Source: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/59/2005/nov/20051129-II.html
Timestamp: 2020-04-04 10:01:30
Document Index: 319850926

Matched Legal Cases: ['Artículo 79', 'Artículo 79', 'artículo 39', 'artículo 37', 'Artículo 39', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 29', 'artículo 58', 'artículo 74', 'artículo 93', 'artículo 93', 'artículo 71']

Gaceta Parlamentaria, año IX, número 1893-II, martes 29 de noviembre de 2005
Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 1892-II, martes 29 de noviembre de 2005.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer un mecanismo para recuperar el importe de los descuentos a los usuarios de gas natural de uso doméstico y aplicar en la región de Piedras Negras, Coahuila, los beneficios que otorgan los decretos de fechas 16 de mayo y 12 de septiembre de 2005, a cargo del diputado Jesús María Ramón Valdés, del grupo parlamentario del PRI.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa y a la Secretaría de Marina a verificar que las embarcaciones pesqueras que operan en el estado de Quintana Roo cuenten con los permisos correspondientes, a cargo del diputado Víctor Manuel Alcerreca Sánchez, del grupo parlamentario del PRI.
Con punto de acuerdo, para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que revise los recursos federales correspondientes a los fondos del Ramo 33 relativos a educación, salud e infraestructura social ejercidos en 2004 por los municipios de Acapulco de Juárez, Chilpancingo de los Bravo, Taxco de Alarcón, Iguala de la Independencia, Ajuchitlán del Progreso y Tecoanapa, Guerrero, a cargo del diputado Ángel Pasta Muñuzuri, del grupo parlamentario del PAN.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Gobernación a atender lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en materia de preferencias religiosas, a cargo del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del PRD.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de San Luis Potosí a revisar el otorgamiento de concesiones de taxis, a cargo de la diputada Tatiana Clouthier Carrillo.
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al secretario de Hacienda y Crédito Público y al administrador general de Aduanas que informen sobre la supuesta privatización de la fiscalización aduanal, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instaurar el 14 de agosto como Día del Cine Mexicano, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del PAN.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a adelantar el pago del apoyo del Programa de Estímulos al Campo, o Procampo, considerando las severas afectaciones climáticas ocurridas en varios estados de la República, a cargo del diputado Rafael Flores Mendoza, del grupo parlamentario del PRD.
Con punto de acuerdo, para incluir el tema de fiscalización superior tanto en las agendas de los foros bilaterales, regionales e internacionales como en los encuentros entre grupos de amistad y demás instancias en que participe la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, a cargo del diputado Salvador Sánchez Vázquez, del grupo parlamentario del PRI.
Artículo 79.-...... I. ........
Artículo 79.- Se exceptuarán de lo dispuesto en el artículo que precede: I. y II. ............
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de noviembre de 2005.
La regla general establecida en el párrafo 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica vigente, es que para el ejercicio de las funciones de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio, la Cámara de Diputados cuenta con comisiones ordinarias de dictamen cuya competencia se corresponde con la otorgada a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Desde la expedición de la Ley Orgánica el 3 de diciembre de 1999 a la fecha, la Cámara de Diputados no ha tenido ninguna comisión cuya competencia se corresponda con las funciones que realizaba la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (en adelante SECODAM), para estos efectos.
Con la reforma al artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal -publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de abril de 2003-, el Gobierno Federal cambió el nombre de la SECODAM, por el de Secretaría de la Función Pública, otorgándole a esta las facultades de aquella pero ampliando estas potestades en materia dirección, organización y operación del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; planeación y administración de personal; reivindicación de bienes propiedad de la nación; formulación y conducción de la política de la Administración Pública Federal para la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información y finalmente para la promoción de las estrategias para establecer políticas de gobierno electrónico.
En tal razón, la Cámara de Diputados no había destinado a un órgano específico, el cumplimiento de las tareas legislativa, de información y de control evaluatorio que se correspondieran con esa dependencia y sus acciones.
Artículo 39. .........
I. a XVI. .........
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A ESTABLECER UN MECANISMO PARA RECUPERAR EL IMPORTE DE LOS DESCUENTOS A LOS USUARIOS DE GAS NATURAL DE USO DOMÉSTICO Y APLICAR EN LA REGIÓN DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, LOS BENEFICIOS QUE OTORGAN LOS DECRETOS DE FECHAS 16 DE MAYO Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2005, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS MARÍA RAMÓN VALDÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal Jesús María Ramón Valdés, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional correspondiente a la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a establecer el mecanismo para recuperar el importe de los descuentos a los usuarios de gas natural de uso doméstico de bajo consumo que otorguen los distribuidores por cuenta del Gobierno Federal, asimismo se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a aplicar extensiva y retroactivamente a la región de Piedras Negras, Coahuila, los beneficios que otorgan los decretos de fechas 16 de mayo y 12 de septiembre de 2005.
Con fecha del 16 de mayo del año en curso se publicó en el Diario Oficial de la Federación decreto que establece un descuento a los usuarios de gas natural doméstico de bajo consumo aplicable retroactivamente al 18 de abril del año en curso; sin embargo, en virtud de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha establecido el mecanismo para recuperar el importe de los descuentos que otorguen los distribuidores por cuenta del Gobierno Federal, la población del área de Piedras Negras, Coahuila, se ha visto severamente afectada en sus presupuestos familiares al tener que pagar el gas natural a precios de mercado internacional.
Con fecha 12 de septiembre del año en curso se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que modifica la fórmula para la determinación del precios de venta de primera mano del gas natural que comercializa Pemex Gas, Petroquímica Básica y sus empresas filiales, dicha fórmula deja fuera a los pobladores de la región de Piedras Negras, Coahuila, simplemente porque Petróleos Mexicanos dejó de producir gas natural en la zona obligando a su importación a precios de mercado internacional.
Con fecha del 16 de enero de 2001 la Secretaría de Energía emitió un comunicado mediante el cual se beneficiaba a los todos los consumidores de gas natural con el esquema de 4 x 3 que significa gas a precio fijo de 4,00 dólares por MMBTU; y una bonificación del 25% sobre el gas pagado del mes de agosto de 2000, sin embargo este beneficio nunca se aplicó en la región de Piedras Negras, lo cual constituye una clara discriminación y desigualdad fiscal con respecto a los habitantes del resto del país.
En el año 2004 nuevamente la Secretaría de Energía ofreció el apoyo de tomar la cobertura del precio del gas en un parámetro de 4,50 a 4,80 dólares por MMBTU por el periodo de enero de 2004 a diciembre de 2005 dejando fuera de este beneficio a la región de Piedras Negras.
Lo anteriormente descrito constituye un claro trato discriminatorio a mexicanos que constitucionalmente deben tener igualdad de derechos, a quienes por el simple hecho de radicar en una región diferente se les niegan los beneficios otorgados a mexicanos en las mismas condiciones de otras latitudes del país.
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer el mecanismo para recuperar el importe de los descuentos a los usuarios de gas natural de uso doméstico de bajo consumo que otorguen los distribuidores por cuenta del Gobierno Federal.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a aplicar extensiva y retroactivamente a la región de Piedras Negras, Coahuila, los beneficios que otorgan los decretos de fechas 16 de mayo y 12 de septiembre de 2005.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días del mes de noviembre de 2005.
Dip. Jesús María Ramón Valdés (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SAGARPA Y A LA SECRETARÍA DE MARINA A VERIFICAR QUE LAS EMBARCACIONES PESQUERAS QUE OPERAN EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO CUENTEN CON LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES, A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR MANUEL ALCERRECA SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe diputado federal Víctor Manuel Alcérreca Sánchez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos; se permite poner a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución conforme a los siguientes
En Quintana Roo, la base de la economía de los pescadores artesanales agrupados en cooperativas lo constituyen en orden de importancia la captura de la langosta y el caracol, este último se captura como una alternativa de ingresos durante dos de los cuatro meses de veda de la langosta (marzo a junio).
De noviembre a febrero, cuando los pescadores capturan tanto langosta como caracol, este último se pesca en Banco Chinchorro sólo dos o tres días al mes y cinco días al mes en Cozumel; los días restantes se dedican a la captura de langosta.
La langosta espinosa (Panulirus argus) se distribuye en todo el Caribe, siendo la especie más capturada a nivel mundial. Por su parte, México ocupa el séptimo lugar como productor de langosta espinosa y es considerado el décimo séptimo en la captura mundial de langostas.
En cuanto a captación de divisas del extranjero, la langosta ocupa el cuarto lugar entre los crustáceos, después del camarón, el langostino y la jaiba según lo reportado por la entonces Semarnap en 1998. Asimismo, la captura registrada en Yucatán y Quintana Roo contribuye con el 23% de la producción nacional.
