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Timestamp: 2019-07-18 09:14:33
Document Index: 131049060

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 17', 'artículo 17', 'artículo 127', 'artículo 130', 'artículo 81', 'artículo 113', 'artículo 290', 'artículo 6', 'Artículo 126', 'Artículo 8', 'Artículo 17']

RESOLUCIÓN ORGÁNICA 7 DE 07 DE OCTUBRE DE 2015
CONTENIDO:PRESCRIBE LA FORMA Y TÉRMINOS EN QUE LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEBE CUMPLIR CON LAS FUNCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL, RELACIONADAS CON LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LAS CUENTAS Y LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES Y ESTUDIOS ESPECIALIZADOS. LA PRESENTE RESOLUCIÓN RIGE A PARTIR DEL 1º DE ENERO DE 2016. DEROGA LAS RESOLUCIONES ORGÁNICAS 3 DE 2010, 11 DE 2010, 7 DE 2012 Y 3 DE 2013.
VIGENCIA:DEROGADA POR LA RESOLUCIÓN ORGÁNICA 8 DE 2015 ARTÍCULO 17 DE LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
RESOLUCIÓN ORGÁNICA 7 DE 2015
“Por medio de la cual se reglamenta la rendición de cuentas e informes y se adopta dentro del Sirel el aplicativo SIA Observa”.
Que en el documento “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018” aprobado mediante Ley 1753 de 2015 se estableció que: “En materia fiscal se incrementará la cobertura y la calidad de la vigilancia y el control mediante la construcción de un nuevo modelo de control fiscal que avance hacia una vigilancia y control posterior y selectivo más efectivos. Se consolidarán además alianzas estratégicas con organismos de control nacionales e internacionales al tiempo que se promoverá la participación ciudadana en la vigilancia y el control fiscal. (…)
El Auditor General de la República, en cumplimiento de la función de vigilancia de la gestión fiscal(3), tiene las atribuciones legales(4) de fijar las políticas, prescribir los métodos y criterios necesarios en la forma en que sus vigilados rinden sus cuentas; determinar los criterios que deberán aplicarse para la evaluación financiera, de gestión y de resultados y en la práctica de los ejercicios de auditoría, la evaluación del control fiscal interno, los criterios de revisión y fenecimiento de las cuentas, y todo lo que permita ejercer la vigilancia de la gestión fiscal a su cargo, a través de la auditoría delegada para la vigilancia de la gestión fiscal, la dirección de control fiscal y las gerencias seccionales, de conformidad con los artículos 23, 24 y 32 del Decreto-Ley 272 de 2000.
En desarrollo de la función de coadyuvancia, el principio de colaboración armónica entre entidades(5) y las medidas para el fortalecimiento de la función de control fiscal(6), la AGR en conjunto con la Contraloría General de la República y las contralorías territoriales, a través del Sinacof, tienen la facultad de proponer una plataforma tecnológica unificada que procure la integración de los sistemas de información existentes para el ejercicio de su función fiscalizadora.
Para el cumplimiento de la función de coadyuvancia la AGR puede disponer del talento humano y de los recursos físicos, y crear grupos internos de trabajo, de conformidad con el artículo 17, numeral 14 del Decreto-Ley 272 de 2000.
De conformidad con los artículos 9º a 14 de la Ley 42 de 1993 y los artículos 4º y 5º del Decreto-Ley 272 de 2000, la AGR ejerce vigilancia de la gestión fiscal(7) mediante los sistemas de control financiero, de legalidad, de gestión, de resultados, la revisión de cuentas y la evaluación del control interno.
En desarrollo de la referida función legal, y en cumplimiento del artículo 127 de la Ley 1474 de 2011, la Auditoría General de la República debe verificar los beneficios del control fiscal reportados como gestión por las contralorías, y para ello, tener en cuenta que las acciones evidenciadas estén debidamente comprobadas, que correspondan al seguimiento de acciones establecidas en planes de mejoramiento o que sean producto de observaciones, hallazgos, pronunciamientos o advertencias efectuados por los órganos de control fiscal, que sean cuantificables o cualificables y que exista una relación directa entre la acción de mejoramiento y el beneficio.
