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Timestamp: 2018-05-26 02:25:55
Document Index: 239857174

Matched Legal Cases: ['artículo 27', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 27', 'artículo 21', 'artículo 230', 'artículo 60', 'artículo 44']

Resolución de TEAC, 00/381/2005, 15-02-2007 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/381/2005 de 15 de Febrero de 2007
Núm. Resolución: 00/381/2005
En la Villa de Madrid, a 15 de febrero de 2007 en reclamaciones económico-administrativas que, en segunda instancia, penden de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, promovidas por la entidad ..., S.L. (N.I.F.: ...), y en su nombre y representación por D. ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de fecha 17 de diciembre de 2004 que desestima la reclamación nº ... interpuesta en relación al Impuesto sobre Sociedades del periodo 2000, de cuantía 191.821,66 € y contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de fecha 17 de diciembre de 2004 que desestima la reclamación nº ... interpuesta en relación a la solicitud de anulación de la liquidación correspondiente al Impuesto sobre Sociedades del periodo 2000.
PRIMERO.- En fecha 9 de mayo de 2003, la Inspección formalizó acta de disconformidad A02 nº ... correspondiente al Impuesto sobre Sociedades del periodo 2000 a la entidad recurrente, en la cual se hacía constar, en síntesis: 1º) La fecha de inicio de las actuaciones fue el día 14/10/2002. 2º) La entidad recurrente presentó declaración del Impuesto sobre Sociedades del periodo 2000 con el carácter de empresa de reducida dimensión y régimen especial para Canarias, practicando una reducción de 80.000.000 pesetas (480.809,68 €) en la base imponible en concepto de Reserva para Inversiones en Canarias, aplicando el tipo impositivo del 30%. 3º) La totalidad de los ingresos obtenidos por la entidad derivan del arrendamiento de inmuebles, de activos financieros y de la venta de inmovilizado. La totalidad de los beneficios obtenidos por la entidad proceden de la mera titularidad de activos que no están relacionados con el desarrollo de actividades económicas en Canarias y, por tanto, no procede la reducción de 80.000.000 pesetas (480.809,68 €) en la base imponible. 4º) No es correcto la aplicación del tipo impositivo del 30% previsto para la normativa especial para las empresas de reducida dimensión, ya que la entidad no realiza actividades empresariales ni profesionales. 5º) La entidad es una sociedad transparente de mera tenencia de bienes. 6º) La deuda a ingresar asciende a 191.821,66 €, desglosado en una cuota de 172.790,98 € y en unos intereses de demora de 19.030,68 €. 7º) El acta tiene el carácter de previa. 8º) La conducta de la entidad no supone responsabilidad por infracción tributaria.
SEGUNDO.- Se acompaña al acta el preceptivo informe ampliatorio en el que se desarrolla de forma más minuciosa el contenido del acta de disconformidad, señalando dicho informe, entre otras circunstancias, que: El objeto social de la entidad es la construcción, adquisición, explotación y venta de terrenos e inmuebles. La única actividad desarrollada por la entidad en el año 2000 fue el arrendamiento de inmuebles tal y como ha manifestado el interesado en la Memoria que integra las Cuentas Anuales. El beneficio de 104.551.634 pesetas (628.367,98 €) declarado por la entidad como beneficios en enajenación de inmovilizado material tiene su origen en la venta por un precio total de 555.000.000 pesetas (3.335.617,18 €) de una casa de tres plantas ubicada en ..., pertenecía a la entidad una quinta parte indivisa por aportación de D. ... en 1991, con ocasión de una ampliación de capital y que fue valorada en 7.290.000 pesetas (43.813,78 €)
TERCERO.- En fecha 7 de octubre de 2003, y previas las alegaciones del interesado, la Inspectora Regional Adjunta de la Dependencia de Inspección de la Delegación de ... de la AEAT dictó acuerdo de liquidación correspondiente al Impuesto sobre Sociedades del periodo 2000, en el que hacía constar, en síntesis, que se acuerda confirmar el acta de disconformidad. La deuda a ingresar asciende a 191.821,66 €, desglosado en una cuota de 172.790,98 € y en unos intereses de demora de 19.030,68 €.
Dicho acuerdo fue notificado al interesado el día 9 de octubre de 2003.
CUARTO.- En fecha 23 de octubre de 2003, la entidad recurrente interpuso reclamación económico-administrativa ante el TEAR de ... (R.G. ...). El día 10 de diciembre de 2003 presentó escrito de alegaciones. En fecha 17 de diciembre de 2004, el TEAR de ... acordó desestimar la citada reclamación, lo que fue notificado al recurrente en fecha 29 de diciembre de 2004.
QUINTO.- Contra dicha Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., el interesado ha interpuesto en fecha 14 de enero de 2005 recurso de alzada ante este Tribunal Económico-Administrativo Central (R.G. 381/05), alegando en síntesis: 1º) Se dan por reproducidas las alegaciones presentadas ante el TEAR de ... 2º) La interpretación que se realiza de "establecimiento" nada tiene que ver con la verdadera naturaleza de la Reserva para Inversiones en Canarias. El artículo 27 de la Ley 19/1994, en relación al beneficio obtenido, no distingue qué rendimientos deben ser o no considerados a efectos de la determinación de aquel. La Ley sólo pretende determinar el ámbito de aplicación territorial del beneficio fiscal mediante el uso del concepto de establecimiento, que no es un término equivalente a actividad económica. Si la Ley 19/1994 hubiera querido limitar el tipo de rendimiento apto para dotar la RIC lo hubiera hecho. La Disposición Adicional 5º de la Ley 19/1994, que regula el régimen especial de bonificación en el Impuesto sobre Sociedades sí utiliza el concepto de explotación económica. La Disposición Adicional 12º de la Ley 43/1995 utiliza el concepto de explotación económica. El interesado reproduce parte del artículo 21 de la Ley 43/1995. Aun considerando que la entidad era una entidad transparente, debe concluirse que los ingresos producidos por el arrendamiento del inmovilizado o por su venta son beneficios empresariales y susceptibles de la dotación a la RIC sobre los mismos. Es más acorde al espíritu de la Ley atraer hacia actividades productivas los beneficios que no deriven de actividades económicas, a condición de que dichos beneficios sean invertidos en bienes de activo fijo afectos a actividades económico-productivas, que excluir del beneficio fiscal a los beneficios procedentes de la mera tenencia de bienes.
SEXTO.- En fecha 26 de noviembre de 2003, la entidad recurrente presentó una declaración complementaria, ingresando un importe de 243,66 €, y presentó un escrito dirigido a la Dependencia de Inspección de la AEAT de ..., en el que se hacía constar, en síntesis: 1º) No plantea ninguna duda la procedencia de la presentación de declaración complementaria incorporando a la declaración original otros elementos del hecho imponible no regularizados ni comprobados por la Inspección. 2º) La entidad obtuvo un beneficio extraordinario de 104.555.674 pesetas (628.392,26 €) por la venta del inmueble, siendo el precio de venta del inmueble de 111.000.000 pesetas (667.123,44 €). La entidad reinvirtió el importe obtenido en los años 2001 y 2003 en inmuebles del inmovilizado material y en un importe de 86.052.927 pesetas (517.188,51 €) y están en explotación en arrendamiento. Se solicita la aplicación del artículo 21 de la Ley 43/1995 para el supuesto de que no se admita la RIC. El beneficio extraordinario que se difiere es de 70.884.164 pesetas (426.022,41 €). 3º) Finaliza su escrito, solicitando al Jefe de la Dependencia de Inspección de la AEAT de ... que anule la liquidación provisional practicada por el Impuesto sobre Sociedades del año 2000 y se confirme la autoliquidación complementaria presentada.
SEPTIMO.- En fecha 9 de diciembre de 2003, la Inspectora Jefe de la Dependencia de Inspección de la Delegación de ... de la AEAT resolvió dicha solicitud, acordando la remisión al Tribunal Económico-Administrativo, y señalando que no es posible admitir dicha solicitud como recurso de reposición ni como un procedimiento especial de revisión en vía administrativa. Dicho acuerdo fue notificado al interesado en fecha 11 de diciembre de 2003.
