Source: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0385_ES.html
Timestamp: 2020-04-10 07:24:10
Document Index: 216030658

Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 44', 'artículo 165', 'artículo 227', 'artículo 51', 'artículo 21', 'artículo 44', 'artículo 51', 'artículo 11', 'artículo 41', 'artículo 51', 'artículo 50', 'artículo 21', 'artículo 9', 'artículo 20', 'artículo 25', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 15', 'artículo 3', 'artículo 20', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 20', 'artículo 15', 'artículo 6']

INFORME sobre el Informe sobre la ciudadanía de la UE 2017: Fortaleciendo los derechos de los ciudadanos en una Unión de cambio democrático
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sobre el Informe sobre la ciudadanía de la UE 2017: Fortaleciendo los derechos de los ciudadanos en una Unión de cambio democrático
Csaba Sógor, Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
ANEXO: LISTA DE ENTIDADES O PERSONAS CONSULTADAS POR LA PONENTE
– Visto el Informe sobre la ciudadanía de la UE 2017, de 24 de enero de 2017, titulado «Fortaleciendo los derechos de los ciudadanos en una Unión de cambio democrático» (COM(2017)0030),
– Visto el informe elaborado de conformidad con el artículo 25 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) sobre el progreso hacia el ejercicio efectivo de la ciudadanía de la Unión durante el periodo 2013-2016,
– Vistos los resultados de la consulta pública de 2015 sobre la ciudadanía de la Unión, realizada por la Comisión, y los resultados de las encuestas de 2015 del Eurobarómetro sobre derechos de sufragio y sobre ciudadanía,
– Vistos los artículos 2, 6 y 9 a 12 del Tratado de la Unión Europea (TUE), los artículos 18 a 25 del TFUE y los artículos 11, 21 y 39 a 46 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
– Visto el respeto del Estado de Derecho consagrado en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea,
– Visto el artículo 3, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea, que consagra el derecho a la libre circulación de las personas,
– Visto el derecho de petición consagrado en el artículo 44 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
– Visto el artículo 165 del TUE,
– Visto el derecho de petición consagrado en el artículo 227 del TFUE,
– Visto el Protocolo n.º 1 anejo al TFUE sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea,
– Visto el Protocolo n.º 2 anejo al TFUE sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad,
– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 29 de febrero de 2016, sobre la estrategia para el mercado único(1), y en especial, el documento sobre el resultado de la reunión informal de los centros SOLVIT celebrada en Lisboa, el 18 de septiembre de 2015(2),
– Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2014, sobre el Informe sobre la ciudadanía de la UE 2013- Ciudadanos de la UE: vuestros derechos, vuestro futuro(3),
– Vista su Resolución, de 2 de abril de 2016, sobre la adquisición de conocimientos acerca de la UE en la escuela(4),
– Vista su Resolución, de 6 de octubre de 2016, sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión - Informe anual de 2014(5),
– Vista su Resolución, de 2 de febrero de 2017, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre los aspectos transfronterizos de las adopciones(6),
– Vista su Resolución, de 2 de marzo de 2017, sobre la ejecución del programa Europa para los Ciudadanos(7),
– Vista la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de menores (refundición) (COM(2016)0411),
– Visto su informe sobre las actividades de su Grupo de trabajo sobre asuntos relativos al bienestar infantil, y en particular sus conclusiones(8),
– Vista su Resolución, de 15 de diciembre de 2016, sobre las actividades de la Comisión de Peticiones en 2015(9),
– Vistas la opinión de la Comisión de Peticiones, de 23 de febrero de 2017(10), y la opinión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de 1 de junio de 2017(11), sobre el informe de la Comisión Europea sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE en 2015,
– Vistas las audiencias organizadas por la Comisión de Peticiones en 2016 y 2017, y en concreto la audiencia pública conjunta de 11 de mayo de 2017 coorganizada por las comisiones LIBE, PETI y EMPL sobre la situación y los derechos de los ciudadanos de la Unión en el Reino Unido, la audiencia pública de 11 de octubre de 2016 sobre los obstáculos a la libertad de los ciudadanos de la Unión de circular y trabajar en el mercado interior; la audiencia pública de 4 de mayo de 2017 sobre la lucha contra la discriminación a los ciudadanos de la Unión en los Estados miembros de la Unión y protección de las minorías, la audiencia pública conjunta de 15 de marzo de 2016 sobre la ciudadanía de la Unión en la práctica, organizada por la Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión y las comisiones LIBE, PETI, AFCO y JURI y la audiencia conjunta de 29 de junio de 2017 sobre la apatridia, organizada por las comisiones LIBR y PETI;
– Vistas la audiencia de la Comisión PETI, de 22 de febrero de 2016, sobre el tema «¿Ampliar el ámbito de aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión (artículo 51)?», la audiencia de 21 de junio de 2016 sobre el tema «Transparencia y libertad de información dentro de las instituciones de la Unión», y la audiencia de 22 de junio de 2017 sobre el tema «Recuperar la confianza de los ciudadanos en el proyecto europeo», junto con las anteriormente celebradas en esta legislatura sobre el derecho de petición, de 23 de junio de 2015, y sobre la Iniciativa Ciudadana Europea, de 26 de febrero de 2015,
– Vistos los estudios encargados en 2016 y 2017 por el Departamento Temático C del Parlamento Europeo a solicitud de la Comisión de Peticiones titulados «Obstacles to the right of free movement and residence for EU citizens and their families» (Obstáculos al derecho de libre circulación y residencia para los ciudadanos de la Unión y sus familias), «Discrimination(s) as emerging from the petitions received» (Discriminación(es) puesta(s) de manifiesto por las peticiones recibidas), «The impact of Brexit in relation to the right to petition and on the competences, responsibilities and activities of the Committee on Petitions» (Repercusiones del brexit en relación con el derecho de petición y en las competencias, responsabilidades y actividades de la Comisión de Peticiones) y «The protection role of the Committee on Petitions in the context of the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities» (Función protectora de la Comisión de Peticiones en el contexto de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad),
– Vistos el informe de la Comisión de Peticiones y las opiniones de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, de la Comisión de Cultura y Educación, de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0385/2017),
A. Considerando que la ciudadanía de la Unión y sus derechos correspondientes fueron instaurados inicialmente en 1992 por el Tratado de Maastricht y fueron reforzados por el Tratado de Lisboa, que entró en vigor en diciembre de 2009, así como por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;
B. Considerando que el ejercicio de la ciudadanía requiere como condición previa la garantía y el disfrute de todos los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales;
C. Considerando que un enfoque holístico orientado al logro de los objetivos fijados en los Tratados de la Unión, como el pleno empleo y el progreso social, es fundamental para el ejercicio real de los derechos y las libertades vinculados a la ciudadanía de la Unión;
D. Considerando que el acceso a la ciudadanía de la Unión se adquiere a través de la nacionalidad de un Estado miembro, regulada por las leyes nacionales; que, al mismo tiempo, esta institución genera los derechos y deberes que establece el Derecho de la Unión y que no dependen de los Estados miembros; que, por los motivos expuestos, también es cierto que estos derechos y obligaciones no pueden ser limitados de modo injustificado por los Estados miembros, incluyendo sus entidades subestatales; que, en el contexto del acceso a la ciudadanía nacional, los Estados miembros deben regirse por los principios del Derecho de la Unión, como los principios de proporcionalidad y de no discriminación, ambos ampliamente desarrollados en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia; y que, según los Tratados, todo ciudadano de la Unión ha de beneficiarse por igual de la atención de las instituciones de la Unión;
E. Considerando que los ciudadanos de la Unión confían en que los Estados miembros, incluyendo las entidades subestatales, aplican tanto el Derecho comunitario como las respectivas legislaciones nacionales, condición indispensable para el ejercicio efectivo del conjunto de derechos que emanan de la ciudadanía europea de la que son titulares;
F. Considerando que el fomento de la ciudadanía de la Unión pasa por la mejora de la calidad de la democracia en la Unión, el disfrute real de los derechos y las libertades fundamentales y la posibilidad de que todo ciudadano participe directamente en la vida democrática de la Unión;
G. Considerando que cualquier alteración unilateral de la frontera de un Estado miembro viola, al menos, los artículos 2, 3, apartado 2, y 4, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea, además de poner en peligro el disfrute del conjunto de derechos derivados de la ciudadanía de la Unión;
H. Considerando que el Tratado de Lisboa consolidó los derechos y las garantías inalienables de la ciudadanía de la Unión, como la libertad de viajar, trabajar y estudiar en otro Estado miembro, de participar en la vida política europea, de promover la igualdad y de recibir protección contra la discriminación, en especial por razón de la nacionalidad; que el ejercicio cada vez más frecuente del derecho a la libre circulación dentro de la Unión ha traído consigo la aparición a lo largo de las últimas décadas de familias mezcladas con distintas nacionalidades, a menudo también los hijos; que, si bien esto supone una tendencia positiva para la consolidación de la ciudadanía de la Unión como institución en sí misma, también conlleva unas necesidades específicas y plantea desafíos en diversos ámbitos, incluidos los aspectos jurídicos;
I. Considerando que la perspectiva de la retirada del Reino Unido de la Unión (brexit) ha puesto de manifiesto la importancia de los derechos de la ciudadanía de la Unión y su papel decisivo en la vida diaria de millones de ciudadanos de esta, y ha hecho que se tome conciencia en la Unión de la potencial pérdida de derechos que el brexit provoca en ambas partes, prestando especial atención a los tres millones de ciudadanos de la Unión residentes en el Reino Unido y a los 1,2 millones de ciudadanos del Reino Unido residentes en la Unión;
J. Considerando que después de los últimos acontecimientos en el Reino Unido, la crisis humanitaria de refugiados, el devastador impacto social y económico de las políticas de austeridad, los elevados niveles de paro y pobreza, y el aumento de la xenofobia y el racismo en la Unión Europea han puesto en duda la confianza en el sistema y en el proyecto europeo en su conjunto;
K. Considerando que el derecho a la libre circulación y su ejercicio son elementos fundamentales de la ciudadanía de la Unión y complementan las demás libertades del mercado interior de la Unión; que los jóvenes europeos están particularmente apegados a la libre circulación, considerada entre los ciudadanos de la Unión como el logro más positivo de la Unión en términos de reconocimiento y popularidad;
L. Considerando que, tal y como recogen varias peticiones recibidas, la libertad de circulación y su ejercicio han sido violados por diferentes Estados miembros que han expulsado o amenazado con expulsar de su territorio a ciudadanos europeos;
M. Considerando que, como queda patente en las peticiones y las quejas enviadas a la Comisión y a SOLVIT, los ciudadanos de la Unión se enfrentan a dificultades considerables para ejercer sus derechos y libertades fundamentales, debido a importantes problemas económicos y de empleo, agravados por la adopción de medidas de austeridad a escala de la Unión y de los Estados miembros, así como a las cargas administrativas y la burocracia de los Estados miembros, y a la información errónea o la falta de cooperación por parte de las autoridades de los Estados miembros;
N. Considerando que el principio de no discriminación por motivos de sexo, origen racial, color, origen étnico o social, características genéticas, lengua, religión o creencias, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual, consagrado en el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, es la expresión primordial de la ciudadanía de la Unión; que también constituye un componente esencial para el ejercicio satisfactorio de la libre circulación, como se pone de manifiesto en las peticiones;
O. Considerando que el respeto de los derechos de las personas pertenecientes a minorías constituye uno de los valores fundacionales de la Unión consagrados en los Tratados; que aproximadamente el 8 % de los ciudadanos de la Unión pertenece a una minoría nacional y, aproximadamente, el 10 % habla una lengua regional o minoritaria; que es necesario reforzar la protección efectiva de las minorías;
P. Considerando que el fortalecimiento de los derechos de los ciudadanos y las instituciones democráticas incluye la lucha contra la discriminación y la desigualdad por razón de género, de conformidad con los objetivos de desarrollo sostenible;
Q. Considerando que la representación insuficiente de la mujer en los puestos de toma de decisiones, especialmente en la esfera política y a nivel de los órganos directivos empresariales, obstaculiza el desarrollo de capacidades y debilita la participación de la mujer en la vida democrática de la Unión;
R. Considerando que la participación y el liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones políticas aún se ven afectados por diversos obstáculos, como la persistencia de los estereotipos de género y las consecuencias de la reciente crisis económica, junto con sus repercusiones negativas en asuntos de igualdad de género;
S. Considerando que sigue habiendo diferencias significativas por lo que respecta a la protección de las víctimas de la violencia de género y la violencia doméstica en toda la Unión en casos de litigios transfronterizos sobre asuntos de familia;
T. Considerando que la discriminación a la que se enfrentan las mujeres en toda la Unión supone un obstáculo a la igualdad; que las mujeres siguen estando infrarrepresentadas como votantes, así como en los puestos de liderazgo, ya sea en cargos electos, en la administración pública, en el mundo académico, en los medios de comunicación o en el sector privado; que la discriminación múltiple generalizada a la que se enfrentan las mujeres y el número desproporcionado de mujeres en situación de pobreza y exclusión social constituyen obstáculos al pleno ejercicio de sus derechos de ciudadanía;
U. Considerando que el derecho de petición al Parlamento Europeo, tal y como establecen los artículos 20 y 227 del TFUE, y el artículo 44 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, es uno de los pilares de la ciudadanía de la Unión, el segundo derecho de la ciudadanía de la Unión más conocido y debe crear una interfaz entre los ciudadanos y las instituciones europeas a través de un procedimiento que ha de ser abierto, democrático y transparente;
V. Considerando que los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión pueden garantizarse con un nuevo enfoque con respecto a la interpretación del artículo 51 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;
W. Considerando que los ciudadanos europeos están representados directamente en el Parlamento Europeo y tienen el derecho democrático de ser candidatos y votar en las elecciones europeas, aun cuando residan en otro Estado miembro; que no todos los Estados miembros facilitan y promueven de igual modo el derecho a votar en las elecciones europeas y locales de los ciudadanos europeos que han ejercicio su derecho a la libre circulación; que diversas peticiones han señalado la existencia de trabas burocráticas y deficiencias administrativas o de otro tipo por lo que respecta al ejercicio del derecho a votar en las elecciones nacionales o regionales de su Estado miembro de origen para quienes residen en un Estado miembro diferente; que existen ciudadanos que tienen mermado este derecho democrático, como es el caso de las personas con discapacidad en los Estados que habiendo ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD) no han cumplido con su obligación de reformar sus legislaciones electorales para permitir a las personas con discapacidad ejercer su derecho a voto;
X. Considerando que los ciudadanos tienen derecho a organizar o apoyar, junto con otros ciudadanos de la Unión de todos los Estados miembros, una iniciativa ciudadana europea (ICE), lo que debería permitirles definir la agenda legislativa de la Unión; que la ICE es un importante instrumento de democracia directa que permite a los ciudadanos participar activamente en la elaboración de las políticas y la legislación europeas; que ha de ser transparente y eficaz; y que el ejercicio de este derecho aún no es satisfactorio;
Y. Considerando que la creación del espacio Schengen y la integración del acervo de Schengen en el marco de la Unión han reforzado considerablemente la libertad de circulación dentro de la Unión y constituye uno de los mayores logros del proceso de integración europea; que, en sus conclusiones n.º 9166/3/11 y n.º 9167/3/11, de 9 de junio de 2011, el Consejo de la Unión Europea confirmó la conclusión satisfactoria del proceso de evaluación del grado de preparación técnica de Rumanía y Bulgaria para acceder al espacio Schengen;
