Source: https://de.scribd.com/document/64228469/C-293-02
Timestamp: 2019-04-26 13:03:36
Document Index: 16120139

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 85', 'artículo 58', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 29', 'artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 85', 'artículo 85', 'artículo 25', 'artículo 80', 'artículo 83', 'artículo 79', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 93', 'artículo 241', 'artículo 1', 'artículo 85', 'artículo 158', 'artículo 85', 'artículo 85', 'artículo 85', 'artículo 226', 'Artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 5', 'Artículo 1', 'artículo 29', 'Artículo 5', 'artículo 85', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 95', 'artículo 95', 'artículo 85', 'artículo 85', 'artículo 85']

C-293-02
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AVANCEFINAL1
Sentencia C-293/02 MEDIO AMBIENTE SANO-Desarrollo jurisprudencial constitucional DESARROLLO SOSTENIBLE EN MEDIO AMBIENTE SANOSeres humanos como
centro de preocupación RECURSOS NATURALES EN MEDIO AMBIENTE SANOExplotación y actividades económicas no pueden vulnerarlo DERECHO AL AMBIENTE SANO-Fundamental para la existencia de la humanidad DERECHO AL AMBIENTE SANO-Fundamental DERECHO AL AMBIENTE SANO-Deber de protección por el Estado PRINCIPIO DE PRECAUCION AMBIENTAL EN EL AMBITO INTERNACIONAL INTERNACIONALIZACION ECOLOGICAS DE LAS RELACIONES
PRINCIPIO DE PRECAUCION EN MATERIA AMBIENTALDeclaraciones, tratados o convenios PRINCIPIO DE PRECAUCION EN DECLARACION DE RIO DE JANEIRO SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO PRINCIPIO DE PRECAUCION EN CONVENCION MARCO DE NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMATICO PRINCIPIO DE PRECAUCION AMBIENTAL EN EL AMBITO INTERNACIONAL-Certeza científica ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS O TRANSGENETICOS-No certeza absoluta sobre daños a la salud humana o medio ambiente PRINCIPIO DE TRANSGENICOS PRECAUCION EN COMERCIO DE
PRINCIPIO DE PRECAUCION AMBIENTAL-Elementos PRINCIPIO DE PRECAUCION AMBIENTAL-Acto administrativo excepcional y motivado/PRINCIPIO DE PRECAUCION AMBIENTAL-Demanda de acto administrativo El acto administrativo por el cual la autoridad ambiental adopta decisiones,
sin la certeza científica absoluta, en uso del principio de precaución, debe ser excepcional y motivado. Y, como cualquier acto administrativo, puede ser demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esto hace que la decisión de la autoridad se enmarque dentro del Estado de Derecho, en el que no puede haber decisiones arbitrarias o caprichosas, y que, en el evento de que esto ocurra, el ciudadano tiene a su disposición todas las herramientas que el propio Estado le otorga. En este sentido no hay violación del debido proceso. PRINCIPIO DE PRECAUCION AMBIENTAL-Preservación por particulares y el Estado DEBERES DE LA PERSONA Y DEL CIUDADANO-Protección de recursos culturales y naturales y conservación del ambiente sano PRINCIPIO DE PRECAUCION AMBIENTAL-Peligro de daño grave e irreversible aunque no exista certeza científica absoluta PRINCIPIO DE PRECAUCION AMBIENTAL EN EL AMBITO NACIONAL-Suspensión de obra o actividad que desarrolla el particular así no exista certeza científica absoluta COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Cargos de demanda iguales aunque en admisión se manifestó existencia de cosa juzgada relativa COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Remisión a procedimiento para imposición de medidas y sanciones en materia ambiental Referencia: expediente D-3748 Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 1, numeral 6 (parcial); y, 85, numeral 2º y parágrafo 3 (parcial), de la Ley 99 de 1993, “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se reorganiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.” Actor: Ricardo Vanegas Sierra. Magistrado Ponente: Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil dos (2002) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones
“Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente. las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual. ha proferido la siguiente SENTENCIA I. numeral 6.. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. de la Ley 99 de 1993. No obstante. se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables.constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991. se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables. y se dictan otras disposiciones.” “Artículo 1.) 6.. NORMAS DEMANDADAS A continuación.. II. 85. se transcribe el texto de las disposiciones acusadas y se subraya lo demandado. la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.” (. ANTECEDENTES. SINA.” Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de inconstitucionalidad. la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda de la referencia. Principios Generales. el ciudadano Ricardo Vanegas Sierra demandó parcialmente los artículos 1. cuando exista peligro de daño grave e irreversible.. “Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente. se reorganiza el Sistema Nacional Ambiental.) . SINA. La política ambiental seguirá los siguientes principios generales : (. En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política. numeral 2º y parágrafo 3. se reorganiza el Sistema Nacional Ambiental. y se dictan otras disposiciones.
