Source: https://es.scribd.com/document/358133989/Amparo-Ref-3482004-Caso-Shafick-Handal
Timestamp: 2019-04-22 18:16:41
Document Index: 372906750

Matched Legal Cases: ['Artículo 193', 'Artículo 193', 'Artículo 400', 'artículo 27', 'artículo 23', 'artículo 30', 'artículo 31', 'artículo 11', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 144', 'artículo 35']

Cargado por Ernesto Alvarado
Sentencia sobre el caso de amparo de Shafick Handal
Procesal I- Carolina Coppo 2014- Maria Jose Gonzalez Scarpa.docx
Recurso extraordinario de revisión en materia penal.docx
sentencia juez natural.docx
audiencia desachivo.docx
348-2004
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las trece
horas con cincuenta y siete minutos del día dos de octubre de dos mil nueve.
El presente proceso de amparo se inició mediante demanda presentada por el
señor Schafik Jorge Hándal Hándal, mayor de edad, político, de este domicilio; contra
omisiones del Fiscal General de la República que considera violatorias de su derecho
constitucional de acceso a la jurisdicción.
Han intervenido en el proceso, además de la parte actora, la autoridad demandada
y el Fiscal de la Corte.
I. 1. -El peticionario expresó en síntesis en su demanda de fecha 2-VI-2004, que
en el marco de la campaña política para las elecciones presidenciales de ese año, dos
ciudadanos –concretamente, los señores Rafael Menjívar y Moisés Urbina- se dedicaron,
el primero, a publicitar campos pagados en los que le acusaba de diversos delitos, como
el secuestro; y el segundo, a manifestar en el espacio de un noticiero televisivo local –
del cual es presentador- que el actor era un “secuestrador confeso”. Que ante ello,
interpuso dos denuncias ante el Ministerio Público Fiscal, el día 25-II-2004, en las
cuales pedía se investigara la conducta de los referidos señores, pues éstas le causaban
un grave daño a su imagen no sólo como persona pública –Diputado- sino como
En ese sentido, el actor aseguró que el Fiscal General de la República le negó el
derecho de petición, y con ello el acceso a la justicia, pues: “han pasado más de tres
meses desde que presenté dichas acusaciones [penales contra Menjívar y Urbina en sede
Fiscal] y las que eran imperantes se resolvieran con la celeridad del caso antes del día de
las elecciones, dado el período en que los ilícitos fueron hechos y dado mi calidad de
candidato presidencial del FMLN para las elecciones del pasado 21 de marzo de 2004;
hasta la actualidad [2-VI-2004] no he tenido ninguna respuesta de parte del señor Fiscal
General de la República, incumpliendo con esto el mandado constitucional de
«…promover de oficio o a petición de parte la acción de justicia en defensa de la
legalidad»...y «promover la acción penal de oficio o a petición de parte». (Artículo 193
ordinales 2º y 4º de la Constitución) Vemos, pues, que ante el conocimiento del hecho
delictivo, como es la lesión de mi honor, el señor Fiscal General de la República –a
pesar de estar obligado por mandato constitucional (Artículo 193 ordinales 2º y 4º) y
ordenárselo, también nuestra ley procesal penal (Artículo 400 inciso 2º )-, no hizo
detalló otras fechas de diligencias en sede fiscal. quien no hizo uso de la misma. en diferentes días de los meses de marzo. es decir no se dio el acto que tenía que haberse dado. El Fiscal de la Corte manifestó “No obstante lo planteado por el impetrante en su demanda de fs. el funcionario demandado se refirió. a la fecha de rendimiento de dicho informe justificativo ante esta Sala -23-VIII-2004-. el que goza de la presunción de veracidad. al rendirlo. Posteriormente. Sin embargo. tales como requerimiento a medios de comunicación privados a fin de que remitiesen ciertas pruebas videográficas en relación a los hechos denunciados por el señor Hándal. corresponde al actor 2 . negó la tardanza imputada en la tramitación de ésta en sede fiscal detallando las diligencias que se llevaron a cabo luego de su interposición. En este caso de omisión no hubo una respuesta y no hubo trámite. Mediante interlocutoria del 3-VI-2004. en primer lugar. de la prevención efectuada por el mencionado juzgado. a la fecha no existe prueba de lo afirmado por él y. se declaró sin lugar la suspensión del acto reclamado. se admitió la demanda presentada contra la omisión del Fiscal General de la República de resolver las denuncias interpuestas por el señor Hándal. 