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Timestamp: 2020-08-05 17:32:36
Document Index: 207186396

Matched Legal Cases: ['artículo 426', 'artículo 417', 'e contrario', 'artículo 304', 'artículo 99', 'artículo 167', 'artículo 332', 'e contrario', 'artículo 339', 'e contrario', 'artículo 339', 'artículo 400', 'artículo 69', 'e contrario', 'artículo 427']

Sentencia nº 49 de Suprema Corte de Justicia, del 24 de Enero de 2018. - Jurisprudencia - VLEX 706117317
F.: 24 de enero de 2018
Sobre los recursos de casación interpuestos por: 1) J. Antonio
Valdez Rodríguez, dominicano, mayor de edad, soltero, cédula de F.: 24 de enero de 2018
del sector Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo; y 3) S.
Oído al L.. E.A., por sí y por la L.da. Nelsa Teresa
recurrente J.A.V.R.; F.: 24 de enero de 2018
Oído al L.. Domingo A.R.P., en la lectura de
L.da. N.T.A.L., por sí y por la pasante María
L.da. T.H.S., defensora pública, a nombre y
L.. S.W.A.A., defensor público, a nombre y F.: 24 de enero de 2018
Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006; F.: 24 de enero de 2018
C., que en la sentencia impugnada y en los
Polanco de J., D.C.H., Joan Daniel Reynoso
Quintana, M.V.A.(.a) C. y M.S. (estos
cual dictó auto de apertura a juicio en contra de los imputados J. F.: 24 de enero de 2018
A.V.R., I.F.P. (a) Tatao, S.
“ PRIMERO: Desestima los recursos de apelación interpuesto por: a) L.da. T.H.S., defensora pública, en nombre y representación del imputado I.F.P., en fecha diecisiete (17) del mes de febrero del año dos mil quince (2015); b) L.da. N.T.A.L., defensora pública, en F.: 24 de enero de 2018
nombre y representación del imputado J.A.R.V., de fecha veinticuatro (24) del mes de febrero del año dos mil quince (2015); y c) L.. S.W.A.A., defensor público, en nombre y representación del imputado S.E.T.H., en fecha veintiséis (26) del mes de marzo del año dos mil quince (2015); Todos en contra de la sentencia número 190-2015, de fecha veinticinco (25) del mes de junio del año dos mil catorce (2014), dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo es el siguiente: ‘Primero: Rechaza las mociones de las defensas técnicas de los procesados sobre nulidad procesal por violación a derechos fundamentales por falta de fundamentos sobre la base de las explicaciones anteriormente asentadas ; Segundo: Declara la absolución de D.A.C.H. y P.A.P. de J., por insuficiencia probatoria y no haberse demostrado los hechos puestos en su contra. Ordena la libertad de los mismos y declara el proceso libre de costas penales respecto a ellos. En torno a los mismos declara buena y válida la constitución en actoría civil en cuanto a la forma, y en cuanto al fondo, rechaza las pretensiones del actor civil por falta de fundamento. Compensa las costas civiles por estar asistidos uno de ellos por un abogado del Departamento de la Defensoría Publica y los actores civiles por abogados del Departamento Nacional de Defensoría de las víctimas ; Tercero: Declara culpables a J.A.V.R., S.E.T.H. e I.F.P. de violar las disposiciones de los artículos 265, 266, 295, 304 y 309 del Código Penal F.: 24 de enero de 2018
Dominicano; y 39 y 40 de la Ley 36, que tipifican la asociación de malhechores, el homicidio voluntario y los golpes y heridas voluntarios, así como el porte y tenencia de armas de fuego de manera ilegal, en perjuicio del hoy occiso V.C.M., L.C.M. y M.L.E., variando la calificación original otorgada a los hechos al excluir los artículos 59, 60, 296, 297 y 298 del Código Penal Dominicano, para una correcta calificación de los hechos demostrados en su contra mediante aporte lícito de pruebas; y en consecuencia les condena a cumplir la pena máxima de 30 años de prisión, y al pago de las costas penales ; Cuarto: Ordena el decomiso e incautación de las cinco (5) armas de fuego presentadas en este juicio a saber: 1. una (1) Pistola marca Taurus, Cal. 9MM Para, serie núm. Limado, PT 92AF, color negro, con varias ralladuras; 2. un (1) revolver con cañón oxidado, marca Cobra, con empuñadura de madera color marrón, serie limada, numeración LW239845; 3. una pistola marca S.&.W., 9mm, numeración limada, color negro;
