Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-162-de-marzo-17-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_0f63d42ec7df01a6e0530a01015101a6&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-21 18:33:10
Document Index: 196657264

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 67', 'artículo 67', 'artículo 44', 'artículo 85', 'artículo 67', 'artículo 67', 'artículo 42', 'artículo 68', 'artículo 3', 'artículo 67', 'Artículo 67', 'artículo 26', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 22', 'artículo 4', 'Artículo 40', 'Artículo 68']

﻿ SENTENCIA T-162 DE MARZO 17 DE 2014
SENTENCIA T-162 DE 17 DE MARZO DE 2014
CONTENIDO:LÍMITES A LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR EL SERVICIO EDUCATIVO POR PARTE DEL ESTADO. SE ACLARA QUE SI BIEN LA RESPONSABILIDAD CONSTITUCIONAL DEL ESTADO SE CENTRA EN LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR EL SERVICIO EDUCATIVO A LOS MENORES DE EDAD, LO CIERTO ES QUE AQUELLA SE TRADUCE EN UN COMPROMISO GENERAL DE HABILITAR LOS MEDIOS DE APOYO IDÓNEOS PARA FACILITAR SU ACCESO, PERO EN MANERA ALGUNA DEBE TRADUCIRSE EN UN COMPROMISO PARTICULAR QUE IMPLIQUE LA PRESTACIÓN INDIVIDUALIZADA DEL SERVICIO, CONFORME A LAS NECESIDADES DEL INTERESADO. DE AHÍ, QUE LA FAMILIA COMO NÚCLEO FUNDAMENTAL DE LA SOCIEDAD ES EL PRIMER RESPONSABLE DE ASEGURAR LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS MENORES DE EDAD CONFORME AL ARTÍCULO 67 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCESO A LA EDUCACIÓN, ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO A LA EDUCACIÓN, SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, SERVICIO DE EDUCACIÓN
Sentencia T-162 de marzo 17 de 2014
Ref.: Expediente T-4.098.490
Accionante: Xxxxx Xxxxx Xxxxxx como agente oficioso del menor Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
Accionados: Colegio Xxxxxxxx Xxx Xxxxx Xx Xxxxxxxxxxxxx, Secretaría de Educación Municipal y Personería Municipal
Bogotá D.C., diecisiete de marzo de dos mil catorce
En el proceso de revisión de la providencia proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de Piedecuesta, el nueve (9) de agosto de dos mil trece (2013), en el trámite de la acción de amparo constitucional promovida por Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, como agente oficioso del menor Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, contra el Colegio Xxxxxxxx Xxx Xxxxx Xx Xxxxxxxxxxxxx, Secretaría de Educación de Piedecuesta y la Personería de Piedecuesta.
La señora Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, actuando como agente oficioso de su sobrino, Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx promovió acción de tutela contra el Colegio Xxxxxxxx Xxx Xxxxx, con el objeto de que el juez constitucional amparara el derecho fundamental a la educación de su agenciado y, en consecuencia, ordenara a la entidad accionada permitir el reintegro del menor a las actividades académicas.
2.1. Relata que su sobrino, Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, de 11 años de edad, padece de hiperactividad, trastorno del desarrollo de las habilidades escolares y déficit de atención, por lo que requiere de terapias y medicamentos para su tratamiento.
2.2. Sostiene que el menor cursaba tercer grado en el Colegio Xxxxxxxx Xxx Xxxxx pero fue suspendido de forma arbitraria por las directivas del plantel en razón de su enfermedad. Refiere que los padres del menor son analfabetas y desplazados por la violencia.
2.3. En consecuencia, solicita al juez constitucional que ordene a la entidad accionada, como medida provisional y luego definitiva, el reintegro del menor Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx al plantel y su acompañamiento en las actividades académicas.
La acción de tutela fue tramitada por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de Piedecuesta, despacho que, a través de auto de veintiséis (26) de julio de dos mil trece (2013), resolvió admitirla, correr traslado de la misma a las entidades demandadas y ordenar al Colegio Xxxxxxxx Xxx Xxxxx Xx Xxxxxxxxxxxxx que, en forma inmediata, permitiera que el menor Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx ingrese al colegio y tenga la oportunidad de recibir clases, presentar trabajos, evaluaciones y demás compromisos académicos.
De igual manera, ordenó al Colegio Xxxxxxxx Xxx Xxxxx Xx Xxxxxxxxxxxxx remitir copia íntegra del manual de convivencia, del libro en el que se radiquen las faltas académicas y de comportamiento de Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, así como los documentos en los que consten las razones por las cuales fue retirado de la institución.
