Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=CorteConstitucional/20020930
Timestamp: 2020-07-09 09:14:54
Document Index: 31569857

Matched Legal Cases: ['artículo 241', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 241', 'artículo 34', 'artículo 148', 'artículo 56', 'artículo 15', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 31', 'artículo 34']

C-318 de 2003
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020020930CC-SENTENCIAC318200324/04/2003CC-SENTENCIA_C_318__2003_24/04/2003200209302003SENTENCIA C-318/03 TRATADO INTERNACIONAL -Revisión incluye examen de las facultades del Ejecutivo respecto a negociación y celebración PROTOCOLO Y LEY APROBATORIA -Aspecto formal se ajusta a la Constitución DERECHOS DEL MENOR -Protección especial MENOR -Concepto según la Convención sobre los Derechos del Niño MAYORIA DE EDAD -Concepto CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO -Protección contra todas las formas de explotación y abuso sexual UNICEF -Informe sobre la situación general de los niños en Colombia FUNDACION RENACER -Informe sobre explotación sexual de menores COMISION DE DERECHOS HUMANOS -Informe sobre la venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en pornografía PROTOCOLO -Declaración interpretativa del Gobierno por estar prohibida la confiscación en la Constitución PROTOCOLO -Exequible porque no contraría la Constitución LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL -Guarda armonía con la Constitución Referencia: expediente LAT-228
JAIME ARAUJO RENTERIALAT228CONSTITUCIONALIDADRevisión constitucional de la Ley 765 de 2002, "por medio de la cual se aprueba el 'Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía', adoptado en Nueva York, el veinticinco (25) de Mayo de dos mil (2000)".Identificadores20020020931true35864Versión original20020931Identificadores
Norma demandada: Revisión constitucional de la Ley 765 de 2002, "por medio de la cual se aprueba el 'Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía', adoptado en Nueva York, el veinticinco (25) de Mayo de dos mil (2000)".
SENTENCIA C-318/03
TRATADO INTERNACIONAL-Revisión incluye examen de las facultades del Ejecutivo respecto a negociación y celebración
PROTOCOLO Y LEY APROBATORIA-Aspecto formal se ajusta a la Constitución
DERECHOS DEL MENOR-Protección especial
MENOR-Concepto según la Convención sobre los Derechos del Niño
MAYORIA DE EDAD-Concepto
CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO-Protección contra todas las formas de explotación y abuso sexual
UNICEF-Informe sobre la situación general de los niños en Colombia
FUNDACION RENACER-Informe sobre explotación sexual de menores
COMISION DE DERECHOS HUMANOS-Informe sobre la venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en pornografía
PROTOCOLO-Declaración interpretativa del Gobierno por estar prohibida la confiscación en la Constitución
PROTOCOLO-Exequible porque no contraría la Constitución
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Guarda armonía con la Constitución
Referencia: expediente LAT-228
REVISIÓN constitucional de la Ley 765 de 2002, "por medio de la cual se aprueba el 'Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía', adoptado en Nueva York, el veinticinco (25) de Mayo de dos mil (2000)".
en el proceso de revisión de la Ley 765 de 2002, "por medio de la cual se aprueba el 'Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía', adoptado en Nueva York, el veinticinco (25) de Mayo de dos mil (2000)".
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 241-10 de la Carta Política, mediante oficio radicado el 2 de Agosto de 2002 (Fls. 1-17), la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República remitió a esta Corporación copia auténtica de la Ley 765 de 2002, para efectos de su revisión constitucional.
El Magistrado Sustanciador, mediante auto del 12 de Agosto de 2002 (Fls. 19-20) , avocó el conocimiento del proceso y dispuso la práctica de pruebas. Recibidas éstas, mediante auto del 15 de Octubre de 2002 (Fls. 240-241) ordenó continuar con el trámite del mismo y, en consecuencia, fijar en lista el proceso por el término de 10 días con el fin de permitir la intervención ciudadana, así como dar traslado al señor Procurador General de la Nación para el concepto correspondiente y comunicar la iniciación del proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso de la República, al Ministro de Relaciones Exteriores y al Ministro de Justicia y del Derecho.
A continuación se transcribe el texto de la ley enviada para revisión, conforme a su publicación en el Diario Oficial No. 44.889 de 5 de agosto de 2002 :
Visto el texto del "Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía", adoptado en Nueva York, el veinticinco (25) de mayo de dos mil (2000), que a la letra dice:
Considerando que para asegurar el mejor logro de los propósitos de la Convención sobre los Derechos del Niño y la aplicación de sus disposiciones y especialmente de los artículos 1o., 11, 21, 32, 33, 34, 35 y 36, sería conveniente ampliar las medidas que deben adoptar los Estados Partes a fin de garantizar la protección de los menores contra la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía,
ARTÍCULO 1o. Los Estados Partes prohibirán la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil, de conformidad con lo dispuesto en el presente Protocolo.
