Source: http://www.tirantonline.com/tol/publicNovedades/show/6503591
Timestamp: 2018-03-17 20:32:18
Document Index: 263315378

Matched Legal Cases: ['Artículo 588', 'Artículo 588', 'Artículo 588', 'Artículo 588', 'Artículo 588', 'artículo 588', 'Artículo 588', 'Artículo 588']

Precio: 49,00 Euros 46,55 Euros Descuento -5%
Libro electrónico: 30,00 Euros
Título: El embargo de cuentas corrientes y depósitos bancarios
Coordinadores: Eva María Cascales Domínguez
Título epígrafe: Capítulo III. El embargo de bienes y derechos determinables
[anterior] 1. El embargo como pieza esencial de la ejecución dineraria
A sabiendas de la conexión que existe entre la actividad ejecutiva y el proceso de ejecución y teniendo presente que el objeto de nuestra investigación se circunscribe al acto del embargo, este apartado es la sede más adecuada para resaltar que la actividad ejecutiva está formada por un conjunto o serie de actos que configuran la estructura del proceso de ejecución. Así es, como acabamos de declarar, la actividad ejecutiva está formada por un conjunto de actos que requieren de un proceso --el proceso de ejecución-- para su ejercicio. Tales actos, que conforman la estructura de dicho proceso son, tal y como denota la regulación de la LEC: la demanda ejecutiva; el despacho de la ejecución y el "decreto de medidas" del letrado de la Administración de Justicia; el requerimiento de pago --en los casos que proceda--; el embargo de bienes del ejecutado; la realización de los bienes embargados, y el pago al ejecutante.
[anterior] Sin perjuicio de la significación que todos y cada uno de los actos mencionados poseen para el proceso de ejecución, por coherencia con el tema central de esta investigación, nuestro interés debe centrarse únicamente en el embargo de bienes del ejecutado, el cual, como concretaremos a continuación, se erige como la pieza esencial del proceso de ejecución pecuniaria.
[anterior] En esta línea, por embargo entendemos "aquella actividad procesal compleja llevada a cabo en el proceso de ejecución, enderezada a elegir los bienes del ejecutado que deben sujetarse a la ejecución y a afectarlos concretamente a ella, engendrando en el acreedor ejecutante la facultad meramente procesal a percibir el producto de la realización de los bienes afectados, y sin que se limite jurídicamente ni se expropie la facultad de disposición del ejecutado sobre dichos bienes"[1].
[anterior] Así pues, la finalidad del proceso de ejecución no es otra que la de restituir el desequilibrio patrimonial existente, y ello se consigue mediante la sujeción o afección de determinados bienes o derechos que se hallan en el patrimonio del ejecutado; bienes o derechos que, o bien serán realizados forzosamente para la plena satisfacción del interés del acreedor, o bien se entregarán directamente a éste. Pero hay que entender que si no se embargan los bienes o derechos, nunca podrá llevarse a cabo la posterior realización o entrega directa, y por consiguiente, nunca podrá llegar a satisfacerse la pretensión del acreedor ejecutante. Por ello, afirmamos categóricamente que el embargo es la pieza esencial del proceso de ejecución, ya que la falta de este acto imposibilitaría la actuación o aplicación de una sanción genérica o pecuniaria, frustrando de este modo la finalidad última del proceso ejecutivo.
[anterior] Sabiendo ya en qué consiste el acto del embargo y habiendo elevado su importancia a la categoría máxima, debe atenderse a su naturaleza jurídica. Puede concluirse que el embargo es una actividad jurisdiccional y ejecutiva. No obstante este corolario, la naturaleza ejecutiva del embargo ha planteado divergencias entre la doctrina, pronunciándose ésta en un doble sentido. Para un sector doctrinal, el embargo es un acto ejecutivo porque forma parte del proceso de ejecución, pero no porque el fin del mismo sea ejecutivo[2]. Consideran que el fin del embargo es conservativo, esto es, tiene como objetivo único asegurar el fin de la ejecución propiamente dicho. En base a esto, este sector doctrinal viene a entender el embargo como una medida cautelar. Por otro lado, nos encontramos con aquellos autores que se muestran en total acuerdo con el fin conservativo del embargo y también lo consideran un acto ejecutivo, pero no por su desarrollo en el proceso de ejecución, sino por tener atribuida una función vinculada con la realización forzosa[3].
[anterior] Nosotros nos mostramos partidarios de esta última concepción, entre otras razones porque precisamente la ejecutividad del embargo es lo que nos permitirá diferenciar el embargo de bienes del embargo preventivo, siendo este último una medida cautelar. Mientras el embargo preventivo se encuentra vinculado a un proceso declarativo al que garantiza, el embargo ejecutivo se adopta, con carácter general, una vez que se ha puesto fin al declarativo y se ha dado comienzo al proceso ejecutivo[4].
[anterior] Como bien afirma FERNÁNDEZ-BALLESTEROS, "el embargo se traba con la precisa finalidad de hacer jurídicamente posible, sobre unos concretos bienes, la ejecución actual de una responsabilidad cierta, y no para asegurar la efectividad de un futuro e hipotético derecho de tutela"[5].
[anterior] Empero, el embargo no sólo se caracteriza por tratarse de una actividad jurisdiccional y ejecutiva, sino que junto a estas notas debe adicionarse una más, pues como se deriva de la noción que de esta institución ofrece CARRERAS, el embargo es una actividad procesal compleja. En este sentido, nada se discute en lo relativo al contenido del embargo. La doctrina procesal admite que esta institución está compuesta por un conjunto de actos de carácter procesal; de ahí la afirmación de que se trata de una actividad procesal compleja. Sin embargo, durante mucho tiempo se ha mantenido abierta una fuerte polémica acerca de si las diversas actividades que conforman el embargo "constituyen una unidad desde el punto de vista estructural, es decir, una universitas de actos, o por el contrario, si la unidad de los actos aislados es sólo por razón de un fin común"[6].
[anterior] Al respecto, nos encontramos con dos posiciones doctrinales enfrentadas. De un lado, un sector considera que el embargo está formado por la localización y elección de bienes, la traba o afección de los mismos y por las medidas de aseguramiento de la traba. Si le damos una consideración unitaria a estos actos, cada uno de los elementos tendrá carácter esencial para la constitución del embargo. Pero, esta concepción así estructurada no queda exenta de crítica, por cuanto se considera que si falta alguno de los actos, el embargo quedará viciado.
[anterior] De otro lado, en la posición contraria, se encuentra aquel sector de la doctrina procesal que aboga por la concepción elaborada inicialmente por CARRERAS, en virtud de la cual, lo único que interesa es un fin común. En este caso, de todas las actividades que conforman la estructura del embargo, la esencial es la segunda de ellas, esto es, la traba o afección de los bienes. Si ésta falta, no podemos considerar que exista el embargo. El resto de actos tienen un carácter secundario, de manera que de no realizarse, el embargo seguiría subsistiendo. Por ende, no nos encontramos ante una universitas "sino ante una actividad que tiende a un fin común y superior que trasciende a los actos aislados, y que no queda viciada por el hecho de faltar alguno de ellos, mientras que el fin superior y principal sea susceptible de ser conseguido por medio de los actos restantes"[7].
[anterior] Superada la polémica doctrinal, lo que está claro es que el embargo es una actividad procesal integrada por una pluralidad de actos que se agrupan en tres fases procesales que constituyen el contenido o estructura del embargo. Estas fases son, como ya se ha esbozado: la localización y selección de los bienes; la traba o afección de los mismos y las medidas de garantía o aseguramiento de la traba.
[anterior] Veamos, de forma sucinta, cada una de las fases del embargo.
[anterior] - Localización y selección de bienes. Respecto de esta fase del embargo debe repararse, primeramente, en que está compuesta por dos tipos de actividades, a saber: la localización o búsqueda de bienes y la elección de los mismos.
[anterior] Por localización de bienes se entiende "aquella actividad que se lleva a cabo para determinar la extensión del patrimonio del ejecutado susceptible del embargo, con el fin de que el ejecutor pueda elegir luego los bienes sobre los que ha de recaer la traba o afección, dado que toda actividad selectiva precisa anteriormente de un conocimiento de todos los elementos entre los cuales ha de llevarse a cabo la selección"[8].
[anterior] El concepto del que partimos es de lo más revelador. Naturalmente, la primera actividad que debe realizarse es la de localizar o buscar bienes o derechos, la de indagar en el patrimonio del ejecutado para conocer su extensión, esto es, para averiguar qué bienes o derechos lo componen. El sentido de esta actividad de búsqueda reside en la segunda de sendas actividades que componen esta fase del embargo, o sea, en la actividad selectiva. Decididamente, como defiende CARRERAS, la búsqueda o localización de los bienes tiene como propósito elegir luego aquéllos sobre los que ha de recaer la traba o afección. De este modo, una vez localizados los bienes o derechos que componen el patrimonio del ejecutado, será necesaria una selección de los que quedarán trabados o afectados por la ejecución[9]. Este postulado hace que salten las alarmas sobre la necesidad de una actividad selectiva si, según se deriva del art. 1.911 del Cc, el deudor debe hacer frente a sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros. Nos cuestionamos entonces por qué hace falta elegir de entre los bienes o derechos encontrados en el patrimonio del deudor ejecutado si el principio de responsabilidad patrimonial predicado por el citado precepto es universal.
[anterior] La respuesta a la cuestión planteada es de lo más sencilla: no todos los bienes o derechos que componen el patrimonio del deudor ejecutado pueden constituir el objeto del embargo, puesto que no todos ellos son susceptibles de ser trabados en un proceso de ejecución. Por este motivo, se necesita de una actividad selectiva para elegir únicamente los bienes o derechos del deudor susceptibles de embargo. En este contexto, serán susceptibles de afección o traba los bienes o derechos que reúnan los requisitos que nuestra LEC establece para ellos a efectos del embargo, a saber: patrimonialidad; alienabilidad y embargabilidad.
