Source: https://supremo.vlex.es/vid/honor-intromision-ilegitima-7-715-17737309
Timestamp: 2019-10-19 02:12:46
Document Index: 157774045

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STS 8/93, 26 de Enero de 1993 - Jurisprudencia - VLEX 17737309
STS 8/93, 26 de Enero de 1993
Número de Recurso: 2233/1990
Número de Resolución: 8/93
DERECHO AL HONOR. INTROMISION ILEGITIMA. Está fuera de duda, como, asimismo, aprecia con acierto el referido juzgador, que las imputaciones contenidas en el reportaje representaron para el demandante ser objeto de un trato humillante y vejatorio y la atribución de una conducta deshonrosa y denigrante, mereciendo la consideración de una intromisión ilegítima de las que contempla la Ley Orgánica 1/82, concretamente, la prevenida en su artículo 7.7, y de aquí, que sin necesidad de mayores razonamientos, resulte procedente confirmar por sus propios fundamentos, dándose por reproducidos, la sentencia dictada en primera instancia, confirmación que ha de extenderse, por supuesto, a los pronunciamientos que contiene respecto a la condena indemnizatoria y cuantía de la misma e imposición de costas, sin que proceda, por último, hacer declaración alguna sobre las causadas en segunda instancia, ni tampoco, en el las del recurso, en el que, a tenor de lo dispuesto en el rituario artículo 1.715, cada parte abonará las suyas. En primera instancia se estima la demanda. Se estima la apelación. Se estima la casaci?
En la Villa de Madrid, a veintiséis de Enero de mil novecientos noventa y tres.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Decimotercera de la Iltma. Audiencia Provincial de Madrid, como consecuencia de juicio seguido por el trámite de los incidentes, tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia número CATORCE de Madrid, sobre derecho al honor, cuyo recurso fue interpuesto por DON Vicente, representado por la Procuradora de los Tribunales Doña María Concepción Aporta Estevez, y asistido del Letrado Don Javier Lobo Polanco, en el que son recurridos DON Juan Carlos, DON Fermín, como DIRECCION001de "DIRECCION000", DON Evaristoe INFORMACION Y PRENSA, S.A., representados todos ellos por el Procurador de los Tribunales Don Argimiro Vázquez Guillén, y asistidos del Letrado Don Juan Luis Idoate Flaguer, habiendo sido parte también EL MINISTERIO FISCAL.ANTECEDENTES DE HECHO
Ante el Juzgado de Primera Instancia número Catorce de Madrid, fueron vistos los autos de juicio incidental, promovidos a instancias de Don Vicente, contra el Ministerio Fiscal y contra Don Juan Carlos, Información y Prensa, S.A, Don Fermíny Don Evaristo, sobre derecho al honor.
Por la representación de la parte actora, se formuló demanda en base a cuantos hechos y fundamentos de derecho estimó oportunos, para terminar suplicando lo que sigue: "... y se dicte sentencia por la que se condene a los demandados Don Evaristo, Sr. DIRECCION001de DIRECCION000, Don Fermíno persona que ostentase tal cargo el día de la publicación, 26 de Enero de 1.989, Información y Prensa, S.A., en la persona de su legal representante y el Editor del citado periódico, Don Juan Carlos, ... , al pago de la indemnización que en derecho corresponda a la publicación de la misma en el periódico "DIRECCION000", así como al pago de las costas que se causen en el presente procedimiento". Asimismo interesaba el recibimiento del pleito a prueba.
Por el Ministerio Fiscal se contestó la demanda, en base a cuantos hechos y fundamentos de derecho estimó oportunos, para terminar suplicando lo que sigue: "... el Ministerio Fiscal interesa se le tenga por personado y parte en el presente procedimiento en los términos antedichos, y se dé por contestada la demanda.- Otrosí: El Fiscal interesa el recibimiento del pleito a prueba".
Por la representación de los demandados se contestó la demanda, en base a cuantos hechos y fundamentos de derecho estimó de aplicación, alegando falta de jurisdicción, y falta de personalidad en el demandado, para terminar suplicando al Juzgado lo que sigue: "... y habiendo propuesto la excepción de falta de jurisdicción y falta de personalidad en los demandados Don Juan Carlosy Don Fermíny por contestada la demanda, se dicte en su día resolución desestimando la pretensión ejercitada, ya sea como esperamos por admitir las excepciones alegadas o en el improbable caso de que fueran rechazadas absolviendo a mis representados Don Juan Carlos, Don Fermín, Don Evaristoe Información y Prensa, S.A. por cuanto no se ha producido ninguna intromisión ilegítima en los derechos fundamentales de la persona con expresa imposición de costas a la parte actora por su temeraria actuación procesal". Asimismo solicitaba el recibimiento del pleito a prueba.
