Source: http://www.sociedadambiental.net/profiles/blogs/tribunal-constitucional-del
Timestamp: 2019-12-15 01:01:44
Document Index: 192243804

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 86', 'artículo 139', 'artículo\n139', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1']

Publicado por Jesus Rafael Vallenas Gaona el junio 17, 2010 a las 1:16am
font-family:"Arial","sans-serif";color:black"">
11.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif";color:black"">Anexo 5. A color:black"">Copia simple de la demanda
del proceso 2009-00288
11.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif";color:black"">Anexo 5. B color:black"">Copia simple de la
sentencia de vista de la misma sala
none""> color:black"">LA ACUMULACION DE PRETENSIONES NO ES MATERIA DE IMPROCEDENCIA LIMINAR SINO DE INADMISIBILIDAD line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif";color:black"">: La Sala
Civil ha evitado pronunciarse sobre el fondo de la protección de derechos
Constitucional que establece: line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif""">
mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;mso-border-insidev:.5pt solid windowtext"">
EXP. N.° 05644-2008-PA/TC color:black"">
LIMA color:black"">
FRANCISCO CLODOMIRO color:black"">
GAMBOA HERRERA color:black"">
150%;font-family:"Arial","sans-serif";color:black;mso-ansi-language:ES-MX"">8. line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif";color:black;mso-ansi-language: ES-MX"> color:black;mso-ansi-language:ES-MX"">Este Tribunal considera que dicha norma,
en tanto mecanismo de optimización del derecho a la tutela jurisdiccional
atención a las circunstancias de cada caso en concreto, teniendo en cuenta
que el principio color:black;mso-ansi-language:ES-MX""> 150%;font-family:"Arial","sans-serif";color:black;mso-ansi-language:ES-MX"">pro
homine color:black;mso-ansi-language:ES-MX"">, derivado del principio-derecho de
dignidad humana consagrado en el artículo 1º de line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif";color:black;mso-ansi-language:
ES-MX"> color:black;mso-ansi-language:ES-MX"">la Constitución, determina que debe
preferirse aquella interpretación que resulte más favorable para la tutela de
los derechos fundamentales. line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif""">
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"">
EXP. N.º 266-2002-AA/TC color:black"">
LIMA 150%;font-family:"Arial","sans-serif";color:black"">
9.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif";color:black"">CARMEN TAFUR MARÍN
9.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif";color:black"">DE LAZO Y OTROS
color:black"">Los fines antes señalados, que los procesos constitucionales se proponen alcanzar, permiten establecer distinciones entre estos y los
procesos ordinarios, pues ambos tienen una naturaleza muy distinta. De modo
general, este Colegiado considera pertinente formular tales distinciones en
cuatro niveles: por su finalidad, por el rol del juez, por los principios que
orientan los procesos constitucionales y por su naturaleza.
color:black"">Una primera diferencia radica en los fines que persiguen ambos tipos de procesos. En efecto, a diferencia de los procesos constitucionales,
los procesos ordinarios no tienen como objetivo hacer valer el principio de
supremacía de la Constitución, y no siempre persiguen la tutela de derechos
color:black"">La segunda diferencia estriba en la actuación del juez. En los procesos constitucionales, los jueces tienen –por razones más trascendentes
que en los procesos ordinarios– el deber de controlar la actuación de las
partes, a fin de conseguir, dentro de un plazo razonable, la tutela efectiva
de los derechos fundamentales[4]
color:black"">La tercera se fundamenta en los principios que orientan los procesos constitucionales. Si bien es cierto que estos principios,
nominalmente, son compartidos por ambos tipos de procesos, es indudable que
la exigencia del cumplimiento de principios como de publicidad, economía
procesal, socialización del proceso, impulso oficioso, elasticidad y de favor processum o pro
actione, es fundamental e ineludible para el cumplimiento de los fines de
color:black"">Finalmente, la cuarta tiene que ver con la naturaleza de ambos procesos, y que puede enunciarse básicamente en que, a diferencia de los ordinarios, los
constitucionales son procesos de tutela de urgencia.
150%;font-family:"Arial","sans-serif";color:black"">7. La acumulación y la aplicación supletoria de códigos procesales en el Proceso Constitucional de Amparo
150%;font-family:"Arial","sans-serif";color:black;mso-ansi-language:ES-PE; font-weight:normal">Los demandantes sostienen que: color:black"">
color:black"">«todas las sentencias emitidas por el Colegiado Supremo integrado por los miembros que las suscriben fueron expedidas y notificadas
casi en las mismas fechas, en ellas en ningún momento se observa la
intervención de diferentes magistrados a los que firmaron, ni que los
petitorios de todos o uno de los expedientes sentenciados fueran diferentes,
sino que prácticamente son copias en el que sólo se variaron los nombres de
los recurrentes y los números de expedientes, el resto es prácticamente
igual, es decir nuestro título representados en las sentencias que recayeron
en todos los expedientes es prácticamente similar a todos los recurrentes, y
todos se refieren a un solo objeto, por lo que existe abjetivamente (sic)
conexidad entre ellas (...)»[5]
color:black"">A fin de determinar si procede, o no, la acumulación de pretensiones en este caso concreto, las diferencias apuntadas en el parágrafo
jurídico-procesales ordinarias poseen un contenido propio en los procesos
color:black"">En tal sentido, por ser pertinente para el pronunciamiento de este Tribunal Constitucional sobre este caso concreto, se procederá a
color:black"">«Cuando un mismo acto, hecho, omisión o amenaza afecte el interés de varias personas que han ejercido separadamente su derecho de
acción, el Juez que hubiese prevenido, a pedido de parte o de oficio, podrá
ordenar la acumulación de los procesos de amparo. La resolución que concede o
deniega la acumulación es inimpugnable».
En el caso, para justificar la improcedencia de la demanda la recurrida pretende aplicar supletoriamente el artículo 86° del Código
Procesal Civil, relativa a la acumulación subjetiva de pretensiones,
aduciendo que el derecho de acción ha sido ejercido conjuntamente por los
demandantes a través de un único proceso, y no de modo separado, pues el acto
lesivo no proviene de una única resolución, sino de nueve ejecutorias
Conforme al artículo IX del Código Procesal Constitucional, la aplicación supletoria de los Códigos Procesales se efectuará siempre que no
contradigan los fines de los procesos constitucionales y los ayuden a su
No obstante, en el presente caso la aplicación supletoria no sólo afecta el derecho a la tutela procesal efectiva (artículo 139°, inciso 3
de la Constitución) de los demandantes, sino que desnaturaliza el proceso
constitucional de amparo, tornándolo inútil para el logro de sus fines –la
tutela de los derechos fundamentales–, por la sencilla razón de que los actos
lesivos y sus ejecutores están plenamente identificados.
Por otro lado, y en función de los principios que el Código Procesal Constitucional ha incorporado, debemos tener presente que el
artículo III del Título Preliminar establece que
color:black"">«(...) el Juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar la exigencia de las formalidades previstas en este Código al logro de los fines
de los procesos constitucionales».
Esta disposición impone a la jurisdicción ordinaria y a la constitucional exigir el cumplimiento de las formalidades sólo si con ello se
logra una mejor protección de los derechos fundamentales. Por el contrario,
si tal exigencia comporta la desprotección de los derechos y, por ende, su
vulneración irreparable, entonces las formalidades deben adecuarse o, de ser
el caso, prescindirse, a fin de que los fines de los procesos constitucionales
se realicen debidamente –principio de elasticidad–.
En el caso concreto, también se puede apreciar que si bien los demandantes no han iniciado individualmente procesos de amparo, sino que han
iniciado uno solo conjuntamente, ello no puede ser fundamento suficiente para
declarar la improcedencia de su acción. Y no podría serlo, puesto que se
estaría supeditando la tutela de un derecho fundamental al cumplimiento de
una formalidad aplicable supletoriamente, lo que contradice los fines del
proceso constitucional de amparo y no coadyuva a su mejor desarrollo.
Lo anterior se condice con el principio de economía procesal, el cual tiene como fundamento la economía de tiempo y esfuerzo, además de la
incuestionable importancia que tiene la oportuna tutela de los derechos y la
culminación del proceso en un lapso de tiempo razonable.
