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Timestamp: 2019-09-21 15:52:59
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Matched Legal Cases: ['Artículo 27', 'Artículo 115', 'Artículo 27', 'Artículo 27', 'Artículo 115', 'Artículo 27', 'Artículo 115', 'Artículo 115', 'Artículo 27', 'artículo 115', 'Artículo 115', 'Artículo 115', 'Artículo 115', 'Artículo 115', 'Artículo 27', 'Artículo 73', 'Artículo\n115', 'Artículo 116', 'Artículo 115', 'Artículo 115', 'Artículo\n26', 'Artículo 27', 'Artículo 115', 'Artículo 27', 'Artículo 27', 'e contrario', 'Artículo 27', 'Artículo 115', 'Artículo 27', 'Artículo 27', 'Artículo 27', 'artículo 27', 'Artículo\n115', 'Artículo 115', 'Artículo 115', 'Artículo 115', 'Artículo 115', 'Artículo 115', 'Artículo 115']

Reformas municipal y agraria en México
Subido por Olivera Lozano Guillermo
REFORMAS MUNICIPAL Y AGRARIA, EXPANSIÓN URBANO-REGIONAL Y
GESTIÓN DEL SUELO URBANO EN MÉXICO
Economía, Sociedad y Territorio, enero-abril, año/vol. V, número 017
vol. V, núm.
17,V,2005,
núm. 121-159
17, 2005, 121-159
Reformas municipal y agraria,
expansión urbano-regional y
GUILLERMO OLIVERA LOZANO*
This paper analyses the legal and institutional framework of the urban
planning process in Mexico and its deficiencies are explained. In particular, we revise and compare the 27th and 115th constitutional articles,
which dictate and affect the role of the municipality in the urban development process. First, we briefly characterise both articles at different stages
and then develop a more detailed account of their most recent changes.
The results show that in spite of the breakthroughs achieved, the municipalities are still facing obstacles to performance in their urban management
tasks. One of the most important pitfalls is the existing opposition in some
aspects of the above mentioned articles. On top of this, we also have the
ever-present centralism and the verticality in the federal public policies in
the urban sector, in which the municipality still subordinates the other two
levels of government. All this is preceded by a characterisation of the gap
that the country has developed between urban and economical growth.
Keywords: municipality, urban planning, urban regional problems, 27th
and 115th constitutional articles.
Este trabajo analiza el marco jurídico e institucional del proceso de planeación urbana en México y sus deficientes resultados. Se revisan y comparan en particular los artículos 27 y 115 constitucionales, que norman e
inciden en la actuación del municipio sobre los procesos de desarrollo
urbano. Primero se hace una breve caracterización de cada uno en distintas etapas y después se desarrollan en detalle sus reformas. Los resultados
muestran que, pese a los avances logrados, los municipios siguen enfrentando obstáculos para desempeñar sus tareas de gestión urbana; uno de
los escollos más importantes es la contraposición en algunos aspectos de
dichos artículos. A ello se suman el centralismo y la verticalidad de las
políticas públicas federales del sector urbano, donde el municipio sigue
subordinado a los otros dos niveles de gobierno. A todo ello lo antecede
una caracterización sobre el desfase que ha experimentado el desarrollo
del país en cuanto a crecimiento urbano y económico.
Palabras clave: municipio, planificación urbana, problemas urbanoregionales, artículos 27 y 115 constitucionales.
* Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias,
gol@servidor.unam.mx.
Olivera, G.: Reformas municipal y agraria, expansión...
La planeación y gestión del desarrollo urbano en México, como
se sabe, ha tenido magros resultados desde su institucionalización a fines de los años setenta, cuando vivió un auge efímero,
hasta la actualidad, en que ha estado relegada por la falta de
perspectivas de lograr eficacia mediante su aplicación. A diferencia de los años setenta y ochenta, sin embargo, cuando las
condiciones políticas e institucionales eran totalmente adversas
para lograr una adecuada gestión del suelo urbano, durante los
años noventa del siglo XX ocurrieron cambios que, en el largo
plazo, permitirían dar algunos pasos en la dirección opuesta. En
particular, en el sentido de incidir en un mejor ordenamiento de
la expansión urbana y en un mayor control sobre el crecimiento
‘ilegal’ de los asentamientos populares.
Entre los cambios señalados destaca la reforma municipal de
1999 como parte de la reforma del Estado y de la democratización de la vida política en el país, al igual que la reforma de 1992
al Artículo 27 constitucional como parte de las reformas económicas orientadas hacia la apertura comercial e inserción internacional. Estas dos reformas modificaron radicalmente el marco
jurídico en que se desenvolvieron la política urbana en general y
la política de suelo urbano en particular durante los años setenta
y ochenta, y constituyen el punto de partida para el desarrollo de
nuevas políticas de suelo en las ciudades mexicanas. A partir de
ello, se encuentra también en proceso de transformación el andamiaje institucional desde donde se desarrollan y organizan las
En relación con la reforma municipal de 1999 mediante las
modificaciones al Artículo 115 constitucional, el cambio fue que,
al fin, se cumplió una demanda social y política vigente durante
la mayor parte del siglo XX: reconocer a los municipios su carácter de gobierno y ya no sólo de entidad administrativa. Con esto,
y al dejar abierta la posibilidad de que cada entidad federativa
adaptara el contenido de la reforma federal a su propia realidad,
se dio un paso más hacia una descentralización político-administrativa que, dependiendo de que se superen limitaciones económicas, de cuadros profesionales y de otro tipo que tienen en su
mayoría los municipios, deberá reflejarse forzosamente en una
mejor gestión del suelo urbano. Como podrá apreciarse a lo largo del trabajo, la reforma representó avances en algunos aspectos de la vida municipal, pero mantuvo trabas en otros, entre las
Economía, Sociedad y Territorio, vol. V, núm. 17, 2005, 121-159
que destaca el punto de las relaciones intergubernamentales entre
municipio, estados y gobierno federal. De la forma en que en cada
espacio urbano se combinen las ventajas y desventajas de la reforma, y de cómo se haya adaptado en su propia legislación, dependerán en gran medida los resultados de la gestión del suelo.
En lo que respecta a la reforma al Artículo 27 constitucional,
el cambio consistió en permitir, por primera vez en la historia de
los ejidos, la renta y venta de la tierra y posibilitar la incorporación de los ejidos al desarrollo urbano ordenado, con la participación de las autoridades municipales urbanas en colaboración
con las autoridades agrarias.
El objetivo del trabajo es, por una parte, describir y analizar
los cambios en el marco jurídico que regula la actuación de los
gobiernos municipales en sus tareas de gestión del suelo urbano,
en específico los artículos 27 y 115 constitucionales, con énfasis
tanto en las ventajas que representa como en los obstáculos que
todavía impone para el trabajo de dichos niveles de gobierno.
Por otra parte, interesa también exponer las características y dimensiones del proceso que están enfrentando los municipios en
materia de suelo urbano: la urbanización en sus escalas local y
Dado que en los resultados recientes de la gestión del suelo
urbano predomina el estancamiento sobre los avances, se asumen dos elementos de explicación. Primero, que existe un desfase entre el ritmo de crecimiento y expansión urbana de las ciudades en relación con la baja capacidad de crecimiento de la
economía nacional. Cabría agregar que también hay un problema de falta de comprensión y conocimiento cabal de los procesos territoriales urbano-regionales que están ocurriendo en la
actualidad en torno a las grandes metrópolis.
En segundo lugar, las reformas a los artículos 27 y 115 no han
aportado todos los elementos necesarios para una mejor gestión
del suelo urbano. Por una parte, porque el Artículo 27 aún mantiene candados a la conformación de un mercado de suelo urbano fluido. Por otra parte, aun cuando el Artículo 115 reconoce la
capacidad de gobierno de los municipios, así como su diversidad, todavía se mantiene el carácter centralista de la planeación
La primera parte del documento aborda algunas dimensiones
del proceso urbano en su fase actual en México. La segunda sección hace una breve referencia al origen histórico del municipio,
con la finalidad de entender su función tradicional más orienta-
da hacia la administración que como un nivel efectivo de gobierno; en este mismo sentido se exponen los problemas financieros
y de recursos humanos –entre otros– que caracterizan a estas
unidades político-administrativas y que han constituido una seria limitante para los objetivos de la planeación y gestión urbanas; naturalmente, se analizan las distintas reformas municipales, con énfasis en la de 1999.
El tercer apartado revisa lo concerniente al Artículo 27 y la
contradicción que representa para la gestión del suelo urbano al
contraponer el sector agrario con el sector urbano. Finalmente,
la última parte discute la disociación entre el proceso de reforma
municipal (que deposita o consolida en el municipio algunas facultades específicas que le permiten participar en la gestión de
los problemas urbanos con mayor capacidad que antes), y el
mantenimiento de la planeación urbana como un proceso centralizado donde el gobierno federal determina las normas y lineamientos generales que deben ejercer en cada entidad federativa las delegaciones representantes de las secretarías de Estado
que tienen que ver con el sector de desarrollo urbano. Se mostrará que el centralismo y la verticalidad en la elaboración de las
políticas públicas del sector urbano, por consiguiente, actúan en
contra de algunos de los avances obtenidos por los municipios a
raíz de la reforma al Artículo 115.
