Source: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/JDC/SUP-JDC-00127-2001.htm
Timestamp: 2019-03-24 09:44:24
Document Index: 248372099

Matched Legal Cases: ['artículo 93', 'artículo 79', 'artículo 93', 'artículo 93', 'artículo 8', 'artículo 93', 'artículo 82', 'artículo 93', 'artículo 19', 'artículo 10', 'artículo 99', 'artículo 79', 'artículo 80', 'artículo 79', 'artículo 80', 'artículo 23', 'in fine', 'artículo 93', 'artículo 99', 'artículo 6', 'in fine', 'ARTÍCULO 6', 'artículo 35', 'artículo 9', 'artículo 35', 'artículo 3', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 35', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 79', 'artículo 90', 'artículo 41', 'artículo 9', 'artículo 33', 'artículo 49', 'artículo 24', 'artículo 27', 'artículo 93', 'artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 41', 'in fine', 'artículo 93', 'artículo 93', 'artículo 27', 'artículo 38', 'artículo 93', 'artículo 38', 'artículo 27', 'artículo 187', 'ARTÍCULO 187', 'artículo 187', 'artículo 27', 'artículo 15', 'artículo 93', 'artículo 93']

SUP-JDC-0127-2001.htm
EXPEDIENTE: SUP-JDC-127/2001
ACTORA: SANDRA ROSARIO ORTIZ NOYOLA
TERCERO INTERESADO: PARTIDO DE LA SOCIEDAD NACIONALISTA
MAGISTRADO RESPONSABLE DEL ENGROSÉ: JOSÉ DE JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ
VISTOS para resolver, los autos del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por Sandra Rosario Ortiz Noyola, en contra del oficio número DEPPP/DPF/2528/2001 de cinco de noviembre del año en curso, suscrito por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral; y
1. Mediante escrito de veintinueve de octubre del año próximo pasado, la ciudadana Sandra Rosario Ortiz Noyola, solicitó a la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, copia certificada del registro de los órganos directivos a nivel nacional y estatal del Partido de la Sociedad Nacionalista, así como los documentos que acrediten el legal nombramiento de los mismos.
2. El cinco de noviembre siguiente, mediante oficio suscrito por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, el Instituto Federal Electoral dio respuesta a la petición formulada, en los términos siguientes:
"Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 93, párrafo 1, inciso i), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, me refiero a su escrito de fecha 29 de octubre del año en curso, por medio del cual solicita se le proporcione copia certificada del registro de los órganos directivos nacional y estatales del Partido de la Sociedad Nacionalista, así como los documentos que acreditan el legal procedimiento del nombramiento de los mismos.
Por lo anteriormente expuesto, le pido se sirva formular su petición a través del representante de su partido acreditado ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, ante quien usted deberá acreditar su carácter de militante en dicho Instituto Político."
3. Inconforme con lo anterior, el nueve del mismo mes y año, Sandra Rosario Ortiz Noyola promovió juicio para la protección de los derechos político-electorales, manifestando, en lo conducente, lo siguiente:
1.- El día 29 de Octubre del 2001 solicité en escrito de fecha, a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral copia certificada del registro de tos órganos directivos nacional y estatales del Partido de la Sociedad Nacionalista, así como de los documentos que acrediten el legal procedimiento de nombramiento de los mismos, dicha solicitud la formulé en mi carácter de militante del mencionado partido político, por lo que anexé a la solicitud, copia simple de mi credencial de afiliado a dicho partido.
2.- Que el día 8 de noviembre del 2001, se me notificó mediante oficio número DEPPP/DPPF/2528/2001, la determinación de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, sobre mi solicitud explicada en el párrafo 1 de esta narración de hechos; en el mencionado oficio, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, hace de mi conocimiento, bajo su criterio, que:
"...hago de su conocimiento que cada partido político nacional con registro ante el Instituto Federal Electoral cuenta con representación ante el Consejo General, la que tiene como función principal ser el enlace para las diversas peticiones de sus militantes.
Por lo anteriormente expuesto le pido formular su petición a través del representante de su partido acreditado ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, ante quien usted deberá acreditar su carácter de militante en dicho Instituto Político...."
En razón de tales hechos, me veo en ta necesidad de recurrir ante este órgano colegiado de justicia para interponer el presente medio impugnativo. Ya que en diversa ocasiones sea negado mí partido político a proporcionar dicha información.
Sobre los requisitos de procedencia del juicio para la Protección de los derechos Político Electorales del Ciudadano, la Sala Superior de este órgano colegiado, ha establecido que dichos requisitos de procedencia se encuentran consagrados en el artículo 79 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, como se deriva de la tesis relevante que cito a continuación:
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES DEL CIUDADANO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. (Se transcribe).
Del anterior criterio de este tribunal, desprendemos que la intención del legislador no es establecer un catálogo de supuestos de procedencia del juicio en comento, sino tratar de establecer una previsión genérica para el caso de violaciones a los derechos políticos electorales del ciudadano, este razonamiento, se ve confirmado con diversos Juicios de Protección de los Derechos Políticos Electorales resueltos por la Sala Central de este Tribunal.
FUENTE DE LOS AGRAVIOS.- Lo expresado en el oficio número DEPPP/DPPF/2528/2001 de fecha 5 de noviembre del 2001, notificado al suscrito el día 8 del mismo mes, cuyo tenor es el siguiente:
"Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 93, párrafo 1, inciso i) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, me refiero a su escrito de fecha 29 de octubre del año en curso, por medio del cual solicita se le proporcione copia certificada del registro de los órganos directivos nacional y estatales del Partido de la Sociedad Nacionalista, así como de los documentos que acrediten el legal procedimiento del nombramiento de los mismos.
Sobre el particular, hago de su conocimiento que cada partido político nacional con registro ante el Instituto Federal Electoral cuenta con representación ante el Consejo General, la que tiene como función principal ser el enlace para las diversas peticiones de sus militantes.
ARTÍCULOS LEGALES VIOLADOS.- Por inobservancia los artículos 14, 16, 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 3, 27, 38 párrafo 1, incisos a) y p), 69 párrafos 1 y 2, 70 párrafo 3, 93 párrafo 1 inciso i).
1.- La autoridad responsable se abstiene de pronunciarse sobre lo solicitado alegando que carezco de la personalidad jurídica necesaria para acceder a la información que se encuentra asentada en el libro de registro de dirigencias y órganos partidarios. Es decir, evita el pronunciamiento de fondo [publicitar el contenido de un registro partidario] mediante el argumento de que. "...el conducto por el que un militante debe de solicitar información relacionada con el Instituto Político al que pertenece, es la representación del partido ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral...". Hecho que viola de manera burda los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que sin fundamentación ni motivación alguna, se emite un acto de autoridad que lesiona de manera grave los derechos políticos de este militante, debido que con esta afirmación contenida en el oficio de referencia, dicha autoridad se abstiene de observar lo dispuesto en los mencionados artículos Constitucionales, y determina a su arbitrio algo que no se encuentra establecido en ningún precepto legal.
2.- Posteriormente, el mencionado Director Ejecutivo, hace de mi conocimiento lo siguiente que la solicitud deberá hacerse al representante de su partido ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Este hecho, nos permite observar nuevamente, una violación burda y absurda, ya que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos subordina su actuación al criterio de la Representante del Partido de la Sociedad Nacionalista, ante el Consejo General, otra vez, esto viola gravemente los multicitados artículos Constitucionales, no existe fundamento legal alguno para tal procedimiento, por demás que continúa resultando absurda una subordinación de tal naturaleza.
3.- Por otra parte resulta nuevamente absurdo e ilegal que el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, consulte a la representante del Partido de la Sociedad Nacionalista, ante el Consejo General del IFE, sobre la procedencia de mi solicitud, y además que la representante le indique que no soy militante del mencionado partido, ni que tampoco formo parte de los órganos de dirección, cuando por mandato de ley, tal como lo establece el artículo 93, párrafo 1, inciso i), es una atribución expresa de la Dirección Ejecutiva en comento, llevar el control y libro de registro correspondiente:
Derecho de petición que consagra el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El derecho de petición tiene como finalidad el permitir que un gobernado conozca el criterio de decisión de la autoridad respectiva, esto es, el fin que se persigue con la garantía de petición es conocer indubitablemente las razones de la autoridad para actuar o en su caso dejar de actuar. El contenido de tal garantía es la seguridad jurídica, entendida como el conocimiento claro de las consecuencias jurídicas y materiales que se actualizarán si se diera el supuesto normativo atinente.
