Source: http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=7432e9f5-3abd-4d7a-b7c1-404a35b291c5
Timestamp: 2016-12-08 05:55:14
Document Index: 310053587

Matched Legal Cases: ['artículo 72', 'artículo 36', 'in fine', 'artículo 60', 'artículo 60', 'artículo 56', 'artículo 61', 'artículo 71', 'artículo 63', 'artículo 62', 'artículo 71', 'artículo 63', 'artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 68', 'artículo 63', 'artículo 72', 'artículo 61', 'artículo 69', 'artículo 63', 'artículo 72', 'artículo 77', 'artículo 70']

Insolvencia de los miembros de un grupo de sociedades - Lexology
Insolvencia de los miembros de un grupo de sociedades
Análisis GA&P | Julio 2015 1 N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto. El Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo del 2015, sobre procedimientos de insolvencia, ha venido a sustituir al Reglamento (CE) 1346/2000, de 29 de mayo. Este nuevo reglamento, que se aplicará a los procedimientos de insolvencia que se abran después del 26 de junio del 2017 (art. 86), contiene novedades relevantes. En ese documento nos ocuparemos de una de las más significativas: la incorporación de un régimen específico para el tratamiento de los procedimientos de insolvencia de los miembros de un grupo de sociedades (nueva disciplina que se recoge en el capítulo V del reglamento, comprensivo de los artículos 56 a 77). 1. Antecedentes El Reglamento 1346/2000 no contenía normas específicas relativas a los grupos de sociedades. Cada sociedad integrada en el grupo era considerada como un deudor independiente («sociedad isla»). Por supuesto, ello significaba que nada en dicho reglamento permitía tratar al grupo como un solo deudor (como tampoco lo permite ahora el Reglamento 2015/848), lo que resulta coherente con el reconocimiento de la personalidad jurídica diferenciada de cada sociedad integrada en el grupo y con la correlativa autonomía patrimonial de la que gozan. Pero es que ni siquiera existían normas que establecieran expresamente mecanismos de coordinación de los diferentes procedimientos de insolvencia que pudieran abrirse en diferentes Estados con respecto a cada una de las distintas compañías integradas en el grupo (ausencia de cauces de coordinación que no facilitaban precisamente una gestión eficiente de los procesos de reorganización y saneamiento de estas empresas «policorporativas» o «plurisocietarias»). El procedimiento de insolvencia de una sociedad de un grupo abierto en un Estado miembro se sustanciaba así, desde el punto de vista del Reglamento 1346/200, de manera independiente del procedimiento de insolvencia abierto en otro Estado miembro con respecto a otra sociedad perteneciente al mismo grupo. Lo anterior no impidió, sin embargo, que desde cierta literatura se sugiriera la conveniencia de aplicar analógicamente (siempre con las debidas cautelas) las normas del Reglamento 1346/2000 que preveían sistemas de coordinación de procedimientos (principal y territoriales) en el caso de que se abrieran procedimientos de insolvencia respecto de dos o más sociedades del mismo grupo en diferentes Estados miembros. En cierta medida, el nuevo reglamento ha seguido este criterio porque, como veremos más adelante (infra, 2.2.1), en algunos preceptos reproduce, para el caso de los grupos de sociedades, soluciones «de cooperación» previstas respecto a la hipótesis de la apertura de un procedimiento principal y de uno o más secundarios. Comentarios al nuevo Reglamento comunitario de insolvencia Insolvencia de los miembros de un grupo de sociedades Alberto Díaz Moreno Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Sevilla Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo Análisis GA&P | Julio 2015 2 2. Los grupos de sociedades en el Reglamento 2015/848 2.1. Ideas generales El tratamiento de la insolvencia de los miembros de los grupos de sociedades ha cambiado notablemente a raíz de la publicación del Reglamento 2015/848. En efecto, partiendo de la reflexión de que se «debe garantizar la eficaz administración de los procedimientos de insolvencia relativos a diferentes sociedades que formen parte de un grupo de sociedades» (considerando 51), se han dictado normas específicas con tal propósito. Naturalmente, el nuevo reglamento no establece ninguna personificación del grupo de sociedades a los efectos de su aplicación. Es decir, no pretende regular nada semejante a la «insolvencia del grupo» como si éste