Source: https://www.forojuridico.org.mx/mitos-realidades-la-ley-seguridad-interior/
Timestamp: 2018-06-20 19:03:05
Document Index: 59440669

Matched Legal Cases: ['artículo 129', 'artículo 89', 'Artículo 89', 'artículo 29', 'artículo 129', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 7', 'artículo 13', 'artículo 15', 'artículo 18', 'artículo 105']

Mitos y realidades de la ley de seguridad interior - Foro Jurídico
Inicio Ley de Seguridad Interior Mitos y realidades de la ley de seguridad interior
Marco V. Herrera | Juan Manuel Ramírez Ibarra
En medio del debate suscitado por la Ley de Seguridad Interior, es necesario su análisis centrado en hechos reales.
Hace ya varios años que las tropas armadas, los transportes y convoyes militares artillados sólo se veían en las calles durante el desfile militar de cada 16 de septiembre. Fuera de esa fecha, extrañaba verlos circular por las avenidas abordo de sus vehículos milicianos, incluso, se generaba inquietud si los elementos iban armados y los vehículos se encontraban artillados. Era punto y seguido pues al separar el párrafo, el corte hace perder la ilación de la idea inicial.
Sin embargo, el extrañamiento se resolvía con la certeza de que únicamente se trataba del desplazamiento de tropa hacia otro cuartel o instalación. Desgraciadamente, esto ya no es así, pues desde hace 12 años nos hemos acostumbrado a ver en las avenidas de las ciudades, grandes o pequeñas, de los municipios y poblados, la vigilancia recurrente o peor aún, constante, de vehículos militares del Ejército o de la Marina, fuertemente armados. Era punto y seguido pues al separar el párrafo, nuevamente el corte hace perder la ilación y sentido de la idea central expuesta.
En muchos casos, apenas unos momentos después de avistados, se desencadena el tronar de los disparos y el tableteo de las ametralladoras, signo inequívoco de un enfrentamiento más entre nuestras Fuerzas Armadas y miembros del hampa organizada. (Aquí era el punto y aparte, pero hicieron seguido) Efectivamente, nuestras Fuerzas Armadas que (suprimieron la palabra que) por señalamiento del artículo 129 constitucional, en tiempos de paz, únicamente pueden ejercer funciones que tengan conexión con la disciplina militar. Nuevamente el corte del párrafo hace perder la ilación y sentido de la idea central expuesta. era coma, “por mandato de su jefe supremo,”
Por mandato de su Comandante supremo, el Presidente de la República, salieron a las calles para auxiliar a las fuerzas del orden civil, que sin la preparación suficiente, desorganizadas, sin armamento adecuado o de plano, sin contar con él, habían sido rebasadas y en muchos de los casos compradas, infiltradas y, hasta dirigidas por la delincuencia organizada. Nuevamente el corte del párrafo hace perder la ilación y sentido de la idea central expuesta. era coma, teniendo como rehenes…..
Tenían como rehenes y víctimas no sólo a las instituciones, sino a la ciudadanía en general, a la que reclutaban mediante el secuestro de los jóvenes para sumarlos a sus bandas criminales; extorsionaban, robaban y asesinaban, lo que generaba incluso, el abandono de pueblos enteros por miedo a la situación y las represalias de esos delincuentes. Lamentablemente, pese a la función desplegada por las fuerzas armadas y en menor participación las policías civiles, esos fenómenos delictivos persisten lacerando cada vez más a los ciudadanos y a las instituciones.
No es desconocido para muchos que desde el año 1995 se prendieron focos rojos en el territorio nacional generados por el avance voraz de la delincuencia organizada, desde su actividad más conocida, el narcotráfico, hasta la trata de personas. Tampoco que desde hace 15 años, el gobierno federal inició el programa de capacitación, adiestramiento y equipamiento de las policías federales, labor que debía ser efectuada también por los gobiernos estatales y municipales con sus fuerzas civiles, con miras al combate a la delincuencia organizada y proveer a la nación de la seguridad pública requerida para vivir en paz.
