Source: https://www.slideshare.net/secretariaderechouda/manual-de-transparencia-y-probidad-del-estado
Timestamp: 2017-06-28 06:22:03
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2a edición actualizada a enero de 2009 4.
Manual de Transparencia y Probidad de la Administración del EstadoMinisterio Secretaría General de la PresidenciaDirección Nacional del Servicio CivilCoordinador de contenidos y actualización de la 2ª edición: Enrique Rajevic MoslerISBN: 978-956-7892-10-5Diseño e impresión: Andros ImpresoresEnero 2009 5.
3Índice General Nota a la 2ª Ed. 09Presentación de la 1ª Ed. 11 Introducción 13 CAPÍTULO 1 17 ¿En qué consisten los principios de probidad y de transparencia? 19 1.1. Probidad 21 1.2. ¿Quiénes están sujetos al principio de probidad? 23 1.3. Transparencia 25 1.4. Principales normas sobre probidad y transparencia en Chile 27 1.5. ¿Qué rol juegan la Contraloría General de la República, los organismos de control interno de cada organismo y el Consejo para la Transparencia en la defensa de la probidad y la transparencia? 1.5.1. Contraloría General de la República (CGR) 1.5.2. Control interno y Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno 1.5.3. El Consejo para la Transparencia CAPÍTULO 2 31 La probidad y la transparencia en el ingreso a la Administración del Estado 33 2.1. Las inhabilidades para ingresar a la Administración del Estado 2.1.1. Inhabilidades directamente relacionadas con el principio de probidad administrativa 2.1.2. ¿Cómo acredita una persona no estar incluida en alguna causal de inhabilidad? 2.1.3. ¿Qué pasa si de todas formas se nombra o contrata a una persona que incurre en una causal de inhabilidad? 2.1.4. ¿Se aplican estas inhabilidades a las personas contratadas a honorarios o según el Código del Trabajo? 2.1.5. ¿Qué pasa si alguna de las inhabilidades relacionadas directamente con la probidad se presenta después que la persona ingresó a la Administración? 42 2.2. Las declaraciones de intereses y de patrimonio 2.2.1. ¿Qué son y qué sentido tienen las declaraciones de intereses y patrimonio? 2.2.2. Contenido de las declaraciones 2.2.3. ¿Quiénes deben hacer estas declaraciones? 6.
4 2.2.4. ¿Cuándo debe actualizarse la declaración? 2.2.5. ¿Qué sanciones existen por no realizar la declaración, no actualizarla o incluir en ella datos erróneos o inexactos? 2.2.6. ¿A quién deben entregarse las declaraciones y dónde se mantienen? 2.2.7. ¿Quiénes tienen derecho a conocer estas declaraciones? CAPÍTULO 3 49 Deberes relativos a la probidad 51 3.1. El estricto cumplimiento del principio de legalidad 52 3.2. La continuidad del servicio público 52 3.3. La eficiencia y eficacia 54 3.4. La servicialidad del Estado 55 3.5. La imparcialidad en el ejercicio de las funciones públicas 57 3.6. El principio de jerarquía 58 3.7. El desempeño personal de los cargos 59 3.8. La denuncia de los actos irregulares 59 3.9. El resguardo de los bienes públicos 60 3.10. La mantención de una vida social acorde con la dignidad del cargo 61 3.11. El respeto de la dignidad de los demás funcionarios y el acoso sexual CAPÍTULO 4 63 Deberes relativos a la transparencia 65 4.1. El principio de transparencia y sus excepciones 4.1.1. ¿Qué información es pública? 4.1.2. Las excepciones a la publicidad a) El debido cumplimiento de las funciones del órgano b) Los derechos de las personas c) La seguridad de la Nación d) El interés nacional 4.1.3. Necesidad de una ley de quórum calificado para establecer la reserva o secreto de actos o resoluciones administrativas: no caben la ley simple o los reglamentos 4.1.4. Distinción entre el secreto y la reserva 4.1.5. Índices de actos secretos y reservados 4.1.6. Duración del secreto o reserva y conservación de los documentos 79 4.2. La transparencia activa 4.2.1. Información que la Ley de Transparencia sujeta al régimen de transparencia activa a) Organización y recursos humanos b) Normativa c) Servicios a los ciudadanos d) Recursos financieros y su utilización 4.2.2. Sanciones por no incorporar o no actualizar la información sujeta al régimen de transparencia activa 7.
5 4.2.3. Algunos casos especiales de transparencia activa en la Ley Nº 20.285 y en otras leyes a) La publicación de los actos administrativos b) Las Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) c) Las empresas de propiedad pública o con participación pública d) Las municipalidades e) Los contratos de servicios y suministro y los concursos de alta dirección pública 84 4.3. La transparencia pasiva o el derecho de acceso a la información. ¿Cómo pueden los ciudadanos requerir información de un órgano administrativo? 4.3.1. Los principios del acceso a la información en la Ley de Transparencia 4.3.2. El Consejo para la Transparencia 4.3.3. El procedimiento al interior del servicio de la Administración del Estado a) Requisitos de la solicitud, órgano ante quien se presenta y uso de medios electrónicos b) ¿Quién debe responder? c) Plazo y contenido de la respuesta 4.3.4. El amparo del derecho de acceso a la información ante el Consejo para la Transparencia a) Plazo, requisitos y órgano ante quien se presenta b) Instrucción c) Decisión 4.3.5. El reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones a) Plazo, requisitos y sujetos que pueden presentar el reclamo b) Tramitación 90 4.4. Infracciones a la Ley de Transparencia 91 4.5. Casos especiales de transparencia pasiva en la Ley Nº 20.285CAPÍTULO 5 95 Los deberes especiales de las autoridades y jefaturas 97 5.1. ¿Quiénes son “autoridades y jefaturas”? 97 5.2. ¿Qué deben controlar las autoridades y jefaturas? 98 5.3. Un deber adicional para los jefes de servicio: informar al personal sobre las normas de probidad 98 5.4. Responsabilidad de las autoridades y jefaturas por los actos de sus subordinadosCAPÍTULO 6 101 Prevención de conflictos de intereses: intereses propios y familiares, regalos, uso de recursos públicos, contrataciones públicas y litigios judiciales 103 6.1. Intereses personales, del cónyuge y de los parientes 108 6.2. Regalos u otros beneficios: la gratuidad de las actuaciones públicas 112 6.3. Uso indebido del cargo o de los recursos públicos para fines particulares o no institucionales 114 6.4. El deber de neutralidad política: prohibición de utilizar empleados o recursos públicos para fines políticos 8.
6 118 6.5. Transparencia e imparcialidad en las contrataciones públicas 122 6.6. Demandas civiles contra el Estado y defensa de imputados por infracciones a la Ley de Drogas CAPÍTULO 7 127 Realización de actividades laborales o profesionales paralelas o posteriores a las que se ejecutan en la Administración del Estado 129 7.1. Realización de actividades laborales o profesionales privadas en paralelo a las que se desarrollan en el sector público 7.1.1. Regla general 7.1.2. Límites generales a las actividades paralelas 7.1.3. Casos en que se prohíbe con carácter general realizar otras actividades paralelas 136 7.2. Reglas especiales para la realización de actividades laborales o profesionales simultáneas en órganos del sector público 7.2.1. Incompatibilidades en los empleos de planta o a contrata 7.2.2. Incompatibilidades en los contratos a honorarios 142 7.3. Realización de actividades laborales o profesionales posteriores a las realizadas en una institución fiscalizadora del sector público 7.3.1. Regla general: derecho a realizar cualquier actividad 7.3.2. Excepción: el caso de los fiscalizadores CAPÍTULO 8 145 La responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos: investigación sumaria y sumario administrativo 147 8.1. Concepto de responsabilidad administrativa 149 8.2. Principios que rigen la responsabilidad administrativa 151 8.3. Procedimientos administrativos disciplinarios 8.3.1. Investigación sumaria 8.3.2. Sumario administrativo CAPÍTULO 9 163 La responsabilidad penal de los funcionarios públicos 165 9.1. ¿Puede una misma conducta tener asignada, al mismo tiempo, una medida disciplinaria administrativa y una sanción penal? La independencia de las responsabilidades 166 9.2. Delitos que atentan contra la imparcialidad en el ejercicio de la función pública a) Cohecho b) Tráfico de influencias 169 9.3. Delitos que atentan contra los aspectos patrimoniales de la función pública a) Malversación de bienes o fondos b) Fraude al Fisco c) Negociación incompatible d) El incremento patrimonial relevante e injustificado 172 9.4. Delitos que afectan la confianza pública depositada en los funcionarios a) Infidelidad en la custodia de documentos 9.
