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Timestamp: 2018-11-14 15:50:47
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Matched Legal Cases: ['artículo 41', 'in dubio', 'in fine', 'Artículo 206', 'Artículo 212', 'Artículo 356', 'Artículo 246', 'Artículo 250', 'artículo 258', 'Artículo 279', 'Artículo 160', 'Artículo 191', 'Artículo 214', 'Artículo 216', 'Artículo 13', 'Artículo 71', 'artículo 24']

¿Qué es Actividad Procesal? ¿Cuáles son los principios de la Actividad Procesal?
La Teoría general del proceso se inicia en el Derecho Procesal Civil. Por su parte, el Derecho Procesal Penal recogerá de allí múltiples institutos y conceptos básicos que adaptó a su propio desenvolvimiento. Las Teorías Procesales Civiles han determinado los rumbos que tras ellas siguieron los procesalistas penales; quizás, en algunos aspectos, éstos hayan conseguido superar a aquéllas.
1.- LA ACTIVIDAD PROCESAL
1.2.1.- Principio de impulso procesal
1.2.2.- Principio de preclusión
1.2.3.- Principio de economía procesal
1.2.4.- Principio de concentración y contradictorio
1.2.5.- Principio de eventualidad
1.2.6.- Principio de inmediación
La Teoría general del proceso se inicia en el Derecho Procesal Civil. Por su parte, el Derecho Procesal Penal recogerá de allí múltiples institutos y conceptos básicos que adaptó a su propio desenvolvimiento. Las Teorías Procesales Civiles han determinado los rumbos que tras ellas siguieron los procesalistas penales; quizás, en algunos aspectos, éstos hayan conseguido superar a aquéllas[1].
En nuestro país, dicha situación se evidencia con los diferentes matices que existen para la aplicación del instituto jurídico de la actividad procesal defectuosa, dado que en la materia Procesal Penal se adoptó un cambio, no sólo en la terminología, sino también en el procedimiento, a diferencia del Procesal Civil donde en principio se manifiesta como una denominación al capítulo del código respectivo, dedicado en términos reales a la Teoría de las nulidades procesales.
Además, la doctrina contemporánea le ha otorgado a la actividad procesal un alcance más general, razón por la cual se la ha asociado con el concepto de situación jurídica, entendida ésta por Véscovi como ―(…) la posición del sujeto con respecto a la norma que lo comprende; la procesal, es la del sujeto procesal. (…) expresa Carnelutti, tenemos la situación jurídica es la potencia cuya manifestación natural es el acto‖[2].
En virtud de lo anterior, un proceso cualquiera requiere de una investigación y reconstrucción histórica que permita, como afirmaba Carnelutti, “aproximar el hecho al juez”, para que él mismo pueda aplicar la ley en relación con este que constituye el objeto del proceso; es decir, el asunto de la vida sobre el cual se despliega la actividad de los sujetos procesales y respecto del cual se pide la actuación de la voluntad de la ley. Para que esto sea posible, se deben cumplir diversas actividades que son resultado del ejercicio coordinado de los poderes de la función jurisdiccional y acción, cuyo resultado es el proceso[3].
El Derecho Procesal desarrolla un método que combina la inducción con la deducción, para someter la realidad a un sistema. Mediante la primera de las anteriores, a partir del estudio de la realidad, son extraídos conceptos generales y abstractos, según las constantes que surgen del examen de las leyes vigentes en un ordenamiento determinado. Una vez puestos de manifiesto, a partir de esos conceptos, y ahora por vía deductiva, se procede a la explicación sistemática de la ley en lo concreto[4]. Es por ello que la actividad inicial puede ser designada como actividad de introducción de las cuestiones. Es esto el planteamiento del asunto, la formulación de las pretensiones fundamentales de las partes que constituirán el tema sobre el cual se dictará una resolución para culminar del proceso.
En el proceso civil esa actividad consiste en la demanda y la contestación. Por su parte, en el proceso penal existe también una actividad de introducción de las cuestiones, pero media una diferencia que determina caracteres diversos respecto del proceso civil; es decir, en éste la preparación de ese preludio es realizada en el ámbito privado de los propios interesados y por su cuenta. En el proceso penal, en cambio, en un alto porcentaje de los casos actúan órganos públicos que son ajenos al hecho y deben también informarse de él[5].
Cabe mencionar que indica De la Rúa que ―(…) la actividad procesal (…) se define como el conjunto coordinado de actos que pueden o deben cumplir los intervinientes en el proceso de conformidad con las normas procesales, en procura de la obtención de la cosa juzgada o la solución del diferendo. Es importante señalar que los actos que conforman la actividad tienen la particularidad de darse en forma progresiva y concatenada. Asimismo, ha de tomarse en cuenta que con la realización de los actos llevada a cabo por los sujetos del proceso, éstos buscan un determinado fin. Al respecto, se dice que ―la mínima expresión de esa actividad es el acto procesal; se lo podría comparar con la molécula en su proyección a la materia, siendo posible su descomposición en átomos para analizarlo en sus distintos elementos que conforman su estructura individual, y que se proyecta a otras unidades. Por esta proyección se van comunicando como en cadena para determinar los distintos aspectos de la actividad, encarrilándose en función de las diversas fuerzas que inciden sobre el objeto del proceso y lo van amoldando conforme a su tendencia de alcanzar el fin común‖.‖[6].
Por su parte, Salas expone que la definición de la actividad procesal ―(…) denota una idea de continuo movimiento referido a algo y guiado por un propósito. Igualmente y como su existencia no es posible por sí sola, sino que requiere la participación de un agente que la produzca, representa la realización de una conducta simple o compleja, lo que conlleva la intervención de un sólo sujeto procesal o varios respectivamente. La unificación de estas ideas muestra que la actividad, proyectándola jurídicamente, se hace posible a través de las manifestaciones de las facultades humanas sobre un objeto y para una finalidad‖[7].
En síntesis, la actividad procesal consiste en una manifestación de los sujetos que intervienen en el proceso. Está caracterizada por darse de manera progresiva y concatenada, de manera que forme una cadena con una finalidad determinada.
Los actos procesales responden a principios que regulan en forma concreta la actividad procesal, los cuales se encuentran vinculados a los fines del proceso y pueden individualizarse a continuación:
El pensamiento clásico identificó este principio como la facultad ilimitada que tienen las partes sobre el derecho de acción, la marcha y terminación del proceso. Se interpreta como el deber que posee el órgano jurisdiccional de esperar la actuación de la parte en los casos donde no puede actuar de oficio[8].
Debe entenderse por tal, la facultad o poder de iniciativa dentro de un determinado proceso; lo cual debe extenderse como la posibilidad concreta de hacerlo progresar hasta sus instancias definitivas[9]. Por lo tanto, una de las características de la actividad procesal es su continuo desarrollo vertical hasta llegar a su culminación, situación que sólo es posible con la participación de los sujetos procesales.
El impulso procesal en la materia civil constituye una potestad otorgada al individuo ante la imposibilidad que posee el juez de iniciar de oficio el proceso civil. Por su parte, en el procedimiento penal, al existir los distintos tipos de acciones como es la pública o la privada, el sujeto obligado a otorgar el acto inicial varía de acuerdo con el tipo de acción.
Un aspecto interesante en cuanto a las partes, específicamente aquella que interviene como actor civil en el proceso penal es que ―(…) una vez introducida en el proceso, el régimen del trámite debe condicionarse en general al preceptuado para la cuestión penal; sin embargo, se advierte más amplitud en el impulso procesal de parte, como es en lo que se relaciona con las medidas cautelares reales (…)‖[10].
En la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia número 15369-2009, de las dieciséis horas cuarenta minutos, del veintinueve de septiembre del año dos mil nueve, se interpreta tácitamente el principio en cuestión, al exponer:
―II.-Sobre el fondo. En lo que concierne al derecho a la justicia pronta y cumplida, estatuido en el artículo 41 de la Constitución Política, la Sala debe juzgar las causas de los atrasos judiciales a fin de comprobar si el órgano jurisdiccional no ha empleado la requerida diligencia para acatar ese mandamiento constitucional. Al respecto, resulta evidente que la duración excesiva y no justificada de los procesos implica una clara violación a ese principio, pues los reclamos y recursos puestos a conocimiento de la Administración de Justicia deben ser resueltos, por razones de seguridad jurídica, en plazos razonablemente cortos. Sin embargo, esto no significa la constitucionalización de un derecho a los plazos, sino el derecho establecido casuísticamente con base en la consideración a determinados elementos de juicio, tales como la complejidad del asunto, la conducta de los litigantes y las autoridades, las consecuencias para las partes de la demora, o las pautas y márgenes ordinarias del tipo del proceso de que se trata. En este caso, conforme a la relación de hechos esbozada en el considerando anterior, ha quedado demostrado que los amparados Gilberto López Benavides y Rosa Cambronero Bogantes, por su orden actores en los expedientes judiciales números 03-000444-0505-LA y 03-000443-0505-LA, han sido omisos en responder las prevenciones del Despacho accionado, tendentes a que aportaran la dirección de uno de los codemandados. Incluso, en el último asunto citado, tal situación derivó en que el Juzgado recurrido declarara desierto el caso por resolución de las 10:20 horas del 8 de junio de 2009, notificada el 12 de ese mes. Así las cosas, no se estima que haya habido lesión alguna al derecho a la justicia pronta y cumplida, motivo por el que el amparo resulta improcedente‖.
De acuerdo con el voto citado, se evidencia la aplicación del principio de impulso procesal en cumplimiento del artículo número 1 del Código Procesal Civil, el cual establece que ―El proceso civil se inicia con la demanda pero se desarrolla por impulso oficial y por actividad de las partes‖. Desde otra perspectiva, la acción penal requerirá de la participación del Ministerio Público, de la víctima o ciudadanos de acuerdo con lo establecido por el numeral 16 del Código Procesal Penal.
Según Lorences y Tornabene, ―(…) el progreso del proceso se encuentra ligado con el cumplimiento de determinados actos procesales en las etapas y con los recaudos legales exigidos por las normas. Se trata, mediante la preclusión, de la consecución de un objeto referido al orden y a las garantías que debe reunir el proceso, evitando de esta forma una anárquica administración del mismo, de modo tal que podríamos simbolizar al proceso en una escalera, en la cual cada peldaño se vincula – concatena- a una etapa del proceso, no pudiendo ascender o descender arbitrariamente en los mismos, sino que deberá agotarse una etapa para poder alcanzar el peldaño siguiente y, una vez allí, no podrá retrocederse (…)‖[11]:
Es decir, como norma de la actividad procesal es un impedimento a la marcha del proceso, lo cual satisface, igualmente, el interés público de justicia y sirve como garantía de los derechos individuales. A través del impulso procesal se pretende mantener, con estabilidad jurídica, una situación procesal alcanzada en el desarrollo del proceso. ―Así, ampara los tramos de procedimiento cumplidos, y mira a su conservación para seguir adelante en pos de la cosa juzgada‖[12].
Según Véscovi, este instituto se da por tres razones:
a. ―Por no haberse observado el orden o aprovechado la oportunidad que otorga la ley (por ejemplo el vencimiento del plazo);
b. por haber ejercido válidamente la facultad (consumación); y este ejercicio de la facultad es integral: no puede completarse luego, salvo norma legal expresa (…);
c. por cumplir una actividad incompatible con la otra (anterior) (…)‖[13].
Vale la pena agregar que para Couture el principio de preclusión ―(…) está representado por el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el retroceso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados‖[14]. Por ello, la preclusión tiene una íntima relación con el principio de economía procesal al evitar un retraso por el regreso a etapas ya cumplidas.
Por último, resulta oportuno indicar que para la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución número 108-A-2006, de las nueve horas quince minutos, del ocho de marzo del año dos mil seis, el principio en cuestión es:
―(…) un instituto precisamente concebido para hacer que el impulso procesal adquiera sentido y eficacia. Couture define así este instituto: ―Extinción, clausura, caducidad: acción y efecto de extinguirse el derecho a realizar un acto procesal, ya sea por prohibición de la ley, por haberse dejado pasar la oportunidad de verificarlo o por haberse realizado otro incompatible con aquél‖. (Couture, Eduardo, Vocabulario Jurídico, Edic. Facultad de Derecho, 1960, pág. 477). Como consecuencia lógica, el momento procesal de la actora para acudir en sede casacional precluyó y no puede volverse sobre él. De consiguiente este segundo recurso que formula, de toda suerte es informal, debe sin más ser desestimado‖.
Para el cumplimiento de sus objetivos la actividad procesal debe pretender un ahorro concreto de tiempo, con el propósito de evitar injustificados retrasos, de forma tal que simplifique el proceso, a fin de una más rápida decisión del conflicto[15].
De esta forma, el principio de economía tiene como finalidad evitar dilaciones y gastos innecesarios en un proceso de cualquier índole. Para nadie es un secreto la lentitud de los procesos judiciales, lo cual ocasiona un grave problema que se debe superar gradualmente mediante la dotación de mayores recursos económicos y humanos, de la mano con una reforma legislativa de nuestra regulación procesal, principalmente, en la materia civil a través de la oralidad. Esto apareja que en la normativa que cita nuestro Código Procesal Penal, por ejemplo, en el tema de la actividad procesal defectuosa, se limita la declaratoria de nulidades, aún en los defectos absolutos, cuando se ha cumplido con la finalidad del acto y no existan, tanto, indefensión hacia las partes o incumplimiento de las formalidades procesales. Dicha situación procede de igual forma en el proceso civil.
La resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia número 528-2008, de las quince horas veintitrés minutos, del nueve de abril del año dos mil ocho, indica acerca de este principio lo siguiente:
―(…) esta Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra- constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre el particular, no debe perderse de perspectiva que la Constitución por su supremacía, súper-legalidad y eficacia directa e inmediata da fundamento indirecto a cualquier situación jurídica sustancial imaginable de las personas. No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso- Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad –y sus subprincipios concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o ―amparo de legalidad‖, los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación. Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio. (…)‖. De acuerdo con lo anterior, se puede interpretar que el principio de economía procesal pretende la obtención del máximo resultado posible con el mínimo esfuerzo, para cumplir con lo estipulado en nuestra Constitución Política en el artículo número 41. Esto le otorga una justicia pronta y cumplida en total aplicación estricta con la ley a las partes intervinientes del proceso. Más que un solo principio, la economía procesal es el conjunto de aplicación de los siguientes principios: concentración, eventualidad, celeridad, saneamiento y gratuidad de la justicia.
El principio de contradicción deriva del de igualdad[16]; éste debe dominar el proceso y significar una garantía fundamental para las partes. En el proceso penal, una de las características del sistema acusatorio acogido por nuestro sistema jurídico, conlleva la pasividad del juez, lo que hace que las partes se desempeñen con amplia libertad, aporten argumentos y probanzas que permitan una mejor resolución, ―(…) por lo que el contradictorio adquiere marcada importancia. Las tesis encontradas de las partes permiten una mejor búsqueda de la verdad real de lo acontecido. Consecuencia directa de esta preeminencia de las partes, es el plano de la igualdad en que deben desempeñar sus actuaciones; no puede existir privilegio alguno de una sobre otra y toda actuación debe tener una finalidad propia del procedimiento‖[17].
La pauta del contradictorio se manifiesta por la obligación de informar a las partes la actividad que realiza la contraparte, lo cual nutre el derecho de audiencia que ―(…) se traduce primero en la posibilidad de dar al juez razones opuestas a las de la otra parte y segundo, de oponerse las partes con iguales posibilidades a las resoluciones del tribunal‖[18]. El principio de contradicción está integrado por dos aspectos; el primero, el derecho que tiene la parte de negarse a la realización de un determinado acto; el segundo, la posibilidad que poseen los sujetos procesales de controlar la regularidad y cumplimiento de los preceptos legales.
Además, la contradicción no requiere que la parte, en cuyo favor se litiga, realice los actos que con tal efecto consagra la ley, sino que basta con que tenga conocimiento de la respectiva actividad, puesto que eso le faculta para llevarlos a cabo.
Indica Véscovi que ―(…) el proceso por audiencias, es el que mejor se compagina con el principio de concentración, que propende a reunir toda la actividad procesal en la menor cantidad posible de actos y a evitar la dispersión, lo cual, por otra parte, contribuye a la aceleración del proceso‖[19]. Sin embargo, si bien la oralidad potencia y facilita el contradictorio y la concentración, ello no significa que el proceso civil, por ser principalmente escrito, sea ajeno a éstos, dado que existen las siguientes posibilidades para cumplirlos: demanda, contestación y réplica, participación de las partes al aportar prueba y la posibilidad de recurrir.
Por último, con respecto al contradictorio, el Tribunal Primero Civil en la resolución número 945-M-2001, de las ocho horas diez minutos, del ocho de agosto del año dos mil uno, manifiesta:
―Es el único medio de garantizar el respeto del principio de contradicción. Consiste en la obligación que tiene el Juez de oír a todas las partes legitimadas para la evaluación de cualquier elemento, de hecho o de derecho, que sea llevado a su conocimiento. Es de aplicación general sin excepciones‖
Según Lorences y Tornabene, este principio ―(…) reconoce a las partes la facultad, una vez producido un acto procesal, para que puedan argüir, repreguntar u ofrecer prueba, para ratificar o impugnar los contenidos del mismo. También se refiere a la posibilidad de las partes de formular peticiones, reservas u ofrecimientos de prueba para el caso en que la etapa del juicio lo requiera o formulando expresa manifestación para la oportunidad procesal correspondiente‖[20].
El principio de eventualidad impone que con respecto a una determinada pretensión, deben acumularse al formular ésta todos los medios de ataque y defensa, principales y accesorios, subordinados unos a otros e incluso la totalidad de la pretensión. En el caso del juez, este principio tiene aplicación con la evacuación de las pruebas, en tanto las partes introducen las mismas al proceso para que el juzgador las utilice con el propósito de dictaminar la resolución final.
De esta forma lo ha manifestado la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, al referirse al principio de eventualidad en la resolución número 720-2007, de las once horas, del tres de octubre del año dos mil siete, donde:
―Por virtud de este principio, las partes tienen la carga de hacer valer ya sean las acciones, las excepciones, las pruebas y los recursos procedentes en el caso de que en lo futuro hubiera necesidad de hacerlo para garantizar sus derechos procesales... Tratándose de recursos, sucede algunas veces en la práctica judicial, que la sentencia definitiva favorable al actor o al demandado, esté sin embargo mal fundada, en cuyo caso, el favorecido por ella aparentemente, queda en situación jurídica bastante comprometida por que la otra parte puede apelar de la sentencia, y hacer valer como agravio las violaciones cometidas en los considerandos del fallo. En tal caso, se perjudica la parte que no apeló, no obstante que el fallo le irroga perjuicio por sus malos fundamentos. Esta idea básica es la que explica el principio de eventualidad‖.
La inmediación representa una relación procesal directa entre el juez y los sujetos, entre éstos y la prueba; asimismo, se materializa mediante un acercamiento con todo el material que conforma el proceso. De acuerdo con Esiner, citado por Artavia, el principio en cuestión se define como aquel en ―(…) virtud del cual se procura asegurar que el juez o tribunal se halle en permanente e íntima vinculación personal con los sujetos y elementos que intervienen en el proceso, recibiendo directamente las alegaciones de las partes y las aportaciones probatorias, a fin de que pueda conocer en
todas su significación el material de la causa, desde el principio de ella, quien a su término ha de pronunciar la sentencia que lo defina (…)‖[21].
En el proceso civil la aplicación del principio no es arbitraria, pues ante el gran volumen de trabajo que los jueces tienen acumulado, se ha creado la figura del juez tramitador, quien dentro de sus funciones posee la recepción y evacuación de la prueba; “a contrario sensu”, en materia Procesal Penal está debidamente regulado que le corresponde al juez que dicte la sentencia, realizar la evacuación de la prueba.
Seguidamente, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución número 247-1997, de las diez horas veinte minutos, del diecisiete de octubre del año mil novecientos noventa y siete, hace referencia al principio en cuestión de la siguiente forma:
―[...]. El principio del contradictorio es indispensable para la validez de la prueba y con éste se garantiza a la parte contraria la oportunidad procesal de conocer, discutir y combatir la misma. También, en aplicación de este mismo principio, la prueba evacuada fuera del proceso, sin la participación de la parte contra quien luego se opondrá, debe ser ratificada durante el juicio. El principio de inmediación permite que el Juez perciba la prueba personalmente y con ello garantice el cumplimiento y respeto de los principios generales que rigen la prueba judicial".
[1] DE LA RÚA (Fernando). Teoría general del proceso. Ediciones Depalma. Buenos Aires, Argentina. 1991. P. 1.
