Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-1549-00.htm
Timestamp: 2017-10-23 02:32:09
Document Index: 235676372

Matched Legal Cases: ['artículo 27', 'artículo 1', 'artículo 14', 'artículo 18', 'artículo 1', 'artículo 23', 'artículo 27']

C-1549-00
En concepto de la demandante, las normas acusadas establecen un trato discriminatorio para los trabajadores particulares que devengan más de un salario mínimo, pues el legislador ha omitido en ellas, regular el reajuste automático de su salario, como ocurre para los trabajadores que devengan un salario mínimo (Ley 278 de 1996 art. 8) y para los empleados del Estado (Ley 4ª de 1992) y los altos funcionarios (art. 264 de la Ley 5ª de 1992). Argumenta, que de los artículos 53 y 373 de la Constitución se desprende que, “al ser el salario una especie de la moneda colombiana”, el Estado tiene la obligación de garantizar el “mantenimiento de la capacidad adquisitiva de los salarios”, así como de la moneda.
“Como se ve, esta Corporación ha definido que para que el cargo de inconstitucionalidad por omisión pueda prosperar, es necesario que se cumplan determinados requisitos, que se pueden sintetizar de la siguiente manera: a) que exista una norma sobre la cual se predica”.[4]
La demandante acusa el artículo 27 del Código Sustantivo del Trabajo, el literal c) del artículo 1 de la Ley 50 de 1990, la expresión “constituye salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable…” del artículo 14 de la misma ley y la expresión “será el que resulte de aplicar lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo” del artículo 18 de la Ley 100 de 1993.
De la lectura de las disposiciones indicadas, se concluye que sus respectivos contenidos normativos no se refieren al tema del reajuste salarial. En efecto, el literal c) del artículo 1 de la Ley 50 de 1990, que modifica el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, dispone que es elemento esencial para que se presente un contrato de trabajo, la existencia de “un salario como retribución de servicios”. La norma no entra a definir cuál es el régimen jurídico del salario, sino que se limita a establecer su carácter de elemento necesario en todo contrato de naturaleza laboral, lo que guarda relación directa con el artículo 27 del Código Sustantivo del Trabajo, también acusado, el cual preceptua que “todo trabajo dependiente debe ser remunerado”, sin hacer mención alguna al reajuste de dicha remuneración o su exclusivo carácter dinerario.
“La acción pública de inconstitucionalidad si bien permite realizar un control más o menos extenso de la labor legislativa, no autoriza la fiscalización de lo que el legislador genéricamente ha omitido, conforme a las directrices constitucionales. (…)
Lo que se pretende mediante la acción de inconstitucionalidad, es evaluar si el legislador al actuar, ha vulnerado o no los distintos cánones que conforman la Constitución. Por esta razón, hay que excluir de esta forma de control el que se dirige a evaluar las omisiones legislativas absolutas: si no hay actuación, no hay acto qué comparar con las normas superiores; si no hay actuación, no hay acto que pueda ser sujeto de control. La Corte carece de competencia para conocer de demandas de inconstitucionalidad por omisión legislativa absoluta” (Sentencia C-543/96. M.P. Carlos Gaviria Díaz).
“Comoquiera que la acusación subexamine se concreta a la falta de notificación del auto que ordena la apertura de la investigación dentro del proceso de responsabilidad fiscal, lo cual, en criterio de los actores, impide una presencia activa del investigado en esa etapa procesal en términos de una defensa adecuada, es preciso aclarar que el cuestionamiento plantea una inconstitucionalidad por omisión ante la inexistencia de un trámite dentro de dicha actuación, lo cual no guarda relación directa con ninguno de los contenidos normativos mencionados en la norma acusada, puesto que, como se vio, ella versa únicamente sobre la forma en que se inicia el proceso de responsabilidad fiscal y el señalamiento de las etapas que en el mencionado proceso adelantan los organismos de control fiscal.
“Lo anterior impide un pronunciamiento de fondo acerca del contenido material del precepto demandado pues el cargo de inconstitucionalidad no se contrae a enjuiciar los ordenamientos consignados en la norma ni las previsiones allí establecidas, sino, como se ha expresado, a resaltar la ausencia de una determinada actuación procesal posterior, en el trámite del proceso de responsabilidad fiscal, debiendo en consecuencia la Corte declararse inhibida para proferir decisión de mérito constitucional, como así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.” (resaltado fuera de texto) Sentencia C-540 de 1997, M.P. Hernando Herrera Vergara.
“Lo anterior ha sido perentoriamente señalado por esta Corporación en los siguientes términos que ahora vale la pena reiterar con énfasis:
‘La acción pública de inconstitucionalidad no puede entablarse contra una norma jurídica por lo que en ella no se expresa, sino que tiene lugar únicamente respecto del contenido normativo de la disposición acusada.’ (Sentencia C-073 de 1996. M. P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo) (resaltado fuera de texto) Sentencia C-146 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.”