Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-35-de-enero-25-de-2005?documento=jurcol&contexto=jurcol_7599204201f6f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-23 20:53:35
Document Index: 70054502

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 27', 'Artículo 189', 'artículo 14', 'artículo 53', 'artículo 53', 'artículo 30', 'artículo 93', 'artículo 93', 'artículo 93', 'artículo 93', 'artículo 93', 'artículo 53', 'artículo 53', 'artículo 93', 'artículo 53', 'artículo 53', 'artículo 25', 'artículo 5', 'Artículo 7', 'Artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 27', 'artículo 46', 'artículo 186', 'artículo 8', 'artículo 189', 'artículo 5', 'artículo 27', 'artículo 46', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 14', 'artículo 121']

﻿ SENTENCIA C-35 DE ENERO 25 DE 2005
SENTENCIA C-35 DE 25 DE ENERO DE 2005
CONTENIDO:COMPENSACIÓN EN DINERO DE VACACIONES. EL DERECHO A LAS VACACIONES COMPENSADAS EN DINERO SE OBTENDRÁ PROPORCIONALMENTE POR FRACCIÓN DE AÑO, SIEMPRE Y CUANDO EL LEGISLADOR NO SEÑALE UN TÉRMINO PARA SU RECONOCIMIENTO, EL CUAL, EN NINGÚN CASO, PUEDE SUPERAR EL LAPSO DE SEIS (6) MESES. SE DECLARA INEXEQUIBLE LA EXPRESIÓN "POR UN AÑO CUMPLIDO DE SERVICIO Y", PREVISTA EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY 789 DE 2002.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRIMA DE VACACIONES, PROGRAMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL, LIQUIDACIÓN DE LAS VACACIONES, PAGO DE LAS VACACIONES, COMPENSACIÓN DE VACACIONES EN DINERO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:400 DE ABRIL DE 2005, PG.555
Sentencia C-35 de enero 25 de 2005
A LA TERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS A TÉRMINO INDEFINIDO
Sentencia C-35 de 2005
Ref.: Expediente D-5290
Bogotá, D.C., enero veinticinco de dos mil cinco.
A continuación se transcribe la disposición acusada, conforme a su publicación en el Diario Oficial 45.046 de diciembre 27 de 2002, resaltando el aparte demandado:
ART. 27.—Compensación en dinero de vacaciones. Artículo 189 del Código Sustantivo del Trabajo subrogado por el Decreto-Ley 2351 de 1965, artículo 14, numeral 2º.
Cuando el contrato de trabajo termine sin que el trabajador hubiere disfrutado de vacaciones, la compensación de estas en dinero procederá por año cumplido de servicio y proporcionalmente por fracción de año, (siempre que este exceda de tres meses)” (**) .
2. Con fundamento en los argumentos esgrimidos en la demanda, en las distintas intervenciones y teniendo en cuenta el concepto de la vista fiscal, corresponde a esta corporación establecer, si la supuesta limitación temporal prevista en la norma acusada para tener derecho a la compensación en dinero de las vacaciones, desconoce o no el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas (C.P., art. 25) y el derecho de los trabajadores a la obtención de una remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, conforme lo ordena el artículo 53 del texto superior.
De la potestad de configuración normativa del legislador en materia laboral y de la finalidad del derecho a las vacaciones
4. Siguiendo lo expuesto en los artículos 53 y 150-1 de la Constitución Política, esta corporación ha reconocido la competencia que le asiste al Congreso de la República para expedir leyes en materia laboral. En ejercicio de dicha atribución, y a través de análisis de razones políticas, económicas o simplemente de conveniencia, le corresponde al legislador establecer no solo los requisitos que limitan el acceso al mundo laboral (2) , sino también las condiciones para asegurar el mínimo de derechos y garantías reconocidas a los trabajadores, tanto en la Carta Fundamental como en los tratados internacionales de protección al trabajador. Obsérvese cómo en Sentencia C-107 de 2002 (3) , la Corte fue categórica en establecer que:
“El legislador no está habilitado para imponer límites al trabajo, entendido este como la facultad de todas las personas de ejercer libremente la actividad a la cual deseen dedicarse, pero sí puede regular el derecho al trabajo para determinar su contenido y delimitar sus alcances, siempre bajo condiciones dignas y justas y teniendo en cuenta los principios mínimos fundamentales consagrados en el artículo 53 de la Constitución”.
La validez y eficacia del poder autónomo de configuración política reconocido al legislador por la Constitución Política, no puede entenderse como una atribución absoluta carente de límites o restricciones. El ejercicio de dicha potestad, en los términos expuestos varias veces por esta corporación, se subordina, por una parte, a los requisitos de razonabilidad y proporcionalidad que se derivan del texto superior (4) , y por otra, al objeto o propósito que delimita su alcance, esto es, a la obligación de promover por la prevalencia de la dignidad de la persona humana y el derecho a ejercer el trabajo en condiciones dignas y justas (C. Pol., preámbulo, arts. 1º, 25 y 53).
Sobre la materia, en Sentencia C-38 de 2004 (5) , esta corporación manifestó:
“(...) El anterior análisis permite concluir que las reformas laborales que disminuyen protecciones alcanzadas por los trabajadores son constitucionalmente problemáticas por cuanto pueden afectar el principio de progresividad. Ellas podrían vulnerar la prohibición prima facie de que no existan medidas regresivas en la protección de los derechos sociales. Por ende, la libertad del legislador al adelantar reformas laborales de este tipo dista de ser plena, pues no solo (i) no puede desconocer derechos adquiridos sino que además (ii) debe respetar los principios constitucionales del trabajo, y (iii) las medidas deben estar justificadas, conforme al principio de proporcionalidad. Esto significa que las autoridades políticas, y en particular el legislador, deben justificar que esas disminuciones en la protección alcanzada frente a los derechos sociales, como el derecho al trabajo, fueron cuidadosamente estudiadas y justificadas, y representan medidas adecuadas y proporcionadas para alcanzar un propósito constitucional de particular importancia.
Una de las expresiones de protección al trabajador y que se convierte a su vez en un límite para el legislador al momento de regular los derechos sociales previstos en la Carta, radica en el deber que le asiste a este de regular las prestaciones sociales o acreencias laborales conforme a la finalidad para la cual han sido creadas. Ya esta corporación, en diversas ocasiones, ha sostenido que la carga, de razonabilidad a la que se encuentra sometida la función legislativa, conduce a reconocer que la imposición de trabas u obstáculos que desborden la naturaleza de la institución jurídica que se está regulando o los hechos o causas que le sirven de fundamento, exceden los límites competenciales estatuidos por la Constitución al legislador (6) . Ello ocurre principalmente en materia laboral, en virtud de la fuerza vinculante del principio de la primacía de la realidad, el cual se manifiesta en la obligación de suministrarle el nombre y los derechos que emanan de una institución jurídica, de acuerdo a la veracidad de las situaciones o supuestos normativos en que se fundamenta, como sucede por ejemplo con la descripción legislativa de los pagos que constituyen o no salario.
En estos términos, en la citada C-38 de 2004 (7) , la Corte determinó que a pesar de haberse transformado la naturaleza jurídica del contrato de aprendizaje, eliminando expresamente su connotación laboral; no por ello dicha modificación del legislador se convertía necesariamente en inconstitucional, pues se ajustaba a la finalidad de dicho contrato con sujeción al principio de primacía de la realidad. Al respecto, esta corporación manifestó:
Entra la Corte por último a examinar el problema del contrato de aprendizaje, frente al cual el actor plantea dos objeciones básicas, fuera del cargo ya analizado de que esta implica un retroceso en la protección de los derechos sociales. De un lado, considera que esta regulación desconoce el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades (C.P., art. 53) pues permite encubrir relaciones de trabajo bajo la apariencia de contratos de aprendizaje, a los cuales el artículo 30 acusado les elimina la naturaleza de contrato de trabajo.
La Corte no comparte ninguna de las dos objeciones señaladas por el actor. Así, el contrato de aprendizaje tiene múltiples especificidades frente a un contrato de trabajo ordinario, puesto que su finalidad no es exclusivamente que el aprendiz preste un servicio personal al empleador, como sucede en la relación de trabajo ordinaria, ya que tiene otros elementos que le son característicos: así, estos contratos de aprendizaje buscan ante todo capacitar al aprendiz en un oficio determinado y facilitar su inserción en el mundo del trabajo. Estas finalidades del contrato de aprendizaje tienen claro sustento constitucional, pues no solo es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran sino que además el Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar (C.P., art. 54). Por consiguiente, debido a esas finalidades, el contrato de aprendizaje no solo tiene sustento constitucional sino que además puede ser distinguido de un contrato de trabajo ordinario, que carece de esos propósitos.
De igual manera, en Sentencia C-201 de 2002 (8) , la Corte al realizar un estudio acerca de la finalidad del derecho a la huelga, concluyó que todo límite que desconozca su razón de ser, consistente en equilibrar las cargas entre trabajadores y empleadores, es inconstitucional. En razón a dicha posición, y velando además por la vigencia de la prevalencia de la dignidad humana, declaró inexequible la posibilidad de someter la declaratoria de huelga de los trabajadores tan solo al incumplimiento de las obligaciones salariales. Se dijo en dicha ocasión:
“(...) la huelga constituye un mecanismo cuya garantía implica el equilibrar las cargas de trabajadores y empleadores en el marco del conflicto colectivo de trabajo. Las restricciones al derecho de huelga deberán tener en cuenta este propósito, de modo que si bien tal derecho puede ser limitado con el fin de proteger otros de mayor jerarquía (v. gr. los derechos fundamentales) o el interés general (bajo la forma del orden público, p. ej.), el poder que la Constitución pretende reconocer a los trabajadores no puede quedar desfigurado (...)” (9) .
“Ahora bien, y conforme a reiterada jurisprudencia de esta Corte, para determinar cuáles son esos principios constitucionales mínimos del trabajo que deben ser respetados por cualquier reforma laboral, es necesario tomar en cuenta también los tratados internacionales que integran el bloque de constitucionalidad. En particular, en esta materia tienen mucha importancia los límites y deberes al Estado impuestos por los convenios de la OIT ratificados por Colombia, por el Pidesc, y por el Protocolo de San Salvador, todos los cuales hacen parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad con lo ordenado por el artículo 93 de la Carta, que establece que los “derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”. Y es que esta corporación ha precisado que todo tratado de derechos humanos ratificado por Colombia, que se refiera a derechos constitucionales, tiene rango constitucional y hace parte del bloque de constitucionalidad para efectos de determinar el alcance y contenido de los derechos constitucionales, pues no otro puede ser el sentido de la cláusula de remisión del inciso segundo del artículo 93 superior. Ha dicho al respecto esta corporación que el inciso segundo del artículo 93-2 “constitucionaliza todos los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia y referidos a derechos que ya aparecen en la Carta y, en virtud de la regla hermenéutica sobre favorabilidad, el intérprete debe escoger y aplicar la regulación que sea más favorable a la vigencia de los derechos humanos” (10) . Y específicamente sobre la integración de los convenios de la OIT al bloque de constitucionalidad, la Sentencia T-1303, fundamento 3, magistrado ponente Marco Gerardo Monroy Cabra, señaló al respecto:
“La opinión de que los convenios internacionales que tienen que ver con el derecho al trabajo quedarían por fuera del bloque de constitucionalidad porque en los convenios de la OIT no hay mención expresa de que queda prohibida su limitación en los Estados de excepción y porque su prevalencia es en el orden interno (C. Pol., art. 93, inc. 1º), es una opinión que se cae de su peso si se considera que el bloque de constitucional se fundamenta en los dos incisos del artículo 93, el segundo de los cuales dice: “Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia “, lo cual significa que es en virtud del inciso 2º del artículo 93 que los convenios 87 y 98 de la OIT hacen parte del bloque de constitucionalidad (ver C-010/2000). La otra objeción consistente en que los convenios de la OIT no harían parte del bloque de constitucionalidad porque el artículo 53 de la Constitución Política los ubica dentro de la legislación interna, es inconsistente porque el inciso 4º del artículo 53 de la Constitución Política cuando determina que “Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna”, lo que hace es reafirmar aún más el deber de interpretar los derechos humanos (dentro de ellos los derechos sociales) de conformidad con los tratados internacionales. No tendría coherencia que se protegieran todos los derechos humanos menos los que se refirieran al derecho al trabajo, cuando en la Constitución de 1991 el trabajo es un derecho fundante (C. Pol., art. 1º), una finalidad de la propia Carta (preámbulo), un derecho fundamental (art. 25). En consecuencia, los convenios de la OIT integran el bloque de constitucionalidad en virtud del inciso 2º del artículo 93 de la Constitución Política y tal característica se refuerza con lo determinado en el inciso 4º del artículo 53 ibídem” (...)”.
Con fundamento en lo anterior, se procederá a determinar cuáles son las condiciones que le permiten al legislador desarrollar su potestad de configuración normativa, al momento de establecer los requisitos que delimitan el reconocimiento del derecho a las vacaciones proporcionales compensadas por la terminación del vínculo laboral.
“(...) Las vacaciones tienen como fin principal el descanso del trabajador para reponerle del desgaste sufrido en cada año de labor y por eso existe la obligación de concederlas en tiempo, y solo de manera supletoria pueden ser compensadas en dinero en determinadas circunstancias que la ley tiene establecidas (...)” (11) .
“Observa la Corte que, evidentemente, las vacaciones consideradas como descanso remunerado o su compensación en dinero, cuando es el caso de hacerlo, no están comprendidas dentro de las prestaciones comunes y de las especiales señaladas en los capítulos VIII y IX del Código Sustantivo del Trabajo, ellas están establecidas por la ley con la finalidad de que el trabajador periódicamente tome un descanso de la faena anual para recuperar sus energías (...)” (12) .
En idéntico sentido, esta corporación en Sentencia C-59 de 1996 (13) , expresó:
Es prudente advertir que si bien las vacaciones permiten salvaguardar el derecho fundamental al descanso, reconocido en el artículo 53 en armonía con lo previsto en el artículo 25 de la Constitución Política; no es menos cierto que los trabajadores son titulares de algunas otras garantías laborales que cumplen, en principio, el mismo fin para el cual fue institucionalizado el derecho a las vacaciones. Esta corporación, por ejemplo, en Sentencia C-710 de 1996 (14) , manifestó:
El descanso, así entendido, está consagrado como uno de los principios mínimos fundamentales que debe contener el estatuto del trabajo (C. Pol., art. 53) y, por ende, debe entenderse como uno de los derechos fundamentales del trabajador.
(...) En el análisis que se realizó en el numeral noveno de este fallo, en relación con el descanso, se dejó expuesta la importancia de este, como derecho fundamental del trabajador. Las vacaciones, al igual que la limitación de la jornada laboral y los descansos dominicales, se convierten en otra garantía con que cuenta el trabajador para su desarrollo integral, y como uno de los mecanismos que le permite obtener las condiciones físicas y mentales necesarias para mantener su productividad y eficiencia (...)”.
Precisamente, en distintos apartes del último fallo reseñado (15) , esta corporación alude a las disímiles exigencias temporales que dan derecho a reclamar cada una de las garantías sociales previamente comparadas. En primer lugar, en relación con el derecho al descanso remunerado del domingo, se demuestra que se trata de un derecho laboral que se adquiere por trabajar cada uno de los seis días laborables de la semana. Al respecto, textualmente afirmó:
“(...) la legislación laboral consagra como regla general, la obligación de todo empleador de dar descanso dominical remunerado a todos sus trabajadores. Descanso que debe tener una duración mínima de veinticuatro horas (art. 172). Este derecho lo adquieren los trabajadores que, habiéndose obligado a prestar sus servicios en todos los días laborales de la semana, no falten al trabajo, o faltando, lo hayan hecho por justa causa o por culpa o disposición del empleador (art. 173).
Cuando el trabajador labora menos de treinta y seis (36) horas semanales, la remuneración de su descanso, es proporcional al tiempo laborado” (16) .
“No encuentra esta corporación por qué la facultad del empleador para decir, en principio, la fecha en que su empleado puede tomar vacaciones, desconozca algún derecho de este.
Es cierto que el trabajador tiene derecho a gozar de un período de tiempo durante cada año laboral, para descansar y emplear ese tiempo en lo que él considere apropiado. Pero también es lógico que el empleador pueda decidir que, por razón de la labor que desempeña el trabajador o por intereses de la empresa, como el aumento de la productividad durante determinada época del año, el trabajador disfrute sus vacaciones en un período del año en que empleador y sus intereses no se vean afectados. Por ello no se desconoce el derecho que tiene todo trabajador a gozar de vacaciones anuales” (17) .
En este contexto, si bien la finalidad de las vacaciones consiste en la necesidad de reponer las fuerzas perdidas del trabajador por “el simple transcurso del tiempo laborado” (18) , como igualmente se pretende con las institucionales laborales del descanso remunerado del domingo y festivos y la jornada máxima legal; el propósito principal de las vacaciones es permitir el descanso de los trabajadores, cuando estos han laborado por un lapso considerable de tiempo, con el objetivo de recuperar sus fuerzas perdidas por el desgaste biológico que sufre el organismo por las continuas labores y, además, asegurar con dicho descanso, una prestación eficiente de los servicios, en aras de procurar el mejoramiento de las condiciones de productividad de la empresa. Así lo reconocen, entre otros, los artículos 5º y 11 del Convenio 132 de la OIT, que al respecto disponen:
“ART. 11.—Toda persona empleado que hubiere completado un período mínimo de servicios que corresponda al que se requiera de acuerdo con el párrafo 1 del artículo 5º del presente convenio tendrá derecho, al terminarse la relación de trabajo, a vacaciones pagadas proporcionales a la duración del servicio por el que no haya recibido aún vacaciones, a una indemnización compensatoria o a un crédito de vacaciones equivalente”.
“ART. 5º—(1) Se podrá exigir un período mínimo de servicios para tener derecho a vacaciones anuales pagadas. (2) La duración de dicho período será determinada en cada país por la autoridad competente o por los métodos apropiados, pero no excederá de seis meses” (19) .
De igual manera, en relación con el derecho a las vacaciones periódicas pagadas, se manifiestan los artículos 7-d del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales y 7º, literales g) y h), del Protocolo de San Salvador. Dichas disposiciones determinan que:
“Artículo 7º del Pidesc. Los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: (...) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos” (20) .
“Artículo 7º del Protocolo de San Salvador. Los Estados partes en el presente protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular: (...) El descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración de los días feriados nacionales”.
De la interpretación que acerca del contenido de la norma acusada ha formulado esta corporación
7. Según lo establece la legislación y lo ha reconocido la jurisprudencia, en atención a su fin, el derecho a las vacaciones no puede ser objeto ni de compensación en dinero, ni de acumulación en su uso y disfrute, salvo en los casos estrictamente excepcionales y de interpretación restrictiva, previstos en los artículos 189 y 190 del Código Sustantivo del Trabajo (21) .
8. Se dice en su versión original, pues esta corporación a través de la Sentencia C-19 de 2004 (22) , declaró inexequible la proporción de tiempo correspondiente a los tres (3) meses reseñados, por encontrar que dicha limitación temporal resultaba manifiestamente lesiva, en primer lugar, del derecho fundamental al trabajo y, en segundo término, del “orden justo” como fundamento de la organización estatal, en las condiciones previstas tanto en el preámbulo de la Constitución, como en la jurisprudencia de esta corporación.
Para llegar a dicha conclusión, la Corte consideró que la norma acusada al establecer la conjunción “Y”, impuso la lectura de dicha disposición, a partir de una interpretación literal sujeta a un conector lógico conjuntivo y no disyuntivo, es decir, “que junta y une una cosa con otra” (23) , de manera que, aplicando esa regla a la disposición demandada, era acertado concluir que para tener derecho a la proporción correspondiente a la compensación de las vacaciones, previamente debía cumplirse la condición de haber laborado un año, o como lo dice la norma, “(...) cuando el contrato de trabajo termine sin que el trabajador hubiere disfrutado de vacaciones, la compensación de estas en dinero procederá por año cumplido de servicio Y proporcionalmente por fracción de año” (24) .
En opinión de esta corporación, dicha razón se encontraba en que la limitación temporal establecida en la norma acusada resultaba excesivamente lesiva del derecho fundamental al trabajo reconocido en el preámbulo y en los artículos 1º, 2º, 25 y 53 de la Constitución Política; pues una persona a pesar de haber trabajado ininterrumpidamente por un espacio prolongado de tiempo, se quedaba sin recibir ninguna contraprestación a título de vacaciones por su trabajo, cuando no le alcanzaba el tiempo para cumplir la exigencia mínima de los tres meses con posterioridad al cumplimiento del año de labores, desconociendo, de contera, la finalidad misma de dicho derecho laboral, la cual, según se expuso, se dirige a reconocer el desgaste natural derivado de la prestación continua e ininterrumpida de servicios por un lapso considerable de tiempo.
Basta con la lectura de los apartes esenciales de la Sentencia C-19 de 2004 (25) , para encontrar que en dicho raciocinio se apoya la ratio juris de dicha decisión. Al respecto, esta corporación textualmente declaró:
(...) el derecho al trabajo surge con particular importancia a partir del preámbulo de la Constitución, a efectos de ser protegido en la perspectiva de un orden político, económico y social justo. A lo cual concurre el artículo 1º ibídem otorgándole un valor fundante en el Estado social de derecho que entraña Colombia, ámbito en el que le corresponde a las autoridades proveer a su garantización en condiciones dignas y justas, es decir, atendiendo a la realización de los fines del Estado materializando los atributos y consecuencias del derecho al trabajo. Así entonces, dentro de la órbita estatal, a partir de políticas laborales consonantes con la dignidad y justicia que deben irradiar el derecho al trabajo, le compete al legislador establecer normas tendientes a salvaguardar los intereses del empleado frente al empleador. Vale decir, es tarea fundamental del Estado en general, y del legislador en particular, promover las condiciones jurídicas y fácticas necesarias a la reivindicación del trabajo, en el entendido de que la libertad de empresa con criterio rentable implica a su vez una función social en cabeza de los empleadores, función esta que en términos constitucionales tiene como primeros destinatarios a los trabajadores de la empresa y, subsiguientemente, a los clientes de sus bienes y servicios. Por donde el trabajador, quien de suyo le aporta día a día sustanciales fuerzas al empleador para la generación de utilidades y crecimiento patrimonial, bien merece el reconocimiento y pago de un salario justo, el derecho al descanso diario y de fin de semana, y por supuesto, el derecho a vacaciones remuneradas o a su compensación en dinero por año laborado y, proporcionalmente, por fracción de año.
Así las cosas, una limitación temporal como la establecida en la norma acusada resulta lesiva del derecho al trabajo en términos del preámbulo, al igual que de los artículos 1º, 2º, 25 y 53 de la Constitución Política (...)” (resaltados por fuera del texto original) (26) .
Posición de esta corporación que puede llegar a entenderse ajustada a los tratados o convenios internacionales del trabajo, los cuales disponen categóricamente que, en ningún caso, podrá existir vacaciones proporcionales compensadas en dinero, cuyo plazo exceda de seis (6) meses de servicios, como requisito sine qua non para acreditar su reconocimiento. Así, entre otros, en los artículos 4º y 5º del Convenio 132 de la Organización Internacional del Trabajo, se dispone que:
“ART. 5º—(1) Se podrá exigir un período mínimo de servicios para tener derecho a vacaciones anuales pagadas. (2) La duración de dicho período será determinada en cada país por la autoridad competente o por los métodos apropiados, pero no excederá de seis meses” (resaltados por fuera del texto original).
En efecto, la hermenéutica literal de la norma acusada a partir de la interpretación de la expresión “Y” como conector lógico conjuntivo, llevaba a entender que el reconocimiento de las vacaciones compensadas, como derecho de los trabajadores, se sometía a una limitación temporal excesivamente superior a los seis meses, prevista como razonable y proporcional, en los convenios internacionales de protección del trabajo, y por lo mismo, lesiva de dicho derecho fundamental en términos del preámbulo, al igual que de los artículos 1º, 2º, 25 y 53 de la Constitución Política. Desde esta perspectiva, si bien antes del pronunciamiento de esta corporación (C-19/2004), para poder acceder a la compensación proporcional del derecho a las vacaciones se exigía un año y tres meses de trabajo, a partir del citado fallo, la compensación en dinero se pasó a obtener por fracción de año, con posterioridad al año laborado (27) .
9. En esta oportunidad se somete a examen de constitucionalidad la expresión “por año cumplido de servicio y”, también prevista en el artículo 27 de la Ley 789 de 2002. A juicio del demandante, la norma acusada al exigir como mínimo un año de trabajo para tener derecho a la compensación proporcional de las vacaciones, vulnera, principalmente, el derecho a la igualdad, pues dicha interpretación de la norma pone a los trabajadores cuyo contrato laboral es a término indefinido en desventaja frente a quienes su contrato de trabajo es a término fijo inferior a un año, pues a pesar de que ambos prestan sus servicios sufriendo el mismo desgaste físico y mental que justifica el reconocimiento de la compensación en dinero de las vacaciones, a los primeros se les exige —como ya se dijo— haber prestado sus servicios como mínimo por espacio de un año, mientras que a los segundos se les reconoce dicha proporcionalidad en todo momento independientemente del tiempo trabajado, según lo dispone el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo (28) .
Reiteración de jurisprudencia. Sobre el alcance del derecho a las vacaciones en el régimen constitucional y laboral colombiano
“Uno de los derechos fundamentales del trabajador, es el derecho al descanso. El derecho de todo trabajador de cesar en su actividad por un período de tiempo, tiene como fines, entre otros, permitirle recuperar las energías gastadas en la actividad que desempeña, proteger su salud física y mental, el desarrollo de la labor con mayor eficiencia, y la posibilidad de atender otras tareas que permitan su desarrollo integral como persona. El descanso está consagrado como uno de los principios mínimos fundamentales que debe contener el estatuto del trabajo y, por ende, debe entenderse como uno de los derechos fundamentales del trabajador. La legislación laboral consagra como regla general, la obligación de todo empleador de dar descanso dominical remunerado a todos sus trabajadores. Este derecho lo adquieren los trabajadores que, habiéndose obligado a prestar sus servicios en todos los días laborales de la semana, no falten al trabajo, o faltando, lo hayan hecho por justa causa o por culpa o disposición del empleador. Cuando el trabajador labora menos de treinta y seis horas semanales, la remuneración de su descanso, es proporcional al tiempo laborado. Cuando no se cumplen los requisitos exigidos por la norma en mención, el trabajador pierde el derecho a la remuneración, pero no al descanso que es un derecho fundamental del trabajador, que nace del vínculo laboral” (29) .
Como lo ha reconocido esta corporación, la legislación laboral consagra el derecho a las vacaciones de todos los trabajadores, independientemente del sector al cual presten sus servicios. Así, el Código Sustantivo del Trabajo, dispone en el artículo 186 que los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un año, tendrán derecho a quince días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas. Por su parte, el Decreto 3135 de 1968, en el artículo 8º, determina que los empleados públicos o trabajadores oficiales, tendrán derecho a quince días hábiles de vacaciones por cada año de servicio. “Se tiene entonces que salvo las excepciones que consagre la ley, respecto de trabajadores que laboren en actividades insalubres o peligrosas, la regla general es un período de quince días hábiles de vacaciones, sin que ellas puedan ser compensadas en dinero, pues su finalidad, como se señaló, es que el trabajador recupere sus energías y proteja su salud física y mental, lo que facilitará el desarrollo de su labor con más eficiencia, así como la realización de otras actividades que le permitan su desarrollo integral como ser humano” (30) .
Las vacaciones, como se ha resaltado por esta corporación, no pueden ser compensadas en dinero, pues su finalidad no es proporcionarle una remuneración económica al trabajador sino permitirle mediante el descanso recuperar su fuerza y energía de trabajo. Sin embargo, el artículo 189 del Código Sustantivo del Trabajo, al reconocer la prohibición reseñada contempló dos excepciones a esa regla general, a saber: (i) Salvo que el Ministerio de Trabajo (ahora de la Protección Social), autorice su pago en dinero hasta la mitad de ellas “en casos especiales de perjuicio para la economía nacional o la industria”; y cuando (ii) el contrato de trabajo se termine sin que el trabajador hubiere disfrutado de sus vacaciones, las cuales le podrán ser compensadas en dinero “por año laborado y, proporcionalmente, por fracción de año” (31) .
La pregunta que surge, y que debe ser objeto de respuesta por parte de esta corporación, consiste en determinar: ¿si la limitación temporal del año para tener derecho a reclamar el pago proporcional de las vacaciones compensadas en dinero, cuando termina el vínculo laboral, se ajusta al preámbulo y a los artículos 1º, 2º, 25 y 53 de la Constitución Política que reconocen, por una parte, el derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas y justas, y por otra, el derecho de los trabajadores a la obtención de una remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo?
En esta medida, se concluyó que las vacaciones pretenden garantizar el derecho fundamental al descanso que les asiste a los trabajadores derivado del desgaste continuo al que se encuentran sometidos por la prestación ininterrumpida de sus servicios por espacios prolongados de tiempo. Y que, su obtención deviene por “el simple transcurso del tiempo laborado”, como expresión del derecho al trabajo dentro del Estado social de derecho (C.P., art. 1º).
Así lo estableció esta corporación en sentencias C-897 de 2003 y C-19 de 2004, en los siguientes términos:
“Pues bien, el derecho al trabajo es una de las bases fundantes de nuestro Estado social de derecho que en la Constitución goza de especial protección (preámbulo, arts. 1º, 2º, 25, 53, etc.). Es el fundamento de todo el régimen de seguridad social, y la razón filosófica es muy simple: el trabajador que le ha ayudado al patrono a crear riqueza para él y su empresa, necesita su apoyo en todas las contingencias que puedan perjudicarle o cuando se han agotado sus fuerzas por el trabajo que le ha dado al patrono (accidentes de trabajo, enfermedades, muerte, invalidez, jubilación, etc.). Con cada acto de trabajo el trabajador entrega a su patrono parte de su fuerza física y de su ser. Y debe reponerlos (para seguir entregándoselos al patrono) haciendo pausas, pues de lo contrario se agota, envejece o muere prematuramente. La historia de la clase obrera registra cómo en los comienzos del sistema industrial, los obreros que no descansaban, morían prematuramente; enfermaban constantemente o su desarrollo físico, cultural y psíquico era anormal (...).
Así las cosas, una limitación temporal como la establecida en la norma acusada resulta lesiva del derecho al trabajo en términos del preámbulo, al igual que de los artículos 1º, 2º, 25 y 53 de la Constitución Política.
Es preciso entender que la razonabilidad de dicha posición se encuentra en la diversidad de instituciones jurídicas que en el derecho laboral cumplen la finalidad de garantizar el derecho fundamental al descanso. En efecto, como previamente se expuso, la diferenciación del derecho a las vacaciones con las instituciones de la jornada máxima legal y los descansos remunerados del domingo y festivos se encuentra, en que mientras la primera acreencia cumple con el objetivo de preservar las fuerzas pérdidas de los trabajadores por el sometimiento a la prestación de servicios en espacios prolongados de tiempo, las segundas salvaguardan el desgaste natural de estos ante breves períodos de trabajo.
Más aún de convertirse el derecho a la compensación en dinero de las vacaciones en una prestación atemporal, se llegaría al absurdo de desconocer la fuente jurídica que le da origen a dicha institución, por la creación de un nuevo hecho que le sirva de causa. Pues si bien el derecho a descansar en tratándose de las vacaciones es de carácter principal, y el de compensarlas en dinero tiene un carácter excepcional, porque solo se otorga la remuneración económica cuando aquel ya no puede ejercitarse o disfrutarse; siguen siendo derechos de igual naturaleza porque nacen del mismo prepuesto (sic) de hecho, consiste en el transcurso de determinado tiempo de trabajo que haga exigible reponer el deterioro sufrido por el trabajador ante jornadas considerables de prestación de servicios. Decir entonces que las vacaciones compensadas surgen día a día, sin someterse eventualmente a un período mínimo de tiempo, implica desconocer que dicha acreencia debe su origen a la exigencia de permitirle al trabajador recuperar las energías gastadas por la actividad desarrollada a través del descanso, para suponer que se trata de una prestación que emana de la simple vigencia del contrato de trabajo.
En atención a estas razones, el Convenio 132 de la OIT es claro en disponer que el legislador puede exigir un período mínimo de servicios para tener derecho a la obtención de vacaciones proporcionales compensadas, sin que, dicho plazo pueda exceder de seis (6) meses. Dispone el citado convenio:
“ART. 5º—(1) Se podrá exigir un período mínimo de servicios para tener derecho a vacaciones anuales pagadas. (2) La duración de dicho período será determinada en cada país por la autoridad competente o por los métodos apropiados, pero no excederá de seis meses” (32) .
En cuanto a su sentido normativo, es claro que el Convenio 132 de la OIT al hacer referencia en el artículo 5º al “derecho a vacaciones anuales pagadas”, se limita a reconocer exclusivamente el derecho extraordinario que les asiste a los trabajadores para compensar en dinero sus vacaciones, al terminarse la relación laboral (OIT, Convenio 132, arts. 4º y 11); pues como previamente se expuso, el derecho fundamental al descanso exige la cesación en la prestación del servicio y no la simple retribución del mismo a través del pago de una compensación monetaria.
13. Conforme lo establece el artículo 27 de la Ley 789 de 2002, y según lo ha reconocido la jurisprudencia esta corporación (33) , el derecho a las vacaciones compensadas a la terminación del vínculo laboral se causan por año laborado y, proporcionalmente, por fracción de año.
A juicio del accionante, dicha disposición establece un trato discriminatorio contrario a los artículos 1º, 13, 25, 53 y 243 de la Constitución Política, ya que pone en desventaja a los trabajadores cuyo contrato laboral es a término indefinido frente a quienes su contrato de trabajo es a término fijo inferior a un año, sin existir una causa objetiva que lo amerite; pues a pesar de que ambos trabajadores prestan sus servicios sometidos al mismo desgaste físico y mental que justifica el reconocimiento de la compensación en dinero de las vacaciones, a los primeros se les exige haber laborado mínimo un año como requisito para reconocerles la compensación; mientras que a los segundos se les reconoce proporcionalmente por el tiempo trabajado, cualquiera que este sea, según lo dispone el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo (34) .
Esto significa que independientemente que la Constitución Política no señale un término preciso para tener derecho a la compensación proporcional de las vacaciones, si existe a partir de la finalidad misma que subyace en dicha acreencia laboral —consistente en preservar el derecho fundamental al descanso— un plazo idóneo, razonable y proporcional para su reconocimiento.
Para desentrañar el límite máximo que tiene el legislador para proceder a su establecimiento, los convenios internacionales de protección al trabajador se convierten en la herramienta apropiada para precisar el contenido abierto e indeterminado que en dicha materia reviste la Constitución Política (C. Pol., art. 93, inc. 2º) (35) . Luego, y en virtud de lo previsto en los artículos 5º y 11 del Convenio 132 de la OIT, es indiscutible que cualquier plazo que fije el Congreso de la República, en ningún caso puede superar el lapso de seis (6) (sic) de prestación de servicios para tener derecho a vacaciones pagadas de forma proporcional.
En este orden de ideas, al imponer la disposición acusada la obligación previa de haber laborado un año, para acceder al pago proporcional de las vacaciones en dinero a la terminación del contrato de trabajo; es innegable que se encuentra en abierta oposición a los mandatos previstos en la Constitución Política, y en especial, al derecho fundamental al trabajo, el cual propende por que las condiciones que rigen la relación laboral se sometan al principio de justicia, es decir, a la salvaguarda de los elementos materiales esenciales que hagan efectiva la dignidad del trabajador.
1. Declarar INEXEQUIBLE la expresión: “por año cumplido de servicio y”, prevista en el artículo 27 de la Ley 789 de 2002.
Magistrados: Jaime Araújo Rentería, Presidente—Clara Inés Vargas Hernández—Manuel José Cepeda Espinosa—Jaime Córdoba Triviño—Rodrigo Escobar Gil—Alfredo Beltrán Sierra—Marco Gerardo Monroy Cabra—Álvaro Tafur Galvis—Humberto Sierra Porto.
(**) Las expresiones entre paréntesis del artículo 27 de la Ley 789 de 2002 fueron declaradas inexequibles mediante Sentencia C-19 de 2004, M.P. Jaime Araújo Rentería.
(2) Sentencia C-170 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(4) Por ejemplo, en Sentencia C-1024 de 2004, la Corte Constitucional al pronunciarse sobre la proporcionalidad de las cargas de solidaridad que se pueden imponer a los trabajadores en materia de seguridad social, manifestó que: “es pertinente recordar que aun cuando la libertad de configuración del legislador es amplia en materia de seguridad social, su ejercicio se encuentra sujeto a los principios, valores, fines y derechos previstos en la Constitución, principalmente, aquellos relacionados con la proporcionalidad de las cargas que deben asumir los ciudadanos (C.P., art. 95) y la igualdad de trato que ellos merecen, cuando las circunstancias fácticas y jurídicas así lo ameriten (C.P., art. 13). Por ello, el legislador no podría ni establecer condiciones disímiles de afiliación a sujetos puestos en un plano de igualdad o someter a los afiliados a cargas de solidaridad que desborden el equilibrio natural entre los ciudadanos” (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
(6) Un ejemplo se encuentra en la Sentencia C-252 de 2001 (M.P. Carlos Gaviria Díaz). En aquella oportunidad la Corte declaró inexequible la posibilidad de condicionar el recurso de casación a la ejecutoria de la sentencia de instancia, pues estimó que ello implicaba la modificación de las características esenciales que identificaban a dicha institución jurídica de otros recursos judiciales. En sus propias palabras, manifestó: “Si bien es cierto que el legislador cuenta con atribuciones para establecer los recursos ordinarios y extraordinarios que proceden contra las decisiones judiciales, ello no implica que pueda modificar las características esenciales de cada uno de ellos que los identifican y diferencian de los demás, o que con ellos pueda vulnerar o restringir garantías y derechos fundamentales de las personas. La casación penal, entendida como medio de impugnación extraordinario, tiene elementos estructurales y de contenido propios que no permiten confundirla con otras instituciones; por tanto, no puede la ley modificarla de forma tal que la desnaturalice o la convierta en otra figura jurídica, menos eficaz conforme a los fines que se le atribuyen” (resaltado por fuera del texto original).
(10) Sentencia T-1319 de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes, fundamento 12, tesis reiterada en las sentencias T-235A de 2002 y C-41 de 2003.
(11) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral, 5 de junio de 1953.
(12) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral, 29 de octubre de 1973.
(15) Sentencia C-710 de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía.
(18) Véanse, sentencias C-897 de 2003 y C-19 de 2004.
(19) Resaltados por fuera del texto original.
(21) Disponen las normas en cita:
“ART. 189.—1. de (sic) Es prohibido compensar en dinero las vacaciones. Sin embargo, el Ministerio del Trabajo podrá autorizar que se pague en dinero hasta la mitad de estas en casos especiales de perjuicio para la economía nacional o la industria.
“ART. 190.—1. En todo caso, el trabajador gozará anualmente, por lo menos de seis (6) días hábiles continuos de vacaciones, los que no son acumulables.
(22) M.P. Jaime Araújo Rentería. Frente a la posición expuesta en la Sentencia C-19 de 2004, el suscrito magistrado sustanciador presentó un salvamento de voto considerando que la norma acusada no establecía un conector lógico conjuntivo sino disyuntivo, apelando para el efecto a una interpretación histórica y con sujeción a la doctrina viviente y a los tratados internacionales del derecho del trabajo. Por tal razón, se concluyó, por una parte, que el legislador tiene competencia para fijar un período mínimo de servicios, que se oriente a reconocer el derecho al pago proporcional de las vacaciones compensadas en dinero; y que, por la otra, en cuanto a su proporción, resultaba lesivo de los derechos de los trabajadores imponer su reconocimiento por “fracción superior al año de trabajo laborado”, en lugar de otorgarlas por “fracción de tiempo, cualquiera fuese el tiempo servido”.
(23) Diccionario de la Real Academia Española. Vigésima primera edición, tomo I. Madrid, 1992, pág. 542.
(26) Idéntica posición se expuso en la Sentencia C-897 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. En dicha oportunidad, la Corte —igualmente— señaló: “4.5. El artículo 14, numeral 2º, del Decreto 2351 de 1965, aplicable a los trabajadores privados, establece que a la terminación del contrato de trabajo sin que el trabajador hubiere disfrutado de las vacaciones, procederá la compensación de las mismas en dinero por año cumplido de servicio y proporcionalmente por fracción de año, “siempre que esta exceda de seis meses”. Significa lo anterior que adquirido el derecho del trabajador al descanso remunerado por haber cumplido el año de servicio, puede suceder que acumule las vacaciones y que su relación laboral finalice antes de que se cumpla la fracción de tiempo de seis meses para que las vacaciones por el segundo período le puedan ser compensadas en dinero. A manera de ejemplo, si un trabajador labora dieciocho meses, tendría derecho a quince días de salario por el primer año y, lo correspondiente por los seis meses laborados; pero si se termina su contrato de trabajo a los diecisiete meses o diecisiete meses y veinte días, no alcanzaría la fracción de seis meses que exige la norma para la compensación en dinero por esa porción de año, que es justamente lo que se le reprocha a la norma acusada, pues quedaría un período de tiempo laborado sin que el trabajador reciba por el mismo ninguna contraprestación.
Para esta corporación, la medida usada por el legislador extraordinario en ejercicio de las facultades que le confería el artículo 121 de la Constitución de 1886, desconoce el orden justo que se proclama desde el preámbulo de la Constitución de 1991, la especial protección al trabajo, así como la igualdad de oportunidades para los trabajadores y el derecho a que su remuneración sea proporcional a la cantidad y calidad de trabajo (C. Pol., art. 53), pues se trata de un derecho que se causa con el simple transcurso del tiempo laborado y, por ello no resulta razonable ni proporcional que se desconozca un período de tiempo efectivamente trabajado. Lo justo, en el presente caso, desde el punto de vista constitucional, es que al trabajador que se le termina su contrato de trabajo sin que hubiere disfrutado las vacaciones, estas le sean compensadas en dinero por año cumplido de servicio y proporcionalmente por fracción de año laborado (...)” (resaltados por fuera del texto original).
(27) El pronunciamiento de esta corporación se limitó al análisis de la expresión “siempre que este exceda de tres meses”, toda vez que conforme a jurisprudencia reiterada de la Corte y al tenor de lo previsto en los artículos 2º y 6º del Decreto 2067 de 1991, la Corte Constitucional de Colombia carece de competencia para adelantar el control oficioso de exequibilidad de las normas legales. Al respecto, se ha dicho que: “(...) no corresponde a la Corte Constitucional revisar oficiosamente las leyes sino examinar aquellas que han sido demandadas por los ciudadanos, lo cual implica que el trámite de la acción pública solo puede adelantarse cuando efectivamente haya habido demanda, esto es, una acusación en debida forma de un ciudadano contra una norma legal (...)” Sentencia C-447 de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
(28) Dispone la norma en cita: “ART. 46.—(...) En los contratos a término fijo inferior a un año, los trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones y prima de servicios en proporción al tiempo laborado cualquiera que este sea”.
(31) Sentencia C-19 de 2004, M.P. Jaime Araújo Rentería.
(32) Resaltados por fuera del texto original.
(33) Sentencias C-897 de 2003 y C-19 de 2004.
(34) Dispone la norma en cita: “ART. 46.—(...) En los contratos a término fijo inferior a un año, los trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones y prima de servicios en proporción al tiempo laborado cualquiera que este sea”.
(35) Determina la citada norma: “Los derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”.