Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-662-de-julio-8-de-2004?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041f9a8f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-16 11:49:07
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﻿ SENTENCIA C-662 DE JULIO 8 DE 2004
SENTENCIA C-662 DE 08 DE JULIO DE 2004
CONTENIDO:INTERRUPCIÓN DEL TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN EN PROCESOS EJECUTIVOS. SE DECLARA INEXEQUIBLE EL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 91 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, TAL Y COMO FUE MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 794 DE 2003, EN CUANTO SE REFIERE A LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE JURISDICCIÓN PREVISTA EN EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 97 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. EN ESTE CASO, EN EL MISMO AUTO, EL JUEZ ORDENARÁ REMITIR EL EXPEDIENTE AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE, MIENTRAS EL LEGISLADOR NO REGULE DE MANERA DISTINTA EL TEMA, Y EN CUANTO SE REFIERE A LA EXCEPCIÓN DE COMPROMISO O CLÁUSULA COMPROMISORIA PREVISTA EN EL NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 97 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. EN ESTE CASO, EN EL MISMO AUTO, EL JUEZ SEÑALARÁ UN PLAZO JUDICIAL RAZONABLE PARA QUE LAS PARTES INICIEN EL TRÁMITE DE INTEGRACIÓN DEL CORRESPONDIENTE TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO, MIENTRAS EL LEGISLADOR NO REGULE DE MANERA DISTINTA EL TEMA.
TEMAS ESPECÍFICOS:FALTA DE JURISDICCIÓN, PRESCRICIÓN DEL PROCESO EJECUTIVO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:396 DE DICIEMBRE DE 2004, PG.1982
Sentencia C-662 de julio 8 de 2004
Sentencia C-662 de 2004
Actor: Hernán Darío Velásquez Gómez.
A continuación se transcribe el artículo acusado, conforme a su publicación en el Diario Oficial 45.058 del ocho (8) de enero de 2003, resaltando el aparte demandado:
ART. 91.—Ineficacia de la interrupción y operancia de la caducidad. No se considerará interrumpida la prescripción y operará la caducidad, en los siguientes casos:
1. Por dirigirse la demanda contra una disposición que forma parte de una ley de la República, la Corte Constitucional es competente para decidir sobre su constitucionalidad, tal y como lo prescribe el artículo 241-4 de la Constitución Política.
Aclaración previa sobre el contenido normativo acusado.
2. De conformidad con la teoría constitucional actual, el control constitucional puede recaer válidamente sobre normas o proposiciones jurídicas que se derivan de la interpretación sistemática de diversos textos o enunciados legislativos. Precisamente, el artículo 241 de la Carta reconoce que tal control versa sobre el contenido material de las leyes y sobre los vicios de formación de las mismas, permitiendo respecto al primer aspecto, que sea posible esclarecer el contenido normativo específico de una ley, no tomando en consideración exclusivamente un texto jurídico único definido, sino reconociendo como posible la determinación de un contenido normativo conformado por la articulación sistemática de diversos preceptos legales.
Esta posibilidad constitucional se hace evidente, cuando vemos la figura de la unidad normativa regulada por el artículo 6º del Decreto 2067 de 1991, que permite a la Corte Constitucional decidir sobre el conjunto de disposiciones jurídicas que forman una unidad normativa, incluso si no todas las disposiciones —entiéndase textos legales—, fueron acusadas por el actor, a fin de evaluar las disposiciones que inescindiblemente están ligadas en la confrontación constitucional a los cargos del actor.
3. En el caso que nos ocupa, es indudable que los diversos textos jurídicos de los que se desprende la norma que acusa el demandante —tanto por remisión como por interpretación sistemática—, dan lugar a un contenido normativo complejo, que es el que el ciudadano considera contrario a la Constitución.
4. En efecto, los textos legales que integran la disposición normativa acusada, son los siguientes:
ART. 11.—El artículo 91 del Código de Procedimiento Civil, quedara así:
“Cuando prospere alguna de las excepciones previas en los numerales 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 10 e inciso final del artículo 97, sobre la totalidad de las pretensiones o de las partes, el juez se abstendrá de decidir sobre las demás y declarará terminado el proceso. Pero si el auto fuere apelado y el superior lo revoca, este deberá pronunciarse sobre las demás excepciones propuestas”.
ART. 97 del Código de Procedimiento Civil:
“El demandado en el proceso ordinario y en los demás en que expresamente se autorice, dentro del término de traslado de la demanda podrá proponer las siguientes excepciones:
5. Incapacidad o indebida representación del demandante o demandado.
7. Ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones.
10. Pleito pendiente entre las partes y sobre el mismo asunto.
También podrán proponerse como excepciones previas las excepciones de cosa juzgada, transacción y caducidad de la acción”.
Dicho esto, resulta entonces comprensible cómo estos tres textos legales integran una norma jurídica compleja derivada de una interpretación sistemática de los mismos, de la que se desprende precisamente, —entre otras—, la afirmación que hace el actor y contra la que recae su queja constitucional: que en caso de prosperar las excepciones previas de falta de jurisdicción y de cláusula compromisoria o compromiso en un proceso (art. 97, nums. 1º y 3º), no se entenderá interrumpida la prescripción y operará la caducidad (L. 794/2003, art. 11, num. 2º que modificó el CPC, art. 91).
5. Ahora bien, aunque el actor presenta como criterios de diferenciación comparativos algunas consideraciones sobre el tratamiento que se le da al demandante en el caso de otras excepciones previas contenidas en los artículos 97 y 99 del Código de Procedimiento Civil, para esta corporación es claro que estos comentarios van dirigidos exclusivamente a fortalecer los cargos tendientes a asegurar la falta de proporcionalidad y razonabilidad específica del contenido normativo acusado, más que a establecer imputaciones directas contra las otras excepciones previas enunciadas en los artículos indicados, precisamente porque la norma acusada y la carga discursiva del ciudadano se centra en las excepciones de falta de jurisdicción y cláusula compromisoria como se ha dicho.
Al respecto, debe esta corporación recordar que para que el tribunal constitucional pueda adelantar el juicio que le compete ante una acción pública ciudadana, se requiere como condición necesaria, que el demandante que acusa una norma de inexequibilidad, indique no solo el texto concreto de la disposición acusada, sino que presente los preceptos constitucionales que se consideran infringidos y exponga razonadamente el concepto de la violación, a fin de hacer viable una confrontación certera entre la disposición criticada y la Carta, por parte del juez constitucional.
En ese orden de ideas es imposible para esta corporación acoger acusaciones frente a normas específicas que no cumplan con estos requisitos, salvo el evento en que se requiera adelantar una unidad normativa, facultad esta última que es excepcional para este tribunal y que por lo mismo solo procede cuando la proposición demandada, se encuentra tan íntimamente ligada con otros contenidos jurídicos, que resulta imposible analizar su constitucionalidad sin evaluar otras disposiciones no acusadas (1) . En estos eventos, el juez constitucional debe extender el alcance de su fallo a las partes no impugnadas, con el propósito de evitar precisamente que una decisión parcial afecte el contenido armónico de la proposición jurídica.
En este caso, como las circunstancias previamente descritas no ocurren, esta corporación se abstendrá de hacer valoraciones constitucionales sobre las demás excepciones previas contenidas en el numeral 2º del artículo 99 o del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, fuera de las de falta de jurisdicción y cláusula compromisoria, acorde con las criticas de la demanda.
6. En mérito de lo anterior, debe pues la Corte concentrar su estudio en el contenido normativo acusado o norma acusada que no es otra que: el numeral 2º del artículo 91 del Código de Procedimiento Civil, tal y como fue modificado por el artículo 11 de la Ley 794 de 2003, en cuanto se refiere a las excepciones de falta de jurisdicción prevista en el numeral 1º del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil y a la excepción de compromiso o cláusula compromisoria prevista en el numeral 3º del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil.
7. Estima la Corte que la presente acción de inconstitucionalidad, plantea los siguientes problemas jurídicos: i) la aparente falta de razonabilidad y de proporcionalidad de la norma acusada en relación con las excepciones previas de falta de jurisdicción y compromiso, en la medida en que las consecuencias para el demandante parecen excesivamente gravosas porque no siempre es fácil determinar cuál es la jurisdicción a la que debe acudirse, o si la materia objeto de controversia está comprendida dentro de los términos del pacto arbitral, teniendo en cuenta que puede ser ambigua la interpretación respecto a tales excepciones por las partes y operadores jurídicos. ii) La supuesta prevalencia de lo formal sobre lo sustancial en detrimento del derecho del demandante al acceso a la justicia, en la medida en que la posible prosperidad de la prescripción o caducidad durante el tiempo del debate procesal sobre las excepciones, puede dar lugar en definitiva a la imposibilidad de hacer efectivo su derecho sustancial, a pesar de la diligencia en la presentación de la demanda; y iii) la diferencia de trato aparentemente injustificada en el manejo de la no interrupción de la prescripción en estos casos, entre la jurisdicción administrativa y la civil.
8. Sobre estos aspectos, el Ministerio del Interior advirtió, que los cargos de la demanda no implican en modo alguno un trato procesal desigual e irrazonable para las partes, en la medida en que la norma acusada es de carácter general y asegura el adecuado desarrollo del debido proceso, la pronta administración de justicia y la seguridad jurídica. Además, indicó que como competencia exclusiva del legislador, este puede determinar dentro de su ámbito discrecional los efectos de las excepciones previas en el proceso, por lo que la norma a su juicio es plenamente compatible con la Constitución.
El Procurador General de la Nación, por el contrario, manifestó que la norma acusada es plenamente constitucional, en la medida en que cada excepción previa responde a una naturaleza diversa y la comparación entre jurisdicciones es improcedente. Adicionalmente señaló que la no interrupción de la prescripción en los casos descritos, no vulnera en modo alguno los derechos a la igualdad y acceso a la administración de justicia del demandante, mientras que la interrupción de la prescripción sí violaría los derechos de defensa y debido proceso del demandado.
