Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2010/A237A-10.htm
Timestamp: 2017-11-22 10:53:58
Document Index: 99685884

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A237A-10
Auto 237A/10
RECURSO DE SUPLICA CONTRA AUTO QUE RECHAZA DEMANDA A CODIGO CIVIL SOBRE PORCION CONYUGAL EN BENEFICIO DE COMPAÑEROS PERMANENTES DE UNION MARITAL DE HECHO-Revocar por no existir cosa juzgada
Recurso de súplica contra auto de dieciocho (18) de mayo de dos mil diez (2010), mediante el cual se rechazó la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1016, numeral 5, 1045, modificado por la ley 29 de 1982, artículo 4o.; 1046, modificado por la ley 29 de 1982, artículo 5o.; 1054; 1230; 1231; 1232; 1233; 1234; 1235; 1236; 1237 y 1238 del Código Civil.
Demandante: Martín Alonso Álvarez Bermúdez
Bogotá D. C., catorce (14) de julio de dos mil diez (2010).
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Martín Alonso Álvarez Bermúdez presentó ante esta Corporación demanda de inconstitucionalidad contra varias disposiciones contenidas en los artículos 1016, numeral 5; 1045, modificado por la ley 29 de 1982, artículo 4o.; 1046, modificado por la ley 29 de 1982, artículo 5o.; 1054; 1230; 1231; 1232; 1233; 1234; 1235; 1236; 1237 y 1238 del Código Civil.
“ARTICULO 1016. En toda sucesión por causa de muerte, para llevar a efecto las disposiciones del difunto o de la ley, se deducirán del acervo o masa de bienes que el difunto ha dejado, incluso los créditos hereditarios:
ARTICULO 1045. [Artículo subrogado por el artículo 4o. de la Ley 29 de 1982. El nuevo texto es el siguiente:] Los hijos legítimos, adoptivos y extramatrimoniales, excluyen a todos los otros herederos y recibirán entre ellos iguales cuotas, sin perjuicio de la porción conyugal.
4o.) La cuarta de mejoras en la sucesión de los descendientes.”
ARTICULO 1231. Tendrá derecho a la porción conyugal aun el cónyuge divorciado, a menos que por culpa suya haya dado ocasión al divorcio.”
ARTICULO 1232. El derecho se entenderá existir al tiempo del fallecimiento del otro cónyuge, y no caducará en todo o parte por la adquisición de bienes que posteriormente hiciere el cónyuge sobreviviente.”
El actor considera que los artículos acusados, en tanto no extienden sus efectos a los compañeros permanentes de parejas heterosexuales o del mismo sexo, desconocen los artículos 1, 2, 5, 13, 16, 18 y 42 superiores. En particular, el demandante asegura que bajo la Constitución de 1991, las uniones constituidas tanto por vínculos jurídicos, como por vínculos naturales dan origen a la familia y deben recibir, en consecuencia, un tratamiento igual.
El actor reconoce que la mayor parte de las expresiones demandadas fueron declaradas exequibles en la sentencia C-174 de 1996; sin embargo, considera que la Corte Constitucional cometió una serie de errores al estudiar la constitucionalidad de las normas demandadas relativas a la porción conyugal, “(…) pues fundamentó su decisión sólo en las diferencias jurídicas existentes entre los cónyuges y compañeros permanentes.” En criterio del actor, “(…) tanto la unión por vínculos jurídicos como naturales constituyen una familia que fundamenta a la sociedad y que debe proteger el Estado y las cuales desarrollan equivalencias esenciales en sus efectos, entre ellos: comunidad de vida, ayuda y socorro mutuos, singularidad marital, sociedad de bienes, el cambio de estado civil y particularmente el papel emocional que desempeñan los compañeros permanentes en las uniones maritales de hecho frente a las actividades propias de la vida a nivel social, laboral, educativo, económico, entre otros.”
El demandante también afirma que la sentencia C-174 de 1996 es anacrónica, puesto que desconoció la situación actual de la familia colombiana y su desarrollo social, cultural, jurídico, económico y político a partir de la Constitución de 1991. Igualmente, asegura que en ella la Corte no abordó todos los cargos que había formulado el demandante, como el desconocimiento del derecho a la libertad de conciencia, y que dejó de aplicar un juicio “fuerte” de proporcionalidad como correspondía.
