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Timestamp: 2018-05-24 13:27:35
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--Se abrió la sesión a las 21:17, en presencia de 20 señores Senadores.
El señor ESCALONA (Presidente).- En primer lugar, se dará cuenta de lo resuelto por los Comités.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Los Comités, en sesión celebrada a partir de las 19:50 de hoy, adoptaron los siguientes acuerdos:
1) Adelantar a las 21 horas el inicio de la sesión especial que estaba citada para continuar el tratamiento del proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura (boletín N° 8.091-21).
2) Dejar sin efecto las sesiones especiales convocadas para mañana, jueves 22 de noviembre, con la finalidad de discutir el proyecto sobre Ley de Presupuestos para 2013 (boletín N° 8.575-05), y citar en su reemplazo a las siguientes sesiones especiales:
-De 10 a 14, para continuar el tratamiento del proyecto que modifica, en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la Ley General de Pesca y Acuicultura.
-De 15 a 20, a objeto de seguir la discusión de esa misma iniciativa y de considerar el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2013.
-De 21 a 24, a fin de continuar el análisis del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2013.
3) Por último, fijar los siguientes plazos para presentar indicaciones y solicitar votaciones divididas a la referida iniciativa:
-A las 15 horas del día de mañana, para el grupo de Partidas que el señor Presidente dará a conocer en la sesión especial de la mañana.
-Y a las 18 horas de mañana, para las restantes Partidas y el articulado del proyecto.
El señor ESCALONA (Presidente).- Y lo más probable es que también convoquemos para el viernes.
El señor COLOMA.- ¡Eso es casi seguro!
El señor ESCALONA (Presidente).- ¡Así que pueden adquirir mientras tanto camisas y otros enseres para estar debidamente preparados...!
El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde seguir la discusión particular del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica, en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la Ley General de Pesca y Acuicultura, contenida en la ley N° 18.892 y sus modificaciones, con segundo informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura y certificado de la Comisión de Hacienda, y urgencia calificada de "suma".
Sesiones 55ª, en 16 de octubre de 2012 (queda pendiente la discusión general); 56ª, en 17 de octubre de 2012 (se aprueba en general); 58ª, en 31 de octubre de 2012 (nuevo plazo para presentar indicaciones); 62ª, 64ª y 65ª, en 20 de noviembre de 2012; 66ª, 67ª y 68ª, en 21 de noviembre de 2012 (queda pendiente la discusión particular).
El señor ESCALONA (Presidente).- Hago presente que pocos minutos atrás se fue a consultar a la Secretaría de las Comisiones unidas de Pesca y de Hacienda sobre el certificado, y ella informó que el documento estará en nuestro poder en quince minutos más.
Frente a eso, estamos haciendo una búsqueda con el señor Secretario de artículos que eventualmente no se topen con aquellos que fueron tratados por las Comisiones unidas, de forma tal que podamos entrar en materia de todas maneras a la espera de dicho certificado.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, teniendo a la vista las normas que se enviaron a las Comisiones unidas, que versan sobre el acuerdo, corresponde analizar el número 22) del artículo 1° del proyecto, que enmienda el artículo 28 de la Ley de Pesca.
La duda de la Secretaría es que ese precepto hace una mención de las licencias transables. Pero no tiene directa relación con lo que está pendiente, por lo que, a lo mejor, es posible tratarlo.
En todo caso, el Senador Bianchi pidió votación separada de esa norma. Por lo demás, otro señor Senador solicitó lo mismo para todos los artículos.
Por consiguiente, corresponde analizar el número 17), que ha pasado a ser 22). Tal disposición es de quórum calificado y no está aprobada porque fue objeto de indicaciones en su oportunidad.
El artículo 28 que propone dicho numeral dice:
"Para determinar las toneladas que cada titular de licencias transables de pesca clase A puedan capturar en cada año calendario, se multiplicará el coeficiente de participación relativo por la fracción industrial de la cuota de captura de la respectiva unidad de pesquería.
"Mediante Resolución de la Subsecretaría, se establecerá, anualmente, el universo de titulares, arrendatarios y meros tenedores inscritos en el Registro de Licencias a que se refiere esta ley, al 20 de diciembre de cada año.".
El señor ESCALONA (Presidente).- En discusión el número 22).
El señor LETELIER.- Señor Presidente, hay un debate que no se ha realizado -se efectuará en otro momento-, que dice relación con la naturaleza de las licencias. Ese punto está pendiente.
Entiendo que la norma en comento busca determinar cómo se distribuye la cuota global, una vez definida esta de acuerdo con la comunidad científica. Ese es el sentido del artículo. Apunta, más bien, a la distribución, si no me equivoco.
En consecuencia, pido precisar aquello.
Al parecer, ese es el tema principal de la disposición. Y como no se ha definido el otro concepto, el del artículo 26 A, puede generarse una confusión.
Entiendo que lo que figura en la norma en estudio es simplemente la cuota que le corresponde a cada actor, en particular a los industriales, de acuerdo con su coeficiente de participación. Y eso se determina mediante una resolución de la Subsecretaría de Pesca.
Esa es la idea matriz.
Lo relativo a las licencias transables es otro punto.
El señor ESCALONA (Presidente).- Yo no le podría responder, Su Señoría.
--Se aprueba el artículo 28, contenido en el numeral 22) del artículo 1º (21 votos a favor, 6 en contra, 2 abstenciones y 1 pareo), dejándose constancia de que se cumplió con el quórum constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Von Baer y los señores Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Letelier, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Sabag, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Escalona, Girardi, Gómez, Muñoz Aburto, Navarro y Tuma.
Se abstuvieron el señor Bianchi y la señora Rincón.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, a continuación, corresponde pronunciarse sobre el artículo 28 A, contenido en el numeral 23) del artículo 1º, respecto del cual también se pidió votación separada.
Su texto dice lo siguiente: "Para los efectos tanto de la aplicación de la licencia transable de pesca como de los permisos extraordinarios de pesca, se deberá fijar anualmente una cuota global de captura para cada una de las unidades de pesquería administradas bajo este sistema, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.".
Este artículo también es de quórum calificado y no está aprobado porque recibió indicaciones en su oportunidad.
El señor LARRAÍN.- Aprobémoslo con la misma votación, señor Presidente.
El señor COLOMA.- Sí, con la misma votación.
El señor ESCALONA (Presidente).- En discusión el artículo 28 A.
El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción).- Señor Presidente, nosotros entendemos que las normas que estamos viendo -y hasta el numeral 30)- se encuentran aprobadas. No fueron objeto de modificaciones ni de indicaciones, tal como se aprecia en el informe comparado.
El señor BIANCHI.- ¡Con la misma votación anterior, señor Presidente!
El señor LABBÉ (Secretario General).- Debo aclarar que, de acuerdo al informe de la Comisión de Pesca, que se leyó en su oportunidad, este numeral no figura entre las normas que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones.
En consecuencia, no quedó aprobado conforme al inciso primero del artículo 124 del Reglamento.
Este numeral, que es de quórum especial, sí fue objeto de indicaciones en la Comisión, pero se rechazaron. Por eso no se advierte ninguna modificación.
Por lo tanto, corresponde votarlo.
El señor ESCALONA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se pondrá en votación el artículo 28 A, contenido en el numeral 23) del artículo 1º.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, con este mecanismo sui géneris de votar intercaladamente y no tener claridad sobre los artículos 26 y, especialmente, el 27, que dice relación con las licitaciones o subastas, el artículo 29 que estamos votando...
El señor BIANCHI.- Estamos en el artículo 28 A, Senador.
El señor NAVARRO.- Perdón. Entonces, estoy confundido.
El señor ESCALONA (Presidente).- Senador Navarro, ¿concluyó su intervención?
El señor NAVARRO.- Sí. Pensaba que estábamos viendo el artículo 29.
Me referiré a él en su momento.
El señor SABAG.- Señor Presidente, solamente deseo reiterar la observación que hizo el Ministro.
Cuando se inició la discusión particular del proyecto, se aprobaron todos los artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, algunos de los cuales eran de quórum calificado. El señor Secretario tomó nota de ello.
Los artículos que estamos viendo no sufrieron ningún cambio. Por tanto, también se entienden aprobados.
Después, todos los artículos aprobados por unanimidad en la Comisión se deben votar sin debate, a no ser que algún señor parlamentario pida votación separada.
El señor LAGOS.- ¡Eso lo pidieron como cuatro veces!
El señor SABAG.- Estamos de acuerdo en eso.
Pero este artículo no fue objeto de enmienda alguna. Por tanto, debe entenderse aprobado, al igual que los que se acogieron al inicio de la discusión particular.
Esta situación ya nos pasó en la sesión anterior. Yo se lo fui a representar al Presidente y, ahora, ya en dos artículos ha ocurrido la misma situación.
El señor ESCALONA (Presidente).- Señor Senador, lamento señalarle que usted está equivocado, porque esta norma fue objeto de indicación. No fue aprobada, que es otra cosa.
Reitero: sí fue objeto de indicación, tal como quedó establecido en el informe recibido por la Secretaría.
¡Así que no me represente nada, Senador!
El señor LAGOS.- ¡Se enojó el Presidente!
--Se aprueba el artículo 28 A, contenido en el numeral 23) del artículo 1º (21 votos a favor, 3 en contra, 2 abstenciones y 1 pareo), dejándose constancia de que se cumplió con el quórum constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Rincón y Von Baer y los señores Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Sabag, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Gómez, Muñoz Aburto y Navarro.
Se abstuvieron los señores Bianchi y Tuma.
El señor CANTERO.- Señor Presidente, solicito que agregue mi voto favorable.
El señor ESCALONA (Presidente).- Se dejará constancia en la Versión Oficial de la intención de voto afirmativo de Su Señoría.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, a continuación corresponde pronunciarse sobre el artículo 29, contenido en el numeral 24), que también fue objeto de indicación, no de modificación, y reviste el carácter de quórum calificado.
"Artículo 29.- Las naves que se utilicen para hacer efectivos los derechos provenientes de licencias transables de pesca o de los permisos extraordinarios de pesca, sea que cuenten o no con autorización de pesca de conformidad a esta ley, deberán inscribirse previamente en el Registro que para estos efectos llevará el Servicio. La inscripción en el Registro de Naves habilitará a la nave a operar en la unidad de pesquería que corresponda a la licencia transable de pesca o al permiso extraordinario de pesca, por un período equivalente al de la vigencia de dicha licencia o permiso. No obstante, en cualquier momento la nave podrá desinscribirse y volverse a inscribir ya sea por el mismo titular, o por otro.
"La nave deberá estar inscrita a nombre de un solo titular en un viaje de pesca.
"Las naves que se inscriban en el Registro deberán estar matriculadas en Chile y cumplir con las disposiciones de la Ley de Navegación. Asimismo, deberán cumplir con las disposiciones vigentes de esta ley y con el procedimiento que establezca el Servicio.".
Respecto de esta disposición, pidió votación separada el Senador señor Bianchi.
El señor ESCALONA (Presidente).- En discusión el artículo 29.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el texto que leyó el señor Secretario remplaza al actual artículo 29 en vigor, que dispone:
"A los adjudicatarios de la subasta se les otorgará un permiso extraordinario de pesca, que les dará derecho a capturar anualmente, a partir del año calendario siguiente al de la licitación, hasta un monto equivalente al resultado de multiplicar la cuota anual de captura correspondiente por el coeficiente fijo determinado en el permiso extraordinario de pesca en la unidad de pesquería respectiva.".
El sentido de esta norma dice relación directa con el artículo 27, que se encuentra derogado en el texto que estamos viendo. La citada disposición fue reemplazada por la exigencia de que las naves que se utilicen deberán estar inscritas en el Registro que llevará el Servicio.
Estamos sustituyendo un artículo que establece la subasta para otorgar los permisos extraordinarios a los adjudicatarios por otro que contempla un Registro de inscripción -es un acto necesario- de las naves que se utilicen para hacer efectivos los derechos provenientes de las licencias transables.
Entonces, como el artículo 27 se encuentra derogado y el 26 no discutido, estamos frente a una situación compleja. Yo no sé cómo se va a resolver el 27. Y en el 29 estamos cambiando el mecanismo de subasta para otorgar los permisos extraordinarios de pesca. Ignoro si vamos a reemplazar esa fórmula o si se va a incluir. Desde ya viene rechazado el artículo 27 por la Comisión.
Por lo tanto, la metodología utilizada no es de las mejores. En verdad, desconocemos el texto definitivo con el cual vamos a contar.
Uno confía en que después la Secretaría adecuará los textos aprobados. En todo caso, en esta iniciativa ha quedado demostrado que nada es posible de prever.
Puedo comprender el mecanismo de votar normas saltadas, pero introduce una modalidad compleja.
Desde ya, señor Presidente, como se elimina a los adjudicatarios de la subasta y los reemplazamos por un mecanismo, más bien, formal y administrativo (la inscripción de las naves), votaré en contra del artículo 29 propuesto hasta tener claridad sobre las disposiciones anteriores.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, no sé si es posible con la venia de la Sala adoptar un acuerdo unánime para cambiar el concepto de "Sustitúyese el artículo 29" y simplemente aprobar un artículo 29, nuevo. Porque es absolutamente correcto lo que señala el Senador Navarro. Aquí se establece que cuando hay una subasta, se debe definir cuál es el procedimiento de asignación de la cuota que corresponde a la persona que gana la licitación.
Se están sustituyendo conceptos distintos. Y yo creo que, como es un tema que se entiende que va a ocurrir, porque va a haber licitaciones, no corresponde eliminar el artículo 29 vigente. A menos que lo hayan "re-redactado" en otro lugar.
El señor NAVARRO.- No sabemos.
El señor LETELIER.- Pero este es el mecanismo evidente de asignación de las cuotas que puedan surgir de una subasta.
En el bacalao, por ejemplo, que es licitado, para quienes se ganan la cuota, esta es la forma de distribución. Se van a quedar sin ese mecanismo de distribución al plantearse la sustitución.
Entonces, sugiero simplemente -porque hoy las cuotas de bacalao se licitan-, no eliminar el artículo 29 viejo, sino que aprobemos un 29 prima. A menos que el Ejecutivo pueda decirnos dónde viene el reemplazo del artículo 29 vigente.
El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Señor Presidente, este artículo es también usado para las pesquerías incipientes, que tienen la subasta pública. Por lo tanto, esta norma no solamente está vinculada a las pesquerías plenamente explotadas. Siendo así, debe aprobarse a todo evento, independiente de la suerte que corran las subastas para las pesquerías plenamente explotadas. Porque otras se rigen también por la licitación.
Aquí se ha mencionado el caso específico del bacalao, que es una de las incipientes, y todas las pesquerías de ese tipo se inician con un proceso de licitación, el cual se mantiene en el tiempo.
