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Timestamp: 2015-09-02 12:44:59
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Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 2', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'artículo 4', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'artículo 1', 'Artículo 13', 'artículo 28', 'artículo 118', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 3', 'Artículo 5', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'artículo 16', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'artículo 15', 'Artículo 2', 'artículo 12', 'artículo 15', 'artículo 8', 'artículo 12', 'artículo 15', 'Artículo 8', 'Artículo 11', 'Artículo 11', 'artículo 86', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 15', 'artículo 13', 'artículo 15', 'artículo 16', 'Artículo 3', 'artículo 22', 'artículo 57', 'artículo 13', 'artículo 13']

Centro de Derecho Laboral - IDLADS
El fraude y la simulación en la intermediación laboral y la tercerización (Juristas, abril 2012)
La utilización fraudulenta de la persona jurídica se entiende como aquella situación en la cual los controlantes del ente colectivo se aprovechan de la misma para cometer actos fraudulentos contrarios al orden público y las buenas costumbres. La doctrina que combate estas conductas ilícitas es conocida bajo los nombre del levantamiento, corrimiento, penetración, desestimación, superación, prescindencia, limitación, redhibición, inoponibilidad y allanamiento de la persona jurídica. Y uno de los terrenos donde con mayor frecuencia ocurre ello es el laboral, de ahí que el profesor OJEDA AVILÉS, nos hable de la aparición de la empresa dual, derivada del outsourcing, razón por la que sostiene que “lo verdaderamente peculiar del último cuarto de siglo XX ha sido la responsabilidad extracontractual de los empresarios coordinadores por las deudas del titular de la relación con el trabajador ”. Agrega, “la elaboración legal y jurisprudencial de dicha responsabilidad tendrá visos tortuosos en muchos casos, como vemos en la doctrina del Tribunal Supremo Español de declarar la responsabilidad de todo un grupo de empresas por la actuación de una de ellas con sus trabajadores cuando el grado de cohesión entre las distintas firmas las convierte en la práctica en sucursales de la empresa principal, con dirección única, caja compartida y planilla común ”.
“En ocasiones los tribunales han sido audaces y han llegado a declarar la traslación de responsabilidad a una empresa cliente por los actos de una empresa suministradora, cuando la primera podía imponer condiciones a la segunda que provocaban la situación sancionable, como ocurre en el caso británico Harrods Ltd. Contra Remick, en donde los jueces condenaron a los almacenes Harrods por un caso de discriminación racial de una empresa franquiciada motivado por las condiciones impuestas por aquella ”. Evidentemente, admitir otra posibilidad hubiera entrañado, permitir que se utilice la subjetividad de una persona jurídica para intentar burlar normas de orden público de proscripción de la discriminación, en este caso en el centro de trabajo. Como observamos la utilización de la persona jurídica para defraudar derechos laborales no es una situación ajena al quehacer de la jurisprudencia laboral nacional, empero la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) recaída en el expediente Nº 6322-2007 constituye el primer pronunciamiento del máximo intérprete de la Constitución sobre esta materia, y en la consagración de una de sus principales consecuencias: la solidaridad laboral. Ya antes el Pleno Jurisdiccional Laboral -abril 2008- los magistrados de 29 Cortes Superiores del país establecieron que los grupos de empresas pueden asumir responsabilidad solidaria por el pago de beneficios laborales cuando se haya actuado con el objeto de burlar derechos laborales. Este fraude laboral, es posible como indica FERRO ASTRAY debido “al abuso de derecho por parte de quienes poseen el control de la empresa a través de su dominio económico o del ejercicio de los poderes que les confiere el integrar grupos de mayoría o minoría organizado, en perjuicio de los intereses del resto de los integrantes de aquélla ”. Y como nos enseña MOSSET ITURRASPE, “hecha la ley hecha la trampa”; esto es que, conocedores algunos empresarios de que está “vedado un resultado o un camino para la consecución de sus fines, fuerzan el logro de los mismos o la apertura de caminos que los llevan a resultados análogos. “Y es que también es verdad que las redes tendidas por la ley atrapan determinados peces, paradójicamente los más débiles o delgados, por cuanto los peces fuertes, con mayores posibilidades para moverse dentro del ordenamiento positivo o entre ordenamientos jurídicos de distinta validez territorial, escapan con relativa facilidad” y eso se venía observando en las relaciones laborales individuales y colectivas en el ámbito de los grupos de empresas.
Felizmente, ya en el terreno del derecho tributario, atentos a estos fraudes, bajo el amparo de la teoría de la apreciación económica de los hechos, los habían estado neutralizando como da cuenta MARTORELL: “los actos, operaciones o situaciones en que interviene una persona o entidad se atribuirán también a la otra persona o entidad con la cual aquella tenga vinculación económica o jurídica cuando de la naturaleza de estas vinculaciones resultare que ambas personas o entidades pueden ser consideradas como una unidad o conjunto económico que hubiere sido adoptado exclusivamente para eludir en todo o en parte sus obligaciones fiscales. En este caso, ambas personas o entidades se consideraran contribuyentes codeudores de los gravámenes con responsabilidad solidaria y total ”.
El derecho societario también tuvo respuesta al problema, procediendo a “levantar el velo” de la persona jurídica, “siendo lícito al jurista en tales casos considerar como si la ajenidad que el otorgamiento de personalidad no existiera, pudiéndose despreciar. En suma, partiendo de la idea de que efectivamente la persona jurídica es distinta de los miembros que la componen, se finge que, en algunas ocasiones no es así, como consecuencias de exigencias de equidad y justicia ”. Precisemos que esta teoría también combate el ocultamiento de la dependencia del ente, que “al constituirse una sociedad puede quedar en las sombras su verdadero carácter: sociedad madre, filial, sucursal o ente aislado. Hablar de sociedad madre implica aludir a un grupo de sociedades, en la cual distintas sociedades tienen actividades económicas idénticas, conexas o complementarias, sometidas a una dirección económica única, por el control de su patrimonio por una de las sociedades: la sociedad madre ”.
“La teoría de la penetración [para desentrañar la realidad de las cosas] está destinada a “levantar el velo” o “correr la cortina” de la personalidad moral o jurídica para observar si detrás de ella se encuentra una realidad o pura apariencia, coincidiendo con la teoría de la simulación. En la medida en que la teoría de la penetración en la persona colectiva sirva para desentrañar los fraudes a la ley mediante la persona jurídica ”.
En buena cuenta, lo mismo ocurre, en el terreno del derecho laboral, cuando se evidencia que se intenta usar la subjetividad de empresas vinculadas económicamente para eludir obligaciones laborales, casos en los cuales se aplica, la solidaridad laboral como remedio para evitar un fraude a normas imperativas y de orden público. Los supuestos más comunes de utilización fraudulenta de personas jurídicas para eludir obligaciones laborales son: a) Cuando la sociedad “empleadora” carece de actividad real y se dedica al tráfico de personal a otras empresas, lo que se puede inferir de la falta de tributación, ausencia de autorización para operar o la cancelación de ésta, carencia de independencia de patrimonio, inexistencia de operaciones mercantiles, adquisición de bienes no relacionados a su objeto social y otros hechos, que en conjunto demuestren que la sociedad es una mera fachada formal. b) Cuando la sociedad “empleadora” es utilizada en exclusivo interés de una persona natural que para sustraerse de las obligaciones laborales constituye una sociedad comercial con el exclusivo propósito de defraudar a sus trabajadores.
c) Cuando la sociedad “empleadora” efectúa el traspaso irregular del fondo de comercio a una sociedad vinculada, dejando sin garantía patrimonial a los trabajadores. Se utiliza a la sociedad vinculada como un mero instrumento para sustraerse del cumplimiento de sus obligaciones laborales.
d) Simulación absoluta de una sociedad que funge de empleadora. La única voluntad presente en ella es la del sujeto que interpone ilícitamente a la sociedad convirtiéndola en una mera ficción encaminada a realizar fraudes laborales. El ingreso ilícito a un proceso de descentralización productiva así como la desnaturalización de los mismos, serán casos, en los cuales puede aparecer una persona jurídica siendo utilizada fraudulentamente, y que abordaremos en esta investigación. Vale la pena citar, a Elmer Arce, quien afirma que “aunque se asuma que cada contrato tiene vida propia, el legislador puede sumar los periodos para evitar perjuicios en el cómputo de la antigüedad del trabajador de la contratista. Aquí, el fundamento no sería otro que el mismo derecho del trabajo (artículo 22º de la Const.), solo que en esta opción se tomarían nada más medidas correctivas y seguiríamos prisioneros de la personalidad jurídica y del contractualismo.” Recordemos que, como bien señala SANGUINETI “si la gran empresa puede obtener beneficios de la externalización es “gracias a la posibilidad de interponer el diafragma de la personalidad jurídica” entre ella y los asalariados que realizan los procesos productivos de los que se sirve y que le abre el recurso de la subcontratación, toda vez que es esta operación la que le permite, “transferir estratégicamente” a la empresa contratista “los riesgos económicos” vinculados tanto “a las fluctuaciones del mercado” como a “la gestión de la fuerza de trabajo.” Y agrega, “la emergencia de este tipo de fenómenos conlleva una ampliación de la ya por sí poblada zona fronteriza entre los supuestos de externalización legítima y los de mera interposición fraudulenta en la posición del empleador, prohibidos en la mayor parte de ordenamientos, en la medida en que la clásica alternativa empresario real-empresario ficticio se ve puesta a prueba por la emergencia de un nuevo tipo de empresa jurídicamente distinta de la que actúa como comitente pero a la vez “dependiente” de ésta, en tanto que funcionalmente subordinada a sus designación, cuyo encaje en una u otra opción plantea dudas más que razonables ”.
Y dice más, SANGUINETI “la vigencia de las relaciones de trabajo del personal al servicio de una empresa contratista deja de estar sujeta exclusivamente a las vicisitudes del desenvolvimiento de la actividad productiva de la empresa principal, para vincularse también a las de la relación entre el empleador y la misma. El fin de la relación de colaboración se convierte, de este modo, en un motivo susceptible de ser alegado para la extinción de estos contratos, así la actividad que realizan siga siendo necesaria para la empresa principal. En tanto que la presunta imposibilidad de garantizar el empleo más allá del plazo del encargo deviene en causa capaz de ser utilizada como fundamento para la celebración de contratos de trabajo de duración determinada por tal período, incluso cuando a través de ellos se satisfagan necesidades permanentes de la empresa principal, que ella debería cubrir, de asumir directamente su realización, por medio de contratos por tiempo indefinido. Esto supone que mediante la externalización, es posible fundamentar la conversión de puestos permanentes en temporales.” CRUZ VILLALÓN, en ese sentido, afirma que, “el deterioro en las condiciones laborales es palpable en todos aquellos casos en los que la descentralización productiva ha provocado una fragmentación de las planillas, de modo que se verifica el doble resultado de, por un lado, un empequeñecimiento de la empresa principal a resultas de la expulsión con ciertas fases de la producción de un número considerable de su personal, y por otro lado, un acudir a empresas auxiliares de pequeñas dimensiones, a veces incluso a la contratación de trabajadores autónomos. En todos los casos, pues, en los que la empresa auxiliar es de pequeñas dimensiones, el deterioro de las condiciones de trabajo es manifiesto, a resultas de las dispar efectividad y aplicación de la legislación comparativamente entre grandes y pequeñas empresas. Con solo indicar los elementos más influyentes, la jornada laboral tiende a ser más elevada en las pequeñas, en tanto que los salarios tienden a ser más reducidos también en las pequeñas ”.