ARTÍCULO 2o. A los efectos del presente Protocolo:
a) En relación con la venta de niños, en el sentido en que se define en el artículo 2o.:
b) La oferta, posesión, adquisición o entrega de un niño con fines de prostitución, en el sentido en que se define en el artículo 2o.;
4. Con sujeción a los preceptos de su legislación, los Estados Partes adoptarán, cuando proceda, disposiciones que permitan hacer efectiva la responsabilidad de personas jurídicas por los delitos enunciados en el párrafo 1o. del presente artículo. Con sujeción a los principios jurídicos aplicables en el Estado Parte, la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser penal, civil o administrativa.
1. Todo Estado Parte adoptará las disposiciones necesarias para hacer efectiva su jurisdicción con respecto a los delitos a que se refiere el párrafo 1o. del artículo 3o., cuando esos delitos se cometan en su territorio o a bordo de un buque o una aeronave que enarbolen su pabellón.
2. Todo Estado Parte podrá adoptar las disposiciones necesarias para hacer efectiva su jurisdicción con respecto a los delitos a que se refiere el párrafo 1o. del artículo 3o. en los casos siguientes:
1. Los delitos a que se refiere el párrafo 1o. del artículo 3o. se considerarán incluidos entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición celebrado entre Estados Partes, y se incluirán como delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición que celebra entre sí en el futuro, de conformidad con las condiciones establecidas en esos tratados.
2. El Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado, si recibe de otro Estado Parte con el que no tiene tratado al respecto una solicitud de extradición, podrá invoca el presente Protocolo como base jurídica para la extradición respecto de esos delitos. La extradición estará sujeta a las demás condiciones establecidas en la legislación del Estado requerido.
5. Si se presenta una solicitud de extradición respecto de uno de los delitos a que se refiere el párrafo 1o. del artículo 3o. y el Estado requerido no la concede o no desea concederla en razón de la nacionalidad del autor del delito, ese Estado adoptará las medidas que correspondan para someter el caso a sus autoridades competentes a los efectos de su enjuiciamiento.
1. Los Estados Partes se prestarán toda la asistencia posible en relación con cualquier investigación, proceso penal o procedimiento de extradición que se inicie con respecto a los delitos a que se refiere el párrafo 1o. del artículo 3o., en particular asistencia para la obtención de todas las pruebas necesarias para esos procedimientos que obren en su poder.
2. Los Estados Partes cumplirán las obligaciones que les incumban en virtud del párrafo 1o. del presente artículo de conformidad con los tratados u otros acuerdos de asistencia judicial recíproca que existan entre ellos. En ausencia de esos tratados o acuerdos, los Estados Partes se prestarán dicha asistencia de conformidad con su legislación.
ARTÍCULO 7o. Con sujeción a las disposiciones de su legislación, los Estados Partes:
2. Toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1o. del presente artículo entrará en vigor cuando haya sido aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptada por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes.
Organisation des Nations Unies, New York, le 1er juin 2000.
ARTÍCULO 1o. Apruébese el "Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía", adoptado en Nueva York, el veinticinco (25) de mayo de dos mil (2000).
ARTÍCULO 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o. de la Ley 7a. de 1944, el "Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía", adoptado en Nueva York, el veinticinco (25) de mayo de dos mil (2000), que por el artículo 1o. de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
La ciudadana Ana Lucía Gutiérrez Guingue, obrando como apoderada del Ministerio de Justicia y del Derecho, por medio de escrito radicado el 28 de Octubre de 2002 (Fls. 248-252) solicita a la Corte que declare la constitucionalidad del citado protocolo y de la ley aprobatoria del mismo, con base en las siguientes consideraciones:
En primer lugar hace un recuento del trámite del proyecto de ley en el Congreso de la República y concluye que se respetaron los plazos y trámites establecidos en la Constitución y en la Ley 5ª de 1992.
A continuación resume el contenido del protocolo y afirma que el mismo es una herramienta jurídica eficaz para la protección de los derechos fundamentales de los niños consagrados en el Art. 44 superior.
Indica que la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía son problemas que afectan a toda la comunidad internacional, por lo cual es importante la cooperación entre los Estados para combatirlos.
Sostiene que el protocolo recoge los postulados que sustentan el Estado Social de Derecho.
La ciudadana Sandra Milena Molina Peláez, actuando como apoderada del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante escrito presentado el 28 de Octubre de 2002 (Fls. 256-263) solicita a la Corte que declare la exequibilidad del citado protocolo y de la ley aprobatoria del mismo, por las siguientes razones:
En primer lugar señala algunos tratados o convenios internacionales vigentes sobre protección de la niñez.
Seguidamente hace una síntesis del trámite del proyecto de ley aprobatoria del protocolo.
Posteriormente expone en forma breve el contenido del protocolo y afirma que el respeto de la dignidad humana es uno de los principios fundantes del Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución Política colombiana de 1991.
Afirma que por las condiciones de inferioridad de los niños el Art. 44 de la nueva Constitución les otorga una protección especial y que la colaboración internacional para erradicar la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía desarrolla dicha protección y ampara la dignidad humana.
