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Timestamp: 2017-07-21 15:44:55
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Matched Legal Cases: ['Artículo 48', 'artículo 40', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'artículo 43', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'artículo 10', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'artículo 48', 'Artículo 62', 'artículo 44', 'Artículo 63', 'artículo 44', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'artículo 65', 'Artículo 68', 'Artículo 13']

n�m. 187 de 1 de octubre de 1998
Vigencia desde 1 de noviembre de 1998. Esta revisi�n vigente desde 1 de noviembre de 1998.
TÍTULO V. RECAUDACIÓN EN PERÍODO EJECUTIVO.
CAPÍTULO I. RÉGIMEN JURÍDICO DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO.
Artículo 48. Potestad de utilizar el procedimiento de apremio.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma y sus Organismos Autónomos tienen la potestad de utilizar el procedimiento de apremio en la recaudación ejecutiva de deudas de derecho público, conforme al artículo 40 del texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.
2. No se dirige procedimiento de apremio, ni se devengan recargo ni intereses de demora por este concepto, frente a deudores respecto a los que se exceptúa tal posibilidad en norma con rango de Ley, por ser entidades sometidas en su actuación al derecho público.
Artículo 49. Carácter del procedimiento de apremio.
1. El procedimiento de apremio es exclusivamente administrativo; la competencia para entender del mismo y resolver todos sus incidentes es exclusiva de la Administración.
2. El procedimiento de apremio no es acumulable a los judiciales ni a otros procedimientos de ejecución. Su iniciación o continuación se impulsará de oficio en todos sus trámites y no se suspenderá por la iniciación de aquéllos, salvo cuando proceda de acuerdo con la normativa de conflictos jurisdiccionales o con el artículo siguiente.
Artículo 50. Concurrencia de procedimientos.
Artículo 51. Conservación de actuaciones.
1. En la declaración de nulidad o la anulación de actuaciones se dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.
2. La anulación de sanciones, recargos u otros componentes de la deuda distintos de la cuota en el caso de deudas tributarias, o distintos de la deuda principal en las no tributarias, no supondrá la anulación de la cuota o deuda principal y demás componentes no afectados por la causa de la anulación, ni de los recargos, intereses y costas que correspondan a los elementos no anulados.
Artículo 52. Presunción de certeza.
1. A las notificaciones practicas en el procedimiento de apremio se aplicará la legislación general tributaria y la de procedimiento administrativo común.
2. Cuando la normativa a que se refiere el apartado anterior prevea la publicación en boletín oficial la misma se efectuará en el Boletín Oficial del País Vasco. En el caso de que la gestión recaudatoria haya sido concertada, la publicación será suficiente en el Boletín Oficial en que sean publicados los actos propios de la Entidad.
Artículo 54. Impugnación de la vía de apremio.
1. Contra la procedencia de la vía de apremio sólo son admisibles los siguientes motivos de oposición:
2. En el ámbito sancionador, los motivos de prescripción y falta de notificación de la resolución se refieren a la sanción y, en ningún caso, en relación con la infracción, denuncia o trámites anteriores a la resolución sancionadora ejecutiva, según la normativa de procedimiento administrativo; sin perjuicio de que puedan hacerse valer ante el órgano competente en el momento y forma establecidos.
3. La falta de notificación de la providencia de apremio será motivo de impugnación de los actos que se produzcan en el curso del procedimiento de apremio.
Artículo 55. Suspensión del procedimiento de apremio.
1. El procedimiento de apremio se suspenderá en la forma y con los requisitos previstos en las disposiciones reguladoras de los recursos y de las reclamaciones económico-administrativas.
2. Se suspenderá inmediatamente el procedimiento de apremio, sin necesidad de prestar garantía, cuando el interesado demuestre que se ha producido en su perjuicio error material, aritmético o de hecho en la determinación de la deuda, o bien que dicha deuda ha sido satisfecha, condonada, compensada, aplazada o suspendida.
3. En el caso de recaudación de deudas no tributarias, corresponde al órgano competente para dictar las resoluciones a que se refiere el párrafo 2 del artículo 43 o al competente para revisarlas, examinar la concurrencia de error en las mismas, de acuerdo con la normativa de procedimiento administrativo.
Artículo 56. Efectos.
1. La iniciación del período ejecutivo produce, de forma inmediata por mandato de la Ley, el devengo del recargo a que se refiere el artículo siguiente y el comienzo del devengo de los intereses de demora.
2. La providencia de apremio conlleva la ejecución del patrimonio del deudor, si no se paga la deuda.
3. Serán a cargo del apremiado los gastos que se originen durante el procedimiento de apremio, bajo el concepto de costas.
Artículo 57. Recargo.
1. La iniciación del período ejecutivo determina el devengo de recargo por importe equivalente al 20 % del importe de la deuda no ingresado en período voluntario, que será liquidado en la providencia de apremio.
2. El recargo será equivalente al 10 % del importe de la deuda no ingresada en período voluntario, cuando
Artículo 58. Interés de demora.
1. Las cantidades adeudadas, excepto el recargo, devengarán interés de demora desde el día siguiente al del vencimiento de la deuda en período voluntario hasta la fecha de su ingreso.
2. No se devenga interés de demora cuando la deuda sea satisfecha, mediante pago o compensación, en el plazo y conforme a lo establecido en el párrafo 2 del artículo anterior.
3. La liquidación se practicará conforme a la legislación aplicable según la naturaleza tributaria o no de la deuda.
4. No se practicará liquidación de interés de demora cuando la cantidad por este concepto sea inferior a la cifra que se establezca, mediante Orden del Consejero competente en materia de tesorería, como mínima.
CAPÍTULO II. TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS.
2. En todo caso, a los ingresos totales o parciales realizados mediante declaración-liquidación o autoliquidación fuera de plazo, les será aplicable lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 10 de este reglamento.
Artículo 60. Actuaciones para el comienzo de los procedimientos ejecutivos.
1. Los órganos recaudadores en período voluntario elaborarán y remitirán al órgano competente para la dirección de la recaudación en período ejecutivo las relaciones colectivas de las deudas para cuya recaudación se ha iniciado el período ejecutivo. Dichas relaciones incluirán los datos necesarios y complementarios para la gestión recaudatoria en período ejecutivo, en el formato que apruebe el citado órgano directivo.
2. El contenido de dichas relaciones se comunicará a la Oficina de Control Económico quien, previo el control económico y contable establecido, adoptará las medidas adecuadas para posibilitar, cuando se reconozca una obligación en favor del deudor, la práctica de la compensación regulada en los artículos 35 y 36 del presente Reglamento.
3. Tanto el órgano competente para la dirección de la recaudación en período ejecutivo como la Oficina de Control Económico devolverán a los gestores en período voluntario las relaciones que no cumplan los requisitos legales y reglamentarios.
Artículo 61. Providencia de apremio.
1. Recibidas las relaciones a que se refiere el párrafo 1 del artículo anterior, en cuanto a los deudores no excluidos del procedimiento de apremio según el artículo 48.2 del presente reglamento, el órgano competente para la recaudación en período ejecutivo, tras la verificación de su adecuación a lo previsto en el presente reglamento, dictará, colectiva y periódicamente, providencia de apremio, título suficiente que inicia el procedimiento de apremio y tiene la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados al pago.
2. La periodicidad a que se refiere el párrafo anterior se adecuará a los convenios suscritos en materia de recaudación ejecutiva.
3. No se dictará providencia de apremio respecto a aquellas deudas:
4. La providencia de apremio indicará, al menos,:
Artículo 62. Ejecución de garantías personales y de depósitos en efectivo.
1. Si la deuda estuviese garantizada mediante aval, póliza de seguro de caución, o cualquier otra garantía personal, se procederá, inmediatamente después de dictada la providencia de apremio, a ejecutar la garantía por el órgano competente para la recaudación en período ejecutivo.
2. En el caso a que se refiere el párrafo anterior, se dirigirá al garante requerimiento de ingreso, hasta el límite del importe garantizado, ingreso que se deberá realizar en el plazo establecido en el párrafo 1 del artículo 44 del presente reglamento, salvo que se haya estipulado otro diferente en el instrumento de la garantía.
3. De no realizarse el ingreso en el plazo indicado en el párrafo anterior, se procederá por el procedimiento de apremio contra los bienes del garante, en virtud de la misma providencia de apremio existente contra el deudor principal.
