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Timestamp: 2018-08-14 13:38:04
Document Index: 28909751

Matched Legal Cases: ['artículo 44', 'artículo 53', 'artículo 53', 'artículo 240', 'artículo 239', 'artículo 236', 'artículo 239', 'artículo 86', 'artículo 118', 'artículo 17', 'in dubio', 'artículo 239', 'artículo 36', 'artículo 1']

﻿ SENTENCIA T-883 DE OCTUBRE 26 DE 2006
SENTENCIA T-883 DE 26 DE OCTUBRE DE 2006
CONTENIDO:VALORACIÓN DE HECHOS EN SEDE DE TUTELA. EL PROCESO DE TUTELA NO ES EL CONTEXTO NATURAL PARA REALIZAR UN PRONUNCIAMIENTO DEFINITIVO SOBRE ASUNTOS QUE ESTÉN RESERVADOS A OTRAS JURISDICCIONES.
TEMAS ESPECÍFICOS:TRABAJADOR INDEPENDIENTE, CONTRATO DE TRABAJO VERBAL, AFILIACIÓN DEL TRABAJADOR INDEPENDIENTE AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO EN SALUD, REINTEGRO LABORAL, HECHO EXENTO DE PRUEBA, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO A MUJER EMBARAZADA, PROTECCIÓN A LA MUJER EMBARAZADA
Sentencia T-883 de octubre 26 de 2006
Sentencia T-883 de 2006
Ref.: Expediente T-1385217
Acción de tutela instaurada por Sandra Milena García González, representada en el proceso judicial por Luis Felipe Vega Lora, contra Pascual Martínez Montoro.
1. La accionante celebró un contrato de trabajo verbal con el señor Pascual Martínez Montoro, el día 1º de septiembre de 2000. Según el escrito de demanda, en calidad de persona natural, el empleador desarrolla una actividad comercial consistente en la elaboración y venta de repostería, panadería y comidas rápidas, labor para la cual fue contratada la accionante.
2. Desde el 25 de octubre de 2005 la señora Milena García se encuentra afiliada como trabajadora independiente a Coomeva EPS.
3. Con motivo de las condiciones de empleo en las cuales se venía desarrollando su labor, la señora Milena García interpuso una acción ordinaria laboral el día 25 de enero de 2005 ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla. Afirma la accionante que al momento de presentar la demanda la prestación del servicio se daba en jornadas que tenían una duración aproximada “de 10 a 12 horas diarias, domingos y festivos sin que este le pague horas extras, domingos, feriados, recargo nocturno, seguridad social integral, calzado, uniformes, subsidio familiar, vacaciones, primas semestrales, auxilio de transporte, desde el día 1º de septiembre del año 2000 hasta la fecha; [la demandante] solo recibe como apago (sic) el salario mínimo cancelado en forma diaria con una cuantía, entre los $ 15.000 y $ 16.000 pesos diarios que esta coge del producto de las ventas”.
4. El día 26 de enero de 2006 la accionante comunicó al empleador que se encontraba en estado de embarazo por medio de certificado Postexpress número 12553445, el cual fue recibido el día 26 de enero de 2006 en las oficinas del demandado. La señora Milena García anexó a la comunicación un certificado médico del laboratorio clínico sistematizado Lab-Pérez que arrojaba resultado positivo a la prueba de embarazo practicada el día 20 de octubre de 2005.
5. El día 1º de marzo de 2006 la accionante fue despedida por el demandado a pesar de haber sido notificado y de la notoriedad de dicho estado, pues en la fecha en la que ocurrió el despido la demandante sumaba el séptimo mes de gestación.
1. En sentencia del siete (7) de abril de dos mil seis (2006) el Juzgado Noveno Penal Municipal de Barranquilla decidió negar el amparo solicitado “en atención a que es ambivalente la situación de la accionante quien por un lado manifiesta laborar para con (sic) el señor Pascual Martínez y por otro en el numeral 4º de su petición señala que es trabajadora independiente y cotiza con la EPS Coomeva lo que nos está indicando que ni siquiera se encuentra clara cual era su situación laboral, si se consideraba o no subordinada porque por un lado manifiesta ser trabajadora dependiente y por el otro independiente no pudiendo tener esas dos calidades al mismo tiempo”.
