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Timestamp: 2019-09-18 12:00:14
Document Index: 257496415

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﻿ DECRETO 1075 DE MAYO 26 DE 2015 - PARTE 3 Reglamentación de la educación preescolar, básica y media TÍTULO 1 Administración del servicio educativo
Reglamentación de la educación preescolar, básica y media
De la certificación de municipios con más de 100.000 habitantes
ART. 2.3.1.1.1.—Ámbito de aplicación y objetivo. El presente capítulo aplica a los municipios con más de 100.000 habitantes según la información certificada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística — DANE, que cumplan con los requisitos de capacidad técnica, administrativa y financiera para asumir la administración del servicio educativo, de conformidad con la ley.
(D. 3940/2007, art. 1º).
ART. 2.3.1.1.2.—Requisitos. Los municipios con más de 100.000 habitantes deben demostrar ante el Ministerio de Educación Nacional el cumplimiento de los siguientes requisitos:
(D. 3940/2007, art. 2º).
ART. 2.3.1.1.3.—Plan de desarrollo municipal. El municipio deberá presentar el plan de desarrollo municipal, el cual debe contener lo concerniente al servicio educativo en el que se prevean los programas, proyectos, metas e indicadores en cobertura, calidad y eficiencia, así como la programación plurianual de inversiones.
Dicho plan deberá guardar coherencia con las políticas educativas nacionales y departamentales.
(D. 3940/2007, art. 3º).
ART. 2.3.1.1.4.—Establecimientos educativos estatales. Todos los establecimientos educativos estatales del municipio deberán estar organizados en instituciones y en centros educativos en los términos establecidos en el artículo 9º de la Ley 715 de 2001, de tal manera que garanticen la continuidad de los estudiantes en el sistema educativo formal y el cumplimiento del calendario académico.
(D. 3940/2007, art. 4º).
ART. 2.3.1.1.5.—Planta de personal. El municipio deberá elaborar en coordinación con el departamento el estudio técnico que justifique la planta de personal docente y directivo docente que requiere, de conformidad con los parámetros técnicos establecidos en las normas vigentes, y remitirlo al Ministerio de Educación Nacional, con el correspondiente estudio de viabilidad financiera de acuerdo con las tipologías existentes a la luz de la última matrícula reportada por el departamento y validada por el Ministerio de Educación Nacional.
(D. 3940/2007, art. 5º).
ART. 2.3.1.1.6.—Capacidad institucional para asumir los procesos y operar el sistema de información del sector educativo. Con base en los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, el municipio ejecutará un plan que le permita asumir técnicamente las funciones para la administración del servicio educativo. Una vez culminada su ejecución, el municipio demostrará que ha implantado los procesos de cobertura, calidad, recursos humanos, recursos financieros y atención al ciudadano y que los sistemas de información funcionan de acuerdo con los procedimientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.
(D. 3940/2007, art. 6º)
Artículo 2.3.1.1.7.—Acompañamiento. Para el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el artículo 2.3.1.1.2 de este decreto, el alcalde de cada municipio acordará con el departamento y el Ministerio de Educación Nacional un plan de acompañamiento.
El departamento a través de la respectiva secretaría de educación o la dependencia que haga sus veces, facilitará las acciones tendientes a que el ente territorial demuestre el cumplimiento de los requisitos y adelantará con el municipio un paralelo sobre el manejo de la información, en especial de la nómina y de matrícula.
(D. 3940/2007, art. 7º).
ART. 2.3.1.1.8.—Trámite. El Ministerio de Educación Nacional verificará que el municipio cumpla todos los requisitos y expedirá el acto administrativo que así lo reconozca y ordenará al departamento que proceda, dentro del mes siguiente, a la entrega de la administración del servicio educativo.
(D. 3940/2007, art. 8º).
ART. 2.3.1.1.9.—Formalización de la entrega. El departamento suscribirá con el municipio un acta por medio de la cual entrega el personal docente, directivo docente y administrativo de los establecimientos educativos estatales, así como los recursos físicos y los archivos de información en medio físico y magnético. En el acta se relacionarán las obligaciones a cargo de las partes y su forma de atenderlas, entre otras, las deudas con los empleados incluyendo las prestaciones causadas hasta la fecha efectiva de la entrega, y si fuere necesario, se acordará un cronograma de compromisos para el perfeccionamiento de la entrega de los bienes muebles e inmuebles.
(D. 3940/2007, art. 9º).
ART. 2.3.1.1.10.—Entrega de la planta de personal. Expedido por el Ministerio de Educación Nacional el acto administrativo de cumplimiento de los requisitos de que trata el artículo 2.3.1.1.2 del presente decreto, el departamento hará entrega formal y efectiva de la planta de personal docente, directivo docente y administrativo y del manejo definitivo de la nómina y el municipio adoptará dicha planta mediante acto administrativo y procederá a su incorporación a la planta de personal municipal.
En la entrega del personal tendrá prioridad aquel que a la fecha de la verificación del cumplimiento de los requisitos a los que se refiere el artículo 2.3.1.1.2 de este decreto, se encuentre laborando en el municipio que asume la administración del servicio educativo.
(D. 3940/2007, art. 10).
ART. 2.3.1.1.11.—Otras disposiciones. De conformidad con el artículo 21 de la Ley 715 de 2001, las entidades territoriales certificadas no pueden crear en ningún caso prestaciones o bonificaciones con cargo a recursos del sistema general de participaciones.
(D. 3940/2007, art. 11).
ART. 2.3.1.1.12.—Plazo máximo. Los municipios con más de 100.000 habitantes según la información certificada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, asumirán la administración del servicio educativo, en un plazo no mayor a dieciocho (18) meses contados a partir de la expedición de dicha certificación.
PAR.—El Ministerio de Educación Nacional podrá, mediante acto administrativo, prorrogar hasta por la mitad, el término de dieciocho (18) meses establecido en el presente artículo para que los municipios con más de 100.000 habitantes asuman la administración del servicio educativo, cuando se evidencie que no se han cumplido los requisitos señalados en este capítulo.
(D. 3940/2007, art. 12, adicionado por el D. 4552/2011, art. 1º).
Certificación de municipios con menos de 100.000 habitantes
ART. 2.3.1.2.1.—Ámbito de aplicación. El presente capítulo se aplica a los municipios que a 31 de diciembre de 2002 contaban con menos de cien mil (100.000) habitantes, que soliciten la certificación en los términos del artículo 20 de la Ley 715 de 2001 y demuestren tener la capacidad técnica, administrativa y financiera para asumir la administración autónoma del servicio educativo.
(D. 2700/2004, art. 1º).
ART. 2.3.1.2.2.—Requisitos para la certificación. Los requisitos que un municipio debe acreditar para ser certificado son los siguientes:
(D. 2700/2004, art. 2º).
ART. 2.3.1.2.3.—Plan de desarrollo municipal armónico con las políticas nacionales. El municipio presentará el plan de desarrollo municipal que deberá contener en el capítulo educación, los programas, proyectos, metas e indicadores de resultado en cobertura, calidad y eficiencia, así como la programación plurianual de inversiones. Dicho plan, aprobado por el concejo municipal deberá guardar coherencia con las políticas educativas nacionales y departamentales.
(D. 2700/2004, art. 3º).
ART. 2.3.1.2.4.—Establecimientos educativos organizados para ofrecer el ciclo de educación básica completa. Todos los establecimientos educativos estatales del municipio deberán estar organizados en instituciones y en centros educativos en los términos establecidos en el artículo 9º de la Ley 715 de 2001, de tal manera que garanticen la continuidad de los estudiantes en el proceso educativo y el cumplimiento del calendario académico.
(D. 2700/2004, art. 4º).
ART. 2.3.1.2.5.—Planta de personal definida de acuerdo con los parámetros nacionales. El municipio deberá elaborar el estudio técnico que justifique la planta de personal, de conformidad con los parámetros técnicos establecidos en las normas vigentes, y remitirlo al departamento con el correspondiente estudio de viabilidad financiera de acuerdo con las tipologías existentes a la luz de la matricula reportada en el municipio correspondiente.