La falta de presupuesto, de capacidad, pero fundamentalmente, de voluntad política ha impedido que se consiga esa meta ansiada por la sociedad, que la reclama, y la merece. En muchos casos, la capacitación, adiestramiento y equipamiento de las fuerzas de seguridad pública civiles se tornó en el pretexto ad hoc para la obtención de mayores recursos económicos para los algunos estados y municipios que los destinaron a otras actividades, como la corrupción. Lo que ocasionó rezago y debilitamiento (omitieron “en las fuerzas de seguridad pública”) . (no era punto y seguido, era coma) Incluso, los altos mandos fueron infiltrados por delincuentes, lo que colocó a la ciudadanía y a las instituciones en franco peligro; con ello, la paz social de algunas regiones y estados completos de nuestro país.
Esta situación sustentó el que el Presidente Felipe Calderón considerara que la gravedad y alcance de la delincuencia organizada había dejado de ser sólo una situación de seguridad pública, presentándose ya como un problema de seguridad interior. Ante ello, generó la orden al Secretario de la Defensa Nacional para que en conjunto con la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, se incrementaran la acciones que ya venían desarrollando de combate al narcotráfico y la delincuencia organizada.
(Esta tarea) En la tarea que se desarrolló bajo la estrategia contenida en la “Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico 2007-2012”; los objetivos eran destruir la base económica de los narcotraficantes, impedir la cosecha de enervantes; inhibir el uso del territorio nacional para el tráfico de drogas; y coadyuvar con otras autoridades en la desarticulación de estructuras de la delincuencia organizada.
Habrá que precisar que la decisión presidencial tuvo fundamento en la fracción (VI) vi del artículo 89 de la Constitución Federal, que establece: “Artículo 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: VI.- Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”.
Amén de ello, también tuvo soporte legal en la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitida con motivo de la acción de inconstitucionalidad presentada en 1996 por el entonces diputado federal Leonel Godoy, por la presencia del Ejército en el estado de Michoacán que había sido enviado por el presidente Zedillo, tesis sustentada en el precepto constitucional antes indicado. (era coma o punto y seguido pero no punto y aparte), cortan la idea.
Por unanimidad, los ministros observaron que la realidad puede generar situaciones que no justifiquen el estado de emergencia previsto en el artículo 29 constitucional. Sin embargo, ante el peligro de que éstas se agudicen, es posible disponer de la fuerza con que cuenta el Estado, aunque sujetándose a las disposiciones constitucionales, por lo que existe la facultad del presidente de la República de disponer del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea para salvaguardar la seguridad interior sin tener que hacer una declaratoria de guerra, como lo prevé el artículo 129 constitucional.
Con base en lo anterior, es claro que la presencia del ejército en las calles no transgrede el marco constitucional al no violar lo establecido por los artículos 129 y 21 de la Constitución Federal; por tanto, el desempeño de las tareas de seguridad pública no es ilegal. Sin embargo, carecía de un marco legal que lo regulara, produciendo así seguridad jurídica no sólo a la ciudadanía en general, sino también a las propias Fuerzas Armadas para continuar contribuyendo en la consecución de uno de los principales postulados del contrato social de Jean-Jacques Rousseau, (al cambiar el predicado, por lo menos debió de mantener la ilación = ej: que es que el Estado asegure al individuo las libertades para poder convivir en paz=) donde el individuo que decide vivir en sociedad necesita que el Estado de Derecho le asegure las libertades para poder convivir en paz.
El pasado 15 de diciembre de 2017, en una polémica sesión, se aprobó en el Senado la Ley de Seguridad Interior, con 76 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones, que luego de ser remitida a la Cámara de Diputados para su aprobación final, fue promulgada y publicada el 21 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación.
Durante su discusión en el pleno, frente a los cuestionamientos de algunas organizaciones de la sociedad civil y activistas defensores de derechos humanos, los senadores introdujeron cambios en algunos artículos para disipar inquietudes sobre temas controvertidos como transparencia, respeto a los derechos humanos y la no intervención de las Fuerzas Armadas en movilizaciones de protesta social o con motivos político-electorales.
