Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2010-00419-46790-de-octubre-23-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_b69263cf0c6147debf4965f90e517d31&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-21 22:23:14
Document Index: 392675053

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 143', 'artículo 136', 'artículo 63', 'artículo 2', 'artículo 414', 'artículo 33']

﻿ SENTENCIA 2010-00419/46790 DE OCTUBRE 23 DE 2017
SENTENCIA 2010-00419 DE 23 DE OCTUBRE DE 2017
CONTENIDO:CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA DE QUIEN RECOMENDÓ JÓVENES PARA QUE FUERAN RECLUTADOS DE FORMA ILEGAL POR GRUPOS DE AUTODEFENSA. SE CONFIGURA LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA DE UNA PERSONA QUE PROCEDIÓ A RECOMENDAR A VARIOS JÓVENES PARA QUE EJERCIERAN UNA LABOR DE LA CUAL NO TENÍA PLENO CONOCIMIENTO EN QUÉ CONSISTÍA, Y TAMPOCO, UNA TOTAL IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO A QUIEN, SIN LA MÁS MÍNIMA PRECAUCIÓN, PROCEDIÓ A COLABORARLE CON LA BÚSQUEDA DE JÓVENES PARA QUE EJERCIERAN LA SUPUESTA ACTIVIDAD DE RECOLECTAR ARROZ. TODAS ESTAS SITUACIONES SE CONSTITUYERON EN UNA SUMA QUE LLEVARON A PRESUMIR LA PARTICIPACIÓN DEL DEMANDANTE EN LA DESAPARICIÓN Y POSTERIOR RECLUTAMIENTO DE LOS JÓVENES, SIN QUE ÉSTE PUDIERA JUSTIFICAR O DESVIRTUAR SU VINCULACIÓN ANTES DE QUE SE LE IMPUSIERA LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO. POR LO TANTO, SE CONCLUYE DEL ACERVO PROBATORIO QUE LA CONDUCTA DESPLEGADA POR EL DEMANDANTE CONDUJO A QUE LE FUERA IMPUESTA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO DE FORMA JUSTA, PUESTO QUE, SU NEGLIGENCIA Y FALTA DE PREVISIÓN DE SERVIR COMO INTERMEDIARIO EN LAS ACTIVIDADES DE QUIEN, PRÁCTICAMENTE ERA PARA ÉL UN DESCONOCIDO, SUMADO AL HECHO DE QUE EVITÓ DENUNCIAR A TIEMPO LAS IRREGULARIDADES QUE SE ESTABAN PRESENTANDO RESPECTO AL PARADERO DE LOS JÓVENES POR ÉL RECOMENDADOS, COMPROMETIÓ GRAVEMENTE SU RESPONSABILIDAD Y EN CONSECUENCIA DIO LUGAR A LA INVESTIGACIÓN PENAL ADELANTADA EN SU CONTRA Y A QUE SE LE IMPUSIERA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO DE DETENCIÓN PREVENTIVA.
TEMAS ESPECÍFICOS:DESAPARICIÓN FORZADA, CULPA DE LA VÍCTIMA, CONCIERTO PARA DELINQUIR, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, RECLUTAMIENTO INDEBIDO, GRUPO ARMADO AL MARGEN DE LA LEY
Sentencia 2010-00419/46790 de octubre 23 de 2017
Rad.: 25000 23 26 000 2010 00419 01 (46790)
Actor: J. E. Q. B. y otros
Asunto: Recurso de apelación (Sentencia)
En el caso concreto, comparecen al proceso en calidad de demandantes los señores J. E. Q. B.(12) en su condición de privado de la libertad, y su núcleo familiar conformado por J. E. Q. P.(13) (hijo), G. Q. L.(14) (padre), M. B. de Q.(15) (madre), P. Q. B.(16) (hermano), B. Q. B. (hermana)(17), G. Q. B.(18) (hermano) y M. Q. B.(19) (hermana), quienes en la condición aducida se encuentran legitimados en la causa por activa.
Por otra parte, la demanda fue dirigida contra la Nación - Fiscalía General de la Nación(20), frente a lo cual debe preverse que el asunto que aquí se conoce fue de conocimiento de las fiscalías seccionales a la luz de la Ley 600 de 2000, en razón a lo cual la Sala considera que las entidad demandada se encuentra legitimada en la causa por pasiva.
La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001(21), y sólo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código Contencioso Administrativo(22). Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez(23).