Ahora bien, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos al soslayar la petición inicial, y al ignorar el documento con el que acredito mi personalidad, vulnera el contenido y la finalidad de mi derecho de petición, pues a mi solicitud primigenia -obtener la documentación que acredita a los dirigentes nacionales y estatales del Partido de la Sociedad Nacionalista, y que constan a saber en el libro de registro de partidos que es llevado conforme lo dispone el artículo 93, párrafo 1, inciso i) del COFIPE- no recayó ninguna observación de fondo, sino una excusa para evitar la decisión.
DERECHO DE AFILIACIÓN DE LOS CIUDADANOS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ALCANCES. (Se transcribe)
Como se desprende de la tesis anterior, el militante de un partido político tendrá todos los derechos inherentes a su pertenencia, y la misma tesis menciona como uno de estos derechos el referente a ocupar cargos de dirección en el partido que milite, resulta de lógica elemental, y de mayoría de razón, que si un militante tiene el derecho de formar parte de los órganos directivos del partido, tendrá mayor derecho, en primera instancia, de conocer cuales son los órganos directivos actuales, y cuales fueron los procedimientos democráticos que los constituyeron como tales.
Como lo señala el artículo 82, párrafo 1, inciso h) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es competencia del Consejo General del IFE lo relativo a la vigilancia y supervisión de los Partidos Políticos, y al estar la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, obligada, en términos del inciso i), párrafo 1 del artículo 93 para llevar el registro de los órganos directivos de los partidos políticos, y al ser estos entidades de interés público, no existe fundamento de la autoridad para negar la información solicitada.
4.- Habiendo acreditado el interés jurídico y la personalidad de este militante, resulta absurdo y arbitrario y violatorio de los artículos 14, 16 y 41 constitucionales, ya que sin fundamento alguno la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, me niegue lo solicitado, careciendo además esta información solicitada de alguna limitante por la que pudiera considerarse como confidencial."
4. Por escrito presentado ante la autoridad responsable el dieciséis de noviembre, compareció el Partido de la Sociedad Nacionalista con el carácter de tercero interesado, manifestando lo que a su derecho convino.
5. Recibidas que fueron por este órgano jurisdiccional las constancias respectivas, por acuerdo de diecinueve de noviembre de este año, el Magistrado Presidente turnó al Magistrado Eloy Fuentes Cerda el presente medio impugnativo, para efectos del artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
6. Por escrito de doce de diciembre del año próximo pasado, compareció ante este órgano jurisdiccional la ciudadana actora, a efecto de ratificar el contenido y firma de su escrito inicial de demanda presentado con antelación.
7. Mediante proveído de veintinueve de enero de este año, el Magistrado Instructor admitió la demanda presentada y, agotada la instrucción, declaró cerrada ésta, quedando los autos en estado de resolución, la que ahora se pronuncia al tenor de los siguientes:
I. Esta Sala Superior tiene competencia para conocer y resolver el presente juicio en términos de los artículos 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso c), y 189, fracción I, inciso f), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 83, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
II. Previo al examen del fondo de ¡a cuestión planteada en el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, procede el estudio de las causas de improcedencia que se aducen tanto por la autoridad responsable como por el Partido de la Sociedad Nacionalista, el que comparece con el carácter de tercero interesado, pues de actualizarse cualesquiera de las expuestas, ello impediría un pronunciamiento de mérito por parte de esta instancia jurisdiccional.
La autoridad responsable, al rendir el informe circunstanciado de ley, sostiene como causa de improcedencia que la enjuiciante reclama un acto que de ninguna manera afecta sus derechos político-electorales y que no se encuentra contemplado en los casos susceptibles de ser impugnados mediante el juicio como el que se promueve, como se desprende de la interpretación, a contrarío sensu, de los artículos 79 y 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
En el mismo tenor, el partido político que comparece como tercero interesado, alega que a la actora en el presente juicio no le ha sido conculcado derecho político-electoral alguno, pues resulta evidente que ninguno de los derechos protegidos por los artículos 79 y 80 de la ley adjetiva de la materia ha sido violentado y, por ende, no opera ninguna de las causas de procedencia de la vía que intenta. Asimismo, que en la especie se actualizan las causas de improcedencia previstas por el artículo 10, párrafo 1, incisos b) y c), del mencionado ordenamiento legal, en tanto la promovente no acredita el interés jurídico que le asiste y no presenta prueba alguna que genere convicción de que efectivamente goza de la calidad de militante del Partido de la Sociedad Nacionalista.
Como es de verse, tanto la autoridad responsable como el tercero interesado, coinciden en señalar que en el caso, no se está en ninguno de los supuestos de procedencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, previstos en los artículos 79 y 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en tanto no se aduce la violación a ninguno de los derechos político-electorales que tutela.
La anterior causa de improcedencia, en concepto de esta Sala Superior resulta inatendible.
De conformidad con el artículo 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política Federal, corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de la propia Constitución y según lo disponga la ley, las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país. Esto es, en la norma fundamental se reconocen los derechos político-electorales de los ciudadanos y su salvaguarda, así como el medio idóneo para ello y la autoridad competente para conocer del mismo, sujetando la impugnación de los actos y resoluciones que los vulneren, a los términos que el propio ordenamiento constitucional y la ley señalen.
En cumplimiento al anterior mandato constitucional, la ley adjetiva antes invocada, en sus artículos 79 y 80, precisa los requisitos de procedencia del medio impugnativo de que se trata, dispositivos que son del tenor literal siguiente:
"ARTICULO 79
"ARTICULO 80
d) Considere que se violó su derecho político-electoral de ser votado cuando, habiendo sido propuesto por un partido político, le sea negado indebidamente su registro como candidato a un cargo de elección popular. En los procesos electorales federales, si también el partido político interpuso recurso de revisión o apelación, según corresponda, por la negativa del mismo registro, el Consejo del Instituto o la Sala Regional, a solicitud de la Sala Superior, remitirán el expediente para que sea resuelto por ésta, junto con el juicio promovido por el ciudadano;
2. El juicio sólo será procedente cuando el actor haya agotado todas las instancias previas y realizado las gestiones necesarias para estar en condiciones de ejercer el derecho político-electoral presuntamente violado, en la forma y en los plazos que las leyes respectivas establezcan para tal efecto."
Ahora bien, en cuanto a la procedencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, este tribunal ha sostenido en la tesis de jurisprudencia identificada con el rubro "JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA", consultable a fojas 38 de la Compilación de Jurisprudencia y Tesis Relevantes, Sala Superior 1996-2000, publicada por este órgano jurisdiccional, lo siguiente:
"Los requisitos para la procedencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano están previstos en el artículo 79 (y no en el 80) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues del contenido del primero se obtiene que para la procedencia, se requiere la concurrencia de los elementos siguientes: a) que el promovente sea un ciudadano mexicano; b) que este ciudadano promueve por sí mismo y en forma individual; y, c) que haga valer presuntas violaciones a cualquiera de los siguientes derechos políticos de votar y ser votado en las elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Los primeros dos elementos no requieren mayor explicación. Respecto al último cabe destacar que, de conformidad con el texto del precepto en comento, para tenerlo por satisfecho, es suficiente con que en la demanda se aduzca que con el acto o resolución combatido se cometieron violaciones a alguno o varios de los derechos políticos, mencionados, en perjuicio del promovente, independientemente de que en el fallo que se llegue a emitir se puedan estimar fundadas o infundadas tales alegaciones; es decir, el elemento en comento es de carácter formal, y tiene como objeto determinar la procedencia procesal del juicio, en atención a que la única materia de que se puede ocupar el juzgador en él consiste en dilucidar si los actos combatidos conculcan o no los derechos políticos mencionados, y si el promovente no estimara que se infringen ese tipo de prerrogativas, la demanda carecería de objeto en esta vía. En tanto que de la interpretación gramatical del vocablo "cuando", contenido en el apartado 1 del artículo 80 de la Ley General del Sistema de Medios de impugnación en Materia Electoral, se aprecia que está empleado como conjunción de tiempo y con el significado de "en el tiempo, en el punto, en la ocasión en que", pues en todos los incisos que siguen a esta expresión se hace referencia, a que el juicio queda en condiciones de ser promovido, al momento o tiempo en que hayan ocurrido los hechos que se precisan en cada hipótesis, como son la no obtención oportuna del documento exigido por la ley electoral para ejercer el voto, después de haber cumplido con los requisitos y trámites correspondientes; el hecho de no aparecer incluido en la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio; al momento en que estime que se violó su derecho político-electoral de ser votado, con la negación de su registro como candidato a un cargo de elección popular, propuesto por un partido político; al conocer la negativa de registro como partido político o agrupación política, de la asociación a la que se hubiera integrado el ciudadano para tomar parte en forma pacífica en asuntos políticos, conforme a las leyes aplicables, si consideran indebida tal negación; y al tiempo en que, al conocer un acto o resolución de la autoridad, el ciudadano piensa que es violatorio de cualquiera otro de los derechos político-electorales no comprendidos en los incisos precedentes, pero sí en el artículo anterior. Consecuentemente, para considerar procedente este juicio es suficiente que la demanda satisfaga los requisitos del artículo 79 citado, aunque no encuadre en ninguno de los supuestos específicos contemplados en el artículo 80".
Como se consigna en el anterior criterio jurisprudencial, para la procedencia del juicio como el que nos ocupa, siendo promovido por un ciudadano mexicano, por sí mismo y en forma individual, basta con que se aduzca la violación de un derecho político-electoral, como un requisito de carácter meramente formal. Esto es, para estimar procedente esta vía, es suficiente con que en su demanda, el ciudadano que comparece alegue la conculcación en su perjuicio del derecho de votar, de ser votado, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, siendo ésta la única materia de que se puede ocupar el juzgador, de modo tal que si el promovente no estima que se infringe alguna o algunas de estas prorrogativas ciudadanas, la demanda carece de objeto.
En la especie, como se advierte del examen del escrito de demanda planteado por la actora, quien se ostenta como ciudadana mexicana y militante del Partido de la Sociedad Nacionalista, Sandra Rosario Ortiz Noyola, se reclama un acto de autoridad que, se dice, transgrede el derecho de afiliación de la accionante, el que pretende vincular al derecho que, conforme a los estatutos del partido en que dice militar, le asiste para formar parte de los órganos directivos, y de ahí, para conocer la integración de los órganos directivos actuales y los procedimientos democráticos que los constituyeron como tales, de donde es de concluir que tales manifestaciones resultan suficientes para determinar, como un elemento de carácter formal, la procedencia del medio de impugnación, en tanto que, como se señaló, aduce la violación al derecho político-electoral de afiliación.
De otra parte, es de desestimarse la causa de improcedencia que invoca el tercero interesado, al sostener que la promovente no acredita el interés jurídico que le asiste y no presenta prueba alguna que genere convicción de su calidad de militante del Partido de la Sociedad Nacionalista.
La promovente sustenta el derecho a recibir la información solicitada, como se ha dicho, en su calidad de militante del referido instituto político, lo que, en principio, le acreditaría como titular de las prerrogativas propias de sus afiliados, de modo tal que su interés jurídico estaría basado en dicha circunstancia, sin que este órgano jurisdiccional esté en la aptitud de pronunciarse, a priori, respecto de su carácter de militante partidista, puesto que ello implicaría prejuzgar sobre la cuestión de fondo planteada.
III. Del análisis de los hechos y agravios expuestos en el escrito inicial de demanda que da origen a este juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y mediante la suplencia de la deficiente argumentación de los agravios y de la omisión de algunos de los preceptos jurídicos presuntamente violados, en términos del artículo 23, párrafos 1 y 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, esta Sala Superior desprende que la actora aduce que a través de la resolución impugnada, contenida en el oficio número DEPPP/DPPF/25286/01, de cinco de noviembre de dos mil uno, suscrito por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, se le agravia, porque, en su perjuicio, se viola lo dispuesto en los artículos 6°; 8°; 9°; 14; 16; 35, fracciones III y V, así como 41, fracciones I y III, primer párrafo, in fine, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de lo siguiente:
1. Cuando la autoridad electoral administrativa responsable le niega la información que le solicitó mediante escrito de veintinueve de octubre del dos mil uno, consistente en la copia certificada del registro de los órganos directivos nacional y estatales del Partido de la Sociedad Nacionalista, así como de los documentos que acreditan el legal procedimiento del nombramiento de los mismos, se viola en su perjuicio el derecho de asociación política de todo ciudadano y, en particular, su derecho de afiliación político-electoral en su carácter de afiliada, miembro y militante del referido partido político.
2. La responsable se abstiene de pronunciarse sobre lo solicitado, bajo el argumento de que la ahora actora no tiene la personalidad jurídica para tener acceso a la información que se encuentra asentada en el libro de dirigencias y órganos partidarios. Asimismo, aduce la actora, la responsable evita el pronunciamiento de fondo consistente en dar la información solicitada, argumentando que el conducto por el que un militante debe solicitar información relacionada con el partido político es la representación del partido político ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, lo cual violenta los preceptos constitucionales invocados, toda vez que el acto emitido por la autoridad, carente de fundamentación y motivación, lesiona "de manera grave" los derechos político-electorales de la ahora actora.
5, La promovente aduce que es absurdo e ilegal que la responsable consulte a la multicitada representante del partido político acerca de la procedencia de la petición de la ahora actora, y que la representante del partido político le informe a la responsable que la actora no es militante del citado partido ni es integrante de los órganos directivos del partido político mencionado, no obstante que, al decir de la actora, en el artículo 93, párrafo 1, inciso i), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establece que es atribución de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos llevar el libro de registro de los integrantes de los órganos directivos de los partidos políticos.
6. La autoridad responsable, alega la actora, actúa sin fundamento ni motivación al afirmar que la ahora enjuiciante no tiene el carácter de militante del Partido de la Sociedad Nacionalista, toda vez que en el escrito de veintinueve de octubre de dos mil uno, anexó una copia simple de su credencial de militante del referido instituto político, documento que no tomó en cuenta la responsable, no obstante que, esgrime la actora, la acredita como militante, lo que viola lo dispuesto en los preceptos constitucionales invocados. Además, la actuación de la responsable vulnera el derecho de petición constitucionalmente previsto, ya que al soslayar la petición inicial e ignorar deliberadamente el documento que lo acredita como militante, vulnera el contenido y la finalidad del derecho de petición, pues a tal solicitud no recayó consideración alguna de fondo, sino una excusa para evitar la decisión, no obstante que el derecho de petición, como garantía de seguridad jurídica, tiene como finalidad que el gobernado conozca las razones que rigen en un sentido u otro la decisión de la autoridad.
De un estudio integral de los agravios señalados, esta Sala Superior estima que son sustancialmente fundados, toda vez que la ahora actora, en su carácter de ciudadana, como parte de su derecho fundamental de asociación política, y, en particular, de afiliación político-electoral, atendiendo al status constitucional de los partidos políticos como entidades de interés público, a la naturaleza pública del correspondiente registro a cargo del Instituto Federal Electoral y el deber del Estado de garantizar el proporción derecho a la información, tiene derecho a que se le proporcione copia certificada del registro de los órganos directivos nacional y estatales del Partido de la Sociedad Nacionalista, así como de la información que soporta dicho registro, es decir, la documentación que los partidos políticos nacionales hayan proporcionado oportunamente a la autoridad administrativa electoral, en los términos de lo dispuesto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en cuanto a los cambios de los integrantes de sus órganos directivos, información que le permite a la misma hacer la anotación correspondiente en el registro que tiene a su cargo, en atención a los procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos directivos establecidos en los respectivos estatutos, por las razones jurídicas que se exponen a continuación
IV. Para garantizar los- principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución.
En lo concerniente al derecho a la información consagrado en el artículo 6° in fine de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionado mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de diciembre de mil novecientos setenta y siete, originalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que tal derecho constituía una "garantía social", correlativa a la libertad de expresión, que se instituyó con motivo de la llamada "Reforma política" llevada a cabo en ese mismo año, y que obligaba al Estado a permitir que los partidos políticos expusieran regularmente sus programas, idearios, plataformas y demás características inherentes a tales institutos políticos mediante los medios masivos de comunicación. Asimismo, estableció que la definición precisa del derecho a la información correspondía a la legislación secundaria y que no se pretendió el establecimiento de una garantía individual consistente en que cualquier gobernado, en el momento que lo estimara oportuno, solicitara y obtuviera de órganos del Estado determinada información. En apoyo a lo anterior véase la tesis 2a I/92, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 2a, Sala, Tomo X, agosto 1992, p. 44, con el rubro: "INFORMACIÓN. DERECHO A LA, ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 6° DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL".
