Source: http://www.slideshare.net/FUSADESORG/anlisis-dep-25
Timestamp: 2016-10-23 10:06:57
Document Index: 73046304

Matched Legal Cases: ['artículo 208', 'artículo 209', 'artículo 8', 'artículo 208', 'artículo 8', 'artículo 172', 'artículo 172', 'artículo\n14', 'artículo 7', 'artículo 26', 'artículo 180']

Elección del próximo Tribunal Supremo Electoral: requisitos y retos…
El padrón electoral: la base para l...
Eleccióndelpróximo
TribunalSupremoElectoral:
requisitosyretosfuturos
El próximo 31 de julio finaliza el período del actual
Tribunal Supremo Electoral (TSE) cuyo período abarcó el
quinquenio 2009-2014. La elección del próximo TSE guarda
una relevancia política especial por dos componentes
a desarrollar en los siguientes apartados: los requisitos
jurídicos de dicha elección luego de un fallo de la Sala
de lo Constitucional que ordena la despartidización de la
entidad de tal forma que se garantice una justicia electoral
independiente, y los retos futuros que derivan de una
agenda de reforma electoral que se encuentra en proceso
y que exige de funcionarios eficaces. En ese orden de ideas,
se estructura el siguiente análisis.
Requisitos para elegir a
magistrados delTSE
En el artículo 208 de la Constitución se desarrolla la
integración del TSE: está conformado por cinco miembros
propietarios con sus respectivos suplentes, elegidos por
la Asamblea Legislativa para un período de cinco años,
tres de los cuales provienen de ternas propuestas por los
tres partidos políticos o coaliciones que alcanzaron más
votos en la última elección presidencial y dos de dos ternas
propuestas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La
presidencia la ocupa el magistrado de la terna propuesta
por el partido o coalición ganadora de la elección
presidencial. Lo anterior se ilustra en el esquema 1.
De forma parcial, el TSE heredó la integración del antiguo
Consejo Central de Elecciones (CCE) que según el texto
inicial de la Constitución de 1983 se conformaba por tres
magistrados provenientes de las ternas presentadas por
los tres partidos o coaliciones con el mayor número de
votos en la última elección presidencial. Sin embargo, a
partir de las reformas constitucionales de 1991 en el marco
de los Acuerdos de Paz, se añadieron dos magistrados
“independientes”a propuesta de la CSJ de los cuales, de
forma explícita, se prohíbe la“afiliación partidista”según el
texto constitucional1
En ese sentido, los tres magistrados propuestos por
los partidos o coaliciones fueron considerados como
representantes de sus respectivos institutos políticos y
por tanto las personas nombradas a dichos cargos eran
1.	Constitución de la República de El Salvador, artículo 209.
político Análisispolítico•julio2014
militantes y reconocidos dirigentes partidarios, como se
muestra en el cuadro 1. De hecho, tanto en los debates
de 1983 y de 1991 e incluso en los considerandos de
la reforma constitucional citada se plantea el rol de
representación partidaria2
Sin embargo, el pasado 13 de junio la Sala de lo
Constitucional, en la sentencia 18-2014, determinó
que la vinculación partidaria era incompatible con las
magistraturas del TSE al abordar la legalidad en la elección
del actual magistrado presidente y miembro de la
Comisión Política del FMLN, Eugenio Chicas. En su fallo, si
bien la Sala valoró la interpretación histórica que sostiene
el argumento que tres de los cinco magistrados del TSE
2.	Fusades (2013),“La legitimidad e integridad del proceso electoral
salvadoreño”, Boletín N° 12, noviembre de 2013, pp. 4-7.
son representantes partidarios, consideró finalmente que
debía prevalecer la independencia judicial, como garantía
fundamental de la administración de justicia –en este caso
Entre los argumentos de la Sala destaca la alusión al
principio de“uniformidad jurisdiccional”establecido por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
que implica que “tanto los órganos jurisdiccionales como
los de otro carácter que ejerzan funciones de naturaleza
materialmente jurisdiccional (como sucede respecto al TSE),
tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el
respeto pleno a las garantías del debido proceso establecidas
en el artículo 8 de la Convención Americana”3
, entre las que
3.	CIDH (2001), Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú, sentencia del 6 de febrero de 2001,
párrafos 104 y 105.
Integración delTSE
Fuente: Elaboración propia con base en el artículo 208 de la Constitución.