Sostiene que el protocolo guarda armonía con la Convención sobre Derechos de los Niños, aprobada mediante la Ley 12 de 1991.
El Procurador General de la Nación, mediante concepto recibido el 26 de Noviembre de 2002 (Fls. 268-279) solicita a la Corte la declaración de constitucionalidad del protocolo y de su ley aprobatoria, salvo el vocablo"confiscación" contenido en el Lit. a) del Art. 7º del primero, con base en los siguientes planteamientos:
En desarrollo de un análisis formal del protocolo y la ley aprobatoria afirma que aquel fue suscrito por el Presidente de la República, señala el trámite de aprobación de la ley en el Congreso de la República y su sanción por el Presidente de la República y concluye que se cumplieron las normas constitucionales y legales pertinentes.
Seguidamente examina el contenido del protocolo, expresa que éste tiene como finalidad adoptar medidas tendientes a proteger a los niños para que no sean víctimas de la venta, la prostitución y la utilización en la pornografía, por el incremento desmesurado de dichas conductas en los últimos años y el daño que causan a sus víctimas, y expone un resumen del mismo.
Manifiesta que el Art. 1º de la Constitución establece que Colombia es un Estado Social de Derecho y que su Art. 44 consagra que los niños serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos, lo cual tiene como fundamento su debilidad e indefensión así como la dignidad humana, la libertad, la igualdad, la tolerancia y la solidaridad.
Indica que en el campo internacional se han creado también instrumentos jurídicos importantes para la protección de los derechos humanos y en particular de la niñez y cita algunos de ellos.
Asevera que conforme a lo dispuesto en el Art. 226 superior el Estado debe promover la internacionalización de las relaciones políticas y sociales, entre otras, por lo cual es válida la suscripción del protocolo para cumplir los mandatos de la Constitución, particularmente los de su Art. 44, en relación con la venta de niños, la prostitución infantil y su utilización en la pornografía.
Expresa que el protocolo recomienda a los Estados la penalización de las conductas prohibidas en el mismo, lo cual ya ha hecho el Estado colombiano en el Título IV del Código Penal.
Enuncia que en dicho instrumento internacional el Estado colombiano asume la obligación de extraditar a los sujetos responsables de las conductas prohibidas, en las condiciones establecidas en su ordenamiento interno, por lo cual se respeta el contenido del Art. 35 superior.
Sostiene que el Lit. a) del Art. 7º del protocolo establece que con sujeción a las disposiciones de su legislación los Estados Partes adoptarán medidas para confiscar algunos bienes utilizados para cometer o facilitar la comisión de los delitos y que el Art. 34 superior prohibe la confiscación, entre otras penas, por lo cual la Corte Constitucional deberá declarar la inexequibilidad de este aparte y, con base en ello, el Ejecutivo deberá formular la reserva correspondiente al ratificar el protocolo.
Agrega que con el referido instrumento se busca asegurar el mejor logro de los propósitos de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Ley 12 de 1991.
Finalmente estima que el contenido de la ley aprobatoria del protocolo se ajusta a la Constitución, ya que se limita a aprobar el contenido de aquel y a disponer lo pertinente para la entrada en vigor del mismo.
La Corte Constitucional es competente para decidir sobre la constitucionalidad del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía, y de su ley aprobatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 241, numeral 10, de la Constitución Política.
2. Análisis formal del protocolo y la ley aprobatoria
2.1. Negociación y suscripción del protocolo
En el presente caso, según consta en el Oficio OAJ. CAT. No. 32663 de 3 de Septiembre de 2002 enviado a la Secretaria General de la Corte Constitucional por el Doctor Héctor Adolfo Sintura Varela, Jefe Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores (Fls. 224-225) "[e]l Protocolo fue suscrito a nombre de la República de Colombia, por el Dr. Andrés Pastrana Arango, Presidente de la República, el día 6 de septiembre de 2000 durante la Cumbre del Milenio, quien de acuerdo con la Convención de Viena del Derecho de los Tratados, no requería de la exhibición de Plenos Poderes para el efecto".
La mencionada convención fue suscrita el 23 de Mayo de 1969, aprobada por la Ley 32 de 1985 y entró en vigencia en Colombia el 10 de Mayo de este último año.
Conforme a la Constitución Política, las leyes aprobatorias de tratados internacionales deben surtir, en general, el mismo trámite que cualquier ley ordinaria (Arts. 157, 158, 160 y 165), con dos particularidades: i) por tratarse de asuntos referidos a las relaciones internacionales, su trámite debe iniciarse en el Senado de la República (Art. 154), y ii) el Gobierno Nacional debe remitirlas a la Corte Constitucional dentro de los seis (6) días siguientes a la sanción presidencial, para que la misma efectúe su revisión constitucional (Art. 241 - 10).
El proyecto de la ley aprobatoria en estudio fue presentado el 24 de Julio de 2001 ante el Senado de la República (Fls. 127, 169) por el Gobierno Nacional, por intermedio de los Ministros de Relaciones Exteriores, Guillermo Fernández de Soto, y de Justicia y del Derecho, Rómulo González Trujillo, radicado con el No. 32 de 2001 Senado, y se publicó, junto con la Exposición de Motivos, en la Gaceta del Congreso No. 363 del 2 de Agosto de 2001 (Fls. 165-169), antes de darle curso en la comisión respectiva, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 157, Num. 1, de la Constitución Política.