A su vez, en desarrollo del artículo 130 de la Ley 1474 de 2011(8), la Auditoría General de la República debe verificar que, la Contraloría General de la República y el Sinacof y faciliten a las contralorías territoriales una metodología adaptada para el proceso auditor.
Por otro lado, el desarrollo jurisprudencial sobre el alcance del control fiscal que realiza la Auditoría General de la República permite concluir que existe identidad en el ejercicio del control fiscal entre la AGR y la CGR. Al respecto, en la Sentencia C-1339 de 2000, la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad del Decreto-Ley 272 de 2000, expresó: “Así como se prevé que la vigilancia del control fiscal del Estado, por parte de las contralorías, incluye el ejercicio de un control financiero de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía y la equidad (art. 267, inc. 3º), también la vigilancia que sobre estas ejerce la Auditoría debe tener el mismo alcance e intensidad. A juicio de la Corte, la función de la Auditoría no puede quedar reducida al examen de la simple ejecución presupuestal, sino que debe comprender adicionalmente la valoración de la gestión y los resultados de la actividad fiscal que desarrollan contralorías”. Resaltado propio.
En consecuencia, según la Corte Constitucional y la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado(9), el control fiscal que realiza la AGR tiene el mismo alcance e intensidad que el que ejercen las contralorías en los ámbitos nacional y territorial(10), lo que quiere decir que la función de vigilancia y las potestades de la Auditoría General de la República, son las mismas, de igual naturaleza, objeto y alcance que la función de vigilancia sobre la gestión fiscal de las autoridades administrativas que cumplen, la Contraloría General de la República y las contralorías territoriales, respecto de las entidades que vigilan; es decir que el control fiscal que realiza la Auditoría General de la República trasciende la evaluación de la ejecución presupuestal e implica el análisis global de la gestión y los resultados.
Con base en los resultados de ese control, el Auditor General de la República tiene la facultad de calificar y certificar la gestión y los resultados de las entidades sometidas a su vigilancia(11), con el propósito de establecer el grado de desarrollo y calidad del control fiscal y el mejoramiento continuo de su gestión.
Considerando lo expuesto, y después de revisar la normatividad interna vigente sobre la forma y términos en que la Auditoría General de la República debe cumplir con las funciones de vigilancia y control fiscal, relacionados con la rendición y revisión de las cuentas y la solicitud de información para la elaboración de informes y estudios especializados(12); se evidencia la necesidad de hacer modificaciones esenciales, con miras a que la entidad efectúe una vigilancia y control fiscal más efectivos, con énfasis en la gestión orientada al interés general, focalizado en el adecuado uso de los recursos públicos, la credibilidad y el logro de mejoras asociadas al ejercicio de este tipo de control, como lo establecen las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.
ART. 5º—Responsables de rendir cuenta. Son responsables de rendir la cuenta a la Auditoría General de la República, el Contralor General de la República, los contralores territoriales y el gerente del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República.
ART. 6º—Forma de rendir la cuenta. Los responsables rendirán la cuenta a la Auditoría General de la República, únicamente en forma electrónica y a través del módulo sistema de rendición electrónica de cuentas (Sirel), del sistema integral de auditoría (SIA), Misional AGR.
PAR. 3º—La Auditoría General de la República comunicará previamente a los contralores y al gerente del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República a través de la interfase de rendición de la cuenta del módulo de rendición electrónica de cuentas (Sirel), del sistema integral de auditoría (SIA) Misional AGR, las modificaciones e instrucciones para la rendición de la cuenta, si las hubiere.
a) El primer grupo de formatos deberá rendirse a más tardar el treinta y uno (31) de enero de la vigencia siguiente;
2. Los sujetos vigilados presentarán una (1) rendición parcial sobre un grupo de formatos, los cuales serán determinados y comunicados mediante circular externa de la Auditoría General de la República, que será emitida a más tardar el quince (15) de mayo de la vigencia que corresponda a la información del periodo comprendido entre el primero (1º) de enero al treinta (30) de junio del respectivo año. La fecha máxima de rendición será el treinta y uno (31) de julio del mismo año.
PAR. 1º—La Auditoría General de la República informará previamente mediante circular externa los formatos a diligenciar en las rendiciones parciales.
2. No se presente en los formatos y con los requisitos establecidos en el manual del usuario de rendición electrónica de cuentas (Sirel), y el instructivo de rendición de cuentas.
