Source: https://valledeuco.wordpress.com/2018/11/07/destejiendo-las-modificaciones-a-la-ley-7722-parte-1/
Timestamp: 2019-04-23 11:52:25
Document Index: 213293405

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 30', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'artículo 6', 'Artículo 6', 'artículo 3', 'Artículo 7', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 14']

Destejiendo las modificaciones a la ley 7722 (parte 1) | Valle de Uco Mendoza
Destejiendo las modificaciones a la ley 7722 (parte 1)
Minientrada 2018/11/07 valledeuco Deja un comentario
Foto: Guaymallén 24
Repasamos los principales artículos del proyecto de ley que plantea modificar la ley emblema del agua pura en Mendoza. A través del estudio ofrecido por el referente ambientalista Eduardo Sosa, explicamos en qué consisten las modificaciones propuestas.
El licenciado en Gestión Ambiental Eduardo Sosa, ex titular de la Red Ambiental Oikos, desglosa en un análisis propio, los artículos de la modificación a la ley 7722 que pretende el senador provincial de Unidad Ciudadana Alejandro Abraham. Proponemos repasar los principales artículos de la iniciativa modificatoria y las observaciones que el referente ambientalista realiza al respecto de cada uno.
El proyecto de ley de Abraham que se debate en comisiones figura bajo el número de expediente 71765 y estos son sus artículos:
Artículo 1: Modifícase la ley 7722, la cual quedará redactada de la siguiente manera: “Artículo 1: A los efectos de garantizar la sustentabilidad del uso de los recursos naturales, con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohíbe dentro del territorio de la Provincia de Mendoza el uso del cianuro (en todas sus formas), ácido sulfúrico y mercurio (en todas sus formas) en los procesos mineros metalíferos de cateo o exploración, prospección, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo. Todo lo anterior, en cumplimiento de la Ley 8.051, 8.999, 26.639, 6.045”.
Eduardo Sosa considera que se omite el término “y otras sustancias tóxicas similares”, oportunamente calificado como ambiguo o impreciso por los sectores promineros. Esta omisión no produce como efecto inmediato la ampliación de las oportunidades a la actividad minera metalífera, ya que aquellos proyectos que en 2007, al promulgarse la ley 7722, no podían operar en nuestro territorio, tampoco podrán hacerlo de efectivizarse la modificación. La minería metalífera utiliza mayoritariamente el ácido sulfúrico y el cianuro de acuerdo a sus procesos industriales. Por lo cual, si la norma fue pensada para atraer proyectos mineros, fracasará rotundamente en su cometido.
Por otro lado, si se quita el término “otras sustancias tóxicas similares”, el único proyecto que estará en condiciones de operar es el proyecto cuprífero San Jorge, ubicado al norte del Valle de Uspallata. Curiosamente, el proyecto de ley le abre las puertas a un solo proyecto minero, con lo cual los legisladores, en caso de aprobar el texto, habrán votado una norma que atiende los intereses de una sola empresa en desmedro de muchos sectores sociales. Con esta propuesta de Abraham, sólo una empresa es beneficiada y el resto de la actividad minera queda en igual o peor situación que antes.
Artículo 2: Las empresas y/ o personas jurídicas o físicas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley posean la titularidad de concesiones de yacimientos minerales metalíferos, o aquellas que industrialicen dichos minerales, deben tramitar en el plazo de treinta días el ”informe de partida” que establece el Art. 24 del Decreto 2109/94, a efecto de cumplir con las exigencias de la presente ley, bajo apercibimiento de cesar inmediatamente en su actividad hasta tanto adecuen todos sus procesos mineros y/ o industriales.
Sosa evalúa que este artículo tiene una utilidad abstracta. Si los sujetos obligados al informe de partida en aquella época la incumplieron, hoy no deberían estar operando porque la autoridad de aplicación debería haber clausurado o impedido la continuación de la actividad de las empresas y caducado las concesiones a los tenedores del derecho precario. Este artículo no tiene razón de ser, sólo denota el desconocimiento acerca del tema por parte del autor del proyecto.
Artículo 3: En cumplimiento con lo dispuesto por el art. 250 del Código de Minería de la Nación, la autoridad ambiental minera de las normas de protección ambiental para la actividad en la provincia de Mendoza será la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial u organismo que en el futuro la reemplace. Los informes sectoriales municipales, del Departamento General de Irrigación y de otros Organismos Autárquicos son de carácter necesario, y se deberá incluir una manifestación específica de impacto ambiental sobre los recursos hídricos conforme al artículo 30 de la Ley 5961.
Este artículo quita la ratificación legislativa para los proyectos con Declaración de Impacto Ambiental prevista en la ley 7722. Omitir la ratificación legislativa de la DIA no le abre las puertas a los proyectos mineros en su conjunto, sino que lo hace solamente con el de Minera San Jorge. A partir de esta remoción por parte de los legisladores, San Jorge estaría en condiciones de operar el proyecto que obtuvo la DIA en 2011, lo que claramente constituye una cuestión de privilegio, un beneficio a intereses privados en desmedro del interés público, lo cual socava el estado de derecho.