Ahora bien, tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente al de ejecutoria de la providencia judicial preclusoria o absolutoria, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación(24).
En el caso concreto, la Sala observa que el demandante fue absuelto mediante providencia que quedó ejecutoriada el 11 de abril de 2008(25) y la demanda de reparación directa tuvo lugar el 25 de junio de 2010. Sin embargo, se tiene que el día 9 de abril de 2010(26) el apoderado de la parte actora presentó solicitud de conciliación prejudicial ante el Procuraduría 136 Judicial II Administrativa, llevándose a cabo audiencia de conciliación el día 24 de junio de 2010(27), la cual se declaró fallida por falta de ánimo conciliatorio de las partes. Por ende, se observa que no operó el fenómeno de la caducidad, teniendo en cuenta que el término para ejercer la acción de reparación directa, de conformidad con el artículo 136 numeral 8º del Código Contencioso Administrativo, es de dos (2) años contados a partir del día siguiente al del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa.
“Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (C.N., art. 95-7), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguna, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual “nadie puede sacar provecho de su propia culpa (…)” (resaltado fuera del texto).
Y se entiende por culpa grave no cualquier equivocación, error de juicio o actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, sino aquel comportamiento que revista tal gravedad que implique “no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suele emplear en sus negocios propios”, en los términos del artículo 63 del Código Civil.
Con base en el precedente que se acaba de reseñar, de las pruebas existentes sobre las circunstancias que rodearon la imposición de la medida de aseguramiento en el caso concreto, se colige que la privación de la libertad que sufrió el señor J. E. Q. B. se ocasionó como resultado de una actuación imputable a él mismo.
En efecto, se encuentra demostrado que la investigación llevada a cabo en contra del señor J. E. Q. B. tuvo origen en las denuncias realizadas de forma independiente los días 27 de julio 18 y 24 de agosto de 2004 por las señora B. L. T. M., M. E. M. V. y C. M. S. B., por la desaparición de O. I. A. M., J. A. M. T., R. P., L. H. M. M., C. A. T. y J. J. M. P., quienes partieron a una finca arrocera en los llanos orientales debido a la oferta laboral realizada por el señor J. E. Q. B., actividad en la cual obtendrían un salario mensual de $ 600.000 por recoger arroz.
Los jóvenes se marcharon entre los días 27 y 29 de julio de 2004, sin que se tuviera noticias de su paradero, conociéndose luego por las labores de investigación, que fueron llevados mediante engaños a un sitio ubicado en los llanos orientales de Colombia para hacer parte del grupo paramilitar autodefensas campesinas del Casanare(38).
Por otra parte, está acreditado que el señor A. N. B. fue capturado el día 30 de septiembre de 2004(39) sindicado del punible de reclutamiento ilícito y desaparición forzada, igualmente que contra él, la Fiscalía Seccional 247 de la Unidad de Delitos contra la Libertad Individual y Otras Garantías profirió medida de aseguramiento el día 14 de octubre de 2004(40) consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación, por los delitos de desaparición forzada en concurso homogéneo sucesivo, y el de concierto para delinquir en la modalidad de desaparición forzada de personas, ordenando mantener detenido al demandante.
Igualmente, se encuentra demostrado que la Fiscalía 19 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Bogotá, profirió el día 3 de junio de 2005(41) resolución de acusación en contra del señor J. E. Q. B., como coautor del punible de concierto para delinquir agravado en concurso con desaparición forzada y reclutamiento ilegal.
En el mismo sentido, se probó que el día 23 de noviembre de 2006(42) el Juzgado Sexto Penal Especializado del Circuito de Bogotá profirió sentencia absolutoria a favor del señor J. E. Q. B. Dicha decisión fue confirmada por la Sala Penal de Tribunal Superior de Bogotá en sentencia del 29 de febrero de 2008(43). A favor del actor se profirió boleta de libertad el 24 de noviembre de 2006(44).
Al respecto hay que recapitular los motivos originarios de la imposición de la medida de aseguramiento, empezando por reseñar los señalamientos realizados por los familiares de los jóvenes reclutados, al demandante J. E. Q. B., extraídas de la resolución de acusación proferida el 3 de junio de 2005, así:
Está demostrado que la señora C. M. S. B., se hizo presente ante la policía judicial el día 24 de agosto de 2004, para denunciar la desaparición de su yerno L. H. M. y de su hijo R. A. P. S., quienes se habían ido a trabajar a una finca en los llanos orientales, “porque un señor de nombre J. E. Q. B. les ofreció trabajo para recoger arroz y tenían un sueldo de 600.000 mensuales, tenía la comida libre (…). Agrega que piensa que su hijo y su yerno fueron engañados y entregados a las autodefensas. Sobre las personas que tienen que ver con estos hechos refiere son el señor J. E. Q. B. y un señor de nombre G. que como función (sic) es la de llevar a estos jóvenes debido a que conocía a su hijo y los demás muchachos y les ofreció el trabajo, que iban a ganar buen dinero (…)”(45).
