Source: http://www.trasversales.net/lrsal1.htm
Timestamp: 2018-11-18 02:44:01
Document Index: 203115676

Matched Legal Cases: ['artículo 135', 'artículo 28', 'artículo 25', 'artículo 7', 'artículo 26', 'artículo 25', 'artículo 26', 'artículo 86', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 24']

En Trasversales: La postergación de los municipios (LmS)
La postergación de los municipios
El consejo de ministros del 27 de julio de 2013 aprobó el proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local (LRSAL), en el que el "equilibrio financiero" es excusa para restringir los derechos sociales y la democracia local y donde el "incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto" se convierte en fuente de todo tipo de intervenciones externas sobre los ayuntamientos, encargadas a instituciones que, en su ámbito, incumplen una y otra vez dichos objetivos, pues éstos son más bien pretextos para seguir empobreciendo a la población en beneficio de las élites.
Una y otra vez, como mantra obsesivo, el anteproyecto hace referencia, directa o indirecta, al nuevo artículo 135 de la Constitución pactado por Zapatero y Rajoy a espaldas de la población y respaldado acríticamente por la representación parlamentaria del PSOE y del PP, por mucho que, cuando ya era inútil y sin sacar las ineludibles conclusiones políticas, Rafael Simancas haya reconocido que lo que se hizo fue "constitucionalizar la prioridad en el pago al especulador" (El País, 11 de abril 2013).
¿Cuál es, sin embargo, el núcleo duro de este proyecto de modificación del régimen local? ¿Cuál es su verdadero objetivo, cuáles sus motivaciones?
Municipios tutelados
El proyecto posterga institucionalmente a las entidades locales, especialmente a las rurales, y las somete a tutelaje por parte del Estado, las comunidades autónomas (CCAA) y las diputaciones provinciales, institución ésta última especialmente opaca y alejada de la ciudadanía, terreno abonado para los Baltar y Fabra, para el caciquismo y para el clientelismo de las direcciones provinciales de los partidos mayoritarios.
Este proyecto proclama la minoría de edad institucional de los municipios, limitando y sometiendo a tutoría los actos que pueden llevar a cabo. El propósito de esa tutoría no es un mayor control ciudadano ni atajar la corrupción existente en algunos de ellos, sino bloquear aún más la participación ciudadana y el pluralismo político, oligarquizar más la política, poner los bienes rurales al servicio de grandes intereses capitalistas, degradar los servicios sociales y limitar la capacidad municipal para intervenir en la actividad social y económica en beneficio del bien común.
En los municipios, sobre todo en los de pequeño o medio tamaño, puede haber mayor cercanía a la población y a la singularidad de sus problemas y dificultades, siendo por ello ámbito idóneo para la gestión de gran parte de los asuntos públicos y más sensibles a la presión popular. En ellos, exceptuando los muy grandes, es más viable el desarrollo de experiencias de gestión alternativa o la presencia significativa de candidaturas ciudadanas o ajenas a los partidos "del régimen", así como la puesta en marcha de proyectos innovadores que además de ser buenos para la población también sirven como laboratorio y acicate para experiencias similares a mayor escala.
Al arrebatar muchas competencias a los municipios esta reforma reduciría el bienestar social de la población. Los gobiernos locales dispuestos a contribuir a una mejor vida en su municipio se verían atados de pies y manos por la ausencia de competencias y por la amenaza de una intervención "desde arriba".
Mientras que cada vez urge más una estrategia de desarrollo y repoblación rural sostenible, ineludible si queremos tomar la senda del bienestar social y generar nuevos yacimientos de empleo, el PP propone una contrareforma local que la haría imposible.
Estamos muy lejos del objetivo que a los inicios de "la Transición" se dieron los muy activos y potentes movimientos vecinales, que reivindicaban un 25% del gasto público para los municipios. En estos momentos, debe estar en torno al 13%, la mitad más o menos de aquello a lo que entonces se aspiraba, y si se lleva a cabo el trasvase de competencias proyectado por el PP aún será menos la parte que gestionen los municipios. Como en tantas otras cosas, nos quieren hacer retroceder. En este caso, con una postergación de lo municipal, de lo local, y no en beneficio de una perspectiva transnacional, que debería serr eforzada, sino para la consolidación de un neocaciquismo autoritario y expoliador de la riqueza colectiva.