1. El desfase entre los problemas urbanos, el crecimiento
económico, la eficacia de las instituciones y la planeación con
En un sentido amplio, los problemas urbanos en México durante
el siglo XX se convirtieron en tales porque el dinamismo de los
procesos de expansión demográfica y territorial de la población
no tuvo correspondencia con la capacidad de crecimiento de la
economía ni con la comprensión cabal de los efectos de la urbanización (altos costos ambientales y socioeconómicos), ni con el
aumento de la capacidad de las instancias públicas para hacerles
frente. Así, históricamente fue conformándose un desfase entre
1.1 Urbanización sin desarrollo por mayor crecimiento de la
Por una parte el desarrollo económico no es posible sin ciudades, ya que la urbanización es la traducción en el espacio de la
distribución más eficaz de los recursos entre la ciudad y el campo; el resultado de esta mayor eficacia puede observarse en las
ganancias de productividad que resultan a favor de la ciudad, y
por lo tanto también en un producto interno bruto (PIB) por habitante más elevado. Sin embargo, a partir de cierto umbral en el
nivel de urbanización de un país, que se ubica entre el 60% y
70%, las tasas de urbanización tienen cada vez menos significado como indicadores de progreso económico (Polèse, 1998: 115).
Si a esto agregamos una situación de crisis o recesión económica
prolongada como en el caso de México, la capacidad de sus instituciones públicas para hacer frente a las demandas de la población se ven disminuidas drásticamente.
Para corroborar lo anterior, son suficientes algunos datos y
ejemplos. En 1980, a cuatro años de aprobada la primera Ley
General de Asentamientos Humanos y a dos años de haberse
publicado el primer Plan Nacional de Desarrollo Urbano, la población total del país era de 66.8 millones de habitantes, existían
227 ciudades1 donde habitaban 37.4 millones, o 55.9% de la población total del país, y sólo tres ciudades rebasaban el millón.
En el año 2000, la población total había alcanzado los 97.4 millones, el número de ciudades era de 364 y la población urbana
de 63.2 millones o 66% de la población total; para entonces nueve ciudades habían alcanzado el millón de habitantes.
Así, en tan sólo 20 años se incorporaron 30.6 millones a la
población total y 25.8 millones a las ciudades, en tanto que a
estas mismas se le sumaron 137 nuevos centros de población.
Las tasas de crecimiento promedio anual de la población, por
decenios, fueron de la siguiente manera: en el caso de la población total, 3.2% entre 1970 y 1980, 2.0% entre 1980 y 1990, y
2.2% de 1990 al 2000; en el caso de la población urbana las tasas
fueron de 3.7%, 3.1% y 2.2%, respectivamente.
El crecimiento económico, mientras tanto, ha seguido una
evolución contraria al crecimiento de la población, ya que de
una tasa promedio de crecimiento del PIB total de 6.7% en los
años setenta, se cayó hasta 1.2% en los ochenta y 3.1% durante
Una ciudad es toda localidad con 15 mil o más habitantes.
los noventa. El PIB per cápita, por su parte, pasó de una tasa de
3.1% en los años setenta a otra de –0.3% en los ochenta y otra
de 1% en los noventa.
Como resultado de lo anterior, los retos de las autoridades
urbanas para cubrir las necesidades de infraestructura física y
social de las ciudades en el país, así como para prever las necesidades de suelo para un crecimiento urbano ordenado, resultan
formidables. En relación con esto último, por ejemplo, durante
el último lustro del siglo XX se requirieron 150 mil hectáreas de
suelo para el crecimiento ordenado de las ciudades (Sedesol,
1999); sin embargo, 65% de la tierra existente era de carácter
social (ejidal o comunal), es decir, que no estaba disponible de
inmediato debido a que tenía que concluir previamente el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede).2 De acuerdo con la misma fuente, entre 1983 y 1995, de las 120 mil hectáreas que se habían incorporado al crecimiento urbano, 30 mil lo
habían hecho por vías legales y 90 mil lo habían hecho en forma
irregular. En este sentido, la capacidad económica y de gestión
de las autoridades municipales y estatales para hacer frente a las
demandas de los ciudadanos en cuanto a suelo, servicios y equipamiento, por mejor que se encuentren sus finanzas, siempre
resultará insuficiente.
Si vemos un poco hacia delante, la situación no parece que
será mejor. En el año 2030 se espera que seamos 130 millones de
mexicanos. Es decir, en 30 años se tendrá que alojar a 30 millones más de pobladores, de ellos, 80% será parte de la población
urbana, lo que implica que 24 millones estarán demandando servicios urbanos y tierra donde vivir; se calcula que se requerirán
por lo menos 700 mil hectáreas de suelo para las nuevas zonas
urbanas, lo cual equivale a la extensión actual del estado de
Morelos (Zepeda, 2000: 42).
El problema de la vivienda no es un asunto menor. Para el
2020 habrá 38.5 millones de hogares en el país, es decir, 16 millones más que en el año 2000; lo cual significa que la sociedad
en su conjunto tendrá que proveerse de una cantidad similar de
casas para aspirar a que cada familia habite una vivienda (Her2
Como se sabe, el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede) tiene
como finalidad que la tierra de propiedad social y normada por el derecho agrario sea
regularizada mediante su incorporación al marco jurídico del derecho civil, y de esa
manera pueda eventualmente formar parte del mercado privado de suelo. Sólo como
tierra de propiedad privada, los actuales ejidos pueden incorporarse al crecimiento
nández, 2000: 38). Se prevé una necesidad anual de aproximadamente 700 mil viviendas sólo en el sector urbano, cuando en 1999
la oferta formal fue de unas 300 mil unidades (Zepeda, 2000: 43).
Así, la oferta de suelo tiene cada vez más importancia en la edificación de la vivienda y de las ciudades, al mismo tiempo que resulta un factor decisivo para el ordenamiento territorial.
El futuro urbano, social, económica y ambientalmente próximo a lo sostenible dependerá en gran medida de nuestra capacidad técnica, social y política para gobernar el crecimiento de las
grandes ciudades y para reducir la dispersión de la población, así
como para garantizar que el uso que se le otorgue al suelo sea
compatible con su aptitud y evitar un mayor deterioro del ambiente. De igual forma, será necesaria una acertada promoción
de actividades productivas en regiones y ciudades de acuerdo
con su potencial de desarrollo. En todo lo señalado, empero, estamos muy por debajo de las necesidades requeridas.
En síntesis, durante el último tercio del siglo XX vino acentuándose el desfase entre crecimiento urbano y crecimiento económico. Y aunado a que persisten o se agudizan problemas como
el de la expansión de la ciudad ilegal y los rezagos financieros y
administrativos de los gobiernos locales,3 al mismo tiempo surgen aspectos nuevos como el de la complejización de las formas
espaciales urbanas y los cambios en el mundo rural periurbano.
1.2 Complejización de las formas espaciales urbanas y
A lo meramente demográfico y económico debe sumarse el hecho de que las formas territoriales están adquiriendo nuevas configuraciones que vuelven más compleja la interpretación de los
procesos territoriales, lo mismo que la instrumentación de políticas de ordenamiento. En cuanto a la interpretación, cabe señalar que se observan procesos de urbanización ‘difusa’ que ha recibido diversos calificativos, donde la tradicional periurbanización
alrededor de las grandes ciudades adquiere características diferentes de como sucedía antaño. En la actualidad se ha perdido la
separación física, antes nítida entre el campo y la ciudad, al conformarse una especie de archipiélago urbano con crecientes vínculos funcionales entre la ciudad principal y su periferia; de modo
Diversos trabajos dan cuenta de esta situación. Véase por ejemplo Wario (2004)
y Morales y García (2004).
que la creciente infraestructura del transporte, junto con la relativa cercanía de ciudades medias a las grandes metrópolis nacionales, ha dado lugar a la conformación de sistemas urbanos polinucleares con intensos procesos de metropolización y
megalopolización. Constituye el caso paradigmático la región que
circunda la zona metropolitana de la ciudad de México; esto, sin
embargo, no sólo ocurre en la región central del país, sino que
también en torno a otras grandes metrópolis en el Occidente y
En suma, los bordes antiguamente precisos entre lo rural y lo
urbano se desvanecen, pues el espacio rural periférico, colonizado y desvirtuado en su función original, queda ampliamente afectado también por la onda expansiva metropolitana. La desventaja de ello es que se trata de procesos que no están bien entendidos
ni caracterizados y hace falta investigación que provea insumos
para la instrumentación de políticas.
Ahora bien, no se trata solamente de un proceso de afectación de la urbanización sobre los espacios rurales: estamos ante
una reconversión misma del mundo rural. Para empezar, su tradicional función de proveer alimentos se ve sustituida por la agricultura comercial, en muchos casos de exportación, donde el
capital transnacional y sus sistemas productivos reemplazan las
economías campesinas más o menos adaptadas a las condiciones
ambientales del territorio. Todo ello ha terminado por romper
los vínculos directos entre el productor y el consumidor, lo que
favorece el despoblamiento del campo, la destrucción del equilibrio en los ecosistemas, la desaparición de culturas campesinas y
ganaderas y la pérdida de diversidad agrícola.
Muchos de los espacios liberados de la economía rural por su
baja rentabilidad se vuelven zonas residenciales, y así llevan cada
vez más lejos los alcances de la movilidad cotidiana de la población. La superposición de espacios administrativos que se ven
implicados en los procesos económicos urbanos hacen cada vez
más complejo el gobierno y administración de las conurbaciones, de las metrópolis y de las regiones urbanas.
1.3 El problema de la gestión fragmentada de las metrópolis
Mientras las tareas acumuladas de las autoridades municipales
urbanas no han sido cubiertas, aparecen nuevos retos de gobierno y de administración. Cierto que el problema no es nuevo,
pero sí es cada vez de manejo más difícil; no por el tamaño alcanzado por las áreas metropolitanas, sino por la complejidad
que le confiere el hecho de estar ocupando distintas unidades
territoriales administrativas. Así, desde el punto de vista institucional y político está pendiente, primero, resolver la situación de
un municipio que no ha alcanzado su autonomía política plena ni
financiera; para en un segundo momento, trabajar en la gestión
coordinada de los asuntos metropolitanos.