El señor ESCALONA (Presidente).- Señor Ministro, pero en ese caso encuentro justificada la preocupación planteada, porque eso no es lo que dice el artículo.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, más adelante viene el numeral 37, que incorpora el siguiente artículo 40 A: "A los adjudicatarios de la subasta a que se refieren los artículos 39 y 40, se les otorgará un permiso extraordinario de pesca, que les dará derecho a capturar anualmente, a partir del año calendario siguiente al de la licitación, hasta un monto equivalente al resultado de multiplicar la cuota global anual de captura correspondiente por el coeficiente determinado en el permiso extraordinario de pesca en la unidad de pesquería respectiva".
En verdad, el artículo 40 A es prácticamente igual al que se estaba haciendo referencia, el 29. Entonces, la pregunta es bien concreta: ¿El 40 A reemplaza al 29?
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la señora asesora del Ministro.
La señora SAA (Jefa de la División de Desarrollo Pesquero del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo).- Exactamente, el artículo 40 A reemplaza al 29. Se cambió de lugar solamente para darle un orden lógico al articulado.
El señor ESCALONA (Presidente).- Debo decir, en todo caso, que reemplaza solo el inciso primero del artículo, porque este tiene otros incisos. De manera que la preocupación sigue en pie.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, entiendo que el artículo 39, al cual se hacen estas indicaciones, dice relación a pesquerías en estado de sobreexplotación o que tienen una explotación en curso. Y, por tanto, no aborda el caso de las pesquerías incipientes.
Así las cosas, sugeriría, nuevamente, que antes de votar el artículo 29, como sustitución se plantee como artículo 29 prima, hasta que podamos lograr las concordancias. Si no, creo que se va a cometer un error. Insisto en el punto.
El señor ESCALONA (Presidente).- Se ha solicitado dejar pendiente esta norma hasta que haya completa claridad respecto de que es concordante.
Tiene la palabra la señora Asesora.
La señora BALTIERRA (Asesora Legal del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo).- Señor Presidente, efectivamente el artículo 29 tiene dos aspectos. Uno de ellos dice relación al tema del registro de las embarcaciones con respecto a los permisos extraordinarios de pesca. Sobre eso se hace una diferencia en el artículo 29, donde está contenido el Registro, para las licencias transables de pesca y los permisos extraordinarios.
En relación con el artículo 40 A que leyó el Senador García sobre el permiso extraordinario, solo se estaría otorgando para los permisos extraordinarios de pesca.
En consecuencia, lo contenido hoy en el artículo 29 quedó en el reemplazo de esa norma, más el artículo 40 A. ¿Y por qué se hace la diferencia? Para establecer las dos regulaciones que corresponden.
El señor WALKER (don Ignacio).- Está claro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, vamos a tener esta dificultad, porque el artículo 39 que establece las consultas del área de unidad de pesquería, en su letra b), señala: "Este régimen no será aplicable a las pesquerías declaradas en plena explotación y administradas con licencias transables".
Entonces, debo deducir que el régimen que se está sugiriendo en el artículo 40 es para las pesquerías incipientes y para las sobreexplotadas.
La pregunta de fondo es si va a haber o no licitación en las pesquerías de plena explotación. Ese es el punto. Porque se les excluye de este régimen en el artículo 39. Y, como seguimos con el artículo 27 derogado, de las licitaciones, es imposible saber si lo que estamos aprobando va a ratificar la tesis que queremos o no. Porque efectivamente hay que "pegarse los saltos".
Leo nuevamente la letra b) del artículo 39: "Este régimen no será aplicable a las pesquerías declaradas en plena explotación administradas con licencias transables de pesca".
El señor ESCALONA (Presidente).- Señora asesora, ¿usted quiere hacer una última aclaración?
La señora SAA (Jefa de la División de Desarrollo Pesquero del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo).- Sí, señor Presidente, muy breve. El artículo 27, que fue rechazado por la Comisión de Hacienda y aprobado por la de Pesca, es el que posteriormente, cuando llegue el texto, se va a tener que aprobar. Y en él está la licitación referente a las pesquerías sometidas a régimen de plena explotación y que se van a regular con licencias transables de pesca.
El señor NOVOA.- Dejémoslo pendiente.
El señor ESCALONA (Presidente).- Se sugiere dejar pendiente el punto.
El señor COLOMA.- ¡Estamos avanzando...!
El señor LAGOS.- ¡Vamos avanzando con la mansa mochila...!
El señor ESCALONA (Presidente).- ¡Avanzamos y quedamos donde mismo...!
El señor LABBÉ (Secretario General).- En el numeral 20), que pasa a ser 25), se sustituye el artículo 30 por el siguiente: "Las licencias transables de pesca serán divisibles, transferibles, transmisibles y susceptibles de todo negocio jurídico...", etcétera. Es una norma de quórum calificado.
En esta norma, hay una indicación renovada, la N° 264, que propone modificar el numeral 20) del artículo 1°, que sustituye el artículo 30, intercalando, en el inciso primero, entre las palabras "pesca" y "serán", la siguiente expresión: "tendrán una vigencia de diez años y".".
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el numeral 25 sustituye al artículo 30 que habla de permisos extraordinarios, donde nuevamente tenemos la licencia transable de pesca, la cual será divisible, transferible, transmisible y susceptible de todo negocio jurídico. ¡Todo negocio jurídico!
Para quienes hemos dicho que lo que estamos transando aquí no son solo peces, sino dinero en efectivo, dólares, este artículo 30 lo viene a señalar. Estamos entregando a la industria pesquera euros, dólares. En definitiva, imagino que se refiere a todo lo que legal, lo que está dentro del marco de las leyes y de la Constitución.
Señor Presidente, respecto de estas licencias, esperaría tener un debate respecto a la expresión "todo negocio jurídico". Porque, ¿se podrá vender a países no democráticos, por ejemplo; a nuestra competencia pesquera, el Perú?
Para aquellos que desde la tribuna o de afuera me han gritado "vendepatria" -desinformados los trabajadores-, siento el más profundo respeto por la dignidad de los tripulantes pesqueros a quienes he defendido durante 20 años como Diputado y ahora como Senador. Porque son hombres de trabajo y esfuerzo que no necesariamente tienen la capacidad, la oportunidad más bien, de entender el mamotreto que es el informe y conocer lo que estamos discutiendo.
Repito que a ellos los respeto profundamente. Les he dicho que los voy a defender, aunque no logren comprender lo que estamos discutiendo. Porque les hemos señalado que lo que están entregándoles a las empresas, que han venido a defender sin ninguna seguridad de protección social ni compromiso alguno sobre los despidos que van a venir, es un tremendo negocio jurídico que, efectivamente, puede ir a parar a cualquier parte. No hay límites. Pueden ser nuestros competidores. Pueden ser los noruegos, los españoles, los peruanos, todo negocio jurídico.
Para aquellos que sostienen que el mar es chileno, al igual que los recursos hidrobiológicos, les tenemos que informar que ese negocio jurídico puede llevar a nuestros recursos pesqueros a cualquier lugar del mundo donde haya una oferta aceptable para quienes hoy día les entregamos, a título gratuito, estas toneladas de recursos.
Por tanto, quienes estamos defendiendo la patria, somos los que decimos que en el artículo N° 1 de esta ley se tiene que establecer que la propiedad del Estado es imprescriptible e inalienable y que no puede generar ningún tipo de propiedad privada para quienes gocen de estos permisos, y que siga siendo siempre, de manera perpetua, para todos los chilenos y no de manera perpetua para unos pocos.
Eso es lo que estamos discutiendo en relación con el artículo 30.
Del mismo modo, debe ser el inciso sexto. La Subsecretaría tendrá un plazo de cinco días para resolver, contados desde la fecha de inscripción de la solicitud de inscripción del acto jurídico que tiene por objeto la licencia transable de pesca.
¿Cuál es la premura de los cinco días? En ese plazo tiene que resolverse el permiso de pesca transable. ¿Hay en tal lapso capacidad jurídico-administrativa para determinar si efectivamente el acto o negocio jurídico que estamos autorizando en el artículo 30 va a ser evaluado por la Subsecretaría para inscribir ese permiso?
Considero que aquí todo quiere hacerse de manera apresurada. Cinco días me parecen absurdos para un servicio que tiene escasísimas condiciones. Cuenta con mucho profesional muy bien calificado, pero sobrecargado de trabajo. Establecer tal plazo, contado desde la fecha de la solicitud, para resolver sobre la licencia de pesca, me parece poco.
Del mismo modo, el inciso siguiente dispone que en la unidad mínima de división de las licencias transables de pesca, podrá recaer algún acto jurídico, lo que tiene un coeficiente de 0, 00001.
Señor Presidente, ha sido difícil encontrar en el debate de las Comisiones algún documento técnico que pueda ilustrar los guarismos de que estamos hablando.
Cuando denantes discutimos la asignación de los recursos por la entrega de la cuota, preguntamos: ¿Cuánto vale la cuota? ¿Cuánto dinero estamos entregando a cada empresario? ¿Cuánto dinero concreto? Porque esa información la tiene la Subsecretaría. Están los precios del mercado. Con el fraccionamiento, podríamos decir exactamente cuánto damos.
Ahora nos plantean que el acto jurídico tiene un coeficiente. Esa es la verdad. Estamos aprobando una ley sobre la cual no va a haber división de licencias transables.
Es necesario que nos digan qué significa ese coeficiente; desde cuántas toneladas es posible establecer la división de las licencias transables. Porque eso pone el mínimo. Es decir, cuánto es lo mínimo que alguien puede transferir o vender. Es importante saberlo.
El guarismo del coeficiente debiera ser explicado al momento de votar, para que no haya un pronunciamiento a ciegas.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, al menos desde mi punto de vista, el artículo 26, junto con el 30, son de los más importantes en materia industrial dentro de la Ley de Pesca.
Y creo que la indicación está mal formulada, porque los plazos de las licencias figuran en los artículos 26 y 27. A lo que se refiere completamente el artículo 30 es a la plena transferibilidad. En este caso, hace a las cuotas y a las licencias plenamente divisibles. Los plazos están establecidos en otro artículo.
¿Por qué es importante este artículo? Muchos se lo preguntan y no tan solo eso, porque todos queremos que haya más competencia y menos concentración en la industria.
El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, respecto del cual nadie puede objetar su idoneidad, sostiene que, dentro de las causas principales de que no existan más actores en el sector industrial, están las dificultades existentes en materia de transferibilidad. Porque hoy día ocurre que se transfieren los títulos, con lo cual las cuotas asociadas a las naves tienen tremendas dificultades.
¿Qué hace el artículo 30? Incluye la recomendación del Tribunal en su considerando 120. Dice que las dificultades en la transferibilidad de la propiedad y de la nave están provocando efectos indeseables. Por lo tanto, entre las proposiciones que hace el fallo es que se establezca la plena transferibilidad y la divisibilidad, tanto de los títulos como del uso y goce. Incluso la propia ley lo lleva a decimales, que son varios.
Por lo tanto, esto va a generar un mercado muy importante que va a permitir la actividad y el ingreso de nuevos actores. Y eso no lo resuelve la indicación, porque esta establece plazos, mientras que el artículo se refiere a la transferibilidad. Por lo tanto, es una norma esencial para los efectos de que ingresen nuevos actores al sector industrial.
El señor ESCALONA (Presidente).- El Comité de Renovación Nacional ha solicitado autorización para que pueda ingresar a la Sala el señor Subsecretario de Pesca.
La señora ALVEAR.- Sí, señor Presidente.
El señor LAGOS.- ¡Que entre para que aclare...!
El señor ESCALONA (Presidente).- Así se acuerda.
El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Señor Presidente, como dijo el Senador señor Orpis, el artículo está muy mal referido, porque son otras las disposiciones que establecen los plazos para las licencias.
Me quiero referir al establecimiento de 10 años de licencia. Porque una cosa es el discurso público y otra los efectos que genera la licencia por ese plazo. Por algo el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sugirió que podrían ser indefinidas las licencias y que, si no lo eran, se establecieran mecanismos de renovación.
Cuando se plantean licencias por 10 años y se dice que se defiende a los tripulantes, no cuadra lo propuesto con el efecto que tendría. Porque si un armador pierde en 10 años su licencia, quedan todos sus trabajadores cesantes. Y digamos los efectos de las cosas. Porque es muy fácil declararse ser representante de todos y patriota y decir que el resto no lo es.
Los "patriotas" ya tuvieron un acuerdo respecto del artículo 1° A, que declara que los recursos son de todos los chilenos.
Por lo tanto, eso ya está zanjado y hay acuerdo. Así que considérense todos patriotas.
El señor ESCALONA (Presidente).- Señor Ministro, le ruego que cuide su lenguaje, porque la palabra "patriota" puede afectar seriamente el estado de ánimo de esta asamblea.
El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Sí, señor Presidente, pero...
El señor ESCALONA (Presidente).- Le ruego que cuide su lenguaje.
El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Lo que pasa es que, cuando otros la usan, uno es el antipatriota, señor Presidente.
Entonces, también le pediría que...
El señor ESCALONA (Presidente).- Pero no aluda genéricamente con el término "patriota" a toda la Sala.
El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Sí, es que no fui yo el que lo usé.
El señor ESCALONA (Presidente).- Su aseveración podría tener efectos incalculables, señor Ministro.
El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Señor Presidente, lo que ocurre es que no fui yo el primero en usar esta expresión, y los otros aparecemos como antipatriotas. En fin.
Por lo tanto, establecer un plazo de 10 años para las licencias es inadecuado no solamente desde el punto de vista social, sino también desde el punto de vista económico, porque queremos que la industria de Chile avance en más valor agregado, más consumo humano, y para eso se deben amortizar inversiones muy importantes, tanto en naves como en plantas. Por ende, un plazo como ese, a todo evento, tampoco es recomendable desde una perspectiva económica. Y desde el punto de vista social están claros los efectos.
Algunos economistas consideran que es lo mismo licitar los recursos pesqueros que licitar la administración de un parque. Cuando alguien pierde la administración de un parque, lo que está perdiendo es la fuente laboral de sus trabajadores, que tienen otras alternativas. Y en el caso de la industria pesquera, tripulantes y capitanes quedan desempleados, y desempeñan un oficio muy difícil de reconvertir.
En consecuencia, el efecto social es muy distinto. Y ya me referí al efecto económico.
Desde el punto de vista de la sustentabilidad, tampoco es recomendable que existan plazos finitos, sin renovación, pues los efectos son más que evidentes: se atenta contra el recurso.
Por consiguiente, con relación a lo que propone esta indicación, a ningún evento es recomendable, y además no está en el artículo donde debiera incorporarse.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, yo le sugeriría a la Mesa que esta indicación la dejáramos para el momento en que en el artículo 26 se defina la existencia de las licencias, su temporalidad y sus años de duración. Porque, en estricto rigor, si se aprueba ese artículo, nos vamos a evitar una discusión posterior en cada uno de los preceptos en que se haga referencia a la duración de las licencias. Además, efectivamente hay otras indicaciones y otras propuestas que están en la disposición que corresponde.