concesión. Parágrafo 1. edificación o servicio respectivo y revocatoria o caducidad del permiso o concesión. a costa del infractor. los siguientes tipos de sanciones y medidas preventivas : 1) Sanciones : a) Multas diarias hasta por una suma equivalente a 300 salarios mínimos mensuales. los estudios y evaluaciones requeridas para establecer la naturaleza y características de los daños. e) Decomiso definitivo de individuos o especimenes de fauna o flora o de productos o implementos utilizados para cometer la infracción. cuando de su prosecución pueda derivarse daño o peligro para los recursos naturales renovables o la salud humana. liquidados al momento de dictarse la respectiva resolución. efectos e impactos causados por la infracción. cause daño evidente al medio ambiente o a los recursos naturales no renovables. ni de la obligación de restaurar el medio ambiente y los recursos naturales renovables afectados. c) Suspensión de obra o actividad. Tipos de Sanciones. c) Cierre temporal o definitivo del establecimiento. El Ministerio del Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales impondrán al infractor de las normas sobre protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables. d) Realización dentro de un término perentorio. Parágrafo 2. licencia o autorización. 2) Medidas preventivas : a) Amonestación verbal o escrita. cuando habiéndose adelantado sin permiso o licencia.Artículo 85. d) Demolición de obra. b) Suspensión del registro o de la licencia. Las sanciones establecidas por el presente artículo se . así como las medidas necesarias para mitigarlas o compensarlas. El pago de las multas no exime al infractor de la ejecución de las obras o medidas que hayan sido ordenadas por la entidad responsable del control. y no habiendo sido suspendida. b) Decomiso preventivo de individuos o especimenes de fauna o flora de productos e implementos utilizados para cometer la infracción. o cuando la obra o actividad se haya iniciado sin el respectivo permiso. mediante resolución motivada y según la gravedad de la infracción. la concesión de permiso o autorización.
29. 29. querría decir que primero meten en la cárcel al procesado y después lo investigan. a su arbitrio. 13. determina que la formulación de políticas ambientales se tomará con base en los procesos de investigación científica. Se viola el debido proceso. pero. LA DEMANDA. porque tiene dos conceptos constitucionales y legales contrarios y antagónicos. puesto que este principio de precaución no existe. en ninguna otra clase de procesos. 4. porque al acusado. Parágrafo 3. Se vulnera el artículo 58 de la Carta pues. y no puede existir. también. a renglón seguido. Lo mismo ocurriría en el derecho laboral. le permite a la autoridad ambiental que.. en el caso de la aplicación del mencionado principio. al no tener que adelantar ningún estudio científico. “(. el numeral 6 del artículo 1º carece de unidad de criterio.. 35. Por un lado. en aplicación del principio de precaución. 4. para el actor. Para la imposición de las medidas y sanciones a que se refiere este artículo se estará al procedimiento previsto por el Decreto 1594 de 1984 o al estatuto que lo modifique o sustituya. encaminado a obtener la certeza absoluta requerida. porque le permite a la autoridad ambiental aplicar un criterio subjetivo en la imposición de sanciones y lo releva de tener que probar técnica y científicamente el problema. entonces. se le impone la sanción sin tener oportunidad de controvertir la decisión. acertadamente. De la aplicación del principio se deriva. Considera el actor que las normas demandadas violan los artículos 1. artículos 3. al entregar al funcionario ambiental poderes ilimitados y se le “premia” su incapacidad científica. por la forma como la Ley 99 de 1993 estableció el principio de precaución. 58 y 83 de la Constitución. Esto constituye. la violación de los artículos 1.aplicarán sin perjuicio del ejercicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar. 13. así : Se viola el concepto de Estado de derecho. según el demandante. en el artículo 1º del numeral 6 acusado. artículo 29 de la Constitución. 58 y 83 de la Constitución. Se pregunta el actor ¿qué tal la existencia del principio de precaución en el derecho penal?. contra el Código Contencioso Administrativo. Lo que atenta. porque los ciudadanos que tienen procesos ante las autoridades ambientales se encuentran en desigualdad de oportunidades y obligaciones procesales. un mico. El artículo 13 de la Constitución se vulnera. desconozca derechos particulares y concretos adquiridos con . En efecto. que ordena darle oportunidad al interesado de expresar sus opiniones. permite a la autoridad ambiental adoptar decisiones sin tener certeza científica absoluta. consagrado en el artículo 1º de la Carta. primero desvinculan del trabajo al empleado y luego se le inicia el proceso sancionatorio.)” III.
en el que una autoridad administrativa ambiental y no un juez de la República. La acusación contra el parágrafo 3 del mismo artículo 85. consiste en la remisión que hace al procedimiento establecido en el Decreto 1594 de 1984. Por la misma razón. pero no para darle poderes a funcionarios ambientales. trae como ejemplo su caso personal. Prueba de ello se observa que en los artículos 244 y 247 del Decreto se alude al Sistema Nacional de Salud y al Ministerio de Salud. ya que el ciudadano al que se le lleva un proceso ambiental. el de la mala fe. IV. como ocurre en el caso de la acción de tutela. Por ello. La acusación contra el artículo 85. numeral 2. que se presta para la corrupción. Finalmente. diferentes al agua. INTERVENCIONES. En el único artículo de la Constitución que se menciona el término prevenir. sin certeza científica. en la medida en que para el demandante. al aplicar el mencionado principio. Para el demandante. va a actuar mal. es como si para juzgar a un criminal se le aplicara el Código del Trabajo. En este proceso intervinieron los ciudadanos Carlos Alberto Mantilla . como representante de una sociedad constructora. para señalar metas y orientaciones. en los procesos sancionatorios. Además.arreglo a la ley. se viola el artículo 25 de la Constitución. es quien le impuso una sanción ambiental indefinida. estima el demandante que hay violación del derecho de igualdad. se produce el cierre de la actividad. siendo que este Decreto fue expedido como herramienta para administrar. se está permitiendo la suspensión de la obra o actividad por parte de la autoridad. que consagra el derecho al trabajo. Considera que un principio como el acusado. por la pereza e incapacidad de las autoridades ambientales para emitir el estatuto correspondiente. aunado al hecho de que la sanción la impone un funcionario de la administración y no un juez de la República. con referencia al medio ambiente. de la Ley 99 de 1993. aplicado en cualquier rama del derecho es una negación de derecho. porque con esta clase de decisiones. ya que cuando la autoridad ambiental. es en el artículo 80. por su incompetencia profesional y científica. controlar y sancionar el uso del agua y de los residuos líquidos. pero lo hace en sentido de políticas macro. y mucha gente queda en la calle. ya que puede presumir que la persona que tiene un proceso ante la autoridad ambiental. Se vulnera el artículo 83 de la Constitución. el principio de precaución permite que los empleados ambientales sean juez y parte. con el fin de demostrar la inconstitucionalidad de las normas que ataca. puede aplicar el principio contrario. debe someterse a un estatuto que fue creado para otros asuntos. no está capacitada para probar un hecho o una situación. pero no fue concebido para vigilar y controlar los aspectos concernientes a los demás recursos naturales. en materia de sanciones. dice el actor que corresponde a los mismos los cargos expresados contra el principio de precaución. en desconocimiento del principio de la buena fe.
