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Timestamp: 2017-10-18 04:00:03
Document Index: 217851332

Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 76', 'artículo 24', 'artículo 76', 'artículo 19', 'artículo 14', 'artículo 24', 'artículo 146', 'artículo 14', 'artículo 43', 'artículo 28', 'artículo 8', 'artículo 50', 'artículo 50']

1. SEGUROS DE VIDA-AHORRO - PDF
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1 1. SEGUROS DE VIDA-AHORRO 1.1 Seguros de vida e invalidez con prestación en forma de capital En primer lugar, cabe señalar que los rendimientos derivados de estos productos quedan sometidos a un tipo de retención del 15% (anteriormente 18%). Por otro lado, se amplía el porcentaje de reducción (del 30 al 40%) aplicable a los rendimientos derivados de percepciones en forma de capital de estos seguros, en cualquiera de los supuestos siguientes: Cuando correspondan a primas satisfechas con más de dos años de antelación a la fecha en que se perciban. a) Cuando deriven de prestaciones por invalidez percibidas por quienes tengan un grado de minusvalía inferior al 65%. Por su parte, los coeficientes de reducción anteriormente vigentes (65% y 75%), se unifican en uno solo, del 75%, que se aplicará a los rendimientos derivados de percepciones en forma de capital de estos seguros, en cualquiera de los supuestos siguientes: a) Cuando correspondan a primas satisfechas con más de cinco años de antelación a la fecha en que se perciban 1. b) Cuando deriven de prestaciones por invalidez percibidas por quienes tengan un grado de minusvalía igual o superior al 65% 2. El citado porcentaje del 75% resultará también de aplicación al rendimiento total derivado de prestaciones de estos contratos que se perciban en forma de capital, cuando hayan transcurrido más de ocho años (con anterioridad doce años) desde el pago de la primera prima, siempre que las primas satisfechas a lo largo de la duración del contrato guarden una periodicidad y regularidad suficientes 3. 1 Anteriormente, el porcentaje de reducción aplicable para dicho plazo temporal era del 65%, siendo necesario el transcurso de 8 años para la aplicación del porcentaje reductor del 75%. 2 Anteriormente, el porcentaje reductor aplicable a dichas prestaciones era del 65%. 3 Reglamentariamente se ha definido que se entenderá que las primas satisfechas a lo largo de la duración del contrato guardan una periodicidad y regularidad suficientes cuando, habiendo transcurrido más de ocho años (con anterioridad doce años) desde el pago de la primera prima, el período medio de permanencia de las primas haya sido superior a cuatro años (con anterioridad seis años). El cálculo de dicho período medio de permanencia no se ha visto modificado, por cuanto continúa siendo el resultado de calcular el sumatorio de las primas multiplicadas por su número de años de permanencia y dividirlo entre la suma total de las primas satisfechas.
