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Timestamp: 2017-10-23 05:58:30
Document Index: 70151546

Matched Legal Cases: ['artículo 454', 'artículo 454', 'artículo 455', 'artículo 75', 'artículo 5', 'in fine']

derecho penal al dia: 2013
COMENTARIO: La esforzada solucion del voto mayoritario no tiene la solidez de los fundamentos del Dr. Divito, quien con solvencia intelectual que lo caracteriza demuestra claramente la diferencia entre causa criminal y causa correccional.
Etiquetas: fallo completo, falso testimonio, SALA 7 CCC 0 comentarios Vínculos a esta publicación
a la/s 1:04 p.m. Publicadas por Jorge Poblete
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nulidad por autoincriminacion delito desobediencia
Comentario: En este fallo se decretó la nulidad de la declaracion testimonial del imputado por la supuesta existencia de un cauce independiente de investigacion que llevaría a conocer la identidad del imputado sin la necesidad de su testimonial que lo autoincrimina.
Advertimos que la declaracion de nulidad no tiene mayor utilidad que la de excluir como prueba una declaracion testimonial del imputado que lo incrimina.
Estamos convencidos que en casos como este, el "cauce independiente" no puede convalidar la ofensa que implica que el propio imputado declare contra sí mismo bajo juramento de decir verdad (garantía del art 18 CN), más aun cuando la documental adjuntada al expediente por la IGJ ya señalaba que el testigo podría devenir imputado antes de su citacion. Si la incorporacion del legajo de la IGJ fuera posterior a la autoincriminacion "el cauce independiente" aunque fuera ordenado previamente, la falta de prevision del órgano judicial no puede convalidar la subsistencia del acto viciado, en tanto no se justifica la citacion de testigos hasta no conocer quienes podrían ser los imputados, por lo que en ambos casos, la nulidad tendría que haber abarcado todos los actos respecto de ese imputado.
CCC 610052449/2013/1/CA1 –
“N. R., J. M.”. Nulidad. Desobediencia.
Juzgado de origen: Correccional 6 Sec. 61
///nos Aires, 30 de octubre de 2013.
Tras celebrarse la audiencia prevista por el artículo 454 del Código Procesal Penal, convoca al tribunal el recurso de apelación interpuesto por la defensa de J. M. N. R. contra la decisión extendida a fs. 9/10 de este incidente, en cuanto se rechazó la nulidad interpuesta por esa parte.
La asistencia letrada del imputado planteó la nulidad de la declaración testimonial brindada por su asistido a fs. 12 del legajo principal y de todo lo obrado en su consecuencia, siempre que dicha pieza procesal vulneró el derecho constitucional de la defensa en juicio.
Al respecto, se advierte que la citación de N. R. a prestar declaración testimonial fue dispuesta en virtud de ser quien recibió la cédula de notificación dirigida al representante legal de la firma “…...
S.R.L.” (fs. 275 vta. y 287 vta. del expediente “………… sobre desalojo por vencimiento de contrato”, del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° …. que corre por cuerda).
Cierto es, como lo señaló la Fiscalía General en la audiencia oral, que no necesariamente debía sospecharse que el causante podía estar incurso en el delito de desobediencia por la sola circunstancia de haber recepcionado aquella cédula, pues al tiempo de su convocatoria se desconocía el carácter que ostentaba en la empresa.
En ese sentido, del expediente civil surge que en el marco de ejecución de la sentencia dictada a fs. 233/234, la actora hizo saber que el demandado J. M. P. sería empleado de la firma “……….. S.R.L.” y que en razón de ello podían embargarse sus haberes, sin mención alguna de quienes serían los socios o el representante legal de la entidad (fs. 274).
De ahí que la convocatoria de N. R. a testimoniar, per se, no podía despertar objeciones.
Sin embargo, la lectura de la declaración testimonial prestada deja ver que habiéndose iniciado el acto, el compareciente proporcionó el dato relativo a que “desde hace cinco años presta servicios en la ……... S.R.L., siendo el socio gerente y representante legal de la misma”, de modo que, con arreglo a las circunstancias del caso apuntadas, ya podía formularse al menos una indicación de su calidad de imputado (art. 72 del Código Procesal Penal), de suerte tal que debió suspenderse la audiencia, máxime cuando seguidamente se le exhibió la cédula agregada a fs. 287 del expediente civil y respondió en torno a su recepción y destino.
Consecuentemente y en función de la coacción moral que entraña el juramento de decir verdad en el marco de una declaración testimonial, se ha verificado una afectación a la garantía que proscribe la autoincriminación forzada que la torna inválida, lo que así cabe declarar (arts. 18 de la Constitución Nacional; 166 y 296 del Código Procesal Penal).
No obstante, dicha nulidad no alcanzará a los demás actos practicados en el sumario, toda vez que el requerimiento del legajo de la citada sociedad a la Inspección General de Justicia, del que surgió que la administración y representación de la sociedad corresponde al socio J. M. N. R. –ver cláusula quinta del contrato de la sociedad, agregado a fs 18 vta.-, tuvo motivación en la providencia dictada previamente (fs. 13) a la convocatoria del nombrado a prestar declaración indagatoria, generándose de esta forma un cauce independiente de investigación.
REVOCAR el auto documentado a fs. 9/10, de este incidente y DECLARAR LA NULIDAD de la declaración testimonial incorporada a fs. 12 de los autos principales.
Devuélvase y sirva el presente de respetuosa nota de envío.-
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a la/s 8:42 a.m. Publicadas por Jorge Poblete
Camara Criminal y Correccional Sala 4 causa N° 34511/2013/CA1
///nos Aires, 12 de noviembre de 2013.
Corresponde a la sala entender en el recurso interpuesto por la fiscalía contra el auto de fs. 123/128, en cuanto dispuso la falta de mérito de M. A. y M. G. L. N..
En la audiencia prevista por el artículo 454 del Código Procesal Penal de la Nación, el Dr. Damián Traverso, expuso agravios por el Ministerio Público Fiscal y el Dr. ……… replicó por la defensa de M. G. L. N., luego de lo cual el tribunal deliberó en los términos establecidos en el artículo 455 ibídem.
No es materia de controversia que aproximadamente un mes antes de radicar su denuncia, A. C. L. había convenido verbalmente con M. A. L. N. la locación de un departamento ubicado en la planta superior de la finca identificada como “casilla ….” del Barrio …… de esta ciudad, ni que junto a su hermano mellizo, M. G., se presentaron allí el 3 de julio del corriente para hacerle saber que debía desocupar la vivienda a la brevedad, en razón de haber incumplido las pautas fijadas al pactar el alquiler.
Sobre la cuestión, la lectura de las actuaciones revela que la versión de L., en cuanto describió el modo agresivo en que fue abordada por los imputados y que en ese marco M. G. le hizo saber que conocía al personal de la Seccional …. -con jurisdicción en el lugar- y que de no abandonar la vivienda
ella sería “boleta” (sic), encuentra respaldo en el testimonio de M. E. B., presente durante el episodio, quién fue conteste en su descripción y precisó también que el mencionado le dijo “todo esto es por tu culpa, si el domingo no te vas, vengo con los pibes de la …. y te tiramos por la ventana, yo ya hablé y arreglé con ellos” (sic) (cfr. fs. 1/vta., 7/vta., 36/37 vta. y 55/56).
Por otra parte, no es posible desconocer que el mensaje de texto recibido por la denunciante en su teléfono celular señalando que “el lunes entra gente nueva a la casa, desocupala si o si y no nos obligues a que sea por las malas” (sic), procede de un abonado con domicilio de facturación coincidente con la dirección aportada por ambos imputados en ocasión de brindar su descargo (cfr. fs. 2, 100/101, 114 y 121).
Los elementos reseñados, adunados a que M. G. L. N. manifestó prestar funciones como agente de la Policía Federal, persuaden al tribunal acerca de que se cuenta con elementos de cargo suficientes para revocar el auto traído a estudio y dictar su procesamiento y el de A. M. L. N., quienes de acuerdo al tenor de las expresiones vertidas habrán de responder como coautores del delito de amenazas coactivas agravadas, en tanto habrían estado dirigidas a obligar a L. a retirarse de su lugar de residencia habitual (art. 149 ter, inciso 2º, apartado b), del CP).
Al respecto, se ha sostenido que una coacción es “…Una amenaza individualizada por el propósito del autor, que no debe hacerla para alarmar o amedrentar al sujeto pasivo, como lo requiere el delito del art. 149 bis, sino para obligarlo a que actúe o no actúe, o a que soporte o sufra algo…” y, con relación a la agravante, que “el lugar de residencia debe ser el habitual […] y comprende tanto un pueblo, un barrio, una zona o una casa” (ver Baigún, David; Zaffaroni, Eugenio Raúl, “Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, Hammurabi, Buenos Aires, 2008, T° 5, pg. 558 y 631).
Sin perjuicio de lo expuesto, estimamos de interés recabar el testimonio de M. S. -sindicado por la damnificada como testigo del episodio- y establecer quién es el usuario habitual del abonado telefónico del que procediera el mensaje de texto anteriormente aludido.
Revocar el auto recurrido y disponer el procesamiento de M. A. y M. G. L. N., como coautores de amenazas coactivas agravadas, correspondiendo al juez de grado expedirse acerca de las medidas cautelares pertinentes (arts. 45 y 149 ter, inciso 2º, apartado b), CP y 306, CPPN).
Notifíquese al Fiscal General. Fecho, devuélvase al juzgado de origen, donde deberán practicarse las restantes notificaciones de estilo, sirviendo lo proveído de muy atenta nota
Mariano González Palazzo Alberto Seijas
Erica M. Uhrlandt Secretaria.-
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Condena prision efectiva por incumplimiento deberes asistencia familiar
Sra. S. L V., actual pareja de A., al ser preguntada por las generales de ley manifestó, si tenía algún interés en la resolución del juicio dijo: su interés es que salga en libertad A.. Que le den otra oportunidad para que cumpla lo que no ha cumplido. Tiene entendido que está acusado de no pasar cuota alimentaria a sus hijos entonces pide otra oportunidad para que trabaje. La gente del barrio no lo quiere llevar a trabajar para no tener problemas con ella. Donde él va a trabajar, ella va a hacerle problemas entonces no quieren darle trabajo. Por ejemplo, le iban a trabajo en la heladería Topolino y el padre de ella le pidió a su empleadora que no lo tomara, lo sabe porque la Sra. T. se ocupa de contarlo en la familia, es su sobrina y la dueña de la heladería le dijo que le habían dado las referencias, pero no quería tener problemas, porque el padre de T. es el trasporte escolar de sus hijos. Eso fue hace tres años. Ella trabaja como cocinera en la escuela de Suboficiales de Aviación y lo ayuda económicamente a A., porque no consigue trabajo. Ella paga el alquiler y tiene sus hijos también. A. es una persona carenciada, ella lo mantiene. El se ha cansado de llevar currículum a todas partes, a ferreterías, heladerías, y no lo llaman. El no dispone de dinero para mantenerse porque no tiene trabajo. Lo llamaron para mantenimiento de espacios verdes, Sintega, pero llegó un papel de tribunales para que se presentara y dijera si estaba trabajando, entonces el contratista no quería tener problemas, porque él sólo aseguraba a las personas pero los hacía trabajar en negro y lo dejó sin trabajo. Puede haber ido dos días pero nada más. Ella mucho contacto no tiene con su sobrina, pero sus hermanas le cuentan que C. decía que no le hace falta plata y que sólo quiere verlo preso. Se lo ha gritado a él y se lo ha dicho a su familia. No estaba presente cuando se lo gritó pero él se lo contó. La madre de A. está al tanto de estas situaciones, sabe incluso más que ella. Cuando él iba a buscar a los chicos ella lo agredía. Sufre de depresión, lo sabe porque una vez se envenenó con calmantes, cuando dejó de ver a los chicos y no conseguía
trabajo, no recuerda el año, habrá sido hace dos o tres, o cuatro años. Tuvieron que llamar al médico y lo internaron en el Hospital Misericordia y le hicieron lavaje de estómago. También se intentó suicidar otra vez, hace cuatro o cinco años, en que luego de llevarla, en la moto que le presta su sobrino, a su trabajo “Eventos Campos” en Urca, en la plaza de Urca se intentó ahorcar con el cinto y como ella no lo había visto bien, ese día se volvió y lo encontró, y con un hombre lo ayudaron. Lo mandaron al Psicólogo, pero nunca fue. Cuando quería ver a sus hijos lo agredían, no sabe si con un ladrillazo, pero lo agredían, se lo contaba A. y su madre. A. tiene un hermano cerca de C. y no va para evitar problemas, no pasa ni cerca. Sabe que tenían una casa en Villa del Prado, que se la ofreció en venta a su hermana menor, E.C.V., pero ésta no se la compró y después la vendió y A. no recibió nada. Estando detenido, A. la llamó y le dijo que quería hacerse algo, que no aguantaba más, que “si quedo preso, me mato”. El desempleo de A. es crónico, lo ha vivido mal. No le podía pasar a los chicos y también porque la ve a ella que sale a trabajar en la moto de su hermana porque si no, no le alcanza el dinero. Ella trabaja y la comida diaria la trae de su trabajo, trabaja 10 horas por día y los fines de semana 15. A. intentaba ver a sus hijos, pero C. le había hecho una restricción que no podía acercarse a la casa, no sabe en qué año fue. Un día la mujer y el hijo vinieron y lo agredieron a él y a ella, le pegaban provocándolo y le pateaban la moto, y ahí fueron y lo denunciaron a él. Cree que A. no hizo ningún reclamo por el impedimento de contacto con relación a sus hijos. Ella tiene con A. dos hijos, de 3 y 1 año y medio. Ninguno asiste al colegio. Tiene en total tiene doce hijos, cinco conviven con ella. Macarena de 14, Axel de 10, Giuliana de 9, todos están escolarizados. Todo lo que gana lo destina a ellos $5.000 por mes, más las asignaciones familiares $2.300 porque le pagan $260 por hijo. A. trabajó siempre como chofer. Nunca realizó tareas de jardinería y no corta el césped en su casa porque es todo de material. De albañil tampoco ha trabajado. Y andaba buscando de cualquier cosa. Lo conoce desde que está con su sobrina. No sabe que edad tiene el hijo mayor de A.. El lunes siguiente a que lo detuvieron iba a trabajar colocando alambrados en Tanti, con un vecino D.Z. El señor la llamó y le dijo que tenía el trabajo todavía para cuando él saliera. Sabe que A. estuvo con otra chica y tuvo un hijo, se llama Santiago, no sabe la edad. No lo visita, ni le pasa dinero. Él hizo una denuncia en Familia para pedir el régimen de visitas y nunca se presentó la chica. Ella
comenzó otra relación y no quería más nada de él. A. iba y venía porque no tenían espacio físico para estar juntos, él vivía con la madre. Cuando concibieron los hijos no vivían juntos. Hace un mes se fue a vivir definitivamente con ella, porque un hijo se fue de un departamento que tienen al fondo, y al irse la hija allí, había lugar para él, en ………….. Quisiera que salga para ayudar a los hijos de C., que le den otra oportunidad para que trabaje y empiece a cumplir. Ella cuando trabaja deja a sus hijos al cuidado de su hija mayor, que es también quien los lleva al médico. A. los cuidaba, cuando iba, pero a la mañana salía a repartir currículum y a la tarde ayudaba con las tareas de la casa y ayudaba a su hija mayor porque ella también tiene hijos. Ahora el más chiquito no quiere comer desde que no lo ve, tiene muy triste la mirada.
Sra. B.G.C., madre del acusado, relató: que la relación de su hijo con su ex nuera, al principio fue buena, pero luego empezaron a andar mal. Cuando se separaron él trabajaba en Glup’s, y ella lo hizo echar, fue a hacerle líos en la puerta del lugar, quería hablar con él, iba a pelear, pero no sabe por qué, porque se habían separado, sería. Después trabajó en la ferretería Góngora, en Alta Córdoba, ella llamó por teléfono y dijo que se llevaba material robado en el camión y lo hizo echar, la gente le dijo que eso no les gustaba y lo echaron. Manejaba las camionetas y en la ferretería manejaba el camión. A los 18 años empezó a trabajar en las obras. En Villa del Prado hacía changas, esos que venden madera en la calle por mayor. Allí vivían en la casa de ella. Ahora hace mucho tiempo que su hijo no trabaja. No sabe cuántos años. Desde que salió de la ferretería no ha tenido más trabajo. Ha buscado, y en el barrio nadie lo quiere llevar porque de todos lados lo han echado, todos lo conocen. No lo quieren tomar para no tener problemas con C.. Podría trabajar como albañil en obras. Un señor C.C., no lo ha tomado para no tener problemas. Él decía que no quería tener problemas con nadie. Tuvo un auto que cuando se separó se lo dejó a ella. La casa de Villa del Prado se las había dado como una cooperativa. Los dos la habían pedido. No sabe si su hijo tiene problemas físicos o psicológicos, anduvo un tiempo decaído y decía que quería matarse. Pero era porque no conseguía trabajo y todo le salía mal. No sabe que haya intentado suicidarse, no por lo menos delante de ella y no sabe si estuvo internado en el Hospital Misericordia. Su hijo vivió con ella hasta hace veinte días o un mes. Antes iba y venía. Desde el momento que se separó, no los dejaron ni arrimarse a los chicos. Ella los quiso
C.C., manifestó que vive en Plaza Huincul Nº 2194, y es vecino de la madre del señor A., vive aproximadamente a dos cuadras de distancia. Los conoce hace por lo menos cuarenta, treinta y pico de años. Trabajó en la construcción, 15 años en Renault y 12 en la Municipalidad. Desde el año 2001 trabajaba en la municipalidad y cuando se jubiló no trabajó más en la construcción. En esa época A., ya no vivía en el barrio, hace dos o tres años que no lo vio más en el barrio y su madre le dijo que vivía en Barrio Vicor. Su madre seguía siendo su vecina. Cuando él salió de la municipalidad pensó que iba a agarrar alguna obra y A. le comentó que andaba sin trabajo, por eso le dijo a su madre, cuando ella le encargó trabajo, que él ya no trabajaba más en la construcción. A. le pidió que si él llegaba a agarrar alguna obra lo tomara, le pidió que si tenía trabajo se acordara de él para hacer trabajos de construcción, para ser peón de albañil. No sabe si tenía alguna idea de construcción, lo único que veía era cuando iba a la casa de la madre. No sabía si trabajaba o no. Sabe que tenía experiencia en la construcción, porque cuando era más chico trabajaba. Cuando era chico, 17 o 18 años. Fue a pedirle trabajo, una vez y otra vez le encargó la mamá, pero él le respondió que ya no hacía más esos trabajos porque se había jubilado. Preguntado por la Defensa si en alguna ocasión fue consultado o hablado por la Sra. C.T., por este tema, dijo que no la conoce. Que nunca
Con la conformidad de las partes, se incorporó por su lectura la siguiente prueba: DOCUMENTAL–INSTRUMENTAL-INFORMATIVA: copia del D.N.I. de C.I.T. (fs. 4) y de J.R.A. (fs. 5), B.A.A. (fs.7), F.M.A. (fs. 9), E.E.A. (fs.11) y F.T.A. (fs. 13); copia del certificado de nacimiento de J.R. (fs. 6), B.A. (fs. 8), F.M. (fs. 10), E.E. (fs. 12) y F.T. (fs. 14), copia del acuerdo homologado ante el Juzgado de Familia de 2º Nominación (fs. 15/6), copia simple de orden de apertura de la cuenta del Banco de Córdoba (fs. 17), consulta de saldos de cuenta bancaria (fs. 7), Informes: del estado de cuenta del Banco Provincia de Córdoba (fs. 32/113), del ANSES (fs. 117/37), de AFIP (fs 138/9), de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba (fs. 146/52), e informe elaborado por las Áreas de Psicología y Psiquiatría del Servicio Penitenciario, respecto de H. A. que indican: desde el ingreso al Complejo Carcelario, se abordó su historia vital, relaciones vinculares, rol paterno y hecho por el cual se encuentra detenido, advirtiéndose estabilidad psicológica y ausencia de indicadores de angustia manifiesta. Asimismo se trabajó sobre los aspectos relacionados con supuestos episodios autoagresivos, tal como refiere debido a la tensión y malestar subjetivo vivenciado por la falta de trabajo y ausencia de contacto con sus hijos, viéndose así obstaculizada la puesta en marcha de
En el Área de Psiquiatría A. refiere ansiedad (anticipatoria) que se basa principalmente por la incertidumbre que le genera el curso de su causa. Asimismo, evidencia capacidad de manejo sintomatológico, que no hace necesario por el momento contención psicofarmacológica, no obstante se deja abierto el espacio ante cualquier contingencia (fs. 377/9)
PERICIAL: psiquiátrica efectuada por la Dra. Grisel de Pascuale Arias, quien en lo que aquí interesa, relevó como antecedentes personales psicopatológicos, que A. si bien niega antecedentes de tratamientos psico-psiquiátricos, refiere 2 situaciones en las que habría intentado autoagredirse: la primera hace aproximadamente 5 años (ahorcarse en una plaza) y otra hace dos años consumiendo algún fármaco que refiere desconocer (“no me fijé que era”), motivo por el cual habría sido asistido en el Hospital Misericordia en la guardia y posteriormente derivado ambulatoriamente a tratamiento en el servicio de salud mental, no cumpliendo dicha indicación, pero no presentando a posteriori situaciones similares –todo según sus propios dichos-. En ambas oportunidades se habría encontrado acompañado, pudiendo inferirse que estas conductas guardan un fin manipulatorio o de actuación (acting-out). Niega consumo de alcohol u otras drogas.
Conclusiones: al examen psiquiátrico actual A. “-no presenta insuficiencia o alteración morbosa de sus facultades mentales. Presenta síntomas de ansiedad reactiva a situación de encierro de grado leve (no presentes con anterioridad). -Del examen actual y sus relatos, no se evidencian signos psicopatológicos compatibles con alteración morbosa o insuficiencia de sus facultades mentales ni alteración grave de la conciencia que permitan inferir que al momento de la comisión de los hechos que se le imputan, le hayan impedido comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones. -No
El perito de control, Dr. Diego Cardo indicó que no existiría en A. una premeditación o maldad adrede, sino más bien aspectos infantiles, pueriles y de carencias de recursos psíquicos internos, que se juegan en los hechos que se le imputan, de imposibilidad de ejercer un trabajo, imposibilidad de ejercer roles adultos adecuadamente, de contener a sus hijos, de ver sus propias responsabilidades, etc.. Él pasa de ser sostenido emocionalmente y económicamente por su madre a serlo por una pareja, no pudiendo él tomar activamente un rol protagonista al respecto (fs. 363)
Pericia Psicológica elaborada por la Lic. Graciela Yolanda Moreno, la cual refiere que el imputado A. presenta características de personalidad tales como: inmadurez y dependencia afectiva, tendencia a la introversión, relaciones interpersonales escasas, aplanamiento afectivo y tendencias depresivas tras las que siempre subyace un monto de impulsividad que en ocasiones puede desbordar en reacciones temperamentales auto o heteroagresivas. Se lo observa apático, inmaduro y angustiado frente al proceso judicial que se encuentra enfrentando, vivenciándose solo y en espera de una solución más bien mágica, de sus conflictos económicos y laborales, depositando la responsabilidad en el otro y por ende; con dificultades para asumir el rol paterno y todo los compromisos que éste conlleva.
En cuanto a posible psicopatología actual no se observan indicadores patológicos que le impidan comprender la responsabilidad que le compete desde su rol paterno. No se observa tendencia a la fabulación que pueda considerarse de carácter patológico; sí, dadas sus características de personalidad, en ocasiones puede tratar de modificar la realidad a los fines de obtener beneficios secundarios, tratando así de disminuir la carga inherente a los roles que asume: esposo y/o pareja, padre, etc. (fs. 369/70).
No advierte en el Sr. A., aspectos de manipulación o psicopatía que expresen mala voluntad o la intención de sacar beneficios personales de su situación económica-social. Concluye que el nombrado en su historia de vida y cotidianeidad, ha manifestado preocupación y reconocimiento por el otro, empatía.
Como lo manifestara en la audiencia, la Sra. C. T., en la misma semana en que A. abandonara el hogar, consiguió trabajo e incansablemente continúa trabajando hasta el día de hoy, para procurar brindarle al máximo de sus posibilidades, la satisfacción de las necesidades indispensables para la subsistencia digna a sus hijos, lo que le valió el reconocimiento del Sr. Fiscal, al considerarla una heroína, porque no es poco darle diariamente a cinco hijos, con los que convive en un garaje, el pan, la leche, los útiles escolares, elementos de higiene, asistirlos médicamente, en su problemática fonoaudiológica y con la vestimenta adecuada.
b) Además, también se ha sostenido que, si bien el derecho no puede imponer a los sujetos obligaciones de cumplimiento imposible y, es condición implícita que el autor esté en condiciones económicas de hacerlo, “El deber alimentario tiene su fuente en una obligación legal, obligación, que para quien carece de bienes de fortuna, implica el deber irrenunciable de procurarse con su propio esfuerzo personal el poder económico para satisfacer la obligación alimentaria, siempre está que su capacidad física y psíquica se lo permita. Entender de otra manera, sería desvirtuar el sentido de la ley y hacer ilusoria la protección que esta dispensa a los sujetos protegidos, en tanto integran el núcleo familiar”. (Carlos J. Lascano – Ley 13.944 y el estado actual de la jurisprudencia fs. 42). La incapacidad por tanto no excusa el delito, ya que debe tratarse
de una incapacidad económica auténtica, total, insuperable y no provocada y debe haberse acreditado de algún modo la voluntad de cumplir.
La Cámara de Acusación de esta Provincia también ha precisado que: “...los progenitores no deben ahorrar ningún tipo de energía –por cualquier medio lícito- para poder llevar a sus hijos lo necesario para su subsistencia, que en orden a la especie humana se conforma, como mínimo, de alimentos, vivienda, salud y abrigo- porque sin ellas, precisamente, no es posible que un niño subsista...” (AI n° 38, 03.04.07, autos “Sarobe, Gustavo p.s.a Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar).
140/02; en igual sentido “Bertolaccini, Eugenia c/ Barreiro, Hipólito s/ alimentos”, 23/08/00, Fallo Nº 125/00; “Aguirre, Gisela V. c/ Perea, Rodrigo s/ alimentos”, 11/09/02, Fallo Nº 140/02)” (Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela -Pcia. De Sta. Fe. “Expte. N° 72 - Año 2012 - G., C. c/ R., S. G. y Otros s/ ALIMENTOS Y LITIS” S. 25.7.2013).
Al respecto, ha sido completado doctrinaria y jurisprudencialmente al decirse que “la magnitud del aporte del obligado tiene -en lo penal- un doble tope: en primer lugar, el fijado por su poder económico; en segundo lugar, su obligación se restringe a la prestación de los medios indispensables” (Mónica Traballini, Estudios de las figura delictivas, Advocatus, fs. 338). Aparece entonces en lo penal notas distintivas que como lo señala Belluscio son “una clara muestra de la autonomía de la obligación que surge de esta ley, con respecto a la ley civil”. (Manual de D. De Famillia, Depalma, T. II, pág. 407). Se ha dicho que “el cumplimiento en forma irregular o en cantidades inferiores a la fijada en sede civil, por sí solo, no es demostrativo de una actividad dolosa o de una conducta enderezada deliberadamente a sustraerse a los deberes de asistencia familiar, en tanto se demuestre siquiera en mínima medida la voluntad de cumplir” (Caimi y Desimone, Los delitos de Inc. de los Deb. De Asist. Familiar, Depalma, pág. 116).
Asimismo se ha dicho que: “...en el delito de Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, el dolo se integra con la voluntaria omisión del mandato imperativo de la ley, no siendo exigible un accionar deliberado, preordenado, ni malicioso...” (José Alberto Romero, Delitos contra la Familia, editorial Mediterránea, pág. 28 /29). En idéntico sentido se expide Núñez, al decir “... no cumple esa obligación el que pudiendo satisfacerla, no lo hace voluntariamente. Esta voluntariedad no requiere necesariamente un obrar malicioso...” (Ricardo C. Núñez, Tratado de Derecho Penal, Parte especial, Tomo V, Volumen I, editorial Marcos Lerner, año 1.992, pág. 31). También sostienen Caimmi y Desimone, que “Es suficiente, entonces, “el simple hecho de olvidarse de hacerlo por insensibilidad, indiferencia o interés en otros asuntos de la vida, para incurrir en dolo” (ob. citada, pág. 121).
c) No obstante todo ello, he sostenido en fallos anteriores, que resulta apreciable como comportamiento del progenitor, considerar también el contacto con sus hijos, ya que resulta un indicador -aún en casos de irregularidad y/o insuficiencia de los
aportes económicos- demostrativo en forma clara y patente, de la falta de desentendimiento de los hijos (S. 15.8.2006 "Granchi, Pablo Andrea P.S.A. Incumplimiento De Los Deberes De Asistencia Familiar".
En la presente causa, por el contrario, en relación al punto a), se ha probado que los hijos de A. requerían de la asistencia de su progenitor para su subsistencia “la manutención económica del grupo corre por cuenta de la entrevistada (Sra. C. T.) quien se desempeña laboralmente como empleada doméstica, …la figura materna se observa ciertamente agobiada por las múltiples funciones que debe asumir cubriendo incluso el rol paterno ausente”, para atenderse por razones de salud deben concurrir a nosocomios públicos y la Obra Social para algunas prestaciones y con aranceles extras, la pagaban los abuelos maternos (fs. 188 y vta.).
Con respecto al punto b), cabe destacar, que aún con un magro salario en blanco, lo cual no descarta una suma mayor en negro, ya que como lo dijera la misma madre del acusado, Sra. B.C., el empleador “los hacía trabajar en negro”, A. trabajó en el mercado formal, quedando ello registrado ante el ANSES, andaba en moto, ya que como lo reconociera su pareja, Sra. S.V., con dicho vehículo, prestado supuestamente por un sobrino, a diario la trasladaba a su lugar de trabajo, nunca aportó aunque sea una mínima suma que simbolizara su voluntad de responsabilizarse por el sostenimiento de sus hijos, en la medida de sus posibilidades.
A. ha tenido actividades rentables en DACO SRL –mes 10 y 11/2007-, en VICENTE RAUCHFUSS GONZALEZ SRL –mes 11 y 12/2007-, FERRETERIA Y CORRALON SAN PABLO –mes 3 a 5/2008-, FALCO ROBERTO HUGO –mes 6/2010 a 11/2011- y SINTEGA S.A. –mes 6 a 11/2011- (informe del ANSES de fs. 117) y si bien sostiene que no conseguía otros trabajos, tampoco ha arrimado pruebas o
Respecto de las posibilidades económicas supuestamente disponibles por A., también obran como indicios en su contra, que en el presente proceso, como en anteriores acuerdos, se comprometía a aportar ciertas sumas de dinero. Sería producto de su pensar mágico, creer que porque lo acordaba, mejoraría su situación legal, creando la ilusión de asumir una actitud responsable, o era una conducta irresponsable más de su parte, comprometerse a algo que sabía que no iba a poder honrar. Creo que es lógico concluir que lo hacía porque sabía que iba a poder, y no obstante luego no pagaba, porque simplemente no quería. En las primeras hipótesis, se torna altamente culpable la conducta que asumía, pues creaba una ficción destinada a confundir e ilusionar a sus hijos, con plena conciencia de que ello no era veraz, más la conclusión fundada en que tenía capacidad económica, es la que hoy amerita su sanción.
Infructuosos resultaron seguramente los consejos de su defensor a fin de mejorar su situación lega al solicitar la suspensión de juicio a prueba, con lo cual sólo se dilató el proceso, pues la misma intención omisiva, perseverante, continuó demostrando A.. Debió ser citado en reiteradas oportunidades, y pese a estar debidamente notificado, ya que las citaciones eran recibidas por su cuñada y su madre, no se presentó. A. lejos de tener problemas como lo afirmara el Defensor al solicitar su recupero de libertad “la relación con sus vecinos y familiares no era buena por lo que, tampoco persona alguna le dio aviso, de que era buscado a fin de comparecer al Tribunal” (fs. 312vta.), su madre, la Sra. B.C. le avisaba de todas las formas, telefónicamente y en persona, llevándosela a donde él estaba, sin embargo decidió libre y voluntariamente, estar en rebeldía, ya que nadie, ni sus familiares, manifestaron conocer el nuevo domicilio del mismo.
Confirma ello la Lic. en T. Soc. Ileana Benitez, quien revelaba que en A. “su desligamiento parental trasciende lo económico, ya que tampoco cumple con los regímenes de visitas pautados, justificándose en que “…ellos están con la madre…” (fs. 188vta.). También dicen las testigos G.G.: “Que una tarde tomando mate con C., pasaba el Sr. A. en la bicicleta y ni miraba a sus hijos que estaban todos en la vereda”; M.M. “A. no ve a los menores y no cumple con la cuota alimentaria de sus hijos porque no quiere, porque no le interesan sus hijos” y Abg. N.L.C. “cuando hicieron la
A. por el amplio período de más de cinco años, ningún aporte económico realizó en favor de sus hijos. Ni lo acordado en forma voluntaria, ni en menos, aunque sea para demostrar que lo hacía en la medida de sus posibilidades y acompañó inclusive, en forma coincidente con tal actitud, el desentendimiento afectivo, al suspender el contacto con los mismos.
A. con su accionar renuente y perseverante, causó un desgaste jurisdiccional en sede de Familia, presentando acuerdos que luego no cumplía, en pedir la suspensión de la audiencia de debate en el presente proceso, invocando abusivamente intenciones de someterse a una mediación el 26.7.2012 (fs. 197/8), -desde que la Sra. T. había desistido de tal ofrecimiento al hacer la denuncia el 17.10.2011 (fs. 3)- lo que ratificó el 8.8.2012 (fs.203) y nos preguntamos ¿para qué? Para llegar a nuevos acuerdos que tampoco cumpliría. Fijada nueva fecha de debate, también pidió la suspensión del juicio a prueba el 22.10.2012, lo que se le concedió ¿para qué? Para no pagar ni el primer mes. Y después, habiéndose comprometido a mantener el domicilio y concurrir las veces que fuera citado por el tribunal, como lo hizo ante la fiscalía 13.2.2012 (fs. 159vta), en una muestra más de indolencia y sensación de impunidad, A. dejó de concurrir al Tribunal, motivando luego de varios emplazamientos y entrevista con la Sra. Representante Promiscua de sus hijos el 21.12.2012 (fs. 245) la revocación del beneficio otorgado el 10.4.2013 (fs. 270/1) y el dictado de su captura, con la consiguiente afectación de personal policial para dar con su paradero.
Nos encontramos en este caso, con una conducta deliberadamente omisiva que se prolongó en el tiempo de manera continuada, dado que no hubo aportes aislados, irregulares o insuficientes que tuvieran entidad suficiente para interrumpirlo, siendo dividido en dos períodos, debido a las contingencias procesales del otorgamiento de Suspensión del juicio a prueba y la ampliación efectuada por el Sr. Fiscal en los términos del art. 388 del C.P.P., debiendo responder entonces A. como autor del delito de Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar (art. 45 del C.P. y 1º de la Ley Nº 13.944), debiendo interpretarse los hechos nominados Primero y Segundo, como delito continuado (art. 55 contrario sensu del C.P.), entendiendo que el término “continuado” comprende a todos los casos de consumación no instantánea, por lo que queda equiparado con los delitos permanentes -aquellos en los que su consumación
Se cumplen en el presente caso, los requisitos reconocidos por la jurisprudencia de nuestro máximo Tribunal provincial, al decir que: “El delito continuado requiere -en la pluralidad de hechos- exigencias objetivas y subjetivas que muestren la dependencia entre todos ellos. Esta hermenéutica, denominada usualmente "tesis mixta", impone los siguientes requisitos: a) la homogeneidad material, que significa tanto la identidad de encuadre legal sin mutaciones esenciales en la modalidad concreta comisiva, como la conexión entre los hechos (que se presentan como partes fraccionadas de la ejecución de un único delito); y b) la unidad subjetiva, expresada en general a través de la exigencia de la unidad de designio o resolución criminal, incompatible con la resolución plural” (T.S.J. S. Nº 154, 10.6.2010 "BARRERA, Silvia Alejandra y otros p.ss.aa. falsificación de instrumento público -Recurso de Casación-" ).
A LA TERCERA CUESTION PLANTEADA, LA SEÑORA JUEZ NORA ALICIA GIRAUDO DE ROMERO, DIJO: I) De entre las pautas objetivas y subjetivas previstas en la ley penal, para graduar la sanción a imponer al imputado H.R. A., tengo en cuenta que el defensor oficial, Dr. Ignacio Ortíz Pellegrini, basó la defensa técnica en el argumento de la posición exculpatoria de A., desconociendo los informes y actuaciones de la causa, con lo cual intentó manipular el ánimo de los presentes en la audiencia, entre los que se encontraban el hijo mayor del acusado, la denunciante, la abuela materna de las víctimas y otra familiar, dibujando un progenitor débil, inmaduro, desocupado, carenciado, como lo repitió incontables veces, que "no puede manejarse ni a sí mismo, no tiene recursos psíquicos para sostenerse a sí mismo” y que era la víctima de la situación. Que no conseguía trabajo porque la Sra. T. le malograba sus posibilidades, que la agresión de ésta y sus propios hijos lo habían deprimido y que fruto de todo ello, no le había quedado prácticamente ninguna otra posibilidad que intentar
Podríamos decir que la defensa se fundó en el comportamiento de A., bien descripto por los profesionales que lo abordaron, al decir que: “No hace autocrítica de su accionar, se mostraba molesto ante los señalamientos de la profesional actuante cuando abordaba derechos y deberes parentales, como así también las necesidades efectivas y afectivas de sus hijos. Deposita la culpa en el afuera buscando mostrar al otro como el causante de sus propias negligencias” (fs. 188vta.), desconociendo inclusive respecto de sus episodios autoagresivos que se afirmó que: “En ambas oportunidades se habría encontrado acompañado, pudiendo inferirse que estas conductas guardan un fin manipulatorio o de actuación (acting-out)” (fs. 361vta.) y que actualmente el Servicio Penitenciario a través del área de psicología “trabajó sobre los aspectos relacionados con supuestos episodios autoagresivos, tal como refiere debido a la tensión y malestar subjetivo vivenciado por la falta de trabajo y ausencia de contacto con sus hijos, viéndose así obstaculizada la puesta en marcha de mecanismos tendientes al afrontamiento de la problemática en cuestión” (fs. 378).
Adelanto que, demás está decir que con tal cuadro, luce totalmente contradictorio, las aspiraciones de la defensa en cuanto a que, subsidiariamente a su absolución, en primer término se le aplicara la pena de multa. Todo el argumento defensivo se ha basado en la incapacidad económica del acusado, por lo que mal puede pensarse que, aún siendo los familiares los que -una vez más efectuaran el esfuerzo de realizar aportes dinerarios en favor de A.- la hicieran efectiva, tal circunstancia, no vendría más que ha reforzar la habitualidad de éste, de obtener beneficios a expensas de otros, sin compromiso alguno de su parte, por lo que mal podríamos creer que ello operaría la finalidad resocializadora especial, prevista por tal sanción. Tal como lo sostuviera la Psc. Graciela Moreno, sería facilitar uno de los comportamientos de A., cual es “en ocasiones puede tratar de modificar la realidad a los fines de obtener beneficios secundarios, tratando así de disminuir la carga inherente a los roles que asume: esposo y/o pareja, padre…”.
Por otra parte, de ninguna manera podemos confiar como lo sostuviera el Ministerio Pupilar, que A. con una condena de prisión en suspenso, puede salir de este
proceso fortalecido en su persona y creer que va a ir de inmediato a buscar trabajo para cumplir con sus deberes económicos y afectivos como padre, cuando inclusive al ser interrogado sobre sus condiciones personales en la audiencia, manifestó ser “soltero”. No cumpliría con su deber alimentario en la actualidad tampoco con los hijos de la Sra. V., quien reconoció que su hija es quien se encarga de cuidarlos y llevarlos por razones de salud a los nosocomios, y ella los mantiene económicamente, y a su vez al mismo A.. También se ha dicho que “El Sr. A., aparentemente, no presentaría voluntad por organizar productivamente su vida cotidiana, como tampoco la de asumir responsablemente las funciones que le conciernen en el ejercicio de su rol parental” (fs. 188vta.) y que, “tiende a transgredir pautas y normas, proyectando la responsabilidad en terceros. Posicionamiento subjetivo inmaduro. No es capaz de llevar a acabo una reflexión sobre sus conductas presentes o pasadas ni proyectar cambios a futuro” (fs. 361vta.)
Por ello no podemos confiar en que bajo el principio de autodisciplina, A. podría rehabilitarse, es decir, elaborar un pronóstico serio que no volvería a delinquir y por ende hacerlo merecedor de una condena condicional.
Avala ello, lo sostenido por nuestro máximo Tribunal de la Provincia al decir “…Debe destacarse que tanto en los precedentes y más aún en el texto actual, el otorgamiento de la condena condicional se encuentra ligado a un pronóstico de que el condenado no volverá a delinquir. Sólo cuando este pronóstico desfavorable existe, la suspensión se presenta como inconveniente y entonces es la efectividad del cumplimiento de la pena, por medio del sometimiento al encierro para permitir el tratamiento penitenciario, el instrumento apto desde la óptica de prevención especial que, de acuerdo a la Constitución de la Nación, es el fin esencial de la pena (artículo 75 inc. 22 en vinculación con el artículo 5 inc. 6, Convención Americana sobre Derechos Humanos)” (S.N. 210, 19.8.2011, “MORATA, Franco p.s.a. lesiones culposas agravadas -Recurso de Casación-").
Asimismo cabe fijar como prestación alimentaria mínima e indispensable, para la subsistencia de sus hijos J.R., B.A., F.M., E.E. y F.T.A., una vez que H.R. A. recupere su libertad, la suma de dos mil trescientos pesos ($2.300), la que deberá abonarse mensualmente en la cuenta abierta en el Banco Provincia de Córdoba, a tal fin (art. 109 in fine Ley 9.944). Dicha suma resulta, como lo solicitara la Dra. Laura Moronta, representante promiscua de las víctimas, de multiplicar por cinco, la Asignación Universal por Hijo, la que actualmente asciende a la suma de pesos cuatrocientos sesenta, ya que entiendo que tal como lo asume el Estado, es la suma mínima para hijos menores de edad en situación de vulnerabilidad social, con el fin de fomentar tanto el cuidado de salud como la formación de capital humano de los niños (http://www.anses.gob.ar/trabajadores/asignaciones-familiares-trabajadores/montos-vigentes-334 -8 HIJO PARA PROTECCIÓN SOCIAL $ 460).
Y le advierto a A. que beneficios como la libertad condicional o asistida, serán evaluados a través del cumplimiento de los parámetros especificados para su tratamiento, ya que como lo ha sostenido el T.S.J. “Sabiamente la normativa determinó que el "tratamiento del condenado deberá ser programado e individualizado y obligatorio respecto de las normas que regulan la convivencia, la disciplina y el trabajo..."atendiendo" a las condiciones personales, intereses y necesidades para el momento del egreso, dentro de las posibilidades de la administración penitenciaria" (art. 5) (...) Las penas de corta duración cuya situación no puede ser alcanzada con los institutos establecidos para las alternativas para situaciones especiales, necesitan (...) de la autoridad administrativa un compromiso a los efectos de procurar "que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y apoyo de la sociedad" (art. 1°). No en vano el "régimen penitenciario deberá utilizar, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, todos los medios de tratamiento interdisciplinario que resultan apropiados para la finalidad enunciada" (art. 1°, 2do, parr.). (...) Es que resulta necesario una mayor exigencia en el desenvolvimiento institucional intramuros al interno que no ha logrado en el medio libre, encontrar los instrumentos necesarios que le permitan reencausar su vida. Esa mayor exigencia apunta a instrumentar un proceso de formación integral que le provea de herramientas eficientes a fin de programar un regreso constructivo en el ámbito social de libertad… (S.Nº 246, 28.8.2013 “Villagra, Carlos Alberto s/ ejecución de pena privativa de libertad -Recurso de Casación-". También ha sostenido que se debería poder sacar provecho del “...tiempo para instruirse, educarse, adquirir conocimientos que le permitan incorporar el hábito de trabajo, de un oficio que le ofreciera la oportunidad de abrirse un camino socialmente aceptado, sostenerse a sí mismo y a su núcleo familiar (...). Su rechazo al tratamiento implica, a su vez, haber ejercido la libertad de no cambiar su situación y condición y por eso no es merecedor de recuperar su libertad en forma anticipada...” (S.Nº 270, 11.10.2012, “Heber Angel s/ejecución de pena privativa de la libertad -Recurso de Casación-”
Bien ha calificado el Sr. Fiscal a la Sra. C. T., como una heroína, que incansablemente lucha diariamente para ofrecerle a sus hijos, junto a su familia extensa lo mejor para su futuro. Pero además, acudió a los Tribunales incontables veces, para desde lo consensual en Familia y desde lo punitivo en sede Penal, lograr que se hicieran efectivos los derechos de una vida digna para sus hijos.
En cuanto a los principios de mínima suficiencia y lesividad, los he de tener en cuenta al mensurar la pena a aplicar, ya que considero que operan en contra de A.: -la edad y su buen estado de salud, lo cual nos habla del potencial de trabajo que el mismo representa; -la inmadurez psicológica que presenta, como lo considerara el Ministerio Pupilar, ya que lejos de ser considerada un atenuante como lo sostuvo la Defensa, con tal estado carga quien lo padece y no los terceros (mal podría decirse en un delito de sangre, que el carácter violento de su autor, operara como atenuante de su culpabilidad); -haber tenido distintos trabajos formales e informales remunerados; -no haber observado el tratamiento psicológico indicado para superar la problemática psicológica que presentaba; -la falta, en el tiempo en cuestión, de gestión de recurso alguno en favor de su deber alimentario para con sus hijos (no procuró cobrar ni la asignación familiar en el ANSES cuando le correspondía, generando el riesgo que tales sumas caducaran, a no ser por la gestión oportuna de la Dra. Natalia Cisneros); -la extensión del daño causado, que aún siendo de pesos trescientos ($ 300) por mes, en el lapso de setenta y seis meses (78 en total, menos los dos del año 2008), y sin efectuar actualización alguna, arroja la suma de pesos veintidós mil ochocientos ($ 22.800); -que no cumplió con lo ofrecido al solicitar la suspensión del juicio a prueba (ni el primer mes); -que sin justa causa no
concurrió al Tribunal a comunicar su cambio de domicilio y por último, -que no ha mantenido ningún tipo de contacto afectivo con sus hijos -por el contrario ha tenido actitudes y frases descalificadoras hacia éstos, cuando los veía en forma casual (como al pasar frente de su casa, cuando les decía “Trabajen manga de boludos...” y en las audiencias).
Adviértase que si bien el presente proceso (primer hecho) se inicia a raíz de la denuncia formulada por la Sra. C. T., el mismo fue ampliado por el Sr. Fiscal (segundo hecho), desde que el proceso también es promovible de oficio. Con la suspensión del juicio a prueba concedido respecto del primer período, no sólo se buscaba la reparación del daño causado durante el primer período, sino que además se trataba de evitar que A. nuevamente reincidiera específicamente en el mismo delito, sin embargo incumplió la regla de conducta relativa al pago de la cuota alimentaria y aún el trabajo comunitario, para la satisfacción de los derechos de sus hijos y el mantenimiento del beneficio acordado.
ofrecían para recapacitar y enmendarse –resocializarse- y, sin embargo continuó con la misma modalidad comisiva respecto del delito que ya venía cometiendo.
En tal sentido, respecto de “Los Derechos de las víctimas de delito” el Prof. José Zamora Grant, considerando que, no es más que el fin atribuido a la pena de prevención general positiva, cita a Reemtsma, quien alude que, “debido a que el ofensor ha destruido la creencia de la víctima en el –Derecho protector- castigarlo permite al Estado cumplir su obligación hacia la víctima para restablecer su creencia en el Derecho” y hacer efectivo así su derecho sustantivo a que se le imparta Justicia (Victimología 14-2013, Directora Dra. Hilda Marchiori, Encuentro Grupo Editor, pág. 36).
de la monoparentalidad, marcadamente femenina, agrava el escenario: casi la mitad de las madres solteras tiene un trabajo no calificado y más de un tercio de las separadas y divorciadas no son alcanzadas por el beneficio de un empleo registrado”, dice Pablo Roviralta, presidente del Observatorio de la Maternidad”.
El crecimiento de la jefatura femenina es un fenómeno que comenzó en los 70 y sigue - explica en Clarín, Virginia Franganillo, presidenta del Parlamento de Mujeres de la Ciudad-. Entre las jefas de hogar hay una porción mínima de profesionales de altos ingresos, luego están las divorciadas, que son cada día más, y por último -la mayoría- son las pobres, con hijos. Para ellas faltan políticas públicas que las apoyen y sostengan” (Clarín, ed. 1.7.2007, Sociedad, Mujeres, por Mariana Iglesias- “Son las que hacen que la casa salga adelante y representan a un tercio del total de hogares de la Argentina. La mayoría tiene entre 45 y 59 años y siete de cada diez están sin pareja. La cifra creció 49 % respecto al Censo de 2001”).
En aval de la solución adoptada, encuentro como lo entiende Daniel Alberto Sabsay, que “también se aplican a las personas menores de edad las disposiciones contenidas en otras convenciones internacionales relacionadas con determinados aspectos particulares que los comprenden…” (Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Análisis de la Ley 26.061, Editores del Puerto 2006, pág. 20), quien hace referencia al art. 75, inc. 23, párrafo 1º C.N., que habla de “medidas de acción positiva” respecto de ciertos grupos, donde los primeros aludidos son los niños, para seguidamente continuarse con las mujeres, ancianos y discapacitados.
Así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por la ley 23.054, luego de sentar la prohibición de la prisión por deudas, aclara expresamente que ese principio "no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimiento de deberes alimentarios" (art. 7, 7°). Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Ley 23.313, también se pronuncia en contra de una prohibición análoga, al establecer que ella incluye al incumplimiento de una obligación contractual (art. 11), naturaleza que obviamente no tiene la obligación alimentaria.
Por otra parte, el más amplio marco de la protección integral del niño, la Convención sobre los Derechos del Niño contiene disposiciones que establecen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual y moral e impone directivas que se bifurcan, unas hacia los padres o encargados del niño, a quienes "les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño" (art. 27, 2°) y otras hacia el Estado, quien debe reconocer el derecho de todo menor de 18 años a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social (art. 27, 1°), para lo cual debe adoptar "las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño..." (art. 27, 4°) (el resaltado me pertenece).
Es que, el delito en análisis, procura prevenir con la amenaza penal aquellas conductas que coloquen en riesgo esa relación de asistencia entre el sujeto activo y el beneficiado. Esta obligación de manutención, en sentido amplio, implica de modo predominante una obligación de dar por parte del sujeto activo y la infracción de ese deber constituye el disvalor del sentido de la acción. El propósito de la ley es brindar a los sujetos pasivos -los menores de dieciocho y los impedidos físicos o psíquicos- un marco necesario de contención económica que debe ser proporcionado por sus progenitores para dotar a aquéllos de las herramientas necesarias (alimentación adecuada, vestimenta, educación) para poder desarrollarse plenamente en la sociedad (DONNA, Edgardo A., Derecho Penal –Parte Especial-,Tomo II-A, Ed. Rubinzal –Culzoni, Bs. As, 2001).
Entonces, todas estas directrices que posicionan al niño en una condición relevante no pueden ser desoídas sin más, haciendo caer en saco roto esta profunda preocupación de las legislaciones fundamentales y supranacionales. Así lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia: "la consideración primordial del interés del niño, que la Convención sobre los Derechos del Niño -art. 3°.1- impone a toda autoridad nacional en los asuntos concernientes a los menores, orienta y condiciona toda decisión de los tribunales de todas las instancias llamados al juzgamiento de los casos". (S.N. 307, del 19.11.2012 “ASTESANA, Juan Emilio p.s.a. I.D.A.F. –Recurso de Casación-”.
Equiparándose la situación de la mujer y los niños, como víctimas vulnerables de una regulación desigual, la que se da en el delito que nos ocupa, ha sostenido el T.S.J. citando a Laje Anaya-Gavier (Notas al Código Penal Argentino PG, nota 18 al art. 76 bis CP), que “la condena condicional no correspondería cuando la suspensión de la pena produciría un serio peligro para la actitud ante el derecho de la población, al disminuir la confianza en el papel a cumplir por la administración de justicia, o bien podría suponerse que existiría una injustificable indulgencia y muestra de inseguridad ante el delito”. (S.Nº 239, del 31.8.2011 "G,J.Aa p.s.a. lesiones leves calificadas -Recurso de Casación-" )
Y a tal efecto considero que respecto de los mismos no puede reconocerse un status protectorio inferior al de una víctima de violencia familiar o de violencia de género, donde si bien las mayoría de las perjudicadas son mujeres, los niños no pueden tener menos derechos que éstas. Y es aquí donde no podemos permitir que la interpretación restrictiva de las figuras contempladas en la ley 13944, deje este proceso, prácticamente con una reacción Estatal virtual: A. penado, pero en libertad. Después de casi siete años de incumplimiento, otorgarle la libertad condicional al responsable penalmente de tal conducta, es casi otorgarle una patente, para que siga con el mismo comportamiento. ¿Creerían los hijos que con una primera condena de ejecución condicional se impartió una solución justa a su situación?. Que su padre, que no cumple desde el año 2007 ¿se resocializaría y realizaría en adelante los aportes correspondientes a sus necesidades actuales? habiéndose saneado su conducta anterior con una sanción en suspenso. En caso de nuevos incumplimientos ¿confiarían en hacer una nueva denuncia? para ver así una reacción del Estado progresiva más eficaz, que por fin trate
de infundir en su padre la responsabilidad por haberlos procreado, es decir la comprensión y el respeto a la ley.
He de agregar por último que, como lo entienden el Dr. José I. Cafferata y Aida Tarditti, en el Cód. Proc. Penal Anotado de la Pcia. de Cdba., con respecto a las víctimas, se debe garantizar un “nuevo y expreso paradigma de procuración y administración de justicia penal, que se expresa (o es expresión de) un conjunto de garantías judiciales de máximo nivel jurídico (art. 75 inc. 22 CN), algunas de carácter bilateral, porque protegen genéricamente (en común) tanto a la víctima que reclama justicia ante los tribunales penales como al acusado, y otras que tutelan específicamente los derechos de cada uno de ellos, según el caso. Las garantías genéricas comunes, para la víctima y el acusado, son las de “igualdad ante los tribunales”, “acceso a la justicia y defensa en juicio” e “imparcialidad (e independencia) de los jueces”. Entre las específicas puede mencionarse que quien ha resultado víctima de la comisión de un delito, tiene derecho a la “tutela judicial” (arts. 1.1, 8.1 y 24 CADH) del interés (o derecho) que ha sido lesionado por el hecho criminal y, por lo tanto, tiene también derecho a reclamar su protección y reparación, incluso penal, ante los tribunales penales (art. 8.1 CADH; arts. 172 inc. 3 Const. Pvcial” (pág. 294/5).
apropiado, y aun en casos en que se deba ejecutar, la ley penitenciaria brinda la solución al acordar al reo una retribución por su trabajo, cuyo producto, en parte sustancial, se debe destinar a los beneficiarios de la prestación de alimentos” (CNCrim. y Correcc., Sala III, 4.4.78, "Schajnovich, Antonio", Rep. L.L., 1978 - 1109, sum.5.).-
Por lo expuesto, RESUELVO: I) Declarar a H.R. A., ya filiado, autor responsable del delito de Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar en forma continuada (arts. 1° ley 13.944 y 55 “contrario sensu” del Cód. Penal), por los períodos comprendidos desde los primeros días del mes de febrero del año dos mil
Nora Alicia Giraudo de Romero. Juez.-
NOTA: Este fallo fue obtenido del siguiente link: http://www.diariojudicial.com/contenidos/2013/11/15/noticia_0006.html
Etiquetas: alimentos, condena, incumplimiento deberes de asistencia familiar, ley 13944, prision efectiva 0 comentarios Vínculos a esta publicación
a la/s 2:47 p.m. Publicadas por Jorge Poblete
Condena prision efectiva por incumplimiento debere...