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Timestamp: 2020-08-10 08:38:53
Document Index: 279982598

Matched Legal Cases: ['artículo 39', 'artículo 26', 'artículo 4', 'artículo 277', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 32']

Proyecto de Ley sobre reforma a la Ley de ART – AL DÍA | ARGENTINA
Cita: MJ-MJN-65553-AR
BUENOS AIRES, 19 SET, 2012
Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad con el objeto de someter a consideracion el presenie proyecto de Ley, cuyo objetivo consiste en el ordenamlento del régimen de reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Cabe recordar que, a partir del año 2004, se inicio un penodo de transformaciones normativas en el ámbito de las reiaciones laborales, cuyo mejor ejemplo lo constituyo la Ley Nº 25.877, donde se establecieron nuevas bases regulatorias en materia de derecho individual y derecho colectivo del trabajo, sistema de inspección, balance social y conflictos en servicios esenciales.
De igual manera, en el campo de la seguridad social se operó un giro trascendental a través de la Ley Nº 26.425 del aÑo 2003. cuando se unificó el sistema de jubilaciones y pensiones en un régimen previslonal público, solidario y de reparto.
En este sendero de evolución, el PODER EJECUTIVO NACIONAL también se abocó a formular un proyecto de ley modificatorlo de la Ley Nº 24.557 de Riesgos del Trabajo, teniendo en cuenta los reproches constitucionales que le fueran realizados por la jurisprudencia de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN en numerosos pronunciamientos (“Castillo”, Fallos 327:3610; “Aquino”, Fallos 327:3753 y “Milone”, Fallos 327:4507, entre otros).
Para esta tarea, se tuvieron en cuenta tanto los precedences judiciales como las opiniones de expertos y las necesidades de los actores sociales, apostándose al diálogo y al consenso, con pleno respeto a los principios del tripartismo.
En el marco de esta actividad, se estimo imprescindible disponer la mejora de las prestaciones dinerarias del sistema a la vez de establecer medidas concretas para perfeccionar sus aristas de gestión. Ello condujo al dictado del Decreto Nº 1694 de fecha 5 de noviembre de 2009.
En esa oportunidad, se consideró que el sistema de prevención y reparación de la siniestralidad laboral regulado en la Ley Nº 24.557 y sus modificatorias, evidencio su irnperfección estructural como instrumento de protección social, resultando imperativo alcanzar un estandar equitativo, legal y constitucional, operativamente sostenible.
Con tales antecedentes se arriba al momento actual donde, mas allá de continuarse las discusiones sectoriales, el régimen vigente en materia de riesgos del trabajo ha profundizado el impacto en la sociedad de sus aspectos mas negativos, llegando a distorsionar y comprometer el funcionamiento de la totalidad del sistema.
En tal contexto, se ha tornado la decisión de elevar a Vuestra Honorabilidad un proyecto que atienda a la reparación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, configurando un régimen de reparación que integre las normas de la especialidad.
En materia resarcitoria, se han considerado los lineamientos vertidos para esa función en la reforma propuesta recientemente al Código Civil, sin dejar de lado la especificidad que tiene el régimen de cobertura de los infortunios laborales.
En lo particular, se ha establecido que el derecho a la reparación dineraria se computara, mas allá del momenta en que se determine, desde el acaecimiento del daño o desde la configuración de la relación acecuada de causalidad de la enfermedad profesional.
Por otra parte, cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufra el dependiente mientras se encuentre a disposición del empleador, el damnificado percibirá junto a las indemnizaciones dinerarias previstas en el régimen, una indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado por las fórmulas del sistema, de modo tal que el régimen ofrezca una reparación plena del daño.
En cuanto al esquema de percepción de la reparación, se propone un mecanismo de opción por parte del damnificado o sus derechohabientes, entre las indemnizaciones previstas en este régimen o las que les pudieran corresponder por igual concepto con fundamento en otros sistemas de responsabilidad. De esta forma, recobra vigencia una modalidad similar a la contenida en la Ley N° 9688 (convalidada por la jurisprudencia, pero dejando la posibilidad al interesado para que elija la vía de reparación que transitara dentro de las que le brinda la legislación, ya que queda sin efecto la restricción impuesta en el artículo 39 de la Ley Nº 24.557.