Z. Considerando que la seguridad constituye una de las principales preocupaciones de los ciudadanos de la Unión; que la Unión debe velar por que sus ciudadanos perciban que su libertad está protegida y su seguridad garantizada en todo su territorio, así como por que sus libertades y sus derechos se respeten y protejan en igualdad de condiciones; que el terrorismo representa una amenaza mundial que es preciso abordar con eficacia a escala local, nacional y de la Unión con vistas a garantizar la seguridad de los ciudadanos europeos;
AA. Considerando que, con arreglo a la evaluación de impacto de la Comisión que acompaña a la Directiva (UE) 2015/637, de 20 de abril de 2015, sobre las medidas de coordinación y cooperación para facilitar la protección consular de ciudadanos de la Unión no representados en terceros países(12), casi siete millones de ciudadanos de la Unión viajan o viven fuera de la Unión en países en los que su propio país no tiene embajada ni consulado; y que se prevé que el número de ciudadanos de la Unión no representados aumente como mínimo a diez millones de aquí a 2020; que los ciudadanos de la Unión que residen en el territorio de un tercer país en el que no esté representado el Estado miembro del que sean nacionales, tienen el derecho de acogerse a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier otro Estado miembro en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado;
1. Toma nota del Informe sobre la ciudadanía de la UE 2017, elaborado por la Comisión, que contiene una enumeración de las nuevas prioridades en cada ámbito de actividad para los próximos años; recuerda que la correcta aplicación del Derecho de la Unión es una responsabilidad compartida de los Estados miembros y las instituciones de la Unión; subraya al respecto el papel crucial que desempeña la Comisión como guardiana de los Tratados en la aplicación de los artículos 258 a 260 del TFUE; manifiesta la necesidad de establecer prioridades que respondan efectivamente a las preocupaciones de los ciudadanos, y de adoptar compromisos y medidas bien definidos y concretos para los próximos tres años; insta a la Comisión a que acelere su política de ejecución del Derecho de la Unión utilizando todos los mecanismos e instrumentos disponibles;
2. Observa que el derecho de petición, el derecho de remitir casos al Defensor del Pueblo Europeo y el derecho de acceso a documentos y registros son elementos concretos y fundamentales de la ciudadanía de la Unión y aumentan la transparencia de la toma de decisiones; manifiesta, por consiguiente, su deseo de que se promuevan y se subrayen esos derechos como elementos clave del Informe sobre la ciudadanía de la UE de la Comisión y se reflejen de forma apropiada en el mismo;
3. Destaca que el ejercicio efectivo del derecho de petición se ha visto facilitado gracias a la mejora en la tramitación de las peticiones en el Parlamento Europeo y al lanzamiento a finales de 2014 del portal de la Comisión de Peticiones, que permite que las peticiones se presenten de forma sencilla y se tramiten con mayor eficiencia, como ponen de manifiesto los informes anuales correspondientes de la Comisión de Peticiones; pide la conclusión sin demora de la aplicación de las siguientes fases previstas del proyecto, dado que esto permitirá un seguimiento mucho más interactivo del curso de las peticiones por parte de los peticionarios y de las personas que se adhieren a las peticiones;
4. Subraya que para el éxito del ejercicio de los derechos de la ciudadanía es necesario que todos los Estados miembros garanticen los derechos y las libertades consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; destaca el hecho de que la adopción de una gobernanza democrática y participativa, el nivel más elevado posible de transparencia y la participación directa de todos los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones contribuyen en última instancia al fomento de la ciudadanía de la Unión; pide a los Estados miembros que informen mejor a los ciudadanos de la UE de sus derechos y deberes, y que les faciliten la igualdad de acceso a esos derechos tanto en su país de origen como en cualquier otro Estado miembro; lamenta la existencia de cláusulas de exclusión voluntaria respecto de partes de los Tratados de la Unión por parte de algunos Estados miembros, lo que conduce a diferencias de facto en los derechos de los ciudadanos;
5. Lamenta profundamente que, después de casi una década, no se hayan realizado avances significativos en la adopción de una directiva de lucha contra la discriminación para toda la Unión; pide a todas las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que reanuden las negociaciones correspondientes con la máxima prioridad; toma nota del compromiso de la Comisión de apoyar activamente las conclusiones de dichas negociaciones;
6. Deplora el prolongado estancamiento de la propuesta de directiva de 2008 relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o creencias, discapacidad, edad u orientación sexual; reitera su llamamiento al Consejo para que adopte la propuesta lo antes posible;
7. Considera que ha de aumentarse la eficacia de las políticas de la Unión en el ámbito de la lucha contra la discriminación y que han de suprimirse los obstáculos restantes; recomienda que la Comisión actualice las dos primeras Directivas antidiscriminación —la Directiva 200/43/CE del Consejo y la Directiva 200/78/CE del Consejo— con el fin de adaptarlas a la actual versión de los Tratados y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión;
8. Pide la adopción de un marco normativo eficaz y medidas de coordinación a escala de la Unión y de los Estados miembros para garantizar un alto nivel de protección social, así como puestos de trabajo estables con una retribución adecuada; considera que este enfoque es decisivo para reforzar los derechos y las libertades fundamentales vinculados a la ciudadanía de la Unión;
9. Resalta que las medidas de austeridad adoptadas en la Unión y los Estados miembros han acentuado las desigualdades económicas y sociales, limitando así severamente el ejercicio concreto de los derechos y libertades fundamentales vinculados a la ciudadanía de la Unión;
10. Recuerda su resolución y la propuesta de la Comisión de una directiva global para la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros por lo que se refiere a los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios, incluidos los diversos modos de transporte; recomienda que los legisladores agilicen sus actividades con respecto a la adopción de un Acta Europea de Accesibilidad; acoge favorablemente el acuerdo interinstitucional alcanzado sobre la aplicación del Tratado de Marrakech sobre la legislación de la UE en materia de derechos de autor, como propugna la Comisión de peticiones desde 2011, y reitera su llamamiento en favor de una pronta ratificación de dicho Tratado por parte de la Unión y de sus Estados miembros; pide a todos los Estados miembros que ratifiquen la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y que firmen su Protocolo; apoya la ampliación del uso de una tarjeta de discapacidad reconocida mutuamente en toda la Unión a tantos Estados miembros como sea posible, les anima a que faciliten la movilidad de las personas con discapacidad y limitaciones funcionales en la Unión; destaca la necesidad de mejorar la accesibilidad de los sitios web de la Unión para las personas con discapacidad;
11. Invita a la Comisión a actuar más activamente en la lucha contra la discriminación de las personas LGTBI y a combatir la homofobia mediante la definición de medidas concretas que deberán aplicarse a escala nacional y europea; pide asimismo que las instituciones de la Unión hagan un seguimiento estrecho de los derechos de dichas personas y promuevan el reconocimiento transfronterizo de sus derechos y los de sus familias en la Unión;
12. Recuerda que el principio de igualdad entre mujeres y hombres solo puede ejercerse a través de la integración estratégica del género en todas las políticas de la Unión y a través de su Compromiso estratégico para la igualdad de género 2016-2019; pide a la Comisión que facilite el pleno acceso a los servicios sanitarios de salud sexual y reproductiva en todos los Estados miembros; pide a la Comisión que adopte medidas efectivas para eliminar la discriminación y luchar contra las declaraciones discriminatorias dirigidas contra las mujeres en la Unión y que fomentan los estereotipos de género; reitera la necesidad de invertir en educación cívica y para la ciudadanía y en educación para la igualdad de género en toda Europa; atrae la atención sobre las diferencias de remuneración y pensión por razón de género en la Unión, que minan la posibilidad de que millones de mujeres alcancen una verdadera autonomía económica; destaca la importancia de la participación política de la gente joven, especialmente de las mujeres y niñas, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten más medidas para fomentar su participación.
13. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de firmar y concluir la adhesión de la Unión al Convenio de Estambul; lamenta, no obstante, que la limitación a dos ámbitos –la cooperación judicial en materia penal, por un lado, y el asilo y la no devolución, por otro– suscite incertidumbres jurídicas en cuanto al alcance de la adhesión de la Unión; insta a los Estados miembros a que aceleren las negociaciones sobre la ratificación y la aplicación del Convenio de Estambul; pide a los Estados miembros que no lo hayan hecho todavía que ratifiquen sin tardanza este Convenio y a la Comisión que proponga una Directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres; acoge con satisfacción la presentación por parte de la Comisión del paquete sobre la conciliación de la vida familiar y laboral y pide a todas las instituciones que cumplan estas medidas lo antes posible; pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan el acceso de las mujeres a puestos de representación y de liderazgo y que emprendan acciones específicas para abordar las necesidades de ciudadanos vulnerables que se enfrentan a una discriminación múltiple e interseccional, de modo que dichos ciudadanos puedan ejercer sus derechos de ciudadanía, por ejemplo mediante estrategias apropiadas; pide al Consejo que redoble sus esfuerzos para desbloquear la Directiva sobre las mujeres en órganos directivos; reitera su petición a la Comisión para que adopte en forma de comunicación su documento de trabajo «Strategic engagement for gender equality 2016-2019» (Compromiso estratégico para la igualdad de género 2016-2019);
14. Recuerda que durante siglos las minorías tradicionales han coexistido con las culturas mayoritarias en el continente europeo; destaca la necesidad de que las instituciones de la Unión trabajen más activamente en la protección de las minorías, promoviendo la sensibilización mediante reuniones, seminarios y resoluciones, así como acciones administrativas concretas en las instituciones de la Unión; considera que la Unión debe establecer normas exigentes de protección de las minorías, comenzando por las normas codificadas en instrumentos jurídicos internacionales, tales como las del Consejo de Europa, y que estas normas deben integrarse de manera clara en un marco jurídico que garantice la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en toda la Unión; anima a todos los Estados miembros a que ratifiquen plenamente y sin demora el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales y la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, y a que apliquen los tratados de buena fe; recuerda igualmente la necesidad de aplicar los principios desarrollados en el marco de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE); deplora toda retórica que incite a la discriminación por motivos de nacionalidad; anima a los Gobiernos nacionales a encontrar soluciones duraderas y a promover una cultura de diversidad lingüística en todos los Estados miembros y en la Unión en su conjunto, más allá de las lenguas oficiales de la Unión, dado que tanto los Tratados como la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea contienen referencias a la protección de las minorías nacionales y a la discriminación por motivos de lengua;
15. Manifiesta su profunda preocupación por el número de romaníes en Europa que son víctimas de un registro de nacimientos discriminatorio, por lo que carecen de documentos de identidad y se les niega el acceso a servicios básicos esenciales en sus países de residencia, negándoseles en consecuencia el disfrute de cualquiera de sus derechos en la Unión; pide a los Estados miembros que adopten medidas correctoras inmediatas en este sentido, al objeto de garantizar que dichas personas puedan disfrutar de sus derechos humanos fundamentales, así como de todos los derechos que confiere la ciudadanía de la Unión; pide a la Comisión que evalúe y vigile la situación en los Estados miembros y que elabore legislación jurídicamente vinculante sobre la identificación y la protección de las personas cuya nacionalidad no haya sido reconocida y que no tengan acceso a documentos de identidad;
16. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que propongan medidas específicas para suprimir los obstáculos a la libre circulación de conformidad con las Resoluciones del Parlamento, de 15 de marzo de 2017, sobre los obstáculos a la libertad de los ciudadanos de la Unión de circular y trabajar en el mercado interior(13), y de 28 de abril de 2016, sobre la protección del interés superior del menor en toda la Unión sobre la base de las peticiones dirigidas al Parlamento Europeo(14);
17. Pide a la Comisión que supervise periódicamente la aplicación de la Directiva 2004/38/CE en los Estados miembros y que tome las medidas oportunas para eliminar los posibles obstáculos a la libre circulación; acoge con satisfacción la herramienta de aprendizaje electrónico sobre el derecho de los ciudadanos de la Unión a la libre circulación, que ayuda a las autoridades locales a conocer mejor los derechos y obligaciones que lleva aparejados dicha libertad;
18. Reconoce el trabajo de la Comisión encaminado a ofrecer y hacer más accesibles múltiples puntos de información y asistencia sobre la Unión y los derechos que esta confiere a sus ciudadanos, como la red Europe Direct y el portal Tu Europa y el Portal Europeo de e-Justicia, con el fin de informar mejor a las personas que ejercen sus derechos como ciudadanos de la Unión; reconoce la propuesta de la Comisión de crear un portal digital único para proporcionar a los ciudadanos un acceso sencillo y en línea a servicios de información, asistencia y resolución de problemas en cuanto al ejercicio de derechos dentro del mercado único;
19. Pide a la Comisión que fortalezca la red SOLVIT mejorando la interacción entre sus servicios y los centros nacionales, a fin de garantizar un mejor seguimiento de los casos sin resolver y recurrentes, así como una mayor articulación entre las diferentes herramientas de ejecución del Derecho de la Unión, tales como EU Pilot y CHAP; invita asimismo a los Estados miembros a promover entre los ciudadanos europeos la red SOLVIT y sus servicios, así como otros mecanismos de recurso y participación ciudadana, tanto a nivel de la Unión (por ejemplo, a través de la Comisión de Peticiones del Parlamento, el Defensor del Pueblo Europeo o la Iniciativa Ciudadana Europea) como nacional (por ejemplo, a través de los defensores del pueblo regionales o locales, las comisiones de peticiones o las iniciativas legislativas populares);
20. Respalda el compromiso de la Comisión en el Informe sobre la Ciudadanía de la UE de 2017 para organizar una campaña de información y concienciación en toda la Unión sobre los derechos de la ciudadanía de la Unión, con objeto de ayudar a los ciudadanos a comprender mejor sus derechos; señala que los ciudadanos deben tener pleno acceso a toda la información necesaria para un auténtico fortalecimiento de la ciudadanía europea, y que dicha información debe presentarse de forma clara y comprensible, para que puedan adoptar decisiones fundamentadas sobre el ejercicio de los derechos que les confieren los Tratados y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; lamenta en ese sentido la opacidad y falta de transparencia en las negociaciones de acuerdos que, como la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) y el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG), afectan a aspectos básicos del ejercicio de la ciudadanía; recomienda el fomento de la transparencia y el apoyo consular proactivo, que son los instrumentos más adecuados para ese fin, junto con la publicación adecuada de la información necesaria para facilitar el establecimiento de recién llegados;
21. Recuerda que el acceso a los servicios sanitarios, la coordinación de los sistemas de seguridad social y el reconocimiento de las cualificaciones profesionales en otros Estados miembros son los ámbitos en los que los ciudadanos de la Unión a menudo tienen dificultades, y pide una ejecución firme por parte de la Comisión para resolver dichas situaciones;
22. Muestra su preocupación por el crecimiento de la desafección política en la ciudadanía a consecuencia de las políticas de austeridad y de limitaciones a los derechos y libertades; destaca la necesidad de dar prioridad a la lucha contra la xenofobia, el racismo, la discriminación y el discurso del odio, cuyo crecimiento es consecuencia, entre otras, de estas políticas de austeridad y limitaciones de los derechos y libertades;
23. Reconoce que las medidas para aumentar la participación en las elecciones europeas son una responsabilidad compartida de la Unión y de los Estados miembros; alienta a estos últimos a fomentar la participación en la vida democrática informando mejor a los ciudadanos de su derecho de ser candidatos y votar en las elecciones locales y europeas a través de diversos canales y en un lenguaje accesible, y eliminando los obstáculos a su participación, como discriminaciones económicas, sociales o lingüísticas, prácticas desleales o corrupción; insta a los Estados miembros a suprimir los obstáculos de accesibilidad para ciudadanos con discapacidad y a facilitar el voto en todas las elecciones de los ciudadanos que residan, trabajen o estudien lejos de su lugar de voto habitual, por ejemplo mediante la adopción de soluciones electrónicas de identificación y voto;