De 1982 a 1988, la producción alcanzó un máximo de 751 toneladas por año, para descender en el periodo 1992-1996 y aumentar hasta alcanzar una producción de 676.5 toneladas por año en 1995. A partir de este año y hasta la fecha las capturas han descendido a la mitad de la producción, 354 toneladas por año.
Para capturar el recurso en Quintana Roo, se utilizan embarcaciones que no rebasan los 10 metros de eslora con motores fuera de borda. Las artes de pesca empleadas son selectivas y van desde buceo libre o autónomo (Scuba) hasta el empleo de trampas.
De las 35 sociedades cooperativas de producción pesquera en Yucatán y Quintana Roo que capturan langosta, 15 cuentan con concesión y con áreas de operación bien delimitadas; las demás, continúan haciéndolo por medio de permisos.
En Quintana Roo, la pesquería de estas especies ha entrado en un periodo de deterioro, mientras que en Yucatán el efecto de la pesca ha sido menor y la producción ha mantenido el mismo comportamiento.
La Norma Oficial Mexicana NOM-006-PESC-1993, contiene los apartados para el manejo y regulación de la pesca de langosta en el Golfo de México y la península de Yucatán. De acuerdo con esta norma existen tres medidas de regulación; dos actúan en forma indirecta para controlar el esfuerzo: la talla mínima legal y la prohibición de capturar hembras ovígeras, y la veda; medida que actúa en forma directa sobre el recurso.
En resumen, en Quintana Roo la pesquería de langosta esta en fase de sobreexplotación y se refleja en que su captura ha descendido en 50% menos que en la década de los ochenta, por lo que urge establecer las medidas que permitan recuperar el recurso a niveles más rentables, reduciendo el esfuerzo pesquero y condicionando la adquisición de embarcaciones y equipos nuevos e incrementando la vigilancia para evitar la pesca furtiva.
Con respecto al caracol, se comenzó a explotar comercialmente en las costas de la península de Yucatán a partir de la década de los cincuenta y en 1986 esta pesquería se dirigía al caracol rosado, blanco y trompillo. Quintana Roo ocupa el quinto lugar de producción en el Mar Caribe y tuvo al menos un valor de dos millones de pesos durante la temporada 1996 a 1997, según lo reportado por el Instituto Nacional de la Pesca. Sin embargo, la actividad fue cancelada de 1990 a 1996; y en Yucatán continúa en veda desde entonces, por lo que es Quintana Roo el que actualmente sostiene la pesquería, capturando únicamente caracol rosado (Strombus gigas) en dos bancos de pesca: Banco Chinchorro y Cozumel.
Los pescadores de caracol están agrupados en sociedades cooperativas y participan entre 115 y 130 pescadores en Banco Chinchorro y de 45 a 55 en Cozumel. El método de pesca depende de la profundidad y es con buceo libre o scuba y la captura se realiza a mano, en una pesca absolutamente dirigida a la especie por lo que no hay pesca incidental ni descartes de otras especies.
La captura de caracol se rige por la NOM-013-PESC-1994, decretada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de abril de 1995. Esta norma establece talla mínima de captura, método de pesca autorizado, cuotas para limitar la captura y cantidad de equipos autorizados.
El caracol rosado es una especie muy vulnerable a la pesca, lo cual la hace susceptible a una declinación de sus poblaciones al incrementarse el esfuerzo de pesca. El Instituto Nacional de la Pesca ha declarado que en Banco Chinchorro son mayores los efectos de la pesca clandestina, los cuales se pudieron observar en corto tiempo. Asimismo investigadores del INP mencionan que de los dos bancos de caracol explotados en Quintana Roo: Cozumel y Banco Chinchorro, el primero tiene un nivel de aprovechamiento adecuado pero no puede incrementarse el esfuerzo de pesca y debe limitarse, por ello sugieren programas de vigilancia para garantizar una real disminución de la explotación del recurso.
Desafortunadamente estas dos pesquerías en el estado de Quintana Roo están sufriendo los efectos de la pesca ilegal, que incluye una serie de actividades inconvenientes como: pescar sin permiso fuera de temporada, no respetar las cuotas de captura y no declarar o dar información falsa sobre el peso y las especies de la captura.
La pesca ilegal, quebranta significativamente los esfuerzos de gestión sostenible para esta actividad; ya que los recursos que la Federación asigna a las labores de inspección y vigilancia son insuficientes; el casi nulo proceso de vigilancia afecta al pescador que cuenta con permisos y se esfuerza por cumplir la normatividad. Por ello es conveniente analizar opciones de manejo y reestructurar el sistema de vigilancia incluyendo la participación de los pescadores regularizados.
En Quintana Roo hemos recibido recientemente numerosas denuncias de los pescadores organizados, quienes han manifestado que en los últimos años se ha observado la incursión de pescadores ilegales y de embarcaciones, a lo largo de toda la entidad, extrayendo toda clase de especies marinas principalmente las de mayor valor comercial como la langosta y el caracol, las cuales son capturadas en toda las épocas del año, provocando con ello un daño que difícilmente podrá ser reversible.
Los denunciantes han manifestado también que desde la desaparición de la Secretaría de Pesca y el desmantelamiento de sus oficinas se ha presenciado una menor vigilancia, lo que ha permitido un incremento considerable en la pesca no autorizada, convirtiéndose entonces en una práctica común a lo largo de todo el litoral de Quintana Roo. También enfatizan que los infractores cuando se identifican y detienen no han recibido penas administrativas y penales que los desalienten en la práctica.
Los pescadores manifiestan también, que según los estudios e investigaciones realizadas por el Centro Regional de Investigaciones Pesqueras de Puerto Morelos (CRIP), las zonas de capturas para ambas especies se encuentran en un punto que no soportan un esfuerzo de pesca mayor al actual y por ello, en varias ocasiones, se han implementado "auto vedas" para conservar el recurso aún contando con los permisos de extracción para el caracol rosado.
Por otro lado, la investigadora del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), Arce Ibarra, menciona que en la península de Yucatán, y en particular en las costas de Quintana Roo, la pesca ilegal, la llevan a cabo diversos grupos que incluyen, entre otros: a) Personas que han dejado el campo (agricultura) y que en algunos casos han decidido buscar su subsistencia en recursos naturales de fácil acceso tales como la pesca, y
b) Aquellos que en forma temporal (o permanente) migran de comunidades de estados como Veracruz, Tabasco, Yucatán y Campeche (quienes se asientan en campamentos temporales en lugares como Chiquilá y Hol Box); hacia las costas de la península, dado que la vigilancia sobre los recursos pesqueros es escasa o nula; y
c) los pescadores organizados en cooperativas, con permiso de pescar langosta y caracol, pero no respetan la temporada de veda. Asimismo, Arce Ibarra destaca que en los últimos años Quintana Roo ha tenido un amplio desarrollo en turismo nacional e internacional, y que es precisamente el turismo el que da lugar a que la demanda de langosta y caracol sea alta durante casi todo el año, por tanto los pescadores ilegales tienen diversos lugares para comercializar su producto fuera de temporada.
Por lo anterior, es necesario implementar programas permanentes de vigilancia en los sitios antes mencionados y así evitar la comercialización del producto y desalentar esta práctica que daña a los pescadores que actúan legalmente, ya que los productos participan en los mismos mercados, constituyendo de esta forma una competencia desleal, además de la repercusión en el medioambiente, y que no se respeten las medidas técnicas de conservación y gestión.
Por último, investigadores del área recomiendan analizar la pertinencia y las implicaciones de elevar la pena tanto a los practicantes de la pesca ilegal, como a los compradores de caracol y langosta fuera de temporada; la elaboración de programas de conservación y manejo para especies pesqueras comerciales con la participación de todos los sectores y que se analice la pertinencia de reconocer a todos los actores que juegan un papel importante en las pesquerías de langosta y caracol, de tal forma que se les pueda asignar responsabilidades (formales) de manejo de recursos pesqueros a los mismos, incluyendo a los grupos de pescadores y/o a cooperativas. Tales asignaciones pueden enmarcarse dentro de lo que internacionalmente se le denomina como co-manejo que en México no se aplica; y en vista de los limitados recursos económicos y humanos para vigilancia de los recursos pesqueros, el co-manejo permite que los usuarios de los recursos tengan algún grado de participación en la observancia de las reglas y las normas locales, lo cual, reduce costos de vigilancia pero también redunda en un beneficio de la producción pesquera.
Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta honorable soberanía el siguiente
Primero. Se exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la de Marina para que en el ámbito de sus respectivas competencias, verifiquen que las embarcaciones pesqueras que operan en el estado de Quintana Roo capturando langosta y caracol posean los correspondientes permisos que avalan la actividad y en caso de no contar con ellos, les impongan la sanción correspondiente como se estipula en la Ley de Pesca vigente.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente verifique las actividades de extracción en las áreas naturales protegidas del estado de Quintana Roo.