Hasta ahora, la gestión de las metrópolis ha sido fragmentada, con la agravante de que cada vez se agregan más municipios
por la sola expansión de las áreas conurbadas, con lo cual crecen
a su vez los problemas de superposición de competencias;4 los
municipios representan escalas limitadas de gobierno para un espacio social y procesos urbanos sin límites definidos, ya que lo
metropolitano abarca unidades político-administrativas incluso
entre fronteras estatales e internacionales. De hecho, la sola definición y delimitación de lo metropolitano constituye un problema no resuelto, aunado a que las áreas metropolitanas son asociaciones cambiantes en el tiempo; constantemente están en
entredicho sus límites territoriales y administrativos (véase Rodríguez y Oviedo, 2001: 41).
Ante una indefinición conceptual y una delimitación confusa
de las metrópolis, por consiguiente, las opciones de gobierno y
administración se complican tanto desde el punto de vista operativo como desde el político. Así lo muestran Rodríguez y Oviedo
(2001: 5) cuando analizan las modalidades conocidas de gobierno de las áreas metropolitanas: el gobierno tipo supramunicipal
y el gobierno tipo intermunicipal. Promover uno u otro modelo
de gobierno –señalan– no resulta sencillo, ya que lo que ambos
implican es una reestructuración institucional y por lo tanto del
poder en cualquier país (véase también Lefevre, 1999: 8).
En el caso mexicano, por ejemplo, ¿puede imaginarse el peso
político que tendría una autoridad metropolitana que abarcara
algunas entidades federativas, o fragmentos de ellas, donde se
concentrara un tercio de la población nacional, un tanto igual
del PIB total y dos quintas partes del producto industrial? Ade4
Esto se traduce en tres tipos de contradicciones para abordar los diversos problemas: 1) los de carácter técnico, cuando se trata del abastecimiento y expulsión del
agua, por ejemplo; 2) los de carácter político, cuando coinciden en una misma aglomeración distintos partidos políticos en los diferentes niveles de gobierno, y 3) los de tipo
económico-financiero, cuando las necesidades y los recursos no coinciden en un mismo
territorio (Pírez, 2002).
más, ¿cómo se delimitaría la metrópolis?, ¿a quién representaría
el nuevo nivel de gobierno?, ¿cómo se articularía con los otros
niveles?, ¿cuáles serían sus atribuciones? Se requeriría, entre otras
cosas, una legislación que se superpondría a la de los municipios,
estados y gobierno federal, cuestión nada sencilla.
A lo anterior hay que añadir que lo metropolitano no forma
parte del sentido común de los ciudadanos y autoridades (UN,
1995: 63). “La racionalidad predominante reconoce los problemas por sectores (vivienda, agua, electricidad, caminos), o en el
ámbito del barrio y de la comuna, pero no efectivamente en una
dimensión territorial extensa o variable” (Rodríguez y Oviedo,
2001: 8).
Otro aspecto notable de la gestión metropolitana es la paradoja que plantean las propuestas para gobernarlas, porque nos
ponen ante la disyuntiva de una mayor o menor concentración
del poder; es decir, mientras que en los últimos años lo que ha
venido demandándose desde los partidos políticos es una descentralización de funciones de gobierno hacia los municipios, lo
que parece imponerse como necesidad es la cesión de ciertas
atribuciones de éstos a otras entidades que no existen. Por eso
las iniciativas de cambio de gestión metropolitana en el ámbito
internacional no constituyen una demanda de los gobiernos municipales, y ni siquiera de la ciudadanía, sino que surgen del gobierno central.
Pírez (2002) considera que hay una sobrevaloración de lo
metropolitano, por lo cual lo procedente es consolidar la autoridad municipal y establecer mecanismos efectivos de coordinación. Pero en caso de ser necesaria una nueva estructura política,
ésta, de acuerdo con Lefevre (2000, en Rodríguez y Oviedo, 2001:
11), sólo es válida si posee las siguientes características: 1) autonomía financiera y de inversión, pero con controles; 2) autoridad basada en la legitimidad que otorga el voto ciudadano; 3)
competencias precisas, y 4) responsabilidad legal ante la ciudadanía. Hasta el momento en muy pocos casos se cumplen dichas
condiciones. Por si esto fuera poco, lo metropolitano, entendido
como la gravitación de un área en torno a una ciudad central, parece ya no operar del todo cuando lo que se observa es la conformación de conurbaciones de áreas metropolitanas en grandes regiones urbanas, con diferentes centros principales de actividades.
En síntesis, la gestión fragmentada de las metrópolis en México
es un problema complejo que se acentúa, y que tiene facetas que
van de lo técnico a lo administrativo, a lo sociológico y a lo polí-
tico. A las limitantes de siempre de un municipio tradicional sin
peso político y fuerza económica –en su inmensa mayoría–, se le
suman formas espaciales difusas en constante expansión a las
que no corresponde un solo nivel de gobierno; de ahí que no
haya condiciones ni mecanismos que permitan el desarrollo de
los modelos organizativos de los gobiernos metropolitanos (Rodríguez y Oviedo, 2001: 39). Mientras tanto, persisten los problemas estructurales de incapacidad institucional de proveer suelo
apto para el desarrollo urbano ordenado.
1.4 La persistencia de los problemas estructurales en la
La gestión efectiva de la tierra es una condición para el desarrollo económico y social. Sin embargo, el problema más serio de
las ciudades mexicanas es su crecimiento irregular y anárquico
vinculado en gran medida a la pobreza, hechos que obedecen al
incumplimiento de las diversas leyes y ordenamientos urbanísticos, así como a la carencia de servicios e infraestructura básica
por falta de inversión pública. El conflicto en consecuencia es,
por una parte, institucional, en lo que se refiere al incumplimiento del Estado de derecho y de las normas urbanísticas; pero por
otra parte y principalmente, es una deficiencia estructural de los
mercados para ofrecer suelo a los habitantes a precios accesibles
y con servicios. En este sentido, el problema no es el suelo en sí
mismo (si bien los precios son exagerados), la verdadera dificultad es servir al suelo (Smolka, 2001), por lo que el concepto de
informalidad debe dejar de utilizarse en sentido peyorativo para
referirse a asentamientos populares solamente,5 y debe considerarse también informal todo aquel que carezca de servicios e
infraestructura, donde el Estado y los gobiernos locales tienen
Ahora bien, otro aspecto también estructural que tiene que ver
con lo anterior es el de las características del bien vivienda y de la
industria de la construcción. En efecto, el suelo equipado y la vivienda, como ya lo había señalado Castells (1974: 179-186), responden a una relación entre oferta y demanda, razón por la cual
históricamente ha existido una penuria de dicho bien y de equipa5
Es menester señalar que la irregularidad de los asentamientos urbanos está en
todos los niveles socioeconómicos y no sólo en 60% de las clases populares; esta
condición también es una característica de los asentamientos de clase media alta y alta
en un elevado porcentaje.
miento colectivo en los países subdesarrollados. Este autor ya advertía entonces que el desarrollo de vivienda depende de las características y objetivos de la industria de la construcción; de manera
que en ausencia de intervención pública, la única demanda efectivamente considerada será la demanda solvente.
En un caso como en el otro (suelo y vivienda) es imposible resolver la crisis únicamente por los mecanismos del mercado. Son
indispensables instrumentos fiscales en el caso del suelo y programas crediticios y subsidios en el caso de la vivienda –pues no hay
prácticamente producción privada de vivienda ‘popular’–, pero
sobre las propuestas nos ocuparemos en otro trabajo.6
Cabe reiterar que en México el régimen de propiedad de la
tierra sigue siendo una limitante en sí misma, ya que choca con
las exigencias del crecimiento urbano ordenado; el predominio
de tierra de propiedad social, como ya se ha dicho, dificulta el
control sobre el crecimiento urbano. A ello se debe que gran
parte de los residentes no tengan derechos claros de propiedad o
no los hayan tenido en algún momento, con lo cual se alimenta el
círculo vicioso de falta de servicios y pobreza financiera de los
municipios. Polèse (1998: 101) expone muy bien la situación:
[…] ¿cómo financiar la infraestructura pública (agua, alcantarillado,
apertura de calles, etc.) si no se cobran anticipadamente los impuestos
prediales (u otros derechos) sobre las propiedades? Pero si los derechos
de propiedad no son claros, resulta difícil cobrar impuestos prediales;
además, una imposición “justa” de impuestos prediales requiere tener
al día un registro catastral con evaluaciones “honestas” del valor de
mercado de los terrenos. Para llevarse a cabo exitosamente, la urbanización exige un régimen claro de derechos, y aparatos de Estado eficientes (en sus niveles nacional y local).
No existen, entonces, fuentes de financiamiento para el desarrollo urbano ordenado, sobre todo donde se asientan los sectores
populares; como tampoco hay una congruencia institucional para
atender los problemas que de ello se derivan. Por ejemplo, las
secretarías, subsecretarías, departamentos, etc., que tienen a cargo
vigilar que los asentamientos cumplan la normatividad urbanística, no tienen mayor incidencia en la reglamentación de las instituciones que abastecen de servicios a dichos asentamientos, ni
para quienes los reglamentos urbanos no cuentan; este es el caso
Ciertamente ha habido un incremento notable de producción de vivienda social
en el actual sexenio, pero se trata de una oferta para el sector asalariado de los trabajadores, por lo cual se atiende un ‘derecho de clase’: la ‘clase asalariada’, que cada vez
tiene una menor participación relativa en el total de trabajadores del país.
de las empresas proveedoras de agua potable y energía eléctrica.
Así, se desanima a los habitantes la regularización de sus predios, se reduce la recaudación de impuestos y se debilita a las
instituciones. Sin embargo, a quienes menos debe responsabilizarse es a los habitantes.
No es de extrañar que los mecanismos de incorporación de
suelo al desarrollo urbano con carácter ‘preventivo’, en particular los programas de reservas territoriales de los años ochenta y
del sexenio 1994-2000, hayan tenido resultados muy limitados
(Olivera, 2001).
