Source: http://centrojudicialisidromenendez.blogspot.com/2010/05/
Timestamp: 2017-07-26 20:27:16
Document Index: 131041262

Matched Legal Cases: ['in fine', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 244', 'artículo 4', 'artículo 244', 'artículo 27', 'artículo 47']

Quehacer Judicial: mayo 2010
PAUTA 1 DE JUNIO
El Tribunal 2° de Sentencia instalará una vista pública por violación y agresión sexual. Sala 2-"B". El asignado es Víctor Manuel Sibrián, 8:00 horas.Para las 9:00 a.m., el Juzgado 7° de Instrucción desarollará una audiencia preliminar por desórdenes públicos. La asignada es Karina Cuadra de Díaz.A las 12:00 por el mediodía, el Tribunal 4° de Sentencia llevará a cabo una vista pública por arma artesanal. Sala 3-"A" y la encargada es Rina Guadalupe Teos de Renderos.Por último, el Juzgado 5° de Instrucción desarrollará una audiencia preliminar, a las 2:00 p.m., por extorsión agravada en grado de tentativa. La asinada es Karina Cuadra de Díaz. Los juzgados de turno serán 2° de Menores y 10° de Paz.
AUDIENCIA INICIAL CONTRA DOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA
SAN SALVADOR, 31 de mayo de 2010 (INTERJUST). El Juzgado 13° de Paz instalará hoy a las 2 de la tarde audiencia inicial contra Osiris Ásael Ramírez, de 32 años de edad, y Walter Saravia Azucena, acusados por los delitos de estafa y cohecho en perjuicio de María del Carmen y José Adán Aguilar y de la administración pública, respectivamente.Según el requerimiento fiscal, los ex empleados son acusados presuntamente por cobrar U$300 a cambio del trámite fraudulento de una solvencia de impuestos internos. El documento fue proporcionado a los ofendidos paraqué lo presentaran como requisito en una institución bancaria.La acusación detalla que todo inició en abril del año 2007 cuando los ofendidos iniciaron los trámites para crear una nueva sociedad comercial y tenían planeado adquirir un inmueble valorado en U$185.000 y para lo que debían realizar varios procedimientos, entre, ellas la legalización de los libros y el sistema contable.Cuando se presentaron al banco a conocer los requisitos, les comunicaron que tenían que presentar la solvencia de impuestos internos que es extendida por el Ministerio de Hacienda. Al acudir a las oficinas ministeriales, les negaron el documento por presentar inconsistencias en las declaraciones de los periodos 2005 y 2006.En razón de lo anterior, los ofendidos le comentaron al imputado el problema tributario que tenían y su preocupación por la falta del documento.Fue así que el imputado Osiris Ramírez presuntamente les comentó que conocía a una persona, refiriéndose presuntamente al imputado Walter Saravia, quien podía resolver el problema de una forma “rápida y legal”, a cambio tenían que pagarle U$300, ya que tenía acceso al sistema del Ministerio de Hacienda.El 23 de mayo de 2007, los ofendidos entregaron al imputado Osiris Ramírez el dinero acordado, y las declaraciones tributarias de los periodos 2005, 2006 y 2007 para que éste lo entregara al imputado Saravia para su análisis y modificación. Ese mismo día los imputados presuntamente entregaron la solvencia a los ofendidos en la Torre 1 de la dependencia del Estado.Posteriormente, el matrimonio ofendido presentó el documento a la institución financiera, donde les comunicaron que aún se encontraban insolventes en el sistema tributario y que la solvencia no reflejaba información fidedigna porque el documento era una copia escaneada.El fiscal del caso solicita al juez decrete instrucción con detención contra los dos ex empleados públicos.
CONDENAN A DOS ACUSADOS POR ESTAFA
SAN SALVADOR, 31 de mayo de 2010 (INTERJUST) El Tribunal 2° de Sentencia de San Salvador condenó hoy a Medardo Alfredo Quijano Arriola y Guadalupe Vásquez Ramírez a la pena de cinco años de prisión por coautoría en el delito de estafa en perjuicio de 63 personas.Los jueces, por unanimidad de votos, basaron su fallo en el testimonio de 59 víctimas de las 61 que desfilaron en el juicio y en la prueba documental ofrecida por la Fiscalía General de la República (FGR).Además, el Tribunal absolvió por el mismo delito a Sandra Magdalena Pacheco de Ventura y Rosa Cándida Pacheco Bonilla, al considerar que las acusadas colaboraron por petición de los coautores, sin obtener ningún beneficio económico. Según el proceso judicial, los hechos sucedieron a finales de 2008, en el Cantón Las Ánimas del municipio de San Martín, departamento de San Salvador, cuando supuestamente los acusados realizaron varias reuniones con los vecinos de ahí y de algunos cantones aledaños en las que le manifestaban que pertenecían a una Fundación sin fines de lucro denominada EBENEZER.La fundación se encargaba de proveer proyectos de vivienda a personas de escasos recursos con terrenos o lotes propios, pues al ser beneficiarios de dicho programa, se les construirían viviendas hechas de ladrillo. Para la ejecución de la promesa ofrecida por la fundación argumentaban que contaban con un proyecto financiero de países como Brasil y España.Para ser incluidos y beneficiados en dicho proyecto debían entregar documentación consistente en cinco copias de la escritura de la propiedad donde se construiría la casa, copia de Documento Único de Identidad personal del propietario del inmueble, fotocopia de Número de Identificación Tributaria y dos fotografías de las personas que formaban el grupo familiar y pagar cierta cantidad de dinero en efectivo.Los afectados hicieron entregas de dinero entre la cantidad de U$125 y U$150. De esta cantidad, un porcentaje presuntamente era para realizar los trámites del proyecto y la suma restante sería utilizada para gastos en que se incurriría para promover la construcción de las viviendas.Llegada la fecha para la ejecución del proyecto los afectados se dieron cuenta que los imputados había sido detenidos por la Policía Nacional Civil (PNC) luego de engañar a otras personas con el mismo proyecto. Por lo que procedieron a denunciar ante las autoridades los hechos.
JUZGADO CONFIRMA DETENCION PROVISIONAL A IMPUTADO POR VIOLACIÓN
SAN SALVADOR, 31 MAYO DE 2010. (INTERJUST). El Juzgado 5° de Instrucción confirmó la instrucción formal con detención provisional para Oseas Fuentes Saravia, de 47 años, acusado por el delito de privación de libertad y violación en menor incapaz, en perjuicio de una niña de 9 años, quien fue representada legalmente por su madre.El juez consideró que existen suficientes indicios para que el imputado continúe detenido y encomendó a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar varias diligencias en el plazo de dos meses, estipulado para la etapa de instrucción.Los hechos sucedieron el 26 de abril de 2010 alrededor de las 5 de la tarde en las cercanías del Parque Libertad de San Salvador, cuando la menor se disponía a jugar con unos amigos. Según declaraciones de la víctima, en el lugar apareció un hombre adulto y le dijo que fueran a comprar, a lo que ella respondió que ella se negó; pero el sujeto la tomó de la mano y la subió a un taxi.La víctima en su declaración detalla que el agresor la llevó a una casa de color azul con blanco, le amarró las manos hacia atrás, le puso una toalla en la boca, y luego la agredió sexualmente. Posteriormente el acusado le dijo a la niña que se bañara y la llevó de nuevo al parque hasta el día siguiente.El implicado se retiró en un microbús de la ruta 38 y vestía pantalón azul negro y camisa color azul a rayas, acotó la víctima, quien lo reconoció cuando fue capturado.La audiencia inicial contra Fuentes Saravia se llevó a cabo el pasado 3 de mayo en el Juzgado 5° de Paz, que le decretó instrucción formal con detención provisional y ordenó que permaneciera recluido en la Penitenciaría Central La Esperanza de San Luis Mariona.El juzgado ha programado la audiencia preliminar en contra del imputado para el 21 de julio a las 9 de la mañana.
MONITOREO DE PRENSA ESCRITA
MONITOREO DE PRENSA ESCRITADIARIO COLATINO31 de Mayo de 2010 * Notas Publicadas el 29 de mayo de 2010Denuncian a FEDAES por violación a normas de elección de CNJ Gloria Silvia Orellana La violación al artículo 14 de la ley del Consejo Nacional de la Judicatura, por parte de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES), en la selección de ternas para ocupar tres plazas de la Junta Directiva del CNJ, fue denunciado por organizaciones sociales. El Foro para la Defensa de la Constitución, la Fundación para el Estudio y Aplicación del Derecho (FESPAD) y abogados independientes, presentarán su denuncia ante la Asamblea Legislativa, quienes por mandato constitucional (art.187) tienen que elegir de forma “nominal y pública” a los funcionarios del CNJ. José María Méndez h. del Foro para la Defensa de la Constitución, dijo que se ha violado el artículo 14 del Consejo Nacional de la Judicatura, que consigna si los postulantes que aparecen en las ternas no reunen los requisitos que establece la Constitución de la República, no pueden optar a un cargo. “Existen vicios en la elección de los abogados al CNJ, las ternas que ha presentado la FEDAES, porque personas que trabajan para el Estado no pueden ser postulantes y en las ternas presentadas se puede verificar que hay abogados trabajando para el Estado”, expresó. Por su parte, Nelson Flores de FESPAD , subrayó que otros aspirantes se encuentran trabajando para universidades privadas y la Universidad de El Salvador (UES), lo que contraviene lo dispuesto por la ley del CNJ. “Sabemos que el abogado más votado es docente universitario, esto viola la ley además, los abogados que están en las universidades tienen su propio mecanismo de elección para integrar el CNJ”, afirmó. Los abogados declararon que la reiteración de este tipo de anomalías, provoca que los funcionarios electos no cuenten con la representatividad de su sector y que no sean moral y profesionalmente aptos para ostentar cargos públicos. Méndez h. señaló “La escandalosa autopostulación de los consejales del CNJ, es un ejemplo claro que se establece en la falta de legalidad, es por eso que la Fiscalía, según su mandato constitucional, debe defender la legalidad e investigar este proceso de desinstitucionalización”, señaló. Sobre las denuncias, Erick López, de los abogados independientes, explicó que el reglamento de la FEDAES y el CNJ, no cuentan con una regulación para realizar los señalamientos de los aspirantes. “Por eso presentaremos la denuncia ante la Asamblea Legislativa, para que ellos tomen la decisión de pedir nuevas ternas con otros candidatos y candidatas”, dijo. Los nuevos miembros de la Junta Directiva del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) tendrán bajo su responsabilidad de elegir a los nuevos jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Quienes serán electos en los años 2012 y 2015 (Magistrados), de ahí, la importancia afirmaron las organizaciones sociales jurídicas, de contar con gente de moral intachable y profesional. El Salvador va a juicio el lunes Beatriz Menjívar La demanda interpuesta por la empresa minera Pacific Rim en contra de El Salvador, por no avalar la explotación minera, iniciará este lunes en el Centro Internacional de Arbitrajes de Disputas de Inversiones (CIADI) en el Banco Mundial (BM), en Washington, Estados Unidos. El Salvador ha sido demandado por $100 millones de dólares por la empresa minera, de capital canadiense, amparada bajo el acuerdo del Tratado de Libre Comercio (TLC), firmado con Estados Unidos por los gobiernos de ARENA; que avala la demanda de un Estado firmante en caso de oponerse a la explotación o inversión en recursos naturales. El Salvador negó a la transnacional los permisos de explotación minera en el Departamento de Cabañas luego de que la población denunciara, a través de diversa marchas sociales y foros, los altos impactos ambientales que implicaría el proyecto. La iglesia católica también se pronunció, en su momento, en contra, pues esa práctica va contra la vida. La demanda procesada contra El Salvador ha recibido el rechazo de ciudadanos y ambientalistas internacionales que se han manifestado en al menos cinco ciudades estadounidenses. Las ciudades de Portland, Seattle, Nueva York y Washington fueron invadidos el pasado jueves por ambientalistas que portaban títeres gigantes que representaban a la empresa canadiense, además de corear los nombres de Dora Alicia Sorto, Marcelo Rivera y Ramiro Rivera, líderes ambientalistas asesinados en situaciones inciertas. En Washington, los manifestantes se plantaron frente a la oficina del bufete de abogados que representan a Pacific Rim. En Nueva York y Boston, los manifestantes fueron a los consulados de Canadá para demandar la regulación de las actividades de empresas mineras canadienses en otros países. Además, reclamaron que Pacific Rim retire su demanda inmediatamente y que el gobierno de los EE.UU. derogue el CAFTA (Tratado de Libre Comercio entre los EE.UU. y Centroamérica), que permite estos tipos de demandas. Manuel Pérez-Rocha, miembro del Instituto de Estudio de Política, tanque de pensamiento en Washington, calificó el litigio como “un caso ejemplar” de la proliferación de inversores que quieren usar las reglas de los TLC para amenazar países que intentan proteger los derechos humanos de sus ciudadanos. Por su parte, la Coalición Internacional en contra de la Minería en El Salvador, que abarca sindicatos, iglesias y organizaciones sociales han pedido que el congreso estadounidense y el Parlamento de Canadá, investiguen los asesinatos de los tres líderes comunitarios y el papel de Pacific Rim en generar la violencia en Cabañas. Mientras tanto, Alexis Stoumbelis, Directora Ejecutiva del Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES), afirmó que no van a dejar que la transnacional “se siente tranquilo” en sus oficinas en Vancouver y en los tribunales del CIADI mientras causa tantos daños sociales y ambientales en El Salvador. “El pueblo estadounidense está pendiente y vamos a seguir luchando contra esta empresa deshonrosa y la política de libre comercio de nuestro gobierno”, concluyó Stoumbelis.
MONITOREO DE PRENSA ESCRITADIARIO EL MUNDO31 de Mayo de 2010 OPINION EvaluaciónUn año despuésLA FORMA DE COMBATIR LA CRIMINALIDAD OFRECIDA POR QUIENES GOBIERNAN, BASADOS PERSUASIÓN Y PREVENCIÓN, NO HAN DADO LOS RESULTADOS ESPERADOS Por: Mauricio Colorado, AbogadoA un año desde que el presidente Funes, tomó las riendas del ejecutivo, apoyado en el FMLN las fuerzas vivas hacen un obligado balance de lo ocurrido. Cada quien sacará sus propias conclusiones, y de los resultados tratará de sacar provecho. En los sectores privados, las críticas no se han hecho esperar, y se señala como negativo los siguientes hechos: en la seguridad pública se siente que la criminalidad se ha mantenido si acaso es que no se ha incrementado, y ese es un factor que ahuyenta la inversión.La forma de combatir la criminalidad ofrecida por quienes gobiernan –basados en métodos de persuasión y prevención –, no han dado los resultados, que se esperaban. El tema de los centros penales ha desembocado en una conflagración, que los mantuvo a final del año, más de veinte días en situación de crisis, y posteriores intentos de fuga, han confirmado que la solución aún no llega con claridad.El principal organismo encargado de combatir la delincuencia, la Policía Nacional Civil, ha sido desbordada, y ha tenido que recurrirse al Ejército como apoyo ante una realidad que nadie puede negar. Los índices de homicidios se mantienen, si acaso no se ha incrementado. Es espeluznante observar cómo a diario se asesinan estudiantes menores de edad por homicidas menores de edad. El fenómeno de la extorsión por la odiada “renta” parece haberse incrementado, con el nefasto efecto de cierre de negocios en todo el territorio, con especial énfasis en el sector transporte, donde constantemente se registran homicidios de motoristas y cobradores.En el tema del costo de la vida, es innegable que la canasta básica se ha vuelto inaccesible a la mayoría de la población. El costo del servicio de agua, se ha elevado y se anuncia para muy pronto el incremento del gas propano, con los efectos de cascada que invariablemente se extenderán a muchos rubros.En lo que a empleos se refiere, la anunciada “fábrica de empleos” ha resultado un enorme fiasco. Se calcula que se han perdido cerca de 40 mil empleos, según datos tomados del ISSS, institución que se ha visto afectado por la reducción de sus ingresos.En el campo de la salud, el desabastecimiento de medicinas en los hospitales públicos no ha mejorado. El dengue y la diarrea se han elevado a niveles de epidemia, sin que se pueda controlar el mal.En obras públicas, es notorio que la red vial se destruye día a día, sin que el FOVIAL ni las municipalidades desarrollen planes de mantenimiento de calles o bacheo. Se han colocado primeras piedras de varias obras, pero solamente se han terminado algunas de las iniciadas en el gobierno anterior. Las obras de mitigación en zonas que amenazan urbanizaciones, no se han realizado, y con la llegada del invierno, regresa el reclamo y la angustia de los pobladores de esas áreas de riesgo.En el ramo de agricultura, irregularidades en la entrega de semilla mejorada ha provocado la renuncia del ministro debido a valoraciones de ética y de presiones indebidas. El alejamiento del presidente con el partido que lo llevó a la silla, se ha hecho evidente, confirmado por la creación de un movimiento ciudadano, en apoyo del vacío natural que existe con el partido “de gobierno”.Pero también es necesario señalar que en el ala derecha la cosa no ha funcionado muy bien. La fractura producida en ARENA, ocasionada por GANA, no deja de ser el elemento mas grave para la derecha. Arena, sigue empecinado en negarse a hacer un verdadero examen de conciencia, y aceptar que debe buscar –a fondo- la razón de ese quiebre, no bastando con acusar de traidores a los separatistas, y negar su existencia.El otro elemento causante de desasosiego en la derecha racional, no fanática, es la falta de visión del partido que acepta la gerontocracia jurásica de la dirigencia, en la ilusión que uno o varios de ellos son los iluminados para postularse como candidatos presidenciales, con excesiva anticipación. Tal ceguera los puede perder.
MONITOREO DE PRENSA ESCRITAEL DIARIO DE HOY31 de Mayo de 2010 Por decisión de juezaCinco años de libertad asistida a menores por triple homicidioEn ese tiempo deberán ir a la escuela, no tomar licor y aprender un oficio El Diario de Hoy Otro caso en la impunidad. El pasado viernes, una jueza de Menores de Zacatecoluca benefició a dos menores con cinco años de libertad asistida luego de asesinar con alevosía a tres hombres en Santiago Nonualco, en La Paz. Las víctimas se encontraban en una casa jugando en máquinas tragamonedas cuando los menores, con otros tres sujetos más, les dispararon sin mediar palabra. La fiscal del caso de la unidad del Menor y la Mujer de Zacatecoluca, Sandra Sánchez, explicó que, pese a presentarse pruebas contundentes que demostraban la culpabilidad de René M., de 17 años, y de Víctor B., de 15, la juzgadora escudó su decisión de imponer dicha medida en la "sana crítica", pese a que la Ley Penal Juvenil sanciona dichos delitos graves con la pena máxima. Los jóvenes, que quitaron la vida de tres hombres a sangre fría, únicamente deberán asistir a la escuela, no ingerir licor y aprender un oficio, entre otras reglas de conducta. En este caso, que ocurrió el 13 de enero de 2010, no aplicaba imponer los 15 años de internamiento porque la ley no había sido reformada en ese momento. Aun así, la funcionaria judicial, cuyo nombre no fue proporcionado, podía imponer hasta siete años de reclusión. "Que tras demostrar a la Juez de Menores de Zacatecoluca en la vista de la causa (juicio a menores de edad) que René M. y Víctor B. son autores directos del triple homicidio, les impuso dicha medida con base a la potestad de la 'sana crítica'". Un Tribunal de Ejecución de Medidas al Menor en San Vicente será el encargado de verificar que dichas medidas sean cumplidas. "Las pruebas testimoniales, fueron determinantes para demostrar que ambos menores, pertenecientes a la MS, dispararon en contra de las víctimas", según un comunicado de prensa de la Fiscalía General. El triple homicidio El 13 de enero fueron asesinados Efraín López Mejía, de 47 años; José Joaquín Navarrete, de 45, y Walter Oswaldo Flores, de 24, e igual número de personas resultaron heridas en la hacienda Tihuilocoyo, cantón Las Guarumas de Santiago Nonualco. El escenario del tiroteo es un lugar de acceso abierto, donde se ubica una tienda y en el corredor de esta, había siete máquinas para juego de apuestas. A ese sitio acudían hasta ese día, gran parte de los vecinos, después de terminar sus faenas cotidianas en horas nocturnas y fines de semana. Luego del tiroteo, los sujetos escaparon mientras los vecinos trasladaban a las seis víctimas al hospital, dos de ellas murieron en el camino y una más, en el quirófano del hospital Santa Teresa de Zacatecoluca, en La Paz. En su momento, la Policía señaló que el ataque no iba dirigido hacia las víctimas, sino a un grupo de pandilleros rivales que se encontraba en la tienda. Este caso se suma al de cinco menores que fueron liberados de cargos por el asesinato y posterior descuartizamiento de dos estudiantes Estrella del Carmen Ortega y Guadalupe López. Santa Ana Reingeniería de autoridadesCambian el sistema para investigar los homicidiosLa Fiscalía y la Policía forman equipos para darle seguimiento a las pesquisas Cristian Díaz El recrudecimiento de la violencia, sobre todo en homicidios, ha llevado a una reingeniería en las unidades de Vida de la Policía y la Fiscalía, para que los casos sean resueltos en un plazo corto. Desde inicio de mayo, ambas instituciones coordinan mejor el trabajo al punto que formaron cinco equipos de trabajo, que están integrados cada uno por cuatro investigadores, dos fiscales y un analista de la Policía. Uno de estos equipos es el que llega a la escena del delito cuando se registra un homicidio para iniciar las investigaciones. Ellos deberán darle seguimiento al proceso hasta que el caso llegue a una posible vista pública. Lo anterior deja sin efecto la metodología que ambas instituciones seguían hasta antes de mayo, cuando fiscales y policías de turno llegaban a procesar la escena, sin que esto significara que ellos llevarían todo el proceso hasta el final. Esto, en muchos casos, se traducía en impunidad, pues, dependiendo de la complejidad, un caso podría tardarse meses en ser resuelto. Un investigador aseguró que hasta antes de mayo, por ejemplo, el fiscal de turno se limitaba a llegar a la escena del crimen. Sin embargo, por no ser de la unidad de Vida, muchas veces, dejaban ir a los testigos del hecho. "Hoy, el equipo que llega comienza a direccionar toda la investigación y si hay testigos en la escena se le ofrece, desde ahí, toda la protección que la ley le da. Antes, el fiscal le decía al testigo que tal fecha se le iba a atender, por lo que muchas veces éste ya no llegaba, porque su familia le decía que no colaborara", explicó. El nuevo procedimiento ya tuvo sus primeros resultados. Hasta el 25 de mayo, la Policía y la Fiscalía lograron la detención de seis sujetos que participaron en cuatro homicidios. En cada uno de los casos, colaboraron testigos. El jefe de la delegación policial de Santa Ana, comisionado Manuel Peraza, reconoció la tardanza en el tiempo para resolver los casos. Al tomar el mando de la Policía "nos dimos cuenta de que la operatividad y la forma como llevar los casos venían un poco lento y que no tenían mucho beneficio para la población. A través de las coordinaciones que tenemos con el jefe de la Fiscalía (Román Navarro), detectamos que estábamos fallando en eso y procedimos a reestructurar los departamentos de vida", dijo. El jefe de la Fiscalía en Santa Ana, Román Navarro, expresó que de cada diez homicidios que se registran en el departamento, ocho son cometidos en la cabecera, que es donde se concentra la mayor cantidad de delitos. "Hemos llegado a un protocolo de entendimiento en el área de investigaciones que consiste en la formación de equipos de trabajo que estarán trabajando todos los casos graves ocurridos en el municipio, como homicidios y extorsiones vinculados a bandas delictivas y estructuras de pandillas", dijo Navarro. Antonio Gutiérrez, un trabajador retirado que frecuenta el parque Libertad, expresó que las intenciones de hacer más eficiente el trabajo son buenas; siempre y cuando los resultados se vean a corto plazo. En los primeros cuatro meses de 2010 hubo 139 crímenes. En el mismo periodo de 2009, fueron 152 muertes violentas. OPINIONBatalla por el Estado de Derecho Mauricio Alfredo Clará* El Estado de Derecho en la visión de Edgar Bodenheimer, es el único que asegura la eliminación del Estado arbitrario, autoritario o de poder, en el que por sus características totalitarias la personalidad del ser humano desaparece al rebajarla al nivel de mera cosa o número, como aconteció en la Alemania de Hitler y en la U.R.R.S. de Lenin y Stalin. Para los detractores del Estado de Derecho en El Salvador, el intento de imponer la modalidad de un Estado totalitario no será fácil ante el blindaje establecido por el constituyente. En efecto, el Estado de Derecho en El Salvador tiene claro fundamento en el Título III de la Constitución al determinar su forma de gobierno y sistema político, y el Título I, Capítulo Único, al considerar a la persona humana y los fines del Estado. Como garantía de esta opción filosófica, política y jurídica, la Constitución establece dos prohibiciones trascentales a los funcionarios que detentan o ejercen a los poderes constituidos: 1a. abstenerse de celebrar tratados o concesiones en que de alguna manera se altere la forma de gobierno, y 2a. abstenerse de aprobar reformas a los artículos de la Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno; prohibiciones que de ser violadas legitiman inmediatamente el ejercicio del derecho a la insurrección, sólo para restablecer la vigencia de las disposiciones violadas antes referidas. Si alguna duda quedare al respecto, será conveniente recordar el texto del artículo 244 de la Constitución que establece:"La violación, la infracción o la alteración de las disposiciones constitucionales serán especialmente penadas por la ley, y las responsabilidades civiles o penales en que incurran los funcionarios públicos, civiles o militares, con tal motivo, no admitirán amnistía, conmutación o indulto, durante el período presidencial dentro del cual se cometieron". Ateniéndonos al texto constitucional, la disposición citada no sólo resguarda la forma y sistema político de gobierno, sino a todo el contenido de la Constitución, en especial en lo que concierne a los derechos de las personas, como la estabilidad laboral y acceso a la carrera administrativa; las garantías como el debido proceso previo al despojo de un derecho adquirido por mandato legal, y los principios rectores como el de igualdad ante las leyes; todo frente al ejercicio del Poder Público estatal ejercido arbitrariamente en desacato de disposiciones legales expresas y terminantes, como aconteció en diciembre al cumplir los primeros seis meses la presente administración, en ciertas dependencias y autónomas, como por ejemplo el Centro Nacional de Registros, en que los administradores jerárquicos omitieron tener por incorporados a la carrera administrativa --constitucionalmente reconocida-- a las personas empleadas mediante el régimen de contrato en labores permanentes y sujetos a los superiores, violando el artículo 4 reformado con ese propósito y con la debida anticipación y conocimiento suficiente. Esa violación es de graves consecuencias tal cual indica el artículo 244 de la Constitución y, acredita la ignorancia o el desprecio de los violadores, cuyas dimensiones se agigantan por tratarse de abogados. Una forma de atentar contra el Estado de Derecho, constitucionalmente establecido y protegido, es precisamente de la manera en que ha actuado esa dirigencia. Una Comisión ministerial a la que se sugirió en público acudir para beneficio de los afectados, no ha notificado de forma personal a los mismos el resultado de sus peticiones, respecto de hechos viciados de nulidad absoluta y de los que se deben las indemnizaciones de salarios caídos más daños y perjuicios. *Dr. en Derecho.
LA PRENSA GRAFICA31 de mayo de 2010 Barahona confía en que España enviará a Alviz La causa contra el ciudadano español prescribía el pasado 22 de mayo, pero se logró congelar cuando Cancillería envió a tiempo la petición a España. Amadeo CabreraEl fiscal general de la República, Romeo Barahona, confió ayer en que la justicia de España hará efectiva la extradición de Joaquín Alviz, procesado por actos de corrupción en la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). “Yo confío (en que será extraditado) porque muchas cosas se basan en cuestiones de reciprocidad y también en que hay ciertos delitos en que los países están entregando a sus nacionales”, dijo el responsable de perseguir e investigar el delito.Alviz es procesado en el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador, que requirió su extradición, por los delitos de cohecho activo (ofrecer sobornos) y agrupaciones ilícitas en casos de soborno en ANDA.El canciller de la República, Hugo Martínez, reveló esta semana que envió a España, a través de los canales diplomáticos, la solicitud de extradición, luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la avalara.Martínez remitió la solicitud en la víspera de que el caso prescribiera; sin embargo, con la acción logró que la misma se congelara, según la legislación salvadoreña.El embajador de España en El Salvador, Javier Gómez-Llera, reveló recientemente que el tratado de cooperación judicial suscrito entre España y El Salvador prohíbe la extradición de sus nacionales, pero será la justicia española la que estudiará el caso.Barahona, por su parte, comenta: “Hoy los países ya no se cierran a extraditar a sus nacionales. Esas cuestiones han ido cambiando con el curso del tiempo; en cuestiones de terrorismo, narcotráfico y corrupción, los países están abiertos a extraditar a sus nacionales. Ya no están rígidos.”Alviz, que por medio de un correo electrónico se mostró en contra de la prescripción del caso, ganó entre 1998 y 2001 dos licitaciones de ANDA a través de pagos de soborno al entonces presidente de la autónoma, Carlos Perla, ya condenado, y al gerente general de ese entonces, Mario Orellana, según la acusación fiscal.El ciudadano de nacionalidad española pagaba el 10% de cada licitación para hacerse con la obra, según las investigaciones. Así ganó el proyecto Río Lempa II a un costo de $30 millones y el Reservorio de Nejapa, que tuvo una inversión de $3.7 millones.OPINIONJusticia administrativa: deuda pendiente Por el Imperio del Derecho/Centro de Estudios JurídicosNos enteramos con agrado que en la pasada plenaria fue presentado a la Asamblea Legislativa un proyecto de nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa con aspectos de vanguardia. Su aprobación representaría sin duda un paso sustancial en la consolidación del Estado de Derecho, específicamente, en el control de la sujeción a la legalidad de las actuaciones de la Administración Pública.Es vital entender que la jurisdicción contencioso administrativa es un control que representa altos beneficios, desde tres perspectivas: 1. En primer lugar, es un verdadero juicio, y como tal, se encamina en esencia a la defensa de los derechos o intereses del administrado, consolidando un sistema de garantías. 2. Sumado a lo anterior, tal tutela trasciende los intereses del propio demandante del proceso, ya que al controlarse el apego a la legalidad, se fortalece la legalidad misma y la consolidación de un Estado de Derecho. 3. En tercer lugar, creemos que constituye un beneficio para la Administración Pública misma, en tanto la fortaleza de un poder, órgano o institución radica en gran parte en su legitimidad a los ojos de la población. Naturalmente, la claridad del accionar de la Administración se ve fortalecida con la posibilidad de su control, promovida por los propios administrados destinatarios de sus actos.La Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en el país fue aprobada por la Asamblea Legislativa de la República mediante Decreto 81, el 14 de noviembre de 1978, y entró en vigor el 1º de enero de 1979, encomendando el control a cargo de un solo tribunal: la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, se le otorgó competencia para conocer en forma exclusiva de la legalidad de los actos administrativos.Dicha ley constituyó en su momento una importante conquista, y se consideró innovadora para su época. No obstante, el panorama en el campo del Derecho Administrativo ha evolucionado trascendentalmente, y la ley requiere de una profunda revisión. El respetado y recordado doctor Humberto Guillermo Cuestas, quien participó en la elaboración de dicha ley y fue uno de los precursores en el país del Derecho Administrativo, después de quince años de la entrada en vigor de la misma, escribió en homenaje a su nacimiento, publicado en separata de la Revista Judicial, Sentencias, de la Corte Suprema de Justicia, que con el transcurso del tiempo se había puesto en evidencia la necesidad de superar las limitaciones de que adolecía la ley de 1978. Hoy día, han pasado más de treinta años desde su aprobación, y las necesidades de reforma son aun más apremiantes.Es incuestionable que el tiempo ha demostrado la necesidad de crear tribunales de lo contencioso administrativo, que descentralicen y acerquen la justicia al ciudadano de a pie. Adicionalmente a lo anterior, es necesaria además la reforma del ámbito de competencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, extendiéndolo hacia áreas actualmente desprovistas de control en dicha sede, como la impugnación directa de Reglamentos por razones de legalidad, los conflictos derivados de contratos administrativos, la vía de hecho, entre otros. Se requieren también importantes modificaciones relacionadas con la legitimación, la ampliación de medidas cautelares, la eficacia y ejecución de la sentencia, entre otras.En síntesis, reiteramos que fortalecer el ámbito del control contencioso administrativo constituiría un paso vital en la aspiración de un verdadero Estado de Derecho, ya que dicho proceso es una fuerte herramienta de defensa en manos del particular, que también coadyuva a un mejor ejercicio de las funciones públicas e incluso beneficia a los propios órganos de la Administración, al dotarlos de transparencia y encaminarlos a un meditado establecimiento de criterios.El Centro de Estudios Jurídicos espera que el proyecto presentado sea estudiado y analizado con seriedad y celeridad, en aras del beneficio de todos.
JUZGADOS DE TURNO Y PAUTA SEMANA PRÓXIMA
El Tribunal 1º de Sentencia desarrollará una vista pública por otras agresiones sexuales y privación de libertad. Sala 2- “C”, 8:00 a.m. El asignado es Víctor Manuel Sibrián.A la misma hora, el Tribunal 5º de Sentencia llevará a cabo una vista pública por peculado. Se trata del caso de una empleada de la UES. Sala 3-“B” y la asignada es Rina Guadalupe Teos de Renderos.Para las 9:00 horas, el Juzgado 7º de Paz instalará una audiencia inicial contra un imputado, procesado por acoso sexual en perjuicio de una estudiante. El asignado es Carlos Humberto Merino.El Juzgado 9º de Instrucción desarrollará una audiencia preliminar contra cuatro imputados, acusados de homicidio agravado. El caso tiene reserva total, 9:00 por la mañana y la asignada es Karla Pineda Mendoza.El Juzgado 2º de Instrucción realizará una audiencia preliminar por homicidio agravado y agrupaciones ilícitas. 9:30 a.m., son ocho imputados y la asignada es Karla Pineda.El Juzgado 10º de Instrucción desarrollará una audiencia preliminar por evasión. 9:30 por la mañana y la asignada es Karla Pineda.Siempre a las 9:30 horas, el Tribunal 6º de Sentencia continuará con la vista pública del caso OBC. Se le tomará declaración a los empleados. Sala 3-“C” y la asignada es Rina Teos.Por último, el Juzgado 5º de Instrucción llevará a cabo una audiencia preliminar por robo agravado tentado y privación de libertad. 10:00 horas y la asignada es Karina Cuadra de Díaz.Los juzgados de turno para este fin de semana son: 3º de Menores; 6º, 7º y 8º de Paz para viernes, sábado y domingo respectivamente.
JUZGADO ENVÍA A JUICIO CASO CONTRA OSCAR RENE MOLINA MANZANARES
SAN SALVADOR, 28 MAYO DE 2010. (INTERJUST). El Juzgado 2° de Instrucción decretó este viernes apertura a juicio en el proceso que se sigue contra el imputado Oscar René Molina Manzanares, acusado por la Fiscalía de los delitos de lavado de dinero y evasión de impuestos en perjuicio de la Hacienda Pública y el Orden Socioeconómico, respectivamente.En su resolución el juzgado subsumió el delito de evasión de impuestos en el de lavado de dinero y activos, por lo que el imputado enfrentará un juicio solo por este delito.Según la Fiscalía General de la República (FGR), Molina Manzanares habría lavado un aproximado de 13 millones de dólares en los años 2003 y 2007, cuyo origen estaría relacionado a actividades ilícitas.El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Publico, entre estas, el Peritaje financiero y contable realizado por Peritos del Ministerio de Hacienda sobre las cuentas, bienes e inmuebles del procesado.Además fue ofertada la declaración de un testigo bajo régimen de protección, entre otras. El juzgado también confirmó la inmovilización de las cuentas bancarias e inmuebles del imputado, quien permanecerá detenido en las instalaciones de la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC).Según datos del Juzgado el imputado permaneció prófugo desde principios de 2009, ya que no se presentó a la audiencia preliminar donde se discutiría su situación jurídica en cuanto a los dos delitos por los cuales es investigado. Pese a que el imputado mantenía órdenes de captura vigentes, este se presentó voluntariamente ante el Secretario del Tribunal junto a su abogado el pasado 18 de mayo.Molina Manzanares es dueño de un Autolote en el oriente del país y ha sido uno de los últimos imputados vinculados al consorcio de empresarios conocido como “Los Perrones”, ligados a delitos como el narcotráfico, contrabando de mercadería, tráfico de personas, lavado de dinero y evasión de impuestos.
JUZGADO RESOLVERÁ CON VISTA DEL REQUERIMIENTO ACUSACIÓN CONTRA EDUARDO INTERIANO
SAN SALVADOR , 27 de mayo de 2010 (INTERJUST) El Juzgado 14° de Paz resolverá con vista del requerimiento la situación jurídica del imputado Eduardo Rafael Interiano Martínez, acusado por el delito de falsedad material en perjuicio de Carlos Antonio Barrillas Larín, de 62 años.La jueza resolverá el caso del imputado en los próximos días en calidad de reo ausente, porque no se presentó a la diligencia ni mandó abogado para que lo representara. La Fiscalía General de la República esta solicitando a la jueza decrete sobreseimiento provisional.El Juzgado sobreseyó definitivamente a José Salvador Afane Saade, por el delito de uso y tenencia de documento.La investigación contra los acusados tuvo como antecedente una denuncia que la víctima interpuso contra el urólogo Salvador Afane por lesiones culposas en la práctica médica, en el año 2006.En ese tiempo el señor Barillas presuntamente fue el primer paciente operado por el imputado con la tecnología de foto vaporización con láser por problemas en la próstata; que presuntamente le causó daños físicos que le han originado sus padecimientos. En el 2006 el ofendido dirigió un escrito a la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica, (JVPM) con el fin de dar a conocer su situación y denunciar la presunta mala praxis. Por lo anterior el ente colegiado abrió un expediente de investigación contra Saade. Según la acusación fiscal fue en ese periodo cuando Eduardo Interiano en su calidad de Secretario de la JVPM elaboró un documento al imputado, en el cual le informaba que "se había consultado a destacados urólogos, concluyendo que no existía ninguna evidencia de mala práctica de parte suya" por lo que cerraban el caso.La denuncia asegura que el documento firmado por Eduardo Interiano es falso pues no se consultó con los especialistas que menciona la misiva y tampoco se basó en el expediente que se le abrió al médico. Sin embargo, el galeno, presuntamente usó el documento para presentarlo como prueba de descargo a su favor en el Juzgado 7° de Paz y el Tribunal 1° de Sentencia, según la acusación fiscal.En la audiencia inicial la jueza basó la resolución en que dicho documento no fue presentado por el imputado en los procesos penales, sino que fue proporcionado por la JVPM para anexarlo en el expediente. Asimismo el documento no fue tomado como prueba contundente en dichos procesos, sino que se basaron en los informes periciales.
ABSUELVEN A EX DIPUTADO POR TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE GUERRA
SAN SALVADOR, 27 de mayo de 2010. (INTERJUST). El Tribunal 3° de Sentencia absolvió hoy a Raúl Mijango, ex diputado del FMLN, procesado por el delito de Tenencia ilegal de arma de guerra. Los Jueces del Tribunal basaron su fallo en que el procesado contaba con un permiso especial para portar el arma de fuego cuando fungía con diputado y que dicho permiso tenía tres años mas de vigencia, después de la fecha expedida.Según el proceso judicial, el ex diputado del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Raúl Mijango fue capturado el 6 de mayo de 2009 por miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) luego que el Juzgado 9° de Paz giró orden de registro con prevención de allanamiento en la vivienda de Mijango, en la que se encontró un fusil AK-47, 4 cargadores y cartuchos supuestamente para el arma de fuego.Durante el juicio la Fiscalia General de la Republica (FGR) presentó a tres testigos de cargo para que declararan sobre los hechos, además prueba documental. El Tribunal consideró que la prueba ofrecida no fue contundente para aplicar la medida más gravosa.
JUZGADO SOBRESEE A MENORES ACUSADOS DE HOMICIDIOS
SAN SALVADOR, 27 de mayo de 2010. (INTERJUST). El Juzgado 3º de Menores decretó sobreseimiento provisional a favor de un adolescente, de 16 años, acusado de homicidio agravado en grado de coautoría en torno al caso de Estrellita del Carmen Ortega Ramírez y Guadalupe Abigail López Sarmiento, ambas menores de edad también.La jueza resolvió dejar libre de cargos al imputado luego que la Fiscalía General de la República (FGR) se lo solicitara. La petición del referido Ministerio Público reza de la siguiente manera: "aún hacen falta diligencias que establezcan una certeza de la participación del joven, advirtiendo que actualmente no será posible fundamentar debidamente la acusación en contra del indiciado (imputado) optando por prescindir de la persecución penal en contra del mismo por el término indicado por el sobreseimiento provisional". El caso se inició en el Juzgado 1º de Menores y pasó al Juzgado 3º en razón de la territorialidad.Bajo similar argumento se sobreseyó provisionalmente a otros cuatro adolescentes, dos de 15 y los de 16 años, presuntos miembros de la pandilla "18" y acusados por homicidio agravado en grado de coautoría en las mismas víctimas; así como de agrupaciones ilícitas, utilización y ocupación de inmueble. Estos imputados fueron procesados en el Juzgado 2º de Menores el 10 de febrero anterior, en donde se les dejó en libertad irrestricta debido a que no hubo un testigo que les vinculara en la participación del hecho, sin embargo, se dejó abierta la investigación por espacio de 60 días. El proceso también pasó a la orden del Juzgado 3º. Según la relación circunstanciada en el proceso minoril, los crímenes ocurrieron la noche del 3 de febrero pasado, en la Colonia El Descanso del municipio de Apopa. De acuerdo a la investigación, desde noviembre de 2009 uno de los implicados se percató que Estrellita del Carmen mantenía relaciones con otros pandilleros de la misma mara y con miembros de la "MS", por lo que fue catalogada como una presunta "soplona".Uno de los imputados fue a traer a la escuela nocturna a Ortega Ramírez, quien estaba acompañada por Guadalupe Abigail, y la llevaron hasta la referida colonia. Los cadáveres de las víctimas fueron encontrados desmembrados cerca de unos matorrales horas más tarde. En el caso también se procesó a un adulto, quien presuntamente participó y ayudó con ambos homicidios. El Ministerio Público tiene hasta mayo de 2011 para reaperturar sendos casos con nuevos elementos de juicio, de lo contrario ambos casos se cerrarán definitivamente.
LA PAUTA DEL JUEVES
El Tribunal 5° de Sentencia desarrollará una vista pública, sala 2-"B", por agresión sexual en menor e incapaz. 8:15 de la mañana y la encargada es Rina Guadalupe Teos de Renderos.Para las 9:00 horas, el Tribunal 3° de Sentencia instalará una vista pública por tenencia de armas de guerra. Sala 2-"C", se trata del ex-diputado Raúl Mijango. La encargada es Rina Guadalupe Teos.A las 10:00 a.m., el Juzgado 2° de Tránsito llevará a cabo una reconstrucción de un accidente vial. Esto será sobre el Kilómetro 51 y medio de la carretera que de San Salvador conduce a Ilobasco, Cabañas. Favor tomar en cuenta para que la gente tome las medidas del caso. A las 11:00 por la mañana, el Juzgado 7° de Instrucción instalará una audiencia preliminar por violación. La encargada es Karina Cuadra de Díaz.A la misma hora, el Juzgado 9° de Instrucción desarrollará una audiencia preliminar por violación en menor. La encargada es Karla Pineda Mendoza.
SAN SALVADOR, 26 de mayo de 2010. (INTERJUST). El Juzgado 2° de Tránsito de San Salvador realizará este jueves 27 de mayo a partir de las 10 a.m. una reconstrucción de hechos en la zona del kilómetro 51 ½ de la Carretera que de San Salvador conduce a Ilobasco, en el departamento de Cabañas.La diligencia judicial se desarrollara en ambos tramos de la carretera específicamente en el kilómetro 51 ½, del municipio de Ilobasco, y se espera reconstruir un caso en el que es procesado José Isidro García Cabrera, por los delitos de homicidio culposo en perjuicio del menor Emerson G. y lesiones culposas en perjuicio de la integridad física de Juan Carlos Martínez López y otros.El juzgado espera que la diligencia judicial se prolongue dos horas aproximadamente, por lo que el tramo permanecerá cerrado. En el lugar será implementado un sistema de seguridad por parte de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC). Además, el Juzgado hace un llamado para que los conductores y peatones busquen rutas alternas para evitar inconvenientes y contratiempos.
# El Tribunal 6º de Sentencia continuará con la vista pública del caso OBC. Sala 3-"C", 9:00 por la mañana y la encargada es Rina Guadalupe Teos de Renderos.# El Juzgado 5º de Instrucción instalará una audiencia preliminar por falsificación o alteración de moneda. 9:00 horas y la encargada es Karina Cuadra de Díaz.# Para las 10:00 a.m., el Juzgado 6º de Instrucción llevará a cabo una audiencia preliminar por evasión en caso de la fuga de Rigoberto de Jesús Vásquez Panameño. Él se escapó del Hospital Rosales el pasado 8 de octubre de 2009 y está condenado a varios años de cárcel por secuestro y otros ilícitos penales. Es miembro de la banda TACOMA. La encargada es Karla Pineda Mendoza.# Por su lado, el Juzgado 11º de Paz desarrollará una audiencia inicial por hurto agravado. 11:00 por la mañana y la encargada es Aída Sánchez Menjívar.# Por último, el Juzgado 14º de Paz dará lectura a la resolución de la audiencia inicial en contra del ex-ministro de salud, Eduardo Interiano. 2:00 p.m. y la encargada es Aída Sánchez.
MAÑANA AUDIENCIA INICIAL POR HURTO AGRAVADO
SAN SALVADOR , 25 de mayo de 2010 (INTERJUST). El Juzgado 11° de Paz instalará mañana a las 10:00 a.m. audiencia inicial contra José Antonio Campos Sigarán, de 22 años, acusado de hurto agravado en perjuicio de Carlos Roberto Ruiz.De acuerdo al requerimiento fiscal, el imputado fue detenido en la Alameda Juan Pablo Segundo de San Salvador, frente al centro comercial Metrosur, el pasado 22 de mayo, a las 9:30 a.m.La acusación detalla que mientras una unidad de la Policía Nacional Civil realizaba patrullaje preventivo en la zona, observó a un sujeto corriendo, quien fue interceptado encontrándosele cuatro celulares sin documentación. Los policías lograron establecer contacto con el propietario de uno de los celulares, quien manifestó que mientras se conducía en un microbús de la ruta 138, dos sujetos le bloquearon el paso a la salida de la unidad, posteriormente le permitieron salir y una vez fuera se percató de que no tenía su teléfono celular.Posteriormente, la víctima procedió al reconocimiento del imputado.El Ministerio Público Fiscal ha solicitado a la jueza que decrete instrucción formal con detención provisional.
DECRETAN DETENCIÓN POR DAÑOS EN CÁMARA
SAN SALVADOR, 25 de mayo de 2010. (INTERJUST). El Juzgado 1° de Paz decretó instrucción formal con detención provisional contra la imputada, Digna Emérita Gálvez Meléndez, de 47 años, acusada de daños agravados en una cámara de televisión propiedad de TECNOVISIÓN S.A. de C.V., Canal 33.La jueza basó la resolución en los elementos presentados por la Fiscalía General de la República (FGR), tales como la declaración del camarógrafo, de los agentes captores, además que no se logró un acuerdo extrajudicial para el pago del aparato. La imputada pasará a la orden de Cárcel de Mujeres y el proceso al Juzgado 1o de Instrucción.Datos de la acusación señalan que el hecho se registró el pasado 20 de mayo alrededor de las 3:30 p.m. cuando el camarógrafo de la referida empresa realizaba unas tomas a los implicados en el caso conocido como "Los Protegidos", acusados de hurtos y robo de vehículos. Ante la presencia de los medios de comunicación, Gálvez Meléndez perdió el control y golpeó la cámara que resultó seriamente dañada.El reportero gráfico, José Mauricio Mancía, de 23 años, pidió ayuda a los vigilantes del Centro Integrado de Justicia Penal "Dr. Isidro Menéndez", quienes retuvieron a la acusada hasta que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) la trasladaron a la delegación de Monserrat.Según el Ministerio Público la cámara dañada quedó inservible y el costo de un nuevo equipo asciende a la cantidad de cinco mil dólares.
MAÑANA AUDIENCIA EN CASO DE EVASIÓN
SAN SALVADOR, 25 de mayo de 2010. (INTERJUST). El Juzgado 6° de Instrucción instalará mañana a las 10 a.m. audiencia preliminar contra Rigoberto de Jesús Vásquez Panameño, de 37 años, procesado por el delito de evasión en perjuicio de la Administración de Justicia.Según el dictamen de acusación fiscal, Rigoberto de Jesús Vásquez Panameño fue trasladado el 8 de octubre de 2009 desde el Penal de San Vicente, lugar donde purga una pena de 40 años por el delito de secuestro agravado, hasta el Hospital Rosales en San Salvador. Vásquez Panameño era custodiado por el agente de Centros Penales Felipe Díaz Álvarez.El imputado salió de la consulta y apareció una mujer quien aseguró ser su esposa. Al parecer, mientras se dirigían al parqueo para esperar el transporte que los llevaría de nuevo al Centro Penal, la esposa de Vásquez Panameño le ofreció comida al custodio, la cual aceptó.Momentos mas tarde, el custodio fue encontrado en estado inconsciente en las cercanías de una pasarela. El personal de la seguridad del Hospital lo auxilió y fue remitido a una unidad médica del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Luego de varios minutos de búsqueda se determinó que el reo Vásquez Panameño logró fugarse de las instalaciones. Agentes del Sistema 911 de la Policía Nacional Civil (PNC) iniciaron la búsqueda del reo y no fue hasta el 15 de febrero de 2010 que Rigoberto de Jesús Vásquez Panameño fue capturado en la Colonia Altavista, en San Martín y remitido al Juzgado 6° de Instrucción.
MONITOREO COLATINO
DIARIO COLATINO25 de Mayo de 2010 Notas Publicadas el 24 de mayo de 2010Gobierno reafirma interés por Ley de Acceso Wilfredo Lara El secretario para asuntos estratégicos Francis Hasbun, llegó a la Asamblea Legislativa a presentar una postura oficial sobre la discutida Ley de Acceso a la Información y las reformas a la Ley de Ética Gubernamental. El funcionario explicó que las propuestas a la ley de transparencia, presentadas a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, “son producto de la participación ciudadana, sugeridas por el Ejecutivo”. Entre ellas mencionó que el proyecto del gobierno contempla la creación del organismo gestor Comisión de Ética y Acceso a la Información de Interés Público. “Estamos trabajando seriamente para identificar casos de corrupción, es decir la corrupción que no sea de normalidad en este gobierno, que se estudien los casos y ver las pruebas para ver si en verdad existen”, dijo. El funcionario exhorta al órgano legislativo a que se aprueben ambos proyectos de ley para garantizar el derecho a la información y admitió que se espera que con esta Ley de Etica Gubernamental se obtengan frutos. Se propone la simplificación de los mecanismos institucionales para que los entes que ordena la ley como las alcaldías puedan incorporarse a la misma. A esta reunión se hicieron presentes el Secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Dionisio Machuca; el Sub secretario de Transparencia y Anticorrupción de la SAE, Marcos Rodríguez y Carmen Elena Pineda, Asesora Jurídica de la Secretaría de Asuntos Legislativos de CAPRES. La Asamblea se ha comprometido a alcanzar un acuerdo para aprobar esta Ley, que es demandada desde hace más de un año y que el actual gobierno lo plantea como una prioridad. Denuncian por corrupción a ex funcionario del partido ARENA ante la Fiscalía Daniel Trujillo/Gloria Silvia Orellana Gerson Martínez, Ministro de Obras Públicas, acompañado de Hato Hasbun, Secretario de Asuntos Estratégicos, llegó a la Fiscalía General de la República, para demandar una investigación en el proyecto de la construcción del Bulevar «Diego de Holguín», fase II. Al funcionario también lo secundaron diputados de las fracciones de ARENA y FMLN, sin embargo la reunión con las autoridades de la fiscalía sería a puerta cerrada entre los funcionarios demandantes y el Fiscal General, Romeo Barahona. Tal y como lo había anunciado la semana pasada el funcionario de gobierno, este día entregarían las pruebas con las cuales se acusa a administraciones pasadas de manejos inadecuados en los fondos de la construcción de la «Diego de Holguín». Las 21 cajas que contienen las pruebas de las irregularidades detectadas en una investigación realizada por las autoridades de Obras Públicas, se dividen en información financiera, expediente de caducidad, auditorías de la Corte de Cuentas y también información sobre los funcionarios responsables y empleados involucrados en este caso. La semana pasada el MOP presentó a la Asamblea Legislativa, un informe de 60 páginas sobre las irregularidades, y donde se estaría confirmando que no se utilizaron los fondos asignados durante la administra del ex presidente Antonio Saca, y se involucra a los ex ministros de Obras Públicas, Jorge Nieto (actual asesor de la bancada arenera) y David Gutiérrez. Además el viernes pasado la Corte de Cuentas de la República, envió a la Fiscalía informes de auditorías donde se habrían detectado algunas irregularidades en este proyecto, durante la administración de Gutiérrez. Desde su salida, Gutiérrez no ha hablado sobre esta situación, pese a que el FMLN, sin ser gobierno, mantuvo una crítica ante la no ejecución de estas obras. Ahora que el partido de izquierda esta en el poder, ha asegurado que combatir la corrupción es una prioridad y las administraciones areneras no escapan a esto. Sin embargo, esta mañana se hizo presente también a la Fiscalía el ex Ministro Gutiérrez, acompañado por su abogado, y aprovechó para cruzar palabras con el actual ministro Martínez, a quien le dijo “estoy preocupado”. Al cierre de esta nota la reunión estaba a puerta cerrada, y Gutiérrez, también aguardando junto a la prensa, porque dijo que hablará hasta conversar a fondo con el Ministro Martínez. Oportunidad para la Fiscalía La denuncia del Ministro Martínez es una oportunidad para que la Fiscalía demuestre voluntad de investigación, dijo Jaime Martínez, encargado del área de transparencia de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE). López, aseguró que el caso de la malversación de fondos en la construcción de la carretera «Diego de Holguín» no se resolverá en un par de meses. Sin embargo, la presión ciudadana y de los medios de comunicación es fundamental para agilizar las investigaciones y dar con los culpables. López agregó que en este caso se mezclan intereses genuinos y partidarios. El MOP, aseguró el representante de FUNDE, tiene el interés genuino y la voluntad de aclarar el destino de los fondos de la carretera. Mientras que los intereses partidarios los representan los demás partidos al apoyar la acción del Ministros, con el propósito de obtener réditos políticos para las próximas elecciones. La lección, aseguró López, radica en que ahora en adelante las autoridades tienen que intervenir oportunamente para que el daño no se repita. El representante de FUNDE cree que hay compromiso del MOP y de la Subsecretaría de Transparencia en investigar el manejo de los fondos. No obstante, el principal desafío del Gobierno es investigar las áreas del Ejecutivo donde todavía se registran casos de conflicto de intereses. “Con eso se sabrá si tiene un compromiso más amplio”, indicó López. Sindicalistas del CNJ presentan amparo por suspensión de empleada Sonia Escobar Miembros del Sindicato de empleados del Consejo Nacional de la Judicatura (SECONAJUD), representados por el abogado Ernesto Alfredo Parada Rivera, presentaron un recurso de amparo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por la suspensión laboral de una empleada del CNJ. Misalia Argentina Velásquez, quien durante catorce años laboró como jefa de la Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas del CNJ, fue suspendida de su cargo en abril pasado sin que se le explicaran los motivos de esa medida. Han atacado la seguridad jurídica y la estabilidad laboral de la licenciada Argentina Velásquez. Ellos (los del CNJ) han elaborado unos acuerdos que atenta contra los derechos humanos de ella (Velásquez)», explicó el abogado Parada Rivera. Hasta el momento a Velásquez, informó el abogado, no se le ha notificado un despido formal, únicamente una «suspensión laboral indefinida», por lo que ha dejado de percibir salario y otras prestaciones de ley. La gran interrogante es ¿qué es lo que pasó? Ellos tomaron un acuerdo antojadizo suspendiéndola sin llevar el debido proceso para los efectos pertinentes. Simplemente la han despojado de su trabajo, la han despojado de su sustento. Nosotros presentamos este amparo para que se le reconozcan sus derechos y garantías laborales», dijo Parada Rivera.
MONITOREO EDM
DIARIO EL MUNDO25 de Mayo de 2010 Denuncian corrupción en el MOPPor más de $23 millones erogados para la ejecución de la Diego de Holguín, fueron denunciados dos ex ministros MOP Juan Carlos Vásquez Los supuestos actos de corrupción en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para la construcción del bulevar Diego de Holguín fase II fueron denunciados, ayer, en la Fiscalía General.Como principales sospechosos de las irregularidades aparecen, en una lista de más de 12 personas, los nombres de los ex ministros David Gutiérrez y Jorge Nieto. Se suman algunos ex asesores, viceministros y gerentes de diversas áreas que tuvieron un papel protagónico desde que se comenzó a licitar el proyecto.Gerson Martínez, titular del MOP, explicó que si bien los denunciados son más de 12, no necesariamente todos habrían estado de acuerdo en las actividades ilícitas orquestadas en esa cartera de Estado.El Ministerio Público puede tener entre ese grupo a posibles testigos con valiosa información, que hundiría no solo a los ex funcionarios sino también a representantes de las empresas Copreca Linares y Consulta.En el expediente presentado en sede fiscal se detalla que fueron más de $23 millones los erogados por el MOP para la ejecución de la obra, pero en realidad, según Martínez, la administración perdió dos juicios arbitrales que extienden el monto.“Hubo una sentencia de más de $7 millones de los cuales asombrosamente se pagó inmediatamente $5 millones. Recordemos que el MOP es una institución que ya fue condenada a pagar cerca de $49 millones en laudos arbitrales perdidos, de los cuales hay una deuda de casi $30 millones de laudos que no han sido pagados, pero éste fue pagado con una velocidad asombrosa”, sostuvo el ministro de Obras Públicas.Al mismo tiempo, comentó, se deja al descubierto un segundo laudo arbitral relacionado a esta obra que impulsó la empresa supervisora Consulta para adjudicarse más de $300 mil.Martínez fue muy cauteloso al momento de interponer la denuncia y al reunirse con el fiscal general Romeo Barahona, a quien le presentó todas las evidencias que salpican a los ex funcionarios.Fue muy enfático en sus declaraciones expresando que la denuncia corresponde a las dos administraciones que estuvieron en el MOP entre los años 2005-2008. “En esa administración, el presidente de la república era el señor (Antonio) Saca y en el primer periodo estaba el señor ministro David Gutiérrez y él fue sucedido por el señor Isidoro Nieto”, expresó.El caso será retomado por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía en busca de una serie de delitos que van desde peculado, asociaciones ilícitas, cohecho en sus diversas modalidades, negociaciones ilícitas y otros que a juicio de los fiscales se configuren en el proceso de la investigación.El actual titular del MOP manifestó que tienen sólidas y razonables presunciones de que las empresas Copreca Linares y Consulta puedan tener una implicación directa en los supuestos actos de corrupción, partiendo de que para consumar la “corrupción” deber haber la participación de dos actores.El “caradura” de David GutiérrezEn sede fiscal, nadie se esperaba la llegada del ex ministro de Obras Públicas, David Gutiérrez.El ex funcionario acudió y, como si nada, entró a la Fiscalía para esperar a Gerson Martínez, con la denuncia que interpondría en su contra.Gutiérrez llegó a las 10:05 de la mañana. Martínez lo hizo 40 minutos después y luego de un apretón de manos, intercambiaron algunas palabras.Martínez se dirigió, luego, al despacho del fiscal general, Romeo Barahona.Al culminar la reunión privada, el titular de Obras Públicas interpuso de forma oficial la denuncia.A Gutiérrez solo le faltó sentarse a la par del ministro mientras realizaba el procedimiento.Es más, “como todo un caradura”, según algunos periodistas, Gutiérrez entró a la sala de conferencia para escuchar detalladamente las declaraciones de Martínez.Cuando el actual ministro terminó con los periodistas, Gutiérrez aprovechó para descalificar toda la información que brindó en su contra. “No tengo ninguna responsabilidad en el proyecto Diego de Holguín... Yo estoy con Dios, si Dios está conmigo, ¿quién contra mi?”, expresó el ex funcionario. Vicios desde la licitación Juan Carlos Vásquez En el proyecto de construcción del bulevar Diego de Holguín fase II, se habría seguido la misma modalidad que Carlos Perla, ex presidente de ANDA, puso de moda en los proyectos Río Lempa.Todo tuvo un mal comienzo. Desde la licitación, en la que participaron varias sociedades pero que, al final, se la adjudicaron a la empresa Copreca Linares, violando aparentemente la Ley de Adquisiciones y Contrataciones (Lacap).Todo se preparó de tal forma que ante la opinión pública y los entes contralores como la Corte de Cuentas todo se viera de una forma transparente, pero en el trasfondo estaban de por medio considerables cantidades de dinero no especificadas que ex funcionarios del MOP iban a recibir a cambio de adjudicar la obra a Copreca Linares.Fuentes consultadas ayer en el MOP, en la Oficina de Fortalecimiento al Control Interno y Auditoría de la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción, así como de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, coincidieron de que “ya todo estaba arreglado” y que a cambio de otorgar la obra a Copreca Linares, los ex funcionarios iban a recibir un porcentaje que iba desde el 5%, del monto total de la obra.Esas supuestas irregularidades son típicas de dos delitos, negociaciones ilícitas públicas por el hecho de entablar conversaciones para obtener un beneficio común remunerado y las asociaciones ilícitas que no es más que una serie de reuniones para planificar una actividad ilegal.Ese tipo de anomalías son las que la Fiscalía General debe indagar, sostuvo ayer Gerson Martínez, quien aprovechó la reunión con Romeo Barahona para solicitarle que individualice la responsabilidad de cada una de las personas mencionadas en la denuncia y que califique los delitos en los que habrían incurrido. Pruebas en cientos de foliosEl Ministerio de Obras Públicas presentó nueve tipo de pruebas documentales detalladas en 21 cajas que han pasado a custodia de la Fiscalía:• Ocho cajas con el proceso de ejecución • Dos con expediente de caducidad • Una caja con el proceso arbitral • Una con la auditoría de la Corte de Cuentas • Una caja con los nombres de los funcionarios y empleados actuantes • Dos cajas con la información financiera • Dos cajas con la contratación de supervisión • Una caja con el proceso previo a la licitación • Tres cajas con la licitación de contratación Diputados respaldan denuncia Diputados de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa acompañaron, ayer, al ministro de Obras Públicas Gerson Martínez, a interponer la denuncia en la Fiscalía General.La primera en llegar fue Milena Calderón de Escalón, diputada del partido ARENA, instituto político al que pertenecen los dos ex ministros denunciados.“El hecho que venga aquí el ministro de Obras Públicas a presentar la denuncia yo le dije que lo iba acompañar, porque creo que nosotros como grupo parlamentario de ARENA, quiero dejar muy claramente que estamos en contra de la corrupción y de la impunidad”, dijo la legisladora.Agregó que la institucionalidad debe funcionar y que al acudir a la Fiscalía lo están haciendo con el fin de que se investigue y se determine qué tipo de delitos se cometieron.La diputada es de la opinión que el Ministerio Público debe llegar hasta las últimas consecuencias en el caso. Lorena Peña, presidente de la comisión y diputada del FMLN, también se unió a la petición de indagar a fondo las anomalías detectadas.“Para nosotros es un precedente importantísimo, el FMLN considera que el peor impuesto que ha pagado el pueblo se llama corrupción y que debe combatirse. Debe haber juicio y castigo para los responsables que han defraudado al fisco y la confianza que el pueblo puso en ellos”, sostuvo Peña.Esta denuncia presentada ha recibido el apoyo de todas las fracciones legislativas. Gobierno pide que Tribunal asuma ley de transparenciaEn su propuesta, la Subsecretaría de Transparencia pide que los partidos políticos publiquen sus gastos en publicidad sin que se los soliciten Yolanda Magaña El gobierno optó por sugerir que la estructura del actual Tribunal de Ética Gubernamental asuma la aplicación de una Ley de acceso a la información y transparencia, junto al control ético ejercido a funcionarios públicos.El borrador único del proyecto proponía crear una nueva “entidad garante” que, en última instancia, tendrá poder para dirimir conflictos sobre si determinada información es pública o reservada.El subsecretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, explicó ayer a los diputados de la Comisión de Legislación que montar una institución nueva lleva mucho tiempo y costos para el Estado. “Que la ley se aplique depende mucho del financiamiento”, explicó.Pero el Tribunal de Ética sufriría varios cambios, según la propuesta del Ejecutivo.El gobierno sugiere que la entidad garante se llame “Comisión de Ética y Acceso a la Información de Interés General”. También piden que, en la Ley de Ética Gubernamental, se le faculte a abrir investigaciones sin necesidad de denuncia, se amplíe los deberes éticos a los funcionarios y se endurezcan sanciones.Los diputados de ARENA se mostraron abiertos a la propuesta específica de convertir al Tribunal de Ética en el ente garante de la ley de transparencia. Mario Valiente dijo que debe aprovecharse la estructura existente. Roberto d’Aubuisson, de ese mismo partido, calificó de “atendible” la sugerencia. “Pero habría que valorarlo”, observó.La Subsecretaría presentó un total de 10 propuestas diseñadas por la Presidencia luego de una consulta. En un foro electrónico en www.presidencia.gob.sv, se abrieron 14 temas o “salas”. La “discusión conceptual” y el “modelo normativo institucional” tuvieron 29 y 30 participaciones. El “límite y control del derecho de información” tuvo siete. En el foro, participaron el Grupo Promotor de la ley, el Centro Nacional de Registros, el Ministerio de Salud, el Archivo General de la Nación, entre otros. Un buen grupo de alcaldes no acudió a la consulta a la que fueron invitados. Piden obligar a partidos y ONG a dar información El gobierno propuso ayer ampliar el listado de entes obligados a dar información. Pidió incluir a organizaciones no gubernamentales (ONG), partidos políticos, empresas concesionarias del Estado, y todos los entes o empresas que son agentes de retención de cuotas de Seguro Social o AFP (asociaciones de fondos de pensiones).La Subsecretaría quiere además que las personas que reciben exenciones o subsidios también estén obligadas a rendir cuentas, bajo el régimen de la nueva normativa.Asimismo, amplió la información considerada oficiosa, es decir, que debe publicarse sin que sea solicitada por ciudadanos.Las contribuciones a partidos políticos y el gasto publicitario de los partidos políticos estarían incluidos en esta información, según el documento entregado y presentado a los diputados por Marcos Rodríguez, subsecretario de Transparencia.El argumento fue que “El Salvador es el país latinoamericano con menor regulación de los partidos políticos, a pesar de que éstos son la llave para la conducción del Estado, y en consecuencia un canal que debe ser protegido para evitar ‘la captura del Estado’ por grupos de interés ajenos al interés general”.Los proyectos y los fondos de las ONG también tendrían que ser publicados, según la propuesta, así como laconfiguración de precios de productos esenciales para el hogar y la información relevante para la transparencia en los mercados.Los diputados esperan las propuestas de reformas.
