Source: https://supremo.vlex.es/vid/expulsion-24-1-c-19964301
Timestamp: 2019-09-15 10:14:19
Document Index: 259659771

Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'artículo 51', 'artículo 359', 'artículo 24', 'artículo 95', 'artículo 139', 'artículo 51', 'artículo 59']

STS, 4 de Noviembre de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 19964301
Número de Recurso: 7013/2002
Fecha de Resolución: 4 de Noviembre de 2005
"EXPULSIÓN. Frente a la indamisión del recurso contencioso adminsitrativo in terpuesto contra la resolución del Delegado del Gobierno en Madrid, que determinaba la expulsión de una persona del territorio español, se interpone recurso de casación. El recurso de súplica fue resuelto en un auto que, como fundamento, sólo tenía el siguiente: ""que los argumentos expuestos en el escrito de interposición del recurso en nada desvirtúan los razonamientos contenidos en aquel auto"". Una respuesta de esta clase no cumple los requisitos de la motivación y la congruencia, e nfringe, por ello, el artículo 24.1 de la C.E.. En este caso no se impugna el acto de iniciación del procedimiento, sino una sedicente orden de expulsión que no consta en el expediente ni se ha probado que exista, por lo cual es cierto que no hay acto administrativo impugnable. Se estima el recurso de casación."
En la Villa de Madrid, a cuatro de Noviembre de dos mil cinco.
VISTO el recurso de casación nº 7013/2002, interpuesto por D. Armando, representado por la Procuradora Dª. María Teresa Marcos Moreno, contra el auto dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 20 de septiembre de 2002, sobre inadmisión de recurso contencioso administrativo interpuesto contra incoación de expediente de expulsión de extranjero. Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Pedro José Yagüe Gil.
En fecha de 30 de junio de 2001 la representación de D. Armando. interpuso recurso contencioso administrativo frente a la resolución del Delegado del Gobierno en Madrid notificada verbalmente en fecha de 8 de junio de 2001 en expediente incoado en fecha de 23 de diciembre de 2000.
En aquel recurso contencioso administrativo que fue tramitado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con el número 2269/01, recayó auto de fecha Auto de 5 de julio de 2002, confirmado en súplica por Auto de 20 de septiembre de 2002, por el que se declaraba la inadmisibilidad del recurso interpuesto.
Frente a dichos autos se ha interpuesto el presente recurso de casación en el que, una vez admitido y tramitado conforme a las prescripciones legales, se ha señalado para la votación y fallo el día 2 de Noviembre de 2005, fecha en la que se ha llevado a cabo el acto.
D. Armando interpone recurso de casación nº 7013/02 contra el auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de auto de 20 de septiembre de 2002, que confirmó en súplica el anterior de 5 de Julio de 2002, que declaró la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo.
La Sala de instancia declaró la inadmisibilidad del recurso interpuesto, conforme a lo previsto en el artículo 51.1 c) de la Ley reguladora de esta Jurisdicción (LJ), por entender que en el presente caso no existía acto administrativo recurrible, pues la resolución combatida no existía.
El recurrente alega un motivo de estudio previo, cual es el de la incongruencia de la sentencia, al no haber contestado la Sala en el auto que resolvió el recurso de súplica a todos los argumentos que se expusieron en éste, lo que ha infringido el artículo 359 de la L.E.Civil y el 24-1 de la C.E. (A esta cuestión se refieren los motivos primero y cuarto).
Este motivo debe ser aceptado.
En ese recurso de súplica la parte recurrente alegó:
- Que la orden de expulsión existió y se comunicó verbalmente.
- Que lo único que se ha producido es la duda razonable sobre la existencia de la orden de expulsión pero no la certeza de su inexistencia.
- Que debía declararse expresamente la caducidad del expediente de expulsión.
- Que, por las razones que daba, la Administración demandada debía ser condenada en costas.
Pues bien, el recurso de súplica fue resuelto en un auto que, como fundamento, sólo tenía el siguiente: "que los argumentos expuestos en el escrito de interposición del recurso en nada desvirtúan los razonamientos contenidos en aquel auto".
Una respuesta de esta clase no cumple los requisitos de la motivación y la congruencia, e infringe, por ello, el artículo 24.1 de la C.E.
Procede revocar ese auto y resolver la cuestión tal como está planteada (artículo 95-2-d) de la L.J. 29/98). Y sin hacer condena en las costas de casación (artículo 139-2 de la Ley Jurisdiccional 29/98)
Tal como ha decidido la Sala de instancia, este recurso contencioso administrativo no es admisible.
En recientes sentencias hemos proclamado que el acto de iniciación de un procedimiento sancionador es acto impugnable si en él se propone al Juez de Instrucción el ingreso en un Centro de internamiento, porque esa es una determinación que afecta directa y actualmente al interesado.
Pero en este caso no se impugna el acto de iniciación del procedimiento, sino una sedicente orden de expulsión que no consta en el expediente ni se ha probado que exista, por lo cual es cierto que no hay acto administrativo impugnable. No existe, por lo tanto, infracción del artículo 51-1-c) de la Ley Jurisdiccional ni de los artículos 24.1 y 9 de la C.E.
El artículo 59.1 de la Ley 30/92 permite realizar las notificaciones "por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción por el interesado". Pero está claro que una notificación verbal, sin firma alguna, no permite tener constancia de la notificación, así que no puede alegarse esa forma de comunicación para justificar la existencia de la orden de expulsión.
No puede pedirse que se declare caducado un expediente sancionador sin pedirlo previamente a la Administración, en casos (como el presente) en que no existe resolución final impugnable.
La propia parte admite que es dudoso que la resolución de expulsión exista (véase alegación tercera del recurso de súplica), lo que impide la tramitación del proceso, cuyo objeto sería de existencia dudosa: el primer requisito del proceso contencioso administrativo es que se dirija contra un acto administrativo cierto y concreto.
No existe infracción de los principios de igualdad y de tutela judicial efectiva, ya que ninguno de esos principios obliga a tramitar recursos contencioso administrativos sin acto impugnable.
Finalmente, no está probado la mala fe de la Administración demandada, sino que la parte actora ha iniciado un proceso sin acto impugnable.
No hay razones que aconsejen hacer una condena respecto de las costas de instancia.
Que declaramos haber lugar al recurso de casación número 7013/02 interpuesto por D. Armando contra el auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 1ª) de fecha 5 de Julio de 2002, confirmado en súplica por el de 20 de septiembre de 2002, que declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo nº 2269/01, autos que declaramos disconformes a Derecho, por falta de motivación, y que revocamos.
Declaramos inadmisible por inexistencia de acto recurrido el recurso contencioso administrativo nº 2269/01, formulado por la Procuradora Sra. Marcos Moreno en nombre y representación de D. Armando contra una supuesta orden de expulsión del territorio español que se dice notificada verbalmente.
No hacemos condena ni en las costas de instancia ni en las de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la colección legislativa , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. D. Pedro José Yagüe Gil, estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo que certifico.
Actos impugnables
STS 468/2018, 15 de Octubre de 2018
STSJ Castilla-La Mancha 404/2009, 13 de Julio de 2009