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Timestamp: 2018-08-21 15:57:30
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Matched Legal Cases: ['artículo 58', 'artículo 61', 'artículo 359', 'artículo 29', 'artículo 359', 'Artículo 45', 'Artículo 872', 'artículo 69', 'artículo 70', 'artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 93', 'Artículo 59', 'artículo 59', 'Artículo 59', 'artículo 215', 'artículo 338', 'artículo 59']

Nota Tributaria - Sentencia C-551 de 2015. Expediente D-10621 AC. - Impuesto Complementario de Normalización Tributaria - Naturaleza Jurídica, Características y Finalidad - Elementos del Tributo - Hecho Generador - Base Gravable - Tarifa - Declaración de Activos Omitidos - Beneficios Tributarios - Amnistías y Saneamiento en Materia Tributaria Principios Constitucionales Tributarios - Principio de Igualdad - Buena Fe - Deber de Contribuir a Financiar los Gastos e Inversiones del Estado - Principios de Justicia y Equidad - Principios del Sistema Tributario - Eficiencia y Progresividad. Con Aclaraciones de Voto de los Magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo, Jorge Iván Palacio Palacio y Alberto Rojas Ríos. FALLO: Declarar EXEQUIBLES los artículos 35, 36, 37, 38 y 39 de la Ley 1739 de 2014. - Corte Constitucional. - M.P. Mauricio González Cuervo. - - Normas Demandadas: Artículos 35, 36, 37, 38 y 39 de la Ley 1739 de 2014. - 1. Las demandas. Los ciudadanos Héctor Andrés Falla Cubillos y Juan Esteban Sanín Gómez, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad prevista en los artículos 40.6, 241 y 242 de la Constitución Política, demandan la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 35, 36, 37, 38 y 39 de la Ley 1739 de 2014, por vulnerar (i) el principio de igualdad (CP, 13), al establecer una diferencia de trato injustificada en beneficio de las contribuyentes morosos respecto de la normalización de su situación tributaria; (ii) el principio de buena fe (CP, 83), el deber de contribuir a financiar los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad (CP, 95.9) y los principios fundamentales del sistema tributario (CP, 363), por otorgar una amnistía tributaria a los contribuyentes morosos, sin que haya un motivo excepcional que lo justifique. // 2. Problema jurídico-constitucional. Corresponde determinar si las normas demandadas, al crear el impuesto complementario de normalización tributaria, al fijar sus sujetos pasivos, su hecho generador, su base gravable, su tarifa y disponer que no habrá comparación patrimonial ni renta líquida gravable por la declaración de activos omitidos, ¿vulneran los principios de igualdad (art. 13 CP), buena fe (art. 83 CP), el deber de contribuir a financiar los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad (art. 95.9 CP) y los principios de equidad, eficiencia y progresividad, en los cuales se funda el sistema tributario (art. 363 CP)? // 3. Cargo: vulneración del principio de igualdad (art. 13 CP), del principio de buena fe (art. 83 CP), del deber de contribuir a financiar los gastos e inversiones del Estado (art. 95.9 CP) y de los principios de equidad, eficiencia y progresividad (art. 363 CP). En el análisis de este cargo se analizaron las normas demandadas, para fijar el alcance y el sentido del régimen de un nuevo impuesto y para destacar las consecuencias que éste tiene respecto de otros tributos y de eventuales infracciones cambiarias. Se aludió a la jurisprudencia de este tribunal sobre amnistías y los saneamientos en materia tributaria, para precisar que deben obedecer a una situación excepcional y su justificación debe superar un test de proporcionalidad estricto. Se estudió el margen de configuración del legislador en materia tributaria, para destacar su amplitud en materia impositiva; la igualdad como valor, principio y derecho, el principio de buena fe, el deber de contribuir a financiar los gastos e inversiones del Estado y los principios fundamentales del sistema tributario, para dar cuenta del sentido y alcance de cada uno de ellos en cuanto atañe a la figura de la amnistía o el saneamiento en materia tributaria. A partir de estos parámetros, se avanzó al caso concreto (i) para establecer que, en términos formales, no se puede considerar que se esté ante una amnistía tributaria; (ii) que las normas demandadas obedecen a una situación específica, con circunstancias normativas y fácticas excepcionales; (iii) que el impuesto de normalización tributaria es obligatorio, mientras que el mecanismo de normalización tributaria del régimen general (art. 239-1 E.T.) es potestativo; (iv) que sobre los bienes que son objeto de este impuesto la administración no ha tenido y no tiene conocimiento y, por ende, acceso, respecto de los cuales no existe una obligación liquidada que condonar; (v) que podría haber en algunos eventos un trato diferente respecto del incumplimiento de la obligación formal de suministrar información completa y