En consecuencia. apoderada del Ministerio del Medio Ambiente. Estas intervenciones se resumen así : a) Para el ciudadano Manilla Gutiérrez las normas acusadas no violan la Constitución. Para el caso concreto del medio ambiente.Gutiérrez. la adopción de medidas eficaces para impedir su degradación. al establecer que la Constitución es norma de normas. . en la sentencia C-073 de 1994. cualquier determinación podría resultar inoficiosa e ineficaz con lo cual la función preventiva de las entidades resultaría inoperante. en especial. en un momento dado. en su propio nombre. Si se tuviera que esperar hasta obtener dicha certidumbre científica. fue establecido en la Declaración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. no tiene razón el demandante. Así mismo. en las que el bien común. ninguna norma de la Constitución enuncia como fundamental o prevalente la necesidad de la certeza científica absoluta. en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio Climático. el bienestar general y el interés general son prevalentes. el artículo 79 de la Constitución obliga al Estado a proteger y conservar la integridad del ambiente. La Carta es un sistema que establece jerarquías. que se reflejan en la imposibilidad de tener. tanto para el ambiente sano como para el ambiente íntegro. la Carta declara que el interés general está directamente ligado con el derecho colectivo. el interviniente enumera las manifestaciones de esa prevalencia del interés general. y el interés particular está subordinado a cualquiera de los anteriores. Este mismo principio está contenido en otros instrumentos internacionales. tales como el Convenio de Diversidad Biológica. e incorporado en la Ley 99 de 1993. aun sin certeza científica la autoridad ambiental debe adoptar la decisión correspondiente. que consagra el principio de precaución. por la Corte Constitucional en la sentencia C-519 de 1994. una prueba científica absoluta. si el interés general es prevalente.” Manifiesta que el numeral 6 del artículo 1 demandado. aprobado por la Ley 164 de 1994. Señala que “sobre los resultados de un evento (deterioro ambiental) se determina que puede generar consecuencias de carácter irreversible si no se toman medidas oportunamente para detener la acción que causa ese deterioro. declarados exequibles el Convenio y la Ley. quienes expusieron las razones que justifican la constitucionalidad del artículo demandado. entonces. Por ello. a lo largo de la Constitución. A partir de este concepto. Además. también. Esta supremacía está ratificada en el artículo 4 de la Carta. que puedan producir daño grave e inminente. es una manifestación de este mandato. en situaciones de riesgo. Pone de presente que a nivel mundial existe una enorme incertidumbre de tipo científico sobre las consecuencias ambientales de determinadas actividades. y María Idalid Moreno Ramírez. b) La apoderada del Ministerio del Medio Ambiente se refiere al concepto del principio de precaución. aprobado por la Ley 164 de 1994 y declarados exequibles el Convenio y la Ley.
como ejemplo de su aplicación. los programas y la formulación de .” Por ello. demandado. Finalmente cita sentencias de la Corte Constitucional en materia ambiental. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION.Es decir. la interviniente expone detalladamente los puntos de vista de los tratadistas y las formas de interpretación del principio. en el concepto Nro. para la aplicación de las medidas preventivas y concluyó que no viola el debido proceso. Se extendió al derecho internacional y. 2735. en la sentencia C-710 de 2001. la interviniente señala que la Corte Constitucional se pronunció sobre la exequibilidad de esta remisión. por lo que hay cosa juzgada. el ejercicio activo de la duda. V. Y respecto de las medidas preventivas y las sanciones correspondientes. y transcribe apartes de un fallo del Tribunal Superior de Bogotá. pone de presente las diferencias entre los vocablos previsión. sino que atañe también a los particulares. La Unión Europea fundamentó una medida ambiental encaminada a impedir el ingreso de esta carne. originado en los efectos nocivos de los productos químicos. considera que el demandante está confundiendo el procedimiento establecido en el Decreto con la norma sustantiva. solicitó declarar exequibles las normas acusadas. sentencia del 31 de mayo de 1995. También. ya que en condiciones de normalidad. el control corresponde a otra jurisdicción. considera el Ministerio Público que es una facultad excepcional. La interviniente pone de presente que el principio de precaución se formuló en Alemania en los años 70. prevención y precaución. el principio de precaución ya fue analizado por la Corte y fue declarado constitucional. las leyes naturales y lo predecible. en el que el Tribunal se pronunció respecto del procedimiento establecido en el Decreto 1594 de 1984. en relación con las matemáticas. cuyos daños sólo se visualizarían después de transcurridos 20 o 30 años. con el fin de asegurar el resarcimiento al menoscabo de la vida humana. Al respecto. contenido en el artículo 1. Además. contra esta clase de decretos. numeral 6. de fecha 22 de noviembre de 2001. Sobre la remisión al Decreto 1594 de 1984. bajo el argumento de que “el principio precautorio se había convertido en una norma general del derecho internacional. El señor Procurador General de la Nación. la responsabilidad de la conservación y defensa del ambiente no es exclusiva del Estado. por las siguientes razones : Sobre el principio de precaución. hay una referencia expresa en el caso de la importación de carne de res con hormonas. la aplicación de este principio exige para la administración ambiental. Además. y es de interés universal. del literal c) del mismo artículo.
