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BOE.es - Documento BOE-A-2006-2006
Documento BOE-A-2006-2006
«BOE» núm. 33, de 8 de febrero de 2006, páginas 4775 a 4784 (10 págs.)
BOE-A-2006-2006
El artículo 20 de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, dispone que el número total de plazas de nuevo ingreso del personal del sector público será, como máximo, igual al 100 por 100 de la tasa de reposición de efectivos y que se concentrarán en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Esta limitación no será de aplicación al personal de la Administración de Justicia, para el que el número de plazas se determinará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, ni a las Administraciones Públicas con competencias educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, y la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, con relación a la determinación del número de plazas para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes. La Oferta de Empleo Público, con el fin de avanzar en el compromiso de reducir la temporalidad en el empleo público, incluirá las plazas ocupadas interinamente. A estos efectos todos los puestos y plazas desempeñados por personal interino nombrado o contratado en el ejercicio anterior computarán a efectos de tasa de reposición en la Oferta de Empleo Público 2006. Las plazas desempeñadas por interinos nombrados o contratados con anterioridad a 2005 que no fueron incluidas en ofertas anteriores se incluyen en la presente Oferta de Empleo Público 2006, no computando a efectos de tasa de reposición. El párrafo primero del apartado tres, del citado artícu-lo 20 de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, establece que el Gobierno, con los límites que se han señalado anteriormente, podrá autorizar, a través de la Oferta de Empleo Público, previo informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda, a propuesta del Ministerio de Administraciones Públicas y a iniciativa de los Departamentos u Organismos públicos competentes en la materia, la convocatoria de plazas vacantes de nuevo ingreso que se refieran al personal de la Administración Civil del Estado y sus Organismos Autónomos, personal civil de la Administración Militar y sus Organismos Autónomos, personal de la Administración de la Seguridad Social, personal estatutario de la Seguridad Social, personal de la Administración de Justicia, Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y personal de los entes públicos Agencia Estatal de Administración Tributaria, Consejo de Seguridad Nuclear y Agencia de Protección de Datos, y de la entidad pública empresarial «Loterías y Apuestas del Estado», así como de los puestos y plazas que se encuentran desempeñados interina o temporalmente. El citado artículo 20 de la Ley 30 /2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, en el párrafo tres del apartado tres, señala también que los Ministerios de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda podrán autorizar conjuntamente las correspondientes convocatorias de puestos o plazas vacantes de las entidades públicas empresariales, organismos y entes públicos no mencionados anteriormente, respetando la tasa de reposición de efectivos establecida con carácter general. La referida autorización conjunta será también de aplicación a las sociedades estatales para la gestión de los servicios públicos de radiodifusión y televisión dependientes del Ente Público Radiotelevisión Española. En consecuencia, dada la particular estructura del empleo público en este ámbito, solo se incluyen en el Real Decreto las plazas cuya necesidad se estima imprescindible para cada entidad pública empresarial o ente público, previéndose la convocatoria de plazas adicionales que respondan a las posibles necesidades sobrevenidas durante el ejercicio, respetando siempre el límite de la tasa de reposición de efectivos y los requisitos de autorización antes mencionados. Así, la Oferta de Empleo Público para el año 2006 prestará atención a sectores, funciones y categorías profesionales prioritarias o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. A estos efectos, se consideran prioritarios:
Políticas sociales consideradas prioritarias: inmigración, vivienda, asuntos sociales y cultura. Investigación y sociedad de la información, con el fin de potenciar estos sectores estratégicos. Medio Ambiente, con objeto de potenciar la política medioambiental, el control de calidad de las aguas y gestión del dominio público hidráulico y marítimo-terrestre. Instituciones Penitenciarias, en atención a la evolución de la población reclusa, en relación con el número y la nacionalidad de la misma. Hacienda Pública y Control del Gasto Público, con el objetivo de intensificación de las actuaciones de inspección, lucha contra el fraude y control del gasto público, así como las actuaciones en materia de estadística. Servicio Exterior, con objeto de continuar fortaleciendo la presencia de la Administración General del Estado en el Exterior y atender la creciente demanda de actuaciones consulares. Seguridad Aérea y Marítima, con el fin de asegurar el cumplimiento de las crecientes exigencias a que han de hacer frente en estos ámbitos la administración de la Aviación Civil y la administración de la Marina Mercante.