3. Reiteración jurisprudencial sobre protección constitucional a la maternidad.
De manera copiosa la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado el alcance de las disposiciones superiores que otorgan protección reforzada a la maternidad (1) .
Así pues, como lo ha sostenido la Corte Constitucional en decisiones precedentes (2) , al brindar asistencia especial a la maternidad, se aseguran los derechos fundamentales a la dignidad, la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad de la mujer que encuentra en la opción de ser madre de familia la posibilidad de desarrollar plenamente su proyecto de vida. De tal manera, el constituyente quiso superar la oprobiosa discriminación a la cual venía siendo sometida en su condición de mujer, la cual se hacía más severa al decidir adoptar el rol de madre, ofreciéndole garantías que de manera efectiva le permitieran tomar libremente tal decisión.
De la misma manera, por medio del establecimiento de la protección reforzada a la maternidad, se asegura el amparo a la vida consagrado en el preámbulo y en los artículos 2º, 11 y 44 del texto constitucional y se logra la protección de los derechos del niño establecida en el artículo 44 (3) .
Por tal razón, el constituyente elevó a rango constitucional en el artículo 53 la protección a la mujer y a la maternidad en el trabajo. El conjunto de garantías que de manera reforzada protegen a la mujer en estado de embarazo o lactancia ha sido reunido por la jurisprudencia constitucional bajo la enseña de fuero de maternidad (4) . Este concepto impone el reconocimiento de la mujer que se encuentra en esta condición como sujeto de especial protección, en virtud de la cual reclama del Estado y de la sociedad, no solo el amparo ordinario de los derechos de los cuales todos los sujetos de derecho son titulares, sino una especial consideración a aquellas necesidades específicas que surgen a propósito de la maternidad.
El fuero de maternidad se materializa, entonces, en el derecho a una estabilidad laboral reforzada que, a diferencia de la estabilidad general que el artículo 53 asegura a los empleados, ofrece mecanismos judiciales efectivos para asegurar su vinculación al empleo, en atención a que una de las manifestaciones más claras de la discriminación de la cual es víctima la madre trabajadora es el despido injustificado que es ocasionado por el eventual sobrecosto que para un empleador implica contratar a una trabajadora que se encuentra en dichas condiciones (5) .
En el ámbito legal, el capítulo V del título VIII del Código Sustantivo del Trabajo, titulado Protección a la maternidad y protección de menores, materializa este propósito constitucional. En lo relativo a la estabilidad reforzada de la cual goza la madre trabajadora, el artículo 240 establece que el despido de la mujer que se encuentre en estado de embarazo o en los tres meses posteriores al parto solo procede cuando el inspector de trabajo, o el alcalde municipal en aquellos lugares en donde no existiere aquel funcionario, ha acreditado la ocurrencia de una justa causa de despido. Como fue precisado en Sentencia C-470 de 1997, el incumplimiento de este requisito genera la nulidad del despido y, al mismo tiempo, da lugar a la sanción establecida en el numeral 3º del artículo 239, correspondiente al pago de sesenta días de salario, además de la cancelación de las prestaciones a que hubiera lugar de acuerdo al contrato de trabajo y al pago de las doce semanas de descanso remunerado consagrado en el artículo 236.
Como lo sostuvo la Corte en Sentencia C-710 de 1996, en la actuación administrativa que debe agotarse ante el inspector de trabajo para obtener la autorización del despido debe garantizarse fielmente el derecho al debido proceso de la madre, teniendo en cuenta que es un sujeto de especial protección. En ese sentido, la trabajadora no solo debe ser oída durante la actuación, sino que el inspector debe ser especialmente acucioso en la práctica y valoración de las pruebas, para así garantizar que la eventual ocurrencia de una justa causa de despido se encuentra efectivamente acreditada, descartando de tal manera una eventual arbitrariedad.
Para terminar, como parte de la protección ofrecida por la garantía de estabilidad reforzada de la cual goza la maternidad, el numeral 2º del artículo 239 establece una presunción de hecho en contra del empleador, según la cual si este despide a una mujer que se encuentra en gestación o dentro de los tres meses posteriores al parto, se presume que la causa de dicho despido ha sido la maternidad o la lactancia, según sea el caso (6) .
