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Timestamp: 2020-04-03 22:17:35
Document Index: 356709372

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 90', 'artículo 24', 'artículo 158', 'artículo 164', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 191', 'artículo 191', 'artículo 191', 'artículo 1', 'artículo 28', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 83', 'artículo 87', 'artículo 87', 'artículo 87', 'artículo 84', 'artículo 83', 'artículo 87', 'artículo 88', 'artículo 89', 'artículo 87', 'artículo 87', 'artículo 1', 'artículo 233', 'artículo 164']

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2009, de la Delegada Territorial de Bizkaia del Departamento de, Empleo y Asuntos Sociales, por la que se resuelve el registro y publicación de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Social, relativa al convenio colectivo del sector de Ayuda a Domicilio de Bizkaia.
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
B) La unidad de negociación.
C) La capacidad negociadora y la legitimación negocial.
1. Con fecha 26 de octubre de 2009 ha tenido entrada en esta Delegación Territorial, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Sala de lo Social, que resuelve el Recurso de Suplicación interpuesto por UGT, contra la Sentencia del Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao, de fecha 19 de febrero de 2009, desestimando el mismo.
2. Que dicha sentencia del Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao declaró la nulidad parcial del Convenio Colectivo para el sector de Ayuda a Domicilio de Bizkaia publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia» de 30/9/08 y en su consecuencia este debe ser denominado Convenio Colectivo para el sector de Ayuda a Domicilio de Bizkaia con intermediación de las Administraciones Públicas, debiendo quedar redactado el artículo 1 de dicha norma colectiva del siguiente tenor «El presente convenio regulará, a partir de su entrada en vigor las relaciones laborales de todas las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica dedicada a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio con la intervención de las Administraciones Públicas».
3. El convenio colectivo del sector de Ayuda a Domicilio de Bizkaia fue publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 91 de 18 de mayo de 2009.
1. La competencia para la inscripción, registro y publicación de la Sentencia dictada relativa al Convenio Colectivo del sector de Ayuda a Domicilio de Bizkaia, viene determinada por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, conforme a lo dispuesto en su artículo 90.2, que determina que los Convenios deberán ser presentados ante la Autoridad Laboral a los solos efectos de registro, en relación con el Decreto del Gobierno Vasco 39/1981, de 2 de marzo, sobre creación y organización del Registro de los Convenios Colectivos de Trabajo, y la Orden de 3 de noviembre de 1982, que desarrolla el citado Decreto, así como el artículo 24.1.g) del Decreto 315/2005, de 18 de octubre, del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, que atribuye a la Delegación Territorial la facultad de gestionar la Sección Territorial del Registro de Convenios Colectivos de Euskadi.
El artículo 158.2 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/95 de 7 de abril, determina que la Sentencia dictada en procedimiento de conflicto colectivo deberá notificarse a la Autoridad Laboral competente; estableciendo asimismo el artículo 164.3 de dicho texto legal que cuando la sentencia sea anulatoria, en todo o en parte, del convenio colectivo impugnado y este hubiese sido publicado, también se publicará en el «Boletín Oficial» en el que aquel se hubiera insertado; todo ello en relación con el artículo 2.e del Real Decreto 1040/81 de 22 de mayo de registro y depósito de convenios colectivos de trabajo, procede el registro y publicación de la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
1. Ordenar la inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de esta Sección Territorial de la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco relativa al Convenio Colectivo del sector de Ayuda a Domicilio de Bizkaia.
2. Disponer la publicación de la citada sentencia en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Don Jaime Ruigómez Gómez, Secretario Judicial de la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma del País Vasco.
Certifico: Que la resolución definitiva dictada en este recurso de suplicación, dice literalmente:
Recurso de suplicación número: 1492/09.
Sentencia número: N. I. G. 48.01.4-08/008036.
En la Villa de Bilbao, a veintiuno de julio de dos mil nueve.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, formada por los Ilmos. Sres. don Florentino Eguaras Mendiri, Presidente en Funciones, doña Garbiñe Biurrun Mancisidor y doña Ana-Isabel Molina Castiella, Magistrados, ha pronunciado, en nombre del Rey la siguiente sentencia:
En el Recurso de Suplicación interpuesto por UGT, contra la Sentencia del Juzgado de lo Social no 10 de los de Bilbao, de fecha 19 de febrero de 2009, dictada en proceso que versa sobre Conflicto Colectivo (CIC) y entablado por la «Asociación de Empresas del Sector Privado de Ayuda a Domicilio de Bizkaia», frente a la «Asociación de Empresas de Gestión de Ayuda a Domicilio de Bilbao» y contra los -Sindicatos- «Unión General de Trabajadores (U.G.T.) y Comisiones Obreras (CC.OO.), respectivamente, interviniendo el -Ministerio Fiscal-, es Ponente la Iltma. Sra. Magistrada doña Garbiñe Biurrun Mancisidor, quien expresa el criterio de la -Sala-.