La ponencia para primer debate ante la Comisión Segunda de tal corporación correspondió a los senadores Piedad Córdoba Ruiz y Rafael Orduz Medina y fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 510 del 9 de Octubre de 2001 (Fls. 170-171). Dicha comisión le impartió su aprobación con una mayoría de 10 votos, de los 13 miembros de la misma, el 24 de Octubre de 2001, como consta en las certificaciones expedidas por el Secretario General del Senado y el Secretario de la Comisión Segunda del mismo (Fls. 31, 45-46).
La plenaria del Senado de la República dio segundo debate al proyecto de ley, con ponencia de los senadores Piedad Córdoba Ruiz y Rafael Orduz Medina, publicada en la Gaceta del Congreso No. 564 del 8 de Noviembre de 2001, y lo aprobó en la sesión del 20 de Noviembre de 2001 con una mayoría de 89 senadores, como consta en la certificación expedida por el Secretario General del Senado (Fl. 31).
El proyecto se radicó en la Cámara de Representantes con el No. 174 de 2001 Cámara. La ponencia para primer debate correspondió al representante Alvaro Jobanny Gómez Jaramillo y fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 126 del 22 de Abril de 2002 (Fls. 200-202). La comisión le impartió su aprobación el 15 de Mayo de 2002 por unanimidad con la asistencia de 12 representantes, según certificación suscrita por el secretario correspondiente (Fls. 238-239).
El segundo debate se surtió en la plenaria de la Cámara de Representantes, con ponencia de Alvaro Jobanny Gómez Jaramillo, publicada en la Gaceta No. 205 del 5 de Junio de 2002 (Fls. 212-213) y fue aprobado en la sesión del 18 de Junio de 2002 con el voto favorable de 147 representantes, como consta en la certificación expedida por el Secretario General de dicha corporación (Fl. 236).
En el cómputo de estos términos debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el Art. 83 de la Ley 5ª de 1992, que contiene el reglamento del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes, en virtud del cual"todos los días de la semana, durante el período de sesiones, son hábiles para las reuniones de las cámaras legislativas y sus comisiones, de acuerdo con el horario que señalen las respectivas mesas directivas".
El Presidente de la República sancionó la ley el día 31 de Julio de 2002 y el texto del protocolo, junto con el de aquella, fue radicado en la Secretaría General de la Corte Constitucional el 5 de Agosto de 2002, o sea, dentro del término establecido en el Art. 241 - 10 superior.
De lo anterior se concluye que en lo referente al aspecto formal el protocolo y la Ley 765 de 2002 se ajustan a los preceptos de la Constitución Política.
3.Análisis material del protocolo y la ley aprobatoria
3.1. La Constitución Política contempla en su Art. 44 con carácter especial y prevalente los derechos fundamentales de los niños y señala que"serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos" y que "la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos".
Adicionalmente a este precepto, el art. 45 superior contempla que"el adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral".
La razones básicas de esta protección a los niños y a los adolescentes son: i) el respeto de la dignidad humana que, conforme a lo previsto en el Art. 1º de la Constitución, constituye uno de los fundamentos del Estado Social de Derecho colombiano; ii) su indefensión o vulnerabilidad, por causa del proceso de desarrollo de sus facultades y atributos personales, en su necesaria relación con el entorno, tanto natural como social, y, iii) el imperativo de asegurar un futuro promisorio para la comunidad, mediante la garantía de la vida, la integridad personal, la salud, la educación y el bienestar de los mismos.
3.2. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989 y aprobada en Colombia por la Ley 12 de 1991,"para efectos de la presente convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado la mayoría de edad".
Por su parte el Art. 1º de la Ley 27 de 1977 establece que"para todos los efectos legales llámase mayor de edad, o simplemente mayor, a quien ha cumplido diez y ocho (18) años", y el Art. 28 del Decreto ley 2737 de 1989 (Código del Menor) consagra que "se entiende por menor a quien no haya cumplido los dieciocho (18) años".
La citada Convención sobre los Derechos del Niño establece en sus Arts. 34 y 35:
3.3. Según un informe de la oficina en Colombia del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF:
"Situación General: Los niños de Colombia son las principales víctimas de la violencia y de la crisis política e institucional del país. Los derechos de los niños son violados constantemente. Según la proyección del departamento administrativo nacional de estadísticas (DANE), hoy la población colombiana llega a 40.214.723 habitantes. De ellos el 41.5% es decir, 16.722.708 son menores de 18 años, de ellos:
"Una estimación de 4.500.000 niños en Colombia con edades comprendidas entre los 4 y 12 años son abusados física, moral y psicológicamente; 850.000 son abusados en una forma severa y constante".
