Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/708352173
Timestamp: 2019-06-20 03:29:31
Document Index: 56654787

Matched Legal Cases: ['artículo 50', 'artículo 342', 'artículo 196', 'ARTÍCULO 22', 'artículo 21', 'artículo 66', 'ARTÍCULO 32', 'artículo 33', 'ARTÍCULO 33', 'artículo 33', 'ARTÍCULO 34', 'artículo 33', 'artículo 98', 'artículo 64', 'ARTÍCULO 40', 'artículo 60', 'ARTÍCULO 49', 'artículo 69', 'artículo 74', 'ARTÍCULO 54', 'artículo 74', 'artículo 98', 'artículo 115', 'artículo 107', 'artículo 74', 'ARTÍCULO 113', 'artículo 261', 'ARTÍCULO 122', 'artículo 287', 'ARTÍCULO 123', 'ARTÍCULO 137', 'artículo 772', 'ARTÍCULO 138', 'artículo 868', 'artículo 28', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 2', 'artículo 84', 'artículo 50', 'artículo 338', 'artículo 40', 'artículo 84', 'artículo 2', 'Artículo 50']

Auto nº 136/18 de Corte Constitucional, 7 de Marzo de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 708352173
Recurso de súplica interpuesto en contra del auto que rechazó la demanda de inconstitucionalidad de la referencia. El rechazo se dio porque en el escrito de corrección el actor no suplió las falencias identificadas en la demanda original y por tanto, no logró satisfacer los requisitos de certeza, especificidad y suficiencia señalados en la jurisprudencia constitucional. La Sala Plena decide negar el recurso formulado y CONFIRMAR en su integridad la providencia recurrida. Recibo Relatoria:
Auto 136/18
Referencia: Expediente D-12506
Recurso de súplica contra el Auto del 8 de febrero de 2018, por el cual se rechazó la demanda de inconstituciona-lidad contra apartados de los artículos 20, 22, 28, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 44, 45, 47, 48, 49, 53, 54, 57, 61, 79, 80, 81, 82, 85, 113, 122, 123, 137, 138 y 342 de la Ley 1819 de 2016
H. de J.L.L.
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de aquella que le concede el artículo 50 del Acuerdo 02 de 2015[1], profiere el presente auto de acuerdo con las siguientes:
- El 29 de noviembre de 2017, el ciudadano H. de J.L.L. presentó demanda de inconstitucionalidad contra los siguientes apartes de los artículos 20, 22, 28, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 44, 45, 47, 48, 49, 53, 54, 57, 61, 79, 80, 81, 82, 85, 113, 122, 123, 137, 138 y 342 de la Ley 1819 de 2016, que modifican o adicionan artículos del Estatuto Tributario y que, en el caso del artículo 342, reforma el artículo 196 del Decreto 1333 de 1986[2]:
ARTÍCULO 22. A. el artículo 21-1 del Estatuto Tributario el cual quedará así:
Parágrafo 5o. Para efectos fiscales, todas las sociedades y personas jurídicas, incluso estando en estado de disolución o liquidación, estarán obligadas a seguir lo previsto en este Estatuto.
En la etapa de construcción, el costo fiscal de los activos intangibles corresponderá a todos los costos y gastos devengados durante esta etapa, incluyendo los costos por préstamos los cuales serán capitalizados. Lo anterior con sujeción a lo establecido en el artículo 66 y demás disposiciones de este Estatuto.
La amortización del costo fiscal del activo intangible se efectuará en línea recta, en iguales proporciones, teniendo en cuenta el plazo de la concesión, a partir del inicio de la etapa de operación y mantenimiento.
Todos los ingresos devengados por el concesionario, asociados a la etapa de construcción, hasta su finalización y aprobación por la entidad correspondiente, cuando sea del caso, deberán acumularse para efectos fiscales como un pasivo por ingresos diferidos.
El pasivo por ingresos diferidos de que trata el numeral 3 de este artículo se reversará y se reconocerá como ingreso fiscal en línea recta, en iguales proporciones, teniendo en cuenta el plazo de la concesión, a partir del inicio de la etapa de operación y mantenimiento.
En la etapa de operación y mantenimiento, los ingresos diferentes a los mencionados en el numeral 3, se reconocerán en la medida en que se vayan prestando los servicios concesionados, incluyendo las compensaciones, aportes o subvenciones que el Estado le otorgue al concesionario.
En caso de que el operador deba rehabilitar el lugar de operación, reponer activos, realizar mantenimientos mayores o cualquier tipo de intervención significativa, los gastos efectivamente incurridos por estos conceptos deberán ser capitalizados para su amortización en los términos de este artículo. Para el efecto, la amortización se hará en línea recta, en iguales proporciones, teniendo en cuenta el plazo de la rehabilitación, la reposición de activos, los mantenimientos mayores o intervención significativa, durante el término que dure dicha actividad.
ARTÍCULO 32. A. el artículo 33 del Estatuto Tributario el cual quedará así:
Títulos de renta variable. Los ingresos, costos y gastos devengados por estos instrumentos, no serán objeto del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, sino hasta el momento de su enajenación o liquidación, lo que suceda primero. Para efectos de lo aquí previsto, son títulos de renta variable aquellos cuya estructura financiera varía durante su vida, tales como las acciones.
Títulos de renta fija. Respecto de los títulos de renta fija, se siguen las siguientes reglas para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios:
El ingreso por concepto de intereses o rendimientos financieros provenientes de estos títulos, se realizará para efectos fiscales de manera lineal. Este cálculo se hará teniendo en cuenta el valor nominal, la tasa facial, el plazo convenido y el tiempo de tenencia en el año o período gravable del título;
La utilidad o pérdida en la enajenación de títulos de renta fija, se realizará al momento de su enajenación y estará determinada por la diferencia entre el precio de enajenación y el costo fiscal del título;
Para efectos de lo aquí previsto, se entiende por títulos de renta fija, aquellos cuya estructura financiera no varía durante su vida, tales como los bonos, los certificados de depósito a término (CDT) y los TES.
Instrumentos derivados financieros. Los ingresos, costos y gastos devengados por estos instrumentos, no serán objeto del impuesto sobre la renta y complementarios sino hasta el momento de su enajenación o liquidación, lo que suceda primero.
Otros instrumentos financieros. Los ingresos, costos y gastos generados por la medición de pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados, no serán objeto del impuesto sobre la renta y complementarios sino en lo correspondiente al gasto financiero que se hubiese generado aplicando el modelo del costo amortizado, de acuerdo a la técnica contable.
