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Timestamp: 2018-03-24 08:05:06
Document Index: 188206415

Matched Legal Cases: ['artículo 318', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 318', 'Artículo 318', 'artículo 168', 'artículo 318', 'artículo 321', 'Artículo 321', 'artículo 145', 'artículo 145', 'artículo 321', 'artículo 317', 'artículo 191', 'artículo 317', 'artículo 316', 'artículo 191', 'artículo 63', 'artículo 317']

Help Disposición Transitoria 5ª nueva LCSP Instrucciones Internas de Contratación - CONTRATACIÓN PÚBLICA
Help Disposición Transitoria 5ª nueva LCSP Instrucciones Internas de Contratación
Publicado por María del Mar Martínez Martínez el noviembre 10, 2017 a las 11:16am en Ámbito subjetivo (Administración Pública, Poder adjudicador o Sector Público)
¿Alguien se ha planteado esta disposición?
“Disposición transitoria quinta. Instrucciones internas de contratación.
Los entes a los que se refiere el Título Tercero deberán adaptar sus instrucciones internas de contratación a lo establecido en los artículos 318 y 321 en el plazo máximo de cuatro meses desde la entrada en vigor de la presente Ley. Hasta entonces, seguirán contratando de conformidad con sus instrucciones vigentes, siempre que no contradigan lo establecido en los citados artículos”.
En primer lugar no existe “Título Tercero” y si entendemos que es el “Libro tercero” afecta tanto a PANAP como a sujetos del nivel 3 de sujeción.
En segundo lugar, el artículo 318 se dirige únicamente a PANAP “Título I, Contratos de los poderes adjudicadores que no tengan la condición de Administraciones Públicas”.
¿Cómo juega este artículo con la declaración de la Exposición de Motivos en la que se afirma que desaparecen las Instrucciones internas para PANAP?
Ya me decís vuestra opinión!
Community managerPermalink Responder para Guillermo Yáñez Sánchez el noviembre 10, 2017 a las 11:29am
Hola María del Mar, ni idea. En el grupo de PANAP igual saben algo.
Paso la cuestión a Joan.
Ad. EstatalPermalink Responder para Victor Conde el noviembre 10, 2017 a las 12:07pm
Copio y pego (es mio):
Las instrucciones internas de contratación con la nueva ley 9/2017 de contratos del sector publico (BOE 9 de noviembre de 2017).
Una de las cuestiones peor resultas por la nueva ley es el tema de las instrucciones internas de contratación.
La normativa anterior prevista en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), establecía para los poderes adjudicadores que no tengan el carácter de administraciones públicas y para otros entes, organismos y entidades del sector público (segundo y tercer nivel del ámbito subjetivo) y respecto a contratos NO SARA (no sujetos a regulación armonizada), la obligación de tener unas instrucciones internas de contratación que regulara la adjudicación de estos contratos (artículos 191 y 192 TRLCSP):
Con la nueva Ley las únicas instrucciones que parece claramente que siguen es la que deben aprobar los sujetos del artículo 3.4 que establece:
“4. Los partidos políticos, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley Orgánica 8/2007, de Financiación de los Partidos Políticos; así como las organizaciones sindicales reguladas en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y las organizaciones empresariales y asociaciones profesionales a las que se refiere la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical, además de las fundaciones y asociaciones vinculadas a cualquiera de ellos, cuando cumplan los requisitos para ser poder adjudicador de acuerdo con la letra d) del apartado 3 del presente artículo, y respecto de los contratos sujetos a regulación armonizada deberán actuar conforme a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación sin perjuicio del respeto a la autonomía de la voluntad y de la confidencialidad cuando sea procedente.
Los sujetos obligados deberán aprobar unas instrucciones internas en materia de contratación que se adecuarán a lo previsto en el párrafo anterior y a la normativa comunitaria, y que deberán ser informadas antes de su aprobación por el órgano al que corresponda su asesoramiento jurídico. Estas instrucciones deberán publicarse en sus respectivas páginas web”.
Nada se dice en la nueva Ley con relación a la necesidad de crear instrucciones internas de contratación respecto de otros entes u organismos. No obstante lo anterior, si establece:
Disposición transitoria quinta. Instrucciones internas de contratación.
Los entes a los que se refiere el Título Tercero deberán adaptar sus instrucciones internas de contratación a lo establecido en los artículos 318 y 321 en el plazo máximo de cuatro meses desde la entrada en vigor de la presente Ley. Hasta entonces, seguirán contratando de conformidad con sus instrucciones vigentes, siempre que no contradigan lo establecido en los citados artículos.
