Source: http://gelizondo.bravepages.com/denegacion.htm
Timestamp: 2018-06-24 11:08:00
Document Index: 198468791

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 152', 'artículo 4', 'artículo 4', 'Artículo 22', 'artículo 1246', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'artículo 4']

Actualización Jueves 24 de febrero de 2005.
Señor, ¿no conoce Usted lo que es la decencia?. !Tenga tan sólo un poco de decencia, Señor!!.
"Los cinco miembros de la Suprema Corte de Justicia cerraron definitivamente toda actuación judicial en el caso de la desaparición de la nuera del poeta Juan Gelman. a través de una resolución en la que, por un "formalismo", evitaron opinar sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad.
La histórica resolución -calificada en ámbitos judiciales como una postura "digna de Poncio Pilatos"- fue firmada por los ministros Dr. Leslie Van Rompaey, Dr. Roberto Parga, Dr. Daniel Gutiérrez Proto, Dr. Hipólito Rodríguez Caorsi y Dr. Pablo Troise, quienes omitieron opinar sobre la cuestión de fondo", informan "La Republica" y Pagina/12.
Ya, en el INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS OEA/Ser.L/V/II.83 - Doc. 14 - 12 marzo 1993 - Original: Español (Materiales para el Curso de Derechos humanos – Prof. Adj. (i) Dr. Esc. Emilio Biasco) INFORME N 1 29/92 CASOS 10.029, 10.036, 10.145, 10.305, 10.372, 10.373, 10.374 y 10.375 URUGUAY - 2 de octubre de 1992 la Comisión le recordaba al Estado uruguayo
"Asimismo, por el artículo 2 de la misma se prevé el compromiso de los Estados partes de adoptar "las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias" para hacer efectivos los derechos y libertades consagrados en el Pacto (artículo 2).
A fortiori, un Estado no puede evadir por medio de su legislación interna sus obligaciones internacionales, de donde surge que la Comisión o la Corte están facultadas para examinar "a la luz de la Convención" incluso leyes internas que se alegue abroguen o violen derechos y libertades consagrados en ella".
Y agregaba "...37. Por ello considera apropiado citar la posición general de la Comisión en la materia, expuesta así en su Informe Anual 1985?1986: ..uno de los pocos asuntos en que la Comisión no desea inhibirse de opinar en esta materia, es el de la necesidad de esclarecer las violaciones a los Derechos Humanos perpetrados con anterioridad al establecimiento del régimen democrático. Toda sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro...".
Y comenzaba a concluir "...46. Al promulgar y aplicar la Ley (de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado Ley Nº 15.848), el Gobierno uruguayo no cumplió con la obligación de garantizar el respeto a los derechos reconocidos en el artículo 8.1, infringió esos derechos y violó la Convención".
Después de aclarar que "No obstante, la Comisión debe aclarar que el objeto de estas denuncias se contrae al hecho de la denegación de justicia (...)",
"Por las consideraciones precedentes, la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
4. Dispone la publicación del presente informe".
La aprobación de la CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS de 13 de noviembre de 1995 Ley Nº 16.724 ya hace innecesaria toda argumentación porque la Ley de Caducidad ya tiene más de nueve años de derogada en esas hipótesis .
El "Caso Gelman" es una hipótesis de desaparición forzada -sin perjuicio de otros delitos que surjan de la investigación- por lo que razonar acerca de la constitucionalidad o nó de la Ley de Caducidad pertenece al campo de los historiadores jurídicos.
En el mundo esta información se leyó como debe de leerse: la administración de justicia uruguaya denegó justicia para crímenes de lesa humanidad de los cuales fueron victimas María Claudia y su familia.
Para nosotros el tema trasciende largamente este caso -con todo lo grave que es- que presuntamente involucra tres secuestros, torturas, dos homicidios especialmente agravados, supresión de estado civil y los delitos conexos con más sus agravantes y pluriautoría, presunta asociación ilícita agravada, tanto de coautores, cómplices y encubridores y de aquellos que resultaren comprendidos en el artículo 152 del Código Penal.(asistencia a la impunidad de la asociación ilícita).
Con todo lo grave que es el "Caso Gelman", mucho más grave, porque resulta en falencia institucional del Estado uruguayo es la denegación de justicia que se consumó.
En otra ocasión examinamos la derogación de la Ley de Caducidad por la Ley Nº 16.724 que aprueba la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y concluimos que en estricta técnica la Ley de Caducidad está derogada hace más de nueve años, desde el 13 de noviembre de 1995 ó desde el 9 de junio de 1994, a lo más y a lo menos, según doctrinas.