7 b) Violación de secretos c) Abusos contra particulares 174 9.5. Delitos que afectan el buen funcionamiento de la administración a) Nombramientos ilegales b) Usurpación de atribuciones c) Resistencia y desobediencia d) Denegación de auxilio y abandono de destinoCAPÍTULO 10 177 La responsabilidad civil de los funcionarios públicos: el juicio de cuentas 179 10.1 ¿Cuál es el régimen de responsabilidad civil aplicable a los funcionarios? 179 10.2. ¿Cuál es la sanción aplicable a un funcionario que es responsable civilmente? 179 10.3. ¿Cuáles son los requisitos que exige la ley para aplicar la responsabilidad civil a los funcionarios? 181 10.4. ¿Qué medios existen para hacer efectiva la responsabilidad civil? 182 10.5. ¿Cuál es el plazo de prescripción de la acción? 182 10.6. La Contraloría General de la República y el examen de cuentas; casos en que procede iniciar un juicio de cuentas a) ¿Qué es materia de reparo? b) ¿Cuál es el objetivo del examen de los expedientes? c) ¿Cuál es el plazo de prescripción de esta acción? d) ¿Cuál es el efecto que produce el plazo de prescripción del juicio de cuentas? e) ¿Puede surgir eventual responsabilidad penal de este juicio? f) ¿Puede surgir eventual responsabilidad administrativa de este juicio? g) ¿Quiénes integran el tribunal encargado de desarrollar el juicio de cuentas? h) Procedimiento del juicio de cuentas i) ¿Cómo se puede exigir el cumplimiento de la sentencia de condena? j) ¿Cuáles son las sanciones aplicables a un funcionario que incumple la obligación de pagar una cierta cantidad de dinero como consecuencia de la sentencia condenatoria? 10.
9Nota a la Segunda EdiciónA un año de la primera edición de este Manual ha sido necesario reemprender el esfuerzo paraactualizarlo debido a tres estímulos. Los dos primeros son el rápido agotamiento de la versión impresade la primera edición, que ha hecho que ya no sea posible obtenerla sino en soporte electrónico, yla decisión del Gobierno de Chile de emprender un Programa de Capacitación para todos/as los/lasfuncionarios/as del sector público en materia de probidad y transparencia, cuyo horizonte de ejecuciónes de cinco años. Aquéllos tendrán en este Manual una valiosa fuente de consulta y profundización.Lo anterior por sí solo justifica la reimpresión de este texto. Sin embargo, la aprobación y promulgaciónde la Ley Nº 20.285, de 2008, sobre acceso a la información pública, que entrará en vigencia el 20de abril de 2009, hace imprescindible una nueva edición que incorpore los aportes de este nuevotexto legal. Su artículo primero contiene la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso ala Información de la Administración del Estado que viene a transformarse en un nuevo y completosistema de transparencia que exigía reescribir el capítulo 4, sobre “Deberes relativos a la transparencia”.Así se hizo, junto con aprovechar de actualizar otros temas menores.La nueva Ley de Transparencia está llamada a generar una profunda revolución cultural en nuestropaís. El Manual se suma, entonces, a la necesaria preparación y acompañamiento de este proceso.Conviene señalar que en el futuro será necesario seguir actualizando este Manual, pues muchas otrasiniciativas de la agenda de Transparencia y Probidad siguen adelante. Entre éstas pueden mencionarsela reforma constitucional en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política,la reforma de los mecanismos de financiamiento de gastos electorales y su control o la regulación dellobby. Cuando éstas sean aprobadas será indispensable ajustar el Manual a su contenido, de maneraque siga sirviendo para los fines que motivaron su redacción, y que en palabras de la Presidenta puedensintetizarse en “ayudar a que los servidores públicos conozcan las normas que procuran garantizarque en su desempeño el interés general tenga siempre la preferencia”. Santiago, enero de 2009 11.
11Presentación de la Primera EdiciónA sólo dos años del Bicentenario, las metas que nos hemos fijado son ambiciosas. Queremos llegar adicha celebración como un país más próspero y más justo. Un país que se ha encarrilado en una sendade desarrollo económico y social, con más integración, más oportunidades y mejores perspectivas paratodos. Ello exige nuestros mayores esfuerzos, nuestra mejor voluntad, y sobre todo, requiere una acciónconcertada de todos los sectores de la sociedad, donde el Estado juega un rol muy fundamental. Losgrandes cambios que se requieren en educación, en innovación, en salud, vivienda, seguridad social,entre otros, sólo los podremos hacer con una Administración Pública cada vez más profesionalizada,moderna y eficiente, donde los valores de la probidad y la transparencia guían su accionar.Es precisamente esta última tarea la que inspira este Manual y todo lo que hemos hecho el últimoaño con motivo de la Agenda de Probidad, Transparencia y Calidad de la Política del año 2006.Las tareas de mi gobierno, como en todo régimen democrático, han sido delineadas por la ciudadaníaal votar por su gobernante y por un programa de gobierno. Pero la ejecución de dichas tareas lecorresponde a los funcionarios públicos, personas que trabajan para concretar el bien común delos habitantes de este país día tras día, con mayor o menor visibilidad pública y en lugares a vecesinhóspitos y apartados. Ellos constituyen y construyen cotidianamente la Administración Pública yson, desde luego, su mayor fortaleza y riqueza.Debemos, entre todos, cultivar y proteger esa misión noble y abnegada. Nuestro país cuenta conun prestigio internacional en materia de ética pública que se relaciona con una proverbial tradiciónde probidad de nuestra gente, la que nos ha situado en un lugar de privilegio en la región y en elmundo entero, como lo testimonian los rankings internacionales sobre transparencia o calidad de lasinstituciones.Mantener ese sitial y mejorarlo exige una constante revisión. Desde el informe de la Comisión de ÉticaPública de 1994 se han modernizado muchas de las regulaciones existentes, tarea que hemos retomadoen la Agenda de Probidad, Transparencia que anuncié en noviembre de 2006. Sin embargo, mejorarel marco normativo no es suficiente. Es preciso que las nuevas reglas sean conocidas e internalizadaspor cada persona que trabaja para el Estado, de manera que terminen incorporándose en la culturaorganizacional de los servicios públicos.Ese es el propósito del Manual de Probidad y Transparencia, que ha elaborado el Ministerio SecretaríaGeneral de la Presidencia, la Secretaría Ejecutiva de la Agenda de Probidad y Transparencia, y la DirecciónNacional del Servicio Civil. Este trabajo pretende ayudar a que los servidores públicos conozcan estasnormas, transformándose en una importante herramienta en los procesos de capacitación e inducciónde la Administración del Estado. 12.
12 ¿En qué consisten los principios de probidad y transparencia?Invito a los trabajadores y trabajadoras del sector público a familiarizarse con este texto. Todos quienestrabajamos en el Estado estamos al servicio de los ciudadanos. Satisfacer sus necesidades es nuestronorte y actuar de manera transparente y honesta contribuirá a mantenernos en esta ruta, fortalecerel ejercicio de la democracia y contribuir a que todos y cada uno de los habitantes de nuestro país,logren su mayor desarrollo material y espiritual. De esta forma, renovaremos cada día el legítimoorgullo de ser funcionarios públicos. MICHELLE BACHELET JERIA Presidenta de la RepúblicaSantiago, enero de 2008 13.
13IntroducciónAntecedentesEl presente manual es fruto de un trabajo compartido entre el Ministerio Secretaría General de laPresidencia, la Secretaría Ejecutiva de la Agenda de Probidad y Transparencia, y la Dirección Nacionaldel Servicio Civil. Su propósito es reunir y sistematizar normas, jurisprudencia y buenas prácticas enmateria de transparencia y probidad, para ponerlas a disposición de las instituciones y funcionarios dela Administración Pública y así elevar los niveles de transparencia en el actuar de las instituciones yfortalecer la probidad en el comportamiento de sus trabajadores, ambas condiciones necesarias parael desenvolvimiento sano de nuestra democracia y el desarrollo de nuestro país.Este esfuerzo se suma a los que anteriormente han desplegado los Gobiernos de la Concertación. Yaen 1994 la Comisión Nacional de Ética Pública, formada por el Gobierno del Presidente Frei, propuso41 recomendaciones en su informe final. Uno de sus frutos más importantes fue la Ley Nº 19.653, de1999, también conocida como “Ley de Probidad”, que reguló materias como el acceso a la informaciónadministrativa, las inhabilidades e incompatibilidades funcionarias o el tráfico de influencias ylos conflictos de intereses a que pueden verse sometidos los servidores públicos. Lo anterior debecomplementarse con la Ley Nº 19.645, también de 1999, que modernizó las disposiciones del CódigoPenal sobre delitos de corrupción.Luego, en 2003, el Gobierno del Presidente Lagos alcanzó un amplio acuerdo político-legislativo alque se sumaron todos los sectores políticos para la modernización del Estado, la transparencia y lapromoción del crecimiento, que facilitó la aprobación de un nuevo y significativo conjunto de reformas.Entre ellas destacan las siguientes: 1) Establecer mecanismos concursales, transparentes y objetivospara el nombramiento de los altos funcionarios públicos –desde las Jefaturas de Servicio hasta lasJefaturas de Departamento– y la promoción de los funcionarios de planta (Ley Nº 19.882, de 2003);2) Mejorar la transparencia fiscal y la evaluación de los resultados de la gestión financiera del sectorpúblico (Leyes Nos. 19.875 y Nº 19.896, de 2003); 3) Transparentar el financiamiento de las campañaselectorales y los partidos políticos (Leyes Nos. 19.884 y 19.885, de 2003; Leyes Nos. 19.963 y 19.964, de2004, y Ley Nº 20.053, de 2005); 4) Aprobar una Ley de Bases de Procedimiento Administrativo (LeyNº 19.880, de 2003); 5) Aprobar una Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministroy Prestación de Servicios (Ley Nº 19.886, de 2003); 6) Regular los gastos reservados y crear nuevasasignaciones para las altas autoridades y los funcionarios que desempeñan funciones críticas (LeyNº 19.863, de 2003), y 7) Exigir una Declaración de Patrimonio a las autoridades y altos funcionariosque se sumó a la Declaración de Intereses introducida en 1999 (Ley Nº 20.088, de 2006).Debe también mencionarse la profunda reforma constitucional de 2005 (Ley Nº 20.050), que incluyódentro de las bases de la institucionalidad chilena los principios de probidad y publicidad, y la 14.