9. Entra pues la Corte a analizar las implicaciones de los cargos enunciados, partiendo de manera inicial de una reflexión sobre la libertad de configuración del legislador en materia procesal, para luego evaluar el alcance de los derechos al acceso a la administración de justicia y debido proceso, y verificar la viabilidad constitucional de la imposición de cargas procesales a las partes, como ocurre en este caso. Finalmente, la Corte determinará si las atribuciones del legislador con respecto al numeral 2º del artículo 91 del Código de Procedimiento Civil acusado, han sido razonables, proporcionadas y respetuosas de los derechos constitucionales descritos.
10. La cláusula general de competencia de la que goza constitucionalmente el legislador, —numeral 2º del artículo 150 del estatuto superior—, lo habilita con amplio margen de configuración, a regular los procedimientos, las etapas, los términos, los efectos y demás aspectos de las instituciones procesales en general.
Esta atribución constitucional es muy importante, en la medida en que le permite al legislador fijar las reglas a partir de las cuales se asegura la plena efectividad del derecho fundamental al debido proceso (C.P., art. 29), y del acceso efectivo a la administración de justicia (C.P., art. 229). Además, son reglas que consolidan la seguridad jurídica, la racionalidad, el equilibrio y fin de los procesos, y permiten desarrollar el principio de legalidad propio de nuestro Estado social de derecho (2) . En efecto, tal y como lo ha afirmado esta corporación, “el proceso no es un fin en sí mismo, sino que se concibe y estructura para realizar la justicia y con la finalidad superior de lograr la convivencia pacifica (Carta, preámbulo y art. 1º)” (3) de los asociados. De allí que las normas procesales, propendan por asegurar la celeridad y eficacia de las respuestas jurisdiccionales, y por la protección de los derechos e intereses de las partes, intervinientes y vinculados, en los procesos.
11. Así, mientras el legislador, no ignore, obstruya o contraríe las garantías básicas previstas por la Constitución, goza de discreción para establecer las formas propias de cada juicio, entendidas estas como “el conjunto de reglas señaladas en la ley que, según la naturaleza del proceso, determinan los trámites que deben surtirse ante las diversas instancias judiciales o administrativas” (4) . Por ende, es extensa la doctrina constitucional (5) que ha reiterado que acorde a lo establecido en los artículos 29, 150 y 228 de la Constitución, son amplias las facultades del legislador precisamente, para fijar tales formalidades procesales (6) .
Al juez constitucional, en consecuencia, le corresponde garantizar al máximo esa libertad configurativa que tiene el legislador; libertad, que sin embargo, no puede ser absoluta ni arbitraria (7) , sino que debe desarrollarse conforme a los límites que impone la misma Carta (8) . En este sentido, la doctrina constitucional ha considerado que la competencia normativa del legislador resulta acorde con el estatuto superior, siempre y cuando tenga en cuenta los siguientes aspectos: i) que atienda los principios y fines del Estado tales como la justicia y la igualdad entre otros; ii) que vele por la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos (9) que en el caso procesal civil puede implicar derechos como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia (C.P., arts. 13, 29 y 229) (10) ; iii) que obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la definición de las formas (11) y iv) que permita la realización material de los derechos y del principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas (C.P., art. 228) (12) . De allí que no se estimen válidas, las disposiciones procesales “que anulan u obstaculizan irrazonablemente el ejercicio del derecho de acción” (13) , precisamente porque un objetivo constitucional legítimo es el de “realizar objetiva, razonable y oportunamente el derecho sustancial” (14) .
12. En el evento en que el legislador se aparte de los criterios enunciados, el control constitucional de este tribunal se hace necesario, para asegurar precisamente la protección de los derechos en conflicto, acorde con la norma superior. Al respecto esta corporación señaló en la Sentencia C-555 de 2001, magistrado ponente Marco Gerardo Monroy Cabra, lo siguiente:
“... el legislador al diseñar los procedimientos judiciales no puede desconocer las garantías fundamentales, y debe proceder de acuerdo con criterios de proporcionalidad y razonabilidad, a fin de asegurar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la administración de una justicia recta. Por ello las leyes que establecen procedimientos, deben propender por hacer efectivos los derechos de defensa, de contradicción, de imparcialidad del juez, de primacía de lo substancial sobre lo adjetivo o procedimental, de juez natural, de publicidad de las actuaciones y los otros que conforman la noción de debido proceso”.
A su vez, en la Sentencia C-309 de 2002, magistrado ponente Jaime Córdoba Triviño, esta corporación consideró que:
“(...) aunque el legislador goza de libertad de configuración, el ejercicio de esta facultad no es absoluto ni su ejercicio puede ser arbitrario, en tanto debe atender los límites fijados en la Constitución (15) , según lo señala el artículo 4º superior al consagrar el principio fundamental de supremacía de la Carta Política, en cuya aplicación el Congreso no puede ejercer sus potestades sino con observancia de las limitaciones que surjan de la Constitución Política. En otras palabras, el legislador goza de libertad para señalar las formas propias de cada juicio en la medida en que no ignore en su ejercicio las garantías básicas previstas por el constituyente”.
13. Será necesario entonces para esta corporación, establecer si las previsiones acusadas en este caso concreto —en la medida en que implican un contenido normativo específico—, fueron establecidas por el legislador conforme a los principios y derechos consagrados en la Carta. Para el efecto, será pertinente determinar el alcance de los derechos protegidos constitucionalmente en relación con los cargos de la demanda, a fin de establecer si la acusación por desproporción o violación de la igualdad, resultan ser acusaciones relevantes y contrarias a la Carta, como lo considera el actor.
Del derecho al debido proceso, el acceso a la administración de la justicia y la viabilidad constitucional de la imposición de cargas a los asociados.
14. El artículo 29 de la Constitución Política consagra al debido proceso, como un derecho de aplicación inmediata (C.P., art. 85) que tiene por fundamento asegurar que las actuaciones de las autoridades judiciales y administrativas y de los asociados, se ciñan a reglas específicas sustantivas y procedimentales, con el fin de proteger los derechos e intereses de las personas involucradas en ellas (16) .
Ahora bien, el debido proceso se relaciona a su vez con el artículo 229 de la Carta, que establece el derecho de toda persona a acceder a la administración de justicia; derecho que implica para los asociados que poseen alguna confrontación o debate jurídico, la posibilidad de llevar su causa ante un juez de la República con el fin de que su controversia se resuelva de manera definitiva. Permitir y consolidar los mecanismos y formas que consientan esa resolución de conflictos, es una obligación y competencia de nuestro Estado social de derecho, conforme a la Constitución y a las obligaciones internacionales adquiridas por Colombia (17) .
15. Teniendo en cuenta la importancia de garantizar el acceso al servicio de justicia estatal y asegurar que sea real y efectivo, a este derecho se le ha atribuido el carácter de fundamental, integrándolo al concepto de núcleo esencial del derecho al debido proceso (18) . Bajo esa premisa, el acceso a la administración de justicia es igualmente un derecho de configuración legal, sometido a las consideraciones del legislador en torno a su regulación y ejecución material. Por lo tanto, los mecanismos de acceso, los procedimientos, las formas y todas las actividades que constituyan atributos inescindibles del proceso que aseguren la posibilidad de hacer exigible una causa con las garantías constitucionales pertinentes, y permitan obtener una pronta respuesta jurisdiccional, son instrumentos definidos por el legislador y necesarios para asegurar la viabilidad de un orden justo.
En la Sentencia C-426 de 2002, magistrado ponente Rodrigo Escobar Gil, esta corporación señaló en referencia al alcance y contenido de este derecho, lo siguiente:
“(...) el acceso a la administración de justicia se define también como un derecho medular, de contenido múltiple o complejo, cuyo marco jurídico de aplicación compromete, en un orden lógico: (i) el derecho de acción o de promoción de la actividad jurisdiccional, el cual se concreta en la posibilidad que tiene todo sujeto de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que allí se proporcionan para plantear sus pretensiones al Estado, sea en defensa del orden jurídico o de sus intereses particulares; (ii) el derecho a que la promoción de la actividad jurisdiccional concluya con una decisión de fondo en torno a las pretensiones que han sido planteadas; (iii) el derecho a que existan procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición de las pretensiones y excepciones debatidas; (iv) el derecho a que los procesos se desarrollen en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las garantías propias del debido proceso, y, entre otros, (v) el derecho a que subsistan en el orden jurídico una gama amplia y suficiente de mecanismos judiciales —acciones y recursos— para la efectiva resolución de los conflictos” (19) (las negrillas no son del texto original).
El acceso a la justicia bajo los supuestos predichos, no puede ser por lo tanto meramente nominal —es decir simplemente enunciativo—, sino que resulta imperativa su efectividad, a fin de garantizar una protección auténtica y real de las garantías y derechos objeto del debate procesal. Por lo tanto, y de conformidad con el principio de efectividad que se predica de todos los derechos fundamentales, es necesario que el acceso y el procedimiento que lo desarrolla, sea igualmente interpretado a la luz del ordenamiento superior, “en el sentido que resulte más favorable al logro y realización del derecho sustancial, consultando en todo caso el verdadero espíritu y finalidad de la ley” (20) . Al respecto, ha manifestado esta corporación en otras oportunidades que:
“el derecho a acceder a la justicia no cumple su finalidad con la sola consagración formal de recursos y procedimientos, sino que requiere que estos resulten realmente idóneos y eficaces” (21) . Este criterio hermenéutico, que recoge en gran medida el fundamento universal de lo que en esencia es el derecho a la tutela judicial efectiva, juega un papel de singular importancia en su proceso de consolidación y desarrollo a nivel legal, pues permite concluir que la aplicación de la ley sustancial y procesal debe cumplirse a partir de un criterio de interpretación sistemática, que obligue al operador a fijar su alcance consultando los principios, derechos y garantías que consagra la Constitución Política, los cuales, como es sabido, constituyen a su vez la base o punto de partida de todo el ordenamiento jurídico” (22) .