Debe ser destacada, por su singular importancia, la gran diferencia existente entre la opción propuesta y la prevista en el antecedente mencionado: mientras que en el pasado régimen se optaba a partir del momenta mismo del accidente o toma de conocimiento de la enfermedad y sus consecuencias invalidantes, ahora se plantea realizarla una vez que se hayan brindado todas las prestadones médicas y cobrado todos los salarios en período de curación. La asistencia a la víctima sin alteración de su salario será la base sobre la cual se asentara la decisión libre del damnificado.
La clave de bóveda de la iniciativa se resume en facilitar el acceso del trabajador a la reparación, para que la cobertura sea justa, rápida y plena, brindando un ámbito de seguridad jurídica que garantice al damnificado y a su famiiia un mecanismo eficaz de tutela en el desarrollo de su vida laboral.
Otra de las características del esquema propuesto es la habilitación al empleador para contratar un seguro aplicable a otros sistemas de responsabilidad que puedan ser invocados por los trabajadores damnificados.
Se prescribe, en otro orden, un ajuste general de los importes por incapacidad laboral previstos en las normas de reparación, de acuerdo a la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Respecto al ordenamiento de la gestión, se contempla la aplicación de nuevos indicadores para confirmar el sistema de alícuotas, atendiendo al nivel de riesgo según categorías de cumplimiento de las normas de higiene y seguridad, a la prohibición de esquemas de bonificaciones y/o alícuotas por fuera del nivel de riesgo definido y a la prohibición de discriminación directa o indirecta por tamaño de la empresa.
También se regula to atinente a la presentación y aprobación del plexo de alícuotas, su incorporación al contrario suscripto por el empleador, su modificación y la opción que puede ejercer el interesado por continuar con su afiliación a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo o cambiar por otra entidad gestora.
La iniciativa contiene la posible fijación de indicadores que permitan estabiecer alícuotas básicas y componentes vinculados a la actividad económica y al mayor riesgo que realice el empleador afiliado, todo vinculado al grado de cumplimiento del mismo, a la normativa sobre salud y seguridad y a sus índices de siniestralidad. A su vez, se contempla la posibie fijación de alícuotas uniformes por colectivo cubierto, que solo reconocerán variaciones según el nivel de riesgo probable y electivo.
El ordenamiento de la gestión se completa con la regulación de la cobertura de la reparación fundada en otros sistemas de responsabilidad, con el derecho de los empleadores afiliados a recibir de los entes gestores e administración y otros imputados a conceptos no prestacionaies.
Finalmente, en las disposiciones generales se derogan los artículos 19, 24 y 39 de la Ley N° 24.557 y sus modlficatorias, y se establece la entrada en vigencia de las distintas normas prestacionales y sus ajustes y actualizaciones.
Asimismo, y en cuanto a la no admisibilidad del pacto de cuota litis en las indemnizaciones provenientes de accidentes de trabajo, el proyecto mantiene el criterio limitativo que nuestra legisiación en la materia viene sosteniendo desde su inicio (Leyes Nros. 9.688 y 24.028).
En conclusión, con las reformas que se ponen a consideración de ese Honorable Congreso, el PODER EJECUTIVO NACIONAL pretende avanzar en una respuesta legal que supere los factores mas controvertidos del sistema presente, con el fin de instalar un régimen reparatorio que brinde prestaciones plenas, accesibles y automáticas, en el marco de especificidad que le es propio.
Dios auarde a Vuestra Honorabilidad.
MENSAJE Nº 1721
Dr CARLOS ALFONSO TOMADA
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION ARGENTINA, REUNIOOS EN CONGRESO… SANCIONAN CON FUERZA DE LEY: REGIMEN DE ORDENAMIENTO DE LA REPARACION DE LOS DAÑOS DERIVADOS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
ARTICULO 1º.- Las disposiciones sobre reparación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales constituyen un régimen normativo cuyos objetivos son la cobertura de los daños derivados de los riesgos del trabajo con criterios de suficiencia, accesibilidad y automaticidad de las prestaciones dinerarias y en especie establecidas para resarcir tales contingencias.
A los fines de la presente, se entiende por régimen de reparación al conjunto integrado por esta ley, por la Ley de Riesgos del Trabajo Nº 24.557 y sus modificatorias, por el Decreto Nº 1694/09, sus normas complementarias y reglamentarias, y por las que en el futuro las modifiquen o sustituyan.
ARTICULO 2º.- La reparación dineraria se destinara a cubrir la disminución parcial o total producida en la aptitud del trabajador damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables así como su necesidad de asistencia continúa en caso de Gran Invalidez, o el impacto generado en el entorno familiar a causa de su fallecimiento.