En el dictamen correspondiente de ¡a Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, se estableció, en lo que interesa, lo siguiente:
El actual párrafo tercero pasa a ser, íntegramente, el nuevo párrafo cuarto, con la adición de que ‘Sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos', de acuerdo con la reforma a la fracción III del artículo 35, antes señalada, y referida aquí expresamente a los partidos políticos.
1.-DEL ARTICULO 35.
Con el objeto de hacer congruente este precepto con lo establecido por el artículo 9° constitucional, se especifica que en el artículo 35 la asociación, si bien debe ser libre e individual, es con la finalidad de tomar parte de manera pacífica en los asuntos políticos del país.
De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 6°, 8°, 9°, 35 y 41 de la Constitución federal, se desprende que la naturaleza, los alcances y las implicaciones de los derechos fundamentales de asociación y de afiliación en materia político-electoral, no es posible determinarlos sino a la luz del estatus constitucional de los partidos políticos y de los fines que les encomienda la propia Constitución, así como de otras disposiciones constitucionales, como el artículo 3° de la propia Constitución federal.
Por su parte, en el artículo 41, fracción I, de la Constitución federal, se establece que los partidos políticos son entidades de interés público y agrega que los mismos tienen como fin primordial: a) Promover la participación del pueblo en la vida democrática; b) Contribuir a la integración de la representación nacional y c) Como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. En el artículo 41, se establece, además, en armonía con lo dispuesto en el artículo 35, fracción III, que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Asimismo, en el artículo 3°, fracción II, inciso a), se establece que la democracia no solamente es una estructura jurídica y un régimen político, sino un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
En el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales no sólo se prevén procedimientos para que nuevas fuerzas políticas significativas puedan eventualmente acceder al espectro político, mediante la obtención de su registro como partidos políticos nacionales, sino que también prevé la posibilidad de que obtengan su registro agrupaciones políticas nacionales como formas de asociación que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada.
El status de entidades de interés público conferido a los partidos políticos fue resultado de la reforma constitucional de 1977, en la cual se elevó a la jerarquía constitucional la formación de los partidos políticos. El carácter de interés público que la norma constitucional confiere a los partidos políticos entraña la obligación del Estado de asegurar las condiciones para su desarrollo y de propiciar y suministrar el mínimo de elementos que estos requieran en su acción destinada a recabar la adhesión ciudadana.
Tal como se estableció en la sentencia recaída en los expedientes SUP-RAP-038/99, SUP-RAP-041/99 y SUP-RAP-043/99, fallada el siete de enero de dos mil, la constitucionalización de los partidos políticos en 1977 tuvo por objeto elevar a estas asociaciones políticas al rango de entidades de interés público y de encomendarles como tales la calidad de intermedianos entre los ciudadanos como titulares de los derechos políticos y los órganos públicos, con el objeto de propiciar una más amplia participación de los ciudadanos mexicanos en los procesos y actividades electorales, mediante el ejercicio de dichos derechos políticos, a fin de alcanzar el más alto fin de perfeccionar la democracia representativa, como sistema para elegir a los gobernantes y como sistema de vida de los mexicanos. Esto es, en virtud de la constitucionalización de los partidos políticos, como organizaciones de ciudadanos, éstos están llamados a realizar funciones preponderantes e indispensables en la vida pública, política y electoral de la nación, elevados a la calidad de entidades de interés público, sin incluirlos como órganos del Estado, confiándoles una contribución relevante en las tareas que el poder público debe desempeñar para el desarrollo político y social de los mexicanos, con lo cual se constituyó un sistema constitucional de partidos políticos, y se concedió a éstos un conjunto de garantías y prerrogativas para facilitar su alta misión pública.
El término "entidad" en el derecho mexicano no es lo suficientemente preciso para identificar el tipo de sujeto jurídico. Así, por ejemplo, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se habla de las "comunidades indígenas como entidades de interés público" (artículo 2°, apartado A, fracción VIH, párrafo segundo), "la entidad de fiscalización superior de la Federación, de la Cámara de Diputados" (artículo 79), "entidades paraestatales" (artículo 90). En algunos casos la citada expresión se usa para referirse a sujetos jurídicos dotados de personalidad jurídica, como los partidos políticos, pero en otros casos se aplica a órganos carentes de personalidad jurídica propia, como los fideicomisos públicos que califican como entidades paraestatales. En todo caso, lo que importa dejar establecido es que los partidos políticos qua entidades de interés público, dado el fin que tienen encomendado constitucionalmente, son entidades dotadas de personalidad jurídica en cuya preservación está interesada toda ia sociedad en su conjunto, lo que implica, como se anticipó, un conjunto de garantías y prerrogativas, que se traducen en ciertas obligaciones a cargo del Estado. Al mismo tiempo, sin embargo, el carácter de entidades de interés público no implica en modo alguno que los partidos políticos constituyan sujetos de derecho sustraídos del ámbito público, es decir, del interés general. Los partidos políticos en nuestro país no son órganos estatales ni asociaciones privadas, sino que son asociaciones políticas de carácter intermedio entre los ciudadanos titulares de los derechos fundamentales de carácter político y los órganos públicos, con el fin de promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, posibilitar el acceso de éstos al ejercicio del poder público. Es decir, no tienen el carácter de órganos del Estado, pero tampoco tienen un status de entidad privada.
Si los partidos políticos son entidades de interés público y, básicamente, asociaciones políticas de ciudadanos en los términos del propio artículo 41, fracción I, de la Constitución federal, como se ha mostrado, entonces no es dable privar o coartar a los ciudadanos de ciertos derechos mínimos o básicos inherentes a su derecho subjetivo público fundamental de asociación en materia política y, en particular, en su vertiente del derecho de afiliación político-electoral, como los relativos a contar con cierto tipo de información básica acerca de los partidos políticos existentes y, mucho menos, de aquel en que militan, toda vez que si, como se ha argumentado, la libertad de asociación política constituye la base de la formación de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, de manera que, en ejercicio de la libertad de asociación política, todos los ciudadanos por igual pueden formar partidos políticos, bajo la condición de cumplir con los requisitos que establece la ley, y todos los ciudadanos tienen libertad de afiliación partidista, lo que implica, ínter alia, que tienen la libertad de afiliarse o no a un cierto partido político o, incluso, de desafiliarse, entonces, un cabal y responsable ejercicio de los derechos fundamentales de libre asociación política y de afiliación político-electoral supone tener una información adecuada acerca de los partidos políticos por parte de los ciudadanos, incluidos los afiliados o miembros y militantes de los partidos políticos, pues de lo contrario se estarían prohijando ciudadanos desinformados, en particular, carentes de información básica acerca de los partidos políticos a los que pretendan afiliarse o en los que militen y, por lo tanto, sin estar en aptitud de tomar una decisión suficientemente informada, lo que iría en detrimento del fin primordial de los partidos políticos asignado constitucionalmente, así como del cumplimiento adecuado de sus principios y de sus programas de acción.
Como se ha precisado, una interpretación sistemática y funcional permite apreciara a este órgano jurisdiccional federal que los artículos 35, 41 y 99 de la Constitución federal, en relación con los artículos 79 y 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, establecen que los derechos políticos que se encuentran garantizados mediante el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano son: El derecho de votar, el de ser votado, el de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y el de afiliarse libre e individualmente a los partidos, organizaciones o agrupaciones políticas, con el objeto de tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, con todas las facultades inherentes a esa asociación o afiliación. Así, uno de los derechos fundamentales del ciudadano mexicano en materia política es el de asociación, en particular su vertiente del derecho de afiliación político-electoral, entendido éste en un sentido amplio, es decir, no sólo como derecho de formar parte de los partidos políticos, sino también el derecho de pertenecer a éstos con todos los derechos inherentes a tal pertenencia. Tal criterio ha sido sostenido por este órgano jurisdiccional en la tesis relevante número S3EL021/99, cuyo rubro dice: "DERECHO DE AFILIACIÓN DE LOS CIUDADANOS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ALCANCES."