ARTÍCULO 33. A. el artículo 33-1 del Estatuto Tributario el cual quedará así:
ARTÍCULO 34. A. el artículo 33-2 del Estatuto Tributario el cual quedará así:
Las pérdidas por deterioro de valor parcial del inventario por ajustes a valor neto de realización, solo serán deducibles al momento de la enajenación del inventario;
En las adquisiciones que generen intereses implícitos de conformidad con los marcos técnicos normativos contables, para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, solo se considerará como costo el valor nominal de la adquisición o factura o documento equivalente, que contendrá dichos intereses implícitos. En consecuencia, cuando se devengue el costo por intereses implícitos, el mismo no será deducible;
Las pérdidas generadas por la medición a valor razonable, con cambios en resultados, tales como propiedades de inversión, serán deducibles o tratados como costo al momento de su enajenación o liquidación, lo que suceda primero;
Los costos por provisiones asociadas a obligaciones de monto o fecha inciertos, incluidos los costos por desmantelamiento, restauración y rehabilitación; y los pasivos laborales en donde no se encuentre consolidada la obligación laboral en cabeza del trabajador, solo serán deducibles en el momento en que surja la obligación de efectuar el respectivo desembolso con un monto y fecha ciertos, salvo las expresamente aceptadas por este Estatuto, en especial lo previsto en el artículo 98 respecto de las compañías aseguradoras y los artículos 112 y 113;
Los costos que se origen por actualización de pasivos estimados o provisiones no serán deducibles del impuesto sobre la renta y complementarios, sino hasta el momento en que surja la obligación de efectuar el desembolso con un monto y fecha ciertos y no exista limitación alguna;
El deterioro de los activos, salvo en el caso de los activos depreciables, será deducible del impuesto sobre la renta y complementarios al momento de su enajenación o liquidación, lo que suceda primero, salvo lo mencionado en este Estatuto; en especial lo previsto en los artículos 145 y 146;
Los costos que de conformidad con los marcos técnicos normativos contables deban ser presentados dentro del otro resultado integral, no serán objeto del impuesto sobre la renta y complementarios, sino hasta el momento en que, de acuerdo con la técnica contable, deban ser presentados en el estado de resultados, o se reclasifique en el otro resultado integral contra un elemento del patrimonio, generando una pérdida para fines fiscales producto de la enajenación, liquidación o baja en cuentas del activo o pasivo cuando a ello haya lugar.
El costo devengado por inventarios faltantes no será deducible del impuesto sobre la renta y complementarios, sino hasta la proporción determinada de acuerdo con el artículo 64 de este Estatuto. En consecuencia, el mayor costo de los inventarios por faltantes constituye una diferencia permanente.
ARTÍCULO 40. A. al artículo 60 del Estatuto Tributario el siguiente parágrafo:
Para los obligados a llevar contabilidad:
El costo fiscal de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para colocarlos en su lugar de expendio, utilización o beneficio de acuerdo a la técnica contable.
El costo fiscal para los prestadores de servicios será aquel que se devengue, de conformidad con la técnica contable, durante la prestación del servicio, salvo las excepciones establecidas en este Estatuto.
Para los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad:
El costo fiscal de los bienes muebles considerados activos movibles será: sumando al costo de adquisición el valor de los costos y gastos necesarios para poner la mercancía en el lugar de expendio;
El costo fiscal para los prestadores de servicios serán los efectivamente pagados.
Para los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, será el establecido en los artículos 69 y 69-1 del presente Estatuto.
Para los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad el costo fiscal de los bienes inmuebles, está constituido por:
El precio de adquisición;
El costo de las construcciones, mejoras;
El costo de las adiciones y mejoras, en el caso de bienes muebles;
ARTÍCULO 49. A. el artículo 69-1 al Estatuto Tributario, el cual quedará así:
Activos intangibles adquiridos separadamente. Son aquellos activos intangibles por los cuales el contribuyente paga por su adquisición.
Activos intangibles adquiridos como parte de una combinación de negocios. Son aquellos activos intangibles que se adquieren en el marco de una combinación de negocios, entendida como una transacción u otro suceso en el que el contribuyente adquirente obtiene el control de uno o más negocios, lo cual comprende, un conjunto integrado de actividades, activos y pasivos susceptibles de ser dirigidos y gestionados con el propósito de proporcionar una rentabilidad. Así:
En el caso de la compra de acciones o cuotas o partes de interés social no se originan activos intangibles, en consecuencia, el valor de adquisición corresponde a su costo fiscal;
En el caso de las fusiones y escisiones gravadas de conformidad con las reglas de este estatuto, surge la plusvalía y corresponde a la diferencia entre el valor de enajenación y el valor patrimonial neto de los activos identificables enajenados. La plusvalía así determinada no es susceptible de ser amortizada. Los activos identificables e identificados serán susceptibles de ser amortizados siguiendo las reglas previstas en el numeral 1 de este artículo respecto de los activos intangibles, y las reglas generales para la adquisición de activos en el caso de los demás activos;
En el caso de adquisición de un establecimiento de comercio, la plusvalía corresponde a la diferencia entre el valor de enajenación del establecimiento y el valor patrimonial neto de los activos identificables del establecimiento. La plusvalía así determinada no es susceptible de ser amortizada. Los activos identificables e identificados serán susceptibles de ser amortizados siguiendo las reglas previstas en el numeral 1 de este artículo respecto de los activos intangibles, y las reglas generales para la adquisición de activos en el caso de los demás activos;
Si entre los activos identificables identificados, existen activos intangibles formados por parte del enajenante, en los casos de los literales b) y c) de este artículo, el costo fiscal para el adquirente, será el valor atribuido a dichos intangibles en el marco del respectivo contrato o acuerdo con base en estudios técnicos.
Activos intangibles originados por subvenciones del Estado. Son aquellos activos intangibles originados por la autorización estatal de usar algún bien de propiedad del Estado o de cuyo uso este pueda disponer, de manera gratuita o a un precio inferior al valor comercial.
Activos intangibles originados en la mejora de bienes objeto de arrendamiento operativo. Son aquellos activos intangibles originados en las mejoras a los bienes objeto de arrendamiento operativo. El costo fiscal de estos activos corresponde a los costos devengados en el año o período gravable siempre que los mismos no sean objeto de compensación por parte del arrendador.
