Source: https://legislacion.vlex.es/vid/asistencia-delitos-violentos-sexual-81807157
Timestamp: 2020-07-02 19:11:40
Document Index: 280277469

Matched Legal Cases: ['artículo 23', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 6', 'artículo 2', 'Artículo 6', 'ARTÍCULO 7', 'artículo 2', 'Artículo 7', 'artículo 11', 'artículo 38', 'artículo 70', 'Artículo 9', 'ARTÍCULO 10', 'artículo 70', 'artículo 14', 'Artículo 10', 'ARTÍCULO 11', 'Artículo 11', 'ARTÍCULO 12', 'artículo 43', 'ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 14', 'artículo 3', 'Artículo 14', 'ARTÍCULO 15', 'Artículo 15', 'ARTÍCULO 16']

Ley de Ayudas y Asistencia a las Victimas de Delitos Violentos y Contra la Libertad sexual (Ley 35/1995, de 11 de Diciembre) - Normativa Estatal - Legislación - VLEX 81807157
CAPÍTULO I. Ayudas públicas - arts. 1 a 14
CAPÍTULO II. Asistencia a las víctimas - arts. 15 y 16
Norma citada en: 1475 sentencias, 181 artículos doctrinales, 60 disposiciones normativas, 2 temas prácticos, 76 resoluciones administrativas, 8 noticias
CAPÍTULO I Ayudas públicas Artículos 1 a 14
Se establece un sistema de ayudas públicas en beneficio de las víctimas directas e indirectas de los delitos dolosos y violentos, cometidos en España, con el resultado de muerte, o de lesiones corporales graves, o de daños graves en la salud física o mental.
Se beneficiarán asimismo de las ayudas contempladas por esta Ley las víctimas de los delitos contra la libertad sexual aun cuando éstos se perpetraran sin violencia.
Artículo citado en: 50 sentencias, 2 artículos doctrinales, una resolución administrativa
De la forma establecida en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.
Serán también beneficiarios a título de víctimas indirectas los padres del menor que fallezca a consecuencia directa del delito.
Artículo 2, apartado 2, letra b) modificado por la con efectos de 1 de enero de 2011, por la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 23 de Diciembre de 2010.
Artículo 2, apartado 1, modificado por la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
Artículo citado en: 41 sentencias, 3 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, 6 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 3 Supuestos especiales de denegación o limitación.
Se podrá denegar la ayuda pública o reducir su importe cuando su concesión total o parcial fuera contraria a la equidad o al orden público atendidas las siguientes circunstancias declaradas por sentencia:
Si el fallecido a consecuencia del delito estuviera incurso en alguna de las causas de denegación o limitación de las ayudas contempladas en el apartado anterior, podrán acceder a las mismas los beneficiarios a título de víctimas indirectas, si quedaran en situación de desamparo económico.
ARTÍCULO 4 Concepto de lesiones y daños.
A los efectos de la presente Ley, son lesiones graves aquellas que menoscaben la integridad corporal o la salud física o mental y que incapaciten con carácter temporal o permanente a la persona que las hubiera sufrido.
Las lesiones corporales o los daños a la salud física o mental habrán de tener entidad suficiente como para que, conforme a la legislación de la Seguridad Social, tuviera lugar una declaración de invalidez permanente en cualquiera de sus grados o una situación de incapacidad temporal superior a seis meses.
Reglamentariamente se determinarán el procedimiento y el órgano competente para la calificación de las lesiones o daños a la salud.
La percepción de las ayudas reguladas en la presente Ley no será compatible con la percepción de las indemnizaciones por daños y perjuicios causados por el delito, que se establezcan mediante sentencia.
Asimismo, las ayudas contempladas en esta Ley serán incompatibles con las indemnizaciones o ayudas económicas a que el beneficiario de las mismas tuviera derecho a través de un sistema de seguro privado, así como, en el supuesto de incapacidad temporal de la víctima, con el subsidio que pudiera corresponder por tal incapacidad en un régimen público de Seguridad Social.
En los supuestos de lesiones o daños determinantes de la incapacidad permanente o muerte de la víctima, la percepción de las ayudas será compatible con la de cualquier pensión pública que el beneficiario tuviera derecho a percibir.