Ahora, en cuanto al artículo 30, señor Presidente, creo que debemos votarlo en su mérito. Tal vez, producto de las inquietudes que aquí se han planteado, podemos ir votando por separado algunos de los temas. Pero imagino que nadie se va a oponer a que las licencias estén inscritas en un registro público, lo mismo que las transacciones que se generen y los cambios de mano, para que sean de conocimiento general. Porque eso es transparencia, es información que nos viene bien a todos. Y es uno de los aspectos que en esta legislación pueden ayudar mucho a clarificar lo que sucede en materia de uso de las licencias que otorgan cuotas pesqueras.
Y, como aquí también se ha dicho, señor Presidente, siendo mínimamente coherentes, para quienes nos interesa que se produzca mayor competencia y entren más actores al mercado este artículo es fundamental. Porque, si las licencias no se pueden transar, si no se pueden transferir, si no son susceptibles de negocio jurídico, resultará imposible que alguien más ingrese al sistema. Y ahí sí que nos vamos a quedar clavados para siempre con las siete u ocho familias de que se habló. No sé cuántas son.
Entonces, señor Presidente, me parece que, para ir avanzando, lo que podemos hacer es ir resolviendo el artículo en su propio mérito, con la posibilidad de pedir votación separada para cada uno de sus incisos.
El señor ESCALONA (Presidente).- Hay ocho Senadores inscritos para intervenir.
El señor NAVARRO.- ¿Votamos el artículo o la indicación, señor Presidente?
El señor ESCALONA (Presidente).- No hay votación todavía, señor Senador. Estamos discutiendo el tema.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, desde luego, la indicación que se ha planteado corresponde hacerla al artículo 26, que se halla pendiente, en el cual se establece un período de veinte años. En la versión que nos llegó de la Cámara de Diputados las licencias eran indefinidas o a perpetuidad, y en nuestra Comisión de Pesca su duración fue reducida a 20 años. Eso se va a discutir en su minuto.
Por otro lado, esto de pasar los recursos al exterior ya quedó zanjado y luego se va a formular una propuesta a la Sala, cuando se vea la soberanía del Estado respecto de ellos.
Sobre el particular, quiero volver a la imagen que mostré denantes, donde se aprecia que más del 55 por ciento de los recursos, en promedio, son extraídos por el sector artesanal. Y ello, con este proyecto de ley, más todos los agregados que le hemos efectuado, aumenta no solamente por la vía del fraccionamiento, sino también por la de lo relativo al bacalao, el langostino, el camarón.
Además, si la Sala aprueba las fórmulas de licitación del 15 por ciento de los industriales, los pescadores artesanales también podrán participar en las licitaciones, como se ha propuesto para el caso del bacalao. De manera que todavía puede cambiar, fundamentalmente, el fraccionamiento, cosa que habrá que ver en su momento.
Por lo tanto, señor Presidente, yo postergaría la indicación hasta esa discusión, tal como se ha planteado, y pediría votación respecto del artículo 30 propiamente tal.
El señor ESCALONA (Presidente).- Quiero comunicar a la Sala que la Secretaría General ha sido informada de que se están sacando fotocopias del informe de la Comisiones unidas de Pesca y de Hacienda.
Por lo tanto, podríamos interrumpir este debate y...
El señor PIZARRO.- Terminémoslo.
El señor ESCALONA (Presidente).- No seamos contradictorios. Porque algunos Senadores están sosteniendo que este debate depende del anterior.
Pero está bien. Seguiremos otorgando el uso de la palabra.
Hay siete inscritos.
Por orden de inscripción, le corresponde intervenir primero al Senador señor Girardi.
Me voy a referir a la indicación que tiene que ver con las licencias transables y su duración.
Quiero argumentar por qué me parece importante en esta etapa reducir los plazos y aceptar la indicación que plantea una vigencia de 10 años.
En primer lugar, voy a tomar las palabras que expresó ayer el Ministro de Economía, cuando dijo que lo más relevante para él eran aquellos aspectos que tenían que ver con la sustentabilidad, con los criterios ecológicos incorporados a la ley en proyecto.
Pienso que es fundamental asumirlo, entonces. Porque para que eso ocurra, debemos disminuir el plazo de las licencias. Y quiero explicar la razón.
En la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado tuvimos la suerte de invitar a un Premio Nacional de Ciencias -lamento mucho que la Academia Chilena de Ciencias y los Premios Nacionales de Ciencias no tengan una mayor implicancia en debates como el que ahora sostenemos-: el señor Juan Carlos Castilla. Y me referiré a algunos de sus planteamientos.
Él señaló que uno de los principales problemas que tiene Chile con respecto a la materia de la que se ocupa esta iniciativa se vincula con la definición del stock, la evaluación del tamaño del stock.
Aparentemente, acá dispondríamos de estudios que carecen de pertinencia, de rigurosidad. Estaríamos partiendo de supuestos que no son tales, es decir, de un stock totalmente sobredimensionado, y no tendríamos los instrumentos institucionales o científicos necesarios. Por lo tanto, la política que estaríamos definiendo se haría sobre la base de un diagnóstico que no corresponde.
No lo digo yo; son argumentos de una de las personas más relevantes de Chile en esta materia.
Además, el señor Castilla señala que incluso hay especies como el jurel y la merluza que son totalmente insostenibles; que el escenario es dramático, catastrófico para esas especies, y que no existe una evaluación adecuada para otras (además del jurel y la merluza), como la sardina y la anchoveta.
Por lo tanto, si aceptamos el sentido común que cada uno legítimamente tiene, y no lo que puedan decir aquellas personas que han dedicado su vida a estas materias, que han sido galardonadas, que son reconocidas internacionalmente, es del todo evidente la necesidad de acortar los plazos. Porque estamos partiendo de supuestos que no son tales. Inclusive, los Comités Científicos que se crean mediante esta iniciativa difícilmente llegarán a tener evidencia, dado que contamos con un instrumental totalmente precario.
En consecuencia, cuando uno no tiene certeza de que hace lo correcto, y está partiendo de supuestos sobredimensionados, en particular cuando se trata de asignar cuotas de pesca a través de estas licencias, fijarlas por un plazo de 20 años es del todo un error, una irresponsabilidad.
Por eso, lamento mucho que estemos llegando a un potencial acuerdo que, al contrario del objeto de esta iniciativa legal y del deseo que quizás muchos genuinamente tienen respecto a ella, profundizará el colapso, la sobreexplotación de este recurso.
Será pan para hoy y hambre para mañana.
La ley en proyecto no tiene ninguna posibilidad de transformarse en un instrumento de sustentabilidad. Porque parte de supuestos equivocados, que no tienen sustento científico.
Hay otras especies en las que sí se ha trabajado, en particular con los pescadores artesanales, con aplicación de ciencia, en que se ha tendido a una mayor sustentabilidad (hablamos del loco, del erizo).
Pero con la gran pesquería no es así. Y ello se ve agravado por la falta de voluntad del Congreso para establecer claramente algo que se reconoce en todo el planeta: que estos recursos son bienes nacionales de uso público y le pertenecen a la sociedad.
Aquí hay algunos que les quieren expropiar a los chilenos sus derechos para entregárselos a unos pocos. Lo mismo que se hizo con el agua y lo que ocurre en otros ámbitos.
Eso agravará un problema pendiente en Chile: el derecho a la soberanía, a ejercer la soberanía en nuestro país.
Nosotros estamos haciendo abandono de los derechos de soberanía. Ya lo hicimos producto de las presiones cuando tuvimos que permitir que la salmonicultura dejara en prenda los bordes de mar, los bordes costeros para que los bancos le mantuvieran su financiamiento. De cierta manera se privatizaron el borde costero y las concesiones de mar.
Hoy día estamos profundizando aquello.
Por eso, me parece que la ley en proyecto será simbólica, en relación con la posibilidad...
El señor ESCALONA (Presidente).- Terminó su tiempo, señor Senador. Dispone de un minuto adicional para concluir su intervención.
El señor GIRARDI.- ... de haberles devuelto a los chilenos la propiedad sobre un recurso, de haberlo enfrentado de manera sustentable, de haber producido incentivos reales para que nuestro país, en vez de botar esos recursos como harina de pescado, los hubiera destinado al consumo humano, tan necesario no solo para Chile, sino también para el mundo entero.
Para nosotros ese sería el mejor negocio.
Por ello, votaré a favor de esta indicación.
Mantengo mi crítica, mi cuestionamiento a una iniciativa legal que tal vez tiene buenas intenciones, pero no va a lograr su objetivo.
A continuación, le corresponde intervenir al Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, a mi juicio, una cosa es defender a la industria, y otra a los industriales.
Todos los presentes aquí, no tengo duda alguna, deseamos que quienes desarrollen su actividad en la industria tengan trabajo por siempre.
Esa no es la materia a discutir.
Aquí ha ocurrido un hecho no menor.
Cuando me tocó participar como miembro en la Comisión de Pesca recuerdo que una declaración del propio Ministro Longueira me llamó poderosamente la atención. Y ella quedó consignada en el acta.
Él señaló textualmente que si fuera por él, le hubiese entregado de por vida, a perpetuidad, los permisos a los industriales.
Ello se encuentra en el acta de aquella sesión.
Entonces, cuando el Ministro viene a decirnos aquí que no es partidario de una vigencia de 10 años porque eso generará caos, desempleo, yo no tengo dudas de que esa es su reflexión.
La nuestra es defender la actividad de la industria, pero no a quienes hoy son los industriales que están realizando una actividad.
Vimos que por cientos trajeron a trabajadores acá. Mas estoy seguro de que cuando dichos trabajadores han debido luchar por reivindicaciones, por mejores salarios, por mejores condiciones laborales, claramente sus empleadores no han tenido el mismo entusiasmo para traerlos hasta aquí a fin de que expresen democráticamente lo que piensan.
¡Nosotros los hemos defendido siempre, y lo seguiremos haciendo!
Pero hoy estamos defendiendo también algo que nos pertenece a todos los chilenos: la pesca artesanal, que no queremos que muera, que no queremos que colapse, que queremos que viva por siempre.
Muchos de nosotros sostenemos que la ley en proyecto, tal como viene despachada, no cumple el propósito señalado por el propio Ministro: la conservación. ¡Probablemente sí la conservación de los actuales industriales, pero no la de los productos!
Cuando hablamos de la sustentabilidad, vemos que ella no se cumple. Está la pesca de arrastre, está la autorización por 20 años.
El Ministro nos manifiesta acá que no concuerda con la vigencia de 10 años para las licencias.
Ya está el acuerdo firmado. En un minuto más el texto vendrá a nuestras manos, donde se establece la renovación de las autorizaciones cada 20 años. Y ello significa que serán de por vida.
Habemos quienes nos hemos mantenido sólidos en la posición de dejar que trabaje la industria, como debe hacerlo, pero sin permitir que se destruya una actividad tan loable como la pesca artesanal.
En esta línea, señor Presidente, hay varias miradas. Y la de quienes hemos sustentado esa teoría ha sido esa defensa.
Sabemos que vamos a perder, que hoy existe mayoría para contar con los votos suficientes para permitir que los industriales tengan sus licencias cada 20 años, con algunas exigencias, que estoy seguro cumplirán con excelencia, con el objeto de que se las renueven por otros 20 años, y por otros 20 años, y por otros 20 años.
El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Señor Presidente, jamás he expresado lo que señaló el Senador que me antecedió en el uso de la palabra.
El señor BIANCHI.- Están en el acta.
El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- No pueden estar en el acta, porque no uso esos términos.
Solo quiero hacer presente que cada vez que en Comisiones me he referido, en todos los trámites del Parlamento, al plazo que deben tener las licencias de pesca, he señalado que el propio Tribunal de Defensa de la Libre Competencia manifiesta que ojalá sean indefinidas.
Y quiero decirle al Senador que me antecedió en el uso de la palabra que, en este momento, las autorizaciones son indefinidas: así está establecido desde el año 1991. Por lo tanto, en el proyecto les estamos poniendo plazo, por primera vez.
Digámoslo en forma clara: ¡son indefinidas! Y ello no tiene nada que ver con que el límite máximo de captura haya sido establecido por diez años, porque esos mismos industriales disponen de autorizaciones indefinidas desde 1991.
Se halla establecido así en dos artículos de la ley, señores Senadores, no solamente en uno. Después vino el límite máximo de captura por armador. Esa es la forma como se administran las pesquerías. A partir del 1° de enero, terminado el límite máximo de captura, siguen todos con sus licencias indefinidas, pero ahora, de nuevo, con "carrera olímpica".
¿Por qué no hablamos en forma clara?: hoy son indefinidas. De hecho, deberán cambiarse, según el artículo 2° de la iniciativa, de autorizaciones indefinidas a licencias transables de pesca. Algunas serán por un plazo de veinte años renovables y las otras, las de clase B, por veinte años sin renovación.
Las disposiciones mencionadas se hallan en la ley vigente y las modificaciones vienen en el proyecto.
¡Hasta cuándo dicen que aquí, en la iniciativa, estamos entregando "de por vida" la explotación pesquera! ¡Si hoy disponen de un plazo "de por vida", indefinido!; ¿o hay que leer los textos de nuevo?
Señor Presidente, a mi juicio, es preciso ser un poquito coherente con lo que aparece en el texto legal.
En el proyecto les damos la posibilidad de que puedan optar. Así de claro. Porque como poseen el derecho en forma indefinida, ojalá opten y podamos tener ahora licencias transables de pesca que permitan más competencia, que haya transacción, que ingresen nuevos actores al mercado.
Y eso lo dice, no la iniciativa que nos ocupa sino el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Es lo que se halla vigente.
Sé que ha habido una campaña o se han emitido expresiones que señalan lo contrario. Algunos sostienen que se está privatizando el mar: ¡que nos indiquen el artículo que así lo dispone! ¡Por favor, muéstrenlo!
Señor Presidente, primero que nada, quiero corregir lo que se ha señalado en la Sala, porque jamás he usado las expresiones que se dice que usé. Y, en segundo lugar, ellas no pueden estar incluidas en ningún informe, porque no las he emitido nunca.
El señor ESCALONA (Presidente).- Siguiendo con la lista de inscritos, tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, tengo entendido que estamos discutiendo el artículo 30 y no la indicación.
El señor LARRAÍN.- Siempre se debate primero la indicación.
El señor NAVARRO.- Entiendo que después discutirá la indicación.
Y se va a votar primero esta, y luego, el artículo.
El señor ESCALONA (Presidente).- Su Señoría sabe perfectamente que la discusión es una sola.
El señor NAVARRO.- Correcto.
El señor ESCALONA (Presidente).- De acuerdo con el orden que me ha señalado el señor Secretario, se vota primero la indicación,...
El señor LARRAÍN.- Así es y ha sido desde siempre.
El señor ESCALONA (Presidente).- ... pero se realiza una sola discusión.
El señor NAVARRO.- Muy bien.
Señor Presidente, quiero llamar la atención sobre lo que he señalado: los cinco días para resolver la solicitud de inscripción de que dispone la Subsecretaría de Pesca.
Y luego de leer el artículo 30 A, les anticipo a los colegas Senadores el porqué de la premura de los cinco días: al momento de inscribirse, se incorporan además los embargos, las prohibiciones judiciales que recaigan sobre la licencia y la Subsecretaría estará impedida de inscribir cualquier acto jurídico que se solicite con posterioridad.