OCTAVO.- En fecha 26 de diciembre de 2003, la entidad recurrente interpuso reclamación económico-administrativa ante el TEAR de ... (R.G. ...). El día 11 de febrero de 2004 presentó escrito de alegaciones. En fecha 17 de diciembre de 2004, el TEAR de ... acordó en síntesis: La solicitud planteada por el interesado ha de ser calificada como recurso de reposición, desestimando la reclamación presentada y confirmando el acto administrativo impugnado, notificándose al interesado en fecha 18 de enero de 2005.
NOVENO.- Contra dicha Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., el interesado ha interpuesto en fecha 31 de enero de 2005 recurso de alzada ante este Tribunal Económico-Administrativo Central (R.G. 675/05), alegando en síntesis: 1º) Mediante la presentación de la declaración complementaria se está presentando una solicitud de rectificación de la autoliquidación en un tema no regularizado por la Inspección y la Inspección no entró a examinar la cuestión de fondo. 2º) La entidad obtuvo un beneficio extraordinario de 104.555.674 pesetas (628.392,26 €) por la venta del inmueble, siendo el precio de venta del inmueble de 111.000.000 pesetas (667.123,44 €). La entidad reinvirtió el importe obtenido en los años 2001 y 2003 en inmuebles del inmovilizado material y en un importe de 86.052.927 pesetas (517.188,51 €) y están en explotación en arrendamiento. Se solicita la aplicación del artículo 21 de la Ley 43/1995 para el supuesto de que no se admita la RIC. El beneficio extraordinario que se difiere es de 70.884.164 pesetas (474.103,37 €). 3º) Se solicita la declaración de nulidad de la Resolución del TEAR de ..., se decrete la procedencia de la rectificación solicitada o subsidiariamente se ordene a la Inspección entrar en el fondo de la pretensión de rectificación y se acumule el presente recurso de alzada con el planteado frente a la resolución de la reclamación ... del Tribunal de ... También se solicita que si el TEAC considera oportuno entrar en el fondo del asunto y entiende que no están acreditados los elementos de hecho necesarios para disfrutar de tal régimen, se practique las pruebas pertinentes a dichos efectos.
PRIMERO.- Concurre en el presente expediente el requisito de competencia de este Tribunal Económico-Administrativo Central, por razón de la materia y de la cuantía del acto impugnado, para conocer en segunda instancia de la presentes reclamaciones económico-administrativas, habiéndose interpuesto en forma y plazo hábil, por persona con capacidad y legitimación suficientes, siendo las cuestiones a resolver, en esencia, las siguientes: 1º) Si es procedente la aplicación al presente supuesto de los beneficios fiscales contemplados en el artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. 2º) Si es aplicable el tipo de gravamen reducido del 30% establecido para las empresas de reducida dimensión. 3º) La naturaleza jurídica del escrito presentado en fecha 26 de noviembre 2003. 4º) Si es aplicable el beneficio fiscal regulado en el artículo 21 de la Ley 43/1995, que fue solicitado en dicho escrito, en defecto de la aplicación de la RIC.
SEGUNDO.- En fecha 7 de noviembre de 2005, este Tribunal Central ha procedido a la acumulación de ambos recursos de alzada del recurrente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 230 de la Ley 58/2003.
TERCERO.- Las alegaciones que se realizaron al TEAR de ... en fecha 10 de diciembre de 2003, fueron muy similares a las que se plantean ahora excepto que en dicha fecha se alegó que las actuaciones inspectoras habían caducado porque había transcurrido más de un mes desde la firma del acta hasta la resolución de la Inspección. También se alegó que es de aplicación el tipo del 30% previsto en el régimen previsto para las empresas de reducida dimensión. A esta última alegación se contestará en el Fundamento de Derecho Quinto de la presente Resolución.
Este Tribunal Central ha declarado en numerosísimas ocasiones, que el plazo del artículo 60.4 del Real Decreto 939/1986, de 25 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de la Inspección de los Tributos no es un plazo del que derive ni afecte a derecho alguno del contribuyente su cumplimiento estricto, ni cuyo incumplimiento produzca indefensión (llegado el caso, más bien podría afectar al derecho de la Administración). No rige aquí el artículo 44 de la Ley 30/1992, como resulta de su Disposición Adicional
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