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Timestamp: 2019-10-18 18:32:46
Document Index: 268484047

Matched Legal Cases: ['artículo 04', 'artículo 16', 'artículo 03', 'artículo 01', 'artículo 02', 'artículo 08', 'artículo 04', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 16', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 8', 'artículo 16', 'ARTÍCULO 1', 'artículo 4', 'artículo 4', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 3', 'artículo 1', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5']

Resolución PTN 0068/2017. Boletín Oficial n° 33.703, miércoles 6 de septiembre de 2017, pp. 36-37.
Citas Legales : Convención Americana sobre Derechos Humanos, Decreto 01116/2000, Decreto 01116/2000 - anexo III, Decreto 01116/2000 - anexo III - artículo 04, Decreto 01116/2000 - anexo III - artículo 16, Decreto 34952/1947, Decreto 34952/1947 - artículo 03, Ley 12.954, Ley 12.954 - artículo 01, Ley 12.954 - artículo 02, Ley 25.344, Ley 25.344 - artículo 08, Ley 25.344 - capítulo IV, Ley 26.854, Ley 26.854 - artículo 04
VISTO el Expediente EX-2017-18543625-APN-DCTA#PTN, la Ley Nº 12.954 (B.O. 10-3-47), las Leyes N° 12.954 (B.O. 10-03-1947), N° 25.344 (B.O. 21-11-2000) y Nº 26.854 (B.O. 30-04-2013), y los Decretos N° 34.952/47 (B.O. 13-11-1947) y N° 1116/2000 (B.O. 30-11-2000), y
Que el artículo 1° de la Ley Nº 12.954 pone a cargo del Cuerpo de Abogados del Estado la defensa ante los tribunales del Poder Ejecutivo Nacional y de todos los organismos que integran la Administración Pública Nacional, y el artículo 2° de la misma ley, designa al Procurador del Tesoro de la Nación como Director General de dicho Cuerpo.
Que el artículo 3º del Decreto Nº 34.952 de fecha 8 de Noviembre de 1947 establece que el Procurador del Tesoro, como director general del Cuerpo, imparte las instrucciones generales o especiales que le sean solicitadas por los funcionarios letrados del Cuerpo de Abogados, o cuando lo considere necesario o conveniente para el mejor cometido de aquéllos.
Que el Capítulo IV de la Ley N.° 25.344 se refiere a los juicios contra el Estado Nacional.
Que el artículo 4º del Anexo III de la Reglamentación de ese capítulo, aprobada por el Decreto N° 1116 de fecha 29 de noviembre de 2000, dispone que los servicios jurídicos comprendidos en ella, registrarán e informarán a la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN la traba, modificación, sustitución o levantamiento de toda medida cautelar contraria a los intereses del Estado Nacional, en el mismo día en que se les hubieran notificado estas medidas, o en que las hayan conocido por cualquier otro medio.
Que, por su parte, el artículo 16 del decreto citado prevé que el Procurador del Tesoro de la Nación podrá dictar disposiciones complementarias, aclaratorias o interpretativas de las normas reglamentarias del Capítulo IV de la Ley N° 25.344.
Que la Ley Nº 26.854, regulatoria de las medidas cautelares contra el Estado, modificó el carácter de inaudita parte que las acompañaba y estableció que el juez, previo a resolver, deberá requerir a la autoridad pública demandada que, dentro del plazo de cinco (5) días, produzca un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud, salvo cuando existiere un plazo menor especialmente estipulado, el que se reducirá a tres (3) días en juicios sumarísimos y de amparo.
Que el mismo artículo prevé que con la presentación del informe, la parte demandada podrá expedirse acerca de las condiciones de admisibilidad y procedencia de la medida solicitada, y acompañará las constancias documentales que considere pertinentes.
Que, sólo cuando circunstancias graves y objetivamente impostergables lo justificaran, el juez o tribunal podrá dictar una medida interina, cuya eficacia se extenderá hasta el momento de la presentación del informe o del vencimiento del plazo fijado para su producción.
