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Timestamp: 2018-11-14 19:56:59
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Matched Legal Cases: ['artículo 45', 'artículo 149', 'artículo 46', 'artículo 149', 'artículo 11', 'Artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 11', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3']

LEY 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Público | josé pérez lozano
« ORDEN PRE/2971/2007, de 5 de octubre, sobre la expedición de facturas por medios electrónicos
PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE IMPULSO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN »
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Ándice
Sección 1.Âª Disposiciones comunes.
Sección 2.Âª Identificación de los ciudadanos y autenticación de su actuación.
Sección 3.Âª Identificación electrónica de las Administraciones Públicas y autenticación del ejercicio de su competencia.
Sección 4.Âª De la interoperabilidad y de la acreditación y representación de los ciudadanos.
Sección 1.Âª De los registros.
Sección 2.Âª De las comunicaciones y las notificaciones electrónicas.
Disposición final segunda. Publicación electrónica del Â«Boletín Oficial del EstadoÂ».
No obstante, esa mayor proximidad al ciudadano de la Administración, derivada de la descentralización autonómica y local, no ha acabado de superar la barrera que sigue distanciando todavía al ciudadano de la Administración, de cualquier Administración, incluida la del Estado, y que, muchas veces, no es otra que la barrera que levanta el tiempo y el espacio: el tiempo que hay que dedicar a la relación con aquélla para la realización de muchos trámites de la vida diaria que empiezan a veces por la necesidad de una primera información que exige un desplazamiento inicial, más los sucesivos desplazamientos y tiempo que se dedican a posteriores trámites a hacer con la Administración para las actividades más elementales. Esas primeras barreras potencian, en ocasiones, otras que afectan a la posición servicial de las Administraciones Públicas. Á‰stas no pueden cumplir siempre su misión atendiendo cualquier cosa que pida un ciudadano, puesto que puede estar en contradicción con los intereses de la mayoría de los demás ciudadanos, con los intereses generales representados por las leyes. Pero en esos casos -en que los intereses generales no coinciden con los intereses individuales- la relación con el ciudadano debe ser, también, lo más rápida y clara posible sin pérdidas de tiempo innecesarias.
De ello se percató la Ley 30/1992 de 26 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-dimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), que en su primera versión recogió ya en su artículo 45 el impulso al empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, por parte de la Administración al objeto de desarrollar su actividad y el ejercicio de sus competencias y de permitir a los ciudadanos relacionarse con las Administraciones cuando fuese compatible con los Â«medios técnicos de que disponganÂ».
Por ello esta Ley pretende dar el paso del Â«podránÂ» por el Â«deberánÂ».
La Ley se articula a partir de las competencias del Estado que le reconoce el artículo 149.1.18 de la Constitución: Â«Bases del régimen jurídico de las Administraciones PúblicasÂ», por una parte y Â«procedimiento administrativo comúnÂ» por otra.
Por otra parte, la regulación estatal, en lo que tiene de básico, deja margen a los desarrollos autonómicos, sin que pueda olvidarse, además, que el objeto de las bases en este caso deben permitir Â«en todo casoÂ», de acuerdo con este número 18, un Â«tratamiento comúnÂ» ante ellas.
El hecho de reconocer el derecho de los ciudadanos a comunicarse electrónicamente con la Administración plantea, en primer lugar, la necesidad de definir claramente la Â«sedeÂ» administrativa electrónica con la que se establecen las relaciones, promoviendo un régimen de identificación, autenticación, contenido mínimo, protección jurídica, accesibilidad, disponibilidad y responsabilidad. Exige también abordar la definición a los efectos de la Ley de una serie de términos y conceptos cuyo uso habitual obliga en un contexto de comunicaciones electrónicas a efectuar muchas precisiones. Tal sucede con la definición de expediente electrónico y de documento electrónico; de los registros electrónicos y de las notificaciones electrónicas o del alcance y sistemas de sellados de tiempo.
Debe recordarse que el impulso de una administración electrónica supone también dar respuesta a los compromisos comunitarios y a las iniciativas europeas puestas en marcha a partir de Consejo Europeo de Lisboa y Santa Maria da Feira, continuado con sucesivas actuaciones hasta la actual comunicación de la Comisión Â«i2010: Una Sociedad de la Información Europea para el crecimiento y el empleoÂ».
Por otra parte, en el contexto internacional, también otros organismos se han interesado en la administración electrónica como forma de activar la economía y mejorar el gobierno de los países como es el caso de la OCDE, que publicó en 2004 un estudio con un título casi autodescriptivo: Â«La administración electrónica: Un imperativoÂ», donde resalta los ahorros que la administración electrónica puede generar al permitirles aumentar su eficacia.
De otro lado, merece subrayarse el papel de vanguardia que corresponde a nuestras empresas en el desarrollo de una verdadera sociedad de la información y, por ende, de una Administración accesible electrónicamente. No en vano, la integración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC’s) en el día a día de la empresa, necesaria en virtud de las exigencias del entorno abierto y altamente competitivo en que operan, ha sido y es palanca impulsora para el desarrollo y creciente incorporación de esas mismas tecnologías en el actuar administrativo. Al mismo tiempo, representa una ayuda insustituible para favorecer la expansión de la Â«cultura electrónicaÂ» entre los trabajadores-ciudadanos.
