Source: http://espanito.com/tribunal-corte-suprema-de-justicia-panam-sala-v5.html
Timestamp: 2018-05-24 05:38:48
Document Index: 151199122

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'Artículo 1090', 'artículo 1073', 'artículo 1070', 'artículo 77', 'Artículo 77', 'artículo 77']

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS HERRERA SOUSA EN REPRESENTACIÓN DE RITA GARCÍA DE FROCHAUX, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA NO. 839-DCC-CMM DE 6 DE JULIO DE 2004, EMITIDA POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. PONENTE: WINSTON SPADAFORA F. PANAMÁ, TRECE (13) DE JULIO DE DOS MIL CINCO (2005)
Expediente: 689-04
El resto de los Magistrados integrantes de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, conocen en calidad de Tribunal de segunda instancia del recurso de apelación promovido por el licenciado Carlos Herrera Sousa contra el auto de 12 de enero de 2005 expedido por el Magistrado Sustanciador.
A través de la Resolución apelada, no se admitió la demanda de plena jurisdicción interpuesta en representación de RITA MARTINA DE FROCHAUX para que se declare nula, la Nota No. 389-DC-CMM de 6 de julio de 2004 expedida por el Contralor General de la República (f. 120-121).
El fundamento del auto que rechazó la acción contenciosa, consiste en que la Nota No. 839-DCC-CMM de 6 de julio de 2004 no es un acto definitivo, sino de mera comunicación a la Administradora General de la Autoridad Marítima de Panamá, pues a través de la misma se aclaran las razones que motivan la devolución de la Resolución No. 106-316-DGMM de 13 de abril de 2004, sin el refrendo solicitado (fs. 69-70).
Por su parte, el licenciado Carlos Herrera Sousa apela contra el Auto de 12 de enero de 2005, afirmando en lo medular, lo que a continuación se detalla:
"... De lo expuesto por el señor Contralor General de la República, se desprende entonces que la señora García de Frochaux, está obligada a pagar la suma adeudada, motivo por el cual niega el refrendo de la Resolución No. 106-316-DGMM de 13 de abril de 2004, y la devuelve a la Autoridad Marítima de Panamá; posteriormente rechaza de plano el recurso de reconsideración presentado por nuestra poderdante contra dicha negativa de refrendo, quedando con dicho pronunciamiento agotada la vía gubernativa.
... el acto administrativo expedido por el señor contralor General de la República, constituye un acto en firme ya que establece responsabilidades y obligaciones que debe hacerle frente nuestra representada, y no una simple comunicación como lo expone el señor Magistrado Ponente de Primera Instancia en su Auto (fs. 124-128).
Expuestos los argumentos de ambas partes, la Sala procede a dirimir el fondo de la controversia planteada, previa las siguientes consideraciones.
De conformidad con el artículo 9 del Decreto de Gabinete Nº 75 de 11 de julio de 1999, la Dirección General de Consular y de Naves puede declarar sin lugar los débitos que haya cargado a los Cónsules a petición de parte y mediante resolución motivada, previa aprobación de la Contraloría General de la República (G.O. Nº 21,583 de 9 de julio de 1990).
La Directora General de la Marina Mercante, con fundamento en dicha norma dictó la Resolución Nº 106-316-DGMM de 13 de abril de 2004 resolviendo lo siguiente: "Declarar sin lugar el débito que se le formuló a la Señora Rita García de Frochaux, Cónsul General de Panamá en Nueva York, Estados Unidos de América, por la suma de Catorce Mil Quinientos (sic) Quince Balboas con Setenta y Siete Centésimos (B/.14,615.77), en concepto de sumas no canceladas por el grupo económico OFFSHORE INVESTMENT GROUP INTERNATIONAL LTD. "
Seguidamente, remitió la documentación respectiva a la Contraloría General de la República para que procediera con el refrendo de la Resolución Nº 106-316-DGMM de 13 de abril de 2004. No obstante, a través de la Nota Nº 839-DCC-CMM de 6 de julio de 2004 que hoy se impugna, el señor Contralor General de la República devolvió sin refrendo la Resolución Nº 106-316-DGMM de 13 de abril de 2004 y demás documentos recibidos de la Dirección General de Marina Mercante. Las razones que lo motivaron a tomar a esta decisión, se precisaron de la forma que a continuación se detalla:
Ø "Que el Artículo 1090 del Código de Comercio solo es aplicable a los créditos marítimos y no en el caso solicitado ya que el mismo es un crédito a favor del Estado, el cual solo se extingue en la forma contemplada en el artículo 1073 del Código Fiscal.