TSE	Magistrado	presidente	propuesto	por	el	par3do	o	coalición	que	obtuvo	el	primer	lugar	de	la	elección	Magistrado	propuesto	por	el	par3do	o	coalición	que	obtuvo	el	segundo	lugar	de	la	elección	Magistrado	propuesto	por	el	par3do	o	coalición	que	obtuvo	el	tercer	lugar	de	la	elección	Magistrado	propuesto	por	la	CSJ	Magistrado	propuesto	por	la	CSJ	CSJ
Par'dos	polí'cos	o	coaliciones
Período Magistrados	Propietarios
Par/do(s)	que	propusieron	su	candidatura
Jorge	Alberto	Díaz	(Pres.) ARENA
Félix	Ulloa MNR/CD/FMLN
MárAr	Arnoldo	Marín PDC
Julio	Francisco	Flores CSJ
Roberto	López CSJ
José	Sergio	Mena	(Pres.) ARENA
Julio	César	Hernández FMLN
Juan	José	Martel CDU
José	Mario	Bolaños CSJ
Pablo	Antonio	Cerna CSJ
Walter	René	Araujo	Morales	(Pres.) ARENA
Eugenio	Chicas	MarOnez FMLN
Julio	Eduardo	Moreno	Niños PCN
Eduardo	Antonio	Urquilla CSJ
Mario	Alberto	Salamanca CSJ
Eugenio	Chicas	MarOnez	(Pres.) FMLN
Walter	René	Araujo	Morales ARENA
Gilberto	Canjura	Velásquez FMLN*
Eduardo	Antonio	Urquilla	Bermúdez CSJ
Fernando	Argüello	Téllez CSJ
1999-­‐2004
* Si bien el magistrado Canjura ha negado su militancia en el FMLN, su nombre aparece en el padrón del partido de gobierno en 2004 según
Redacción El Diario de Hoy (2014),“Magistrado delTSE aparece en padrón del partido FMLN”, ElDiariodeHoy, 14 de julio de 1988.
Fuente: Fusades (2012),“Modernización delTribunal Supremo Electoral: Separación de funciones y justicia electoral”, septiembre de 2012, p. 11,
con base en información de la página oficial delTSE y en notas periodísticas
Conformación delTSE entre 1994 y 2014
se encuentra que toda persona tenga el derecho “a ser
oída (…) por un juez o tribunal competente, independiente e
imparcial”4
Asimismo, en otros cuerpos normativos del ordenamiento
jurídico salvadoreño se reconoce la independencia
como garantía del debido proceso; tal es el caso de la
4.	Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8. 1.; Constitución
de la República de El Salvador, inciso tercero del artículo 172; y Sala de lo
Constitucional (2005), sentencia 46-2003.
Constitución de la República (artículo 172, inciso tercero), el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo
14.1), la jurisprudencia constitucional (sentencias de
inconstitucionalidad 46-2003 del 19 de abril de 2005, 19-
2012 del 5 de junio de 2012 y 77-2013, del 14 de octubre
de 2013), el Código de Ética Judicial (artículo 7) y la Ley de
la Carrera Judicial en cuanto a la incompatibilidad entre
el ejercicio de la carrera judicial y la participación político
partidaria (artículo 26).
Por su parte, el magistrado Chicas defendió su elección
al señalar, entre otros argumentos, que la intención del
constituyente fue la de permitir miembros de partidos
políticos en el TSE. Al respecto, cabe aclarar que ambas
interpretaciones son viables; en embargo, en respeto
al Estado constitucional y democrático de derecho,
la Asamblea Legislativa debe acatar el fallo descrito
y cumplir con los requisitos que conlleva no solo el
nombramiento de personas que impartirán justicia, sino la
elección de funcionarios de segundo grado. En cuanto a lo
anterior, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado
diversos criterios a cumplir, los cuales se explican en el
Fuente: Elaboración propia con base en Sala de lo Constitucional (2014), sentencia 18-2014 del 13 de junio de 2014.
Criterios que deberá cumplir
del próximoTSE
Se refiere a la legitimidad de origen; es decir, que la elección se realice por
representantes electos en comicios libres y periódicos y que la renovación de
dichos representantes se sincronice con la elección de segundo grado, como
se observa de forma más clara en la elección de magistrados a la CSJ al
ocurrir cada tres años.
Los funcionarios de segundo grado también son delegados del pueblo y
además de estar sujetos a las competencias que les otorga la Constitución y
las leyes, adquieren un compromiso de no actuar en nombre de grupos de
poder o sectores determinados, sino de todos los miembros de la sociedad y
por ende deben tomar en cuenta la voluntad de sus representados con
prevalencia del interés público o general sobre el interés particular.
Es necesario que las instituciones públicas encargadas del ejercicio del poder
político se encuentren despartidizadas, es decir, que no exista un vínculo,
formal o material, que genera una dependencia del candidato o funcionario
hacia un partido político. Si bien los partidos ocupan una posición
instrumental muy importante en la representación política, el funcionario
público, profesional y responsable (penal, administrativa y
patrimonialmente) se debe al servicio del interés general por el cual se crea
la institución que representa y no a un partido político determinado. Por ello
es imperativo, como mínimo, que no haya afiliación partidaria, además de
prohibirse cualquier desvinculación aparente que configuren fraudes a la
La profesionalidad y la honradez de los funcionarios y empleados públicos
son garantías de una mayor calidad de los servicios públicos. Por ello, debe
considerarse la cualificación personal para el desempeño de las
responsabilidades que acarrea cada cargo público mediante parámetros de
probidad y competencia.
Los mismos principios que rigen la producción de legislación deben estar
presentes en procedimiento legislativo para la elección de funcionarios, tales
como democracia, pluralismo, participación, publicidad y transparencia.
