Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-981-de-diciembre-1-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_9d22e5c7b3e30016e0430a0101510016&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-19 13:37:03
Document Index: 388331177

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 131', 'ARTÍCULO 21', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 131', 'artículo 98', 'artículo 5', 'artículo 23', 'artículo 5', 'artículo 150', 'artículo 333', 'artículo 26', 'artículo 29', 'artículo 131', 'artículo 21', 'artículo 98', 'artículo 98', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 24', 'artículo 32', 'artículo 6']

﻿ Sentencia C-981 de diciembre 1º de 2010
SENTENCIA C-981 DE 01 DE DICIEMBRE DE 2010
CONTENIDO:MEDIDAS RESTRICTIVAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE NO AUTOMOTOR O DE TRACCIÓN ANIMAL. RESULTAN DESPROPORCIONADA FRENTE A LOS DERECHOS AL TRABAJO, LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y LIBRE INICIATIVA PRIVADA, ASÍ COMO AL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA. LAS SANCIONES DEBEN SER APLICABLES PREVIA REGLAMENTACIÓN, POR LAS AUTORIDADES TERRITORIALES COMPETENTES, EN LA QUE SE SEÑALEN LAS CONDICIONES DE TIEMPO, MODO Y LUGAR QUE ORIGINAN LAS RESTRICCIONES. SE DECLARA LA EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA DEL NUMERAL 12 DEL LITERAL A DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY 769 DE 2002, ADICIONADO POR EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY 1383 DE 2010.
TEMAS ESPECÍFICOS:SERVICIO DE TRANSPORTE, MULTA DE TRÁNSITO, VEHÍCULO DE TRACCIÓN ANIMAL
Sentencia C-981 de diciembre 1º de 2010
Ref.: Expediente D-8142
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el literal A-12, artículo 21, Ley 1383 de 2010.
Demandante: Eduardo Soto Frías
A continuación se transcribe el texto del artículo 21 de la Ley 1383 de 2010, conforme a su publicación en el Diario Oficial 47.653 de 16 de marzo de 2010, resaltando los apartes demandados:
3. Antecedentes y alcance de la disposición demandada.
3.1.1. El legislador, mediante Ley 769 de 2002, “adoptó el Código Nacional de Tránsito Terrestre” con el fin de regular la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito y vehículos por las vías públicas y ciertas vías privadas (L. 769/2002, art. 1º).
Ha dicho la Corte Constitucional que resulta claro que “(...) si no existiera una regulación adecuada de la circulación de personas y vehículos sobre las vías públicas, los derechos de los particulares, así como el interés colectivo, se verían gravemente afectados: la descoordinación de las fuerzas físicas que actúan en el escenario del tránsito vehicular y peatonal provocaría la accidentalidad constante de sus elementos y el medio ambiente no resistiría la ausencia de una normatividad que reglamentare la emisión de gases tóxicos por parte de los automotores, para poner sólo los ejemplos más evidentes. Fines tan esenciales al Estado como la prosperidad general y la convivencia pacífica (C.P., art. 2º) serían irrealizables si no se impusieran normas de conducta claras y precisas para el ejercicio del derecho de circulación”(2).
En este contexto y en cuanto hace al asunto que ahora convoca la atención de la Corte, se tiene que, en materia de contravenciones, la Ley 769 de 2002, en su artículo 131, literal A(3), previo a su modificación por la Ley 1383 de 2010, disponía que sería sancionado con multa equivalente a cuatro salarios mínimos legales diarios vigentes, el conductor de un vehículo no automotor o de tracción animal que incurriese en cualquiera de las siguientes infracciones:
A su vez la Ley 769 de 2002, en su artículo 98(4), establecía una prohibición para la circulación urbana de vehículos de tracción animal en municipios de categoría especial y primera, y disponía que las autoridades de tránsito procederían a retirar ese tipo de vehículos, con excepción de los empleados para fines turísticos. Ese artículo fue declarado parcialmente inexequible por la Corte, en la Sentencia C-355 de 2003(5), condicionando el aparte que se declaró exequible a que se entendiera que la prohibición allí prevista debía concretarse por las autoridades territoriales competentes, a determinadas vías y por motivos de seguridad vial, y previa la adopción de medidas alternativas y sustitutivas para quienes realizaban la actividad de transporte en ese tipo de vehículos.
La disposición que es objeto del presente proceso, por medio de la cual se establece como infracción de tránsito el hecho de emplear vehículos no automotores o de tracción animal para prestar servicio público, no estaba en el texto original de la Ley 769 de 2002 y fue adicionada por la Ley 1383 de 2010. Dicha ley, de iniciativa parlamentaria, se tramitó luego de la acumulación de varios proyectos distintos, y estaba inicialmente orientada a “... corregir algunas deficiencias que se han puesto de manifiesto durante la vigencia del nuevo Código Nacional de Tránsito, en lo que tiene que ver con la naturaleza de las sanciones y sobre la responsabilidad de las mismas”(6), frenar el abuso recurrente en que incurren las autoridades de tránsito al sancionar a los conductores, principalmente de vehículos particulares, que son requeridos por estacionar en sitios prohibidos sin que los presuntos infractores puedan constatar la veracidad de ese requerimiento por no existir la obligación legal de señalizar todas las zonas de prohibición”(7) y recoger un conjunto de inquietudes ciudadanas en “(...) el afán de que el Código de Tránsito sea no solo una herramienta para las autoridades, sino también un mecanismo al alcance de la comunidad (...)”(8). El texto original de los proyectos no contenía la disposición acusada, la cual se incluyó durante el primer debate en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, sin que en el acta de la correspondiente sesión, o en las ponencias posteriores, aparezcan las razones para su inclusión o los estudios que la sustentan.
3.1.2. La regulación del transporte público.
De acuerdo con la definición incorporada en la Ley 105 de 1993, “el transporte público es una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios sujeto a una contraprestación económica (...)”(9).
Entre los principios que, de acuerdo con la misma ley, rigen esa actividad, se encuentran los que establecen que “la operación del transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad” y que “existirá un servicio básico de transporte accesible a todos los usuarios (y) se permitirán de acuerdo con la regulación o normatividad el transporte de lujo, turísticos y especiales, que no compitan deslealmente con el sistema básico”.
A su vez, la Ley 336 de 1996 “Por la cual se adopta el Estatuto Nacional del Transporte”, en su artículo 5º precisa que “(...) el carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implicará la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el reglamento para cada modo”.
Disponen, tanto la Ley 105 de 1993(10), como la Ley 336 de 1996(11), que para la prestación del servicio público de transporte, los operadores o empresas de transporte, esto es, las personas naturales o jurídicas constituidas como unidad de explotación económica permanente que cuenten con los equipos, instalaciones y órganos de administración que les permitan prestar adecuadamente el servicio, deben tener autorización del Estado.
Tal como se ha señalado por el Consejo de Estado “esta autorización o habilitación que debe otorgarse mediante acto de naturaleza administrativa, sustentada en las funciones de policía administrativa, le permiten al Estado cerciorarse del cumplimiento de las condiciones legales y reglamentarias mínimas que deben acreditar quienes pretenden prestar el servicio público de transporte, con el fin de garantizar que su prestación se va a realizar en condiciones de seguridad, continuidad, responsabilidad y eficiencia”(12).
De acuerdo con la ley, las empresas habilitadas sólo pueden prestar el servicio con equipos matriculados o registrados(13) para dicho servicio y previamente homologados ante el Ministerio de Transporte, según lo prevé el artículo 23 de la Ley 336 de 1996(14).
“– Su objeto consiste en movilizar personas o cosas de un lugar a otro, a cambio a una contraprestación pactada normalmente en dinero.
– Cumple la función de satisfacer las necesidades de transporte de la comunidad, mediante el ofrecimiento público en el contexto de la libre competencia;
– El carácter de servicio público esencial implica la prevalencia del interés público sobre el interés particular, especialmente en relación con la garantía de su prestación —la cual debe ser óptima, eficiente, continua e ininterrumpida, y la seguridad de los usuarios— que constituye prioridad esencial en la actividad del sector y del sistema de transporte (L. 336/96, art. 2º);
– Constituye una actividad económica sujeta a un alto grado de intervención del Estado;
– Todas las empresas operadoras deben contar con una capacidad transportadora específica, autorizada para la prestación del servicio, ya sea con vehículos propios o de terceros, para lo cual la ley defiere al reglamento la determinación de la forma de vinculación de los equipos a las empresas (L. 336/96, art. 22), y
– Su prestación sólo puede hacerse con equipos matriculados o registrados para dicho servicio;
– Implica necesariamente la celebración de un contrato de transporte entre la empresa y el usuario.
– Cuando los equipos de transporte no son de propiedad de la empresa, deben incorporarse a su parque automotor, a través de una forma contractual válida”(15).
Por oposición al transporte público, el artículo 5º de la Ley 336 de 1996 define el transporte privado como aquel que tiende a satisfacer necesidades de movilización de personas o cosas, dentro del ámbito de las actividades exclusivas de las personas naturales y/o jurídicas.
“— La actividad de movilización de personas o cosas la realiza el particular dentro de su ámbito exclusivamente privado(16);
– Tiene por objeto la satisfacción de necesidades propias de la actividad del particular, y por tanto, no se ofrece la prestación a la comunidad;
– Puede realizarse con vehículos propios. Si el particular requiere contratar equipos, debe hacerlo con empresas de transporte público legalmente habilitadas, como se estudia en el siguiente capítulo.
– No implica, en principio, la celebración de contratos de transporte, salvo cuando se utilizan vehículos que no son de propiedad del particular;
– Es una actividad sujeta a la inspección, vigilancia y control administrativo con el fin de garantizar que la movilización cumpla con las normas de seguridad, las reglas técnicas de los equipos y la protección de la ciudadanía;”.
Esas competencias reglamentarias de las autoridades territoriales se ejercen en el ámbito de la ley(17), y en el marco del Sistema Nacional de Transporte creado por ella y del cual hacen parte el Ministerio de Transporte, sus organismos adscritos o vinculados; la Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa Nacional; los organismos de tránsito y transporte, tanto terrestre, aéreo y marítimo e infraestructura de transporte de las entidades territoriales y demás dependencias de los sectores central o descentralizado de cualquier orden que tengan funciones relacionadas con esta actividad.
3.2. Alcance de la disposición demandada.
a) Se aplica en todo el territorio nacional, sin distinguir entre categorías de municipios, zonas rurales o urbanas o tipos de vía.
b) Se aplica para todo vehículo no automotor o de tracción animal que exista o que pueda llegar a existir.
c) Se predica de toda actividad de transporte público, sin distinguir entre si es permanente u ocasional y sin establecer distinciones en relación con los horarios del servicio.
c)(sic) Implica una prohibición absoluta para la prestación de servicio público, esto es para transportar a personas o a cosas a cambio de una remuneración.
4. Examen de la cuestión jurídica planteada.
4.1. Tal como se ha señalado, el transporte público ha sido catalogado como un servicio público esencial y, por consiguiente, al tenor de lo dispuesto en los artículos 150-23 y 365 de la Constitución, estará sujeto al régimen jurídico que fije la ley. Adicionalmente, la Constitución, de manera expresa, en su artículo 150-25, autoriza al legislador para expedir normas relativas a la regulación del tránsito, en cuanto faculta al Congreso para “unificar las normas sobre policía de tránsito en todo el territorio de la República”.
Esta corporación ha puesto de presente que el tránsito es una actividad que juega un papel trascendental en la realización de los derechos fundamentales y los principios sociales y económicos contenidos en la Carta, y que a dicha actividad se encuentran ligados asuntos tan importantes como la libertad de movimiento y circulación (C.P., art. 24) y el desarrollo económico. Así mismo, ha señalado la Corte que la actividad transportadora implica también riesgos importantes para las personas y las cosas, razón por la cual, “resulta indispensable no solo potenciar la eficacia de los modos de transporte sino garantizar su seguridad”(18), lo cual supone una regulación rigurosa del tráfico automotor(19).
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la importancia y el carácter riesgoso del tránsito justifican que esta actividad sea regulada de manera intensa por el legislador, quien puede señalar reglas y requisitos destinados a proteger la integridad de las personas y los bienes(20). Por ello esta Corte ha resaltado que el tránsito es una actividad “frente a la cual se ha considerado legítima una amplia intervención policiva del Estado, con el fin de garantizar el orden y proteger los derechos de las personas”(21).
También ha puntualizado la Corte que la regulación del tránsito se funda en gran medida en la concesión a ciertas autoridades —las autoridades de tránsito— de la facultad de imponer sanciones a aquellos conductores que infrinjan las normas que buscan proteger la seguridad de las personas.
4.2. Así, por oposición a esa, en principio, amplia potestad de configuración legislativa en materia de tránsito, debe decirse que, por otra parte, la Constitución establece un principio general de libertad, conforme al cual los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes (C.P., art. 6º) y las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico (C.P., art. 16), principios generales que encuentran eco en el artículo 333 Superior, que dispone que la actividad económica y la iniciativa privada, son libres, dentro de los límites del bien común y que las mismas sólo podrán ser limitadas en su alcance por la ley, cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación, o en el artículo 26 de la Carta que establece la libertad de escoger profesión u oficio.
Esas previsiones de nuestra Carta Constitucional están en consonancia con lo dispuesto en el artículo 29 numeral 2º de la declaración Universal de los Derechos Humanos, conforme al cual “en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática”.
“(...) esta corporación recurrirá al llamado juicio de proporcionalidad, el cual ha sido ampliamente utilizado en anteriores ocasiones con el fin de determinar si un trato diferente o una restricción de un derecho se ajustan a la Carta(22). Según tal juicio, cuando diversos principios constitucionales entran en colisión, como sucede en este caso, corresponde al juez constitucional no sólo estudiar la constitucionalidad de la finalidad perseguida por la medida examinada sino, además, examinar si la reducción del derecho es proporcionada, a la luz de la importancia del principio afectado. Para ello, debe el juez primero determinar si el trato diferente y la restricción a los derechos constitucionales son ‘adecuados’ para lograr el fin perseguido, segundo si son ‘necesarios’, en el sentido de que no exista otro medio menos oneroso en términos de sacrificio de otros principios constitucionales para alcanzar el fin perseguido y, tercero, si son ‘proporcionados stricto sensu’, esto es, que no se sacrifiquen valores y principios que tengan un mayor peso que el principio que se pretende satisfacer”(23).
Tal como se dijo por la Corte en la Sentencia C-355 de 2003, a propósito de una norma que ordenaba la erradicación de los vehículos de tracción animal en los municipios de categoría primera y especial, pero con criterios que resultan aplicables a todos los vehículos no automotores, una medida indiscriminada de proscripción de este tipo de vehículos para la realización de las actividades que le son propias, como el transporte público de personas y de cosas, es desproporcionada, por radical y totalizante, ya que no consulta la verdadera composición del tejido vial de los conglomerados urbanos. Expresó la Corte que el artículo entonces demandado suponía que para alcanzar los niveles de seguridad propuestos por el Código de Tránsito se requería acudir a la prohibición absoluta del tránsito urbano de los vehículos de tracción animal, es decir, a su “erradicación”, desconociendo que con dicha prohibición se sacrifican modalidades de circulación que no implican un riesgo inminente para la seguridad vial de las ciudades. Concluyó la Corte que la norma contenía una restricción de ‘cobertura demasiado amplia’(24) que la hacía incompatible con el ordenamiento jurídico constitucional.
Declarar la EXEQUIBILIDAD del numeral 12 del literal A del artículo 131 de la Ley 769 de 2002, adicionado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010, bajo el entendido de que la sanción allí prevista solo será aplicable previa reglamentación, por las autoridades territoriales competentes, en la que se señalen las condiciones de tiempo, de modo y de lugar que originan la restricción allí establecida.
(2) Sentencia C-355 de 2003.
(3) Este literal fue declarado EXEQUIBLE, por la Corte Constitucional, por los cargos analizados, mediante Sentencia C-018 de 2004.
