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Timestamp: 2019-06-19 23:21:13
Document Index: 370140153

Matched Legal Cases: ['artículo 93', 'artículo 11', 'artículo 134', 'artículo 116', 'artículo 2', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 2', 'artículo 17', 'artículo 4', 'artículo 12', 'artículo 11', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 18', 'artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 14', 'artículo 2', 'artículo 2']

DECRETO 4799 DE 20 DE DICIEMBRE DE 2011
CONTENIDO:MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO. REGLAMENTA LAS LEYES 294 DE 1996, 575 DE 2000 Y 1257 DE 2008, EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA, LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, LOS JUZGADOS CIVILES Y LOS JUECES DE CONTROL DE GARANTÍAS, DE MANERA QUE SE GARANTICE EL EFECTIVO ACCESO DE LAS MUJERES A LOS MECANISMOS Y RECURSOS QUE ESTABLECE LA LEY PARA SU PROTECCIÓN, COMO INSTRUMENTO PARA ERRADICAR TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA ELLAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:COMISARÍA DE FAMILIA, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PROTECCIÓN A LA MUJER, DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, COMPETENCIA DEL JUEZ, ATRIBUCIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, FUNCIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, JUZGADO CIVIL, JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, PROTECCIÓN A LA MADRE CABEZA DE FAMILIA, VÍCTIMA DE HECHOS VIOLENTOS, CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES, COMPETENCIA DE LA ENTIDAD PÚBLICA, MUJER, DERECHOS DE LA MUJER, MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, USO DE LA VIOLENCIA, VIOLENCIA CONTRA LA PERSONA
“Por el cual se reglamentan parcialmente las leyes 294 de 1996, 575 de 2000 y 1257 de 2008”.
Que la República de Colombia ha ratificado importantes instrumentos internacionales de Derechos Humanos, tales como, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
Que a raíz de la aprobación de la Ley 248 de 1995, la República de Colombia adoptó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, la cual define la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado.
Que el artículo 93 de la Constitución Política indica que “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno”, bloque de constitucionalidad extendido también a los aspectos de interpretación al mencionarse que “Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”.
Que el literal b) del artículo 11 de la Ley 906 de 2004 reconocen a las víctimas el derecho “A la protección de su intimidad, a la garantía de su seguridad, y a la de sus familiares y testigos a favor” y el literal g) ibídem “A ser informadas sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal; a acudir, en lo pertinente, ante el juez de control de garantías, y a interponer los recursos ante el juez de conocimiento, cuando a ello hubiere lugar”.
Que el artículo 134 de la Ley 906 de 2004 establece que “Las víctimas, en garantía de su seguridad y el respeto a su intimidad, podrán por conducto del fiscal solicitar al juez de control de garantías las medidas indispensables para su atención y protección. Igual solicitud podrán formular las víctimas, por sí mismas o por medio de su abogado, durante el juicio oral y el incidente de reparación integral”.
Que las comisarías de familia, como autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales asumieron competencia para imponer medidas de protección en favor de las víctimas de violencia intrafamiliar, de conformidad con lo establecido en la Ley 575 de 2000 en concordancia con el artículo 116 de la Constitución Nacional.
ART. 1º—Objeto. El presente decreto tiene por objeto reglamentar las leyes 294 de 1996, 575 de 2000 y 1257 de 2008, en relación con las competencias de las Comisarías de Familia, la Fiscalía General de la Nación, los Juzgados Civiles y los jueces de control de garantías, de manera que se garantice el efectivo acceso de las mujeres a los mecanismos y recursos que establece la ley para su protección, como instrumento para erradicar todas las formas de violencia contra ellas.