TÁTULO PRELIMINAR
TÁTULO PRIMERO
TÁTULO SEGUNDO
2. La publicación del Â«Boletín Oficial del EstadoÂ» en la sede electrónica del organismo competente tendrá carácter oficial y auténtico en las condiciones y con las garantías que se determinen reglamentariamente, derivándose de dicha publicación los efectos previstos en el título preliminar del Código Civil y en las restantes normas aplicables.
Sección 1.Âª Disposiciones comunes
Sección 2.Âª Identificación de los ciudadanos y autenticación de su actuación
Sección 3.Âª Identificación electrónica de las administraciones públicas y autenticación del ejercicio de su competencia
Sección 4.Âª De la interoperabilidad y de la acreditación y representación de los ciudadanos
Sección 1.Âª De los Registros
Sección 2.Âª De las comunicaciones y las notificaciones electrónicas
CAPÁTULO IV
1. Las Administraciones Públicas podrán emitir validamente por medios electrónicos los documentos administrativos a los que se refiere el artículo 46 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que incorporen una o varias firmas electrónicas conforme a lo establecido en la Sección 3.Âª del Capítulo II de la presente Ley.
TÁTULO TERCERO
TÁTULO CUARTO
2. A estos efectos, las sedes electrónicas cuyo titular tenga competencia sobre territorios con régimen de cooficialidad lingÁ¼ística posibilitarán el acceso a sus contenidos y servicios en las lenguas correspondientes.
1. Los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.1, 9, 10, 11.1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.1,21.2, 22, 23, 24.1, 24.2, 24.3, 25, 26, 27, 28, 29.1, 29.2, 30, 32, 35, 37.1, 38, 42, el apartado 1 de la disposición adicional primera, la disposición adicional cuarta, la disposición transitoria única y la disposición final tercera se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.Âª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y sobre el procedimiento administrativo común.
La publicación electrónica del Â«Boletín Oficial del EstadoÂ» tendrá el carácter y los efectos previstos en el artículo 11.2 de la presente Ley desde el 1 de enero de 2009.
Â«2. Quienes hubieran de renovar preceptivamente su documento durante el plazo de vigencia del mismo, por variación de alguno de los datos que se recogen en el mismo.Â»
Â«Artículo 6. Cuota tributaria.
La cuota tributaria exigible será de 6,70 euros. Los excesos del costo de la expedición, si existen, serán sufragados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.Â»
Â«d) Quienes soliciten duplicados de las autorizaciones administrativas para conducir o para circular por cambio de domicilio.
e) Quienes soliciten la baja definitiva de un vehículo por entrega en un establecimiento autorizado para su destrucción.Â»
Â«4. Duplicados de permisos, autorizaciones por extravío, sustracción, deterioro, prórroga de vigencia o cualquier modificación de aquéllos.
4 bis. duplicados de licencias de conducción y de circulación de ciclomotores por extravío, sustracción, deterioro, prórroga de vigencia o cualquier modificación de aquéllos.Â»
2. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Â«Boletín Oficial del EstadoÂ».
MARÁA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
f) Certificado electrónico: Según el artículo 6 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, Â«Documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de certificación que vincula unos datos de verificación de firma a un firmante y confirma su identidadÂ».
g) Certificado electrónico reconocido: Según el artículo 11 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica: Â«Son certificados reconocidos los certificados electrónicos expedidos por un prestador de servicios de certificación que cumpla los requisitos establecidos en esta Ley en cuanto a la comprobación de la identidad y demás circunstancias de los solicitantes y a la fiabilidad y las garantías de los servicios de certificación que prestenÂ».
l) Firma electrónica: Según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, Â«conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmanteÂ».
m) Firma electrónica avanzada: Según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, Â«firma electrónica que permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere y que ha sido creada por medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo controlÂ».
n) Firma electrónica reconocida: Según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, Â«firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firmaÂ».
* DEROGA los arts. 38.9, 45.2, 3 y 4, 59.3 y la disposición adicional 18 de la LEY 30/1992, de 26 de noviembre (Ref. 1992/26318)
* Arts. 4.2 y 6 de la LEY 84/1978, de 28 de diciembre de 1978 (Ref. 1979/867)
* Arts. 5.1 y 6 de la LEY 16/1979, de 2 de octubre (Ref. 1979/23768)
* TRASPONE parcialmente DIRECTIVA 2006/123/CE, de 12 de diciembre (Ref. 2006/82665)
* LEY ORGÁNICA 15/1999, de 13 de diciembre (Ref. 1999/23750)
* LEY 59/2003, de 19 de diciembre (Ref. 2003/23399)
* SE DICTA DE CONFORMIDAD , sobre la edición electrónica del BOE: REAL DECRETO 181/2008, de 8 de febrero (Ref. 2008/2389)
* CORRECCION de erratas en BOE núm. 158, de 3 de julio de 2007 (Ref. 2007/12871)
* Entrada en vigor el 24 de junio de 2007.
* Suplemento en Lengua Catalana, Gallega y Valenciana el 2 de julio de 2007.
By jose perez lozano, on julio 22nd, 2007 | Deja tu comentario|Leave a comment, Categorias: Legislación