Estos principios operan en dos vías; por un lado, desde la Asamblea
Legislativa a los ciudadanos a través de un marco libre de información en la
publicidad de agendas, debates, votaciones y demás decisiones legislativas;
y por otro lado, desde los ciudadanos hacia el Órgano Legislativo con la
concurrencia de individuos o grupos ciudadanos en las comisiones
respectivas para exponer necesidades o proponer medidas específicas. La
publicidad es el medio para que el debate legislativo adquiera una
proyección social, elemento fundamental de la democracia representativa.
Es obligatorio que se justifique por qué se estima que una persona reúne los
requisitos esenciales para ejercer un cargo público y qué sustenta tal
conclusión, de forma que el Órgano Legislativo evidencie que la elección no
ha obedecido a criterios de conveniencia política o al simple reparto de
cuotas partidarias.
Fuente: Elaboración propia con base en Sala de lo Constitucional (2014), sentencia 18-2014 del 13 de junio
Retos del próximoTSE
Bajo el marco constitucional actual, el próximo TSE
será integrado por cinco años entre 2014 y 2019. En
este período y en consideración a los avances que muy
probablemente se presenten en la agenda de reforma
política, se enuncian varios de los retos que deberán
enfrentarse en el corto y mediano plazo y que demandan
la elección de personas idóneas en el TSE.
El 1 de marzo de 2015 se realizarán elecciones legislativas y
municipales en todo el país. De dicho proceso electoral se
derivan tres retos puntuales: la integración multipartidaria
de los concejos municipales, la elección de diputados al
Parlamento Centroamericano (Parlacen) en listas cerradas
y desbloqueadas y la implementación de la Ley de Partidos
Políticos (LPP).
-	Concejos plurales. Los concejos multipartidarios,
mejor conocidos como concejos plurales, será la nueva
integración de los gobiernos municipales a partir
de 2015 si se mantiene la legislación actual. Si bien
las papeletas permanecerán igual que en comicios
anteriores –únicamente con las banderas de cada
partido o coalición contendiente– el conteo requerirá
de un procedimiento más complejo, ya que se
calcularán cocientes y residuos para asignar concejales
tanto al partido o coalición gobernante como a la
formación política de oposición en el municipio
respectivo. Tal dinámica complejizará la tarea tanto
de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) como de los
encargados de la transmisión y el procesamiento de
-	Elección de diputados al Parlacen. Las próximas
elecciones legislativas y municipales tendrán, por
primera vez, tres papeletas que el elector deberá
depositar. Además de las papeletas para diputados a
la Asamblea Legislativa y para concejos municipales,
se añadirá una tercera papeleta para elegir a los
diputados al Parlacen en un sistema de lista cerrada y
desbloqueada, similar a la empleada en las elecciones
de marzo de 2012 para la elección de los legisladores
nacionales; es decir, el elector podrá marcar hasta 20
rostros dentro de un mismo partido o una candidatura
no partidaria.
-	Implementación de la Ley de Partidos Políticos. En
marzo de 2013 entró en vigencia la Ley de Partidos
Políticos, que coloca al TSE como el ente aplicador de
dicha normativa. El reglamento de la ley fue aprobado
por el organismo colegiado en abril pasado. Lo anterior
implica una labor exhaustiva de la autoridad electoral
en la fiscalización del financiamiento político (los
partidos políticos están obligados desde septiembre
de 2014 a readecuar sus estatutos e institucionalidad
partidaria de acuerdo a los deberes que establece
la ley), en la vigilancia del acceso correcto a los
medios de comunicación públicos, en las cuota de
género establecidas para las elecciones legislativas y
municipales, y en materia de sanciones, entre otras.
Finalmente, a la lista de procesos electorales que deberá
administrar la autoridad electoral se suman las elecciones
legislativas y municipales de 2018 y los comicios
presidenciales de 2019. De hecho, a diferencia de otros
quinquenios, el actual contiene tres años electorales que
significan una fuerte carga de trabajo para la entidad que
debe administrar las elecciones y brindar justicia electoral.
Posible separación de funciones del TSE
Actualmente, la autoridad electoral concentra la función
de organizar las elecciones y al mismo tiempo la de brindar
justicia en materia electoral. Dado el procedimiento
particular con el que se nombran magistrados al TSE, en su
mayoría de ternas propuestas por los partidos políticos, y
la carga que implica esta dualidad de responsabilidades, la
separación de funciones administrativas y jurisdiccionales ha
estado en la agenda de la reforma política desde la década
Incluso, en los debates de la Asamblea Constituyente de
1983, el extinto partido Acción Democrática (AD) planteó
que si bien la representación partidaria en la autoridad
electoral tenía una “razón de ser”, tal configuración implicaba
“algunos inconvenientes” al considerar que el entonces CCE
se trataba de “un tribunal que tiene que venir a juzgar sobre la
actuación, no de personas naturales, sino de la actuación de los
partidos políticos contendientes”5
. En ese sentido, el entonces
diputado constituyente Nelson Segovia expresó que “la
representación de los partidos políticos es una garantía para el
proceso electoral, pero tan garantía puede ser la representación
5.	Unidad de Archivo Legislativo de la Asamblea Legislativa (1983),“Versiones
Taquigráficas de Contienen Discusión y Aprobación del Proyecto de la
Constitución de la República de 1983”, noviembre de 1983, pp. 26-27.
