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Timestamp: 2018-12-13 09:06:53
Document Index: 7194549

Matched Legal Cases: ['artículo 1871', 'artículo 1618', 'artículo 1618', 'artículo 187', 'artículo 187', 'artículo 778', 'artículo 187']

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Referencia: Expediente No. 7143
Bogotá D. C., cinco (5) de Abril de dos mil dos (2002).-
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha primero (1º) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997), pronunciada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga en el proceso ordinario de mayor cuantía promovido por ROBERTO ANTONIO MARIN RODRIGUEZ contra ORFA HERNANDEZ DE ZORRILLA, GONZALO y OLGA PATRICIA ZORRILLA ESCUDERO, JAIRO y JAMES ZORRILLA HERNANDEZ y PERSONA INDETERMINADAS.
1.- Pretende el demandante frente a los demandados, para lo cual suma a su propia posesión material la de varios de sus antecesores, que se declare que por prescripción extraordinaria adquirió el dominio del inmueble rural integrado por dos lotes con sus respectivas matrículas inmobiliarias de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tuluá, Valle, con un área conjunta de 35 Hs 6000m2, situado en dicha población, corregimiento de San Rafael, mejorados con casa de habitación, cultivos de café, pastos artificiales y otros cultivos, alindados conjuntamente en los términos que expresa la demanda. Complementariamente, solicita, de una parte, la cancelación del registro de los actuales propietarios y, de otra, su inscripción como nuevo titular en los folios correspondientes.
2.- Los pedimentos anteriores se sustentan en la relación fáctica que pasa a compendiarse:
a.-) ROBERTO ANTONIO MARIN RODRIGUEZ entró en posesión material del predio mencionado desde el 21 de noviembre de 1987, en virtud de la entrega que de ellos le hicieron Orfa Hernández de Zorrilla y Jairo Zorrilla Hernández, esposa e hijo del fallecido Gonzalo Zorrilla Orozco, quienes le vendieron los derechos de gananciales y herenciales en la sucesión de éste, según promesa de compraventa, negociación que nunca se perfeccionó mediante el otorgamiento de la respectiva escritura pública, pero que es justo título para detentar dicha posesión.
b.-) Sus tradentes recibieron la posesión del bien desde la muerte de su causante Gonzalo Zorrilla Orozco ocurrida en 1984, en razón de que éste era su propietario, según escritura pública 1797 de 4 de noviembre de 1984 de la Notaría Primera de Tuluá.
c.-) El prescribiente suma a su propia posesión la que tuvieron desde 1962 sus antecesores en ella, retrospectivamente en su orden: Orfa Hernández de Zorrilla y Jairo Zorrilla Hernández; Gonzalo Zorrilla Orozco; Hernando Fierro Manrique; Luis Angel Valencia Rincón; Aurelio Torres Piedrahita; Rodrigo de Jesús Hernández Castaño; José Tomás Hernández; Venancio y Bertulfo Santa García; José Ignacio Zapata y Ariel Alzate Muñoz; Gabriel Patiño Olivares; Olegario Gómez Durán; Cruz Angel Zapata Ramírez, quien le compró a Matía Zuluaga Jiménez.
d.-) La acumulación de posesiones la hace con fundamento en lo dispuesto en los artículos 778 y 1521 del Código Civil, puesto que existen vínculos jurídicos entre él y sus antecesores, quienes además de ser propietarios, fueron poseedores de los predios de manera sucesiva, pública, continua, ininterrumpida y con explotación económica, sumando en conjunto más de veinte (20) años, tiempo durante el cual se le hicieron mejoras al inmueble tales como, casa de habitación, beneficiadero de café, piscina, caseta, cochera, saladeros, corrales, cercos, siembras de pastos y café, “dotación y surtido de la tienda”.
e.-) Enfatiza el demandante que tiene justo título de poseedor porque Orfa Hernández de Zorrilla y Jairo Zorrilla Hernández, en virtud de la promesa de compraventa mencionada, le entregaron en forma real y material la posesión que “venían ejerciendo desde 1984 hasta 1987”.
