Source: http://www.pa.gob.mx/Noticias/2001/agosto/130801.htm
Timestamp: 2018-01-17 18:16:36
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Sábado 11 - lunes 13 de agosto de 2001
El Universal • La Jornada • Reforma • Milenio Diario • Milenio Semanal
• Unomásuno • La Crónica de Hoy • Novedades • El Sol de México
• El Heraldo de México • Diario de México • El Día
AGENDAN ENCUENTROS ENTRE CAP Y EJECUTIVO.
Carlos Velasco, El Universal, página A-14, sábado 11 de agosto.
El Congreso Agrario Permanente (CAP) acordó con los secretarios de Agricultura, Javier Usabiaga; de Economía, Luis Ernesto Derbez y de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera, reunirse la próxima semana para dar solución a las demandas de campesinos y evitar una nueva megamarcha.
DESIGNAN A HELADIO RAMÍREZ PRESIDENTE DE LA “NUEVA” CNC POR CUATRO AÑOS.
Matilde Pérez U., La Jornada, página 9, sábado 11 de agosto. También aparece en El Universal.
Bajo el telón de la "nueva" Confederación Nacional Campesina, asociación civil y agrupación política, y con la figura de presidente, Heladio Ramírez López fue electo ayer, por un periodo de cuatro años más.
LA REFORMA AL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL NO DAÑÓ AL CAMPO, REFUTAN.
César Reyes Soto, El Heraldo de México, página 6-A, sábado 11 de agosto.
La reforma al Artículo 27 constitucional de 1992, que el Congreso de la Unión aprobó a iniciativa del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, para pasar de un régimen social de tenencia de la tierra a uno privado, no fue el origen de la crisis del campo mexicano, aseveró Octavio Pérez Nieto, catedrático de Derecho Agrario de la Facultad de Derecho de la UNAM.
EL CAMPO REQUIERE DE JUSTICIA, NO DE REPARTOS: R. GARCÍA VILLALOBOS.
Armando Téllez Flores, Diario de México, página 4-A, sábado 11 de agosto.
El agro requiere en estos momentos de justicia, no reparto, pues seguir entregando tierras, es repartir más miseria en el campo, afirmaron dirigentes de los pequeños propietarios del país, ante el Presidente Magistrado del Tribunal Superior Agrario, Ricardo García Villalobos, durante una reunión de trabajo que sostuvo el funcionario con integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de la CNPR.
DE LOS 7 MILLONES DE JORNALEROS, 15 POR CIENTO SON MENORES DE EDAD.
Nota Informativa, El Día, página 6, sábado 11 de agosto.
De los 10. 7 millones de personas que conforman la población Rural económicamente activa en México, siete millones son jornaleros (trabajadores sin tierra), y de estos, 15 por ciento son menores de edad, informó el director general académico de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), Clemente Villanueva Verduzco.
EXHORTAN A PARTICULARES A QUE REGULARICEN PROPIEDADES EN BC.
Jorge Alberto Cornejo, La Jornada, página 30, sábado 11 de agosto.
Tijuana, BC, 10 de agosto. Los particulares que ocupan las costas de Baja California, que no poseen título de concesión de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) y aún no pagan los derechos por concepto del uso y aprovechamiento de la misma, deberán regularizar su situación o serán desalojados, anunció José Iturriaga de la Fuente, director general de Impacto Ambiental de Zofemat.
AÚN HABRÍA 15 MIL DESPLAZADOS EN CHIAPAS; LA CRUZ ROJA YA SE VA.
Hermann Bellinghausen, La Jornada, página 12, sábado 11 de agosto.
El exilio masivo de indígenas, en su mayoría bases de apoyo del EZLN o simpatizantes, sigue sin resolverse. No obstante, el gobierno estatal habla de avances en la "reconciliación" y el Comité Internacional de la Cruz Roja prepara su retiro de Chiapas, se dice que ya no necesitan el escudo de la Cruz Roja, ni alimentos y atención médica, mucho menos respaldo para recuperar sus tierras.
ACUERDO ENTRE INDIOS Y COLONOS PARA CONCLUIR CONFLICTO EN LOS CHIMALAPAS.
Guadalupe Ríos, La Jornada, página 28, sábado 11 de agosto.
Autoridades zoques y de la colonia Agrícola y Ganadera Cuauhtémoc acordaron iniciar los trabajos de verificación de sus linderos el próximo 26 de agosto, para encontrar una solución definitiva al conflicto agrario que enfrentan desde hace 30 años, por el cual los indígenas retuvieron a seis colonos del 10 de julio al 2 de agosto pasados.
EL NEOLIBERALISMO, GOLPE MORTAL AL CAMPO MEXICANO.
Alonso Gómez Uranga, Excélsior, página 22, sábado 11 de agosto.
El campo empezó a morir para los ejidatarios a partir de los regímenes de José López Portillo y Miguel de la Madrid, pero el golpe mortal se lo dio Carlos Salinas de Gortari con las reformas constitucionales, y a Ernesto Zedillo le tocó enterrarlo, afirmó el ex dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Coahuila Jesús Contreras Pacheco.
ENCONA INVASIÓN PUGNA EN PUEBLOS.
Aníbal Santiago, Reforma, página 5-B, sábado 11 de agosto.
Los pueblos de Santo Tomás Ajusco y San Miguel Ajusco, están cerca de enfrentarse violentamente con el asentamiento irregular de El Llano debido a la polémica construcción de dos escuelas, conflictos por el uso de la tierra y diferencias religiosas, reveló la jefatura delegacional de Tlalpan.
ILEGAL, LA CESIÓN DEL PREDIO DE TLAYAPACA.
Silvia Arellano González, La Crónica de Hoy, página, sábado 11 de agosto.
Las supuestas escrituras de cesión de derechos que otorgaron los pepenadores del predio de Tlayapaca a la empresa Poniente de Santa Fe, carecen de efecto legal, según un escrito de 1999 que envió la Notaría Pública 89 a los colonos.
DEMANDAN REFORMAR LAS LEYES AGRARIAS.
César Peralta González, El Universal, página A-14, sábado 11 de agosto.
La movilización nacional que se registró en la capital del país durante el 122 aniversario del natalicio de Emiliano Zapata es consecuencia de la desesperación de los agricultores por no tener respuesta a las demandas de mejorar el agro, por lo que es imperante que se establezca una reestructuración a las leyes agrarias así como al TLC, que han afectado al campo mexicano, afirmó Guadalupe Flores de Suárez, dirigente estatal de la Liga de Comunidades Agrarias.
POR INERCIA DEL GOBIERNO, LA CRISIS EN EL AGRO.
César Aguilar García, Unomásuno, página 7, domingo 12 de agosto. También se publicó en El Universal, Excélsior, El Universal, La Jornada, Milenio Diario, La Prensa, El Heraldo de México, El Sol de México y El Día.
Al asumir la presidencia de la nueva Confederación Nacional Campesina, Heladio Ramírez López afirmó que no fueron las flaquezas ideológicas del movimiento revolucionario ni el marco constitucional, los responsables de la crisis económica y social del campo, sino las desviaciones propiciadas por el empuje del modelo neoliberal.
PREVÉN AUMENTE TRABAJO ASALARIADO CAMPESINO.
Nota Informativa, El Universal, página, domingo 12 de agosto.
Los campesinos mexicanos presentan una nueva situación con el desarrollo de la agricultura comercial y la culminación del reparto agrario: están transformándose en trabajadores asalariados migrantes, afirma la Sedesol, en su reporte sobre la situación que priva entre más de 3 millones 400 mil personas que migran de los estados más pobres de la República a los campos del norte.
Alejandro Envila Fisher, Unomásuno, página 8, domingo 12 de agosto.
Sobrevive otro dinosaurio. La Confederación Nacional Campesina, la única de las centrales priístas que nunca había conocido una reelección, terminó ayer con esa que era una tradición democrática, al menos en lo formal. Con el apoyo de Dulce María Sauri Riancho y el silencio cómplice de Rodolfo Echeverría Ruiz, entre golpes y cuestionamientos de sus adversarios, el ex gobernador de Oaxaca, Heladio Ramírez López, sacó todo su colmillo para consumar su maniobra y reelegirse como dirigente de una ilegalmente refundada CNC.
MARÍA TERESA HERRERA TELLO: LA SECRETARIA QUE QUISO SER MONJA.
Entrevista, Katia D´ Artigues, "El efecto espejo”, páginas 20-22, lunes 13 de agosto.
La oficina se inunda con el olor de la guayaba. Proceden de la pequeña canasta que está en el centro de la mesa de la secretaria de la Reforma Agraria.
Sentada en una silla, con una sonrisa plácida, está María Teresa Herrera Tello, oriunda de Villa de Santiago, Nuevo León, una mujer que es difícil imaginar levantando la voz.
El desdén como política agraria.
Juan Carlos Romero Puga, Milenio Semanal, página 16, lunes 13 de agosto.
Campesinos de 15 estados de la República tomaron el pasado miércoles las calles de la ciudad de México, convencidos de que el gobierno federal carece de voluntad para atender sus demandas y resolver la grave situación que vive el campo mexicano. La advertencia de varias organizaciones fue claro: el hartazgo de los campesinos mexicanos podría tomar el camino de la violencia si los secretarios de Estado involucrados en el problema del agro no los escuchaban.
LAS FISURAS DE LA CNC.
Nota informativa, Milenio Semanal, página 16, lunes 13 de agosto.
Mientras campesinos de todo el país exigen una nueva política para el campo, el barco de la Confederación Nacional Campesina hace agua por todas partes.
LA LUCHA CAMPESINA, A LA ARENA POLÍTICO ELECTORAL.
Mauricio Pérez, Milenio Diario, página 9, lunes 13 de agosto.
Surge el Partido Campesino Popular (PCP), en cuyo seno convergen dirigentes del movimiento agrario provenientes, en su mayoría, de la vieja izquierda y muchos encabezan organizaciones que integran el Congreso Agrario Permanente.
SE MANTENDRÁ EL ESTADO DE DERECHO Y SE ACTUARÁ CONTRA EL QUE ALTERE EL ORDEN: AGUILAR ZINSER.
Irma Fuentes, Novedades, lunes 13 de agosto.
Respecto a las marchas campesinas, el doctor Aguilar Zínser, consejero de Seguridad Nacional, aseguró que la inconformidad en el agro es un factor que viene gestándose de antiguo, porque mientras en los países más desarrollados solamente el dos por ciento de sus habitantes vive de la agricultura, en México esa proporción llega al 25 por ciento.
El Ejército suple a autoridades civiles, denuncian en Chihuahua.
Eugenia Jiménez Cáliz, Milenio Diario, página 12, lunes 13 de agosto.
Durante el año 2000, la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos de Chihuahua recibió 301 casos, de los cuales 173 son penales, cuatro siguen trámite en instancias internacionales, 20 son civiles, 25 familiares, dos de inseguridad pública, 14 agrarias, dos de discriminación a indígenas, 25 sociales, 7 en materia de educación, 24 laborales, dos de ecología, dos de salud y una administrativa.
ILEGAL, LA CESIÓN DEL PREDIO TLAYAPACA.
Silvia Arellano González, La Crónica de Hoy, lunes 13 de agosto.
Inició Acolman pleito legal Contra San Salvador Atenco.
Atlante Carlos Muñoz, Diario de México, página 12-A, lunes 13 de agosto.