veraz en las declaraciones de impuestos; (vi) que en estos eventos, que podrían considerarse como una medida de saneamiento, al aplicar un test estricto de proporcionalidad, se verifica que los fines perseguidos por las normas demandadas son legítimos, constitucionalmente importantes e imperiosos; que el medio empleado para ello es adecuado, efectivamente conducente y necesario para lograrlos; y que los beneficios de adoptar la medida exceden claramente las restricciones impuestas sobre otros principios y valores constitucionales, dado que el peso ponderado del bien perseguido y su duración en el tiempo, es mayor al peso del bien transitoria y parcialmente sacrificado. // 4. Razón de decisión. Dentro de su amplio margen de configuración en materia tributaria, el Legislador puede establecer impuestos que prevean condiciones transitorias y más favorables para los contribuyentes, sin que necesariamente se puedan considerar como una típica amnistía, en tanto no se incremente la tributación en otros sectores sociales, exista una situación fiscal excepcional y el medio sea adecuado, efectivamente conducente y necesario para lograr fines legítimos, constitucionalmente importantes e imperiosos, de tal suerte que los beneficios de adoptar la medida excedan claramente las restricciones impuestas sobre otros principios y valores constitucionales.
Sentencia C-551 de 2015. Expediente D-10621 AC. Corte Constitucional. Impuesto Complementario de Normalización Tributaria - Naturaleza Jurídica, Características y Finalidad - Elementos del Tributo - Hecho Generador - Base Gravable - Tarifa - Declaración de Activos Omitidos - Beneficios Tributarios - Amnistías y Saneamiento en Materia Tributaria Principios Constitucionales Tributarios - Principio de Igualdad - Buena Fe - Deber de Contribuir a Financiar los Gastos e Inversiones del Estado - Principios de Justicia y Equidad - Principios del Sistema Tributario - Eficiencia y Progresividad. Con Aclaraciones de Voto de los Magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo, Jorge Iván Palacio Palacio y Alberto Rojas Ríos. FALLO: Declarar EXEQUIBLES los artículos 35, 36, 37, 38 y 39 de la Ley 1739 de 2014. M.P. Mauricio González Cuervo. Normas Demandadas: Artículos 35, 36, 37, 38 y 39 de la Ley 1739 de 2014. 1. Las demandas. Los ciudadanos Héctor Andrés Falla Cubillos y Juan Esteban Sanín Gómez, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad prevista en los artículos 40.6, 241 y 242 de la Constitución Política, demandan la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 35, 36, 37, 38 y 39 de la Ley 1739 de 2014, por vulnerar (i) el principio de igualdad (CP, 13), al establecer una diferencia de trato injustificada en beneficio de las contribuyentes morosos respecto de la normalización de su situación tributaria; (ii) el principio de buena fe (CP, 83), el deber de contribuir a financiar los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad (CP, 95.9) y los principios fundamentales del sistema tributario (CP, 363), por otorgar una amnistía tributaria a los contribuyentes morosos, sin que haya un motivo excepcional que lo justifique. // 2. Problema jurídico-constitucional. Corresponde determinar si las normas demandadas, al crear el impuesto complementario de normalización tributaria, al fijar sus sujetos pasivos, su hecho generador, su base gravable, su tarifa y disponer que no habrá comparación patrimonial ni renta líquida gravable por la declaración de activos omitidos, ¿vulneran los principios de igualdad (art. 13 CP), buena fe (art. 83 CP), el deber de contribuir a financiar los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad (art. 95.9 CP) y los principios de equidad, eficiencia y progresividad, en los cuales se funda el sistema tributario (art. 363 CP)? // 3. Cargo: vulneración del principio de igualdad (art. 13 CP), del principio de buena fe (art. 83 CP), del deber de contribuir a financiar los gastos e inversiones del Estado (art. 95.9 CP) y de los principios de equidad, eficiencia y progresividad (art. 363 CP). En el análisis de este cargo se analizaron las normas demandadas, para fijar el alcance y el sentido del régimen de un nuevo impuesto y para destacar las consecuencias que éste tiene respecto de otros tributos y de eventuales infracciones cambiarias. Se aludió a la jurisprudencia de este tribunal sobre amnistías y los saneamientos en materia tributaria, para precisar que deben obedecer a una situación excepcional y su justificación debe superar un test de proporcionalidad estricto. Se estudió el margen de configuración del legislador en materia tributaria, para destacar su amplitud en materia impositiva; la igualdad como valor, principio y derecho, el principio de buena fe, el deber de contribuir a financiar los gastos e inversiones del Estado y los principios fundamentales del sistema tributario, para dar cuenta del sentido y alcance de cada uno de ellos en cuanto atañe a la figura de la amnistía o el saneamiento en materia tributaria. A partir de estos parámetros, se avanzó al caso concreto (i) para establecer que, en términos formales, no se puede considerar que se esté ante una amnistía tributaria; (ii) que las normas demandadas obedecen a una situación específica, con circunstancias normativas y fácticas excepcionales; (iii) que el impuesto de normalización tributaria es obligatorio, mientras que el mecanismo de normalización tributaria del régimen general (art. 239-1 E.T.) es potestativo; (iv) que sobre los bienes que son objeto de este impuesto la administración no ha tenido y no tiene conocimiento y, por ende, acceso, respecto de los cuales no existe una obligación liquidada que condonar; (v) que podría haber en algunos eventos un trato diferente respecto del incumplimiento de la obligación formal de suministrar información completa y veraz en las declaraciones de impuestos; (vi) que en estos eventos, que podrían considerarse como una medida de saneamiento, al aplicar un test estricto de proporcionalidad, se verifica que los fines perseguidos por las normas demandadas son legítimos, constitucionalmente importantes e imperiosos; que el medio empleado para ello es adecuado, efectivamente conducente y necesario para lograrlos; y que los beneficios de adoptar la medida exceden claramente las restricciones impuestas sobre otros principios y valores constitucionales, dado que el peso ponderado del bien perseguido y su duración en el tiempo, es mayor al peso del bien transitoria y parcialmente sacrificado. // 4. Razón de decisión. Dentro de su amplio margen de configuración en materia tributaria, el Legislador puede establecer impuestos que prevean condiciones transitorias y más favorables para los contribuyentes, sin que necesariamente se puedan considerar como una típica amnistía, en tanto no se incremente la tributación en otros sectores sociales, exista una situación fiscal excepcional y el medio sea adecuado, efectivamente conducente y necesario para lograr fines legítimos, constitucionalmente importantes e imperiosos, de tal suerte que los beneficios de adoptar la medida excedan claramente las restricciones impuestas sobre otros principios y valores constitucionales.
Sentencia C-561 de 2015. Expediente D-10649. Comunicado de Prensa. Corte Constitucional. Hacienda Pública - Prohibición de Rentas Nacionales con Destinación Específica - Alcance - Estatuto del Consumidor - Sanciones o Multas Impuestas por las Superintendencias Financiera y de Industria y Comercio - Naturaleza Jurídica - Principio de Imparcialidad en Trámite Sancionatorio. FALLO: Declarar EXEQUIBLES las expresiones “a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio” contenida en el numeral 10 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011; “a favor del literal a) Industria y Comercio”, del literal a), numeral 11 de la ley 1480 de 2011 y “tendrán como destino el presupuesto de cada Superintendencia” del parágrafo 3º del artículo 61 de la Ley 1480 de 2011. M.P. María Victoria Calle Correa. Normas Demandadas: Artículos 58 (parcial) y 61 (parcial) de la Ley 1470 de 2011. La corporación analizó la constitucionalidad de tres enunciados normativos de la Ley 1480 de 2011 (artículos 58, literales 10 y 11 parciales, y 61, parágrafo 3º), en los que se prevé que las multas que imponga la Superintendencia de Industria y Comercio (en uno de ellos la Superintendencia Financiera) ingresarán al patrimonio de esa autoridad, por los cargos de (i) violación a la prohibición de establecer recursos de destinación específica (artículo 359 de la Constitución) y (ii) desconocimiento del principio de imparcialidad en el trámite sancionatorio, derivado de la posibilidad de percibir el dinero recaudado en el ejercicio de sus facultades sancionatorias (artículo 29 de la Carta Política). // Después de plantear la posible existencia de una contradicción entre dos precedentes relevantes para la solución del caso concreto, la Sala Plena decidió declarar la exequibilidad de la norma, basándose en el esquema de decisión asumido por la Corporación en la sentencia C-280 de 1996, en la que se analizó un contenido normativo semejante a los que fueron demandados en esta oportunidad. // En ese marco, la Sala explicó que (i) la prohibición de rentas con destinación específica hace referencia exclusivamente a los tributos del orden nacional, los cuales deben ingresar al Presupuesto General de la Nación, en armonía con el principio de unidad de caja, establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto 111 de 1996, por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto); (ii) las multas, aunque hacen parte de los ingresos corrientes de la Nación, no tienen naturaleza tributaria. No obedecen a la potestad impositiva del Estado, sino a la sancionatoria; (iii) en consecuencia, destinar esos ingresos al funcionamiento de una superintendencia no se opone al contenido del artículo 359 Superior.
Sentencia C-585 de 2015. Expedientes D-10617 y D-10622 Acumulados. Comunicado de Prensa. Corte Constitucional. Parafiscalidad - Contribuciones Parafiscales - Contribución Parafiscal de Combustible - Elementos de la Contribución "Diferencial de Participación" - Base Gravable - Precio de Referencia - Causación del Diferencial - Período y Pago - Facultades del Ministerio de Minas para el control, gestión, fiscalización, liquidación, determinación, discusión y cobro del Diferencial de Participación - Principios Constitucionales Tributarios - Principio de Legalidad Tributaria - Reserva de Ley - Gravamen a los Movimientos Financieros GMF - Cuatro Por Mil - Tarifas Diferenciales. FALLO: Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados, los artículos 69 y 70 (parciales) de la Ley 1739 de 2014 ‘Por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra la evasión y se dictan otras disposiciones’. M.P. María Victoria Calle Correa. Normas Demandadas: Artículos 69 y 70 (parcial) Ley 1739 de 2014; Artículo 45 Ley 1739 de 2014 (Artículo 872 E.T.). Tras examinar la aptitud de las acciones, la Corte decidió inhibirse de estudiar el fondo de la demanda del expediente D-10617, y emitir un pronunciamiento de mérito únicamente respecto de la acción del expediente D-10622, aunque solo en lo que atañe al cargo contra los artículos 69 y 70 (parciales) de la Ley 1739 de 2014, por vulnerar el principio de legalidad tributaria (arts. 150-2 y 338 C.Po.). // La Sala Plena de la Corte Constitucional llegó a la conclusión de que el artículo 69 (parcial) de la Ley 1739 de 2014 no viola el principio de legalidad tributaria, porque si bien defiere en el Ministerio de Minas las funciones de control, gestión, fiscalización, liquidación, determinación, discusión y cobro del gravamen, se trata de una delegación para reglamentar obligaciones formales, que no compromete derechos fundamentales y es además una atribución excepcional. En lo atinente al artículo 70 (parcial), este regula los elementos sustanciales de la contribución, y los determina suficientemente. Si bien dicho artículo, en sus numerales 1 y 2, emplea nociones que tienen una contrapartida variable en la realidad económica (precio de paridad internacional y precio de referencia), el principio de legalidad permite esa clase de expresiones en casos como este, en cuanto se trata de nociones determinables.// Así mismo, aunque la Ley delega en el Ministerio de Minas la facultad de fijar el precio de referencia, esa regulación es válida cuando se ejerce el poder tributario sobre una realidad económica sujeta a cambios sucesivos de apreciación técnica. En estos casos, el principio de reserva de ley se satisface con la determinación política de los elementos del tributo y, si en estos se emplea una variable (precio), con el señalamiento de estándares o criterios generales flexibles para crear el mecanismo de expresión de esa variable, con la designación del competente para fijar el respectivo valor, la indicación de la fuente que debe definir las reglas sobre la materia, y si aparte no faculta al Ejecutivo para cambiar, introducir elementos o modificar reglas trazadas en la Ley. Parámetros todos estos que se respetaron cabalmente en la norma acusada.
Sentencia C-600-2015. Expediente D-10619. Comunicado de Prensa. Corte Constitucional. Parafiscalidad - Contribuciones Parafiscales - Cuota de Compensación Militar - Base Gravable - Determinación - Situación Particular de los Inscritos Calificados - Ingresos Mensuales y Patrimonio Líquido - Principios Constitucionales Tributarios - Principios de Justicia y Equidad Tributarias - Fallo de Exequibilidad Condicionada. Con Salvamento de Voto del Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez y Aclaraciones de Voto de la Magistrada María Victoria Calle Correa y Luis Ernesto Vargas Silva. FALLO: Se Declaran EXEQUIBLES, por los cargos analizados los apartes demandados del artículo 1º de la Ley 1184 de 2008, “por la cual se regula la cuota de compensación militar y se dictan otras disposiciones”, en el entendido que para el inscrito que no ingrese a filas y sea clasificado, que no dependa económicamente de su grupo familiar o de un tercero para efectos del pago de la cuota de compensación militar, se tomarán en cuenta como base de la contribución el total de sus ingresos mensuales y su patrimonio líquido. M.P. María Victoria Calle Correa. Norma Demandada: Artículo 1o (Parcial) Ley 1184 de 2008. La Corte encontró que la regulación legal objeto de controversia apunta al logro de una finalidad no solo legítima sino constitucionalmente importante, en tanto atiende a criterios de eficiencia en el recaudo, la cual constituye uno de los componentes del principio de justicia tributaria. Definir el monto a pagar por concepto de la cuota de compensación militar, atendiendo exclusivamente a los recursos del obligado, cuando este es menor de 25 años y se encuentra en situación de dependencia económica, podría comprometer la posibilidad de hacer efectivo el pago de la mencionada contribución para los jóvenes que carecen de ingresos y patrimonio, ante la ausencia de recursos susceptibles de ser gravados. // La fórmula de la configuración de la base gravable y la liquidación del tributo no consultan la real capacidad contributiva del obligado. En consecuencia, para corregir esa inequidad, acorde con los artículos 13 y 363 de la Constitución Política, la Corte procedió a declarar la exequibilidad condicionada de los apartes normativos acusados, de manera que se aplique al inscrito que no ingrese a las filas y que sea clasificado que no dependa económicamente de su grupo familiar o de un tercero para efectos del pago de la cuota de compensación militar, una base gravable que tome en cuenta como base de la contribución, el total de sus ingresos mensuales y su patrimonio líquido.
Sentencia C-602 de 2015. Expediente D-10665. Comunicado de Prensa. Corte Constitucional. Beneficios Tributarios - Código Penitenciario y Carcelario - Estímulos Tributarios consagrados en el Artículo 93 de la Ley 65 de 1993 modificado por el Artículo 59 de la Ley 1709 de 2014 - Principios Constitucionales Tributarios - Principio de Legalidad Tributaria - Creación de Exenciones Tributarias. FALLO: Se Declara la INEXEQUIBILIDAD del artículo 59 de la Ley 1709 de 2014 “Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones”. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Norma Demandada: Artículo 59 de la Ley 1709 de 2014. La Corte reiteró que la Constitución ha fijado un marco especial y estricto para la definición de los tributos con los que los ciudadanos contribuyen al mejoramiento de la sociedad y la financiación del gasto público. Estas obligaciones adquieren legitimidad y plena exigibilidad, atendiendo que solo puede surgir de las corporaciones que son elegidas democráticamente y en las cuales las decisiones se surten a partir de los debates y de un proceso que permite el flujo de conceptos, opiniones y el planteamiento de intereses, conforme a las garantías que se desprendan de la representación política. En otras palabras, el principio de legalidad tributaria consagrado en los artículos 150, numerales 10 y 12 y 338 de la Carta Política, dichas cargas impositivas únicamente pueden surgir de la ley (salvo lo previsto en el artículo 215 C.Po.) y, en esa medida, en época de normalidad únicamente el legislador tiene la obligación de definir con certeza sus elementos esenciales, es decir, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa (artículo 338 C.Po.), para que a partir de éstos, el ejecutivo proceda a efectuar la correspondiente reglamentación. La Corporación señaló que por hacer parte integral de la política integral de la política fiscal que puede fijar el Estado, la creación de exenciones tributarias también debe cumplir con los requisitos constitucionales enunciados. La coherencia del sistema exige que haya una sincronía entre las cargas y los beneficios, de manera que se estimule el pago de las obligaciones a la vez que se impulsan o apoyan algunas actividades especiales con interés para toda la comunidad. Para la Corte, es claro que el ejecutivo no puede decretar directa o autónomamente los beneficios tributarios, sin importar su finalidad. Es necesario que, previamente exista la definición de todos los componentes por parte del Congreso, Asamblea o Concejo para que el Gobierno proceda a la reglamentación correspondiente. Por consiguiente, la Corte encontró que el artículo 59 de la Ley 1709 de 2012 incumple con los principios de legalidad y certeza tributaria y como consecuencia, declaró su inexequibilidad.
Registros 61 a 65 de 70
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