O sea, ingresan la licencia; no existe demanda de los trabajadores ni embargo judicial y la Subsecretaría la inscribe; cinco días para resolver. Luego, los trabajadores demandan, pero no hay posibilidad alguna de embargo frente a esa licencia inscrita.
Ante ello, hago reserva de constitucionalidad.
¿Estas licencias van a quedar blindadas por hallarse inscritas? ¿No serán susceptibles de embargo, dado que la inscripción no lo permite? ¿A qué se debe que se excluyan las prohibiciones judiciales?
¿Cuánto valen los barcos? El señor Ministro lo sabe muy bien: ¡Nada!; son fierro por kilo. Lo que vale en esta legislación es la cuota pesquera. ¡Un barco sin cuota de pesca no vale nada!
Por lo tanto, la única vía para que los trabajadores puedan demandar a su empresa con medidas precautorias es embargándole judicialmente la cuota. Ahora, en caso de producirse un grave incumplimiento: si una empresa provoca un daño irreparable en el medio acuático y el Estado le entabla una demanda, ¿me van a decir que porque se halla inscrita la licencia en la Subsecretaría de Pesca ya está blindada?, ¿que no pueden hacerle ninguna anotación más?, ¿que no es embargable?
Porque el artículo 30 A dice: "Se inscribirán además los embargos y prohibiciones judiciales que recaigan sobre las licencias, encontrándose la Subsecretaría impedida de inscribir cualquier acto jurídico que se solicite con posterioridad a la inscripción de las medidas".
Y luego dispone: "La Subsecretaría deberá emitir los certificados que sean requeridos por los interesados".
Deseo hacer una pregunta a los asesores jurídicos del Ministro.
Si la Corte Suprema demanda un certificado o si hay una resolución judicial precautoria respecto de los bienes -no de los barcos-, de la cuota, por cualquier acto irresponsable o de responsabilidad de la empresa (un mal negocio, por ejemplo), ¿habrá impedimento para que dicha resolución pueda quedar inscrita en la licencia y, por ende, no sujeta a acción?
Por último, señor Presidente, el Ministro ya ha hecho excesivo énfasis en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. No conozco el fallo, porque los informes que se están analizando no contienen mucha alusión técnica. Pero entiendo que aquí estamos hablando no de los permisos indefinidos: eso ya lo discutimos el 2000.
Y la autoridad lo sabe muy bien, porque en ese entonces era Diputado y mantuvimos enfrentamientos en la Cámara de Diputados por el mismo tema: debatimos el 2000 y el 2002 los permisos indefinidos.
Hoy día la ley establece diez años. Y eso estamos renovando. Yo he solicitado que se prorrogue por dos más, para discutir de verdad el proyecto de ley.
Se contemplan veinte años renovables automáticamente. Y les prometo que voy a demostrar por qué dicha renovación automática resulta tan absurda y burda, porque hay que leer detenidamente para saber lo que nos están tratando de encajar con esta iniciativa.
¿Por qué deben ser automáticas las renovaciones? Veinte años con renovación automática es un exceso.
Claramente, el principio precautorio determina que si un agente poseedor de licencias lo ha hecho mal, debería dejar de administrarlas.
Por lo tanto, la evaluación no puede ser ni a veinte ni a cuarenta, sino a diez años. Y en ese lapso lo hicieron pésimo. No estoy disponible para premiarlos por veinte o por más. En diez años casi destruyeron lo que teníamos. No estoy por premiarlos por esa acción.
El señor TUMA.- Señor Presidente, quiero que sinceremos el debate.
Cuando iniciamos la discusión anteayer del artículo 1° A, que señala que el objetivo de esta ley es "la conservación", yo no lo voté favorablemente porque, habiendo revisado el articulado, me convencí de que nada de "conservación" tiene la ley en proyecto. No se enfoca en ella.
Quiero sincerar qué estoy votando, qué estoy discutiendo y qué estoy aprobando o rechazando.
En el artículo 30 se lee: "Las licencias transables de pesca serán divisibles, transferibles, transmisibles y susceptibles de todo negocio jurídico". Ese es el corazón del proyecto.
¿Por qué no sinceramos el debate?
¿Para qué seguimos conversando respecto de introducir observaciones menores y no vamos a la discusión acerca del contenido de los artículos 1°, 26 y 27, que se encuentran pendientes de información desde las Comisiones unidas?
Una vez que tengamos el informe mencionado hagamos el debate de fondo.
Así iremos ordenando la votación y la concentraremos en cómo definimos cuál es el rol del Estado. Porque aquí, detrás de esto, se halla implicada tal definición.
Y no veo ninguna justificación o razonamiento ante lo que señalan el Ministro, los parlamentarios, o incluso el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Y me parece inverosímil que este último sostenga: "Mire, mientras menos actores, hay más competencia".
El señor PÉREZ VARELA.- No es eso.
El señor TUMA.- O "Si no se renueva esto, si es más indefinido el permiso o la autorización, entonces se garantiza mayor competencia".
¡Esto es increíble! El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia me dice: "No recomiendo que se haga una renovación".
El señor PROKURICA.- Lea el fallo.
El señor TUMA.- Por ejemplo, en el caso del Transantiago, ¿a cuántos años se entregaron las concesiones? ¿A cuatro, a ocho, a diez? ¿Y por qué no se entregó el argumento de qué van a hacer los trabajadores cuando terminen las concesiones? ¿Por qué no las otorgamos de manera indefinida o con renovación automática? ¿O si prestan un buen servicio, entonces les renovamos a los veinte años otra vez? ¿Por qué no se actuó igual en transporte? ¿Por qué en este negocio, donde no tienen que hacer inversiones en maquinaria, comprar campos, pagar por la siembra, en que está todo hecho en el mar, que es una de las riquezas naturales del país, les entregamos licencias gratis por veinte años y después se las renovamos, si se portan bien, por otros veinte? ¿Por qué? Con el argumento de que con tales medidas les damos seguridad a los trabajadores. Hay otras formas de garantizar esto último.
No me parece que el Estado deba renunciar a su derecho de administrar los bienes en función del interés común, del interés nacional.
El ejemplo más claro lo vemos en la renuncia que el Estado ha hecho respecto de la administración de los espacios públicos que utilizan los buses privados. No hay fin de semana largo en que alguna autoridad, parlamentaria o del Ejecutivo, no aparezca en la televisión reclamando porque los pasajes subieron y manifestando que eso constituye un abuso. Y es el propio Estado el que ha renunciado a regular el espacio público a través del cual circulan esos buses, permitiendo que las respectivas empresas fijen las condiciones, la frecuencia y el precio, y que lo cambien cuando quieran. ¿Por qué? Porque no hemos regulado de manera adecuada el modo en que han de prestarles servicios a los chilenos con el uso de bienes comunes, como lo son las calles y los caminos.
Lo mismo ocurre con la renuncia que el Estado está haciendo en este caso a un bien de uso público común, un bien nacional de propiedad estatal y, por ende, de todos los chilenos. Me parece que deberíamos regularlo de otra forma.
En resumen, señor Presidente, creo que este debate se ordena en la medida que vamos al fondo del tema. Ojalá llegue pronto el informe de las Comisiones unidas y llevemos adelante la discusión acerca del rol del Estado en esta materia.
El señor ESCALONA (Presidente).- La Secretaría de las Comisiones unidas ha hecho llegar ahora el comparado, el que se va a distribuir a las señoras Senadoras y a los señores Senadores.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, quiero hacerme cargo de esta invitación genuina, pertinente, que plantea el Senador Tuma.
Y muestro mi perplejidad por lo que le escuché con mucha atención al Senador Navarro, en el ánimo de conversar este tema, porque estamos llegando al fondo de la discusión.
Yo entendía que el señor Senador y quienes legítimamente piensan como él estaban con la idea de terminar con el statu quo, con las cuatro empresas, con las siete familias, con las cuotas por derechos históricos.
Tenía la impresión -a lo mejor comprendí mal- de que la idea era innovar, romper el statu quo.
¿Y cómo se innova?
Incorporando nuevos actores. Ese es el tema de fondo.
Si queremos innovar, si no deseamos statu quo, si no queremos las siete familias y las cuotas por derechos históricos, demos facilidades, incorporemos una estructura de incentivos para que vengan nuevos actores.
Hasta donde yo entiendo, en este proyecto estamos tratando de hacer dos cosas. Por un lado, hay una línea de conservación y sustentabilidad -lo hemos discutido-, y por otra parte, se encuentra el tratar de definir las características de la industria.
¿Y cómo se incorporan los nuevos actores?
En primer término, la caducidad. Se trata de algo muy importante. Estamos regulando de manera estricta y precisa la caducidad. Cuando esta última se produce, hay licitación: entran nuevos actores.
En segundo lugar, con nuevas pesquerías, al igual que en países como Dinamarca y otros. Hemos citado los ejemplos. Ahí está el informe de la Biblioteca del Congreso, que al parecer no se ha leído. Con nuevas pesquerías hay licitación: ingresan nuevos actores, abrimos el negocio.
En tercer término, los excedentes, como en Nueva Zelandia. Los nuevos stocks que entran al sistema. Excedentes: el 5 por ciento, 5 por ciento, 5 por ciento. Lo hemos, visto, 15 por ciento a todo evento. ¿Qué provoca eso? Licitación: nuevos actores.
Y en cuarto lugar, este artículo 30: transferibilidad y fraccionamiento. Evidentemente, esta es la forma en que entran nuevos actores. ¿Qué significa el negocio jurídico? Crear un mercado. ¿Cómo entra un nuevo actor? Comprando. ¿Y cómo lo va a hacer si no es posible transferir la licencia o la cuota, o no se puede fraccionar?
Pero si esto es de sentido común. Queremos romper el statu quo, deseamos innovar, que ingresen nuevos actores.
Esto es lo mismo que ocurrió con la reforma agraria. Por eso me extraña lo que ha manifestado el Senador Navarro.
El latifundio era un factor de estatus social.
¿Qué hicimos con la reforma agraria? Entre otras cosas, como entregar justicia a los campesinos o la sindicalización, incorporar la tierra al mercado, para que fuera productiva y vinieran nuevos actores.
Entonces, no entiendo el argumento del Senador Navarro en el sentido de que pareciéramos más bien evitar este mercado, este negocio jurídico, que no pudieran entrar nuevos actores. Insisto: para que ingresen nuevos actores, las licencias deben ser transables y divisibles. Ese es el artículo 30.
Y la indicación nos remite al otro tema de fondo. Y el Ministro tiene razón en ese sentido, porque no solo la situación actual es de licencia indefinida: en el proyecto de la Cámara de Diputados sucede lo mismo.
El señor LAGOS.- Y en el que ingresó el Gobierno, también.
El señor WALKER (don Ignacio).- Entonces, lo que tenemos que hacer, como se recoge en el acuerdo -se va a distribuir-, es incorporar el concepto de licencia temporal. Y en nuestra redacción se habla de "licencia temporal". Podemos discutir si son 10, 15, 20 o 25 años. Eso es secundario. Lo importante es el concepto. Yo tiendo a pensar que 10 años es poco y que 25 es mucho. Estoy entre 15 y 20. Pero lo importante, más que los años, es el concepto de hacer temporal esta licencia.
Entonces, yo termino con eso.
Este artículo 30 es muy importante, porque no se puede crear un mercado en torno a los recursos pesqueros, no es posible que participen nuevos actores si estas licencias, si estas cuotas no son transables ni divisibles.
Por lo expuesto, voy a votar a favor del artículo.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, el Senador Ignacio Walker me ahorró parte importante de lo que iba a señalar.
Pero, a mayor abundamiento, quisiera establecer que este artículo, por lo que se ha mencionado, es absolutamente clave. Porque hoy día existe un problema de transferibilidad.
En mis manos tengo el texto del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
El señor NAVARRO.- ¿Puede leerlo?
El señor ORPIS.- En dicho documento hay un gráfico tremendamente importante.
Cuando parte la ley actual, que tenía un límite acotado en el tiempo, se generaban 25 transferencias. Eso era todo lo que se producía en general. Y baja a medida que va avanzando el plazo. Y hoy día están en cero. Por lo tanto, son dos elementos los relevantes.
¿Por qué no se producen las transferencias?
El señor NAVARRO.- Por la concentración del sistema.
El señor ORPIS.- Porque es un sistema tremendamente engorroso: está asociado absolutamente a las naves.
Entonces, este artículo rompe ese esquema.
Porque establece la plena transferibilidad, tanto de la titularidad como del uso o goce. Y eso permitirá el ingreso de nuevos actores al mercado.
Incluso más, señor Presidente.
Aquí se impugnaba lo señalado por el Ministro, en el sentido de que el Tribunal no habría dicho que tenía preferencia -tema que voy a profundizar en la discusión del artículo 26- o estimaba que las cuotas y las licencias deberían ser indefinidas.
Y quiero leerles textualmente el numeral 164 del documento pertinente, que contiene una argumentación mucho más profunda: "Así, tomando en cuenta dichos riesgos, este Tribunal ha llegado a la conclusión que, para mejorar el funcionamiento del mercado de intercambio de cuotas de pesca, se requiere establecer cuotas individuales de pesca de mayor duración que la actual, no descartándose incluso que éstas sean indefinidas.".
Eso lo dice el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Porque hay que generar un mercado de acceso,...
El señor NAVARRO.- ¡Un mercado ideal...!
El señor ORPIS.- ... para que existan más actores que los de hoy día.
Por eso el artículo 30 es clave.
Y se establece la transferibilidad, que no es objetada por la indicación -es bueno aclararlo-, la cual no apunta a la cuestión de fondo, el plazo, que se encuentra en el artículo 26. Ella mantiene la idea de que las licencias transables sean plenamente transferibles, divisibles, etcétera.
Obviamente, si establezco en el inciso primero que las licencias transables son transferibles, tiene que haber un registro público para las transferencias, para que ingresen nuevos actores, para dar seguridad, para otorgar certeza. Y eso es lo que se dispone en los incisos siguientes del artículo respectivo.
Pero lo importante es lo que señala el artículo 30: que las licencias transables no solo serán transferibles, sino también divisibles, a un nivel de 0,00001. Es decir, se atomiza muchísimo más la propiedad en términos de porcentaje respecto a las cuotas; facilitando a través de dicha norma, que establece un registro público, la existencia de un mercado secundario en la materia.
Con ello, sin duda, entrarán bastantes más actores al mercado, a los que hoy día, por todas las dificultades existentes para realizar las transferencias, les resulta imposible hacerlo.
Como acabo de expresar, hoy día prácticamente no existen transferencias -hay cero transferencias-, por dos factores: uno, lo engorrosa que resulta la indivisibilidad de la nave para efectos de la transferibilidad de las cuotas; y dos, los plazos.
Eso vamos a verlo a propósito del artículo 26.
Sin embargo, la indicación sobre la que debemos pronunciarnos sigue manteniendo -y eso es importante, Senador Navarro- la plena transferibilidad. Los plazos -reitero- serán analizados en la norma recién citada.
