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Timestamp: 2020-05-31 05:15:41
Document Index: 364998383

Matched Legal Cases: ['artículo 65', 'artículo 5', 'artículo 30', 'artículo 42', 'artículo 148', 'artículo 137', 'artículo 123', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'artículo 51', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5']

BOE.es - Documento BOE-A-2015-9725
Documento BOE-A-2015-9725
Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.Ver texto consolidado
«BOE» núm. 216, de 9 de septiembre de 2015, páginas 79287 a 79296 (10 págs.)
BOE-A-2015-9725
https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2015/07/29/24
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 65 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.
Asimismo, el artículo 5 del Estatuto dispone que todas las personas tienen derecho a vivir libres de situaciones de explotación y maltratos, como las que, «de facto», conllevan la falta de una vivienda digna, el sobreendeudamiento o la imposibilidad de acceso a suministros básicos de agua, luz y gas. El artículo 30, de hecho, determina que todas las personas tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a los servicios de interés general. Por otra parte, y en los mismos términos que el Pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, el artículo 42.3 del Estatuto obliga a los poderes públicos a velar por la dignidad, la seguridad y la protección integral de las personas, especialmente de las más vulnerables. En este sentido, el artículo 148.1.3 de la Constitución otorga a las comunidades autónomas la potestad de asumir competencias en materia de vivienda, y efectivamente el artículo 137 del Estatuto atribuye a la Generalidad la competencia exclusiva en dicha materia, como asimismo le atribuye, mediante el artículo 123, la competencia exclusiva en materia de consumo.
Artículo 1. Medidas contra el sobreendeudamiento relacionado con la vivienda habitual.
Artículo 2. Procedimiento extrajudicial para la resolución de situaciones de sobreendeudamiento.
Artículo 3. Procedimiento judicial para la resolución de situaciones de sobreendeudamiento.
Artículo 4. Extensión de la cancelación del pasivo.
Artículo 5. Medidas para evitar los desahucios que puedan producir una situación de falta de vivienda.
1. Antes de adquirir una vivienda resultante de la consecución de acuerdos de compensación o dación en pago de préstamos o créditos hipotecarios sobre la vivienda habitual, o antes de la firma de la compraventa de una vivienda que tenga como causa de la venta la imposibilidad por parte del prestatario de devolver el préstamo hipotecario, el adquiriente debe ofrecer a los afectados una propuesta de alquiler social, si la adquisición o la compraventa afecta a personas o unidades familiares que no tengan una alternativa propia de vivienda y que estén dentro de los parámetros de riesgo de exclusión residencial definidos por la presente ley. El deber de comprobar dichas circunstancias reace sobre el adquiriente, que debe requerir previamente la información a los afectados.
3. Una vez verificada la situación de riesgo de exclusión residencial, de acuerdo con lo establecido por los apartados 1 y 2, y una vez formulada la oferta de alquiler social, en los términos del apartado 7, si los afectados la rechazan, el demandante puede iniciar el procedimiento judicial.
1.º Los promotores sociales a los que se refieren las letras a y b del artículo 51.2 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda.
2.º Las personas jurídicas que tengan más de un 15% de la superficie habitable de la propiedad cualificado como viviendas de protección oficial destinadas a alquiler.
Artículo 6. Medidas para evitar la pobreza energética.
Artículo 7. Medidas para garantizar la función social de la propiedad y aumentar el parque de viviendas asequibles en alquiler.
Artículo 8. Umbral máximo de gastos destinados a vivienda habitual y a suministros básicos.
Disposición adicional. Cesión de créditos garantizados con la vivienda.
Disposición transitoria primera. Aplicación de garantías.
Disposición transitoria segunda. Obligación a ofrecer un alquiler social.
Disposición transitoria tercera. Plazo para los mecanismos de garantía del realojamiento adecuado.
Disposición final primera. Aplicación del principio de subsidiariedad de la Ley 18/2007.
Disposición final segunda. Regulación de las comisiones de sobreendeudamiento.
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 18/2007.
f) Después del inicio de un procedimiento de ejecución hipotecaria o de un desahucio por impago de alquiler por parte de las personas jurídicas que tengan la condición de grandes tenedores de vivienda, no se formule una propuesta de alquiler social en los términos establecidos por el artículo 5 de la Ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.
g) Después del inicio de un procedimiento de ejecución hipotecaria o de un desahucio por impago de alquiler por parte de personas jurídicas que hayan adquirido posteriormente al 30 de abril de 2008 viviendas que sean, en primera o en ulteriores transmisiones, provenientes de ejecuciones hipotecarias, provenientes de acuerdos de compensación de deudas o de dación en pago o provenientes de compraventas que tengan como causa la imposibilidad de devolver el préstamo hipotecario, no se formule una propuesta de alquiler social en los términos establecidos por el artículo 5 de la Ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.»
j) Incumplir en la formulación de la propuesta obligatoria de alquiler social los requisitos establecidos por la definición del alquiler social del artículo 5.7 de la Ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.»
Disposición final cuarta. Presentación de un proyecto de ley de modificación de la Ley 18/2007 y de un proyecto de ley de refundición y mejora de las disposiciones legales vigentes en materia del derecho a la vivienda y de lucha contra la pobreza energética.
2. El Gobierno, en el plazo de un año a contar de la entrada en vigor de la presente ley, debe presentar al Parlamento un proyecto de ley de refundición y mejora de las disposiciones legales vigentes en Cataluña en materia de derecho a la vivienda, del fondo social de la vivienda, de movilización de las viviendas provenientes de procesos de ejecución hipotecaria, de lucha contra la pobreza energética y de garantía de suministros básicos y de las demás normas legales que incidan en el derecho a una vivienda digna.
Disposición final quinta. Modificación de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña.
Disposición final sexta. Proyecto de ley de modificación del Código de consumo.
La presente ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya», salvo las medidas que conlleven un aumento de créditos o una disminución de ingresos con relación al presupuesto vigente, que no entrarán en vigor, en la parte que conlleve esta afectación presupuestaria, hasta el ejercicio presupuestario siguiente al de su entrada en vigor.
Fecha de entrada en vigor: 06/08/2015
Entrada en vigor:, con la salvedad indicada, el 6 de agosto de 2015.
Publicada en el DOGC núm. 6928 de 5 de agosto de 2015.
el art. 5.2 y 9, por Ley 5/2020, de 29 de abril (Ref. DOGC-f-2020-90137).
los arts. 5 y 7.1, y SE AÑADE el art. 10 y las disposiciones adicionales 1 y 2, por Decreto-ley 17/2019, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2020-2509).
SE DECLARA, en el Recurso 2501/2016, el desistimiento respecto a lo indicado y la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 3 y 4 y la disposición adicional, por Sentencia 13/2019, de 31 de enero (Ref. BOE-A-2019-2547).
SE DICTA EN RELACION sobre medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión social: Ley 4/2016, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2017-522).
SE DECLARA en el Recurso 2501/2016, el mantenimiento de la suspensión de vigencia de los arts. 2.2; 3; 4; 5.1, 2 ,3, 4 y 9; 7; disposición adicional; lo indicado de la transitoria 2 y la final 3, por Auto de 20 de septiembre de 2016 (Ref. BOE-A-2016-8959).
Recurso 2501/2016 planteado en relación con los arts. 2.2; 3; 4; 5.1, 2 ,3, 4 y 9; 7; la disposición adicional; lo indicado de la transitoria 2 y la final 3, con suspensión, desde el 3 de junio de 2016, de vigencia y aplicación de los preceptos impugnados y, desde el 5 de mayo de 2016, para las partes legitimadas (Ref. BOE-A-2016-5337).
Art. 132-4 de la Ley 22/2010, de 20 de julio (Ref. BOE-A-2010-13115).
Arts. 5.2 y 124.2 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-2008-3657).