Así mismo, la Fundación Renacer expone sobre el tema:
"En Colombia hay 18'000.000 de personas menores de 18 años y las investigaciones desarrolladas en el país estiman cifras que van desde considerar que hay 4.477 mujeres menores de 20 años ejerciendo la prostitución (Censo de la Policía Nacional, 1997) hasta plantear que existen 35.000 niños(as) vinculados(as) a esta práctica (estimación del DAS y la Interpol, 1998) pasando por una cifra media de 20.000 niños(as) explotados(as) sexualmente (Fundación RENACER, 1997) .
"Todas las fuentes coinciden en afirmar que el ingreso de niños y niñas a la prostitución es cada día mayor. Igualmente se plantea que las edades de vinculación a la prostitución son cada vez más tempranas, encontrando por reportes de historias de vida niños(as) que empezaron a ser explotados(as) sexualmente desde los 9 años. Esta situación se ha visto incrementada por la creencia falsa de que los niños y niñas tienen menos posibilidades de tener enfermedades de transmisión sexual y por el miedo de los adultos abusadores a contraer VIH/ SIDA."
Por su parte la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del citado organismo internacional señala, acerca de esa región:
"La explotación sexual comercial, sea bajo formas de turismo sexual o en ámbitos de prostitución urbana, ha verificado altas tasas de ocupación infantil. En Brasil, Paraguay, Colombia y República Dominicana se ha constatado la importancia de esta violación criminal -en el sentido legal del término- de los derechos de niños y niñas, aunque existe evidencia de que la dimensión real del mismo es de mayor envergadura.
"Cada año, al menos seis millones de personas menores de 18 años son víctimas de agresión física severa y de éstas 85.000 mueren a causa de la violencia intra- familiar. Las investigaciones existentes muestran que el abuso sexual comienza tan temprano como a los cinco años de edad, y aumenta significativamente entre los cinco y los nueve años. La información de distintos países es coincidente también en que entre un 70% y un 80% de las víctimas son niñas; en la mitad de los casos los agresores viven con las víctimas y, en un 75% de los casos, son familiares directos de los niños y niñas de los que abusan".
También, en el Informe Provisional preparado por la Relatora Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, contenido en el Documento A/51/456 de 1996 de la Organización de las Naciones Unidas, que se cita en la Exposición de Motivos de la ley aprobatoria del protocolo bajo examen, se expresa, en relación con las causas de aquellas y las características de las víctimas:
"A.Causas
"9. Las causas que dan lugar a la venta de niños, a la prostitución infantil y a la utilización de los niños en la pornografía tienen numerosas dimensiones que van desde las violaciones estructurales o sistemáticas de los derechos de los niños a las violaciones particulares y menos organizadas. En toda situación suelen combinarse varias causas.
"10. Las causas del problema abarcan una amplia gama de circunstancias y de prácticas perniciosas que van en contra de los intereses de los niños, desde la necesidad económica a las discrepancias socioculturales, pasando por la discriminación sexual y otras formas de discriminación por motivos de raza, casta o clase. Por lo que respecta a la discriminación por motivos de género, las niñas son más vulnerables a la explotación sexual, ya que, entre otras cosas, hay una cultura de violencia, violación, incesto y abusos sexuales y de otra índole contra las mujeres. La discriminación comprende también el menosprecio sistemático de las mujeres, a las cuales se valora en términos de "propiedad" o por lo que pueden ganar con su trabajo, y arraiga en la organización social y las estructuras de poder, que dan a los hombres mayores prerrogativas y poder sobre las mujeres.
"11. Otras causas de la explotación de los niños son el crecimiento demográfico, tanto a escala nacional como a escala más local (por ejemplo, en el caso de la migración urbana); la debilitación de la estructura de la familia, que priva a los niños de uno de los elementos más estabilizadores de sus vidas, y la pérdida de los valores sociales y espirituales, que ofusca el buen discernimiento de los padres, quienes pueden considerar al niño un factor de producción o una inversión por razones económicas en lugar de un ser dotado de derechos fundamentales y de una dignidad inherente a su condición humana. La situación se agrava aún más por el hecho de que las prioridades políticas sobre todo en lo que respecta a cuestiones presupuestarias, suelen estar poco equilibradas, y el desarrollo y la protección de los niños se considera un asunto de escasa prioridad.
"1.Las víctimas
"14. En todo el mundo, los niños se están volviendo cada vez más vulnerables a la explotación sexual con fines comerciales. Su vulnerabilidad suele deberse a las circunstancias que atraviesa su familia, ya sea que pertenezcan a una familia marginada o destrozada, hayan recibido malos tratos en ella o sean hijos de mujeres que trabajan en la industria del sexo.
"15. Los niños de la calle son particularmente vulnerables, ya sea por la presión que suelen ejercer sobre ellos sus compañeros o porque la prostitución constituye para ellos un medio de subsistencia. Los niños que se encuentran en orfanatos o bajo la custodia de las autoridades locales también suelen ser objeto de abusos sexuales por parte de los adultos que ostentan cargos de confianza o de autoridad. Son víctimas fáciles de los desaprensivos que alegan el pretexto de que ha habido consentimiento.