en la medida en que ella siempre va a afectar el derecho al trabajo de quienes laboran en ella. así como sancionatorios “para garantizar esos derechos constitucionales. etc. son fundamentales cuando por el factor de conexidad amenacen. en razón de las materias que éste comprende. ante la inminencia de un hecho que amenace o pueda afectar gravemente el medio ambiente. deben ser el resultado de las investigaciones científicas. de aduanas. Tampoco se violan los derechos adquiridos. Esto significa que las actividades de las personas deben realizarse dentro de los límites que le impone el ordenamiento jurídico. siempre la autoridad deberá proteger éste último.” Acudiendo a este principio de precaución. sino también de todas las personas. Por ello.políticas que se adopten por las autoridades ambientales. cuando adopta medidas con el fin de proteger a los menores. como es imponer límites al ejercicio de las libertades y garantías ciudadanas. las autoridades ambientales son titulares del derecho de policía. pongan en peligro o vulneren los derechos fundamentales de protección inmediata con mecanismos judiciales reforzados para hacerlos efectivos. No se viola tampoco el debido proceso por el hecho de que el derecho de defensa y contradicción se ejerza después de tomar la medida de precaución. cuando se acuda a ellas sin el soporte científico. Este principio de precaución no es de la esencia del derecho administrativo general sino del derecho administrativo ambiental. por este aspecto. con el test de ponderación que habrá de realizar la autoridad cuando ha de tomar una medida preventiva que ordene la suspensión de una obra o de una actividad. pero ello no puede ser una excusa suficiente y razonable para que la autoridad ambiental no privilegie el derecho ambiental de naturaleza colectiva. en razón de que cuando un derecho adquirido se encuentra enfrentado a un derecho ambiental de naturaleza colectiva. no hay violación del derecho de igualdad. o las autoridades de turismo. Pone de presente que no sólo las autoridades ambientales imponen medidas policivas de prevención. también lo hace el ICBF. las normas que regulan el mencionado derecho son especiales y está justificado que el legislador establezca instrumentos de prevención. pues. de conformidad con la Constitución y la ley. de conformidad con el principio de proporcionabilidad y razonabilidad. Dice el señor Procurador que “lo mismo ocurre. ni arbitrarias. si el primero pone en peligro la conservación o sostenibilidad del segundo. pues. deben corresponder a actos administrativos debidamente motivados. Las facultades de las autoridades ambientales que les otorga la ley no son ilimitadas. con las consecuencias que de ello se derivan. que si bien son de tercera generación. tal como lo tiene establecido la doctrina constitucional. El deber de mantener y conservar la sostenibilidad del ecosistema no sólo es del Estado. no es posible adelantar toda una actuación administrativa previa. cuando la motivación de la medida preventiva sea la de garantizar la sostenibilidad del mismo y evitar los daños irremediables a que puede . Es decir. de aeronáutica.
el señor Procurador solicita declarar la exequibilidad de las normas demandadas. la Corte Constitucional es competente para conocer de las demandas de inconstitucionalidad contra disposiciones contenidas en leyes. no se analiza la intención de la persona que realiza la actividad. Por lo anterior. tal como está consagrado en la . adopte medidas que pueden lesionar los derechos e intereses de personas que resulten afectadas con tales decisiones.” (fl. Finalmente. 2. como la objeto de esta acción. de que la actividad produzca graves daños al ambiente. Al respecto. 1. sino la naturaleza de las condiciones materiales en que se realiza. para que. Para el demandante.1 Se debate si el “principio de precaución”. artículo 93 de la Carta. precisa que lo demandado hace parte del bloque de constitucionalidad. En virtud de lo dispuesto por el artículo 241. porque tal remisión se hace sólo respecto del procedimiento y no en cuanto a la autoridad encargada de aplicarlo o para imponer la sanción. Competencia. En consecuencia. que consiste en que las autoridades ambientales “cuando exista peligro de daño grave e irreversible. la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente” ( numeral 6 del artículo 1º de la Ley 99 de 1993). numeral 4. porque el elemento que determina la medida es de naturaleza objetiva y no subjetiva. la existencia del principio. sin que medie la certeza científica absoluta. le está otorgando facultades ilimitadas a tales autoridades ambientales. el señor Procurador deduce que el cargo puede consistir en que se vulnera el principio de unidad de materia.someter esa actividad al ecosistema y con ello la vida. el principio de precaución es exequible. de la Constitución. en los convenios y tratados ambientales que ha suscrito Colombia. En estos casos. Sobre la acusación contra el parágrafo 3 del artículo 85. 133) Señala que no es consistente la acusación de que se viola el principio de la buena fe. ya que el actor no señala cuál norma constitucional es la que considera violada. Lo que se debate. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS. dice el Ministerio Público que la aplicación del procedimiento establecido en el Decreto 1594 de 1984 no viola el artículo 158 de la Constitución. VI. 2.