fuera un ente dotado de personalidad jurídica con su propia masa pasiva y su propia masa activa. Un enfoque de esta naturaleza habría supuesto desconocer la personalidad jurídica independiente de cada compañía y situarse al margen de los principios generales imperantes en los ordenamientos de los países miembros. Tampoco prevé el Reglamento 2015/848 la posibilidad de que se acumulen (voluntaria o necesariamente) los diferentes procedimientos de insolvencia abiertos en diferentes Estados miembros a dos o más entidades del grupo. Ni considera la posibilidad de que se produzca la consolidación de las masas de las sociedades insolventes (expediente que sí se encuentra previsto, cierto que con carácter excepcional, en la legislación española: art. 25 ter.2 de la Ley Concursal). De hecho el artículo 72.3 del Reglamento 2015/848 dispone, en relación con el llamado «plan de coordinación» del grupo (al que luego haremos referencia: infra, 2.3), que «no incluirá ninguna recomendación sobre la consolidación de los procedimientos o de las masas». Resulta así que el tratamiento que el Reglamento 2015/848 reserva para los casos en que se hayan abierto en más de un Estado miembro procedimientos de insolvencia respecto a distintas entidades integrantes de un mismo grupo de sociedades (considerando 62) se concreta en el establecimiento de un peculiar régimen de cooperación, comunicación y coordinación. Seguidamente, en los apartados 2.2 y 2.3, se expondrán las ideas fundamentales del referido régimen. Todo ello ha de entenderse sin perjuicio de recordar que sigue vigente el esquema procedimiento principal/procedimiento secundario para la ordenación y articulación de los diversos procedimientos de insolvencia que, eventualmente, pueden abrirse con respecto a un mismo deudor (sin perjuicio de la posibilidad ahora existente de que el administrador concursal del procedimiento de insolvencia principal contraiga el compromiso previsto en el artículo 36 del reglamento con el fin de evitar procedimientos de insolvencia secundarios). De ahí que sea posible —para cada sociedad del grupo— la apertura de procedimientos territoriales (de conformidad con lo dispuesto en el capítulo III del reglamento y en la medida en que la sociedad en cuestión posea establecimientos en el territorio de otros Estados miembros diferentes de aquel en el que se encuentra el centro de sus intereses principales). Esto significa, en suma, que resulta perfectamente factible que se superpongan los mecanismos de cooperación y coordinación previstos para los procedimientos de insolvencia relativos a diferentes miembros de un grupo y los mecanismos previstos para 1 El reglamento no impide, por supuesto, que un Estado miembro que goce de competencia judicial internacional sobre dos entidades pertenecientes a un mismo grupo de sociedades (por ejemplo, porque ambas tengan su centro de intereses principales en su territorio) abra procedimientos de insolvencia para cada una de ellas (considerando 53). En tal caso, la legislación interna de dicho Estado podrá prever libremente la declaración conjunta de ambos procedimientos de insolvencia o su acumulación y su tramitación coordinada (cfr., por ejemplo, arts. 25, 25 bis y 25 ter LC). Análisis GA&P | Julio 2015 3 asegurar la coordinación entre los varios procedimientos (principal y secundarios) eventualmente abiertos a alguna de dichas sociedades integradas en el grupo. 2.2. Instrumentos de cooperación y comunicación 2.2.1. Cooperación entre administradores concursales, órganos jurisdiccionales y entre éstos y aquéllos Según se lee en el considerando 52 del Reglamento 2015/848, «cuando se abran procedimientos de insolvencia respecto a varias sociedades de un mismo grupo, debe establecerse una coordinación adecuada entre los actores que intervengan en esos procedimientos. Así, los diferentes administradores concursales y órganos jurisdiccionales implicados deben estar sujetos a una obligación de cooperar y comunicarse entre sí similar a la que se impone a aquellos que intervienen en los procedimientos de insolvencia principales y secundarios relativos a un mismo deudor». En esta línea, el nuevo reglamento dedica sendos artículos a la cooperación y comunicación entre administradores concursales (art. 56), entre órganos jurisdiccionales (art. 57) y entre aquéllos y éstos (art. 58). En relación con esta disciplina cabe formular (sin ánimo de exhaustividad) algunas observaciones: a) Los preceptos mencionados (arts. 56, 57 y 58) guardan cierto paralelismo (aunque difieren en múltiples aspectos concretos) con los artículos 41, 42 y 43, respectivamente (los cuales se refieren a la cooperación entre los actores intervinientes en el procedimiento de insolvencia principal y en los procedimientos de insolvencia secundarios). Aparte de otras diferencias, debe recordarse una obvia: en el caso de procedimientos de insolvencia de entidades de un mismo grupo no existe un procedimiento principal y otros secundarios (ni siquiera podrá predicarse esta relación entre el procedimiento abierto a la sociedad matriz y los abiertos a las filiales). b) El deber de cooperación de los administradores concursales incluye (pero no se agota en ellos): 1) la obligación de información recíproca; 2) el deber de coordinar la gestión y supervisión de las actividades de los miembros del grupo si existe la posibilidad de hacerlo así, y 3) el deber de concertarse para proponer y negociar un plan de reestructuración coordinado si existen posibilidades de reestructurar la totalidad o parte de los miembros del grupo (art. 56). A efectos de lo que se acaba de señalar sub 2 y sub 3, los administradores concursales podrán acordar conceder facultades adicionales a uno de ellos o distribuir entre ellos determinadas funciones (siempre que lo permita la legislación nacional aplicable a cada uno de los procedimientos de insolvencia). c) La cooperación entre órganos jurisdiccionales puede plasmarse, además de en el intercambio de información (y entre otros extremos), en el desarrollo coordinado de la tarea de administración y supervisión de los bienes y negocios de las sociedades del grupo sometidas a procedimientos de insolvencia o en Análisis GA&P | Julio 2015 4 la celebración también coordinada de las vistas (art. 57). Especialmente, los órganos jurisdiccionales de diferentes Estados miembros pueden cooperar coordinando el nombramiento de administradores concursales, de manera que pueden nombrar a un solo administrador concursal para diferentes miembros de un grupo de sociedades, siempre que ello sea compatible con las normas aplicables a cada uno de los procedimientos y, en particular, con los requisitos de cualificación y habilitación del administrador concursal (considerando 50). d) El administrador concursal nombrado en un procedimiento de insolvencia relativo a una sociedad integrante de un grupo de sociedades cooperará y se comunicará con cualquier órgano jurisdiccional ante el que se haya presentado una solicitud de apertura de procedimiento respecto de otro miembro del mismo grupo o que haya procedido efectivamente a la apertura de tal procedimiento. Y podrá solicitar a ese órgano jurisdiccional información sobre los procedimientos relativos a ese otro miembro del grupo o requerir asistencia respecto del procedimiento de insolvencia en cuyo seno haya sido nombrado (art. 58). e) El deber de cooperación recíproco que pesa sobre los administradores concursales de procedimientos de insolvencia de sociedades de un mismo grupo abiertos en diferentes Estados miembros sólo existe en la medida en que tal cooperación: 1) sea conveniente para facilitar la eficaz administración de esos procedimientos; 2) no sea incompatible con las normas aplicables a éstos, y 3) no suponga un conflicto de intereses (art. 57.1, in fine). Como explica el ya mencionado considerando 52, lo anterior significa que la «cooperación entre los administradores concursales no puede en ningún caso ir en detrimento de los intereses de los acreedores de cada uno de los procedimientos, y debe tener por objeto hallar una solución que propicie las sinergias en el seno del grupo». Y, por supuesto, lo expuesto implica que la cooperación debe desarrollarse sin incumplir el régimen legal nacional relativo a los deberes de los administradores concursales. f) Los mismos tres condicionantes se establecen en relación con el deber de cooperación de los órganos jurisdiccionales ante los que se hayan abierto procedimientos de insolvencia de diferentes entidades del mismo grupo (o ante los que se haya presentado una solicitud de apertura de tal procedimiento) y respecto al deber de cooperación entre administradores concursales y órganos jurisdiccionales (arts. 57.1 y 58, último párrafo). g) La cooperación entre administradores concursales y entre órganos jurisdiccionales puede formalizarse a través de conclusión de acuerdos o protocolos. Cabe recordar que, según el considerando 49, «los administradores concursales y los órganos jurisdiccionales han Análisis GA&P | Julio 2015 5 de poder celebrar acuerdos y protocolos destinados a facilitar la cooperación transfronteriza entre procedimientos de insolvencia múltiples en distintos Estados miembros que afecten al mismo deudor o a miembros del mismo grupo de sociedades, cuando ello sea compatible con las normas aplicables a cada uno de los procedimientos. Dichos acuerdos y protocolos pueden variar en cuanto a su forma, que puede ser escrita u oral, y a su ámbito de aplicación, que puede variar, de gené- rico a específico, y pueden ser suscritos por diferentes partes. Los acuerdos gené- ricos simples pueden insistir en la necesidad de una cooperación estrecha entre las partes, sin referirse a cuestiones específicas, mientras que los acuerdos específicos, más detallados, pueden establecer un marco de principios que rijan los distintos procedimientos de insolvencia y pueden ser aprobados por los órganos jurisdiccionales que intervengan, cuando el derecho nacional así lo requiera. Pueden reflejar el acuerdo entre las partes para adoptar o no adoptar determinadas medidas o acciones». En la práctica se conocen supuestos de acuerdos o protocolos no vinculantes que funcionan a modo de códigos de conducta y que, en la medida en que concretan el contenido esperable o generalmente aceptado del deber de cooperar, pueden llegar a ser relevantes a la hora de determinar si un administrador concursal ha infringido o no el genérico deber de cooperación impuesto por el reglamento cuando la no adecuación de su comportamiento al contenido del protocolo resulta falta de justificación. h) El reglamento no se ocupa de regular la responsabilidad de los administradores concursales por el incumplimiento de sus deberes de cooperación. Esta cuestión queda así remitida a la legislación nacional aplicable al procedimiento de insolvencia en el cual el afectado haya sido nombrado administrador concursal. i) Finalmente, debe destacarse que los costes que las medidas de cooperación y de comunicación comentadas ocasionen al administrador concursal o al órgano jurisdiccional se considerarán costas y gastos del procedimiento correspondiente (art. 59). Lo mismo sucede con los costes derivados de las medidas previstas en el artículo 60 del reglamento, a las que haremos referencia de forma inmediata (infra, 2.2.2). 2.2.2. Facultades del administrador concursal Para los miembros de un grupo de sociedades que no participen en un procedimiento de coordinación de grupo (vid. infra, 2.3.3), el reglamento prevé también mecanismos alternativos que faciliten alcanzar el objetivo de una reestructuración coordinada del grupo (considerando 60). Estos mecanismos se concretan en la atribución, por el artículo 60 del reglamento, de determinadas facultades a los administradores concursales de los procedimientos de insolvencia relativos a una sociedad integrada en un grupo (facultades que se les reconocen Análisis GA&P | Julio 2015 6 «en la medida adecuada para facilitar la eficaz administración del procedimiento»). Así, de un lado se les conceden el derecho de ser oídos en cualquiera de los procedimientos abiertos respecto de otros miembros del mismo grupo y el de solicitar el comienzo de un procedimiento de coordinación de grupo (infra, 2.3.2). De otro lado, y probablemente esto resulta más llamativo, se les faculta para solicitar la suspensión de cualquier medida relacionada con la realización de elementos del activo en los procedimientos abiertos respecto de otras entidades pertenecientes al mismo grupo. Esta última posibilidad merece alguna consideración adicional. En efecto, téngase en cuenta que el órgano jurisdiccional ante el que se sustancie el procedimiento de alguna de cuyas actuaciones se pide la suspensión ordenará ésta siempre que considere que concurren las siguientes condiciones: a) que se haya propuesto, al amparo del artículo 56.2c del reglamento (y para todos o algunos de los miembros del grupo sometidos a procedimientos de insolvencia), un plan de reestructuración coordinado elaborado por los administradores concursales que tenga posibilidades razonables de éxito (vid. supra, 2.2.1, sub b); b) que dicha suspensión sea necesaria para garantizar la adecuada realización del plan de reestructuración; c) que el plan de reestructuración redunde en beneficio de los acreedores en el procedimiento para el que se solicite la suspensión, y d) que ni los procedimientos de insolvencia para los que haya sido nombrado el administrador concursal solicitante ni los procedimientos en los que se haya solicitado la suspensión estén sometidos a un «procedimiento de coordinación» (vid. infra, 2.3). En todo caso, el órgano jurisdiccional podrá exigir al administrador concursal solicitante que adopte las medidas apropiadas (de entre las previstas en la legislación nacional) para garantizar los intereses de los acreedores del procedimiento cuyas actuaciones relativas a la realización de los activos se pretenden suspender. La suspensión tendrá la duración inicial que el órgano jurisdiccional considere adecuada, pero en ningún caso superior a tres meses (si bien podrá prorrogarse el plazo, siempre que se sigan cumpliendo las condiciones antes señaladas y que la duración total de la suspensión —plazo inicial más prórrogas— no exceda de seis meses). 2.3. Mecanismos de coordinación (el llamado procedimiento de coordinación de grupo) 2.3.1. Observaciones generales Según señala el considerando 54 del reglamento, «deben establecerse normas procesales sobre la coordinación de los procedimientos de insolvencia de miembros de un grupo de sociedades para mejorar la coordinación de dichos procedimientos y para permitir la reestructuración coordinada del grupo. Dicha coordinación, que debe estar orientada a su eficiencia, debe respetar a la vez la personalidad jurídica propia de cada miembro del grupo». A estos efectos, el Reglamento 2015/848 regula lo que denomina el «procedimiento de coordinación de grupo». La idea es contar con una herramienta que permita que los procedimientos de insolvencia abiertos en diferentes Estados a distintas sociedades integradas en un grupo puedan tramitarse de manera coordinada. Esta coordinación se establece Análisis GA&P | Julio 2015 7 exclusivamente en el nivel de los administradores concursales (no de los órganos jurisdiccionales); se articula, como luego se verá, sobre bases estrictamente voluntarias y pivota sobre la figura del «coordinador». El inicio de un «procedimiento de coordinación» comportará, entre otras consecuencias, el nombramiento de un coordinador del grupo, el cual elaborará las recomendaciones oportunas para la sustanciación coordinada de los procedimientos de insolvencia y propondrá un «plan de coordinación» en el que se determinará, se describirá y se recomendará un conjunto completo de medidas adecuadas para un planteamiento integrado de la resolución de la insolvencia de los miembros del grupo (art. 72.1). 2.3.2. Procedimiento El procedimiento de coordinación de grupo habrá de dar comienzo mediante resolución judicial. A este propósito, los artículos 60.1c y 61.1 del reglamento facultan a cualquier administrador concursal de un procedimiento de insolvencia abierto con respecto a una sociedad de un grupo para solicitar la apertura de un procedimiento de coordinación ante cualquier órgano jurisdiccional competente para conocer de un procedimiento de insolvencia relativo a uno de los miembros del grupo2. La solicitud se formulará de conformidad con las condiciones establecidas por la normativa aplicable al procedimiento en el que se haya nombrado al administrador concursal (art. 61.2), lo que implica que, cuando la ley aplicable a la insolvencia así lo requiera, el administrador concursal deberá obtener la pertinente autorización antes de presentar la solicitud. El solicitante deberá especificar los elementos esenciales de la coordinación que se pretende llevar a cabo. Según el artículo 61.3 del reglamento, la solicitud deberá acompañarse de lo siguiente: a) Una propuesta sobre quién ha de desempeñar la función de coordinador de grupo en la que se proporcionarán detalles sobre su idoneidad (es decir, sobre su «elegibilidad» para el cargo según el artículo 71 —infra, 2.3.4—) y acerca de su cualificación. A ello deberá añadirse la conformidad escrita del coordinador propuesto para actuar como tal en caso de ser designado. b) Las directrices de la propuesta coordinación de grupo, con expresión de las razones por las que se considera que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 63.1 del reglamento, a saber: 1) que el inicio del procedimiento de coordinación resulta adecuado 2 No obstante, cuando al menos dos tercios de todos los administradores concursales nombrados en procedimientos de insolvencia de los miembros del grupo hayan