Primero: La única instancia del proceso en curso se inició por Demanda y terminó por Sentencia, cuya relación de Hechos Probados, es la siguiente:
1. «La Asociación de Empresas del sector Privado de Ayuda a Domicilio en Bizkaia, fue constituida en fecha 16/05/08 por las «Empresas Etxekide, S.L.», «Arbei 2.000, S.L.» y «Bilfog Service, S.L.», con arreglo a la L. 19/1977 de 1 de abril, depositando sus estatutos ante la Autoridad Laboral.
2. Por la Asociación de Empresas de Gestión de Ayuda a Domicilio de Bizkaia y los Sindicatos CC.OO. y UGT, se negoció el Convenio Colectivo para el sector de Ayuda a Domicilio de Bizkaia, siendo publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia» de fecha 30/09/08, se da por reproducido el mismo al obrar en la prueba documental.
3. La Asociación de Empresas de Gestión de Ayuda a Domicilio de Bizkaia, fue constituida por las empresas «Asociación Urgotzi», «Urgatzi, S.L.», «ELE, S.L.», «Lagundur, S. L.», «Lagundur Asociación», «Eulen» y «Sisado» con fecha 04/03/99, y en su acuerdo primero señala:
- Constituir una asociación que se denominará «Asociación de Empresas de Gestión de Ayuda a Domicilio de Bizkaia», con las Administraciones Públicas en la provincia de Bizkaia, con domicilio social en Bilbao, Apto. de correos 1.108, que tendrá por objeto la consecución de los fines previstos en el artículo número 2 de los Estatutos, ofreciendo a otras personas su ingreso voluntario en dicha Asociación.
- Asimismo en su artículo 2 de los Estatutos dispone:
- El objetivo de esta Asociación es el de agrupar al máximo número de Empresas que vienen gestionando Servicios de Ayuda a Domicilio con las Administraciones Públicas en la provincia de Bizkaia, para contribuir a la reglamentación del SAD en la provincia, negociación de convenios sectoriales, y demás actividades que los Órganos de Gobierno consideren oportunas desarrollar.
4. Se ha celebrado el preceptivo acto de conciliación con el resultado de sin avenencia.
Segundo: La Parte Dispositiva de la Sentencia de Instancia dice:
«Que rechazando la excepción de falta de legitimación activa de la demandante alegada por los sindicatos CC.OO. y UGT, y estimando la demanda formulada por . frente a . debo declarar y declaro la nulidad parcial del Convenio Colectivo para el sector de Ayuda a Domicilio de Bizkaia publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia» de 30/9/08 y en su consecuencia este debe ser denominado Convenio Colectivo para el sector de Ayuda a Domicilio de Bizkaia con intermediación de las Administraciones Públicas, debiendo quedar redactado el artículo 1 de dicha norma colectiva del siguiente tenor «El presente convenio regulará, a partir de su entrada en vigor las relaciones laborales de todas las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica dedicada a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio con la intervención de las Administraciones Públicas».
Tercero: Frente a dicha Resolución se interpuso el Recurso de Suplicación por UGT, que fue impugnado por Asociación de Empresas del Sector Privado de Ayuda a Domicilio de Bizkaia.
Cuarto: Elevados los autos a este Órgano Colegiado, los cuales tuvieron entrada en Secretaría el 26 de mayo, y comunicada a las partes litigantes personadas ante la presente instancia la designación de Ponente, por medio de Diligencia de Ordenación que data del mismo día, y la fecha señalada para la Deliberación y Fallo del Recurso, la cual fue fijada para el día de hoy, a través de Providencia del anterior 12 de junio, se dispuso el pase del procedimiento a la Iltma. Sra. Magistrada nombrada a tal efecto, para el examen y subsiguiente resolución por la Sala de la cuestión suscitada.
Quinto: En la presente jornada, se ha llevado a efecto la deliberación mentada.