Con el fin de agilizar las contrataciones temporales señaladas en el párrafo anterior y responder adecuadamente a la urgencia y necesidad inaplazable que las justifican, se aprovecharán las actuaciones ya realizadas en procesos selectivos ordinarios, de forma que al finalizar los mismos se elaborarán unas listas con aquellas personas que no habiendo superado el proceso selectivo al que se hubieran presentado, sí hubieran aprobado alguna de las pruebas que lo componen. Asimismo, el apartado cuatro del citado artículo 20, también recoge expresamente la exigencia de autorización previa conjunta de los Ministerios de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda para la contratación de personal fijo o temporal en el extranjero, ya sea con arreglo a la legislación local o a la legislación española. Además, se recogen en este Real Decreto, los principios que regirán la planificación de los recursos humanos, que se aplicarán al conjunto de las políticas de personal desarrolladas en la Administración General del Estado, así como los criterios que deben orientar los procesos de evaluación y selección de los candidatos que mejor se ajusten a las necesidades de la Administración General del Estado. En este marco, corresponde al Gobierno autorizar la convocatoria pública de aquellas plazas que no puedan ser cubiertas con los efectivos de personal existentes, de acuerdo con los criterios anteriormente expuestos, dirigidos a la racionalización de los efectivos en el conjunto del sector público estatal, teniendo en cuenta la necesidad de modernización de las Administraciones Públicas que debe producirse para hacer frente a las nuevas necesidades y a los nuevos servicios que los ciudadanos demandan. Así, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas, con el informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda, oída la Comisión Superior de Personal y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 3 de febrero de 2006.
2. Los procesos selectivos que se desarrollen como consecuencia de la Oferta de Empleo Público 2006, se regirán por la Orden APU/423/2005, de 22 de febrero por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para ingreso o acceso en Cuerpos o escalas en la Administración General del Estado. Las bases específicas, deberán publicarse en el Boletín Oficial del Estado antes del 1 de mayo de 2006, salvo las convocatorias de personal laboral en aquellos casos debidamente justificados y previa autorización de la Dirección General de la Función Pública. El primer ejercicio de los procesos selectivos comenzará antes del 1 de julio de 2006. Antes de su publicación deberán ser informadas por la Dirección General de la Función Pública. A estos efectos, los departamentos ministeriales enviarán las bases específicas a dicha Dirección General antes del 1 de marzo de 2006. El informe será emitido en el plazo máximo de tres días hábiles. Se fomentará la utilización de los medios informáticos y telemáticos disponibles para la agilización de todos estos trámites. 3. Los procesos selectivos deberán ajustarse al calendario señalado en los párrafos anteriores, salvo las excepciones autorizadas por la Dirección General de Función Pública. De acuerdo con los principios de eficacia y anualidad, los nuevos efectivos tomarán posesión de sus plazas, o serán nombrados funcionarios en prácticas, en el ejercicio 2006.
1. La planificación de los recursos humanos en la Administración General del Estado se orientará a la atención de los sectores prioritarios, al correcto dimensio-namiento del volumen de efectivos del sector público, a la racionalización de Cuerpos y Escalas, a la eficacia en la distribución de sus recursos humanos y a la potenciación de la estabilidad en el empleo.