ni la forma como están consagrados estos temas en la Constitución Política. no obstante lo importante que . se violan los artículos de la Constitución al debido proceso. Además. de la misma Ley 99 de 1993. ya fue analizado por la Corte en la sentencia C-710 de 2001. de inconstitucional la remisión que el artículo 85. como quedó consagrado el principio en la legislación nacional. al principio de la buena fe.2 Para los intervinientes y el Ministerio Público las normas son constitucionales.” (sentencia C-058 de 1994). así : “Los seres humanos constituyen el centro de preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. pero no fue concebido para vigilar y controlar lo concerniente a los otros recursos diferentes al agua. 2. También ha dicho que la explotación de los recursos naturales y el ejercicio de las actividades económicas no pueden vulnerar el derecho a un medio ambiente sano.. Y.3 Planteadas así las cosas. C-1189 de 2000. Colombia ha suscrito tratados y convenios internacionales en los que se prevé esta medida de precaución. al trabajo. porque este Decreto fue expedido como herramienta para administrar. hace al Decreto 1594 1984.. acusado). cuando. en este sentido. lo que viola el derecho de igualdad. la aplicación del principio de precaución debe ejercerse en forma excepcional y mediante acto motivado. violara disposiciones constitucionales. por lo que hay cosa juzgada. que en concepto de tal autoridad causa daño o peligro para los recursos naturales o la salud humana (numeral 2 del artículo 85. la autoridad ambiental acude a este principio y decide el cierre o la suspensión de la actividad económica. manejar y controlar el uso del agua y de los residuos líquidos. la Corte analizará el principio de precaución en dos ámbitos : el internacional y en el derecho interno. a la defensa. sólo cabe recordar algunos de estos principios en que se ha apoyado el desarrollo jurisprudencial en materia ambiental. y. salvo si.) Por eso. porque. para la interviniente del Ministerio del Medio Ambiente.4 Debe señalarse desde ahora que la Sala no se detendrá a estudiar la protección al medio ambiente y a los recursos naturales. parágrafo 3. lo que no es coherente con un Estado de derecho. como se expondrá. la remisión que hace el parágrafo 3 del artículo 85 de la Ley 99 de 1993.norma acusada. (. en razón de que éste no es el punto en discusión en este proceso. C012 de 2001. el principio de precaución corresponde al desarrollo del derecho internacional en materia ambiental y no puede ser objeto de una mera decisión interna. en 49 artículos (lo que ha dado lugar a que la Constitución de 1991 sea llamada por algunos tratadistas como la “Constitución Ecológica”). El demandante acusa. Para lo pertinente. porque el principio de precaución no sólo no viola la Carta sino que constituye una herramienta eficaz para proteger el derecho colectivo al medio ambiente sano. literal c. 2. y la Corte se ha pronunciado en numerosas ocasiones desde el año de 1992. en consecuencia. entre otros. el mandato constitucional obliga a efectuar una utilización sostenible de tales recursos. también. permite la actuación arbitraria de las autoridades ambientales. Eventos a los que la Corte se ha referido en las sentencias C-400 de 1998. al Decreto 1594 de 1984. Para el Ministerio Público. como se pretende en esta demanda. a los derechos adquiridos. 2. entre otras.
en la sentencia 671 de 2001. como es el caso del bromuro de metilo. Principio de precaución en el ámbito internacional. en la legislación nacional. Desde el punto de vista del deber constitucional del Estado en la protección del medio ambiente.1 Existe un mandato de orden constitucional sobre la internacionalización de las relaciones en asuntos ecológicos. M. En efecto. 3.para la economía del país sea la actividad económica a desarrollar. el principio de precaución en el ámbito internacional y. Es sabido que la mayor afectación del medio ambiente la constituyen causas antropogénicas. doctor Jaime Araújo Rentería). toda vez que es clara la relación entre la utilización de dicha sustancia con el agotamiento de la capa de ozono y con la afectación de la salud humana. que el derecho al medio ambiente es fundamental para la existencia de la humanidad y que “no se puede desligar del derecho a la vida y a la salud de las personas. Estas actividades. primero. es decir. fruto de una regulación internacional. desarrolladas especialmente desde el siglo anterior. no dudó en calificar el punto como “La internacionalización de las relaciones ecológicas”. y explicó lo siguiente : “La internacionalización de las relaciones ecológicas “La protección del medio ambiente. después. tendentes a la protección de este derecho. como respuesta a la creciente degradación del mismo y las amenazas de una evidente degradación futura. se ha intensificado paralelamente con el desarrollo de la legislación interna de la mayoría de los países. reciprocidad y conveniencia nacional”. económicas. Así mismo. Reiteradas ahora estas materias y desde el señalado marco jurisprudencial. En este orden de ideas es constitucional la adopción de mecanismos. los factores perturbadores del medio ambiente causan daños irreparables en los seres humanos y si ello es así habrá que decirse que el medio ambiente es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad. el artículo 226 de la Constitución señala : “El Estado promoverá la internacionalización de las relaciones políticas.P. A esta conclusión se ha llegado cuando esta Corte ha evaluado la incidencia del medio ambiente en la vida de los hombres y por ello en sentencias anteriores de tutelas. se ha afirmado que el derecho al medio ambiente es un derecho fundamental". previniéndolas de cualquier injerencia nociva que atente contra su salud. sociales y ecológicas sobre bases de equidad.. De hecho. (sentencia T-092 de 1993). aquellas derivadas de la actividad humana tendentes a la satisfacción de sus necesidades. dentro del derecho internacional. La Corte. cuando los procesos . la Corte ha dicho que “Uno de los deberes del Estado es garantizar la vida de las personas en condiciones dignas.” (sentencia C-671 de 2001. habrá de examinarse. 3.