El ayuntamiento de Acolman inició una demanda penal en contra de sus homólogos de San Salvador Atenco por “violar su autonomía municipal”, al invadir ilegalmente el predio “Las Brisas”, el cual fue utilizado para la reubicación de familias que a su vez también estaban ilegalmente asentadas en la zona conocida como El Salado, informó el subprocurador de Texcoco, Ignacio Delgado Bonilla.
TEMEN ENFRENTAMIENTOS DE INDÍGENAS.
Nota informativa, Milenio Diario, página 15, lunes 13 de agosto.
Las declaraciones del gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cagigal, en torno a que en el municipio de Temoac se construirá un aeropuerto, han provocado división entre los dueños del terreno donde supuestamente se edificaría.
El Pujal-Coy: 30 años de luchar por la tierra.
Heliodoro Escobedo, Milenio Diario, página 11, lunes 13 de agosto.
La región de riego más grande de América Latina fue creada para satisfacer demandas de campesinos de la Huasteca, sin embargo, los caciques siguieron usufructuando los terrenos. Ahora, una auditoría de Secodam definirá responsabilidades.
PIDE EL EPISCOPADO AL GOBIERNO “NO MENOSPRECIAR” ACTOS VIOLENTOS; SE AGRAVA LA CRISIS EN EL CAMPO, DICE.
Nota informativa, La Jornada, página 5.
El presidente de la CEM, Luis Morales Reyes y arzobispo de la ciudad de San Luis Potosí consideró que la pobreza que se vive en el campo puede ser peligrosa, pues por años los campesinos han clamado por una mayor atención y el campo cada día se encuentra más empobrecido, sostuvo.
CNC, FIN DE UN SIGLO.
Ángel Soriano, Vida Nacional, Excélsior, lunes 13 de agosto.
El compromiso de la CNC concluyó con el fin del presidencialismo priísta, y con un nuevo gobierno adverso a los intereses sociales y más comprometido con la clase empresarial, tenía que renovarse o morir. Hoy, la CNC inicia una nueva etapa con el propósito de incursionar en la apertura comercial y hacer frente a los retos de la globalización.
Miguel Ángel Rivera, La Jornada, lunes 13 de agosto.
Los conocedores dicen que el fallo definitivo sobre la ubicación del nuevo aeropuerto lo anunciará en su primer informe el presidente Fox. Mientras tanto, los gobiernos de Hidalgo y México intensificaron sus campañas informativas para destacar los aspectos favorables para Tizayuca y Texcoco, respectivamente...
El coordinador del CAP, Álvaro López Ríos, informó que la mayoría de los contingentes de campesinos se regresaron a sus lugares de origen y únicamente quedaron en el Distrito Federal alrededor de 200 representantes, quienes acudirán a las diversas reuniones con los secretarios de Estado.
Explicó que con el titular de Economía, Luis Ernesto Derbez, se exigirá que el Congreso Agrario Permanente tenga un lugar dentro del Comité de Cupos, que es donde se acuerda el volumen de importaciones de productos agropecuarios que hará el país.
"Es necesario que el CAP tenga un representante en este comité, ya que en él se decide sin consultar a los productores las importaciones de productos agropecuarios y que desplazan la producción nacional", destacó el dirigente campesino.
De entrada, subrayó, este lunes cuando se lleve a cabo la reunión con el secretario de Economía se le exigirá frenar las importaciones de productos agropecuarios durante la temporada de cosecha de la producción nacional, pues lastima a los productores mexicanos.
Asimismo, se solicitarán microfinanciamientos y fondos para empresas sociales.
Con el secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, se volverán a reunir el próximo martes para evaluar el avance que haya en las mesas de negociación instaladas el pasado miércoles para tratar la problemática de los productores de café, piña y arroz.
El miércoles será la reunión con la secretaria de Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello, con quien buscarán dar solución al rezago agrario y exigir que se cumplan los acuerdos en esa materia.
Por otra parte, pequeños propietarios rurales señalaron ante el presidente Magistrado del Tribunal Superior Agrario, Ricardo García Villalobos, que el agro mexicano requiere en estos momentos justicia agraria, no reparto agrario. "Seguir entregando tierra es repartir más miseria en el campo", afirmaron dirigentes de los pequeños propietarios.
Lo anterior fue expuesto durante una Reunión de Trabajo que sostuvo el funcionario con integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, en la cual denunciaron que hoy como hace tres décadas se siguen cometiendo injusticias en el campo por funcionarios menores de los Tribunales Agrarios en los estados del país.
En la reunión, según un comunicado oficial, se denunciaron ante García Villalobos atropellos, despojos y conatos de enfrentamientos sangrientos por la tenencia de la tierra, como pasó recientemente en Guanajuato, en donde un grupo de invasores trató de despojar a pacíficas familias de pequeños propietarios de sus predios.
Al respecto, Julián Orozco González, presidente de la CNPR, manifestó que "nosotros como organización productiva no queremos el enfrentamiento con otras organizaciones, ni con grupos de campesinos, ni con el gobierno federal. Queremos trabajar la tierra, y ésta no sabe si es pequeña propiedad, ejido, colonia o comunal".
Bajo el telón de la "nueva" Confederación Nacional Campesina, asociación civil y agrupación política, y con la figura de presidente, Heladio Ramírez López fue electo ayer, por un periodo de cuatro años más, dirigente de la organización, sin derecho a "reelección". Los 5 mil delegados participantes refrendaron su militancia en el PRI, pero le reclamaron mayores espacios para cargos de elección popular para líderes campesinos, indígenas, mujeres y jóvenes.
En la Casa del Agrarista, los delegados aseguraron que "desencadenarán" una movilización nacional en ejidos y comunidades indígenas hasta lograr una política agropecuaria que realmente se traduzca en bienestar y desarrollo e incluya la revisión al Tratado de Libre Comercio.
En la lectura de las conclusiones de cada una de las seis mesas de trabajo del congreso nacional extraordinario constituyente, los delegados se pronunciaron en favor de que Ramírez López continuara al frente de la CNC, porque "es la horma de las botas del presidente Fox". Por ello, cuando Antonio Rivapalacio propuso que se abriera un periodo de 72 horas para el registro de los aspirantes a la presidencia de la "nueva" CNC, y la elección se realizara el próximo día 27, recibió una rechifla. Al mismo tiempo, Guillermo Pérez Calva movía la mano en señal de negativa, y a esa señal se alzaron las voces: "¡No!".
En las oficinas de la Casa del Agrarista, a unos cuantos metros del presídium, Ramírez López siguió el desarrollo de la asamblea en donde fue electo como presidente. La nueva figura no impidió que algunos delegados calificaran el proceso como una reelección, aunque en voz baja.
La reforma al Artículo 27 Constitucional de 1992, que el Congreso de la Unión aprobó a iniciativa del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, para pasar de un régimen social de tenencia de la tierra a uno privado, no fue el origen de la crisis del campo mexicano, aseveró Octavio Pérez Nieto, catedrático de Derecho Agrario de la Facultad de Derecho de la UNAM. El profesor indicó que la modificación del precepto constitucional sentó una base jurídica que otorgó al campesino el dominio pleno de sus tierras y la capacidad de decisión, para asociarse libremente o no con un tercero, con el fin de capitalizar sus parcelas. Además, dijo, fue una decisión política acertada y apegada a la realidad, porque ya no se podía seguir dotando a los pueblos que solicitaban más tierras.
De esta forma, explicó, el campesino mexicano, adquirió todos los derechos sobre su propiedad; jurídicamente, el es el dueño, pero lo que falló fue la política económica, que con la crisis de 1995 introdujo incertidumbre a la alianza que se buscaba entre inversionistas y campesinos.
Insistió en que la reforma fue una decisión política acertada, porque antes de 1992 había en la Secretaría de la Reforma Agraria unos 12 mil expedientes por resolver, en torno de núcleos agrarios y grupos de ejidatarios que demandaban tierra, siendo que ya se había repartido más de la mitad del territorio nacional. Con los cambios al Artículo 27, señaló, ya no se crea una falsa expectativa de dotar de tierras a algún grupo de solicitantes y se introduce el principio de no aplicar retroactivamente ningún precepto legal, por lo que se establece que todas aquellas solicitudes que habían ingresado previamente a la entrada en vigor de la reforma, tienen que ser resueltas en tribunales agrarios.
Octavio Pérez Nieto recordó que antes de la modificación el ejidatario o núcleo agrario que manifestaba su intención de asociarse o arrendar su tierra estaba condenado, por ley, a ser despojado de ella y de todos sus derechos, ya que por ser propiedades sociales eran inalienables, inimputables e inembargables y estaban sujetas a mecanismos de interés público como la expropiación.
La reforma otorga un reconocimiento en propiedad a los núcleos agrarios para que puedan decidir sobre sus tierras, es decir, otorga esa capacidad al destinatario a decidir por sí mismo, le da la mayoría de edad para decidir sobre su posesión.
En principio, sostuvo el especialista, se trata de una reforma que legalmente equiparó al ejidatario con cualquier otro propietario en igualdad de circunstancias, y le permite ejercer de manera plena sus derechos, no como se le consideraba anteriormente como un incapaz o un menor de edad.
Sin embargo, refirió, no se puede sustraer esta reforma a la crisis de 1995, que en realidad fue la que impidió que llegaran créditos e inversiones al campo. Lo que quiere decir que la falla no fue jurídica sino económica.
Por ello, concluyó, no se puede descalificar la reforma constitucional, que era necesaria, porque nunca se hizo realidad lo que vaticinaban algunos: que el cambio del precepto abrió las puertas a una privatización del campo. Si hubiera sido así, todos los campesinos hubieran vendido sus tierras, cosa que no ocurrió” finalizó.
El agro requiere en estos momentos de justicia, no reparto, pues seguir entregando tierras, es repartir más miseria en el campo, afirmaron dirigentes de los pequeños propietarios del país, ante el Presidente Magistrado del Tribunal Superior Agrario, Ricardo García Villalobos.
Lo anterior fue expuesto durante una reunión de trabajo que sostuvo el funcionario con integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de la FNPR, en la cual denunciaron que hoy, como hace tres décadas, se siguen cometiendo injusticias en el campo por funcionarios menores de los tribunales agrarios en los estados.
Ante García Villalobos, se denunciaron atropellos, despojos, conatos de enfrentamientos sangrientos por la tenencia de la tierra, como pasó recientemente en Guanajuato, en donde un pequeño grupo de invasores trató de despojar a pacíficas familias de pequeños propietarios de sus predios.
El presidente de la CNPR, Julián Orozco, señaló que “nosotros como organización productiva, no queremos el enfrentamiento con otras organizaciones, ni grupos de campesinos, ni con el Gobierno federal. Queremos trabajar la tierra, y esta no sabe si es pequeña propiedad, ejido, colonia o comunal. Sólo espera la lluvia y brazos que la trabajen para dar sus cosechas”.
Añadió que los propietarios rurales enfrentan carencias de créditos, apoyos para comercializar, “pero queremos que se dé atención también al rubro de seguridad en la tenencia de la tierra, ya que éste es un factor determinante para que haya producción de alimentos, y paz social en el campo mexicano”.
Por su parte García Villalobos manifestó que en ese colegio están conscientes de que el reparto agrario ya terminó, hecho que sucedió desde el año de 1992, cuando se declaró que ya lo que se tenía que entregar al sector social se entregó.