Añade, “en ocasiones, las empresas que adoptan conductas de cesión de trabajos o prestamismo laboral prohibidos legalmente intentan ocultarlo bajo la apariencia de estar efectuando con la empresa a la que le ceden los trabajadores una contrata de obras y servicios. De este modo, la empresa contrata los trabajadores para cederlos formalmente aparecería en el tráfico jurídico como una empresa auxiliar, en tanto que la empresa receptora del prestamismo laboral figuraría formalmente como una empresa principal. Se trata de conductas fraudulentas para las cuales es indispensable demostrar la realidad material que se esconde tras la ficción de la contrata. En la tarea de deslindar ambas figuras, nuestros tribunales se valen frecuentemente de la teoría de los indicios para determinar dónde existen verdaderas empresas, con infraestructura, patrimonio y actividad propios, y donde meras apariencias sin sustrato real alguno. (…) Cuando se demuestra el fraude a la ley, los tribunales de justicia españoles declaran la concurrencia de una cesión ilegal, siendo una de las consecuencias la de resolver que el auténtico empleador de esos trabajadores es quien figura como empresario principal en la contrata.” Por otra parte, Arce Ortiz, siguiendo a Neves Mujica, señala acertadamente que nuestra Ley de Relaciones Colectivas en materia de organización sindical tiene una predilección por encasillar la actividad empresarial en el ámbito interno de la persona jurídica. Y ello se ve claramente por cuanto en nuestro modelo de negociación predomina el nivel empresarial. Así cada vez que un sindicato nace en el marco de la subcontratación entre empresas tendrá que afrontar su primera negociación frente a la contratista, razón por la cual sino puede convencer a la parte empresarial para negociar en un nivel de rama de actividad o en cualquier otro que involucre tanto a la principal como a la contratista solo queda la oportunidad de negociar a nivel de empresa. La opción política del ordenamiento jurídico laboral es evidente: hay que negociar preferentemente en el nivel de empresa (persona jurídica). Quizá esta opción se corresponde con el modelo tradicional de organización empresarial, aquella que integra todo el ciclo productivo en una sola persona jurídica, pero es insuficiente de cara a la acción sindical en el seno de empresas principales y contratistas. Y remata, Arce, manifestando que el principio de la personalidad jurídica y del contractualismo bilateral ya no tiene cabida en el marco de las nuevas formas de organización de capital. En ese contexto, nuestra investigación abordará la problemática de la utilización fraudulenta de la persona jurídica en el campo laboral, especialmente en el terreno de la descentralización productiva, grupos de empresas y regímenes laborales especiales, procurando alcanzar un diagnóstico del estado actual del asunto e intentando abrir senderos hacia una posible solución a la misma. Por otra parte, esta investigación encuentra su justificación en la necesidad de incentivar trabajos jurídicos que analicen la problemática del abuso de la persona jurídica en el sector laboral que constituye uno de los mecanismos para defraudar créditos laborales. Considero que este trabajo contribuirá al perfeccionamiento de la regulación que combate la utilización fraudulenta de la persona jurídica en el campo laboral, caso en el cual los trabajadores vienen siendo defraudados en sus derechos crediticios, situaciones en las cuales el ordenamiento jurídico no ha tenido reacción adecuada y se ha permitido la impunidad de estas conductas por parte de inescrupulosos empleadores. Ciertamente, la jurisprudencia nacional, se las ha ingeniado, en alguna medida para dar solución, a gran parte de estos supuestos, en base a principios del derecho laboral como el de primacía de la realidad, la solidaridad laboral y el carácter persecutorio del crédito laboral. Nuestra investigación así se encamina a conocer estas experiencias y proponer alternativas para mejorar nuestra legislación al respecto.
Consideramos que la mejora de la legislación laboral peruana, implica ser conscientes que se necesitan inversiones nacionales y extranjeras, que creen las condiciones para mayores puestos de trabajo, pero también se requiere tomar conciencia que el crecimiento económico y la atracción de inversionistas, no bastan para lograr que el desarrollo y el bienestar alcance a los sectores más necesitados, puesto que estos objetivos, sólo se conseguirán, si se tiene un Estado que diseñe políticas públicas y normas que garanticen estándares socio laborales dignos, y que sean garantía de que los trabajadores gozaran del mejor trato y beneficios sociales posibles, cuestiones que hoy verdaderamente no gozan la mayoría de trabajadores, prueba de ello, son las más de 1500 empresas de tercerización que se crearon sólo en el 2010, y los más de 90 mil trabajadores que se encontraban formalmente en intermediación laboral en el 2009, según cifras oficiales del Ministerio de Trabajo. Finalmente, pensamos que la clase empresarial no debe entretener sus esfuerzos en programas de responsabilidad social, si antes, no ha dado a sus trabajadores las mejores condiciones laborales posibles, renunciando, siempre que le sea posible, a la tentación de utilizar la descentralización productiva como subterfugio para obtener mayores ganancias y expulsar artificialmente los conflictos socio laborales hacia “terceros”. Incluso las redes de empresas y grupos de empresariales, pueden hacer mucho más, de lo que actualmente hacen para fortalecer el movimiento sindical como por ejemplo permitiendo la negociación colectiva con una alianza de sindicatos de las empresas que la conforman, o mejor aún un sindicato de grupo. De lo que se trata así, es de convencer a más empresarios que asuman con valentía y orgullo, su rol como empleadores socialmente responsables, y que buscan ganarse la fidelidad y sincera lealtad de sus trabajadores, a partir de darles a estos los derechos y espacios, que por justicia les corresponde, compartiendo el éxito empresarial, sin mezquindad, con la generosidad y grandeza, todo lo cual sin duda, redundara en mayor productividad y competitividad de su organización empresarial. ﻿
Panamá (EFE). La Red de trabajadoras sexuales de Latinoamérica y el Caribe (Redtrasex), que aglutina a trabajadoras sexuales de 15 países demandó hoy en Panamá los mismos derechos y deberes del resto de la fuerza laboral, y anunció que así lo planteará a la OEA en su próxima Asamblea General, que se celebrará en Bolivia. “Queremos reconocimiento del trabajo sexual de mujeres que somos mayores de edad y estamos en este trabajo por consentimiento propio. Queremos tener los mismos derechos que tienen los trabajadores, y también tener obligaciones”, dijo en rueda de prensa la presidenta de Redtrasex, la argentina Elena Reynaga. La Red aprovechará la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), prevista del 3 al 5 de junio próximo en la ciudad boliviana de Cochabamba, para plantear esa exigencia y denunciar “los malos tratos que sufren” las trabajadoras sexuales en toda la región. AFIRMAN QUE PROSTITUCIÓN NO ES TRATA DE PERSONAS
“Sí, queremos pagar impuestos y que esos impuestos se transformen en políticas públicas para nosotras, pero parece que hay mucha gente que no le conviene eso”, añadió Reynaga, en alusión a la resistencia generalizada en la región a que se legalice la prostitución. Explicó que no diferenciar entre la trata de personas y la prostitución ejercida por voluntad propia que, reiteró, se observa en las legislaciones de la región, propicia el enriquecimiento de los sectores que se lucran de ambas actividades así como una mayor violencia contra las trabajadoras sexuales por parte de la Policía. La Redtrasex fue fundada en 1997 y actualmente está presente en Argentina -donde se encuentra su Secretaría Ejecutiva regional- Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, la República Dominicana y Uruguay
http://elcomercio.pe/mundo/1412157/noticia-prostitutas-pediran-que-oea-reconozca-sus-derechos-como-trabajadoras
Ley de devolución de dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo
Ley de devolución de dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo LEY Nº 29625CONCORDANCIAS: D.U Nº 012-2011, 2da. DCF (Dictan medidas extraordinarias para fortalecer el fondo de estabilización fiscal y generar mayor ahorro público, con el fin de asegurar la transición del gobierno y prevenir los peligros de una crisis externa)EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICAEL PRESIDENTE DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONESPOR CUANTO:La ciudadanía ha aprobado mediante referéndum la Ley siguiente:LEY DE DEVOLUCIÓN DE DINERO DEL FONAVI A LOS TRABAJADORES QUE CONTRIBUYERON AL MISMOArtículo 1.- Devuélvase a todos los trabajadores que contribuyen al FONAVI, el total actualizado de su aportes que fueron descontados de sus remuneraciones. Así mismo abónese a favor de cada trabajador beneficiario; los aportes de sus respectivos empleadores, el Estado y otros en la proporción que les corresponda debidamente actualizados.Artículo 2.- Efectúese un proceso de Liquidaciones de Aportaciones y Derechos, de acuerdo a lo señalado en el artículo 1, conformándose una Cuenta Individual por cada Fonavista. Para efectos de las actualizaciones del valor de las contribuciones señaladas a devolverse; se aplicará la Tasa de Interés Legal Efectiva vigente durante todo el período comprendido desde Junio de 1979 hasta el día y mes que se efectúe la Liquidación de la Cuenta Individual.Artículo 3.- El valor total actualizado de los aportes y derechos a devolverse, será notificado y entregado a cada beneficiario a través de un documento denominado Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavista.Artículo 4.- Confórmese una Comisión Ad Hoc, que efectuará todos los procedimientos y procesos que sean necesarios para cumplir con lo establecido en el artículo 2 y 3 señalados; los mismos que posterior a su nombramiento y reglamentación de la presente ley, entregarán en un tiempo no mayor a 120 días los Certificados de Reconocimiento.Artículo 5.- La Comisión Ad Hoc estará conformada por:* 2 representantes del Ministerio de Economía y Finanzas.* 1 representante del Ministerio de la Presidencia.* 2 representante de la SUNAT* 2 representantes de la ONP.* 3 representantes de la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú (ANFPP).Y establecerán su reglamento interno de acuerdo a las normas y jurisprudencias establecidas.Artículo 6.- El Reglamento de la presente Ley, se elaborará en un tiempo no mayor a 60 días, y será atribución de la Comisión Ad Hoc; el mismo que será refrendado por Decreto Supremo del MEF.Artículo 7.- En la reglamentación de la ley se determinará las modalidades de devolución efectiva, hasta por el total de los valores notificados en los Certificados de Devoluciones de Aportaciones y Derechos del Fonavista, éstos serán:* Devoluciones en Viviendas de Interés Social* Devoluciones en Terrenos Urbanizados de Interés Social* Devoluciones en Efectivo* Devoluciones en Bonos* Devoluciones en Compensaciones Tributarias* Devoluciones en Pagos Compensatorios de DeudasArtículo 8.- Se iniciará la devolución efectiva a través de las modalidades señaladas en el artículo anterior, de acuerdo al Cronograma de Actividades de Entrega durante un período de 8 años. Cuyo inicio es declarado oficialmente por la Comisión Ad Hoc posterior a los 30 días de lo señalado en el artículo 4.Artículo 9.- La Comisión Liquidadora del Fonavi, hará entrega de toda la documentación e informes pertinentes a la Comisión Ad Hoc, quienes se encargarán de la administración y recuperación de las acreencias, fondos y activos del FONAVI, así como de los pasivos que mantenga el fondo. Asimismo recibirá de parte de la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú sus padrones que dieron base a la Iniciativa Legislativa para facilitar el inicio de la identificación y elaboración del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios de la presente Ley y que son funciones de la Comisión Ad Hoc.Artículo 10.- La Comisión Ad Hoc, iniciará las devoluciones priorizando, Fonavistas en edades mayores a los 60 años. Continuarán en orden de prelación los Fonavistas mayores de 50 a 60 años y en un tercer orden los menores a 50 años.Artículo 11.- Quedan derogadas todas las leyes que se opongan a la presente Ley, así como disposiciones que formando parte de otras normas, puedan contravenir lo dispuesto.Artículo 12.- La Devolución a que se refiere el artículo 1 de la presente Ley será al Fonavista Titular o a su representante debidamente autorizado y en caso de fallecimiento será a sus deudos como establecen las normas de la seguridad social.Artículo 13.- La presente ley entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación.Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.En Lima, a los seis días del mes de diciembre de dos mil diez.HUGO SIVINA HURTADOPresidente del Jurado Nacional de EleccionesAL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICAPOR TANTO:Mando se publique y cumpla.Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil diez.ALAN GARCÍA PÉREZPresidente Constitucional de la RepúblicaJOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDOPresidente del Consejo de Ministros yMinistro de Educación Reglamento de la Ley 29625http://spij.minjus.gob.pe/normas/textos/130112T.pdf
Decreto Supremo que establece modificaciones al Reglamento del Régimen de Contratación Administrativa de Servicios