Pero lo que está indiscutiblemente derogado, lo que es un imposible jurídico, lo que podríamos denominar un absoluto filosófico negado por su propia esencia es la mera posibilidad de que un Estado deniegue justicia, esto es, no la provea, se niegue a proveerla.
Esta mera posibilidad implica la negación que el Estado realiza sobre su propia esencia, porque es de esencia del Estado el cumplimiento de sus cometidos básicos y en ese cumplimiento realiza su existencia, las razones por las cuales es jurídicamente real y adquiere su poder de imperium. ¿Cómo es posible que en el ejercicio de su poder de imperium desaloje a una familia que es morosa en el cumplimiento de su renta pero se niegue a investigar secuestros y homicidios?
Descartando esta hipótesis, que si la extremamos nos podría llevar a concluir sobre "la existencia de un elefante que no tiene trompa ni cuerpo de elefante ni parece un elefante pero que es un elefante", deberíamos discurrir acerca de si existe responsabilidad institucional de una Suprema Corte de Justicia que deniega justicia.
Y esta segunda hipótesis nos lleva a pensar en los soportes del órgano de Derecho Público Poder Judicial Suprema Corte de Justicia, esto es, en la responsabilidad institucional de los Ministros de una Corte que se niegan a administrar justicia so pretexto de consultar el espíritu de las formas para eludir la letra clara de la Constitución Nacional que le impone administrar y dictar justicia, como tribunal de última instancia que es.
Esto es simple: ante un hecho presumiblemente delictivo la administración de justicia no investiga. Este hecho es un hecho de relevancia para el ordenamiento institucional del Estado, es de concluir que uno de sus Poderes no cumple con sus finalidades, por lo que cabe el llamado a responsabilidad de sus soportes, esto es, los Ministros de Corte.
Obviamente que registramos que en el contexto político partidario sectorial la Ley de Caducidad es considerada "vigente" -hecho político, no jurídico- porque ella representa la "solución a lo Pacto de la Moncloa" que propugnó la Corona de España como salida al millón de víctimas que costó la Guerra Civil Española, y que fue propugnada aquí por el propio Rey de España, por Felipe González y que en lo interno fue y es defendida por los ex Presidentes Julio María Sanguinetti, y Luis Alberto Lacalle, ambos ex mandatarios de sensibilidad y referentes y admiraciones culturales europeas, públicamente notorias, por lo demás.
se lee en la prensa: el futuro previsible
SAN JOSE - La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CID).(..) Luego celebrará audiencia pública sobre el proceso seguido al Estado de Guatemala, por presunta denegación de justicia, discriminación e intimidación en perjuicio de sobrevivientes y familiares de las víctimas de la matanza de 268 personas ejecutadas extrajudicialmente en 1982 por civiles y miembros del ejército, en la aldea Plan de Sánchez, departamento de Baja Verapaz (norte), se lee en la prensa cotidiana (El País de Montevideo).
enfrentar constantemente a los sectores sociales entre sí: la agotada técnica para "fabricarse espacio de articulación"
caducidad no es amnistía, investigar es la averiguación de la verdad material de los hechos
los impunes están siendo "asaltados por un mundo iracundo" que "no les ofrece "garantías"
¿la impunidad es un valor "uruguayo"?
Se lee en "El Correo de los Viernes" Segunda época - Año I - N° 28 Viernes 2 de mayo de 2003 una interpretación de la Ley de Caducidad según la óptica del sanguinetismo:
"2) La ley de caducidad extinguió delitos. Delitos cometidos por militares o policías. Extinguido el delito, no hay delincuente, sea militar, policía o civil. No hay autor ni coautor.
Así se entendió para los delitos cometidos por guerrilleros, así se entendió para los delitos cometidos por militares y policías.. 3) Es muy discutible la teoría del delito permanente, pero en el caso, si no hubo originalmente delito ¿cómo es que puede después "permanecer"? La lógica rechaza tal razonamiento. Lo que desapareció no permanece luego, salvo que se demostrara que, más tarde, hubo evidencias de esa privación de libertad. 4) Un convenio internacional recomienda a los países Nadie pretendió nunca imponer el olvido. Ni es posible. Ni siquiera se quiso impedir la búsqueda de la información sobre aquellos penosos asuntos. Lo que sí se estableció como ley es que no se juzgaría a nadie, de ningún lado. Y eso es lo que está en juego en el caso. No se trata del Dr. Juan Carlos Blanco, en este caso la víctima de ese error judicial que el Dr. Gonzalo Aguirre ha calificado de "barbaridad". El debate es si aplicaremos las leyes en su letra y espíritu, o, por el contrario, nos seguiremos deslizando al camino de la falta de garantías que el mundo iracundo que nos está asaltando quiere imponer como lógica para este Uruguay formado en otros valores".