4. Cuando sea conocida la situación de insolvencia del garante podrán sustituirse los trámites establecidos en el presente artículo por los señalados en el artículo siguiente.
5. Cuando la garantía cubra parcialmente la deuda, podrán iniciarse los trámites previstos en el artículo siguiente.
6. En el caso de existir depósito en efectivo, se dirigirá al depositario el requerimiento establecido en el párrafo 2. Si el depositario es la propia Administración, se aplicará el mismo a cancelar la deuda.
Artículo 63. Trámites posteriores a la providencia de apremio.
1. Cuando no existan garantías ni depósitos a los que se refiere el artículo anterior, o sean de aplicación los párrafos 4 y 5 del mismo, pero sí garantías consistentes en hipoteca, prenda, u otra de carácter real, constituidas por o sobre bienes o derechos del deudor o de persona distinta se procederá a la ejecución de éstas por el procedimiento de apremio. En el caso de que los bienes o derechos sean de persona distinta al deudor se le requerirá para que, en el plazo establecido en el párrafo 1 del artículo 44 del presente reglamento, ponga dichos bienes o derechos a disposición del órgano de recaudación, salvo que pague la deuda. Cuando no existan garantías de carácter real se iniciarán las actuaciones tendentes al embargo de los bienes del deudor.
2. Cuando haya sido concertada la recaudación en período ejecutivo con entidades ajenas a la Administración de la Comunidad Autónoma y sus Organismos Autónomos, las gestiones a que se refiere el párrafo anterior serán realizadas por los órganos de la entidad correspondiente, según lo previsto en el respectivo convenio suscrito, a cuyo efecto se le remitirá la documentación prevista en el mismo.
3. No se iniciarán las gestiones a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo, ni se remitirá la documentación prevista en el respectivo convenio a la entidad con que se haya concertado la gestión recaudatoria en el ámbito correspondiente, cuando se haya iniciado la ejecución de las garantías consistentes en hipoteca, prenda, u otra de carácter real, por procedimientos distintos al administrativo de apremio, o cuando se haya iniciado el procedimiento regulado en la disposición adicional tercera de la Ley 8/1996, de 8 de noviembre, de Finanzas de la Comunidad Autónoma de Euskadi. En estos casos, se procederá a iniciar aquéllas gestiones, o a remitir a la entidad la citada documentación, cuando finalice el procedimiento no recaudatorio sin haberse extinguido íntegramente la deuda.
Artículo 64. Ingreso de las deudas.
1. Los ingresos en procedimiento de apremio se efectuarán conforme a lo previsto en los artículos 45 y 46 de este reglamento, para los efectuados en período voluntario.
2. Será admitido el pago en cualquier momento del procedimiento de apremio, que continuará por el resto impagado cuando no incluya el principal de la deuda, el recargo y, en su caso, los intereses de demora y las costas devengadas.
Artículo 65. Embargos y enajenación o adjudicación de bienes embargados.
1. Cumplidos los trámites y plazos establecidos legalmente, se procederá al embargo de bienes. En la práctica de embargos se seguirá el orden establecido en la legislación general tributaria. Asimismo, en dicha práctica, en el depósito de los bienes embargados, en su enajenación y en su levantamiento se seguirán las disposiciones previstas en el ordenamiento jurídico para cada uno de los tipos de bienes susceptibles de embargo.
2. Cuando la gestión recaudatoria en período ejecutivo haya sido concertada con entidad ajena a la Administración de la Comunidad Autónoma, se ofrecerá, al órgano que ésta designe, la adjudicación, en su caso, de bienes a dicha Administración, indicando si existen cargas o gravámenes preferentes al derecho de la misma, su importe y el valor en que hayan de ser adjudicados los bienes. El órgano competente deberá comunicar, a quien dirija la enajenación, la resolución adoptada, en el plazo establecido en el respectivo convenio. Se entenderá no aceptada la adjudicación transcurrido dicho plazo sin que se haya manifestado expresamente, por resolución, interés alguno por la misma.
Artículo 66. Tercerías.
1. La reclamación en vía administrativa es requisito previo para el ejercicio de la acción de tercería ante los juzgados y tribunales civiles.
3. La competencia para la resolución de las tercerías corresponde al órgano competente para la recaudación ejecutiva. Cuando la gestión recaudatoria en período ejecutivo haya sido concertada con entidades ajenas a la Administración de la Comunidad Autónoma, la resolución de las tercerías corresponde a dicho órgano o a la entidad, según se establezca en el respectivo convenio.
4. Previamente a la resolución de la tercería se seguirán los trámites establecidos legalmente. En el caso de que la competencia para resolver corresponda al órgano de la Administración de la Comunidad Autónoma, se podrán solicitar los informes jurídicos o técnicos que se consideren oportunos.
5. Cuando al efectuarse embargo de bienes resulte que éstos ya están embargados a las resultas de otro procedimiento ejecutivo, judicial o administrativo, debiendo ser reconocida la preferencia de aquél, se pondrá en conocimiento del órgano director de la recaudación ejecutiva, para que éste inste del órgano competente, en cada caso, de la Administración de la Comunidad Autónoma, el ejercicio de las acciones en defensa del mejor derecho de la Hacienda General del País Vasco.
Artículo 67. Créditos incobrables.
2. Una vez comprobada en el curso del procedimiento de apremio la insolvencia de los deudores principales y de los responsables solidarios, serán declarados fallidos por el órgano de recaudación. A estos efectos, se considerarán insolventes aquellos deudores respecto de los cuales se ignore la existencia de bienes o derechos embargables o realizables. Se estimará que no existen bienes o derechos embargables cuando los poseídos por el deudor no hubiesen sido adjudicados a la Administración conforme a lo previsto en el párrafo 2 del artículo 65 del presente reglamento.
3. Una vez declarados fallidos los deudores principales y los responsables solidarios, se indagará la existencia de responsables subsidiarios. Si no existen responsables subsidiarios, o si éstos resultan fallidos, el crédito será declarado incobrable por el órgano competente en recaudación en período ejecutivo, salvo que se hubiera atribuido la competencia al ente con el que se concierte la recaudación, según el respectivo convenio.
4. El órgano competente para la recaudación en vía ejecutiva podrá declarar créditos incobrables en consideración de la cuantía, origen, naturaleza y antigüedad de las deudas afectadas. Esta declaración podrá efectuarse de forma colectiva, sin perjuicio de la normativa contable aplicable al caso.
5. La declaración de crédito incobrable motiva la baja del crédito en la contabilidad. Esta declaración no impide el ejercicio de las acciones que puedan ejercitarse con arreglo a las leyes, en tanto no se extinga la acción administrativa para el cobro.
6. Los créditos declarados incobrables, correspondientes a personas físicas o jurídicas inscritas en el Registro Mercantil, serán anotados en el citado Registro, en virtud de mandamiento expedido por el órgano de recaudación. El Registro Mercantil comunicará a dicho órgano cualquier acto que se le presente a inscripción relativo a aquella persona.
7. Declarado fallido un deudor, los créditos contra el mismo de vencimiento posterior a la declaración se considerarán vencidos y serán dados de baja por referencia a dicha declaración, salvo que existan otros obligados o responsables no declarados, a su vez, fallidos o garantías reales que los cubran.
8. En caso de sobrevenir la solvencia de un obligado o responsable declarado fallido, dentro del plazo de prescripción, procederá la rehabilitación de los créditos incobrados. Como consecuencia de la rehabilitación se reabrirá el procedimiento de apremio, dictándose nueva providencia de apremio en la misma situación en que se encontraba el crédito en el momento de la declaración de fallido.
Artículo 68. Término del procedimiento.
2. En los casos de declaración de crédito incobrable, el procedimiento de apremio se reanudará, dentro del plazo de prescripción, cuando se tenga noticia de que el deudor o responsable son solventes. Durante dicho plazo, la terminación del procedimiento no impedirá desarrollar gestiones destinadas al conocimiento de la situación del deudor o del responsable.
Artículos 13 (apdo. 4), 15 bis y 15 ter: Añadido por Decreto 69/2007, de 2 de mayo, de modificación del Reglamento de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco. (BOPV. núm. 90, de 11 de mayo de 2007).
Artículo 13 (apdo. 3): Redacción según Decreto 69/2007, de 2 de mayo, de modificación del Reglamento de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco. (BOPV. núm. 90, de 11 de mayo de 2007).