de los partidos políticos como la representación de personas
que no sean miembros o representantes de partidos políticos”6
Posteriormente, en la sesión del 29 de mayo de 1991 en
la que se acordó la reforma constitucional que sustituía
el nombre de CCE por TSE y que además añadía dos
magistrados propuestos por la CSJ, el entonces diputado
del Movimiento Auténtico Cristiano (MAC), Guillermo
Guevara Lacayo, señaló la necesidad de separar las
funciones administrativas y jurisdiccionales de la autoridad
electoral. Al respecto, el exdiputado expresó lo siguiente:
“Creo que a través de de la reforma constitucional en estos
momentos, no se está mejorando de verdad el Consejo
Central de Elecciones, sino que simple y sencillamente, se
está cambiando de Consejo Central de Elecciones a Tribunal
Supremo Electoral; y que si hasta este momento ha habido
un organismo administrativo con funciones jurisdiccionales,
ahora nada más se le está dando vuelta a la tortilla (sic) y
se está haciendo un organismo jurisdiccional con funciones
administrativas; y que para que estas reformas realmente
lleguen al fondo del problema electoral, en la ley secundaria
se hace necesario, definitivamente, el separar las funciones
jurisdiccionales y las funciones administrativas. Y si queremos
un Tribunal Supremo Electoral, debe el Tribunal Supremo
Electoral dedicarse a las cuestiones jurisdiccionales, dedicarse
a las cuestiones legales y que debe de haber un organismo
o una dependencia nombrada por ese Tribunal Supremo
Electoral que se encargue de las cuestiones administrativas, de
la mecánica, de la logística, de la forma como se desarrollan
las elecciones. Porque ahora tenemos un organismo
administrativo que está eventualmente preocupado por las
6.	Ibíd., p. 28.
cuestiones legales, sin criterio verdaderamente técnico, resuelve
sobre cuestiones jurisdiccional (sic). Y ahora vamos a tener un
híbrido en la cual nada más se van a incorporar dos abogados
que definitivamente no deben ni pueden estar preocupados de
qué color van a ser las bolsas donde se van a recoger los votos,
no pueden estar preocupado (sic) de qué ordenanzas se van a
nombrar en una dependencia, no pueden estar preocupados
de dónde van a ser los sitios de votación, sino que debe (sic)
dedicarse a las cuestiones jurisdiccionales. Si no, muy poco
estaremos haciendo con este cambio del Consejo Central de
Elecciones”7
En los últimos años, los partidos políticos se han
comprometido a separar las funciones de la autoridad
electoral en distintas ocasiones, en particular en las
elecciones presidenciales de 1994 en la coyuntura de la
segunda vuelta presidencial y en los programas de gobierno
presentados por los partidos mayoritarios ante los comicios
presidenciales de 20098
. El hecho de que la justicia electoral
se encuentre a cargo de reconocidos dirigentes partidarios
ha impedido una correcta aplicación de la ley electoral en
diversas ocasiones9
Sin embargo, pese a la insistencia del magistrado presidente
del TSE sobre la necesidad de la reforma10
última misión de observación electoral de la Organización
de Estados Americanos sobre la despartidización de la
7.	Unidad de Archivo Legislativo de la Asamblea Legislativa (1991),“Versión
taquigráfica de la sesión plenaria celebrada el día 19 de abril de 1991”, pp. 10-11.
8.	Fusades (2010),“Oportunidad de reforma política”, Boletín N° 1, septiembre y
octubre de 2010, pp. 10-11.
9.	Algunos casos han sido desarrollado en los siguientes documentos: Fusades
(2012),“Modernización del Tribunal Supremo Electoral: Separación de funciones
y justicia electoral”, septiembre de 2012; Fusades (2014),“El uso indebido de
los recursos del Estado en época electoral”, enero de 2014; y Fusades (2011),
“La importancia de una justicia electoral despartidizada: el caso PCN y PDC”,
10.	Fusades (2012),“Perspectiva de la autoridad electoral sobre la reforma política
en El Salvador”, Memorándum N° 17, diciembre de 2012, pp. 6-7.
justicia electoral11
, hasta la fecha no existen anteproyectos
por parte de los partidos políticos. De hecho, ha sido la
sociedad civil la que ha elaborado propuestas concretas
sobre el tema, a través del Movimiento Independiente
pro-Reforma Electoral (Mire) posterior a las elecciones del
año 200012
y de Aliados por la Democracia en 201213
obstante, luego del fallo de la Sala de lo Constitucional
que excluye a la representación partidaria del TSE, los
partidos políticos probablemente buscarán un consenso
para reformar y mantener su presencia al frente de la
organización de los comicios electorales.