la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. doctor Jaime Araújo Rentería) De allí la importancia de examinar. el de la precaución. sobre Medio Ambiente y Desarrollo”. por lo que no contemplan fronteras geopolíticas. “El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará . el calentamiento de la tierra proviene de actividades que se generan en una multiplicidad de Estados y sus efectos se resienten en todo el planeta. se convierte en un problema global.” (sentencia 671 de 2001. enmarcados dentro del límite de sus fronteras políticas. M. en los siguientes términos : “Principio 15. el cual por lo general es irreversible: en varias ocasiones la polución afecta a Estados distintos al que contiene la fuente de la misma.2 En primer lugar. Se pueden citar muchos ejemplos sobre las implicaciones globales del deterioro del medio ambiente. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible. Con el fin de proteger el medio ambiente. aérea y marina. así : “Artículo 1º.P. a nivel internacional. entre muchos otros. bien sea a través de declaraciones. las especies migratorias atraviesan territorios que abarcan diversos Estados. los distintos ecosistemas son multidimensionales y los elementos de cada uno guardan una compleja interrelación. del Medio Ambiente. en la “Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992. las decisiones en que ha participado Colombia y que han aprobado el principio de precaución. degradación de hábitats. En consecuencia. “En oposición al principio según el cual la soberanía de los Estados implica su autodeterminación y la consecuente defensa de intereses particulares. en general. se contempló dentro de los 27 principios. al desbordar estas fronteras. 3. los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. extinción de especies de fauna y flora. calentamiento global.. que a su vez se preparan para enfrentar un futuro común. agotamiento de la capa de ozono. su protección se traduce en un propósito conjunto de todos los Estados. deforestación. al expedir la Ley 99 de 1993. tratados o convenios. Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios generales : “1. ejercidas sin un criterio de sostenibilidad. generan un impacto negativo sobre los recursos naturales y el ecosistema global. la degradación del medio ambiente.industrializados y la población mundial se aceleraron tan abruptamente. hizo alusión expresa a los principios contenidos en la Declaración de Río de Janeiro.” (se subraya) El legislador colombiano. Dichos impactos sobre el medio ambiente son evidentes: polución terrestre. lluvia ácida.
3 En armonía con lo que estaba ocurriendo en los años 90. así : “ARTICULO 3o. tomando en cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático deberían ser eficaces en función de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo posible. del mismo artículo 1. Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever. es una declaración producida por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. A tal fin. ser integrales. señaló que este artículo es exequible.. consagró en el artículo 3. esas políticas y medidas deberían tener en cuenta los distintos contextos socioeconómicos. y en forma autónoma en el numeral 6. prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. el principio de precaución. se guiarán. 3.según principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre el Medio Ambiente y Desarrollo”. ahora demandado. ni es un documento que está abierto a la adhesión de los Estados o de los organismos internacionales o supranacionales.” (sentencia C-528 de 1994. sumideros y depósitos pertinentes de gases de efecto invernadero .. hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992”. con el carácter de un instrumento internacional con fuerza vinculante. Explicó la sentencia : “En este caso se encuentra que la declaración a la que se hace referencia no es un instrumento internacional. en la que se proclaman los mencionados principios. alusión que la Corte declaró exequible. la Ley 164 de 1994. doctor Fabio Morón Díaz) Es decir. numeral 3. pues el demandante consideró que si tal Declaración correspondía a un tratado internacional. entre otras cosas. en la Ley 99 de 1993 el principio de precaución está implícito en el numeral 1 del artículo 1.P.. por lo siguiente: “(. PRINCIPIOS. en las medidas que adopten para lograr el objetivo de la Convención y aplicar sus disposiciones. pues se trata de una declaración y no de un instrumento internacional abierto a la adhesión de los Estados. M. respecto del medio ambiente. no debería utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para posponer tales medidas. reunida en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992. su incorporación debió hacerse a través de la ley aprobatoria correspondiente. Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible. Esta inclusión concreta de la Declaración de Río de Janeiro fue demandada ante esta Corporación. incluir todas las fuentes. Las Partes.) “3. al aludir a los principios de la Declaración de Río de Janeiro. en la sentencia C-528 de 1994. La Corte. “Por medio de la cual se aprueba la "Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático".
Las necesidades y circunstancias específicas de los países en desarrollo son tomadas en cuenta. 3-3). Las medidas de precaución a adoptar en contra de las causas del cambio climático. respecto de las implicaciones internacionales que tiene para el país la existencia y consagración de este principio. 3-2). en la década de los años 70. y las políticas y medidas de protección ser apropiadas a dichas condiciones específicas. 3. y señaló : “El artículo 3 enuncia los principios que guían la aplicación de la convención con miras a alcanzar su objetivo. en la sentencia C-073 de 1995. como lo recuerda la interviniente del Ministerio del Medio Ambiente. La equidad. del Medio Ambiente. y declaró exequibles la Convención y la Ley 164 de 1994. En la actualidad está en plena discusión el punto de la certeza científica. en los tratados y convenios internacionales y en el derecho interno. en materia del comercio internacional de los que se conocen como los “organismos genéticamente modificados” (OGM). con el fin de precaver los efectos nocivos a la vida humana.4 No hay duda pues. para adoptar decisiones de Estado. deben tomar en cuenta los distintos contextos socioeconómicos (art. cuyos daños sólo pueden ser visibles transcurridos 20 o 30 años. que sobre tales efectos. estar integradas en los programas nacionales de desarrollo (art. examinó la constitucionalidad de este Convenio Internacional.” (se subraya) La Corte. 9). 228).” (sentencia C-073 de 1995) (se subraya) 3. hay dificultad para exigir una certeza científica absoluta. 3-5). al haber sido incorporado a través de leyes aprobatorias los tratados suscritos por Colombia y en la Ley 99 de 1993.y abarcar todos los sectores económicos. son las bases del compromiso de las partes en la empresa de proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones presentes y futuras (art. de manera que éstos no tengan que soportar una carga anormal o desproporcionada en virtud de la convención (art. a que se comprometen las partes.5 Este principio se originó. la Corte señaló que hace parte de los que animan la protección del sistema climático en beneficio de las generaciones presentes y futuras. 3-4) y no constituir un medio de discriminación arbitrario o injustificable ni una restricción encubierta al comercio internacional (art. o . Los esfuerzos para hacer frente al cambio climático pueden llevarse a cabo en cooperación entre las Partes interesadas. Es decir. en Alemania. las responsabilidades comunes pero diferenciadas según se trate de países desarrollados o en desarrollo. Sobre el principio de precaución. con los deberes del Estado en materia de protección del medio ambiente y de los recursos naturales (CP arts. aprobatoria de la misma. y con la equidad. 3-1). y las capacidades respectivas. 79 y 80). de los productos químicos. Estos principios son consistentes con el respeto a la autodeterminación de los pueblos que es fundamento de las relaciones exteriores del Estado colombiano (CP art. reciprocidad y conveniencia nacional que son las bases de las relaciones internacionales del país (CP art.