2 Dado que no se ha introducido en la Ley norma transitoria alguna al respecto, cabe entender que los nuevos porcentajes reductores resultarán de aplicación a todos los rendimientos percibidos a partir de 1 de enero de 2003, aunque el contrato se haya suscrito con anterioridad. Asimismo, y en la medida en que no han sido objeto de modificación o derogación por la Ley 46/2002, seguirían siendo de aplicación, señaladamente, las Disposiciones Transitorias Sexta (Régimen transitorio de los contratos de seguro de vida generadores de incrementos o disminuciones de patrimonio con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley), y Séptima (Régimen fiscal de determinados contratos de seguros nuevos) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del IRPF, debiendo hacerse, a este respecto, los siguientes comentarios: La Disposición Transitoria Sexta de la Ley 40/1998 prevé la aplicación del coeficiente de abatimiento del 14,28% establecido en la Ley 18/1991 a la parte de la prestación correspondiente a primas satisfechas con anterioridad a 31 de diciembre de 1994, una vez calculado el rendimiento de acuerdo con lo establecido en los artículos 23 y 24 (es decir, una vez aplicadas, en su caso, las reducciones del 40% y 75%), y excluido lo previsto en el último párrafo de la letra b) del apartado 2 del citado artículo 24. Dicha referencia a letra b) del apartado 2 del artículo 24 perseguía la exclusión de la reducción global máxima del 70 por ciento en contratos con duración superior a 12 años, siempre que se cumplieran determinados requisitos de periodicidad y regularidad suficientes en relación con las primas satisfechas. Al no haberse modificado correlativamente la citada Disposición Transitoria Sexta, la referencia al artículo b), en su nueva redacción, resulta inexacta y puede inducir a confusión. No obstante, parece razonable interpretar que la referencia hay que tenerla por hecha al segundo párrafo del artículo 76 bis. 2) b), al que se remite el artículo 24 en su nueva redacción, y que regula la reducción máxima para contratos de duración superior a 8 años que cumplan determinados requisitos de periodicidad y regularidad suficiente en relación con las primas satisfechas. La Disposición Transitoria Séptima de la Ley 40/1998 prevé que la reducción del 70 por 100 prevista en el último párrafo de los artículos 17.2,c) y d), y 24.2., b) y c), de la Ley 40/1998 sólo será de aplicación a los contratos de seguros concertados desde el 31 de diciembre de Al igual que en el caso anterior, la modificación de los artículos a los que se refiere dicha Disposición Transitoria puede inducir a cierta confusión. En efecto, en primer lugar, al no haberse modificado dicha Disposición Transitoria en la Ley 46/2002, la mención a la reducción del 70% carece de sentido, puesto que ahora mismo no existe en la Ley tal porcentaje de reducción (que en la actualidad es del 75%).
3 Por otro lado, la remisión al último párrafo de los artículos 17.2,c) y d), y 24.2., b) y c), de la Ley 40/1998 también carece absolutamente de sentido, por cuanto con esta Disposición Transitoria se trataba de evitar la aplicación del porcentaje de reducción especial del 70% (en la actualidad 75%) aplicable sobre el rendimiento total a los seguros concertados con anterioridad a 31 de diciembre de 1994, mientras que los artículos mencionados se refieren en la actualidad a otra cuestión o bien no existen, como el 24.2.c). Por tanto, para que dicha remisión normativa fuera coherente, debería hacer referencia al último párrafo de la letra b) del apartado 2 del artículo 76 bis de la Ley 40/ Rescates parciales En el caso de percepciones derivadas del ejercicio del derecho de rescate parcial, se prevé que sólo serán aplicables las reducciones señaladas anteriormente (40% y 75%) a los rendimientos derivados de la primera de cada año natural, siendo dicha reducción compatible con la que proceda como consecuencia de la extinción del contrato. Por tanto, el segundo rescate parcial y siguientes dentro de un mismo año natural no tendrán derecho a reducción de clase alguna. Cabe destacar, asimismo, la eliminación en el artículo 19 del Reglamento del IRPF de la restricción consistente en la no aplicación de las reducciones cuando, por preverlo el contrato por la existencia de orden del tomador o asegurado a la entidad aseguradora o por cualquier causa se satisfagan cantidades de forma periódica. 1.3 Seguros Unit-Linked Se modifica el artículo 14.2.h) de la Ley del IRPF (artículo al que se traslada la regulación de los productos Unit-Linked 4 ), suprimiéndose el límite máximo de 10 fondos de inversión o cestas de activos, pero no así el requisito consistente en que los mismos estén expresamente designados en los contratos. Se mantiene, por lo tanto, la limitación consistente en que no puedan producirse especificaciones singulares para cada tomador o asegurado, así como el resto de limitaciones ya existentes (imposibilidad de que el tomador intervenga en la determinación de los activos concretos en los que, dentro de cada cesta, se invierten las provisiones matemáticas; límites de diversificación y dispersión, etc.). Destaca, a estos efectos, la ausencia de disposición transitoria alguna en relación con la posibilidad de ampliar o modificar, para los contratos 4 Nótese, sin embargo, que el artículo 24.3 de la Ley 40/1998, en el que se recogía anteriormente la regulación de los Unit -Linked, no ha sido derogado expresamente por la Ley 46/2002.