4. una pistola marca B. numeración limada, color negra, F.N.H.B.; 5. una pistola negra, con la numeración limada, y oxidada ; Quinto: Declara buena y válida la constitución en actoría civil en la forma por ser hecha conforme a las prescripciones de ley; en cuanto al fondo, acoge parcialmente la petición resarcitoria de la actoría civil, reconociendo con la calidad para actuar a L.C.M. y M.L.E., y no así a F.C.M.; y en consecuencia condena a J.A.V.R., S.E.T.H. e I.F.P., al pago de una suma indemnizatoria de Tres Millones de Pesos F.: 24 de enero de 2018
(RD$3,000.000.00), a cada uno de ellos a favor de M. Lugo Espinosa, y una suma de Doscientos Mil Pesos Dominicanos (RD$200,000.00), a favor de L.C.M., por cada uno de ellos; para un total de suma indemnizatoria de Nueve Millones Seiscientos Mil Pesos (RD$9,600.000.00), a favor de las pretensiones de las actorías civiles. Compensa las costas civiles por estar asistida la actoría civil de abogados del Departamento Nacional de Defensa de las Víctimas ; Sexto: Convoca a las partes del proceso para el próximo dos (2) del mes de julio del año dos mil catorce (2014), a las 9:00 A.M., para dar lectura íntegra a la presente decisión. Vale citación para las partes presentes ’ ; SEGUNDO : Confirma la sentencia recurrida; TERCERO : Proceso libre de costas, por haber sido defendidos los procesados por defensores públicos; CUARTO : Ordena a la secretaria de ésta sala la entrega de una copia íntegra de la presente sentencia a cada una de las partes que conforman el presente proceso”;
C., que el recurrente J. Antonio Valdez
Primer Medio: Falta de motivación de la sentencia artículo 426.3 del Código Procesal Penal Dominicano con relación a la calificación jurídica de 265 y 266 del Código Penal Dominicano e inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica, artículo 417.4 del Código Procesal F.: 24 de enero de 2018
C., que el recurrente alega en el desarrollo de su
Que en la página 12 de la sentencia recurrida, en el considerando tercero, los jueces reconocen lo propuesto en su sexto medio, sobre la calificación jurídica adoptada, por lo cual tenían que ordenar un nuevo juicio o dictar F.: 24 de enero de 2018
C., que respecto al planteamiento sobre la calificación
página 12, lo siguiente: “Que del análisis y ponderación de la sentencia F.: 24 de enero de 2018
todos actuaron de forma coordinada y a un mismo tiempo en un mismo evento F.: 24 de enero de 2018
C., que contrario a lo establecido por el recurrente
C., que en la especie se encuentran configurados los
humana o conducta activa voluntaria de un individuo para destruir la F.: 24 de enero de 2018
descriptivo o valorativo del delito, donde el imputado J. Antonio
C., que el texto contenido en el artículo 304 del
hoy aplicados, 30 años; pues tanto el homicidio como la asociación de F.: 24 de enero de 2018
C., que como pudo determinarse del plano fáctico de
retienen los elementos constitutivos que la configuran; por consiguiente, F.: 24 de enero de 2018
; F.: 24 de enero de 2018
C., que para responder este aspecto, la Corte a-qua
C., que el artículo 99 del Código Procesal Penal
“Examen corporal. El juez o tribunal competente puede ordenar el examen médico del imputado para la constatación de circunstancias relevantes para la investigación. Son admisibles, siempre con autorización judicial, extracciones de sangre y fluidos en general, además de otros estudios corporales, que deben realizarse preservando la salud del imputado. Excepcionalmente en aquellos casos en que exista peligro en la demora, el F.: 24 de enero de 2018
C., que en el caso de que se trata, al imputado J.
