Source: https://www.scribd.com/doc/82973188/CONSTITUCION-DE-LA-NACION-ARGENTINA-por-SDH
Timestamp: 2017-04-29 01:19:39
Document Index: 220339913

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'artículo 4', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'artículo 29', 'Artículo 37', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 53', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'Artículo 84', 'Artículo 85', 'Artículo 86', 'Artículo 87', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'Artículo 93', 'Artículo 95', 'Artículo 97', 'Artículo 98', 'Artículo 99', 'artículo 23', 'Artículo 100', 'Artículo 101', 'artículo 71', 'Artículo 102', 'Artículo 103', 'Artículo 104', 'Artículo 106', 'Artículo 107', 'Artículo 108', 'Artículo 109', 'Artículo 110', 'Artículo 111', 'Artículo 112', 'Artículo 114', 'artículo 53', 'artículo 114', 'Artículo 116', 'artículo\n75', 'Artículo 117', 'Artículo 118', 'Artículo 119', 'Artículo 120', 'Artículo 121', 'Artículo 122', 'Artículo 123', 'artículo 5', 'Artículo 124', 'Artículo 125', 'Artículo 126', 'Artículo 127', 'Artículo 128', 'Artículo 129', 'artículo 37', 'artículo 39', 'artículo 62', 'artículo 54', 'artículo 54', 'artículo 56', 'artículo 75', 'artículo 129', 'artículo 75', 'artículo 76', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 114', 'artículo 129', 'artículo 129']

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Esta edición de bolsillo de la Carta Magna tiene un texto...View MoreConstitución de la Nación Argentina
Para celebrar el 156° aniversario de la sanción de la Constitución de la Nación Argentina y el Bicentenario de la Revolución de Mayo se realizó esta publicación con el propósito de acercar el texto constitucional a todas las personas.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentConstitución
Reimpresión: junio de 2010
Esta publicación fue realizada por el Área de Publicaciones de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la
25 de mayo 544. PB. Ciudad de Buenos Aires. Argentina.
Dr. Luis Hipólito Alén
Prof. María Cristina Perceval
En términos jurídicos, una constitución es la ley
fundamental de un Estado. En ella se definen los
derechos, garantías y libertades de las personas, sus
relaciones con el poder estatal, la organización de
los poderes e instituciones y el procedimiento para
bases para el ordenamiento jurídico y político de un
país. Una constitución es también el modelo de una
sociedad que se reconoce en rasgos comunes y decide constituirse en Estado. En este sentido, la ley fundamental resume las aspiraciones políticas y sociales
El período que antecedió a la promulgación de la
Constitución Nacional estuvo atravesado por fuertes
conflictos en torno al tipo de organización política
que debía darse el país. Pero estos enfrentamientos no
se limitaron a una discusión sobre la forma de Estado
y la elaboración de un texto constitucional. El problema de la distribución del poder tenía en realidad
un correlato económico: la política que promovía un
desarrollo autónomo, independiente de los grandes
centros de poder, o aquella que en su interrelación
con las grandes potencias nos convertía en apéndice
subordinado de éstas. Tal disputa abrió un capítulo de
guerras civiles que postergó durante muchas décadas
América Latina experimentó un complejo proceso
de institucionalización aun después de finalizado el
período de consolidación de los Estados nacionales.
La República Argentina no fue una excepción: varias
reformas y enmiendas tuvo el texto constitucional desde su aprobación en 1853. En 1860 con la reincorporación de Buenos Aires a la Confederación se introdujeron reformas profundas que acentuaron el carácter
federal del texto constitucional. Los sectores sociales
dominantes de la provincia de Buenos Aires que no
tenían entonces el control político sobre el conjunto
del país se resguardaban así de posibles medidas que
pudiese tomar el gobierno federal en su contra.
En 1949 fue aprobada una reforma constitucional —de cuya sanción se cumple este año el 60º aniversario— que modificó los fundamentos de nuestro
sistema constitucional. Del constitucionalismo liberal
clásico se pasó al constitucionalismo social. Su texto
contemplaba los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, a la educación y a la cultura. En
el plano de las garantías, el texto de 1949 incorporó
la acción de habeas corpus. Estableció la propiedad
estatal de los recursos naturales estratégicos, la nacionalización de los servicios públicos, el monopolio
estatal del comercio exterior y la nacionalización de
los depósitos bancarios. Este desarrollo la convirtió en
una de las constituciones más avanzadas de la época.
Es todavía un verdadero programa de gobierno. Tras
su anulación mediante la proclama del gobierno de
facto del 26 de abril de 1956 y la restauración del
texto de 1853 con las reformas de 1860, 1866 y 1898,
derechos sociales en el artículo 14 “bis”.
La reforma más reciente, de 1994, confirió jerarquía constitucional a once instrumentos jurídicos
internacionales de derechos humanos adoptados en
el ámbito universal y en el regional, y estableció un
mecanismo para otorgarle jerarquía constitucional a
otros tratados. Ello dio impulso al desarrollo de una
jurisprudencia en los tribunales argentinos en causas
relacionadas con graves violaciones a los derechos
humanos que constituye un ejemplo en el mundo.
Esta reforma incorporó nuevamente el habeas
corpus e introdujo la acción de amparo contra actos
y omisiones de autoridades públicas o de particulares: dentro de esta figura está comprendido el habeas
data. Se incluyeron también los derechos ambientales, los derechos del consumidor y la defensa de la
Con miras a modernizar el trazado institucional
y adaptarlo a los nuevos tiempos y a las nuevas realidades sociales, esta reforma añadió algunos institutos
característicos del derecho constitucional del siglo
XX. En esta línea se inscriben la incorporación del
Defensor del Pueblo como órgano independiente en
el sistema judicial, y el Ministerio Público como órgano extra poder. Se establecieron además mecanismos
de participación política propios de las democracias
más avanzadas, tales como la iniciativa y la consulta
Todos estos elementos novedosos en el orden
normativo se proponían atender las necesidades y
exigencias de la diversificada sociedad argentina que
ingresaba al siglo XXI.
En el marco del 156º aniversario de la Constitución de la Nación Argentina y a escasos meses de la
conmemoración del Bicentenario, la Secretaría de
Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos se complace en ofrecer esta
edición de bolsillo de la Carta Magna, con la firme
convicción de que constituye la piedra fundamental
desde la cual debe construirse y preservarse un Estado
el 1° de mayo de 1853, reformada y concordada por la
Convención Nacional Ad Hoc, el 25 de septiembre de
1860 y con las reformas de las convenciones de 1866,
1898, 1857 y 1994.
Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente
por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con
el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la
justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar
los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo
que quieran habitar en el suelo argentino: invocando
la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia:
Artículo 1º.- La Nación Argentina adopta para su
gobierno la forma representativa republicana federal,
según la establece la presente Constitución.
Artículo 2º.- El Gobierno federal sostiene el culto
Capital de la República por una ley especial del Congreso, previa cesión hecha por una o más legislaturas
provinciales, del territorio que haya de federalizarse.
Artículo 4º.- El Gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro nacional,
demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General,
y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la Nación,
Artículo 5º.- Cada provincia dictará para sí una
Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y
garantías de la Constitución Nacional; y que asegure
su administración de justicia, su régimen municipal,
Artículo 6º.- El Gobierno federal interviene en el
territorio de las provincias para garantir la forma repu-
blicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y
a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas
por la sedición, o por invasión de otra provincia.
Artículo 7º.- Los actos públicos y procedimientos
judiciales de una provincia gozan de entera fe en las
demás; y el Congreso puede por leyes generales determinar cuál será la forma probatoria de estos actos y
procedimientos, y los efectos legales que producirán.
Artículo 8º.- Los ciudadanos de cada provincia gozan de todos los derechos, privilegios e inmunidades
inherentes al título de ciudadano en las demás. La extradición de los criminales es de obligación recíproca
entre todas las provincias.
Artículo 9º.- En todo el territorio de la Nación no
habrá más aduanas que las nacionales, en las cuales
regirán las tarifas que sancione el Congreso.
Artículo 10.- En el interior de la República es libre
de derechos la circulación de los efectos de producción o fabricación nacional, así como la de los géneros y mercancías de todas clases, despachadas en las
aduanas exteriores.
Artículo 11.- Los artículos de producción o fabricación nacional o extranjera, así como los ganados
de toda especie, que pasen por territorio de una provincia a otra, serán libres de los derechos llamados de
tránsito, siéndolo también los carruajes, buques o bestias en que se transporten; y ningún otro derecho podrá imponérseles en adelante, cualquiera que sea su
pagar derechos por causa de tránsito, sin que en ningún caso puedan concederse preferencias a un puerto
respecto de otro, por medio de leyes o reglamentos
Artículo 13.- Podrán admitirse nuevas provincias
en la Nación; pero no podrá erigirse una provincia
en el territorio de otra u otras, ni de varias formarse
una sola, sin el consentimiento de la Legislatura de las
provincias interesadas y del Congreso.
Artículo 14.- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes
que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y
ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar;
de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar
y disponer de su propiedad; de asociarse con fines
útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y
Artículo 14 bis.- El trabajo en sus diversas formas
gozará de la protección de las leyes, las que asegura-
labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual
remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción
despido arbitrario; estabilidad del empleado público;
organización sindical libre y democrática, reconocida
por la simple inscripción en un registro especial.
Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y
gremiales gozarán de las garantías necesarias para el
El Estado otorgará los beneficios de la seguridad
social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable.
En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o
provinciales con autonomía financiera y económica,
administradas por los interesados con participación
del Estado, sin que pueda existir superposición de
aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de
Artículo 15.- En la Nación Argentina no hay esclavos: los pocos que hoy existen quedan libres desde la
jura de esta Constitución; y una ley especial reglará
las indemnizaciones a que dé lugar esta declaración.
Todo contrato de compra y venta de personas es un
crimen de que serán responsables los que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que lo autorice. Y
los esclavos que de cualquier modo se introduzcan
quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio
Artículo 16.- La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella
fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los
empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.
Artículo 17.- La propiedad es inviolable, y ningún
habitante de la Nación puede ser privado de ella,
sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo el
Congreso impone las contribuciones que se expresan
en el artículo 4º. Ningún servicio personal es exigible,
sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley.
Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su
obra, invento o descubrimiento, por el término que
le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda
borrada para siempre del Código Penal argentino.
Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni
exigir auxilios de ninguna especie.
Artículo 18.- Ningún habitante de la Nación puede
ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior
al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley
antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en
virtud de orden escrita de autoridad competente. Es
inviolable la defensa en juicio de la persona y de los
derechos. El domicilio es inviolable, como también
una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación.
Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por
causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias,
para seguridad y no para castigo de los reos detenidos
en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución
conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla
exija, hará responsable al juez que la autorice.
Artículo 19.- Las acciones privadas de los hombres
que de ningún modo ofendan al orden y a la moral
pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado
a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que
ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y
profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su
obligados a admitir la ciudadanía, ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalización residiendo dos años continuos en la Nación;
pero la autoridad puede acortar este término a favor
del que lo solicite, alegando y probando servicios a
Artículo 21.- Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el
Congreso y a los decretos del Ejecutivo nacional. Los
ciudadanos por naturalización son libres de prestar o
no este servicio por el término de diez años contados
desde el día en que obtengan su carta de ciudadanía.
Artículo 22.- El pueblo no delibera ni gobierna,
sino por medio de sus representantes y autoridades
creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o
reunión de personas que se atribuya los derechos del
pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito
Artículo 23.- En caso de conmoción interior o de
ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio
de esta Constitución y de las autoridades creadas
por ella, se declarará en estado de sitio la provincia
o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el
presidente de la República condenar por sí ni aplicar
penas. Su poder se limitará en tal caso respecto de las
personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a
otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del
Artículo 24.- El Congreso promoverá la reforma de
la actual legislación en todos sus ramos, y el establecimiento del juicio por jurados.
Artículo 25.- El Gobierno federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, limitar ni
gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio
argentino de los extranjeros que traigan por objeto
labrar la tierra, mejorar las industrias, e introducir y
enseñar las ciencias y las artes.
Artículo 26.- La navegación de los ríos interiores
de la Nación es libre para todas las banderas, con
sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la
Artículo 27.- El Gobierno federal está obligado a
afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén
en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución.
Artículo 28.- Los principios, garantías y derechos
reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser
alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio.