El recorte de competencias
El proyecto establece restricciones de alcance general que afectan a todos los municipios, derivando importantes competencias hacia las CCAA o el Estado, y restricciones específicas para los municipios de menos de 20.000 habitantes (95% de los existentes) derivando hacia las diputaciones el ejercicio de competencias propias municipales. Su proyecto cambia los criterios competenciales de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL):
-Deroga el artículo 28, por el que "Los Municipios pueden realizar actividades complementarias de las propias de otras Administraciones públicas (…)".
- Modifica el artículo 25.1, que reconoce a los municipios el derecho a promover, en el ámbito de sus competencia, toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, y lo hace precisamente suprimiendo las expresiones "toda clase" y "cuantos".
- Establece., en un nuevo apartado del artículo 7, que "Las entidades locales sólo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. A estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de la Administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias".
En definitiva, se reorganizarían las competencias de la siguiente forma:
- Las competencias propias de los ayuntamientos en general se recortarían en aspectos muy importantes, como veremos más adelante (en servicios sociales, sanidad, educación, medio ambiente…).
- Para los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes (95% de ellos), pasarían a manos de las diputaciones la contratación en general y una parte de las "competencias propias" municipales (recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento no domiciliario de agua potable, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías y tratamiento de residuos).
- Los municipios no podrían desarrollar actividades que complementen a las propias de otras instituciones, en ámbitos como educación, cultura, promoción de la mujer, vivienda, sanidad y protección del medio ambiente.
- Seguiría existiendo la posibilidad de que Estado o CCAA deleguen en municipios algunas de sus competencias propias, con la asignación presupuestaria correspondiente, pero eso, en un marco como el establecido por este proyecto, puede usarse de forma clientelar, discriminatoria y chantajista.
- La posibilidad de que un municipio aborde competencias diferentes a las propias y a las no delegadas queda supeditada a la "estabilidad presupuestaria", a la "no duplicidad" y, en definitiva, a la aprobación de otras administraciones. Toda competencia que se asigne a otra institución quedará vetada para los ayuntamientos, salvo delegación de competencia.
Es cierto que algunas de las competencias propias municipales exceden la capacidad de ciertos pequeños municipios o que, por el contrario, a veces una sola persona o un equipamiento dado pudiera cubrir una tarea o función para varios municipios cercanos. Sin embargo eso ya está previsto en la legislación vigente, artículo 26 LRBRL, que considera la asistencia para la prestación de servicios municipales por parte de las diputaciones, las CCAA o las entidades comarcales como las existentes en Cataluña, Aragón, Álava o El Bierzo. También se reconoce a los municipios en la ley vigente "el derecho a asociarse con otros en mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia" (art. 44), fórmula muy interesante de colaboración intermunicipal desde la autonomía. En definitiva, el proyecto del PP no inventa nada en cuanto a apoyo a los municipios pequeños, pero coarta la autonomía de éstos.
En cuanto a las duplicidades, convendría aclarar algunos malentendidos. El que dos instituciones presten un mismo tipo de servicio no es necesariamente una "duplicidad". Por ejemplo, si una comunidad autónoma tiene un sistema de asistencia domiciliaria que atiende a 200 personas en la comunidad, y un ayuntamiento, con criterios sociales más amplios o capacidad presupuestaria, atiende a otras 50, no hay duplicidad, ya que atienden a personas diferentes, lo que no quita que se coopere para encontrar la menor manera de gestionar, que no siempre es centralizar. Si se dicta que el ayuntamiento debe dejar de prestar el servicio, y la comunidad, con sus criterios, pasa a atender a 220 personas, no se ha suprimido una duplicidad sino que se ha recortado un servicio a 30 personas. En otras ocasiones, es la propia centralización la que genera duplicidades: ¿podrá una diputación o comunidad gestionar ciertos servicios municipales sin implicar a los gobiernos locales en labores de información y otras que a veces superan con mucho el tiempo que les habría costado la gestión directa? Por no hablar de la peor de las duplicidades, la que tiene lugar en la misma institución e incluso en el mismo departamento, por la multiplicación de altos cargos para una actividad que muy bien podría dirigir una sola persona con un solo sueldo y sin tantos asesores, que habitualmente trabajan, si lo hacen, mucho más para el partido que les nombra que para la institución pública que les paga.
