Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-208096651
Timestamp: 2020-06-02 12:44:53
Document Index: 76606040

Matched Legal Cases: ['artículo 62', 'artículo 13', 'artículo 43', 'artículo 53', 'artículo 93', 'artículo 93', 'artículo 43', 'artículo 53', 'artículo 239', 'artículo 239', 'artículo 8', 'artículo 239', 'artículo 93', 'artículo 9']

Sentencia de Tutela nº 088/10 de Corte Constitucional, 15 de Febrero de 2010 - Jurisprudencia - VLEX 208096651
Igualdad, estabilidad laboral reforzada, derechos de mujer gestante. La accionante fue nombrada en el cargo de docente provisional, en abril de 2009 supo que se encontraba en estado de embarazo y en ese mismo mes se le notifico que fue declara insubsiste mediante decreto de noviembre de 2008, informó de su estado de embarazo a la secretaria de educación, mas sinembargo su reemplazo fue nombrado. La sala se pronuncia sobre, la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada como un derecho fundamental, la garantía del fuero de maternidad como manifestación del principio de solidaridad, el derecho a la no discriminación por razón de género, procedencia de la acción de tutela para solicitar el reintegro, se concluye que los derechos de la accionante fueron vulnerados, por lo tanto se ordena el reintegro y la afiliación de la accionante y su hijo al sistema integral de salud. Concedida.
T-088-10 Sentencia T-088/10 Sentencia T-088/10
Referencia: expediente T-2.422.526.
Acción de Tutela instaurada por S.M.G.C. Contra el Departamento del M..
Bogotá D.C., quince (15) de febrero de dos mil diez (2.010)
En el proceso de revisión de la sentencia proferida el treinta y uno (31) de agosto de dos mil nueve (2009) por el Tribunal Administrativo del M., la cual negó la acción de tutela incoada por S.M.G.C. contra el Departamento del M..
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, 33 del Decreto 2591 de 1991 y 49 del Reglamento de la Corporación, la S. de Selección Número Diez de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia.
La señora S.M.G.C. demanda ante el juez de tutela la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad y a la estabilidad laboral reforzada, y los derechos fundamentales de su hijo por nacer, presuntamente vulnerados por el Departamento del M., al desvincularla de la planta de personal docente del Instituto Educativo A.C., corregimiento de M., municipio de Sabanas de San Ángel (M.), pese a que al momento de la notificación de la declaración de insubsistencia del cargo se encontraba en estado de embarazo.
1.1.1.1. La accionante sostiene que el 8 de septiembre de 2006, mediante Decreto No. 1840 expedido por el Departamento del M., fue nombrada en el cargo de docente provisional.
1.1.1.1 Narra que el 18 de septiembre siguiente, se posesionó en el cargo y comenzó a desarrollar su labor en la institución educativa A.C., en el municipio de Sabanas de San Ángel, M..
1.1.1.2 Aduce que en el mes de abril de 2009, el Magisterio Nacional concedió las vacaciones correspondientes a Semana Santa, momento en el cual se realizó exámenes médicos de rutina que arrojaron como resultado su estado de gravidez.
1.1.1.3 Señala que al regresar de vacaciones para continuar con su labor de docente el 13 de abril de 2009, el Rector de la institución educativa A.C. de Sabanas de San Ángel, M., le notificó el Decreto 1393 del 21 de noviembre de 2008, mediante el cual fue declarada insubsistente.
1.1.1.4 Argumenta que una vez conocida dicha situación, se dirigió a la Secretaría de Educación Departamental del M. para poner en conocimiento su estado de gravidez.
1.1.1.5 Sin embargo, el 11 de mayo de 2009, la Secretaría profirió el Decreto 193 de 2009, en el que nombró su reemplazo. En este decreto también reconoció su estado de embarazo, al relacionar su nombre en el listado de plazas disponibles.
1.1.1.6 Arguye que el 5 de junio de 2009, la Secretaría de Educación Departamental del M. ratificó su desvinculación, y expuso que la notificación del estado de embarazo se produjo después de expedido el Decreto 1393 que versa sobre su declaración de insubsistencia, razón por la cual no podía acceder a sus pretensiones.
Radicada la acción de tutela el 30 de junio de 2009, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de S.M. la admitió y ordenó correr traslado al representante legal, o quien haga sus veces, del Departamento del M..
1.2.1 Respuesta de la Secretaría de Educación del Departamento del M..
1.2.1.1 Expone la entidad que la accionante fue vinculada en provisionalidad a la planta de personal docente del Departamento del M., mediante Decreto 1840 expedido el 8 de septiembre de 2006.
1.2.1.2 Manifiesta que en el año 2008, luego de haberse iniciado proceso concursal en el 2006, se hizo necesario desvincular de la planta de personal a aquellos docentes que no superaron dicho proceso, y dentro de ese grupo de docentes se encontraba S.M.G., quien fue declarada insubsistente mediante Decreto No. 1393 del 21 de noviembre de 2008.
1.2.1.3 Afirma que la figura de la provisionalidad es considerada por la jurisprudencia y la doctrina como el nombramiento efectuado mientras se realiza la designación por el sistema de concurso de méritos, lo que implica que la persona nombrada en provisionalidad puede ser removida del servicio cuando se produzca el nombramiento previsto legalmente. Agrega que la provisionalidad es simplemente una forma de proveer los cargos para no interrumpir la prestación del servicio público, sin que se genere fuero de estabilidad para el funcionario.
1.2.1.4 Argumenta que la demandante fue desvinculada de la nómina porque ella, al igual que muchos docentes del departamento, no participaron ni superaron el concurso de méritos para acceder al cargo. En criterio de la entidad, la declaración de insubsistencia no es una situación SUI GENERIS frente a la accionante, sino que es una situación general que afecta a varios docentes que no se ciñeron a los nuevos lineamientos constitucionales de la carrera administrativa.
1.2.1.5 Informa que la entidad no conocía del estado de embarazo de la actora antes de haber sido declarada insubsistente.
1.2.1.6 Reitera que la desvinculación de la docente nombrada en provisionalidad, además de deberse a que no superó el concurso público de méritos, también se produjo porque la Administración no sabía del especial estado en el que se encontraba la accionante. Indica que en el caso de un grupo de docentes embarazadas que sí dieron a conocer su estado, sus cargos fueron apartados hasta tanto no se cumpliera con el tiempo de gestación y los tres (3) meses posteriores al parto, dando así cumplimiento a la estabilidad reforzada de la mujer embarazada.
1.3.1. Copia del Decreto 1840 de 2006, por medio del cual se realizan algunos nombramientos en provisionalidad en algunos cargos de la planta global de personal docente del Departamento del M..
1.3.3. Comunicación del Acto Administrativo de Insubsistencia de un Cargo Docente en Provisionalidad, de fecha 2 de marzo de 2009.
1.3.4. Copia de la certificación expedida por el rector de la Institución Educativa Distrital A.C. del municipio Sabanas de San Ángel (M.), en la que se constata que la demandante recibió notificación de desvinculación a partir del 13 de abril de 2009.
1.3.5. Copia de la respuesta dada por la Secretaría de Educación Departamental al derecho de petición presentado por S.M.G.C., en el que indica que no accede al reintegro debido a que su desvinculación no se dio por su estado de embarazo, sino porque no superó la totalidad de las etapas del concurso público de méritos iniciado por la entidad siguiendo los lineamientos trazados por la Comisión Nacional del Servicio Civil mediante convocatoria No 032 de 2006 y principalmente, porque el estado de embarazo se comunicó con posterioridad al decreto que declaraba la insubsistencia del cargo.
1.3.6. Copia del acto administrativo mediante el cual la Secretaría de Educación Departamental informó al rector de la institución, el nombramiento del reemplazo de la señora S.M.G.C..
1.3.8. Certificación del Rector de la institución educativa expedida el 25 de enero de 2010, en la que se verifica que la docente nombrada en periodo de prueba para ocupar la plaza de la señora G.C. no asumió la carga académica correspondiente.
2.1. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA  JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA.
En primera instancia, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de S.M., mediante sentencia proferida el siete (7) de julio de dos mil nueve (2009), decidió tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, a la niñez, y a la condición especial de la mujer embarazada y de su hijo invocados por la señora S.M.G..
Explicó que el despido tuvo lugar durante el fuero de maternidad de la señora S.M.G.C., pues se realizó el día 13 de abril de 2009. Indicó que para la época en la que se comunicó a la docente que el cargo que venía desempeñando había sido declarado insubsistente, ya se encontraba en estado de embarazo.
Consideró que aunque el S. de Educación alega que el despido de la accionante no se debió a su estado de embarazo sino a que no superó el concurso de méritos para ocupar el cargo de docente, en este caso opera la presunción de despido por embarazo contemplada en la legislación laboral, puesto que con la excusa de atender el requisito legal de vincular a los docentes que superaron el concurso de méritos, se desconoció una garantía de rango constitucional como es la protección especial de la mujer en estado de embarazo.
La entidad accionada impugnó el fallo proferido por el Juez Constitucional de primera instancia, el 7 de julio de 2009. El S. de Educación del Departamento del M. consideró que el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de S.M. incurrió en algunas imprecisiones jurídicas, pues desconoció normas y conceptos de rango constitucional vigentes frente a la carrera administrativa y a la notificación oportuna del estado de embarazo del trabajador a su empleador.
2.3. DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
El Tribunal Administrativo del M. revocó el fallo de primera instancia por considerar que para la fecha en que la actora le comunicó al ente accionado su estado de gravidez, 13 de abril de 2009, ya se había proferido el acto administrativo de declaración de insubsistencia (Decreto 1393 del 21 de noviembre de 2008), por lo que la entidad no sabía que la accionante se encontraba en estado de embarazo.
El Tribunal Administrativo del M. argumentó que la entidad accionada tan solo dio cumplimiento a las normas legales que regulan lo atinente a la carrera administrativa, pues si bien la Ley 443 del 11 de junio de 1998 en su artículo 62 establece como medida de protección a la maternidad que cuando un cargo de carrera se encuentre provisto con una empleada en estado de embarazo mediante nombramiento provisional o en periodo de prueba, el término de duración de éstos se prorrogará automáticamente por tres meses más después de la fecha del parto, la Ley 909 de 2004 derogó algunos artículos de la referida ley, entre los que se encuentra el artículo precedentemente transcrito, disponiendo en su lugar que:
No procederá el retiro de una funcionaria con nombramiento provisional, ocurrido con anterioridad a la vigencia de esta Ley, mientras se encuentre en estado de embarazo o en licencia de maternidad
De lo anteriormente expuesto, concluyó el Tribunal que la accionante no está amparada por esta especial protección, ya que su nombramiento se produjo con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 909 de 2004 y, en consecuencia, estaba obligada a notificarle al empleador su estado de embarazo por escrito, adjuntando la certificación del diagnóstico médico, tal como lo dispone el parágrafo 2° de la precitada ley.
3 CONSIDERACIONES DE LA CORTE
La S. Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución, y 33 del Decreto 2591 de 1991 y 49 del Reglamento de la Corporación es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el proceso de esta referencia.
Corresponde a la S. examinar si la entidad accionada vulneró los derechos fundamentales a la maternidad, a la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada, al debido proceso y al mínimo vital de la madre y del hijo que está por nacer, cuando declaró insubsistente el cargo que venía desempeñando en provisionalidad la accionante, alegando como excusa (i) que al momento de expedirse el acto administrativo de insubsistencia, no se había notificado el embarazo, y (ii) que la accionante no superó el concurso público de méritos para ocupar el cargo de docente.
Para resolver la controversia la S. Séptima examinará: (i) La estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada como un derecho fundamental (ii) la garantía del fuero de maternidad como manifestación del principio de solidaridad (iii) el derecho a la no discriminación por razón de género (iv) la procedencia de la acción de tutela para que la mujer embarazada reclame el reintegro, y (v) el caso concreto.
3.2.1 La estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada como un derecho fundamental. Reiteración de jurisprudencia.
La Corte Constitucional ha creado una fuerte línea jurisprudencial en desarrollo de la protección especial que la Constitución reconoce a la mujer embarazada. Ha señalado que la mujer en este estado es un miembro vulnerable dentro de la sociedad expuesta a acciones discriminatorias o excluyentes en razón de su embarazo[1]. Éstas conductas son pluriofensivas, pues quebrantan varios derechos fundamentales, entre los cuales pueden converger los que se mencionan en la sentencia T-961 del 7 de noviembre de 2002:
i) frente al caso de la relación laboral: el derecho a la estabilidad laboral reforzada, el derecho a las prestaciones sociales derivadas del contrato de trabajo asociadas a la maternidad (licencia de maternidad, permisos de lactancia) y el derecho al mínimo vital; ii) frente al caso de la permanencia en el sistema de seguridad social, puede llegar a vulnerar: el derecho a la vida y a la salud de la mujer durante y después del embarazo, así como la protección del nasciturus y el derecho a la vida y a la salud del recién nacido; y iii) frente al caso del proceso biológico y psicológico del embarazo, los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la no discriminación y a la maternidad.
A causa de las razones esbozadas, el Estado asume como un deber constitucional de gran relevancia la protección tanto de la madre como del nasciturus durante el periodo de gestación y después del parto. Así pues, el Estado refuerza todas las garantías laborales a fin de que la mujer pueda gozar efectivamente del derecho fundamental a la maternidad y consecuentemente, de otros derechos, como la igualdad, la seguridad social y el mínimo vital.[2]
En desarrollo de los postulados del Estado Social de Derecho, la Constitución ha considerado que la mujer en estado de embarazo, conforma una categoría social que, por su especial situación, resulta acreedora de una particular protección por parte del Estado. En consecuencia, se consagran, entre otros, el derecho de la mujer a tener el número de hijos que considere adecuado (C.P. art. 16 y 42); a no ser discriminada por razón de su estado de embarazo (C.P. art. 13, 43 y 53), a recibir algunos derechos o prestaciones especiales mientras se encuentre en estado de gravidez (C.P. art. 43 y 53); y, al amparo de su mínimo vital durante el embarazo y después del parto (C.P. art. 1, 11, 43).[3] Adicionalmente, la especial protección constitucional a la mujer en embarazo se produce con el fin de proteger integralmente a la familia (C.P. art. 42)[4]
En virtud de las disposiciones precitadas, se presume que la desvinculación de la trabajadora o empleada, se ha efectuado por motivo del embarazo o lactancia, si se produce sin justificación suficiente y razonable en los términos de la ley y, dentro del embarazo o de los tres meses posteriores al parto. Si, en los eventos mencionados, el empleador o nominador no puede justificar adecuadamente su decisión, quedará obligado a reintegrar a la mujer a su puesto de trabajo y a pagarle los emolumentos e indemnizaciones a que haya lugar[5] (Subraya fuera de texto)
Vale la pena anotar que la protección de los derechos fundamentales a la maternidad y a la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada no surge tan solo de la interpretación conjunta de los derechos constitucionales a la igualdad (artículo 13) y a la asistencia especial de la que goza la mujer durante el embarazo y después del parto (artículo 43), y del principio de la protección especial a la mujer y a la maternidad (artículo 53), sino también en virtud de las disposiciones consignadas en los instrumentos internacionales que hacen parte de la normativa interna, en aplicación del artículo 93 de la Constitución Política, por vía del denominado bloque de constitucionalidad.
Así mismo, distintos instrumentos internacionales de protección de derechos humanos a la luz de los cuales ha de fijarse el sentido y alcance de los derechos constitucionales fundamentales  como lo ordena el artículo 93 superior[6] - reconocen la condición especial de la maternidad y le otorgan un amplio margen de protección a las mujeres en estado de gravidez del mismo modo que a la población recién nacida. Ese es el caso, por ejemplo, de lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[7]. Una de las consecuencias de esta protección con fundamento en los tratados internacionales ha sido que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales exige con regularidad a los Estados miembros aportar información acerca de grupos de mujeres que no disfruten de esta protección.
Adicionalmente, la protección a la maternidad ha sido fijada en el Protocolo Facultativo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ´ Protocolo de San Salvador[8].´ Con fundamento en dicho Protocolo, la licencia otorgada a la mujer antes y luego del parto se entiende como una de las prestaciones incluida en el derecho constitucional fundamental a la seguridad social[9]. Así las cosas, la protección prevista en el artículo 43 constitucional y la normatividad vigente se ven complementadas y reforzadas por la disposición contenida en el mencionado Protocolo extendiendo la protección derivada de la licencia de maternidad tanto al tiempo antes del parto como al lapso que transcurre con posterioridad al mismo.
La estabilidad laboral reforzada que ofrecen las disposiciones del texto constitucional, entre las que se incluyen aquellas que componen el bloque de constitucionalidad, se materializan en el derecho fundamental específico que ha sido reconocido en nuestro ordenamiento a la mujer embarazada, según el cual no puede ser separada de su cargo, o ser sometida a cualquier forma de discriminación en el empleo, por razón de su estado de gravidez[10]...
Ahora bien, en sentencia T-885 de 2003 esta Corporación se pronunció sobre la estabilidad laboral de las mujeres en embarazo que prestan sus servicios a la Rama Judicial del Estado. Luego de adelantar un abundante estudio de la jurisprudencia constitucional sobre la materia, la Corte concluyó que el goce de este derecho fundamental que asegura la mencionada estabilidad laboral no depende del tipo de nombramiento por el cual la mujer se encuentra vinculada a la Rama. En tal sentido, señaló que no hay razones que encuentren respaldo en el texto constitucional que permitan restringir el goce de este derecho a ciertas funcionarias por el tipo de nombramiento que las vincule al empleo. Por el contrario, dado que las circunstancias a las que se ven abocadas por el embarazo son, de hecho, idénticas, el ordenamiento no puede dispensar un tratamiento diferente.´ (negrilla fuera de texto)
3.2.2 La garantía constitucional de estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada es una manifestación del principio de solidaridad.
En este orden de ideas, no solamente el Estado es responsable de proteger la vida y la salud de los asociados; estas garantías, como todos los derechos fundamentales, deben también ser resguardadas por los particulares, y se convierten por ello en su responsabilidad constitucional. Puede decirse entonces, que ´ la protección a la persona humana se concreta frente a los actos u omisiones tanto del estado como de los particulares ´.
Y no podría ser de otra forma, puesto que en la base de la estructura de nuestro ordenamiento jurídico, el Constituyente de 1991 fundó el principio de solidaridad social como una forma de cumplir con los fines estatales y asegurar el reconocimiento de los derechos de todos los miembros de la comunidad. Se trata de un principio que, sin duda, recuerda la vocación humana de vivir en sociedad y resalta la necesidad de la cooperación mutua para alcanzar el bienestar y la tranquilidad - ciertamente, también la salud -.
Ratificando lo anterior, el principio de solidaridad interpretado en conjunto con los artículos 1, 2, y 13 de la Constitución Política, se configura como un deber de los empleadores, pues deben ser sensibles a la situación de la mujer embarazada y garantizar su estabilidad en el empleo. Ahora bien, cuando éstos no cumplan con dicho deber, las mujeres pueden acudir a la acción de tutela para reclamar el respeto de sus derechos fundamentales.
3.2.3 El despido de la mujer embarazada es una forma de discriminación por razones de género.
En el caso particular del periodo de gestación, desde el punto de vista biológico, sólo es posible atribuirlo a la mujer. Por ello, existe una protección constitucional reforzada[12] para el disfrute pleno de la maternidad, sin olvidar que el hombre y la mujer están en igualdad de condiciones y pueden gozar de las mismas oportunidades. Así, cualquier discriminación causada por el estado de embarazo, es una violación al derecho a la igualdad por razón del género.
d) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella.
la Organización en cita insta a los Estados Parte a crear mecanismos que otorguen las herramientas necesarias para procurar la igualdad real y efectiva de las mujeres en edad fértil, igualdad ésta que para conseguirse requiere de la implantación de acciones afirmativas, tales como la seguridad del empleo durante el embarazo, la licencia de maternidad, el periodo de lactancia y sus beneficios, con el fin de que la especial protección de la mujer no se traduzca en una excepción a la igualdad de trato, sino en una condición para la no discriminación en el empleo. (negrilla fuera de texto)
Sin embargo, pese a la obligatoriedad jurídica implícita en la ratificación de dichos Convenios, se sigue discriminando a la mujer por causa de su papel en la procreación y de los roles que históricamente se le asignan, particularmente en las cargas del hogar. No hay duda entonces, de la necesidad urgente de que se siga otorgando una protección constitucional reforzada a la mujer en estado de gravidez y de desarrollar acciones efectivas para garantizar el compromiso de eliminar toda practica discriminatoria por razón de la maternidad, en desarrollo del principio y del derecho a la igualdad entre hombres y mujeres.