Tercero. Se exhorta a los integrantes de la Comisión de Pesca de la LIX Legislatura para que en la iniciativa de Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables contemplen sanciones administrativas y penales más severas con respecto a la actual Ley de Pesca, con el objeto de desalentar la pesca ilegal de especies comerciales.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos el día 29 de noviembre de 2005.
Dip. Víctor Manuel Alcerreca Sánchez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN QUE REVISE LOS RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTES A LOS FONDOS DEL RAMO 33 RELATIVOS A EDUCACIÓN, SALUD E INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJERCIDOS EN 2004 POR LOS MUNICIPIOS DE ACAPULCO DE JUÁREZ, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, TAXCO DE ALARCÓN, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO Y TECOANAPA, GUERRERO, A CARGO DEL DIPUTADO ÁNGEL PASTA MUÑUZURI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, Ángel Pasta Muñuzuri, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento al Pleno de la Cámara Diputados una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución bajo las siguientes
Por el derecho que me corresponde de hablar por Guerrero, el estado del sur rico en patria, en naturaleza, en historia, allí donde surgen los Sentimientos de la Nación, donde la pobreza duele más, los ciudadanos demandan conocer la verdad, en que se aplicó los recursos de la Federación dados a nuestro estado en el año de 2004.
El presente punto de acuerdo es para requerir a la Auditoría Superior de la Federación, a su titular el CP Arturo González de Aragón, audite en Guerrero el ejercicio fiscal del año próximo pasado, determine el denominado Ramo 33, correspondiente a las aportaciones federales para entidades federativas y municipios. Se requiere revisión urgente, puntual y transparente en los rubros de educación, salud e infraestructura social.
Esta auditoría tendrá por objeto fiscalizar, verificar la distribución, administración ejercicio y destino de los recursos federales asignados al estado para el ejercicio fiscal 2004, pues es necesario que los recursos federales que ejerció el Gobierno estatal y los municipios sean fiscalizados estrictamente. El 20 de enero del actual se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Desarrollo Social que establece que los gobiernos de la entidades federativas instituirán un sistema de planeación de desarrollo social, formularán, aprobarán y aplicarán los programas de éste en los términos de la Ley Planeación y de manera coordinada con el Gobierno Federal vigilará que los recursos aprobados se ejerzan con honradez, oportunidad, transparencia y equidad, por ello es deber y facultad de la Secretaría de la Función Publica para que en el ámbito de sus facultades realice la inspección y vigilancia de los recursos federales ejercidos en Guerrero.
Por todo esto y lo que resulte es urgente se realice una auditoría integral en Guerrero, por lo que corresponde al ejercicio fiscal del año próximo pasado, así como lo que va del presente, correspondiente a 2005, determine el denominado Ramo general 33, correspondiente a las aportaciones federales para entidades federativas y municipios.
Por lo expuesto y con apoyo en lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo el siguiente
Único. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que en términos de lo que establece la ley de Fiscalización Superior de la Federación solicite la fiscalización de los recursos federales correspondiente a los fondos del Ramo 33, relativos a educación, salud e infraestructura social, ejercidos por los municipios de Acapulco de Juárez, Chilpancingo de los Bravo, Taxco de Alarcón, Iguala de la Independencia, Ajuchitlán del Progreso y Tecoanapa durante el ejercicio de 2004.
Palacio Legislativo de San Lázaro, noviembre 22 del 2005.
Dip. Ángel Pasta Muñuzuri (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN A ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LA LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO EN MATERIA DE PREFERENCIAS RELIGIOSAS, A CARGO DEL DIPUTADO RAFAEL GARCÍA TINAJERO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito diputado federal Rafael García Tinajero Pérez, integrante del GPPRD, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Nuestra Constitución política es el entramado en el que se sustenta el Estado mexicano. Es producto de la síntesis histórica de las luchas del pueblo mexicano.
En nuestra Constitución y en las leyes que de ella emanan se han establecido una serie de derechos y obligaciones que todos los mexicanos, independientemente de sus preferencias y creencias, tenemos la obligación de respetar.
Ceñir nuestros actos, incluso nuestros dichos, a lo que establecen las disposiciones constitucionales y las leyes reglamentarias, contribuyen a garantizar la estabilidad y gobernabilidad política.
En días recientes, hemos podido constatar el activismo con tintes políticos de algunos integrantes de la alta jerarquía católica, que se han hecho acompañar de mensajes y declaraciones de algunos funcionarios públicos federales responsables de aplicar la ley en materia de asociación religiosa y culto público. Me refiero específicamente al titular de la secretaría de Gobernación. Desde aquí hago un llamado a Carlos María Abascal Carranza a contribuir a mantener la laicidad del Estado mexicano. A nadie conviene, ciudadano secretario, revivir viejas heridas con supuestos llamados de buena voluntad para enterrar de un solo plumazo la historia de nuestro país, que ha quedado plasmada en los libros de historia, pero sobre todo en el subconsciente colectivo del pueblo mexicano.
En política, escribía un estudioso del liberalismo mexicano, don Jesús Reyes Heroles, "la forma es fondo" y es muy delicado, preocupante y grave que el secretario de Gobernación, el funcionario responsable de actuar de manera imparcial en materia de culto público se haga presente en un acto y en un día que, por los hechos históricos que representan para el pueblo de México, constituyen una agravante para el momento político y la coyuntura electoral que estamos enfrentando. Dos hechos confirman nuestra petición en este punto de acuerdo.
El domingo 13 de noviembre del presente año, el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y obispo de León, José Guadalupe Martín Rábago, advirtió -desconociendo lo que establece la ley en la materia, específicamente el artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público- que "la Iglesia católica participará de manera abierta en los comicios presidenciales de 2006 e incluso orientará a los ciudadanos para que emitan su voto".
La participación de la Iglesia católica, de los ministros de culto, debe circunscribirse a lo que mandata nuestra Constitución política y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
Para el PRD es fundamental preservar la laicidad del Estado mexicano. Tenemos que ser respetuosos de la separación del Estado y las iglesias y el papel de éstas como responsables de la fortaleza espiritual de los individuos.
Porque a la sociedad civil, a la sociedad política, competen los asuntos del Estado. El Art. 130 constitucional, inciso e), es claro en ese sentido: establece que "los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o contra candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios.
Y cuando el obispo habla de que se orientará a los ciudadanos para que emitan su voto, ya está infringiendo el artículo constitucional 130 y el 29 de la ley reglamentaria, que en su fracción I establece la prohibición para realizar proselitismo o propaganda de cualquier tipo a favor o contra candidato, partido o asociación política algunos.
Es decir, que cuando el obispo habla de la idea de que la Iglesia católica participará en los comicios presidenciales de 2006 orientando a sus feligreses, que no son pocos porque hay que recordar que nuestro país tiene una población aproximada de 80% que profesan el catolicismo, estamos viendo entonces que sus deseos de participar podrían romper con el equilibrio constitucional que establece nuestras leyes, pero también terminar con la imparcialidad que se requiere en esta elección.
Porque al decir orientará, también puede decir emplazará, y con ello está diciendo que podrá hablar a favor o contra de algún candidato o de algún determinado partido. Y en ese sentido el PRD está preocupado y haría un llamado al secretario de Gobernación, como responsable de aplicar la ley en comento, de estar vigilante de la decisión de la Iglesia católica de participar en el proceso electoral de 2006.
Para la revista Desde la Fe la democracia no es tarea exclusiva del IFE, nosotros aquí tenemos una valoración distinta: Si bien la participación de los ciudadanos en los comicios debe ser tarea de todos, existen organizaciones religiosas, a los que no podemos aplicarles el mismo criterio, es decir, no pueden hacer llamados desde el púlpito para convocar a votar por uno u otro candidato o partido político.
Cuando señala que las leyes electorales no le dan al IFE facultades exclusivas para promover la participación ciudadana está vulnerando a una institución que nos ha costado a todos los mexicanos construir y creer en él. Es de vital importancia entender que el IFE es hoy de las pocas instituciones en las que creen los mexicanos. Por lo tanto la Iglesia no puede arremeter contra ella, sobre todo, cuando a juicio de los integrantes del consejo general del IFE, la Iglesia está rebasando sus facultades y pasando por alto lo que establece nuestra Constitución.
Obviamente que la situación de que la Secretaría de Gobernación no atienda el llamado del IFE y apoye la participación de la Iglesia se da porque desde el nombramiento del secretario de Gobernación se dijo hasta el cansancio que por su preferencia religiosa, por su conservadurismo religioso, la más beneficiada sería precisamente la jerarquía católica, que tendría manga ancha para buscar incidir en temas de interés nacional.