acordado que un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro que sea competente es el más adecuado para el inicio del procedimiento de coordinación de grupo (por ejemplo, por ser en ese Estado donde la compañía matriz tiene su centro de intereses principales), dicho órgano jurisdiccional tendrá competencia exclusiva, de tal forma que todo órgano jurisdiccional distinto del acordado se inhibirá a favor de éste (art. 66). La referida elección de foro puede efectuarse hasta el momento en que recaiga la resolución judicial de inicio del procedimiento de coordinación, lo que significa que, en tal hipótesis, decaerá la competencia del órgano jurisdiccional ante el que (en su caso) se hubiera presentado previamente una solicitud de inicio de procedimiento de coordinación. Se altera así, para ese concreto supuesto de elección de foro por una mayoría reforzada de los administradores concursales, la regla de prioridad del artículo 62 del reglamento. Análisis GA&P | Julio 2015 8 para facilitar la eficaz administración de los procedimientos de insolvencia relativos a los distintos miembros del grupo; 2) que no resulta probable que un acreedor de alguno de los miembros del grupo cuya participación en el procedimiento esté prevista resulte perjudicado económicamente por la inclusión de dicho miembro en el procedimiento de coordinación, y 3) que el coordinador propuesto cumple los requisitos establecidos en el artículo 71 del reglamento (vid. infra, 2.3.4). c) Una lista de los administradores concursales nombrados en relación con los miembros del grupo y, en su caso, de los órganos jurisdiccionales y autoridades competentes en los procedimientos de insolvencia de dichas entidades. d) Un presupuesto de los costes estimados de la coordinación de grupo propuesta y la previsión de la parte de dichos costes que deba pagar cada miembro del grupo3. Una vez presentada la solicitud, el órgano jurisdiccional (siempre que estime que se reúnen las condiciones que se acaban de señalar supra sub b comunicará lo antes posible la presentación de aquélla (así como la identidad del coordinador propuesto) a los administradores concursales de las sociedades del grupo indicados en la solicitud. Una vez transcurrido el plazo de treinta días con el que cuentan los administradores concursales para oponerse a la inclusión en el ámbito de la coordinación del procedimiento de insolvencia en el que han sido nombrados o a la persona propuesta como coordinador (infra, 2.3.3), el órgano jurisdiccional competente acordará el comienzo del procedimiento de coordinación de grupo siempre que se den las circunstancias ya conocidas recogidas en el artículo 63.1 del reglamento (art. 68.1). A este respecto, el considerando 57 de la misma norma recuerda que los procedimientos de coordinación deben procurar en todo momento facilitar la eficaz administración de los procedimientos de insolvencia de los miembros del grupo y tener un impacto globalmente positivo para los acreedores. De ahí la previsión de que el órgano jurisdiccional ante el que se haya solicitado el inicio de un procedimiento de coordinación de grupo evalúe esos criterios con anterioridad a la apertura de dicho procedimiento. En la resolución de apertura se designará un coordinador, se resolverá sobre las directrices de coordinación y se decidirá sobre la estimación de los costes y la parte que deben pagar los miembros del grupo (la resolución se comunicará a los administradores concursales —a los nombrados en procedimientos de insolvencia afectados por la coordinación— y al propio coordinador). 2.3.3. Oposición de los administradores concursales (procedimientos 2 Aunque en este lugar no es posible entrar en detalles sobre la cuestión, debe resaltarse que la estimación de los costes (tanto la inicial efectuada en la solicitud, como la fijada en la resolución judicial de apertura del procedimiento de coordinación) es tomada en consideración por el reglamento al regular las situaciones que se generan cuando se prevé un incremento significativo de los costes (art. 72.6) o cuando se formula oposición a la relación final de costes y a su distribución entre los miembros del grupo (art. 77.4). Análisis GA&P | Julio 2015 9 de insolvencia que quedan al margen del procedimiento de coordinación) El procedimiento de coordinación no puede imponerse coactivamente. Sin perjuicio de lo que luego se dirá acerca de la posibilidad de «adhesión subsiguiente», sólo