150%;font-family:"Arial","sans-serif";color:black"">8. La competencia del Tribunal Constitucional para evaluar sobre el fondo en un caso de rechazo liminar
color:black""> En el presente caso se ha rechazado liminarmente la demanda en las instancias inferiores, pese a que, como hemos dicho, debió ser
admitida. Sin embargo, debe tenerse presente que mediante Resolución del
nulidad de lo actuado por un vicio de forma que ya fue subsanado. Por tanto,
no sería razonable que después de dos años y seis meses se declare una nueva
nulidad que no es responsabilidad de los recurrentes; asimismo, a la luz de
la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional (por todas Exp. N.°
1164-2003-HC/TC, fund. 1), en lo que al caso concierne se advierten elementos
de prueba necesarios para un pronunciamiento de fondo.
color:black""> A mayor abundamiento, tal como lo ha configurado el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, el
juez constitucional cuenta con la capacidad para dirigir judicialmente el
proceso. Es decir, de procurar que el proceso se constituya en una real
garantía procesal de los derechos fundamentales. En tal sentido, el artículo
II del mencionado cuerpo normativo reconoce como un fin esencial de los
procesos de índole constitucional, la vigencia efectiva de los derechos
constitucionales. Por tal razón, y teniendo en cuenta además el principio de
economía procesal, es necesario que este Tribunal pueda efectivamente
resolver respecto a si se han vulnerado los derechos constitucionales de los
demandantes, pues estos han venido reclamado judicialmente el reconocimiento
de sus derechos desde el 27 de diciembre del año 2000, fecha en que su
demanda ingresó a mesa de partes de la entidad correspondiente del Poder
Judicial (fojas 118 del Expediente). Es decir, hace más de cuatro años
esperan una resolución judicial firme.
color:black"">Si, dado el caso, este Tribunal no resolviera el fondo del asunto, se dilataría indefinidamente el pronunciamiento que persiguen los
demandantes, denegando o acogiendo su pretensión, constituyendo este hecho
una clara vulneración de su derecho al debido proceso previsto en el artículo
139°, inciso 3 de la Constitución, en cuanto a la proscripción de las
dilaciones indebidas. Por ende, el Tribunal Constitucional se pronunciará
none"">DECISION CONTRARIA AL CODIGO PROCESAL CO0NSTITUCIONAL:
none"">CRITERIO PRIVATISTA EN PROCESO DE DERECHO PUBLICO:
none"">EL AUTO DE VISTA SOSLAYA LA PROTECCION CONSTITUCIONAL DEL DEBIDO PROCESO:
tab-stops:list 99.0pt;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"">line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:Arial"">a) Derechos
amparables constitucionalmente en el petitorio: normal"">“la
pretensión principal de PROTECCION DE
DERECHOS CONSTITUCIONALES DE ACCESO A LA JUSTICIA normal"">Y DEL DEBIDO PROCESO como son el derecho de acción e impugnación,
la legitimación procesal en la protección de intereses difusos, el derecho a
una decisión del Ministerio Publico fundamentada en derecho y la protección del derecho a un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado”
tab-stops:list 99.0pt;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"">line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:Arial"">b) Derechos
constitucionales amparables en los fundamentos de hecho: normal"">“Por
tanto es evidente que se estaría afectando el derecho constitucional a la igualdad
y al debido proceso reconocidos en los arts. 2º inciso 2 y 138º inciso 3º que
en fundamento 5 de la sentencia del expediente normal"">06135-yes"">2006-PA/TC se indica
claramente de la siguiente forma: “El
expediente 05270-2005-AA indica”mso-ansi-language:ES-MX""> Que asimismo no deja ser pertinente traer a colación
el criterio que este Tribunal adoptó en la resolución del Exp. N.°
0006-2003-AI/TC, del 27 de noviembre de 2003, en donde se estableció que “los
legitimados activamente intervienen no para promover la defensa de intereses
particulares, sino a fin de promover la tutela de un interés general, lo que se
traduce, en el caso concreto, en la defensa de la constitucionalidad del
ordenamiento jurídico; de ahí que, una vez admitida la demanda y habilitada la
competencia del Tribunal Constitucional, queda inexorablemente constituida la
relación jurídico-procesal respectiva.”
mso-ansi-language:ES-MX"">Por lo cual es evidente que se trata de una situación procesal de legitimación en la cual no se puede hacer diferenciaciones que
tab-stops:list 99.0pt;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"">mso-fareast-font-family:Arial"">c) line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif""">Derechos amparables en los fundamentos jurídicos de la demanda11.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif""">:
mso-fareast-font-family:Arial"">5.1 normal"">DERECHOS
CONSTITUCIONALES AFECTADOS normal""> font-family:"Arial","sans-serif""">: Consideramos afectados los derechos de tutela procesal
efectiva, a los medios de protección del ambiente y a la igualdad, conforme lo establecido en
el art. 38 incisos 1, 16 y 23 del Código Procesal Constitucional.
