Source: https://www.contratacionpublicacp.com/forum/topics/la-formula-definitiva-para-valorar-el-precio?commentId=5042224%3AComment%3A109322
Timestamp: 2019-06-18 16:10:48
Document Index: 183077752

Matched Legal Cases: ['artículo 85', 'artículo 85', 'artículo 85', 'artículo 149', 'artículo 201', 'artículo 149', 'artículo 149']

Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para Manuel Narbona Sarria el diciembre 20, 2018 a las 12:02pm
Así que era eso ...
Ya solo falta que todo aquel implicado en la contratación pública se de un paseo en coche.
Community managerPermalink Responder para Guillermo Yáñez Sánchez el diciembre 20, 2018 a las 12:07pm
Ojalá fuera tan fácil Manuel.
Empresas, licitadores y contratistas.Permalink Responder para Juan Carlos Gómez Guzmán el diciembre 19, 2018 a las 7:49pm
¡No te desanimes Manuel, porque he encontrado una "perla"!
Resulta que José María Agüeras Angulo, en el blog de Pedro Crovinos, comenta este informe de la Junta Consultiva de Aragón, en el que se viene a decir que las mesas de contratación deben realizar el análisis y valoración de la justificación de las ofertas anormales o desproporcionadas antes de realizar el cálculo de su puntuación de las que deban ser valoradas, excluyendo a las no admitidas por no haber superado la justificación sobre su viabilidad en el trámite de audiencia, evitando, de paso, la posibilidad de entrar en "bucle" si se meten en el reparto de puntos a las ofertas desproporcionadas, que luego se sacan, y se vuelve a hacer el análisis de la desproporción sobre las que quedan.
Esa situación de "bucle" también me la he encontrado (sigo barriendo para casa) a la hora de repartir costes indirectos, llegando a un punto en el que hay que "cortar".
Ahora mismo, ignoro otros problemas que puedan surgir derivados del procedimiento recomendado por la Junta Consultiva de Aragón en su dictamen, porque, claro, si se abren los sobres de la oferta económica habrá que parar la valoración y no darles puntuación a las ofertas hasta obtener la justificación de los licitadores presuntos en temeridad.
A lo que voy, salvados otros posibles inconvenientes, no sigo explicando más lo que ahí se dice y he dejado en los documentos referidos en los enlaces.
Pero lo que sí quiero resaltar es que uno de los problemas debatidos sobre la fórmula de valoración de ofertas que propone Manuel (debemos suponer que la valoración se hará ya sobre las razonables que no están incursas en temeridad) es, precisamente, el establecimiento de una de sus variables, es decir la variable C (límite de la oferta temeraria) de su fórmula, que ya se habrá fijado en el análisis previo. Las reticencias sobre esta variable, siguiendo el pronunciamiento de la Junta Consultiva de Aragón, en mi parecer y salvados otros posibles inconvenientes, como ya he dicho, quedarían resueltos. ¿Qué opináis?
Así que ¡hala Manuel!, sigue convenciendo a la comunidad de la bondad de tu propuesta.
Copio y pego de la Wikipedia el siguiente párrafo que ayer desbaraté por mi torpeza borrando mi último comentario (la pedantería me llega por Navidad con el lote de mazapanes y mantecados)
"El método científico está sustentado por dos pilares fundamentales: la reproducibilidad y la refutabilidad. El primero, la reproducibilidad, implica la capacidad de repetir un determinado experimento, en cualquier lugar y por cualquier persona. Este pilar se basa, esencialmente, en la comunicación y publicidad de los resultados obtenidos (por ejemplo, en forma de artículo científico), y su verificación por la comunidad científica. El segundo pilar, la refutabilidad, implica que toda proposición científica debe ser susceptible de ser falsada o refutada (falsacionismo), siendo la falsabilidad el modus tollendo tollens del método hipotético-deductivo experimental."