En la Sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, esta corporación igualmente señaló que:
“El acceso a la administración de justicia implica, entonces, la posibilidad de que cualquier persona solicite a los jueces competentes la protección o el restablecimiento de los derechos que consagran la Constitución y la ley. Sin embargo, la función en comento no se entiende concluida con la simple solicitud o el planteamiento de las pretensiones procesales ante las respectivas instancias judiciales; por el contrario, el acceso a la administración de justicia debe ser efectivo, lo cual se logra cuando, dentro de determinadas circunstancias y con arreglo a la ley, el juez garantiza una igualdad a las partes, analiza las pruebas, llega a un libre convencimiento, aplica la Constitución y la ley y, si es el caso, proclama la vigencia y la realización de los derechos amenazados o vulnerados (23) . Es dentro de este marco que la Corte Constitucional no ha vacilado en calificar el derecho al que hace alusión la norma que se revisa —que está contenido en los artículos 29 y 229 de la Carta Política— como uno de los derechos fundamentales (24) , susceptible de protección jurídica inmediata a través de mecanismos como la acción de tutela prevista en el artículo 86 superior” (negrilla fuera de texto original).
Recientemente, en la Sentencia C-564 de 2004, magistrado ponente Rodrigo Uprimny Yepes, se hizo énfasis precisamente, en que las particularidades de los procesos conforme a la Constitución, deben estar dirigidas a asegurar la prevalencia del derecho sustancial, el principio de eficacia de los derechos y la protección judicial efectiva. De allí, que sean entendidas como constitucionales justamente, las normas procesales que tienen “como propósito garantizar la efectividad de los derechos” y su eficacia material, y que además propenden por la optimización de los medios de defensa de las personas. Tal efectividad resulta ser entonces un principio y una garantía que debe ser asegurada por las disposiciones procesales fijadas por el legislador.
16. Ahora bien, acorde con el artículo 95 de la Constitución, el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la norma superior —como puede ser el caso del debido proceso y del acceso a la justicia—, implica así mismo el ejercicio de responsabilidades que también se pueden consolidar en el ámbito procesal y sustancial (25) . Es válido entonces que en los diversos trámites judiciales, la ley asigne a las partes, a terceros e incluso al juez, obligaciones jurídicas, deberes de conducta o cargas para el ejercicio de los derechos y del acceso a la administración de justicia (26) , que sometidas a los límites constitucionales previamente enunciados, resultan plenamente legítimas.
La Corte Suprema de Justicia (27) , con criterios que esta Corte comparte, determinó con claridad la diferencia entre deberes, obligaciones y cargas procesales, precisando lo siguiente:
Las obligaciones procesales son, en cambio, aquellas prestaciones de contenido patrimonial impuestas a las partes con ocasión del proceso, como las surgidas de la condena en costas que, según lo explica Couture, obedecen al concepto de responsabilidad procesal derivada del abuso del derecho de acción o del derecho de defensa. “El daño que se cause con ese abuso, dice, genera una obligación de reparación, que se hace efectiva mediante la condenación en costas” (“Fundamentos del derecho procesal civil”, Nº 130).
Como se ve, las cargas procesales se caracterizan porque el sujeto a quien se las impone la ley conserva la facultad de cumplirlas o no, sin que el juez o persona alguna pueda compelerlo coercitivamente a ello, todo lo contrario de lo que sucede con las obligaciones; (...)” (negrilla fuera del texto).
17. Las cargas procesales, bajo estos supuestos, se fundamentan como se dijo, en el deber constitucional de colaboración con los órganos jurisdiccionales (C.P., art. 95-7). De allí que sea razonable que se impongan a las partes, incluso en el acceso a la administración de justicia o durante el trámite del proceso, con el fin de darle viabilidad a la gestión jurisdiccional y asegurar la efectividad y eficiencia de la actividad procesal. Esas cargas son generalmente dispositivas, por lo que habilitan a las partes para que realicen libremente alguna actividad procesal, so pena de ver aparejadas consecuencias desfavorables en caso de omisión. Según lo ha señalado esta Corte en otros momentos, las consecuencias nocivas pueden implicar “desde la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal, hasta la pérdida del derecho material, dado que el sometimiento a las normas procedimentales o adjetivas, como formas propias del respectivo juicio, no es optativo (...)” (28) . De allí que la posibilidad de las partes de acudir a la jurisdicción para hacer efectiva la exigencia de sus derechos en un término procesal específico, o con requerimientos relacionados con la presentación de la demanda —circunstancia que se analizará con posterioridad en el caso de la prescripción y de la caducidad o de las excepciones previas acusadas—, son cargas procesales que puede válidamente determinar el legislador en los términos predichos.
18. Ahora bien, evadir los compromisos preestablecidos por las normas procesales bajo el supuesto de una imposición indebida de cargas a los asociados, no es un criterio avalado por esta corporación —salvo circunstancias muy puntuales—, en la medida en que el desconocimiento de las responsabilidades de las partes en el proceso atentaría contra los mismos derechos que dentro de él se pretenden proteger, y llevaría por el contrario, a la inmovilización del aparato encargado de administrar justicia (29) . También podría representar, una afectación significativa a su debido funcionamiento, lo que a la postre conllevaría un perjuicio al interés general. Por ende, autorizar libremente el desconocimiento de tales cargas, implicaría el absurdo de permitir que se propenda por perseguir intereses a través de la jurisdicción sin limitaciones ni restricciones procesales, incluso alegando libremente la propia culpa o negligencia (30) , perspectiva que a todas luces inadmite el derecho y que por consiguiente desestima esta corporación.
19. Conforme a lo destacado previamente, los cargos presentados por el actor contra la norma acusada, son brevemente los siguientes: i) la diferencia de trato injustificada en el manejo de la no interrupción de la prescripción y operancia de la caducidad, entre la jurisdicción administrativa y la civil; ii) La aparente falta de razonabilidad y de proporcionalidad de la norma acusada en relación con las excepciones previas de falta de jurisdicción y competencia, en la medida en que las consecuencias para el demandante son excesivamente gravosas porque no siempre es fácil determinar cuál es la jurisdicción a la que se debe acudir, o si la materia objeto de controversia está comprendida dentro de los términos del pacto arbitral; y iii) la supuesta prevalencia de lo formal sobre lo sustancial en detrimento del derecho del demandante al acceso a la justicia, porque la prosperidad de las excepciones previas enunciadas puede llegar incluso a dar lugar a la imposibilidad de hacer efectivo finalmente el derecho sustancial del actor.
20. En primera instancia, en lo concerniente a la acusación relativa a la diferencia de trato entre la jurisdicción civil y la contencioso administrativa en relación con los efectos procesales previstos ante la prosperidad de las excepciones previas acusadas, la Corte estima que tal cargo resulta en principio improcedente, en la medida en que la diferencia entre una y otra jurisdicción es indiscutible en estas materias, incluso desde sus supuestos de origen, por lo que estaríamos hablando de circunstancias plenamente diversas para una y otra jurisdicción que no nos permitirían hacer una comparación conducente en términos constitucionales.
En efecto, adelantar un test de igualdad en este caso resultaría a todas luces, desacertado, especialmente porque debe recordarse que en el ámbito contencioso administrativo las excepciones previas y de fondo se resuelven generalmente en la sentencia por disposición legal expresa, cosa que no ocurre en materia civil.
En este orden de ideas, y como bien lo ha señalado esta corporación en otras oportunidades, la comparación que puede darse por acusaciones de violación al principio de igualdad, solo puede llevarse a cabo frente a circunstancias o instituciones que reúnan las mismas condiciones y los mismos supuestos de hecho aplicables en todos sus elementos, porque la igualdad se predica entre iguales y la desigualdad entre desiguales.
21. Ahora bien, con respecto a las demás acusaciones relacionadas con: ii) la falta de razonabilidad y proporcionalidad de las cargas procesales impuestas al demandante, y iii) la prevalencia del derecho formal sobre el sustancial, es necesario tener en cuenta algunas consideraciones especiales.
En efecto, tal y como lo describió esta corporación inicialmente, el legislador puede regular temas procesales e imponer cargas a las partes, mientras respete la Constitución. En este caso, por ser la norma acusada una disposición compleja, es claro que en concreto las cargas impuestas al demandante se consolidan en dos exigencias que se pueden describir así: 1. de un lado, el deber de presentar la demanda dentro del término exigido por la ley procesal para ejercer la acción (no existir prescripción o caducidad), porque de ser así, no tendrían sentido los efectos que genera la norma acusada en la interrupción o inoperancia de las mismas; y 2. En segunda medida, la exigencia relacionada con la prosperidad o no de las excepciones previas acusadas, esto es: a) el deber de no errar en la definición de la jurisdicción (para no dar lugar a esta excepción previa de falta de jurisdicción) o; b) el deber de no errar en el alcance pleno de la cláusula compromisoria y los aspectos materiales que pueden o no ser cubiertos por ella, para no dar lugar a la excepción de compromiso. Así, cumplida la primera carga pero errada alguna de las subsiguientes por el demandante, el efecto de la norma acusada implica que no se entiende interrumpida la prescripción y opera la caducidad —en caso de que el transcurso del tiempo así lo determine—, a pesar de que se haya presentado en tiempo la demanda.
22. Para hacer un claro análisis de estas cargas impuestas al demandante, que a juicio del actor son desproporcionadas, resulta indispensable evaluar, entre otras cosas, la razonabilidad y proporcionalidad de las mismas y en especial; i) si la limitación o definición normativa persigue una finalidad que no se encuentra prohibida por el ordenamiento constitucional; ii) si la definición normativa propuesta es potencialmente adecuada para cumplir el fin estimado, y iii) si hay proporcionalidad en esa relación, esto es, que la restricción no sea manifiestamente innecesaria o claramente desproporcionada (31) , con el fin de establecer los alcances de la norma demandada y sus implicaciones constitucionales (32) . Para hacer esta evaluación, la Corte valorará la primera de las exigencias relacionadas con la prescripción y la caducidad, a fin de determinar si sus efectos son razonables o no, con relación a los derechos del demandado. Posteriormente se analizará la carga relacionada con no errar en la definición de la jurisdicción o en establecer el alcance pleno de la cláusula compromisoria y los aspectos materiales que pueden o no pueden ser cubiertos por ella, para determinar si son desproporcionadas o no, con fundamento en las críticas de la demanda.
