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Timestamp: 2019-04-22 16:24:02
Document Index: 55709182

Matched Legal Cases: ['artículo 75', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 75']

9/02/2005: “CANJE DE LA DEUDA POR BONOS”
DISCURSO PRONUNCIADO POR EL DIPUTADO SOCIALISTA HECTOR POLINO, EN NOMBRE DEL BLOQUE DEL PARTIDO SOCIALISTA, EN LA CAMARA DE DIPUTADOS, EN LA SESION DEL 9 DE FEBRERO DE 2005
Sr. Polino.- Señor presidente: estamos discutiendo un proyecto de canje de la deuda sin haber debatido previamente el origen de dicha deuda; su legitimidad o ilegitimidad, su evolución en el transcurso del tiempo y su monto real actual.
Sería interesante tener hoy una radiografía de la evolución de la deuda, desde Martínez de Hoz hasta la actualidad, pasando por el megacanje, el plan Brady, el blindaje, etcétera.
También hubiera sido útil haber tenido en cuenta la ley 23.854 del año 1990, que fuera aprobada por este Congreso y que rechazó la cuenta de inversión de los años 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 y 1983. Sin duda ello constituye un antecedente explícito valioso e indiscutible a la hora de establecer si actos posteriores de gobiernos democráticos han reconocido o no la legitimidad de la deuda contraída durante el período de la dictadura militar. Este es un tema central que nadie ha tenido en cuenta: ni este Congreso ni el Poder Ejecutivo nacional. No olvidemos que se trata de una ley que está vigente y que fue sancionada por este Congreso.
Otro antecedente valioso es el señalado recurrentemente aquí: el fallo del juez Ballesteros en el juicio entablado por el doctor Alejandro Olmos y que después de dieciocho años le encomienda a este Congreso la investigación de la deuda.
Cabe señalar que de manera reiterada, a través de distintos gobiernos, el Parlamento se negó a constituir la Comisión Bicameral Investigadora sobre el Origen de la Deuda Externa. Todos, opositores y oficialistas, tenemos hoy la sospecha y la convicción de que buena parte de la deuda pública es ilegítima. Sin embargo, no se la cuestiona en el momento de las negociaciones.
La crisis de la deuda pública argentina es un tema por demás complejo; es un tema central que tiene hoy el país, por lo que resulta necesario en primer término determinar las partes que han tenido responsabilidades en dicho asunto. A manera de aproximación permítanme decir que yo considero que en esta materia de la deuda tienen responsabilidad el Estado argentino, los sucesivos gobiernos argentinos, los bancos prestamistas privados, los bancos extranjeros, las agencias cotizadoras de riesgo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el BID.
¡Fíjense hasta dónde llegamos! El 30 de diciembre de 2004 se dicta la resolución ministerial 768 y el gobierno argentino paga un crédito que contrajo Aguas Argentinas con el Banco Interamericano de Desarrollo. ¡Fíjense en qué contradicción estamos incurriendo! Por un lado vamos a París y amenazamos al presidente Chirac con que hasta podríamos llegar a rescindir el contrato a Aguas Argentinas por los grandes incumplimientos, y el ministro de Economía casi aparece amonestado cuando dijo que se le iba a otorgar un incremento en las tarifas del 16 por ciento. Resulta que casi simultáneamente el jefe de Gabinete de Ministros y el ministro de Economía firman esa resolución ministerial por la cual se sacan 32 millones de dólares del Tesoro nacional para pagar una deuda que no es de la Nación Argentina sino de Aguas Argentinas, empresa a la que ya debimos haber rescindido el contrato hace tiempo.
Veamos por qué digo que teníamos que haber determinado cuáles son todas las partes involucradas en este problema. No sólo la Nación Argentina tiene la responsabilidad en el origen de la deuda pública argentina sino que la tienen todos los actores que acabo de señalar. Entonces, si somos varios los partícipes en este asunto, ¿por qué sólo el Estado argentino tiene que asumir la responsabilidad, y ahora también parte de los bonistas privados? ¿Por qué se les paga puntualmente el ciento por ciento de sus acreencias al Fondo Monetario Internacional, al BID y al Banco Mundial, que también tienen corresponsabilidad?
En la sección Cultura del diario “La Nación” del 20 de octubre de 2004 se publicó una entrevista a Ferruccio de Bortoli, ex director del diario “Corriere della Sera”, de Italia. Allí reconoce que la culpa no ha sido solamente de la Argentina sino también de los bancos italianos que han colocado títulos muy riesgosos de un Estado soberano que después cayó en default. Luego dijo que así como no nos podemos enojar con las personas que trabajan en las empresas que caen en default no debemos enojarnos con los argentinos.
Nosotros aparecemos como más papistas que el Papa. La especulación, los intereses usurarios que hemos estado pagando, la fuga de capitales, los seguros de cambio, los autopréstamos, han quedado legitimados porque no llevamos a cabo la investigación. Hemos perdido una magnífica oportunidad, una oportunidad histórica.
Este es el cuestionamiento de fondo que nosotros hacemos: el no haber discutido previamente, no haber investigado, no haber determinado qué es lo que realmente debemos y qué es lo que hemos pagado.
Incluso hay estudios que dicen que por los intereses usurarios ya hemos pagado varias veces la deuda contraída por el país.
Por otra parte, no hemos tenido en cuenta conferencias internacionales que se llevaron a cabo en la década del 80 cuando los países de América Latina comenzaron a vivir procesos democráticos. Me refiero a la conferencia de Santo Domingo o a la realizada en Mar del Plata, en las que se llegó a establecer dos principios fundamentales en el derecho internacional. Uno de ellos establece que por sus montos, las deudas externas de nuestros países son impagables e incobrables; el otro principio determina la existencia de una corresponsabilidad entre los acreedores y los deudores, ya que hubo acreedores que prestaron dinero a gobiernos ilegítimos que habían usurpado la voluntad popular más allá de la capacidad de pago de esos países. Por esta razón, tienen que asumir su parte de responsabilidad en esta cuestión.
– Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Eduardo Oscar Camaño.
Sr. Polino.- El otro tema que cuestionamos es que no se ha seguido lo que establece la Constitución Nacional. Es claro el artículo 75, inciso 7) cuando dice que corresponde al Congreso arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación.
El miembro informante de la mayoría dice que el Poder Ejecutivo ha intervenido no en virtud de facultades delegadas sino de autorizaciones otorgadas por el Congreso a través de las distintas leyes de presupuesto ‑que, por otra parte, no fueron votadas por unanimidad sino que tanto nuestro bloque como otros votamos en contra. En todo caso, lo que el Congreso encomienda al Poder Ejecutivo es materializar los actos administrativos, es decir, llevar a cabo la negociación. Pero la fijación de la política de arreglo de la deuda es una cláusula constitucional que no puede delegar este Congreso, porque si se produjo esa delegación ella sería ilegal e inconstitucional.
Es cierto que ayer algunos miembros del oficialismo en el seno de la reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas dijeron casi en forma burlona: “¡Cómo 257 diputados van a manejar el tema de la negociación de la deuda!” ¿Quién pretende acaso eso? Obviamente, no vamos a salir por el mundo los 257 diputados y los 72 senadores a negociar con los acreedores. No es eso lo que pretendemos cuando decimos que se ha violado la cláusula constitucional.
El Congreso debe fijar la política relacionada con el tema de la deuda externa y luego le encomienda esa política fijada por el Congreso al Poder Ejecutivo para que la materialice y la haga posible.
De modo que el argumento esgrimido ayer en el seno de la comisión al finalizar el debate, donde no hubo posibilidad de réplica, yo lo contradigo totalmente porque no somos tan ingenuos como para pensar que vamos a ser todos nosotros los que iremos en tropel a sentarnos con los acreedores para ver cómo arreglamos las diferencias respecto de la deuda.
Lo que la Constitución Nacional ha querido decir es que es el Congreso el que fija la política, y el Congreso le delegó al Poder Ejecutivo no sólo los actos administrativos sino fijar la política. Cuando la política está fijada como en este caso, a pocos días del vencimiento del plazo que se opera el 25 de febrero, se dirige a este Congreso para que nosotros avalemos lo que hizo el Poder Ejecutivo.
Ayer también, al finalizar el debate en las comisiones, se dijo, y por eso lo rescato hoy, que con el anuncio del envío de este proyecto al Congreso muchos más acreedores adhirieron al canje.
Como si fuésemos un conjunto de ingenuos se nos quiso hacer creer que a partir del envío de este proyecto, sabiendo los acreedores que no habrá otra oportunidad, han salido corriendo a adherir al canje.
Todos sabemos que si hay un plazo, todos los días, todas las horas, y a medida que va transcurriendo el plazo, mayor cantidad de acreedores van a ir adhiriendo. De modo que el incremento de acreedores que adhieren al canje no es por un efecto mágico que supuestamente tendría este proyecto de ley sino que es el producto de una tramitación normal. Se fija un plazo, y no todos van a ir a adherir en el último minuto. Durante ese lapso se van a ir produciendo las adhesiones correspondientes.
Ayer en la comisión se suscitó una discusión sobre el artículo 2° del proyecto del Poder Ejecutivo acerca del significado de la palabra “reabrir”, que no quedó claro. Cada uno puede interpretar lo que significa la palabra “reabrir” de acuerdo con su leal saber y entender, porque el proyecto no especifica el significado y el alcance que se le da al hecho de que no se puede volver a abrir la negociación.
Yo puedo entender, como muchos, que el proyecto no le impide al Poder Ejecutivo prorrogar el plazo. Tampoco le impide modificar la propuesta durante la vigencia del plazo. Lo que en todo caso el artículo 2° impide al Poder Ejecutivo es la reapertura del proceso del canje, si éste concluyó. Esta es una interpretación que se puede dar a ese término. Los diputados del oficialismo le daban otra interpretación.
¿Por qué surgen varias interpretaciones? Porque el texto de la ley es ambiguo. ¿Por qué no lo aclaramos en la ley y entonces nadie tendrá dudas de si el plazo puede ser prorrogado o no a partir del 25 de febrero, y si durante la vigencia del plazo se pueden modificar las condiciones de la oferta?
El artículo 3° del proyecto dice que se le prohíbe al Estado nacional efectuar cualquier tipo de transacción judicial, extrajudicial o privada respecto de los bonos a los que se refiere el artículo 1° de la presente ley. ¿Por qué tenemos que atarnos las manos de esta manera? ¿Qué pasa si hay una condena judicial contraria a la Argentina? ¿Y si el Poder Ejecutivo puede efectuar una transacción judicial más favorable a los intereses de la Argentina, por qué se lo impedimos a través de este proyecto?
Ayer propuse, sin recibir ningún comentario por parte del oficialismo, hacer un agregado al artículo 5°, cuyo texto actual dice que “El Poder Ejecutivo nacional remitirá al Honorable Congreso de la Nación un informe que refleje los efectos del canje y los nuevos niveles de deuda y reducción de la misma.” En primer término quiero decir que esto es totalmente superfluo, porque se sobreentiende que el Poder Ejecutivo va a enviar un informe al Congreso; todos los días pedimos informes al Poder Ejecutivo, ya sean verbales o en forma escrita. Entonces, ¿cómo presentamos esto en un proyecto de ley y lo damos como una garantía? Se sobreentiende que es una obligación del Poder Ejecutivo enviar informes.
Mi propuesta consiste en agregar al final del artículo 5° lo siguiente: “y a partir de este momento el Congreso reasume plenamente todas las facultades constitucionales establecidas en el artículo 75 inciso 7) de la Constitución. Ello implica el obligatorio control del proceso de canje y la debida autorización para la emisión en el futuro de títulos públicos nacionales; las directivas para la negociación con los organismos multilaterales de financiamiento: Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, Club de París. Además, se deberá constituir en un plazo no mayor de treinta días la Comisión Bicameral Investigadora de la Deuda Pública.” Esto sí es importante que sea consignado en el texto del proyecto de ley. Sin embargo, no hay ningún comentario sobre este tema.
A nuestro juicio, el Congreso no puede ser un testigo más –o un testigo calificado, si se quiere‑ del proceso de canje. Tampoco puede ser, como tantas veces lo dijimos, una escribanía que protocolice actos del Poder Ejecutivo. Estamos hablando de una operación de canje por 81.600 millones de pesos. Es la operación más grande realizada en el mundo, y con los intereses la cifra asciende a 101 mil millones de pesos.
Por supuesto que los diputados socialistas estamos de acuerdo con que el país desembolse la menor cantidad de dinero posible en los pagos de esos bonos, pero también hubiésemos deseado que esa misma quita que se hace a los acreedores privados se le hubiera hecho a los responsables y culpables calificados, que son los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
La reestructuración de la deuda se hace a plazos de 30, 35 y 42 años; es decir que se está comprometiendo el futuro de varias generaciones. Debimos haber discutido este tema desde el comienzo. Suponiendo que el diputado más joven de esta Cámara tuviera 40 años de edad, cuando termine de pagarse el último bono va a tener 85 años, y seguramente la mayoría de nosotros no va a tener la satisfacción de ver la cancelación de los bonos que ha suscripto la República Argentina.
Sr. Presidente (Camaño).- Su tiempo se ha agotado, señor diputado.
Sr. Polino.- Ya termino, señor presidente.
Consideramos que la quita es sólo el comienzo de esta etapa. Debemos ir por más. Debemos debatir a fondo esta cuestión. ¿Es deuda o es un gran fraude y una exacción compulsiva que se nos impone? Tenemos que investigar, y para ello debemos recuperar plenamente las facultades establecidas en la Constitución Nacional.
Por todas estas razones los diputados del Partido Socialista nos vamos a abstener en esta votación.
Porque el país pagó a los organismos internacionales en los últimos 2 años, más de lo que recibió. El FMI pasó a ser un acreedor privilegiado al que se le pagó 10.619 millones de dólares.
Pero no nos engañemos y tampoco engañemos a los demás.
Con un canje exitoso, la deuda se reduce en un 30%, pero mantiene una elevada relación sobre el PBI del 88%.
Es decir, que los compromisos futuros en relación de porcentaje sobre el PBI, serán aún superiores a los que hemos tenido durante la década del ’90.
Habrá en todo caso un respiro en el cortísimo plazo.
Pero los problemas de fondo lamentablemente continuarán.