Source: https://www.scribd.com/document/343220582/15-Ministerio-Pc3bablico-Sujeto-Proc-c-a-Jjv
Timestamp: 2018-12-14 13:10:57
Document Index: 20506565

Matched Legal Cases: ['artículo 544', 'artículo 16', 'artículo 14', 'artículo 159', 'Artículo 159', 'artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 38', 'artículo 11', 'artículo 14']

Ministerio Publico- Sujeto Procesales
Unidad 8 Principios Procesales
1. La Pretensión Procesal 2014
Proceso y Procedimiento Por Joaquín Rojas (2)
CONCEPTOS BÁSICOS DEL DERECHO PROCESAL CIVILI,II,III
PROCESO ADMINISTRATIVO FASES.docx
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Mi Perú Lindo
Representacion Del Relieve Lineal y Superficial Expo
“El Ministerio Público como sujeto del Proceso contencioso-administrativo.
Fundamentos, problemática y oportunidades del Ministerio Público en materia
procesal administrativa”. En: Revista Jurídica del Perú, Gaceta Jurídica, T. 138,
agosto 2012, pp. 93-112.
EL MINISTERIO PÚBLICO COMO SUJETO DEL PROCESO CONTENCIOSO
Fundamentos, problemática y oportunidades de la intervención del Ministerio Público en
materia procesal administrativa
I. Ideas preliminares; II. Las funciones del Ministerio Público y el Proceso
Contencioso Administrativo; III. Los problemas de la intervención del Ministerio
Público; IV. Los riesgos para la intervención del Ministerio Público;
V. Oportunidades, alternativas y nuevas razones; VII. Ideas finales.
Todos sabemos que el Ministerio Público emite dictamen en los procesos
contencioso-administrativos, pero, ¿tenemos claro qué es el dictamen?, ¿sabemos para
qué sirve? Para algunas de las personas que empiezan a leer éste trabajo, tales
interrogantes quizá merezcan respuestas tan obvias como que “es un proyecto de
sentencia”, el cual “sirve para ilustrar al Juez o a la Sala”. Respuestas como estas,
tradicionalmente asumidas, parten de dos premisas erradas: la primera, es insistir en ver al
proceso contencioso-administrativo como una especie de proceso civil; la segunda, es
atribuir al Ministerio Público un rol pasivo al interior de los procesos contencioso-
administrativos. Tales premisas, ignoran los fundamentos del dictamen fiscal en materia
procesal administrativa, no relevan la importancia de dicha intervención procesal, y
El autor es Abogado y Magíster en Derecho Civil, Título y Grado conferidos por la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos. Es profesor del curso de Derecho Procesal Administrativo en la Unidad de Postgrado de
la misma Universidad. Es autor de los libros “Comentarios a la Ley del Proceso Contencioso Administrativo”
(Ediciones Legales, 2010), “Jurisprudencia Contencioso-Administrativa Comentada” (Jurista Editores, 2011) y
de varios artículos sobre Derecho Procesal Administrativo y Derecho Administrativo, publicados en la Revista
Jurídica del Perú, Revista Peruana de Derecho Procesal, Actualidad Jurídica, Gaceta Constitucional, entre
N. del A. En otra oportunidad (“Significado y el empleo de la expresión contencioso-administrativo”. En:
Revista Actualidad Jurídica, Gaceta Jurídica, T. 137, Lima, abril 2005, pp. 195-198), hemos expuesto las
razones por las cuales discrepamos con el uso de la referida expresión. En el presente trabajo, sin embargo, la
empleamos, en estricto respeto a la normatividad vigente.
obviamente, pasan por alto los problemas existentes alrededor de dicha función. Pero
Un análisis más interesado en el tema propuesto –pero no por ello menos
tradicional-, podría llevarnos a afirmar que, la referida intervención del Ministerio Público,
es la expresión de su rol dictaminador, uno de los tres que le reserva el Código Procesal
Civil (en adelante CPC). Podríamos decir también, que se trata de una competencia que
cumple tal organización a través de órganos pertenecientes a sus tres niveles jerárquicos
(Fiscalías Provinciales, Superiores y Supremas), en una materia con cada vez más carga
procesal. Pensamos, sin embargo, que ha llegado la hora de hablar del tema en una forma
En primer lugar, desde el 15 de abril del año 2001, el otrora proceso de
“impugnación de acto o resolución administrativa”, y el modelo de nulidad o de “proceso al
acto” que representaba, regulados entre los artículos 540 y 545 del CPC, fueron
reemplazados por la Ley N° 27584, Ley del Proceso Contencioso Administrativo (en
adelante LPCA), que formuló el modelo de “plena jurisdicción”, y constituyó a dicho
proceso como el objeto de una especial forma de jurisdicción ordinaria: la Jurisdicción
Administrativa. Surge así en el Perú una nueva disciplina procesal: el Derecho Procesal
Administrativo, la cual compromete una renovación de todas las conceptualizaciones a ésta
vinculadas –sean de origen sustancial o procesal-, invita a un desarrollo teórico de la
misma, e impone una nueva práctica; todo ello a partir de conceptos de Derecho
Constitucional, Derecho Administrativo y Derecho Procesal.
En segundo lugar, bajo el cobijo del nuevo instrumento procesal, las necesidades
de justicia fueron manifestándose a través de nuevas formas de demandar tutela judicial
contra la Administración, apareciendo nuevos tipos de cuestionamientos contra ésta, y
dentro de cada uno, un creciente número de demandas.1 Así, la aplicación de las normas
reguladoras de las diversas entidades administrativas, ha obligado a clasificar y sub-
clasificar las materias administrativas objeto de estudio en los procesos contencioso-
administrativos, y ha generado el surgimiento de sub-especializaciones temáticas a su
interior. No sólo la carga procesal es creciente, sino también la diversidad de materias
administrativas por resolver: la dificultad que ofrece la materia, resulta extraña frente a lo
antes visto en nuestro ordenamiento jurídico.
En tercer lugar, el llamado “modelo de plena jurisdicción” que recoge la nueva
legislación, implica el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado respecto de todas las
formas de actividad administrativa existentes, y el pronunciamiento sobre los diversos
derechos e intereses que puedan existir en relación a tal variada actividad. Nos referimos a
un verdadero mar de nociones y categorías de Derecho Administrativo, llamado a
complicarse con la carga procesal y la variedad temática antes anunciada.
Si además de los tres puntos indicados, consideramos que el Ministerio Público
dispone de un plazo de sólo 15 días para emitir su dictamen, podemos afirmar que, su rol
de sujeto procesal al interior del Proceso contencioso-Administrativo, constituye un tema de
importancia institucional, que compromete el presente y el futuro de uno de los segmentos
de tal organización; cuyo éxito o fracaso redundará en un gran impacto sobre las otras
áreas de la institución, el cual, pareciera, nadie se anima a apreciar.
Para presentar, explicar y estudiar los temas propuestos, empezaremos
refiriéndonos a las funciones del Ministerio Público y a los fundamentos de su intervención
en materia procesal administrativa; continuaremos, ingresando en la problemática
Debe tenerse presente que, en la actualidad, la pretensión de nulidad de actos administrativos -tradicional en
materia procesal administrativa-, es la que aún reúne la gran mayoría de demandas. La renovación conceptual y
la variedad temática asociadas al nuevo modelo de plena jurisdicción -las cuales desarrollamos en el presente
trabajo-, comprometen algún tiempo para su difusión, y por ahora, están evitando la proliferación de carga
procesal respecto a las otras pretensiones.