los procedimientos de insolvencia cuyos administradores concursales no se hayan opuesto quedarán incluidos en el ámbito de la coordinación. En efecto, según indica el considerando 56 del Reglamento 2015/848, a fin de garantizar el carácter voluntario de los procedimientos de coordinación de grupo, debe darse a los administradores concursales de que se trate un plazo para poder oponerse a participar en ellos. Y así lo hace el artículo 64, que concede a los administradores concursales de cualquier miembro del grupo de sociedades un plazo de treinta días para oponerse a a) la inclusión del procedimiento de insolvencia para el que hayan sido nombrados en el procedimiento de coordinación de grupo, o b) a la designación como coordinador de la persona propuesta a tal efecto. Literalmente, el apartado 2 del artículo 64 fija como dies a quo del cómputo del plazo de treinta días la fecha de la recepción de la comunicación judicial de comienzo del procedimiento de coordinación. Sin embargo, la lógica del sistema y, sobre todo, lo establecido en el artículo 68.1, obligan a entender que el plazo contará desde la comunicación de la presentación de la solicitud de inicio del procedimiento del artículo 63.1. Si un administrador concursal se opone a la inclusión en el procedimiento de coordinación del procedimiento de insolvencia en cuyo seno ha sido designado, dicho procedimiento de insolvencia quedará al margen de la coordinación (art. 65.1). Esto quiere decir que ni las actuaciones del órgano jurisdiccional que ordene la apertura del procedimiento de coordinación ni las del coordinador de grupo podrán afectarlo (en especial, de la coordinación acordada no se derivará coste alguno para el procedimiento de insolvencia que queda al margen del procedimiento de coordinación: art. 65.2). Ideas que se confirman en el artículo 72.4 del reglamento, según el cual «las funciones y derechos del coordinador definidos en el presente artículo no se extenderán a ningún miembro del grupo que no participe en el procedimiento de coordinación de grupo». Si un administrador concursal de una entidad del grupo sometida a un procedimiento de insolvencia se opone sólo a la designación como coordinador de la persona propuesta por el solicitante, el órgano jurisdiccional podrá abstenerse de nombrar a dicha persona y podrá invitar al administrador concursal que se haya opuesto a que formule él una nueva solicitud de inicio del procedimiento (art. 67). Dicha solicitud habrá de acompañarse, de conformidad con las reglas generales, de los documentos previstos en el artículo 61.3 ya señalados previamente (supra, 2.3.2). Según lo expresado en el considerando 56, un administrador concursal que se haya opuesto en un principio a participar en el procedimiento de coordinación de grupo debe conservar la facultad de solicitar más adelante su inclusión en él. A esta idea responde el artículo 69 del reglamento, que lleva por rúbrica «Adhesión subsiguiente de administradores Análisis GA&P | Julio 2015 10 concursales». Ahora bien, esta posibilidad de solicitar —con posterioridad a la resolución judicial de inicio del procedimiento de coordinación— la inclusión del procedimiento de insolvencia en el de coordinación no se circunscribe en el reglamento a los casos en los que se hubiera formulado previamente oposición a dicha inclusión (art. 69.1a), sino que se extiende también a los supuestos en los que el procedimiento de insolvencia en cuestión se haya abierto después del inicio del procedimiento de coordinación (art. 69.1b). Si una solicitud de este tipo llegara a formularse, el coordinador deberá tomar una decisión, que podrá ser favorable a la solicitud si se da alguna de las siguientes circunstancias: a) que el coordinador considere que, teniendo en cuenta la fase en la que se encuentra el procedimiento de coordinación de grupo en el momento de la solicitud, se cumplen los criterios establecidos en el artículo 63, apartado 1, letras a y b (ya mencionados supra, 2.3.2); b) que todos los administradores concursales implicados consienten la inclusión solicitada. El órgano jurisdiccional y los administradores concursales, incluido el solicitante, serán informados de la decisión del coordinador y de las razones de ésta. Todo administrador concursal implicado o todo administrador concursal cuya solicitud de inclusión en el procedimiento de coordinación de grupo haya sido denegada podrá impugnar la decisión ante el órgano jurisdiccional que haya dado comienzo al procedimiento de coordinación de grupo (art. 69.4). 