4 concertados con anterioridad a 1 de enero de 2003, el número de opciones de inversión ofrecidas. Adicionalmente, cabe señalar que se introduce una nueva letra e) en el apartado 4 del artículo 146 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, relativa a los supuestos en los que no existe obligación de retener, por la que se prevé que no se practicará retención sobre las rentas obtenidas por el cambio de activos en los que estén invertidas las provisiones de los seguros Unit-Linked 5. A este respecto, cabe realizar los siguientes comentarios: La redacción del precepto obliga a plantearse si la excepción a la obligación de retener es aplicable o no a las rentas derivadas de la transmisión o reembolso de los activos en los que estén invertidas las provisiones de seguros Unit-Linked, cuando dichas transmisiones o reembolsos deriven del rescate parcial o total de los contratos de seguro Unit-Linked, y no del cambio de activos afectos a las provisiones de dichos seguros. Nótese que una interpretación restrictiva, que limitase la aplicación del precepto, sería notablemente perjudicial. Y ello no sólo porque no se conseguiría evitar el efecto financiero es tales supuestos (transmisión o reembolso de los activos como consecuencia del rescate parcial o total de las pólizas), sino porque además dificultaría enormemente la gestión de las entidades aseguradoras, que deberían distinguir, a efectos de la comunicación a las entidades obligadas a practicar la retención, qué transmisiones o reembolsos de activos derivan de cambios de activos o bien de rescates totales o parciales. Las dificultades prácticas y de gestión se complicarían aún mas si las órdenes de adquisición y de transmisión o reembolso de activos como consecuencia de cambios de activos y de rescates parciales y totales se realizan por netos. Por otro lado, el texto legal establece que no se practicará retención en las rentas obtenidas por el cambio de activos, sin distinguir entre los distintos tipos de activos en que pueden encontrarse invertidas tales provisiones matemáticas, de acuerdo con lo previsto en el nuevo artículo 14.2.h) de la Ley del IRPF, ni limitar la ausencia de obligación de retener respecto de un tipo de activos en concreto (i.e.: acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva). 5 El borrador (pendiente de aprobación) de Real Decreto de modificación del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 537/1997, de 14 de abril, contempla que para la aplicación de dicha disposición, las entidades de seguros deberán comunicar a las entidades obligadas a practicar la retención, con motivo de la transmisión o reembolso de acciones o participaciones representativas del capital o patrimonio de las instituciones de inversión colectiva, la circunstancia de que se trata de un contrato de seguro en el que el tomador asume el riesgo de la inversión. Por su parte, la entidad obligada a practicar la retención deberá conservar la comunicación debidamente firmada. Nótese la concreción del tipo de activo realizada por el reglamento en cuanto a la no aplicación de la retención.
5 1.4 Medidas contempladas en relación con otros productos de ahorro Fondos de Inversión Si el período de generación de las plusvalías derivadas de estos instrumentos fuese superior a un año, se incluirán en la parte especial de la base imponible del IRPF, tributando a un tipo impositivo del 15% 6 (anteriormente 18%). Adicionalmente, cabe destacar que finalmente se ha introducido en la Ley, bajo el cumplimiento de determinados requisitos, la eliminación del denominado «peaje fiscal» (introduciendo una suerte de diferimiento por reinversión) para estos productos. En este sentido, cuando el importe obtenido como consecuencia del reembolso o transmisión de participaciones o acciones en instituciones de inversión colectiva se destine, de acuerdo con el procedimiento establecido reglamentariamente, a la adquisición o suscripción de otras acciones o participaciones en instituciones de inversión colectiva, no procederá computar la ganancia o pérdida patrimonial, y las nuevas acciones o participaciones suscritas conservarán el valor y la fecha de adquisición de las acciones o participaciones transmitidas o reembolsadas, en los siguientes casos: En los reembolsos de participaciones en instituciones de inversión colectiva que tengan la consideración de fondos de inversión. En las transmisiones de acciones de instituciones de inversión colectiva con forma societaria, siempre que se cumplan las dos condiciones siguientes: a) Que el número de socios de la institución de inversión colectiva cuyas acciones se transmitan sea superior a 500. b) Que el contribuyente no haya participado, en algún momento dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la transmisión, en más del 5 por 100 del capital de la institución de inversión colectiva Depósitos e instrumentos financieros en general Respecto de estos productos, cabe señalar brevemente que se amplía el porcentaje de reducción (del 30 al 40%) aplicable a los rendimientos cuyo período de generación sea superior a dos años o se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo. 6 Asimismo, la retención a practicar sobre dichas ganancias patrimoniales será del 15%.
