Source: https://derechoecuador.com/registro-oficial/2002/11/registro-oficial-12-de-noviembre-del-2002
Timestamp: 2020-08-12 00:59:36
Document Index: 244566390

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'in fine', 'artículo 3', 'artículo 97', 'artículo 243', 'artículo 11', 'artículo 276', 'artículo 47', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 276', 'artículo 52', 'artículo 80', 'artículo 80', 'artículo 79', 'artículo 151', 'artículo 152', 'artículo 157', 'artículo 123', 'artículo 28', 'artículo 215', 'artículo 69', 'artículo 276', 'artículo 94', 'artículo 69', 'artículo 68', 'artículo 95', 'artículo 62', 'artículo 94', 'artículo 58', 'artículo 276', 'artículo 93', 'artículo 208']

Registro Oficial. 12 de NOVIEMBRE del 2002
Martes, 12 de noviembre del 2002 - R. O. No. 702
3272	Delégase al señor\n Ministro de Agricultura y Ganadería el ejercicio de la\n facultad contemplada en el Art. 5 del Decreto Supremo 663-A,\n publicado en el Registro Oficial N0 115 de 7 de diciembre de\n 1970
3276	Autorízanse a los señores\n ministros de Medio Ambiente, de Agricultura, de Comercio Exterior,\n de Turismo y al Director Ejecutivo del CODENPE, para que actúen\n como miembros fundadores de la Corporación para la Promoción\n de la Biodiversidad
3277	Declárase en estado de emergencia\n a las provincias de Napo, Sucumbíos y Pichincha, afectadas\n por la erupción del volcán "El Reventador".
TERCERA\n SALA
RESOL\n UCIONES:
006-2002-RS Confirmase la resolución\n pronunciada por el H. Consejo Provincial del Azuay que deja sin\n efecto la resolución de destitución pronunciada\n en contra de los concejales del cantón Pucará,\n señores Nicanor Reyes Berrezueta, Luz Piedad Berrezueta\n Redrován y Gonzalo Espinoza Barzallo
009-2002-RS Confirmase la resolución\n del Consejo Provincial del Cañar y ratificase lo actuado\n por los cinco concejales principales del cantón La Troncal\n que remueven de las funciones de Alcalde al señor Jimmy\n Araujo Cárdenas
036-2002-HD Confirmase la resolución\n adoptada por el Juez de instancia y niégase el hábeas\n data propuesto por la señora Beatriz Cumandá Moncayo\n Suárez viuda de Chiriboga
037-2002-HD Inadmitir el hábeas\n data solicitado por el señor arquitecto Xavier Cornejo\n Núñez
046-2002-HC Revócase la resolución\n emitida por el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, encargado,\n y concédese el recurso de hábeas corpus a favor\n de la señora Carmen Noemí Jumbo Jumbo.
264-2002-RA Agréguese al expediente\n N° 264-2002-RA el escrito presentado por el señor\n Luis Augusto Ati Calle
270-2002-RA Confirmase la resolución\n pronun-ciada por el Juez Sexto de lo Civil de Manabí,\n que declara sin lugar el amparo constitucional presentado por\n el abogado Antony Abad Padilla Toalá
296-2002-RA Confirmase la resolución\n pronunciada por el Juez Tercero de lo Civil de El Oro en cuanto\n se refiere a que niega el amparo constitucional planteado por\n el licenciado Justo Fieles Calle Terán
319-2002-RA Confirmase la resolución\n pronunciada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N0 1 de\n lo Contencioso Administrativo que inadmite la acción de\n amparo constitucional propuesta por el señor Segundo Hernán\n Torres Noboa y otros.
373-2002-RA Confirmase la decisión\n de la Jueza Octava de lo Civil de Pichincha y acéptase\n el amparo solicitado por Luis Abel Miño Vaca
382-2002-RA Confirmase la decisión\n del Juez de instancia y niégase el amparo solicitado por\n Dora Cumandá Arrese Vilche
389-2002-RA Confirmase la resolución\n adoptada por el Juez de instancia y niégase la acción\n planteada por el señor Víctor Francisco Plúas\n Moreira y otros
390-2002-RA Confirmase la resolución\n del Tribunal de instancia y déjase sin efecto la retención\n de sueldos resuelta por la Comisión de Defensa Profesional\n de Manabí en contra del señor Joel Baldomero Loor\n Ponce
409-2002-RA\n Confirmase la\n resolución adoptada por el Juez de instancia y recházase\n el amparo propuesto por la señora María de Lourdes\n Pillasagua Plúas
415-2002-RA No admitir la acción\n planteada por la señora Luisa Alfonsina Vintimilla Vivar\n por falta de juramento
418-2002-RA\n Revócase\n la resolución del Tribunal de instancia y niégase\n el amparo solicitado por Pedro Vicente Olmedo Briones y otros
452-2002-RA\n Confirmase la\n resolución adoptada por el Tribunal de instancia y niégase\n el amparo solicitado por el doctor Carlos Alberto Hurtado Núñez.
463-2002-RA\n Confirmase la\n decisión del Juez de instancia y niégase el amparo\n solicitado por María Corma Mera Sánchez.
472-2002-RA Inadmitir la acción planteada por\n Marco Orlando Gordillo Montero improcedente
473-2002-RA\n Confirmase la\n resolución adoptada por el Juez de instancia y niégase\n el amparo propuesto por la señora María Elena Rodríguez\n Clavijo
476-2002-RA\n Confirmase la\n resolución adoptada por el Juez de instancia y niégase\n el amparo propuesto por el doctor Luis Icaza Garcés y\n otros
492-2002-RA No admitir la acción\n planteada por el señor Rosalino Lainez Cruz.
Cantón\n Puerto López: Que\n establece la tasa para la licencia anual de funcionamiento de\n los establecimientos turísticos
Cantón\n Daule: De transferencia\n de atribuciones para la obtención de recursos públicos\n a favor de las juntas parroquiales rurales.
Cantón\n Huamboya: Que\n reglamenta el cobro de la tasa para festividades de aniversario\n de cantonización
Cantón\n Huamboya: Reformatoria\n que regula la administración del Impuesto de patentes\n municipales\n \n
No.\n 3272
Que mediante Decreto Supremo No. 663-A, publicado en el Registro\n Oficial No. 115 de 7 de diciembre de 1970, el Presidente de la\n República de entonces, doctor José María\n Velasco Ibarra dispuso que el Instituto Ecuatoriano de Reforma\n Agraria y Colonización (IERAC) transfiera a favor de la\n entonces Cooperativa Agropecuaria Mejía, hoy Cooperativa\n Regional de Servicios Agropecuarios COORSA, un lote de terreno\n dé 5 hectáreas desmembrado de la hacienda Aichapichu,\n ubicada en la parroquia Matriz del cantón Mejía,\n provincia de Pichincha;
Que la transferencia se concretó mediante escritura\n pública otorgada ante el Notario Décimo Primero\n del cantón Quito, Dr. Augusto Maldonado Vásconez,\n el 26 de mayo de 1971 e inscrita en el Registro de la Propiedad\n del Cantón Mejía con fecha 29 de mayo de 1971;
Que el artículo 5 del Decreto Supremo No. 663-A antes\n mencionado, establece que la entonces Cooperativa Agropecuaria\n Mejía, hoy Cooperativa Regional de Servicios Agropecuarios\n COORSA, requerirá de autorización expresa del Ejecutivo\n para enajenar o gravar el inmueble que se le transfirió\n mediante dicho decreto supremo;
Que la Cooperativa Agropecuaria Mejía, hoy Cooperativa\n Regional de Servicios Agropecuarios COORSA, entidad sin fines\n de lucro que tiene como objetivo otorgar servicios al sector\n agropecuario, requirió, en cumplimiento del artículo\n 5 del Decreto Supremo 663-A, autorización expresa del\n Ejecutivo para enajenar o hipotecar la totalidad del terreno\n antes descrito, del cual es propietaria desde hace más\n de treinta y un años, por convenir a sus intereses y objetivos;
Que el Ministro de Agricultura y Ganadería, en su calidad\n de máxima autoridad en materia agrícola y agropecuaria\n de la Función Ejecutiva, tiene conocimiento directo y\n más idóneo sobre la realidad de las cooperativas\n agrícolas o agropecuarias, sus necesidades, intereses\n y objetivos; y,
En ejercicio de la atribución que le confiere el Art.\n 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo\n de la Función Ejecutiva, en concordancia con el artículo\n 171, numeral 9 de la Constitución Política de la\n República,
Art. 1.- Delegar al señor Ministro de Agricultura y\n Ganadería el ejercicio de la facultad contemplada en el\n Art. 5 del Decreto Supremo 663-A, publicado en el Registro Oficial\n No. 115 de 7 de diciembre de 1970, la cual consiste en autorizar\n de manera expresa la enajenación o gravamen del inmueble\n transferido, mediante el referido Decreto Supremo 663-A, a la\n entonces Cooperativa Agropecuaria Mejía, hoy Cooperativa\n Regional de Servicios Agropecuarios, COORSA.
Art. 2.- El presente decreto entrará en vigencia a\n partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en Quito, en el Palacio Nacional, a 31 de octubre del\n 2002.
Que de conformidad con el artículo 3, numeral tercero\n de la Constitución Política del Ecuador, son deberes\n del Estado, defender el patrimonio natural y proteger el medio\n ambiente, preservar el crecimiento sustentable de la economía\n y el desarrollo equilibrado y equitativo en beneficio colectivo;
Que por mandato del artículo 97, numeral 17 de la Constitución\n Política, todos los ciudadanos tienen el deber de preservar\n el medio ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo\n sustentable;
Que de conformidad con lo previsto en el artículo 243,\n numeral 1 de la Constitución Política, el desarrollo\n socialmente equitativo, regionalmente equilibrado y ambientalmente\n sustentable es uno de los objetivos permanentes de la economía;
Que para el cumplimiento de estos objetivos nacionales, es\n conveniente contar con un organismo de derecho privado que pueda\n complementar y coadyuvar con el Estado en los propósitos\n de conocer, conservar y usar sustentablemente la diversidad biológica;\n y,
En ejercicio de las facultades previstas en el artículo\n 171, numeral 9 de la Constitución Política de la\n República, artículo 11, literal i) del Estatuto\n del Régimen Jurídico Administrativo de la Función\n Ejecutiva,
Art. 1.- Autorizar a los señores ministros de\n Medio Ambiente, de Agricultura y Ganadería, de Comercio\n Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad, de\n Turismo y al Director Ejecutivo del CODENPE para que actúen,\n personalmente o a través de sus delegados, como miembros\n fundadores de la Corporación para la Promoción\n de la Biodiversidad e integren su Directorio, a efectos de promover\n el conocimiento, la conservación y los usos sustentables\n de la biodiversidad, así como la distribución de\n sus beneficios.
Art. 2.- De la ejecución del presente decreto\n que entrará en vigencia a partir de su publicación\n en el Registro Oficial, encárguese a la Ministra del Ambiente.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 31 de octubre del\n 2002.