A partir de su publicación, se han levantado en su contra innumerables voces clamando por su inconstitucionalidad, al afirmar que es contraria principalmente a lo establecido en los artículos 21 y 129 de la Constitución Federal; otras, además, que con la misma se está legitimando la militarización del país; también que es una ley represiva porque atenta contra la libertad de reunión y expresión de las ideas al poder reprimir manifestaciones sociales y/o de índole político electoral, etc., voces que, respetando su derecho a expresarse, carecen de razón.
En principio, porque como ha quedado asentado, la presencia del Ejército, la Marina y Fuerza Aérea en las calles, es para salvaguardar la seguridad de la sociedad, con la exclusiva finalidad de proteger a las instituciones democráticas del país y a los ciudadanos para recuperar el Estado de Derecho, en (aquí debieron quitar “las” sobra) las regiones delimitadas., (coma, no punto y aparte) (nuevamente al cortar el párrafo, corta la idea) era: por el tiempo acotado por el Presidente de la República …..
Se establece un tiempo acotado en que el Presidente de la República por sí mismo o a petición de las Legislaturas de las entidades federativas, o de su Ejecutivo en caso de receso, (aquí no iba coma) de aquellas y previa opinión obligada del Consejo de Seguridad Nacional determine y al efecto expedirá la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior. (De plano este corte que hicieron rompe la idea y hace confusa la comprensión del texto)
(ya que cortaron la idea, por lo menos debieron hilarla correctamente con el empleo de la palabra vinculante La Declaratoria) Ésta podrá emitirse cuando se actualice alguna de las Amenazas a la Seguridad Interior, y se comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes para atenderla, o se originen por la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en la preservación de la Seguridad Nacional, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de Seguridad Nacional.
Tampoco es cierto que la ley faculte a las Fuerzas Armadas para reprimir manifestaciones de protesta social o que tengan motivo político electoral, respecto de lo que existe prohibición expresa contenida en el artículo 8 de dicha ley en el que se prevé: Las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político electoral que se realicen de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.”
Tampoco son atinadas las voces que señalan que esta Ley habilitará a las fuerzas federales para la violación de los derechos humanos. (la palabra siguiente era habida cuenta, pudiendo cambiarla por el enlace “ya que”, pero no poner punto y seguido, pues corta la idea) En su artículo 7 se prevé que los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta Ley deberán respetarlos, protegerlos y garantizarlos en todo momento y sin excepción, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución, los tratados internacionales y los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes.
Por otra parte, no podemos dejar de lado que en muchos estados del país la selección de elementos de seguridad pública es altamente deficiente y en algunos casos, amañada. Inclusive, hay situaciones en los que ni siquiera se cumple con los exámenes de confianza, a lo que se suma que la profesionalización, la capacitación, el adiestramiento y el equipamiento de las fuerzas policiacas, es exiguo o de plano nulo, al grado que existen muchos municipios en los que se carece de elementos de policía o incluso, no hay. (nuevamente el corte de párrafo rompe la ilación de la idea)
Esto coloca a la ciudadanía en completo estado de indefensión, permitiendo que la delincuencia organizada establezca sus dominios, comprometiendo la seguridad interior, no sólo de ese municipio o poblado, sino también de la región. (aquí era punto y aparte, pues es otra idea) Lejos de que la Ley de Seguridad Interior establezca un marco legal para la militarización del país, instituye la causa legal para que las fuerzas federales, no necesariamente el Ejército, la Marina o la Fuerza Área, acudan en auxilio del gobierno de un estado o municipio para resguardar a las instituciones y a la ciudadanía de la acometida del crimen organizado. (eliminaron la concreción de la idea, al omitir: – -al tiempo que les otorga un tiempo a esas autoridades para capacitar, fortalecer y dignificar a sus cuerpos de seguridad pública civil y, en su caso, para obligar al gobernante en invertir en la creación de un cuerpo policiaco digno, profesional, bien capacitado, labor en la que muchos han sido remisos.- -)