6 1.5 Cuadro comparativo de la tributación de los distintos productos de ahorro A modo de resumen de la tributación de los distintos productos descritos en el presente apartado, se adjunta el siguiente cuadro comparativo: TIPO DE ACCIONES SEGUROS DE VIDA PRODUCTO FONDOS DE INVERSIÓN DEPÓSITOS ANTIGÜEDAD > 1 AÑO < 1 AÑO < 2 AÑOS > 2 AÑOS > 5 AÑOS REDUCCIÓN 0% 0% 0% 40% 75% TRAMOS EN TIPO DE GRAVAMEN TIPOS MARGINALES APLICABLES < % 15% 15% 9% 3,75% > < % 24% 24% 14,4% 6% > < % 28% 28% 16,8% 7% > < % 37% 37% 22,2% 9,25% > % 45% 45% 27% 11,25% 2. SEGUROS COLECTIVOS QUE INSTRUMENTAN COMPROMISOS POR PENSIONES 2.1 Rescates a efectos de movilización de los seguros que instrumentan compromisos por pensiones La Ley introduce, como novedad relevante, una Disposición Adicional Primera, por la que se establece que la renta que se ponga de manifiesto como consecuencia del ejercicio del derecho de rescate de los contratos de seguro colectivo que instrumentan compromisos por pensiones en los términos previstos en la Disposición Adicional Primera de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones (LPFP), no estará sujeta al Impuesto sobre Sociedades o al IRPF del titular de los recursos económicos que en cada caso correspondan, en los siguientes supuestos: a) Para la integración total o parcial de los compromisos instrumentados en la póliza en otro contrato de seguro que cumpla los requisitos de la citada Disposición Adicional Primera de la LPFP. b) Para la integración en otro contrato de seguro colectivo, de los derechos que correspondan al trabajador según el contrato de seguro original en el caso de cese de la relación laboral. En el citado precepto se prevé, asimismo, que los supuestos establecidos en las letras a) y b) anteriores no alterarán la naturaleza de las primas respecto de su imputación fiscal por parte de la empresa, ni el cómputo de la antigüedad de las primas satisfechas en el contrato de seguro original.
7 No obstante, por lo que se refiere al supuesto establecido en la letra b), se determina que si las primas no fueron imputadas, la empresa podrá deducir las mismas con ocasión de esta movilización. 2.2 Aplicación de la participación en beneficios. Asimismo, se establece en la citada Disposición Adicional Primera que tampoco quedará sujeta al Impuesto sobre Sociedades o al IRPF la renta que se ponga de manifiesto como consecuencia de la participación en beneficios de los contratos de seguro que instrumenten compromisos por pensiones, cuando dicha participación en beneficios se destine al aumento de las prestaciones aseguradas en dichos contratos. Nótese que nada se establece en cuanto a la posible aplicación de dicha participación al pago de primas. 3. SEGUROS DE ENFERMEDAD Se modifica la letra f) del apartado 2 del artículo 43 de la Ley del IRPF, relativa a la no consideración de rendimientos del trabajo en especie de las primas o cuotas satisfechas a entidades aseguradoras para la cobertura de enfermedad del trabajador. Tal modificación consiste básicamente en la desaparición del límite conjunto familiar (cuando el seguro comprende también al cónyuge y descendientes), que actualmente estaba establecido en 1.202,02 anuales, y en el aumento del límite individual, que aumenta de 360,61 a 500 anuales, con la particularidad de que dicho límite se aplica por cada una de las personas anteriormente señaladas (i.e.: si las primas satisfechas cubren al trabajador, a su cónyuge y a sus dos hijos, el límite sería de 500 anuales por persona, esto es, anuales). Lógicamente, cualquier exceso sobre dicha cuantía tendrá la consideración de retribución en especie. Cabe señalar que las condiciones y límites que antes venían regulados reglamentariamente, se establecen ahora tanto dentro de la propia Ley como del Reglamento. Por otro lado, y en coherencia con la anterior modificación, se adiciona una nueva regla 5ª al artículo 28 de la Ley del IRPF, por la que se prevé que tendrán la consideración de gasto deducible para la determinación del rendimiento neto en estimación directa, las primas de seguro de enfermedad satisfechas por el contribuyente en la parte correspondiente a su propia cobertura y a la de su cónyuge e hijos menores de 25 años que convivan con él, con el límite máximo de deducción de 500 por cada una de las personas señaladas anteriormente.
