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Timestamp: 2019-05-23 15:36:11
Document Index: 118581057

Matched Legal Cases: ['Artículo 20', 'artículo 3', 'artículo 49', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'Artículo 2', 'Artículo 4', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'artículo 7', 'artículo 7', 'Artículo 3', 'Artículo 9', 'Artículo 20', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 20', 'artículo 5', 'artículo 4']

a´) El Impuesto sobre Bienes Inmuebles
ANEXO: TABLA-RESUMEN PROPUESTAS DE REFORMA.
Estudio sobre el impacto de la Convención en el ámbito participación política.
Investigadora responsable: María Eugenia Rodríguez Palop.
Principios generales que afectan directamente al derecho a la participación política de las personas con discapacidad
2. Principios transversales que afectan directamente al derecho a la participación política de las personas con discapacidad
2.1. Igualdad y No Discriminación
2.1.2. Prohibición específica por motivo de discapacidad en la convención
2.1.3. Igualdad y No discriminación en la legislación española
2.1.4. Cambios normativos necesarios
2.2. Principio de accesibilidad universal
2.2.1. Principio de accesibilidad universal en la legislación española
2.2.2. Cambios normativos necesarios
a´) El Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) es un impuesto municipal obligatorio de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles.
Como establece el art. 61 de la LRHL, Su hecho imponible está constituido por “la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos o urbanos y sobre los inmuebles de carácter especial: a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos; b) De un derecho real de superficie; c) De un derecho real de usufructo; d) Del derecho de propiedad.”
En las exenciones reconocidas en el art. 62 de la LRHL así como en los otros elementos que configuran la estructura del tributo –principalmente las reducciones en la base imponible reguladas en los arts. 67 y siguientes, así como las bonificaciones obligatorias del art. 73 o las potestativas del art. 74- no se hace alusión alguna a las personas con discapacidad.
Sin embargo, creemos que el IBI es un impuesto que se presta al reconocimiento de beneficios fiscales que coadyuvarían a la consecución de algunos de los objetivos perseguidos por la Convención, por lo que sería conveniente plantearse la posibilidad de establecer incentivos fiscales para favorecer al colectivo de personas con discapacidad. En efecto, para coadyuvar en la accesibilidad de las personas con discapacidad, en condiciones de igualdad, a que se refiere el art. 9 de la Convención, cabría plantearse el reconocimiento de beneficios fiscales para casas adaptadas (domótica), para viviendas reformadas por razón de la discapacidad de su titular o de los miembros que en ella habiten, etc; lo cual, en opinión de algunos autores, podría impulsar la actividad económica o la creación en ciertos municipios de zonas o áreas para discapacitados con características especiales, foco de atracción de actividades sociales, culturales, educativas, etc.
Por otro lado, como ya se ha puesto de manifiesto desde el inicio del presente trabajo, las situaciones de discapacidad generan unos sobre costes que inciden de manera directa en la capacidad económica manifestada por la persona con discapacidad, así como por sus familiares directos. Por este motivo, al igual que sucede en relación con los bienes inmuebles cuya titularidad es ostentada por sujetos pasivos que integran una familia numerosa, para los que la ordenanza fiscal podrá regular una bonificación de hasta el 90 por 100 de la cuota íntegra del impuesto, convendría ampliar subjetivamente este beneficio fiscal a las personas con discapacidad; bien apoyándose en este mismo precepto o configurando el beneficio de manera autónoma para este colectivo y con otras características, como la modulación del incentivo en función del grado de discapacidad o dependencia.
b´) El Impuesto sobre Actividades Económicas.
El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) es un impuesto municipal obligatorio de carácter directo, real, periódico y de gestión compartida, cuya finalidad primordial es de control, ya que proporciona a la Hacienda local un registro de contribuyentes con actividades económicas y a penas posee capacidad recaudatoria.
Como establece el art. 79 LRHL, el hecho imponible del IAE “está constituido por el mero ejercicio en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las Tarifas del impuesto”. Los supuestos de no sujeción en relación con el IAE no merecen ser destacados pues no hacen ninguna referencia a las personas con discapacidad. Por el contrario, sí se encuentran entre las exenciones al IAE dos que resultan destacables a los efectos del trabajo.
Se recogen dos exenciones aplicables a las personas discapacitadas, aunque sólo una de las previstas en el art. 82 del citado texto legal es aplicable de forma expresa a dicho colectivo:
a) Exención en favor de los establecimientos de enseñanza en todos sus grados costeados íntegramente con fondos del Estado, de las Comunidades Autónomas, o de las Entidades Locales, o por Fundaciones declaradas benéficas o de utilidad pública, y los establecimientos de enseñanza en todos sus grados que, careciendo de ánimo de lucro, estuviesen en régimen de concierto educativo, incluso si facilitasen a sus alumnos libros o artículos de escritorio o les prestasen los servicios de media pensión o internado, y venta de los productos de los talleres. Se trata de una exención rogada, es decir, debe ser solicitada por el sujeto pasivo.292
b) Exención en favor de Asociaciones y Fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por las actividades de carácter pedagógico, científico, asistenciales y de empleo que para la enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de minusválidos realicen, aunque vendan los productos de los talleres dedicados a dichos fines, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine exclusivamente a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento. Se trata, asimismo, de una exención rogada que se concede a estas entidades por las actividades descritas.293
Como se apuntaba al inicio de nuestro trabajo, la terminología empleada por la norma debería ser revisada. Señalar que en la práctica se trata de una exención que carece de virtualidad ya que, de conformidad con la regulación actual del Impuesto sobre Actividades Económicas, todos los sujetos pasivos personas jurídicas del impuesto están exentos del mismo en tanto que no superen la cifra de negocios de 1 millón de €, lo que no sucederán la práctica totalidad de estos casos.
b) El Impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica.
La naturaleza del IVTM se resume en las siguientes notas: es un impuesto directo, real y objetivo, municipal, obligatorio y la gestión es absolutamente municipal.
El IVTM “grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría”, considerándose aptos para la circulación los que estuviesen matriculados en los registros públicos correspondientes –y mientras no causen baja en los mismos-, incluyendo ahí los que gocen de permisos temporales y matrícula turística294.
Los supuestos de no sujeción establecidos no hacen ninguna referencia a la tenencia de vehículos por parte de personas con discapacidad.
La definición del hecho imponible se cierra con la titularidad de los elementos patrimoniales gravados, que en este caso se concreta a través de un dato de carácter administrativo relacionado con la documentación del vehículo. Y, así, es titular la persona a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.
El único beneficio fiscal que contempla la regulación española de este impuesto en relación con el colectivo de las personas con discapacidad consiste en las dos exenciones del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, a que se refiere el art. 93.1.e) de la LHL, a cuyo tenor quedan exentos:
a) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el apartado A del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1988, de 23 de diciembre.
Se trata de un concepto muy similar al previsto a los efectos de Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, analizado en otro lugar de este trabajo.
En primer lugar, queremos subrayar una vez más la necesidad de emplear una terminología adecuada y actualizada para referirse al colectivo de personas con discapacidad o dependientes.
Por otro lado, conviene destacar que esta redacción se produjo tras la aprobación de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, que vino a incorporar novedades significativas que ampliaron sustancialmente el ámbito de aplicación de esta exención. En la regulación precedente se establecía un límite a la potencia del vehículo según el grado de minusvalía del sujeto pasivo y se restringía el ámbito de aplicación de la misma a los supuestos en los que el vehículo se hubiera adaptado para su conducción por personas con discapacidad.
Nos parece acertada la redacción actual en medida en que se elimina dicha limitación de potencia establecida para poder disfrutar de la exención y se suprime también la referencia o el requisito de que el vehículo estuviera adaptado para su conducción por personas con minusvalía. Pues dadas las características de la exención, es más razonable concederla a todos los vehículos empleados para el trasporte de estas personas y con independencia de la potencia. Sin embargo, la exigencia de “uso exclusivo” para personas con minusvalía puede plantear problemas: en primer lugar, constatamos que el empleo de esta terminología provoca una cierta inseguridad en la interpretación y conlleva a que situaciones de discapacidad idénticas se vea sometidas a un tratamiento fiscal distinto por aplicación de idéntica normativa, pero en municipios diversos, lo que no encuentra justificación alguna en el principio de autonomía municipal; por otro lado, en casos en los que el vehículo sea utilizado también para usos distintos como puede suceder cuando lo empleen los padres, cónyuges o parejas de hecho de las personas discapacitadas. Para estos casos, podría preverse por la normativa municipal coeficientes para modular la carga tributaria en función de estas situaciones.
Además de lo anterior, la norma plantea un problema de interpretación en relación con la posibilidad de extender esta exención a personas con discapacidad en situación de incapacidad permanente en grado total o absoluta así como de gran invalidez. Se comprueba que la praxis administrativa y de numerosas ordenanzas fiscales, exigen determinados requisitos formales que restringen el ámbito subjetivo de esta exención. Esta regulación vía Ordenanza municipal provoca serios problemas de acomodo con el principio de reserva de ley en materia tributaria, ya que está regulando, si bien de manera indirecta, una materia reservada a la Ley por imperativo constitucional (art. 133. 3 CE). De manera que sería conveniente reformar el texto de la LRHL en este punto en aras a clarificar el alcance de la exención que no parece razonable limitar teniendo en cuenta las características del colectivo al que va dirigida.
Por otro lado, conviene dejar constancia de que la aplicación de esta exención ha originado una importante merma recaudatoria a los distintos ayuntamientos, lo que hay llevado criticar la ampliación que se ha hecho de la misma, ya que existen multitud de supuestos en los que no parece estar justificada por razones de integración. Así sucede en aquellos casos en los que la exención no contribuye a garantizar o fomentar la integración de la persona cuya minusvalía no guarda relación alguna con posibles dificultades de movilidad. En estos casos cabría plantearse la posible discriminación que se produce como consecuencia del reconocimiento de la exención, respecto de otros contribuyentes que no tengan discapacidad.
Por este motivo entendemos que resultaría más conveniente garantizar el disfrute de este beneficio fiscal a aquellas personas cuya discapacidad se halle asociada a situaciones de movilidad reducida y paralelamente ampliar o mejorar otras regulaciones fiscales que tiene en cuenta las situaciones de discapacidad, como la que se expone a continuación.
A los efectos de esta exención, se considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por 100, quienes además, no podrán resultar beneficiarios de la misma por más de un vehículo simultáneamente. Esta última prescripción normativa tiene como finalidad prevenir conductas fraudulentas en virtud de las cuales una misma persona con discapacidad tenga a su nombre diversos vehículos que resultan no ser suyos con el solo fin de eludir el pago del impuesto. Pues bien, la configuración actual de esta regla limita a aquellas personas con discapacidad que realmente utilicen varios vehículos en el desarrollo natural de su vida, a obtener la exención respecto de uno sólo de estos vehículos; obligándole a elegir entre uno de ellos, cuando la adquisición de ambos vehículos sea simultánea, o resultando de aplicación el beneficio fiscal al vehículo que fue adquirido en primer lugar, puesto que en tanto no transcurran 4 años no podrá volver a disfrutar de la ventaja fiscal.295 Por este motivo, resultaría más acorde con finalidad perseguida por la norma establecer una presunción como regla general que la persona con minusvalía sólo podrá disfrutar de la exención por un vehículo, salvo que demuestre que para el normal desenvolvimiento de su actividad es necesario el empleo de otro vehículo. Esta medida contribuiría, si duda, a potenciar la movilidad de las personas con discapacidad en los términos referidos en el Artículo 20 de la Convención.
c) El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
El ICIO es un impuesto que recae sobre la riqueza mobiliaria, esto es, sobre la manifestación de riqueza que se pone de relieve al efectuar actos de consumo en la realización de construcciones, instalaciones y obras.
Es un impuesto indirecto, objetivo, instantáneo y de exacción potestativa. De la lectura del art.101 LHL se pone de manifiesto que el aspecto material del hecho imponible del ICIO está compuesto por tres elementos:
La licencia municipal necesaria para la realización de dicha construcción, instalación u obra, y
Por lo que respecta a las exenciones, resulta extraño que no se haya previsto ninguna exención relativa a las construcciones, instalaciones u obras necesarias para la adecuación de las viviendas para las personas discapacitadas.
No obstante, tras la reforma operada por la Ley 51/2002, el art. 103.2.e) de la LHL sí contempla que las Ordenanzas fiscales puedan regular una bonificación de hasta el 90 por 100 de la cuota del impuesto a favor de las construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados. Esta bonificación se aplicará a la cuota que resulte de aplicar, en su caso, las demás bonificaciones previstas en el mismo precepto, entre la que interesa destacar la bonificación del 95 por cien a favor de las construcciones, instalaciones y obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración.
La bonificación contemplada en el art. 103.2.e) de la LHL, guarda una clara conexión con las exigencias que se derivan de los Artículos 9 y 19 de la Convención, en relación con el disfrute de una vivienda digna y adecuada a las circunstancias especiales de las personas con discapacidad.
Con dicho beneficio fiscal se consiguen unos efectos ciertamente parecidos a los que se producirían en caso de declarar exenta este tipo de construcciones, instalaciones u obras. No obstante, para algunos autores esta medida resulta insuficiente y debería establecerse una bonificación del 100 por 100 y no potestativa sino obligatoria para los ayuntamientos.
Lo cierto es que, dada la naturaleza de esta clase de obras la existencia de una manifestación de capacidad económica resulta cuanto menos discutible. Y en todo caso, desde un punto de vista social y a los efectos de favorecer las condiciones óptimas de habitabilidad para este colectivo que se exigen en la Convención, parece bastante claro que nos hallamos ante un tipo de conductas que deberían obtener un beneficio fiscal más contundente, que guarde una mayor coherencia con el régimen que reciben en el IRPF análogas inversiones.
En efecto, el carácter potestativo, no sólo en la determinación de la cuantía, sino en cuanto al establecimiento mismo de la bonificación por el Ayuntamiento puede llevar a situaciones en las que este tipo de obras estén sujetas en condiciones idénticas a las demás construcciones, instalaciones y obras sometidas a gravamen por el impuesto. Además, todo ello puede dar lugar a regímenes completamente dispares en distintos zonas de la geografía española.
Por todo ello, en nuestra opinión, la LHL debería establecer, al menos, la obligatoriedad de la bonificación determinado para ello un porcentaje concreto –por ejemplo, del 50 por cien- y dejando al libre arbitrio de los entes municipales el aumento de dicha bonificación hasta el 100 por cien.
En primer lugar, queremos destacar que, como se expone con más detalle en el documento general definitivo sobre el ámbito tributario, no es posible derivar mandatos concretos al legisladora sobre la necesidad de realizar cambios normativos o dicho con otras palabras no parece posible exigir al legislador la reforma de la normativa tributaria por contravenir las prescripciones contenidas en la Convención.
Sin embargo, en la medida en que la legislación tributaria puede coadyuvar de manera indirecta a la prosecución de algunos objetivos establecidos la Convención se “recomiendan” los cambios normativos que se sintetizan en el cuadro siguiente.
Antes de exponer las modificaciones concretas de los distintos impuestos que integran el sistema tributario, queremos hacer una recomendación de carácter general. Se trata de una cuestión de carácter lingüístico o terminológico y es la necesidad homogeneizar la referencia terminológica al colectivo de personas con discapacidad, pudiéndose emplear para ello la contemplada en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Y en todo caso, corregir el vetusto empleo de términos como el de minusválido, desgraciadamente frecuentes en la regulación tributaria, sobre todo en el ámbito de los tributos locales.
RECOMENDADOS -QUE NO NECESARIOS-
I Art. 1 el propósito de la Convención es promover, proteger y asegurar el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales por las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”.
i) El art. 53 LIRPF prevé una reducción en la BI del impuesto para las aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con determinada discapacidad, sobre la base de unos límites máximos.
ii) El art. 54 LIRPF regula las reducciones correspondientes a las aportaciones realizadas a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad.
iii) La regulación del IBI contenida en la LHL no reconoce beneficio discal alguno en atención a la discapacidad del sujeto pasivo o de las personas que convivan con él.
i) En nuestra opinión se restringe demasiado el círculo de personas que pueden realizar aportaciones a este tipo de planes –y beneficiarse de la reducción correspondiente en el IRPF-. Este aspecto debería ser revisado.
ii) Consideramos que se restringe de manera injustificada el círculo de personas beneficiaras de la misma. Por lo que proponemos la ampliación de este aspecto.
Consideramos que sería aconsejable dotar del mismo tratamiento fiscal –exención- los rendimientos producidos en esas aportaciones para el donante
Los importes máximos también nos parecen extremadamente reducidos, en especial si la aportación se hace en especie. Por lo que sugerimos elevar dichos importes o aumentar el número de años en los que se podrá aplicar los excesos de aportación reducible.
Teniendo en cuenta que, las rentas que obtenga la persona con discapacidad con el patrimonio protegido tributarán normalmente, para favorecer el tratamiento fiscal de esta figura y potenciar con ello su empleo, resultaría conveniente plantearse algún beneficio fiscal al respecto
Proponemos que la ley incluya la posibilidad de disponer del patrimonio antes de lo previsto legalmente sin perder el beneficio fiscal cuando el contribuyente pruebe la necesidad de la disposición.
Teniendo en cuenta que las aportaciones que excedan los límites previstos tributará por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en aras a favorecer el empleo de esta figura fomentando las aportaciones a los patrimonios protegidos resultaría adecuado establecer una exención en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
iii) Teniendo en cuenta el sobre coste que genera en múltiples ocasiones la discapacidad o la dependencia de los sujetos, cabría plantearse el establecimiento de un beneficio fiscal en el IBI para los titulares de vivienda con discapacidad o familiares de éstos que convivan con él; graduando dicho beneficio en atención al grado de discapacidad o dependencia.
II. El art. 4.1.f pretende favorecer la “investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías, bienes y servicios que favorezcan las necesidades específicas de las personas con discapacidad.”
i) El art. 35 del TRLIS regula la deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, haciendo una referencia expresa a la “concepción de software avanzado [...] que esté destinado a facilitar a las personas discapacitadas el acceso a los servicios de la sociedad de la información”.
i) Consideramos más adecuado a las garantías previstas en el art. 4.1.f y en el art. 9 –acceso a la información- de la Convención mantener esta deducción en lo que atañe a este colectivo, en lugar de suprimir por completo la deducción a partir de 2014.
En segundo lugar, aunque no parece necesario, sería conveniente mencionar expresamente el hecho de que toda actividad dirigida a la adquisición de nuevos conocimientos o a la creación de nuevos productos o procesos que se dirijan a una mejor integración de las personas con discapacidad queden englobados en los gastos de I+D+i que generan derecho a deducción.
III. Con el art. 9 relativo a la accesibilidad se pretende potenciar la vida independiente y participativa en todos los aspectos de la vida y obliga a adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el acceso de todas las personas con discapacidad, en pie de igualdad con otras personas, al entorno físico, transporte, edificios, información, comunicaciones, etc.
Art. 19 relacionado con el anterior, prevé el derecho a vivir en forma independiente y a ser incluido en la comunidad. En particular, obliga a la adopción de medidas que permitan a las personas con discapacidad tener la opción de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién desea vivir.
i) El art. 7 i) LIRPF limita la exención de las ayudas económicas otorgadas por instituciones públicas a mayores de 65 años y a personas con discapacidad o minusvalía igual o superior al 65 % para financiar su estancia en residencias o centros de día, siempre que el resto de sus rentas no excedan del doble del indicador público de renta a efectos múltiples.
ii) En la regulación del IS no se prevé incentivos en materia de gastos deducibles que favorezcan las obras de acondicionamiento del entorno empresarial a situaciones de discapacidad.
iii) De los artículos 90 y 91 LIVA se deriva que el tipo de graven a que tributan las operaciones de construcción, rehabilitación o adaptación de una vivienda para personas con discapacidad sólo disfrutan del tipo de gravamen reducido (7 por cien).
iv) El art. 103.2.e) de la LHL prevé la posibilidad de que los ayuntamientos aprueben una bonificación del 90 por cien como máximo en la cuota del impuesto a favor de las construcciones, obras e instalaciones que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados.
v) La regulación del IBI contenida en la LHL no reconoce beneficio discal alguno en aras a potenciar la accesibilidad de la personas con discapacidad en condiciones de igualdad.
i) Se propone a supresión de este límite.
ii) Este tipo de gastos suelen constituir gastos de capital que se deducen lentamente en el IS vía amortización. Para incentivar este tipo de conductas que favorecen en la accesibilidad de las personas con discapacidad en su entorno laboral, e indirectamente en el desarrollo del empleo y la promoción laboral de este colectivo –ambas previstas también en el art. 27 de la Convención-, proponemos la deducción de este tipo de inversiones como gastos corrientes del ejercicio. Como alternativa a la medida anterior, podría incentivarse este tipo de conductas con establecimiento de una deducción en la cuota del impuesto que tenga como base para su cálculo las cuantías destinadas a estos efectos –tanto los gastos corrientes efectuados, como los gastos de capital-.
iii) Al tratarse de servicios esenciales para este colectivo, consideramos que el tipo de gravamen de estas operaciones debería ser del 4 por cien.
iv) Como se de expone en el trabajo, esta regulación resulta manifiestamente insuficiente y puede que el beneficio fiscal resulte inefectivo. Por ello se propone:
· La obligatoriedad de aplicar la bonificación por parte de todos los entes municipales en, al menos, un porcentaje de 50 puntos.
· La posibilidad de que los ayuntamientos, en el ejercicio de la autonomía que constitucionalmente tiene reconocida, puedan aumentar el porcentaje mínimo hasta el 100 por cien.
v) Cabría plantearse el reconocimiento de beneficios fiscales para casas adaptadas (domótica), para viviendas reformadas por razón de la discapacidad.
IV. El Art. 20 prevé la adopción de medidas en aras a “facilitar la libertad de desplazamiento de las personas con discapacidad en la forma y en el momento que deseen a un costo asequible, así como, el acceso de las personas con discapacidad a ayudas para la movilidad, dispositivos, etc.”
i) El art. 38 TRLIS prevé una deducción para empresas de transporte público por carretera, entre las que destacan las inversiones en plataformas de accesos para personas discapacitadas o en anclajes de fijación de sillas de ruedas, que se incorporen a vehículos de transporte público de viajeros por carretera.
ii) El art. 93.1.e) de la LHL declara “exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte”.
La el empleo de los términos “uso exclusivo” provoca una situación de aplicación dispar de la misma normativa para situaciones de discapacidad idénticas, en función del municipio que aplique la norma. Además podría plantear problemas de aplicación de esta exención en aquellos casos en los que el vehículo fuera utilizado también para usos distintos.
También se observa que la praxis de las Ordenanzas fiscales y de la Administración tributaria local tiende a restringir por vía indirecta el alcance subjetivo de la exención. En particular, cuando se trata personas con discapacidad en situación de incapacidad permanente en grado total o absoluta así como de gran invalidez.
iii) La exención prevista en el art. 93.1.e) LHL, se extiende a situaciones que garantizan la integración de los beneficiarios y además ha originado una merma sustantiva en la recaudación municipal.
iv) La exención prevista en el art. 93.1.e) LHL limita su aplicación a un único vehículo, lo que puede suponer un perjuicio para aquellos sujetos que necesiten de más de un vehículo para su normal desarrollo vital.
i) Se propone el mantenimiento de esta deducción en lo que se refiere a las inversiones relativas a este colectivo.
Además, se propone extender la deducción a todas las empresas de transporte y no únicamente a las de transporte terrestre.
Por último, sería conveniente ampliar la deducción a todo tipo de obras e inversiones en instalaciones dirigidas a procurar la accesibilidad de las personas con discapacidad.
ii) Para solventar estos problemas convendría introducir una reforma en la redacción del precepto para dar un tratamiento uniforme al beneficio fiscal y por otro lado, podría preverse por la normativa municipal coeficientes que modulasen la carga tributaria en función de estas situaciones.
Por otro lado, a nuestro juicio, la praxis de las ordenanzas es manifiestamente ilegales al carecer de rango suficiente como para regular un elemento esencial del tributo cuya regulación esta reservada por imperativo constitucional expreso a la Ley. Para evitar semejante situación, conveniente reformar el texto de la LRHL en este punto en aras a clarificar el alcance de la exención que no parece razonable limitar teniendo en cuenta las características del colectivo al que va dirigida.
iii) Para circunscribir en sus justos términos el ámbito de aplicación material de la exención debería limitarse exclusivamente a aquellas personas cuya discapacidad se halle asociada a situaciones de movilidad reducida.
Con ello se paliarían pérdidas recaudatorias y sobre todo se mejoraría técnicamente la regulación de una exención subjetiva que persigue una finalidad bien precisa, aunque en este caso, en detrimento de los beneficios fiscales reconocidos al colectivo de personas con discapacidad.
iv) Esta situación se solventaría si la normativa previera la posibilidad de aplicar la exención a más de un vehículo cuando el sujeto pasivo acredite fehacientemente la necesidad de más de uno para su normal desenvolvimiento.
V. Con el art. 27 se pretenden, entre otras, facilitar políticas de empleo y desempleo que promuevan las oportunidades de empleo y las posibilidades de carrera de las personas con discapacidad en el mercado laboral, ayudándolas a encontrar, obtener y mantener empleo y volver a él, promoviendo políticas apropiadas, que podrían incluir programas de medidas afirmativas, incentivo y otras medida.
i) El art. 40 del TRLIS regula la deducción por gastos de formación profesional.
i) Resultaría aconsejable introducir un tratamiento especial para aquellos gastos que tengan por objeto la formación de personas con discapacidad para facilitar su actualización, capacitación o reciclaje. Y mantener esta deducción.
Nota: En ocasiones, algunas regulaciones del sistema tributario español afectan a varios artículos de la Convención; de manera que los cambios propuestas respecto a estas regulaciones están justificadas sobre la base de las prescripciones contenidas en varios preceptos de la Convención.
5.1.8. Estudio sobre el impacto de la Convención en el ámbito participación política.
I. Cuestiones de carácter preliminar.
1. Principios generales que afectan directamente al derecho a la participación política de las personas con discapacidad.
Para estudiar el impacto que la ratificación e incorporación de la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad puede tener en el Ordenamiento Jurídico español por lo que hace al derecho a la participación política, hace falta examinar de forma preliminar algunos principios generales que están directamente relacionados con el citado derecho. Tales principios aparecen recogidos en el artículo 3, inciso c), e) y f) y con ellos se pretende garantizar la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad para las personas con discapacidad. Nuestra Constitución, en sus artículos 9.2, 10, 14 y 23, da cobertura a estos mismos principios si bien es el artículo 49 el que más nos interesa ahora: “Los poderes públicos realizaran una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”.
Hay que tener claro que este artículo no genera derechos subjetivos por sí mismo y requiere, además, de desarrollo legislativo. Fue desarrollado por la Ley de Integración Social de los Minusválidos de 1982 (LISMI), cuya implementación supuso cambios importantes en la realidad de las personas con discapacidad, entre otros y por lo que aquí interesa, en relación a todo aquello que afectaba a la movilidad y a las barreras arquitectónicas.
Son evidentes, los problemas terminológicos que presenta tanto el texto constitucional como en la Ley que lo desarrolla. Y es que la terminología empleada no se adecua ni a la literalidad, ni al espíritu de la Convención.
2.1.1. Prohibición general en la Convención
Por “discriminación por motivos de discapacidad” la Convención (artículo 2) entiende: “cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Esto incluye todas las formas de discriminación, y, entre ellas, la denegación de ajustes razonables”.
Los ajustes razonables son, según la Convención (artículo 2): “las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas, que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”.
Entre los factores que deberán tenerse en cuenta al determinar si el ajuste solicitado representa una carga desproporcionada cabe destacar: la viabilidad de los cambios necesarios, el costo, el carácter, magnitud y recursos de la entidad de que se trate, la disponibilidad de otro apoyo financiero, las repercusiones en la salud y seguridad en el trabajo, y los efectos en las actividades de la entidad.
Por otra parte, la igualdad formal o ante la ley viene garantizada por el artículo 5.1. de la convención: “Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella, y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna”. Garantizar la igualdad ante la ley exige:
Garantías de no discriminación real (artículo 5.2): “Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo”.
Necesidad de impulsar la adopción de ajustes razonables (artículo 5.3): “A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables”.
Medidas de acción positiva o discriminación inversa (artículo 5.4): “No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad”.
a) Lo que se prohíbe en este caso es la “discriminación” “por motivos de” discapacidad. Por ende, la formulación del artículo 5.2. llama la atención sobre el fenómeno de la discriminación y no tanto sobre las peculiaridades de la persona.
b) Las medidas adoptadas pueden ser alternativa o simultáneamente: b.1) Medidas en curso o permanentes; b.2.) Medidas temporales especiales.
c) Finalmente, se deben considerar los casos de doble discriminación (mujeres, niños/as, personas mayores, etc.).
Los referentes mencionados en la convención a este respecto son: Artículo 2 sobre Definiciones; Artículo 4 inciso 1 y apartado b) sobre Obligaciones generales; Artículo 23 inciso 1 sobre Respeto del hogar y de la familia; Artículo 24 incisos 1 y 5 sobre Educación; Artículo 25 aparatados e) y f) sobre Salud; Artículo 27 inciso 1 sobre Trabajo y empleo; Artículo 28 incisos 1 y 2 sobre Nivel de vida adecuado y protección social; Artículo 29 aparatado b) sobre Participación en la vida política y pública.
En la legislación española, los referentes principales son los siguientes:
Plan de Acción Europeo en materia de discapacidad 2004-2010
Resolución del Consejo de la Unión Europea y los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el Consejo el 17 de marzo de 2008 relativa a la situación de las personas con discapacidad en la Unión Europea (2008/C 75/01)
Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración social de los minusválidos. (LISMI)
.-Esta ley señala como sus principios rectores: vida independiente, normalización, diseño para todos, diálogo civil y transversalidad de las políticas a favor de las personas con discapacidad.
.-Según la LIONDAU los ajustes razonables son (artículo 7, c)): “las medidas de adecuación del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con discapacidad que, de forma eficaz y práctica y sin que suponga una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación de una persona con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos” […] “Para determinar si una carga es o no proporcionada se tendrán en cuenta los costes de la medida, los efectos discriminatorios que suponga para las personas con discapacidad su no adopción, la estructura y características de la persona, entidad u organización que ha de ponerla en práctica y la posibilidad que tenga de obtener financiación oficial o cualquier otra ayuda” (artículo 7).
.-En esta ley se tratan las medidas para la aplicación del principio de igualdad de trato, en transposición de la Directiva 2000/78 del Consejo de Europa al Derecho español.
Del análisis de la convención y su compatibilidad con la legislación española en este terreno, se puede extraer lo siguiente:
1. La Ley 51/2003 no adopta una definición conceptual respecto de la discapacidad sino que se limita a remitir el reconocimiento de la condición de persona con discapacidad a porcentajes y mecanismos reglamentarios concretos, por lo que deja fuera de su cobertura a un importante grupo de personas que desde un punto de vista médico-técnico no pueden encuadrarse dentro del marco del 33% de minusvalía, pero que sin embargo se encuentran en una situación real o fáctica de discriminación por discapacidad. Así:
a) Deberían distinguirse en materia de discapacidad, los derechos a prestaciones sociales de los derechos antidiscriminatorios. Desde una perspectiva jurídica, esta distinción conceptual se sigue considerando necesaria.
b) Respecto de los derechos prestacionales, resulta más lógico una determinación medico-técnica del grado de minusvalía a los efectos de gozar de tales beneficios. Y ello sin olvidar que en todo caso la condición de discapacidad debe ser concebida desde una óptica lo más amplia y flexible posible.
El concepto de discapacidad que se maneja en el RD 1414/2006, se inspira en el que se utiliza en la LIONDAU reproduciendo sus deficiencias y carencias.
2. Si bien la LIONDAU amplía la definición legal de persona con discapacidad, sólo estas personas tienen protección legal, ya que no se incluye una protección general en contra de la discriminación basada en la discapacidad (tarea de la Oficina Permanente Especializada del Consejo Nacional de la Discapacidad creada en 2003).
3. El desarrollo legislativo que requiere la LIONDAU puede suponer que, como mínimo, se tarden diez años en su implementación total y desarrollo.
4. La LIONDAU debería haber incluido el régimen de infracciones y sanciones en el texto, en vez de posponerlo a un futuro desarrollo normativo (Ley 49/2007).
5. En la implementación de medidas de acción positiva o discriminación inversa habría que considerar las críticas que a lo largo de estos años han señalado sus carencias y deficiencias, distinguiendo, a este efecto, entre la discriminación positiva teleológica y deontológica.
En todo caso, y dado que este aspecto no constituye el objeto central del presente informa, para completar este apartado, se recomienda consultar el Resultado 108 (Estudio de normativa general española antidiscriminatoria y adecuación a la Convención) y correlativos de la presente investigación.
Los referentes que nos ofrece la convención en este ámbito son el Artículo 3, inciso f), el Artículo 9 y el Artículo 20 .
Según el artículo 9 de la convención la accesibilidad plena garantiza “el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales (…)”. Y es que las personas con discapacidad han de poder vivir en forma independiente y participar plenamente de todos los aspectos de su vida.
Las medidas a adoptar para alcanzar la accesibilidad plena que menciona el artículo 9 son:
a) identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso en una serie de ámbitos, entre los que se destacan, los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;
b) identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso a los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia;
c) identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso a las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público;
d) señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión en edificios y otras instalaciones abiertas al público;
e) formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas.
f) formación y promoción de la accesibilidad. En este sentido, el Estado debe:
f.1.) desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público;
f.2.) ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad;
f.3.) promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluido Internet;
f.4.) promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana y al menor costo;
f.5.) promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información.
Más específicamente, según el artículo 20, el Estado debe adoptar medidas para:
“a) Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el momento que deseen a un costo asequible;
d) Alentar a las entidades que fabrican ayudas para la movilidad, dispositivos y tecnologías de apoyo, a que tengan en cuenta todos los aspectos de la movilidad de las personas con discapacidad”.
Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad. y Comunicación Institucional (artículo 5):
Las campañas institucionales de publicidad y de comunicación de la Administración general del Estado deben procurar el más completo acceso a la información a las personas con cualquier tipo de discapacidad.
Esta ley regula por primera vez como un derecho universal y subjetivo un conjunto de derechos y beneficios centrados en la promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. En ella se disponen tres niveles de protección: un nivel mínimo aplicable a todo el Estado, un segundo nivel establecido mediante convenios entre el Estado y cada Comunidad Autónoma, y en tercer lugar, los niveles adicionales que pueda desarrollar cada CC.AA.
Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (especialmente, artículo 4 c) y disposición final 7ª).
Esta ley, si bien incluye como principio la accesibilidad y el diseño para todos, necesita ulterior desarrollo normativo.
Real Decreto 1417/2006, de 1 de diciembre, por el que se establece el sistema arbitral para la resolución de quejas y reclamaciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad por razón de discapacidad y accesibilidad por razón de discapacidad.
Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación
Con este RD se pretende el cumplimiento del mandato establecido en la DF 7ª de la LIONDAU y en la DA 5ª de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de Información, en la que se establece el deber de la Administración de promover la adopción de normas de accesibilidad en la prestación de servicios públicos y en la fabricación de equipos y programas de ordenador.
Planes de ejecución de la Administración General del Estado: II Plan de Acción para las Personas con Discapacidad 2003-2007, I Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012 y I Plan de Acción para Mujeres con Discapacidad.
Normativa Autonómica: Andalucía. Ley 1/1999, de 31 de marzo, atención a las personas con discapacidad; Aragón. Ley 3/1997, de 7 de abril, de Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transportes y de la comunicación; Canarias. Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación; Castilla y León. Ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y supresión de barreras; Cataluña. Ley 20/1991, de 25 de noviembre sobre Promoción de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas; Extremadura. Ley 8/1997, 18 junio, de promoción de la accesibilidad; Galicia. Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras; Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia; Madrid. Ley 8/1993, de 22 de junio, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas; País Vasco. Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad; Valencia. Ley 1/1998, de 5 de mayo, de Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación.
1. Hay que definir la naturaleza jurídica de la accesibilidad universal que puede ajustarse a una o varias de las siguientes calificaciones:
-Principio-derecho transversal.
.-Medida de prevención de la discapacidad (asumiendo el modelo social de discapacidad).
.-Medida antidiscriminatoria. Referente: Falta de ajustes razonables.
2. La LIONDAU es de carácter estatal, mientras que la Accesibilidad es competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas, por lo que podrían derivarse conflictos de competencias entre éstas y el Estado.
3. Puede decirse que no existe una acción conjunta y transversal de la accesibilidad.
4. La accesibilidad no está integrada como requisito imprescindible ni en el urbanismo (entendido en un sentido amplio de planificación, urbanización y gestión del espacio urbano), ni en el área de transporte, donde aún no se han alcanzado los umbrales mínimos de accesibilidad.
5. Según el I Plan de Accesibilidad 2004-2012 las actuales barreras en accesibilidad se deben, principalmente, a las siguientes causas:
.-Dispersión competencial y administrativa.
.-Carácter inter-sectorial, unido a la complejidad de las interrelaciones que se precisan.
.-Necesidad de contar con una nueva cultura de lo accesible.
.-Alto coste.
.-Desconocimiento y marginación de los beneficiarios más directos.
.-Falta de control en los elementos de la accesibilidad por parte de las administraciones.
-Falta de implementación y desarrollo de la legislación, a lo que se añade la inexistencia de sanciones a los infractores, que tiene como consecuencia, entre otras cosas, un menor nivel de denuncias.
.-Falta de formación de arquitectos, ingenieros y otros profesionales en diseño para todos y accesibilidad.
Cada CCAA ha desarrollado sus propias normas de accesibilidad, lo que supone asimetrías entre ellas.
En todo caso, y dado que este aspecto no constituye el objeto central del presente informe, para completar este apartado, se recomienda consultar los Resultados 123 (Estudio de normativa concreta (estatal y autonómica, en su caso) en materias del ámbito “Accesibilidad a los medios audiovisuales”) y 108 ((Estudio de normativa general española antidiscriminatoria y adecuación a la Convención) de la presente investigación.