Artículo 29.- El Congreso no puede conceder al
Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a
los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor
gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza
llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a
los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.
de reforma debe ser declarada por el Congreso con el
voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros; pero no se efectuará sino por una Convención
Artículo 31.- Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la
ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada
provincia están obligadas a conformarse a ella, no
obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo
para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del Pacto de 11 de noviembre de 1859.
Artículo 32.- El Congreso federal no dictará leyes
que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan
Artículo 33.- Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías
no enumerados; pero que nacen del principio de la
soberanía del pueblo y de la forma republicana de
podrán serlo al mismo tiempo de los tribunales de
provincia, ni el servicio federal, tanto en lo civil como
en lo militar da residencia en la provincia en que se
ejerza, y que no sea la del domicilio habitual del empleado, entendiéndose esto para los efectos de optar
a empleos en la provincia en que accidentalmente se
Artículo 35.- Las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1810 hasta el presente, a saber:
Provincias Unidas del Río de la Plata; República Argentina, Confederación Argentina, serán en adelante
nombres oficiales indistintamente para la designación
del Gobierno y territorio de las provincias, empleándose las palabras “Nación Argentina” en la formación
Artículo 36.- Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema
democrático. Estos actos serán insanablemente nulos.
Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en
el artículo 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del
indulto y la conmutación de penas.
Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o las de
las provincias, los que responderán civil y penalmente
de sus actos. Las acciones respectivas serán imprescriptibles.
Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza
enunciados en este artículo.
Atentará asimismo contra el sistema democrático
quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para
ocupar cargos o empleos públicos.
El Congreso sancionará una ley sobre ética pública
para el ejercicio de la función.
Artículo 37.- Esta Constitución garantiza el pleno
ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al
dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual,
La igualdad real de oportunidades entre varones y
mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios
se garantizará por acciones positivas en la regulación
de los partidos políticos y en el régimen electoral.
Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres
dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la
representación de las minorías, la competencia para
la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión
El Estado contribuye al sostenimiento económico de
sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes.
Artículo 39.- Los ciudadanos tienen el derecho de
iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de doce meses.
El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de
la totalidad de los miembros de cada Cámara, sancionará una ley reglamentaria que no podrá exigir
más del tres por ciento del padrón electoral nacional, dentro del cual deberá contemplar una adecuada distribución territorial para suscribir la iniciativa.
No serán objeto de iniciativa popular los proyectos
referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal.
Artículo 40.- El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular
un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá
ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática. El Congreso o el presidente
de la Nación, dentro de sus respectivas competencias,
podrán convocar a consulta popular no vinculante.
En este caso el voto no será obligatorio. El Congreso,
con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de
los miembros de cada Cámara, reglamentará las materias, procedimientos y oportunidad de la consulta
Artículo 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el
desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen
el deber de preservarlo. El daño ambiental generará
este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la
información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan
los presupuestos mínimos de protección, y a las
provincias, las necesarias para complementarlas,
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos
actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.
Artículo 42.- Los consumidores y usuarios de
bienes y servicios tienen derecho, en la relación de
consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y
veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de
trato equitativo y digno.
Las autoridades proveerán a la protección de esos
derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios
naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los
servicios públicos, y a la constitución de asociaciones
de consumidores y de usuarios.
La legislación establecerá procedimientos eficaces
para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de
las asociaciones de consumidores y usuarios y de las
provincias interesadas, en los organismos de control.
Artículo 43.- Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no
exista otro medio judicial más idóneo, contra todo
acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad
manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta
Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez
podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en
que se funde el acto u omisión lesiva.
Podrán interponer esta acción contra cualquier for-
ma de discriminación y en lo relativo a los derechos
que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor
del pueblo y las asociaciones que propendan a esos
fines, registradas conforme a la ley, la que determinará
los requisitos y formas de su organización.
su finalidad, que consten en registros o bancos de
datos públicos, o los privados destinados a proveer
informes, y en caso de falsedad o discriminación, para
exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o
actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística.
Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o
amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención,
o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aun durante la vigencia del estado de sitio.
Artículo 44.- Un Congreso compuesto de dos Cámaras, una de diputados de la Nación y otra de sena-
dores de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires, será investido del Poder Legislativo de la Nación.
Artículo 45.- La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por
el pueblo de las provincias, de la ciudad de Buenos
Aires, y de la Capital en caso de traslado, que se consideran a este fin como distritos electorales de un solo
Estado y a simple pluralidad de sufragios. El número
de representantes será de uno por cada treinta y tres
mil habitantes o fracción que no baje de dieciséis mil
quinientos. Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al
mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base
expresada para cada diputado.
Artículo 46.- Los diputados para la primera Legislatura se nombrarán en la proporción siguiente: por
la provincia de Buenos Aires doce; por la de Córdoba
seis; por la de Catamarca tres; por la de Corrientes
cuatro; por la de Entre Ríos dos; por la de Jujuy dos;
por la de Mendoza tres; por la de La Rioja dos; por la
de Salta tres; por la de Santiago cuatro; por la de San
Juan dos; por la de Santa Fe dos; por la de San Luis dos
y por la de Tucumán tres.
Artículo 47.- Para la segunda Legislatura deberá
realizarse el censo general, y arreglarse a él el número
de diputados; pero este censo sólo podrá renovarse
Artículo 48.- Para ser diputado se requiere haber
cumplido la edad de veinticinco años, tener cuatro
años de ciudadanía en ejercicio, y ser natural de la
provincia que lo elija, o con dos años de residencia
Artículo 49.- Por esta vez las Legislaturas de las
provincias reglarán los medios de hacer efectiva la
elección directa de los diputados de la Nación: para
lo sucesivo el Congreso expedirá una ley general.
Artículo 50.- Los diputados durarán en su representación por cuatro años, y son reelegibles; pero la
Sala se renovará por mitad cada bienio; a cuyo efecto
los nombrados para la primera Legislatura, luego que
se reúnan, sortearán los que deban salir en el primer
Artículo 51.- En caso de vacante, el gobierno de
provincia, o de la Capital, hace proceder a elección
Artículo 53.- Sólo ella ejerce el derecho de acusar
ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de
gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros
de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad
que se intenten contra ellos, por mal desempeño o
por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos
y declarado haber lugar a la formación de causa por
la mayoría de dos terceras partes de sus miembros
Buenos Aires, elegidos en forma directa y conjunta,
correspondiendo dos bancas al partido político que
obtenga el mayor número de votos, y la restante al
partido político que le siga en número de votos. Cada
Artículo 55.- Son requisitos para ser elegidos senador: tener la edad de treinta años, haber sido seis años
ciudadano de la Nación, disfrutar de una renta anual
de dos mil pesos fuertes o de una entrada equivalente,
y ser natural de la provincia que lo elija, o con dos
años de residencia inmediata en ella.
