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Timestamp: 2018-01-18 06:09:48
Document Index: 31384026

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 6', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'artículo 11', 'Artículo 7', 'artículo 2', 'artículo 11', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 6', 'Artículo 12', 'artículo 11', 'artículo 99', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'artículo 11', 'Artículo 16', 'artículo 15', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'artículo 7', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26']

LEY N° 10401
PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, A LA MUJER POR CUESTIÓN DE GÉNERO, EN EL MARCO PROCESAL, ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL.
FECHA DE SANCION: 16.11.16
PUBLICACION: B.O. 25.11.16 (EDICIÓN EXTRAORDINARIA).
CANTIDAD DE ANEXOS:.-
Artículo 1º.- La presente Ley establece aspectos jurisdiccionales y procesales vinculados a la aplicación, en el ámbito de la Provincia de Córdoba, de las disposiciones pertinentes de la Ley Nacional Nº 26485, cuya adhesión se dispuso mediante Ley Nº 10352, tendiente a fortalecer el marco procesal vigente para asegurar a las víctimas de violencia hacia las mujeres por cuestiones de género, una protección integral en instancias administrativas y jurisdiccionales, contribuyendo a hacer reales y efectivos los principios de equidad consagrados en la Constitución Nacional, protegiendo su integridad física, psíquica, sexual, libertad y trato igualitario, seguridad y no discriminación por su condición de mujer.
Artículo 2º.- La presente Ley se aplica en los supuestos de violencia hacia las mujeres por cuestiones de género, conforme las previsiones del artí- culo 4º de la Ley Nacional Nº 26485, para los tipos previstos en el artículo 5º de dicha Ley, y en las modalidades de violencia institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática contra las mujeres, establecidos en el artículo 6º, incisos b), c), d), e) y f), de la Ley Nacional Nº 26485. En el supuesto de violencia hacia las mujeres por cuestiones de género en la modalidad doméstica, previsto en el inciso a) del mismo artículo de la citada norma, son de aplicación las previsiones de la Ley Nº 9283.
Artículo 3º.- En todas las actuaciones que se generen por aplicación de la presente Ley debe garantizarse, como mínimo, sin perjuicio de los demás derechos reconocidos por la legislación aplicable, conforme lo dispuesto por Ley Nacional Nº 26485 y Ley Nº 10352:
Artículo 4º.- Toda denuncia debe presentarse ante el juez competente en materia de violencia hacia las mujeres por cuestiones de género, la fiscalía de instrucción, la unidad judicial o la policía, no siendo obligatorio a tales fines la asistencia letrada.
Artículo 5º.- Las personas que se desempeñen en servicios asistenciales, policiales, sociales, educativos, de justicia y de salud y, en general, quienes desde el ámbito público o privado, con motivo o en ocasión de sus funciones, tomen conocimiento de un hecho de violencia en los términos de la presente Ley, o sospechen fundadamente de su existencia, están obligados a formular de manera inmediata las denuncias que correspondan, aun en aquellos casos en que el hecho no configure delito, quedando liberados -en las hipótesis que correspondan- del secreto profesional a tal efecto.
Artículo 6º.- La Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 10352, por razones de seguridad personal de la víctima y hasta tanto se concrete la intervención judicial, puede disponer la aplicación de la medida prevista en el artículo 11, inciso i), de la presente Ley.
Artículo 7º.- Los Juzgados de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y los Juzgados de Primera Instancia con competencia múltiple, son competentes para entender en cuestiones de violencia hacia las mujeres por cuestiones de género, conforme lo previsto en el artículo 2º de la presente Ley.
En tales casos la Fiscalía de Instrucción puede disponer, además de las medidas urgentes en el marco de las atribuciones que le confiere la Ley Nº 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-, las previstas en el artículo 11 de la presente Ley en forma directa y provisional, debiendo informar inmediatamente lo actuado al juez competente en la materia, remitiendo a dicho Tribunal dentro de las veinticuatro horas de tomar intervención, testimonio completo de las actuaciones y de la resolución adoptada, cualquiera sea. Asimismo, deberá comunicar su intervención a la Autoridad de Aplicación administrativa. El Juez competente, dentro del término máximo de cuarenta y ocho horas de recibidos los antecedentes, debe confirmar, modificar o revocar la o las medidas respectivas.
Artículo 8º.- Los juzgados de paz tienen competencia, en sus respectivas jurisdicciones, para entender en las urgencias en materia de violencia hacia las mujeres por cuestiones de género, debiendo disponer en forma provisoria las medidas pertinentes establecidas en esta Ley, quedando obligados a elevar de manera inmediata las actuaciones al órgano judicial competente.
Artículo 9º.- Las denuncias pueden ser efectuadas por:
b) La niña o adolescente afectada, directamente o a través de sus representantes legales, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional Nº 26061 -de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes-, en la Ley Nº 9944 -de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de Córdoba- y en el Código Civil y Comercial de la Nación;
Artículo 10.- En todos los casos se evitará la revictimización de la mujer en situación de violencia, tratando que agresor y víctima no se encuentren, la no reiteración innecesaria del relato de los hechos, procurando la no exposición pública de la persona afectada y toda otra manifestación que la configure.