“Ahora, lo que tenemos que hacer es dar certeza a los productores rurales y seguridad en materia de tenencia de la tierra. Ahora los aspectos que se tienen que atender con justicia y prestancia, son asuntos de tipo jurídico y llevar la justicia agraria a los campesinos”, finalizó.
De los 10.7 millones de personas que conforman la población Rural económicamente activa en México, siete millones son jornaleros (trabajadores sin tierra), y de estos, 15 por ciento son menores de edad, informó el director general académico de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), Clemente Villanueva Verduzco.
En entrevista con Notimex, el especialista denunció que la presencia de niños en labores agrícolas es una “norma”, una práctica extendida, debido a las condiciones de pobreza que agobian a las comunidades rurales. “A pesar de que es una violación a la ley vigente, parece que las familias campesinas no tienen otra alternativa”.
Añadió que la pobreza del agro mexicano afecta no sólo a los menores de edad, sino también a las mujeres quienes representan entre 25 y 30 por ciento de los jornaleros en el territorio nacional.
Para el coordinador del libro México Rural: Políticas para su reconstrucción que se presentará el próximo 15 de agosto en la UACh, la crisis del campo mexicano conlleva un deterioro en las condiciones de vida de las poblaciones indígenas, ya que las labores del agro constituyen su principal fuente de subsistencia.
Precisó que del total de la población indígena –entre 10 y 13 millones–, 76 por ciento desempeña labores agrícolas. Por ello, demandó, el Estado debe incrementar y organizar adecuadamente el presupuesto destinado al mejoramiento de la infraestructura del campo, asegurando que los beneficios sean efectivos y contribuyan a evitar en la medida de lo posible que los niños tengan que salir a trabajar la tierra.
El especialista consideró que las recientes manifestaciones de protesta de productores y campesinos en la ciudad de México son una llamada de atención en el sentido de que el Estado debe procurar el establecimiento de opciones de empleo no agrícola en zonas rurales.
Indicó que la agricultura requiere del apoyo financiero de los tres niveles de gobierno –federal, estatal y municipal–, así como también de políticas públicas que permitan el respeto de los derechos humanos de niños y mujeres campesinas.
Los particulares que ocupan las costas de Baja California, que no poseen título de concesión de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) y aún no pagan los derechos por concepto del uso y aprovechamiento de la misma, deberán regularizar su situación o serán desalojados, anunció José Iturriaga de la Fuente, director general de Impacto Ambiental de Zofemat, dependiente de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
El funcionario estableció en entrevista que durante 25 visitas a propiedades de particulares se detectó que 93.7 por ciento de las mismas no poseen títulos de concesión de Zofemat. Agregó que al no pagarse los derechos correspondientes, el gobierno federal deja de captar casi 800 millones de pesos al año.
Iturriaga de la Fuente dio a conocer un balance del operativo que inició la Profepa el lunes pasado con la realización de 40 visitas de inspección, 25 de zona federal, 14 de impacto ambiental y una forestal, en 135 kilómetros del llamado Corredor Turístico Tijuana-Ensenada.
En lo que concierne a zona federal, se detectó que 93.7 por ciento de las propiedades de particulares carecen de título de concesión de Zona Federal Marítimo Terrestre, y 87.5 por ciento no han pagado derechos por el uso y aprovechamiento de la zona; 50 por ciento posee construcciones dentro de la demarcación sin el permiso de la autoridad competente, mientras que 37.5 por ciento obstruye el paso libre hacia la zona federal.
Asimismo, el director general de Impacto Ambiental de Zofemat resaltó que 2.5 de las propiedades inspeccionadas tienen su título de concesión vencido, en tanto que 25 por ciento realiza promociones de playa privada, concepto que no existe al ser la zona federal un bien del dominio público.
En cuanto a las 14 visitas de impacto ambiental, dijo que por ellas se detectó que 83.3 por ciento de los predios con edificaciones descargan aguas residuales al manto acuífero sin autorización de la Comisión Nacional del Agua, y 62.5 por ciento no posee su manifiesto de impacto ambiental.
Además, señaló que por la visita de inspección forestal que se realizó en el Corredor Turístico Tijuana-Ensenada, se comprobó el despalme de la vegetación nativa y el cambio de uso de suelo, por lo que se determinó suspender trabajos de desmonte en un área donde se pretenden construir tres fraccionamientos.
El exilio masivo de indígenas, en su mayoría bases de apoyo del EZLN o simpatizantes, sigue sin resolverse. No obstante, el gobierno estatal habla de avances en la "reconciliación" y el Comité Internacional de la Cruz Roja prepara su retiro de Chiapas, se dice que a instancias del gobierno federal, bajo el supuesto de que su asistencia ya no es necesaria.
O sea, ya no necesitan el escudo de la Cruz Roja, ni alimentos y atención médica, mucho menos respaldo para recuperar sus tierras. Espejismos aparte, los 7 mil desplazados en Polhó, Acteal, Xo'yep, Tzajalchen, Nuevo Yibeljoj y San Cristóbal de las Casas, asistidos hasta ahora por la benemérita institución, la verían irse como si su situación de emergencia y precariedad se hubiese solucionado. Y todas las evidencias muestran que no.
Cuatro mil desplazados en la zona norte, según censo reciente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, originarios de medio centenar de comunidades, permanecen en sus refugios. Por mencionar los casos más graves: de Limar son 230 familias; de Nuevo Limar, 98 (Tila); de Paraíso, 143; de Jesús Carranza, 84 (Sabanilla), y de Tierra y Libertad, 65 (Yajalón).
La Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos, por su parte, dijo hoy a La Jornada tener confirmados 2 mil 100 desplazados en Sabanilla, mil en Tila, 350 en Salto de Agua y 547 en Tumbalá, todo esto en la región chol al norte de la entidad.
En estos recuentos faltan los desplazados más recientes. Pues en 2001 siguen siendo expulsadas las familias prozapatistas en Uzilucum (Chenalhó) y Río Salina Cruz (Marqués de Comillas). Los nuevos desplazados por la violencia paramilitar viven en condiciones más que precarias. En Tzabalhó, 40 expulsados de Uzilucum viven sin casa desde febrero de este año. No reciben atención de la Cruz Roja, de Cáritas ni del gobierno. Decenas de familias de Río Salina Cruz viven ocultas en la frontera con Guatemala.
La justicia sigue pendiente
Los retornos anunciados por el grupo Las Abejas, que han permanecido en San Cristóbal de las Casas desde la masacre de Acteal, y el próximo fin del exilio para la población de Guadalupe Tepeyac, lejos de pavimentar el suelo a interpretaciones triunfalistas sobre una solución del problema, subrayan y actualizan la existencia de miles de desplazados indígenas en la zona de conflicto, que no encuentran condiciones para retornar ni ven resueltas sus demandas de justicia.
Los dos casos mencionados son excepciones. El grupo de Las Abejas que intentará el retorno expresa la decisión de las familias desplazadas de Yaxemel, Puebla, Los Chorros y Chuctic; van por su cuenta y riesgo, pues los paramilitares que los expulsaron siguen ahí, como si nada, amenazantes. En el segundo caso, tuvo que mediar una orden presidencial expresa para que el Ejército federal liberara las tierras y el pueblo de Guadalupe Tepeyac.
Pero este no es el caso de otros 50 grupos y comunidades en similares condiciones de despojo, refugiados en alguna parte de los Altos, la zona norte y la selva. Centenares de familias viven al borde de la intemperie, y cargan la memoria reciente de sus muertos y desaparecidos por la violencia paramilitar. En su estudio Población desplazada en Chiapas, 1999, Gustavo Castro y Onésimo Hidalgo calcularon que los desplazados sumaban más de 21 mil. De estos, 98 por ciento estaban "contra el régimen" y eran prozapatistas o perredistas.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha confirmado, en un censo parcial aún sin publicar, la existencia de 2 mil 500 familias, casi 12 mil personas en completo desarraigo. Una fuente de dicho centro comentó a este enviado que "podrían llegar a 15 mil", aceptando que su censo no abarca la totalidad de los campamentos del exilio interno chiapaneco.
Tzotziles, choles, y en menor medida tzeltales y tojolabales, han sido expulsados por la violencia paramilitar y la ocupación del Ejército de sus comunidades. Sólo en Chenalhó hay desplazados de 26 comunidades, Y en Tila, de 12. Pero los hay también en los municipios constitucionales de Sabanilla, Salto de Agua, Tumbalá, Ocosingo, Las Margaritas, La Trinitaria, Yajalón, Tenejapa., Villa de Corzo, Maravilla Tenejapa y Marqués de Comillas (estos dos últimos todavía entre comillas, pues fueron creados por la fiebre contrainsurgente de Albores y su estatuto legal está en veremos).
El nuevo gobierno estatal ha intentado una comisión de reconciliación, con magros resultados. Tanto el CDHFBC como la Red de Defensores Comunitarios refieren que los desplazados rechazan la "reconciliación‚ sin justicia". Nos quieren contentar con puercos y pollitos, dicen los desplazados de Jolnixtié (Tila).
El gobierno ofrece proyectos productivos y mesas de reconciliación, que no incluyen reparación de los daños (que no indemnización), el desarme de los paramilitares y la aprehensión de los culpables de decenas de muertes. Según la Red, lo único que parecen hacer las mesas es resolver los procesos penales de Paz y Justicia. "Acaban siendo gestores de los paramilitares", refirió una fuente de la Red. Además, "el condicionamiento de los apoyos ofende a los afectados".
Los expulsados de la guerra
Pues cómanse su mierda, al fin y al cabo también es maiz, fue la respuesta del presidente municipal de Villa Corzo a las 13 familias tzeltzales y tzotziles expulsadas de Nuevo Centro Cimarrón cuando acudieron a pedirle apoyo para su subsistencia. Esto ocurrió cuando, expulsados en noviembre de 1998 por priístas armados, los indígenas iniciaron su exilio en la cabecera de dicho municipio, en la zona centro de Chiapas.
"Nos tenían metidos en un cuarto. Allí comíamos, allí cagábamos. No podíamos soportar esa situación", refiere uno de ellos. Por lo tanto, en junio de este año se mudaron al rancho Las Piedritas, cerca de Villaflores. Bajo toldos de plástico de 4x4 metros, sin muros, tienen que pegar sus espaldas entre sí para no mojarse cuando llueve.
La persecución contra ellos comenzó a raíz de que acompañaron a los mil 111 zapatistas que marcharon a la ciudad de México hace tres años. Como primera represalia, las autoridades municipales les quitaron los puestos que tenían en el mercado de Villa Corzo. Los priístas de Cimarrón les arrebataron tierras, casas y animales.
Hoy son los desplazados más pobres de Chiapas (si tal categoría tiene sentido). Poseen un solo cuchillo para todos, unos cuantos platos, la ropa que llevan puesta; comen tostadas y frijol casi de milagro.
En su importante estudio, publicado por el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), Hidalgo y Castro señalaban que el desarraigo y la inseguridad en que viven estas familias implican un costo emocional y material muy alto. Y citaban al campesino Alonso Méndez, de Los Chorros, refugiado en San Cristóbal: "Ya no sabemos de dónde somos, porque ya no somos ni de aquí ni de allá, porque aquí no es nuestra tierra, pero tampoco puedo entrar a mi comunidad porque estoy amenazado de muerte por los priístas y paramilitares de Los Chorros".
