Source: https://www.amsel.es/servicios-de-informacion/normativa/
Timestamp: 2019-01-22 16:20:31
Document Index: 47421077

Matched Legal Cases: ['artículo 116', 'Artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 29', 'Artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 16', 'artículo 33', 'artículo 64', 'artículo 65', 'artículo 66', 'artículo 73', 'Artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 57', 'artículo 60', 'artículo 61', 'artículo 64', 'artículo 65', 'artículo 70', 'artículo 72', 'artículo 76', 'artículo 91', 'artículo 92', 'artículo 101', 'artículo 116', 'Artículo 6', 'artículo 59', 'artículo 59', 'artículo 60', 'artículo 63', 'artículo 64', 'artículo 65', 'artículo 155', 'artículo 120', 'artículo 79', 'artículo 46']

﻿ Normativa archivos - Amsel assessors, asesoramiento fiscal, contable y de gestión.
Creación de Deuda del Estado durante el año 2019 y enero de 2020 y se autorizan las operaciones de gestión de tesorería del Estado
Ene 22, 2019 | Normativa
Convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, para el desarrollo del programa de formación profesional dual en la empresa 2018-2019
Ene 21, 2019 | Normativa
Costes de venta de un activo arrendado. Indemnizaciones abonadas a personas físicas por extinción de contratos de arrendamientos rústicos históricos. Corrección de errores. NRV 22ª.
Ene 18, 2019 | Normativa
De acuerdo con la legislación de la Comunidad Autónoma, los denominados arrendatarios históricos de suelo rústico tienen derecho a ser indemnizados, entre otros casos, cuando se modifica la calificación del suelo que obligue a extinguir el contrato de arrendamiento por imposibilidad técnica para su uso agrario. De los términos en que está redactada la consulta, parece que la indemnización se fija cuando dicho suelo se venda, ya como urbano, mediante una participación en el plus valor de dicha enajenación, participación que puede oscilar entre el 50% y 60% de dicho plus valor, en función de determinadas circunstancias.
Este concepto de plus valor está definido en la ley autonómica que trata los arrendamientos rústicos históricos, como la diferencia entre el valor de aprovechamiento urbanístico (descontadas las cargas de urbanización y los costes variables exigidos por el propietario) y el valor agrario de la finca arrendada.
Según se afirma en la consulta, los arrendatarios históricos, con fundamento en los derechos que les corresponde conforme a la legislación antes mencionada, han reclamado el pago de las indemnizaciones que por extinción de sus contratos les corresponde. Esta reclamación aún no ha llegado a los tribunales de justicia porque las negociaciones entre las partes han llegado a un principio de acuerdo en una cantidad, con la que se darían por finiquitados y pagados todos sus derechos derivados de sus participaciones en el plus valor por transformación de la finca.
El tratamiento que tiene previsto realizar la sociedad consultante ante el próximo pago de las indemnizaciones será aplicar la norma de registro y valoración (NRV) 22ª. Cambios en criterios contables, errores y estimaciones contables del Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. Conforme a esta norma, la subsanación del error debe hacerse de forma retroactiva, esto es desde el año de la venta el 2007, y el importe de las indemnizaciones se imputará directamente al patrimonio neto, en concreto, a una partida de reservas.
La consulta versa sobre el adecuado tratamiento contable de los hechos que se han descrito.
Los hechos descritos por el consultante se refieren al ejercicio 2007. El marco de información financiera vigente en aquel año era el Plan General de Contabilidad de 1990.
En aquel entonces, como en la actualidad, el principio que regía el reconocimiento de ingresos y gastos era el principio de devengo, que en el PGC de 1990 se expresaba en los siguientes términos:
“La imputación de ingresos y gastos deberá hacerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan y con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.”
De acuerdo con la interpretación publicada por este Instituto en la consulta 1 del BOICAC 42, de junio de 2000, en principio y con carácter general, los costes de indemnizaciones a arrendatarios se incorporan al activo, como mayor valor del bien arrendado en la medida que supongan un aumento de la rentabilidad futura del mismo.
