Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-6798-de-febrero-27-de-1992?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920414c7bf034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-12 10:55:42
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Matched Legal Cases: ['artículo 176', 'artículo 176', 'artículo 176', 'artículo 175', 'artículo 1003', 'artículo 1880', 'artículo 1003', 'artículo 995', 'artículo 1006', 'artículo 1880']

﻿ SENTENCIA 6798 DE FEBRERO 27 DE 1992
SENTENCIA 6798 DE 27 DE FEBRERO DE 1992
CONTENIDO:FALLA DEL SERVICIO EN ACCIDENTES AÉREOS APLICACIÓN COMPLEMENTARIA DEL CÓDIGO DE COMERCIO
TEMAS ESPECÍFICOS:SERVICIOS PÚBLICOS, PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PROCESO ADMINISTRATIVO, RESPONSABILIDAD EN ACCIDENTE AÉREO, FALTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:244 DE ABRIL DE 1992, PÁG.280
Sentencia 6798 de febrero 27 de 1992
FALLA DEL SERVICIO EN ACCIDENTES AÉREOS
APLICACIÓN COMPLEMENTARIA DEL CÓDIGO DE COMERCIO
Ref.: Exp. 6798
Actor: Mercedes León de Parada y otros.
Santafé de Bogotá, D. C., febrero veintisiete de mil novecientos noventa y dos.
"1. Declárase a la Nación Colombiana-Ministerio de Defensa Nacional-Fuerza Aérea Colombiana administrativamente responsable de los perjuicios causados a Mercedes León de Parada, Teresa Parada de Alfonso, Doris Parada León, Gustavo Parada León y Noel Parada León, como consecuencia de la muerte de Odilia Parada León en el accidente aéreo del avión DC-6 FAC 902 ocurrido en las horas de la tarde del día 24 de julio de 1985 en jurisdicción de Leticia, Comisaría del Amazonas.
2. Como consecuencia de la anterior declaración condénase a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Fuerza Aérea Colombiana a pagar como indemnización por perjuicios morales subjetivos, a favor de las personas que a continuación se relacionan, las sumas equivalentes en gramos oro, así:
Mercedes León de Parada, un mil (1.000) gramos oro puro;
María Teresa Parada de Alfonso, quinientos (500) gramos oro puro;
Doris Parada León, quinientos (500) gramos oro puro;
Gustavo Parada León, quinientos (500) gramos oro puro;
Noel Parada León, quinientos (500) gramos oro puro.
Para efectos del pago se tomará el valor del gramo de oro fino que certifique el Banco de la República a la fecha de ejecutoria de esta providencia.
3. Deniéganse las demás pretensiones de la demanda .
4. A la anterior sentencia se le dará cumplimiento en los términos de los artículos 176 y 177 del CCA
5. Si esta sentencia no fuere apelada, consúltese con el H. Consejo de Estado". (fls. 205-206).
El 8 de abril de 1987, por conducto de apoderado, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Mercedes León de Parada, Teresa Parada de Alfonso, Doris, Gustavo y Noel Parada León en ejercicio de la denominada acción de reparación directa y cumplimiento, formularon demanda contra la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Fuerza Aérea Colombiana-Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil para que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:
" 1. Que se declare que la Nación (Ministerio de Defensa Nacional, Fuerza Aérea Colombiana, Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil) es administrativamente responsable de todos los perjuicios causados a mis mandantes por razón de la muerte de que fue víctima la señorita Odilia Parada León, quien falleció el día 24 de julio de 1985 a bordo del avión 902 de la Fuerza Aérea Colombiana, cuando cubría la ruta Leticia-Bogotá.
2. Que se condene a la Nación (Ministerio de Defensa Nacional, Fuerza Aérea Colombiana, Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil), a pagar dentro del plazo señalado en el artículo 176 del CCA a cada uno de los demandantes a título de perjuicios morales el equivalente en pesos colombianos de las siguientes cantidades de oro puro según certificación que dé el Banco de la República a la fecha de la ejecutoria de la sentencia:
1. Para Mercedes León de Parada, mil gramos.
2. Para María Teresa Parada de Alfonso, Noel, Gustavo y Doris Parada León quinientos gramos de oro puro para cada uno de ellos.