seguidamente. para luego analizar los riesgos que éstos problemas implican. 2 Publicado el 18 de marzo de 1981. que derogó dicho proceso y lo reemplazó por el mucho más amplio “Proceso contencioso- administrativo”. encargos estos en su totalidad relacionados a otras normas y valores de rango constitucional. o a petición de parte. (…). se ha interpretado y resumido las mismas.Corresponde al Ministerio Público: 1. El Ministerio Público peruano como contralor jurídico. Promover de oficio. puntualmente. 6. se cumple dentro de un escenario en particular: la actividad jurisdiccional. aparece desarrollado en la Ley Orgánica del Ministerio Público. en tales casos. La LPCA. el sustento de la participación del Ministerio Público no surge de la citada ley especial. contenida en el artículo 544. 1.El Ministerio Público es el organismo autónomo del Estado que tiene como funciones principales la defensa de la legalidad. y terminaremos ofreciendo las conclusiones de nuestro trabajo. Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia. (…). Dicha función. Normativamente hablando. La norma constitucional transcrita. Tradicionalmente. el Ministerio Público.. II LAS FUNCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Y EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. existía uno denominado como proceso de “Impugnación de acto o resolución administrativa”. Una de sus reglas. dentro del ejercicio por el Poder Judicial de la función jurisdiccional. En un Estado constitucional de derecho. Todo lo dicho hasta aquí. recogida luego en el artículo 16 del Texto Único Ordenado de la LPCA (en adelante TUO LPCA). 2. sin embargo.. la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho. señalaba que. Entre los procesos abreviados del CPC. corresponde hablar de defensa del ordenamiento jurídico en su totalidad (partiendo desde la propia Constitución). señalando que el Ministerio Público interviene en “defensa de la legalidad”. los derechos ciudadanos y los intereses públicos. enumera las competencias del Ministerio Público. el Ministerio Público emitía dictamen.suscitada en torno a dicha participación procesal. presentaremos las oportunidades. conservó la intervención dictaminadora del Ministerio Público en su artículo 14. 3 . También velará (…) por la independencia de los órganos judiciales y la recta administración de justicia y las demás que le señalan la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico de la Nación”. (…)”. alternativas y nuevas razones que asisten a la intervención del Ministerio Público. aprobada por Decreto Legislativo N° 052. Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla. defiende los intereses públicos y vigila la independencia de los jueces. cuyo artículo 159 contempla lo siguiente: “Artículo 159. sino de la Constitución Política de 1993.2 cuyo artículo 1 nos dice que: “Artículo 1. Es en dicho ámbito que. vela por el respeto al ordenamiento jurídico.
dicho modelo de control democrático nunca fue comprendido en teoría. no corresponde a la visión de contralor jurídico confiada a dicha institución. presentaron al Ministerio Público. Según la propia Constitución. aprobada mediante Decreto Legislativo N° 052. y mucho menos identificaron las variadas herramientas de acción con las que contaban. y a una predominante carga procesal penal. constitucionales. Volviendo a lo nuestro. así como su Ley Orgánica. su Ley Orgánica. El Ministerio Público y el Proceso contencioso-administrativo. contempló dicha intervención en varias áreas de la actividad jurisdiccional y no jurisdiccional. Al respecto. el Ministerio Público tenía participación en los procesos penales. llevaron a considerar a ésta materia jurídica. siguiendo autorizada doctrina. sino concreto. cumpliendo funciones semejantes a aquellas confiadas hoy a la Defensoría del Pueblo. como un órgano encargado del control jurídico tanto de la Administración como del Poder Judicial. fallando al momento de ser llevado a la práctica. como aquella que constituía la razón de ser del Ministerio Público en el Perú. el Ministerio Público debe intervenir en cada proceso. dicha entidad fue diseñada como la gran fiscalizadora de la actividad administrativa. Hemos señalado que la LPCA planteó como principal novedad la introducción del modelo procesal de “plena jurisdicción”. sin embargo. permitiendo superar algunas dificultades que él mismo 4 . llevó a que los órganos internos encargados de cumplir tales variadas tareas. Tenemos entonces que. se encontraban los procesos de familia –luego individualizados-. El primero de ellos es el control jurídico de las actuaciones de la Administración pública sujetas al Derecho Administrativo. 2. aunados a la carencia de un plan estratégico institucional. modalidad que cobra especial importancia en el Proceso contencioso-administrativo. que la presencia del Ministerio Público en dicho proceso. la intervención del Ministerio Público no se circunscribe a la materia penal. trascendental como veremos. una de las formas de intervención del Ministerio Público es el dictamen. el mismo que empieza señalando dos fines para dicho proceso. es decir. en realidad. Tales factores. es decir. no es abstracto. Contrariamente a lo que a veces se piensa. tenemos entonces que. a antiguos patrones de gestión de las personas. podemos decir. a la falta de integración entre las áreas de la organización. para cumplir sus funciones. Así. Ello. hoy procesos contencioso- administrativos). Desde sus orígenes. y civiles (entre los cuales. se desarrolla caso por caso. y los procesos de “Impugnación de acto o resolución administrativa”. es necesaria para garantizar plenamente la sumisión de la Administración al Derecho. nunca tuvieran totalmente cuenta del gran ámbito de acción confiado a la institución. Lamentablemente. Sobre la actividad no jurisdiccional. la Constitución Política de 1993. El quehacer judicial. control que debía cumplirse de manera concurrente a la actividad objeto de su observación. en el Perú. consiste en la intervención del Ministerio Público en los distintos procesos en los cuales se deba garantizar tanto el cumplimiento del ordenamiento jurídico (en línea a lo dispuesto en el artículo 38 de nuestra actual Constitución Política). Ello. como el ejercicio de la función jurisdiccional respetando los derechos fundamentales y los principios y disposiciones que la regulan. sumado a la presencia de un liderazgo de tipo tradicional y reactivo. reservándole para ello una intervención en cada caso. Entre las primeras. la “acción judicial en defensa de la legalidad” que prescribe la Constitución. el control de la sujeción de la Administración al ordenamiento jurídico administrativo.
ambas finalidades se inscriben entre los valores que emanan de la Constitución. etc. planteada sin discusiones en el derogado proceso de “Impugnación de acto o resolución administrativa” que sólo permitía una clase de pretensión (nulidad de actos administrativos). En cuanto al tema procesal. Con una mayor profundidad.L. entre otros. a la igualdad. jurisdiccional. 2001. y otras menores que cumple éste). en la medida que.4 Expliquemos esto. En cualquiera de los casos. o función soporte de las funciones legislativa. y recurriendo a los principios y normas de diversa jerarquía que resulten aplicables a su interior. a la defensa. GONZALES PÉREZ. vemos que la tarea que cumple el Ministerio Público dentro del Proceso contencioso administrativo.) y/o sobre su aspecto sustancial (proponiendo un sentido resolutivo y exponiendo la motivación suficiente para que el órgano jurisdiccional pueda asumir el mismo). entre ellos: a la tutela judicial. son formas de dicho control la actividad de la Contraloría General de la República. etc. Madrid.3 La segunda finalidad del proceso. 4 Nuestra Constitución política recoge varios de estos mecanismos de control interrórganos. Manual de Derecho Procesal Administrativo. debiendo subsanarse alguna omisión o vicio procesal. 3 ed. entre otros. 155-156. El dictamen mediante el cual se realiza sólo un control procesal. es la de un control interrórganos sobre el Poder Judicial. La competencia del Poder Judicial para controlar la juridicidad de las actuaciones de la Administración. son muchos los casos en los cuales el Ministerio Público identifica a un sujeto no incorporado al proceso. Civitas Ediciones S. contra vías de hecho. es la efectiva tutela de los derechos e intereses de los ciudadanos. Dicho control concurrente del Ministerio Público. consiste en su intervención en cada proceso para emitir opinión respecto a su aspecto procesal (conformación de la relación jurídico procesal. correcta actuación probatoria. poder cuyo ejercicio -al igual que el de cualquier otro poder dentro de un estado constitucional de derecho-. el hallazgo permite al Ministerio Público solicitar al órgano jurisdiccional la subsanación del error advertido. que precisamente las leyes del Proceso contencioso administrativo buscan superar. contra omisiones materiales. Más allá de sus particulares fundamentos y funciones. y para eventualmente dejar sin efectos a estas.. pp. a la actuación probatoria. 3 Cfr. Tanto la opinión sobre el ámbito procesal como de aquel sustancial del proceso son importantes. el Proceso de Inconstitucionalidad. la importancia de actuar un puntual medio probatorio. el trámite continuará hasta la emisión de un nuevo fallo sobre el fondo de la controversia. entre otros. se hace más necesaria e importante en el mucho más amplio modelo de plena jurisdicción. de lo dispuesto en sus artículos 1 (dignidad de la persona). el Proceso Contencioso Administrativo. la cual se cumplirá ingresando en los ordenamientos administrativos sectoriales. haciendo así efectivos tanto su labor contralora de la función jurisdiccional como los derechos de los sujetos administrados. la necesidad de requerir un informe a determinada entidad administrativa. la intervención del Ministerio Público. la falta de notificación de alguna resolución.ofrece como consecuencia de la desigualdad real o de hecho entre las partes. Por otro lado. Como será fácil apreciar. 38 (respeto del ordenamiento jurídico) y 139 inciso 3 (tutela judicial efectiva). recibe coloquialmente el nombre de “dictamen previo”. vicios de nulidad. el cual permite la presentación de hasta cinco tipos de pretensiones diferentes (sumando las de reconocimiento o restablecimiento de derechos e intereses legítimos. la Interpelación Parlamentaria. Jesús.. implica un importante poder capaz de someter a una función del Estado (la función administrativa. cada una de las cuales compromete una diversidad de instituciones del Derecho Administrativo. 5 . y de responsabilidad patrimonial de la Administración o resarcitorias). cumplimiento de los requisitos de procedencia. debe quedar sujeto a controles.