3. entre las que se encuentran. en relación al señor Urbina. y al respecto. mayo y junio de dos mil cuatro. se declarara ha lugar al amparo solicitado. Por auto del 15-VII-2004. por lo tanto se convierte en una omisión impugnable”. En ese sentido.al señor Hándal para que ampliase los conceptos expresados. y se pidió informe justificativo a la autoridad demandada. el actor pidió se le admitiera la demanda y. a la denuncia del señor Hándal contra el periodista Moisés Urbina. se confirmó la denegativa a suspender los efectos del acto reclamado. expresó que la omisión atribuida no era cierta. Omitió actuar. uno pero. visto el informe rendido por el Funcionario demandado. abril. y para notificarle la imposibilidad de acceder a ciertas peticiones por escapar a la competencia de la FGR. Respecto del señor Menjívar. 2. copia de la acusación presentada ante el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador. quien. Se confirieron los traslados que ordena el artículo 27 de la Ley de Procedimientos Constitucionales al Fiscal de la Corte y a la parte actora. en sentencia definitiva. y escrito de evacuación de ésta. se confirió audiencia al Fiscal de la Corte. la presunta cita –el día 25-III-2004. dicho funcionario anexó a su informe. según el funcionario demandado. el Fiscal General admitió que aún no se había presentado la acción penal pertinente. 4. Por todo ello. y se pidió informe a la autoridad demandada. Al rendirlo. de conformidad al artículo 23 de la Ley de Procedimientos Constitucionales.absolutamente nada.
así como también refutó los alegatos expuestos por la autoridad demandada manifestando. quien se limitó a ratificar los conceptos vertidos en su anterior intervención.la carga de la prueba. Por su parte. no le exime bajo ninguna razón. lo cual no era el caso”. 22 al 26) ya se iniciaron diligencias ante el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador. fecha a la cual ya había finalizado la campaña electoral y se había realizado la votación para elegir al Presidente de la República. período dentro del cual el Fiscal General de la República amplió sus argumentos en el sentido de manifestar que aunque el señor Hándal. y si bien es cierto. se confirió el traslado que ordena el artículo 30 de la Ley de Procedimientos Constitucionales. es una concepción evidentemente política de un plazo inexistente. ciertamente. tal como se evidencia en el proceso (fs. resulta ser un rostro maquillado de una injusticia cometida”. Mediante providencia pronunciada a las quince horas con cinco minutos del día 15-X-2004. incoó sus denuncias en el marco de la campaña presidencial del año dos mil cuatro. más bien. 3 . Además. así como al efectivo y pronto reconocimiento de los derechos constitucionales de los gobernados. ciento cincuenta y dos días después de interpuesta mi denuncia. El hecho que el señor Fiscal General de la República presente a estas alturas detalle de diligencias realizadas en el proceso en referencia. procesalmente hablando. el impetrante presentó un escrito en el cual insistió en los argumentos expresados en anteriores etapas del proceso. es de llamar la atención a esta Honorable Sala que éstas datan del treinta de julio del año dos mil cuatro. al Fiscal de la Corte. un plazo de observancia para la Fiscalía. en lo pertinente: “corresponde imperativamente a la FGR ejercer en tiempo y forma la acción penal correspondiente. Sin embargo. dicha petición fue rechazada por esta Sala mediante auto del 18-XI-2004. ni disculpa su irresponsabilidad e ilegalidad cometida en mi contra. 5. providencia en la cual. ello “no era bajo ningún punto de vista legal. Para reforzar sus argumentos. al realizar una omisión al goce de mis derechos constitucionales de petición y respuesta. pidió se sobreseyera el proceso. para poder así determinar si le han sido violados los derechos diz que infringidos”. y acceso oportuno a la justicia (sic) (…) una justicia tardía. es decir. mucho menos Constitucional. la Fiscalía no tiene plazo para presentar un requerimiento a menos que se trate de un imputado presente. se abrió a pruebas el presente proceso por el plazo de ocho días. citó jurisprudencia de esta Sala en relación al derecho de petición y la obligación correspondiente de resolver la misma. sobre la base de que ya había presentado requerimiento al Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador y que había realizado una serie de diligencias que no reflejaban inactividad. además. es decir.