Para concluir, mientras las superficies urbanas se han desbordado y las áreas de trabajo de las instituciones del sector urbano
y los gobiernos municipales se han multiplicado, sus atribuciones y alcances se han mantenido con pocos cambios reales, o han
2. El marco jurídico legal y la institución municipal en la
Aunado al desfase entre crecimiento urbano y desarrollo económico, la incapacidad que en general han mostrado las autoridades municipales en la gestión de las ciudades remite necesariamente a varios aspectos laterales con notables imbricaciones, y
en algunos casos con fuertes raíces históricas. En primer lugar
tiene que ver el origen de la institución municipal, asociado al
tipo de régimen político y a un determinado modelo de gestión
pública (o de implantación de políticas); esto, además, vinculado
con otros referentes institucionales, en particular el marco jurídico legal y su (in)cumplimiento mediante el (no) ejercicio del
En segundo lugar sobresale la condición impuesta e insatisfactoria de la reforma del Estado, donde el gobierno local, más
que órgano complementario de los otros niveles de gobierno, ha
querido verse como un ente supletorio de ellos sin contar con
todos los atributos y cualidades necesarios. Por eso pueden calificarse de insatisfactorios los resultados de la política de descentralización y de las diversas reformas al Artículo 115 constitucional a partir de los años ochenta, en particular lo que tiene que
ver con la planeación del desarrollo urbano y la promoción del
crecimiento económico de las ciudades, que son una misma cosa.
Adicional a lo anterior, se encuentra el peculiar conflicto que
ha afectado a los municipios en su tarea de gestión del desarrollo
urbano, y que es la oposición entre los artículos 115 y 27 constitucionales. Este es un conflicto que surgió al finalizar la gesta
revolucionaria de inicios del siglo XX, y que no se ha superado
aun con la reforma de 1992 al Artículo 27.
2.1 Institución municipal, régimen político y tipo de gestión
El municipio mexicano nació subordinado a las necesidades de
la corona española durante el periodo colonial del país, y se mantuvo subordinado a los gobiernos federal y estatal en las distintas
etapas posteriores a la guerra de independencia. Así, desde su
origen en el siglo XVI –con antecedentes precolombinos–, el municipio ha sido una entidad hecha para administrar y no para
gobernar; y aun con los cambios constitucionales realizados en
el último cuarto del siglo XX, la situación en lo general no ha
cambiado. Fueron más de 400 años durante los cuales se forjó
una relación autoritaria y dependiente entre los tres órdenes de
Una de las causas primordiales de que incluso en el siglo XX
las condiciones del municipio no se hayan modificado fue el tipo
de régimen político posrevolucionario dominante, que ha sido
calificado como “democrático desde el Estado”7 desde los años
cuarenta hasta los años ochenta, y “en transición democrática” a
partir de los noventa. Desde estos esquemas, Cabrero (2000a:
200) ubica al régimen político mexicano en un bajo nivel de permeabilidad hacia la opinión pública y las demandas sociales, con
un predominio de relaciones intergubernamentales de tipo vertical. Al aplicar su análisis al estudio de las políticas públicas, encuentra que las estructuras de gobierno no fueron diseñadas para
ser permeables, por lo que aun en el escenario de transición política (y reforma del Estado) que se vive actualmente, no es posible que dicha estructura se abra –incluso los mismos actores,
dice, no están orientados hacia una lógica de apertura.
Se tiene así una combinación de exclusión de las demandas
sociales y una relación predominantemente jerárquica subordinada entre órdenes de gobierno, que resulta adversa a los objetivos de todo tipo de política pública, en que sobresalen las políticas urbanas.
Aunque también puede llamársele “federalismo estatista” (cfr. Hernández,
1996: 30).
La poca permeabilidad entre el régimen político y las demandas sociales ha tenido como efecto un tipo de gestión pública
singular, caracterizada por el escaso aprendizaje obtenido de la
aplicación de las políticas gubernamentales, debido sobre todo a
la falta de evaluación que se hace de ellas, junto con el difícil
acceso a la información respectiva por ser un monopolio estatal.8 Esto impide mejorar la gestión pública, ya que puede desviarse con facilidad la orientación de las políticas (Cabrero,
2000a: 209).
Hay otros referentes institucionales, prácticas y reglas que,
ubicadas en el terreno de la ambigüedad, han acentuado las características de centralismo y verticalidad en la elaboración de
las políticas públicas, y de pobres resultados en su ejercicio. Se
trata de varias situaciones incompatibles con una gestión pública
eficiente; sobresale, ante todo, la existencia de un marco jurídico-legal, a veces impreciso y siempre negociable, que ha derivado en la inexistencia de un verdadero Estado de derecho. En este
escenario de laxitud institucional y de inexistencia de rendición
de cuentas, los compromisos de los servidores públicos no son
con la institución y la sociedad, sino con la ‘camarilla’; la transparencia se simula en gran medida; las evaluaciones se improvisan; los servidores públicos se estancan en un bajo nivel de profesionalización, y la incertidumbre es el escenario que prevalece
(Cabrero, 2000a: 212).
Ahora bien, si, como hemos venido haciendo, nos referimos
más en detalle a los problemas urbano-regionales, es importante
explicar en qué momento surgen y cómo van desarrollándose las
contradicciones jurídicas e institucionales que han impedido que
el municipio haya tenido capacidad plena –únicamente en estos
términos– para un desempeño satisfactorio de sus funciones. Esto
lo hacemos con base en el análisis de los artículos 27 y 115 constitucionales en sus distintas etapas de evolución.
Debe señalarse que se han dado pasos importantes para modificar la situación
imperante. Uno de ellos es la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, el otro es el inicio de una política de evaluación de las políticas
públicas. El primer caso, donde se señala que toda información del gobierno es pública,
salvo la que sea considerada como clasificada, es considerado como un avance de la
ciudadanía en el terreno de la reforma del Estado, sin que por ello se agote el tema. Al
finalizar el sexenio actual sabremos qué resultados habrán tenido estas importantes
2.2 El artículo 115 constitucional, la reforma del Estado y la
El carácter subordinado del municipio mexicano a la metrópoli
colonial no se modifica con el fin de esta etapa histórica, le sigue
una sumisión al gobierno federal durante la primera república
independiente en el siglo XIX, y de ahí en adelante. En efecto,
durante el siglo XIX, tanto en la constitución de 1824 como en la
de 1857 se establece y reafirma respectivamente al municipio
como base del federalismo; sin embargo, la inestabilidad política
de una nación que recién acababa de fundarse primero, y el carácter coercitivo del gobierno federal sobre los niveles inferiores
de gobierno después, impiden la conformación de un federalismo cooperativo en el país que pervive hasta nuestros días.
Así, desde su origen, el Estado mexicano se ha visto sometido
a una tensión entre federalismo y centralismo por una parte, y
entre libertad y poder por la otra, donde los estados y los municipios, pero sobre todo estos últimos, han sido los más afectados
en términos de pérdida de autonomía (poder) ante el gobierno
central (o ante el gobierno estatal cuando así corresponde). En
otros términos, el federalismo deseable está asociado a una mayor libertad política de los gobiernos municipales para ejercer
sus atribuciones, y no sólo a una mayor capacidad económica o
administrativa como se había planteado en distintas reformas.
No obstante, esta ha sido la fórmula utilizada tradicionalmente
por el gobierno central mexicano para relacionarse con los otros
dos niveles de gobierno; es decir, se ha hecho equivaler federalismo con la dimensión económica y social del desarrollo local, y
en particular con la posibilidad de que la población acceda a servicios públicos como educación, salud, comunicaciones, etc.,
dejando a un lado la parte de libertad política únicamente como
concesión y autolimitación (cfr. Hernández, 1996 y Aguilar, 1996).
Lo anterior originó el llamado federalismo coercitivo o estatista –según el momento– que, enmarcado en una sociedad corporativa, conformó un desequilibrio entre el avance de los derechos sociales de la población más los derechos políticos de los
municipios, y el estancamiento los derechos civiles, mercantiles
y electorales de los ciudadanos. Hernández (1996) ilustra muy
claramente esto para los siglos XIX y XX. Entre 1867 y 1890, por
ejemplo, el federalismo se afirmó por la expansión de las comu-
nicaciones, la internacionalización de la economía y el progreso
material de los territorios estatales por mayor difusión de bienes
públicos; sin embargo, ello fue posible gracias a una creciente
centralización política y administrativa que después no pudo sostenerse en el último tramo de la centuria, lo que tuvo como resultado una devaluación del federalismo, primero, y el rompimiento del marco institucional después (Hernández, 1996: 27).
Con el movimiento revolucionario de 1910-1917, ante la demanda de mayor libertad municipal, soberanía estatal, sufragio
efectivo y voto directo, hay una renovación del pacto federal.
Nuevamente, empero, desde los años treinta hasta los sesenta y
luego de un periodo de inestabilidad, ocurre “una especie de intercambio de libertad política por protección social” y gobernabilidad (Hernández, 1996: 29); es decir, la libertad política pasa
a un segundo término, mientras que el aumento del gasto social
es destinado a cubrir programas de protección social así como la
dotación de servicios públicos.
Nuevamente se incurre en el error de coartar la libertad política de los ciudadanos y restringir sus derechos civiles a cambio
de un impulso a la modernización económica de la nación, con el
agravante de que se practica un federalismo corporativo sustentado en la burocratización y en la prestación de los servicios, así
como en su condicionamiento. En este esquema, tanto los municipios como los estados vieron afectadas sus finanzas de manera
importante. Esta falta de democracia con predominio del centralismo, en consecuencia, se manifestó en conflictos sociales desde fines de los años cincuenta y sobre todo en los años sesenta.