[anterior] Mas, junto a esos presupuestos, en lo que se refiere a la actividad selectiva de esta fase, nuestra Ley procesal (art. 592 de la LEC) preceptúa además que el embargo se realice siguiendo un orden en la selección de los bienes, erigiéndose éste como límite cualitativo, pues, como tendremos ocasión de testar, no se permite la selección de los mismos de forma indiscriminada.
[anterior] A nuestro parecer, la localización de los bienes o derechos del ejecutado debe alzarse como prioritaria dentro de la institución del embargo, por cuanto si no conocemos qué bienes conforman el patrimonio del deudor, no podremos seleccionarlos y, por consiguiente, afectarlos y adoptar la correspondiente medida de garantía.
[anterior] No obstante lo anterior, la averiguación de bienes o derechos no siempre va a ser necesaria, pues nuestra LEC asigna al ejecutante la carga de indicar en la demanda ejecutiva "los bienes del ejecutado susceptibles de embargo de los que tuviere conocimiento y, en su caso, si los considera suficientes para el fin de la ejecución". De este modo, si el acreedor designa bienes o derechos pertenecientes al patrimonio del ejecutado suficientes, éstos quedarán trabados en el "decreto de medidas" adoptado por el letrado de la Administración de Justicia tras el despacho de la ejecución (art. 551.3.1º de la LEC).
[anterior] Sólo cuando el ejecutante no designe bienes o derechos o, habiéndolos indicado éstos no son suficientes para cubrir la cantidad por la que se pretende despachar ejecución, la actividad de localización se llevará a cabo a través de las denominadas actuaciones de investigación del patrimonio del ejecutado, cuales son: la manifestación de bienes del ejecutado (art. 589 de la LEC) y la investigación judicial del patrimonio (art. 590 y 591 de la LEC). Estas actuaciones gozan de un carácter instrumental, porque necesitamos de ellas para localizar bienes y derechos y para la consecución del resto de fases que conforman el embargo. Lo realmente interesante de estas actuaciones de investigación del patrimonio es su controvertida naturaleza jurídica, puesto que la doctrina se ha planteado en numerosas ocasiones si son actos de jurisdicción voluntaria o, por el contario, si tienen naturaleza jurisdiccional.
[anterior] Efectivamente, se ha planteado la contingencia de que las actuaciones de investigación sean actos de jurisdicción voluntaria, pues su objetivo es la localización de bienes, no existiendo contienda alguna. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, la contienda existe desde el momento en que se produce el incumplimiento de lo dispuesto en un título ejecutivo y se impone la necesidad de actuar una sanción consistente en la intervención en el patrimonio del ejecutado para la satisfacción del acreedor ejecutante. Al haber contienda entre las dos partes, será imprescindible recabar de los jueces y magistrados la tutela jurisdiccional a través del proceso de ejecución, esto es, se necesita poner en marcha la actividad ejecutiva, que recordemos ha sido calificada de actividad jurisdiccional.
[anterior] El incumplimiento del deudor ha motivado la entrada del tribunal ejecutor en el patrimonio del ejecutado para la traba de los bienes o derechos que estime pertinentes y su posterior realización forzosa o entrega directa para pagar al ejecutante. Y todo ello, porque entre acreedor y deudor existe un enfrentamiento. La única forma que tiene el juez de cumplir con su labor es sabiendo qué bienes o derechos se hallan en el patrimonio del deudor ejecutado y para ello serán necesarias las actuaciones de investigación, por lo que le atribuiremos naturaleza jurisdiccional a las mismas, en tanto que se desarrollan en el seno de un proceso de ejecución con el objetivo de resolver una controversia. Además, el embargo tiene naturaleza jurisdiccional, y por ende, consideramos extensible tal carácter a todas las actividades que la conforman, desde la búsqueda de bienes hasta la traba de los mismos.
[anterior] Cuestión diferente es el planteamiento de algunos autores sobre si las actuaciones de investigación forman parte de la estructura del embargo, esto es, si se trata de un acto procesal o no. En este sentido, CARRERAS reconduce las actuaciones de investigación al campo extraprocesal[10]. Sin embargo, no es el único autor que comparte esta tesis; por ejemplo, CACHÓN CADENAS considera que "la investigación del patrimonio del ejecutado es una actividad preparatoria de la traba, esto es, se trata de una actividad dirigida a hacer posible el embargo. Cuando se investiga el patrimonio de ejecutado, no se está practicando aún el embargo"[11]. Si seguimos la teoría propuesta por estos autores, el embargo es una actividad de carácter procesal por corresponder su realización a los órganos jurisdiccionales, pero no podemos decir lo mismo de las actuaciones de investigación, pues son una actividad en la que pueden intervenir tanto el ejecutor o letrado de la Administración de Justicia como el ejecutante, e incluso determinados terceros de los que se requiere colaboración. Todo ello nos permite otorgar a las actuaciones de investigación la consideración de extrajudiciales o preprocesales.
[anterior] - Traba o afección de los bienes. La traba consiste en una declaración de voluntad del letrado de la Administración de Justicia --partiendo del auto del juez despachando ejecución-- por la que se vinculan uno o varios bienes o derechos a un concreto proceso de ejecución. Indudablemente, esta fase constituye el acto central del embargo, pues si finalmente no se afectan al proceso de ejecución los bienes y derechos que integran el patrimonio del ejecutado, el fin último del proceso queda frustrado, por cuanto deviene imposible satisfacer el interés del ejecutante.
[anterior] Si tras indagar en el patrimonio del ejecutado logramos conocer su extensión, es decir, los bienes o derechos que lo componen y de entre ellos seleccionamos los que reúnan los requisitos de alienabilidad, patrimonialidad y embargabilidad, nos planteamos si deberán vincularse al proceso de ejecución todos los bienes o derechos que hayan sido seleccionados. La respuesta a esta cuestión es negativa, principalmente por dos razones. De una parte, los bienes o derechos elegidos durante la fase previa a la traba, no serán afectados mientras no existan indicios razonables y suficientes de que pertenecen al ejecutado. Aparece entonces un nuevo presupuesto que no puede ser obviado por el letrado de la Administración de Justicia en su encomienda de decretar el embargo. La LEC dispone, en su art. 593, que es imprescindible que los bienes o derechos que el letrado de la Administración de Justicia se propone embargar pertenezcan al ejecutado, basando dicha pertenencia en indicios y signos externos de los que razonablemente pueda deducirse aquélla. De otra parte, será preciso atender al límite cuantitativo establecido en el art. 584 de la LEC[12], de forma tal que no se afectarán todos los bienes o derechos del deudor ejecutado que hayan sido seleccionados, sino sólo aquellos que sean suficientes para cubrir la cuantía por la que se ha despachado ejecución y con la que se pretende satisfacer al ejecutante. Sendas razones se erigen como límites al principio de responsabilidad patrimonial universal habilitado por el art. 1.911 del Cc, impidiéndose de este modo que rija en todo su esplendor.
[anterior] Al margen de las cuestiones precedentes, debe destacarse igualmente que para la doctrina procesalista resulta controvertido el momento en que se entiende constituido el embargo como consecuencia de la literalidad del art. 587.1 de la LEC[13], es decir, no existe unanimidad respecto del momento real y efectivo en que se produce la traba, circunstancia que se ve agravada cuando el objeto del embargo lo constituyen, como comprobaremos, los fondos reembolsables depositados en una cuenta a la vista o a plazo. El foco de la polémica lo hallamos en el inciso final del referido precepto que permite la traba de los bienes y derechos "aunque no se hayan adoptado aún medidas de garantía o publicidad de la traba". La doctrina discute si la adopción de medidas de garantía es requisito sine qua non para la traba de un bien o derecho o, si más bien, el embargo se hace efectivo con independencia de que se hayan adoptado o no las medidas en cuestión. En definitiva, se debate sobre el carácter constitutivo de las medidas de garantía de la traba y, por ende, sobre la autonomía del acto de la traba. Esta eventualidad será solventada más adelante.
[anterior] - Medidas de garantía de la traba. Frente al riesgo de que el ejecutado pueda sustraer --ya sea física o jurídicamente-- los bienes, o que se produzca una pérdida del valor de los mismos como consecuencia del transcurso de tiempo en el que se desenvuelve el procedimiento ejecutivo, el legislador ha introducido un conjunto de medidas tendentes a eliminar o reducir esos riesgos; son las denominadas medidas de garantía de la traba. Las medidas de garantía de la traba que la LEC prevé son las siguientes:
a) La anotación preventiva de embargo. Sólo es de aplicación para el aseguramiento de la traba que recaiga sobre bienes inscribibles. Queda regulada en el art. 629 de la LEC, en virtud del cual, "cuando el embargo recaiga sobre bienes inmuebles u otros bienes o derechos susceptibles de inscripción registral, el Secretario judicial encargado de la ejecución, a instancia del ejecutante, librará mandamiento para que se haga anotación preventiva de embargo en el Registro de la Propiedad o anotación de equivalente eficacia en el registro que corresponda".
[anterior] b) El depósito judicial. A diferencia del anterior, tiene como objetivo garantizar bienes muebles (art. 626 de la LEC). "Mediante el depósito judicial, los bienes muebles corporales que han sido embargados, y que en el momento de la traba se hallaban en poder del ejecutado, se dejan en posesión de una persona física o jurídica, el depositario judicial, que puede ser el propio ejecutado o un tercero, para que los guarde y conserve a disposición del juez ejecutor. Al igual que ocurre respecto de las restantes medidas de aseguramiento de la traba, con el depósito judicial se intenta mantener la eficacia del embargo hasta que se efectúe la realización forzosa de los bienes afectados a la ejecución"[14].