Activos intangibles formados internamente. Son aquellos activos intangibles formados internamente y que no cumplen con ninguna de las definiciones anteriores ni las previstas en el artículo 74-1 del Estatuto Tributario, concernientes a la propiedad industrial, literaria, artística y científica, tales como marcas, goodwill, derechos de autor y patentes de invención. El costo fiscal de los activos intangibles generados o formados internamente para los obligados a llevar contabilidad será cero.
ARTÍCULO 54. A. el artículo 74-1 al Estatuto Tributario el cual quedará así:
De los gastos pagados por anticipado, el costo fiscal corresponde a los desembolsos efectuados por el contribuyente, los cuales deberán ser capitalizados de conformidad con la técnica contable y amortizados cuando se reciban los servicios o se devenguen los costos o gastos, según el caso.
De los gastos de establecimiento, el costo fiscal corresponde a los gastos realizados de puesta en marcha de operaciones, tales como costos de inicio de actividades, costos de preapertura, costos previos a la operación, entre otros, los cuales serán capitalizados.
De los gastos de investigación, desarrollo e innovación, el costo fiscal está constituido por todas las erogaciones asociadas al proyecto de investigación, desarrollo e innovación, salvo las asociadas con la adquisición de edificios y terrenos.
En la evaluación y exploración de recursos naturales no renovables, el costo fiscal capitalizable corresponderá a los siguientes rubros:
Estudios sísmicos, topográficos, geológicos, geoquímicos y geofísicos, siempre que se vinculen a un hallazgo del recurso natural no renovable;
Excavaciones de zanjas, trincheras, apiques, túneles exploratorios, canteras, socavones y similares;
Actividades relacionadas con la evaluación de la viabilidad comercial de la extracción de un recurso natural; y
Costos y gastos laborales y depreciaciones, según el caso considerando las limitaciones establecidas en este estatuto;
Otros costos, gastos y adquisiciones necesarias en esta etapa de evaluación y exploración de recursos naturales no renovables que sean susceptibles de ser capitalizados de conformidad con la técnica contable, diferentes a los mencionados en este artículo.
Títulos de renta variable. El costo fiscal de estos instrumentos será el valor pagado en la adquisición;
Títulos de renta fija. El costo fiscal de estos instrumentos será el valor pagado en la adquisición más los intereses realizados linealmente y no pagados a la tasa facial, desde la fecha de adquisición o la última fecha de pago hasta la fecha de enajenación.
Acciones, cuotas o partes de interés social. El costo fiscal de las inversiones, por los conceptos mencionados, está constituido por el valor de adquisición.
Los activos biológicos productores serán tratados como propiedad, planta y equipo susceptibles de depreciación.
El costo fiscal de los activos biológicos productores, susceptible de ser depreciado será:
Para las plantas productoras: el valor de adquisición de la misma más todos los costos devengados hasta que la planta esté en disposición de dar frutos por primera vez;
Para los animales productores: el valor de adquisición del mismo más todos los costos devengados hasta el momento en que esté apto para producir.
La depreciación de estos activos se hará en línea recta en cuotas iguales por el término de la vida útil del activo determinada de conformidad con un estudio técnico elaborado por un experto en la materia.
Todas las mediciones a valor razonable de los activos biológicos productores no tendrán efectos en la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios sino hasta el momento de la enajenación del activo biológico.
Los siguientes gastos, aunque devengados contablemente, generarán diferencias y su reconocimiento fiscal se hará en el momento en que lo determine este estatuto:
En las transacciones que generen intereses implícitos de conformidad con los marcos técnicos normativos contables, para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, solo se considerará como deducción el valor nominal de la transacción o factura o documento equivalente, que contendrá dichos intereses implícitos. En consecuencia, cuando se devengue la deducción por intereses implícitos, el mismo no será deducible;
Las pérdidas generadas por la medición a valor razonable, con cambios en resultados, tales como propiedades de inversión, serán deducibles al momento de su enajenación o liquidación, lo que suceda primero;
Los gastos por provisiones asociadas a obligaciones de monto o fecha inciertos, incluidos los costos por desmantelamiento, restauración y rehabilitación; y los pasivos laborales en donde no se encuentre consolidada la obligación laboral en cabeza del trabajador, solo serán deducibles en el momento en que surja la obligación de efectuar el respectivo desembolso con un monto y fecha ciertos, salvo las expresamente aceptadas por este estatuto, en especial lo previsto en el artículo 98 respecto de las compañías aseguradoras y los artículos 112 y 113;
Los gastos que se origen por actualización de pasivos estimados o provisiones no serán deducibles del impuesto sobre la renta y complementarios, sino hasta el momento en que surja la obligación de efectuar el desembolso con un monto y fecha cierto y no exista limitación alguna;
El deterioro de los activos, salvo en el caso de los activos depreciables, será deducible del impuesto sobre la renta y complementarios al momento de su enajenación o liquidación, lo que suceda primero, salvo lo previsto en este estatuto; en especial lo establecido en los artículos 145 y 146;
Las deducciones que de conformidad con los marcos técnicos normativos contables deban ser presentados dentro del otro resultado integral, no serán objeto del impuesto sobre la renta y complementarios, sino hasta el momento en que, de acuerdo con la técnica contable, deban ser presentados en el estado de resultados, o se reclasifique en el otro resultado integral contra un elemento del patrimonio, generando una pérdida para fines fiscales producto de la enajenación, liquidación o baja en cuentas del activo o pasivo cuando a ello haya lugar.
Las deducciones devengadas por concepto de la aplicación del método de participación patrimonial, incluyendo las pérdidas, de conformidad con los marcos técnicos normativos contables;
El impuesto sobre la renta y complementarios y los impuestos no comprendidos en el artículo 115 de este estatuto;
Las multas, sanciones, penalidades, intereses moratorios de carácter sancionatorio y las condenas provenientes de procesos administrativos, judiciales o arbitrales diferentes a las laborales con sujeción a lo prevista en el numeral 3 del artículo 107-1 de este estatuto;
Las distribuciones de dividendos;
Los impuestos asumidos de terceros.
La base de amortización será el costo de los activos intangibles determinado de conformidad con el artículo 74 de este estatuto.
El método para la amortización del intangible será determinado de conformidad con la técnica contable, siempre y cuando la alícuota anual no sea superior del 20%, del costo fiscal.
Que tengan una vida útil definida.