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para Manuel Narbona Sarria el diciembre 20, 2018 a las 2:09pm
Muchas gracias Juan Carlos. Tu descubrimiento me llena de esperanza al mismo tiempo que me deja perplejo.
Es evidente que el modo en que se van descartando las ofertas temerarias por el procedimiento indicado el artículo 85 del RGLCAP es un disparate.
Cuando se trata con fórmulas o algoritmos matemáticos siempre hay que probar las cosas en las condiciones extremas (eso lo saben muy bien los físicos). Entiendo que un jurista no caiga en la cuenta de que exigir ese procedimiento para determinar si una oferta es temeraria, o no, es absurdo, pero lo que no entiendo es que no se asesore convenientemente.
Por ejemplo, dejando de lado el problema del bucle, si sólo hay una oferta se establece un límite arbitrario, el 75% del PBL, pero si la estimación que hacemos del PBL es muy alta, el contrato nos va a salir por un pico porque aunque el licitador pudiera ejecutar el contrato a un precio menor que el 75% del PBL, no podrá ofertarlo.
Ahora bien, si son dos los licitadores resulta que es anormal la oferta que esté un 20% por debajo de la otra, pero no se pone limite a la oferta que no se declara anormal. Si la oferta normal fuera el 70% del PBL, resulta que la segunda oferta podría llegar hasta el 20% de este valor, es decir, hasta el 56% del PBL. Así que una oferta que sea el 56,1% del PBL no sería declarada anormal y podría ganar el concurso. Da miedo pensarlo.
Es nuestra responsabilidad que esto no pase, de acuerdo, pero el legislador tiene que prever estas eventualidades y dotarnos de las herramientas que nos protejan de nuestros errores.
No voy a seguir con los otros supuestos de 3 o más ofertas, pero ¿de verdad que esto no se podría haber hecho mejor? ¿No sería más lógico fijar en los pliegos el limite de la oferta temeraria tras analizar adecuadamente el mercado, o calcularlo a partir del convenido colectivo, si es el caso?
De todos modos, Juan Carlos, ¿qué es lo que resuelve el pronunciamiento que estamos comentando? ¿No veo como salir del bucle del artículo 85 que es el mismo con o sin valoración previa de la oferta económica?
La única salida que veo, que no sé si es por donde vas, es que se declare en los pliegos lo que es oferta temeraria sobre la base del convenio colectivo, en mi caso, o como criterio de solvencia al obligar al licitador a cumplir una clausula social que tenga por objeto garantizar el cumplimiento del convenio para las personas que van a ejecutar el contrato o de cualquier otra manera sin que eso se considere, como dice José Manuel, fijar un umbral de saciedad. José Manuel, ¿se puede exigir una clausula social en este sentido? La LCSP dice el el apartado II del preámbulo que “los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque no cumplan las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral”.
Seguramente estoy diciendo muchas tonterías debido a mi desconocimiento de la materia; por favor, decídmelo si es así.
Saludos y muchas gracias por vuestro apoyo.
Empresas, licitadores y contratistas.Permalink Responder para Juan Carlos Gómez Guzmán el diciembre 20, 2018 a las 1:48pm
Debo decir (creo que ya lo advertí anteriormente) que no he tenido tiempo de chequear la fórmula (ya sabes, montar una hoja de cálculo y todo eso, ni aplicarla a casos reales). Pero además de las bondades que tú defiendes de tú fórmula, a la que estamos sometiendo a crítica constructiva, porque a todos nos interesa que nos "resuelva la vida", en mi opinión creo que deberías considerar lo que apuntó Charo Delgado, me refiero a su comportamiento cuando haya múltiples criterios de adjudicación, si mantendría el peso o no (en la valoración global) que debe tener el criterio del precio.
