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Timestamp: 2019-12-14 12:49:20
Document Index: 243831478

Matched Legal Cases: ['artículo 71', 'artículo 71', 'artículo 30', 'artículo 6', 'artículo 27', 'artículo 28', 'artículo 25', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 4', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 6', 'artículo 42', 'artículo 55']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 541, de 12/05/2010
Año 2010 IX Legislatura Núm. 541
celebrada el miércoles, 12 de mayo de 2010
- Para la cesión de instalaciones militares no utilizadas o infrautilizadas a las poblaciones donde están situadas. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/000076.) ... (Página 2)
- Sobre reconocimiento al servicio militar obligatorio y resarcimiento a los fallecidos y lesionados en el cumplimiento del mismo. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000770.) ... (Página 4)
- Sobre homologación de las retribuciones del personal de tropa perteneciente a la extinta Guardia Real. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000931.) ... (Página 7)
- Sobre modificación de la enajenación de viviendas del Ministerio de Defensa. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001314.) ... (Página 9)
- Por la que se insta al Gobierno a que refuerce las actuaciones necesarias para que el reconocimiento de la diversidad cultural y los criterios de diálogo intercultural, especialmente respecto a los derechos humanos y potenciación de una ciudadanía democrática, estén presentes de la mejor manera posible en la formación, actuación y funcionamiento de nuestras Fuerzas Armadas. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001358.) ... (Página 14)
- Para la extensión de la evaluación por la UNED a los soldados españoles destinados en misiones al exterior. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001691.) ...
- Sobre mujeres, paz y seguridad. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001708.) ... (Página 20)
- PARA LA CESIÓN DE INSTALACIONES MILITARES NO UTILIZADAS O INFRAUTILIZADAS A LAS POBLACIONES DONDE ESTÁN SITUADAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/000076.)
Antes de comenzar, quiero indicarles que las votaciones no se producirán antes de la 18.30 horas. Vamos a tratar el debate y votación de las proposiciones de ley previstas en el orden del día.
En primer lugar, proposición no de ley para la cesión de instalaciones militares no utilizadas o infrautilizadas a las poblaciones donde están situadas. Es autor de esta proposición no de ley el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Para su exposición y defensa tiene la palabra el señor Canet.
El señor CANET I COMA: Quiero pedir disculpas porque luego me ausentaré, ya que esta Comisión me coincide con la de Seguridad Vial.
Con la supresión del servicio militar obligatorio y con la entrada en vigor de un ejército profesional con muchos menos efectivos, muchos acuartelamientos e instalaciones militares dejaron de ser necesarios y en muchos casos quedaron en desuso. Por ello se inició un proceso de cesiones de terrenos militares, con negociaciones en algunos casos con ayuntamientos. Podríamos citar -y así lo hacemos en la proposición no de ley- algunos casos, por ejemplo, la operación Campamento, cuyo protocolo se firmó en el año 2005 entre el Ayuntamiento de Madrid y los ministerios de Vivienda y Defensa, para destinar terrenos militares a la construcción de vivienda de protección oficial; el convenio firmado en el año 2006 entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Valencia para la cesión del parque de artillería de San Vicente; la cesión del cuartel de la Concepción al Ayuntamiento de Ronda, Málaga, en el año 2008; e incluso el convenio aprobado el pasado 17 de marzo entre la ciudad de Melilla y el Ministerio de Defensa para la cesión de terrenos militares de forma gratuita a la ciudad autónoma para ser destinados a vivienda de protección oficial.
Actualmente, muchos municipios de todos los rincones del Estado están pidiendo la cesión de las instalaciones militares sitas en su municipio, porque ven la posibilidad de construir en esos terrenos equipamientos que necesitan y para los cuales en muchos casos no disponen de terreno. Es una forma de rehabilitar zonas totalmente descuidadas en algunos casos y también de poder disponer de suelo sin necesidad de acudir a recalificaciones urbanísticas. Ayuntamientos como los de San Sebastián, Bilbao, Vitoria, Lanzarote o Palma de Mallorca, por citar algunos, han pedido al ministerio la
cesión de antiguos terrenos militares. Algunas de estas cesiones incluso han llegado a discutirse en esta Cámara, como la petición de cesión del acuartelamiento de Bruc al Ayuntamiento de Barcelona y a la Generalitat de Cataluña, que se discutió la pasada legislatura con ocasión de una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; cesión que asimismo ha sido solicitada por el Parlament de Catalunya mediante la Resolución 270/VIII, o como la cesión del túnel del Gardeny al Ayuntamiento de Lleida, con el que el ministerio tiene un convenio ya desde el año 2008. Por ello hemos presentado tres enmiendas de adición a nuestra proposición no de ley que hacen referencia a esos terrenos del Gardeny, por los cuales el ayuntamiento ya pagó un alto precio en su momento y que se necesitan para hacer un museo. Su coste total no podrá ser asumido por el ayuntamiento si tiene que seguir pagando -cosa que ya está haciendo- y le quedan todavía muchos años.
En definitiva, en esta proposición no de ley pedimos básicamente dos cosas: una, abrir un plazo para que los ayuntamientos puedan solicitar la cesión o enajenación de terrenos infrautilizados por el Ministerio de Defensa a fin de ser destinados a equipamientos sociales o a vivienda social, y dos, hacer efectiva la cesión o traspaso de aquellos espacios infrautilizados o en desuso si no se acredita por parte del ministerio que existe un proyecto de uso para el espacio concreto.
El señor PRESIDENTE: Existe una enmienda a esta proposición no de ley del Grupo Socialista.
Para su defensa tiene la palabra el señor Amuedo.
El señor AMUEDO MORAL: Señorías, después de escuchar al proponente de la proposición no de Ley, me refuerzo más todavía en lo que creía en un principio, y es que la iniciativa que nos ocupa partía de una realidad equivocada, toda vez que su síntesis escrita es que los suelos propiedad del Ministerio de Defensa que no se utilicen o estén infrautilizados se enajenen y se haga en el resto de España igual -y solo ponía eso- que en Madrid, sin exponer que la ley -y me refiero en este caso en concreto al artículo 71 de la Ley 50/1998- es para todo el territorio español y que por lo tanto, la enajenación de los terrenos a que se refiere la proposición no de ley está regulada por ley, y conforme a ella -como no cabe de otra manera- se regula dicha enajenación, venta o cualquier otra consideración sobre dichos terrenos. El artículo 71 de la Ley 50/1998 no es otra cosa que la adaptación del organismo autónomo Gerencia de Infraestructuras de la Defensa a la Ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, cuyas competencias, entre otras, es la enajenación de los bienes muebles e inmuebles que sean puestos a su disposición por el Ministerio de Defensa para su administración y disposición a título oneroso. Asimismo, señorías, entre sus funciones cabe señalar el apartado 2.e), que tiene mucho que ver con la proposición no de ley, en el que se mandata a la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa a coadyuvar, con la gestión de los bienes inmuebles que sean puestos a su disposición, al desarrollo y ejecución de las distintas políticas públicas en vigor y, en particular, de la política de vivienda, en colaboración con las administraciones competentes. A tal efecto, podrá suscribir con dichas administraciones convenios, protocolos o acuerdos tendentes a favorecer la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección que permita tasar su precio máximo en venta, alquiler u otra forma de acceso a la vivienda.
Por lo tanto, la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa pone en manos de las administraciones autonómicas y locales, y no solamente en la ciudad de Madrid, la posibilidad de protocolizar, conveniar o simplemente llegar a acuerdos que permitan la utilización de suelos que ponga a disposición de la gerencia el Ministerio de Defensa.
Señoría, en su proposición no de ley menciona que el Gobierno tiene previsto enajenar suelos del Ministerio de Defensa en Madrid para posibilitar el acceso a la vivienda de la ciudadanía y que dichos proyectos contemplan 7.000 viviendas, aparte de zonas verdes y equipamientos de dotación para estas viviendas. Pues bien, si usted compara estas cifras con las cifras de carácter general de todo el territorio del Estado, proporcionada por el secretario de Estado de Defensa en esta misma Comisión el pasado 24 de febrero -a saber, 40.000 viviendas para el conjunto del Estado, 47.000 metros cuadrados en equipamientos universitarios, 90.000 metros cuadrados en equipamientos sanitarios, 3.700.000 metros cuadrados en infraestructuras generales u otros equipamientos públicos, más de 3 millones de metros cuadrados en parques tecnológicos, suelos de uso terciario o suelo industrial y casi 7 millones de metros cuadrados de suelo rústico o suelo de protección medioambiental-, es obvio que es en el conjunto del Estado, y no solamente en una zona, donde se está produciendo el aprovechamiento social de suelo enajenado por el Ministerio de Defensa.
Por otro lado, no cabe duda de que los ayuntamientos pueden demandar al Ministerio de Defensa la enajenación de suelos del ministerio que en opinión de los ayuntamientos estén infrautilizados o en desuso. Cuestión distinta es que esos suelos, a criterio del ministerio, sean prescindibles para el cometido de dicho ministerio. Lo que no puede ser de recibo es que se dé por válida la opinión sobre la infrautilización de un determinado suelo del Ministerio de Defensa y la Administración local lo dé por hecho sin más y que, por otra parte, al Ministerio se le pida que acredite el uso para dichos terrenos. De todas maneras, señorías, si el fondo es que las administraciones locales o autonómicas donde radique un bien del Ministerio de Defensa que haya dejado de tener interés para la defensa pueda adquirirlo con una negociación del precio, de acuerdo con la legislación presente, estaremos de acuerdo, así como también lo estaremos con que las administraciones locales y autonómicas
tengan información adecuada de las propiedades puestas a disposición de la gerencia, una vez depuradas, y que estén en su territorio por si estuviesen interesados en su adquisición.
Por este motivo hemos presentado una enmienda de sustitución, que propone, primero, priorizar a la hora de negociar con otras administraciones públicas sobre las propiedades militares que han dejado de tener interés para la defensa la más favorable relación y negociación de precios, de acuerdo con la legislación vigente, para proyectos con finalidades sociales en poblaciones necesitadas de ellas. Segundo, realizar un especial esfuerzo informativo a la hora de ofrecer, conforme a la legislación vigente, las propiedades puestas a disposición de la gerencia, una vez depuradas, a las distintas administraciones por si estuviesen interesadas en su adquisición. Y, tercero, hacer público cada seis meses la información actualizada de las propiedades militares puestas a disposición de la gerencia y que podían tener interés por su utilidad social para las administraciones públicas interesadas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Intervendré muy brevemente.
Quiero decir que el Grupo Popular va a votar en contra de esta proposición no de ley de Esquerra Republicana, si bien comprendemos lo que plantea en su iniciativa. Somos conscientes de que hay muchas instalaciones militares en muchas localidades, pero el planteamiento que hace el grupo proponente no es el adecuado. Aquí no es el café para todos, no vale hacer una generalidad de todas las dependencias militares que existen en España. Es más, quiero hacer una matización importante. En cuanto al supuesto del silencio administrativo positivo para el Ministerio de Defensa de a que en caso de que no se conteste en un mes se entienda que la instalación militar está cedida, como plantea el Grupo de Esquerra, consideramos que está fuera de lugar desde el punto de vista legal.
Puedo decirle que como alcalde tuve la ocasión de negociar con el Gobierno de turno instalaciones militares para que pasaran a la ciudad, y creemos que ese es el camino adecuado: que cada ayuntamiento convenie y llegue a los acuerdos necesarios con el Ministerio de Defensa, dentro de sus capacidades y sus limitaciones y de la propia necesidad que tenga el Ministerio de Defensa de la cesión o enajenación de la instalación militar. Asimismo, exigir que el Ministerio de Defensa en seis meses se pronuncie sobre qué va a hacer o no con las instalaciones militares es realmente complicado y muy difícil, por no decir, de imposible cumplimiento, porque si hay una materia sensible es la relacionada con el Ministerio de Defensa, como todos debemos comprender. No se pueden hacer estas generalidades que a lo único que podían conducir es a cometer errores importantes por parte del Ministerio de Defensa en base a esta PNL que se presenta.
Entendemos la buena voluntad del Grupo de Esquerra, que pretende atajar una situación que se produce en muchas localidades y que afecta a muchos ayuntamientos, pero he de decirle que desde el ámbito municipal -y se lo digo por propia experiencia- es mucho mejor que cada ayuntamiento llegue a acuerdos con el Ministerio de Defensa sobre las instalaciones militares que existan en su término municipal. Es la mejor solución, tanto para el conjunto del Estado como para el Ministerio de Defensa como para cada uno de los ayuntamientos de España. Por tanto, votaremos en contra.
El señor PRESIDENTE: A los efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada tiene la palabra el señor Canet.
El señor CANET I COMA: Si la Presidencia lo permite, esperaremos con el fin de alcanzar una transacción con la enmienda presentada por el Grupo Socialista y me manifestaré antes de la votación, si es posible.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Antes de la votación le preguntaré al señor Canet.
- SOBRE RECONOCIMIENTO AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO Y RESARCIMIENTO A LOS FALLECIDOS Y LESIONADOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000770.)
El señor PRESIDENTE: Punto 2.º del orden del día: Proposición no de ley sobre reconocimiento al servicio militar obligatorio y resarcimiento a los fallecidos y lesionados en el cumplimiento del mismo. Es autor el Grupo Parlamentario Popular y para su exposición y defensa tiene la palabra la señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Señorías, es la primera vez que intervengo en esta Comisión de Defensa, y lo hago con mucho orgullo porque me corresponde defender una iniciativa presentada por mi grupo que trata de hacer un reconocimiento a todos los españoles que realizaron durante generaciones el servicio militar obligatorio y en particular, y especialmente, a las familias que sufrieron la dolorosa pérdida de uno de sus hijos cuando cumplían con sus obligaciones con España. Por ello la defiendo con orgullo y con sincero sentimiento de solidaridad con esas familias que han sufrido a lo largo de años un inmenso dolor por la muerte de estos hijos.