24. Cree que la reforma del Acta electoral constituye una oportunidad de hacer la Unión más democrática; resalta que miles de europeos comparten esta opinión; recuerda la necesidad de promover la participación en las elecciones europeas aumentando la visibilidad de los partidos políticos a escala europea, y que el fortalecimiento del carácter europeo de las elecciones al Parlamento Europeo es una responsabilidad compartida de la Unión y sus Estados miembros; anima al Consejo a incluir listas que incorporen la perspectiva y el equilibrio de género en la revisión del Acta mencionada; pide a la Comisión que actúe sobre las quejas relativas al ejercicio del derecho a voto en las elecciones europeas y municipales, que elabore un plan de acción concreto para la introducción del voto electrónico en las elecciones al Parlamento Europeo en la fecha más temprana posible y que haga ese sistema lo más ampliamente disponible para todos los ciudadanos de la Unión; insta a los Estados miembros a hacer todo lo posible para animar a las personas que no posean la ciudadanía de ningún Estado y que residan de forma permanente en los Estados miembros de la Unión a que adquieran la ciudadanía del Estado miembro de acogida, de modo que puedan disfrutar plenamente de los derechos de la ciudadanía de la Unión; considera que los ciudadanos de la Unión que se desplazan a otro Estado miembro para residir en él deben tener la posibilidad de ejercer su derecho de voto en las elecciones nacionales de su país de origen; pide a los Estados miembros que privan del derecho de voto a los nacionales que han elegido vivir en otro Estado miembro durante un período de tiempo prolongado que relajen las condiciones para que estas personas puedan conservar su derecho de voto en las elecciones nacionales; insta a la Comisión a que tome las medidas necesarias para permitir que las personas con discapacidad ejerzan su derecho a voto sin experimentar ninguna forma de discriminación; respalda la posibilidad de introducir una tarjeta de identidad europea además de los documentos de identidad nacionales;
25. Pide a los partidos políticos europeos que aborden eficazmente el problema del descenso de la participación electoral y la brecha cada vez mayor entre los ciudadanos y las instituciones de la Unión; sugiere que la introducción de listas transnacionales para elegir a una proporción de los escaños del Parlamento Europeo sería una contribución positiva al fomento de la noción de ciudadanía de la Unión; insta a la Comisión a elaborar un plan de acción concreto para la introducción del voto electrónico con miras a las elecciones al Parlamento Europeo de 2019; considera que el hecho de que los partidos políticos europeos nombren a escala europea a los candidatos a presidente de la Comisión es un paso importante hacia la creación de un verdadero espacio público europeo, aunque está convencido de que el objetivo de europeizar la campaña electoral solo podrá hacerse realidad a través de actividades paneuropeas y de redes que pongan en relación los medios de comunicación locales y nacionales, especialmente los públicos (radio, televisión, coloquios, internet);
26. Toma nota de la última Comunicación de la Comisión (COM(2017)0482) sobre la iniciativa ciudadana europea, que contiene una propuesta de revisión del Reglamento (UE) n.º 211/2011, de 16 de febrero de 2011, con el fin de mejorar su funcionamiento; es de esperar que la revisión del Reglamento tenga como resultado que el instrumento de la iniciativa ciudadana europea sea más transparente, eficaz y sencillo, al tiempo que garantice una participación democrática y más amplia de los ciudadanos en el debate y la definición de las prioridades en Europa; destaca el significativo papel legislativo que el Parlamento desempeñará y la importancia de una buena cooperación con la Comisión durante la revisión del Reglamento; pide a la Comisión que incluya disposiciones destinadas a revisar las condiciones de admisibilidad jurídica, los requisitos de registro y los procedimientos de examen de las iniciativas ciudadanas europeas;
27. Considera que, en interés de la ciudadanía de la Unión, es necesaria una acción de la Comisión para reforzar la dimensión cultural europea; anima a que el programa «Europa para los Ciudadanos» financie proyectos más innovadores y con potencial de impacto sistémico; sugiere el desarrollo del programa «Getting to Know Europe» (Conoce Europa) en paralelo y como complemento a «Europa para los Ciudadanos»;
28. Propone, al objeto de reforzar la ciudadanía de la Unión y su ejercicio, que la Comisión estimule la identificación por parte de los entes locales de concejales responsables de asuntos europeos, ya que es este el nivel más cercano al ciudadano;
29. Recomienda que la Comisión establezca un registro de entrada en todas sus sedes, incluyendo las representaciones en los Estados miembros, de modo que la ciudadanía pueda dirigirse por escrito o en persona a cualquier institución de la Unión con las debidas garantías;
30. Recomienda que la Comisión introduzca, en colaboración con los servicios postales encargados del servicio universal, un sistema de mensajería con certificación del contenido, además de la fecha y del remitente, de modo que la ciudadanía pueda dirigirse por escrito, de manera no presencial, y fehaciente a las instituciones europeas;
31. Manifiesta su convencimiento de que el derecho fundamental a la libertad de expresión y de información, consagrado en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, unos medios de comunicación libres y el acceso a una pluralidad de opiniones en la sociedad y en los medios de comunicación son parte indispensable de una democracia saludable y constituyen, por tanto, un fundamento constitucional de la pertenencia a la Unión, tal y como se recoge en los artículos 2 y 6 del TUE; subraya la necesidad de definir una política clara de la Unión para luchar contra la propaganda antieuropea y la información falsa, y para promover la independencia de los medios de comunicación públicos respecto a los Gobiernos; propone que se dedique un tiempo mínimo de emisión en los medios de comunicación públicos de todos los Estados miembros a contenidos relacionados con los asuntos de la Unión; propone que las instituciones de la Unión lleven a cabo la creación de canales de televisión europeos que emitan en todos los Estados miembros y en todas las lenguas oficiales de la Unión y que formen a los ciudadanos en la alfabetización mediática desde una edad temprana; apoya la difusión de prensa y de producciones multimedia en todas las lenguas oficiales de la Unión; subraya, en este sentido, la necesidad de una mayor concienciación entre los periodistas europeos;
32. Sostiene que la diversidad lingüística y la transparencia son instrumentos fundamentales para acercar a los ciudadanos a la Unión e implicarles en sus actividades; toma nota de que el acceso a los documentos constituye el 30 % de las investigaciones realizadas por el Defensor del Pueblo Europeo en 2016 y, por tanto, recomienda la promoción del derecho de acceso a los documentos y la traducción del mayor número posible de documentos a todas las lenguas oficiales de la Unión; apoya la intensificación del diálogo con los ciudadanos y anima a debatir públicamente para mejorar la comprensión que los ciudadanos tienen de las repercusiones de la Unión en su vida cotidiana, y para permitirles participar en intercambios de ideas, mediante segmentos en programas televisivos destinados a públicos específicos; solicita una directiva horizontal relativa a la denuncia de irregularidades que establezca los canales y procedimientos adecuados para informar de casos;
33. Apoya la promoción de una cultura de servicio público en las instituciones nacionales y de la Unión, y considera que la Unión debe dar ejemplo adoptando los mayores niveles de exigencia en materia administrativa y de transparencia, de acuerdo con el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión; propone que las oficinas de la Unión en los Estados miembros se transformen en ventanillas únicas que ofrezcan servicios globales para los ciudadanos de la Unión, con el fin de reducir la burocracia y los obstáculos que esta levanta al ejercicio de los derechos de la ciudadanía de la Unión; destaca la importancia del proyecto «una sola vez», que elimina cargas innecesarias para las empresas europeas que se ven obligadas a presentar los mismos datos y documentos una y otra vez en sus operaciones transfronterizas;
34. Subraya que una educación accesible desempeña un papel vital para informar a los futuros ciudadanos de la Unión sobre sus derechos; hace hincapié en la importancia de promover el desarrollo de capacidades transversales que mejoren la comprensión intercultural y la participación activa en sociedades diversas mediante el programa Erasmus+; insta a los Estados miembros a que otorguen más espacio en sus programas escolares a la educación cívica centrada, en particular, en la ciudadanía de la Unión y también en asuntos europeos, y a que adapten la formación de los profesores en consecuencia; recuerda la necesidad de apoyar a los profesores y a los profesionales de la educación para que la información sobre los derechos y la ciudadanía de la Unión forme parte integrante de sus enseñanzas; destaca, en este sentido, la necesidad de promover y desarrollar más plataformas en línea para que los profesionales de la educación puedan acceder a materiales docentes multilingües innovadores que les ayuden a inspirar y motivar a los alumnos para aprender sobre la Unión; insta a la Comisión a poner en marcha una estrategia de educación para la ciudadanía europea que incorpore las orientaciones propuestas para desarrollar un programa que podría incluir visitas escolares a instituciones de la Unión;
35. Recuerda que, según el Derecho de la Unión vigente, la retirada de la Unión por parte de un Estado miembro equivale a la pérdida de la ciudadanía europea para sus ciudadanos; lamenta que la retirada del Reino Unido de la Unión sea el primer ejemplo en la historia de ciudadanos privados de los derechos que les otorgan los Tratados de la Unión; subraya que se prevé que esta pérdida de derechos tenga una importante repercusión sobre su vida cotidiana; insiste en que todo acuerdo debe basarse en los principios de equidad, simetría, trato justo, reciprocidad y no discriminación, así como en el pleno respeto de la integridad del Derecho de la Unión, incluida la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y su marco de aplicación; insta a las dos partes en las negociaciones a que den prioridad a todos los ciudadanos afectados y a la salvaguarda de sus derechos; pide a las partes en las negociaciones que mantengan en la mayor medida posible todos los derechos sociales, económicos y familiares derivados, y en particular los derechos en materia de asistencia sanitaria, tras la retirada del Reino Unido;
36. Propone que se establezca un día festivo público europeo el 9 de mayo, con objeto de reforzar un sentimiento europeo de pertenencia a la familia europea;
37. Insta a los Estados miembros a garantizar que sus legislaciones nacionales sean suficientemente claras y detalladas para asegurar el respeto del derecho a la libre circulación de los ciudadanos y sus familias, formar adecuadamente a las autoridades nacionales competentes en este sentido y difundir información exacta a las partes interesadas de modo preciso, así como a estimular una buena colaboración y un intercambio fluido de información con otras administraciones nacionales, especialmente en asuntos de seguros y de pensiones de jubilación transfronterizos; pide una mejor cooperación entre los Estados miembros de acogida y los consulados pertinentes que garantice una red de asistencia apropiada y un trato justo en asuntos transfronterizos, en especial cuando estén relacionados con la custodia de menores; insta a la Comisión a que presente una propuesta legislativa para el reconocimiento transfronterizo de resoluciones de adopción;
38. Pide al Consejo de la Unión Europea y al Consejo Europeo que permitan la adhesión al espacio Schengen de todos los países que cumplan los criterios técnicos pertinentes, permitiendo de este modo que todos los ciudadanos de la Unión puedan disfrutar de la libertad de circulación sin controles fronterizos que la obstaculicen;
39. Recuerda que la legislación de la Unión en materia de seguridad debe estar actualizada y ser eficaz y eficiente a la hora de prevenir, detectar y responder a las amenazas cambiantes para la seguridad; solicita la aplicación urgente de la Agenda Europea de Seguridad, un mejor cumplimiento de los instrumentos jurídicos de la Unión vigentes en este ámbito, y una coordinación y un intercambio de información más eficientes entre los Estados miembros y con las agencias de la Unión; acoge con satisfacción las iniciativas por parte de la Comisión para el refuerzo de la cooperación en materia de seguridad entre los Estados miembros; destaca la importancia de respetar plenamente los derechos fundamentales en la lucha contra el terrorismo; subraya que la armonización de las acciones internas y externas de la Unión en el ámbito de la seguridad es fundamental para proteger eficazmente a los ciudadanos de la Unión;
40. Pide a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que redoblen esfuerzos para crear una unión de la seguridad genuina y efectiva que aborde todas las dimensiones de la amenaza terrorista;
41. Considera que la desradicalización y la prevención de la radicalización constituyen una prioridad absoluta para la Unión, y aboga firmemente por que se refuercen los programas intersectoriales específicos orientados a la educación, las actividades culturales y de voluntariado y el trabajo en el ámbito de la juventud, así como los programas de desradicalización en instituciones, entes locales, la sociedad civil, comunidades religiosas y administraciones regionales; considera que una política global en este ámbito debe ir acompañada de procesos proactivos de desradicalización en el ámbito judicial; destaca la necesidad de elaborar estrategias en materia de inclusión social y políticas de lucha contra la discriminación; pide a los Estados miembros que aborden la radicalización de forma global y aprovechen la experiencia de la Red para la Sensibilización frente a la Radicalización creada por iniciativa de la Comisión; subraya que también se puede contribuir a la prevención de la radicalización con acciones financiadas por instrumentos de la Unión tales como los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, la iniciativa Horizonte 2020 y el programa Europa para los Ciudadanos;
42. Solicita la aplicación integral y efectiva de la Directiva (UE) 2015/637 con el fin de garantizar la protección consular de los ciudadanos de la Unión que residen en terceros países en los que no están representados sus Estados miembros;
43. Pide a la Comisión que proponga un formato nuevo y más seguro de documento provisional de viaje de la Unión para los ciudadanos de la Unión no representados en terceros países cuyo pasaporte se haya perdido, haya sido robado o destruido, o no esté disponible temporalmente, con el fin de garantizar su regreso a casa de forma segura;
44. Hace hincapié en la necesidad de garantizar a las víctimas de la delincuencia y del terrorismo un nivel adecuado de derechos sin discriminación en toda la Unión, y en que estas personas deben ser tratadas con respeto y dignidad y recibir un apoyo adecuado en función de sus necesidades individuales y las de sus familias; subraya que un creciente número de ciudadanos europeos han sido víctimas de atentados terroristas en un país que no es el suyo y, por tanto, solicita con urgencia la creación de protocolos en los Estados miembros que ayuden a los europeos no nacionales en caso de atentado terrorista con arreglo a lo dispuesto en la propuesta de Directiva COM(2015)0625 relativa a la lucha contra el terrorismo; destaca la necesidad de adoptar una directiva específica de protección de las víctimas del terrorismo;
45. Lamenta la existencia de obstáculos transfronterizos en asuntos civiles o sociales, como el Derecho de la familia o las pensiones, que impiden a muchos ciudadanos disfrutar plenamente de la ciudadanía de la Unión;
46. Lamenta que padres e hijos no tengan en todos los Estados miembros las mismas posibilidades de recurso en caso de separación o divorcio, lo que hace que centenares de padres europeos se hayan puesto en contacto con la Comisión de Peticiones para que adopte un papel más activo a este respecto, a pesar de las pocas competencias de que dispone en este ámbito;
47. Solicita el refuerzo de la cooperación entre los Estados miembros con objeto de garantizar la protección de las víctimas de la violencia de género y que se tenga en cuenta el interés superior del menor en casos de litigios transfronterizos sobre asuntos de familia;
48. Acoge con satisfacción la puesta en marcha del Cuerpo Europeo de Solidaridad para jóvenes ciudadanos europeos y pide que esta iniciativa sea financiada adecuadamente, de modo que los puestos de trabajo de calidad no sean reemplazados por voluntariado no remunerado;
49. Pide a los Estados miembros que adopten medidas de coordinación y cooperación para afrontar con eficacia cuestiones como la doble imposición y la discriminación fiscal en contextos transfronterizos, y para responder mejor a la realidad de la movilidad transfronteriza de los trabajadores; considera que actualmente los problemas relacionados con la doble imposición no se afrontan de forma apropiada, en la medida en que se tratan a través de convenios fiscales bilaterales existentes o de la acción unilateral de un Estado miembro, por lo que se requieren acciones concertadas y oportunas a escala de la Unión;
50. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Defensor del Pueblo Europeo, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
Documento del Consejo 6622/16.