Por su parte, se encuentra acreditado que la señora B. L. T., madre de la víctima de reclutamiento J. A. M. T., señaló que luego de varias indagaciones, conversó con el señor J. E. Q. B., quien le manifestó que un señor de nombre G., le pidió el favor de conseguir unos cien muchachos que quisieran ir a trabajar en una finca cerca de Villavicencio - Meta(46).
Así mismo, está probado que la señora Y. A. P. S. esposa del joven víctima de reclutamiento L. H. M. y hermana de la otra víctima R. A. P., manifestando que no había tenido nuevas noticias de ellos, después que fueron contactados por el señor J. E. E. Q. B. el seis de agosto de 2004, fecha en la que se fueron para Villavicencio a trabajar en una finca a recoger arroz(47).
Del mismo modo, el joven R. A. P. S., una de las personas que había sido reportada como desaparecida, en declaración rendida el día 5 de octubre de 2004 ante la Fiscalía 247, manifestó sobre los hechos que(48):
“(…) Preguntado: Cuéntenos, en forma clara y precisa todo lo relacionado con su desaparición el pasado 6 de agosto del año en curso. Contesto: Yo conocí a J. E. desde hace año y medio, él nos arreglaba los televisores y todo, entones el 6 de agosto como a las 12 del día me fui para la casa de mi hermana Y. A. que queda en el barrio xxx, llegó mi cuñado L. H. M. como a las 2 y media de la tarde y nos fuimos para donde J. E. eso es como Valparaíso, para ver si me llevaba a trabajar a las arroceras que él decía, y me dijo que si, que nos veíamos a las 3 de la tarde en la casa de él, llegamos mi cuñado L. H. M., C. A. T. y yo, y nos fuimos para la B., en una tienda ahí el hizo una llamada, supuestamente al hijo del dueño de la finca y llegó posteriormente como por ahí a los cinco minutos, dijo que se llamaba G. y J. le dijo que necesitaba plata, y este le dio veinte mil pesos, y nos gastaron de una cerveza a cada uno (…)”.
En el mismo sentido, declaró el joven reportado como desaparecido F. N. M. M., el día 6 de agosto de 2004(49) ante la Fiscalía 247, quien sostuvo:
“(…) Preguntado: Cuéntenos, en forma clara y precisa todo lo relacionado con su desaparición el pasado 29 de julio del año en curso en curso. Contesto: Conocí a J. E. el 28 de julio, el arreglaba los televisores a mi abuelita, entonces al ver que nosotros, mi primo J. M. P., mi primo A. M. T. y yo no teníamos trabajo, nos dijo que nos fuéramos a trabajar a una arrocera en Villavicencio y que nos pagaban cuatrocientos cincuenta mil pesos mensuales y que podíamos venir cada 8 o 15 días a la casa (…). Al otro día el 29 de julio fue que nos presentaron con G. N. (…) nos dijo lo mismo que nos había dicho J. que era para trabajar en una arrocera, que tenían una máquina para recoger arroz y que podíamos manejar, y nos dijo que si no teníamos más muchachos para que nos fuéramos, que necesitaba más y nos preguntó que si teníamos problemas con la ley que si la teníamos que era mejor que no nos llevaba, y ahí salimos para J. R. y luego para Y. (…)”.
Igualmente, se encuentra demostrado que L. H. M. M.(50), otro de los jóvenes reportado como desaparecido, manifestó en su declaración rendida en la misma fecha ante la Fiscalía 247 que:
(…) Preguntado: Cuéntenos, en forma clara y precisa todo lo relacionado con su desaparición el pasado 6 de agosto de 2004 en curso en curso. Contesto: Yo con el señor J. E. Q. me conocí por medio de un primo que le mandó a arreglar un televisor hace como tres años, él vive en el mismo barrio que yo vivo, entonces el me encontré (sic) una vez con él y me dijo que si no tenía trabajo pues yo le dije que no, él me dijo que tenía a un amigo que tenía una finca y que tenía una arrocera, entonces le dije que hablara con el amigo y que si necesitaba más gente que si me llamara, que como estaba sin trabajo que si yo me iba a trabajar. Me dijo que la finca quedaba entre Acacias y Villavicencio y que nos pagaban trescientos mil pesos quincenales, entonces que allá nos daban permiso para venir a Bogotá cuando uno quincenales (…)”.