Artículo citado en: 30 sentencias, 4 disposiciones normativas
ARTÍCULO 6 Criterios para determinar el importe de las ayudas.
El importe de las ayudas no podrá superar en ningún caso la indemnización fijada en la sentencia. Tal importe se determinará mediante la aplicación de las siguientes reglas, en cuanto no supere la cuantía citada:
De producirse situación de incapacidad temporal, la cantidad a percibir será la equivalente al duplo del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) diario, durante el tiempo en que el afectado se encuentre en tal situación después de transcurridos los seis primeros meses.
De producirse lesiones invalidantes, la cantidad a percibir como máximo se referirá al IPREM mensual vigente en la fecha en que se consoliden las lesiones o daños a la salud y dependerá del grado de incapacitación de acuerdo con la siguiente escala:
En los casos de muerte, la ayuda máxima a percibir será de ciento veinte mensualidades del (IPREM) vigente en la fecha en que se produzca el fallecimiento.
El importe de la ayuda se establecerá mediante la aplicación de coeficientes correctores sobre las cuantías máximas previstas en el apartado anterior, en la forma que reglamentariamente se determine y en atención a:
En el supuesto contemplado por el artículo 2.5 de esta Ley, la ayuda consistirá únicamente en el resarcimiento de los gastos funerarios que hubieran satisfecho efectivamente los padres o tutores del menor fallecido, en la cuantía máxima que reglamentariamente se determine.
En los supuestos de delitos contra la libertad sexual que causaren a la víctima daños en su salud mental, el importe de la ayuda sufragará los gastos del tratamiento terapéutico libremente elegido por ella, en la cuantía máxima que reglamentariamente se determine.
Artículo 6, apartados 1 y 2, modificados por la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
Artículo citado en: 23 sentencias, 2 artículos doctrinales, una disposición normativa, 2 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 7 Prescripción de la acción.
La acción para solicitar las ayudas prescribe por el transcurso del plazo de un año, contado desde la fecha en que se produjo el hecho delictivo. El plazo de prescripción quedará suspendido desde que se inicie el proceso penal por dichos hechos, volviendo a correr una vez recaiga resolución judicial firme que ponga fin provisional o definitivamente al proceso y le haya sido notificada personalmente a la víctima.
En los supuestos en que a consecuencia directa de las lesiones corporales o daños en la salud se produjese el fallecimiento, se abrirá un nuevo plazo de igual duración para solicitar la ayuda o, en su caso, la diferencia que procediese entre la cuantía satisfecha por tales lesiones o daños y la que corresponda por el fallecimiento; lo mismo se observará cuando, como consecuencia directa de las lesiones o daños, se produjese una situación de mayor gravedad a la que corresponda una cantidad superior.
No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en el caso de que la afectada sea víctima de violencia de género en los términos previstos en el artículo 2.1 de esta Ley, el plazo para solicitar las ayudas será de tres años.
Artículo 7, apartado 4, añadido por la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
Las solicitudes de ayuda presentadas al amparo de la presente Ley serán tramitadas y resueltas por el Ministerio de Economía y Hacienda.
Sus resoluciones y actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión, podrán ser impugnadas por los interesados ante la Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, creada por el artículo 11 de esta Ley.
Las solicitudes de las ayudas, dirigidas al Ministerio de Economía y Hacienda, se podrán presentar por el interesado o por su representante en cualquiera de las formas previstas por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y contendrán los extremos a que se refiere el artículo 70.1 de dicha Ley.
Las solicitudes de ayuda que se formulen deberán contener además, los siguientes datos:
Copia de la resolución judicial firme que ponga fin al proceso penal, ya sea sentencia, auto de rebeldía o que declare el archivo por fallecimiento del culpable, o declare el sobreseimiento provisional de la causa o el sobreseimiento libre por darse los supuestos previstos por los artículos 641.2.º ó 637.3.º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, respectivamente.