por lo cual afirmó: “Conforme a los elementos vertidos ante vuestra autoridad. argumentando. 1. amplia y pormenorizadamente. además todas las investigaciones que se efectuaron en torno a la pretensión del señor Hándal. Por su parte. en esencia. y al respecto. se confirieron los traslados correspondientes a esta fase del proceso al actor. dada la complejidad de los hechos denunciados por el peticionario de este amparo. reiteró los argumentos vertidos en anteriores fases del proceso. el Fiscal General de la República. es pertinente hacer referencia a las implicaciones jurídico-procesales que suscita para el amparo tal hecho sobreviniente. además de lo ya indicado. que: “(…) si el Fiscal cree que él puede discrecionalmente establecerse los plazos para requerir ante los tribunales se equivoca. esto se debió a la necesidad de realizar diversas diligencias en sede fiscal. sino que efectivamente cuando la realidad lo exige. No obstante lo expuesto. esta Sala advierte el hecho notorio del fallecimiento del demandante acontecido el día 24-I-2006. II. 2. A continuación. al evacuar su traslado. Accionar la justicia y defender la legalidad no son tareas que se realizan cuándo (sic) un funcionario lo crea pertinente. en su calidad de autoridad demandada. se ha desvanecido la pretensión planteada por el señor Schafik Jorge Hándal Hándal. si bien existieron dilaciones en la presentación de las respectivas denuncias a la instancia judicial. la existencia de procesos penales frutos de la elevación a sede judicial de las denuncias presentadas por el señor Hándal. El peticionario presentó un escrito en el que. manifestando. pues ha basado sus argumentos en que. y si tal contexto se da en el proceso de elecciones ¿por qué inhibirse de proceder legalmente para alcanzar una pronta y cumplida justicia?”. reiteró su resistencia a la pretensión planteada. dentro del contexto de la campaña electoral de 2004. ha cumplido con su obligación constitucional. el 25-I-2005. previo a dictar la decisión que habrá de sustentarse en esta sentencia. ha negado la infracción constitucional reclamada. La Ley de Procedimientos Constitucionales en su artículo 31 No. específicamente. y a la autoridad demandada. el Fiscal General de la República en funciones. el impetrante reclamó contra las actuaciones del Fiscal General de la República de retrasar injustificadamente la presentación en sede judicial de dos denuncias por él presentadas contra dos ciudadanos a quienes acusó de calumniarlo y dañar gravemente su honor e imagen. Por su parte. Con esta última intervención quedó el presente proceso en estado de pronunciarse sentencia definitiva. en su oportunidad fueron judicializadas obteniendo los resultados supra relacionados”. Tal como se ha indicado en el Considerando anterior. 6. precisamente por que (sic) este funcionario. 6 establece que el proceso de amparo es susceptible de ser finalizado mediante una sentencia inhibitoria como es el sobreseimiento por “fallecimiento del agraviado si el acto reclamado afectare 4 .
es decir.únicamente a su persona”. objeto de tutela por su connotación objetiva. como derecho del pretensor de poder acceder a la jurisdicción para obtener la defensa de sus demás derechos -como en este caso su honor e imagen-. a fin de obtener la tutela frente al daño que los denunciados presuntamente le propiciaron a su honor e imagen. que hubiese existido una actividad fiscal que reparara el acto reclamado. por su propia esencia. el acto reclamado consiste en la tardanza injustificada por parte del Fiscal General de la República de someter a los tribunales ordinarios las denuncias que. al mismo tiempo. en orden a declarar si con el reclamo constitucional se vulneró la normativa constitucional. es decir por el rol que cumplen dentro del Estado Constitucional de Derecho como elementos esenciales fundamentadores del ordenamiento jurídico. éstos son. 3. En este caso particular. debido a que es una obligación del Estado proveer protección jurisdiccional. lo cual le vulneró su derecho fundamental de acceso a la jurisdicción. por cuanto si la lesión ha sido oportunamente reclamada ante esta Sala por el demandante sin que exista prueba de que sus efectos hayan cesado. presentó el demandante en sede fiscal. el derecho de acceso a la jurisdicción cuya violación se le atribuye a la autoridad demandada. esta Sala no puede obviar dictar una sentencia de fondo pronunciándose sobre el agravio planteado. así como también para los efectos objetivos de este amparo. se configura como uno de los derechos que comparten dicha doble dimensión. Dentro de este marco. no se trata de un derecho cuya pretensión de tutela termina con el vacío de titularidad que deja el fallecimiento de la persona que ha promovido la protección constitucional. con lo establecido en la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder. como régimen jurídico del Estado Constitucional de Derecho. en vida. lo que amerita su respectiva tutela no sólo para restablecer el derecho en la esfera jurídica del demandante sino para tutelar la norma constitucional que lo contiene. Además. dado que la memoria de quien pretendió el amparo es una prolongación de quien. además. es menester señalar que si bien los derechos fundamentales son objeto de protección constitucional a través del proceso de amparo por su propia dimensión subjetiva. en su momento. En ese sentido. 5 . y en perspectiva. la cual establece que el resarcimiento por una vulneración a sus derechos procede a favor de las víctimas y de sus familiares. ello para los efectos subjetivos de la sentencia. se constituyó en el titular de derechos y se proyecta en aquéllos que representan su sucesión. adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 29-XI-1985.