Que, por último, aquél artículo también estipula que podrán tramitar y decidirse sin informe previo de la demandada las medidas cautelares que tengan por finalidad la tutela de los supuestos enumerados en el artículo 2°, inciso 2° de la norma; es decir, en los casos en los que se trate de sectores socialmente vulnerables acreditados en el proceso, se encuentre comprometida la vida digna conforme la Convención Americana de Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria, como asimismo cuando se trate de un derecho de naturaleza ambiental.
Que el dictado de dicha normativa, amplió los supuestos en los cuales los servicios jurídicos quedaron obligados a registrar e informar a la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN la noticia de una pretensión cautelar contraria a los intereses del Estado Nacional.
Que entre las acciones de la DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA se encuentra mantener actualizada la información de los diversos subsistemas de registro, entre los cuales se encuentra el de medidas cautelares.
Que atento a lo informado por dicha Dirección, una cantidad considerable de servicios jurídicos incumplen la obligación impuesta por el artículo 4° de la Reglamentación del Capítulo IV de la Ley N° 25.344, contenida en el Anexo III del Decreto N° 1116 de fecha 29 de noviembre de 2000, circunstancia que no solamente genera ineficiencias en la gestión de la defensa de los intereses del Estado Nacional, sino también costos y demoras en la ejecución de las políticas públicas.
Que, por ello, resulta imperioso fortalecer el procedimiento e instruir a los titulares de los servicios jurídicos para que den debido cumplimiento a la manda citada, los que deberán comunicar a la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACIÓN la solicitud, traba, modificación, sustitución o levantamiento de toda medida cautelar contraria a los intereses del Estado Nacional, en el mismo día en que se hubieren notificado, o en el momento en el que la hayan conocido por cualquier otro medio, completando el formulario disponible en la página web www.ptn.gob.ar y enviándolo junto a la copia digital de la orden judicial que disponga la medida.
Que el incumplimiento de esta obligación constituirá falta grave al servicio.
Que el acatamiento a lo dispuesto en dicha norma reviste suma importancia, en tanto resulta necesario incorporar toda la información disponible a fin de optimizar los procedimientos administrativos tendientes a lograr eficiencias en las defensas del Estado en juicio, por su impacto en el control de juridicidad y en el proceso de formulación y ejecución de las políticas públicas.
Que por ello, en el marco de las atribuciones conferidas, instrúyase a los responsables de los servicios jurídicos a dar debido cumplimiento a la manda citada.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA de esta PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, arbitrará los recaudos para comunicar la presente a los servicios jurídicos de los organismos comprendidos en el artículo 8° de la Ley N° 25.344.
Que la presente medida se dicta en el marco de las facultades conferidas por la Ley N° 12.954, el Decreto N° 34.952 de fecha 8 de noviembre de 1947 y el artículo 16 de la Reglamentación del Capítulo IV de la Ley N° 25.344 (Anexo III) del Decreto N° 1116 de fecha 29 de noviembre de 2000.
ARTÍCULO 1º.- Instrúyese a los titulares de los servicios jurídicos o a quienes ellos designen, a que den debido cumplimiento ante la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN de las siguientes obligaciones:
a) Comunicar la traba, modificación, sustitución o levantamiento de toda medida cautelar contraria a los intereses del Estado Nacional en el mismo día en que se hubieren notificado, o en que las hayan conocido por cualquier otro medio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4° de la Reglamentación del Capítulo IV de la Ley N° 25.344, contenida en el Anexo III del Decreto N° 1116 de fecha 29 de noviembre de 2000.
b) Comunicar el requerimiento judicial dispuesto por el artículo 4° de la Ley Nº 26.854 en el mismo día en que se hubiere notificado, o en el momento en el que se haya conocido por cualquier otro medio.
ARTÍCULO 2º.- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el ARTÍCULO 1º constituirá falta grave al servicio.
ARTÍCULO 3º.- Las comunicaciones previstas en el artículo 1º de la presente deberán efectuarse completando el formulario disponible en la página web www.ptn.gob.ar y enviándolo junto a la copia digital de la orden judicial que disponga la medida.
ARTÍCULO 4º.- Apruébase el formulario IF-2017-18550401-APN-DNA#PTN que como Anexo forma parte de la presente.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.