[2] VÉSCOVI (Enrique). Teoría general del proceso. Editorial Temis S.A., segunda edición. Santa Fe de Bogotá, Colombia. 1999. P. 211.
[3] Ver De la Rúa (1991), op.cit., p. 71.
[4] Ibíd., p. 4.
[5] Ibídem., p. 71.
[6] SALAS MORA (Blanca Iris). Actividad procesal defectuosa en el Código Procesal Penal: generalidades, principios y consecuencias. Tesis para optar el grado de licenciatura en derecho. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 1999. P. 6.
[7] Ibidem., p. 7.
[8] ARTAVIA BARRANTES (Sergio). Derecho Procesal Civil. Tomo I. Editorial Jurídica Dupas, primera reimpresión de la tercera edición. San José, Costa Rica. 2006. P. 73.
[9] LORENCES (Valentín H.) y TORNABENE (María Inés). Nulidades en el proceso penal. Editorial Universidad, primera edición. Buenos Aires, Argentina. 2005. P. 84.
[10] CLARIÁ OLMEDO (Jorge). Derecho Procesal. Tomo II, Ediciones Depalma. Buenos Aires, Argentina. 1983. P. 68.
[11] Ver Lorences y Tornabene, op.cit., p. 85.
[12] Ver Salas Mora, op.cit., p. 21.
[13] Ver Véscovi (1999), op.cit., p. 59.
[14] COUTURE (Eduardo). Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Ediciones Depalma, reimpresión inalterada. Argentina Buenos Aires. 1990. P. 194.
[15] Ver Lorences y Tornabene, op.cit., p. 85.
[16] La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución número 0548-1999, de las nueve horas quince minutos, del catorce de mayo del año mil novecientos noventa y nueve, acerca del principio de igualdad, manifestó: ―Por ello y en virtud de que el reclamo estima inobservado el principio de igualdad, conviene traer a colación jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional, que ha entendido que: "... Igualdad ante la ley significa sólo igual trato en condiciones iguales, pues resultaría contrario a ese principio aplicar una misma mediada en condiciones diferentes. Pero debe hacerse hincapié de que no toda diferencia constituye causa legítima para establecer un distinto trato, menos aún sin restricción alguna, pues la diferencia puede referirse a aspectos irrelevantes, que no afectan lo medular del caso, además de que el quebranto constitucional también podría producirse por exceso, es decir, cuando se adoptan medidas desorbitadas en relación a las diferencias que pudieran justificar un distinto trato..." (Voto #337-91, de 14:56 horas del 8 de febrero de 1.991). El principio de igualdad que establece la Constitución, no es absoluto. Antes bien, dicha regla debe complementarse con los postulados que derivan del principio de razonabilidad, de modo que las "diferencias relevantes", justificarían un trato diverso. Así, debe entenderse que con la igualdad: "...se evita no sólo el trato diferente para los iguales, sino que se reconoce el trato desigual para los diferentes..." (Votos 88-92, de 11:00 horas del 17 de enero de 1.992, 1.438-92, de 15:00 horas del 2 de junio de 1.992, 1739-92, de 11:45 horas del 1 de junio de 1.992 y 1.562-93 de las 15:06 horas del 30 de marzo de 1.993).‖
[17] MORA MORA (Luis Paulino). “Los principios fundamentales que informan el Código”. Reflexiones sobre el Nuevo Proceso Penal. Corte Suprema de Justicia. Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica. 1996. P. 8.
[18] Ver Salas Mora, op.cit., pp. 19-20.
[19] Ver Véscovi (1999), op.cit., p. 60.
[20] Ver Lorences y Tornabene, op.cit., p. 86.
[21] Ver Artavia Barrantes (tomo I; 2006), op.cit., pp. 70-71.
Actividad Procesal Defectuosa – Nulidad (Argentina)
Proceso: Penal
Categoría: Forense Penal
AUTOS “ SOBISCH JORGE OMAR S/ PTA. INFRACCIÓN ARTICULO NRO 248 C.P. “ EXPTE NRO 21.950.-
OBJETO; CONTESTA VISTA ART 311 DEL CPPC.
IGNACIO ARMANDO DI MAGGIO, Agente Fiscal integrante de la Agencia Fiscal de delitos contra la Administración Pública, con domicilio legal en Antártida Argentina Nro 353 de Neuquén, ante V.S. se presenta y respetuosamente manifiesta;
OBJETO; Que en tiempo y forma vengo a contestar la vista conferida a fs. 442 por considerar cumplida la etapa instructoria, no quedando pendientes de realización medidas investigativas en relación al hecho que se atribuye provisionalmente al encartado.-
Si bien es cierto el art 311 del CPPC., determina que cuando el Juez considere completa la instrucción penal, correrá vista a la acusación privada y a la pública para que cada una de ellas exprese sus conclusiones, la sola circunstancia de que en el presente tramite no se haya respetado el orden que determina el artículo citado, es decir, el hecho que primeramente se corra vista al Ministerio Publico Fiscal, en lugar de hacerlo en relación a la Querella particular, no genera efecto pernicioso alguno, toda vez que tal inobservancia no está conminada con la sanción de nulidad procesal.-
En tal sentido expresa Alberto Binder, que “ …. La razón principal del desarrollo de los capítulos anteriores es la necesidad de llamar la atención sobre la importancia de analizar la dimensión sustancial del sistema de garantías, que se expresa a través de sus formas y no su dimensión externa, afincada en el puro formalismo o en la consideración superficial del quebrantamiento de ellas.- La nulidad por la nulidad misma, se funda en una verdadera ideología del ritualismo cuyas raíces históricas ya hemos destacado.- Ella no es únicamente una defensa hueca de las formas, sino la utilización de esas formas para el cumplimiento de otras finalidades.- Si no se advierte esto, puede parecer que la visión ritualista es equivocada pero inofensiva.- Nada más alejado de la realidad.-” En síntesis, la llamada “ nulidad por la nulidad misma” o defensa ritual del proceso, no es una actividad “ menor” o un simple mal funcionamiento de los sistemas judiciales.- Al contrario, es la expresión final de toda una estructura del proceso, de una concepción de la administración de justicia y de una cultura especifica, que hemos dado en llamar, la cultura inquisitiva. Pero además, la ideología del ritualismo, ha moldeado incluso una forma de ejercicio de la abogacía, preocupada por desviar la atención de la actividad jurisdiccional del problema central hacia los incidentes, del conflicto primario y originario hacia el laberintos de las formas, mientras que la solución del caso se construye por fuera de los Tribunales.” La nulidad es la solución final, la ultima respuesta, y por eso mismo, no es conveniente seguir manteniendo los múltiples sentidos para la voz “ nulidad “ ya que eso genera confusiones en el sistema y tampoco se puede hacer girar la teoría de la actividad procesal defectuosa alrededor de la idea de nulidad.- ““ El incumplimiento de las formas procesales ”, Editorial Ad Hoc, Buenos Aires, 2000. Pag 84 y 93.-
Considero que estas reflexiones del autor, son aplicables a la situación de autos.- Entiendo que ésta inobservancia procesal, lejos de afectar las garantías de rango supra legal que el ordenamiento constitucional les reconoce a las partes, contrariamente a ello beneficia a la Querella particular, en tanto el acusador privado cuenta con la inestimable ventaja de conocer al momento de formular sus conclusiones cual es el criterio que el Ministerio Publico Fiscal sostiene en relación a la forma en que debe decidirse el presente proceso judicial resolviéndose el conflicto de intereses suscitado.-
Ya hemos sostenido con anterioridad en otra resolución de ésta Agencia Fiscal de delitos contra la Administración Pública que “….. sabido es que en el proceso penal se enfrentan distintos intereses que buscan desequilibrar la balanza a su favor. Así como se sostiene que el M.P.F. representa el interés de la sociedad y que el objetivo del imputado es evitar el castigo, el ofendido por el delito también ingresa en la escena del proceso a fin de obtener una respuesta a su pretensión ” Dr. Santiago Martínez, “ Desestimación de la Denuncia y Derechos del Ofendido, Actividad Procesal del Ministerio Publico Fiscal” , Tomo II, pág. 239, Edit. Rubinzal Culzoni, Sta. Fe, 2008.-
También hemos adherido a la idea de que “ ……Para cumplir con las exigencia constitucional de “ legalidad”, ( Art. 120 de la Constitución Nacional), los Agentes Fiscales tienen la obligación de ser objetivos en su actuación, debiendo procurar la verdad sobre la acusación que preparan o sostienen y ajustarse a las pruebas sobre ella en sus requerimientos y conclusiones; resulte contraria o favorable al imputado. La persecución del delito, es una actividad que abarca también la responsabilidad de buscar las pruebas que permitan formular fundadamente una acusación contra quien aparezca responsable, el sostenimiento y acreditación de aquella ante un tribunal de juicio y la petición concreta de una pena ( si correspondiere). Este deber de objetividad tiene su reflejo en los códigos procesales, que autorizan al Ministerio Publico Fiscal a pedir el sobreseimiento o requerir la absolución del imputado e incluso interponer recursos en su favor.- El Ministerio Publico Fiscal, no es un acusador “ a outrance ” ; sus requerimientos estarán orientados por lo que en “ derecho constitucional, penal y procesal penal corresponda, “ pues solo así cumplirá bien su función de procurar la acción de la Justicia.- “ Dr. Cafferata Nores, José I., El Imputado, Estudios, Edit. Mediterránea, p.12, Cba, 2004.-
El mismo autor sostiene en otra de sus obras “…… los principios de reserva y legalidad penal ( nullun crimen, nulla poena sine proevia lege ) se proyectan sobre la persecución penal, condicionando primariamente su iniciación ( y lógicamente su subsistencia), a que se plantee la hipótesis de un hecho que al momento de su presunta comisión, se encuentre caracterizado como delictivo por la ley sustantiva. Si el hecho carece de relevancia alguna para el derecho criminal y esto aparece así inicialmente, sin ninguna necesidad de investigación ( o si la irrelevancia resulta luego de practicar una mínima averiguación, al solo fin de aclarar o verificar éste extremo) resultará injustificada cualquier injerencia de la justicia penal en el caso.-” Cafferata Nores, José Ignacio, El Archivo por falta de tipicidad penal en la investigación penal preparatoria, “ Proceso Penal y Nuevos Estándares y Controversias ” , Edit. Mediterránea, Cba, 2008.-
Se le reprocha provisionalmente al Sr. SOBISCH, JORGE OMAR que en ejercicio del cargo de Gobernador de la Provincia del Neuquén, impartió a la Policía de la Provincia, a través de su Jefatura, la orden de no actuar frente a una situación de inminente agresión decidida por un grupo de personas que en su mayoría llevaban colocados cascos amarillos, integrado por presuntos afiliados al Gremio de la UOCRA y dirigentes del Movimiento Popular Neuquino, la cual se dirigía contra un grupo de docentes y manifestantes que ocupaban el acceso de la Planta de Repsol YPF, ubicada en la localidad de Plaza Huincul.- La orden fue impartida el día 30 de marzo de 2006, en horario incierto, pero antes de las 14,00 horas, mientras que las agresiones acaecieron en la misma fecha entre las 14,00 horas y las 15,00 horas, resultando de las mismas personas lesionadas y bienes particulares dañados, algunos en forma total y otros en forma parcial.- Que la mencionada orden es ilegitima, pues prima facie viola diferentes artículos de la ley orgánica de la Policía del Neuquén, Ley Provincial Nro 2081, a saber: el art 1, que establece que la Policía tiene a su cargo “ el mantenimiento del orden público y la paz social ” y tiene la misión de “ resguardar la vida, los bienes y demás derechos de la Población”; el art 7, el cual establece que la función de la Policía de seguridad, “ consiste esencialmente en el mantenimiento del orden público, la preservación de la seguridad pública y la prevención del delito ”, el art 8, por el cual se dispone que corresponde a la Policía, “ prevenir y reprimir toda perturbación del orden público, garantizando la tranquilidad de la Población, la seguridad de las personas, la propiedad y demás derechos contra todo ataque o amenaza ( apartado a) y el art 10 ( apartado b) por el cual se establece que es privativo a la Policía, “ hacer uso de la fuerza cuando fuera necesario mantener el orden, garantizar la seguridad, impedir la perpetración de un delito y en todo acto de legitimo ejercicio”.- El mismo se ha calificado provisionalmente como constitutivo del delito previsto en el art 248 del Código Penal.-“ Ver fs. 313 y 330vta, actos en los cuales se ha respetado la necesaria congruencia procesal.-
Puestos en la tarea de formular el dictamen, no puedo menos que reparar en lo que a fs. 431 de autos, sostiene el Dr. GUSTAVO PALMIERI, al expresar en pos de obtener la acumulación del presente proceso con el que fuera juzgado en el Juzgado Correccional nro. 2, Expte nro. 4570, ” que los hechos que se le imputan provisionalmente al ciudadano JORGE OMAR SOBISCH y que motivan el requerimiento formal de instrucción de fs. 313/314, formulado por la Sra. Agente Fiscal SANDRA GONZÁLEZ TABOADA, guardan conexidad con los sucesos por los cuales fueron juzgados oportunamente los ciudadanos SALAZAR CARLOS DAVID y SOTO MOISÉS, in re “4570/09”, de trámite ante el Juzgado Correccional Nro II de Neuquén.-
Dice el representante de la acusación privada, “ que los hechos investigados en esa causa y los que constituyen el objeto de este proceso, resultan ser idénticos, prueba de lo cual lo representa la conducta atribuida a los imputados en la causa Soto, y el achacado al imputado SOBISCH presente, conforme el acta de indagatoria de fecha 25 de septiembre de 2009.- No cabe duda que las conductas de los allí imputados ( SALAZAR y SOTO) están estrechamente y objetivamente conectadas con el accionar que se le reprocha al Sr. SOBISCH, pues el objeto en ambos procesos, se relaciona con la existencia y contenido de una orden que a través de la línea de mando policial, libero de presencia policial el sector donde un grupo de personas agredió a un conjunto de docentes que bloqueaban el acceso a la Refinería de Repsol – YPF en Plaza Huincul.- Tal como lo sostuvimos en la presentación a la que hice referencia con anterioridad, resulta de toda lógica y fácil de advertir que lo que se decida en aquella causa, puede tener efectos en ésta, especialmente en lo que se refiere a la materialidad misma del hecho ( que la orden existió y que se buscó que fuera cumplida) a los supuestos niveles de responsabilidad penal en la cuestión ( de quien provino, con qué objetivos, etc.) con mas adicionalmente la circunstancia de que podrían presentarse entre los distintos encartados, “ intereses contrapuestos”, sin perjuicio de que hasta el momento la defensa técnica de todos ellos, es cumplida por el mismo profesional”.-
Al mismo tiempo y en igual orden de ideas, señala el Sr. Juez de Instrucción a fs. 435, que “ sin perjuicio de coincidir con el planteo de la querella, en el sentido de que ambas situaciones se encuentran “ estrechamente y objetivamente conectadas “, y a que la tramitación por separado de estas causas, pueden generar “decisiones jurisdiccionales contradictorias“, la acumulación por conexidad pretendida solo podría tener lugar si estas actuaciones resultaran elevadas a etapa del debate”.-
Adviértase que en un caso y otro, se emplean idénticas expresiones, siendo todos contestes en que unos y otros hechos son los mismos, según la óptica que se emplee para su análisis.-
En consecuencia a lo expuesto, pretenderé evitar que el dictamen que me corresponde formular resulte contradictorio con actos procesales anteriores, elaborados no solo por quien suscribe el presente, sino también y fundamentalmente por los restantes Miembros que componen el Ministerio Publico Fiscal de la Provincia del Neuquén, en especial los realizados por los Dres S. GONZALEZ TABOADA y H. A. MAITINI.-
Sostiene la doctrina mas calificada que “La doctrina de los actos propios” que veda desplegar una actividad procedimental que se reveló incompatible con una anterior, jurídicamente relevante y plenamente eficaz, lesionando el postulado de la seguridad jurídica, involucra no solo el quehacer de los justiciables, sino también se extiende el efecto vinculante de los primigenios actos a la labor del órgano jurisdiccional” C.2da. CC, Sala 1; La Plata, Causa A 41234, del 22/2/90.- El efecto fundamental que provoca la aplicación de la doctrina, es la irrelevancia de la conducta contradictoria con un acto anterior, esto es, que el acto posterior contradictorio no se tiene en cuenta, estándose a la primera manifestación.- Fallo citado por el Dr. Marcelo López Meza, en su obra “La doctrina de los actos propios”, Editorial Depalma, pág. 104, Buenos Aires, 1997.-
Así como los órganos jurisdiccionales se encuentran obligados a respetar dicha doctrina, también los Ministerios Públicos deben adecuar sus dictámenes y conclusiones a ella, so pena de que sus actos sean extirpados del proceso por contradictorios y jurídicamente inadmisibles.-
Brindaré o al menos intentaré brindar, dentro de mis limitaciones intelectuales los fundamentos que como representante de la vindicta publica, corresponde formular en orden a los principios de legalidad y sobre todo al criterio de unidad de actuación que debe presidir los actos del M.P.F..-
Me extenderé en las consideraciones jurídicas, con apoyo de la doctrina, sin perjuicio de mantener una línea de coherencia que puede o no ser compartida, pero sin dudas, responde - conforme mi entendimiento - a lo que legalmente el ordenamiento penal vigente determina.-
Valoraré a partir de ahora, no solo la profusa prueba documental que fuera colectada en el presente sumario, sino también las conclusiones efectuadas oportunamente en el juicio oral que precediese ésta vista fiscal y también tendré en cuenta las medidas instructorias que a propuesta del M.P.F., representado por la Dra. SANDRA GONZÁLEZ TABOADA y el Dr. HORACIO MAITINI, fueron producidas en el proceso instructoria, luego de materializarse el llamado a prestar declaración indagatoria de imputado, conforme decreto de fs. 329 de fecha 28/8/2009.-
Concretamente basaré mi dictamen sobre el contenido de las declaraciones testimoniales de los funcionarios policiales RAÚL HERNÁNDEZ; MAXIMO ALBERTO RETAMAL y CLAUDIO PARRA.- Téngase en cuenta que los nombrados, a diferencia del resto de los testimonios prestados en la causa Nro 4570, no solo depusieron ante el Juez de Instrucción con la participación activa de la Querella particular, sobre todo en la primera declaración de fs. 431, diligencia en la cual todas o casi todas las preguntas que componían el interrogatorio del testigo fueron formuladas con la venia del Tribunal de Instrucción, propuesta del Dres RICARDO MENDAÑA y GUSTAVO PALMIERI, no encontrándose presentes en tal diligencia, ni la Asistencia técnica del imputado, ni tampoco los Miembros del M.P.F., conforme se lo hace constar en el acta de fs. 432vta, por tratarse de un acto procesal ciertamente reproducible en una eventual audiencia plenaria .-
Dado que dicha prueba ha sido producida a instancia del M.P.F., contando la Querella particular con la posibilidad de controlar su producción, aunque se trate en el caso de una medida reproducible, no hay dudas que por el principio de bilateralidad, con prescindencia de la parte que propuso el elemento de convicción en cuestión, su contenido y valor probatorio obliga a todos los sujetos del proceso y al mismo tiempo, dicho medio de convicción resulta apto para argumentar las razones por las cuales éste Ministerio Publico se abstendrá de acusar, instando el dictado de un sobreseimiento definitivo del imputado.-
Igualmente formulo una aclaración adicional.- Del mismo modo que los Jueces, cualquiera sea el fuero al que pertenezcan, al momento de decidir y con el objeto de motivar sus conclusiones no tienen la obligación de referirse a todos y a cada uno de los elementos de prueba incorporados al proceso a propuesta de las partes, considero que también el Ministerio Publico Fiscal, al momento de valorar la conducta del imputado y de realizar la correspondiente subsunción de los hechos, objeto del proceso a las normas vigentes, tampoco tiene el deber de referirse a todos y cada uno de los elementos de convicción incorporados al proceso, sino únicamente de aquellos a los que se consideran motivadamente trascendentes en orden a la correcta valoración de las acciones típicas objeto de análisis.-
En relación al principio de unidad de actuación del M.P.F., la sola circunstancia de que a fs. 313/314, se halla formulado acusación en contra del ciudadano SOBISCH, mediante el correspondiente requerimiento formal de instrucción en los términos del art 171 del CPPC., no me condiciona en absoluto para formular mi respectivo dictamen fiscal en ésta etapa del proceso, como así tampoco, éste último acto procesal puede ser considerado un acto procesal contradictorio con aquel requerimiento formal de instrucción, desde que el grado de información relevante incorporado al legajo desde la fecha de emisión del primer dictamen, a la fecha de formulación a éste último, se ha modificado incorporándose elementos que autorizan fundadamente a desincriminar al ciudadano sometido a proceso con la razonabilidad que las normas legales lo imponen.-
Por otra parte, sabido es que los requisitos a los cuales la ley procesal subordina la validez de uno y otro dictamen varian fundamentalmente en orden a la ubicación que a cada acto procesal le corresponde dentro del contexto general de procedimiento penal y de la investigación penal que se instrumenta a través del mismo, uno al principiar la etapa instructoria y el restante al considerar cumplido tal estadio procesal preparatorio de la acusación.-
En este sentido se ha sostenido en doctrina que la instrucción es un problema propio del enjuiciamiento penal y uno de los más delicados a enfrentar a la hora de decidir políticamente su regulación. La sospecha acerca de la comisión de un delito genera la necesidad de una investigación. Al mismo tiempo, la utilización del poder público para esa investigación lleva aparejada una necesaria limitación de los derechos de aquellos sospechados o de otra forma alcanzados por la persecución penal, lo que obliga al legislador a tomar los recaudos necesarios para evitar el uso arbitrario de las facultades estatales. Es por ello que, en palabras de Julio B. Maier: “le era absolutamente necesario al Estado —como persecutor penal— contar con un período en el que, cuidando de no lesionar gravemente los derechos fundamentales del individuo, pudiera investigar sin mayores trabas formales la realidad acerca de un injusto que no había observado, y, por lo tanto, debía reconstruir para formar su decisión acerca de la demanda para la aplicación de la ley penal, pues incluso esa decisión, la de someter al individuo a un juicio público, tomada sin fundamentos suficientes, lesiona al individuo imputado en su honor y libertad; de allí la justificación de la instrucción . Maier Julio B., Derecho procesal penal, T. I, 2ª ed., p. 362; Editores del Puerto.-
En un sentido coincidente con el Profesor Maier, la mayoría de la doctrina acompaña ésta frecuente caracterización de la instrucción como etapa “preparatoria” o “preliminar”, necesaria para determinar si media acusación o se insta en caso de inexistencia de ilícito el correspondiente sobreseimiento definitivo, en los términos de los arts. 300 y 301 del CPPC.