Y el domingo 20 de noviembre fuimos testigos de ello. Vimos con preocupación que el responsable de los asuntos internos del país, el mismo que tiene que mantener una actitud de imparcialidad frente a las preferencias religiosas de los mexicanos, avale con su presencia un acto de la naturaleza de la beatificación en una fecha tan importante como lo es el 20 de noviembre para el pueblo de México. Porque lo hizo desconociendo la historia posrevolucionaria, de aquellos militantes que se levantaron en armas contra el Estado mexicano.
¿En calidad de qué fue a dicho acto? ¿Como secretario de Gobernación o como un simple ciudadano católico? Para este viaje ¿utilizó los recursos de la Secretaría a su cargo? ¿Se movió en un vuelo comercial o en algún transporte de la Secretaría de Gobernación?
Por otra parte, en temas donde el Estado ha fijado una postura clara, como la píldora del día siguiente, el secretario de Gobernación no ha podido hacer a un lado su preferencia religiosa y le ha ganado en su postura para criticar lo que el propio secretario de Salud ha venido apoyando como una decisión de Estado.
Porque con los talleres de participación ciudadana que promueve la Iglesia católica nadie estará convencido de que en éstos no se ataque o se descalifique a algún candidato o partido político, y de ahí el interés y preocupación del IFE por garantizar que la Iglesia no influya en la decisión de los electores.
Estamos de acuerdo con la Iglesia cuando habla de la necesidad de fortalecer y difundir los valores morales de la sociedad, esos valores los tiene que hacer en efecto en la Iglesia y son los valores cristianos, pero no puede ni debe difundir valores políticos mezclados en dichos valores morales, porque entonces no estaría cumpliendo con su misión.
Por las anteriores consideraciones, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos me permito someter a la consideración de esta H. soberanía la siguiente
Primero: Se exhorta a Carlos María Abascal Carranza a reservarse su asistencia a eventos de culto público en su calidad de Secretario de Gobernación, porque con su presencia en dichos actos contraviene con su responsabilidad y obligación de aplicar lo dispuesto por la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y afecta con su conducta las relaciones entre el Estado mexicano y las Iglesias del país.
Segundo: Se exhorta a dicho funcionario a aplicar lo dispuesto en la ley en comento y reconvenga a los miembros de la jerarquía eclesiástica católica para que se ciñan a lo que establece la ley en la materia y se abstengan de manifestar sus preferencias políticas y de llamar, orientar o inducir a los feligreses para votar por determinado partido político o candidato.
Dip. Rafael García Tinajero (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE SAN LUIS POTOSÍ A REVISAR EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES DE TAXIS, A CARGO DE LA DIPUTADA TATIANA CLOUTHIER CARRILLO
Tatiana Clouthier Carrillo, diputada federal de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 77, fracción I, y 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 58, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta soberanía punto de acuerdo para exhortar al gobierno de San Luis Potosí a revisar el otorgamiento de concesiones de taxis, de acuerdo con la siguiente
El 21 de mayo de 2003, el ex gobernador de San Luis Potosí licenciado Fernando Silva Nieto convocó para el otorgamiento de 300 concesiones del servicio de autotransporte en ruleteo en la ciudad de San Luis Potosí y su zona conurbada con el H. ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, SLP, culminando dicho procedimiento con el otorgamiento de las mismas el 28 de agosto de ese año.
Dicho acto derivó con una gran inconformidad en el medio por no haberse respetado por parte de las autoridades del transporte el procedimiento (ver copia de Periódico Oficial del 21 de mayo y 28 de agosto del 2003).
Acto seguido, el 26 de septiembre de 2003, cuando tomó posesión el nuevo gobernador, contador público Jesús Marcelo de los Santos Fraga, vuelve a convocar al otorgamiento de nuevas concesiones de taxis con fecha 3 de noviembre de 2003, y las otorga el 4 de enero de 2004, de manera aparentemente irregular según hacen constar los que se inconforman e impugnan el proceso (ver convocatoria del 3 de noviembre de 2003).
Ante los hechos mencionados, el 10 de julio de 2004 el gobierno del estado de San Luis Potosí, a través del subsecretario de Gobernación, celebró reunión y minuta con el grupo Taxistas Unidos por la Transparencia, capítulo 1 del Frente por la Transparencia de la Administración Pública, AC, representados en el acto por el licenciado Gerardo Arturo de la Rosa Jourdan, donde el gobierno se comprometía a revisar los concesiones de taxi mencionadas, por haber sido mal otorgadas y hacerlo de la manera correcta al grupo en mención.
Tristemente, según los quejosos, el acto no se ha llevado a cabo y, por tanto, se pide respetuosamente al gobierno de San Luis Potosí lo siguiente:
Único. Que el gobierno de San Luis Potosí cumpla la minuta, del 10 de julio de 2004, donde se compromete a reponer el proceso de otorgamiento de las 355 licencias de taxis.
México, DF, a 29 de noviembre de 2006.
Minuta de trabajo que recoge los acuerdos a que se llega con el grupo denominado Frente por la Transparencia de la Administración Pública AC, Capítulo Taxistas Unidos por la Transparencia, representados en este acto por el licenciado Gerardo Arturo de la Rosa Jourdan, así como por la comisión de personas que más adelante se detallan, y por parte del gobierno del estado, el licenciado Walter Alfonso Espinoza Huerta, subsecretario de Gobernación, la que se suscribe bajo el tenor siguiente:
Primero. Derivado de las reuniones sostenidas por quienes suscriben la presente minuta, tanto el representante de gobierno del estado como el grupo señalado acuerdan mantenerse en diálogo permanente a efecto de buscar soluciones a los siguientes planteamientos: 1. Revisión por parte de la Contraloría del otorgamiento de las 355 concesiones a que se ha referido el grupo mencionado.
2. Revisión de la documentación que cada uno de los integrantes del grupo presentó en el proceso de las 50 concesiones, a efecto de establecer las razones por las que les fue negada la concesión solicitada.
3. Revisión de la documentación de los integrantes del grupo, a efecto de determinar con cada uno de ellos y en su caso obtener un certificado o constancia de antigüedad como operador del servicio público, así como de los solicitantes.
4. Revisión de la propuesta formulada por el grupo, consistente en obtener concesiones en beneficio de los interesados participantes del grupo, a partir de las cancelaciones que actualmente existan o que pudieran existir por la denuncia de estos mismos. Segundo. Las partes acuerdan que la revisión documental se hará atendiendo al marco normativo vigente al momento del otorgamiento de las concesiones.
Tercero. Se acuerda que las mesas de trabajo deberán manejarse con el mayor dinamismo posible, a efecto de encontrar y obtener soluciones a los puntos de agenda en el menor tiempo posible.
Cuarto. El grupo manifiesta suspender las acciones de resistencia civil iniciadas hasta en tanto no concluyan los trabajos relativos a los puntos señalados en el segundo de estos acuerdos y, en todo caso, antes de retomar tales acciones a denunciar ante el secretario general de Gobierno el avance o estatus en que se encuentre el análisis iniciado.
Lic. Walter Alfonso Espinoza Huerta (rúbrica)
Yo, licenciado Martín Osvaldo Zavala Muñoz, notario adscrito a la notaría treinta y cinco de esta ciudad y su distrito, en ausencia de su titular.
Que la presente copia fotostática, que consta de dos fojas útiles, las cuales están impresas sólo por su anverso y concuerdan exactamente con el documento original que se tuvo a la vista, con la que fue debidamente cotejada para constancia de esta fecha, quedó asentada bajo el número mil ochocientos cuarenta y uno del registro de cotejos de esta notaría, agregándose copia debidamente certificada al apéndice del mismo, se extiende la presente a solicitud de Gerardo Arturo de la Rosa Jourdan, quien es del personal conocimiento del suscrito notario expidiéndosele una copia certificada del referido documento.- En virtud de lo cual sello y firma la presente certificación en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, a cuatro días del mes de noviembre del año dos mil cinco.- Doy fe.
Lic. Martín Osvaldo Zavala Muñoz (rúbrica)
Notario Adscrito a la Notaría Treinta y Cinco
Lic. Gerardo Arturo de la Rosa Jourdan (rúbrica)
Representante de Taxistas Unidos por la Transparencia
La Comisión: Roberto Lara Castañeda, Cristóbal Martínez Orocio, José Raúl Ulibarri Menchaca, José Corpus García, David Rodríguez Ramírez (rúbricas).
San Luis Potosí, SLP, julio 10 de 2004.
