Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2000-00380-de-noviembre-8-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_94cce4b8728770e8e0430a01015170e8&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-14 08:41:51
Document Index: 364544305

Matched Legal Cases: ['artículo 368', 'artículo 407', 'artículo 407', 'artículo 407', 'artículo 407', 'artículo 407', 'artículo 407', 'artículo 407', 'artículo 407', 'artículo 407', 'artículo 407', 'artículo 407', 'artículo 407']

﻿ Sentencia 2000-00380 de noviembre 8 de 2010
SENTENCIA 2000-00380 DE 08 DE NOVIEMBRE DE 2010
CONTENIDO:IMPORTANCIA DEL CERTIFICADO EMITIDO POR REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS EN LOS PROCESOS DE PERTENENCIA. LA APORTACIÓN EN DEBIDA FORMA DEL CERTIFICADO SE FUNDAMENTA COMO GARANTÍA PARA QUE AL PROCESO CONCURRAN TODAS LAS PERSONAS LEGITIMADAS PARA CONTROVERTIR LA ACCIÓN, SIN VULNERAR LOS DERECHOS DEL PROPIETARIO DEL BIEN.
TEMAS ESPECÍFICOS:CERTIFICADO DEL REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS, PROCESO DE PERTENENCIA, PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA, BIEN INMUEBLE, APORTACIÓN DE DOCUMENTO
Sentencia 2000-00380 de noviembre 8 de 2010
Ref.: 52001-3103-003-2000-00380-01
Bogotá, D.C., ocho de noviembre de dos mil diez.
De los tres cargos que, con apoyo en la causal primera de casación, propuso el recurrente contra la sentencia del ad quem, la Corte solo se ocupará del último, por estar llamado a prosperar.
Con respaldo en el motivo inicial previsto en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, el censor denunció que el fallo impugnado infringió indirectamente los artículos 653, 665, 669, 758, 765, 2512, 2513, 2518 y 2531 del Código Civil, así como los artículos 4º, 6º, 75, 76, 174, 175, 187, 194, 197, 233, 241, 244, 251, 258, 262, 264, 265 y 407, numerales 5º y 11, de la compilación legal aquí primeramente mencionada, como consecuencia de los errores de hecho en que incurrió al apreciar la demanda; el certificado expedido por el Registrador de Instrumentos Públicos de Pasto el 28 de mayo de 1998, con turno 98-35541, anexado al libelo introductorio; los folios de matrícula inmobiliaria 240-152352 y 240-41719 obrantes a folios 74, 75, 354 y 358 del cuaderno principal; y la escritura pública 1513 de 16 de agosto de 1962 otorgada en la Notaría Segunda de esa ciudad.
2. Para demostrar la acusación, el censor afirmó que la decisión adoptada por el tribunal, mediante la cual accedió a lo pedido en la demanda respecto de uno de los inmuebles allí especificados, es “contraevidente”; reprodujo buena parte de las consideraciones en que esa corporación fundamentó tal determinación; y sostuvo que dio por cumplido, sin estarlo, el requisito contemplado en el numeral 5º del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto hace a “la presencia de los certificados especiales” allí exigidos.
3. Luego de precisar que la usucapión reclamada versó sobre “dos (2) inmuebles, aunque contiguos, distintos... [e]l primero Integrado por una casa de habitación y el lote donde se encuentra edificada, localizada en la carrera 25 número[s] 12-81 y 12-87” e identificada por los linderos detallados en la demanda, los cuales reprodujo (pretensión 1-A), y “[e]l segundo, [que] corresponde a un lote de terreno ubicado al respaldo del inmueble reseñado”, en relación con el cual también transcribió los linderos suministrados en el escrito introductorio del proceso (pretensión 1-B), afirmó el recurrente que “era imprescindible adjuntar a esta sendos certificados especiales, que cumplieran las previsiones del artículo 407-5 del Código de Procedimiento Civil”, obligación que “no se cumplió, ni con el documento anexado a la demanda (fl. 21, cp) proveniente del Registrador de Instrumentos Públicos de Pasto, expedido el día 28 de mayo de mil novecientos noventa y ocho (1998), con turno 98-35541; ni con los certificados incorporados al proceso correspondientes a las matrículas inmobiliarias 240-152352 (fls. 74 y 358, cp) y 240-41719 (fls. 75 y 354, cp)”.
4. Respecto del certificado anexado a la demanda y que milita a folio 21 del cuaderno principal (repetido en el siguiente), señaló que “se refiere a un único inmueble, distinto de los descritos en las pretensiones 1-A y 1-B, y por supuesto diferente al señalado en el numeral segundo (2º) de la parte resolutiva de la sentencia que se acusa”.
5. Añadió el censor que el ad quem “tampoco podía aducir, sin incurrir en el error manifiesto que se le increpa, que este presupuesto podía suplirse con los certificados correspondientes a las matrículas inmobiliarias 240-152352 y 240-41719”, los cuales reprodujo, toda vez que ellos no registran “las personas que aparecen inscritas como titulares de derechos reales sujetos a registro, o en su caso, que no figura ninguna como tal” y, adicionalmente, porque esos documentos “no se refieren al bien cuya declaración de pertenencia realizó el tribunal en cabeza de la demandada”, como se “aprecia a simple vista”, habida cuenta que, el primero, en cuanto hace a la identificación del inmueble sobre el que versa, remite a la escritura 1513 de 16 de septiembre de 1962, que trata de una casa de habitación distinguida con los 12-81/87 de la carrera 25 y con unos linderos diversos de aquellos que describen en la demanda el bien de que trata su pretensión 1-B; y que el segundo, expresa unos linderos “que tampoco corresponde[n]” a aquellos.
6. Observó finalmente el censor, que debe casarse la sentencia impugnada, por cuanto “la carencia del presupuesto procesal, radicada en la ausencia de los certificados especiales, para nuestro caso, a que se refiere el artículo 407-5 del Código de Procedimiento Civil, es evidente y manifiesta”.
1. Es del caso destacar, en primer término, el alcance restringido del recurso extraordinario de casación que el demandado señor Mario Santacruz Chaves interpuso contra la sentencia del tribunal, toda vez que dicha impugnación únicamente recayó sobre la decisión que esa autoridad adoptó de acceder a la declaración de pertenencia en relación con el lote de terreno descrito en el punto 1-B de la pretensión primera de la demanda, cuestión a la que, por ende, circunscribirá su estudio la Corte.
2. En tratándose de los indicados procesos de pertenencia, por disposición del numeral 5º del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, “[a] la demanda deberá acompañarse un certificado del registrador de instrumentos públicos en donde consten las personas que figuren como titulares de derechos reales sujetos a registro; o que no aparece ninguna como tal. Siempre que en el certificado figure determinada persona como titular de un derecho real principal sobre el bien, la demanda deberá dirigirse contra ella”.
Indiscutible es la importancia y trascendencia que el precedente mandato del legislador tiene en las señaladas controversias judiciales, pues más que establecer un anexo adicional y forzoso de la demanda con la que ellas se inician, consagra el mecanismo por medio del cual habrán de definirse las personas en contra de quienes debe dirigirse la acción, que no serán otras que aquellas que figuren en el certificado del registrador a que se contrae la norma, como titulares de un derecho real principal relacionado con el bien cuya usucapión se persigue.
Siendo ello así, como en efecto lo es, aflora con igual claridad, que de la plena satisfacción del indicado requisito dependerá que, en cada caso concreto, pueda predicarse que la acción fue debidamente planteada y que, por lo mismo, brindó a los titulares de los derechos reales principales sobre el bien que constituya su objeto, la posibilidad de intervenir en el proceso y de defender las potestades que se encuentran en su patrimonio.
Con otras palabras, la aportación en debida forma del certificado en cuestión y, especialmente, que este cumpla con las exigencias establecidas en la referida disposición legal, en particular, que verse sobre el bien de que trate la demanda y que indique expresamente las personas titulares de derechos reales o que no existe ninguna que tenga tal carácter, son requisitos cuyo cabal acatamiento se erige como garantía para que al proceso concurran todas las personas legitimadas para controvertir la acción y para que, de esta manera, la sentencia estimatoria de las pretensiones que pueda proferirse, no se torne en un acto que ilegítimamente vulnere los derechos del propietario del mismo, habida cuenta que, como se sabe, esa clase de pronunciamientos comporta el reconocimiento, con efectos erga omnes, tanto de la extinción de dicho dominio, como de que el derecho de propiedad se radicó en cabeza del correspondiente demandante, vulneración aquella que acontecería si la relación litigiosa no comprende la totalidad de los titulares de derechos reales principales en el bien disputado, habilitados por la ley para ejercer en esta clase de asuntos el derecho de defensa, entendido como máxima expresión del debido proceso.
En tal orden de ideas, fácil es comprender que la comentada previsión del numeral 5º del artículo 407 del Código de Procedimiento, no es una cuestión meramente formal que concierna solamente con el presupuesto procesal de la demanda idónea, sino que va más allá, toda vez que en verdad atañe al acertado establecimiento de la relación jurídico procesal y, correlativamente, a la legitimidad de la persona o personas que deban resistir las pretensiones.
3. Precisamente, en relación con el requisito que se viene comentando, la Corte ha expresado que sobre su “contenido y alcance”, la “jurisprudencia hace especial énfasis en orden de velar no solo por la demanda en forma sino también por la correcta integración del legítimo contradictor...” (Cas. Civil, sent. jul. 26/2001, Exp. 6835; se resalta); y en forma más reciente, que “el certificado expedido por el registrador también sirve al propósito de establecer quién es el propietario actual del inmueble, así como dar información sobre los titulares inscritos de derechos reales principales, pues contra ellos ha de dirigirse la demanda como ordena el artículo 407 del Código de Procedimiento Civil. La importancia del certificado es aquí manifiesta, por estar vinculada al derecho de defensa de quienes virtualmente tenían derechos sobre el inmueble de modo que si el certificado adolece de defectos, tal precariedad afectaría gravemente a los terceros, quienes no podrían resistir las pretensiones, si es que son eludidos mediante un certificado insuficiente” (Cas. Civil, sent. sep. 4/2006, Exp. 11001-3103-040-1999-01101-01; se resalta).
En el último de los fallos atrás mencionados, la Sala igualmente observó que “[l]a presencia del certificado presta su concurso también como medio para la identificación del inmueble, pues los datos que allí se consignan sirven para demostrar si el predio pretendido realmente existe, como también para saber si es susceptible de ser ganado por prescripción” (se resalta).
4. Adicionalmente, es pertinente memorar que la Corte Constitucional, al desatar sendos cuestionamientos sobre la constitucionalidad del específico numeral que se comenta, los cuales denegó, consideró que “[e]l certificado expedido por el registrador de instrumentos públicos, de que trata el numeral 5º del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, demandado, constituye un documento público (CPC., art. 262-2) que cumple con varios propósitos, pues no solo facilita la determinación de la competencia funcional y territorial judicial para la autoridad que conocerá del proceso —juez civil del circuito del lugar donde se encuentre ubicado el inmueble (CPC, art. 16-5)—, sino que también permite integrar el legítimo contradictor, por cuanto precisa contra quien deberá dirigirse el libelo de demanda... Así se tiene que, el sujeto pasivo de la demanda de declaración de pertenencia estará conformado por la persona o personas que aparezcan en el aludido certificado como titulares de derechos reales principales sujetos a registro —propiedad, uso, usufructo o habitación— sobre el bien en litigio, a quienes se les notificará del auto admisorio de la demanda, permitiéndoles iniciar la correspondiente defensa de sus derechos. Si en ese documento no se señala a nadie con tal calidad, porque no hay inscrito o no se ha registrado el bien, se daría lugar al certificado negativo, obligando dirigir la demanda contra personas indeterminadas” (Sent. C-383 de 2000; se resalta).
Posteriormente, esa corporación expresó que “[c]omo ya se señaló, en materia de prescripción adquisitiva de lo que se trata es de un 'modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo...’. Por ello la identificación de quienes tienen derechos reales sobre el bien que se pretende usucapir no es un aspecto incidental o sin relevancia sino un elemento central del proceso de pertenencia y por tanto mal puede considerarse que los requisitos que establezca el legislador con el fin de identificar claramente los titulares de dichos derechos reales para Conformar legítimamente el contradictorio resulten intrascendentes... No hay que perder de vista que —como lo puso de presente la Corte en la Sentencia C-383 de 2000 siguiendo en esto las orientaciones que sobre el mismo punto había señalado la Corte Suprema de Justicia— las actuaciones legalmente establecidas con el fin de poner en conocimiento la iniciación de una causa judicial a las personas legitimadas para intervenir en ellas, así como las decisiones y actos que se van produciendo durante su ejecución, desarrollan los derechos de defensa y de contradicción” (sent. C-275, abr. 5/2006).
En el último de esos pronunciamientos, sobre la base de que el interesado no puede resultar perjudicado por el hecho de que los Registradores de Instrumentos Públicos no resuelvan las solicitudes que se les formulen para que expidan el certificado de que trata el numeral 5º del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, o que el certificado que expidan no se ajuste a las directrices de dicho precepto, pues ello traduciría el quebranto del derecho de acceso a la justicia, la Corte Constitucional consideró que, por consiguiente, “en cuanto es posible que las disposiciones acusadas se interpreten en un sentido que desconoce el derecho de acceso a la justicia, la Corte considera que las expresiones ‘A la demanda deberá acompañarse un certificado del registrador de instrumentos públicos en donde consten las personas que figuren como titulares de derechos reales sujetos a registro, o que no aparece ninguna como tal’, contenidas en el numeral 5º del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil tal como fue modificado por el Decreto 2282 de 1989, deben declararse exequibles en el entendido que en ningún caso, el registrador de instrumentos públicos puede dejar de responder a la petición, de acuerdo con los datos que posea y dentro del término legal y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia”.
5. En la demanda con la que se dio apertura al presente proceso, se solicitó que se declarara que la actora adquirió, por prescripción extraordinaria, el dominio de los siguientes bienes inmuebles:
“1A) La casa y lote en él construida situada en la Cra. 25 Nº 12-81 y 12-87 de Pasto, tiene los siguientes linderos. ‘Frente con la Cra. 25 Nº 12-72, casa de propiedad de la señora Ligia Caicedo de Rubio, antes de propiedad de la señora Clemencia Guzmán de Bravo; costado izquierdo: mirada de frente, con propiedad del señor Hildefonso Portilla, marcada con el número 12-71 de la carrera 25 de Pasto, tapias al medio; costado derecho: demarcada con el número 25-07, lote esquinero, calle 13, donde ahora existe un taller ‘Talleres técnicos’, lote de propiedad de herederos del señor Sergio María Lopez, inmueble que tiene una extensión de 13.32 metros de frente y de fondo tiene aproximadamente 23 metros.
“1B) ... un lote de terreno que queda al respaldo de la descrita casa, el cual tiene los siguientes linderos así: lado izquierdo: entrando, con propiedades del señor Hildefonso Portilla, con 31.20 m hacia el fondo, y sigue con la propiedad de Josefina Rosero Villota y Libardo Rosero V., herederos del señor Luis Rosero, con 25 m y hacia el fondo, aproximadamente, tapias al medio, e inmueble que está demarcado con la carrera 26 Nº 12-50 y 12-54, paredes al medio. Respaldo: demarcado con el número 12-66 de la carrera 26, de propiedad de la señora Felicitas Palacios, pared de por medio, enseguida y también al respaldo del lote, casa Cra. 26 Nº 12-72, propiedad de la señora Lolita Guerrero de Villota, antes propiedad de la señorita Teresa De Jesús Guerrero Guerrero, paredes al medio, enseguida y también colindando al respaldo con la huerta, casa carrera 26 Nº 12-90, propiedad de Aura Del Carmen Ortiz Sarralde, pared por medio; y haciendo esquina con la huerta a su respaldo, y ya en la calle 13, propiedad de la señorita Concepción Elisa Córdoba Flórez, con la nomenclatura: calle 13 Nº 25-81, pared por medio; y sigue por el mismo lado derecho con el número 25-69 de propiedad de la señora Rosa Elvira Erazo, pared por medio, sigue con la propiedad demarcada número 25-61, de propiedad de Jorge Gonzalez, pared por medio, sigue con el inmueble de propiedad de Guillermo Santacruz, calle 13 Nº 25-33, antes de la familia Ortiz, sigue con la casa de propiedad de la señora Rosa Bastidas de Córdoba Nº 25-21 calle 13 (a la fecha es un lote), termina con el lote esquinero demarcado con el número 25-07 calle 13 de Pasto, de propiedad de herederos del señor Sergio María López, donde está ‘Talleres técnicos’”.
6. No obstante ser contiguos los predios sobre los que recaen las súplicas del libelo introductorio, se establece ,que ellos son diferentes y, jurídicamente, independientes, esto es, que cada uno tiene individualidad propia, de lo que se sigue que, en acatamiento del comentado mandato legal, se imponía a la accionante aportar los correspondientes certificados expedidos por el Registrador de Instrumentos Públicos de Pasto en que constara, respecto de cada uno de los referidos inmuebles, su particular identificación y “las personas que figuren como titulares de derechos reales sujetos a registro; o que no aparece ninguna como tal”.
7. Con el escrito generador de la controversia, se aportó un único certificado, visible a folio 21 del cuaderno principal (repetido al folio siguiente), que reza:
“El suscrito registrador principal de instrumentos públicos del círculo de pasto, a solicitud especial de campo Emilio Enríquez, mediante memorial adjunto, certifica: Que previa la revisión de los índices de propietarios de bienes raíces y de inmuebles en el sistema de cómputo del folio magnético, hasta la presente fecha no aparece persona o personas como titulares de derechos reales sujetos a registro; como tampoco aparece la señora Rosa López, quien figura en el certificado expedido por catastro, como titular de esos mismos derechos reales y sobre un inmueble ubicado en la ciudad de Pasto (N.), en la carrera 25 Nº 12-81, el cual se encuentra comprendido dentro de los siguientes linderos: ‘Por el frente, carrera 25 al medio, casa que fue de la señora Clemencia Guzmán de Bravo Guerra; por el costado izquierdo, a su entrada, con casa del señor Hildefonso Portilla, tapias al medio, por el mismo costado izquierdo, dando al fondo de la huerta, nomenclatura en la carrera 26, casa y lote de Luis Rosero sucesores, igualmente en la carrera 25 e inmediatamente después de esta propiedad, casa de la señora Felicitas Palacios, pared de por medio, y el respaldo del lote, casa de la señora Lolita Guerrero de Villota, pared de por medio, por la misma carrera 26, y colindando al respaldo con la huerta, casa de Aura del Carmen Sarralde Ortiz, pared por medio, y haciendo esquina con la huerta a su respaldo, propiedad de la señorita Concepción Elisa Córdoba Flórez, nomenclatura de la calle 13, por el lado derecho de esta propiedad, entrando a la misma, y en la calle 13 esquina, carrera 25, colinda con sucs (sic) de Sergio María López, pared por medio, propiedad de la Sra. Rosa Córdoba, pared por medio, siguiendo en la misma calle 13, casa que fue de la familia Ortiz, pared por medio, enseguida casa del señor Jorge González, pared por medio, casa de la Sta. Rosa Elvira Eraso’ —linderos tomados del memorial petitorio—. Lo que certificó en la ciudad de Pasto (N.), hoy a los veintiocho (28) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho (1998). Doctor Carlos Ojeda Jurado. Registrador Principal de II.PP. Círculo de Pasto (firmado). Turno 98-35541. Fecha 28-05-98. H. Tobar/”.
8. Aflora con meridiana nitidez que el certificado en precedencia reproducido, en cuanto hace al lote de terreno detallado en el punto 1-B de la primera pretensión de la demanda, no cumple con las condiciones consagradas en el numeral 5º del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, por las siguientes razones:
a) Mientras la demanda, como ya se destacó, trata de dos inmuebles diversos, el certificado en cuestión versa sobre uno solo que, considerada la nomenclatura urbana que indica y los linderos que relaciona, en estrictez, no corresponde a ninguno de los predios materia de la usucapión solicitada.
b) Si el terreno descrito en el citado punto 1-B de la primera petición del libelo introductorio es un lote interno —solar o huerto, como también se le denomina—, no es consistente que él se identifique con el número 12-81 de la carrera 25 de Pasto informado en el certificado que se analiza, cuando esa, dirección, valga destacarse, pertenece al otro bien cuyo dominio persigue la actora.
c) Como el referido predio está situado al respaldo, precisamente, de la casa de habitación marcada con los números 12-81 y 12-87 de la carrera 25 de Pasto, forzoso es colegir que al frente tiene a dicho inmueble y no que él colinda, “carrera 25 al medio, [con la] casa que fue de la señora Clemencia Guzmán de Bravo Guerra”, como aparece en el documento emitido por el Registrador de Instrumentos Públicos de la mencionada ciudad.
En resumen, ni por la nomenclatura urbana señalada en el certificado fechado el 28 de mayo de 1998, ni por los linderos que describe, era dable colegir que ese documento concierne al lote de terreno de que aquí se trata.
9. Ahora bien, en la reforma de la demanda, tras advertir que al momento de darse inicio al proceso “no se logró conseguir el registro de la matrícula inmobiliaria” de cada uno de los bienes sobre los que recaen las pretensiones; que por ello se anexó al libelo introductorio el ya analizado certificado de folio 21 del cuaderno principal; y que el demandado señor Mario Santacruz Chaves, al contestar el escrito con el cual se promovió el litigio, aportó el certificado correspondiente a la matrícula inmobiliaria 240-41719, la accionante pidió que se tuvieran en cuenta el precitado certificado y el correspondiente a la matrícula 240-152332 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pasto, los cuales había allegado al expediente previamente (fls. 74 y 75, cdno. 1), mismos que luego, en atención al decreto oficioso adoptado por el juzgado de conocimiento, se incorporaron a la actuación y obran a folios 353 a 357 del mencionado cuaderno.
Examinado el contenido de dichos documentos se establece:
a) El certificado de tradición y libertad 240-152352 concierne, según se indica en el aparte “Descripción: cabida y linderos”, al inmueble cuya “Extensión, linderos y demás especificaciones constan en escritura 1513 de 16-09-62 Notaría 2de Pasto”, la cual obra en copia auténtica al folio 9 del cuaderno principal y contiene la venta que el señor Alfonso M. Santacruz realizó a la señora Rosa López de García de “las acciones y de derechos que le corresponden de acuerdo al título de tradición que se citará más adelante, ubicados en la casa número 12-81-87 de la carrera 25 de esta ciudad, y cuyos linderos son los siguientes: por el frente, con casa de propiedad de la señora Clemencia Guzmán de Bravo Guerra, la carrera 25 al medio; por el costado izquierdo, con casa de Ildefonso Portilla, paredes por medio; y por el respaldo y costado derecho, con propiedades de los herederos de Sergio María López, paredes al medio”.
b) La matrícula inmobiliaria 240-41719 refiere, conforme se desprende de su propio contenido, a la “Casa de habitación ubicada en la carrera 25 calle 13 ‘Frente con casa de Clemencia Guzmán de Bravo, carrera 25 al medio, izquierdo en su entrada, casa y solar de los sucesores de Froilán Astorquiza, tapias al medio, respaldo y costado derecho, con huerto y casa de Sergio María López, tapias al medio”.
10. Así las cosas, surge ostensible que los inmuebles a que se contraen los folios ahora examinados tampoco corresponden al lote de terreno señalado en el punto 1-B de la pretensión primera de la demanda, pues, como ya se señaló, este no es identificable con la nomenclatura urbana determinada en la memorada escritura, no colinda por el frente con la casa de propiedad de la señora Clemencia Guzmán de Bravo Guerra, carrera 25 de Pasto al medio, como aparece tanto en ese título como en el certificado 240-41719, y, finalmente, porque no existe cabal coincidencia en los restantes linderos.
11. Y es que en relación con el certificado exigido por el numeral 5º del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, la Corte tiene puntualizado que no es uno cualquiera el que debe aportarse, “sino uno en que, de manera expresa, se indiquen las personas que, con relación al específico bien cuya declaración de pertenencia se pretende, figuren como titulares de derechos reales sujetos a registro, o uno que de manera clara diga que sobre ese inmueble no aparece ninguna persona como titular de derechos tales” (Cas. Civil, sent. nov. 30/87).
12. Corolario de lo expuesto, es que el tribunal al acceder a la solicitud de pertenencia respecto de lote de terreno identificado en el punto 1-B de la pretensión primera de la demanda, como quiera que dicha decisión presupone la presencia en el proceso del certificado del registrador a que se ha hecho alusión, necesariamente alteró el contenido de los certificados en precedencia relacionados, particularmente el allegado con la demanda y el identificado con el 240-41719, pues no de otra forma pudo entender que ellos, o que por lo menos uno de los dos, se refería a dicho bien y satisfacía las exigencias del numeral 5º del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, cuando, como quedó analizado, ni esos documentos, ni la matrícula inmobiliaria 240-152352, conciernen a tal inmueble, de lo que se desprende el manifiesto y trascendente error de hecho en que incurrió esa autoridad judicial al apreciar tales elementos de juicio, al punto que de no haberlo cometido, de seguro, no hubiese concluido en la usucapión que finalmente declaró.
13. Se desprende de lo expuesto, que habrá de casarse el fallo recurrido.
14. Ahora bien, si como ya se consignó, el allegamiento del certificado en cuestión, esto es, de uno que ataña al inmueble materia de la pertenencia impetrada y que con claridad señale la persona o personas que ostenten derechos reales principales sobre el mismo, o que no existe ninguna como tal, es un 'requisito que trasciende el presupuesto procesal de la demanda en forma porque, en su genuina esencia, concierne con la legitimación de las personas llamadas por la ley a resistir el juicio de pertenencia, su falta de aportación, que es lo que aconteció en este proceso respecto del lote de terreno identificado en el punto 1-B de la primera súplica del libelo introductorio, hace imposible, por una parte, determinar si los aquí demandados eran quienes en verdad debían convocarse en tal condición y, por otra, acceder a la usucapión implorada en relación con ese bien inmueble.
Tal razonamiento, sumado al hecho de que el tribunal negó las peticiones de la actora en lo tocante con el otro inmueble sobre el que ellas versaron, es decir, la casa de habitación distinguida con los números 12-81 y 12-87 de la carrera 25 de Pasto, aspecto este que, como al inicio de estas consideraciones se puntualizó, no fue materia del recurso extraordinario auscultado, conduce a que en reemplazo del fallo impugnado deba confirmarse la sentencia totalmente desestimatoria proferida por el a quo, empero en el entendido de que los fundamentos que soportan sus determinaciones no son los que adujo esa autoridad sino, por una parte,. los que esgrimió el ad quem para colegir el fracaso de la pertenencia en cuanto hace a la referida casa (punto 1-A, pretensión primera) y, por otra, los expuestos aquí por la Corte en lo relacionado con el mencionado lote (punto 1-B de idéntica súplica).
Las costas en segunda instancia correrán a cargo de la actora, pero solo a favor de los demandados Mario Santacruz Chaves y María Rita García de Rosero, pues únicamente ellos intervinieron en su tramitación.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, actuando en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 27 de noviembre de 2008 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, Sala Civil - Familia, en el presente proceso ordinario de pertenencia y, en sede de segunda instancia, CONFIRMA la sentencia desestimatoria que en dicho asunto dictó el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa capital el 12 de junio del mismo año, con observancia de las precisiones contenidas en la consideración final de este proveído.
Se condena en las costas de segunda instancia a la demandante, pero solo en favor de los únicos demandados que intervinieron 'en su tramitación, señores María Rita García de Rosero y Mario Santacruz Chaves. Tásense y liquídense en oportunidad.
Sin costas en casación, por la prosperidad del recurso.