Lo anterior, desde luego, no significa en forma alguna sostener que los derechos fundamentales de carácter político sean derechos absolutos o ilimitados, como ha sido criterio reiterado de esta Sala Superior. Así, por ejemplo, el ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9° constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad .de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la Constitución federal. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el proceso electoral. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto,,ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el proceso electoral. Similar criterio se sostuvo por esta Sala Superior al resolver los expedientes SUP-JRC-126/2001, SUP-JRC-127/2001 y SUP-JRC-128/2001, acumulados.
c) Formar ideológica y políticamente a sus afiliados infundiendo en ellos el respeto al adversario y a sus derechos en la lucha política;
I. Una asamblea nacional o equivalente; II. Un comité nacional o equivalente, que sea el representante nacional del partido; III. Comités o equivalentes en las entidades federativas; y IV. Un órgano responsable de la administración de su patrimonio y recursos financieros y de la presentación de los informes de ingresos y egresos anuales y de campaña a que se refiere el párrafo 1 del artículo 49-A de este Código.
I. El número de afiliados que concurrieron y participaron en la asamblea estatal o distrital, que en ningún caso podrá ser menor a 3,000 o 300, respectivamente, de conformidad con lo dispuesto por el inciso b) del párrafo 1 del artículo 24; que conocieron y aprobaron la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos; y que suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación; y II. Que con las personas mencionadas en ía fracción anterior, quedaron formadas las listas de afiliados, con el nombre, los apellidos, su residencia y la clave de la Credencial para Votar.
1. Que asistieron los delegados propietarios o suplentes, elegidos en las asambleas estatales o distritales; II. Que acreditaron por medio de las actas correspondientes, que las asambleas se celebraron de conformidad con lo prescrito en el inciso a) de este artículo; III. Que se comprobó la identidad y residencia de los delegados a la asamblea nacional, por medio de su Credencial para Votar u otro documento fehaciente; IV. Que fueron aprobados su declaración de principios, programa de acción y estatutos; y V. Que se formaron listas de afiliados con los demás militantes con que cuenta la organización en el país, con el objeto de satisfacer el requisito del porcentaje mínimo de afiliados exigido por este Código. Estas listas contendrán los datos requeridos en la fracción II del inciso anterior.
1. Una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de un partido político nacional, la organización interesada, en el mes de enero del año anterior al de la elección, presentará ante el Instituto Federal Electoral la solicitud de registro,. acompañándola con los siguientes documentos:
I) Comunicar al Instituto Federal Electoral cualquier modificación a su declaración de principios, programas de acción o estatutos, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente por el partido. Las modificaciones no surtirán efectos hasta que el Consejo General del Instituto declare la procedencia constitucional y legal de las mismas. La resolución deberá dictarse en un plazo que no exceda de 30 días contados a partir de la presentación de la documentación correspondiente;
2. Las modificaciones a que se refiere el inciso I) del párrafo anterior en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral.
f)Los estatutos establecerán, entre otros puntos, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, así como sus derechos y obligaciones; dentro de los derechos se incluirán el de participar personalmente o por medio de delegados en asambleas y convenciones, y el de poder ser integrante de los órganos directivos; los procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos directivos y las normas para la postulación democrática de sus candidatos (artículo 27, párrafo 1, incisos b), c) y d));
Asimismo, todo ciudadano mexicano tiene derecho a afiliarse a los partidos políticos individual y libremente. El derecho de afiliación, como se ha argumentado, comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos, sino también el derecho de pertenecer a éstos con todas los derechos inherentes a tal pertenencia, entre los cuales se encuentran el de estar informado sobre las actividades del partido al que pertenecen, quiénes ocupan sus cargos directivos y los procedimiento llevados a cabo para la integración y renovación de los órganos directivos. Si la información es consustancial con la libertad, entonces, el ejercicio libre de los derechos político-electorales de asociación y de afiliación implica tener cierta información por parte de los titulares de estos derechos. En el caso del derecho de asociación política esta información ha de incluir un conocimiento sobre las opciones partidistas actuales, su declaración de principios, su programa de acción y sus estatutos, así como quiénes forman parte de sus órganos directivos y los procedimientos seguidos para su integración y renovación, ya que de lo contrario el ciudadano no estaría en aptitud de ejercer libremente sus derechos de asociación y de afiliación, el primero de tales derechos para formar un nuevo partido político si no le satisfacen las alternativas partidistas actuales, y el segundo para afiliarse a un determinado partido político, para conservar o ratificar su afiliación o, incluso, para desafiliarse.
En consecuencia, en principio, la información acerca de los partidos políticos debe ser pública, salvo la información que se considere confidencial o restringida, como la que pueda vulnerar derechos de tercero, por ejemplo, la información sobre los datos personales de los afiliados. En cambio, la información relativa a ios integrantes de los cargos directivos de un partido político y los procedimientos previstos en los estatutos del partido para su elección no puede ser considerada en forma alguna información confidencial o restringida, ya que no viola el principio de confidencialidad -como lo alega la ahora actora- ni vulnera derechos de tercero, es decir, no pugna con los derechos de los partidos políticos ni con el derecho de otro individuo. Sobre el particular, es importante tener presente que, en el artículo 93, párrafo 1,inciso i), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establece lo siguiente:
En la ley no se establece que los datos e informes que obren en el libro de registro de los integrantes de los órgano directivos de los partidos políticos sean confidenciales. De haberlo considerado así, el legislador lo hubiera establecido en forma expresa, tal como acontece en el caso de los documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores, en cumplimiento de las obligaciones que les impone la Constitución federal y el citado código, los cuales serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer, salvo cuando se trate de juicios, recursos o procedimientos en que el Instituto Federal Electoral fuese parte, para cumplir con las obligaciones previstas en el referido código en materia electoral y en la Ley General de Población en lo referente al Registro Nacional Ciudadano o por mandato de juez competente, tal como lo establece el artículo 135, párrafo 3, del mismo código. Tratándose del libro de registro de quienes integran los órganos directivos de los partidos políticos, a cargo de la Dirección Ejecutiva de Partidos y Prerrogativas Políticas, los datos, documentos e informes que proporcionen los partidos políticos no se hacen al amparo del principio de confidencialidad, por lo que no hay, en principio, razón jurídica para no darlos a conocer a los ciudadanos interesados y luego, de ser el caso, a la sociedad en general, interesada en la preservación y vigorización del sistema de partidos, interés derivado, como razonó, del stefus constitucional conferido a los partidos políticos como entidades de interés público.
Al respecto, cabe destacar que la función registral a cargo de determinados organismos públicos, se hace consistir precisamente en el levantamiento actualizado de diversa información, a través de la aplicación de sistemas de inscripciones, anotaciones, catálogos e inventarios que garantizan, a través de su publicidad, la certeza, transparencia, control, autenticidad y seguridad en la realización de determinados actos jurídicos. En esa virtud es que, salvo las excepciones previstas expresamente en la normativa rectora de un sistema registral, como en el referido caso de estricta confidencialidad prevista en el citado artículo 135, párrafo 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los llamados registros administrativos, particularmente los relacionados con entidades de interés público, son, por su propia naturaleza, públicos, en el sentido de que, precisamente, el público en general tiene ubre acceso a la información inscrita en sus libros, en el entendido de que tratándose de información político-electoral ésta debe reservarse a los ciudadanos.
Sobre la materia "registral" se hace indispensable mencionar, como lo indica Guillermo Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual (Tomo Vil, página 96, Heliasta, Buenos Aires, 1996), que se trata de una disciplina variada, generalmente vinculada con los "registros públicos" como instituciones destinadas a dar fe de actos, documentos, contratos y resoluciones, de índole muy diversa, con preponderancia administrativa y judicial, estructuradas y materializadas en sus oficinas y libros.
Por tanto, al hablar de aspectos regístrales se puede señalar que no existen en principio reglas generales o comunes a todos ellos, sino más bien serán factores específicos, como la materia en la que se obligue tal registro, el interés social debidamente justificado o la naturaleza intrínseca del acto a inscribir, los que determinen la estructura, el funcionamiento y los objetivos de los organismos encargados de desarrollar dicha función registral, así como la calidad, el control y la confidencialidad o publicidad de la información registrada a su cargo
Ahora bien, con independencia de las excepciones expresas a la publicidad de la información inscrita en ciertos registros administrativos, es importante destacar que la publicidad o confidencialidad de la información registral no depende necesariamente de la formalidad consistente en que la oficina o dependencia responsable de llevar el registro administrativo de mérito tenga el calificativo de "público" (como lo sugiere el autor Alfonso Nava Negrete, bajo la voz Registros Administrativos, en Diccionario Jurídico Mexicano, México, coed. Porrúa-lnstituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Tomo P-Z, 1988, páginas 2747 y 2748), verbi gratia, el Registro Público de la Propiedad, el Registro Público de la Propiedad Federal, el Registro Público de Organismos Descentralizados o el Registro Público de Comercio, toda vez que puede suceder, como en el caso bajo estudio, que el registro de cierta información esté a cargo de órganos del Estado que por no ser su función primordial de índole registral, no llevan formalmente como nombre el de "Registro", en tanto que materialmente sí desarrollan esta función respecto de ciertos y determinados actos, como lo es el caso del instituto Federal Electoral, el cual, a través de su Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, tiene a su cargo el registro de determinados actos jurídicos, específicamente previstos por el legislador dentro del ámbito de la materia electoral federal.
Por tanto, en el presente caso, esta Sala Superior considera que le asiste la razón a la actora en cuanto alega que, como parte de su derecho fundamental de asociación política y, en particular, de afiliación político-electoral, atendiendo al carácter de entidades de interés público de los partidos políticos, la naturaleza pública del correspondiente registro a cargo del Instituto Federal Electoral y el deber del Estado de garantizar el derecho a la información, tiene derecho a que se le proporcione copia certificada del registro de los órganos directivos nacional y estatales del Partido de la Sociedad Nacionalista, toda vez que como ciudadano mexicano es titular de los derechos de asociación política y de afiliación político-electoral, que, como se ha razonado, comprenden el derecho a tener información sobre quiénes integran los cargos directivos de un determinado partido político, en el entendido de que no se encuentra controvertido por la autoridad responsable ni por el tercero interesado que la ahora actora sea ciudadana mexicana. Incluso, el derecho de asociación política, en particular en su vertiente de afiliación político-electoral, al comprender también el derecho a estar informado sobre los procedimientos efectivamente seguidos para la integración y renovación de los órganos directivos del partido político, confiere a su titular el derecho a recibir tal información, con independencia de que el ciudadano sea o no afiliado, miembro o militante de dicho instituto político. En la especie, por lo tanto, como se expondrá a continuación, este órgano jurisdiccional estima que la enjuiciante tiene derecho a que se le entregue copia certificada de los documentos que acreditan el efectivo procedimiento seguido para el nombramiento de los respectivos órganos directivos del Partido de la Sociedad Nacionalista, sin que obste para ello que no esté acreditado el autos su carácter de afiliada o militante del citado partido político.
Por otro lado, le asiste la razón a la actora, ya que la resolución impugnada carece de fundamentación y motivación violando en perjuicio de la promovente el principio de legalidad electoral previsto en el artículo 41, fracción IV, en relación con el 16, de la Constitución federal. En efecto, esta última disposición obliga a toda autoridad a fundar y motivar sus resoluciones. No obstante, la responsable no invoca precepto legal alguno aplicable al caso concreto y tampoco señala las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión de la resolución impugnada y, con mayor razón, no existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, esto es, en el caso no se configura hipótesis normativa alguna. En particular, la responsable no invoca cuerpo legal o precepto alguno aplicable al caso para establecer que el conducto por el que un militante debe solicitar información relacionada con el partido político al que pertenece es la representación del partido ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Además, al carecer el acto de fundamentación, los motivos aducidos por la responsable para emitir su resolución revisten un carácter de hecho, toda vez que no están adecuados a precepto legal alguno y, por ende, no hay la correlación o adecuación necesaria entre la fundamentación y la motivación que todo acto de autoridad debe revestir.
Ahora bien, haciendo una interpretación sistemática y funcional de los artículos 6°; 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, segundo párrafo, in fine, y IV, y 99, fracción V, de la Constitución federal, así como 5°, párrafo 1, y 93, párrafo 1, inciso i), esta Sal Superior estima que el derecho de asociación política y, en particular, en su vertiente de afiliación político-electoral, es un derecho fundamental consagrado constitucionalmente en favor de todo ciudadano mexicano, el cual debe entenderse en un sentido amplio, es decir, no sólo como derecho de formar parte de los partidos políticos, sino también el derecho de pertenecer a éstos con todos los derechos inherentes a tal pertenencia; entre estos derechos inherentes al status de asociado o afiliado, atendiendo al carácter de entidades de interés público de los partidos políticos, la naturaleza pública del registro de cierta información a cargo del Instituto Federal Electoral y el deber estatal de garantizar el derecho a la información, se encuentran el derecho de estar informado sobre determinados aspectos básicos de los partidos políticos, tales como, ínter alia, su declaración de principios, su programa de acción, sus estatutos, los integrantes de sus órganos directivos, así como los procedimientos previstos en los estatutos para la integración o renovación de los mismos, además de los procedimientos efectivamente seguidos para la integración y renovación de tales órganos
Cabe señalar que la información que obra en el libro de registro a que se refiere el artículo 93, párrafo 1, inciso i), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la información que sirve de sustento o respaldo a dicho libro registral constituyen una unidad inescindible, coherente y sistemática, ya que no es lógicamente dable que surjan inconsistencias o discrepancias entre la información registral y aquella que precisamente sirvió para integrar el registro respectivo, por lo que no hay razón jurídica válida alguna para proporcionarle a un ciudadano que la solicita un tipo de información -la información registral- y no la información que le da sustento a la misma, pues un trato diferenciado sería arbitrario, máxime que, como ha quedado establecido, el referid registro tiene un carácter público.
Asimismo, es importante destacar que el registro de los integrantes de los órganos directivos de los partidos políticos y de sus representantes acreditados ante los órganos del Instituto Federal Electoral a nivel nacional, local y distrital, así como el de los dirigentes de las agrupaciones políticas, no es una función meramente mecánica de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos sino que resulta incuestionable que para cumplir con esa atribución, que establece el citado artículo 93, párrafo 1, inciso i), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuenta con facultades para verificar previamente que el partido político de que se trate haya dado cumplimiento al procedimiento establecido en sus respectivos estatutos, particularmente observar los procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos directivos, en conformidad con lo establecido en el artículo 27/ párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en relación con lo dispuesto en el artículo 38, párrafo 1, incisos a) y m), del ordenamiento invocado, lo anterior para llevar a cabo la integración y renovación de sus órganos directivos, así como que se encuentre instrumentado en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el referido estatuto, y, una vez hecho lo anterior, proceder al registro en el libro correspondiente, como lo prescribe la legislación de la materia.
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS. PARA REGISTRAR A LOS DIRIGENTES PARTIDISTAS, PUEDE REVISAR LA REGULARIDAD DE LA DESIGNACIÓN O ELECCIÓN. Si la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, es la autoridad competente para llevar el libro de registro de los integrantes de los órganos directivos de los partidos políticos y de sus representantes acreditados ante los órganos del Instituto a nivel nacional, local y distrital, así como el de los dirigentes de las agrupaciones políticas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 93, párrafo 1, inciso i) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es evidente que para cumplir con ello, cuenta con facultades para verificar previamente que el partido político interesado haya dado cumplimiento al procedimiento establecido en sus estatutos, para llevar a cabo la designación de los representantes del partido, así como que el mismo se encuentre instrumentado en estricto cumplimiento a lo dispuesto por el referido estatuto; y una vez hecho lo anterior, proceder al registro en ei libro correspondiente, como lo prescribe la legislación de la materia, máxime cuando tal facultad no se encuentra concedida a ningún otro órgano del Instituto Federal Electoral, ya que sin dicha verificación se convertiría en una simple registradora de actos, lo que imposibilitaría a la mencionada autoridad cumplir adecuadamente con la atribución consistente en llevar el libro de registro de los integrantes de los órganos directivos de los partidos políticos.