Decreto Supremo que establece modificaciones al Reglamento del Régimen de Contratación Administrativa de ServiciosDECRETO SUPREMO Nº 065-2011-PCMEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICACONSIDERANDO:Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1057 se regula el contrato administrativo de servicios como una modalidad de contratación especial propia del derecho administrativo y privativa del Estado, no sujeta a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, al régimen laboral de la actividad privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales y, mediante Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, se aprobó el Reglamento de dicha norma;Que, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 00002-2010-PI/TC, de fecha 7 de setiembre del año 2010, el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad promovida contra el citado Decreto Legislativo, estableciendo que en toda actividad interpretativa sobre el denominado “contrato administrativo de servicios”, debe entenderse que dicho contrato es propiamente un régimen “especial” de contratación laboral para el sector público, compatible con el marco constitucional;Que, en la misma sentencia, aclarada mediante resolución publicada el 20 de octubre de 2010, el Tribunal Constitucional ha dispuesto que se dicte la reglamentación necesaria que permita a los trabajadores sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 1057, el ejercicio del derecho de sindicación y huelga regulado en el artículo 28 de la Constitución Política del Perú;Que, SERVIR, en su condición de organismo técnico especializado rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos del Estado conforme a lo señalado por el Decreto Legislativo Nº 1023, ha elaborado la propuesta normativa que da cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, y a la vez de introducir necesarias modificaciones al Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 para mejorar la gestión del régimen de contratación administrativa de servicios, en atención a su carácter de régimen especial de contratación laboral;De conformidad con lo dispuesto por el inciso 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú y la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;DECRETA:Artículo 1.- Modificación de los artículos 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 15 y 16 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, aprobado por Decreto Supremo Nº 075-2008-PCMModifíquense los artículos 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 15 y 16 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, aprobado por Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, los que quedan redactados conforme al texto siguiente:«Artículo 1.- Naturaleza jurídica, definición del contrato administrativo de servicios y normas aplicablesEl contrato administrativo de servicios es un régimen especial de contratación laboral para el sector público, que vincula a una entidad pública con una persona natural que presta servicios de manera subordinada. Se rige por normas especiales y confiere a las partes únicamente los beneficios y las obligaciones inherentes al régimen especial.Al trabajador sujeto a contrato administrativo de servicios le son aplicables, en lo que resulte pertinente, la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público; la Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y las demás normas de carácter general que regulen el Servicio Civil, los topes de ingresos mensuales, la responsabilidad administrativa funcional y/o que establezcan los principios, deberes, obligaciones, incompatibilidades, prohibiciones, infracciones y sanciones aplicables al servicio, función o cargo para el que fue contratado; quedando sujeto a las estipulaciones del contrato y a las normas internas de la entidad empleadora.No le son aplicables las disposiciones específicas del régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, ni las del régimen laboral de la actividad privada u otras normas que regulen carreras administrativas especiales.Artículo 3.- Procedimiento de contratación3.1. Para suscribir un contrato administrativo de servicios las entidades públicas deben observar un procedimiento que incluye las siguientes etapas:(...)2. Convocatoria: Comprende la publicación de la convocatoria en el portal institucional, en un lugar visible de acceso público del local o de la sede central de la entidad convocante sin perjuicio de utilizarse, a criterio de la entidad convocante, otros medios de información adicionales para difundir la convocatoria.La publicación de la convocatoria debe hacerse y mantenerse desde, cuando menos, cinco (5) días hábiles previos al inicio de la etapa de selección. Debe incluir el cronograma y etapas del procedimiento de contratación, los mecanismos de evaluación, los requisitos mínimos a cumplir por el postulante y las condiciones esenciales del contrato, entre ellas, el lugar en el que se prestará el servicio, el plazo de duración del contrato y el monto de la retribución a pagar, conforme a la Segunda Disposición Complementaria Final del presente Reglamento.3. Selección: Comprende la evaluación objetiva del postulante. Dada la especialidad del régimen, se realiza, necesariamente, mediante evaluación curricular y entrevista, siendo opcional para las entidades aplicar otros mecanismos, como la evaluación psicológica, la evaluación técnica o la evaluación de competencias especificas, que se adecuen a las características del servicio materia de la convocatoria.En todo caso, la evaluación se realiza tomando en consideración los requisitos relacionados con las necesidades del servicio y garantizando los principios de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades. El resultado de la evaluación, en cada una de sus etapas, se publica a través de los mismos medios utilizados para publicar la convocatoria, en forma de lista por orden de mérito, que debe contener los nombres de los postulantes y los puntajes obtenidos por cada uno de ellos.Artículo 4.- Impedimentos para contratar y prohibición de doble percepción4.1. No pueden celebrar contratos administrativos de servicios las personas con inhabilitación administrativa o judicial para el ejercicio de la profesión, para contratar con el Estado o para desempeñar función pública.4.2. Están impedidos de ser contratados bajo el régimen de contratación administrativa de servicios quienes tienen impedimento, expresamente previsto por las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, para ser postores o contratistas y/o para postular, acceder o ejercer el servicio, función o cargo convocado por la entidad pública.4.3. Es aplicable a los trabajadores sujetos al contrato administrativo de servicios la prohibición de doble percepción de ingresos establecida en el artículo 3 de la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público, así como el tope de ingresos mensuales que se establezca en las normas pertinentes.Artículo 5.- Duración del contrato administrativo de servicios5.1. El contrato administrativo de servicios es de plazo determinado. La duración del contrato no puede ser mayor al período que corresponde al año fiscal respectivo dentro del cual se efectúa la contratación; sin embargo, el contrato puede ser prorrogado o renovado cuantas veces considere la entidad contratante en función de sus necesidades. Cada prórroga o renovación no puede exceder del año fiscal y debe formalizarse por escrito antes del vencimiento del plazo del contrato o de la prórroga o renovación anterior.5.2. En caso el trabajador continúe laborando después del vencimiento del contrato sin que previamente se haya formalizado su prórroga o renovación, el plazo de dicho contrato se entiende automáticamente ampliado por el mismo plazo del contrato o prórroga que esté por vencer, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde a los funcionarios o servidores que generaron tal ampliación automática. Para tal efecto, la entidad contratante informa al trabajador sobre la no prórroga o la no renovación, con una anticipación no menor de cinco (5) días hábiles previos al vencimiento del contrato.Artículo 7.- Modificación contractualLas entidades, por razones objetivas debidamente justificadas, pueden unilateralmente modificar el lugar, tiempo y modo de la prestación de servicios, sin que ello suponga la celebración de un nuevo contrato.Salvo expresa disposición legal en contrario, la modificación del lugar, no incluye la variación de la provincia ni de la entidad en la que se presta el servicio. La modificación del tiempo, no incluye la variación del plazo del contrato. La modificación del modo de la prestación de servicios, no incluye la variación de la función o cargo ni del monto de la retribución originalmente pactada.Artículo 8.- Descanso físico8.1. El descanso físico es el beneficio del que goza quien presta servicios bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios, que consiste en no prestar servicios por un período de 15 días calendario por cada año de servicios cumplido, recibiendo el íntegro de la contraprestación. Este beneficio se adquiere al año de prestación de servicios en la entidad. La renovación o prórroga no interrumpe el tiempo de servicios acumulado.8.2. El descanso físico debe disfrutarse de forma ininterrumpida; sin embargo, a solicitud escrita del trabajador, se podrá autorizar el goce fraccionado en períodos no inferiores a siete (7) días calendario.8.3. La oportunidad del descanso físico es determinada por las partes. De no producirse acuerdo, la determina la entidad contratante teniendo en cuenta lo dispuesto en el párrafo siguiente.8.4. El descanso físico debe gozarse dentro del año siguiente de haberse alcanzado el derecho, bajo responsabilidad administrativa funcional del funcionario o servidor titular del órgano responsable de la gestión de los contratos administrativos de servicios de cada entidad. No obstante, la falta de disfrute dentro de dicho plazo no afecta el derecho del trabajador a gozar el descanso con posterioridad.8.5. Si el contrato concluye al año de servicios o después de éste sin que se haya hecho efectivo el respectivo descanso físico, el trabajador percibe el pago correspondiente al descanso físico acumulado y no gozado por cada año de servicios cumplido y, de corresponder, el pago proporcional dispuesto en el párrafo siguiente.8.6. Si el contrato se extingue antes del cumplimiento del año de servicios, con el que se alcanza el derecho a descanso físico, el trabajador tiene derecho a una compensación a razón de tantos dozavos y treintavos de la retribución como meses y días hubiera laborado, siempre que a la fecha de cese, el trabajador cuente, al menos, con un mes de labor ininterrumpida en la entidad. El cálculo de la compensación se hace en base al cincuenta por cien (50%) de la retribución que el contratado percibía al momento del cese.Artículo 11.- Suplencia y acciones de desplazamientoLos trabajadores bajo contrato administrativo de servicios pueden, sin que implique la variación de la retribución o del plazo establecido en el contrato, ejercer la suplencia al interior de la entidad contratante o quedar sujetos, únicamente, a las siguientes acciones administrativas de desplazamiento de personal:a) La designación temporal, como representante de la entidad contratante ante comisiones y grupos de trabajo, como miembro de órganos colegiados y/o como directivo superior o empleado de confianza, observando las limitaciones establecidas en la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público.b) La rotación temporal, al interior de la entidad contratante para prestar servicios en un órgano distinto al que solicitó la contratación, hasta por un plazo máximo de noventa (90) días calendario durante la vigencia del contrato.c) La comisión de servicios, para temporalmente realizar funciones fuera de la entidad contratante, la que por necesidades del servicio puede requerir el desplazamiento del trabajador fuera de su provincia de residencia o del país, hasta por un plazo máximo de treinta (30) días calendario, en cada oportunidad.Artículo 12.- Suspensión de las obligaciones del trabajadorSe suspende la obligación de prestación de servicios del trabajador sujeto al régimen del Decreto Legislativo Nº 1057 en los siguientes casos:12.1 Suspensión con contraprestación:(...)b) Por ejercicio del derecho al descanso pre y post natal de noventa (90) días, conforme a lo regulado por la Ley Nº 26644 - precisan el goce del derecho de descanso pre-natal y post-natal de la trabajadora gestante, su reglamento y las disposiciones pertinentes de ESSALUD. El descanso a que alude el presente inciso es irrenunciable.(...)Artículo 13.- Supuestos de extinción del contrato administrativo de servicios.13.1. El contrato administrativo de servicios se extingue por:(...)f) Decisión unilateral de la entidad contratante, sustentada en el incumplimiento injustificado de las obligaciones derivadas del contrato o de las obligaciones normativas aplicables al servicio, función o cargo; o en la deficiencia en el cumplimiento de las tareas encomendadas.(...)13.2. En el caso del literal f) del numeral 13.1 precedente, la entidad contratante debe imputar al contratado el incumplimiento mediante una notificación debidamente sustentada. El contratado tiene un plazo de cinco (5) días hábiles, que puede ser ampliado por la entidad contratante, para expresar los descargos que estima conveniente. Vencido ese plazo la entidad debe decidir, en forma motivada y según los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, si resuelve o no el contrato, comunicándolo por escrito al contratado, en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles. Esta decisión es impugnable de acuerdo a lo establecido el artículo 16 del presente Reglamento.13.3. Cuando el contrato administrativo de servicios sea resuelto por la entidad contratante, unilateralmente y sin mediar incumplimiento del contratado, se aplicará el pago de una penalidad, al momento de la resolución contractual, equivalente a las contraprestaciones dejadas de percibir, hasta un importe máximo equivalente a dos (2) meses.Artículo 15.- Órgano responsable en cada entidad.El órgano encargado de los contratos administrativos de servicios es la Oficina de Recursos Humanos de cada entidad o la que haga sus veces.Artículo 16.- Resolución de conflictosLos conflictos derivados de la prestación de los servicios regulados por el Decreto Legislativo Nº 1057 y el presente reglamento son resueltos por el órgano responsable al que se refiere el artículo 15 del presente Reglamento.Contra la resolución emitida por dicho órgano cabe interponer recurso de apelación, cuya resolución corresponde al Tribunal del Servicio Civil, cuando se trate de materias de su competencia, o, en caso contrario, al superior jerárquico del órgano emisor del acto impugnado.Agotada la vía administrativa, se puede acudir a la sede judicial conforme a las reglas del proceso contencioso administrativo.»Artículo 2.