A.V.R. se le extrajo una muestra de sangre para
mencionado; F.: 24 de enero de 2018
C., que la Sala de lo Constitucional de la Corte
Esta sala, en la sentencia de inconstitucionalidad 5-2001 Ac., de fecha 24/12/2010, se pronunció respecto a la realización de intervenciones corporales en contra de la voluntad del imputado —según lo dispuesto en el artículo 167 del Código Procesal Penal derogado— para determinar si con ellas se vulneraba la presunción de inocencia — específicamente si se transgredía la prohibición de que el procesado sea obligado a declarar contra sí mismo—, así como la dignidad e integridad física o psíquica de la persona. Al respecto se sostuvo que, en algunos casos, la única manera de llegar a conocimiento fehaciente de lo ocurrido en relación con un hecho punible, implica aprehender rastros que se encuentran en el cuerpo del imputado. Ello no constituye una violación a la garantía constitucional de no ser obligado a aportar prueba en contra de sí mismo, en la medida en que esta garantía solamente ampara la transmisión del conocimiento directo de los hechos por parte del imputado. En efecto, el procesado se encuentra facultado para decidir si desea dar información o no mediante su palabra oral, escrita o por signos equivalentes que sean comprensibles. Pero tal garantía no ampara los casos en los que se requiere su participación pasiva dentro de una práctica procesal como objeto de prueba, como acontece por ejemplo en el reconocimiento de rueda de reos o toma de cabello para efectuar alguna pericia; lo anterior tiene como límite el F.: 24 de enero de 2018
C., que de lo anteriormente señalado queda
para el examen corporal del hoy recurrente, a fin de obtener una F.: 24 de enero de 2018
de la bala alojada en el cuerpo del imputado J. Antonio Valdez
C., que en ese tenor, la finalidad de esta prueba, para
Rodríguez, alega en su tercer medio, en síntesis, lo siguiente: F.: 24 de enero de 2018
C., que de la lectura de lo vertido en el artículo 332 del
Corte decide al concluir la audiencia, o en caso de imposibilidad por la F.: 24 de enero de 2018
Rodríguez, alega en su cuarto medio, en síntesis, lo siguiente: F.: 24 de enero de 2018
C., que contrario a lo expuesto por el recurrente la
consecuencia, se desestima; F.: 24 de enero de 2018
Que el tribunal de marras en su sentencia, último considerando de la página 16, incurre en ilogicidad en la motivación en torno a la sanción impuesta al recurrente, toda vez que motiva en base a tres aspectos consignados supuestamente a favor del imputado hoy recurrente condenado, según lo dispuesto en el artículo 339 del Código Procesal Penal, pero sin embargo lo condena al máximo de la pena, obviando al parecer lo siguiente: a) Las condiciones carcelarias de nuestro país, y más aún del recinto penitenciario en donde el ciudadano J.A.R.V., se encuentra, que es la Penitenciaría Nacional de La Victoria, en donde cada día es más difícil subsistir no solamente por las carencias de alimentación, higiene y segregación por tipo penal, sino también, por el peligro que corre su vida, por las continuas reyertas que se suscitan en ese medio de violencia; b) Que el ciudadano J.A.R.V., es la primera vez que es sometido a la acción de la justicia; c) Que el recurrente es un joven que apenas cuenta con nueve (19) años y veinticuatro (24) años de edad; y d) Que las penas de larga duración como en el caso de la especie, que estamos sobre la base de una condena de veinte largos años, no se compadece con la función resocializadora de la pena, "pues excluir a un ciudadano por veinte (20) años ante el hecho "cometido", no obstante la pena este dentro del marco legal, es contrario al Principio de Proporcionalidad de la pena (Sentencia núm. 586-2006CPP, Caso núm. 544-06- F.: 24 de enero de 2018
C., que para responder este aspecto, la Corte a-qua dio
C., que de lo antes expuesto se colige que la Corte aqua, para contestar lo relativo a la pena, se extrapoló al desarrollo del
primer recurso que examinó, esto es, al recurso de S. Eduardo
Que en el tercer medio del recurso el recurrente en resumen alega que la sentencia recurrida está afectada del F.: 24 de enero de 2018
C., que además, como bien se estableció en el primer
medio de este recurso, la Corte a-qua, al confirmar la pena de 30 años F.: 24 de enero de 2018