Aquel trabajo de 1999 abarcaba también a los desplazados de Venustiano Carranza, Huituipán, La Independencia, Chilón, Pantelhó, Tenejapa y otros, que los censos recientes no registran.
Según Hidalgo y Castro, los desplazados representan 5 por ciento de toda la población índígena de Chiapas (y en sus cuentas no consideran el éxodo chamula, que se cuece aparte). Algunos grupos de familias, los menos, han fundado nuevos centros poblacionales en las cañadas, e incluso algunas emigraron a Campeche. Pero en lo esencial, el panorama de violencia impune y despojo se mantiene inalterable.
¿Cuándo podrán volver los de Ejido Progreso (Salto de Agua), Vicente Guerrero (Las Margaritas), o Taniperla (Ocosingo) a sus casas? ¿Cuando se investigará y desarmará a los paramilitares de Chenalhó, Tila, Sabanilla, Palenque, Ocosingo? Para miles de indígenas expulsados de sus lugares de origen, el cambio no ha llegado. "Sin justicia no habrá paz", dicen los de Nueva Revolución en Tila (uno de los refugios más amenazados por los paramilitares). Aunque oficialmente no se les llame así, ellos son los desplazados de la guerra que se libra contra los indios de Chiapas.
Dijo que todos los recursos empleados por Salinas por medio del Programa de Solidaridad estaban destinadas a la producción, vía el Banrural, pero desaparecieron en su totalidad.
Al olvido, el reparto agrario
Curiosamente, dijo, antes de que fueran aprobadas las reformas al artículo 27 de la constitución, los pequeños propietarios empezaron a apoderarse del campo, de tal modo que “podríamos decir que casi 80 por ciento de las tierras ejidales y las aguas están en manos de parvifundistas”.
El reparto agrario de Lázaro Cárdenas inspirado en un principio de Emiliano Zapata (“la tierra es de quien la trabaja”) quedó en el olvido y los pocos productores que todavía existen como en Sonora y en Sinaloa viven una difícil situación.
Los directores de ecología y de Desarrollo Social en esa demarcación; Mireya Imaz e Iván Gomezcésar, manifestaron que la autorización de la SEP para habilitar un jardín de niños y una primaria en El Llano, pese a que el 7uso de la tierra lo prohibe por ser zona de conservación ecológica, ha generado aversión entre los dos primeros pueblos y el asentamiento irregular.
“Existe la posibilidad de una confrontación entre la gente. Se están calentando mucho los ánimos y la gente de los pueblos demanda el desalojo”, consideró Gomezcésar.
Por su parte, Mireya Imaz aclaró que un motivo fundamental de las diferencias entre San Miguel y Santo Tomás con el asentamiento, es que habitantes de esos dos pueblos dicen ser propietarios de la superficie de El Llano.
Tanto El Llano como San Miguel y Santo Tomás son localidades vecinas a la Magdalena Teclacalco, donde hace un par de semanas un joven fue linchado por intentar robar una imagen de la Virgen de la Iglesia del pueblo.
Por ubicarse en una región agrícola, “estratégica”, de permitirse la urbanización de El Llano en pocos años en esa zona del Ajusco se formará “por fenómeno de imán” un corredor de edificaciones que pondría en riesgo hasta 5 mil hectáreas verdes, indicó.
Los funcionarios confiaron en que a través de la negociación, los habitantes de El Llano se convenzan de abandonar ese predio del Ajusco. En Tlalpan existen 169 asentamientos irregulares, todos ubicados en zonas de conservación ecológica, y al jefatura delegacional está a favor de que 19 de ellos sean regularizados.
El 20 de julio de 1999, casi siete meses después de que fueran desalojados los colonos, en un primer bloque de 13 personas, llevaron al notario público 89 del Distrito Federal, Gerardo Correa Etchegaray, un escrito que a la letra dice:
“Por medio del presente escrito nos permitimos solicitarle tenga a bien expedir a nuestra costa copias certificadas de las escrituras públicas cuyos números a continuación se describen, las cuales fueron elaboradas a finales del año de 1998 y deben contener las cesiones de derechos de las personas que firmamos el presente escrito....”
En el documento aparecen los nombres de Leticia Torres, Reynalda Hernández, Leticia Hernández, Benjamín Montoya, Mario Sánchez, Maribel Tolentino, Enriqueta Correa, Elviro Alvarado, José Cisneros, Carmen Cruz, Adriana Pozos, Adriana Pacheco, Antonio Pérez y Arturo Pérez.
La respuesta señala: “todas las escrituras antes listadas tienen la nota de no-paso a que se refiere el artículo 72 de la Ley de Notariado para el Distrito Federal, en virtud de no haberse firmado dentro del término que establece la propia Ley, por lo que carece de efecto legal alguno”.
Al respecto, el representante de los pepenadores, Santiago Hernández Ventolero mencionó que además de esta, existen otras irregularidades con lo que respecta a la indemnización.
Comentó que el día que se entregaron los cheques se presentaron a recogerlos y firmar 40 familias completas y 54 pepenadores de Iztalapapa y Tlahuac.
Con el censo de Servicio Metropolitanos fechado en septiembre de 1996, se les pagó a 502 personas, quienes aceptaron cheques de 50 a 200 mil pesos a cambio de ceder sus derechos del terreno que se entregó por decreto presidencial en 1988.
Según un informe realizado por los abogados y colonos de Tlayapaca, 25 parejas y siete menores de edad cobraron el cheque por el mismo predio.
El acuerdo fue suscrito en esta ciudad por ambas partes, que se disputan unas 13 mil hectáreas de tierras en la selva chimalapa, con la presencia de la coordinadora general de delegaciones de la Procuraduría Agraria, Maribel Méndez de Lara, y el presidente del Centro de Derechos Humanos Tepeyac (CDHT) de la diócesis de Tehuantepec, el obispo emérito Arturo Lona Reyes.
Además, estuvieron presentes el director técnico del Registro Agrario Nacional (RAN), Francisco Chanona; el secretario de Asuntos Indígenas del estado, Carlos Moreno, y el subsecretario de Gobierno oaxaqueño, Ramón Eduardo López Flores. También asistieron funcionarios del Instituto Nacional Indigenista (INI), y de la Procuraduría de Justicia del estado.
Los consensos se lograron luego de casi cinco horas de discusión, principalmente entre comuneros y autoridades de Santa María Chimalapa con funcionarios gubernamentales.
Cautelosos, los pequeños propietarios y ganaderos de la Colonia Cuauhtémoc debieron discutir la propuesta de que los trabajos técnicos de verificación de linderos se realizaran con base en la resolución presidencial de Santa María Chimalapa emitida en 1967. Finalmente, aceptaron la imparcialidad de las autoridades agrarias y "de la presidencia del Tribunal Agrario".
Gregorio Morales Coloriano, presidente del consejo de administración de la colonia Cuauhtémoc, aseveró que "nuestro gobierno se va a apegar de acuerdo con la sentencia de los tribunales que fue dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; tenemos la seguridad de que tenemos una sentencia a nuestro favor".
Por su parte, el presidente del comisariado de bienes comunales de Santa María, Taurino López López, consideró que el inicio de los trabajos de verificación constituirá "un primer paso para encontrar la solución definitiva a un conflicto de más de 30 años".
Comunidades zoques en "área de conflicto"
Tanto chimalapas como colonos saben que al menos dos comunidades zoques, Chalchijapa y Bella Vista, están dentro de lo que los primeros denominan zona de conflicto.
Los colonos ya tienen la salida del problema, que expresó Morales Coloriano: "que los comuneros se ingresen como colonos, no hay ningún problema, que reconozcan que están en nuestras tierras. Pero si no quieren, pues es problema de su comunidad, que vean en dónde los van a acomodar".
En tanto, para los comuneros zoques Chalchijapa está "en la zona de conflicto, tenemos nuestros planos definitivos, nuestros títulos de propiedad; de hecho, la colonia nace como un hijo de Santa María", advirtió Taurino López.
Gilberto Rafael Pacheco, comunero zoque, consideró por su parte que si hay colonos asentados en tierras chimalapas, la solución sería "que el gobierno los indemnice y se retiren", pero tanto chimas como colonos no descartan que un desenlace "conciliatorio" al conflicto de la posesión de las tierras en la franja en disputa, sería crear un área de reserva ecológica, "todo es cuestión de primero definir los límites".
Los trabajos técnicos
El próximo 26 de agosto, colonos y comuneros con sus respectivas autoridades agrarias sostendrán una reunión en la sede de la Procuraduría Agraria en Matías Romero, como punto de partida para definir mecanismos de trabajo técnico que realizará el RAN con apoyo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), para una mayor precisión en el aspecto topográfico.
Participarán también en esas labores diez personas de cada comunidad en conflicto, funcionarios del RAN, Comisión de Límites del estado de Oaxaca y del Tribunal Superior Agrario, cuya presencia reclaman las dos partes.
Dijo desde la ciudad de México, en donde permanece como parte de una comitiva de dirigentes agrarios que sostienen un congreso con senadores y diputados, que es necesario que se registre una reestructuración de los programas de Desarrollo Rural.
Planteó también establecer lineamientos más equitativos dentro del TLC, debido a que los productores agrícolas del país no tienen las mismas facilidades en el campo como los de Estados Unidos y Canadá.
Con respecto a las movilizaciones de diversas agrupaciones campesinas que se manifestaron en la capital del país el pasado 8 de agosto, la dirigente agraria externó que estas acciones son consecuencia de la desesperación de los agroproductores que no han tenido una respuesta a las demandas en sus respectivas regiones.
César Aguilar García, Unomásuno, página 7, domingo 12 de agosto. También se publicó en El Universal, El Día.
Al asumir la presidencia de la nueva Confederación Nacional Campesina (CNC), Heladio Ramírez López afirmó que no fueron las flaquezas ideológicas del movimiento revolucionario ni el marco constitucional, los responsables de la crisis económica y social del campo, sino las desviaciones propiciadas por el empuje del modelo neoliberal.
Ayer, durante la clausura del Congreso Constituyente de la CNC, y ante más de cuatro mil delegados cenecistas y la presidenta nacional del PRI, Dulce María Sauri, Ramírez López dijo que el gobierno federal no puede alzar los hombros como única respuesta a las demandas de millones de campesinos, cuyos niveles de ingresos y vida empeoran cada día como resultado de la ausencia de políticas públicas, del abandono y de la impericia del gobierno.
Luego de ser reelegido el pasado viernes por unanimidad como presidente de la CNC, el ex gobernador oaxaqueño convocó en la Casa del Agrarista a la acción para revalorar el peso social, político y económico de la sociedad rural, además de que anunció una revolución organizativa que permita a los campesinos mantenerse como poseedores de la tierra y los aleje de la servidumbre y la condición de peones.
En entrevista, Dulce María Sauri manifestó que sería muy interesante que el secretario de Agricultura, Javier Usabiaga Arroyo, le echara un vistazo y leyera lo que el desaparecido Carlos Hank González, como secretario del ramo realizó, ya que quizá así encontraría alguna inspiración para poder responder a las demandas de los campesinos de México.