Documento del Consejo 14268/15.
Textos Aprobados, P8_TA(2016)0385.
Textos Aprobados, P8_TA(2017)0013.
Textos Aprobados, P8_TA(2017)0063.
Textos Aprobados, P8_TA(2016)0512.
DO L 106 de 24.4.2015, p. 1.
Textos Aprobados, P8_TA(2017)0083.
Textos Aprobados, P8_TA(2016)0142.
Publicado con un retraso de algunos meses, el tercer Informe de la Comisión sobre la ciudadanía de la UE coincide con el 25 aniversario de la consagración del concepto de ciudadanía de la Unión en el Tratado de Maastricht de la UE en 1992. También coincide con un desafío sin precedentes: las repercusiones para los derechos de la ciudadanía de la Unión que tiene la retirada de un Estado miembro, tras el referéndum celebrado en el Reino Unido el 23 de junio de 2016. Estos dos hitos recuerdan a la Unión que es hora de evaluar exhaustivamente los principales logros y los desafíos pendientes. Es hora de identificar los ámbitos en que queda más trabajo por hacer, y de ponerse de acuerdo sobre el significado diario, real y en la práctica de la ciudadanía de la Unión, de modo que los ciudadanos puedan disfrutar plenamente de los derechos y privilegios que implica dicha ciudadanía: derechos que son complementarios a los de su ciudadanía nacional y que, en ocasiones, se solapan con los derechos protegidos por las disposiciones nacionales.
El Informe sobre la ciudadanía de la UE 2017(1) es un documento orientado al futuro en el que se exponen las prioridades de la Comisión para el período 2017-2019, y es posterior a los informes elaborados por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en respuesta a los informes de la Comisión correspondientes. Para elaborar dicho informe, al Comisión consultó a la sociedad civil mediante la organización de una consulta específica y dos encuestas sobre la ciudadanía de la Unión, así como diversos actos con actores clave como la audiencia pública conjunta con las Comisiones PETI, AFCO y JURI del Parlamento Europeo de 15 de marzo de 2016.
El objetivo último de la ciudadanía de la Unión es que todos los ciudadanos de la UE se sientan como en casa en cualquier lugar de la Unión y disfruten de su condición de ciudadanos europeos también cuando se quedan en su país (según un estudio del ECAS, solo un 20 % aproximadamente de los europeos viajan más allá de sus fronteras dentro de la Unión y disfrutan de tales derechos). Esto significa reforzar los derechos de los ciudadanos de la Unión y garantizar que los ciudadanos de la Unión puedan apreciarlos efectivamente en su vida cotidiana. También significa fomentar los valores comunes de la Unión: igualdad y no discriminación, y participación de los ciudadanos en la vida democrática de la Unión, así como un espacio público europeo de seguridad, paz y prosperidad duradera, en el que pueden expresar sus inquietudes y sus ideas sobre el desarrollo de la Unión.
Este proyecto de informe examina con detalle las acciones propuestas por la Comisión Europea desde la perspectiva de las peticiones recibidas por la Comisión de Peticiones durante el periodo de referencia 2014-2016. Las peticiones ofrecen información de primera mano de los ciudadanos sobre la aplicación de las distintas políticas. Son un barómetro fiable del grado de satisfacción con la Unión Europea y, por tanto, la Comisión las toma en cuenta a la hora de supervisar la aplicación de la legislación de la Unión en los Estados miembros.
Según las conclusiones de la Comisión, en los últimos años ha aumentado el conocimiento que los ciudadanos de la Unión tienen de sus derechos de ciudadanía. El derecho de petición, consagrado en el Tratado de Lisboa y en la Carta de los Derechos Fundamentales, es uno de esos derechos y, a tenor de los resultados de las encuestas realizadas, es uno de los más conocidos, junto con el derecho a la libre circulación de personas.
– Los casos de discriminación de todo tipo han sido una cuestión recurrente en las peticiones: discriminación por motivo del sexo, la nacionalidad, la orientación sexual, la edad, la lengua o el origen étnico. Cabe destacar en este contexto las cuestiones de la igualdad de género y la protección de los derechos de las minorías (pérdida de nacionalidad, educación, lengua, ejercicio de los derechos de sufragio). También hay que resaltar las cuestiones suscitadas por las parejas LGTBI cuando viajan de un Estado miembro a otro, ya que sigue correspondiendo a los Estados miembros decidir si reconocen jurídicamente en su territorio las relaciones entre personas del mismo sexo (y, en particular, si permiten el acceso al matrimonio o a las uniones registradas), así como determinar las consecuencias (económicas y de otro tipo) que se derivan de tales relaciones, especialmente en lo que atañe a la paternidad. La Comisión de Peticiones ha recibido numeras peticiones que denuncian discriminación debida a las dificultades que encuentras las personas con discapacidad en todos los aspectos de su vida cotidiana: en el lugar de trabajo, cuestiones de movilidad (como la accesibilidad a los medios de transporte y a los edificios, los derechos de los pasajeros), la atención sanitaria, el acceso a la educación, la desinstitucionalización, la reconocimiento de la discapacidad, las pensiones, los permisos de aparcamiento, la tarjeta europea de discapacidad (aún en fase piloto), las prestaciones sociales, los derechos de sufragio, el acceso al empleo y cuestiones económicas relativas a la aplicación del Tratado de Marrakech en la Unión. Hay un clamor en toda la Unión en favor de la Directiva horizontal relativa a la lucha contra la discriminación, cuyo procedimiento de adopción se encuentra estancado. De igual modo se ha de revisar el artículo 51 de la Carta de los Derechos Fundamentales, de modo que se garantice una tramitación adecuada de las peticiones en materia de derechos fundamentales en la Comisión de Peticiones.
- Por lo que se refiere, en especial, a las minorías, la Unión tiene que hacer mucho más para garantizar la protección efectiva de esos valores en el caso de las minorías. Por ejemplo, en el ámbito concreto de las minorías nacionales autóctonas, la Unión no se mostrado capaz de sancionar o prevenir las prácticas discriminatorias que afectan negativamente a la lengua y la cultura de las personas que pertenecen a dichos grupos. Aunque los derechos de estas minorías deben ser garantizados principalmente por los Estados miembros, los ciudadanos de la Unión esperan una acción mayor a nivel europeo, como queda demostrado, en particular, por las diversas peticiones presentadas al Parlamento Europeo a este respecto.
- Teniendo presente que, según el Derecho vigente de la Unión, la retirada de un Estado miembro implica la pérdida de la ciudadanía europea, y que una parte del Reino Unido no puede negociar por separado su permanencia en la Unión, ya que las negociaciones se referirán al Estado miembro en su integridad, el brexit constituye un inmenso desafío para los derechos de los ciudadanos. Las instituciones de la Unión tendrán que hacer frente a este desafío durante las negociaciones del brexit para obtener el resultado más favorable para los ciudadanos de la Unión. La Comisión de Peticiones ha recibido un gran número de peticiones relativas al brexit (147 peticiones entre enero de 2016 y junio de 2017), tanto de ciudadanos de la Unión que residen en el Reino Unido, como de ciudadanos del Reino Unido que residente en la Unión o que, residiendo en el Reino Unido, querrían conservar los derechos que les atribuyen los Tratados. La gran mayoría de estas peticiones se refieren a la ciudadanía de la Unión: lamentan la posible pérdida indeseada de derechos, manifiestan preocupación por las repercusiones prácticas del brexit para las familias que residen en el Reino Unido o en la Unión, y para los pensionistas, o proponen, incluso, que los ciudadanos británicos conserven las ciudadanía de la Unión y sus derechos después de la retirada, o que se establezca un régimen especial para estos ciudadanos en la Unión.
- La participación en la vida democrática de la Unión y el disfrute de los derechos de sufragio por parte de los ciudadanos de la Unión que viven en otro Estado miembros han sido objeto de frecuentes peticiones, debido en gran parte a que es un ámbito en el que se requiere un esfuerzo conjunto de la Unión y de las autoridades locales para garantizar la eficacia de tales derechos. Las denuncias de estas peticiones también se refieren a casos de discriminación por razón de la nacionalidad: las dificultades con el procedimiento seguido por los Estados miembros para permitir que sus ciudadanos voten en el extranjero, o la complejidad de la legislación en los Estados miembros de acogida, que impone formalidades o condiciones adicionales para que los nacionales de la Unión puedan votar en las elecciones locales. La cuestión de la denegación del derecho de voto por varios Estados miembros ha sido debatida reiteradamente en las reuniones de la Comisión de Peticiones y se ha planteado a otras comisiones, que están trabajando para que se revise la legislación electoral en los Estados miembros en lo que atañe a las elecciones europeas. La iniciativa ciudadana europea, instrumento fundamental establecido en la Unión para permitir que los ciudadanos participen activamente en la vida institucional europea, no ha recibido en muchas ocasiones el trato merecido y está siendo objeto de revisión por parte de la Comisión Europea tras una serie de resoluciones del Tribunal de Justicia.
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha concedido cada vez mayor importancia a la ciudadanía europea y ha situado la libre circulación en un primer plano, en cuanto derecho fundamental del que se deriva un amplio espectro de otros derechos esenciales. La libre circulación es uno de los logros más apreciados de la Unión, y uno de los derechos más valorados y conocidos, ya que ofrece a los ciudadanos de la Unión oportunidades de viajar, estudiar, hacer negocios, trabajar y residir en otros países de la Unión. En los últimos años se ha registrado un número creciente de peticiones relacionadas con los problemas que se encuentran los ciudadanos de la Unión que ejercen su derecho a la libre circulación. Las estadísticas muestran que las cuestiones relativas a la libre circulación representan aproximadamente el 25 % del número total de peticiones. Los principales ámbitos de preocupación mencionados en las peticiones abarcan los derechos sociales y la ampliación de la responsabilidad de los empleados en el seno de la Unión; los derechos de los consumidores en el mercado interior digital, en el que los consumidores europeos aún encuentran problemas de envíos, fraude y garantías en las compras en línea transfronterizas; el reconocimiento de cualificaciones profesionales; la portabilidad de los derechos sociales y de protección social de los trabajadores dentro de la Unión, tanto desde el punto de vista teórico como práctico, y los obstáculos para acceder a las prestaciones sociales en calidad de ciudadanos de la Unión (subsidios, acumulación de prestaciones, derecho a la atención sanitaria transfronteriza). Para los europeos sigue siendo difícil trasladarse a otro país de la UE y residir en él, principalmente por la duración o la falta de claridad de los procedimientos administrativos, la indisponibilidad de información y las dificultades para acceder a servicios privados. Los ciudadanos también encuentran dificultades a la hora de planificar viajes transfronterizos que combinan más de un modo de transporte (desplazamientos multimodales), para ponerse en contacto con las autoridades públicas y para acceder a la asistencia sanitaria transfronteriza.