Corro el riesgo por ello de que me acusen de utilizar los sentimientos con fines políticos, pero es un riesgo que quiero y deseo correr, porque casi todos los presentes en esta Comisión además de diputados somos también padres y madres y somos capaces de comprender muy
bien el inmenso e irreparable dolor que supone la pérdida de un hijo, máxime si esa pérdida se produce por el cumplimiento del deber constitucional de defender a España pagando un tributo que luego no han visto suficientemente reconocido. Yo, como madre, comprendo y me solidarizo con su dolor de tantos y tantos años de ausencia de sus hijos, y haré todos los esfuerzos que sean posibles para apoyarles, para comprenderles, para darles calor y para conseguir entre todos que estas familias se sientan escuchadas, atendidas y, aunque no reconfortadas en su dolor, porque eso, por desgracia, escapa de nuestras posibilidades, por lo menos, resarcidas adecuadamente. No se trata de compasión, señorías, se trata sencillamente de justicia.
El servicio militar, popularmente conocido como mili, ha existido en nuestro país durante dos siglos y han sido muchas las generaciones de españoles que han cumplido con esa obligación, pero es indudable que a partir de 1978, con la aprobación de nuestra Constitución, se inicia una nueva andadura que llevará finalmente a su supresión el 31 de diciembre de 2001 por el Gobierno de José María Aznar. Es en el artículo 30 de nuestra Constitución donde por primera vez se regula también la posibilidad de acogerse a la objeción de conciencia, aunque no se concretó su desarrollo legal hasta 1984.
Las condiciones económicas, sociales y políticas han variado enormemente en España en las tres últimas décadas y la legislación ha tenido que adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas formas de vida y a formas de pensar diferentes de nuestros jóvenes. En los últimos años de mili era ciertamente difícil reclutar jóvenes dispuestos a hacer el servicio militar obligatorio, llegándose incluso en 1998 a 144.000 objeciones de conciencia, que superaron por primera vez en ese año el número de reclutas. España se encaminaba así hacia la creación de un ejército profesional y, como he dicho antes, el Gobierno del Partido Popular cumplió su promesa electoral suprimiendo el servicio militar obligatorio, agradeciéndoselo sin duda muchos jóvenes españoles.
Pero hasta llegar a la eliminación de la mili, muchos jóvenes en la flor de su vida han sufrido lesiones o han muerto en el cumplimiento de ese servicio militar obligatorio. Las cifras de que disponemos no van más allá de 1986 pero, en virtud de los datos que nos ha ofrecido el Gobierno, más de 1.200 jóvenes han fallecido, desde ese año hasta que se suprimió, cumpliendo el servicio militar, 1.200 familias destrozadas -es un dato que nos pone los pelos de punta como políticos, como personas, como padres y madres que somos- algunos de esos jóvenes incluso se suicidaron cumpliendo ese servicio militar, y no siempre fueron esclarecidas del todo las circunstancias en que se produjo esa muerte ni sus familias han sido suficientemente resarcidas, al menos en la parte que podamos aportar.
Señorías, desde el momento en que estos jóvenes ingresaban en el Ejército, los responsables de su persona ya no eran las familias, sino el propio Estado. Por ello estamos hoy aquí y por ello el Grupo Popular presenta de nuevo esta iniciativa. Aquellas heridas no están curadas. No se les ha dado a sus familias una respuesta satisfactoria, a pesar de haber transcurrido tantos años, y algunas de esas familias, ante la impotencia de haber perdido a sus hijos sirviendo a España, han tenido que agruparse en asociaciones como Corazones Unidos para reivindicar esa memoria, con un ánimo de justicia y de reconocimiento. Mi grupo, el Grupo Popular, ya presentó una iniciativa en este sentido en la pasada legislatura, que fue debatida en esta Comisión el 28 de febrero de 2006. Gracias a las enmiendas introducidas por otros grupos, nuestra iniciativa contó con el apoyo necesario de esta Cámara y se aprobó nuestra proposición no de ley, que quisiera leer a continuación porque es bastante esclarecedora. En el primer punto, el Congreso de los Diputados manifiesta su expreso reconocimiento a todos los españoles que, cumpliendo con sus obligaciones, sirvieron a España mediante la realización del servicio militar obligatorio y, especialmente, a aquellos que cumpliendo el mismo perdieron la vida. Y en el segundo punto el Congreso de los Diputados instaba al Gobierno a presentar un informe en esta Cámara en el plazo de seis meses -estamos hablando del 9 de marzo de 2006- en el que se propusieran medidas de reconocimiento a todos los españoles que realizaron el servicio militar obligatorio y, en particular, medidas de resarcimiento a los que vieron mermadas sus facultades físicas y a las familias que perdieron a uno de sus hijos cuando estos cumplían el mismo.
Pues bien, a pesar de haberse aprobado esta iniciativa presentada por mi grupo -por desgracia, en su momento contó con el voto en contra del Partido Socialista-, el Gobierno no ha cumplido con ese mandato que le hicimos desde la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados. En este periodo de tiempo las familias han luchado, han trabajado, han puesto todo su empeño, muchas veces teniendo que volver a recordar momentos terribles y muy dolorosos, en que sus peticiones fueran atendidas por el Gobierno, pero desgraciadamente la respuesta no ha sido satisfactoria y, tras una interminable correspondencia con el Ministerio de Defensa, que comienza el 22 de septiembre de 2004 con una carta dirigida al entonces titular del ministerio, el señor Bono, estas familias se han sentido defraudadas y abandonadas por el Gobierno. La última misiva, dirigida al propio presidente del Gobierno, el señor Rodríguez Zapatero, y fechada el 8 de octubre de 2008, deja claras cuáles son sus peticiones, que voy a intentar trasladar a esta Comisión de una forma resumida.
Estas familias expresaban que solicitaban la revisión de las siguientes cuestiones. En primer lugar, que todos los casos de jóvenes que fallecieron o se lesionaron de por vida durante la prestación del servicio militar sean considerados como acto de servicio. En segundo lugar, que como consecuencia de la desacertada actitud mantenida por el Ministerio de Defensa -son palabras de las familias- creemos necesario que se revisen y se
actualicen las indemnizaciones y pensiones percibidas por las familias y los soldados. En tercer lugar, creemos -dicen las familias- que sería importante, para la percepción pública de lo que significó para todas nuestras familias perder un hijo por el servicio a la patria, que se realizara un homenaje a todos aquellos jóvenes que vieron truncada su vida por cumplir con ese deber constitucional. En cuarto lugar, que las familias que han sufrido esta pérdida irreparable han recibido desde siempre, según su punto de vista, un trato discriminatorio por parte del Ministerio de Defensa, mucho más si se compara con aquellos que han perdido recientemente a familiares por servir a la patria en accidentes desgraciados que todos lamentamos. Y, por último, que hasta el momento, tras varias reuniones con los ministros de Defensa, don José Bono y don José Antonio Alonso, no hemos recibido por parte del Ministerio de Defensa una contestación coherente a nuestra petición para que se dé una solución definitiva a los expedientes aún no cerrados o cerrados en falso de soldados que fallecieron o sufrieron accidentes durante el cumplimiento del servicio militar obligatorio. Con fecha 14 de abril, a través del director del gabinete de la Presidencia del Gobierno, se les contestaba de una forma, a su juicio, claramente insuficiente, porque se les decía que algunas de las propuestas de esta carta habían sido asumidas o desarrolladas ya por el Ministerio de Defensa, mientras que otras iniciativas no había sido posible atenderlas en todo su alcance.
Por tanto, decepción e impotencia para estas familias. Las heridas siguen abiertas para estas familias que cumplieron con su deber con España, un deber constitucional, pagando con un precio muy alto, que fue la vida de sus propios hijos.
Por ello, mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, presenta hoy de nuevo esta iniciativa, que voy a leer en los términos en los que la hemos redactado, porque difiere en algún punto de la presentada en el año 2006.
En ella decimos: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, primero, a cumplir con la proposición no de ley aprobada en esta Cámara el 28 de febrero de 2006, -a la que antes he hecho referencia-, proponiendo medidas de reconocimiento a todos los españoles que realizaron el servicio militar obligatorio y, en particular, de resarcimiento a los que vieron mermadas sus facultades físicas, y a las familias que perdieron a uno de sus hijos cuando estos cumplían con sus obligaciones. Segundo, considerar preferentemente en la adopción de las medidas las siguientes posibilidades: que todos los casos de fallecimiento o de lesiones permanentes durante la prestación del servicio militar obligatorio sean considerados como causados en acto de servicio; que se actualicen las indemnizaciones y pensiones recibidas por las familias y los soldados de reemplazo; y que se rinda un homenaje a todos aquellos que vieron truncada su vida durante el cumplimiento de un deber constitucional.
Hemos vuelto a presentar esta iniciativa y, a juicio del Partido Popular, seguimos estando en deuda con estos jóvenes y, sobre todo, con sus familias. Sería importante que hoy todos los grupos políticos consiguiéramos llegar a un acuerdo y trasladásemos juntos a estas familias un mensaje de esperanza y de reconocimiento. Las dificultades legales y administrativas se pueden vencer si realmente se tiene voluntad política por parte del Gobierno de zanjar de una vez por todas una cuestión tan delicada y, como decía al principio, de justicia y humanidad. Por ello el Grupo Parlamentario Popular está dispuesto a pactar todo lo que haya que pactar para llegar a un acuerdo hoy, a través de una enmienda transaccional si es preciso; pero empecemos hoy mismo en esta Comisión a demostrar nuestro compromiso y nuestro reconocimiento con estos jóvenes y sus familias votando a favor de nuestra proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Arola.
El señor AROLA BLANQUET: Inicialmente, voy a ahorrar a todos los comisionados y comisionadas el debate que ya se suscitó en esta Cámara hace ahora dos años, pero hay una parte -que luego inevitablemente tendré que citar- de la intervención del entonces y ahora portavoz en esta Comisión don Jesús Cuadrado, mencionando el Real-decreto 1234/1990 y mencionando también un hecho, que no todo empezó con el Partido Popular, no todo se solucionó con el Partido Popular y evidentemente no todo empezó con el PSOE ni todo se va a solucionar tampoco con el Partido Socialista. Seamos sensatos y razonables en esto. El diputado señor Merino, que ha intervenido antes, y cuyas palabras he recogido textualmente, decía: No se puede hacer generalidades. Lo acaba de decir hace un momento. Señoría, yo no le voy a hablar de sentimientos ni voy a criticar que usted ejerza como mejor quiera sus funciones de diputada, en absoluto; lo que yo voy a discutir es el contenido -que no el sentimiento- de sus propuestas, que es para lo que estoy aquí.
Usted ha citado y ha puesto el énfasis en aquellas dos medidas que se puede considerar que son nuevas -entre comillas- con respecto a la proposición no de ley que se aprobó en la pasada legislatura en sus cuatro o cinco puntos; ahora no vamos a entrar en ello ni tampoco en debates de Pacto de Toledo, etcétera, que pudieron surgir entonces. De lo que estamos hablando es de dos medidas. Hay un problema evidentemente de selección, es decir de encontrar a todas aquellas personas desde una fecha determinada, porque si no estaríamos introduciendo en la propuesta posiblemente elementos discriminatorios; es decir la cuantificación de las personas, y además de las cuantías. Esta mañana el presidente del Gobierno decía: Por la mañana se ahorra y por la tarde se abre la caja.
La literalidad de su propuesta hace que supuestos que están considerados en la actual legislación, y que yo creo que son de sentido común sobre todo cuando dicen, por ejemplo, que no tendrán tal consideración los accidentes
en acto de servicio debidos a dolo o imprudencia temeraria del accidentado, tengan una lógica aplastante, pero ustedes piden prácticamente la derogación de este precepto cuando dicen que todos tengan la consideración de muerte o lesiones en acto de servicio. Eso es discriminatorio para quien murió o se lesionó en acto de servicio.
Obviamente sería equiparar dos elementos sobre los que no deberíamos debatir en estos momentos. Por tanto se pretende asumir una protección indebida por parte del Estado -aquella que cita la ley, no hablo de otra-; introducir elementos de discriminación de colectivos que están incluidos en las mismas leyes, siendo muy difícil hacer el cálculo económico de las dos propuestas fundamentales que ustedes presentan hoy aquí; establecer una actualización lineal y universal de las indemnizaciones y pensiones, que daría lugar a su vez a una discriminación con el resto de pensiones e indemnizaciones del régimen de clases pasivas del Estado. Además debo recordar que las indemnizaciones previstas en el Decreto 1234/1990 no son de una cuantía fija sino que se recogen en función de un porcentaje del haber regulador de las clases de tropa y marinería, de tal manera que se puede considerar que están actualizadas desde el mismo momento de su reconocimiento. Las pensiones de retiro, por unanimidad, se han ido actualizando anualmente como pensiones del régimen de clases pasivas del Estado.
Señoría, ahora querría hacerle un resumen. Tenemos la convicción desde el Grupo Parlamentario Socialista de que la literalidad de lo que ustedes piden o se está haciendo o es inabarcable, es imposible y no se puede hacer. Por tanto, ciñéndonos a lo que ustedes piden, la respuesta del grupo parlamentario será la de votar negativamente a su propuesta.
- SOBRE HOMOLOGACIÓN DE LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE TROPA PERTENECIENTE A LA EXTINTA GUARDIA REAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000931.)
El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos al punto 3.º del orden del día: Proposición no de ley sobre homologación de las retribuciones del personal de tropa perteneciente a la extinta Guardia Real. Es autor el Grupo Parlamentario Popular y para su exposición y defensa tiene la palabra su portavoz doña Beatriz Rodríguez-Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Señor presidente, señorías, planteamos aquí de nuevo una cuestión que parece obligado para esta Comisión ir estudiando y debatiendo, ya que como todas ellas, como la que acaba de defender la señora Madrazo, tienen nombres y apellidos, afectan a personas muy concretas, están modificando la vida de personas -no de grandes colectivos sino de grupos muy concretos- y cuya solución está muy limitada, muy concentrada en el tiempo, por lo que es muy fácil de cuantificar. Por tanto prolongar situaciones de injusticia, cuando tenemos en nuestra mano instar al Gobierno a cambiarlas, es poco entendible y tiene poco perdón.
Traemos aquí la situación de determinados miembros de la extinta Guardia Real. Es un grupo especial de muy, muy alta cualificación; todos ingresan por oposición desde la base. Cuando todavía existía el servicio militar obligatorio estos soldados ingresaban por oposición, hacían un trabajo que podríamos llamar de elite, desde luego muy cualificado y muy preparado, pero en un momento dado, posiblemente con muy buena razón -desde luego así lo hemos entendido todos-, en el año 1992, se integra esta escala en el cuerpo de la Guardia Civil o se permite pasar a la situación de reserva. Naturalmente esta integración se hace en los términos equiparables a la escala en la que se integran. Por una serie de razones bastante incomprensibles -posiblemente por la dificultad de homologar lo que entonces eran unos soldados profesionales con soldados que todavía no existían como tales al haber servicio militar obligatorio- nos encontramos con que, aunque se dice la escala entera de la Guardia Real, se hace una excepción con los del año 2001 -que fuera una excepción hecha erróneamente en tiempos de un Gobierno del Partido Popular ni quita ni pone para nuestra obligación de solucionarlo-. Unas escalas que para cabo primero, cabo y guardia eran de nivel 14, 12 y 10 pasan a no estar ya homologadas. Los soldados de ahora tienen niveles más altos. Un soldado recién entrado en el ejército tiene un nivel mucho más alto que un cabo o que un guardia de la extinta Guardia Real. Esto, señorías, no tiene sentido alguno, porque además está en la ley que tienen que ser homologados como funcionarios militares. Todos están entre los niveles 13 y 30 menos los de la Guardia Real, cuyos soldados tienen nivel 10, 12 ó 14; a partir de ahí se homologan dentro de la escala.
En el texto de nuestra proposición no de ley, señorías, están citados los diversos preceptos que, a nuestro juicio, se infringen. No tiene sentido que estemos hablando de unos complementos de empleo o de destino. No nos tenemos que agarrar a ese matiz porque da igual que se nos diga que no había complemento de empleo ya que hay complemento de destino y es exigible que tengan al menos el nivel 13 que tiene toda la Función pública y desde luego todos los militares. Que un soldado recién entrado tenga un nivel 13 y un cabo o un guardia de la Guardia Real tenga un 10 sencillamente vulnera la ley. ¿Por qué sucede esto? Como he dicho antes, entendemos que hay una especie de limbo legal en el que se colocan, injusta y humillantemente, unas 600 personas; no estamos hablando de más.
Antes se nos decía que podían ser muchos los fallecidos en el servicio militar y que estaban difícilmente cuantificados. Esto está perfectamente cuantificado, luego no podemos usar ese argumento. Sabemos que es injusto, sabemos que no son tratados como miembros de la Función pública ni como
miembros del ejército, que tienen un nivel que nadie en la Función pública o en el ejército tiene y que esto está siendo así reconocido. Son más o menos 600 personas, quizás alguna más; significa posiblemente unos 70 euros al mes. Es una situación de una injusticia y de una ilegalidad flagrantes. Sí, señor Arola, a nuestro entender claramente de injusticia, de humillación y de falta de explicación; no se entiende por qué. Lo que pediríamos al Grupo Socialista, que tiene la llave para abrir un camino de esperanza, es que dejara una puerta abierta en una situación que ustedes mismos saben que es injusta. Sé que lo han comentado con ellos, sé que este grupo hará lo que pueda y pido su apoyo para que el ministerio atienda esta petición. Nosotros, fíjense, hablábamos en marzo de 2009, hace más de un año, en términos que nos parecían justos, de que se equiparasen en tres meses. Si podemos, vamos a ser más flexibles.
Busquemos una transacción para que se estudie la situación de estas 600 personas y de su complemento de destino, nada más. Que se les homologue con los soldados, que se les homologue con la tropa y que se les homologue con la Función pública. Instemos al Gobierno a que informe sobre esto. La situación es fácil de informar y la solución posiblemente también. Creo que al ser 600 personas por 70 euros, pese al argumento del déficit público, por muy dramática que sea la situación de nuestro país, sería una obligación que podríamos cumplir sin hacer ningún daño a nuestras arcas públicas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Villagrasa.
La señora VILLAGRASA PÉREZ: El Grupo Popular presenta para su debate una iniciativa en la que se insta al Gobierno a que en el plazo de tres meses equipare el importe del complemento de destino de personal de tropa perteneciente a la extinta Guardia Real con el importe del complemento de tropa profesional permanente, de tal manera que en la reserva transitoria se reciba idéntico importe en los complementos de empleo o destino. Los antiguos guardias, cabos y cabos primero de la declarada a extinguir escala de la Guardia Real se encuentran en alguna de las situaciones de reserva reguladas en la Ley 17/1999. Voy a tener que dar muchas cifras y muchos datos, pero es necesario para que se vea si se ha hecho algo o no.
Lo están en virtud del punto 2 de la disposición derogatoria única de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, que menciona que seguirán en vigor en tanto subsista personal al que le sea de aplicación la disposición transitoria undécima, reserva transitoria de la Ley 17/1999, de 18 de mayo. La Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del régimen de personal militar profesional, en la disposición final quinta estableció que el Gobierno determinará las normas de integración de los componentes de la escala de la Guardia Real declarada a extinguir en la disposición adicional sexta, apartado 2 de la citada ley, en el cuerpo de la Guardia Civil, conjugando el empleo en la antigüedad que se tuviese en la escala de origen en el momento de entrada en vigor de la presente ley con el tiempo de servicios efectivos cumplidos desde el ingreso en la escala correspondiente.
El Real Decreto 994/1992, de 31 de julio, por el que se dictan normas sobre la integración de la escala de la Guardia Real en la Guardia Civil, al mismo tiempo que se aprueban dichas normas, ofrece la posibilidad en la disposición adicional primera a todos aquellos que pertenezcan a esa escala de la Guardia Real de integrarse en la reserva transitoria del Ejército de Tierra, de acuerdo con el Real Decreto 1000/1985, de 19 de junio, por el que se crea la situación de reserva transitoria. Por consiguiente, quienes ejercieron la opción de pase a la reserva transitoria del Ejército de Tierra se sometieron a la legislación específica. En este sentido, y una vez ejercida la opción de solicitar la reserva transitoria del Ejército de Tierra, el Real Decreto 1000/1985 en el artículo 6 determinaba que en esa situación se percibirá la totalidad de las retribuciones básicas, las complementarias y el incentivo correspondiente al empleo. El Real Decreto 359/1989, de 7 de abril, de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, diferenció entre el personal de tropa de la Guardia Real y el personal de tropa profesional permanente estableciendo retribuciones distintas. En el momento del pase a la situación de reserva las retribuciones del personal militar se regían por el Real Decreto 1494/1991 y posteriormente por el Real Decreto 662/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas. Esta norma reguló en su disposición adicional sexta las retribuciones específicas que percibía el personal de la escala de la Guardia Real distintas a las de tropa y marinería de los ejércitos. Los oficiales y suboficiales de dicha escala en todo momento han percibido los mismos conceptos retributivos que el resto de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, por lo que continúan manteniendo las mismas condiciones.
El Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, regula también de la misma forma a este personal. Es evidente que se han respetado los derechos reconocidos y adquiridos por el personal de la, hoy a extinguir, escala de la Guardia Real. Así se ha hecho por un lado en el sucesivo incremento retributivo en lo que se refiere a las retribuciones complementarias de carácter general, así como por la aplicación a este personal de diversas medidas con repercusión retributiva, en concreto lo dispuesto en el Real Decreto 12/1995, de 28 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, que reclasifica a este personal de la Guardia Real, pasando del grupo D al C a efectos de trienios y de derechos pasivos. También se aplicó la inclusión progresiva de un porcentaje del complemento de destino en las pagas extraordinarias, así como los incrementos anuales de revalorización. En el año 2007 se produjo la inclusión
en nómina de los meses de junio y diciembre de las pagas adicionales del complemento específico o concepto retributivo equivalente, derivada de lo dispuesto en el artículo 27.1.d) de la Ley 42/2006, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, para los funcionarios del Estado incluidos en el ámbito de la aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función pública, proceso que continua en el año 2008 en aplicación del artículo 28.1.d) de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, y proceso que ha finalizado en este año 2009, en el que han percibido el complemento específico en catorce pagas iguales, habiéndose incrementado en estos últimos año este complemento en similitud al resto del personal militar.
El proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas y la regulación actual del régimen de personal de tropa y marinería, contemplado en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar y en la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, hace que no sean homologables los empleos de la antigua tropa y marinería con los actuales, ni estos con los correspondientes de la escala de la Guardia Real declarada a extinguir, dado que se trata de colectivos distintos que ya en origen tenían diferente regulación. Así se ha mantenido a lo largo de las distintas normas aprobadas en estos años por diferentes gobiernos, también por el suyo señora Salmones durante ocho años. En cuanto a la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de la Contencioso-administrativo sección 7, de 26 de septiembre de 2008, estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo, no reconociendo la similitud pretendida, sino que anuló el anexo VI del Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, reconociendo el derecho a que se incrementen las retribuciones correspondientes al complemento específico normalizado en el mismo porcentaje que al componente general del complemento específico de los cabos primero, cabos y soldados marineros del ejército, debiendo concretar la cantidad la Administración militar en fase de ejecución de sentencia y no reconociendo derecho alguno. Desde entonces se han llevado a cabo diferentes acciones. Se ejecutó la sentencia según lo dispuesto por la Sala tercera de lo Contencioso -como he dado antes la fecha no la vuelvo a citar-, por la que se resolvía la incidencia planteada en ejecución de sentencia y que muestra su conformidad con incrementar el complemento específico en igual porcentaje para los tres empleos: el 45,2 por ciento, que es la media del incremento de los dos cabos primero y soldados, excluyendo por tanto para ello el de cabo mayor, muy inferior al resto. En función también de esta resolución se elaboró y aprobó el Real Decreto 1789/2009, de 20 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 1314/2005. Para que se hagan una idea el empleo de cabo primero pasó de una cuantía de 141,86 euros mensuales en 2005 a otra de 235,76 en 2009, el de cabo pasó de 135,09 a 226,11 en 2009 y el de guardia de 129,85 a 222,53. Dentro del expediente administrativo que sustenta dicha norma consta el preceptivo informe del Consejo de Estado en el que se dice textualmente: Las modificaciones introducidas en el anexo VI de la norma proyectada suponen la correcta ejecución de la sentencia. En efecto, así se desprende razonablemente de lo expuesto en la memoria justificativa que ha quedado reseñada en el antecedente segundo, y de la que resulta que la sala ha considerado que la Administración, con la forma propuesta de ejecutar la sentencia plasmada en el proyecto consultado, no se aparta del pronunciamiento de esta. A la misma conclusión llega a partir del examen de la documentación relativa a la ejecución de la sentencia que ha quedado reseñada en el antecedente tercero. En la nómina de diciembre se abonaron estos importes con sus correspondientes atrasos a todo el personal con un coste aproximado de 2 millones de euros. Realmente el criterio de considerar este colectivo distinto del de la actual tropa y marinería es el mismo que en su momento utilizó el Gobierno del Partido Popular en el año 2001, que aprobó el reglamento anterior mediante el Real Decreto 662/2001, de 4 de noviembre.
Por todo lo dicho se considera que no son homologables los empleos de la antigua tropa y marinería con los actuales ni estos con los correspondientes de la escala de la Guardia Real declarada a extinguir, al tiempo que no solo se han respetado los derechos adquiridos sino que se ha procurado que disfruten de cuantas mejoras retributivas se les ha podido aplicar en estos años, siempre desde la óptica de que son colectivos diferentes. De hecho, el complemento específico actual del empleo de guardia es superior al componente general del complemento específico del soldado. Además, cuando una escala se declara a extinguir, como ha ocurrido con muchas de las escalas de los ejércitos -existiendo actualmente multitud de ellas-, no se equipara en derecho a las que no se declaran ni se busca en el resto su referencia, ya que continúan con los derechos adquiridos y aquellos otros que en algún momento se les pueda atribuir hasta su extinción total.
Señoría, quiero volver a resaltar que se han olvidado de esos ocho años que ustedes gobernaron. Se ha hablado de que están humilladas 600 personas e incluso se ha hablado de legalidad o no. Los criterios eran los mismos antes y ahora; entonen también el mea culpa.
- SOBRE MODIFICACIÓN DE LA ENAJENACIÓN DE VIVIENDAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001314.)
El señor PRESIDENTE: Punto 4.º del orden del día: Proposición no de ley sobre modificación de la enajenación de las viviendas del Ministerio de Defensa. Es autor
el Grupo Parlamentario Mixto y para su defensa tiene la palabra doña Rosa Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Como se pone de manifiesto en los antecedentes y en la exposición de motivos de esta proposición no de ley, esta se deriva de una iniciativa aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados en la Comisión de Defensa en mayo del año 1997. El acuerdo alcanzado en la aprobación de aquella iniciativa que tenía su origen en una de Izquierda Unida, como SS.SS. recordarán bien, no fue ejecutado de forma voluntaria por el Ministerio de Defensa, sino que hubo de ser impuesto inicialmente por la Sección primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En sucesivas sentencias judiciales se impuso un criterio jurídico por encima de una actuación política que, como digo, inicialmente tenía el soporte de un acuerdo de esta Cámara, pero que luego no fue ejecutado por el Gobierno y hubo de sustanciarse ante los tribunales. Les ahorro todo tipo de antecedentes que están en la exposición de motivos de esta proposición no de ley y paso a establecer algunas conclusiones que justifican su presentación.