Ramírez López dijo que en esta nueva etapa de la CNC, y sin ignorar el desafío globalizador, los campesinos están decididos a recobrar el espíritu original del artículo 27 constitucional, para que se restituya a la nación y a los propietarios sociales sus recursos naturales, normando la conducta económica de los apetitos particulares.
En este sentido, afirmó que la nueva CNC promoverá el regreso a las disposiciones legales que eviten la concentración y renta de tierras dentro de los ejidos y la formación de nuevos latifundios en poder de entidades mercantiles anónimas.
El dirigente cenecista rechazó la visión gubernamental de atender a los campesinos con políticas asistencialistas que pretenden alejarlos de la producción y de una participación activa en el mercado.
Las obras de caridad deben darse a los menesterosos sin capacidad de producir; nosotros sí tenemos la capacidad productiva y lo que buscamos son oportunidades reales, puntualizó.
En esa nueva revolución económica y productiva que anunció el dirigente de la CNC, señaló que la apropiación de todas las etapas, desde la distribución de insumos, pasando por la siembra, cultivo, cosecha, acondicionamiento, transformación y comercialización, la prestación de los servicios técnicos, financieros, administrativos y contables, son pieza fundamental en la consolidación de la economía campesina del presente siglo y en la autonomía financiera de la CNC.
Los campesinos mexicanos presentan una nueva situación con el desarrollo de la agricultura comercial y la culminación del reparto agrario: están transformándose trabajadores asalariados migrantes, afirma la Sedesol, en su reporte sobre la situación que priva entre más de 3 millones 400 mil personas que migran de los estados más pobres de la República a los campos del norte.
El Programa Nacional con Jornaleros Agrícolas (Pronjag) de la Sedesol, refiere que hasta 1999, casi 2 millones y medio de trabajadores del campo en condiciones de miseria extrema, viven exclusivamente de la venta de su mano de obra, mientras que cerca de un millón combina sus actividades campesinas con el trabajo asalariado en tierras ajenas.
Y contrario a lo que se cree, falta mano de obra porque los trabajadores han optado por emplearse en las maquiladoras, afirma el llamado "Rey de la Berenjena", Eduardo Leyson, quien, sin embargo, confía en que los altos niveles de fecundidad que se registran en los estratos poblacionales más bajos del país, sigan aportando trabajadores a los campos de cultivo del norte.
Aclara, en este caso, que ya los dueños de las grandes extensiones de cultivo tendrán que aliarse con el gobierno para mejorar las condiciones de vida y laborales de esta gente, o corren el riesgo, sí, de quedarse sin mano de obra.
Las estimaciones a futuro que hace la dependencia sobre el campo mexicano y sus trabajadores, plantean que "la reestructuración productiva de la agricultura y la cancelación del reparto agrario, llevará a un incremento del trabajo asalariado y a la diversificación de los flujos migratorios", en niveles mayores a los que ya se generan.
Dice que los niveles de pobreza extrema de los jornaleros en los lugares de origen (principalmente de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Michoacán , Querétaro y Zacatecas), obligarán a esta gente ya de por sí pobre, a aceptar condiciones de empleo marcadamente precarias.
El empresario ejemplar
Agricultor sinaloense con más de 700 trabajadores jornaleros bajo su mando, Leyson consiguió hace un mes que su amigo el director general de Bancrecer, Carlos Septién Michel, donara cerca de un millar de computadoras al gobierno para el programa "Jornaleros Agrícolas", dedicado a atender a casi 800 mil campesinos asalariados en la miseria extrema.
Leyson es reconocido por no permitir que en sus tierras, laboren los 220 niños que migran de octubre a mayo con sus familias a los campos de berenjena para ganar un poco de dinero. Los tiene en las escuelas, mientras sus padres trabajan para él. "¡Estamos en un mundo globalizado, donde tenemos enfrente al país más poderoso y los trabajadores no conocen una computadora!, ¡estamos a dos o tres años de que el TLC entre a plenitud y si no nos preparamos, vamos a ser los mayordomos de los gringos!, advierte el exportador.
De acuerdo con Leyson, el estado de Sinaloa, ya registra una disminución de trabajadores: "Pero tenemos familias pobrísimas (sic) que, no obstante, sus condiciones tienen siete hijos.
"Creemos que se va a acabar el mundo y no es cierto. Hasta ahora, el campo ha tenido la mano de obra requerida... pero ¡claro! ¡tenemos que trabajar para que nuestros jornaleros vivan en mejores condiciones o de lo contrario, sí se van a ir para otro lado a trabajar!
La refundación cenecista es ilegal porque se realizó contraviniendo los estatutos vigentes de esa organización. Pero además es ilegítima porque se hizo contra la voluntad de un importante número de miembros del sector campesino priísta que con toda seguridad cuestionará la acción.
Con la travesura de Heladio, los que más pierden en el asunto son el PRI, Rodolfo Echeverría y el propio gobierno federal. El PRI porque la ambición de sus dirigentes, Dulce María y Heladio, ha abierto la posibilidad de un nuevo desprendimiento, éste de grandes dimensiones, en su partido; Echeverría Ruiz porque al ser el primer secretario general que llegaba a esa posición con la legitimidad del voto como su respaldo, no tenía necesidad de participar o de validar maniobras de este tipo y sin embargo, a costa de su propia credibilidad, lo hizo; y el gobierno federal porque si la división de la CNC se confirma, tendrá que enfrentar a un sector campesino todavía más atomizado, pero ahora con un nuevo grupo disidente de grandes dimensiones.
Su padre, Andrés Herrera Cruz, obrero de oficio, le enseñó a ver a la gente a los ojos. Y sostiene la mirada, con su dulce voz. Es precisamente la mirada de su padre, un hombre que no estudió más allá de la primaria, pero que tenía una gran sabiduría, donde radica su primer recuerdo. Le daba, a la quinta de sus seis hijos, un trato de cariño, jamás de regaño.
Su madre, Genara Herrero, era una mujer paciente que define como "un ama de casa feliz". Era compañera de tiempo completo de su padre, se dedicaba a atenderlo. Vaya, no platicaba ni con las vecinas.
No entendía por qué, estando mi papá sentado con el refrigerador atrás, pedía agua y mi mamá, estando retirada, abría el refrigerador y se la daba. Pero era con un amor que decía: ¡no es posible! En la adolescencia, edad de la rebeldía, veía mucho el prototipo de mi mamá, siempre en sus roles y no se salía de ahí. Ella no tenía tiempo más que para nosotros. Y claro, lo vives y disfrutas, pero hay una edad en que piensas que tú no vas a ser así.
Usted lo pensó así.
Sí. Decía: "Yo no voy a tener esa paciencia". Ahora, bueno, ya es poco lo que se convive en familia porque mi esposo y mis hijos están en Monterrey, y siempre he trabajado. Pero en el poco tiempo que estoy en la casa lo disfruto mucho. Preparo la ropa de mi esposo, de mis hijos, aunque haya muchacha. Lo hago los fines de semana: checo que sus trajes estén limpios, que los cajones estén en orden con la ropa. Eso ayuda mucho. Llegar y ser mamá y esposa, olvidarse de que uno es secretaria de Estado. Eso le mantiene a uno los pies en la tierra. Ha sido una vida profesional muy favorecida por Dios, comienzo como maestra, estudio la normal básica. Primeramente quería ser monja.
Sí. Estudié con las salesianas. Iba a misiones. Así conocí el sur de la República: Oaxaca, Chiapas, Nayarit. Todavía cuando conocí a mi esposo tenía casi la seguridad de que iba a ser monja... a pesar de tener novio. Pero me mortificaba mucho que mi mamá no estuviera de acuerdo. Ella quería que me casara y tuviera hijos. Eso sí, siempre estuvo de acuerdo con que trabajara. Era por necesidad. Gracias a Dios todos los hermanos somos profesionistas. Trabajo desde los 15 años. Eso le forma a uno el carácter, disciplina, responsabilidad.
Su primer trabajo fue de maestra. Estudió la normal en el Colegio Excélsior y siempre le gustó dar clases desde que impartía catecismo en misiones. Por sus buenas calificaciones -porque siempre fue buena estudiante- recibió sus primeras oportunidades de trabajo. Como maestra, en el Colegio Motolinía; al salir de la carrera de derecho, que se pagó con su sueldo de maestra en la Universidad Autónoma de Nuevo León; como parte del Poder Judicial, donde creció hasta ser la primera mujer presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León.
Acepta que sí era medio "matada".
Tenía facilidad para digerir el derecho, pero sí estudiaba. Me perdí esa edad de los 15, 18 años, de fiestas y bailes. Prefería quedarme a estudiar. Al terminar la carrera quería irme a España a estudiar la maestría en Administración Pública. Eso me ha ayudado en la vida: hago las cosas con una finalidad, un rumbo: "Voy a conseguir esto". Entonces, el destino cambia.
Pero la vida la sorprendió. Al entrar a la Facultad de Derecho conoció al que más tarde sería su esposo, Armando Hernández Berlanga. Era un chavo popular que todo el primer semestre se la pasó molestándola.
Llegué de un medio de puras mujeres, siempre había estudiado en colegio de monjas. Al llegar a la facultad me doy cuenta que hay muchísimos hombres. Estaba acostumbrada a traer la falda bajo la rodilla, no usaba ni pantalón. Sentía que era diferente y no platicaba mucho con ellos por lo mismo. Era la época en la que la ley del cuarto de hora imperaba. Si el maestro no llegaba, desaparecíamos los alumnos y yo era la única que me quedaba.
Supongo que sus compañeros la odiaban.
Claro -dice Herrera sonriente- y uno de ellos era mi esposo. Era muy popular, noviero... espero que en aquella época -dice otra vez con una sonrisa-. Decía: "No se junten con esa chava fresa, la nerd". Y me decía cosas para fastidiarme.
Cosas de veras tremendas: "¿Hoy amaneciste aquí? Como siempre quieres clase no vas a ningún lado, no te diviertes, la vida es otra".
Del odio al amor hay un paso. Al siguiente semestre, cuando ya ninguno de los dos tenía novios, comenzó el romance. Un día Herrera le comentó, cuando apenas comenzaba a salirle bigote, que por qué no se rasuraba. Él contestó que lo haría cuando fuera su novia. Ella le contestó:
Que se me hace que te va a arrastrar el bigote.
El caso es que la conquistó por detallista, dice la ahora secretaria:
Era tremendísimo con las muchachas, pero muy detallista. Hasta la fecha te saca la silla, sirve tu refresco, abre la puerta del carro. Tiene muy buen carácter. Si no fuera por eso, ni me hubiera casado ni hubiese llegado hasta donde he podido escalar profesionalmente. Me ha apoyado muchísimo. Cuando una mujer llega a algún cargo de cierta importancia y más público, las mismas mujeres cuestionan. Se dicen medias verdades o mentiras, es común que inventen, aunque siempre he hecho oídos sordos a eso. Admiro mucho a mi esposo porque estamos en un país que, culturalmente, si la mujer triunfa profesionalmente tiene un alto porcentaje de no triunfar en su matrimonio. Me lo he preguntado mucho: ¿qué pasa?, ¿por qué estará reñido el triunfo profesional con el triunfo de la mujer?