Sexto: El Magistrado Sr. Díaz de Rábago, hallándose de permiso oficial este día, ha sido sustituido por el Magistrado Sr. Eguaras.
Primero: La instancia ha dictado sentencia en la que ha rechazado la excepción de falta de legitimación activa de la demandante alegada por los sindicatos CC.OO. y UGT, y ha estimado la demanda formulada por la Asociación de Empresa del Sector Privado de Ayuda a Domicilio de Bizkaia contra CC.OO., UGT y la Asociación de Empresas de Gestión de Ayuda a Domicilio de Bizkaia, y ha declarado la nulidad parcial del Convenio Colectivo para el sector de Ayuda a Domicilio de Bizkaia publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia» de 30 de septiembre de 2008, determinando que el Convenio debe denominarse Convenio Colectivo para el sector de Ayuda a Domicilio de Bizkaia con intermediación de las Administraciones Públicas, debiendo quedar redactado el artículo 1 de esta norma colectiva según el siguiente tenor: «El presente convenio regulará, a partir de su entrada en vigor, las relaciones laborales de todas las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, dedicada a la prestación del servicio de Ayuda a Domicilio con la intervención de las Administraciones Públicas».
Frente a esa sentencia se alza en suplicación el Sindicato UGT, que dirige contra ella censura exclusivamente jurídica y que pretende revoque la sentencia y se desestime en su integridad la pretensión deducida en la demanda origen de las presentes actuaciones.
El artículo 191.c) de la Ley de Procedimiento Laboral recoge, como motivo para la interposición del Recurso de Suplicación, el examen de las normas sustantivas o de la Jurisprudencia, debiendo entenderse el término «norma» en sentido amplio, esto es, como toda norma jurídica general que traiga su origen de autoridad legítima dentro del Estado (incluyendo la costumbre acreditada, las normas convencionales y los Tratados Internacionales ratificados y publicados en el «Boletín Oficial del Estado»).
Debe matizarse, por otra parte, la referencia legal a las «normas sustantivas», en el sentido de que existen supuestos en los que la norma procesal determina el Fallo de la Sentencia de instancia, sin que pueda alegarse su infracción por la vía de la letra a) del ya precitado artículo 191 de la ley procesal laboral, lo que ocurre en los casos de cosa juzgada, incongruencia, contradicción en el Fallo y error de derecho en la apreciación de la prueba.
Segundo: Con amparo en el precitado artículo 191-c) de la Ley de Procedimiento Laboral, impugna el recurrente la Sentencia de instancia, alegando la infracción por inaplicación de lo dispuesto en el Convenio impugnado y, en particular, su título y artículo 1, regulador de su ámbito funcional, fruto del derecho a la negociación colectiva consagrado en el artículo 28 de la Constitución de 1978 y los artículos 82 y siguientes ET y 2.2.d) LOLS.
Argumenta, en esencia, el sindicato recurrente, que los preceptos convencionales han de ser interpretados conforme a la hermenéutica contractual y que el artículo 1 del Convenio ha sido interpretado por esta Sala al declarar aplicable la norma convencional de referencia al sector discutido (en relación al Convenio anterior), así como que su dicción es clara en cuanto que engloba a todas las empresas dedicadas a la prestación del servicio de ayuda a domicilio, sin restringirlo a las que lo hacen en régimen de contratas con las administraciones públicas.
Recordemos ahora, siquiera en esencia, los hechos enjuiciados, tal como la instancia nos los proporciona, en relato fáctico que no ha sido combatido por el Sindicato recurrente. Son los siguientes: La Asociación de Empresas del Sector Privado de Ayuda a Domicilio en Bizkaia se constituyó el 16 de mayo de 2008 por tres empresas, depositando sus Estatutos ante la Autoridad Laboral el siguiente 19 de mayo; por la Asociación de Empresas de Gestión de Ayuda a Domicilio de Bizkaia y los Sindicatos UGT y CC.OO. se negoció el Convenio Colectivo para el sector de Ayuda a Domicilio de Bizkaia, que fue publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia» el 30 de septiembre de 2008; esta Asociación de Empresas de Gestión de Ayuda a Domicilio de Bizkaia se había constituido en 1.999 por varias empresas y en el artículo 2 de sus Estatutos se establece que su objetivo es el de agrupar al máximo número de empresas que vienen gestionando servicios de ayuda a domicilio con las Administraciones Públicas en la provincia de Bizkaia.