Una descripción bastante compartida por varios de los autores en doctrina, es la que realizaba Alfredo Vélez Mariconde: “El proceso penal debe comenzar por una investigación que sirva para excluir el delito, por determinar un sobreseimiento, o para dar fundamento a la acusación, es decir, por una actividad encaminada a reunir los elementos útiles para justificar o no el juicio plenario… Esta necesidad de una fase preparatoria autónoma se conecta claramente a los intereses que han de tutelarse: Si es preciso comprobar sin tardanza los hechos que se creen delictuosos, individualizar a sus presuntos culpables, llevar a cabo contra ellos, los actos coercitivos indispensables y reunir las pruebas que darán fundamento a la acusación, con lo cual se “mantiene el orden jurídico y se protege la vida y la propiedad de los ciudadanos”…- La investigación preparatoria del juicio, sin duda, evita el peligro de que desaparezcan las pruebas del delito o que el imputado consiga eludir la acción de la justicia, vale decir, que se torne imposible la actuación de la ley, y al mismo tiempo sirve para poner de manifiesto la falsedad o sinrazón de las imputaciones iniciales, evitando que el imputado sea llevado a juicio público en virtud de una acusación carente de fundamento.-
Estos y no otros son los objetivos que pretendo alcanzar, con el presente dictamen fiscal, sin perjuicio de lo que pueda opinar la acusación privada y/o lo que pueda argumentar la Asistencia técnica del imputado.-
Que mi anterior colega, haya afirmado la hipotética comisión de un ilícito, reprochándosele tal acción al imputado individualizado a fs. 313/314, no significa que ésta afirmación del M.P.F. se mantenga incólume o inalterable a lo largo del proceso instructorio, pues aquella afirmación original, en éste acto es sometida a un reexamen critico de la actividad investigativa realizada durante la instrucción.- Mas aun cuando existe reunido un grado de certeza acerca de la inexistencia de conducta ilícita o que el hecho atribuido resulte antijurídico, en el sentido de hallarse en contradicción con el resto del ordenamiento jurídico penal y extra penal.- Para mantenerse vigente la acusación original contenida en el requerimiento de instrucción formal, la acusación debe ser sustentada en elementos de convicción suficientes que justifiquen la realización de un plenario, en satisfacción de los intereses de la comunidad toda y no de un sector determinado de la sociedad.-
Clariá Olmedo, enfatizaba que el Ministerio Publico Fiscal tiene una doble función, la de custodiar los intereses patrimoniales del fisco y la custodia del interés social de justicia en la actuación del derecho.- A lo expuesto por el destacado jurista cordobés, habría que aggiornarlo con la siguiente expresión,” tales objetivos deben ser perseguidos por el Ministerio Publico Fiscal, aunque el cumplimiento de tales funciones le depare a alguno de sus miembros, la inmerecida critica mediática, muchas veces identificada con determinado sector de la sociedad, que representan solo una parte del tejido social, pero no la totalidad de la sociedad en su conjunto.- Esto es parte de las exigencias del cargo cumplido dentro de un ámbito democrático, propio del Estado de Derecho.-
“ Bajo el aspecto negativo preindicado, la instrucción tiene una primera finalidad específica: eliminar juicios injustos o inútiles… Bajo el aspecto positivo, es fácil observar que el juicio plenario se apoya en la instrucción: ésta reúne los elementos de convicción que aquel emplea, después de haberlos sometido a examen y control…” Vélez Mariconde, Alfredo, Derecho procesal penal, 3ª ed., t. I, ps. 384-385; en el mismo sentido, Clariá Olmedo, Jorge., Derecho procesal penal, t. II, p. 526.
Analizando la declaración testimonial de fs. 341, puede advertirse a preguntas propuestas por la Querella particular, que el testigo RAÚL ALBERTO HERNÁNDEZ, el día 30 de marzo de de 2006 se encontraba en una posición privilegiada para observar cómo sucedieron los hechos.- Concretamente y según lo afirma el testigo, se encontraba en la Dirección de Transito, dependencia desde la cual tenía una buena posibilidad de observar a los manifestantes y lo que ocurría en al derredor.- Reconoce asimismo que el Comisario Mayor Leonel SEGUEL, ( querellante particular en autos ), en su condición de Jefe de la Dirección de Seguridad Interior de Cutral Có Plaza Huincul, era la autoridad policial de mayor jerarquía en la zona, y además, contaba con la posibilidad operativa de emplear no uno sino dos grupo antidisturbios, con los pertrechos necesarios y armas no letales, para actuar profesionalmente en situaciones de conflicto social para distenderlos sin daños a las personas o bienes materiales.- Tal circunstancia fue reconocida por el propio SEGUEL, al prestar declaración en el debate en el que fueron juzgados SALAZAR y SOTO.- Incluso reconoció SEGUEL que los grupos policiales especiales, denominados GEOP se hallaban apostados en cercanías del lugar donde ocurrió el enfrentamiento, concretamente en la Escuela de Cadetes Suboficiales de la Policía de la Provincia , existente en ese entonces, en el predio que ocupaba la Ex Gas del Estado, distante a unos 2500 a 3000 metros aproximadamente del acceso a la Refinería y frente a la cual se halla instalada la denominada “Zona de La Torre “, donde se instalaron los manifestantes, bloqueando el acceso y egreso de camiones tanques.-
A preguntas que se formulan al testigo a fs. 342, ¿ para que diga si sabe por qué razón no actuó el grupo especial de Cutral Có ?, expresa que la razón fue “ porque el Director le dijo al Inspector ( en alusión al Comisario Inspector MORALES ( también querellante particular) que él ya venía para la torre, y le dijo que se fijara si él podía mediar.-En ese momento se producen los incidentes antes de que llegue el Grupo.- Sin la orden de SEGUEL, el grupo no intervenía, expresa HERNÁNDEZ.- Habla de grupo de operaciones especiales, porque no le consta que existiese disponible el GEOP de Zapala- El grupo especial no tuvo intervención, ni en ese momento, ni al formarse el cordón de personas que separó ambos grupos.- A preguntas formuladas por el DR. PALMIERI a fs. 342 vta., “ ¿ preguntado para que diga que intervención tuvo la policía, para evitar la primera agresión o enfrentamiento entre los dos grupos ?, el testigo respondió “ MORALES le dijo a SEGUEL que no había tiempo para mediar.- El quería que se le dé la orden, para que baje al grupo especial, para que éste se apostara entre los dos grupos, para que no se enfrenten, pero SEGUEL le dijo que esperara, que ya iba para allá. Seguidamente comenzó la agresión a los docentes, estos se defendieron con piedras y se dispersaron.- Recién cuando se dispersaron la Policía fue al lugar y se formó el cordón que dividió a los dos grupos.”.-
De la declaración prestada en el debate oral, se pudo conocer por los propios dichos de SEGUEL, que el cordón fue formado con una cantidad de efectivos policiales no superior a cuatro, integrados por ZAMBRANO y MORALES, entre los efectivos que lo componían.-
V.S. con cuatro personas, “ convencionales” es decir sin los pertrechos necesarios para actuar en situaciones como las vividas, MORALES desprovisto de casco y el riesgo inminente de sufrir una agresión, incrementado por lesiones que el mismo padecía en su cráneo, se evitó que los enfrentamientos continuasen, contando SEGUEL con una dotación ordinaria de personal policial convencional en las Comisarias 14ta; 15ta y 6ta, y el Grupo Especial de Cutral Có.- A lo expuesto súmesele que también en el lugar estaba el Grupo Geop de Zapala, conforme la declaración que en el Expte Nro 4570 presta el oficial Julio Cesar Lincoleo, a fs. 84 de los autos citados, compuesto por 8 funcionarios policiales con los pertrechos y elementos de disuasión no letales.- Dijo tal funcionario que el día 29 de marzo de 2006, después de las 19,00 horas, se hizo presente en el lugar, a disposición del Comisario Mayor SEGUEL con 8 efectivos pertrechados, recibiendo como directivas que se trasladasen a la Escuela de Cadetes situada en Plaza Huincul y esperen directivas del Director de Seguridad Interior.- Estas instrucciones nunca llegaron, por lo menos, antes de que comience el conflicto y los manifestantes fuesen desalojados permitiendo la libre circulación del establecimiento industrial.-
Expresa el testigo HERNÁNDEZ, que “ Cuando llega ZAMBRANO y SEGUEL, la agresión ya se había producido”.- Preguntado a fs. 341vta donde se hallaba el testigo momentos antes de la agresión, respondió que en la Dirección de Transito, que en realidad es un Destacamento, distante a 100 metros del lugar donde se hallaban los manifestantes. Interrogado acerca de que conocimiento o seguimiento de los hechos tuvo una vez que se apostaron en la Dirección de tránsito, respondió que tenían conocimiento de lo que se les informaba por radio, la Dirección ( en alusión a Transito) estaba apostada a unos 100 metros del lugar y también veíamos lo que sucedía.- Aproximadamente a las 14,00 horas, por radio nos avisan que en dirección oeste-este, por la ruta venían personas con cascos amarillos y a lo lejos comencé a ver a éstas personas.- En ese momento el Comisario Prieto ( jefe de Cría 6ta) o el Inspector MORALES, no recuerda bien, llamó al Subcrio ZAMBRANO, que estaba en el Comando, para que viniera con el grupo y también llamó a SEGUEL comentándole la situación para que también viniera.- Primero llegó ZAMBRANO con el grupo convencional, pero los incidentes ya habían sucedido.- Después llegó el Mayor SEGUEL.- El grupo de ZAMBRANO y otro grupo que estaba allí, hicieron un cordón donde está la torre y el paso a nivel, para evitar más incidentes.-
El mismo SEGUEL reconoció en el juicio oral, que arribó al lugar cuando el suceso había ocurrido y que pudo constatar que aunque se le informaba por radio “ que se estaban matando”, las lesiones sufridas por personas de ambos grupos, fueron de carácter leve y constatadas personalmente por dicho funcionario al constituirse en el nosocomio local.- Esto no significa que la entidad de las lesiones certificadas medicamente, haga que el episodio investigado sea leve o tolerable.- En ningún Estado que se precie de democrático y adecuado al estándar de un Estado de Derecho, el uso de fuerzas “ parapoliciales”, resulta ciertamente un recurso de facto deleznable.-
Los dichos de HERNÁNDEZ son ratificados por SEGUEL, en presencia de la Sra. Juez Correccional, Dra. Gagliano, en la audiencia de debate celebrada el 22 de diciembre de 2009, en la que reconoció, que días antes del hecho ocurrido el día 30 de marzo de 2006, había dado órdenes a ZAMBRANO y a MORALES, ( tercero y segundo, respectivamente en la cadena de mandos) en el sentido de que se vayan a correr caballos por la Ruta Nacional 22, en dirección a Zapala, es decir en dirección este oeste, dirección contraria a lugar donde ocurrieron los sucesos y marchaban el grupo identificado con cascos amarillos.-
Contradictoriamente con su denuncia ante el Agente fiscal de Cutral Có, también SEGUEL reconoció haberle dicho al segundo en la cadena de mandos, esto es el Comisario Inspector MORALES, “ Chinito, acordarte que la orden es no intervenir ”, luego de ello, al ser pasado a disponibilidad, al estilo de tragedia judía, se rasga las vestiduras.- Expresa HERNÁNDEZ, haberle preguntado a MORALES, que significaba ello, a lo que MORALES respondió, “ no sé, nosotros vamos a ir igual y vamos a tener el grupo apresto en todo momento”.- Sin embargo ese grupo especial de policía no actuó, tampoco el restante, venido desde la localidad de Zapala, siendo quien debía operativamente ordenar sus despliegues el Comisario Mayor SEGUEL.-
De la declaración prestada por el testigo Retamal obrante a fs. 346, en la que vale la pena destacar, sí estuvieron presentes todas las partes del proceso, M.P.F., querella y asistencia técnica, sabemos que el testigo tiene una profunda cercanía con el Crio Mayor SEGUEL, a punto de afirmar que “ el operativo se organiza con tiempo, se designa un jefe y se establecen responsabilidades” En este caso, eso no sucedió y a mí no me fue asignada función alguna.- No lo dice el M.P.F., lo afirma el testigo Retamal, quien compartía la vivienda con el Comisario Mayor SEGUEL.- Seguidamente, expresa “ Yo solo concurrí al lugar de los hechos, por haber compartido la vivienda con SEGUEL y porque él me lo pidió, aunque por cuestión de lealtad, hubiese salido igual con él, cuando lo llamaron para informarle de los hechos”. ( tex) .- Esto sucedió después de las 15,00 horas, instantes después de haberse ordenado que personal policial interviniera para que pasen las ambulancias.- Había que atender a los heridos leves.- Fui a las vías, porque el Mayor me dice que releve a MORALES, porque yo estaba fresco, por si sucedieren nuevos incidentes. Cabe aclarar que la vivienda que ocupaba el Testigo Retamal, con el Comisario Mayor SEGUEL, en Cutral Có, a preguntas de la Querella particular, se situaba a 11 Km de distancia del lugar de los incidentes.- Es esta la forma adecuada de tener control sobre la situación de conflicto?, permaneciendo alejado del lugar donde suceden los hechos.-
SEGUEL en el debate oral, sostuvo que se encontraba a no más de 4 kilómetros, pero siendo nativo y criado en Cutral Có durante toda mi niñez y parte de mi adolescencia, le hice ver que las distancias que él expresaba, eran menores a las reales, pues la Dirección de Seguridad Interior se halla situada en el centro de la ciudad de Cutral Có, en la calle San Martin casi esquina Avda. Roca, a 3 cuadras de la Plaza San Martin, centro de la localidad y que La Torre se encuentra a más de un kilometro de distancia del ingreso a la ciudad de Plaza Huincul, lo cierto es que queda demostrado por los dichos de todos los testigos, incluido las expresiones de los tres querellantes particulares, que el funcionario policial de mayor jerarquía en la Dirección de Seguridad Interior, por las razones que debería explicar SEGUEL, no se encontraba en el lugar de los incidentes, manteniendo el control de la situación, y estando en mejores condiciones que las autoridades policiales de Jefatura y Subjefatura de Policía, situadas en la Capital de Neuquén, para disponer medidas preventivas y evitar consigo la producción de los incidentes.- Cabe destacar que el Jefe de Policía Salazar, afirmó sorpresivamente, que se enteró de los episodios ocurridos en el lugar, por vía de la televisión, lo que también me pareció un reconocimiento extraordinario de la propia torpeza.- Sin embargo ello no lo hace responsable del delito atribuido.- Mientras el Subjefe permanecía al tanto de la situación, ¿Qué hizo SEGUEL?, la respuesta de éste Ministerio Publico Fiscal, es que NO HIZO NADA, la excusa fue “ la orden fue no intervenir.- ¿Cuándo se dio cuenta SEGUEL de la ilegitimidad de la orden supuestamente impartida a través del Comando de la Institución ? .- Reconocido por el propio querellante, “ después de que los incidentes se produjesen ”, tardando 7 días, conforme la constancia de fs. 15 del Expte 4570, en radicar la denuncia una vez después de ser pasado a disponibilidad, ante el representante del Ministerio Publico Fiscal de II Circunscripción Judicial.-
A lo expuesto súmesele, que el propio SEGUEL recordó en el debate la previsión legal del art 17 de la Ley Provincial Nro 2081, que determina la obligación de desobedecer órdenes ilegitimas, que tengan por motivación fines políticos partidarios, ni aplicadas a funciones que no estén establecidas en la ley. NO RECORDÓ DICHO FUNCIONARIO, la vigencia del art 18 inc c de la citada Ley, que obliga al personal policial, en el cumplimiento de las funciones y del ejercicio de las atribuciones que le determina la presente norma; a) Ejercer su función con absoluto respeto a las Constituciones nacional y provincial respectivamente, y al resto del ordenamiento jurídico; b) Actuar con absoluta neutralidad política e imparcialidad. En consecuencia, sin discriminación alguna por razones de raza, religión u opinión; c) Sujetarse en su actuación profesional a los principios de jerarquía y subordinación, sin incurrir por la obediencia debida en el cumplimiento de órdenes que entrañen la ejecución de actos que, manifiestamente, constituyan delitos o sean contrarios a la Constitución y a las leyes;
Si bien correspondería en principio, valorar los dichos del Testigo Parra prestados a fs. 376/378 de igual modo que los anteriores testigos, tal valoración debe realizarse con prudencia y también con cierto dejo de inteligencia, toda vez que el nombrado al formular la razón de sus dichos, ingresa en el terreno de suposiciones, dando respuestas desde la subjetividad.- El testigo depone por lo que percibe por sus sentidos, no por lo que cree interiormente, ideas que pueden ciertamente diferir de la realidad de los hechos que pudo ver u oír.- Para muestra de lo expuesto, basta un ejemplo “ ¿Preguntado por S.S. porque cree que el Crio Prieto le dio esa orden, en relación a que llegue al lugar por el Sector de Chacras y tranquilo? , el testigo respondió “porque no querían que llegara al lugar, el enfrentamiento se hubiese evitado si me hubiesen dejado actuar en el Kiosco, ya que allí teníamos capacidad operativa.-“ ¿ De quien era la responsabilidad de adoptar medidas preventivas,? De los funcionarios que se hallaban a 106 kilómetros de distancia del lugar de los hechos y/o de la autoridad policial máxima en la escala jerárquica, que en dicha oportunidad detentaba el querellante SEGUEL?.- Creo íntimamente y así lo expresé durante el desarrollo del plenario del juicio 4570, que éste funcionario policial estaba en mejores condiciones operativas, siendo la autoridad policial máxima, para disponer las medidas preventivas, y considero como en aquella oportunidad, que su denuncia penal, formulada varios días después de los acontecimientos, cuando había sido ya pasado a disponibilidad, obedece a mezquinos intereses, contrarios a los intereses de la Institución Policial, pretendiendo esconder consigo su propia inoperancia o incapacidad para dirigir grupos profesionales en situaciones estresantes de conflicto social.-
En su momento sostuve que si SALAZAR y SOTO debían responder de algo, lo debían hacer en el ámbito administrativo, por haber dado la opinión favorable, para que el Comisario Mayor SEGUEL fuese designado Director de Seguridad Interior de Cutral Co Plaza Huincul, luego de que éste demostrase en otras funciones policiales, específicamente en Rincón de los Sauces, su incapacidad para conducir.-
Ahora bien, el delito de abuso de autoridad, en cualquiera de sus tres modos comisivos, solo es legislado por nuestro código sustantivo, como una figura dolosa, con dolo directo, no estando normativamente prevista su forma culposa o imprudente, por adoptar la legislación nacional un sistema de numerus clausus en relación al delito culposo.- No existe en nuestro derecho penal, una disposición, como si existe en otros ordenamientos, en el que a cada figura dolosa, le corresponde su contracara prevista a modo de delito imprudente, donde la única intención del sujeto activo es la de violar el deber de cuidado y consecuentemente provocar un resultado que normativamente se le puede imputar .- “ Básicamente existen dos sistemas legislativos vinculados a la culpa; los que admiten un numerus apertus de tipos culposos, que establecen a través de una clausula general de extensión de responsabilidad el principio de que a todo delito doloso puede también ser cometido culposamente; y los que como nuestro país, adoptan un sistema de numerus clausus, ( cerrado), según el cual solo si esta previsto en la Parte Especial del Código Penal y/o en alguna ley especial la realización culposa, de un delito será punible.- Maximiliano Rusconi, Derecho Penal, Parte General, Editorial Ad Hoc, pag 379, Buenos Aires, 2007.-
En consecuencia la decisión de designar a SEGUEL a cargo de la Dirección de Seguridad Interior de Cutral Có, no puede constituir un supuesto jurídicamente relevante, para responsabilizar culposamente al Jefe y al Subjefe de tal designación y de las consecuencias dañosas que tal acto administrativo – designación o delegación de funciones - dentro del ámbito interno de la Policía de la Provincia del Neuquén generó, ya no solo para la Institución Policial, sino sobre todo para la sociedad neuquina en su conjunto y en especial para los habitantes de la zona de Cutral Co Plaza Huincul, sin distinción de ideología política partidaria, pertenencia o no a grupos sindicales o gremiales, actividades laborales habituales del sector público o del sector privado, etc.-
Todos los habitantes de Cutral Có Plaza Huincul, se vieron de un modo u otro afectados por la inoperancia y la falta de capacidad operativa del funcionario policial aludido.- Basta para comprobar lo expuesto, leer las noticias periodísticas que en copias, fueran agregadas al legajo a pedido del M.P.F. a partir de fs. 352/365.-
Otra prueba a la que ya me he referido en oportunidad de abstenerme de acusar en los autos Expte Nro 4570, autos que tengo a mi disposición al formular éste dictamen, es el referido a las expresiones verbales que el imputado formuló en oportunidad de celebrarse en la Jefatura de Policía de la Provincia otro aniversario de la creación de la Institución Policial.-
Dije en aquella oportunidad y lo ratifico ahora, convencido de estar en camino correcto “ que nadie está autorizado so pretexto del derecho a publicar sus ideas sin censura previa por la prensa, a difundir las expresiones de algún miembro de la comunidad en forma parcializada, aunque se trate en el caso de un funcionario público que detenta la máxima jerarquía en la administración pública provincial.- Esta actitud, que los medios llaman “ sacar fuera de contexto ” puede alterar voluntaria o involuntariamente el contenido de las ideas exteriorizadas por el autor de las expresiones difundidas.- Así puede advertirse tal acción, del título que con letras destacadas obra en la causa Expte 4570 a fs. 88, correspondientes a la página 11 de la edición del día 20 de abril de 2006, publicada por el prestigioso Diario Rio Negro.- “ SOBISCH admite que ordenó a la Policía no actuar”.- ( el resaltado en negritas no me pertenece).-
En referencia a la posibilidad de que existiese o no una orden ilegítima, que fuere impartida a través de la cadena de mandos, ambos imputados ( ZALAZAR y SOTO) en sus descargos dejaron aclarado que no medió la existencia de una orden específica, individual y concreta, sino que existía una orden genérica indeterminada, impartida mucho antes de que sucediesen los hechos de marzo de 2006, consistente en evitar la acción de reprimir legalmente como forma de soslayar y precaverse de que los conflictos sociales se incrementen durante su desarrollo, por el solo motivo de la intervención de personal policial, fundamentalmente de grupos especiales, que actúen profesionalmente y con exclusivos fines disuasivos.-
