Source: http://ww.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/C-522-99.htm
Timestamp: 2019-07-23 08:57:34
Document Index: 328630517

Matched Legal Cases: ['artículo 241', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 241', 'artículo 189', 'artículo 157', 'artículo 160', 'artículo 160', 'artículo 241', 'artículo 9', 'artículo 226', 'artículo 93']

C-522-99
Sentencia C-522/99
ACUERDO DE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL-Alcance y limitaciones
En cuanto al alcance de la asistencia, así como a sus limitaciones, el Acuerdo establece detalladamente las modalidades de asistencia que consagra, pero dentro del respeto de los derechos fundamentales que rigen la normatividad penal de nuestro país. En cuanto a las limitaciones, obliga a la Parte Requirente a la utilización de las pruebas e información adquiridas a través del Convenio, solamente para los fines señalados en la solicitud de asistencia judicial realizada.
ACUERDO DE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL-Ley aplicable
Se dispone como regla general la reserva de la solicitud de asistencia por parte del Estado Requerido, así como la confidencialidad del Estado Requirente, en tratándose de las pruebas e información suministradas en virtud del Acuerdo. Es más, señala que en caso de ser necesario el levantamiento de la reserva cuando la ejecución del requerimiento lo exija, se necesita de la aprobación previa del Estado Requirente. A su vez, el Estado Requirente, únicamente puede emplear la información o la prueba obtenida en la investigación o procedimiento que se indique en la solicitud.
ACUERDO DE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL-Comparecencia
En cuanto a los testigos y peritos que comparezcan ante la autoridad competente de la Parte Requirente, se les garantiza que no podrán ser perseguidos o detenidos por hechos o condenas anteriores a su salida del territorio de la Parte Requerida e igual garantía se da a las personas que expresen su consentimiento por escrito, para comparecer ante las autoridades de la Parte Requirente, con el fin de responder por hechos que son objeto de un proceso contra él, siempre y cuando sean diferentes a los que se especifican en la citación. También se garantiza a las personas que se encuentran privadas de la libertad que sean requeridas para declarar ante autoridades competentes del Estado Requirente, que además de que su consentimiento debe constar por escrito, serán devueltas en las mismas condiciones, una vez cese el objeto que motivó su traslado.
Referencia: Expediente L.A.T. 144
Revisión constitucional de la Ley 492 de enero 21 de 1999 “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Asistencia Judicial en materia Penal entre la República de Colombia y la República de Argentina” hecho en Buenos Aires, el tres (3) de abril de mil novecientos noventa y siete (1997).
Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá, D.C., según consta en acta No. 33 del veintidós (22) de julio de mil novecientos noventa y nueve (1999).
La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, atendiendo lo dispuesto en el artículo 241 numeral 10 de la Constitución Política, envió fotocopia autenticada de la Ley 492 del 21 de enero de 1999, “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Asistencia Judicial en materia penal entre la República de Colombia y la República de Argentina”, hecho en Buenos Aires, el tres (3) de abril de mil novecientos noventa y siete (1997).
En providencia de febrero 15 de 1999, el despacho del Magistrado sustanciador, asumió el conocimiento del presente asunto y, solicitó a las Secretarías Generales del H. Senado de la República y de la H. Cámara de Representantes, la remisión de los antecedentes legislativos de la ley en revisión, ordenó la fijación en lista para efectos de asegurar la intervención ciudadana, una vez allegados los documentos mencionados. Así mismo, dispuso el envío de copia de la ley y del Convenio al despacho del señor Procurador General de la Nación, para que rindiera su concepto.
El texto de la ley y acuerdo objeto de revisión, son los siguientes :
Visto el texto del “Acuerdo de Asistencia Judicial en Materia Penal entre la República de Colombia y la República de Argentina”, hecho en Buenos Aires, Argentina, el tres (3) de abril de mil novecientos noventa y siete (1997), que a la letra dice :
“ACUERDO DE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA DE ARGENTINA”
Los Gobiernos de la República de Colombia y de la República de Argentina;
Reconociendo que la lucha contra la delincuencia requiere de la actuación conjunta de los Estados;
Reafirmando el respeto de la soberanía Nacional y la igualdad de los Derechos e intereses recíprocos;
Convencidos de la necesidad de desarrollar acciones conjuntas de prevención, control y represión del delito en todas sus formas, a través de la coordinación y ejecución de programas concretos y, de agilizar los mecanismos tradicionales de asistencia legal y judicial;
1. Para efectos del presente Acuerdo :
e) “Bienes”: Significa los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles y los documentos o instrumentos legales que acreditan la propiedad u otros derechos sobre dichos activos;
1. Las partes se prestarán asistencia mutua en el intercambio de información, pruebas, enjuiciamientos y actuaciones en materia penal. Dicha asistencia comprenderá, entre otras :
i) Cualquier otra de asistencia, siempre que la legislación de la Parte Requerida lo permita y de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del presente Acuerdo.
a) Por la Parte Argentina, la Autoridad Central será el Ministerio de Relaciones, Exteriores Comercio Internacional y Culto,
Las autoridades competentes son en la República de Colombia, las Autoridades Judiciales y, en la República Argentina las Autoridades Judiciales y el Ministerio Público Fiscal.
1. La solicitud de asistencia judicial deberá formularse por escrito. Bajo circunstancias de carácter urgente o en el caso que sea permitido por la Parte Requerida, las solicitudes podrán hacerse a través de una transmisión por fax o por cualquier otro medio electrónico, pero deberán ser formalizadas a la mayor brevedad posible y contendrán al menos la siguiente información :
f) Si fuere el caso, la identidad, nacionalidad y la residencia o domicilio de la persona que deberá ser citada o notificada y la relación que dicha persona guarda con la investigación o el proceso;
1. La autoridad competente de la Parte Requerida, si determina que la ejecución de una solicitud habrá de obstaculizar alguna investigación o procedimiento penal que se esté realizando en dicho Estado; podrá aplazar su cumplimiento o condicionarlo en la forma que considere necesaria.
1. La Parte Requerida podrá negar la asistencia cuando :
b) Considere que el cumplimiento de la solicitud pueda obstaculizar una investigación o proceso penal en curso en dicho Estado, salvo lo dispuesto en el artículo 10 de este Acuerdo;
f) La solicitud de asistencia judicial se refiera a un delito político, militar o conexos con éstos;
3. La Parte Requerida de conformidad con su legislación interna y, a solicitud de la Parte Requirente podrá recibir testimonio de personas con destino a un proceso o investigación que se siga en el Estado Requirente. La Parte Requirente podrá solicitar la ejecución de las pruebas necesarias de conformidad con los procedimientos especificados en la solicitud.
4. El interrogatorio deberá ser presentado por escrito y la Parte Requerida, después de evaluarlo decidirá si procede o no.
5. La Parte Requerida a solicitud de la Parte Requirente, podrá facilitar con fines probatorios, copias de documentos oficiales o probados, antecedentes o informaciones que reposen en un organismo o dependencia gubernamental o privada de dicha Parte, siempre que su legislación interna lo permita.
7. Los documentos u objetos que hubieran sido enviados en cumplimiento de una solicitud de asistencia judicial, deberán ser devueltos lo antes posible por la autoridad competente de la Parte Requirente¸ a menos que la Parte Requerida renuncie a ellos.
1. La solicitud de asistencia judicial enviada a las autoridades competentes de la Parte Requerida, que tenga por objeto la citación de un imputado, testigo o perito ante las autoridades competentes de la Parte Requirente, deberá ser transmitida por la Autoridad Central de la Parte Requirente por lo menos 45 días antes a la fecha fijada para la ejecución de la diligencia objeto de la solicitud.
3. La solicitud de asistencia judicial deberá mencionar el importe de los viáticos, dietas e indemnizaciones que pueda percibir la persona con motivo de su traslado.
2. Una persona, cualquiera que sea su nacionalidad, que exprese su consentimiento por escrito para comparecer ante las autoridades competentes de la Parte Requirente con el fin de que responda por hechos que son objeto de un proceso contra él, no podrá ser enjuiciada, detenida o sujeta a cualquier otra restricción de su libertad personal por hechos o condenas anteriores a su partida del territorio de la Parte Requerida, diferente a los que fueron especificados en tal citación.
2. En todos los casos, la decisión sobre el traslado en virtud del párrafo 1º del presente artículo, será discrecional de la autoridad competente de la Parte Requerida y la negativa podrá fundamentarse entre otras consideraciones, en razones de conveniencia o seguridad.
2. Cuando en cumplimiento del párrafo 1º se encuentren los productos o instrumentos del delito objeto de la solicitud de asistencia judicial, la Parte Requerida a pedido de la Parte Requirente, tomará las medidas necesarias permitidas por sus leyes para evitar cualquier transacción, transferencia o enajenación de los mismos mientras esté pendiente una decisión definitiva sobre dichos productos o instrumentos.
3. Cuando el condenado por un delito ha dispuesto de los productos o instrumentos del mismo, la autoridad competente de la Parte Requerida, a solicitud de la Parte Requirente, determinará si el tercero los obtuvo sin haber sabido o sospechado que se trataba o podía haberse tratado de los productos o instrumentos del delito. Si la autoridad competente de la Parte Requerida determina que el tercero no actuó de buena fe, ordenará el decomiso de los bienes.
Un requerimiento efectuado en virtud de este artículo deberá incluir:
Ejecución de Ordenes de Decomiso
1. En el caso de que el requerimiento de asistencia se refiera a una orden de decomiso, la autoridad competente de la Parte Requerida podrá, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 1 :
a) Ejecutar la orden de decomiso emitida por la autoridad competente de la Parte Requirente relativa a los instrumentos o productos del delito o;
2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9 del presente acuerdo, para los efectos del presente artículo, deberá incluirse lo siguiente :
e) Cuando sea procedente y se conozca, la información acerca de la existencia de antecedentes relacionados con derechos o intereses legítimos a terceras personas sobre los bienes objeto del requerimiento;
5. La orden de decomiso se ejecutará de acuerdo con la legislación interna de la Parte Requerida y en particular, en observancia de los derechos de cualquier persona que pueda ser afectada por su ejecución.
6. En cada caso la Parte Requerida podrá acordar con la Parte Requirente la manera de compartir el valor de los bienes obtenidos como resultado de la ejecución del requerimiento por la Parte Requerida en cumplimiento de este artículo, tomando en consideración los lineamientos establecidos en el artículo 5.5. (b) (ii) de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 y teniendo en cuenta la cantidad de información y cooperación suministrada por la Parte Requerida.
Conforme a lo previsto en el presente Acuerdo, las autoridades competentes de la Parte Requerida tomarán según ley las medidas necesarias para proteger los intereses y derechos de terceras personas de buena fe sobre los bienes afectados por la ejecución de las solicitudes de asistencia judicial.
1. Toda denuncia cursada por una autoridad competente cuya finalidad sea incoar un proceso ante la autoridad competente de la otra,, se transmitirá a través de las Autoridades Centrales.
El presente Acuerdo podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes en cualquier momento mediante Nota Diplomática, la cual surtirá efectos seis (6) meses después de la fecha de recepción por la otra Parte. La denuncia no afectará las solicitudes de asistencia judicial en curso.”.
B. Intervenciones
Según informe secretarial del siete (7) de mayo de mil novecientos noventa y nueve (1999), durante el término de fijación en lista, no fue presentado ningún escrito.
C. Concepto del Procurador General de la Nación
El Procurador General de la Nación, mediante concepto No. 1823 del 1 de junio de 1999, solicita declarar la constitucionalidad de la Ley 492 de enero 21 de 1999, “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Asistencia Judicial en Materia Penal entre la República de Colombia y la República de Argentina”, hecho en Buenos Aires, el tres (3) de abril de mil novecientos noventa y siete (1997) y, de su Ley Aprobatoria No. 492 de enero 21 de 1999.
El Procurador General de la Nación, una vez verificados los requisitos de orden formal, encuentra ajustado a las disposiciones constitucionales, el Instrumento Internacional objeto del presente examen.
Igualmente, realizado el análisis desde el punto de vista material, el Ministerio Público, señala que el Acuerdo que se revisa contiene una serie de disposiciones tendientes a fortalecer los mecanismos de cooperación judicial y de asistencia jurídica en asuntos penales, entre los Gobiernos de Colombia y Argentina, en aras de su responsabilidad frente a la lucha contra la delincuencia. Por lo tanto, el Acuerdo que se analiza tiene aplicación en la investigación de los delitos y, de todas aquellas materias relacionadas con procedimientos judiciales de índole penal.
Después de realizar un breve análisis de los asuntos de que trata el Acuerdo en estudio, concluye que no se advierte vicio que pueda comprometer su constitucionalidad y, al contrario, agrega que dicho instrumento internacional pretende asegurar la vigencia de un orden justo y el funcionamiento eficiente de la administración de justicia penal en forma pronta y diligente, atendiendo las disposiciones de orden superior, concretamente los artículo 2, 29 y 228.
Por otra parte, manifiesta el Procurador, que tampoco se observa ningún vicio de constitucionalidad en el contenido de la Ley Aprobatoria, como quiera que ésta se limita a aprobar el texto del Acuerdo y disponer lo pertinente para la entrada en vigencia del Instrumento Público Internacional.
La Corte Constitucional es competente para efectuar la revisión constitucional del Acuerdo y de la ley que lo aprueba, de conformidad con el artículo 241 numeral 10 de la Constitución Política.
Segunda. Revisión formal
a) Aprobación Presidencial
El 4 de junio de 1997, el Presidente de la República aprobó y ordenó someter a la aprobación del Congreso de la República el Acuerdo en revisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 189 numeral 2 de la Constitución Política. El Decreto también fue suscrito por las Ministras de Relaciones Exteriores y de Justicia y del Derecho.
b) Trámite del proyecto de ley número 11 de 1997, en el Senado de la República y su conformidad con la Constitución Política.
La Ministra de Relaciones Exteriores, para esa época, doctora María Emma Mejía, así como la entonces Ministra de Justicia y del Derecho, doctora Almabeatríz Rengifo López, en nombre del Gobierno Nacional, presentaron ante la Secretaría General del Senado de la República, el proyecto de ley por medio del cual se aprueba el “Acuerdo de asistencia judicial en materia penal entre la República de Colombia y la República de Argentina”, hecho en Buenos Aires, Argentina, el tres (3) de abril de mil novecientos noventa y siete (1997). Proyecto de ley que fue radicado el 30 de julio de 1997, bajo el número 11 de 1997.(Gaceta del Congreso No. 302 de julio 31 de 1997).
- La Presidencia del Senado, el mismo 30 de julio de 1997, repartió el proyecto de ley a la Comisión Segunda Constitucional Permanente y, dispuso su publicación, la que se efectuó en la Gaceta del Congreso No. 302 de 31 de julio de 1997, pags. 5 a 11. De esta manera se cumplió la exigencia de la publicación oficial del proyecto de ley por el Congreso, antes de darle curso en la Comisión respectiva, tal como lo señala el artículo 157, numeral 1 de la Constitución Nacional.
- La Mesa Directiva de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República, designó como ponente al senador Jairo Clopatofsky Ghisays, quien presentó ponencia para primer debate, publicada en la Gaceta del Congreso No. 384 del 19 de septiembre de 1997, páginas 5 a 8. Proyecto que fue aprobado por diez (10) votos a favor de los senadores presentes en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República, el día 24 de septiembre de 1997, según certificación suscrita por el Secretario de la Comisión, Felipe Ortíz Marulanda, y que reposa en el expediente. Encuentra la Corte, que de acuerdo con lo consignado en esa certificación, se satisfacen los requerimientos para la aprobación del proyecto en comisión, artículos 145 y 157 numeral 2 de la Constitución.
Presentada la ponencia para segundo debate, que se publicó en la Gaceta del Congreso No. 404 del 2 de octubre de 1997, páginas 9 a 12, el proyecto fue aprobado por la plenaria del Senado, el día 25 de noviembre de 1997, según acta No. 19 de la sesión ordinaria del día 25 de noviembre de 1997, publicada en la Gaceta del Congreso No. 504 del 2 de diciembre de 1997, página 12.
En la certificación suscrita por el Secretario General del Senado de la República, se afirma que el proyecto de ley 11 de 1997, fue aprobado en segundo debate de la plenaria del Senado, con el lleno de los requisitos legales, constitucionales y reglamentarios, con un quórum de ochenta y dos Senadores de ciento dos (102). La Corte considera que se cumplen los requisitos contemplados para el quórum deliberatorio y decisorio. Así mismo, entre el primer y segundo debate (24 de septiembre de 1997 y 25 de noviembre de 1997), medió un lapso superior a los ocho días, que señala el artículo 160 de la Constitución Nacional.
c) Trámite del proyecto de ley No. 147 de 1997, en la Cámara de Representantes y su conformidad con la Constitución Política.
- El proyecto de ley 11 de 1997 Senado, fue enviado a la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes para su respectivo trámite. La Secretaría de esta Comisión, una vez radicado el proyecto bajo el número 147 de 1997, designó al Representante Jaime Avila Tobar.
- La ponencia para primer debate, fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 178 del 9 de septiembre de 1998, páginas 6 a 8. El proyecto fue aprobado por unanimidad de los diecisiete (17) Representantes asistentes, el día 9 de septiembre de 1988. La Corte considera que se aprobó con el quórum deliberatorio y decisorio, pues esta Comisión está compuesta por 19 Representantes. Además, reúne las exigencias del artículo 160 de la Constitución Nacional, porque entre la aprobación del proyecto en una de las Cámaras, Plenaria del Senado, (noviembre 25 de 1997) y, la iniciación del debate en la otra, Comisión Segunda de la Cámara, (9 de septiembre de 1998), transcurrieron más de quince (15) días.
- La ponencia para segundo debate fue presentada por el H. Representante Jaime Avila Tobar, aprobada en la plenaria de la Cámara, con un quórum decisorio de 143 Representantes, el día 15 de diciembre de 1998, según consta en la certificación suscrita por el Secretario General de la Cámara de Representantes. Encuentra esta Corporación que se cumple el quórum deliberatorio y decisorio, porque son 163 los miembros de la Cámara de Representantes. Así mismo, transcurrieron más de ocho (8) días entre el primer debate que se presentó en la comisión constitucional correspondiente y el segundo debate dado en la plenaria.
Enviado por la Cámara de Representantes el proyecto de ley 11/97 Senado y 147/97 Cámara, a la Secretaría General del Senado de la República, éste lo remitió al Presidente de la República, quien lo sancionó el día veintiuno (21) de enero de mil novecientos noventa y nueve (1999), como Ley 492.
La Presidencia de esta Corporación, recibió el texto de la Ley 492 de 1999, junto con el Acuerdo que ella aprueba, en el lapso de los seis (6) días que señala el artículo 241, numeral 10 de la Constitución.
f) Competencia del funcionario que suscribió el Acuerdo.
El Acuerdo objeto de revisión, fue suscrito en nombre de la República de Colombia por el Ministro de Relaciones Exteriores, quien dada la naturaleza y competencias del cargo que estaba ejerciendo, podía representar al Estado Colombiano, en desarrollo del ius representationis. Así las cosas, el mencionado funcionario no requería autorización expresa para representar al Estado Colombiano en el proceso de negociación y firma del Acuerdo en revisión.
En conclusión, tanto el Acuerdo en revisión, como la ley que lo aprueba, por cumplir todos los trámites de carácter formal, son constitucionales, razón por la cual, la Corte entrará a estudiar el aspecto material del Acuerdo, confrontándolo con la totalidad de los preceptos constitucionales.
Al realizar el análisis constitucional del Tratado, observa la Corte, que el objeto del mismo, encaja dentro de la voluntad del Constituyente de 1991, pues allí se propugnó por una apertura de nuestro país a las nuevas tendencias del derecho internacional.
En efecto, desde el Preámbulo de la Carta, se establece el compromiso de impulsar la integración de la comunidad latinoamericana; y, en el mismo sentido, el artículo 9 ibidem, establece que las relaciones exteriores del Estado Colombiano, se fundamentan en “la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia.
“De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe”.
Igualmente, el artículo 226 del Estatuto Fundamental, dispone que “El Estado promoverá la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre las bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional”.
Así pues, el objetivo principal del Instrumento Internacional que se revisa, busca la concertación eficiente de dos Naciones (Colombia y Argentina), con el propósito de unir esfuerzos tendientes a evitar una grave realidad que nos afecta, en mayor o menor grado, como es el aumento del delito en sus diversas modalidades y, que trasciende las fronteras de cada Estado. Por ello, a juicio de la Corte, se hace necesario que a través de este tipo de instrumentos, se implementen medidas adecuadas y eficaces, que de conformidad con el ordenamiento jurídico interno de los países Partes logren combatir la impunidad y, desestimular de esta manera el delito.
En este orden de ideas, los Gobiernos de Colombia y Argentina, fundamentados en el respeto de la Constitución, y la Ley en general, así como en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 93 Superior, logran este Acuerdo de Asistencia Judicial en materia penal, en aras de una pronta y completa justicia.