3.2.4 Procedencia de la acción de tutela para solicitar la reincorporación laboral de la mujer embarazada que ha sido despedida.
No obstante, dada la naturaleza efímera del estado de gravidez y, especialmente, en consideración a la enorme importancia de ofrecer la más pronta atención a la corrección de este tipo de actuaciones por el valor de los derechos fundamentales en juego, en la mayoría de las ocasiones resulta desproporcionada la carga de oponer a la mujer que solicita el amparo de sus derechos fundamentales por vía de tutela, la exigencia de acudir a los mecanismos judiciales ordinarios diseñados por el Legislador. Por tal razón, en aquellos eventos en los cuales resulten lesionados los derechos fundamentales de la futura madre, la pretensión de obtener protección judicial por medio de la interposición de una acción de tutela constituye una solicitud legítima, que no puede ser desechada con base en el principio de subsidiariedad que orienta esta acción.[13]
los elementos fácticos que deben quedar demostrados para que proceda el amparo transitorio del derecho a la estabilidad laboral reforzada son los siguientes: (1) que el despido o la desvinculación se ocasionó durante el embarazo o dentro de los tres meses siguientes al parto; (2) que la desvinculación se produjo sin los requisitos legales pertinentes para cada caso; (3) que el empleador conocía o debía conocer el estado de embarazo de la empleada o trabajadora; (4) que el despido amenaza el mínimo vital de la actora o que la arbitrariedad resulta evidente y el daño que apareja es devastador[14].
3.2.5 Cambio en la línea jurisprudencial frente al requisito referido a que el empleador conocía o debía conocer el estado de embarazo de la trabajadora o empleada pública.
 que el requisito de conformidad con el cual para otorgar la protección a la mujer trabajadora en estado de gravidez resulta indispensable que el empleador conozca o deba conocer de la existencia del estado de gravidez de la trabajadora, no puede interpretarse de manera en exceso rígida. Estima la S. que una interpretación demasiado restrictiva de esta exigencia deriva en que el amparo que la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos ordenan conferir a la mujer trabajadora en estado de gravidez con frecuencia únicamente se otorga cuando se ha constatado que la mujer ha sido despedida por causa o con ocasión del embarazo.
Lo anterior ha llevado a situaciones de desprotección pues se convierte en un asunto probatorio de difícil superación determinar si el embarazo fue o no conocido por el empleador antes de la terminación del contrato, lo que se presta a abusos y termina por colocar a las mujeres en una situación grave de indefensión. Puesto de otro modo: encuentra la S. que conferir protección a la mujer únicamente cuando se ha comprobado que el despido fue discriminatorio esto es, que se despidió a la mujer en razón o por causa del embarazo, termina por restringir una protección que la Constitución confiere de manera positiva, en términos muy amplios, y cobija tanto a las mujeres gestantes como a los (as) recién nacidos (as).
Por el contrario, una interpretación rígida que marque el énfasis para otorgar la protección en que el empleador sabía del estado de gravidez de la trabajadora y no en que quedó embarazada durante la vigencia del contrato, trae como consecuencia que en los contratos a término fijo o por obra los empleadores tiendan a deshacerse muy fácilmente de las obligaciones en cabeza suya alegando que nunca supieron del estado de embarazo de la trabajadora o que tal circunstancia les fue comunicada cuando ya le habían dado aviso de la no prórroga del contrato
20.- Dado que la circunstancia delineada en el párrafo inmediatamente anterior se ha prestado para sinnúmero de abusos y en vista de que la ciencia médica ha avanzado hasta el punto en que mediante una ecografía puede determinarse de modo bastante seguro el momento del embarazo, resulta más garantista a la luz de la constitución entender la protección a la mujer en estado de gravidez como aquella que debe brindarse cuando quiera que la mujer ha quedado embarazada durante la vigencia del contrato de trabajo independientemente de la modalidad que caracterice la relación laboral. Así, sin importar cuál sea el tipo de contrato pactado  indefinido, a término fijo o por obra - el empleador estará obligado a reconocerle a la mujer gestante las prestaciones vinculadas con el fuero de maternidad que abarca la protección constitucional de la mujer trabajadora durante el embarazo, en el parto y luego de los tres meses de haber dado luz.
De este modo, se releva a la trabajadora de enfrentar un complejo trámite probatorio que por lo general termina por colocarla en situación de indefensión, cuando no por privarla de la protección que en forma muy amplia le confiere el ordenamiento constitucional y legal a la mujer que ha quedado embarazada encontrándose vigente el contrato de trabajo. Esta protección, como se indicó, se extiende durante el embarazo, en el parto y hasta tres meses luego de que la madre dio a luz.[15] (negrilla fuera de texto)
Dicho criterio fue reiterado y compartido por la S. Sexta de revisión al tutelar los derechos fundamentales de una mujer vinculada a una Cooperativa de trabajo asociado que fue despedida por encontrarse en estado de embarazo. Al respecto, la sentencia T- 004 del 2010[16] sostuvo que:
Ciertamente, el principio de solidaridad social[17], el cual implica la responsabilidad compartida entre el Estado y los particulares de resguardar la protección de los derechos fundamentales, hace que recaiga en los empleadores la obligación de no discriminar a la mujer embarazada y, por tanto, el deber constitucional de garantizar el vínculo laboral señalado expresamente en artículo 53 de la Constitución Política de Colombia
Es de suma importancia destacar que por ser el fuero de maternidad de naturaleza constitucional, debe garantizarse en cualquier tipo de relación laboral. En consecuencia, sin importar si es un contrato laboral o uno de prestación de servicios, o si el servicio se presta por intermedio de una cooperativa de trabajo asociado, en todos los casos, siempre será obligatorio para el empleador no desvincular a la mujer que se encuentre en estado de embarazo o en periodo de lactancia. No importa si el embarazo ocurre antes del preaviso o después de éste, o al terminar la labor indicada en el contrato de prestación de servicios, el fuero de maternidad debe garantizarse. De igual forma operara la protección para las asociadas a una cooperativa de trabajo asociado, en cuyo caso, así la cooperativa de trabajo asociado finalice el contrato con la entidad contratante, deberá garantizarle a la asociada la continuidad en la relación laboral, haciendo los aportes respectivos a la seguridad social (N. no original)
4.1.1 Como se anotó anteriormente, la Corte Constitucional ha establecido como regla general la no procedencia de la acción de tutela ante la existencia de otros mecanismos ordinarios que garanticen efectivamente la defensa de los derechos fundamentales invocados. Por ejemplo en el presente caso, a través de un Proceso Ordinario o de una acción de nulidad y del restablecimiento del derecho, podría reclamarse la protección de las garantías invocadas.
4.1.2 No obstante lo anterior, dado el lapso tan corto en el cual transcurre el periodo de gestación, la jurisprudencia ha sostenido que, cuando se encuentran en juego los derechos fundamentales de la mujer en embarazo así como los del hijo que está por nacer, se estaría imponiendo una carga desproporcionada a la mujer gestante si se le exigiera agotar los mecanismos ordinarios. Dada la falta de idoneidad de los mecanismos judiciales constituye una acción legítima ejercitar la acción de tutela para invocar la protección de los derechos vulnerados.
4.1.3 Analizados los antecedentes y teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, puede verificarse que la Señora S.M.G. se encuentra en una situación de vulnerabilidad por razón del género, y que además pueden estar comprometidos derechos de rango fundamental de la mujer gestante como del nasciturus. Por lo anterior, le asiste un interés legítimo para solicitar el amparo constitucional implorado.
4.2 ANÁLISIS DE LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA TUTELANTE Y SU HIJO
Teniendo en cuenta que la Secretaría de Educación del M. profirió un acto administrativo declarando insubsistente el cargo que desempeñaba la actora y que éste fue notificado a la accionante cuando ya se encontraba en estado de embarazo, la Corte estudiará si de conformidad con las preceptivas constitucionales y las normas internacionales de derechos humanos que regulan el tema, se han vulnerado los derechos fundamentales a la maternidad y a la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada, y los demás derechos fundamentales que se derivan de éstos como son, la igualdad, la violación al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social.
4.3 CASO CONCRETO
4.3.1 Antes de abocar el estudio de cada uno de los supuestos fácticos exigidos por esta Corporación para acoger o desestimar las pretensiones de la solicitante, es pertinente referirse a los hechos que se encuentran debidamente probados en el presente caso y que a continuación se resumen:
La señora G.C. fue nombrada en la planta de personal docente del Departamento del M. mediante Decreto 1840 del 8 de septiembre de 2006. Posteriormente, mediante Decreto 1393 del 21 de noviembre de 2008, se declaró insubsistente el nombramiento provisional del cargo de docente a la señora S.M.G., el cual fue notificado a la afectada el 13 de abril de 2009, cuando la docente ya se encontraba en estado de embarazo. La desvinculación se dió en razón a que la actora no superó el concurso público de méritos para proveer la vacante que venía desempeñando en provisionalidad. Y, mediante Decreto 193 del 11 de mayo de 2009 se nombró en periodo de prueba su reemplazo.
El 17 de abril de 2009, la señora G.C. elevó derecho de petición a la Secretaría de Educación del Departamento del M., solicitando el reintegro a su cargo. Este fue resuelto negativamente, arguyendo que la desvinculación (i) se dio con base en una causal objetiva para declarar la insubsistencia del nombramiento en provisionalidad, y (ii) el desconocimiento de la accionada del estado de gravidez de la peticionaria.
Finalmente, esta S. ordenó vincular a la docente Y.E.H.M., quien fue nombrada en periodo de prueba para ocupar la plaza de la actora, con el fin de que se pronunciara respecto a lo que considerara pertinente. Dado lo anterior, la institución educativa allegó certificación de la cual puede vislumbrarse, sin lugar a dudas, que la docente nombrada en periodo de prueba para ocupar la plaza de la docente S.M.G.C., no asumió la carga académica correspondiente.
4.3.2 Estudio de cada uno de los elementos fácticos fijados por la jurisprudencia para conceder la acción de tutela:
4.3.2.1 Respecto al primer elemento fáctico, (que la declaratoria de insubsistencia del cargo que la empleada pública venía desempeñando se ocasionó durante el embarazo o dentro de los tres meses siguientes al parto) cabe mencionar que el acto administrativo mediante el cual se declaró insubsistente el cargo que desempeñaba la docente se profirió el 21 de noviembre de 2008, fecha para la cual la docente no se encontraba en estado de gravidez.
4.3.2.2 El segundo requisito (no media autorización del inspector de trabajo, si se trata de trabajadora oficial o privada o que no se presenta resolución motivada por parte del jefe del respectivo organismo, si se trata de empleada pública) Aunque en el decreto 1393 del 21 de noviembre de 2008 se informa que la razón para desvincular a la docente S.M.G. del cargo ocupado en provisionalidad, se debió a que se surtieron todas las etapas de la Convocatoria No. 032 del 30 de noviembre de 2006, a través de la cual la Comisión Nacional del Servicio Civil ordenó el llamamiento a Concurso para la selección de docentes y directivos docentes del servicio educativo estatal y la actora no superó satisfactoriamente las etapas del mencionado Concurso de Méritos, la entidad accionada omitió notificar dicho acto administrativo.
4.3.2.3 Frente al tercer elemento, (que el empleador conocía o debía conocer el estado de embarazo de la empleada) es de trascendental importancia referirse a la sentencia T-095 del 7 de febrero de 2008. Vale la pena anotar que en esta oportunidad, la Corte interpretó el cumplimiento de este requisito a la luz de las normas constitucionales y bajo las preceptivas que integran el bloque de constitucionalidad y señaló que ya no es necesaria la comunicación del estado de embarazo al empleador. Pues, constituye una carga excesiva para la mujer gestante, por lo que debe entenderse que si la mujer mediante un examen médico o por cualquier medio científico demuestra que al momento de encontrarse vigente el vinculo laboral -que bajo cualquier modalidad de contrato estuviere desarrollando- se encontraba embarazada, el empleador debe reconocerle a la mujer gestante todas las prestaciones derivadas del fuero de maternidad durante el periodo de gravidez, el parto y los tres meses posteriores al parto.[18]
Al respecto, es importante mencionar que la docente comunicó al Rector de la Institución Educativa su estado de embarazo después de las vacaciones de semana santa de 2009, momento en el que le notificaron el acto administrativo que la desvinculaba de la Planta de Docentes del Departamento del M..
En respuesta al derecho de petición elevado por la actora, la entidad consideró que ésta no cumple con el lleno de los requisitos enmarcados en la Constitución y en la ley para acceder a la petición de reintegro y argumentó que el derecho a la estabilidad laboral reforzada de la mujer en embarazo no se vulneró porque su desvinculación no se debió al presunto estado de gravidez sino a que la docente no superó la totalidad de las etapas del concurso público de méritos iniciado en la entidad en coordinación con la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante convocatoria No. 032 de 2006.
Ciertamente, afirma la Secretaría de Educación del M. que el motivo del despido no pudo nacer en el hecho del embarazo, puesto que ya que se encuentra ampliamente probado que el acto se expidió cuando la accionante ni siquiera se encontraba en dicho estado. En definitiva, la declaratoria de insubsistencia se basó en una causal objetiva, cual es, la no superación de la actora del Concurso Público de méritos convocado por la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Esta posición es de recibo para el Tribunal Administrativo del M.. Sostiene el ad-quem, que es obvio que el embarazo no fue la causal del despido, pues si la docente no se encontraba en estado de gravidez al momento de proferirse el acto, no hay duda de que dicha desvinculación no obedeció al evento del embarazo y, en consecuencia, no podría alegarse discriminación por esta causa.
El 21 de noviembre de 2008, mediante decreto 1393, se dispuso: ARTÍCULO PRIMERO: Declarar insubsistente el nombramiento del cargo de docente del Departamento del M. en el área de PRIMARIA, al señor (a )G.C.S.M., identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 1065202204 realizado mediante Decreto No. 1863 de 9/8/2006 
Seguidamente, a folio 14, se observa comunicación del acto administrativo de insubsistencia de un cargo docente en provisionalidad dirigido a S.M.G.C. fechado el 2 de marzo de 2009 sin firma de recibido, que le notifica que mediante Decreto No. 1393 adiado (21) del mes de (Noviembre) de 2008, resolvió declarar insubsistente el cargo que usted ostentaba como docente de la IED ALBERTO CABALLERO del municipio de SABANAS DE SAN ANGEL (MAGDALENA) 
También obra copia de la ecografía obstétrica del primer trimestre de fecha 8 de mayo de 2009, en la que se diagnóstica: UTERO: Aumentado de tamaño por gravidezEMBRIÓN VIVO DE 9 SEMANAS, con la que se acredita que al momento de notificarse la desvinculación a la docente, ésta ya se encontraba en embarazo.
Para esta S., resulta esencial el hecho de que la notificación surtida a la funcionaria se realizó al momento en que ella ya se encontraba embarazada, pues aunque al momento de la declaratoria de insubsistencia la docente no se encontraba grávida, sí lo estaba al momento en que se le puso en conocimiento la existencia de dicho acto, y sólo hasta que se le dio a conocer su existencia le fue oponible.
Cabe además preguntarse por qué el Departamento del M. le asignó carga laboral a la docente para el año 2009, al punto de que estuvo vinculada con la Institución educativa hasta el 3 de junio de 2009, si ya había sido declarada insubsistente desde el 21 de noviembre de 2008.
Por tanto, debe asumir la administración la responsabilidad por la negligencia en la demora de dicha publicidad a la interesada, pues al momento de acontecer dicho procedimiento legal acaecía un nuevo hecho, cual era, el estado de gravidez de la docente del Departamento del M.. Y, este hecho es suficiente para que la actora se encuentre amparada por la presunción de despido por embarazo, como lo exige la reciente jurisprudencia.
Ahora bien, nada obsta para que los lineamientos aplicados a la modalidad del contrato por prestación de servicios, de obra, a término fijo, entre otros, se extiendan a la vinculación de las servidoras públicas en provisionalidad. Si bien está modalidad de vinculación no otorga derechos de permanencia en un cargo de carrera, en virtud de una interpretación constitucional amplia de las normas que se refieren a la protección de la mujer gestante, la servidora pública que ocupe un cargo de carrera en provisionalidad debe estar amparada por la presunción de despido por embarazo. Dicha relación laboral cumple con el lleno de todos los requisitos exigidos para que pueda predicarse la existencia de un contrato, entre ellos el de la subordinación. Tal como se interpretó para la mujer gestante que estuviere desarrollando un trabajo a término fijo, por obra, por prestación de servicios, o a través de una Cooperativa de Trabajo Asociado.[19]
Para finalizar, es reprochable la actuación de la Secretaría de Educación del M.. Pese a que en abril de este año la administración conoció que la funcionaria se encontraba embarazada, hizo caso omiso de esta nueva situación y en su lugar procedió a proferir el Decreto No. 193 del 11 de mayo de 2009 mediante el cual la Gobernación del Departamento del M. realizó unos nombramientos en periodo de prueba en la planta global de cargos docentes.
4.3.2.4 Frente al cuarto elemento (que el despido amenaza el mínimo vital de la actora o que la arbitrariedad resulta evidente y el daño que apareja es devastador) se encuentra ampliamente probado, pues dicha desvinculación trajo como consecuencia la no cancelación del salario como único ingreso mensual con el que contaba la actora para su sustento y el de su hijo. Del mismo modo, se afectó su derecho a la seguridad social, ya que su afiliación al sistema de salud como servidora garantizaba la atención médica durante todo el periodo de gestación y los tres meses posteriores al parto, y la atención al recién nacido por el primer año de vida.
Además, debe afiliarse a la señora S.M.G. chaparro y a su hijo durante el primer año de vida, al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud.
4.4 TENSIÓN ENTRE EL DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL DEL FUNCIONARIO NOMBRADO EN PROPIEDAD Y EL DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE LA MUJER EMBARAZADA.
Precisamente, a fin de promover la aplicación armónica e integral de los valores constitucionales, la mayoría de los derechos fundamentales se consagraron en disposiciones normativas que tienen una estructura lógica que admite dichas ponderaciones. En efecto, más que normas que adopten expresamente las condiciones de hecho en las cuales es obligatoria su aplicación, la Carta consagra estándares de actuación que deben ser aplicados atendiendo a las condiciones que, circunstancialmente, pueden dar un mayor peso relativo a un derecho sobre otro. ´Ciertamente, al optar por un sistema de 'pluralismo valorativo', la Carta adoptó un modelo en el cual las normas iusfundamentales tienen una estructura lógica que exige acudir a la metodología de la ponderación para resolver los eventuales conflictos´[20].[21]
En tal sentido, el juez de tutela está llamado a decidir el sentido de las controversias que se le planteen consultando, en primer lugar, el principio de interpretación armónica del texto constitucional, según el cual debe preferirse aquella solución que brinde la más amplia protección de los derechos en conflicto, lo cual supone, a su vez, la existencia de la más alta forma de armonía entre éstos.
Este principio de interpretación impone al juez de tutela el deber de proteger, dentro del mayor margen posible, los dos derechos que se contraponen. En tal sentido, dado que ambas posiciones son amparadas por el ordenamiento constitucional, el juez debe acoger la solución que mejor las armonice y, así, evitar decisiones que impliquen el desconocimiento absoluto de alguno de los dos derechos. (negrilla fuera de texto)
Para concluir, la ponderación se predica respecto de dos principios o de dos derechos que tienen igual jerarquía. C. al juez constitucional determinar cuál de los dos preceptos tiene un mayor peso y por qué predomina uno sobre el otro en un caso particular.
4.4.1 Armonización de los derechos en conflicto
En conclusión, la Corte revocará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del M., y confirmará la sentencia emitida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de S.M., en el sentido de conceder el amparo de los derechos fundamentales a la maternidad, a la estabilidad laboral reforzada de la mujer en embarazo, a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social de la señora S.M.G.C. y de su hijo.
En consecuencia ordenará a la Gobernación del M. y a la Secretaría de Educación Departamental, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, reintegre a la señora S.M.G.C., si ella así lo desea, en un puesto de trabajo igual o mejor al que se encontraba desempeñando cuando el cargo que venía ocupando fue declarado insubsistente, la afilie al sistema de seguridad social y a su hijo durante el primer año de vida, y le cancele la indemnización contemplada en el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo. Se condena en abstracto a las accionadas al pago de todos los gastos en que la actora tuvo que incurrir con ocasión de su estado de embarazo, y los cuales hubieren sido cubiertos por el sistema de salud de no haber cesado el vínculo laboral.
También se ordenará el pago de la licencia de maternidad a la actora, pues de acuerdo al resultado de la ecografía obstétrica que reposa en el plenario, para esta época, ya debió acaecer el nacimiento de su hijo (a).
Finalmente, la S. advierte a la tutelante, que si así lo estima pertinente, puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para que reclame los salarios y demás prestaciones económicas dejadas de percibir con ocasión de la terminación del vínculo laboral.
PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del M. y, en su lugar, confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de S.M., en el sentido de conceder el amparo a los derechos fundamentales a la maternidad, a la estabilidad laboral reforzada de la mujer en embarazo, a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social de la señora S.M.G.C., por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO. En consecuencia, ORDENAR a la Gobernación del M. y a la Secretaría de Educación Departamental, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia, reintegre a la señora S.M.G.C., si ella así lo desea, en un puesto de trabajo igual o mejor al que se encontraba desempeñando cuando el cargo que venía desempeñando fue declarado insubsistente.
TERCERO. ORDENAR a la Gobernación del M. y a la Secretaría de Educación Departamental, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia:
a) Afilie a la señora S.M.G.C. y a su hijo(a) durante el primer año de vida al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud.
b) Cancele la indemnización de que trata el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo a que la ciudadana S.M.G.C. tiene derecho.
CUARTO. ORDENAR a la Gobernación del M. y a la Secretaría de Educación Departamental que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia, cancele a la señora S.M.G.C., la suma correspondiente a la licencia de maternidad, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO. CONDENAR en abstracto a la Gobernación del M. y a la Secretaría de Educación Departamental, al pago de todos los gastos en que incurrió la señora S.M.G.C. relacionados con su maternidad y que, de no haberse interrumpido la relación laboral, hubiesen sido cubiertos por el sistema de salud.
SEXTO. ADVERTIR a la señora S.M.G.C. que el amparo concedido no es óbice para que, si así lo estima pertinente, acuda a la Jurisdicción de lo contencioso administrativo para instaurar acción de nulidad y de restablecimiento del derecho que resuelva de manera definitiva los demás asuntos patrimoniales que el presente caso involucra, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8° del Decreto 2591 de 1991.
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO H.A.S. PORTO A LA SENTENCIA T-088 de 2010
Referencia: expedientes T-2.422.526
Con el respeto acostumbrado, haré una exposición de los motivos que justifican la suscripción de un salvamento parcial de voto respecto de la sentencia de la referencia.
Mediante el fallo en cuestión se abordó el estudio del caso de la señora M.G. contra el Departamento del M. quien consideraba vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, estabilidad laboral reforzada y derechos del menor.
La accionante, quien había sido nombrada en provisionalidad desde el año 2006 en el cargo de docente en el Municipio de Sabanas de San Ángel M.-, fue declarada insubsistente mediante Decreto de 21 de noviembre de 2008 notificado el 13 de abril de 2009, cuando la docente se encontraba en inicio de su estado de embarazo. Cabe destacar que el motivo de la desvinculación se dio en razón a que la actora no superó el concurso público de méritos para proveer la vacante que venía desempeñando en provisionalidad y, se hacía necesario nombrar a quien había obtenido el mayor puntaje dentro del mismo.
En la Sentencia se estudió si existió vulneración de los derechos de la actora al declararla insubsistente por las razones mencionadas anteriormente. Para resolver el problema jurídico se abordaron los siguientes tópicos: (i) la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada como un derecho fundamental, (ii)la garantía del fuero de maternidad como manifestación del principio de solidaridad, (iii) el derecho a la no discriminación por razón de género (iv) procedencia de la acción de tutela para que la mujer embarazada reclame el reintegro y (v) el caso concreto.
Finalmente, se tutelaron los derechos de la actora y en consecuencia se ordenó a la Gobernación del M. y a la Secretaría de Educación Departamental, que en el término de cuarenta y ocho horas a partir de la notificación se reintegrará a la accionante en un puesto igual o mejor al que se encontraba desempeñando. Así mismo se ordenó afiliar a la Sra Guacaneme y a su hijo durante el primer año de vida al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, cancelar la indemnización de que trata el artículo 239 del C.S.T, cancelar la suma correspondiente a la licencia de maternidad y se condenó en abstracto a las accionadas al pago de los gastos en que incurrió la peticionaria relacionados con la maternidad y que, de no haberse interrumpido la relación laboral, hubiesen sido cubiertos por el Sistema de Salud.
Aunque comparto parcialmente la decisión final a la cual llegó la S. Séptima de Revisión en la sentencia T-088/10 en la medida que se garantiza la protección de la mujer embarazada y del menor recién nacido, debo señalar que se debió abordar con mayor profundidad el problema jurídico referente a la situación de la aspirante que ganó el concurso de merito para acceder al cargo de docente en el Departamento del M., pues si bien la jurisprudencia Constitucional ha sido reiterada en materia de protección laboral reforzada de la mujer en estado de embarazo y período de lactancia, no se puede desconocer la existencia de un elemento diferente dentro del caso concreto, como lo es que la declaración de insubsistencia se produjo a raíz de la celebración del concurso de meritos que daba lugar al nombramiento de quien obtuvo el mayor puntaje en el mismo, por lo que no se pueden desconocer los derechos de quien participó y ganó por sus calidades la oportunidad de acceder al mencionado cargo.
Por ello, si bien se debió ordenar el pago de las correspondientes indemnizaciones y la afiliación del menor al Sistema de Seguridad Social en Salud durante el primer año de vida, no comparto la orden relativa la reintegro de la accionante al mismo cargo que venía desempeñando y que desconoce los derechos de quien participó y ganó el concurso de meritos para acceder a tal puesto.
Así dejo expresados los argumentos que me llevan a S. parcialmente el voto en esta oportunidad.
[1] Corte Constitucional, sentencia T-1236 del 9 de diciembre de 2004, M.P.C.I.V.H..
[2]Corte Constitucional, sentencia T-1084 del 5 de diciembre de 2002, M.P.E.M.L..
[3] Cfr., entre otras, las sentencias T-710/96 (M.P.J.A.M.); ST-179/93 (M.P.A.M.C.); ST-694-96 (M.P.A.M.C.); SC-470/97 (M.P.A.M.C..
[4]Corte Constitucional, sentencia T-373 del 22 de julio de 1998, M.P.E.C.M..
[5]Corte Constitucional, sentencia T-373 del 22 de julio de 1998, M.P.E.C.M..
[6] El artículo 93 señala Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.
[7] Resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General, aprobada el 16 de diciembre de 1966.
[8] Aprobada en Colombia por Ley 319 de 1996.
[9] Ver artículo 9 del Protocolo de San Salvador.
[10] Sentencias T-494 de 2000, T-1008 de 2004, C-470 de 1997
[11] Corte Constitucional, sentencia T-458 del 9 de julio de 2009. M.P.L.E.V.S..
