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Timestamp: 2017-07-20 19:05:19
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Matched Legal Cases: ['artículo 116', 'artículo 170', 'artículo 52', 'artículo 21', 'artículo 6', 'artículo 61', 'artículo 4', 'artículo 57', 'artículo 20', 'artículo 108', 'artículo 46', 'artículo 79']

Resolución de 09/05/2012, de la Dirección General de Tributos, por la que se aprueban las directrices generales del Plan de Control Tributario de 2012.
Publicado en DOCM núm. 101 de 23 de Mayo de 2012
Vigencia desde 24 de Mayo de 2012.
Comprobación e investigación del fraude tributario.
Actuaciones de control en fase recaudatoria.
La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, establece en el artículo 116 la obligación de elaborar anualmente un plan de control tributario que tendrá carácter reservado, aunque ello no impedirá que se hagan públicos los criterios generales que lo informan.
A su vez, el Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, dispone en el artículo 170 que en el Plan de control tributario se integrará el plan o los planes parciales de inspección, los cuales tendrán carácter reservado y no serán objeto de publicidad o comunicación.
Por lo que se refiere a las funciones de control en el ámbito tributario, cabe destacar que la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, en el artículo 52 atribuye a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha las competencias de gestión, recaudación e inspección de sus propios tributos, así como de aquellos tributos cedidos en los que, por delegación del Estado, haya asumido estas competencias. En particular, estas competencias corresponden a la Consejería de Economía y Hacienda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19-11-2002, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las Consejerías y otros entes por la Ley 3/1990, de 18 de mayo, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha. En este ámbito, tras la última reestructuración de la Administración Regional en virtud del Decreto 10/2012, de 25-01-2012, por el que se establece la estructura de la Administración Regional (DOCM de 25-01-2012), se publicó el Decreto 15/2012, de 26-01-2012, por el que se establece la estructura orgánica y competencias de la Consejería de Hacienda (DOCM de 27-01-2012), según el cual las funciones propias de aplicación de los tributos están encomendadas a la Dirección General de Tributos.
En relación a los tributos cedidos, la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, constituye el marco orgánico general por el que ha de regirse el régimen de cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas. Además, este marco orgánico general se ha visto complementado y desarrollado con la promulgación de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias. En este mismo ámbito, la Ley 25/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, procede a regular el régimen específico de la cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Por otro lado, sobre los tributos propios cabe subrayar que el Impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente (en adelante Idaima) fue creado por la Ley 11/2000, de 26-12-2000, del Idaima que, con posterioridad, fue sustituida por la Ley 16/2005, de 29-12-2005, del Idaima y del tipo autonómico del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de determinados Hidrocarburos.
El Plan de Control Tributario tiene como objetivo planificar las actuaciones a desarrollar de forma coordinada por los distintos órganos que desempeñan funciones de aplicación de los tributos, dirigidas a comprobar e investigar el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias, a regularizar la situación tributaria de los obligados y, finalmente, a cobrar las deudas tributarias que le correspondan, actuaciones todas ellas encaminadas a la lucha contra el fraude fiscal.
Las principales áreas de riesgo y los criterios básicos de desarrollo del Plan de Control Tributario se vertebran en dos ejes prioritarios de control. El primero de ellos lo integran las actuaciones de comprobación e investigación del fraude tributario, que se asientan sobre tres pilares esenciales: en primer lugar está el control de no declarantes, mediante la investigación dirigida al descubrimiento de hechos imponibles no declarados por contribuyentes que incumplen su obligación de presentar la correspondiente declaración, al objeto de regularizar la situación tributaria de los obligados; en segundo lugar figura el control de declarantes, a través de la verificación de que los datos consignados por los contribuyentes en las declaraciones presentadas no difieren de la información que obra en poder de la Administración tributaria, ya se derive ésta de declaraciones, autoliquidaciones o comunicaciones de datos presentadas por el propio obligado tributario, ya proceda de la información aportada por terceras personas, o se ponga de manifiesto en el curso de las actuaciones o procedimientos de aplicación de los tributos; y en tercer lugar se encuentra el control de la aplicación de beneficios fiscales, dirigido a detectar contribuyentes que pretenden eludir el pago del impuesto o que reducen indebidamente sus bases o cuotas tributarias mediante la aplicación incorrecta de exenciones, reducciones, deducciones o bonificaciones fiscales.