A ver, en esto del Derecho Administrativo es igual que en la Física, hay que ser preciso. Para que nos entendamos, el «peso» y la «masa» son dos magnitudes físicas muy diferentes (esto de la Wikipedia es una maravilla), aunque vayamos confundiendo esos conceptos. Quizá siendo más riguroso con los términos que se utilizan en la contratación pública, eso ayude a no crear confusiones y favorezca el acercamiento del lector especializado en la contratación.
Yo sigo confiando mucho en tu fórmula. Tiene buena pinta. Esto es una carrera de resistencia.
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para Manuel Narbona Sarria el diciembre 20, 2018 a las 2:34pm
Hola Charo y Juan Carlos:
¿Valdría este ejemplo?
3 criterios: precio (criterio cuantitativo), 30 puntos; equipo de trabajo (criterio cuantitativo), 50 puntos; calidad (criterio cualitativo), 20 puntos. Primero se evalúa la calidad y después el equipo de trabajo. Para el límite de la oferta temeraria hay que considerar la oferta en su conjunto.
¿Se podría decir lo siguiente? Si una oferta obtiene el 90% de los puntos asignados a la calidad y al equipo de trabajo, esto es, 72 puntos (90% de 80) y, además, el precio es inferior a lo calculado según el convenio del sector, la oferta es temeraria.
Y esto suponiendo que no se pueda expulsar del concurso a la empresa por incumplir una clausula social relativa al cumplimiento del convenio.
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para Manuel Narbona Sarria el diciembre 21, 2018 a las 3:38pm
En el Observatorio de Contratación Público se ha publicado un comentario a la Resolución 315/2018 Tribunal Administrativo de Contratación Pública... relativo a un “recurso frente a la exclusión de una oferta que presenta una baja desproporcionada, cual es el convenio colectivo que debe de servir de parámetro para fijar el presupuesto de licitación y para valorar la oferta”.
El fondo de la cuestión es la subrogación que tendría que asumir la empresa que ganara el concurso. Para la empresa expulsada dicha subrogación sólo le comprometía con el convenio colectivo del sector en cuestión no con el convenio colectivo que la empresa actual mantiene con sus empleados en la que se había basado el PBL. El TACPCM la ha dado la razón a la empresa expulsada indicando que, efectivamente, el limite de la baja temeraria lo impone el convenio colectivo del sector y no el que tuviera la empresa actual con sus empleados.
EL TACPCM está admitiendo implícitamente que es válido fijar el límite de la baja temeraria a partir del convenio colectivo del sector, como vengo defendiendo en este foro desde el principio.
La única duda que me queda es en qué momento la mesa de contratación fija el limite de la baja temeraria y si ese límite debe ser conocido por las empresas que licitan o si es una decisión que la mesa toma a posteriori a la vista de las ofertas y, quizás, temiéndose lo peor. Los sueldos actuales están publicados en el PPT como base para el cálculo del PBL e, implícitamente, del límite de la oferta temeraria que, tal vez, la mesa tenía ya en mente.
Evidentemente, los que se verán muy perjudicados, si finalmente el concurso no lo gana la empresa actual, serán los trabajadores que verán mermados sus sueldos (a expensas de lo que pase con los convenios colectivos tras la subida del salario mínimo).
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para Manuel Narbona Sarria el enero 10, 2019 a las 8:07pm
Aunque esto ya parece un monólogo, quisiera añadir algunas reflexiones más acerca de la evaluación de la oferta económica que creo que pueden venir bien a quien pase por aquí.
Dicen que una imagen vale más que mil palabra, pues ahí tenéis una imagen.
La linea roja continua vertical y los puntos de intersección con las funciones representadas indican que todas las fórmulas sobredimensionan el valor real de la oferta, pasando del 41,18% de la puntuación del criterio de mi fórmula (abajo; verde continua) al 94,12% de la fórmula de la ONU (arriba; roja discontinua) cuando la oferta es el 85% del PBL. Así, si el criterio precio tiene asignados 30 puntos, tendría 12,35 puntos según mi fórmula y 28,24 puntos según la fórmula de la ONU (más abajo tenéis algunas notas aclaratorias sobre esta imagen).