Si tal y como afirma el consultante, el derecho a la indemnización trae causa de la venta del activo, o de los “concretos derechos edificatorios sobre parcelas ya urbanas” que se recibieron como resultado de la ejecución de los planes de desarrollo urbanístico que afectaron a los terrenos agrícolas que tenía arrendados, en todo caso, el importe devengado por la indemnización se debería haber contabilizado, por su valor actual, como un ajuste al resultado de esa enajenación, esto es, un menor beneficio devengado en el año 2007.
Sin embargo, de los términos en que está redactada la consulta se infiere con claridad que la sociedad consultante no contabilizó un menor beneficio y el correspondiente pasivo en el año 2007. Lo que no resulta tan evidente es cuál es el momento en que se produjo la reclamación de los arrendatarios, o si el nacimiento de su derecho estaba condicionado por algún evento posterior a los hechos que se detallan en el escrito de consulta.
Pues bien, a la vista de estos antecedentes, cabría sostener que el nacimiento de la obligación a efectos contables surgió en el ejercicio 2007, siempre que en aquella fecha fuese probable que por causa de la venta de los derechos edificatorios se fuese a producir una salida de recursos del patrimonio de la sociedad. Si por el contrario, a la vista de la información existente en aquella fecha, no se hubiera podido llegar a dicha conclusión, el nacimiento de la obligación debería haberse ubicado en el ejercicio en que se cumplieron esas condiciones y originar con ello el reconocimiento de un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias y del correspondiente pasivo.
La entrada en vigor para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2008 del Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, no altera esta conclusión, en la medida que los criterios de devengo y reconocimiento de ingresos y provisiones en este nuevo marco de información financiera no se han visto sustancialmente alterados en comparación con los vigentes en aplicación del PGC de 1990.
En definitiva y como conclusión, si en aplicación de los criterios que se han expuesto la fecha de devengo de la indemnización fuese anterior al inicio del ejercicio en que se ha llegado al acuerdo con los arrendatarios, la subsanación del error contable que ahora se advierte se contabilizará como un cargo en las reservas y el reconocimiento de un pasivo en los términos regulados en la NRV 22ª del PGC.
A mayor abundamiento se informa que la interpretación de este Instituto sobre si la subsanación de un error contable implica la reformulación de cuentas anuales está publicada en la consulta 3 del BOICAC nº 86, de junio de 2011, en la que se concluye que, con carácter general, los errores contables deben subsanarse en el ejercicio en que se detectan, debiendo reflejarse la citada rectificación en las cuentas anuales de dicho ejercicio.
De todo lo anterior se dará cumplida información en la memoria de las cuentas anuales, con el objetivo de que aquellas en su conjunto expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa.
Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de 2019
El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 que se ha remitido a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria, y se ha publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG) de 16 de enero de 2019.
Por otra parte, se bajarán las tasas universitarias, que podrán volver a niveles anteriores a los incrementos producidos en 2012. Se trata de una competencia autonómica y el Gobierno habilita a las comunidades a aplicar esta política en beneficio de la educación superior.
PROYECTO LEY:
Ene 17, 2019 | Normativa
En virtud del mandato establecido en el artículo 116 de la Ley General Tributaria de elaborar anualmente un plan de control tributario, se ha publicado la Resolución de 11 de enero de 2019, de la Dirección General de la AEAT donde se publican las directrices generales del citado Plan General de Control Tributario y Aduanero de 2019.
La Agencia Tributaria colocará su lupa este año sobre las empresas fantasmas, aquellas que usualmente pasan por debajo del radar de la inspección por su aparentemente baja o nula actividad. El fisco sospecha que una parte de ellas, especialmente las de pequeño tamaño, esconden realmente negocios no declarados, entramados societarios o falsas situaciones de insolvencia que permiten ocultar patrimonio u otros fraudes.