A nuestro juicio la gravedad de las actuaciones que dan origen a esta proposición no de ley me obliga a argumentar siquiera puntualmente un par de reflexiones. En primer lugar, una respecto a la vulneración de la Orden 5/2003 y consecuentemente del artículo 25 del Real Decreto 991/2000 que desarrolla esta disposición adicional segunda de la Ley 26/1999 a la que antes hice referencia. Las empresas tasadoras facilitan al Invifas el certificado de que se ha dado cumplimiento a dicha norma, mientras que en el informe completo de tasación, después del certificado que acabo de mencionar, hacen figurar justamente lo contrario, es decir que no se cumple la normativa a la que obliga la ley por la razón que rige esas ventas. La copia, en página del informe completo de tasación contratado por el Invifas para sus viviendas -por ejemplo les cito el caso de Utrera que, por si tienen ustedes algún interés, está en la página 2 de las 96 que tiene este informe- dice literalmente: tasación no ajustada a normativa -lo dice Invifas-, no cumpliendo todos los requisitos exigidos en la Orden ministerial de Economía 805/2003, de 27 de marzo de 2003. El certificado de la misma empresa tasadora facilitado a los compradores, en el cual se dice haber calculado el valor de tasación, dice: Tomando como base el método de comparación, procedimientos, criterios e instrucciones técnicas señaladas en la citada orden ministerial que en el párrafo anterior han dicho que no se cumplía. Yo creo que esta es una paradoja realmente interesante para ser analizada no solo desde la perspectiva jurídica, sino también desde la perspectiva política. Es una paradoja -si me permiten la expresión- que encierra una enorme contradicción y que además provoca y produce muchos damnificados, porque detrás de todas estas decisiones hay personas, militares damnificados por el incumplimiento de las leyes, y además de una manera grosera se explicita incluso por escrito. Es interesante que entremos un poco a analizar qué explicación da el instituto Invifas a esas paradojas.
Resulta injustificable que a las compradoras les sea facilitado un certificado de que sí se ha dado cumplimiento a la normativa al efectuar la tasación, mientras en los informes de las empresas contratadas al efecto, como les acabo de señalar, consta justamente lo contrario. No obstante, Invifas sostiene que puede incumplir su propia normativa en lo que respecta al cumplimiento de los límites máximos de precio y prescripciones de las viviendas de protección oficial que lo sean, porque las viviendas del Ministerio de Defensa fueron calificadas como -entre comillas- militares, por la Ley 26/1999. Ciertamente, esto es así, pero dicha calificación es perdida al declarar las viviendas enajenables para proceder a su inscripción en el Registro de la Propiedad, requisito previo e imprescindible para la venta, según establece el Real Decreto 991/2000. Miembros de las Fuerzas Armadas son aquellos que viven en esas viviendas -valga la redundancia-, así pues ninguna vivienda es enajenada con el carácter de militar -ahí está la cuestión-, y mucho menos dicho carácter propicia la desaparición de la calificación como vivienda de protección oficial, que es a lo que lleva esa interpretación que hace Invifas, a que los militares pierdan sus derechos a la hora de venderlas y a la hora de fijarles un precio. Establece el artículo 4 de la ley reiterada qué son viviendas militares. Las viviendas -dice el artículo 4 de la Ley 26/1999- cuya titularidad o administración corresponde al Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas y a los cuarteles generales de los ejércitos, con excepción de las viviendas a que hace referencia la disposición adicional primera, tendrán la calificación única de viviendas militares y serán destinadas a los fines señalados en la presente ley. La calificación de única y viviendas militares se dirige a la desaparición de las clasificaciones anteriores de viviendas militares de apoyo logístico u otras viviendas. Esta clasificación, anterior a la Ley 26/1999, venía establecida y regulada en un real decreto que queda suprimido, por el cual se crea el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, se suprime el Patronato de Casas Militares del Ejército de Tierra, el Patronato de Casas de la Armada y el Patronato de Casas del Ejército del Aire y se dictan normas en materia de viviendas familiares.
Esta es la situación a la que hemos llegado, con una enorme contradicción y una enorme paradoja, pues la interpretación que hace el Invifas es justamente la contraria de la que se deriva de la ley, por eso las sentencias del Supremo les han dado siempre la razón a los demandantes.
Además, perjudica seriamente a los militares, porque esa calificación de única y de viviendas militares hace desaparecer lo anteriormente regulado, como les acabo de decir, y no cabe interpretar que la calificación única de vivienda militar deroga el régimen de VPO, porque la normativa de las viviendas del Ministerio de Defensa constituye la excepción en el ámbito general de
las viviendas de promoción pública. Por otro lado, la normativa de viviendas del Ministerio de Defensa tiene un ámbito temporal limitado al periodo en que las mismas tienen carácter demanial.
Podría extenderme en más detalles, pero a poco que SS.SS. o aquellos que tienen el encargo de darme la réplica hayan podido entrar en el detalle, cabe destacar como conclusión -para que quede claro que no estamos en un debate de carácter ideológico, y no digo ya de carácter político en el sentido amplio del término, que por supuesto que lo estamos, sino de carácter ideológico- que lo que yo estoy aquí planteando es algo, no vamos decir de derecho sino de sentido común. Vendría bien recordar que la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre venta de viviendas de protección oficial por el Ministerio de Defensa les ha dado siempre la razón a los demandantes, sin que pueda ser aplicable por analogía la de uso, conservación y adjudicación, que la contradice y es anterior a la misma. Para que se resuelva un problema de carácter jurídico que tiene graves consecuencias personales en los militares y en sus familias y de carácter económico también, para que no tengan que estar permanentemente recurriendo a los tribunales para que se cumpla la ley, para que se haga justicia, he planteado esta iniciativa, que no voy a someter a lectura, pero que sí someteré con posterioridad a votación y para la cual les pido su apoyo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ MOLINA: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha analizado con la atención que merece la proposición no de ley que ha presentado la diputada del Grupo Parlamentario Mixto, doña Rosa Díez, a esta Comisión. Nosotros creemos, después de haberlo estudiado con la profundidad que merece, que una cuestión tan ardua y compleja como la que presenta en este instante la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, la señora Díez, no puede subsanarse en el corto tiempo que da de sí el turno de defensa o fijación de posición de los distintos grupos parlamentarios.
No haga responsable, señor presidente, de la torpeza de la exposición a mi grupo sino a mí mismo, porque soy responsable de ella. Después de estudiarla, vemos que es una proposición no de ley que se fija, por utilizar algún término, a instancia de parte, en la que subyacen una serie de problemas que no negamos, pero que conviene plantearlos para que el Grupo Popular pueda fijar su posición. Hay un problema de tasación; hay un problema de posibilidad de compra; hay un problema, como ha dicho la señora portavoz, de definición y de comparación con otras viviendas que no sean las exclusivamente militares; y al fondo -siempre al fondo- subyace un problema de sentencias, de posicionamiento de altas magistraturas y tribunales de justicia, que hace todavía más enojoso si cabe el trámite de una mera proposición no de ley. No es que no acabemos de ver el fondo de la proposición no de ley que hoy se trae aquí a colación, claro que lo vemos; estamos de acuerdo con la señora portavoz en ese elemento paradójico que ella misma explicaba y que por economía de la intervención, señor presidente, no es cuestión de volver a enfatizar.
Ese elemento paradójico que la señora portavoz ha presentado hoy aquí en esta Comisión nos hace ver, con las reservas necesarias, todo el fondo de la cuestión que plantea. Ciertamente en uno de los puntos de las conclusiones de la misma se plantea que se revisen, a instancia de los interesados, las resoluciones del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, etcétera. Como no lo ha dicho ella, no voy a decirlo yo para no invadir competencias de grupo, pero es cierto que ahí mismo estriban, cree el Grupo Parlamentario Popular, los corolarios que se derivan de los puntos 2.º y 3.º de la proposición no de ley. No vamos a entrar en el fondo de la cuestión de los puntos 2.º y 3.º de la proposición no de ley que el Grupo Mixto hoy trae a través de su portavoz, la señora Díez, para su votación en esta Comisión, pero sí nos mostramos circunspectos y cautos, en dar nuestro voto favorable a todas las conclusiones, a todo el resumen de la señora Díez. Primero porque, como ya he dicho, es una cuestión ardua y compleja ya que ha citado legislación que no digo que esté dispersa, pero sí enfrenta, confronta e incluso casa distintas resoluciones de altos tribunales de justicia que hace que en el espacio necesariamente político -aunque queramos obviarlo es un debate esencialmente político- tengamos esa cautela en nuestra fijación de posición.
Señor presidente, para no alargarme más, si la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, señora Díez, somete a votación en sus propios términos la proposición no de ley que presenta, creemos que hemos dado razones más que suficientes para mostrar nuestras reservas a la misma. No vamos a votar en contra, nos vamos a abstener por las razones que hemos explicitado. También decimos a la señora Díez, aunque no somos nosotros quiénes para dar ningún consejo y por supuesto ninguna consideración que no sea la que ella misma con brillantez, como siempre, ha expuesto en esa Comisión, que si se votan por separado los tres puntos, daríamos nuestro voto favorable al primero y nos abstendríamos en los otros dos. Si no es así y la señora Díez prefiere que se vote en conjunto su proposición no de ley, por las circunstancias que creo haber explicado, no sé si suficientemente pero sí con absoluta objetividad según nuestro parecer, nos abstendríamos en la votación de la proposición no de ley que hoy se presenta en esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor López Villena.
El señor LÓPEZ VILLENA: Quería decir a la señora Díez que no soy el encargado de defender esta proposición no de ley. Soy diputado con todas las de la ley, igual que S.S., y es cierto que soy del Grupo Parlamentario Socialista.
Analizada la proposición no de ley y su exposición de motivos presentada por UPyD, no podemos por menos que concluir que se trata de una síntesis, un refrito de los argumentos de las demandas presentadas ante los tribunales de justicia en el sentido de esta proposición no de ley que hoy se nos presenta, que han constituido proceso jurídicos, pleitos, que han sido sistemáticamente perdidos ante los tribunales de justicia -en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional y en los diferentes tribunales superiores de justicia-, contrario a lo que ha dicho la señora Díez, que entiendo que ha faltado a la verdad al decir que se han ganado. Se trata de la enajenación de viviendas del Ministerio de Defensa a favor de miembros de las Fuerzas Armadas en compensación o apoyo a la movilidad geográfica, conforme a lo establecido en la disposición adicional segunda, punto 1, apartado b), de la Ley 26/ 1999, que establece: El precio de venta de los inmuebles a los que se refiere la letra a) de este apartado se fijará de acuerdo con el valor real del mercado en el momento del ofrecimiento, al que se aplicará la deducción que se señala a continuación. A estos efectos se considerará como valor real del mercado el que se fije por al menos dos entidades de tasación inscritas en el registro correspondiente del Banco de España y seleccionadas mediante concurso público, todo ello en la forma y según el procedimiento que reglamentariamente se determine. A este importe se aplicará una deducción que, teniendo en cuenta los criterios que han venido rigiendo para la determinación de los cánones de uso y la ponderación del derecho de ocupación vitalicio que reconoce esta ley a sus usuarios, se valora de forma unitaria en el 50 por ciento, determinando así el precio final de la venta. Por su parte, el artículo 25, punto 3, apartado c), del Real Decreto-ley 991/2000, dispone: El valor real del mercado de cada vivienda será el que resulte de hallar la media aritmética de las tasaciones y tendrá una vigencia de doce meses a efectos de oferta de venta a sus usuarios, transcurridos los cuales será necesario determinarlo de nuevo, según el procedimiento descrito. Al importe resultante como valor real del mercado se aplicará una deducción que, teniendo en cuenta los criterios que han venido rigiendo para fijar los cánones de uso y la ponderación del derecho de ocupación vitalicio de los usuarios, se valora de forma unitaria en el 50 por ciento -subrayo 50 por ciento-, determinando así el precio final de venta.
La Ley 26/1999 y el Real Decreto 991/2000 ya tienen en cuenta los contratos de cesión de uso al aplicar al valor real de mercado una deducción del 50 por ciento, precisamente por el derecho de ocupación vitalicio de la vivienda que les reconoce la referida norma legal a los titulares de dichos contratos. El Real Decreto 991/2000 establece que en las tasaciones se han de tener en cuenta las participaciones establecidas en el pliego de prescripciones, por eso determina que las referidas tasaciones se realizarán tomando como base, no aplicando en su integridad, la Orden ECO 805/2003, de 27 de marzo. El pliego de prescripciones técnicas que se tiene en cuenta para dar debido cumplimiento al artículo 25.3 del Real Decreto 991/2000 establece imperativamente que, a efectos de tasación, la vivienda se considera como libre de usuarios. Respecto a la pretendida calificación de vivienda como de protección oficial, hemos de resaltar que la Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas y el Real Decreto 991/2000, de 2 de junio, que la desarrolla, configura un sistema de enajenación de viviendas militares que, integradas en el patrimonio propio del instituto, son susceptibles de transmisión, de acuerdo con las normas que son de expresa aplicación en todo caso. A mayor abundamiento, la disposición derogatoria única punto 4 de la referida Ley 26/1999 deroga todas las disposiciones de igual o inferior rango en cuanto se opongan a lo dispuesto en dicha ley.
Entre estas se incluyen las que regulaban el régimen enajenatorio anterior y evidentemente todas aquellas que no resulten compatibles con los criterios que regula el régimen de enajenación de las viviendas militares. Las viviendas que enajena el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, Invifas, tienen la calificación de viviendas militares, no de protección oficial, por aplicación del artículo 4.1, párrafos primero y tercero de la citada Ley 26/1999, que establece que las viviendas de las Fuerzas Armadas y los cuarteles generales del ejército, con excepción de las viviendas a que hace referencia la disposición adicional primera, tendrán la calificación única de viviendas militares y serán destinadas a los fines señalados en la presente ley. Todas las viviendas militares se integran en el patrimonio propio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, con excepción de aquellas que constituyen elementos inseparables de bases, acuartelamientos, edificios o establecimientos militares. Por tanto, el Invifas lleva a cabo el proceso de enajenación de las viviendas militares y demás inmuebles en el marco de la Ley 26/1999, cuya disposición adicional segunda, punto 1, apartado i), establece: Las normas para la enajenación contenidas en este apartado serán de expresa aplicación en todo caso, excluyéndose por tanto cualquier otro régimen específico al que hubieran podido acogerse con anterioridad las viviendas militares y demás inmuebles. Este régimen enajenatorio de las viviendas militares contemplado en la disposición adicional segunda, punto 1, de la referida Ley 26/1999 y el artículo 25 del Real Decreto 991/2000, que en su momento fueron objeto de examen de los dictámenes del Consejo de Estado de 17 de septiembre de 1998 y de 23 de marzo de 2000 y respecto a los cuales no se formuló reparo alguno relativo a la legalidad, no hacen sino recoger una ya consolidada doctrina del Tribunal Supremo que, tras declarar la exclusión de las viviendas militares del régimen arrendaticio ordinario, ha afirmado que la misma conclusión se infiere respecto a las viviendas de protección oficial, pues si bien tales patronatos no han podido beneficiarse de dicho régimen en la construcción de viviendas para la aplicación de sus fines específicos, ello no implica alteración de las relaciones jurídicas entre esos organismos y los
beneficiarios de casas militares, ya que la disposición adicional del Real Decreto 1631/1980, de 18 de julio, sobre adjudicación de viviendas de protección oficial, cuya titularidad corresponda a organismos autónomos o al Estado, excluye del ámbito de su aplicación las destinadas a personal militar, y el Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, en sus artículos 12, 49 y 53 sobre construcción, financiación, uso, conservación y aprovechamiento de viviendas de protección oficial preceptúa que los patronatos de casas militares afectos al ministerio de Defensa se regirán, en cuanto a su régimen legal y fijación de renta, por su legislación peculiar. Se regirán, repito, en cuanto a su régimen legal y fijación de rentas por su legislación peculiar, conforme a la norma orgánica de los propios patronatos. Innumerables sentencias del Tribunal Supremo, múltiples sentencias -más de cien- de los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo y de los diferentes tribunales superiores de justicia se han pronunciado sobre este particular en el sentido que estoy hablando.
Respecto de la tasación de viviendas, la proposición no de ley presentada por UPyD se refiere, sin duda, a algún informe de tasación de las viviendas militares. Como puede apreciarse en alguno de estos informes de tasación, la tasación se ha realizado conforme a la Ley 26/1999 y Real Decreto 991/2000, con el fin de determinar el valor real del mercado de las viviendas, incluidas en un informe para su enajenación en el marco de dicha ley y real decreto, cuyas normas por expresa disposición legal son de aplicación en todo caso. Así, en alguno de estos informe se dice, reproduciendo lo establecido en el referido artículo 25 del Real Decreto 991/2000, que la tasación de las viviendas se ha realizado aplicando básicamente -y subrayo básicamente- el método de comparación, procedimientos, criterios e instrucciones técnicas señalado en la Orden ECO 805/2003, de 27 de marzo, y su modificación EHA/30/11/2007, con las particularidades que se establecen en el pliego de prescripciones técnicas por el que se rige el contrato de consultoría y asistencia para la realización de informes técnicos de tasación del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas. Por tanto, cuando en alguna tasación se dice tasación ajustada a normativa, no cumpliendo todos los requisitos exigidos en la orden ECO 805/2003, de 27 de marzo, y sus modificaciones, naturalmente se refiere a que no cumple todos los requisitos exigidos en dicha orden ya que, conforme al mandato legal contenido en la Ley 26/1999 y el Real Decreto 991/2000 que la desarrolla, las tasaciones se realizaron tomando como base la referida orden, pero también teniendo en cuenta aquellas otras condiciones establecidas en los pliegos de prescripciones técnicas. Cabe resaltar que las expresiones tomando como base y aplicando básicamente son expresiones de idéntico significado en las acepciones que aquí interesan, conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Base es el fundamento o apoyo principal en el que estriba o descansa una cosa y básico lo perteneciente a la base sobre la que descansa una cosa. Por tanto, las expresiones tomando como base y aplicando básicamente, tienen idéntico significado.
Podía extenderme en otras muchas argumentaciones, pero, a mayor abundamiento, tengo que decir que el texto de la proposición no de ley, a mi entender, es un demagógico brindis al sol, ya que en el punto 1.º, es de obligado cumplimiento dar respuesta a las reclamaciones en vía administrativa de cualquier Administración, y en los puntos 2.º y 3.º los tribunales han sentenciado que no procede. Por tanto, pedimos el voto contrario a esta proposición no de ley. (La señora Diez González pide la palabra.)
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Pediría la palabra brevísimamente para contestar a una apreciación que ha hecho el portavoz del Grupo Socialista, sin ánimo de polemizar, si al presidente le parece bien, ya que ha manifestado que yo he faltado a la verdad y le iba a dar dos datos para que, por lo menos, me contradijera sin acusarme de faltar a la verdad.
El señor PRESIDENTE: Le ruego brevedad.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Lo dejo a su criterio, presidente. En todo caso, no tengo ánimo de polémica, sino que es simplemente por ampliar información, porque estoy segura de que no ha estado en el ánimo del diputado hacer ninguna apreciación de carácter personal.
Sostengo que hay jurisprudencia y que es jurisprudencia del Tribunal Supremo la que evalúa positivamente la proposición no de ley que he planteado y sostengo que digo la verdad. La única jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la venta de viviendas del Ministerio de Defensa es la sentencia de fecha 14 de julio de 2003, de la sección séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que rechazó unificar la doctrina sobre uso, aprovechamiento y adjudicación de las viviendas militares con las de venta. Y la segunda sentencia que sienta jurisprudencia, en este caso sobre el régimen de VPO en las ventas de viviendas del Ministerio de Defensa, también fue reconocida en la sentencia de 3 de abril de 2000, en el recurso número 344 de 1998, de la sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que estima el recurso de los interesados, confirmando el criterio de la proposición no de ley aprobada por el Congreso el 21 de mayo de 1997 a que hice referencia. Este criterio fue confirmado, para insistir en que no falto a la verdad, en ejecución de sentencia por otras dos dictadas por la Sala tercera del Tribunal Supremo, de fecha 11 de abril de 2006 y 2 de octubre de 2007. (El señor López Villena pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor López Villena.
El señor LÓPEZ VILLENA: Señor presidente, por matizar lo matizado. Tengo informes que hemos analizado
en nuestro grupo, que no voy a enumerar por economía de tiempo, pero son como cien sentencias de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo.
Innumerables sentencias en las que nunca se han ganado esos pleitos. Por eso me reafirmo en que esta proposición no de ley es un refrito de demandas perdidas en los tribunales.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE REFUERCE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA QUE EL RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LOS CRITERIOS DE DIÁLOGO INTERCULTURAL, ESPECIALMENTE RESPECTO A LOS DERECHOS HUMANOS Y POTENCIACIÓN DE UNA CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA, ESTÉN PRESENTES DE LA MEJOR MANERA POSIBLE EN LA FORMACIÓN, ACTUACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE NUESTRAS FUERZAS ARMADAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001358.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 5.º del orden del día: Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a que refuerce las actuaciones necesarias para que el reconocimiento de la diversidad cultural y los criterios de diálogo intercultural, especialmente respecto a los derechos humanos y potenciación de una ciudadanía democrática, estén presentes de la mejor manera posible en la formación, actuación y funcionamiento de nuestras Fuerzas Armadas. Es autor el Grupo Parlamentario Socialista y para su defensa tiene la palabra el señor Pérez Tapias.
El señor PÉREZ TAPIAS: Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista paso a defender la proposición no de ley cuyo contenido ya ha anticipado el presidente para su debate en esta Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados.
Voy a abundar en la exposición de motivos que acompaña a la formulación de la proposición no de ley. La política de Defensa del Estado español se enmarca, como podemos saber, bajo un nuevo paradigma de las relaciones internacionales; ese nuevo paradigma se basa en el multilateralismo, por una parte, y, por otra, en el reconocimiento recíproco de los diferentes actores que las protagonizan, aparte de otras muchas cuestiones que podíamos considerar como ingredientes de ese paradigma de relaciones internacionales en el que se ubica la actual política de Defensa.
Comprender adecuadamente la diversidad cultural es indispensable para la seguridad y cooperación que forman parte de los objetivos perseguidos por las Fuerzas Armadas españolas en los diferentes frentes de conflicto en los que actúan. Hay que tener presente que nuestras Fuerzas Armadas están actuando en lugares tan complejos, distantes y distintos como Afganistán, Somalia, Líbano o Bosnia, como en otros momentos lo han hecho también en otras latitudes, y ello basta para suscribir la necesidad de considerar la práctica de la interculturalidad como elemento indispensable para la consecución de la paz. La inteligencia, el buen sentido y las convicciones democráticas que han de acompañar a la disponibilidad de las armas, el uso de ellas en sentido amplio como supone el mismo hecho de portarlas por parte de los ejércitos, todo eso que implica la acción militar requiere hoy un adecuado tratamiento de la diversidad cultural, es decir, una idónea relación con las personas y comunidades de culturas diferentes con las que se interactúa en los escenarios de conflicto. Un ejército que, siguiendo las directrices del Gobierno como siempre en democracia, lleva a cabo sus tareas para la defensa colectiva en el marco de un mundo globalizado, trabajando para la seguridad común allende nuestras fronteras no puede prescindir de una intelección y comprensión adecuadas de las realidades culturales que se dan en los diferentes contextos donde opera. Por ello, como decimos en la exposición de motivos, la capacidad para el diálogo intercultural se ha convertido en ingrediente fundamental de esa política de Defensa que queremos llevar a cabo, atenta a las nuevas realidades de ese mundo globalizado y de sociedades complejas con una gran diversidad cultural en su seno. La potenciación de la ciudadanía democrática y el respeto a los derechos humanos universales que han de acompañar las acciones de las Fuerzas Armadas españolas en todos los casos saldrán reforzados cuanto mayor sea el conocimiento y mejor la preparación de nuestros militares respecto a cómo abordar esa diversidad cultural en esos diferentes terrenos en los que intervienen.
Podemos añadir que si nuestra democracia ha de asumir la interculturalidad como práctica ideológica que extiende y profundiza su lógica inclusiva y el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos que a todos y cada uno se les debe, unas Fuerzas Armadas identificadas con los valores de la democracia no pueden sino hacer suya esa voluntad de diálogo intercultural. Por lo demás, si la interculturalidad como mejor manera de responder al reto de la diversidad cultural que las que suponen algunas estrategias del multiculturalismo que se han dado a conocer, si esa interculturalidad gana peso en nuestra sociedad, la profundización en la democracia que ella supone también ha de enriquecer las prácticas y las convicciones de nuestros militares.
Ya decía por ejemplo el estadounidense Morris Janowitz en su obra El soldado profesional, traducida al castellano hace bastante tiempo, que los valores del militar no pueden ser sino los de la sociedad democrática a la que sirve. Por cierto, una tesis contraria a esa, que subraya la distancia entre valores militares y valores civiles fue la sostenida por el sociólogo de Harvard recientemente fallecido Samuel Huntington en la obra El soldado y el Estado. Teoría y política de las relaciones entre lo civil y lo militar. Casualmente, o no tan casualmente, ese autor es también el mismo de la conocida obra El choque de civilizaciones y la reconfiguración del
orden mundial, choque de civilizaciones que es lo que todo planteamiento intercultural lucha por evitar. Ello, por tanto, no solo tiene un carácter táctico o estratégico, insistimos en esta necesidad de práctica intercultural no solo para incrementar la eficacia de la actuación en medio de muy distintas y a veces conflictivas realidades socioculturales de nuestros militares, sino que en el fondo es por supuesto una cuestión de principios. La defensa de una sociedad democrática no se hace al margen de sus valores sino desde ellos y esos valores democráticos son a su vez los que unas Fuerzas Armadas plenamente democráticas hacen suyos.
Hoy la interculturalidad, como voluntad de entendimiento entre los culturalmente diferentes y búsqueda del acuerdo en común para avanzar hacia objetivos susceptibles de ser compartidos -objetivos de libertad, igualdad, justicia-, esa interculturalidad es un valor democrático, por más que seamos conscientes de que no siempre es fácil de llevar a cabo.
Tal valor obliga, en primer lugar, al reconocimiento de los otros culturalmente diversos como interlocutores válidos, como sujetos de derechos que han de ser respetados, incluido el respeto a las legítimas diferencias culturales, y subrayo lo de legítimas.
El reconocimiento de la diversidad cultural, por tanto, no es contrario a la afirmación de derechos humanos universales, aunque sí obliga a modularlos desde un diálogo que clarifica las razones compartidas para que sean asumidas por todos. El entendimiento entre los culturalmente diversos que así se abre paso es fundamental para que la acción de nuestras Fuerzas Armadas en el seno de otras sociedades, por mandato de Naciones Unidas o en actuaciones conjuntas acordadas, por ejemplo, en el marco de la Unión Europea, no se perciba como actuación de fuerzas que imponen imperialistamente o etnocéntricamente un orden ajeno a las sociedades en cuestión. Por otra parte, la realidad de nuestras Fuerzas Armadas, a las cuales se incorporan personas de múltiples procedencias, también hace necesario que en su seno, dentro de ellas, se trabaje para su mayor cohesión desde una mejor comprensión de las diferencias culturales. Con todo ello el ejército de un Estado democrático como el nuestro incorporará a sus dinámicas internas esa práctica misma de la interculturalidad que tiene que proyectar hacia fuera, la cual exige la profundización en la democracia, como es nuestro caso.