C., que el recurrente I.F.P., por
C., que el recurrente alega en el desarrollo de su único
medio, en síntesis, lo siguiente: F.: 24 de enero de 2018
C., que la Corte a-qua, para fallar en la forma en que
Que aunque la Corte ha analizado y respondido los puntos argumentados por el recurrente, cuando analizó los recursos de los procesados J.A.V., S.E.T., con respecto a las pruebas y la calificación dada a los hechos; en ese sentido considera esta Corte que en cuanto a los elementos probatorios el tribunal a-quo tuvo a bien valorar los elementos probatorios y de ello deducir la responsabilidad penal de los procesados y su grado de participación, además de que la calificación dada a los hechos fue la correcta en razón de que los procesados actuaron en conjunto con respecto a un solo hecho, utilizando armas sin permiso alguno para ello, por lo que el medio carece de fundamento y debe desestimarse; …que con respecto a los hechos y las pruebas aportadas, estableció la Corte que el Tribunal tuvo a bien valorar las pruebas aportadas por el Ministerio Público, sobre todo lo relativo a los testimonios, pruebas periciales y documentales, arrojando como resultado que los procesados eran los F.: 24 de enero de 2018
C., que contrario a lo sostenido por el recurrente, con
presentados por los imputados J.A.V. y S.
conjunto con respecto a un solo hecho, utilizando armas de manera F.: 24 de enero de 2018
C., que el recurrente I.F.P. también
C., que de la ponderación de lo expuesto por el
declaraciones son los aptos para apreciar y valorar la credibilidad de las F.: 24 de enero de 2018
por consiguiente, la Corte a-qua al realizar la apreciación sobre el F.: 24 de enero de 2018
C., que en el desarrollo del citado medio, el recurrente
Que la sentencia es infundada también en lo relativo a la motivación de la pena, que existe una falta de motivación de la decisión en cuanto a la pena a imponer, es decir, en lo que se refiere al quantum de la pena, que existen múltiples aspectos que no fueron valorados por el Tribunal a-quo. En primer lugar hay que puntualizar que el imputado es condenado a treinta (30) años de reclusión bajo la imputación 265, 266, 295, 296, 297, 298, 302, 309 del Código Penal Dominicano, 39 y 40 de la Ley 36, sobre P. y Tenencia de Armas de fuego en el entendido de que no hay una correcta individualización ni en los hechos ni los medios de pruebas, ni el grado de participación si son todos autores o por el contrario si algunos de los tres se puede circunscribir en complicidad; que existe una falta de motivación de la decisión en cuanto a la pena a imponer, es decir, en lo que se refiere al quantum de la pena, a que el tribunal de marras en su sentencia se limita a señalar el artículo 339 del Código Procesal Penal, sin describir, ni referirse a los numerales de dicho artículo y menos cómo se F.: 24 de enero de 2018
C., que la Corte a-qua para contestar dicho aspecto
determinante la participación de manera activa de los procesados S.
caso de la especie a los procesados, fue tomando en cuenta la gravedad de los F.: 24 de enero de 2018
C., que dicha argumentación, unida a la
En cuanto al recurso de S.E.T.H., imputado: F.: 24 de enero de 2018
C., que el recurrente S.E.T.H.,
Que del examen de la sentencia recurrida esta Corte de Apelación ha podido observar que para fallar como lo hizo, al Tribunal a-quo le presentaron para su valoración pruebas testimoniales, documentales y materiales. En cuanto a su crítica a los testimonios el recurrente alega que los mismos son referenciales y que incurrieron en contradicciones, sin embargo no señala de forma específica en el desarrollo del recurso cuáles fueron esos testigos en específicos que incurrieron en el vicio señalado lo que hace muy difícil a la corte realizar un análisis en esa situación particular; en ese mismo tenor, observa la Corte que en cuanto a los señalados testimonios de la lectura de la sentencia se advierte que cada testigo depuso sobre su participación en la investigación y su vinculación con los hechos; entre ellos se cuestionó al señor L.C.M., quien se encontraba presente en el momento mismo en que ocurren los hechos y pudo observar su incidencia, además de señalar en la sala de audiencia a uno de los imputados como uno de los participantes en los hechos acusatorios, por lo que resulta evidente que a ese testigo no se le puede categorizar como un testigo referencial; de otro lado, el señor F.A.O. de Oleo, manifestó al plenario que fue la persona que recuperó las armas usadas en la comisión de los hechos, y que eso fue logrado en razón de que el procesado recurrente manifestó donde estas se encontraban, lo que en lo adelante se comprobó; por igual fue interpelada la F.: 24 de enero de 2018