(4) “Ley 769 de 2002” // “por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones” // “ART. 98.—Erradicación de los vehículos de tracción animal. En un término de un (1) año, contado a partir de la iniciación de la vigencia de la presente ley, se prohíbe el tránsito urbano en los municipios de Categoría Especial y en los municipios de primera categoría del país, de vehículos de tracción animal. A partir de esa fecha las autoridades de tránsito procederán a retirar los vehículos de tracción animal. // “PAR. 1º—Quedan exceptuados de la anterior medida los vehículos de tracción animal utilizados para fines turísticos, de acuerdo a las normas que expedirá al respecto el Ministerio de Transporte. // “PAR. 2º—Las alcaldías municipales y distritales en asocio con el SENA tendrán que promover actividades alternativas y sustitutivas para los conductores de los vehículos de tracción animal”.
(5) En esa sentencia, la Corte declaró la inexequibilidad de las siguientes expresiones del artículo 98 de la Ley 769 de 2002: “Erradicación de los”; “contado a partir de la iniciación de la vigencia de la presente ley”, y “A partir de esa fecha las autoridades de tránsito procederán a retirar los vehículos de tracción animal” y la exequibilidad del resto del artículo, “... bajo el entendido de que la prohibición a que se contrae la norma se debe concretar, por las autoridades municipales o distritales competentes, a determinadas vías y por motivos de seguridad vial, y que la misma sólo entrará a regir siempre que real y efectivamente se hayan adoptado las medidas alternativas y sustitutivas previstas en el parágrafo 2º del artículo 98 de la ley antes citada, en el respectivo distrito o municipio”.
(6) Exposición de motivos Proyecto de Ley 12 de 2006 - Cámara.
(7) Exposición de motivos Proyecto de Ley 126 de 2006 - Cámara.
(8) Exposición de motivos Proyecto de Ley 146 de 2006 - Cámara.
(9) Ley 105 de 1993, artículo 3º.
(10) La Ley 105 en el numeral 6 el artículo 6º, dispone: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, para acceder a la prestación del servicio público, las empresas, formas asociativas de transporte y de economía solidaria deberán estar habilitadas por el Estado. Para asumir esa responsabilidad, acreditarán condiciones que demuestren capacidad técnica, operativa, financiera, de seguridad y procedencia del capital aportado”.
(11) “ART. 11.—Las empresas interesadas en prestar el servicio público de transporte o constituidas para tal fin, deberán solicitar y obtener habilitación para operar. // La habilitación, para efectos de esta ley, es la autorización expedida por la autoridad competente en cada modo de transporte para la prestación del servicio público de transporte. // El Gobierno Nacional fijará las condiciones para el otorgamiento de la habilitación, en materia de organización y capacidad económica y técnica, igualmente, señalará los requisitos que deberán acreditar los operadores, tales como estados financieros debidamente certificados, demostración de la existencia del capital suscrito y pagado, y patrimonio bruto, comprobación del origen del capital, aportado por los socios, propietarios o accionistas, propiedad, posesión o vinculación de equipos de transporte, factores de seguridad, ámbito de operación y necesidades del servicio”.
(12) Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de 18 de mayo de 2006, Radicación: 11001-03-06-000-2006-00040-00(1740).
(13) El artículo 24 del Decreto Reglamentario 173 de 2001 dispone: “ART. 24.—Registro nacional de transporte de carga. Todo propietario o tenedor de vehículo automotor de carga deberá registrarlo ante la Dirección Territorial del Ministerio de Transporte donde tenga su domicilio principal, dentro de los treinta (30) días siguientes a la adquisición del mismo”. Ver también Resolución Mintransporte 220021 de 2005.
(14) “ART. 23.—Las empresas habilitadas para la prestación del servicio público de transporte sólo podrán hacerlo con equipos matriculados o registrados para dicho servicio, previamente matriculados o registrados para dicho servicio, previamente homologados ante el Ministerio de Transporte, sus entidades adscritas, vinculadas o con relación de coordinación y que cumplan con las especificaciones y requisitos técnicos de acuerdo con la infraestructura de cada modo de transporte”.
(15) Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de 18 de mayo de 2006, Radicación: 11001-03-06-000-2006-00040-00(1740).