3.1. Secretaría de Educación Municipal.
Durante el término otorgado para el efecto, la Secretaria de Educación del Municipio de Piedecuesta, Santander, solicitó al juez constitucional negar el amparo invocado, al advertir que el menor Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx está matriculado en el Colegio Xxxxxxxx Xxx Xxxxx y cuenta con el acompañamiento de una docente encargada de atender a la población con necesidades educativas especiales, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 366 de 2009.
3.2. Colegio Xxxxxxxx Xxx Xxxxx.
El rector de la entidad accionada indicó que el niño Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx cursa el grado tercero y nunca ha sido retirado o suspendido del colegio. Así mismo, sostiene que al advertir el comportamiento agresivo de Xxxxx Xxxxx con los demás niños del curso se citó a su madre para preguntarle sobre el estado de salud del menor, quien manifestó que suspendió el tratamiento psiquiátrico indicado por el médico tratante.
Señala que el 15 de mayo de 2013 las directivas del colegio decidieron que el menor Xxxxx Xxxxx no podría integrarse a las actividades académicas en la institución hasta que no reanudara el tratamiento psiquiátrico, al respecto, la madre del menor se comprometió a llevarlo de nuevo al médico.
3.3. Personería Municipal de Piedecuesta.
El Personero del Municipio de Piedecuesta señala que suspender el proceso educativo del menor Xxxxx Xxxxx es vulnerar sus derechos fundamentales.
4. Diligencia de audiencia de recepción de la declaración de la señora Xxxxx Xxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, madre del menor, Xxxxx Xxxxx.
El 31 de julio de 2013, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de Piedecuesta citó a la señora Xxxxxxxx Xxxxxxx, madre del menor Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, para que aclarara los hechos que motivaron la presentación de la acción de tutela de la referencia.
En dicha diligencia, la señora Xxxxxxxx Xxxxxxx sostiene que su hijo es un niño muy rebelde, que desobedece a sus profesoras y golpea a sus compañeritos, es por ello que diferentes padres de familia le solicitaron al rector del colegio que lo retirara de la institución.
Refiere que en razón de lo anterior, el 15 de mayo de 2013, se comprometió con el rector de la entidad accionada a que reanudaría el tratamiento psiquiátrico de su hijo, por lo que solicitó ante su IPS la cita con el especialista la cual le fue asignada para el día 15 de agosto. Sostiene que decidió no enviar a Xxxxx al colegio sino hasta que acudiera a dicho control.
Señala que el menor nunca fue suspendido, ni retirado de la institución y que la tía del menor presentó la acción de amparo porque consideró que lo mejor para el niño era que volviera al colegio.
• Copia del carné del menor Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx que lo incluye en el listado censal de Piedecuesta (folio 8).
• Copia del carné de Xxxxx Xxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx que la incluye en el listado censal de Piedecuesta (folio 9).
• Copia del carné de Familias en Acción de la señora Xxxxx Xxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx (folio 10).
• Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Xxxxx Xxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx (folio 11).
• Copia del informe de rendimiento académico del menor Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx en el primer periodo académico del año 2013 (folio 12).
• Copia de la historia clínica del menor Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx (folios 13 a 20).
• Copia de la consulta realizada en el Sistema Integrado de Matrículas (folio 32).
• Copia del acta de 15 de mayo de 2013 suscrita por la señora Xxxxxxxx Xxxxxxx, madre del menor Xxxxx Xxxxx, y las directivas del colegio (folio 37).
• Copia del historial disciplinario del menor Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx (folios 37 a 67).
• Copia del Manual de Convivencia del Colegio Xxxxxxxx Xxx Xxxxx (folios 68 a 91).
El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de Piedecuesta, mediante providencia de nueve (9) de agosto de dos mil trece (2013), declaró improcedente la acción de amparo de la referencia. De igual manera, exhortó al Colegio Xxxxxxxx Xxx Xxxxx para que (i) siga dando un trato especial al menor Xxxxx Xxxxx, de conformidad con el diagnóstico de hiperactividad, trastorno del desarrollo de las habilidades escolares y déficit de atención, (ii) procure la inclusión de los padres, profesoras, directivas y psicólogos para que entiendan la importancia de la labor conjunta en la formación de los menores y para que implementen procesos restaurativos con las víctimas de los comportamientos de Xxxxx Xxxxx.
