Source: https://www.ivc.es/blog/modificaciones-de-la-normativa-relativa-a-la-ley-de-prevencion-del-blanqueo-de-capitales
Timestamp: 2019-03-26 09:56:48
Document Index: 413876921

Matched Legal Cases: ['Artículo 26', 'Artículo 26', 'Artículo 48', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'artículo 63', 'Artículo 65', 'artículo 63']

Bernardo Martínez | blanqueo de capitales
El pasado mes de agosto, y tras unos meses esperando su aprobación, se introdujeron por fin una serie de modificaciones en la normativa sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de la IV directiva de la Unión Europea.
Estas modificaciones se produjeron a través de la aprobación del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto. Introduciendo un mayor número de preceptos y, sobre todo, una mayor claridad sobre algunos aspectos controvertidos. A continuación, vamos a analizar las diferentes modificaciones que se deberían de tener en cuenta a la hora de cumplir con las diligencias previstas por esta normativa.
- REDACCIÓN DE NUEVOS ARTÍCULOS:
En este Real Decreto-Ley se aprueban una serie de artículos que suponen una novedad en la LPB. Entre ellos destacan los siguientes:
Artículo 26 bis: trata sobre los procedimientos internos de comunicación de potenciales incumplimientos. Destacando que en estos procedimientos será de aplicación la ley de protección de datos de carácter personal.
Artículo 26 ter: viene a regular el órgano de control interno y representante ante el Servicio Ejecutivo. Indica en este sentido que el representante será único y deberá ejercer cargo de administración o dirección de la sociedad dominante del grupo.
Artículo 48 bis: este nuevo precepto sobre cooperación internacional hace referencia a la cooperación entre la Secretaría de la Comisión, el Servicio Ejecutivo de la Comisión o los órganos supervisores con otras autoridades competentes de la Unión Europea (en adelante, UE) en los casos que la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (en adelante, LPB) así lo establezca. Además, aclara que en los casos en los que la cooperación deba llevarse a cabo con países terceros que no formen parte de la UE, ésta deberá basarse en lo recogido en los Tratados y Convenios Internacional firmados.
Artículo 63: regula la comunicación de las infracciones, especificando qué personas pueden comunicar la existencia de dichas infracciones, ante que órgano habrán de comunicarlas (ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión) y, la obligación por parte de las entidades de incluir en sus programas de formación la información sobre la existencia de dichos mecanismos.
Artículo 64: hace referencia al tratamiento de las comunicaciones. Es una continuación de lo recogido en el artículo 63, indicando en este caso, qué órgano evalúa la información comunicada, la falta de valor probatorio de las comunicaciones, e incidencia en el tema de la confidencialidad.
Artículo 65: supone, al igual que el artículo 63, una ampliación sobre la comunicación de las infracciones. En él, concretamente, se establece la obligación de protección de las personas por parte del SEPBLAC.
- MODIFICACIONES RELATIVAS A LAS SANCIONES POR INFRACCIONES:
El importe mínimo se mantiene igual, sin embargo, el máximo se amplía tanto en las graves como en las muy graves.
Sanciones por infracciones muy graves: el importe máximo será el mayor de las siguientes cifras:
10 por ciento del volumen de negocios anual total del sujeto obligado.
Quíntuplo del importe de los beneficios derivados de la infracción, cuando dichos beneficios puedan determinarse.
Además, respecto a las sanciones impuestas a los responsables de la infracción que ejerzan cargos de administración o dirección, o la función de experto externo se amplía el importe máximo de una posible multa hasta los 10.000.000 euros (anteriormente, 600.000 euros).
Sanciones por infracciones graves: el importe máximo será el mayor de las siguientes cifras:
El tanto del contenido económico de la operación por la que ha sido sancionado más un 50 por ciento.
Además, respecto a las sanciones impuestas a los responsables de la infracción que ejerzan cargos de administración o dirección, o la función de experto externo se amplía el importe máximo de una posible multa de los 60.000 euros hasta los 5.000.000 euros, y se incluye una inhabilitación del cargo para ejercer los mismos cargos por un plazo máximo de 5 años (anteriormente, la suspensión era de un 1 año).
- LIMITACIÓN DEL TIEMPO OBLIGATORIO PARA LA CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO DE LA LPB:
La nueva modificación establece respecto de la obligación de conservación de la documentación en que ha de formalizarse el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la LPB que, a partir de los 5 años desde la terminación de la relación de negocios o la ejecución de la operación ocasional, esta documentación solo será accesible por los órganos de control interno del sujeto obligado, con inclusión de las unidades técnicas de prevención y, en su caso, aquellos encargados de su defensa legal.
- REDUCCIÓN DEL UMBRAL DEL IMPORTE QUE A LA ADOPCION DE LAS CORRESPONDIENTES MEDIDAS DE DILIGENCIA:
Tanto en el caso del comercio de bienes como en el de los casinos de juego se rebaja el importe a partir del cual deben de cumplir con las medidas de diligencia establecidas. En el caso del comercio de bienes se rebaja la cuantía de los 15.000 euros a los 10.000 euros, y en el caso de los casinos se establece la aplicación de las medidas de diligencia cuando las transacciones sean de un valor igual o superior a los 2.000 euros.
- OBLIGACIÓN DE LICENCIA O REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS A SOCIEDADES:
Inscripción obligatoria en el Registro Mercantil competente por razón del domicilio de aquellas personas físicas o jurídicas que, de forma empresarial o profesional presten los siguientes servicios por cuenta de terceros (la anterior redacción se refería a los servicios prestados a terceros y no “por cuenta de terceros”): constitución de sociedades u otras personas jurídicas; ejercer funciones de dirección o de secretarios no consejeros de consejo de administración o de asesoría externa de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra personas ejerza dichas funciones; facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos; ejercer funciones de fiduciario en un fideicomiso (trust) o instrumento jurídico similar o disponer que otra personas ejerza dichas funciones; o ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado de la UE y que estén sujetas a requisitos de información acordes con el Derecho de la unión o a normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada transparencia de la información sobre la propiedad, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.
Sobre la inscripción obligatoria comentada en el apartado 1, aquellos obligados a dicha inscripción que estuvieran ya realizando alguna o algunas de las actividades mencionadas, y no constaren inscritas, deberán de proceder a ello en un plazo máximo de un año.
Las personas jurídicas deberán, antes del 5 de septiembre de 2019, presentar en el Registro Mercantil una manifestación en orden a declarar que son sujetos obligados por la LPB y a identificar a sus titulares reales, para que el registrador lo haga constar a través de una nota marginal y que deberán ser actualizadas en caso de que se produzca un cambio en esa titularidad. Además, el incumplimiento de cualquiera de las tres obligaciones expresadas en los apartados anteriores, significará una infracción leve a efectos de la LPB.
Se establece la obligación de que las personas jurídicas en cada ejercicio, acompañen al depósito de sus cuentas anuales en el Registro Mercantil competente, un documento que contenga una serie de datos: tipos de servicios prestados, ámbito territorial donde opera (municipios y provincias), prestación de este servicio a no residentes durante el ejercicio, el volumen facturado por los servicios, el número de operaciones realizadas (distinguiendo clase o naturaleza de las mismas), modificación del titular real en caso de que lo hubiese.
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