en el artículo 5. El principio de precaución en la legislación del medio ambiente. permite a las autoridades ambientales acudir a él en forma arbitraria y caprichosa. la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente. Los OGM fueron definidos en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología “como cualquier organismo vivo que posea una combinación nueva de material genético que se haya obtenido mediante la aplicación de biotecnología moderna. existen criterios científicos diametralmente opuestos. en lo acusado. con base en la aplicación del principio de precaución. si no hay la certeza científica absoluta. 4. es. sino de las expresiones que desconozcan el Estado de derecho consagrado en la Constitución. la Corte declararía la inconstitucionalidad no del principio de precaución en sí mismo considerado. hay que añadir que este tema involucra aspectos económicos de la mayor importancia para los países en desarrollo frente a los países desarrollados. otros los atacan. La política ambiental seguirá los siguientes principios generales : “6. Japón y Corea se oponen a que se abra el comercio. las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual.transgenéticos. numeral 25. Principios Generales. Al mismo principio se hace referencia también. Se recuerda que el principio está consagrado así : “Artículo 1. ni más ni menos. corresponde ahora a la Corte examinar si la forma como está establecido en la Ley 99 de 1993. en forma general. la herramienta con que cuentan las autoridades ambientales. unos los defienden y. cuando exista peligro de daño grave e irreversible. a esta clase de productos. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. que el acusado principio de precaución. A lo anterior. No obstante. En esta clase de decisiones. lo que enfrenta a nuestro país a adoptar las decisiones de abrir o no su mercado al comercio de transgénicos. así : . Sobre el peligro o no para salud humana y al medio ambiente de estos organismos. fuere así.6 No obstante la constitucionalidad de la existencia de este principio.” La Unión Europea.” Lo subrayado es el concepto del principio de precaución. Si ello. Lo cierto es que de acuerdo con el estado actual de la investigación. como lo señala el demandante. Todos basados en sus propias investigaciones científicas. no hay certeza absoluta sobre si hay daños en la salud humana o en el medio ambiente con su uso o consumo. 3. de la misma Ley 99 de 1993.
Y. no prospera el cargo del actor. puede ser demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. compuestos o cualquier otra materia que pueda afectar el medio ambiente o los recursos naturales renovables. encaminadas a evitar un peligro de daño grave. sin perjuicio del principio de precaución. 4. descarga. Que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la degradación del medio ambiente. garantizado en el artículo 29 de la Constitución. transporte o depósito de substancias. en el que no puede haber decisiones arbitrarias o caprichosas. Esto hace que la decisión de la autoridad se enmarque dentro del Estado de Derecho. en uso del principio de precaución. 2. el acto administrativo por el cual la autoridad ambiental adopta decisiones. en el evento de que esto ocurra. el ciudadano tiene a su disposición todas las herramientas que el propio Estado le otorga. Funciones del Ministerio : Corresponde al Ministerio del Medio Ambiente : “(. Es decir. en desarrollo de la Constitución. por este aspecto. Que éste sea grave e irreversible.2 En cuanto hace a la aplicación del principio de precaución para la preservación del medio ambiente por los particulares. como cualquier acto administrativo. debe ser excepcional y motivado. 5. sin contar con la certeza científica absoluta. 4. En consecuencia. sin la certeza científica absoluta. ha de entenderse que el deber de protección a que se hace alusión no recae sólo en cabeza del Estado. Para tal efecto. así no sea ésta absoluta. .) “25) Establecer los límites máximos permisibles de emisión. 3. uso. distribución. En este sentido no hay violación del debido proceso. disposición o vertimiento de sustancias causantes de degradación ambiental. restringir o regular la fabricación. Que exista un principio de certeza científica. del mismo modo. cuando la autoridad ambiental debe tomar decisiones específicas. en forma motivada y alejada de toda posibilidad de arbitrariedad o capricho.. Que exista peligro de daño. lo debe hacer de acuerdo con las políticas ambientales trazadas por la ley. prohibir. Los límites máximos se establecerán con base en estudios técnicos. Que el acto en que se adopte la decisión sea motivado. se llega a la conclusión de que.“Artículo 5. debe constatar que se cumplan los siguientes elementos : 1. y que. productos. (se subraya) Al leer detenidamente el artículo acusado..
