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Timestamp: 2018-10-23 12:23:26
Document Index: 30052897

Matched Legal Cases: ['artículo 27', 'artículo 29', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 143']

Resolución de TEAC, 00/1664/2006, 20-12-2007 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/1664/2006 de 20 de Diciembre de 2007
Núm. Resolución: 00/1664/2006
Se ha incumplido el requisito previsto en el artículo 27 de la Ley 19/1994 de materialización de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) en el plazo de tres años, pues en el caso concreto no se ha efectuado construcción alguna sobre los terrenos adquiridos, ni en la finalización del ejercicio límite, ni en momentos posteriores. No procede que en la regularización inspectora se liquiden intereses sobre intereses.
En la Villa de Madrid, a 20 de diciembre de 2007, en el recurso de alzada interpuesto ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, por X, S.A. con NIF ... y en su nombre y representación por D. ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra la resolución del T.E.A.R. de ... de fecha 28 de febrero de 2006, en los expedientes ... y acumulada ..., relativos al IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, ejercicio 1999, y sanción y cuantía 224.032,93 €.
PRIMERO: Con fecha 11 de marzo de 2003 se formalizó por la Dependencia de Inspección de la Delegación de ... el acta de disconformidad (A02) nº ... por el concepto y ejercicio antes citados, acompañada del preceptivo informe ampliatorio. En ellos se hacía constar que:
1. De los libros obligatorios aportados, solamente se han examinado las partidas que tenían relación con la dotación a la Reserva para Inversiones en Canarias y con las deducciones por inversiones en Canarias.
2. La fecha de inicio de las actuaciones fue el 3 de junio de 2002. A los efectos del plazo máximo de doce meses de duración de las actuaciones establecido en el artículo 29 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, del tiempo total transcurrido hasta la fecha del acta no se deben computar 42 días, por un aplazamiento solicitado para aportar documentación.
3. Con anterioridad al inicio de las actuaciones inspectoras el sujeto pasivo había presentado declaraciones-liquidaciones con los siguientes datos:
Resultado contable declarado 112.658.150 ptas. (677.089,12 €)
Aumento IS 9.877.691 ptas. (59.366,12 €)
Disminución dotación RIC 91.253.102 ptas. (548.442,19 €)
Base Imponible declarada 31.282.739 ptas. (188.013,05 €)
Cuota íntegra 10.948.959 ptas. (65.804,57 €)
Deducciones inv. Canarias 1.071.268 ptas. (6.438,45 €)
Retenciones e ing. a cuenta 937.355 ptas. (5.633,62 €)
Pagos fraccionados 2.932.494 ptas. (17.624,64 €)
Autoliquidación 6.007.842 ptas. (36.107,86 €)
En el ejercicio de referencia el sujeto pasivo realizó la actividad de alojamientos turísticos extrahoteleros, epígrafe 685 del IAE.
4. Procede incrementar la Base Imponible declarada en 75.396.016 ptas. (453.139,18 €) por:
1.- La integración en la Base Imponible del importe de la dotación realizada a la Reserva para Inversiones en Canarias en el ejercicio 1995 (Ley 19/1994 artículo 27.8), que fue de 53.530.601 ptas. (321.725,39 €). Esta dotación no estaba correctamente materializada a 31 de diciembre de 1999.
Para materializarla, el sujeto pasivo adquiere una casa usada, tipo chalet de planta baja, en mal estado, que ocupa una superficie de 120 metros cuadrados, edificada sobre un solar de 1.087,50 metros cuadrados, en el pueblo de ..., término municipal de ..., en la Isla de ..., según escritura pública de fecha 22-11-1996. Esta casa fue demolida en 1998 con la intención de construir apartamentos en el solar, pero la construcción de estos apartamentos aun no se había iniciado a 31 de diciembre de 1999.