Señor Presidente, concluyo reiterando que la indicación presentada no objeta la transferibilidad.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, quiero pedir que al menos haya consenso respecto a lo que dice la Ley de Pesca vigente. Porque tenemos pleno derecho a discutir lo que dispondrá la legislación en proyecto, pero no lo que rige en la actualidad.
La normativa en vigor -para responder a la inquietud del Senador Navarro- señala en su artículo 2º, número 10), exactamente lo siguiente: "Autorización de pesca: es el acto administrativo mediante el cual la Subsecretaría faculta a una persona, natural o jurídica, por tiempo indefinido, para realizar actividades pesqueras extractivas con una determinada nave, condicionada al cumplimiento de las obligaciones que en la respectiva resolución se establezcan.".
Mi distinguido Senador Navarro, la ley actual, dictada en democracia, el año 91, y modificada posteriormente, le otorga a la industria, por nave, una autorización indefinida. Y al darle una autorización indefinida le confiere un derecho de propiedad.
El señor NAVARRO.- ¡No! ¡Eso es lo que usted quiere...!
El señor ESPINA.- Mi distinguido señor Navarro, el artículo 19, número 24º,...
El señor NAVARRO.- ¿Puede repetir lo que dijo?
El señor ESCALONA (Presidente).- Senador señor Navarro, por favor, guarde silencio.
El señor ESPINA.- ... de la Constitución chilena garantiza "El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.".
¿Qué significa eso en la práctica? Que, de acuerdo a la Ley de Pesca vigente, la industria tiene respecto a su autorización de pesca un derecho indefinido. Y si la ley quiere quitarle ese derecho indefinido, debe indemnizarla.
En segundo lugar, debo señalarle a Su Señoría que, si les fija a los industriales un plazo que no genere ningún incentivo para cambiarse del sistema de autorización de pesca al de licencias transables, van a seguir con el régimen vigente. Y seguirán con él porque la ley, o los expropia y les indemniza todo el valor comercial que tienen proyectado indefinidamente, o irán al Tribunal Constitucional y a los tribunales de justicia para pedir que se les respete el derecho que les otorga la actual Ley de Pesca.
El señor NAVARRO.- ¡Que vayan!
El señor LAGOS.- ¡Van a perder!
El señor ESPINA.- ¿Y qué hace, en cambio, este proyecto? A fin de terminar con esa autorización indefinida, para siempre, les dice que podrán cambiar su autorización por una licencia, para lo cual les fija un plazo determinado.
Si se establece un plazo muy corto, ninguna industria se cambiará. Y van a decir: "Me mantendré bajo el esquema actual, en forma indefinida. Voy a ir al Tribunal Constitucional para pedir que se me garantice el derecho que adquirí en virtud de la ley, el cual tiene carácter indefinido".
Por lo tanto, este proyecto hace todo lo contrario de lo que se está afirmando: permite limitar por un período de años lo que hoy día es indefinido y establece causales específicas de caducidad, con condiciones tales que motiven a la industria a cambiarse al nuevo sistema, porque de lo contrario no lo hará.
En consecuencia, se mejora indiscutiblemente el procedimiento que existe en la actualidad, de acuerdo a las normas vigentes.
Por eso, no se puede...
Señor Presidente, decía que, por lo expuesto, no se puede sostener que hoy día no hay autorización indefinida, porque sí existe.
Entonces, no logro entender cómo los señores Senadores que quieren establecer más limitaciones en el tiempo están optando por una norma que, en definitiva, significará que toda la industria se mantenga en el sistema vigente y, además, recurra a la justicia para decir que tiene un derecho adquirido.
Por eso, la ley en proyecto beneficia a los intereses de la pesca en Chile, no los perjudica, pues permite que más empresas entren al mercado, a la competencia.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, de a poco tratamos de abordar un artículo en particular y volvemos a la piedra angular de este proyecto: la licencia, la duración, la renovación, etcétera.
El Ministro de Economía señaló que nunca dijo ser partidario de un plazo indefinido.
El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- ¡No! ¡Jamás dije eso!
El señor LAGOS.- Expresó que no quería que las licencias de pesca fueran indefinidas.
Lo que quiero manifestar es que el proyecto de ley que ingresó a la Cámara de Diputados tenía un plazo indefinido.
O sea, no sabemos lo que usted quería o dijo, pero sí lo que señala la iniciativa: que era indefinido.
El señor ESCALONA (Presidente).- Senador señor Lagos, diríjase a la Mesa.
El señor LAGOS.- Por su intermedio, señor Presidente.
El señor NAVARRO.- ¿De quién es el proyecto?
El señor LAGOS.- Del Gobierno y del Ministro Longueira. Por eso se llama "Ley Longueira". ¡Para qué estamos con cuentos!
Entonces, hay una discusión jurídica entretenida. Y seguramente la industria tendrá sus abogados, etcétera.
Pero acá el tema de fondo es el siguiente.
Quedamos en una situación casi dramáticamente divertida.
Había gente que tenía naves y podía pescar. Y contaba con una autorización de pesca reconocida como indefinida.
¿Qué era lo indefinido? "Usted tiene un permiso, y vaya a pescar".
Eso era en el mundo de Andrés Bello, de la res nullius, que les gusta a algunos: el pez es de quien lo pesca.
Pero ocurre que el pez comenzó a acabarse. Y, como había menos pesca, se dijo el año 91: "¿Sabe, mi amigo? A todos los que tengan autorización de pesca ahora les vamos a poner una cuota global. Se puede pescar 100". "¿Y cuánto cada uno?". "No cuánto cada uno: vayan todos y pesquen lo que puedan, hasta llegar a 100". Y de ahí, certificación con los desembarques, haciendo trampas o no; da lo mismo. Pero se llegaba a 100 y se acababa.
¿Y qué estimuló aquello? La llamada "carrera olímpica". ¿En qué consistía? Lo explicaré.
Esto no es para Sus Señorías, que saben, sino para quienes ven la transmisión televisiva de esta sesión.
Había que pescar un máximo de 100. Pero, como estaba distribuido entre todos los que contaban con permisos (no eran muchos), el que tenía una nave dijo: "Con dos barquitos pesco más que con uno". ¿Sí o no? ¡Y vamos comprando barquitos! Entonces, entre el 91 y el 2001, ¿cuál era la gracia? Tener o arrendar más naves, para salir a pescar con mayor rapidez y llegar a los 100. Porque ese era el negocio.
En 2001 se dijo: "Esto no está funcionando, por la acción de depredadores", etcétera.
Y se hizo un alto.
La primera vez se expresó: "Mi amigo, su autorización es indefinida, pero no se puede pescar más de 100. Así que salga a pescar rápido y gánele al del lado".
En 2001 se manifestó: "Sí, mi amigo. Su autorización es indefinida, para siempre. Pero la cuota de 100 ya no vale. ¿Sabe lo que vamos a hacer ahora? ¿Cuánto pescó en los últimos años? Ya: tanto le toca a usted, tanto a él". Porque además, como eran pocos, resultaba fácil hacer la figura. Y se le dijo a cada cual, en función de su cuota histórica: "Su autorización de pesca sigue siendo indefinida, pero le vamos a poner un límite. ¿Cuál? La cuota,...
El señor NAVARRO.- El límite máximo de captura.
El señor LAGOS.- ... el límite máximo de captura.
Entonces, Senador Espina -por intermedio del señor Presidente-, autorización de pesca (impecable; puede pegarse en la pared) indefinida. Pero se expresó: "Límite a lo que pueda capturar".
Señor Presidente, lo que estamos discutiendo en este proyecto de ley, que es un avance en muchos aspectos -no los voy a detallar porque se me están yendo los cinco minutos de que dispongo-, tiene una serie de cosas muy positivas: Comité Científico, plataforma social, en fin. No hay nada que decir al respecto. Pero esta no es la discusión. Porque en ello estamos todos de acuerdo.
Lo que hay acá es un profundo desacuerdo con una mayoría que quiere dar derechos permanentes, no para toda la vida, sino ¡para siempre! Porque son heredables. O sea, el titular muere, y siguen.
Después se llega a este tema, y quedan licencias clase A y clase B.
En su análisis, el Senador Espina dice que no va a haber incentivo si a los industriales se les ofrece cambiar su autorización de pesca indefinida por una licencia con un plazo muy corto, porque no lo van a hacer, y además, si se los fuerza, van a alegar que los expropiaron.
¿Saben qué es lo trágico y divertido de eso? ¡Que a las mismas personas que junto con los artesanales -hay que señalarlo- han estado explotando el recurso pesquero y lo han acabado ahora habrá que indemnizarlas, de acuerdo al razonamiento del Senador Espina, por decírseles que se les retira la autorización o se les pone una cuota o un límite!
Si a quien tiene una autorización de pesca le dan una licencia por 2 kilos al año, se está cumpliendo el objetivo.
Estoy extremando el argumento.
Lo que quiero es preguntar qué estamos reconociendo con este proyecto de ley. Que ese papel, que tiene un valor en Derecho, en la práctica ya no vale tanto, pues no quedan peces y le estamos colocando a la pesca todo tipo de limitaciones.
En 2001 se pusieron de acuerdo -yo no estaba aquí-, y dijeron: "10 años es suficiente". Y la industria funcionó, invirtió, en fin. Hubo discusión en cuanto a la cuota para los artesanales. Pero se llegó a un arreglo, el cual, eso sí, no cauteló el recurso sustentable.
Hoy día, en vez de 10 años, son 20. Y llegando a los 20, prácticamente renovación automática. Porque si a alguien se le otorga la licencia de nuevo sobre la base de su hoja personal, porque se ha portado bien, eso es en el hecho, a mi juicio, "indefinido", "para siempre".
Tal es el tema de fondo que subyace en esta iniciativa de ley.
Reitero, señor Presidente y señor Ministro, que el proyecto del Gobierno entró como indefinido. Y hay que decirlo así. No tenía ningún límite: indefinido.
"Indefinido" era "para siempre". No era "para toda la vida".
¡Y ojo! ¡Rochen esto! Porque dicen: "Para toda la vida". No. No es para toda la vida: es indefinido. Uno muere, pero se hereda y sigue.
Eso era lo que venía de este Gobierno.
Ahora, yo pregunto: si no podemos ponernos de acuerdo en un tema tan crucial, ¿cuál es el afán de resolver hoy día si hace 10 años fue factible llegar a un consenso y decir "Se transfiere este problema", y la industria siguió funcionando durante 10 años?
Yo estoy dispuesto a fijar hasta 15 años para tener una ley mejor que la actual en muchos otros aspectos, pero no veo por qué hemos de estar forzados a darle aquel derecho a un grupo de chilenos. No me parece adecuado. Y no encuentro la justificación para hacerlo.
Entonces, la diferencia estriba en que algunos consideran bueno que las licencias se renueven automáticamente, y otros, no.
Porque en lo grueso hay acuerdo: Comité Científico, plataforma social, "INDAP pesquero", etcétera. El meollo del asunto es otro. Y ese es el punto en que discrepamos.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, yo escucho el debate, y tengo que partir señalando que al asumir como Senador hice un juramento -puede que no me guste; y quiero decirlo-: cumplir la Constitución y la ley.
A mí no me gusta la Ley General de Pesca y Acuicultura que rige en nuestro país. No me gustó cuando se aprobó, en el 91, y desde ese tiempo he sido tremendamente crítico de esa estructura jurídica.
Por lo mismo, hay elementos de esta propuesta que no me acomodan (después volveré a ello).
Ahora bien, quiero referirme a un par de afirmaciones falaces que se han hecho aquí.
No existe la posibilidad de gran competencia en recursos naturales renovables que son por esencia limitados. Es una mentira sostener que aquí se pueden generar grandes competencias. Es una falsedad.
Pueden ser 15, 20, 30 empresas, pero llega un momento en que la competencia es limitada porque tales recursos no dan para más.
Y lo que me preocupa en el sector industrial es, primero, que se respeten los derechos de los trabajadores. Además, que se respeten el acceso a los recursos y su conservación. Y hay un tercer elemento, que constituye quizá mi mayor crítica a este proyecto de ley: cuál es el aporte que la industria pesquera hace a nuestro país por acceder a recursos que son de todos los chilenos.
¡El royalty!
Porque la mencionada es una industria donde hay mucho dinero (y todos lo sabemos): ¡miles de millones de dólares por año!
Da igual que sean 5, 10 o 15 años. La discusión de fondo estriba en cuál es el aporte de la industria pesquera a la economía nacional.
También quiero volver sobre este punto. Porque de repente se actúa como si fuera sacrosanta la idea de la licitación para que otros entren a competir.
Sé, señor Presidente, que lo que voy a decir no es políticamente correcto en el mundo de las relaciones internacionales de hoy: me gustaría que algunos países no tuvieran acceso a nuestros recursos, pues no quiero que en el siglo XXI nos presionen frente a un bien que es escaso: los alimentos.
Yo tengo una visión estratégica sobre la importancia que reviste para Chile mantener el mayor control posible sobre los alimentos, porque de ello va a depender el desarrollo futuro de nuestro país.
Por eso, considero muy relevante que se defina que estos recursos son de todos los chilenos y que cualquier tipo de licencia no constituye propiedad, es algo limitado en el tiempo.
Sin embargo, el problema que tenemos radica en que la legislación vigente no se deroga con la ley en proyecto. La normativa en vigor no desaparece con lo que estamos discutiendo.
En tal virtud, los industriales que cuenten con permisos indefinidos y no se traspasen al nuevo sistema seguirán con ellos. Los permisos continuarán siendo transferibles, de acuerdo al artículo sobre sistema de plena explotación.
¡Sincerémonos en la verdad!
Por tanto, se está discutiendo cuál es la transacción que se genera.
Es muy parecido a lo que se debatió durante la tramitación del proyecto que dio origen a la ley sobre royalty minero. Las empresas habían ingresado bajo el amparo del decreto ley 600, conforme a un principio según el cual no se les podía variar el sistema impositivo. Se generó un incentivo para cambiarse de la ley vigente en ese momento a una nueva legislación, en virtud de la cual hacían un aporte al desarrollo nacional.
Aquí se está generando un traspaso de un sistema a otro, pero esa contribución no se verifica. El hecho de que las licencias sean transferibles nada ha cambiado.
Disculpen Sus Señorías lo que voy a decir, pero si llegan noruegos o se trata de chilenos no cambia la cuestión de fondo, que es nuestro deseo de que conserven el recurso, paguen los impuestos, aporten a la economía por la vía de un royalty y respeten las leyes laborales.
Por tanto, señor Presidente, nos encontramos en un debate tremendamente limitado, porque, por desgracia, no podemos modificar plenamente la ley vigente.
El señor LETELIER.- Esa imposibilidad me molesta. Pero así son la ley y la Constitución. Esa es una de las cosas que me desagradan de la discusión.
Prefería el plazo de 15 años, porque tiene que ver con una coincidencia con el proceso de fraccionamiento.