De entonces a la fecha, durante las crisis del sistema político,
el Estado ha practicado la fórmula de autolimitarse para mantener poder, al confundir el federalismo con la simple descentralización administrativa o la simple desconcentración de aparatos
administrativos o de decisiones administrativas hacia los estados
y municipios (Hernández, 1996: 33). El análisis de las últimas
reformas al Artículo 115 corroboran lo anterior, si bien pueden
observarse algunas modificaciones en la reforma de 1999.
2.2.2 Las reformas más recientes al Artículo 115: La reforma de
1976 y la institucionalización de la planeación urbana (sexta
reforma)9
Una primera reforma importante al Artículo 115 constitucional,
en cuanto a que coincide con un primer replanteamiento de las
tareas municipales en la conducción del desarrollo urbano, es la
de 1976, que es el año en que precisamente se inicia el proceso de
institucionalización de la planeación urbana con la publicación
de la Ley General de Asentamientos Humanos. La elaboración de
la ley implicó también reformas a los artículos 27 y 73.
Con las modificaciones al Artículo 115, se concedió a los municipios capacidades para expedir leyes, reglamentos y disposiciones administrativas de ordenamiento de los asentamientos
humanos, así como llevar a cabo funciones de planeación de las
conurbaciones interestatales. De hecho, se introdujo por vez
primera el concepto de conurbación, entendida como la continuidad geográfica de un centro de población urbano situado en
territorios de dos o más municipios.
Las reformas y adiciones al Artículo 27 le otorgaron a la nación el derecho permanente de imponer a la propiedad privada
las modalidades que dicte el interés público, para regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación. También se introdujo el concepto de
desarrollo armónico y equilibrado y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población urbana pues se preveía el dictado
de medidas para ordenar los asentamientos humanos mediante
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques,
para planear y regular la fundación, conservación y mejoramiento de los centros de población.
Con los cambios al Artículo 73, se hace posible en lo sucesivo
la concurrencia de la federación, los estados y los municipios en
el ámbito de sus respectivas competencias en materia urbanística. Otras medidas fueron las modificaciones a la Ley General de
Bienes Nacionales y a la Ley de Obras Públicas. No obstante, la
culminación de las reformas fue la aparición de la Ley General
de Asentamientos Humanos (LGAH).
No es propósito de este trabajo evaluar la LGAH; para eso puede revisarse Azuela (1989a); sólo nos interesa remarcar que re9
Las reformas anteriores ocurrieron en el siguiente orden: primera reforma, 20 de
agosto de 1928; segunda reforma, 29 de abril de 1933; tercera reforma, 8 de enero de
1943; cuarta reforma, 12 de febrero de 1947, y quinta reforma, 17 de octubre de 1953.
presentó la unificación de las acciones públicas emprendidas en
el ámbito urbano-regional. Sin embargo, dadas las condiciones
del municipio y la crisis económica que se vino en los ochenta,
no se tuvo la capacidad para enfrentar los problemas derivados
del crecimiento urbano.
Un aspecto en particular que debe destacarse es que a partir
de los cambios anteriores se reveló un conflicto institucional muy
serio entre las instituciones del sector agrario y las instituciones
del sector urbano, bien documentado por Azuela (1989b) principalmente, y que se reflejaba cotidianamente en la frontera de la
ciudad donde el suelo ejidal era al mismo tiempo no sólo el límite
de la ciudad, sino el límite jurisdiccional de las autoridades encargadas del desarrollo urbano. Sobre ello, no obstante, volveremos más adelante.
2.2.3 La reforma de 1977 (séptima reforma)
Esta reforma fue eminentemente política, ya que su razón primordial fue introducir el principio de representación proporcional en los ayuntamientos, con la finalidad de ampliar la participación de las fuerzas políticas y sociales minoritarias en la vida
2.2.4 La reforma de 1983 (octava reforma)
Fue una reforma de gran importancia: redefinió el papel del
municipio en la estructura del sistema federal mexicano al determinar sus fuentes de ingreso, los servicios públicos a su cargo y
reconocer su ‘autonomía’. Asimismo, es considerada como una
reforma eminentemente urbana debido a que las atribuciones y
recursos señalados en el texto tenían como finalidad principal
permitir a los municipios conducir el desarrollo urbano; desde
entonces, los ayuntamientos supuestamente pueden: formular,
aprobar y administrar los planes de desarrollo municipal; controlar y vigilar la utilización del suelo; participar en la instauración y
administración de reservas territoriales y zonas ecológicas; intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra, y otorgar
licencias de construcción y permisos. Asimismo, se especificaban los servicios públicos a cargo de las autoridades municipales: agua potable, alcantarillado, alumbrado público, limpia, mercados y control de abasto, panteones, rastro, calles, parques y
jardines, seguridad pública y tránsito.
En otro sentido, la reforma privilegió lo económico sobre lo
político, ya que uno de sus aspectos más importantes fue poner
al alcance de los municipios la posibilidad de disponer de nuevos
recursos económicos mediante el cobro del impuesto predial, así
como determinar sus presupuestos de egresos. Al mismo tiempo, sin embargo, las legislaturas estatales recibían facultades que
restringían la autonomía política y el autogobierno de los municipios; así, éstas podían suspender o desaparecer un ayuntamiento, o revocar el mandato de algunos de sus miembros; también
tenían la facultad de aprobar los ingresos de la hacienda municipal; e incluso, les favoreció la imprecisión de la fracción 111
sobre la ‘concurrencia’ o ‘convenio’ para la prestación de los
servicios públicos de competencia municipal entre el gobierno
de la entidad federativa y los ayuntamientos, según lo determinaran las leyes locales.
Ahora bien, a pesar de que se privilegió lo económico, no se
atacó la penuria de recursos para el funcionamiento del quehacer municipal, más bien se acentuó el carácter ‘dependiente y
residual’ en las entidades federativas. En los hechos, los ayuntamientos quedaron subordinados a los gobernadores, mientras que
la relación entre gobiernos estatales y el gobierno federal no se
En efecto, la descentralización en materia de desarrollo urbano no significó la renuncia de facultades o recursos por parte del
gobierno federal a favor de los gobiernos estatales, sino una reducción de las facultades de éstos a favor de los ayuntamientos
(Azuela, 1988: 10). Sin embargo, aclara Antonio Azuela, las legislaturas estatales retuvieron el poder y las funciones en policía
y buen gobierno en la prestación de servicios públicos y, por medio
de los convenios estipulados en la reforma, mantuvieron muchos
de ellos la administración de algunas fuentes de ingreso municipal (como el predial), y compartieron con los municipios la facultad de aprobar los planes de desarrollo urbano, el control de
los usos del suelo y la autorización de licencias y permisos de
construcción y fraccionamientos.
Por otra parte, aunque la reforma municipal de 1983 fue la
primera en la cual se tocaron aspectos de fondo que afectan el
desenvolvimiento de los municipios en México, fue, como señaló Massolo (1991: 24), una reforma huérfana de movimientos
sociales ciudadanos reivindicativos de ayuntamientos democráticos y de descentralización de los poderes públicos. En este sentido, se trató de una reforma no pedida, que sucede en un con-
texto de crisis económica (fiscal y administrativa del gobierno
federal), de poca pluralidad política en los ayuntamientos y, por
consiguiente, una reforma desde arriba monopolizada por el Poder Ejecutivo. El slogan del gobierno acerca de la “descentralización de la vida nacional” obedecía a su incapacidad para seguir
sosteniendo los gastos de inversión y financiamiento del desarrollo de los estados y regiones del país, como venía haciéndolo
décadas atrás; así, se reduciría la sobrecarga fiscal y administrativa del gobierno federal para en su lugar fortalecer la capacidad
económica, administrativa y política de los estados y municipios
(cfr. Aguilar, 1996: 110).
El Estado, en síntesis, se vio en la necesidad de modernizarse
y someterse a un ajuste que implicaba su achicamiento y por
tanto la reducción de sus responsabilidades como participante
directo en el desarrollo de actividades productivas para quedar
solamente como promotor; de ahí que la desregulación económica y la privatización de las empresas públicas pasaran a ocupar
un papel relevante a partir de entonces, junto con la descentralización de la administración.
Por lo anterior la descentralización fue considerada por algunos estudiosos como un proyecto modernizador neoliberal de la
economía y del propio Estado, donde lo que interesaba no era la
democratización del poder o de las relaciones Estado-sociedad
civil, sino cumplir con objetivos de descentralización, participación, eficacia y racionalidad del gasto público (Massolo, 1991:
16). Coraggio (1991: 57) adjudicó a la descentralización los sinónimos de privatización, desregulación, participación-autogestión, participación-control del Estado, reconocimiento de particularidades y construcción de consensos desde las bases.
Sin embargo, la propuesta de descentralización de la vida nacional funcionó, por lo que a partir de entonces se consideraron
muy positivas la descentralización administrativa del Estado hacia los gobiernos locales y la participación ciudadana; de ahí que
tienda a asociarse la cuestión municipal con el poder local. Empero, advierte Restrepo (2001: 94), erróneamente se ha llegado
a identificar al gobierno local como una instancia permeable y
accesible a las necesidades de los sectores populares y a las prácticas participativas como sinónimo de democracia. Al contrario
–dice–, descentralización y participación sólo pueden ser entendidas en el contexto de la reestructuración capitalista: “son las
formas espaciales de organización administrativa y política de la
sociedad capitalista actual”.
2.2.5 La reforma de 1987 (novena reforma)
Únicamente sirvió para establecer la exclusividad del Artículo
115 constitucional para atender la cuestión municipal, al transferir todos los demás ordenamientos referentes al régimen interior de los estados al Artículo 116.
2.2.6 La reforma de 1999 (décima reforma)
Se retoman los resultados de la reforma de 1983, pero en un contexto de transición democrática y pluralidad política que en aquella ocasión no existía. Los obstáculos todavía prevalecientes para
la modernización de los gobiernos municipales, la renovación del
federalismo y la reestructuración del propio gobierno federal hacían ineludible retomar el tema de la reforma municipal.