- Adicionar los artículos 8-A, 11-A, 11-B, 11-C, los literales d), e) y f) al artículo 12.1, el artículo 15-A, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria, la Octava y la Novena Disposición Complementaria Final al Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, aprobado por Decreto Supremo Nº 075-2008-PCMAdiciónese al Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, aprobado por Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, el artículo 8-A, 11-A, 11-B, 11-C, los literales d), e) y f) al artículo 12.1, el artículo 15-A, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria y la Octava y la Novena Disposición Complementaria Final, en los términos siguientes:“Artículo 8-A.- Permiso por lactancia materna y licencia por paternidad8.A.1. La madre trabajadora sujeta al régimen del Decreto Legislativo Nº 1057, al término del período post natal, tiene derecho a una hora diaria de permiso por lactancia materna hasta que su hijo cumpla un año de edad, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 27240 - Ley que otorga permiso por lactancia materna.8.A.2 El trabajador sujeto al régimen del Decreto Legislativo Nº 1057 tiene derecho a licencia por paternidad, en el caso de alumbramiento de su cónyuge o conviviente, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 29409 - Ley que concede el derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la actividad pública y privada.Artículo 11-A.- Derecho de sindicalización11.A.1. Los trabajadores sujetos al régimen del Decreto Legislativo Nº 1057 tienen derecho a constituir organizaciones sindicales, afiliarse a ellas, redactar sus estatutos, elegir libremente sus representantes, y organizar su administración y actividades.No pueden sindicalizarse los trabajadores con poder de decisión, ni los que desempeñan cargos de confianza o de dirección.11.A.2. Los trabajadores sujetos al régimen del Decreto Legislativo Nº 1057 pueden afiliarse a las organizaciones sindicales de servidores públicos existentes en la entidad a la que prestan servicios, estén éstas sujetas a las normas del régimen laboral de la actividad privada o del régimen laboral del sector público, según corresponda.11.A.3. Los trabajadores sujetos al régimen del Decreto Legislativo Nº 1057, pueden constituir organizaciones sindicales de servidores públicos, las cuales se regulan por lo dispuesto en la Ley Nº 27556 - Ley que crea el registro de organizaciones sindicales de servidores públicos, su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 003-2004-TR y por la normativa que resulte aplicable según corresponda al régimen laboral ordinario de la entidad empleadora.Para que estas organizaciones sindicales se constituyan y subsistan deben afiliar, al menos, a 20 trabajadores de la respectiva entidad.Artículo 11-B.- Derecho de huelgaEl derecho colectivo de huelga de los trabajadores sujetos al régimen del Decreto Legislativo Nº 1057, se ejerce conforme a lo establecido en el artículo 86 del Texto Único Ordenado del Decreto Ley Nº 25593, Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2003-TR, y sus normas complementarias, en lo que sea aplicable.Artículo 11-C.- Observancia de normas imperativasEl ejercicio de los derechos colectivos se sujeta a los límites impuestos por normas imperativas, entre las que se encuentran, cuando corresponda, las presupuestales, que deben ser cumplidas en todos los ámbitos del Estado.Artículo 12.- Suspensión de las obligaciones del trabajadorSe suspende la obligación de prestación de servicios del trabajador sujeto al régimen del Decreto Legislativo Nº 1057 en los siguientes casos:12.1 Suspensión con contraprestación:(...)d) Por licencia con goce de haber, cuando corresponda conforme a lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 1025, Decreto Legislativo que aprueba normas de capacitación y rendimiento para el sector público.e) Por hacer uso del descanso físico semanal, anual y del compensatorio por horas laboradas en sobretiempo.f) Por fallecimiento de cónyuge, concubina, padres, hijos o hermanos hasta por tres (3) días pudiendo extenderse hasta (3) tres días más cuando el deceso se produce en provincia diferente a donde labora el trabajador.Artículo 15-A.- Ejercicio de poder disciplinario15.A.1. Las personas contratadas bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 1057 prestan servicios subordinados. En tal sentido, las entidades se encuentran facultadas para dirigir la prestación de dichos servicios, normarlos, dictar las órdenes necesarias para su ejecución y sancionar disciplinariamente cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador, respetando los principios de tipicidad, proporcionalidad y razonabilidad.15.A.2. El poder disciplinario comprende la potestad de sancionar el incumplimiento de cualquier clase de obligación, tanto de origen contractual como legal, administrativo o funcional, conforme al procedimiento establecido a los efectos por la normativa de la materia.15.A.3. Cada entidad adecua los instrumentos internos conforme a los cuales ejerce el poder disciplinario a que se refiere los numerales anteriores, en concordancia con las reglas y/o lineamientos elaborados por la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, los mismos que serán aprobados dentro de los 30 días de publicado el presente Decreto Supremo.15.A.4. Contra los actos en materia disciplinaria emitidos respecto de trabajadores bajo este régimen, procede la interposición de recurso de apelación, cuyo conocimiento y resolución en última instancia administrativa corresponde al Tribunal del Servicio Civil.Quinta Disposición Complementaria Transitoria: Competencia del Tribunal del Servicio CivilLa competencia del Tribunal del Servicio Civil para los efectos previstos en el artículo 13.2, en el último párrafo del artículo 15-A y en el artículo 16 del presente Reglamento se sujeta a las reglas de implementación progresiva de funciones establecidas en la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 05-2010-SERVIR-PE, y demás disposiciones que emita SERVIR en el marco de su competencia.Octava Disposición Complementaria Final: Interpretación del régimenLas consultas sobre la interpretación del régimen de contratación administrativa de servicios son absueltas por SERVIR en el marco de su competencia. La atención de los pedidos de opinión formulados por las diversas instituciones públicas y personas naturales, se sujeta a las disposiciones que sobre el particular emita esta entidad.Novena Disposición Complementaria Final: Liquidación del pago por extinción del contrato administrativo de serviciosAl producirse la extinción del contrato administrativo de servicios, la entidad contratante debe proceder al pago de los derechos que correspondan al trabajador, como máximo, en la siguiente e inmediata oportunidad en la que ordinariamente abona la retribución a sus trabajadores bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 1057.”Artículo 3.- RefrendoEl presente Decreto Supremo es refrendado por la Presidenta del Consejo de Ministros.Única Disposición Complementaria FinalSERVIR, dentro de los 30 días de publicado el presente Decreto Supremo, aprobará el modelo de convocatoria y de contrato administrativo de servicios, los mismos que serán publicados en el portal institucional de SERVIR y en el Portal del Estado Peruano.Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiséis días del mes de julio del año dos mil once.ALAN GARCÍA PÉREZPresidente Constitucional de la RepúblicaROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROAPresidenta del Consejo de Ministros y Ministra de Justicia
Corte Constitucional Colombiana reconoce derechos laborales a trabajadora sexual
REPÚBLICA DE COLOMBIACORTE CONSTITUCIONAL- Sala Tercera de Revisión -SENTENCIA T – 629 DE 2010REF.: Expediente T-2384611Acción de tutela instaurada por LAIS contra el Bar Discoteca PANDEMO, de propiedad del señor ZOTO[1].-Magistrado Ponente:JUAN CARLOS HENAO PÉREZBogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil diez (2.010).La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados JORGE IVAN PALACIO PALACIO, GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO y JUAN CARLOS HENAO PÉREZ, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguienteSENTENCIAdentro del trámite de revisión de los fallos emitidos por los Juzgados 63 Penal Municipal y Quinto Penal del Circuito de Bogotá, con ocasión de la acción de tutela promovida por la señora LAIS.I. ANTECEDENTES1. La demanda de tutelaLa señora LAIS instauró acción de tutela contra el bar PANDEMO, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al trabajo, la seguridad social, la igualdad, el debido proceso, la salud, la dignidad, la protección de la mujer en estado de embarazo, el derecho del que está por nacer, el fuero materno y el mínimo vital.1.1. Los hechos de la demanda1.1.1. Según la afirmación de la actora del proceso, ingresó a laborar como prostituta en el bar PANDEMO, el día 9 de febrero de 2008, “mediante contrato de trabajo verbal e indefinido”, en horario de tres de la tarde a tres de la mañana, con descanso un domingo cada 15 días y salario de conformidad con los servicios prestados por venta de licor. Así laboró hasta el 16 de enero de 2009.1.1.2. El día 1º de diciembre de 2008, la actora le informó a su empleador, señor ALF, de su estado de embarazo. Este le indicó que siguiera laborando normalmente con el horario de costumbre.1.1.3. El día 17 de enero del 2009 la actora informó al empleador, que su médico tratante le había indicado que su embarazo era de alto riesgo por esperar mellizos. El empleador le dio entonces la orden de administrar el bar, asignándole como sueldo la suma de $30.000 diarios.1.1.4. El día 22 de febrero de 2009, el empleador le dio la orden a otro empleado para que asumiera las funciones de la actora. En ese tanto, nuevamente le cambió de horario, “esta vez de tres de la tarde a tres de la mañana pero esta vez se negó a pagarme sueldo, nuevamente me indicó que el sueldo era lo que devengara por ventas y servicios en BAR” (folio 1).1.1.5. Así trabajó hasta el día 23 de marzo de 2009. El día 24 de marzo, “yo tenía cita médica a las dos y media de la tarde, la cual le había informado a mi empleador, llegué a laborar a las tres y veinte minutos de la tarde y me devolvió me [sic] empleador” (folio 1).1.1.6. El día siguiente 25 de marzo, sigue la actora, “me presenté a laborar y nuevamente me negó el acceso a laborar y el día 26 me comunicó mi empleador que, no había más empleo dado que [por el] estado de embarazo [sic] de alto riesgo (…) ya había contratado a otra persona para desempeñar mi labor que estaba desempeñando” (folio 1).1.1.7. La actora se dirigió al Ministerio de Protección Social, donde solicitó asesoría frente a su situación y allí le indicaron que elaborara una carta para presentarla al empleador, solicitando se informara de las causas de su despido. La carta la hizo llegar el día 27 de marzo de 2009, mediante correo certificado, sin recibir respuesta hasta la fecha de presentación de la demanda de tutela.1.1.8. Igualmente se dirigió a la Defensoría del Pueblo a pedir asesoría, quienes elaboraron una “gestión directa pidiendo a mi empleador una respuesta a los hechos o causas de mi despido”. Pero igualmente entonces se negó dar respuesta.1.1.9. Por ello dice verse obligada a acudir al juez de tutela “como mecanismo transitorio”.1.1.10. “Actualmente me encuentro desempleada y carezco de medios económicos suficientes para afrontar las obligaciones futuras, con el agravante de ser madre soltera cabeza de familia a mi corta edad de 24 años, vivo en una pieza en el Barrio Jerusalen con mi hijo de dos años y medio, somos una familia de escasos recurso [sic] por tanto no me pueden ayudar económicamente; debido a mi despido debo arriendo, no tengo ninguna renta fija, el retiro de mi empleo es una decisión injusta de mi empleador, me afecta mi mínimo vital, vulnerando así mis derechos y los de mi hijo por nacer a quien no puedo brindarle lo necesario” (folio 2).1.1.11. “Este patrono busca evadir la responsabilidad que la misma constitución política ha puesto en los empleadores frente a la mujer embarazada y consecuentemente frente al HIJO en período de lactancia, a lo anterior se suma el hecho de afectación del mínimo vital”. (folio 2).1.2. Solicitud de tutela y argumentos alegados por la actoraCon base en los hechos anteriormente expuestos, la demandante solicita mediante acción de tutela lo siguiente: 1.2.1. Tutelar sus derechos fundamentales a “la seguridad social, vida digna, a la salud, a la igualdad y a la dignidad humana, Mínimo Vital y al fuero materno de lactancia, ante el inminente peligro que corre mi vida y la de mis hijos que está [sic] por nacer, dado que espero gemelos, amén sin permiso del Ministerio de Protección Social”1.2.2. Que se ordene al representante legal del bar PANDEMO, “que se me reintegre laboralmente a las mismas labores que desempeñaba en el PANDEMO (…) en el mismo cargo, con las mismas condiciones y sitio de trabajo, con pago de salarios y prestaciones dejados de percibir desde la fecha de ingreso por justa causa y por haberme afectado el mínimo vital mío y el mis hijos [sic] y que me pague los salarios a que tengo derecho, con el sueldo base de cotización y se pague el correspondiente a afiliación completa al sistema de seguridad social en salud y en pensiones de todos los meses laborados y faltantes y de riesgos profesionales los meses que se laboraron y los meses faltantes y la afiliación a Caja de Compensación Familiar por todos los meses laborados y faltantes” (folio 16)1.2.3. Tales peticiones las formula, luego de señalar que la Constitución protege no sólo la vida en sí misma, como “valor ontológico para el goce y ejercicio de todos los otros derechos”. Además de ella contempla la dignidad humana, como forma de expandir y dar significado a la vida (folio 2).1.2.4. Igualmente indica que según la jurisprudencia, el derecho al mínimo vital se afecta cuando los ingresos familiares no “alcanzan” para cubrir los requerimientos básicos indispensables para asegurar la digna subsistencia, tanto en lo que hace a la alimentación y vestuario, como a salud, educación, vivienda, seguridad social y medio ambiente (Sentencia T-011 de 1998). Relaciona, así mismo, extractos de jurisprudencia de esta Corte, como la sentencia T-472 de 2002, T-832 de 2000, la T-633 de 2007, en relación con la procedencia de la tutela como mecanismo idóneo para proteger a la mujer embarazada o lactante trabajadora, como forma de asegurar su mínimo vital y el de su hijo (folios 3-15).1.3. La actuación procesal en primera y segunda instancia1.3.1. Mediante auto de 20 de abril de 2009, el juzgado sesenta y tres penal municipal admitió