[anterior] c) La orden de retención o retención judicial. Recae sobre los créditos del deudor ejecutado o sus bienes incorporales que se hallan en poder de un tercero. "Consiste en la emisión, por parte del juzgado ejecutor de una orden dirigida al tercero deudor o a aquel en cuyo poder se encuentran los bienes del ejecutado, a fin de que conserven a disposición del órgano judicial el importe de la deuda o los bienes de que se trate"[15]. Naturalmente, esta medida de garantía es la que nos interesa desde la óptica de nuestra investigación y será en la que centremos toda nuestra atención en los epígrafes que nos suceden.
[anterior] d) La administración judicial (arts. 630 a 633 de la LEC). Se hace uso de esta medida en aquellos supuestos en que el mero depósito de un bien no es suficiente. El art. 630 prevé dos supuestos para la aplicación de esta medida de garantía: el embargo de frutos y rentas (art. 622.2 y 3 de la LEC), y el embargo de empresa o grupo de empresas o cuando se embarguen participaciones que representen la mayoría del capital social, del patrimonio común o de los bienes o derechos pertenecientes a las empresas, o adscritos a su explotación.
[anterior] Como hemos podido observar, las medidas de garantía de la traba varían en función del bien o derecho trabado, y deberán ser siempre adoptadas a instancias del ejecutante.
[anterior] 2. La singularidad del embargo de depósitos bancarios y de saldos favorables de cuentas corrientes
Examinado, desde una perspectiva general, el iter procedimental del embargo como pieza sustancial del proceso de ejecución, nuestra siguiente meta es abordar un supuesto específico y particular como es el embargo de depósitos bancarios y de saldos favorables que arrojan las cuentas corrientes. Es decir, nuestra nueva pretensión es estudiar el peculiar funcionamiento de la institución del embargo cuando su objeto se circunscribe a los fondos reembolsables depositados en una cuenta a la vista o a plazo. Para ello, como se refleja en los epígrafes que nos preceden, nuestro ámbito de actuación debe restringirse al proceso de ejecución dineraria en el que se actúan o aplican exclusivamente sanciones genéricas o pecuniarias.
[anterior] 2.1. La prohibición de embargos indeterminados
Hasta el momento hemos insistido en la idea de que el proceso de ejecución tiene como objetivo final restituir el desequilibrio patrimonial que el ejecutado, como consecuencia de su actuar pasivo a la hora de cumplir con su obligación, ha ocasionado al acreedor ejecutante, así como en la premisa de que el mecanismo propicio para alcanzar tal objetivo es, sin duda, el embargo. De este modo, se vinculan al proceso de ejecución uno o varios bienes o derechos pertenecientes al patrimonio del ejecutado mediante el acto de la traba, el cual, si recordamos, resulta indispensable, por cuanto su ausencia supone la inexistencia del embargo y, por ende, la frustración del proceso de ejecución, lo que desemboca inevitablemente en la imposibilidad de satisfacer ese derecho que posee el ejecutante. Por tanto, queda patente que la satisfacción del interés del acreedor ejecutante depende, en todo caso, de la existencia del acto de la traba, pero también de su efectividad.
[anterior] Así es, no es suficiente la afección de bienes o derechos del deudor ejecutado, sino que, además, se precisa que el acto sea válido o eficaz. La efectividad de este acto procesal se encuentra sujeta a la concurrencia de determinados presupuestos, de entre los que destacamos como requisito primordial e imprescindible la exigencia de que la afección deba recaer sobre bienes o derechos concretos y determinados. Los principios generales de seguridad jurídica y de garantía y defensa de los derechos e intereses del ejecutado y de los terceros, así como los específicos de proporcionalidad y suficiencia exigen que el embargo recaiga sobre bienes o derechos determinados (arts. 9.3, 24.1 de la CE; 581.1, 598.1, 592.1, 593, 606 a 608 de la LEC).
[anterior] La traba no puede conseguir plenamente su finalidad si la existencia de los bienes o derechos embargados es puramente hipotética y no quedan determinados los bienes o derechos que resultan trabados. Esta exigencia de concreción se deriva de la LEC, concretamente del art. 588.1, el cual prohíbe de forma categórica la traba o afección de bienes y derechos que no han sido previamente individualizados o determinados durante la fase de búsqueda y selección, y lo hace bajo el siguiente tenor:
"Será nulo el embargo sobre bienes y derechos cuya efectiva existencia no consta".
El precepto se refiere a bienes o derechos "cuya efectiva existencia no consta", es decir, veda el embargo de bienes o derechos que no han sido individualizados o concretados. Se refiere pues, a los denominados embargos indeterminados, es decir, "cualesquiera que se expresen en términos tales que no permitan identificar con suficiente precisión el bien que se pretende trabar, sea porque al tribunal no le consta la existencia del bien en cuestión o porque, pretendiendo trabar un concreto bien efectivamente existente y conocido para el tribunal, la resolución judicial o el acta de diligencia de embargo se expresan deficientemente"[16]. En este sentido, podríamos enlazar el art. 588.1 de la LEC con lo dispuesto en el art. 624.1.1º del mismo texto legal, que exige que en el acta de diligencia de embargo se haga una descripción "lo más detallada posible" de los bienes --muebles-- embargados, con referencia a su "forma y aspecto", así como a sus "características principales".
[anterior] La importancia de la prohibición impuesta por el art. 588.1 de la LEC es tal que su inobservancia es sancionada con la consecuencia jurídica más radical que impone nuestro ordenamiento, esto es, la nulidad de pleno derecho. Por lo que la afección de bienes o derechos de forma genérica o indeterminada será, como regla general, nula de pleno derecho.
[anterior] El referido precepto fue introducido por la LEC de 2000 y ubicado en la Sección 1ª del Capítulo III del Título IV, bajo la rúbrica "nulidad del embargo indeterminado". Esta aportación supuso una gran novedad, al implantar por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico la necesidad de que los bienes y derechos objeto de esta actividad procesal incardinada en el embargo se concretasen bajo pena de nulidad. Efectivamente, al estudiar los antecedentes legales de este precepto descubrimos que la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 brilló por la ausencia de regulación en lo que al embargo indeterminado se refiere. Así pues, la práctica habitual anterior a la LEC de 2000 consistía en declarar embargos genéricos, embargos de bienes o derechos que pudiese tener el ejecutado, sin reseña o descripción individualizada de los mismos, y sin que constase su existencia efectiva. Por ejemplo, era frecuente que en las diligencias de embargo se declarasen trabados "los bienes muebles que se encontrasen en el local X"; o "los sueldos o pensiones que pudiese percibir el deudor"; o "los saldos y depósitos que existiese a favor del deudor en entidades de crédito de la ciudad Z", etc[17]. Es más, la ausencia de una norma que declarase expresamente la falta de validez de esos embargos genéricos propició que tanto la doctrina como la jurisprudencia, en diversas ocasiones, tuviesen que sancionar el embargo así decretado con la nulidad.
[anterior] Por tanto, la regulación legal de la que adolecía nuestro ordenamiento jurídico antes de la LEC de 2000 respecto de los embargos genéricos situó a la doctrina del momento en la tesitura de tener que elaborar juicios interpretativos sobre la cuestión. En este sentido, son sin duda esclarecedoras las palabras de PALA LAGUNA, quien en el ámbito de la LEC de 1881 aboga por el principio de especificidad de los embargos judiciales. El autor, en un esfuerzo interpretativo, considera que el legislador de 1881 utilizó "expresiones que, de una manera u otra, implican determinación o concreción de los bienes y que siempre usa artículos determinados --"los bienes", "los que", "los cauces"-- y nunca indeterminados. Al propio tiempo exige el previo "conocimiento" de los bienes a embargar --art. 251 de la Ley de Procedimiento Laboral--, su sujeción a un cierto "orden" --arts. 598 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 1.407, 1.408, 1.447 y 1.454 de la Ley de Enjuiciamiento Civil--, así como la "suficiencia" de los bienes o derechos embargados --arts. 597 y 599 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 256 de la Ley de Procedimiento Laboral y 1.407, 1.442 y 1.455 de la Ley de Enjuiciamiento Civil--, lo que es evidente que no puede lograrse con unos embargos inconcretos o genéricos. Es incuestionable pues, que el embargo, desde la óptica de los textos positivos vigentes, ha de recaer sobre cosas concretas y determinadas"[18].
[anterior] Analiza pues, de forma exhaustiva, los distintos órdenes jurisdiccionales que integran nuestro sistema jurídico con el propósito de dar forma al principio de especificidad de los embargos judiciales ante la falta de normativa específica[19].
[anterior] No obstante lo anterior, como bien anunciábamos, junto a la doctrina, la jurisprudencia también se mostró proclive a luchar contra los embargos decretados de forma genérica. Por esta razón, nos encontramos con pronunciamientos como los que se disponen a continuación:
"[...] Los artículos 1442 a 1447 y 1453 y concordantes de la LECiv; insistiendo, que de este conjunto de preceptos se pone de manifiesto lo que es prácticamente una tautología; si el despacho de la ejecución implica un mandato de embargar bienes, el embargo sólo tiene verdaderamente lugar cuando concretos y determinados bienes o derechos son trabados"[20].