14ratificación de importantes convenios internacionales para luchar contra la corrupción, especialmentela “Convención Interamericana Contra la Corrupción” (1998) y la “Convención de las Naciones Unidasen contra de la Corrupción” (2007).A fines de noviembre de 2006 la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, anunció una nuevaagenda gubernamental en materia de probidad, transparencia, eficiencia y modernización del Estado.Para incrementar la transparencia del sector público se dictó un Instructivo Presidencial (el Nº 8,diciembre de 2006), que exigió publicar en internet información relativa a materias como el personalpúblico o las contrataciones públicas en los sitios web de cada institución pública, creando para elloel banner “Gobierno Transparente”, y se dio un decidido impulso al Proyecto de Ley de Transparenciade la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado (originado en unamoción parlamentaria y próximo a su aprobación), incorporándole una institucionalidad autónoma ymoderna para incrementar los niveles de transparencia en el sector público. Se presentó, además, unproyecto de reforma constitucional que establece que las declaraciones de intereses y de patrimonioserán siempre públicas, de manera de superar la interpretación restrictiva del Tribunal Constitucionalque restringió el acceso a los puros terceros que invocasen finalidades legítimas.En materia de probidad se contempla aprobar la regulación del lobby, perfeccionar el régimen deincompatibilidades posteriores al cese en las funciones públicas (para evitar la llamada “puertagiratoria”), como también las inhabilidades que afectan a los parlamentarios, y transformar a la LeyNº 19.886, de 2003, en una Ley General de Contratación Pública que promueva la transparencia y laeficiencia. Todo lo anterior ha dado origen a una serie de indicaciones a proyectos de ley en trámitey nuevos proyectos de ley, destacando la recién aprobada Ley N° 20.205, de 2007, que protege derepresalias a los funcionarios públicos que denuncien de buena fe irregularidades y faltas a la probidad,y los proyectos de Ley de Transparencia de la Función Pública y Lobby, ambos en la etapa final de sutramitación.Las medidas relativas a la modernización de la gestión pública se orientan a ampliar la cobertura delSistema de Alta Dirección Pública y perfeccionar su institucionalidad, modernizar la Contraloría Generalde la República, regular legalmente el control interno de la Administración Pública y crear una Agenciade Calidad de las Políticas Públicas.Por último, se contempla un grupo de iniciativas destinadas a mejorar la calidad de la política, comoreformar la Ley Nº 19.884, de 2003, para transparentar aún más el financiamiento político.Objetivos de este Manuala) Sistematizar las normas existentes: Como ya se indicó, en la última década se han dictado numerosasnormativas referentes a la probidad y la transparencia, lo que dificulta contar con un panorama 15.
15completo de la regulación existente. Este Manual pretende ser un compendio sistemático de esasregulaciones, de buenas prácticas relacionadas con ellas y de jurisprudencia relevante sobre estostemas, particularmente la contenida en los dictámenes de la Contraloría General de la República.Esta última se ha obtenido directamente de la base de datos de dicha institución o acudiendo a lasrecopilaciones existentes1.b) Simplificar el conocimiento de las normas: Una de las funciones primordiales de este Manual es quesea fácil de usar, de manera que los funcionarios encuentren en él las respuestas que buscan de formaclara y sencilla. Para ello se ha privilegiado una presentación didáctica de las materias, separándolaspor temas de interés y generando un índice que permita ubicar las materias con facilidad.c) Facilitar la capacitación e inducción de los funcionarios: Además de la utilidad cotidiana que vayaa tener, el Manual pretende ser una herramienta útil para desarrollar actividades de capacitación yprocesos de inducción en la Administración Pública.d) Reconocer el valor de la función pública: La labor de los funcionarios públicos se ve muchas vecesmenoscabada por la generalización de situaciones puntuales relacionadas con actos que transgredenla probidad pública. Este Manual es un reconocimiento al profundo valor que tiene esta funcióncuando se ejerce de manera transparente y ética, pues permite que los ciudadanos cuenten conservicios públicos que les permitan satisfacer adecuadamente sus necesidades y requerimientos, talcomo reclama el interés general.¿A quiénes se dirige este Manual?Este manual se dirige fundamentalmente a las personas que prestan servicios en la Administracióndel Estado de Chile bajo la regulación del D.F.L. N° 29/2004, que fija el texto refundido, coordinado ysistematizado de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo2, vale decir, las personas que trabajanen los Ministerios, las Subsecretarías, las Intendencias, las Gobernaciones y los diversos órganos yservicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa y que no están reguladospor otros estatutos especiales (como los funcionarios municipales3, los funcionarios de la salud4 o losprofesionales de la educación5). Con todo, buena parte de estas normas son también aplicables inclusoa estas personas, pero deben complementarse con la normativa específica que les rige.1 Nos referimos a las realizadas por la propia Contraloría (Contraloría General de la República. Ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo interpretado, concordado y comentado. Jurisprudencia administrativa. Santiago de Chile: 2002, 577 páginas) y por el profesor Rolando Pantoja, ya en su séptima edición (Pantoja B., Rolando. Estatuto Administrativo Interpretado, 2 Tomos, 7ª ed. Santiago. Editorial Jurídica de Chile, 2007, 1196 páginas).2 D.O. 16.03.2005.3 Regidos por el Estatuto contenido en la Ley N° 18.883, de 1989.4 Regidos por el Estatuto contenido en la Ley N° 19.378, de 1994, la Ley Nº 15.076 (cuyo texto refundido fue fijado por el D.F.L. Nº 1/2001, Salud) y la Ley Nº 19.664, de 2000.5 Regidos por el Estatuto contenido en el D.F.L. N° 1, de 1997. 16.
16Transparencia, probidad y democraciaEl desarrollo e implementación de la agenda de Probidad y Transparencia constituye una de lasprioridades del actual Gobierno, puesto que un Estado moderno y democrático debe garantizar laprobidad y la transparencia como condición para desarrollar políticas públicas eficientes y de calidad,que tengan a las personas y sus derechos, necesidades y problemas en el centro de su diseño eimplementación.Prevenir la corrupción es defender a nuestra democracia de los que no desean someterse a la ideauniversal de igualdad, de diversidad y de transparencia. Es defenderla de los grupos de presión, deltráfico de influencias, de los intereses particulares, muchas veces poderosos, que suelen contraponersea los intereses de la mayoría de los ciudadanos.Un Estado al servicio de los ciudadanos necesita un personal permanentemente capacitado, pero nosólo en las destrezas técnicas de su profesión u oficio. También debe ser formado en la cultura delservicio público, que no es otra que atender y satisfacer permanentemente las necesidades colectivascon calidad y honestidad. RAFAEL BLANCO SUÁREZ EDGARDO RIVEROS MARÍN Secretario Ejecutivo Subsecretario General Agenda de Probidad de la Presidencia y Transparencia JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY Ministro Secretario General de la PresidenciaSantiago, enero de 2008 17.
CAPÍTULO ¿En qué consisten los principios de probidad y de transparencia? 18.
capítulo 1 191.1. ProbidadLa Constitución Política de la República establece que “el ejercicio de las funciones públicas obliga asus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones” (artículo8º, inciso 1º) (1). ¿En qué consiste este principio? El Diccionario de la Real Academia Española de laLengua identifica el término “probidad” con “honradez” y define ésta, a su vez, como “rectitud de ánimo,integridad en el obrar”. Según la ley, el principio de probidad administrativa consiste en “observar unaconducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminenciadel interés general sobre el particular” (artículo 52, inciso 2º, de la Ley Orgánica Constitucional de BasesGenerales de la Administración del Estado). A continuación se revisan brevemente las distintas partesde la definición legal (2):a) Observar una conducta funcionaria intachable: Esto significa que las actuaciones de los servidores públicos deben adecuarse completamente a los deberes que les fija la ley y constituir un testimonio de ética pública ante la comunidad.b) Desempeñar honesta y lealmente la función o cargo: Las funciones o cargos públicos implican prestar servicios para una entidad especial: la Administración del Estado, que está a cargo del logro del bien común como todos los poderes públicos, asumiendo tareas que los agentes privados no pueden desarrollar y que son las que justifican la existencia del Estado, como la lucha contra la pobreza, la administración de justicia o la seguridad ciudadana. Quien trabaja para el Estado se hace parte de esa tarea y, por lo tanto, debe actuar de manera recta y comprometida con ella, desarrollando una gestión no sólo honesta, también eficiente y eficaz. No se trata de un compromiso con el Gobierno específico que esté en funciones; consiste en un compromiso con los valores y principios de la Constitución y las leyes y, especialmente, con los derechos esenciales de las personas. Esa lealtad institucional es la que exige la Constitución y la que debe esperarse de todo servidor público.c) Darle preeminencia al interés general sobre el particular: Finalmente, el logro del bien común supone que los intereses particulares deben conjugarse con el interés general que, finalmente, es el interés de todos. El bien común, dice la Constitución Política de la República (artículo 1º, inciso 4º), implica “crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías”. La misma carta fundamental dispone que el Estado está al servicio de las personas y no al revés. Pero esto no consiste en estar al servicio de algunas personas determinadas por sobre las demás; consiste en ponderar los intereses de todos y adoptar aquellas decisiones que permitan que los integrantes de la comunidad en su conjunto (“todos y cada uno”, según la Constitución) logren su máximo desarrollo, como resulta propio de un Estado democrático. Ese es el desafío de los servidores públicos: adoptar decisiones en función del interés general, y no de intereses particulares que lo aparten de aquél. La corrupción, en cambio, pretende desviar las decisiones para que en vez de favorecer el interés general beneficien a intereses particulares. Conforme al artículo 53 de la Ley Orgánica Constitucional 19.
