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Timestamp: 2019-05-26 08:07:43
Document Index: 287975457

Matched Legal Cases: ['artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 1', 'artículo 36', 'artículo 36']

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Autoconvocatoria a plenario s/ competencia del fuero comercial en los supuestos de ejecución de títulos cambiarios en que se invoquen involucrados derechos de consumidores” - Página 13
De allí que, para aplicar la norma que determina la competencia en la materia, debería verificarse que el título en ejecución encubra una relación de consumo. Reitero, calidad que debería ostentar la “relación fundamental”, concepto eminentemente distinto al del derecho incorporado al documento cambiario.-
Malgrado esta decisiva diferencia, la abstracción como elemento o calidad determinante del título de crédito, complica claramente aquella identificación pues la causa no está reflejada en el documento.-
Y, conforme el rigor procesal que complementa el régimen específico del derecho cambiario, la acción ejecutiva que habitualmente constituye el cauce de la acción de cobro, impide indagar en los aspectos causales.-
C. La señora Fiscal de Cámara, en los dictámenes que suscribió a partir del caso “Compañía Financiera Argentina S.A. c/ Heredia, Rodolfo Martín s/ ejecutivo” (17.4.2009), ha sostenido que la obligación incumplida allí esgrimida, e instrumentada mediante un pagaré, deriva de una “…operación de crédito para el consumo…”. Así lo afirmó al interpretar que de las constancias de la causa resultaba “manifiesto” el referido origen negocial.-
Ello por cuanto “La parte actora es una compañía financiera que viene a ejecutar un pagaré por $ 22.257,95 contra una persona física que se desempeña como dependiente de la Gendarmería Nacional en Tartagal, Provincia de Salta, donde reside (ver fs. 9). Las circunstancias personales de las partes y las características de la operación de crédito instrumentada en el pagaré ejecutado ponen de manifiesto que nos hallamos ante una dación de crédito para el consumo en los términos del nuevo artículo 36 LDC. En efecto, de las constancias de autos surge que el demandado es destinatario final de la prestación de un crédito ‘en beneficio propio o de su grupo familiar o social’ lo que encuadra en la categorización de los artículos 1 y 36 LDC”.-
La afirmación que acabo de transcribir es complementada con una cita de Farina, donde el autor sostiene que debe “presumirse” una relación de consumo en circunstancias análogas a las reseñadas por el Ministerio Público.-
En igual sentido se pronunció la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires al aceptar la aplicación de la regla prevista en el artículo 36 LDC frente a ejecuciones cambiarias, por concluir que el negocio subyacente constituía una relación de consumo pues, refiriendo a lo actuado por el Juzgado de Primera instancia quien al resolver de modo coincidente con lo que después autorizaría el Alto Tribunal, “…exteriorizó razones justificadas para resolver de ese modo, advirtiendo –con un criterio realista- la multiplicidad, por un lado, de procesos de idéntico tenor iniciados por la empresa Katefa S.A. (cedente), dedicada de modo profesional al préstamo de dinero para consumo, de conformidad con el objeto social y, por el otro, la circunstancia de que los demandados en autos son personas físicas destinatarias finales del crédito” (SCBA, 1.9.2010, “Cuevas, Eduardo A. c/ Salcedo, Alejandro R., LL 14.9.2010).-
Parecería entonces que los elementos comunes de ambos pronunciamientos y la doctrina citada, que los habría llevado a concluir que cierta obligación cambiaria instrumenta una operación de consumo, serían la confluencia de un prestamista profesional (entidad bancaria) como tomador y una persona individual como suscriptor del pagaré (en igual sentido CNCom Sala E, 26.8.2009, “Compañía Financiera Argentina S.A. c/ Castruccio, Juan Carlos”; íd CNCom Sala C, 9.6.2009, “GE. Compañía Financiera S.A. c/ Pizarro, Luís”; Zenter, Diego Hernán, La protección del consumidor en las operaciones de crédito, LL DJ 23.6.2010).-
Sin embargo, todos estos fallos y el trabajo citado, sostienen que los apuntados elementos le permiten presumir (el subrayado me pertenece), que se trataría de una operación de consumo, conclusión algo más prudente que la del Ministerio Público que, con iguales elementos, considera que tal negocio aparece “manifiesto”.-