El que las licencias no sean automáticamente renovables, a mi juicio, es de la esencia de un país que se proyecta, pero en un tiempo limitado. No comprendo por qué hay licencias tipo A frente a las de tipo B. Me gustaría que todas se encontraran en la misma situación. Mas entiendo el porqué. Otra cosa es que no me gusta. Ello tiene que ver con el incentivo que algunos estiman necesario para traspasarse de una ley a otra.
Quiero hacer este planteamiento, señor Presidente, porque, de repente, lo que aquí se escucha da la impresión de que el sistema fuera ideal. ¡No lo es!
Y lo que más me molesta...
El señor ESCALONA (Presidente).- Último minuto, señor Senador.
El señor LETELIER.- ... es que no abordamos el tema que me parece de fondo. ¿Cuál es el aporte que hacen a la economía quienes extraen recursos de todos los chilenos? ¿Por qué no se les aplica, más allá de las patentes, un royalty? Porque, licitaciones más, licitaciones menos -disculpen la forma de decirlo-, podrá cambiar el dueño del barco, pero no su relación con el Estado, no su aporte a la economía.
Señor Presidente, no creo que la discusión se esté encauzando en una forma real. Aquí tenemos una limitación. La ley actual mantiene su vigencia con un sistema de permisos indefinidos.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, me parece que este último debate necesita que precisemos algunos conceptos, como ya lo han hecho presente quien me antecedió en el uso de la palabra, o el Senador señor Espina, o el propio señor Ministro de Economía.
Pienso que aquí se olvida una realidad jurídica, independientemente de la adhesión o simpatía que se pueda experimentar por ella. Lo cierto es que la autorización de pesca es hoy día indefinida. Eso es lo que dice la ley. No es cuestión de una voluntad particular ni de una interpretación. La norma legal dispone que la autorización de pesca "es el acto administrativo mediante el cual la Subsecretaría faculta a una persona, natural o jurídica, por tiempo indefinido, para realizar actividades pesqueras extractivas con una determinada nave". Esa es la situación.
Es importante saber que, cuando una persona adquiere un derecho en conformidad a las reglas vigentes, este forma parte de su patrimonio. Es un derecho adquirido. Por eso mismo, un cuerpo legal posterior no se lo puede quitar sin pasar por encima de una garantía constitucional. Y no solo lo hace la Carta vigente: es algo que todas las que Chile ha tenido han respetado siempre.
Por lo tanto, estamos frente a una situación real, no ficticia. Y lo que hizo la ley en 2001 fue un congelamiento respecto del límite máximo de captura, pero no cambió el derecho de propiedad sobre la autorización de pesca. No se trata de un derecho de propiedad a la pesca, sino de un derecho real sobre la autorización. Eso es lo que hoy día puede variar si el proyecto se aprueba en los términos que viene.
Pero si Sus Señorías se fijan, se establece un régimen de licencia temporal que el tan mentado acuerdo respecto del cual se ha venido conversando hace más estricto. Se ponen más condiciones para la renovación. Pero, para que esto ocurra, quien tiene una autorización de pesca deberá optar por la actual situación o incorporarse al régimen que establece la iniciativa.
En efecto, el proyecto en discusión no obliga a perder el derecho, sino que su artículo segundo transitorio dispone:
"En el plazo de 6 meses contado desde la entrada en vigencia de la presente ley, los armadores titulares de autorizaciones de pesca de pesquerías administradas mediante límite máximo de captura por armador, de conformidad con la ley N° 19.713, podrán optar por cambiar sus autorizaciones de pesca por licencias transables de pesca clase A", etcétera.
Es decir, quien tiene hoy día una autorización de pesca de duración indefinida va a optar. Es lo que establece el proyecto.
El señor NAVARRO.- No den la opción, no más.
El señor ESCALONA (Presidente).- Sin interrupciones, por favor.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, sería bueno que tratáramos de entender las cosas. No somos niños de pecho. Aquí estamos legislando en conformidad con la Constitución y estableciendo derechos. No se llega y se rifa. Es necesario hacer bien la tarea.
La iniciativa solo cambia lo relativo a los industriales, porque los pescadores artesanales mantienen sus derechos indefinidos, heredables, etcétera. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es regular para los primeros un marco que será, por el acuerdo logrado entre un grupo de Senadores y el Gobierno, más restrictivo que lo establecido por la ley. A lo mejor, esta ha presentado muy poco esta última característica. Lo concedo. No lo sé, porque no he estudiado el tema a fondo. Lo que sí sé es que lo acordado significa ponerle más trabas a la renovación en la clase A, con una duración de 20 años, renovables.
Ese es el sistema que estamos adoptando. Se está siguiendo un camino que hace posible cambiar el régimen de derechos de propiedad de duración indefinida por otro de renovación limitada bajo las normas que se contemplan. Y si estas, con el tiempo, no funcionan, pueden modificarse, corregirse, perfeccionarse. Eso es lo que estamos aprobando.
El proyecto, sin lugar a dudas, constituye un avance respecto de la situación actual, al menos desde el punto de vista de la pesca industrial.
Los pescadores artesanales no solo van a mantener su régimen -y todo el mundo está conforme con ello-, sino que, además, aumentarán la cuota de captura máxima dentro del total autorizado por la ley.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene un minuto más, señor Senador.
Es decir, la iniciativa no solo está centrada en asegurar la sustentabilidad del recurso, la conservación de las pesquerías y sus especies, la biomasa, sino que también favorece particularmente a los pescadores artesanales, porque les da más cuota y les mantiene sus derechos indefinidos. Además, regula y restringe un derecho que les confirió la ley de 1991, bajo el Gobierno del Presidente Aylwin, situación que la de 2001 mantuvo congelada. Ahora ello cambia. En ese sentido, estamos avanzando.
Podemos discutir cómo regulamos. Eso es lo que haremos cuando veamos el acuerdo a que se ha llegado. Pero creo que estamos progresando y, además, respetando un ordenamiento jurídico que vale la pena recordar, sobre todo por quienes han jurado cumplir la Constitución y las leyes.
El señor ESCALONA (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, a ratos, dentro del debate, uno experimenta ciertas perplejidades en cuanto a si estamos viendo el mismo informe comparado, con las mismas indicaciones.
Nadie puede negar que el proyecto de ley contiene adelantos relevantes en términos del contrato a la parte, del "INDAP pesquero", de la plataforma social, de la sustentabilidad, como un elemento significativo para los efectos de determinar las cuotas sobre la base de criterios técnicos y científicos. Pero me gustaría sostener una discusión seria sobre varios aspectos.
A veces, pienso que muchos de nuestros interlocutores pronuncian un discurso para las personas que nos ven por televisión o nos escuchan por radio. Prefiero buscar fórmulas para llegar a un acuerdo en algo tan importante como la atomización de la industria. ¡Todos coincidimos en que es preciso hacerlo!
En ese sentido, compartimos -si estamos leyendo el mismo documento- el que a los pescadores artesanales se les ha mantenido el carácter indefinido. Más aún, se han mejorado sus condiciones.
Quiero contarles a Sus Señorías que, junto con el Senador señor Horvath, presentamos cerca de una centena de indicaciones, las que trabajamos con la CONAPACH, con las asociaciones de pescadores artesanales.
Mi Honorable colega recorrió cada una de las caletas del país. Incorporó elementos importantes, como un registro único en la Isla de Pascua, cuestión contemplada en la normativa, para los efectos de establecer las condiciones especiales de ese territorio.
Y, así, suma y sigue.
Después entramos a algunas discusiones en particular. Ayer estuvimos haciendo referencia al artículo 9º A, letra g), al ocuparnos en los caladeros habituales. Nosotros, que estamos defendiendo a los pescadores artesanales, sosteníamos que era de relevancia contemplar una operación alternada. Observé que quienes afirman mantener el mismo interés estaban en contra de la norma.
Entonces, no sé si estamos leyendo el mismo proyecto.
Por otra parte, se destaca que científicos como los doctores Tchernitchin y Castilla y el profesor Santelices -sus apreciaciones fueron recogidas en el texto y se les escuchó en la Comisión de Pesca- mantienen determinadas posiciones; pero el propio Senador señor Girardi cita al académico y Premio Nacional de Ciencias Aplicadas 2010 señor Castilla para argumentar en sentido completamente contrario.
A veces, uno cree que está basándose en un texto completamente distinto.
Y más allá de los artículos 26 A y 26 B, que efectivamente establecen las licencias, asunto que vamos a debatir una vez que conozcamos los puntos del acuerdo, el artículo 28 A se refiere a la fijación anual de una cuota global de captura y el artículo 29 -porque tiene que haber una regulación jurídica- contempla un Registro de Naves. Frente a una aseveración hecha por un Honorable colega, hago presente que esta última disposición expresa que "Las naves que se inscriban en el Registro deberán estar matriculadas en Chile y cumplir con las disposiciones de la Ley de Navegación". En consecuencia, no es efectivo lo de la posibilidad de la transferencia a terceros o a extranjeros que operen en nuestro país.
Posteriormente, el artículo 30 menciona los atributos jurídicos de las licencias y expresa que serán transferibles, transmisibles y susceptibles de todo negocio jurídico, ¡para atomizar a la industria, porque no queremos que sea operada por pocos, sino una mayor competencia, en definitiva!
Más aún, la misma norma determina que incluso deberá registrarse el valor de las transacciones.
Se afirmó también que las licencias no podían ser objeto de embargo ni de prohibiciones. No sé si estoy leyendo un artículo distinto del que tuvo presente otro distinguido Senador, porque el artículo 30 A expresa que "En el Registro a que se refiere el artículo anterior, se inscribirán además los embargos y prohibiciones judiciales que recaigan sobre las licencias".
O tenemos proyectos o textos comparados diferentes...
El señor NAVARRO.- ¡Continúe leyendo, Su Señoría!
El señor ESCALONA (Presidente).- El Honorable señor Chahuán dispone de un minuto para terminar.
El señor NAVARRO.- ¡Que lea la segunda parte!
El señor CHAHUÁN.- Estoy trabajando justamente en defensa de los intereses de los pescadores artesanales de mi Región -quiero decirlo tal cual- y por estimar necesario también darles sustentabilidad. ¡Conozco el esfuerzo que hacen los trabajadores de las caletas de mi zona!
Por eso, creo que la normativa en estudio constituye un avance en muchos aspectos. Tenemos que discutir otros cuando venga el debate de fondo, que vamos a realizar justamente cuando abordemos los temas del acuerdo.
El señor NAVARRO.- ¡Puras verdades a medias...!
El señor ESCALONA (Presidente).- Silencio, por favor.
Corresponde el uso de la palabra al Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, me alegro de que la discusión se haya conducido hasta este punto, porque pienso que se ha puesto en el centro lo que realmente va a ocurrir después de la ley en proyecto.
Más allá del carácter indefinido, como aquí se ha dicho, que puede presentar o no la normativa vigente, el punto es si en verdad hay o no voluntad para hacer una modificación en un sentido distinto.
¿Por qué diez años? Recién lo conversábamos con mi Honorable colega Muñoz Aburto. Las razones para fijar ese lapso no obedecen a un capricho ni apuntan a ponerle un freno a la industria y a evitar que se desarrolle. Diez años tienen que ver con un plazo que se ha venido manteniendo hasta ahora en la última ley y que, adicionalmente, es más que suficiente para evaluar cómo el sistema puede comportarse en el futuro, cómo funcionará con estas adecuaciones.
Por cierto, me sumo a quienes han señalado que el proyecto contiene aspectos positivos. No voy a extenderme en ello.
Cuando ayer se discutía en relación con la sustentabilidad, el Senador señor Tuma y el que habla, entre otros, no apoyamos el artículo 1 A precisamente porque ese elemento no se ve aquí. Lo que tenemos es cómo ingresan más actores al mercado. Nos hablan del Tribunal de la Libre Competencia, de licencias indefinidas, de que se trata de un negocio, de que es preciso ampliar los actores participantes en este. Nos han mencionado recién el derecho de propiedad y las indemnizaciones que, eventualmente, se les tendría que pagar a quienes ya están en la industria. Entonces, por favor, ¿dónde está la sustentabilidad?
¡Si el debate central está teniendo lugar con motivo de la indicación al artículo 30! ¡Ahí se encuentra radicado!
Por lo tanto, ¿a qué sustentabilidad se está haciendo referencia?
Quisiera decirles, con todo respeto, a los amigos de enfrente que Pinochet, el Gobierno de la dictadura, el Almirante Merino y los que seguramente estaban a cargo de las materias pesqueras en aquella época fueron más conscientes de ese concepto. Pinochet lo tuvo más presente que el Gobierno actual. Es probable que sea políticamente incorrecto lo que estoy señalando.
En 1985 se estableció el fin del pleno acceso libre y se cerraron tres Regiones, porque, efectivamente, había ya conciencia de que estábamos frente a un recurso en extinción, limitado. ¡Y algunos piensan aquí en cómo meter más actores al negocio, como si estuviéramos hablando del retail, de servicios financieros! Constituye un negocio, por cierto -varios señores Senadores lo han mencionado-, pero se halla en extinción.
¡Es hoy día cuando tenemos diecisiete especies con pesquería, de las cuales nueve están sobreexplotadas, cuatro altamente explotadas y solo cuatro en un nivel razonable de conservación!
También estamos haciendo referencia a cuando partió la ley, en 1991, y se registraba un desembarque de entre 2,5 millones y 4 millones de toneladas de jurel. En 2001 se pasó a un millón 300 mil, y en 2010, a 465 mil.
Entonces, se trata de un negocio al cual queremos meterle más actores y dejarlo indefinido.
Se menciona la temporalidad. ¡Por favor! ¡Si todos sabemos que aquel que se porta bien -y es difícil portarse mal- tiene otros veinte años! Y así, sucesivamente.
En consecuencia, la única sustentabilidad posible de comprender es la del industrial.
Creo, señor Presidente, que tenemos que sincerar el debate, porque lo que se encuentra en juego y en la discusión es si realmente queremos que el Estado asuma un rol regulador frente a bienes escasos, o bien, dejarle todo al mercado, como varios señores Senadores lo han dicho con todas sus letras.
Por lo tanto, estimo que la indicación al artículo 30 es fundamental.
¡Y qué bien que se haya hecho el debate en esta instancia! Porque aquí la cuestión no radica en la sustentabilidad -olvidémonos de ella-, sino en cómo se les asegura el negocio a siete familias, a algunos cuantos actores, por los próximos veinte, cuarenta, sesenta años, con licencias transables y entregables a sus futuras generaciones.
Entonces, creo que esta indicación cobra mucha importancia. Por eso vamos a votarla a favor. De lo contrario, significará regalar el mar, regalar los peces.
Cuando aquí se habla del derecho de propiedad, cobra vigencia lo que hemos dicho en el sentido de que este proyecto de ley está privatizando el mar.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, cuando uno escucha el debate, por supuesto, queda claro que hay diferencias de la A a la Z entre lo que plantea el Gobierno, lo que propone la indicación y el acuerdo al que ha llegado la Democracia Cristiana con el Ejecutivo respecto del tema.
Seamos precisos para que la gente nos pueda entender.