El Acuerdo se aplica a la investigación de delitos y, en general a todas aquellas materias relacionadas con procedimientos judiciales de naturaleza penal, salvo cuando se trate de la detención de personas con el fin de que sean extraditadas; de las solicitudes de extradición; del traslado de personas condenadas con el objeto de que cumplan sentencia penal; y, de la asistencia a particulares o a terceros Estados.
Es importante destacar, que las Partes se obligan al estricto respeto y cumplimiento del ordenamiento jurídico interno de cada uno de los Estados, así como, la sujeción a los principios de Derecho Internacional, especialmente los de soberanía e igualdad de derechos e intereses recíprocos.
El Acuerdo define los términos que se emplean, con el objeto de darles un sentido especial y en aras de lograr una unificación de criterios tendientes a facilitar la posterior interpretación del instrumento. Así, se definen los conceptos de –decomiso, instrumentos del delito, productos del delito, bienes, embargo preventivo, secuestro o incautación de bienes-, definiciones que en nada contradicen las disposiciones de nuestro derecho interno, sino que por el contrario se adecuan a él; además, coinciden con definiciones previstas en otros instrumentos internacionales en materia de asistencia judicial, que ya se encuentran incorporados en nuestra legislación.
Son señaladas las Autoridades Centrales de cada una de los Estados: en el caso de Colombia, la Fiscalía General de la Nación o el Ministerio de Justicia y del Derecho; y, en el caso de Argentina el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Esta determinación de Autoridades Centrales permite que sean ellas exclusivamente las encargadas de la remisión y recepción de solicitudes de cooperación e igualmente de las respuestas dadas, haciendo el proceso mucho más ágil y eficaz.
En cuanto a la ley aplicable, se dispone que las solicitudes serán cumplidas de conformidad a la legislación de la Parte Requerida, cobrando vigencia el principio de territorialidad de la ley, en la ejecución de las actuaciones que se den en desarrollo de una solicitud.
Es importante destacar que el Acuerdo consagra los casos en los cuales el Estado Requerido puede negar la asistencia impetrada. Esto hace relación, al caso de que la solicitud se refiera a delitos previstos en la legislación militar; o tenga que ver con delitos políticos o conexos con éstos; o cuando la persona en relación con la cual se solicita la medida haya sido exonerada de responsabilidad penal en forma definitiva; o, habiéndosela condenado, se hubiere cumplido o extinguido la pena; también, se señalan los casos en que el cumplimiento de la solicitud sea contrario al ordenamiento jurídico de la Parte Requerida, a la seguridad, al orden público y a la soberanía; o, cuando la investigación haya sido iniciada con el objeto de procesar o discriminar a una persona o grupo de personas por razones de sexo, raza, condición social, nacionalidad, religión e ideología u obstaculice un procedimiento penal en curso en su territorio, caso en el cual, la autoridad competente de la Parte Requerida puede condicionar o diferir la solicitud.
Dispone como regla general la reserva de la solicitud de asistencia por parte del Estado Requerido, así como la confidencialidad del Estado Requirente, en tratándose de las pruebas e información suministradas en virtud del Acuerdo. Es más, señala que en caso de ser necesario el levantamiento de la reserva cuando la ejecución del requerimiento lo exija, se necesita de la aprobación previa del Estado Requirente. A su vez, el Estado Requirente, únicamente puede emplear la información o la prueba obtenida en la investigación o procedimiento que se indique en la solicitud.
Por último, el Acuerdo contempla los aspectos relativos a exención de legalización, consultas, solución de controversias, entrada en vigor y denuncia, ajustándose a las prácticas y normas del Derecho Internacional que se encuentran consagradas en el Convenio de Viena sobre el derecho de los Tratados.
En suma, del análisis material de este Acuerdo de Asistencia Judicial en Materia Penal, entre la República de Colombia y la República de Argentina, no se advierte vicio que comprometa su constitucionalidad, por el contrario, tal como se señaló al comienzo, este Instrumento Internacional desarrolla los principios constitucionales que nos rigen, en especial el Preámbulo y los artículos 9 y 226.
En relación con el contenido de la Ley Aprobatoria, tampoco encuentra la Corte vicio de constitucionalidad alguno.
Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
Declarar EXEQUIBLES el “Acuerdo de Asistencia Judicial en Materia Penal entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Argentina”, hecho en Buenos Aires, el tres (3) de abril de mil novecientos noventa y siete (1997), así como la Ley 492 del 21 de enero de 1999, por medio de la cual se aprueba dicho Acuerdo.