20 ¿En qué consisten los principios de probidad y de transparencia? de Bases Generales de la Administración del Estado, el interés general exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, para concretar, dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz, expresándose en: • el recto y correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas; • lo razonable e imparcial de las decisiones de dichas autoridades; • la rectitud de ejecución de las normas, planes, programas y acciones; • la integridad ética y profesional en la administración de los recursos públicos que se gestionan; • la expedición en el cumplimiento de las funciones legales; y • el acceso ciudadano a la información administrativa.Para permitir que este principio se haga realidad, la ley adopta diversas medidas: estableceinhabilidades e incompatibilidades para los servidores públicos (artículos 54, 55 y 55 bis de la LeyOrgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado), describe conductas que“contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa” (artículo 62 de la Ley OrgánicaConstitucional de Bases Generales de la Administración del Estado) y establece deberes positivosderivados de la probidad, como la necesidad de prestar ciertas declaraciones para acceder a cargospúblicos, incluidas las declaraciones de intereses y de patrimonio de las altas autoridades. La corrupción y sus efectos. • El antónimo de la probidad es la corrupción. Dice el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua que en las organizaciones, especialmente en las públicas, corrupción es la “práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”. La Comisión de Ética Pública, de 1994, la definió como “el ejercicio de funciones públicas por un agente público para satisfacer un interés privado”. • “No importa cuanta inversión y comercio fluyan hacia un país, y no importa cuán rápidamente crezca la economía, la estabilidad económica no se puede arraigar en un entorno dominado por la corrupción. Ya sea que se trate de padrinazgos entre las grandes compañías y los funcionarios públicos quienes toman las decisiones, o del soborno de funcionarios de aduana o de jueces, la corrupción afecta el imperio de la ley, estrangula el crecimiento económico y perjudica más a los pobres” (James D. Wolfensohn, ex Presidente del Banco Mundial). • “La corrupción es una de las mayores lacras del mundo moderno. La corrupción mina el buen gobierno, deforma esencialmente la política pública, falsea y distorsiona la correcta aplicación de los recursos y deteriora el sector privado y sus posibilidades de desarrollo, afectando muy especialmente a los más desfavorecidos” (Peter Eigen, Presidente de Transparencia Internacional). 20.
capítulo 1 211.2. ¿Quiénes están sujetos al principio de probidad?Las personas que prestan servicios en o para la Administración Central del Estado puedendesempeñarse en cargos de planta, en empleos a contrata o en virtud de contratos a honorarios.También existen casos en que las personas celebran un contrato regido por las normas del Códigodel Trabajo. Se revisarán cada una de estas situaciones para luego examinar cómo se les aplica elprincipio de probidad (3):a) Personal de planta: Es el personal designado para desempeñar un cargo que corresponde a aquellos asignados por ley de manera permanente a cada institución. Considera las siguientes categorías: • De Carrera: Aquéllos que ingresan por concurso público, gozan de estabilidad en el empleo (esto es, sólo pueden ser removidos por las causales señaladas en el artículo 146 del Estatuto Administrativo) y están sujetos a la carrera funcionaria (artículos 3º, letra f), y 4 º a 6 º del Estatuto Administrativo). • De Exclusiva Confianza: Aquéllos que pueden ser libremente designados y removidos en su cargo por el Presidente de la República o la autoridad facultada para disponer el nombramiento (4). La Constitución Política de la República define un reducido grupo de cargos sujetos a este régimen (artículo 32 Nº 9, Nº 10, y Nº 12) y encarga a la ley definir el resto (5). • De Alta Dirección Pública: Aquellos directivos que están sujetos para su designación a los mecanismos de la Ley Nº 19.882, de 2003, de manera que deben ser elegidos de las ternas o quinas elaboradas en virtud de tales mecanismos, pero pueden ser libremente removidos, pagándoseles una indemnización si corresponde (6). • El personal de planta puede tener la calidad de titular, suplente o subrogante (7).b) Personal a contrata: Personas que desempeñan labores permanentes mediante su adscripción a cargos de carácter transitorio, que se consultan en la dotación de una institución (8). Duran en su cargo hasta el 31 de diciembre de cada año (9), pero pueden cesar antes si el acto de contratación: i) establece una fecha anterior, o ii) señala que este vínculo puede terminar si los servicios dejan de ser necesarios.c) Personal contratado a honorarios: Personas contratadas para ejercer labores que no son las habituales de la institución (10) o que siéndolo, constituyen cometidos específicos (11). No tienen la calidad de funcionarios públicos y se rigen exclusivamente por las normas del contrato que celebraron y las normas civiles de arrendamiento de servicios inmateriales, o sea, no se les aplica ni el Estatuto Administrativo ni el Código del Trabajo. Esta forma de contratación está regulada, 21.
22 ¿En qué consisten los principios de probidad y de transparencia? también, en las Circulares del Ministro de Hacienda Nº 78, de 23 de diciembre de 2002, y Nº 3, de 17 de enero de 2003 (12).d) Personal bajo el Código del Trabajo: Personas que suscriben un contrato de trabajo en virtud de una norma especial que lo autoriza, quedando regido por las disposiciones del Código del Trabajo. Se trata de una figura que sólo se aplica a los casos en que la ley lo permite, como las empresas públicas creadas por ley (que son parte de la Administración del Estado), las Corporaciones de Asistencia Judicial, el Fondo Nacional de Discapacidad o los Secretarios Ejecutivos de los Consejos Regionales (13).El artículo 52 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración delEstado dispone expresamente que “deberán dar estricto cumplimiento al principio de la probidadadministrativa” las autoridades de la administración pública, cualquiera que sea la denominacióncon que las designen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la Administración del Estado,sean de planta o a contrata. En consecuencia, el principio de probidad se aplica a los casos a) y b) sinninguna duda. La ley distingue “autoridades” y “funcionarios” para incluir en la órbita de la probidada algunos servidores públicos que no son considerados funcionarios pero sí autoridades, como losministros y los concejales (14).Tratándose de las personas contratadas a honorarios la Ley Nº 19.896, de 2003, les aplicó las mismasnormas sobre inhabilidades e incompatibilidades que tienen los funcionarios públicos y que se basanen la probidad administrativa (15). Algunas leyes han aplicado este último principio expresamente apersonas contratadas a honorarios (por ejemplo, la Ley General de Servicios Eléctricos a los integrantesdel panel de expertos del sector eléctrico y su secretario) (16). La Contraloría General de la República, sinembargo, ha señalado que aun cuando estas personas no tengan la calidad de funcionarios públicos sonservidores del Estado y deben, por ello, cumplir “los principios jurídicos de bien común que sustentan elrégimen estatutario de derecho público” (Dictamen Contraloría General de la República Nº 7.083/2001),lo que implica que debe aplicárseles el principio de probidad (17). Con todo, las personas contratadasa honorarios carecen de responsabilidad administrativa, salvo aquéllos que la Ley de Presupuestosautoriza contratar como “agentes públicos” (18).Por último, tratándose de personas contratadas conforme al Código del Trabajo resulta aplicablela jurisprudencia anterior, dado que también son “servidores estatales”. Además, el propio Códigodel Trabajo considera la falta de probidad como una causal para poner término a un contrato detrabajo (artículo 160 Nº 1, letra a) y la Contraloría General de la República los considera funcionariospúblicos. 22.
capítulo 1 23 Jurisprudencia: • Aunque las personas contratadas a honorarios no poseen el carácter de empleados públicos son servidores del Estado al desempeñarse en virtud de un contrato suscrito con un organismo público, lo que origina que cuando actúan en tal calidad han de anteponer el interés público sobre el privado. Deben ajustarse al principio de probidad administrativa no sólo los funcionarios públicos, sino también quienes prestan servicios a una entidad de la Administración del Estado (Dictámenes Contraloría General de la República Nº 12.538/1999 y Nº 7.083/2001). • El principio de probidad administrativa encuentra aplicación en todas las actuaciones de los órganos de la Administración del Estado y de sus agentes, los que deben ajustarse a él, de modo de hacer primar siempre el interés general por sobre el particular (Dictamen Contraloría General de la República Nº 6.591/2000). • Si bien el personal de las Corporaciones de Asistencia Judicial no está sujeto al Estatuto Administrativo, sino que a sus respectivos contratos de trabajo y las normas aplicables al sector privado, al desempeñarse en un servicio público descentralizado, integrante de la Administración del Estado, tiene de todos modos la calidad de funcionarios públicos y la Contraloría General de la República, conforme lo dispone su Ley Orgánica en sus artículos 1° y 6°, tiene plena competencia para interpretar y fiscalizar la normativa que se les aplica, como se ha informado por la reiterada jurisprudencia de este Organismo Fiscalizador, contenida, entre otros, en los Dictámenes Nº 11.889 y Nº 40.873, ambos de 2001, sin que tenga injerencia en estas materias la Dirección del Trabajo (Dictamen Contraloría General de la República Nº 49.757/2002; véase también los dictámenes Nº 16.164/1994, Nº 49.757/2002 y Nº 28.616/2003).1.3. TransparenciaSe dice que algo es transparente cuando a través de él pueden verse los objetos claramente. En estecaso, lo que se persigue es que la Administración del Estado permita a la ciudadanía conocer por quéy cómo actúa, y qué decisiones adopta. Así, se podrá evaluar y fiscalizar directamente si se respetael principio de probidad y, además, participar de la gestión pública. Por otra parte, la publicidad quepermite la transparencia inhibe las conductas contrarias a la probidad, pues los servidores públicosno querrán verse expuestos a las posibles sanciones y a la censura social que generará la difusiónde tales conductas.En 1999 se dispuso que la transparencia era uno de los principios que debe observar la Administracióndel Estado, añadiéndose que las funciones públicas debían ejercerse de una manera “que permita ypromueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que 23.