2. De acuerdo con el apartado anterior, se aplicará el criterio de la reposición selectiva de bajas, lo que supone que, manteniendo los actuales volúmenes de plantilla, los nuevos ingresos se dirigirán a los sectores, funciones y territorios más necesitados de efectivos. Así pues, se dará preferencia en la reposición a los sectores prioritarios y a las actividades y funciones esenciales de la organización, se buscará la mejora en la adecuación de la distribución territorial de la plantilla, favoreciendo la incorporación de nuevos efectivos en los territorios con mayores necesidades, y la reposición se orientará a la correcta ordenación de los empleados públicos. 3. También las convocatorias de provisión de puestos, los reingresos al servicio activo y los procesos de promoción interna seguirán estas orientaciones. El mismo objetivo inspirará las operaciones de reubicación de efectivos por los procedimientos previstos en el Reglamento General de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 4. Los reingresos al servicio activo por adscripción provisional de los funcionarios en situación administrativa que no conlleve reserva de puesto de trabajo se producirán, en su caso, en centros, organismos y territorios necesitados de personal y preferentemente en puestos ocupados por personal interino.
Los procesos selectivos derivados de la presente oferta deberán orientarse a la evaluación y selección de aquellos candidatos cuyos perfiles profesionales mejor se ajusten a las necesidades de la Administración General del Estado, de forma que, con pleno respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad que presiden los procesos de selección de personal, las distintas convocatorias deberán ajustarse a los siguientes criterios de carácter general: a) Las pruebas y programas selectivos deberán estar orientados a la selección y evaluación de habilidades y aptitudes asociadas a los puestos de trabajo a desempeñar, de forma que cuando la índole de las funciones a desempeñar lo aconseje se potencien los ejercicios de carácter práctico, los test psicotécnicos o de aptitud y los cursos selectivos, disminuyendo el peso de las pruebas basadas en la exposición memorística.
b) Cuando la naturaleza de los procesos selectivos y de las funciones a desempeñar lo permitan, previo acuerdo de los ministerios competentes, se podrán establecer pruebas, programas o módulos de cursos selectivos comunes a distintos Cuerpos de la Administración del Estado. c) Se continuará con el proceso de ajuste de temarios que recogían los Criterios Generales aplicables a los procesos selectivos, incluidos en el artículo cuatro del Real Decreto 121/2005, especialmente en aquellos casos que, habiéndola realizado, ésta, no haya cumplido la finalidad de racionalización de los procesos. d) En los procesos selectivos en los que exista una fase de concurso, en el baremo que se establezca para la evaluación de la misma, se contemplará, específicamente, entre otros méritos, la valoración de la experiencia acreditada por los candidatos que, con carácter interino o temporal, hubieran desempeñado funciones asimilables. e) Los Departamentos podrán implantar medidas de carácter económico para facilitar los periodos preparatorios, tales como ayudas o becas, así como otro tipo de medidas. Dichas medidas se arbitrarán de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias y respetarán los principios constitucionales de acceso a la Función Pública, así como el apoyo a la promoción interna. f) La composición de Comisiones de Selección o de Tribunales de pruebas selectivas se ajustará al criterio de paridad entre mujeres y hombres g) En la composición de Comisiones de Selección o de Tribunales de pruebas selectivas se promoverá la participación de personas con discapacidad en aquellas pruebas en las que exista turno de discapacitados. h) Se aprovecharán las posibilidades que ofrecen los avances tecnológicos en el ámbito de los procesos selectivos, potenciando la presentación telemática de solicitudes y facilitando información a través de internet. A estos efectos, los distintos Ministerios y Organismos que oferten plazas incluirán en su página web una dirección dedicada a procesos selectivos, en la que recogerán cada una de las convocatorias y los actos que se deriven de ellas, incorporando, cuando ello sea posible y para mayor comodidad de los candidatos, las relaciones de aspirantes admitidos y excluidos, así como las relaciones de aprobados en cada uno de los ejercicios, con indicación de su DNI, apellidos, nombre y, en su caso, provincia de examen. La presentación de instancias, así como el pago de la correspondiente tasa se podrá realizar de forma telemática a través de la página web del Ministerio de Administraciones Públicas, www.map.es.