Para efectos de la incorporación a la planta es obligatorio tomar posesión del nuevo cargo al cual se incorpora sin que ello implique solución de continuidad en el cargo.
En la entrega del personal tendrá prioridad aquel que a la fecha de la solicitud de certificación se encuentre laborando en el municipio que se certifica. De conformidad con el artículo 21 de la Ley 715 de 2001, los departamentos o los municipios certificados no podrán crear en ningún caso prestaciones o bonificaciones con cargo a recursos del sistema general de participaciones, antes o después de la certificación. Cualquier modificación de este tipo deberá ser cubierta con recursos propios de libre disposición de la entidad territorial.
(D. 2700/2004, art. 5º).
ART. 2.3.1.2.6.—Capacidad institucional para asumir los procesos y el sistema de información del sector educativo. Previamente a la solicitud de certificación y con base en los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, el municipio ejecutará el plan de modernización que le permita asumir técnicamente las funciones para la administración del servicio educativo.
(D. 2700/2004, art. 6º).
ART. 2.3.1.2.7.—Apoyo al proceso de certificación. El municipio solicitará formalmente apoyo al departamento para cumplir con los requisitos de la certificación. A partir de la presentación de dicha solicitud, en un plazo no mayor a un mes, el gobernador deberá acordar con el alcalde municipal un plan de acompañamiento con su respectivo cronograma. El municipio deberá enviar copia de dicho plan al Ministerio de Educación Nacional.
Para el adecuado acompañamiento del proceso de certificación el Ministerio de Educación Nacional podrá requerir a los departamentos informes sobre su estado y verificar el cumplimiento, por parte de los municipios, de los requisitos a los que se refiere este capítulo.
(D. 2700/2004, art. 7º).
ART. 2.3.1.2.8.—Trámite de la certificación. Cuando el municipio reúna todos los requisitos solicitará formalmente al departamento la certificación. Una vez verificado el cumplimiento de los mismos, el gobernador expedirá el acto administrativo de certificación y suscribirá un acta por medio de la cual entrega el personal docente, directivo docente y administrativo de los establecimientos educativos estatales, así como los recursos físicos y los archivos de información en medio físico y magnético.
PAR. 1º—En el caso que el departamento no resuelva o rechace la solicitud, dentro de los seis (6) meses siguientes a la radicación de la solicitud con el lleno de los requisitos establecidos en el presente capítulo, el municipio podrá remitir la solicitud al Ministerio de Educación Nacional para que este resuelva en un plazo no mayor de tres (3) meses.
PAR. 2º—Mientras el Consejo Nacional de Política Económica y Social — Conpes, asigna los recursos del sistema general de participaciones al nuevo municipio certificado y ordena el giro directo a esta entidad territorial, el departamento suscribirá un convenio con el municipio en el cual se comprometa a transferirle, a más tardar el día siguiente a aquel en el cual recibe el giro, los recursos del sistema general de participaciones (SGP), que le corresponden de acuerdo con la matrícula certificada en la vigencia anterior y atendiendo al monto por niño atendido reconocido para la respectiva tipología. Dicho convenio deberá formalizarse en la misma fecha de la certificación.
(D. 2700/2004, art. 8º).
ART. 2.3.1.2.9.—Acto de certificación. La certificación de un municipio para efecto de administrar el servicio público educativo se otorgará por parte del gobernador del departamento, o en los eventos previstos en la ley por el Ministro de Educación Nacional, mediante acto administrativo motivado. Una vez publicado el acto administrativo de certificación del municipio, el departamento debe remitir copia al Ministerio de Educación Nacional y este al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Nacional de Planeación para lo de su competencia.
(D. 2700/2004, art. 9º).
(Nota: Subrogado por el Decreto 1851 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Educación Nacional)
ART. 2.3.1.3.1.1.—Objeto y ámbito de aplicación. El presente capítulo reglamenta la contratación del servicio público educativo por parte de las entidades territoriales certificadas. Los departamentos, distritos y municipios certificados podrán celebrar los contratos a que se refiere el presente capítulo, cuando se demuestre la insuficiencia para prestar el servicio educativo en los establecimientos educativos estatales de su jurisdicción.
(D. 2355/2009, art. 1º).
ART. 2.3.1.3.1.2.—Capacidad para contratar la prestación del servicio educativo. Las entidades territoriales certificadas podrán contratar la prestación del servicio educativo que requieran con las personas de derecho público o privado que señala la ley y de reconocida trayectoria e idoneidad en la prestación o promoción del servicio de educación formal.
PAR.—Cuando la contratación que se pretenda realizar sea con las autoridades indígenas, estas deberán estar debidamente registradas ante la dirección de asuntos indígenas, rom y Minorías del Ministerio del Interior. Para efectos de esta contratación, los establecimientos educativos promovidos por autoridades indígenas deben cumplir los requisitos a los que se refiere el artículo 9º de la Ley 715 de 2001.
En los contratos a los que se refiere el presente parágrafo, se deberán tener en cuenta las disposiciones especiales aplicables, contenidas en el Decreto 804 de 1994, en la manera en que queda compilado en el presente decreto, y demás normas concordantes.
(D. 2355/2009, art. 2º).
ART. 2.3.1.3.1.3.—Prestación del servicio educativo. La modalidad de selección para los contratos de prestación de servicios profesionales a que se refiere el literal b) del artículo 2.3.1.3.1.4. del presente decreto, se realizará de conformidad con lo establecido en el literal h) del numeral 4º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y en la sección 3 de este capítulo.
(D. 2355/2009, art. 3º).
ART. 2.3.1.3.1.4.—Modalidades de los contratos. Conforme a lo previsto en el artículo 2.3.1.3.1.1. de este decreto, con el fin de hacer más eficientes los recursos disponibles y satisfacer las distintas necesidades del servicio educativo, las entidades territoriales certificadas podrán celebrar contratos en las siguientes modalidades:
(D. 2355/2009, art. 4º).
ART. 2.3.1.3.1.5.—Valor de los contratos. Para las modalidades de contratación de la prestación y de la administración del servicio educativo el valor total de cada contrato será el resultado de multiplicar el valor establecido por estudiante por el número de estudiantes atendidos. El valor por estudiante se determinará teniendo en cuenta los componentes de la canasta educativa ofrecidos.
Para las modalidades de contratación de la prestación y de la administración del servicio educativo establecidas en el artículo 2.3.1.3.1.4. de este decreto, y financiadas con cargo a los recursos de la participación para educación del sistema general de participaciones, el valor reconocido por alumno atendido no podrá ser superior, en ningún caso, a la asignación por alumno definida por la Nación.
(D. 2355/2009, art. 5º).
ART. 2.3.1.3.1.6.—Cobros a los estudiantes. Cuando se atienda población objeto de las políticas de gratuidad del Ministerio de Educación, el contratista no podrá realizar, en ningún caso, cobros por concepto de matrículas, pensiones, cuotas adicionales, servicios complementarios, cobros periódicos u otros conceptos.
(D. 2355/2009, art. 6º).
(Nota: Adicionados los numerales 5° y 6°al presente artículo por el Decreto 30 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Educación Nacional)
ART. 2.3.1.3.1.7.—Requisitos presupuestales para la celebración de contratos. Antes de la celebración de cada contrato, la entidad territorial deberá contar con la apropiación presupuestal suficiente para asumir los respectivos compromisos contractuales, para la cual deberá obtener el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal. Si el contrato que se suscriba afecta presupuestos de vigencias futuras, deberá darse cumplimiento a lo previsto en el artículo 12 de la Ley 819 de 2003 o a las normas que lo modifiquen o sustituyan.
(D. 2355/2009, art. 7º).
ART. 2.3.1.3.1.8.—Requisitos específicos para la celebración de contratos. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 de la Ley 715 de 2001 y 1º de la Ley 1294 de 2009, para realizar la contratación del servicio público educativo con cualquier fuente de recursos y en los términos del presente capítulo, las entidades territoriales certificadas deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos:
(D. 2355/2009, art. 8º).