Las prestaciones médico asistenciales, farmacéuticas y de rehabilitación deberán otorgarse en función de la índole de la lesión o la incapacidad determinada. Dichas prestaciones no podrán ser sustituídas en dinero, con excepción de la obligación del traslado del paciente.
El derecho a la reparación dineraria se computará, mas allá del momento en que se determine su procedencia y alcance, desde que acaeció el evento dañoso o se determinó la relación causal adecuada de la enfermedad profesional.
ARTICULO 3°.- Cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufra eL dependiente mientras se encuentre a disposición del empleador, el damnificado (trabajador víctima o sus derechohabientes) percibirá junto a las indemnizaciones dinerarias previstas en este régimen, una indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado por las fórmulas allí previstas, equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) de esa suma.
ARTICULO 4°.- Los obligados por la Ley Nº 24.557 y sus modificatorias al pago de la reparación dineraria deberán, dentro de los QUINCE (15) días de notificados de la muerte del trabajador, o de la homologación o determinación de la incapacidad laboral de la víctima de un accidente de trabajo o enfermedad profesionai, notificar fehacientemente a los damnificados o a sus derechohabientes los importes que les corresponde percibir por aplicación de este régimen, precisando cada concepto en forma separada e indicando que se encuentran a su disposición para el cobro.
Los damnificados podrán optar de modo excluyente entre las indemnizaciones previstas- en este régimen de reparación o las que les pudieran corresponder con fundamento en otros sistemas de responsabilidad.
La prescripción se computara a partir del día siguiente a la fecha de recepción de esa notificación.
ARTICULO 5º.- La percepción de las prestaciones en dinero, sea imputable a la sustitución de salarios en etapa de curación (ILT) o sea complementaria por Gran Invalidez, así como la recepción de las prestaciones en especie, no implicarán en ningún caso el ejercicio de la opción excluyente prevista en el artículo precedente.
ARTICULO 6º.- Cuando por sentencia judicial, conciliación o transacción se determine la reparación con fundamento en otros sistemas de responsabilidad, la Aseguradora de Riesgos del Trabajo deberá depositar en el respectivo expediente judicial o adminlstrativo el importe que hubiera correspondido según este régimen, con mas los intereses correspondientes, todo lo cual se deducirá, hasta su concurrencia, del capital condenado o transado.
Asimismo, la ART interviniente deberá contribuir en el pago de las costas, en proporción a la parte del monto indemnizatorio que le hubiera correspondido respecto del total del monto declarado en la condena o pactado en la transacción.
Si la sentencia judicial resultare por un importe inferior al que hubiera correspondido abonar por aplicación de este régimen de reparación, el excedente deberá depositarse a la orden del Fondo de Garantía de la Ley Nº 24.557 y sus modificatorias.
ARTICULO 7º.- El empleador podrá contratar un seguro aplicable a otros sistemas de responsabilidad que puedan ser invocados por los trabajadores damnificados por daños derivados de los riesgos del trabajo, en las condiciones que fije la reglamentación que dicte la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION.
ARTICULO 8º.- Los importes por incapacidad laboral permanente previstos en las normas que integran el régimen de reparación, se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURSDAD SOCIAL, a cuyo efecto dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia.
ARTICULO 9º.- Para garantizar el trato igual a los damnificados cubiertos por el presente régimen, los organismos administrativos y los tribunales competentes deberán ajustar sus informes, dictámenes y pronunciamientos al Listado de Enfermedades Profesionales previsto como Anexo I del Decreto N° 658/96 y a la TabSa de Evaluacion de Incapacidades prevista como Anexo I del Decreto Nº 659/98 y sus modificatorias, o los que los sustituyan en el futuro. CAPITULO II
ORDENAMIENTO DE LA GESTION DEL REGIMEN
10.- La SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION (SSN) en forma conjunta con la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (SRT) establecerán los indicadores que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) habrán de tener en cuenta para establecer su régimen de alícuotas, entre los cuales se consideraran el nivel de riesgo y la siniestralidad presunta y efectiva; con más una suma fija que, per cada trabajador, corresponda integrar al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales.
Entre los citados indicadores se deberá considerar: a) El nivel de riesgo se ajustara a categorías que se determinan de acuerdo al grado de cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad, y demás parámetros objetivos que la reglamentación establezca. b). El rango de alícuotas fijado para cada categoría no podrá superponerse con los rangos de alícuotas establecidas para los restantes niveles. c) La prohibición de esquemas de boniflcaciones y/o alícuotas por fuera del nivel de riesgo establecido. d) La prohibición de discriminación directa o indirecta basada en el tamaño de empresa.