Ahora bien, como lo ha precisado la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia (7) , la procedencia de esta especial protección en sede de tutela está condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:
4. Valoración de hechos en sede de tutela.
1. La Constitución Política de 1991 establece, en su artículo 86, que “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar (...) la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.
El Decreto 2591 de 1991, a su turno, dispone, en términos similares, que todas las personas cuentan con la posibilidad de reclamar ante los jueces, mediante el procedimiento preferente y sumario de la acción de tutela, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, en caso de que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, en los casos que el mismo decreto indique (8) .
Adicionalmente, nuestro ordenamiento constitucional (i) consagra que uno de los fines esenciales del Estado es aquel de garantizar la efectividad de los derechos consagrados en la propia Constitución (C.P., art. 2º); (ii) protege el derecho de toda persona a acceder a la administración de justicia (C.P., art. 229); (iii) e incluye, como un derecho fundamental, el debido proceso (C.P., art. 29).
Estas disposiciones superiores se encuentran en consonancia con los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, como la Convención americana sobre derechos humanos y el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, suscritos y ratificados por Colombia (9) , los cuales contemplan, asimismo, el derecho a la protección judicial efectiva. La convención, por ejemplo, declara que “[t]oda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales” (art. 25). Por su parte, el pacto establece que “[t]oda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con todas las garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil” (art. 14).
4. En vista de lo anterior, a saber, (i) el ordenamiento constitucional; (ii) las diversas disposiciones consagradas en instrumentos internacionales de derechos humanos, aprobados y ratificados por Colombia; (iii) y la abundante y reiterada jurisprudencia de esta Corte Constitucional, que contemplan el derecho a la tutela judicial efectiva como manifestación de los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido proceso, se hace necesario realizar una interpretación sistemática y no restrictiva ni aislada de disposiciones como el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil (10) , cuando se trata del procedimiento preferente y sumario de la acción de tutela, o como el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991.
Todo lo anterior permite señalar a esta Sala de Revisión que, en aras de hacer efectivos los derechos a la tutela judicial efectiva, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso, es deber del juez de tutela decidir de fondo las solicitudes de amparo constitucional que lleguen a su conocimiento, bien sea concediendo o denegando dicha solicitud (negrilla fuera de texto).
En ese sentido, ante la eventual insuficiencia del material probatorio presentado por el accionante, el juez no puede asumir una posición pasiva que, por ese solo hecho, niegue el amparo requerido sin adelantar ningún tipo de actuación encaminada a indagar sobre la supuesta violación de derechos fundamentales. Al contrario, en consideración al bien jurídico protegido por medio de la acción de tutela, sobre el juez recae la responsabilidad de esclarecer de manera suficiente el supuesto fáctico en el que se apoyará la sentencia, para lo cual cuenta con la facultad de decretar pruebas de oficio.
Como fue anotado en los antecedentes de esta decisión, la accionante manifestó en el escrito de tutela que desde el día 1º de septiembre de 2000 celebró un contrato de trabajo verbal con el demandado. La relación laboral que surgió a partir de dicho contrato, según la versión ofrecida por la señora Milena García, culminó el día 1º de marzo de 2006, fecha en la cual fue despedida a pesar de la notoriedad del estado de embarazo en el que se encontraba, pues a la fecha estaba en el séptimo mes de gestación, y de haber sido debidamente notificado al empleador por medio de certificado Postexpress número 12553445, que fue recibido el día 26 de enero de 2006 en las oficinas del demandado, cuya constancia de recibo fue anexada a la demanda.
De igual manera, la demandante informó al juez de tutela que desde el día 25 de octubre de 2005 estaba afiliada a Coomeva EPS en calidad de trabajadora independiente y que ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla se encontraba en trámite una acción ordinaria laboral en contra del señor Pascual Martínez, la cual había sido interpuesta el día 25 de enero de 2005 —esto es, un año y tres meses antes del supuesto despido— con el objetivo de reclamar el incumplimiento de algunas obligaciones patronales.