3. Que se condene a la Nación (Ministerio de Defensa Nacional, Fuerza Aérea Colombiana, Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil), a pagar dentro del plazo señalado en el artículo 176 del CCA a favor de Doris Parada León, la suma de diecinueve mil doscientos veinte pesos ($ 19.220) más los intereses moratorios desde el día 28 de julio de 1985 hasta que se verifique el pago.
4. La Nación (Ministerio de Defensa Nacional, Fuerza Aérea Colombiana, Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil), dará cumplimiento a la sentencia que se profiera dentro del plazo señalado en el artículo 176 del CCA y pagará intereses según lo prescrito en el artículo 175-5 ibídem" . (fls. 3 a 5).
2. Las hechos.
Aparecen relacionados ampliamente en 28 numerales que se encuentran a folios 5 a 9 del expediente principal, los cuales fueron sintetizados por el a quo así:
"a) Odilia Parada León era hija legítima de Alberto Parada y Mercedes León y hermana legítima de Noel, Gustavo y Doris Parada León y de María Teresa Parada de Alfonso.
b) A fines del mes de julio de 1985, varias empresas de transporte aéreo, fundamentalmente la empresa de Avianca, se vieron afectadas por una huelga de sus trabajadores y el Gobierno Nacional expidió el Decreto N° 1994 de 22 de julio de 1985, en virtud del cual se dispuso que mientras subsistiera la situación de anormalidad en el transporte aéreo comercial, el Ministerio de Defensa Nacional, a través de la Fuerza Aérea Colombiana, prestaría, con su personal, aeronaves y equipos, el servicio en todo el territorio nacional.
c) El 19 de julio de 1985 el DAAC., de acuerdo con Satena y la Fuerza Aérea, elaboraron un plan de emergencia a fin de neutralizar los efectos de la huelga de los empleados de Avianca.
d) La huelga de empleados y pilotos de Avianca fue decretada y el 24 de julio de 1985 el avión DC-6 con matrícula FAC-902 salió a cumplir la misión 88, con hora de decolaje 10:00 del Aeropuerto Eldorado - Apiay - Leticia - Eldorado.
La tripulación estaba integrada, entre otros, por el Teniente Coronel Walter Baer, piloto y el Capitán Álvaro Díaz, copiloto, empleados públicos, vinculados al DAAC.
e) El avión había llegado al país de la ciudad de Miami con destino a Barranquilla, de donde despegó el 24 de abril de 1980 con destino a los Estados Unidos. Luego de seis horas y treinta y ocho minutos de vuelo, el avión regresó a la ciudad de Barranquilla, porque según dijeron los pilotos, tenía dos motores en mal estado de funcionamiento.
Como las explicaciones dadas tanto por los pilotos, como por la tripulación no fueron convincentes y se comprobaron irregularidades en el plan de vuelo, el gobernador del departamento del Atlántico, según Resolución N° 265 de 1980, dispuso el decomiso de la aeronave DC-6, matrícula americana N-120-AC, a favor de la Fuerza Aérea Colombiana, convirtiéndose en el DC-6-902 de la Fuerza Aérea Colombiana.
f) El avión en mención, según lo expuesto en la letra d) anterior, decoló de Leticia con destino a Bogotá, con 74 pasajeros a bordo y entre ellos, la señorita Odilia Parada León, hija y hermana de los demandantes, quien residía en Leticia.
A los pocos minutos de vuelo el operador de la torre de control de Leticia, señor Hernán Espejo Baos recibió informe del Coronel Walter Baer comunicándole que regresaba a Leticia porque el avión tenía fuego en el motor N° 3 e inmediatamente se perdió todo contacto con la nave, pero el señor Espejo Baos vio una columna de humo negro que fue sobrevolada por una avioneta del Departamento Administrativo de Intendencias y Comisarías obteniéndose informe de ratificación del accidente.
g) Hubo una falla en el servicio público de transporte por parte de la Nación, pues el avión era de su propiedad, siendo conducido por agentes suyos y bajo responsabilidad de la primera.
h) El incumplimiento de la obligación de transportar sana y salva a su destino a la señorita Parada León, ha causado graves perjuicios materiales y morales a su madre y hermanos, siendo una de sus hermanas Doris Parada, quien sufragó los gastos de entierro de la víctima". (fls. 193 a 195).