Por el Juzgado se dictó sentencia en fecha 30 de Septiembre de 1.989, cuyo fallo es como sigue: "Que estimando la demanda formulada por Don Vicentecontra Don Evaristo, Don Fermín, Información y Prensa, S.A. y Don Juan Carlos, y en el que ha sido parte el Ministerio Fiscal, debo declarar y declaro: 1/ Se declara que ha habido una intromisión ilegítima en el honor del demandante con motivo de la información aparecida en DIRECCION000el 26 de Febrero de 1.989 y que hacia referencia a la actuación del demandante como funcionario del Cuerpo de Prisiones.- 2/ Se condena a los demandados al pago de 1.500.000.- pesetas en concepto de indemnización del daño moral.- 3/ Se rechazan las excepciones propuestas por la parte demandada.- 4/ Todo ello con expresa condena en costas a los demandados.- 5/ Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal".
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación, que fue admitido y sustanciada la alzada, la Sección Decimotercera de la Iltma. Audiencia Provincial de Madrid, dictó sentencia en fecha 12 de Junio de 1.990, cuya parte dispositiva es como sigue: "Que debemos estimar, y estimamos, el recurso de apelación interpuesto por el Procurador de los tribunales Don Argimiro Vázquez Guillén, en nombre y representación de Don Juan Carlos, Don Fermín, Don Evaristoe Informaciones y Prensa, S.A., contra la sentencia dictada por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez de Primera Instancia número catorce de esta capital el día treinta de Septiembre de mil novecientos ochenta y nueve en los autos incidentales número 596/89, seguidos a instancia de Don Vicente, que ha estado representado por la Procuradora Doña María Concepción Aporta Estevez; resolución que se revoca, y, anulando todo lo actuado, mandamos deducir el correspondiente testimonio de particulares relativos a los hechos imputados al Magistrado- Juez Decano de los de Madrid, para depuración de las responsabilidades penales. Todo ello sin hacer condena de las costas causadas en las dos instancias".
Por la Procuradora de los Tribunales Doña María Concepción Aporta Estevez, en nombre y representación de Don Vicente, se formalizó recurso de casación que fundó en los siguientes motivos:
Inadmitido.
"Por infracción de ley y de la doctrina legal concordante con base en el número 5 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y artículo 5, párrafo 4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de Julio de 1.985, por vulneración de derechos constitucionales.- A) Por infracción del artículo 1 punto 1 y 3 y artículo 7 punto 7 de la Ley Orgánica 5 de Mayo de 1.982 1/82 de Protección del Derecho al Honor, a la intimidad personal y familiar y propia imagen, infringidos por el concepto de violación por inaplicación, y artículo 1º punto 2 de dicha Ley por aplicación indebida.- B) Infracción de derechos constitucionales por no aplicación.- Los derechos constitucionales que consideramos infringidos son el artículo 18 punto 1 y el artículo 24 punto 1 de la Constitución Española de 1.978".
Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción, se señaló para la vista el día DOCE DE ENERO, a las 11 horas, en que ha tenido lugar.
Don Vicentepromovió juicio incidental por vulneración del derecho fundamental al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, contra Don Evaristo, Don Fermín, en concepto de DIRECCION001de "DIRECCION000", Don Juan Carlos, en calidad de Editor de la citada publicación, y la sociedad "Información y Prensa, S.A.", como consecuencia de que el referido "DIRECCION000", es su edición de 26 de Febrero de 1.989, publicó un artículo titulado "Sobran Cinco mil Presos", del que era autor Don Evaristo, y en el que, entre otros particulares, se manifestaba cuanto sigue: "Así, cita el caso de un funcionario... O el de Gonzalo, Jefe de Servicio, y el funcionario Vicente, que dieron una paliza a un preso por reclamar que se le había fundido la bombilla". Las pretensiones deducidas en el expresado juicio fueron acogidas por el Juzgado de Primera Instancia número 14 de Madrid, en sentencia de 30 de Septiembre de 1.989, en cuanto que, con estimación de la demanda y rechazando las excepciones propuestas por la contraparte, declaró que había habido una intromisión ilegítima en el honor del demandante con motivo de la información aparecida en "DIRECCION000" el 26 de Febrero de 1.989 y que hacía referencia a la actuación de aquel como funcionario del Cuerpo de Prisiones y condenó a los demandados al pago de 1.500.000.- pesetas, en concepto de indemnización del daño moral, pero dicha resolución fue revocada por la dictada, en 12 de Junio de 1.990, por la Sección Décimotercera de la Iltma. Audiencia Provincial de Madrid, en la que, con estimación de la excepción de incompetencia de jurisdicción, se acordó anular todo lo actuado y mandar deducir el correspondiente testimonio de particulares relativos a los hechos imputados para su remisión al Magistrado-Juez Decano de Madrid a fin de depuración de las responsabilidades penales. Y es ésta segunda sentencia la recurrida en casación por Don Vicente, a través de la formulación de dos motivos amparados en el número 5º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero el primero de ellos fue declarado inadmitido por Auto de la Sala de 6 de Mayo de 1.991.