En relación a la función contralora. una de tipo colaboracional con las funciones de dicho poder del Estado. cabe señalar. en la necesidad de seguir produciendo dictámenes. Las personas del Ministerio Público como primer problema. Si vemos que las 14 Fiscalías Provinciales Civiles de Lima emitieron durante el año 2011 un total aproximado de 15. En cuanto al ámbito sustancial. En el área competente laboran mujeres y varones. 6 . diversos grados de conocimiento del Derecho Administrativo. para hacer innecesaria la intervención de un tercer órgano contralor. Hablamos aquí de 1. tenemos entonces que.358 dictámenes. diferentes procedencias académicas. y 5 La estadística mostrada. Sí. así como 80. el órgano estatal que desarrolla dicho proceso y cumple dicho control (Poder Judicial). lo cual -se asume pacíficamente-. que se trata de una característica inmersa en ambas funciones. representa una justificación práctica de la intervención fiscal en el Proceso contencioso-administrativo. se entiende como una manera de respetar la garantía constitucional de independencia que posee el Poder Judicial para emitir sus fallos. Fiscales Provinciales de los Despachos intervinientes por las facilidades brindadas. LOS PROBLEMAS DE LA INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. Sin embargo. como las semanas y los meses. Respecto a la función colaboradora. la problemática del Ministerio Público como sujeto del Proceso contencioso-administrativo. Sobre el carácter no vinculante del dictamen fiscal. 1013 y 1198 dictámenes.30% de todos los expedientes. durante el año 2011. cuyas garantías procesales estaban siendo recortadas en sede judicial. objetivo e imparcial a servicio del Poder Judicial. o en la creciente variedad de materias administrativas objeto de los procesos judiciales. empieza desde las personas que desarrollan su intervención en el mismo. 148 y 112 dictámenes previos en el mismo periodo. Quienes trabajan en el área de la organización dedicada a intervenir en los procesos contencioso-administrativos.582 casos. pensamos que.582 justiciables durante el año 2011.43% de la producción total de dictámenes en las Fiscalías Provinciales Civiles durante el año 2011. y que en la misma unidad de tiempo. Encontramos en este extremo. El autor agradece a los Sres. ¿alguna vez se ha intentado identificarlos con minuciosidad? La respuesta es negativa. es a su vez controlado por otro ente estatal (Ministerio Público). Y los días transcurren. el carácter no vinculante del dictamen que contiene el proyecto de sentencia. sin considerar a las 09 Fiscalías Superiores. se cumple dentro de una variada gama de problemas. debiéndose limitar los alcances de dicha última intervención contralora. III. alcanzaron al 10. se expidieron dictámenes previos en alrededor 1. saben que la tarea de emitir dictámenes fiscales. Antes que en las leyes (que no las produce el Ministerio Público). surge de un muestreo de la información de 3 Fiscalías Provinciales Civiles de Lima. pero que fueron respetadas gracias a la intervención del Ministerio Público. Siendo 14 los Despachos Civiles en mención. de distintas edades. las observaciones procesales efectuadas por el Ministerio Público -a consecuencia de algún vicio procesal o alguna infracción contra los derechos de las partes del proceso-. la muestra utilizada es alta y confiable. radica en no extender irracionalmente los controles interróganos aplicables: si mediante el Proceso contencioso-administrativo se realiza un control al ejercicio de la función administrativa. impediría cualquier reflexión sobre el tema. junto a la función contralora. lo encontramos en relación a las personas. 1. 5 Ello. algunos de los cuales son advertidos. el primer problema. e incluso mencionados con cierta frecuencia. respectivamente. las cuales. alcanzando el 21. El mencionado control procesal. emitieron 1198. y dicha conducta suele justificarse. sin que la problemática sea abordada. el Ministerio Público emite un proyecto de sentencia profesional. la razón de que el dictamen no sea vinculante.
regulados por normas constitucionales. y de responsabilidad patrimonial de la Administración). con la puesta en vigencia en España de la Ley 29/1998 de 13 de julio. reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. ni se les otorgó la debida importancia. ¿Podrá ser reemplazada por otra distinta?. La postura descrita. habiendo sido uno de sus principales efectos el inmenso incremento de la carga procesal. Dichas categorías. persiste hoy. una conducta previsora. sin embargo. habría permitido preparar el futuro. los tipos de notificación. finalidad pública. y que además del único tipo de pretensiones regulado en el CPC (contra actos administrativos). motivación y procedimiento regular). desde el día 05 de julio de 2001 en el cual se publicó el Proyecto de la Ley reguladora del Proceso contencioso-administrativo. Dichas pretensiones. compromiso y alcance de dichas personas en el cumplimiento de sus tareas. compromete temas como sus requisitos de validez (competencia. la nueva norma introduciría cuatro clases de pretensiones más (a favor del reconocimiento y restablecimiento de derechos e intereses. sin perder profundidad y acuciosidad teórica. son la respuesta teórica a la inmensa variedad de situaciones y relaciones jurídico-administrativas que se presentan en cada uno de los sectores organizacionales de la Administración Pública. contenido. Otra actitud. ¿Estaremos preparados para dar una idónea respuesta práctica? En éste punto. confiamos en que sí. guardando silencio la sección institucional encargada de la capacitación de sus miembros. muchas de rango legal. se comprometa en su avance con las manifestaciones prácticas del Derecho Administrativo. también la noción de ineficacia. entre otros. Dicho estilo. de tipo tradicional en las entidades estatales. que dan identidad al modelo procesal de plena jurisdicción. conservación del acto. Faltó una visión a futuro. el Perú. en el Ministerio Público estos hechos no fueron advertidos. La amplitud y la profundidad del modelo procesal “de plena jurisdicción” como segundo problema. Cada una de estas. Todo ello. 2. cabe señalar que. en el cual encuentran fundamento las distintas pretensiones contenidas en las demandas. fue implantado en dicho país el modelo de plena jurisdicción. a su turno. cada uno de los cuales a su vez involucra un número indeterminado de tópicos. Pese a la publicidad de dicho proyecto legislativo. hablar de “acto administrativo”. contra omisiones de la Administración. genera diferentes niveles de atención. Un problema intrínseco al Derecho Administrativo. está representado por la inmensa variedad de categorías administrativas vinculadas a los procesos en los cuales el Ministerio Público debe dictaminar. Veamos. con la única diferencia que conocemos su conceptualización sólo de manera parcial. El mencionado desarrollo ha existido. contra vías de hechos. pero aislado del indicado compromiso: la doctrina peruana ha 7 . aparecen incluidas en la LPCA y en el TUO LPCA. Así por ejemplo. Ya en nuestro país. arrastran distintos temas. tiene virtudes y defectos. es cierto aspecto del estilo gerencial de nuestra organización. uno de éstos últimos se encuentra comprometido con la intervención del Ministerio Público en materia procesal administrativa. ha adolecido de un desarrollo doctrinario y académico que. Un segundo problema relacionado a las personas. sólo para la primera de las cinco nuevas pretensiones. y un sin número de carácter reglamentario. así como la prudencia de identificar potenciales riesgos.disímil preferencia por dicha materia sustancial. Y todo eso. variables que intervienen diariamente en los quehaceres de los grupos de trabajo. El año 1998. y que no han merecido algún tipo de medición. su Exposición de Motivos y sus primeros artículos daban noticia de que dicho modelo sería implantado en el Perú.