Notificados oportunamente el Ministro de Defensa Nacional y el Director del Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil del auto admisorio de la demanda, ésta última entidad solicitó practicar algunas pruebas, las cuales, luego de evacuarse junto con las pedidas por la parte actora, dieron lugar a los alegatos de conclusión, en los que la demandante reitera los planteamientos del libelo inicial y la apoderada del DAAC., argumenta, con razón, que este departamento ninguna injerencia tuvo ni en la orden de vuelo ni en relación con el piloto del avión accidentado, pues a pesar de ser un funcionario del mismo, en el momento del accidente actuaba por órdenes del Comando de la FAC. El Fiscal Sexto del Tribunal conceptuó en forma favorable a las pretensiones de la demanda.
4. La sentencia consultada.
En providencia visible a folios 192 a 207 del expediente principal, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, encontró acreditados los elementos estructurales de la responsabilidad administrativa por falla en servicio y en consecuencia determinó la responsabilidad del ente demandado Nación-Ministerio de Defensa Nacional y excluyó de toda responsabilidad al Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil. Igualmente condenó al pago de perjuicios morales para la progenitora y los hermanos de la víctima. Con respecto a la motivación de la providencia, la Sala a continuación hace algunas observaciones.
Para la Sala el fallo que se consulta deberá confirmarse. Sin embargo, dadas las consideraciones en él consignadas y las observaciones expuestas por el Fiscal Décimo de la Corporación y el apoderado de la parte actora, con respecto a la aplicación de las normas del Código de Comercio al caso examinado, resulta de conveniencia que previamente se hagan algunas precisiones sobre el particular.
Se afirma en la providencia consultada que los fundamentos de derecho en que se apoya la demanda:
"... responden a instituciones jurídicas bien distintas, como son la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual. De la primera hacen parte las normas del C. de Co. aducidas, como reguladoras que son del contrato de transporte y de la segunda, las disposiciones constitucionales invocadas y sobre las que se ha estructurado doctrinaria y jurisprudencialmente la responsabilidad de la Administración por falla del servicio.
Entiende la Sala, de la interpretación en conjunto del libelo de demanda, que la responsabilidad cuya declaratoria se pretende no encuentra su fundamento en el contrato de transporte en razón, de una parte, a que los actores dicen ejercitar la acción extracontractual y de otra, a que en el evento sub iudice no existe relación contractual alguna de la que derive el incumplimiento de la obligación que origina la respectiva responsabilidad y la consecuencial indemnización del perjuicio o perjuicios causados" . (Fol. 203).
Este reducido apoyo legislativo sobre navegación aérea se modificó a partir del 1° de enero de 1972, cuando se inició la vigencia del Decreto 410 de 1971, mediante el cual se expidió el Código de Comercio que actualmente rige, estatuto que trata en la Segunda Parte, del Libro Quinto, lo relacionado con la navegación y el transporte aéreos. Fue por virtud de este ordenamiento como nuestra legislación se acomodó y actualizó frente al derecho aeronáutico moderno, se introdujeron principios legislativos contrarios, algunas veces, a la misma jurisprudencia de la Corte que se venía aplicando y orientados por los consagrados en protocolos internacionales aceptados por Colombia. Desde luego, este avance en la normatividad del transporte aéreo pronto originó modificaciones en la jurisprudencia de la Corte, acorde con la nueva estructura legal de ese asunto.
Se recuerdan, entre otros, los casos decididos con ocasión de la tragedia aérea de Santa Ana, el 24 de julio de 1938; el caso Marshall y Zúñiga a raíz del accidente de un avión de Scadta el 10 de marzo de 1934; el de un avión de Avianca, el 10 de octubre de 1939 y el accidente de Málaga en Santander, de una avioneta perteneciente a la empresa "Taxi Aéreo Sabanero" (Fass Ltda.), el 9 de noviembre de 1968. En torno de los tres primeros insucesos se desarrolló la jurisprudencia civil de la Corte sobre la materia y al conocer del último se modificaron criterios y conceptos hasta entonces de hondo arraigo doctrinario y jurisprudencial.