¿Porqué Sanguinetti y su Foro, porqué Jorge Luis Batlle Ibáñez y su 15 no se animan a proponer una ampliación de la Ley de Caducidad que la transforme en Ley de Amnistía?. ¿O proponer una Ley de Auto Amnistía que sería lo más apropiado que impidiera investigar desde 1967?.
El texto de la Ley Nº 15.848 cuyo nomens iuris es FUNCIONARIOS MILITARES Y POLICIALES. SE RECONOCE QUE HA CADUCADO EL EJERCICIO DE LA PRETENSIÓN PUNITIVA DEL ESTADO RESPECTO DE LOS DELITOS COMETIDOS HASTA EL 1º DE MARZO DE 1985, de 22 de diciembre de 1986, fue negociado durante los primeros dos años de la "Restauración Democrática" en la Presidencia Partido Colorado Presidente Julio María Sanguinetti Coirolo 1985 - 1990.
El, Sanguinetti Coirolo fue el candidato por el sector mayoritario del Partido Colorado, triunfador en las elecciones de noviembre de 1984, en virtud de que el líder natural de la época del "Batllismo Unido", el actual Presidente Jorge Luis Batlle Ibáñez estaba proscrito por la Dictadura Cívico Militar al igual que el General Líber Seregni (Frente Amplio) y Wilson Ferreira Aldunate (Partido Nacional).
En el entorno de la "gobernabilidad" ofrecida por Wilson Ferreira Aldunate al salir de la cárcel, ("Le vamos a votar al gobierno no sólo lo que nos guste, si que también le vamos a votar aquello que no nos guste pero que represente un servicio al país") las conversaciones se aceleraron luego que el Ministro de Defensa General Hugo Medina desacató al Poder Judicial guardando en la caja fuerte del Ministerio las citaciones a los funcionarios militares por violaciones a los derechos humanos, y con una larga huelga de funcionarios judiciales que paralizó los tribunales.
Wilson Ferreira Aldunate era partidario de la solución argentina, estrictamente legalista y apegada al Derecho Internacional, por lo que los miembros de la Dictadura Militar argentina fueron juzgados bajo la Presidencia Alfonsín. Pero Sanguinetti -con el apoyo de la minúscula Unión Cívica- buscaba espacios y tempos para consumar en los hechos la salida española -amnistía total para el terrorismo de Estado bajo el franquismo- recomendada por el propio Rey en su visita de 1982 y luego por el PSOE y el PCE.
Ni en el orden de magnitudes era aplicable la experiencia española: - allá un millón de víctimas enfrentados en una guerra civil de tipo convencional, aquí menos de trescientas víctimas en una guerra contra insurgencia urbana que militarmente estaba resuelta antes de la Dictadura Cívico Militar, pero había fuertes intereses del entorno político para evitar las investigaciones del período previo a la Dictadura, y eso lo sabía tanto Wilson como muchos otros.(Grandes estafas bancarias, milicianos para militares, corrupción gubernamental, devaluación, represión paraestatal clandestina,).
Según versiones de los corrillos de la época el que cargó con el peso de la negociación fue un dirigente del Partido Nacional, el Diputado Héctor Martín Sturla, -brillante y malogrado tempranamente- quien redactó los primeros tres artículos de la Ley y fue el propio Wilson Ferreira Aldunate el que aprobó la redacción del artículo 4°, "su" artículo. En sí la Ley fue un empate, negociada durísimamente y ello explica su extraordinaria complejidad para la interpretación técnica, el uso de términos comunes sin rigurosidad; sus contradicciones, el rebuscamiento de los institutos jurídicos implicados. caducidad distinta a prescripción extintiva, distinta a perención de instancia; pretensión punitiva del Estado pero no de las víctimas; etc.
La solución española era imposible políticamente: una amnistía para el terrorismo de Estado no era viable en un Parlamento de mayorías opositoras, y esas mayorías pedían "ni olvido ni perdón, juicio y castigo", tanto es así que el proyecto precisamente denominado "DELITOS. FUNCIONARIOS MILITARES Y POLICIALES. AMNISTIA" fue rechazado.
