Source: https://it.scribd.com/document/372547373/Biancciotti-Dic
Timestamp: 2020-06-03 20:38:08
Document Index: 108675204

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 22', 'artículo 3', 'artículo 12', 'artículo 2', 'artículo 12', 'artículo 10']

Biancciotti Dic | Extradición | Tortura | Prova gratuita di 30 giorni | Scribd
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Derecho Penal Modulo 2, 3 y 4
Resumen de DP
CFP 2725/2014/CS1
Jorge David s/extradición
Contra la sentencia dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal
y Correccional Federal N° 3, que concedió la extradición de Jorge David A
B , requerida por las autoridades de la República Oriental del Uruguay, la
defensa interpuso recurso ordinario de apelación, que fue concedido a fojas 611. A fojas 620/625 el Defensor Oficial ante la Corte presentó el
memorial del que V.E. corrió vista a esta Procuración General.
Puede resumirse su impugnación a la sentencia en los siguientes
agravios: 1. La hija menor de edad del requerido no fue tutelada en el proceso de
extrañamiento; 2. De formalizarse la entrega, correría serio riesgo de sufrir un tratamiento incompatible con los estándares internacionales de los derechos humanos; y 3. Solicita ser juzgado por los tribunales nacionales.
Ante todo, creo oportuno señalar que el tratamiento del agravio reseñado en primer término es inadmisible, toda vez que es fruto de una reflexión tardía y fue introducido recién en esta instancia, razón por la que corresponde su rechazo in limine (doctrina de Fallos: 320:1775; 323:3749, entre otros). No desconozco que en varios precedentes la Corte decidió dejar de lado este reparo formal y tratar los planteos, pero ello ocurrió frente a cuestiones susceptibles de afectar el orden público argentino, y en esta oportunidad no advierto que
se presenten aquellas circunstancias extraordinarias, de tal magnitud, que han permitido a V.E. soslayar óbices formales para remediar ostensibles nulidades absolutas (Fallos:
327:2892; 328:1367 y 329:1425). No obstante, para el supuesto de que el Tribunal decidiera ejercer
esa facultad, me permito señalar que no asiste razón a la defensa en la nulidad que
postula, en tanto conforme V.E. lo señaló en el precedente "Bongiovannr' (Fallos:
322:486), esa sanción requiere un peIjuicio concreto para alguna de las partes, pues no
procede su declaración en el sólo interés del formal cumplimiento de la ley, ya que
resulta inaceptable la declaración de una nulidad por ella misma, y en el caso, no observo
gravamen alguno que amerite tal solución, con la consecuente dilatación del fin del
En este sentido, V.E. ha tenido oportunidad de pronunciarse en
rogatorias internacionales que no se le dio intervención en el proceso a los hijos menores
de edad del extraditurus, en "Lagos Quispe" (Fallos: 331:1352), "paz" (S.e. P. 773, L.
XLIV, resuelta el 9 de diciembre de 2009), "Schmidf' (S.C. S. 780, L. XLIV, resuelta el
22 de diciembre de 2009), "López" (Fallos: 333:927) y, más recientemente, en "Mercado
Muñoz" (S.e. M. 263, L. XLVIII, resuelta el 4 de junio de 2013), donde sostuvo que esta
queja resulta infundada tanto como causal de improcedencia como de nulidad.
Por otra parte, es oportuno destacar que no se advierten, ni invoca
la defensa, circunstancias de extraordinaria gravedad que aconsejen, a criterio de esta
Procuración, apartarse de la jurisprudencia sentada por V.E. (conf. dictamen en la causa
S.e. c. 919, L. XLIX in re "Caballero de López, Pablina s/extradición, del 22 de
diciembre de 2014, a contrario sensu).
Cabe asimismo recordar que en el marco de las normas aplicables
el niño no tiene una pretensión autónoma para oponerse a la declaración de procedencia
de la entreayuda (conf. fallo dictado en la causa CSJ 176/2013, "Torres García, Claudio
s/extradición", el 29 de abril de 2015), y que en este sentido, la separación temporal
respecto de su padre por causas legales como la del sub judice es una situación
CFP 2725/2014/CSl
expresamente contemplada por la Convención sobre Derechos del Niño (artículo 9.4) que también ha sido reconocida por la Corte Interarnericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC 21/14 (párrafo 274 y sgtes.).
Sin perjuicio de ello, como lo ha sostenido la Corte reiteradamente, no sólo los órganos judiciales sino toda institución estatal ha de aplicar el principio del "interés superior del niño", estudiando sistemáticamente cómo sus derechos e intereses puedan verse afectados por las decisiones y las medidas que adopten (Fallos: 331:2047). En este sentido, el ordenamiento jurídico argentino regula mecanismos de tutela que el juez de instancia y/o las demás autoridades a las que competa intervenir en lo que resta del procedimiento de extradición -aún luego de adquirir firmeza la declaración de procedencia de la extradición (Fallos: 331:1352)- podrán utilizar para reducir al máximo posible el impacto negativo que sobre la integridad de los menores pudiera eventualmente generar la extradición de su progenitor (Fallos: 333:927).
