Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-323-de-julio-10-de-1997?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920416ca5f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-19 03:07:25
Document Index: 166849034

Matched Legal Cases: ['artículo 241', 'artículo 241', 'artículo 241', 'artículo 189', 'artículo 150', 'artículo 189', 'artículo 7', 'Artículo 7', 'artículo 157', 'artículo 160', 'artículo 9', 'artículo 1', 'artículo 241', 'artículo 2']

﻿ Sentencia C-323 de julio 10 de 1997
SENTENCIA C-323 DE 10 DE JULIO DE 1997
CONTENIDO:DECLARA EXEQUIBLE EL ACUERDO COMERCIAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO CHECO, SUSCRITO EN SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C., EL 2 MAYO DE 1995 Y LA LEY 341 DE 1996
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO CONSTITUCIONAL, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, EXAMEN DE CONSTITUCIONALIDAD, CONVENIO INTERNACIONAL, DERECHO INTERNACIONAL, EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS, FALLO DE EXEQUIBILIDAD
Sentencia C-323 de julio 10 de 1997
Referencia: Expediente LAT-095
Revisión de Constitucionalidad de la Ley 341 de 1996, de 27 de diciembre de 1996, por medio de la cual se aprobó el “Acuerdo Comercial entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Checa”, suscrito en Santafé de Bogotá, D.C., el 2 de Mayo de 1995.
Santafé de Bogotá, D.C., julio diez de mil novecientos noventa y siete.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 de la Constitución Política y de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional en cuanto a su competencia, corresponde a ella el examen de la constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes aprobatorias de los mismos, después de su sanción presidencial y antes del perfeccionamiento internacional del instrumento.
El control de constitucionalidad que esta Corporación debe ejercer en esta materia es posterior en cuanto que se trata de una ley que ya ha sido sancionada por el Presidente de la República, una vez agotado el trámite correspondiente en el Congreso, pero es previo, en cuanto el pronunciamiento de la Corte debe anteceder al perfeccionamiento del instrumento internacional, el cual no puede suceder sin que exista el fallo de constitucionalidad correspondiente que le permita al jefe del Estado efectuar el canje de notas(1).
Segunda. Examen formal
A. Aspectos del control
En cumplimiento del artículo 241 numeral 10 de la Constitución Política, el control formal de constitucionalidad que la Corte debe ejercer sobre los tratados internacionales y las leyes que los aprueben, recaen sobre la representación del Estado Colombiano en los procesos de negociación y celebración del instrumento, la competencia de los funcionarios intervinientes y el trámite dado a la ley aprobatoria en el Congreso(2).
En efecto, la Ley 341 de 27 de diciembre de 1996, por medio de la cual se aprueba “el acuerdo comercial entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Checa”, fue remitido a esta corporación, por parte de la Secretaría Jurídica del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el día 14 de enero de 1997, es decir, dentro del término de los seis días que prevé el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Política.
De otra parte, de conformidad con el numeral 2 del artículo 189 de la Carta, el Presidente de la República, en su carácter de jefe de Estado, es el encargado de dirigir las relaciones internacionales, lo que incluye la facultad de celebrar con otros estados o con entidades de derecho internacional tratados o convenios que se deberán someter a la aprobación del Congreso de la República, artículo 150-16 C.P. Al respecto la Corte ha manifestado:
“El Presidente de la República celebra, entonces, los tratados internacionales, bien participando en forma directa en el proceso de su negociación y firma o ya actuando, en los diferentes pasos que integran el acto complejo en que consiste la celebración de un tratado internacional por intermedio de representantes revestidos de plenos poderes(3) o de poderes restringidos para representar al Estado en la negociación, la adopción u otros actos relativos al convenio de que se trate, así como para expresar el consentimiento estatal en obligarse por él , todo sobre la base de que tales funcionarios son designados por el Jefe del Estado en ejercicio de la facultad de nominación de los agentes diplomáticos que le ha sido conferida por la Carta Política, de tal manera que las actuaciones llevadas a cabo por ellos están sujetas, en todo caso, a la posterior confirmación del Presidente antes de que el Tratado sea remitido al Congreso para su aprobación.
Debe recordarse que ciertos funcionarios, en razón de sus competencias y dada la naturaleza misma de sus cargos, han sido reconocidos, tanto por el Derecho Internacional como por el derecho interno como investidos, por vía general, del ius repraesentationis, es decir que no requieren autorización expresa y especial ni plenos poderes para actuar a nombre del Estado en las distintas etapas previas y concomitantes a la negociación y firma de los tratados, estando desde luego sometidos los compromisos que contraigan a la confirmación presidencial. (Sent. C-477/92. M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
Ahora bien, de acuerdo con la certificación expedida por el jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, el día 5 de mayo de 1997, en el cual se lee: “Para la suscripción del acuerdo comercial entre e Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Checa, el Gobierno Nacional le confirió plenos poderes al doctor Daniel Mazuera Gómez, Ministro de Comercio Exterior de la época. Se adjunta fotocopia del documento respectivo”. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 189-2 de la Carta Política, en concordancia con el literal a) del numeral 2 del artículo 7 de la Convención de Viena, ley 32 de 1985, el cual prevé
”PARTE II
Artículo 7. Plenos Poderes
1. Para la adopción o la autenticación del texto de un tratado o para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un Tratado, se considerará que una persona representa a un Estado:
a. Si se presentan los acuerdos - Plenos poderes
La Corte Constitucional no encuentra ningún reparo en lo concerniente a las facultades de quien comprometió al Estado colombiano a través del tratado sujeto de revisión, pues el Ministro de Comercio Exterior de la época se encontraba plenamente revestido de facultades para celebrar y representar al Estado colombiano.