Que el activo se puede identificar y medir con fiabilidad de acuerdo con la técnica contable, y
Su adquisición generó en cabeza del enajenante residente fiscal colombiano un ingreso gravado en Colombia a precios de mercado, o cuando la enajenación se realice con un tercero independiente del exterior.
ARTÍCULO 113. A. un parágrafo al artículo 261 del Estatuto Tributario el cual quedará así:
ARTÍCULO 122. A. el artículo 287 del Estatuto Tributario el cual quedará así:
Los pasivos financieros medidos a valor razonable se medirán y reconocerán aplicando el modelo del costo amortizado.
Los pasivos que tienen intereses implícitos para efectos del impuesto sobre la renta se reconocerán por el valor nominal de la operación.
En aquellos casos según lo dispuesto en las normas del Título I de este Libro.
ARTÍCULO 123. A. el Capítulo IV al Título II del Libro I del Estatuto Tributario el cual quedará así:
Para efectos fiscales, la reexpresión de activos y pasivos producto de la adopción por primera vez hacia un nuevo marco técnico normativo contable no generarán nuevos ingresos o deducciones, si dichos activos y pasivos ya generaron ingresos o deducciones en períodos anteriores. Así mismo el valor de los activos y pasivos determinados por la aplicación del nuevo marco técnico contable no tendrá efecto fiscal y se deberán mantener los valores patrimoniales del activo y pasivo declarados fiscalmente en el año o período gravable anterior.
Los activos y pasivos que por efecto de la adopción por primera vez del marco técnico normativo contable ya no sean reconocidos como tales, deberán mantener el valor patrimonial declarado fiscalmente en el año o período gravable anterior.
Los costos atribuidos a los activos y pasivos en la adopción por primera vez del marco técnico normativo contable no tendrán efectos fiscales. El costo fiscal de estos activos y pasivos será el declarado fiscalmente en el año o período gravable anterior, antes de la adopción por primera vez.
Los activos que fueron totalmente depreciados o amortizados fiscalmente antes del proceso de convergencia no serán objeto de nueva deducción por depreciación o amortización.
Cuando se realicen ajustes contables por cambios en políticas contables, estos no tendrán efectos en el impuesto sobre la renta y complementarios. El costo fiscal remanente de los activos y pasivos será el declarado fiscalmente en el año o período gravable anterior, antes del cambio de la política contable.
Cuando se realicen ajustes contables por correcciones de errores de períodos anteriores, se debe dar aplicación a lo establecido en los artículos 588 y 589 de este Estatuto, según corresponda. En todo caso cuando el contribuyente no realice las correcciones a que se refiere este numeral, el costo fiscal remanente de los activos y pasivos será el declarado fiscalmente en el año o período gravable anterior, antes del ajuste de corrección del error contable.
Incremento en los resultados acumulados por la conversión al nuevo marco técnico normativo. El incremento en los resultados acumulados como consecuencia de la conversión a los nuevos marcos técnicos normativos, no podrá ser distribuido como dividendo, sino hasta el momento en que tal incremento se haya realizado de manera efectiva; bien sea, mediante la disposición o uso del activo respectivo o la liquidación del pasivo correspondiente. El mismo procedimiento se aplicará cuando una entidad cambie de marco técnico normativo y deba elaborar un nuevo Estado de Situación Financiero de Apertura.
Parágrafo 1o. Lo dispuesto en los numerales 5 y 6 de este artículo, deberá estar debidamente soportado y certificado por contador público y revisor fiscal cuando sea del caso.
ARTÍCULO 137. A. el artículo 772-1 al Estatuto Tributario el cual quedará así:
ARTÍCULO 138. A. el artículo 868-2 del Estatuto Tributario el cual quedará así:
Parágrafo 3o. Las reglas previstas en el artículo 28 del Estatuto Tributario se aplicarán en lo pertinente para efectos de determinar los ingresos del impuesto de industria y comercio.”
En concreto, el accionante argumenta que los textos parcialmente demandados desconocen los artículos 9, 114, 150 numerales 12 y 16, 189 numeral 2, 241 numeral 10 y 338 de la Constitución Política, pues considera que los contenidos de la reforma tributaria relacionados con los marcos técnicos normativos contables en el impuesto sobre la renta y complementarios y en el impuesto de industria y comercio para los obligados a llevar contabilidad, vulneran los principios de legalidad, certeza y reserva de ley en establecidos en la Constitu-ción. En la construcción de la demanda utiliza un cuadro con el que intenta demostrar la confrontación existente entre las normas acusadas y los mandatos del Texto Superior.
En particular, un resumen de lo expuesto, supone que el actor considera que se vulneran los principios de reserva de ley, legalidad y certeza tributaria, en la medida en que, a su juicio, los elementos esenciales del impuesto sobre la renta y complementarios y del impuesto de industria y comercio, entre ellos, la base gravable, terminan siendo definidos, por remisión de los artículos demandados, por normas internacionales con las que el Estado colombiano no tiene actual-mente tratado o convenio internacional vigente para su aplicación en el territo-rio nacional[3]. Esta competencia constitucional es exclusiva del legislador quien debe regular directamente la materia.
Adicionalmente, el accionante señala que la inclusión del criterio de conver-gencia en la Ley 1314 de 2009, que remite a los estándares internacionales de aceptación mundial, no puso en vigencia en Colombia las NIC, las NIIF ni las Normas de Aseguramiento de la Información Financiera, como tampoco lo hicieron sus decretos reglamentarios (Decretos Únicos s 2420 y 2496 de 2015 y otros posteriores que los adicionaron y modificaron) que no tienen fuerza mate-rial de ley.
Por último, el actor estima que las disposiciones acusadas cambian totalmente las políticas contables para los obligados a llevar contabilidad, con respecto a las reglas vigentes hasta el 31 de diciembre de 2016, por cuanto los elementos esenciales del tributo son fijados por los sistemas de reconocimiento y medi-ción establecidos en los marcos técnicos normativos contables, y ya no por los principios de causación y realización tributaria.
- En Auto del 18 de enero de 2018[4], la M.S., D.F.R., advirtió que el ciudadano accionante, con anterioridad, había presentado una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 22, 28, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 54, 57, 61, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 92, 97, 110, 113, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 130, 137, 138 y 139 de la Ley 1819 de 2016, la cual fue radicada con el número de expediente D-11928 y tramitada por el Magistrado L.G.G.P., quién decidió inadmitirla y luego rechazarla mediante Autos del 17 de febrero y del 10 de marzo de 2017. Posteriormente, ante el recurso de súplica presentado a la Sala Plena, se decidió confirmar la decisión adoptada a través de Auto de 5 de abril de 2017.
La M.F. observa que la presente demanda reproduce literalmente varios apartados del expediente D-11928, por lo que llama la atención del demandante por la cuestionable práctica de desestimar las consideraciones previas de este Tribunal, al formular nuevamente la demanda en las mismas condiciones, “lo que puede entenderse como un abuso en el ejercicio de los derechos políticos”, que al mismo tiempo “contribuye a la congestión judicial y deriva en un uso inadecuado de los recursos públicos destinados al funciona-miento de la justicia constitucional”. Luego de reiterar la jurisprudencia desarrollada por la Corte en relación con los requisitos para la presentación de una demanda en uso de la acción pública de inconstitucionalidad[5], se decidió inadmitir la acusación formulada, al considerar que no cumplía con los siguientes requisitos:
(i) Certeza, comoquiera que el peticionario no hace una lectura sistemática de las normas acusadas y censura tanto artículos completos como expresiones aisladas[6], sin plantear una interpretación que dé lugar a una inconstitu-cionalidad derivada de su incorporación a la aplicación de la normativa tributaria. Es decir, la demanda no propone razones por las que cada aparte demandado o el contenido completo de determinado artículo resulta inconstitu-cional, más allá de la remisión a los marcos técnicos normativos contables para efectos de los impuestos de renta y complementarios e industria y comercio que, valga decir, fue el mismo argumento expuesto en el expediente D-11928.
(ii) Especificidad, por cuanto el actor se limitó a enunciar el contenido de los artículos 9, 114, 150 numerales 12 y 16, 189 numeral 2, 241 numeral 10 y 338 de la Constitución Política y señalar de forma genérica que los marcos técnicos normativos contables no son un instrumento internacional que vincule al Estado colombiano para efectos de los impuestos de renta y complementarios e industria y comercio, sin explicar de manera concreta, objetiva y verificable por qué cada una de las normas censuradas vulneran los mandatos superiores invocados. Además, la demanda tampoco se pronuncia sobre la aplicación excepcional de la normativa contable prevista en el artículo 22 de la Ley 1819 de 2016, la cual fue advertida en el trámite del expediente D-11928. En rela-ción con este punto, se cita el siguiente aparte del Auto de rechazo del 10 de marzo, proferido en el proceso de la referencia, en donde se señaló que:
“(…) la remisión a los marcos normativos contables opera, según el mismo artículo 22 de la Ley 1819 de 2016, ‘cuando la ley tributaria remita expresamente a ella y en los casos en que ésta no regule la materia’ y esta excepcionalidad no queda desvirtuada por la circunstancia de que en distintas oportunidades se efectúe esta remisión a la citada ley. Además, tal como se indicó en la providencia de 17 de febrero de 2017, como el principio de legalidad en materia tributaria se extiende a los componentes esenciales del tributo, y en este caso a las reglas fundamentales con fundamento en las cuales se calcula la base gravable del impuesto a la renta, correspondía al accionante indicar las razones por las que las materias específicas que fueron objeto de la remisión versan sobre los componentes fundamentales del referido tributo; dicha explicación no se encuentra en la demanda de inconstitucio-nalidad ni en el escrito de corrección”[7].
(iii) Suficiencia, ya que el demandante no desvirtuó la presunción de constitucionalidad respecto de cada uno de los preceptos acusados, en especial, no demostró de qué manera las remisiones normativas alegadas desconocían la certeza y legalidad tributaria en la liquidación de los impuestos de renta y complementarios e industria y comercio.
- Dentro del término legal, el accionante presentó escrito de corrección de la demanda[8], en el que básicamente manifestó que:
(i) Todas y cada una de las normas parcialmente demandadas, que remiten a los marcos técnicos normativos contables, vulneran el principio de reserva de ley previsto en los artículos 9, 114, 150 numerales 12 y 16, 189 numeral 2, 241 numeral 10 y 338 de la Constitución Política, en la medida en que delegaron en el Gobierno Nacional, la facultad de reglamentar los elementos esenciales del tributo, entre ellos, la base gravable.
(ii) Como la Ley 1314 de 2009, que remite a los estándares internacionales de aceptación mundial, no es una ley aprobatoria de un tratado o convenio internacional, ni los Decretos Únicos Reglamentarios 2420 y 2496 de 2015 y otros posteriores que los adicionaron y modificaron no tienen fuerza material de ley, las normas parcialmente demandadas que remiten a los marcos técnicos normativos contables, no tienen fuerza legal vinculante en Colombia.
- Mediante proveído del 8 de febrero de 2018[9], la M.S. rechazó la demanda, al estimar que el accionante no suplió “las falencias identi-ficadas en la demanda original”, comoquiera que en el escrito de corrección no logró satisfacer los requisitos de certeza, especificidad y suficiencia señalados en la jurisprudencia constitucional. En particular, se manifestó que:
“8.1. El escrito de corrección no realiza una lectura sistemática de cada uno de los preceptos demandados para dar cumplimiento al requisito de certeza, y consecuen-temente, proponer una aproximación integral al alcance del articulado. Como se señaló en el auto de inadmisión, la diversidad de vocablos demandados exige un análisis completo y armónico de las disposiciones acusadas a efectos de comprender la alegada vulneración del principio de legalidad tributaria de forma homogénea.
8.2. De nuevo, en el escrito correctivo, que abarca una reproducción literal de la demanda, no se proponen razones adicionales por las que resulta inconstitucional cada aparte demandado o determinado artículo en su integridad más allá del argu-mento presentado en el expediente D-11928 sobre la remisión a los marcos técnicos normativos contables que[,] a juicio del demandante[,] vulneran la legalidad de los tributos de renta e industria y comercio.
8.3. La subsanación no plantea cómo cada segmento demandado vulnera la Constitu-ción sino que refiere a afirmaciones genéricas sobre el desconocimiento de la reserva de la ley tributaria. A este respecto, debe insistirse en el incumplimiento del requisito de especificidad ya que el actor enunció el contenido de los artículos 9, 114, 150 inciso 1 numerales 12 y 16, 189 numeral 2, 241 numeral 10 y 338 de la Constitución Política, sin desarrollar de manera concreta, objetiva y verificable por qué cada apar-tado acusado vulnera los artículos mencionados.
8.4. El escrito de corrección no se pronuncia sobre la aplicación excepcional de la normativa contable que está prevista en el artículo 22 y que fue advertida por la Corte Constitucional en el trámite [del] expediente D-11928.
8.5. El escrito tampoco responde al incumplimiento del requisito de suficiencia pues no presenta argumentos adicionales que den cuenta de la inconstitucionalidad de las normas demandadas de la reforma tributaria”[10].
- El accionante interpuso recurso de súplica[11], en el que afirmó que los funda-mentos del auto de rechazo “son errores de hecho manifiesto[s] y trascen-dente[s] en la apreciación de la corrección”, explicando que, contrario a las consideraciones expuestas por la M.S., en la corrección de la demanda sí se superaron las deficiencias de certeza, especificidad y sufi-ciencia advertidas en el auto inadmisorio, por cuanto:
(i) La corrección incluyó nuevos puntos (se refiere al acápite 4.1.4.1) que no fueron incluidos en la demanda original, con razones adicionales y conceptos de violación de las normas infringidas, por lo que no se reproduce literalmente la demanda inicial, ni se trata de un escrito igual al interpuesto en el expediente D-11928.
(ii) Las razones presentadas en la corrección son específicas y no genéricas, toda vez que en el punto 4.1.4.1, se confrontan las normas demandadas con los mandatos constitucionales infringidos.
(iii) La corrección presenta argumentos adicionales sobre la inconstitucio-nalidad de las normas demandadas, por lo que se cumple con el requisito de suficiencia.
Finalmente, el actor concluye que la Corte está exigiendo el cumplimiento de requisitos, como la certeza, claridad, pertinencia, especificidad y suficiencia, que no están establecidos ni en la Constitución ni en la ley, teniendo en cuenta que: (a) los artículos 40 numeral 6, 241 numeral 4 y 242 numeral 1 del Texto Superior, consagran el derecho fundamental a interponer acciones públicas de inconstitucionalidad, sin más requisitos que el derivado de la acreditación de la condición de ciudadano; (b) el artículo 2, numeral 3, del Decreto 2067 de 1991 solo exige que las demandas presenten las razones por las cuales se estiman violados los textos constitucionales, sin establecer exigencias de calidad en la exposición realizada, y (c) el artículo 84 de la Carta dispone que las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicio-nales, para el ejercicio de un derecho o actividad que haya sido reglamentada de manera general.
- A partir de las razones expuestas, cabe señalar que la Corte ha explicado que contra la decisión de rechazo de una demanda de inconstitucionalidad solo procede, dentro del término de ejecutoria, el recurso de súplica, cuya inter-posición da inicio a una instancia procesal destinada a que el actor controvierta dicha providencia, ya sea por aspectos formales o materiales[12]. En este sentido, se ha considerado que el carácter excepcional y estricto de este recurso impide que se utilice como una nueva oportunidad para aportar razones que sustenten los cargos propuestos, corrijan los yerros cometidos en la demanda o en el escrito de corrección, o adicionen nuevos elementos de juicio que no fueron objeto de consideración y análisis por el magistrado sustanciador[13]. Así las cosas, se ha reiterado que el ámbito de competencia de la Sala Plena respecto de este tipo de controversias se circunscribe al análisis de los motivos de inconformidad del recurrente con el auto de rechazo, sin que pueda pronun-ciarse sobre materias distintas[14].
- En la presente oportunidad, la Sala encuentra que el recurso fue presentado dentro del término de ejecutoria de la providencia que rechazó la demanda, ya que la misma fue notificada mediante estado número 021 del 12 de febrero de 2018, y el actor interpuso el recurso impugnatorio el 14 de febrero siguiente[15], esto es, dentro de los tres días hábiles previstos para el efecto, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 50 del Acuerdo 02 de 2015[16].
Con todo, a pesar de haber sido presentado en término, la Corte considera que el recurso de súplica no está llamado a prosperar, pues aunque el actor indicó una serie de razones por las cuales estima que la M.S. erró al rechazar la demanda, es claro que el accionante no corrigió en el escrito de subsanación las deficiencias del libelo introductorio evidenciadas en el auto inadmisorio y, en ese orden de ideas, acertadamente se resolvió que no podía continuarse con el estudio de la acción pública de inconstitucionalidad.
Específicamente, la Sala observa que, en los autos de inadmisión y de rechazo, se reiteró que las razones con base en las cuales se debe estructurar una acusa-ción de inconstitucionalidad tienen que ser claras, ciertas, pertinentes, espe-cíficas y suficientes, con el propósito de que se suscite una duda razonable sobre la constitucionalidad de los preceptos demandados, requisitos que tan sólo desarrollan una exigencia vinculada con la formulación de la demanda en forma y que no riñen con el carácter público de la acción de inconstitucionalidad.
Al respecto, vale decir que, de manera reiterada, esta Corporación ha estable-cido que aun cuando la acción de inconstitucionalidad es pública e informal, los demandantes tienen unas cargas mínimas que deben cumplir para que se pueda adelantar el juicio de constitucionalidad. En este sentido, la Corte ha insistido en que dichos requisitos deben ser cumplidos tanto formal como materialmente, por lo cual es obligación del ciudadano formular un cargo concreto de naturaleza constitucional contra la disposición acusada[17]. En este contexto, en la Sentencia C-1052 de 2001[18], este Tribunal señaló que las razo-nes presentadas por los accionantes deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes, pues de no ser así, la decisión que adopte la Corte necesariamente debe ser inhibitoria[19].
Siguiendo esta línea argumentativa, la M.S. estimó que en la demanda y en su escrito de corrección, no se cumplieron con los requisitos de certeza, especificidad y suficiencia, pues: (i) no se hizo una lectura sistemática de las normas acusadas para plantear una interpretación que diera lugar a una inconstitucionalidad derivada de su incorporación a la aplicación de la normativa tributaria, ni se propusieron razones por las que cada aparte demandado o el contenido completo de determinado artículo resultaba incons-titucional; (ii) no se explicó de manera concreta, objetiva y verificable por qué cada una de las normas censuradas vulneraban los artículos superiores invo-cados; (iii) ni se generó una duda mínima de inconstitucionalidad respecto de cada uno de los preceptos acusados, por cuanto no se expuso de qué manera las remisiones normativas alegadas desconocían los principios de reserva de ley, certeza y legalidad tributaria, en el caso de los impuestos de renta y complementarios e industria y comercio.