Artículo 56.- Los senadores duran seis años en el
ejercicio de su mandato, y son reelegibles indefinidamente; pero el Senado se renovará a razón de una tercera parte de los distritos electorales cada dos años.
Artículo 57.- El vicepresidente de la Nación será
presidente del Senado; pero no tendrá voto sino en el
caso que haya empate en la votación.
Artículo 58.- El Senado nombrará un presidente
provisorio que lo presida en caso de ausencia del vicepresidente, o cuando éste ejerce las funciones de
Artículo 59.- Al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para
Cuando el acusado sea el presidente de la Nación,
el Senado será presidido por el presidente de la Corte
Suprema. Ninguno será declarado culpable sino a mayoría de los dos tercios de los miembros presentes.
Artículo 60.- Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar
ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en
la Nación. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a
las leyes ante los tribunales ordinarios.
Artículo 61.- Corresponde también al Senado autorizar al presidente de la Nación para que declare en
estado de sitio, uno o varios puntos de la República en
caso de ataque exterior.
dor por muerte, renuncia u otra causa, el Gobierno a
que corresponda la vacante hace proceder inmediatamente a la elección de un nuevo miembro.
Artículo 63.- Ambas Cámaras se reunirán por sí
mismas en sesiones ordinarias todos los años desde
el primero de marzo hasta el treinta de noviembre.
Pueden también ser convocadas extraordinariamente
por el presidente de la Nación o prorrogadas sus sesiones.
Artículo 64.- Cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a
su validez. Ninguna de ellas entrará en sesión sin la
mayoría absoluta de sus miembros; pero un número
menor podrá compeler a los miembros ausentes a que
concurran a las sesiones, en los términos y bajo las
Artículo 65.- Ambas Cámaras empiezan y concluyen sus sesiones simultáneamente.
Ninguna de ellas, mientras se hallen reunidas, podrá suspender sus sesiones más de tres días, sin el
Artículo 66.- Cada Cámara hará su reglamento y
podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera
de sus miembros por desorden de conducta en el ejer-
cicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta
excluirle de su seno; pero bastará la mayoría de uno
sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos.
Artículo 67.- Los senadores y diputados prestarán,
en el acto de su incorporación, juramento de desempeñar debidamente el cargo, y de obrar en todo en
conformidad a lo que prescribe esta Constitución.
ni molestado por las opiniones o discursos que emita
Artículo 69.- Ningún senador o diputado, desde el
día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en
la ejecución de algún crimen que merezca pena de
muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará
cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho.
Artículo 70.- Cuando se forme querella por escrito
ante las justicias ordinarias contra cualquier senador o
diputado, examinado el mérito del sumario en juicio
público, podrá cada Cámara, con dos tercios de votos,
suspender en sus funciones al acusado, y ponerlo a
disposición del juez competente para su juzgamiento.
Artículo 71.- Cada una de las Cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo
para recibir las explicaciones e informes que estime
Artículo 72.- Ningún miembro del Congreso podrá
recibir empleo o comisión del Poder Ejecutivo, sin
previo consentimiento de la Cámara respectiva, excepto los empleos de escala.
Artículo 73.- Los eclesiásticos regulares no pueden
ser miembros del Congreso, ni los gobernadores de
provincia por la de su mando.
Artículo 74.- Los servicios de los senadores y diputados son remunerados por el Tesoro de la Nación,
con una dotación que señalará la ley.
como las avaluaciones sobre las que recaigan, serán
concurrente con las provincias. Imponer contribuciones directas, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general
del Estado lo exijan. Las contribuciones previstas en
este inciso, con excepción de la parte o el total de las
que tengan asignación específica, son coparticipables.
Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre
la Nación y las provincias, instituirá regímenes de
coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos.
La distribución entre la Nación, las provincias y la
ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en
relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios
objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará
prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en
La ley convenio tendrá como Cámara de origen el
Senado y deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara,
no podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada y será aprobada por las provincias.
No habrá transferencia de competencias, servicios
o funciones sin la respectiva reasignación de recursos,
aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos
Aires en su caso.
Un organismo fiscal federal tendrá a su cargo el
control y fiscalización de la ejecución de lo establecido en este inciso, según lo determine la ley, la que
deberá asegurar la representación de todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires en su composición.
3. Establecer y modificar asignaciones específicas
de recursos coparticipables, por tiempo determinado,
por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de
la totalidad de los miembros de cada Cámara.
facultad de emitir moneda, así como otros bancos nacionales.
8. Fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inciso 2 de este artículo,
el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos
de la administración nacional, en base al programa
general de gobierno y al plan de inversiones públicas
y aprobar o desechar la cuenta de inversión.
extranjeras; y adoptar un sistema uniforme de pesos y
medidas para toda la Nación.
Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos
unificados o separados, sin que tales códigos alteren
las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplica-
ción a los tribunales federales o provinciales, según
que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones; y especialmente leyes generales
para toda la Nación sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural
corriente y documentos públicos del Estado, y las que
requiera el establecimiento del juicio por jurados.
15. Arreglar definitivamente los límites del territorio
de la Nación, fijar los de las provincias, crear otras
nuevas, y determinar por una legislación especial la
organización, administración y gobierno que deben
tener los territorios nacionales, que queden fuera de
los límites que se asignen a las provincias.
y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas
ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de
gravámenes o embargos. Asegurar su participación en
más intereses que los afecten. Las provincias pueden
instrucción general y universitaria, y promoviendo la
industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras
de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores,
por leyes protectoras de estos fines y por concesiones
al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación
de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su
Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al
poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Para estas
iniciativas, el Senado será Cámara de origen.
Sancionar leyes de organización y de base de la
educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales;
que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la
promoción de los valores democráticos y la igualdad
y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales.
Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad
cultural, la libre creación y circulación de las obras
del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales.
20. Establecer tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia; crear y suprimir empleos, fijar sus
atribuciones, dar pensiones, decretar honores, y conceder amnistías generales.
presidente o vicepresidente de la República; y declarar el caso de proceder a nueva elección.