La restricción más importante en cuanto a competencias municipales quizá sea la que afecta a la prestación de servicios sociales.
La actual LRBRL, en su artículo 25.2.k, reconoce como competencia municipal propia la "Prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social". Más aún, en el artículo 26.1.c establece esa prestación como un deber de los municipios de más de 20.000 habitantes.
El proyecto del PP limita esa competencia a la "Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social". La actuación directa de los servicios sociales municipales quedaría restringida a la atención de emergencia con personas en situación o riesgo de exclusión social, lo que sólo es una muy pequeña parte de los servicios sociales necesarios y de los prestados actualmente en los ayuntamientos, pese al proceso de recorte que en ellos se está sufriendo.
¿Podrían usar los ayuntamientos la rendija abierta al ejercicio de "competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación" cuando no hay riesgo para la sostenibilidad financiera? No, porque el proyecto asigna la competencia de servicios sociales a las comunidades autónomas: "Tras la entrada en vigor de esta Ley, la titularidad de las competencias que se preveían como propias del Municipio relativas a la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social corresponde a las Comunidades Autónomas (…)", estableciendo un plazo máximo de un año para el traspaso de competencias.
Nos dirán, como nos han dicho respecto a la privatización de la Sanidad, que "da igual quien preste el servicio" pero eso no es así. No sólo porque en el caso de los servicios sociales la empatía, la cercanía y el conocimiento de los casos y de los entornos sociales son decisivos, y eso se puede lograr mucho mejor desde el municipio, sino también porque el traspaso de competencias no equivale al traspaso de prestaciones. Una vez que las comunidades tengan las competencias exclusivas sobre servicios sociales, podrán decidir qué prestaciones se dan y cuáles no, así como el grado de cobertura de las necesidades sociales, los requisitos de acceso, etc.
El proyecto recalca que la gestión por las CCAA de los servicios sociales no podrá suponer un mayor gasto para el conjunto de las Administraciones Públicas, pero no dice ni palabra de que deba mantenerse el nivel de las prestaciones ni las prestaciones mismas. Más aún, precisa que las comunidades autónomas, una vez adquirida la competencia, "podrán establecer a partir de ese momento las medidas que consideren necesarias para la racionalización del servicio", abriendo las puertas a mayores recortes a los que ya están haciendo muchos ayuntamientos.
Además, el acceso a los servicios sociales que las CCAA decidan mantener se hará mucho más complicado, forzando a que personas muy mayores, dependientes o con escasos recursos, realicen largos desplazamientos para solicitar o recibir la prestación.
Competencias eliminadas en Educación, Sanidad…
En cuanto a Educación, actualmente se reconoce a los municipios competencia para "Participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la Administración educativa en la creación, construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos, intervenir en sus órganos de gestión y participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria" (LRBRL, art. 25.2.n). El proyecto del PP excluye la participación municipal en la programación y en los órganos de gestión, limitando su competencia a la vigilancia de la escolaridad obligatoria, la obtención de solares para nuevos centros y el mantenimiento de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial.
Los ayuntamientos también perderían su competencia de "participación en la gestión de la atención primaria de la salud", pasando sus actuales funciones al Estado o a las comunidades autónomas en cinco años, a un ritmo del 20% anual. Las competencias sobre inspección y control sanitario de mataderos, de industrias alimentarias y bebidas pasarían a las CCAA en un plazo de seis meses.
También llama la atención que las actuales competencias municipales en cuanto a protección del medio ambiente y transporte colectivo quedaría restringidas al ámbito urbano, incluso en municipios cuyo espacio rural es mucho mayor que el urbano.