Aquí estamos hablando de un tremendo negocio. No estamos hablando de que el país va a desarrollar la pesca sustentable para todos los chilenos. Aquí se está estableciendo, claramente, un negocio, y voy a explicar por qué.
Me referiré al jurel nomás, que es la especie que más recursos da. Hoy día, el 95 por ciento del jurel está en manos de los industriales y el 5 por ciento, en las de los artesanales.
¡Entonces, no vengan con cuentos aquí diciendo que defendemos a los artesanales! ¡Aquí lo que se está haciendo con este proyecto es perpetuar el sistema: llegar a licencias de veinte años y hacerlas indefinidas!
¿Qué significa este acuerdo de fraccionamiento al cual se llegó con el Ministro? Que en la zona extremo norte del país el 95 por ciento del jurel va a quedar en manos de la industria y el 5 por ciento, en poder de los artesanales. Y entre la Tercera y la Décima Región, el 90 por ciento pertenecerá a los industriales y el 10 por ciento, a los artesanales.
Entonces, el negocio que estamos hoy día discutiendo es para los industriales. ¡Les estamos entregando el mar, los peces y el desarrollo económico de esa zona a los industriales! ¡A cuatro empresas! Una de ellas (CORPESCA) tiene el 55 por ciento; la otra, el 17; la otra, el 7, y la última, el 6 por ciento.
Escuché a un señor Senador preguntar cómo logramos que las licencias de pesca sean transables para que entren nuevos actores al negocio. ¡Jamás van a entrar nuevos actores al negocio! Porque hoy día se pescan 300 mil toneladas de jurel al año, lo que da 1.200 millones de pesos...
El señor QUINTANA.- ¡Dólares!
El señor NAVARRO.- ¡Dólares!
El señor GÓMEZ.- Perdón, 1.200 millones de dólares anuales.
¡Ese es el negocio! ¡Y, a través de este acuerdo y de esta futura ley, se está perpetuando!
Más aún, algunos señores Senadores han sostenido que la ley y la Constitución establecen un derecho de propiedad. Pero resulta que el Tribunal Constitucional, en el caso particular de la ley Nº 19.713, del año 2001, dice: "precisando la diferencia entre las autorizaciones y las concesiones, ha destacado el hecho de que las primeras no reciben la misma protección de la Carta Fundamental".
¿Por qué? Porque el artículo 14 de dicho cuerpo legal, refiriéndose a los industriales, dispone que: "El establecimiento del límite máximo de captura por armador a que se refiere este título no constituirá derecho alguno en asignaciones de cualquier tipo que se efectúen en el futuro".
Es decir, la ley establece que en este caso no existen los derechos de propiedad.
Y lo que nosotros queremos es que en esta iniciativa se explicite claramente que las licencias no otorgan derechos de propiedad. No es posible transmitirlos al privado, porque se trata de una propiedad del Estado de Chile.
Más todavía, la Constitución Política -¡fetiche!, ¡juramento!- dice, claramente, en el artículo 19, número 24º, que es la ley la encargada de establecer el cómo se ejercen los derechos de dominio y dispone que podrán establecerse limitaciones y obligaciones que, en el caso de derivar de la función social de la propiedad, no dan lugar a ningún tipo de indemnización.
¡Entonces, no me vengan con cuentos!
¡Este proyecto perpetúa lo que ha existido siempre: cuatro empresas son dueñas del 95 por ciento del jurel, que es la especie que da la mayor cantidad de recursos! Las demás son menores cosas.
¡Y no vengan a decir aquí que están defendiendo a los artesanales, porque ellos, con su esfuerzo, con sus capacidades, apenas pescan el 5 o 10 por ciento de los recursos del mar!
¡La verdad es que el acuerdo famoso, el proyecto en la forma en que se está elaborando perpetuará el negocio al dejarlo indefinido, en lugar de fijar 10 años!
Y no me vengan tampoco con que esto se puede cambiar, dependiendo de si cumplen o no...
El señor ESCALONA (Presidente).- Culminó su tiempo, señor Senador.
Le doy un minuto más.
El señor GÓMEZ.- ... con las condiciones establecidas en la ley.
En el acuerdo se hace algo más grave todavía: se traslada a la autoridad la posibilidad de perpetuar las licencias.
Lo relativo a la temporalidad no es efectivo, porque ella solo es posible en la medida en que se incumplan ciertas exigencias -cosa que es casi imposible que ocurra- establecidas en los artículos 40 y siguientes que se refieren a las infracciones.
Entonces, señor Presidente, hablemos con la verdad.
¡Este es un gran negocio! ¡Y este gran negocio favorece a cuatro industrias! ¡Mientras tanto, unos y otros se ocupan en decir "Defendemos a los artesanales"! ¡Aquí el negocio es de los industriales!
Por ello, nosotros queremos que haya una definición clara: primero, disponer que el dominio de los peces es de todos los chilenos y, segundo, que no debemos entregar el mar a la privatización -así está en la actualidad-, a causa de una sola indefinición
Lo veo alejado de su pupitre, señor Senador. ¡Le ruego que se acerque para hacer uso de la palabra e ilumine este debate...!
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, pido excusas por no estar en mi lugar de trabajo...
El señor BIANCHI.- ¡Estaba muy bien acompañado!
Señor Presidente, a diferencia de otros parlamentarios, yo he aprendido muchas cosas en estas sesiones. Admito que diversos conocimientos han abierto mi visión de lo que tenemos que hacer.
Debo reconocer que algunas expresiones de Senadores de Gobierno me ratifican que, cuando me opongo a algunas normas que propone esta iniciativa de ley, tengo toda la razón.
Por lo tanto, solamente quiero explicitar tres o cuatro cosas que me parecen razonables, con la confianza que existe entre nosotros.
Primero, he contraído un compromiso con mi bancada. Por ende, no haré un alegato frontal de mis puntos de vista. Eso es respeto hacia mi colectividad.
Segundo, voy a votar que no al plazo de los 20 años. Y ello también es parte de mi compromiso con mi bancada. Yo soy disciplinado. Entiendo que mi presencia aquí debe ser regida por la disciplina frente a la libre conciencia, porque nosotros somos hijos de nuestros partidos, y así obtuvimos nuestros cargos.
Además, como consecuencia de lo anterior, me siento legítimamente autorizado, tras conversaciones sostenidas con nuestro jefe de Comité, a aprobar toda propuesta que establezca un plazo inferior a 20 años, por ser coincidente con mi rechazo a esta cifra.
Por otro lado, señor Presidente, hay una cosa que me preocupa y que he repetido reiteradamente en esta Sala. Nosotros tenemos la obligación de hacer un debate elevado, sereno, tranquilo, respetuoso. Y no lo estamos haciendo, señores Senadores.
He permanecido callado todas estas horas y he recogido la impresión que me da esta discusión.
Veo una cierta fiereza de parte de los Senadores de Gobierno en el trato cuando hablamos los de Oposición. A mí ya no me asusta. Creo que es parte del debate. Pero, ¡cuidado!
Cuando aquí se empiezan a golpear los pupitres para decir: "Solo yo defiendo a tales o cuales personas"; cuando se levanta la voz y nos hacen aparecer a los de Oposición como verdaderos ignorantes, se están socavando las bases fundamentales de esta institución.
Yo quisiera proponerles a todos, tal vez por la mayor presencia de años que tengo en este Hemiciclo, que entendamos que aquí no nos va la vida, que aquí no estamos defendiendo valores. Aquí se busca determinar lo que significan la pesca, los peces y a quién pertenecen, que es el punto desde donde parten las diferencias.
Soy de los que creen que los peces son de la humanidad. Pero, en la soltura de nuestro régimen de mares, pertenecen a los chilenos, no al Estado. Esa es mi posición. Y el Estado cuenta con la capacidad de administrar este bien común en la forma que este Senado señale en las mejores condiciones.
Por lo tanto, aquí nadie -por lo menos, en mi visión- puede sentirse dueño, propietario per omnia secula seculorum de los peces. Y si me apuran para decidir quiénes tienen mayores razones para presentarse como propietario o como administrador histórico de los peces, francamente creo que son las personas que pertenecen a las etnias, a los pueblos originarios. Luego...
Luego vienen los artesanales y después, la industria, que la vi nacer en Talcahuano, con personeros que no eran chilenos sino vascos. Y después ella experimentó un crecimiento enorme.
Pero nada justifica que se sientan dueños y que, para fijar una medida menor con relación a la actual, que es de tiempo indefinido, estemos poco menos que obligados a expropiar.
También les pido a quienes están trabajando con el Gobierno que tengan cuidado en comprometerse y luego no hacer las cosas. Perdonen que lo diga así. A las 4 o 5 de la tarde se reunieron las Comisiones unidas. He hablado con el Senador García, porque ahí se quedó...
El señor ESCALONA (Presidente).- Le daré otro minuto más, señor Senador.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Concluyo en treinta segundos.
El señor ESCALONA (Presidente).- Muy bien. Continúe.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Respecto de la situación de los pueblos originarios, indicación presentada por el Senador Tuma, hubo acuerdo en resolverlo de manera que pueda ir a la Comisión Mixta.
Tal punto, en los textos que nos han entregado, no viene.
Entonces, en esas condiciones se nos crean conflictos de credibilidad que no me parecen adecuados.
El Senador García me dice que hubo un error en esa materia y que fue aclarado. ¡Estupendo! Los errores se corrigen, pero quiero dejar la constancia.
Señor Presidente, termino diciéndoles con mucha franqueza que no me gusta jugar al que dicta normas morales de nuestro comportamiento, pero siempre estoy muy, muy impresionado por lo que fue el pasado político de mi país. Empezamos de esta forma y terminamos de una manera deplorable.
El señor SABAG.- Señor Presidente, no cabe duda de que este es un gran tema de país y, por las exposiciones de cada uno de los colegas, queda claro que hay muchas diferencias entre nosotros, lo cual se ha traducido a la ciudadanía.
Por eso nuestro país está dividido: unos nos acusan de una cosa; otros, de otra. Pero nosotros debemos actuar con altura de miras y pensar primero en el interés de Chile.
¿Qué tenemos hoy día en nuestras manos? Un proyecto que llegó de la Cámara de Diputados y que contempla derechos indefinidos para todos los sectores. Nosotros estamos respetando, por supuesto, los derechos indefinidos permanentes y heredables para los pescadores artesanales. Y planteamos una diferencia con las industrias, a las cuales se les limita la autorización a 20 años.
Nuestro propósito es mejorar lo que hay.
¿Y qué pasa si nosotros no sacamos adelante esta legislación, si la iniciativa fracasa, muere? Rige la ley permanente. Y ella dice que los derechos son ¡indefinidos!
Es más -ya lo han dicho dos o tres colegas-, un artículo transitorio señala que se debe optar. Luego de que nosotros fijemos la vigencia del permiso en 5, 10, 20 años, los industriales, considerando esto, van a decidir dentro de seis meses: "¿Continúo con la otra ley o me acojo a esta?".
¡Esas son las condiciones! ¡Colegas, por favor!
¿Y cómo se han dado las otras concesiones en el país? ¿Qué pasa con las de minería, por ejemplo? ¡Dónde está el cobre, dónde está el oro! Allí hay derechos de propiedad. ¿Y las aguas? También se han concesionado. ¿Y los espectros de televisión? ¿Y las radios? Hay cadenas de ellas. ¿Qué han pagado? ¡Nada! Son concesiones que se han dado.
Y eso pasa a constituir un derecho. Nosotros podemos tener opinión para allá o para acá. Hay informes en Derecho de varios juristas que dicen que tales permisos no constituyen derecho de propiedad y hay otros que afirman lo contrario. La Contraloría señala que hay derechos adquiridos. Evidentemente, esto tendrá que llegar mañana al Tribunal Constitucional, el cual deberá zanjar la controversia.
Ante ello, nosotros buscamos aquí la mejor manera de resolver la situación, pensando en el interés del país.
Hace diez años se aprobó la ley que estableció el límite máximo de captura. ¿Para qué? ¡Para terminar con la "carrera olímpica"! Porque todo el producto del mar -y esto quiero decírselo a mi amigo Girardi- se iba a harina de pescado. Sin embargo, al fijar el límite máximo de captura, se le empezó a sacar mayor provecho al recurso pesquero; se le agregó mano de obra; se construyeron las industrias. En la zona que represento y defiendo aquí, hay 12 mil trabajadores directos y más de 35 mil indirectos. ¡El 60 por ciento de la captura está en la Octava Región!
Siempre lo he dicho, como les consta a mis colegas: yo brego por los intereses del país, pero, fundamentalmente, de la Región que represento.
De ahí que hayamos hecho esfuerzos en las Comisiones por tratar de elaborar la mejor ley posible, la más adecuada para resguardar la sustentabilidad del producto, en primer lugar. ¡Ese es el motivo fundamental de esta normativa: la sustentabilidad del recurso!
Y si proponemos distribuirlo de tal forma, es justamente para que lo cuidemos entre todos, lo defendamos y hagamos que este sector siga ocupando hoy día el cuarto lugar en términos de ingresos del país. Después del cobre, de la madera, de la fruta, está el producto que viene de las industrias vinculadas a la explotación del mar.
Cuidemos este producto y saquemos la mejor ley.
Cada uno ha expuesto sus puntos de vista. Nosotros estamos planteando los nuestros. Creemos que el acuerdo al que hemos llegado es lo mejor. Es nuestro punto de vista. Puede que otro colega no coincida...
El señor SABAG.- Termino, señor Presidente, señalando que todos debemos aportar nuestro mayor esfuerzo para sacar adelante una muy buena ley, que les dé tranquilidad y estabilidad a los pescadores artesanales y, también, a los miles de trabajadores que se desempeñan en esta gran actividad de nuestro país.
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, quiero referirme a algunos alcances jurídicos hechos sobre la norma en debate. Para ello me permitiré leer una declaración que para muchos de los presentes resultará sorprendente.
"La Sociedad Nacional de Pesca, en reunión celebrada el 8 del mes en curso, acordó por la unanimidad de los Directores presentes, lo siguiente:
"1.- Los industriales pesqueros consideran altamente inconveniente el establecimiento tanto de licencias, que otorgan un título similar al de propiedad sobre tonelajes de peces por capturar, como de licitación de cantidades de captura futura.
"Lo anterior, en primer término, porque implica modificar el régimen jurídico vigente en relación a los peces, entregando la asignación de estos al Estado.
"En segundo término, porque con lo anterior se crea un esquema en el cual el Estado se arrogará el derecho de exigir retribuciones o redistribución de las rentas provenientes de la explotación de recursos pesqueros".
La declaración corresponde a la organización que agrupa a los grandes industriales pesqueros del país. Fue emitida en septiembre del año 1989, durante el trámite de la Ley de Pesca conocida como "Ley Merino".
23 años después, el representante de la misma entidad, señor Bacigalupo, vino a la Comisión de Pesca, según se puede leer en el primer informe de ella.