Por estas razones, la prescripción y la caducidad (33) —fenómenos de origen legal cuyas características y efectos debe indicar el legislador—, permiten determinar con claridad los límites temporales de estas exigencias procesales.
La prescripción, como institución de manifiesta trascendencia en el ámbito jurídico, ha tenido habitualmente dos implicaciones: de un lado ha significado un modo de adquirir el dominio por el paso del tiempo (adquisitiva), y del otro, se ha constituido en un modo de extinguir la acción (entendida como acceso a la jurisdicción), cuando con el transcurso del tiempo no se ha ejercido oportunamente la actividad procesal que permita hacer exigible un derecho ante los jueces (34) . A este segundo tipo de prescripción es al que hace referencia, la norma acusada.
Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (35) ha reconocido que:
“El fin de la prescripción es tener extinguido un derecho que, por no haberse ejercitado, se puede presumir que el titular lo ha abandonado; (...) Por ello en la prescripción se tiene en cuenta la razón subjetiva del no ejercicio, o sea la negligencia real o supuesta del titular;”.
Como ya se enunció previamente, esta figura crea una verdadera carga procesal, en tanto que establece una conducta facultativa para el demandante de presentar su acción en el término que le concede la ley so pena de perder su derecho. Su falta de ejecución genera consecuencias negativas para este, que en principio resultan válidas pues es su propia negligencia la que finalmente permite o conlleva la pérdida del derecho. De allí que si el titular no acude a la jurisdicción en el tiempo previsto por las normas procesales para hacerlo exigible ante los jueces, por no ejercer oportunamente su potestad dispositiva, puede correr el riesgo serio de no poder reclamar su derecho por vía procesal, e incluso de perderlo de manera definitiva.
Ahora bien, una característica de la prescripción es que el juez no puede reconocerla de oficio (CPC, art. 306), sino que tiene que ser alegada por el demandado como excepción. Sin embargo, el demandado puede no presentar la excepción correspondiente y en consecuencia, el proceso logra continuar normalmente bajo el ejercicio de la acción generada por el demandante. La otra posibilidad procesal frente a ella, es que el demandado alegue la prescripción correspondiente, —lo que ocurre en la mayoría de los casos—, evento en el cual la exigibilidad del derecho sustancial por vía jurisdiccional resulta improcedente y así lo debe considerar el juez de la causa.
El interés del legislador, al atribuirle estas consecuencias al paso del tiempo, es entonces el de asegurar que en un plazo máximo señalado perentoriamente por la ley, se ejerzan las actividades que permitan acudir a quien se encuentra en el tránsito jurídico, a la jurisdicción, a fin de no dejar el ejercicio de los derechos sometidos a la indefinición, en detrimento de la seguridad procesal tanto para el demandante como el demandado. De prosperar entonces la prescripción extintiva por la inactivación de la jurisdicción por parte de quien tenía la carga procesal de mover el aparato jurisdiccional en los términos previstos, es evidente que aunque el derecho sustancial subsista como obligación natural acorde a nuestra doctrina, lo cierto es que este no podrá ser exigido legítimamente ante la jurisdicción, por lo que en la práctica ello puede implicar ciertamente la pérdida real del derecho sustancial.
La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (36) en lo concerniente a esta figura procesal, ha reconocido que:
“(...) el fin de la caducidad es preestablecer el tiempo en el cual el derecho puede ser útilmente ejercitado; (...) la caducidad se considera únicamente el hecho objetivo de la falta de ejercicio dentro del término prefijado, prescindiendo de la razón subjetiva, negligencia del titular, y aun la imposibilidad del hecho”.
“(...) es menester entender primeramente que el fundamento de aquella (la caducidad) estriba en la necesidad de dotar de certidumbre a ciertas situaciones o relaciones jurídicas para que alcancen certeza en términos razonables, de modo que quienes están expuestos al obrar del interesado (sobre quien pesa la carga de actuar so pena de expirar el derecho de acción), sepan si esto habrá o no de ocurrir” (37) .
26. En el caso que nos ocupa, sin embargo, las circunstancias expuestas por el actor en el evento concreto del artículo 91 del Código de Procedimiento Civil, implican una excepción al mandato general de la interrupción de la prescripción y no operancia de la caducidad con la presentación de la demanda prevista en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.
Efectivamente, el numeral 2º del artículo 91 del Código de Procedimiento Civil acusado, tiene como razón de ser, el interés del legislador de establecer —en circunstancias estimadas como singulares—, límites al ejercicio de los derechos de los asociados a fin de asegurar de manera efectiva la seguridad jurídica y la no prolongación indefinida de los litigios en situaciones que se estiman presuntamente claras y objetivamente razonables para las partes, de manera tal que incurrir en ellas conlleva la exclusión de la garantía prevista en el artículo 90 del estatuto procesal civil señalado.
27. Hasta este punto ha sido claro para esta corporación, que es querer del legislador asegurar que el demandante presente su acción en tiempo a fin de proteger la seguridad jurídica y evitar la indefinición en la exigencia de los derechos sustanciales entre las partes; fundamentos perfectamente válidos desde la perspectiva constitucional, en la medida en que consolidan el derecho al debido proceso y el acceso a la justicia.
Sin embargo, también es evidente que el legislador exceptúa esta regla general, en el evento en que prosperen las excepciones previas acusadas. La pregunta que se hace la Corte entonces, es ¿por qué si el demandante ha presentado en tiempo su actuación y cumplido la primera carga, el error en la segunda, genera los efectos jurídicos descritos? ¿Puede considerarse desproporcionado para el demandante como lo afirma el actor, este tipo de resultado normativo, cuando su actuación ha sido diligente?
28. Precisamente, en lo concerniente a la excepción de falta de jurisdicción podemos señalar de manera preliminar, que conforme a la Constitución actual, pueden ser entendidas como “jurisdicciones” (38) en sentido lato: la ordinaria, la contencioso-administrativa, la constitucional, la especial (la de indígenas y jueces de paz), la coactiva y la penal militar, sin ser esta una enumeración excluyente. Además, el Consejo Superior de la Judicatura —ente competente para resolver los conflictos entre jurisdicciones—, ha afirmado en este sentido que:
“Desde el punto de vista de la naturaleza o del tipo de relaciones reguladas normativamente, se distinguen dentro de la jurisdicción ordinaria las que se refieren a ramas o áreas del derecho como son la civil, de familia, agraria, laboral, etc., las cuales constituyen especialidades de esa determinada jurisdicción y no jurisdicciones independientes, habida cuenta de que integran una misma jurisdicción” (39) .
Los conflictos a los que hace alusión la excepción de falta de jurisdicción acusada, por consiguiente, no serían aquellos que se dan al interior de la jurisdicción ordinaria, en la medida en que estos serían considerados como conflictos de competencia (40) y especialidades, sino aquellos que primordialmente ocurren entre las diversas jurisdicciones enunciadas, v. gr. entre la ordinaria y la contencioso-administrativa; la ordinaria y la indígena o la ordinaria, y los jueces de paz, entre otras. Nótese además que los árbitros configuran otro tipo de jurisdicción, de allí que también puedan registrarse entre ellos y la jurisdicción ordinaria o contenciosa, otros conflictos de esta naturaleza.
29. La excepción de compromiso o cláusula compromisoria es una excepción que surge o se origina del pacto previo establecido entre las partes, tendiente a someter el contrato o convenio suscrito entre ellas, a la resolución de un tribunal de arbitramento, bajo un procedimiento y condiciones señalado en el contrato. Así, resulta aparentemente claro que si las partes voluntariamente se han sometido a este mecanismo de resolución de conflictos conocido de antemano por ellas, deba ser esa la instancia ante la cual se resuelva el debate jurídico por lo que podría considerarse infundado, que ellas mismas desconozcan la cláusula correspondiente y acudan a la jurisdicción ordinaria para la solución de su controversia.
Por consiguiente, la excepción descrita le permite al demandado alegar la existencia de esta cláusula dentro del proceso, a fin de desvirtuar la competencia funcional del juez ordinario para conocer del asunto, y llevar el conflicto a instancias del tribunal de arbitramento previamente pactado para el efecto.
31. Una vez reconocido el alcance general de estas excepciones y del efecto establecido por la ley civil ante su prosperidad judicial, esta Corte reconoce que el fundamento o fin de su existencia se deriva del querer del legislador de asegurar dos objetivos específicos: a) la búsqueda de la eficacia de la justicia, en la medida en que ante factores tan aparentemente objetivos desde un punto de vista abstracto, establecer estas cargas permite asegurar que no se pierdan recursos necesarios del sistema jurisdiccional en procesos que tienen otro juez de conocimiento y, lograr a su vez que el tiempo de conocimiento de una causa no se extienda innecesariamente, en trámites encausados indebidamente por negligencia del demandante. No olvidemos que la eficacia y eficiencia del acceso a la justicia, son garantías que constitucionalmente debe asegurar el legislador, y b) El segundo elemento que justifica el establecimiento de estas excepciones como carga impuesta al demandante, es el interés de proteger al demandado, a fin de que su situación no quede indefinida en el derecho por error del demandante y sea resuelta a través de los medios procesales conducentes. El objetivo es asegurar la seguridad jurídica. De allí que la prosperidad de las excepciones acusadas permita premiar, de alguna forma, al sujeto pasivo de la acción que ha actuado diligentemente al ejercer las excepciones que le correspondían, y sancionar la actuación errada y presuntamente negligente del demandante.
32. Para esta corporación las razones de la imposición normativa de las cargas enunciadas y de sus efectos, resultan hasta aquí, en principio, fundadas constitucionalmente. De hecho, responden a un fin válido acorde a la Carta, en la medida en que establecen criterios para configurar el debido proceso y el acceso a la justicia, aseguran la seguridad jurídica y la eficacia de la justicia al imponer tiempos específicos para el conocimiento de las causas y protegen al demandado ante actuaciones indebidas del demandante. A su vez, resultan ser cargas adecuadas para el fin propuesto, en la medida en que le dan atribuciones al demandado para su defensa y efectos negativos al demandante que resultan motivados, en razón de su error o negligencia.