Primer hecho: Me atengo a lo que llegare a probarse en el proceso ordinario laboral que dice la accionante haber iniciado en mi contra. [Corresponde al numeral 1º de la sección de hechos de la demanda, según el cual mi representada señora Sandra Milena García González comenzó a laborar mediante contrato verbal de trabajo con el señor Pascual Martínez Montoro el día 1º de septiembre de 2000].
Los juzgadores de instancia negaron el amparo solicitado debido a que encontraron insuficiencias probatorias en el caso concreto. Así pues, mientras el Juzgado Noveno Penal Municipal de Barranquilla sostuvo que la afiliación de la señora Milena García a Coomeva EPS en calidad de trabajadora independiente ponía un manto de duda sobre la naturaleza laboral de su vinculación con el demandado, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Barranquilla afirmó que no había certeza sobre la ocurrencia del despido, puesto que a la afirmación hecha por la accionante, según la cual fue despedida unilateralmente por el empleador, se opone la versión del demandado, de acuerdo a la cual la trabajadora se desvinculó por voluntad propia.
Ahora bien, para analizar la corrección de las conclusiones a las que arribaron los jueces de los fallos que ahora se revisan —incertidumbre (i) sobre la existencia de la relación laboral y (ii) sobre la ocurrencia del despido— es preciso examinar cada una de ellas por separado.
En primer lugar, en cuanto a la falta de certeza sobre el vínculo laboral que según la demandante existía entre las partes en litigio, de acuerdo a las consideraciones hechas en el fundamento 4º de esta sentencia, la Sala de Revisión debe examinar las afirmaciones realizadas por las partes del proceso. Así pues, mientras la señora Milena García sostiene que celebró un contrato de trabajo verbal con el señor Pascual Martínez el día 1º de septiembre de 2000; el demandado se limita a informar que se atiene a lo que al respecto sea probado en el proceso laboral promovido por la accionante en su contra.
Esta conclusión se apoya, adicionalmente, en el principio constitucional in dubio pro operario. Al respecto, como lo ha sostenido la Corte Constitucional en abundante jurisprudencia (11) , este principio impone al operador jurídico el deber de dar a las fuentes formales del derecho una lectura que tenga en cuenta los principios constitucionales sobre protección al trabajo, de tal manera que cualquier duda sobre su aplicación e interpretación sea absuelta a favor del trabajador. En el caso concreto, la Sala de Revisión encuentra aplicable este principio constitucional a favor de la accionante.
Ahora bien, en cuanto a la afiliación realizada por la señora Milena García a Coomeva EPS en calidad de trabajadora independiente, la Sala recuerda que una de las razones por las cuales esta interpuso la acción ordinaria laboral ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla consistía en el incumplimiento de las obligaciones laborales impuestas por el sistema de seguridad social integral por parte del empleador.
En tal sentido, la afiliación de la accionante no niega la eventual existencia de una relación laboral, sino que simplemente comprueba el interés de la demandante por asegurar su bienestar y el de la criatura en proceso de gestación, dado que según esta el demandado no estaba cumpliendo con su obligación de afiliación al sistema de seguridad social. Adicionalmente, al examinar la fecha de ingreso a Coomeva EPS, ocurrida 20 días después de que la demandante conociera los resultados de la prueba de embarazo, se torna evidente que la afiliación pretendió asegurar el bienestar de la criatura en gestación.
En conclusión, esta Sala de Revisión encuentra acreditada la amenaza de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la protección reforzada en su calidad de mujer embarazada de la señora Milena García, por lo cual revocará las sentencias de instancia y concederá el amparo solicitado, dado que, de acuerdo a lo expuesto en el fundamento 4º de esta sentencia, en el caso concreto se cumple la totalidad de los requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional para efectos de garantizar la estabilidad reforzada de la maternidad en sede de tutela. En efecto, como corolario del análisis llevado a cabo a lo largo del fundamento 5º de esta decisión, la Sala encuentra probados los siguientes hechos: (i) el despido que separó a la señora Milena García de su empleo ocurrió en el séptimo mes de gestación; (ii) el demandado no acreditó haber solicitado el permiso exigido al inspector de trabajo para realizar dicho despido; (iii) el señor Pascual Martínez había sido debidamente notificado del estado de embarazo en el que se encontraba la trabajadora y (iv) en cuanto a la causa del despido, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, se tiene por cierta la presunción según la cual la causa del despido fue el estado de embarazo de la accionante, ya que el demandado no aportó ningún medio probatorio que desvirtuara tal presunción.
1. REVOCAR las sentencias proferidas por el Juzgado Noveno Penal Municipal de Barranquilla y por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Barranquilla y en consecuencia conceder el amparo impetrado por Sandra Milena García González.
2. ORDENAR al ciudadano Pascual Martínez Montoro que reintegre a la actora en el término de cuarenta y ocho horas (48) siguientes a la notificación de esta sentencia al cargo que venía desempeñando al momento de ser despedida o a uno de igual o superior condición.
3. ORDENAR al ciudadano Pascual Martínez Montoro que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia afilie a la peticionaria al sistema de seguridad social integral.
4. ORDENAR al ciudadano Pascual Martínez Montoro que cancele a la accionante, en el término de cinco (5) días siguientes a la notificación de esta sentencia, la indemnización por despido ilegal equivalente a sesenta (60) días de salario, más los salarios correspondientes al descanso remunerado.
5. ORDENAR al ciudadano Pascual Martínez Montoro que, en el término de cinco (5) días siguientes a la notificación de esta sentencia y toda vez que la desvinculación careció de todo efecto, pague a la señora Sandra Milena García González los salarios y prestaciones sociales que le correspondían hasta el momento del reintegro.
6. Por secretaría, LÍBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los fines allí contemplados.
(1) Sentencias T-028 de 2003, T-1202 de 2005, T-765 de 2001, T-149 de 2004, T-653 de 1999, T-005 de 2000, T-1562 de 2000, T-739 de 1998, T-987 de 2001, T-161 de 2002, T-206 de 1992, entre otras.
(2) Sentencia C-470 de 1997 y T-889 de 2005.
(3) Esta protección, que indudablemente beneficia a la madre, también se dirige a la conservación de los derechos del que está por nacer, pues como lo dice la Corte Constitucional, “la mujer es portadora y dadora de vida, merece toda consideración desde el mismo instante de la concepción. Así es que por la estrecha conexión con la vida que está gestando, toda amenaza o vulneración contra su derecho fundamental es también una amenaza o vulneración contra el derecho del hijo que espera” (Sent. T-179/98). Así, al evitar que la madre sea despedida por razón del embarazo, la Corte, por interpretación de la Constitución, garantiza la protección de la vida del nasciturus (C.P., art. 11) y, por esa vía, proyecta hacia el futuro la protección necesaria para garantizar la integridad de los derechos de los niños (C.P., art. 44), que prevalecen sobre los derechos de los demás.
(4) Sentencias T-1153 de 2000, T-885 de 2003, T-1323 de 2000, T-063 de 2004, T-173 de 2005.
(5) Sentencia C-470 de 1997.
(6) Sentencias T-862 de 2003, C-401 de 1998 y C-199 de 1999.
(7) Sentencias T-141 de 1993, T-049 de 1993, T-119 de 1997, T-154 de 2001, T-467 de 2001, T-765 de 2001, entre otras.
(8) Decreto 2591 de 1991, artículo 1º.
(9) La Convención americana sobre derechos humanos fue aprobada mediante la Ley 16 de 1972, ratificada el 31 de julio de 1973 y entró en vigor para Colombia el 18 de julio de 1978. El Pacto internacional de derechos civiles y políticos fue incorporado al ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 74 de 1968, ratificado el 29 de octubre de 1969 y entró en vigor el 23 de marzo de 1976.
(10) Esta disposición fue citada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para justificar el rechazo de la presente solicitud de amparo por preclusión del término otorgado a fin de que el peticionario aclara su acción de tutela, y preceptúa: “Perentoriedad de los términos y oportunidades procesales. Los términos y oportunidades señalados en este código para la realización de los actos procesales de las partes y los auxiliares de la justicia son perentorios e improrrogables, salvo disposición en contrario”.
(11) Sentencia C-594 de 1997, C-371 de 1994, C-496 de 1994, entre otras.