En primer lugar. La variada problemática antes presentada. compromiso y alcance de los integrantes del área en el cumplimiento de sus tareas. en el área competente para emitir dictámenes en los procesos contencioso-administrativos.trabajado sin atender a la información generada por la intervención del Poder Judicial y del Ministerio Público en materia procesal administrativa. a diario cuestiona el conocimiento. y para la defensa de sus competencias. la doctrina no ha logrado retroinformar a tales sujetos procesales acerca de sus aciertos y errores. la falta de difusión de dicho logro. no es otra que la correspondiente a las personas que la integran. y disímil preferencia por dicha materia sustancial. impone la necesidad de observar de manera dinámica tales problemas. emitiendo sus dictámenes dentro del mismo. En efecto. Dicho plazo. Una problemática especial. pese a su carácter de mero indicador cuantitativo. IV. Su corporalidad. Dicho de otra forma. Estas constituyen un primer ámbito institucional sujeto a riesgos. ello. áreas o sectores que implican riesgos en la intervención procesal administrativa del Ministerio Público? 1. corta la comunicación entre sus miembros. diferentes procedencias académicas. en el mediano plazo. el plazo siembra el stress en nuestras oficinas. todo lo cual provoca diferentes niveles de atención. no existen escritos que -con rigor científico e independencia-. complica cuantitativa y cualitativamente toda la intervención del Ministerio Público en dicha especialidad procesal. el Decreto Legislativo N° 052 y una diversidad de normas. el Ministerio Público es una entelequia. es aquella que plantea la regulación de un plazo de 15 días para emitir dictamen. Los riegos en materia de gestión de personas. para el efectivo cumplimiento de sus fines. en el largo plazo. equivale a su no obtención. Sin embargo. la experiencia. sirve para cuestionar la participación del Ministerio Público en materia procesal administrativa. ante los ojos de la opinión pública. aquella que se cumple diariamente de manera casi mecánica en cada proceso contencioso-administrativo que llega a los Despachos Fiscales. De esa manera. En el corto plazo. para su integridad institucional. critiquen y corrijan la intervención judicial o fiscal. Cabe entonces preguntarnos. sin embargo. se trata de aspectos de fondo que no han sido objeto de alguna 8 . LOS RIESGOS PARA LA INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. trabajan personas de distintas edades. Dicho cuestionamiento. obliga a someter a una reflexión la tarea de dictaminar. Es entonces por dichas personas por las cuales debemos empezar. orienten. de la cual hablan la Constitución Política. 3. En segundo orden. ¿cuáles son los temas. En tercer lugar. impone una agenda acerca del tema. y sabotea cualquier intención individual o grupal por organizar el trabajo. en búsqueda de su sentido y de su importancia para los sujetos administrados y para el Ministerio Público. la rapidez y la redacción de muchos de los miembros del área organizacional comprometida con el Proceso contencioso- administrativo. Hemos señalado que. apreciando en ellos verdaderos riesgos para la imagen del Ministerio Público. diversos grados de conocimiento del Derecho Administrativo. expliquen. introducido por el Decreto Legislativo N° 1067. se formula aún pese a que el Ministerio Público ha logrado dar cumplimiento al plazo. Como organización. El plazo de 15 días para dictaminar como tercer problema. nos lleva a pensar acerca de lo bien o mal que se está cumpliendo con dicha misión institucional.
así como la conveniencia de implementar éste último. participaron en la encuesta. es necesario conocer antes de implementar cualquier plan de capacitación. de las cuales 3 preguntas apuntaron al tema de la capacitación del personal del área. La Disposición citada. los ambientes de trabajo. como uno de los procesos de la política de gestión del potencial humano al interior de una organización. identifique alguna iniciativa. cabe señalar un trabajo de campo que realizamos en agosto del año 2010. no se limita a la elaboración ordenada y cíclica de cursos. de manera previa a la realización de cualquier intervención capacitadora. Sólo después de identificar dichos elementos. la especialización de su área. 8 El autor expresa su agradecimiento a Kely Córdova Moncada. a partir de variables como el interés de los trabajadores. que empieza investigando cuáles son las necesidades de capacitación del personal. se resaltó la necesidad de levantar información acerca de las necesidades de capacitación del área interviniente en materia procesal administrativa. Además. fue presentado ante la Escuela del Ministerio Público mediante Oficio N° 67-2010-1°FPCL-MP-FN del día 12 de agosto de 2010. y en cada uno. y a las Salas Superiores cómo órganos de segunda instancia.7 De los 14 Despachos existentes. 7 Ley publicada el 28 de mayo de 2009. El autor. los fines de la organización. por su colaboración en la elaboración del instrumento de medición aplicado. encuestamos a 2 personas: al Fiscal Provincial y al servidor administrativo con mayor tiempo en la oficina. reservó a la Corte Suprema un rol casatorio. se elabora un plan de capacitación. La capacitación. dado su carácter teórico/práctico. conferencias o charlas al personal de la institución. Licenciada en Psicología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. los recursos materiales. con interesantes conclusiones. señalando a los Juzgados como órganos de primera instancia para todos los procesos de la especialidad. nos interesó encuestar a personal tanto Fiscal como administrativo. La capacitación. 9 . y que sin embargo. Ello. tomamos como muestra a 7 de ellos.6 También en relación al mismo tema. su compromiso directo con las labores del área.. también agradece a los 7 señores Fiscales y a los 7 señores trabajadores administrativos que. lo cual aparece así regulado en la Segunda Disposición Modificatoria. Sobre el tema de la capacitación. presentaron ante la Sección institucional competente. En dicho documento. indíquela: (……. no es evaluado académicamente al terminar la actividad. se precisó la diferencia entre “Plan de capacitación” y “Programa de entrenamiento”.8 La encuesta tuvo un total de 13 preguntas (7 cerradas y 6 abiertas). y que busca identificar todo aquello que dificulte y/o permita un mejor desempeño laboral del personal. acerca de temas vinculados a su diario quehacer laboral. cuyo éxito. Estas fueron las preguntas número 7. Antes que a una persona por Despacho. sino operativamente en periodos determinados por los analistas encargados del proceso de capacitación. es un proceso permanente. y su probabilidad de mayor retorno organizacional. ni por aquellos de gestión del potencial humano. su evaluación operacional. modificó el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley del Proceso contencioso-administrativo. especialista en Psicología Organizacional. etc.medición. el documento denominado “Aportes para una Capacitación al Personal del Área de las Fiscalías Civiles”. 8 (cerradas) y 9 (abierta). de tres páginas y fechado el día 10 de agosto de 2010. Se trató de una encuesta dirigida a medir el impacto de la Primera Disposición Modificatoria de la Ley N° 29364 en el área de las Fiscalías Provinciales Civiles de Lima. con fecha 12 de agosto de 2010. aspectos no apreciados aún por los analistas de dicha Sección. los Fiscales entonces integrantes de la Primera Fiscalía Provincial Civil de Lima. entre otras cosas. Las preguntas fueron: Pregunta 7: ¿Considera que han habido iniciativas a nivel del área de su Fiscalías Civiles frente a la modificatoria legal? (SI/NO) Pregunta 8: ¿Se ha tomado alguna medida en su Despacho? (SI/NO) Pregunta 9: En caso Ud.) 6 El mencionado documento. con gentileza.
SI 6 NO 1 8. los Señores Fiscales. La existencia de iniciativas en el área civil (pregunta 7) y en cada oficina (pregunta 8). Vemos claramente que. Sin embargo. la existencia de iniciativas en el área civil (pregunta 7) y en cada oficina (pregunta 8). SI 4 NO 3 9. cuando se trata de identificar una iniciativa. una de las principales motivaciones está representada por una mejor compensación económica (ingreso) que espera el personal administrativo. PERSONAL FISCAL N° Pregunta Opciones Resultado 7. y determinar la necesidad de mayores estudios sobre el mismo. es decir. Con el personal fiscal ocurre algo distinto. Otro problema en la gestión de las personas en el área. es aceptada casi unánimemente (6 a 1 en el primer caso. sí se propone. contra sólo 1 que señala una específica actividad de capacitación). por oposición. es aceptada y negada por el personal administrativo de manera casi pareja (3 a 4 en el primer caso. La encuesta practicada. no busca arrojar información concluyente. señalan que sí hay iniciativas capacitadoras. Así. en cambio. esta no es precisada o bien es negada en su mayoría (4 + 2 = 6. compartir datos obtenidos de fuente directa. SI 7 NO 0 9. frente a 1 que refiere una específica actividad de capacitación). Obteniendo los resultados que presentamos y analizamos a continuación: PERSONAL ADMINISTRATIVO N° Pregunta Opciones Resultado 7. Sin duda. y 4 a 3 en el segundo). Cómo podemos ver. y 7 a 0 en el segundo). cuando se trata de identificar una iniciativa. que permiten advertir la existencia de toda una problemática en cuanto a la gestión de las personas dentro del área que interviene en materia procesal administrativa. Capacitación (genéricamente) 6 Capacitación (específicamente) 1 Ninguna iniciativa 0 TOTAL: 7 personas. sin precisar una puntual actividad (6. pero no precisan cuáles son éstas. Sin embargo. Siendo 10 . se presenta en el tema motivacional. Capacitación (genéricamente) 4 Capacitación (específicamente) 1 Ninguna iniciativa 2 TOTAL: 7 personas. casi todos los fiscales encuestados refieren la existencia de iniciativas de capacitación de manera genérica. SI 3 NO 4 8. casi todo el personal administrativo encuestado. no identificó puntuales acciones de capacitación.