- En vista de lo anterior, resulta difícil exagerar la importancia de encontrar lo antes posible soluciones a estos problemas, ya que no se trata meramente del ejercicio de los derechos consagrados en los Tratados y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión, sino que influyen directamente en la imagen de la Unión, en su popularidad y en su aceptación por los ciudadanos, al afectar al núcleo de sus intereses y, muy a menudo, de su vida cotidiana. En última instancia constituye una forma de restablecer la confianza de los ciudadanos en el proyecto europeo, sentimiento que parecía retroceder en los últimos años a la vista de los resultados electorales en todo el continente.
A modo de conclusión, el informe contiene una extensa lista de cuestiones de las que se ha ocupado la Comisión Europea, pero existe se echa considerablemente en falta un diagnóstico realista y objetivos concretos y equilibrados que deban alcanzarse mediante compromisos bien definidos para los próximos tres años. Por mucho que se valoren los logros conseguidos y tenga confianza en los pasos futuros, uno no puede sino constatar que el texto del informe deja la impresión de una voluntad de actuar al margen de los deseos de los ciudadanos a través de la enumeración de las prioridades temáticas y proyectos pasados, presentes y futuros. Quizás sea más propicio para la consecución de los resultados perseguidos sustituir esa enumeración por actuaciones eficientes y eficaces.
«Informe sobre la ciudadanía de la UE 2017: Fortaleciendo los derechos de los ciudadanos en una Unión de cambio democrático», COM(2017) 30 final/2.
Servicio Europeo de Acción Ciudadana (ECAS)
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE LIBERTADES CIVILES, JUSTICIA Y ASUNTOS DE INTERIOR (9.11.2017)
Ponente de opinión (*): Csaba Sógor
La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de Peticiones, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 31 de enero de 2017, titulada «Fortaleciendo los derechos de los ciudadanos en una Unión de cambio democrático - Informe sobre la ciudadanía de la UE 2017» (COM(2017)0030),
– Vista la Carta del Consejo de Europa sobre la educación para la ciudadanía democrática y la educación en derechos humanos,
– Vistos los resultados de la consulta pública de 2015 sobre la ciudadanía de la Unión, realizada por la Comisión, y los resultados de las encuestas Eurobarómetro de 2015 sobre derechos de sufragio y sobre ciudadanía,
– Vistos el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («la Carta»),
– Visto el Reglamento (UE) n.º 1381/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía para el período de 2014 a 2020,
– Vistos los criterios de Copenhague, así como el conjunto de normas de la Unión que un país candidato tiene que cumplir si desea adherirse a esta (el acervo),
– Vistas las audiencias organizadas por la Comisión de Peticiones en 2016 y 2017, a saber, la audiencia pública conjunta organizada junto con las comisiones LIBE y EMPL sobre «La situación y los derechos de los ciudadanos de la Unión en el Reino Unido», celebrada el 11 de mayo de 2017, la audiencia pública sobre «Obstáculos a la libertad de los ciudadanos de la Unión de circular y trabajar en el mercado interior», celebrada el 11 de octubre de 2016, la audiencia pública sobre «La lucha contra la discriminación y la protección de las minorías», celebrada el 4 de mayo de 2017, y la audiencia pública conjunta organizada junto con la Comisión (DG Justicia y Consumidores) y las comisiones LIBE, AFCO y JURI sobre «Ciudadanía de la Unión en la práctica: nuestros valores comunes, derechos y participación democrática», celebrada el 15 de marzo de 2016,
– Vista la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros,
– Vistos los estudios encargados en 2016 y 2017 por el Departamento Temático C del Parlamento Europeo a instancias de las comisiones LIBE y PETI, titulados «Obstacles to the right of free movement and residence for European Union citizens and their families» (Obstáculos al derecho de libre circulación y residencia para los ciudadanos de la Unión y sus familias),
– Vistas las conclusiones del Consejo de la Unión Europea n.os 9166/3/11 y 9167/3/11, de 9 de junio de 2011, sobre la finalización del proceso de evaluación del grado de preparación de Rumanía y Bulgaria para la aplicación de la totalidad de las disposiciones del acervo de Schengen,
– Vista la notificación remitida por la primera ministra del Reino Unido al Consejo Europeo el 29 de marzo de 2017 de conformidad con el artículo 50, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea (TUE),
– Visto el estudio encargado por el Departamento Temático C del Parlamento Europeo a instancias de la comisión LIBE en 2016, titulado «Towards a Comprehensive EU Protection System for Minorities» (Hacia un sistema de protección general de las minorías en la Unión),
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de noviembre de 2010, titulada «Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020: un compromiso renovado para una Europa sin barreras» (COM(2010)0636),
– Vistas las comunicaciones de la Comisión sobre la integración de los gitanos (COM(2010)0133, COM(2012)0226, COM(2013)0454, COM(2015)0299, COM(2016)0424), incluida la Comunicación titulada «Un marco europeo de estrategias nacionales de inclusión de los gitanos hasta 2020» (COM(2011)0173),
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de abril de 2016, titulada «Aplicación de la Agenda Europea de Seguridad para luchar contra el terrorismo y allanar el camino hacia una Unión de la Seguridad genuina y efectiva» (COM(2016)0230),
– Vista la Directiva (UE) 2015/637, sobre las medidas de coordinación y cooperación para facilitar la protección consular de ciudadanos de la Unión no representados en terceros países y por la que se deroga la Decisión 95/553/CE,
A. Considerando que el Tratado de Lisboa supuso grandes avances para los ciudadanos de la Unión al consolidar los derechos y salvaguardias de la ciudadanía de la Unión, dotar de validez jurídica la Carta de los Derechos Fundamentales e introducir el espacio de libertad, seguridad y justicia en el ámbito legislativo de la Unión;
B. Considerando que el Tratado de la Unión Europea establece que la Unión debe ofrecer a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia;
C. Considerando que el artículo 21 de la Carta prohíbe toda discriminación, ya sea por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual;
D. Considerando que, en la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión Europea trata de luchar contra toda discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual; considerando que el principio de no discriminación es la expresión primordial de la ciudadanía de la Unión;
E. Considerando que el derecho a la igualdad de trato constituye uno de los principios básicos de la Unión y un derecho fundamental de todas las personas; que, al establecer la ciudadanía de la Unión, el artículo 9 del TUE dispone expresamente que la Unión respetará el principio de la igualdad de sus ciudadanos, que se beneficiarán por igual de la atención de sus instituciones, órganos y organismos; Considerando que aproximadamente el 8 % de los ciudadanos de la Unión pertenece a una minoría nacional y aproximadamente el 10 % habla una lengua regional o minoritaria; que la Unión no cuenta con ningún marco jurídico que garantice sus derechos como miembros de una minoría, y que pueden ser tratados de forma diferente, según que el Estado miembro en el que vivan; que existe una diferencia entre la protección de las minorías y las políticas de lucha contra la discriminación; y que la igualdad de trato es un derecho fundamental, y no un privilegio, de todos los ciudadanos;
F. Considerando que, según el Informe sobre la ciudadanía de la UE 2017, elaborado por la Comisión, desde 2012 son cada vez más numerosas las personas que afirman haber sufrido alguna forma de discriminación;
G. Considerando que los organismos de promoción de la igualdad son esenciales para luchar contra la discriminación y garantizar la aplicación efectiva de la legislación sobre igualdad de trato; y que hacen falta unas normas de la Unión sobre estos organismos nacionales que les garanticen unas competencias suficientemente amplias y la independencia financiera y organizativa necesaria para desempeñar sus funciones;
H. Considerando que la ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla; y que el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) dispone que será ciudadano de la Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro, con los derechos y obligaciones consagrados en los Tratados y en la Carta;
I. Considerando que la libre circulación es una de las cuatro libertades fundamentales de la Unión, está consagrada en los Tratados como pilar de la integración europea y constituye uno de los derechos de los ciudadanos de la Unión más apreciados;
J. Considerando que el derecho de libre circulación y su ejercicio resultan fundamentales para la ciudadanía de la Unión, Considerando que los ciudadanos de la Unión todavía pueden enfrentarse a una serie de obstáculos persistentes o nuevos a la hora de ejercer sus derechos de libre circulación y residencia, como requisitos excesivos en materia de documentación, procedimientos onerosos para la obtención de derechos de residencia, dificultades de acceso a servicios sanitarios, o tediosos trámites para acceder al mercado de trabajo u obtener el reconocimiento de cualificaciones profesionales; y que algunos ciudadanos europeos han sido objeto de expulsión o de decisiones de expulsión dentro de la Unión;
K. Considerando que la creación del espacio Schengen y la integración del acervo de Schengen en el marco de la Unión amplía en gran medida la libertad de circulación dentro de la Unión y constituye uno de los mayores logros del proceso de integración europea; considerando que, en sus conclusiones n.os 9166/3/11 y 9167/3/11, de 9 de junio de 2011, el Consejo de la Unión Europea confirmó la finalización satisfactoria del proceso de evaluación del grado de preparación de Rumanía y Bulgaria para acceder al espacio Schengen;
L. considerando que la seguridad constituye una de las principales preocupaciones de los ciudadanos de la Unión; que la Unión Europea debe procurar que sus ciudadanos perciban que su libertad está protegida y su seguridad garantizada en todo su territorio, velando al mismo tiempo por que sus libertades y derechos se respeten y protejan por igual, y que el terrorismo constituye una amenaza mundial que debe afrontarse con eficacia a la a escala local, nacional y de la Unión con el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos europeos;
M. Considerando que, con arreglo a la evaluación de impacto de la Comisión que acompaña a la Directiva (UE) 2015/637, casi siete millones de ciudadanos de la Unión viajan o viven fuera de la Unión en países en los que su propio país no tiene embajada ni consulado, y que se prevé que el número de ciudadanos de la Unión no representados aumente como mínimo a diez millones de aquí a 2020; considerando que los ciudadanos de la Unión que residen en el territorio de un tercer país en el que no esté representado el Estado miembro del que sean nacionales, tienen el derecho de acogerse a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier otro Estado miembro en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado;
N. Considerando que el Tratado de Lisboa reforzó la ciudadanía de la Unión, entre otros mediante la introducción de la Iniciativa Ciudadana Europea, que permite a los ciudadanos solicitar la intervención de la Unión; considerando que, hasta la fecha, el recurso a dicha iniciativa, al tiempo que ha planteado problemas prácticos y jurídicos a los organizadores, no ha logrado el impacto legislativo esperado;
O. Considerando que la experiencia ha demostrado que los países en fase de preadhesión están dispuestos a cumplir los criterios de Copenhague sobre democracia, Estado de Derecho y derechos fundamentales, así como a mejorar la situación de las minorías, y que en la actualidad no existe un marco adecuado que garantice la observación de dichos criterios con posterioridad a la adhesión de modo que se proteja a los ciudadanos de la Unión de las consecuencias del incumplimiento de los criterios de Copenhague;
P. Considerando que, en la actualidad, la Unión, aparte de los procedimientos de infracción, solo dispone de instrumentos de eficacia limitada para responder a las manifestaciones sistemáticas e institucionales de discriminación, racismo y xenofobia contra las minorías en los Estados miembros, y que los procedimientos de infracción no abarcan las amenazas que exceden del ámbito de aplicación del Derecho derivado de la Unión;
Q. Considerando que los ciudadanos gitanos de la Unión conforman el grupo minoritario más grande y más vulnerable de esta; que los gitanos son víctimas de discriminación múltiple y de exclusión social en Europa; y que los instrumentos de Derecho indicativo de la Unión, como el Marco Europeo de Estrategias Nacionales de Integración de los Gitanos, han contribuido solo en escasa medida a garantizar que los Estados miembros cumplan su obligación de respetar las normas de derechos humanos fundamentales en materia de protección de las minorías y a abordar las manifestaciones institucionales de discriminación;
R. Considerando que los ciudadanos europeos con discapacidad siguen enfrentándose a muchos obstáculos para acceder al mercado de trabajo, a la educación y a la formación, corren mayor riesgo de pobreza y exclusión social que sus homólogos sin discapacidad y tienen dificultades para participar plenamente en la sociedad y disfrutar de sus derechos;
S. Considerando que la violencia contra las mujeres sigue estando muy extendida en la Unión, y que la Unión y sus Estados miembros deben tomar todas las medidas necesarias para promover y proteger los derechos de todas las mujeres;
T. Considerando que, de conformidad con el artículo 25 de la Carta, «[l]a Unión reconoce y respeta el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural»;
U. Considerando que el riesgo de denegación del derecho de voto a los nacionales que se desplazan desde sus países de origen a otro Estado miembro puede impedir que los ciudadanos de la Unión ejerzan su derecho a circular y residir en otro Estado miembro;
V. Considerando que todo Estado tiene el derecho soberano de decidir quiénes son sus nacionales, dentro de los límites del Derecho internacional; que los apátridas corren a menudo el riesgo de ser detenidos y de caer en la indigencia; y que existe una estrecha relación entre la ciudadanía de la Unión y la apatridia, ya que los apátridas que residen en Estados miembros pueden acceder a la ciudadanía de la Unión o perderla si adquieren la nacionalidad de un Estado miembro o se les retira dicha nacionalidad;
W. Considerando que algunas de las principales consecuencias de la futura retirada del Reino Unido de la Unión tienen que ver con el estatuto jurídico, los derechos y las obligaciones de los nacionales británicos residentes en la Unión y de los ciudadanos de la Unión residentes en el Reino Unido a partir de que la retirada surta efecto;
X. Considerando que los millones de ciudadanos que han ejercido su derecho a residir, fundar una familia, trabajar, estudiar y jubilarse en el Reino Unido y en la Europa de los Veintisiete y han tomado decisiones de vida determinantes con arreglo a estos derechos, ahora afrontan el futuro con gran incertidumbre y preocupación;
1. Pide al Consejo de la Unión Europea y al Consejo Europeo que permitan la adhesión al espacio Schengen de todos los países que cumplan los criterios técnicos pertinentes, permitiendo de este modo que todos los ciudadanos de la Unión puedan disfrutar de la libertad de circulación sin controles fronterizos que la obstaculicen;
2. Pide a la Comisión que supervise periódicamente la aplicación de la Directiva 2004/38/CE en los Estados miembros y que tome las medidas oportunas para eliminar los posibles obstáculos a la libre circulación; acoge con satisfacción la herramienta de aprendizaje electrónico sobre el derecho de los ciudadanos de la Unión a la libre circulación, que ayuda a las autoridades locales a conocer mejor los derechos y obligaciones que lleva aparejados dicha libertad;