Así, la cuestión litigiosa se centra en determinar el ajuste a derecho del Convenio Colectivo de Ayuda a Domicilio de Bizkaia -«Boletín Oficial de Bizkaia» de 30 de septiembre de 2008-, habida cuenta de que la Asociación demandante considera que la Asociación que negoció el Convenio en cuestión carece de legitimación y de capacidad para negociar para todo el ámbito del Convenio porque sólo podría negociar respecto a empresas de ayuda a domicilio que prestan servicios para las Administraciones Públicas.
El sistema español de negociación colectiva gira en torno al convenio colectivo que regula el Título III ET y descansa sobre el derecho consagrado en el artículo 37.1 de la Constitución. Se ha optado por instaurar un modelo legal con articulación de reglas muy concretas, tanto en lo que hace a la selección de los sujetos negociadores, como en la exigencia de lograr un principio de mayorías para que el producto de la negociación colectiva -el convenio colectivo- esté provisto de eficacia personal erga omnes (STC 73/1984), incorporando determinados principios, como el principio de representatividad, según el cual sólo pueden negociar convenios colectivos de eficacia general los sujetos que ostenten la condición de representativos, de forma tal que no se puede seleccionar como interlocutor válido un sindicato o asociación empresarial que no alcance los umbrales mínimos de representatividad establecidos en la legislación estatutaria; el principio de mayorías, que fuerza la unidad de acción, al requerir de los sujetos negociadores una mayoría representativa determinada Y el principio de proporcionalidad, que exige que la fuerza contractual sea proporcional y dependa de la implantación de cada uno de los sujetos negociadores.
En consecuencia, el convenio colectivo estatutario - negociado y aprobado conforme a las antedichas reglas recogidas en ET -constituye la norma más directa y específica de regulación de las relaciones laborales, y se erige en verdadera fuente de Derecho (artículo 37.1 CE; artículos 3.1.b) y 82 ET, y jurisprudencia diversa, entre la que cabe citar las SSTS de 4 de mayo de 1994, RJ 7725, y la de 17 de julio de 2000, RJ 7411. Reconocer la fuerza vinculante del convenio colectivo implica atribuir al mismo una eficacia jurídica en cuya virtud su contenido normativo se impone de manera automática a las relaciones de trabajo incluidas en su ámbito de aplicación (SSTC 58/1985; 177/1988; SSTS de 24 de enero de 1992, RJ 69; de 29 de abril de 1993, RJ 3381; de 4 de mayo de 1994, RJ 7725.
De ello se extraen las siguientes consecuencias: el convenio colectivo se erige en fuente jurídica de derecho necesario, con fuerza imperativa análoga a la de los preceptos legislativos, rigiéndose su interpretación por la regla hermenéutica en cuya virtud las normas deben ser interpretadas según el sentido propio de sus palabras; el convenio colectivo crea derechos y obligaciones entre quienes lo conciertan y está provisto de una eficacia normativa, con atribución además de una extraordinaria eficacia erga omnes.
Pues bien, en este marco es imprescindible determinar la llamada unidad de negociación, que viene delimitada por el conjunto de relaciones o contratos de trabajo que las partes negociadoras han seleccionado como ámbito de regulación de las condiciones de trabajo y que, una vez suscrito el convenio colectivo, constituye su centro de imputación normativa. Será la libre combinación de ámbitos funcionales, territoriales y personales, a seleccionar por las partes, la que dará lugar a la correspondiente unidad de negociación.
Las partes son libres de establecer el ámbito de aplicación del convenio -artículo 83.1 ET-, pero, aparte las limitaciones derivadas de su articulación y de las reglas sobre legitimación -artículo 87 ET-, debe tenerse en cuenta otra que deriva de la necesidad de que tal ámbito de aplicación se defina de acuerdo con criterios objetivos que permitan establecer con claridad y estabilidad el conjunto de las relaciones laborales reguladas por él y su correspondencia con los niveles de estabilidad exigidos (STS de 6 de octubre de 2008, RJ 2920).
Los ámbitos del Convenio son los siguientes:
a) El ámbito territorial, que determina el espacio geográfico en que el convenio colectivo es objeto de aplicación -local, provincial, interprovincial, autonómico o estatal-.;
b) El ámbito funcional del convenio, que se refiere a los sectores, sector o rama de actividad económica y productiva, grupo de empresas, empresa o ámbito inferior a esta última en que el convenio colectivo es de aplicación, distinguiéndose en el artículo 87 ET entre convenios colectivos de empresa o de ámbito inferior, y convenios colectivos de ámbito superior a la empresa;
c) El ámbito personal del convenio, que hace referencia a las clases, grupos o categorías de trabajadores a los que el convenio colectivo es de aplicación o, en su caso, no lo es.