000 expedientes. debiendo concursar junto a cualquier otra persona en caso quisieran acceder a ésta. como veremos más adelante. luego de advertir que cada una de las cinco Salas Superiores (en ese momento existentes). tema éste que una moderna gerencia –necesaria para enfrentar los problemas descritos-. como inconveniente el personal que solamente aporta cantidad. se acostumbra promover a dicho personal para cubrir plazas fiscales provisionales. magistrados. lo abordaremos aquí sólo en una de sus aristas. el aumento de órganos 9 Formas modernas de estructurar organizaciones que relevan la especialización y polivalencia de sus miembros. Tal posibilidad. también vinculada a la gestión de las personas. o de medir el clima laboral. en mayor o menor medida. La complicación de los conceptos y normas a considerar en un cada vez más creciente número de procesos. desde los inicios del Ministerio Público.por ahora lejanos a nuestras entidades estatales. y los factores antes mencionados atentan contra su calidad de vida. pero internamente era incompleta. aún cuando la Corte Superior de Lima tomó las medidas en los últimos dos años conducentes a mejorar la situación de la especialidad Contencioso- Administrativa. Salvo el caso de las organizaciones estructuradas de manera matricial. existe una carrera fiscal. contiene un fundamento especialmente relevante: “Que. y por la multiplicación cuantitativa de los procesos contencioso-administrativos. Dicha resolución. Esta situación. de culminar. se sitúan las entidades estatales). cuyos integrantes tampoco tienen un acceso estructural a la carrera fiscal. por equipos de proyectos o en red virtual. Sin embargo. Sobre el tema. felizmente. más antiguas o tradicionales (entre las cuales. Un incremento cuantitativo observado y un crecimiento cualitativo ignorado. selección y evaluación del desempeño. se ha visto afectada con la llegada de personal no identificado con la institución. se trata de esquemas organizativos -lamentablemente. Sin duda. El personal fiscal y administrativo. la Corte Superior de Justicia de Lima. e instituciones. En el Ministerio Público. con lo que la permanencia en una posición fiscal provisional. guardan en su interior la noción de “carrera” como criterio para asignar las diferentes compensaciones económicas entre los trabajadores de distintos rangos. La posibilidad de una promoción provisional como instrumento motivador del personal. no puede soslayar al momento de ejecutar los procesos de reclutamiento. o que no responde con el conocimiento jurídico que su procedencia laboral podría anunciar. está representado por el crecimiento de la variedad cualitativa de materias administrativas judicializadas. ha sido ya atendida en parte por el Despacho de la Fiscalía de la Nación. ha declarado en emergencia las Salas Superiores Especializadas en lo Contencioso-Administrativo. a veces desinteresado por coadyuvar con un clima laboral positivo. mediante Resolución Administrativa N° 16-2011-CED-CSJL/PJ de fecha 17 de marzo de 2011.9 las demás organizaciones. en el área procesal administrativa (todavía denominada “civil”). en ciertas ocasiones. representan la cara negativa del modelo de plena jurisdicción. Por las mismas razones. 11 . pero no una carrera del personal administrativo. pasa la mayor parte del día en la institución. dada la necesidad de renunciar a la plaza administrativa que se tenía.éste un tema que requiere más información para una evaluación de fondo. planteado normativamente en nuestro país sin la debida preparación de nuestros abogados. así como la necesidad de responder con agilidad a entornos cambiantes. se convirtió en la principal motivación económica y profesional del personal administrativo durante años. dejaba al trabajador en el desempleo. la tolerancia a la carga procesal es necesaria. contaba con una carga procesal superior a los 5. tales como: el cierre de turno. Un segundo ámbito con riesgos para el área involucrada en materia procesal administrativa. 2.
en general. Hablamos de un stress personal y grupal. jurisdiccionales y el apoyo de más juzgados transitorios para su Descarga Procesal. las decisiones únicamente cuantitativas son insuficientes. por cuanto los procesos de reclutamiento y selección de personal para el área -primeros dentro del megaproceso organizacional de gestión de personas-. vemos que. nos informa sobre la emergencia propiamente dicha que ello representa. En primer lugar. sino al aprovechamiento de los errores. Segundo. Si lo anterior. quienes por una u otra razón. mediante su clara identificación y contextualización (sobretodo). Los riesgos en torno al plazo para dictaminar. es el plazo de 15 días dispuesto vía Decreto Legislativo para emitir dictamen en cada proceso. impone contar con personal que conozca –al menos de manera básica-. equivale a sacrificar parcialmente la cognición del expediente. obliga a suprimir conceptualizaciones. no desearon o no pudieron permanecer en éstas. nos muestra la cantidad de expedientes en trámite. no nos referimos al simple perdón de errores dentro de los Despachos Fiscales. las necesarias decisiones dirigidas a enfrentar el aspecto cuantitativo del problema. que puede resultar muy negativo. y su oportuna corrección. y poco a poco. que va en aumento. es necesaria una atenta intervención de las áreas de potencial humano y de capacitación institucional. Para ello. es más importante de lo que pudiese parecer. Este punto. dentro del referido plazo. la necesidad de expedir dictámenes en una creciente cantidad de expedientes judiciales. éstas han devenido en insuficientes y no han ayudado a superar el problema de fondo”. a abreviar el texto de cada dictamen. identificados con nuestra organización desde su formación profesional. 12 . tercero. nos enseña cómo en materia procesal administrativa (y seguro en cualquier otra especialidad jurídica). que empieza restaurando la verticalidad en la gestión del personal. impone mandatos diarios más simples y estrictos. resigna la calidad de los pronunciamientos fiscales. significa partir de la premisa equivocada. la misma necesidad. de mejora del clima laboral y de edificación de un verdadero equipo de trabajo en cada oficina. El plazo en mención -introducido por el Decreto Legislativo N° 1067. Pensar que el trabajo diario impide salidas creativas. En segundo lugar. lo concordamos con las ideas vertidas acerca de la renovada complejidad e inmensa variedad que encierran las pretensiones del modelo de plena jurisdicción. 3. Primero. y equivale a una negativa resignación. con alcances difíciles de medir. 10 Con la frase “tolerancia al error”. que poco a poco van socavando la mediana horizontalidad alcanzada por algunos Despachos fiscales en el trato del personal. Lo anterior. Ello. impide a nuestra área cumplir con la importante tarea de generar nuevos cuadros para la especialidad. guarda varias implicancias negativas. deben ir acompañadas de medidas destinadas a gerenciar el segmento cualitativo del mismo. El tercer aspecto que pone en riesgo al área procesal administrativa. que convierten al error en un instrumento de retroinformación. lo que resulta contrario a la tarea de órgano contralor que tiene el Ministerio Público. sobretodo. supuestamente para fomentar la celeridad procesal dentro del Ministerio Público-. nos evidencia algunas cosas. de antigua data. quedan sujetos a candidatos formados en otras instituciones. las materias administrativas y la normatividad vinculada a los procesos contencioso-administrativos. la obligatoriedad de cumplir con emitir un dictamen dentro del plazo. Dicha decisión. y termina soslayando toda posibilidad de instaurar y aprovechar la tolerancia al error.10 En tercer lugar. aspecto éste último que nunca ha sido medido. o impiden que otros lleguen a ésta. Y. a sumarizar explicaciones y.