Sostiene la defensa que el requerido correría serio riesgo de sufrir un tratamiento incompatible con los estándares internacionales de los derechos humanos, a los cuales adhiere la República Argentina, lo que configuraría de esa forma, un incumplimiento de las obligaciones asumidas con el concierto mundial de Estados, ya que aquéllos priman por sobre el compromiso de extraditar. Para sostener esa conclusión, parte del supuesto de que las instituciones carcelarias del país solicitante se encuentran en un grado de deficiencia tal, que el mero hecho de que su asistido sea alojado en ellas, importaría una violación a la prohibición de conceder la extradición cuando existan motivos fundados para suponer que el requerido pueda ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes (artículo 8.e de la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal;
24.767).
Al respecto creo oportuno recordar que según la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, se entiende
por el término tortura "
acto por el cual se inflija intencionadamente a una
persona dolores o sufrimientos graves, ya sean fisicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero iriformación o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos
dolores o sufrimientos sean irifligidos por un foncionario público u otra persona en el ejercicio de fonciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a
éstas" (artículo 1).
A fin de establecer si se encuentra el requerido en riesgo de enfrentarse a uno de esos supuestos, conviene tener presente la específica doctrina del Tribunal.
En primer lugar, debe tenerse en cuenta, como sostuvo el Ministro Fayt en su voto de la causa "Romero Severo" (Fallos: 322:507), que la ley de extradiciones al contemplar la posibilidad de que existan motivos fundados para suponer que el requerido pueda ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes a resultas de la decisión de entrega, constituye la recepción en el ámbito del derecho argentino del principio vigente en el derecho internacional de los derechos humanos conforme con el cual un Estado parte de un tratado tiene la obligación de asegurar que cumple sus demás compromisos jurídicos de una forma compatible con el respeto de los derechos humanos, pues su responsabilidad internacional podría verse comprometida si la decisión de entrega sometiera al sujeto al sufrimiento o al riesgo de sufrir, en el proceso penal extranjero, una flagrante denegación de justicia o un riesgo
, Jorge David s/extradición
efectivo (consecuencia necesaria y previsible) de que sus derechos humanos fundamentales sean violados en jurisdicción del país requirente. Pero, para determinar si ese riesgo de exposición es de una magnitud tal para activar la cláusula de excepción contemplada por la ley 24.767, como se ha sostenido en "Gómez Gómez" (Fallos: 324:3484), "Crousillat Carreño" (Fallos:
329:1245) y "Acosta Gonzalez" (Fallos: 331:2249), debe tenerse en cuenta no tanto las referencias genéricas a una situación determinada, sino si en la causa existen elementos
que permitan poner en tela de juicio la correcta actuación en este proceso en particular de la justicia del país requirente. Este criterio se ajusta al que propugna el Comité contra la Tortura (el organismo de las Naciones Unidas para el contralor del correcto cumplimiento de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; cfr. GNRes/39/46 del 10 de diciembre de 1984, ley 23338, parte II artículos 17 a 24) respecto del deber estatuido en el artículo 3 del Convenio, esto es, la prohibición de extraditar o entregar personas a países donde puedan ser sometidos a torturas o maltratos. Así, en el documento "Implementación del artículo 3 de la
6. Teniendo en cuenta que
tanto e! Estado Parte como el Comité [contra la Tortura] están obligados a determinar si hay motivos suficientes para sospechar que el peticionante estará en peligro de padecer torturas en el lugar donde será expulsado, devuelto o extraditado, el riesgo de tortura debe acreditarse sobre supuestos que van más allá de una mera especulación o sospecha. Sin embargo, el riesgo tampoco debe cumplir con el requisito de ser altamente probable. 7. El peticionante debe establecer que estará en peligro de ser torturado y que su fondamento para suponerlo es sustancial en el modo ya descripto, y que ese peligro es
personal y actual. Puede introducirse toda la información pertinente por cualquier parte para acreditar estos extremos" (N53/44, anexo IX CAT General Comment nO 1). y "a los ejéctos de determinar si existen esas razones las autoridades competentes tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes,
Convención en el contexto de! artículo 22" se dice que: "
inclusive, cuando proceda, la existencia en el Estado de que se trate de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos"
(artículo 3 de la Convención), Sin embargo, no puede pasarse por alto que esa regla debe ser interpretada en el contexto establecido por el propio órgano de contralor, esto es, sin que la existencia de ese cuadro constituya "por sí misma un motivo suficiente para
decidir que una determinada persona correrá peligro de sufrir tortura cuando regrese a aquel país; deben existir además otros motivos que demuestren que la persona en cuestión correría peligro personalmente" (cfr, dictamen del Comité en relación con la
Comunicación N° 28/1995 contra Suiza, N53/44, Anexo A), Como puede apreciarse de lo hasta aquí reseñado, para que se tome
operativa la cláusula legal de excepción debe comprobarse que de concederse la entrega el requerido se verá expuesto a un probable riesgo de sufrir tratos incompatibles con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos; y que éstos deben ser infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia, Esto es, ni más ni menos, que la positivización del principio del ius cogens de non refoulment, caracterizado por la obligación que pesa sobre un Estado de no entregar a una persona cuando es requerida por otro donde no serán respetados sus derechos fundamentales. Ante una situación como la descripta, el país donde se encuentra el individuo buscado debe brindarle refugio. La razón de esta imposición en cabeza de los sujetos de derecho internacional es obvia, pues son responsables de la seguridad de la persona que se encuentra en su territorio. Y como no puede haber extradición más que entre Estados, por cuanto éstos son los únicos que pueden ser parte en ella, la exclusión de la entrega debe obedecer a una manifiesta inacción o incorrecto proceder de los representantes, organismos o instituciones del país requirente, quienes fallan en su deber de garantir a todos sus habitantes los derechos humanos reconocidos en los instrumentos multilaterales.
