Source: http://www.cidh.org/annualrep/2003sp/EEUU.11331a.htm
Timestamp: 2017-05-27 08:06:18
Document Index: 20797365

Matched Legal Cases: ['artículo 43', 'artículo 36', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 43']

45. Por medio de una comunicación fechada el 6 de junio de 2003 y recibida por la Comisión el 6 de junio de 2003, el Estado envió una respuesta a la petición de los peticionarios y al Informe Nº 21/03 de la Comisión, en la que objetaba la admisibilidad de los méritos de la petición, así como las conclusiones del informe de la Comisión. 46. Antes de examinar estas objeciones con más detalle, la Comisión subraya que el propósito de remitir el informe preliminar sobre los méritos al Estado afectado, de conformidad con el artículo 43(2) del Reglamento de la Comisión, es recibir información con respecto a las medidas que se hayan adoptado para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión.[14] A esta altura del proceso, las partes han tenido oportunidad de argumentar sus posiciones, las etapas de admisibilidad y méritos del proceso han concluido, y la Comisión ha adoptado su decisión. Por lo tanto, si bien el Estado puede presentar sus puntos de vista sobre las conclusiones de hecho y derecho a las que llegó la Comisión en su informe preliminar, no corresponde que el Estado a esta altura reitere argumentos anteriores o plantee otros nuevos, en relación con la admisibilidad o los méritos de la denuncia presentada ante la Comisión, ni ésta está obligada a considerar estas argumentaciones antes de adoptar su informe final sobre el caso.
48. Con respecto a los méritos de la petición, el Estado argumenta que la petición no contiene alegaciones de hecho precisas que constituyan una violación de los principios consagrados en la Declaración Americana, que las demandas del Sr. Fierro que intentan plantear dudas sobre su culpabilidad no tienen mérito porque ya reconoció su culpabilidad en relación con el homicidio en cuestión en sus interposiciones ante los tribunales de los Estados Unidos en 1990 y 1992, que sus demandas relacionadas con el debido proceso han sido escuchadas y se ha adoptado una decisión imparcial con respecto a las mimas, y que sigue teniendo derechos al debido proceso, incluso si elige no ejercerlos por temor a un resultado negativo. Por último, el Estado indica que, basándose en sus observaciones, ha rechazado implementar la primera recomendación de la Comisión. Con respecto a la segunda recomendación de la Comisión, el Estado indica que ha emprendido medidas intensivas en curso para asegurar que la práctica interna concuerda con la Convención de Viena y que las autoridades del orden público aplican plenamente el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. No está de acuerdo, sin embargo, con cualquier presunción de la Comisión de que la notificación consular es un requisito previo para la observancia de los derechos al debido proceso de conformidad con la Declaración Americana. 49. Con respecto a las objeciones del Estado referentes a la admisibilidad de la petición, la Comisión considera que el único argumento que merece comentarios a esta altura del proceso es la demanda concerniente a la duplicación. Según el Estado, la Comisión no debería haber considerado la petición de los peticionarios porque el 9 de enero de 2003, el Gobierno de México presentó una solicitud a la Corte Internacional de Justicia en la que entabla procedimientos contra los Estados Unidos con respecto a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y solicita la adopción de medidas cautelares de protección para todos los individuos mencionados en la solicitud, incluido el Sr. Fierro.[15] El Estado también indica que el 5 de febrero de 2003, la CIJ emitió una orden de medidas cautelares con respecto al Sr. Fierro y otros dos nacionales mexicanos que están condenados a pena de muerte y quienes supuestamente no fueron notificados en la forma oportuna de su derecho a solicitar notificación consular, y que la CIJ no ha considerado aún el caso del Sr. Fierro con respecto a los méritos. El Estado argumenta, por lo tanto, que la consideración de la petición por parte de la Comisión resultaría en una duplicación de esfuerzos y costos por parte de los tribunales internacionales y debería considerarse inadmisible debido a la duplicación de procedimientos. 50. El artículo 33 del Reglamento de la Comisión, que rige la duplicación de procedimientos, dispone lo siguiente:
51. Teniendo en cuenta los términos de esta disposición, la Comisión debe primero determinar si la petición del Sr. Fierro corresponde a los términos del artículo 33(1), debido a que la materia de esta demanda está pendiente de resolución ante otro organismo gubernamental internacional del cual Estados Unidos es miembro, o debido a que esencialmente duplica una petición pendiente ante dicho organismo. En este sentido, la Comisión concluye, en primer lugar, que la Corte Internacional de Justicia, como un órgano de las Naciones Unidas cuya competencia los Estados Unidos han aceptado por medio del Protocolo Facultativo de la Convención sobre Relaciones Consulares sobre Jurisdicción Obligatoria para la Solución de Controversias,[16] constituye un organismo gubernamental internacional dentro del significado del artículo 33(1) en las circunstancias de este caso. 52. Para determinar si la materia de la demanda del Sr. Fierro ante la Comisión duplica los procedimientos ante la CIJ, la Comisión debe primero establecer su interpretación de la naturaleza y materia del proceso ante la CIJ. De acuerdo con la solicitud presentada por México contra los Estados Unidos en el Caso Avena, el proceso está relacionado con 54 nacionales mexicanos que fueron arrestados, detenidos, procesados, condenados y sentenciados en diversos estados de los Estados Unidos después de procesos en los que las autoridades mexicanas alegan que las autoridades competentes no cumplieron con sus obligaciones de conformidad con el artículo 36(1)(b) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.[17] Resulta evidente en la solicitud de México que el individuo con el nombre de César Roberto Fierro Reyna se incluye como uno de los 54 nacionales mexicanos a los que hace referencia este procedimiento.[18] El Estado alega que el individuo mencionado en el procedimiento de la CIJ es la misma persona que la presunta víctima en este procedimiento ante la Comisión y las circunstancias del caso del Sr. Fierro, tal y como se describen en la solicitud de México, confirman esta alegación. 53. En su solicitud, el Gobierno de los Estados Unidos de México solicita a la ICJ que declare lo siguiente:
(3) los Estados Unidos deben adoptar las medidas necesarias y suficientes para establecer una reparación eficaz por las violaciones de los derechos que el artículo 36 de la Convención de Viena confiere a México y a sus nacionales, que incluya la prohibición de la imposición, como una cuestión de derecho interno, de cualquier pena procesal por el fracaso de presentar en la forma oportuna una denuncia o defensa basada en la Convención de Viena, en la que las autoridades competentes de los Estados Unidos han violado su obligación de notificar al nacional de su derecho estipulado en la Convención; y (4) los Estados Unidos, a la luz de las prácticas y violaciones establecidas en esta solicitud, deben otorgar a México la plena garantía de que no se repetirán estos actos ilegales.[19]
54. También es pertinente observar que, de acuerdo con los instrumentos internacionales que rigen los procedimientos ante la CIJ, en particular el Estatuto de la CIJ y el Protocolo Facultativo de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, sólo los Estados podrán ser partes de los casos ante la Corte.[20] La demanda de México ante la CIJ solicita el pronunciamiento de la CIJ con respecto a la responsabilidad jurídica internacional de los Estados Unidos por violaciones de derechos atribuibles a México de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. 55. Al considerar la objeción del Estado, la Comisión indica que no le corresponde al Estado, como la parte que plantea la objeción, substanciar los requisitos jurídicos de duplicación ante la Comisión. En este sentido, la Comisión toma en consideración su jurisprudencia anterior, de conformidad con la cual una instancia prohibida de duplicación, de acuerdo con el Reglamento de la Comisión, involucra, en principio, la misma persona, las mismas demandas legales y garantías, y los mismos hechos aducidos en respaldo de la misma.[21] Por consiguiente, las denuncias presentadas con respecto a diferentes víctimas, o el mismo individuo, pero relacionadas con hechos y garantías no presentados anteriormente, y que no son reformulaciones, en principio no serán desechadas en virtud de la prohibición de la duplicación de denuncias.[22]
El artículo 43(2) del Reglamento de la Comisión dispone que “Si [la Comisión] establece una o más violaciones, preparará un informe preliminar con las proposiciones y recomendaciones que juzgue pertinentes y lo transmitirá al Estado en cuestión. En tal caso, fijará un plazo dentro del cual el Estado en cuestión deberá informar sobre las medidas adoptadas para cumplir las recomendaciones. El Estado no estará facultado para publicar el informe hasta que la Comisión adopte una decisión al respecto”. [subrayado del autor]
[16] En este sentido, Estados Unidos ratificó la Carta de las Naciones Unidas el 8 de agosto de 1945 y el Protocolo Facultativo de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares sobre Jurisdicción Obligatoria para la Solución de Controversias el 24 de noviembre de 1969. Véase la Base de Datos sobre Tratados de las Naciones Unidas, http://untreaty.un.org/, consultada el 24 de septiembre de 2003. [17] Avena y otros Nacionales Mexicanos (México c. Estados Unidos de América), Lista General Nº 128 (9 de enero de 2003), Párr. 1 (http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/imus/imusframe.htm).
Id., Párr. 45.