Que el día 3 de noviembre del 2002, se ha suscitado\n la erupción del volcán "El Reventador";
Que la lava y la ceniza volcánicas han causado serios\n daños a carreteras, caminos y puentes;
Que es necesario prevenir daños pulmonares y respiratorios\n de la población radicada en las provincias de Napo, Sucumbíos\n y Pichincha;
Que es deber del Estado, en caso de catástrofes naturales,\n adoptar las medidas necesarias para prevenir y reparar daños\n causados a la población y a la infraestructura básica\n del sector territorial afectado; y,
En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo\n 180 de la Constitución Política de la República,
Art. 1.- Declárase el estado de emergencia y\n determinase como zona de emergencia a las provincias de Napo,\n Sucumbíos y Pichincha y dispónese que las autoridades\n nacionales y seccionales respectivas, dentro de su competencia\n y jurisdicción, cooperen con las autoridades de la Defensa\n Civil para prevenir y reparar los daños causados a la\n población y a la infraestructura básica del sector\n territorial afectado por la erupción del volcán\n "El Reventador".
Art. 2.- El Ministerio de Economía y Finanzas,\n de acuerdo con las prioridades que se establezcan y la disponibilidad\n presupuestaria, proveerá de los recursos económicos\n indispensables para el cumplimiento de los fines de este decreto.
Art. 3.- Durante el día lunes 4 de noviembre\n del 2002, suspéndanse las labores de los trabajadores\n públicos y privados de las tres provincias afectadas;\n así como las clases en los diferentes centro educativos.
Art. 4.- De la ejecución de este decreto que\n entrará en vigencia a partir de esta fecha sin perjuicio\n de su publicación en el Registro Oficial, encárgase\n a los ministros de Gobierno y Policía, Defensa Nacional,\n Economía y Finanzas, Obras Públicas y Comunicaciones,\n Salud Pública y, Agricultura y Ganadería.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 4 de noviembre del\n 2002.
No. 006-2002-RS
Magistrado ponente: Dr. René\n de la Torre Alcívar
CASO No. 006-2002-RS
Quito, octubre 16 del 2002.- Las 11h30.
Los señores Milton Mogrovejo y doctora Zoila Machicela,\n Alcalde y Procuradora Síndica del cantón Pucará,\n respectivamente, han presentado e insistido en la apelación\n planteada sobre la resolución del 25 de junio del 2002,\n mediante la cual, se deja sin efecto la resolución de\n abril 1 del 2002, sin que se haya negado o aceptado dicha impugnación\n y, sin embargo, el señor Prefecto Provincial del Azuay\n envía el expediente para conocimiento y resolución\n del Tribunal Constitucional.
Que, en la Sesión Ordinaria realizada el 1 de abril\n del 2002 convocada por el Alcalde, al conocer el punto 7 del\n Orden del Día que dice: "7.- Destitución de\n los señores Concejales: Luz Piedad Berrezueta, Gonzalo\n Espinoza y Nicanor Reyes, por haber violado el numeral 3 del\n Art. 47 de la Ley de Régimen Municipal y el numeral 5\n del Art. 42 de la Ley de Régimen Municipal", el I.\n Concejo Municipal de Pucará, por unanimidad, destituyó\n a los señores concejales Luz Piedad Berrezueta, Gonzalo\n Espinoza y Nicanor Reyes.
Que, la Comisión de Municipalidades, Excusas y Calificaciones\n del Consejo Provincial del Azuay en el oficio No. 082-CP-2002\n del 24 de junio del 2002 da a conocer al Prefecto Provincial\n del Azuay su pronunciamiento por el cual acepta la apelación\n presentada por los concejales del cantón Pucará,\n señores Luz Piedad Berrezueta Redrován, Nicanor\n Reyes Berrezueta y Gonzalo Espinoza Barzallo y que, "se\n deje sin efecto la resolución de destitución en\n contra de los nombrados Concejales llevada a efecto por el I.\n Municipio del cantón Pucará de fecha 1 de abril\n del año 2002 en su sesión ordinaria del punto 7\n del orden del día".
Que, el H. Consejo Provincial del Azuay, luego de la lectura\n e intervenciones del caso, resuelve, por unanimidad, aprobar\n el informe presentado por el Presidente de la Comisión\n de Municipalidades, Excusas y Calificaciones por el que se concluye\n aceptar la apelación planteada por los señores\n concejales del cantón Pucará, Nicanor Reyes Berrezueta,\n Luz Piedad Berrezueta Redrován y Gonzalo Espinoza Barzallo\n y, en consecuencia, "se deje sin efecto la resolución\n de destitución en contra de los prenombrados Concejales,\n llevada a efecto por el I. Municipio del cantón Pucará,\n de fecha 1 de abril del año 2002,: en su sesión\n ordinaria del punto 7 del orden del día".
Con estos antecedentes, la Tercera Sala del Tribunal Constitucional,\n realiza las siguientes,
PRIMERA.- La Sala es competente para conocer y resolver\n la presente causa de conformidad con lo dispuesto en el numeral\n 3 del artículo 276 de la Constitución Política\n de la República, en concordancia con el artículo\n 60 de la Ley de Régimen Municipal;
SEGUNDA.- No se ha omitido solemnidad sustancial alguna\n que pueda incidir en la resolución del presente caso,\n por 1 o que se declara su validez;
TERCERA.- Los concejales del I. Concejo Municipal de\n Pucará procedieron a la destitución de los concejales\n señores Luz Piedad Berrezueta, Gonzalo Espinoza y Nicanor\n Reyes, por haber violado el numeral 3 del artículo 47\n y el numeral 5 del artículo 42 de la Ley de Régimen\n Municipal;
CUARTA.- El artículo 42 de la Ley de Régimen\n Municipal establece las prohibiciones a los concejales y entre\n éstas se encuentra la del numeral 5 por la cual no les\n está permitido realizar gestiones en favor de intereses\n contrarios a los de la Municipalidad a la que pertenecen;
QUINTA.- Los concejales pueden perder su condición\n de tales de acuerdo a lo señalado en el numeral 3 del\n artículo 47 de la Ley de Régimen Municipal por\n causar perjuicios a la Municipalidad a la que pertenezcan o por\n incumplimiento de sus obligaciones;
SEXTA.- No se encuentra establecido que los concejales\n que fueron destituidos por el I. Concejo Municipal de Pucará\n hayan realizado gestiones que perjudiquen o sean contrarias a\n los intereses de la Municipalidad a que pertenecen, de manera\n que por falta de prueba se descarta esta causal que sirvió\n de uno de los fundamentos para las destituciones indicadas;
SEPTIMA.- La otra razón para la destitución\n es el dato publicado en el Periódico El Mercurio de Cuenca\n correspondiente al día sábado 23 de febrero del\n 2002, porque el Alcalde y los ediles que consignaron el voto\n de destitución consideran se ofende de esta manera al\n pueblo de Pucará, al primer personero municipal y un serio\n perjuicio moral a la institución. El dato periodístico\n da a conocer a la ciudadanía que la Concejala de Pucará\n Luz Maria Suárez ha sido víctima de una supuesta\n estafa por parte de Angel Moscoso, que ejerce las funciones de\n Jefe de Seguridad de la Municipalidad, el que es foráneo,\n llevado por el Alcalde, hombre de confianza y brazo derecho de\n éste;
OCTAVA.- El hecho que Angel Moscoso haya sido empleado\n del Municipio del cantón Pucará y se le califique\n de posible estafador y hasta de "coyote", de ninguna\n manera puede ocasionar perjuicios a la Municipalidad del cantón\n Pucará; no se encasilla en la causal prevista en el numeral\n 3 del artículo 47 de la Ley de Régimen Municipal,\n tanto más que los ediles lo que hacen es, pedir sanción\n para el infractor, cómplices y encubridores.
Por todo lo expuesto, en ejercicio de sus atribuciones, la\n Tercera Sala del Tribunal Constitucional,
1.-	Confirmar la resolución pronunciada por el H. Consejo\n Provincial del Azuay que deja sin efecto la resolución\n de destitución pronunciada en contra de los concejales\n del cantón Pucará, señores Nicanor Reyes\n Berrezueta, Luz Piedad Berrezueta Redrován y Gonzalo Espinoza\n Barzallo;
2.-	Devolver el expediente al H. Consejo Provincial del Azuay\n para los fines de ley; y,
3.-	Notificar la presente resolución.- Publíquese.
f.) Dr. Oswaldo Cevallos Bueno, Vocal y Presidente (E), Tercera\n Sala.
f.) Dr. René de la Torre Alcívar, Vocal, Tercera\n Sala.
f.) Dr. Ezequiel Valarezo C., Vocal suplente, Tercera Sala.
RAZON: Siento por tal que la resolución que antecede\n se aprobó el día diez y seis de octubre del dos\n mil dos.- Lo certifico.
f.) El Secretario de Sala.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- . TERCERA SALA.- Es fiel copia del\n original.- Quito, a 22 de octubre del 2002.- f.) Secretario de\n la Sala.
N0 009-2002-RS
Magistrado ponente: Dr. Oswaldo Cevallos\n Bueno
CASO No. 009-2002-RS
Quito, octubre 24 del 2002.- Las 16h00.
El abogado Jimmy Araujo Cárdenas, Alcalde del cantón\n La Troncal, en conocimiento de la resolución del H. Consejo\n Provincial de Cañar de 11 de septiembre del 2002, a través\n de la cual, se ratifica el acto decisorio de remoción\n de sus funciones de Alcalde del cantón La Troncal, dentro\n del término de ley y amparado en lo que establecen los\n artículos 60 y 80 inciso c) de la Ley de Régimen\n Municipal, apela de tal decisión para ante el Tribunal\n Constitucional.
Radicada la competencia en la Tercera Sala, para resolver,\n se realiza las siguientes,
PRIMERA.- La Sala es competente para conocer y resolver\n la presente causa en virtud de lo dispuesto en el numeral 7 del\n artículo 276 de la Constitución Política\n y el artículo 52 del Reglamento de Trámite de Expedientes\n en el Tribunal Constitucional;
SEGUNDA.- El Consejo Provincial de Cañar mediante\n providencia de 19 de septiembre del 2002, concede el recurso\n de apelación para ante el Tribunal Constitucional, por\n haber sido interpuesto dentro del término legal; razón\n por lo cual, se acepta al trámite correspondiente;
TERCERA.- Respecto del mismo caso, la Tercera Sala\n del Tribunal Constitucional, por medio de resolución de\n 8 de agosto del 2002, confirmó la Resolución del\n Consejo Provincial de Cañar de 16 de abril del 2002, en\n el sentido de declarar la nulidad de lo actuado en esa instancia;\n esto es, a partir del 12 de marzo del 2002, disponiendo que el\n trámite del recurso se ajuste al procedimiento establecido\n en el artículo 80 de la Ley Orgánica del Régimen\n Municipal, para efectos de remoción de alcaldes;
CUARTA.- Efectivamente, en acatamiento a la resolución\n de la Tercera Sala, el Consejo Provincial de Cañar, según\n consta en providencia de 29 de agosto del 2002, (fojas 202) dispuso\n que conforme lo establece el artículo 80 de la Ley de\n Régimen Municipal, la Comisión de Municipalidades,\n Excusas y Calificaciones dentro del plazo de diez días,\n presente el correspondiente informe de ley. Dicha Comisión,\n dentro del plazo asignado presenta informes de mayoría\n y minoría;
QUINTA.- El Pleno del Consejo Provincial, en aplicación\n del procedimiento establecido en el inciso tercero del artículo\n 49 del Reglamento Interno del Consejo Provincial del Cañar,\n avoca conocimiento de los informes de mayoría y minoría.\n El informe de mayoría suscrito por los consejeros Ing.\n César Sacoto Rivera y Dr. Aurelio Peñafiel Verdugo,\n Presidente y miembro de la Comisión, respectivamente,\n por no encontrase debidamente motivado en los hechos y en derecho,\n es negado. No así, el informe de minoría suscrito\n por el Consejero Gonzalo Elizalde Aguilar, el cual es acogido\n y consecuentemente, se ratifica el acto decisorio de remoción\n del abogado Jimmy Araujo Cárdenas, de sus funciones de\n Alcalde del cantón La Troncal;
SEXTA.- El informe acogido, permite colegir lo siguiente:\n Que, en el cuaderno procesal existe prueba de que el abogado\n Jimmy Araujo Cárdenas, Alcalde del cantón La Troncal,\n se encuentra incurso en las causales prescritas en los literales\n b) y c) del artículo 79 de la Ley Orgánica de Régimen\n Municipal, que permiten al Concejo remover al Alcalde antes de\n la terminación del período para el cual fue electo,\n cuando se comprobare que dicho funcionario cometió: '...\n b) omisión en la presentación de la proforma de\n presupuesto, en los plazos fijados por esta Ley; c) Despilfarro\n o malos manejos de fondos municipales, cuya inversión\n o empleo sea de su competencia... "; Que, al incluir en\n el orden del día el conocimiento y aprobación en\n primera instancia del presupuesto de la entidad, incumplió\n lo dispuesto en los artículos 526, 527, 529 y 530 de la\n Ley Orgánica de Régimen Municipal, adecuando su\n conducta a la causal de remoción prevista en el artículo\n 79 literal b) ibídem; así también, que por\n disposición del primer personero, dicha entidad ha comprometido\n recursos del ejercicio económico del año dos mil\n dos, sin que se encuentre discutido ni aprobado el presupuesto\n de la institución, con lo que incurre también,\n en la causal descrita en el literal c) del artículo invocado;
SEPTIMA.- Un asunto de fundamental importancia a que\n hace referencia el informe en mención, es aquel que tiene\n que ver con la convocatoria a la sesión en la que fue\n discutida la remoción del Alcalde. Si bien, el artículo\n 72 numeral tercero de la Ley de Régimen Municipal, faculta\n al Alcalde convocar al Concejo a sesiones ordinarias y extraordinarias;\n el artículo 151 de la misma norma legal faculta como excepción\n a las dos terceras partes de los concejales que integran la corporación.\n Entre las resoluciones que puede adoptar el cabildo según\n el artículo 152 ibídem, es la de formular la remoción\n del Alcalde antes del período para el cual fue electo,\n en cuyo caso, la sesión estaría presidida por quien\n le corresponde subrogar al Alcalde, atendiendo lo dispuesto en\n el artículo 157;
OCTAVA.- Según obra del proceso, con fechas\n 18 de diciembre de 2001 y 18 de enero del 2002, los concejales\n señores Héctor Arias, Gustavo López, Luis\n Quinde, Oswaldo Serrano y Patricio Zumba, fundamentados en el\n artículo 123 de la Ley de Régimen Municipal solicitaron\n formalmente al Alcalde de La Troncal convoque a sesión\n extraordinaria para tratar como punto único la remoción\n del Alcalde de La Troncal, sin embargo, no hubo respuesta\n alguna, perfeccionándose de este modo el silencio administrativo\n determinado en el artículo 28 de la Ley de Modernización\n del Estado, por el cual se presume de derecho que la petición\n se acogió favorablemente. De ahí que, el acto de\n convocatoria y posterior sesión de 7 de marzo del 2002,\n a más de legítimo, pertinente y necesario, es absolutamente\n legal; y,
Por las consideraciones que anteceden, la Tercera Sala del\n Tribunal Constitucional,
1.	Confirmar la resolución del Consejo Provincial de\n Cañar de 13 de septiembre del 2002; en consecuencia, ratificar\n lo actuado en sesión de 7 de marzo del 2092 por los cinco\n concejales principales del cantón La Troncal que remueven\n de las funciones de Alcalde al señor Jimmy Araujo Cárdenas;\n y,
2.	Devolver el expediente al Consejo Provincial de Cañar\n para los fines legales consiguientes.- Notifíquese y publíquese.
f.) Dr. Hernán Rivadeneira Játiva, Presidente,\n Tercera Sala.
f.) Dr. René de la Torre Alcívar, Vocal.
f.) Dr. Oswaldo Cevallos Bueno, Vocal.
RAZON: Siento por tal que la resolución que\n antecede se aprobó el día veinte y cuatro de octubre\n del dos mil dos.- Lo certifico.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- TERCERA SALA.- Es fiel copia del\n original.- Quito, a 22 de octubre del 2002.- f.) Secretario de\n la Sala.
No. 036-2002-HD
Vocal ponente: Dr. Oswaldo Cevallos\n Bueno
CASO No. 036-2002-HD
Quito, 10 de octubre del 2002.- Las\n 15h00.
La señora Beatriz Cumandá Moncayo Suárez\n viuda de Chiriboga interpone acción de hábeas data\n ante la Corte Superior de Justicia de Esmeraldas, y solicita\n que se ordene al Fiscal Distrital de Esmeraldas ponga a su disposición\n todo el expediente del proceso investigativo que tiene relación\n con el secuestro y asesinato de su cónyuge a fin de poder\n acceder a toda la documentación incluida la que se encontró\n en dos maletines en uno de los vehículos de su cónyuge.