(Nota: Compilado por el Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015 artículo 2.2.3.8.2.1. del Ministerio de Justicia y del Derecho)
ART. 2º—Autoridades competentes. Se entiende por autoridad competente para la imposición de las medidas de protección consagradas en el artículo 17 de la Ley 1257 de 2008 y las normas que lo modifiquen o adicionen, el comisario de familia del lugar donde ocurrieren los hechos. En aquellos municipios donde no haya comisario de familia el competente será el juez civil municipal o promiscuo municipal del domicilio del demandante o del lugar donde fue cometida la agresión. Cuando en el domicilio de la persona agredida hubiere más de un despacho judicial competente para conocer de esta acción, la petición se someterá en forma inmediata a reparto.
Cuando los casos lleguen a la Fiscalía General de la Nación por el delito de violencia intrafamiliar, el Fiscal o la víctima solicitarán al juez de control de garantías la imposición de las medidas de protección que garanticen su seguridad y el respeto a su intimidad de conformidad con los artículos 11 y 134 de la Ley 906 de 2004, contemplando incluso las medidas de protección provisionales señaladas en el artículo 17 de la Ley 1257 de 2008.
(Nota: Compilado por el Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015 artículo 2.2.3.8.2.2. del Ministerio de Justicia y del Derecho)
ART. 3º—Medidas de protección. Para la imposición de las medidas de protección señaladas en el artículo 17 de la Ley 1257 de 2008, o las normas que lo modifiquen o adicionen, se procederá de la siguiente manera:
El no pago se tendrá como incumplimiento y dará a lugar a las sanciones señaladas en el artículo 4º de la Ley 575 de 2000.
PAR. 1º—A solicitud de la víctima o quien represente sus intereses, procederá la modificación de la medida de protección provisional o definitiva o la imposición de una medida de protección complementaria, en cualquier momento en que las circunstancias lo demanden.
PAR. 2º—Las medidas de protección de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 575 de 2000, tendrán vigencia por el tiempo que se mantengan las circunstancias que dieron lugar a estas y serán canceladas mediante incidente, por el funcionario que las impuso, a solicitud de las partes, del Ministerio Público o del defensor de familia, cuando se superen las razones que las originaron. Frente a esta decisión podrá interponerse el recurso de apelación.
PAR. 3º—Decretadas las medidas de protección, la autoridad competente deberá hacer seguimiento, con miras a verificar el cumplimiento y la efectividad de las mismas, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 575 de 2000. En caso de haberse incumplido lo ordenado, se orientará a la víctima sobre el derecho que le asiste en estos casos.
(Nota: Compilado por el Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015 artículo 2.2.3.8.2.4. del Ministerio de Justicia y del Derecho)
ART. 4º—Derecho de las mujeres a no ser confrontadas con el agresor. Las autoridades competentes están obligadas a informar a las mujeres víctimas el derecho que tienen a no ser confrontadas con el agresor.
Este derecho, consagrado en literal k) del artículo 8º de la Ley 1257 de 2008, incluye el derecho a manifestar ante la Fiscalía General de la Nación directamente, por escrito o a través de representante judicial, su intención de no conciliar. De igual manera, incluye el derecho a participar o no, en cualquier procedimiento o diligencia administrativa, civil o penal, ante cualquiera de las autoridades competentes, en las cuales esté presente el agresor.
Con la manifestación de la mujer víctima de no conciliar quedará agotada la etapa de conciliación y se dará continuidad al proceso. En el trámite de las medidas de protección, este derecho se garantizará en relación con la etapa de conciliación ante cualquiera de las autoridades competentes.
(Nota: Compilado por el Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015 artículo 2.2.3.8.2.6. del Ministerio de Justicia y del Derecho)
ART. 5º—Medidas de protección en casos de violencia en ámbitos diferentes al familiar. Cuando la autoridad competente ordene la medida de protección consagrada en el literal a) del artículo 18 de la Ley 1257 de 2008, podrá remitir a la víctima a cualquier entidad pública competente que se considere adecuada para proteger la vida, dignidad e integridad de la mujer y la de su grupo familiar.