"16. Asimismo, la frecuencia creciente con que se recurre a la fuerza o al rapto para arrastrar a los niños a las redes de explotación y abuso entraña una amenaza grave para los niños que no pertenecen a grupos marginales".
Estas informaciones ponen de presente la necesidad apremiante de que el Estado colombiano adopte instrumentos jurídicos eficaces para cumplir la enorme responsabilidad que entrañan la asistencia y la protección de la población infantil del país, entre los cuales ocupan lugar preponderante los acuerdos de cooperación internacional que complementen y desarrollen la Convención sobre los Derechos del Niño suscrita por el mismo.
Disposiciones específicas del protocolo
3.4. El citado protocolo consta de diecisiete (17) artículos, con el siguiente contenido, en resumen:
El Art. 1º establece que los Estados Partes prohibirán la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil, las cuales se definen en el Art. 2º.
Los Arts. 3º y 4º disponen que los Estados Partes adoptarán medidas para que las conductas señaladas en el mismo sean incluidas, como un mínimo, en su legislación penal y para hacer efectiva su jurisdicción respecto de dichos delitos y establecen que las disposiciones del protocolo no excluyen el ejercicio de la jurisdicción penal de conformidad con la legislación nacional.
El Art. 5º preceptúa que los mencionados delitos se considerarán incluidos entre los que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición celebrado entre Estados Partes o que éstos celebren en el futuro. Señala que la extradición estará sujeta a las condiciones establecidas en la legislación del Estado requerido. Agrega que en caso de que el Estado requerido no conceda la extradición, adoptará las medidas que correspondan para someter el caso a sus autoridades competentes a los efectos de su enjuiciamiento.
Esta disposición guarda armonía con la consagrada en el Art. 35 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo No. 01 de 1997, que estatuye que la extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto, con la ley, con restricción respecto de los colombianos por nacimiento por delitos cometidos en el exterior y con exclusión de la extradición por delitos políticos y cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de la norma constitucional.
El Art. 6º establece que los Estados partes se prestarán toda la asistencia posible en relación con la investigación, proceso penal o procedimiento de extradición que se adelanten en relación con los mencionados delitos.
El Art. 7º estipula que, con sujeción a las disposiciones de su legislación, los Estados Partes adoptarán medidas para incautar y confiscar, según corresponda, los bienes tales como materiales, activos y otros medios utilizados para cometer o facilitar la comisión de los mencionados delitos y las utilidades obtenidas de los mismos y darán curso a las peticiones formuladas por otros Estados Partes para que se proceda a la incautación o confiscación de dichos bienes y utilidades.
Respecto del contenido de esta disposición es necesario considerar que la Constitución Política establece en su Art. 34:
"Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.
"No obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos, mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social ".
En lo concerniente al concepto de confiscación y su diferencia con el comiso o decomiso penal, esta corporación ha manifestado:
"Ha sido también abundante la jurisprudencia en que la Corte Constitucional[1] ha examinado las diferencias existentes entre la confiscación y el comiso o decomiso penal, al tiempo que ha caracterizado a este último como una modalidad de la extinción del dominio que el Constituyente de 1991 autoriza en forma expresa en el artículo 34 de la Carta, respecto de los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, y a la cual, de acuerdo a la Norma Superior también hay lugar tratándose de los obtenidos "en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral social."
"Así, por ejemplo, en la Sentencia C-176 de 1994[2], con ponencia del H. M. Alejandro Martínez Caballero, esta Corte consignó una juiciosa síntesis acerca del pensamiento del Constituyente de 1991 sobre esta materia:
"Esta distinción jurisprudencial ha sido también aceptada en repetidas ocasiones por la Corte Constitucional. Así, en anterior fallo, esta Corporación había señalado con claridad al respecto:
"La confiscación como tuvo oportunidad de señalarlo la Corte Suprema de Justicia en distintas oportunidades (v. sentencias junio 21/1899, marzo 6/1952, agosto 10/1964 y julio 29 de 1965) es una pena que consiste en "el apoderamiento de todos o parte considerable de los bienes de una persona por el Estado, sin compensación alguna"...
"Esta institución que según los antecedentes se instituyó como "retaliación política contra los cabecillas de revueltas civiles" fue abolida en nuestro ordenamiento constitucional desde el año de 1830 cuando en la Constitución de esa época se incluyó en el artículo 148 una disposición en ese sentido dejando claro que la abolición de la confiscación de bienes no comprendía la de comisos o multas en los casos que determinara la ley. Esta norma se reiteró en las constituciones de 1832 (art. 192) y en la de 1843 (art. 161). Posteriormente en el Ordenamiento de 1858 aparece prohibida en el artículo 56, en la Carta de 1863 en el artículo 15, en la de 1886 en el artículo 34 y en la Constitución hoy vigente en el artículo 34.