Artículo 4: La autoridad de aplicación garantizará, en todo proceso de evaluación de impacto ambiental, la participación de los municipios de las cuencas hídricas donde se localice el proyecto y, en su caso, de aquellas regiones de la Provincia que objetivamente puedan ser afectadas por el proyecto respectivo, debiendo respetarse las realidades productivas y sociales de cada uno de los mismos, cuyos dictámenes sectoriales serán de carácter necesarios.
Sobre este aspecto, el referente ambientalista conjetura que si bien el proyecto de ley mantiene la participación de los municipios de la cuenca hídrica, hace una salvedad más que grave. La ley 7722 incluye además a aquellas regiones que se manifiesten afectadas por un determinado proyecto minero metalífero, mientras que el proyecto de Abraham habla de “regiones que objetivamente puedan ser afectadas”.
Esto tiene la intención de excluir de la discusión a departamentos como General Alvear o del Valle de Uco en caso de proyectos mineros que no estén en su territorio o formen parte de su cuenca. El carácter de afectación objetiva colisiona con el principio preventivo y con la categoría de afectado establecida por la Constitución Nacional.
Artículo 5: La autoridad de aplicación deberá identificar los daños ambientales que puedan existir y/o que se produzcan en el futuro con causa en la actividad minera, a efectos de exigir administrativamente la remediación del daño, o en su defecto requiere la misma según el procedimiento judicial que regula la Ley 25.675.”
Este artículo reproduce el texto del artículo 6 de la ley 7722, haciendo referencia a la remediación del daño ambiental.
Artículo 6: Créase la Comisión Bicameral de Seguimiento Ambiental. Dicha comisión deberá evaluar anualmente el efecto de la actividad minera en el ambiente de la provincia y el cumplimiento por parte de las empresas de las normas de cuidado y preservación del agua y el medio ambiente contenidos en la legislación nacional y provincial y en la declaración de impacto ambiental correspondiente. En caso de detectar por sí o por denuncias de terceros daños ambientales o incumplimientos de las obligaciones de las mineras deberá informar de inmediato a la Honorable Legislatura y realizar las denuncias correspondientes ante la autoridad de aplicación. Las actividades de la Comisión Bicameral de Seguimiento Ambiental sustituye la ratificación legislativa de la Declaración de Impacto Ambiental prevista en el artículo 3 de la ley 7722 en su anterior redacción.
Se observa la creación de una comisión bicameral en reemplazo de la ratificación legislativa de la ley 7722, explica Sosa. Según los fundamentos de la propuesta modificatoria, la ratificación legislativa se saca de la ley porque se aduce falta de capacidad técnica para analizar los contenidos de una resolución aprobatoria de un proyecto minero, pero a la vez incorpora una comisión que tiene prácticamente las mismas atribuciones.
Eduardo Sosa manifiesta entonces: “Desde mi opinión, queda claro que la intención de Abraham no es dotar a la legislatura de una herramienta más moderna de control, sino de sacar la responsabilidad política en el análisis de los proyectos mineros, no solo facilitando y acortando los tiempo de aprobación sino reduciendo la influencia de la participación ciudadana”.
Artículo 7: Se promoverá la participación ciudadana en el control ambiental de las actividades mineras a través de la red Vigilancia Ambiental prevista en el artículo 34 del Decreto Provincial 820/06 u otras que se conformen de conformidad al Pacto Federal Minero, incluyendo en todos los casos la participación de diferentes ONG y ciudadanos, en las actividades de seguimiento y control de los planes ambientales. Este programa tendrá financiamiento propio proveniente de las regalías.
El ex titular de Oikos observa aquí que la propuesta de Abraham se mete con el mecanismo de control de los proyectos mineros. Adopta la idea de la Red de Vigilancia Ambiental del artículo 34 del Decreto 820/0615 y le anexa a ONG’s y ciudadanos.
Sin embargo, el financiamiento contradice otras normas que indican que los gastos de inspección y control deben ser sufragados por las mismas empresas, en este caso mineras, por lo cual es necesario corregir esta frase y adecuarla a la legislación vigente para hacerla equiparable a otras actividades, como por ejemplo la hidrocarburífera.
El resto del proyecto de modificación de la ley 7722 reúne en total 14 artículos en los que se establece el fomento de pymes locales proveedoras de insumos y compre mendocino. También prevé una tasa especial minera, al margen de las regalías correspondientes, destinada estrictamente a infraestructura de sistemas de riego y de distribución del agua potable. En este aspecto, Eduardo Sosa manifiesta que el proyecto de ley no podrá ajustarse a lo acordado en el Pacto Federal Minero hasta tanto no exista ley provincial de ratificación.
En los artículos subsiguientes, la propuesta de Abraham pre establece destinar distintos porcentajes a distintos fines: 22% a financiar la construcción de viviendas; 15% a un fondo para coadyuvar a los productores primarios agrícolas; 8% a la implementación de políticas de género; 5% a programas de discapacidad para capacitación y acceso al empleo. Por último, el artículo 14, en un giro impensado, promueve la utilización de energías renovables de los proyectos mineros de mediano y gran tamaño, para autoconsumo o para venta.
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