Source: http://www.gobernanzadelatierra.org/articulos/jcr-idl-ley30230.html
Timestamp: 2019-02-20 00:19:28
Document Index: 241626303

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 37', 'artículo 14', 'Artículo 14', 'artículo 3', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14']

El artículo 14 del Reglamento de la Ley N° 30230 no es idóneo para proteger los derechos de las comunidades campesinas y nativas - Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra
Por: Juan Carlos Ruíz Molleda.
Con fecha 16 de diciembre del año 2015, se publicó en el diario Oficial el Peruano el Decreto Supremo Nº 019-2015-VIVIENDA, que aprobó el Reglamento de la Ley No 30230 (“Reglamento de los Capítulos I, II y III del Título III de la Ley Nº 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país”). Como todos recordamos, la Ley N° 30230, más conocida como el primer paquetazo normativo ambiental, fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad presentada por diversas organizaciones indígenas nacionales[1], pues se considera que a través de ella, entre otras cosas, se disponía de forma inconstitucional de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas que no habían sido titulados.
En este artículo[2] consideramos que la norma que excluye a los territorios de las comunidades campesinas y nativas de la aplicación de la Ley N° 30230, es insuficiente y no constituye un instrumento idóneo para protegerlas. En su lugar proponemos la prohibición de cualquier tipo de disposición de las tierras de estos pueblos indígenas.
1.- ¿Qué pedíamos en la demanda de inconstitucionalidad? Como se recuerda, la demanda, presentada por la organizaciones indígenas, solicita al Tribunal Constitucional (TC) que incorpore un parágrafo (“c”) al artículo 37 de la Ley No 30230, con la finalidad que queden excluidos de la aplicación de esta ley los territorios de las comunidades campesinas, nativas y demás pueblos originarios, que no hayan inscrito su derecho de propiedad sobre sus territorios, o que habiéndolo hecho sus títulos sean deficientes, imperfectos o imprecisos.
2.- ¿Qué ha establecido el Reglamento de la Ley 30230? El artículo 14 del Reglamento de la Ley recientemente precisa:
“Artículo 14.- De la no aplicación del presente Reglamento a las tierras de las Comunidades Campesinas, Comunidades Nativas y Reservas Indígenas El presente Reglamento no es de aplicación a las:
14.3 Reservas Indígenas de acuerdo a lo dispuesto en el literal n) del artículo 3 del Reglamento de la Ley Nº 28736, Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2007-MIMDES.
Las tierras antes citadas se rigen por la normatividad de la materia”.
3.- No basta con excluir la aplicación de la Ley 30230, sino es necesario prohibir cualquier disposición de los territorios de los PPII. El artículo 14.2 del Convenio 169 de la OIT señala que: “Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión”.
Es decir, la forma de proteger los territorios de los PPII es titulándolos, no para que sean propietarios sino porque ya son propietarios, tal como lo reconoce el artículo 14.1 del Convenio, cuando afirma que se “Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”.
Es evidente que ningún tipo de Gobierno puede “disponer” de territorios que no le pertenecen. Esta realidad es advertida por la Corte IDH cuando precisa que “la Corte advierte que los límites del territorio sobre los cuales existe tal derecho de propiedad no han sido efectivamente delimitados y demarcados por el Estado. Esta situación ha creado un clima de incertidumbre permanente entre los miembros de la Comunidad AwasTingni en cuanto no saben con certeza hasta dónde se extiende geográficamente su derecho de propiedad comunal y, consecuentemente, desconocen hasta dónde pueden usar y gozar libremente de los respectivos bienes”[3]. Ante esta situación, la Corte IDH establece dos obligaciones del Gobierno, que constituyen reglas de naturaleza vinculante[4]. Señala que los miembros de los PPII tienen derecho a que el Estado haga lo siguiente:
se abstenga de realizar, hasta tanto no se realice esa delimitación, demarcación y titulación, actos que puedan llevar a que los agentes del propio Estado, o terceros que actúen con su aquiescencia o su tolerancia, afecten la existencia, el valor, el uso o el goce de los bienes ubicados en la zona geográfica donde habitan y realizan sus actividades los miembros de la Comunidad”[5].
4.- Propuesta normativa. Consideramos que el artículo 14 del D.S. Nº 019-2015-VIVIENDA es una norma retórica sin mayor incidencia ni efecto en la defensa de los territorios de los pueblos indígenas. Es una manera de mantener la actual situación de indefensión de los territorios de los PPII. Es una norma declarativa que carece de eficacia. En tal sentido, proponemos la aprobación del siguiente articulado que recoge una de las reglas desarrolladas por la Corte IDH:
“Artículo Único.- Prohibición de reconocer derechos sobre territorios ancestrales de pueblos indígenas
Con la finalidad de asegurar el goce efectivo de las comunidades campesinas y nativas de la propiedad de sus territorios ancestrales, en su condición de pueblos indígenas originarios, se prohíbe al Gobierno central, a los Gobiernos Regionales y a los Gobiernos locales y a cualquier órgano del Estado, bajo sanción de nulidad y de responsabilidad penal, civil y administrativa, entregar cualquier tipo de derechos sobre territorios de comunidades campesinas y nativas hasta que los Gobiernos Regionales no realicen ni concluyan los procesos de demarcación y titulación de las tierras de estos pueblos indígenas, y en su oportunidad, se realice los procesos de consulta previa respectivos. Esto incluye la prohibición de entregar concesión de recursos naturales, concesiones de conservación bajo distinto nombre y modalidad, servidumbres mineras y petroleras, derechos de paso, así como certificados de posesión en territorios de pueblos indígenas que no hayan sido titulados. Finalmente, están prohibidas toda venta, alquiler, donación, cesión de uso, permuta y en general toda disposición de territorios ancestrales de comunidades campesinas, nativas y demás pueblos indígenas que estén pendientes de titulación. Para efectos de esta ley, se considera territorios de pueblos indígenas todo territorio que haya sido ocupado tradicionalmente por las comunidades campesinas y nativas, y demás pueblos indígenas, y sobre el que tenga algún tipo de relación, aun cuando hayan sido despojados o desplazados de ellos.
[1] Ver http://enfoquederecho.com/publico/ambiental/por-que-10000-ciudadanos-han-presentado-una-demanda-de-inconstitucionalidad-contra-la-ley-30230/.
[2] Ver el pronunciamiento del Colectivo Territorio Seguro, disponible en: http://www.caaap.org.pe/2016/documentos/Pronunciamiento_Reglamento-de-la-Ley-30230_f.pdf,y el artículo publicado por CAAAP disponible en: http://www.caaap.org.pe/website/2016/01/27/reglamento-de-la-ley-30230-es-una-amenaza-para-los-derechos-a-la-tierra-y-territorio/
[3] Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) AwasTingni Vs. Nicaragua Sentencia de 31 de agosto de 2001 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 153.
[4] Ver artículo V del Título Preliminar del Código procesal Constitucional aprobado por Ley No 28237.
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