"El comiso o decomiso opera como una sanción penal ya sea principal o accesoria, en virtud de la cual el autor o copartícipe de un hecho punible pierde en favor del Estado los bienes, objetos o instrumentos con los cuales se cometió la infracción y todas aquellas cosas o valores que provengan de la ejecución del delito, exceptuándose, como es obvio, los derechos que tengan sobre los mismos sujetos pasivos o terceros.
"Como se advierte la confiscación recae sobre bienes sin ninguna vinculación con las actividades ilícitas, mientras que el comiso o decomiso contempla la pérdida de los bienes vinculados directa o indirectamente con el hecho punible.
"La confiscación la prohibe la Constitución de 1991 en su artículo 34 cuando expresa "Se prohiben las penas de destierro, prisión perpetua yconfiscación". Y a renglón seguido señala "No obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social".
"En cambio el comiso o decomiso no está prohibido por la Constitución y por el contrario se autoriza como sanción penal limitada a los bienes producto del ilícito como a los efectos que provengan de su ejecución[3].
"Como vemos, la distinción entre la confiscación y el decomiso es clara. Es pues lógico que la Carta colombiana, en la medida en que protege la propiedad, prohiba la confiscación, por cuanto ésta implica la privación arbitraria, sin ninguna compensación o equivalencia, de la propiedad de una persona. En cambio la Constitución admite formas de decomiso ya que esta figura no vulnera el derecho de propiedad, tal como éste es concebido y desarrollado en un Estado social de derecho (CP art 1). En efecto, es claro que la Constitución protege la propiedad sólo en la medida en que ella haya sido adquirida "con arreglo a las leyes civiles" y cumpla con las obligaciones que derivan de las funciones social y ecológica que le son inherentes (CP art 58). Es perfectamente lógico entonces que nuestro ordenamiento admita la extinción del dominio en beneficio del Estado de bienes que hayan sido adquiridos de manera ilícita o que hayan sido utilizados para la comisión de delitos, como se desprende del inciso segundo del artículo 34 superior.
"Pero, destaca la Corte, la Constitución, en este inciso amplió el campo específico de las formas de decomiso, ya que esta extinción de dominio puede recaer no sólo sobre bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito sino también sobre aquellos que sean obtenidos "en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral social". Esto significa que, conforme al ordenamiento colombiano, la Constitución autoriza tres formas de extinción de dominio, que desbordan el campo tradicional del decomiso, a saber: de un lado, de los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito; de otro lado, de los bienes adquiridos en perjuicio del Tesoro Público; y, finalmente, de aquellos bienes adquiridos con grave deterioro de la moral social.
"Sin embargo, destaca la Corte, para que esta extinción de dominio opere se requiere que exista un motivo previamente definido en la ley (CP art 29) y que ella sea declarada mediante sentencia judicial, como consecuencia de un debido proceso en el cual se haya observado la plenitud de las formas del juicio (CP arts 29 y 34)".[4]
Por consiguiente, por estar prohibida la confiscación en el ordenamiento constitucional colombiano, debe entenderse en forma clara que el Art. 7º del protocolo trata únicamente del comiso o decomiso penal, por lo cual el Gobierno Nacional al ratificar aquel deberá emitir una declaración interpretativa en ese sentido.
Por esta razón, la Corte no acoge el concepto del señor Procurador General de la Nación respecto del punto, en el sentido de que se declaren inexequibles los apartes "y confiscar", contenido en el Lit. a) de dicho artículo, y "o confiscación", contenido en el Lit. b) del mismo.
Esta corporación ha aplicado el mismo criterio en anteriores oportunidades. Así, en la Sentencia C-288 de 2002, M. P. Rodrigo Escobar Gil, expresó:
"(...) Es claro que la expresión "confiscación" no tiene alcance distinto que el de, cómo lo dice el texto del tratado, "[c]ualquier medida en firme adoptada por un Tribunal o autoridad competente, que tenga como resultado extinguir el derecho de dominio sobre bienes, productos o instrumentos del delito de lavado de activos.", y no puede asimilarse a la pena de confiscación prohibida en la Constitución. En ese contexto, la disposición del tratado, no obstante el equívoco empleo de la expresión "confiscación", es perfectamente compatible con lo previsto en el artículo 34 de la Carta, que prohíbe la pena de confiscación, pero dispone que, "[n]o obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro o con grave deterioro de la moral social.""
"Una interpretación exegética del término "confiscación", al encontrarse ésta figura expresamente prohibida por el artículo 34 de la Constitución, llevaría necesariamente a declarar la inconstitucionalidad de la totalidad del Convenio, pues, lógicamente, los tratados bilaterales no admiten reservas. En efecto, una reserva a un tratado bilateral constituiría un desacuerdo entre las dos partes que llevaría a que éste se tuviera que negociar nuevamente. Sin embargo, aun cuando este tipo de tratados, por su misma naturaleza, no admiten reservas, es posible que las partes, al perfeccionarlo, emitan declaraciones interpretativas respecto de algunas de sus normas. Estas, en la medida en que sean admitidas por la otra parte, constituyen reglas generales de interpretación del instrumento internacional, conforme lo establece el literal c) del numeral 1º del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.