Igualmente obra en el expediente copia de la aprobación ejecutiva impartida por el Presidente de la República y su Ministro de Relaciones Exteriores doctor Rodrigo Pardo García-Peña, al texto del acuerdo comercial, el día 18 de septiembre de 1995 (fl. 427 del expediente) con lo cual se da cumplimiento a todos los requisitos para la negociación y celebración del instrumento bajo examen.
B. El trámite legislativo
La Constitución de 1991 no ordenó al legislador seguir un trámite diferente al de las leyes ordinarias para efectos de la aprobación de los tratados internacionales, en consecuencia los mismos se incorporarán a la legislación interna a través de dichas leyes, por lo tanto dicho trámite deberá ajustarse a lo preceptuado en el artículo 157 superior, a saber:
1. Que el proyecto se haya publicado oficialmente por parte del Congreso de la República, antes de darle curso en las comisiones constitucionales respectivas.
Observa la Corte que el proyecto de ley aprobatoria del acuerdo comercial entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Checa, distinguido con el número 272 de 1996 Senado y 352 de 1996 Cámara, fue publicado oficialmente por el Congreso de la República en las páginas 75 a 78 de la Gaceta número 162 del 7 de mayo de 1996 (fl. 69 del expediente).
2. Haber sido aprobado en primer debate en la comisión permanente correspondiente de cada cámara.
El proyecto de Ley 272 de 1996 fue debatido en primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República el día 5 de junio de 1996, dicha comisión lo aprobó por once (11) votos a favor y cero (0) en contra, según consta en la certificación expedida por el Secretario General de dicha comisión, el día 30 de abril de 1996 (fl. 422 del expediente). En Cámara de Representantes la discusión del proyecto 352/96, en primer debate se dió el día 29 de agosto de 1996, fecha en la cual fue aprobada, según consta en la certificación expedida por el Secretario General de dicha Corporación, el día 6 de febrero de 1997 (fl. 191 del expediente).
El proyecto de Ley 272 de 1996 fue aprobado por la Plenaria del Senado de la República, el día 18 de junio de 1996, según consta en certificación expedida por el Secretario General de dicha corporación el día 30 de abril de 1997 (fl. 423 del expediente). La plenaria de cámara lo votó favorablemente el día 3 de diciembre de 1996, de acuerdo con la constancia expedida por su Secretario General el día 6 de febrero de 1997 (fl. 189 del expediente).
4. Haber obtenido la sanción del Gobierno
Este requisito se cumplió en lo relacionado con el proyecto de Ley 272 de 1996 Senado y 352 de 1996 Cámara, al haber sido sancionado por el Presidente de la República el día 27 de diciembre de 1996.
De otra parte, ordena el artículo 160 superior que entre el primero y el segundo debate en cada cámara debe mediar un lapso no inferior a ocho (8) días, y que entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra, deberán transcurrir por lo menos quince (15) días, requisitos formales que se cumplieron de manera estricta según se desprende de las gacetas del Congreso en las que se hicieron las respectivas publicaciones y de las certificaciones y constancias remitidas a esta corporación por las Secretarías Generales del H. Senado de la República y Cámara de Representantes, respectivamente.
En conclusión, la Ley 341 de 27 de diciembre de 1996, en su aspecto formal, se ajusta a lo dispuesto en los artículos 145, 146, 154, 157, 158 y 160 de la Constitución Política.
Tercera. Examen material
Aspectos del control
El examen de fondo que le corresponde efectuar a esta corporación, se ejerce comparando las disposiciones del texto del tratado internacional, en el caso sub examine del acuerdo comercial que se revisa, y el de su ley aprobatoria, con la totalidad de las disposiciones del ordenamiento superior, para determinar si aquella se ajusta o no a la Constitución Política; dicho análisis se realiza con independencia de consideraciones de conveniencia, oportunidad, efectividad, utilidad o eficiencia, las cuales son extrañas al control constitucional, que se contrae a argumentaciones puramente jurídicas.
El convenio comercial entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Checa, suscrito en Santafé de Bogotá, el día 2 de mayo de 1995, tiene como principal propósito el de fortalecer la cooperación comercial internacional entre las dos naciones, nació en virtud de la iniciativa del Gobierno de la República Checa, como consecuencia del proceso político de la división territorial que se produjo, en el año de 1992, en donde el Estado Checoslovaco se dividió en dos repúblicas, lo cual produjo la pérdida de la vigencia jurídica del tratado existente entre el Gobierno colombiano y la República de Checoslovaquia suscrito el día 14 de julio de 1977 y aprobado mediante Ley 3 de 1979.