Se reconoce, pues, a las partes libertad para la selección de la unidad de negociación. Así, es facultad exclusiva de los sujetos colectivos la delimitación de los ámbitos territorial, funcional y personal del convenio colectivo, sin que pueda existir tipo alguno de interferencia administrativa (STS de 28 de octubre de 2003, RJ 8721; STSJ País Vasco de 21 de marzo de 2006, AS 1480).
Ahora bien, este principio de libre determinación de la unidad de negociación no tiene, sin embargo, carácter absoluto pues existe un conjunto de condicionantes que deben observar las partes negociadoras (STC 136/1987; STSJ País Vasco de 21 de marzo de 2006, AS 1480). Estas limitaciones son las siguientes: a) La capacidad convencional y la legitimación negocial, que impide a los sujetos colectivos negociar fuera de su ámbito territorial y funcional de actuación, y les obliga, asimismo, a observar las exigencias de legitimación previstas en el artículo 87 ET (STS de 8 de junio de 2005, Rec 100/04). De este modo, las partes no pueden concretar una unidad de negociación más extensa que la que deriva de su misma legitimación (STSJ País Vasco de 22 de julio de 1996, AS 2575); b) los límites derivados del principio constitucional de igualdad y no discriminación, que impide tratos desiguales no justificados o no razonables, entre otras circunstancias, la constitución de unidades separadas de negociación, atendiendo como elemento diferencial a la duración de los contratos de trabajo (STC 136/1987) ; c) las reglas de concurrencia que previenen los conflictos de concurrencia entre convenios colectivos, y que, en principio, limitan la facultad que tienen las partes para seleccionar la unidad de negociación cuando ésta ya se encuentre afectada por un convenio en vigor de distinto ámbito (artículo 84 ET); d) la existencia de acuerdos marco también puede constituir una limitación a la libre elección de la unidad de negociación, cuando aquél establezca una determinada estructura negocial que, con el propósito de articular y racionalizar en su ámbito la contratación colectiva, configure unidades de negociación (artículo 83.2 ET); e) la naturaleza de las cosas y las unidades apropiadas de negociación, límite éste de conformación jurisprudencial que exige la selección de unidades adecuadas a las características y necesidades propias de quienes las constituyan, aunque esta limitación ha sido considerada de dudosa legalidad; f) la extensión de la soberanía nacional, que no significa sino que el ámbito territorial y funcional del convenio no puede ir más allá de las leyes estatales, de conformidad con el principio de soberanía nacional (STS de 16 de febrero de 1994, RJ 1052).
La aptitud para ser parte negociadora de los convenios colectivos estatutarios exige que en un mismo sujeto concurran dos atributos: La capacidad negociadora y la legitimación convencional. La primera capacidad negociadora hace referencia a la capacidad necesaria o aptitud genérica para participar en la negociación colectiva estatutaria, pero sin vinculación a un convenio concreto. La segunda, esto es, la legitimación negocial, por su parte, requiere que el sujeto con capacidad convencional esté dotado de una aptitud específica para negociar en concreto un convenio colectivo en una determinada unidad de negociación, debiendo a estos efectos reunir los requisitos señalados en el Título III ET.
Así, ostentan capacidad negociadora, desde la posición de los trabajadores: a) en los convenios de empresa o de ámbito inferior: los comités de empresa y los delegados de personal y las representaciones sindicales, si las hubiere; b) en los convenios de ámbito superior a la empresa: los sindicatos, federaciones y confederaciones sindicales.
Por otra parte, ostentan capacidad negociadora, desde la posición empresarial:
a) En los convenios de empresa o de ámbito inferior: el empresario individualmente considerado, que habrá de ejercerla bien directamente, bien mediante uno o varios representantes;
b) En los convenios de ámbito superior a la empresa: las asociaciones empresariales, federaciones y confederaciones empresariales.
De lo antedicho resulta que un sujeto puede tener capacidad convencional y no estar, sin embargo, legitimado para negociar un determinado Convenio. De ahí que pueda decirse que la legitimación convencional presupone necesariamente la existencia de capacidad negociadora y algo más.