Sin embargo, la Corte en este sentido debe preguntarse lo siguiente: ¿son proporcionales estas cargas respecto de los derechos del demandante al acceso a la administración de justicia y debido proceso? Lo cierto es que la premisa de la que se ha partido hasta el momento, es decir de la aparente objetividad en la determinación de la jurisdicción y del conocimiento de todos los contenidos de la cláusula compromisoria tanto para demandante como para demandado, que harían suponer la justificación del efecto de la norma acusada ante el craso error del demandante o su evidente negligencia por la indebida selección de la jurisdicción o alcance del compromiso, es una presunción de objetividad que para la Corte no se compadece de los conflictos que subsisten en concreto sobre estos temas y que hacen necesaria una reflexión adicional.
Ejemplos de esta dicotomía y de las controversias no siempre pacíficas entre jurisdicciones, pueden ser entre otros, los siguientes: i) En el derecho laboral, es frecuente el debate que se genera entre la jurisdicción ordinaria y la contencioso administrativa, debido a las dificultades que se dan en ocasiones, para establecer la naturaleza del vínculo laboral del empleado público, que se estima trabajador oficial, o viceversa. Esta falta de claridad puede finalizar con la pérdida del derecho de acción ante la jurisdicción competente, especialmente si la controversia tiene relación con actos administrativos. ii) En materia de procesos de ejecución, por ejemplo, antes de la Ley 80 de 1993, estos correspondían a la justicia civil, con excepción de los que tramitaban por jurisdicción coactiva; ahora la jurisprudencia ha señalado que el cobro ejecutivo de los créditos que tenga origen directo o indirecto en todos los negocios estatales, consten en títulos judiciales o extrajudiciales, son del resorte de esa jurisdicción (41) . Algunos, por el contrario, limitan específicamente esta atribución a los cobros ejecutivos fundados en controversias contractuales, de lo que puede concluirse que perviven las diferencias doctrinales sobre el punto. iii) Finalmente, existen a su vez dicotomías en lo concerniente al alcance de la jurisdicción especial de la Superintendencia de Sociedades en procesos concursales y la jurisdicción ordinaria. En ese sentido, existen diferentes consideraciones respecto a la competencia ordinaria para conocer de procesos específicos no incluidos en el proceso concursal respectivo, por lo que podemos concluir que en estos aspectos también hay posiciones encontradas respecto a la jurisdicción correspondiente.
34. Por otra parte, en lo concerniente a la excepción de cláusula compromisoria, las supuestas claridades que deberían existir sobre el tema tampoco son tan evidentes ni objetivas. Existen diferencias jurisprudenciales y doctrinales serias sobre la existencia y alcance de esta cláusula, que enuncian una complejidad innegable para el demandante respecto a las reglas que debe seguir para hacer efectiva su causa. Por ejemplo, en materia de arbitramento, perviven las diferencias jurisprudenciales sobre el alcance de los fallos arbitrales en el ámbito de la contratación pública. Inicialmente se dijo que la cláusula compromisoria pactada en los contratos administrativos permitía a los árbitros resolver los conflictos contractuales que se suscitaran, conforme a la naturaleza del compromiso, en atención a lo predicho en la Ley 80 de 1993. Sin embargo, posteriormente se dijo que los árbitros nombrados para resolver los conflictos suscitados con ocasión de la celebración, el desarrollo y terminación de los contratos suscritos entre el Estado y los particulares, no tenían competencia para pronunciarse sobre los actos dictados por la administración en atención a sus poderes exorbitantes (42) . En esos términos, parecía que los contratos así celebrados solo podían ser sometidos a arbitramento en lo concerniente a los efectos de los actos administrativos, pero no en lo referente a la validez jurídica de los actos en sí mismos considerados. Con todo, posteriormente se señaló por la jurisprudencia, que ese fraccionamiento de la jurisdicción en los términos indicados cuando existía cláusula compromisoria era inaceptable, y que por consiguiente el juez contencioso administrativo también podía pronunciarse sobre los efectos del acto administrativo y no solo sobre la legalidad del acto (43) . De allí que pueda concluirse que no siempre existe una claridad en el tema de la operatividad y alcance de la cláusula compromisoria y de los temas que sobre ella son de la esfera ordinaria y arbitral.
35. Por consiguiente, el interrogante de la Corte se concentra en determinar si el demandante diligente que ha ejercido su acción jurisdiccional en tiempo, debe asumir una carga que en principio no depende de él, porque hay divergencias doctrinales y jurisprudenciales en la interpretación de las excepciones, que puede conllevar la pérdida efectiva de sus derechos. Como se dijo, si el demandante ha ejercido su derecho de acción en tiempo, el fenómeno de la incongruencia relacionada con el alcance de las excepciones previas enunciadas, no puede serle necesariamente imputado directamente a su conducta, por lo que la pérdida eventual de su derecho sustancial por estas razones —al no interrumpirse la prescripción y operar la caducidad—, sí significa un menoscabo desproporcionado de sus derechos.
En efecto, ante la falta de jurisdicción o cláusula compromisoria, existen varias opciones que deben ser tenidas en cuenta no solo por el demandante sino por los operadores jurídicos cuando se interpone la demanda ante una jurisdicción específica. Por ejemplo: i) el juez de conocimiento puede, ante la actuación presentada, ejercer su potestad de rechazarla, por carecer la acción claramente de jurisdicción (44) . Si no lo hace, es esencialmente porque cree que tiene competencia funcional por alguna razón, y en consecuencia, al ser el “error” del demandante prácticamente reafirmado por el juez, no resulta pertinente pensar que la actuación del primero fue abiertamente negligente por este concepto. ii) Igualmente, la jurisprudencia ha reconocido que acorde con el artículo 256-6 de la Constitución Nacional, corresponde al Consejo Superior de la Judicatura dirimir los conflictos de conocimiento que se generen entre las diferentes jurisdicciones. Es evidente, sin embargo, que este tipo de conflicto solo se suscita cuando así lo entiende el órgano jurisdiccional que tiene que fallar. Por ende, si no se expresa la existencia de este conflicto y no se activa la competencia del Consejo Superior de la Judicatura, el demandante no puede activarla procesalmente tampoco. Por lo tanto, cuando indebidamente una jurisdicción estima que un asunto es de su competencia y asume su conocimiento, no queda otra posibilidad procesal para el demandante que esperar pacientemente a la decisión del juez que asumió el proceso, a fin de que defina si puede o no conocer de fondo, con el riesgo de que al final declare probadas las excepciones acusadas con los efectos que aquí hemos indicado.
36. Otro aspecto que afecta indiscutiblemente la proporcionalidad de la norma acusada frente a la actuación efectiva del demandante diligente, es igualmente la demora natural y actual que existe en la jurisdicción para la resolución de este tipo de excepciones, teniendo en cuenta la magnitud de procesos en curso. En efecto, si la actuación judicial pudiera ser relativamente rápida en la definición de la potestad para conocer o no de un proceso o de su competencia para analizar el alcance pleno de la cláusula compromisoria, la exigencia impuesta al actor no sería tan gravosa, en la medida en que el demandante podría acudir en un término razonable a la jurisdicción correspondiente, sin que eso le significara la pérdida de un derecho. La asunción de la responsabilidad de instaurar el proceso ante el juez correspondiente en un tiempo relativamente corto, no sería en principio, desproporcionado.
Sin embargo, es un hecho notorio que este tipo de definiciones sí pueden implicar un transcurso de tiempo considerable ante la jurisdicción, circunstancia que aunada a la ausencia de claridad en el alcance de las excepciones previas, contribuye a que la carga impuesta al demandante sea especialmente gravosa para él. Es que, bajo estos supuestos, pueden pasar eventualmente los siguientes fenómenos que sirven para ilustrar cómo se conjugan muchos factores relativos a las cargas impuestas al demandante, que pueden hacer en definitiva muy gravosa su situación final, así: i) el demandante diligente presenta en tiempo su demanda; ii) lo hace ante la jurisdicción que presuntamente es la que le corresponde, aunque existe debate jurisprudencial o doctrinal sobre el punto; iii) el juez admite la demandada por creerse aparentemente competente; iv) ante la demora efectiva de los procesos judiciales, la respuesta se da en un plazo superior al de la caducidad de la acción o al de la prescripción; v) el juez declara finalmente probadas las excepciones de falta de jurisdicción o cláusula compromisoria y termina el proceso; vi) en este caso se da la operatividad plena de la norma acusada, y por consiguiente, la pérdida del derecho sustancial del demandante.
37. En ese sentido y acorde con la jurisprudencia de esta corporación, es evidente que “un derecho se coarta no solo cuando expresamente o de manera abierta se impide u obstruye su ejercicio, sino, de igual modo, cuando de alguna manera y a través de diferentes medios, se imponen condicionamientos o exigencias que anulan o dificultan en extremo la posibilidad de su ejercicio o la forma para hacerlo efectivo” (45) . En este caso, teniendo en cuenta que el alcance de las excepciones acusadas no es claro jurisprudencial y doctrinalmente para las partes en el proceso —en ocasiones ni siquiera para el mismo juez—, y que debido a la congestión judicial la respuesta del fallador puede darse una vez superado el plazo posible para acudir procesalmente a la jurisdicción competente, es claro que la carga que se le impone al demandante de acertar plenamente en la definición de la jurisdicción y en el alcance de la cláusula compromisoria y lograr que se interrumpa la prescripción y no opere la caducidad, es una carga desproporcionada que hace recaer en el demandante todo el peso de las divergencias que sobre la materia se suscitan en el ordenamiento jurídico. Ello es más grave aun, si se tiene en cuenta que de prosperar la caducidad o la prescripción durante el trámite, el acceso a la justicia como mecanismo procesal conducente a una decisión final sobre los derechos del demandante, puede ser considerado prácticamente como un derecho inexistente y totalmente ineficaz para quien inició la acción, no solo porque finalmente no logró una decisión definitiva —por una responsabilidad no estrictamente imputable, a su inactividad—, sino porque además perdió los derechos sustanciales que le correspondía exigir, a pesar de haber ejercitado en tiempo su acción. Esta situación contradice abiertamente, en consecuencia, los postulados fundamentales de los artículos 29, 83 y 229 de la Constitución Política, en cuanto destruye las posibilidades de un debido proceso para el demandante y además obstaculiza su efectivo acceso a la administración de justicia (46) .