A fojas 1 manifiesta la accionante que el señor Fiscal\n Distrital de la provincia de Esmeraldas dentro del proceso investigativo\n de la instrucción Fiscal realizada por los delitos de\n secuestro y asesinato a quien en vida fue su cónyuge,\n le niega poder ver el expediente, obtener copias simples de todo\n lo actuado, obtener documentación personal de su cónyuge\n y se ha negado entregar sus bienes, por lo que está corriendo\n un grave riesgo no solamente que desaparezca o se realicen cambios\n en los documentos, es decir que con la ayuda del Fiscal roben\n sus bienes en participación con quien tiene la obligación\n jurídica de descubrir el hecho que se pesquisa, lo más\n grave es que el hecho quede en la impunidad por la ayuda del\n señor Fiscal.
Que, los artículos 69 y 217 del Código de Procedimiento\n Penal le obligan a que se le informe los avances de la investigación,\n y el señor Fiscal le está negando el acceso a los\n documentos que versan sobre sí mismo y sobre sus bienes.
A fojas 8-9 el señor Agente Fiscal-de Esmeraldas, en\n la audiencia pública, por intermedio de su abogado defensor\n fundamenta su defensa en que la acción planteada es improcedente\n por cuanto el hábeas data no es aplicable cuando afecte\n el sigilo profesional o cuando pueda obstruir la acción\n de la justicia, pues la acción presentada lesiona el derecho,\n la competencia del Ministerio Público, si llega a sentarse\n un precedente en contra de la norma 215 del Código de\n Procedimiento Penal, los recursos de hábeas data serían\n por millares, truncando la acción de la justicia.
Que, es falso que el proceso se encuentre en la etapa de instrucción\n fiscal, induciendo a error, pues el proceso se encuentra en la\n etapa preprocesal denominada en el Código de Procedimiento\n Penal como la etapa de indagación previa. Durante esta\n etapa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 215\n del Código de Procedimiento Penal los resultados de la\n investigación son reservados, por esta razón rechazó\n la solicitud de que se confiera copias de todo lo actuado.
Que, es falso también que no se le haya informado de\n los avances de la investigación, verbalmente y por escrito\n mediante providencias, es por ello que la ofendida se encuentra\n al tanto de las diligencias investigativas.
Que, rechaza la acusación que le hace la demandante\n de que con su ayuda se roben los bienes, desaparezcan o se realicen\n cambios en los documentos, por cuanto los bienes y documentos\n no se encuentran en su poder, pues se encuentran bajo la custodia\n de la Policía Judicial de Esmeraldas.
Que, si la causa estuviera en etapa de instrucción\n estuviera en conocimiento de uno de los señores jueces\n de lo Penal. El artículo 69 del Código de Procedimiento\n Penal establece el derecho del ofendido a presentar una queja\n cuando la inadecuada actuación del Fiscal ponga en riesgo\n la obtención o la conservación de vestigios, evidencias\n u otros elementos de prueba, en efecto la Fiscalía ha\n tenido mucho cuidado de no poner en riesgo las evidencias, sin\n que en ningún momento se haya negado hacer entrega de\n las mismas.
Que, tampoco es verdad que haya entregado ningún vehículo,\n quien lo hizo fue quien estaba encargado de la Fiscalía\n durante el tiempo de su enfermedad.
Que, no es su deseo perjudicar a la señora viuda de\n Chiriboga, ni no entregarle los documentos en el momento oportuno,\n le ha reiterado que en el momento que evacuen las diligencias\n necesarias estará presto para cumplir los pedidos y cuando\n la causa se encuentre en estado de Instrucción Fiscal\n tendrá a disposición el proceso.
El Juez resuelve desechar la demanda presentada "dejando\n a salvo el derecho de la recurrente para utilizar las alternativas\n que le franquea la ley", resolución que es apelada\n por la accionante.
Con estos antecedentes, para resolver, la Tercera Sala del\n Tribunal Constitucional hace las siguientes,
PRIMERA.- Que, la Sala es competente para conocer y\n resolver la presente causa de conformidad con lo dispuesto en\n el numeral 3 del artículo 276 de la Constitución\n de la República;
SEGUNDA.- Que, no se ha omitido solemnidad sustancial\n alguna que pueda incidir en la resolución del presente\n caso, por lo que se declara su Validez;
TERCERA.- El artículo 94 de la Constitución\n Política señala que: "Toda persona tendrá\n derecho a acceder a los documentos, bancos de datos e informes\n que sobre si misma, o sobre sus bienes, consten en entidades\n públicas o privadas, así como a conocer el uso\n que se haga de ellos y su propósito. Podrá solicitar\n ante el funcionario respectivo, la actualización de los\n datos o su rectificación, eliminación o anulación,\n si fueren erróneos o afectaren ilegítimamente sus\n derechos";
CUARTA.- La pretensión de la accionante está\n orientada a obtener los documentos que obran del proceso investigativo\n que tiene relación con el secuestro y asesinato de su\n cónyuge, objetivo que difiere de la naturaleza de la acción\n de hábeas data, pues éstos son documentos sujetos\n a investigación dentro de un proceso judicial;
QUINTA.- Del análisis de los documentos que\n obran del proceso se desprende que a fojas 3 del expediente constan\n las providencias de 20 y 25 de junio del 2002 en las que el señor\n Fiscal Distrital de Esmeraldas indica la fundamentación\n jurídica y los motivos por los cuales no ha sido posible\n atender los requerimientos realizados por la accionante, entre\n otros, "la solicitud de desglose no procede por cuanto los\n documentos no reposan en poder de la Fiscalía sino bajo\n la custodia de la Policía Judicial y son evidencias sobre\n lo cual se está investigando...