En las pruebas selectivas, incluyendo los cursos de formación o periodos de prácticas, se establecerán para las personas con discapacidad con grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento que lo soliciten, las adaptaciones y los ajustes razonables necesarios de tiempo y medios para su realización, para asegurar que participen en condiciones de igualdad. Las plazas reservadas para personas con discapacidad podrán convocarse conjuntamente con las plazas ordinarias o mediante convocatoria independiente. El Ministerio de Administraciones Públicas determinará el tipo de convocatoria en cada proceso selectivo y realizará la distribución de la reserva de plazas dando preferencia y mayor cupo de reserva a las vacantes en cuerpos o categorías cuyos integrantes normalmente desempeñen actividades compatibles en mayor medida con la posible existencia de una minusvalía. Una vez determinada dicha distribución, el número de plazas reservadas quedará recogido en las correspondientes bases específicas de la convocatoria. Las plazas reservadas para personas con discapacidad que queden desiertas, no se podrán acumular, al turno libre, acumulándose al cupo del 5 por ciento de la Oferta siguiente, con un límite máximo del 10 por ciento. Con el fin de avanzar en el propósito de conseguir la igualdad de oportunidades, en el supuesto de que alguno de los aspirantes con discapacidad que se haya presentado por el cupo de reserva de personas con discapacidad superase los ejercicios correspondientes, pero no obtuviese plaza y su puntuación fuera superior a la obtenida por otros aspirantes del sistema de acceso general, será incluido por su orden de puntuación en el sistema de acceso general.
Grupo B: 482. Grupo C: 2.731. Grupo D: 682.
a) Para el personal laboral fijo del Área de Administración del Convenio Único y de los Grupos Profesionales 3 y 4, así como el personal laboral de otros convenios de la Administración General del Estado en situación equivalente: 50 plazas de las incluidas en el grupo C para acceso al Cuerpo General Administrativo. Además, se autoriza la convocatoria de 130 plazas más, cuyo destino será el Servicio Público de Empleo Estatal.
7. De acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, podrán convocarse procesos selectivos de acceso por promoción interna a las Escalas de Profesores de Investigación y de Investigadores Científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas desde las Escalas de personal científico-investigador reguladas en el Real Decreto 1945/2000, de 1 de diciembre, así como a la Escala de Científicos Titulares del CSIC desde la Escala de Titulados Superiores Especializados del propio organismo. 8. Con el propósito de proceder a la ordenación de los efectivos de personal laboral existentes, dar satisfacción a las necesidades de la organización y fomentar la promoción profesional de su personal, según lo establecido en el Convenio Único u otro convenio colectivo aplicable, la administración llevará al órgano que deba acordar su realización la propuesta de convocatoria de procesos de promoción interna para la cobertura de puestos de trabajo de las categorías de ordenanza y de ayudante de servicios sanitarios en las que podrá participar personal fijo de la categoría de operario de limpieza y operario de servicios generales, negociándose en aquél las condiciones de participación de este personal. En estos procesos se incluirán al menos, 100 puestos con destino en la Dirección General de la Policía, 175 puestos con destino en el Ministerio de Defensa, 16 puestos con destino en la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, 10 puestos con destino en el Servicio Público de Empleo Estatal y 85 puestos con destino en el Ministerio de Administraciones Públicas. Siguiendo el mismo proceso antes descrito, la Administración propondrá la convocatoria de procesos de promoción desde la categoría de ordenanza del Convenio Único a la de auxiliar de servicios generales, para la realización de actividades de vigilancia de museos.