(La itálica es nuestra). se conceda a las partes la posibilidad de ejercer todos los derechos. sino un derecho de prestación. 11. en su caso. III. textualmente se expuso que tal derecho “se deriva de los Arts. (d) que el fallo pronunciado efectivamente se cumpla”. puedan defender sus derechos. 1. corresponde delimitar el esquema al que se sujetará el estudio de la queja planteada. y 2) verificar si la actividad desarrollada por el Fiscal General de la República respecto de las denuncias que le fueron planteadas por el señor Hándal Hándal.” El precedente jurisprudencial citado establece también que: “Entre los aspectos esenciales que comprende el derecho al acceso a la jurisdicción podemos señalar: (a) el libre acceso al órgano judicial -entiéndase tribunales unipersonales o colegiados-. (b) obtener del ente jurisdiccional una decisión motivada y fundada en derecho. (c) que en el proceso. lo cual se concreta en el derecho a ser parte en un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que desemboque en una decisión judicial sobre las pretensiones deducidas. la mencionada Declaración prescribe: « 2: En la expresión "víctima" se incluye además. 15 y 172 Cn. fue la pronunciada por esta Sala a las diez horas del día 9-II-1999 en el proceso de amparo 384-97 en la que. desde su propia posición. que conlleva la obligación del Estado de crear las condiciones legales. En ese sentido. Por su parte. con el propósito de obtener una resolución motivada y fundada en derecho. resulta violatoria del mencionado derecho. Una de las sentencias que cabe destacar sobre el contenido y alcances del derecho de acceso a la jurisdicción. tratándose de un derecho prestacional de configuración legal. ejercitable sin más y directamente a partir de la Constitución. el primer contenido del derecho a la tutela judicial lo constituye el acceso a la jurisdicción. para que. esto es. a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización» (La itálica es nuestra). y. según el siguiente orden: 1) Analizar los rasgos jurisprudenciales del derecho al acceso a la jurisdicción. y consiste en el derecho que toda persona tiene a acceder a los tribunales -a través de las vías legalmente establecidas- para la defensa de sus demás derechos. Es así como el derecho de acceso a la jurisdicción no es un derecho de libertad. judiciales y administrativas necesarias para el acceso real y expedito a la jurisdicción y a la tutela judicial efectiva. Hecha la consideración anterior. siempre y cuando se haga por las vías legalmente establecidas. obligaciones y cargas procesales que el mismo implique. por lo que sólo puede ejercerse por los cauces que el legislador 6 .
