Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-24572-de-octubre-25-de-2005?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992042118ef034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-15 08:17:55
Document Index: 344733919

Matched Legal Cases: ['artículo 39', 'artículo 48', 'artículo 16', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 50', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 230']

﻿ SENTENCIA 24572 DE OCTUBRE 25 DE 2005
SENTENCIA 24572 DE 25 DE OCTUBRE DE 2005
CONTENIDO:PENSIÓN DE INVALIDEZ. AL NO EXISTIR RÉGIMEN DE TRANSICIÓN RESPECTO DE ESTE TEMA, NO ES VIABLE ACEPTAR QUE EL ASEGURADO QUEDE PRIVADO DE LA PRESTACIÓN, POR NO HABER COTIZADO LAS SEMANAS REQUERIDAS EN EL NUEVO RÉGIMEN, AÚN TENIENDO CONSOLIDADO EL AMPARO CON ANTERIORIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:PENSIÓN DE INVALIDEZ, RÉGIMEN PENSIONAL DE TRANSICIÓN, CÓMPUTO DE SEMANAS DE COTIZACIÓN AL SISTEMA DE PENSIONES, SEMANAS DE COTIZACIÓN AL SISTEMA DE PENSIONES
Sentencia 24572 de octubre 25 de 2005
Rad.: 24572
Bogotá, D.C., veinticinco de octubre de dos mil cinco.
En loscargos no se discute que el demandante cotizó 725 semanas con anterioridad al 21 de junio de 1996, fecha de estructuraciónde su estado de invalidez, y que no sufragó 26 semanas en el año inmediatamente anterior a esa declaración.
Conviene precisar que el tribunal, para confirmar la absolución impartida por el a quo respecto de la pensión de invalidez a cargo del Instituto de Seguros Sociales y en favor del señor Héctor Darío Quintero Rojas, acogió algunos pronunciamientos de esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos el del 27 de febrero de 2003, que transcribió, por considerar que el actor no tiene las 26 semanas de cotizaciones en último año anterior a la estructuración de su estado de invalidez, como lo exige el artículo 39 de la Ley 100 de 1993.
Pero acontece que el criterio de ese pronunciamiento mayoritario de la corporación sobre el tema de la pensión de invalidez cuando no se reúnen 26 semanas cotizadas durante el último año inmediatamente anterior a la estructuración de ese estado de incapacidad laboral, pero se ha acreditado un número de semanas superior a las exigidas en la normatividad anterior, ha sido rectificado recientemente por la mayoría de la Sala de Casación Laboral en proveído del 5 de julio de 2005, radicación 24280.
El actual criterio mayoritario reafirma que pese a no existir un régimen de transición respecto de la pensión de invalidez resulta inadmisible aceptar que el asegurado que ha sufragado un abundante número de semanas, como el demandante, quede privado de la prestación por no haber cotizado las 26 semanas requeridas en el nuevo régimen, puesto que dentro del antiguo tenía consolidado el amparo, que no puede ser desconocido.
“... la seguridad social, como lo advierte la acusación, tiene su sustento en el artículo 48 de la Constitución Política y en la Ley 100 de 1993, como derecho inherente al ser humano y, por consiguiente, con la garantía para este de protección y amparo frente a las posibles contingencias que puedan afectarlo junto con su núcleo familiar, derivadas de la prestación de un servicio, de la ejecución de una relación laboral del trabajo independiente o sencillamente del amparo previsto para quienes se aplica el régimen subsidiado, entre otros. De allí, la efectiva acción del legislador, para procurar la realización de los fines del régimen de la seguridad social y para cubrir aquellas contingencias, como la enfermedad, la invalidez, la vejez y la muerte.
“Y entendido el derecho a la seguridad social, dentro de esa especial categoría, sobre los principios que lo inspiran, vale decir, la eficiencia, la integralidad, la universalidad, y la solidaridad, es indudable que no podría truncársele a una persona el derecho a pensionarse, como en este caso, si ha cumplido aportaciones suficientes para acceder a él, bajo un régimen como el del Acuerdo 49 de 1990, porque, en perspectiva de la finalidad de protección y asistencia de la población, con el cubrimiento de los distintos riesgos o infortunios, no resultaría viable vedar el campo de aplicación de dicha normativa, con el pretexto de que la nuevaley, sin tener en cuenta aquella finalidad y cotizaciones exige que se aporten por lo menos 26 semanas anteriores a la invalidez (si se tata de un cotizante), o, contabilizadas en el año anterior al suceso, así no se encuentre cotizando, o se halle desafiliado. Desde luego que no se desconoce el efecto general inmediato de las normas laborales, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo. Lo que ocurre es que en eventos como el analizado, se debe tener en cuenta que para acceder a la pensión de invalidez, así como a la causada por muerte, no resulta válido considerar como único parámetro para determinar si existe o no el derecho correspondiente, la fecha del respectivo acontecimiento (incapacidad para laborar o deceso); es necesario adicionalmente observar el conjunto de postulados y la naturaleza misma del derecho a la seguridad social, con miras a lograr el amparo y la asistencia propuestos constitucionalmente, y a los cuales se arriba con la puesta en vigor de las instituciones legalmente previstas.
“Resultaría el sistema ineficaz, sin sentido práctico y dinámico además, si se negara el derecho pensional a quien estuvo o está afiliado a la seguridad social, y cumplió con un número de aportaciones tan suficiente —971— que, de no haber variado la normatividad, se repite, para disminuir la densidad de cotizaciones, con inmediatez al año anterior al infortunio, hubiera obtenido el derecho pensional sin reparo alguno. De suerte que no resulta acorde con la lógica, ni conforme con los ordenamientos constitucionales y legales, que una modificación como la introducida por la Ley 100 de 1993, desconozca aquellas cotizaciones, y le impida procurarse su subsistencia y posiblemente, la de su grupo familiar, a través de la pensión, pues ello contrariaría los principios del régimen antes anotado, que le permiten, a quien ha padecido una novedad hacerle frente, mediante el acceso a la pensión, como consecuencia de los aportes válidamente realizados antes de su acaecimiento.
“Es indudable que el propósito del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 fue hacer más sencillo el reconocimiento de la pensión de invalidez, frente a las disposiciones anteriores a su vigencia que regulaban el tema.
“Efectivamente dentro del antiguo régimen era indispensable para pensionarse haber cotizado como mínimo 150 semanas dentro de los 6 años anteriores al advenimiento de la invalidez o un mínimo de 300 semanas en cualquier tiempo, mientras que en el nuevo régimen basta estar cotizando y haber completado 26 semanas en el momento de invalidarse o las mismas 26 semanas dentro del año inmediatamente anterior a ese insuceso para conseguir el mismo resultado.
“Pero sería una paradoja jurídica entender que quien había cotizado dentro del régimen anterior con abundancia de semanas, como acontece con la actual demandante, quede privada de la pensión por falta de las 26 semanas exigidas en el nuevo régimen, ya que de antemano tenía consolidado un amparo para sobrellevar la invalidez dentro del régimen antiguo, amparo este que ni los principios constitucionales tutelares del trabajo humano ni la justicia y la equidad permiten desconocer. Más aun cuando la entidad obligada a reconocer la pensión de invalidez ya lo estaba dentro del antiguo régimen, sin que ahora pueda escudarse en el nuevo, para abstenerse de cumplir ese deber jurídico que de antemano ya pesaba sobre tal entidad.
“Aun cuando pudiera argumentarse que la ausencia legal de un régimen de transición frente a la pensión de invalidez, como sí lo tiene la de vejez, impide tener en cuenta las cotizaciones pagadas suficientemente por quien no aportó el mínimo de 26 semana, requerido en el mencionado artículo 39 de la Ley 100 de 1993, cabe decir que la situación es distinta en uno u otro caso, porque en la de vejez es viable para el legisladorconsiderar la mayor o menor aproximación a la edad y al total de cotizaciones exigidas bajo un régimen, para determinar el grupo de la población que eventualmente puede acceder a esa prestación (por el transcurso del tiempo —hecho determinable—, ya para completar cierta edad, o, para sumar un período de cotizaciones); mientras que en la de invalidez, obedece a contingencias improbables de predecir, y por ende, no regulables por un régimen de transición.
“Desde la anterior perspectiva, la invalidez simplemente llega, y ese hecho impide, a quien la padece en más del 50% (proporción establecida legalmente, igual en el Acuerdo 49 de 1990, que en la Ley 100 de 1993), laborar y procurarse un modo de subsistencia, de forma que el sistema no puede dejar de prestarle la asistencia debida, teniendo en cuenta las cotizaciones antecedentes a ese estado, las cuales, sin lugar a duda, deben tener un objetivo práctico, tendiente a no dejar desamparado a quien aportó al régimen, así que posteriormente, al cumplir la edad para una eventual pensión por vejez, de esta no puede despojársele, pero mientras ello sucede, no debe quedarse sin defensa, por la ineficacia, que pretende la demandada, se le dé alas citadas aportaciones, que finalmente contribuyeron a la consecución de la prestación, por vejez, por invalidez o por muerte”.
Lo antes aseverado permite concluir que el tribunal incurrió en la infracción legal denunciada y, por consiguiente, el cargo prospera y habrá de casarse la sentencia impugnada.
Como quedó dicho en precedencia, al actor le corresponde la pensión de invalidez de origen común a partir de la fecha de su estructuración, o sea desde el 21 de junio de 1996, por presentar una disminución de su capacidad laboral del 62% y haber cotizado 725 semanas en época anterior a esa data, hechos que el demandado no discute, con lo cual cumple la segunda condición exigida por el literal b) del artículo 6º del Acuerdo 49 de 1990, que dispone: “b) Haber cotizado para el seguro de invalidez, vejez y muerte, ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier época, con anterioridad al estado de invalidez”.
A su vez, el artículo 5º del Acuerdo 49 de 1990 consagra las clases de invalidez, y entre ellas en su literal a) dice que es inválido permanente total “el afiliado o asegurado que por enfermedad no profesional o por lesión distinta de accidente de trabajo, haya perdido el 50% o más de su capacidad laborativa para desempeñar el oficio o profesión para el cual está capacitado y que constituye su actividad habitual y permanente”. Y añade que “La cuantía básica de esta pensión será del 45% del salario mensual de base”.
Igualmente, en conformidad con lo previsto por el parágrafo 1º del artículo 20 del Acuerdo 49 de 1990, “El salario mensual de base se obtiene multiplicando por el factor 4.33, la centésima parte de la suma de los salarios semanales sobre los cuales cotizó el trabajador en las últimas cien (100) semanas. El factor 4.33 resulta de dividir el número de semanas de un año por el número de meses”.
Como el parágrafo 2º, ibídem, establece que la pensión de invalidez se integra con el 45% sobre el salario mensual de base por 500 semana de cotizaciones, incrementada en 3% por cada 50 semanas adicionales, al haber cotizado el actor 725 semanas, le correspondería una prestación de $ 87.406.87 mensuales, pero en razón de que aquella no puede ser superior al 90% de dicho salario ni inferior al mínimo legal, como lo dispone el último inciso del numeral 2º del artículo 20 del Acuerdo 49 de 1990, la prestación será equivalente al salario mínimo legal de cada época.
Así mismo, como la parte demandada propuso la excepción de prescripción (fl. 15), fenómeno jurídico que el actor había interrumpido por tres años y por una sola vez con su reclamo escrito del 1º de agosto, de 1996, como lo consignó el Instituto de Seguros Sociales en la Resolución 1379 de 1996 (fl. 5), lo que significa que tenía plazo para demandar hasta el 1º de agosto de 1999, y dado que la demanda la presentó el 28 de febrero de 2002 (fl. 2), su inactividad durante ese lapso implica que dicha excepción debe declararse, al tenor de lo dispuesto por los artículos 489 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y, por ende, la pensión de invalidez que se reconoce comenzará a pagarse al demandante a partir del 28 de febrero de 1999, en cuantía mensual de $ 236.460, la cual no podrá ser inferior al salario mínimo legal de cada año, en conformidad con lo dispuesto por el Decreto 3106 de 1997, con los incrementos legales y las mesadas adicionales así:
Períodos Mesadas
28/02/1999 7,882
Mar-99 236,460
Abr-99 132,139
Mayo-99 132,139
Jun-99 472,920
Jul-99 236,460
Ago-99 236,460
Sep-99 236,460
Oct-99 236,460
Nov-99 236,460
Dic-99 472,920
Ene-00 260,106
Feb-00 260,106
Mar-00 260,106
Abr-00 260,106
May-00 260,106
Jun-00 520,212
Jul-00 260,106
Ago-00 260,106
Sep-00 260,106
Oct-00 260,106
Nov-00 260,106
Dic-00 520,212
Ene-01 286,000
Feb-01 286,000
Mar-01 286,000
Abr-01 286,000
May-01 286,000
Jun-01 572,000
Jul-01 286,000
Ago-01 286,000
Sep-01 286,000
Oct-01 286,000
Nov-01 286,000
Dic-01 572,000
Ene-02 309,000
Feb-02 309,000
Mar-02 309,000
Abr-02 309,000
May-02 309,000
Jun-02 618,000
Jul-02 309,000
Ago-02 309,000
Sep-02 309,000
Oct-02 309,000
Nov-02 309,000
Dic-02 618,000
Ene-03 332,000
Feb-03 332,000
Mar-03 332,000
Abr-03 332,000
May-03 332,000
Jun-03 664,000
Jul-03 332,000
Ago-03 332,000
Sep-03 332,000
Oct-03 332,000
Nov-03 332,000
Dic-03 664,000
Ene-04 358,000
Feb-04 358,000
Mar-04 358,000
Abr-04 358,000
May-04 358,000
Jun-04 716,000
Jul-04 358,000
Ago-04 358,000
Sep-04 358,000
Oct-04 358,000
Nov-04 358,000
Dic-04 716,000
Ene-05 381,500
Feb-05 381,500
Mar-05 381,500
Abr-05 381,500
May-05 381,500
Jun-05 763,000
Jul-05 381,500
Ago-05 381,500
Sep-05 381,500
Total 28,083,244
La Sala se abstiene de estudiar la pretensión relacionada con los intereses moratorios, en tanto que no fueron solicitados en la demanda inicial, dado que la facultad de fallar extra petita es exclusiva del juez de primera instancia, en conformidad con lo previsto por el artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
En merito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Laboral, de fecha 30 de abril de 2004, proferida en el proceso ordinario laboral que promovió Héctor Darío Quintero Rojas contra el Instituto de Seguros Sociales. En sede de instancia REVOCA la sentencia del Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, de fecha 19 de noviembre de 2003 y, en su lugar, condena al Instituto de Seguros Sociales a pagar al señor Héctor Darío Quintero Rojas la cantidad de $ 28.083.244 por mesadas pensionales causadas entre el 28 de febrero de 1999 y el 30 de septiembre de 2005, inclusive, y a partir del 1º de octubre de 2005, la pensión por invalidez de origen común, en cuantía de $ 381.500 mensuales, la cual no podrá ser inferior al salario mínimo legal de cada época, con sus mesadas adicionales e incrementos legales. Así mismo, declara probada la excepción de prescripción respecto de las mesadas causadas con anterioridad al 28 de febrero de 1999.
Sin costas en casación. Las de las instancias a cargo del demandado.
Con el mayor respeto me separo de la decisión mayoritaria, tal cual lo he venido haciendo en casos semejantes al presente, en los que se ha estimado procedente la pensión de invalidez con prescindencia del origen que tenga, cuando el afiliado no cumple con el número de semanas exigidas en la legislación vigente, con fundamento en las razones que ahora reitero, donde he dicho lo siguiente que transcribo:
“1. A mi juicio, no son de recibo en un caso como este, tomar en consideración las razones que por la mayoría se han dado frente al tema de la pensión de sobrevivientes en tanto se trata de una prestación totalmente diferente. Así se entendió, desde la discusión original, para lo cual basta consultar la sentencia del 24 de agosto de 2000, radicación 13986, donde se resolvió un caso igual al presente.
2. No hay ninguna discrepancia, respecto que el demandante estuvo afiliado al Instituto de Seguros Sociales y que dejó de cotizar, en febrero de 1994. Así mismo, que la incapacidad le sobrevino con posterioridad, pues se la dictaminaron en septiembre de 1995, esto es, ya desafiliado.
3. De acuerdo con esos hechos no discutidos, no hay duda, como lo entendieron los juzgadores de instancia y lo reconoce la propia Corte, que la norma aplicable es el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, que en los supuestos a) y b), impone como requisito para obtener la pensión de invalidez, para el cotizante activo, “veintiséis (26) semanas, al momento de producirse el estado de invalidez”, y para quien hubiese dejado de cotizar al sistema, igualmente, aportes durante por lo menos “veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca el estado de invalidez”.
“En ese orden de ideas, no entiendo cómo puede dejarse de aplicar la norma vigente, con el fundamental criterio, de que ello encierra una “ostensible inequidad” dado que “la seguridad social es un derecho constitucional y no un simple seguro privado que se toma y se rige por la respectiva póliza”, y porque además, “el afiliado a la seguridad social tiene posibilidad de consolidar situaciones jurídicas reconocidas por el respectivo régimen...”. Y digo que no lo entiendo, porque encuentro perfectamente posible, frente a derechos que no tienen la connotación de adquiridos, que la nueva ley, como aquí sucede, cercene meras expectativas o simples esperanzas, de quien no es titular, en este caso, de la pensión de mudez.
4. Si el demandante no estaba en ninguna de las hipótesis del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, considero que no debió casarse la sentencia, en tanto los juzgadores de instancia no hicieron nada distinto que aplicar la ley, a cuyo imperio se encuentran sometidos, tal cual lo establece el artículo 230 de la Constitución Política”.
“Puede resultar injusto, humanamente injusto absolver a la demandada en una situación como la que relatan los autos. Mas no se pueden desconocer las normas sustantivas, con fundamento en que estas son inconvenientes o injustas. De allí que aun cuando soy el primero en reconocer que la solución que trajo la Ley 100, frente a casos como el que nos ocupa, puede ser criticable, y por ello respetable el criterio de la mayoría, estimo que tales razones sirven exclusivamente para proponer una reforma de la ley (lege ferenda), pero no son pertinentes para sustentar en ellas una decisión judicial cuyo único apoyo, en nuestro sistema jurídico, debe ser la lege data”.
Porque se hace una comparación por el número de cotizaciones, cuando, por corolario de cualquiera de los principios de favorabilidad, lo comparable es la totalidad del sistema, y no fragmentos de este.
Cuando se comparan dos conceptos de cotización diferentes, tomándolos por su elemento más aparente; no se trata de saber si son 150, 300 ó 26 cotizaciones; aquellas lo eran dentro de un sistema de aportes con un piso mínimo alto; y la última un piso bajo pero nunca mínimo; en aquel cuenta las cotizaciones efectuadas, en este se sancionan las que no se efectúen por cuanto lo más significativo de un sistema que obliga a un número reducido respecto a un evento incierto, es que se ha de estar en acto de permanente cotización.