En esta línea, resulta interesante el Auto de la Audiencia Provincial de Burgos, de 20 de marzo de 2001, por ser una de las primeras resoluciones que, de conformidad con la LEC de 1881, sancionan, sin base jurídica, el embargo genérico con la nulidad, aunque de forma meramente ejemplificativa, por ser ya de aplicación la LEC de 2000 que sí contiene en su art. 588 una regulación específica:
"No obstante lo anterior, resultaría admisible analizar si se ha producido una nulidad de pleno derecho (dada la posibilidad de su apreciación de oficio) al practicar un embargo genérico de saldos en cuentas corrientes o libretas de ahorro o cualquier otro depósito, así como las acciones, letras, obligaciones, bonos del tesoro depositados en entidades financieras de Burgos. Ninguna limitación existía en la legislación aplicable en la fecha de embargo para la práctica del embargo genérico efectuado, a diferencia de la limitación prevista en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil ya vigente por lo que no puede apreciarse la nulidad de pleno derecho alegada, y tratándose de un embargo para pago de alimentos para los hijos del matrimonio litigante, en el que de forma preferente a cualquier otro bien (excepto el dinero), pueda embargarse sueldos y salarios, no hay duda de la validez de la ejecución del embargo sobre una de las cuentas corrientes embargadas, que necesariamente ha de equipararse, por su liquidez al dinero, como hoy ya hace el artículo de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil"[21].
Puede observarse cómo estas circunstancias mostraban claros indicios de que un amplio sector de la doctrina, así como nuestros tribunales, demandaban la regulación de los embargos indeterminados, por lo que el legislador, con el fin de salvaguardar la función del embargo y de evitar aquéllos formulados en términos genéricos que impidiesen distinguir los bienes trabados de los libres de traba, decidió introducir en la LEC de 2000 el art. 588.
[anterior] Respecto de su tramitación parlamentaria, hemos de destacar la absoluta aceptación con que fue acogida la redacción del precepto desde un principio. Incluso, tras la publicación del Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil, los Grupos Parlamentarios se abstuvieron de presentar enmiendas que introdujesen cambios en su contenido. De esta forma, la literalidad del precepto que se incorporó al Proyecto de Ley es idéntica a la que hoy reza en nuestro texto legal vigente, con la salvedad de su inicial ubicación sistemática en el art. 590.
[anterior] Ahora bien, sentado lo anterior, resulta imprescindible, a nuestro juicio, reseñar algunas puntualizaciones acerca de la regla prohibitiva introducida por el art. 588.1 de la LEC. En primer término, resulta esencial distinguir el embargo indeterminado de lo que podemos llamar embargo determinable, esto es, de aquel supuesto en el que "sin poder embargar con absoluta concreción el importe, valor y alcance del mismo, sí que podemos reseñar las notas básicas que pueden configurar el mismo sin perjuicio de que su valor económico y perfeccionamiento se produzca en un momento posterior"[22]. En este supuesto tienen cabida las conocidas expectativas jurídicas o derechos expectantes que pueden ser definidas como "situaciones jurídicas subjetivas caracterizadas por encerrar la posibilidad jurídica de que el ejecutado llegue a adquirir un derecho concreto, o ingresen en su patrimonio unos determinados bienes, o pase a ser titular cierto de algún derecho que actualmente está sometido a controversia"[23].
[anterior] Así pues, las expectativas jurídicas, a pesar de no ser derechos en sentido estricto, pueden tener, por sí solas, un efectivo valor económico, e igualmente pueden consolidarse, lo que provocaría la entrada en el patrimonio del ejecutado de bienes o derechos concretos. Por esta razón, nos preguntamos si sería posible practicar inmediatamente el embargo de una expectativa jurídica, sin necesidad de esperar a que ésta se consolide. No podemos perder de vista que de mostrarnos partidarios de esta tesis estaríamos ante un embargo susceptible de determinación o determinable y no en el ámbito del art. 588.1 de la LEC --embargo indeterminado--. A nuestro modo de ver, las características que rodean esta situación jurídica subjetiva propician su embargabilidad sin necesidad de esperar a su consolidación; además, las expectativas jurídicas se basan en situaciones o hechos concretos, cuya efectiva existencia consta ya en el proceso de ejecución, sólo que aún no se han materializado o consolidado, por lo que nada obsta para que puedan ser trabadas en el proceso de ejecución[24].
[anterior] Del lado de quienes apoyan esta tesis podemos destacar a CACHÓN CADENAS, para quien la embargabilidad de expectativas jurídicas reporta dos ventajas fundamentales: por una parte, embargada la expectativa jurídica, una vez que se consolide y entre a formar parte del patrimonio del ejecutado como bien o derecho concreto, se produce una sustitución del objeto del embargo, por lo que, sin necesidad de llevar a cabo una nueva traba, los efectos del embargo se pueden considerar producidos desde que se trabó el derecho expectante y, por otra, desde el embargo de la expectativa jurídica, el ejecutante puede pedir la adopción de las medidas de garantía de la traba que resulten adecuadas para que pueda consolidarse el derecho expectante afectado a la ejecución[25].
[anterior] Por todo, consideramos que el embargo de las expectativas jurídicas no puede considerarse prohibido por la vía del art. 588.1 de la LEC, ya que, además, esta postura sería contraria al derecho a la tutela judicial efectiva del ejecutante (art. 24.1 de la LEC).
[anterior] En segundo término, otra de las matizaciones que consideramos esencial respecto del art. 588.1 de la LEC y que se desprende de las consideraciones anteriores es la que intenta diferenciar el embargo de un derecho expectante del embargo genérico. Concluíamos que el embargo de una expectativa jurídica se basaba en un hecho o situación concreta cuya efectiva existencia ya consta en el proceso de ejecución. Esta circunstancia es totalmente opuesta al embargo genérico que hemos venido tratando en las líneas precedentes. Cuando hablamos de embargos genéricos nos referimos a la traba de bienes o derechos cuya existencia es hipotética, no ha sido comprobada aún en el momento de practicar el embargo[26]. Como bien afirma CACHÓN CADENAS, "en esos supuestos no consta en la ejecución la existencia de los concretos hechos que llevarían consigo, si existieran, la titularidad del ejecutado sobre un bien o derecho determinado"[27]. Este embargo sería entonces al que la ley le aplica como sanción la nulidad de pleno derecho y no a las expectativas jurídicas.
[anterior] En tercer y último lugar, debemos detenernos en el embargo de bienes futuros para concretar si se ve alcanzado por la prohibición del art. 588.1 de la LEC. Podría decirse, en un principio, que el embargo de bienes o derechos futuros es un caso particular del embargo indeterminado y que está sujeto a la sanción dispuesta en el art. 588.1 del citado texto normativo. Sin embargo, esta conclusión debe ser matizada y para ello partiremos de la base del art. 1.911 del Cc. Como bien sabemos, dicho precepto dispone que el deudor debe responder de sus obligaciones "con todos sus bienes presentes y futuros". Tal disposición encuentra respaldo en el art. 570 de la LEC, en virtud del cual entendemos que la acción ejecutiva exclusivamente se extinguirá en aquellos supuestos en que se haya cumplido íntegramente con la prestación debida al acreedor ejecutante, y no cuando se hayan realizado todos los actos que integran el proceso de ejecución, ya que puede que no se haya conseguido restablecer el desequilibrio patrimonial por inexistencia o insuficiencia de bienes en el patrimonio del deudor ejecutado. En efecto, cuando la ejecución deviene infructuosa por esa inexistencia o insuficiencia de bienes o derechos en el patrimonio del deudor ejecutado, no finalizará la ejecución ni se extinguirá la acción ejecutiva, sino que se dictará auto por el que se sobresee el proceso, a la espera de que el deudor ejecutado halle fortuna.
[anterior] Lo anterior no significa entonces que en el momento del embargo deban trabarse todos los bienes o derechos que aparentemente son de titularidad del ejecutado (art. 593 de la LEC), esto es, los que posee en su patrimonio --bienes presentes-- y aquellos otros que pudiera tener en un futuro, ya que la existencia de estos últimos no consta en el momento de la afección. Además, a diferencia de lo que ocurre con las expectativas jurídicas, desconocemos los posibles bienes o derechos que puedan sobrevenir en el patrimonio del ejecutado. Por tanto, la traba de esos bienes o derechos futuros conllevaría la vulneración de lo predicado por art. 588.1 de la LEC.
[anterior] No obstante, cabe la posibilidad de hablar de embargo de bienes o derechos futuros en otros términos: el proceso de ejecución no finaliza hasta que no se satisfaga al acreedor, es decir, se mantiene latente, de tal forma que en el momento en que se ingresen nuevos bienes en el patrimonio del deudor, éstos podrán trabarse y, posteriormente, realizarse, y así sucesivamente cuantas veces sea necesario hasta lograr alcanzar el objetivo por el que se instó la ejecución. Pero el embargo no se produce hasta que los denominados por el art. 1.911 del Cc "bienes futuros", dejan de serlo e ingresan efectivamente en el patrimonio del deudor ejecutado. En estos supuestos, aunque coloquialmente hagamos uso de la expresión "embargo de bienes futuros", los bienes o derechos que finalmente quedan afectados ya conforman el patrimonio del deudor, ya están determinados e individualizados por lo que su efectiva existencia consta y quedarían excluidos del supuesto de hecho que postula el art. 588.1 de la LEC[28].
[anterior] 2.2. La autorización del embargo de bienes y derechos determinables
Si bien, la literalidad del art. 588.1 de la LEC es tajante a la hora de vedar los embargos indeterminados o genéricos en aras a garantizar el embargo de bienes y derechos efectivamente existentes en el momento de su traba, no podemos afirmar que tal mandato prohibitivo sea absoluto, puesto que la LEC permite, con carácter excepcional embargos indeterminados, que aún indeterminados en un principio por no tener, a priori, una constancia real y efectiva de los bienes o derechos del ejecutado, sí son admitidos en nuestro ordenamiento por ser, como veremos a continuación, perfectamente determinables.
[anterior] Concretamente, es posible concluir la existencia de dos salvedades expresamente mencionadas por la LEC, siendo la más relevante a efectos de nuestra investigación la enunciada por el apartado segundo del art. 588 del mismo texto legal.
[anterior] Por mor del citado precepto, la LEC autoriza el embargo de los saldos indeterminados que arrojan las cuentas corrientes y los depósitos bancarios con el siguiente tenor:
"No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podrán embargarse los depósitos bancarios y los saldos favorables que arrojen las cuentas abiertas en entidades de crédito, siempre que, en razón del título ejecutivo, se determine por el Secretario judicial una cantidad como límite máximo".
Los saldos provenientes de los contratos de cuenta corriente bancaria y de depósito de efectivo plantean una doble dificultad de cara a su afección; y es que, normalmente, desconocemos, de un lado, si el ejecutado efectivamente es titular de alguna cuenta corriente o depósito bancario y, de otro, cuál es el saldo que arrojan. Este panorama, bajo el prisma del art. 588.1 de la LEC --creado ex novo para erradicar los embargos genéricos o indeterminados-- provocaba que aquellos embargos que tuviesen por objeto los fondos reembolsables depositados en entidades bancarias mereciesen ser declarados nulos de pleno derecho, por cuanto habían de decretarse sobre derechos cuya existencia no constaba. Fue precisamente esa imposibilidad de trabar saldos bancarios, ex art. 588.1 de la LEC, lo que propició que el legislador de 2000 incorporase al citado precepto una norma especial que permite decretar el embargo de los "posibles" saldos favorables de cuentas o depósitos del ejecutado pese a no tener certeza de su existencia, es decir, que se declaren "embargados genéricamente" los fondos reembolsables que pudiese tener el ejecutado en una o algunas entidades de crédito.
[anterior] Es aquí donde aflora, respecto del proceso de ejecución, la singularidad de los contratos de cuenta corriente y de depósito bancario, en la medida en que se afectan los fondos reembolsables depositados en una entidad bancaria bajo la incertidumbre de si el ejecutado es el efectivo titular o ante el desconocimiento de la cuantía exacta de los saldos favorables. En definitiva, nuestra LEC autoriza como excepción la contingencia de efectuar el embargo genérico o indeterminado de los saldos contables.
[anterior] Partiendo de esta conclusión, resulta fundamental plantearse si el embargo de los saldos depositados en entidades de crédito es propiamente un embargo indeterminado o más bien debe enmarcarse en la categoría de embargo determinable. A nuestro juicio, como ya enunciamos, el embargo de los saldos bancarios, pese ser un embargo indeterminado por no existir, a priori, una constancia real y efectiva de los bienes o derechos del ejecutado, sí es admitido en nuestro ordenamiento por ser perfectamente determinable el saldo a embargar. Si recordamos, el embargo determinable es aquel en el que no trabamos con absoluta concreción, pero en el que las notas básicas que lo configuran sí quedan reseñadas, lo cual nos permite embargar sin perjuicio de que su perfeccionamiento se produzca en un momento posterior.
[anterior] Esta premisa desde luego se cumple al hablar del embargo de los saldos favorables que arrojan las cuentas corrientes y los depósitos bancarios, puesto que es posible en un momento posterior a la traba afinar --mediante la investigación judicial del patrimonio del ejecutado (art. 590 de la LEC)--, si el deudor es poseedor de alguna o varias cuentas corrientes a la vista o a plazo, el régimen de disposición de cada una de ellas, su cuantía o cualquier otra cuestión que resulte trascendental no sólo para su afección, sino también para su posterior entrega directa al ejecutante[29].
[anterior] Aclarado lo anterior, no podemos perder de vista que este supuesto especial de embargo se encuentra con una limitación dictada por el propio art. 588.2 de la LEC.
[anterior] Dicho precepto establece como presupuesto de validez suplementario la necesidad de determinar mediante resolución del letrado de la Administración de Justicia la cantidad máxima por la que se decreta el embargo; cantidad que debe concretarse "en razón del título ejecutivo". Este extremo ha suscitado cierta polémica, ya que se cuestiona por qué debe hacerse coincidir la cantidad máxima a embargar con el título ejecutivo, en vez de con la cantidad por la que se despachó le ejecución. En este sentido, siguiendo a CACHÓN CADENAS, el precepto incurre en una imprecisión, puesto que no debe atenderse propiamente al importe que resulte del título ejecutivo, sino que se habrá de tener en cuenta el montante correspondiente a la cuantía por la que se despachó ejecución. No obstante, la suma que se establece como límite no es más que una referencia, lo que significa que la cantidad que se fije como límite máximo en el embargo genérico de cuentas bancarias no tiene por qué coincidir con la suma por la que se ha despachado ejecución. Ello dependerá de si figuran o no embargados otros bienes del ejecutado[30]. Esta exigencia dispuesta por el art. 588.2 de la LEC acerca del límite máximo que puede alcanzar el embargo genérico de los saldos de cuentas y depósitos bancarios no es más que una manifestación específica del requisito general de embargabilidad concerniente a la suficiencia de los bienes embargados (art. 584 de la LEC)[31].
[anterior] De otra parte, junto a la anterior, la LEC también autoriza como excepción al art. 588.1 de la LEC el embargo del "sobrante", esto es, de lo que sobrare en la realización forzosa de bienes celebrada en otra ejecución ya despachada (art. 611 de la LEC). Se trata también del embargo de un crédito determinable, ya que si bien desconocemos si realmente llegará a concretarse el mismo y, en su caso, en qué cuantía, de lo que sí tenemos certeza es de la pendencia de un proceso de ejecución en el que puede producirse un remanente.
[anterior] En definitiva, como queda de manifiesto, la LEC describe de forma expresa dos situaciones jurídicas diferentes que se erigen como excepciones a la regla general que impera en nuestro ordenamiento jurídico, consistente en la prohibición de embargos indeterminados. Empero, sendos supuestos no son los únicos en los que puede decretarse un embargo genérico o indeterminado, siendo factible el embargo de cualquier otro bien o derecho del que se tenga constancia en el proceso de ejecución y que sea posteriormente determinable. Así pues, concluimos que los supuestos de hecho regulados en los art. 588.2 y 611 de la LEC relativos al embargo de saldos bancarios y al embargo de sobrante, respectivamente, son numerus apertus.
[anterior] 2.3. La naturaleza jurídica del embargo de fondos reembolsables: ¿embargo de un bien o de un derecho?
A sabiendas de que la prohibición de embargos indeterminados impuesta por el apartado primero del art. 588 de la LEC no rige para los depósitos bancarios y los saldos favorables que arrojan las cuentas corrientes abiertas en entidades de crédito, es el turno ahora de concretar, por un lado, cuál es el objeto de este embargo especial y, por otro, su naturaleza jurídica.
[anterior] Con este propósito, volvemos a recordar que nuestro ámbito de actuación se ciñe a la actividad ejecutiva desarrollada en el proceso de ejecución dineraria en el que se actúan o aplican sanciones genéricas o pecuniarias y en el que el "dinero" adquiere un papel relevante al convertirse en el carácter general y subsidiario de las sanciones pecuniarias en el proceso de ejecución.
[anterior] El término "dinero", tiene, desde la perspectiva del derecho procesal, un sentido jurídico estricto, que no coincide con su sentido económico[32]. Pese a que en la actualidad determinar qué debe entenderse por dinero es una tarea poco menos que imposible, la doctrina ha reiterado en múltiples ocasiones que debe entenderse por dinero "aquellos efectos de curso legal cuya entrega tiene valor liberatorio para el deudor, con independencia de la voluntad del acreedor o, incluso, en contra de ella"[33]. En concreto, desde el prisma de nuestra Ley procesal, dinero son las monedas y los billetes de curso legal en España que se encuentren en poder del ejecutado, es decir, el llamado "dinero efectivo".
[anterior] Cuestión importante en este punto es dilucidar si también son "dinero" las monedas y los billetes emitidos por una autoridad monetaria extranjera, es decir, si tienen la consideración de dinero las monedas extranjeras y las divisas. La necesidad de hallar respuesta a este interrogante posee una estrecha conexión con nuestra labor investigadora, que, recordemos, no es otra que la de desmenuzar el complicado entramado en que consiste el embargo de las cuentas corrientes y los depósitos bancarios y, en concreto, determinar cuál es el objeto este embargo. Partiendo de esta premisa, como la base económica de los citados contratos bancarios es el dinero, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, dudamos si esta última alcanza la consideración de dinero y si es posible que se proceda a su embargo cuando lo que encontramos es una cuenta o depósito en moneda extranjera titularidad del ejecutado.
[anterior] De ser favorable la respuesta a nuestro planteamiento, y de afirmar que las monedas extranjeras y las divisas gozan de la misma consideración que los billetes y monedas de curso legal en España, las cuentas en moneda extranjera podrían constituir el objeto del embargo.
[anterior] En este sentido, es ineludible la delimitación conceptual de la moneda extranjera y las divisas. Como dispone SENÉS MOTILLA, "en sentido restringido, la voz moneda extranjera apela a las distintas unidades básicas en torno a las cuales se articulan sistemas monetarios diversos de aquel tomado como punto de referencia. El término divisas, en cambio, se equipara jurídicamente al de medios de pago denominados en moneda extranjera; incluye, además de la moneda metálica, los billetes de banco extranjeros y los depósitos bancarios cifrados en moneda distinta de la del país de residencia del titular"[34].