8 4. SISTEMAS DE PREVISIÓN Y DE AHORRO A LARGO PLAZO 4.1 Planes de Previsión Asegurados La Ley 46/2002 prevé como novedad más destacable la creación de la figura de los Planes de Previsión Asegurados (PPA), a los que será de aplicación el mismo tratamiento fiscal que a los Planes de Pensiones individuales (básicamente reducción de las aportaciones en la base imponible del IRPF; consideración de las prestaciones percibidas por los beneficiarios como rendimientos del trabajo; posibilidad de aplicar una reducción del 40% si las prestaciones se perciben en forma de capital y siempre que hayan transcurrido más de dos años desde la primera aportación), en la medida que cumplan determinados requisitos (algunos de los cuales han sido desarrollados por la modificación del Reglamento del IRPF introducida por el Real Decreto 27/2003): a) El contribuyente deberá ser el tomador, asegurado y beneficiario. No obstante, en el caso de fallecimiento, podrán generar derecho a prestaciones en los términos previstos en la Ley 8/1987, de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones (LPFP). b) Las contingencias cubiertas deberán ser, únicamente, las previstas en el artículo 8.6 de la LPFP (jubilación; incapacidad laboral total y permanente para la profesión habitual o absoluta y permanente para todo trabajo, y la gran invalidez; muerte del partícipe o beneficiario), y teniendo como cobertura principal la de jubilación. Conforme al nuevo artículo 50 del Reglamento del IRPF, se entenderá que un contrato de seguro cumple el requisito de que la cobertura principal sea la de jubilación cuando se verifique la condición de que el valor de la provisión matemática para jubilación alcanzada el final de cada anualidad represente al menos el triple de la suma de las primas pagadas desde el inicio del plan para el capital de fallecimiento e invalidez. c) Por otro lado, cabe señalar que sólo se permitirá la disposición anticipada (total o parcial) en estos contratos en los mismos supuestos previstos en la LPFP (enfermedad grave y desempleo de larga duración). El derecho de disposición anticipada se valorará por el importe de la provisión matemática a la que no se podrán aplicar penalizaciones, gastos o descuentos; no obstante, si la entidad cuenta con inversiones afectas, el derecho de disposición anticipada se valorará por el valor de mercado de los activos asignados. En estos contratos no será de aplicación lo dispuesto en los artículos 97 (posibilidad de conceder al tomador anticipos sobre la prestación asegurada) y 99 (posibilidad de ceder o pignorar la póliza) de la Ley del Contrato de Seguro. d) Este tipo de seguros tendrán obligatoriamente que ofrecer una garantía de tipo de interés y utilizar técnicas actuariales.