De la misma forma invocamos la prohibición de afectar derechos por una
interpretación discriminatoria y
literal que afecta el art, 29º de la Convención Americana de los Derechos
Humanos, el art. 3º y la Cuarta Disposición Final y transitoria de la
line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family: Arial">5.2.
line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif""">EL ACCESO A LA JUSTICIA Y SU
RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL: normal""> font-family:"Arial","sans-serif""">El acceso a la justicia es un derecho
el Tribunal Constitucional forma parte, junto al debido proceso y la
efectividad de las sentencias, del derecho a la tutela jurisdiccional. De
acuerdo a este colegiado su contenido constitucional puede ser definido en los
dosis de eficacia.” "Times New Roman";mso-ansi-language:ES;mso-fareast-language:ES;mso-bidi-language:
AR-SA">[1]
mso-fareast-font-family:Arial"">5.2 EL ACCESO A LA JUSTICIA Y
IGUALDAD: normal""> font-family:"Arial","sans-serif""">Así, pues, en lo que respecta al acceso a
la justicia la
Corte Interamericana ha interpretado que no es suficiente
con que el Estado reconozca de manera formal este derecho, sino que debe
agotar, además, todos los medios a su alcance. Así lo ha establecido por
ejemplo en los casos “Trabajadores cesados del Congreso (Aguado Alfaro y
otros) Vs Perú”, Sentencia del 30 de noviembre de 2007; “Castillo Petruzzi y
Reeducación del menor Vs. Paraguay”, Sentencia de 2 de septiembre de 2004 "Times New Roman";mso-ansi-language:ES;mso-fareast-language:ES;mso-bidi-language:
AR-SA">[2] 10.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif";font-variant:small-caps;
mso-ansi-language:ES-TRAD">; normal""> font-family:"Arial","sans-serif"""> y en
las opiniones consultivas OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003 "Times New Roman";mso-ansi-language:ES;mso-fareast-language:ES;mso-bidi-language:
AR-SA">[3]; OC-17/2002 de 28 de
agosto de 2002 footnote""> font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:ES;mso-fareast-language:ES;mso-bidi-language:AR-SA">[4];
u OC-11/90 de 10 de agosto de 1990 "Times New Roman";mso-ansi-language:ES;mso-fareast-language:ES;mso-bidi-language:
AR-SA">[5], donde se puso de
relieve el deber de respeto "Times New Roman";mso-ansi-language:ES;mso-fareast-language:ES;mso-bidi-language:
AR-SA">[6] que recae sobre los
Así pues la omisión materia de la presente demanda implica una violación no sólo
de derecho interno, sino de derecho internacional, en la medida que genera
consecuencias antijurídicas en un sector de la ciudadanía (la de menos
recursos) de la Región
a) Las condiciones de acceso a la
justicia son discriminatorias. En la medida que los órganos judiciales no
pueden asistir de forma eficaz a quienes no comprenden o no tienen como
lengua originaria al castellano se produce lo que la Corte Constitucional
de Colombia llama: un Estado de cosas inconstitucional. Esto es una situación
de anomia según la cual el Estado de derecho se diluye dando paso al
atropello sistemático de los derechos.
b) Las condiciones de acceso a la
justicia atentan contra el principio democrático. Mientras que quienes sí
dominan el castellano pueden ejercer sus derechos con normalidad, quienes no,
se ven privados de participar, en condiciones de igualdad, del (o los)
proceso (s) democrático (s). De este modo se reducen sus posibilidades de
expresar sus demandas e influir –de manera efectiva- en la toma de decisiones
text-autospace:none"">font-family:"Arial","sans-serif""">Es evidente que existe jurisprudencia constitucional y precedentes constitucionales que exigen un contenido de
derechos no especificados directamente o no detallados que por su naturaleza
establecen claramente su8 protección en la vía de proceso de amparo.