[anterior] Sentadas las bases conceptuales, hemos de reconocer que, desde la entrada en vigor de la LEC de 2000, la doctrina se ha mostrado proclive a incluir las divisas en la noción de dinero, hecho que nos permite concluir que las divisas extranjeras se consideran dinero desde la óptica del embargo[35]. Es más, la doctrina ha manifestado que en el concepto de divisas quedan incluidos los saldos bancarios, de manera que es posible decretar el embargo de los saldos que arrojan las cuentas corrientes y los depósitos bancarios en aquellos supuestos en que vengan expresados en moneda extranjera[36]. Así pues, será común que, en la fase de afección o traba de los bienes, procedamos a la afección de divisas tanto en aquellos casos en los que se ha despachado ejecución en moneda extranjera como en aquellos en que, habiéndose despachado ejecución en moneda nacional, en la búsqueda de bienes pertenecientes al ejecutado hallamos saldos de cuentas en moneda extranjera, debiéndose entonces proceder a su traba. Eso sí, habrá de tenerse en cuenta en estos casos la literalidad del art. 634.1.3º de la LEC, precepto que tendremos oportunidad de analizar más adelante y, en virtud del cual será preciso, en determinadas ocasiones, la previa conversión de la divisa en moneda nacional para satisfacer el derecho del acreedor, lo que planteará diversos inconvenientes de cara a la satisfacción del interés del ejecutante[37]:
"El secretario judicial responsable de la ejecución entregará directamente al ejecutante, por su valor nominal, los bienes embargados que sean: 3º. Divisas convertibles, previa conversión, en su caso".
Admitida entonces la posibilidad de embargar los saldos en moneda extranjera cuando ésta constituye la base económica de una cuenta corriente a la vista o a plazo, volvemos de nuevo a la noción de "dinero" que venimos manejando con la encomienda de determinar cuál es su naturaleza jurídica a efectos de embargo. En este sentido, la doctrina parece haberse mostrado unida al respecto y ha defendido la naturaleza del dinero como "bien jurídico", por cuanto concurren en él las características propias de los bienes jurídicamente entendidos, a saber: el dinero presenta una utilidad económica; tiene una función autónoma y es susceptible de un ligamen jurídico[38].
[anterior] Asimismo, este bien jurídico presenta una serie de peculiaridades que lo distinguen del resto de bienes, siendo la característica más relevante la genericidad absoluta[39]. Efectivamente, el dinero es un bien genérico, es el bien genérico por excelencia, lo que nos insta a partir de su análisis para determinar cuál es el objeto del embargo cuando hablamos de cuentas corrientes y depósitos bancarios, y es que, en el transcurso de nuestra investigación, nos hemos planteado si el embargo de cuentas a la vista o a plazo es un embargo de dinero y, por consiguiente, el embargo de un bien jurídico o si, por el contrario, las cuentas corrientes y los depósitos bancarios, ya sean a la vista o a plazo, quedan excluidos de la noción de "dinero" y, en realidad, estamos en presencia de un embargo de derechos.
[anterior] En consecuencia, lo que pretendemos es determinar la naturaleza jurídica de este embargo tan particular permitido por el art. 588.2 de la LEC, es decir, lo que intentamos es concluir si estamos ante el embargo de un bien jurídico o de un derecho y, para ello, debemos identificar, antes que nada, el objeto del embargo cuando hablamos de cuentas a la vista o a plazo. La delimitación del objeto y la naturaleza jurídica del embargo de saldos bancarios reviste especial trascendencia de cara a la selección de los bienes que hayan sido previamente localizados, porque la decisión que alcancemos determinará, a su vez, el orden de embargo, esto es, el orden en que deberán ser elegidos los bienes o derechos hallados en el patrimonio del ejecutado para su posterior traba o afección (art. 592.2 de la LEC).
[anterior] Con este propósito, resulta fundamental rescatar el concepto de actividad bancaria que ya hemos empleado. Así pues, recordamos que la actividad desempeñada por una entidad crediticia se caracteriza "por la adquisición a crédito de capitales con la intención de enajenarlos nuevamente y la cesión a crédito de los capitales adquiridos, en una obra, por tanto, de intermediación ofrecida al público en un ejercicio continuo, y desarrollada de doble modo: recoger entre un público indiscriminado el ahorro y emplear el ahorro así recogido en operaciones de crédito en un ámbito más o menos vasto de clientes"[40]. Por consiguiente, la entidad de crédito desempeña fundamentalmente dos funciones, de las cuales únicamente nos interesa la primera de ellas, a saber: captar del público una determinada suma de dinero o lo que desde el punto de vista económico-financiero se conoce como fondos[41].
Si examinamos la situación desde la perspectiva opuesta, es decir, si adoptamos la posición del cliente, podemos corroborar que, respecto del contrato de cuenta corriente bancaria, sobre aquél recae la carga --no la obligación-- de proveer de fondos a la entidad de crédito. Como ya expusimos en el capítulo anterior, la concurrencia de este presupuesto lógico deviene primordial si el cliente desea que la entidad de crédito cumpla con las operaciones ordenadas por aquél; operaciones que integran el denominado servicio de caja. Igual sucede en el contrato de depósito de efectivo, ya que se utiliza como instrumento jurídico a través del cual el cliente pone a disposición de la entidad bancaria una concreta suma de dinero.
[anterior] Puede observarse entonces que, tanto si hablamos de contratos de cuentas corrientes como de contratos de depósitos bancarios, lo que el cliente pone a disposición de la entidad de crédito son "fondos"; el cliente provee de fondos a la entidad bancaria, o lo que es igual, le entrega una cierta cantidad o suma de dinero --en moneda nacional o extranjera-- como cosa mueble corporal genérica, fungible y especialmente consumible. Todo parece apuntar pues, que el objeto de este embargo especial de cuentas a la vista o a plazo lo constituyen los fondos o sumas de dinero puestas a disposición de la entidad bancaria, ostentando dichos fondos la naturaleza de bien jurídico. Por esta razón, nos planteamos la siguiente cuestión: ¿es el embargo de cuentas corrientes y depósitos bancarios un embargo de dinero y, por ende, el embargo de un bien jurídico?
Indudablemente, la respuesta a este interrogante es negativa como consecuencia del rasgo principal que rodea a esos fondos, o sea, como consecuencia de su carácter reembolsable. Ya hemos concluido que el cliente desembolsa una determinada cantidad de dinero o unos fondos y los entrega a la entidad bancaria, quien de momento y en tanto no se haga realidad la entrada en vigor del proyecto de nuevo Código Mercantil, adquiere la propiedad de esos fondos, comprometiéndose a restituir otro tanto de la misma especie y calidad --tantundem--. De este modo, por una parte, respecto de la entidad bancaria que adquiere la propiedad de los fondos depositados por el cliente, nace la obligación de devolver o restituir lo depositado en el momento en que así lo reclame el depositante y, por otra, respecto del cliente, emerge un derecho de crédito que le faculta para solicitar la restitución del tantundem, es decir, nace un derecho a la restitución de los fondos, razón por la que le atribuimos el calificativo de "reembolsables".
Por tanto, siguiendo la doctrina mayoritaria y a la vista de lo anterior, concluimos que los fondos reembolsables --expresados en moneda nacional o extranjera-- constituyen el objeto del embargo cuando se trata de cuentas corrientes y de depósitos bancarios. En este caso, el cliente-ejecutado no es propietario de una suma concreta de dinero efectivo, sino mero acreedor de una entidad bancaria, por lo que la naturaleza jurídica de este embargo no es otra que la de un derecho de crédito, de forma tal que, frente al embargo de dinero --que se considera el embargo de un bien jurídico--, el embargo de cuentas corrientes y depósitos bancarios tiene por objeto los fondos reembolsables depositados en la entidad, ostentando así la consideración de embargo de un derecho de crédito[42].
[anterior] Estando así las cosas, hemos de matizar que, aunque el objeto del embargo a que se refiere el art. 588.2 de la LEC son los fondos reembolsables, es cierto que en lo que concierne a la cuenta corriente bancaria se hace uso del término "saldo", por lo que nos veremos en la tesitura de analizarlo. La aparición de este concepto es el resultado de la función específica que cumple la cuenta corriente bancaria y que la diferencia del depósito de efectivo, a saber: contabilizar las operaciones activas y pasivas que median entre los contratantes, creándose, en definitiva, una técnica contable consistente en ordenar las cuentas por partida doble, es decir, los ingresos hechos por el cliente, así como los pagos realizados por la entidad bancaria y, viceversa, se han de anotar respectivamente en un sistema de doble contabilización: Haber y Debe.
[anterior] La noción de "saldo" es manejada especialmente por las disciplinas que estudian la contabilidad, lo que determina que, usando una expresión de esa técnica, se hable de la diferencia entre el Debe y el Haber, entre los cargos y abonos[43]. Así pues, de la liquidación de sendas partidas o, lo que es lo mismo, de la diferencia entre la suma de las cantidades del Debe y la suma de las del Haber será posible conocer el "saldo" que arrojen las cuentas en cada momento, siendo el resultado de esa liquidación lo que se afecte al proceso de ejecución[44].
[anterior] Ahora bien, la propia LEC, precisamente en el art. 588, hace especial referencia a la necesidad de que esos saldos sean favorables. La doctrina suele distinguir tres clases de saldo: el saldo deudor o adverso, cuando el Debe suma más que el Haber; el saldo acreedor o favorable, cuando el Haber suma más que el Debe y el saldo cero, cuando ambas partidas suman lo mismo. La justificación de esta exigencia es sencilla, y es que resulta evidente que si en una cuenta corriente no hay saldo favorable --saldo deudor o saldo cero--, es que no hay fondos susceptibles de ser embargados; de ahí que en la propia diligencia de embargo se indique que se declaran embargados los saldos de todas las cuentas, hasta cubrir el importe indicado o hasta donde alcance dicho saldo de las cuentas embargadas. Por tanto, en los supuestos de inexistencia de saldo favorable o saldo cero, el embargo queda excluido por aplicación del principio general de embargabilidad, al no existir un derecho del deudor ejecutado. Es más, la propia literalidad del art. 588.2 de la LEC establece como requisito para la afección la existencia de un saldo favorable, lo que afianza, en principio, la exclusión del embargo cuando el saldo es negativo o deudor.