la demanda de tutela (folio 26).1.3.2. Notificación del auto admisorio de la demanda al representante legal del bar PANDEMO (folio 27).1.3.3. Contestación de la demanda suscrita por el señor ZOTO, como representante legal y propietario del Bar Discoteca PANDEMO (folios 28-30).1.3.4. Diligencia de ampliación de los hechos que dieron lugar a la acción de tutela, celebrada con la actora del proceso el día 4 de mayo de 2009 (folios 32-33).1.3.5. Sentencia de primera instancia del 4 de mayo de 2009 (folio 35-43).1.3.6. Impugnación a la decisión anterior, presentada por la actora (folio 43, reverso).1.3.7. Auto de mayo 11 de 2009, por el cual se concede en efecto devolutivo la impugnación presentada por la accionante (folio 41).1.3.8. Sentencia de segunda instancia del 19 de mayo de 2009 (folios 4-11, segundo cuaderno).1.4. Intervención de la parte accionada1.4.1. El señor ZOTO como representante legal y propietario del Bar Discoteca PANDEMO, mediante escrito presentado el 28 de abril de 2009 da respuesta a la tutela impetrada por LAIS.1.4.2. En primer lugar, aclara que el señor ALF no es el propietario del Bar en mención.1.4.3. En segundo lugar señala que la accionante “no desempeñaba en el BAR (…) ninguna función como empleada y ejercía las correspondientes acciones propias de una Trabajadora Sexual, prestaba sus servicios de manera INDEPENDIENTE e IRREGULAR y sin recibir de mi parte ningún tipo de remuneración pues visitaba ocasionalmente el establecimiento” (folio 28).1.4.4. Observa que es un hecho notorio la inexistencia del contrato de trabajo, puesto que no se configuran los requisitos del código sustantivo de trabajo, recalcados por la jurisprudencia.Para tales efectos cita diversas fuentes, para referirse a la actividad personal del trabajador, a su continuada dependencia o subordinación y a la remuneración, como expresiones de una relación laboral (sentencia C-655 de 1998, art. 22 C.S.T. y sentencia “2005-002” del Tribunal superior de Tunja, Sala laboral) (folio 30).1.4.5. Y con esto concluye: “Estos eventos señalados no se presentan en el caso aludido, pues como lo manifesté al inicio del presente, las acciones de TRABAJADORA SEXUAL eran prestadas por parte de la señora LAIS (…) de manera INDEPENDIENTE, IRREGULAR Y DISCONTINUA no existía ningún horario definido [sic]” (folio 30).1.5 Sentencias objeto de revisión1.5.1. Sentencia de primera instancia1.5.1.1. Mediante sentencia de mayo 4 de 2009, la Juez 63 Penal Municipal de Bogotá, D.C., resolvió negar la tutela por los derechos impetrados y conceder algunas medidas alternativas que adelante se describen.1.5.1.2. Estima la juez de instancia, tras conocer la situación fáctica, que “no es jurídicamente posible amparar el derecho al trabajo y ordenar el reintegro porque si bien el ejercicio de la prostitución por sí misma no es un delito, se aclara que el contrato que tenga como objeto de prestación actividades sexuales se encuentra afectado por un objeto ilícito toda vez que dicho ejercicio es contrario a las buenas costumbres, razón que impide su protección por parte de este Despacho”.1.5.1.3. A renglón seguido dice que no concederá el reintegro pedido, “porque dado las condiciones [sic] propias del caso” que son el estado de embarazo de alto riesgo y el desarrollo de labores nocturnas, se “expondría a riegos [sic] mucho mayores la salud a la madre y al que esta por nacer [sic]” (folio 39).1.5.1.4. Tampoco reconoce las demás prestaciones y pretensiones dinerarias reclamadas, porque “ordenar esos pagos sería en el fondo aceptar la legalidad del contrato” (folio 39).1.5.1.5. Sin embargo, admite que las circunstancias que rodean a la actora, ponen de presente “una completa desprotección por parte del Estado”, no obstante su condición de “madre cabeza de familia en estado de embarazo y su núcleo familiar”. A tales efectos, trae a colación la sentencia T-323 de 2007, lo previsto en el articulo 2º de la ley 82 de 1993 sobre esta categoría jurídica reconocida a ciertas mujeres, para luego concluir que ellas, como cabeza de hogar, “gozan de una protección constitucional reforzada, lo cual es consecuencia del apoyo que el Estado les brinda y les presta (…)” (folio 40).Por ello, dice que ordenará a la Secretaría de Integración Social del Distrito, para que apoye a la actora en su núcleo familiar; a la Secretaría de Salud para que preste la atención médica necesaria y con apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF para que determine si la actora está en condiciones de trabajar para garantizar el sostenimiento propio y de su núcleo familiar. Finalmente, señala que remitirá copia del fallo al Ministerio de la Protección Social, para que efectúe una vigilancia más cercana a los establecimientos como el del proceso de tutela en estudio, y “en especial para que se designe a un inspector del trabajo para que haga un estudio al caso presentado (…) [por la actora] a fin de concretizar las condiciones en que se hallaba en el Bar PANDEMO para que brinde la asesoría a la tutelante, [y] se establezca si hay lugar o no a acudir a un juez laboral” (folio 41).Todo lo anterior fue ordenado en la parte resolutiva de la sentencia. (folios 41 y 43).1.5.2. La impugnación de la sentencia de primera instancia que concede la tutela.Mediante anotación al manuscrito, en el reverso del folio 43, último de la decisión de la juez de primera instancia, observó la actora lo siguiente:1.5.2.1. No es ella la que está mintiendo, ni la que está evadiendo la ley. No es ella “la que está violando los derechos de la mujer trabajadora sexual además no soy yo la que exploto laboralmente social y moralmente los derechos de las mismas, como de manera arbitraria se comete en este lugar”.1.5.2.2. Por lo anterior, solicita que se realice una investigación “completa y valedera”, tanto para ella como para otras mujeres afectadas por la misma situación. Solicita que se realice, de ser posible, una audiencia “en la que se presente el señor ALF con la documentación completa del bar, facturas de compra de licor, y se presenten en totalidad los empleados” (folio 43 reverso).1.5.3. Sentencia de segunda instancia1.5.3.1. En sentencia de 19 de junio de 2009, el Juzgado Quinto Penal del Circuito, resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de primera instancia, confirmando integralmente los razonamientos y órdenes de ésta.1.5.3.2. Estima la juez de segunda instancia, con base en el derecho positivo, que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario de protección de los derechos fundamentales.1.5.3.3. Señala luego que el problema jurídico por resolver en este asunto, consiste en definir “si el establecimiento de comercio ‘Bar Discoteca PANDEMO’, vulnera y/o amenaza el derecho fundamental al trabajo de la señora LAIS, quien se desempeña como trabajadora sexual” (folio 5, segundo cuaderno).1.5.3.4. Comienza por recordar el derecho al trabajo, en su protección del art. 25 CP. También hace referencia al artículo 22 del C.S.T. En seguida, recoge apuntes sobre la protección de la mujer en estado de gravidez, a quien se le garantizan ciertas prerrogativas por su condición. Por ello retoma el art. 43 CP y referencias a sentencias de la Corte constitucional (folio 7, segundo cuaderno), en las que se destaca la misma doctrina de la protección reforzada a la mujer embarazada.1.5.3.5. Pasa a analizar la labor que desempeñaba la demandante: La prostitución como actividad no punible ni constitutiva de infracción, sujeta a regulación en los tres niveles territoriales y en la que se prevé la “rehabilitación no imperativa mediante la oferta de servicios de salud y capacitación laboral” (folio 8, segundo cuaderno). Indica que también la Constitución prohíbe la esclavitud y la servidumbre, la trata de personas, y consagra la libertad de oficios, pero igualmente protege la libertad, integridad y formación sexuales, incluso con penas privativas de la libertad en caso de irrespeto. Así persigue el proxenetismo “en sus diversas modalidades”. De tal manera, “la prostitución es una actividad que desarrollan las personas que así lo han decidido en ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad, la cual se ejerce exenta de coacción o incentivo de terceros que pretendan lucrarse, porque de ser afectada dicha libertad, se estaría frente a una conducta merecedora de reproche por parte del Estado” (folio 8, segundo cuaderno).1.5.3.6. Sobre el caso concreto entonces indica que el “Bar Discoteca PANDEMO, según el certificado de la Cámara de Comercio”, tiene como “actividad económica el expendio de bebidas alcohólicas para consumo dentro del establecimiento, servicios de acompañamiento y masajes, permitiendo a las trabajadoras sexuales ejercer su actividad de manera independiente e irregular” (resaltado fuera del texto). No obstante, la actora señala que es empleada del Bar y “que su remuneración la obtenía de la venta de licor sin que exista constancia de ello, lo que permite concluir que, el dinero recibido por la demandada era el producto de una bonificación y no la contraprestación establecida como parte integrante del contrato de trabajo” (folio 9). Y por esta misma razón concluye que “no existe elemento probatorio dentro del plenario que permita dar aplicación a la figura del contrato realidad y amparar el derecho al trabajo, pues no se evidencia subordinación en el desarrollo de actividades diferentes a la que realizaba de manera libre e independiente como trabajadora sexual” (folio 9).Enfatiza que en el proceso “no se logró demostrar la existencia de la relación laboral alegada por la demandante, máxime cuando, reitérase, en el ejercicio de la profesión escogida no puede mediar coacción”. Por ello, apunta que su despacho no puede declararlo y amparar los derechos que de allí podrían derivarse ni siquiera de manera transitoria, no obstante la actora puede acudir a la jurisdicción laboral para tales efectos (folios 9-10, segundo cuaderno).Por lo demás, retoma textualmente un aparte de la sentencia del a quo, en la que se reconoce que “’el contrato que tenga como objeto la prestación de actividades sexuales se encuentra afectado por un objeto ilícito’”. De tal modo, añade, “la pretensión de la demandante no es viable, debido a que la profesión escogida de manera libre y voluntaria, no puede imponerse a modo de contrato con el establecimiento demandando, por cuanto sería catalogar de legal una relación contraria al ordenamiento jurídico” (folio 10).En fin, encuentra acertadas las medidas de rehabilitación que adoptó la juez de primera instancia y con ello resuelve confirmar integralmente la sentencia que analiza.1.6. Pruebas obrantes en el expedienteCopia de la ecografía obstétrica de 14 de enero 2009, en la que se describe el embarazo de la actora (folio 19, cuaderno principal).Carta del 2 de abril de 2009, suscrita por la Coordinadora de la Unidad de Asesoría y consulta de la Defensoría del Pueblo, dirigida al señor ALF, de quien se indica ser el representante legal del Bar Discoteca PANDEMO, con firma de recibido del señor ELO (folios 20-21).Factura cambiaria de transporte de la empresa Envía, del 27 de marzo de 2009, en el que se da cuenta de un documento remitido por la actora al señor ALF, dirección Carrera 17 No. 66-32 (folio 22).Carta del 27 de marzo de 2009, suscrita por la actora al señor ALF, en la que la primera solicita explicar la causa de la terminación de su trabajo, no obstante tener conocimiento de su estado de embarazo (folio 23).Nota al manuscrito de la accionante, en la que señala como “personas que pueden certificar mis funciones: SERA y DELFE (folio 24).Diligencia de ampliación de los hechos que dieron lugar a la acción, efectuada por la Juez de primera instancia el día 4 de mayo de 2009, en la que la actora precisó trabajar en el bar desde el día 9 de febrero de 2008, momento en el cual estaba de administradora la señora BOREAL, quien le explicó las reglas del trabajo, según las cuales la falta de asistencia entre el día lunes a sábado generaba multa de $50.000, $30.000 si es domingo, además de la pérdida de dos domingos de descanso. Prestaba servicios de venta de licor, acompañamiento y servicios sexuales. Por venta de licor ganaba por botella $20.000 y por media $10.000, por cuarto $5.000 y por trago $2.000. Por servicios sexuales 20 minutos costaban $21.000, de los cuales $12.000 eran para ella y el resto para el bar. Por media hora se cobraban $31.000 de los cuales $17.000 eran para ella. Y si era una hora que costaba $65.000, $22.000 eran para ella. La jornada de trabajo era de 3 pm. a 3am, de lunes a sábado. El domingo era de 12 m a 10 pm. Indicó además que ninguna de las personas que trabajaban en el negocio estaban vinculadas a la seguridad social. Señaló que por ella y su familia sólo respondía la actora misma, por cuanto su marido se encontraba en la cárcel. Ella y su hijo estaban inscritos en el SISBEN, nivel 1, según carnet que muestra en la diligencia. Ante la pregunta sobre qué otras actuaciones adelantó antes de interponer la tutela, responde que acudió en primer lugar a un CAI donde le indicaron ir al Ministerio de Protección Social. Allí le hicieron el oficio de 27 de marzo. Ante la falta de respuesta del bar, la remitieron a la Defensoría del Pueblo de donde se envió otro oficio que tampoco fue respondido. Por ello acudió a la tutela. Posteriormente señala que el 1º de diciembre de 2008 le comentó a una compañera que estaba embarazada y luego en compañía de la señora BOREAL compraron la prueba que dio positivo. El 14 de enero el medico tratante le dijo que tenía un embarazo gemelar de alto riesgo. Conocida esta situación por el señor ALF, decidió cambiarle el turno y el sueldo. Así tenía la obligación de abrir el bar a las 12 m., hacer el aseo, “tarjetear a los clientes”, es decir, invitarlos a que siguieran al bar, todo por un valor de $30.000 diarios, hasta el 26 de marzo, fecha en que la despidieron. Indica finalmente, tras leer la contestación de la demanda que aunque el señor ZOTO es quien aparece como representante legal del Bar, a él nadie lo conocía. Añade que conocía a Don Pedro y que con el señor ALF sí existía subordinación pues el daba órdenes y ella tenía que cumplirlas. Finalmente el juzgado deja constancia de que se comunicó telefónicamente con las señoras indicadas por la accionante como testigos de su actividad, quienes “manifestaron que no podían asistir a dar su testimonio” (folios 33-34).Copia del carné del SISBEN a nombre de la actora (folio 34).Certificado de existencia y representación del establecimiento de comercio BAR DISCOTECA PANDEMO, de 13 de marzo de 2009. Propietario: ZOTO, CC. ###, NIT: En trámite.Actividad económica:“EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS PARA EL CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTOSERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTOSERVICIOS DE MASAJES” (folio 31).1.7. Actuación en sede de revisión y pruebas recaudadas1.7.1. Mediante auto de 22 de enero de 2010, la Sala, considerando necesario “allegar al expediente pruebas suficientes a fin de determinar si los hechos en los que se fundamenta la demanda son ciertos y por cuya ocurrencia se derivó la vulneración de derechos fundamentales que se alega” (folio 10, tercer cuaderno), ordenó citar tanto a la accionante como al accionado para que rindieran declaración de parte, así como a las señoras SERA y DELFE, señaladas por la actora dentro de los documentos de la demanda de tutela. También, fueron citados de oficio los señores ALF y BOREAL, mencionados por la actora en ejercicio de la acción. En ese tanto, suspende los términos del proceso (Acuerdo 05 de 1992, artículo 57), hasta la práctica y evaluación de las pruebas decretadas[2].1.7.2. Con relación a la citación del señor ZOTO, el citador de la Corte constitucional, señor Jhon Eder Miranda Rodríguez, en informes de 1º y 5 de febrero de 2010, señala que según la administradora del bar, señora BOREAL telefónicamente “dio la orden de no recibir nada para el señor ZOTO porque no lo conocen” (folios 21 y 22).1.7.3. Declaración de parte de la actora, recibida el día 19 de febrero del año 2010 (folios 23-26, tercer cuaderno).Aporta, como prueba de sus afirmaciones relacionadas con las medidas adoptadas por la Administración, lo que sigue:- Ficha de servicios prestados por la Subdirección de Integración Social, durante los meses de enero-marzo, junio-diciembre 2009 (folio 27).