Partiendo de estas premisas debe, entonces, determinarse si las deficiencias en las condiciones de detención en los establecimientos carcelarios uruguayos, señaladas por la parte recurrente, pueden generar en el Estado requerido la obligación de no entregar al extraditurus.
De los informes citados por la defensa a fojas 607vta./608, surgen ciertas irregularidades respecto de las condiciones de detención en algunos de los establecimientos penitenciarios del país requirente. En particular, se destaca el hacinamiento de las personas allí alojadas a la par de la precariedad de algunas de las estructuras edilicias.
Sin embargo, tales deficiencias encontraron respuesta por parte de la República Oriental del Uruguay, en su tercer informe periódico (CAT/C/URY/3), donde respondió en detalle las consultas que se le habían formulado y puso de manifiesto las mejoras experimentadas por su sistema penitenciario, al punto que la situación fue destacada luego por el Comité contra la Tortura en las "Observaciones finales sobre el tercer informe periódico del Uruguay" (CAT/C/URY/CO/3, del 10 de junio de 2014 -de fecha posterior a los citados por la recurrente-), donde refirió que "valora las medidas adoptas por el Estado parte para mejorar las condiciones y eliminar el hacinamiento en los centros penitenciarios a través de un ambicioso programa que incluye la construcción de una nueva cárcel y varios módulos en otras prisiones". Como puede apreciarse de ese prieto resumen, no persisten en el sistema penitenciario del país requirente las falencias otrora señaladas por el órgano internacional, por lo que entiendo que no existen motivos para denegar la entrega de la persona requerida.
Sin peIjuicio de ello, cabe mencionar, a todo evento, que el magistrado al conceder la extradición dispuso que el Estado requirente garantice las condiciones de dignidad en la detención que padezca A B y además,
que se instruya, por intermedio de la Cancillería, al cónsul en la república vecina, para que realice visitas periódicas a fin de verificar que se cumpla con lo señalado en el punto
Finalmente, la defensa impugna la sentencia por entender que corresponde al tribunal a quo decidir respecto de la procedencia de la opción prevista por el artículo 12 de la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal (24.767). En este sentido, sostiene que cuando es requerida la entrega de un nacional, y éste hace uso de la facultad que le acuerda ese acápite, solicitando ser juzgado por los tribunales argentinos, el magistrado de la extradición debe rechazarla, y
no diferir la decisión al Ejecutivo Nacional. Pues bien, a fin de analizar el punto no debe obviarse que la norma que rige el presente trámite es el Tratado de Extradición con la República Oriental del Uruguay (confr. ley 25304) y, supletoriamente, la ley nacional (artículo 2° de la ley
El artículo 12 de la ley de extradiciones, que regula la opción del nacional para ser juzgado por nuestros tribunales establece, en lo que aquí importa, que si el requerido para la realización de un proceso fuese argentino, podrá optar por ser juzgado por los tribunales locales, a no ser que fuere aplicable al caso un tratado que obligue a la extradición de nacionales.
Lo que sucede en el presente, donde los Estados contratantes previeron especialmente en el instrumento convencional que "no se podrá denegar la extradición, a efectos de ser juzgada en el Estado requirente, por el hecho de que la persona reclamada sea nacional de la Parte requerida" (artículo 10.1). En consecuencia, al vedar el tratado la posibilidad de rechazar la ayuda internacional con base en la nacionalidad del requerido y tornar, por ende,
extraditurus.
En merito a lo expuesto, solicito a V.E. que confirme la sentencia en todo cuanto fue materia de apelación. Buenos Aires, ~ de marzo de 2016.
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