Dado que es deseable que las entidades que se encargarían
de cada función cuenten con la autonomía suficiente ante
otros órganos de Estado y que su elección tenga parámetros
claros y estables, se vuelve necesario que la separación de
funciones se realice a partir de una reforma constitucional.
Política comparada: funciones y procedimientos de elección de
Otra interrogante tiene que ver con las funciones y
procedimientos de elección a establecer; para lo cual, la
revisión de la legislación comparada y las prácticas de
otros países son insumos importantes14
. Por esta razón,
para realizar una valoración más detallada, una vez
conocida la situación en El Salvador, es importante tomar
en cuenta casos de política comparada al analizar el tema
de la separación de funciones de la autoridad electoral. En
11.	Rivera, E. (2014),“OEA llama a despartidizar funciones judiciales en TSE”, El
Mundo, 18 de julio de 2014.
12.	Mire (s.f.),“Propuestas de reformas institucionales y al Código Electoral”.
13.	Aliados por la Democracia (2012),“Compromiso con la Democracia”
14.	Ferreira, D. (2012), Boletín de Estudios Políticos No. 10“Los sistemas de
financiamiento político en América: Tendencias”, agosto de 2012.
América Latina, existen países que desarrollan sus funciones
jurisdiccionales de manera exclusiva o en su caso dependen
del Órgano Judicial. Por ejemplo, en Argentina, México,
Brasil y Paraguay, los órganos electorales son parte del
Órgano Judicial15
En el caso de Argentina, la Justicia Nacional Electoral, está
constituida por 24 juzgados federales de primera instancia
y un Tribunal de Apelaciones, la Cámara Nacional Electoral
-máxima autoridad en la materia. La Justicia Nacional
Electoral ejerce cuatro funciones: i) jurisdiccionales
(aplicación de la ley de partidos políticos, código electoral);
ii) de control (ejerce control y fiscaliza el financiamiento
de los partidos políticos); iii) de administración electoral
(formar y corregir los padrones definitivos, atender los
reclamos de los ciudadanos y partidos); y iv) registral (tiene
a su cargo ocho registros: el nacional de electores, afiliados a
los partidos, residentes del exterior, faltas electorales, entre
otros)16
. La realización de las elecciones, en cambio, está a
cargo de la Dirección Nacional Electoral.
En Paraguay, la Justicia Electoral, forma parte del Órgano
Judicial y es la responsable de las funciones jurisdiccionales,
siendo su máxima instancia el Tribunal Superior de Justicia
Electoral, organismo encargado de todo el proceso de
. Por el contrario, Brasil concentra ambas
funciones en la Justicia Electoral, máxima autoridad en la
materia y parte del Órgano Judicial.
15.	Zovatto, D. (2008),“Regulación jurídica de los partidos políticos en América
16.	Página oficial del Órgano Judicial de Argentina: www.pjn.gov.ar
17.	Página oficial de la Justicia Electoral de Paraguay: http://www.tsje.gov.py
Resulta oportuno señalar el caso mexicano, pues al igual
que los tres ejemplos anteriores, encomienda su función
administrativa a un ente independiente y ciudadanizado,
el Instituto Nacional Electoral (INE); mientras que la función
de impartición de justicia electoral está a cargo del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE). El valor
agregado de este caso en especial, es la inclusión de los
ciudadanos en la autoridad administrativa, avance que ha
generado consecuencias positivas y que conviene discutir
en una eventual reforma a los organismos electorales
salvadoreños (Juntas Electorales Departamentales y
Municipales, Juntas Receptoras de Votos y TSE).
La ciudadanización del INE, antes Instituto Federal Electoral
(IFE), se deriva de diversos esfuerzos en los años noventa.
En un principio, el Consejo General, órgano superior
de dirección, era conformado por personas nombradas
desde la presidencia o desde los partidos políticos. En
1994, se incluyeron al Consejo, ciudadanos nombrados
por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados,
sin ser propuestos por la presidencia y a su vez, los
representantes partidarios perdieron su derecho al voto.
En 1996, se consolida la ciudadanización del Instituto al
excluir del Consejo al representante del Órgano Ejecutivo
y al sustraer su derecho al voto a los representantes del
Órgano Legislativo. Los únicos consejeros que mantuvieron
ese privilegio, y con razonables argumentos, fueron los
miembros no partidistas.