En el segundo motivo del recurso, único a estudiar por la razón antedicha, y en concordancia con el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1 de Julio de 1.985, se denuncia vulneración de derechos constitucionales, haciendo exposición de ello en dos apartados diferenciados, A) y B). En el A) se hace mención de los artículos 1, puntos 1 y 3, y 7, punto 7, de la Ley Orgánica 1/82, de 5 de Mayo, sobre Protección del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, estimándose como infringidos por el concepto de violación por inaplicación, y del artículo 1, punto 2, de la misma Ley, por aplicación indebida, según se exponía en el primer motivo, y, asimismo, se citaban las sentencias de 4 de Noviembre de 1.986, 23 de Marzo de 1.987 y 27 de Octubre de 1.989. Y en apartado B) se hace referencia a la infracción de derechos constitucionales por su no aplicación, considerándose infringidos los prevenidos en los artículos 18, punto 1, y 24, punto 1 de la Constitución.
Evidentemente, la resolución del recurso que nos ocupa habrá de hacerse a la luz de la doctrina y fundamentación establecidas en la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 16 de Diciembre de 1.991 y recaída en el recurso de amparo número 604/89, en la que, con otorgamiento del amparo solicitado, se decidió reconocer su derecho a la tutela judicial efectiva y anular la sentencia de ésta Sala, pronunciada en el recurso de casación número 1.365/87, para que sea dictada otra en la que se proceda a examinar los restantes motivos de casación planteados, siendo innegable la semejanza de aquel supuesto con el del presente caso, pues como se señaló en el primer fundamento de la sentencia del Constitucional: «la sentencia impugnada estimó el primero de los motivos de casación ... por abuso, exceso o defecto en el ejercicio de la jurisdicción, razonando a tal efecto que, dado que las informaciones periodísticas evidencian que "las imputaciones hechas al demandante no lo son a título personal o individual, sino en cuanto a su cargo de Magistrado en el ejercicio de su función jurisdiccional..." y que, por tanto, "... las inculpaciones que en aquellos se contienen, rebasan el campo estrictamente civil ya que pueden constituir un delito perseguible de oficio...", la Sala de instancia debía haber hecho valer la preferencia del orden jurisdiccional penal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1.2 de la Ley Orgánica 1/1.982, de 5 de Mayo, de manera que, al no haberlo hecho así, la Sala incurrió en infracción del artículo 1.692.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, circunstancia determinante, pues, de la estimación del recurso de casación>>, cuya estimación consistió en proceder a anular todo lo actuado y a remitir el oportuno testimonio de particulares al Juzgado correspondiente para la depuración de las responsabilidades penales, esto es, lo mismo que resolvió la sentencia que es objeto del actual recurso de casación.
Entre los razonamientos formulados en la referida sentencia de 16 de Diciembre de 1.991, resulta oportuno destacar los siguientes, recogidos dentro de su Fundamento Jurídico cuarto: "La sentencia impugnada (se está aludiendo a la de casación que fue objeto del amparo), al deslindar el ámbito de las acciones civil y penal que la legislación vigente (artículo 1 de la Ley Orgánica 1/1. 982) ofrece en orden a la protección de los derechos fundamentales al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen garantizadas por el artículo 18.1 de la Constitución Española, ha interpretado la norma aplicable en el sentido más restrictivo y menos favorable a la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución Española y, en última instancia, de los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen del recurrente, con un debilitamiento o restricción de la acción civil de defensa de los mencionados derechos de la persona en favor de la vía penal, que ha de estimarse desproporcionada respecto del fin perseguido por la norma legal y que pugna con el principio de intervención mínima que preside el orden penal, llevando, en el caso, a un resultado lesivo de derechos fundamentales y constitucionalmente inaceptable consistente en obligar al justiciable a recorrer, en defensa de su honor, intimidad y propia imagen, toda la vía penal para, una vez finalizada esta, volver a iniciar de nuevo la civil que ya había ejercitado" y " Pues bien, en el caso que nos ocupa, ejercitada la acción de protección civil del honor, la intimidad y la propia imagen del recurrente, para cuyo conocimiento era plenamente competente la jurisdicción civil, en ningún exceso de jurisdicción incurrieron ni el Organo Judicial de instancia ni el Tribunal de apelación al no dar preferencia a la jurisdicción penal en aplicación del artículo 1.2 de la Ley Orgánica 1/1.982, pues, no pendiendo proceso penal alguno por los mismos hechos a los que el ahora recurrente imputaba la lesión de sus derechos fundamentales al honor, a la intimidad y a la propia imagen y cuya existencia no había sido discutida, ni estando condicionada la decisión de la cuestión que constituía el objeto del proceso civil por la previa calificación de los mismos como constitutivos de delito, es evidente que los órganos judiciales de instancia y apelación no incurrieron en exceso de jurisdicción por el hecho de no suspender el procedimiento y el fallo del pleito, pues ni el artículo 1.2 de la Ley Orgánica 1/1.982, ni, por conexión con aquel, los artículos 111 y 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 362 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 10.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial les obligaban a ello, con lo que la sentencia que se impugna, al estimar el motivo de casación señalado, y anular todas las actuaciones, apreciando la concurrencia de un vicio de incompetencia inexistente, ha incurrido en manifiesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 de la Constitución Española) del ahora solicitante del amparo y, como resultado último, al negarle el ejercicio de la acción de protección civil del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, ha venido también a lesionar dichos derechos fundamentales".