22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las
demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre; la Declaración Universal de Derechos
Humanos; la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción
del Delito de Genocidio; la Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;
Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención
sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su
vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan
artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán
ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo
Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes
de la totalidad de los miembros de cada Cámara.
Los demás tratados y convenciones sobre derechos
humanos, luego de ser aprobados por el Congreso,
requerirán del voto de las dos terceras partes de la
totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar
de la jerarquía constitucional.
23. Legislar y promover medidas de acción positiva
que garanticen la igualdad real de oportunidades y
particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.
Dictar un régimen de seguridad social especial e
integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del
período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia.
24. Aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad
e igualdad, y que respeten el orden democrático y
los derechos humanos. Las normas dictadas en su
consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes.
La aprobación de estos tratados con Estados de Latinoamérica requerirá la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. En el caso de
tratados con otros Estados, el Congreso de la Nación,
con la mayoría absoluta de los miembros presentes de
cada Cámara, declarará la conveniencia de la aprobación del tratado y sólo podrá ser aprobado con el voto
de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, después de ciento veinte días
del acto declarativo.
La denuncia de los tratados referidos a este inciso,
exigirá la previa aprobación de la mayoría absoluta de
guerra, y dictar las normas para su organización y gobierno.
en el territorio de la Nación, y la salida de las fuerzas
nacionales fuera de él.
de la Nación en caso de conmoción interior, y aprobar o suspender el estado de sitio declarado, durante
su receso, por el Poder Ejecutivo.
de la capital de la Nación y dictar la legislación necesaria para el cumplimiento de los fines específicos
de los establecimientos de utilidad nacional en el territorio de la República. Las autoridades provinciales
imposición sobre estos establecimientos, en tanto no
interfieran en el cumplimiento de aquellos fines.
convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes, y todos los otros concedidos por la presente
Constitución al Gobierno de la Nación Argentina.
administración o de emergencia pública, con plazo
fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la
delegación que el Congreso establezca.
La caducidad resultante del transcurso del plazo
previsto en el párrafo anterior no importará revisión
de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las
normas dictadas en consecuencia de la delegación
Artículo 77.- Las leyes pueden tener principio en
cualquiera de las Cámaras del Congreso, por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder
Ejecutivo, salvo las excepciones que establece esta
Los proyectos de ley que modifiquen el régimen
electoral y de partidos políticos deberán ser aprobados por mayoría absoluta del total de los miembros
Artículo 78.- Aprobado un proyecto de ley por la
Cámara de su origen, pasa para su discusión a la otra
Cámara. Aprobado por ambas, pasa al Poder Ejecutivo
de la Nación para su examen; y si también obtiene su
aprobación, lo promulga como ley.
Artículo 79.- Cada Cámara, luego de aprobar un
proyecto de ley en general, puede delegar en sus comisiones la aprobación en particular del proyecto,
con el voto de la mayoría absoluta del total de sus
miembros. La Cámara podrá, con igual número de votos, dejar sin efecto la delegación y retomar el trámite ordinario. La aprobación en comisión requerirá el
Una vez aprobado el proyecto en comisión, se seguirá
el trámite ordinario.
Artículo 80.- Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de
diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante.
Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y
su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad
del proyecto sancionado por el Congreso. En este caso
será de aplicación el procedimiento previsto para los
Artículo 81.- Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras podrá repetirse en las
sesiones de aquel año. Ninguna de las Cámaras puede
desechar totalmente un proyecto que hubiera tenido
origen en ella y luego hubiese sido adicionado o enmendado por la Cámara revisora. Si el proyecto fuere objeto de adiciones o correcciones por la Cámara
revisora, deberá indicarse el resultado de la votación
fueron realizadas por mayoría absoluta de los presentes o por las dos terceras partes de los presentes. La
Cámara de origen podrá por mayoría absoluta de los
presentes aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria, a menos que las adiciones o correcciones las
haya realizado la revisora por dos terceras partes de
los presentes. En este último caso, el proyecto pasará
al Poder Ejecutivo con las adiciones o correcciones de
la Cámara revisora, salvo que la Cámara de origen insista en su redacción originaria con el voto de las dos
terceras partes de los presentes. La Cámara de origen
no podrá introducir nuevas adiciones o correcciones
Artículo 82.- La voluntad de cada Cámara debe
manifestarse expresamente; se excluye, en todos los
Artículo 83.- Desechado en el todo o en parte un
proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen: ésta lo discute de
nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de
votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión. Si ambas
Cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es
ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Las
votaciones de ambas Cámaras serán en este caso nominales, por sí o por no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones del Poder
Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa.
Si las Cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año.
Artículo 84.- En la sanción de las leyes se usará de
esta fórmula: El Senado y Cámara de Diputados de la
Nación Argentina, reunidos en Congreso, ... decretan
Artículo 85.- El control externo del sector público
nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos,
financieros y operativos, será una atribución propia
El examen y la opinión del Poder Legislativo
sobre el desempeño y situación general de la administración pública estarán sustentados en los
dictámenes de la Auditoría General de la Nación.
Este organismo de asistencia técnica del Congreso,
con autonomía funcional, se integrará del modo que
establezca la ley que reglamenta su creación y funcionamiento, que deberá ser aprobada por mayoría
absoluta de los miembros de cada Cámara. El presidente del organismo será designado a propuesta del
partido político de oposición con mayor número de
Tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión y
auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera
su modalidad de organización, y las demás funciones
que la ley le otorgue.
Artículo 86.- El Defensor del Pueblo es un órgano
independiente instituido en el ámbito del Congreso
de la Nación, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad.
Su misión es la defensa y protección de los derechos
humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el control del
ejercicio de las funciones administrativas públicas.
El Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal.
Es designado y removido por el Congreso con el voto
de las dos terceras partes de los miembros presentes
de cada una de las Cámaras. Goza de las inmunidades y privilegios de los legisladores. Durará en su cargo cinco años, pudiendo ser nuevamente designado
Artículo 87.- El Poder Ejecutivo de la Nación será
desempeñado por un ciudadano con el título de “Presidente de la Nación Argentina”.