El Ministerio de Economía y Hacienda podrá solicitar a las autoridades policiales, al Ministerio Fiscal o a los Juzgados o Tribunales la información que necesite para resolver sobre las solicitudes de ayuda. Podrá proceder, u ordenar que se proceda, a cualquier clase de investigación pertinente a sus propios fines.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá también recabar de cualquier persona física o jurídica, entidad o Administración pública, la aportación de informes sobre la situación profesional, financiera, social o fiscal del autor del hecho delictivo y de la víctima, siempre que tal información resulte necesaria para la tramitación y resolución de los expedientes de concesión de ayudas, o el ejercicio de las acciones de subrogación o repetición. Podrá igualmente ordenar las investigaciones periciales precisas con vistas a la determinación de la duración y gravedad de las lesiones o daños a la salud producidas a la víctima. La información así obtenida no podrá ser utilizada para otros fines que los de la instrucción del expediente de solicitud de ayuda, quedando prohibida su divulgación.
La resolución será adoptada tras oír las alegaciones del interesado en trámite de audiencia y conocer el informe del Servicio Jurídico del Estado, que intervendrá siempre en la tramitación de los expedientes.
Artículo 9, apartado 4, modificado por la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 30 de Diciembre de 2014.
Artículo citado en: 12 sentencias, 5 artículos doctrinales, 3 disposiciones normativas, 2 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 10 Concesión de ayudas provisionales.
Podrán concederse ayudas provisionales con anterioridad a que recaiga resolución judicial firme que ponga fin al proceso penal, siempre que quede acreditada la precaria situación económica en que hubiese quedado la víctima o sus beneficiarios.
Podrá solicitarse la ayuda provisional una vez que la víctima haya denunciado los hechos ante las autoridades competentes o cuando se siga de oficio proceso penal por los mismos.
La solicitud de ayuda provisional deberá contener, además de los extremos a que se refiere el artículo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los siguientes datos:
La ayuda provisional no podrá ser superior al 80 por 100 del importe máximo de ayuda establecido por esta Ley para los supuestos de muerte, lesiones corporales graves o daños graves en la salud, según corresponda.
La ayuda provisional podrá ser satisfecha de una sola vez o mediante abonos periódicos, que se suspenderán de producirse alguno de los supuestos previstos por el artículo 14 de esta Ley.
Artículo 10, apartado 1, último párrafo añadido por la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
Artículo citado en: 8 sentencias, un artículo doctrinal, una disposición normativa, 4 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 11 Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual.
Se crea la Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, que será competente para resolver los procedimientos de impugnación de las resoluciones del Ministerio de Economía y Hacienda en materia de las ayudas reguladas por esta Ley.
El Gobierno, a propuesta de los Ministros de Justicia, de Economía y Hacienda y del Interior, establecerá la composición y el régimen de funcionamiento de la Comisión Nacional. Estará presidida por un Magistrado nombrado a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, e integrada por representantes de la Administración General del Estado y, en su caso, de las organizaciones vinculadas a la asistencia y defensa de las víctimas.
Los acuerdos de la Comisión Nacional, al resolver los procedimientos de impugnación previstos por la presente Ley, pondrán fin a la vía administrativa.
Artículo 11, apartado 2 modificado por la Ley 38/1998, de 27 de noviembre, por la que se modifica la composición de la Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 28 de Noviembre de 1998.
Artículo citado en: 5 sentencias, 3 artículos doctrinales, 4 disposiciones normativas, una resolución administrativa
ARTÍCULO 12 Procedimiento de impugnación.
Los interesados podrán impugnar las resoluciones del Ministerio de Economía y Hacienda en materia de las ayudas reguladas por esta Ley ante la Comisión Nacional en el plazo de un mes desde su notificación personal a los interesados.
La impugnación podrá fundarse en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Los vicios y defectos que hagan anulable el acto no podrán ser alegados por los causantes de los mismos.
La impugnación podrá formularse ante el Ministerio de Economía y Hacienda o ante la Comisión Nacional.
Transcurridos tres meses desde la formulación de la impugnación sin que se adopte acuerdo por la Comisión Nacional, se podrá entender desestimada la impugnación, salvo en el supuesto previsto por el artículo 43.3.b) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y quedará expedita la vía del recurso contencioso-administrativo.
ARTÍCULO 13 Acción de subrogación del Estado.