ART. 2.3.1.3.1.9.—Prohibición de contratación de docentes. En la modalidad de contratación de la prestación del servicio educativo, en ningún caso, se podrán contratar docentes privados para que trabajen en establecimientos educativos oficiales en los que laboren directivos docentes, docentes y personal administrativo oficial.
(D. 2355/2009, art. 9º).
Contratación de la concesión del servicio educativo
ART. 2.3.1.3.2.1.—Concesión del servicio público educativo. En los términos del numeral 4º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, las entidades territoriales certificadas podrán contratar con particulares la prestación del servicio educativo bajo la modalidad de concesión. En estos contratos, el ente territorial podrá aportar infraestructura física y dotación o estas podrán ser aportadas, adquiridas o construidas, total o parcialmente por el particular, imputando su valor a los costos de la concesión. Deberá pactarse, en todo caso, que a la terminación del contrato opere la reversión de la infraestructura física y de la dotación aportada por la entidad territorial o construida o adquirida por el particular con cargo al contrato.
(D. 2355/2009, art. 10).
ART. 2.3.1.3.2.2.—Selección del contratista. La selección de los contratistas del contrato de concesión del servicio educativo se realizará con base en lo establecido al respecto en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y las normas que las modifiquen o sustituyan.
(D. 2355/2009, art. 11).
Contratación de la prestación del servicio público educativo
ART. 2.3.1.3.3.1.—Contratación de la prestación del servicio público educativo. En esta modalidad, la entidad territorial certificada contrata la prestación del servicio público educativo por un año lectivo para determinado número de alumnos.
(D. 2355/2009, art. 12).
ART. 2.3.1.3.3.2.—Continuidad en la prestación del servicio y continuidad del contratista. A los estudiantes beneficiarios del servicio contratado se les deberá garantizar la continuidad del servicio educativo, sin que ello implique que el contratista adquiere derecho alguno a continuar el contrato más allá de su vigencia inicial. En consecuencia, solo se podrá recurrir, en cada vigencia, a la modalidad de contratación de la prestación del servicio educativo, cuando no se pueda ofrecer disponibilidad de cupo en un establecimiento educativo oficial a los estudiantes que en la vigencia anterior eran beneficiarios del servicio contratado.
(D. 2355/2009, art. 13).
ART. 2.3.1.3.3.3.—Establecimientos educativos de régimen controlado. A partir del año 2011 no se podrán suscribir contratos de prestación del servicio educativo con establecimientos educativos que se encuentren clasificados en el régimen controlado.
A partir del 25 de junio de 2009, los establecimientos educativos de régimen controlado que se encuentren contratados para la prestación del servicio, deberán suscribir un plan de mejoramiento con la entidad territorial certificada y ejecutarlo, con el fin de buscar su clasificación en otro régimen.
(D. 2355/2009, art. 14).
ART. 2.3.1.3.3.4.—Conformación de bancos de oferentes. Cuando una entidad territorial certificada requiera celebrar los contratos a los que se refiere el artículo 2.3.1.3.3.1. del presente decreto, deberá conformar un banco de oferentes de la manera como aquí se establece.
PAR.—La invitación pública para inscribirse, la evaluación, la calificación y la posterior habilitación en el banco de oferentes no generan obligación para la entidad territorial certificada de realizar contratación alguna. En el evento en que la entidad territorial deba celebrar un contrato de prestación del servicio educativo deberá hacerlo con las personas de derecho público o privado habilitadas y de conformidad con la correlación existente entre la ubicación geográfica de la demanda y el lugar en el cual se prestará el servicio educativo. Así mismo, se tendrán en cuenta, para realizar la contratación, las necesidades específicas de la población atendida, de manera que el servicio educativo contratado sea pertinente para dicha población.
(D. 2355/2009, art. 15).
ART. 2.3.1.3.3.5.—Procedimiento para conformar un banco de oferentes. Las entidades territoriales certificadas deben adelantar el siguiente procedimiento para conformar un banco de oferentes:
1.1. Adelantar todas las etapas preliminares y de proyección de cupos del proceso de matrícula que haya definido el Ministerio de Educación Nacional mediante la respectiva resolución.
1.2. Realizar un estudio completo que demuestre la insuficiencia en los establecimientos educativos del ente territorial certificado para prestar el servicio educativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 715 de 2001 y el artículo 1º de la Ley 1294 de 2009. Las conclusiones del estudio deben quedar consignadas en la parte motiva del acto administrativo de invitación pública.
1.3. Elaborar una invitación pública, que debe contener:
1.4. Elaborar el formato de inscripción, que hará parte integral de la invitación pública.
1.5. Elaborar el formato de evaluación de los inscritos, que hará parte integral de la invitación pública.
1.6. Elaborar la tabla de calificación, de acuerdo con el formato de evaluación, estableciendo un puntaje máximo y mínimo para cada aspecto evaluable y el puntaje mínimo requerido para ser habilitado, hacer parte del banco de oferentes y poder celebrar los respectivos contratos. La tabla de calificación hará parte integral de la invitación pública.
1.7. Establecer los medios de divulgación de la invitación pública que se emplearán, la dependencia responsable de dicha actividad, la duración y frecuencia con que se utilizarán los medios elegidos.
2. Segunda etapa. Realización de la invitación pública a inscribirse para la conformación del banco de oferentes, mediante la expedición de un acto administrativo motivado, que contendrá la información a que se refiere el numeral 1.3.
3. Tercera etapa. Habilitación. Esta etapa comprende la evaluación y la calificación.
(D. 2355/2009, art. 16).
Contratación de la administración del servicio educativo con las iglesias y las confesiones religiosas
ART. 2.3.1.3.4.1.—Administración del servicio educativo. Mediante esta modalidad, la entidad territorial certificada podrá contratar la administración de uno o varios establecimientos educativos oficiales. En desarrollo de estos contratos, la entidad territorial podrá aportar infraestructura física, docente y administrativa o alguna de ellas y la iglesia o confesión religiosa contratista por su parte aportará, en cada uno de los establecimientos educativos administrados, su capacidad de administración, dirección, coordinación y organización del servicio educativo y la correspondiente orientación pedagógica, así como los componentes que la entidad territorial no aporte y que sean necesarios para la prestación del servicio.
El rector, quien en desarrollo de los contratos de que trata el presente artículo, será designado y vinculado por el contratista para ejercer la administración, dirección y orientación pedagógica, impartirá las instrucciones a que haya lugar para el adecuado
(sic) funcionamiento del establecimiento educativo, las cuales deberán ser acatadas por el personal docente y administrativo oficial que labore en el establecimiento educativo, sin perjuicio de las que competa impartir o ejecutar a la entidad territorial. En tal evento, las relaciones laborales de los respectivos docentes y personal administrativo oficial así como el régimen disciplinario, se someterán a las disposiciones legales aplicables a la entidad territorial certificada y serán ejercidas por las autoridades territoriales competentes.
Los costos de las mejoras y reparaciones locativas de la infraestructura física de la entidad territorial contratante podrán asumirse con cargo al fondo de servicios educativos respectivo, de conformidad con lo establecido en los artículos 11 a 14 de la Ley 715 de 2001 y en el Decreto 4791 de 2008, en la manera en que queda compilado en el presente decreto.
(D. 2355/2009, art. 17).
ART. 2.3.1.3.4.2.—Alcance de las expresiones iglesia y confesión religiosa. Para los efectos del presente capítulo, las expresiones iglesia y confesión religiosa comprenden también a las entidades que estas hayan erigido o fundado y que gocen de reconocimiento jurídico ante el Estado, lo mismo que las congregaciones religiosas, sus federaciones, confederaciones o asociaciones de ministros.
(D. 2355/2009, art. 18).
ART. 2.3.1.3.4.3.—Requisitos para los contratistas. Las entidades territoriales solo podrán celebrar los contratos de que trata el artículo 2.3.1.3.4.1. de este decreto con las iglesias y confesiones religiosas que reúnan los siguientes requisitos:
(D. 2355/2009, art. 19).
ART. 2.3.1.3.4.4.—Certificación de la necesidad del servicio. Cuando se requiera celebrar un contrato de administración, en los términos establecidos en el artículo 2.3.1.3.4.1. del presente decreto, la entidad territorial certificada deberá justificar la necesidad de esta contratación considerando la planta de personal, directivos docentes, docentes y administrativos aprobada para la correspondiente entidad territorial.
(D. 2355/2009, art. 20).
ART. 2.3.1.3.4.5.—Propiedad de los bienes. Los bienes que sean adquiridos con los recursos públicos con los que se financien los contratos de administración del servicio educativo, serán de propiedad del ente territorial respectivo. Para tal efecto, las partes deberán realizar un inventario en el que se incluya la totalidad de tales bienes a más tardar en los dos (2) primeros meses de cada año calendario, manteniéndolo permanentemente actualizado.
(D. 2355/2009, art. 21).
ART. 2.3.1.3.5.1.—Inexistencia de vínculo laboral entre la entidad territorial contratante y los docentes vinculados por el contratista. En ningún caso, la entidad territorial contratante contraerá obligación laboral con las personas que el contratista vincule para la ejecución de los contratos de que trata el artículo 2.3.1.3.1.4. del presente decreto.
En consecuencia, el personal de dirección, administración y docente que vincule el contratista para la ejecución de los contratos en las distintas modalidades de que trata el artículo 2.3.1.3.1.4. del presente decreto, cuyo costo sea cancelado con los recursos asignados en el contrato, en ningún caso formará parte de la planta oficial de la entidad territorial contratante.
(D. 2355/2009, art. 22).
ART. 2.3.1.3.5.2.—Aplicación de disposiciones generales de educación. A la totalidad de los contratos que se celebren de acuerdo con lo dispuesto en este capítulo le son plenamente aplicables las normas que regulan la prestación del servicio de educación en el país.
(D. 2355/2009, art. 23).
ART. 2.3.1.3.5.3.—Docentes privados en instituciones educativas oficiales. A partir del año 2010, las entidades territoriales certificadas no podrán tener laborando docentes, directivos docentes o personal administrativo mediante la modalidad de contratación de la prestación del servicio público educativo en instituciones educativas oficiales en que laboren también docentes y directivos docentes oficiales.
Lo anterior solo podrá ser viable en los contratos de administración del servicio educativo, de conformidad con lo establecido en la sección 4 del presente capítulo.
(D. 2355/2009, art. 24).
ART. 2.3.1.3.5.4.—Condiciones de atención a los estudiantes. Los estudiantes beneficiarios de los contratos de que trata el presente Capítulo gozarán de las mismas condiciones de atención que el resto de la población estudiantil atendida en el respectivo establecimiento.
(D. 2355/2009, art. 25).
(Nota: Adicionado por el Decreto 30 de 2017 artículo 2° del Ministerio de Educación Nacional)
ART. 2.3.1.3.8.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 30 de 2017 artículo 2° del Ministerio de Educación Nacional)
ART. 2.3.1.3.8.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 30 de 2017 artículo 2° del Ministerio de Educación Nacional)
ART. 2.3.1.3.8.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 30 de 2017 artículo 2° del Ministerio de Educación Nacional)
ART. 2.3.1.3.8.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 30 de 2017 artículo 2° del Ministerio de Educación Nacional)
ART. 2.3.1.3.8.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 30 de 2017 artículo 2° del Ministerio de Educación Nacional)
ART. 2.3.1.3.8.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 30 de 2017 artículo 2° del Ministerio de Educación Nacional)
ART. 2.3.1.3.8.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 30 de 2017 artículo 2° del Ministerio de Educación Nacional)
ART. 2.3.1.3.8.8.—(Nota: Adicionado por el Decreto 30 de 2017 artículo 2° del Ministerio de Educación Nacional)
(Nota: Adicionado por el Decreto 30 de 2017 artículo 3° del Ministerio de Educación Nacional)
ART. 2.3.1.3.9.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 30 de 2017 artículo 3° del Ministerio de Educación Nacional)
ART. 2.3.1.3.9.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 30 de 2017 artículo 3° del Ministerio de Educación Nacional)
ART. 2.3.1.3.9.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 30 de 2017 artículo 3° del Ministerio de Educación Nacional)
ART. 2.3.1.3.9.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 30 de 2017 artículo 3° del Ministerio de Educación Nacional)
Contratación de la administración de la atención educativa por parte de las entidades territoriales certificadas, en el marco del proceso de construcción e implementación del sistema educativo indígena propio – Seip
ART. 2.3.1.4.1.1.—Objeto y ámbito de aplicación. El presente capítulo reglamenta la contratación de la administración de la atención educativa por parte de las entidades territoriales certificadas con los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas para garantizar el derecho a la educación propia en el marco del proceso de construcción e implementación del sistema educativo indígena propio Seip.
En aplicación del derecho a la autonomía, este capítulo solo aplica para aquellos pueblos que hayan decidido asumir la contratación de la administración de los establecimientos educativos ante las entidades territoriales certificadas en los términos que aquí se reglamentan.
Este capítulo bajo ninguna circunstancia irá en detrimento de los derechos que ya les asiste a los pueblos indígenas entre otros el de que se vincule el personal oficial necesario para atender la población estudiantil indígena de acuerdo con las plantas viabilizadas.
Los departamentos, distritos y municipios certificados celebrarán los contratos de administración de la atención educativa a que se refiere el presente capítulo, para garantizar el derecho a la educación propia y asegurar una adecuada y pertinente atención educativa a los estudiantes indígenas en los niveles y ciclos educativos, una vez se demuestre la insuficiencia cualitativa o cuantitativa, así:
2. Cuando estén desarrollando proyectos educativos comunitarios, proyectos o modelos etnoeducativos o proyectos educativos propios o cuando presenten una propuesta educativa integral en el marco del proceso de construcción e implementación del sistema educativo indígena propio Seip, y acorde al contexto sociocultural de la población indígena donde se va a desarrollar.
PAR. 1º—En los casos diferentes a los establecidos en los numerales 1º y 2º del presente artículo, la entidad territorial deberá garantizar de manera concertada con las autoridades indígenas la atención educativa pertinente a la población indígena en el establecimiento educativo. En todo caso, se garantizará la atención pertinente a todos los estudiantes de los establecimientos educativos.
PAR. 2º—En los establecimientos educativos oficiales que no cumplan los requisitos establecidos en los numerales 1º y 2º del presente artículo, no se podrá tener la combinación de docentes contratados y oficiales para la atención de estudiantes.
Será de carácter cualitativa cuando los docentes o directivos docentes de los establecimientos educativos oficiales no sean idóneos y/o el modelo pedagógico de dichos establecimientos no esté acorde con las características socioculturales de los pueblos indígenas y no haya sido concertado con las autoridades indígenas. Todo lo anterior de conformidad con los parámetros establecidos en los artículos 55 al 58 de la Ley 115 de 1994 y aquellos consignados en el Decreto 804 de 1995, en la manera en que queda compilado en el presente decreto, y en la Ley 21 de 1991.
Cuando se demuestre la insuficiencia cualitativa o cuantitativa por parte de las autoridades indígenas, la entidad territorial deberá resolverla en el marco de este capítulo y de conformidad con las orientaciones expedidas por el Ministerio de Educación Nacional.
(D. 2500/2010, art. 1º).
ART. 2.3.1.4.1.2.—Capacidad para contratar la administración de la atención educativa. Las entidades territoriales certificadas deberán contratar la administración de la atención educativa que requieran con:
Estos eventos deberán reunir la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 2.3.1.4.2.4. del presente decreto.
PAR.—Para la suscripción de estos contratos se deberán tener en cuenta especialmente, las disposiciones contenidas en la Ley 115 de 1994, la Ley 21 de 1991, el Decreto 804 de 1994, en la manera en que queda compilado en el presente decreto, y demás normas concordantes.
(D. 2500/2010, art. 2º).
ART. 2.3.1.4.1.3.—La modalidad de selección. La modalidad de selección para los contratos de administración de la atención educativa del presente capítulo se realizará de la siguiente forma:
a) Si el contratista es una autoridad indígena, el proceso de selección se surtirá de acuerdo con lo establecido en el literal c) del numeral 4º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, y en la sección 2 de este capítulo.
b) Si el contratista es una organización indígena representativa de uno o más pueblos indígenas, el proceso de selección se surtirá de acuerdo con lo establecido en el literal h) del numeral 4º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y en la sección 2 de este capítulo.
(D. 2500/2010, art. 3º).
Celebración de contratos de administración de la atención educativa por parte de las entidades territoriales con los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas
ART. 2.3.1.4.2.1.—Administración de la prestación del servicio educativo. Mediante esta modalidad la entidad territorial certificada deberá contratar con los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas la administración de uno o varios establecimientos educativos oficiales en el marco del proceso de construcción e implementación del Seip.
La entidad territorial certificada pondrá a disposición la infraestructura física, sin perjuicio de que la autoridad u organización indígena pueda usar los espacios propios, caso en el cual se reconocerá el valor del uso en la canasta educativa. El personal docente, directivo docente y administrativo será suministrado por las partes de conformidad con lo establecido en este capítulo y la autoridad indígena u organización indígena por su parte aportará, en cada uno de los establecimientos educativos administrados, su capacidad de administración, dirección, coordinación, organización de la atención educativa, la correspondiente orientación pedagógica, para adelantar pertinentemente la atención educativa, para lo cual deberá contar con un equipo técnico de apoyo y acompañamiento financiado con cargo al convenio.
Los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas administrarán y ejercerán la orientación político-organizativa y pedagógica de los establecimientos educativos definidos en el contrato y para ello se apoyarán en el personal directivo docente, quienes para la aplicación del presente capítulo deberán ser contratados o ratificados, por dicha autoridad u organización indígena. El personal docente, directivos docentes y administrativos, oficiales y contratados acatarán dichas orientaciones para lo cual la entidad territorial hará cumplir lo aquí dispuesto.
PAR. 2º— Los contratos que se celebren con los docentes, directivos docentes y administrativos que prestarán sus servicios para la atención educativa de la población estudiantil por parte de los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas deberán suscribirse por el término de duración del calendario escolar y acorde con lo establecido en el Decreto 804 de 1995, en la manera en que queda compilado en el presente decreto.
PAR. 4º—El personal que sea contratado por los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas, para la ejecución de los contratos de administración de la prestación servicio educativo de que trata el presente capítulo, que se contraten para los niveles preescolar, básica y media, deberán seleccionarse teniendo como referente los criterios establecidos en el Decreto 804 de 1995, en la manera en que queda compilado en el presente decreto y los criterios socioculturales especiales para cada pueblo indígena en su contexto territorial específico, establecidos en los proyectos educativos comunitarios, proyectos o modelos etnoeducativos o proyectos educativos propios o en las propuestas de educación propia.
(D. 2500/2010, art. 4º).
ART. 2.3.1.4.2.2.—Atención eficiente y pertinente a la población estudiantil. Los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas para lograr una atención eficiente, oportuna y pertinente a los estudiantes, podrán contratarse docentes por especialidades de acuerdo con la propuesta educativa presentada por la autoridad u organización indígena. Los contratos que se celebren con los docentes, directivos docentes y administrativos que prestarán sus servicios para la atención educativa de la población estudiantil por parte de los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas, deberán suscribirse por el término de duración del calendario escolar acorde con lo establecido en el Decreto 804 de 1995, en la manera en que queda compilado en el presente decreto, deberán tener en cuenta los requisitos que las comunidades establezcan desde sus usos y costumbres, las normas propias y además las siguientes disposiciones valoradas por las autoridades indígenas respectivas:
— Tener sentido de pertenencia y conciencia de identidad cultural al pueblo donde va a ser docente.
— Haber participado y tener compromiso con los procesos sociales, culturales, organizativos y educativos de la comunidad indígena para garantizar la pervivencia cultural, formas de gobierno propio, mantener el territorio y la autonomía.
— Tener el nivel académico y pedagógico conforme a lo definido por las autoridades tradicionales y organizaciones indígenas respectivas.
— Preferiblemente dominar el lenguaje disciplinar y pedagógico oral y escrito en lengua indígena, (si se tiene) y tener capacidad de comunicación, habilidades artísticas, capacidad de construcción colectiva del conocimiento y trabajo en equipo.
— Evidenciar dominio del saber docente sobre la cultura y el área de acuerdo con exigencias cognitivas, políticas y sociales en el contexto en el que se enseña.
— Ser líder, dinámico, participativo, solidario, responsable, honesto y demostrar respeto por la comunidad.
— Demostrar creatividad, capacidad investigativa basada en su vivencia y conocimiento ancestral.
— Conocer e interactuar con otras culturas, propendiendo por una relación de equidad social, respeto a la diferencia y armonía en la convivencia.
— Tener capacidad para vincular los mayores, sabios y especialistas de cada cultura y de otros espacios culturales y pedagógicos que se necesiten para el diseño y desarrollo de los procesos educativos.
— Apoyar la creación y sostenibilidad de espacios y estrategias de formación y capacitación correspondiente a las necesidades, problemas y potencialidades colectivas de los pueblos.
(D. 2500/2010, art. 5º).
ART. 2.3.1.4.2.3.—De los docentes y directivos docentes que laboren en establecimientos educativos administrados de conformidad con el presente capítulo. Los cargos de docentes y directivos docentes oficiales que la entidad territorial aporte para laborar en los establecimientos educativos objeto del presente capítulo, no podrán disminuirse durante la vigencia del contrato.
(D. 2500/2010, art. 6º).
ART. 2.3.1.4.2.4.—Requisitos para la contratación con los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas. Las entidades territoriales solo podrán celebrar los contratos de que trata este capítulo con los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Demuestren experiencia e idoneidad en la dirección y administración de establecimientos educativos o en atención educativa a población indígena, y que presenten una propuesta educativa integral en el marco del proceso de construcción e implementación del sistema educativo indígena propio Seip, y acorde al contexto sociocultural de la población indígena donde se va a desarrollar.
c) Contar con la certificación de ser autoridad indígena o asociación de autoridades indígenas que expide la dirección de asuntos indígenas, minorías y rom del Ministerio del Interior o estar debidamente registrado en Cámara de Comercio y tener el aval de las autoridades indígenas respectivas para los casos que no estén acogidos en el Decreto 1088 de 1993 o en la norma que lo modifique, adicione, sustituya o compile.
PAR. 1º—Experiencia. La experiencia se tendrá en cuenta en años, en la prestación del servicio de educación en pueblos indígenas o desarrollo de planes o programas o proyectos de educación propia. La experiencia mínima a acreditar será de cinco (5) años.
a) Ejecutado programas de educación propia o proyecto educativo comunitario, - PEC, o modelo etnoeducativo o programas de etnoeducación.
b) Diseñado, gestionado y ejecutado programas de formación en educación propia o proyecto educativo comunitario, - PEC, o modelo etnoeducativo o programas de etnoeducación.
c) Diseñado, gestionado y ejecutado proyectos de construcción de metodologías pedagógicas o currículos de educación propia o proyecto educativo comunitario, - PEC, o modelo etnoeducativo o programas de etnoeducación.
d) Realizado investigaciones sobre lengua y cultura para el fortalecimiento de procesos de educación propia o proyecto educativo comunitario, - PEC, o modelo etnoeducativo o programas de etnoeducación.
e) Diseñado y producido materiales de educación propia o proyecto educativo comunitario, - PEC, o modelo etnoeducativo o programas de etnoeducación
(D. 2500/2010, art. 7º).
ART. 2.3.1.4.2.5.—Certificación de la necesidad del servicio. Cuando se requiera celebrar un contrato de administración en los términos establecidos en el presente capítulo, la entidad territorial certificada deberá justificar la necesidad de este contrato considerando:
a) La insuficiencia cualitativa o cuantitativa establecida en el parágrafo 3º del artículo 2.3.1.4.1.1. de este decreto, y
b) La necesidad de realizar dicho contrato por razones de pertinencia, fortalecimiento cultural, cosmogonías y el cumplimiento de los objetivos que contempla el artículo 27 de la Ley 21 de 1991 y artículo 2.3.3.5.4.1.2. de este decreto.