24 ¿En qué consisten los principios de probidad y de transparencia?se adopten en ejercicio de ella” (19). En 2005, la reforma constitucional añadió una norma que señalaque “son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos ylos procedimientos que utilicen”, enumerando las únicas excepciones en que puede establecerseque éstos sean reservados o secretos: el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos;los derechos de las personas; la seguridad de la Nación o el interés nacional (artículo 8º, inciso2º). En todos estos casos se necesita que una ley haya fijado para el caso concreto la reserva, perono cualquier ley: una de quórum calificado, o sea, una ley adoptada por la mayoría absoluta delos parlamentarios en ejercicio (a diferencia de las leyes simples, en que basta la mayoría de losparlamentarios presentes) (20).En virtud de lo anterior puede decirse que en Chile la regla general es la publicidad de los actos, susfundamentos y los procedimientos empleados al adoptarlos. La excepción, su reserva o secreto. Loanterior, ha venido a ser remarcado en la Ley Nº 20.285, de Transparencia de la Función Pública y deAcceso a la Información de la Administración del Estado (D.O. 20 de agosto de 2008), que sistematizaen un solo cuerpo legal las normas sobre acceso a la información y transparencia activa y crea unnuevo organismo autónomo, el Consejo para la Transparencia, para fiscalizar la efectiva observanciadel principio de transparencia. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Claude Reyes y otros vs. Chile”, de 19 de septiembre de 2006. Esta sentencia, dictada a propósito de una demanda en contra del Estado de Chile, se refirió al derecho que tienen los particulares a requerir información en poder del Estado y al deber de éste de entregarla en los siguientes términos: “77. En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a “buscar” y a “recibir” “informaciones”, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción. Su entrega a una persona puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. De esta forma, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea…” 24.
capítulo 1 25 “86. El actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso.” “87. El control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública…. Por ello, para que las personas puedan ejercer el control democrático es esencial que el Estado garantice el acceso a la información de interés público bajo su control. Al permitir el ejercicio de ese control democrático se fomenta una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad.”La transparencia tiene dos facetas:a) Transparencia activaConsiste en la acción positiva del Estado de poner información a disposición permanente del públicosin mediar requerimiento formal. La herramienta más sencilla para ello son los sitios web que losservicios públicos mantienen, pues permiten que las personas que tenga acceso a internet puedancontar con esa información en cualquier lugar y momento. Actualmente los organismos públicos estánobligados a publicar información relevante sobre su gestión en internet, como se verá en el Capítulo 4.Otro medio para poner información a disposición del público son las Oficinas de Información, Reclamosy Sugerencias (OIRS).b) Transparencia pasiva o derecho de acceso a la información administrativaConsiste en la entrega de la información administrativa, que no está sujeta al régimen anterior, alas personas que la soliciten a la Administración Pública a través de los mecanismos especialmentedispuestos para ello. El mecanismo consiste en solicitar la información al propio organismo público.En caso de no obtener un resultado favorable puede reclamarse ante el Consejo para la Transparencia.Contra las decisiones de este último es factible reclamar, por regla general, ante la Corte de Apelacionesrespectiva, como se indicará en el Capítulo 4.1.4. Principales normas sobre probidad y transparencia en chileA continuación se enunciarán las principales normas que rigen a la generalidad de los funcionariosde dicha Administración, indicando la fecha de publicación en el Diario Oficial (D.O.). Se partirá por la 25.
26 ¿En qué consisten los principios de probidad y de transparencia?Constitución Política de la República para seguir con las normas legales (cuyo texto completo y actualizadopuede encontrarse en el sitio web de la Biblioteca del Congreso Nacional, www.bcn.cl) y los instrumentosinternacionales que Chile ha suscrito y ratificado en esta materia. Termina la enumeración con algunasnormas reglamentarias e instructivos.a) Constitución y Leyesi. Constitución Política de la República (particularmente su artículo 8º), cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.S. Nº 100/2005, MINSEGPRES (D.O. 22 de septiembre de 2005);ii. Ley Nº 20.285, de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado (D.O. 20 de agosto de 2008);iii. D.F.L. Nº 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (D.O. 17 de noviembre de 2001);iv. D.F.L. Nº 29/2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo (D.O. 16 de marzo de 2005);v. Ley Nº 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado (D.O. 29 de mayo de 2003);vi. Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios (D.O. 30 de julio de 2003); yvii. Ley Nº 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, cuyo texto refundido fue fijado por el D.S. Nº 2.421/1964, MINHAC (D.O. 10 de julio de 1964).b) Tratados Internacionalesi. Convención Interamericana Contra la Corrupción, adoptada en Caracas, Venezuela, el 29 de marzo de 1996 y promulgada por D.S. Nº 1.879, RR.EE. (D.O. 2 de febrero de 1998);ii. Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales y su Anexo, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), adoptada en París, Francia, el 17 de diciembre de 1997 y promulgada por D.S. Nº 496, RR.EE. (D.O. 30 de enero de 2002);iii. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada en Palermo, Italia, el 15 de diciembre de 2000 y promulgada por el D.S. Nº 342, RR.EE. (D.O. 16 de febrero de 2005). 26.
capítulo 1 27iv. Convención de las Naciones Unidas en contra de la Corrupción, adoptada en Nueva York el 31 de octubre de 2003 y promulgada por el D.S. Nº 375, RR.EE. (D.O. 30 de enero de 2007).c) Reglamentos e Instructivosi. D.S. Nº 99/2000, MINSEGPRES, Reglamento para la declaración de intereses de las autoridades y funcionarios de la Administración del Estado (D.O. 28 de junio de 2000);ii. D.S. Nº 45/2006, MINSEGPRES, Reglamento para la declaración patrimonial de bienes de la Ley Nº 20.088 (D.O. 22 de marzo de 2006);iii. D.S. Nº 250/2004, Hacienda, Reglamento de la Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios (D.O. 24 de septiembre de 2004);iv. Circulares del Ministro de Hacienda Nº 78, de 23 de diciembre de 2002, y Nº 3, de 17 de enero de 2003, sobre contratación a honorarios (21).1.5. ¿Qué rol juegan la Contraloría General de la República, los organismos de control internode cada organismo y el Consejo para la Transparencia en la defensa de la probidad y latransparencia?El funcionamiento de toda organización requiere de mecanismos de control que verifiquen su correctofuncionamiento. En el caso de la Administración del Estado destacan tres: el control externo, quedesarrollan la Contraloría General de la República y el Consejo para la Transparencia; el control interno,que le corresponde a las propias autoridades y jefaturas de cada servicio, y la auditoría interna queencabeza el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno.1.5.1. Contraloría General de la República (CGR)La Contraloría General de la República fue creada en 1927 para controlar financiera, primero, ylegalmente, después, a los órganos de la Administración del Estado. Es un organismo autónomo derango constitucional (artículo 98 de la Constitución) y sus principales funciones son las siguientes:a) Controlar la legalidad de los actos de la Administración del Estado. Esta función se realiza principalmente a través de la llamada “toma de razón” de los decretos y resoluciones y de la emisión de dictámenes. Estos últimos se refieren a asuntos que se relacionan con el Estatuto Administrativo y con la correcta aplicación de las leyes y reglamentos que rigen el funcionamiento de los servicios públicos sometidos a su fiscalización y cualquier otro asunto que se relacione o pueda relacionarse con la inversión o compromiso de los fondos públicos. Los dictámenes de Contraloría General de la República son obligatorios para los abogados, fiscales o asesores jurídicos que trabajen para la 27.