Esta medida supone la principal novedad del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2019, que también recoge actuaciones específicas sobre las fintech, las criptomonedas, las haciendas forales o los efectos del Brexit.
• La prevención del fraude mediante asistentes virtuales, una nueva estrategia frente a los contribuyentes que inician actividades económicas y mejoras en la asistencia al contribuyente son las medidas que pretenden impulsar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.
• El control de los patrimonios relevantes se verá reforzado con la nueva Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes.
• El control de la facturación irregular constituye una prioridad, línea de actuación que se verá reforzada con la anunciada prohibición del software de doble uso.
• La explotación de la información internacional (CRS, ‘Informe país por país’) permitirá inducir el cumplimiento voluntario y elevar el número de actuaciones.
• Los riesgos derivados del Brexit, la represión del contrabando y el tráfico de drogas, con especial atención a la zona del Estrecho, y la agilización de la gestión recaudatoria de las deudas son otros ámbitos prioritarios.
Con el mismo propósito de impulsar el cumplimiento voluntario se introducirán mejoras en la campaña de Renta (Renta WEB) para facilitar la declaración de las carteras de valores, se consolidará la app puesta en funcionamiento en 2018 y se potenciarán los avisos a los contribuyentes sobre las rentas que deben declarar.
En el IVA se analizará la cesión de datos fiscales (información de sus clientes y proveedores) a los contribuyentes no incluidos en el SII para facilitarles la presentación de las declaraciones.
Con carácter general, la planificación de las actuaciones de control se orienta no solo a regularizar los incumplimientos detectados, sino también a inducir un mejor comportamiento futuro de los contribuyentes comprobados y sus entornos y, en general, de los sectores económicos en los que la presencia inspectora sea significativa. De igual forma, se realizará un especial seguimiento de los motivos de regularización como fuente de información esencial para la planificación de nuevas actuaciones de control.
Además, se continuarán realizando actuaciones sobre los nuevos modelos de distribución y nuevas actividades, como la "triangulación de envíos", en la que las ventas realizadas por una empresa son entregadas por otras, y "tiendas de tiendas" instaladas en páginas web.
En el ámbito de los Impuestos Especiales, se efectuarán controles para verificar la correcta aplicación de la normativa, la formación del censo, la procedencia de las devoluciones y las condiciones y requisitos a cumplir a efectos de la vigencia de las autorizaciones de los establecimientos sujetos a los Impuestos Especiales de Fabricación, y controles específicos del movimiento y existencias de productos en fábricas, depósitos fiscales y almacenes fiscales.
Además, se intensificarán las actuaciones encaminadas a perseguir nuevas tendencias en el tráfico ilícito por vía marítima como el denominado "drop-off" (dispositivos de localización colocados en las drogas) y se impulsará un proyecto iniciado en 2018 para implicar a todos los operadores, públicos y privados, del ámbito portuario.
Resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 3 de enero de 2019
Resolución de 8 de enero de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 3 de enero de 2019.
Acuerdo entre España y Bosnia y Herzegovina sobre transporte internacional por carretera
Ene 15, 2019 | Normativa
Medidas urgentes para adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y del gas natural
Ene 12, 2019 | Normativa
La Comisión Europea inició de oficio una investigación sobre la transposición de la Directiva 2009/72/CE y de la Directiva 2009/73/CE a la legislación española, con el fin de evaluar la posible falta de conformidad con la legislación de la Unión Europea, que culminó en septiembre de 2016 con un Dictamen Motivado dirigido a España, concluyendo que se habían transpuesto incorrectamente al ordenamiento jurídico español las directivas citadas. A raíz del Dictamen Motivado, y dado el tiempo transcurrido desde su emisión, resultaba urgente la adopción de las medidas legislativas necesarias para evitar el riesgo de que la Comisión Europea presentase un recurso de incumplimiento contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Al mismo tiempo, la incorrecta transposición de las directivas de mercado interior ha provocado una importante litigiosidad ante el Tribunal Supremo que resulta perjudicial para el interés general y que conlleva una incertidumbre jurídica para todos los agentes involucrados en el sector.
