Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-36902-de-agosto-24-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_95b96d8f9ca8d0a8e0430a010151d0a8&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-20 18:07:08
Document Index: 57212951

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 48', 'artículo 51', 'artículo 162', 'artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 74', 'artículo 267', 'artículo 133', 'artículo 44', 'artículo 48', 'artículo 41', 'artículo 44', 'artículo 48', 'artículo 177', 'artículo 145', 'artículo 3', 'artículo 267', 'artículo 133', 'artículo 177', 'artículo 48', 'artículo 38', 'artículo 48', 'artículo 48']

﻿ Sentencia 36902 de agosto 24 de 2010
SENTENCIA 36902 DE 24 DE AGOSTO DE 2010
CONTENIDO:ABANDONO DEL CARGO POR PARTE DEL TRABAJADOR, CONSTITUYE JUSTA CAUSA DE DESPIDO. SI BIEN EN LOS TÉRMINOS DEFINIDOS POR LA JURISPRUDENCIA, EL ABANDONO DEL CARGO, NO CORRESPONDE PROPIAMENTE A UN MODO DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO LABORAL NI, LITERALMENTE, A UNA JUSTA CAUSA DE DESPIDO, SI SE ENCUENTRA SEÑALADA EN LAS CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN EL ARTÍCULO 48 DEL DECRETO 2127 DE 1945 EL CUAL ESTABLECE QUE LA FALTA AL TRABAJO CONSTITUYE UN REITERADO Y SISTEMÁTICO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL TRABAJADOR.
TEMAS ESPECÍFICOS:ABANDONO DEL CARGO, PROHIBICIONES AL TRABAJADOR, OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO CON JUSTA CAUSA POR PARTE DEL EMPLEADOR, VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO
Sentencia 36902 de agosto 24 de 2010
Rad.: 36902
Concedido por el tribunal y admitido por la Corte, propone que se case la sentencia acusada, para que en sede de instancia confirme la del a quo.
Con fundamento en la causal primera de casación laboral, formula dos cargos que por la identidad que encierran y el propósito común, se resolverán conjuntamente, conforme lo autoriza el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998. Hubo réplica oportuna.
Acusa la sentencia del tribunal de violar indirectamente por “aplicación indebida los artículos 16, 28, 29, 48, numerales 2º y 8º y 49 del Decreto 2127 de 1945; 8º y parágrafo del mismo artículo 8º de la Ley 171 de 1961; 74 del Decreto 1848 de 1969, 36 de la Ley 100 de 1993, 467, 468 y 469 del Código Sustantivo del Trabajo, se incurrió en la apreciación (sic) 37 y 38 del Decreto 2351 de 1965, artículo 3º de la Ley 48 de 1968, artículo 74 del Decreto 1848 de 1969, 11, 21, y 36 de la Ley 100 de 1993, 37 de la Ley 50 de 1990, que modificó el artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, artículos 467, 468, 469 y 470 del Código Sustantivo del Trabajo”.
“1. Dar por demostrado, sin estarlo, que en este caso se respetó el debido proceso.
“2. No dar por acreditado, que la empresa no siguió el procedimiento administrativo y la investigación establecidos en el artículo 44 del reglamento interno de trabajo.
“3. Dar por demostrado sin estarlo que el actor incurrió en la causal de despido prevista en el numeral 2º del artículo 48 del Decreto 2127 de 1945, en consonancia con lo estipulado en el artículo 41 numeral 6º del reglamento de trabajo.
“4. No dar por demostrado que al señor Luis Orlando Hoyos Hoyos no se le comunicó el despido.
“5. Dar por acreditado, sin estarlo, que el actor abandonó el cargo”.
Como pruebas mal apreciadas señala la declaración de descargos del actor (fl. 99 a 100), el boletín de personal (fl. 17) y el reglamento interno de trabajo (fl. 61 a 89); por falta de apreciación el Oficio 02 0829 del 17 de junio de 2004 (fl. 201).
Afirma que el tribunal se equivocó al concluir que los descargos se referían a los hechos enunciados en el boletín de personal 4924 (fl. 17), que obedecen a la investigación de una supuesta falta del actor cometida 5 años atrás, concretamente en mayo de 1968; que el boletín referido no guarda relación con los hechos que originaron los descargos aludidos en la sentencia acusada.
Indica que no se tuvo en cuenta que la empresa no siguió el procedimiento administrativo y la investigación que exige el artículo 44 en consonancia con los 38 y 42 del reglamento interno de trabajo, para el evento de imponer la sanción de despido, pues en el proceso no obra prueba de su existencia. Arguye que el actor no tenía la carga de demostrar que su despido fue injusto o que “había atendido las órdenes de sus superiores para dejar su lugar habitual de trabajo”. Recaba que el ad quem se equivocó al concluir que la terminación obedeció a los lineamientos establecidos por el numeral 2º del artículo 48 del Decreto 2127 de 1945, de conformidad con lo estipulado en el 41 numeral 6º del reglamento interno de trabajo.