De la transcripción mecanográfica del discurso del Sr. SOBISCH, efectuado el día 19 de abril de 2006, en oportunidad de celebrarse el 49no aniversario de creación de la Institución Policial de la Provincia surgen las siguientes expresiones “ aquí está sentado el Intendente de la ciudad de Neuquén, y todos saben que no somos del mismo signo político, pero cuando se cortaban rutas y se decía que era en defensa de la escuela pública, este, es el mensaje que le darán los dirigentes de los gremios docentes a nuestros alumnos, que la fuerza está por sobre la Constitución y la ley, y que el aula es el laboratorio para construir y decir que un uniformado es un represor, las fuerzas armadas y la seguridad de la democracia están al amparo de la Constitución y la Ley, pero no nos engañemos, porque aquí está hablando un hombre político y un gobernador, que no es inocente, la responsabilidad de no actuar de la policía de la provincia tiene nombre y apellido, y un responsable, que nadie se confunda, se llama JORGE SOBISCH y es el gobernador de la Provincia, que le ha dicho al Jefe de la Policía y a sus colaboradores que no actúen, cuando yo creía que estaba en riesgo la paz social y si alguien cree que esa orden no se condice con la responsabilidad política que yo tengo, esta la Justicia para definirlo”.- ( el resaltado en cursiva y negrita me pertenece) Ver la transcripción de la prueba de cargo a fs. 329 vta. y 330, incluida en el decreto de fecha 28 de agosto de 2009, por la que estando pendiente de producción medidas de pruebas ordenadas a instancia del M.P.F., el Juez de Instrucción decide llamar a indagatoria al imputado, luego de haber efectuado una detenida lectura de la causa y de la correspondiente al Expte 4570 y haber procedido a la visualización del video cassette VHS, considerando reunidos los extremos del art 269 del CPPC., para disponer la indagatoria de dicho ciudadano.-
Si bien el imputado en ninguna oportunidad del discurso, expresa concretamente que dicha orden, fue impartida en el contexto de los hechos investigados en la Zona de Cutral Co Plaza Huincul, al que los medios decidieron llamar “ Zona Liberada en Huincul”, razones de sentido común me persuaden de que tal conclusión se abstrae, y que una referencia expresa al conflicto por parte del Ex Gobernador, no resulta necesaria para atribuir el discurso político a estos acontecimientos, fundamentalmente en orden a la cercanía de la difusión del discurso político, con las fechas de ocurrencia del suceso que se investiga en autos.-
Ahora bien, la orden de no actuar de la Policía, conforme los propios dichos del imputado, si fue impartida, lo fue en miras de mantener la paz social, cuando a criterio de su experiencia personal, como titular del Poder Ejecutivo Provincial, consideró que dicho valor de la axiología jurídica se hallaba en riesgo.- Más aun, teniendo en cuenta experiencias anteriores, ocurridas en la misma zona de Cutral Có Plaza Huincul y la circunstancia de que por esos momentos existían conflictos sociales diseminados en toda la geografía de la Provincia del Neuquén.-( Añelo, Rincón de los Sauces, Cutral Co Plaza Huincul etc.).- Ver el discurso grabado del dirigente gremial Tobares, en el DVD secuestrado en la causa 4570, en el que tal dirigente, manifiesta a requerimiento del periodismo y con total impunidad, que la acción de fuerza ejecutada en el acceso a la Destilería REPSOL YPF, se realiza con el fin de obtener un incremento salarial, so pena de hacerle perder a la Provincia del Neuquén importante cantidad de recursos en concepto de regalías .-
El mismo SEGUEL, menciona además que como una de las preocupaciones del Sub Jefe MOISÉS SOTO,- la que le fuera transmitida desde Neuquén, - fue que no querían tener otra Teresa Rodríguez, en alusión a la victima que perdiese su vida en un corte de ruta y protesta social generalizada subsiguiente, ocurrida en Cutral Có en el año 1997, en la que tuve a cargo la defensa técnica de la totalidad menos de uno de los imputados de dicho juicio.-
No puede existir una orden ilegítima en el sentido requerido por el elemento subjetivo del tipo del art 248 del C.P., primera hipótesis comisiva, - dolo directo - si la misma es impartida con el objetivo de asegurar la paz social.-
En relación al elemento subjetivo de la figura del art 248 del Código Penal, Edgardo A. Donna expresa “ No hay dudas de que se trata de un delito doloso y de dolo directo, ya que como se dijo, el autor tiene el conocimiento de la ilegalidad de su accionar y sin embargo, actúa con un plus subjetivo.- En otros términos, el autor debe conocer la ilegalidad de las resoluciones u órdenes que se dictan, transmiten o ejecutan y debe tener la voluntad de dictarlas, ejecutarlas o abstenerse de cumplirlas, según los supuestos de que se trate.- En el aspecto volitivo, el sujeto debe tener la voluntad de oponerse a la ley, de desconocerla, aunque no se alcance la mala aplicación o interpretación de ella”.- Donna Edgardo A, Derecho Penal, parte especial, Tomo III, pag 167, Editorial Rubinzal Culzoni, citando en la nota de pie de página, acuerdo en éste punto, en relación a Carlos Creus, Derecho Penal, Parte Especial, pag 203 y Sebastián Soler, Tratado de Derecho Penal, Tomo II , pag 140.- En igual sentido se ha pronunciado la jurisprudencia “ uno de los requisitos de naturaleza esencial que debe contener este tipo penal es la existencia de dolo directo en el accionar del imputado” CCorr Fed. Sala I, Botbol J, B.J. Nro 1 enero abril 1988 p.3.-
La característica esencial de la antijuridicidad de la conducta típica es la contradicción de la conducta con el derecho. Las causas de justificación, son aquellas instituciones jurídicas, contenidas en la ley, que por grande de que sea en un acto su apariencia criminosa, excluyen en él su antijuridicidad; y, por consiguiente, su concurrencia en el caso determinado lo exime de toda responsabilidad jurídica.- Tal como expresa Jiménez de Asúa; “son causas de justificación las que excluyen la antijuridicidad de una conducta, que puede subsumirse en un tipo legal; esto es, aquellos actos u omisiones que revisten aspecto de delito, figura delictiva, pero en los que falta, sin embargo, el carácter de ser antijurídicos, contrarios al Derecho, que es el elemento más importante del crimen” E inmediatamente agrega; “ En suma, las causas de justificación, no son otra cosa que aquellos actos realizados conforme a derecho” citado por Manuel de Rivacoba y Rivacoba, en Las causas de Justificación, pag 36, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 1996.-
Sostiene Muñoz Conde que “ el derecho penal no crea la antijuridicidad sino que selecciona, por medio de la tipicidad, una parte de los comportamientos que generalmente constituyen ataques muy graves a bienes jurídicos muy importantes, conminándolos con una pena. Normalmente la realización de un hecho típico genera la sospecha de que ese hecho es también antijurídico (función indiciaria de la tipicidad); pero ésta presunción puede ser desvirtuada por la concurrencia de una causa de justificación excluyente de la antijuridicidad. Si no concurre ninguna de estas causas, se afirma la antijuridicidad y el siguiente paso es entonces la constatación de la culpabilidad del autor de ese hecho típico y antijurídico. Muñoz Conde Francisco, García Arán Mercedes; “Derecho Penal. Parte General”, 4ta. Edición, Tirant Lo Blanch, 2000, pág. 341 a 350.
En igual orden de ideas, Enrique Bacigalupo sostiene que la teoría de la antijuridicidad tiene por objeto establecer bajo qué condiciones y en qué casos la realización de un tipo penal (en forma dolosa o no; activa u omisiva) no es contraria al derecho, es decir, el hecho no merece una desaprobación del orden jurídico.) Es, por lo tanto, una teoría de las autorizaciones para la realización de un comportamiento típico. Decir que un comportamiento está justificado, equivale a afirmar que el autor de la acción típica dispuso de un permiso del orden jurídico para obrar como obró. Una acción típica, por lo tanto, será también antijurídica si no intervine a favor del autor una causa o fundamento de justificación. La tipicidad de una acción es, consecuentemente, un indicio de antijuridicidad. Precisamente porque aquélla señala la posibilidad de ésta debe verificarse si existe o no una causa o fundamento de justificación.- Esta verificación es una tarea independiente de la comprobación de la tipicidad y en cierto sentido inversa. Es independiente porque sólo cabe plantearse la cuestión de la antijuridicidad cuando se ha llegado a la conclusión de que la acción es típica, es decir, que se subsume bajo un tipo penal. A la vez es inversa porque consiste en la verificación de que el caso no se subsume bajo el supuesto de hecho de una causa de justificación (por ejemplo, defensa necesaria, estado de necesidad, consentimiento presunto). Como lo sostiene el autor, “ la antijuridicidad no es cuantificable: un hecho es o no antijurídico, pero no puede ser más o menos antijurídico. En este aspecto la antijuridicidad no se debe confundir con la ilicitud (hecho típico y antijurídico) que, por al contrario, es cuantificable, dado que un hecho típico y antijurídico puede ser más o menos grave, o sea: más o menos ilícito.” Bacigalupo, Enrique, “Derecho Penal, Parte General”, 1999, 2da. Ed, Pag 315 y sgtes.-
En este sentido Eugenio Raúl Zaffaroni entre otros autores, establece que “ adoptar el criterio de la antijuridicidad como juicio definitivo acerca de la prohibición de una conducta, presupone considerar al orden jurídico como un todo unitario, para cuya totalidad, la conducta es licita o ilícita, lo que es generalmente admitido en la doctrina. Pese a ésta casi general coincidencia doctrinaria, es menester precisar que se pretende expresar con esta afirmación. Como se ha dicho el legislador histórico, no es racional y no contradictorio, sino que es la jurisdicción la que debe proceder de modo no contradictorio y por lo tanto no puede dar lugar al escándalo jurídico, esto es, afirmar y negar algo al mismo tiempo.- Esto violenta el principio lógico de no contradicción.- Nada puede ser y no ser al mismo tiempo.- En este sentido cuando se considera una conducta como lícita en el ámbito del derecho, no puede considerársela ilícita en otro. No obstante, nada impide que una acción considerada lícita por una rama del derecho no pueda general obligaciones en otra, sobre la base de diferentes fundamentos de responsabilidad ; toda vez que éstos fundamentos son diferentes, el escándalo jurídico no se produce y la unidad o no contradicción del orden jurídico se mantiene” Zaffaroni, Alagia y Slokar, Derecho Penal, parte general, pág. 567, Editorial Ediar, Buenos Aires, 2000, (manual que conforme los dichos del propio autor, actualiza y modifica su clásico Tratado de Derecho Penal ).-
Expresa el art 34 del Código Penal argentino en su inciso 4to “ no son punibles el que obrare en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legitimo de su derecho, autoridad o cargo”.- En cuanto al fundamento de esta eximente, tanto Soler, como Fontán Balestra, recuerdan el art 171 del Código Civil Argentino y por lo que hace al ejercicio de los derechos, el art 19 de la Constitución Nacional.- Ricardo Núñez, les critica a ambos, que como fuente de justificación de los hecho penalmente típicos, no se puede invocar que se tiene el derecho a realizar todo lo que la ley no prohíbe, pues precisamente, aquí se trata de legitimar excepcionalmente hechos, por regla general prohibidos bajo sanción penal, y ve en cambio, la fuente del ejercicio legitimo de un derecho en otros derechos constitucionalmente, por ejemplo, el de profesar libremente su culto o en el no declarar contra sí mismo.- Creus y Terán Lomas, adhieren en el fundamento, a lo manifestado supra por Soler y Fontán Balestra.-
En un todo de acuerdo con lo que sostenía el Maestro Ricardo Núñez, el fundamento particular de ésta justificante, es la preponderancia del interés que tiene el Derecho en la observancia del deber jurídico especial impuesto al individuo, sobre el interés que tiene en la preservación del bien jurídico tutelado por la pena.- Derecho Penal Argentino, Tomo I, pag 400 Editorial Lerner.- Explica el autor, que se trata siempre de un conflicto entre dos obligaciones legales, en el cual, frente a la ley prohibitiva general que representa el tipo delictivo, prevalece la ley autoritativa especial o de igual o superior jerarquía constitucional que aquella.- En el caso, el art 248 del Código Penal, como delito contra la administración pública, tiene como bien jurídico objeto de tutela a la administración pública, que puede verse afectada por el arbitrario ejercicio de la función pública, al margen de las constituciones y las leyes, lo protegido es sin dudas la administración pública, en oposición a aquellos funcionarios que de una manera aviesa actúan en contra de la Constitución y de las leyes.- Sin embargo nadie puede violentar la Ley Provincial 2081, que en su art 1 determina que “ La Policía de la Provincia del Neuquén es la institución que tiene a su cargo el mantenimiento del orden público y la paz social. Actúa como auxiliar permanente de la administración de Justicia y ejerce por sí las funciones que las leyes, decretos y reglamentos establecen para resguardar la vida, los bienes y demás derechos de la población.” , impartiendo a sus subordinados una orden de no actuar o de no reprimir, como sostuvo la Asistencia técnica de los imputados ZALAZAR y SOTO, al finalizar el debate, conforme el acta respectiva del Expte 4570 a fs. 625 vta., con el fin último de preservar la paz social.- Aceptar ello importa violentar el principio de no contradicción, conforme lo expuesto anteriormente.- Más aun, cuando se trata de un funcionario público, que a diferencia de los particulares, no tiene margen de discrecionalidad para asegurar la paz social.- El cumplimiento de un deber del funcionario público, importa un supuesto de ejercicio legitimo de un cargo, como el previsto en el art 23 de la Ley Provincial 2081, por tratarse de un caso de obligaciones que pesan sobre el individuo en atención a circunstancias particulares inherentes a un cargo público.-
Enrique Bacigalupo, señala que “ las mismas pautas que rigen la solución de los casos de estado de necesidad, por colisión de intereses, resulta aplicable al caso de colisión de deberes, que imponen al obligado al mismo tiempo comportamientos contradictorios y excluyentes, de forma tal que el cumplimiento de un deber determina la lesión del otro, Derecho Penal, Parte General, Editorial Hammurabi, pag 235.-
La falta de antijuridicidad de la conducta del imputado, se sostiene, aunque éste no acredite las circunstancias de hecho que a su propio criterio justificaron su decisión de impartir la orden de no intervenir, por considerar en riesgo la paz social.- Entiendo que habría una contradicción jurisdiccional, en los términos que lo propone el Ministro de la Corte Suprema, en la medida que alguien en pos de asegurar o mantener la paz social, como bien jurídico colectivo, impartiese la orden de no actuar al personal policial subalterno, reprochándosele luego haber incurrido en abuso de autoridad, al dictar disposiciones contrarias a la Ley 2081 en especial la norma del art 1 de tal texto legal, y las normas concordantes, 7; 8 inc. a y 10 de la misma normativa provincial.- Convengamos que el aseguramiento de la paz social, puede lograrse de acuerdo a las circunstancias particulares del caso, mediante un comportamiento positivo, ordenando actuar y/o mediante conductas omisiva, ordenando no actuar o no intervenir con el fin de no exacerbar los ánimos de los que participan del conflicto y potenciar el mismo incrementando las consecuencias nocivas.- Por otra parte, SEGUEL a diferencia de SOBISCH, tenia mayor capacidad operativa en el lugar de los hechos, para disponer medidas preventivas, que no solo se imponían por el sentido común, sino que a falta del mismo, le fue sugerido por los subalternos al Director de Seguridad Interior, ordenan adecuadamente el desplazamiento de los grupos policiales especiales para disuadir al grupo de agresores con cascos amarillos y/ o evitar el enfrentamiento mutuo entre éstos y el grupo de docentes y manifestantes que se hallaban en el lugar realizando su protesta.-
Señala Maximiliano Adolfo Rusconi, que en el tipo objetivo de las causas de justificación se trata, al igual que lo que sucede en el tipo objetivo de la tipicidad, de confirmar la presencia de todos los requisitos fácticos de los cuales el legislador hace depender el funcionamiento de la norma permisiva.- Estos requisitos como es fácil adivinar, remiten a instancias diversas frente a cada permiso y se basan en definiciones autónomas.- El modo de comprobación de los requisitos del tipo objetivo de cada justificante, responde a la misma matriz que hemos descripto a la hora de referirnos al tipo objetivo de la tipicidad. Se trata de un permanente ir y venir entre los datos facticos que ofrece el caso frente a una exhaustiva definición de los parámetros bajo los cuales el legislador hace depender la aplicación de la norma permisiva.- Es claro que el universo fáctico que se toma en cuenta recaerá sobre instancias diversas que aquellas que han condicionado la aplicación de la norma imperativa.- Teniendo en cuenta que la norma permisiva condiciona la extensión de la norma imperativa, también aquí rigen para el trabajo hermenéutico de definición del alcance del permiso, las exigencias ( solo que invertidas) del principio constitucional de legalidad.- Rusconi, Derecho Penal, parte general, pag 255.- Se pregunta el autor citado, ¿ Que sucede cuando la conciencia errada sobre el funcionamiento de una justificante reconocida por el ordenamiento jurídico, pero inexistente en el caso de la vida real, se ha generado a partir de un error imputable a la cuenta de su autor ? Cualquier solución que no sea la impunidad ( insostenible desde el punto de vista valorativo) demostraría nuevamente que el ilícito es graduable: ¿ transformación a nivel de la justificación de un delito doloso en un delito imprudente? Maximiliano Adolfo Rusconi, “ La justificación en el derecho penal “, pag 46, Editorial Ad Hoc, 2da edición Buenos Aires 2002
Por todo lo expuesto S.S. este Ministerio Publico Fiscal, entiende que la conducta reprochada al ciudadano JORGE OMAR SOBISCH, DNI Nro 7.571.737, no constituye un supuesto de hecho jurídicamente relevante y antijurídico que justifique requerir la elevación de la causa a juicio, debiendo fundadamente abstenerme de acusar e instando consecuentemente el dictado de un sobreseimiento definitivo en los términos del art 301 inc. 5 del CPPC, por mediar a mi criterio una causa de justificación consistente en el ejercicio de una atribución propia del cargo público de Gobernador de la Provincia del Neuquén o el cumplimiento de un deber especifico de asegurar la paz social, prevista normativamente en el art 23 de la Ley 2081, en su condición de Jefe de la Policía de la Provincia del Neuquén, con remisión a la disposición del art 34 inc. 4 del Código Penal.-
Por otra parte y a fin de no incurrir en dictámenes contradictorios con las conclusiones a las que arribe en el juicio oral del Expte Nro 4570 afirmo que los hechos investigados en el legajo y concretamente los incidentes en los que resultaran lesionadas las personas manifestantes y dañados los bienes ajenos de modo total o parcial, como consecuencia del enfrentamiento protagonizado por el grupo de personas agresoras, no se originaron en el cumplimiento de una orden ilegítima impartida por el imputado, a través de la cadena natural de mandos de la Policía de la Provincia del Neuquén.- Entiendo que ésta ilegitimidad de la orden no se verifica en el sumario, conforme lo ya explicitado, sino que además de ello y para la hipotética situación de haber existido ésta orden “ ilegítima”, la misma debió ser desobedecida por el personal policial subalterno, en función de las previsiones de los arts. 17 y 18 inc. c de la Ley Provincial 2081, que determinan 1) Art 17 “La Policía de la Provincia no debe ser utilizada con fines políticos partidarios ni aplicada a funciones que no estén establecidas en esta Ley. Las órdenes o directivas que contravengan esas normas autorizan la desobediencia” y 2) Art 18 inc. c, que reza “ En cumplimiento de las funciones y del ejercicio de las atribuciones que le determina la presente Ley, los integrantes de la Policía del Neuquén deben: a);….b); …. y c) Sujetarse en su actuación profesional a los principios de jerarquía y subordinación, sin incurrir por la obediencia debida en el cumplimiento de órdenes que entrañen la ejecución de actos que, manifiestamente, constituyan delitos o sean contrarios a la Constitución y a las leyes;
Analizadas prudentemente y sin animosidad alguna V.S. considero que la causa de tal enfrentamiento obedeció sin lugar a dudas a la inoperancia y la falta de capacidad conductiva de quien operativamente en fecha 30 de marzo de 2006, se desempeñaba en la función de Director de Seguridad Interior en las localidades de Cutral Có Plaza Huincul, funcionario policial que teniendo bajo su mando fuerzas policiales especiales y fuerzas convencionales suficientes en cantidad de recursos humanos y materiales y estando informado vía radial por sus subalternos del desarrollo de los acontecimientos, encontrándose el grupo agresor a una distancia aproximada a un kilometro antes del lugar donde se hallaban los docentes manifestando, no adoptó las medidas preventivas y operativas necesarias para evitar que éste grupo agresor materializase el enfrentamiento con el grupo de manifestantes que se encontraban protestando en el acceso a la Refinería de Repsol YPF de Plaza Huincul.- En lugar de hacer lo debido para evitar el resultado dañoso, pretendió dialogar, arribando al lugar luego de que los hechos y el enfrentamiento finalizase.-
Por las razones expuestas insto el sobreseimiento definitivo de JORGE OMAR SOBISCH, DNI NRO 7.571.737, por los hechos que fuera oportunamente requerido a fs. 313/314 de autos, en los términos del art 300 y 301 inc. 4 y en subsidio, inciso 5 de dicha norma, sin perjuicio de la opinión que sobre éstos hechos pueda manifestar la Querella particular oportunamente.
