Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-38145-de-febrero-1-de-2012?documento=jurcol&contexto=jurcol_bad6c9753f670234e0430a0101510234&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-03-21 12:34:53
Document Index: 351217448

Matched Legal Cases: ['artículo 376', 'artículo 205', 'artículo 207', 'artículo 306', 'artículo 322', 'artículo 81', 'artículo 535', 'artículo 81', 'e contrario', 'artículo 360', 'artículo 207']

﻿ Auto 38145 de febrero 1 de 2012
AUTO 38145 DE 01 DE FEBRERO DE 2012
CONTENIDO:LA FALTA DE NOTIFICACIÓN O COMUNICACIÓN AL IMPUTADO CONOCIDO SOBRE EL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN PREVIA NO CORRESPONDE A UN ACTO ESTRUCTURAL DEL PROCESO PENAL, NI MUCHO MENOS, COMPORTA UNA AFRENTA CONTRA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA EN SU COMPONENTE DE CONTRADICCIÓN. POR LO TANTO ESTA IRREGULARIDAD SUSTANCIAL NO DEBE REMEDIARSE MEDIANTE LA NULIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:NULIDAD, IMPUTADO, NOTIFICACIÓN AL IMPUTADO, NOTIFICACIÓN
Auto 38145 de febrero 1 de 2012
Proceso 38145
El mérito del sumario fue calificado con resolución de acusación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, el cual está descrito en el artículo 376, inciso 2º, de la Ley 599 de 2000, adecuación típica que fue acogida en los fallos censurados.
La conducta señalada tiene prevista una pena de 4 a 6 años de prisión, supuesto objetivo que determina la improcedencia de la casación ordinaria en el caso concreto.
Teniendo en cuenta tales límites punitivos la recurrente acudió a la vía de la casación discrecional, para lo cual debía atender el contenido normativo del inciso 2º del artículo 205 del Código de Procedimiento Penal, esto es, demostrar la necesidad de que la Corte avoque el conocimiento del asunto “para el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de los derechos fundamentales”.
Cuando tal pretensión se funda en obtener la protección de los derechos fundamentales de las partes o intervinientes corresponde al censor demostrar la irregularidad que se posiciona en directa afrenta con la garantía cuya salvaguarda se procura, indicar las normas constitucionales y legales que protegen el derecho invocado y la forma como fue desconocido en el fallo recurrido.
Así mismo, si la admisión del libelo tiene por objeto desarrollar la jurisprudencia, el censor debe explicar con suficiencia en qué sentido lo pretende, es decir, si lo procurado es fijar el alcance interpretativo de una norma, la unificación de posturas hermenéuticas distintas frente a un mismo tópico, el pronunciamiento sobre algún aspecto no desarrollado por vía jurisprudencial o la modificación de una posición que no se atempere a la Constitución o la ley.
En ese ejercicio, el recurrente debe apoyarse en la jurisprudencia existente y argumentar con claridad y precisión cuáles son los cambios o variaciones que deben introducirse en sede extraordinaria con el objeto último de perfeccionarla y de servir de criterio auxiliar de la actividad judicial.
En desarrollo de tal cometido, la defensora se limita a enunciar que el recurso procura “el respeto de las garantías de derechos fundamentales constitucionales como el debido proceso penal y el derecho a la defensa de las señoras que, angustiadas por la prisión que las amenaza, acuden a este jurídico mecanismo a la expectativa de una resolución de favorabilidad”(28), sin ningún otro sustento.
Al respecto, es claro que la hipótesis planteada por la libelista no logra persuadir a la Sala de admitir la demanda, porque de un lado, la fundamentación del recurso por la vía excepcional —que debe guardar correspondencia temática con la de los cargos a desarrollar— no se puede restringir al enunciado.
Lo dicho en precedencia sería suficiente para inadmitir la demanda, en tanto la acreditada ineptitud del reparo discrecional así lo condiciona; no obstante, la Sala demostrará que los cargos intentados tampoco superan el juicio lógico jurídico de admisión.
2. Primer y segundo cargo.
2.1. Tratándose de la postulación de una nulidad en los términos de la causal tercera prevista en el artículo 207 ibídem, se exige al casacionista que respete los mínimos parámetros técnicos que informan su demostración.
En efecto, la acreditación de las nulidades está atada a la comprobación cierta de yerros de garantía o de estructura insalvables que hagan que la actuación y la decisión de segunda instancia pierdan toda validez formal y material, por lo que corresponde al libelista expresar con claridad y precisión los motivos de ataque, señalar conforme al principio de taxatividad(29) la irregularidad sustancial que afecta el proceso, determinar la forma en que ellas rompen la estructura del proceso o afectan las garantías de los sujetos procesales y la fase en la que se produjeron.
Ahora, si el vicio denunciado corresponde a una violación del proceso debido, es necesario que el actor identifique la irregularidad sustancial que alteró el rito legal, pero si afecta el derecho de defensa, debe especificar el acto que lesionó esa garantía; en cada hipótesis la argumentación debe estar acompañada de la solución respectiva.
Igualmente, la fundamentación del ataque se debe hacer a la luz de los postulados que rigen la declaración de las nulidades, esto es, los de convalidación(30), protección(31), instrumentalidad de las formas(32), trascendencia(33) y residualidad(34), pues si se avizora que el defecto denunciado no logra afectar en grado sumo el desarrollo de la actuación, ni alterar lo decidido en el fallo censurado, no hay lugar a decretarlo.
2.2. La secuencia descrita no fue emprendida con rigor lógico en el libelo que se examina.
En efecto, aunque la letrada atendió el principio de taxatividad porque se apoyó en las causales segunda y tercera del artículo 306 de la Ley 600 de 2000 para predicar en cargos autónomos pero con unidad de razones, la violación de los derechos al proceso debido y a la defensa, no solo omitió identificar si el desafuero que denuncia es de estructura o de garantía, sino que no se preocupó por establecer si alguno de los principios que rigen la convalidación de las irregularidades procesales operaron en el caso concreto y lo más importante, dejó de explicar cuál es la trascendencia cierta del que considera un defecto sustancial, como más adelante se precisará.
2.3. Repárese que en esencia, son dos los motivos de inconformidad que a juicio de la demandante tienen capacidad invalidante. De un lado, la falta de enteramiento a las procesadas sobre la existencia de la actuación durante la fase de investigación previa pese a que para ese momento ya eran conocidas por el órgano acusador y de otro, la emisión de las resoluciones de apertura de instrucción y de definición de situación jurídica así como la práctica de la indagatoria, sin que se hubiera determinado con carácter definitivo la clase y la cantidad de sustancia incautada.
Para la Sala es manifiesta la falta de idoneidad sustancial de los reparos.
2.3.1. En verdad, frente al primer disenso es claro que la libelista desconoce que el instituto de la nulidad solo tiene vocación de prosperidad cuando se birla alguna garantía fundamental de las partes o intervinientes con efecto nocivo en el derecho de defensa o se socava un acto esencial al proceso, esto es, de su estructura, de forma tal que toda actuación posterior resulta igualmente ineficaz ante la ausencia de formalidades intrínsecas al acto imperfecto que se reputa lesivo del proceso debido.
En este sentido, es nítido que tal como de manera constante y reiterada lo ha sostenido la Sala de Casación Penal(35), la falta de notificación o comunicación al imputado conocido sobre el inicio de la investigación previa no corresponde a un acto estructural del proceso penal, ni mucho menos, comporta una afrenta contra el ejercicio del derecho de defensa en su componente de contradicción. Así se ha pronunciado esta corporación:
“La Corte ha enfatizado en varias oportunidades que la falta de comunicación de la resolución mediante la cual se ordena la investigación previa no es constitutiva de irregularidad sustancial que deba remediarse a través del mecanismo de la nulidad, toda vez que tratándose de una fase contingente que obviamente no forma parte de la estructura del proceso y sometida a cierta discrecionalidad del instructor, su existencia y validez no son dependientes del acto de notificación al imputado conocido.
Además, la etapa preprocesal a la que alude el artículo 322 del Código de Procedimiento Penal no es obligatoria, pues está supeditada, entre otros motivos, a la inexistencia de hechos y antecedentes dentro de la actuación que permitan colegir que una persona debidamente identificada o individualizada pudo ser autora o partícipe de una conducta punible.
Por tanto: la ausencia de notificación criticada por el censor carece de la transcendencia necesaria como para acceder al decreto de nulidad por él solicitado”(36) (resaltado fuera del texto original).
Únicamente cuando la prueba recaudada en esa fase se constituye en la prueba de cargo que soporta el fallo y en etapa posterior, el funcionario judicial de manera arbitraria, niega la oportunidad cierta a las partes de confrontarla, eventualmente podría haber lugar a la nulidad de la actuación.
Y es que, si bien el artículo 81 de la Ley 190 de 1995, en su inciso 5º —invocado por la recurrente— establecía la obligación para el funcionario instructor, de informar al imputado o imputados conocidos la iniciación de la investigación previa pues dispuso que “en caso de existir imputado o imputados conocidos, de la iniciación de la investigación, se notificará a este o estos, para que ejerzan el derecho de defensa”, lo cierto es que no solo esta norma fue derogada por el artículo 535 de la Ley 600 de 2000 y por lo tanto, dejó de producir efectos en el ordenamiento jurídico(37), sino que solo en aquellos eventos en que en el curso del proceso materialmente sea imposible controvertir los medios de conocimiento practicados en tan preliminar momento, porque por ejemplo, se pretermita la indagatoria, o caprichosamente se niegue la práctica de las pruebas indispensables para controvertir la imputación, sería posible predicar la ruptura de las referidas garantías.
Así mismo, sobre el alcance de la referida norma, mientras estuvo vigente, esta Sala sostuvo:
“Pero aun si lo expuesto no resultare suficientemente ilustrativo de la inocuidad del reparo, resulta oportuno señalar, como en tal sentido ha sido indicado(38), que “la Sala en este punto de ataque viene sosteniendo en forma pacífica y reiterada que “en cuanto a la falta de notificación al imputado de las providencias que ordenaron investigación previa y apertura de instrucción, cabe decirse que si bien el artículo 81, inciso final, de la Ley 190 de 1995 exigía que se les notificara al imputado o imputados conocidos la iniciación de la investigación, ya sea preliminar o formal, la Corte tiene sentado que si esa omisión se da en la primera no aparece menoscabo a la estructura del proceso habida cuenta que el paraje pre actuarial no es presupuesto condicionante de la instrucción, y si se da en la segunda, tal falla se corrige con la citación oportuna a la indagatoria”(39)”(40) (resaltado de la Sala).
Siendo lo anterior así, es claro que ninguna razón le asiste a la togada para deprecar la nulidad de la actuación, máxime cuando en el caso concreto, de una parte, es la misma demandante quien admite que cuando se rindió el primer informe de policía, los presuntos infractores solamente estaban determinados por su nombre de pila, no así con sus apellidos y cupo numérico, esto es, no estaban plenamente identificados, o por lo menos, individualizados con sus rasgos morfológicos, amén que fue necesario que la fiscalía emitiera otra orden a policía judicial para que cumpliera con ese cometido y acto cumplido, se dispuso de manera inmediata, la apertura de la investigación y la vinculación de los incriminados mediante indagatoria, oportunidad a partir de la cual ejercieron a plenitud el derecho a la defensa.
2.3.2. Tampoco comporta error de la laya denunciada que el funcionario instructor haya proferido las resoluciones de apertura de instrucción y definición de situación jurídica así como recibido indagatoria a los imputados, sin que previamente hubiera determinado con carácter definitivo la clase y la cantidad de sustancia incautada, pues no se puede dejar de lado que el grado de certeza, respecto a la materialidad de la conducta punible y la responsabilidad penal que le pueda asistir a los implicados, exclusivamente se requiere para dictar sentencia, no así para proferir las referidas resoluciones, cuyo fundamento lo son los supuestos fácticos y el material probatorio conocido en la indagación preliminar o en la denuncia, los que en todo caso deberán seguir siendo objeto de valoración y controversia durante las fases de investigación y juzgamiento, de acuerdo con el principio de preclusión.
Como es obvio, en este primer escenario procesal, no siempre será posible contar con todos los elementos de convicción que permitan establecer la tipicidad del comportamiento investigado, tanto así que sobre la base de la incertidumbre que en los albores de la investigación suele edificarse, justamente corresponde a los fines de la instrucción establecer si se ha infringido o no la ley penal, cuáles son los autores o partícipes del delito y sus circunstancias y los daños causados con la infracción (CPP, art. 331), para de esta manera, decidir si hay lugar a acusar o precluir la investigación.
Del mismo modo, en la fase de juzgamiento es cuando se perfecciona el debate probatorio —aunque no con alcance que se estructura en el sistema de procesamiento penal actual regido por la Ley 906 de 2004—, de forma que se erige otra oportunidad para ejercer el derecho de contradicción.
Repárese que contrario a lo sostenido por la abogada defensora la apertura de investigación, la definición de situación jurídica, la imposición de medida de aseguramiento y la vinculación de los imputados al proceso mediante indagatoria no se compadecen con actos de prejuzgamiento por parte del fiscal del caso, toda vez que mientras no se profiera sentencia y ella cobre ejecutoria, la presunción de inocencia de raigambre constitucional, necesariamente permanece incólume.
De lo anterior se sigue que no resultaba indispensable que existiera plena prueba acerca de la clasificación de la sustancia incautada para que los aprehendidos en flagrancia rindieran bajo criterios de legalidad su injurada, pues obraban suficientes elementos de juicio —informes de policía soportados en entrevistas y video y allanamiento y registro en el que se incautaron 455 papeletas con aspecto similar al del bazuco— que permitían inferir la presunta actividad delictiva de los imputados.
En este punto, basta traer los juiciosos considerandos del fallo de segundo grado que descartan cualquier infracción de los ritos penales en el caso concreto:
“De otra parte, alude la defensa que cuando se recibieron las indagatorias, no se conocía el estudio sobre la sustancia incautada y por tanto, las procesadas no tuvieron la oportunidad de manifestarse al respecto. Esta apreciación desconoce que la indagatoria gira en torno a los hechos que motivaron la vinculación del presunto responsable(41), en este caso el expendio de estupefacientes, mas no a la verificación o exhibición de determinada prueba.
(…) Ante todo cabe recordar la posición adoptada por la Sala sobre la materia en diversos pronunciamientos, entre otros, los realizados en noviembre 24 de 1999, Rad. 14.227, M.P. Fernando Arboleda Ripoll, y diciembre 15 del mismo año, Rad. 11.899, M.P. Jorge E. Córdoba Poveda, decisiones en las que se hizo claridad acerca de que la indagatoria no era una diligencia de formulación de cargos, como lo entendió el demandante, sino una forma de vinculación al proceso y un medio de defensa a través del cual el sindicado puede suministrar las explicaciones que a bien tenga sobre las circunstancias en que se desarrolló el acontecimiento objeto de imputación, pues como se precisa en el artículo 360 del Código de Procedimiento Penal derogado, precepto bajo cuya vigencia el sentenciado rindió sus descargos, al imputado se le interrogará “en relación con los hechos que originaron su vinculación” (…)(42).
Aquí, a las procesadas se las interrogó respecto del expendio de estupefacientes y en particular sobre los resultados de las labores investigativas de la SIJIN, así como de la diligencia de allanamiento y registro practicada a su residencia, sin que se advierta el desconocimiento de sus derechos, al practicarse luego, la prueba que estableció que la sustancia incautada efectivamente contenía trazos de cocaína. Esta prueba, una vez realizada permaneció en el expediente y fue conocida por los sujetos e intervinientes procesales, sin que hubiese sido indispensable ponerla de presente en las indagatorias, diligencias que valga resaltar, no son el único espacio procesal diseñado para ejercer el derecho de defensa o exponer la postura de la fiscalía.
Tampoco partía el instructor, al disponer la apertura de investigación y la vinculación de las acusadas, de simples conjeturas o meras apreciaciones, pues visto se tiene que la SIJIN había presentado informe detallando las irregulares actividades que se llevaban a cabo en la residencia de las procesadas, hecho que luego se verificó al practicar el registro y allanamiento, diligencia en que encontraron relevante cantidad de papeletas de basuco —455— las que permitían entender que en efecto se trataba de un lugar destinado a la venta del estupefaciente.
Valga resaltar, que las exigencias para disponer cada paso procesal, van aumentando en rigor en la medida que avanza el proceso, sin que se torne indispensable que al momento de abrir la investigación, resolver la situación jurídica o dictar resolución de acusación, se tengan pruebas en grado de certeza sobre la realización del delito o la responsabilidad del imputado(43)”(44).
2.3.4. Ahora bien, la revisión del libelo que se examina también permite concluir que la profesional del derecho limitó su gestión a describir los vicios que a su juicio demandan la nulidad de la actuación por constituir serios atentados contra el proceso debido y la defensa, pero renunció a acreditar la relevancia del vicio en la validez del proceso.
En realidad, no enseña cómo habría cambiado la situación de sus prohijadas si el funcionario instructor las hubiera enterado durante la fase preliminar acerca de la naciente investigación. Nótese como la letrada no hace ningún esfuerzo intelectivo —que no especulativo— por indicar cuál habría sido la gestión defensiva con carácter trascendente y entidad para cambiar la suerte de las procesadas si la fiscalía hubiera actuado conforme lo propone. Tampoco indica cómo se habría modificado la imputación respecto a las encartadas si se hubiera conocido la clasificación exacta del estupefaciente incautado antes de que fueran vinculadas mediante indagatoria al proceso.
Adviértase igualmente que la demandante no encaminó su argumentación a probar que las inculpadas no tuvieron oportunidad de ejercer la defensa, porque por ejemplo, durante todo el proceso se les impidió controvertir las pruebas practicadas preliminarmente o aportar las necesarias para desvirtuar el poder suasorio de las primeras.
Es más, la libelista aduce que la falta de oportuno enteramiento de la investigación previa le impidió controvertir entre otros, el testimonio de Mirna del Carmen Pérez Castillo que resultó esencial a la condena; sin embargo, verificadas las sentencias de primer(45) y segundo nivel(46) —inescindibles porque conservan el mismo sentido de decisión— se observa que ella no solo rindió la versión de los hechos en la referida fase sino que compareció durante la instrucción para reiterar su dicho en el sentido que las acusadas junto con el jefe del hogar eran expendedoras de narcóticos, oportunidad que debieron aprovechar las implicadas para ejercer la defensa técnica y material.
El reproche así propuesto, entonces, es ineficaz para procurar la admisión de la demanda.
2.3.5. De otro lado, oportuno se ofrece aclarar a la defensora que no porque el recurso se intente por la vía discrecional es la única ruta de ataque viable para demostrar los yerros de la sentencia de segunda instancia, sea la causal tercera. No, el demandante que acude a la casación excepcional puede emplear cualquiera de las causales descritas en el artículo 207 de la Ley 600 de 2000, eso sí, una vez haya acreditado con suficiencia que la sentencia de la Corte se requiere para el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de los derechos fundamentales.
Precisado este aspecto, es del caso resaltar que si bien, expresamente, la recurrente manifestó no poder ocuparse de los yerros que exhibe la sentencia acusada en punto de la valoración probatoria, veladamente terminó haciéndolo al fundamentar los cargos conforme al sendero de la nulidad, proceder con el que vulneró los principios de autonomía y no contradicción que rigen el recurso extraordinario.
Repárese que dentro del mismo contexto argumentativo entremezcla fundamentos orientados a obtener la invalidación de la actuación y cuestiona la apreciación probatoria que de la prueba testimonial hicieron los juzgadores, por encontrarla lesiva de las leyes de la sana crítica, tipo de censura esta que debía intentar por la senda de la causal primera por violación indirecta de la ley sustancial en el sentido de falso raciocinio.
La conjunción de reproches que suponen rutas distintas de postulación y argumentación y apuntan a horizontes de pretensión distintos, en tanto el de la nulidad procura que se declare la invalidez de la actuación desde el momento en que se produjo la irregularidad sustancial, mientras que la infracción indirecta se orienta a la obtención de un fallo de reemplazo, hacen palmaria la inconsistencia metodológica del libelo.
Como si lo anterior no fuera suficiente, el manifiesto desconocimiento de la técnica casacional se trasluce cuando se lee el aparte final del libelo en el que como si se tratara de un recurso de instancia, deja de identificar la causal en la que se apoya y pide a la Corte el reconocimiento de la prisión domiciliaria para sus poderdantes, sin más argumento que tener a sus representadas como “unas damas humildes pero trabajadoras, respetuosas de los bienes patrimoniales ajenos, dedicadas al trabajo y empleo que suele proporcionar la comunidad espinaluna”(47).
Olvida la demandante que el recurso de casación no constituye una tercera oportunidad para que se edifique el sentido de justicia, sino un control de constitucionalidad y legalidad respecto del fallo de segundo grado que en todo caso está precedido de la doble presunción de acierto y legalidad y, que en ese orden, si su pretensión era lograr que a sus clientes se les sustituyera la pena privativa de la libertad en centro carcelario por domiciliaria le correspondía demostrar que los falladores incurrieron en un error in iudicando al determinar que aquellas debían purgar su pena de forma intramural.
Como así no lo sustentó la togada, dejó huérfana de soporte su pretensión.
Se sigue de todo lo dicho que no hay lugar a admitir la demanda.
Finalmente, como la revisión del expediente permite inferir que no se ha incurrido en notorias causales de nulidad ni en flagrantes violaciones de derechos fundamentales, la corporación no puede penetrar de oficio al fondo del asunto.
Inadmitir la demanda de casación presentada por la defensora de Blanca Alcira Cardoso de Murillo, Olga Mercedes Murillo Cardoso y, Leonor Teresa Murillo Cardoso, contra la sentencia del 30 de agosto de 2011, dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué.
(28) Cfr. folio 8 de la demanda a folio 61 ibídem.
(29) Las únicas nulidades objeto de alegación son las expresamente consagradas en la ley.
(30) Las irregularidades pueden convalidarse con el consentimiento expreso o tácito del sujeto perjudicado.
(31) El sujeto procesal que con su conducta haya dado lugar a la configuración del vicio, es el único que lo puede alegar, salvo que se trate de ausencia de defensa técnica.
(32) Como las formas no son un fin en sí mismo, siempre que se cumpla con el propósito que la regla de procedimiento pretendía proteger, no habrá lugar a la declaración de la nulidad.
(33) La magnitud del defecto debe tener incidencia en el sentido de justicia incorporado a la sentencia.
(34) La declaratoria de nulidad debe ser el único remedio procesal para superar el yerro detectado.
(35) Ver entre otras providencias, auto del 20 de junio de 2006, radicación 25.090e
(36) Auto del 10 de agosto de 2006, radicación 20.451.
(37) Así lo precisó la Corte Constitucional en la Sentencia C-836 de 2002.
(38) Cfr. Cas. de mayo 23 de 2007, rad. 26706.
(39) Sentencia del (sic) Casación del 11/12/03. Radicación: 19547.
(40) Auto del 2 de julio de 2008, radicación 27.293
(41) “… De ahí que, en este sentido abundante es la jurisprudencia de la Sala en sostener que el interrogatorio al imputado en la indagatoria no impone la utilización de fórmulas técnicas ni la calificación jurídica de los hechos, pues esa labor, corresponde hacerla al fiscal al momento de resolver la situación jurídica, en donde sopesando los demás medios de convicción decide si en esos hechos que se denunciaron como presuntamente delictivos existen elementos de juicio suficientes para considerar la existencia de la comisión de uno o varios punibles y cuál la participación de sus posibles autores”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, M.P. Carlos Augusto Gálvez Argote, providencia del 8 de noviembre de 2001, rad. 13895.
(42) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 14 de febrero de 2002, rad. 12047.
(43) Ver, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 26 de octubre de 2000, rad. 15610.
(44) Cfr. folios 15-17 de la sentencia de segunda instancia a folio 20 del cuaderno del tribunal.
(45) Cfr. folio 14 de la sentencia de primera instancia a folio 160 del cuaderno 3.
(46) Cfr. folios 20-21 de la sentencia de segunda instancia a folios 25-26 del cuaderno del tribunal.