De conformidad con la obligación establecida en el artículo 9º de la Ley 1257 de 2008, las entidades territoriales propenderán para que las entidades públicas cumplan con esta medida de protección y promoverán la suscripción de convenios con organizaciones de derecho privado, así como la creación y puesta en marcha de programas con las características enunciadas en sus planes de desarrollo municipales, distritales y departamentales.
Las víctimas de violencia en ámbitos diferentes al familiar, tendrán derecho a las medidas de protección consagradas en los artículos 17 y 18 de la Ley 1257 de 2008, las que serán tomadas por la autoridad competente de acuerdo con el artículo 2º de este decreto.
(Nota: Compilado por el Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015 artículo 2.2.3.8.2.7. del Ministerio de Justicia y del Derecho)
ART. 6º—Incumplimiento de las medidas de protección por parte del agresor. De conformidad con lo previsto en los artículos 7º y 11 de la Ley 294 de 1996, modificados por los artículos 4º y 6º de la Ley 575 de 2000, en caso de incumplimiento de las medidas de protección definitivas o provisionales, se adelantarán las siguientes acciones:
(Nota: Compilado por el Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015 artículo 2.2.3.8.2.8. del Ministerio de Justicia y del Derecho)
ART. 7º—Notificaciones. El auto que avoca el conocimiento del proceso de medida de protección, así como el auto que inicia el trámite de incumplimiento, se notificarán por parte de la autoridad competente en la forma establecida en el artículo 7º de la Ley 575 de 2000, o las normas que lo modifiquen o adicionen.
En caso de que se desconozca la residencia o domicilio del agresor al momento de formular la petición de medida de protección, y así se exprese bajo la gravedad del juramento por la víctima o por la persona solicitante, el cual se entenderá prestado con la presentación de la solicitud de medida de protección, el comisario de familia o en su defecto, el juez civil municipal o promiscuo municipal decretará la medida de protección provisional en la forma y términos señalados en el artículo 6º de la Ley 575 de 2000.
PAR.—Las partes deberán informar a la comisaría de familia o juzgado que conozca del proceso, cualquier cambio de residencia o lugar donde recibirán notificaciones, en caso de no hacerlo, se tendrá como tal, la última aportada para todos los efectos legales.
(Nota: Compilado por el Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015 artículo 2.2.3.8.2.9. del Ministerio de Justicia y del Derecho)
ART. 8º—Medidas de protección y conciliación. Siempre que se adelante una mediación o conciliación en las medidas de protección, en cualquier etapa del proceso, la autoridad competente podrá ordenar una o más medidas de protección, especialmente dirigidas al cumplimiento de lo acordado, a prevenir o evitar que los hechos de violencia se repitan y a la protección de la víctima, de conformidad con lo previsto por los artículos 13 de la Ley 294 de 1996 y 8º de la Ley 575 de 2000, en concordancia con el artículo 8º del Decreto 652 de 2001.
(Nota: Compilado por el Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015 artículo 2.2.3.8.2.10. del Ministerio de Justicia y del Derecho)
ART. 9º—Comisarías de familia. Lo referente a los lineamientos técnicos en materia de competencias, procedimientos y acciones relacionados con las funciones de atención a las violencias basadas en género por parte de las comisarías de familia y demás autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales, serán definidos por el Ministerio de Justicia y del Derecho de conformidad con lo estipulado en el numeral 11 del artículo 14 del Decreto 2897 de 2011.
(Nota: Compilado por el Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015 artículo 2.2.3.8.2.11. del Ministerio de Justicia y del Derecho)
ART. 10.—Interpretación. Ninguna disposición establecida en este decreto podrá ser interpretada de manera tal que se restrinja el derecho de acceso a la justicia de las mujeres y a vivir una vida libre de violencias.
(Nota: Compilado por el Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015 artículo 2.2.3.8.2.12. del Ministerio de Justicia y del Derecho)
ART. 11.—Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.