En ese orden de ideas, esta corporación recuerda, tal y como lo señaló la Sentencia C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil, que:
“en manera alguna busca desconocer o debilitar el papel protagónico que cumplen las reglas de procedimiento en la ordenación y preservación del derecho de acceso a la justicia, ni contrariar el amplio margen de interpretación que el propio orden jurídico le reconoce a las autoridades judiciales para el logro de sus funciones públicas. Por su intermedio, lo que se pretende es armonizar y racionalizar el ejercicio de tales prerrogativas, evitando que los criterios de aplicación de la ley, excesivamente formalistas, en cierta medida injustificados o contrarios al espíritu o finalidad de las normas aplicables, puedan convertirse en un obstáculo insuperable que terminen por hacer nugatorio el precitado derecho a la protección judicial y, por su intermedio, el desconocimiento de valores superiores (47) como el acceso a la justicia, el debido proceso y la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal”.
38. Ahora bien, acorde con la doctrina constitucional actual es posible que ante la prosperidad del cargo presentado por el actor, este tribunal tenga dos opciones: i) o bien interpretar la norma acusada en un sentido que permita mantener su vigencia constitucional —garantizando el principio democrático si ello es posible—, o ii) retirar del ordenamiento jurídico la disposición, por afectar gravosamente los derechos constitucionales del demandante.
Es pertinente resaltar, referente a esta reflexión, que el actor presentó como criterio subsidiario en su demanda, la solicitud de exequibilidad condicionada de la norma acusada, en el sentido de que se entienda que a “la terminación del proceso por la declaratoria de la excepción previa de compromiso o cláusula compromisoria no interrumpe la prescripción si el demandante no actuó diligentemente, esto es, que si actuó con diligencia ha de interrumpirse la prescripción”.
El condicionamiento que propone el actor, sin embargo, resulta para esta corporación inadmisible, en la medida en que impone una carga de valoración adicional a los jueces de conocimiento, que no solo implica un trámite probatorio previo y complejo, sino que lejos de propender por afirmar la seguridad jurídica y protección de los derechos de las partes —especialmente del demandante—, implica una facultad discrecional excesiva para los jueces de conocimiento, que puede desequilibrar las cargas procesales relacionadas con el acceso a la justicia.
39. Entonces, bajo estos supuestos, ¿debe ser declarada inexequible sin más, la norma acusada? Ante una respuesta positiva pueden plantearse en principio dos objeciones significativas: i) afirmar que la eliminación de la norma acusada por inconstitucional, con fundamento en la falta de proporcionalidad de la carga frente al demandante, puede ser a la larga un estímulo para que los sujetos activos procesales de acceder a la jurisdicción sin la mínima diligencia debida. Esta percepción se fundaría en que la pretensión jurídica de asegurar la celeridad procesal y la eficiencia en la jurisdicción se perdería, al permitir al demandante el libre acceso a la jurisdicción sin mayores restricciones procesales en caso de error en la designación de la jurisdicción o alcance de la cláusula compromisoria.
Frente a esta crítica, la Corte estima con fundamento en el principio de buena fe constitucional, que no es razonable pensar que un demandante decida acudir a una jurisdicción que no le corresponde, por la mera liberalidad de extender en el tiempo un proceso judicial. Nótese especialmente que el interés prima facie de un demandante es el de hacer efectivo en el menor tiempo posible su derecho sustancial, por lo que un estímulo semejante no parece desprenderse manifiestamente de las consecuencias de esta sentencia. Con todo, es evidente que el juez de la causa, como árbitro del ejercicio procesal entre las partes, tendrá siempre la potestad de rechazar la demanda ante la utilización impropia del derecho de acción, por lo que podrá siempre dirigir la actuación ante la jurisdicción o el trámite conducente. En este sentido debe notarse que lo que compete a esta corporación, es impedir sanciones desproporcionadas para alguna de las partes en el proceso, que como se ha visto, en este caso afectan gravemente los derechos sustanciales del demandante. El proceso en consecuencia, no se afectaría desproporcionadamente, en la medida en que el juez de conocimiento siempre tendría una potestad para definir, si es del caso, el alcance de las atribuciones del actor.
El segundo aspecto que podría ser censurado con respecto a la inexequibilidad plena de la norma acusada —crítica última que la Corte estima fundada como se verá más adelante—, es que: ii) la interrupción de la prescripción y no operancia de la caducidad ante las excepciones formuladas, de desaparecer plenamente la norma indicada, conduce a que el demandado quede en la incertidumbre. Nótese en efecto, que como la demanda fue admitida y en principio la norma acusada desaparece, entonces, al prosperar la excepción de falta de jurisdicción o de cláusula compromisoria, el juez debe declarar terminado el proceso. El problema es que la prescripción sigue interrumpida y no opera la caducidad, dado que la demanda había sido admitida. Ello conduce a que el demandado quede al arbitrio del demandante, ya que se expone a que su causa quede sin un término definitivo de prescripción o caducidad en ese caso. Además, queda sometido incluso a que el demandante acuda a una u otra jurisdicción y logre siempre la interrupción de la prescripción y no operancia de la caducidad, sin que exista un término o una sanción ante su falta de diligencia y cuidado. Como se ve, una decisión de inexequibilidad plena que permita la supresión definitiva de la norma acusada, ciertamente puede llevar a la vulneración de los derechos procesales del demandado y a perturbar su seguridad jurídica. Pero la vigencia plena de la norma, sigue siendo desproporcionada para los derechos del demandante y contraria a su derecho al acceso a la administración de justicia.
40. Entonces, ¿qué puede hacer la Corte cuando reconoce la inconstitucionalidad de una norma, pero su declaratoria puede llegar a afectar a una de las partes de manera tan gravosa que a la larga el efecto de la sentencia puede comprometer, como en este caso, los derechos del demandado?
Para responder ese interrogante, la doctrina definida por esta corporación (48) ha reconocido que el juez constitucional, puede adoptar la modalidad de sentencia que mejor le permita asegurar la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en la medida en que no está sometido irremediablemente al dilema de mantener o retirar íntegramente una norma del ordenamiento jurídico en forma inmediata, puesto que la Carta simplemente ha establecido que a la Corte compete “decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes” (C.P., 241, ord. 4º), y en tal decisión, puede efectivamente modular sus sentencias.
En ese sentido, si la decisión de inconstitucionalidad inmediata acarrea inevitablemente un escenario complejo desde el punto de vista de los principios y valores constitucionales, ¿qué tipo de sentencia debería proferir esta corporación en ejercicio de su deber de decidir respetando los principios constitucionales, cuando constata que una regulación es inconstitucional, pero que no es posible retirarla del ordenamiento por cuanto la decisión de inexequibilidad generaría un vacío legal, que es constitucionalmente grave? (49) .
La respuesta a este interrogante tanto para el constitucionalismo comparado como para la doctrina de la Corte (50) , ha permitido afirmar que, en esas circunstancias, el juez constitucional tiene dos posibilidades para modular el efecto de su fallo y garantizar la integridad y supremacía de la Carta (51) : i) puede recurrir a una inconstitucionalidad diferida, o constitucionalidad temporal, a fin de establecer un plazo prudencial para que el legislador corrija la inconstitucionalidad que ha sido constatada (52) y, ii) puede ser la Corte quien llene ella misma el vacío legal que produce la declaración de inexequibilidad de la disposición acusada, por medio de una modalidad de sentencia integradora (53) , que permita una respuesta constitucional al vacío de regulación, mediante un nuevo precepto “que la sentencia integra al sistema jurídico, proyectando directamente los mandatos constitucionales en el ordenamiento legal” (54) .
Para determinar en qué casos una sentencia debe ser integradora y en qué casos debe ser diferida, esta corporación señaló en la Sentencia C-141 de 2001, M.P. Alejandro Martínez Caballero, que:
“En anterior oportunidad (55) , esta Corte concluyó que aunque no existen reglas simples al respecto, el punto decisivo es el siguiente: si el mantenimiento de la disposición inconstitucional no es particularmente lesivo de los valores superiores, y el legislador goza de múltiples opciones de regulación de la materia, entonces es preferible otorgar un plazo prudencial al Congreso para que corrija la situación inconstitucional, ya que en tal evento, una sentencia integradora afecta desproporcionadamente el principio democrático (C.P., art. 3º) pues el tribunal constitucional estaría limitando la libertad de configuración del legislador. Por el contrario, es deseable una sentencia integradora en aquellas situaciones en donde la Constitución impone una solución clara a un determinado asunto, o es imposible mantener en el ordenamiento la disposición acusada sin causar un grave perjuicio a los valores constitucionales” (las negrillas no están en el texto original).
En el presente caso, es claro que la alternativa adecuada es recurrir a una decisión integradora que sustituya temporalmente el vacío jurídico producto de la inexequibilidad de la norma, por cuanto esta en concreto, no se puede mantener en el ordenamiento sin involucrar la imposición de una carga altamente gravosa a los derechos sustanciales del demandante y tampoco puede eliminarse sin más, en la medida en que resulta imprescindible limitar la liberalidad del demandante en el ejercicio de sus derechos frente al demandado, en especial con relación a la posibilidad de una interrupción permanente de la prescripción y la caducidad debido a los errores del demandante.
Lo que se pretende es que en los términos del artículo 85 del Código de Procedimiento Civil se le dé al tema de la jurisdicción, el mismo tratamiento que en el caso de rechazo de la demanda se deriva de la falta de competencia en materia civil, circunstancia esta última que con precisión ha sido clarificada por la legislación, la doctrina y la jurisprudencia. De allí que, un tratamiento de esta naturaleza en el caso de la jurisdicción, signifique para las partes y para el engranaje jurídico, certidumbre de la calidad respecto de quién debe ser el juez de la causa, generando confianza judicial para los intervinientes en un proceso, sin afectar los derechos del demandante y sin extender en el tiempo sus atribuciones en detrimento de los derechos del demandado. Evidentemente, por ser esta una decisión integradora, y una materia en la cual sin duda el legislador sigue gozando de la libertad de configuración, esta determinación regirá exclusivamente hasta tanto el legislador no resuelva de otra forma la disyuntiva legal existente.
