Source: https://www.scribd.com/document/219838848/La-Violencia-de-Genero
Timestamp: 2018-10-15 10:33:53
Document Index: 175091121

Matched Legal Cases: ['artículo 173', 'artículo 1', 'artículo 147', 'artículo 9', 'artículo 14', 'artículo 9', 'artículo 9', 'Artículo 14']

ARTÍCULOS RECPC 07-08 (2005)
LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA LEY INTEGRAL Valoración político-criminal
Catedrática de Derecho Penal. Universidad de Málaga ___________________________________________________________________________
LAURENZO COPELLO, Patricia. La violencia de género en la Ley Integral: valoración políticocriminal. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología (en línea). 2005, núm. 07-08, p. 08:108:23. Disponible en internet: http://criminet.ugr.es/recpc/0 7/recpc07-08.pdf ISSN 1695-0194 [RECPC 07-08 (2005), 16 jul] RESUMEN: La perspectiva de la autora del presente artículo consiste en que, desde que la violencia contra las mujeres en la pareja se convirtiera en un asunto de interés público, el legislador español intentó combatirla dentro de un modelo generalista, centrado en la tutela de todos los miembros vulnerables del ámbito doméstico. El proceso continuo de ampliación del círculo de sujetos pasivos que tuvo lugar con motivo de las reiteradas reformas de los delitos de maltrato doméstico habría, desde este punto de vista, acabado por oscurecer el problema de la violencia de género al convertirlo en un caso más dentro de un cúmulo caótico de relaciones de subordinación y dominio en el que la mujer aparece asociada a los seres más débiles de las relaciones familiares, como los niños, incapaces y ancianos. Todo ello habría desembocado en una confusión entre violencia doméstica y violencia de género, dos conceptos que, aunque emparentados entre sí, hacen referencia a realidades distintas necesitadas, según la autora, de respuestas penales autónomas. La LO 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género, intenta reconducir esta situación a través de la definición de la violencia de género como aquélla que sufren las mujeres como consecuencia de la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres (art. 1). Se deja claro así, que la violencia contra las mujeres constituye una categoría específica de violencia social que tiene su origen en la discriminación estructural de la mujer por el reparto no equitativo de roles sociales y que no tiene parangón en el sexo masculino. Ese carácter intergrupal de la violencia de género explica y concede fundamento a la decisión político-criminal de crear unas agravantes específicas para tutelar de modo más intenso a la mujer frente a eventuales agresiones de su pareja, contrarrestando así los injustificados reproches de inconstitucionalidad que ha recibido la Ley Integral. Con todo , en el artículo se mantiene que la opción decidida de la Ley Integral por el incremento de la intervención punitiva parece poco meditada, y en su afán de confiar en el Derecho penal como instrumento supuestamente idóneo para resolver todos los males de la sociedad acaba por traicionar importantes postulados del pensamiento feminista, en particular, la apuesta por una sociedad menos autoritaria, donde primen las técnicas pacíficas en la resolución de conflictos y el respeto de la dignidad y demás derechos básicos de la personalidad de todos los ciudadanos, sin diferencia alguna en razón de su sexo u otras características personales. PALABRAS CLAVES: Violencia de género, violencia doméstica, discriminación por razón de sexo, Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género. Fecha de recepción: 16 junio 2005 Fecha de publicación: 16 julio 2005
SUMARIO: 1. Delimitación conceptual: ¿violencia de género o violencia doméstica? 2. Las opciones político-criminales de la Ley Integral. 3. La protección penal reforzada de
RECPC 07-08 (2005)
la mujer. 3.1. Los términos de la discusión: concepto y alcance del mandato constitucional de no discriminación. 3.2. La Ley Integral y el mandato de no discriminación. 3.3. Derecho penal y políticas de acción positiva: dos campos difíciles de conciliar. 4. Valoración final: los riesgos de la opción punitivista.
1. Delimitación conceptual: ¿violencia de género o violencia doméstica? Desde que la violencia contra las mujeres saliera del ámbito privado para convertirse en un asunto de interés público ampliamente difundido por los medios de comunic ación, el legislador enfocó el problema a partir de su calificación como un caso más de maltrato familiar. Así lo expresó con toda claridad con motivo de la inclusión del primer delito de violencia habitual en el año 1989, al justificar la nueva figura como un instrumento destinado a proteger “a los miembros físicamente más débiles del grupo familiar frente a conductas sistemáticamente agresivas de otros miembros del mismo”1 . Muy pronto la jurisprudencia recogió el testigo que le entregara el legislador penal y se inclinó por centrar la mirada en la “preservación del ámbito familiar como una comunidad de amor y libertad presidido por el respeto mutuo y la igualdad”, explicando la razón de ser del delito de maltrato habitual como un mecanismo adecuado para la tutela de “la paz familiar”, seriamente afectada por unos actos violentos “que exteriorizan una actitud tendente a convertir aquel ámbito en un microcosmos regido por el miedo y la dominación”, dañando así el primer núcleo de toda sociedad como es el núcleo familiar 2 . A partir de estas ideas iniciales, y con el apoyo que supuso la desmedida ampliación del círculo de sujetos pasivos a través de las diversas reformas del delito de violencia doméstica3 , la jurisprudencia ha ido consolidando una doctrina que definitivamente sitúa el motivo de la tutela penal reforzada en la necesidad de proteger la dignidad de las personas que forman parte del núcleo de la vida doméstica –u otras situaciones asimiladas- y, sobre todo, de dar protección a la familia como institución reconocida y amparada por nuestro ordenamiento constitucional (art. 39 CE) 4 . Tampoco han faltado voces en el panorama doctrinal que, con fundamentos diversos, erigen a la propia “unidad familiar” en el sujeto pasivo del delito de violencia habitual, configurando así una especie de bien jurídico supraindividual que quedaría
Exposición de Motivos de la LO 3/1989, de 21 de julio, que modificó el art. 425 del Código penal anterior, incluyendo el delito de maltrato físico habitual contra el conviviente, hijos u otros menores o incapaces sometidos a tutela o guarda de hecho del agresor o agresora. 2 STS 24/06/2000. 3 Sobre los efectos negativos de la ampliación desmedida del tipo del art. 173 y su pérdida de especificidad, véase Laurenzo Copello, Los nuevos delitos de violencia doméstica: otra reforma precipitada, en SERTA. In memoriam Alexandri Baratta, Salamanca, 2004, pp. 834 y ss. 4 Son múltiples los pronunciamientos del Tribunal Supremo que centran en la paz familiar el bien jurídico protegido por el delito de violencia doméstica –entre los mas relevantes, SSTS 7/09/2000 y 11/03/2003-; pero, sobre todo, se trata de una doctrina plenamente arraigada en las Audiencias Provinciales –sólo a título de ejemplo, véanse SAP Málaga, Sección Segunda, 763/2003, 1 de diciembre; SAP Valencia, Sección Quinta, 316/2004, 11 de octubre; SAP Cádiz 137/2004, 23 de septiembre-. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. 2005, núm. 07-08, p. 08:1 -08:23 ISSN 1695-0194
Estudios penales sobre la violencia doméstica.La violencia de género en la Ley Integral: valoración político-criminal 08: 3 vinculado a los deberes jurídicos de protección y asistencia mutua que surgen de las relaciones familiares 5 . apuntando al contexto dentro del cual suele manifestarse este tipo de violencia antes que a las auténticas causas que la generan6 . Morillas Cueva. En otros términos: las causas de la violencia se buscan en la propia naturaleza de las relaciones familiares. El delito de violencia habitual en el ámbito doméstico: análisis teórico y jurisprudencial. pp. sin duda muy adecuado para designar ese amplio fenómeno al que desde el mismo nacimiento del primer delito de malos tratos se ha orientado la respuesta del Derecho penal8 .2 CP y a la inabarcable literatura que esta figura delictiva ha generado. Basta una rápida mirada a la amplia relación de sujetos pasivos contenida en el artículo 173. Comentarios al Código penal. lo que es igual. todo el sistema penal parece empeñado en dejar a la mujer en un segundo plano.673. Respuestas del Código Penal ante la violencia doméstica. 5 Acale Sánchez. tutela. El delito de violencia habitual en el ámbito familiar. sea por existir una dependencia jurídica entre víctima y agresor – patria potestad. El delito de malos tratos físicos y psíquicos en el ámbito familiar. Así. etc. Barcelona. del Código Penal ante la violencia doméstica. Marín de Espinosa Ceballos. para comprender que la estrategia políticocriminal ha discurrido por caminos muy diferentes a los que cabía esperar a la vista de una realidad tozuda que día a día señala a la mujer como víctima preferente de los actos violentos relacionados con la pareja. 2000. etc. también Del Moral García. p. 6 Si bien no siempre se vincula la esencia del delito a la familia en sentido estricto. p. II. en “Delitos contra las personas”. 96. La violencia doméstica. sino. Valencia. RECPC 07-08 (2005) http://criminet. 7 Claramente en esta línea. en Díez Ripollés/Romeo Casabona. entre otros. 1999. un delito que se creó al calor de la creciente preocupación social por la proliferación de actos de violencia extrema contra las mujeres nació desde el principio claramente desenfocado. cit. Madrid. Olmedo Cardenete. 44 y ss. 672.).ugr. para buscar la causa de este tipo de violencia e n un contexto mucho más amplio dentro del cual ella aparece como una víctima más de una larga lista de potenciales afectados. incapacidad.pdf .como la jurisprudencia y la doctrina mayoritaria coinciden en situar la razón última de este tipo de violencia en las relaciones de subordinación que tienen por causa la convivencia en el ámbito doméstico u otros asimilados o. 134 y s. Morillas Cueva. en la especial vulnerabilidad que se deriva de determinadas relaciones familiares o cuasi familiares.es/recpc/07/recpc07-08.-. Respuestas. Madrid.-. De ahí el predominio del término “violencia doméstica”. De esta manera. 8 De ahí la tendencia mayoritaria a identificar el bien jurídico protegido por los delitos de maltrato doméstico con la integridad moral. pp. De modo menos ingenuo del que a primera vista pudiera parecer. en Morillas Cueva (coord. Manuales de Formación. tanto el legislador –al menos hasta 2003.. p. curatela. Pese a los datos abrumadores en este sentido. pero en nada cambia el enfoque de fondo que sigue ocultando la violencia de género dentro de un cúmulo indiferenciado y cada vez más extenso de relaciones de subordinación y dependencia de orígenes muy diversos. 314.. Muñoz Sánchez. 2002. cuyas características de subordinación y dependencia vendrían a favorecer una posición de dominio de ciertos miembros del grupo familiar sobre otros y la correlativa indefensión de estos últimos 7 . Consejo General del Poder Judicial. a las relaciones de subordinación asociadas a un amplio “núcleo de convivencia doméstica”. sea por la posición fáctica de debilidad que ocupa la víctima respecto del autor por causas diversas –edad avanzada. 2001. Parte Especial. Se trata de una perspectiva algo diferente a la concepción jurisprudencial que sitúa a la familia como objeto de tutela. Véanse en esta línea. t. Propuestas de reforma. de modo mucho más genérico. p.
la ley le reconoce plena igualdad con su pareja y. pp. debidos a causas distintas y necesitados de respuestas penales autónomas. 204. se trata de fenómenos diferentes. Granada. en Cuadernos Penales José María Lidón.08: 4 Patricia Laurenzo Sin embargo. Bien es verdad que. ya que en su caso no hay razones jurídicas ni menos aún naturales que la releguen a una posición de dependencia o subordinación en el contexto doméstico. 08:1 -08:23 ISSN 1695-0194 . impidiendo así que la sociedad visualice10 de modo claro que se trata de la manifestación más Análisis sociológico. por sus propias condiciones ocupan una posición de partida necesariamente subordinada en el ámbito de la familia. Véase al respecto. es el agresor quien las hace vulnerable a través del ejercic io de la violencia. 2005. Porque es allí donde adquieren más intensidad las relaciones entre hombre y mujer.2 CP. Por eso. Muñoz Sánchez. 2004. Los nuevos delitos de “violencia doméstica” tras la reforma de la LO 11/2003. La vulnerabilidad de la mujer no es consustancial a su posición jurídica dentro de la familia ni tampoco a sus condiciones personales.para mantenerla bajo su control absoluto. 10 Llama la atención sobre este efecto vinculado a la desmedida ampliación del catálogo de sujetos pasivos del art. es en el contexto doméstico donde con mayor frecuencia se manifiesta este tipo de violencia. una vez más. en la práctica. la causa última de la violencia contra las mujeres no ha de buscarse en la naturaleza de los vínculos familiares sino en la discriminación estructural que sufren las mujeres como consecuencia de la ancestral desigualdad en la distribución de roles sociales. sus características físicas y psíquicas no permiten calificarla como un ser “naturalmente” débil 9 . Bilbao. La utilización del Derecho como in strumento para otorgar nuevo significado a determinadas conductas arraigadas en el modelo patriarcal es una estrategia asumida por ciertos sectores del feminismo teórico. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. Estos miembros del grupo doméstico son naturalmente vulnerables. cit. la violencia de género quede oculta tras otras formas de comportamiento violento. se da la paradoja de que quien menos encaja en esta perspectiva tuitiva centrada en las relaciones familiares de sujeción y vulnerabilidad es precisamente la mujer. pp. en consecuencia. Madrid. 192 y s s. Asúa Batarrita. La confusión de ambos conceptos ha conducido a que la violencia contra las mujeres quede diluid a entre otras muchas manifestaciones de agresividad originadas en causas ajenas al sexo de la víctima. 2003. 173. p. cit. sino que es el resultado de una estrategia de dominación ejercida por el varón -al amparo de las pautas culturales dominantes. Pero eso no significa que la familia sea la causa de la violencia de género. Aunque emparentados. Los nuevos delitos.. 9 Asúa Batarrita. La posición subordinada de la mujer respecto del varón no proviene de las características de las relaciones familiares sino de la propia estructura social fundada todavía sobre las bases del dominio patriarcal. en Comentarios al Código Penal. Su situación no es asimilable.. 258 y s. 07-08. de 29 de septiembre. 96. como bien ha destacado Asúa. ancianos o incapaces que. p. Un derecho para dos. dogmático y de derecho comparado. También las agresiones sexuales o el acoso laboral son manifestaciones de este fenómeno y nada tienen que ver con el contexto familiar. 2001. Pitch. núm. dando lugar a una respuesta desenfocada del Derecho penal no carente de peligrosos efectos prácticos. 218 y s. “Las recientes reformas penales: algunas cuestiones”. pp. a la mujer. salvo casos excepcionales que nada tienen que ver con el sexo. p. a la de los niños. Al contrario.. De ahí lo inapropiado de identificar violencia de género con violencia doméstica. Entre las consecuencias más evidentes destaca el riesgo de que. en cambio.
entre otras consideraciones. El camino indiferenciado que hasta ahora venía siguiendo el legislador español -amparado por jurisprudencia y doctrina mayoritaria-. Afortunadamente. RECPC 07-08 (2005) - http://criminet.de desvelar la radical injusticia que ella entraña. de 24 de junio de 2004. única garantía del desarrollo de estrategias mínimamente aceptables para combatirlo. donde.La violencia de género en la Ley Integral: valoración político-criminal 08: 5 extrema de una discriminación estructural que las mujeres vienen padeciendo desde tiempos remotos y no del efecto indiferenciado de unas relaciones de sujeción familiar que pueden afectar por igual a cualquier miembro del entorno doméstico. se critica que la Ley tome “como punto de partida un concepto de violencia que a menudo se confunde con el de la mera agresión.y cuya explicación se encuentra en el reparto inequitativo de roles sociales. Particularmente duro. Como se ve. sea hombre o mujer. en este sentido. tal vez. ha dado un paso sustancial de cara a reconducir este proceso.ugr. 12 Paradigmático resulta en este sentido el Informe del Consejo General del Poder Judicial al “Anteproyecto de Ley Orgánica integral de medidas contra la violencia ejercida sobre las mujeres”. Seguramente se argumentará que tales consideraciones alientan un uso puramente simbólico del Derecho penal puesto al servicio de los fines reivindicativos de grupos feministas 11 . el Prólogo de Enrique Gimbernat a la 10ª edición del Código Penal (ed. pone al descubierto la pertinaz resistencia de muchos sectores sociales a reconocer que la violencia de género existe como fenómeno social. apuntando a la familia como causa y a la vez víctima del fenómeno.reciben una tutela adecuada en el ordenamiento penal vigente (p. una propuesta cuando menos contradictoria si se tiene en cuenta que el mismo informe reconoce que. Aun compartiendo los reparos técnico-jurídicos que suscita la introducción de definiciones en un texto legal. Sin duda el peor escenario posible de cara a entender el sentido de la Ley Integral.pdf .es/recpc/07/recpc07-08. los llama-. lo cierto es que el empeño en tratar el problema de las agresiones a mujeres dentro del modelo de la violencia doméstica pone de manifiesto una preocupante falta de comprensión del fenómeno o. Pero más allá de esta criticable tendencia. como un tipo específico de violencia vinculado de modo directo al sexo de la víctima –al hecho de ser mujer. el Consejo sólo se muestra dispuesto a admitir la existencia de casos individuales de violencia contra las mujeres –“agresiones”. Por eso. y además atribuye sólo la condición de sujeto dominante al varón. la LO 1/2004. donde llega a comparar a estos grupos con el “nacionalcatolicismo” de tiempos pasados. ancianos e “incluso hombres”. de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (en adelante Ley Integral). Tecnos) . salvo la mujer. dejando al margen otras posibles situaciones que demandan análoga atención por la ley” (p. 15). la falta de interés por llegar a las causas últimas que lo generan. es decir. y de dominado a la mujer. el resto de los grupos afectados por situaciones de subordinación -niños. Sólo así se comprende que abogue por una “ley integral de medidas contra la violencia en ámbitos de subordinación”. lo cierto es que en este caso resultaba imprescindible delimitar con claridad el tipo de violencia que se pretende combatir con 11 No faltan voces en el Derecho penal que acusan a los movimientos feministas de casi todos los males del movimiento punitivista de los últimos años. una crítica que sin duda alimentan algunos de estos colectivos con su permanente apelación al Derecho penal arrastrados por el frenesí punitivista que invade a toda la sociedad. sobre todo. de orientar la política legislativa hacia las auténticas causas del problema. niño o anciano. Se trata. 14) Si lo que hay es suficiente no se entiende para qué haría falta esa demandada ley integral. pero no así una categoría específica de violencia caracterizada por el sexo de la víctima. cuando se reivindica un tratamiento jurídico independiente para esta clase específica de violencia no se trata – sólo. en pautas culturales muy asentadas que favorecen las relaciones de posesión y dominio del varón hacia la mujer 12 .
independientemente de que en una ocasión se lesione al cónyuge…. la tendencia jurisprudencial a castigar por un delito único de maltrato habitual incluso los supuestos en los que son varias las personas del entorno doméstico sometidas a la violencia del agresor. Y ello pese a la ampliación del círculo de sujetos pasivos operada tras la reforma de la LO 11/2003. 15 Acale Sánchez. p. centros hospitalarios. los principales instrumentos para hacer frente a la violencia contra las mujeres siguen ligados al modelo de “violencia doméstica” que consagran los artículos 173. Una incomprensión con importantes repercusiones prácticas que acaban por restar eficacia a la función preventiva que debería cumplir. “con los malos tratos se estarían lesionando las relaciones familiares. no basta una definición legal para superar una concepción fuertemente arraigada en la práctica judicial y en la doctrina especializada. inclinándose cada vez más hacia la tesis partidaria de convertir la figura de malos tratos en un macro delito destinado a proteger a cuantas personas puedan encontrarse en una posición de inferioridad fáctica derivada de alguna relación de sujeción jurídicamente determinada. que al incluir a otras personas vulnerables sometidas a custodia en centros públicos o privados (residencias de la tercera edad. 216. cit. sin consideración alguna a los graves efectos sobre cada uno de los sujetos del maltrato. difuminó incluso la referencia al ámbito “doméstico” –en esta línea también Boldova Pasamar/ Rueda Martín. etc). en primera línea. desde el punto de vista penal. de 31 de julio.2 y 153 del Código penal. queda reducida para el Derecho penal a un simple atentado a la institución familiar.08: 6 Patricia Laurenzo la batería de medidas de carácter educativo. en cuya virtud cabe apreciar esta circunstancia aún cuando los actos de violencia acreditados afecten a víctimas diferentes. 2004. pues. nº 14. sobre todo. 1. en Díez Ripollés/ Gracia Martín (coord. afectivo o similar tras las reformas de 2003 del Código penal español. 444. no es de extrañar que la jurisprudencia siga anclada en la “paz familiar” como objeto de tutela 14 . El delito de malos tratos. asistencial. Sobre todo si se tiene en cuenta que. educativos. 07-08. p..). ignorando en buena medida las connotaciones de género que explic an la violencia padecida por las mujeres a manos de sus parejas. Hacia este modelo apuntaba ya Gracia Martín. p. De esta manera. Y eso es lo que consigue la Ley al circunscribir su objeto a la violencia que sufren las mujeres “como manifestación de la discriminación. Entre los efectos más perniciosos destaca. 08:1 -08:23 ISSN 1695-0194 . p.E. como señala Acale. Sin embargo. Vol. laboral. penal y procesal que contiene la nueva regulación. Por eso.y en las otras a uno de los hijos o a los ascendientes”15 . integridad personal o dignidad de quienes se ven sometidos al clima de violencia permanente impuesto por el agresor. 173. El nuevo tratamiento de la violencia habitual en el ámbito familiar. al igual que la normativa sobre órdenes de protección13 . un punto de vista que resulta coherente con la construcción de un bien jurídico supraindividual relacionado con la propia “unidad familiar”. el delito de violencia habitual del art. Comentarios al Código Penal. P. en Revista de Derecho Penal y Criminolo gía. la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres” (artículo 1). 2005. 21-. Algunos autores pretenden justificar esta reducción a un único delito partiendo de la definición de habitualidad contenida en el nº 3 del art. Se considera que si la ley hubiese querido admitir tantos delitos como víctimas debería haber exigido la prueba de esa pluralidad de actos de maltrato respec- Ley 27/2003. 173. una conducta tan íntimamente vinculada a derechos de naturaleza personalísima como la vida. núm. 14 13 Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología.2 del Código penal.
Así Boldova Pasamar/ Rueda Martín. claro está. 201. 26. del número de personas que hayan sido objeto de malos tratos físicos o psíquicos dentro de ese contexto de violencia permanente. separación. Violencia contra la mujer en la pareja: investigación comparada y situación en España. de 7 de julio: “lo relevante para apreciar la habitualidad. cit. cuando alguna de las partes del proceso haya sido víctima de violencia de género (art. p. 2002. más que la pluralidad en sí misma.208/2000.. La violencia habitual en el ámbito familiar: razones de una reforma. Este criterio pierde de vista.La violencia de género en la Ley Integral: valoración político-criminal 08: 7 to a cada una de ellas y no de modo indiferenciado.pdf .ugr. una vez establecida la existencia de ese clima habitual de agresividad. por ejemplo.es/recpc/07/recpc07-08. relaciones paterno filiales y otros semejantes. Si son varios quienes los sufren. Como es fácil de comprender. en El nuevo Derecho Penal Español. Admite. la decisión sobre quiénes han de considerarse sujetos pasivos del delito depende de otros parámetros. en concreto. como hace el texto legal16 . 2001. que el concepto de habitualidad establecido en la ley no persigue resolver problemas concursales sino determinar el contenido preciso de un elemento normativo destinado a circunscribir la conducta típica17 . Maqueda Abreu. además. 18 Es jurisprudencia constante desde hace algunos años. la Ley Integral opta por prohibir la mediación en todos los asuntos civiles relacionados con el divorcio. solución ésta que sólo consigue incrementar el sentimiento de culpa tan característico de las mujeres maltratadas20 en lugar de facilitarles la conquista de su autonomía personal y la definit iva liberación del maltratador. 44. Pero. Se trata. 1. 1530. con razón. Por esta vía se deja claro que la habitualidad requerida en el tipo constituye un dato fáctico caracterizado por el clima de violencia permanente en el que el agresor sume a la víctima del maltrato 18 . convirtiéndola en u n asunto de familia que el propio grupo está llamado a resolver. como sucede con las propuestas partidarias de conceder un espacio a la mediación entre los miembros de la pareja antes de acudir a la vía penal19 . pues el agresor tiene asegurado que no sufrirá mayor castigo aunque siembre el terror en todo el entorno que lo rodea. la apreciación de concursos de delitos si hay varias víctimas dentro de un mismo contexto de violencia creado por el agresor. ninguna razón hay para negarles una tutela individualizada que se traduzca en la apreciación de tantos delitos como víctimas se computen. De ahí que resulte indiferente si los episodios concretos destinados a probar ese clima de agresividad habitual se refieren siempre al mismo o a diversos miembros del grupo familiar. 173 perjudica de modo muy importante su efecto preventivo. las referencias a la institución familiar como objeto de tutela abonan la idea de que el maltrato que sufren las mujeres a manos de sus parejas constituye un problema esencialmente privado –“doméstico”. Valencia. Estudios en memoria del Profesor José Manuel Valle Muñiz. p.que sólo en casos extremos justifica la intervención de terceros ajenos al núcleo familiar. 17 16 RECPC 07-08 (2005) - http://criminet. 19 Con razón. es la repetición o frecuencia que suponga una permanencia en el trato violento.5 LO 1/2004) 20 Véase Medina. Pamplona. Por otra parte. la STS núm. Se fomenta así uno de los prejuicios culturales que en mayor medida han obstaculizado la persecución de la violencia de género. el camino unificador que se ha impuesto en la interpretación del art. Dice. p. siendo lo importante que el Tribunal llegue a la convicción de que la víctima vive en un estado de agresión permanente”. sin embargo. en definitiva. Salvo. El nuevo tratamiento. se justifican por esta vía ciertas alternativas destinadas a “salvar” a la institución familiar. Pero. de una cuestión de prueba. que se quiera seguir la opinión jurisprudencial que erige a la propia familia en objeto de tutela.
3) –como es el caso. en cuya virtud será obligatorio imponer al condenado por un delito de violencia de género21 el deber de “participar en programas formativos. esta amplia y acertada gama de medidas de naturaleza extra penal no ha conseguido imponer la imagen de una ley dispuesta a abrir el abanico de estrategias más allá del clásico y siempre dudoso recurso al Derecho penal. 15). de las actuaciones en el orden educativo (arts. Por otro lado. por ejemplo. 1. 22). 10) o la formación de jueces y fiscales (art. sin duda el aspecto más polémico de este nuevo conjunto normativo. dos son las grandes pautas que definen el nuevo modelo de intervención punitiva: la decisión de crear una tutela penal reforzada aplicable sólo a la mujer –con exclusión del varón. Téngase en cuenta que la reforma afecta además al tipo de delitos alcanzados por estas reglas especiales de suspensión de la pena. en la reforma del art. 21). hasta una batería de medidas de prevención y control de riesgos destinadas a reducir las cotas de inseguridad y desamparo propias de la mujer maltratada – protocolos para la detección precoz de la violencia de género en el ámbito sanitario (art. 08:1 -08:23 ISSN 1695-0194 21 . las amenazas. 33 L.2 y y 153 CP.3. de educación vial. p. como es el caso de la decisión de conceder una oportunidad al tratamiento de los maltratadores. la ley prevé la Junto a la imposición obligatoria de las correspondientes medidas de alejamiento previstas en los números 1º y 2º del art. 5ª CP-22 . Desde estrategias a largo plazo destinadas a transmitir al conjunto de la sociedad “nuevas escalas de valores basadas en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres” (art. CP. a todos los que impliquen “violencia física y psicológica. pasando por otras de realización inmediata que pretenden fomentar la autonomía de la mujer maltratada para facilitar su reinserción en la vida social y laboral –movilidad geográfica o flexibilidad de horarios en el ámbito laboral (art. 173. 47)-. Ello se expresa. etc . 20). I. 2005. 27). 83. Al contrario. por una parte. 83. 07-08.Sin embargo. 22 Véase art. subsidios y otras ayudas económicas (art. pese a la multiplicidad de enfoques que propone la Ley Integral. derecho a la asistencia integral de las víctimas (art. programas específicos de empleo (art. En esencia.1. 83 del Código penal relativo a la suspensión de penas privativas d e libertad.y el incremento generalizado de la severidad de la respuesta penal frente a la violencia de género. culturales. 28). sexual y otros similares” –art.el legislador fue consciente de que al mismo tiempo venía a excluir Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. incluidas las agresiones a la libertad sexual. el control de la publicidad sexista (art.I. 19).sino que se extienden a todos los delitos “relacionados con la violencia de género”. es decir.1.) No está claro si al realizar esta reforma –dirigida sin duda a reforzar la tutela de la mujer frente al riesgo de reincidencia de su agresor. las coacciones o la privación arbitraria de libertad” siempre que los cometa quien sea o haya sido pareja de la víctima (art. núm. prioridad en el acceso a viviendas protegidas (art. asistencia jurídica gratuita unificada en todos los procedimientos incluso de naturaleza administrativa (art. Sólo de forma tímida la Ley ensaya alguna otra alternativa vinculada al sistema penal. laborales.08: 8 Patricia Laurenzo 2. Las opciones político-criminales de la Ley Integral La LO 1/2004 contiene un catálogo amplio y bien equilibrado de medidas de diversa naturaleza dirigidas a combatir de forma integral la violencia de género. L. desde un principio todas las miradas se han dirigido a las novedades de naturaleza político-criminal. que ya no se concentran en las figuras de maltrato doméstico –arts. 4-9). entre otras-.
25 Durante la tramitación parlamentaria y como resultado de la insistencia de determinados sectores políticos y judiciales en la pretendida inconstitucionalidad de esta nueva estrategia penal. pues se entiende que es una forma de desviar fondos y esfuerzos hacia el responsable del maltrato en lugar de destinarlos a quienes sufren sus actos violentos. cabe recordar que el Derecho penal ha de cumplir una función resocializadora que no puede quedar vedada a determinado tipo de autores sólo porque se considere particularmente reprochable la naturaleza del delito cometido. Pero.ugr. Véase art. Ciertamente. Sin embargo. permisos de salida o libertad condicional23 -.es/recpc/07/recpc07-08. Consejo Vasco de la Abogacía. 23 A la Junta de Tratamiento corresponderá valorar el grado de aprovechamiento de la terapia de cara a obtener esos beneficios penitenciarios. ya que el aprendizaje en el control de la agresividad puede reducir –al menos en alguna medida. tales opiniones pierden de vista que este tipo de iniciativas repercuten en beneficio de la propia víctima. Pero este tipo de imprevisiones –propias de las urgencias y falta de reflexión a la hora de legislar. Todo delincuente tiene derecho a la reinserción y nada autoriza a que los maltratadores sean excluidos de esa posibilidad. cuyo objetivo último es una sociedad más pacífica y tolerante. el juez siempre puede imponer cuantas obligaciones considere oportunas conforme a las circunstancias del caso. 42 Ley Integral. incluidas la prohibición de acercamiento a la víctima o la de acudir a los lugares que ella frecuenta. 2005. conforme a las reglas generales sobre suspensión de la pena. Bilbao. los redactores de la ley accedieron a añadir otro grupo de sujetos pasivos –“otras personas vulnerables que convivan con el autor”.pdf .La violencia de género en la Ley Integral: valoración político-criminal 08: 9 puesta en marcha dentro del ámbito penitenciario de “programas específicos para internos condenados por delitos relacionados con la violencia de género”. otro tipo de manifestaciones del maltrato “doméstico” que nada tienen que ver con la violencia de género y que hasta ahora quedaban comprendidos en las reglas especiales de suspensión. del maltrato habitual hacia los hijos o los padres del agresor. Las posturas contrarias a ese derecho no sólo perjudican la finalidad de reducir al máximo las fuentes de violencia contra las mujeres. Tal sería el caso. La protección penal reforzada de la mujer La gran novedad de la Ley Integral en materia de intervención punitiva consiste en la creación de una serie de figuras agravadas destinadas a proteger de modo específico a la mujer que fuere o hubiere sido pareja del autor de la agresión 25 . un tipo de intervención clínica que se reconoce sumamente delicada debido a la gran resistencia al cambio que manifiestan los agresores habituales. sino q ue resultan contradictorias con las bases mismas del discurso feminista. respetuosa de los derechos de todos los ciudadanos por igual. cuyo aprovechamiento y seguimiento por el penado se convierten en elementos relevantes para la obtención de todos aquellos beneficios penitenciarios que implican su eventual salida de prisión -progresión en grado. Muy valioso en este sentido el estudio de Andrés Montero Gómez. además. 3.abonan el terreno para quienes injustamente reprochan a la Ley Integral un contenido tendencioso y discriminatorio. 24 Aparentemente. sea cual fuere el sexo de unos y otros. inédito.que nada tiene que RECPC 07-08 (2005) http://criminet. Terapias para agresores de mujeres. La apuesta por la terapia del agresor siempre ha despertado fuerte resistencia entre los sectores relacionados con las víctimas de violencia de género. sin exclusiones ni rechazos fundados en causa alguna y menos todavía en el sexo de las personas. por ejemplo. los efectos de esta omisión son poco relevantes porque. las terapias con mayores posibilidades de éxito se vinculan a la modificación del modelo mental del agresor.el altísimo riesgo de reincidencia implícito en esta clase de delincuentes 24 .
26 De paso. Agravación de la pena del delito de maltrato ocasional del art. 29 Dice el Informe del Consejo General del Poder Judicial –p. sino en excluir a los varones del nuevo mecanismo judicial y de la manera concreta especialmente eficaz de obtener esa tutela”. Los motivos de tal discriminación vendrían a concretarse en tres aspectos: por excluir al varón de forma sistemática y por el solo hecho de su sexo de la tutela penal reforzada frente a la violencia doméstica que se concede a la mujer. curatela. por vedarle el acceso a los nuevos juzgados de violencia creados con el fin de mejorar la tutela judicial de los ciudadanos –pero no de todos. pero una vez más la precipitación jugó una mala pasada al legislador. ver con la violencia de género y constituye un cuerpo extraño que viene a distorsionar el sentido y justificación de las agravaciones basadas en el sexo de la víctima. o mujer que estuviere o hubiere estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad. El aumento de la prisión sólo tiene efectos simbólicos. 14 de la Constitución española al producirse un supuesto de discriminación por razón de sexo en contra del varón. aun sin convivencia” (148. sobre todo. con independencia de las características de los sujetos implicados y aunque la agresión nada tengan que ver con la violencia de género.sea pareja actual o pasada del agresor. en partic ular. 23. Seguramente se estaba pensando en la frecuencia con que la mujer víctima de agresiones está totalmente desprotegida e indefensa frente a su pareja. Las amenazas y coacciones leves contra la mujer se elevan a la categoría de delito. p. 27 Sin embargo. 08:1 -08:23 ISSN 1695-0194 . ya que nada cambia de cara a la posible suspensión o sustitución de la pena privativa de libertad. la Ley Integral (art. una ampliación que resulta incomprensible si se tiene en cuenta que resultará aplicable a cualquier conducta subsumible en el artículo 147 del Código penal. se deja abierto el límite mínimo de la inhabilitación. como puede ser el caso de una mujer maltratada por otra en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. 07-08. 153 CP cuando la víctima –mujer. tutela. así como el límite máximo de la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad. y. 2005. Por lo demás.que “la discriminación en este caso no está en obtener o no tutela judicial. Se alega.08: 10 Patricia Laurenzo Sus manifestaciones concretas son las siguientes: • Agravante específica en el delito de lesiones para los casos en que “la víctima fuere o hubiere sido esposa. guarda o acogimiento. Sobre ello volveré más adelante en el texto. la creación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer también se han considerado discriminatorios respecto de otros colectivos vulnerables en el ámbito doméstico distintos de la mujer víctima de violencia de género. por sancionarlo más severamente cuando agrede a una mujer sin otra razón que el dato objetivo de su pertenencia al sexo masculino30 . • • Se trata de una de las decisiones político-criminales más polémicas de los últimos años como bien lo demuestran las fuertes reacciones de diversos sectores jurídicos que ponen seriamente en duda su conformidad con la Constitución 28 . 36) añade la alevosía como circunstancia específica de las lesiones. que acabó por crear una figura agravada que excede con creces el objeto de la ley integral. El incremento punitivo consiste en elevar el mínimo de la pena de prisión de tres a seis meses. núm. que estaríamos ante una lesión flagrante del art. que pasa de tres a cinco años27 . 28 Muy claro en este sentido el ya citado Informe del Consejo General del P oder Judicial. incorporándose a los artículos 171 y 172 del Código penal. siguiendo una técnica poco habitual en nuestro derecho.4º) 26 . sino sólo de algunos ciudadanos escogidos29 -.
. 26. la comparecencia de Bastide Freijedo en: Diario de Sesiones del Congreso de los Dip utados. Comisiones. Comisiones. sexo. los defensores de la Ley Integral – incluido el propio Gobierno. RECPC 07-08 (2005) http://criminet. El motivo es que no todos los ciudadanos ocupan la misma posición de partida en la estructura social. 2002. esto es. Machado Ruiz. la obligación de adoptar medidas de acción positiva para hacer reales y efectivos dichos derechos. 20/7/2004. religión. por el contrario. p. pp. En esta línea se pronunció Enrique López López en su comparecencia en el Congreso de los Diputados: Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados.acudieron desde un principio a la idea de “acción posit iva”. una medida de tutela adicional que encuentra su razón de ser precisamente en la insuficiencia de aquel principio para garantizar a todos los ciudadanos el pleno goce y disfrute de los derechos fundamentales y libertades públicas34 . existen algunos colectivos que en virtud de la concurrencia en sus miembros de ciertos caracteres de identidad que les son propios – nacionalidad. sino.pdf . VIII Legislatura. Comisiones. en Est udios Penales y Criminológicos. la seguridad y la no discriminación proclamados en la Constitución. 64. XIX. VIII Legislatura. que constituye uno de los ataques más flagrantes a derechos fundamentales como la libertad.ugr. pp. núm. 19/7 /2004. la igualdad. 33 Ampliamente al respecto. 20. La prohibición de discriminar no es una mera concreción del principio de igualdad formal. 19/07/2004. 9. etc . 3. p. La discriminación en el Código penal de 1995. Los términos de la discusión: concepto y alcance del mandato constitucional de no discriminación Para adoptar una postura fundamentada sobre el debate de constitucionalidad que suscita la Ley Integral es imprescindible fijar previamente los términos de la discusión.2 de la Constitución que atribuye a los poderes públicos la función de remover los obstáculos que impiden o dificultan a algunos ciudadanos el pleno ejercicio de los derechos fundamentales 32 . La discriminación en el ámbito de los servicios públicos: análisis del art. 9. 233 y ss. VIII Legislatura.1. 14 CE y el sentido y función de las acciones positivas –la mal llamada “discriminación positiva”-. Esa dato fáctico una relación homosexual o los niños maltratados por cualquiera de sus progenitores. es conveniente recordar que tanto la jurisprudencia como la doctrina especializada han trazado con toda nitidez las diferencias entre el mandato constitucional de no discriminación y el principio de igualdad formal33 –recogidos ambos en el art. Por lo que se refiere al primer aspecto. Laurenzo Copello. Al contrario. 511 CP. 32 La Exposición de Motivos de la Ley Integral enmarca la función y sentido de esta legislación específica precisamente en este mandato constitucional: “Los poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género.14 CE-. 34 Véase. VIII Legislatura. 1996. por ejemplo. 65. 56.La violencia de género en la Ley Integral: valoración político-criminal 08: 11 Para contrarrestar las críticas precedentes. También Rey Martínez en: Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Una política que viene avalada por el mandato del art. la vida. 64.resultan minusvalorados por la cultura dominante y se sitúan en una posición subordinada en el reparto de roles sociales. 30 Véase. Valencia. 22/7/2004. en cuya virtud se trata de justificar la adopción de medidas concretas de fomento y protección –incluso de naturaleza penal.es/recpc/07/recpc07-08.2 de la Constitución. 27 y ss. núm. p. núm. Esos mismos poderes públicos tienen. el alcance y contenido del mandato de no discriminación del art. con más detenimiento. 31 Véase la comparecencia de Gregorio Peces Barba en: Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. conforme a lo dispuestos en el artículo 9. removiendo los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud”. Comisiones. p.destinadas a equilibrar la posición de desventaja inicial en la que se encuentran las mujeres como consecuencia de la discriminación que por razón de su sexo vienen padeciendo desde tiempos remotos31 .
“debemos tener cuidado de no usar la cláusula de igual protección para privarnos de la igualdad”. también Martín Vida. cuando las normas jurídicas se refieren al sexo. La discriminación en la jurisprudencia constitucional. pp. etc. p. aquellas desigualdades fácticas “niegan justamente la premisa del enunciado del principio de igualdad: todos los ciudadanos. Fernández López. Por eso. Barrere Unzueta. 135 y s. la vida familiar. 160 y ss. p. los heterosexuales o los blancos. De ahí la prohibición tajante de fundar cualquier trato diferencial precisamente en alguno de esos caracteres distintivos que sitúan a los colectivos discriminados en una posición subordinada. 348. 08:1 -08:23 ISSN 1695-0194 36 . La consecuencia inmediata de esta forma de concebir el mandato de no discriminación es su orientación unidireccional38 : dado que esta prohibición adquiere sentido por la necesidad de neutralizar el desequilibrio fáctico del que son víctimas los miembros de los colectivos socialmente subordinados.. Se trata. cit. 39 Véase. 1995. los homosexuales o los negros y no así a los varones. pues. por concurrir en ellos factores…que les impiden el igual goce de derechos35 . De la acción positiva a la “discriminación positiva” en el proceso legislativo español. el reconocimiento de derechos iguales a todas las personas. Fundamentos y límites constitucionales de las medidas de acción positiva. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. 07-08. en otros términos. como bien afirma Fernández López. 123 y ss. Ronald. núm. 37 Precisamente aquí reside el punto más débil del “modelo de la igualdad” que se propugnó hace algunas décadas desde el movimiento feminista y cuyo objetivo era el reconocimiento de la plena igualdad jurídica entre los sexos o. si se prefiere. con el agravante de dejarlas ocultas tras la equiparación jurídica. La función del mandato de no discriminación consiste. no lo son realmente. 27. Así. Porque sólo respecto de los primeros aquellos caracteres de 35 Fernández López. pp. p. Madrid. aquel modelo acaba por favorecer la persistencia de las diferencias de fondo. Un derecho para dos. en neutralizar la desventaja inicial que para ciertos grupos representan los caracteres de identidad que la sociedad minusvalora. Dworkin. 2004. con sólidos argumentos. De ahí que una aplicación “neutra” e indiferenciada del principio de igualdad formal sólo consiga perpetuar y ahondar la desigualdad sustancial36 que oprime a determinados colectivos 37 . Como bien ha dicho Dworkin.coloca a los miembros del grupo discriminado en una situación de partida desventajosa respecto de quienes ocupan las posiciones de poder. ha de entenderse que todos los preceptos jurídicos dirigidos a prevenir la discriminación –también el artículo 14 de la Constitución. lo que produce un desequilibrio inicial que necesariamente distorsiona los efectos del principio de igualdad formal. formalmente iguales. p. Cfr.-. pese a las fórmulas neutras que en general se utilizan en el derecho antidiscriminatorio.se dirigen a tutelar de modo exclusivo a los miembros de los colectivos discriminados y no a quienes conforman la identidad del grupo dominante 39 . 2005. 2003. nº 51. están tutelando con ello a las mujeres. Pitch. cit. Los derechos en serio.. Porque. en Relaciones Laborales. 154. de garantizar la igualdad sustancial por la vía de remover los obstáculos que supone para ciertos ciudadanos su pertenencia a un grupo socialmente desplazado. queda claro que se trata de una medida destinada a proteger precisamente a esas personas y no a quienes forman parte del sector dominante. I-1993. en Jueces para la Democracia. al no existir correspondencia entre igualdad jurídica e igualdad sustancial –porque persisten las diferencias en el acceso al trabajo. la orientación sexual o la etnia como circunstancias fundamentadoras de un trato discriminatorio.08: 12 Patricia Laurenzo de subordinación social –cuando no de exclusión. pp. 38 Así. La discriminación. Como bien afirma Tamar Pitch. con abstracción del sexo. Barcelona.
El Derecho penal reconoce así que la condición femenina constituye uno de esos caracteres de identidad que sitúan a una parte de la población en una posición subordinada en la escala social y. Laurenzo Copello. 2004. pp. pp. 163 y ss.. 38 y ss. Michel. Fundamento y limites constitucionales. entre las que cabe citar la circunstancia agravante de discriminación del art. RECPC 07-08 (2005) - http://criminet. Todos estos casos tienen en común la finalidad de conceder una protección reforzada a los miembros de colectivos socialmente minusvalorados con el fin de garantizarles que sus caracteres de identidad no serán un obstáculo para el goce efectivo de las libertades y derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico41 . consistente en la prohibición tajante de todo acto o medida perjudicial para un miembro del colectivo discriminado que tenga por fundamento alguna de las característica de identidad que distinguen al grupo y lo sitúan en una posición de subordinación social. Y en todos ellos aparece el sexo como una de las posibles causas del trato discriminador. 19. El Código penal español conoce múltiples manifestaciones de esta vertiente del mandato constitucional. orientación sexual. Este tipo de medidas. cit. admitiéndose diversas medidas destinadas a favorecer y facilitar la plena incorporación de las mujeres en la vida pública o laboral –reserva de plazas. de las que fue precursor el derecho norteamericano43 . ampliamente. 511 y 512 CP). 37 y ss. nº 34. El Derecho penal y la discriminación.. 43 Sobre la evolución de la doctrina de las acciones positivas –“affirmative actions”.. haciendo innecesaria cualquier tutela adicional. 42 Martín Vida.es/recpc/07/recpc07-08. 1999. 40 Véase al respecto. 1991. 510 CP. o el delito de provocación a la violencia racista del art. Para ellos resulta suficiente la vigencia del principio general de igualdad ante la ley 40 . Esos mismos caracteres –sexo. una manifestación negativa. Yale University. y se concreta en la legitimación de políticas o medidas específicas tendentes a remover los obstáculos que impiden el pleno ejercicio de derechos y libertades a los miembros de los colectivos minusvalorados. necesitada de una tutela más intensa.ugr. En este contexto se inscriben las políticas de acción positiva en sentido amplio. pp.cuando se corresponden con el modelo de ciudadano sobre el que está construido el sistema de convivencia social no representan obstáculo alguno para quienes los ostentan. véase Rosenfeld. García Álvarez. pp. La discriminación en el Código Penal de 1995. La discriminación por razón de sexo en la legislación penal. preferencia en el acceso a un puesto de trabajo. 223 y ss. Affirmative Action and Justice. 22. los delitos de discriminación en el empleo (art. han recibido el aval de la jurisprudencia europea –y también del TC español. cit.La violencia de género en la Ley Integral: valoración político-criminal 08: 13 identidad constituyen un lastre que obstaculiza su acceso pleno a los derechos y libertades. La otra vertiente del mandato antidiscriminatorio es de naturaleza positiva. etnia.pdf .4ª CP.en la justicia norteamericana. 41 Véase. Laurenzo Copello. por ello. Valencia.precisamente en el contexto de la discriminación por razón de sexo. p. Por una parte. 314 CP) o en la prestación de servicios públicos u otras actividades profesionales (arts. Jueces para la Democracia. esto es. De estas premisas cabe inferir dos grandes vertientes del mandato de no discriminación. todas aquellas que favorecen o conceden alguna ventaja a los miembros de un colectivo que sufre discriminación estructural con el fin último de eliminar o paliar esa situación de inferioridad 42 .
Lejos de ser un factor de tensión respecto del mandato antidiscriminatorio. de otra. Por lo que se refiere al primer aspecto y teniendo en cuenta lo dicho previamente sobre el alcance del contenido del mandato de no discriminación. 19 y ss. por el contrario. resulta equivocado valorar este tipo de medidas como meras excepciones al principio de no discriminación. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se muestra favorable a admitir las medidas de acción positiva siempre que el sexo no juegue como elemento de preferencia automática.2 La Ley Integral y el mandato de no discriminación Sobre las bases teóricas que se acaban de perfilar. cultural o social. económica.08: 14 Patricia Laurenzo flexibilidad de horarios laborales. no ha sido sencilla. pp. En otros términos: remover los obstáculos que obstruyen la igualdad sustancial con el fin de hacer posible la participación de todos los ciudadanos en la vida pública en condiciones de igualdad. por su punición más severa cuando adopta el papel de sujeto activo de algún delito contra su pareja actual o pasada. núm. Por eso. Para responder a este interrogante conviene distinguir los dos grandes aspectos en los que se concreta el reproche de supuesta discriminación del varón. p.2 de la Constitución española en cuya virtud los poderes públicos tienen el deber de “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas” y de “remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud”. que no es otra que el reconocimiento de la violencia de género como una manifestación de la discriminación estructural que sufren las mujeres en la sociedad de nuestros días. etc.-44 . 2005. etnia o condición personal. 71 y ss. tanto europea como española. por su exclusión del catálogo de sujetos pasivos amparados por las nuevas agravantes y. pp. véase Rey Martínez. la decisión políticocriminal de conceder una tutela reforzada a la mujer frente a los actos de violencia de género supone una violación del mandato constitucional de no discriminación. Fundamento y limites constitucionales. Madrid. facilitando “la participación de todos los ciudadanos en la vida política. durante siglos. cultural y social”. de una pretendida paridad entre hombres y mujeres. tal como han planteado diversos sectores del ámbito jurídico. El derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo. 3. de una parte. cit. Y todo ello con el fundamento de la necesidad de equilibrar la situación de desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres derivada de la función meramente doméstico a la que. ha sido relegado el sexo femenino. cualquiera que sea su sexo. tiene sentido que se reclame el trato 44 La evolución de la jurisprudencia. Precisamente en ese contexto adquiere sentido el artículo 9. 08:1 -08:23 ISSN 1695-0194 . parece claro que sólo cabe discutir la legitimidad de unas figuras destinadas a proteger de modo más intenso a la mujer frente a ciertos actos de violencia de sus parejas si se niega la premisa legitimadora de tal medida. las políticas de acción positiva constituyen auténticas concreciones de este principio constitucional observado desde su vertiente dinámica. 1995. Sobre la evolución del Tribunal Constitucional español en esta materia. Sólo cuando no se admite esa posición subordinada de la mujer respecto del varón en el contexto social y se parte. esto es. exigiendo en todo caso una “cláusula de apertura” que garantice la flexibilidad de las medida en función de las características de las personas implicadas –un amplio repaso de la doctrina del TJCE puede verse en Martín Vida. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología.. corresponde preguntarse ahora si. 07-08.
donde ciertamente se admiten las relaciones de subordinación de las mujeres hacia sus parejas masculinas. El problema de esta clase de razonamientos reside en la negativa a admitir que la violencia de género constituye una categoría específica de violencia –sociológicamente definida. es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre”48 . sino como hechos individuales reconducibles únicamente a las características particulares de cada pareja 45 . Por eso concluye el Consejo que el único dato distintivo de la violencia contra las mujeres es de naturaleza cuantitativa 47 : sólo se diferencia de las agresiones que sufren los hombres a manos de sus parejas femeninas en que es mayor el número de mujeres maltratadas que el de varones en circunstancias semejantes. El problema es que esa igualdad jurídica no se corresponde con una realidad social que sigue discriminando a la mujer. Este razonamiento se percibe con toda nitidez en el Informe del Consejo General del Poder Judicial al Anteproyecto de L ey Integral. 6146. no puede tener paralelo en el sexo masculino. Nadie discute que el derecho positivo ha proclamado hace ya tiempo la igualdad formal entre todos los ciudadanos. 47 “Estadístico”. 27-.. 48 Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. p. religioso y político. Pero aunque sólo fuera eso.asociada a la posición de poder que todavía ocupan los varones en la estructura social y que.actos –mutuos. 46 Dice el Informe del CGPJ –p. De ahí que se postule la posibilidad inversa. conviene recordar 45 También siguen este esquema. bajo presupuestos idénticos. cit. La discriminación positiva de la mujer en el ámbito doméstico. luego no se explica un tipo penal diferente que otorgue una superprotección de la libertad de la mujer…”. esto es. Boldova/Rueda. pero no como manifestación de un patrón general de comportamiento basado en pautas sociales de conducta. resulta dudoso el empeño en sostener que se trata únicamente de un asunto estadístico50 . Por decirlo en palabras de las Naciones Unidas. se trata de una violencia “sin duda vinculada al desequilibrio en las relaciones de poder entre los sexos en los ámbitos social. que sea el varón quien. Con estos y muchos otros instrumentos internacionales que avalan la especificidad de la violencia contra las mujeres.de violencia. ocupe la posición subordinada46 . el Consejo desconoce las bases mismas del derecho antidiscriminatorio. “la violencia contra la mujer constituye una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer..es/recpc/07/recpc07-08.La violencia de género en la Ley Integral: valoración político-criminal 08: 15 igualitario de todos ellos frente a eventuales –e indiferenciados. por eso mismo. al negar las diferencias de partida entre hombres y mujeres basándose de modo exclusivo en la igualdad de derechos ante la ley. p. 49 Parlamento Europeo. no hay una desventaja inicial. económico. la igualdad de partida que predica el Consejo es sólo aparente y requiere de los necesarios correctivos por parte del derecho si no se quiere perpetuar la desigualdad sustancial entre hombres y mujeres que ha acompañado a toda la historia de la humanidad. 39. dice el Informe del CGPJ. 14 diciembre 2004. en Diario La Ley. 5. Resolución sobre una campaña europea sobre tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres (Resolución A4-250/1997) 50 Como bien señala Barrere Unzueta – De la acción positiva a la discriminación postiva.pdf . de 20 de diciembre de 1993. núm. pese a las legislaciones nacionales e internacionales a favor de la igualdad” 49 . p. cit.ugr.…. Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 48/104. que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer. 22-: “…el hombre y la mujer parten de la misma situación de tutela por el derecho. como reconoce el Parlamento Europeo. Por eso. Con este razonamiento. la legitimación de un trato jurídico diferenciado hacia la mujer fundado en el reconocimiento de diferencias estructurales RECPC 07-08 (2005) - http://criminet. o.
14 de la Constitución. la tutela penal reforzada hacia la mujer –que se refleja en una serie de agravantes de pena. 08:1 -08:23 ISSN 1695-0194 . agravante de parentesco-. El Consejo General del Poder Judicial lo expresa diciendo que la superprotección de la mujer se hace “a costa de una mayor restricción de la libertad del varón”52 . núm. Tal vez la obviedad de estas circunstancias explique que los argumentos más drásticos para fundamentar la supuesta inconstitucionalidad de la Ley Integral se hayan elaborado a partir de la perspectiva opuesta a la que venimos tratando hasta aquí. 52 Informe del CGPJ. p. La exclusión del varón como sujeto pasivo de las figuras agravadas introducidas por la Ley Integral en nada afecta. amenazas. propietario). entre hombres y mujeres tiene el inconveniente de poner en evidencia la falacia del modelo aparentemente universalista sobre el que se asienta todo el sistema jurídico. menos aún. Simplemente se parte de la suficiencia de las normas penales generales para garantizarles una tutela adecuada frente a eventuales agresiones de sus parejas y por eso no se les incluye en una estrategia preventiva pensada para proteger a quienes se encuentran expuestas a un riesgo superior. como tales. una diferencia abrumadora que una vez más invita a pensar en alguna causa específica generadora del fenómeno que se encuentra asociada a la condición femenina. 51 Datos del Consejo General del Poder Judicial correspondientes a los primeros nueve meses de 2004. Con razón afirma el Parlamento Europeo que esas estadísticas abrumadoras permiten calificar a la violencia contra las mujeres como un “mal endémico” de nuestra sociedad -véase la Resolución citada en nota 49-. un modelo que pretende mantener la abstracción jurídica que nos hace iguales a todos pese a estar construido sobre los caracteres exclusivos –y excluyentes.del grupo que ostenta el poder (varón. p.08: 16 Patricia Laurenzo que las estadísticas indican que el 90% de los actos violentos registrados en el ámbito familiar tienen como víctima a mujeres 51 . este refuerzo en la tutela penal no repercute en merma alguna de la protección de los varones por parte del ordenamiento punitivo ya que no se les “quita” protección para dársela a las mujeres. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. 22. ya que él es el destinatario exclusivo del incremento de pena resultante de aquellas agravaciones. Un mismo hecho (amenazas. desde la óptica del varón como autor de los delitos afectados por el nuevo sistema de agravantes fundadas en el sexo de la víctima. al art. Pero estas agresiones son manifestaciones individuales e indiferenciadas de la violencia emergente de la sociedad que. cit. lesiones. encuentran suficiente respuesta en las figuras delictivas genéricas que contempla el Código penal – homicidio. 2005. pues. Consecuentemente. la raíz discriminatoria de la violencia de género. además. una circunstancia que sin duda no concurre en el grupo de los hombres. 07-08.puede explicarse como una legítima decisión de Política Criminal destinada a protegerla frente a un tipo específico de violencia que sólo a ella le afecta porque tiene su razón de ser precisamente en el sexo de la víctima. Pero. Bien es verdad que hay mujeres que agreden a sus parejas masculinas. Un tipo de violencia que no tiene paralelo en el sexo masculino ya que no existe una violencia asociada a la condición de varón. De ahí la resistencia de los sectores asentados en el poder a reconocer la posición de subordinación social de la mujer y. blanco. Para que fuese posible discutir siquiera la posible inconstitucionalidad de esta medida sería preciso que la ley privara de esa tutela reforzada a algún colectivo que se encuentre en una situación fáctica semejante a la de las mujeres. malos tratos en el ámbito doméstico.. es decir.
Varios son las aspectos que entran en consideración de cara a valorar la mayor o menor razonabilidad de las críticas precedentes. muchos de cuyos fundamentos comparten. pues la ley estaría presumiendo. es conviene no perder de vista que las nuevas agravantes no se circunscriben en función de las características del autor del delito sino a partir de una serie de circunstancias asociadas de modo exclusivo al sujeto pasivo.La violencia de género en la Ley Integral: valoración político-criminal 08: 17 coacciones. p. de agravaciones automáticas basadas en el dato meramente objetivo del sexo del autor. argumenta el CGPJ. 56 Salvo que se quiera entender que cuando la ley habla de “el autor” lo hace por referencia exclusiva al sexo masculino. 19. Prólogo a la 10ª ed. castigando más al varón que a la mujer por la mayor peligrosidad derivada exclusivamente de su sexo55 . cit. cit. hasta el punto de asociar la opción político criminal de la Ley Integral con los postulados de la Escuela de Kiel. ed. Con ello se pone de manifiesto la finalidad tuitiva de estas agravantes.lo que juega como dato decisivo para definir y dar sentido a las agravaciones.es/recpc/07/recpc07-08. Boldova/ Rueda. como se sabe. “no se fundamenta en razones vinculadas a un mayor contenido de injusto o de culpabilidad. Como punto de partida. ese proceder basado en meras presunciones vendría a afectar también el principio de responsabilidad por el hecho. Tecnos. El fundamento material reside en un peligro implícito derivado de la propia naturaleza de la relación entre autor y víctima. se produciría un efecto en cadena que convertiría innumerables tipos penales en figuras comisibles exclusivamente por hombres (siempre que los t ipos se refieren a “el culpable”. 5.. sin acudir en ningún caso a criterios tales como “El varón…que ejecute tal o cual conducta”56 . Por una parte. También hablan de presunciones inaceptables que repercuten de modo objetivo en discriminación del varón. 41 y s. No se trata. “el reo”. Código Penal. lesiones) con idéntico contenido de injusto –dice el CGPJ. en consecuencia. se encuentra partic u53 54 Informe del CGPJ.ugr.se castiga de formas más severa exclusivamente por el dato objetivo del sexo del autor. se alega la lesión del principio de culpabilidad.pdf .) RECPC 07-08 (2005) http://criminet. Pero de admitirse esta interpretación. sino que únicamente obedece a razones subjetivas relativas a la cualidad del varón y a su presunta superioridad sobre la mujer”54 . cit. “el autor”. No es casual que la ley opte por fórmulas neutras para referirse a los eventuales responsables de estos hechos. ya que la mayor severidad punitiva. Es el sexo de la víctima y no del autor –la condición de mujer de quien sufre las agresiones. p. 40.. De este modo resultarían violados al menos dos grandes principios del Derecho penal con repercusiones constitucionales. Gimbernat. El Derecho penal parte aquí del reconocimiento de que la mujer. uno de los exponentes más destacados del derecho nacionalsocialista. 55 Informe del CGPJ. y siquiera sea para mantener el necesario rigor en la tarea hermenéutica. la Ley Integral vendría a recuperar los principios del denostado “derecho penal de autor”. por su condición de tal y en virtud de la radical desigualdad en el reparto de roles sociales. fundadas en la necesidad de una tutela adicional para la víctima y no en alguna supuesta “maldad” del autor. “el responsable”. pp. P. si bien estos autores ensayan una interpretación restrictiva destinada a evitar el reproche de inconstitucionalidad del CGPJ. De esta manera. Pero además. “que cuando el hombre amenaza o coacciona a su mujer o a su ex mujer lo hace en todo caso prevaliéndose de una situación de superioridad o con el fin de mantener la voluntad de dominación” 53 . El Informe resulta aquí de una dureza extrema. La discriminación positiva. etc. sin admitir prueba en contrario.
Mientras la Ley Integral parte de un tipo de violencia que encuentra su explicación en un reparto de roles sociales favorecedor de las relaciones de dominación y poder de los hombres sobre las mujeres. 2005. Como si el problema fuese el motivo del ejercicio de la violencia y no la propia “relación de poder” que favorece el uso de estrategias violentas para mantener el control. el postulado que sitúa al sexo de la víctima –a la condición de mujer. le concede una protección adicional. núm. Eso no significa negar la posibilidad de que el varón también pueda ser blanco de agresiones de su cónyuge o conviviente. El problema se encuentra. en efecto. que existan muchas mujeres afectadas por actos violentos protagonizados por sus parejas masculinas.como fuente de un riesgo específico de ser agredida por su pareja. se añade un peligro derivado de su propia condición femenina. la mayoría de los críticos se desentienden de esa premisa y sólo admiten la existencia de hechos violentos en la pareja como resultado de la personali57 Informe del CGPJ. como “género”. para prevenir sus efectos. ISSN 1695-0194 Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. No se trata de nada nuevo en Derecho penal. como sucede con los menores. en el reparto inequitativo de roles sociales entre hombres y mujeres. Lo que realmente se discute es que tales situaciones encuentren su explicación en la discriminación de la mujer en la estructura social. El legislador capta esa especial exposición al riesgo y. 08:1 -08:23 . a ese riesgo genérico de sufrir agresiones de la persona con la que se entabla una relación particularmente intensa -sea cual fuere su sexo-. 51. con ello.08: 18 Patricia Laurenzo larmente expuesta a sufrir ataques violentos a manos de su pareja masculina. p. A tal punto llega la incomprensión de la violencia de género que el Consejo del Poder Judicial llega a poner como ejemplo de una inaceptable aplicación “objetiva” de las agravantes el caso de un hombre que “no agrede a la mujer con la intención de discriminarla o con el ánimo de mantener la relación de poder que ejerce sobre ella. cit. De ahí la insistencia en recriminar al legislador el no haber previsto la posibilidad la prueba en contrario por parte del varón que amenaza. en la diferencia en los puntos de partida. Y todo ello sin que a nadie se le haya ocurrido hasta ahora hablar de discriminación prohibida contra los sectores no alcanzados por las correspondientes figuras penales específicas. coacciona o causa lesiones a la mujer con la que tiene o ha tenido una relación de pareja. Hace años que la ley refuerza la tutela de aquellos colectivos a los que considera particularmente vulnerables frente a determinado tipo de agresiones. p. un riesgo que tiene su origen en la radical injusticia en el reparto de roles sociales que coloca a las mujeres –como colectivo. sino con ánimo de venganza o por arrebato o celos”57 . Nadie discute. incluso se deja en un segundo plano la mayor o menor conveniencia de apostar por la severidad punitiva como respuesta a este tipo de comportamientos.en una posición subordinada y dependiente del varón. en el caso de la mujer. los incapaces y recientemente también los extranjeros u otros grupos discriminados en la sociedad. pues. La diferencia entre estos otros casos de tutela reforzada y el que propone la Ley Integral reside en la resistencia de amplios sectores sociales a admitir la propia categoría de la violencia de género como dato sociológico y. 07-08. La diferencia reside en que.
62 . Y desde luego no les falta razón si por acción positiva se entiende. 60 Así.ugr. por definición. con amplias referencias bibliográficas. etc. 5. preferencias en el acceso a un puesto de trabajo. Sobre este concepto genérico.. en un sentido muy amplio. Fundamento y límites constitucionales. 61 De ahí el término “discriminación positiva”. 62 Es lo que se conoce también como “medidas de discriminación inversa”. Lo más frecuente –tal vez por tratarse del ámbito donde surgen mayores problemas de legitimación. la condición de mujer. La discriminación positiva. cit. Esta perspectiva puramente individual de la violencia en la pareja.es reservar el concepto de acción positiva para referirse a ciertas medidas favorecedoras del colectivo discriminado que al mismo tiempo generan un perjuicio simétrico para el grupo dominante61 .pdf .. En otras palabras: ventajas para los miembros del grupo discriminado que se traducen en una merma de oportunidades para quienes comparten los rasgos distintivos del grupo mayoritario –sistema de cuotas en listas electorales. Todo depende. acaba por desenfoca totalmente el sentido de las agravantes de la Ley Integral y explica los reproches de un trata discriminatorio hacia el varón o. 59 58 RECPC 07-08 (2005) - http://criminet..3. de que se quiera asumir o no una evidencia avalada por infinidad de estudios y que ha sido plenamente reconocida por los más prestigiosos organismos internacionales como uno de los grandes problemas de la sociedad de nuestros días. Pero no es éste el sentido más usual de acción positiva ni el que ha presidido la polémica sobre las opciones político-criminales de la Ley Integral. 3. En conclusión. En esta idea se han basado los críticos de la Ley Integral y sobre ella han discurrido Así Boldova/ Rueda. 37 y ss. nada impide que pueda se asumida. toda política o medida de carácter diferenciado tendente a favorecer a los miembros de un grupo socialmente subordinado 59 . lo que es todavía más preocupante. Martín Vida.es/recpc/07/recpc07-08. De la acción positiva a la discriminación positiva. ajena al trasfondo cultural que concede papeles diversos a hombres y mujeres y favorece el uso de estrategias violentas por parte del varón para mantener un dominio que la sociedad le reconoce. negativa.La violencia de género en la Ley Integral: valoración político-criminal 08: 19 dad más o menos agresiva y dominante de una de las partes. reserva de plazas universitarias. en idénticas condiciones. por la mujer. cit. esto es. p. una característica intercambiable que si bien normalmente corresponde al varón. p. cit. como es el caso de la mujer en su dimensión colectivo -como “género”-60 . Martín Vida. con razón. es un factor espec ífico que incrementa el riesgo de ser víctima de actos de violencia. de un pretendido “efecto privilegiante” hacia la mujer al dejarla exenta de las agravantes correspondientes cuando sea ella quien agreda a su pareja masculina 58 . sin embargo. una denominación que encierra una contradicción en sí misma ya que toda medida discriminatoria es. Derecho penal y políticas de acción positiva: dos campos difíciles de conciliar La explicación de las agravantes relacionadas con el sexo de la víctima a partir de la discriminación estructural que sufre la mujer en la sociedad ha sido el argumento decisivo para que muchos defensores de la Ley Integral apelaran a la idea de “acción positiva” como fundamento y justificación de esta nueva opción político-criminal. Véase al respecto. que el sexo femenino. existe un fundamento material para explicar las nuevas agravantes de género y para conceder legitimidad a la opción político-criminal de la Ley Integral. Barrere Unzueta. pp. 32.
Este tipo de políticas sólo adquieren sentido en aquellos sectores del ordenamiento jurídico que se ocupan de regular la distribución de recursos escasos en la sociedad -como el derecho administrativo o el derecho laboral-. Sin embargo. Por eso. Hace años que el Derecho penal acude a este tipo de medidas sin que nunca antes se hayan planteado reparos de constitucionalidad. Es de lamentar que los defensores de la Ley Integral hayan caído en la trampa de los críticos y desde el primer momento se empeñaran en defender su conformidad con Fundamento y límites constitucionales. pp. Su sentido y justificación se encuentra en otro tipo de consideraciones relacionadas con los fines y contenido del Derecho penal y no con la pretendida concesión de ventajas a la mujer “a costa del varón”. Más allá del marco genérico que dibuja el artículo 9. cuya función primordial se concentra en el aseguramiento de las condiciones básicas que permiten a todos los individuos el pleno goce de los derechos fundamentales.08: 20 Patricia Laurenzo la mayor parte de las objeciones que atribuyen a las agravantes de género una serie de supuestos perjuicios directos para el varón. Todo ello completamente ajeno a un ámbito sancionador como el Derecho penal. 08:1 -08:23 ISSN 1695-0194 . cit. Nada hay de nuevo en esta técnica de tutela adicional mediante agravantes específicas. 07-08. por citar sólo algunos ejemplos. puesto que se trata de implementar medidas concretas destinadas a favorecer la participación social de los grupos marginados mediante la concesión de ventajas directas en el acceso a los bienes. 46 y ss. Al margen de sus diversas fundamentaciones concretas. como sería el caso de la privación de una protección penal particularmente intensa o su sanción más severa cuando adopta la condición de autor del delito. lo cierto es que la opción político-criminal de conceder una tutela reforzada a la mujer poco tiene que ver con la técnica de las acciones positivas en sentido estricto. en nada puede sorprender que se conceda una tutela reforzada a un grupo de la población cuya vida.. p.2 de la Constitución al imponer a los poderes públicos el deber de remover los obstáculos que dificultan a algunos ciudadanos el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas. 2005. no se necesitan grandes reflexiones para comprender que el Derecho penal se mueve por criterios que nada tienen que ver con las acciones positivas así entendidas. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. las nuevas agravantes de género que recoge la Ley Integral difícilmente pueden explicarse a partir de l a lógica de las acciones positivas. todos estos casos tienen en común el hecho de ofrecer una protección penal reforzada a un grupo concreto de sujetos pasivos en virtud de algún tipo de características que los sitúan en una posición de particular vulnerabilidad frente a determinadas agresiones. integridad y libertad se encuentran expuestas a una amenaza especialmente intensa. núm. En un sector del ordenamiento jurídico dirigido a garantizar a todos los ciudadanos el pleno disfrute de los bienes básicos de la personalidad. una posición que no concurre en otras víctimas potenciales de los mismos delitos. No hay más que pensar en los múltiples delitos que contemplan agravaciones específicas cuando la víctima es menor o incapaz o el caso del incremento punitivo en el delito de tráfico de drogas cuando el destinatario de la droga es un drogodependiente en tratamiento de deshabituación.
es/recpc/07/recpc07-08. pero no por tratarse de medidas de fomento de un colectivo a costa de otro. Sin embargo. De ahí que también los tipos penales que aumentan la severidad de la pena a quienes agreden a algún miembro de un colectivo discriminado encuentren plena justificación en el derecho antidiscriminatorio. la pertenencia al sexo femenino. Valoración final: los riesgos de la opción punitivista Cuanto se ha dicho hasta aquí permite concluir que la opción de la Ley Integral de reforzar la protección de la mujer a través de un grupo de agravaciones específicas en nada se opone al mandato constitucional de no discriminación. 4. Pero ni siquiera los promotores de la Ley Integral parecen haber tenido en mente semejante resultado. capaz de inhibir a un mayor número de potenciales autores de la tentación de ejercer violencia sobre sus parejas. Pero de ahí no se sigue que se trate de medidas de fomento de la mujer en detrimento del varón. la “función pedagógica” del derecho RECPC 07-08 (2005) - http://criminet. El derecho antidiscriminatorio no se agota en este tipo de incentivos para los miembros de grupos marginados. cuando se trata de valorar la oportunidad y adecuación de estas medidas desde un punto de vista político criminal. en términos amplios.pdf . sino que se extiende a todas aquellas decisiones de política legislativa destinadas a equilibrar la posición de partida de ciertos ciudadanos que ocupan una posición subordinada en la estructura social. en particular. constituye un factor de riesgo que expone a las mujeres a un peligro particularmente elevado de ser blanco de violencia. Esa conclusión sólo sería correcta si pudiera esperarse de las agravantes de género una eficacia preventiva de especial intensidad. Como punto de partida. sin embargo. Los argumentos basados de modo exclusivo en los fines del Derecho penal permiten explicar así de modo satisfactorio las nuevas agravantes de género. Cierto es que. cuyo ámbito natural es el de aquellos sectores del ordenamiento jurídico destinados a regular la distribución de bienes escasos.ugr.La violencia de género en la Ley Integral: valoración político-criminal 08: 21 la Constitución partiendo de la idea de acción positiva en lugar de acudir a argumentaciones propias del Derecho penal. de ahí no se sigue que el modo más adecuado para combatir ese peligro sean precisamente unas normas penales especiales. Es ilustrativo que entre las posturas más entusiastas de esta tendencia político-criminal se insista sobre todo en los efectos simbólicos que se espera conseguir. sino por reforzar la protección del grupo discriminado con el fin de aumentar el efecto preventivo de la amenaza penal. es conveniente insistir en la total certeza del diagnóstico sobre el que se asienta la Ley Integral: es absolutamente cierto que la condición de mujer. Distintas se presentan las cosas. como parece insinuar la idea de acción positiva. sin que resulte necesario forzar un concepto como el de acción positiva. la opción político-criminal de aumentar la tutela de la mujer mediante agravantes específicas encuentra perfecto acomodo en el deber de los poderes públicos de remover los obstáculos que dificultan a los colectivos socialmente discriminados el pleno disfrute de los derechos fundamentales.
dicho al revés. STS 05/06/2003. posteriores y simultáneos. De esta manera. 64 Véase Durán Febrer. 6 y s. resulta tolerada por la comunidad 64 . en Artículo 14. De esta manera. arrastrada por la idea de que sólo las conductas tipificadas como delito merecen plena reprobación social o. p. dejándolas desprotegidas frente ataques graves de su potencial agresor. supuestos que en contextos personales distintos recibirían la calificación de graves. 2004. p. cit. la estrategia de lucha contra la violencia de género viene a sumarse a la ola general de fascinación por el Derecho penal que invade al conjunto de la sociedad de nuestros días. Análisis jurídico-feminista. la jurisprudencia distingue entre delito y falta de amenazas en función de elementos circunstanciales.. Véase al respecto STS 18/07/2002. En general.08: 22 Patricia Laurenzo penal para transmitir a la sociedad el mensaje tajante de que todo acto de violencia contra las mujeres está radicalmente prohibido 63 . por ejemplo. Criterios semejantes sirven para distinguen las coacciones leves de las graves. que todo aquello que no está prohibido por el Derecho penal resulta socialmente tolerado. En efecto. sino por impulsar un cambio en la interpretación jurisprudencial que deje 63 Así. 9. Durán Febrer. en efecto. núm. por muy leve que aparezca a primera vista. las personas intervinientes y los actos anteriores. que tales conductas constituyen manifestaciones de la llamada “violencia ambiental”. pp. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. por ese motivo. Pero si esto es así. nº 17. Esos altos niveles de tolerancia llevarían a minimizar la entidad de ciertas agresiones a la libertad de las mujeres. lo que se traduce en la sistemática calificación de tales conductas como falta y no como delito 65 . basta una observación algo atenta de los criterios que utiliza la jurisprudencia para valorar la entidad de las amenazas o coacciones en la pareja. De ahí la justificación de una respuesta penal más severa: mediante la elevación de las penas se intenta contrarrestar esa desafortunada tolerancia social enviando el mensaje claro y preciso de la importancia y total desaprobación de cualquier manifestación de violencia ambiental contra la mujer. Se trata de una apelación directa a la siempre discutible función simbólica del Derecho penal que en nada favorece una estrategia a largo plazo destinada a subvertir el actual fenómeno de violencia contra las mujeres. entendiendo por tal un modo particularmente agresivo que tiene el varón de relacionarse con la mujer como consecuencia de ciertos patrones culturales que forman parte de los usos sociales y que. al tiempo que resulta innecesaria si se atiende al conjunto de casos que pretenden contrarrestarse con la nueva medida. 07-08. 2005. 65 Véase. entre los que destacan la ocasión en la que se profiere. la solución no pasa por convertir en delito las amenazas y coacciones leves. se ven degradados a la categoría de falta por la comprensión y tolerancia que todavía suscita cierto tipo de agresiv idad masculina en las relaciones de pareja. para detectar que elementos circunstanciales tales como la relación de afectividad entre las partes o el origen más o menos “doméstico” de la disputa se consideran indicadores de la escasa gravedad de las amenazas. 08:1 -08:23 ISSN 1695-0194 . Análisis jurídico-feminista de la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género. Precisamente en esa idea se funda la tan discutible decisión de elevar a la categoría de delito las amenazas y coacciones leves cuando la víctima sea la mujer actual o pasada de quien las profiere. No sin razón se ha alegado. dejando a la mujer a merced de un agresor potencial que en muchos casos acaba por hacer realidad la amenaza del uso de la fuerza.
en esa medida. Pero para ello no hace falta ninguna modificación legislativa. elevando a la categoría delito ciertos hechos de escasa gravedad. Pero el uso abusivo de esta vía.ugr. 48 L. fuera de la pareja. un camino que poco tiene que ver con los ideales feministas de una sociedad pacífica y tolerante. eliminando la tendencia a tolerar la rechazable violencia ambiental hacia las mujeres. la apuesta decidida por una respuesta penal particularmente intensa y de tintes marcadamente retributivos. fuerzas y cuerpos de seguridad y médicos forenses (art.). entre cuyos valores destacan la tolerancia y resolución pacífica de conflictos.a la categoría de delito constituye un camino equivocado que se vuelve en contra del fin perseguido. un camino que adecuadamente impulsa la Ley Integral mediante la previsión de programas específicos de formación “relativa a la igualdad y no discriminación por razón de sexo” dirigidos a jueces. porque la sanción desproporcionada de hechos de escasa significación. secretarios judiciales. que deba acudirse al Derecho penal para proteger a las mujeres frente a los actos de violencia de sus parejas. Se trata más bien de apuntar a un cambio de mentalidad en los operadores jurídicos de cara a conseguir una mayor comprensión del signif icado último de la violencia de género. Nadie discute. aun a costa de los criterios de proporcionalidad que han de presidir las sanciones punitivas.I. se convierte en una medida ejemplarizante que acaba por presentar al varón como receptor de una sanción injusta y.es/recpc/07/recpc07-08. como “víctima” de un sistema represor extremo. desde luego. Por lo demás. RECPC 07-08 (2005) - http://criminet.pdf .La violencia de género en la Ley Integral: valoración político-criminal 08: 23 de considerar el contexto doméstico o de pareja como parámetros de “levedad” de las amenazas y coacciones. se trata de forzar a los jueces a un cambio de perspectiva capaz de romper con los viejos estereotipos que llevan a calif icar como amenazas y coacciones leves ciertos supuestos que. parece poco adecuada al ideario feminista consagrado en la propia Ley Integral. En otros términos. magistrados. nadie dudaría en calificar de graves atentados a la libertad. fiscales. supone una apuesta desmedida por el instrumento más autoritario de cuantos dispone el ordenamiento jurídico. La opción de elevar las amenazas y coacciones leves –cuando realmente lo sean.
Documents Similar To La Violencia de Género