Afirma que hubo equivocación del tribunal al concluir que estaba demostrado el abandono del cargo porque en el proceso no obra prueba de que la empleadora hubiera adelantado la investigación respectiva; que revisado el boletín de personal del 8 de octubre de 1973 (fl. 17) no se encuentra la constancia de que haya sido notificado al actor, “otra cosa es que el demandante lo haya conseguido después, de manera que no se puede tener como prueba de notificación del despido”, luego, no se cumplió “la exigencia de comunicar al trabajador al momento del despido cuales fueron los motivos que disculpan su decisión, de modo que ante tal omisión el despido es injusto, pues posteriormente no es dable que el empleador invoque razones que justifiquen su proceder”.
Afirma que la sentencia “violó directamente en concepto de infracción directa el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en el procedimiento adjetivo laboral por remisión del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo, y ss., violación medio que condujo a la aplicación indebida de los artículos 19, 28, 29, 48 numerales 2º y 8º, y 49 del Decreto 2127 de 1945; 8º y parágrafo del mismo artículo de la Ley 171 de 1961; 74 del Decreto 1848 de 1969; 11, 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, 467, 468, y 469 del Código Sustantivo del Trabajo, 37 y 38 del Decreto 2351 de 1965; artículo 3º de la Ley 48 de 1968; 11, 21, y 36 de la Ley 100 de 1993, 37 de la Ley 50 de 1990, que modificó el artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 133 de la Ley 100 de 1993”.
Aduce que de antaño la jurisprudencia ha sostenido que al trabajador le corresponde acreditar la existencia del despido y al empleador, la carga de probar su justificación, si pretende exonerarse de las consecuencias derivadas de un despido injusto.
Critica la afirmación del tribunal respecto de que como el trabajador fue oído en descargos, “le correspondía a él, es decir al trabajador, acreditar que fue sin justa causa o que había atendido las órdenes superiores para dejar su habitual lugar de trabajo, lo cual resulta equivocado de acuerdo a los argumentos que sustentan la jurisprudencia,… “recordada en sentencia del 10 de enero de 1995 radicado 7022”. Reitera que de conformidad con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil el trabajador debe acreditar únicamente que fue despedido “y el empleador si quiere exonerarse de las garantías de estabilidad o resarcitorias reclamadas por el trabajador debe acreditar que su decisión de despedir a su servidor estuvo soportada en una justa causa...”.
Aduce que el recurso adolece de errores de técnica que impiden su prosperidad. En punto al primer cargo indica, con apoyo en sentencia del 13 de marzo de 2008 la cual reprodujo en lo pertinente, que el despido no es una sanción disciplinaria y para ello no hay necesidad de seguir el trámite previsto para tales casos, por lo que “siguiendo los lineamientos jurisprudenciales, si se llegase a encontrar el error de hecho atribuido al tribunal al examinar la documental de folio 99, de todas maneras el resultado del proceso es igual por las causas ya reseñadas en la doctrina de esa honorable Sala”.
Respecto del segundo cargo expone que como la sentencia se fundamentó en criterios jurisprudenciales, es desafortunada la acusación en concepto de infracción directa, pues debió denunciar la interpretación errónea.
La sentencia acusada en muy puntual en cuanto avala los razonamientos de la entidad apelante respecto de que “el abandono del cargo por parte del trabajador sin dar aviso oportuno tal como ocurrió en el caso sub exámine encaja perfectamente para tenerlo en cuenta como una violación grave de las obligaciones y prohibiciones o falta grave contra el reglamento interno de trabajo en concordancia con el artículo 48 numeral 2º del Decreto 2127 de 1945”, por cuanto a folio 99 obra la declaración de descargos del actor, que “comprueba de manera fulminante que al actor sí se le respetó el debido proceso, y le incumbía la carga de la prueba de la demostración de que su despido fue injusto o que había atendido las órdenes superiores para dejar su lugar habitual de trabajo, pues revisado el plenario no se halló prueba alguna de tal situación…”.
La reseñada “declaración de descargos del reemplazador Luis Orlando Hoyos Hoyos” de folios 99 a 100, que la censura denuncia como apreciada en forma equivocada, si bien contiene las explicaciones del actor, se refieren a hechos ocurridos en mayo de 1968 y no a los de septiembre de 1973; nótese que desde su propio encabezado se consignó: “En Bogotá, D.E., hoy 17 de mayo de 1968 siendo las 16:30 horas, se hizo presente, previa citación que se le hiciera un reemplazador de transportes con el fin de recibirle descargos por su abandono del cargo durante seis días del presente mes de mayo…”; esta sola circunstancia es determinante para concluir que ninguna relación guarda con el supuesto abandono del cargo endilgado 5 años después y en esa medida no hay duda de que el tribunal se equivocó en forma ostensible en su apreciación.