SEXTA.- Además, si la accionante se consideraba\n perjudicada por no haber sido informada sobre el curso y estado\n de las investigaciones, debió ejercer su derecho a presentar\n la correspondiente queja ante el Fiscal superior, a fin de proceder\n como lo ordena el numeral 4 literal a) del artículo 69\n del Código de Procedimiento Penal, por tanto no procede\n la pretensión de la accionante por vía de acción\n de hábeas data; y,
En ejercicio de sus atribuciones, la Tercera Sala del Tribunal\n Constitucional,
1.-	Confirmar la resolución adoptada por el Juez de\n instancia, en consecuencia negar el hábeas data propuesto;\n y,
2.-	Devolver el expediente al Juez de origen para los fines\n de ley.- Notifíquese y publíquese.
f.) Dr. Ezequiel Valarezo Cedeño, Vocal suplente, Tercera\n Sala.
RAZON: Siento por tal que la resolución que\n antecede se aprobó el día diez de octubre del dos\n mil dos.- Lo certifico.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- TERCERA SALA.- Es fiel copia del\n original.- Quito, a 14 de octubre del 2002.- f.) Secretario de\n la Sala.
No. 037-2002-HD
Magistrado ponente: Dr. Hernán\n Rivadeneira Játiva
CASO No. 037-2002-HD
Quito, a 24 de octubre del 2002.- Las\n 13h30.
El señor arquitecto Xavier Cornejo Núñez,\n comparece ante la Jueza de lo Civil de Tungurahua, con la siguiente\n acción de hábeas data, al amparo del artículo\n 94 de la Constitución de la República, en los siguientes\n términos: "(..) El 8 de marzo del 2001 en forma sorpresiva\n fui citado con la demanda planteada por el arquitecto Enrique\n Guzmán ante el HONORABLE TRIBUNAL DE HONOR DEL COLEGIO.\n DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR, FILIAL PROVINCIA DEL TUNGURAHUA,\n en el que entre otras cosas me acusaba de un supuesto plagio,\n deslealtad profesional, etc.". Este- proceso lleno de irregularidades,\n llegó a su fin con una injusta resolución dictada\n el 4 de mayo del 2002, en la cual al accionante se le suspende\n el ejercicio de su profesión por el lapso de un (1) año.\n Manifiesta el recurrente que ha solicitado en varias oportunidades\n al Tribunal de Honor del Colegio de Arquitectos de Tungurahua\n se le extienda "copia certificada" del proceso injusto,\n negando el Tribunal por varias ocasiones, argumentado motivos\n incomprensibles, esta negativa, viola la garantía constitucional\n del derecho de petición. Solicitando el recurrente que\n "() se sirva disponer día y hora para que el Tribunal\n de Honor del Colegio de Arquitectos del Ecuador. Provincia del\n Tungurahua, y, El Presidente del Colegio de Arquitectos de la\n misma provincia, exhiban en su judicatura el proceso cuyo actor\n es el señor Enrique Guzmán y el demandado Arq.\n Xavier Cornejo N., disponiendo que el momento de la exhibición\n se saquen copias a mi costa, las mismas que serán certificadas\n por el actuario para que posteriormente me sean entregadas".
Manifiestan los demandados -Presidente del Tribunal de\n Honor del Colegio de Arquitectos del Ecuador Provincial de Tungurahua\n y Presidente del Colegio de Arquitectos del Ecuador Provincial\n de Tungurahua- en la Audiencia Pública realizada ante\n la Jueza de lo Civil de Tungurahua, que la petición de\n hábeas data formulada resulta ilegal, impertinente e indebidamente\n pedida y actuada, pues la misma debe sujetarse a lo previsto\n en la ley para este tipo de requerimientos, concretamente la\n petición formulada debe ser tramitada conforme lo establece\n el artículo 68 del Código Adjetivo Civil, pues\n el recurso de hábeas data resulta improcedente para el\n efecto. Además aseveran los demandados, conforme lo estipula\n el artículo 95, literal e), título IV, inherente\n a los derechos, obligaciones y prohibiciones de los arquitectos\n afiliados, disposición del Reglamento General a la Ley\n del Ejercicio Profesional de la Arquitectura, expresamente estipula\n lo siguiente: "Son derechos de los arquitectos tener acceso\n a los libros de actas, correspondencia, contabilidad y más\n documentos del colegio, en el local social y en presencia de\n la persona que designe el Presidente y a informarse del funcionamiento\n de los órganos del colegio". -
Adicionalmente, los demandados señalan que de ninguna\n manera el Reglamento de la Ley Especial del Ejercicio de la Arquitectura\n prohíbe a sus agremiados el acceso a su información\n personal, pero en ningún momento están facultados\n a entregar copias o compulsas certificadas de cualquier documento\n inherente al gremio. Informan además que del oficio de\n 4 de julio del 2002 que solicitan agregar al expediente, consta\n que el original del proceso incoado contra el arquitecto Javier\n Cornejo se encuentra en los archivos de la Secretaría\n Ejecutiva Nacional de nuestro gremio, lo cual les imposibilita\n cumplir con lo solicitado, debiendo dirigir la petición\n al organismo pertinente.
El Juez Quinto de lo Civil de Tungurahua, resuelve negar la\n acción de hábeas data propuesta por el Arq. Xavier\n Cornejo Núñez, al considerarla improcedente. De\n esta resolución el accionante presenta recurso de apelación\n ante el superior.