MONITOREO EDH
MONITOREO DE PRENSA ESCRITAUNIDAD DE COMUNICACIONESCENTRO INTEGRADO DE JUSTICIA PENAL “DR. ISIDRO MENENDEZ” Amenaza con litigio internacionalCopreca acudirá a arbitraje por Diego de HolguínEl MOP presentó ayer una denuncia por defraudación millonaria en la construcción del inconcluso bulevar Omar CabreraUna de las dos empresas del asocio que dejó inconcluso el Bulevar Diego de Holguín fue contratada hace dos meses por el Fondo de Conservación Vial (Fovial), que preside el titular del MOP, Gerson Martínez, para un proyecto de mantenimiento de carreteras. Linares, S.A. de C.V. no aparecía en la lista de empresas constructoras inhabilitadas para licitar obras del sector público, según constató este Diario. La otras empresa del asocio, Concreto Preesforzado de Centroamérica (Copreca), anunció ayer que acudirá a un arbitraje internacional para resolver sus diferencias con el MOP que terminaron por paralizar el millonario proyecto de la vía rápida. En una entrevista exclusiva con El Diario de Hoy, el representante legal de Copreca, Jesús Hernández Campollo, dijo en Guatemala que están preparando los documentos para solicitar el arbitraje en aproximadamente un mes. En este contexto el actual titular de MOP, Gerson Martínez, presentó ayer ante la Fiscalía General de la República una denuncia por supuestas anomalías que se cometieron en el proyecto del Bulevar Diego de Holguín. Martínez dijo ayer que en el polémico proyecto se defraudó a la economía pública hasta por 23 millones de dólares. Por eso presentó abundantes documentos que según él son suficiente base para que la Fiscalía determine quiénes fueron los responsables de las irregularidades. Mientras tanto, este Diario tuvo acceso a un documento del Fovial según el cual Linares, S.A. de C.V. tiene actualmente a su cargo el mantenimiento de 10 vías pavimentadas en la zona paracentral del país por un valor de 774,000 dólares. La constructora ganó la licitación en marzo de este año. En ese mes, ni Linares ni Copreca figuraban en la lista de empresas inhabilitadas para participar en proyectos del sector público, según ha verificado este Diario. El representante legal de Linares S.A. de C.V., Hugo Linares, dijo ayer que entre las carreteras a las que están dándole mantenimiento rutinario figuran la que conecta San Rafael Cedros (Cuscatlán) con Sensuntepeque (Cabañas). El proyecto Fovial 010/2010 incluye también vías urbanas en la ciudad de Cojutepeque y sus alrededores, así como la carretera San Rafael Cedros y San Vicente, añadió el empresario. La contratación de Linares S.A. de C.V. por parte del Fovial se produjo a pesar de que el actual titular de Obras Públicas, Gerson Martínez, ha acusado recientemente a la empresa de anomalías cometidas en el proyecto de la Diego de Holguín. Un informe presentado la semana pasada por el MOP sostiene que ni Linares individualmente, ni el asocio en su conjunto, cumplieron con los requisitos necesarios para adjudicarse el contrato del tramo 2 del Bulevar. "El dictamen de los estados financieros de la empresa Linares no contiene la opinión del auditor (...) por lo que no cumple con las normas de Auditoría", indica el informe, al referirse a uno de los requerimientos no cumplidos. Hugo Linares respondió ayer que tal acusación es falsa, puesto que los estados financieros de su empresa sí llevaban tal opinión especializada. Otro señalamiento formulado por el MOP que las dos empresas del asocio rechazan es que hubo un "incremento injustificado" del anticipo del 20 por ciento al 30 por ciento por parte de un funcionario del MOP de la administración de esa época (diciembre de 2005). "Este incremento significó una erogación adicional de $2,565,000", detalla el informe del MOP. Pero tanto Linares como Copreca rechazan esta afirmación. Hugo Linares presentó ayer una copia del contrato, según la cual "El contratante (el MOP) otorgará al contratista (el asocio) en concepto de Anticipo, el equivalente al treinta por ciento (30%) del monto total del contrato". Por su parte, el representante legal de Copreca, Hernández Campollo, respondió con el mismo argumento al señalamiento del actual titular del MOP. Gutiérrez: "No tengo ninguna responsabilidad" Eugenia Velásquez Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas, se topó ayer cara a cara con uno de los personajes más señalados por el titular del ramo en la investigación que ha hecho el MOP sobre las supuestas irregularidades que envuelven el proceso de construcción del tramo II del Bulevar Diego de Holguín. A la Fiscalía General de la República (FGR), llegó David Gutiérrez, ex titular de Obras Públicas y uno de los que encabezan la lista de más de 12 personas que manejaban el rumbo del MOP entre 2005 y 2008, a quienes Martínez aseguró ayer haber presentado a la Fiscalía, para que sean investigados y juzgados de forma "individual", por las incongruencias encontradas en su indagación institucional que duró un año y las observaciones que revela una auditoría de la Corte de Cuentas de la República. Ambos se saludaron y se dieron la mano cordialmente. "¿Cómo está, señor ministro?" le preguntó Gutiérrez. "Preocupado, muy preocupado", le contestó Martínez. Los diputados Carmen Elena Calderón de Escalón, de ARENA; Norma Guevara y Lorena Peña, del FMLN, acompañaron al ministro Martínez, para darle su apoyo. Gutiérrez esperó a que el funcionario informara a los medios de comunicación los detalles de la demanda para pronunciarse en su defensa. "Tengo toda la solvencia moral para decirles que no tengo ninguna responsabilidad de ningún tipo sobre los hechos que se me han estado señalando sobre el tema Diego de Holguín Tramo II, en todos los periódicos y en la Asamblea Legislativa", refutó Gutiérrez. Aseguró que no ha sido el artífice del pago de los arbitrajes que, según Martínez suman casi $7 millones. Es más, explicó que su única participación en el proceso de construcción de la Diego de Holguín, fue haber firmado el contrato con el Consorcio Copreca-Linares, bajo los términos de que si había alguna diferencia que dirimir, ésta se resolviera en los Tribunales comunes y no por medio de arbitrajes. "Quiero ser enfático y dejar claro de una vez por todas que esos hechos se realizaron varios meses después de mi renuncia como ministro (el 19 de diciembre de 2006), por lo que queda claro que no tengo ninguna responsabilidad en el tema del arbitraje y los pagos de ésta", aseveró. En cuanto a los anticipos efectuados por casi $5 millones a la firma, Gutiérrez se defiende que fueron desembolsos apegados a la ley, una vez que el MOP dio la orden de inicio. "Yo creo que es cuestión de lógica normal y común que cuando se firma un contrato y se firma la orden de inicio, por ley el ejecutor tiene derecho al anticipo para poder iniciar los trabajos, especialmente cuando es un trabajo que conlleva un tiempo determinado para realizarlo. Los anticipos fueron entregados en mi gestión de acuerdo a la ley", argumentó. Gutiérrez citó un mensaje bíblico para tildar de "mentirosos" a quienes lo involucran de nuevo con el pago de $40 millones en arbitrajes en el MOP antes de 2004. Dijo que eso fue antes de su gestión y que la Corte de Cuentas resolvió a su favor. "Si Dios está conmigo, quién contra mí", les recordó. Cumplieron con su deberFGR exculpa a unidad militar por muerte al repeler bandaSe trata de un teniente coronel y tres soldados que llegaron a auxiliar a un comerciante que era extorsionado David Marroquín La Fiscalía General pidió liberar de cargos penales a los cuatro militares que se encuentran detenidos por la muerte de un supuesto extorsionista durante un intercambio de disparos la noche del jueves pasado en las afueras de Sonzacate, departamento de Sonsonate. El Ministerio Público solicitó el fin de semana pasado al Juzgado de Paz de Sonzacate que un teniente coronel y tres soldados queden en libertad porque actuaron dentro de lo que contempla la ley con respecto al cumplimiento del deber. El director regional de la Fiscalía en occidente, Mario Martínez Jacobo, explicó que la actuación de los militares está contemplada dentro de las causales que permite que ellos puedan ser excluidos de toda responsabilidad penal con relación a la muerte del supuesto extorsionista, tal como lo indica el artículo 27, numerales 1 y 3 del Código Penal. "La reacción que tuvieron los soldados era de defensa cuando uno de los extorsionistas comenzó a dispararles y al responder hirieron de gravedad a uno de los extorsionistas", dijo Martínez Jacobo. El lesionado fue auxiliado por soldados y policías y luego llevado al hospital de Sonsonate, donde murió. El fiscal aseguró que la víctima de la extorsión, quien se encuentra bajo protección especial, confirmó que el que murió era uno de los extorsionistas y los que lo acompañaban andaban armados. Agregó que uno de los delincuentes comenzó a dispararles a los soldados al ver que éstos se dirigían hacia ellos. Los militares habían acudido al sitio, previa coordinación con la Policía, para auxiliar a la persona que era extorsionada en las afueras de Sonzacate. La víctima había pedido la ayuda del Ejército, aparentemente porque no confiaba en la Policía. La audiencia inicial en contra de los militares está programada para el viernes próximo y se espera que el tribunal resuelva a favor del teniente coronel y los tres soldados. Ahora están a disposición del juzgado de Paz, pero recluidos en el Destacamento Militar 6. El viceministro de Defensa, general Atilio Benítez, dijo que no están en contra de se investigue a los cuatro militares que participaron del operativo, pero también no se debe permitir que se dañe la imagen del Ejército por una mala información (ver nota aparte). "Si ha habido un mal procedimiento por supuesto que se le va a aplicar el rigor de la ley, a cualquier militar, verdad, pero también si ha habido una información mala, eh, y con mala intención de dañar a los soldados también, debería aplicarse ahí también el rigor de la ley", dijo Benítez. Fuentes policiales aseguraron que las jefaturas de la Policía recomendaron a los jefes de las delegaciones policiales que no les reciban detenidos en flagrancia por extorsión o secuestro a los soldados o cuando llevan algún tipo de golpes o lesiones. El subdirector de la Policía, Mauricio Ramírez Landaverde, aseguró que ninguna institución que no sea la Fiscalía o Policía puede actuar de forma independiente para arrestar a extorsionistas o secuestradores. "En los casos de extorsión u otro tipo de delito requiere de una intervención de la Policía y de la Fiscalía General, de forma que cualquier diligencia de investigación ni la Policía ni mucho menos otra institución pueda hacerla sin ningún tipo de control, porque todo inicia de un direccionamiento que da la Fiscalía", justificó Ramírez. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Manuel Melgar, sostuvo que siempre se corre el riesgo de que se den este tipo de incidentes. Agregó que lo más importante es una constante evaluación de la coordinación entre el Ejército y la Policía para mejorar el trabajo antidelincuencial entre las dos instituciones. "Con este incidente no quiero que no se vaya a descalificar el apoyo que esta dando la Fuerza Armada, que en realidad es positivo. Es cierto que es un incidente lamentable, pero pesa más lo positivo que están haciendo en apoyo a la seguridad", explicó el ministro Melgar. El general Benítez prácticamente le tomó la palabra a Melgar, para afinar los esfuerzos institucionales. "La coordinación debe ser muy estrecha. No puede andar haciéndose actividades sin coordinarse", apuntó. FAES percibe intención de dañar su laborLa Fuerza Armada percibe que hay intención de afectar su imagen en el combate contra la delincuencia y pidió que se aplique el rigor de la ley a quien esté tratando de hacerlo difundiendo información falsa. "Si se está dando información de que la tropa ha hecho algo incorrecto y se comprueba que no es así, también debe haber una pena para esta gente que también pudo haber dado esta información falsa", declaró el viceministro de Defensa, general Atilio Benítez. Se refería específicamente a señalamientos de mandos de la Policía Nacional Civil (PNC) de que una unidad militar mató a un presunto extorsionista pese a que estaba desarmado durante un operativo en Sonzacate, Sonsonate. La Fiscalía ha exonerado de responsabilidad penal a los integrantes de la patrulla militar tras comprobar que se defendieron de un ataque. Este sería el segundo roce entre la Policía y el Ejército después que la primera reclamó la semana anterior porque soldados usaron pasamontañas para capturar a dos extorsionistas en San Miguel, lo cual se aclaró de inmediato. (ver otros incidentes de los últimos meses en recuadros de abajo). "Entiendo que en esta actividad precisamente hubo la coordinación y al parecer no había suficientes elementos de la PNC para acompañar (a la tropa) y dijeron que se iban a incorporar después", explicó. No obstante, los mandos militares están realizando una investigación interna y tienen previsto emitir un dictamen el próximo viernes, insistió el jefe castrense. "Si ha habido un mal procedimiento por supuesto que se le va a aplicar el rigor de la ley, a cualquier militar, pero también si ha habido una información mala, y con mala intención de dañar a los soldados también, debería aplicarse también el rigor de la ley", agregó. Negó haber asistido en acto de constituciónInspectora PNC aún no investiga sindicalizaciónAsegura que no es sindicato, sino una "asociación" El Diario de Hoy Ha pasado un año desde que se comenzó a gestarse la creación de la Asociación General de Empleados de la Policía Nacional Civil (AGE-PNC) en contraposición de lo que señala la Constitución, y hasta el momento la Inspectoría General apenas recopila información si la referida agrupación sindical se encuentra dentro del marco de la legalidad o no. Ayer, la inspectora general de la Policía, Zaira Navas, explicó que por el momento se encuentran recabando información para establecer si los promotores de esta iniciativa sindical han faltado a la Ley Disciplinaria. Sin embargo, aseguró que aún desconoce si ya se les ha abierto expedientes disciplinarios a los dirigentes de la AGE-PNC. "Hemos empezado a documentar esta situación para ver el marco de la legalidad de este tipo de instancias (Asociación Policial)", indicó Navas. La Inspectora salió en defensa de la asociación de empleados al asegurar que no se trata de un sindicato, sino más bien de una asociación gremial. "No existe ningún sindicato dentro de la Policía, hay una diferencia sustancial en lo que es un sindicato y lo que es una asociación", sostuvo. La funcionaria rechazó lo que dijeron fuentes policiales que señalaron que ella y el director de la Policía, Carlos Ascencio, habrían asistido como invitados especiales al acto de constitución de la AGE-PNC en noviembre pasado. "Les pido que verifiquen sus fuentes porque no es correcto que citen a un funcionario en una actividad que no ha estado presente", dijo Navas, quien reiteró que ella nunca ha participado en ninguna reunión donde se haya realizado la conformación de la asociación sindical de los empleados de la Policía. El subdirector de la Policía, Mauricio Ramírez Landaverde, explicó que el ministerio de Gobernación es la instancia que determinará si la asociación sindical de los policías está dentro o fuera dentro del marco de la ley. "Como autoridades de la Policía no tenemos una posición, porque no le corresponde a la Dirección de la Policía autorizar o denegar la autorización para la existencia de cualquier organización", dijo Ramírez Landaverde. El jefe policial sostuvo que la Constitución lo que prohibe es la sindicalización de los Policías, pero no que se puedan asociarse como gremio. Sin embargo, el artículo 47 en su inciso segundo es claro, porque prohibe la libre asociación o sindicalización a los "miembros de la Policía Nacional Civil (PNC)" sin definir si se trata de empleados administrativos o los operativos (policías). Hay 68 más que en 2009Policía registra 1,736 homicidios hasta 23 de mayo El Diario de Hoy La Policía Nacional Civil registró desde el 1 de enero al 23 de mayo, 1,736 homicidios. Esta cifra aumentó en comparación con el año pasado, cuando se registraron 1,668 asesinatos. Sólo en los 23 días de mayo, se reportan 285 homicidios, entre los cuales se encuentran los de una madre y dos hijos en Armenia, Sonsonate. Según la Policía, Blanca Guillén de Hernández, de 32 años; y su hijo José, de 16, fueron ultimados en la lotificación Las Brisas, cantón Copapayo, de Armenia, el pasado viernes, Pero su hija, Verónica de 13 años, fue raptada y apareció muerta el domingo por la noche en un pozo en la lotificación Plan de Coco, en el mismo municipio. La menor presentaba señales de haber sido violada antes de ser asesinada a cuchilladas. En otro hecho, el agricultor Fabio Catalino Argueta, de 57 años, murió a pedradas y cuchilladas la madrugada de ayer en la calle principal del caserío Agua Agria, en Guadalupe, San Vicente. Según la Policía, la víctima departía con amigos cuando se generó una discusión. Dos menores y un adulto fueron asesinados en Ahuachapán entre el domingo y ayer, confirmaron las autoridades. Uno de ellos fue Wilson Ernesto Aguilar Castaneda, de 17 años, quien presentaba un balazo en la cabeza. Mientras que Noemí Cecilia Ramírez Ramírez, de 14, fue encontrada sin vida en la calle que lleva a la colonia San Juan, en San Sebastián Salitrillo. La menor tenía siete impactos de bala. Asimismo, en la madrugada de ayer fue hallado el cadáver de un hombre no identificado al final del callejón Estévez, del cantón Libertad, en Chalchuapa. Anoche, Mario Agustín Cornejo, de 33, supuesto pandillero fue asesinado por otro marero de la Mao Mao, en la colonia San José II, en Soyapango, un sujeto fue detenido en vías de investigación. BREVES JUDICIALESHabrían defraudado a152 personasEl Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador reinició ayer el juicio contra el ex presidente de de la corredor e de bolsa Operaciones Bursátiles de Centroamérica (OBC), Julio Eduardo Villatoro Monteaugudo, acusado de defraudar a la economía pública. Ayer deberían testificar tres peritos que realizaron la auditoria en la que se basa la denuncia fiscal, solo uno lo hizo. El motivo defensa, fiscalía y jueces se enfrascaron en un tira y encoge para determinar si se admitía como prueba el documento original de la auditoria o una copia certificada, a la que le faltan 20 páginas. Por asesinar a menorCondenan a marero a 25 añosEl pandillero Juan Miguel Ascencio Rodríguez fue condenado a 25 años de cárcel por asesinar a una menor de 17 años, informo la Fiscalía. El hecho sucedió el 23 de febrero de 2009, cuando el convicto trató de persuadir al novio de la víctima a departir con él. Como se negó, mató a la menor. En SuchitotoCárcel para médico por agresiónEl médico José Noe Pérez fue enviado a prisión por el Juzgado Segundo de Paz de Suchitoto, acusado de agredir sexualmente a una paciente en el Hospital Nacional de ese municipio, en Cuscatlán.Según la Fiscalía tocó las genitales de la víctima, quien consultaba por un dolor de estomago, la mañana del 17 de mayo. La victima dijo que le hizo saber al médico que ese día tenía programada una citología, pero que decidió pasar antes la consulta por el dolor de estomago. Luego denunció el caso. EDITORIAL. La nota del díaUsan los tribunales para efectuar extorsionesSUMMUM IUS, SUMMA INIURIA: Un derecho innegable se transforma en irritante injusticia cuando, llevado a sus últimos límites, invade la esfera de otros derechos En El Mercader de Venecia, de Shakespeare, un usurero, Shylock, pacta un préstamo que de no pagarse, le da derecho de sacar una libra de carne a su deudor. Más tarde el juez emite su fallo y reconoce el derecho de Shylock de cobrar la libra de carne, pero le advierte que si derrama una sola gota de sangre lo condena a muerte. Por connivencia, complicidad, ignorancia o estupidez, varios jueces han dado curso o tramitan demandas de cinco, veinte, cincuenta o cien millones de dólares que de ganarse, causarían una injusticia desmesuradamente mayor que el supuesto agravio, incluyendo la ruina de empresas y familias. Alguien puede demandar porque "al no suministrarme los materiales no pude hacer la obra y mi compañía quebró" (cuando la causa de la negativa fue el mal historial de crédito); o "en esa casa tenía un salón tapizado en seda que heredé de mis abuelos que en el curso del embargo destruyeron, por lo que pido treinta millones para resarcirme del dolor"; o, "si bien el vehículo estaba asegurado en veinte mil dólares, quiero del seguro cincuenta mil por los daños morales…" La administración de justicia debe investigar a los jueces que se prestan a extorsionar a personas, empresas y financieras, empujando a "arreglos extrajudiciales" que luego se reparten entre demandantes y corruptos del tribunal. En otros casos la alternativa que plantean al demandado es "o pagas lo que te piden para conciliar, o vas a la cárcel". Las conciliaciones equivalen a secuestros legales, en los que la víctima o paga el rescate o queda confinada en un penal. Se relamen pensando en la tajada que les toca La norma en los países civilizados es que los jueces examinan la validez de una demanda y, al final del proceso, de ser condenado el demandado, fijan la pena. Acá el juez admite la demanda y además mantiene la pena que a su capricho exige el demandante: quiere que la compañía de seguros le pague el doble de lo pactado, o que por los perros que murieron le compensen con cuarenta y tres millones de dólares. La repugnante práctica equivale a que un hombre le propine una modesta paliza a una persona, que esta sea tratada por golpes menores pero que el juez, a petición de ella, condene al agresor a treinta años de cárcel. O igualmente, que obligue al hombre o a pagar cien mil dólares a la parte acusadora, o a terminar en una de nuestras modernas y espaciosas cárceles, ahora bajo nueva e ilustrada dirección. La plaga se caracteriza por el hecho de que hay abogados especializados en extorsiones legales, conocedores de las flaquezas de muchos funcionarios del sistema de justicia en el país. El asunto se ha desbordado y no pasan muchas semanas sin que se conozca una nueva barbaridad: este quiere cinco millones, aquel veinte, el otro cincuenta, el mala paga doscientos… y en cada caso un juez pícaro que se relame de felicidad pensando en la tajada que va a recibir. Todo es "conciliar", llegar a arreglos amistosos. Esta situación ha llevado a que los inversionistas extranjeros estipulen que de darse conflictos, estos serán dirimidos en tribunales estadounidenses o europeos. Por lo de la libra de carne...
CENTRO INTEGRADO DE JUSTICIA PENAL “DR. ISIDRO MENENDEZ” LA PRENSA GRAFICA
25 de mayo de 2010 MOP denuncia fraude, ex ministro se defiende Gerson Martínez, el titular del MOP, pidió a la Fiscalía que investigue un posible peculado en la construcción del bulevar Diego de Holguín. Amadeo Cabrera
El ex ministro de Obras Públicas David Gutiérrez Miranda se presentó ayer a la Fiscalía a enterarse de la acusación que presentó su sucesor, Gerson Martínez, por irregularidades en la construcción del bulevar Diego de Holguín, obra vial abandonada y que tuvo un costo inicial de $47.5 millones obtenidos de un crédito internacional.
Gutiérrez, quien siguió de cerca cada uno de los movimientos de Martínez en la oficina central de la Fiscalía, no solo rechazó cualquier señalamiento, sino que también se mostró a favor de que se investigue la denuncia.
“Estoy aquí este día ante todos los salvadoreños con la frente en alto y con toda la solvencia moral para decirles que no tengo ninguna responsabilidad de ningún tipo sobre los hechos que se me han estado señalando sobre el tema Diego de Holguín tramo II”, dijo el ex funcionario.
Gutiérrez inició en marzo de 2006 el proyecto Diego de Holguín (llamado “vía express” de El Salvador), una carretera de 8.5 kilómetros de longitud que en diciembre de ese mismo año dejó abandonada tras salir del Gobierno en medio de una dolencia y salpicado por un informe final de una auditoría de Corte de Cuentas que le observaba $40 millones en proyectos viales.
Al presentar la documentación que ampara la denuncia –que consta de 51,000 folios guardados en 21 cajas–, Martínez dijo que esta es contra administraciones 2005-2008 y más de una docena de personas, pero aclaró que no todas están implicadas. “Le hemos solicitado al fiscal que haga una investigación documental y testimonial”, dijo el titular del MOP, quien sostuvo previamente una reunión en privado con el fiscal general, Romeo Barahona.
Martínez dejó entrever que los señalados en la acusación podrían estar vinculados a delitos como peculado y asociaciones ilícitas; sin embargo, aclaró que es a la Fiscalía a la que le corresponderá, “estudiar todas las ramificaciones, definir los grados de responsabilidad y de autoría” en los ilícitos que se puedan establecer tras la denuncia del MOP.
Esa cartera de Estado remitió a la Fiscalía documentos como una auditoría de la Corte de Cuentas, un proceso arbitral, información financiera, funcionarios y empleados actuantes, el proceso de ejecución del proyecto y contratos y licitaciones para la ejecución de la obra.
El ministro Martínez reiteró que existió irregularidad e ilegalidad para la contratación del asocio COPRECA-Linares y cuestionó el pago inmediato de $5 millones de los $7 millones que el Gobierno perdió en el laudo arbitral del tramo II del Diego de Holguín.
Gutiérrez, que fue reemplazado en enero de 2007 por Jorge Nieto, quien dejó el cargo de superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones, reiteró su inocencia tras conocer más detalles de la documentación presentada.
“Estoy aquí en la Fiscalía para conocer de primera mano y dar respuesta a los señalamientos que se me hacen injustamente”, expresó.
El ex ministro también negó que durante su administración haya pagado el laudo arbitral que el Gobierno perdió: “En cuanto al pago del arbitraje del tramo II, quiero ser enfático y dejar en claro de una vez por todas que estos hechos se realizaron varios meses después de mi renuncia como ministro, con lo cual queda claro que no tengo ninguna responsabilidad en el arbitraje y los pagos de este”.
Gutiérrez, empero, se mostró a favor de la indagación fiscal. “Hay que llegar al fondo del asunto. Los dineros del pueblo salvadoreño tienen que ser cuidados”, pidió. Yo estoy totalmente de acuerdo con que se debe de llegar al fondo, no como en otros casos, que solo sirve como cortina de humo y no se investiga.”
David Gutiérrez, ex titular del MOP Yo no puedo calificar (el delito), pero sí pedimos que se investigue la posible comisión de delitos relacionados con peculado, asociaciones ilícitas.”
Gerson Martínez, titular del MOP ARENA llega a Fiscalía a respaldar denuncia La diputada arenera Carmen Elena Calderón Sol de Escalón llegó ayer a la Fiscalía a respaldar la denuncia para que se investiguen posibles irregularidades en la construcción del bulevar Diego de Holguín. Amadeo Cabrera
“Hay indicios (de delitos) y al haber indicios hay obligatoriedad de la Fiscalía y de la Corte de Cuentas de actuar”, dijo la legisladora que días atrás había anunciado su decisión. David Gutiérrez y Jorge Nieto fueron ministros de Obras Públicas durante el gobierno de Antonio Saca, a quien la dirigencia arenera acusa de estar detrás del partido GANA, formado por disidentes areneros.
Calderón Sol de Escalón, empero, dijo que este caso “debe quitarse de la parte política y hacerse que la institucionalidad del país funcione”.
La legisladora recordó que el Diego de Holguín formó parte en 2001 del proyecto anillo periférico, para lo cual se hizo un préstamo de $62 millones, de los cuales $47 millones iban para la obra que aún no se concluye.
Calderón Sol de Escalón aseguró que si su partido estuviera en el gobierno y por ende en armonía con Saca también respaldaría cualquier denuncia. “El presidente de ANDA está en la cárcel”, rememoró. La legisladora, por otra parte, lamentó que el presidente Mauricio Funes diga que no perseguirá corruptos: “Yo creo que cometió uno de los errores más grande de gobierno. Quiero decirle que ARENA sí va a perseguir a los corruptos con la institucionalidad en la mano”. Crónica
Gerson y las cajas negras del bulevar Amadeo Cabrera
Llegó bajo un cielo gris y vestido con un traje oscuro como el tono que empaña la construcción de los 8.4 kilómetros del bulevar Diego de Holguín, obra vial iniciada en 2006 e irónicamente llamada “vía express” en El Salvador.
Eran las 10:08 de la mañana, cuando David Gutiérrez apareció de pronto en uno de los parqueos de la Fiscalía. La prensa salió a su encuentro ávida por su opinión; pero no fue así. El ex funcionario dijo que solo hablaría hasta conocer sobre la denuncia. Entró al edificio fiscal junto a otra persona. Saludó a cuatro diputados efemelenistas y a otra legisladora arenera que llegaron a respaldar la denuncia. Se paseaba de un lado a otro, hablaba por teléfono y tomaba bebidas calientes. Estaba a la espera de la llegada de Gerson Martínez, quien ya había mandado un camión de carga que transportaba –bajo custodia policial– 21 cajas donde se documentan las irregularidades del Diego de Holguín. Martínez aparece cuando el reloj marca las 11:48 de la mañana. Ingresa a la sede fiscal asediado por los periodistas que querían inmortalizar también el encuentro con su antecesor. Gutiérrez sale al encuentro y saluda a un esquivo Martínez que se hace acompañar del secretario de Asuntos Estratégicos, Hato Hasbún, y del viceministro Roberto Góchez.
Un insípido saludo de manos entre Gutiérrez y Martínez es seguido de una brevísima conversación de apenas ocho segundos. “Señor ministro, quiero saludarlo. Mucho gusto. ¿Cómo está? Encantado de verlo”, le dice Gutiérrez a Martínez. El ex ministro hace similar gesto para con Hasbún. Martínez luego responde el saludo a Gutiérrez en cuatro palabras: “¿Cómo estoy? Muy preocupado”. Luego se aleja y junto a Hasbún toma el ascensor hacia la cuarta planta del edificio. Los espera Romeo Barahona. Abajo quedan Gutiérrez y su acompañante. Acusan a ex ministro de Salud de falsedad documental Según la imputación, este cometió el delito cuando fungía como secretario de la junta de vigilancia. Suchit Chávez
El Juzgado Décimo Cuarto de Paz de San Salvador procesó ayer al ex ministro de Salud Eduardo Interiano por el delito de falsedad documental en un caso de mala praxis médica. Según fuentes judiciales, el caso se originó a raíz de una denuncia de la presunta víctima de mala praxis, Carlos Barillas Larín, quien denunció al médico José Salvador Afane Saade ante la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica. La denuncia de la víctima reseñaba que el galeno utilizó con él, por primera vez, un proceso de cirugía médica que le causó lesiones permanentes. La acusación fiscal detalla que Interiano remitió una carta al médico —aproximadamente en 2006— en la cual le notificaba que el proceso en su contra en la junta de vigilancia había finalizado sin encontrar ningún indicio de mala práctica médica. El documento fue enviado, presuntamente, a la clínica particular de Afane Saade y ha sido utilizado en procesos judiciales anteriores por el médico como prueba de descargo a su favor, añadieron las fuentes. De acuerdo con la acusación fiscal, la carta firmada por Interiano es falsa, debido a que la junta de vigilancia aún no ha pronunciado una resolución final en el caso del médico. Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó, desde un inicio, el sobreseimiento provisional a favor el ex ministro Interiano porque aseguraron que el documento original que este habría enviado al médico no pudo ser ubicado y, por lo tanto, no ha podido realizarse ningún tipo de experticia sobre este.
La víctima, Barillas Larín, ya ha perdido en dos instancias su caso contra Afane Saade, a quien señalaba por lesiones culposas. Aunque la audiencia finalizó ayer en el Juzgado Décimo Cuarto de Paz de San Salvador, las fuentes judiciales añadieron que la resolución por el caso se dará a conocer hasta mañana. El ex funcionario no se presentó al juzgado, agregaron las fuentes, pero sería notificado del proceso en su contra por la sede judicial.
El proceso por lesiones culposas tuvo uno de sus últimos movimientos en diciembre del año pasado, cuando Barillas Larín solicitó a la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador que revoque la decisión del Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador, que había cerrado las puertas al proceso en meses anteriores. Una apelación anterior ya había sido dejada de lado. Ejecutivo propone más reservas en ley transparencia Información sobre políticas públicas, gastos reservados y otros estarían limitados. Mayrene Zamora
La Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción recomendó ayer a los diputados al menos 10 criterios bajo los cuales se puede decretar reserva sobre la información del Estado. Esto como parte de los resultados de la consulta que realizará la entidad sobre la ley de acceso a la información pública y transparencia.
Según las recomendaciones hechas por el Ejecutivo, los criterios para dictar reserva sobre cierta información no se deben limitar a cuestiones de seguridad pública, defensa y seguridad nacional, sino que en la lista incluye criterios como gastos reservados, asesorías entre entidades públicas, elaboración de políticas públicas y relaciones internacionales, además de otros.
También se incluye, según la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información, criterios para limitar la información que tengan que ver con la ejecución, prevención, investigación y persecución de delitos y hasta de la habilidad del Estado para manejar la economía, así como la realización de exámenes y auditorías.
“Las reservas son básicas, son las planteadas en la ley modelo de la Organización de Estados Americanos, no hay una ampliación sustancial a lo planteado”, dijo el subsecretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, ante diputados de la comisión de legislación.
“Hay una precisión, por ejemplo cuando planteamos reservas a la elaboración a la gestión de políticas económicas: nos referimos a que si se tomara una medida económica como en el caso hipotético de una devaluación, eso es información reservada porque al hacerse pública puede ser utilizada para adquirir beneficios”, explicó Rodríguez ante los cuestionamientos que pedían más claridad en las propuestas.
El presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Rafael Domínguez, responde y dice que esos criterios recomendados hacen de la normativa una ley “descafeinada” y “tapabocas”. “Siempre dijimos que la consulta era innecesaria y que iba a prevalecer lo que ya estaba determinado. No es una ley de verdadero acceso, solo basta leer esos criterios de reserva para saber que es una ley tapabocas”, señaló Domínguez, miembro del grupo promotor de la ley.
Jaime López, coordinador de transparencia de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), asegura que dichos criterios “están bien como concepto de una ley general”, pero reconoce que deben ser “definidos con precisión y que no deben ser indefinidos”, de lo contrario no tendría sentido de ser la normativa. Propuestas del Ejecutivo
La aplicación de criterios para la reserva de información dentro de la ley es la octava recomendación planteada por la subsecretaría.
- Hablan de criterios de seguridad pública y defensa nacional, pero también de políticas públicas, manejo de finanzas y gastos reservados en las entidades.
- Los criterios propuestos por la subsecretaría deberían aplicarse por decisión colegiada del ente o encargados de la administración de la normativa.
- La salvedad que plantean es que para aplicarlos debe privar el interés general sobre la reserva de información, pero que debe manejarse lo más concretamente posible.
- Se deberán argumentar las razones para decretar la privacidad de la información y en determinados casos se puede pedir la intervención del Órgano Judicial. Exponen mecanismos de elección de titulares para ley de acceso De llegar a aprobarse la ley de acceso a la información pública y transparencia, la Subsecretaría de Transparencia recomienda que debería implementarse un método “más abierto” en el proceso de elección de los titulares de la entidad que administra esta normativa y la Ley de Ética Gubernamental, en la que participen los principales órganos del Estado.
“La Presidencia de la República será la encargada de hacer la convocatoria pública. Se recibirán propuestas acompañada de una carta de aceptación de las personas propuestas y una declaración jurada sobre motivos para su elección”, señaló Marcos Rodríguez, titular de la subsecretaría. El funcionario agregó que cualquier organización, sea esta gremial, sociedad civil o académica, puede proponer al candidato de su predilección. “Los que proponen a sus candidatos deben poseer su personería jurídica e inscribirse en el proceso”, dijo Rodríguez. En la propuesta plantea crear un titular de la entidad, o al menos tres, y completar con un consejo asesor de 10 personas propuestas por Ejecutivo, CSJ, Asamblea, ministerio público, Corte de Cuentas, universidades, ANEP, ONG, APES y medios de comunicación.
Los titulares tendrían que someterse a entrevistas públicas, y de ese proceso seleccionar una terna que pasaría a la CSJ para que esta haga la elección del titular, que podría ser objetado o no por la Asamblea. Nuevo juicio por fraude en la corredora OBC La vista pública debió ser suspendida la primera vez debido a que una jueza se excusó de conocer el proceso, ya que es familiar de una de las víctimas. Suchit Chávez
Ayer, el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador volvió a comenzar el juicio por defraudación a la economía pública contra Julio Eduardo Villatoro Monteagudo, por un aproximado de $8.9 millones. El imputado, presidente de la corredora de bolsa Operaciones Bursátiles de Centroamérica (OBC), ya había iniciado su proceso judicial de juicio semanas atrás; sin embargo, la vista pública fue suspendida el 5 de mayo pasado. Ese día, Jackelin Orellana, quien fungía como jueza suplente, solicitó a los demás miembros del Tribunal Sexto de Sentencia que la excusaran de conocer el caso que acumula a unas 112 presuntas víctimas que invirtieron sus fondos en OBC, antes de 2005, y no han visto regresar su dinero. En ese momento, Orellana fundamentó que una de las supuestas víctimas era familiar suyo. El Tribunal admitió la excusa y declaró nulo el juicio. Ayer que comenzó por segunda vez la vista pública —en el mismo tribunal— asumió la jueza titular Lorena de Paredes. Según fuentes judiciales, para ayer en la tarde estaban programadas las declaraciones de los analistas financieros de la documentación incautada a la corredora de bolsa. Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) detalló que únicamente se alcanzó a interrogar a un analista. Al inicio del juicio anterior, la defensa había denunciado la falta de 20 folios dentro de la experticia contable. Sin embargo, estos luego fueron ubicados en otro juzgado. Ayer, según la Fiscalía, se suscitó la misma situación, pero esta fue solventada trasladando la prueba documental. Los defensores de Villatoro Monteagudo —quien fue detenido en 2007 en Miami (la Florida, Estados Unidos)— alegaron por su parte que este debía ser puesto en libertad debido a que ya habían vencido los dos años máximos de plazo de detención que la ley señala. Fuentes fiscales aseguraron que el Tribunal Sexto de Sentencia declaró no al lugar a la petición ya que para las autoridades salvadoreñas el conteo de detención del acusado empezó a contar desde octubre pasado, cuando fue extraditado. Villatoro Monteagudo logró su liberación poco tiempo después de haber sido detenido a finales de 2007, por los delitos de lavado de dinero, en Miami, y tras pagar una fianza de alrededor de $200,000. El acusado fue puesto bajo control con un brazalete que poseía un dispositivo de Sistema de Posicionamiento Global (GPS, en inglés) para su ubicación. De acuerdo con la acusación, Villatoro desvió $8.9 millones de los inversores de OBC a cuentas personales, o de empresas creadas para tal fin. El caso en breve
Aunque fue inicialmente acusado de lavado de dinero, Julio Eduardo Villatoro Monteagudo solo fue extraditado por defraudación. 19/07/2004 Cancelación La corredora de bolsa OBC fue cancelada por la Superintendencia de Valores por presuntas anomalías detectadas.
17/02/2005 Acusación La Fiscalía General de la República acusó a Villatoro Monteagudo de defraudación a la economía pública y lavado de dinero.
20/10/2009 Extraditado Villatoro Monteagudo fue extraditado desde Estados Unidos luego de su captura, dos años antes, en Miami, la Florida.
05/05/2010 Juicio nulo Los apenas tres o cuatro días de juicio fueron declarados nulos debido a que una jueza se excusó de conocer el proceso. Ayer, iniciaron de cero otra vez. Fiscalía solicita información al senador McGovern Extraoficialmente se conoció que la FGR pretende que revele la fuente que vinculó a un oficial de la PNC con narcotráfico. Redacción de Nación
La Fiscalía General de la República (FGR) envió una solicitud de información al senador estadounidense James McGovern, quien hace 11 meses denunció el involucramiento de un jefe policial con irregularidades en el combate al narcotráfico.
“Le pedimos (a la Unidad de Asuntos Internacionales de la Fiscalía) que hiciera las gestiones ante él, y ellos ya van a determinar cómo hacer el trámite que corresponde”, dijo uno de los fiscales que investiga al ex jefe de la División Antinarcóticos Godofredo Miranda por varias irregularidades en el combate a las drogas.
En junio del año pasado, McGovern envió una carta al presidente Mauricio Funes en la que solicitaba una investigación efectiva sobre el asesinato del sindicalista Gilberto Soto, de la niña Katya Miranda y contra un grupo de empresarios vinculados al narcotráfico.
La carta del senador McGovern acusó al ex jefe antidrogas de ocultar información procedente de Costa Rica para beneficiar, durante el año 2005, a Reynerio de Jesús Flores Lazo, un empresario unionense al que se le reprochan varios casos de tráfico de drogas desde 2004, los cuales fueron judicializados casi cinco años después.
Por esa denuncia, la inspectoría policial promovió la suspensión temporal de Miranda, mientras que la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía lo continúa investigando. Ayer, un fiscal dijo que entre las diligencias de investigación se ha enviado una solicitud a Estados Unidos. La Unidad de Asuntos Internacionales ya tramitó la solicitud.
La unidad de comunicaciones de la Fiscalía confirmó el envío de la solicitud de información, pero dijo que no podía detallar el contenido de la petición. Extraoficialmente se conoció que los fiscales quieren que el senador estadounidense les revele la fuente que vinculó a Miranda con la banda de narcotraficantes Los Perrones. Promueven desfiles contra las armas Tania Membreño
En sus camisetas estaba impresa la leyenda “Cero armas, más vida” e iban desfilando sobre la autopista a Comalapa. Llevaban pancartas alusivas a combatir la violencia en el país. Eran alumnos de diferentes centros educativos que participaron ayer en el desfile de inauguración de la Primera Semana de Prevención de la Violencia Armada.
La actividad fue promovida por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa Centroamericano para el Control de Armas Ligeras (CASAC) del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
La iniciativa, según los organizadores, busca promover el debate entre los sectores sociales para generar conciencia en la población y lograr disminuir los índices de violencia y criminalidad a escala nacional.
Los escolares recorrieron desde la terminal del sur hasta el monumento del Cristo de la Paz. Ahí los funcionarios dieron su discurso referido a la necesidad de prevenir los hechos delictivos en el país. El ministro de Justicia y Seguridad, Manuel Melgar, dio datos proporcionados por la Policía Nacional Civil referidos al uso de armas de fuego en la ejecución de homicidios.
Según las estadísticas policiales, desde hace cinco años el 76% de los crímenes en el país son ejecutados con arma de fuego.
Como parte de la campaña “Cero armas más vida”, los organizadores realizarán mañana el foro nacional sobre prevención y control de la violencia armada, en el cual está previsto que diferentes sectores sociales hagan un análisis de la situación actual en el país. La actividad se llevará a cabo en un hotel capitalino. Melgar destaca sanción contra altos oficiales Ministro de Justicia dice que con la destitución por faltas graves se evita contaminación de malos elementos. Tania Membreño
El ministro de Justicia y Seguridad, Manuel Melgar, se mostró complacido al evaluar las cifras que revelan un aumento en la cantidad de miembros de la corporación policial que han sido destituidos del cargo por vínculos con hechos delictivos.
“Nosotros lo vemos positivo, porque varios policías han sido separados, porque están vinculados, varios están siendo investigados. Bueno, una cosa que no tenía precedente en nuestro país, y es que un ex director de la Policía haya sido expulsado de la corporación por faltas graves que cometió, pero además hay un proceso penal en la Fiscalía General de la República abierto, que ya escapa de la Policía”, indicó el funcionario.
Durante los primeros cuatro meses de 2010, los tribunales disciplinarios de la Policía han destituido a 55 miembros de la corporación vinculados a hechos delictivos y a abandono de labores.
Este año, la cantidad de destituidos está por encima de los 25 miembros que fueron expulsados de la PNC entre enero y junio de 2009.
Para Melgar, lo más importante es que la población esté convencida que cuando un policía es denunciado por la ejecución de un hecho delictivo tenga la certeza de que será investigado y posteriormente sancionado por las instancias internas de la corporación. En 2010, la cantidad de miembros de la PNC vinculados a hechos muy graves –como secuestro, narcotráfico, extorsiones y tenencia y portación ilegal de armas de fuego– es de 93.
El ministro dijo que tanto la PNC como la ANSP están avanzando en mejorar los mecanismos legales para evitar que la corporación policial se contamine con malos elementos. Militares absueltos por caso de homicidio Fiscalía no presentó cargos contra ellos en juzgado de Sonzacate Marcos Salguero
Los cuatro militares que estuvieron implicados en la muerte de un presunto extorsionista fueron liberados ayer en el Juzgado de Paz de Sonzacate, Sonsonate.
La Fiscalía General de la República solicitó sobreseimiento definitivo por el delito de homicidio ante el Juzgado de Paz de Sonzacate, municipio donde se registraron los hechos.
El jueves en la noche, la Policía Nacional Civil (PNC) puso bajo custodia a un teniente coronel, dos cabos y un soldado acusados de dar muerte a Wilber Mauricio Salama, cuando este, junto a otros individuos, presuntamente recogían el pago de una extorsión.
Los militares dijeron que ellos patrullaban en la zona conocida como Paso Hondo, en Sonzacate, y en ese momento detectaron a los delincuentes y tuvieron que abrir fuego porque los desconocidos intentaron dispararles.
Luego de que la Policía presumiera de un mal procedimiento por parte de los militares, procedió a resguardarlos en el Destacamento Militar Número Seis (DM-6).
Tres días después del hecho, la FGR presentó la acusación por homicidio contra los cuatro militares, pero al mismo tiempo pidió que se emitiera un sobreseimiento definitivo a favor de los mismos.
Por ser el ministerio público el responsable de acusarlos y al no pedir cargos contra ellos, al Juzgado de Paz no le quedó más que acceder a la petición y dejar en libertad a los imputados.
El requerimiento fiscal fue presentado el domingo y ese mismo día se resolvió la situación legal de los militares. Solo quedó pendiente la lectura de la resolución, que se hará este viernes.
La Fiscalía argumentó en su petición que no habían elementos para acusar a los militares, ya que ellos actuaron para impedir un delito.
Los efectivos del Ejército pertenecen a una fuerza de tarea que es parte del Comando Zeus y que trabaja apoyando el combate a la delincuencia en el departamento de Sonsonate. Audiencia contra Lagos será este jueves El ex miembro de los Amigos de Mauricio es procesado por una denuncia de estafa que data de 2000. Carlos Montes
El Juzgado Segundo de Instrucción de San Miguel impuso una fianza de $500 para que el empresario Luis Ángel Lagos goce de libertad mientras se lleva a cabo la audiencia preliminar en su contra.
Lagos es procesado por estafa desde septiembre de 2000, luego de supuestamente haber recibido dinero por un proyecto de factibilidad que nunca desarrolló.
El acusado fue uno de los principales miembros del movimiento Amigos de Mauricio, uno de los principales soportes de la candidatura del ahora presidente de la República, Mauricio Funes.
La denuncia contra Lagos fue interpuesta hace casi 10 años por el empresario Mario Alvarado en un Juzgado de Paz San Miguel, el cual determinó que el caso pasara a la siguiente instancia.
El tribunal de Instrucción citó al imputado, pero debido a que este no hizo constar el cambio de domicilio, no fue posible localizarlo para las siguientes diligencias. Por lo tanto, fue declarado rebelde y se giró una orden de detención, la cual se hizo efectiva el pasado 10 de mayo, cuando Lagos intentaba obtener una solvencia de la PNC.
La acusación de la Fiscalía señala que Lagos se ofreció a utilizar sus influencias políticas para lograr la ejecución de un proyecto, cuyo detalle no fue especificado en la denuncia de Alvarado. El denunciante había acordado entregar ¢25,000 a Lagos, dinero del cual solo llegó a entregar ¢15,000. No obstante, el servicio ofrecido nunca se concretó.
Tras el pago de la fianza, el juzgado programó la audiencia preliminar para este jueves.
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