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Timestamp: 2018-02-26 01:45:12
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Matched Legal Cases: ['artículo 191', 'artículo 194', 'artículo 191', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 149', 'artículo 4', 'artículo 39', 'artículo 3']

Sentencia T.S.J. Castilla y León 1162/2010 de 15 de septiembre. Infracciones del orden social. Degradación. Paralización de actividad por riesgo inminente. Exceso de jurisdicción - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Castilla y León 1162/2010 de 15 de septiembre
Poder de dirección del empresario: El Ayuntamiento empleador ha realizado una objetiva degradación en las condiciones laborales del trabajador, al asignarle la ejecución de funciones impropias de su categoría profesional. Paralización de actividad por riesgo grave e inminente: Falta de medidas de seguridad. Exceso de jurisdicción de la sentencia de instancia: Los Tribunales de lo Social no son competentes para el conocimiento de las pretensiones que versen sobre resoluciones administrativas relativas a sanciones por infracciones del orden social.
SENTENCIA: 01162/2010
TIPO Y N.º DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 1162/10
Materia PROCED. OFICIO
Recurrente/s: AYUNTAMIENTO DE TORO
ABOGADO: RAFAEL GONZALEZ FRANCO
PROC. FERNANDO VELASCO NIETO
Recurrido/s: Ezequias Y JUNTA DE C. Y L.
JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: UNO ZAMORA 315/09
Rec. núm. 1162/10
D.ª Susana María Molina Gutiérrez/
En el Recurso de Suplicación núm. 1162 de 2010 interpuesto por el AYUNTAMIENTO DE TORO contra sentencia del Juzgado de lo Social núm. Uno de Zamora (autos 315/09) de fecha 3 de marzo de 2010, dictada en virtud de demanda en PROCEDIMIENTO DE OFICIO promovida por la DELEGACION TERRITORIAL DE TRABAJO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON contra referida recurrente y otro, ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. D. Juan José Casas Nombela.
Primero.-Con fecha 20 de julio de 2009 se presentó en el Juzgado de lo Social número Uno de Zamora demanda formulada por la parte actora, en la que solicitaba se dictase sentencia en los términos que figuran en el Suplico de la misma. Admitida la demanda y celebrado el juicio, se dictó sentencia en los términos señalados en su parte dispositiva.
"Primero.- Por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Zamora se realizó una Inspección al AYUNTAMIENTO DE TORO, y a través del acta de infracción n.º I492009000017301 de fecha 13 de mayo de 2009, se propone una sanción por cuantía de 6.251 €, por incurrir en una infracción tipificada y cualificada como muy grave en el art. 8.11 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social aprobada por el RD Legislativo 5/2000. Segundo.- El trabajador D. Ezequias, trabajador al servicio del Ayuntamiento de Toro, en virtud de contrato de duración indefinida, iniciado el 2 de enero de 1987, en la fecha de la Inspección se encontraba trabajando en las tareas de limpieza de la muralla en al "Alcázar" de la localidad de Toro, actividad que le fue encomendada por el Encargado de Obras a mediados de 2008. La categoría profesional de Ezequias es la de Oficial de 1.ª, por lo que está realizando tareas que no son propias de su categoría profesional. La orden de que a Ezequias se le encomendase dicha tarea fue dada por D. Romulo, Coordinador de Servicios del Ayuntamiento de Toro. Tercero.- Para realizar las tareas encomendadas Ezequias utilizaba un cepillo de alambre (al que le faltaba parte de las púas), un cepillo de barrer sin palo y una paleta y sin respetar la normativa de prevención de riesgos laborales. La superficie de trabajo, que circunda todo el edificio por la parte inferior de la muralla, tiene una anchura aproximada de dos metros, al borde de la cual no existe ninguna protección en forma de barandilla o sistema de protección colectiva equivalente. Cuarto.- El trabajador realizaba dicha labor completamente solo, aislado de sus compañeros, siendo esta la causa por la que el Ayuntamiento había asignado al trabajador una actividad que no le correspondía con su categoría profesional. La limpieza de las paredes superiores de la muralla no era urgente, habiéndose paralizado los trabajos por la Inspección de Trabajo, se dejó de trabajar en la muralla, no asignando ningún otro trabajador a estas labores. Quinto.- Por parte del Ayuntamiento de Toro se presentó escrito de alegaciones oponiéndose a la propuesta de sanción efectuada en el Acta de Infracción. Sexto.- En fecha 19 de junio de 2009, por el Inspector de Trabajo y Seguridad Social, D. Juan Alberto, se emitió informe estimando que procedía confirmar el acta de infracción, procediéndose por la Autoridad Laboral a comunicar a los Juzgados de la Jurisdicción Laboral el acta de infracción levantada por la Inspección de Trabajo, iniciándose el procedimiento de oficio, en virtud de lo dispuesto en el art. 149.2 de la LPL."
Tercero.-Interpuesto Recurso de Suplicación contra dicha sentencia por el Ayuntamiento de Toro, fue impugnado por la Junta de Castilla y León y por D. Ezequias. Elevados los Autos a esta Sala, se designó Ponente, acordándose la participación a las partes de tal designación.
Primero.-La sentencia del Juzgado de lo Social número Uno de los de Zamora, de 3 de marzo de 2010, estimó la demanda deducida por la Delegación Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla y León frente al Ayuntamiento de Toro y frente al trabajador al servicio de ese Ayuntamiento D. Ezequias, demanda canalizada por el denominado procedimiento de oficio, y declaró en su parte dispositiva que "la empresa Ayuntamiento de Toro ha incurrido en ejercicio abusivo del poder de dirección que corresponde al empresario, sin la consideración debida a la dignidad del trabajador D. Ezequias, debiéndose apreciar que la infracción administrativa recogida en el Acta es ajustada a derecho y, tal y como consta en la misma, es constitutiva de infracción muy grave, debiendo de imponerse al Ayuntamiento de Toro la sanción en su grado mínimo, ascendiendo la sanción al importe de 6251 euros".
Se recurre en suplicación el referido pronunciamiento en nombre del Ayuntamiento de Toro, quien interesa en primer término, al amparo de lo previsto en el artículo 191 b) del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, la revisión de los hechos probados de la sentencia de instancia.
En primer lugar, insta el escrito de recurso la rectificación del ordinal fáctico segundo y, en concreto, del último punto de su párrafo primero, a fin de que allí se consigne, antipódicamente a lo precisado en la versión judicial, que las tareas a las que allí se hace referencia y que ejecutaba el trabajador Sr. Ezequias, "son propias de su categoría profesional" de oficial de primera.
A juicio de la Sala, no es posible sin embargo aceptar esa pretensión de alteración probatoria. Sencillamente, porque tanto la versión de instancia, cuanto la que se intenta introducir en esta fase del recurso, contienen valoraciones jurídicas que son impropias del tramo fáctico de la sentencia judicial, puesto que a su través puede predeterminarse el fallo de la resolución jurisdiccional en el aludido lugar de la sentencia, perturbándose con ello, además, la estructura silogística a la que han de obedecer ese tipo de resoluciones, al convertir en gratuito y prescindible el tramo de la sentencia destinado a fundamentar y explicitar cómo y por qué, a partir de la inserción en la norma jurídica de una determinada realidad o presupuesto de hecho, se produce o no la consecuencia o el efecto en la propia norma previsto, puesto que ese efecto ha quedado ya irremediablemente incrustado en el fallo de la sentencia como consecuencia de su previa e indebida inclusión en hechos probados de la misma. Además, cual sobre lo mismo se insistirá en el siguiente fundamento de esta sentencia, porque la valoración jurídica que se propone a través de la rectificación probatoria que se está comentando carece de apoyo normativo.
En segundo lugar, patrocina el empleador recurrente la revisión del hecho probado tercero, revisión consistente en añadir lo siguiente al primero de los incisos o puntos en ese hecho contenidos: "... y que a 50 metros tiene el almacén de obras y lo tiene a su disposición para coger la herramienta que estime necesaria".
Empero, tampoco es posible la estimación de ello por el Tribunal. De un lado, porque la adición probatoria que se propone se apoya en simples manifestaciones de testigos, prueba esa inhábil en el extraordinario recurso de suplicación para obtener la modificación de los hechos probados de la sentencia, según lo dispuesto en el artículo 194.3 de la Ley de Procedimiento Laboral, e inhabilidad esa que no desaparece por el solo hecho de hallarse recogidas las manifestaciones testificales en actas diligenciadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Y, de otra parte, cual sobre ello se abundará también en el siguiente fundamento de esta sentencia, porque lo que se quiere introducir en la realidad de la contienda resulta irrelevante en orden a modificar el fallo en la instancia alcanzado.
En tercer y último término, solicita el escrito de suplicación la asignación al párrafo primero del ordinal fáctico cuarto del siguiente texto: "Que Ezequias está solo en el Alcázar porque mayormente es un hombre que no se lleva bien con el resto de los compañeros pues ha tenido bastantes enfrentamientos con ellos y se niegan a trabajar con él. Que hubo conatos de agresión y de ofensa verbal de Ezequias a otros trabajadores y al declarante. Que nunca se ha pretendido aislarlo, que se mandó estar en el Alcázar porque vieron que era una medida adecuada para que no tuviera enfrentamientos con los demás compañeros".
Tampoco es posible sin embargo la aceptación de ello, imposibilidad que radica en lo ya señalado por el Tribunal para rechazar la pretensión de adición fáctica acabada de examinar: lo que se propone introducir en la verdad del litigio se apoya en prueba inidónea, cual la de testigos; y lo que se pretende incorporar a hechos probados resulta intrascendente para alterar el fallo de origen.
Segundo.-Ya en el territorio del debate jurídico sustantivo, esto es, con la habilitación que proporciona lo previsto en el artículo 191 c) de la Ley procesal, atribuye la parte recurrente a la sentencia de Zamora la infracción de lo establecido en el artículo 8.11 del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Y la citada crítica jurídica, al servicio de obtener de esta Sala un pronunciamiento revocatorio del de instancia y contradictorio con la declaración allí contenida, se instala en el siguiente esencial contexto circunstancial, tal y como el mismo surge del inalterado relato fáctico de la sentencia de Zamora. El 24 de marzo de 2009, los servicios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social giraron visita al edificio conocido como "Alcázar", sito en la zamorana localidad de Toro, constatando lo siguiente: que D. Ezequias, oficial de primera al servicio del Ayuntamiento de Toro, se encontraba efectuando tareas de limpieza de la muralla del edificio antes citado, limpieza que realizaba desde mediados de 2008 por decisión del coordinador de servicios y del encargado de obras del Ayuntamiento de la localidad citada; que la referida labor de limpieza de la muralla se efectuaba por el Sr. Ezequias valiéndose de cepillo de alambre al que le faltaban púas, cepillo de barrer sin palo y paleta; que la superficie de trabajo, que circundaba todo el edificio por la parte interior de la muralla y que en algún punto alcanzaba una altura de cinco metros desde el suelo, tenía una anchura de dos metros, no existiendo barandilla perimetral ni ningún otro sistema de protección colectiva; que la tarea de limpieza tan citada se ejecutaba exclusivamente por el Sr. Ezequias, quien había sido separado de sus compañeros por sus superiores jerárquicos; y que la limpieza de la muralla del "Alcázar" no era tarea urgente para el Ayuntamiento de Toro. En fin, ordenada por la Inspección la paralización de los trabajos que ejecutaba D. Ezequias y requerido el Ayuntamiento de Toro para que adoptara las reglamentarias medidas de seguridad en relación con tales trabajos, el citado empleador optó por cesar en la limpieza de la muralla del Alcázar. Levantada Acta de Infracción al aludido empleador, al tener al mismo como autor responsable de una infracción muy grave de las tipificadas en el artículo 8.11 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden Social, y formuladas las alegaciones tenidas por convenientes, la Delegación de Trabajo de la Junta de Castilla y León dedujo demanda-comunicación de oficio, al amparo de lo previsto en el artículo 149.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, demanda que precipitó el pronunciamiento que ahora se trae a la consideración de este segundo grado jurisdiccional.
Pues bien, a partir de ese capital estado de cosas, estima en síntesis la parte recurrente que no existe una conducta empresarial lesiva del derecho a la dignidad del trabajador Sr. Ezequias, puesto que en el presente caso no medió intencionalidad o ánimo perturbador de ese derecho sino, acaso, un simple exceso en el ejercicio del poder directivo del empleador, ya que las funciones de limpieza encomendadas eran tareas correspondientes a la categoría profesional ostentada por D. Ezequias, y porque la encomienda de esas tareas estaba justificada para evitar que la mala relación existente entre aquél y sus compañeros precipitara consecuencias indeseables, cual agresiones verbales o físicas entre los mismos.
La Sala no puede compartir ese parecer. Cual correctamente se entendió ello en la sentencia de instancia, un proceder empresarial consistente en aislar a un trabajador del resto de sus compañeros, con asignación al mismo de tareas superfluas por innecesarias, con facilitación para su ejecución de instrumentos deteriorados y poco útiles, con instalación del empleado en una zona o lugar de trabajo potencialmente peligrosa, sin adopción de las elementales medidas de seguridad que la actividad encomendada exigía, y concurriendo además que ese estado de cosas se mantiene durante casi medio año, es en verdad un proceder lesivo del derecho laboral que aparece expresamente reconocido en el artículo 4.2 e) de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, esto es, del derecho a la consideración debida a la dignidad del trabajador en el ámbito de la relación laboral. Como señaló el Tribunal Constitucional en sus sentencias 88/1985, de 19 de julio y 292/1993, de 18 de octubre, "nada legitima que quienes presten servicios en organizaciones empresariales por cuenta y bajo la dependencia de sus titulares deban soportar despojos transitorios o limitaciones injustificadas de sus derechos fundamentales y libertades públicas que tienen un valor central y nuclear en el sistema jurídico constitucional", puesto que las facultades organizativas del empresario se encuentran limitadas por los derechos fundamentales del trabajador, quedando obligado el empleador a respetar los mismos y a atemperar el ejercicio de aquellas facultades al principio de proporcionalidad de la medida. Y para comprobar si una directiva empresarial restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, el propio Tribunal Constitucional (por todas, sentencias 66/1995, 55/1996 y 37/1998) ha adoctrinado que es preciso comprobar si se cumplen los tres requisitos siguientes: si la medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es necesaria en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal objetivo con igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la directiva empresarial es ponderada o equilibrada, en razón de derivarse de la misma más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto.
Pues bien, el antes descrito proceder del empleador del Sr. Ezequias comportó una objetiva degradación de sus condiciones laborales, puesto que se asignó al trabajador la ejecución de funciones impropias de su categoría profesional -la mera limpieza de una muralla no es quehacer connotado de la especialización que configura la oficialía de primera en cualquiera de las profesiones u oficios clásicos-, porque aquella asignación, que lo fue de trabajos superfluos en tanto que abandonados por el Ayuntamiento de Toro tras la actuación llevada a cabo por la Inspección de Trabajo, en modo alguno se acomodó a la preceptiva rectora del instituto de la movilidad funcional, al no estar justificada "por necesidades perentorias o imprevisibles de la actividad productiva" (artículo 39.2 del Estatuto de los Trabajadores), porque la tarea de limpieza encomendada se actuó y se llevó a la práctica con desprecio del elemental derecho laboral a la seguridad en el trabajo (artículos 4.2. d) y 19.1 del Estatuto), y porque el tiempo durante el que se extendió la encomienda funcional adoptada privó a ésta de cualquier suerte de connotación o vinculación con situaciones excepcionales, perentorias o ineludibles. Y la decisión adoptada por el empleador tan citado carecía de proporcionalidad de clase alguna: si, cual se sostiene en el escrito de recurso, aquella decisión tenía por finalidad evitar potenciales indeseables consecuencias derivables de la mala relación existente entre el Sr. Ezequias y sus compañeros, la medida adoptada no sólo no era entonces idónea para lograr ese objetivo por su evidente contenido aflictivo, sino que tampoco era ni la permitida por el ordenamiento laboral, ni aquella de la que cabría colegir algún provecho o ventaja superior al desprecio de la consideración debida a la dignidad del trabajador en el desempeño de su quehacer laboral. Por ello, no incurrió la sentencia de instancia en la infracción normativa a la misma atribuida, aseveración que tiene complementario apoyo en las adicionales consideraciones que se efectúan en aquella sentencia, que la Sala hace suyas y cuya reiteración aquí sería gratuita.
Señalado lo anterior, y aun cuando lo que se va a apuntar a continuación no se suscita ni en el escrito de recurso ni en los de impugnación del mismo, sí tiene la Sala que enmendar por propio oficio el pronunciamiento de instancia, puesto que el mismo incurrió en exceso de jurisdicción y en vicio de incongruencia, al declarar complementariamente que "la infracción administrativa recogida en el Acta es ajustada a derecho y... constitutiva de infracción muy grave, debiendo imponerse al Ayuntamiento de Toro la sanción en su grado mínimo, ascendiendo la sanción al importe de 6251 euros". Hubo, en efecto, exceso de jurisdicción al efectuar esa complementaria declaración, porque los Tribunales de lo Social no son competentes para el conocimiento de las pretensiones que versen sobre resoluciones administrativas relativas a sanciones por infracciones del orden social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.2 a), en relación con lo dispuesto en el número 3 de ese mismo artículo, de la Ley de Procedimiento Laboral. Y hubo, también, vicio de incongruencia, puesto que la demanda-comunicación rectora del litigio impetraba, sólo, una declaración jurisdiccional afirmativa de que "la conducta de la empresa Ayuntamiento de Toro ha incurrido en ejercicio abusivo del poder de dirección que corresponde al empresario, sin la consideración debida a la dignidad del trabajador". En consecuencia, al estarse ante defectos de orden público procesal y susceptibles por ello de enmienda por propio imperio jurisdiccional, se impone que esta sentencia revoque y deje sin efecto aquel tramo de la sentencia de instancia en el que se afirmaba la adecuación a derecho de la infracción declarada y de la sanción impuesta al Ayuntamiento de Toro en el acta de infracción que constituye el antecedente remoto del procedimiento de oficio que ha sido examinado por esta Sala.
Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por el AYUNTAMIENTO DE TORO contra sentencia del Juzgado de lo Social núm. Uno de Zamora de fecha 3 de marzo de 2010, dictada en virtud de demanda en PROCEDIMIENTO DE OFICIO promovida por la DELEGACION TERRITORIAL DE TRABAJO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON contra referida recurrente y contra D. Ezequias y, en consecuencia, confirmamos el fallo de instancia. No obstante, revocamos y dejamos sin efecto por propio oficio el tramo de la parte dispositiva de la sentencia de instancia en el que se afirmaba la adecuación a derecho de la infracción declarada y de la sanción impuesta en el acta de infracción que constitutye el antecedente remoto del presente litigio. Asimismo, condenamos a la parte recurrente a abonar a cada una de las parte recurridas e impugnantes de la suplicación formalizada la suma de 200 euros en concepto de honorarios de letrado.
Todo el que intente interponer dicho recurso sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social consignará como depósito la cantidad de 300,00 euros en la cuenta núm. 4636 0000 66 Rec. 1162-10 abierta a nombre de la Sección 1 de las Sala de lo Social de este Tribunal, en la oficina principal de Valladolid del Banco Español de Crédito (BANESTO), acreditando el ingreso.