Lo primero que hay que decir es que la referencia al Titulo Tercero es un error de la ley, pues debería ser al libro tercero, artículos 316 a 322, que nos hablan de la preparación y adjudicación de contratos de los poderes adjudicadores y otras entidades del sector público (segundo y tercer nivel del ámbito subjetivo). Por tanto concluimos que las instrucciones que ya estén aprobadas deben adaptarse a la Ley 9/2017 en un plazo de 4 meses desde su entrada en vigor y que los nuevos poderes adjudicadores o entidades del sector público que se creen, excepto los establecidos en el artículo 3.4 (partidos políticos y sindicatos) no necesitan instrucciones internas de contratación.
La adaptación de las instrucciones internas ya existentes debe realizarse en los términos previstos en los artículos 318 y 321. El artículo 318 se refiere los poderes adjudicadores (segundo nivel), y establece lo siguiente:
Artículo 318. Adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada.
En la adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada se aplicarán las siguientes disposiciones:
a) Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, de concesiones de obras y concesiones de servicios, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de servicios y suministros, podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación objeto del contrato.
b) Los contratos de obras, concesiones de obras y concesiones de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 40.000 euros e inferior a 5.225.000 euros y los contratos de servicios y suministros de valor estimado superior a 15.000 euros e inferior a 209.000 euros, se podrán adjudicar por cualquiera de los procedimientos previstos en la Sección 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la presente Ley, con excepción del procedimiento negociado sin publicidad, que únicamente se podrá utilizar en los casos previstos en el artículo 168.
Respecto del 318 para poderes adjudicadores y contratos NO SARA deducimos las siguientes conclusiones:
No será necesario que los poderes de nueva creación aprueben unas instrucciones internas de contratación. Respecto de los que ya tengan instrucciones deberán adaptarlas pero:
- Deberá aplicarse el régimen de contratación de contratos menores previsto en la Ley, letra a) del artículo. Por tanto ya no vale por ejemplo que estos poderes adjudicadores establezcan en las instrucciones internas sus propios límites respecto de la cuantía de los contratos menores.
- Respecto al resto de contratos NO SARA la adjudicación se regula conforme a los establecido en la Ley por lo que se deberían derogar las instrucciones internas en lo que se refieran a este aspecto.
¿Por tanto en que están vigentes y habría que adaptar las instrucciones internas de contratación? Entiendo que tan solo en la preparación de los contratos NO SARA, pues el artículo 318 a diferencia del anterior (317) solo hace mención a la adjudicación y no a la preparación de contratos y por tanto el único margen de actuación de las instrucciones quedaría circunscrito al contenido de los artículos 115 a 130 de la ley (preparación de contratos) que podrían sustituirse por la regulación propia de las instrucciones internas.
Respecto a otras entidades del Sector Público, tercer nivel de la Ley, establece el artículo 321:
Artículo 321. Adjudicación de contratos de las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores.
La adjudicación de contratos por las entidades del sector público que no tengan la condición de poderes adjudicadores se ajustará a las siguientes reglas:
Los órganos competentes de estas entidades aprobarán unas instrucciones en las que regulen los procedimientos de contratación de forma que quede garantizada la efectividad de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, así como que los contratos se adjudiquen a quienes presenten la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145.
Estas instrucciones se pondrán a disposición de todos los interesados en participar en los procedimientos de adjudicación de los contratos regulados por ellas y se publicarán en el perfil de contratante de la entidad.
En el ámbito del sector público estatal, la aprobación de las instrucciones requerirá el informe previo del órgano al que corresponda el asesoramiento jurídico de la entidad.
2. No obstante lo indicado en el apartado anterior, los órganos competentes de las entidades a que se refiere este artículo podrán adjudicar contratos sin aplicar las instrucciones aprobadas por ellos con sujeción a las siguientes reglas:
a) Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de servicios y suministros, podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación que, en su caso, sea necesaria para realizar la prestación objeto del contrato.
b) Los contratos o acuerdos de valor estimado igual o superior a los indicados en la letra anterior o los que se concierten para la selección de proveedores se sujetarán, como mínimo, a las siguientes reglas, respetándose en todo caso los principios de igualdad, no discriminación, transparencia, publicidad y libre concurrencia:
1.º El anuncio de licitación se publicará en el perfil de contratante de la entidad, sin perjuicio de que puedan utilizarse otros medios adicionales de publicidad. Toda la documentación necesaria para la presentación de las ofertas deberá estar disponible por medios electrónicos desde la publicación del anuncio de licitación.
2.º El plazo de presentación de ofertas se fijará por la entidad contratante teniendo en cuenta el tiempo razonablemente necesario para la preparación de aquellas, sin que en ningún caso dicho plazo pueda ser inferior a diez días a contar desde la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante.
3.º La adjudicación del contrato deberá recaer en la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145. Excepcionalmente la adjudicación podrá efectuarse atendiendo a otros criterios objetivos que deberán determinarse en la documentación contractual.
4.º La selección del contratista, que deberá motivarse en todo caso, se publicará en el perfil de contratante de la entidad.
3. Para las operaciones propias de su tráfico, las entidades a que se refiere este artículo podrán establecer sistemas para la racionalización de la contratación, tales como acuerdos marco, sistemas dinámicos de adquisición o la homologación de proveedores. El procedimiento para ser incluido en dichos sistemas deberá ser transparente y no discriminatorio debiendo publicarse el mismo en el perfil de contratante.
4. En los términos que reglamentariamente se determinen, y sin perjuicio de lo que para el ámbito de las Comunidades Autónomas establezcan sus respectivas normas, el Departamento ministerial y organismo al que esté adscrita o corresponda la tutela de la entidad contratante controlará la aplicación por esta de las reglas establecidas en los apartados anteriores.
5. Las actuaciones realizadas en la preparación y adjudicación de los contratos por las entidades a las que se refiere el presente artículo, se impugnarán en vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ante el titular del departamento, órgano, ente u organismo al que esté adscrita la entidad contratante o al que corresponda su tutela. Si la entidad contratante estuviera vinculada a más de una Administración, será competente el órgano correspondiente de la que ostente el control o participación mayoritaria.
De este artículo, más farragoso que el anterior 318, podemos concluir lo siguiente:
Las entidades del tercer nivel de nueva creación tras la entrada en vigor de la ley deberán aprobar unas instrucciones internas de contratación que regulen no solo la preparación y adjudicación de los contratos NO SARA sino también de los SARA. Estas instrucciones tendrán plena libertad, excepto en los siguientes límites fijados en el propio artículo 321:
- Deberán respetarse las cuantías de los contratos menores, apartado 2. a)
- y también deberán respectarse los trámites previstos en los números 1 a 5 del apartado 2.b).
Como vemos y volviendo al inicio la cuestión relativa a las Instrucciones internas de contratación es una de las cuestiones peor resultas por la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Permalink Responder para María del Mar Martínez Martínez el noviembre 10, 2017 a las 12:17pm
Mil gracias por compartir tu interpretación, la estudiaré bien!
Community managerPermalink Responder para F. Javier Garcia P. el noviembre 10, 2017 a las 12:13pm
La exposición de motivos LCSP17 dice:
En el Libro III se recoge la regulación de los contratos de poderes adjudicadores no Administración Pública, en donde la principal novedad es la supresión de las instrucciones de contratación, así como del resto de entes del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores, estableciéndose claramente la regulación que les resulta aplicable. En efecto, como se ha dicho antes, se suprimen para los contratos no sujetos a regulación armonizada las instrucciones en el caso de los poderes adjudicadores no Administraciones Públicas, debiendo adjudicar estos contratos por los mismos procedimientos establecidos para dichas Administraciones Públicas, si bien se les permite utilizar de forma indistinta cualesquiera de ellos, a excepción del negociado sin publicidad, que solo se podrá hacer uso de él, en los mismos supuestos que las citadas Administraciones. Por otra parte, cabe destacar la introducción de la necesaria autorización, previo dictamen del Consejo de Estado, de la Administración de tutela o adscripción para modificaciones superiores al 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, en el caso de contratos de importe superior a seis millones de euros.
He revisado todos los textos publicados (diarios de sesiones, boletines oficiales del Congreso/Senado...) y aparece como Título III desde el principio. Pero entiendo, como tú, que se refiere al Libro III.
Al parecer, con una procelosa redacción, la supresión alcanza solo a los contratos SARA (por ser la Ley una transposición de Directivas).
La única forma que se me ocurre de conjugar tu inteligente apreciación con el tenor de la Ley es que se mantengan (adaptadas a los arts. 318 y 321) las Instrucciones de Contratación de los PANAPS para contratos NO SARA. Y se suprima el resto.
El debate está abierto, esperando aportaciones.