hasta hoy sorteada. cuyas críticas. lo que tornará meramente paliativos a 11 Informe Defensorial N° 121 “Propuestas para una reforma de la Justicia Contencioso-Administrativa desde la perspectiva del acceso a la justicia”. conclusión emitida a partir de unos cuadros estadísticos. se acordó la necesidad de regular la participación dictaminadora del Ministerio Público. contados a partir de la recepción del expediente. a lo que seguirá la imposibilidad material de cumplir dentro del plazo establecido. que muestran cómo en la emisión de tales resoluciones. que contiene las “Propuestas para una reforma de la Justicia Contencioso-Administrativa desde la perspectiva del acceso a la justicia”. la intervención del Ministerio público. que esto es esperado por algunos sectores. y presentándose como el principal de los riesgos que representa el plazo de 15 días. dentro de su Parte III denominada “Análisis del Proceso Judicial Contencioso Administrativo”. vencido el cual deberá devolverlo al órgano jurisdiccional remitente. y la limitación del derecho a probar consagrado en la ley. Los riesgos que acarrea el plazo de 15 días son evidentes. se sugirió la no intervención del Ministerio Público en el Proceso contencioso administrativo. son acompañadas de un cuestionamiento directo a la intervención del Ministerio Público en los procesos contencioso-administrativos. según la cual: “(…). bajo responsabilidad funcional. 12 Texto no publicado en el Diario Oficial “El Peruano”. fue la alegada poca relevancia del dictamen fiscal frente a las resoluciones judiciales. Entonces. siendo ellas: la alta dedicación de tiempo para el estudio de demandas que no prosperan. la crítica central que se formuló. ¿cómo se explica el plazo de 15 días fijado posteriormente en el Decreto Legislativo N° 1067? Según su Exposición de Motivos. serán insuficientes en tanto no se reestructuren los procesos de gestión administrativa. Defensoría del Pueblo. 1° edición: Lima. nada se indicó sobre el plazo de 15 días. dicho documento proyectó una redacción alternativa del entonces artículo 14 de la LPCA. Continuando con el plazo para dictaminar.12 con el fin de buscar la oportuna y efectiva tutela de los derechos de los justiciables frente a la Administración. fue formalmente cuestionada a partir de las razones y conclusiones del Informe Defensorial N° 121. mediante Oficio N° 650-2008-DP/SCM de fecha 24 de noviembre de 2008. la mejor implementación física y de personal a los ya existentes y a las Mesas de Partes Únicas. Sin embargo. sobre aquellos contenidos en el dictamen fiscal. pero sí enviado por la Presidencia del Consejo de Ministros. Sabemos. 11 Dicho informe. El tema es sencillo: los tres puntos antes mencionados. la demora de la notificación escrita. tema sobre el cual volveremos luego. aparece la directa amenaza que dicho plazo impone al cumplimiento mismo del rol del Ministerio Público como sujeto procesal. La creación de nuevos órganos fiscales en el área. la mayoría de los órganos jurisdiccionales preferiría otros fundamentos. A partir de ello. los demás factores de la problemática del Proceso contencioso-administrativo continuarán avanzando. o la limitación de su participación. y oponerse a la subsistencia misma del Proceso contencioso administrativo. de flexibilizarla para que sea realmente eficiente y útil para la carrera procesal. como ya ha ocurrido. Perú. En cuarto lugar. Cuenta con un plazo de caducidad de treinta (30) días calendarios. 13 . y mientras no se implanten procesos de gestión de la información. coinciden con una creciente acumulación de expedientes y la demora en la emisión de los dictámenes. Es atribución del Ministerio Público decidir en qué casos el dictamen debe ser necesariamente emitido. La intervención dictaminadora del Ministerio Público. junio del 2007. identifica cinco “Deficiencias en el proceso contencioso administrativo”. para cuestionar las competencias del Ministerio Público. los efectos de la vía procedimental especial. Sin embargo. Respecto a la intervención del Ministerio Público. con o sin dictamen.
En todo proceso contencioso-administrativo (primera instancia. no advierte la esencial contradicción contenida en los fundamentos de dicho Informe. En el trabajo de campo se pudo observar que la utilidad del dictamen fiscal es muy reducida. 15. Sin embargo.13 se ha convertido en el principal instrumento de crítica a la intervención del Ministerio Público. 14 . La Defensoría del Pueblo. queda claro. El Informe Defensorial N° 121: una oportunidad de estudio perdida. ha llevado a muchos a asumir pasivamente que el dictamen fiscal no tendría sentido en los procesos contencioso-administrativos. que: “29. Entre las conclusiones del Informe Defensorial. se lee sobre el Ministerio Público. Respecto al tiempo que tardan las fiscalías en emitir el dictamen fiscal en primera instancia. Dicha posición. la cual. los efectos de la vía procedimental especial. llegó a dicha conclusión. salvo contadas excepciones. fue la supuesta poca relevancia del dictamen fiscal frente a las resoluciones judiciales. Tal contradicción. dicha premisa es insuficiente para 13 Tal como se indica expresamente en el punto 1 (“Fuentes de información”) de la Introducción del Informe Defensorial N° 121.tales esfuerzos. frente a aquellos contenidos en el dictamen fiscal. el plazo propuesto de 30 días. y la limitación del derecho a probar consagrado en la ley. sobre la intervención del Ministerio Público. y la falta de su lectura analítica. ignora los fundamentos y finalidades de tal intervención dictaminadora –antes explicados-. recae en los referidos cuadros estadísticos: Las conclusiones del Informe Defensorial respecto al Ministerio Público. Hemos señalado anteriormente. identificó cinco “Deficiencias en el proceso contencioso administrativo”. En ese sentido. es duramente cuestionada por la Defensoría del Pueblo. sirvió a dicha entidad. porcentaje que baja a 7% en apelación y 6% en casación. Pero veamos los detalles de ésta contradicción. la intervención del Ministerio público. pero sobretodo. más adelante. o la limitación de su participación. A partir de tales conclusiones. la demora de la notificación escrita. que muestran cómo en la emisión de tales resoluciones. la crítica central formulada en dicho Informe. podría servir como herramienta de gestión cuantitativa y cualitativa de toda el área laboral involucrada. p. que dicho Informe Defensorial. el Informe Defensorial N° 121 -sustentado en una muestra aleatoria simple de sólo 946 expedientes contencioso-administrativos de los Juzgados Primero a Cuarto de la especialidad. éste es prolongado (79 días en promedio)”. Ello brota del propio Informe Defensorial. para sugerir la no intervención del Ministerio Público en el Proceso contencioso- administrativo. segundo grado y casación) está prevista la participación del Ministerio Público mediante la emisión de un dictamen fiscal no vinculante que debería apoyar al pronunciamiento de cada sentencia. se sustentan en la información proporcionada por el Poder Judicial. toma como premisa la corrección de las resoluciones judiciales. También se ha expresado que. Solo el 18% de las sentencias de primera instancia se basa en lo especificado en el dictamen fiscal. Sólo una lucha directa contra la vigencia de dicho escueto plazo eliminará los riesgos que éste representa. al evaluarse la participación de dicho poder del Estado en los procesos contencioso-administrativos. a partir de la lectura de unos cuadros estadísticos del Poder Judicial. siendo ellas: la alta dedicación de tiempo para el estudio de demandas que no prosperan. Lo anterior. la mayoría de los órganos jurisdiccionales preferiría otros fundamentos. 4. Tal posición crítica. archivados entre los años 2005 y 2006-.
la distribución de funciones encuentra otro punto débil en que los secretarios judiciales. en los cuales se sustenta la aludida poca utilidad del dictamen fiscal en primera y segunda instancias y en casación. poseen cada uno a su pie una Nota según la cual: “En más de una sentencia hubo más de un tipo de sustento”. (…). Ello. la gestión del personal asignado a éstos. la falta de especialización de los Jueces y Auxiliares. cuestiona seriamente cualquier afirmación conclusiva -más aun porcentual. dichas conclusiones del Informe señalan lo siguiente: “21. número que. Los problemas se acrecientan por la verticalidad con que los órganos de dirección del Poder Judicial suelen imponer las medidas de cambio. con los jueces. por lo general. el personal jurisdiccional y el personal auxiliar. los Cuadros de Muestreo N° 16. Lo anterior. especialistas legales e incluso asistentes realizan tareas que no les corresponden. por cierto. se examina el sustento de las sentencias de primera y segunda instancias. alcanzó hasta el 10. es muy superior al de la muestra tomada para el Informe Defensorial entre los años 2005 y 2006). 22. y finalmente. sino que pudieron atender a dos o más de tales sustentos. 17 y 18. La distribución del trabajo se enfoca en la persona y no en la funcionalidad que se debe conferir al sistema. es decir. los objetivos entre la política judicial y los del despacho judicial carecen de la vinculación necesaria para articular una estructura sólida y homogénea en su funcionamiento. equivale a decir que las sentencias de la muestra no sólo se sustentaron en los argumentos de la parte impugnante. Por último.582 expedientes judiciales. la propia estadística judicial. La organización y gestión del despacho judicial se ven afectadas porque los jueces no son especialistas en gestión. las cuales son. en los fundamentos de un anterior dictamen (de primera instancia. 1. es que luego de revisar las conclusiones del Informe referidas al Poder Judicial. Por tal motivo. vemos que se identifican en dicho poder del Estado problemas que cuestionan seriamente la utilidad investigativa de la estadística judicial. el Informe Defensorial. Ese es un análisis sustancial de los dictámenes. los sistemas estadísticos que funcionan en cada despacho judicial no permiten identificar las tendencias de los actos procesales ni la productividad del personal”. concluye criticando seriamente la gestión de los despachos judiciales. en los motivos del dictamen emitido. La tercera razón que cuestiona la premisa de la crítica formulada por la Defensoría del Pueblo. de ser el caso) o en otras razones. sólo en primera instancia. planificación o administración en general.30% de expedientes durante el año 2011 (aproximadamente. respectivamente. 15 . El estudio de la organización y gestión del despacho judicial contencioso- administrativo permitió identificar una serie de fallas que afectan su eficiente funcionamiento. los efectos de la verticalidad de los órganos de Dirección. y de las resoluciones en casación. originadas por las deficiencias en el diseño de una política judicial. En los tres.que pueda intentarse a partir del muestreo presentado. Así. 23. El juez se convierte en un gran supervisor y reduce así su tarea de producción. en las razones de la parte no impugnante. (…). poco consultadas con quienes luego las aplicarán. Además. no apareciendo el haberse realizado un examen sobre los alcances procesales de la intervención del Ministerio Público. Como vemos.cuestionar la participación del Ministerio Público. que como hemos visto. El segundo motivo brota de los mismos cuadros. por las razones que a continuación exponemos: El primer motivo es que.
