Source: https://analisis05.wordpress.com/2018/10/26/el-dominio-publico-la-utilidad-publica/
Timestamp: 2019-07-20 23:07:26
Document Index: 375675853

Matched Legal Cases: ['artículo 348', 'artículo 348', 'artículo 348', 'artículo 5', 'artículo 609', 'artículo 33', 'in Fine', 'in fine', 'artículo 103']

El Dominio Público, la Utilidad Pública. – Analisis 05
El Dominio Público, la Utilidad Pública.
Gran Maestro 26 October, 2018 28 October, 2018 Conspiraciones, Complots, Estado Profundo., Estados, Corporaciones, Compañias, Empresas, Colegios, Corporativismo.., Lex Mercatoria, Law of Merchant., Mundo Financiero, Bancario, Usura, Deuda, etc..., Perceptos Legales, Comerciales, Mercantiles, por Contrato.
Hasta donde he podido averiguar, no he visto ningún tipo de documento donde un hombre/mujer tengan propiedad o como se llame, pues las Escrituras y Títulos “de propiedad” que tiene el Estado, son de Titularidad Pública; en cambio, apenas hay info sobre el dominio, que sería la auténtica propiedad, es el paso para tener propiedad de la tierra, por tanto, todo en el país, tiene dominio público, según la información abajo publicada y en donde todos estamos, tenemos que pedir permiso para poder circular, etc… al dueño del dominio. Si de paso vemos el art 33.1: Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, el 33.3 Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social. 128.1 de la Constitución, indica claramente el reconocimiento de propiedad: Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.
Compendio de Derecho Público y Común S XVIII:
De las cosas en que el hombre puede tener dominio, y como lo puede adquirir.
Es el tit.28. de la Partida 3.leV 1. Que cosa es dominio, y quantas son sus especies.
El dominio es una potestad de hacer de sus cosas lo que uno quiere, y el derecho
Es de tres maneras: el primero supremo, que tiene el Principe para castigar á
los malhechores, y administrar justicia:
el segundo es aquel que tiene cada qual en sus propias cosas; y el tercero es
el que tiene uno en los frutos, y réditos de ajgu-
Tom. II. Ana
na cosa por toda su vida, ó por cierto tiempo en castillo, ó tierra feu de las-cosas, y adquisicion de su dominio.
A conseqüencia de haber criado Dios todas las cosas de la tierra para servicio, y
comodidad del hombre, le confirió tambien el dominio de ellas.
De aquí es, que el orden natural exige se coloquen en el segundo libro las leyes
que tratan del dominio de las cosas, y modo de adquirirlas. (p 27).
Propiedad es el dominio de la cosa. Posesion su detención> algunas veces se
pone lo uno por lo otro; porque diciendo: mandó todas mis posesiones, se”
debe al legatario dar la propiedad de ellas. pag 221 tomo I.
Visto en un libro digitalizado por Google:
” (…) libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.”
La acción declarativa de dominio es una de las acciones encaminadas a la salvaguarda o protección del derecho de propiedad. Conformando el derecho de propiedad un poder jurídico unitario, y el señorío más pleno que una persona puede ostentar sobre una cosa, que atribuye al dominus las facultades de “gozar y disponer de la cosa” a su antojo, “sin más limitaciones que las establecidas en la ley”, (párrafo primero del artículo 348 del Código Civil), el ordenamiento jurídico ampara al titular del derecho otorgándole una serie de instrumentos para su defensa, entre los que indudablemente se encuentra la acción declarativa de dominio.
A pesar de los confusos términos en que aparece redactado el párrafo segundo del artículo 348 del Código Civil, del que no parece a priori que se desprenda otra acción protectora de la propiedad que la reivindicatoria, -dispone literalmente que “el propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla”– no obstante, según el parecer mayoritario, el artículo 348.2 del Código Civil no contempla una sola acción sino un variado catálogo de acciones para la defensa del derecho de propiedad, que se encaminan a la inicial afirmación del derecho de propiedad, fijar el objeto sobre el que este recae, y hacer efectivos los derechos de gozar y disponer que constituyen la esencia del dominio, eliminando cuantos actos materiales o jurídicos se realicen en contra la afirmación del derecho o contra su efectividad práctica. De este modo, prescindiendo de la literalidad de la norma, además de la acción propiamente reivindicatoria, -de carácter recuperatorio, dirigida a condenar al poseedor a reintegrar al dueño-, en ese elenco de acciones protectoras se incluyen la acción publiciana, la negatoria, y la que aquí nos ocupa, acción declarativa de dominio, meramente declarativa, dirigida a proteger el derecho de propiedad tratando de obtener una mera declaración que constate que el derecho pertenece al actor, y acalle al mismo tiempo al demandado que hasta entonces se atribuía, arrogaba o discutía esa realidad jurídica incierta, pero sin finalidad recuperatoria de la posesión, no dependiendo el éxito de la misma de que el demandado la tenga en su poder.