9 e) En el condicionado de la póliza se hará constar de forma expresa y destacada que se trata de un Plan de Previsión Asegurado. La denominación Plan de Previsión Asegurado y sus siglas quedan reservadas a los contratos de seguro que cumplan los requisitos previstos en la Ley. f) Respecto del régimen de movilizaciones entre PPA (no cabe la movilización de un Plan de Pensiones a un PPA ni viceversa), el citado artículo 50 del Reglamento del IRPF establece que los tomadores de un PPA podrán, mediante decisión unilateral, movilizar su provisión matemática a otro PPA del que sean tomadores. Sobre el importe de dicha movilización no podrán aplicarse penalizaciones, gastos o descuentos. A tal efecto, se comunicará a la entidad aseguradora de origen los datos referentes al tomador y al PPA de destino, así como la cuenta a la que realizar el traspaso. Tal comunicación se podrá realizar directamente por el tomador o por la entidad aseguradora de destino. La movilización se realizará en el plazo máximo de siete días desde la recepción por parte de la entidad aseguradora de origen de la documentación correspondiente. En el mismo plazo la entidad de origen deberá remitir a la entidad de destino toda la información que disponga sobre el tomador y los datos históricos del PPA. A estos efectos, se considera que la petición dirigida a la entidad de destino implica, por parte del tomador, la autorización para la remisión de dicha información. Para la valoración de la provisión matemática se tomará la fecha en que la aseguradora de origen reciba la documentación referida. En el caso de que la entidad cuente con inversiones afectas, el valor de la provisión matemática a movilizar será el valor de mercado de los activos asignados. g) En desarrollo de la previsión legal de que reglamentariamente se establezcan, a las entidades aseguradoras, determinadas obligaciones de suministro de información, se prevé que las entidades aseguradoras que comercialicen PPA deberán presentar, en los treinta primeros días naturales del mes de enero del año inmediato siguiente 7, una declaración informativa en la que se harán constar los datos siguientes: Nombre, apellidos y número de identificación fiscal de los tomadores. Importe de las primas satisfechas por los tomadores. Por otro lado, se contempla que, con periodicidad trimestral, las entidades aseguradoras comuniquen a los tomadores de los PPA correspondientes el valor de los derechos de que son titulares. Asimismo, cabe señalar que la Disposición Adicional Única del Real Decreto 27/2003 prevé que, sin perjuicio de las obligaciones de información 7 No obstante, en el caso de que la declaración se presente en soporte directamente legible por ordenador, el plazo de presentación finalizará el día 20 de febrero del año inmediato siguiente.
10 establecidas en la normativa de seguros privados, mediante resolución 8 de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones se establecerán las obligaciones de información que las entidades aseguradoras que comercialicen PPA deberán poner en conocimiento de los tomadores, con anterioridad a su contratación, sobre tipo de interés garantizado, plazos de cada garantía y gastos previstos. h) Los derechos en un Plan de Previsión Asegurado no podrán ser objeto de embargo, traba judicial o administrativa hasta el momento en que se cause el derecho a la prestación o en que se hagan efectivos en los supuestos de enfermedad grave o desempleo de larga duración. Finalmente, cabe destacar que la Ley prevé expresamente que en los aspectos no específicamente regulados en los párrafos anteriores y sus eventuales desarrollos, el régimen financiero y fiscal de las aportaciones, contingencias y prestaciones de estos contratos se regirá por la normativa reguladora de los planes de pensiones, salvo los aspectos financiero-actuariales de las provisiones técnicas correspondientes. 4.2 Integración de las aportaciones en la base del IRPF y límites de reducción Conforme a la normativa vigente en 2002, las aportaciones a Planes de Pensiones y Mutualidades de Previsión Social únicamente podían reducir la base imponible general, en la que se integran, junto con otros rendimientos, las ganancias patrimoniales a corto plazo, pero no las ganancias patrimoniales a largo plazo, las cuales se incluyen en la base imponible especial. De acuerdo con la nueva Ley, las aportaciones a Planes de Pensiones, Mutualidades de Previsión Social y Planes de Previsión Asegurados reducen, en primer término, la base imponible general sin que puedan dar lugar a una base liquidable general negativa, y el remanente, si lo hubiera, reducirá la base imponible especial, sin que tampoco pueda generarse una base liquidable especial negativa. Adicionalmente, la Ley prevé el aumento de los límites de reducción en la base imponible de las aportaciones a Planes de Pensiones, Mutualidades de Previsión Social y Planes de Previsión Asegurados. De este modo, la reducción general de la base imponible para la suma de estos instrumentos será de euros anuales. En el caso de partícipes, mutualistas o asegurados mayores de cincuenta y dos años, dicho límite se incrementará en euros adicionales por cada año de edad que exceda de cincuenta y dos, y con el límite máximo de euros para partícipes, mutualistas o asegurados de sesenta y cinco años o más. 8 En fase de borrador a la fecha de emisión del presente informe.