[anterior] No obstante lo anterior, este planteamiento nos lleva a cuestionarnos si es posible que la entidad de crédito, ante la diligencia de embargo, proceda a cubrir la cuantía por la que se despacha ejecución generando un descubierto ante la falta de fondos. Al respecto, la jurisprudencia ha sido tajante al considerar que:
"Es evidente que si en una cuenta corriente no hay saldo [...] en ningún caso se puede considerar cumplimentado un embargo a costa de generar un descubierto en una cuenta corriente, ya que no hay dinero susceptible de ser embargado, y no hay autorización del cliente para generar tal descubierto"[45].
El inciso final que incluye la Audiencia Provincial de Palencia, a nuestro parecer, es cuestionable. Es cierto que, como vimos con anterioridad, es posible que entre el cliente y la entidad de crédito se acuerde la posibilidad de que esta última genere un descubierto para cubrir algún cargo o pago sustantivo determinado y previo al embargo en caso de que la cuenta corriente no disponga de un saldo positivo o favorable, pero, en nuestra opinión, no tiene sentido que dicha autorización sea tan amplia que dé cabida a suplir los fondos para un embargo. Es decir, no resulta lógico que el cliente deudor autorice a la entidad bancaria para que adelante cantidades a cuenta en orden a cumplimentar el embargo de bienes o derechos, porque el embargo, por su naturaleza, implica la voluntad contraria de la persona embargada a pagar las cantidades que se le reclamen; de ahí que sea impensable que el cliente autorice esos adelantos[46].
[anterior] [1] CARRERAS, J., El embargo de bienes, cit., pág. 138.
[anterior] [2] En este sentido, CARRERAS ya se refería a esta polémica doctrinal y al supuesto fin conservativo del embargo en El embargo de bienes, cit., pág. 101 y ss. No obstante, no se mostraba partidario de esta tesis, sino de la contraria, de manera que calificaba al embargo como actividad ejecutiva. Por su parte, el Tribunal Supremo ha defendido en determinadas ocasiones la concepción del embargo como un acto de naturaleza cautelar --Vid. STS (Sala de lo Civil) de 23 de abril de 1992 (RJ/1992/3322)--.
[anterior] [3] Merecen especial mención como defensores de esta tesis autores de la talla de CARRERAS, J., El embargo de bienes, cit., págs. 107 y siguientes; CORDÓN MORENO, F., El proceso de ejecución, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2002, pág. 212; FERNÁNDEZ-BALLESTEROS, M. A., La ejecución forzosa y las medidas cautelares en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, Iugium, Madrid, 2001, pág. 266, entre otros.
[anterior] [4] Al respecto, cfr. OCHOA MONZÓ, V., La localización de bienes en el embargo, cit., pág. 164.
[anterior] [5] FERNÁNDEZ-BALLESTEROS, M. A., La ejecución forzosa y las medidas cautelares en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, cit., pág. 266.
[anterior] [6] CARRERAS, J., El embargo de bienes, cit., pág. 100.
[anterior] [7] CARRERAS, J., El embargo de bienes, cit., pág. 100.
[anterior] [8] CARRERAS, J., El embargo de bienes, cit., pág. 200.
[anterior] [9] Algún sector de la doctrina como CORDÓN MORENO, F., Proceso de ejecución, cit., pág. 222, niega que el acto de la selección goce de autonomía respecto de la traba: "No cabe decir que esta elección se distinga de la afección como acto autónomo, ni que la misma condicione la validez de los posteriores actos de ejecución sobre los bienes, ya que esta eficacia sólo la tiene la afección con independencia de que refleje o no la elección".
[anterior] [10] CARRERAS, J., El embargo de bienes, cit., pág. 201.
[anterior] [11] CACHÓN CADENAS, M., El embargo, cit., pág. 47.
[anterior] [12] El tenor del citado precepto es el siguiente: "No se embargarán bienes cuyo previsible valor exceda de la cantidad por la que se haya despachado ejecución, salvo que en el patrimonio del ejecutado sólo existieren bienes de valor superior a esos conceptos y la afección de dichos bienes resultare necesaria a los fines de la ejecución".
[anterior] [13] "El embargo se entenderá hecho desde que se decrete por el Secretario judicial o se reseñe la descripción de un bien en el acta de la diligencia de embargo, aunque no se hayan adoptado aún medidas de garantía o publicidad de la traba".
[anterior] [14] CACHÓN CADENAS, M., El embargo, cit., pág. 625.
[anterior] [15] CACHÓN CADENAS, M., El embargo, cit., pág. 665.
[anterior] [16] VEGAS TORRES, J., "Artículo 588" en Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil (AA.VV.), Civitas, Madrid, 2001, pág. 1011.
[anterior] [17] CACHÓN CADENAS, M., "Artículo 588" en Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil (Dir. LORCA NAVARRETE), Tomo II, Lex Nova, Valladolid, 2000, pág. 2883.
[anterior] [18] PALA LAGUNA, E., "Embargos judiciales de cuentas y otras posiciones de clientes de entidades bancarias", en La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, núm. 5, 1996, aptdo. VI.
[anterior] [19] A mayor abundamiento, con la idea de afianzar sus conclusiones, el autor se aventura a reputar fundamental la concurrencia de dos requisitos para que el embargo judicial y, en concreto, el embargo de cuentas o depósitos bancarios sea eficaz y válido al mismo tiempo. Éstos, que fueron secundados por la doctrina procesalista y mercantilista, son los siguientes: a) que el embargo se practique por una concreta suma de dinero, que habrá de corresponderse con el importe a que alcancen las responsabilidades reclamadas en el proceso, y b) que el embargo recaiga sobre bienes o derechos del deudor-cliente del banco específicos y determinados, exactamente individualizados y debidamente identificados, previamente conocidos por quien lo decreta.
[anterior] En nuestra opinión, si bien la labor interpretativa que emprendieron autores como el referenciado era inevitable a la par que necesaria, sí que es cierto que en determinadas ocasiones las apreciaciones alcanzadas tendían a ser llevadas al extremo, como la concepción que defiende PALA LAGUNA de que en caso de no cumplirse rigurosamente los requisitos propuestos, la entidad de crédito estaba obligada a oponerse a la diligencia de embargo. Esta idea no fue del todo bien acogida, por cuanto nos encontramos con un sector de la doctrina que se negaba a entender que sobre la entidad bancaria pesara la obligación de oponerse a atender la orden de retención de las cantidades por las que debe procederse al embargo. Un paradigma lo constituye MOXICA ROMÁN, J., La cuenta corriente bancaria. Análisis de Doctrina y Jurisprudencia. Formularios, cit., pág. 261.
[anterior] [20] STS (Sala de lo Civil), de 24 de febrero de 1995 (RJ/1995/1642).
[anterior] [21] AAP de Burgos (Sección 2ª), de 20 de marzo de 2001 (JUR/2001/140820).
[anterior] [22] DÍAZ BARCO, F. y VELÁZQUEZ MARTÍN, A., El juicio ejecutivo derivado de las operaciones bancarias en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, Aranzadi, Navarra, 2001, pág. 75.
[anterior] [23] CACHÓN CADENAS, M., "Artículo 588" en Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento cit., pág. 2884.
[anterior] [24] Un ejemplo de situación o hecho concreto cuya existencia ya consta en el proceso de ejecución podría ser el supuesto del derecho del ejecutado en una liquidación de carácter hereditario. En la misma, no se sabe cuál va a ser el importe que pueda corresponderle de la liquidación, ni en qué momento se va a consolidar su derecho. En este caso, el derecho a embargar no se ha concretado, pero sí que es determinable en la medida que podamos saber el origen del patrimonio a liquidar y quién, en su caso, tiene la administración del caudal para que podamos librar oficio en el que se solicite que se retenga el importe que le corresponda al ejecutado en la liquidación. Al respecto también se ha pronunciado la jurisprudencia en un sentido favorable, al considerar "que el art. 588 LEC no prohíbe el embargo de expectativas jurídicas que, cuando lo son de verdad, forman parte de los bienes y derechos del ejecutado, es decir, de su patrimonio". No obstante, se encarga de matizar que "en algunos casos, resultará dudoso si una expectativa es o no tal, y entonces habrá de examinarse si esa expectativa tiene una eficacia relevante a efectos jurídicos, y el valor que deba dársele. Es preciso pues, realizar un juicio de probabilidad, de que esa expectativa se convierta en acto, y no de mera posibilidad, porque posible será siempre o casi siempre", en AAP de Barcelona (Sección 17ª), de 23 de enero de 2004 (JUR/2004/190874) o AAP de Castellón de la Plana (Sección 1ª), de 7 de diciembre de 2012 (ROJ: 673/2012).
[anterior] [25] CACHÓN CADENAS, M., "Artículo 588" en Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, cit., págs. 2884 y ss.
[anterior] [26] Un ejemplo sería el embargo genérico de los bienes muebles que se hallen en un local determinado. En el momento de acordarse el embargo no tenemos la certeza de que existan bienes muebles y mucho menos conocemos qué bienes concretos hay en el referido local.
[anterior] [27] CACHÓN CADENAS, M., "Artículo 588" en Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, cit., pág. 2886.
[anterior] [28] Nuestros Tribunales se han manifestado sobre la imposibilidad de decretar el embargo de un bien o derecho futuro, tomando como referencia los bienes o derechos expectantes, a los que sí considera susceptibles de embargo: "hasta entonces, no se ha producido el hecho adquisitivo y consecuentemente el derecho a la devolución no está presente en el patrimonio de la sociedad ejecutada, ni siquiera de manera expectante o en formación. Constituye una mera esperanza o posibilidad de existencia futura, no susceptible de embargo --so pena de nulidad-- de conformidad con el comentado artículo 588.1 de la reciente Ley de Enjuiciamiento Civil", en AAP de Valladolid (Sección 3ª), de 19 de noviembre de 2002 (JUR/2003/19334).