En materia jurisdiccional, el TRIFE, máxima autoridad en
materia de administración de justicia electoral, ejerce
sus funciones a través de la Sala Superior y cinco Salas
Regionales, conformadas por Magistrados elegidos por el
Senado de la República, a propuesta de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación. En el caso de los siete Magistrados
de la Sala Superior, los aspirantes a dicho cargo, deben
satisfacer al menos, los requisitos establecidos por la ley para
ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(Art. 99, IX)18
. Las Salas Regionales son órganos permanentes
desde 2007 y tienen competencia para conocer las
impugnaciones relacionadas con su circunscripción. Cada
Sala está integrada por tres Magistrados, quienes deben
cumplir al menos los requisitos legales para ser Magistrado
de Tribunal Colegiado de Circuito (Art. 99, IX)19
Si bien México se percibe como un modelo ideal, al
incorporar las mejores prácticas en El Salvador, el principal
reto será que cualquier propuesta aprobada en el marco
de la administración electoral –no la impartición de justicia
electoral- otorgue en una primera etapa, un rol importante
a los partidos políticos –principalmente por la desconfianza
interpartidaria existente20
. A pesar que el Código Electoral
le otorga al TSE autonomía jurisdiccional y administrativa
e independencia de cualquier organismo del Estado, hasta
el momento estas atribuciones no se han cumplido en la
práctica y los criterios partidistas parecen prevalecer en las
decisiones de la autoridad electoral salvadoreña.
Por otro parte, existe un grupo de países latinoamericanos
que también cuentan con funciones administrativas
y jurisdiccionales separadas, pero donde el órgano
18.	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Última Reforma DOF 09-
20.	FUNDAUNGO, FLACSO y FUNDE (2009),“Memoria del Foro Nacional sobre
las Reformas Electorales”, ponencia de Claudia Umaña, exdirectora del
Departamento de Estudios Legales de FUSADES, noviembre de 2009.
especializado en justicia electoral actúa de manera exclusiva
e independiente de los poderes del Estado. En esta categoría
se ubica a Chile, Perú y Ecuador.
Chile cuenta con dos organismos electorales: el Servicio
Electoral, órgano superior de la administración electoral; y el
Tribunal Calificador, máximo órgano electoral con carácter
jurisdiccional y encargado de validar todo el proceso que se
desarrolla en las elecciones21
En Perú y de acuerdo con la Ley de Partidos Políticos, la
Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), es la
encargada de las funciones de administración electoral; y
el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) es responsable de la
impartición de justicia electoral22
En este esfuerzo de separar las funciones en el caso
peruano, al JNE se le han atribuido funciones administrativas
adicionales que le corresponderían exclusivamente al
ONPE, situación que para algunos sacrifica la autonomía
del Jurado Nacional, pues ha intervenido en actos
sobre los que posiblemente deba pronunciarse luego,
limitando su objetividad y actuando como juez y parte en
materia electoral23
. A su vez, la separación de funciones
ha conllevado a cierto grado de descoordinación y
enfrentamiento entre la ONPE y el JNE24
21.	Página oficial del Servicio Electoral y del Tribunal Calificador de Chile: http://
22.	Op. Cit., Zovatto, D. (2008)“Regulación jurídica de los partidos políticos en
23.	Tuesta, F. (2009),“Un debate pendiente: el diseño garantista de los organismos
electorales”en“La democracia en su contexto. Estudios en homenaje a Dieter
Nohlen en su septuagésimo aniversario”, coords. Núñez, J. y Sánchez, H., UNAM,
Instituto de Investigaciones Jurídicas, p.147-148
24.	Consultas realizadas por investigador del Departamento de Estudios Políticos
de FUSADES a representantes de la autoridad electoral y/o especialistas en el
tema, XV Curso Interamericano de Elecciones y Democracia:“Construyendo las
Condiciones de Equidad en los Procesos Electorales”, diciembre de 2011.
Una última categoría la constituyen aquellos países donde
las funciones administrativas y jurisdiccionales recaen en un
mismo organismo electoral. En esta clasificación se cuenta
con diez países en la región, incluyendo a toda Centro
En algunos países, como Costa Rica, el sistema de dualidad
de funciones en un mismo órgano ha funcionado y así lo
confirma Héctor Fernández Masis, Director del Registro
Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones costarricense,
al comentar que en su país el tribunal electoral se
encuentra en los primeros lugares de confianza por parte
de la ciudadanía y asegura que la necesidad de separar
las funciones del organismo electoral depende de la
idiosincrasia de cada país25
A su vez, representantes de la autoridad electoral
panameña aseguran que el sistema de funciones en un
mismo organismo también ha funcionado26
Fernando Tuesta, politólogo peruano, argumenta que
concentrar ambos tipos de control en un solo organismo
“vulnera los derechos de los ciudadanos al violar el principio
de separación de funciones, que es la base y sustento del
Estado de derecho”27
, lo que puede derivar en concentración
del poder y en la consiguiente falta de imparcialidad.
En el cuadro 3 se presentan los 18 países latinoamericanos
clasificados de acuerdo a la separación o centralización de
25.	FLACSO, Funde, Universidad Tecnológica, UCA y FUNDAUNGO (2011),“Costa
Rica: Regulación jurídica sobre los partidos políticos y las campañas electorales”,
conferencia realizada el 15 de noviembre de 2011.
26.	Consultas realizadas Departamento de Estudios Políticos de FUSADES a
representantes de la autoridad electoral y especialistas en el tema, XV Curso
Interamericano de Elecciones y Democracia:“Construyendo las Condiciones de
Equidad en los Procesos Electorales”, diciembre de 2011.