Tratándose del fomento de la interculturalidad en las Fuerzas Armadas queremos subrayar que esta proposición no de ley se hace además teniendo presente, como hemos dicho en la exposición de motivos, el Plan nacional para la Alianza de Civilizaciones, aprobado por el Consejo de Ministros el 11 de enero de 2008 y publicado en la orden correspondiente y en el BOE del 23 de enero de ese mismo año. En dicho plan ya se establecían pautas para incorporar los fines concretos que persigue la alianza y que obtienen aún mayor concreción cuando hablamos de práctica intercultural, integrándolos en el conjunto de las políticas desplegadas por los distintos departamentos ministeriales. El Ministerio de Defensa, por lo que le atañe, se incluye entre los que están vinculados al catálogo de actuaciones del mencionado plan nacional, como consta en el Real Decreto 432/2008. Ciertamente, el Ministerio de Defensa ya ha empezado a tener en cuenta los criterios que supone la apuesta por la interculturalidad, tanto en su área de enseñanza como en su área de investigación. Criterios de respeto a la diversidad cultural se encuentran también en el manual de área que los miembros de estas Fuerzas Armadas reciben para sus operaciones, como por supuesto también está ya recogido todo ello afortunadamente en las ordenanzas militares. Así, valga también como ejemplo, el lugar destacado que ocupa la formación para la sensibilidad y práctica interculturales en los cursos y actividades desarrolladas por el Manto de Adiestramiento y Doctrina que tiene su sede en Granada. El apoyo de Naciones Unidas a lo que pretende la Alianza de Civilizaciones -nuevo paradigma político que responde a los principios de la interculturalidad- significa un motivo añadido para el esfuerzo de la interculturalidad en todos los ámbitos, incluido este tan delicado y complejo de la defensa que hoy nos ocupa.
Por todo ello desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos formulado esta proposición no de ley para la que pedimos el voto favorable de esta Comisión. La proposición no de ley -recuerdo- dice: el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que refuerce las actuaciones necesarias para que el reconocimiento de la diversidad cultural y los criterios de diálogo intercultural, especialmente respecto a los derechos humanos y la potenciación de una ciudadanía democrática, estén presentes de la mejor manera posible en la formación, actuación y funcionamiento de nuestras Fuerzas Armadas.
El señor PRESIDENTE: Existe una enmienda planteada a esta proposición no de ley. Para su defensa tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular la señora Vázquez.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar posición y de alguna forma corregir dentro de lo posible esta proposición no de ley, agradeciendo en primer lugar a la portavoz de mi grupo en esta Comisión, la señora Rodríguez-Salmones, la posibilidad que me ofrece de defender este tema que me apasiona, aun no siendo miembro de esta Comisión.
Es un dato que la presencia de inmigrantes en el Ejército español no ha dejado de crecer desde que en el año 2002 el entonces ministro Federico Trillo abriese las puertas de las Fuerzas Armadas a nuevos ciudadanos españoles, a los extranjeros, y así de alguna forma reducir el déficit alarmante de reclutas que se produjo tras la supresión del servicio militar obligatorio. En aquel momento la representación foránea pasó a acotarse en un 2 por ciento. Después el ministro Bono lo pasó a un 7, después a un 9 por ciento, etcétera. Actualmente cuatro
de cada diez plazas en las unidades de elite del ejército son ocupadas por extranjeros.
Como dice la exposición de motivos de la proposición no de ley, comprender adecuadamente la diversidad cultural es indispensable para la seguridad y la cooperación que forman parte de nuestras Fuerzas Armadas. Estamos totalmente de acuerdo; es más, nosotros presentamos una enmienda en la que en primer lugar lo que queremos es que el Congreso de los Diputados, reconociendo la ejemplar labor de nuestras Fuerzas Armadas y su continuo trabajo a favor de la paz, de la democracia y de la defensa de los derechos humanos, del pluralismo y de la diversidad cultural, instan al Gobierno a... Porque hoy se ha puesto aquí de manifiesto -y leo textualmente- que se iba a poner en marcha desde el ministerio este respeto intercultural. Señorías, creo que no se va a poner en marcha, que se está haciendo, que se está cumpliendo o, por lo menos, esta diputada que les habla quiere creer eso: que actualmente estamos con unas Fuerzas Armadas muy diversas pero muy unidas internamente y que se está respetando esa diversidad cultural, incluso en todas las operaciones y acciones de Naciones Unidas en las que están presentes nuestras Fuerzas Armadas. Considero que lo primero que procede es hacer ese reconocimiento a que eso se está haciendo, a que no se va a poner nada nuevo en marcha.
Hoy quería intervenir en esta proposición no de ley -ahora lo voy a hacer, si me lo permiten, como gallega- por otro motivo. Hoy me siento un poco decepcionada con lo que se puede hacer. Aquí antes se decía que por la mañana el señor Zapatero decía una cosa y que por la tarde se le pedía otra. Señorías, hace escasos días la ministra de Defensa, la ministra Chacón, suprimió por decretazo una tradición muy importante para las Fuerzas Armadas y para los ciudadanos de Galicia y concretamente para los de la Marina. Hemos tenido tres años de polémica en los que amenazaba con que no iba a asistir a la misa y con que esa misa no se iba a celebrar.
El entonces presidente de la Xunta, señor Touriño -de su mismo partido-, se impuso con muy buen criterio y dijo que la ministra no podía suprimir esa misa y que no era cuestión de creencias. Dijo que era una tradición más, que desde el año 1911 los marinos y la Armada hacen homenaje a la Virgen del Carmen, independientemente de que fuese o no una creencia, que eso se venía haciendo desde hace cincuenta años y se iba a respetar. Pues bien, en aquel momento la ministra optó por no presentarse. La segunda vez llovía y no se presentó, sí los Reyes, que han ido a la entrega de despachos a Marín, pero como llovía mucho la ministra no llegó a esa celebración. Eso fue lo que alegó. Nadie entiende el Cristo de la Buena Muerte de Málaga sin la Legión, y desde 1928 es una pieza clave de la congregación. Mi compañero diputado por Toledo me comentaba que quienes salen en procesión por toda la ciudad de Toledo en el Corpus son unos alumnos de la Academia de Infantería de la Ciudad Imperial, y no pasa nada. Lo hacen todas nuestras Fuerzas Armadas.
¿Qué quiero decir? Que se abra a otras confesiones, a otras tradiciones, a otras culturas, por supuesto. Eso es lo que queremos, ese mismo respeto.
Yo no creo que a día de hoy exista un especial problema dentro de las Fuerzas Armadas para que el Partido Socialista tenga que venir a proponer esta iniciativa. A nuestro conocimiento no ha llegado que algún soldado o algún militar se haya sentido discriminado por pertenecer a una u otra creencia. En cambio, sí nos llega de gente que sí se ve desplazada porque ahora, no sé si por un falso progresismo o modernismo, se le llame como se le quiera llamar, se está intentando romper unas tradiciones. Lo que queremos es que se mantengan estas tradiciones. Por ahí empieza el diálogo intercultural, por nuestro propio obrar dentro del ministerio.
Estamos totalmente a favor de que se haga esto, y posiblemente vamos a llegar a una transaccional, porque queremos creer que se está haciendo desde el ministerio, pero si los señores diputados del Grupo Socialista lo ponen en duda, hay que aprobarlo. Me ha brindado la posibilidad de un texto transaccional. Estamos de acuerdo. El diputado del Grupo Socialista me ha pedido que retirara una parte de mi enmienda en la que se incluya simple y llanamente: en armonía con lo mejor de nuestra tradición castrense. Ahí no entran creencias. Me pide que no figure nuestra tradición para no cabrear a no sé quién. Cuando ya aborrecemos esta terminología de tradición castrense, cuando, como decía nuestra alcaldesa de Cartagena, tradición son los usos y las acciones a lo largo del tiempo y castrense era una forma de organizar los ejércitos, cuando esto suena mal y ya no se quiere poner en una enmienda, yo creo que no se están respetando las creencias interculturales.
Finalizo. Creo que con esta proposición no de ley se cumplirá, si es que no se hace ya, y quiero que conste en el "Diario de Sesiones" que el Grupo Parlamentario Popular reconoce la ejemplar labor de nuestras Fuerzas Armadas y estamos seguros de que se está trabajando a favor de la paz y de la democracia y respetando siempre la diversidad cultural.
Queremos que se respete esta diversidad, pero para todos. Es lo único que solicitamos. Así llegaremos a un acuerdo. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún grupo que quiera fijar posición? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Pérez Tapias a los efectos de aceptación o no de la enmienda planteada.
El señor PÉREZ TAPIAS: En primer lugar, respecto a esta proposición no de ley hemos presentado una enmienda transaccional al Grupo Parlamentario Popular y nos satisface que sea aceptada, pues creemos que una cuestión como esta, que incide en la formación de las Fuerzas Armadas en el sentido de la interculturalidad que aquí hemos expuesto y en la que hemos insistido, es algo que debemos compartir todos. Sería muy chocante que habláramos de diálogo intercultural y no fuéramos
capaces de sostener una posición común desde el diálogo político en este punto concreto.
Dicho esto, quiero matizar algunas cuestiones antes de exponer cómo se formula esa enmienda transaccional, si me permite, señor presidente. Por una parte, desde la presentación de la enmienda por escrito y hasta la defensa de la misma que acabo de hacer en nombre del Grupo Socialista hemos hablado en todo momento de reforzar la interculturalidad. La interculturalidad requiere un proceso largo de aprendizaje, puesto que se trata de eliminar prejuicios, de corregir la visión de muchas cosas, de reencauzar muchas prácticas, alejándonos tanto de la condena en guetos a los diferentes como de imposiciones...
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Pérez Tapias, le ruego que exponga la enmienda transaccional sobre la que han llegado a un acuerdo, para que pasemos al punto siguiente.
El señor PÉREZ TAPIAS: Por lo demás, hay que distinguir entre lo que son rumores y lo que son hechos.
Respecto del punto concreto de por qué no incluimos en la tasación lo de transacción castrense es porque eso es una formulación demasiado genérica y equívoca que puede dar lugar a malentendidos. Por eso no se incluye en una transaccional que busca el acuerdo de todos, habida cuenta de que muchos pensamos que la laicidad es un elemento fundamental para la interculturalidad. Como el señor presidente me urge a que exponga en qué consiste la transaccional, le diré que consiste en incorporar a la proposición concreta que ha formulado el Grupo Socialista el inciso que dice: reconociendo la entrega y eficaz labor de nuestros militares en su ejemplar participación en las misiones internacionales de paz que les han sido encomendadas. En este punto por supuesto estamos de acuerdo, habida cuenta de que no estamos en el punto cero de la práctica de la interculturalidad.
El señor PRESIDENTE: ¿Esto va al principio o al final de la proposición?
El señor PÉREZ TAPIAS: Se la paso al letrado porque ya la conocen el Grupo Parlamentario Popular y otros portavoces.
- PARA LA EXTENSIÓN DE LA EVALUACIÓN POR LA UNED A LOS SOLDADOS ESPAÑOLES DESTINADOS EN MISIONES AL EXTERIOR. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001691.)
El señor PRESIDENTE: Punto 6.º del orden del día. Para la extensión de la evaluación por la UNED a los soldados españoles destinados en el exterior. Es autor el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Para su exposición y defensa tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Señorías, voy a hablar de formación en el ejército y de la UNED. Precisamente esta mañana en el Pleno del Congreso de los Diputados se ha celebrado un debate muy singular en treinta y un años de democracia sobre la necesidad de afrontar unos recortes económicos muy importantes en la actual situación económica. Corresponde en otros foros y en otros ámbitos discutir sobre las responsabilidades políticas que nos han llevado hasta esta situación, pero creo que es un lugar común recordar que en momentos de crisis y en buenos momentos la formación, la educación, es la mejor inversión de futuro.
El objeto de esta proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) es precisamente dar oportunidades, dar derechos -para utilizar un lenguaje querido por el grupo de la mayoría, de ampliación de derechos- para que los soldados desplazados, bien sea por periodos de maniobras o especialmente por misiones en el exterior -y ustedes saben la gran cantidad de soldados que en estos momentos están sirviendo en el exterior en distintas misiones y bajo el mandato de organismos internacionales- puedan continuar su formación. Además, y a partir de un principio de equidad, en la exposición de motivos de esta proposición no de ley se recuerda que en estos momentos el Gobierno de España, a través de la Secretaría de Estado de Educación, del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio de Defensa, tiene firmado un convenio con la UNED para que los ciudadanos españoles que cumplen condena en cárceles en el extranjero puedan continuar su formación a través de la UNED y que incluso los profesores de la UNED se desplacen a estas cárceles para poder evaluar a estos presos en el extranjero. Creo que es una cuestión de equidad que esto que es posible para los ciudadanos españoles en el extranjero en una determinada circunstancia también lo sea para los soldados en misiones internacionales o para los militares en periodos de maniobras. Quiero recordar también, señorías, que además de los miembros de las Fuerzas Armadas, en las misiones internacionales, en las misiones en el exterior, hay una cantidad relevante y notable de personal civil que ejercen la función de acompañamiento y de apoyo a las misiones militares y creo que también es de justicia reconocer a estas personas la posibilidad de continuar sus estudios en el extranjero.
Finalmente, en último punto, en España no solo existe, en el formato de educación a distancia, la UNED, sino que también existen otras universidades no presenciales. Cronológicamente la primera fue la Universitat Oberta de Catalunya, la universidad que impulsó el Govern de la Generalitat de Catalunya, pero también me consta la existencia de universidades no presenciales en Valencia y, por ejemplo, en La Rioja, y quizá se me escape alguna. Creo que también sería bueno que la UNED estudiara
posibles mecanismos de colaboración con estas otras universidades, con el objetivo de poder facilitar la formación al personal militar.