A pesar de lo anterior la decisión acusada debe mantenerse pues se observa que el boletín de personal de folio 17, al que se refiere la censura, distinguido con el Nº 4924, de fecha 8 de octubre de 1973, registra que al actor se le canceló unilateralmente el contrato del cargo de “reemplazador de 5ª”, motivo: “por abandono del cargo desde el día 4 de septiembre de 1973 sin dar aviso oportuno y no dar contestación a los descargos solicitados con memorando Nº DC-4-1383 de septiembre 13 de 1973”.
El artículo 38, del reglamento interno de trabajo señalado por la censura como prueba mal apreciada, folios 61 a 89, alude al despido como sanción, y en el 42 se señalan las causas para aplicarlo, mientras que en el 44, se prevé un procedimiento para su imposición, esto es, adelantar una “investigación”, y luego de perfeccionada citar, “practicará las diligencias que juzgue necesarias para el esclarecimiento de los hechos y dictará la providencia del caso”, para el efecto, debe resaltarse la anotación contenida en aquella documental de folio 17, frente a la solicitud que formuló la empresa para que el demandante rindiera descargos, según memorando del 13 de septiembre de 1973, sin que la atendiera. Ello, resulta suficiente si se considera que del 4 de septiembre, al 8 de octubre, cuando se adoptó la rescisión del vínculo laboral, transcurrió un tiempo suficiente para que el accionante acudiera a explicar su conducta omisiva, máxime que el mismo afirmó en la demanda que se le amenazó, sin que adujera por quién, para que no volviera a la empresa, es decir, que debió probar tal aseveración o la justificación de su incumplimiento.
La terminación unilateral del contrato de trabajo, se produjo por “abandono del cargo”, que si bien en los términos definidos por la jurisprudencia “no corresponde propiamente a un modo de terminación del contrato laboral ni, literalmente, a una justa causa de despido”, y que tal figura no existe en la legislación laboral, también se ha precisado que en esos casos se debe imponer “el realismo”, porque la injustificada falta de prestación del servicio, puede ser utilizada por el empleador para tales efectos (ver sents. de 29 de octubre y 16 de diciembre de 1992, 15 de abril de 1996 y 5 de diciembre de 2001, radicados 5190, 5115, 8078 y 17215, respectivamente).
De conformidad con lo anterior, ninguna relevancia tiene el oficio Ag. 02-0829 - 04 del 17 de junio de 2004 de folio 201, que el recurrente denuncia como no apreciado; el mismo es del siguiente tenor: “En atención a su oficio recibido el 10 de junio de 2004, radicado 016348 le informo que hasta la fecha dentro de la documentación actualmente a nuestro cargo y correspondiente al archivo laboral de los liquidados Ferrocarriles Nacionales, no fue posible ubicar investigación administrativa y/o disciplinaria a nombre del señor Luis Orlando Hoyos H.”.
Esta Sala de la Corte en sentencia reciente, 9 de marzo de 2010 radicado 35940, en un caso de contornos similares al aquí examinado, inclusive contra el mismo fondo demandado sostuvo:
“Ahora bien, está claro que no se discute la ausencia del demandante a su trabajo por el término de 90 días, y pese a que intentó justificar tal inasistencia, supuestamente por un permiso no remunerado que le otorgó el gerente y la jefe de personal, ello no aparece demostrado por aquel en el proceso, quien era el que debía asumir esa carga probatoria. En ese orden se concluye, que el actor no acreditó la motivación que adujo para sustraerse del cumplimiento de la primera obligación que emerge del contrato de trabajo, cual es la prestación personal del servicio para el que fue contratado.
“Así las cosas, el retiro sin previo aviso que dispuso la entidad demandada, mediante el boletín de personal número 00434 del 5 de marzo de 1969, motivado en el “abandono del cargo” del demandante, encaja perfectamente en la justa causa de despido prevista en el artículo 48 del Decreto 2127 de 1945, pues, sin duda alguna, la falta al trabajo durante 90 días, constituye un reiterado y sistemático incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones del trabajador, consignadas en los artículos 28 y 29 ibídem”.
Acorde con lo anterior, no obstante que el tribunal se equivocó al apreciar el acta de folios 99 a 100, no incurrió en yerro al consignar que a quien le correspondía demostrar las causas de su ausencia en el trabajo (1 mes y 5 días), era al actor y que el “abandono del cargo” encaja dentro de lo previsto para la terminación del contrato en el artículo 48 del Decreto 2127 de 1945.
Consecuencialmente, los cargos no prosperan.
Costas a cargo de la parte recurrente, toda vez que hubo réplica.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 28 de marzo de 2008, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso que Luis Orlando Hoyos Hoyos promovió contra el Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
Costas a cargo de la parte recurrente. Se fijan como agencias en derecho la suma de $ 2.500.000.