27.	Op. Cit., Tuesta, F. (2009), p.152.
funciones administrativas y jurisdiccionales de los órganos
electorales. De acuerdo con los casos estudiados, ocho
países sí han separado sus tipos de control –administrativo
y jurisdiccional– y en diez países la autoridad electoral
asignada es la encargada de desempeñar ambas funciones.
De estos diez países, cabe destacar el hecho que únicamente
El Salvador y Colombia configuran la elección de los
magistrados bajo el control de los partidos.
El politólogo alemán, Dieter Nohlen, afirma que“la
razón sana para entregar las funciones diferentes a dos
órganos, se apoya en el principio de la división de poderes,
la función ejecutiva independiente y autónoma de la
jurisdiccional”28
. Lo anterior es reafirmado por Tuesta
al asegurar que“precisamente sobre la base de este
principio del derecho, los organismos que imparten justicia
deben dedicarse únicamente a dicha función a fin de
garantizar su imparcialidad, más aun cuando precisamente
quien imparte justicia debe ser el encargado de revisar
jurisdiccionalmente la actuación de quienes cumplen las
funciones administrativas. No se puede ser juez y parte de
un proceso”29
Este mecanismo de renovación propicia el control sobre
la autoridad encargada de los comicios y genera una
doble garantía electoral para los partidos políticos y para
la ciudadanía, ya que no toda la responsabilidad recae
solamente sobre un organismo.
En cuanto a política comparada se refiere, existen
modelos donde se ha prescindido de la participación de
28.	Nohlen, Dieter,“Los organismos electorales y la reforma constitucional”, El
Comercio, 21 de mayo de 2003 en Tuesta, F. (2009), p. 145.
29.	Op. Cit., Tuesta, F. (2009), p.145.
Cuadro 3. Concentración o separación de funciones de la autoridad electoral en la región
País Funciones separadas
Funciones en un mismo
Argentina* x
Paraguay* x
México* x
Brasil* x
*Pertenecen al Poder Judicial
**La Junta Central Electoral está conformada por dos Cámaras, una Administrativa y otra Contenciosa
Fuente: Fusades (2012), “Modernización del Tribunal Supremo Electoral: Separación de funciones y justicia
electoral”, septiembre de 2012, p. 24, con base en Zovatto, D. (2008) "Regulación jurídica de los partidos
políticos en América Latina", Portal de Jurisprudencia Electoral Americana de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) y páginas oficiales de las autoridades electorales de cada país.
*Pertenecen al Órgano Judicial
**La Junta Central Electoral está conformada por dos Cámaras, una Administrativa y otra Contenciosa Electoral.
Fuente: Fusades (2012),“Modernización delTribunal Supremo Electoral: Separación de funciones y justicia electoral”, septiembre de
2012, p. 24, con base en Zovatto, D. (2008)“Regulación jurídica de los partidos políticos en América Latina”, Portal de Jurisprudencia
Electoral Americana de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y páginas oficiales de las autoridades electorales de cada país.
Concentración o separación de funciones de la autoridad electoral en la región
representantes partidarios, como el caso mexicano, en el
que los integrantes del INE que tienen voto en el Consejo
General, son miembros no partidistas. Un tratamiento similar
se presenta en Perú respecto al JNE, entidad encargada de
la función jurisdiccional. La Constitución peruana prohíbe
que el Pleno del JNE sea integrado por“ciudadanos que
desempeñan cargos directivos con carácter nacional en las
organizaciones políticos, o que los han desempeñado en los
cuatro anteriores a su postulación”(artículo 180).
Otro ejemplo es Chile, donde a los magistrados que
integran las autoridades electorales les está restringido
pertenecer o haber pertenecido a organizaciones políticas
o haber sido funcionarios o candidatos a cargos públicos
previos a su elección. Los miembros de los Tribunales
Electorales de Costa Rica y Panamá deben reunir los mismos
requisitos exigidos a los magistrados que integran la Corte
Suprema y están sujetos a las mismas responsabilidades.
En el caso específico de Panamá, los miembros no pueden
tener afiliación partidaria y son nombrados por diez años,
con posibilidad de reelección, condición que les brinda
estabilidad y cierto grado de independencia30
Como se observa en el cuadro 4, la tendencia en América
Latina ha sido legislar a favor de una composición no
partidista de los órganos electorales. En la región, solo
Colombia y El Salvador continúan conformando sus
autoridades con base en criterios partidarios. El Salvador
debe transitar hacia una elección de magistrados que no se
base mayoritariamente en ternas provenientes de partidos
políticos, y se debata sobre la posibilidad de involucrar
a los otros Órganos del Estado y a la sociedad civil. La
integración o composición del organismo electoral debe
evolucionar a un plano donde la participación ciudadana
sea fundamental y se asegure que todos aquellos miembros
que no provengan de partidos políticos, estén libres de su
influencia. De esta manera se cumple de mejor forma el
principio de rendición de cuentas y se cuenta con órganos
30.	Consultas realizadas a representantes de la autoridad electoral y/o especialistas
en el tema, XV Curso Interamericano de Elecciones y Democracia:“Construyendo
las Condiciones de Equidad en los Procesos Electorales”, diciembre de 2011.