- Oficio de la Comisaría 19 de Familia, dirigido a la ARS ECOOPSOS SISBEN, para que certifique detalladamente el estado de salud, crecimiento y desarrollo, esquema de vacunas y reporte nutricional de los hijos de la actora, de dos meses de edad (folio 29).- Oficio de la Comisaría 19 de Familia, dirigido a la ARS ECOOPSOS SISBEN, para que verifique el estado de vinculación de los niños de la actora al sistema de salud y de no encontrarse vinculados, adelantar el procedimiento de vinculación para garantizarles el derecho a la salud (folio 30).- Oficio de la Comisaría 19 de Familia, dirigido al “CAMI JERSULEN” [sic] remitiendo a la actora para que reciba tratamiento psicológico (folio 33).1.7.4. Comunicación remitida por vía fax, el día 24 de febrero de 2010, suscrita por los señores BOREAL y ALF, en el que informan no poder asistir a la citación ordenada por la Sala de Revisión de este proceso, dados los impedimentos que supone su horario de trabajo (folio 38).1.7.5. Comunicación remitida vía fax por la señora DELFE, en la que explica las razones por las cuales no puede asistir a la citación, por hallarse en período de lactancia de una bebé de 4 meses y estar al cuidado de otra hija de 4 años (folio 39).1.7.6. Testimonio del señor ALF, recibido el día 18 de marzo de 2010 (folios 40-42).1.7.7. El mismo 18 de marzo de 2010, a partir de las 3:20 de la tarde, se recibió el testimonio de la señora BOREAL (folios 43-45).1.7.8. El día 19 de marzo se recibió el testimonio de la señora DELFE (folios 46-47).1.7.9. El día 19 de marzo del año 2010, a partir de las 10:45 am., se recibió la declaración de la señora SERA (folios 48-50).1.7.10. Mediante auto de 25 de marzo de 2010, con el objeto de garantizar intensamente el derecho de defensa del accionado, se ordenó una vez más, la citación por medio de correo certificado del señor ZOTO, propietario del “BAR DISCOTECA PANDEMO”, para rendir la declaración de parte que la Sala ha ordenado.Así mismo se estimó indispensable conocer cuáles son las disposiciones que regulan el trabajo sexual y el funcionamiento de los establecimientos de comercio dedicados a tal actividad, así como los estudios elaborados por las autoridades públicas en los que se determinen las condiciones sociales, laborales y económicas en que viven las personas dedicadas a dicho trabajo o relacionadas económicamente con él. También sobre los mecanismos jurídicos particulares existentes por los cuales se facilita la integración en el sistema de seguridad social de las personas dedicadas al trabajo sexual, en particular para proteger la condición de las mujeres que ejercen el oficio cuando son madres de familia, se encuentran en estado de embarazo o son lactantes (folios 51-52).1.7.11. En cuanto a lo primero, el señor ZOTO no compareció en la fecha señalada, ni ha hecho saber su interés en presentarse al proceso. En todo caso, se solicitó a la empresa que hizo efectiva la entrega del correo certificado, acreditar el recibo de la comunicación en el local donde opera el establecimiento Bar Discoteca, Las Divas de Javier (folio 134). A dicha solicitud se respondió mediante oficio de 1º de junio de 2010 en el cual se informa al la Corte que el envío en cuestión dirigido al señor ZOTO, fue entregado en la Carrera 17 No. 66-32 de Bogotá, el día 30 de marzo de 2010, recibido por el señor MO (folio 139).1.7.12. En cuanto a lo segundo, mediante oficio recibido el 7 de abril de 2010, el Subdirector Distrital de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico, respondió a la solicitud de la Sala (folios 58-60), remitiendo la siguiente información:- Oficio recibido el 5 de abril de 2010 en el cual el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría de Integración Social, informa sobre las normas distritales relacionadas con la prostitución:a. Decreto Distrital 400 de 2001, sobre límites territoriales donde se permitía la prestación de dicha actividad y se determina las condiciones que someten a las zonas de tolerancia.b. Decreto Distrital 188 de 2002, sobre localización y funcionamiento de establecimientos dedicados al trabajo sexual. Incluyó específicas condiciones relacionadas con la salubridad, saneamiento, bienestar social, de seguridad, medioambientales, de reglamentación hotelera, arquitectónica y urbanística. Sobre salubridad se especifica, incluye el deber de afiliar a las trabajadoras al sistema de seguridad social en salud y controles médicos periódicos.c. Decreto Distrital 187 de 2002, con normas de carácter urbanístico y de ordenamiento territorial en la que se delimitan sectores para la actividad en cuestión.d. Decreto Distrital 335 de 2009. Sobre éste se indica: “pese a los importantes avances sobretodo [sic] en el ámbito social, los decretos 400 de 2001 y 188 de 2002 fueron derogados expresamente. A cambio se implementan planes parciales, acompañados por planes de acción social, cuyo diseño corresponde a la Mesa Interinstitucional de Zonas Especiales de Servicios de Alto Impacto”.En cuanto a las normas de funcionamiento de los establecimientos dedicados a la prostitución, únicamente indica que en el art. 47, num 5 del Código de Policía de Bogota, se establece el deber de que las personas que ejercen la prostitución, participen por lo menos 24 horas al año, “en jornadas de información y educación en salud, derechos humanos y desarrollo personal” (folio 59).Así mismo remite diferentes estudios sobre prostitución adelantados por el Distrito, que se relacionan a continuación.1.7.13. Comunicación de la Secretaria Distrital de la Integración Social del Distrito, al representante David Luna Sánchez, sobre prostitución y habitantes de la calle en Bogotá, de febrero de 2010 (folio 61-84).1.7.14. Documento denominado “Hablemos de prostitución en Bogotá”. Con él se presenta el foro del mismo nombre, teniendo como referente el plan de desarrollo Bogotá Positiva 2008-2012 (folios 86-98).1.7.15. Documento denominado: “Primer Foro sobre Prostitución en Bogotá, Hablemos de Prostitución, Marzo 30 de 2009” (folios 100-102).1.7.16. Documento titulado: “Primer Foro sobre Prostitución en Bogotá, Hablemos de Prostitución, marzo 30 de 2009, Aportes de la Mesa de Salud”. (folio 103-104).1.7.17. Documento denominado “Relatoría de la Mesa de Economía” (folios 105-106).1.7.18. Oficio de la Subdirectora de Gestión Judicial de la Secretaría de Salud de Bogotá, sin fecha, en el cual se atiende a la información solicitada por la Corte Constitucional en relación con el sistema de seguridad social de las personas que ejercen la prostitución en la ciudad y trabajan en establecimientos de comercio dedicados a ello, en especial cuando se trata de mujeres cabeza de familia, madres gestantes o lactantes (folios 109-113).1.7.19. Documento denominado “Estudio de seroprevalencia y del comportamiento en mujeres trabajadores sexuales de Bogotá, D.C., año 2007” (folios 114- 133).1.7.20. Mediante Auto de junio 8 de 2010, la Sala ordenó oficiar al Ministerio de Protección Social, para que en el término de tres (3) días hábiles, informara a la Corte sobre la actuación adelantada en respuesta a la orden impartida por el antiguo Juzgado 63 Penal Municipal de Bogotá[3] en sentencia de 4 de mayo de 2009, mediante la cual resolvió en primera instancia la tutela No. 110014004063 2009-0111, disponiendo “‘TERCERO. Remitir copia de este Fallo al Ministerio de Protección Social para que efectúe una vigilancia más cercana a los establecimientos como el que hoy ocupa nuestra atención, y en especial para que designe a un inspector del trabajo para que haga un estudio al caso presentado por LAIS a fin de concretizar las condiciones en que se hallaba en el Bar PANDEMO para que brinde la asesoría a la tutelante, que establezca si hay lugar o no a acudir a un juez laboral. Actividad que se debe dar a conocer a este Despacho dentro de los quince (5) [sic] días siguientes a la notificación de este fallo’ (folio 42, primer cuaderno y oficio No. 1472 de 8 de mayo de 2009, comunicando la correspondiente orden, a folio 49, con constancia de recibido por vía fax por el señor René Ramos, no. 2009-111)”.Así mismo se ordenó que “en caso de que el Ministerio no hubiese atendido el anterior requerimiento”, diera cumplimiento a la orden respectiva y remitiera a la Corte Constitucional la documentación correspondiente en el término establecido por ésta.1.7.21. Mediante oficio de 28 de junio de 2010 de la Secretaría General de la Corte, se informó que debidamente comunicado el auto anterior mediante oficio OPT-A-544 de 22 de junio y vencido el término establecido por la Sala, no se recibió respuesta alguna.1.7.22. Mediante auto de 6 de julio de 2010, dando cumplimiento a la orden cuarta impartida en el Auto de 22 de enero de 2010 de la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional en el presente proceso, el magistrado sustanciador solicitó a la Secretaría General, que por el término de tres (3) días hábiles, pusiera a disposición de las partes el expediente de tutela de la referencia, a fin de que éstas pudieran conocer las actuaciones adelantadas durante el trámite de revisión y manifestarse sobre las mismas si a bien lo tuvieran, en ejercicio de su derecho de defensa y contradicción.Según constancia de la Secretaría General, la accionante fue notificada por vía telefónica del auto en mención, el día 9 de julio de 2010 (folio 153, tercer cuaderno). Por su parte, el accionado no pudo ser notificado en la dirección por él reconocida desde el inicio del proceso, a saber la misma del bar PANDEMO, pues según el informe del citador de esta Corporación, el oficio correspondiente no fue recibido por cuanto allí se informó que desconocían a la persona a la que iba dirigido (folio 151, tercer cuaderno). Se procedió entonces a remitir la comunicación respectiva mediante correo certificado, el cual nuevamente fue devuelto por destinatario desconocido (folios 152, 155 y 157 tercer cuaderno). En tales circunstancias y como quiera que el accionado no informó cambio de dirección para notificaciones, mediante auto de 26 de julio de 2010, se ordenó la notificación prevista en el art. 321 del CPC, la cual procedió el día 28 de julio por medio de estado número 173 (folios 160-161, tercer cuaderno). Vencido el término correspondiente, no se presentó intervención alguna de las partes, según informe de secretaría del 3 de agosto de 2010 (folio 162, tercer cuaderno).II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS1. Remitido el expediente a esta Corporación, la Sala Número Nueve de Selección, de veinticuatro de septiembre de dos mil nueve (2009), dispuso su revisión por la Corte Constitucional.2.1 Competencia2. Esta Corte es competente para conocer los fallos materia de revisión de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y, en las demás disposiciones pertinentes, así como por haberse escogido por la Sala de Selección.2.2 Problemas jurídicos3. A juicio de la Sala, el presente asunto impone determinar si a la luz del artículo 13 constitucional y del discurso que desde él se proyecta en la totalidad del Estado social de derecho:· ¿Una persona que se dedica a la prostitución, en particular cuando se encuentra embarazada, tiene la misma protección constitucional que otro tipo de trabajadoras, para efectos de su estabilidad laboral, derechos a la seguridad social y en definitiva, salvaguarda del mínimo vital suyo y el del que está por nacer?