"Por ello, de acuerdo con las normas sobre el Derecho de los Tratados, es posible darle un sentido especial a la palabra confiscación, que sea compatible con nuestro ordenamiento constitucional. Este sentido está determinado por el inciso del artículo 34 de la Carta, que establece:
"No obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos, en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social."
"Por tanto, el término "confiscación", utilizado en el presente Tratado, no puede entenderse como una acción arbitraria tendiente a privar al titular de un derecho obtenido con arreglo a las leyes, sino, como un procedimiento que, mediante el lleno de las garantías constitucionales y legales, concluye, a través de una sentencia judicial, en que el dominio sobre los bienes objeto del proceso se debe extinguir, dado el vicio que tiene desde su origen".[5]
El Art. 8º contempla que los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para proteger en todas las fases del proceso penal los derechos e intereses de los niños víctimas de las prácticas prohibidas por el protocolo, con la consideración primordial del interés superior de los mismos.
El Art. 9º prevé que los Estados Partes adoptarán o reforzarán, aplicarán y darán publicidad a las leyes, las medidas administrativas, las políticas y los programas sociales, destinados a la prevención de los delitos a que se refiere el protocolo, y todas las medidas posibles con el fin de asegurar toda la asistencia apropiada a las víctimas, así como su plena reintegración social y su plena recuperación física y sicológica.
El Art. 10 consagra que los Estados Partes adoptarán todas las medidas necesarias para fortalecer la cooperación internacional mediante acuerdos para la prevención, la detección, la investigación, el enjuiciamiento y el castigo de los responsables de actos de venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía o el turismo sexual.
El Art. 11 preceptúa que nada de lo dispuesto en el protocolo se entenderá en perjuicio de cualquier disposición más propicia a la realización de los derechos del niño que esté contenida en la legislación de un Estado Parte o en el Derecho Internacional en vigor con respecto a ese Estado.
El Art. 12 impone a los Estados Partes la obligación de presentar informes sobre la aplicación del protocolo, al Comité de los Derechos del Niño, previsto en el Art. 43 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Los Arts. 13 y 14 regulan la firma, ratificación, adhesión y entrada en vigor del protocolo, el 15 trata de la denuncia de éste, el 16 trata de las enmiendas del mismo y el 17 del depósito de su texto y el envío de sus copias.
3.5. Con base en el análisis de dicho contenido se puede concluir que el protocolo no contraría las disposiciones de la Constitución Política y que, por el contrario, guarda total armonía con las normas contenidas en sus Arts. 44 y 45, con la Convención sobre los Derechos del Niño y con la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados, aprobada en Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
Así mismo, se ajusta a lo prescrito en el Art. 9º de la Constitución, de conformidad con el cual las relaciones exteriores del Estado colombiano se fundan en la soberanía nacional y el reconocimiento de los principios del Derecho Internacional aceptados por el mismo, y lo dispuesto en el Art. 226 ibídem, en virtud del cual aquel debe promover la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. Estos mandatos adquieren especial relevancia en relación con el citado protocolo, por la situación desfavorable del país en materia de protección de la niñez.
En consecuencia, es procedente la declaración de su exequibilidad, con la precisión indicada en relación con su Art. 7º.
Respecto de la ley aprobatoria, puede afirmarse que la misma guarda también armonía con la Constitución, en cuanto sólo aprueba el citado instrumento internacional y dispone lo pertinente para su vigencia en el ordenamiento jurídico colombiano. Por tanto, se declarará exequible.
PRIMERO: Declarar EXEQUIBLES las disposiciones del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía, adoptado en Nueva York, el veinticinco (25) de Mayo de dos mil (2000), teniendo claro que su Art. 7º trata únicamente del comiso o decomiso penal, conforme a lo expresado en el acápite denominado "Disposiciones específicas del protocolo" de la parte motiva de esta sentencia, por lo cual el Gobierno Nacional al ratificar el convenio deberá emitir una declaración interpretativa en ese sentido.
SEGUNDO: Declarar EXEQUIBLE la Ley 765 de 31 de Julio de 2002, por medio de la cual se aprueba dicho protocolo.
Exequible LEY_765_2002_31/07/2002
[1]Cfr., Sentencias No. 073 M.P. Dr. Jaime Sanín Greiffenstein y No. 066 de 1993, M.P. Dr. José Gregorio Hernández, entre otras.
[2] Cfr. Supra. 8
[3] Corte Constitucional. Sentencia C-076-93 del 25 de febrero de 1993. Magistrado Ponente: Dr. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN. Sobre esta misma distinción, ver también la Sentencia T-460/92 del 15 de julio de 1992. Magistrado Ponente. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO en Gaceta de la Corte Constitucional. 1992, Tomo 3, pp 459 y ss . Igualmente la sentencia T-568/92 del 23 de octubre de 1992.JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO del 23 de octubre de 1992 en Gaceta de la Corte Constitucional. 1992, Tomo 6, p 568.
[4] Sentencia C-677 de 1998. M. P. Fabio Morón Díaz.
[5] Sentencia C-160 de 2000. M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.