Por otro lado, el joven O. I. A. M., quien fue igualmente, víctima de desaparición, señaló en declaración el 6 de octubre de 2004(51) ante la Fiscalía 247 que:
“(…) Preguntado: Cuéntenos, en forma clara y precisa de los hechos y de la manera como llegó usted a los llanos orientales, en compañía de quien y a donde estuvo. Contesto: El día 6 de agosto de este año, yo estaba en el barrio xxx y ahí llegó un señor conocido como J. y me dijo que había salido un trabajo para una finca a coger arroz, me dijo que era en Villao, que pegaba (sic) seiscientos mil pesos libres, y que si uno quería se podía venir cada 8 o 15 días, después me dijo que nos viéramos a las tres y media con el señor que nos llevaría a la finca en el paradero de la xxx, yo estaba con R. A. P., C. T. y L. H. M., nosotros bajamos al paradero y nos encontramos con el señor G. R., ahí J. nos lo presentó y nos dijo que muchachos el trabajo es así, que les van a pagar seiscientos mensuales y pueden venir cada ocho o quince días (…).
(…) Entonces ya después llegó un muchacho y nos dijo que fuéramos allá abajito que estaba el patrón que nos estaba esperando, entonces fuimos con él y andamos como diez minutos por el carreteable de piedra y de ahí cogimos un poquito hacia el monte como cinco metros entonces el muchacho guía sacó un radio que se usaba en la finca para comunicarse, entonces después nos dijo desocupen todo lo que tengan en los bolsillos y entréguenme las billeteras y nos quitó los papeles, los anillos, las manillas, y ahí fue cuando se me perdió la cédula, y nos dijo muchachos les voy a decir la verdad, ustedes no vienen a trabajar a ninguna finca a coger arroz, que estábamos era en un grupo armado ilegal que se llamaba las autodefensas campesinas del Casanare (…)”.
Ratificaron lo anteriormente citado los señores J. J. M. P. y J. A. M. T., quienes manifestaron que el señor J. E. Q. B. les ofreció, en compañía del señor G., un trabajo en una finca arrocera de los llanos orientales, y que, estando allá, se dieron cuenta que habían sido reclutados de forma ilegal por las autodefensas campesinas del Casanare(52).
De otra parte, el señor J. E. Q. B. rindió diligencia de indagatoria(53) el día 7 de octubre de 2004(54), la Fiscalía Seccional Doscientos Cuarenta y Siete de la Unidad de Delitos contra la Libertad Individual y Otras Garantías, en la que manifestó:
“(…) Preguntado: Díganos si sabe el motivo por el cual está rindiendo esta indagatoria libre de todo apremio y sin juramento y asistido por su defensor, en caso tal háganos un relato claro, preciso y detallado de lo acontecido. Contesto: Si se el motivo, un amigo de don M. B. M. mi patrón, llamado G. no sé el apellido, él me lo presentó como amigo, y G. nos dijo a mí y don M. que necesitaba unos muchachos para trabajar en las arroceras, don M. le dijo que no tenía que no conocía a nadie y yo le dije que si yo le conseguía los muchachos, unos muchachos que estaban en el barrio sin hacer nada yo les comenté a ellos que si querían trabajar y dijeron que si, entonces yo les dije que los iba a llevar a la casa del hombre G. según me dijo a mí que esa era la casa, yo no sabía nada, entonces llevé a uno de ellos que conociera a G., yo le llevé a J. no se el apellido y J. le dijo a G. que si podía llevar unos primos que estaban sin trabajo y G. le contestó que sí había unos diez o veinte o más que necesitaba 100 personas para las arroceras, entonces el día que lleve a J. a hablar con G., llevó dos primos no les sé el nombre, entonces G. se los llevó para Villao, o sea a cuatro horas de acá, una hora y media de Villao y de ahí dos horas y media a llegar a una ascienda (sic) que era muy grande a coger arroz, que él les pagaba el viaje de aquí para allá y les pegaba veinte mil pesos diarios, desayuno, almuerzo y comida y hospedaje, que si se querían venir cada 8 o 15 días lo podían hacer y llamar a los familiares, y entonces él se llevó a esos tres y volvió a buscarme a mí que necesitaba los otros muchachos que necesitaba cien, yo le dije que por el momento había sino otro no más, pero G. dijo que esperara otros días haber (sic) si le conseguía otros diez aunque sea, el muchacho que conseguí se llama C. no le ese (sic) el apellido, entonces C. cuando yo le dije que necesitaba lo que más pudiera en decirle a los amigos porque estaban indecisos, entonces C. fue a mi casa y me dijo que había tres más que si podían ir yo le dije que ellos verán, entonces yo hablé por teléfono con G. y le dije que había cuatro más y llevé a estos cuatro muchachos para que hablaran con G. para que supieran como les iba a pagar y todo eso, los cuatro muchachos eran: R., O., C. y L. y otros primos de J., yo no les sé el nombre en total fueron siete, aclaro, en el primer viaje se fueron tres y en el segundo viaje se fueron cuatro, pero resulta que pasaron ocho o quince días y no se sabía nada de los muchachos y la mamá de estos muchachos llegaron a mi casa que qué había pasado con ellos (…) yo les dije que tocaba esperar porque pues yo tampoco sabía nada, que G. no había aparecido ni había llamado pero que yo les avisaba tan pronto tuviera noticias del hombre, entonces en el mes de julio-agosto me llamó G. de Villao (…) que los muchachos estaban bien y que estaban contentos (…), yo le dije que por favor me trajera a esos muchachos y esta es la hora que desde que me llamó, que esperara la llamada no me ha vuelto a llamar (…)”.
Preguntado: Díganos cuanto tiempo hace que usted conoce a G., y desde hace cuánto tiempo lo conoce. Contesto: Hace un año más o menos, hombre a él me lo presentaron en Villao y necesitaba gente para que trabajara allá en las arroceras, entonces yo le dije que yo iba a hablar con unos muchachos que estaban para arriba y para abajo sin hacer nada (…).
Preguntado: Sabe usted si G. tiene finca en el llano, es empleado, u obrero. Contesto: Pues no sé nada. Según lo que me contó él es que la finca era del papá y un tío, y que él era el que trabajaba allá y le pagaba a la gente, no más (…). En Villao no sé el nombre de la hacienda, ni teléfono, me dijo que quedaba a cuatro horas del barrio xxx (…).
(…) Preguntado: Con los muchachos que usted consiguió se fueron unos menores de edad. Usted les preguntó la edad a ellos. Contesto: Sí, pero en ningún momento me mostraron la cédula, me dijeron que tenían 18 en adelante, y que ellos ya no eran ningunos cagones para estar allí, ellos se bandeaban por ellos mismos (…).
(…) Preguntado: Cuando las señoras fueron a preguntar por sus hijos, usted les dijo que no sabía de G., pero que los que sabían era M. y D., quienes viajaban en forma constante a la finca de G., díganos porque usted les dijo esto a las señoras. Contesto: Pues yo les dije eso, para quitármelas de encima, porque a todas horas las tenía ahí en la casa, por la noche, por la tarde, preguntándome por los muchachos y como G. me dijo que era cuñado de don M., don M. les decía que era sólo un amigo (…).
(…) Preguntado: Se dice en las diligencias que usted, al preguntarle uno de los papás de los muchachos que cuanta plata se estaba ganando por reclutar a los muchachos, ya que no creía que fuera gratis y a costillas del sufrimiento de estos, usted ni confirmó ni negó cuanto se estaba ganando. Diga por qué no le contestó al padre de familia esa respuesta. Contesto: No le contesté porque yo sinceramente no me estaba ganando nada ni me estaban dando nada (…).
(…) Preguntado: Después de haber salido esta noticia usted habló con las madres de los muchachos. Contesto: No. Preguntado: Qué reacción tuvo usted al ver esta noticia por televisión sobre a desaparición estos muchachos. Contesto: Yo reaccioné muy mal, pero no fui a hablar con las mamás (…)”.