ART. 10.—Sanciones en el sistema de rendición y revisión de cuentas. Como consecuencia del proceso de rendición y revisión de las cuentas, la Auditoría General de la República impondrá sanciones en aplicación a lo dispuesto en los artículos 100, 101 y 102 de la Ley 42 de 1993 o las normas que la adicionen o modifiquen.
ART. 14.—Manual del usuario. Para efectos del conocimiento, la divulgación, capacitación y aplicación del módulo de rendición electrónica de cuentas (Sirel), el “Manual del usuario” está ubicado de manera interactiva en la página web de la Auditoría General de la República, www.auditoria.gov.co.
Estos estudios especializados impulsarán la gestión del conocimiento, en relación con el control y la vigilancia tanto fiscal como social de los recursos públicos, buscando afianzar un modelo de excelencia en la gerencia pública focalizado y adaptable a los órganos de control fiscal. Este modelo tendrá un enfoque de gestión orientado al interés general, que enfatice en el adecuado uso del patrimonio público, fomente estrategias anticorrupción y fortalezca el cumplimiento de los compromisos y protocolos éticos aplicables a los servidores públicos.
ART. 16.—Creación del GIA. Créase el grupo interno de trabajo denominado “Grupo de investigación y análisis” (GIA), que se encargará de realizar los análisis y estudios de que trata el artículo anterior.
ART. 17.—Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir del 1º de enero de 2016 y deroga las resoluciones orgánicas 3 del 2010, 11 del 2010, 7 del 2012 y 3 de 2013.
PAR. TRANS.—La rendición de la cuenta durante el año 2015 se realizará conforme a los formatos y lineamientos vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de esta resolución, sin perjuicio de que se pueda concertar con algunos sujetos de control planes piloto para la implementación del SIA Observa, entre el 1º de octubre y el 31 de diciembre de 2015, con posterioridad a la capacitación que la Auditoría General de la República imparta a sus sujetos de control.
(2) Por sentencia de la Corte Constitucional C-599 de 2011, se declaró inexequible el artículo 81 del Decreto-Ley 267 de 2000.
(3) Artículos 3º, 4º, 5º, 6º y 8º de la Ley 42 de 1993.
(4) Artículos 5º y 17 (nums. 1º y 2º) del Decreto-Ley 272 de 2000.
(5) De conformidad con el artículo 113 de la Constitución Política, los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. Por su parte, el artículo 290 superior indica que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios, fines y objetivos constitucionales. De igual forma, y en atención al principio de coordinación y colaboración, establecido en el artículo 6º de la Ley 489 de 1998, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones para lograr los fines y cometidos estatales.
(6) Artículo 126 de la Ley 1474 de 2011.
(7) Entendida como la verificación que se hace para un período determinado, de que los sujetos vigilados efectúen la asignación de recursos más conveniente para maximizar sus resultados; que los bienes y servicios se obtengan al menor costo; que sus resultados se logren de manera oportuna y guarden relación con la planeación y, entre otros, evaluar la gestión adelantada en materia de protección, conservación, uso y explotación de los recursos naturales y el medio ambiente. —Artículo 8º de la Ley 42 de 1993—.
(8) ART. 130.—Metodología para el proceso auditor en el nivel territorial. La Contraloría General de la República, con la participación de representantes de las contralorías territoriales a través del sistema nacional de control fiscal (Sinacof), facilitará a las contralorías departamentales, distritales y municipales una versión adaptada a las necesidades y requerimientos propios del ejercicio de la función de control fiscal en el nivel territorial de la metodología para el proceso auditor, se encargará de su actualización y apoyará a dichas entidades en el proceso de capacitación en el conocimiento y manejo de esta herramienta. La Auditoría General de la República verificará el cumplimiento de este mandato legal.
(9) Concepto 1392 del 28 de febrero de 2002, M.P. Susana Montes de Echeverry.
(10) Sentencias C-499 de 1998, C-1339 de 2000, que declaró exequible el Decreto-Ley 272 de 2000; y C-1176 de 2004.
(11) Artículo 17, numeral 7º del Decreto-Ley 272 de 2000.
(12) Resoluciones orgánicas 11 de 2010, 3 de 2010 y 7 de 2012.