Aunque para ser más precisos, hay que mencionar que la manera en que se expresa la reforma en el texto constitucional revela varios aspectos importantes de la situación política que se
vivía en esos años. Sobresale, en este sentido, el hecho de que la
reforma ocurre en el momento en que por primera vez –a raíz de
las elecciones federales de 1997– el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no es mayoría en la Cámara de Diputados, pero
donde la mayoría numérica de la oposición era muy precaria; de
tal suerte que el texto final fue producto de la negociación entre
el Partido Acción Nacional (PAN), como segunda fuerza y como
proponente de la reforma, y el PRI. De ahí que su contenido pueda considerarse, nuevamente, acotado. Esta acotación se refiere
no sólo a las limitaciones que se impusieron a la propuesta original del PAN, sino también y sobre todo, a que con la reforma no se
logra trascender el modelo cupular y centralista del proceso legislativo, prueba de ello es que los representantes de los ayuntamientos estuvieron ausentes del debate parlamentario, al igual
que las organizaciones sociales relacionadas con el tema (cfr.
Guillén y Ziccardi, 2004: 16).
A pesar de lo señalado, un balance de la reforma indica que
ésta tuvo algunas virtudes, ya que se fortalece al municipio frente al estado, al reconocérsele el carácter de órgano de gobierno
con competencias exclusivas que sólo el ayuntamiento puede
transferir a los gobiernos estatales si así conviene a sus intereses
(Guerrero, 2000: 232). Otro avance reconocido es que, si bien
se introduce el concepto de leyes estatales, éstas tienen objetos y
limitaciones definidas, por lo que la competencia reglamentaria
del municipio se hace exclusiva para aquellos aspectos propios
de su competencia. Igualmente, el presidente municipal conserva el mando de las policías preventivas municipales; las empresas paraestatales quedan obligadas al pago del impuesto predial
al ayuntamiento; queda garantizado el derecho de iniciativa municipal en materia tributaria y, finalmente, se fortalece (legalmente) el carácter fiscalizador de las legislaturas locales en las finanzas municipales, para fortalecer el contrapeso al poder del
ayuntamiento en la asignación y operación presupuestal.
Por el lado de las carencias de la reforma (Guerrero, 2000:
233), destaca la omisión sobre la conveniencia de que el ayuntamiento pudiera aprobar las bases de las contribuciones inmobiliarias, que le permitiera al municipio su actualización para una
mejor recaudación del impuesto inmobiliario. Tampoco se eliminó el candado que impide la reelección inmediata de los presidentes municipales; no se obligó a los estados a reconocer la
heterogeneidad del mapa municipal ni a mejorar los términos de
representatividad de la sociedad, ni a dar mayor autonomía a la
administración municipal frente al cabildo (para mejorar supervisión por un lado y ejecución por el otro); no se aludió al establecimiento de un sistema nacional de información fiscal (oportuna, accesible, transparente, etc.); no se integró al municipio a
foros de discusión sobre el sistema de transferencias (Sistema de
Coordinación Fiscal); no se reconoció al municipio como autoridad fiscal, y por último, no se obligó a los estados y a la federación a transferir los recursos financieros oportuna y transparentemente. No se trató, tampoco, el asunto de la preparación y
formación de administradores, funcionarios y políticos que participan en la gestión municipal.
A pesar de sus logros, por consiguiente, y al igual que la de
1983, es una reforma acotada que sigue mostrando la tensión
entre centralización-descentralización y poder-libertad, pues los
avances del municipio son a costa de los gobiernos estatales,
mientras que el gobierno federal vuelve a quedar igual. Esto es
claro particularmente en lo que tiene que ver con la exclusividad
de las competencias municipales –las cuales en su mayoría ya
existían–, donde se marca que no pueden intervenir en ellas los
gobiernos estatales, a menos que convenga a los intereses del
municipio, y no del estado, como anteriormente ocurría.
El carácter acotado de la reforma es claro en las implicaciones que tiene para la planificación urbana, en el sentido de que el
municipio, a pesar de obtener el reconocimiento como nivel de
gobierno y haberse transformado por lo tanto de un modelo de
relaciones intergubernamentales bipartita a otro tripartita, se
mantiene subordinado sobre todo al gobierno federal, cuando en
lugar de administrar los servicios sobre los que recibió exclusividad, tiene que participar en programas de política social o de
obra pública nacionales.
En esta línea de relaciones intergubernamentales, los municipios dependerán de su capacidad de negociación para, por un
lado, recuperar las capacidades que el nuevo Artículo 115 les
confiere, pero que están bajo control de los ejecutivos estatales,
y por otro lado, convenir la administración de sus facultades exclusivas con los funcinarios estatales. El detalle aquí, tal como lo
señala Guillén (2000: 252), es que la posibilidad de negociación
se restringe a lo que ya le es propio a los municipios, lo cual no
puede considerarse un gran avance en su capacidad de interlocución con otros niveles de gobierno.
Si la reforma resulta acotada para las propias capacidades
exclusivas del municipio, lo es también en el caso de la fracción
V; aquí se acepta la relación intergubernamental del municipio
en ciertas áreas donde se establece su intervención directa, pero
se omite su participación en otras que también son de importancia para la planificación. Por ejemplo, el municipio tiene facultades completas en los incisos: a) formular, aprobar y administrar
la zonificación y planes de desarrollo municipal; b) autorizar,
controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales, y c) otorgar licencias y
permisos para construcciones. En otros incisos, su participación
es restringida: a) participar en la conformación y administración de sus reservas territoriales; b) participar en la formulación
de planes de desarrollo urbano regional, los cuales deberán estar
en concordancia con los planes generales de la materia; c) intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; d)
participar en la formación y administración de zonas de reservas
ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; e) intervenir en la formulación y
aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquéllos afecten su ámbito territorial, y f) celebrar convenios
para la administración y custodia de las zonas federales. En otras
palabras, los ayuntamientos son un gobierno reconocido sólo para
determinadas áreas de interés público.
En el caso de la propiedad inmobiliaria ocurre algo parecido a
lo anterior, ya que los ayuntamientos sólo podrán proponer a le-
gislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos,
derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro
de las contribuciones. Al respecto, en un quinto artículo transitorio se emplaza a las legislaturas de los estados, en coordinación con los municipios respectivos, a que antes del inicio del
ejercicio fiscal de 2002 adoptaran las medidas conducentes a fin
de que los valores unitarios de suelo que sirven de base para el
cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria sean
equiparables a los valores de mercado de dicha propiedad, y adecuar las tasas aplicables para el cobro de las mencionadas contribuciones para garantizar su apego a los principios de proporcionalidad y equidad.
Ahora bien, aunque la reforma al Artículo 115 era necesaria,
también cabía esperar que por sí sola fuera suficiente, considerando que no es el único artículo que regula las relaciones entre
los tres ámbitos de gobierno, y porque hay confusión al respecto,
hay vacíos y hay centralismo (Guerrero, 2000: 224). El Artículo
26 constitucional, por ejemplo, se refiere a la necesidad de que
el gobierno federal establezca convenios con los gobiernos estatales en materia de planeación, y esto podría ser un sustituto a
las asociaciones de municipios (Cabrero, 2000b: 61); “una transformación al federalismo es hacer un cambio integral y no únicamente significa modificar el 115” (García, 2000: 63). A este artículo cabría agregar también el 73 y el 27.
En términos operativos, por otra parte, la reforma sólo se había cumplido en el ámbito federal en un sentido, pues quedaban
pendientes las modificaciones a otras leyes federales. Había que
esperar también una segunda fase que tiene que ver con la modificación de las constituciones de cada estado de la república. Por
primera vez, a las legislaturas estatales se les presentaba la oportunidad y responsabilidad de adaptar el contenido de la reforma federal a sus necesidades específicas; es decir, dadas las condiciones
políticas del país –de mayor pluralidad política y en transición democrática en comparación con 1983–, se esperaba una pluralidad
de reformas en cada estado, que potenciaran a su favor las modificaciones al texto constitucional. Aunque también se especulaba
con la posibilidad de que, dada la tradición de agudo centralismo,
las legislaturas estatales simplemente se restringieran a copiar la
reforma federal y en vez de tener reformas innovadoras hubiera
reformas limitadas. En todo caso, está pendiente un análisis por-
menorizado de dichos cambios, sobre los cuales haremos una breve mención en la última sección del trabajo.
La reforma proporciona elementos para la innovación en el
momento en que asigna a las legislaturas estatales la responsabilidad de las “leyes en materia municipal” de las cuales se derivarán la reglamentación, la organización administrativa y de los
servicios públicos y la participación ciudadana. En opinión de
Guillén (2000: 248), los congresos estatales tienen la posibilidad
de impulsar la modernización del gobierno municipal y de reconocer la diversidad de los municipios; es decir, existe la oportunidad de terminar con los modelos únicos o casi únicos para organizar los ayuntamientos del país. No es que antes los estados
no tuvieran esta capacidad legal, lo que pasa es que no era obligatoria y por lo tanto no se ejercía. Ahora podrá verse la capacidad de los congresos estatales para romper con el centralismo.
En cuanto a tiempos para ver resultados, se esperaba que sería hasta después del 2002 cuando empezarían a apreciarse.
No hay que pasar por alto tampoco que, con o sin reforma,
las propias autoridades municipales tienen tareas pendientes. Esto,
en primer término, significa romper con actitudes pasivas en espera de que la federación resuelva todos sus problemas de inversión pública; es primordial, por lo tanto, que asuman la labor de
incrementar sus ingresos propios; que ejerzan su facultad de
cobrar el impuesto predial; que modernicen y actualicen los catastros y que influyan en las tarifas; en general, que mejoren su
infraestructura administrativa para el cobro de gravámenes y,
desde luego, para el ejercicio del gasto. En el actual contexto de
competencia política todo ello debiera ser motivo de consideración ciudadana.
3. La otra reforma o el Artículo 27 contra el 115
Por si las restricciones que el Artículo 115 le impone al municipio en sus tareas de gestión del desarrollo urbano no fueran suficientes, hay que sumar aquellas que le significa el contenido del
Artículo 27, que conlleva algunas contradicciones entre los núcleos ejidales –regidos por una secretaría de Estado– y las autoridades municipales.
En la relación de los artículos 115 y 27, en cuanto a los problemas urbanos y la planificación, pueden distinguirse dos etapas. Ambas tienen sus orígenes en la Constitución de 1917, en la
cual quedan plasmadas las luchas políticas de las facciones más
importantes que participaron en la Revolución Mexicana; las
contradicciones que de ello derivaron, sin embargo, sólo se hacen evidentes a partir de 1976 y 1978, años en los que se publican la Ley General de Asentamientos Humanos, primero, y después el primer Plan Nacional de Desarrollo Urbano en 1978. A
partir de esos años y hasta enero de 1992 correspondería la primera etapa, y la segunda correspondería a partir de febrero de
1992 hasta la actualidad. Antes de caracterizar cada fase, empero, habría que aclarar en qué consiste el conflicto.
Desde su origen, al finalizar el movimiento revolucionario iniciado en 1910, la relación entre el municipio y las instituciones
agrarias han sido irreconciliables por la forma en que las demandas del movimiento agrarista se expresaron en la Constitución de
1917. Si bien el grupo agrarista no pudo introducir una jerarquía
político-administrativa intermedia entre el ayuntamiento y el gobierno estatal debido a la oposición de los municipalistas, sí logró,
por medio de la reforma agraria, que se formaran instancias paralelas al sistema federal. Baitenmann (2001: 105) explica cómo el
Artículo 27 propició la instalación de un gran aparato burocrático
bajo control del Poder Ejecutivo federal con la finalidad de normar y administrar al sector agrario; con ello, los gobiernos estatales y municipales vieron disminuida su autoridad sobre casi la
Con la legislación agraria, el ejido se convirtió en un órgano
representativo y administrativo independiente del gobierno municipal, con lo que surgieron poderes locales paralelos al ayuntamiento. Las demandas de mayor autonomía de los municipalistas no fueron atendidas como se esperaba, en tanto que el gobierno
municipal sí fue abiertamente excluido del reparto agrario (Baitenmann, 2001). Lo que sí consiguió el movimiento municipalista fue que se reconociera al municipio como la base de la división territorial y de la organización política-administrativa de los
Desde 1920, el ejido se transformó en una “entidad jurídica
colectiva con capacidad legal, con patrimonio propio y con órganos representativos” (Rincón, 1980: 58, en Baitenmann, 2001;
ver también Ibarra, 1989). Adicionalmente, nunca se reglamentó
la relación ente el ejido y el municipio. Con los años, los ejidatarios se habituaron a que la autoridad era el comisariado ejidal y
no el ayuntamiento; la razón aparente por la que no se corrigieron a tiempo las contradicciones entre el municipalismo y el agrarismo es que originariamente se pensó en la propiedad ejidal de
la tierra como un paso transitorio para su posterior conversión a
propiedad privada (Baitenmann, 2001: 108), lo cual nunca ocurrió. Por eso desde esos años, los gobiernos locales no tenían
derecho de administrar los ejidos. ¿Cómo afectó lo anterior a las
tareas de planeación urbana de los municipios?
3.1 Primera etapa de los conflictos, 1976-1992
Durante esos años, el marco jurídico agrario era totalmente contrario a la posibilidad de planear el crecimiento urbano; las autoridades urbanas no tenían ninguna incidencia sobre el destino de
las tierras ejidales: su único recurso para influir sobre ellas era la
expropiación de terrenos semiurbanizados o ya totalmente urbanizados, pero incluso tal procedimiento era controlado por la
Secretaría de la Reforma Agraria (SRA). El municipio actuaba como
una entidad correctora de problemas urbanos, y lo hacía de manera muy deficiente.
Tan independiente era el sector agrario de las leyes del derecho común, que no había manera de que pudiera penalizarse la
venta y fraccionamiento de las tierras ejidales. Dichas penalizaciones sí estaban previstas en la Ley Agraria: consistían en el
retiro de los derechos agrarios a los posesionarios de la tierra,
pero dada la naturaleza corporativa del sector, siempre se protegió a sus miembros.
En suma, el Artículo 27 obró contra el municipio, sobre todo
contra el Artículo 115, y más aún después de la reforma de 1983,
cuando los ayuntamientos, supuestamente, quedaban facultados
para ordenar el crecimiento urbano.
Por otra parte, y dada la crisis económica de los años ochenta,
las agencias federales del sector urbano se retiraron10 y dejaron
a los municipios con las tareas de mantener por ley la elaboración de planes, pero sin relación alguna con la promoción de
actividades económicas, centrados solamente en la parte físicoespacial del crecimiento, y sin ninguna presupuestación. De hecho, el único programa de suelo urbano que tuvo resultados
parciales, el Sistema Nacional de Suelo para la Vivienda y el Desa10
El cambio más importante en este sentido aconteció en 1992, cuando la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) es sustituida por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Este hecho marca un cambio de interés donde la planeación urbana
es desplazada por políticas focalizadas de atención a la pobreza; lo urbano se retomó
parcialmente en el Programa de 100 ciudades (P-100), el cual tuvo poco respaldo
rrollo Urbano durante la gestión presidencial de Miguel de la
Madrid, fue producto de la intervención directa del gobierno
federal a través de la coordinación de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Ecología (Sedue) y la SRA.
Ya para los años noventa, los programas de desarrollo urbano
de ciudades importantes acumularon hasta diez años sin actualizarse, por ejemplo en el Distrito Federal, Monterrey, Cuernavaca, etc.
3.2 Segunda etapa, 1992 hasta la actualidad: la lenta
recuperación del control por parte de las autoridades
La reforma al Artículo 27, de enero de 1992, introdujo algunos
cambios importantes en la relación de los sectores institucionales agrario y urbano. Las expectativas generadas, sin embargo,
fueron mayores a los cambios realmente ocurridos, y ello se debe
a que la reforma no fue tan radical en la medida que se mantiene
independiente de los gobiernos estatales y locales al sector agrario, anclado aún a una secretaría de Estado que sigue dependiendo del jefe del Ejecutivo federal. Con todo, se espera que con el
transcurrir de los años y a medida que los ejidos dejen de ser
‘propiedad social’, los municipios vayan retomando el control
del suelo periurbano.
Los cambios más importantes fueron dos. El primero es que
la tierra de ‘propiedad social’ deja de ser inalienable, imprescriptible e inembargable, es decir, puede venderse, rentarse e hipotecarse; lo cual en realidad consiste en reglamentar un hecho que
ya sucedía desde hace mucho tiempo y en gran escala: la venta y
renta de tierras. Asimismo, se busca que el núcleo ejidal deje de
ser el ‘dueño’ de la tierra para que sean ahora los ejidatarios
individuales los sujetos jurídicos propietarios; esto es, se faculta
al ejidatario como ‘sujeto privado’ capaz de decidir el uso de su
parcela y el destino de las tierras ejidales. Hay, no obstante, una
contradicción que consiste en que la decisión de ‘privatizar’ el
ejido es una decisión colectiva de la asamblea ejidal y que tiene
que ser atestiguada por representantes de las instituciones agrarias, en específico, la Procuraduría Agraria.
Así, a la tradicional expropiación por causas de utilidad pública como mecanismo de conversión del suelo de propiedad social en propiedad privada, y que se ejercía en los tres tipos de
tierras11 que constituyen los ejidos, se agregan dos mecanismos
que sólo se practica en un tipo de tierras cada uno. El primero es
la adopción del dominio pleno de la superficie ejidal que, como
ya se había dicho, consiste en la obtención de los certificados de
propiedad individual por parte de cada ejidatario una vez que ha
concluido el Procede. Este proceso únicamente se aplica a las
tierras parceladas, y a partir de ello los titulares del suelo pueden
comerciarlo de manera directa; sin embargo, las autoridades urbanas municipales y estatales manifiestan su preferencia para que
los ejidatarios incorporen su tierra al desarrollo urbano mediante el segundo mecanismo, ante el temor de que no se desarrollen
dentro de la normatividad urbanística, como de hecho ocurre.
Se ha reconocido que los procedimientos de adopción del
dominio pleno sobre tierras parceladas están regulados de manera poco efectiva; se presume que en algunos casos el uso de
este procedimiento ha sido inducido por terceras personas con
el propósito de adquirir la tierra en condiciones ventajosas; así
se continúan procesos de enajenación ilegal de tierra (véase SRA,
El segundo mecanismo consiste en que los ejidatarios aporten
las tierras de uso común a sociedades mercantiles inmobiliarias
y que no la enajenen directamente a terceros. Pero esto nuevamente requiere la aprobación de la asamblea ejidal; consiste en
la posibilidad de asociación de los miembros del núcleo agrario
en lo individual o como persona moral, con los sectores público,
social y privado. Esta modalidad de privatización, sin embargo,
ha tenido escasa repercusión entre el sector privado y prácticamente nula en los otros dos sectores. En el primer caso, por circunstancias de muy variada índole, y en el segundo caso por falta
de recursos económicos, principalmente.12
Lo anterior significa que las dos nuevas modalidades de incorporación de suelo social al desarrollo urbano ordenado han
tenido resultados muy por debajo de lo esperado, y una parte de
la explicación puede ubicarse en el hecho de que los ejidatarios,
para iniciar al proceso, no pueden tomar decisiones en forma
individual; es decir, los beneficios de la desregulación del ejido
para el ejidatario son sólo aparentes.