Artículo citado en: 47 sentencias, 4 artículos doctrinales, una disposición normativa
ARTÍCULO 14 Acción de repetición del Estado.
Cuando con posterioridad a su abono hubiera de efectuarse un nuevo reparto de la ayuda, por la concurrencia de nuevos beneficiarios.
Cuando de las circunstancias declaradas en sentencia se deduzca la concurrencia de alguna de las causas de denegación o reducción previstas en el artículo 3 de esta Ley.
Artículo 14, letras e) y f), añadidas por la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 26 de Diciembre de 2013.
CAPÍTULO II Asistencia a las víctimas Artículos 15 y 16
ARTÍCULO 15 Deberes de información.
Los Jueces y Magistrados, miembros de la Carrera Fiscal, autoridades y funcionarios públicos que intervengan por razón de su cargo en la investigación de hechos que presenten caracteres de delitos dolosos violentos y contra la libertad sexual, informarán a las presuntas víctimas sobre la posibilidad y procedimiento para solicitar las ayudas reguladas en esta Ley.
Las autoridades policiales encargadas de la investigación de hechos que presenten caracteres de delito recogerán en los atestados que instruyan todos los datos precisos de identificación de las víctimas y de las lesiones que se les aprecien. Asimismo, tienen la obligación de informar a la víctima sobre el curso de sus investigaciones, salvo que con ello se ponga en peligro su resultado.
En todas las fases del procedimiento de investigación el interrogatorio de la víctima deberá hacerse con respeto a su situación personal, a sus derechos y a su dignidad.
El Secretario judicial cuidará de que la víctima de un hecho que presente caracteres de delito, en el mismo momento de realizar la denuncia o, en todo caso, en su primera comparecencia ante el órgano competente, sea informada en términos claros de las posibilidades de obtener en el proceso penal la restitución y reparación del daño sufrido y de las posibilidades de lograr el beneficio de la justicia gratuita. Igualmente cuidará de que la víctima sea informada de la fecha y lugar de celebración del juicio correspondiente y de que le sea notificada personalmente la resolución que recaiga, aunque no sea parte en el proceso.
El Ministerio Fiscal cuidará de proteger a la víctima de toda publicidad no deseada que revele datos sobre su vida privada o su dignidad, pudiendo solicitar la celebración del proceso penal a puerta cerrada, de conformidad con lo previsto por la legislación procesal.
Artículo 15, apartado 4 modificada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 04 de Noviembre de 2009.
Artículo citado en: 474 sentencias, 13 artículos doctrinales, una disposición normativa, 5 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 16 Oficinas de asistencia a las víctimas.
El Ministerio de Justicia e Interior procederá, de conformidad con las previsiones presupuestarias, a la implantación de Oficinas de asistencia a las víctimas en todas aquellas sedes de Juzgados y Tribunales o en todas aquellas Fiscalías en las que las necesidades lo exijan.
En relación con las actividades desarrolladas por estas Oficinas, el Ministerio de Justicia e Interior podrá establecer convenios para la encomienda de gestión con las Comunidades Autónomas y con las Corporaciones locales.
Artículo citado en: 4 sentencias, 2 artículos doctrinales, 4 disposiciones normativas, 4 resoluciones administrativas
La percepción de las ayudas contempladas en esta Ley no será compatible en ningún caso con los resarcimientos por daños a las víctimas de bandas armadas y elementos terroristas.
Disposición adicional segunda , apartado 2 y 3 derogados por la Ley 13/1996, de 30 de Diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del Orden social, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 31 de Diciembre de 1996.
Disposición citada en: 2 artículos doctrinales, 3 disposiciones normativas, 2 resoluciones administrativas
Disposición citada en: 5 sentencias, un artículo doctrinal, 2 disposiciones normativas, 2 resoluciones administrativas
Ley 52/1984, de 26 de diciembre, sobre protección de medios de transporte que se hallen en territorio español realizando vajes de carácter internaciona...
Decreto 273/2009, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 39/2008, de 7 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por la Consejería de Sanidad y Dependencia en materia de atención a personas mayores, con discapacidad y en situación de dependencia; y el Decreto 36/2008, de 7 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por el Servicio Extremeño de Salud.