Pero en uno o en otro caso, trátase de una mera inferencia que, como fue dicho en el voto principal, no es suficiente para sortear la abstracción cambiaria, como la inaudibilidad procesal de excepciones causales en juicio ejecutivo, para concluir la aplicación de la ley de Defensa del Consumidor.-
Por el contrario, afecta de modo terminal al sistema cambiario al restarle la certeza y seguridad que exige el mercado para tomar al título de crédito como un elemento idóneo tanto para instrumentar una acreencia destinada a circular, como para contar con un elemento que garantiza al acreedor un rápido cobro.-
De abrirse esa caja de Pandora que representan las defensas causales en una acción cambiaria ejecutiva, no podrá garantizarse ni la circulación ni el sumario recupero del crédito, lo cual alejará a los actores del sistema financiero de esta herramienta varias veces centenaria, pero aún largamente vigente o, cuanto menos, los llevará a encarecer los mutuos por tener que prever mayores costos en eventuales ejecuciones.-
Es que admitir excepciones basadas en la relación fundamental, aunque más no fuera para determinar la competencia, “…desnaturaliza la finalidad económica de los documentos cambiarios, cuya literalidad y autonomía han sido establecidas no sólo para facilitar la circulación, sino para acordar al acreedor posibilidades de un cobro cierto y pronto a través del proceso ejecutivo” (TSJ Córdoba, Sala Civil y Comercial, 19.4.2004, “Kitroser Héctor c/ Dinia, César W.”, LLC 2004, 901).-
No ignoro que, como sostuve al iniciar este voto complementario, el acceso a la Justicia constituye un valor que debe ser preservado en un estado de derecho. Y es evidente que la preservación de tal principio facilita al deudor su ingreso a un proceso judicial en tanto le evita incurrir en gastos que, muchas veces por el monto de las ejecuciones, tornaría inviable contratar un abogado para ser asistido.-
Pero este prioritario valor no debe ser amparado a cualquier costo. Tal como ocurre en el caso, pues una respuesta positiva a la cuestión planteada lesiona gravemente a un instituto de derecho como es el cambiario.-
Entiendo que la solución a este entuerto está en manos del legislador quien, por ejemplo, podría limitar la competencia en materia de acciones sustentadas en títulos de crédito, a los Tribunales con jurisdicción en el domicilio del deudor; u otorgar una solución específica para las operaciones de consumo que, como en otras legislaciones, vedan el uso de cambiales en esta materia (vgr. Ley francesa, 22/78, art. 25).-
O más sencillo aún, procurar que el Banco Central de la República Argentina, como lo ordena el mismo artículo 36 LDC, “adopte las medidas conducentes” (estimo algún tipo de reglamentación), para que sean cumplidas por las entidades financieras las exigencias que impone la norma. Quizás entre ellas podría disponerse que, en estos casos (créditos de consumo), se fije como radicación exclusiva y excluyente del eventual pleito, el que corresponda al domicilio del deudor.-
Resumiendo, comparto la opinión que, con suma claridad, ha desarrollado Junyent Bas en un artículo de reciente publicación al sostener que ambos institutos (el derecho del consumidor y los títulos de crédito) constituyen dos planos jurídicos diversos que no pueden confundirse.-
La relación de consumo se concreta mediante la negociación, habitualmente mediante contratos formularios o en masa, mediante los cuales el consumidor en forma explícita adquiere bienes o servicios para su consumo o el de su familia. Así la legislación consumeril se orienta a regular dichas relaciones negociales en pos de evitar la debilidad estructural del consumidor. En otro plano, en los títulos de crédito la eventual relación de consumo no se refleja directamente por la abstracción y autonomía que hacen a la esencia de la estructura cambiaria, en tanto incorporan el derecho personal al papel constituyendo ‘el papel moneda de los comerciantes’ (Junyent Bas, F., Los títulos de crédito y la relación de consumo, Revista de Derecho Comercial, del Consumidor y de la Empresa, Año II, Número 1, página 81 y siguientes, Ed. La Ley).-
D. Amén de lo hasta aquí dicho, tanto en el voto principal como en este complementario o contribuyente del que califico como principal, en el punto que mereció mi adhesión, entiendo útil antes de concluir mi discurso, formular algunas disquisiciones sobre los riesgos que importa adoptar simples presunciones como modo de identificar las operaciones de consumo en instrumentos cambiarios.-
1. No puede asegurarse, con el simple argumento de ser el ejecutado el suscriptor del pagaré, que se trate del destinatario final de los fondos.-
Aún cuando admitiera que en buena parte de los casos podría así ocurrir, nada impide que el deudor aplique las sumas prestadas a alguna actividad productiva, lo cual alejaría el negocio financiero de la normativa específica atinente a los consumidores.-
Que se invoque que se trata de un “préstamo personal”, con base en referir que el título indica un número de crédito, nada sólido predica a los fines aquí perseguidos.-
Los fondos bien pueden ser derivados a un mini emprendimiento comercial, destino que en nada obsta tratarse de un “préstamo personal”, lo cual soslayaría la predicada y presumida relación de consumo.-
Como sostuve reiteradamente, los apuntados indicios que refieren las opiniones antes citadas para concluir que se trata de una operación de consumo (proveedor profesional de crédito y persona física deudora), no brindan elementos ciertos para sortear la abstracción.-
Es que tal resultado sólo podría admitirse frente a elementos sólidos y explícitos, calidades que no lucen los antes descriptos.-
2. Que el deudor sea una persona física no permite descartar que la misma sea comerciante. El título cambiario nada indica sobre tal calidad. Ello por no tratarse de un requisito exigido por la ley, amén que su omisión en nada incide jurídicamente en la validez de la obligación cartular.-
Nuevamente: entender que por tratarse de una persona física que ocurre ante un prestamista profesional a obtener un crédito estamos frente a una indubitable relación de consumo, constituye una conclusión sin la necesaria solidez para enervar los principios de literalidad, autonomía y, principalmente, el de abstracción.-
3. Si bien la jurisprudencia aquí citada, y buena parte de las ejecuciones que esperan este plenario para ser dirimidas, tienen como deudor a una persona física, el interrogante que definió la cuestión a resolver mediante este fallo plenario no quedó limitado a este tipo de sujeto.-
Y de tratarse de personas jurídicas, la presunción que esgrime el voto positivo resultaría aún más desdibujada.-
Como he referido en el punto II. A, de este voto, la ley de Defensa del Consumidor nomina como tal tanto a la persona física como a la jurídica.-
Empero, en ambos casos es definitorio para ser calificada como consumidora o usuaria, que adquiera u utilice “…bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social…”. Se excluye así a quien obtiene los mismos para aplicarlos a su giro ordinario o a una operación productiva.-
Si bien existen personas jurídicas cuyo objeto no radica en el desenvolvimiento de actividades lucrativas, es notorio que la abrumadora mayoría responde a alguno de los tipos previstos por la ley 19.550.-
Y ese tipo de estructuras jurídicas tienen por definición, una finalidad claramente mercantil.-
El artículo 1 de aquel cuerpo normativo, que define a la sociedad comercial, exige a quienes integren el ente, “…se obliguen a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios participando de los beneficios y soportando las pérdidas”.-
Esta definición engloba todo tipo de actividades económicas, tanto aquellas que importan la producción o intercambio de bienes como la de prestar servicios comerciales (Cabanellas de las Cuevas, G., Introducción al Derecho Societario, Derecho Societario, Parte General, T. I, página 220; Roitman, H., Ley de Sociedades Comerciales, T. I, página 54; Halperin, I., Sociedades Comerciales, Parte General, página 30/31; Vanasco, C., Sociedades Comerciales, T. 1, página 33; entre otros).-
Es de toda evidencia que el giro ordinario de dichas personas jurídicas se encuentra por demás alejadas del concepto de relación de consumo.-
Así, habría que reiterar lo dicho y ya transcripto en punto a que “…la fórmula legal conserva el criterio amplio de considerar como consumidores a las personas físicas y a las jurídicas, en la medida que actúen fuera del ámbito de su actividad profesional, que en el caso de las últimas supone obrar fuera de su objeto social o giro comercial específico (Hernández C., obra citada, página 269).-
No puede ignorarse que, como principio, la sociedad comercial derivará los bienes que adquiera o los servicios que contrate a su giro ordinario y productivo, conclusión que invalida totalmente la vía de las presunciones o indicios. Por el contrario, de aplicar las meras inferencias, el resultado debería ser contrario a entender, casi por defecto, que la obligación cambiaria asumida por una persona jurídica constituye una operación de consumo.-
Lo dicho evidencia cuanto menos el peligro, y diría la sensible imprecisión, que conlleva la vía propuesta por la postura contraria para inducir la presencia de una relación de consumo.-
4. No es posible exigirle a la institución bancaria, como lo ha requerido alguna jurisprudencia, que defina si el mutuo que ha concedido tiene destino de consumo o si los fondos serán derivados a la actividad productiva.-
Usualmente, tratándose de créditos personales, el Banco no indaga y menos actúa, el destino de los fondos.-
Quizás, como lo impone el nuevo artículo 36 de la LDC, será materia a considerar por el Banco Central de la República Argentina cuando cumpla la manda legal.-
5. Por último, comparto con la señora Fiscal que dar una respuesta negativa, como la que postulo, a la cuestión a resolver podría facilitar la infracción al principio legal en materia de competencia.-
Sin embargo, por lo hasta aquí dicho, ese indeseable resultado no debe ser evitado mediante la afectación, y quizás la destrucción, de un instituto jurídico como es el régimen cambiario.-
La solución no parece estar en manos de la Justicia, cuanto menos con las herramientas jurídicas vigentes, sino en el Poder Legislativo por vía, a modo de ejemplo, de la reforma al régimen legal que regula la competencia territorial en materia cambiaria o, algo que parecería más accesible, con el cumplimiento por el Banco Central de la República Argentina de la expresa recomendación que establece el ya citado artículo 36 LDC.-
E. Debo cerrar este voto con una aclaración que no parece trascendente a los fines de la solución propiciada.-
No comparto con mis distinguidas colegas la afirmación que “…las relaciones de consumo no parecerían necesitar, en principio, de un derecho especial al margen de las previsiones civiles y comerciales propias del contrato de compraventa, o de la prestación o servicio que se trate…”.-
En rigor, como sigue diciendo el voto, la presencia de “…un dispar poder negociador efectivo, como consecuencia del desigual poder económico…”, volvió necesario el dictado de una legislación que, en esta materia particular, aportó soluciones y creó principios específicos en materia del derecho del consumidor que, en alguna medida, modificó las reglas tradicionales del derecho contractual.-
De todos modos, como adelanté, la cuestión no resulta trascendente para la solución propiciada por el voto que antecede, al que adhiero en el primer interrogante, por lo cual lo aquí expresado debe ser interpretado como un comentario claramente tangencial.-
(iii). Como lo he adelantado, voto por la negativa al primer interrogante del plenario y no emito juicio sobre el restante pues la respuesta dada al anterior lo ha tornado abstracto.-
III .Por los fundamentos del acuerdo precedente, se fija como doctrina legal que:
1. Cabe inferir de la sola calidad de las partes que subyace una relación de consumo en los términos previstos en la ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor, prescindiendo de la naturaleza cambiaria del título en ejecución.-
2. Corresponde declarar de oficio la incompetencia territorial del tribunal con fundamento en lo dispuesto en el art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor”.-
Firmado por: Pablo D. Heredia (Presidente), Miguel F. Bargalló, Rafael F. Barreiro, Isabel Míguez, Alfredo A. Kölliker Frers, María Elsa Uzal, Matilde E. Ballerini, Ana I. Piaggi, María L. Gómez A. de Díaz Cordero, José Luis Monti, Juan R. Garibotto, Gerardo G. Vassallo, Juan José Dieuzeide, Ángel O. Sala, Bindo B. Caviglione Fraga, Alejandra N. Tevez y Juan Manuel Ojea Quintana;; por ante nosotros: Hernán Monclá (Secretario de Coordinación General) y Claudia Rodríguez (Secretaria General).//-