Al final tenéis algunas notas sobre esta imagen.
Este es el problema que tenemos. La puntuación otorgada al criterio “precio” de una oferta no puede depender del valor de las otras ofertas ni tampoco del artículo 85 del RGLCAP que, si en el PCAP no se especifica otra cosa, lo mismo declara temeraria una oferta que la da como ganadora dependiendo del número de ofertas que concurran.
Recientemente, la CNMC ha impuesto una sanción a ciertas empresas del sector de las Tecnologías de la Información por pactar los precios. Nada justifica que las empresas pacten los precios, pero un argumento puede ser que las empresas temen quedarse fuera de un concurso por desconocer el precio que ofertarán las demás. ¿No le quitaríamos argumentos si en las bases del concurso se declarara el límite de la oferta temeraria?
Pensamos que la realidad es lineal y no es así y los pronunciamientos de los tribunales en este sentido no ayudan: 10 años de experiencia en una materia no hacen a una persona el doble de competente que a otra con solo 5 años de experiencia porque la función de aprendizaje no es una linea recta sino una curva que se acerca asintoticamente a un valor límite; hay estudios más que suficientes al respecto desde que en 1885 Hermann Ebbinghaus definiera la curva de aprendizaje, y aunque no existe consenso sobre cuáles son funciones matemáticas que modelan adecuadamente las muchas realidades (trabajos intelectuales frente a manuales; trabajos continuos frente a alternos; tareas sencillas frente a complejas; ámbitos muy innovadores frente a poco innovadores; etc.), lo que está claro es que no son funciones lineales. Pasa igual con el olvido.
En ámbitos de conocimientos muy innovadores, como las Tecnologías de la Información, no tiene el mismo valor 5 años de experiencia entre enero de 2009 y diciembre de 2013 que 3 años de experiencia entre enero de 2016 y diciembre de 2018, porque el conocimiento se queda obsoleto rápidamente y 5 años en paro y sin formación (el primer caso) suponen estar casi fuera de la realidad.
Evidentemente, resulta complicado modelar el impacto del aprendizaje y el olvido en la competencia de una persona (estoy trabajando en ello), pero debemos dejar de pensar que la única alternativa es decir que 10 años de experiencia hacen a una persona el doble de competente que otra de 5 cuando en realidad en el mejor de los casos, esto es, suponiendo que han compartido los últimos 5 años, la competencia de la primera es muchos menos del doble que la de la segunda.
NOTAS SOBRE LAS FUNCIONES DE EVALUACIÓN DEL CRITERIO PRECIO
Son 5 (6 si contamos la cuarta que es una variante de la tercera): la primera (roja) la usa la ONU (lo han establecido para todas sus licitaciones) y también lo recomendaban en “50 criterios de calidad ...”; la tercera (rosa) es muy habitual en nuestros pliegos; la segunda (azul) es una mezcla de la primera y la tercera que aparece, por ejemplo, en la licitación que os comenté en el cual el TA daba la razón a una empresa que decía que no tenía la obligación, en caso de subrogación, de asumir el convenio particular entre la empresa actual y sus trabajadores sino el convenio del sector; la cuarta esta basada en el descuento sobre el PBL; y la quinta, mi fórmula, basada en el descuento sobre el beneficio.
Las tres primeras establecen que la máxima puntuación la obtendrá la oferta más barata, B y la mínima según sea la fórmula, salvo en la segunda que se dice expresamente que es 0 si la oferta coincide con el PBL.
En las dos últimas se establecen el máximo (PBL) y el mínimo (limite de la oferta temeraria) que se puede ofertar a los que corresponden la máxima puntuación del criterio, si coincide con el límite de la oferta temeraria, o la mínima que es 0, si coincide con el PBL.
La cuarta es una variante, muy habitual también, de la tercera fórmula en la que L, el PBL, se sustituye por A, la oferta más cara quedando así: P=(A-O)/(A-B). Esta es la peor de todas las ecuaciones porque si sólo hay dos ofertas la puntuación de la oferta más cara (O=A) es 0 y la de la más barata (O=B) es el máximo posible asignado al criterio precio aunque la diferencia entre A y B sea de sólo un céntimo. Esto incita a las empresas a realizar ofertas temerarias, ninguna empresa quiere ser la más cara, más allá de sus verdaderas posibilidades de ejecutar adecuadamente el contrato. En la gráfica es la línea que une los puntos (B,1) y (A,0) donde A=0.96.
La segunda fórmula (azul) es absurda porque la puntuación 0 cuando la oferta coincide con el PBL se salva fácilmente ofertando un céntimo menos que el PBL, obteniendo así B/2 % de la puntuación en lugar de 0 (si B es el 80% del PBL, con una oferta un céntimo menor que el PBL se obtendría el 40% de la puntuación de ese criterio).
Las 3 primeras fórmulas adolecen de falta de transparencia ya que el licitador no sabe a priori cuantos puntos obtendrá con su oferta en el criterio precio porque depende de lo que hagan los demás licitadores.
En las 2 primeras fórmulas (con la particularidad que ya se ha comentado de la segunda), la puntuación del criterio precio tiene un recorrido limitado por el valor de la oferta más barata, B. Si B=80% del PBL, la puntuación va del 100% al 80% del peso del criterio en la primera fórmula, y del 100% al 40%, en la segunda.
Sólo las 2 últimas fórmulas usan todo el recorrido posible: desde 0% al 100% de los puntos asignados al criterio precio.
Las fórmulas primera y segunda, ambas curvas, se comportan casi como rectas (líneas continuas roja y azul) en el recorrido de que disponen. La primera se separa en el punto más distante de la recta que pasa por el inicio y el fin en un 12 por mil y, la segunda, en un 8 por mil si B es el 80% del PBL.
Community managerPermalink Responder para Alberto Robles Calvo el enero 10, 2019 a las 10:43pm
Hola Manuel, sin examinar a fondo tu propuesta no tengo una opinión formada pero repito que hay que agradecer tu esfuerzo y que es un debate que debe alimentarse desde todos los puntos de vista y con todos las personas/entes/empresas que, de alguna forma, participan en un contrato. No se si será la fórmula definitiva. Lo que sí opino desde hace mucho tiempo es que si se dicta una fórmula aplicable para todos se acabaron las discusiones, y os aseguro que para los Técnicos será un descanso, porque estamos ahítos de escuchar siempre que si fulana o mengana es la mejor fórmula cuando en la realidad TODAS las que he visto hasta ahora tienen algún inconveniente serio. Parece que cada Tribunal/Órgano examina una fórmula y te dice si la admite o no, te cuenta principios generales a cumplir pero no se propone una definitiva...
Del propio TACRC p.ej.: aquí nos comentaban en el blog de Pedro Corvinos que se admite una fórmula que es una curva (tipo y = cte./x)
http://pedrocorvinosabogado.es/vueltas-la-formula-proporcional-inve...
El mismo TACRC en otra Resolución se carga la fórmula del Ministerio de Fomento que sí era proporcional lineal basada un absolutismo que no era tal (aquí lo mostré como una curiosidad):
https://www.contratacionpublicacp.com/forum/topics/una-curiosidad-s...
Y en esa misma Resolución ojo que admitió que el criterio subjetivo de "conocimiento del objeto del contrato" era válido...(no comment).
En la Comunidad hay numerosas discusiones al respecto con participaciones siempre productivas
https://www.contratacionpublicacp.com/forum/topics/formula-aplicaci...