2.3.4. El estatuto del coordinador de grupo La pieza fundamental del procedimiento de coordinación es el coordinador de grupo. Este nombramiento no puede recaer en ninguno de los administradores concursales de las sociedades integradas en el grupo. Ni, obviamente, en quien se encuentre en una situación de conflicto de intereses con tales sociedades, con sus acreedores o con cualquiera de los administradores concursales (art. 71.2). Por lo demás, el coordinador de grupo deberá reunir las condiciones establecidas en la legislación de un Estado miembro para ser nombrado administrador concursal (art. 71.1). Como se apuntó más arriba, el coordinador deberá determinar y elaborar las recomendaciones para la sustanciación coordinada de los procedimientos de insolvencia y proponer un plan de coordinación de grupo que recoja y recomiende un conjunto completo de medidas adecuadas para un planteamiento integrado de la resolución de la insolvencia de los miembros del grupo (por ejemplo, medidas dirigidas a restablecer el rendimiento económico y la solidez financiera del grupo o de una parte de éste, a articular mecanismos de resolución de controversias en el seno del grupo en lo tocante a las transacciones internas y a las acciones revocatorias o relativas a los acuerdos que se hayan de alcanzar entre los administradores concursales de los miembros del grupo insolventes). Ha de subrayarse que el plan de coordinación no incluirá recomendación alguna sobre la consolidación de los procedimientos o de las masas (art. 72.3), lo que demuestra que la coordinación entre procedimientos de insolvencia de las entidades del grupo nunca puede llegar a tal grado de «integración». El coordinador cuenta con otras facultades, enunciadas en el Análisis GA&P | Julio 2015 11 Para más información consulte nuestra web www.gomezacebo-pombo.com, o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@gomezacebo-pombo.com. Barcelona | Bilbao | Madrid | Valencia | Vigo | Bruselas | Lisboa | Londres | Nueva York artículo 72.2 del Reglamento, entre las que caben destacar las siguientes: a) ser oído y participar (en particular asistiendo a las reuniones de la junta de acreedores) en cualquiera de los procedimientos abiertos respecto de cualquier miembro del grupo; b) solicitar información de cualquier administrador concursal respecto de cualquier miembro del grupo cuando dicha información sea o pueda ser de utilidad para determinar y elaborar las estrategias y medidas destinadas a coordinar los procedimientos; c) solicitar la suspensión, por un periodo máximo de seis meses, del procedimiento abierto respecto de cualquier miembro del grupo (siempre que dicha suspensión sea necesaria para garantizar la adecuada ejecución del plan de coordinación y redunde en beneficio de los acreedores en el procedimiento para el que se solicite la suspensión) o solicitar el levantamiento de cualquier suspensión en curso. El reglamento se ocupa también de la revocación del coordinador (art. 75), de su retribución (que irá a cargo de los miembros del grupo sometidos al procedimiento de coordinación y que podrá ser discutida por los administradores concursales en los términos del artículo 77) y de las lenguas en las que el coordinador se comunicará con los administradores concursales y con el órgano judicial (art. 73). Impone, además, un deber de cooperación recíproca entre los administradores concursales y el coordinador de grupo (art. 74). 2.3.5. El alcance de la coordinación: el valor de las recomendaciones y del plan de coordinación De conformidad con el artículo 70.1 del reglamento, en su tarea de gestión de los procedimientos de insolvencia, los administradores concursales tendrán en cuenta las recomendaciones del coordinador y el contenido del plan de coordinación de grupo (a unas y al otro ya se ha hecho referencia previamente: supra, 2.3.4). Ahora bien, los administradores concursales de las entidades incluidas en el procedimiento de coordinación no se encuentran obligados a seguir, ni total ni parcialmente, las recomendaciones del coordinador ni el plan de coordinación de grupo (art. 70.2). No obstante, en caso de que alguno de ellos se aparte de tales indicaciones, habrá de indicar los motivos que justifican tal conducta a las personas u organismos a los que deba informar con arreglo a su derecho nacional, así como al coordinador.