Así mismo, conminó a la señora Xxxxxxxx Xxxxxxx y a los demás miembros de su familia para que atiendan responsablemente la situación especial de su menor hijo y continúen con el tratamiento médico que se le ordene.
Lo anterior, al advertir que el Colegio Xxxxxxxx Xxx Xxxxx no desescolarizó al menor Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx por sus enfermedades, como refiere su agente oficioso, sino que, por la falta de compromiso de la familia con el tratamiento psiquiátrico que el menor requiere, este dejó de asistir.
Primero. Mediante auto de cuatro (4) de febrero de dos mil catorce (2014), el Magistrado sustanciador consideró necesario recaudar algunas pruebas para verificar hechos relevantes del proceso. En consecuencia, resolvió lo siguiente:
1. Por Secretaría General, ofíciese al Colegio Xxxxxxxx Xxx Xxxxx Xx Xxxxxxxxxxxxx, Santander, para que, en el término de tres (3) días hábiles contados a partir de la notificación de este auto, se sirva informar a esta Corporación, con los correspondientes documentos que respalden sus afirmaciones, lo siguiente:
• Sí el menor Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx está matriculado en dicha institución educativa, en caso de ser afirmativa la respuesta, indique (i) el grado que está cursando, (ii) el trato que la institución le ha dado al menor de conformidad con su diagnóstico de hiperactividad, trastorno del desarrollo de las habilidades escolares y déficit de atención, (iii) si los padres del menor Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx han cumplido con el tratamiento indicado para su enfermedad y si acuden al colegio cuando son requeridos.
Segundo. Por Secretaría General, ofíciese a la señora Xxxxxxxx Xxxxxxx, madre del menor Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, para que, en el término de tres (3) días hábiles contados a partir de la notificación de este auto, se sirva informar a esta Corporación, con los correspondientes documentos que respalden sus afirmaciones, lo siguiente:
• ¿El menor Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx está matriculado en el Colegio Xxxxxxxx Xxx Xxxxx Xx Xxxxxxxxxxxxx, Santander? en caso de ser afirmativa la respuesta, indique (i) el grado que está cursando y, (ii) el trato que la institución le ha dado al menor de conformidad con su diagnóstico de hiperactividad, trastorno del desarrollo de las habilidades escolares y déficit de atención.
• ¿Qué tratamiento prescribió el médico del menor Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx para el diagnóstico de hiperactividad, trastorno del desarrollo de las habilidades escolares y déficit de atención? Y si se ha cumplido con el mismo.
• ¿Cuál es la situación actual del menor Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx?
2. La Secretaria General de la Corte Constitucional, el 27 de febrero de 2014, comunicó al Magistrado Ponente que se recibieron varias comunicaciones relacionadas con el expediente en estudio.
• Oficio de 20 de febrero de 2014 firmado por el rector del Colegio Xxxxxxxx Xxx Xxxxx.
• Escrito de 24 de febrero de 2014 firmado por la señora Xxxxx Xxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Con fundamento en la reseña fáctica expuesta y la decisión de tutela adoptada por el juez de instancia, en esta oportunidad, le compete a la Sala Cuarta de Revisión analizar, si el Colegio Xxxxxxxx Xxx Xxxxx vulneró el derecho fundamental a la educación del menor Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx.
A efecto de resolver la cuestión planteada, la Sala de Revisión realizará un análisis sobre el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes.
3. Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes.
Según lo dispuesto en el artículo 67 de la Carta Política, la educación es una garantía constitucional que goza de una doble connotación jurídica: (i) la de derecho de todas las personas, que se traduce en el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura(1); y (ii) la de servicio público con una función social, cuya regulación, inspección y vigilancia se encuentra a cargo del Estado, con el fin de velar por su adecuado cubrimiento, por la calidad del servicio, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos.
Conforme con su configuración constitucional, la educación fue enmarcada en la categoría de los denominados derechos sociales, económicos y culturales, o de contenido prestacional, “entendidos como aquellos cuya materialización exige de regulación legal, apropiaciones presupuestales y la provisión de una estructura organizacional, que conlleva la realización de prestaciones positivas, principalmente en materia social, para asegurar unas condiciones materiales mínimas de exigibilidad”(2).