(D. 2500/2010, art. 8º).
ART. 2.3.1.4.3.1.—Inexistencia de vínculo laboral. En ningún caso, la entidad territorial contraerá obligación laboral con las personas que los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas contraten para la ejecución de los contratos de que trata el presente capítulo.
En consecuencia, el personal de dirección, administración y docente que contraten los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas para la ejecución de los contratos de administración de la prestación del servicio educativo de que trata el presente capítulo, en ningún caso, formará parte de la planta oficial de la entidad territorial.
(D. 2500/2010, art. 9º).
ART. 2.3.1.4.3.2.—Docentes contratados en instituciones educativas oficiales. En desarrollo de la administración de la prestación del servicio educativo de que trata este capítulo, se permitirá que docentes contratados por los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas laboren conjuntamente en establecimientos educativos oficiales, con docentes de planta oficial, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.3.1.4.2.1 del presente decreto.
(D. 2500/2010, art. 10).
ART. 2.3.1.4.3.3.—Interventoría, vigilancia y control. La interventoría de esta contratación se realizará por las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas de acuerdo con la legislación vigente aplicable.
(D. 2500/2010, art. 11).
ART. 2.3.1.4.3.4.—Vigencia. El presente capítulo transitorio rige a partir del 12 de julio de 2010 y sus disposiciones serán aplicables, incluso, cuando se expida la norma que traslade la administración de la educación a los pueblos indígenas. En este último caso, el presente capítulo regirá exclusivamente la contratación de la administración de la atención educativa que requieran celebrar las entidades territoriales certificadas en educación con los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas.
(D. 2500/2010, art. 12, modificado por el D. 1952/2014, art. 1º).
Organización de apoyo que prestan las entidades territoriales certificadas a los establecimientos educativos mediante los núcleos educativos
ART. 2.3.1.5.1.—Apoyo a los establecimientos educativos. Las entidades territoriales certificadas en educación, con la finalidad de fortalecer el apoyo a los establecimientos educativos de su jurisdicción, dispondrán de formas de coordinación tales como los núcleos educativos u otras que correspondan a los mismos fines, según su propia organización.
(D. 4710/2008, art. 1º).
ART. 2.3.1.5.2.—Funciones de las dependencias de coordinación. La dirección de núcleo educativo o la dependencia que haga sus veces, de conformidad con la forma de organización que adopte cada entidad territorial certificada, tendrá funciones de coordinación y apoyo en la planeación, seguimiento y evaluación de los procesos propios de los establecimientos educativos de su jurisdicción, orientadas a mejorar la calidad y pertinencia del servicio educativo, aumentar la cobertura y promover su eficiencia.
(D. 4710/2008, art. 2º).
ART. 2.3.1.5.3.—Conformación. Cada dependencia de coordinación estará conformada por los niveles ocupacionales y el número de cargos que la entidad territorial certificada defina de acuerdo con el estudio técnico que para el efecto realice, el cual por lo menos considerará la densidad poblacional, la matrícula tanto del sector estatal como del sector privado y, en el caso de los departamentos, el número de municipios. Para apoyar esta organización, el Ministerio de Educación incrementará el porcentaje de la asignación por niño atendido destinada a cubrir gastos administrativos.
(D. 4710/2008, art. 3º).
ART. 2.3.1.5.4.—Responsable de la dependencia de coordinación. El responsable de la dependencia de coordinación podrá ser funcionario de libre nombramiento y remoción, de acuerdo con la ley. En las entidades territoriales certificadas en las que haya directores de núcleo o supervisores, las dependencias de coordinación respectivas estarán preferentemente a su cargo. Cuando se trate de cargos de libre nombramiento y remoción podrán ser desempeñados por directivos docentes o docentes con experiencia directiva, previa comisión para desempeñarlos de acuerdo con la ley.
(D. 4710/2008, art. 4º).
ART. 2.3.1.5.5.—Articulación a nivel territorial. El responsable de estas dependencias en los departamentos actuará en coordinación con los alcaldes de los municipios no certificados de su jurisdicción; en el caso de los distritos y municipios certificados, con los funcionarios responsables de las respectivas localidades, corregimientos u otra subdivisión existente en el respectivo territorio.
(D. 4710/2008, art. 5º).
Distribución de la participación para educación del sistema general de participaciones
Criterios para distribuir la participación para educación
ART. 2.3.1.6.1.1.—Distribución de los recursos del sistema general de participaciones para educación del componente de calidad-matrícula oficial que trata el artículo 16 de la Ley 715 de 2001. Para la vigencia 2011 y siguientes, la distribución de los recursos de la participación de educación-calidad matrícula oficial, de los distritos, municipios y de las áreas no municipalizadas de los departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés, se hará conforme a los siguientes parámetros que desarrollan el artículos 16 de la Ley 715 de 2001:
PAR.—El Departamento Nacional de Planeación, en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional, definirá anualmente la ponderación de cada uno de los parámetros de distribución que trata el presente artículo.
(D. 1122/2011, art. 1º).
ART. 2.3.1.6.1.2.—Información para la distribución de los recursos del sistema general de participaciones de educación del componente de calidad matrícula oficial. Teniendo en cuenta los parámetros del artículo anterior, para la distribución de los recursos se utilizará la siguiente información:
— Matrícula oficial atendida en los establecimientos educativos estatales de la última vigencia, excluyendo ciclos de adultos.
— Número de sedes con matrícula oficial atendida de la última vigencia.
— Tasa de repetición o reprobación para las últimas dos vigencias disponibles.
— Tasa de deserción institucional para las últimas dos vigencias disponibles.
— Indicadores sobre desempeño y/o mejoramiento en las pruebas Saber, con base en las últimas mediciones disponibles.
— Características de la oferta por cada uno de los establecimientos educativos estatales en la última vigencia disponible: zona geográfica de atención, tamaño (categorización por cantidad de alumnos matriculados), tipo de oferta (niveles educativos ofrecidos por el establecimiento) y nivel socioeconómico. Para el caso de zona de atención, tamaño y tipo de oferta se calculará sobre la información de la matrícula que fue reconocida por el criterio de distribución de recursos por población atendida en la última vigencia. Para el caso del nivel socioeconómico se tomará la información disponible para los establecimientos educativos de la fuente que el Ministerio de Educación Nacional defina.
PAR.—El Ministerio de Educación Nacional solamente certificará al Departamento Nacional de Planeación, la información de las variables de distribución de qué trata este capítulo, para los de los distritos, municipios y de las áreas no municipalizadas de los departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés y sus establecimientos educativos estatales que tuvieron matrícula oficial atendida y reportada en la vigencia anterior. En el caso de aquellos establecimientos educativos estatales para los que no se cuente con información disponible para la realización de los cálculos necesarios, el Ministerio de Educación Nacional definirá la metodología de imputación de los valores requeridos, salvo para los datos de matrícula. El Ministerio de Educación Nacional deberá enviar a la Procuraduría General de la Nación un informe sobre las entidades que omitan reportar la información por él requerida.
(D. 1122/2011, art. 2º).
ART. 2.3.1.6.1.3.—Metodología. El Departamento Nacional de Planeación, en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional, definirá la metodología utilizada para la distribución de los recursos del sistema general de participaciones en el componente de calidad-matrícula oficial que trata el artículo 16 de la Ley 715 de 2001.
PAR.—Los recursos distribuidos o que se lleguen a redistribuir a las áreas no municipalizadas de los departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés, serán asignados a los departamentos correspondientes para su administración.
(D. 1122/2011, art. 3º).
Criterios para distribuir el saldo de los recursos disponibles de la participación en educación del sistema general de participaciones
ART. 2.3.1.6.2.1.—Distribución. Para la distribución en cada vigencia del saldo de los recursos disponibles de la participación en educación del sistema general de participaciones a que se refiere el inciso 1º del numeral 16.2 del artículos 16 de la Ley 715 de 2001, el Conpes determinará en cada una de ellas el porcentaje de la población por atender que se tendrá en cuenta para la asignación del saldo o una parte del saldo de los recursos de la participación del sector educativo.