Permalink Responder para María del Mar Martínez Martínez el noviembre 10, 2017 a las 12:36pm
Ad. EstatalPermalink Responder para Joan Güell el noviembre 10, 2017 a las 12:31pm
BUENOS DÍAS María del Mar, esta disposición va relacionada a la duda que indiqué enl grupo PANAP, sobre la preparación de los contratos NO SARA. Si te fijas, en los arts. 318 i 319 se establece el régimen jurídico de los contratos NO SARA, y en él nada se dice de cómo deben prepararse estos contratos (para los SARA su preparación se remite a lo dispuesto para las Administraciones Públicas). Por lo tanto, la preparación de los contratos NO SARA y la regulación de los efectos y extinción de los contratos de los PANAP (todos) parece que deberá regularse en unas instrucciones internas, a no ser que queramos aplicar por analogía lo dispuesto en la nueva LCSP.
Al menos eso es lo que parece que la nueva Ley está regulando.
No me alargo porque Victor y Javier ya te han aclarado el tema, pero en cuanto a la interpretación creo que todos estamos llegando a la misma conclusión: La preparación de los contratos NO SARA y los efectos y extinción de todos los contratos de los PANAP la debermos seguir regulando en unas IIC.
Y ahí andamos...
Permalink Responder para María del Mar Martínez Martínez el noviembre 10, 2017 a las 12:37pm
Gracias! a ver si nos ponemos todos de acuerdo y a ver si se pronuncia alguna Junta Consultiva
Ad. EstatalPermalink Responder para Joan Güell el noviembre 10, 2017 a las 12:44pm
El DIA 21/11 voy a tener la oportunidad de trasladar esta duda a José M. Gimeno, así que espero tenerla resuelta en breve! os informaré al respecto
Permalink Responder para Paqui Perez el noviembre 10, 2017 a las 5:20pm
yo también me encuentro en proceso de reflexión acerca de las IIC.
Con respecto a los PA NO AP queda bastante claro que la nueva LCSP suprime las IIC, unificando las reglas jurídicas aplicables con independencia del poder adjudicador y del importe del contrato, manteniendo solo las IIC: los PA NO AP adjudicara´n los contratos por los mismos procedimientos que las AP, aunque se les permite utilizar de forma indistinta cualquiera de ellos, a excepción del negociado sin publicidad, que solo se podrá utilizar en los mismos supuestos que las AP (art. 318 LCSP).
Ahora bien... ¿qué significa "por los mismos procedimientos indistintamente? Significaría que, a excepción del negociado, los procedimientos son de libre elección, de modo que se pueden aplicar más allá de los supuestos que habilita la ley?
¿Podríamos utilizar los PA NO AP el menor y el abierto simplificado con indepencia del valor estimado? esto parece que no, ya que en el caso de los menores el art. art. 318.a) lo de ja claro que no se puede. Y en el caso del simplificado (art. 318.b)?
No creo que se puede pensar que la voluntad del legislador es la de permitir que los PA NO AP puedan utilizar el simplificado, por ejemplo, más allá de los límites económicos que señala el art. 159.
La redacción del art. 318 no es clara, pero creo que lo lógico es pensar que cuando dice "para cualquiera de los procedimientos indistintamente" se refiere a aspectos cualitatvos del procedimiento (art. 131) y no a cuantitativos (económicos). Me gustó este argumento que en alguna ocasión ha apuntado el gran Paco Blanco. Por tanto, los PA NO AP podremos utilizar el abiero aunque se trate de servicios especiales; el diálogo competitivo aunque sea para cosas sencillas (y no solo en los casos del art. 167)... Pero no podremos disponer de las cantidades (los límites del simplificado, por ejemplo (los 2.000.000 o los 100.000) no los podremos disponer).
Me inclino por pensar lo que ha habéis apuntado: las iic quedarán automáticamente derogadas, y las deberemos en todo caso dejar para cuestiones organizativas y no procedimentales.
Habrá que estudiar...
Ad. EstatalPermalink Responder para Joan Güell el noviembre 14, 2017 a las 12:05pm
BUenos días Paqui, pues yo tengo serias dudas, la verdad. Porque, me parece al menos raro, que el art. 318 a) sea tan claro en relación con los contratos menores y, posteriormente, el apartado b) no deje tan claro si realmente el límite cuantitativo es aplicable o no. Ciertamente, por sentido común, deberíamos limitarnos, como bien dices, a aspectos únicamente cualitativos, pero el art. 318 b) establece literalmente que los contratos NO SARA se podrán adjudicar por cualquiera de los procedimientos previstos en la sección 2ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo (no he encontrado referencia a "cualquiera de los procedimientos indistintamente").