electorales autónomos, eficientes e imparciales, que
contribuyan a modernizar e institucionalizar a los partidos
políticos y a garantizar el efectivo ejercicio de la democracia
Prácticamente en toda Latinoamérica, es el Órgano
Legislativo el facultado para elegir a los magistrados, pero
en diferentes países se han fijado limitantes con el propósito
de incentivar la interacción entre dos o los tres Poderes del
Estado y en algunos casos, de la misma sociedad civil, para
el nombramiento de los magistrados de las autoridades
electorales. Por ejemplo, en Paraguay y Panamá, cada
Órgano del Estado nombra a un magistrado; en Argentina,
solamente el Ejecutivo se encarga de esta tarea. En Costa
Rica, el Órgano Judicial es el encargado de su designación y
en Brasil intervienen el Ejecutivo y el Judicial. En el caso de
Perú, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones son
designados de la siguiente manera: el primero por la Corte
Suprema, el segundo por la Junta de Fiscales Supremos, el
tercero por el Colegio de Abogados y dos por los decanos
de las facultades de derecho de las universidades públicas y
31.	FUSADES (2011),“Mecanismos para fortalecer la democracia representativa”,
Departamento de Estudios Políticos, Boletín de Estudios Políticos N°7, julio/
Fuente: Fusades (2012),“Modernización delTribunal Supremo Electoral: Separación de funciones y justicia electoral”, septiembre de 2012, p. 26, con base en Zovatto, D.
(2008)“Regulación jurídica de los partidos políticos en América Latina”, Portal de Jurisprudencia Electoral Americana de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y
páginas oficiales de las autoridades electorales de cada país.
Entidades que eligen a las autoridades electorales en la región
País Legisla*vo Ejecu*vo Judicial Sociedad	civil Par*dos
El	Salvador x x x
Dirección	Nacional	Electoral
Jus9cia	Electoral
Consejo	Nacional	Electoral	Tribunal	Contencioso	Electoral
Servicio	Electoral
Tribunal	Caliﬁcador	x x
República	Dominicana x
Costa	Rica x
Cuadro	9.	Designación	de	las	autoridades	electorales
Fuente:	Elaboración	propia	con	base	en	ZovaBo,	D.	(2008)	"Regulación	jurídica	de	los	par*dos	polí*cos	en	América	La*na",	Portal	de	Jurisprudencia	Electoral	Americana	de	la	Organización	de	los	Estados	Americanos	(OEA)	y	páginas	oﬁciales	de	las	autoridades	electorales	de	cada	país.
México	Perú	Argen9na	Chile	Ecuador	14.
El fallo de la Sala de lo Constitucional y la coyuntura
política actual y la de los próximos años, determinan un
grado de relevancia mayor en la elección del próximo
TSE en comparación a nombramientos anteriores. Más
allá del análisis de la sentencia constitucional o del
disentimiento sobre el abordaje de la Sala, es indiscutible
la necesidad de funcionarios de segundo grado idóneos
e independientes de influencias partidarias, sobre
todo tratándose de la función de administrar justicia
electoral. Por lo tanto, los parámetros brindados por la
jurisprudencia constitucional para este tipo de procesos
–meritocracia, transparencia, pluralismo, publicidad,
participación, motivación, etc. – deberían ser puntos
no negociables entre las distintas fuerzas políticas
representadas en la Asamblea Legislativa.
Por otra parte, los nuevos instrumentos de democracia
representativa insertados en el sistema político
salvadoreño durante los últimos años, como el voto
preferente –conocido como“voto por rostro”–, los
concejos plurales o un marco jurídico que regule la
actividad financiera de los partidos, son otros aspectos a
considerar cuando se examine la cualificación profesional
y ética de los candidatos a presidir al árbitro electoral.
Asimismo, una posible reforma constitucional dirigida
a modernizar el sistema electoral salvadoreño también
requiere de la participación de funcionarios competentes
en la materia. Al respecto, cabe destacar que en 2010, tras
la sentencia de la Sala de lo Constitucional que impulsó
la agenda de la reforma política en el país –postergada
por varias décadas– se señaló que más allá de reformas
“formales”vinculadas a procedimientos de elección, como
el voto por rostro o el voto residencial, existía la necesidad
de reformas de“fondo”como la separación de funciones
del TSE32
En conclusión, la consolidación democrática de El
Salvador pasa por un fortalecimiento en la confianza que
la ciudadanía tenga respecto a los procesos electorales,
y esto requiere de una autoridad con las características
ya mencionadas. De hecho, le legitimidad del acceso al
poder guarda una clara relación con dicha confianza.
En ese sentido, tanto los requisitos a cumplir por sus
integrantes como los desafíos a futuro, deben ser dos
elementos fundamentales en la próxima integración del
32	Op. Cit. Fusades (2010).
El padrón electoral: la base para la seguridad y legitimidad de las elecciones