(D. 2833/2004, art. 1º).
Fondo de Servicios Educativos de los Establecimientos Educativos Estatales
ART. 2.3.1.6.3.1.—Ámbito de aplicación. Las normas contenidas en la presente sección son aplicables a las entidades territoriales y a los establecimientos educativos estatales.
(D. 4791/2008, art. 1º).
ART. 2.3.1.6.3.2.—Definición. Los fondos de servicios educativos son cuentas contables creadas por la ley como un mecanismo de gestión presupuestal y de ejecución de los recursos de los establecimientos educativos estatales para la adecuada administración de sus ingresos y para atender sus gastos de funcionamiento e inversión distintos a los de personal.
(D. 4791/2008, art. 2º).
ART. 2.3.1.6.3.3.—Administración del fondo de servicios educativos. El rector o director rural en coordinación con el consejo directivo del establecimiento educativo estatal administra el fondo de servicios educativos de acuerdo con las funciones otorgadas por la Ley 715 de 2001 y la presente sección.
(D. 4791/2008, art. 3º).
ART. 2.3.1.6.3.4.—Ordenación del gasto. Los fondos de servicios educativos carecen de personería jurídica. El rector o director rural es el ordenador del gasto del fondo de servicios educativos y su ejercicio no implica representación legal.
(D. 4791/2008, art. 4º).
ART. 2.3.1.6.3.5.—Funciones del consejo directivo. En relación con el fondo de servicios educativos, el consejo directivo cumple las siguientes funciones:
8. Autorizar al rector o director rural para la utilización por parte de terceros de los bienes muebles o inmuebles dispuestos para el uso del establecimiento educativo, bien sea gratuita u onerosamente, previa verificación del procedimiento establecido por dicho órgano escolar de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1860 de 1994, en la manera en que queda compilado en el presente decreto.
11. (Nota: Adicionado por el Decreto 501 de 2016 artículo 3° del Ministerio de Educación Nacional)
(D. 4791/2008, art. 5º).
ART. 2.3.1.6.3.6.—Responsabilidades de los rectores o directores rurales. En relación con el fondo de servicios educativos, los rectores o directores rurales son responsables de:
(D. 4791/2008, art. 6º).
ART. 2.3.1.6.3.7.—Presupuesto anual. Es el instrumento de planeación financiera mediante el cual en cada vigencia fiscal se programa el presupuesto de ingresos y de gastos. El de ingresos se desagrega a nivel de grupos e ítems de ingresos, y el de gastos se desagrega en funcionamiento e inversión, el funcionamiento por rubros y la inversión por proyectos.
(D. 4791/2008, art. 7º).
ART. 2.3.1.6.3.8.—Presupuesto de ingresos. Contiene la totalidad de los ingresos que reciba el establecimiento educativo a través del fondo de servicios educativos sujetos o no a destinación específica. Se clasificará en grupos con sus correspondientes ítems de ingresos de la siguiente manera:
(D. 4791/2008, art. 8º).
ART. 2.3.1.6.3.9.—Presupuesto de gastos o apropiaciones. Contiene la totalidad de los gastos, las apropiaciones o erogaciones que requiere el establecimiento educativo estatal para su normal funcionamiento y para las inversiones que el proyecto educativo institucional demande, diferentes de los gastos de personal.
(D. 4791/2008, art. 9º).
ART. 2.3.1.6.3.10.—Ejecución del presupuesto. La ejecución del presupuesto del fondo de servicios educativos debe realizarse con sujeción a lo determinado en la Ley 715 de 2001, la presente sección y las disposiciones territoriales expedidas en materia presupuestal. En todo caso, deben observarse las normas vigentes en materia de austeridad del gasto y las que en adelante las modifiquen.
(D. 4791/2008, art. 10).
ART. 2.3.1.6.3.11.—Utilización de los recursos. Los recursos solo pueden utilizarse en los siguientes conceptos, siempre que guarden estricta relación con el proyecto educativo institucional:
11. (sic) Dotaciones pedagógicas del establecimiento educativo tales como mobiliario, textos, libros, materiales didácticos y audiovisuales, licencias de productos informáticos y adquisición de derechos de propiedad intelectual.
14. Acciones de mejoramiento de la gestión escolar y académica, enmarcadas en los planes de mejoramiento institucional.
19. Afiliación y pago de aportes al sistema general de riesgos laborales de los estudiantes que se encuentran cursando el programa de formación complementaria de las escuelas normales superiores, en los términos establecidos por el Decreto 55 de 2015, o la norma que lo modifique, adicione, sustituya o compile.
PAR. 3º—La destinación de los recursos para gratuidad educativa deberá realizarse teniendo en cuenta las políticas, programas y proyectos en materia educativa contemplados en el plan de desarrollo de la respectiva entidad territorial y en coordinación con esta.
(D. 4791/2008, art. 11, adicionado por los D. 4807/2011, art. 9º, y 992/2015, art. 1º).
ART. 2.3.1.6.3.12.—Adiciones y traslados presupuestales. Todo nuevo ingreso que se perciba y que no esté previsto en el presupuesto del fondo de servicios educativos, será objeto de una adición presupuestal mediante acuerdo del consejo directivo, previa aprobación de la entidad territorial, de conformidad con el reglamento que esta expida para tal efecto. En este acuerdo se deberá especificar el origen de los recursos y la distribución del nuevo ingreso en el presupuesto de gastos o apropiaciones.
(D. 4791/2008, art. 12).
ART. 2.3.1.6.3.13.—Prohibiciones en la ejecución del gasto. El ordenador del gasto del fondo de servicios educativos no puede:
2. Reconocer o financiar gastos inherentes a la administración de personal, tales como viáticos, pasajes, gastos de viaje, desplazamiento y demás, independientemente de la denominación que se le dé, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 9º del artículo 2.3.1.6.3.11. del presente decreto.
(D. 4791/2008, art. 13, adicionado por el D. 4807/2011, art. 10).
ART. 2.3.1.6.3.14.—Flujo de caja. Es el instrumento mediante el cual se define mes a mes los recaudos y los gastos que se pueden pagar, clasificados de acuerdo con el presupuesto y con los requerimientos del plan operativo.
(D. 4791/2008, art. 14).
ART. 2.3.1.6.3.15.—Manejo de tesorería. Los recursos del fondo de servicios educativos se reciben y manejan en una cuenta especial a nombre del fondo de servicios educativos, establecida en una entidad del sistema financiero sujeta a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera, registrada en la tesorería de la entidad territorial certificada a la cual pertenezca el establecimiento educativo.
(D. 4791/2008, art. 15).
ART. 2.3.1.6.3.16.—Contabilidad. Los fondos de servicios educativos estatales deben llevar contabilidad de acuerdo con las normas vigentes expedidas por el Contador General de la Nación.
(D. 4791/2008, art. 16).
ART. 2.3.1.6.3.17.—Régimen de contratación. La celebración de contratos a que haya lugar con recursos del fondo de servicios educativos, debe realizarse con estricta sujeción a lo dispuesto en el estatuto contractual de la administración pública, cuando supere la cuantía de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la cuantía es inferior a los veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes se deben seguir los procedimientos establecidos en el reglamento expedido por el consejo directivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículos 13 de la Ley 715 de 2001, y en todo caso siguiendo los principios de transparencia, economía, publicidad, y responsabilidad, de conformidad con los postulados de la función administrativa.
(D. 4791/2008, art. 17).
ART. 2.3.1.6.3.18.—Control, asesoría y apoyo. Respecto del fondo de servicios educativos, corresponde a las entidades territoriales certificadas en educación ejercer el control interno, brindar asesoría y apoyo administrativo, contractual, financiero, presupuestal y contable de acuerdo con las normas vigentes.
(D. 4791/2008, art. 18).