28 ¿En qué consisten los principios de probidad y de transparencia? Administración del Estado o instituciones sometidas al control de esta institución que no tienen o no tengan a su cargo defensa judicial, los que se encuentran sujetos a la dependencia técnica de este organismo (artículos 6, 9 y 19 de la Ley Nº 10.336, Orgánica de la Contraloría General de la República).b) Fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes. Para ello puede realizar auditorías y, si detecta irregularidades, iniciar investigaciones o sumarios administrativos como se verá en el Capítulo 8.c) Juzgar las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes públicos. Este organismo está a cargo del procedimiento que permite al Estado resarcirse de los perjuicios causados por un funcionario o ex funcionario que administra mal los recursos estatales (mayores antecedentes serán abordados en el Capítulo 10).d) Llevar la contabilidad general de la Nación: Imparte normas sobre contabilidad gubernamental y consolida los registros contables que deben efectuar los servicios, elaborando un Balance Anual de la Gestión Financiera del Estado.e) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones del Estatuto Administrativo: Los funcionarios y personas que hayan postulado a un concurso público para ingresar a la Administración del Estado tienen derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República cuando se hubieren producido vicios de legalidad que afectaren los derechos que el Estatuto concede (artículo 160). Asimismo, el artículo 6º de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República señala que a ésta le corresponde “exclusivamente” informar sobre los asuntos que se relacionen con el Estatuto Administrativo, lo que realiza a través de los dictámenes.1.5.2. Control interno y Consejo de Auditoría Interna General de GobiernoLa Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado establece que lasreparticiones encargadas del control interno en los órganos u organismos de la Administración delEstado tienen la obligación de velar por la observancia de las normas de su Título III, titulado “De laProbidad Administrativa” (artículo 61, inciso 3º). Esta obligación es independiente de las atribucionesde la Contraloría General de la República, lo que significa que ésta mantiene intactas sus facultadespara efectuar auditorías cuando lo estime pertinente.Para apoyar el control interno fue creado, a través del D.S. Nº 12/1997 SEGPRES (D.O. 29 de enero de1997), un Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), órgano asesor de la Presidenciade la República a cargo de coordinar técnicamente la actividad de las unidades de auditoría interna delos servicios públicos dependientes o relacionados con el Ejecutivo, apoyar la generación y mantenciónde adecuados ambientes de control, elaborar documentación técnica, prestar orientación general y 28.
capítulo 1 29asesoría en la actividad de auditoría interna, y efectuar un seguimiento permanente de los objetivosde control definidos en cada nivel de la administración.Cada ministerio cuenta con un “Auditor Ministerial”, que asesora al respectivo Ministro de Estado enmaterias de auditoría y control interno y en la coordinación de la auditoría interna de las institucionesdependientes o supervigiladas por dicha cartera. A su vez, cada servicio cuenta con un auditor o unaunidad de auditoría interna. El CAIGG sugiere evitar que tales unidades ejecuten funciones de líneao sumariales (22).1.5.3. El Consejo para la TransparenciaEste Consejo fue creado por la Ley Nº 20.285, de Transparencia de la Función Pública, de 2008.Dado que su objeto se circunscribe al principio de transparencia lo explicaremos en el Capítulo 4(punto 4.3.2.). 29.
30 ¿En qué consisten los principios de probidad y de transparencia?Notas:(1) Añadido por la Ley de Reforma Constitucional Nº 20.050, de 2005.(2) Sobre esto puede consultarse con más profundidad Barra G., Nancy. Probidad Administrativa: aproximación a la Ley Nº 19.653 y a la jurisprudencia administrativa. Santiago: LexisNexis, 2002, p. 218.(3) Ministerio de Hacienda – DIPRES: Estadísticas de Recursos Humanos del Sector Público 1996-2005, 2006, p. 21 y Rajevic M., Enrique, Goya G., Felipe, y Pardo B., Carlos: “Los Puestos Directivos en el Estado Chileno. Hacia un sistema de Gerencia Pública”, en Valdés P., Salvador (ed.): Reforma del Estado Volumen II: Dirección Pública y Compras Públicas. Santiago: CEP, 2002, p. 56-59.(4) Artículo 49 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, inciso final.(5) Así lo hacen la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, en su artículo 49, y el Estatuto Administrativo, en su artículo 7º.(6) El artículo 58 de esta Ley establece que si el cese de funciones se produce por petición de renuncia, antes de concluir el plazo de nombramiento o renovación del directivo, y no concurra una causal derivada de su responsabilidad administrativa, civil o penal, o cuando dicho cese se produzca por el término del periodo de nombramiento sin que éste sea renovado, el alto directivo tendrá derecho a gozar de la indemnización equivalente al total de las remuneraciones devengadas en el último mes, por cada año de servicio en la institución, con un máximo de seis.(7) Son titulares aquellos funcionarios que se nombran para ocupar en propiedad un cargo vacante. Son suplentes aquellos funcionarios designados en esa calidad en los cargos que se encuentren vacantes y en aquellos que por cualquier circunstancia no sean desempeñados por el titular, durante un lapso no inferior a 15 días. Por último, son subrogantes aquellos funcionarios que entran a desempeñar el empleo del titular o suplente por el sólo ministerio de la ley, cuando éstos se encuentren impedidos de desempeñarlo por cualquier causa (artículo 4 del Estatuto Administrativo).(8) El artículo 10 del Estatuto Administrativo señala que el número de funcionarios a contrata de una institución no podrá exceder de una cantidad equivalente al 20% del total de los cargos de la planta de personal de ésta. Sin embargo, la vigencia de este límite ha sido sistemáticamente diferida en las Leyes de Presupuestos, con lo que el máximo de empleos a contrata sólo queda limitado por la dotación fijada año a año por estas mismas leyes. Véase también el artículo 9º, inciso 3º, del D.L. Nº 1.263/1975, Ley de Administración Financiera del Estado.(9) Este día los servidores expiran en funciones por el sólo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con, a lo menos, 30 días de anticipación.(10) Las labores esenciales y habituales de la institución son las que el servicio está llamado a cumplir de acuerdo con los fines para los cuales fue creado por el legislador (Dictámenes 70.238/1962 y 3.459/1983), y que de acuerdo al Estatuto deben desempeñarse por funcionarios de planta o a contrata, excepto que se trate de cometidos específicos, los que puede realizar una persona contratada a honorarios.(11) La Contraloría General de la República ha interpretado esta posibilidad como excepcional y restrictiva. Para ello ha ido construyendo un concepto de cometidos específicos, entendiendo que concurren tales cuando la tarea a desarrollar está especificada en el contrato en forma concreta y determinada, esto es, nominalmente individualizada y circunscrita a un objetivo específico, así como limitada en el tiempo (Dictámenes 32.671/1989, 16.255/1990, 13.694/1991, 14.613/1992, 1.533/1993 y 822/1995).(12) Ambas pueden verse en Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuestos. Instrucciones para ejecución de la Ley de Presupuestos del sector público, año 2007, p. 124-133.(13) Puede verse una enumeración en Marín V., Urbano. Estatuto Administrativo ¿Régimen en retirada en la Administración Pública chilena? en Pantoja B., Rolando (coord.). La Administración del Estado de Chile. Decenio 1990-2000. Santiago de Chile: Cono Sur, 2000, p. 241-245.(14) Barra G., Nancy. Reflexiones acerca de la interpretación de las normas de ética pública y del ámbito de aplicación de la probidad administrativa. / en/ La Contraloría General de la República y el Estado de Derecho. Santiago: 2002, p. 248-250.(15) El artículo 5º, inciso 8º, de la Ley Nº 19.896 (D.O. 03.09.2003) señaló que “Las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades administrativas establecidas en los artículos 54, 55 y 56 de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado, serán aplicables asimismo a los contratados a honorarios, debiendo dejarse constancia en los contratos respectivos de una cláusula que así lo disponga”.(16) Este Panel fue introducido por la Ley Nº 19.940 (Diario Oficial del 13 de marzo de 2004). Sus integrantes y personal perciben honorarios y “no tendrán carácter de personal de la Administración del Estado. No obstante, les serán aplicables las normas sobre responsabilidad administrativa y probidad contenidas en la Ley Nº 18.575 y las previstas en el Título V del Código Penal sobre delitos de los empleados públicos…” (artículo 212, inciso 7º, del D.F.L. Nº 4/20.018, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Servicios Eléctricos, Diario Oficial del 5 de febrero de 2007).(17) A este respecto puede verse Mendoza Z., Ramiro, y Aguerrea M., Pedro: “El contrato a honorarios dentro de la Administración del Estado, bajo la luz dictaminante de la Contraloría General de la República”, en La Contraloría General de la República y el Estado de Derecho. Santiago de Chile: Contraloría General de la República, 2002, p. 227-230.(18) Desde mediados de la pasada década las Leyes de Presupuesto han autorizado, mediante glosas presupuestarias, a que algunos organismos –como los Ministerios de Obras Públicas y de Vivienda, INDAP, SAG, Servicios de Salud y la Subsecretaría de Transportes– contraten un número determinado de personas a honorarios en calidad de “agentes públicos”. Según el Dictamen de Contraloría General de la República Nº 22.192/1996, las personas así contratadas deben ser consideradas funcionarios públicos, dado que una interpretación diferente significaría restringir, sin fundamento alguno, la calidad que la propia disposición legal confiere a las personas contratadas en las indicadas condiciones y que incluye labores de jefatura (Dictamen Nº 12.446/2004). Se trata de una modalidad de contratación a honorarios con características propias y excepcionales, que debe ser interpretada en forma estricta y que tiene carácter transitorio ya que puede ejercitarse solo durante la vigencia de la Ley respectiva. Finalmente, tales personas sólo están habilitadas para desarrollar las labores técnicas que la disposición presupuestaria indique. La aplicación a éstos de las normas sobre responsabilidad administrativa fue ratificada en los Dictámenes Nº 49.634/1999 y 4.463/2002. En la Ley de Presupuestos 2007, por ejemplo, esta figura quedó establecida en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la Glosa 4 de la Partida 18, Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 21, y en el Ministerio de Obras Públicas en la Glosa 01 de la Partida 12 (común a los capítulos 01, 02, 04, y 05 de dicho Ministerio).(19) Art. 13 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, derogado por la Ley Nº 20.285, de Acceso a la Información Pública, de 2008.(20) Ver artículo 66, incisos 3º y 4º, de la Constitución Política de la República.(21) Ambas pueden verse en Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuestos. Instrucciones para ejecución de la Ley de Presupuestos del sector público, año 2007, p. 124-133.(22) Las orientaciones gubernamentales en torno a las Unidades de Auditorías Internas están consignadas en: a) Metodología Genérica de Auditoría, Documento Técnico Nº 12, de 1998, CAIGG; y b) Bases para la creación de Unidades de Auditoría Interna en los servicios, Documento Técnico Nº 6, 1994, CAIGG. 30.