Afirmó: "Sobre los aspectos centrales de un nuevo marco regulatorio para el sector pesquero, considero indispensable otorgar en carácter indefinido las licencias transferibles de pesca ya que son continuadoras de los actuales permisos de pesca, cuyo carácter es permanente, sujeto a causales de caducidad legal".
No haré cuestión sobre el notable cambio de posición de los industriales pesqueros respecto del asunto, cuya razón es fácil de advertir, pues considero -como señala Humberto Maturana- un derecho básico de las personas poder cambiar de opinión.
Pero quiero ocuparme de la implicancia jurídica de este primer parecer y de sus fundamentos. La declaración de SONAPESCA, que data de 1989, no era una mera opinión gremial, sino que estaba fundamentada en razones concretas y precisas. Ella la expresó su gerente, señor Iturriaga, en la Comisión Legislativa encargada de estudiar el proyecto.
¿Qué decía el señor Iturriaga sobre las licencias de pesca?
Señala: "Es muy vulnerable la forma como se ha generado este proyecto de ley, donde se establece una constitución de este derecho por parte del Estado. En primer lugar, porque el Estado no tiene ese derecho y si no lo tiene, mal podría, entonces, radicarlo en los particulares".
Precisa, en otro pasaje de su intervención: "En Chile los peces no son del Estado, porque este no tiene derecho de dominio, solo uno de soberanía para fijar por sus leyes internas, la forma como se capturan. No tiene la facultad de apropiarse de ellos y de distribuirlos en la forma que le parezca".
La conclusión de esto es que estima que la iniciativa que se estudiaba era contraria a la Carta Fundamental, la cual, ciertamente, no ha cambiado respecto de estas materias.
No contento con ello recordó que una iniciativa similar a la del 89 -por cierto, similar a la que tenemos en nuestros escritorios- fue declarada inconstitucional por la Comisión Legislativa presidida por el General Matthei.
En defecto de este esquema, SONAPESCA proponía un sistema sin asignación de cuotas individuales, sino que con permisos o autorizaciones generales para salvar el problema de la necesaria regulación que garantizara la sustentabilidad y proponía que al declararse una pesquería en plena explotación se cerrara el acceso.
De este modo -se decía-, no se transgredía la Constitución al no establecer el derecho o privilegio de un armador sobre otros, ni se afecta el régimen jurídico de los bienes.
¿Qué quiero decir con esto, señor Presidente?
Quiero sostener que este proyecto y la visión de quienes lo han propuesto es inconsistente e inconstitucional por donde se le mire.
Por una parte, si se acepta la teoría de res nullius, que sigue buena parte de la Derecha, se están repartiendo bienes cuya propiedad no son capaces de afirmar. Para que el sistema de cuotas que se está generando tenga algún sustento, se requiere la mención a la propiedad que hemos propuesto y que se ha negado.
Si supusiéramos que ello está implícito o que bastaría con las menciones a la soberanía propuestas, la asignación de cuotas también sería inconstitucional al hacerse sobre la base de la historia, lo que implica una discriminación arbitraria, al impedir el ejercicio de la actividad a otros actores y constituye un trato desigual por parte del Estado.
Ello, sin perjuicio de otras normas, como las de zonas contiguas o las perforaciones, en que se entrega, ya ni siquiera al Estado, sino a los interesados, negociar sobre bienes públicos o res nullius, según la teoría a la que se adscriba.
El Tribunal Constitucional nunca se ha pronunciado sobre esta materia. Ha tenido en varios casos resoluciones de tipo formal y quizás sea esta una buena oportunidad para que se pronuncie.
Hago prevención de la inconstitucionalidad que he expuesto.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, en el breve tiempo destinado a la fundamentación del voto, quiero señalar que, desde mi punto de vista, lo que se ha propuesto -hemos llegado al fondo de la discusión, más allá de la indicación que se puede votar en corto plazo-, me refiero a la cesión de derechos por 20 años renovables (es decir, por 40 años), constituye no solo un grave error político, porque defrauda profundamente las expectativas del sector de la pesca artesanal, de los grupos ambientalistas del país, de los propios trabajadores del sector industrial y de una gran parte de la opinión pública.
No es solamente un gran error político, sino además un craso error económico, porque se está consagrando un monopolio en un sector productivo del país.
Desde esa perspectiva, sostengo que aquí se está aprobando o se podría aprobar durante esta sesión o en la de mañana, algo que es inconstitucional, pues se va a establecer por ley un monopolio.
En consecuencia, lo que ocurre es, lamentablemente, la cesión de una propiedad perteneciente a todos los chilenos a un conglomerado económico que controla un amplio sector de la economía del país. Y significa otorgarle control por tiempo indefinido, a cambio de nada.
Algunos señalan que serían 1.400 millones de dólares anuales; otros dicen, 1.200 millones. Supongamos que es esta última cifra, que significa 48 mil millones en 40 años. ¿A cambio de qué?
¿Qué es lo que entrega este sector por la concesión que se le hace? Porque seamos claros: la plataforma social la paga el Fisco; la plataforma para los trabajadores industriales, la paga el Fisco; las concesiones que podrían -entre comillas- hacerse al sector de la pesca artesanal, las paga el Fisco. O sea, lo que aquí se hace en relación con otros sectores productivos es una abierta discriminación a favor del industrial.
El país fue capaz de avanzar en el curso de los últimos años estableciendo el royalty. Uno podría decir que, en realidad, no fue todo lo que se pensaba. Partimos el 2005, se mejoró, incluso, en este propio Gobierno. El sector productivo más poderoso del país, el minero, hoy paga el royalty y entrega un ingreso a Chile por la concesión que el Estado le dio para explotar las propiedades mineras.
¿Cuál es la contribución del sector pesquero?
Hay un aumento en las patentes que es irrisorio y absolutamente marginal. Es decir, lo que se entrega aquí es cercano a 50 mil millones de dólares a cambio de nada.
Como bien sostuvo el economista Eduardo Engel, el 1° de enero, cuando la ley entre en vigencia, estos conglomerados económicos aumentarán su valor en varios centenares de millones de dólares. Es muy probable que, por la enorme extensión del tiempo que abarcan estas licencias, aumenten sus activos en miles de millones de dólares.
¿Y qué obtiene Chile a cambio de esta cesión? ¡Nada!
¡Por eso me rebelo contra esta ley! Porque es una expropiación a los derechos de los chilenos a la propiedad colectiva de todos nosotros, a través de un acto legal. Y se le entrega a un puñado de controladores económicos. En consecuencia, ¡es un acto enteramente inconstitucional! Porque, como bien establece el propio ordenamiento jurídico de la Constitución del 80, hay ciertos derechos fundamentales que pueden sufrir restricciones, pero no en su contenido esencial. Y aquí, al entregarse el control de la explotación del sector pesquero, se está afectando el contenido esencial del chileno de participar en la explotación de estas riquezas naturales del país.
Aquí se niega a los ciudadanos de este país, a los empresarios, a los emprendedores, a todos los que no forman parte del sindicato que controla el rubro, la posibilidad de concursar y competir en este sector productivo.
Eso es enteramente inconstitucional.
En todo caso, lamento que se haya configurado una mayoría para aprobar este error garrafal, desde el punto de vista político y económico, para el futuro de la nación chilena.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Pido a las tribunas guardar el respeto que hasta ahora han mantenido.
Vamos en el artículo 30 y quedan muchos más.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en realidad, había pedido la palabra para hacerme cargo de la consulta del Honorable señor Ruiz-Esquide en relación con la indicación número 27, de varios señores Senadores, entre ellos el Senador Tuma, acerca de una definición de los pueblos originarios.
En el certificado que se va a distribuir en algunos minutos, se expresa lo siguiente respecto de esa indicación: "Cabe consignar que las Comisiones unidas, unánimemente, acordaron dejar pendiente la votación de esta indicación para resolución de la Sala del Senado. Al efecto, el Ejecutivo comprometió la presentación de una nueva redacción que aborde la misma materia de la indicación número 27, para ser debatida en la siguiente sesión de la Sala de la Corporación".
Dada la intervención del Senador Ruiz-Esquide, he creído conveniente informar a la Sala acerca de este acuerdo, con el objeto de que quede claramente establecido que, por las diversas consideraciones hechas por varios Senadores en las Comisiones unidas de Hacienda y de Pesca, quedó pendiente la votación de la indicación 27, a la espera de una propuesta por parte del Ejecutivo.
Señor Presidente, también quiero hacerme cargo de las expresiones de quien me antecedió en el uso de la palabra.
En primer término, deseo informar que este proyecto de ley, entre otras muchas materias, establece la siguiente disposición en su artículo 43 ter: "Los titulares de licencias transables de pesca clase A, pagarán anualmente en el mes de julio, además de la patente a que se refiere el artículo anterior, un impuesto específico cuyo monto corresponderá al número de toneladas que tengan derecho a extraer, de conformidad con el coeficiente de participación que representen sus licencias, multiplicado por el tipo de cambio observado de Estados Unidos de América al último día hábil del mes de junio anterior y multiplicado por el resultado más alto obtenido en las letras a) o b) siguientes:".
No voy a leer esas letras, pero sí destacar que aquí se preguntó qué deja la pesca industrial al país. Se ha sostenido que estamos entregando a un pequeño grupo de empresarios industriales los peces de manera gratuita a cambio de nada. Y frente a eso quiero afirmar, seria y responsablemente, que los miles de empleos que ellos crean son importantes para Chile, y que el impuesto específico, que es nuevo y que igualmente podríamos llamar "royalty", también será una relevante contribución del sector al desarrollo económico y social del país.
Pero el aporte más significativo será a la sustentabilidad, que es el objeto central de esta ley. Por eso ya no participarán en la fijación de cuotas, que han de efectuar equipos científicos, de manera que cuando ellas sean autorizadas, nadie hará de la pesca una depredación absoluta del recurso natural constituido por los peces.
De ahí que pido poner objetividad en la discusión y señalar los pros y los contras.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, cuando se analiza una ley de la importancia de esta, siempre hay distintas visiones.
Quiero traer a la Sala la tranquilidad a que llamó el Senador señor Ruiz-Esquide, a fin de mantener un clima sano y de respeto en el debate.
En ese sentido, es muy valiosa la clarificación hecha respecto de la situación actual de los industriales de la pesca. Hasta hoy ellos tienen la posibilidad de optar. Pero, si no hay ley, no lo podrán hacer. Solamente tendrán la opción con ley. Y hay que otorgarles un incentivo para que opten, porque les aseguro que con diez años ninguna empresa lo va a hacer. ¡Ninguna! Preferirán seguir con la ley actual. Y es importante señalarlo acá. Por muchos discursos que se realicen y por mucha que sea la pasión que se ponga, la verdad es que las decisiones se toman de otra manera.
Por eso se ha llegado a un acuerdo y se ha votado en las Comisiones unidas de Pesca y de Hacienda. Como se planteó desde el primer día, lo más importante es recuperar las pesquerías. De ahí que este sea un proyecto de sustentabilidad para recuperar lo depredado durante tanto tiempo.
Se hizo alusión al Gobierno de Pinochet en materia de sustentabilidad ecológica. Yo pregunto al Senador que la efectuó: ¿en qué Gobiernos se aprobaron las leyes de los años 1991 y 2001?
Si hoy no tenemos una ley de sustentabilidad ni la posibilidad de que exista, ¿vamos a volver a la "carrera olímpica"?
El señor ESCALONA (Presidente).- Pido guardar silencio a las tribunas.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Vamos a volver a la "carrera olímpica", señor Presidente. Y lo que pretendemos respecto de la sustentabilidad se verá absolutamente impedido. Porque seguirán las autorizaciones y las licencias permanentes y, por tanto, la "carrera olímpica". Es decir, por muy buena que sea la intencionalidad que se tenga, hoy día los cuidados del sacristán van a matar al señor cura.
Señor Presidente, este debate es muy importante; continuará en la Cámara de Diputados. Acá no se va a definir.
Yo advierto que, según la información que tenemos de la otra rama del Congreso, su planteamiento es bastante más restrictivo que el del Senado. Lo más probable, entonces, es que se vaya a una Comisión Mixta, en la que muchos Diputados insistirán en que las licencias sean permanentes.
Esta Alta Corporación está tratando de buscar acuerdos. Porque esa es nuestra responsabilidad: darle al país gobernabilidad; entregarle una legislación en materia de recursos hidrobiológicos que permita su sustentabilidad y empezar a recuperar las pesquerías perdidas.
Señor Presidente, no puedo dejar de manifestar mi preocupación por los miles de trabajadores que hoy laboran en las empresas industriales pesqueras, quienes han planteado su posición también, tal como lo hicieron los pescadores artesanales.
¿Qué pidieron los pescadores artesanales? Que se mantengan sus derechos en forma indefinida. Y lo estamos haciendo.
¿Y qué solicitan los trabajadores de las empresas industriales? Que se mantengan indefinidamente.
¿Qué estamos haciendo nosotros? Tratando de llegar a un acuerdo, para que las pesquerías se recuperen y entren más actores al mercado. Porque con el actual sistema, tal como lo dijo el Senador Orpis, no ingresa nadie.
El señor ESCALONA (Presidente).- Ha concluido su tiempo, señor Senador. Dispone de un minuto adicional para finalizar su intervención.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, precisamente la actual ley es la que impide el ingreso de nuevos actores, que haya más competencia.
No cabe duda, pues, que la legislación en proyecto es fundamental.
Llamo a tener mucha responsabilidad en las palabras que usamos, en lo que despachamos. Debemos hacer un esfuerzo para que este proyecto sea aprobado, pase a la Cámara de Diputados y lleguemos finalmente a una Comisión Mixta que le dé al país la posibilidad de que exista una pesca sustentable, respeto por los trabajadores industriales, respeto por nuestros pescadores artesanales.
Por eso, voto en contra de esta indicación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Ha llegado a la Mesa el certificado del informe complementario del segundo informe de las Comisiones de Hacienda y de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, unidas, recaído en el proyecto de ley que modifica, en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la Ley General de Pesca y Acuicultura, contenida en la ley N° 18.892 y sus modificaciones (boletín N° 8.091-21).
El señor ESCALONA (Presidente).- Habiendo llegado el término del Orden del Día...
El señor ESCALONA (Presidente).- ¿Para un punto de Reglamento, señor Senador?
El señor PIZARRO.- Por supuesto, señor Presidente.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, llevamos dos horas y tanto en esta indicación, que provocó este interesante debate. Al menos deberíamos votarla.
Me refiero a la que plantea la vigencia de 10 años. Y mañana seguimos con el contenido del artículo, porque algunos colegas solicitaron votación separada.
El señor ESCALONA (Presidente).- Señor Senador, quedan todavía dos inscritos para intervenir. Y se necesita acuerdo...
El señor PIZARRO.- Pido que se abra la votación.
El señor ESCALONA (Presidente).- No es factible. Si procediéramos a ello, tendría que terminarse el Orden del Día por completo con la lista de inscritos para intervenir.
Además, el artículo 97 del Reglamento señala: "En caso de sesiones especiales, la prórroga requerirá de la unanimidad de los Senadores presentes". Y esta no existe.
--Se levantó a las 23:59.