Artículo 88.- En caso de enfermedad, ausencia de
la Capital, muerte, renuncia o destitución del presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el vicepresidente de la Nación. En caso de destitución, muerte,
dimisión o inhabilidad del presidente y vicepresidente
de la Nación, el Congreso determinará qué funcionario público ha de desempeñar la Presidencia, hasta
que haya cesado la causa de la inhabilidad o un nuevo presidente sea electo.
Artículo 89.- Para ser elegido presidente o vicepresidente de la Nación, se requiere haber nacido en el
territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo,
habiendo nacido en país extranjero; y las demás calidades exigidas para ser elegido senador.
Artículo 90.- El presidente y vicepresidente duran
en sus funciones el término de cuatro años y podrán
ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo
período consecutivo. Si han sido reelectos o se han
sucedido recíprocamente no pueden ser elegidos para
ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de
Artículo 91.- El presidente de la Nación cesa en
el poder el mismo día en que expira su período de
cuatro años; sin que evento alguno que lo haya interrumpido, pueda ser motivo de que se le complete
Artículo 92.- El presidente y vicepresidente disfrutan de un sueldo pagado por el Tesoro de la Nación,
que no podrá ser alterado en el período de sus nombramientos. Durante el mismo período no podrán
ejercer otro empleo, ni recibir ningún otro emolumento de la Nación, ni de provincia alguna.
Artículo 93.- Al tomar posesión de su cargo el
presidente y vicepresidente prestarán juramento, en
manos del presidente del Senado y ante el Congreso
reunido en Asamblea, respetando sus creencias religiosas, de: “desempeñar con lealtad y patriotismo el
cargo de presidente (o vicepresidente) de la Nación y
observar y hacer observar fielmente la Constitución de
la Nación Argentina”.
Artículo 95.- La elección se efectuará dentro de los
dos meses anteriores a la conclusión del mandato del
candidatos más votadas, dentro de los treinta días de
Artículo 97.- Cuando la fórmula que resultare más
votada en la primera vuelta, hubiere obtenido más del
cuarenta y cinco por ciento de los votos afirmativos
válidamente emitidos, sus integrantes serán proclamados como presidente y vicepresidente de la Nación.
Artículo 98.- Cuando la fórmula que resultare más
votada en la primera vuelta hubiere obtenido el cuarenta por ciento por lo menos de los votos afirmativos
válidamente emitidos y, además, existiere una diferencia mayor de diez puntos porcentuales respecto del
total de los votos afirmativos válidamente emitidos
sobre la fórmula que le sigue en número de votos,
sus integrantes serán proclamados como presidente y
Artículo 99.- El presidente de la Nación tiene las
1. Es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general
necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias.
a la Constitución, las promulga y hace publicar.
El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo
pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.
tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y
urgencia, los que serán decididos en acuerdo general
de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente
con el jefe de gabinete de ministros.
El jefe de gabinete de ministros personalmente y den-
tro de los diez días someterá la medida a consideración
de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará
su despacho en un plazo de diez días al plenario de
cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de
inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial
sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de
los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los
alcances de la intervención del Congreso.
acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros
en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo
del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en
cuenta la idoneidad de los candidatos.
Un nuevo nombramiento, precedido de igual
acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a
cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan
la edad de setenta y cinco años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o
mayor se harán por cinco años, y podrán ser repetidos
indefinidamente, por el mismo trámite.
sujetos a la jurisdicción federal, previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados.
jefe de gabinete de ministros y a los demás ministros
del despacho, los oficiales de su secretaría, los agentes consulares y los empleados cuyo nombramiento
no está reglado de otra forma por esta Constitución.
Congreso, reunidas al efecto ambas Cámaras, dando
cuenta en esta ocasión del estado de la Nación, de
las reformas prometidas por la Constitución, y recomendando a su consideración las medidas que juzgue
necesarias y convenientes.
lo convoca a sesiones extraordinarias, cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera.
negociaciones requeridas para el mantenimiento de
buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras, recibe sus ministros y
acuerdo del Senado, en la concesión de los empleos o
grados de oficiales superiores de las fuerzas armadas;
corresponde a este cuerpo. El presidente la ejerce con
las limitaciones prescriptas en el artículo 23.
a los jefes de todos los ramos y departamentos de la
con permiso del Congreso. En el receso de éste, sólo
podrá hacerlo sin licencia por razones justificadas de
requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en
comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura.
Congreso, y debe convocarlo simultáneamente para
Artículo 100.- El jefe de gabinete de ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán a su
cargo el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán y legalizarán los actos del presidente por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del
ramo al cual el acto o reglamento se refiera.
de la administración, excepto los que correspondan
4. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de ausencia del presidente.
6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de Ministerios y de Presupuesto nacional, previo tratamiento en
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
del Congreso, presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en
lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
13. Refrendar conjuntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
Artículo 101.- El jefe de gabinete de ministros debe
concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 71. Puede ser interpelado a
los efectos del tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad
de los miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser
removido por el voto de la mayoría absoluta de los
Artículo 102.- Cada ministro es responsable de los
actos que legaliza; y solidariamente de los que acuerda con sus colegas.
Artículo 103.- Los ministros no pueden por sí solos,
en ningún caso, tomar resoluciones, a excepción de
lo concerniente al régimen económico y administrativo de sus respectivos departamentos.
Artículo 104.- Luego que el Congreso abra sus sesiones, deberán los ministros del despacho presentarle una
memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de sus respectivos departamentos.
Artículo 106.- Pueden los ministros concurrir a las
sesiones del Congreso y tomar parte en sus debates,
pero no votar.
Artículo 107.- Gozarán por sus servicios de un
sueldo establecido por la ley, que no podrá ser aumentado ni disminuido en favor o perjuicio de los que
se hallen en ejercicio.
Artículo 108.- El Poder Judicial de la Nación será
ejercido por una Corte Suprema de Justicia, y por los
demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación.
Artículo 109.- En ningún caso el presidente de la
Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse
el conocimiento de causas pendientes o restablecer
Artículo 110.- Los jueces de la Corte Suprema y de
los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus
empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán
por sus servicios una compensación que determinará
la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones.
Artículo 111.- Ninguno podrá ser miembro de la
Corte Suprema de Justicia, sin ser abogado de la Nación con ocho años de ejercicio, y tener las calidades
Artículo 112.- En la primera instalación de la Corte Suprema, los individuos nombrados prestarán juramento en manos del presidente de la Nación, de
desempeñar sus obligaciones, administrando justicia
bien y legalmente, y en conformidad a lo que prescribe la Constitución. En lo sucesivo lo prestarán ante el
presidente de la misma Corte.
Artículo 114.- El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría
absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial.
El Consejo será integrado periódicamente de modo
que se procure el equilibrio entre la representación
de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los
abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y
científico, en el número y la forma que indique la ley
nombramiento de los magistrados de los tribunales
expresadas en el artículo 53, por un jurado de enjuiciamiento integrado por legisladores, magistrados y
Su fallo, que será irrecurrible, no tendrá más efecto
que destituir al acusado. Pero la parte condenada quedará no obstante sujeta a acusación, juicio y castigo
conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios.
Corresponderá archivar las actuaciones y, en su
caso, reponer al juez suspendido, si transcurrieren
ciento ochenta días contados desde la decisión de
abrir el procedimiento de remoción, sin que haya sido
dictado el fallo.
En la ley especial a que se refiere el artículo 114,
se determinará la integración y procedimiento de este
Artículo 116.- Corresponde a la Corte Suprema y a
los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento
y decisión de todas las causas que versen sobre puntos
regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inciso 12 del artículo
75; y por los tratados con las naciones extranjeras;
de las causas concernientes a embajadores, ministros
públicos y cónsules extranjeros; de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima; de los asuntos en
que la Nación sea parte; de las causas que se susciten
entre dos o más provincias; entre una provincia y los
vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes provincias; y entre una provincia o sus vecinos, contra un
Artículo 117.- En estos casos la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y
excepciones que prescriba el Congreso; pero en todos
los asuntos concernientes a embajadores, ministros y
cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia
fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente.
Artículo 118.- Todos los juicios criminales ordinarios, que no se deriven del derecho de acusación concedido a la Cámara de Diputados se terminarán por
jurados, luego que se establezca en la República esta
institución. La actuación de estos juicios se hará en la
misma provincia donde se hubiere cometido el delito;
pero cuando éste se cometa fuera de los límites de
la Nación, contra el Derecho de Gentes, el Congreso
determinará por una ley especial el lugar en que haya
de seguirse el juicio.
Artículo 119.- La traición contra la Nación consistirá únicamente en tomar las armas contra ella, o en
unirse a sus enemigos prestándoles ayuda y socorro.
El Congreso fijará por una ley especial la pena de este
delito; pero ella no pasará de la persona del delincuente, ni la infamia del reo se transmitirá a sus parientes de cualquier grado.
Artículo 120.- El Ministerio Público es un órgano
independiente con autonomía funcional y autarquía
financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los
intereses generales de la sociedad, en coordinación
con las demás autoridades de la República.
Está integrado por un procurador general de la Nación y un defensor general de la Nación y los demás
miembros que la ley establezca.
Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e
intangibilidad de remuneraciones.
Artículo 121.- Las provincias conservan todo el
poder no delegado por esta Constitución al Gobierno
federal, y el que expresamente se hayan reservado por
Artículo 122.- Se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Eligen sus gobernadores, sus
legisladores y demás funcionarios de provincia, sin
Artículo 123.- Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el artículo 5°
administrativo, económico y financiero.
Artículo 124.- Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer
órganos con facultades para el cumplimiento de sus
fines y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política
exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno federal o el crédito público de
la Nación; con conocimiento del Congreso Nacional.
La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se
Corresponde a las provincias el dominio originario
de los recursos naturales existentes en su territorio.
Artículo 125.- Las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad
común, con conocimiento del Congreso Federal; y
promover su industria, la inmigración, la construcción
de ferrocarriles y canales navegables, la colonización
de tierras de propiedad provincial, la introducción y
establecimiento de nuevas industrias, la importación
de capitales extranjeros y la exploración de sus ríos,
por leyes protectoras de estos fines, y con sus recursos
Las provincias y la ciudad de Buenos Aires pueden
conservar organismos de seguridad social para los
empleados públicos y los profesionales; y promover
el progreso económico, el desarrollo humano, la generación de empleo, la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura.
Artículo 126.- Las provincias no ejercen el poder
delegado a la Nación. No pueden celebrar tratados
parciales de carácter político; ni expedir leyes sobre
comercio, o navegación interior o exterior; ni establecer aduanas provinciales; ni acuñar moneda; ni
establecer bancos con facultad de emitir billetes, sin
autorización del Congreso Federal; ni dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal y de Minería, después
que el Congreso los haya sancionado; ni dictar especialmente leyes sobre ciudadanía y naturalización,
bancarrotas, falsificación de moneda o documentos
del Estado; ni establecer derechos de tonelaje; ni armar buques de guerra o levantar ejércitos, salvo el
caso de invasión exterior o de un peligro tan inminente que no admita dilación dando luego cuenta
al Gobierno federal; ni nombrar o recibir agentes
Artículo 127.- Ninguna provincia puede declarar,
ni hacer la guerra a otra provincia. Sus quejas deben
ser sometidas a la Corte Suprema de Justicia y dirimidas por ella. Sus hostilidades de hecho son actos de
guerra civil, calificados de sedición o asonada, que
Artículo 128.- Los gobernadores de provincia son
agentes naturales del Gobierno federal para hacer
cumplir la Constitución y las leyes de la Nación.
Artículo 129.- La ciudad de Buenos Aires tendrá
un régimen de gobierno autónomo, con facultades
En el marco de lo dispuesto en este artículo, el Congreso de la Nación convocará a los habitantes de la
ciudad de Buenos Aires para que, mediante los representantes que elijan a ese efecto, dicten el estatuto
organizativo de sus instituciones.
marítimos e insulares correspondientes, por ser parte
integrante del territorio nacional.
La recuperación de dichos territorios y el ejercicio
pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de
sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.
Segunda: Las acciones positivas a que alude el artículo 37 en su último párrafo no podrán ser inferiores
a las vigentes al tiempo de sancionarse esta Constitución y durarán lo que la ley determine (corresponde
Tercera: La ley que reglamente el ejercicio de la
iniciativa popular deberá ser aprobada dentro de los
dieciocho meses de esta sanción (corresponde al artículo 39).
Cuarta: Los actuales integrantes del Senado de la
Nación desempeñarán su cargo hasta la extinción del
mandato correspondiente a cada uno.
