1629 del 30 de septiembre de 1974, otorgada en la Notaría Segunda de Manizales, por medio de la cual la Sociedad Reconstructora Manizales Ltda., Recoman, vendió al municipio de Manizales un lote de terreno ubicado en la calle 50 Nº 20-64 de esa misma ciudad, el cual tiene un área total de 1.842.56 m2.
Vistas así las cosas, el ad quem no incurrió en el yerro que se le imputa, porque como quedó explicado, el demandante está amparado por un interés jurídico concreto, serio y actual para pretender la nulidad absoluta del contrato atrás referenciado, pues como igualmente se dijo, solo en la medida en que logre su aniquilación se abre paso la pretensión de usucapión sobre dicho bien. En otras palabras, si la sentencia de este proceso accede a la pretensión propuesta, de ella dimana un beneficio material o económico, cual es la utilidad de su posesión.
De otro lado, tampoco cometió el ad quem los errores de hecho que el cargo le imputa por no haber apreciado presuntas confesiones del demandante acerca del momento en que entró en posesión del bien, porque como ya se explicó, lo esencial para el tema propuesto en este proceso es la situación posesoria del demandante para la época de la celebración del contrato impugnado, independientemente del tiempo de su ejercicio. Por lo demás, en el interrogatorio de parte mencionado por el recurrente no aparece la confesión que dice omitida, pues la referencia que hace al año 1988, no es para ubicar allí el comienzo de su posesión sobre el lote que ahora persigue, sino el desprendimiento de otro sector, efectivamente entregado al municipio de Manizales.
Afirma el impugnante que no importa que la nota de registro del embargo no se hubiera cancelado sino tiempo después, por cuanto durante dicho lapso la medida solo existió formalmente, ya que los créditos hipotecarios para cuya garantía se constituyó se encontraban totalmente cancelados. También sostiene que la enajenación no pudo quedar viciada por objeto ilícito, puesto que no causó perjuicio a nadie y que al haber desistimiento de la pretensión ejecutiva por pago, el inmueble volvió al comercio y se hizo libremente enajenable, sin que se requiriera la autorización o el consentimiento de alguien, pues ninguna persona tenía interés en que no se enajenara.
Seguidamente mencionó otro embargo decretado por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Manizales, al cual según el casacionista se hizo referencia en la demanda, pero que no fue objeto de consideración alguna en la sentencia acusada. Pese a lo anterior sostiene que si el fallador lo tuvo en cuenta para decretar la nulidad absoluta del contrato, incurrió en manifiesto error de hecho en la apreciación del oficio del 22 de marzo de 1973, obrante a folio 53 del cuaderno 1, pues es ostensible que el lote de terreno embargado en el proceso laboral es distinto del embargado en el proceso ejecutivo hipotecario y vendido después al municipio de Manizales por el contrato impugnado de nulidad, lo cual se establece con la simple confrontación de los linderos, de la nomenclatura y de las fichas catastrales, así como de la extensión superficiaria, anotadas en la escritura 1629 y en el oficio en mención.
1. El embargo de bienes sujetos a registro, dice el artículo 681, numeral 1º del Código de Procedimiento Civil, “se comunicará al respectivo registrador, por oficio que contendrá los datos necesarios para el registro”. Significa la norma que el embargo de bienes inmuebles, que son bienes sujetos a registro, conforme lo determina el Decreto 1250 de 1970, artículo 2º, ordinal 1º , solo alcanza perfección cuando en atención a la comunicación del funcionario que decretó la medida, el registrador de instrumentos públicos lo inscribe en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria. Contrario sensu, acogiendo el apotegma que dice que las cosas se deshacen como se hacen, se puede predicar que el embargo que recae sobre tales bienes, no se considera levantado mientras no se inscriba la correspondiente orden de cancelación, pues el texto legal últimamente citado no solo somete a registro las providencias judiciales que disponen la medida cautelar, sino también las que ordenan la cancelación de la misma, por cuanto la norma sin distinguir se refiere a la “providencia judicial” “que implique” “medida cautelar”, quedando así involucrada tanto su constitución como su extinción.
Según lo anterior, tratándose de bienes sujetos a registro como los inmuebles, el embargo es un acto procesal complejo, porque su consumación con el efecto excluyente del tráfico jurídico (comercio), supone la ocurrencia de dos actos complementarios: el decreto de embargo que debe proferir el juez y la inscripción del mismo que debe realizar el registrador. A su vez, la cancelación requiere de estas dos mismas actividades: la providencia de desembargo y el acto del registrador produciendo el efecto cancelatorio, pues solo así resulta borrada la inscripción de la medida y se obtiene el retorno del bien al comercio.
2. Las copias a las que se refiere el recurrente aparecen del folio 13 al 58 del cuaderno principal, correspondientes al proceso ejecutivo hipotecario del señor Fermín Naranjo Aristizábal contra Reconstructora Manizales Ltda., al cual el Banco de Caldas acumuló una demanda de igual clase. En dicho proceso se decretó el embargo del bien por auto de 13 de julio de 1970, proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales, comunicado al registrador por oficio 248 del mismo día, inscrito en igual fecha (fls. 20 a 23-1).