3.- Notificados los demandados, solamente intervienen Gonzalo Zorrilla Escudero, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones; Olga Patricia Zorrilla Escudero, formulando excepciones, la previa de inepta demanda por falta de los requisitos formales, la que instruida por la vía del trámite especial fue desestimada, y la de fondo de “improcedibilidad de la acción de prescripción extraordinaria de dominio” por cuanto el demandante, quien entró en posesión en la fecha en que adquirió los derechos y acciones como secuela de la promesa de compraventa, no puede agregar a la suya la de sus antecesores por no haber adquirido “la totalidad del predio sino unos derechos proindivisos sin que se hubiera hecho la partición material correspondiente para saber a ciencia cierta qué pedazo de tierra o porción fue la adquirida”; JAIME ZORRILLA HERNANDEZ, y las PERSONAS INDETERMINADAS, quienes están representados por sendos curadores ad litem, los que no formulan excepciones ni se oponen a las pretensiones, siempre y cuando se demuestren los hechos que le sirven de fundamento.
4. Tramitada la primera instancia, el Juez dictó fallo desestimatorio, el cual fue apelado por el demandante, y el Tribunal lo confirmó.
En lo de fondo y en lo esencial admiten el siguiente compendio:
1.- Empieza haciendo un estudio sobre la prescripción como modo de adquirir el dominio y, especialmente, sobre los artículos 778 y 1521 del Código Civil que permiten la acumulación de posesiones en cabeza del prescribiente. Destaca, apoyándose en jurisprudencia de esta Corporación, la imperiosa obligación que tiene quien recurre a este instituto de exhibir vínculo jurídico entre las distintas posesiones que pretende agregar a la suya.
2.- Precisa, también con sustento en lo doctrinado por esta Sala, sentencia de 24 de junio de 1980, que cuando la posesión alegada tiene su origen en contrato de promesa de compraventa de un inmueble, la simple entrega que se haga del mismo no tiene la virtualidad de conferirla, a menos que en el documento se estipule de manera clara y expresa que el promitente vendedor se desprende de ella en beneficio del promitente comprador.
3.- Se aparta de la conclusión del juez de conocimiento respecto de la validez probatoria del documento que contiene el contrato de promesa de compraventa porque, en su sentir, a pesar de que es cierto que no se trata del original y de no estar autenticado o reconocido por sus suscriptores, su “autenticidad no ha sido discutida por los demandados que concurrieron al proceso”.
4.- Asegura que la promesa de compraventa aducida para justificar la iniciación de la posesión propia del demandante, no satisface los requisitos necesarios “para establecer la existencia del vínculo jurídico entre el actual poseedor y su antecesor, para lo cual debe presentarse la prueba del respectivo traspaso”.
5.- Precisa que, luego de explicar lo relativo a la suma de posesiones habilitante para el buen suceso de la declaración de pertenencia cuando quien así actúa es el heredero de una persona fallecida, el demandante no tiene tal calidad sino la condición que le otorga el contrato de promesa de compraventa por haber recibido la posesión de manos de la esposa y un hijo del propietario y poseedor fallecido, los que la detentaron desde el deceso de éste ocurrida en 1984 y, como si fuera poco, no eran los únicos sucesores de Gonzalo Zorrilla Orozco, motivo por el cual no podían transferir más que las acciones y derechos de gananciales o los herenciales, respectivamente, que a cada uno de ellos le correspondía en dicha sucesión.
6.- Resalta que la promesa de vender todo el inmueble y no los derechos y acciones de gananciales o herenciales en la sucesión del causante Zorrilla Orozco hecha por la cónyuge sobreviviente y uno de sus hijos, es, en últimas, la promesa de vender cosa ajena, la que vale al tenor de lo reglado en el artículo 1871 del Código Civil, en el entendido que se perfeccione el contrato y se haga la tradición de rigor legal.
7.- Indica que establecido el incumplimiento del requisito de la falta de vínculo jurídico para sumar la posesión propia del actor con la de sus antecesores, ello es suficiente para concluir, como lo hizo la primera instancia, que el tiempo computable para prescribir es insuficiente por no alcanzar sino ocho (8) años y cinco (5) meses, comprendidos entre “el 21 de noviembre de 1987 hasta la fecha del fallo”, teniendo en cuenta que la entrega de los bienes objeto de negociación estaba sometida a un (1) mes de plazo, contado a partir de la calenda de suscripción del contrato.
III.- LA DEMANDA DE CASACION:
Cuatro cargos formula el recurrente contra la sentencia impugnada, todos con apoyo en la causal primera de casación, cuyas censuras admiten su despacho conjunto, dada su íntima conexidad y por adolecer de los mismos defectos técnicos.