En cuanto a la reserva de actividades o servicios esenciales establecida a favor de las entidades locales por el artículo 86 de la LRBRL, el proyecto excluye el abastecimiento no domicilario de aguas, el suministro de gas y calefacción, los mataderos, mercados y lonjas centrales y los servicios mortuorios.
Depredación privada de los bienes públicos
El proyecto del PP declara, en su exposición de motivos, que "para favorecer la iniciativa económica privada, evitando intervenciones administrativas desproporcionadas, se limita el uso de autorizaciones administrativas para iniciar una actividad económica a casos en los que su necesidad y proporcionalidad queden claramente justificadas. Asimismo, se suprimen monopolios municipales que venían heredados del pasado y que recaen sobre sectores económicos pujantes en la actualidad". Así dicho, parecería que la pretensión es eliminar trabas burocráticas al desarrollo de actividades económicas normales y corrientes. Pero no es así.
La legislación vigente ya establece que "con carácter general, el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo" (LRBRL, art. 84 bis). Sin embargo, no todas las actividades económicas son "normales" y benignas. Por ello, bajo un mínimo principio de precaución, ese mismo artículo precisa que "podrán someterse a licencia o control preventivo aquellas actividades que afecten a la protección del medio ambiente o del patrimonio histórico-artístico, la seguridad o la salud públicas, o que impliquen el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público, siempre que la decisión de sometimiento esté justificada y resulte proporcionada" (LRBRL, art. 84 bis).
Esta claúsula de precaución es "moderada" e incluso insuficiente. Sin embargo, el proyecto del PP propone su sustitución por otra:
"No obstante, podrá exigirse una licencia u otro medio de control preventivo respecto a aquellas actividades económicas:
a) Cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad, y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o de una comunicación
2. Las instalaciones o infraestructuras físicas para el ejercicio de actividades económicas sólo se someterán a un régimen de autorización cuando lo establezca una Ley que defina sus requisitos esenciales y las mismas sean susceptibles de generar daños sobre el medioambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud públicas y el patrimonio histórico y resulte proporcionado (…)".
Comparar la regulación vigente con esta engorrosa propuesta es complicado, pero lo intentaré:
- El anteproyecto del PP limita la protección del medio ambiente a la "protección del medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad. Este cambio tiene como evidente y único objetivo obligar a los ayuntamientos a no requerir licencia para algunas actividades económicas dañinas para el medio ambiente. Se encuentra en la misma lógica destructora y saqueadora que la Ley de Costas.
- La posibilidad de control municipal sobre una actividad económica por razón de protección del patrimonio histórico-artístico queda diluida en el anteproyecto del PP, en el que esa causa sólo podría tenerse en cuenta si hay colocación de instalaciones o infraestructuras físicas, lo que límita extraordinariamente su alcance. También se limitaría la autonomía municipal para valorar el riesgo y se impediría en muchos casos evitarle al exigir que la situación esté previamente prevista y regulada en una ley.
- La potestad municipal de someter a autorización actividades económicas que impliquen el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público se muta en el proyecto del PP en una fórmula esperpéntica y realmente escandalosa, ya que queda limitada al caso en que "por (…) la utilización de dominio público el número de operadores económicos del mercado sea limitado". Es decir, no se podría someter a autorización una actividad económica privada que haga uso privativo y ocupación de bienes de dominio público en función de la protección de dichos bienes ni de los intereses sociales, sino que sólo podría hacerse en función de su vinculación con el "número de operadores económicos del mercado".
El proyecto aprobado por el Consejo de ministros no busca facilitar la actividad económica normal, sino facilitar la actividad depredadora del bien público a favor del lucro privado.
Destrucción de las juntas vecinales
El proyecto del PP deroga el artículo 45 de la LRBRL, en el que se regula la constitución y funcionamiento de entidades locales de ámbito territorial inferior al municipal, como caseríos, aldeas, barrios, concejos, pedanías u otros.