· O visto de otro modo, ¿es constitucional el argumento esgrimido por las jueces de instancia según el cual, no obstante la asistencia y protección esmerada que se debe proveer a la mujer embarazada (y que en efecto proveyeron[4]), su reclamo por derechos laborales derivados de la prestación de servicios sexuales por cuenta ajena, no es siquiera admisible ni por tanto debe ser garantizado, en razón de la discriminación negativa que opera por causa su objeto ilícito, en tanto contrario al orden público y las buenas costumbres?4. Para los efectos de absolver los anteriores interrogantes la Corte procederá de la siguiente manera. En primer lugar, reiterará la jurisprudencia sobre la igualdad en la Constitución, como pieza clave para la interpretación y aplicación de derechos fundamentales (2.3.). En segundo lugar y con la pretensión de establecer la existencia o no de fundamentos jurídicos para un trato desigual, analizará de qué forma se ordena el fenómeno de la prostitución por el Derecho (2.4). Con base en lo anterior, en tercer lugar se determinará si la prostitución puede ser considerada o no una actividad lícita y si en caso afirmativo, puede ser ejercida por cuenta ajena y bajo la forma de contrato de trabajo (2.5.) Finalmente se resolverá el caso concreto (2.6.).2.3. La igualdad, desigualdad y discriminación en la Constitución5. En el marco de su complejidad, valor inconmensurable y dificultad de acotamiento, el concepto de la igualdad en la Constitución se puede describir según su naturaleza jurídica (2.3.1.), sus tipos constitucionales (2.3.2.), su significado relativo y relacional (2.3.3.), del que se derivan la aplicación de los juicios de igualdad (2.3.4.) y las formas de neutralizar la discriminación y de arropar de garantías de igualdad material a los sujetos víctimas de ella (2.3.5.).2.3.1. Igualdad, naturaleza jurídica6. Como reiteradamente se ha dicho por la Corte constitucional[5], la igualdad es uno de los pilares sobre los que se funda el Estado colombiano.De un lado, se trata de un principio fundante del orden político que se proyecta en el carácter general y abstracto de las leyes, elemento esencial del Estado de Derecho; y en los deberes públicos para la satisfacción de los derechos constitucionales mediante la garantía de un mínimo de condiciones materiales que faciliten su ejercicio por parte de todas las personas, desde la perspectiva social del Estado. De otro lado, posee una relación inescindible con la dignidad humana, fuente y fin de los derechos fundamentales, como atributo de todos los seres humanos de donde deriva su derecho al goce pleno de los derechos humanos por igual (Artículos 2º y 5º de la Constitución Política).2.3.2. Tipos constitucionales7. Lo anterior se hace patente desde la propia construcción normativa del artículo 13 de la Carta, en la que la igualdad se concreta a través de tres tipos de ordenación: en el inciso 1º como principio de igualdad formal o igualdad ante la ley, o en general ante el Derecho, al cual le es consustancial la prohibición de discriminación que veda el establecer un trato desigual frente a algunos sujetos en razón de ciertos rasgos de su identidad, tales como la raza, el sexo, la religión y la filiación política o ideológica. A su vez se establece en los incisos 2º y 3º, una dimensión promocional de la igualdad material o igualdad de trato, destinada a superar las desigualdades que, de hecho, enfrentan ciertos grupos tradicionalmente discriminados o marginados, o las personas que, por diversos motivos, se encuentran en situación de vulnerabilidad o debilidad manifiesta. Esta dimensión de la igualdad permite -y en determinados contextos obliga- al Estado a adoptar medidas positivas en favor de esos colectivos o personas, que pueden consistir en una compensación transitoria para lograr la igualdad de oportunidades, en la entrega de beneficios concretos, o en cambios políticamente determinados en la distribución de recursos dentro de la sociedad[6].8. En efecto, una de las expresiones de la cláusula de igualdad es la protección de grupos tradicionalmente discriminados o marginados, condición que en el Estado social de derecho determina a la vez un mandato de abstención o interdicción de tratos discriminatorios y un mandato de intervención, a través del reconocimiento de exigencias al Estado que le imponen realizar acciones tendentes a superar las condiciones de desigualdad material que enfrentan dichos grupos.9. En cuanto a lo primero y como resultado de la aplicación de la cláusula de igualdad formal y la prohibición de la discriminación (art. 13, inc 1 CP), comporta el deber del Estado de abstenerse de concebir normas, diseñar, promover o ejecutar políticas, programas o medidas, o adoptar decisiones e interpretaciones del Derecho, que conduzcan a agravar o perpetuar la situación de exclusión, marginamiento o discriminación de grupos tradicionalmente desventajados en la sociedad. Un mandato que en pos de la igualdad, proscribe tanto las discriminaciones directas y por las cuales se coarta o excluye a una persona o grupo de personas del ejercicio de un derecho o del acceso a un determinado beneficio, como las discriminaciones indirectas “que se derivan de la aplicación de normas aparentemente neutras, pero que en la práctica generan un impacto adverso y desproporcionado sobre un grupo tradicionalmente marginado o discriminado”[7].En cuanto a lo segundo, se habla de un mandato de intervención, porque para alcanzar los ideales de igualdad, es también necesario que el Estado intervenga y despliegue actuaciones positivas para garantizar condiciones de igualdad real y efectiva, la igualdad de trato por parte de la ley (art. 13, inc. 2º y 3º CP).2.3.3. Significado relativo y relacional10. La sencilla presentación que antecede, evidencia que la definición y concreción de la igualdad como pilar del orden jurídico, ha representado uno de los retos esenciales del juez constitucional. De allí la rica y prolífica jurisprudencia de esta Corporación tanto de constitucionalidad como de tutela, que se ha ido definiendo a lo largo de su historia institucional sobre el principio y derecho a la igualdad y la forma en que se vulnera, se hace o se debe hacer efectivo en las actuaciones públicas y también en las privadas.11. Así, desde sus fallos iniciales, la Corte expresó que la igualdad constituye un concepto relacional[8], en la medida en que su estudio parte de la determinación de una relación, característica o elemento común entre dos situaciones, personas, o grupos poblacionales. Además, desde tempranos fallos, la Sala acogió un concepto de justicia ampliamente difundido, de acuerdo con el cual debe darse un trato igual a lo igual y un trato desigual a situaciones desiguales[9]:12. Sin embargo, dicho criterio de justicia resulta vacío, si no se determina desde qué punto de vista una situación, persona o grupo es igual a otro. Por ello, en planteamientos recogidos por este Tribunal de la doctrina alemana[10], se ha explicado que, dado que ninguna situación, persona o grupo son idénticos a otros, determinar la igualdad y la desigualdad supone siempre un juicio de valor sobre cuál característica o propiedad resulta relevante para establecer el examen de igualdad por parte del juez. En consecuencia, un juicio sobre la eventual violación al derecho a la igualdad, o sobre la mejor forma de aplicar este principio no parte entonces de presupuestos idénticos, ni tampoco de situaciones por completo diferentes, sino que se efectúa en relación con igualdades y desigualdades parciales, a partir de propiedades relevantes desde el punto de vista jurídico-constitucional. En los eventos en que concurren tanto igualdades como desigualdades, debe el juez determinar si existen razones suficientes para mantener un trato igual frente a situaciones en alguna medida disímiles, o si existen razones suficientes para establecer un trato distinto entre situaciones con algún grado de similitud.Lo anterior significa que la primera tarea del juez constitucional consiste en verificar la existencia de características o criterios de comparación relevantes entre los grupos a ser cotejados.2.3.4. Los juicios de igualdad13. Ahora bien, tanto el legislador como la administración tienen un margen de acción para adoptar decisiones políticas que, en alguna medida, pueden afectar la situación de unas personas y privilegiar la de otras en la sociedad, sin una justificación constitucionalmente razonable. Por eso, de acuerdo con la sentencia C-040 de 1993, la igualdad constitucionalmente protegida no supone una paridad “mecánica o aritmética”. Las autoridades pueden entonces, emitir regulaciones que impliquen ciertas diferencias de trato, siempre que esas decisiones estén soportadas en una razón suficiente, es decir, constitucionalmente legítima o admisible[11].14. Las razones que resultan legítimas para adoptar tratos diferenciales deben procurar, además, restringir en la menor medida posible, tanto el derecho general a la igualdad, como los demás derechos y principios constitucionales que puedan verse involucrados (afectados, intervenidos) en la decisión. En tal sentido, las medidas deben ser razonables y proporcionales[12], juicio de igualdad de origen europeo[13], que ha constituido una herramienta analítica poderosa para la aplicación del concepto. Por esa razón, la Corte ha expresado que para que un trato diferenciado sea válido a la luz de la Constitución, debe tener un propósito constitucionalmente legítimo, y debe ser proporcional, en el sentido de que no implique afectaciones excesivas a otros propósitos constitucionalmente protegidos. La proporcionalidad[14] del medio se determina, entonces, mediante una evaluación de su “idoneidad para obtener el fin (constitucionalmente legítimo de acuerdo con el principio de razón suficiente); necesidad, en el sentido de que no existan medios alternativos igualmente adecuados o idóneos para la obtención del fin, pero menos restrictivos de los principios afectados; y proporcionalidad en sentido estricto, esto es, que el fin que la efectividad del fin que se persigue se alcance en una medida mayor a la afectación de los principios que sufren restricción, y particularmente, del principio de igualdad”[15].15. Con todo, como también expresó esta Corporación en las sentencias C-093 de 2001 y C-671 de 2001, ante la diversidad de materias sobre las que puede recaer la actuación del Estado, se encontró oportuno incluir en el estudio de la igualdad por parte del juez constitucional, herramientas hermenéuticas de origen estadounidense, que hacen posible realizar escrutinios con diferentes grados de intensidad. De tal suerte, el test de igualdad norteamericano se caracteriza porque el examen se desarrolla mediante tres niveles de intensidad. Con referencia particular a la ley, se ha dicho entonces que (i) por regla general se aplica un control débil o flexible, en el cual el estudio se limita a determinar si la medida adoptada por el legislador es potencialmente adecuada o idónea para alcanzar un fin que no se encuentra prohibido por la Constitución; (ii) el juicio intermedio se aplica a escenarios en los que la autoridad ha adoptado medidas de diferenciación positiva (acciones afirmativas). En este análisis el examen consiste en determinar que el sacrificio de parte de la población resulte proporcional al beneficio esperado por la medida frente al grupo que se pretende promover; (iii) por último, el examen estricto que se efectúa cuando el legislador, al establecer un trato discriminatorio, parte de categorías sospechosas, como la raza, la orientación sexual o la filiación política. En tal caso, el legislador debe perseguir un fin imperioso, y la medida debe mostrarse como la única adecuada para lograrlo.16. Se constituye así un test integrado que aprovecha del mayor poder analítico del juicio de proporcionalidad, con el carácter diferencial del test de igualdad, con el cual se propone mantener una relación inversamente proporcional entre la facultad de configuración del legislador y la facultad de revisión del juez constitucional, con el fin de proteger al máximo el principio democrático.2.3.5. Formas de neutralizar la discriminación y garantías de igualdad material para los sujetos víctimas de ella17. En fin, un elemento por añadir en la construcción jurisprudencial de la igualdad constitucional, es el que incluye las particularidades del análisis cuando se examina una eventual violación a la prohibición de discriminación[16]. Dicho con brevedad, una discriminación se presenta cuando se adoptan tratos diferenciados entre personas o grupos en situaciones similares, sin que exista para ello una razón legítima.18. Una situación como ésta, da lugar a que cada uno de los pasos del examen de razonabilidad y proporcionalidad de la medida se haga más exigente, pues las reglas o pautas de diferenciación basadas en tales criterios se presumen inconstitucionales[17]. En la sentencia C-371 de 2000, señaló la Corte:“El principio de no discriminación, por su parte, asociado con el perfil negativo de la igualdad, da cuenta de ciertos criterios que deben ser irrelevantes a la hora de distinguir situaciones para otorgar tratamientos distintos.(…) Estos motivos o criterios que en la Constitución se enuncian, aunque no en forma taxativa, aluden a aquellas categorías que se consideran sospechosas, pues su uso ha estado históricamente asociado a prácticas que tienden a subvalorar y a colocar en situaciones de desventaja a ciertas personas o grupos, vgr. mujeres, negros, homosexuales, indígenas, entre otros”(resaltado fuera del original).Este carácter sospechoso, con reiteración ha dicho la jurisprudencia, representa “categorías que (i) se fundan en rasgos permanentes de las personas, de las cuales éstas no pueden prescindir por voluntad propia a riesgo de perder su identidad; (ii) han estado sometidas, históricamente, a patrones de valoración cultural que tienden a menospreciarlas; y, (iii) no constituyen, per se, criterios con base en los cuales sea posible efectuar una distribución o reparto racional y equitativo de bienes, derechos o cargas sociales”[18].19. Por ello, se puede señalar que cuando entren en juego los derechos de grupos de especial protección, dentro de los que se incluyen los grupos tradicionalmente discriminados, y sean introducidas normas jurídicas que supongan para ellos afectación o disminución de sus derechos, opera prima facie una presunción de discriminación, basada en los criterios sospechosos que su trato desigual plantea. Dicho de otro modo, para preservar la validez y vigencia de tal Derecho, resulta necesario desvirtuar este supuesto de hecho discriminatorio del que se parte[19].20. En tales circunstancias se emplea el mencionado escrutinio judicial estricto[20], conforme al cual se debe demostrar que la actuación y las reglas dispuestas, a pesar de generar un efecto adverso en un grupo marginado o discriminado, obedece i) a una finalidad imperiosa, ii) es necesaria para lograr dicha finalidad y iii) es proporcionada, en el sentido de no sacrificar en exceso otros intereses constitucionalmente específicos en aras de promover la finalidad.Lo anterior quiere decir que con referencia a grupos marginados o discriminados, no está proscrita de la Constitución cualquier medida que genere un impacto adverso o diferenciador con los mismos. Lo que ocurre es que los operadores jurídicos deben justificar las medidas discriminatorias que adoptan.21. Hay empero que apuntar, que aunque esta pieza de análisis suele formularse en especial con respecto al