Las firmas de esta hoja pertenecen a la minuta de trabajo celebrada entre el gobierno del estado de San Luis Potosí y el grupo denominado Frente por la Transparencia de la Administración Pública, AC, capítulo Taxistas Unidos por la Transparencia.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y AL ADMINISTRADOR GENERAL DE ADUANAS QUE INFORMEN SOBRE LA SUPUESTA PRIVATIZACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN ADUANAL, A CARGO DE LA DIPUTADA MARCELA GUERRA CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La que suscribe, diputada federal de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración del Pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes
El servicio de aduanas del país es considerado oficialmente como parte de la seguridad nacional desde hace cien años, pero el pasado 11 de octubre el Sistema de Administración Tributaria publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para autorizar a empresas privadas la fiscalización de mercancías, revisión de importación, clasificación arancelaria, verificación del valor, así como su origen, con la cual se estarían violando los artículos 25 y 131 constitucionales, ya que en éstos se consagra la rectoría del estado en el desarrollo nacional y la facultad privativa de la Federación para gravar las mercancías que se importen o exporten como unas de las principales funciones de la soberanía del Estado.
Esta privatización podría ser considerada como "el negocio transexenal del presidente Vicente Fox, por conducto de la familia Sahagún", ya que presuntamente se quiere favorecer a la empresa suiza Societè Génerale de Survilliance (SGS), con la cual integrantes de la familia Sahagún ya han hecho negocios. Se estima que las operaciones aduanales superan los tres mil millones de dólares anuales.
Ahora se presume que están licitando para su privatización, lo que es inconstitucional y muy riesgoso para la soberanía nacional, ya que al no tener un control estricto de las aduanas se corre el riesgo como en otros países donde han traficado con desechos tóxicos como el uranio empobrecido, con sustancias tóxicas y hasta con desechos radioactivos.
No hay indicios de que desde que se entregó a empresarios privados la inspección del segundo patio aduanal se haya reducido el tráfico de mercancías de contrabando.
De acuerdo con ex funcionarios aduanales, con esta convocatoria el gobierno a través del Sistema Administración Tributaria intenta "diluir las pruebas y acusaciones hacia los actuales funcionarios de la Administración General de Aduanas (AGA), entre los que destacan José Guzmán Montalvo, quien presuntamente es cómplice en el escándalo existente en el contrabando de mercancías de procedencia oriental que han sido consignadas por comisiones legislativas y por la prensa nacional", en el cual ha sido mencionado Manuel Bribiesca, hijo mayor de Martha Sahagún.
Es del todo ostensible que la introducción de mercancías ilegales ha ido en aumento en los últimos cinco años. Asimismo no se entiende cómo se lleva a cabo el proceso de licitaciones, y especialmente las que favorecen a Societè Génerale de Survilliance (SGS) y a la empresa Logistik Free Trade Zone, a la cual se le otorgó la concesión para operar el Recinto Fiscalizador Estratégico en San Luis Potosí, que es administrado por Juan Carlos López Rodríguez, ex funcionario de la AGA, quien apenas hace un año fue sancionado y suspendido por 12 años como director de la Administración Central de Investigación Aduanera por tráfico de productos chinos y se le considera el operador de Manuel Bibriesca Sahagún.
Se conoce que la Administración General de Aduanas, dirigida por José Guzmán Montalvo, otorgó a Societè Génerale de Survilliance el contrato de un servicio llamado Valunet, el cual consiste en auditar en el extranjero el valor de las facturas o pedimentos aduanales por "supuesta" subvaluación en las mercancías de importación en México por empresas de Oriente, sobre todo de productos chinos triangulados a través de Estados Unidos.
Por dicho contrato, la Societè Génerale de Survilliance cobró a Aduanas de México entre 8 y 12 millones de dólares, pero con base en la opinión de ex agentes aduanales este servicio privado de una segunda revisión de facturas de productos extranjeros, principalmente chinos, se reportan más baratos que lo signado oficialmente, por lo que no ha podido detener el contrabando y, en consecuencia, ha resultado ser un "fraude" que va en aumento.
Asimismo, algunos legisladores han informado que la llamada "segunda revisión" ya era operada por una empresa privada desde hace varios años. Sin embargo, por "alguna razón" se le revocó el contrato y de ahí que haya convocado a un segundo proceso de licitación el Gobierno Federal. Por lo que éste debe transparentar y rendir cuentas del proceso de licitación y explicar claramente su actuar.
En nuestro carácter de legisladores, guardianes de los intereses de la nación y en ejercicio de las facultades de control y supervisión que otorga en exclusiva a la Cámara de Diputados la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debemos conocer todos los elementos relacionados con la licitación a que hemos hecho referencia con anterioridad. Consecuentemente con fundamento en el artículo 93, también de nuestra Carta Magna, debemos requerir al secretario de Hacienda y Crédito Público y al director general de Aduanas, para que proporcionen toda la información relacionada con los antecedentes, la convocatoria, el sustento jurídico y técnico de la pretendida privatización de la fiscalización aduanal.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente
Único. Se solicita, con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al secretario de Hacienda y Crédito Público y al administrador general de Aduanas para que proporcionen a esta Cámara de Diputados toda la información relacionada con los antecedentes, la convocatoria, el sustento jurídico y técnico de la pretendida privatización de la fiscalización aduanal, así como del desarrollo del o de los procesos de licitación realizados con ese propósito.
Palacio Legislativo a 29 de Noviembre de 2005.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTAURAR EL 14 DE AGOSTO COMO DÍA DEL CINE MEXICANO, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO CABELLO GIL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe diputado José Antonio Cabello Gil, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que se instaure el 14 de agosto como el Día del Cine Mexicano al tenor de la siguiente
I. El cine llegó a México casi ocho meses después de su triunfal aparición en París. La noche del 6 de agosto de 1896, el presidente Porfirio Díaz, su familia y miembros de su gabinete presenciaban asombrados las imágenes en movimiento que dos enviados de los Lumière proyectaban en uno de los salones del Castillo de Chapultepec.
Después de su afortunado debut privado, el cinematógrafo fue presentado al público el 14 de agosto en el sótano de la Droguería Plateros, en la calle del mismo nombre (hoy Madero) de la Ciudad de México. El público abarrotó el sótano del pequeño local -curiosa repetición de la sesión del sótano del Gran Café de París donde debutó el cinematógrafo- y aplaudió fuertemente las vistas mostradas por Bernard y Veyre. La Droguería Plateros se convirtió, al poco tiempo, en la primera sala de cine de nuestro país: el Salón Rojo.
Bernard y Veyre formaban parte de un pequeño ejército de camarógrafos reclutados por los Lumière para promocionar su invento alrededor del mundo. El cinematógrafo había recibido aplausos en Europa y se lanzaba a la conquista de América. La estrategia de mercado de los Lumière era muy acertada: Los camarógrafos-proyeccionistas solicitaban audiencia ante los jefes de Gobierno de los países que visitaban, apoyados por el embajador francés en el lugar. De esta manera el cinematógrafo hacía su entrada por la puerta grande ante reyes, príncipes y presidentes ansiosos de mostrarse modernos.
II. México fue el primer país americano que disfrutó del nuevo medio, ya que la entrada del cinematógrafo a los Estados Unidos había sido bloqueada por Edison. A principios del mismo 1896, Thomas Armant y Francis Jenkins habían desarrollado en Washington el vitascope, un aparato similar al cinematógrafo. Edison había conseguido comprar los derechos del vitascope y pensaba lanzarlo al mercado bajo el nombre de biograph. La llegada del invento de los Lumière significaba la entrada de Edison a una competencia que nunca antes había experimentado.
Se puede considerar a Porfirio Díaz como el primer actor del cine mexicano. La primera película filmada en nuestro país, el Presidente de la República paseando a caballo en el Bosque de Chapultepec (1896) resultaba indicativa de otra característica del nuevo invento: mostrar a los personajes famosos en sus actividades cotidianas y oficiales. La coronación de Nicolás II de Rusia había inaugurado esta tendencia pocos meses antes.
Durante 1896, Bernard y Veyre filmaron unas 35 películas en la ciudad de México y Guadalajara. Entre otras cosas, los franceses mostraron a Díaz en diversos actos, registraron la llegada de la Campana de Dolores al Palacio Nacional y filmaron diversas escenas folclóricas y costumbristas que muestran ya una tendencia hacia el exotismo que acompañaría al cine mexicano a lo largo de su historia.
El mismo año llegó también el vitascope norteamericano; sin embargo, el impacto inicial del cinematógrafo había dejado sin oportunidad a Edison de conquistar al público mexicano.
III. El surgimiento de los primeros cineastas mexicanos no obedeció a un sentido nacionalista, sino más bien al carácter primitivo que tenía el cine de entonces: películas breves, de menos de un minuto de duración, que provocaban una necesidad constante de material nuevo para exhibir.