Sobre el particular, este Tribunal evidencia que si bien el actor en el recurso de súplica sostuvo que atendió a los requerimientos de la Magistrada Sustan-ciadora, lo cierto es que, como se indicó en el Auto cuestionado, la argumenta-ción desplegada en el escrito de corrección, al igual que en la demanda, no satisface los presupuestos de certeza, especificidad y suficiencia.
En efecto, el actor en el escrito de corrección se limitó a enlistar las disposiciones que conforman los marcos técnicos normativos contables a los que remiten los preceptos acusados para señalar que todas y cada una de las normas demandadas “violan todos y cada uno” de los artículos 9, 114, 150 numerales 12 y 16, 189 numeral 2, 241 numeral 10 y 338 de la Constitución, reproduciendo literalmente en el numeral 4.1.4.1.1[20] los mismos argumentos presentados en ese mismo numeral en la demanda inicial[21].
Fuera de esto, agregó un par de páginas en las que reitera, de forma breve, que (i) el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y los que lo adicionaron y modificaron posteriormente, que establecen los marcos técnicos normativos contables, no tienen fuerza material de ley y, por lo tanto, no cumplen la exigencia constitucional del artículo 338 Superior para fijar la base gravable de los tributos; y que (ii) la afectación de los principios de legalidad y certeza tributaria se da como consecuencia de la violación del principio de reserva de ley tributaria. Lo anterior, a juicio de la Sala, carece de la idoneidad necesaria para cumplir con los requisitos de certeza, especificidad y suficiencia, por las siguientes razones:
- En primer lugar, porque el ciudadano omite plantear una lectura sistemática de cada una de las disposiciones demandadas que propusiera una aproximación interpretativa razonable al alcance del articulado, con el fin de dar cumpli-miento al requisito de certeza, tal como ha sido solicitado de forma reiterada por esta Corporación,
- En segundo lugar, porque en el escrito de corrección el actor reafirma el argumento genérico de acusación consistente en que todas y cada una de las normas demandadas “violan todos y cada uno” de los artículos de la Constitución Política invocados, sin explicar de manera concreta, objetiva y verificable por qué cada una de las normas censuradas vulneraba dichos artículos superiores. Esta situación hace que se incurra, de nuevo, en la presentación de argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales”[22], circunstancia que también fue advertida en el auto inadmisorio por incumplir con el requisito de especificidad.
- En tercer lugar, más allá de un ajuste formal en el escrito de subsanación a los mismos argumentos expuestos, el actor no presenta razones adicionales que permitan suscitar una duda mínima sobre la constitucionalidad de las normas demandadas, como lo impone el requisito de suficiencia, más aún cuando en materia tributaria el legislador goza de una amplia libertad de configuración normativa.
- Por todo lo anterior, la Sala Plena considera que la decisión de rechazo debe confirmarse, no sin antes aclarar que mediante esta decisión no se trata de impedir el ejercicio del derecho de acción por parte del demandante, ni de sujetarlo a requisitos exagerados que lo tornen inocuo. Por el contrario, lo que se pretende es garantizar el debido proceso constitucional, al tiempo que se protegen las expectativas que tienen los ciudadanos de que la Corte profiera una decisión de fondo en los asuntos que se presentan ante ella. De ahí que, bien podría reformular su demanda y volverla a presentar ante este Tribunal, siempre que advierta el cumplimiento de las cargas de certeza, especificidad y suficiencia, como se ha señalado a lo largo de este proceso.
Desde esta perspectiva, no es de recibo el argumento según el cual esta Tribunal está exigiendo requisitos en la formulación de la demanda que no se avienen con lo previsto en la Constitución y la ley. Primero, porque el artículo 40 del Texto Superior, al consagrar de manera genérica los derechos políticos de los ciudadanos, no limita el ejercicio interpretativo que respecto de su alcan-ce puede realizar esta Corporación, sobre todo si se tiene en cuenta que su con-sagración opera bajo la premisa básica de un mandato de optimización. Segun-do, porque las remisiones a los artículos 241 y 242 de la Carta Política, en lo corresponde a la acción pública de inconstitucionalidad, no excluyen la posibi-lidad del legislador de desarrollar la forma como tal vía se canaliza en términos procesales, lo que se constata, precisamente, en el Decreto 2067 de 1991[23], el cual exige que toda demanda debe consagrar “las razones por las cuales” los textos constitucionales se consideran infringidos.
Tercero, es particularmente el citado requisito el que ha sido objeto de preci-sión por la Corte, dentro del marco del ejercicio interpretativo de la autoridad judicial, indicando que las razones deben tener un mínimo de argumentación que justifique la acusación que se le hace a la norma, pues no cabe un ataque indeterminado, abstracto y global, en el que se asuma de oficio el control de constitucionalidad que, por regla general, como lo impone el propio Texto Superior, se sujeta a la presentación de una demanda en forma. Por ello, a diferencia de lo expuesto en el recurso de súplica, esta Corporación ha señalado que las cargas mínimas que se exigen en la formulación de las razones, bajo ninguna circunstancia implican una negación de los derechos políticos de los ciudadanos. Así, en la Sentencia C-777 de 2010[24], se dijo que:
“(…) la Corte ha insistido también, como se expresó más arriba, en que la consagración de estos requisitos mínimos no puede entenderse como una limitación a los derechos políticos del ciudadano ya referidos, pues lo que se persigue al identificar el contenido de la demanda de inconstitucionalidad es fijar unos elementos que informen adecuadamente al juez para poder proferir un pronun-ciamiento de fondo, y evitar un fallo inhibitorio que torna inocuo el ejercicio de este derecho político. Esto supone una carga mínima de comunicación y argu-mentación que ilustre a la Corte sobre la norma que se acusa los preceptos constitucionales que resultan vulnerados, el concepto de dicha violación y la razón por la cual la Corte es competente para pronunciarse sobre la materia. En este orden de ideas, ‘la presentación de una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte da inicio a un diálogo entre el ciudadano, las autoridades estatales comprometidas en la expedición o aplicación de las normas demandadas y el juez competente para juzgarlas a la luz del Ordenamiento Superior. Esto supone como mínimo la exposición de razones conducentes para hacer posible el debate’. (…)”
Cuarto, es innegable que de la lectura del artículo 84 del Texto Superior[25] no es posible inferir, como lo propone el actor, la imposibilidad del juez constitu-cional de interpretar los requisitos que se consagran en el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991, para efectos de explicar la manera como los ciudadanos deben presentar en debida forma la demanda, con miras a obtener una decisión de fondo. Por ello, no cabe alegar que la Corte está exigiendo requisitos adicio-nales, cuando su única labor ha sido la de precisar el alcance del concepto “razones”, como se expuso en la Sentencia C-1052 de 2001[26], en aras de asegurar la efectividad de un derecho político.