En aras a la eficacia y a la economía, señorías, ya se ha alcanzado una enmienda transaccional entre el grupo proponente, el Grupo Catalán, y los grupos enmendantes, el Grupo Socialista y el Grupo Popular, que les paso a leer, de la cual la Mesa y el letrado ya tienen copia firmada por parte de los distintos grupos proponentes: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer un convenio marco de colaboración con la UNED con el objetivo de facilitar al personal militar, y con especial atención a los miembros de las Fuerzas Armadas y personal civil destinados en misiones en el exterior, siempre y cuando sus cometidos operativos se lo permitan, la realización de enseñanzas universitarias oficiales y otras enseñanzas. Asimismo, el Gobierno estudiará la colaboración de la UNED con las otras universidades que ofertan formación a distancia, para la consecución del objetivo de facilitar la formación al personal militar.
Fin de la cita de esta enmienda transaccional. Es evidente que el instrumento del convenio marco es el mejor instrumento de colaboración entre el Gobierno y la UNED y también, eventualmente, entre las otras universidades a distancia, pero esta colaboración entre el Gobierno y las universidades a distancia -y, en todo caso, lo quiero reflejar en mi intervención- también requerirá las dotaciones económicas suficientes para poder desarrollar esta posibilidad de que los militares en el extranjero puedan continuar también sus estudios, bien sean universitarios o de otro nivel de enseñanza.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Adolfo González.
El señor GONZÁLEZ RODRÍGUEZ (don Adolfo Luis): Al igual que ha ocurrido con otra compañera que me ha precedido en el uso de la palabra, para mí también es la primera vez que actúo en esta Comisión o que tengo una presencia, en este caso presencial, no a distancia, en esta Comisión. La verdad es que, como todo en la vida, resulta formativo y uno oye hablar aquí de la mili, algo que parece nunca ha existido, pero sí existió, desde luego yo participé en aquella situación, que no siempre es agradable recordar.
Centrándome en lo que me trae aquí en esta ocasión, que es esta proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), en primer lugar, el papel de la UNED en la formación universitaria española, dentro y fuera de nuestras fronteras, como plantea esta proposición no de ley -y este diputado que les habla lo ha comentado en varias ocasiones, en otras comisiones, refiriéndose a esta universidad-, es sin duda una función de servicio público de primer orden, como aparece textualmente en esta proposición no de ley. Es más, el Grupo Popular, y en su nombre este diputado, ha presentado sistemáticamente siempre enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, para una mayor inversión económica, en general, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, pero desafortunadamente también, de manera sistemática, el Gobierno y el Grupo Socialista no las han tomado en consideración. En segundo lugar, la proyección internacional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que en cierta medida es de lo que se trata en esta proposición no de ley, aunque es algo mucho más específico referido a los soldados destinados en el exterior, está más que comprobada a través de los distintos programas que existen en esta universidad en el exterior. Me estoy refiriendo al programa Alfa, que establece relaciones entre la Unión Europea y América Latina; en segundo lugar, al programa Lifelong learning programme, el primer mecanismo de financiación europea en la educación y en la formación, y, en tercer lugar, al programa Tempus, que fomenta la educación en Europa oriental, Asia central, los Balcanes occidentales y la región mediterránea, por citar los más representativos.
En tercer lugar, la UNED cuenta con centros en América del Norte, en América Central y en América del Sur, en África y, como he dicho anteriormente, en Europa, todo ello regulado mediante reglamento de régimen interno de los centros en el extranjero. Aquí es donde el Grupo Popular y este diputado consideran que se debe hacer alguna matización a la exposición de motivos de esta proposición no de ley. Voy a decir por qué se debe hacer esta matización. Me refiero a lo siguiente. Esta proposición no de ley dice textualmente que la asistencia presencial en los centros de la UNED dentro del Estado español y fuera del mismo queda reducida a la realización de las evaluaciones y los exámenes. Es más, sigue diciendo que, sin embargo, existe un cierto grupo de personas para las que incluso dicha asistencia presencial puntual y circunscrita a la eventualidad de exámenes y evaluaciones no es posible. Tengo que decir al proponente de esta proposición no de ley que el Grupo Popular no coincide plenamente con estas apreciaciones, porque la propia Universidad Nacional de Educación a Distancia, la conocida como UNED, tiene un reglamento de régimen interno de los centros en el extranjero y, desde luego, quiero creer que este reglamento, como cualquier otro que se dé cualquier institución, se cumple, si no al cien por cien, en su mayor parte.
Me van a permitir que me detenga en algunos puntos de este reglamento en honor del trabajo que hacen las personas que están en la UNED y que no responde a estos puntos específicos que aparecen en la proposición no de ley. Leo. Reglamento. Exposición de motivos. La UNED cuenta con una red de centros en el extranjero que permite a los estudiantes que residen fuera de España acceder a la oferta educativa en la universidad. La creación y funcionamiento de estos centros ha recibido el apoyo institucional del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la Dirección General de Inmigración, del Instituto Cervantes y de la Agencia Española de Cooperación Internacional, a través de la Subdirección General de Cooperación con los países de África
subsahariana y Asia. Este reglamento, a su vez, dice que establece dos figuras importantes y una de ellas, que aparece en el artículo 6.º de este reglamento de régimen interior, es el denominado coordinador. Estoy obligado a leerlo para justificar la posición de mi grupo respecto al trabajo que realiza el personal de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. La dirección y coordinación académica de los centros de la UNED en el extranjero corresponderá en cada centro a un coordinador docente, el cual tiene, entre otras cosas, que hacer lo siguiente: Elaborar el plan docente anual del centro en el que han de precisar los horarios de atención administrativa del centro y los cometidos docentes y horarios de atención de los tutores. A estos efectos, los centros deberán prestar el servicio de atención administrativa durante todo el año, con excepción del mes de agosto, etcétera, y las fiestas del país en cuestión. Organizar los horarios y la distribución de la utilización de las aulas, la biblioteca y demás dependencias del centro. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones del personal docente. Es decir, el coordinador tiene un trabajo que no consiste solo en evaluar a los estudiantes. Pero es que de los profesores tutores en el extranjero, según este mismo reglamento interno, dice lo siguiente: Atender y orientar a los alumnos durante dos horas semanales por cada área tutorizada con presencia en el centro y en el horario que se establezca en el plan docente del mismo. Dicha tutoría podrá ser presencial y/o telefónica, según disponga el coordinador del centro en función de las necesidades del alumnado. Las tutorías se impartirán desde el comienzo del curso en octubre hasta el inicio de la semana correspondiente a las segundas pruebas presenciales en el extranjero en junio. Es decir, lo que dice la exposición de motivos, con todos mis respetos -repito- hacia el proponente y hacia su grupo, no es exactamente tal cual aparece en esta exposición de motivos.
Finalmente, la relación de la UNED y del Ministerio de Defensa, como de todos es conocido, tampoco es nueva. Voy a citar un ejemplo muy ilustrativo que, además, se encuentra en esta misma ciudad, en la capital del Reino de España, Madrid, y es el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. Este instituto fue creado en 1996, en época del Gobierno popular, pero respondía a unos trabajos realizados anteriormente en época del Gobierno socialista. Siento que este paso de instituciones creadas por unos y desarrolladas por otros no tenga en estos momentos esa fluidez. El que pensó este instituto lo hizo bien y el que lo realizó lo hizo también bien. Es muy importante, ya que su biblioteca es muy preciada para todos los estudios que se refieren a la investigación de la naturaleza política, económica, tecnológica, cultural y social, relacionadas con la paz, la seguridad y la defensa. Además, también se ha hablado antes aquí de un hecho no muy agradable en Marín. Podemos hablar también hablar de la Escuela Naval de Marín, que desde 1993 tiene convenios con la UNED, con la Universidad de Vigo, a través de la cátedra Álvarez Ossorio.
En síntesis, señores diputados, nos parece muy bien la proposición no de ley. Además, según nuestras últimas noticias, el Ministerio de Defensa está ultimando el convenio para estos asuntos, y le diría a los señores del Grupo Socialista que empujen más al ministerio para que, al final, este convenio tenga su solución.
Termino con la enmienda presentada por el Grupo Popular. Esta enmienda -como bien ha dicho el señor Xuclà- responde a una transacción que se ha llevado a cabo entre el Grupo Socialista, el Grupo Popular y el grupo proponente. En esta enmienda tengo que reconocer las aportaciones que nosotros hacemos y lo que este diputado ha planteado en la enmienda del Grupo Popular, que ha sido acogido en la enmienda transaccional y que no estaba en la propuesta original de esta proposición no de ley. Una de ellas -como ha reconocido el señor Xuclà- ha sido que hemos extendido la formación mediante la transacción de todos no solamente a los miembros de las Fuerzas Armadas, entre los que supongo será muy bien acogida esta proposición no de ley, sino al personal civil destinado al resto de los territorios en el extranjero donde cumplan misiones las Fuerzas Armadas españolas. Por supuesto, tengo que repetir algo en lo que no voy a ser muy original. Se ha hablado antes de la caja que por la mañana se abre y por la tarde se cierra. No voy a hablar de cajas ni de aperturas ni de cierres. Lo que digo es que todo cuesta dinero y que hay que priorizar en esta vida a la hora de gobernar. Todo necesita un presupuesto y, desde luego, en mi enmienda aparecía que hubiera una adecuada dotación presupuestaria. Por mor de llevar a cabo la transacción que se ha acordado por los grupos que la hemos firmado, el Grupo Popular ha retirado esta parte de su enmienda, pero sin duda espera y confía -como ha dicho la propia representante del Grupo Popular- que este convenio asegure que haya una dotación presupuestaria. Quiero que conste en acta este aseguramiento y esta afirmación y, desde luego, deseo con toda sinceridad y espíritu universitario que esta proposición no de ley sea acatada por el Gobierno y ponga en funcionamiento este convenio tan necesario para los soldados y para el personal que trabaja con ellos en misiones en el exterior.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Estrada.
La señora ESTRADA IBARS: En esta iniciativa que estamos debatiendo se propone un objetivo claro: facilitar la formación de los miembros de las Fuerzas Armadas. Por ello, desde nuestro grupo queremos felicitar al señor Xuclà por su presentación y, desde luego, apoyarla. Por eso, presentamos una enmienda cuya esencia es la misma que la propuesta por la proposición presentada, y me atrevería a decir que un poco más ambiciosa, si puede. Agradecemos que el proponente haya tenido a bien considerarla para de este modo llegar a una transaccional. Siendo conocedores, como somos, de que la vida de los miembros de las Fuerzas Armadas,
cuando están participando en misiones en el exterior, es ya de por sí difícil y compleja, debemos intentar que no sea causa de desmotivación para que no inicien o continúen cursos encaminados a mejorar su formación. Y esto es justamente lo que pretende el señor Xuclà con esta iniciativa, que tenga la posibilidad de continuar su formación sea cual sea su situación específica. Hablamos pues de hacer realidad la igualdad de oportunidades en la formación de nuestros ciudadanos. Este es un objetivo explícito de la UNED: garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación, salvando problemas como pueden ser renta o lugar de residencia. En este sentido, coincidimos con lo apuntado por el señor Xuclà y por lo apuntado por el portavoz del Grupo Popular, que la labor que viene realizando la UNED desde agosto de 1972, año en que fue creada, es un servicio público de primerísimo orden que ha permitido que miles de ciudadanos en situaciones difíciles y complejas que querían continuar su formación tuvieran una oportunidad para hacerlo. En estos casi cincuenta años de existencia la UNED ha ido mejorando las prestaciones ofrecidas a sus alumnos con el objeto de facilitar su formación, objetivo para el que fue creada, adaptándose a los tiempos e incorporando todos los avances tecnológicos. Así ha sido posible, tal y como apunta el portavoz de Convergència i Unió, que presos españoles en cárceles extranjeras puedan continuar su formación, hecho que va a facilitar su reinserción social, objetivo específico de toda pena privativa de libertad en España, tal como recoge la Constitución española. Por ese motivo consideramos que ha sido una acción positiva que debe estar por encima de toda comparación que conlleve el calificativo de injusto al comparar la situación con otros grupos de ciudadanos. Además debemos de tener en cuenta que este hecho no supone ningún obstáculo para que se considere la posibilidad de extender sus peculiaridades a otros grupos, todo lo contrario, como es el caso que nos ocupa.
Actualmente el personal que va a participar en operaciones realiza una fase de preparación cuya duración es de doce meses, dedicándose seis a la preparación general y otros seis a la preparación específica según sea la misión. Una vez finalizada la preparación, el personal permanecerá cuatro meses en el exterior si es miembro de una unidad y seis meses en el caso de ser miembro de cuarteles generales o estados mayores. Estamos hablando de operaciones en las que no es necesario un despliegue urgente, por lo que los militares profesionales conocen con suficiente antelación la fecha aproximada de su despliegue y regreso, lo cual permite que se organicen de una manera adecuada, como puede ser en qué asignatura matricularse, para poder realizar sus estudios con los mejores resultados dentro de las circunstancias determinadas por su destino.
Es objetivo del Ministerio de Defensa mejorar la calidad de vida que tienen los miembros de las Fuerzas Armadas cuando se encuentran en una misión en el exterior. Uno de los adelantos que se ha conseguido es que en todo momento, siempre que sus cometidos operativos lo permitan, tienen garantizado el acceso a Internet, lo cual facilita la cohesión con sus familias y también que puedan acceder a las tutorías on line que ofrece la UNED en el caso de estar matriculados en algún curso ofertado por dicha universidad, que es el objetivo. Aun así, puede darse el caso por determinadas circunstancias, como puede ser que el profesional militar forme parte de un despliegue urgente, que se encuentre en una situación que no facilite el inicio o continuidad de sus estudios. Como principio rector, la Administración debe facilitar a los ciudadanos la posibilidad de formarse dentro y fuera del sistema educativo, apostar por una educación permanente a lo largo de la vida, adquirir y mejorar en distintos aspectos -en conocimientos, en aptitudes, en competencias- siempre que se pueda, encaminados al desarrollo personal y profesional.
Por otra parte, el artículo 42 de la LOU establece que el estudio en la universidad es un derecho de todos los españoles en los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; asimismo, en el artículo 55 de la Ley de la Carrera Militar se establece que el Ministerio de Defensa promoverá la colaboración con universidades y es así como ha venido trabajando. Intentar mejorar las posibilidades del personal profesional de las Fuerzas Armadas para que continúe formándose, tal como pretende con esta iniciativa el señor Xuclà, es como se debe trabajar. Buscar fórmulas que faciliten la vida de nuestras tropas en el exterior nos parece que es el camino a seguir, y esta iniciativa es lo que pretende.
- SOBRE MUJERES, PAZ Y SEGURIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001708.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día.
Proposición no de ley sobre mujeres, paz y seguridad. Es autor de la iniciativa el Grupo Parlamentario Socialista y para su defensa tiene la palabra la señora García Ruiz.
La señora GARCÍA RUIZ: Señor presidente, señoras y señores diputados, tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para defender una iniciativa cuya importancia es proporcional a la gravedad de los asuntos a los que se refiere, concretamente a las terribles repercusiones que los conflictos armados ocasionan sobre las mujeres y las niñas y el papel que deben tomar los gobiernos para tratar de resolverlos, así como para reconocer y otorgar un papel activo a las mujeres en los procesos de negociación y aplicación de los acuerdos de paz.
Es por todos tristemente conocido que las mujeres y las niñas sufren de manera específica las consecuencias de los conflictos armados. Es grave para toda la comunidad, para las mujeres, para los hombres, para los mayores, para los pequeños, pero en las mujeres y en las
niñas comprenden además abusos sexuales, maltrato psicológico, maltrato físico, a la vez que un retroceso en el papel social, económico y político que en sus territorios pudieran haber llegado a alcanzar antes del conflicto. Los datos conocidos sobre violencia sexual son de una magnitud brutal y como la punta de un iceberg esconden realidades más estremecedoras aún. Además los efectos devastadores se siguen produciendo en la mujer y en la niña también una vez que ha terminado el conflicto, por lo que hay que sumar peligros a largo plazo para la seguridad, la salud, la capacidad de la mujer y la paz.
Esta situación ha motivado resoluciones por parte de la ONU, empezando por la Resolución 1325/2000, de la que va a cumplirse próximamente una década, y posteriores resoluciones, como las 1820/2008, 1888/2009 y 1889/2009. Como saben SS.SS., la Resolución 1325 pretende medidas para la concienciación de esta necesidad de protección de las mujeres, de apoyo operacional, de elaboración de leyes y marcos regulatorios, de elaboración de planes de acción nacionales y de fomento de la participación de la mujer en todos los procesos de adopción de decisiones y de paz, así como la promoción y seguimiento general de los procesos, puesto que en esta resolución se reconoce el papel de la mujer, no solo pasivo, de víctima, sino también el papel activo que ha de acometer en la resolución y prevención de los conflictos y de sus consecuencias.
Fruto del necesario seguimiento de las medidas es el informe del secretario general de Naciones Unidas de septiembre del año pasado sobre la aplicación de la Resolución 1325. Según dicho informe, si bien se han logrado adelantos en algunas esferas de aplicación de la resolución, persisten una serie de dificultades para aplicarla e incluso para invertir la escala de la violencia sexual que sigue afectando a la mujer y a la niña prácticamente en todo lugar donde se produce un conflicto armado y recrudeciéndose en muchos de los casos. No se puede obviar, por tanto, el enfoque de género ni las situaciones y necesidades específicas de las mujeres y de las niñas. Dicho informe también reconoce progresos en los planes nacionales de acción. Dieciséis países han preparado estos planes de acción, incluida España, y en concreto este Plan nacional de acción, fruto de los esfuerzos coordinados de los ministerios de Defensa, Exteriores, Justicia y todo el Gobierno, tiene muy presente el requisito de incorporar a las mujeres en condiciones de igualdad en los mecanismos de representación y procesos de solución de conflictos, considerándolas como sujetos activos, además de la importancia de poner freno a las violaciones de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Este plan incluye medidas concretas que nuestras Fuerzas Armadas ya están aplicando de manera efectiva, así como su seguimiento y evaluación, evidentemente. Medidas como fomentar la participación de mujeres en las misiones de paz, actuaciones normativas que incorporan la aplicación transversal del principio de género para fomentar la incorporación de las mujeres a las Fuerzas Armadas, así como la eliminación de los obstáculos que dificultan su participación concreta en las misiones de paz. Estos hechos han conseguido aumentar el porcentaje de mujeres en operaciones en el exterior. También medidas como la formación específica del personal que participa en las misiones en materia de igualdad y sobre la Resolución 1325 de Naciones Unidas, mediante conferencias, charlas y ponencias y otros mecanismos de divulgación, llevando a cabo tareas para la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas sobre el terreno; actuaciones sanitarias, preventivas y asistenciales, atendiendo a las mujeres víctimas de violencia de género y abusos; actuaciones educativas, contactando con mujeres y organizaciones naturales de las zonas de los conflictos. No quiero alargarme, pero son numerosas las acciones puestas en marcha por este Gobierno y desarrolladas por las Fuerzas Armadas a las que mi grupo desea trasladar nuestro reconocimiento por su labor en este aspecto.
También he de destacar las ocasiones que durante estos años esta cuestión ha sido objeto de análisis, debate y acuerdos entre los grupos parlamentarios, bien en esta Comisión o en otras del Congreso de los Diputados, pero también es verdad que dicha acción hay que reforzarla porque España no es ajena a los obstáculos y dificultades que este informe manifiesta que se encuentran para aumentar la participación de la mujer en la prevención y solución de los conflictos y consolidación de la paz y que se reconocen desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Algunas de estas dificultades provienen de las características propias del conflicto armado, pero también existen otros obstáculos culturales a la participación de la mujer y se produce su estigmatización, discriminación y marginación como consecuencia de los conflictos, lo que empeora la situación de partida antes de los mismos. También se reconocen otros obstáculos derivados del propio alcance de la Resolución 1325 y, por tanto, se precisan mejoras en el marco de ejecución, en la información de que se dispone y en la concreción de objetivos. Aunque es creciente la introducción de la perspectiva de género en la actividad general de las misiones de paz, todavía hacen falta más esfuerzos para la protección y tratamiento de las mujeres que la incluyan como agente esencial de la solución y así también adoptar medidas para su empoderamiento. Son dos dimensiones del mismo problema que no pueden caminar la una sin la otra.
Este análisis en el marco de las Naciones Unidas ha contribuido a dictar las nuevas resoluciones y a la reafirmación del compromiso por parte de los Estados miembros. Es en este contexto en el que el Grupo Parlamentario Socialista promueve con esta proposición no de ley, también con la manifestación por parte de la Comisión de Defensa y de este Parlamento, la necesidad de seguir trabajando en unos objetivos irrenunciables, por tanto, de instar al Gobierno a seguir trabajando en ellos, reconociendo la gran labor realizada hasta la fecha por nuestro país y nuestras Fuerzas Armadas. Los grupos que conforman esta Comisión han trasladado su valoración
positiva de esta iniciativa, hecho que quiero agradecer. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda de modificación y, según conversaciones también mantenidas, acordaremos una transaccional que añade matizaciones y que procedo a leer. El Congreso de los Diputados, reconociendo la gran labor que nuestras Fuerzas Armadas y nuestro país están realizando en las misiones en el exterior y en especial el notable desempeño de las mujeres de nuestros Ejércitos, insta al Gobierno a: Uno, potenciar la participación de mujeres en las misiones de paz y en sus órganos de toma de decisiones, así como a promover la inclusión de la perspectiva de género en todas las actividades de construcción de la paz tanto en el ámbito nacional como en el seno de las organizaciones internacionales de las que España forma parte, tales como las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Alianza Atlántica y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Dos, reforzar los medios y capacidades de nuestras Fuerzas Armadas para incrementar la protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas en zonas de conflicto y posconflicto, incluyendo campos de personas refugiadas y desplazadas, así como fomentar el empoderamiento y la participación de las mujeres en los procesos de negociación y aplicación de los acuerdos de paz. Es por ello, como se puede comprobar, que no supone modificación más allá de clarificar el hecho incontestable de que nuestras Fuerzas Armadas ya están realizando una gran labor en la dirección de estos cometidos y que, por tanto, se trata de seguir trabajando y reforzando los esfuerzos que se llevan a cabo por las Fuerzas Armadas, por este Gobierno y todo el país en general.
Esperamos, pedimos y agradecemos de antemano el apoyo de esta iniciativa por el resto de grupos, aguardando que una vez más esta Comisión logre el acuerdo unánime para impulsar y trasladar al Gobierno un tema de tanta importancia como es el objeto de esta proposición sobre mujeres, paz y seguridad.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular para la defensa de su enmienda presentada, tiene la palabra la señora Vázquez.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Intervengo muy brevemente para proceder de inmediato a la votación de las distintas proposiciones que se han tramitado a lo largo de la tarde de hoy. Intervengo para defender la enmienda que es una corrección y mejora de la redacción que tenía el propio texto del Grupo Socialista. Una vez más, otro conejito de la chistera nos aparece con una iniciativa nueva en el sentido de que efectivamente se están tratando muchas de ellas. Se ha debatido mucho sobre esta cuestión tanto por el Grupo Socialista como por los restantes grupos parlamentarios en la Comisión de Cooperación al Desarrollo, por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores también ya se está avanzando mucho y bien en este sentido. ¿Que hay que continuar? Perfecto, creo que ese es el motivo por el que nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley mejorando el texto inicial.
A 31 de marzo de 2008 el total de mujeres incorporadas en acciones de la ONU solo representa el 1,98 por ciento. Esto tiene que hacernos reflexionar y en los contingentes militares de los distintos países debemos dar un apoyo mayoritario a la discriminación positiva en este caso hacia la mujer para favorecer su incorporación. Es muy clara la Resolución 1325 de la ONU que nos pedía a los distintos Estados miembros aumentar la representación de las mujeres, así como incrementar el apoyo financiero, técnico y logístico. En un principio el Grupo Parlamentario Popular consideraba que podríamos trasladarlo a esta iniciativa, pero considerando el momento y la situación que está sufriendo España, incrementar el apoyo financiero y técnico en estos momentos no procede y por eso hemos decidido no incluirlo en nuestra enmienda. Sí es cierto que las mujeres, como decía la compañera del Grupo Socialista, sirven de modelo muchas veces en el entorno local e inspiran con su propio ejemplo a las mujeres y niñas de las sociedades donde prestan servicios, de ahí que tenga importancia para todos los países incluir más mujeres en acciones de la ONU. Al mismo tiempo nos podríamos estar remitiendo al informe del año 2002 del secretario general de la ONU sobre las mujeres, la paz y la seguridad, a partir del cual España empieza a cambiar y a trasladar a sus misiones de la ONU una mayor sensibilidad en el tema de la mujer y las niñas. Se está llevando a cabo bastante bien y si ahora es necesario aprobar esta proposición, va a contar con nuestro voto a favor, pero debemos coordinarnos conjuntamente el Ministerio de Asuntos Exteriores y el de Defensa, porque conozco este tema -he tenido ocasión de debatir en esa Comisión sobre el mismo- y hay mucho y bien avanzado, por lo que cualquier acción que se lleve a cabo que se haga en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Vamos a iniciar en breve las votaciones. Esperaremos uno o dos minutos. Se suspende la sesión y reanudamos inmediatamente para votar. (Pausa.)
Se reanuda la sesión. Vamos a iniciar las votaciones de las proposiciones no de ley. En primer lugar, la proposición no de ley para la cesión de instalaciones militares no utilizadas o infrautilizadas a las poblaciones donde están situadas. Se vota en los propios términos de la proposición con las autoenmiendas del grupo proponente, pero no con las de los demás enmendantes. Iniciamos la votación.
Punto 2.º Proposición no de ley sobre reconocimiento al servicio militar obligatorio y resarcimiento a los fallecidos
y lesionados en el cumplimiento del mismo. Se vota en los propios términos de la proposición no de ley. Iniciamos la votación.
Se han incorporado en este momento para la siguiente votación tres diputados del Grupo Parlamentario Popular.
Punto 3.º del orden del día. Proposición no de ley sobre homologación de las retribuciones del personal de tropa perteneciente a la extinta Guardia Real. Se vota también en los propios términos. Iniciamos la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 18; abstenciones, una.
Punto 4.º del orden del día. Proposición sobre modificación de la enajenación de viviendas del Ministerio de Defensa. La votación en este punto se va a realizar en dos partes: la primera correspondiente al punto 1 y la siguiente correspondiente a los puntos 2 y 3. Procedemos a votar el punto 1 de la proposición no de ley.
Pasamos a votar los apartados 2 y 3 del punto 4.º del orden del día.
Procedemos a votar el punto 5.º del orden del día. Proposición por la que se insta al Gobierno a que refuerce las actuaciones necesarias para el reconocimiento de la diversidad cultural. Se vota de acuerdo con una enmienda transaccional que ha sido aceptada por los grupos. Procedemos a la votación.
Procedemos a votar el punto 6.º del orden del día. Proposición no de ley para la extensión de la evaluación por la UNED a los soldados españoles destinados en misiones exteriores. Se procede a la votación de acuerdo con la enmienda transaccional acordada por todos los grupos.
Procedemos a la votación del punto 7.º y último del orden del día.
Proposición no de ley sobre mujeres, paz y seguridad, de acuerdo también con una enmienda transaccional.