En parte hemos tenido la culpa las mujeres. Algunas veces nos arreglamos y nos ponemos perfume para ir a trabajar y llegamos a la casa y nos ponemos la bata más fea y nos despintamos cuando llega el marido. Son detalles que a lo mejor descuidamos. No podemos llegar a casa con el título profesional. Cuando entro a mi casa soy la esposa y la mamá. Nos ha faltado esa cultura: vivir el momento preciso en el que estás. Tan importante es tu trabajo como el cuidado de tus hijos y estar al pendiente del esposo. Hasta ahorita me ha dado resultado. Son tres funciones que uno tiene qué revisar y no fallar en ninguna.
¿Usted nunca ha enfrentado el machismo?
No, absolutamente. Yo he sentido más que nada en la mujer la crítica, el egoísmo. He manifestado que las mujeres debemos de apoyarnos más, impulsarnos, darnos nuestra palmadita. A veces es muy fácil decir: "Fulanita está ahí, pero no tiene la capacidad, ¿cómo llegó ahí?". Nunca escuchamos eso de un hombre. Nos hace falta ser más solidarias. Requerimos, sí, más espacios, pero también reconocernos más.
Herrera tiene dos hijos: Óscar Andrés, de 16 años, y Liliana Alejandra, de 13.
¿Usted votó por Fox?
Bueno, el voto es secreto -dice sonriente.
¿Es usted panista?
Nunca he militado en ningún partido. En el Poder Judicial procura uno mantenerse al margen de la política. Me tocó la época de transición allá en Nuevo León. Estaba en la presidencia del tribunal en un gobierno priista por dos años y dos de un gobierno panista. El que ahora está (Fernando Canales Clariond) es una gente excelente como gobernador. Es un caballero, un gran hombre, lo admiro y respeto mucho.
Aunque ella nunca esperó estar en el gabinete fue su hija, Liliana Alejandra, quien, cual vidente, dijo el mismo 2 de julio de 2000 por la noche que su madre se iría a la ciudad de México a trabajar.
Se lo dijo a su tía, hermana de la secretaria, y ella lo recuerda:
Estaba feliz y le dijo: "Si Fox cumple, se va a llevar a mi mami. Él dijo que se llevaría a los mejores hombres y mujeres del país". A todos nos cayó en gracia que la niña pensara que su mamá era una mujer que podía estar en el gabinete. Nunca había estado en la función pública fuera del Poder Judicial, entonces, pues no, no me lo imaginaba. Pero en octubre llamaron a mi oficina, estaba en la Quinta Sala Familiar. Mi secretaria, Hermelinda, aunque le decimos Hermes de cariño, me dijo que habían llamado de un despacho de los headhunters, que estaban reclutando gente para el gabinete del presidente electo y querían hablar conmigo. Yo pensé que se habían equivocado, que la estaban engañando.
Pasó como una semana y volvieron a llamar. Herrera hizo primero una entrevista en Monterrey. Le explicaron que era una búsqueda a nivel nacional y que su nombre lo había dado Canales, el gobernador del estado.
En la noche, llegó y lo platicó con su familia. Les dijo que sólo aceptaría si ellos estaban de acuerdo.
Si su familia no la hubiera apoyado, ¿hubiera renunciado a la posibilidad de un puesto como éste?
Sí. Luego conocí a Fox en la cuarta etapa, después de todo el proceso de selección, hasta la prueba por internet, que era la última. Me impresionó mucho. Volvemos a la formación de mi padre: veía a los ojos, me identifiqué con él. La primera pregunta que me hizo fue que si mi familia me apoyaba. Le dije que sí y luego platicamos de derecho y él dirigió la plática al aspecto social, de servicio, del campo. Me dijo que visualizaba a un abogado para esta Secretaría. Era su visión de hombre de campo: que gran parte de la problemática era la observancia del derecho. De hecho, cuando conoció a mi esposo, ya con el nombramiento, le dijo: "Te agradezco el apoyo que le estás dando a esta mujer".
Así, en el CXXII aniversario del natalicio de Emiliano Zapata, campesinos agrupados en el Congreso Agrario Permanente (CAP) se lanzaron por las avenidas de la capital con una premisa: "El presidente Fox y Usabiaga pueden aguantar vara, porque tienen resuelto el problema económico, no así los agricultores empobrecidos".
Por su parte, el presidente Vicente Fox recibió el martes a medianos productores en la residencia oficial de Los Pinos. Ahí dijo que el gobierno federal no necesita presiones de los campesinos pues sus autoridades "son gente de campo que habla con la verdad y habla de a de veras". Sin embargo, los "pequeños propietarios" convidados a la reunión con Fox eran dueños de ranchos, granjas y medianas extensiones de terreno que, a decir su líder Julián Orozco, antes que ir a Los Pinos a pedir, como lo hacen otros, iban a dar.
Fue entonces cuando el presidente expuso la postura de su gobierno sobre los inconformes de afuera: "Sin duda, para nosotros compromete mucho más un llamado como el que acabamos de escuchar que una manifestación en la calle".
Pero un elemento que vendría a enturbiar la ya de por sí difícil semana, sería la revelación por parte del diario Crónica de la ocupación de menores de 15 años en 18 ranchos propiedad de Usabiaga, lo cual conlleva violaciones al artículo 123 constitucional.
Asimismo, fue descubierta la adjudicación -sin licitación de por medio- de contratos por 3.1 millones de pesos que realizó el subsecretario de Agricultura, Antonio Ruiz García, a la empresa para la que trabajó antes de incorporarse a la administración pública. De tal manera, el número dos de la Sagarpa ordenó contratar estudios de la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural (FMDR), lo cual logró al usar como puente al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, organismo de la OEA, al cual ordenaba contratar los servicios de la FMDR. Según el funcionario, la adjudicación de los contratos se realizó en forma directa por la experiencia y la capacidad de la organización, en tanto que los fondos salieron de "una bolsita" que quedó del sexenio pasado.
El epílogo de las irregularidades lo pondría la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, que detectó un desvío de recursos por más de cuatro millones de pesos en la Productora Nacional de Semillas, dependiente de Agricultura. El quebranto se habría dado durante la administración de Romárico Arroyo, tiempo en que algunos funcionarios autorizaron un pago por compra de semillas sin la autorización correspondiente de la Secretaría de Hacienda.
Al final tras una semana difícil, el gobierno federal perdió el primer round. Javier Usabiaga debió ofrecer disculpas a los campesinos inconformes y una nueva relación de respeto y diálogo. Durante una reunión con dirigentes del CAP, alguien preguntó al secretario: "¿Cuántos rounds más quieren? Fox y usted, señor secretario, sopésenlo. Nosotros ya dijimos lo que pensamos, hemos hecho plantones y manifestaciones, pero cuando hay sensibilidad de elefante, que ni una ronchita le hemos sacado, nos iremos a más pleitos".
Mientras campesinos de todo el país exigen una nueva política para el campo, el barco de la Confederación Nacional Campesina hace agua por todas partes. De cara a lo que se pretende que sea un congreso nacional “refundacional” de la organización, el grupo encabezado por Nabor Ojeda, quien mantiene cercanía con Francisco Labastida —y quien además podría volcar el apoyo de la CNC en su favor rumbo a la presidencia del PRI— desconoció al actual secretario general de la organización, Heladio Ramírez y tomó las instalaciones de esa central. Las cosas se resolvieron al viejo estilo: grupos de choque por delante, violencia y un líder que se queda por la fuerza en su puesto. Al final, muchos priístas tienen claro algo: a unos días de que termine su encargo, Heladio ramírez intenta sacar del Congreso Nacional Extraordinario Constituyente una nueva organización campesina en la que pueda permanecer como líder y desde ahí, buscar la presidencia del PRI.
LA LUCHA CAMPESINA A LA ARENA POLÍTICO ELECTORAL.
Iniciados en una izquierda que terminó por fragmentarse, marginados por el entonces partido de Estado –el PRI– que dejó de mirar hacia abajo y acotados también en la opción perredista, líderes del movimiento campesino, muchos de ellos aglutinados en el Congreso Agrario Permanente (CAP), están hoy dispuestos a incidir en las definiciones políticas del país.
Tras el “primer gran error político” de Cuauhtémoc Cárdenas en el inicio del sexenio salinista, que partió al movimiento campesino en el CAP por un lado, y por otro la Unión Campesina Democrática (UCD), y un proyecto más acabado en lo político que abortó hace dos años el entonces diputado perredista Álvaro López, el Partido Campesino y Popular (PCP) está en vías de obtener su registro ante el IFE.
Bajo el esquema de viejos partidos leninistas, de los frentes de masas, gente como el mismo Álvaro López, Ignacio Iris Salomón, Max Correa Hernández y Margarito Montes Parra, entre otros, dejaron atrás siglas de partidos como el Socialista de los Trabajadores (PST), Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Popular Socialista (PPS), Socialista de la Revolución (PSR) y Comunista Mexicano (PCM).
Prácticamente todos, sumados otros líderes campesinos que trabajan ya para el nuevo partido –sin que esto signifique la desaparición o el cambio de rumbo de las propias organizaciones que encabezan–, tienen también en común haber pasado por la cárcel.
“Sin lugar a dudas, no hay dirigente campesino que no pase el doctorado si no ha ido al bote. Mira los garrotazos, los dientes, es parte del curso”, comentó en entrevista Ignacio Iris Salomón, líder de la CODUC, quien apenas renunció a su militancia perredista, mientras se señalaba una cicatriz en la cabeza y un diente postizo.
Con el ambiente electoral de hartazgo que se percibía en 1988, débil ya el voto corporativo, “el movimiento campesino en masa se va a votar por Cárdenas”, recordó el dirigente. Aunque “se le gana al sistema en votos, se pierde legalmente”.
Después del desencanto electoral, surgió la idea de formar el Consejo de Acción Unitaria (CAU), donde participarían unas 19 organizaciones de carácter nacional, y de 40 a 50 entre estatales y regionales de origen campesino. Se acordó realizar el acto constitutivo en Anenecuilco, lugar de nacimiento de Emiliano Zapata, el Caudillo del Sur, y luchar por la reivindicación de sus ideales agraristas.
“Y Cárdenas comete su primer gran error político: va al acto, cuando ese movimiento no era de partido, era autónomo”, afirmó, y con eso reventó la posibilidad de una unificación de organizaciones, aun antagonistas por sus vínculos partidistas.
Esa unión frustrada fue el parteaguas para el surgimiento del CAP por un lado, y de la UCD, por otro, comentó.
Y si bien el CAP es reconocido hoy como la mayor representación campesina en el país, desde entonces quedó marcado.
Pero, “es absolutamente falso”, atajó Iris Salomón, a la presunción desde aquella época de que el CAP estaba vinculado con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
El CAP está integrado actualmente por 12 organizaciones, luego de la reciente salida de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) que encabeza Alberto Gómez Flores.
A esta escisión, Ignacio Iris le encontró origen en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a cargo de Javier Usabiaga. “Los tiradores de Usabiaga andan maiceando. Ya maicearon a la UNORCA. Los teóricos de la izquierda fueron los primeros que pasaron a la derecha”.
En síntesis, para el líder de la CODUC y uno de los impulsores del Partido Campesino y Popular, éste acumula en su seno una experiencia de pluralidad, de búsqueda de consensos y de mantener una discusión aun en los disensos, sin romper.
Max Correa, dirigente de la Central Campesina Cardenista (CCC), sostuvo que es oportuna y necesaria la creación del PCP.
“Los pobres de los pobres”, dijo, se localizan fundamentalmente en el medio rural y buena parte de ellos son indígenas.
Del campo también provienen las migraciones hacia los cinturones de miseria, al no encontrar en sus lugares de origen alternativas. Entonces las clases populares de las ciudades medias y grandes del país, también tienen su origen inmediato en el medio rural, explicó.
El líder de la CCC, también impulsor del PCP, dejó en claro la existencia misma de este nuevo organismo político: “Las fuentes de financiamiento para iniciar esta organización son las que los propios integrantes nos vamos a dar. No tenemos padrinos, no somos junior. A lo mejor por eso no apareceríamos como personajes tradicionales de la vida política nacional. No tenemos herencias, tampoco amasamos fortunas por haber participado en la política en otros partidos.
“Simplemente somos ciudadanos que tenemos consciencia de que es necesario organizar una nueva fuerza política campesina y popular”, expuso.
Mencionó que en el PCP están representadas organizaciones como la Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCP) Grupo Santa Cruz, que dirige Margarito Montes; la Unión General de Obreros y Campesinos de México Jacinto López, dirigida por el diputado de extracción priista José Luis González Aguilera, así como las agrupaciones políticas nacionales Sentimientos de la Nación, Campesina y Campesinos de México por la Democracia, entre otras.
También se encuentra la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), que encabeza el ex diputado federal de extracción perredista, Álvaro López, no obstante que hace dos años, en La Habana, con motivo de una invitación de la Asociación Nacional de Productores Agropecuarios de Cuba, al hablar de la realidad mexicana aludió la situación del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Y anunció ahí la creación del Partido Campesino y Popular, si Amalia García no se iba del PRD, época en que era criticada su elección como presidenta de ese partido político.
Con encuentros y desencuentros durante un largo trayecto, líderes con origen de izquierda esperan convencer a las fuerzas del movimiento campesino para confluir en el nuevo partido y enfrentar electoralmente, esta vez a un grupo en el gobierno que ubican claramente a la derecha del espectro político nacional, con una tendencia “antiagrarista” y sin buscar una interlocución social real.
Diálogo infructuoso con el gabinete
Ignacio Iris Salomón, líder de la CODUC, integrante de la dirigencia del CAP e impulsor del Partido Campesino y Popular (PCP), definió así los resultados de los encuentros tenidos con integrantes del gabinete de Vicente Fox: “Hay un intercambio de puntos de vista y un autoritarismo de Estado. Nos invitan café, nos escuchan, pero no nos oyen y mucho menos nos hacen caso.
“Con Javier Usabiaga, el titular de la Sagarpa, hemos tenido un diálogo estéril, sin resultados.
“La secretaria de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello, nos parece excelente jurista, bella persona en el trato, pero pésima política, que sabe del campo lo que nosotros de cohetes a la luna.
“El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Lichtinger, nos pareció muy simpático, muy tratable, pero sin políticas para el campo, y sobre todo, sin políticas para el sector social.
“No hemos podido platicar con el secretario de Economía, Ernesto Derbez, no lo hemos podido bajar de su castillo.
“A la secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota, cada vez que le pedimos hablar con ella, nos deriva con un asesor.
“Hemos platicado con el secretario de Hacienda, Francisco Gil. Cuando menos nos parece serio, en el sentido de plantearse una agenda conjunta de temas de interés para las partes, pero a veces nos da la impresión de que, como esos ricos que se curan en salud, un 24 de diciembre comen con los pobres para ganarse el cielo.
“Y mientras, en el Plan Nacional de Desarrollo, nada, no hay plan sectorial agrario”.
EL CAMPO, UNA VIEJA CRISIS. Respecto a las marchas campesinas, el doctor Aguilar Zínser, consejero de Seguridad Nacional, aseguró que la inconformidad en el agro es un factor que viene gestándose de antiguo, porque mientras en los países más desarrollados solamente el dos por ciento de sus habitantes vive de la agricultura, en México esa proporción llega al 25 por ciento.
"Hay una paradoja -señaló-: México es un país con muchos problemas de producción, que tiene límites en su frontera agrícola que alcanza para producir bienes que pueden darle sustento a su población pero no alcanzan para sostener a los que lo producen, porque son demasiados".
Subraya que el problema es que el campo necesita subsidios. Que de hecho, la agricultura se subsidia en el mundo. "Que el Gobierno no puede hacerse pato" respecto de eso. Pero lo que no puede, es apoyar en el monto que está exigiendo ese sector. Afirma que la alternativa es darle un sentido nuevo a ese proceso, respaldando la producción para que el campesino gane. El problema es que no hay dinero para hacerlo.
"O ¿usted va a pagar más impuestos para subsidiar a los campesinos? -pregunta sardónico-. Si la gente acepta pagar, pues sí... Pero por un lado exigen que el Gobierno apoye al campo y por otro se niegan a aceptar la reforma fiscal. ¿Qué pasaba antes -lanza a la entrevistadora-? Que los gobiernos sacaban dinero de préstamos o de otros gastos y tapaban hoyos y de alguna manera engañaban, porque extendían el problema al futuro".
Endeudarnos nos lleva abajo, perjudica a la economía porque no hay con qué pagar tanta deuda, agrega.
A su juicio la salida está en el Plan Puebla-Panamá, diseñado por el gobierno foxista para llevar más inversión al sur de la República, el más afectado por la marginación y en donde vive la mayor parte de los campesinos del país.
"Hay que encauzar la producción y llevarla más allá de lo primario. Pero también hay muchos que se oponen al programa -enfatiza-. Por neoliberal -dicen-; que porque otros van a aprovechar los recursos nacionales. Sin embargo, el Presidente le dedica mucho tiempo a pulirlo. Sabe que es la forma de jalar a la región sur a un proceso de desarrollo que absorberá muchísima mano de obra y descongestionará el problema campesino...".
Aguilar Zínser asegura que lo que el hombre de campo necesita, además del subsidio, son opciones. Si hay exceso de un producto, cultivar otro y encontrar nichos competitivos de mercado, en vez de congestionar el sistema.
"Ya el Gobierno está diseñando una política. Se trata de que el campesino gane ahí produciendo y eche mano de sistemas agroindustriales que creen empleo y den valor agregado al producto.
Advierte que el problema con que tropieza el nuevo Gobierno, es que tiene es hacer que la gente acepte la verdad. Convencerla de que la inversión tiene que sustituir al subsidio y dedicar el recurso a mejorar la educación.
"Los problemas no se resuelven de la noche a la mañana -insiste- y a la gente hay que decirle la verdad. Cada gremio pelea por lo suyo y es legítimo y válido. Pero al Estado y al Presidente les corresponde pelear por todos y decirnos realmente lo que está pasando. Y la reforma fiscal tiene mucho que ver con este mundo de las verdades mexicanas...".
Se le pregunta si no aprobar la reforma tal como está puede crear un conflicto de seguridad nacional. Rechaza la posibilidad. Advierte que no se trata de aprobar esa ley o ninguna. Pero señala que la recaudación anual de impuestos tiene que aumentar. Actualmente es de apenas el 11 por ciento del PIB, mientras en el resto de Latinoamérica alcanza 20 en promedio y, en Gran Bretaña, llega al 42 por ciento. Acepta, en cambio, que la miseria sí es un problema grave, que crea tensión social.
El Ejército suple a autoridades civiles, denuncian en Chihuahua
El incremento de la presencia militar en Chihuahua y la utilización de los elementos del Ejército en tareas que corresponden al ministerio público y a los policías civiles, como ejecutar las órdenes de aprehensión, detención de indocumentados, revisión de armas, prevención y persecución del delito, fue denunciado por la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos de esa entidad.
En el informe anual de esta comisión se menciona que el Poder Ejecutivo ha asignado a las fuerzas armadas cada vez más funciones que sobrepasan su papel e invaden la esfera civil, incluso esta acción ha sido denunciada ante foros internacionales y México cuenta con recomendaciones al respecto.
Destaca que en la sierra Tarahumara la militarización avanza y tan sólo en la comunidad de Atascaderos, del municipio Guadalupe y Calvo, de menos de 2 mil habitantes, existe una base militar con 200 efectivos y su función es la quema plantíos de estupefacientes.
En Baborigame, del mismo municipio, se tienen alrededor de 600 efectivos y mil 600 en la nueva base militar de Santa Gertrudis, dicha presencia, asegura el organismo, no se justifica en esas dimensiones.
Ante el involucramiento cada vez mayor de las fuerzas armadas en tareas de prevención e investigación del delito, menciona el documento, los militares son objeto de denuncias por violaciones a los derechos humanos y se pretenden escudar en el contexto de la lucha permanente contra el narcotráfico. Tal fue el caso de los homicidios de Octavio Olivas Lachica y de Adolfo Chaparro, cometidos en la sierra Tarahumara por militares.
La Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos puntualiza que en Chihuahua al igual que en todo el país se tiene un rezago importante en el combate a la impunidad a pesar de haberse realizado diversas acciones para modificar las leyes penales.
Durante el año 2000, la Comisión recibió 301 casos, de los cuales 173 son penales, cuatro siguen trámite en instancias internacionales, 20 son civiles, 25 familiares, dos de inseguridad pública, 14 agrarias, dos de discriminación a indígenas, 25 sociales, 7 en materia de educación, 24 laborales, dos de ecología, dos de salud y una administrativa. De las violaciones penales, 44 son realizadas directamente por las autoridades como son: homicidios, abuso de autoridad, detención arbitraria, privación ilegal de la libertad, extorsión y discriminación a indígenas. .
Considera el organismo que ante las constantes violaciones de los derechos humanos, las instancias internacionales siguen siendo un recurso para los ciudadanos que no son escuchados en su país, dadas las condiciones de impunidad y de aparente complicidad en los casos graves como es el caso de los asesinatos de Gil David Bustillos y Óscar Sáinz en los que participaron elementos del Instituto Nacional del Combate a las Drogas en 1995, y en el pasado 2000, la PGR realizó la extradición de los involucrados y consideró que habían cumplido ya con su proceso penal.
Inició Acolman pleito legal Contra San Salvador Atenco
El funcionario policiaco indicó que para llegar a la solución del conflicto por los límites territoriales, fue necesaria la intervención del comisionado especial en asunstos de fraccionamientos ilegales, Axell García Aguilera y de la CRESEM, por lo que aún no se finca responsabilidad legal en contra de autoridades de Atenco.
Precisó que aparentemente los responsables de la reubicación sin el consentimiento de la administración de Acolman, fue el área de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, por lo que ahora se busca un convenio entre los dos ayuntamientos y representantes del gobierno del Estado de México.
De no llegarse al estricto cumplimiento de la subdivisión de suelos, entonces la Procuraduría de Justicia del Estado de México tendrá todas las facultades para seguir el caso y ejercer acción penal en contra de los responsables de la reubicación ilegal.
Delgado Bonilla indicó que hasta el momento el alcalde de Acolman, Rigoberto Cortés Melgoza se encuentra en espera de la resolución del comisionado especial Axell García, a efecto de proceder al desalojo de las familias asentadas en el predio Las Brisas.
El secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Fidel Demedesis Hidalgo, calificó de “irresponsables” las declaraciones del gobernador del estado, “porque aún no hay nada concreto”.
Afirmó que han provocado una relación tensa entre la población de Temoac, quienes realizaron una asamblea en la que manifestaron sus posturas al respecto, “lo que se teme es que pueda haber enfrentamientos físicos entre campesinos de ese lugar”.