(…) Preguntado: Díganos en qué sentido quiere usted ampliar su indagatoria, haga un recuento sobre su versión que nos va a dar. Contesto: Quiero aclarar que don M. B. M. y la hermana M. me dijeron que el tal G. era un inquilino pero eso no es cierto, porque él si fue esposo de M. y cuñado de M., el hermano, pues a mí me lo presentó en la casa donde tenía el taller M., en el barrio de xxx, no tengo la dirección, esto hace como dos años, pues a mi (sic) me dijo que dijera que era solamente inquilino, el mismo M. me dijo que G. había comprado esa casa en compañía de su hermana M. se la compraron a la mamá, que le correspondió poner la mitad a cada uno, estoy hablando de la casa donde vive M. actualmente y que es la misma a que me refiere que existía el taller, yo lo conocí como G. y cuñado de don M. y me dijo que era el esposo de M., me dijeron que dijera eso que era un inquilino y que el abogado de él me ayudaba a salir de la SIJIN, quince días antes de traernos a la SIJIN M. me dijo que le diera cincuenta mil pesos y me llevaba a la propia hacienda donde estaban los muchachos y el tal G., pero yo le dije que no tenía esa plata en esos momentos que tocaba después y ahí fue cuando ya nos trajeron para la SIJIN (…)”.
Ahora bien, con base en todo el acervo probatorio reseñado, cuestiona la Sala los comportamientos desplegados por el actor ante la situación objeto de estudio; en primera medida, rechaza la falta de diligencia que tuvo con su conducta, por cuanto sin previsión alguna, procedió a recomendar a varios jóvenes para que ejercieran una labor de la cual no tenía pleno conocimiento en qué consistía, y tampoco, una total identificación del sujeto a quien, sin la más mínima precaución, procedió a colaborarle con la búsqueda de jóvenes para que ejercieran la supuesta actividad de recolectar arroz.
Era tal el desconocimiento del actor acerca de la identidad del señor llamado “Gabriel”, quien resultó siendo un reclutador de las autodefensas campesinas del Casanare, que él mismo admitió en la diligencia de indagatoria(55), tal y como fue señalado arriba, que pese a tratarlo desde, aproximadamente un año, no conocía su apellido, ni el nombre de la hacienda en donde presuntamente se sembraba y recolectaba arroz, ni el número de teléfono mediante el cual podía comunicarse, ni su dirección o ubicación, situación que deviene a concluir, necesariamente, que entre los dos no existía una amistad o lazo estrecho, sino que se trataba de un simple conocido.
Considera la Sala que dicha actitud fue negligente, pues el señor J. E. Q. B., sin precaución alguna e inobservando cualquier sentido de cautela, accedió a buscar y luego participar en la comunicación de las propuestas que el señor “G.” tenía para los jóvenes, sin que se interesara en indagar con mayor profundidad acerca de la identidad del sujeto y sobre el paradero de la hacienda y de las supuestas condiciones de trabajo, en este sentido exigibles por cuanto al fin y al cabo, fue él quien contactó a los muchachos y los puso en contacto con “G.”.
Sumado a esto, se tiene el hecho de que entre los jóvenes reportados como desaparecidos se encontraban menores de edad, sin que se percatara el demandante acerca de esta condición, pues como él mismo admitió, no tuvo la precaución de verificar sus edades, sino que se conformó con la afirmación que ellos mismos le dijeron(56) de ser personas “(…) que se bandeaban por ellos mismos (…)”.
Por otra parte, cuestiona la Sala que frente a la situación tan delicada que se estaba presentando para el señor J. E. Q. B., pues había sido abordado en diferentes ocasiones por los familiares de los jóvenes reportados como desaparecidos, éste no procediera a poner en conocimiento de las autoridades respectivas los hechos ocurridos, sino que esperó a ser denunciado por las madres de las víctimas y posteriormente, ser privado de su libertad para manifestar que un tal señor “G.” se encontraba detrás de todo lo que estaba pasando, omitiendo el deber de denuncia exigido por la ley penal vigente para la época de los hechos, pues si hubiera actuado prontamente ante las autoridades, posiblemente con su ayuda hubiesen podido encontrar al responsable de los hechos, dando con el paradero del señor “G.”.
“Ley 600 de 2000, ART. 27. —Deber de denunciar. Toda persona debe denunciar a la autoridad las conductas punibles de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio.
El servidor público que por cualquier medio conozca de la comisión de una conducta punible que deba investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la investigación si tuviere competencia para ello; en caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento de la autoridad competente”.
Todas estas situaciones se constituyeron en una suma de circunstancias que fácilmente llevaron a presumir sus participaciones en la desaparición y posterior reclutamiento de los jóvenes que apenas acababa de suceder, sin que el demandante pudiera justificar o desvirtuar su vinculación, por lo menos no antes de que se le impusiera la medida de aseguramiento.