Procuraba la doctrina antecedente al actual C. de Co., establecer una línea equitativa de responsabilidad, con miras a lograr que no siempre se culpara a las empresas por los accidentes de sus aviones, pero que igualmente aquellas no eludieran sus obligaciones indemnizatorias, ni el pasajero quedara sin defensa de sus derechos. Se configuraron entonces entre otros, los siguientes presupuestos doctrinales: de una parte, el transporte aéreo que ejecutaran las empresas organizadas constituía un servicio público; de otra, la responsabilidad del transportador preferencialmente debía nacer del contrato de transporte y, por último, en vista de los peligros imprevistos de la navegación aérea cuya responsabilidad no podía asumir el transportador porque no había norma que así lo determinara, le correspondía al pasajero la asunción de tales riesgos, siempre que los mismos no tuvieran origen en fallas o deficiencias de la nave, equipos, tripulación, etc. En tales condiciones, la responsabilidad del transportador aéreo era de prudencia y diligencia; se liberaba si probaba la ausencia de culpa, es decir, su diligencia y cuidado, sin que estuviera obligado a demostrar como causal exonerativa de responsabilidad, la ocurrencia de la fuerza mayor o que el daño se había producido por culpa exclusiva de la víctima.
Este criterio, originado como se anotó, en los llamados riesgos del aire, comenzó a perder vigencia e importancia frente a los avances tecnológicos de la aviación y de las ciencias relacionadas con la misma, que rápidamente fueron allanando los riesgos e incertidumbres del tráfico aeronáutico y permitieron entonces predecir, prevenir y afrontar con las máximas seguridades los aludidos riesgos del aire, hasta el punto de hacerse imposible proseguir sosteniendo que el transportista aéreo sólo asume obligación de medio y no de resultado, ni mucho menos, continuar con la tesis de que los riesgos del traslado aéreo eran de cargo del usuario. En estas condiciones se llegó a la actual posición legislativa y jurisprudencial, derivadas de los artículos 1003 Y 1880 del estatuto comercial, según los cuales el transportador aeronáutico responde por el daño ocasionado en caso de muerte o lesión del pasajero, para lo cual sólo se requiere demostrar que el hecho que lo causó se produjo a bordo de la aeronave o durante cualesquiera de las operaciones de embarque o desembarque, a excepción de aquellos casos en los que el transportador compruebe que tomó todas las medidas necesarias para evitar el daño o que le fue imposible tomarlas y, de otra parte, que los daños sucedieron por obra de un tercero, por culpa del pasajero o por enfermedad de éste no agravada por hechos atribuibles al transportador, según lo consagra el artículo 1003 del citado ordenamiento. Se consagró así la presunción de culpa del transportador aéreo y se le impidió alegar a su favor la fuerza mayor como excluyente de responsabilidad, por cuanto el artículo 1880 del C. de Co., al consagrar las causales de exoneración del artículo 1003 ibídem, expresamente omitió relacionar la fuerza mayor.
Ahora bien, sin desconocer que en el caso bajo estudio no se dio en forma expresa un contrato remunerado de transporte entre el Estado y los pasajeros del vuelo accidentado, porque dicha relación se había constituido con la empresa o empresas aéreas comerciales que se encontraban laboralmente inactivas, en tales condiciones bien podría estudiarse el asunto bajo el enfoque de un transporte benévolo o gratuito no necesariamente enmarcado en el plano contractual, pues conforme lo establece el artículo 995 del Código de Comercio, "el transporte benévolo o gratuito no se tendrá como contrato mercantil sino cuando sea accesorio de un acto de comercio'''', accesoriedad que no se presenta en el sub judice, donde lo que ciertamente se dio fue la prestación por parte de la Fuerza Aérea Colombiana de un servicio público de transporte legalmente establecido.
Conforme a lo anterior y si se maneja la situación bajo la óptica del transporte benévolo o gratuito, porque, se repite, entre el transportador y la pasajera fallecida no se dio ningún contrato de transporte, bien podían reclamar los actores la responsabilidad extracontractual de la demandada mediante el ejercicio de la acción de reparación directa, con el respaldo complementario de las disposiciones del Código de Comercio. Agréguese a lo anterior que el artículo 1006 del mismo estatuto autoriza el ejercicio de la acción contractual y la extracontractual en forma separada o continua, condicionando tal ejercicio a que no se acumulen dichas acciones en un mismo proceso.