El segundo eje del Plan de Control Tributario se centra en las actuaciones de control en fase recaudatoria, en virtud del cual serán objeto de atención preferente las actuaciones dirigidas a lograr el cobro efectivo de las deudas tributarias y de los demás derechos de naturaleza pública cuya gestión recaudatoria esté encomendada a los órganos de recaudación adscritos a la Consejería de Hacienda.
Para hacer frente a estos retos, se precisa de fórmulas eficaces en el desarrollo de las funciones de control tributario en aras a lograr el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias, entre las cuales subyace como principal el pago de las deudas tributarias, habida cuenta de que los recursos recabados resultan necesarios para el sostenimiento de los servicios públicos, por lo cual la lucha contra el fraude se erige en línea estratégica de esta Administración tributaria.
Finalmente, cabe resaltar que para lograr los objetivos antes descritos, se impulsará la administración electrónica en el ámbito de la aplicación de los tributos y de la gestión recaudatoria que permitirá, por un lado, facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con esta Administración y, por otro lado, incrementar la eficiencia y eficacia de las actuaciones realizadas mediante estos mecanismos de gestión, que permitirán optimizar la utilización de los medios personales y materiales disponibles.
En virtud de lo anteriormente expuesto, y de conformidad con las competencias reconocidas en el artículo 6 del Decreto 15/2012, de 26-01-2012, por el que se establece la estructura orgánica y competencias de la Consejería de Hacienda, dispongo:
Aprobar las directrices generales del Plan de Control Tributario de 2012, que impulsa la realización de las actuaciones coordinadas de control que a continuación se detallan:
Las directrices generales del Plan de Control Tributario de 2012 se enmarcan en dos áreas prioritarias de control:
1. Comprobación e investigación del fraude tributario.
2. Actuaciones de control en fase recaudatoria.
Estas actuaciones de control tienen como objetivo, por un lado, la comprobación de la veracidad y exactitud de los datos consignados por los contribuyentes en las declaraciones presentadas y, por otro lado, la investigación de supuestos de hecho de obligaciones tributarias para el descubrimiento de los que no hayan sido declarados. La finalidad de estas actuaciones radica en la regularización de la situación tributaria de los obligados mediante la práctica de las liquidaciones que resulten de las actuaciones de comprobación e investigación y, a su vez, en la sanción de las conductas apreciadas que estén tipificadas como infracciones tributarias en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria o en otra ley.
Para el desarrollo de estas actuaciones, esta Administración tributaria reforzará las acciones dirigidas a la captación de información de diferentes fuentes con transcendencia tributaria, entre las que cabe destacar la necesaria colaboración entre Administraciones que reza el artículo 61 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias. Igualmente, en este ámbito, resulta de especial interés tanto la información recibida a través de las declaraciones informativas de Notarios a efectos tributarios, como aquélla que se obtiene fruto del deber de informar y colaborar establecido en los artículos 93 y 94 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
A este respecto, se llevarán a cabo actuaciones coordinadas de control por los diferentes órganos que desempeñan funciones de aplicación de los tributos en esta Administración tributaria, las cuales se instrumentan a través de métodos de selección basados en criterios de riesgo fiscal, que definen los colectivos sobre los cuales actuará cada uno de los órganos.
Los principales esfuerzos en materia de prevención y control del fraude se concentrarán en las áreas de atención prioritaria a las que se refieren los apartados siguientes:
1.1. Impuesto sobre el Patrimonio. La Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria, estableció una bonificación del 100 por ciento de la cuota íntegra del Impuesto sobre el Patrimonio, aplicable a los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2008.Por otro lado, el Real Decreto-Ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal, dispone la reactivación del impuesto con carácter temporal que se contempla exclusivamente en los ejercicios 2011 y 2012, aumentando significativamente el límite para la exención de la vivienda habitual, así como el mínimo exento.
En consecuencia, las actuaciones de control del Impuesto sobre el Patrimonio se realizarán sobre los periodos impositivos anteriores a 2008 no prescritos, así como sobre el periodo impositivo 2011, cuyas declaraciones serán objeto de presentación en 2012.