text-autospace:none""> color:windowtext"">SE PRECISÓ CON CLARIDAD QUE SE TRATABA DEL PROCESO DE AMPARO font-family:"Arial","sans-serif";color:windowtext"">: Como aparece de
constitucional propuesta” del
cuarto considerando NOSE AJUSTA A LA VERDAD
"Arial","sans-serif";color:black"">POR TANTO:
color:black""> A Ud. SOLICITO se sirva conceder el recurso de agravio constitucional con la debida nota de
atención cuya finalidad es que el Tribunal Constitucional REVOQUE EL AUTO DE VISTA y REFORMÁNDOLO ordene la
color:black"">Puno, 4 de enero del 2009.
font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-ansi-language:ES-TRAD;mso-fareast-language:ES;mso-bidi-language:AR-SA">[1] ES-PE"">Sentencia recaída en el font-family:"Arial","sans-serif";mso-bidi-font-weight:bold"">EXP. N.°
763-2005-PA/TC
footnote"">"Times New Roman";mso-ansi-language:ES;mso-fareast-language:ES;mso-bidi-language: AR-SA">[2] “Asimismo, la Corte ha señalado que el
deber general del Estado, establecido en el artículo 2 de la Convención, incluye la
adopción de medidas para suprimir las normas y prácticas de cualquier
naturaleza que impliquen una violación a las garantías previstas en la Convención, así como la
expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la observancia
efectiva de dichas garantías” Fundamento 206.
ES;mso-fareast-language:ES;mso-bidi-language:AR-SA"">[3] “Los actos de un órgano de un Estado americano que tuvieran como efecto situaciones de
hecho contrarias al goce efectivo de los derechos humanos fundamentales, serían
contrarios a la obligación estatal de adecuar su conducta a los estándares
fijados en los instrumentos internacionales de derechos humanos.”
footnote"">"Times New Roman";mso-ansi-language:ES;mso-fareast-language:ES;mso-bidi-language: AR-SA">[4] “Como se ha dicho anteriormente (supra 87), los Estados tienen la
obligación de reconocer y respetar los derechos y libertades de la persona
humana, así como proteger y asegurar su ejercicio a través de las respectivas
garantías (artículo 1.1), medios idóneos para que aquéllos sean efectivos en
toda circunstanciafootnote"">"Times New Roman";mso-ansi-language:ES;mso-fareast-language:ES;mso-bidi-language:
AR-SA">[4], tanto el normal"">corpus iuris de derechos y libertades como las garantías de éstos,
son conceptos inseparables del sistema de valores y principios característico
de la sociedad democrática. En ésta “los derechos y libertades inherentes a la
persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada, cada uno
de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en función de los
footnote"">"Times New Roman";mso-ansi-language:ES;mso-fareast-language:ES;mso-bidi-language: AR-SA">[5] “El artículo 1 de la Convención obliga a los
Estados Partes no solamente a respetar
los derechos y libertades reconocidos en ella, sino a normal"">garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su
jurisdicción. La Corte
ya ha expresado que esta disposición contiene un deber positivo para los
Estados. Debe precisarse, también, que garantizar
implica la obligación del Estado de tomar todas las medidas necesarias para
remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan
disfrutar de los derechos que la
Convención reconoce. Por consiguiente, la tolerancia del
Estado a circunstancias o condiciones que impidan a los individuos acceder a
los recursos internos adecuados para proteger sus derechos, constituye una
violación del artículo 1.1 de la
footnote"">"Times New Roman";mso-ansi-language:ES;mso-fareast-language:ES;mso-bidi-language: AR-SA">[6] Según Abramovich y Courtis, las
obligaciones de respetar pueden ser
caracterizadas como “el deber del Estado de no injerir, obstaculizar o impedir
el acceso al goce de los bienes que constituyen el objeto del derecho”. Vid.
ABRAMOVICH, Victor; y COURTIS, Christian. Los derechos sociales como derechos
exigibles. Madrid: Trotta, 2002, pp. 29.