Acorde con ello, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que el derecho a la educación comprende cuatro (4) dimensiones de contenido prestacional, a saber: “(i) la asequibilidad o disponibilidad del servicio, que puede resumirse en la obligación del Estado de crear y financiar suficientes instituciones educativas a disposición de todos aquellos que demandan su ingreso al sistema educativo, abstenerse de impedir a los particulares fundar instituciones educativas e invertir en infraestructura para la prestación del servicio, entre otras; (ii) la accesibilidad, que implica la obligación del Estado de garantizar el acceso de todos en condiciones de igualdad al sistema aludido, la eliminación de todo tipo de discriminación en el mismo, y facilidades para acceder al servicio desde el punto de vista geográfico y económico; (iii) la adaptabilidad, que se refiere a la necesidad de que la educación se adapte a las necesidades y demandas de los educandos y que se garantice continuidad en la prestación del servicio, y (iv) la aceptabilidad, la cual hace alusión a la calidad de la educación que debe impartirse”(3).
No obstante, desde sus primeros pronunciamientos(4) esta Corporación advirtió acerca del carácter ius fundamental de la educación sin desconocer su contenido prestacional, sobre la base de considerar que se trata de una garantía inherente y esencial para lograr el desarrollo y perfeccionamiento del hombre, en tanto constituye una de las esferas de la cultura, realiza el principio material de igualdad y es el medio para obtener el conocimiento como valor que inspira el Estado Social y Democrático de Derecho. Adicionalmente, destacó que posee una característica propia de los derechos constitucionales fundamentales, que consiste en su reconocimiento expreso como tal por el Constituyente, dado que, en el artículo 44 superior, se dispuso que son derechos fundamentales de los niños, entre otros, la educación.
Aún cuando los anteriores criterios, en definitiva, resultan suficientes y vinculantes para efectos de explicar el carácter fundamental del derecho a la educación, esta Corte ha desarrollado otros, que sin ser menos relevantes, sirven de apoyo a la labor interpretativa del juez constitucional en esta materia. Dichos criterios se fundan: (i) en la importancia que reviste el derecho a la educación en el marco de múltiples instrumentos internacionales que integran el bloque de constitucionalidad(5); (ii) en su relación intrínseca con el derecho a la igualdad de oportunidades (art. 13 CP), a la libertad de escoger profesión u oficio (art. 26 CP) y a la libertad de enseñanza, de aprendizaje, investigación y cátedra (art. 27 CP), los cuales son derechos de aplicación inmediata, conforme lo prevé el artículo 85 de la Constitución Política y, (iii) en su consagración como derecho-deber, derivado precisamente de la función social que le es propia.
De manera puntual, esta Corporación ha destacado la trascendencia constitucional de la educación, señalando que “pertenece a la categoría de los derechos fundamentales, pues, su núcleo esencial, comporta un factor de desarrollo individual y social con cuyo ejercicio se materializa el desarrollo pleno del ser humano en todas sus potencialidades (…) constituye un medio para que el individuo se integre efectiva y eficazmente a la sociedad; de allí su especial categoría que lo hace parte de los derechos esenciales de las personas en la medida en que el conocimiento es inherente a la naturaleza humana. La educación está implícita como una de las esferas de la cultura y es el medio para obtener el conocimiento y lograr el desarrollo y perfeccionamiento del hombre. La educación, además, realiza el valor y principio material de la igualdad que se encuentra consignado en el preámbulo y en los artículos 5º, 13, 68 y 69 de la C.P. En este orden de ideas, en la medida en que la persona tenga igualdad de probabilidades educativas, tendrá igualdad de oportunidades en la vida para efecto de realizarse como persona”(6).
Ahora bien, a partir de su faceta de servicio público que cumple una función social, la educación supone además el compromiso por parte del Estado de asegurar las condiciones para su acceso y permanencia en el sistema educativo. Sin embargo, dicha obligación no es de su resorte exclusivo, pues a este cometido, como ciertamente lo dispone el inciso tercero del artículo 67 Superior, concurren además la familia y la sociedad, en cuanto ejes centrales en el proceso de formación del estudiante. A este respecto, ha señalado la Corte que “[esa] responsabilidad compartida encuentra sentido, precisamente, en la función social que cumple el servicio de educación y que lo identifica como un derecho-deber que compromete a todos los sectores que participan en su ejecución(7) (…) todo hombre tiene una función social que llenar, y por consecuencia tiene el deber social de desempeñarla(8)”.