Las actuaciones de control se centrarán en las siguientes áreas de riesgo:
a) Control de no declarantes. Se potenciarán las actuaciones de control tendentes a descubrir contribuyentes que incumplen su obligación de presentar la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio, a través del examen de la información relativa a los diferentes elementos que integran el patrimonio neto de las personas físicas.
b) Control de declarantes. Se desarrollarán actuaciones dirigidas a detectar bienes o derechos no incluidos en el patrimonio neto declarado, cuya titularidad a la fecha de devengo del impuesto corresponda a los contribuyentes, mediante el análisis de los datos obrantes en la Administración tributaria y de aquéllos que se obtengan a través de las diferentes fuentes de información con trascendencia tributaria. De igual modo, en este ámbito se reforzarán las actuaciones de control sobre aquellos contribuyentes que declaran bienes o derechos por un valor inferior al establecido en la normativa tributaria.
c) Control de la aplicación de beneficios fiscales. Es preciso un control de la aplicación de las exenciones previstas en el artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, mediante la comprobación de la concurrencia de aquellas condiciones exigidas para su aplicación, con el objeto de detectar contribuyentes que se han beneficiado de exenciones fiscales indebidas, a fin de exigir el pago de la deuda que resulte de la correcta liquidación.
1.2. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. En el marco del control tributario sobre el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se prestará atención prioritaria a las siguientes actuaciones de control:
a) Control de no declarantes. Las actuaciones de investigación se centrarán en detectar incrementos patrimoniales obtenidos a título lucrativo por personas físicas, ya se deriven de transmisiones lucrativas «inter vivos» o «mortis causa», que no hayan sido objeto de tributación por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cuyo rendimiento corresponda a esta Administración tributaria, con la finalidad de regularizar la situación tributaria de los obligados que hayan incumplido la obligación de presentar la correspondiente declaración.
b) Control de declarantes. Se intensificarán las actuaciones de control sobre los bienes y derechos que forman parte del caudal hereditario, mediante la utilización de las diferentes fuentes de información con trascendencia tributaria que permitan el descubrimiento de bienes o derechos no declarados. Al mismo tiempo, se perseguirá la inclusión de cargas o deudas deducibles de forma indebida en las declaraciones presentadas por los contribuyentes.Igualmente se reforzarán las actuaciones tendentes a garantizar la correcta determinación de las bases imponibles, en particular a través de la comprobación del valor de los bienes y derechos transmitidos.
Además, se incidirá especialmente en relación con aquellos contribuyentes que dividen las transmisiones lucrativas con el fin de lograr una menor tributación. Para ello se potenciarán los controles dirigidos, por una parte, a detectar aquellas transmisiones «mortis causa» en las que procede la adición de bienes y derechos al caudal hereditario y, por otra, a localizar las transmisiones «inter vivos» en las que sea susceptible la acumulación de otras donaciones para su correcta liquidación.
c) Control de la aplicación de beneficios fiscales. En este ámbito se prestará especial atención a las actuaciones de control desarrolladas con la finalidad de detectar contribuyentes que reducen indebidamente sus bases o cuotas tributarias mediante la aplicación incorrecta de reducciones, deducciones o bonificaciones fiscales. Estas comprobaciones se extenderán tanto a los beneficios fiscales establecidos en la normativa estatal, como a los aprobados por esta Administración tributaria en virtud de las competencias normativas asumidas sobre este impuesto.
1.3. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Las actuaciones de control del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se enmarcan en las siguientes áreas prioritarias de control que se detallan a continuación:
a) Control de no declarantes. Se investigarán los supuestos de hecho de obligaciones tributarias que deban tributar por cualquiera de las modalidades del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, mediante la utilización de las diferentes fuentes de información con trascendencia tributaria, al objeto de descubrir hechos imponibles no declarados por los contribuyentes y, al mismo tiempo, reforzar los controles dirigidos a detectar los hechos imponibles que fueron objeto de tributación en una Administración tributaria incompetente cuyo rendimiento corresponde a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con el fin de exigir las cuotas tributarias que resulten de la correcta liquidación.Por otra parte, se incidirá en el control de las adjudicaciones en subasta de bienes muebles e inmuebles, dirigido a detectar contribuyentes que hayan incumplido la obligación de presentar la correspondiente autoliquidación y, en consecuencia, proceder a la regularización de su situación tributaria.