Estas juntas vecinales, en tanto que "administración descentralizada de núcleos de población separados", tienen un papel muy importante en ciertos territorios, sobre todo cuando hay cierta lejanía entre espacios residenciales intermitentes. Algunas de sus característas más interesantes, establecidas en el citado artículo 45, son la existencia de un órgano unipersonal ejecutivo de elección directa -una especie de alcalde(sa) de barrio- y de un órgano de control compuesto en conformidad con los resultados de las elecciones municipales en las mesas vinculadas al territorio afectado, pudiendo incluso funcionar como Concejo Abierto, sistema en el que el gobierno y la administración corresponden a un(a) alcalde(sa) -o su equivalente en ámbito territorial inferior al municipio- y una asamblea vecinal, mecanismo también aplicable a todo un municipio si lo piden la mayoría de las y los vecinos, lo ratifican dos tercios de los miembros del Ayuntamiento y lo aprueba la comunidad autónoma.
En el proyecto del PP se deroga la regulación establecida para estas entidades y se añade un nuevo artículo 24 bis en el que se reconoce la posibilidad de crear entes de ámbito territorial inferior al municipio, pero sin personalidad jurídica y delegando su regulación a leyes de las CCAA, ya sin referencia alguna a los criterios de funcionamiento que he descrito en el párrafo anterior.
La hostilidad del PP ante las juntas vecinales es patente. Así, en caso de que un ayuntamiento incurra en "incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto", la supresión de estas entidades sería uno de los contenidos obligados del plan económico-financiero, incluso aunque su existencia no implique más gastos.
Encubiertas como "eficiencia", estas propuestas son un ataque a una democracia local y vecinal muy interesante, que debería ser expandida y ampliada, partiendo de las experiencias ya existentes y apoyándose sobre las posibilidades de juntas vecinales y concejos abiertos.
Algunas otras cosas: retribuciones, personal eventual…
Sin pretensión de comentar el proyecto exahustivamente, citaré algunas otras cosas.
Nada tengo que objetar a que se establezcan límites a las retribuciones de los miembros de las corporaciones locales y al número de ellos que pueden tener dedicación exclusiva, aunque creo que el salario oficial de "los políticos" no ha sido nunca el verdadero problema ni el origen de los privilegios desorbitados de los que en algunos casos gozan, sin olvidar que, precisamente, las y los concejales son prácticamente los únicos electos entre los que un muy alto porcentaje no cobra retribución, como ocurre en muchísimos pequeños municipios (el 60% tienen menos de mil habitantes).
También me parece adecuado que se limite el número de "eventuales", esto es, de personas nombradas temporalmente por los gobernantes de turno para puestos de trabajo no reservados a funcionarios de carrera, con supuestas funciones de confianza, asesoramiento o directivas. Sin embargo, el límite establecido sigue siendo francamente elevado y demasiado beneficioso para los partidos gobernantes en grandes municipios como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga, en los que el tope fijado por el proyecto es muy alto (7 eventuales por cada mil personas en plantilla) y encima se eximiría de aplicación hasta junio de 2015. El proyecto nada dice sobre un cáncer que está corroyendo aceleradamente la profesionalidad e independencia de la gestión administrativa: la creciente tendencia a cubrir puestos no eventuales, adscritos a personal funcionario, mediante el procedimiento de "libre designación".
La propuesta de que "las Leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado podrán establecer un límite máximo y mínimo total que por todos los conceptos retributivos pueda percibir el personal al servicio de las entidades locales y entidades de ellas dependientes en función del grupo profesional de los funcionarios públicos o equivalente del personal laboral, así como de otros factores que se puedan determinar" sólo pretende aplicar otro recorte salarial a las y los trabajadores municipales pisoteando la negociación colectiva y los derechos adquiridos en un sector en el que hace años se alcanzaron buenos convenios.
El proyecto no trata de algo que el PP viene proponiendo en los últimos tiempos, la reducción del número de concejales de los municipios, pero hay que mantenerse en alerta por si intentan introducir esa medida demagógica e interesada. Pese a que "suene bien", sería una decisión reaccionaria, que sólo favorecería a los partidos mayoritario. La reducción de "escaños" en los procesos electorales, con el sistema electoral vigente, aumentaría la sobrerepresentación de las fuerzas más votadas y la infrarepresentación del resto de las candidaturas, generando un panorama aún menos proporcional.
