Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/C-810-07.htm
Timestamp: 2018-10-19 08:34:19
Document Index: 331530134

Matched Legal Cases: ['artículo 32', 'artículo 47', 'artículo 53', 'artículo 32', 'artículo 29', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 54', 'artículo 32', 'artículo 53', 'artículo 32']

C-810-07
INCAPACIDAD-Concepto/PERSONA INVALIDA-Definición
DISMINUIDO FISICO, SENSORIAL Y PSIQUICO-Protección laboral especial
PERSONA CON LIMITACIONES-Mecanismos de integración laboral
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA CON LIMITACIONES
DERECHO AL TRABAJO DE PERSONA CON LIMITACIONES-Reintegro a la actividad laboral/DERECHO AL TRABAJO DE PERSONA CON LIMITACIONES-Límite a las medidas de protección
Hay distintas formas de discapacidad y diversos niveles y, en algunos casos el grado de discapacidad le impide a la persona continuar su desempeño laboral o concurrir al mercado abierto de trabajo para obtener una ocupación. En este último supuesto las medidas más habituales de protección a los discapacitados encuentran un límite, ya que están concebidas para facilitar la incorporación laboral de personas con una afectación menos severa y quedan descartadas cuando se comprueba que la invalidez le impide a la persona cumplir cometidos de índole laboral y que, por lo tanto, es indispensable pensar en otras formas de protección del ingreso económico y de la integridad física y síquica del discapacitado
PERSONAS DISCAPACITADAS CON LIMITACIONES SEVERAS Y PROFUNDAS-Protección/PERSONAS DISCAPACITADAS CON LIMITACIONMES SEVERAS Y PROFUNDAS-Modalidades de trabajo protegido
TALLERES DE TRABAJO PROTEGIDO-Concepto/TALLERES DE TRABAJO PROTEGIDO-Objetivo/TALLERES DE TRABAJO PROTEGIDO-Modalidades/TALLERES DE TRABAJO PROTEGIDO-Naturaleza
Los talleres de trabajo protegido son lugares en donde personas en condiciones especiales cumplen labores destinadas a desarrollar habilidades laborales, bajo la orientación continua de instructores que supervisan constantemente las labores desempeñadas por las personas con habilidades mínimas. El objetivo último de los talleres de trabajo protegido es preparar a los discapacitados, según sus habilidades y en la medida de lo posible, para hacer la transición a un empleo ordinario, dependiente o independiente, permitiéndoles, mientras tanto, el desempeño de algunas actividades formativas que, genéricamente, se conocen como “trabajo protegido”, dado que tales actividades se cumplen en las condiciones especiales propias de los talleres de trabajo protegido.
TALLERES DE TRABAJO PROTEGIDO-Régimen laboral aplicable/TALLERES DE TRABAJO PROTEGIDO-Medida de acción positiva
El hecho de que los talleres de trabajo protegido estén concebidos para brindar oportunidades de rehabilitación o de readaptación laboral a las personas con discapacidades severas que les impiden permanecer en la vida laboral o ingresar a ella, en principio hace pensar que no es viable establecer ningún tipo de relaciones entre el trabajo protegido y el régimen laboral ordinario, pues, a primera vista, el discapacitado no es sujeto de un contrato de trabajo celebrado con el respectivo taller.
TALLERES DE TRABAJO PROTEGIDO EN DERECHO COMPARADO-España
TALLERES DE TRABAJO PROTEGIDO EN DERECHO COMPARADO-Francia
TALLERES DE TRABAJO PROTEGIDO EN DERECHO COMPARADO-Dinamarca
TALLERES DE TRABAJO PROTEGIDO EN DERECHO COMPARADO-Alemania
TALLERES DE TRABAJO PROTEGIDO EN DERECHO COMPARADO-Bélgica
TALLERES DE TRABAJO PROTEGIDO EN DERECHO COMPARADO-Reino Unido
TALLERES DE TRABAJO PROTEGIDO EN DERECHO COMPARADO-Suecia
TALLERES DE TRABAJO PROTEGIDO/GRUPOS LABORALES PROTEGIDOS-Diferencia
TALLERES DE TRABAJO PROTEGIDO-Remuneración que no es salario
La igualdad no exige la equiparación matemática y absoluta encaminada a que todos sean iguales en todo, sino que busca que los iguales sean tratados de igual modo y que los diferentes sean tratados de manera diversa.
REGIMEN DE TALLERES DE TRABAJO PROTEGIDO-Propósitos
Los talleres de trabajo protegido corresponden a una medida de acción positiva que sólo se proyecta sobre las personas severamente limitadas con miras a lograr los propósitos de adaptación o readaptación laboral y que, en tal sentido, difiere de otras medidas de acción positiva que brindan protección al discapacitado, haciéndolo sujeto de un tratamiento favorable cuando concurre a obtener un empleo en la administración pública o en la empresa privada junto con personas no afectadas por ninguna limitación. Sin embargo, la Corte considera de importancia precisar que las labores productivas cumplidas en los talleres de trabajo protegido no pueden encubrir una relación laboral o convertirse en pretexto para que el organizador del respectivo taller explote el trabajo de los discapacitados y, por lo tanto, condicionará la declaración de exequibilidad a entender que dichos talleres tienen por objeto actividades formativas, de integración social o de rehabilitación sin ánimo de lucro para el organizador del taller, de personas con diversidad funcional severa y que la relación existente entre ellas y el taller no corresponde a una relación laboral.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, las ciudadanas Rocío Johana Barreto Jurado y Jully Maritza Higuabita Suárez presentaron demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 32 (parcial) de la Ley 361 de 1997, “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones”.
Las demandantes consideran que el artículo parcialmente acusado vulnera los artículos 1, 13, 25, 47, 53 y 54 de la Constitución y en sustento de esta afirmación aducen que la parte cuestionada desconoce la dignidad de las personas con limitación, pues comporta “una reducción porcentual de sus derechos” y particularmente de la remuneración que reciben por su actividad laboral, con menoscabo de sus necesidades básicas.
Añaden las actoras que disposiciones como la demandada incumplen el artículo 47 de la Carta, especialmente en lo que se refiere a la obligación estatal de adelantar políticas pertinentes para la integración social de los disminuidos, y estiman probable que “una persona con limitación se sienta menospreciada para ejercer cualquier labor cotidiana y, por consiguiente, busque aislarse de la sociedad que lo tilda como un ser diferente…”.
Finalmente, expresan las ciudadanas demandantes que todos los trabajadores tienen derecho a los beneficios mínimos e irrenunciables contemplados en el artículo 53 de la Carta, por cuya virtud, ningún empleador puede pagar a un trabajador menos del valor fijado anualmente por el Gobierno y que, en contra de ese mandato, el precepto cuestionado, “bajo un lenguaje virtuoso, que aparenta protección”, faculta para reducir el salario mínimo legal vigente en un 50% o en un 25%, según el caso.
El señor Procurador General de la Nación rindió en término el concepto de su competencia y en él pidió a la Corte “Declarar la EXEQUIBILIDAD del artículo 32 de la Ley 361 de 1997, bajo el entendido que se trata sólo de aquellas personas cuya limitación sea de tal naturaleza, que se requiera del denominado ‘trabajo protegido’ y siempre que las mismas puedan ser beneficiarias del Régimen Subsidiado de Seguridad Social, cuando no puedan producir ingresos al menos equivalentes al salario mínimo legal vigente”.
A continuación el señor Procurador indica que “la disposición demandada regula una situación excepcional en relación con los discapacitados, pues sólo se refiere a aquellos que únicamente pueden laborar en talleres de trabajo protegido” y con base en los artículos 132 y 145 del Código Sustantivo del Trabajo, el Jefe del Ministerio Público concluye que “ningún trabajador en Colombia puede ser remunerado con un salario inferior al mínimo legal”.
En criterio del Procurador, la anterior medida debe complementarse con el derecho a ser beneficiarios del régimen subsidiado, de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la Ley 361 de 1997, según el cual “las personas con limitación que con base en certificación médica autorizada no puedan gozar de un empleo competitivo y por lo tanto no puedan producir ingresos al menos equivalentes al salario mínimo legal vigente, tendrán derecho a ser beneficiarios del Régimen Subsidiado de Seguridad Social, establecido en la Ley 100 de 1993”.
Las ciudadanas demandantes consideran que la “reducción porcentual” de la remuneración percibida por las personas con limitación que se encuentren laborando en talleres de trabajo protegido desconoce la dignidad de éstas, introduce una discriminación salarial en razón de su estado, conculca el derecho al trabajo dejándolas a merced del capricho ajeno, no responde a la obligación estatal de promover políticas orientadas a la integración social de los disminuidos e implica renunciar a beneficios mínimos reconocidos a favor de los trabajadores, por todo lo cual, en su criterio, resultan violados los artículos 1, 13, 25, 47, 53 y 54 de la Constitución.
Por su parte, el Jefe del Ministerio Público hace énfasis en que el artículo 32 de la Ley 361 de 1997 “regula una situación excepcional en relación con los discapacitados” y, según su criterio, puede acontecer que las severas limitaciones de un discapacitado “no le permitan realizar una labor cuya calidad y cantidad lo hagan acreedor del salario mínimo legal vigente”, motivo por el cual la ley entra a protegerlo, garantizándole una remuneración que no puede ser inferior a los porcentajes previstos en el precepto sometido a juicio.
Finalmente, la Corte decidirá si la disposición legal examinada es inexequible o exequible, bien sea en forma simple, o según el condicionamiento sugerido por el señor Procurador General de la Nación, quien ha solicitado a la Corporación decretar la exequibilidad bajo el entendido de que “se trata sólo de aquellas personas cuya limitación sea de tal naturaleza, que se requiera del denominado ‘trabajo protegido’ y siempre que las mismas puedan ser beneficiarias del Régimen Subsidiado de Seguridad Social, cuando no puedan producir ingresos al menos equivalentes al salario mínimo legal vigente”.
De conformidad con la definición transcrita, en el ámbito laboral la incapacidad tiene incidencia sobre la conservación del empleo y, además, sobre la obtención del empleo. En el primer evento, una relación laboral en curso resulta afectada por una incapacidad sobreviniente y, como medida de protección, al trabajador que adquiere una “limitación física, sensorial o sicológica” se le garantiza su permanencia en el empleo gracias a una estabilidad laboral reforzada y mediante el desarrollo de programas de rehabilitación y capacitación[1].
A este respecto, en otra oportunidad la Corte recordó que el Decreto 2177 de 1989, reglamentario de la Ley 82 de 1988, establece en sus artículos 16 y 17 que todo empleador, público o privado, tiene la obligación de reincorporar a los trabajadores inválidos a los cargos que desempeñaban antes de producirse la invalidez, siempre y cuando recuperen su capacidad de trabajo, de asignarles funciones acordes con el tipo de limitación o de trasladarlos a cargos que tengan la misma remuneración[2].
Desde luego, también en relación con los discapacitados carentes de empleo disposiciones del derecho internacional o incorporadas en los textos constitucionales o legales prevén mecanismos de protección u ordenan la progresiva y urgente adopción de medidas protectoras que, por lo general, tienen la finalidad de procurar la rehabilitación, así como la integración laboral y social de los discapacitados[3].
En efecto, la definición de invalidez laboral de la OIT, que ha sido destacada más arriba, alude a deficiencias de carácter físico o mental, mientras que la jurisprudencia citada de esta Corporación, de una parte, se refiere a la limitación física, sensorial o sicológica y, de otra parte, puntualiza que el empleador debe asignarle al trabajador discapacitado funciones acordes con su limitación o trasladarlo a otro cargo, “siempre y cuando la incapacidad no impida el cumplimiento de las nuevas funciones ni suponga un riesgo para la integridad personal del trabajador”[4].
De lo expuesto se deduce que, no obstante el sentido protector de la legislación, la disminución física, sensorial o psíquica puede ser de una entidad tal que conduzca a la terminación del contrato de trabajo “en virtud de la ineptitud del trabajador para realizar la labor encomendada” y según “el nivel y grado de la disminución física que presente el trabajador”[5].
Así las cosas, hay distintas formas de discapacidad y diversos niveles y, en algunos casos el grado de discapacidad le impide a la persona continuar su desempeño laboral o concurrir al mercado abierto de trabajo para obtener una ocupación. En este último supuesto las medidas más habituales de protección a los discapacitados encuentran un límite, ya que están concebidas para facilitar la incorporación laboral de personas con una afectación menos severa y quedan descartadas cuando se comprueba que la invalidez le impide a la persona cumplir cometidos de índole laboral y que, por lo tanto, es indispensable pensar en otras formas de protección del ingreso económico y de la integridad física y síquica del discapacitado[6].
Ante la anotada situación, el Convenio 159 de la OIT pone de presente la urgencia de adelantar un “programa mundial de acción relativo a las personas inválidas” que permita “la adopción de medidas eficaces a nivel nacional e internacional” encaminadas a lograr “las metas de la plena participación” de estas personas “en la vida social y el desarrollo”, así como a asegurar la igualdad de oportunidades y de trato “a todas las categorías de personas invalidas en materia de empleo y de integración en la comunidad”.
Así, al señalar en una de las partes que fue objeto de acusación que cuando el limitado se encuentra aún bajo terapia “no podrá ser remunerado por debajo del 75% del salario mínimo legal vigente”, el artículo 32 indica con claridad que el propósito de rehabilitación todavía inspira el sistema de talleres protegidos y que es compatible con él, sea que el tratamiento se cumpla integralmente en el taller o que éste colabore con un plan externo de rehabilitación o permita que en su seno se cumpla alguna de las etapas de la terapia prescrita a un discapacitado.
Pero el artículo 32 de la Ley 361 de 1997 no circunscribe las finalidades de los mencionados talleres tan sólo al propósito de rehabilitación, pues fuera de que expresamente alude al “trabajo protegido”, no excluye de la realización del mismo a las personas limitadas sometidas a tratamiento y, adicionalmente, se refiere a un grupo de personas con limitación que no se encuentran “bajo terapia” y que no pueden ser remuneradas por debajo del 50% del salario mínimo”, todo lo cual conduce a sostener que el taller de trabajo protegido también tiene objetivos inmediatos de producción.
Este mandato tiene una especificación en el ámbito laboral que el artículo 54 superior recoge al establecer que el Estado “debe garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud”, previsión desarrollada, en forma más concreta, por una figura como la de los talleres de trabajo protegido, pues estos no sólo ofrecen la posibilidad de adelantar actividades productivas y de rehabilitación, sino que, además, pretenden readaptar a las personas severamente limitadas a fin de que puedan entrar a la vida laboral.
Declarar EXEQUIBLE el artículo 32 de la Ley 361 de 1997, “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones”, en el entendido que dichos talleres tienen por objeto actividades formativas, de integración social o de rehabilitación sin ánimo de lucro para el organizador del taller, de personas con diversidad funcional severa y que la relación existente entre ellas y el taller no corresponde a una relación laboral.
TALLERES DE TRABAJO PROTEGIDO-Régimen laboral/TALLERES DE TRABAJO PROTEGIDO-Existencia de contratos de trabajo, al margen de los beneficios que representa el trabajo para las personas con limitaciones (Salvamento de voto)
TALLERES DE TRABAJO PROTEGIDO-Labores constituyen trabajo con el estándar de un salario mínimo legal vigente (Salvamento de voto)
En esos talleres se realizan labores productivas y de rehabilitación que no pueden desnaturalizar el trabajo, pues las modalidades del contrato no desnaturalizan la relación laboral. Mi propuesta es la de que no sólo no se les pague por debajo del 50% del salario mínimo legal, ni menos del 75% del salario mínimo legal vigente, sino que incluso sostengo que no se les debe pagar sólo el mínimo, sino que la remuneración que se les reconozca debe ser la misma que se le reconoce a otras personas por el mismo trabajo. En ningún caso la remuneración salarial puede ser menor del salario mínimo legal.
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD LABORAL-Aplicación (Salvamento de voto)
De acuerdo con el artículo 53 de la Carta Política, la ambigüedad de la norma debe ser interpretada en favor del trabajador y en el presente caso, cualquiera de las dos interpretaciones viola a mi entender la Constitución Política.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 32 (parcial) de la Ley 361 de 1997, “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones”.
[1] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-531 de 2000. M. P. Alvaro Tafur Galvis.
[3] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-531 de 2000. M. P. Alvaro Tafur Galvis.