Aquí Guillermo también incluso adjunta las discusiones del foro del INAP
https://www.contratacionpublicacp.com/forum/topics/f-rmulas-contratos
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para Manuel Narbona Sarria el enero 14, 2019 a las 12:47pm
Entiendo las reticencias que plantea mi formula. Décadas de contratación pública, fórmulas de todos los colores, sentencias en un sentido y en el contrario, ... y de pronto alguien cuya principal actividad no tienen nada que ver con la contratación pública y cuya formación está muy lejos del derecho, tiene la osadía de decir que ha demostrado la fórmula correcta, y única, para evaluar la oferta económica; y no sólo lo ha demostrado sino que, además, su fórmula es falsable, como las buenas teorías científicas.
Así que entiendo que os hayáis lanzado con todo el arsenal de sentencias al respecto para buscar debilidades al encaje legal de la fórmula, antes incluso de entender los fundamentos de la misma. He contestado a todas vuestras objeciones que, en realidad, se reducen a si se pueden definir a priori el límite de la oferta temeraria a partir del estudio del mercado al que va dirigido el concurso o del convenio colectivo del sector, que todas las empresas tienen la obligación legal de acatar, sin tener en cuenta el conjunto de las ofertas presentadas a un concurso. Pues no y sí.
No se puede porque el artículo 149.2 a) de la LCSP lo impide pues dice textualmente “... en todo caso, determinarán el umbral de anormalidad por referencia al conjunto de ofertas válidas que se hayan presentado”.
Pero si leemos más abajo en este mismo artículo, en el penúltimo párrafo del 149.4 se dice literalmente que “En todo caso, los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201”. Por tanto, la propia ley está admitiendo explícitamente que es posible determinar el límite de la oferta temeraria a partir del convenio colectivo cuando éste existe, que es lo que vengo sosteniendo desde el principio.
Pero aunque no existiera el párrafo que acabo de mencionar o por si creéis que no lo estoy interpretando bien, hay una solución fácil al encaje legal de la fórmula, pero antes permitidme algunas observaciones respecto al uso del criterio precio.
Lo que hacemos con el precio, pero no con el resto de criterios, es jugar a la ruleta rusa: todos conocen las reglas del juego, pero no el resultado de aplicarlas. En cada ronda un licitador se puede pegar un tiro o no. Si en una ronda cae un licitador, se inicia otra con el resto de licitadores y sólo cuando en una ronda ningún licitador acaba en la cuneta o no queda ningún licitador vivo, es cuando acaba el juego.
La puntuación del criterio precio se basa en fórmulas en la que al menos un parámetro es desconocido por el licitador: la oferta más baja. Esto, además de ser como jugar a la ruleta rusa, impide al licitador conocer a priori qué puntuación obtendrá por su oferta económica y, a posteriori, desvirtúa la capacidad real que el licitador tiene de ejecutar el contrato.
El resto de criterios cuantitativos no tiene este problema. El licitador sabe que si, por ejemplo, oferta 50 horas de curso obtendrá 2 puntos en este criterio y 4 puntos si oferta 100 horas, con independencia de la puntuación que obtengan los demás licitadores en este criterio.
Dicho esto, ¿cómo se puede salvar la obligación que impone art. 149.2 del LCSP sobre que el umbral de anormalidad se obtenga por referencia al conjunto de ofertas válidas que se hayan presentado y, al mismo tiempo, pretender que el licitador conozca a priori la puntuación que obtendrá en el criterio precio? Dejando que C sea lo que tiene que ser: el coste.
Sigo pensando que el límite de la oferta temeraria debería ser el coste, pero no pasa nada si no lo es porque esto no invalida la fórmula: basta con desligar el coste del límite de la oferta temeraria.
Así pues, por un lado, considérese el conjunto de ofertas para determinar el límite de la oferta temeraria mediante una función del conjunto de ofertas o mediante el procedimiento del art. 85 del RGLCSP que, como ya he comentado, puede producir efectos perversos, pero es lo que hay. Y por otro, estímese el coste a partir de un estudio de mercado o del convenio colectivo del sector.
No voy a analizar aquí las situaciones que se pueden dar en función de si el límite de la oferta temeraria es mayor, igual o menor que el coste, todas tienen solución y encaje legal, pero sí aclarar un caso que, prácticamente, no se producirá.
Solo en el hipotético caso en que el límite de la oferta temeraria sea inferior al coste y se admita la oferta de un licitador por debajo del límite de la oferta temeraria (por ejemplo, porque su actividad esté subvencionada y pueda bajar los precios sin incumplir el convenio colectivo) será necesario modificar el coste, C, e igualarlo a la oferta más baja. Esta circunstancia tiene que ser explicitada en el PCAP.
Lo importante es que la puntuación otorgada al precio ya no depende de un parámetro desconocido, salvo en el caso poco probable comentado en el párrafo anterior. Así los licitadores podrán conocer qué puntuación obtendrán por su oferta económica. En eso consiste, creo yo, la transparencia, en conocer las reglas del juego y el resultado, a priori, de su aplicación.
Solo me falta hacer observación más sobre el criterio precio en relación al apartado 2.b) artículo 149: “Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, se estará a lo establecido en los pliegos que rigen el contrato, en los cuales se han de establecer los parámetros objetivos que deberán permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a la oferta considerada en su conjunto”.
Esto parece indicar que hay imponer límites en todos los criterios para determinar el límite de la oferta temeraria. Por ejemplo, si algo parece muy bueno (puntuación de la calidad) y es muy barato (puntuación del precio), cuidado. Aquí podemos poner los límites que queramos, pero no hay ningún inconveniente con que la fórmula que determina la puntuación otorgada al precio sea la que he propuesto.
Pero voy más allá porque lo indicado en 149.2 b), que no concreta nada, no contradice usar sólo el criterio precio como límite de baja anormal. ¿Acaso el precio no representa el valor conjunto que el licitador da a su oferta?
Por ejemplo, si entre los criterios de valoración incluimos criterios de calidad, ¿creéis acaso que la calidad no tiene coste y la que la empresa no lo va a reflejar en su oferta económica? En realidad, cuando valoramos los dos criterios, la calidad y el coste, la calidad la estamos valorando dos veces. Quizás deberíamos plantearnos qué entendemos por precio.
En cualquier caso, si la baja temeraria hubiera que definirla contemplando los otros criterios además del precio, no pasa nada porque es muy fácil hacer que todo el peso de la anormalidad recaiga en el precio, si pensamos que el precio representa la oferta en su conjunto y, si no es así, pues establezcamos los límites adecuados a los demás criterios y listo.
No sé si con esto todo está en su sitio o si seguís viendo nubarrones en el horizonte.
Empresas, licitadores y contratistas.Permalink Responder para Juan Carlos Gómez Guzmán el enero 14, 2019 a las 2:34pm
Hola Manuel, sin entrar a fondo en el estudio que has realizado (que ya dije anteriormente que me paracía un enfoque muy interesante y novedoso) según el gráfico explicativo que acompañas con el que aportas una demostración de su bondad, solo voy a aportar unas consideraciones puramente económicas (Teoría Micro) relacionadas con costes e ingresos marginales.
En primer lugar, en el artículo 149.1, epígrafes a) y b), mi interpretación de ellos es que el órgano de contratación puede establecer un procedimiento o metodología, más que una cifra de umbral a priori, para determinar o apreciar las ofertas anormalmente bajas (si los pliegos no dicen nada se aplican las previsiones al respecto del RGLCAP). Por ejemplo, en un contrato de concesión de servicios en el que he participado, se estableció como procedimiento para determinar o calificar que el precio ofrecido incurría en baja desproporcionada si el Valor Actual Neto (VAN) de la ecuación de la concesión, conforme a los valores de las variables (algunas de ellas precios ofrecidos, como el canon periódico que se comprometía a pagar el licitador si resultaba adjudicatario), resultaba negativo, porque el concesionario no recuperaría jamás la inversión. Es decir, no incurrían en temeridad cuando el VAN fuera positivo (igual o mayor que cero). Claro, que se definía lo que denominamos ecuación de la concesión y sus varibles.
Por otra parte, en otros contratos, por ejemplo los de servicios en los que la capacidad del contratista puede medirse en horas/hombre, nos topamos con la pregunta de hasta qué limite pueden reducir los precios ofrecidos los contratistas. Desde luego, cada uno individualmente, tendrá un umbral diferente. En mi opinión, para poder determinar dicho límite de baja singular hay que analizar las curvas de costes e ingresos marginales de cada licitador. A tal efecto, en el siguiente enlace muestro mi propia visión de cómo deberían ser evaluadas las ofertas económicas con referencia a los costes. Una empresa reducirá precios en tanto que su ingreso marginal (es decir, el ingreso que obtiene por producir una unidad adicional) supere a los costes marginales de esas unidades adicionales que produce. En estas circunstancias, la empresa no obtiene pérdidas con el contrato y, lo más importante, no se puede reputar que haga dumping.
En consecuencia, no termino de ver claro cómo, a priori, se puede establecer un umbral a partir del que se pueda calificar cualquier oferta como temeraria, porque puede suceder que por debajo de esa cifra preestablecida los ingresos marginales de un contratista supere a sus costes marginales. Desde mi punto de vista (y aquí me "mojo") soy más partidario de establecer un procedimiento o metodología para determinar la baja temeraria que un umbral preestablecido. Lo que ocurre es que, con mi propuesta, hay que analizar las circunstancias de cada licitador y que cada uno (individualmente) tendrá su límite de temeridad. Pero si se establece la metodología con claridad y transparencia, no debería haber problema de que fuera tumbada.
Yo solo dejo esto apuntado, que no es una crítica descalificadora de tu modelo, sino que son unas consideraciones (las que quizá no hayas tenido en cuenta) que nos puedan hacer avanzar hacia una solución plenamente satisfactoria.
El asunto, desde luego, es muy complejo.
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para Manuel Narbona Sarria el enero 14, 2019 a las 7:58pm
Gracias Juan Carlos por tus observaciones, pero todo es mucho más sencillo.
Evidentemente, cada licitador tendrá costes e ingresos que poco o nada tendrán que ver con los de otros licitadores, pero eso no importa porque de lo que se trata es de establecer el coste mínimo, y común, en que pueden incurrir todos los licitadores. Esto, en los contratos de servicios que tienen que ejecutar personas en un sector de mercado regulado por un convenio colectivo, es fácil de establecer.
Se puedan producir situaciones como las que comentas o como la que yo comentaba de que la actividad esté subvencionada, pero eso sólo supone que en esos casos excepcionales habrá que igualar C a ese valor mínimo, como explicaba antes.
No estoy diciendo que el límite de la baja temeraria tenga que ser C, sino que, en mi opinión, tendría que serlo. Pero si no se quiere que C sea el límite de la baja temeraria, pues que no se lo sea y defínase el procedimiento para el límite de la baja temeraria o aplíquese el art. 85 del RGLCSP, como ya he comentado, pero con casi toda seguridad el valor que se obtenga al aplicar el procedimiento que se haya definido para el límite de la baja temeraria será mayor que el valor C calculado como el coste mínimo derivado del convenio colectivo. Y si no es así, ya he explicado como hay que proceder.
La gracia de la fórmula es que no es una fórmula inventada, una más, sino que se puede demostrar y que una vez establecido C, la fórmula es absolutamente transparente y los licitadores pueden autoevaluarse.
Analizar las circunstancias de cada licitador individualmente sería, que duda cabe, lo mejor, pero hoy por hoy creo que es muy difícil llegar a eso.
Insisto en que no es necesario, si no se quiere, imponer un límite a priori para determinar la baja temeraria.