El acuerdo comercial contiene 13 artículos y en su contenido presenta un conjunto de instrumentos tendientes a fomentar y estimular el comercio binacional dentro del contexto contemporáneo de la globalización de la economía mundial, consultando modernos principios constitucionales, defendidos y practicados por la política exterior colombiana, tendientes a insertar al Estado Colombiano dentro del nuevo orden internacional que se viene gestando desde la desaparición del bipolarismo y la era denominada de la guerra fría; procura conducir al Estado a una ampliación de las relaciones internacionales de Colombia y a incrementar la presencia de la Nación en esta región del mundo.
Ahora bien, el acuerdo objeto de examen no desconoce el artículo 9º de la Carta, ni contraviene el principio de soberanía, sino, por el contrario, desarrolla los principios del derecho internacional que acepta y aplica el Estado colombiano.
Estima la Corte, que el contenido del convenio se enmarca dentro de los propósitos contenidos en los artículos 226 y 227 de la Constitución Política, que ordenan al Estado promover, el primero, la internacionalización de la economía sobre la base de equidad, reciprocidad y convencionalidad y el segundo, la integración económica del país con las demás naciones del planeta, propiciando un mercado regido por los principios de la internacionalización y la globalización de la economía mundial, con el objeto de establecer y fomentar mecanismos de cooperación específicos y eficaces.
Igualmente, el convenio comercial que se examina, por su estructura y características se constituye en un valioso instrumento de política comercial binacional. En materia de comercio exterior las autoridades gubernamentales de conformidad con las normas del GATT fomentarán y facilitarán el intercambio de bienes y servicios, así como de concesiones bilaterales, según se desprende de los artículos I, II, III, IV y V del tratado. Este convenio permite revitalizar y agilizar al máximo el comercio entre los dos países, sin que para ello el Estado colombiano deba incurrir en costos fiscales. El convenio contiene en su articulado instrumentos para el fortalecimiento de la intermediación comercial entre ambos gobiernos, cuya vigencia es de tres años, prorrogables automáticamente por períodos de un año sucesivamente.
Estima la Corte, que el instrumento internacional en sus diversos mecanismos, apunta a fomentar el intercambio de bienes esenciales para las economías nacionales de los países signatarios del acuerdo comercial, conforme a las normas del “General on Tariff, and Trade” o acuerdo del GATT, según se desprende del artículo 1º del instrumento.
De otra parte, el contenido del Acuerdo comercial binacional prevé instrumentos como la exportación e importación de algunos productos, exentos del pago de aranceles y de impuestos, con el ánimo de promocionar su comercialización; así como el de facilitar eventos comerciales tales como exposiciones, ferias y contactos empresariales, siempre y cuando así lo permitan las disposiciones legales vigentes en cada país, para bienes específicos como:
“A) Muestras de productos y materiales de publicidad comercial necesarios para obtener pedidos y para fines publicitarios;
B) Mercancías que deben ser enviadas a fin de ser reemplazadas, siempre y cuando los artículos substitutivos sean devueltos;
E) Herramientas y equipos destinados a los servicios en el territorio de una de las partes contratantes, siempre y cuando no sean vendidos”.
De otra parte, el tránsito de mercancías por el territorio de las partes y la aplicación de la cláusula de Nación más favorecida a buques que navegan con sus respectivas banderas transportando mercancías en aguas internacionales, exceptuado las naves que se dediquen a la pesca y el cabotaje, según lo precisa el artículo VI del acuerdo, no contradice ningún precepto constitucional.
Los pagos derivados de las operaciones de comercio exterior desarrollados en el marco del convenio se realizarán en moneda libremente convertible y conforme a los reglamentos cambiarios de cada país con lo cual se da aplicación al principio de reciprocidad y respeto a la soberanía nacional, encajando dentro del ordenamiento superior colombiano, y no contraviene ningún principio, valor, ni derecho fundamental.
Finalmente, el acuerdo comercial prevé la creación de una comisión mixta, integrada por los miembros que designen los gobiernos de ambos países cuya función es la de crear los mecanismos tendientes a lograr los objetivos propuestos en el acuerdo que se examina.
Por lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, oído el concepto del señor Procurador General de la Nación, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
1. Declarar EXEQUIBLE el Acuerdo comercial entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Checa, suscrito en Santafé de Bogotá, D.C., el 2 de mayo de 1995 y la Ley 341 de 27 de diciembre de 1996, que lo aprobó.
2. COMUNÍQUESE esta decisión al Gobierno Nacional por intermedio de la Secretaría General de la Presidencia de la República y envíesele copia auténtica de la misma para los efectos constitucionales previstos en el numeral 10 del artículo 241 de la Carta Política.
(1) C-333 de 1993.
(2) Sentencia C-477 de 1992.
(3) El artículo 2º, letra C, de la Convención de Viena define los "plenos poderes"así: