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Timestamp: 2018-10-22 17:13:22
Document Index: 395575383

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'Artículo 61', 'artículo 78', 'artículo 78', 'artículo 82', 'artículo 152', 'artículo 19', 'artículo 23', 'artículo 14', 'artículo 8', 'artículo 83']

Ley Estatutaria JEP - www.hinabuconsultoressas.com
PREGUNTAS CLAVE: LEY ESTATUTARIA DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ
En esta semana que termina se dio inicio en el Congreso de la República al debate sobre la ley estatutaria que estructura y reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz. Ya una reforma constitucional le había dado vida a todo el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de no Repetición, del cual hace parte la Jurisdicción, como eje nuclear que busca garantizar el derecho a la justicia de las víctimas y permitirle al Estado cumplir con el deber de investigar y sancionar las más graves violaciones, en el marco del conflicto armado en Colombia.
Son muchos los debates que se han suscitado alrededor del alcance y contenido de dicha ley, por lo cual Hinabu Consultores intenta dar respuesta a las preguntas más frecuentes relacionadas con este proyecto de ley.
¿CUAL ES EL OBJETIVO DE LA LEY?
La Ley estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz tiene por finalidad regular la estructura y funcionamiento de esta jurisdicción, como componente de justicia del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado mediante Acto Legislativo 001 de 2017.
No regula lo concerniente a los demás organos del Sistema como la Comisión para el Esclarecimiento de la verdad o la Comisión de Busqueda de Desaparecidos.
( Punto 5 del Acuerdo de Paz, titulo III transitorio del Acto Legislativo 001 de 2017)
El artículo 9 del PLE establece a si vez el objeto de la JEP como “satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia; ofrecer verdad a la sociedad colombiana; proteger los derechos de las víctimas; contribuir al logro de una paz estable y duradera; y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno mediante la comisión de las mencionadas conductas. La administración de justicia por parte de la JEP es un servicio público esencial.”
SIENDO UNA JURISDICCIÓN ESPECIAL, ¿CUAL ES EL MARCO DE SU COMPENTENCIA?
El título IV del proyecto de ley se dedica a establecer los criterios de competencia, temporal, material y personal.
En cuanto al material se establece una competencia general para conocer de todos los delitos cometidos por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. (art.61)
En cuanto a la competencia personal, se aplicará el sistema a quienes hayan suscrito acuerdo de paz y se encuentren en la listas entregadas por el Secretariado; a los investigados o condenados por el delito de rebelión u otros relacionados con el conflicto aunque no pertenezcan a las organizaciones armadas; a los agentes del Estado.
También se tiene competencia frente a:
Acciones relacionadas con la protesta y disturbios públicos (parágrafo 1 art. 61)
Conductas estrechamente vinculadas a la dejación de armas ( art. 61)
Conductas de financiación o colaboración con grupos paramilitares o con cualquier otro actor del conflicto que no sea resultado de coacción. ( art. 61)
ENTONCES, ¿QUIENES PUEDEN ACCEDER AL SISTEMA?
Quienes pertenecientes a un grupo organizado al margen de la Ley hayan suscrito un acuerdo de Paz con el Gobierno Nacional. (estén en las listas entregadas por las FARC)
Quienes no perteneciendo a una organización rebelde estén siendo investigados o sancionados por serlo.
Los miembros de la fuerza Pública y otros agentes estatales que hayan cometido crímenes en el marco del conflicto armado.
Terceros que sean determinantes en la comisión de crímenes objeto de la competencia de la JEP.
Personas acusadas de delitos cometidos en el marco de la protesta y disturbios públicos.
¿PUEDE LLAMAR ESTA JURISDICCIÓN A PARTICULARES? ¿EN QUÉ CASOS?
Serán de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz las conductas de financiación o colaboración con los grupos paramilitares, o con cualquier actor del conflicto, que no sean resultado de coacciones, respecto de aquellas personas que tuvieron una participación activa o determinante en la comisión de los crímenes competencia de esta jurisdicción (Artículo 61 PLE)
También, de forma voluntaria las personas que sin formar parte de las organizaciones o grupos armados hayan contribuido de manera directa o indirecta a la comisión de delitos en el marco del conflicto (parágrafo 4, art. 61 PLE) o hayan sido condenadas por la justicia ordinaria por conductas de competencia del Sistema. ( literal e) del artículo 78 del PLE)
¿QUIÉN DEFINE CUANDO UNA ACCIÓN ES EN EL MARCO DEL CONFLICTO?
Compete al mismo Sistema en cabeza del Tribunal definir cuando una acción se considera en el marco del Conflicto armado.
A la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad le compete decidir si los hechos y conductas atribuidas a las distintas personas son competencia del Sistema por haber sido cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno. (literal a) del artículo 78 del PLE)
A la Sala de Definición de Situación Jurídica tiene a cargo efectuar la calificación de la relación de la conducta con el conflicto armado en el ejercicio de sus funciones[1].
El artículo 82 del PLE también establece la competencia de la Sala de Amnistía e Indulto para definir que un delito se cometió en el marco del conflicto armado para efectos de definir la conexidad.
El artículo 152 para determinar la procedencia de la extradición.
¿CUAL ES EL LIMITE TEMPORAL PARA EFECTOS DE LA COMPETENCIA?
Conductas criminales realizadas con anterioridad al 1 de diciembre de 2016
O en el caso de las FARC hasta culminar el proceso de dejación de armas.
¿QUÉ PASA SI UNA PERSONA QUE CUMPLE ESOS REQUISITOS VUELVE A DELINQUIR?
Esto quiere decir que los delitos que se comentan con posterioridad Al 1 de diciembre de 2016 serán competencia exclusiva de la Jurisdicción Ordinaria.
Frente a los crímenes cometidos con anterioridad al 1 de diciembre de 2016 será competencia de la Jurisdicción Especial y con respecto a los cometidos con posterioridad a dicha fecha serán competencia de la jurisdicción ordinaria.
De cualquier forma, será el Tribunal Especial para la Paz el responsable de verificar si las nuevas acciones delictivas implican la perdida de los beneficios del Sistema, entendiendo por ello la imposición de sanciones propias y en su lugar la aplicación de penas ordinarias en el marco del Sistema.
¿Y SI NO CUMPLEN CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS DE VERDAD, REPARACIÓN O NO REPETICIÓN?
Implica la perdida de beneficios. Esta será gradual. La más severa es perder la posibilidad de penas alternativas. determinándose la ordinaria del Sistema. ( Hasta 20 años)
Según el artículo 19 del PLE son incumplimientos graves la reiterada incomparecencia injustificada ante las autoridades del SIVJRNR que lo requieran, la negativa a aportar verdad y la reiteración de conductas que constituyan graves violaciones de los derechos humanos o graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
¿CUAL ES LA RELACIÓN DE ESTE SISTEMA DE JUSTICIA CON LAS DEMAS JURISDICCIONES Y ENTES INVESTIGADORES?
Tiene prevalencia la JEP en caso de conflicto de competencia con cualquier otra jurisdicción.
Aparte del carácter temporal que otorga competencia a la jurisdicción ordinaria frente a hechos acontecidos con posterioridad a l 1 de diciembre de 2016, el acto legislativo y la Ley estatutaria establece otras interacciones a saber:
Con la jurisdicción indígena: Se respeta su autonomía bajo la premisa de aplicación del principio de prevalencia de la JEP. (Art. 3)
La Fiscalía y otros entes siguen investigado las conductas contenidas en los informes, hasta que la Sala de Reconocimiento anuncie informe ( literal j. art 78).
Respecto a las sanciones o investigaciones penales, disciplinarias, fiscales o administrativas, incluidas las pecuniarias, impuestas a personas naturales en cualquier jurisdicción, la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz se limitará, bien a anular o extinguir la responsabilidad o la sanción disciplinaria, fiscal o administrativa impuesta por conductas relacionadas directa o indirectamente con el conflicto armado, o bien a revisar dichas sanciones, todo ello a solicitud del sancionado o investigado. (art.31)
Se aplica procedimiento art. 9 del A.L 01 de 2017[2].
¿CUALES SON LOS DELITOS ASOCIADOS A LA DEJACIÓN DE ARMAS?
Todas aquellas conductas que siendo amnistiables que no supongan incumplimiento al Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo según lo convenido en el “Protocolo de Reglas que rigen el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo (CFHBD) y Dejación de Armas (DA)” que hace parte del Acuerdo Final, y siempre que hayan sido cometidas antes de que concluyera el proceso de Dejación de Armas de las FARC-EP acordado entre ese grupo y el Gobierno Nacional.
Las actividades que implican incumplimiento al cese al fuego y que por lo tanto no pueden ser consideradas asociadas al cese al fuego son:
Realizar actividades ilícitas para la financiación de la organización. Esto incluye, la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal.
Ejecutar actos de violencia o cualquier amenaza que ponga en riesgo la vida e integridad personal contra la población civil.
¿CUANDO PROCEDE LA AMNISTÍA?
Cuando las acciones por las cuales se investiga son de las denominados políticos o conexos,
Excluyéndose los siguientes:
Lesa humanidad: genocidio y graves crímenes de guerra
Toma de rehenes: tortura y ejecuciones extrajudiciales
Desaparición forzada: violencia sexual y sustracción de menores
¿QUÉ DELITOS PUEDEN CONSIDERARSE CONEXOS PARA EFECTOS DE LA AMNISTÍA?
Ley 1820 de 2016 en su artículo 23 establece como criterios de conexidad:
a) Aquellos delitos relacionados específicamente con el desarrollo de la rebelión cometidos con ocasión del conflicto armado, como las muertes en combate compatibles con el Internacional Humanitario y la aprehensión de combatientes efectuada en operaciones militares,
b) Aquellos delitos en los el sujeto pasivo de la conducta es el Estado y su régimen constitucional vigente, o
c) Aquellas conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión. Sala de Amnistía e Indulto determinará la conexidad con el delito político caso a caso..(::).
¿CUÁLES SON LOS EFECTOS DE LA AMNISTÍA?
Se extingue la acción penal y la sanción principal y accesoria ( Art. 40)
Se prevé la más amplia posible y se regirá por la ley 1820 DE 2016 ( Art. 39)
Aplica frente a delitos políticos y conexos
No extingue el derecho a recibir reparación
Principio de favorabilidad ( Art. 39)
¿EN QUÉ CONSISTE EL TRATAMIENTO PENAL DIFERENCIADO PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA?
Renuncia a la persecución penal a quienes hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. (43)
Se extingue la acción penal, la responsabilidad penal y la sanción penal
Pero no exime del deber de contribución a la reparación de las víctimas
RESPONSABLE: La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas
A petición del interesado o de oficio. Recurrible la decisión solo por interesado ( 47)
NO APLICA FRENTE A LOS DELITOS NO AMNISTIABLES, QUE NO TENGAN RELACIÓN CON EL CONFLICTO O QUE SEAN CONTRA LA DISCIPLINA, EL HONOR Y LA SEGURIDAD DE LA FUERZA PUBLICA. (44)
Tránsito a cosa juzgada – se eliminan antecedentes penales – anula sanciones otras jurisdicciones e impide acción de repetición. Procede reintegro con excepciones
¿EN QUÉ CONSISTE EL REGIMEN DE LIBERTADES QUE PLANTEA LA LEY?
Que una vez firmado el acuerdo las personas que estén privadas de la libertad. art. 50
Transitoria condicionada y anticipada
De listas del Min. Defensa
Frente a quienes al entrar en vigencia la Ley estén detenidos o condenados y manifiesten o acepten sometimiento ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas o antes ante el secretario jurídico de la JEP
No implica definición de situación jurídica.