Considero que el ciudadano sometido a proceso, no ha cometido el hecho que se le atribuye Art 301 inc. 4 del CPPC, y para el supuesto que se no se comparta la opinión de éste Ministerio Publico Fiscal y contrariamente a ello, se concluya en que la orden a la que se refiere en su discurso, fue impartida a la cadena de mandos de la Policía de la Provincia del Neuquén, para que la fuerza policial no intervenga, el día 30 de marzo de 2006, en hora indeterminada, pero antes de las 14,00 de dicha fecha, la misma no asume la característica de ilegalidad, por haber actuado el imputado en el momento del hecho investigado en ejercicio de un cargo público y con la finalidad de asegurar la paz social, ( arts. 301 inc. 5 y 34 inc. 4 del Código Penal) , no resultando en consecuencia el comportamiento contrario a derecho, por mediar una causa de justificación que excluye la antijuridicidad de la conducta típica analizada.- En ambos supuestos, inexistencia del hecho cometido por el imputado y/o conducta justificada, corresponde desincriminar de modo total y definitivo al Sr SOBISCH JORGE OMAR, DNI Nro 7.571.737, lo que así solicito que oportunamente se disponga.-
ME TENGA POR EVACUADA LA VISTA DEL ART 311 DEL CPPC Y PREVIA VISTA A LA QUERELLA PARTICULAR, RESUELVA CONFORME SE SOLICITA POR PARTE DE ESTE MINISTERIO PUBLICO FISCAL.-
AGENCIA FISCAL D.A.P., Neuquén, Febrero 22 de 2010.-
Categoría: Forence Penal
La prueba, como actividad necesaria para demostrar la verdad de un hecho constituye para Luis Martí Mingarro en La Prueba Ilícita en Materia Penal “…una de las claves fundamentales para entender el cosmos jurídico en su conjunto. La prueba es el vínculo esencial entre la realidad, lo que existe, y la realización de la justicia, objetivo fundamental del Derecho”
Utilidad: Derecho Comparado
1.- Rasgos diferenciales de la prueba en materia penal
2.- Precisiones en torno a la prueba
2.1.- Elementos de prueba.
3.- Momentos de la actividad probatoria
4.- Principios rectores de la prueba
4.1.- Principio de libertad probatoria
4.2.- Principio de comunidad de la prueba
5.- La carga de la prueba en materia penal
6.- Prueba prohibida y prueba ilícita
6.1.- Prueba irregular
7.- Actividad procesal defectuosa
7.1.- Justificación ético moral de las exclusiones probatorias
7.2.- Teoría de los frutos del árbol envenenado
8.- Excepciones a las reglas de exclusión
8.1.- Pruebas ilegales "In Bonam Partem"
8.2.- Teoría de la fuente independiente
8.3.- El hallazgo inevitable
8.4.- Personas dotadas de voluntad autónoma
8.5.- Eficacia de la prueba ilícita para terceros
8.6.- Principio de proporcionalidad
8.7.- Contaminación de las pruebas
8.8.- La teoría del riesgo
8.9.- Doctrina de la buena fe
8.10.- La teoría de la destrucción de la mentira del imputado
9.- El código procesal penal tipo para América Latina
9.1.- Prohibiciones o limitaciones referidas a la producción de prueba
9.2.- Limitaciones a la valoración de la prueba ilícita
10.- Doctrina procesal penal
11.- Sistemas de regulación de la prueba ilícita
12.- Legislación comparada
13.- Constantes y tendencias
14.- El art. 172 del código de procedimiento Penal boliviano. Marco Constitucional y Concordancias.
15.- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece por su parte que:
16.- Relación con el sistema procesal penal escandinavo
17.- Implicancia de la política criminal vigente en Bolivia
18.- Interpretación y Derecho Jurisprudencial
18.1.- La Interpretación como herramienta esencial del Derecho
18.2.- La Interpretación según el método empleado
18.3.- Derecho jurisprudencial
18.4.- Los valores superiores
La prueba, como actividad necesaria para demostrar la verdad de un hecho constituye para Luis Martí Mingarro en La Prueba Ilícita en Materia Penal “…una de las claves fundamentales para entender el cosmos jurídico en su conjunto. La prueba es el vínculo esencial entre la realidad, lo que existe, y la realización de la justicia, objetivo fundamental del Derecho”.
Al decir de Eduardo De Urbano Castrillo y Miguel Ángel Torres Morato en La Prueba Ilícita Penal, “De otras instituciones podría decirse metafóricamente que son la médula, el cerebro o el corazón del derecho procesal, de la prueba habría que decir entonces (…) que encierra su sistema respiratorio: un buen régimen de prueba es lo único, en efecto, que puede garantizar el contacto del proceso con el mundo exterior (…) para que éste desempeñe eficazmente su misión.
En materia penal la prueba conduce la realidad objetiva hacia la sede de la convicción del juzgador, con la peculiaridad de que en el proceso penal se encuentran en juego las más de las veces, la vida y la libertad humanas, entre otros derechos fundamentales, además de la imposición de una pena sobreviniente a la comisión de un delito.
La prueba penal requiere ciertas calidades exigentes para que la convicción formada a través de ella en torno a la búsqueda y al conocimiento de la verdad sirva de base fáctica a la sentencia, en vigor del respeto a la dignidad de quien está sometido a la justicia de los hombres[1].
Tampoco debe perderse de vista que, como sostiene Francesco Carnelutti en Cómo se hace un Proceso “…las pruebas no son a menudo suficientes para que el juez pueda reconstruir con certeza los hechos de la causa (…) frecuentemente el camino (de los hechos) queda en sombras o por lo menos en penumbras”. Panorama que puede llevar al profano a exigir con razón que se debe seguir indagando. Sin embargo, la búsqueda y la reconstrucción deben tener un límite. JAUCHEN recuerda al respecto al escéptico Agripa de Zenón de Elea, quien en su obra “niega que algo pueda probarse, pues toda prueba requiere una prueba anterior”, postulado de tantos que llevan al regressus in infinitum por el cual nunca sería factible obtener la prueba de algo; el objeto que se quiere verificar permanecería siempre bajo la eterna sospecha ante la infinita pretensión de probar la prueba de la prueba.
La mayoría de los autores sostienen que la prueba presenta cuatro condiciones diferentes, a saber:
Elemento de prueba, es todo dato objetivo, relevante o de utilidad que se incorpora legalmente al proceso, capaz de producir un conocimiento probable o cierto acerca de los extremos de la acusación. Es la prueba misma.
Medio de prueba, es el método o procedimiento que posibilita que un elemento de prueba ingrese al proceso. Ej. La pericia.
Órgano de prueba, es la persona física que porta datos o elementos de prueba, transmitiéndolos de modo directo al proceso. Ejs. Testigos y peritos.
Objeto de prueba, son los hechos principales o secundarios que interesan a la resolución judicial y exigen una comprobación. Conocido también como Thema Prabandum, son los hechos acusados, es la materialidad sobre la cual recae la actividad probatoria.[2]
Conviene referir los momentos de la actividad probatoria que, para el caso boliviano, Alberto Morales Vargas los expresa en los siguientes términos en síntesis:
Recolección. Consiste en colectar los medios de prueba. Puede estar a cargo de la policía o del particular bajo la dirección funcional del fiscal. Es propia de la etapa preparatoria.
Conservación o custodia. Consiste en la garantía de que la prueba colectada no sea alterada o mutilada. Comienza en la etapa preparatoria.
Una vez presentadas ante el secretario del juez o tribunal de sentencia las pruebas ofrecidas por las partes es éste quien asume la responsabilidad de la custodia.
Ofrecimiento. Consiste en el anuncio escrito e individualizado de medios o elementos probatorios que, como derecho, tienen las partes en el término de 10 días siguientes a su notificación con la (s) acusación (es) pública y/o particular.
Cabe destacar que el ofrecimiento comprende la individualización de la prueba y su relación con el objeto principal y/o accesorio del proceso.
Solicitud de producción o introducción a juicio. Tiene lugar a través del pedido expreso de parte de incorporar a juicio determinados medios o elementos probatorios según su estrategia.
Admisión o judicialización, consiste en la resolución judicial referida al medio o elemento probatorio.
Valoración, es el acto de razonamiento, metódico, imparcial e independiente que efectúa el juez o tribunal, en función del conjunto de las pruebas incorporadas.
Entre los principios rectores de la prueba pertinentes con el objeto de esta investigación se encuentran los siguientes:
Se expresa así en el Art. 171 del Código de Procedimiento Penal (CPP):
“El juez admitirá como medios de prueba todos los elementos lícitos de convicción que puedan conducir al conocimiento de la verdad histórica del hecho, de la responsabilidad y de la personalidad del imputado.
Podrá utilizarse otros medios además de los previstos en este Libro (…)
Un medio de prueba será admitido si se refiere, directa o indirectamente, al objeto de la investigación y sea útil para el descubrimiento de la verdad…”
Este principio “significa que (para probar cierto hecho) no se exige la utilización de un medio determinado y si bien se debe recurrir al que ofrece mayores garantías de eficacia, el no hacerlo carece de sanción y no impide el descubrimiento de la verdad por otros medios. Se pueden emplear medios de prueba no reglamentados, siempre que sea adecuado para descubrir la verdad”.
Se relaciona, además, con la pertinencia, esto es la “relación entre el hecho o circunstancia que se quiere acreditar con el elemento de prueba que se pretende utilizar” y con la conducencia y utilidad de los medios o elementos de prueba “para resolver el caso particular y concreto”
Por el Art. 13 del CPP queda establecido que las normas constitucionales imponen los límites al principio de libertad probatoria.
“También llamado de adquisición procesal de la prueba, en cuanto una prueba se incorpora al proceso ya sea afirmando o negando un hecho o circunstancia”.
Al decir de Morales Vargas puede ser alegado por cualquiera de las partes, independientemente de quien la tramitó hasta su judicialización. [3]
La carga de la prueba en materia penal recae en la parte acusadora, con el efecto perjudicial o negativo consecuente de desestimación de la pretensión (absolución frente a condena) cuando el resultado probatorio de cargo es insuficiente. Ello es una consecuencia del derecho a la presunción de inocencia que integra el deber de probar los hechos que constituyen el supuesto enjuiciado y la participación en los mismos del acusado por la acusación. El principio “in dubio pro reo” no es un derecho que corresponde al acusado sino la solución que debe dar el tribunal cuando no haya alcanzado una convicción probatoria consistente en relación con los hechos y la participación.
Históricamente la actuación probatoria en el proceso penal ha estado vinculada a los derechos fundamentales, de ahí que las doctrinas sobre la prueba prohibida o prueba ilícita constituyan, sin lugar a dudas, verdaderos límites de la actuación probatoria.
Suele diferenciarse la prueba prohibida de la prueba ilícita con la consideración de que la primera es aquélla obtenida vulnerando derechos y garantías fundamentales y tiene íntima relación con los defectos absolutos (Ejemplos: declaraciones mediante torturas, pinchazo telefónico), en tanto que la segunda es aquélla obtenida vulnerando el procedimiento probatorio, que bajo ciertas circunstancias puede ser convalidada.
No obstante, la terminología utilizada tanto en la doctrina como en la jurisprudencia dista bastante de ser uniforme. Es frecuente que se empleen, indistintamente, términos como el de prueba prohibida o prohibiciones probatorias, prueba ilegalmente obtenida, prueba ilícita o ilícitamente obtenida, prueba ilegítimamente obtenida, prueba inconstitucional, prueba nula, prueba viciada, prueba irregular o incluso de prueba clandestina.[4]
De esta manera, autores como Montón Redondo conciben a la prueba ilícita a aquella que se encuentra afectada por una conducta dolosa en cuanto a la forma de obtención, es decir la prueba que ha sido obtenida de forma fraudulenta a través de una conducta ilícita; otros se alejan de esta apreciación remitiéndose a entender la prueba ilícita de un modo genérico como una violación al ordenamiento jurídico en general, la prueba ilícita viola la norma o es contraria al Derecho se piensa; por su parte Devis Echandia aparece con una definición más extensa, y denomina a las pruebas ilícitas como las que están expresa o tácitamente prohibidas por la ley o atentan contra la moral y las buenas costumbres o contra la dignidad y libertad de la persona humana o violan sus derechos fundamentales, los mismo que la Constitución y la ley amparan; pero ante esta pluralidad conceptual se debe acotar que muy a pesar de estas nociones, la posición doctrinal predominante actual asume otro rumbo, conceptualizando a la prueba ilícita, según dice Silva Melero V., como aquella que atenta contra la dignidad de las personas, es decir, contra la dignidad humana, lo que se comprende en este estudio no sólo en relación al imputado sino también de la víctima, considerando acertado ubicar la dignidad del hombre como la médula del concepto de prueba ilícita.
De esto tenemos como prueba ilícita a la que se obtiene como producto o resultado de la violación de un derecho fundamental o garantía constitucional, en otras palabras los casos en que para la obtención de prueba se vulnere uno de los derechos consagrados en nuestra Constitución, dígase derecho a la inviolabilidad de domicilio (Art. 21 CPE, 180 CPP), derecho a la inviolabilidad de correspondencia y de las comunicaciones (Art. 20 CPE, 190 y 217 CPP), derecho a no autoincriminarse, derecho a la asistencia legal obligatoria, derecho a no ser incomunicado, la prohibición del empleo de torturas y/o maltratos (Art. 12 CPE, 13 CPP), derecho a la intimidad, entre otros que son componentes del debido proceso conforme al Art. 16.IV de la Constitución Política del Estado.
En suma, con la expresión “prueba ilícita”, al margen de discusiones doctrinales, quieren abarcarse la existencia de una lesión o menoscabo a una garantía constitucional que haya provocado la obtención de un medio de prueba, es decir que al obtener la prueba o que para conseguir el medio probatorio se viole o se haya violado un derecho fundamental, teniendo eso si, que ser necesariamente una garantía constitucional, de lo contrario su trato procesal varía, ya que saldría del concepto de prueba ilícita, sometiéndose a otra ponderación por parte del Juez o Tribunal pero, además, todas aquellas diligencias, medios probatorios y pruebas procesales en las que se debata o discuta aspectos constitucionales o infraconstitucionales que puedan determinar la irregularidad o invalidez de un concreto elemento probatorio, con sus correspondientes efectos en el proceso de que se trate.[5]
Sostiene la doctrina que la prueba irregular, denominada también defectuosa o incompleta, resulta ineficaz aunque puede ser valorada.
Buena parte de la doctrina sostiene que el Estado, por ética, debe velar por el cumplimiento de los derechos y garantías fundamentales.
No existe ningún tipo de ‘igualdad de armas’ entre la criminalidad y el Estado que la combate en el sentido de una permisión a los órganos estatales para utilizar todos los medios que se encuentren al alcance de los criminales.[6]
El Estado no puede utilizar métodos criminales ya que perdería esta prevalencia y con ello, y a largo plazo, pondría en peligro la credibilidad y la confianza de la población en el orden jurídico.
Esta doctrina originada en Estados Unidos se remonta al caso resuelto por la Corte Suprema de ese país en 1920, donde se resolvió que no era válido intimar a una persona para que entregara, ante las autoridades, documentación cuya existencia había sido descubierta por la policía mediante un allanamiento ilegal.
El primer caso donde la Corte aplicando dicha doctrina utiliza la expresión “fruit of the poisonous tree” es en el proceso “Nardote Vs. United States” en el año 1939, en el que se resolvió que debían excluirse de toda validez las pruebas que se conocieron a raíz de una grabación ala conversación del imputado que se había efectuado ilegalmente sin autorización judicial”[7]
Según la Teoría de los Frutos del Árbol Envenenado un acto probatorio con defecto absoluto es nulo y carente de eficacia probatoria, su efecto es la exclusión probatoria, cualquier otra prueba emergente de ese acto nulo carece también de eficacia probatoria y debe, igualmente, ser excluida.