[13] Corte Constitucional, sentencia T-245 del 30 de marzo de 2007. M.P.H.A.S.P..
[14] Corte Constitucional, sentencia T-373 del 22 de julio de 1998, M.P.E.C.M..
[15] Esta sentencia es reiterada, entre otras, por los siguientes fallos:
En sentencia acumulada número T-687 del 8 de julio de 2008, M.P.J.C.T., se protegieron los derechos fundamentales al trabajo y a la especial protección de la mujer embarazada, ya que (i) no le es dado al empleador oponer el desconocimiento del estado de embarazo de la trabajadora y, además, (ii) la protección a la mujer embarazada se hace extensiva a los contratos de prestación de servicios. Los anteriores elementos fueron incluidos en dicho estudio en atención a la reformulación legal que se estableció en la sentencia T-095 del 7 de febrero de 2008, en el sentido de que basta con que la mujer pruebe que fue despedida durante el periodo de gestación y los tres meses posteriores al parto para que proceda el amparo, siendo irrelevante si ese especial estado fue notificado o no al empleador. A su vez, el amparo constitucional procede para garantizar la estabilidad laboral de la mujer gestante sin importar el tipo de vinculación laboral que se tenga.
En sentencia T-1069 del 30 de octubre de 2008, M.P.M.G.M.C., se resolvió la pretensión de una mujer que invocó la protección constitucional de sus derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral de la mujer embarazada en conexidad con el derecho fundamental a la vida en condiciones dignas, arguyendo que fue contratada por seis meses bajo la modalidad de un contrato a término fijo y que en dicho lapso se enteró de su estado de embarazo. Relataba la actora que la empresa para la cual trabajaba decidió no renovar su contrato de trabajo, decisión que le fue comunicada el 28 de enero de 2008, cuando ya se encontraba en estado de gravidez. La empresa alegaba que su despido no se había dado en razón al embarazo sino a una causal objetiva de no renovación del contrato, y que desconocían que la actora estaba embarazada. El juez de primera instancia negó la protección invocada afirmando que la desvinculación de la peticionaria se había dado por la finalización del contrato a término fijo celebrado, condición contractual conocida por la demandante desde que inició la relación laboral. La Corte Constitucional revocó la sentencia de instancia y, en su lugar, concedió la protección solicitada, reiterando la sentencia T-095 del 7 de febrero de 2008 concluyendo que la estabilidad laboral reforzada de las mujeres en estado de embarazo opera siempre que se efectúe el despido o no se renueve el contrato a término fijo o por obra, en el periodo de embarazo de la trabajadora, lo cual requiere que se demuestre mediante un examen médico haber quedado en embarazo durante la vigencia del contrato.
En sentencia T-371 del 26 de mayo de 2009, M.P.J.I.P.P., se falló un caso en el cual la trabajadora se encontraba en periodo de prueba y fue despedida encontrándose en embarazo. Resaltaba la actora que previamente a formalizar el contrato laboral le exigieron un examen parcial de orina de gravidez, del cual nunca conoció el resultado. Lo cierto es que para el momento de su ingreso a la empresa, contaba con dieciséis (16) semanas de gestación. El a-quo negó la acción de tutela aduciendo que la protección solicitada no fue inmediata, que se trataba de un asunto de naturaleza legal, y además, que la empresa no tenía conocimiento sobre su estado. Esta Corporación reiteró la reformulación de uno de los requisitos exigidos para la procedencia del amparo constitucional en sentencia T-095 del 7 de febrero de 2008, referido a que no es indispensable la previa notificación al empleador del estado de embarazo como tampoco es relevante la modalidad del contrato celebrado con la trabajadora para asegurar el pago de sus prestaciones económicas.
Recientemente, en sentencia T- 649 del 17 de septiembre de 2009, M.P.H.A.S.P., la Corte decidió el caso de una mujer que invocó el amparo de sus derechos fundamentales a la vida digna, al trabajo y a la seguridad social, aduciendo que la empresa de servicios temporales Gestión Dinámica S.A, terminó unilateralmente la relación laboral, sin tener en cuenta que al momento del despido se encontraba en estado de embarazo. Al respecto, la empresa demandada adujo que la labor para la cual había sido contratada la actora, había terminado. Además, señaló que la demandante no había informado sobre su estado de gravidez mientras estaba vigente el vínculo laboral, ni tampoco en el momento en que le fue notificada la comunicación de terminación del contrato de trabajo, siendo éstas razones suficientes para que el juez de tutela declarara improcedente la acción de tutela. El a-quo, tras considerar que todos los supuestos fácticos exigidos para la prosperidad de la acción se encontraban probados, concedió el amparo. Por su parte, el ad-quem revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones, considerando que el despido obedeció a una causal objetiva de terminación del contrato y no en razón a su estado de embarazo. En sede de revisión, se reiteró la sentencia T-095 del 7 de febrero de 2008, en la cual hubo un giro en la línea jurisprudencial respecto del segundo requisito exigido para la procedencia de la acción de tutela, interpretando como una carga en exceso rígida la obligación que tenía la mujer de notificar al empleador acerca de su estado de embarazo y, de otro lado, que resulta irrelevante distinguir el tipo de vinculo laboral existente a la hora de brindar la protección especial de la cual es sujeto la mujer gestante.
[16] M.P J.I.P.C..
[17] En la Sentencia T-458 de 2009 M.P. (L.E.V.) sí reiteró lo referente al significado del principio de solidaridad social, el cual señala que tanto el Estado como los particulares son los responsables de proteger los derechos fundamentales, lo que genera una cooperación mutua para alcanzar el bienestar. Al respecto se indicó:
En este orden de ideas, no solamente el Estado es responsable de proteger la vida y la salud de los asociados; estas garantías, como todos los derechos fundamentales, deben también ser resguardadas por los particulares, y se convierten por ello en su responsabilidad constitucional. Puede decirse entonces, que la protección a la persona humana se concreta frente a los actos u omisiones tanto del estado como de los particulares[17].
Y no podría ser de otra forma, puesto que en la base de la estructura de nuestro ordenamiento jurídico, el Constituyente de 1991 fundó el principio de solidaridad social como una forma de cumplir con los fines estatales y asegurar el reconocimiento de los derechos de todos los miembros de la comunidad. Se trata de un principio que, sin duda, recuerda la vocación humana de vivir en sociedad y resalta la necesidad de la cooperación mutua para alcanzar el bienestar y la tranquilidad - ciertamente, también la salud -.
[18]Corte Constitucional, sentencia T-095 del 7 de febrero de 2008, M.P.H.A.S.P..
[19] Corte Constitucional, sentencia T-004 del 14 de enero de 2010, M.P.J.I.P.C..
[20] Sentencia C-475 de 1997, M.P.E.C.M..
[21] Corte Constitucional, sentencia T-013 del 19 de enero de 2006. M.P.R.E.G..
Sentencia de Constitucionalidad nº 1508/00 de Corte Constitucional, 8 de Noviembre de 2000