Levantamiento suspensión ejercicio funciones y atribuciones salvo: homicidio, tráfico de armas, concierto para delinquir y definidos en art. 44.
Incumplimiento implica revocatoria del beneficio
¿UNA PERSONA QUE ES OBJETO DEL SISTEMA PUEDE SER EXTRADITADA?
NO. Ya sea porque esté sometido a la jurisdicción o porque esté contribuyendo a la verdad.
Los artículos 146 a 149 del PLE se refieren a la extradición y sus límites. En primer lugar existe una prohibición expresa para conceder la extradición o tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición activa o pasiva respecto de hechos o conductas objeto de este Sistema, ocasionados u ocurridos durante el conflicto armado interno o con ocasión de este hasta la finalización del mismo. Esta prohibición se extiende a familiares en 2do grado de consanguinidad y primero de afinidad[3].
En el caso de conductas posteriores a la firma del Acuerdo Final y no tener relación con el proceso de Dejación de Armas, la remitirá a la autoridad judicial competente para que sea investigada y juzgada en Colombia, sin excluir la posibilidad de extradición.
¿CUÁL ES EL PAPEL DE LAS VÍCTIMAS EN EL PROCEDIMIENTO?
El papel de las víctimas es medular en el desarrollo del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y por lo tanto de la Jurisdicción Especial para la Paz. Así lo prevé el Acto Legislativo 01 de 2017 y lo desarrolla el proyecto de Ley estatutaria.
Se prevé la participación efectiva de las víctimas en las distintas instancias del Sistema. (artículo 14)
Se ordena que sean oídas en la determinación de los supuestos de priorización y selección. ( art. 15)
Se exige como condicionante de beneficios la contribución a la reparación integral.( art. 37)
Se prevé la entrega de informes por parte de las organizaciones de víctimas ( art. 78)
Tanto en la Unidad de Investigación, como en El Tribunal se prevé participación y comunicación fluida con los representantes de víctimas y organizaciones. ( art. 79, 86, 87 y 109)
¿SE PUEDEN INTERPONER TUTELAS?
Sí, bajo un procedimiento especial consistente en:
“En el evento en que las sentencias de las secciones vulneren derechos fundamentales de una víctima con interés directo y legítimo, esta podrá solicitar protección mediante la presentación de recurso ante la Sección de Apelaciones, el cual deberá ser resuelto en 10 días, observando lo establecido en el artículo 8 transitorio del Acto Legislativo 001 de 2017. La acción de tutela procederá contra las acciones u omisiones de los órganos de la Jurisdicción Especial para la Paz, que hayan violado, violen o amenacen los derechos fundamentales”[4].
En lo que respecta a providencias judiciales que profiera la JEP procederá solo por una manifiesta vía de hecho o cuando la afectación del derecho fundamental sea consecuencia directa por deducirse de su parte resolutiva y se hubieran agotado todos los recursos al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz, no existiendo mecanismo idóneo para reclamar la protección del derecho vulnerado o amenazado. En el caso de violaciones que se realicen por afectación al debido proceso, deberá interponerse tras haber agotado el recurso procedente ante los órganos de la JEP. (ar. 149 )
Conoce de ellas el Tribunal de Paz y podrá ser revisado por la Corte Constitucional[5]. Las sentencias de revisión serán proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional.
En primera instancia conoce la Sección de Revisión del Tribunal. (literal K art. 97 PLE). Corresponde a la Sección de Apelaciones del Tribunal decidir en segunda instancia las acciones de tutela en contra de decisiones de algún órgano de la JEP.( art. 96)
[1] Literal d) artículo 83 del PLE
[2] Art.66 PLE
[3] Art. 146 PLE
[4] Art.149 PLE
[5] Art. 151 y 152 PLE