Los ejidos están constituidos por las tierras parceladas, que individualmente trabaja
cada ejidatario, las tierras de uso común y las tierras para asentamientos humanos.
Para mayor detalle sobre el procedimiento de conformación de inmobiliarias
ejidales y sus resultados, véase Olivera (2001: 73-74).
El otro cambio importante introducido por la reforma al Artículo 27 es que la asamblea ejidal tiene que adaptarse a las disposiciones jurídicas locales de desarrollo urbano y a la zonificación
contenida en planes y programas de desarrollo urbano para constituir zonas de urbanización ejidal y su reserva de crecimiento,
así como para regularizar la tenencia de los asentamientos irregulares (Art. 39 de la Ley General de Asentamientos Humanos).
Esto significa que el municipio tiene ahora la facultad de autorizar o no fraccionamientos urbanos en tierras ejidales, intervenir
en la regularización de la tenencia de la tierra y conformar reservas territoriales. Sin embargo, la situación es ambigua porque
aunque el municipio tiene la facultad de intervenir en ciertos
procesos de gestión del suelo ejidal, quien tiene la última palabra
es la asamblea ejidal, ni siquiera el ejidatario mientras no tenga
su certificado ejidal.
En cierta medida, el municipio sigue al margen del ejido en
forma más sutil, ya que la Ley Agraria en sus secciones tercera
(artículos 56 y 62, que se refieren a la delimitación y destino de
las tierras ejidales) y cuarta (artículos 63 a 72, concernientes a
las tierras para asentamientos humanos) permite que las asambleas ejidales puedan determinar el destino de las tierras que
no están parceladas y regularizar la zona de urbanización y la
reserva de crecimiento del poblado; la única condición es que
sigan las normas de Sedesol y que intervengan las autoridades
Por consiguiente, el temor de los funcionarios del ayuntamiento
es que la ciudad crezca bajo normatividad en materia de planeación y desarrollo establecida por las autoridades ejidales; es decir, que el Procede regularice los proyectos ejidales y el ayuntamiento reciba asentamientos humanos no incluidos en el plan
municipal (Guitrón, 1992: 50).
No obstante, el peor legado de la reforma agraria para la planeación y control del suelo urbano por parte del ayuntamiento es
la falta de legalidad en la tenencia de la tierra, al reducir su capacidad para registrar propiedades, cobrar impuestos, suministrar servicios y planear el crecimiento de la ciudad, ya que según la reforma de 1992 al Artículo 27, todas las cuestiones relacionadas con
la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades sigue siendo de
jurisdicción federal (Baitenmann, 2001: 113).
Es interesante notar que en la década de los noventa, cuando
algunos municipios urbanos han logrado fortalecerse, las reformas al artículo 27 ratifican el papel del aparato político, legal y
administrativo establecido paralelamente al sistema federal en
1917; todo asunto relacionado con la sobrevivencia o el desmantelamiento del sector agrario sigue bajo el poder exclusivo y absoluto del Ejecutivo federal (Baitenmann, 2001: 119-120).
Sin embargo, como bien dice Baitenmann, entre los cambios
más importantes para el municipalismo mexicano en el nuevo
siglo estarán el gradual e inevitable desmantelamiento del sector ejidal y, como resultado, la nueva función que asumirá el
Conclusiones: Persiste la planeación centralizada y se bifurcan
las perspectivas de una gestión municipal eficaz del desarrollo
Aunado a la complejidad de las relaciones interinstitucionales
entre los sectores municipal urbano y el sector agrario, hay que
considerar los conflictos y desventajas que suponen las relaciones intergubernamentales entre municipio, entidades federativas y gobierno federal para propósitos de las tareas de planeación y gestión urbana. En este caso, y a pesar de que el Artículo
115 le ha conferido al municipio el carácter de nivel de gobierno,
eso no implica que también sea un organismo independiente hacedor de políticas urbanas, sino que se mantiene como una entidad administradora de los servicios básicos y ejecutora de programas y políticas decididos en el ámbito federal con lineamientos
uniformes y con acciones obligatorias que además están unidas
al otorgamiento de fondos.
En este sentido, se establecen lineamientos de política urbana
desde el Programa Nacional de Desarrollo Urbano en cada sexenio, que se pretende sean aplicables a la realidad de todos los
municipios del país. Estos lineamientos tienen que ser incorporados en los programas estatales de desarrollo urbano, y finalmente, los planes municipales de desarrollo urbano deben sujetarse además a las consideraciones que introduzcan estos últimos.
De este modo, la subordinación entre niveles de gobierno se
Ciertamente tiene que haber coherencia en los distintos programas, pero este procedimiento no permite que haya innovación
en los planes y programas municipales. Incluso, las delegaciones
estatales de la Sedesol tienen como encargo validar el contenido
de los planes municipales. Asimismo, dado que los planes estatales
o municipales tienen que ser publicados en el periódico oficial por
el gobernador respectivo, no son pocas las ocasiones en que los
planes municipales o de áreas conurbadas ya actualizados no pueden sustituir a los vigentes porque se retrasa deliberadamente la
publicación del plan estatal, o se retrasa el de áreas conurbadas, lo
que afecta en este caso a los planes municipales.
En este sentido, la planeación territorial en México constituye un entramado de relaciones complejas en las que participan
los tres niveles de gobierno, pero con un esquema que garantiza
tanto la subordinación del gobierno estatal al federal, como del
municipal a los otros niveles de gobierno (Villar, 1999: 91). Esto
constituye una paradoja más en las relaciones intergubernamentales del municipio en el área de la planificación urbana, dado
que, al mismo tiempo que el gobierno federal es el canal para la
obtención de recursos financieros, su proceder centralizado es
un obstáculo para que los gobiernos municipales ejerzan a plenitud sus capacidades en la gestión del desarrollo urbano.
Cambiar la situación descrita tomará más tiempo del que pudo
haberse pensado cuando la reforma municipal en el nivel federal
se llevó a cabo. El obstáculo principal, como se ha advertido, es
la larga tradición de centralismo y verticalidad en el sistema político nacional y por lo tanto en la elaboración de políticas públicas. Este elemento, incluso, tiene más peso que las deficiencias u
omisiones que pudieran señalarse a las reformas municipal y agraria que se han descrito a lo largo del trabajo. La reforma municipal, de hecho, da los elementos a los congresos estatales para
que adapten la reforma federal a la situación particular que se
vive en cada uno de ellos, y de esa manera realizar reformas innovadoras que favorezcan el trabajo de los municipios en el largo plazo.
Sin embargo, y contrario a lo que hubiera podido esperarse
en términos de que los estados ejercieran su potencial federalista, las pocas evidencias sobre las adecuaciones que las legislaturas estatales hicieron a sus constituciones en materia municipal
apuntan en el sentido de una bifurcación. Mientras algunas legislaturas estatales se apegaron de manera textual a la reforma
federal al Artículo 115, como en Chihuahua, Chiapas y Campeche, un grupo minoritario hizo aportaciones propias al diseño
jurídico de sus municipios con diferentes grados de innovación;
es el caso de Baja California, Colima, Tlaxcala, Oaxaca y Coahuila
(Guillén y Ziccardi, 2004).
La importancia de que las reformas estatales sean tradicionales o innovadoras reside, de acuerdo con los autores arriba cita-
dos, en que impactan en todos los asuntos prioritarios de la vida
municipal como son la hacienda, la descentralización de funciones y servicios, la profesionalización del aparato de gobierno y el
desarrollo de formas más evolucionadas de participación ciudadana, entre otros. Lo que veremos en el mediano plazo, al parecer, será la emergencia de una diversidad en la capacidad de gestión y de gobierno de los municipios del país, que prolongará por
un lapso todavía mayor el logro de una gestión eficaz del desarrollo urbano. En este caso, sin embargo, es fundamental que en
la parte de adecuación jurídica de las constituciones estatales se
realicen innovaciones de acuerdo con la realidad que se vive en
cada estado de la federación. Algo que caracteriza precisamente
al país es la diversidad de los municipios que lo integran, los
cuales no pueden ser tratados de manera uniforme, como se hace
en la reforma federal al Artículo 115.
En suma, las reformas municipal y agraria en México establecieron las bases para un trabajo de gestión del desarrollo urbano
que permite solucionar algunos problemas, pero no otros. Sin
embargo, constituyen un basamento fundamental a partir del cual
debe seguirse trabajando con perspectivas de largo plazo aprovechando, primero, todas las posibilidades que ofrecen; y después, mediante iniciativas locales, impulsar los cambios necesarios para seguir adelante. El trayecto, sin duda, será complejo y
seguramente seguirá direcciones diversas.
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Enviado: 29 de enero de 2004.
Reenviado: 11 de mayo de 2004.
Guillermo Olivera Lozano es investigador del Centro Regional
de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), ubicado en Cuernavaca,
Morelos. Tiene estudios de licenciatura y maestría en geografíaplaneación en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente cursa el doctorado en urbanismo en la Facultad de
Arquitectura de la misma institución. Sus líneas de investigación
actuales son la reestructuración económica y su impacto territorial, así como la planeación y análisis del desarrollo urbano y
regional. Entre sus publicaciones más recientes están: 1) “Los
clichés detrás de las micro y pequeñas industrias: panorama internacional y de su evolución reciente en México”, Investigación
Económica, vol. 61, núm. 238, UNAM, Facultad de Economía,
México, 2001, pp. 109-156; 2) “Implicaciones económico-territoriales del auge exportador mexicano”, Estudios Demográficos
y Urbanos, vol. 16, núm. 47, El Colegio de México, 2001, pp.
375-413; 3) “Trayectoria de las reservas territoriales en México: irregularidad, desarrollo urbano y administración municipal
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