b) Control de declarantes. Se efectuarán actuaciones dirigidas a la comprobación del valor de los bienes y derechos transmitidos, a través de los medios de comprobación previstos en el artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a fin de regularizar los incrementos de la base imponible que se deriven de las diferencias existentes entre los valores declarados por el contribuyente y los comprobados por la Administración tributaria. También se intensificará el control sobre aquellos contribuyentes que apliquen alguno de los tipos de gravamen reducidos aprobados por la normativa autonómica, a fin de detectar supuestos de aplicación improcedente.Por otra parte, se impulsará el control de las transmisiones de bienes inmuebles ubicados en Castilla-La Mancha que, debiendo tributar por la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se declaran incorrectamente sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante IVA). En particular, se actuará especialmente en relación con aquellos contribuyentes que renuncian a la exención del IVA, de conformidad con lo establecido el artículo 20.dos de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA, a pesar de no cumplir los requisitos exigidos.
c) Control de la aplicación de beneficios fiscales. Serán objeto de atención preferente los controles sobre los contribuyentes que pretenden eludir el pago del impuesto calificando los hechos imponibles como exentos de forma indebida, al no concurrir los requisitos legalmente establecidos para ello. En particular, se incidirá en el control de las transmisiones de valores declaradas exentas que deben tributar por la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados como transmisiones de bienes inmuebles, en virtud de lo establecido en el artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
1.4. Tributos sobre el juego. Las actuaciones de control con relación a los tributos sobre el juego están dirigidas a la comprobación de las autoliquidaciones presentadas por los sujetos pasivos y a la investigación de los hechos imponibles no declarados, con la finalidad de regularizar la situación tributaria de los obligados cuando se adviertan discrepancias respecto a los datos en poder de la Administración tributaria.
1.5. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En el ejercicio de las competencias normativas asumidas por esta Administración tributaria, establecidas en el artículo 46 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, anteriormente citada, se aprobaron deducciones en la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En particular, las deducciones vigentes están reguladas en la Ley 9/2008, de 4 de diciembre, de Medidas en materia de Tributos Cedidos.Sin embargo, no existe delegación de las competencias de gestión, inspección y recaudación sobre este tributo, por lo cual el control sobre estas deducciones autonómicas se instrumenta a través del suministro de información a la Agencia Estatal de Administración Tributaria sobre los contribuyentes beneficiarios de estas deducciones, a fin de que ésta disponga de la información necesaria para el control de su correcta aplicación y, cuando proceda, pueda exigir la cuota que resulte de la correcta liquidación.
1.6. Tributos propios. Las actuaciones de control sobre los tributos propios consistirán, principalmente, en verificar la adecuación de los datos consignados por los contribuyentes en las declaraciones presentadas a la información existente en poder de la Administración tributaria, con el fin de descubrir hechos imponibles no declarados, así como bases imponibles declaradas por un importe inferior al establecido en la norma legal.
1.7. Otras actuaciones. En el marco de colaboración entre Administraciones tributarias se profundizará en las actuaciones que a continuación se detallan:
a) Comprobación del domicilio fiscal. Los nuevos cauces de información abiertos en torno al censo de contribuyentes han desembocado en la consolidación del censo único compartido por todas las Administraciones tributarias. Este instrumento permitirá poner especial énfasis en la detección de contribuyentes que localicen de manera ilícita su residencia fiscal en otra comunidad autónoma, con el propósito de logar una menor tributación a través de la aplicación de beneficios fiscales aprobados por otras Administraciones tributarias autonómicas. En este sentido, se reforzará el control sobre los cambios de domicilio fiscal y, cuando proceda, se promoverá el procedimiento de comprobación del domicilio fiscal establecido en los artículos 148 a 152 del Reglamento general de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
b) Envío de diligencias de colaboración a otras Administraciones. Se incidirá especialmente en las actuaciones de control del fraude en este ámbito de colaboración, mediante la puesta en conocimiento de los hechos o circunstancias con trascendencia tributaria para otras Administraciones tributarias, que se pongan de manifiesto en el curso de la tramitación de actuaciones o procedimientos de inspección.
c) Colaboración en la valoración de inmuebles ubicados en Castilla-La Mancha, cuya transmisión sea objeto de tributación en otra Administración tributaria. Se mantendrán estas actuaciones cuando se precise de la colaboración de esta Administración para la valoración de los inmuebles, a fin de facilitar la correcta determinación de la base imponible.
d) Se acometerá cualquier otra línea de colaboración que se acuerde tanto en el Consejo Territorial para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria de Castilla-La Mancha, como en el Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria.