- Finalmente, no desconoce la Sala que, en ejercicio de su derecho como ciudadano, una persona a quien le ha sido rechazada una demanda, puede volver a presentarla ante la Corte; pero es claro también que, en esa even-tualidad, el demandante tiene la carga de hacer lo que esté a su alcance para subsanar los defectos que dieron lugar al rechazo inicial de la demanda, sin que resulte de recibo que, transcurrido un tiempo, radique un escrito que resulte prácticamente idéntico, en lo esencial, a aquél sobre el cual ya se dio un pro-nunciamiento desfavorable por parte de esta Corporación.
Cuando esta situación se presenta, el juez tiene la obligación de llamar la atención al ciudadano para que atienda las observaciones que le han sido realizadas con anterioridad, pues no cabe duda que un actuar en sentido contrario, más allá de considerar que tiene la virtualidad de afectar la lealtad procesal, contribuye a la congestión judicial y deriva en un uso inadecuado de los recursos destinados al funcionamientos de la justicia, tal como se advirtió desde el auto inadmisorio de la demanda, por parte de la magistrada D.F.R.. En consecuencia, se negará el recurso de súplica formulado por el ciudadano H. de J.L.L. y se confirmará la decisión cuestionada.
PRIMERO.- CONFIRMAR en su integridad el Auto del 8 de febrero de 2018, proferido por la M.S.D.F.R., mediante el cual se rechazó la demanda interpuesta por el ciudadano H. de J.L.L..
[1] “Por medio del cual se unifica y actualiza el Reglamento de la Corte Constitucional”.
[2] Código de Régimen Municipal.
[3] Se trata de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), las Normas Internacionales de la Información Financiera (NIIF) y las Normas de Aseguramiento de la Información Financiera desarrolladas por la Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASCF por sus siglas en inglés International Accountting Standards Committee) y por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés International Accountting Standards Board).
[4] F.s 65 a 79 del cuaderno principal.
[5] Cfr. Sentencias C-509 de 1996; C-236, C-237, C-357 y C-447 de 1997; C-353 de 1998; C-1052 de 2001; C- 426 de 2002; C-170 y C-1115 de 2004; C- 980 de 2005 y C-501 de 2014.
[6] “la base de acumulación o devengo”; “devengados contablemente”; “de los activos intangibles”; “y se clasificarán de acuerdo con los nuevos marcos técnicos normativos”; “de activo no corriente mantenido para la venta”; “de conformidad con la técnica contable”; “generarán diferencias permanentes”; “propiedades de inversión”; “la información financiera y contable”, entre otras.
[7] F. 77 del cuaderno principal.
[8] F.s 82 al 115 del cuaderno principal.
[9] F.s 117 y 118 del cuaderno principal.
[10] F.s 117 y 118 del cuaderno principal.
[11] F.s 120 a 135 del cuaderno principal.
[12] Este Tribunal ha señalado que “el ejercicio de ese recurso exige que el demandante actúe con un mínimo de diligencia en la configuración de las razones que presenta para sustentarlo, de tal forma que estructure una argumentación que le permita al Pleno de esta Corporación identificar el error u olvido que se endilga al auto de rechazo. La ausencia de este elemento, implicaría una falta de motivación del recurso, que le impediría a esta Corporación pronunciarse de fondo, con respecto al mismo”. Auto 027 de 2016, M.P.G.E.M.M..
[13] Véanse, entre otros, los Autos 024 de 1997, M.P.E.C.M.; 129 de 2005, M.P.J.C.T.; y 065 de 2016, M.P.L.G.G.P..
[14] Cfr. Auto 029 de 2016, M.P.L.G.G.P..
[15] Según consta en el informe del 16 de febrero de 2018 suscrito por la Secretaria General. F. 136 del cuaderno principal.
[16] “Artículo 50. Trámite de los recursos de súplica. Los recursos de súplica que instauren los ciudadanos contra autos proferidos por los Magistrados se someterán al siguiente trámite: 1. El recurso de súplica deberá interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia objeto de él (…)”.
[17] Al respecto, se pueden consultar las Sentencias C-447 de 1997, C-509 de 1996, C-236 de 1997 y C-624 de 2003.
[18] M.P.M.J.C.E..
[19] En cuanto al alcance de dichas cargas, este Tribunal ha sostenido que: “[Para] que una demanda de inconstitucionalidad pueda ser objeto de admisión, es necesario que se cumplan con los siguientes requisitos, a saber: “la acusación debe ser suficientemente comprensible (clara) y recaer sobre una proposición jurídica real y existente, y no simplemente deducida por el actor o implícita (cierta). Además, el accionante tiene la carga de exponer las razones por las cuales el precepto legal demandado vulnera la Carta Fundamental (especificidad), con argumentos que sean de naturaleza constitucional, y no meramente legales ni puramente doctrinales (pertinencia). Finalmente, la acusación no sólo ha de estar formulada de manera completa sino que debe ser capaz de suscitar en el juzgador una duda razonable sobre la exequibilidad de la disposición (suficiente)”. (Sentencia C-641 de 2002. M.P.R.E.G.. Tomado de las Sentencias C-1052 y 1193 de 2001. M.P.M.J.C.E.).
[20] F.s 89 a 96 del cuaderno principal.
[21] F.s 23 a 31 a del cuaderno principal.
[22] Estos son los defectos a los cuales se ha referido la jurisprudencia de la Corte cuando ha señalado la ineptitud de una demanda de inconstitucionalidad, por inadecuada presentación del concepto de la violación. Cfr. Auto 097 de 2001, M.P.M.G.M.C. y las sentencias C-281 de 1994, M.P.J.G.H.G., C-519 de 1998, M.P.V.N.M., C-013 de 2000, M.P.Á.T.G., C-380 de 2000, M.P.V.N.M., C-177 de 2001, M.P.F.M.D., entre muchos otros.
[23] “Por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional”.
[24] M.P.H.A.S.P..
[25] “Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio”.
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de casación civil y agraria nº T 2500022130002016-00301-01 de 12 de Septiembre de 2016