En virtud de cuanto antecede, está fuera de duda que la incompetencia de jurisdicción declarada en la sentencia actualmente recurrida no puede mantenerse al oponerse frontalmente a la doctrina del Tribunal Constitucional acabada de exponer, sin que suponga obstáculo procesal alguno el dato de que en el presente recurso de casación no se plantease ningún motivo basado en "abuso, exceso o defecto en el ejercicio de la jurisdicción", toda vez que la mentada incompetencia, atendiendo al criterio constitucional, representó una "manifiesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 de la Constitución Española), y la negativa al ejercicio de la acción de protección civil, vino a lesionar, también, los derechos fundamentales al honor, a la intimidad y a la propia imagen, con lo cual, se produjo una infracción, en cadena, de los artículos 18.1 y 24.1, por no aplicación, de la Constitución, y 1.1, por inaplicación y 1.2, por aplicación indebida, de la Ley Orgánica 1/1.982, de 5 de Mayo, y como tales preceptos fueron invocados, como vulnerados, en el motivo segundo del actual recurso, es por lo que ha de concluirse que el Tribunal "a quo" incurrió en la infracción denunciada, originándose así la estimación de dicho motivo y la consecuente casación y anulación de la sentencia dictada por el meritado Tribunal.
Acordada ya la casación de la sentencia impugnada, la única cuestión a dilucidar concierne a la calificación de la información contenida en el reportaje periodístico del caso de autos, sobre la cual, hay que descartar la posibilidad de encajarla dentro del ámbito penal, dado que, como acertadamente razonó el Juez de instancia, al actor-recurrente "no se le ha acusado de un delito que hubiera dar lugar a una acción pública, no ha habido tampoco desacato",máxime , cuando las publicaciones periodísticas no parecen que pudieran servir de vía o cauce adecuado para la comisión de la figura de desacato prevenida en el artículo 245 del Código Penal, al requerir, como elemento constitutivo un acto de presencia o escrito dirigido al interesado. En el orden de cosas indicado, está fuera de duda, como, asimismo, aprecia con acierto el referido juzgador, que las imputaciones contenidas en el reportaje representaron para el Sr. Vicenteser objeto de un trato humillante y vejatorio y la atribución de una conducta deshonrosa y denigrante, mereciendo la consideración de una intromisión ilegítima de las que contempla la Ley Orgánica 1/82, concretamente, la prevenida en su artículo 7.7, y de aquí, que sin necesidad de mayores razonamientos, resulte procedente confirmar por sus propios fundamentos, dándose por reproducidos, la sentencia dictada en primera instancia, confirmación que ha de extenderse, por supuesto, a los pronunciamientos que contiene respecto a la condena indemnizatoria y cuantía de la misma e imposición de costas, sin que proceda, por último, hacer declaración alguna sobre las causadas en segunda instancia, ni tampoco, en el las del recurso, en el que, a tenor de lo dispuesto en el rituario artículo 1.715, cada parte abonará las suyas.
Que declarando HABER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la Procuradora Doña María Concepción Aporta Estevez, en nombre y representación de Don Vicente, contra la sentencia de doce de Junio de mil novecientos noventa, dictada por la Sección Décimotercera de la Iltma. Audiencia Provincial de Madrid, debemos anular y anulamos la misma, y, asimismo, debemos confirmar y confirmamos, en todos y cada uno de sus pronunciamientos, la sentencia de fecha treinta de Septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, que fue dictada por el Iltmo. Sr. Magistrado- Juez del Juzgado de Primera Instancia número Catorce de Madrid, y ello, sin hacer declaración expresa acerca de las costas causadas en la segunda instancia y en el presente recurso. Y líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con remisión de los autos y rollo de apelación recibidos.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Alfonso Barcala y Trillo-Figueroa, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
STS 256/1996, 1 de Abril de 1996