3. Recuerda que la legislación de la Unión en materia de seguridad debe estar actualizada y ser eficaz y eficiente a la hora de prevenir, detectar y responder a las amenazas cambiantes para la seguridad; solicita la aplicación urgente de la Agenda Europea de Seguridad, un mejor cumplimiento de los instrumentos jurídicos de la Unión vigentes en este ámbito, y una coordinación y un intercambio de información más eficientes entre los Estados miembros y con las agencias de la Unión; acoge con satisfacción las iniciativas de la Comisión dirigidas a reforzar la cooperación en materia de seguridad entre los Estados miembros y apoya plenamente un intercambio de información más eficiente entre los Estados miembros y con las agencias de la Unión; destaca la importancia de respetar plenamente los derechos fundamentales en la lucha contra el terrorismo; subraya que la armonización de las acciones internas y externas de la Unión en el ámbito de la seguridad es fundamental para proteger eficazmente a los ciudadanos de la Unión;
4. Pide a las instituciones y los Estados miembros de la Unión que redoblen esfuerzos para crear una unión de la seguridad genuina y efectiva que aborde todas las dimensiones de la amenaza terrorista;
5. Considera que la desradicalización y la prevención de la radicalización constituyen una prioridad absoluta para la Unión, y aboga firmemente por que se refuercen los programas intersectoriales específicos orientados a la educación, las actividades culturales y de voluntariado, el trabajo en el ámbito de la juventud y los programas de desradicalización en instituciones, entes locales, la sociedad civil, comunidades religiosas y administraciones regionales; considera que una política global en este ámbito debe ir acompaña de procesos proactivos de desradicalización en el ámbito judicial; destaca la necesidad de elaborar estrategias en materia de inclusión social y políticas de lucha contra la discriminación; pide a los Estados miembros que aborden la radicalización de forma global y aprovechen la experiencia de la Red para la Sensibilización frente a la Radicalización creada por iniciativa de la Comisión; subraya que también se puede contribuir a la prevención de la radicalización con acciones financiadas por instrumentos de la Unión tales como los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, la iniciativa Horizonte 2020 y el programa Europa para los Ciudadanos;
6. Destaca que la protección de los derechos fundamentales es un factor clave para que los ciudadanos de la Unión puedan participar plenamente en la vida democrática de la Unión; recuerda su Resolución de 25 de octubre de 2016, en la que se recomienda la creación de un mecanismo global de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales(2) que sirva de herramienta adicional para proteger y promover los derechos humanos —incluidos los derechos ciudadanos—, así como para aumentar la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la Unión;
7. Señala que los ciudadanos de la Unión tienen derecho a dirigirse al Defensor del Pueblo Europeo y que este es uno de los principales derechos que confiere la ciudadanía europea;
8. Recuerda que en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de junio de 2016, la mayoría de las reclamaciones presentadas ante el Defensor del Pueblo Europeo se referían a una presunta falta de transparencia, tal y como se puso de manifiesto en la Comunicación de la Comisión, de 24 de enero de 2017, titulada «Sobre el progreso hacia el ejercicio efectivo de la ciudadanía de la Unión 2013-2016» (COM(2017)0032); está convencido de que la transparencia y la integridad de las instituciones de la Unión constituyen una condición indispensable para lograr la confianza de los ciudadanos de la Unión, acercar a los ciudadanos a la Unión e implicarlos en sus actividades, y garantizarles el pleno disfrute y ejercicio de sus derechos de ciudadanía; señala que los ciudadanos deben tener acceso a toda la información necesaria a este respecto, y que esta información debe presentarse de la manera más clara y comprensible; pide al conjunto de las instituciones y órganos de la Unión que subsanen las carencias todavía existentes con arreglo, entre otras, a las disposiciones del artículo 9 y el artículo 10, apartado 3, del TUE; del artículo 15 del TFUE, y de los artículos 41 y 42 de la Carta;
9. Señala que, a través de la educación cívica y del diálogo intercultural, los ciudadanos pueden entender mejor la importancia que reviste la participación política y social, y que, por otra parte, la educación sobre los derechos humanos les permite adquirir conciencia de sus propios derechos y les enseña a respetar los del prójimo; anima a los Estados miembros a que incluyan la educación para la ciudadanía democrática y en derechos humanos en los programas escolares, a fin de dotar a los alumnos no solo de conocimientos, comprensión y aptitudes, sino también de iniciativa para participar activamente en la sociedad en favor de la defensa y la promoción de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho;
10. Solicita la aplicación integral y efectiva de la Directiva (UE) 2015/637 con el fin de garantizar la protección consular de los ciudadanos de la Unión que residen en terceros países en los que no están representados sus Estados miembros;
11. Pide a la Comisión que proponga un formato nuevo y más seguro de documento provisional de viaje de la UE para los ciudadanos de la Unión no representados en terceros países cuyo pasaporte se haya perdido, haya sido robado o destruido, o no esté disponible temporalmente, con el fin de garantizar su regreso efectivo a casa;
12. Destaca que la Iniciativa Ciudadana Europea es un instrumento innovador de democracia participativa en la Unión que brinda a los ciudadanos la oportunidad de defender sus intereses y configurar la elaboración de las políticas de la Unión; señala, no obstante, que el funcionamiento de la Iniciativa Ciudadana Europea adolece de notables deficiencias que han de abordarse para aumentar la eficacia de la misma; en este sentido, manifiesta su preocupación por el seguimiento que da la Comisión a las iniciativas que prosperan;
13. Hace hincapié en la necesidad de garantizar a las víctimas de la delincuencia y del terrorismo un nivel adecuado de derechos sin discriminación en toda la Unión, y en que estas personas deben ser tratadas con respeto y dignidad y recibir un apoyo adecuado en función de sus necesidades individuales y las de sus familias; subraya que un creciente número de ciudadanos europeos han sido víctimas de atentados terroristas en un país que no es el suyo y, por tanto, solicita con urgencia la creación de protocolos en los Estados miembros que ayuden a los europeos no nacionales en caso de atentado terrorista con arreglo a lo dispuesto en la Directiva (UE) 2015/281 relativa a la lucha contra el terrorismo; destaca la necesidad de adoptar una directiva específica de protección de las víctimas del terrorismo;
14. Considera que, para dotar de contenido las referencias a las minorías y a la igualdad de todos los ciudadanos de la Unión que figuran en los artículos 2 y 9 del TUE, respectivamente, y con el fin de alcanzar mejor el potencial de la ciudadanía de la Unión, la Unión Europea debe intensificar sus esfuerzos para garantizar la protección de los valores fundamentales de la Unión y de los derechos de las minorías;
15. Destaca el hecho de que las minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas en Europa durante siglos han convivido o compartido un espacio con las culturas mayoritarias; considera que, si la Unión cumpliera la obligación que le impone el TUE de respetar, proteger y reforzar la diversidad cultural y lingüística de Europa entre los distintos Estados miembros y dentro de cada uno de ellos, se fortalecerían en gran medida los vínculos de los ciudadanos con el proyecto europeo; considera que la Unión debe establecer normas elevadas de protección de las minorías, comenzando por las normas codificadas en instrumentos jurídicos internacionales, tales como las del Consejo de Europa, y que estas normas deben integrarse de manera clara en un marco jurídico que garantice la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en toda la Unión; anima a todos los Estados miembros a que ratifiquen plenamente y sin demora el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales y la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, y a que apliquen los tratados de buena fe; recuerda igualmente la necesidad de aplicar los principios desarrollados en el marco de la OSCE;
16. Deplora el prolongado estancamiento de la propuesta de directiva relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, de 2008; reitera su llamamiento al Consejo para que adopte la propuesta lo antes posible;
17. Señala que el Reglamento de la Unión por el que se establece el programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía para el período de 2014 a 2020 declara que, para la consecución del objetivo general previsto en el artículo 3, apartado 3, del TUE, el programa ha de promover y proteger los derechos del menor;
18. Considera que la discriminación sistemática de los ciudadanos gitanos en sus países de origen, así como los desalojos o expulsiones a los que se ven expuestos cuando ejercen su derecho de libre circulación y residencia en otro Estado miembro, son contrarios al derecho fundamental de no discriminación por razón de orígenes étnicos y al derecho a circular y residir en el territorio de otro Estado miembro, con lo que ponen a prueba los fundamentos de los derechos que confiere la ciudadanía de la Unión; pide a los Estados miembros que apliquen una política de registro de nacimientos que no sea discriminatoria y que adopten medidas correctoras inmediatas que garanticen la identificación de todos sus ciudadanos con el fin de evitar que se niegue el acceso a los servicios básicos esenciales a los miembros de la comunidad gitana; pide a los Estados miembros que tomen medidas activas, a través de sus autoridades locales, para garantizar la inscripción en el registro de cada niño; pide a la Comisión que supervise y evalúe la situación en los Estados miembros, que comparta las mejores prácticas en materia de identificación y protección de las personas cuya nacionalidad no ha sido reconocida y que no tiene acceso a documentos de identidad, y que inicie una campaña de sensibilización sobre la importancia del registro de nacimientos;
19. Celebra que el Informe sobre la ciudadanía de la UE 2017, de la Comisión, subraye la necesidad de fomentar y mejorar la participación ciudadana con carácter prioritario; observa con pesar, sin embargo, que en dicho informe no se hace referencia alguna al derecho de petición, al derecho de dirigirse al Defensor del Pueblo Europeo, al derecho de acceso a los documentos, o a la forma de reforzar estos derechos;
20. Condena todas las formas de discriminación y violencia contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI); anima a la Comisión y a los Estados miembros a que adopten leyes y políticas de lucha contra la homofobia y la transfobia; anima a la Comisión Europea a que presente una agenda que garantice la igualdad de derechos y oportunidades, por motivos de orientación sexual e identidad de género, respetando al mismo tiempo las competencias de los Estados miembros;
21. Sostiene que la libertad de los medios de comunicación y el libre acceso a una internet abierta son elementos fundamentales de la democracia;
22. Celebra que el Consejo firmase el 13 de junio de 2017 el instrumento de adhesión de la Unión al Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica; lamenta, no obstante, que la limitación a dos ámbitos –la cooperación judicial en materia penal, por un lado, y el asilo y la no devolución, por otro– suscite incertidumbres jurídicas en cuanto al alcance de la adhesión de la Unión; insta a los Estados miembros a que aceleren las negociaciones sobre la ratificación y la aplicación del Convenio de Estambul; subraya que, con vistas a lograr una mayor eficacia, las medidas para combatir la violencia contra las mujeres deben ir acompañadas de acciones que promuevan la independencia económica de las mujeres; pide a la Comisión que profundice en las desigualdades económicas por motivos de género, así como en la cuestión de la conciliación de la vida familiar y laboral;
23. Reconoce que la legislación de la Unión sobre igualdad de trato exige el establecimiento de organismos nacionales para la igualdad; pide a la Comisión que proponga directrices a los Estados miembros sobre cómo deben funcionar estos organismos y cómo cabe garantizar la independencia, la eficacia, las competencias y los recursos —incluido EQUINET— que necesitan para poder hacer frente a la discriminación y promover la igualdad de trato; pide a los organismos nacionales de igualdad, así como a EQUINET, que lleven a cabo sus tareas y refuercen su cooperación en materia de lucha contra la discriminación y promoción de la igualdad de trato; recuerda la importancia del programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía para el período de 2014 a 2020 con miras a ampliar el apoyo viable prestado para combatir la discriminación desde la raíz; pide a la Comisión que adopte en una comunicación su compromiso estratégico para la igualdad entre mujeres y hombres 2016-2019; recuerda que la Unión se basa en el principio de igualdad entre mujeres y hombres y que este principio solo puede defenderse si se integra en todas las políticas de la Unión; observa el impacto desproporcionado que tiene la discriminación múltiple en las mujeres; insta a los Estados miembros a que trabajen con las autoridades regionales y locales, los cuerpos de seguridad, los organismos nacionales de igualdad y las organizaciones de la sociedad civil para aumentar el control sobre la relación que existe entre los distintos motivos de discriminación;
24. Pide a la Comisión y a los Estados miembros, en calidad de signatarios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que integren en la legislación de la Unión los aspectos de accesibilidad, participación, no discriminación e igualdad a fin de que los ciudadanos europeos con discapacidad puedan ejercer sus derechos fundamentales en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos;
25. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que utilicen todos los instrumentos financieros, legislativos y de apoyo disponibles para promover una sociedad adaptada a las personas mayores y un envejecimiento sano para los ciudadanos europeos, entre otras cosas, a través de mercados laborales integradores, modalidades de trabajo innovadoras y flexibles, el acceso a formación, la prestación de una atención sanitaria de calidad y la implantación de productos y servicios de sanidad electrónica;
26. Toma nota de la iniciativa del Cuerpo Europeo de Solidaridad, que brinda a los jóvenes la oportunidad de participar como trabajadores remunerados o voluntarios en proyectos desarrollados en su propio país o en el extranjero, y acoge con satisfacción la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE, que permite a los europeos participar en programas de ayuda humanitaria en todo el mundo;
27. Considera que los ciudadanos que se desplazan a otro Estado miembro para residir en él deben tener la posibilidad de ejercer su derecho de voto en las elecciones nacionales de su país de origen; pide a los Estados miembros que privan del derecho de voto a los nacionales que han elegido vivir en otro Estado miembro durante un período de tiempo prolongado que relajen las condiciones para que estas personas puedan conservar su derecho de voto en las elecciones nacionales;
28. Reitera su postura de que la protección de los derechos e intereses de los ciudadanos de la Europa de los Veintisiete que residen o han residido en el Reino Unido y de los ciudadanos británicos que residen o han residido en la Europa de los Veintisiete debe constituir una prioridad absoluta en las negociaciones del acuerdo de retirada; considera asimismo que las obligaciones del Reino Unido y de la Unión a este respecto deben basarse en los principios de reciprocidad, equidad, simetría, no discriminación, trato justo y pleno respeto de la integridad del Derecho de la Unión, y en particular de la Carta de los Derechos Fundamentales y su marco de aplicación;
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN (23.10.2017)
sobre el Informe sobre la ciudadanía de la UE 2017: «Fortaleciendo los derechos de los ciudadanos en una Unión de cambio democrático»
Ponente de opinión: Krystyna Łybacka
1. Insiste en el papel de la educación, la formación, la cultura y el deporte en la promoción de los derechos de la ciudadanía de la Unión, la ciudadanía activa y la solidaridad, así como en el refuerzo de nuestros valores comunes europeos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 9 del Tratado de la Unión Europea; reconoce que, los programas de la Unión como Erasmus+, o los programas «Derechos, Igualdad y Ciudadanía», «Europa para los Ciudadanos» y «Europa Creativa» contribuyen a estos objetivos mediante la cooperación y el intercambio transnacional e intercultural;
2. Destaca que el programa «Europa para los Ciudadanos» promueve una mejor comprensión de los derechos y obligaciones de los ciudadanos en la Unión; recomienda, por tanto, que la siguiente generación del programa esté dotada de una base jurídica que permita al Parlamento involucrarse como colegislador en pie de igualdad con el Consejo, así como de más recursos humanos y financieros para aumentar el número de proyectos apoyados;
3. Hace hincapié en la importancia de promover, mediante el programa Erasmus+, el desarrollo de competencias transversales que fomenten el entendimiento intercultural y la participación activa en sociedades diversas;
4. Recuerda que son necesarios esfuerzos continuos para aumentar la concienciación de los ciudadanos de la Unión respecto a sus derechos y para garantizar que estos derechos se hagan valer de manera uniforme en toda la Unión, destacando las oportunidades derivadas de la pertenencia a la Unión; subraya el papel que las entidades educativas desempeñan en la sensibilización de los jóvenes acerca de sus derechos en la Unión, así como en apoyo de la ciudadanía activa; pide a la Comisión, en este contexto, que proporcione un marco común para la adquisición de conocimientos sobre la Unión en la escuela, y anima a los Estados miembros a que tomen las medidas adecuadas para garantizar que dicho marco se incluya realmente en los programas escolares; comparte además la opinión de la Comisión de que para fomentar la concienciación sobre los derechos derivados de la ciudadanía de la Unión es necesaria la cooperación a nivel europeo, nacional, regional y local; destaca, a tal fin, que debe facilitarse a cada nivel una formación adecuada y específica, y especialmente a nivel regional y local;
5. Es de la opinión de que, para velar por que todos los ciudadanos de la Unión tengan garantizados de forma eficaz los mismos derechos, los sistemas de enseñanza deben ser asequibles e integradores, con especial atención en los grupos más desfavorecidos y vulnerables, y ofrecer una educación de calidad elevada que fomente la ciudadanía activa y un aprendizaje permanente que responda a las necesidades económicas y sociales;
6. Recuerda la necesidad de apoyar a los profesores y a los profesionales de la educación para que la información sobre los derechos y la ciudadanía de la Unión forme parte integrante de sus enseñanzas; hace hincapié, en este contexto, en la necesidad de seguir promoviendo y desarrollando plataformas en línea, tales como School Education Gateway, Teacher Academy y Open Educational Europe, para que todos los profesionales de la educación tengan acceso a materiales didácticos innovadores y multilingües, incluidos los adaptados para los estudiantes con necesidades especiales, que les ayuden a inspirar y motivar a los alumnos en el aprendizaje sobre la Unión;
7. Subraya el papel de la movilidad en el desarrollo personal de los jóvenes a través de la mejora del aprendizaje y el intercambio cultural, fomentando así la comprensión y la práctica de la ciudadanía activa; anima a los Estados miembros a que apoyen los programas de la Unión que promueven la movilidad;
8. Reconoce la importancia de la cultura, el arte y la ciencia como aspectos integrantes de la ciudadanía activa de la Unión; destaca su papel a la hora de fortalecer el sentimiento compartido por los ciudadanos de pertenencia a nuestra Unión, estimulando la comprensión mutua y el diálogo intercultural;
9. Alienta a que se aumente la concienciación de los alumnos de todas las edades sobre los valores europeos y los derechos de los ciudadanos en la Unión a través de la educación (reglada, no reglada e informal), con el fin de aumentar el entendimiento intercultural y la solidaridad en Europa;
10. Considera importante, con el objetivo de facilitar la integración de los migrantes, que se difunda entre estos el conocimiento de la cultura y los valores europeos, así como que se facilite el diálogo intercultural, a través de la promoción de sus culturas de procedencia y del refuerzo de sus competencias básicas asociadas con la ciudadanía;
11. Celebra el propósito de la Comisión de mejorar la participación política de los ciudadanos en la vida democrática de la Unión; anima a que se promueva la participación democrática, intensificando el diálogo ciudadano, profundizando la comprensión de los ciudadanos del papel de la legislación de la Unión en su vida cotidiana, y subrayando su derecho activo y pasivo a votar en las elecciones locales y europeas, con independencia de su lugar de residencia dentro de la Unión; invita a la Comisión, a este respecto, a que explore medios sociales y herramientas digitales, con un especial hincapié en el aumento de la participación de los jóvenes y de las personas con discapacidad; pide que se desarrollen y apliquen herramientas relacionadas con la democracia electrónica, tales como plataformas en línea, a fin de involucrar a los ciudadanos de forma más directa en la vida democrática de la Unión, reforzando así su compromiso;
12. Recuerda la importancia de ampliar y profundizar el diálogo estructurado con los ciudadanos sobre sus derechos, identificando así los obstáculos que los ciudadanos encuentran a la hora de ejercer esos derechos, así como de mejorar el seguimiento y la eficacia de los programas e iniciativas de la Unión al respecto;
13. Destaca el papel de los medios de comunicación y de los servicios de la sociedad de la información y, por tanto, pide a la Comisión y a los Estados miembros que creen un marco legislativo que apoye el pluralismo y la independencia de los medios de comunicación, así como el acceso a la información objetiva para los ciudadanos;
14. Pide a la Comisión que establezca criterios específicos, en particular en relación con los aspectos educativos, para evaluar la aplicación y la ejecución de los programas europeos que fomentan la ciudadanía activa;
15. Insiste en la necesidad de garantizar que los ciudadanos con discapacidad y los ciudadanos vulnerables puedan disfrutar plenamente de los derechos y de las oportunidades que ofrece la ciudadanía de la Unión; anima a todos los Estados Miembros de la Unión a que introduzcan una tarjeta de discapacidad de la UE para facilitar la movilidad de las personas con discapacidad en la Unión; destaca la necesidad de mejorar la accesibilidad de los sitios web de la Unión para las personas con discapacidad;
16. Apoya la revisión de la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), a fin de mejorar su accesibilidad y su facilidad de uso; destaca la necesidad de potenciar el funcionamiento y la sensibilización pública de la ICE, con el objetivo de maximizar su potencial para promover la participación ciudadana y el debate democrático;
17. Pide a los Estados miembros que apliquen el Plan de Trabajo de la Unión Europea para la Juventud (2016-2018), centrándose en la promoción de la ciudadanía activa e impulsando la inclusión social y la participación de los jóvenes en la vida democrática y ciudadana en la Unión;
18. Subraya que la elevada tasa de desempleo entre los jóvenes y las oportunidades de futuro inciertas siguen siendo motivo de gran preocupación para la juventud europea; recuerda, en este contexto, los objetivos de la Declaración y Hoja de Ruta de Bratislava de «crear un futuro económico prometedor para todos, salvaguardar nuestro modo de vida y ofrecer mejores oportunidades a la juventud»; pide a la Comisión que continúe con sus esfuerzos por apoyar a los jóvenes, ofreciéndoles nuevas oportunidades en los ámbitos de la educación, la formación y el empleo;
19. Destaca el papel de las prácticas y el aprendizaje profesional como apoyo a los estudiantes y a los graduados en la adquisición de conocimientos prácticos y experiencia profesional; apoya, en este contexto, la creación de la plataforma única y centralizada de prácticas y aprendizaje profesional transfronterizos, propuesta en la consulta pública;
20. Hace hincapié en la importancia del voluntariado como componente esencial de los programas de fomento de la ciudadanía activa; anima a que se desarrollen programas de estudios que aúnen el contenido didáctico con la participación ciudadana, y a que se reconozca el voluntariado como actividad que permita obtener créditos;
21. Subraya que el voluntariado no puede sustituir al empleo remunerado e insiste en el concepto básico de que los trabajos remunerados garantizan el sentimiento de pertenencia a una comunidad y la participación en la vida pública y, en definitiva, el compromiso cívico;
22. Insiste en el papel del deporte, en particular el deporte de base, por contribuir a la ciudadanía activa y promover la comprensión y el respeto mutuos, y al mismo tiempo, los valores y los principios de la Unión; anima a la Comisión a que siga apoyando iniciativas deportivas que sostengan la práctica de la ciudadanía activa y el ejercicio de los valores cívicos, desarrollando de este modo un sentido compartido de pertenencia;
23. Anima a la Comisión a seguir apoyando las acciones y las iniciativas que fomentan los derechos de los ciudadanos y la ciudadanía activa; destaca el hecho de que las nuevas iniciativas en este ámbito deben ser complementarias a las ya existentes y no deben afectar a los presupuestos por programas actuales;
24. Celebra la iniciativa de la Comisión de crear una herramienta de aprendizaje electrónico para el uso de las autoridades locales y regionales, a fin de facilitar una mejor comprensión y la aplicación adecuada de las normas sobre libre circulación, así como de establecer un portal digital único que ofrezca información en línea a los ciudadanos y las empresas del mercado único de la Unión; observa que estas herramientas deben ofrecer información coherente y de fácil comprensión acerca de los derechos de los ciudadanos en la Unión y su aplicación práctica; señala que dichas herramientas deben estar conectadas con las ya existentes en este ámbito, como Europe Direct o Your Europe;
25. Subraya la importancia del intercambio y la difusión de las buenas prácticas para fomentar el conocimiento de los derechos de los ciudadanos de la Unión y su participación en la vida cívica y política en toda la Unión;
26. Hace hincapié en la importancia de los diputados al Parlamento Europeo y de otras personalidades europeas destacadas en la concienciación sobre los derechos de los ciudadanos de la Unión, en particular entre los jóvenes;
27. Apoya la producción y la difusión de prensa y de producciones multimedios en todas las lenguas oficiales de la Unión, que se centren en aumentar la concienciación entre los ciudadanos de la Unión sobre sus derechos y en reforzar su capacidad de hacerlos valer eficazmente;
28. Se siente identificada con la idea de que la ciudadanía de la Unión contribuye a la creación de una sociedad europea más cohesionada, fomentando de ese modo la comprensión mutua, el diálogo intercultural y la cooperación transnacional.
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES (16.11.2017)
1. Celebra los continuos esfuerzos de la Comisión por garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos de la Unión, y anima a una mayor protección de los mismos mediante la aplicación de las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y las correspondientes disposiciones de los Tratados de la UE; recuerda que, de conformidad con el artículo 9 del TUE y el artículo 20 del TFUE, será ciudadano de la Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro; está convencido de que los ciudadanos de la Unión solo podrán ejercer plenamente sus derechos si los conocen y si los Estados miembros y las instituciones de la Unión se comprometen firmemente a protegerlos; pide a la Comisión que promueva políticas y realice campañas y actividades destinadas a dar a conocer a los ciudadanos sus derechos y los instrumentos a su alcance para ejercerlos;
2. Está comprometido a reforzar la dimensión democrática de las elecciones europeas mediante una reforma de la actual ley electoral europea con miras a incrementar la participación de los ciudadanos y su confianza en el sistema democrático de la Unión; considera que una mayor transparencia y sensibilización y un acceso efectivo y no discriminatorio a la información, así como la renovación de las prácticas democráticas, nuevos sistemas de votación, incluidos los instrumentos de la democracia digital, y una disminución de la brecha digital entre los Estados miembros en términos de infraestructura digital fomentarán el desarrollo de un auténtico espacio público europeo; está convencido de que una información mejor y más concreta sobre la política europea y el impacto de la legislación de la Unión en la vida cotidiana de los ciudadanos mejoraría la participación en las elecciones europeas; recuerda la necesidad de promover la participación en las elecciones europeas aumentando la visibilidad de los partidos políticos a escala europea, y que el fortalecimiento del carácter europeo de las elecciones al Parlamento Europeo es una responsabilidad compartida entre la Unión y sus Estados miembros;
3. Advierte de la posible incertidumbre jurídica en relación con los derechos de los ciudadanos de la Unión que residen en el Reino Unido y de los ciudadanos británicos que residen en la Unión, como consecuencia de la retirada del Reino Unido de la UE; está convencido de que en el acuerdo de salida del Reino Unido deben salvaguardarse con carácter prioritario la totalidad de los derechos indivisibles, y de que en el acuerdo sobre las futuras relaciones entre la Unión y el Reino Unido debe alcanzarse rápidamente un acuerdo sobre estos y otros derechos, como el acceso a la sanidad; subraya que cualquier acuerdo debe estar basado en el principio de reciprocidad y de no discriminación; recuerda en este sentido la Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de abril de 2017, sobre las negociaciones con el Reino Unido a raíz de la notificación por la que declara su intención de retirarse de la Unión Europea(1);
4. Recuerda que en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de junio de 2016, la mayoría de las reclamaciones presentadas ante el Defensor del Pueblo Europeo se referían a una presunta falta de transparencia, tal y como puso de manifiesto la Comisión en su informe de 24 de enero de 2017 titulado «Sobre el progreso hacia el ejercicio efectivo de la ciudadanía de la Unión 2013-2016»(2); está convencido de que una total transparencia y la integridad por parte de las instituciones de la Unión constituyen una condición indispensable para generar la confianza de los ciudadanos de la Unión y garantizarles el pleno disfrute y ejercicio de sus derechos de ciudadanía; pide al conjunto de las instituciones y órganos de la Unión que subsanen las continuas carencias con arreglo a las disposiciones de, entre otros, los artículos 9 y 10, apartado 3 del TUE, del artículo 15 del TFUE y de los artículos 41 y 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;
5. Toma nota de la propuesta de la Comisión de revisar la Iniciativa Ciudadana Europea con el fin de mejorar su funcionamiento; pide a la Comisión que, a este respecto y además de las modificaciones técnicas necesarias, incluya disposiciones encaminadas a revisar las condiciones de admisibilidad jurídica y los requisitos de registro de las iniciativas ciudadanas europeas, así como los procedimientos para su examen, sobre la base de las sentencias del Tribunal General en los asuntos «Minority Safepack» (T-646/13) y «Stop TTIP» (T-754/14); apoya firmemente este reglamento por ser un importante instrumento para la democracia participativa que, si se utiliza de manera óptima, podrá reforzar la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la Unión y contribuir a la construcción de una Unión Europea más integradora;
6. Considera que, a la vista del creciente impacto del universo online y de las redes sociales sobre la vida de la ciudadanía, las instituciones europeas deben seguir desarrollando nuevos mecanismos y políticas públicas diseñadas para proteger los derechos fundamentales de las personas en el entorno digital, poniendo especial atención en la protección de la libertad de expresión, del derecho a la intimidad y del derecho al honor, así como en la protección de datos y de la imagen personal, en particular en el caso de los menores de edad.
7. Considera que la seguridad de los ciudadanos de la Unión y la lucha contra el terrorismo deben constituir una prioridad absoluta para la Unión; acoge con satisfacción las medidas adoptadas por la Unión para reforzar la Unión de la Seguridad; pide que se aplique sin demora la interoperabilidad de los sistemas de información de la Unión en los ámbitos de la seguridad, la migración y la gestión de las fronteras, que deben respetar sin excepciones los principios de la Unión en materia de protección de datos; recuerda la necesidad de encontrar un equilibrio adecuado entre la seguridad y la protección de los derechos fundamentales; subraya que la coordinación de las acciones internas y externas de la Unión en el ámbito de la seguridad es fundamental para proteger eficazmente a los ciudadanos de la Unión y fortalecer su confianza en la capacidad de la Unión para brindarles protección; recuerda que la protección consular es clave a la hora de garantizar tal protección en el extranjero, y considera que, en consonancia con las recomendaciones de la Comisión, deben tomarse medidas adicionales para la armonización y la actualización de las normas relativas a los documentos provisionales de viaje;
8. Reitera su llamamiento a la Comisión para que reactive el proceso de adhesión de la Unión al Convenio Europeo de Derechos Humanos, en virtud de las obligaciones derivadas del artículo 6 del TUE, estudiando soluciones para solventar las objeciones planteadas en el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 18 de diciembre de 2014; considera que la adhesión de la Unión a dicho convenio supondría una mejora significativa de la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión y contribuiría al logro de un sistema coherente para la protección de los derechos humanos en Europa;
Nota: Pervenche Berès (S&D) anuncia que también votó a favor del proyecto de opinión
POSICIÓN EN FORMA DE ENMIENDAS DE LA COMISIÓN de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (26.9.2017)
Ponente de opinión: Ángela Vallina
La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Peticiones, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:
Visto 6 bis (nuevo)
– Considerando la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de menores (refundición) (COM(2016)0411),
Considerando A bis (nuevo)
A bis. Considerando que el fortalecimiento de las instituciones democráticas y de los derechos de los ciudadanos pasa por luchar contra la discriminación y la desigualdad de género en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible;
Considerando H bis (nuevo)
H bis. Considerando que la infrarrepresentación de las mujeres en los puestos de toma de decisiones —especialmente en la esfera política y en los consejos de administración de las empresas— obstaculiza el desarrollo de capacidades y la participación de las mujeres en la vida democrática de la Unión;
Considerando H ter (nuevo)
H ter. Considerando que la participación y el liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones políticas se ven aún obstaculizados por varios factores, como la persistencia de estereotipos de género y las consecuencias de la reciente crisis económica junto con sus repercusiones negativas sobre las cuestiones de igualdad de género;
Considerando H quinquies (nuevo)
H quinquies. Considerando que persisten lagunas importantes en la protección de las víctimas de la violencia de género y la violencia doméstica en toda la Unión en casos de conflictos familiares de alcance transfronterizo;
Considerando J bis (nuevo)
J bis. Considerando que la discriminación a la que se enfrentan las mujeres en la Unión es un obstáculo para la igualdad; que las mujeres siguen careciendo de representación adecuada como votantes, así como en puestos directivos, ya sea en los cargos electos, la administración pública, el mundo académico, los medios de comunicación o el sector privado; considerando que la discriminación múltiple generalizada a que se enfrentan las mujeres y el número desproporcionado de mujeres que sufren pobreza y exclusión social les impiden ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía;
1. Toma nota del Informe sobre la ciudadanía de la UE 2017, elaborado por la Comisión, que contiene una enumeración de las prioridades en cada ámbito de actividad; manifiesta sus dudas sobre la capacidad de estas prioridades para dar una respuesta efectiva a las preocupaciones de los ciudadanos; lamenta la ausencia de compromisos concretos y bien definidos para los próximos tres años;
1. Toma nota del Informe sobre la ciudadanía de la UE 2017, elaborado por la Comisión, que contiene una enumeración de las prioridades en cada ámbito de actividad; manifiesta sus dudas sobre la capacidad de estas prioridades para dar una respuesta efectiva a las preocupaciones de los ciudadanos; lamenta la ausencia de compromisos concretos y bien definidos para los próximos tres años; considera que no se ha prestado la debida atención a la inclusión de la igualdad entre hombres y mujeres como una prioridad, ya que solo aparece como un elemento secundario dentro del tema final «Aumentar la seguridad y promover la igualdad»;
4. Lamenta que, después de casi una década, sean escasos los avances en la adopción de una directiva de lucha contra la discriminación para toda la Unión; pide a todas las instituciones que finalicen las negociaciones correspondientes lo antes posible;
4. Lamenta que, después de casi una década, sean escasos los avances en la adopción de una directiva de lucha contra la discriminación para toda la Unión; pide a todas las instituciones que finalicen las negociaciones correspondientes lo antes posible, prestando la debida atención a incluir la dimensión de género;
Apartado 6 ter (nuevo)
6 ter. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de firmar y celebrar la adhesión de la Unión al Convenio de Estambul, y reafirma su apoyo a esta adhesión amplia y sin reservas; pide que se mejore la recopilación de datos desglosados sobre todas las formas de violencia incluidas en el Convenio, en cooperación con el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), con el fin de diseñar una metodología común para comparar las bases de datos y los análisis; pide a todos aquellos Estados miembros que todavía no lo hayan hecho que ratifiquen lo antes posible el Convenio de Estambul; pide a la Comisión que proponga una directiva sobre la violencia contra las mujeres;
Apartado 6 quater (nuevo)
6 quater. Pide al Consejo que redoble sus esfuerzos para desbloquear la Directiva sobre mujeres en los consejos de administración;
Apartado 6 quinquies (nuevo)
6 quinquies. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas concretas para abordar las necesidades de la ciudadanía más vulnerable que se enfrenta a una discriminación múltiple e interseccional que le impide ejercer sus derechos o participar plenamente en la sociedad, como las mujeres con discapacidad, las minorías étnicas, las mujeres inmigrantes y refugiadas o las que se enfrentan a la pobreza y la exclusión social;
Apartado 6 sexies (nuevo)
6 sexies. Reitera que para garantizar la capacidad de ejercer los derechos de ciudadanía de quienes se enfrentan a la discriminación múltiple interseccional —como las mujeres y las niñas con discapacidad— es necesario un enfoque holístico interseccional con políticas específicas, recogida de datos procedentes de los programas educativos y medidas de inclusión social; invita a la Comisión y a los Estados miembros a elaborar y publicar estrategias para combatir la discriminación interseccional;
Apartado 6 septies (nuevo)
6 septies. Hace hincapié en la necesidad de abordar la violencia de género a que se enfrentan mujeres y niñas y personas LGBTI en la política y en la esfera pública, incluido el acoso y la intimidación online;
Apartado 6 octies (nuevo)
6 octies. Reafirma su petición de que la Comisión adopte su Compromiso estratégico para la igualdad entre mujeres y hombres 2016-2019 en forma de comunicación; recuerda que la Unión se basa en el principio de la igualdad entre mujeres y hombres, y que dicho principio solo puede lograrse mediante una incorporación estratégica en todas las políticas de la Unión;
Apartado 6 nonies (nuevo)
6 nonies. Acoge con satisfacción la presentación por parte de la Comisión del paquete de medidas sobre el equilibrio entre la vida profesional y privada, y pide a todas las instituciones que pongan en marcha estas medidas tan pronto como sea posible;
Apartado 6 undecies (nuevo)
6 undecies. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan una mayor cooperación para los casos en que los trabajadores reciben prestaciones y pagan cotizaciones en diferentes Estados miembros de la Unión, reforzando los intercambios transfronterizos de información entre las diferentes autoridades de la seguridad social, de forma que todas las cotizaciones puedan tenerse debidamente en cuenta para el cálculo de los derechos de pensión; llama la atención sobre la persistente desigualdad de salarios y de pensiones por razón de género en la Unión, lo que, junto con las medidas de austeridad y de recortes del sector público, despoja a millones de mujeres de la posibilidad de ser realmente independientes desde el punto de vista económico;
Apartado 6 duodecies (nuevo)
6 duodecies. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que utilicen activamente los fondos de la Unión como herramientas para potenciar la igualdad de género; pide, en particular, la integración de la perspectiva de género en el marco de la PAC y las políticas de cohesión rural;
Apartado 6 terdecies (nuevo)
6 terdecies. Insta a la Comisión a seguir incorporando la perspectiva de género en todas las políticas de la Unión, prestando especial atención a las evaluaciones de impacto y a las evaluaciones ex post de la legislación y las políticas;
Apartado 9 bis (nuevo)
9 bis. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan permanentemente la representación de las mujeres en puestos de liderazgo, especialmente en la toma de decisiones políticas y en los consejos de administración, y que faciliten el acceso de las mujeres a los puestos directivos eliminando los estereotipos de género y fomentando su participación en la formación en el lugar de trabajo, junto con otros instrumentos políticos, como la conciliación entre la vida laboral, para que puedan ejercer plenamente sus derechos de ciudadanas de la Unión;
Apartado 9 ter (nuevo)
9 ter. Insiste en la importancia primordial de una educación para la ciudadanía de calidad para todas las edades —ya sea formal, informal o no formal— para que los ciudadanos puedan ejercer con confianza sus derechos democráticos, la sociedad pueda funcionar democráticamente y se superen la discriminación y los prejuicios, así como la desigualdad de género; reitera la necesidad de invertir en educación cívica y para la ciudadanía y en educación para la igualdad de género en Europa;
Apartado 9 quater (nuevo)
9 quater. Subraya la importancia de la participación política de los niños y los jóvenes, especialmente de las niñas y las chicas; pide que la Comisión y los Estados miembros se impliquen más en la defensa de los derechos del niño y en promover su participación;
Apartado 10 bis (nuevo)
10 bis. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan nuevas medidas para garantizar la igualdad de acceso de las mujeres a todos los ámbitos políticos, culturales y sociales como condición necesaria para el ejercicio efectivo de los derechos de ciudadanía de la Unión;
11. Considera que la reforma de la ley electoral, sobre la base de la iniciativa legislativa del Parlamento, constituye una oportunidad de hacer más democrática a la Unión que no se puede desaprovechar; resalta que miles de europeos comparten esta opinión, como demuestra la iniciativa ciudadana europea «let me vote», cuyo objetivo es permitir que los ciudadanos voten en su lugar de residencia; felicita a la Comisión por analizar las posibilidades de que los ciudadanos de la Unión que hayan ejercido su derecho de libre circulación voten en las elecciones nacionales de su país de residencia; insta a la Comisión a elaborar un plan de acción concreto para la introducción del voto electrónico con mirar a las elecciones al Parlamento Europeo de 2019;
11. Considera que la reforma de la ley electoral, sobre la base de la iniciativa legislativa del Parlamento, constituye una oportunidad de hacer más democrática a la Unión que no se puede desaprovechar; resalta que miles de europeos comparten esta opinión, como demuestra la iniciativa ciudadana europea «let me vote», cuyo objetivo es permitir que los ciudadanos voten en su lugar de residencia; felicita a la Comisión por analizar las posibilidades de que los ciudadanos de la Unión que hayan ejercido su derecho de libre circulación voten en las elecciones nacionales de su país de residencia; pide al Consejo que incluya listas con paridad de género que alternen candidatos de ambos sexos en la próxima revisión de la legislación electoral europea; insta a la Comisión a elaborar un plan de acción concreto para la introducción del voto electrónico con mirar a las elecciones al Parlamento Europeo de 2019;
12. Manifiesta su convencimiento de que unos medios de comunicación libres y el acceso a una pluralidad de opiniones en la sociedad y en la prensa son parte indispensable de una democracia saludable; destaca la necesidad de definir una política de la Unión para luchar contra la propaganda antieuropea y la información falsa; propone que las instituciones de la Unión creen una canal de televisión europeo que emita para todos los Estados miembros;
12. Manifiesta su convencimiento de que unos medios de comunicación libres y el acceso a una pluralidad de opiniones en la sociedad y en la prensa son parte indispensable de una democracia saludable y que la alfabetización mediática es fundamental y debe desarrollarse desde una edad temprana; destaca la necesidad de definir una política de la Unión para luchar contra la propaganda antieuropea y la información falsa; propone que las instituciones de la Unión creen una canal de televisión europeo que emita para todos los Estados miembros;
Apartado 12 bis (nuevo)
12 bis. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan medidas para luchar contra las declaraciones discriminatorias contra las mujeres y contra los estereotipos de género;
15 bis. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen herramientas adecuadas para incorporar la perspectiva de género, que cooperen estrechamente con las autoridades y las comunidades locales para prevenir e investigar las infracciones y que proporcionen la asistencia necesaria a las mujeres que han sido explotadas sexualmente, discriminadas o marginadas en el mercado de trabajo;
15 ter. Pide que se refuerce la cooperación entre los Estados miembros para garantizar la protección de las víctimas de la violencia de género, y que los intereses del menor sean tenidos en cuenta en caso de conflictos familiares de alcance transfronterizo;
Apartado 15 quater (nuevo)
15 quater. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas eficaces para que mujeres y chicas tengan más oportunidades de participar en los programas de la Unión que incorporan movilidad transfronteriza de estudiantes, profesores e investigadores;