Al irse Bernard y Veyre, el material traído por ellos de Francia y el que filmaron en México fue comprado por Bernardo Aguirre y continuó exhibiéndose por un tiempo. Sin embargo, las demostraciones de los Lumière por el mundo cesaron en 1897 y a partir de entonces se limitaron a la venta de aparatos y copias de las vistas que sus enviados habían tomado en los países que habían visitado. Esto provocó el rápido aburrimiento del público, que conocía de memoria las vistas que hacía pocos meses causaban furor.
En 1898 se inició como realizador el ingeniero Salvador Toscano, quien se había dedicado a exhibir películas en Veracruz. Su labor es una de las pocas que aún se conservan de esa época inicial del cine. En 1950, su hija Carmen editó diversos trabajos de Toscano en un largometraje titulado Memorias de un mexicano en 1950. Toscano testimonió con su cámara diversos aspectos de la vida del país durante el porfiriato y la Revolución. Inició, de hecho, la vertiente documental que tantos seguidores ha tenido en nuestro país.
Si se tiene como cine de ficción aquel que emplea actores para contar un argumento, habría que remontarnos hasta 1896 para encontrar el primer ejemplo de ello en nuestro cine. Un duelo a pistola en el Bosque de Chapultepec (1896) fue filmada en ese año por los franceses Bernard y Veyre, en base a un hecho real ocurrido poco tiempo antes entre dos diputados en el Bosque de Chapultepec.
IV. La Revolución marcó un gran paréntesis en la realización de filmes de ficción en México. Con la finalización oficial del conflicto, en 1917, pareció renacer esta vertiente cinematográfica, ahora en la modalidad del largometraje. De hecho, se considera que entre 1917 y 1920 hubo en México una época de oro del cine mudo, que nunca se volvió a repetir sino hasta los años cuarenta.
Es curiosa la coincidencia de que la mejor época del cine mudo mexicano se inicie durante los años de la Primera Guerra Mundial, mientras que la mejor época de nuestro cine sonoro coincida con la Segunda Guerra. En ambas situaciones se presentó una disminución en la importación de películas, resultado natural de la disminución en el número de filmes producidos por los países en guerra durante esos años.
En 1917, la principal importación de filmes hacia México provenía de Europa. Estados Unidos no terminaba de afianzarse como un gran centro productor cinematográfico, aunque Hollywood ya comenzaba a perfilarse como la futura Meca del cine.
Además, las relaciones tirantes entre México y Estados Unidos, junto con la imagen estereotipada del mexicano bandido en muchos de los filmes norteamericanos, provocaba un rechazo, tanto oficial como popular, hacia muchas de las películas estadunidenses de la época.
Francia e Italia fueron los patrones a seguir para la "reinauguración" del cine mexicano de ficción en 1917. Ese año se estrenó en México Il Fuoco, filme italiano interpretado por Pina Menichelli, actriz que logró gran popularidad en nuestro país y que introdujo el concepto de diva del cine, anteriormente sólo utilizado para el teatro o la ópera.
Il Fuoco (1915) inauguró una tendencia romántica-cursi que hizo furor en México y que influyó al cine de otros países, incluyendo Estados Unidos. El universo de las divas se componía de ingredientes que pronto se asimilaron en otras cinematografías: mujeres voluptuosas, escenarios suntuosos, historias pasionales y atrevidas. La propuesta italiana planteaba un cambio en la mentalidad de la época, producto inmediato de la guerra.
La luz, tríptico de la vida moderna (1917), es el título del primer largometraje -oficial- del cine mexicano. Digo "oficial" porque pocos autores mencionan el trabajo de los yucatecos Carlos Martínez de Arredondo y Manuel Cirerol Sansores quienes un año antes filmaron 1810 ó Los libertadores de México (1916), probablemente el primer largometraje de ficción nacional.
V. A pesar de que el sonido se incorporó al cine en 1927, no fue sino hasta 1931 cuando se realizó la primera cinta sonora mexicana: una nueva versión de Santa, dirigida por el actor español-hollywoodense Antonio Moreno, e interpretada por Lupita Tovar. Santa (1931) fue, eso sí, la primera película mexicana que incorporó la técnica del sonido directo (grabado en una banda sonora paralela a las imágenes en la misma película).
En este ambiente, no es extraña la tendencia que siguió el cine mexicano una vez establecidas las bases de la industria cinematográfica nacional. Política y arte apuntaban hacia la Revolución como tema principal y ese fue el camino que siguió la nueva industria.
La naciente industria del cine mexicano produjo, entre 1932 y 1936, unas cien películas.
En pocos años la cinematografía mexicana se afianzó en el gusto nacional y comenzó, inclusive, a exportarse a los países de lengua española. 1936 marcaría el inicio de la completa internacionalización del cine mexicano, con la filmación de Allá en el Rancho Grande (1936) de Fernando de Fuentes.
VI. Los verdaderos años dorados corresponderían a los coincidentes con la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). En estos años, factores políticos influyeron enormemente en el desarrollo del cine mexicano. Uno de ellos fue la postura del gobierno mexicano ante la guerra. En 1942, tras el hundimiento de barcos petroleros mexicanos por submarinos alemanes, el presidente Manuel Ávila Camacho declaró la guerra a las potencias del Eje (Alemania, Italia y Japón). Esta postura oficial nos colocó en medio del conflicto, de parte de los Aliados.
La decisión de alinearse con los Aliados trajo para México un estatus de nación favorecida. El cine mexicano nunca tuvo problemas para obtener el suministro básico de película virgen, dinero para la producción y refacciones necesarias para el equipo. España y Argentina nunca tuvieron un apoyo semejante por parte de Alemania o Italia, y el curso de la guerra marcó también el curso de las cinematografía de estos países.
Se llama la Época de Oro (1936-1957) del Cine Mexicano a los años en que se produjeron las mejores películas del cine mexicano. En ésta época se incluye exclusivamente largometrajes cuya producción haya sido total o mayoritariamente mexicana.
La Época de Oro del Cine Mexicano creó un universo lleno de astros y luminarias, cuyos límites se extendieron más allá de nuestras fronteras.
VII. Los setenta fueron años de renovación para las viejas estructuras de la industria fílmica nacional. Frescos en la memoria los sucesos de 1968, el cine mexicano de los setenta incorporó a sus filas a una nueva generación de directores, una parte importante de ellos egresados del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC). Esta nueva generación buscó hacer un cine comprometido con la nueva realidad social del país y en su empeño logró varias de las mejores cintas del cine mexicano.
Políticamente bastó un sexenio para que la industria cinematográfica apoyada por el Estado se desplomara, ante la inercia e indiferencia de los nuevos funcionarios encargados de continuar con la labor cinematográfica. En 1976, el presidente José López Portillo nombró a su hermana Margarita como directora de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC). La labor de ésta al frente del destino de los medios de comunicación en México fue completamente desastrosa.
Con la idea de "propiciar un retorno al cine familiar" y "regresar a la Época de Oro" la administración de López Portillo desmanteló las estructuras de la industria cinematográfica estatal creadas un sexenio antes. Se trató de internacionalizar al cine mexicano trayendo a directores extranjeros a filmar a nuestro país. Se dejó de apoyar a los directores que habían producido filmes de éxito en el sexenio anterior. A final de cuentas, el presupuesto oficial para el cine mexicano desapareció en el mar de la deuda externa.
VIII. Al asumir la Presidencia en 1982, Miguel de la Madrid heredaba un país sumido en la más profunda de las crisis económicas y sociales. Al creciente aumento de la deuda externa se sumaron tragedias como la de la explosión en San Juan Ixhuatepec, en 1984, y el terremoto de la ciudad de México, en 1985. El gobierno mexicano se olvidó casi por completo del cine, una industria poco importante en tiempos de crisis.
Si la producción cinematográfica mexicana no se extinguió en esos años, fue debido al auge de la producción privada -plagada de ficheras y cómicos albureros- y por las escasas producciones independientes que encontraron en el sistema cooperativo la forma de producir escasas muestras de cine de calidad.
La exhibición del cine mexicano se tornó en otro problema grave. Por un lado, la ley que obligaba a los exhibidores a destinar un cincuenta por ciento del tiempo de pantalla a películas nacionales nunca se cumplió cabalmente. Por otro, la mala calidad de los filmes mexicanos y el desinterés del público por verlos provocaron que las escasas muestras de cine de calidad fueran exhibidas en salas de tercera categoría.
A pesar de este panorama desolador, es durante el sexenio de Miguel de la Madrid en el cual se pueden encontrar las raíces de la recuperación que ha experimentado el cine mexicano en años recientes. En 1983, se creó el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), entidad pública encargada de encaminar al cine mexicano por la senda de la calidad. El Imcine quedó supeditado a la dirección de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación hasta 1989, cuando pasó a ser coordinado por el nuevo Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).