En línea con lo expuesto anteriormente, la Jurisprudencia ha declarado de manera reiterada que la acción reivindicatoria y la declarativa de dominio son las acciones protectoras del derecho dominical por excelencia, señalando la Sala Primera del Tribunal Supremo que “la tutela del derecho de propiedad se desenvuelve y actúa especialmente a través de dos distintas acciones muy enlazadas y frecuentemente confundidas en nuestro Derecho, a saber: la clásica y propia acción reivindicatoria, que sirve de medio para la protección del dominio frente a la privación o a una detentación posesoria, dirigiéndose fundamentalmente a la recuperación de la posesión, y la acción de mera declaración o constatación de la propiedad, que no exige que el demandado sea poseedor, y tiene como finalidad la declaración de que el actor es propietario de la cosa acallando a la parte contraria que discute ese derecho o se lo arroga”. Vemos pues que la doctrina y la jurisprudencia aprecian notables diferencias entre ambas habida cuenta que, mientras la protección que dispensa la acción declarativa de dominio se obtiene simplemente con un pronunciamiento meramente declarativo a favor del actor, que le reconozca como dueño, no precisando para su viabilidad que el demandado sea poseedor, por el contrario, la acción reivindicatoria, en cuanto acción recuperatoria y de condena, dispensa una protección más intensa, que no se satisface tan sólo con la mera declaración de la titularidad del derecho a favor del actor, sino que, al dirigirse contra el demandado poseedor sin título, busca que se le condene a devolver la cosa a su propietario. Cabe por tanto concluir, que la acción reivindicatoria se utiliza como remedio frente a una privación o detentación posesoria, al objeto de recuperar la posesión perdida, y precisa que el demandado sea poseedor, mientras que la declarativa de dominio pretende tan sólo afirmar la titularidad del derecho del actor frente al que lo discute o se lo atribuye sin título que lo ampare, por lo que, al no buscar la recuperación de la cosa, no exige que el demandado sea poseedor. Si en palabras del profesor Albaladejo, la acción reivindicatoria persigue, primero, que sea declarado el derecho de propiedad de quien la interpone, y segundo, que en consecuencia, le sea restituida la cosa sobre la que aquel recae; la declarativa sólo busca y se satisface con el primer pronunciamiento.
En todo caso, lo que sí exige la acción declarativa de dominio es la existencia de una controversia en torno al derecho de propiedad. Siguiendo a González Poveda, la acción declarativa de dominio se encuentra entre las meramente declarativas que “no buscan la obtención actual del cumplimiento coercitivo del derecho sino la puesta en claro del mismo”, y como éstas se caracteriza por tener por finalidad únicamente la cesación de una situación jurídica controvertida o que genera inseguridad; por su naturaleza meramente declarativa, este tipo de pretensiones, admitidas tradicionalmente por la Jurisprudencia, y ahora reguladas expresamente en el artículo 5.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de Enero, no intentan la condena del demandado sino exclusivamente que se declare una relación de derecho puesta en duda o discutida, apareciendo la controversia como razón de ser de esta acción, pues faltando dicha controversia determinante de una cierta inseguridad jurídica, desaparece el interés del demandante en la medida que la acción declarativa sólo compete a quien tiene interés en tutelar su derecho frente a una situación en que se pone en duda o se disiente del mismo; consecuentemente, cuando el derecho no es discutido, desaparece la necesidad de promover una acción que busca su salvaguarda en situación de conflicto.