ART. 2.3.1.6.3.19.—Rendición de cuentas y publicidad. Con el fin de garantizar los principios de moralidad, imparcialidad, publicidad y transparencia en el manejo de los recursos del fondo de servicios educativos el rector o director rural debe garantizar el cumplimiento de lo siguiente:
(D. 4791/2008, art. 19).
ART. 2.3.1.6.3.20.—Responsabilidad fiscal y disciplinaria. Siempre que el Estado sea condenado con ocasión de obligaciones contraídas en contravención de lo dispuesto en la ley y la presente sección, la entidad territorial certificada procederá a iniciar los proceso de responsabilidad disciplinaria y fiscal a que haya lugar, y a ejercer la acción de repetición de conformidad con la ley contra los servidores públicos que resultaren responsables de dicha contravención o contra los miembros del consejo directivo, cuando estos últimos no fueren servidores públicos.
(D. 4791/2008, art. 20).
Gratuidad educativa para los estudiantes de educación preescolar, primaria, secundaria y media de las instituciones educativas estatales
ART. 2.3.1.6.4.1.—Objeto y ámbito de aplicación. La presente sección tiene por objeto reglamentar la gratuidad educativa para todos los estudiantes de las instituciones educativas estatales matriculados entre los grados transición y undécimo.
(D. 4807/2011, art. 1º).
ART. 2.3.1.6.4.2.—Alcance de la gratuidad educativa. La gratuidad educativa se entiende como la exención del pago de derechos académicos y servicios complementarios. En consecuencia, las instituciones educativas estatales no podrán realizar ningún cobro por derechos académicos o servicios complementarios.
PAR. 1º—Para la asignación de los recursos de gratuidad se excluyen de los beneficiarios a los estudiantes de ciclos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de educación para adultos, el ciclo complementario de las escuelas normales superiores, grados 12 y 13, y a estudiantes atendidos en instituciones educativas estatales que no son financiados con recursos del sistema general de participaciones.
PAR. 2º—Los estudiantes atendidos mediante la contratación de la prestación del servicio educativo, en cualquiera de sus modalidades contractuales, no se encuentran incluidos en la asignación de recursos de gratuidad de que trata la presente sección, pues dichos recursos se incluyen en el valor pagado al prestador del servicio por la atención educativa de estos estudiantes. En consecuencia, el prestador del servicio educativo contratado no podrá realizar cobros a la población atendida por conceptos de derechos académicos, servicios complementarios, o por alguno de los componentes de la canasta educativa ofrecida o cualquier otro concepto.
(D. 4807/2011, art. 2º).
ART. 2.3.1.6.4.3.—Financiación. La gratuidad educativa se financiará con los recursos de la participación para educación del sistema general de participaciones por concepto de calidad, de que tratan los artículos 16 y 17 de la Ley 715 de 2001.
Las entidades territoriales podrán concurrir con otras fuentes de recursos en la financiación de la gratuidad educativa conforme a lo reglamentado en la presente sección y en concordancia con las competencias previstas en la Constitución Política y la ley.
(D. 4807/2011, art. 3º).
ART. 2.3.1.6.4.4.—Metodología para la distribución de los recursos. El Departamento Nacional de Planeación, en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional, definirá la metodología para la distribución de los recursos del sistema general de participaciones que se destinen a la gratuidad educativa.
(D. 4807/2011, art. 4º).
ART. 2.3.1.6.4.5.—Responsabilidad en el reporte de información. Los rectores y directores de las instituciones educativas estatales, los secretarios de educación y los gobernadores y alcaldes de los departamentos y de los municipios certificados, serán responsables solidariamente por la oportunidad, veracidad y calidad de la información que suministren para la asignación y distribución de los recursos de gratuidad. Las inconsistencias en la información darán lugar a responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales, en concordancia con lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 96 de la Ley 715 de 2001.
(D. 4807/2011, art. 5º).
ART. 2.3.1.6.4.6.—Destinatarios del giro directo. En consonancia con el artículo 140 de la Ley 1450 de 2011 o la norma que la modifique o sustituya, los recursos del sistema general de participaciones que se destinen a gratuidad educativa serán girados por el Ministerio de Educación Nacional directamente a los fondos de servicios educativos de las instituciones educativas estatales.
(D. 4807/2011, art. 6º).
ART. 2.3.1.6.4.7.—Procedimiento para el giro. Para el giro de los recursos del sistema general de participaciones para gratuidad educativa por parte del Ministerio de Educación Nacional a los fondos de servicios educativos de las instituciones educativas estatales, se establece el siguiente procedimiento:
(D. 4807/2011, art. 7º).
ART. 2.3.1.6.4.8.—Administración de los recursos. Los recursos de calidad destinados para gratuidad se administrarán a través de los fondos de servicios educativos conforme a lo definido en el artículos 11 de la Ley 715 de 2001, en el Decreto 4791 de 2008, en la manera en que queda compilado en el presente decreto, las normas de contratación vigentes, las que las modifiquen o sustituyan y lo que se establece en la presente sección.
(D. 4807/2011, art. 8º).
ART. 2.3.1.6.4.9.—Obligaciones. En consonancia con las competencias que se señalan en las leyes 115 de 1994 y 715 de 2001, se establecen las siguientes disposiciones:
a) Velar porque no se realice ningún cobro por derechos académicos o servicios complementarios a los estudiantes matriculados en la institución educativa estatal entre transición y undécimo grado, en ningún momento del año, de acuerdo con las normas contenidas en la presente sección.
b) Ejecutar los recursos de gratuidad, de acuerdo con las condiciones y lineamientos establecidos en la presente sección, la Ley 715 de 2001, en el Decreto 4791 de 2008, en la manera en que queda compilado en el presente decreto, y las normas de contratación pública vigentes.
(D. 4807/2011, art. 11).
ART. 2.3.1.6.4.10.—Monitoreo de los recursos asignados. El Ministerio de Educación Nacional implementará el sistema de información de seguimiento a la gratuidad. De igual forma, podrá adelantar auditorías para el monitoreo de los recursos asignados para gratuidad educativa. En desarrollo de estas auditorías se podrá solicitar información de carácter técnico, administrativo, legal y financiero y, en general, la necesaria para la verificación de la adecuada utilización de los recursos de gratuidad.
(D. 4807/2011, art. 12).
Certificación de coberturas mínimas de educación
ART. 2.3.1.6.5.1.—Financiación de la prestación del servicio educativo. En el evento que el Ministerio de Educación Nacional certifique que el monto de los recursos del sistema general de participaciones asignado a las entidades territoriales certificadas, es insuficiente para financiar la totalidad de la prestación del servicio educativo, la diferencia podrá ser asumida temporalmente por las entidades territoriales con recursos diferentes a los del sistema general de participaciones, que se puedan destinar para el sector de educación, de conformidad con las leyes 141 de 1994 y 715 de 2001.
(D. 3976/2009, art. 2º).
Uso de los recursos correspondientes a la asignación complementaria al criterio de distribución de población atendida, para satisfacer el costo derivado del mejoramiento de la calidad.
(Nota: Adicionada la presente sección por el Decreto 914 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Educación Nacional)
ART. 2.3.1.6.6.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 914 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Educación Nacional)
ART. 2.3.1.6.6.2.—(Modificado).* (Nota: Adicionado por el Decreto 914 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Educación Nacional)
*(Nota: Modificado por el Decreto 1577 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Educación Nacional)
ART. 2.3.1.6.6.3.—(Modificado).* (Nota: Adicionado por el Decreto 914 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Educación Nacional)
ART. 2.3.1.6.6.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 914 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Educación Nacional)
Gratuidad educativa para los estudiantes de educación preescolar, básica y media de los establecimientos educativos estatales atendidos en el marco de los contratos de administración de la atención educativa para población indígena
(Nota: Adicionada la presente sección por el Decreto 1862 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Educación Nacional)
ART. 2.3.1.6.7.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1862 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Educación Nacional)
ART. 2.3.1.6.7.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1862 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Educación Nacional)
ART. 2.3.1.6.7.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1862 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Educación Nacional)
ART. 2.3.1.6.7.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1862 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Educación Nacional)