que resulta contradicha por otras conclusiones del propio Informe. no sea vinculante para el juez cuando se sanciona con nulidad el proceso administrativo que no cuenta con él?”14 Hemos visto cuatro motivos por las cuales la premisa de corrección y exactitud de las resoluciones judiciales que utiliza la Defensoría del Pueblo para criticar el dictamen fiscal y la intervención del Ministerio Público. señala en su página 126 que: “Al margen de la buena o mala calidad de los dictámenes fiscales. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. pero que alcance a todo el marco institucional que sirve de soporte al proceso contencioso administrativo peruano. Al respecto. el instrumento fiscal se convierte en la herramienta más prudente para sustentar el razonamiento lógico jurídico del juzgador para decidir la litis. en relación a la no evaluada calidad de los dictámenes fiscales. En éste.revistajuridicaonline. la Defensoría del Pueblo acepta no haber analizado la calidad de los dictámenes fiscales. Bajo lo dicho surge una interrogante: ¿Cómo es posible que algo que es obligatorio. surge la duda sobre si el Ministerio Público debe seguir interviniendo en el proceso. sobre el tiempo que el Poder Judicial y el Ministerio Público conservan el expediente para el cumplimiento de sus respectivas funciones. Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas. crítica y comentarios a la Resolución Defensorial N° 024-2007/DP”. el Informe Defensorial. se debe optar por su no intervención o que ésta se limite a algunos casos a pedido de la propia institución”. p. nos permite ver que las razones esbozadas en el Informe Defensorial N° 121 parten de una premisa no objetiva. luego de analizar la estadística antes referida. todo ello empleando 14 BOBADILLA SÁENZ. Al respecto. sobre una mayor y más variada muestra. 1063.pdf ) 16 . y que al final no advierten ni analizan los problemas que pueda presentar el Ministerio Público -como cualquier otra entidad pública-. Lo anterior. nos permite identificar al Informe Defensorial N° 121. Todo ello. entre otros aspectos. En: Revista Jurídica Online.com/images/stories/revistas/2008/23-tomo- 2/23b_el_derecho_a_la_pension. Manuel y HUAMÁN ORDÓÑEZ. La cuarta razón la encontramos en el párrafo citado. y frente a la muestra tomada sólo de 4 Juzgados de Lima. como una oportunidad perdida para el estudio de los alcances y la problemática de la intervención del Ministerio Publico en materia procesal administrativa. a fin de obtener información acerca del cumplimiento de todos los plazos procesales (no sólo del plazo para dictaminar). cabe preguntarse ¿cuál es entonces el criterio que sirve para sugerir la exclusión o la limitación de la intervención del Ministerio Público? Del resto del Informe Defensorial no asoma una respuesta. Se ha señalado también. Alberto. es una premisa débilmente sustentada y contradicha dentro del propio Informe. como el consabido dictamen de la Fiscalía. Luego de lo expuesto respecto a la contradicción de la opinión defensorial sobre la estadística judicial. en el cumplimiento de sus funciones. sería necesaria una nueva medición. “El derecho a la pensión como derecho social y su expectativa de reconocimiento a través del Proceso contencioso-administrativo: Análisis. A nuestro parecer. resultan muy interesantes opiniones como la siguiente: “Al menos en provincias. que los dictámenes son el instrumento mediante el cual el Ministerio público interviene en cada proceso para cumplir su función. Al respecto. contra lo alegado por la Defensoría. (http://www.
La cuarta. Los problemas y riesgos antes advertidos. selección. sin perjuicios para el grupo fiscal. fueron la Resolución N° 1187-2011-MP/FN. OPORTUNIDADES. como son los de reclutamiento. Así por ejemplo. el cual dicho personal puede percibir. que cobra materialidad a través de las personas que lo integran. La quinta -técnicamente la más importante-. 1. se asegura que la selección en cargos de magistratura provisional recaiga en personal identificado con el trabajo y la cultura de la institución. 15 Así. con fecha 05 de julio de 2011. 17 . emanada del Despacho de la Fiscalía de la Nación. aún cuando finalice el nombramiento provisional. Lima no es todo el Perú.información actualizada. es el hecho mismo de elevar sus ingresos económicos. es la factibilidad para éste personal de poder recibir un reconocimiento dentro de la institución. 04 y 06 del julio de 2011. Establecimiento de una cuasi-línea de carrera. En líneas anteriores. las primeras Resoluciones de la Fiscalía de la Nación que nombraron personal administrativo como Fiscales Provisionales “con reserva de su plaza de origen”. es aproximar al grupo de personal administrativo y al grupo de personal fiscal en una cuasi línea de carrera. Ello no es así: junto a lo expresado. La tercera. lo cual era visto como poco probable. Ello explica su importancia. informó que a futuro. es la real demostración de un interés desde el máximo Despacho de la institución por la situación del personal administrativo. hemos señalado que el Ministerio Público es una entelequia. los nombramientos no correspondieron aún al área competente en materia procesal administrativa). fechadas el 01. también redunda en beneficios para la organización. motivación. sustentado en disposiciones del Señor Fiscal de la Nación. Como vemos. podrían invitar a calificar la presente colaboración como pesimista. el cual. apareció publicado en el intranet institucional un comunicado de la Gerencia Central de Potencial Humano. La primera. En ese sentido. La información que aguarda ser gestionada. En segundo lugar –y partiendo de lo anterior-. constituye un hito en la gestión de las personas dentro del Ministerio Público. la decisión comentada incide en varios procesos y aspectos de la gestión del potencial humano. motivo por el cual es el tema de las personas el que merece prioritaria atención. De seguro encontraremos más ejemplos. y fuentes objetivas. respectivamente (cabe indicar que en los tres casos. que junto a otras propuestas –con seguridad más acertadas-. La segunda.15 Lo anterior. se generan una serie de consecuencias positivas para el personal administrativo. manejo de compensaciones y compromiso de la alta gestión. 2. N° 1201-2011-MP/FN y N° 1233-2011-MP/FN. el personal administrativo de los Decretos Legislativos N° 728 y 276 que sea nombrado Fiscal Provisional. gozará de la reserva de su plaza de origen hasta el término o conclusión de dicho nombramiento. sirvan para fijar una agenda de trabajo a futuro. que ofrecen alternativas válidas. ALTERNATIVAS Y NUEVAS RAZONES. criterios renovados. Pero dicha medida. siendo innecesario presentar carta de renuncia u otro documento en ese sentido. el grupo de personal administrativo refuerza su posición como base de reclutamiento de futuros Fiscales Provisionales. por cuanto a partir de dicha publicación. no olvidemos ello. existen oportunidades no observadas en su totalidad y posibilidades de actuación. V. es la certeza de seguir empleado.