Tal y como está redactado ese art. 318, parece que pudiéramos elegir el procedimiento que queramos sea cual sea su valor estimado (siempre que sea NO SARA), aunque aun cuando fuera así, lo más lógico sería seguir las mismas reglas y umbrales que los marcados para las AAPP.
Al menos, es lo que yo interpreto...pero la verdad que la redacción del 318 no queda nada clara.
Permalink Responder para Paqui Perez el noviembre 14, 2017 a las 9:18pm
MUCHO TRABAJO QUE HACER Y POCO TIEMPO..... gracias por tu opinión.Seguimos trabajando
Permalink Responder para María del Mar Martínez Martínez el diciembre 4, 2017 a las 7:37pm
Sobre las IIC me informan que la Junta Consultiva del Ministerio niega categóricamente que se mantengan las IIC y que prepara un informe en este sentido, también la de la Generalitat de Catalunya.
Sobre la duda planteada por Paqui ¿alguna aportación más? Yo ahora estoy super ofuscada con el tema este de la libertad de escoger o no el procedimiento con independencia de la cuantía.
En el dictamen del CE se dice lo siguiente:
e) Por lo que se refiere a loscontratos celebrados por poderes adjudicadores que no tengan el carácter de Administraciones Públicas y que no estén sujetos a regulación armonizada,la regulación proyectada (artículo 317) concreta los procedimientos que pueden utilizarse para su adjudicación. Es decir, frente al artículo 191 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que no concreta los procedimientos de adjudicación aplicables, pero sí exige la aprobación de instrucciones que regulen tales procedimientos de forma que garanticen la efectividad de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, así como la adjudicación del contrato a quien presente la oferta económicamente más ventajosa, la regulación proyectada se limita a determinar los procedimientos de adjudicación aplicables, según se trate de contratos menores (letra a), adjudicación directa) o de otros contratos (letra b), - 259 - procedimiento abierto simplificado y procedimientos de adjudicación previstos en la sección 2ª del capítulo I del Título I del Libro Segundo, excepto el procedimiento negociado sin publicidad).
La primera cuestión que se plantea es la relativa a cuáles sean los distintos procedimientos de adjudicación que pueden utilizarse para estos contratos. El artículo 317 del anteproyecto emplea, en ambos apartados, una fórmula potestativa: “podrán adjudicarse directamente”, “se podrá utilizar”; sin embargo, no establece previsión alguna en cuanto a qué otros procedimientos pudieran establecerse si no se acude a uno de los previstos en la futura Ley. Considera el Consejo de Estado que en los términos expuestos la redacción proyectada debe ser revisada. Una primera opción sería entender que el recurso a los procedimientos mencionados expresamente ha de verificarse en términos imperativos (especialmente, en los supuestos contemplados en la letra b)), máxime si se tiene en cuenta que ya no se prevé la obligación de contar con unas instrucciones que regulen los procedimientos de contratación. Sin embargo, con esta solución se aproximarían notablemente, en materia de adjudicación, las regulaciones correspondientes a contratos sujetos a regulación armonizada (artículo 316) y a contratos no sujetos a regulación armonizada.
La otra opción sería considerar que la aplicación de tales procedimientos tiene carácter potestativo y que los órganos competentes de las respectivas entidades pueden aprobar normas internas que regulen los procedimientos de contratación. Incluso cabe una tercera interpretación (Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento), que consiste en entender que los procedimientos de adjudicación han de ser los previstos en la Ley, pero que se pueden utilizar en supuestos distintos a los fijados legalmente. Las dos opciones que se acaban de apuntar son más acordes con el carácter de no sujetos a regulación armonizada de estos contratos. Pero en todo caso exigen que la regulación proyectada se complete con la previsión de instrucciones internas: ya sea, en el caso de la primera opción, para establecer las reglas mínimas que han de respetar los procedimientos de adjudicación no previstos en la Ley (en línea con lo que dispone el artículo 191 del texto refundido); ya sea, en el caso de la segunda opción, para determinar en qué supuestos procede acudir a uno u otro procedimiento. En cualquier caso, no parece que las referidas instrucciones deban tener, como indica la memoria, carácter potestativo; y aunque así se considere, debe establecerse expresamente en el precepto comentado y concretar alguna indicación sobre su contenido. Es cierto que el artículo 63.2 del anteproyecto establece que en el perfil de contratante podrán figurar “en su caso, las instrucciones internas de contratación”; pero se considera procedente reiterar y ampliar tal previsión en el proyectado artículo 317[1].”