Asimismo. las cuales tienen fecha. el derecho de acceso a la jurisdicción. el 29-X-2004. el 25-II-2004. lo cual también vale para la Fiscalía General de la República. firma y sello de recibido en dicha entidad del Ministerio Público. el día 30-VII-2004. y asegura haber realizado una serie de exhaustivas diligencias de investigación pre procesal en sede fiscal y que supuestamente habrían ocasionado los retrasos en elevar las denuncias del señor Hándal a los tribunales. la cual tiene fecha de recibido en dicho juzgado.no es sólo un derecho fundamental de carácter inderogable sino. por ende. aparece fotocopia del dictamen de sobreseimiento solicitado por el ya mencionado agente del Ministerio Público y por otro fiscal auxiliar -señor Tovías Armando Menjívar Tovar. esto es. el Fiscal de la República argumenta no estar sujeto a plazo alguno para la presentación de los requerimientos respectivos pues ello depende de la complejidad del caso. El escrito mencionado tiene fecha de recibido en el Tribunal Quinto de Sentencia de esta ciudad. De lo expuesto. se encuentra agregada copia del requerimiento fiscal presentado por el fiscal auxiliar. cuyo respeto es obligatorio para todos los órganos del Estado. Bajo las premisas expuestas se concluye que. En este punto es necesario hacer énfasis en el derecho por el cual reclama el peticionario. En ese sentido. ante el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.en relación al caso del señor Moisés Urbina. se observa que transcurrieron más de cinco y ocho meses. también. y las que detalla ampliamente en su informe justificativo.establece. respectivamente. 2. en el caso contra el señor Rafael Menjívar. cuya interpretación puede complementarse a la luz de lo establecido en los tratados internaciones ratificados por El 7 . el derecho reclamado en este amparo -acceso a la justicia o derecho a la jurisdicción. es decir que no podrá ejercitarse al margen de los cauces y del procedimiento legalmente establecidos. Miguel Ángel Escobar Guerrero. uno de los preceptos desde donde se deriva el acceso a la jurisdicción es el artículo 11 de la Constitución. y tal como se expuso en el numero 1 de este considerando. desde la fecha de presentación de las denuncias del señor Hándal en la FGR hasta que éstas fueron llevadas a los tribunales. constituye una garantía procesal fundamental del debido proceso y. respectivamente. un principio del orden constitucional y del Estado de Derecho mismo. Además. De la prueba agregada a este expediente judicial se tienen copias de las denuncias presentadas por el actor de este proceso ante la Fiscalía General de la República en contra de los señores Rafael Menjívar y Moisés Urbina. en nuestro ordenamiento jurídico. 3. en la vertiente de protección jurisdiccional penal. Al respecto.
con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. con el derecho a la protección jurisdiccional o tutela judicial efectiva prescrito en el artículo 2 inciso 1º de la Constitución. y tal como quedó expuesto supra. la jurisprudencia de esta Sala ha interpretado que se invierte la 8 . respecto a lo señalado por el Fiscal de la Corte en relación a que la carga de la prueba “le corresponde al actor” es necesario aclarar que tal afirmación no puede. En concordancia con lo anteriormente señalado. ii) el comportamiento del impetrante y. enlazado. es decir. Por otra parte. Asimismo. debe recalcarse que el peticionario reclama contra la inacción del funcionario demandado. en general. se tiene que el artículo 8. Para el caso en análisis. y iii) finalmente. el Fiscal General de la República se limita a mencionar las supuestas diligencias que motivaron el retraso en la presentación de las denuncias del señor Hándal a sede judicial. sin causa ni justificación alguna. a fin de examinar la existencia o no de dilaciones indebidas o injustificadas deben considerarse las siguientes circunstancias: i) la complejidad del asunto. prescribe: “Garantías Judiciales. que deberá determinarse si las dilaciones en el proceso obedecen a la inactividad del ente estatal que. es decir.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. además. haya dejado transcurrir el tiempo sin impulsar el procedimiento. Al respecto. 1. o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil. aplicarse de forma igual en todos los procesos constitucionales. Así. fiscal o de cualquier otro carácter”. Toda persona tiene derecho a ser oída. laboral. en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella. es decir. pues una respuesta tardía a la búsqueda de justicia es susceptible de traducirse en una respuesta ineficaz. por un juez o tribunal competente. omitiendo adoptar medidas adecuadas para conceder la satisfacción real y práctica de las pretensiones. con relación al plazo razonable. en absoluto. independiente e imparcial.Salvador. mas no presenta ni una sola prueba que certifique la realización de las mismas. pues no puede merecer el calificativo de indebida una dilación que ha sido provocada por el propio actor. sin emitir su resolución de fondo. de las partes. la complejidad fáctica de un litigio que implica la necesidad de realizar distintas diligencias y recibir múltiples pruebas. prescindiendo de la naturaleza del acto u omisión reclamada. establecido con anterioridad por la ley. Todo lo anteriormente expuesto se relaciona con el denominado “Principio de intervención oportuna del Estado”. (La itálica y el resaltado son nuestros). en el caso que nos ocupa. la actividad del órgano respectivo. ello como una consecuencia de la fuerza normativa que el artículo 144 de la misma norma primaria otorga a los mencionados instrumentos. en el presente caso.