IX. A principios de agosto de 1992, la prensa capitalina de espectáculos anunció que Como agua para chocolate (1992), de Alfonso Arau, había impuesto récord de permanencia en el cine Latino de la ciudad de México, una sala dedicada generalmente a exhibir películas norteamericanas. Al mismo tiempo, la prensa regiomontana anunció que este mismo filme era el más taquillero del año en Monterrey.
Para el público mexicano de los noventa, títulos como La tarea (1990), de Jaime Humberto Hermosillo; Danzón (1991), de María Novaro; La mujer de Benjamín (1991), de Carlos Carrera; Sólo con tu pareja (1991), de Alfonso Cuarón; Cronos (1992), de Guillermo del Toro, o Miroslava (1993), de Alejandro Pelayo, poseen un significado de alta calidad muy distinto al que se le atribuía al cine mexicano hace pocos años. Las nuevas películas mexicanas están haciendo que el cine vuelva a formar parte activa de la cultura de nuestro país.
En general, el cine mexicano está experimentado un feliz reencuentro con su público. La asistencia a las salas de cine para ver películas mexicanas ha aumentado considerablemente entre 1990 y 1992.
X. Como se puede observar el cine, como medio de expresión artística, refleja el estado de la sociedad que lo produce. Un cine mexicano en ascenso es un buen síntoma del estado general de nuestro país.
El cine, desde sus orígenes, ha sido un medio de proyección de imágenes para el entretenimiento social. La manera en que el público se expone al medio cinematográfico es radicalmente distinta a la que usa para exponerse a los medios electrónicos. Asistir al cine es una actividad social que implica salir del hogar y exponerse conscientemente al medio. Escuchar la radio, o ver la televisión, son actividades que se llevan a cabo dentro del hogar, sin que la persona realice mucho esfuerzo para seleccionar el mensaje al cual exponerse.
Al trasladar la supervisión del cine de la Secretaría de Gobernación al nuevo organismo para la cultura, el gobierno mexicano actuó de manera congruente con la naturaleza del medio cinematográfico. El cine está más relacionado con las actividades propias de un ministerio de cultura, que con las de una secretaría política. En países como Francia, España o Argentina, donde el cine está de algún modo supervisado por el gobierno, es el ministerio de cultura el encargado de llevar a cabo esta labor. Este cambio en la política gubernamental con respecto al cine ha permitido que, desde 1988, el futuro del cine mexicano se vislumbre con mayor esperanza.
Los objetivos que pretende cumplir el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para apoyar a la industria cinematográfica son: crear circuitos alternos de exhibición para las películas mexicanas de calidad; apoyar el trabajo de las escuelas de cine; producir y coproducir una decena de películas al año; participar en festivales internacionales de cine; y conservar los estudios Churubusco y América.
XI. En la última década del siglo, y en medio de una crisis que se antoja eterna, una nueva generación de cineastas mexicanos ha comenzado a emerger con gran empuje. A diferencia de otras generaciones, los cineastas del llamado "nuevo cine mexicano" buscan combinar el compromiso social con el éxito comercial y algunos de ellos se han colocado en la escena internacional.
México ocupa el segundo lugar en importancia en cuanto a presencia estatal en la producción y comercialización cinematográfica a través del Instituto Mexicano del Cine (Imcine) que maneja las empresas productoras Conacine y Conacine 2 de la cual forman parte los trabajadores de la industria. El Imcine controla la más poderosa estructura del cine en el continente, está formada por los Estudios Churubusco-Azteca y América, Películas Mexicanas, la Cía. Operadora de Teatros y promotoras y empresas de publicidad. Existe un concurso llamado Imcine donde el sindicato de trabajadores de la producción proporciona equipo y servicios para la producción de largometrajes. Además de esto, existen alrededor de 300 empresas privadas que se dedican a la producción sobresaliendo el grupo Televisa a través de Televicine.
A diferencia de otras generaciones, los cineastas del llamado "nuevo cine mexicano" buscan combinar el compromiso social con el éxito comercial y algunos de ellos se han colocado en la escena internacional.
XII. El cine a lo largo de su historia, poco más de un siglo, ha vivido un desarrollo vertiginoso, mucho mayor en comparación a cualquier otra disciplina artística. Empezando como una inquietud científica pasando por los circos y las carpas, el cine está constituido hoy como uno de los medios más importantes de comunicación, formador de opinión pública y expresión de nuestra sociedad moderna y, no menos importante, como una industria altamente productiva y redituable. Siendo por ejemplo en México una de las industria más importantes y con mayor derrama en la llamada Época de Oro del Cine Mexicano.
El cine es pues pilar central de nuestra sociedad moderna, tan mediática e intercomunicada como lo es en un plano internacional. No lo olvidemos el cine entraña la identidad de un pueblo y materializa sus expectativas. Aún en los peores momentos del cine mexicano podemos decir de él, que fue espejo fiel de la realidad social del país. El mismo Programa Nacional de Cultura 2001-2006 recalca esto como uno de sus objetivos "Plan: Fortalecer al cine mexicano como una de nuestras manifestaciones culturales de mayor presencia e influencia nacional y de mayor reconocimiento en el extranjero". Es decir, se debe de entender y proteger al cine mexicano como un fenómeno artístico y cultural.
El cine no es sólo una anécdota que se transmite a través de una pantalla. Es una perspectiva histórica que siempre ha sido un espejo fiel del país que somos. La perspectiva que da el tiempo confirma que el cine se vuelve un referente importante dentro de una sociedad que se reconoce a sí misma en la pantalla.
La historia del cine mexicano es, en parte, la historia de la cultura de nuestro país, la búsqueda de la identidad, la construcción y reconstrucción nacional, la difusión interna y externa, el deseo de tener un lugar propio y sobre todo autonomía. El evento social realizado ese día 14 de agosto de 1896 sin duda se puede considerar como la siembra de una semilla que posteriormente se transformaría en un fruto llamado Cine Mexicano.
XIII. En nuestro país los sectores y actores sociales relacionados con la industria cinematográfica ya se han expresado públicamente con relación a que se instaurara en México un día oficial dedicado a la promoción y exhibición de películas nacionales, así como a reconocer las trayectorias de las personas y organizaciones que han impulsado y han contribuido al desarrollo del cine en nuestro país.
Entre las organizaciones civiles que han impulsado fuertemente la propuesta arriba mencionada se encuentra la Fundación Salón Rojo. Esta organización se integró con el objetivo principal de "promocionar la difusión de la música, las artes plásticas, las artes dramáticas, la danza, la literatura, la arquitectura y las artes cinematográficas"; además, dicha organización realiza actividades tendientes a la "protección, conservación, restauración y recuperación del patrimonio cultural cinematográfico de la nación, entre otras más relacionadas con el tema de la cultura y la cinematografía".
XIV. En el ámbito internacional, y particularmente en países hispano parlantes, se tiene la experiencia de que se han instaurado la celebración del día del cine nacional. Por ejemplo, en Chile el día nacional del cine se celebra el 19 de octubre, y entre las actividades que se llevan a cabo está la reducción de los precios en todas las taquillas durante ese día; en Perú se celebra el 21 de noviembre con bajos costos en las entradas al cine en todo el país, la industria cinematográfica peruana promueve, en esa fecha, la exhibición de películas nacionales; en Colombia el 2 de marzo se celebra el día del Cine Colombiano, en ese día se promueve la entrada al cine de dos personas con un boleto, y el Ministerio de Cultura realiza actividades de muestra y promoción del cine nacional; en Venezuela se celebra el 29 de octubre, y se realizan jornadas de análisis sobre el cine venezolano y se proyectan películas venezolanas; y, por último, en España se celebra el 21 de septiembre el día del Cine Vasco con la proyección de largometrajes y cortometrajes nacionales.
Por lo antes fundado y expuesto me permito someter a la elevada consideración de esta H. soberanía la siguiente
Primero. Esta honorable soberanía exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que considere decretar el 14 de agosto como el Día del Cine Mexicano a partir del año de 2006.
Segundo. Que como parte de las actividades conmemorativas del día del Cine Mexicano se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el organismo público descentralizado Servicio Postal Mexicano, se sume a los festejos del 110 aniversario de la primera proyección cinematográfica realizada en nuestra país mediante la emisión para el año 2006 de un timbre postal conmemorativo de dicho suceso.
Tercero. Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que, a través del organismo descentralizado de la Administración Pública Federal Lotería Nacional para la Asistencia Pública, se gestione la emisión para el año 2006 de un billete conmemorativo como parte de los festejos por el Día del Cine Mexicano y en el marco del 110 aniversario de la existencia de nuestro cine nacional.