Agregó que los dueños del predio El Llano buscarán a los diputados para manifestar su posición, además de una reunión con el delegado de la SCT estatal.
Pedirán que se les aclare que no hay tal construcción del aeropuerto, “si es así la situación dejará de ser tan tensa como en la actualidad se está viviendo”, acotó. Pero advirtió que el problema se tornará delicado si el gobernador insiste en que el aeropuerto será en ese lugar, pues los 70 ejidatarios dueños del predio están divididos.
“Es el momento que el gobernador asuma una actitud responsable en este caso, la gente está dispuesta a llegar a las últimas consecuencias para defender sus tierras”, puntualizó.
HUASTECAS POTOSINA, TAMAULIPECA Y VERACRUZANA
Las primeras acciones del gobierno de Vicente Fox en materia anticorrupción para la región agrícola de la Huasteca iniciaron el pasado 8 de agosto con una auditoría en el distrito de riego más grande de América Latina, el Pujal-Coy ubicado en las huastecas de San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz.
Ese día celebraron una reunión en Ciudad Valles los funcionarios de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), Gonzalo Reyes Flores, Jorge Ambriz Navarro, Sergio Mejía Pantoja y Maribel Maldonado, para iniciar la auditoría.
Dicha auditoria fue anunciada el 12 de julio pasado por el coordinador de asesores de la Secodam, Ernesto Enríquez Rubio, quien aseguró que la última semana de agosto dará a conocer sus primeros resultados.
Pedro González Gómez, líder de la Coalición Independiente de Organizaciones Agrarias y Campesinas (CIOAC); Martha Guadalupe Chavarri de la Central Campesina Cardenista; Francisco de la Cruz, dirigente de la Asociación Civil Huasteca 2000, así como el presidente municipal de Ciudad Valles, Juan José Ortiz y el representante del gobierno de San Luis Potosí en la Huasteca, Bruno Contreras Martell, participan en la auditoría e indicaron que finalmente el gobierno de Fox está atendiendo una vieja demanda de hace 20 años de los campesinos para aclarar los manejos turbios del Pujal-Coy.
El compromiso de la auditoría se dio a conocer a los 200 grupos demandantes de tierras de indígenas y campesinos, en el municipio de Tamuín, ubicado en el corazón de la Huasteca potosina, por los funcionarios federales Enríquez Rubio y el subsecretario de la Reforma Agraria, Héctor René Quiñones, el 12 de julio pasado. La petición de la auditoría a la Secodam la hizo el gobernador del estado, Fernando Silva, luego de que las organizaciones indígenas de la Huasteca potosina se movilizaron por toda la zona y bloquearon la carretera de Ciudad Valles-Tampico en los últimos meses.
Los dirigentes huastecos, Domingo Rodríguez Martell y Gregorio Pérez Jiménez, dirigentes del Parlamento Indio Estatal (PIE), Pedro González Gómez de la CIOAC, José Luis Ramiro Galero, líder del Movimiento de Campesinos y Colonos (MOCACO), Said López de Olmos, del Movimiento Huasteco Democrático (MHD), y Saúl Azúa Jacob, líder de la CCI, han estado movilizándose en lo que va del año con cuatro bloqueos a carreteras de Ciudad Valles a Tampico y el día 8 de agosto tomaron la presidencia municipal de Tamanzunchale, “para que nos entreguen las tierras del Pujal-Coy y se aclare quién las usufructúa y a dónde se fueron los miles de millones de pesos que destinó el gobierno federal al proyecto de riego más grande de América Latina ”, señaló González Gómez.
“Preferimos luchar en la Huasteca potosina por que se nos den las tierras que irnos a Estados Unidos y regresar muertos, en una caja de cartón”, señaló el líder de la CIOAC.
El subsecretario de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Héctor René Quiñones, al anunciar las acciones específicas de la auditoría el 12 de julio pasado, explicó que se sabrá qué fue lo que indemnizó la Comisión Nacional del Agua (CNA) y qué se puso a disposición de la SRA, y ya con esa información acudir al Registro Público de la Propiedad y al Registro Nacional Agrario, y verificar en los campos quién es poseedor de los predios.
El distrito de riego se conformó en el sexenio de Luis Echeverría ante las invasiones y tomas de los latifundios por parte de los campesinos de las huastecas, que eran aglutinados por el campamento Tierra y Libertad, levantado en la comunidad de Los Otates , en la década de los años 70.
Echeverría expropió latifundios en 1973 y autorizó que se desmontaran extensiones grandes de la Huasteca para completar 236 mil hectáreas que según el proyecto original del Pujal-Coy serían entregadas a los miles de campesinos, dotándolos de moderna infraestructura de riego, con la construcción de dos grandes presas que detuvieran los miles de millones de metros cúbicos de agua que ahora se van al mar por la zona del río Pánuco y que puede ser almacenada.
Aunque una vez muerto, el principal dirigente huasteco en la década de los 70 del campamento Tierra y Libertad, Eusebio García Ávalos, y entregado algunas tierras a las comunidades indígenas, los funcionarios de la CNA, SRA protegieron a los ganaderos y éstos continuaron usufructuando las mejores tierras del Pujal-Coy y ya no entregaron las tierras.
Posteriormente, en el sexenio de López Portillo se continuaron canalizando grandes cantidades de dinero para lograr la autosuficiencia alimentaria.
En los sexenios de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari –recuerda Rodríguez Martell– se dejó “hacer” a los latifundistas. Es tan escandalosa la corrupció, que hasta Gastón Santos –hijo de Gonzalo N. Santos– también solicitó una auditoría porque denunció que muchos de los prominentes políticos son los que están usufructuando las mejores tierras, como Enrique Cárdenas González, ex gobernador de Tamaulipas.
Crónica del conflicto. La lucha de los campesinos de la región del Pujal-Coy tiene una historia de más de 30 años:
Inicia con la movilización campesina en 1970 y la creación del campamento Tierra y Libertad en Los Otates, Ciudad Valles.
El ex presidente Luis Echeverría Álvarez crea el Pujal-Coy en 1973, expropia los latifundios de la Huasteca potosina y tamaulipeca.
Se entregan las primeras tierras en 1974 y se ubica entre los ríos Pujal y Coy, afluentes del río Pánuco en los municipios de Valles, Tanquián, Aquismón, Tamuín, Ébano, San Vicente, Tanlajás, en San Luis Potosí; y Mante y Antiguo Morelos, de Tamaulipas, y Pánuco, de Veracruz.
En 1977 cae asesinado el principal dirigente del campamento Tierra y Libertad, Eusebio García Ávalos.
El ex presidente José López Portillo crea la segunda fase emitiendo un decreto el 7 de diciembre de 1979 que abarca 236 mil hectáreas, se agrega parte del Pánuco, Veracruz.
Entre 1979 y 1992 se entregan unas 70 mil hectáreas a 150 grupos campesinos que aglutinan a 5 mil jefes de familia.
De 1980 a 1995 los ganaderos y latifundistas siguen en sus predios sin que les sean entregados a los campesinos e indígenas. En 1997 se entregan unas 30 mil hectáreas a 3,000 campesinos potosinos.
El 14 de julio de 1999, el ex presidente Ernesto Zedillo emite un decreto para proteger a los latifundistas que poseen más de 90 mil hectáreas. En dicho decreto señala que si no fueron indemnizados los propietarios originales ya quedan fuera de la expropiación.
En 2001 las organizaciones campesinas PIE, CIOAC, MDH, COCIHP, CCI exigen auditoría.
En julio del 2001, doscientos grupos de demandantes de tierras se movilizan por toda la Huasteca.
La Tercera Fase del Distrito de Riego más grande de América Latina depende del presidente Vicente Fox para ampliar la entrega de tierras, destinar recursos para la construcción de las presas “Coy” y “Pujal”
El 8 de agosto del 2001, la CIOAC y el PIE toman en forma indefinida la presidencia municipal de Tamanzunchale y se movilizan por la Huasteca, y la Secodam inicia la auditoría.
Nota informativa, La Jornada, página 5, lunes 13 de agosto.
El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Luis Morales Reyes, afirmó que cualquier expresión de violencia debe ser rechazada por la sociedad, pues "no es el camino que solucione los problemas".
El también arzobispo de la ciudad de San Luis Potosí fue entrevistado después de oficiar misa en la catedral potosina, donde se refirió a las explosiones que se registraron en sucursales bancarias de la ciudad de México el pasado 8 de agosto.
"Cualquier riesgo de violencia no debe menospreciarse, sobre todo si en el país no se logra una mejor atención a la pobreza. Estas expresiones deben tomarse muy en serio, pueden ser algo transitorio y aislado, pero no se pueden menospreciar", reiteró.
El jerarca de la Iglesia católica indicó que autoridades del Distrito Federal, en estrecha colaboración con el gobierno federal, tendrán que investigar con detenimiento las tres explosiones, "porque no se deben confiar".
Morales Reyes también consideró necesario consolidar un pacto social, encontrar los espacios de convergencia y buscar los consensos básicos entre los partidos para evitar un estallido social.
La pobreza que se vive en el campo puede ser peligrosa, pues por años los campesinos han clamado por una mayor atención, pero por desgracia el declive no para y existe una gran inconformidad, porque el campo cada día se encuentra más empobrecido, sostuvo.
Sostén de las instituciones nacionales desde su fundación con Lázaro Cárdenas, la CNC no respondía ya a los requerimientos del país. Su compromiso concluyó con el fin del presidencialismo priísta, y con un nuevo gobierno adverso a los intereses sociales y más comprometido con la clase empresarial, la CNC necesariamente tenía que renovarse o morir. Y su defunción pudo haberse decretado en cualquier momento que lo decidiera el Presidente.
Desde luego, intereses políticos y respeto al adversario no llegarían a tal extremo, sin embargo, dada la combatividad de su dirigente Heladio Ramírez López éste no podía sentirse independiente ni ejercer su real liderazgo con sus representados mientras dependiera del gobierno. Realizar una sistemática crítica hacia el sistema y recibir beneficios de éste, de ninguna manera puede considerarse un dirigente honesto.
Hoy, con una nueva estructura jurídica, la CNC inicia una nueva etapa como agente económico, comercializador y parafinanciero, con el propósito de incursionar en la apertura comercial y hacer frente a los retos de la globalización. Ofrecerá servicios para la obtención de créditos, asesoría a las uniones de productores y organismos filiales que contribuyan a la autonomía financiera de la CNC.
De apoyador cíclico en periodos electorales del PRI, brazo ejecutor de políticas agrarias favorables y desfavorables a adversarios y amigos, de simple acarreador de campesinos para actos de apoyo a los gobernantes, la CNC se transforma en busca de su autonomía financiera y política, en beneficio de los cada vez más empobrecidos labriegos, alejados del paternalismo de Estado.
Después de conocerse el dictamen de los especialistas de la UNAM sobre el efecto ambiental, entró en la recta final el proceso para definir dónde se ubicará el nuevo aeropuerto para la zona metropolitana de la ciudad de México. Los conocedores dicen que el fallo definitivo lo anunciará en su primer informe el presidente Fox. Mientras tanto, los gobiernos de Hidalgo y México intensificaron sus campañas informativas para destacar los aspectos favorables para Tizayuca y Texcoco, respectivamente...