1.- En él se acusa la sentencia de ser violatoria de manera directa, por falta de aplicación del artículo 1618 del Código Civil sobre la interpretación de los contratos relativa a que conocida la intención de los contratantes debe estarse más a ella que a lo literal de las palabras, que generó error de hecho que impidió la apreciación correcta de la prueba.
2.- Se lamenta de lo que, en su sentir, es la aplicación del antiguo derecho formulario de los romanos, para criticar la apreciación que hizo el Tribunal para deducir que la entrega de la posesión de los bienes prometidos en venta no se hizo en la fecha de la promesa sino un (1) mes después, doliéndose, en consecuencia, que se incurrió en error de hecho en la apreciación de la cláusula novena del documento y sin tener en cuenta la declaración de Néstor Londoño Mesa, que, en su condición de arrendatario de los promitentes vendedores, fue la persona encargada de hacer la entrega material en los precisos términos convenidos.
3.- La no aplicación del artículo 1618 del Código Civil, entonces, llevó al sentenciador decidir de manera adversa las peticiones del demandante, cometiendo error de hecho y “DEJANDO DE APLICAR, igualmente, en aras de la justicia, el art. 778 del C. C., y por supuesto, el 2.512 ibidem, normas con las cuales se sustentaba la prescripción solicitada por el señor demandante, y por lo mismo, DEJAR DE APRECIAR el valor probatorio de todos los documentos y testimonios que demostraban la existencia de una POSESIÓN REAL Y MATERIAL ACUMULADA POR MÁS DE VEINTE AÑOS”.
1.- Se ataca la sentencia de ser violatoria en forma directa de una norma procedimental por error de hecho generado por la no aplicación de las normas sustanciales que permiten la acumulación de posesiones anteriores hasta completar el tiempo suficiente para adquirir por prescripción extraordinaria.
2.- Acusa al Tribunal de no cumplir con el mandato dispuesto en el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil por no haber apreciado las pruebas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
3.- Le reprocha al sentenciador no haber unido en el examen probatorio realizado el contrato de promesa de compraventa mencionado con el testimonio de Néstor Londoño Mesa, quien, en su condición de arrendatario de Orfa Hernández de Zorrilla y Jairo Zorrilla, fue la persona encargada por éstos vendedores de hacer entrega de los bienes prometidos en venta al comprador y prescribiente
4.- Argumenta que por haber el Tribunal desobedecido el mandato procesal que le imponía la obligación de valorar todas las pruebas recaudadas en su conjunto, no tuvo en cuenta que junto con el testimonio de Néstor Londoño Mesa constituyen el puente jurídico, el que califica de legal y justo, para que se pudieran sumar a su propia posesión y a la de sus tradentes las de sus antecesores, acreditadas ellas con las escrituras públicas aportadas como anexos de la demanda y las declaraciones de terceros recibidos en el curso de la instrucción del plenario, probanzas todas idóneas para demostrar una posesión acumulada con el tiempo necesario para prescribir por la vía extraordinaria.
5.- Reitera que la falta de aplicación del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, materializada en no concatenar el contrato de promesa de compraventa y el testimonio de Néstor Londoño Mesa, generó en contra del demandante una verdadera denegación de justicia, ya que el examen insular de las pruebas como se hizo y no en su conjunto como debió hacerse, produjo un resultado injusto en contra del demandante, incumplimiento que produjo la inaplicación de los artículos 778 y 252l del Código Civil que le abrían paso a la acumulación del tiempo de posesión suficiente para alcanzar la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio.
1.- Se acusa la sentencia de ser violatoria en forma indirecta de normas sustanciales, por error manifiesto de derecho, al exigir que dentro del documento contentivo del contrato promesa de venta estuviera la demostración de la entrega real y material de la finca "San Rafael", requisito que la norma civil en materia de contratos no exige como factor sine qua non o como expresión de la solemnidad del contrato.
2.- Le enrostra al Tribunal haber incurrido en error de derecho al haber creado por vía jurisprudencial, puesto que no hay norma legal que así lo consagre, la solemnidad o requisito de que la entrega real y material de un predio, para poder tenerla por acreditada, debía constar expresamente en el texto del contrato de promesa, sin percatarse que esto es un hecho y como tal susceptible de ser probado con testimonios e inspección judicial que den cuenta de la presencia del poseedor en la finca, las mejoras realizadas, su edad, su valor, su importancia económico-social, lo que en este caso ocurrió en la primera instancia en la se probó la entrega con el testimonio de Néstor Londoño Mesa, “para no citar los demás”, y con la inspección judicial.
3.- Explica la trascendencia del error de derecho que le endilga a la sentencia manifestando que "la imposición del H. Tribunal de Buga, V., exigiendo como factor de validez del contrato de promesa de venta para que se convierta en prueba eficaz para ser puente jurídico entre los poseedores anteriores y el actual, la circunstancia de NO CONSTAR EN SU CUERPO DOCUMENTAL LA CONSTANCIA DE LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LA FINCA, trajo como consecuencia: a.- Que el Tribunal denegara las pretensiones de la demanda. B.- Que tal denegación IMPIDIERA LA APLICACIÓN DEL ART. 778 DEL CÓDIGO CIVIL, para acumular el tiempo de posesión necesaria para prescribir, y por lo mismo, IMPIDIERA LA APLICACIÓN DEL ART. 2521 ibídem, para decretar sobre este fundamento legal, la prescripción adquisitiva de dominio de la finca "San Rafael" y las pretensiones del señor Marín Rodríguez se volvieran nugatorias".
1.- Aquí se acusa la sentencia impugnada de ser violatoria en forma indirecta de normas sustanciales por error de hecho al dejar de valorar una prueba esencial con la que “se perfeccionaban las disposiciones contenidas en el contrato promesa de venta, y conformar el título completo de la cesión legal de la posesión de la finca "San Rafael", para crear el puente jurídico entre las anteriores posesiones y el actual poseedor”.
2.- Critica al Tribunal por haberse aplicado a examinar en forma insular la prueba documental que contiene el contrato de promesa de compraventa omitiendo por completo los demás medios de convicción obrantes en el plenario, especialmente el testimonio de Néstor Londoño Mesa, con el que se completaba el título que aportó el demandante para acreditar el cumplimiento efectivo de la entrega del inmueble y, por ende, su posesión por los promitentes vendedores, conducta con la cual inaplicó los artículos 175 y 213 del Código de Procedimiento Civil, junto con el 187 ibídem, al no unir estas dos pruebas con la inspección judicial para dar por establecido que la entrega del inmueble se hizo realmente el 21 de noviembre de 1987, “PARA NO HABLAR DEL RESTO DE LOS TESTIMONIOS RECOGIDOS Y LOS DOCUMENTOS PUBLICOS (ESCRITURAS Y OTROS) ADOSADOS A LA DEMANDA todos los cuales merecieron ser tenidos en cuenta para la decisión de fondo que, comporta, necesariamente, UNA VERDAD JUDICIAL, UNA CERTEZA JURIDICA”.
4.- Finaliza destacando que la estimación del contrato de promesa de venta sin el apoyo que a la misma le otorgaba el testimonio de Néstor Londoño Mesa condujo a que se le negara el valor probatorio que merecía aquel documento y, por ende, se desestimaran las pretensiones de la demanda al no aplicar los artículo 778 y 1512 del Código Civil e impedirle acumular las posesiones anteriores, lo que de haber sucedido le hubiera permitido que en su pro se decretara la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio buscada.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA CORTE:
1. De entrada debe decirse que las censuras contenidas en los cargos acabados de compendiar acusan desenfoque respecto de uno de los pilares en que se ancla el fallo impugnado, y guarda silencio respecto de otro, lo que los hace inidóneos para obtener la quiebra del mismo, amén de otro defectos de técnica que se indicarán adelante.
2. En efecto, la demanda de pertenencia fracasó por cuanto prevalido el demandante de la suma de posesiones, o sea de agregar a su propia posesión la de sus antecesores, el sentenciador no halló el vínculo que permitiera unirlas, no siendo, en su sentir, apta la promesa de compraventa por la cual aquél se hizo al inmueble disputado, esencialmente por dos razones: una, la promesa puede cumplir tal función, en la medida en que en el documento mismo donde ella se plasma se disponga el desposeimiento del promitente vendedor en beneficio del promitente comprador, quien por virtud de esa manifestación pasa a ser poseedor material; y otra, por la circunstancia de que haciendo parte el inmueble de los bienes relictos de la sucesión de Gonzalo Zorrilla, la disposición del mismo proyectada en la promesa por los promitentes vendedores en su carácter de cónyuge e hijo del causante, sin ser los únicos herederos, en favor del demandante, no podía trasferir más que los derechos sobre gananciales y la herencia respectivamente, y habiendo prometido ellos la venta todo el inmueble se trata de promesa de venta de cosa ajena la que sólo sirve de titulo, para sumar posesiones, cuando se perfeccione el contrato prometido y se haga la tradición del bien sobre el cual recae.