Según Jauchén estos principios son en la actualidad prácticamente aplicados en todos los países que se rigen por un Estado de Derecho y respetuoso de las garantías constitucionales.[8]
8.1.- Pruebas ilegales “In Bonam Partem”
Se trata de una de las excepciones más aceptadas, consistente en que cuando a pesar de la ilegalidad con la que se ha obtenido la prueba, el significado de ella tiene una eficacia a favor del imputado.
La exclusión procede sólo cuando el o los elementos probatorios viciados resulten contrarios para el imputado, no cuando lo favorezcan.
No surte efecto cuando la ilegalidad ha sido provocada por el mismo imputado, caso en el que la prueba obtenida de modo ilegal no deberá tenerse en cuenta.
Procedente de la jurisprudencia norteamericana bajo la denominación de independant source propugna que, cuando con razonable grado de certeza sea dable establecer que a pesar de la ilegalidad el elemento probatorio se hubiera conocido lo mismo a través de una vertiente independiente, el mismo podía de todas maneras ser admitido en juicio.[9]
Para establecer esta relación se deberá apreciar la proyección de la ilicitud o irregularidad teniendo en cuenta la concatenación causal entre las pruebas en base a las leyes de la lógica.
Es menester el mecanismo de la supresión mental, la eliminación hipotética del elemento originariamente viciado para determinar si aún así hubiera sido posible obtener la prueba por otro medio.
Ej. El examen de ADN siguiendo una línea de investigación distinta, arroja los mismos elementos que la declaración del imputado obtenida mediante torturas.
Blanca Pastor [10] dice que para considerar “contaminada” la actividad de recogida de una fuente de prueba por haberse basado en una información obtenida con vulneración de derechos fundamentales, se requiere que el segundo acto sea único y exclusivamente consecuencia del primero.
Excepción procedente también de la jurisprudencia de los Estados Unidos, trata de que, cuando dadas las circunstancias, a pesar de la ilegalidad, es dable deducir sin duda que la prueba hubiera sido obtenida lo mismo por otro medio legítimo.
Ej. La policía localizó un cadáver a raíz de la información suministrada por el imputado, declaración impugnada de ilegal por encontrarse el imputado sin abogado. Sin embargo durante el juicio la fiscalía probó que al momento de la declaración el lugar donde se hallaba el cadáver estaba siendo rastreado por la policía. En consecuencia se sostuvo que el descubrimiento de esa prueba era inevitable, no existiendo nexo de entidad suficiente entre la ilegalidad de la policía y la prueba, rechazando la aplicación de la regla de exclusión.[11]
Blanca Pastor dice al respecto que será ilegítima la incorporación al proceso de la información obtenida “cuando no pueda acreditarse que el investigador hubiera de todas formas realizado la actuación, en base a otros datos o razonamientos”.[12]
Según esta teoría los elementos materiales indebidamente obtenidos perderán valor de una vez para siempre por su espuria adquisición, dada la inmutabilidad del objeto que constituye la evidencia, no así la prueba proveniente de las personas a través de sus dichos, por hallarse ellas dotadas de voluntad autónoma.
Es relevante el grado de libertad del declarante para juzgar sobre la utilidad de sus manifestaciones, de modo que la exclusión requiere un vínculo más inmediato entre la ilegalidad y el testimonio que el exigido para descalificar la prueba material.[13]
La doctrina de la eficacia de la prueba ilícita para terceros reconoce que las pruebas obtenidas directamente mediante la violación del derecho constitucional, pueden ser admitidas y declaradas útiles para condenar a los imputados no afectados por la violación del derecho fundamental. El fundamento está en la no identidad entre el titular del derecho fundamental afectado y el sujeto que se condena (tercero o coimputado), pues ello implica la desconexión entre la violación del derecho fundamental y la condena.[14]
En Estados Unidos y en Europa continental, en países como Alemania, la inadmisibilidad de la prueba ilícitamente obtenida se ve aminorada por la presencia del criterio de proporcionalidad (Verthaltnismassigkeitsprinzip), siempre con carácter excepcional y en casos extremadamente graves, equilibrando la contraposición de valores fundamentales que se encuentren en tensión, la eficiencia y éxito de la administración de justicia por un lado, la garantía del acusado a no ser condenado en base a pruebas ilícitas, por el otro. [15] La aplicación del principio de proporcionalidad, pese a dar admisibilidad a un medio de prueba inconstitucional, es el camino a seguir como medio de evitar peores desastres proporcionalmente mayores.
Esta doctrina tiene gran importancia en la actualidad, pues abre la vía para el aporte de prueba por particulares, como sería el caso que cita ROXIN “cuando una persona privada haya registrado en forma secreta en videocasete una conversación con el imputado sobre un incendio planeado, puede ser valorado como medio de prueba”[16]
Respecto de la contaminación las pruebas dice Eduardo de Urbano Castrillo que “Dados los intereses plurales que laten en la decisión de admitir o no un material probatorio viciado y que Schönke, cifra en definitiva, en elegir entre los derechos del ciudadanos o los intereses de la sociedad en la persecución y castigo del culpable aunque como dijera González-Cuellar “la salvaguarda de los derechos del individuo es, al mismo tiempo, tanto interés particular como de la comunidad constituida en Estado de Derecho”, las posturas absolutas y maximalistas en este tema se han ido decantando hacia posiciones más matizadas y más casuísticas tratando de hallar un equilibrio entre la disyuntiva apuntada que, como acabamos de ver, no es sino las dos caras de una misma cuestión: el derecho y ejercicio de la tutela judicial efectiva dentro de un Estado de Derecho”.[17]
La teoría del riesgo es una excepción aplicable a casos como confesiones extrajudiciales e intromisiones domiciliarias y sus derivaciones, logrados por medio de cámaras y micrófonos ocultos, escuchas telefónicas y grabación de conversaciones sin autorización judicial, informantes, infiltrados, delatores, etc.
Su justificación reside en el riesgo a la delación que voluntariamente asume toda persona que ante otra hace revelaciones sobre un delito o realiza actividades relacionadas con éste. Si el propio individuo no cuida sus garantías, no pretenda que lo haga el juez.
Se admite la validez de la cámara oculta, cuando uno de los interlocutores lo consiente, pues su posterior testimonio es válido. Similar posición se da en el caso que uno de los interlocutores por el teléfono grabe la conversación o, sea origen o destinatario de una carta o comunicación privada.
Igualmente se admitió en el famoso caso “Gallo”, la validez de una confesión hecha sobre un crimen cometido, y que había sido grabado por periodistas. Aquí se explica esta teoría, pues “el riesgo de ser oído o de la delación por parte del interlocutor al que Gallo confió información, era una posibilidad que asumió, sin que exista simulación o calidad ficticia…máxime cuando se habla en un lugar públic”.
En los casos Hoffa Vs. United States y Lewis Vs. United States, la jurisprudencia norteamericana introdujo esta doctrina del riesgo estableciendo la distinción “…entre o actos de una persona que se realizan en la seguridad constitucionalmente protegida contra intrusiones indeseadas en el ámbito del domicilio, de los realizados voluntariamente ante terceros en la errónea confianza de que éstos no revelarán su delito.[18]
La doctrina de la buena fe admite la posibilidad de valorar la prueba obtenida con violación a derechos constitucionales, siempre que dicha violación se haya realizado sin intención, sea por error o ignorancia.
Esta excepción por lo general es aplicable en allanamientos y requisas, cuando por ejemplo la Policía escucha gritos de dolor en el interior de un domicilio, y al ingresar pensando salvar a la persona, encuentra a varios sujetos consumiendo droga con menores de edad.
Al respecto se afirma “…si la prueba obtenida ilegalmente debe ser excluida cuando los policías que la colectaron erróneamente creyeron que sus acciones cumplían con los requisitos legales, es quizás la cuestión más controvertida de la existencia de los requerimientos de exclusión”.
Fue introducida por la jurisprudencia americana a partir de los casos Walter vs. United States (1954) y Harris, y consiste en que se puede admitir la utilización de prueba ilícita a fin de atacar la credibilidad de la declaración del imputado en juicio, y así probar que miente. Queda claro que esta doctrina admite la validez de la prueba ilícita sólo para descalificar la veracidad de la declaración del imputado, pero nunca para acreditar su culpabilidad.
Siguiendo las directrices de los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos el Código Procesal Penal Tipo para América Latina (1988) sigue el principio de libertad probatoria (Art. 148). También sigue el principio de la libre convicción, porque no se le asignan criterios al juzgador para establecer el valor de cada prueba, sino que ello debe hacerlo de acuerdo con las circunstancias de cada caso, realizando una motivación suficiente y eficiente, complementando así un cuadro de garantías cuyo objetivo principal lo constituye el respeto a los derechos básicos de los ciudadanos como límite de la coactividad que caracteriza la investigación en el proceso penal. Diferencia las limitaciones referidas a la producción probatoria entre absolutas y relativas.
Limitaciones absolutas cuando la ley no permite que sean investigados ciertos objetos de prueba (hechos, circunstancias, calidades personales, relaciones, etc.). En estos supuestos la ley prohíbe el objeto o el tema sobre el que versa la prueba, como resulta de la limitación derivada del Código Tipo al excluir el testimonio de quien deba guardar secreto, sea particular u oficial (Art. 172).
Las limitaciones relativas son aquellas que impiden verificar un objeto de prueba recurriendo a ciertos medios de prueba, o cuando se restringe la posibilidad de probar a determinados medios de prueba. [19]. En este caso la ley prohíbe el uso de ciertos métodos, ya no el tema, como ocurre en el Código Tipo al prohibirse la tortura, los psicofármacos, "sueros de la verdad", la hipnosis, "los detectores de mentiras" etc. (Arts. 45, 148).
Más que prohibiciones constituyen limitaciones probatorias por no tratarse de normas de deber, aunque algunas están apoyadas por mandatos o prohibiciones, son normas referidas a la admisibilidad o inadmisibilidad de un objeto, órgano método de prueba (normas potestativas).
Siguiendo una segunda clasificación, estas abarcan tanto las denominadas prohibiciones o limitaciones relativas a la producción o la práctica de la prueba, como las relativas a la utilización o valoración de la prueba.
El primer grupo de limitaciones referidas a la producción o práctica de la prueba se descompone a su vez en cuatro subgrupos:
El primer subgrupo lo constituyen aquellas limitaciones que prohíben un concreto tema como objeto de prueba. Tal situación ocurre al protegerse los secretos particulares u oficiales, los cuales no pueden ser objeto de prueba. El Código Tipo señala que no puede ser testigo quien tenga el deber de guardar secreto, ya sea particular u oficial (Art. 172), con lo cual excluye los secretos como tema a probar.
Un segundo subgrupo lo constituyen las limitaciones referidas a la imposibilidad de utilizar ciertos medios de prueba, en protección de otros intereses que se estiman superiores en el caso concreto. Tal situación ocurre, por ejemplo, cuando se prohíbe a la policía interrogar al imputado, salvo lo necesario para la identificación (Art. 48 del Código Tipo) cuando se prohíbe el careo del imputado con un testigo, contra el consentimiento del aquel (Art. 51 Código Tipo); o cuando se señala como excepción al principio de libertad probatoria las limitaciones de ley para establecer el estado civil de las personas (Art. 148 del Código Tipo). En esas circunstancias se declaran inadmisibles ciertos medios de prueba para demostrar ciertos hechos.
Las limitaciones sobre la producción o práctica de la prueba pueden estar referidas también a declarar inadmisible el uso de determinados métodos de prueba, constituyendo éstas un tercer subgrupo. Así observamos en el Código Tipo como estima inadmisibles "...los elementos de prueba obtenidos por un medio prohibido, tales como la tortura, la indebida intromisión en la intimidad del domicilio, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados" (Art. 148, párrafo segundo).
En igual sentido se pronuncia al declarar inadmisibles, como método para obtener la declaración del imputado, la coacción, la amenaza, los malos tratos, el agotamiento, la tortura, el engaño, el psicoanálisis, los "sueros de la verdad" la hipnosis, los "detectores de mentiras" (Art. 45). Se trata de excluir el uso de prácticas lesivas de los derechos fundamentales, porque la actividad probatoria tiene un claro límite al mantener, en un Estado de Derecho, el respeto por la dignidad del ser humano. A estos valores fundamentales se agregan otros derechos básicos como la intimidad, la vida privada, la salud, el honor, etc., los cuales si bien pueden ser vulnerados durante la investigación penal, pueden serlo sólo bajo estrictísimas exigencias formales, con autorización del juez y bajo estricto control de sus consecuencias.
Por último, dentro de las limitaciones referidas a la producción o práctica de las pruebas podemos ubicar un cuarto subgrupo constituido por los requisitos formales o condiciones para que la prueba sea introducida legalmente en el proceso. Es cierto que de acuerdo con el principio de libertad de la prueba, esta no es expresamente tasada en la ley, de tal manera que teóricamente se podría recurrir a cualquier medio para probar cualquier hecho, siempre que sea relevante para el descubrimiento de la verdad. Esta libertad de recurrir a cualquier medio no significa que pueda hacerse de cualquier manera. El sistema procesal establece reglas, condiciones, requisitos, procedimientos, que deben cumplirse en cada caso para estimar que la práctica y la incorporación de la prueba se hizo por medios autorizados. Este grupo de limitaciones pueden ser subdivididas a su vez en:
Aquellas referidas a las condiciones y a la oportunidad para ofrecer las pruebas. A este grupo pertenecen todas las limitaciones que pueden extraerse de las reglas relativas al momento y a la oportunidad en que pueden ser ofrecidas las pruebas (Art. 256, 268 inciso 4º.; 269 inciso 6º.; 271; 283; 285; y 317 del Código Tipo), en cuanto constituyen una limitación para las partes, al no tener una absoluta disponibilidad para ofrecer pruebas en cualquier momento del proceso. Asimismo, forman este grupo las reglas relativas a la pertinencia y a la utilidad de la prueba, en cuanto la actividad probatoria está limitada solo a aquellas que sean pertinentes para el descubrimiento de la verdad. En tal sentido el Código Tipo señala que "un medio de prueba, para ser admitido, debe referirse, directa o indirectamente, al objeto de la averiguación y ser útil para el descubrimiento de la verdad" (Art. 148, párrafo segundo). La libertad se tiene, entonces, sólo en cuanto se contribuya con el objeto principal de la investigación.
Por otro lado también constituyen un segundo segmento de este cuarto subgrupo de limitaciones, las reglas que establecen un procedimiento para practicar e incorporar las pruebas, puesto que sino se cumplen esos requisitos estaríamos frente a pruebas ilegales o al menos irregulares, las que en algunos casos imposibilitan al tribunal para que le asigne un valor, por no haberse cumplido con el procedimiento. Estas reglas son fijadas en el Código Tipo para la testimonial, la pericial, los registros, las inspecciones, los careos, la documental, etc. (Arts. 150 a 195), sin pretender una enumeración taxativa, porque también se dispone que "además de los medios de prueba previstos en este capítulo, se podrá utilizar otros distintos, siempre que no supriman las garantías y facultades de las personas reglamentadas en este Código o afecten el sistema institucional. La forma de su incorporación al procedimiento se adecuará al medio de prueba más análogo, de los previstos, en lo posible" (Art. 148 in fine). En consecuencia, existe libertad probatoria en cuanto la prueba sea útil (d.1), pero también, podrá incorporarse al proceso siempre que se cumplan las reglas establecidas para ello (d.2), constituyendo ambos aspectos limitaciones objetivas para el principio de libertad de la prueba. Esos cuatro segmentos de normas conforman, entonces, el primer grupo de limitaciones referidas a la producción o a la práctica de la prueba.
Cuando no obstante las limitaciones a la actividad probatoria descritas precedentemente la prueba se practica y se introduce al proceso, aunque no se hayan cumplido todos los supuestos establecidos, (prueba viciada), intervienen entonces el segundo gran grupo de limitaciones o prohibiciones, esta vez referidas a la utilización y a la valoración de esos elementos de prueba, no ya a su práctica y producción.
Este grupo de prohibiciones limitan el principio de la libre convicción del juzgador en la valoración de la prueba, porque si bien el juez selecciona el material probatorio para fundamentar la decisión y es libre para establecer el grado de credibilidad de cada prueba, esa libertad no se traduce en una facultad irrestricta para seleccionar cualquier elemento de prueba, aún aquellos viciados, como tampoco puede asignarles arbitrariamente un grado de convicción contrario a las reglas mismas de la sana crítica racional (la lógica, la psicología, la experiencia).
La solución de la doctrina, la legislación y la jurisprudencia es simple cuando estamos frente a elementos de prueba directamente viciados: éstos deben ser excluidos de la valoración con el objeto de no darles ninguna utilidad en la decisión final del asunto.[20] No obstante ya se ha puesto de relieve que se trata de una solución teórica porque si bien estas pruebas no pueden ser utilizadas para fundamentar el fallo, en muchas ocasiones "han podido lograr el propósito, a veces perfectamente preconcebido, de transmitir una impresión al Juez que difícilmente puede ser borrada posteriormente de su inconsciente [21].
Frente a la prueba directamente ilícita, porque se transgredieron las limitaciones señaladas para su producción o práctica, Paulino Mora estima que no surgen dos intereses en conflicto entre, por un lado, un interés privado de la defensa, al lesionarse un derecho particular con la obtención de la prueba, y por otro un interés superior y público, en cuanto interesa a la colectividad la aplicación del Derecho Penal a quien cometió un hecho delictivo, supuesto que en su criterio es sólo aparente[22].
Esta línea fue la adoptada por el Código Tipo al establecerse por un lado que "todo elemento de prueba, para ser valorado, debe haber sido obtenido por un procedimiento permitido e incorporado al proceso conforme a las disposiciones de este Código", (Art. 149); y por otro al señalar que "no podrán ser valorados para fundar una decisión judicial, ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en este Código..." (Art. 225). En estas normas se establecen dos limitaciones generales para valorar los elementos de prueba incorporados al proceso, reduciendo la amplitud del principio de la libre convicción.
Otras limitaciones más específicas la constituyen las reglas que impiden aprovechar la declaración del imputado para fundar cualquier decisión en su contra, cuando se recibió con inobservancia de los requisitos establecidos. Para valorar esas irregularidades, el juzgador deberá apreciar "...si esas inobservancias fundan la posibilidad de un menoscabo para la libertad de decisión, la memoria, la capacidad de comprensión y de dirección de los actos del imputado.. "(Art. 52 del Código Tipo), estableciendo reglas específicas para orientar la "sana crítica" del tribunal. Apreciamos otra prohibición específica al establecerse la imposibilidad de valorar los actos irreproductibles y definitivos practicados en la investigación preliminar y los actos de investigación suplementaria hechos en la fase de juicio, cuando se realizan sin la intervención de un defensor y no se estaba en los casos de urgencia (Art. 64).
Desde luego estas limitaciones no son absolutas, en el sentido de que no basta cualquier irregularidad e inobservancia de los procedimientos en la producción de la prueba para que concluyamos por su exclusión (defectos relativos). El mismo Código Tipo señala que se podrán valorar esos elementos de prueba, primero, cuando los defectos sean subsanados, siempre que ello sea posible, ya sea renovado el acto, rectificando el error o cumpliendo el acto omitido (Arts. 225 y 228); y segundo cuando se trata de una irregularidad procesal ante la cual el interesado debió reclamar la subsanación del defecto o protestar por él y no lo hizo oportunamente subsanándose de esa manera el vicio (Arts. 225 y 228). Se excluyen de este deber de protesta oportuna y se entiende siempre como vicios no subsanables (defectos absolutos) concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado en los casos y formas que la ley establece o los que impliquen inobservancia de derechos y garantías constitucionales o cuando afecte derechos previstos por los tratados suscritos por el Estado (Art. 227).
Lo anterior pareciera suficiente para estimar resueltos los problemas derivados de la prueba ilícita, y pacífica la solución. Sin embargo, resta abordar un segundo aspecto, quizás uno de los más debatidos por la jurisprudencia y la doctrina, donde las soluciones son siempre controversiales: establecer la incidencia de la prueba ilícita sobre otros elementos de prueba que se obtuvieron gracias a la primera fuente que resulta invalidada.
Concretamente nos referimos al problema que se origina al establecer la posibilidad de utilizar y valorar un elemento de prueba legalmente practicado e introducido debidamente al proceso, es decir que se realizó utilizándose los procedimientos y los mecanismos señalados en la legislación procesal y constitucional, pero del cual se tuvo conocimiento gracias a otro elemento de prueba directamente viciado, es decir practicado sin las formalidades o con inobservancia de derechos fundamentales. Por ejemplo, establecer la validez del testimonio de los policías que presenciaron y filmaron una transacción de droga por haberlo conocido previamente con base en una intercepción ilegítima de las conversaciones telefónicas de uno de los involucrados.