señala la Constitución. y tiene importancia universal. propiedad. por los cargos expuestos. así no exista la certeza científica absoluta.3 En este punto. Además. con los límites que la propia norma legal consagra. Por ello. También se declarará exequible la expresión demandada del numeral 2 del artículo 85. se declarará exequible. aún en el caso de que el particular no tenga la certeza científica absoluta de que tal daño se produzca. se trata de una responsabilidad enmarcada expresamente por la Constitución como uno de los deberes de la persona y del ciudadano.” (art. el principio de precaución como está consagrado en el numeral 6 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993. “ Por ello. numeral 6. En consecuencia. la mención que el artículo acusado hace de los particulares. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. si de tal actividad se deriva daño o peligro para los recursos naturales o la salud humana. mediante el acto administrativo motivado. bajo las condiciones del artículo 1º. acudiendo al principio de precaución. Como tal. “(. 58. cuando exista peligro de daño grave e irreversible al medio ambiente. 80). Así mismo. sobre cuáles derechos prevalecen. si. Al señalar que la propiedad privada no es un derecho absoluto. derechos adquiridos). como consecuencia de una decisión de una autoridad ambiental que. sino que “es una función social que implica obligaciones. En el ámbito nacional.) “Son deberes de la persona y del ciudadano : “8. al reconocer la primacía del interés general. Una teórica discusión jurídica en materia ambiental. sólo resta mencionar que no se violan los artículos constitucionales mencionados por el actor (trabajo. inciso 2). trasciende los intereses nacionales. procede a la suspensión de la obra o actividad que desarrolla el particular. le es inherente una función ecológica” (art.. establece dentro de los deberes de la .. el compromiso de proteger el medio ambiente es responsabilidad de todas las personas y ciudadanos e involucra a los Estados. por cuanto los cargos contra esta disposición son los mismos que contra el artículo 1. debe considerarse como la obligación que ellos tienen de tomar las medidas de precaución. así : “Artículo 95. que el Estado debe “prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 4.dado que lo que está en juego es la protección ambiental de las generaciones presentes y la propia supervivencia de las futuras. la resuelve la propia Constitución. al que se refiere el artículo 95. ya analizado.
que son los siguientes : “Declarar EXEQUIBLE el parágrafo 3° del artículo 85 de la Ley 99 de 1993 respecto a los cargos formulados y siempre que se entienda la expresión al estatuto que lo modifique o sustituya como una facultad que a futuro sólo puede ejercer el legislador. su desacuerdo porque no existe un procedimiento propio en materia ambiental. Al momento de la admisión de esta demanda. Se transcribe lo pertinente : “La remisión que hace el legislador sí es una falta a la técnica legislativa pero no corresponde a un acto inexequible por desconocer el principio de legalidad1. dados los términos de la decisión. se estaba en presencia de una cosa juzgada relativa.hace uso de remisiones normativas que completen o determinen el contenido de la tipificación sin entrar a calificar qué tipo de norma puede ser objeto del envío incluso hace referencia a las resoluciones del Banco de la República como normas que integran la tipificación de las conductas definidas como infracción cambiaría. .persona y del ciudadano la obligación de “proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano” (art. suspensión de actividades o cierre de las empresas a quienes incurran en las conductas prohibidas por la ley mediante la cual se diseñó el Sistema de Protección del Ambiente. un procedimiento previo y específico para aplicar las sanciones administrativas de multas. Es decir. no implica por sí misma violación al principio de legalidad. el magistrado sustanciador observó que no obstante que la Corte se había pronunciado en la sentencia C710 de 2001. dentro del correspondiente debate democrático. sólo si del estudio del contenido del texto al que se remite se establece una vulneración al aspecto material del debido proceso.” Sin embargo. La remisión consagrada en el parágrafo 3 del artículo 85 de la Ley 99 de 1993. Cosa juzgada. 5. Igual el legislador habría podido remitir a cualquier otro texto en el que se consagrará un procedimiento que él considerara. adecuado para los fines que persigue la legislación por aprobar. En la sentencia citada se señaló que si bien esta remisión constituye una falta de técnica jurídica. si existirían razones para la declaratoria de inconstitucionalidad por desconocer los límites prescritos para el 1 Ver entre otras sentencias la C-564 de 2000 en la que se reconoce la constitucionalidad de las tipificaciones de infracciones administrativas en las que el legislador -incluso extraordinario. al establecer conforme a la exigencia de la lex certa. ordinal 8). 95. y analizados detenidamente los cargos de la demanda. se ve que los reproches del actor son básicamente los mismos examinados por la Corte en la mencionada sentencia. El uso de la remisión en sí misma no constituiría la inexequibilidad. en este momento procesal. sobre la exequibilidad de la remisión al procedimiento establecido en el Decreto 1594 de 1984. no constituye en sí misma una violación al principio de legalidad porque es producto del debate político en el que el legislador decidió incluir en la ley un procedimiento que responde al principio de legalidad. La remisión al procedimiento establecido en el Decreto 1594 de 1984 para la imposición de medidas y sanciones.
se reorganiza el Sistema Nacional Ambiental. RESUELVE : Primero : Declarar exequibles por los cargos formulados.legislador.” Segundo : Estarse a lo resuelto en la sentencia C-710 de 2001. habrá de estarse a lo decidido en la sentencia C-710 de 2001) VII. M. y se dictan otras disposiciones. 85. publíquese.” (sentencia C-710 de 2001.P. DECISION. y. numeral 6 (parcial). En mérito de lo expuesto. administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución. “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente. Notifíquese. del artículo 85 de la Ley 99 de 1993. comuníquese. en relación con el parágrafo 3 (parcial). insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente. lo acusado de los artículos 1. la Corte Constitucional de la República de Colombia. MARCO GERARDO MONROY CABRA Presidente JAIME ARAÚJO RENTERIA Magistrado ALFREDO BELTRÁN SIERRA Magistrado MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA Magistrado . se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables.. SINA. numeral 2º de la Ley 99 de 1993. doctor Jaime Córdoba Triviño) En consecuencia.
la cual fue debidamente autorizada por la Sala Plena. MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ Secretaria General . Magistrado doctor Manuel José Cepeda Espinosa. no firma la presente sentencia por cuanto se encuentra en comisión en el exterior.JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO Magistrado RODRIGO ESCOBAR GIL Magistrado LUIS EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT Magistrado ALVARO TAFUR GALVIS Magistrado CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ Magistrada MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ Secretaria General LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL HACE CONSTAR: Que el H.
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