Source: http://josecarlos.com.uy/proyectos/52.shtml
Timestamp: 2017-08-18 03:17:32
Document Index: 264887474

Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 58']

• Jose Carlos Cardoso • Proyecto de Ley presentado en el Parlamento Latinoamericano´por el Dip. José Carlos Cardoso: \"Proyecto de Ley Marco \"Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional\" • Jose Carlos Cardoso • Proyectos | Diputado Departamento: Rocha - Uruguay
Proyecto de Ley presentado en el Parlamento Latinoamericano´por el Dip. José Carlos Cardoso: \"Proyecto de Ley Marco \"Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional\"
“SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL”
Frente Parlamentario contra el Hambre Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Capítulo Uruguay Parlamento Latinoamericano (Parlatino)
Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el derecho a la alimentación fue reconocido formalmente como un derecho humano; conforme lo establece su artículo 25: “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, al igual que a su familia, la salud y el bienestar, en especial a la alimentación.
A partir de entonces, el derecho a la alimentación –o ciertos aspectos de este derecho– se ha ido incorporando a una serie de instrumentos internacionales vinculantes y no vinculantes de derechos humanos. Uno de ellos es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (el Pacto), el instrumento internacional que aborda este derecho humano fundamental del modo más exhaustivo.
El derecho a la alimentación es jurídicamente vinculante para los 160 Estados Partes del Pacto. El artículo 2º obliga a los Estados Partes a adoptar las medidas necesarias, y en particular medidas legislativas, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos enumerados en el Pacto.
El derecho a una alimentación adecuada y el derecho fundamental a estar protegido contra el hambre fueron reafirmados en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996 que también instó a encontrar mejores formas de aplicación de los derechos en materia de alimentación y exhortó a todos los Estados a ratificar el Pacto. Fue en esa instancia que los Jefes de Estado aprobaron una declaración reafirmando el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre. Además, se comprometieron “a consagrar su voluntad política y su dedicación común y nacional a conseguir la seguridad alimentaria para todos y a realizar un esfuerzo constante para erradicar el hambre...”.
En la “Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después” se tomó la decisión de crear un Grupo de Trabajo Intergubernamental con el fin de elaborar un conjunto de directrices voluntarias para apoyar los esfuerzos encaminados a alcanzar la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional.
Asimismo, es deber del Estado y de la sociedad en su conjunto, de sus instituciones, organizaciones y de los gobiernos locales, garantizar la seguridad alimentaria de la población y crear los instrumentos y mecanismos necesarios para asegurarla, respetando los principios de diversidad cultural y productiva de las comunidades.
En función de ello en el 2004, el Consejo de la FAO aprobó por consenso las Directrices sobre el derecho a la alimentación. Estas Directrices recomiendan la aplicación de medidas constitucionales y legislativas, así como marcos institucionales coordinados, para abordar las dimensiones multisectoriales del derecho a la alimentación.
Pero además, desde 2006, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha prestado apoyo a los países que desean adoptar un enfoque para la seguridad alimentaria basado en los derechos humanos.
En el marco de una estrategia de desarrollo nacional, se considera fundamental prevenir el hambre, combatir la pobreza, reforzar el rol de la agricultura y el desarrollo rural sostenible, así como promover el desarrollo económico con equidad, y la creación de oportunidades y capacidades de las personas para mejorar su calidad de vida.
Habida cuenta de que las causas de la inseguridad alimentaria y nutricional de la población son complejas y guardan relación directa con la pobreza, al igual que con el desempleo, el ingreso de las personas, la educación, la salud y la nutrición, y con las pérdidas que experimenta la agricultura provocadas por factores climáticos adversos; es necesario adoptar políticas integrales de carácter multisectorial e interdisciplinario.
Previamente es necesaria la adopción de un marco jurídico que establezca los principios y las directrices que han de orientar la articulación de esas políticas.
Por tanto, las iniciativas legislativas constituyen parte fundamental de dicho enfoque y es con este objetivo que diversos países han introducido enmiendas en sus constituciones o han aprobado nuevas leyes marco para dar efectividad al derecho a la alimentación. Sin embargo, aún existe una base limitada de conocimientos y experiencia en este ámbito.
El Parlamento Latinoamericano, en su calidad de institución democrática de carácter permanente, representativa de todas las tendencias políticas existentes en los cuerpos legislativos de América Latina y el Caribe, ha sido contribuido desde sus diversas comisiones a avanzar en la realización del Derecho a la Alimentación. Es en ese marco que ha tenido activa participación en la integración del Frente Parlamentario de Lucha contra el Hambre, con el objetivo de instalar en todos los ámbitos sociales la lucha contra el hambre y la inseguridad alimentaria para promover leyes que construyan, con equidad de género y participación social, Sistemas Nacionales de Seguridad Alimentaria y Nutricional que garanticen el pleno ejercicio del Derecho a la Alimentación, así como para promover un financiamiento suficiente para concretar las estrategias de la Política Alimentaria Nacional
Ante la necesidad de contar con un marco legal que permita construir una política de Estado en materia de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, que a su vez articule los esfuerzos de las instituciones y organizaciones del sector público y privado, potencie su efectividad y propicie la canalización de recursos e inversiones hacia la consolidación de una estructura productiva agroalimentaria nacional sostenible y competitiva, que también que contribuya a mejorar las condiciones de vida de la población en general, y en especial de las familias rurales, donde son mayores los problemas de inseguridad alimentaria, el presente Proyecto de Ley Marco sobre el Derecho a la Alimentación busca contribuir a la realización efectiva de este derecho.
El papel de la ley en la aplicación del derecho a la alimentación.