a) La existencia de un título de dominio, que acredite la adquisición de la cosa por el actor.El actor debe dar cumplida prueba de su dominio, mediante un título que acredite su propiedad sobre la cosa, o mejor dicho, que justifique su adquisición. Según Manresa, la acreditación de la condición de propietario pasa por probar que ha mediado un hecho jurídico apto para dar existencia a aquella relación entre persona y cosa en que la propiedad consiste y que la persona que acciona es aquella que es sujeto de la relación.La Jurisprudencia aclara que “el término técnico título de dominio no equivale a documento preconstituido, sino a la justificación dominical”, por lo que es suficiente acreditar, por cualquier medio de prueba admitido en derecho, un hecho jurídico apto o idóneo para generar la relación jurídica de propiedad en el actor, hechos que en nuestro ordenamiento se denominan “modos de adquirir”, y que aparecen enumerados, aunque no de forma exhaustiva, en el artículo 609 del Código Civil (ocupación, ley, donación, sucesión testada e intestada, ciertos contratos seguidos de tradición y prescripción adquisitiva o usucapión). Cuando la adquisición de la propiedad fue originaria (ocupación, usucapión) es bastante probar los hechos correspondientes; en cambio, cuando la adquisición fue derivativa, con la demostración de haber adquirido el dominio en otro tiempo, y la presunción de que no se ha perdido, no queda suficientemente probado tal dominio.
b) Exacta identificación de la cosa.Requisito esencial de la acción declarativa de dominio, al igual que lo es de la reivindicatoria, es la identificación de la cosa de manera que no deje lugar a dudas la correspondencia entre la descrita en el título dominical en que apoya su pretensión el demandante y la realidad física. En relación con los bienes inmuebles, según tiene dicho la Jurisprudencia, “la identificación de la finca ha de hacerse de forma que no ofrezca duda cúal sea la que se reclama, fijando con la debida precisión su cabida, situación y linderos, y demostrando cumplida probanza, que el predio reclamado es aquel al que se refieren los títulos y demás medios probatorios en los que el actor funde su derecho, identificación que exige un juicio comparativo entre la finca real contemplada y la que consta en los títulos, lo que como cuestión de hecho, es de la soberana apreciación del Tribunal de instancia”.La identificación no queda desvirtuada por errores accidentales, simplemente materiales, de detalle o de puro hecho.
Derecho Administrativo (V. expropiación forzosa).
[DAd] Forma de privación singular de bienes, derechos o interesespatrimoniales legítimos realizada por una Administración pública territorial, previo pago del correspondiente justiprecio a su titular, cuando concurran causas de utilidad pública e interés social. Toda expropiación forzosa conlleva la adopción de diversos acuerdos administrativos: 1) declaración de utilidad pública e interés social; 2) declaración de necesidad de ocupación, y
3) incoación del correspondiente expediente de justiprecio.
LEF, arts. 1 ss.; CE, art. 33.
Expropiado; Justiprecio.
Es un acto de la Administración, o de un particular subrogado en los derechos de aquélla, mediante el cual se produce una privación singular de la propiedad privada a cambio de una indemnización. La propiedad objeto de expropiación puede consistir en cualquier clase de bien o derecho; el motivo de la expropiación ha de ser la inexcusabilidad de los interesespúblicos. En este sentido, se habla de expropiación por interés social. Por tanto, puede afirmarse que la expropiación es un procedimiento para la afectación de los bienes a los fines prevalentes de interés general. El hecho de que en toda expropiación se pague una indemnización al expropiado no debe llevar a pensar que se trata de una venta forzosa por utilidad pública; en este sentido, cabe considerar que si el expropiado de un inmueble, pese a figurar como titular registral del mismo, resulta no ser el auténtico dueño, la expropiación sería igualmente válida.
Constitución, artículo 33. Ley de Expropiación forzosa, artículos 1 a 3, 7 y 8.
Concepto de Utilidad Pública:
El reconocimiento de la condición de utilidad pública de una entidad sin ánimo de lucro
Por Francesc Costa, abogado y socio de Gros Monserrat Abogados
En este campo, ha habido importantes pronunciamientos de declaración de utilidad pública de asociaciones sin ánimo de lucro, en base al giro jurisprudencial que se obtuvo en el año 2011 con la sentencia de declaración de utilidad pública del “Club Natació Manresa” (sentencia del Tribunal Supremo de fecha 22 de noviembre de 2011).
No obstante, según la extensa exposición argumental realizada en base a la interpretación jurisprudencial y doctrinal de distintas normas, era posible rebatir la argumentación de la Agencia Tributaria, matizando que el hecho de llevar a cabo una explotación económica no motiva per se que no pueda considerarse que los fines estatutarios de una entidad sin ánimo de lucro tienden a promover el interés general.
Es cierto, como señala la Sentencia de instancia, que no cabe equiparar interés general con gratuidad o ausencia de ánimo de lucro, habida cuenta de que, como indicábamos anteriormente, no existe una equivalencia entre ánimo de lucro y contraprestación por servicios prestados, en línea con lo dispuesto en la Ley 49/2002 de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, que establece como uno de los requisitos para que las entidades sin fines lucrativos sean conceptuadas como tales, el que destinen a la realización de dichos fines al menos el 70% de las rentas e ingresos procedentes de las explotaciones económicas que desarrollen.