El significado político de la reforma de la Administración local propuesta es la preparación de nuevos recortes sociales, el bloqueo de nuevas experiencias políticas, el aumento del control de los aparatos de los grandes partidos sobre los municipios (incluyendo el control sobre sus propios concejales) y el debilitamiento de las posibilidades de control de la ciudadanía sobre los gobernantes. Creo haber argumentado ya esa opinión.
Ahora bien, también está vinculado a un proyecto de recentralización de España, que ha sido preparado a través de diversas campañas e iniciativas.
Esta recentralización es absolutista. El objetivo es concentrar la toma de decisiones en el menor número de personas posible, muy cercanas al aparato del PP o del partido hegemónico. El objetivo es eludir gobernanzas multilaterales y equilibrios, y desactivar potenciales contrapoderes o resistencias, no sólo aquellos que más temen, los que emanan de las calles y plazas, de la ciudadanía, sino también las que puedan aparecer en las propias instituciones.
No olvidemos, por ejemplo, que la presión social logró que hasta gobiernos municipales del PP se opusieran al proyecto de cierre de urgencias nocturnas, lo que es casi impensable en el ámbito de grupos parlamentarios en las Cortes o asambleas autónomicas, mucho más controlables que las más de 8000 corporaciones municipales. Es perfectamente coherente, por tanto, que el PP se proponga someter los municipios al control de los gobiernos regionales y de las diputaciones, en un periodo en el que la guerra social que han declarado las élites económicas y políticas conlleva también una tendencia autoritaria de recorte de derechos políticos y civiles.
El otro aspecto de esta recentralización está vinculado con las políticas y campañas cerriles que promueven el enfrentamiento con las amplias franjas de población que en determinados terriorios, sea Galicia, País Vasco y sobre todo Cataluña, tienen un sentimiento nacional diferente al característico del nacionalismo español y aspiran a que su opinión pueda ser una opción política viable a la que no se cierre de antemano todas las puertas.
No es tema de este artículo ni pretendo hacer un elogio de cualquir otro tipo de nacionalismo, pero sí quería señalar que es preciso diferenciar la actitud del PP y las derechas españolas ante las comunidades autónomas en general de su actitud ante lo que se ha venido denominando "nacionalidades históricas", muy en particular ante Cataluña, la bestia negra del nacionalismo español. No hay ninguna contradicción entre el intento de arrebatar competencias a los municipios para dárselos a CCAA y diputaciones, por un lado, y las políticas "españolizadoras" lanzadas irresponsablemente por Wert, creando problemas en ámbitos donde no existían. Ambas cosas responden a un mismo proyecto de autoritarismo político y degradación social, compartido por las élites europeas y españolas, pero mezclado con algunas de las peculiaridades "genéticas" de la derecha española.
Con lo dicho en estas páginas no pretendo hacer una apología de los gobiernos municipales ni dar a entender que en los ayuntamientos todo está bien. Muy por el contrario, creo que muchos gobiernos municipales de diversos partidos tienen una alta responsabilidad en la burbuja inmobiliaria y en las corrupciones que ha alimentado. Hay muchas cosas a cambiar, entre ellas los mecanismos de financiación de las entidades locales, pues es peligrosímo el alto grado en que dependen del desarrollo inmobiliario y de la recalificación de terrenos. Pero no es eso lo que aborda la propuesta de reforma hecha por Rajoy. Lo que aborda es la desarticulación de los servicios sociales municipales, cuando por el contrario deberían crecer. Lo que aborda es quitar a los municipios herramientas para evitar actividades depredadoras en su territorio. Lo que aborda es desmoronar los pocos elementos de democracia local y vecinal de que disponemos, para quitar poder a la ciudadanía y darle más poder a las cúpulas de los grandes partidos. Lo que aborda es la explotación especulativa y no sostenible de nuestro campo. Frente a ello, urge generar un amplio frente de todo tipo de entidades y movimientos, una gran alianza social, para parar este nuevo golpe a la democracia y al bienestar social.