La afirmación de que es inaceptable que el hambre siga extendiéndose por el mundo y que las personas tienen el derecho a no padecer hambre y desnutrición ha sido acogida y reafirmada en muchos instrumentos internacionales y por parte de diversos organismos intergubernamentales, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA).
A partir de la Segunda Guerra Mundial, el mundo centró sus esfuerzos en erradicar el hambre y garantizar la seguridad alimentaria mundial; sin embargo, estas iniciativas no fueron abordadas en el marco de los principios de los derechos humanos.
La Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996 y su seguimiento han impulsado profundos cambios en esta situación. La labor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) y la FAO han permitido precisar el contenido del derecho a la alimentación. La aplicación más efectiva del derecho ha sido posible en gran medida gracias a las Directrices Voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional (“Directrices sobre el Derecho a la Alimentación”).
Hoy en día, esforzarse por garantizar que toda persona tenga acceso regular a una alimentación adecuada es considerado no sólo un imperativo moral y una inversión que reporta enormes beneficios económicos, sino también como la realización misma de un derecho humano básico.
El derecho a la alimentación es una obligación jurídicamente vinculante para los 160 Estados Partes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
1966 y que entró en vigor en 1976. Al igual que ocurre con todo derecho humano, el principal desafío inherente al derecho a la alimentación es determinar la forma más efectiva de aplicarlo, es decir, de qué manera puede darse efectividad concreta en el plano nacional y cómo proceder para obligar a las autoridades públicas a rendir cuentas de su actuación o del incumplimiento de sus deberes.
Según el Artículo 2.1 del PIDESC, cada uno de los Estados Partes tiene la obligación de “adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”.
El derecho internacional en materia de derechos humanos obliga formalmente a los Estados Partes a incorporar, de forma literal, las disposiciones del Pacto en sus leyes internas. En última instancia, a cada uno de los Estados Partes del PIDESC le corresponderá determinar la categoría jurídica que otorgará a estas disposiciones, en este caso el derecho a la alimentación, en el contexto del ordenamiento legal del país.
Dependiendo del sistema jurídico y constitucional del país, las disposiciones de un tratado internacional pueden convertirse en ley del país ya sea a través de la “incorporación automática”, mediante la cual tendrán fuerza de ley de manera directa e inmediata, o de la “incorporación legislativa”, a través de la cual las disposiciones de un tratado no tendrán carácter vinculante a menos que sean aplicadas mediante la legislación interna. En algunos Estados, la aplicación interna de un tratado internacional se lleva a cabo a través del método de la transformación, o sea, enmendando las leyes internas correspondientes para que éstas concuerden con las obligaciones del tratado.
Algunos países también aplican un enfoque dualista/monista combinado (por ejemplo, Alemania). Según el CESCR, en su Observación General 3 (OG 3), en muchos casos es muy deseable contar con legislación en la materia y, en ciertas ocasiones, “podría llegar a ser indispensable” para garantizar la realización plena de los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (párrafo 3).
En cuanto a las disposiciones pertinentes de los tratados internacionales en materia del derecho a la alimentación, ciertamente, la mayoría de las obligaciones que establece este derecho no tienen efecto inmediato. O sea, no pueden aplicarse sin contar con la legislación correspondiente para ello. Asimismo, la naturaleza transversal y compleja del derecho a la alimentación y su interrelación con otros derechos humanos requiere medidas legislativas, aún cuando el PIDESC y otros tratados de derechos humanos pertinentes puedan ser aplicados de manera directa en el ordenamiento jurídico interno. Esto se debe al hecho de que la incorporación del derecho a la alimentación en el sistema jurídico interno a través de medidas legislativas puede ofrecer un alto grado de protección para este derecho humano.
Por lo tanto, cualquier persona que considere que se ha cometido alguna violación de su derecho a la alimentación –en términos de su componente de accesibilidad, disponibilidad, estabilidad o adecuación– podrá acogerse a dicha disposición jurídica y presentar un recurso o exigir la debida reparación ante las autoridades administrativas o judiciales correspondientes.
En el plano interno, la estrategia jurídica que se considere adecuada para aplicar el derecho a la alimentación dependerá de la coyuntura del país y el conjunto de políticas, instituciones y marcos jurídicos específicos existentes. En algunos países, las actuales disposiciones constitucionales, junto con la legislación sectorial vigente, podrían ser suficientes para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la alimentación de toda persona dentro de su jurisdicción. En otros países, en tanto, podría ser necesario elaborar una ley marco especial para el derecho a la alimentación antes de incorporarlo a las leyes pertinentes en materia de este derecho.
En países en los cuales los tratados de derechos humanos adquieren fuerza de ley automáticamente, el derecho a la alimentación podrá aplicarse directamente en el plano nacional y será de carácter obligatorio para las autoridades del Estado y los tribunales nacionales.
No obstante, defender un caso tomando exclusivamente como fundamento el texto del PIDESC ante tribunales que ignoran o tienen poco conocimiento de las leyes internacionales de derechos humanos puede tener resultados muy inciertos.
Si bien es indispensable adoptar alguna medida legislativa para aplicar el derecho a la alimentación (y todos los derechos humanos) en el plano nacional, los recursos jurídicos por sí solos no bastan para lograr su plena realización.
El ejercicio pleno de un derecho económico y social –aún teniendo el reconocimiento de la constitución o de una ley– no será posible sin un seguimiento eficaz de las políticas y programas aplicados.
Por lo tanto, también podría ser necesario utilizar otros medios que engloban una amplia gama de medidas sociales, económicas y políticas.
¿Por qué una ley marco para el derecho a la alimentación?
Varios países de la región han comenzado a elaborar leyes en los últimos años con miras a garantizar o promover la plena efectividad del derecho a la alimentación; entre ellos figuran Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú, y Venezuela (República Bolivariana de). Otros países también han emprendido iniciativas en materia de la realización del derecho a la alimentación, pero en cambio no han impulsando – hasta el momento – iniciativas legislativas específicas con estos fines.
Las disposiciones constitucionales se expresan en términos bastante amplios mientras que una ley marco para el derecho a la alimentación puede profundizar en aspectos más específicos de este derecho y hacerlo efectivo en términos prácticos.
El término “ley marco” se refiere a un mecanismo legislativo empleado para abordar cuestiones multisectoriales; la legislación marco establece los principios y obligaciones generales y delega en las normas de ejecución y las autoridades competentes la función de definir las medidas específicas que se adoptarán para dar plena efectividad a dichas obligaciones, generalmente dentro de un determinado período de tiempo.
Una ley marco para el derecho a la alimentación puede ofrecer una definición precisa del alcance y contenido de este derecho humano y establecer las obligaciones de las autoridades del Estado y el sector privado, así como los mecanismos institucionales necesarios y proporcionar las bases jurídicas para la legislación subsidiaria y otras medidas necesarias que deberán adoptar las autoridades competentes.
Que en América Latina y el Caribe viven cerca de 53 millones de personas hambrientas, de las cuales 9 millones corresponden sólo a niños y niñas menores de 5 años con padecimiento de desnutrición crónica infantil.
Que la Región produce alimentos suficientes para alimentar a toda su población y que por tanto el hambre y la desnutrición no se deben a una falta de disponibilidad sino a una inequidad en el acceso a ellos.
Que el Derecho a la Alimentación es un derecho humano universal, el cual significa que todas las personas tienen; por un lado derecho a estar libres de hambre y por otro, tener acceso físico o económico en todo momento a una alimentación adecuada en cantidad y calidad.
Que en la Declaración de Salvador de Bahía de 2008 se explicitó el respaldo de la totalidad de los 33 países de la Región a la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre, promoviendo “acciones para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, por medio de políticas públicas que impulsen el desarrollo rural, la producción sustentable de alimentos, su inocuidad, su distribución y comercialización”.
Que en diciembre de 2008 entró en vigor el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) que ya está siendo ratificado por diversos Estados de América Latina y el Caribe.
Que en la Constitución del Frente Parlamentario contra el Hambre, llevada a cabo en Ciudad de Panamá el 3 y 4 de Septiembre de 2009, se estableció el compromiso de establecer un Grupo de Trabajo para garantizar continuidad en el trabajo parlamentario contra el hambre.
Que, de igual forma, se reconoció en la Asamblea Plenaria del FIPA del 15 de septiembre de 2009 que es necesario para hacer avanzar una política de desarrollo y seguridad alimentaria que sea al mismo tiempo sostenible y equitativa para todos.
Que, durante la reunión de parlamentarios previa a la Cumbre Mundial de Seguridad Alimentaria de 2009, en Roma, se determinó que “nosotros, los miembros de los parlamentos, jugamos un rol clave en encontrar soluciones al problema del hambre (…) y hay muchas cosas que como parlamentarios podemos hacer, como adoptar marcos legales y leyes para proteger el derecho a la alimentación”.
Que en la Cumbre Mundial de Seguridad Alimentaria de 2009 los países firmante afirmaron “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos suficientes, sanos y nutritivos, en consonancia con la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional” y que la realización de este derecho dependerá, en gran medida, del trabajo legislativo que lo institucionalice.
Que en la XXV Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano del 3 de diciembre de 2009 se emitió la Declaración Latinoamericana de Derechos Humanos, conocida como la Declaración de Panamá, que estableció que el “derecho al agua es un derecho humano fundamental, inherente a la vida y a la dignidad humanas” y que “todos los latinoamericanos tienen derecho a una alimentación que asegure un sano desarrollo físico y mental” (art. 7 y 11).
Que en la Cumbre de la Unidad constituida por la XXI Cumbre del Grupo de Río y la II Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo en Cancún, México, se acordó “Fortalecer los procesos de integración en el ámbito alimentario y conjugaremos esfuerzos en apoyo a la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre 2025”.
Que la erradicación del hambre es una meta urgente que demanda el esfuerzo y compromiso de todos los actores de la sociedad.
Que la decidida participación de las mujeres en la lucha contra el hambre y la búsqueda de la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, hace necesario impulsar mecanismos para que en los encuentros del Frente Parlamentario contra el Hambre exista una mayor participación de mujeres, con el objetivo de alcanzar la equidad de género.
La necesidad de impulsar la sensibilización de los distintos congresos subnacionales y nacionales respecto a la importancia de que se busque la plena incorporación del Derecho a la Alimentación a las legislaciones vigentes, a fin de establecerlo de forma definitiva entre los marcos institucionales.
Incentivar la creación de mecanismos que eliminen los obstáculos a las compras de
alimentos producidos por la agricultura familiar, de manera de fortalecer este tipo
de actividad agrícola, con especial énfasis en los programas de alimentación escolar.
Apoyar la iniciativa de la sociedad civil de solicitar a Naciones Unidas la declaración de un Año Internacional de la Agricultura Familiar.
Fortalecer los distintos niveles de cooperación Sur Sur y cooperación triangular en el ámbito de la seguridad alimentaria y nutricional, así como de la soberanía alimentaria intercambiando conocimiento y recursos para desarrollar estrategias eficaces de acuerdo a la necesidad de cada país y subregión, incluyendo la recuperación de productos tradicionales, ancestrales y culturalmente apropiados.
RECONOCIENDO que el Estado tiene tres obligaciones: i) respetar el derecho a la alimentación; ii) proteger este derecho y iii) hacerlo efectivo. La obligación de hacer efectivo el derecho a la alimentación engloba otras dos obligaciones secundarias: la obligación de facilitar y la obligación de proveer y que por tanto es necesario contar con un marco jurídico general en materia de de seguridad alimentaria que recoja y considere los criterios, principios y parámetros reconocidos en el ámbito internacional y en el marco jurídico regional
Los parlamentarios integrantes del Parlamento Latinoamericano y del Frente Parlamentario de Lucha Contra el Hambre para América Latina y el Caribe acuerdan la siguiente:
LEY MARCO DE SEGURIDAD Y SOBERANIA
Artículo 1º.- El objeto de la presente Ley Marco es establecer un marco jurídico de referencia, que permita a cada Estado establecer mecanismos y procedimientos para garantizar de manera permanente y con carácter de prioridad nacional la seguridad alimentaria y nutricional de la población, para el disfrute de una vida sana y activa.
a)	Es un deber del poder público respetar, proteger, promover, proveer, informar, supervisar, fiscalizar y evaluar la realización del derecho humano a la alimentación adecuada, así como garantizar los mecanismos para su exigibilidad.
b)	La seguridad alimentaria y nutricional se asume como una política de estado con enfoque integral, dentro del marco de las políticas nacionales, sectoriales y regionales.
Artículo 3º.- Objetivo: el ejercicio pleno del derecho humano a una alimentación adecuada.
Artículo 4º.- La finalidad de esta Ley es:
a)	Otorgar a la política y estrategia de seguridad alimentaria y nutricional la condición de prioridad nacional.
b)	Fortalecer la capacidad institucional pública para que- respetando los principios de diversidad cultural y productiva de las comunidades- cada Estado pueda ejercer la soberanía alimentaria y garantizar a la población la disponibilidad, la estabilidad y el consumo de alimentos inocuos y nutritivos, y generar las condiciones que le permitan a esa población tener acceso sostenible a dichos alimentos.
c)	Contribuir a mejorar el estado nutricional y de salud de la población, para lograr el máximo aprovechamiento biológico de los nutrientes contenidos en los alimentos que consume dicha población
Artículo 5º.- Alcance y ámbito de aplicación:
Las obligaciones derivadas del derecho a la alimentación son vinculantes para todos los poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– y las demás autoridades públicas o gubernamentales, a cualquier nivel (nacional, regional o local)-
Los titulares del derecho a la alimentación son personas físicas.
Tanto desde el punto de vista moral como práctico, todos los países deben garantizar que sus políticas no contribuyan a violar el derecho a la alimentación en otros países.
El Estado promoverá la cooperación internacional y proporcionará la asistencia necesaria para asegurar la realización del derecho a la alimentación en otros países, en caso de encontrarse en condiciones de hacerlo.
Artículo 6º.- Principios rectores
a)	Participación: las personas deben poder determinar su propio bienestar y participar en la planificación, formulación, vigilancia y evaluación de las decisiones que les afectan. Las personas deben poder participar en el desempeño de las actividades públicas, incluyendo la adopción y puesta en práctica de las políticas de Estado.
Dicha participación debería ser activa, libre y significativa, con independencia de que sea ejercida de manera directa o a través de organizaciones intermediarias que representan intereses específicos.
b)	Rendición de cuentas: Los Estados garantizarán que las intervenciones estén basadas en información y métodos objetivos, cuenten con mecanismos de monitoreo y evaluación permanentes, fomentando la transparencia en la acción pública, la auditoría social y que tomen en cuenta las necesidades reales de la población
c)	Igualdad. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. El Estado promoverá las condiciones necesarias para lograr la igualdad real y efectiva adoptando medidas y políticas de acción afirmativa y/o diferenciada que valoren la diversidad, con el objetivo de lograr equidad y justicia social, garantizando condiciones equitativas específicas para el goce y ejercicio de su derechos a una alimentación adecuada.
d)	No discriminación: el Estado respetará, protegerá y garantizará el derecho a una alimentación adecuada sin discriminación alguna y protegerán especialmente a los grupos de personas en situación de mayor vulnerabilidad frente al ejercicio de su derecho a una alimentación adecuada.
Empoderamiento: Las personas deben contar con las atribuciones, la habilidad, la capacidad y el acceso necesarios para cambiar sus propias vidas, incluida la facultad de exigir al Estado reparaciones en caso de violación de sus derechos humanos. El Estado establecerá disposiciones específicas en materia de sensibilización, fortalecimiento de capacidades y educación en el derecho a la alimentación.
Artículo 6º.- Interpretación de la Ley.
La interpretación del contenido de esta Ley, así como la actuación de las autoridades será congruente con los instrumentos internacionales aplicables en la materia en cada Estado que sea parte, la Constitución y las leyes nacionales.
Artículo 7º.-Aplicación de la interpretación más favorable
Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se deberá preferir aquella que proteja con mayor eficacia a las personas o a los grupos más vulnerables.
Artículo 8º.- A los fines de la presente Ley, se adoptan las siguientes definiciones:
i.	Seguridad Alimentaria y Nutricional se define como la garantía de que los
individuos, las familias y la comunidad en su conjunto, accedan en todo momento a suficientes alimentos inocuos y nutritivos, principalmente producidos en el país en condiciones de competitividad, sostenibilidad y equidad, para que su consumo y utilización biológica les procure óptima nutrición, una vida sana y socialmente productiva, con respeto de la diversidad cultural y preferencias de los consumidores.
La Soberanía Alimentaria es un elemento fundamental de la seguridad alimentaria que se entiende como el derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos, que garanticen el derecho a la alimentación sana y nutritiva para toda la población, respetando sus propias culturas y la diversidad de los sistemas productivos, de comercialización y de gestión de los espacios rurales.
Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento, acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana.
La seguridad alimentaria tiene cuatro componentes:
a)	Disponibilidad: La disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad
suficientes, obtenidos a través de la producción de un país o de importaciones
(incluyendo la ayuda alimentaria)
b)	Accesibilidad: El acceso de toda persona a los recursos adecuados (recursos a los que se tiene derecho), para adquirir alimentos apropiados y una alimentación nutritiva. Estos derechos se definen como el conjunto de todos los grupos de productos sobre los cuales una persona puede tener dominio en virtud de acuerdos jurídicos, políticos, económicos y sociales de la comunidad en que vive (comprendidos los derechos tradicionales, como el acceso a los recursos colectivos).
c)	Utilización: La utilización biológica de los alimentos a través de una alimentación adecuada, agua potable, sanidad y atención médica, para lograr un estado de bienestar nutricional en el que se satisfagan todas las necesidades fisiológicas.
d)	Estabilidad: Para tener seguridad alimentaria, una población, un hogar o una persona deben tener acceso a alimentos adecuados en todo momento. No deben correr el riesgo de quedarse sin acceso a los alimentos a consecuencia de crisis repentinas (por ejemplo, una crisis económica o climática) ni de acontecimientos cíclicos (como la inseguridad alimentaria estacional). De esta manera, el concepto de estabilidad se refiere tanto al sentido de la disponibilidad como a la del acceso de la seguridad alimentaria.
ii.	Adecuación: Los alimentos son considerados adecuados en términos de diversas variables, entre las que figuran la inocuidad, la calidad nutricional, la cantidad y la aceptación cultural del alimento.
iii.	Vulnerabilidad: conjunto de factores que determinan la propensión a sufrir una inadecuada nutrición o a que el suministro de alimentos se interrumpa al producirse una falla en el sistema de provisión.
iv.	Grupos vulnerables: incluye bebés, niños, escolares, mujeres embarazadas y
lactantes, ancianos, refugiados, desplazados internos, discapacitados, personas que sufren enfermedades crónicas como el VIH/SIDA, víctimas de conflictos, población rural que vive en condiciones precarias, población marginada en zonas urbanas, grupos en riesgo de marginación social y discriminación y cualquier otro grupo que pueda identificarse periódicamente.
v.	Cantidad mínima de alimentos es la que permite cubrir las necesidades
alimentarias mínimas que permita al individuo vivir con dignidad, protegido contra el hambre y la desnutrición. Debe establecerse en base a la edad, condición de salud y ocupación del individuo.
ÁMBITOS ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN
Artículo 9º.- El derecho a una alimentación adecuada es el derecho humano de las personas, sea en forma individual o colectiva, de tener acceso físico y económico en todo momento a alimentos adecuados, inocuos y nutritivos con pertinencia cultural, de manera que puedan ser utilizados adecuadamente para satisfacer sus necesidades nutricionales, mantener una vida sana y lograr un desarrollo integral. Este derecho humano comprende la accesibilidad, disponibilidad, uso y estabilidad en el suministro de alimentos adecuados.
Artículo 10º.- Toda persona tiene el derecho a vivir en condiciones que le permitan:
i.Alimentarse por sus propios medios directamente de lo que le proporciona la tierra
u otros recursos naturales o contar con sistemas de distribución, procesamiento y comercialización eficientes, o ambos.
ii.Tener la capacidad financiera no sólo para adquirir una cantidad suficiente de alimentos de calidad, sino también para poder satisfacer sus necesidades básicas;
iii. Estar protegido contra el riesgo de perder el acceso a alimentos como consecuencia de acontecimientos imprevisibles (por ejemplo, crisis económicas o climáticas) o cíclicos (por ejemplo, inseguridad alimentaria estacional);
iv. Tener la oportunidad de utilizar alimentos adecuadamente a través del acceso a una dieta adecuada, agua limpia, saneamiento y atención de salud para alcanzar un estado de bienestar nutricional en el cual todas las necesidades fisiológicas se encuentran satisfechas.
v. Acceder a alimentos o dietas que sean los más apropiados en circunstancias particulares en lo que respecta a su valor nutricional y aceptación cultural.
Artículo 11º.- Disposiciones especiales
i.	Todo niño o niña tiene derecho a una alimentación y nutrición adecuadas a su
edad que le permitan crecer y desarrollarse.
ii. El Estado implementará Programas de Alimentación Escolar.
iii. Toda mujer tiene derecho a una alimentación y nutrición adecuadas durante el
iv.	El Estado asegurará medidas para que las trabajadoras del sector puedan
amamantar a los hijos durante los primeros seis meses de vida.
v.	El Estado desarrollará programas para enseñar a las madres a amamantar
vi.	El Estado tiene la obligación de eliminar y prevenir todas las formas de
discriminación contra la mujer en relación con la garantía del derecho a la alimentación, incluyendo el trato menos favorable hacia las mujeres por motivos de embarazo o maternidad, y a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
vii.	Únicamente podrán imponerse limitaciones al ejercicio del derecho a la
alimentación que estén autorizadas por la ley, que respondan a un interés común superior debidamente justificado y que sean compatibles con la naturaleza del derecho a la alimentación. En tal caso deberá compensarse con medidas complementarias, que a través de un proceso transparente y participativo estén dirigidas a prevenir o mitigar la interferencia en la capacidad de las personas de alimentarse por sus propios medios y esfuerzos. El Estado está obligado a respetar el “principio de no regresión” del derecho internacional público. Esto significa que el gobierno podrá llevar la protección más allá de lo exigido en las normas internacionales, la Constitución o las leyes, pero no podrá reducir dicha protección una vez que esté instaurada.
viii.	Toda persona que padece hambre o desnutrición, o se encuentra en situación
de riesgo de padecer hambre o desnutrición, tiene el derecho a recibir una cantidad mínima de alimentos necesarios conforme a su edad, sexo, condición de salud y ocupación
Artículo 12º.- Cualquier distinción, exclusión o restricción impuesta por motivo de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, propiedad, nacimiento u otra condición que tenga como consecuencia u objetivo obstaculizar o restringir el ejercicio de cualquier individuo de su derecho a la alimentación, será considerado un acto ilegal y estará sujeto a sanciones conforme lo dispone la ley.
Artículo 13º.- La prohibición de la discriminación rige para todas las autoridades públicas, así como para toda persona natural o jurídica del sector público.
Artículo 14º.- El Estado aplicará todas las medidas correspondientes y necesarias, en particular medidas legislativas, para asegurar que los actores privados no adopten prácticas discriminatorias en sus actividades en determinadas áreas.
Artículo 15º.- Los autoridades competentes adoptarán disposiciones reglamentarias para las medidas especiales o presentarán ante el Poder Legislativo una propuesta de legislación para prevenir y compensar prácticas discriminatorias por perjuicios causados en el ejercicio del derecho a la alimentación de grupos o individuos determinados. Así mismo garantizarán que dichas medidas especiales no supongan el mantenimiento de normas desiguales o inconexas y queden suspendidas una vez se cumplan los objetivos.
SOBRE LAS OBLIGACIONES GENERALES DEL
ESTADO EN RELACIÓN CON EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN
Artículo 16º.- Constituye un acto ilícito de la autoridad pública privar a cualquier persona de alimentos o los medios para adquirirlos.
Artículo 17º.- Constituye un acto ilícito de la autoridad pública aplicar leyes y normas que puedan tener como consecuencia impedir o vulnerar el ejercicio del derecho humano a la alimentación o mantener políticas o prácticas que contribuyan a ello.
Artículo 18º.- Constituye un acto ilícito revocar o suspender formalmente cualquier legislación necesaria para el ejercicio permanente del derecho a la alimentación.
Artículo 19º.- Se penalizará la privación deliberada de alimentos introduciendo las enmiendas correspondientes al código penal.
Artículo 20º.- El Estado revisará el marco administrativo y legislativo para que sea pertinente con miras a asegurar que las actividades de actores privados dentro de su competencia no infrinjan el derecho a la alimentación de los demás.
Artículo 21º.- El presupuesto nacional del Estado asignará los recursos necesarios para implementar el derecho fundamental a la alimentación..
Artículo 22º.- El Estado, en virtud del derecho internacional en materia de derechos humanos, en caso de que dispongan de recursos limitados, tienen la obligación de dar prioridad a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.
Artículo 23º.- El Estado establecerá sistemas de información y cartografía sobre la inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad (SICIAV), a fin de identificar los grupos y los hogares especialmente vulnerables a la inseguridad alimentaria y las razones de ello.
Artículo 24º.- Las autoridades públicas competentes deberán mantener y aumentar la producción de alimentos en el país, fortalecer la producción de alimentos saludables y nutritivos, organizar programas de capacitación y educación sobre las ventajas e importancia de diversificar la dieta, y exigir que los alimentos entregados a las personas en situación de mayor riesgo a través de programas de asistencia social del gobierno sólo sean adquiridos localmente.
Artículo 25º.- El Estado creará incentivos para instituciones que ofrecen microcréditos o la adopción de medidas en apoyo de la producción de ciertos tipos de cultivos.
Artículo 26º.- el Estado está obligado a proveer la cantidad mínima de alimentos para dar plena efectividad al derecho de toda persona a estar protegida contra el hambre.
ii.	Designará la autoridad pública competente.
iii.	Establecerá la responsabilidad legal de la autoridad para el suministro regular,
estable y oportuno de la “cantidad mínima de alimentos” a cualquier persona que padezca hambre o desnutrición o se encuentre en situación de riesgo.
iv.	Exigirá a la autoridad pública competente que presente ante el poder legislativo
dentro de un plazo preestablecido, una propuesta de legislación o reglamentación
derivada relativa a la entrega de la cantidad mínima de alimentos.
v.	Las normas o reglamentos derivados que desarrollen las disposiciones de la ley
marco relativas a la cantidad mínima de alimentos determinarán la cantidad
precisa de calorías, proteínas y micronutrientes correspondientes a la edad, sexo,
condición de salud y ocupación de la persona.
Artículo 27º.- Derecho a la información El Estado tiene la obligación de informar a la población de los derechos establecidos en la ley marco y de las normas de aplicación derivadas apenas hayan entrado en vigencia, así como de otras las medidas adoptadas para facilitar y promover la realización del derecho a la alimentación.
i. A tales efectos empleará las formas y métodos más adecuados para difundir la información, incluidas las formas verbales (por ejemplo, a través de radios rurales) y en el idioma o los idiomas locales, especialmente en las zonas más remotas y entre la población con índices más altos de analfabetismo.
ii.. Establecerá un procedimiento simple, justo y accesible que permita a las personas recabar la información de relevancia para el ejercicio del derecho a la alimentación.
iii. Exigirá a las autoridades públicas pertinentes proporcionar la información solicitada dentro de un plazo breve.
Artículo 28º.- El Estado incluirá en el plan de estudios de educación primaria y básica y en los programas de educación de adultos, material relacionado con la educación alimentaria y nutricional, el derecho a la alimentación y los principios de derechos humanos.
Artículo 29º.- El Estado implantará mecanismos adecuados y eficaces de alerta para prevenir o mitigar los efectos de las emergencias de origen natural o provocadas por el hombre.
AUTORIDAD NACIONAL PARA
Artículo 30º.- El Estado establecerá o estipulará la creación de una autoridad nacional para el derecho a la alimentación para que cumpla la función de órgano central de coordinación para la implementación del derecho en el ámbito nacional.
Artículo 31º.- La autoridad nacional para el derecho a la alimentación, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones:
a)	Aplicará los principios de derechos humanos establecidos en la ley marco
b) Trabajará estrechamente con los representantes de la sociedad civil y tomará en consideración sus opiniones.
c) Utilizará, en la máxima medida posible, los servicios, estructura e información (incluidos los datos estadísticos) de los órganos públicos y las entidades privadas pertinentes al objeto de evitar cualquier duplicación de esfuerzos y gastos.
Artículo 32º.- Atribuciones y Funciones.
Las atribuciones y funciones que se deleguen a la autoridad nacional para el derecho a la alimentación a través de la ley marco estarán sujetas a las circunstancias propias de cada país.
a)	Asesorar al gobierno y coordinar las diversas actividades y actores involucrados en las diversas etapas de la realización del derecho a la alimentación en el plano nacional, regional y local.
b)	Formular, negociar, adoptar y revisar las políticas nacionales en materia del derecho a la alimentación para garantizar que aborden adecuadamente las cambiantes necesidades e inquietudes de la población.
c)	Determinar los indicadores adecuados para medir el progreso en la aplicación de la ley marco y el ejercicio del derecho a la alimentación. Los indicadores establecidos deben ser específicos, comprobables y limitados en el tiempo.
d)	Reunir la información en materia de la realización del derecho a la alimentación y asegurar de que sea compartida y difundida entre todos los actores pertinentes, en el formato correcto y contenido adecuados para una diversidad de usuarios;
e)	Presentar sugerencias que permitan armonizar las políticas sectoriales pertinentes para el ejercicio del derecho a la alimentación y recomendaciones para los cambios requeridos en base a los datos obtenidos en el proceso de vigilancia técnica y de los derechos humanos;
f)	Establecer las prioridades y coordinar la asignación de recursos en conformidad con dichas prioridades;
g)	Presentar ante el ministerio competente o los órganos del Estado correspondientes propuestas para la introducción de enmiendas a las leyes, los reglamentos o las políticas vigentes, o para formular nuevas leyes, disposiciones reglamentarias o políticas relativas al derecho a la alimentación o uno de sus componentes (accesibilidad, disponibilidad y adecuación de los alimentos);
h)	Presentar informes al parlamento sobre el estado de aplicación de la ley marco y del derecho a la alimentación, así como las observaciones finales de los órganos de vigilancia de los tratados internacionales que han evaluado la actividad del país en materia del derecho a la alimentación.
Artículo 33º.- A la autoridad nacional se le otorgarán las facultades necesarias para asegurar que las prioridades establecidas sean las correctas, y se le asignarán los recursos financieros para ejecutarlos conforme a esas prioridades.
Artículo 34º.- Composición.
El órgano de coordinación y toma de decisiones debe estar integrado por personas que reflejen el carácter multisectorial del derecho a la alimentación (representantes gubernamentales y de otras entidades estatales como institutos de investigación y estadísticas, universidades públicas, representantes de la sociedad civil y del sector privado y académico.
Los representantes gubernamentales deberán ser funcionarios del más alto nivel de gobierno (ministros o subsecretarios) con el objeto de asegurar de que el derecho a la alimentación reciba la prioridad adecuada en su sector, y que tengan la capacidad de motivar a sus unidades ministeriales.
En cada Estado la ley establecerá el porcentaje de participación de cada sector involucrado.
Con respecto a la participación de los representantes de la sociedad civil, la ley especificará si contarán con “derecho a voz y voto” o sólo integrarán el órgano en calidad de “observadores”.
La ley marco estipulará el número de representantes y los procedimientos para garantizar su plena participación. Estos procedimientos deben incluir criterios de selección transparentes y no discriminatorios, procesos claros de consulta y métodos reconocidos de trabajo.
Artículo 35º.- La autoridad no sólo deberá coordinar las actividades de los diversos sectores horizontalmente (transversalmente), sino verticalmente también, es decir, entre los diversos estamentos gubernamentales.
DISPOSICIONES SOBRE EL SISTEMA
DE VIGILANCIA (Monitoreo y Evaluación)
Artículo 36º.- Se creará un sistema de vigilancia integrado que - tomando en consideración el tipo de instituciones existentes, sus atribuciones y capacidades-obligue a las autoridades y entidades pertinentes en todos los niveles a:
a)	Recopilar datos relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional empleando metodologías y procesos de vigilancia que se ajusten a los principios de derechos humanos establecidos por ley.
b)	Desagregar los datos recopilados por edad, sexo, situación y grupo.
c)	Vigilar el progreso alcanzado en la realización del derecho a la alimentación en el país.
d)	Establecer o identificar mecanismos de alerta temprana.
Artículo 37º.- El sistema de vigilancia estará dirigido por un órgano especializado autónomo o institución nacional de derecho humanos.
Artículo 38º.- El Estado garantizará que la institución que asumirá la vigilancia cuente con los recursos humanos y financieros necesarios y la credibilidad suficiente para vigilar y promover efectivamente el derecho a la alimentación de manera autónoma.
LA REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN
Artículo 39º.- El Estado velará por que las instituciones pertinentes posibiliten la participación plena y transparente del sector privado y de la sociedad civil, y en particular de representantes de los grupos más afectados por la inseguridad alimentaria.
Artículo 40º.- Las opiniones de las organizaciones de la sociedad civil involucradas en el tema serán tomadas en cuenta en el momento de elaborar las políticas o programas que podrían tener alguna injerencia en el ejercicio del derecho a la alimentación o algunos de sus componentes.
Artículo 41º.- Para el cumplimiento de lo establecido en artículo precedente el
Estado deberá establecer:
a)	Garantías de que se realizarán consultas para examinar áreas específicas de aplicación de la ley marco;
b)	La realización de una audiencia pública cada dos años en la que el Estado estará obligado a informar sobre los avances alcanzados en la aplicación de la ley marco y en la realización progresiva del derecho a la alimentación en el país.
Artículo 41º.- Mecanismos institucionales y formas de representación de la sociedad civil.
Para La institucionalización de la participación ciudadana el Estado podrá optar por alguna de las siguientes alternativas :
a) participación de representantes de la sociedad civil ante la autoridad nacional para el derecho a la alimentación;
b) crear un grupo consultivo para asesorar a la autoridad para el derecho a la alimentación y
c) ambas alternativas.
Artículo 42º. La legislación nacional en la materia definirá si los representantes de la sociedad civil en las entidades de coordinación nacional, tendrán derecho a voz y voto o sólo podrán participar como observadores.
Artículo 43º.- Criterios de selección y representación.
Para garantizar una representación efectiva de los representantes de la sociedad civil, el proceso de selección debe ser participativo, no discriminatorio y transparente.
Artículo 44º.- Para asegurar una representación justa se tendrá en cuenta:
a)	La capacidad del grupo de representar a las comunidades pertinentes.
b)	El tamaño del grupo que representan.
c)	Las características geográficas (urbana, rural, forestal, etc).
d)	Las capacidades técnicas de la organización en el ámbito del derecho a la alimentación.
e)	La capacidad organizacional del grupo.
f)	El equilibrio en términos de género.
g)	El equilibrio en la representación de las comunidades pertinentes y los intereses dentro de la sociedad (agricultores, pueblos indígenas, pescadores, comunidades locales, comunidades forestales, etc.)
Artículo 45º.- El órgano responsable de designar a los representantes de la sociedad deberá comprobar si efectivamente se han cumplido los criterios pertinentes en cada caso.
DISPOSICIONES EN MATERIA
Artículo 45º.- Recursos administrativos.
Las decisiones o medidas administrativas que supongan una infracción de las disposiciones de la ley marco o su legislación derivada, como la omisión del cumplimiento de una obligación relativa a dichas disposiciones podrán ser impugnadas ante una autoridad administrativa superior.
Artículo 46º.- La autoridad superior competente debe contar con las atribuciones necesarias para imponer todas las medidas que estime necesarias para reparar dicha violación.
Artículo 47º.- La legislación o las normas de ejecución establecerán procedimientos administrativos eficaces y las reparaciones correspondientes. Los recursos exclusivamente administrativos deberán ser complementados con el derecho a una revisión judicial ante el tribunal competente.
Artículo 48º.- Recursos judiciales
Cualquier persona que sienta que se ha vulnerado su derecho a la alimentación, conforme ha sido definido en la ley marco, puede recurrir a los tribunales para que esta situación sea examinada.
Artículo 49º.- El derecho a recurrir a un tribunal incluye el derecho a que se cumpla la decisión del tribunal.
Artículo 50º.- Toda persona o grupo de personas que considere violado o amenazado su derecho a la alimentación adecuada tendrá acceso a recursos judiciales efectivos u otros recursos apropiados para la protección o el restablecimiento del derecho, los cuales deberán cumplir con las reglas del debido proceso. La carga de la prueba en los procesos por violaciones del derecho a la alimentación corresponderá a la parte demandada.
Artículo 51º.- En aquellos casos en los cuales la violación todavía no se haya consolidado pero exista una amenaza inminente de violación, las autoridades judiciales podrán adoptar las medidas cautelares necesarias para garantizar la integridad del derecho y evitar la ocurrencia de la violación hasta la adopción de una decisión judicial con efecto de cosa juzgada
Artículo 52º.- Todas las víctimas de violaciones al derecho a la alimentación tendrán derecho a una reparación adecuada mediante restitución, indemnización, compensación y/o garantía de no repetición de la violación
Artículo 53º.- Las causas judiciales relacionadas con presuntas violaciones del derecho a la alimentación deberán cumplir los principios básicos generales subyacentes al sistema de protección de los derechos humanos.
Artículo 54º.- Recursos cuasi judiciales
La institución nacional de derechos humanos - en caso de que haya sido creada- tendrá entre sus atribuciones la mediación, la prestación de asistencia jurídica y el registro e investigación de casos de violaciones del derecho a la alimentación.
El Estado asegurará mecanismos para establecer una buena relación entre las instituciones de derechos humanos y el poder judicial, a los efectos de enfatizar las complementariedades para proteger el derecho a la alimentación.
LA IMPLEMENTACIÓN DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN
Artículo 55º.- Las leyes pertinentes que se adopten en el futuro y que afecten a la realización del derecho a la alimentación deben ser compatibles con el derecho a la alimentación y la ley marco
Artículo 56º.- Las demás leyes pertinentes deberán ser interpretadas de una manera compatible con el derecho a la alimentación.
Artículo 58º.- El gobierno deberá adoptar los mecanismos jurídicos regulatorios necesarios para hacer efectiva la ley marco dentro de un plazo razonable.