Ministerio Público Flor M.N.d.C., quien manifestó al plenario las incidencias ocurridas en la investigación y la participación de los procesados en la comisión de los hechos. De otro lado en cuanto a las pruebas materiales y las documentales le fueron presentadas al Tribunal a-quo una considerable cantidad de ellas, destacándose las actas de registro de vehículos, actas de allanamiento, certificado de análisis forense, necropsia, entre otras. Con respecto a las declaraciones del señor D.C.H. (imputado), manifestó este en el plenario su participación en los hechos y cómo estos ocurrieron, señalando la participación de los demás imputados presentes en el plenario; que estima esta Corte de Apelación con respecto a los alegatos del recurrente en torno a que le fueron violentados sus derechos fundamentales, con respecto a la presunción de inocencia en unos hechos donde existía duda razonable con respecto al recurrente, que en cuanto a las declaraciones del procesado D.C.H., si bien el mismo era un coimputado en conjunto con los demás procesados de los mismos hechos, sus declaraciones lo que vinieron fue a confirmar el trabajo de investigación hecho por el Ministerio Público y la Policía Nacional, en ese sentido el Tribunal a-quo no sostuvo la sentencia en el examen exclusivo de esas declaraciones, sino que valoró en su conjunto todas las pruebas que le sometieron, y si había alguna duda sobre la participación del recurrente y la de los demás imputados, quedaron subsanadas con la versión del imputado que declara, comprometiendo la responsabilidad de los demás imputados, por lo que cree F.: 24 de enero de 2018
C., que de lo anteriormente expuesto se desprende
C., que en el desarrollo del referido medio, el
Que el razonamiento de la Corte es infundado, ya que es una obligación de los tribunales de subsumirse en la sentencia, en los hechos y las pruebas y en especial en disposiciones del artículo 400 del Código Procesal Penal, el cual debió de examinar la sentencia en su contenido y verificar los testigos ofertado por la fiscalía, toda vez que indicamos que dichos testigos son de carácter referencial ya F.: 24 de enero de 2018
C., que la sentencia recurrida contiene la valoración en
forma en que fueron detenidos y cómo fueron recuperados los objetos F.: 24 de enero de 2018
C., que el recurrente también invoca lo siguiente:
C., que del estudio y ponderación de la sentencia
C., que el recurrente también sostiene en el desarrollo
C., que el referido artículo 69, en sus numerales 7 y 10,
Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación: …7) Ninguna F.: 24 de enero de 2018
C., que respecto a dicho alegato el imputado no
desestimar tal argumento; F.: 24 de enero de 2018
C., que además el recurrente también sostiene en su
a), c), b), g), de la Convención Americana de los Derechos Humanos, por lo que el proceso deviene en nulo… Que la Corte a-qua no ofreció las motivaciones pertinentes y necesarias que justificaran su decisión, y tal como alegan los recurrentes, no llega a ninguna conclusión lógica, y no señala punto por punto, ni mucho menos ponderó de manera clara y coherente en qué consiste el fundamento de su desestimación del cuarto medio, máxime cuando se trata de aspectos constitucionales, o sea, la Corte a-qua al dictar F.: 24 de enero de 2018
C., que la Corte a-qua, para rechazar el cuarto medio
presentado por el recurrente en su escrito de apelación, dijo lo siguiente: F.: 24 de enero de 2018
C., que contrario a lo invocado por el recurrente
mediante un razonamiento coherente y preciso; por cuanto, procede F.: 24 de enero de 2018
C., que el artículo 427 del Código Procesal Penal
Segundo Exime a los recurrentes del pago de las costas por estar asistidos de la Defensa Pública; F.: 24 de enero de 2018
Sentencia nº 29 de Corte Suprema de Justicia - Tercera, del 23 de Diciembre de 2014.