En efecto, la legitimación para negociar viene dada, según ha diferenciado la jurisprudencia -SSTS de 18 de enero de 1993, RJ 94; de 24 de marzo de 1995, RJ 2183; de 23 de noviembre de 1993, RJ 8932; de 18 de abril de 1994, RJ 3255; de 11 de septiembre de 1996, RJ 2801 y de 19 de septiembre de 2001, RJ 10021, entre otras- en los siguientes tres niveles, siguiendo lo dispuesto en los artículos 87, 88 y 89 ET:
a) Una legitimación inicial o interviniente, o derecho a participar en una negociación colectiva concreta (artículo 87 ET);
b) Una legitimación plena o ampliada, referida a la adquisición de la condición de negociador (artículo 88 ET);
c) Una legitimación decisoria, referida a la necesidad de asegurar en el seno de la comisión negociadora un acuerdo respaldado por la mayoría de cada una de las dos representaciones (artículo 89.3 ET).
Por su parte, el ET articula reglas de legitimación inicial y plena diferentes, distinguiendo entre convenios colectivos de empresa o de ámbito inferior, y convenios colectivos de ámbito superior a la empresa.
Conviene añadir que estas reglas de legitimación reguladas en el ET aparecen configuradas como normas de derecho necesario, inmodificables por la voluntad de las partes, según STC 73/1984.
Así, es imprescindible que los negociadores observen las reglas de legitimación negocia1 reguladas en el ET, pues lo contrario afectaría a la validez del convenio colectivo -al menos como convenio estatutario-, por ser la ley la que determina el proceso de negociación colectiva estatutaria conforme a los principios recién mencionados.
La legitimación para negociar convenios colectivos puede ser estructurada como sigue:
a) Convenios colectivos de empresa o de centro de trabajo, para los cuales la legitimación inicial del lado empresarial no se menciona y, para el lado de los trabajadores, corresponde al comité de empresa, delegados de personal, en su caso, o a las representaciones sindicales si las hubiere;
b) En los convenio de ámbito superior a la empresa, la legitimación inicial es: Del lado empresarial, de las asociaciones empresariales -artículo 87.3 ET- o de las asociaciones empresariales para negociar convenios colectivos supraempresariales de ámbito estatal -artículo 87.4 ET- y, del lado de los trabajadores, los sindicatos más representativos dependiendo esta representatividad del ámbito del convenio.
Pues bien, en el caso, la Asociación empresarial negociadora del Convenio Colectivo para el Sector de Ayuda a Domicilio de Bizkaia fue la llamada Asociación de Ayuda a Domicilio de Bizkaia, cuyo ámbito de actuación estaba previsto en el marco de empresas que gestionan servicios de Ayuda a Domicilio con las Administraciones Públicas. lo que limita su radio de acción a este ámbito concreto. Es claro que la Asociación en cuestión no ha podido representar a las empresas de gestión de los servicios de Ayuda a Domicilio de carácter privado o que no prestan servicios a través de las Administraciones Públicas.
En consecuencia, su legitimación para negociar, careciendo de ningún otro título de representatividad que no se ha invocado, viene limitada al sector de producción en cuyo ámbito actúa, por lo que no puede negociar un Convenio colectivo afectando a empresas y trabajadores de un sector de producción en el que no actúa.
Así las cosas, y habiendo previsto el Convenio litigioso que su ámbito de aplicación lo serían las relaciones laborales de las empresas dedicadas a la Ayuda a Domicilio sin restringirlo a las que lo hacen con las Administraciones Públicas, lo cierto es que se ha producido un extralimitación en su legitimación y, por ende, en el ámbito de aplicación posible de un Convenio así negociado.
De este modo, la declaración de ilegalidad parcial del Convenio en cuestión es ajustada a derecho así como el nuevo texto dado a su artículo 1.
Tercero: Tratándose de un litigio de conflicto colectivo, no procede hacer declaración sobre las costas causadas (artículo 233.2 LPL).
Que desestimamos el Recurso de Suplicación interpuesto por el Sindicato UGT, frente a la Sentencia de 19 de Febrero de 2009 del Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao en autos número 774/08, confirmando la misma en su integridad.
El texto preinserto concuerda bien y fielmente en un todo con su original, al que me remito por la certificación que se expide en cumplimiento de lo establecido en el artículo 164.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, para su remisión a la Autoridad Laboral, indicando expresamente que esta sentencia ha sido declarada firme en el día de la fecha.
En Bilbao, a ocho de octubre de dos mil nueve. Doy fe.