La presente norma intenta poner fin a esta situación, realizando un reparto de competencias y dotando a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de la independencia necesaria para el ejercicio de sus funciones.
Modificaciones que provoca
Este Real Decreto-ley modifica las siguientes leyes:
Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia;
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos;
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico;
Está formado por dos Títulos con un total de seis artículos, cuatro Disposiciones transitorias, una única Disposición derogatoria y cinco Disposiciones finales.
El Título I, que está formado por los artículos 1 y 2, se refiere a las orientaciones de política energética y mecanismos de cooperación. Esa política energética será adoptada por orden del titular del Ministerio para la Transición Ecológica previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos que deberán ser tenidas en cuenta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Las orientaciones de política energética abarcarán aspectos tales como la seguridad de suministro, la seguridad pública, la sostenibilidad económica y financiera de los sistemas eléctrico y gasista, la independencia del suministro, la calidad del aire, la lucha contra el cambio climático y respeto al medio ambiente, la gestión óptima y el desarrollo de los recursos nacionales, la gestión de la demanda, la gestión de las elecciones tecnológicas futuras, la utilización racional de la energía, así como cualesquiera otros que guarden relación directa con las competencias del Gobierno en materia energética.
Se prevé, así mismo el establecimiento de una Comisión de Cooperación entre el Ministerio para la Transición Ecológica y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. La Comisión de Cooperación es un mecanismo de conciliación previa que tendrá por objeto alcanzar una solución consensuada de las posibles discrepancias que puedan surgir entre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Ministerio para la Transición Ecológica.
El Título II hace referencia a las funciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Está formado por cuatro artículos (artículos 3, 4, 5 y 6). En ellos, se introducen las siguientes modificaciones:
Artículo 3 modifica la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en lo que sigue:
Al artículo 7.1, se añaden las letras g), h) e i), y se incluye un párrafo final; se añade un nuevo apartado 1 bis al artículo 7; se modifica el apartado 7 del artículo 7; se añade un nuevo apartado 38 al artículo 7 y se añade un nuevo apartado 39 al artículo 7.
Además, se modifica el apartado 1 del artículo 29.
Artículo 4 modifica la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico de la siguiente manera:
Queda modificado el artículo 3.5 y el apartado 7 del artículo 3. Se elimina el apartado 10 del artículo 3 y se añade el apartado 7 al artículo 4.
Se modifica el apartado 7 del artículo 7 y los apartados 2, 4, 5, 8, 9 y 11 del artículo 14. Se añade un nuevo apartado 12 al artículo 14.
Se modifica la redacción del artículo 16 y se añade un nuevo apartado 7. Así como el artículo 33 y el apartado 3, 4 y 38 del artículo 64. Además se le añade un apartado 38 bis al artículo anterior.
Se modifica el apartado 2 y 3 del artículo 65; el apartado 6 del artículo 66 y se añade le un apartado 6 bis.
También quedan modificados los apartados 3 y 4 del artículo 73.
Artículo 5, supone la modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos en lo siguiente:
Se modifica el párrafo c) del apartado 1 del artículo 3 y se añaden los nuevos párrafos e) y f).
Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 4.
Se modifican el apartado 1 del artículo 57; el apartado 3 del artículo 60; el apartado 2 del artículo 61; el párrafo r) del artículo 64.2; la redacción del artículo 65; el apartado 2 y el primer párrafo del apartado 4 del artículo 70; la redacción del artículo 72; los apartados 2 y 3 del artículo 76; los apartados 1 y 2 del artículo 91; y, el artículo 92.
Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 101 y además se modifica el artículo 116.
Artículo 6 supone la modificación de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Con ello:
Se modifica el apartado 4 del artículo 59, se añaden dos nuevos apartados 7 y 8 al artículo 59. Además, se modifican los apartados 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 60 y el apartado 2 del artículo 63.