En ocasión de renovarse un tercio del Senado en
mil novecientos noventa y cinco, por finalización de
los mandatos de todos los senadores elegidos en mil
novecientos ochenta y seis, será designado además un
tercer Senador por distrito por cada Legislatura. El conjunto de los senadores por cada distrito se integrará,
en lo posible, de modo que correspondan dos bancas
yor número de miembros en la Legislatura y la restante
al partido político o alianza electoral que lo siga en
número de miembros de ella. En caso de empate, se
hará prevalecer al partido político o alianza electoral
que hubiera obtenido mayor cantidad de sufragios en
la elección legislativa provincial inmediata anterior.
La elección de los senadores que reemplacen a
aquellos cuyos mandatos vencen en mil novecientos noventa y ocho, así como la elección de quien
reemplace a cualquiera de los actuales senadores en
caso de aplicación del artículo 62, se hará por éstas
mismas reglas de designación. Empero, el partido político o alianza electoral que tenga el mayor número
de miembros en la legislatura al tiempo de la elección
del senador, tendrá derecho a que sea elegido su candidato, con la sola limitación de que no resulten los
tres senadores de un mismo partido político o alianza
Estas reglas serán también aplicables a la elección
de los senadores por la ciudad de Buenos Aires, en
mil novecientos noventa y cinco por el cuerpo electoral, y en mil novecientos noventa y ocho por el órgano
legislativo de la ciudad.
La elección de todos los senadores a que se refiere
esta cláusula se llevará a cabo con una anticipación
no menor de sesenta ni mayor de noventa días al momento en que el senador deba asumir su función.
En todos los casos, los candidatos a senadores serán
propuestos por los partidos políticos o alianzas electorales. El cumplimiento de las exigencias legales y
estatutarias para ser proclamado candidato será certi-
ficado por la Justicia Electoral Nacional y comunicado a la Legislatura.
nueve de diciembre del dos mil uno (corresponde al
artículo 54).
Quinta: Todos los integrantes del Senado serán elegidos en la forma indicada en el artículo 54 dentro de
los dos meses anteriores al diez de diciembre del dos
mil uno, decidiéndose por la suerte, luego que todos
se reúnan, quienes deban salir en el primero y segundo bienio (corresponde al artículo 56).
Sexta: Un régimen de coparticipación conforme
a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 75 y la reglamentación del organismo fiscal federal, serán establecidos antes de la finalización del año 1996; la
distribución de competencias, servicios y funciones
vigentes a la sanción de esta reforma, no podrá modificarse sin la aprobación de la provincia interesada;
tampoco podrá modificarse en desmedro de las provincias la distribución de recursos vigente a la sanción
de esta reforma y en ambos casos hasta el dictado del
mencionado régimen de coparticipación.
La presente cláusula no afecta los reclamos administrativos o judiciales en trámite originados por diferencias por distribución de competencias, servicios,
funciones o recursos entre la Nación y las provincias
Séptima: El Congreso ejercerá en la ciudad de
Buenos Aires, mientras sea capital de la Nación, las
atribuciones legislativas que conserve con arreglo al
artículo 129 (corresponde al artículo 75 inciso 30).
Octava: La legislación delegada preexistente que
no contenga plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco años de la vigencia de esta disposición, excepto aquella que el Congreso de la Nación
ratifique expresamente por una nueva ley (corresponde al artículo 76).
Novena: El mandato del presidente en ejercicio
al momento de sancionarse esta reforma, deberá ser
considerado como primer período (corresponde al artículo 90).
Décima: El mandato del presidente de la Nación
que asuma su cargo el 8 de julio de 1995, se extinguirá el 10 de diciembre de 1999 (corresponde al artículo 90).
Undécima: La caducidad de los nombramientos y
la duración limitada previstas en el artículo 99 inciso
4 entrarán en vigencia a los cinco años de la sanción
de esta reforma constitucional (corresponde al artículo 99 inciso 4).
Duodécima: Las prescripciones establecidas en los
artículos 100 y 101 del capítulo cuarto de la sección
segunda, de la segunda parte de esta Constitución referidas al jefe de gabinete de ministros, entrarán en
vigencia el 8 de julio de 1995.
El jefe de gabinete de ministros será designado por
primera vez el 8 de julio de 1995, hasta esa fecha sus facultades serán ejercidas por el presidente de la República (corresponde a los artículos 99 inciso 7, 100 y 101).
Decimotercera: A partir de los trescientos sesenta
días de la vigencia de esta reforma, los magistrados
inferiores solamente podrán ser designados por el procedimiento previsto en la presente Constitución. Hasta tanto se aplicará el sistema vigente con anterioridad
Decimocuarta: Las causas en trámite ante la Cámara de Diputados al momento de instalarse el Consejo
de la Magistratura, les serán remitidas a efectos del
inciso 5 del artículo 114. Las ingresadas en el Senado
continuarán allí hasta su terminación (corresponde al
Decimoquinta: Hasta tanto se constituyan los poderes que surjan del nuevo régimen de autonomía de
la ciudad de Buenos Aires, el Congreso ejercerá una
legislación exclusiva sobre su territorio, en los mismos
términos que hasta la sanción de la presente.
El jefe de gobierno será elegido durante el año mil
La ley prevista en los párrafos segundo y el tercero del artículo 129, deberá ser sancionada dentro del
plazo de doscientos setenta días a partir de la vigencia
Hasta tanto se haya dictado el estatuto organizativo
la designación y remoción de los jueces de la ciudad
de Buenos Aires se regirá por las disposiciones de los
artículos 114 y 115 de esta Constitución (corresponde
al artículo 129).
Decimosexta: Esta reforma entra en vigencia al
día siguiente de su publicación. Los miembros de la
Convención Constituyente, el presidente de la Nación
Argentina, los presidentes de las Cámaras Legislativas
y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia prestan
juramento en un mismo acto el día 24 de agosto de
1994, en el Palacio San José, Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos.
Cada poder del Estado y las autoridades provinciales y municipales disponen lo necesario para que sus
miembros y funcionarios juren esta Constitución.
Decimoséptima: El texto constitucional ordenado,
sancionado por esta Convención Constituyente, reemplaza al hasta ahora vigente.
Dada en la sala de sesiones de la Convención Nacional Constituyente, en la ciudad de Santa Fe, a los
veintidós días del mes de agosto del año mil novecientos noventa y cuatro.
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