Por lo tanto, como se ha razonado, para que un sujeto normativo tenga derecho a la información señalada es una condición necesaria y suficiente que sea ciudadano mexicano, por lo que la ahora enjuiciante tiene el derecho, como parte integral de su derecho de asociación política y, en particular, en su vertiente del derecho de afiliación político-electoral, a tener información acerca de quiénes integran los órganos directivos del Partido de la Sociedad Nacionalista, así como la relativa a los procedimientos efectivamente seguidos para ello que, en su caso, tenga la autoridad administrativa en ejercicio de sus atribuciones legales.
En efecto, en los primeros asuntos se destacó que, en las catorce demandas acumuladas de los juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, los actores promovían con el carácter de miembros o militantes de cierto partido político y, en virtud de satisfacer determinados requisitos legales, según su decir, estimaban que ellos debían haber sido postulados y registrados como candidatos por el principio de representación proporcional, respecto de lo cual la propia Sala Superior concluyó que la causa de pedir de la pretensión de los actores consistía precisamente en dicha afirmación de los promoventes sobre su calidad de miembros o militantes y que, al no constaren autos prueba alguna con la cual se evidenciara tal aserción, se desestimó su pretensión, toda vez que una condición necesaria para ser postulados, como candidatos, del respectivo partidos político era su carácter de miembros o afiliados del mismo, en tanto que no bastaba para tal efecto tener la mera calidad de ciudadano; mientras que, en el presente asunto, como ya se dejó inconcuso al estudiar los agravios que se resumieron al inicio del presente considerando, la Sala Superior los consideró sustancialmente fundados porque efectivamente la actora, en su mero carácter de ciudadana, como parte de su derecho fundamental de asociación política y, en particular, su vertiente de afiliación político-electoral, atendiendo al status constitucional de los partidos políticos en tanto entidades de interés público, la naturaleza pública del correspondiente registro a cargo del Instituto Federal Electoral y el deber del Estado de garantizar el derecho a la información, tiene derecho a que se le proporcione copia certificada del registro de los órganos directivos nacional y estatales del Partido de la Sociedad Nacionalista, así como de la información que soporta dicho registro, es decir, la documentación que los partidos políticos nacionales hayan proporcionado oportunamente a la autoridad administrativa electoral, en cuanto a los integrantes de sus órganos directivos, información que le permite a la misma hacer la anotación correspondiente en el registro que tiene a su cargo, en atención a los procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos directivos establecidos en los respectivos estatutos.
Como se puede apreciar, en los catorce asuntos acumulados, esta Sala Superior consideró que el presupuesto de la pretensión de los actores exclusivamente residía en su carácter de militante o miembro de un partido político y, al no acreditarse ese aspecto, se desestimó la pretensión de los recurrentes, pues no bastaba la mera calidad de ciudadano mexicano para tai efecto, en tanto que, en el presente asunto, se identificó un elemento cualitativo distinto sobre la persona de la promovente y que daba sustento a sus pretensiones que, precisamente, es la mera calidad de ciudadano mexicano, lo cual indudablemente permite establecer diferencias entre este juicio y los otros acumulados.
Por consiguiente, al resultar sustancialmente fundados los agravios expresados por la actora en su escrito de demanda, esta Sala Superior considera procedente revocar la resolución impugnada y ordenar a la autoridad responsable emitir una nueva a fin de que se le proporcione a la actora, a su costa, copia certificada de la información relativa al registro de los órganos directivos nacional y estatales del Partido De la Sociedad Nacionalista, así como de la información que soporta dicho registro, es decir, la documentación que los partidos políticos nacionales hayan proporcionado oportunamente a la autoridad administrativa electoral, en los términos de lo dispuesto en el artículo 38, párrafo 1, inciso m), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en cuanto a los cambios de los integrantes de sus órganos directivos, información que le permite a la misma hacer la anotación correspondiente en el registro que tiene a su cargo, en atención a los procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos directivos establecidos en los respectivos estatutos, conforme con lo dispuesto en el artículo 27, párrafo 1, inciso c), del citado código.
ÚNICO. Se revoca la resolución impugnada de cinco de noviembre de dos mil uno, contenida en el oficio número DEPPP/DPPF/2528/01, emitida por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, debiendo dicha autoridad emitir una nueva en los términos establecidos en el considerando NI de la presente sentencia.
Notifíquese, por correo certificado a la actora, Sandra Rosario Ortiz Noyola, en el domicilio señalado en autos; por oficio, acompañando copia certificada de la presente resolución, a la autoridad responsable, y por estrados, a los demás interesados.
Así, por mayoría de cinco votos, lo resolvieron los Magistrados Electorales integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el voto en contra de los magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, el primero de los mencionados en su calidad de ponente, quienes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 187, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, formulan voto particular que se agrega a la presente, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe, siendo el Magistrado José de Jesús Orozco Henríquez, el encarga del engrosé.
VOTO PARTICULAR QUE FORMULAN LOS MAGISTRADOS ELOY FUENTES CERDA Y ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO, EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE SUP-JDC-127/2001, POR DISENTIR DE LA MAYORÍA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 187, ULTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.
Tomando en consideración que en la sentencia mayoritaria que resuelve el presente medio de impugnativo, en cuanto al estudio del fondo del asunto, se contienen razonamientos no compartidos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, formulamos voto particular en los términos siguientes:
De los agravios expuestos por la parte actora y que han quedado transcritos en el resultando tres del presente fallo, se desprende que Sandra Rosario Ortiz Noyola promueve ostentándose como militante del Partido de la Sociedad Nacionalista; de ahí que, el primer elemento de la causa de pedir de la pretensión de la accionante, se sustente en la afirmación de ser militante del Partido de la Sociedad Nacionalista.
Así, en lo que al caso atañe, el inciso b), del artículo 27 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, prevé que los estatutos partidistas establecerán, los procedimientos para la afiliación, libre y pacífica de sus miembros, así como sus derechos y obligaciones.
Por su parte, los Estatutos del Partido de la Sociedad Nacionalista, que son del conocimiento de quienes suscriben el presente voto particular, por obrar en el Centro de Documentación del mismo, establecen que serán sus miembros los ciudadanos mexicanos de conducta intachable e ideología nacionalista, que acepten cumplir la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos del partido, y que presenten voluntaria e individualmente por escrito la solicitud de ingreso correspondiente.
A su vez, el numeral 7 del ordenamiento partidista de referencia, dispone que los militantes del partido gozarán, entre otros, del derecho a participar en las asambleas y reuniones, así como discutir y realizar propuestas personamente o a través de sus representantes en los asuntos de trascendencia nacional y local o los concernientes al régimen interno del partido.
Para ser miembro del Partido de la Sociedad Nacionalista se debe cumplir con ciertos requisitos, entre los que destacan, el de aceptar la declaración de principios, programa de acción y estatutos del partido, así como presentar voluntaria e individualmente la solicitud respectiva de ingreso.
Como miembro del Partido de la Sociedad Nacionalista, se tiene el derecho, entre otros más, a el de participar en las asambleas y reuniones, así como discutir y realizar propuestas personalmente o a través de sus representantes en los asuntos de trascendencia nacional y local o los concernientes al régimen interno del partido.
En esa tesitura, si algún miembro del instituto político de la Sociedad Nacionalista, en ejercicio de los derechos que se derivan de su membresía, formula alguna petición, ya sea al propio partido al que pertenece o bien a la autoridad electoral competente, es evidente que primeramente debe acreditar de manera fehaciente ante la instancia correspondiente su calidad de miembro o militante, puesto que, constituye el presupuesto esencial de su pretensión, correspondiéndole la carga de su afirmación conforme a lo estatuido en el párrafo 2, del artículo 15 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dado que, el que afirma está obligado a probar. Luego si como se dejó establecido en párrafos pretéritos, el primer elemento de la causa de pedir de la pretensión de la demandante lo hizo consistir, en que era integrante del Partido de la Sociedad Nacionalista, tal carácter le correspondía acreditario ante la autoridad responsable.