A continuación, en el acápite que el actor denomina “nueva pretensión”, afirma que las disposiciones demandada también desconocen los derechos de las parejas homosexuales, en particular, por cuanto “(…) no generan garantías patrimoniales para cada uno de los miembros de la unión que fallece, pues al compañero permanente supérstite se le impide injustamente asegurar su continuidad de vida de forma digna, en tanto no se le garantiza su mínimo vital futuro.” En sentir de demandante, las uniones maritales homosexuales son asimilables a las uniones heterosexuales y, por tanto, la diferencia de trato es injustificada y violatoria del principio de igualdad.
Por último, el actor indica las razones por las cuales las uniones maritales heterosexuales y homosexuales son asimilables a los matrimonios para efectos del reconocimiento de la porción conyugal.
3. El rechazo.
Por medio de auto de dieciocho (18) de mayo de 2010, el Magistrado Sustanciador rechazó la demanda respecto de algunos de los artículos demandados, al recaer sobre normas amparadas por sentencia de esta Corporación que hizo transito a cosa juzgada. Al respecto se señaló:
“En la presente oportunidad, el cargo formulado por el demandante relacionado con la violación del derecho a la igualdad de las parejas heterosexuales y homosexuales será rechazado respecto de los siguientes artículos del Código Civil por haber operado el fenómeno de cosa juzgada absoluta: 1016, numeral 5, 1045, modificado por la ley 29 de 1982, artículo 4o.; 1046, modificado por la ley 29 de 1982, artículo 5o.; 1054; 1230; 1231; 1232; 1233; 1234; 1235; 1236; 1237 y 1238. En efecto, en la sentencia C-174 de 1996, la Corte declaró exequibles por cargos idénticos los ahora examinados, las expresiones “porción conyugal” y “cónyuge” contenidas en estos artículos.4 En esta sentencia la Corte extendió su estudio a las uniones permanentes y no diferenció si eran heterosexuales u homosexuales. Además, la Corte no limitó los efectos de su decisión a los cargos examinados en aquella oportunidad.5 Como en la sentencia C-174 de 1996 se demandaron las mismas disposiciones por los mismos cargos, ha operado el fenómeno de cosa juzgada absoluta, razón por la cual se debe rechazar el cargo.”[1]
Así mismo, en el mencionado auto se dispuso admitir las demandas contra las expresiones “porción conyugal” y “cónyuge” contenidas en los artículos 1226, 1243, 1248, 1249, 1251 y 1278 del Código Civil.
Sostiene el actor que esta Corporación es de nuevo competente para conocer la actual acción de inconstitucionalidad en contra de las normas contenidas en los artículos demandados, por cuanto señaló, que si bien es cierto que esta Corporación en la sentencia C-174 de 1996 no limitó los efectos de la decisión sobre la constitucionalidad de las normas demandadas, generándose equivocadamente una cosa juzgada absoluta con base en una presunción que supone que la decisión ha sido precedida de un análisis o control de constitucionalidad integral frente a la totalidad del texto constitucional, tal presunción, al igual que las demás consagradas en el ordenamiento jurídico colombiano puede ser desvirtuada con argumentos o razones poderosas como los que el dice señalar, de modo que se evite la petrificación del derecho y la continuidad de los errores establecidos desde dicha época.
Indica el actor, que “la Corte Constitucional en la sentencia C-174 de 2006 se limitó únicamente en su análisis de constitucionalidad a expresar las diferencias entre el matrimonio y la unión marital de hecho, y no las equivalencia aduciendo que de allí surgían consecuencias jurídicas propias, entre ellas, la del estado civil, al punto de que este tema era reglado por el legislador.”
Así mismo señaló, “la Corporación en 1996 basó su estudio en revisar someramente el derecho a la igualdad y de allí sacar diferencias y no equivalencias, renunciando a la realización de un test fuerte de proporcionalidad frente a los derechos y deberes de la familia natural y jurídica y particularmente de los miembros que la integran.”
En relación con lo expresado por el Magistrado Pretelt Chaljub, en el auto de rechazo de la demanda, manifestó el actor, que no se ésta presentando la actual acción de inconstitucionalidad únicamente en relación con el derecho a la igualdad, ni tampoco idénticos cargos.
Finalmente concluyó que se debe estudiar nuevamente las normas demandadas pues “la sentencia C-174 de 1996, les dio transito a cosa juzgada relativa implícita y además las normas demandadas violatorias de la Constitución aun tienen vigencia en detrimento de los derechos constitucionales de la familia natural”.