[anterior] [29] En este sentido, CACHÓN CADENAS es de la opinión de que la finalidad que pretendía la LEC al instaurar la excepción contenida en el art. 588.2 es loable; sin embargo, desde su perspectiva, la solución que adoptó provoca dudas o problemas que podrían haberse evitado mediante la implantación de un esquema más sencillo. Según el autor, cuando no consta si hay cuentas abiertas a nombre del ejecutado y, por tanto, no se conocen los datos identificativos de las mismas, ni, en su caso, el importe de los saldos y depósitos, el objetivo a conseguir radica en inmovilizar o bloquear esas posibles cuentas bancarias para evitar el vaciamiento de las mimas. Pero para alcanzar este propósito, no era indispensable configurar la declaración genérica de embargo de cuentas y depósitos bancarios como excepción a la regla general por la que se prohíben los embargos indeterminados, sino que bastaba con admitir la posibilidad de que el órgano judicial expidiese órdenes genéricas de retención de saldos bancarios como simples actos preparatorios del embargo. Cfr. CACHÓN CADENAS, M., "Artículo 588" en Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, cit., pág. 2890.
[anterior] [30] Cfr. CACHÓN CADENAS, M., "Artículo 588" en Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, cit., pág. 2892. La misma conclusión es alcanzada por CASERO LINARES al disponer: "cantidad que puede coincidir con aquella por la que se despachó ejecución, en cuyo caso ya consta en el respectivo auto que contiene la orden general de ejecución, o ser distinta, bien porque ya existen otros bienes embargados cuya cuantía no resulta bastante, bien porque se ha ordenado una ampliación de la cantidad por la que se despachó ejecución, supuestos en los que habrá de dictarse decreto por el que se determine la cantidad máxima que puede quedar embargada de los depósitos o cuentas bancarias", en CASERO LINARES, L., El embargo en la Ley de Enjuiciamiento Civil, Bosch, Barcelona, 2011, pág. 71.
[anterior] [31] Sobre alcance objetivo y suficiencia del embargo proclamado por el art. 584 de la LEC, nos centraremos más adelante.
[anterior] [32] Los economistas y los organismos encargados de la política monetaria, en especial el Banco de España, incluyen en el concepto de "dinero" partidas que en ningún caso pueden ser incluidas a efectos de embargo. En esta línea, los economistas suelen distinguir entre "dinero" en sentido estricto y "dinero" en sentido amplio. En sentido estricto, dinero son las monedas y billetes emitidos por el Banco de España y los depósitos en cuenta corriente a la vista. En sentido amplio, son dinero, junto a los anteriores, los depósitos de ahorro a plazo.
[anterior] [33] FERNÁNDEZ-BALLESTEROS, M. A., La ejecución forzosa y las medidas cautelares en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, cit., pág. 273.
[anterior] [34] SENÉS MOTILLA, C., Las obligaciones en moneda extranjera. Su tratamiento procesal, cit., págs. 28 y ss.
[anterior] [35] A nuestro parecer, la redacción de la actual LEC resulta deficiente al no contemplar, en el Capítulo III del Título IV relativo al embargo de bienes, la posibilidad de que las divisas constituyan el objeto del embargo, sino que la alusión a las divisas viene de la mano del art. 634.1.3º de la LEC, ubicado en el Capítulo IV del mismo Título, bajo la rúbrica "del procedimiento de apremio". Así pues, es ya en fase apremio, y por mor del citado precepto, donde el legislador prevé que el letrado de la Administración de Justicia responsable de la ejecución entregue directamente al ejecutante los bienes embargados que sean, en este caso, divisas. No obstante, más difícil se hacía dar respuesta a la cuestión planteada a la luz de la LEC de 1881, puesto que no hacía mención expresa al embargo de divisas. Este panorama suscitó opiniones radicalmente dispares en la doctrina. De un lado, algunos autores entendían que aquellos bienes --las divisas-- eran susceptibles de embargo y ostentaban la consideración de embargo de dinero, aduciendo que la convertibilidad de la moneda extranjera resultaba sencilla y rápida y, de otra parte, otro sector doctrinal negaba la posibilidad de que las divisas extranjeras fueran consideradas dinero a efectos de embargo, al entender que las divisas extranjeras carecen de valor liberatorio en la mayor parte de los casos, al no ser un medio de pago general como sí lo es el dinero. Entre quienes sustentaban la tesis afirmativa se hallaban CARRERAS, J., El embargo de bienes, cit., pág. 213, RÁMOS MÉNDEZ, F., Derecho Procesal Civil, Tomo II, Bosch, Barcelona, 1992, pág. 1070 o CACHÓN CADENAS, M. J., El embargo, Bosch, Barcelona, 1991. En sentido opuesto se situaba FERNÁNDEZ, M. A., El proceso de ejecución, Romargraf, Barcelona, 1982, pág. 154, si bien es cierto que en la actualidad, ex art. 634.1.3º de la LEC, el autor ratifica que las divisas extranjeras se incluyen en la expresión "dinero efectivo", siempre que sean convertibles, FERNÁNDEZ-BALLESTEROS, M. A., La ejecución forzosa y las medidas cautelares en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, cit., pág. 274.
[anterior] [36] CACHÓN CADENAS, M. J., El embargo, cit., pág. 401.
[anterior] [37] El procedimiento a seguir para la conversión la moneda extranjera en moneda nacional es el dispuesto en el art. 577 y los arts. 714 y ss. de la LEC.
[anterior] [38] Cfr. SENÉS MOTILLA, C., Las obligaciones en moneda extranjera. Su tratamiento procesal, cit., pág. 20. En este sentido vid. también BONET CORREA, J., "El dinero como bien jurídico" en Estudios de Derecho Civil en honor al profesor Castán Tobeñas, Volumen IV, Pamplona, 1969, págs. 87 y ss.
[anterior] [39] Para un estudio pormenorizado de las particularidades que rodean al dinero como bien jurídico vid. SENÉS MOTILLA, C., Las obligaciones en moneda extranjera. Su tratamiento procesal, cit., págs. 20 y ss.
[anterior] [40] SANTOS, V., El contrato bancario. Concepto funcional, cit., pág. 214.
[anterior] [41] Así lo dispone, entre otras, la Ley 10/2014, de 26 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, cuyo art. 1 es del siguiente tenor: "Son entidades de crédito las empresas autorizadas cuya actividad consiste en recibir del público depósitos y otros fondos reembolsables y en conceder créditos por cuenta propia".
[anterior] [42] Entre quienes se muestras partidarios de esta tesis merecen especial reconocimiento, de entre la doctrina mercantilista, de un parte, ALFARO ÁGUILA-REAL por concluir al hilo de los problemas que suscitan las cuentas a nombre de una pluralidad de titulares que "el dinero depositado en una cuenta corriente pertenece al banco y los titulares ostentan únicamente un derecho de crédito frente al banco por dichas cantidades", en ALFARO ÁGUILA-REAL, J., "Derecho Bancario" en Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid, cit., pág. 299. De otro lado, PALA LAGUNA, también toma como punto de partida esta consideración al realizar afirmaciones como la que exponemos a continuación: "Así, junto a los derechos de crédito en que se traducen los depósitos irregulares de dinero instrumentados en cuentas a la vista o a plazo, pudiendo estas últimas estar vencidas o no [...], el cliente puede ostentar derecho de propiedad sobre concretas sumas de dinero depositadas en el Banco o sobre otros tipos de bienes que, perteneciéndole, se hallen depositados en la entidad de crédito, tales como acciones, obligaciones u otros valores, cotizados o no, monedas de oro o plata (que no son dinero), alhajas y otros objetos de valor, también metálico, depositados en cajas de seguridad, e incluso, sobre sueldos o pensiones que se perciban a través de la entidad bancaria o de ella", en PALA LAGUNA, E., "Embargos judiciales de cuentas y otras posiciones de clientes de entidades bancarias", cit., aptdo. IV. En el mismo sentido, pero ya en el terreno de los procesalistas, cabe destacar a CACHÓN CADENAS, quien, desde el punto de vista del embargo, concluye que "el ejecutado no es propietario de una suma concreta de dinero efectivo, sino mero acreedor de una entidad bancaria, por lo que el único bien susceptible de embargo es el derecho de crédito que el ejecutado ostenta frente a la entidad bancaria", en CAHÓN CADENAS, M. J., El embargo, cit., pág. 395.
[anterior] [43] Cfr. SOPENA GIL, J., El embargo de dinero por deudas tributarias, Marcial Pons, Madrid, 1993, págs. 152 y ss., o FENECH, M., Derecho Procesal Civil, Agesa, Madrid, 1980, pág. 376.
[anterior] [44] En este mismo sentido se han posicionado nuestros juzgados y tribunales al reconocer que "en el embargo de cuentas corrientes el objeto es el saldo resultante o, si se prefiere, el ahorro acumulado en la cuenta corriente a embargar y cuya cuantía se equipara al dinero en efectivo", en Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de 7 de enero de 2014 (JUR/2014/49322) o SSTSJ de Cataluña (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª), de 4 de mayo de 2012 (JT/2012/789) y TSJ de Andalucía (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 4 de enero de 2000 (JT/2000/12).
[anterior] [45] SSAP de Palencia (Sección Única), de 9 de octubre de 2000 (JUR/2000/311003) y 17 de noviembre de 1995 (AC/1995/2412).
[anterior] [46] La doctrina se ha decantado por esta línea interpretativa. Un ejemplo lo constituye GUDÍN RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS, A. E., "El embargo de cuentas corrientes. Especialidades que plantea su ejecución telemática centralizada", cit., pág. 16 o MOXICA ROMÁN, J., La cuenta corriente bancaria. Análisis de Doctrina y Jurisprudencia. Formularios, cit., pág. 262.