En efecto, en los autos que integran el expediente en que se actúa obra copia fotostática simple de una credencial que ostenta a la actora como militante del Partido de la Sociedad Nacionalista. Sin embargo la apuntada documental por su naturaleza de reproducción fotográfica carece de valor probatorio pleno, pues existe la posibilidad real y cierta de que se encuentre alterado su contenido, pues ante los avances tecnológicos existentes una copia fotostática es fácilmente manipulable para hacer aparecer en ella, según convenga, lo que se quiera; de ahí que, en todo caso, atendiendo a las reglas de la experiencia y a la sana crítica, sólo puede constituir un indicio que debe adminicularse con otras pruebas para que pueda llegar a generar cierto convencimiento, lo que en el presente caso no acontece, habida cuenta que en autos no obran otros elementos de convicción que corroboren la autenticidad del documento presentado, aunado a la manifestación que vierte el mencionado instituto político al comparecer como tercero interesado en esta causa, negando que la promovente goza de la calidad de militante, y a más de ello, apuntando que la credencial que exhibe no cuenta con las características de las expedidas por el mismo. Consecuentemente, es dable concluir jurídicamente que Sandra Rosario Ortiz Noyola, incumplió con la carga probatoria que le correspondía para acreditar el carácter con que se ostentó -miembro del Partido de la Sociedad Nacionalista-, lo que, se considera preponderante, si se toma en cuenta que tal hecho, constituye el elemento esencial de su causa de pedir.
Así las cosas, si la enjuiciante sustenta su pretensión en la premisa fundamental de que es miembro del partido en cuestión y no demostró tal membresía, como se puso de relieve, en líneas atrás, es inconcuso que no se le puede considerar como miembro del referido instituto político, y por ende, al no estar acreditado dicho elemento esencial, tal pretensión debe ser desestimada.
Las consideraciones antes expuestas encuentran apoyo, aplicado por analogía, el criterio que sostuvo la Sala Superior, al resolver catorce juicios de protección de los derechos político-electorales del ciudadano, acumulados en el expediente SUP-JDC-104/2000, que fue sesionado el veintitrés de mayo del año dos mil; en razón de que, si bien tal asunto se refería a la impugnación que formularon varias personas en contra del acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante el cual aprobó el registro de la lista de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, que presentó la Coalición Alianza por México, por considerar que los aspirantes inscritos no surgieron de un procedimiento democrático de postulación interna, lo realmente trascendente, es que la pretensión de los promoventes de invalidar el acto cuestionado, derivaba de su carácter de miembros de un partido político, que no se acreditó al igual que en el presente caso, en donde la membresía partidaria constituye el elemento principal de la causa de pedir de la parte actora.
La conclusión a que se ha arribado, de ningún modo podría verse afectada o modificada, en el hipotético caso, en que a través de los distintos motivos de inconformidad se evidenciaran otros elementos de la pretensión, porque al no estar acreditado uno de ellos, y al ser necesaria la concurrencia de todos, de manera alguna podría llegarse a una determinación diferente a la aquí establecida. De ahí que sería innecesario el examen de esos distintos motivos de disenso, y habría lugar a confirmar el acto o resolución impugnado.
Además, resulta pertinente dejar precisado, que el hecho que el inciso i), del párrafo primero del artículo 93 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establezca que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos tiene la atribución de llevar el libro de registro de los integrantes de los órganos directivos de los partidos políticos y de sus representantes acreditados ante los órganos del Instituto Federal Electoral a nivel nacional, local y distrital, ello no conlleva, indefectiblemente, a establecer que exista una obligación correlativa para dicho órgano electoral, de proporcionar a cualquier individuo que lo solicite, informes o copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos, en tanto que, a pesar de que no exista disposición legal alguna que le otorgue el carácter de confidencial a la información aludida, dada la naturaleza y origen de la misma, es decir proveniente de un instituto político, con ciertos fines específicos, como pueden ser, obtener su registro como partido político nacional; comunicar cualquier modificación a sus principios, programas de acción o estatutos, a fin de que se declare su procedencia constitucional y legal; notificar oportunamente los cambios de los integrantes de sus órganos directivos, así como el registro de los mismos etcétera, únicamente puede ser accesible a quien tenga un interés legitimo, esto es, a sus propios militantes, quienes al amparo de un derecho cierto, genuino y verdadero, de conformidad con las leyes aplicables son los que se encuentran legalmente habilitados para requerir documentación o información relacionada con el ente partidista al que pertenecen.
No basta, pues, ostentarse como ciudadano mexicano y tener la posibilidad de afiliación, para por tal circunstancia, se tenga acceso a la información de la autoridad electoral atinente relacionada con cualquier partido político, ya que para que ello ocurra, es menester contar con el interés o la legitimación necesaria, toda vez que, los apuntados elementos constituyen requisitos fundamentales para la procedencia de cualquier petición que se eleve ante una autoridad; habida cuenta que, de aceptarse esa postura -de que cualquier persona por el simple hecho de ser ciudadano mexicano y tener la posibilidad de afiliación podría tener acceso a la referida información-, podría, inclusive, llegar al extremo de que se solicitara y obtuviera los datos concernientes a quienes integran su padrón de militantes, lo que resulta jurídicamente inadmisible.
En esta tesis, se ha establecido que la prerrogativa constitucional de libre afiliación, no se agota con la sola potestad de formar parte de los partidos políticos, sino en el derecho a pertenecer a éstos con todos los derechos inherentes a tal pertenencia, que de inicio deben contenerse en los estatutos de cada instituto político y que así determinan el contenido del derecho de afiliación de los ciudadanos en cada caso concreto.
De otra parte, como ya se dijo, no sería dable pretender que cualquier persona, por tener la calidad de ciudadano mexicano y contar con el derecho y la posibilidad de afiliarse a cualquiera de los partidos políticos que actúan en la esfera política de nuestro país, pudiera pretender acceder a la información que en su caso se aporte por cada ente político nacional con registro ante el Instituto Federal Electoral, por la sola circunstancia de que dicha autoridad, a través de su Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, le competa el registro de los integrantes de los órganos directivos y de sus representantes acreditados ante los órganos del Instituto en el ámbito nacional, local y distrital, así como el de los dirigentes de las agrupaciones políticas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 93, párrafo 1, inciso i) del Código Estatal Electoral Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y que además, en los términos en los que ha sustentado la Sala Superior en diversa tesis relevante, con el rubro "DIRECCIÓN PARTIDOS EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS POLÍTICOS. PARA REGISTRAR A LOS DIRIGENTES PARTIDISTAS PUEDE REVISAR LA REGULARIDAD DE LA DESIGNACIÓN O ELECCIÓN", visible a fojas 130 de la señalada compilación, corresponda a dicha autoridad las facultades para verificar previamente que el partido político interesado haya dado cumplimiento al procedimiento establecido en sus estatutos, para llevar a cabo la designación de sus representantes. Lo anterior, pues si bien la ley electoral menciona la existencia de un registro, tal connotación no lleva implícita en si misma el carácter de público, debiéndose tener presente que es la publicidad que debe darse a ciertos actos la que determina su inscripción en un registro y no a la inversa, que por seguirse un determinado registro, con una infinidad de aplicaciones -incluso en el caso de partidos políticos que se derivan de la propia ley electoral, y que obligan a la autoridad electoral para estar en conocimiento de la designación de los integrantes de los órganos directivos y de los representantes de los dichos entes-, imprima por sí el carácter de publicidad a ciertos actos, la que en todo caso correspondería al legislador señalar, en la medida que aun tratándose de entidades de interés público, la designación de sus dirigentes es una cuestión que queda en su ámbito interno, por más que deba darse cumplimiento a las normas que la regulan y que deben satisfacer los requisitos que la codificación electoral federal les impone, como al igual acontece en el caso de cualquier tipo de asociación
Consecuentemente, en la especie, la acreditación de la membresía partidista resulta toral, pues precisamente de ella, deriva el derecho que se aduce fue transgredido y que motivó el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano; de suerte que, se reitera, al no estar debidamente corroborada la afiliación con que se ostentó la demandante, lo procedente, a juicio de los magistrados que suscriben el presente voto particular, sería confirmar el oficio impugnado.