11 No obstante, debe tenerse en cuenta, a los efectos de cómputo anteriores no se incluirán las contribuciones empresariales realizadas por los promotores de Planes de Pensiones de empleo o Mutualidades Previsión Social que actúen como instrumento de previsión social empresarial a favor de los partícipes o mutualistas e imputadas a los mismos, y cuyo límite (en igual cuantía) operará de forma independiente. De la misma manera, se amplía hasta euros anuales el límite de las aportaciones a planes de pensiones, mutualidades de previsión social y planes de previsión asegurados constituidos a favor del cónyuge que no obtenga rentas a integrar en la base imponible, o las obtenga en cuantía inferior a euros anuales. Asimismo, se dispone expresamente que tales aportaciones no estarán sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Respecto de las aportaciones y contribuciones (que tampoco estarán sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones) a dichos instrumentos de previsión social constituidos a favor de personas con un grado de minusvalía igual o superior al 65% (con las que exista relación de parentesco o tutoría), se amplía el límite hasta los euros anuales, no pudiendo superar las aportaciones totales (incluyendo las del propio minusválido) los euros. Por último, cabe señalar que, respecto de los eventuales excesos a planes de pensiones, PPA y mutualidades de previsión social, como principal novedad reglamentaria se prevé que, cuando en el período impositivo en que se produzca dicho exceso concurran aportaciones del contribuyente y contribuciones imputadas por el promotor, la determinación de la parte del exceso que corresponde a unas y otras se realizará en proporción a los importes de las respectivas aportaciones y contribuciones. 4.3 Prestaciones por jubilación e invalidez percibidas en forma de capital por los beneficiarios de contratos de seguro colectivo que instrumenten compromisos por pensiones La Ley prevé que, cuando las aportaciones efectuadas por los empresarios no hayan sido imputadas a las personas a quienes se vinculen las prestaciones, les resultará de aplicación el porcentaje de reducción del 40%, en cualquiera de los siguientes supuestos: a) Cuando se trate de prestaciones por invalidez. b) Cuando correspondan a primas satisfechas con más de dos años de antelación a la fecha en que se perciban. Por su parte, cuando las aportaciones efectuadas por los empresarios hayan sido imputadas a las personas a quienes se vinculen las prestaciones, les resultarán de aplicación los siguientes porcentajes de reducción: a) El 40% para las que correspondan a primas satisfechas con más de dos años de antelación a la fecha en que se perciban, y para las prestaciones por
12 invalidez que no cumplan los requisitos contemplados en el siguiente apartado. b) El 75%, que se aplicará sobre las prestaciones se correspondan con primas satisfechas con más de cinco años de antelación, así como sobre las prestaciones por invalidez absoluta y permanente para todo trabajo y por gran invalidez. Este mismo porcentaje del 75% resultará de aplicación al rendimiento total derivado de prestaciones de estos contratos que se perciban en forma de capital, cuando hayan transcurrido más de ocho años desde el pago de la primera prima, siempre que las primas satisfechas a lo largo de la duración del contrato guarden una periodicidad y regularidad suficientes, en los términos que reglamentariamente se establezcan 9. 9 En relación con la reducción especial del 75% aplicable sobre el rendimiento total y la Disposición Transitoria Séptima de la Ley 40/1998, nos remitimos a los comentarios realizados en el apartado 1.1 de esta carta.