La inversión realizada en la adquisición del inmueble usado no cumple los requisitos del artículo 27.4 de la Ley 19/1994, pues no supone una mejora tecnológica para la empresa, ni cumple el apartado 5 de este artículo, ya que la vivienda se adquirió en 1996 y se demolió en 1998. Respecto al terreno después de la demolición es inmueble usado y no supone una mejora tecnológica para la empresa, pero además no está siendo utilizado en el desarrollo de la actividad, ni es necesario para la misma, ni la construcción de los apartamentos estaba empezada a 31 de diciembre de 1999.
2.- La minoración del importe de la dotación realizada a la Reserva para Inversiones en Canarias del ejercicio 1999 (Ley 19/1994 artículo 27.2) que eleva la Base Imponible en 21.865.415 ptas. (131.413,79 €), pues se declara una dotación de 91.253.102 ptas. (548.442,19 €) y la máxima dotación que puede realizarse es de 69.387.687 ptas. (417.028,4 €) ya que:
-el importe de 53.530.601 ptas. (321.725,39 €) que se integra en la Base Imponible, según lo dicho en el punto anterior, no es apto para determinar la dotación de la Reserva para Inversiones en Canarias del ejercicio 1999, pues son beneficios del año 1995, no de 1999.
-de los ingresos financieros declarados, los procedentes de imposiciones a plazo fijo en Y, S.A. sucursal sita en ..., que han sido de 545.160 ptas. (3.276,48 €) no son aptos para determinar la dotación a la Reserva para Inversiones en Canarias, pues proceden de la simple titularidad de activos no relacionados con la actividad, son ganancias obtenidas sin realizar actividad y se han obtenido fuera de Canarias (Ley 19/1994 artículo 27.2).
5. Proceden las deducciones declaradas por inversiones en Canarias.
6. La parte de cuota derivada del incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 27 de la Ley 19/1994 es de 18.735.710 ptas. (112.603,88 €). Sobre esta parte de cuota procede girar el correspondiente interés de demora (artículo 27.8 de la Ley 19/1994), según se detalla.
El acta es previa. La Inspección se ha limitado a comprobar la dotación a la Reserva para Inversiones en Canarias y las deducciones por inversiones en Canarias.
7. La deuda a ingresar asciende a 224.032,93 €, de los que 192.842,62 € corresponden a cuota y 31.190,31 € a intereses de demora.
SEGUNDO: Presentado escrito de alegaciones por el interesado, el 8 de julio de 2003 el Inspector Jefe dictó acuerdo de liquidación confirmando la liquidación propuesta en el acta. Dicha liquidación fue notificada el 15 de julio de 2003.
TERCERO: En cuanto al expediente sancionador, previa autorización de inicio del expediente sancionador otorgada por el Inspector Regional, se instruyó expediente sancionador por infracción tributaria grave. En él se impone una sanción del 50% de la cuota dejada de ingresar, 192.842,62 €, resultando una sanción a ingresar de 96.421,31 €.
La entidad presentó alegaciones. Con fecha 9 de julio de 2003 se dictó acuerdo sancionador en el que se confirma la imposición de sanción, pero se considera sancionable únicamente la cantidad dejada de ingresar de 137.480,61 €, por entender que sólo es sancionable la parte derivada de la incorrecta materialización de la Reserva para Inversiones en Canarias de 1995 y la inclusión de los ingresos financieros, pero no el exceso asociado a la regularización por incorrecta materialización de la RIC. La sanción resultante asciende a 68.740,31 €.
Este acuerdo se notifica con fecha 15 de julio de 2003.
CUARTO: Disconforme con estos acuerdos, la entidad interpuso reclamaciones económico-administrativas ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, número ..., contra el acuerdo de liquidación correspondiente al acta de disconformidad; y número ..., contra el acuerdo sancionador derivado de dicha acta.
El Tribunal Económico-Administrativo Regional, en sesión celebrada el 28 de febrero de 2006, resolvió las reclamaciones de forma acumulada, acordando:
1. Estimar parcialmente la reclamación ..., anulándose la liquidación en ella impugnada debiendo practicarse una nueva según los expuesto en los Fundamentos de Derecho. En concreto, en los Fundamentos de Derecho estima una cuestión relativa al cálculo del límite máximo, y la no consideración de diferencia permanente de la Reserva para Inversiones en Canarias de 1995 regularizada.
2. Estimar la reclamación ... y anular la sanción en ella impugnada, por interpretación razonable de la norma.
Esta resolución se notificó con fecha 23 de marzo de 2006.
QUINTO: Contra dicha Resolución se interpuso recurso de alzada ante este Tribunal Económico-Administrativo Central con fecha 24 de abril de 2006, alegando:
1.- Que no se deben tener por incumplidos los requisitos temporales de materialización de la dotación a la Reserva para Inversiones en Canarias de 1995, dada la concurrencia en la materialización de especiales circunstancias, así como la presencia de una causa de fuerza mayor que impidió su construcción en plazo. Alega que ya se hizo constar la complejidad de la inversión a acometer, acompañando una abundante prueba documental de las circunstancias que acreditaban tal calificación de la inversión como compleja, y justifican el exceso de plazo.
Además, concurre una circunstancia de fuerza mayor, ya que después de una tardanza del Ayuntamiento de ... de un año y cuatro meses en aprobar el Estudio de Detalle de la zona en cuestión (trámite previo para la concesión de la Licencia Municipal), el referido Estudio de Detalle fue recurrido por el órgano especializado de la Comunidad Autónoma de Canarias (COTOMAC), recurso cuya previsión superaba la adecuada diligencia exigible de cualquier empresario que no pudo imaginar siquiera que, tras el prologando plazo para aprobar el Estudio de Detalle por el municipio, el mismo fuera recurrido finalmente por otra Administración Pública.
La resolución del Tribunal Regional se limita a realizar, casi de pasada (Fundamento octavo, último párrafo), una superficial referencia a la imposibilidad de valorar la previsibilidad o no de la actuación de la COTOMAC, para concluir que como quiera que la inversión no se llevó a acabo en plazo procedía desestimar las pretensiones de la entidad recurrente en este punto. Se estima que con tal escasa y razonada contestación a la amplia argumentación y acreditación fáctica que se dejó expuesta en torno al imputado incumplimiento de los requisitos temporales de la materialización de la dotación RIC, el Tribunal Regional no ha dado la respuesta adecuada, ni sustantiva ni procedimentalmente, a la pretensión que a tal efecto se dejó formulada.
2.- Deficiente e incorrecto cálculo de los intereses de demora que se realiza en el acuerdo de liquidación impugnado. En el acuerdo se detalla el cálculo de la liquidación del ejercicio 1999 y en él se incluye una partida de 5.697.708 pesetas (34.243,91 €) en concepto de "Intereses art. 27.8 Ley 19/1994", siendo el resultado total de la cuota derivada del acta la cifra de 32.086.313 pesetas (192.842,62 €). Esta última cifra de 32.086.313 pesetas (192.842,62 €) es la que se toma como base de cálculo de los intereses cuya cifra es 5.189.631 pesetas (31.190,31 €), según consta en la página 19 del acuerdo (Párrafo final del Considerando 8°). La consecuencia que se desprende de esta forma de proceder no es otra que la de calcular intereses de demora sobre intereses de demora, criterio este que ha sido rechazado de forma reiterada por ese Tribunal Central en sus resoluciones
PRIMERO: Concurre en el presente expediente el requisito de competencia de este Tribunal Central, por razón de la materia y de la cuantía del acto impugnado, para conocer en segunda instancia de la presente reclamación económico-administrativa, habiéndose interpuesto en forma y plazo hábil, por persona con capacidad y legitimación suficientes, siendo las cuestiones a resolver las siguientes: 1. Si se incumplió la materialización de la Reserva para Inversiones en Canarias de 1995. 2. Si es correcto el cálculo de los intereses de demora.
SEGUNDO: Dispone el art. 27 de la Ley 19/1994 del Régimen Económico y Fiscal de Canarias: "1. Las sociedades y demás entidades jurídicas sujetas al Impuesto sobre Sociedades tendrán derecho a la reducción en la base imponible de este impuesto de las cantidades que, con relación a sus establecimientos situados en Canarias, destinen de sus beneficios a la reserva para inversiones de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo.
TERCERO: Consta en el expediente que la entidad adquirió en el ejercicio 1996 un casa usada, que fue demolida con la intención de construir en el solar apartamentos. Pues bien, en relación con dicha inversión inicial, hay que analizar el cumplimiento del requisito temporal establecido en el artículo 27 de la Ley 19/1994 de materialización de la reserva en activo válido, y si la alegada imposibilidad legal de acometer construcción prevista por las razones expuestas por el recurrente permiten obviar el mencionado requisito a efectos de la validez de la reducción aplicada.
En efecto, como resulta de los preceptos transcritos anteriormente, la Ley exige que la inversión se haga, bien directamente en activos fijos empresariales, bien de forma indirecta mediante títulos o participaciones de sociedades que inviertan en los mismos. Ello quiere decir que ha de tratarse en definitiva, como señala el PGC recogiendo un concepto contable común, de "elementos del patrimonio destinados a servir de forma duradera en la actividad de la empresa", y como ha sido el criterio del Tribunal Central en otras ocasiones (véase, entre otras, la Res. de 25 de noviembre de 2005, correspondiente al R.G. 1747/03), del examen de la norma y de su finalidad se desprende que lo adecuado es exigir que dentro del plazo legal se haya adquirido el bien de que se trate dicha adquisición se vea seguida por un proceso ininterrumpido de actuaciones tendentes a la finalización de las obras y la entrada en funcionamiento del elemento de que se trate, aunque tal puesta en funcionamiento se haya producido después del plazo legal de los 3 años. Para ello se exige que exista una intención seria, confirmada por elementos objetivos (programa de inversiones, adquisiciones de bienes o servicios correspondientes al mismo), de acometer y finalizar la inversión, y que inexcusablemente, la puesta en funcionamiento se produzca finalmente.
En el caso que nos ocupa, y tras la adquisición de los mencionados terrenos donde según afirma el interesado, se planeaba construir unos apartamentos, existen trámites administrativos iniciados dirigidos a obtener la licencia administrativa, si bien por diversas razones (ajenas a su voluntad según razona el recurrente) no llegan a iniciarse las obras ni en el período legal ni en momentos posteriores comprobados por la Inspección.
A tales efectos debe señalarse, que si bien este Tribunal ha admitido, en los términos señalados, supuestos en que se admite la posibilidad del exceso de tres años para la entrada en funcionamiento, en el caso de que la entrada en funcionamiento posterior resulte finalmente llevada a cabo, no es posible admitir en el presente caso la validez de la materialización realizada, ya que en este supuesto no se ha efectuado construcción alguna sobre los terrenos adquiridos, ni en la finalización del ejercicio límite (1999) ni en momentos posteriores (de la documentación del expediente se desprende que en el año 2003 no se había terminado la construcción que además se vio nuevamente paralizada).
De acuerdo con lo razonado anteriormente, por tanto, resulta que en este caso ha de entenderse incumplido el requisito de materialización válida exigido por la Ley 19/1994, y, por consiguiente, declarar conforme a Derecho la regularización practicada por la Inspección.
CUARTO: La siguiente cuestión se refiere a la existencia de duplicidad de intereses, al haberse incluido en la cuota intereses de demora.
Es decir, la cuestión planteada se centra en determinar el significado y alcance de lo establecido en el artículo 27.8 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, según el cual: "La disposición de la reserva para inversiones con anterioridad al plazo de mantenimiento de la inversión o para inversiones diferentes a las previstas, así como el incumplimiento de cualquier otro de los requisitos establecidos en este artículo dará lugar a la integración en la base imponible del ejercicio en que ocurrieran estas circunstancias de las cantidades que en su día dieron lugar a la reducción de la misma. Sobre la parte de cuota derivada de lo previsto en el párrafo anterior se girará el interés de demora correspondiente calculado desde el último día del plazo de ingreso voluntario de la liquidación en la que se realizó la correspondiente reducción de la base imponible".
El artículo 143.3 de la Ley 43/1995 dispone: "Autoliquidación e ingreso de la deuda tributaria. (...)
Salvo que específicamente se establezca otra cosa, cuando con posterioridad a la aplicación de la exención, deducción o incentivo fiscal se produzca la pérdida del derecho a disfrutar de la misma, el sujeto pasivo deberá ingresar, junto con la cuota del período impositivo en que tenga lugar el incumplimiento de los requisitos o condiciones, la cuota íntegra o cantidad deducida correspondiente a la exención, deducción o incentivo aplicado en períodos anteriores, además de los intereses de demora".
Sobre dicha cuestión, ya se ha pronunciado este Tribunal, en su Resolución de 14 de septiembre de 2006 (RG 3305/03), en el que se estimaban las alegaciones presentadas por el recurrente, por considerar que existía dicha duplicidad.
En la mencionada resolución se consideraba que "los artículos establecen la forma en que el sujeto pasivo ha de regularizar su situación tributaria cuando advierte que ha incumplido los requisitos establecidos para el disfrute del RIC y de la deducción por inversiones, esto es, la técnica a emplear para dicha regularización, sin que de dicho artículo pueda deducirse la conversión de los intereses de demora en cuota tributaria. Por todo ello, la Inspección habrá de practicar una nueva liquidación de intereses que deberá de ajustarse a lo dispuesto en el presente Fundamento, esto es, eliminando de la base de cálculo los intereses de demora incluidos en la misma. Por la misma razón, la cuota tributaria exigida a la recurrente en el Acta habrá de reducirse en el importe de los intereses de demora incluidos en la misma por la Inspección".
Por lo tanto, no resulta ajustada a Derecho la liquidación practicada por la Inspección, estimando, consecuentemente, las alegaciones presentadas por el contribuyente. Se debe practicar una nueva liquidación eliminando los intereses de demora de la base de cálculo.
EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, en SALA, en el presente recurso de alzada, ACUERDA: Estimar en parte la reclamación. Anular la Resolución impugnada. Anular el acuerdo de liquidación que deberá sustituirse por otro de acuerdo con lo expuesto en los Fundamentos de Derecho anteriores.
Orden: Administrativo Fecha: 15/07/2013 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Martinez De Velasco, Joaquin Huelin Num. Recurso: 1483/2012
Sentencia Administrativo Nº 104/2016, AN, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 579/2013, 18-02-2016
Orden: Administrativo Fecha: 18/02/2016 Tribunal: Audiencia Nacional Ponente: Garcia, Fernando Roman Num. Sentencia: 104/2016 Num. Recurso: 579/2013
Resolución Vinculante de DGT, V1768-09, 28-07-2009
Órgano: Sg De Impuestos Sobre La Renta De Las Personas Físicas Fecha: 28/07/2009 Núm. Resolución: V1768-09
Resolución Vinculante de DGT, V0607-08, 28-03-2008
Órgano: Sg De Impuestos Sobre La Renta De Las Personas Físicas Fecha: 28/03/2008 Núm. Resolución: V0607-08
Resolución Vinculante de DGT, V0497-08, 06-03-2008
Órgano: Sg De Impuestos Sobre La Renta De Las Personas Físicas Fecha: 06/03/2008 Núm. Resolución: V0497-08
Resolución Vinculante de DGT, V2562-07, 28-11-2007
Órgano: Sg De Impuestos Sobre La Renta De Las Personas Físicas Fecha: 28/11/2007 Núm. Resolución: V2562-07