(16) Sobre la acreditación del transporte privado, el artículo 32 del Decreto 173 de 2001, dispone: “ART. 32.—Titularidad. Cuando se realice el servicio particular o privado de transporte terrestre automotor de carga, el conductor del vehículo deberá exhibir a la autoridad de tránsito y transporte que se lo solicite, la correspondiente factura de compraventa de la mercancía y/o remisión, que demuestre que su titularidad corresponde a quien hace este transporte, o la prueba de que la carga se generó dentro del ámbito de las actividades de este particular y que además se es propietario o poseedor del respectivo vehículo”.
(17) En el artículo 6º de la Ley 769 de 2002 se establece: Organismos de tránsito. Serán organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción: // a) Los departamentos administrativos, institutos distritales y/o municipales de tránsito; // b) Los designados por la autoridad local única y exclusivamente en los municipios donde no hay autoridad de tránsito; // c) Las secretarías municipales de tránsito dentro del área urbana de su respectivo municipio y los corregimientos; // d) Las secretarías distritales de tránsito dentro del área urbana de los distritos especiales; // e) Las secretarías departamentales de tránsito o el organismo designado por la autoridad, única y exclusivamente en los municipios donde no haya autoridad de tránsito. // PAR. 1º—En el ámbito nacional será competente el Ministerio de Transporte y los organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción para cumplir las funciones que les sean asignadas en este código. // PAR. 2º—Le corresponde a la Policía Nacional en su cuerpo especializado de carreteras el control de las normas de tránsito y la aplicación de este código en todas las carreteras nacionales por fuer a del perímetro urbano de los municipios y distritos. // PAR. 3º—Los gobernadores y los alcaldes, las asambleas departamentales y los concejos municipales, no podrán, en ningún caso, dictar normas de tránsito de carácter permanente, que impliquen adiciones o modificaciones al código de tránsito. // Los alcaldes dentro de su respectiva jurisdicción deberán expedir las normas y tomarán las medidas necesarias para el mejor ordenamiento del tránsito de personas, animales y vehículos por las vías públicas con sujeción a las disposiciones del presente código. // No obstante los alcaldes de municipios vecinos o colindantes podrán suscribir convenios interadministrativos para ejercer en forma conjunta, total o parcialmente, las funciones de tránsito que le correspondan a cada uno de ellos, dentro de las respectivas jurisdicciones que los compongan.
(18) Ver, entre otras, la Sentencia C-066 de 1999, Fundamento 4.
(19) Sentencia T-258 de 1996. Fundamento 7. En el mismo sentido, ver, entre otras, las sentencias T-287 de 1996, C-309 de 1997 y C-066 de 1999.
(20) Cfr. Sentencia C-309 de 1997. En esa sentencia la Corte se refirió específicamente al transporte terrestre, sin embargo, mutatis mutandi, los conceptos allí vertidos se predican del transporte en general.
(21) Sentencia C-309 de 1997. Fundamento 19.
(22) Ver, entre otras, las sentencias T-422/92, C-530/93, T-230/94, T-288/95, C-022/96 y C-280/96.
(23) Sentencia C-309 de 1997.
(24) En otras oportunidades la Corte Constitucional ha debido enfrentar el estudio de disposiciones legales contentivas de ‘clasificaciones demasiado amplias’, gracias a lo cual ha podido definir dicho concepto. La Corte estima que en materia de restricción de derechos, una clasificación es inconstitucional por ser ‘demasiado amplia’ cuando incluye en el mismo grupo objeto de restricción a individuos que efectivamente implican un riesgo social y a individuos que no lo representan. En este sentido, por ejemplo, la Corte dijo que excluir de la dirección científica de laboratorios clínicos e industriales a microbiólogos y a patólogos clínicos, con el fin de evitar que otros profesionales que tampoco ostentan el título de bacteriólogos ejercieran dichos cargos, era desconocer, mediante una restricción demasiado amplia, que aquellos profesionales estaban capacitados para realizar las labores de dirección a que se refería la Ley 36 de 1993. Otro ejemplo del mismo tipo de restricción fue estudiado por la Corte en la Sentencia C-505 de 2001, en donde la corporación analizó la restricción contenida en la ley relativa a la posibilidad de hacer investigación científica en biología sin el título correspondiente.