42. En caso de prosperidad de la excepción de cláusula compromisoria o compromiso, ante la inexequibilidad de la norma acusada, el juez de conocimiento que estime probada la excepción, deberá señalar un término razonable para la integración del tribunal de arbitramento, teniendo en cuenta para ello factores económicos, de interés de las partes, de prescripción y caducidad de los derechos, etc., de manera tal que una vez trabada la controversia y definida la jurisdicción, las partes encuentren claridad en los límites temporales a la definición de sus derechos. Nótese que este límite temporal fijado por decisión judicial, no es ajeno a la legislación civil, ya que en el artículo 119 del Código de Procedimiento Civil, este estatuto prevé posibilidad para el juez de establecer términos, por expresa habilitación legal.
Con todo, si pasado el tiempo prudencial fijado por el juez, y las partes —esto es cualquiera de ellas o ambas—, no convocan el tribunal de arbitramento como corresponde, es evidente que el efecto interruptor de la prescripción y de la no operancia de la caducidad cesa para el demandante, en beneficio del demandado.
1. Declarar INEXEQUIBLE el numeral 2º del artículo 91 del Código de Procedimiento Civil, tal y como fue modificado por el artículo 11 de la Ley 794 de 2003, en cuanto se refiere a la excepción de falta de jurisdicción prevista en el numeral 1º del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil. En este caso, en el mismo auto, el juez ordenará remitir el expediente al juez que considere competente, mientras el legislador no regule de manera distinta el tema.
2. Declarar INEXEQUIBLE el numeral 2º del artículo 91 del Código de Procedimiento Civil, tal como fue modificado por el artículo 11 de la Ley 794 de 2003, en cuanto se refiere a la excepción de compromiso o cláusula compromisoria prevista en el numeral 3º del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil. En este caso, en el mismo auto, el juez señalará un plazo judicial razonable para que las partes inicien el trámite de integración del correspondiente tribunal de arbitramento, mientras el legislador no regule de manera distinta el tema.
(1) Corte Constitucional. Sentencia C-320 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(2) Corte Constitucional. Sentencia T-001 de 1993, M.P. Jaime Sanín Greiffestein.
(3) Corte Constitucional. Sentencia C-095 de 2001, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Ver también Sentencia C-316 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(4) Corte Constitucional. Sentencia C-562 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(5) Ver entre otras las sentencias C-742 de 1999, C-384 de 2000, C-803 de 2000, C-591 de 2000, C-596 de 2000, C-1717 de 2000, C-680 de 1998.
(6) Corte Constitucional. Sentencia C-1104 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas.
(7) Corte Constitucional. Sentencia C-309 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(8) Corte Constitucional. Sentencia C-204 de 2001, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(9) Corte Constitucional. Sentencias C-728 de 2000 y C-1104 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas, entre otras.
(10) Corte Constitucional. Sentencia C-1512 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(11) Corte Constitucional. Sentencias C-1104 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas y C-1512 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(12) Corte Constitucional. Sentencia C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(13) Corte Constitucional. Sentencia C-346 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
(14) Corte Constitucional. Sentencia T-323 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(15) (Corte Constitucional. Sentencia C-327 de 1997, M.P. Fabio Morón).
(16) Corte Constitucional. Sentencia C-1512 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(17) V. gr. artículos 7º y 8º, Declaración universal de derechos humanos; artículo 14, Pacto internacional de derechos civiles y políticos; artículos 1.1 y 8.8, Convención americana sobre derechos humanos, Pacto de San José de Costa Rica, entre otros.
(18) Ver las sentencias T-006 de 1992, C-059 de 1993, T-538 de 1994, C-037 de 1996, C-215 de 1999 y C 1195 de 2001, entre otras.
(19) Corte Constitucional. Sentencia C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(21) (Corte Constitucional. Sentencia C-1195 de 2001. MM.PP. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra).
(22) Corte Constitucional. Sentencia C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(23) (Corte Constitucional. Sentencia T-173 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
(24) (Corte Constitucional. Sentencias T-006 de 1992, T-597 de 1992, T-348 de 1993, T-236 de 1993, T-275 de 1993 y T-004 de 1995, entre otras).
(25) Corte Constitucional. Sentencia C-095 de 2001, M.P. José Gregorio Hernández.
(26) Corte Constitucional. Sentencia C-1512 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(27) Sala de Casación Civil, M.P. Horacio Montoya Gil, auto del 17 de septiembre de 1985, que resolvió una reposición, Gaceta Judicial, tomo CLXXX - Nº 2419, Bogotá, Colombia, año de 1985, página 427.
(28) Corte Constitucional. Sentencia C-1512 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(29) Corte Constitucional. Sentencia C-1104 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas.
(30) Corte Constitucional. Sentencia C-1512 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(31) Corte Constitucional. Sentencia C-624 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(32) Corte Constitucional. Sentencia C-333 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(33) Corte Constitucional. Sentencia C-666 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(34) Artículos 2535 a 2545 del Código Civil.
(35) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de noviembre 8 de 1999, expediente 6185, M.P. Jorge Santos Ballesteros.
(36) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de noviembre 8 de 1999, expediente 6185, M.P. Jorge Santos Ballesteros.
(37) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, expediente 6054. Sentencia de septiembre 23 de 2002.
(38) Consejo Superior de la Judicatura. Auto enero 25 de 1993, M.P. Álvaro Echeverri Uruburo.
(40) Código de Procedimiento Civil, artículo 28.
(41) Consejo de Estado. Providencia de noviembre 29 de 1994, expediente S-414, M.P. Guillermo Chaín.
(42) Corte Constitucional. Sentencia C-1436 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
(43) Consejo de Estado. Sentencia de junio 16 de 1997, expediente 10882, M.P. Juan de Dios Montes.
(44) Artículo 85 del Código de Procedimiento Civil.
(45) Corte Constitucional. Sentencia C-346 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
(46) Corte Constitucional. Sentencia C-666 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(47) Corte Constitucional. Sentencia C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(48) Ver Sentencia C-141 de 2001, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(49) Ver Sentencia C-141 de 2001, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(50) Ver sentencias C-221 de 1997 y C-112 de 2000.
(51) Ver Sentencia C-141 de 2001, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(52) Ver la Sentencia C-221 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Ver igualmente la Sentencia C-700 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(53) Sobre los fundamentos y el sentido de las decisiones integradoras, ver la Sentencia C-109 de 1995, fundamentos 17 y siguientes.
(54) Ver Sentencia C-141 de 2001, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(55) (Ver Sentencia C-112 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero).
En efecto, la providencia en cuestión decidió declarar inexequible la norma demandada en cuanto se refería a las excepciones de falta de jurisdicción —CPC, art. 97, num. 1º— y existencia de compromiso o cláusula compromisoria —CPC, art. 97, num. 3º—, por cuanto la mayoría consideró desproporcionado e irrazonable que dichas circunstancias no interrumpieran la prescripción y dieran lugar a la caducidad de la acción judicial.
El artículo 91 del Código de Procedimiento Civil —tal como fue modificado por el artículo 11 de la Ley 794 de 2003— establece que la prescripción no se considerará interrumpida y operará la caducidad, entre otras circunstancias, cuando —num. 2º— el proceso termine por haber prosperado algunas de las excepciones mencionadas en el numeral 7º del artículo 99 del Código de Procedimiento Civil, que, a su vez, son las excepciones previas mencionadas en los numerales 1º, 3º, 4º, 5º, 6º y 10 del artículo 97, entre las cuales se encuentran la de —num. 1º— falta de jurisdicción y la de —num. 3º— existencia de compromiso o cláusula compromisoria.
Para la Corte, dicha consecuencia carece de justificación a la luz del derecho al acceso a la administración de justicia y de la preponderancia del derecho sustancial sobre el formal, porque desprotege al actor cuya demanda no puede ser tramitada por falta de jurisdicción o por existencia de compromiso o cláusula compromisoria. En desarrollo de dicha consideración, la Corte agrega que una medida semejante es desproporcionada pues vierte sobre el demandante las consecuencias desfavorables de los procesos que se dilatan sin término y de las contradicciones jurídico-procesales que subsisten a la base de la definición de la jurisdicción competente y de las materias que pueden ser sometidas a un tribunal arbitral.
Contrario a lo señalado por la decisión mayoritaria, mi posición es que la consecuencia frente a la prosperidad de las excepciones previas consignadas en el artículo 97 del Código de Procedimiento Civil no era ni desproporcionada ni irrazonable, concretamente porque estaba diseñada para proteger principios y garantías procesales y sustanciales, si no iguales, por lo menos equivalentes a los que se invocaron como atacados.
Ahora bien, podría argüirse, como lo hace la providencia de la cual me aparto, que aun sobre la base de admitir las bondades de la prescripción y de la caducidad, resulta desproporcionado que dicha consecuencia opere únicamente cuando prosperen las excepciones previas de falta de jurisdicción y de existencia de compromiso o cláusula compromisoria, lo cual demostraría que en estos casos el legislador fue más severo con el demandante que cuando prosperan otro tipo de excepciones previas. En efecto, en principio, no habría razón alguna para prohibir que se interrumpa la prescripción cuando prospera una de estas excepciones, pero sí cuando lo haga, por ejemplo, la de habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde —CPC, art. 97, num. 8º—.
Ciertamente, cuando el artículo 91 del Código de Procedimiento Civil, señala que no se interrumpirá la prescripción y se permitirá la caducidad, lo hace en alusión a las excepciones previas reseñadas en el numeral 7º del artículo 99, advirtiendo que todas ellas tienen la misma consecuencia procesal. Dichas excepciones hacen parte del grupo total de excepciones previas, reseñado en el artículo 97 del Código de Procedimiento Civil (1) .