Además en la propia redacción del artículo 4° ya se preveía el caso de menores secuestrados. Según el resumen de la Comisión del Senado " Sin perjuicio arts. precedentes, Juez de causa remitirá a Poder Ejecutivo testimonios de denuncias presentadas hasta fecha promulgación, relativos a personas presuntamente detenidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas, así como menores presuntamente secuestrados. El Poder Ejecutivo dispondrá de inmediato investigaciones. El Poder Ejecutivo en plazo de 120 días informará a denunciantes.(art. 4) ".
Además resultaba claro que la pretensión punitiva de los particulares directamente afectados en sus derechos (víctimas y sus causahabientes), excepto por una amnistía, (discutible), instituto de derecho público y de orden público, no podía ser restringido ya que la disposición constitucional del "Artículo 22.- Todo juicio criminal empezará por acusación de parte o del acusador público, quedando abolidas las pesquisas secretas", habilita a la pretensión punitiva de los particulares, pero aún si se manipulaba esta posibilidad, quedaba la vía de investigar el delito civil conforme al artículo 1246 del Libro Cuarto "De las obligaciones" del Código Civil "Las obligaciones nacen, (...), ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos; (...)", lo que no sólo daba lugar a investigar lo sucedido para probar la existencia jurídica de la obligación de reparar patrimonialmente, sino que permitía la remisión de lo actuado a la Sede Penal y se lograba el encarcelamiento de los civiles que son precisamente excluidos de la Ley, la reparación patrimonial de las víctimas por el Estado y el derecho de éste a repetir contra los culpables de actuar con culpa grave ó dolo como funcionarios públicos.(artículos Artículo 24.- El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y, en general, todo órgano del Estado, serán civilmente responsables del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección. Artículo 25.- Cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos, lo que hubiere pagado en reparación" de la Constitución).
De forma que la palabra amnistía no podía figurar en el texto, de ahí el rebuscamiento de apelar al instituto de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, pero a renglón seguido se le encomiendan investigaciones -no al Poder Judicial, sino al Poder Ejecutivo lo que es -además de inconstitucional- contradictorio con otros artículos de la misma Ley: es que en realidad son dos leyes enfrentadas, los artículos 1° al 3° son una ley, (solución española, Sanguinetti, amnistía disfrazada) y el artículo 4° es otra Ley (solución argentina Wilson juicio y castigo), la que hoy precisamente está vigente a través de la Ley Nº 16.724, aplicación de la Ley Internacional ONU, OEA.
De ahí el reciente dislate del propio Sanguinetti Coirolo en su afán de rescribir la historia. Al ser citado por el Juez Timbal en el caso de los secuestrados y asesinados Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, declaró que "establecimos el criterio que ha manejado el Poder Ejecutivo siempre; que manejamos nosotros, que manejó ahora este mismo Poder Ejecutivo; estableciendo que la Ley de Caducidad es una Ley de Amnistía, aceptada como tal, declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia como Ley de Amnistía, con un sentido genérico y amplio:(...)".
Sanguinetti Coirolo quiere decir hoy lo que en 1986 le era imposible decir porque las consecuencias políticas para él hubieran sido dejar la Presidencia, no olvidemos que llegó allí porque los dirigentes mayores de los tres partido estaban proscritos.
Los propios militares -sobre todo aquellos de las armas más tecnificadas, como la Marina y la Fuerza Aérea y la mayoría de los Generales del Ejercito- no querían para ellos una amnistía y hubo alguna resistencia a la Ley de Caducidad.
"Habemos militares. milicos y milicos de mierda. A partir de la aprobación de esa Ley todos vamos a pasar a ser milicos de mierda" decía algún militar.
El origen de la "vigencia política" -que no jurídica- de una Ley de Caducidad que no es una Ley de Amnistía hay que buscarlo en aquellos que han hecho del continuo enfrentamiento de los sectores sociales entre sí su espacio de maniobra, de hablar a nombre de aquellos que precisamente no quieren ser representados por ellos.
Pero después de las últimas elecciones Sanguinetti habrá percibido que el 95% de los que votaron, no votaron por él. Es un hecho político, pero también es un hecho jurídico.
De forma que habrá justicia, a pesar de que a lo que más le temen algunos es a la verdad. La Ley de Caducidad fue publicada en el Diario.Oficial el 28 de diciembre de 1986 - Nº 22295, debía haber sido la ley del Día de los Santos Inocentes. No lo fue.