PRIMERA.- La Sala es competente para conocer y resolver\n la presente causa de conformidad con lo dispuesto en el artículo\n 276, número 3 de la Constitución de la República\n y el artículo 62 de la Ley de Control Constitucional;
SEGUNDA.- El artículo 94 de la Constitución\n de la República consagra el derecho de toda persona para\n acceder "a los documentos, bancos de datos e informes que\n sobre sí misma, o sus bienes consten en entidades públicas\n o privadas, así como conocer el uso que se haga de ellos\n y su propósito.". Conforme con el texto constitucional\n se previene que cualquier persona natural o jurídica está\n facultada para requerir del poseedor de información, que\n diga relación a ella, le sea entregada en los términos\n que establece la norma constitucional y la ley;
TERCERA.- Los demandados han señalado que la\n información que requiere el arquitecto Javier Cornejo\n Núñez en esta acción, constante en el proceso\n incoado en su contra, no la poseen, pues los originales del mencionado\n proceso se encuentran en la Secretaría Ejecutiva Nacional\n del Colegio de Arquitectos del Ecuador, lo cual ha sido debidamente\n justificado con los siguientes documentos: a) Copia certificada\n del oficio enviado por el Secretario del Tribunal de Honor del\n Colegio de Arquitectos de Tungurahua (fojas 20) en el que se\n le comunica la resolución dada a su solicitud, en el siguiente\n sentido: "Que el Arq. Xavier Cornejo remita su pedido a\n la Secretaria Ejecutiva Nacional pues ahí reposan los\n documentos originales de este caso"; b) La certificación\n conferida por la Secretaria Ejecutiva Nacional del Colegio Nacional\n de Arquitectos del Ecuador (fojas 21) respecto a que "el\n original del Proceso seguido ante el Tribunal de Honor del CAE\n Tungurahua, por la denuncia presentada por el Arq. Enrique Alfredo\n Guzmán Paredes, en contra del Arq. Henry Xavier Cornejo\n Núñez, se encuentra en los archivos de la Secretaría\n Ejecutiva Nacional";
CUARTA.- Por cuanto la garantía constitucional\n del hábeas data está prevista para posibilitar\n el acceso a documentos, banco de datos e informes que sobre las\n personas o sus bienes estén en poder de entidades públicas,\n de personas naturales jurídicas o privadas, es fundamental\n que la información a la que se pretende acceder se encuentre\n en posesión del demandado, a fin de que el objeto del\n hábeas data tenga plena realización. En el caso\n de análisis se ha probado que los demandados no poseen\n los documentos a los que pretende acceder el arquitecto Xavier\n Cornejo ya que han sido remitidos al Colegio Nacional de Arquitectos,\n en cuya Secretaria Ejecutiva Nacional se encuentran, por lo que\n se concluye que en el presente caso se ha incurrido en ilegitimidad\n de personería pasiva; y,
Por las consideraciones que anteceden, en ejercicio de sus\n atribuciones, la Tercera Sala del Tribunal Constitucional,
1.-	Inadmitir el hábeas data solicitado; y,
RAZON: Siento por tal que la resolución que antecede\n se aprobó el día veinte y cuatro de octubre del\n dos mil dos.- Lo certifico.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- TERCERA SALA.- Es fiel copia del\n original.- Quito, a 28 de octubre del 2002.- f.) Secretario de\n la Sala.
No. 046-2002-HC
CASO No. 046-2002-HC
Quito, octubre 24 del 2002.- Las 12h30.
El doctor Iván Durazno C. como interpuesta persona\n comparece ante el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito\n solicitando la inmediata libertad de la señora Carmen\n Noemí Jumbo Jumbo, quien está privada de la libertad\n en forma ilegal ya que se encuentra con siete meses de embarazo,\n por lo tanto de acuerdo con el artículo 58 del Código\n Penal vigente "ninguna mujer embarazada podrá ser\n privada de su libertad... ", cometiéndose varios\n delitos tipificados en los artículos 185 y 208 del Código\n Penal vigente, esto es detención ilegal por más\n de un mes y retención del reo en lugares no determinados\n por la ley, estando en los calabozos de la Unidad Antinarcóticos\n de la Policía de Pichincha.
En este caso se han violado procedimientos en su detención,\n pues no debía ser detenida ni privada de la libertad por\n su condición.
El Alcalde Metropolitano de Quito encargado resuelve negar\n el hábeas corpus interpuesto por la señora Carmen\n Noemí Jumbo Jumbo, quien apela de tal decisión\n para ante este Tribunal.
PRIMERA.- La Sala, de acuerdo con el numeral 3 del\n artículo 276 de la Constitución Política\n de la República, es competente para conocer y resolver\n el presente caso;
SEGUNDA.- Como garantía del derecho esencial\n a la libertad, el artículo 93 de la Constitución\n Política prevé el recurso de hábeas corpus,\n en virtud del cual toda persona que considere estar ilegalmente\n privada de su libertad, puede acudir, por si o por interpuesta\n persona, ante el Alcalde o quien haga sus veces, a fin de que\n ordene la libertad del reclamante si el detenido no fuere presentado,\n si no se exhibiere la orden, si ésta no cumpliere con\n los requisitos legales, si se hubiere incurrido en vicios de\n procedimiento en la detención o si se hubiere justificado\n el fundamento del recurso;
TERCERA.- De los documentos adjuntados al proceso se\n desprende que el Juez Tercero de lo Penal de Pichincha, el 11\n de julio del 2002 dispone la prisión preventiva de la\n señora Carmen Noemí Jumbo en el Centro Provisional\n de Mujeres de Quito por el delito de tenencia de drogas, sin\n embargo a fojas 5 del expediente se encuentra la constancia de\n que a los 15 días del mes de agosto del 2002 la señora\n Carmen Noemí Jumbo se encuentra detenida en las dependencias\n de la Jefatura Provincial Antinarcóticos de Pichincha;\n contraviniendo lo dispuesto en el artículo 208 inciso\n tercero de la Constitución que claramente establece: "Los\n procesados o indiciados en juicio penal que se hallen privados\n de su libertad permanecerán en centros de detención\n provisional";
CUARTA.- A fojas 17