En consecuencia, no cabe entender que la prestación onerosa de un servicio conduzca necesariamente a conceptuar que la asociación que lo presta carezca de interés general, por cuanto que para ello habrá que tener en cuenta las actividades que realiza para el cumplimiento de su objeto social, si éstas redundan en beneficio de la colectividad, y del destino al que se aplican los ingresos que la entidad pudiera obtener”.
-El hecho que la asociación pueda restringir el acceso a ciertas actividades a terceros, no implica que no se esté cumpliendo con los requisitos de beneficiar a la colectividad, ya que en algunos casos deberá restringirse el acceso a las actividades para garantizar la seguridad de los usuarios. Del mismo modo, exigir el pago de entrada o matrícula para tal actividad no implica incumplir este requisito, ya que tal precio se reinvierte en la consecución de las finalidades sociales, careciendo de ánimo de lucro
https://www.abogacia.es/2016/12/21/el-reconocimiento-de-la-condicion-de-utilidad-publica-de-una-entidad-sin-animo-de-lucro/
I. IDEA GENERAL
No hay un concepto general de utilidad pública pese a ser una cláusula muy empleada en las diferentes normas que regulan la actuación de las Administraciones públicas. Es un concepto jurídico indeterminado que apodera a la Administración para integrarlo y apreciarlo en cada caso en función de la norma que prevé una concreta potestad administrativa. Sí cabe deducir que se identifica, por contraposición, con todo aquello que trasciende a la ventaja privada o particular con lo cual utilidad pública sería lo contrario a la utilidad privada. Esto no es ni mucho menos una idea concluyente máxime cuando la cláusula de utilidad pública suele acompañarse, a veces como sinónimo, otras como categoría distinta, de la de interés, interés que puede ser, a su vez, general, social, público, etc. A su vez puede ocurrir que se adjetive la utilidad no sólo como pública, sino también como social, común, etc.
Si bien de lo expuesto se deduce que habrá que estar a su empleo en cada caso concreto y a la luz de la norma que invoca dicha cláusula, sí cabe abstraer que la idea de interés con los variados adjetivos con que normativamente se acompaña, pero sobre todo con el interés general, se identificaría con lo que representa la Administración en cuanto tal: sería el criterio legitimador general de la actuación de la Administración pública, tal y como se deduce al menos del artículo 103.1 de la Constitución de 1978: la Administración pública sirve con objetividad a los intereses generales, comunes, de todos los ciudadanos. De esta manera la cláusula de utilidad pública o general haría referencia no tanto a la legitimación en sí de la Administración como organización, como poder público, sino al fin perseguido mediante el ejercicio de cierta potestad administrativa que sería la obtención, satisfacción, logro o consecución de un beneficio o de una ventaja no privada, sino común, general, es decir, afectante a todos los administrados.
A partir de estas premisas procede analizar a modo de ejemplo casos en los que se acude a la cláusula de utilidad pública.
LO 1/2002 de 22 Mar. (derecho de asociación)
SECCIÓN 1.ª. LA CONCESIÓN DE AGUAS EN GENERAL
Expropiación del Grupo Rumasa
Instituciones declaradas de interés social
La indemnización por ocupación temporal (Pendiente).
http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMTUwMDtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoA1C_XaTUAAAA=WKE
https://www.misabogados.com/blog/es/requisitos-vivienda-debidamente-inscrita-y-regularizada
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/bienes-de-dominio-publico/bienes-de-dominio-publico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/utilidad-publica/utilidad-publica.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/expropiaci%C3%B3n-forzosa/expropiaci%C3%B3n-forzosa.htm
http://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2017/06/26/el-ministerio-de-industria-declaro-de-utilidad-publica-el-proyecto-de-gas-marismas-occidental-en-el-entorno-de-donana-en-marzo-de-2016
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1518207/09/09/Eta-dignidad-y-justicia-declarada-asociacion-de-utilidad-publica.html
http://www.publico.es/politica/hazte-oir-gobierno-revoca-utilidad-publica-ong-escuelas-mantiene-hazte-oir.html
https://www.ingenierosdemontes.org/prensa/sobre-la-desamortizacion-de-montes-de-utilidad-publica.aspx
https://elpais.com/elpais/2013/03/06/opinion/1362573390_582098.html
https://www.ecologistasenaccion.org/?p=25378
Previous Títulos alodiales y patentes de tierras.
Next Cárceles, prisiones, bonificaciones