CAPÍTULO La probidad y la transparencia en el ingreso a la Administración del Estado 31.
capítulo 2 33 Normativa: • Nacional: artículos 12 y 13 del Estatuto Administrativo; artículos 54, 55, 55 bis, 56 y 64 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado; artículo 38 de la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República; artículo 5º de la Ley Nº 19.896; artículo 1º del Código del Trabajo.En este capítulo se examinará cómo influyen la probidad y la transparencia en el ingreso a laAdministración del Estado, a través de dos instituciones: las inhabilidades y las declaraciones quedeben realizar algunos funcionarios.2.1. Las inhabilidades para ingresar a la Administración del EstadoEl ordenamiento establece una serie de requisitos de ingreso a la Administración del Estado en losartículos 12 del Estatuto Administrativo y 54 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Bases Generalesde la Administración del Estado. Dado que impiden el ingreso a la Administración del Estado tambiénse les conoce como “inhabilidades”. Se trata de exigencias ligadas a la aptitud profesional, a la salud,al cumplimiento de ciertos deberes cívicos y a la probidad administrativa.El artículo 5º de la Ley Nº 19.896, de 2003, exige a los jefes de servicio informar a todos quienesvayan a ingresar o laboren en él, en cualquier condición jurídica, acerca de las diversas inhabilidades,incompatibilidades y prohibiciones que establecen las leyes, como asimismo, las modificaciones legalesque se le introduzcan a tal normativa. Este Manual cumple con ese propósito. Dentro de los requisitos de ingreso a la Administración destaca el ser ciudadano, lo que significa ser chileno, tener 18 años de edad y no haber sido condenado a una pena aflictiva (1). Aunque este último (no estar condenado) se vincula directamente con la probidad se examinará con más detalle en el apartado 2.1.2.b), pues el artículo 12 f) del Estatuto Administrativo se refiere al mismo tema. En todo caso, es importante señalar que el requisito de la nacionalidad no es absoluto, pues excepcionalmente pueden designarse en empleos a contrata a extranjeros que posean conocimientos científicos o de carácter especial, si bien en igualdad de condiciones debe darse preferencia a los nacionales (2). Por otro lado, conviene recordar que los funcionarios que vayan a tener a su cargo la recaudación, administración o custodia de fondos o bienes del Estado, de cualquiera naturaleza, deberán rendir antes de iniciar sus funciones una caución para asegurar el correcto cumplimiento de sus deberes y obligaciones, la que podrá consistir en un seguro, una fianza u otras garantías según un reglamento del Presidente de la República (artículos 68 de la Ley Nº 10.336, Orgánica de la Contraloría General de la República, y 56 del D. L. Nº 1.263/1975, sobre administración financiera del Estado). Si un jefe de servicio permite que uno de sus subalternos desempeñe estas funciones sin rendir la respectiva caución responderá solidariamente con aquél por el cumplimiento de estos deberes (artículo 69) (3). 32.
34 La probidad y la transparencia en el ingreso a la Administración del Estado2.1.1. Inhabilidades directamente relacionadas con el principio de probidad administrativaLos requisitos de ingreso o inhabilidades ligadas más directamente con la probidad son los establecidosen las letras e) y f) del artículo 12 del Estatuto Administrativo y en el artículo 54 de la Ley OrgánicaConstitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.a) Cese anterior en un cargo público por mala calificación o por destituciónLa persona que haya cesado en un cargo público por calificación deficiente o por aplicación de lamedida disciplinaria de destitución no puede volver a ingresar a la Administración del Estado. LaContraloría General de la República lleva un registro de las personas inhabilitadas por esta causa paraevitar que se curse un nombramiento de alguna de ellas (artículo 38, letra f), de la Ley Orgánica de laContraloría General de la República).Sin embargo, si han transcurrido cinco años desde que se produjo la expiración en las funciones porcalificación deficiente, esta inhabilidad queda sin efecto y la persona puede volver a ser nombrada.En cambio, tratándose de casos de destitución se requiere –además del transcurso del plazo– de ladictación de un Decreto Supremo de Rehabilitación, firmado por el Presidente de la República y elMinistro de la cartera de la que dependía o con la que se relacionaba la institución en que trabajaba lapersona interesada. La rehabilitación es una decisión privativa del Jefe de Estado; la persona destituidasólo tiene derecho a solicitarla (4). De igual modo, debe recalcarse que el único efecto del transcursode este plazo y del Decreto de Rehabilitación, cuando es necesario, es permitir que la persona puedapostular a un cargo público; ni exime de cumplir los demás requisitos de ingreso a la Administraciónni confiere derecho a reclamar como obligatoria la reincorporación.b) Condena por crimen o simple delito o inhabilitación para ejercer funciones o cargos públicosLa persona que haya sido condenada por un crimen o simple delito, o haya sido inhabilitada para elejercicio de funciones o cargos públicos pierde la calidad de funcionaria y no puede reingresar a laAdministración del Estado. Para evitar que esto ocurra la Contraloría General de la República lleva unregistro de las personas inhabilitadas por sentencia judicial para servir cargos u oficios públicos (artículo38, letra e), de la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República). Estainhabilidad se encuentra contenida, además, en el artículo 54, letra c), de la Ley Orgánica Constitucionalde Bases Generales de la Administración del Estado.Sin embargo, la persona puede eliminar sus antecedentes penales por Decreto Supremo acogiéndosea las disposiciones del artículo 1º del D.L. Nº 409/1932 (D.O. 18 de agosto de 1932), que exigen quehayan pasado entre dos y cinco años del cumplimiento de la pena y que se acredite una serie derequisitos de buena conducta. En caso que se eliminen estos antecedentes la persona podrá volver aser nombrada en un empleo público.Por otra parte, esta inhabilidad no se aplica a las personas que reciben el beneficio de las medidasalternativas de remisión condicional de la pena, reclusión nocturna y libertad vigilada, y no hubiesen 33.
capítulo 2 35sido condenadas anteriormente por crimen o simple delito, pues dicho beneficio conlleva la omisiónen sus certificados de antecedentes de las anotaciones prontuariales (5).Cabe señalar que recientemente la Contraloría General de la República ha dictaminado que tratándosede sanciones o penas cumplidas o prescritas, el Registro Civil no puede informarlas, pues el art. 20de la Ley Nº 19.628, sobre Protección de Datos Personales (D.O. 28 de octubre de 1999), lo prohíbe(Dictamen N° 55.587/2007), a menos que lo soliciten los Tribunales de Justicia u otros organismospúblicos dentro del ámbito de su competencia. Jurisprudencia: • En cuanto a la segunda condena que afectó al señor NN aparece que una vez satisfecha la multa que le fue impuesta, aquél hizo uso del derecho que le confiere el artículo 21 de la mencionada Ley N° 19.628, según el cual los organismos públicos que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena. Conforme a lo anterior –según informe que ahora se acompaña–, el Servicio de Registro Civil e Identificación omitió registrar en el certificado de antecedentes de dicha persona las dos penas precedentemente aludidas, lo que permitió su ingreso al cargo municipal de que se trata. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del D.S. N° 64/1960, del Ministerio de Justicia, el certificado de antecedentes “es un documento público que acredita si una persona determinada registra anotaciones judiciales en su prontuario”, de lo que se colige que si este instrumento es emitido con exclusión de tales anotaciones, en virtud de una disposición legal que así lo ordena, el favorecido con la omisión o eliminación de esos antecedentes prontuariales debe ser considerado como si no hubiese sufrido condena alguna, para todos los efectos legales y administrativos (Dictamen Contraloría N° 55.587/2007). • Si bien la persona objeto del nombramiento ha sido beneficiada con un indulto este beneficio no quita al favorecido el carácter de condenado para los demás fines que determinen las leyes, lo que en un sentido amplio debe entenderse para los fines de orden administrativo. Así, la persona que ha sido condenada por crimen o simple delito de acción pública y luego es indultada no puede ingresar a un empleo público, dado que al mantener la calidad de condenado no cumple con requisito de idoneidad moral contemplado en el artículo 12 f) del Estatuto Administrativo (Dictamen Contraloría General de la República Nº 25.082/1994). • La causal de inhabilidad contemplada en el artículo 12 f) del Estatuto Administrativo afecta exclusivamente a quienes sean condenados por su participación en un “crimen o simple delito” y no alcanza a aquellos que lo sean por un cuasidelito, infracción penal que tiene una naturaleza distinta del crimen o simple delito (Dictamen Contraloría General de la República Nº 22.923/2001). 34.