Ø Que los artículos 1059 y 1064 del Código Fiscal indican que los Cónsules son servidores recaudadores encargados de cobrar los dineros que deben ingresar al Tesoro Nacional.
Ø Que aún cuando Offshore Investment Group International Ltd., estaba autorizada a pagar sin recargo hasta el 31 de mayo de 2000, la misma hizo abonos, 6 meses y hasta un año después de la fecha indicada; además, transcurrieron 2 años con 7 meses desde que se venció el término para pagar hasta la venta judicial, tiempo suficiente para que la Cónsul lograra cobrar la suma adeudada.
Ø Que tanto la empresa Offshore Investment Group International Ltd., como la señora Rita García de Frochaux, Cónsul General de Panamá en Nueva York están obligados a pagar la suma adeudada, la primera porque era la propietaria de las naves al momento en que fueron abanderadas en la República de Panamá y la segunda, por su condición de agente recaudadora, cuya responsabilidad es el cobro de los derechos de registro.
Ø Como la cónsul no ha probado que practicó todas las diligencias necesarias para obtener el pago, no puede extinguirse su responsabilidad en este caso. Véase el Literal a, del artículo 1070 del Código Fiscal.
Por las razones descritas, la Contraloría General, devuelve sin el refrendo solicitado, la Resolución No. 106-316-DGMM de 13 de abril de 2004 y demás documentos recibidos de la Dirección General de Marina Mercante"(fs. 1-2).
Ante un análisis del texto citado, se desprende de manera diáfana que el Contralor General de la República devolvió sin refrendo la Resolución Nº 106-316-DGMM de 13 de abril de 2004, luego de determinar que RITA DE FROCHAUX en su calidad de Cónsul de Nueva York está obligada a pagar la suma de catorce mil seiscientos quince balboas con setenta y siete centésimos (B/. 14,615.77), porque era responsable de recaudar lo adeudado por la empresa Offshore Investment Group International Ltd., más no realizó todas las acciones necesarias para obtener el pago.
Asimismo, que el acto impugnado se dictó con el fin de comunicarle a la Administradora General de la Autoridad Marítima de Panamá, las razones por las cuales devolvía a la Directora General de Marina Mercante, la Resolución Nº 106-316-DGMM de 13 de abril de 2004 sin refrendo.
La Nota Núm. 839-DCC-CM de 6 de julio de 2004, fue impugnada por la señora DE FROCHAUX mediante escrito fechado 27 de julio de 2004 (fs. 68-74). Sin embargo, el Contralor General de la República rechazó de plano el recurso de reconsideración, advirtiendo que era improcedente (f. 75). La improcedencia de este recurso encuentra fundamento legal en el artículo 77 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, cuyo texto dice así:
"Artículo 77. La Contraloría improbará toda orden de pago contra un tesoro público y los actos administrativos que afecten un patrimonio público, siempre que se funde en razones de orden legal o económico que ameriten tal medida. En caso de que el funcionario u organismo que emitió la orden de pago o el acto administrativo insista en el cumplimiento de aquélla o de éste, la Contraloría deberá cumplirlos o, en caso contrario, pedir a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie sobre la viabilidad jurídica de pago o del cumplimiento del acto.
Previo estudio de las constancias de autos, observa el resto de la Sala que la Nota Núm.839-DCC-CMM de 06 de julio de 2004, fue emitida por el señor Contralor General de la República, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 32 de 8 de noviembre de1984 y con el propósito de expresarle a la Administradora de la Autoridad Marítima de Panamá, los motivos que justificaban el retorno sin refrendo de la Resolución Nº 106-316-DGMM de 13 de abril de 2004.
En mérito de lo expuesto, concluye el Tribunal que la Nota Núm. 839-DCC-CMM constituye un acto de mera comunicación, no susceptible de impugnación por la demandante a través de una demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción por carecer de carácter definitivo y, procede a confirmar el auto apelado.
Por consiguiente, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la Resolución de 12 de enero de 2005, que NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por el licenciado Carlos Herrera Sousa, en representación de RITA GARCÍA DE FROCHAUX, para que se declare nula, por ilegal, la Nota 839-DCC-CMM de 6 de julio de 2004.