Por último, se elimina el artículo 64 se modifica el apartado 1 del artículo 65.
La Disposición transitoria primera hace referencia a la coordinación de los planes de regulación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia con las orientaciones de política energética.
La Disposición transitoria segunda se refiere al régimen transitorio en la asunción de funciones por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
La Disposición transitoria tercera habla de los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.
La Disposición transitoria cuarta trata de las funciones y competencias cuyo ejercicio se mantiene transitoriamente en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
La Disposición derogatoria única supone una derogación normativa, estableciendo que quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a este Real Decreto-ley.
La Disposición final primera versa sobre la cláusula de salvaguardia para modificaciones de norma de inferior rango.
La Disposición final segunda se refiere a los títulos competenciales.
La Disposición final tercera comunica la aprobación de las metodologías de peajes y cargos.
La Disposición final cuarta hace referencia al desarrollo reglamentario. Y por último, la Disposición final quinta, sobre su entrada en vigor.
Ene 11, 2019 | Normativa
Tipo de interés máximo a utilizar en los planes de pensiones respecto a las contingencias en que esté definida la prestación
Ene 10, 2019 | Normativa
Resolución de 2 de enero de 2019, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publica el tipo de interés máximo a utilizar en los planes de pensiones respecto a las contingencias en que esté definida la prestación y para las que se garantice exclusivamente un tipo de interés mínimo o determinado en la capitalización de las aportaciones, de aplicación al ejercicio 2019.
Tipo de interés máximo a utilizar en el cálculo contable de la provisión de seguros de vida, de aplicación al ejercicio 2019
Resolución de 2 de enero de 2019, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publica el tipo de interés máximo a utilizar en el cálculo contable de la provisión de seguros de vida, de aplicación al ejercicio 2019.
Actualización del anexo 1 por el que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales
Listas de sustancias y métodos prohibidos y Normas para la concesión de autorizaciones para uso con fines terapéuticos de la Convención Internacional contra el dopaje en el deporte
Ene 9, 2019 | Normativa
Textos enmendados aprobados en París el 15 de noviembre de 2018 del Anexo I, Listas de sustancias y métodos prohibidos, y del Anexo II, Normas para la concesión de autorizaciones para uso con fines terapéuticos, de la Convención Internacional contra el dopaje en el deporte, hecha en París el 18 de noviembre de 2005.
Acta del acuerdo en relación con el cumplimiento de sentencias relativas al Convenio colectivo de ámbito estatal del sector de Contact Center
Junta de Contratación y la Mesa de Contratación del Ministerio de Justicia y se regulan su composición y funciones
Ene 8, 2019 | Normativa
Ene 7, 2019 | Normativa
Sobre la base de esta autorización, el consultante ha edificado una instalación hotelera. Además del canon, el consultante se compromete a cesar en el uso o aprovechamiento del suelo y a demoler y desmantelar las instalaciones construidas con reposición de las cosas a su estado inicial al término de los 25 años, sin perjuicio de las posibles prórrogas legales.
La consulta versa sobre el criterio a seguir para amortizar el inmovilizado material afecto a la instalación hotelera.
La vida útil se define en el punto 10. Valor residual, del apartado 6. Criterios de valoración, del Marco Conceptual de la Contabilidad, incluido en la primera parte del Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, como sigue:
“La vida útil es el periodo durante el cual la empresa espera utilizar el activo amortizable o el número de unidades de producción que espera obtener del mismo. En particular, en el caso de activos sometidos a reversión, su vida útil es el periodo concesional cuando éste sea inferior a la vida económica del activo.
La vida económica es el periodo durante el cual se espera que el activo sea utilizable por parte de uno o más usuarios o el número de unidades de producción que se espera obtener del activo por parte de uno o más usuarios.”
En relación con la amortización, en el apartado 2.1. Amortización de la norma de registro y valoración (NRV) 2ª. Inmovilizado material, del PGC se señala lo siguiente:
“2.1. Amortización
Las amortizaciones habrán de establecerse de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos.”