Sin embargo, a pesar de que se encuentran enumeradas junto con las demás, el grupo de las enlistadas en el numeral 7º del artículo 99 tiene un común denominador: todas ellas se proponen con la finalidad de dar por terminado el proceso, no con la de subsanarlo o de perfeccionarlo para que continúe su curso regular (2) . Esta circunstancia se hace evidente con la sola lectura del numeral 7º, que literalmente dispone:
7. Cuando prospere alguna de las excepciones previstas en los numerales 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 10 e inciso final del artículo 97, sobre la totalidad de las pretensiones o de las partes, el juez se abstendrá de decidir sobre las demás, y declarará terminado el proceso. Pero si el auto fuere apelado y el superior lo revoca, este deberá pronunciarse sobre las demás excepciones propuestas.
De la relación anterior se deduce que existe una plena coincidencia entre las excepciones previas cuya prosperidad no interrumpe la prescripción y permite que opere la caducidad y aquellas cuya finalidad es dar por terminado el proceso (3) . No obstante, ¿a qué se debe tal correspondencia?
Del repaso de las excepciones previas que presentan esta doble peculiaridad se observa que todas ellas entrañan un reparo severo respecto del cumplimiento de alguno de los elementos fundamentales de la demanda. En efecto, el contenido de las excepciones —lo que en cada una se alega— es la falta de verificación de algunos de los presupuestos procesales, tanto de la acción como de la demanda. La existencia de cosa juzgada, la falta de jurisdicción, la falta de prueba de la calidad con que actúa el demandante o con que se cita al demandado, por ejemplo, son defectos mayúsculos en la formulación de la reclamación, que conducen a pensar que el actor no tuvo la suficiente diligencia ni el mínimo cuidado en estructurar correctamente el memorial incoatorio. Por ello, la prosperidad de una de estas excepciones, que hace suponer una gran falta de cuidado en la presentación de la demanda, mueve al legislador a evitar que el demandante negligente acuda a la acción judicial únicamente con la intención de interrumpir la prescripción y de evitar que ocurra la caducidad.
Así pues, a diferencia de la opinión mayoritaria, encuentro justificado, razonado y proporcional que el legislador haya previsto esta consecuencia jurídica para la prosperidad de las excepciones previas que pretenden dar por terminado el proceso, más aun cuando claramente se percibe que dicha consecuencia no afecta a los demandantes diligentes que, incoando la acción a tiempo, no padecen el agotamiento de la prescripción y de la caducidad cuando su demanda no cumple con uno de los presupuestos procesales señalados. Por ello mi discrepancia con la mayoría, para la cual el demandante diligente no está obligado a soportar las consecuencias desfavorables de la no siempre fácil distinción de las jurisdicciones y de la confusa determinación de los temas que se encuentran cobijados por el compromiso o por la cláusula compromisoria. A mi juicio, es claro que un demandante acucioso, que presenta a tiempo su reclamación, tiene oportunidad suficiente para enmendar el error en que por estos conceptos pudiera incurrir.
En esta línea, considero que el argumento relativo al paso del tiempo (punto 36 de la sent.) como elemento que desvirtúa la proporcionalidad del artículo demandado resulta equivocado o, por lo menos, deficientemente sustentado, pues no es evidente ni constituye un hecho notorio que la duración de los procesos sea en todos los casos y bajo cualquier circunstancia superior al tiempo de prescripción y caducidad de la acción correspondiente. Precisamente por ese hecho, considero de nuevo que la finalidad de la disposición legal era conminar a los demandantes, en aras de garantizar y de hacer efectivo el principio de la seguridad jurídica, a presentar oportunamente sus reclamaciones, evitando que se recurra a las mismas como escape de última hora. Por todo lo anterior, la afirmación de la sentencia según la cual la norma es desproporcionada porque “muchos factores propios del trámite procesal, no dependen exclusivamente de [el demandante] y todas sus consecuencias negativas sí le son plenamente aplicables”, resulta francamente cuestionable si se la replantea en el escenario de un demandante que acude oportunamente a reclamar su derecho ante el juez, todavía más cuando la celeridad y el principio inquisitivo del proceso judicial moderno hacen avanzar los procesos más rápidamente que antaño.
Por demás, los ejemplos suministrados por la Sentencia C-662, relativos a los posibles conflictos que pueden presentarse respecto de la definición de la jurisdicción, se refieren a dudas que pueden —aun más, deben— aclararse en el estudio previo que cualquier demandante realiza al estructurar su demanda, y que son de conocimiento de los profesionales del derecho de los que, por simple prudencia, aquel debe asesorarse. Con todo, los casos expuestos por la providencia constituyen excepciones al panorama general judicial, en donde la jurisdicción es fácilmente identificable, así como es certera la detección de los temas que son objeto de compromiso, por lo que juzgar la proporcionalidad de la norma con fundamento en supuestos extremos, antes que ratificar la falta de proporcionalidad, la desmiente.
De la misma opinión fue la Corte Constitucional en la Sentencia C-666 de 1996 cuando la corporación estudió la exequibilidad de la expresión “o que sea inhibitoria”, que se encontraba contenida en el aparte final del numeral 3º del artículo 91 del Código de Procedimiento Civil y que fue finalmente derogada por la Ley 794 de 2003. La providencia señaló que la determinación de cuándo se interrumpe la prescripción y cuándo opera la caducidad corresponde hacerla al legislador, sin que, para el caso de las sentencias inhibitorias, aquel haya excedido su potestad de configuración pues tales reglas hacen parte de las normas conductoras del juicio, que todos conocen y a las que se someten en aras de las seguridad jurídica y de la protección del debido proceso. Tal decisión fue clara al señalar que —según la normatividad vigente para la época— la sentencia inhibitoria no interrumpía la prescripción y permitía que ocurriera la caducidad, por lo cual dicho principio de interpretación no resulta compatible con la que fue aprobada en esta ocasión.
Por demás, la decisión de la Corte que no comparto enfrenta al operador jurídico a problemas que no logran resolverse mediante los condicionamientos incluidos en la parte resolutiva de la Sentencia C-662 de 2004, los cuales, dicho sea de paso, exceden a mi juicio los límites de las sentencias integradoras, pues antes que ofrecer una interpretación constitucional de las normas acusadas, establecen un procedimiento inédito que configura un nuevo contenido normativo, labor para la cual la Corte no está autorizada.
En primer lugar, al declarar inexequible el numeral 2º del artículo 91 en cuanto se refiere a la excepción de compromiso o cláusula compromisoria, prevista en el numeral 3º del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, al tiempo que se señala un plazo para que las partes inicien el trámite de integración del tribunal de arbitramento, la Corte enfrenta al operador a no saber qué hacer si el tribunal decide no aceptar la competencia que se le señala.
En segundo término, la decisión de remitir al juez competente la demanda que ha sido presentada ante otra jurisdicción, consecuencia de haberse declarado inexequible el numeral 2º del artículo 91 del Código de Procedimiento Civil en relación con la excepción previa de falta de jurisdicción del numeral 1º del artículo 97 del mismo código, ofrece la dificultad de que el juez que la recibe no la acepta y considere, a su vez, que tampoco es competente para conocer de la demanda porque carece de jurisdicción.
Ambos problemas coinciden finalmente en otro de mayor envergadura y de no menos difícil solución. Al declararse la inexequibilidad de la norma respecto de los numerales 1º y 3º del artículo 97, la Corte Constitucional eliminó la posibilidad de que en esos casos opere el fenómeno de la caducidad. Ciertamente, al desaparecer la norma respecto de tales dos causales, deja de operar la consecuencia jurídica prevista en el encabezado del artículo 91 del Código de Procedimiento Civil que advertía sobre la ocurrencia de la caducidad para dichos eventos. Esta conclusión conlleva el desconocimiento de la naturaleza jurídica de la caducidad y de sus efectos en la concreción de los derechos subjetivos.
La caducidad, tal como lo reconoce la doctrina, es el término de ley o de convención dentro del cual puede ejercerse una acción o un derecho (4) . Consecuencia de esta improrrogabilidad es que la caducidad no se interrumpe, es decir, el plazo que la constituye es perentorio. De allí que la caducidad opere de manera automática, sin necesidad de intervención del juez, que solo está llamado a reconocer su ocurrencia, incluso de oficio. Como lo refiere De Ruggiero (5) , la caducidad mira exclusivamente al paso del tiempo, sin consideración a ningún otro factor.
Así las cosas, la decisión de la Corte consignada en la Sentencia C-662 de 2004 desconoció la finalidad del artículo 91 del Código de Procedimiento Civil, cual era la de imponer una carga legítima a quien pretendiera constituirse en demandante para que no dilatara injustificadamente la presentación de la demanda, con lo cual se afectó también el principio de seguridad jurídica pues, a la fecha, no existe certeza sobre cuál debe ser el procedimiento de las demandas cuyas excepciones previas prosperan por las causales declaradas inexequibles, y no existe certeza sobre los términos de caducidad de las acciones que por las mismas causales deben ser tramitadas en procesos igualmente inciertos.
(1) 1. Falta de jurisdicción.
También podrán proponerse como previas las excepciones de cosa juzgada, transacción y caducidad de la acción.
(2) En relación con esta clasificación, véase, “Comentarios a la reforma del Código Civil”. José Ignacio Castaño García, Jurídica Radar Ediciones. Tomo I, Parte general, Bogotá, 1993, página 122.
(3) Dichas excepciones son: la cosa juzgada, la transacción y la caducidad de la acción; la falta de jurisdicción; compromiso o cláusula compromisoria; inexistencia del demandante o del demandado, incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado; no haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge, curador de bienes, administrador de comunidad, albacea y en general de la calidad en que actúe el demandante o se cite al demandado, y pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto. Las demás excepciones previas tienen por finalidad mejorar el proceso, como es el caso de la excepción por ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones, cuya consecuencia es la inadmisión de la demanda para su futura corrección (C.P., art. 99, num. 4º).
(4) Cfr. Hernán Fabio López Blanco. “Instituciones del derecho procesal civil colombiano”, Editorial Antonio Barrera Carbonell, Bogotá, Parte general. Tomo I, sexta edición. 1993, página 375.
(5) Citado por Hernán Fabio López Blanco. Op. cit., pág. 376.