Fundamentalmente y con variantes poco significativas, las soluciones que se han propuesto hasta ahora han sido tres. En primer término una posición conservadora concluye en que deben admitirse y valorarse las pruebas ilícitas, por ser irrelevantes el modo de obternerlas, y considerarse siempre superior el interés de la colectividad en que no se deje sin castigo una conducta delictiva por causa de un formalismo o tecnicismo procesal, aunque implique sacrificar los intereses del particular en el caso concreto.[23]
Una buena parte de la doctrina y la jurisprudencia mantienen una posición totalmente contraria, sea excluir de la valoración la prueba indirectamente ilícita. En efecto, la jurisprudencia norteamericana ha desarrollado la denominada tesis del fruto del árbol envenenado,[24] lo que también se conoce como la regla de exclusión o la doctrina de la supresión,[25] según la cual no puede aceptarse como válido que se utilicen pruebas directamente relacionadas con otros elementos de prueba ilícitos, para sustentar un posición contraria a la del imputado en el proceso penal. En tales supuestos deben excluirse o suprimirse todos y cada uno de los elementos de prueba que hubieren sido obtenidos como consecuencia de una violación de los derechos fundamentales del acusado, aunque la relación sea sólo indirecta. En otras palabras, si el acto regular no hubiere existido sin la inobservancia anterior de una regla esencial, el conocimiento adquirido con base en el acto viciado también comprende el acto regular, como efecto reflejo, directo y necesario, del acto irregular, es decir como fruto del árbol envenenado. Para ello debe recurrirse a lo que en doctrina se señala como la supresión mental hipotética. [26] Mentalmente se suprime el acto viciado y se examina si siempre se hubiera arribado al acto regular y por tanto, al conocimiento que dio origen al acto mediato. Si suprimida la irregularidad, es posible concluir que también se hubiera arribado al conocimiento que se cuestiona, el elemento de prueba obtenido se puede valorar, de lo contrario debe suprimirse. Se trata de establecer o descartar una relación de causa-efecto, en donde el acto viciado tendría que ser la causa del acto cuestionado para excluirlo.
Nuevamente aquí tenemos que indicar que no existen dos intereses en conflicto, porque si bien es de interés de la comunidad que los delitos sean sancionados, así como también que en la administración de la justicia resplandezca la verdad, también interesa a la colectividad que la investigación y el juzgamiento penal se realicen sin lesionar arbitrariamente los derechos fundamentales de los ciudadanos.
"La razón de ser de esta regla de exclusión parece evidente: desde que se reformó el procedimiento inquisitivo y se aceptó, políticamente, que, a pesar de que el procedimiento penal sirve, principalmente, a la meta de averiguar la verdad objetiva, él constituye un método reglado -no libre- para arribar a ese fin, con lo que se excluyeron, absoluta o relativamente, algunas formas de investigar la verdad, debido a principios superiores que protegen la dignidad esencial del hombre el fin de arribar a la verdad histórica. ..no justifica los medios de investigación... La razón ética -el Estado no puede aprovecharse de lo que él mismo ha prohibido y utilitaria y correctiva -desalentar la utilización de métodos ilegales de investigación, fulminándose como ineficaces procesalmente, que postulan los tribunales para justificar la regla de exclusión, según se observó anteriormente, sólo son consecuencias beneficiosas de este modo de proceder [27]
Desde luego, la regla de exclusión es sólo para la prueba que afecte al imputado, pues aquella que lo pueda favorecer puede ser utilizada aún cuando se hubiere practicado con inobservancia de las formalidades, [28]aspecto que se desprende en forma clara del Código Tipo al disponer ya en el artículo primero que "la inobservancia de una regla de garantía establecida en favor del imputado no se podrá hacer valer en su perjuicio", lo que equivale a señalar que si puede invocarse en su favor.
La jurisprudencia norteamericana ha aplicado la regla de la exclusión de las pruebas indirectamente viciadas lo mismo que la Argentina, aunque con mayores reservas.[29]
Una posición intermedia, frente a las dos tesis anteriores (que admiten o niegan la regla de exclusión de la prueba indirectamente viciada), la asumen algunos autores al afirmar que no es posible establecer reglas fijas para admitir o rechazar la prueba en general ilícita, sino que ello debe establecerse caso por caso, tomando en consideración muy diversos factores que deben analizarse en concreto, para poder llegar a alguna conclusión. Así por ejemplo, si un policía realiza un allanamiento sin autorización y decomisa un elemento de prueba, debe examinarse si el juez pudo haber autorizado ese acto, resultando irrelevante la conducta ilícita del funcionario policial.[30]
Esta posición intermedia es más cercana a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a la de los tribunales españoles e italianos en general. En los tribunales costarricenses no encontramos una posición claramente definida; sin embargo conviene destacar que la casación penal ha sostenido que si bien no es admisible tomar en consideración lo narrado por el acusado ante la policía judicial, estas declaraciones pueden tomarse en cuenta cuando logran tener sustento en otros elementos de prueba y no sólo en el dicho de los policías.[31]
Solucionar el problema de los efectos reflejos de la prueba ilícita sobre prueba lícita no es sencillo. El Código Tipo no contiene una recomendación expresa.
Los artículos 149 y 225, antes citados, se refieren evidentemente a elementos de prueba directamente lícitos o ilícitos, y no regula el problema de los elementos de prueba reproducidos en forma regular pero obtenida con base en el conocimiento derivado de una prueba ilícita.
De la revisión de la doctrina procesal penal se destacan dos posturas en torno a la imposibilidad constitucional y legal de valorar las pruebas ilícitas obtenidas, a saber:
La primera, sostenida por López Barja y González-Cuellar Serrano, en sentido de que las normas procesales que rigen la realización de cada prueba son normas de garantía, de las que en modo alguno puede prescindirse, su quebrantamiento siempre comprometerá el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías y la igualdad de las partes.
La segunda, expresada por Serra, Sendra y Ortells, que restringe el efecto radical anulatorio a la prueba prohibida que afecta a derechos y libertades tutelados constitucionalmente como fundamentales.
Si bien son numerosos los países que consideran inadmisible la prueba ilícita, las diferencias en torno a la forma de decidir qué pruebas deben excluirse permiten identificar cuando menos tres sistemas de regulación al respecto.
En países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Inglaterra se considera que las pruebas ilícitas no pueden incluirse en el acervo probatorio, y se consagran procedimientos específicos para excluirlas.[32]
En países como Francia, las pruebas irregularmente obtenidas están sometidas a un régimen de nulidades cuyas distintas consecuencias atienden a la naturaleza de la irregularidad cometida, por lo cual se considera que existirá una nulidad textual cuando quiera que se haya violada una prohibición expresamente consagrada en la ley, mientras que se hablará de una nulidad cuando las normas vulneradas sean, no prohibiciones expresas, sino disposiciones procedimentales que consagran formalidades de tipo sustancial quedando así excluidas las irregularidades menores. Sin embargo, para que pueda declararse tal nulidad en cualquiera de los dos casos será necesario que el vicio que la origina afecte los intereses del inculpado.
En Italia, las pruebas ilícitas son consideradas no nulas, sino “inutilizables” de acuerdo con lo establecidos en el Art. 191 del CPP.
En países como Alemania y Suiza, en los cuales no existe una regla general de exclusión en sentido estricto, ni un sistema de nulidades sino una potestad del juez para determinar en cada caso concreto cuándo una prueba obtenida con violación del derecho, ha de ser desestimada, utilizando un método de ponderación de múltiples factores jurídicamente relevantes.[33]
La normativa relacionada con las exclusiones probatorias en algunas de las legislaciones procesales penales en América Latina afines al sistema boliviano es la siguiente:
Artículo 206.- Limitaciones sobre la prueba. No regirán en la instrucción las limitaciones establecidas por las leyes civiles respecto de la prueba, con excepción de las relativas al estado civil de las personas.
Artículo 212: (…) Las partes le podrán proponer actos procesales o la obtención de medios de prueba en cualquier momento de la investigación. El representante del ministerio fiscal observando las reglas de la presente sección, los llevará a cabo si los considera pertinentes y útiles.
Artículo 356.- Admisión y rechazo de la prueba. El presidente del tribunal ordenará la recepción oportuna de las pruebas ofrecidas y aceptadas. El tribunal podrá rechazar, por auto, la prueba ofrecida que evidentemente sea impertinente o superabundante.
Art. 276.- Exclusión de pruebas. El juez de garantía, luego de examinar las pruebas ofrecidas y escuchas a los intervinientes que hubieren comparecido a la audiencia, ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidas en el juicio oral aquellas que fueren manifiestamente impertinentes y las que tuvieren por objeto acreditar hechos públicos y notorios.
Del mismo modo, el juez excluirá las pruebas que provinieren de actuaciones o diligencias que hubieren sido declaradas nulas y aquellas que hubieren sido obtenidas con inobservancia de garantías fundamentales (…)
Artículo 246. (Necesidad de la prueba). Toda providencia debe fundarse en pruebas legal, regular y oportunamente allegadas a la actuación.
Artículo 250. (Rechazo de las pruebas). No se admitirán las pruebas que no conduzcan a establecer la verdad sobre los hechos materia del proceso o las que hayan sido obtenidas en forma ilegal para determinar responsabilidad. El funcionario rechazará mediante providencia las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente supérfluas. Cuando los sujetos procesales soliciten pruebas inconducentes o impertinentes serán sancionados disciplinariamente, o de acuerdo con lo previsto en el artículo 258 de este Código.
Art. 181.- Legalidad de la prueba.
Los elementos de prueba sólo tendrán valor si han sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al procedimiento conforme a las disposiciones de este Código. A menos que favorezca al imputado, no podrá utilizarse información obtenida mediante tortura, maltrato, coacción, amenaza, engaño, indebida intromisión en intimidad del domicilio, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados, ni información obtenida por otro medio que menoscabe la voluntad o viole los derechos fundamentales de las personas.
Art. 80.- Ineficacia probatoria.- Toda acción preprocesal o procesal que vulnere garantías constitucionales carecerá de eficacia probatoria alguna. La ineficacia se extenderá a todas aquellas pruebas que de acuerdo con las circunstancias del caso, no hubiesen podido ser obtenidas sin la violación de tales garantias.
Art. 83.- Legalidad de la prueba.- La prueba solo tiene valor si ha sido pedida, ordenada, practicada e incorporada al juicio conforme a las disposiciones de este Código. No se puede utilizar información obtenida mediante torturas, maltratos, coacciones, amenazas, engaños o cualquier otro medio que menoscabe la voluntad. Tampoco se puede utilizar la prueba obtenida mediante procedimientos que constituyan inducción a la comisión del delito.
Art. 162.- Los hechos y circunstancias relacionados con el delito podrán ser probados por cualquier medio legal de prueba, respetando las garantías fundamentales de las personas, consagradas en la Constitución de la República, y demás leyes, siempre que se refiera, directa e indirectamente al objeto de la averiguación y sea útil para el descubrimiento de la verdad. (…)
Para que las pruebas tengan validez deben ser incorporadas al proceso conforme a las disposiciones de este Código y en su defecto, de la manera que esté prevista la incorporación de pruebas similares.
Art. 183.- (Prueba inadmisible). Un medio de prueba para ser admitido debe referirse directa o indirectamente al objeto de l averiguación y ser útil para el descubrimiento de la verdad. (…) Son inadmisibles en especial los elementos de prueba obtenidos por un medio prohibido, tales como la tortura, la indebida intromisión en el domicilio o residencia, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados.
Art. 186.- (Valoración). Todo elemento de prueba para ser valorado debe haber sido obtenido por un procedimiento permitido e incorporada al proceso conforme a las disposiciones de este Código.
Artículo 279.- Audiencia Preparatoria del Juicio. A solicitud de cualquiera de las partes, se celebrará Audiencia Preparatoria del Juicio, dentro de los cinco días anteriores a la celebración del Juicio oral y público, para resolver: (…) 2. La solicitud de exclusión de alguna prueba ofrecida;
Artículo 160.- Principio. No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial, ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas esenciales y requisitos procesales básicos previstos en este Código, salvo que el defecto haya sido subsanado o no se haya protestado oportunamente y no se trate de un defecto absoluto.
Artículo 191.- Fundamentación probatoria de la sentencia. Cuando se celebre juicio oral y público la sentencia sólo podrá ser fundamentada en la prueba lícita producida en éste o incorporada a él conforme a las disposiciones de este Código.
Art. VIII. Legitimidad de la prueba.- 1. Todo medio de prueba será valorado sólo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo.
2. Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas directa o indirectamente con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona.
Art. 159. Utilización de la prueba.- 1. El Juez no podrá utilizar directa o indirectamente las fuentes o medios de prueba obtenidos con vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona.
Art. 26. Legalidad de la prueba. Los elementos de prueba sólo tiene valor si son obtenidos e incorporados al proceso conforme a los principios y normas de este código. El incumplimiento de esta norma puede ser invocado en todo estado de causa y provoca la nulidad del acto y sus consecuencias, sin perjuicio de las sanciones previstas por la ley a los autores del hecho.
Artículo 214. Licitud de la prueba.
Artículo 216. Presupuesto de la apreciación.
Para que las pruebas puedan ser apreciadas por el tribunal, su práctica debe efectuarse con estricta observancia de las disposiciones establecidas en este Código
Mientras Argentina tiene una normativa procesal penal a nivel federal carente del régimen de exclusiones probatorias, el resto de los diez países americanos tiene una normativa que prohíbe expresamente la incorporación de pruebas ilegales o que provengan de un medio o procedimiento ilícito, y, sobre todo, obtenidas en desconocimiento de los derechos fundamentales de las personas.
Entre las legislaciones que refieren el rechazo de pruebas impertinentes y superabundantes están la argentina, la colombiana, la chilena, la colombiana y la salvadoreña.
Entre los países que mencionan la exclusión de pruebas legalmente prohibidas abriendo la eventualidad de sanciones está Colombia junto a República Dominicana.
La legislación chilena refiere que se excluirán las pruebas provenientes de actuaciones o diligencias que hubieren sido declaradas nulas.
Costa Rica, Venezuela, Ecuador, Guatemala, detallan los casos de vulneración de derechos y garantías fundamentales que abren la posibilidad del rechazo de pruebas.
Nicaragua hace referencia a la inobservancia de las formas esenciales y requisitos procesales básicos previstos en su código salvo que el defecto haya sido subsanado o no se haya protestado oportunamente y no se trate de un defecto absoluto.
Sobresale que el código procesal nicaragüense prevé una audiencia preparatoria del juicio en la que se resuelven las solicitudes de exclusión de pruebas.
Como constante se tiene la prohibición de incorporarse pruebas ilegales o vulneratorias de derechos fundamentales, mientras que ninguna de las legislaciones revisadas hace referencia a la inobservancia de formalidades como causal de exclusión probatoria.
- Según el Art. 172 del Código de Procedimiento Penal (CPP) boliviano son causas de exclusión probatoria:
- Los actos que vulneren derechos y garantías consagradas en la CPE, Tratados vigentes, el Código y otras leyes.
- La prueba obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito.
- Los medios de prueba incorporados al proceso sin observar las formalidades previstas en el Código.Con relación al precepto legal en análisis se identifica el siguiente marco constitucional:
II. (Bolivia) Es un Estado Social y Democrático de Derecho que sostiene como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad y la justicia.
I. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídicas, con arreglo a las leyes. Goza de los derechos, libertades y garantías reconocidos por esta Constitución, sin distinción de raza, sexo, idioma, religión opinión política o de otra índole, origen, condición económica o social, u otra cualquiera.
Los encargados de las prisiones no recibirán a nadie como detenido, arrestado o preso sin copiar en su registro el mandamiento correspondiente. Podrán, sin embargo, recibir en el recinto de la prisión a los conducidos, con el objeto de ser presentados, cuando más dentro de las 24horas, al juez competente.
Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales o sometido a otros jueces que los designados con anterioridad al hecho de la causa, ni se lo podrá obligar a declarar contra si mismo en materia penal o contra sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado inclusive, o sus afines hasta el segundo, de acuerdo al cómputo civil.
- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.
- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.
Entre otras concordancias del Art. 172 en el mismo Código de Procedimiento Penal se tiene:
Artículo 13 (Legalidad de la prueba)
No tendrá valor la prueba obtenida mediante torturas, malos tratos, coacciones, amenazas, engaños o violación de los derechos fundamentales de las personas, ni la obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito.
Artículo 71 (Ilegalidad de la prueba).
Los fiscales no podrán utilizar en contra del imputado pruebas obtenidas en violación a la Constitución Política del Estado, Convenciones y Tratados internacionales vigentes y las leyes.
Cabe destacar que la investigación presente permitió establecer en Bolivia la ausencia de un debate legislativo previo en torno a las causas de exclusión probatoria, esto es la carencia de una exposición de motivos en torno al Art. 172 del Código de procedimiento Penal.
Conforme a los Antecedentes de la Ley Nº 1970 en la H. Cámara de Diputados de Bolivia se tiene que el sistema procesal penal adoptado por Bolivia responde al escandinavo antes que al anglosajón.
Hay que distinguir que en el sistema anglosajón le corresponde a la comunidad la decisión primaria sobre si una persona será sometida a la fuerza estatal o no, es decir que sobre el ciudadano común recae la decisión más fuerte y el juicio sobre la pena lo da el juez técnico. Sistema sustancialmente distinto al escandinavo conformado por un tribunal (colegio sentenciador) integrado por jueces técnicos y jueces legos (ciudadanos), que desempeñan la misma función y tienen las mismas facultades, deliberan en conjunto y llegan a la solución total del caso. Esta forma de decisión conjunta enriquece la deliberación y posibilita que la decisión final esté integrada por valoraciones sociales y consideraciones técnicas.
De otro lado, si bien la Ley Nº 1970 se inscribe dentro de la corriente latinoamericana de modernización de la administración de justicia penal orientada por el Código Procesal Pena Modelo para Iberoamérica, el mismo tiene como fuente las leyes procesales de Francia, Italia, España y la Ordenanza Procesal Alemana, antes que la legislación norteamericana.
Para comprender los problemas relacionados con las exclusiones probatorias resulta pertinente referirse a la implicancia de la política criminal.
En torno a la tendencia político criminal del CPP vigente en Bolivia la S.C. Nº 1036/2002-R dice en lo pertinente:
III.1. Determinación de la tendencia político criminal del Código de procedimiento penal vigente. La política criminal de un Estado se halla articulada, fundamentalmente, en los códigos: penal, procesal penal y de ejecución penal; los que en su conjunto conforman el sistema penal de un país. Por la pertinencia del caso, corresponde ahora, a los efectos interpretativos, desentrañar la tendencia político-criminal que subyace en la Ley 1970.
La segunda tendencia, en sentido inverso, busca prioritariamente dotar al proceso penal de un sistema de garantías en resguardo de los derechos individuales, impidiendo con ello el uso arbitrario o desmedido de la coerción penal. Esta tendencia caracteriza al llamado proceso acusatorio. De lo expresado, resulta predecible que la aplicación pura de cualquiera de las dos tendencias, conduce a resultados previsiblemente insatisfactorios. Así, un modelo procesal penal que persiga la eficacia de la aplicación efectiva de la coerción penal en sacrificio de los derechos y garantías que resguardan la libertad y dignidad humana, sólo es concebible en un Estado autoritario. Del mismo modo, un modelo procesal de puras garantías convertiría a los preceptos penales en meras conminaciones abstractas sin posibilidad real de aplicación concreta, dado que la hipertrofia de las garantías neutralizaría la eficacia razonable que todo modelo procesal debe tener. De ahí que la tesis que propugna el equilibrio entre la búsqueda de la eficiencia y la salvaguarda de los derechos y garantías, se constituye en la síntesis que busca cumplir eficazmente las tareas de defensa social, sin abdicar del resguardo de los derechos y garantías del imputado; bajo esta concepción político-criminal han sido configurados los más recientes códigos procesales de nuestro entorno (República Dominicana: 1984, Costa Rica: 1996, Paraguay: 1998 y Bolivia: 1999, entre otros)”.
Como vemos, de acuerdo al análisis del Tribunal Constitucional, el sistema procesal penal tiene un carácter mixto. Al no ser puramente acusatorio el juez, en el campo de la prueba, debe interpretar las circunstancias del caso concreto a fines de evitar un excesivo garantismo en desmedro del derecho a la tutela judicial efectiva.