3. Respecto del primer argumento el censor incurre en desenfoque, pues en el plano jurídico intenta opugnar el hecho específico de que el sentenciador haya creado una exigencia no consagrada en la ley para la validez de la promesa, consistente en que esta contemple el desprendimiento de la posesión de la parte promitente vendedora en favor de la compradora, no obstante que el Tribunal, sin advertir esa exigencia propiamente como requisito sustancial para la validez del acto, sí halló indispensable la inserción en el documento del desprendimiento de la posesión material para que se genere el vínculo apto para sumar posesiones; desde esa perspectiva, valga decirlo, para el sentenciador no importaba si después hubo la entrega del bien prometido en venta punto sobre el cual insiste de diversos modos el impugnante; dicho argumento de índole jurídica, entonces, no fue combatido desde el punto de vista que fue examinado por el Tribunal.
4. Y respecto del segundo, o sea la insuficiencia de la promesa para servir de enlace en orden a sumar posesiones por provenir de quienes sólo tenían parcialmente derechos y acciones sobre el inmueble disputado, nada dijo el censor en ninguno de los cargos, quedando vivo uno de los puntales que, por si solo, mantendría en pie la sentencia, independientemente de la validez del argumento.
5. Aparte de lo dicho en los párrafos precedentes, suficiente para despachar sin prosperidad la demanda de casación, se observan otros defectos de técnica del recurso que reafirman el fracaso de la impugnación, según pasa a verse enseguida.
a) El recurrente en los dos primeros cargos, en los que ataca por la vía directa la sentencia del tribunal acudiendo a la casual primera de casación, incurre, sin atenuantes, en la deficiencia técnica de limitar los cuestionamientos formulados a las apreciaciones o a los conceptos de índole jurídica consignados en ella, para adentrarse luego en la sustentación, sin miramiento alguno, en reprochar la valoración probatoria efectuada por el sentenciador por la que llegó a desestimar la posibilidad de que el demandante agregara a su propia posesión la de sus tradentes desde 1962.
En efecto, en lugar de centrarse en puntualizar lo que, en su opinión, fueron los errores puramente jurídicos cometidos por el Tribunal, acude a criticar la estimativa probatoria que le otorgó al documento que contiene la promesa de compraventa y, concretamente, la cláusula novena en la que consta que los promitentes vendedores harían entrega del inmueble dentro del mes siguiente a la fecha de suscripción del contrato. Igualmente, se duele de que no se tuvo en cuenta el testimonio de Néstor Londoño Mesa que fue la persona encargada por éstos de hacer la entrega convenida, con el cual, en su concepto, se establecía el nexo echado de menos para poder unir con éxito las posesiones mencionadas.
Es claro, entonces, que el recurrente equivocó la fundamentación de los ataques de la sentencia porque, contrario a como corresponde cuando se acude a la vía directa, no circunscribió su actividad a confrontar la decisión contenida en el fallo con la ley para poner de relieve los errores de carácter netamente jurídico en que incurrió el Tribunal, sino que, pretermitiendo dicha carga, se dedicó a desvirtuar el análisis de la cuestión fáctica realizada por éste.
b) De análogo modo, la deficiencia técnica se pone de relieve cuando en el segundo cargo, también encauzado por la vía directa, por fuera de repetir las críticas probatorias hechas en la primera acusación, afirma que no hubo estimación de los medios de convicción de manera conjunta, según la preceptiva del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, consistente en no haber unido la prueba documental que contiene el contrato de promesa con el testimonio mencionado de Londoño Mesa, reproche que, en esos términos, correspondería a la denuncia de un típico error de derecho en la apreciación de las pruebas.
c) Y en lo que concierne a los cargos tercero y cuarto dirigidos por la vía indirecta, amén de que pecan de incompletos por no comprender uno de los pilares del fallo impugnado, se desentienden por completo de la tesis del tribunal que radica, como se anotó antes, en que si la promesa misma no consagra la entrega de la posesión no sirve de puente para unir o sumar posesiones, por lo que viene a ser irrelevante que se haga ver por el recurrente, como intenta en los dos cargos mencionados, que después de la promesa sí hubo entrega material.
6. Por consiguiente, ninguno de los cargos está llamado a prosperar.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha primero (1º) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997), pronunciada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga en el proceso ordinario arriba referido.
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