Cuarto. Por último, se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a través del Conaculta, a que facilite, dentro de su disponibilidad, recursos materiales, humanos y financieros tendientes a crear, en coordinación con los actores sociales y privados involucrados en el ámbito cinematográfico, un Museo Nacional del Cine Mexicano.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, noviembre de 2005
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ADELANTAR EL PAGO DEL APOYO DEL PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL CAMPO, O PROCAMPO, CONSIDERANDO LAS SEVERAS AFECTACIONES CLIMÁTICAS OCURRIDAS EN VARIOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA, A CARGO DEL DIPUTADO RAFAEL FLORES MENDOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito diputado federal a la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acudo ante esta soberanía a presentar punto de acuerdo bajo las siguientes:
1. En el mes de octubre del año en curso varios estados de la República sufrieron los efectos adversos de los huracanes Stan y Wilma, ocasionando una situación de emergencia en el sur del país que rebasó todas las expectativas sobre su impacto. Por lo que obviamente es improrrogable continuar instrumentando acciones expeditas para dar apoyo solidario a la población damnificada, en particular a los que menos recursos tienen.
2. La capacidad devastadora de los huracanes ha hecho que la respuesta de las instancias gubernamentales se haya concentrado en atenuar los efectos de los huracanes, sin embargo, otros estados han enfrentado otro tipo de fenómenos meteorológicos, como lo es la sequía atípica, principalmente en entidades como Zacatecas, Durango y Nuevo León.
3. Sin duda es necesario que los recursos públicos se destinen preferentemente a la reconstrucción de la infraestructura pública, de la vivienda, de escuelas y hospitales, pero también a la reactivación económica de las zonas afectadas. No se debe perder de vista la atención a los productores agrícolas en los estados dañados por otro tipo de fenómenos climáticos, cuyos efectos han siniestrado innumerables cultivos agrícolas, tanto de riego como de temporal en una superficie considerable de la que dependen muchas familias campesinas dedicadas a la producción de maíz, fríjol, avena y otros productos.
4. En este contexto es necesario diversificar la atención de manera inmediata a los productores del campo afectados, de lo contrario no tendrán semilla para autoconsumo y siembra el próximo ciclo agrícola primavera-verano 2006.
5. Como una medida inicial para atenuar esta situación de emergencia de los productores agrícolas afectados por los fenómenos climáticos, el adelanto del apoyo del Programa de Estímulos al Campo Procampo a la totalidad de la superficie y productores elegibles, independientemente de la superficie que posean, contribuirá en mejorar la situación de la población afectada.
6. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales de representación social, así como de control parlamentario al Ejecutivo Federal, está obligada a coadyuvar en la gestión de apoyos para la población damnificada, con acciones concretas destinadas a la reactivación económica de las zonas afectadas.
7. Por lo anterior y conforme a la normatividad del Procampo, única y exclusivamente considerando la situación de emergencia y excepción, debido a las circunstancias descritas, resultaría de suma utilidad el pago adelantado de los apoyos del Programa de Estímulos al Campo en consideración a las severas afectaciones climatológicas, pagándolos de manera normal y continua en forma adelantada a la fecha de siembra del cultivo predominante de las zonas afectadas por los fenómenos climáticos.
8. Con estas acciones los productores afectados tendrían las condiciones económicas que les permitan ir preparando y/o rehabilitando sus tierras, adquirir las semillas necesarias, entre otros insumos.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el siguiente
Único. Exhórtese al Ejecutivo Federal a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que adelanten el pago del apoyo del Programa de Estímulos al Campo Procampo a la totalidad de la superficie y productores elegibles, independientemente de la superficie que posean, para que de manera normal y continua se realicen los pagos en forma adelantada a la fecha de siembra del cultivo predominante en los estados y las zonas afectadas por los fenómenos climáticos.
Dip. Rafael Flores Mendoza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA INCLUIR EL TEMA DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR TANTO EN LAS AGENDAS DE LOS FOROS BILATERALES, REGIONALES E INTERNACIONALES COMO EN LOS ENCUENTROS ENTRE GRUPOS DE AMISTAD Y DEMÁS INSTANCIAS EN QUE PARTICIPE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los que suscribimos, integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes:
La fiscalización y la rendición de cuentas son principios fundamentales de las democracias modernas; su observancia permite elevar la credibilidad social sobre las instituciones, fortalecer el marco institucional y jurídico del Estado, favorecer la probidad y eficiencia en el quehacer público y refrendar la vocación democrática de la ciudadanía.
Además de ser una de las principales figuras del Estado para dar viabilidad a la cultura de la rendición de cuentas, la fiscalización es vital para comprobar si las entidades públicas o privadas que reciben recursos públicos, los administran, manejan y asignan conforme a lo establecido en las leyes, planes y programas de gobierno, y si se cumplen los objetivos para los cuales fueron asignados.
Este hecho implica que las entidades de fiscalización están llamadas a jugar un rol determinante en la lucha contra la corrupción y sus múltiples mecanismos de reproducción y depuración, pero además como mecanismo de prevención e incentivos para lograr un gobierno de calidad que utilice de manera eficiente los recursos públicos.
En diversas latitudes del orbe, la fiscalización está incidiendo en la eficiencia de las instituciones públicas, en razón de que sus resultados no sólo están fomentando un ejercicio de acuerdo con lo comprometido, sino que están cerrando las brechas a la corrupción y, además, influyen en la orientación de la inversión pública y, en general, del gasto público, para que éste contribuya al logro de los grandes propósitos nacionales, como el crecimiento económico y la distribución más equitativa de los frutos del progreso entre la ciudadanía.
Aunque podemos afirmar que en los años recientes, y particularmente a partir de las reformas constitucionales de 1999, la fiscalización superior es uno de los campos en el cual México ha logrado avances fundamentales, existen muchos asuntos pendientes que nos obligan a continuar reflexionando y a redoblar esfuerzos para hacer de nuestro sistema fiscalizador un instrumento altamente útil para la administración pública.
La intención es que el trabajo legislativo pueda traducirse en líneas de acción que permitan mejorar el desempeño del órgano técnico encargado de revisar la cuenta pública, pero también para perfeccionar el marco jurídico de la fiscalización superior, consolidar los canales de comunicación y coordinación con la Cámara de Diputados, y hacer de éste un ejercicio permanente, que impulse una mejora continua de la fiscalización superior, fomente la cultura de la rendición de cuentas e induzca gestiones públicas de calidad.
En el mundo globalizado que hoy vivimos, la fiscalización es un tema recurrente y del mayor interés nacional, pues juega un papel preponderante en el objetivo de llevar al terreno de lo posible la rendición de cuentas. Debe estar entre las principales políticas de Estado pues constituye su principal herramienta institucional para combatir el dispendio, la ineficiencia, la negligencia y las irregularidades que atentan contra la disponibilidad y el buen uso de los recursos públicos.
La demanda social por mejorar la calidad de la oferta de los servicios públicos, reducir el dispendio y combatir la corrupción, son argumentos para reflexionar sobre la orientación del sistema de fiscalización superior en el país y sobre los derroteros que debe tomar para fomentar una eficiente utilización de los recursos públicos. De ahí la relevancia de brindar mayores espacios para captar elementos que permitan al Poder Legislativo avanzar en este proyecto.
Por lo anteriormente expuesto, los suscritos proponemos a esta honorable soberanía el siguiente:
Único. Que el tema de fiscalización superior se incluya en las agendas de los foros bilaterales, regionales e internacionales en los cuales participamos y de los encuentros entre grupos de amistad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de noviembre de 2005.
Por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación
Diputados: Salvador Sánchez Vázquez (rúbrica), Guillermo Zorrilla Fernández (rúbrica), Alfonso Nava Díaz (rúbrica), Rafael Sánchez Pérez (rúbrica), Salvador Vega Casillas, María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica), Guillermo Velasco Rodríguez (rúbrica), Joel Padilla Peña (rúbrica), Jesús Emilio Martínez Álvarez, Ángel Heladio Aguirre Rivero, César Antonio Chávez Castillo, José Luis Flores Hernández (rúbrica), Blanca Amelia Gámez Gutiérrez, Víctor Ernesto González Huerta, Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Francisco Javier Guizar Macías, Edelmira Gutiérrez Ríos, Guillermo Huízar Carranza, Mario Moreno Arcos, Eduardo Olmos Castro, Arturo Osornio Sánchez, Ángel Pasta Muñuzuri (rúbrica), Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica), Jorge Luis Preciado Rodríguez, Miguel Ángel Rangel Ávila, Laura Reyes Retana Ramos (rúbrica), Jorge Romero Romero, Gabriela Ruiz del Rincón, Javier Salinas Narváez y Carlos Hernán Silva Valdés.