En este orden de ideas la Sala no encuentra los antagonismos y contradicciones que obsena el a quo entre el régimen de responsabilidad extracontractual preferido por la parte actora y la normatividad mercantil relacionada como sustento legal de la demanda. En nada puede afectar a la acción ejercitada el que se complemente la estructura normativa constitucional inherente a la responsabilidad extracontractual del Estado, con las disposiciones especiales de un código que, como antes se refirió, condensa la mejor experiencia, doctrina y actualización jurídica posibles en materia de legislación aeronáutica. Distinta sería la situación si las normas mercantiles modificaran el sistema de la responsabilidad administrativa y patrimonial estatales, o si contrariaran los preceptos constitucionales citados, modificación y contradicción que en ningún momento se presentan por cuanto la parte actora se acoge al régimen de la responsabilidad extracontractual, en torno de ella ejercita la acción de reparación directa y sobre la misma se fundamenta el fallo que es objeto de consulta.
Estima la Sala que no tiene razón el agente del Ministerio Público, pues, como se anotó, si no hay contrasentido legal en orientar sustancialmente el estudio del sub lite al amparo de las normas del Código de Comercio que regulan el transporte aéreo, paralela y conjuntamente con las normas y principios de la responsabilidad administrativa extracontractual, cabe aplicar entonces el artículo 1880 del Código Mercantil, en concordancia con el 1003 del mismo estatuto, para concluir que en este caso no habría lugar a reconocer la existencia de una fuerza mayor como causal exonerativa de responsabilidad, la cual, por lo demás, no se encuentra debidamente acreditada en el proceso.
Con respecto a los elementos estructurales de la responsabilidad, como son la falla en el servicio, por ausencia del mismo, ineficacia o irregularidades en su prestación; el daño y la relación causal entre aquella y el perjuicio, cuya existencia con fundamento en las distintas pruebas aportadas encontró el Tribunal debidamente comprobada, considera la Sala que fue acertada la decisión objeto de consulta. En efecto, a esta conclusión se arriba por cuanto del caudal probatorio consignado en el diligenciamiento administrativo se infiere que el avión FAC-902, en cumplimiento y desarrollo del Decreto 1994 del 22 de julio de 1985, prestaba un servicio público de transporte aéreo gratuito, y precisamente el 24 de julio de ese año despegó del aeropuerto Vásquez Cobo de Leticia a las 4:47 de la tarde, reportando a los pocos minutos del decolaje fallas técnicas —fuego de uno de los motores—, circunstancia que obligó su regreso al aeropuerto según lo informó el piloto a la torre de control. El aterrizaje desafortunadamente no se pudo efectuar porque la aeronave se accidentó y fallecieron todos sus ocupantes, entre los cuales, según la relación de cadáveres elaborada por el alcalde de Leticia, figuraba Odilia Parada León. En autos obra además el certificado de defunción expedido por el Notario Único del Círculo de Leticia (fol. 18 C.1). En el caso de estudio, no se presentó causal alguna eximente de responsabilidad y, en cambio, por la naturaleza riesgosa del transporte hay lugar a presumir la culpa, como constitutiva de la falla del servicio.
A consecuencia del hecho dañoso resultaron afectados los demandantes, es decir, que los perjuicios por éstos reclamados mantienen una relación de causalidad con la falla del servicio, integrándose en esa forma los tres elementos constitutivos de la responsabilidad de la administración.
En relación con los perjuicios de orden moral reconocidos en la sentencia de primer grado a la progenitora y hermanos de la occisa, no puede hacer la Sala ningún reparo porque como bien se expresó allí, "de las declaraciones testimoniales recepcionadas en el proceso (fols. 101 a 105. Principal) se desprende que los vínculos de afecto existentes entre la víctima, la madre y los hermanos de la primera eran sólidos y estrechos, razones suficientes para que la Sala concluya que la muerte de Odilia Parada León hubo de afectar emocional y sentimentalmente a los demandantes y, en consecuencia, acceda a condenar al pago de perjuicios morales subjetivos, en cuantía de 1.000 gramos de oro fino para la madre y 500 gramos de oro fino para cada uno de los hermanos ...". La Sala también encuentra acertada la negativa a reconocer perjuicios de orden material por concepto de servicios funerarios (fol. 25), ante la ausencia de reconocimiento del documento respectivo proveniente de un tercero (artículos 252, 277 y 279 del CPC.).
CONFÍRMASE la sentencia objeto del grado jurisdiccional de consulta, esto es, la de 30 de abril de 1991, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera.