Source: http://www.estadomayor.mx/85315
Timestamp: 2019-03-19 06:23:35
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Matched Legal Cases: ['artículo 71', 'artículo 49', 'artículo 13', 'artículo 57', 'artículo 89', 'artículo 14', 'artículo 27', 'artículo 36', 'artículo 45', 'Artículo 13', 'Artículo 123', 'artículo 50', 'Artículo 7', 'Artículo 7', 'Artículo 45']

Pongamos a discusión la propuesta de proyecto de ley para reformar las Fuerzas Armadas – EstadoMayor.mx
Nosotros hacemos libre y voluntariamente cosas justas y cosas injustas, pero jamás somos voluntariamente víctimas de la injusticia.
Aristóteles, “De la Justicia” La gran moral · libro primero, capítulo XXXI,
México, 7 de septiembre.- Hace una semana, en EstadoMayor.mx publicamos “Derogar el ‘fuero de guerra’, primer objetivo de Morena en San Lázaro; va por la ‘democratización de las fuerzas armadas’” ( http://edoma.xyz/5rf2z ) , un acercamiento al proyecto de iniciativa de Ley de la bancada de MORENA en la Cámara de Diputados con el fin de “democratizar los fuerzas armadas”. Información que nuevamente se adelantó a los demás medios. Hemos publicado posteriores análisis al respecto. Conocemos la conmoción que ha provocado en los medios de comunicación y las esferas militares, quiénes siempre tienen un foro abierto en este espacio.
A lo largo de nuestros seis años de existencia, EstadoMayor.mx ha privilegiado el ejercicio y ética periodística. En esta línea, reconocemos la obligación de informar lo que generan actores de la sociedad que en determinado momento se han acercado a nosotros. Creemos fielmente en la imperativa necesidad del diálogo, partiendo del conocimiento de las Fuerzas Armadas y su quehacer. De la necesidad de la traducción del mundo castrense al mundo civil y viceversa
Hemos defendido a las Fuerzas Armadas, con quiénes los abajo firmantes tenemos una gran afinidad e identificación, en algunos casos, incluso familiar. Con la misma intensidad hemos señalado sus desaciertos. Convencidos siempre que la comunicación y difusión son las dos características necesarias a priori para la discusión, el debate y el diálogo; acciones que derivan en el progreso axiológico de la sociedad como fin primario del Estado mexicano.
Este blog, espacio periodístico especializado de nicho, cree firmemente que la propuesta de Ley a la que tuvo acceso, requiere imperativamente una discusión y análisis exhaustivo sin prejuicios de ninguna de las partes y con un ejercicio indispensable de comprensión hacia todos los factores que conforman la vida castrense y que para los militares son irrenunciables. Reformas tan profundas para el Estado se deben discutir plenamente en todas las esferas, tanto civiles como militares. Y ambas, encontrar puentes y vínculos de diálogo. Quiénes laboramos en EstadoMayor.mx, además de promover este primordial ejercicio, exigimos ser incluidos en estos foros y mesas, no en vano integramos el espacio más leído y citado en la materia.
Con este afán, publicamos el texto integro tal cual tuvimos acceso.
Bruno Cárcamo, Director General
Angel Silva, Coordinador Editorial
Que reforma la Constitución política de los estados unidos mexicanos y adiciona diversas disposiciones a las Leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Orgánica de la Procuraduría General de la República, Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, Código de Justicia, Código Militar de Procedimientos Penales, Ley del Instituto d Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, así como Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada.
……………………Diputado Federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Leyes Orgánicas del Poder Judicial de la Federación, del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, del Código de Justicia Militar, Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejercito, Fuerza Aérea y Armada bajo la siguiente:
Con el fin de dar paso a la Cuarta transformación de nuestra república, y consolidarla como un estado moderno, democrático, de pleno respeto a los Derechos Humanos y a la división de poderes como garantía republicana del balance indispensable entre instituciones, las Fuerzas Armadas de tierra mar y aire, no deben quedar fuera de este proceso de modernización, toda vez que tienen y seguirán teniendo un papel preponderante en el sostenimiento de nuestra soberanía y seguridad nacional, por lo que democratizarlas, es un tema que la actual legislatura debe atender de manera urgente, por el bien de todos los que integramos nuestra República Mexicana.
En el México moderno que todos aheleamos, es muy difícil encontrar argumentos válidos para negar que el Fuero de Guerra o Justicia Militar es un resquicio de lo que fue un régimen autoritario que debe desaparecer, en especial tomando como base la cantidad de solicitudes de información dirigidas a las Fuerzas Armadas que han sido ignoradas o negadas bajo diversos argumentos, principalmente aludiendo seguridad nacional; la cantidad de quejas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas; así como la cantidad de Juicios de Amparo, penales y administrativos promovidos por militares en contra de actos de autoridad de altos funcionarios militares; por lo que podemos asumir que la derogación del fuero de guerra es también la punta del iceberg para iniciar la modernización a través de la democratización de las fuerzas armadas en pos del desarrollo nacional.
A este respecto, los altos funcionarios de las fuerzas armadas (Ejercito, Fuerza Aérea y Marina Armada) han defendido la subsistencia del fuero de guerra o sistema de justicia militar, argumentando que derogarlo, sería como eliminar la disciplina militar, y siendo esta un bien jurídico militar fundamental para que funcionen las fuerzas armadas, solo puede ser entendida por los militares, una hipótesis muy cuestionable en un país de estado de derecho.
Lo que puede verificarse en la Ley de Disciplina del Ejercito y Fuerza Aérea Mexicanos publicada el 13 de marzo de 1926, reformada la última vez el 10 de diciembre del 2004, y Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre del 2002, mismas que en esencia, describen las formalidades y protocolos de la vida diaria militar, reiteran la relación incuestionable entre los grados jerárquicos y el deber de obediencia, conceptos ampliamente replicados y muchas veces más desarrollados bajo la cultura de respeto a los Derechos Humanos en todas y cada una de las organizaciones publicas y privadas, que además representan la medida mínima de organización de una sociedad civilizada, por lo que puede asumirse que trasladar los juzgados militares al Poder Judicial, NO significa atentar contra la disciplina militar, más bien es la única forma de dotar a los integrantes de las Fuerzas Armadas y sus familias, de seguridad jurídica, como elemento mínimo de protección de Derechos Humanos dentro de la institución, a través de jueces independientes, libres de adoctrinamiento(adormecimiento emocional), que no obedezcan ciegamente a las órdenes muchas veces prejuiciosas del Secretario dela Defensa Nacional y de Marina.
Resaltando que es una necesidad real, la modernización de nuestra república consolidando el estado democrático, de finanzas publicas transparentes, de pleno respeto a los Derechos Humanos, que implicaría inclusive trasladar la investigación de los delitos estrictamente contra la disciplina militar, a la Fiscalía General de la República para otorgar certidumbre jurídica a la comunidad militar.
A respecto de la operación actual del Sistema de Justicia militar, los testimonios de cientos de militares que han sido procesados, sostienen exhibiendo sus respectivos expedientes, que el fuero de guerra oculta una serie de propósitos opacos muy alejados de la intención de impartir justicia, que tiene influencia hasta los mismos Juzgados de Distrito del Poder Judicial, donde suelen apersonarse representantes de la “aristocrática justicia militar” blandiendo sus relucientes uniformes para negociar se solapen las irregularidades en los procesos penales militares y se apoyen las interpretaciones parciales e indolentes, clásicas del adoctrinamiento de los funcionarios militares.
Además, esta situación de simulación de justicia en las Fuerzas Armadas, ha demostrado ser el sustento de la impunidad en la cadena de mando, empleando la complejidad del sistema militar para entorpecer las investigaciones de origen civil y deslindar así a los altos funcionarios, para que en los casos de operaciones fallidas, solo se procesen penalmente a los oficiales subalternos y personal de la tropa, socavando la moral y la efectividad operativa de las Fuerzas Armadas.
En este orden de ideas, nunca debieron esperarse resultados positivos de parte del Fuero de Guerra, desde el momento en que el constituyente permitió que el poder ejecutivo en la persona del Secretario de la Defensa Nacional tuviera bajo su mando el Sistema de Justicia Militar (Fuero de Guerra) como lo prescribe la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en sus artículos: 21 párrafo III, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 92 y 93, pues se le concedió a este funcionario y sus aliados, pasar por encima del artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual en su segundo párrafo establece: “El Supremo Poder de la federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
“No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación”.
Fue un error dejar la última parte del artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda. Artículo original DOF 05-02-1917
Como fundamento para la subsistencia del fuero de guerra, para juzgar a los militares supuestamente solo por delitos contra la disciplina militar, pero ampliando el catalogo de delitos por medio del famoso artículo 57 del Código de Justicia Militar, mismo que, aunque ya ha sido acotado por sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sigue siendo un bastión jurisdiccional para limitar el control civil sobre las Fuerzas Armadas.
Así las cosas, no cabe la menor duda de que el Sistema de Justicia Militar, tiene un problema de origen en virtud de que los Tribunales Militares no cuentan la autonomía e independencia para impartir justicia, ya que ambas instituciones dependen jerárquicamente del Secretario de la Defensa Nacional y Mando Supremo que es el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, según se desprende del artículo 89, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 11 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como de los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica de la Armada de México.
La misma Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en su artículo 14/o., fracción II, faculta al Mando Supremo, el Presidente de la República para nombrar al Presidente del Tribunal Superior Militar y a los Magistrados del mismo, y el Código de Justicia Militar en su artículo 27/o., establece que los Jueces Militares, así como el personal subalterno de los Juzgados Militares, serán designados por la Secretaria de la Defensa Nacional, con lo que queda claro que no se garantiza independencia en la administración de justicia militar.
En tal virtud, en lo que atañe al Sistema de Justicia Militar el Poder Ejecutivo realiza funciones formalmente jurisdiccionales que son propias del Poder Judicial de la Federación, aun cuando en este sentido, inclusive la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido muy puntual en señalar que la figura del Juez Natural es, es el único camino para poder otorgar al imputado, el debido proceso y por ende el acceso a la justicia.
Por esta razón, se pide al constituyente actual, la abrogación inmediata del Fuero de Guerra o Justicia Militar, y se le limite exclusivamente para una potencial situación de guerra, subsanando así diversos vacíos legales existentes al interior de la legislación militar, toda vez que esos vacíos legales mantienen en estado de indefensión a los más de 250 000 militares integrantes de las Fuerzas Armadas de tierra, mar y aire, pero lo que es peor, se encuentran amenazados abiertamente los Derechos Humanos de las familias de los militares, sin importarles que se trate de mujeres y niños, ante la arbitrariedad y adoctrinamiento indolente de los altos funcionarios de las fuerzas armadas.
Adicional a esta situación, dado que la primera responsabilidad de las Fuerzas Armadas ante la sociedad en su conjunto consiste en que éstas son las depositarias de la fuerza que el Estado resuelve emplear en apoyo de su política internacional o frente a conmociones o problemas internos. El empleo de esos instrumentos no puede hacerse sin sujeción a una ética universal representada por el respecto a los Derechos Humanos. Un soldado es un ciudadano más que opta por servir al Estado en otras funciones, tiene la obligación de respetar los derechos humanos, debe tener conciencia de estos valores y haberlos experimentado propiamente para poder garantizarlos y defenderlos, y debe someterse a las leyes con las mismas responsabilidades y exigencias que cualquier ciudadano en cualquier país (es un principio universal la igualdad entre las personas), en donde las leyes y los tribunales deben ser los mismos para toda la sociedad y no ser considerado como parte de un grupo social con privilegios.
Por lo que es innegable que la democratización de las fuerzas armadas significa actualizar un modelo obsoleto, burocrático e ineficiente, que no responde a las nuevas realidades y retos del siglo XXI y que obliga a la revisión y el debate público sobre el papel de las Fuerzas Armadas como imperativo del proceso de consolidación de la democracia. Y, aunque hoy el horizonte de modernización militar y disminución de su autonomía parece lejano, es necesario empezar a concebir y pensar la plataforma sobre la que debería asentarse una reforma militar, para lo que se pude señalar entre otros elementos:
Obligación del Secretario de la Defensa Nacional de comparecer personalmente ante el Congreso de la Unión cada vez que se le requiera.
Así mismos bajo el principio de austeridad republicana, es indispensable indagar en la limitación del número de altos funcionarios específicamente Generales (de División, de Brigada y Brigadieres) y su equivalencia en las tres fuerzas armadas de acuerdo a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a los estrictamente necesarios.
Realizando un proceso de reingeniería administrativa y operativa al interior de las Fuerzas Armadas, revisando inclusive los grados jerárquicos estrictamente necesarios de acuerdo a las funciones orgánicas podría arrojarnos la posibilidad inclusive de eliminar algunos grados militares del Ejército Mexicano como: Sargento Segundo, Capitán Segundo, Teniente Coronel, General de Brigada y General de División, con sus equivalencias en la Fuerzas Aérea y Marina; es decir, la escala jerárquica de las Fuerzas Armadas podría quedar de la Forma Siguiente:
UNIDAD A COMANDAR ADSCRIPCIÓN POLÍTICA
Escuadra (4 efectivos)
Pelotón (9 efectivos)
Mando Accidental de Sección (27 efectivos)
Sección (27 efectivos)
Compañía (Aprox.100 efectivos)
Batallón (De 500 a 800 efectivos)
Acorde a necesidades operativas
Brigada (De 2000 a 5000efectivos)
División (De 6000 a 20000efectivos)
Una por cada entidad federativa
Esta nueva forma de organizar a la Fuerzas Armadas, no daría como resultado una Zona Militar por cada entidad federativas, misma que deberá estar dotada de medios operativos y logísticos necesarios para operar como “Gran Unidad Superior”(División) al mando de un General (grado máximo militar propuesto) eliminando las actuales Regiones Militares, toda vez que la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea en su artículo 36, las define como la unión de varias zonas militares, en un supuesto de necesidad estratégica, para que en caso de guerra pudieran convertirse en teatro de operaciones militares; solo que esta forma de concepción estratégica militar corresponde a la doctrina de la II Guerra Mundial, por lo que actualmente estas Regiones Militares son figuras organizativas anticuadas dispuestas solo para dar cabida a puestos de Generales de División.
El otorgamiento de los grados militares más altos, es decir, los grados de coroneles y generales, también deben estar contemplados en el sistema de ascensos por promociones, eliminando el sistema de ascenso por “Acuerdo Presidencial”, toda vez que esta figura ha dejado mucho que desear en cuestión de transparencia y valoración del talento.
Así mismo, considerando la evolución que han tenido los ejércitos en todo el mundo, debido al empleo masivo de tecnología, debe revisarse la funcionalidad del armamento y vehículos con que cuentan las Fuerzas Armadas, considerando la necesidad de equiparlas con vehículos y armamento moderno y ligero, a doc a los tiempos actuales y a la capacidad económica de la república, analizando si debemos seguir manteniendo aun las armas de ARTILLERIA, BLINDADOS Y ZAPADORES por una mera cuestión de tradición, tomando en cuenta el alto costo de mantenimiento y operación de algunos materiales, así como su poca o nula posibilidad de empleo efectivo para una situación bélica en los tiempos actuales; bien valdría la pena analizar la idea de transformar todas las unidades de las Fuerzas Armadas en Batallones de Fuerzas Especiales y algunas aeromóviles.
Debe considerarse demás, la posibilidad de abrir todas las escuelas militares que integran la Universidad del Ejercito Fuerza Aérea y Armada, para dar oportunidad a la mayor cantidad de ciudadanos que decidan estudiar en estos planteles, sin disminuir los requisitos de ingreso, pero eliminando la obligación actual de que una vez graduado el estudiante permanezcan en las fuerzas armadas el doble del tiempo de duración de los estudios (como pago por los recursos erogados por la institución militar), considerando que recursos erogados en educación pública son la mejor inversión del presupuesto, además de que existe evidencia plena de que en la educación militar hay activos muy apreciables por las instituciones tanto públicas como privadas.
Y dada la coyuntura de inseguridad que amenaza nuestra república, la Licenciatura en Administración Militar que cursan los cadetes del Heroico Colegio Militar para egresar como Subtenientes, podría adecuarse a Licenciatura en Seguridad Publica o incluso impartirse ambas licenciaturas.
Así mismo, en una visión de eficiencia republicana, deben cuestionarse los perfiles de los altos funcionarios del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) y del Banco Nacional del Ejercito Fuerza Aérea y Armada (BANJERCITO), pues siendo estas dos instituciones de características civiles y no militares, no existe justificación natural para que el Director del I.S.S.F.A.M. deba ser un General de División o Almirante, como lo prescribe el articulo 7/o, de la respectiva Ley, y de igual manera no se justifica el contenido del artículo 45 de la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejercito Fuerza Aérea y Armada, mismo que prescribe que el Director General debe ser un General o Jefe, por citar dos ejemplos.
Por último, cabe citar que uno de los principales problemas a resolver por la nueva administración federal, será el alto grado de inseguridad alcanzado en todo el país notoriamente acentuado a partir del año 2006, por lo que se han empleado a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, y aunque los resultados han sido muchas veces cuestionables, todo apunta a que, hasta en tanto no se tengan a las fuerzas policiales de todo el país, debidamente profesionalizadas, equipadas y bien pagadas, las fuerzas armadas seguirán cumpliendo funciones de seguridad pública; por lo que esta legislatura no debe escatimar recurso alguno que favorezca su efectividad y democratizarlas es el único camino para este fin.
Así las cosas, no puede negarse que la Democratización de las Fuerzas Armadas, es un pendiente nacional, es urgente dar certeza jurídica a la comunidad militar y garantizar el bienestar de sus familias, subrayando que debido al perfil de ingreso de la comunidad militar a tales instituciones y a su preparación sui generis en técnicas y habilidades de administración de violencia, sus familias representan el único enlace con el tejido social lo suficientemente fuerte como para hacerlos resistir todo tipo de tentaciones contrarias a la sociedad.
Por las consideraciones antes expuestas, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de reforma a:
Proponemos la reforma del Artículo 13. El cual debería quedar de la forma siguiente:
Proponemos la reforma del Artículo 123. El cual debería quedar de la forma siguiente
Los militares y marinos se regirán por la Ley Federal del Trabajo en la parte correspondiente a la Fuerzas Armadas.
Proponemos la incorporación del artículo 50 Quinque de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para crear Jueces Penales Federales en materia militar, que conozcan y resuelvan sobre la probable comisión de delitos exclusivamente contra la disciplina militar previstos en el Código de Justicia Militar.
Se derogan los artículos del 26 al 30, mismos que definen la competencia de los Tribunales Militares, del Tribunal Superior Militar así como su compatibilidad con otros cargos militares.
Se deroguen todos los artículos relacionados con la Conformación del Tribunal Superior Militar, los Juzgados Militares y el perfil de los Magistrados y Jueces Militares.
Ley del Instituto de Seguridad para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Proponemos la reforma del Artículo 7/o, el cual deberá quedar de la forma siguiente:
Artículo 7o. El Director General, así como los directores de área que se estime necesarios para el eficaz funcionamiento del Instituto, serán nombrados por los integrantes de la Junta Directiva, cumpliendo los requisitos y procedimientos establecidos en la respetiva Ley.
Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejercito Fuerza Aérea y Armadas.
Proponemos la reforma del Artículo 45, el cual deberá quedar de la forma siguiente:
El Director General será nombrado por la Junta de Gobierno, de entre los directores de área que cumplan los requisitos establecidos en la ley.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro; a 1 de septiembre de dos mil dieciocho.
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