De este modo corresponde a la Corporación determinar si las normas establecidas en el Código Civil referentes a porción conyugal resultan suficientes, objetivas y razonables frente a la Constitución Política de Colombia cuando son en beneficio exclusivo de quien tiene la calidad de cónyuge, es decir, para personas casadas, e inaplicadas para los compañeros permanentes de parejas heterosexuales y parejas del mismo sexo.”
De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el objeto del recurso de súplica es que el ciudadano demandante cuente con una oportunidad ante el pleno de esta Corporación para controvertir los argumentos expuestos por el Magistrado Sustanciador al rechazar la demanda.
Según el accionante esta Corporación es competente para estudiar nuevamente la constitucionalidad de las normas demandadas, pues en la sentencia C-174 de 1996 no se interpretó de manera eficaz la normatividad relevante para resolver el asunto sujeto puesto a consideración de la Corte Constitucional y no se analizaron de manera correcta los fundamentos fácticos señalados, lo que genera una vulneración actual de los derechos fundamentales de las parejas permanentes.
Así mismo, manifiesta el actor, que los cargos señalados en esta oportunidad no son idénticos a los estudiados en el año 1996.
Por su lado, el Magistrado Sustanciador señaló que “la Corte declaró exequibles por cargos idénticos los ahora examinados, las expresiones “porción conyugal” y “cónyuge” contenidas en estos artículos. En esta sentencia la Corte extendió su estudio a las uniones permanentes y no diferenció si eran heterosexuales u homosexuales. Además, la Corte no limitó los efectos de su decisión a los cargos examinados en aquella oportunidad, lo que configura la causal de rechazo en esta oportunidad.
En este orden de ideas, corresponde a la Sala Plena determinar si en presente caso se configura el fenómeno de cosa juzgada en relación a las normas demandas como causal de rechazo de la acción de constitucionalidad presentada por el actor.
Según la jurisprudencia constitucional, los pronunciamientos de inexequibilidad sugieren un análisis distinto de la cosa juzgada que el exigido para los pronunciamientos de exequibilidad[2]. En efecto, en los casos de exequibilidad el fenómeno de cosa juzgada se configura bajo dos requisitos: (i) que se proponga estudiar el mismo contenido normativo de la misma proposición normativa, ya estudiada en una sentencia anterior; y (ii) que se proponga dicho estudio por las mismas razones (lo que incluye la norma presuntamente vulnerada), ya estudiadas en una sentencia anterior.
Sólo en presencia de estas dos condiciones se genera, por un lado, la obligación de estarse a lo resuelto en la sentencia anterior y, por el otro, una causal de rechazo de la demanda de inconstitucionalidad. En este punto es necesario aclarar que, a lo largo del estudio del fenómeno de cosa juzgada en materia de control de constitucionalidad en la jurisprudencia de la Corte, se ha avanzado en el sentido de entender que en realidad no existen varias clases de cosa juzgada, sino distintos supuestos alrededor del cumplimiento de los dos requisitos mencionados. Por ejemplo, cuando la sentencia anterior ha declarado una exequibilidad, si se cumple (i) y no (ii), quiere decir que no hay cosa juzgada, y se presenta la situación que la Corte antiguamente llamó cosa juzgada relativa, término que resultaba contradictorio porque se afirmaba que no hay cosa juzgada, y a la vez que sí hay, pero relativa.
Distintos son los casos de inexequibilidad, en los cuales basta con el cumplimiento de (i), y resulta indiferente el requisito (ii). Allí se genera la prohibición de volver a estudiar una determinada disposición normativa, la consecuente obligación de estarse a lo resuelto y, también, una causal de rechazo de la demanda de inconstitucionalidad.
Las anteriores consideraciones son sumamente relevantes en el estudio de admisibilidad de una demanda de inconstitucionalidad pues el artículo 6 del Decreto 2067 de 1991 prescribe que “se rechazaran las demandas que recaigan sobre normas amparadas por una sentencia que hubiere hecho tránsito a cosa juzgada”.
En lo relativo a los cargos formulados por el ciudadano Martín Alonso Álvarez Bermúdez contra varias disposiciones del Código Civil resulta necesario concluir que no se presenta el fenómeno de la cosa juzgada, pues no se cumplen los dos requisitos que la configuran en los casos de exequibilidad, como se demostrará a continuación:
(i) El primero de ellos es, como se indicó, que se proponga estudiar el mismo contenido normativo de la misma proposición normativa ya estudiada en una sentencia anterior.
En esta oportunidad, el ciudadano Álvarez Bermúdez demanda, mediante acción pública de inconstitucionalidad, 1016, numeral 5, 1045, modificado por la ley 29 de 1982, artículo 4o.; 1046, modificado por la ley 29 de 1982, artículo 5o.; 1054; 1230; 1231; 1232; 1233; 1234; 1235; 1236; 1237 y 1238 del Código Civil, contenidos normativos que ya habían sido objeto de pronunciamiento por parte de esta Corporación en la sentencia C-174 de 1996, mediante la cual se decidió declararlos exequibles.
(ii) La segunda exigencia es que se proponga dicho estudio por las mismas razones (lo que incluye la norma presuntamente vulnerada), ya estudiadas en una sentencia anterior.
En la demanda que fue objeto de la sentencia C-174 de 1996 el actor solicitaba que se hicieran extensivos a los compañeros permanentes los derechos de los cónyuges en relación con la vocación hereditaria, el optar por porción conyugal y el solicitar alimentos.
Lo anterior en cuanto consideraba vulnerados los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad, “porque se prohíbe la discriminación por razones de origen familiar y, a la libertad de conciencia, por constreñirse a las personas a contraer matrimonio para poder ser titular de dichos beneficios”[3].
Señaló en aquella oportunidad el accionante “la Constitución consagró la igualdad entre el matrimonio y la unión libre. Que, por consiguiente, el atribuir a los cónyuges derechos u obligaciones que no se establecen para los compañeros permanentes, implica una discriminación por el origen familiar, prohibida por el artículo 13 de la Constitución, lo mismo que por el 42”.[4]
En la presente oportunidad el ciudadano Álvarez Bermúdez plantea la necesidad de estudiar nuevamente las normas demandadas por considerar que el análisis realizado en la anterior oportunidad resulta anacrónico, ya que en esa ocasión la Corte Constitucional se limitó a establecer las diferencias entre el matrimonio y la unión marital de hecho, sin considerar los aspectos comunes de ellas.
Así mismo, indica el ciudadano la necesidad de que se estudie el tema de la porción conyugal, ya que en la sentencia C-174 de 1996 no existió el menor análisis del tema en beneficio de los compañeros permanentes de las uniones maritales de hecho, y no se dió pronunciamiento en relación con la violación al derecho a la libertad de conciencia.
De igual manera, considera necesario el actor que se amplíe el estudio de la normatividad demandada al caso de las parejas del mismo sexo, ya que en anteriores oportunidades no se estudió el tema de la referencia en relación con ellos.
Finalmente, el actor señala las disposiciones constitucionales vulneradas con las normas demandadas, siendo ellas, el preámbulo de la Constitución, el estado social de derecho, los derechos a la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de conciencia y el derecho a la familia.
Así las cosas, en esta oportunidad no hay lugar a la causal de rechazo por cosa juzgada, ya que si bien se da el primer requisito para la existencia de la misma, relacionado con la solicitud de estudio del mismo contenido normativo de la misma proposición normativa, ya estudiada en una sentencia anterior, no se verifica el requisito referente a la identidad de razones señaladas en oportunidades preliminares, pues como bien se indicó, en la sentencia C-174 de 1996 sólo se presentaron cargos por vulneración del derecho a la igualdad y la libertad de conciencia. Se destaca que en aquella oportunidad la Corte Constitucional hizo relación únicamente al primero de ellos.
En virtud de lo expuesto procederá a revocarse el auto de fecha 18 de mayo de 2010.
Primero: Revocar el auto suplicado, por el cual se rechazó la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el ciudadano Martín Alonso Álvarez Bermúdez contra varias disposiciones contenidas en los artículos 1016, numeral 5; 1045, modificado por la ley 29 de 1982, artículo 4o.; 1046, modificado por la ley 29 de 1982, artículo 5o.; 1054; 1230; 1231; 1232; 1233; 1234; 1235; 1236; 1237 y 1238 del Código Civil.
Segundo: Remítase al Magistrado sustanciador del auto de rechazo suplicado el expediente D-8112 para que estudie la admisibilidad de la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el ciudadano Martín Alonso Álvarez Bermúdez contra los artículos reseñados .
[1] Auto 18 de mayo de 2010.
[2] Corte Constitucional Auto del 14 de mayo de 2009, Expediente 7713
[3] Sentencia C-174 de 1996
[4] Sentencia C-174 de 1996