y la obligación del Estado de proveer la protección jurisdiccional y tutela judicial efectiva de forma pronta. esto no se convertía en un condicionante al ejercicio de la acción penal por parte del Fiscal General de la República. aunque las peticiones del impetrante fueron presentadas posteriormente y respondidas desfavorablemente por el órgano jurisdiccional. se colige la existencia de retrasos no justificados en presentar las denuncias del señor Hándal ante el sistema judicial. Finalmente. incluso. si bien. declarar ha lugar al amparo a favor del señor Schafik Jorge Hándal Hándal. en su primer inciso. Por todo lo ampliamente señalado. Cuando este tribunal reconoce en su sentencia la existencia del agravio reclamado.luego de la promoción de este amparo. debe enfatizarse que. a fin de llevar a cabo una contienda libre de calumnias. restableciendo al demandante en el pleno uso y goce de sus derechos violados. sí es cierto que la dilación no se justifica pues. sin embargo. que es la primera garantía del debido proceso legal. la actuación impugnada se trata no de una acción sino de una omisión. procede establecer el efecto restitutorio de la sentencia estimatoria. tal como lo establece la Constitución. la consecuencia jurídica estriba en reparar el daño causado restaurando las cosas al estado en que se encontraban antes del acto violatorio.esto no significa que el Fiscal pueda presentar el requerimiento respectivo con excesiva discrecionalidad. como en este caso. que no era el caso. en lo que a la vulneración al derecho de acceso a la jurisdicción se refiere. tal como él lo señaló en su demanda. y aunque lo pretendido por parte del actor era obtener tutela judicial sobre su honor e imagen dentro de la campaña electoral mencionada en la que él era candidato a la Presidencia de la República. justa y cumplida. que la inexistencia de plazo para la presentación del requerimiento en sede judicial no se convierte en una facultad para que el Fiscal General de la República o sus agentes auxiliares pongan en marcha el Órgano judicial cuando quieran. Y es que. dicho efecto 9 . Por ello. Dichas razones imponen estimar la pretensión planteada y. omisión atribuible al Fiscal General de la República. ignorando el derecho que toda persona tiene del acceso a la jurisdicción.carga de la prueba cuando. es decir. tal como lo acota la autoridad demandada. continuó dos y cinco meses después -respecto de cada denuncia. el artículo 35 de la Ley de Procedimientos Constitucionales. Determinada la violación constitucional en la actuación del Fiscal General de la República. IV. el tiempo para su presentación fue evidentemente excesivo en proporción con las denuncias mismas. en consecuencia. señala. no existe en la ley un plazo definido para presentar el requerimiento ante los tribunales -salvo cuando se trata de imputado detenido.
como consecuencia normal y principal de la sentencia estimatoria. lo que debe entenderse como un efecto alternativo del físico o material. sobre la base de las razones expuestas. S. 34 y 35 de la Ley de Procedimientos Constitucionales. lo que redunda a su vez. en el restablecimiento del orden constitucional violado.---PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN---E. sin embargo. fueron presentadas por su persona ante el Fiscal General de la República. y doscientos cuarenta y seis días. es decir. ---F. por ello. en los términos indicados. por parte del Fiscal. en el caso de la acusación contra el señor Menjívar. quedando. se presentaron y resolvieron por el juez respectivo. el actor reclamó por la tardanza injustificada de la presentación en sede judicial de las denuncias que. como ha quedado probado. Dicha disposición. habrá lugar a una indemnización de daños y perjuicios. Dichas denuncias. pues. MELÉNDEZ--. también señala que en caso que el acto reclamado se hubiese ejecutado en todo o en parte. De esta manera. y (c) Notifíquese. esto no eliminó la omisión.--- RUBRICADAS. oportunamente.15. por violación a su derecho de acceso a la jurisdicción. tal como se ha señalado. expedita la acción indemnizatoria correspondiente a favor de sus familiares. en el caso del señor Urbina.33. esta Sala FALLA: (a) Declárase ha lugar al amparo solicitado por el señor Schafik Jorge Hándal Hándal contra actuaciones del Fiscal General de la República.E. 172 y 182 ordinal 5º de la Constitución y artículos 32. SOCORRO C. en presentar con celeridad los requerimientos debidos. como efecto restitutorio de la presente sentencia. lo que impide una restitución material. En este caso particular. que opera ante la eventualidad de no poderse reparar materialmente la lesión causada. según las pruebas documentales analizadas. 10 . E. BLANCO R. (b) Ha lugar a la indemnización de daños y perjuicios respectiva. POR TANTO. a nombre de la República y en aplicación de los artículos 11. GONZÁLEZ B. dejó transcurrir injustificadamente ciento cincuenta y cinco días. se colige que el acto reclamado se consumó totalmente.---R.
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