legislador, cabe también considerar su impacto respecto de la Administración, de los jueces y también de los particulares, por supuesto en el marco de sus competencias y facultades.De tal suerte, si la regulación legal produce como resultado la discriminación, a cambio de partir de la presunción de constitucionalidad, el juez constitucional debe juzgarla bajo el criterio de sospecha y por tanto sujeta al test estricto de igualdad. A la Administración, por su parte, “le corresponde demostrar que a pesar de la afectación desproporcionada para un grupo marginado, la medida, programa o política responde a condiciones de razonabilidad y proporcionalidad, y que la misma ha venido acompañada por otras acciones dirigidas a contrarrestar el efecto adverso que ha podido generar en un grupo marginado o discriminado”[21]. A su vez los jueces, en el desarrollo de los procesos y en la aplicación del Derecho, les corresponde proteger el valor, el principio y del derecho fundamental a la igualdad, como parte de las garantías del debido proceso (art. 29 CP) y también del derecho de acceso a la justicia (art. 229 CP). O sea, igualdad ante la ley, igualdad en el respeto a las formas procesales, pero también en la prevalencia del derecho sustancial, igualdad ante las diferentes ideas de justicia que admite y reclama el Estado social constitucional.Y en la medida en que la prohibición de la discriminación como garantía del principio y derecho relacional de la igualdad parece evidenciarse no sólo como propia al discurso constitucional de algunos Estados, sino poco a poco, como norma del ius cogens, aceptada y reconocida por la comunidad internacional como un todo en tanto normas perentorias o imperativas respecto de las que no se permiten derogaciones, también y por su misma fuerza imperativa, se convierte en parte de los principios que estructuran las relaciones entre particulares. Es decir que los individuos, las personas jurídicas, las empresas privadas son también responsables de la aplicación de la igualdad, en el marco de sus facultades y libertades, del ejercicio de su autonomía privada y de su forma de obrar como operadores de derechos fundamentales y legales de otros individuos[22].22. Pero, como arriba se indicó, la existencia de personas y grupos históricamente discriminados o ubicados en condiciones de inferioridad, activa el mandato de intervención que frente al Estado, constituye el deber de concebir normas y propiciar situaciones en las que se procure una igualdad de carácter remedial, compensador, emancipatorio, corrector y defensivo[23], mediante el impulso de acciones positivas de los poderes públicos y de la comunidad en general. “En síntesis: la igualdad sustancial (…) se percibe apenas como un objetivo o finalidad del sistema político, que vincula, tanto a los poderes públicos como a los ciudadanos, en la transformación del modelo de sociedad existente en otro ideal, más propicio a la satisfacción de las aspiraciones humanas en sus múltiples facetas”[24].23. Esta compleja figura constitucional, debe servir de parámetro para el estudio de la prostitución como actividad y para determinar si de su ejercicio se pueden derivar determinadas relaciones reconocidas por el Derecho, de las que se desprenden derechos amparables y dentro de ellos los laborales fundamentales que la actora reclama en el presente proceso.2.4. La prostitución en el Derecho positivo24. La prostitución como fenómeno social ha sido desde siempre tratada por el Derecho[25]. En la actualidad su regulación es variada y constituye un buen ejemplo de régimen jurídico mixto de ordenación, en el que se disciplina la actividad al mismo tiempo que sus prohibiciones, limitaciones y autorizaciones. De este modo, en aras de reconocer las características del Derecho aplicable para el presente asunto, la Corte revisará brevemente la forma como se contempla la prostitución por el Derecho comparado (2.4.1.), por el Derecho internacional (2.4.2.) y por el Derecho comunitario europeo (2.4.3.). Luego estudiará el Derecho colombiano establecido al respecto (2.4.4.).2.4. 1. La regulación de la prostitución en el Derecho comparado25. Siguiendo el trabajo de Rey, Mata y Serrano[26], el fenómeno de la prostitución ha sido tratado por el Derecho desde tres modelos tradicionales: el prohibicionista, el abolicionista y finalmente el que somete la actividad a la reglamentación.El modelo prohibicionista excluye el comercio carnal, de modo que el Derecho lo contempla pero para prohibirlo y sancionarlo. En este marco son punibles todas las conductas relacionadas con el tráfico sexual, esto es, tanto la conducta sexual de la persona prostituida, como la de quien participa de la explotación económica de la actividad, mientras que los clientes suelen ser entendidos como víctimas de los anteriores. El bien jurídico protegido es la moral pública y las buenas costumbres.El modelo abolicionista pretende, desde el punto de vista jurídico, la ausencia total de reconocimiento del fenómeno y de las actividades conexas por parte del orden jurídico. Lo que se elimina no es el hecho en sí de la prostitución, sino la aceptación de su existencia y por tanto de regulación normativa. Su fundamento se ha encontrado en la necesidad de proteger la familia, pero también la dignidad de las mujeres. De tal suerte, se excluye la punición de la actividad individual, aunque se puede perseguir la organización de negocios destinados a la prestación de servicios sexuales.El modelo reglamentista, difundido en Europa tras las conquistas napoleónicas, tiende a reconocer la prostitución como un mal social que al no poderse combatir, debe ser regulado a fin de evitar los efectos perniciosos relacionados con la salud, el orden social, la convivencia y buenas costumbres, que pudieren derivar de su ejercicio. En este orden, la reglamentación persigue la identificación geográfica y localización delimitada de la actividad, a fin de disminuir el impacto que producen en el funcionamiento de la ciudad y en el desarrollo de los objetivos públicos urbanos.Esto significa que, antes que proteger a la persona que ejerce la prostitución, el Derecho cuida al cliente para quien se asegura un servicio con calidad y también a la comunidad, circunscribiendo el desarrollo de la misma a determinados territorios, Y, de modo indirecto, también se protege a quienes viven de la prostitución sin ejercerla, pues con la reglamentación se autoriza la explotación de establecimientos de comercio en los que se presta el servicio o se facilita el contacto entre trabajador o trabajadora sexual y clientes. Los bienes jurídicos protegidos con estas medidas parten del intento de controlar tanto las enfermedades de transmisión sexual, el delito a gran o pequeña escala, así como de evitar el escándalo público. Las medidas de protección de carácter sanitario dirigidas a favor de las personas que ejercen la prostitución, no parecen fundadas en procurar mejora en la calidad de vida de la persona prostituida, sino que se muestran como una manera de aumentar la seguridad de sus clientes.Naturalmente, en todos los modelos se persigue como delito la prostitución forzosa.26. El análisis particular de la legislación de algunos Estados, ejemplifica las diversas expresiones que uno y otros modelos adoptan.Como caso tipo del modelo prohibicionista, se encuentran la totalidad de los Estados federados de USA, con excepción de Nevada, donde se habilita a los condados a establecer si se prohíbe o se autoriza la práctica de la prostitución[27]. Así ocurría en la Europa premoderna, donde se ponía especial énfasis en la sanción de la prostituta en lugar del cliente. Se consideraba a la mujer delincuente y al cliente víctima tentada por “Eva”. En cambio, en algunas variantes actuales del neo-prohibicionismo, la intervención en la demanda asume una importancia fundamental, como en el caso de Suecia, donde desde 1999 entró en vigor una ley que condena al usuario de prestaciones sexuales, aplaudida en su momento por la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo. Sin embargo, su eficacia en reducir la estigmatización de la persona prostituida y mejorarle sus opciones de vida están aún en entredicho y al contrario, el desplazar el sexo al mercado subterráneo, incrementa las opciones de violación de derechos y la explotación humana[28].Inglaterra, desde mediados del siglo XIX, ha seguido un modelo abolicionista, que aunque no sanciona la venta de prestaciones sexuales ni condena al cliente, sí prohíbe la explotación de la prostitución así como el acto d inducir a la misma.En países como Italia y Francia, por ejemplo, no se encuentra prohibido ejercer el oficio, no obstante ser ilegal la organización de actividades, locales, dedicados a la prostitución, al igual que el proxenetismo. En España, existe una legislación penal que persigue desde el propio rufianismo, esto es, la explotación sexual de un tercero para el beneficio económico aún bajo el consentimiento de aquél, hasta las formas de explotación sexual que proceden mediante engaño, presión o fuerza. De otro lado, las comunidades autónomas poseen competencias para establecer medidas de carácter urbanístico y de salubridad que inciden directamente sobre los establecimientos de comercio donde se prestan servicios sexuales.Alemania y Holanda y al otro lado del mundo Nueva Zelanda, responden a un modelo avanzado de reglamentación, pues no sólo se incluye regulación en materia de salud pública, urbanismo, manejo del suelo y políticas de prevención de delitos próximos a la actividad, sino que también incluyen garantías y derechos para quienes ejercen el oficio[29].Por ejemplo en Holanda, el empresario debe concertar un acuerdo laboral escrito, debe garantizar la seguridad del servicio en términos sanitarios, las localidades han de contar con oficinas para presentar quejas contra la administración de los negocios de esta índole. Infortunadamente, el paso a la formalidad, ha incentivado empero la clandestinidad pues las contribuciones y cargas que asume el empresario y el trabajador son mayores y en el plazo inmediato los ingresos de unos y otros se han reducido sustancialmente.En Alemania, se ha previsto una mayor cobertura social, facilitando a las y los trabajadores sexuales que su actividad esté legalmente asegurada, bien como trabajo por cuenta ajena, bien de manera autónoma o independiente. Igualmente se reconocen límites al poder de subordinación patronal, dadas las características del servicio que se presta y en las que debe primar la voluntad de quien desarrolla directamente el trabajo. Sólo caben exigencias en términos de tiempo y lugar del trabajo. Tienen derecho a prestaciones sociales (previa cotización), atención médica en la sanidad pública, derecho al seguro de desempleo y pensión de jubilación[30].En Nueva Zelanda, a partir de 2003, se han dispuesto medidas dirigidas tanto a quienes ejercen la prostitución, como a los que sacan provecho de lo que este “negocio” produce, todos los cuales deben cumplir con requerimientos de salud, seguridad y orden público. Se reconocen derechos a los trabajadores sexuales relacionados con sus libertades y también con el acceso a beneficios propios de quien emplea su fuerza de trabajo. El funcionamiento de los establecimientos donde se ofrece el servicio sexual, requiere en general de licencia, salvo el caso de micro-empresas. Finalmente, se crea un comité que a nivel nacional está llamado a revisar la realidad, las leyes y las políticas públicas relacionadas con la prostitución y a remitir un informe a la Cámara de Representantes de su Parlamento, con el objeto de que adopte medidas más adecuadas para proteger los intereses particulares y públicos comprometidos[31].27. Pues bien, del estudio de varios regímenes jurídicos de los Estados se establecen como conclusiones principales frente al tema las que vienen[32]: i) En general, no hay infracción para el ejercicio individual de la prostitución, aunque restan excepciones para ciertas formas de desempeño, que aún son sancionadas[33]. ii) Si bien es evidente la crisis del modelo abolicionista, esto empero no va acompañado de un consenso sobre la necesidad de atribuir carácter de trabajo a la prostitución. Y al contrario, en todos los países, salvo en Holanda, Alemania y Nueva Zelanda, “la ausencia de reconocimiento jurídico de la profesión impide a las mujeres en prostitución disponer de una cobertura social completa (…). Dado que la prostitución no constituye una infracción en sí misma, su ejercicio pertenece de modo significativo a la economía subterránea y las mujeres que ejercen la prostitución viven al margen de la legalidad”. iii) “(…) Sin embargo, el rendimiento de la prostitución se somete a tributación en la mayoría de los países porque el hecho generador del impuesto es independiente de la legalidad de la actividad”[34]. iv) Es finalmente regla universal, la prohibición y persecución severa de la prostitución forzada, de menores de edad y el tráfico de personas para el desarrollo de tal actividad[35].2.4.2. La prostitución en el Derecho internacional28. El tratamiento de la prostitución por parte del Derecho internacional tiene por objeto la supresión y persecución del fenómeno, en cuanto se halla vinculado con delitos como la trata de personas o la explotación de seres humanos para alcanzar cuantiosos beneficios económicos.29. Así, de tiempo atrás, la Asamblea General de Naciones Unidas suscribió el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, de 1949. El convenio, de manera expresa señala en su parte motiva que la “prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad”. En este orden, los Estados se comprometen a “castigar a toda persona que, para satisfacer las pasiones de otra: Concertare la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal persona; Explotare la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal persona” (art. 1º). Así mismo, se comprometen a castigar las casas dedicadas a la prostitución, a provocar su disminución y represión (art. 2º). Y, en reconocimiento de la gravedad de la conducta, la convención advierte que los delitos descritos serán considerados “como casos de extradición en todo tratado de extradición ya concertado o que ulteriormente se concierte entre cualesquiera de las Partes en el presente Convenio”. Se estima además a la propia tentativa como modalidad punible al prescribir que, en la medida en que lo permitan las leyes nacionales, “serán tambi