Por lo tanto, en este sentido, para la Sala todo el acervo probatorio referido arriba, al analizarlo de forma objetiva, lleva necesariamente a concluir que la conducta desplegada por el señor J. E. Q. B. condujo a que le fuera impuesta medida de aseguramiento de forma justa, puesto que, su negligencia y falta de previsión de servir como intermediario en las actividades de quien, prácticamente era para él un desconocido, sumado al hecho de que evitó denunciar a tiempo las irregularidades que se estaban presentando respecto al paradero de los jóvenes por él recomendados, comprometió gravemente su responsabilidad y en consecuencia dio lugar a la investigación penal adelantada en su contra y a que se le impusiera medida de aseguramiento de detención preventiva.
De otro lado, si bien la investigación realizada en contra de J. E. Q. B. fue finalizada por sentencia absolutoria, cabe decir que la privación de la libertad del actor se dio por los indicios graves que existían en la participación de las conductas punibles que se le acusaban, máxime cuando subsistían tantos testimonios en su contra.
A juicio de la Sala está plenamente acreditado que la privación de la libertad del señor A. N. B. no tuvo su causa eficiente o adecuada en la actividad de las entidades accionadas sino en su propia conducta, con independencia de que ésta hubiese sido suficiente para proferir un fallo condenatorio en su contra, pues la función del juez contencioso administrativo es independiente de la del juez penal.
La reprochable conducta de la víctima directa, en el caso sub examine, hace que la decisión adoptada por la autoridad judicial aparezca proporcionada como resultado del juicio de ponderación entre los intereses jurídicos que colisionan en el caso concreto: Efectividad de las decisiones a adoptar por la Administración de Justicia, de un lado; y esfera de derechos y garantías fundamentales del individuo, de otro(57).
Hechas las anteriores precisiones la Sala confirmará la sentencia proferida el día 15 de junio de 2012 por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y negará las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en ésta providencia.
1. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el día el día 15 de junio de 2012, por los motivos expuestos en esta providencia.
2. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada la presente sentencia.
(11) Corte Constitucional, Sentencia C- 965 de 2003.
(12) Copia auténtica del registro civil de nacimiento (fl 1, cdno. 1).
(13) Copia auténtica del registro civil de nacimiento de la víctima directa en el que se verifica que el señor Gustavo Quintero Linares, es su padre (fl. 1, cdno. 1).
(14) Copia auténtica del registro civil de nacimiento en el que se verifica que su padre es la víctima directa (fl. 40, cdno. 1).
(15) Copia auténtica del registro civil de nacimiento de la víctima directa en el que se verifica que la señora Marina Bonilla de Quintero, es su madre (fl. 1, cdno. 2).
(16) Certificado del registro civil de nacimiento otorgado por el Notario Quinto del Circuito de Medellín, en el que se verifica que sus padres son los mismos de los de la víctima directa (fl. 5, cdno. 2).
(17) Certificado del registro civil de nacimiento otorgado por el Notario Quinto del Circuito de Medellín, en el que se verifica que sus padres son los mismos de los de la víctima directa (fl. 3, cdno. 2).
(18) Certificado del registro civil de nacimiento otorgado por el Notario Quinto del Circuito de Medellín, en el que se verifica que sus padres son los mismos de los de la víctima directa (fl. 4, cdno. 2).
(19) Copia auténtica del registro civil de nacimiento en el que se verifica que sus padres son los mismos de los de la víctima directa (fl. 2, cdno. 2).
(20) Admitida que fue la demanda mediante auto del 29 de julio de 2010, únicamente respecto de la demandada Nación - Fiscalía General de la Nación pues consideró el a quo que las actuaciones desplegadas por la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se derivaron en la absolución del demandante (fls. 25-26, cdno. 1).
(21) ART. 21.—Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable” (resaltado fuera de texto).
(22) Consejo de Estado, auto de fecha 2 de marzo de 2001, rad. 10909.
(23) Consejo de Estado, auto de fecha 26 de marzo de 2007, rad. 33372.
(24) Consejo de Estado, auto de 9 de mayo de 2011, rad. 40.324.
(25) Según constancia de ejecutoria certificada por el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá el 13 de marzo de 2009 (fl. 6, cdno. 2).
(26) Folio 34, cdno. 2.
(27) Folios 37-38, cdno. 2. Se expidió constancia el día 24 de junio de 2010 (fl. 39, cdno. 2).
(28) Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.
(29) “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las administraciones públicas)”, en AFDUAM, Nº 4, 2000, p. 174.
(30) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 1º de octubre de 1992, exp. 10923.
(31) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 200, exp. 15989.
(32) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 1994, exp. 8666.
(34) Decreto 2700 de 1991, artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios.
(35) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 17 de noviembre de 1995, exp. 10056.
(36) Debe aclararse que en lo que respecta a las restricciones para salir del país o cambiar de domicilio, la Sala ha considerado que el daño antijurídico recae sobre la libertad de locomoción que tienen las personas y no se configura con la simple prescripción de la medida sino que debe acreditarse la afectación efectiva frente a la víctima en particular. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 22 de enero de 2014, exp. 27.689. En otra oportunidad, la Sala precisó que debe demostrarse “que con dicha medida se hubiera materializado la afectación efectiva de la libre locomoción, por cuanto no se acreditó entre otras, que [los demandantes] tuvieran la necesidad o proyecto para salir del país o que su vida personal o profesional les demandara salir del país con alta frecuencia”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 26 de abril de 2017, exp. 41.326.
(37) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de agosto de 2013, rad. 27.577.
(38) Informe de investigación realizado por la Fiscalía General de la Nación el 23 de septiembre de 2004 (fls. 6-14, cdno. 4).
(39) Acta de derechos del capturado visible a folio 66, cdno. 4.
(40) Folios 58-67, cdno. 2.
(41) Folios 69-96, cdno. 2.
(42) Folios 23-33, cdno. 2.
(43) Folios 15-21, cdno. 2.
(44) Según certificación expedida el 7 de febrero de 2012 por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC (fl. 2, cdno. 6).
(45) Extraído de la resolución de acusación proferida el 3 de junio de 2005 por la Fiscalía 19 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Bogotá (fl. 77, cdno. 2).
(46) Extraído de la resolución de acusación proferida el 3 de junio de 2005 por la Fiscalía 19 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Bogotá (fl. 77, cdno. 2).
(47) Extraído de la resolución de acusación proferida el 3 de junio de 2005 por la Fiscalía 19 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Bogotá (fl. 79, cdno. 2).
(48) Folios 91-95, cdno. 2.
(49) Folios 101-104, cdno. 2.
(50) Folios 108-111, cdno. 2.
(51) Folios 112-117, cdno. 2.
(52) Extraído de la resolución de acusación proferida el 3 de junio de 2005 por la Fiscalía 19 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Bogotá (fls. 85-86, cdno. 2).
(53) En cuanto a la valoración de la diligencia de indagatoria rendida por el actor, esta Corporación ha sostenido: “la indagatoria puede ser concebida como medio de defensa y a la vez medio de prueba de la cual pueden sustraerse no solo lo que al investigado le beneficia, sino eventualmente lo que le compromete jurídicamente, lo cual no contraría la protección del derecho a no auto incriminarse como lo ampara el artículo 33 Constitucional, en la medida que no se obtenga una confesión forzada, por medios intimidatorios. (…). En estos casos, la valoración integral de las pruebas obrantes en el proceso administrativo, han permitido que las indagatorias no solo sean tomadas como medio de defensa judicial cuando estas satisfacen los principios de contradicción, necesidad, pertinencia y conducencia, sino también como medios de convicción válidos para el fallador judicial, de tal suerte que sí pueden ser incorporadas a los procesos de responsabilidad estatal. En el presente caso, se hace necesaria la valoración de la indagatoria para el análisis integral del caso, ya que la etapa instructiva de 1999 padece serios vicios de legalidad; adicionalmente, se cuenta con la sentencia penal y la resolución sancionatoria de la DIAN, los cuales son medios de convicción que apuntan en un mismo sentido, esto es, el conocimiento válido al momento de imponer la medida de aseguramiento (…)” - Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de noviembre de 2015, exp. 36.170, reiterada en sentencias del 13 de abril de 2016, exp. 40.111 y del 8 de noviembre de 2016, exp. 44697, proferida de la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación.
(54) Folios 208-214, cdno. 2.
(55) “(…) Preguntado: Sabe usted si G. tiene finca en el llano, es empleado, u obrero. Contesto: Pues no sé nada. Según lo que me contó él es que la finca era del papá y un tío, y que él era el que trabajaba allá y le pagaba a la gente, no más (…). En Villao no sé el nombre de la hacienda, ni teléfono, me dijo que quedaba a cuatro horas del barrio xxx (…). Folios 208-214, cdno. 2.
(56) Folios 208-214, cdno. 2.
(57) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 15.463.