En cuanto a la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia, la jurisprudencia constitucional contendida en la SC 0600/2003-R, de 6 de mayo, señaló que:
“Según la norma prevista por el art. 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica, 'toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecidas con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter', como podrá advertirse la norma transcrita consagra dos derechos humanos de la persona: 1)el derecho de acceso a la justicia; y 2) el derecho al debido proceso, entendiéndose por aquélla la potestad, capacidad y facultad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad jurisdiccional competente para demandar que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada o violada que lesiona o desconoce sus derechos e intereses, a objeto de lograr, previo proceso, una decisión judicial que modifique dicha situación jurídica. Conocido también en la legislación comparada como 'derecho a la jurisdicción' (art. 24 de la Constitución Española), es un derecho de prestación que se lo ejerce conforme a los procedimientos jurisdiccionales previstos por el legislador, en los que se establecen los requisitos, condiciones y consecuencias del acceso a la justicia; por lo mismo, tiene como contenido esencial el libre acceso al proceso, el derecho de defensa, el derecho al pronunciamiento judicial sobre el fondo de la pretensión planteada en la demanda, el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas, el derecho de acceso a los recursos previstos por ley. Finalmente, este derecho está íntimamente relacionado con el derecho al debido proceso y la igualdad procesal”.
Por su parte, la SC 1044/2003-R, de 22 de julio, determinó lo siguiente:
“(…) del contenido del art. 16. IV CPE, en conexión con los arts. 14 y 116. VI y X constitucionales, se extrae la garantía del debido proceso, entendida, en el contexto de las normas constitucionales aludidas, como el derecho que tiene todo encausado a ser oído y juzgado con las debidas garantías, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, instituido con anterioridad al hecho y dentro de los márgenes de tiempo establecidos por ley. A su vez, del texto de los referidos preceptos constitucionales, en conexión con el art. art. 6.I constitucional, se extrae la garantía de la tutela jurisdiccional eficaz, entendida en el sentido más amplio, dentro del contexto constitucional referido, como el derecho que tiene toda persona de acudir ante un juez o tribunal competente e imparcial, para hacer valer sus derechos o pretensiones, sin dilaciones indebidas. A su vez, de ambas garantías se deriva el principio pro actione, que tiende a garantizar a toda persona el acceso a los recursos y medios impugnativos, desechando todo rigorismo o formalismo excesivo, que impida obtener un pronunciamiento judicial sobre las pretensiones o agravios invocados”.
Alessandri Rodríguez señala que la interpretación es la “…determinación del significado, alcance, sentido, o valor de la ley frente a las situaciones jurídicas concretas a que dicha ley debe aplicarse”.
Por su parte Willman Ruperto Durán Ribera señala que la interpretación judicial “consiste en un razonamiento, sujeto a un método jurídico (reglas), destinado a desentrañar el significado, sentido y alcance de la norma, en su aplicación al caso concreto”.
En todo caso la interpretación de las normas tiene por objeto determinar el sentido de la norma jurídica y precisar sus alcances para aplicarla al caso concreto. Se trata pues de la aplicación de una norma de carácter general a un caso concreto; y para ello es menester desentrañar el sentido, finalidad, propósito y alcances de la ley. [34]
Sostiene Durán Ribera que “Frente a dos posiciones, aparentemente contradictorias: sometimiento a los lineamientos del derecho positivo o a los imperativos de la conciencia, se debe asumir una posición que concilio ambos extremos. Así la actividad del juez deberá orientarse a un sentimiento de justicia, pero sin desvincularse del haz de luz de la ley, para el fruto de su actividad interpretadora no sea arbitraria, sino más bien ajustada a derecho”.
Se reconoce que entre las reglas o criterios de interpretación admitidos por el derecho se encuentran:
- Interpretación gramatical, como punto de partida que investiga el sentido de las palabras utilizando técnicas de la lingüística y la gramática, además de la sintaxis.
- Interpretación histórica, en términos de averiguación de los antecedentes de la norma jurídica, los trabajos preliminares, proyectos, debates, exposición de motivos.
- Interpretación sistemática, a partir del “…estudio de la norma en relación con las otras normas, sean pertenecientes al artículo en el que se inserta el precepto; al capítulo o título del que forma parte, así como a otras normas del ordenamiento jurídico de la nación”[35]
- Interpretación lógica, con el análisis de las palabras en la norma jurídica tomando en cuenta el lenguaje técnico y su significado en ese ámbito.
- Interpretación teleológica, en procura de descubrir el telos o la finalidad de la norma jurídica
- Interpretación comparativa o de derecho comparado, a partir del análisis de las normas nacionales comparándolas con las extranjeras o las pertenecientes a un Tratado o Convención Internacional.
- Interpretación conforme a la Constitución, que parte del principio de supremacía constitucional consagrada en el Art. 228 de la Constitución Política del Estado.
Hacemos énfasis en este criterio de interpretación dado el carácter central de la Constitución en la construcción y validez del ordenamiento jurídico en su conjunto, que determina que la interpretación de las normas legales, realizada por servidores públicos, jueces o tribunales, sea conforme a los principios y reglas constitucionales.
Sobre el tema, Rodolfo Luis Vigo –citado por Durán Ribera– señala que “en toda interpretación está presente, de manera más o menos directa, la totalidad del sistema jurídico, incluida su norma superior…(porque) el Estado contemporáneo es fundamentalmente Estado de Derecho o Estado Constitucional, (y) la teoría de la interpretación jurídica apareced como una dimensión inescindible y principal de la teoría del Estado y del Derecho Constitucional”
A partir de la concepción de la Constitución como norma jurídica, la idea de supremacía constitucional y la fuerza expansiva de la Constitución, corresponde destacar los siguientes concluye Durán Ribera que “…es ineludible confrontar el resultado de la interpretación con las normas, valores y principios de la norma constitucional, con la finalidad de que la interpretación efectuada, sea conforme a la Constitución”[36]
A tiempo de plantear la necesidad de una reingeniería de fuentes evitando repetir de manera dogmática que hay un arreglo preestablecido de fuentes que es natural y eterno, Diego Eduardo López Medina asegura que el Derecho Jurisprudencial tiene una importante característica, no desde el punto de vista de la sentencia, sino desde el punto de vista de acceso a la justicia del derecho judicial, que es interesantemente democrático [37].
Denominados Valores Supremos según Rivera Santibáñez “Son los ideales que una comunidad decide constituir como sus máximos objetivos a desarrollar por el ordenamiento jurídico, esto es, los fines a los cuales pretende llegar”[38]
Sostiene al respecto Valencia Alvarado que “La doctrina constitucional sostiene que el Derecho Constitucional contemporáneo incorpora valores ‘supraconstitucionales’, como la vida, la libertad, la dignidad de la persona y la justicia que se sobreponen incluso al poder constituyente, que no puede ignorarlos porque negaría su razón de ser”[39]
[1] La aplicación del derecho penal, a diferencia del civil, no puede ser, contingente ni estar sujeta a criterios de conveniencia u oportunidad. Deben regir los de necesidad y legalidad. El principio de necesidad es consecuencia de la no posibilidad de discriminación en la aplicación del derecho penal, es decir, constituye una manifestación de la igualdad en la aplicación de la ley. El derecho material, es decir, el derecho a imponer la pena, corresponde al Estado, sin que los particulares, ni tampoco el Ministerio Fiscal, sean titulares del “ius puniendi”, de donde se desprende lo inconcebible de una aplicación de conveniencia u oportuna del derecho de penar. Siempre que concurran indicios suficientes de la existencia de unos hechos que pudiesen ser subsumibles en un tipo penal deberá abrirse la investigación sobre tales hechos. (…) el principio de legalidad, al que debemos asociar la seguridad jurídica, es complementario del anterior. Salvada la libre valoración de la prueba que corresponde al tribunal, el efecto jurídico que se deduce de los hechos y la imputación es el previsto exactamente en la norma penal, y siendo necesaria su aplicación el objeto del proceso penal no es el efecto jurídico, es decir, una calificación jurídica y la pena que corresponde, sino los hechos en sí mismos como acontecimientos de la vida real y a quien se debe imputar. Cfr. La Prueba en el Proceso Penal. Disertación de Juan Saavedra Ruiz en el II Seminario Internacional. Sucre – Bolivia, 25 y 26 de septiembre de 2003.
[2] “Son las alegaciones de los hechos determinantes de las pretensiones o los hechos que sustentan la acusación. Puede analizarse en comparación con el proceso civil: en éste los hechos a probar son sólo los controvertidos y los que no están dispensados de prueba. La previsión de una “presunción iuris tantum” determina no la exención probatoria sino la inversión de la carga de la prueba, mientras que en el proceso penal todos los hechos son formalmente controvertidos…”. Cfr. La prueba en el proceso penal. Disertación citada de Juan Saavedra Ruiz. P. 98.
[3] Cfr. Alberto J. MORALES VARGAS en Guía de actuaciones para la aplicación del nuevo Código de Procedimiento Penal. GTZ. P. 155.
[4] Según consideraciones del Poder Judicial Peruano, para el caso de la prueba ilícita opera la regla de exclusión y para el caso de la prueba prohibida la doctrina de los frutos del árbol envenenado. Cfr. http://www.pj.gob.pe/CorteSuprema/documentos
[5] Cfr. Luis Martí Mingarro en La prueba ilícita en materia penal. P. 46.
[6] Cfr. Jairo Parra Quijano. Manual de Derecho Probatorio. P. 131.
[7] Cfr. Eduardo M. JAUCHÉN. Tratado de la prueba en materia penal, citando los casos Silverthoner Lumber Co. vs. United States y Nardone vs. United States. P. 179.
[8] Así, en Alemania, por ejemplo, donde la doctrina es denominada como “prohibiciones probatorias”, el Superior Tribunal Federal ha admitido en numerosos precedentes el efecto extensivo a los medios de prueba obtenidos indirectamente. Por su parte en España, la doctrina afirma que para considerar “contaminadas” las pruebas obtenidas a raíz de una información recogida en violación a los derechos fundamentales, es menester que el segundo acto sea único y exclusivamente consecuencia del primero, o sea, será ilegítima la incorporación al proceso de la información obtenida “cuando no pueda acreditarse que el investigador hubiera de todas formas realizado la actuación, en base a otros datos o razonamientos”. El Tribunal Supremo de España ha declarado que “la ineficacia de una diligencia determinada no impide la validez de otra prueba, salvo que ésta guarde una directa relación con aquélla, de tal modo que sin la primera no hubiera existido la segunda. P. 220.
[9] “Resulta ventajoso para esa finalidad el análisis de la concatenación causal de los actos, mas no sujeta a las leyes de la física sino a las de la lógica, de manera que por esa vía puedan determinarse con claridad los efectos a los que conduciría la eliminación de los eslabones viciados. Debe tenerse en cuenta, asimismo, la posibilidad de adquisición de las evidencias por otras fuentes distintas de las que se tengan por legítimas”. Para el caso argentino no basta que se presente como posible en vía meramente hipotética o conjetural sino que en el expediente debe constar en forma expresa la existencia de dicha actividad independiente que habría llevado inevitablemente al mismo resultado. Cfr. JAUCHÉN en su obra citada. P.329.
[10] Cfr. Eduardo de Urbano Castrillo en La prueba ilícita penal. P. 75
[11] En España se dio el caso donde “…la acusada era objeto de un proceso de vigilancia y seguimiento policial anterior a una intervención telefónica practicada a través de una orden judicial reputada inconstitucional (intervención que permitió conocer el lugar y fecha de una reunión con sus proveedores donde se le entregaría un alijo de droga), dado que se tenía información antelada que era habitual en la comercialización de drogas, seguimiento que habría conducido inevitablemente a descubrir la reunión celebrada en un cafetería de la localidad. En este caso la jurisprudencia española estableció que “inevitablemente y por métodos regulares, ya había cauces en marcha que habrían desembocado de otros modos en el descubrimiento de la entrega del alijo de droga…”.
[12] Cfr. Eduardo de Urbano Castrillo en su obra citada. P. 45.
[13] Cfr. Eduardo M. JAUCHÉN en su obra citada. P. 54.
[14] En el Perú la STC 238/99 del 20 de diciembre ha sido enfática al sostener que “la prueba ilícitamente obtenida, en cuanto fundamentó la condena del tercero y no del titular del derecho material, sirve como prueba directa de cargo”.
[15] Bajo la denominación de la Doctrina de la Ponderación de intereses, sostiene que esta doctrina está supeditada a la relación de importancia y gravedad que tenga el acto ilegal (violación constitucional) y las consecuencias negativas de su eventual ineficacia (exclusión). El balancing test es la adaptación estadounidense de tal excepción. Este principio no hace lícita la prueba prohibida, sino que, no obstante su ilicitud, se la valora porque otros intereses de jerarquía constitucional más importantes así lo exigen.
[16] Citado por Maximiliano Hairabedian en Eficacia de la prueba ilícita y excepciones a la regla de exclusión probatoria. P. 32.
[17] “…se ha dicho que “no pueden cerrarse los ojos ante los resultados de una prueba ilegal y devolverlo todo a su estado anterior. No puede decirse que por haberse obtenido ilegalmente una prueba referida al envenenamiento de las aguas, el Juez no deba comunicarlo inmediatamente a la Sociedad de Aguas. Deben, por tanto distinguirse medidas encaminadas a evitar lo que pueda ser una consecuencia grave, y la eficacia como medio probatorio en el proceso. Cfr. Eduardo de Urbano Castrillo en su obra citada. P. 284.
[18] Citado por Maximiliano Hairabedian en su obra citada. P. 56.
[19] Cfr. J. Maier en su Derecho Procesal Penal. P. 586 ss.
[20] Cfr. J. López de Quiroga, Las escuchas telefónicas y la prueba ilegalmente obtenida, Cit, P. 88 ss.; y M. Cappelletti, Eficacia de pruebas ilegítimamente admitidas y comportamiento de la parte, en La oralidad y las pruebas en el proceso civil, Buenos Aires, 1972. P. 147 ss.
[21] Cfr. J. M. Asensio Mellado, La prueba. garantías constitucionales derivadas del artículo 24.2, en PODER JUDICIAL No. 4, Madrid. P. 38.
[22] En estos casos en realidad no colisionan dos intereses, sino que se trata del mismo interés doblemente inobservado. En efecto, existe una lesión al interés público tanto cuando se comete un hecho delictivo como cuando se lesionan otros fundamentales derechos en la investigación judicial motivada en un hecho delictivo. Ello sucede cuando no se observan las reglas básicas en la producción de la prueba. Piénsese, por ejemplo, en la declaración testimonial o la confesión obtenida bajo tortura, o el decomiso de documentos realizado durante un allanamiento de un lugar habitado, sin haberse obtenido previamente una orden judicial, etc. La comunidad está interesada en la represión penal, pero también es de legítimo interés público que el proceso penal seguido contra los ciudadanos acusados no lesione sus derechos fundamentales. Cfr. a Luis Paulino Mora Mora y Daniel González Alvarez en su obra citada. P. 11.
[23] Véase una recopilación de estas posturas hecha por J. López de Quiroga, Las escuchas..., Cit. P. 86 a 88
[24] Cfr. M. Scaparone, Common law e processo penale, Milano, 1974. P. 161 ss.
[25] Cfr. J. Maier, Derecho Procesal Penal, Cit. P. 462 ss.; J.I. Cafferata Nores, La prueba obtenida por quebrantamientos constitucionales en Temas de Derecho Procesal Penal. Buenos Aires, 1988. P. 193 y ss.; J. López Quiroga, Las escuchas...,Cit. P.88 ss.; De Marino, Las prohibiciones probatorias como límites al derecho a la prueba, en Primeras Jornadas de Derecho Judicial, Madrid, 1983. P. 609 ss.
[26] Método descrito por F. de la Rua, El recurso de casación, cit. P. 175. Vittorio Grevi afirma que al declararse nulo el interrogatorio policial del imputado, la nulidad se comunica en general a todos los actos sucesivos ligados por un nexo de dependencia sustancial con el interrogatorio, en: "Nemo tenetur se detegere". Interrogatorio dell'imputato e diritto al silenzio nel processo penale italiano, Milano, 1972. P. 360.
[27] Cfr. J. Majer, Derecho Procesal Penal..., Cit. P. 470 y ss.
[28] Cfr. F. Cordero, Prove illecite nel processo penale, en: Rivista italiana di diritto e procedura penale, Milano, 1961. P. 54.
[29] Cfr. J. P. Bertolino, Prueba y juicio... Cit. P. 5.; J.I. Cafferata Nores, La prueba obtenida por quebrantamientos constitucionales, Cit. P. 193 ss.
[30] Cfr. F. Cordero, Procedura Penale, Milano, 1979 5º. Ed. P. 659 ss.; Del mismo, Prove illecite nel processo penale, Cit. P. 45 ss.; Nuvolone, Le prove vietate nel processo penale nei paesi di diritto latino, en Rivista di Diritto Processuale, 1966. P. 472.
[31] Cfr. Sentencia de la Sala 3º. C.S.J. No. 159-F de 8:30 Hrs. del 10 de julio de 1986. Asimismo, tanto la casación penal como la Sala Constitucional han señalado que la existencia de una prueba ilegal no invalida una sentencia condenatoria, si del resto de los elementos de prueba es posible derivar la misma conclusión de culpabilidad. Sentencias de la Sala Constitucional No. 1345-90 de 14:39 Hrs. 24 de octubre de 1990 y No. 15-91 de 14:28 Hrs. 4 enero de 1991; y Sentencia de la Sala Tercera de la C.S.J. No. 362-F de 9:15 Hrs del 27 de junio de 1991. Cfr. D. Carrera, Testimonio del policía por el cual se introduce al debate la declaración del imputado, en: Doctrina Penal No. 0, Buenos Aires, 1977P. 59 ss.
[32] Cfr. Jairo Parra Quijano. Manual de Derecho Probatorio. P. 155.
[33] Tal método es descrito así por la Corte Constitucional de Colombia: “Dicho método busca determinar en una primera etapa si la prueba cuestionada representaría una afectación de la garantía esencial de los derechos fundamentales. En caso afirmativo, la prueba viciada es excluida. En caso negativo, que es la conclusión más frecuente, se pasa a la segunda etapa del análisis en la cual se introduce un método de ponderación a partir del principio de proporcionalidad en sentido amplio, el cual incluye los tres subprincipios de adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. La aplicación del principio de proporcionalidad en sentido amplio, lleva a que la afectación de los derechos fundamentales solo sea lícita cuando ella se muestra adecuada a los fines de la persecución penal (subprincipio de adecuación) las autoridades no disponen de otros medios igualmente efectivos pero menos lesivos de los derechos de las personas (subprincipio de necesidad) y el perjuicio ocasionado a la persona no es excesivo frente a la importancia de los fines de la percusión penal (subprincipio de la proporcionalidad en sentido estricto). Los factores ponderados son múltiples: la seriedad del crimen, la gravedad del vicio probatorio, el valor demostrativo de la prueba en cuestión, la fortaleza de la sospecha y los intereses constitucionales en juego dentro de los cuales se destaca el interés en que la violación de los bienes jurídicos tutelados por el derecho penal no quede en la impunidad sacrificándose la verdad real. Por eso, volviendo a los dos casos sobre los diarios como medio viciado de prueba, en el caso del perjurio –un delito menos grave que el homicidio el diario fue excluido mientras que en el caso de la tentativa de homicidio –un delito que compromete el derecho a la vida– el diario fue admitido a pesar del vicio del cual padecía como prueba”. Cfr. Jairo Parra Quijano en su obra citada. P. 201.
[34] Cfr. El control constitucional a la interpretación de la legalidad ordinaria. http: //www.tribunalconstitucional.
gov.bo/descargas/articulos/CC-IIL_WDR.pdf
[37] “… Porque la sentencia solo se activa a petición de parte, de tal manera que en las demandas que llegan de primera instancia hay una especie de continuo plebiscito popular sobre los problemas de la gente, entonces visto desde esta manera, el derecho judicial tiene bases de representatividad democrática, eso es muy interesante, por eso yo les aconsejaría esto: El derecho jurisprudencial es muy importante, pero tener un panorama completo del derecho judicial de primeras instancias es uno de los principales radares de la situación social de un país …) y eso no se resuelve con dogmática jurídica sino con pensamiento jurídico estratégico”. Disertación de Diego Eduardo López Medina en el Seminario Internacional de Jurisprudencia, 3 y 4 de octubre de 2002 en Sucre- Bolivia. P. 32.
[38] Cfr. José Antonio RIVERA SANTIBÁÑEZ. El Sistema Constitucional Boliviano.
[39] Cfr. Juan Oswaldo VALENCIA ALVARADO. Principios constitucionales que rigen el ordenamiento jurídico: desarrollo jurisprudencial. IJB Curso Reglas y Cánones para la Interpretación de la Ley y los Principios Informadores del Derecho.