Este segundo eje del Plan de Control Tributario se centra en las actuaciones dirigidas a lograr el cobro efectivo de las deudas tributarias y de los demás derechos de naturaleza pública cuya gestión recaudatoria esté encomendada a los órganos de recaudación de la Consejería de Hacienda. En este sentido y en relación con las deudas tributarias, las actuaciones de control en fase recaudatoria se extenderán a todos los tributos gestionados por esta Administración tributaria, tanto los propios como los cedidos por el Estado.
Estos objetivos se estructuran en torno a los siguientes ámbitos de actuación:
2.1. Control del pago de las deudas tributarias. Con la finalidad de garantizar el cobro de las deudas tributarias, se abrirán nuevos cauces de información sobre las deudas tributarias que los obligados tienen con esta Administración, tanto con la Consejería de Hacienda como con el resto de Consejerías y organismos autónomos. También se adoptarán medidas adicionales encaminadas a agilizar el suministro de información de la gestión de tributos efectuada por las oficinas liquidadoras de distrito hipotecario. Esta información propiciará un seguimiento más eficaz de los pagos realizados a través de las entidades de crédito colaboradoras en la recaudación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como los pagos efectuados en las cuentas restringidas de las oficinas liquidadoras de distrito hipotecario.
2.2. Control de los expedientes de aplazamiento y fraccionamiento del pago. Constituye un área de especial atención el control de los expedientes de aplazamiento y fraccionamiento del pago de la deuda tributaria, control que persigue alcanzar el efectivo cumplimiento de los pagos en las condiciones concedidas. Asimismo se establecerán condiciones adicionales a los beneficiarios de aplazamientos o fraccionamientos que puedan disponer de recursos suficientes para la satisfacción de los pagos en un plazo más corto.
2.3. Impulso de la compensación de deudas de naturaleza tributaria. Se reforzarán las actuaciones recaudatorias encaminadas a impulsar la agilización, la tramitación y el control de expedientes de compensación de deudas de naturaleza tributaria con los créditos reconocidos en favor de los sujetos pasivos. Para ello se fomentarán los intercambios de información que permitan la compensación de pagos presupuestarios con deudas tributarias y, a su vez, se establecerán procedimientos normalizados para su tramitación.
2.4. Promoción de actuaciones administrativas de derivación de responsabilidad para exigir el pago de las deudas tributarias. Se potenciará la derivación de la deuda tributaria pendiente de cobro a los responsables subsidiarios en los supuestos previstos en la normativa tributaria. En particular, estas actuaciones se enfocarán a exigir el pago de las deudas tributarias a los administradores de las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, a los integrantes de administraciones concursales o liquidadores de sociedades y entidades que no hubiesen realizado las gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento de las obligaciones tributarias y, finalmente, a los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria en los términos del artículo 79 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2.5. Revisión de fallidos. Se intensificará el seguimiento de los deudores declarados fallidos con el fin de perseguir el cobro de los créditos declarados incobrables, mediante la rehabilitación de dichos créditos cuando se detecte la posible solvencia sobrevenida de los obligados al pago.
2.6. Adopción de medidas cautelares. Se impulsará la adopción de medidas cautelares intensificando la coordinación entre los órganos de gestión, de inspección y de recaudación. Se desarrollarán estas actuaciones de control en conexión con las diferentes consejerías de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en aras de captar toda la información disponible sobre la existencia de bienes o derechos económicos susceptibles de ser trabados, con el objeto de evitar actuaciones fraudulentas de vaciamiento patrimonial encaminadas a evadir el pago de las deudas tributarias.
2.7. Colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Se reforzará la colaboración y coordinación con la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el marco del convenio de recaudación suscrito para la recaudación de ingresos de naturaleza pública en vía de apremio.