En el folio 31 del cuaderno 1 existe memorial del ejecutante Naranjo Aristizábal, manifestando que desistía del proceso ejecutivo y pidiendo el desembargo. Este desistimiento fue aceptado por auto de 22 de octubre de 1971, pero advirtiendo que el bien continuaba embargado por razón de la acumulación del Banco de Caldas.
Sin haberse producido decisión en torno a la anterior petición por el no pago de unos honorarios de perito, al Juzgado Segundo Civil del Circuito y para el ejecutivo allí adelantado, llegó el oficio 66 de 22 de marzo de 1973, proveniente del Juzgado Primero Laboral del Circuito, comunicando que en un ejecutivo laboral que allí se adelantaba contra Reconstructora Manizales Ltda., se había dispuesto el embargo del inmueble que el oficio identifica (fl. 53-1). El juzgado receptor por auto de 23 de marzo de 1973, dispuso agregar el oficio al expediente “para los efectos indicados en el artículo 542 del Código de Procedimiento Civil”.
Las anteriores constancias procesales, aunadas a la fecha de celebración del contrato cuestionado, perfeccionado por escritura pública 1629 de 30 de septiembre de 1974, dejan en claro que tal acto se produjo cuando aún se encontraba el bien embargado, tanto porque la inscripción de la medida seguía vigente, como porque en el proceso nada se había dispuesto sobre la petición de desembargo como consecuencia del pago, pues como ya se vio, esta solo vino a responderse afirmativamente el 12 de noviembre de 1974, cuando se probó el pago de los honorarios a los peritos y el desembargo ordenado en el ejecutivo laboral.
Afirma la censura que el fallador violó las normas anotadas, ya que la legitimación en la causa del tercero para solicitar la nulidad absoluta de un acto o contrato, es apenas en la medida del interés jurídico de dicho tercero, el cual se circunscribe a la mera declaración de la nulidad, pues solo interesa a las partes contratantes las restituciones y prestaciones mutuas.
1. De acuerdo con el artículo 1746 del Código Civil, la declaración judicial de la nulidad de un contrato, “da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo”. Consagra este artículo los efectos retroactivos de la nulidad, sin distinguir su clase, al afectar el pasado, por cuanto las cosas deben volver al estado anterior a la celebración del contrato, como si este no hubiese existido. Son estos los efectos ex tunc de la sentencia declarativa de la nulidad, que permiten suponer como lo ha dicho la corporación que “el acto o contrato no tuvo existencia legal, y entonces, por imperativo de lógica, hay que restaurar las cosas al estado en que se hallarían si dicho acto o contrato no se hubiese celebrado” (G.J. CXXXII, pág. 250).
Ahora, según lo ha definido la Corte, la regla general que sienta el artículo 1746 tiene dos excepciones: a) cuando la nulidad tiene como motivo la causa o el objeto ilícito, caso en el cual no puede repetirse lo que se haya dado o pagado a sabiendas de la ilicitud (art. 1525 ibíd.), y b) cuando se declara la nulidad del contrato celebrado con un incapaz sin los requisitos que la ley exige, evento en el cual el que contrató con él no puede pedir restitución o reembolso de lo que gastó o pagó en virtud del contrato invalidado, sino en cuanto probare haberse hecho más rica con ello la persona incapaz (C.C., art. 1747).
Con todo, respecto al campo de aplicación del artículo 1746, la Corte tiene dicho que este precepto “regula las situaciones de carácter sustancial que se cumplirían entre las partes contratantes cuando una de ellas solicite la declaración de nulidad. Y como el mismo artículo estableció que eso era sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita, aspecto previsto por el artículo 1525 del Código Civil, al ordenar que no podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita, a sabiendas, lógicamente, se deduce que esas disposiciones solo son aplicables cuando se controvierte la nulidad entre las partes contratantes; pero no, cuando quien la solicita es un tercero en calidad de acreedor, con el objeto de reintegrar el patrimonio de su deudor y obtener la solución de la deuda, quien, por tal circunstancia es tercero también a los efectos que entre las partes puede traer la declaración de nulidad por el recurrente. Y esto es así, porque el tercero perjudicado por el acto de su deudor en razón del contrato celebrado por este, no está dentro de la posibilidad de hecho de realizar lo que la ley llama “prestaciones mutuas” (G.J., T. XC., pág. 643, resaltados del texto).
De modo, que conforme lo argumenta la Corte en el precedente anterior, la excepción que al artículo 1746 consagra el artículo 1525, solo es aplicable cuando el debate judicial se surte entre las propias partes contratantes, quienes vedadas por el principio “nadie es oído alegando su propia iniquidad”, no pueden pretender la repetición de lo dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas. Empero, si quien reclama la nulidad es un tercero interesado por su “calidad de acreedor, con el objeto de reintegrar el patrimonio de su deudor y obtener la solución de la deuda”, entonces sí puede pedir que la cosa sea restituida a su propietario, pero sin que respecto de él tenga aplicabilidad “lo que la ley llama prestaciones mutuas”, no solo porque “no está dentro de la posibilidad de hecho” su realización, sino porque quien es “tercero”, “también” lo es “a los efectos que entre las partes puede traer la declaración de nulidad”.
2. En el presente caso, el tercero demandante pretendió además de la declaración de nulidad del contrato que le afectaba, “Decretar las restituciones recíprocas a que hubiere lugar, ... de acuerdo con lo previsto en el artículo 1746 del Código Civil”; petición que respondió el tribunal disponiendo que el municipio de Manizales, restituyera a los otros codemandados el “inmueble materia de la convención” y pagara frutos por el valor que la sentencia indica, amén de ordenarle a los codemandados reintegrar al ente público el precio recibido con la correspondiente corrección monetaria.
Contra estas decisiones se orienta el cargo, porque según el recurrente el interés del tercero queda circunscrito a la mera declaración de nulidad, pues las restituciones y prestaciones mutuas solo interesan a las partes contratantes, porque eso es lo que se infiere de una correcta interpretación del artículo 2º de la Ley 50 de 1936 y una debida aplicación de los artículos 961 a 971 y 1746 del Código Civil.
A decir verdad, el impugnante tiene razón dadas las particularidades del caso concreto, porque el interés del tercero poseedor en vía de adquirir por prescripción el bien objeto de la negociación, que por virtud de ella entró a ser parte del patrimonio de un ente público, ve satisfecho su interés con la declaración de nulidad contractual que apareja reintegrar al patrimonio del vendedor, persona privada, el inmueble de cuya posesión se trata, pues es este pronunciamiento el que remueve el obstáculo para la consumación del modo, si es que se cuenta con los otros elementos que lo configuran. Por supuesto que el “derecho” de retrotraer totalmente las cosas para situarlas en su estado precontractual, como si el contrato impugnado nunca se hubiese celebrado, lo otorga expresamente el artículo 1746 “a las partes” del contrato. “... da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo”, dice la norma. Restituir el precio reajustado por parte del vendedor, pagar frutos como obligación del comprador, además de la orden de restitución de la totalidad del bien adquirido, cuando la posesión del tercero demandante se ejerce sobre un sector del mismo que nunca perdió, son disposiciones judiciales que ningún beneficio confieren al demandante, precisamente porque respecto de esas pretensiones carecía de interés para obrar.
De otro lado, es oportuno advertir que la carencia de interés del tercero para pretender las restituciones, tampoco pudiera ser suplida por la oficiosidad del juez, no solo porque las constancias procesales descartan esa como una intención clara de las partes contratantes, sino porque si bien es cierto que esa oficiosidad la ha aceptado la Corte para cuando se está frente a una pretensión de nulidad de una de dichas partes, bajo el entendido que a ella subyace la de las restituciones no formulada explícitamente, tratándose de la pretensión de un tercero no es dable ese mismo análisis, porque como ya quedó explicado, el interés de este se agota en la propia y exclusiva pretensión de nulidad, sin que pudiera entenderse la referida implicitud, mas, como aquí ocurre, cuando las partes contratantes, como ya se advirtió denotan un interés contrario a estas, que para el caso todavía es más claro por estar frente a una nulidad derivada de un objeto ilícito, que como lo ha dicho la corporación es una de las excepciones a la aplicabilidad del artículo 1746 del Código Civil, de conformidad con el artículo 1525, ibídem.
1. Es procedente reiterar, la declaración de nulidad absoluta que por objeto ilícito del contrato de compraventa celebrado entre la Sociedad Reconstructora Manizales Ltda., Recoman, y el municipio de Manizales, contenido en la escritura pública 1629 del 30 de septiembre de 1974, otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de Manizales, dispuso el tribunal.
Lo anterior porque está plenamente establecido que para la fecha de la venta dicho inmueble se encontraba embargado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de ese municipio dentro del proceso ejecutivo hipotecario que adelantaba Fermín Naranjo Aristizábal frente a la sociedad vendedora, como consta en el certificado de tradición que obra al folio 6 del cuaderno 1, lo cual constituye objeto ilícito al tenor del numeral 3º del artículo 1521 del Código Civil, pues que no se demostró que previamente a efectuar la enajenación se hubiese obtenido autorización del juez o consentimiento del acreedor.
1. Revocar la sentencia de primer grado de noviembre 11 de 1992, dictada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales, y en su lugar, declarar la “nulidad absoluta por objeto ilícito del contrato de compraventa celebrado entre el municipio de Manizales con la sociedad “Reconstructora Manizales Ltda., Recoman, contenido en la escritura pública 1629 del 30 de septiembre de 1974, otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de Manizales”, como lo hubo de disponer el tribunal en la correspondiente sentencia.