El clamor de varias organizaciones políticas y sociales es que las fuerzas armadas vuelvan a sus cuarteles y dejen en manos de los cuerpos civiles las labores de seguridad pública. No obstante, existen claros ejemplos de cómo los cuerpos policiacos han sido rebasados, siendo las fuerzas armadas las que han recuperado plazas en las que se había enseñoreado el hampa organizada. Como ejemplo tenemos a Ciudad Juárez, Boca del Río, Tijuana, Reynosa, Acapulco y Morelia, en las que una vez restablecido el Estado de Derecho (quitaron todo lo que concretaba la idea: – -al ser entregadas esas labores de seguridad pública a los gobernantes y éstos realizarlas con sus cuerpos de seguridad, han recaído en manos de la delincuencia con más furor, viéndose obligadas las fuerzas armadas a regresar a enfrentarse con escenarios más enardecidos y complejos; encontrándose además, que las fuerzas del orden civiles no han recibido la capacitación, profesionalización y equipamiento necesarios.- – )
(Este párrafo lo hicieron ellos, no nosotros y parte de lo abstracto, sin ilación) Además, en muchos casos, una parte de esas fuerzas policíacas civiles de estado o del municipio, se encuentran al servicio o en contubernio con las organizaciones criminales. (aquí es era punto y aparte, pues es otra idea) Si algo es de atender con la Ley de Seguridad Interior, es el hecho de que a su amparo, probablemente varios gobernantes de estados y municipios encontrarán la institucionalización del auxilio federal para continuar eludiendo su responsabilidad en la profesionalización, capacitación, equipamiento de sus cuerpos policiacos.
Sin embargo, para ser consideradas, las solicitudes de las legislaturas de los estados y de su respectivo titular del ejecutivo, deberán reunir los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley en cita, estando obligados a detallar los hechos y las situaciones que constituyan una amenaza a la seguridad interior, identificándola y precisando su impacto, área geográfica, sector poblacional afectado e instituciones vulneradas; así como, su insuficiencia operativa, técnica y logística para enfrentar el problema.
Asimismo, estarán obligadas a contribuir a la atención del mismo, lo que forzará al gobierno solicitante a participar con las fuerzas y las autoridades federales que coordinen las acciones, las que por disposición del artículo 15 de la Ley no podrá exceder de un año, pudiendo prorrogarse por acuerdo del Presidente de la República ,en caso de subsistir la amenaza y hasta en tanto ésta exista, lo que implica que en todo caso esa intervención federal estará sujeta a término motivando y fundando la causa que la origina.
En el artículo 18 de la Ley se establece que en ningún caso las acciones de seguridad interior realizadas por las autoridades federales sustituirán a las de los otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias, las que tampoco quedarán eximidas de cumplir con sus responsabilidades, lo que garantiza el Estado de Derecho y el respeto al Federalismo.
La Cascada de Impugnaciones
No obstante, como hemos dicho, a partir de su publicación, innumerables voces principalmente de partidos políticos y organizaciones civiles protectoras de los derechos humanos se alzaron para acusar la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior y exigieron que no fuera promulgada. De ahí que el Presidente Enrique Peña Nieto, el mismo día de la publicación de la Ley comentó en su discurso ante la 43ª Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública el siguiente mensaje: “Durante la discusión y aprobación de la Ley en el Congreso de la Unión, por parte del Congreso de la Unión, distintas organizaciones de la Sociedad Civil, colectivos de los derechos humanos y académicos han expresado que, a su criterio, el contenido de las Ley es inconstitucional. Como sabemos, corresponde únicamente a nuestro máximo tribunal decidir cuándo una norma se apega a la Constitución y a los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos. Y de acuerdo con nuestro Marco Jurídico, la Suprema Corte de Justicia sólo puede pronunciarse sobre una Ley una vez que ésta ha sido promulgada”.
Por tal motivo, el Presidente de la República no emitió la declaratoria de protección de Seguridad Interior en los términos de la Ley hasta que el máximo Tribunal decida sobre su constitucionalidad. A principios del año, se presentaron las primeras impugnaciones a la Ley, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio entrada a la primera impugnación por parte de Ignacio Molina, Secretario General del gobierno municipal de San Pedro Cholula, por la violación a la Ley de Autonomía Municipal; a partir de ahí, se presentaron varias demandas constitucionales.
El Ministro Jorge Pardo Rebolledo, quien será el responsable de realizar el proyecto, desechó la controversia constitucional presentada por Movimiento Ciudadano, ya que los partidos políticos sólo pueden impugnar leyes electorales; a este se suma el de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, así como la acción de inconstitucionalidad de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro.
La Agenda Política de las Impugnaciones
Cabe mencionar que algunos de los que encabezan las quejas constitucionales son ex gobernadores, los cuales en su momento deben el éxito de sus administraciones al apoyo y a la intervención de las Fuerzas Armadas, gracias a las cuales pudieron mantener bajos los niveles de la delincuencia en aquellos tiempos.
¿Qué significa que en estos momentos estén en contra de la Ley? Solamente se puede entender que hoy se encuentran en partidos de oposición y que hay una agenda política detrás de esta inconformidad. Es curioso ver también que estas inconformidades vienen de individuos, que al parecer actúan solos, ya que ni la misma Confederación de Gobernadores (conago), o la Asociación Nacional de Alcaldes, o algún Gobernador en funciones han respaldado ninguna de estas impugnaciones.
Respecto de los juicios constitucionales sean de controversia constitucional o de acción de inconstitucionalidad, consideramos que ambas serán ineficaces para invalidar a la Ley. Las primeras, porque en ella no existe un conflicto de competencias ni con los estados ni con los municipios ni con los otros poderes de la unión, en razón de que la Ley emana de una competencia originaria no solo del titular del poder ejecutivo federal, sino también del Congreso del Unión.
La segunda, porque las acciones de inconstitucionalidad, que pueden promover los órganos constitucionalmente autorizados en el artículo 105 de la Constitución Federal, tampoco serán eficaces para invalidarla, ya que en su caso, esta acción dará por resultado en que se llegue a invalidar algún precepto, pero la Ley seguirá existiendo casi intacta.
Las Fuerzas Armadas Testigos Mudos del Proceso
¿Quién defiende a la ciudadanía? ¿Quién nos defiende a los ciudadanos de los políticos y legisladores con una agenda política? Preguntaba hace algunos días en un programa de televisión, el especialista en asuntos militares, Juan Ibarrola, y afirmaba que no hay que equivocarse, los que realmente están defendiendo a los mexicanos de los verdaderos peligros son las Fuerzas Armadas, son los únicos quienes infunden paz y esperanza a la gente, decía el comentarista. Mientras, el Ejército Mexicano sigue haciendo sus labores de seguridad y de apoyo a la población en situaciones de desastres naturales, silenciosos y en espera de las resoluciones de la Corte.
Foro Jurídico reúne a 2 especialistas para que nos brinden sus opiniones sobre la (las siglas de las leyes se escriben con mayúsculas) lsi, uno es Juan Ibarrola, consultor en asuntos militares y de seguridad nacional y el otro es el Dr. Adolfo Solís Farías. También presentamos un trabajo de investigación y análisis sobre la situación que guardan las acciones de las Fuerzas Armadas en apoyo a los diferentes Estados de la República Mexicana.
Artículo anteriorSe sube al ring Javier Corral con EPN
Artículo siguienteHistórico flujo de remesas
No hay un enemigo de México en el exterior, los enemigos son internos
Noticias Falsas Impacto social, nacional y geopolítico
Foro Jurídico - 30 abril, 2018
Por Marco V. Herrera Las redes sociales al no estar reguladas por las leyes electorales, se convierte en el medio favorito para los ataques, las...