Previamente a la autorización por el Ministerio de Administraciones Públicas de la convocatoria de pruebas selectivas para ingreso en las plazas de personal laboral que figuran en el anexo I de este Real Decreto, los Departamentos u Organismos convocantes deberán acreditar la existencia de dotación presupuestaria de las plazas que se encuentren vacantes. En los procesos selectivos de personal laboral derivados del presente Real Decreto se utilizará preferentemente el sistema de oposición, y excepcionalmente, el sistema de concurso-oposición o el de concurso.
1.ª Convocatoria de plazas que responden a la planificación anual de contratación de los entes públicos y entidades públicas empresariales: Previo estudio por parte de los Ministerios de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda de la previsión de necesidades de contratación remitidas por los distintos organismos, y teniendo en cuenta las limitaciones establecidas en el artículo 20 de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, se cuantifica el número máximo de plazas que podrán convocarse en esta fase, para cada entidad pública empresarial o ente público, en la relación que figura en el anexo I de este Real Decreto.
El nombramiento de funcionarios interinos docentes y la contratación temporal de personal de administración y servicios destinados en centros docentes públicos, así como la cobertura temporal de plazas de personal al servicio de la Administración de Justicia exigirá en todo caso la autorización conjunta de los Ministerios de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda. Los contratos para cubrir necesidades estacionales finalizarán automáticamente al vencer su plazo temporal. Con objeto de reducir los plazos de incorporación del personal contratado laboral y del nombramiento de los funcionarios interinos, se aprovecharán las actuaciones ya realizadas en procesos selectivos ordinarios, de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 2 de enero de 2006 de la Secretaria General para la Administración Pública, por la que se determinan los criterios de aprobación y gestión de las listas de candidatos para seleccionar personal funcionario interino de los cuerpos cuya selección se encomienda a la Comisión Permanente de Selección.
2. Los procesos selectivos respetarán, en todo caso, los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, en el marco de los criterios y prioridades que al efecto establezca el Ministerio de Administraciones Públicas. 3. Si por alguna circunstancia, determinados puestos de trabajo susceptibles de consolidación, no hubieran sido incluidos en el correspondiente proceso, se procederá al estudio de las diferentes situaciones y, en su caso, a la convocatoria extraordinaria en idénticas condiciones que el resto de los procesos de consolidación llevados a cabo hasta el momento. 4. Las relaciones de empleo de quienes desempeñan con carácter temporal las plazas que hayan de convertirse en fijas en el marco de un proceso de consolidación se prolongarán hasta que finalicen los procesos selectivos correspondientes a la convocatoria de las plazas que venían desempeñando. Para ello, si resulta necesario, se podrá transformar la relación de empleo inicial en otra de naturaleza interina, en los términos previstos en el Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, o en la formativa de Función Pública.
2. Habiéndose concluido la primera parte del proceso de sustitución de empleo temporal, iniciado en el año 2005 en el Instituto Nacional de Estadística, se continuará con la segunda y última fase de este proceso a lo largo de 2006. Por otra parte se identifican nuevos ámbitos de actuación en los cuales existe un número de plazas de empleo temporal de naturaleza estructural y permanente que deberían ser sustituidas por empleo estable. Por ello, a lo largo del año 2006 se iniciarán las actuaciones precisas para llevar a cabo dicha sustitución, entre otros, en el ámbito del Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música, y en el Ministerio del Interior, en la categoría de Técnico Superior de Administración (Traductor-Intérprete).
1. En aplicación del apartado tercero del artículo 20. tres de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, y en atención a las necesidades de personal al servicio de la Administración de Justicia derivadas de las exigencias de desarrollo de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, se autoriza al Ministerio de Justicia la convocatoria de pruebas selectivas para ingreso en los Cuerpos que se relacionan en el anexo II de este Real Decreto.
Entrada en vigor: 9 de febrero de 2006.
CORRECCIÓN de errores en BOE num. 52 de 2 de marzo de 2006 (Ref. BOE-A-2006-3665).
DE CONFORMIDAD con el art. 20 de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre (Ref. BOE-A-2005-21525).