Por otro lado, en la letra h) de la NRV 3ª. Normas particulares sobre el inmovilizado material, en lo que atañe a la amortización de las inversiones realizadas en locales arrendados, se expresa que:
“h) En los acuerdos que, de conformidad con la norma relativa a arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar, deban calificarse como arrendamientos operativos, las inversiones realizadas por el arrendatario que no sean separables del activo arrendado o cedido en uso, se contabilizarán como inmovilizados materiales cuando cumplan la definición de activo. La amortización de estas inversiones se realizará en función de su vida útil que será la duración del contrato de arrendamiento o cesión -incluido el periodo de renovación cuando existan evidencias que soporten que la misma se va a producir-, cuando ésta sea inferior a la vida económica del activo.”
En desarrollo de estos criterios, en la Norma Segunda. Valoración posterior de la Resolución de 1 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la que se dictan normas de registro y valoración del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias, apartado 3. Amortización, subapartado 3.3. Vida útil, se introducen las siguientes aclaraciones:
“3.3. Vida útil
c) Los límites legales u otros que afecten a la utilización del activo.”
A la vista de todos estos antecedentes, en el caso que nos ocupa, la vida útil de las instalaciones será la duración del plazo por el que se ha autorizado el uso o aprovechamiento del suelo, incluidas las posibles prórrogas legales cuando exista evidencia de que esta ampliación se va a producir, siempre que la citada duración sea inferior a la vida económica del activo. En caso contrario, se tomará esta última como plazo de amortización.
La razón que sostiene este criterio es identificar el período durante el cual la empresa espera razonablemente consumir los beneficios económicos incorporados o inherentes al activo, en términos similares a lo que sucede con los activos sometidos a reversión, o en las inversiones en locales arrendados, cuando la vida económica de estos activos excede el periodo de aprovechamiento económico por causa de la existencia de un plazo límite para su explotación inferior a la vida económica de los activos.
Los convenios colectivos vuelven a poder establecer cláusulas de jubilación forzosa
La Disposición final primera del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, ha reinstaurado, con efectos de 1 de enero de 2019, la capacidad de los convenios colectivos de establecer jubilaciones obligatorias por edad, modificando para ello la D.A 10ª del Estatuto de los Trabajadores (ET).
Se recupera así un instrumento que en su redacción hasta la fecha la D.A. 10ª ET había anulado.
En este sentido, la nueva redacción aportada a la disposición del texto estatutario permitirá el rejuvenecimiento de plantillas, dado que los contratos extinguidos serán reemplazados, en ciertas condiciones legales, por nuevas contrataciones de desempleados o por transformaciones de temporales en indefinidos o de trabajadores contratados a tiempo parcial por contrataciones a tiempo completo. Esto es, no se trata de una posibilidad indiscriminada, sino de reconocer una capacidad convencional sometida a condiciones de política de empleo en las empresas o sectores que asumieran tal estrategia.
Así, desde el 01-01-2019, los convenios colectivos podrán establecer cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la edad legal de jubilación fijada en la normativa de Seguridad Social, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
b) La medida deberá vincularse a objetivos coherentes de política de empleo expresados en el convenio colectivo, tales como:
– el relevo generacional;
– o cualesquiera otras dirigidas a favorecer la calidad del empleo.
Hay que recordar que desde el 07/07/2012 hasta el 31/12/2018, la redacción vigente en su momento de la D.A.10ª, Estatuto de los Trabajadores, establecía: «Se entenderán nulas y sin efecto las cláusulas de los convenios colectivos que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la edad ordinaria de jubilación fijada en la normativa de Seguridad Social, cualquiera que sea la extensión y alcance de dichas cláusulas», fijándose una serie de normas transitorias en relación con las cláusulas de los convenios colectivos referidas al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación:
1. La nulidad en las cláusulas de los convenios colectivos que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la edad ordinaria de jubilación, se aplicará a los convenios colectivos que se suscriban a partir de la entrada en vigor de la Ley 3/2012, de 6 de junio (07/07/2012).