es primordial en la búsqueda de tal misión. permitiría al Ministerio Público asumir con liderazgo un lugar dentro de la comunidad jurídica nacional avocada al Proceso contencioso-administrativo. aprenden las actividades del área procesal administrativa y. sin duda es un avance. que cumplen su periodo. otra generada a su interior. etc. Para cumplir con sus funciones contralora y colaborativa. no existe conciencia acerca de que. Hablamos de recuperar para el área. queda librado casi totalmente al estilo personal de cada miembro del área. y por no tener alcances sobre toda el área de trabajo. Tampoco existen incentivos para que tales personas consideren permanecer en la institución. a fin de fijar objetivos para el área también de tipo cualitativo. conformada por categorías procesales (en caso se observe alguna cuestión de ese tipo) o sustanciales (cuando corresponda emitir una opinión sobre el fondo del proceso judicial). la capacidad de formar y entrenar personas en las temáticas jurídicas involucradas con el Proceso contencioso-administrativo. a partir de sus distintos principios y finalidades. limitado por su sola gestión cuantitativa de la información. Dejando el tema de las personas. Ello. el potencial para recoger y procesar la información que genera nuestra propia organización existe. mediante los instrumentos normativos aplicables a cada materia. luego se van. Una tercera oportunidad de la institución en el área procesal administrativa. equivale a renunciar a la gestión de la calidad en la institución. a aceptar que ésta no es capaz de identificar lo mejor de su trabajo. una potencialidad aún no aprovechada en nuestra organización: la oportunidad que tiene ésta para gestionar la información que genera. ¿Se ha intentado alguna vez compilar dicha información para su empleo por parte del área de la organización interviniente en los procesos contencioso-administrativos? Existen experiencias de algunos Despachos Fiscales. 3. es decir. poseen información aportada por las partes y generada por el Poder Judicial. uno de agrupamiento por materias. Sin embargo. Es usual en el área. Reconquista de la gestión de la sucesión. siguiendo los números de los expedientes. en realidad. contar con personas que se encuentran cumpliendo el Servicio Civil de Graduandos (SECIGRA). La gestión del trabajo en equipos. el Ministerio Público estudia el expediente y. genera nueva información. Realizar ello. Se piensa que la necesidad de cumplir con el trabajo diario nos aleja de dicha posibilidad. como segundo aspecto. existen en la legislación formas de captar dicha colaboración así como la posibilidad de 18 . cabe advertir. o bien sus proyectos son almacenados en las computadoras siguiendo similares criterios. ligada a la gestión de personas y al renovado manejo de la información –antes explicados-. Todos somos conscientes de las diversas materias jurídicas en las cuales interviene el Ministerio Público. sin que el Ministerio Público reciba un “retorno” del tiempo. tiene que ver con recuperar una capacidad perdida por el área. en los cuales se ha utilizado una unidad de sistema compartida para almacenar y ordenar el trabajo realizado en la oficina. espacio y orientaciones invertidas en tal personal. Diferenciamos estas. Ello. Como podemos apreciar. a partir de la información contenida en éste. y a través de las secciones diferenciadas de Despachos Fiscales que se ocupan de cada una. Sin embargo. pero no es aprovechado. aquello que hacemos es manejar información: alguna proveniente del exterior de la institución. Ingresando ya en materia procesal administrativa. Esto último. pero ¿hemos intentado llevar a cabo las mismas tareas con los dictámenes que emitimos? Todos los dictámenes se guardan en cada Despacho a partir de un criterio temporal (fecha de emisión) y secuencial (número de dictamen). Las materias administrativas comprometidas nos permiten normalmente clasificar o sub-clasificar los expedientes. los expedientes que llegan al Ministerio Público para la emisión de un dictamen.
IDEAS FINALES. Hasta la actualidad. Tanto la misión como la visión. su empleo se realiza de manera individual y aislada. tiempo e inducción en materia de reclutamiento y ante la eventualidad de una selección de personal. es la experiencia. para captar a determinados estudiantes de los últimos años de las Facultades de Derecho. y el rol que aguarda desempeñar. ello es así. pueden permitir a la institución formar personas que. sino que también alcanza a las relaciones de tales labores con la realidad. Pues bien. Lo anterior. Pero ¿ello será posible?. ha sido efectuado de manera tradicional. es decir. simultáneamente. sin que haya existido la intención de medirla. imaginativamente empleadas. en la cual habitan los problemas y riesgos antes descritos. esta habita en cada uno de los miembros del área. está conformada por conocimiento sobre una serie de objetos vinculados a nuestro trabajo. el sustento de dicha intervención. compartirla y aplicarla. surgen de tales dependencias u oficinas. no se limita al manejo de categorías procesales y/o sustanciales. gestionarla. pero sin tener en claro la razón. La decisión de la Fiscalía de la Nación publicada el 05 de julio de 2011 inicia un largo camino. y que deberían cumplir. o a profesionales provenientes de específicas dependencias del Estado. esta a su vez. precisamente. Si bien se trata de un intangible. Los conceptos vertidos en éste acápite. ligado a los tres anteriores –y tampoco estimado en su real valía-. pueden permitir al Ministerio Público. porque ambas nociones. y sólo un sólido programa de motivaciones permite a ésta dejar de ser una herramienta de subsistencia. sino también “metajurídica”: el área procesal administrativa de la institución produce información y experiencia. VI. Tales Fiscalías. generaría ahorros de recursos. y permite a estos salir adelante ante las dificultades habituales del trabajo. frente a la creciente carga procesal. los objetivos que se propone cumplir. al trabajar con una materia jurídica. trabajan sin llegar a conformar una verdadera área de trabajo: se trata de un grupo de unidades de trabajo con relaciones de coordinación menores a aquellas que podrían desarrollar. además. para convertirse en un instrumento de efectivo cumplimiento de las tareas del área y. o razón que explica su presencia y permanencia en el ámbito dentro del cual actúa. sin embargo. no sólo se maneja y genera información jurídica. estamos manejando información. Dicho conocimiento. Se trata del presente y del futuro de una institución. Manejo de intangibles: la experiencia. el trabajo realizado por las Fiscalías competentes para intervenir en los procesos contencioso-administrativos. 19 . Sin embargo. modalidades estas no explotadas. que expresa aquello que desea para su futuro. comprenderla. También posee una visión. aprendan el trabajo y se comprometan con la institución. De esa manera. puede servir. las cuales. de lo que ésta es y de lo que espera ser. Un cuarto elemento. ¿no dijimos que se trata de un intangible? Señalamos líneas arriba que.celebrar convenios. apuntando en esa dirección. Toda organización tiene una misión. así como tampoco sin imaginarnos la manera en que el área fiscal involucrado cumplirá sus funciones y enfrentará los retos que el Derecho Procesal Administrativo y la realidad presenten más adelante. identificadas con ésta. y cumplir con el trabajo dentro del comentado plazo de 15 días. contar con personal cuya presencia o disponibilidad. bajo los problemas y riesgos antes presentados. de bienestar personal del trabajador. 4. comprometen a cada una de sus secciones. atraviesan a toda la organización.
venzan el desánimo. La prolongación del estado de cosas antes descrito. tiene fundamentos constitucionales. y las oportunidades aun no aprovechadas. empezando por la alta gestión institucional. sufre de una crítica difundida pero débilmente sustentada. implica problemas organizacionales no atendidos. legales y finalistas no comprendidos. es uno de los más inconvenientes dentro de un estado constitucional de derecho. que tendría como actores a grupos de trabajo motivados. así como la promoción de equipos de trabajo. entre varios otros. Como vemos. Hacia esa intención apunta el presente trabajo. en el desarrollo de la gestión de la información y de la calidad. pp. la rutina y los esquemas. y sobre todo. el rol del Ministerio Público en el Proceso contencioso-administrativo peruano. los problemas que enfrenta el cumplimiento de dicha tarea. y ofrece oportunidades aún no exploradas. Sólo un estudio serio. si hay un requisito esencial. imprescindible. Javier. y de aportar valor añadido a la materia jurídica tratada. de generar información positiva. T. en la conformación de un plan estratégico a futuro para el área. agosto 2012. objetivo. En: Revista Jurídica del Perú. 93-112. 20 . éste es el compromiso y la voluntad de todos los actores intervinientes. representa también un gran desequilibrio interinstitucional (capaz de alcanza a cualquier otra entidad con la cual divida tareas o comparta información). problemática y oportunidades del Ministerio Público en materia procesal administrativa”. en la asunción de buenas prácticas de gestión de dicho potencial. empieza por implantar una renovada minuciosidad en las decisiones de los procesos de gestión del potencial humano involucrados. Sin duda. es contrario a la Constitución y a los fines públicos a cargo de dicha entidad. Pero. dicho escenario. sería un sueño si no habría sido realizado en otras organizaciones. Gaceta Jurídica. podrá ayudar a entender y abordar la temática propuesta. pondrían al área procesal administrativa del Ministerio Público en un momento diferente. el escenario descrito por una institución constitucionalmente autónoma perdiendo sus competencias luego de no observar tales políticas. JIMÉNEZ VIVAS. 138. dejando olvidadas la autocrítica y la innovación. Lo anterior. Fundamentos.). presupuesto. además de provocar un grave impacto intrainstitucional en casi todas las áreas de la entidad (especialidad del personal. capaces de llevar adelante sus tareas. y nos muestra a un Estado regresionando a etapas anteriores. etc. de gestionar ésta. se amenace y reste competencias al Ministerio Público. Hemos presentado los fundamentos de la intervención del Ministerio Público en los procesos contencioso-administrativos. Organizacionalmente hablando. Todo. los riesgos que la amenazan. en la convicción de las funciones que cumple y debe cumplir el Ministerio Público en cada proceso contencioso-administrativo. y que dentro de éste. Un claro conocimiento de tal problemática. logística. y que alcance a todas las entidades involucradas con el Derecho Procesal Administrativo. línea de carrera. y un imaginativo y valiente aprovechamiento de tales oportunidades en todos los grados de dicha organización. jerarquía de los órganos. basado en diversas fuentes. asignación de personal. El manejo de compensaciones económicas es sólo un instrumento. de menor control del poder y mayor secretismo. ha permitido que desde fuera de la institución. “El Ministerio Público como sujeto del Proceso contencioso-administrativo.
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