11.- El sistema de alícuotas deberá estar sujeto a lo normado por el artículo 26 de la Ley Nº 20.091. sus modificatorias, y disposiciones reglamentarias, y será aprobado por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION (SSN).
Una vez transcurrido UN (1) aho desde la incorporación de la alícuota al contrato del empleador, la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) podrá modificarla dentro del régimen de alícuotas aprobado por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION (SSN) y previo aviso de manera fehacienle con SESENTA (60) días de anticipación al empleador. En este supuesto, el empleador podrá optar por continuar con el contrato- de afiliación y la nueva alícuota o cambiar de Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART). Cuando el empleador tuviera la obligación legal de ajustarse a un sistema de contrataciones por licitaciones públicas, dicho plazo se extenderá a SEIS (6) meses.
12.- A los fines de una adecuada relación entre el valor de la cuota y la siniestralidad del empleador, la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (SRT) pondrá a disposición de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) toda la información sobre siniestralidad registrada en cada uno de los esfablecimientos de los empleadores incluídos en el ámbito de aplicación del régimen.
13.- Transcurridos DOS (2) años de la vigencia de la presente, la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION (SSN), en forma conjunta con la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (SRT), podrán establecer nuevos indicadores para la fijación del sistema de alícuotas por parte de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), orientados a reflejar la vinculación entre las cuotas y la siniestralidad efectiva y presunta, así como los niveles de cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad.
La SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION (SSN), en forma conjunta con la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (SRT), podrán fijar un sistema de alícuotas uniformes por colectivo cubierto, que solo reconocerá variaciones de acuerdo al nivel de riesgo pobable y efectivo.
14.- Para el supuesto de cobertura de la reparación fundada en otros sistemas de responsabilidad, por lo que exceda de lo cubierto en el presente régimen, deberán establecerse separadamente las primas para hacer frente a la misma, conforme a las normas que rigen en la materia, fijadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION (SSN).
15.- Los empleadores tendran derecho a recibir de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) a la que se encuentren afiliados, información respecto del sistema de alícuotas, de las prestaciones y demás acciones que este régimen pone a cargo de aquella.
16.- Las Aseguradoras de Riesgos dei Trabajo (ART) deberán limitar su presupuesto en gastos de administración y otros gastos no prestacionales al porcentaje que establezcan conjuntamente la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (SRT) y la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION (SSN): el que no podrá superar el VEINTE POR CIENTO (20%) de los ingresos que les correspondan para ese seguro. Dentro de ese importe, podrán asignar a gastos de comercialización o intermediación en la venta del seguro hasta el CINCO POR CENTO (5%) del total.
17.- 1: Deróganse los artículos 19, 24 y 39 de la Ley N” 24.557 y sus modificatorias. Las prestaciones indemnizatorias dinerarias de renta periódica, previstas en la citada norma, quedan transformadas en prestaciones indemnizatorias dinerarias de pago único, con excepción de las prestaciones en ejecución.
2. A los efectos de las acciones judiciaies previstas en el artícuio 4º último párraro de la presente ley, será competente en la Capital Federal la Justicia Nacional en lo Civil.
3. En las acciones judiciaies previstas en el artículo 4º último párrafo de la presente ley, resultará de aplicación lo dispuesto por el artículo 277 de la Ley Nº 20.744.
Asimismo, se deberá considerar como monto del proceso a todos los efectos de reguilaciones de honorarios e imposición de costas, la diferencia entre el capital de condena y aquel que hubiera percibido el trabajador -tanto en dinero como en especie- como consecuencia del régimen de reparación contenido en esta ley, no siendo admisible el pacto de cuota litis.
4. A los fines del depósito contemplado en el artículo 6° primer párrafo de la presente ley, en sede judicial se aplicarán los intereses a la tasa dispuesta en la sentencia desde la exigibilidad de cada crédito. En sede administrativa, el depósito se hará en un fondo especial administrado por la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO, aplicándose los intereses a la tasa prevista para la actualización de créditos laborales.
5. Las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la Ley N° 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha.
6. Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la Ley N° 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el Decreto N° 1694/09, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibies Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1° de enero del ano 2010.
La actualización general prevista en el artículo 8º de esta ley se efectuará en los mismos plazos que la dispuesta para el Sistema Integrado Provisional Argentino (SIPA) por el artículo 32 de la Ley N° 24.241, modificado por su similar N° 26.417.
18.- Comuníquese al PODER EJECUTIVO NACIONAL.
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