2. Con anterioridad al 07/07/2012 se aplicará en los siguientes términos:
– Cuando la finalización de la vigencia inicial pactada de dichos convenios se produzca después de la fecha de entrada en vigor de la Ley 3/2012, de 6 de junio (07/07/2012), la aplicación se producirá a partir de la fecha de la citada finalización.
– Cuando la finalización de la vigencia inicial pactada de dichos convenios se hubiera producido antes de la fecha de entrada en vigor de la Ley 3/2012, de 6 de junio (07/07/2012), la aplicación se producirá a partir de esta última fecha.
Extensión de la colaboración social a la presentación por vía telemática de las solicitudes de rectificación de autoliquidación
Esta Resolución, que será de aplicación a partir del día 8 de enero de 2018, tiene por objeto regular los supuestos y condiciones en que podrá extenderse la colaboración social en la aplicación de los tributos regulada en los artículos 79 a 81 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, a la presentación telemática de solicitudes de rectificación de autoliquidación regulada por Resolución del Director General de 11 de diciembre de 2001, por la que se regula la presentación por vía telemática de recursos de reposición y otras solicitudes de carácter tributario.
Supuestos y condiciones en que puede extenderse la colaboración social a la presentación de solicitudes de rectificación de autoliquidación
1.º La colaboración social en la aplicación de los tributos podrá extenderse a la presentación telemática de las solicitudes de rectificación de autoliquidación a las que se refiere el apartado segundo, punto 2.º de la Resolución del Director General de 11 de diciembre de 2001, por la que se regula la presentación por vía telemática de recursos de reposición y otras solicitudes de carácter tributario, en las condiciones establecidas en esta resolución y de conformidad con lo dispuesto en la normativa que regula dichos procedimientos y en los artículos 79 a 81 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, que regulan la colaboración social en la aplicación de los tributos.
A tal efecto, las referencias hechas en el apartado segundo, punto 2º, de la citada Resolución de 11 de diciembre de 2001 al artículo 155 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, y al Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la realización de devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria, se entenderán realizadas, respectivamente, al artículo 120.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición derogatoria única, apartado 3 de dicha norma, y al Capítulo V del Título II del Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.
2.º Podrán presentar las solicitudes de rectificación a las que se refiere el apartado anterior, en representación de terceros, las personas o entidades que suscriban el correspondiente acuerdo de colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en los términos establecidos en el artículo 79 del citado Reglamento aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio –por el que se regulan los sujetos de la colaboración social en la aplicación de los tributos–.
3.º Las personas o entidades a las que se refiere el apartado anterior que pretendan presentar una solicitud de rectificación de autoliquidación en representación de terceras personas, deberán ostentar la correspondiente representación de las personas en cuyo nombre presenten la documentación, en los términos establecidos en el artículo 46 de la Ley General Tributaria. La Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá instar de los mismos, en cualquier momento, la acreditación de su representación, siendo válido el documento normalizado que figura en el Anexo de esta resolución, que estará disponible en Internet (www.agenciatributaria.es ).
4.º La persona o entidad autorizada para presentar solicitudes de rectificación de autoliquidaciones y su documentación aneja, si la hubiere, en representación de terceras personas, deberá disponer de un certificado de usuario admitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, emitido por un prestador de servicios de certificación incluido en el registro de prestadores de servicios electrónicos de confianza del Ministerio de Economía y Empresa, y que haya sido validado en la plataforma @firma, así como cumplir con lo dispuesto en la Orden HAC/1398/2003, de 27 de mayo, por la que se establecen los supuestos y condiciones en que podrá hacerse efectiva la colaboración social en la gestión de los tributos, y se extiende ésta expresamente a la presentación telemática de determinados modelos de declaración y otros documentos tributarios.