Dentro de ese contexto, la familia, como núcleo fundamental de la sociedad, es el primer responsable de asegurar la educación de los hijos menores de edad que, de acuerdo al artículo 67 de la Constitución Política, será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad, y comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. Sobre el particular, conviene precisar que el umbral de 15 años previsto en la disposición aludida, corresponde tan solo a un referente relativo a la edad en que normalmente los estudiantes culminan el noveno grado de educación básica, sin que constituya un criterio restrictivo del derecho a la educación de los menores de edad(9).
Bajo esa línea interpretativa, la obligación primigenia de los padres en el proceso de formación de sus hijos encuentra particular sustento, tanto en el ordenamiento jurídico interno, como en las normas supranacionales que integran el bloque de constitucionalidad y que abordan dicha temática. Así, el artículo 42 de la Carta Política, le asigna a la pareja el deber de educar a los hijos mientras sean menores de edad o impedidos, y el artículo 68 del mismo ordenamiento les reconoce a los padres el derecho de escoger libremente el tipo de educación que desean para sus hijos. De igual forma, el artículo 3.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, le impone a los estados parte la obligación de garantizar a los menores de edad su protección y cuidado, pero dentro del marco de los derechos y deberes reconocidos a sus padres, tutores o demás personas responsables de éstos ante la ley.
A su turno, mediante la expedición de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), el legislador adoptó un conjunto de normas generales para regular el servicio público de educación y, en ese contexto, dispone que la familia es el primer responsable de la educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta cuando ocurra cualquier otra clase o forma de emancipación y, como tal, le corresponde, entre otras funciones, “matricular a sus hijos en instituciones educativas que respondan a sus expectativas, para que reciban una educación conforme a los fines y objetivos establecidos en la Constitución, la ley y el proyecto educativo institucional”.
Por su parte, la responsabilidad de la sociedad en el proceso educativo, fundado por demás en el principio constitucional de solidaridad que exige de los ciudadanos un compromiso con las causas humanitarias y con la realización de urgentes labores sociales que demanden su participación activa, está circunscrito a la colaboración con el Estado en la vigilancia de la prestación del servicio público de educación y en el cumplimiento de su función social(10). Acorde con ello, debe participar en la imperiosa labor de fomentar, proteger y defender la educación como patrimonio social y cultural de toda la Nación, y de exigir de las autoridades competentes el cumplimiento de las responsabilidades que en dicho sentido les corresponde asumir.
Precisamente, como actividad de fomento y promoción de la educación, el propio orden jurídico autoriza a los particulares para fundar establecimientos educativos que presten dicho servicio, en las condiciones que para su creación y gestión establezca la ley y el reglamento, y para contribuir al fortalecimiento de las instituciones de enseñanza(11).
Por último, no está por demás precisar que la participación de la familia y la sociedad en la educación, de ninguna manera compromete la obligación que la propia Constitución ha confiado al Estado para regular, controlar y vigilar la prestación de este servicio público; esto es, la responsabilidad de garantizar, de acuerdo a la fijación de un marco operativo y presupuestal, su cubrimiento en forma eficiente y continua en todo el territorio nacional, para lo cual, el mismo ordenamiento superior le ha impuesto a las autoridades del orden nacional y territorial, el deber de destinar gran parte de los recursos del situado fiscal a dicho propósito, en aras de respaldar su financiamiento y ejecución(12).
Con fundamento en las consideraciones precedentes la Sala pasa al análisis del caso concreto.
• Que el menor Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, de 11 años de edad, padece de hiperactividad, trastorno del desarrollo de las habilidades escolares y déficit de atención, por lo que requiere de tratamiento farmacológico y de controles mensuales con el psiquiatra infantil.
• Que Xxxxx Xxxxx en el año 2013 cursó el grado tercero en el Colegio Xxxxxxxx Xxx Xxxxx Xx Xxxxxxxxxxxxx, Santander.
• Que durante los meses de febrero a mayo del año 2013, Xxxxx tuvo comportamientos agresivos con sus compañeros de curso, que ocasionaron que los padres de familia solicitaran su retiro de la institución educativa accionada.
• Que el 15 de mayo de 2013, la madre del menor, Xxxxxxxx Xxxxxxx se comprometió con las directivas del colegio a llevar a Xxxxx Xxxxx al psiquiatra para que de nuevo lo valorara y le indicara el tratamiento a seguir.
• Que el 12 de junio de 2013, Xxxxx Xxxxx fue valorado por un médico del Hospital Local de Piedecuesta, quien lo remitió al psiquiatra infantil.
• Que según lo manifestado por la madre del menor, la cita le fue asignada para el día 15 de agosto, por lo que decidió no enviar a Xxxxx al plantel educativo hasta que no fuera valorado por el psiquiatra, por temor a que reincidiera en el comportamiento agresivo con sus compañeros.
• Que la señora Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, tía del menor, consideró que no era conveniente que Xxxxx Xxxxx se ausentara del colegio por tanto tiempo, pues desde el 15 de mayo no asistía a la institución. En consecuencia, el 26 de julio de 2013 impetró la acción de tutela de la referencia.
• Que el 30 de julio de 2013, en virtud de la orden proferida por el juez de tutela, el niño Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx reingresó al Colegio Xxxxxxxx Xxx Xxxxx Xx Xxxxxxxxxxxxx.
• Que actualmente, el menor Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx esta cursando el grado cuarto en el Colegio Xxxxxxxx Xxx Xxxxx con el acompañamiento de una docente especializada en el tratamiento a niños con barreras de aprendizaje, quien también ha asesorado a la madre del menor respecto del trato que la familia debe brindarle.
• Que el menor Xxxxx Xxxxx ha continuado con el tratamiento farmacológico y con los controles mensuales por parte del psiquiatra infantil.
Como se anticipó en el acápite correspondiente a la formulación del problema jurídico, debe la Sala determinar si la entidad demandada vulneró el derecho fundamental a la educación del menor Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
Cabe señalar que si bien la responsabilidad constitucional del Estado se centra en la obligación de garantizar el servicio educativo a los menores de edad, lo cierto es que aquella se traduce en un compromiso general de habilitar los medios de apoyo idóneos para facilitar su acceso, pero en manera alguna debe traducirse en un compromiso particular que implique la prestación individualizada del servicio, conforme a las necesidades del interesado.(13) Dentro de ese contexto, la familia, como núcleo fundamental de la sociedad, es el primer responsable de asegurar la educación de los hijos menores de edad de conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política.
En ese orden de ideas, advierte la Sala Cuarta de Revisión que en el caso objeto de estudio, el Colegio Xxxxxxxx Xxx Xxxxx está cumpliendo con sus obligaciones constitucionales, pues ofrece el servicio de educación al menor Xxxxx Xxxxx con el acompañamiento de una profesional especializada en el tratamiento a niños con problemas de aprendizaje, así mismo, orienta a los padres del menor respecto al trato que le deben dar en el hogar.
Por las razones expuestas en esta providencia, no resulta procedente conferir la protección tutelar impetrada y, en consecuencia, esta Sala de Revisión confirmará el fallo proferido el 9 de agosto de 2013, por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de Piedecuesta, dentro del Expediente T-4.098.490.
1. Confirmar, por las razones expuestas en esta providencia, el fallo proferido el 9 de agosto de 2013, por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de Piedecuesta, dentro del Expediente T-4.098.490.
Magistrados, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo—Jorge Iván Palacio Palacio—Nilson Elías Pinilla Pinilla.
(1) Artículo 67 de la Constitución Política.
(3) Ver Sentencia T-787 de 2006.
(4) Ver Sentencias T-002 de 1992, T-543 de 1997 y T-239 de 1998.
(5) — Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 26, derecho a la educación.
— Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Ley 74 de 1968, artículo 13, derecho a la educación; artículo 14, gratuidad de la enseñanza primaria.
— Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, Ley 51 de 1981, artículos 5º, 10, 14.
— Convención sobre los Derechos del Niño, Ley 21 de 1991, artículos 23, 24, 28 y 29.
— Convención del Estatuto de Refugiados, Ley 35 de 1961, artículo 22.
— Convenio IV de Ginebra, Ley 5ª de 1960, artículos 50 y 94.
— Protocolo II Adicional al de Ginebra, artículo 4º.
— Convenio Andrés Bello de integración educativa, científica, tecnológica y cultural, Ley 20 de 1992.
(6) Ver, entre otras, las Sentencias T-1677 de 2000, T-396 de 2004 y T-051 de 2011.
(7) Ver Sentencia T-638 de 1999.
(8) DUGUIT, León. Las Transformaciones Generales del Derecho Privado desde el Código de Napoleón. Ed. Librería Española y extranjera. Madrid 1920, págs. 36 y 37.
(9) Ver Sentencia T-658 de 2007.
(10) Artículo 40 de la Ley 1098 de 2006.
(11) Artículo 68 de la Constitución Política.
(12) Artículos 350, 356, y 357 de la Constitución Política.
(13) Ver Sentencia T-638 de 1999.