36 La probidad y la transparencia en el ingreso a la Administración del Estado • El afectado por la inhabilidad contemplada en el artículo 12 f) del Estatuto Administrativo podría eliminar sus antecedentes penales acogiéndose a las disposiciones del artículo 1º del D.L. 409/1932, que establece que toda persona que haya sufrido cualquier clase de condena y reúna las condiciones que esta norma indica tiene derecho después de 2 años de haber cumplido su pena, si es la primera, y de 5, si se le ha condenado dos o más veces, a que por Decreto Supremo confidencial se le considere como si nunca hubiere delinquido para todos los fines legales y administrativos y se le indulte para todas las penas accesorias a que estuviere condenado (Dictamen Contraloría General de la República Nº 13.779/2001). • El otorgamiento por sentencia ejecutoriada de los beneficios de la Ley Nº 18.216 (remisión condicional de la pena, reclusión nocturna y libertad vigilada) a personas no condenadas anteriormente por crimen o simple delito implica que durante el cumplimiento de estas medidas se eliminan para todos los efectos legales y administrativos los antecedentes prontuariales. Dichos antecedentes se eliminan definitivamente una vez que el condenado cumpla a satisfacción con la medida de reemplazo (artículo 29). No obstante, si el tribunal revoca la medida alternativa también termina la franquicia estudiada. Así, si un funcionario acredita haber sido favorecido por sentencia ejecutoriada con alguno de estos beneficios pierde la calidad de condenado para todos los efectos legales y administrativos (Dictamen Contraloría General de la República Nº 16.641/2001).c)	Conflictos	de	interés	(contratos,	litigios	y	parentesco)La ley también impide que ingresen a la administración aquellas personas que tienen interesespotencialmente contrapuestos con los del Estado. Se trata de tres casos recogidos en el artículo 54,letras a) y b), de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado:i.	Contratistas: Las personas que tengan vigente o suscriban, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a 200 unidades tributarias mensuales o más, con el respectivo organismo de la Administración del Estado, y los directores, administradores, representantes y socios titulares del 10% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad que esté en la misma situación.ii.	Litigantes: Las personas que tengan litigios pendientes contra la institución de que se trata, a menos que se refieran al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive (las relaciones de parentesco se explican en el Capítulo 6). Estas prohibiciones rigen también para los directores, administradores, representantes y socios titulares del 10% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad que tengan litigios pendientes contra el organismo al que se postula. 35.
capítulo 2 37iii.	Familiares: Las personas que sean familiares de las autoridades y de los funcionarios directivos del organismo de la Administración al que postulan, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive. Concretamente, las que tengan la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive (las relaciones de parentesco se explican en el Capítulo 6). Con todo, esta inhabilidad no se aplica tratándose de familiares de ministros de Estado (6).d)	Dependencia	de	las	drogasNo pueden asumir las funciones de subsecretario, jefe superior de servicio o directivo superior de unórgano u organismo de la Administración del Estado, hasta el grado de jefe de división o su equivalente,las personas que tuviesen dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales,a menos que justifiquen su consumo por un tratamiento médico (artículo 55 bis de la Ley de BasesGenerales de la Administración del Estado).2.1.2.	¿Cómo	acredita	una	persona	no	estar	incluida	en	alguna	causal	de	inhabilidad?a)	Documentos	o	certificados	oficialesLos requisitos generales mencionados en la sección 2.1.1, o sea, la ciudadanía, el cumplimiento de lasnormas de reclutamiento, el nivel educacional y la compatibilidad del estado de salud con el cargo,se acreditan acompañando documentos o certificados oficiales auténticos (7).b)	La	acreditación	de	no	incurrir	en	inhabilidades	relativas	a	la	probidad:	la	declaración	juradaTratándose de los requisitos relativos a la probidad, la ley ha optado por requerir a las personas queingresan a la administración las siguientes declaraciones juradas:i. En caso de tratarse de las inhabilidades relativas a estar condenado por crimen o simple delito se debe prestar una declaración jurada que acredite que la persona no está afecta a estas situaciones (artículo 12 del Estatuto Administrativo y artículos 54, letra c), y 55 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado). Adicionalmente existen otros dos controles: • La institución a la que se postula debe consultar al Servicio de Registro Civil e Identificación si el postulante está afecto a esta causal de inhabilidad (artículo 13 del Estatuto Administrativo), debiendo este organismo tener en cuenta el art. 20 de la Ley N° 19.628 de 1999 (Dictamen Contraloría General de la República N° 55.587/ 2007), y • La Contraloría General de la República verificará, al controlar el decreto o resolución de nombramiento, si la persona se encuentra en su registro de personas inhabilitadas por 36.
38 La probidad y la transparencia en el ingreso a la Administración del Estado sentencia judicial (artículo 38, letra e), de la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República).ii. El requisito de no haber cesado en el cargo por calificaciones deficientes o por aplicación de alguna medida disciplinaria se acredita, también, con una declaración jurada simple.iii. El requisito de no depender de las drogas se acredita mediante una declaración jurada de la persona postulante, en la cual señale expresamente no estar afecto a tal dependencia ni consumir dichas sustancias, salvo que se trate de un tratamiento médico y se acompañen los antecedentes que lo justifiquen (8).La falsedad de estas declaraciones se encuentra sancionada en el artículo 210 del Código Penal (9).2.1.3. ¿Qué pasa si de todas formas se nombra o contrata a una persona que incurre en una causalde inhabilidad?Podría pasar que, pese a todos los resguardos que se han revisado, se nombre o contrate a una personaque está en alguna de las situaciones señaladas en el artículo 12 del Estatuto Administrativo o losartículos 54 ó 55 bis de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración delEstado. Si ello ocurriese, la sanción legal es clara: dicho nombramiento o contratación será nula. Elartículo 63 de la misma norma regula tres efectos de esta nulidad:a) Remuneraciones percibidas por la persona inhábil: La invalidación no obliga a que la persona restituya las remuneraciones percibidas, siempre que la inadvertencia de la inhabilidad no le sea imputable. O sea, si la persona tuvo responsabilidad –por ejemplo, omitió los antecedentes de la inhabilidad en su declaración jurada– deberá devolver el dinero.b) Actos realizados por la persona inhábil: La nulidad del nombramiento en ningún caso afectará la validez de los actos realizados entre su designación y la fecha en que quede firme la declaración de nulidad. Esto persigue proteger a terceros que ninguna responsabilidad tienen de lo ocurrido.c) Funcionarios que intervinieron en el nombramiento: Los funcionarios que intervienen en la tramitación de un nombramiento irregular pueden sufrir consecuencias por ello. Si no advirtieron el vicio que lo invalidaba “por negligencia inexcusable” incurrirán en responsabilidad administrativa. Sobre este tema, véase el Capítulo 8. 37.
capítulo 2 392.1.4. ¿Se aplican estas inhabilidades a las personas contratadas a honorarios o según el Código delTrabajo?a) Personas contratadas a honorarios: las inhabilidades generales y una adicional (conflictos deinterés)Aunque la Contraloría General de la República ya había señalado en el pasado que las personascontratadas a honorarios estaban sujetas a las normas sobre inhabilidades (por ejemplo, DictamenNº 7.083/2001), el artículo 5º de la Ley Nº 19.896, de 2003, declaró expresamente que ellas estánsometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades contemplado en los artículos 54, 55 y 56de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, lo que deberáindicarse en una cláusula del contrato respectivo.Asimismo, esta ley exige dos cuestiones adicionales en estos contratos:i. Declaración jurada del contratado y certificación del jefe de servicio, si procede (10). Las personas contratadas a honorarios deben suscribir una declaración jurada simple señalando si prestan servicios, en cualquier calidad jurídica, en otra repartición pública. Si fuere así, deben especificar en qué entidad, bajo qué calidad jurídica, el monto de las remuneraciones, las tareas contratadas y la duración de dicha prestación. El modelo de esta declaración está incluido como anexo en la Circular del Ministro de Hacienda Nº 78, de 23 de diciembre de 2002. El jefe del servicio correspondiente deberá constatar que no se produzca un actual o eventual conflicto de intereses por el cumplimiento de las funciones contratadas, y deberá certificar tal circunstancia. En consecuencia, en caso que se produzca tal conflicto no podrá celebrarse el contrato. La ley considera que hay tal conflicto “cuando las labores encomendadas en los diversos organismos pongan a la persona a quien se le ha encomendado tareas en ambos, en situación de lesionar los objetivos de cualquiera de esas entidades o cuando sus propios intereses personales puedan pugnar con los de alguna de ellas.” (11).ii. Visación previa del ministro respectivo (12). El ministro respectivo debe visar previamente el acto administrativo que aprobará la contratación de una persona cuando aquélla: • Está contratada a honorarios en otras entidades públicas. • Está contratada por proveedores, contratistas o instituciones privadas que tengan convenios para ejecución de proyectos o a las que se han otorgado transferencias con o por parte de la repartición en que prestará servicios.Lo anterior no se aplica a las labores de docencia que dichas personas desarrollen en institucionesde educación superior. Recommended
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