Artículo 11.- En todos los procedimientos relacionados con violencia hacia las mujeres por cuestiones de género, en cualquiera de sus tipos o modalidades, salvo la doméstica prevista en el artículo 6º de la Ley Nacional Nº 26485, el juez o el fiscal de instrucción debe pronunciarse, de oficio o a instancia de parte interesada, y por resolución fundada, sobre la pertinencia de la adopción de medidas cautelares y de aseguramiento, determinando su plazo y régimen de cumplimiento y, si procediera, las medidas complementarias que fueran necesarias.
d) Prohibir al agresor comunicarse por cualquier medio -incluso el informático o cibernético-, relacionarse, entrevistarse o desarrollar cualquier conducta similar en relación con la víctima, demás personas afectadas, testigos o denunciantes del hecho;
Artículo 12.- Las medidas previstas en el artículo 11 de este Ley serán adoptadas inaudita parte cuando la urgencia del caso lo amerite. De lo contrario deben producirse respetando el principio de contradicción, audiencia y defensa, en cuyo caso es de aplicación el trámite incidental previsto en el artículo 99 de la Ley Nº 10305 -Código de Procedimiento de Familia de la Provincia de Córdoba-.
Artículo 13.- El tribunal requerirá el auxilio de la fuerza pública para asegurar el cumplimiento de las medidas judiciales dispuestas en caso de ser menester, a la vez que podrá valerse de los medios técnicos o tecnológicos que fueren de utilidad y que coadyuven al logro del fin perseguido por las mismas o para constatar su acatamiento.
Artículo 14.- El tribunal interviniente requerirá un informe de un equipo interdisciplinario que pertenezca al Poder Judicial o a la Administración Pública. El equipo debe estar integrado por profesionales especializados en la problemática de la violencia de género.
Artículo 15.- El tribunal fijará una audiencia escuchando a las partes por separado, dentro de las cuarenta y ocho horas de ordenadas las medidas enunciadas en el artículo 11 de esta Ley o, si no se adoptara ninguna de ellas, del momento que tomó conocimiento de la denuncia.
Artículo 16.- En caso de incomparecencia de la víctima de violencia a la audiencia prevista en el artículo 15 de esta Ley, debe fijarse una nueva en un plazo que no puede exceder las setenta y dos horas.
Artículo 17.- Ante el incumplimiento de las medidas dispuestas o la reiteración de hechos de violencia, el tribunal puede disponer medidas tales como:
Asimismo, cuando el incumplimiento configure desobediencia u otro delito, el juez debe poner el hecho en conocimiento de la fiscalía de instrucción en turno, además de adoptar las medidas que por derecho correspondan. Las medidas precedentemente enunciadas no obstan a la aplicación de otras sanciones establecidas en el Capítulo VI de la Ley Nº 10326 –Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia de Córdoba- y que pueda disponer la autoridad u órgano competente.
Artículo 18.- Durante el trámite de la causa el tribunal debe controlar la eficacia de las medidas y decisiones adoptadas, disponiendo todo aquello que considere necesario para su aseguramiento.
Artículo 19.- Tras la denuncia del hecho delictivo constitutivo de violencia hacia las mujeres por cuestiones de género, el Fiscal de Instrucción actuará conforme lo dispuesto en el artículo 7º de la presente Ley.
Artículo 20.- Sin perjuicio de continuar con el trámite de la causa y las medidas provisorias que hubiere adoptado, cuando de las actuaciones surja la comisión de hechos presuntamente delictivos, el tribunal con competencia en las cuestiones de violencia contempladas por la presente, debe comunicar de forma inmediata dicha circunstancia a la fiscalía de instrucción que le corresponda intervenir. Para los delitos de instancia privada se requerirá el expreso consentimiento de la víctima, o de su representante legal en el caso de menores o incapaces.
Artículo 21.- Las resoluciones que concedan, rechacen, interrumpan, modifiquen o dispongan el cese de alguna de las medidas preventivas urgentes o impongan sanciones, son apelables dentro del plazo de tres días hábiles. La apelación contra resoluciones que concedan medidas preventivas urgentes se concederá sin efecto suspensivo.
Artículo 22.- Las mujeres víctimas de violencia de género que sean agentes dependientes de cualquiera de los tres Poderes del Estado Provincial, tienen derecho a:
Artículo 23.- Sin perjuicio de lo establecido en la presente Ley, la victima podrá ejercer las acciones o reclamar la reparación pertinente por la vía y por ante quien corresponda, de acuerdo a la naturaleza de los derechos involucrados y según las normas comunes que rigen la materia.
Artículo 24.- La presente Ley es de orden público y su aplicación no afectará el ejercicio de los derechos que correspondan a la mujer conforme a otros ordenamientos jurídicos, en virtud de los principios “pro homine” y “de no regresividad” que rigen en materia de derechos humanos, a los fines de prevenir y eliminar cualquier forma de violencia contra la mujer.
Artículo 25.- Son de aplicación supletoria los regímenes procesales que correspondan, según los tipos y modalidades de violencia denunciados, debiendo ser aplicadas las normas del proceso más sumario previsto en cada ordenamiento, cuando no hubiera un procedimiento específico establecido y en todo lo que no se oponga a la presente Ley.
Artículo 26.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DECRETO PROMULGATORIO N° 1611/16