Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/instituto-colombiano-de-desarrollo-rural-incoder-?documento=legcol&contexto=legcol_12519c3ad90d01a6e0530a01015101a6&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-18 19:10:52
Document Index: 205186778

Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'artículo 63', 'artículo 24', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 91', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 24', 'artículo 8', 'artículo 18']

ACUERDO 356 DE 17 DE FEBRERO DE 2015
CONTENIDO:ADICIONA EL ACUERDO 310 DE 2013, EN LO RELATIVO A LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD DE LOS ASPIRANTES Y DE LOS PREDIOS A POSTULAR PARA EL OTORGAMIENTO DIRECTO DEL SUBSIDIO INTEGRAL DE REFORMA AGRARIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:INTERVINIENTES EN EL DERECHO AGROPECUARIO, REFORMA AGRARIA, SUBSIDIO INTEGRAL DE TIERRAS RURALES, SISTEMA NACIONAL DE REFORMA AGRARIA Y DESARROLLO RURAL CAMPESINO, INSTITUTO COLOMBIANO DE REFORMA AGRARIA, UNIDAD AGRÍCOLA FAMILIAR
DIARIO OFICIAL N°:49444 DE MARZO 5 DE 2015
ACUERDO 356 DE 2015
“Por la cual se adiciona el Acuerdo 310 de 2013, proferido por el consejo directivo del Incoder”.
en uso de las facultades legales previstas en el inciso tercero del artículo 20 —modificado por el artículo 63 de la Ley 1450 de 2011— e inciso tercero del artículo 24 de la Ley 160 de 1994, el numeral 7º y 11 del artículo 7º del Decreto 3759 de 2009, y
Que el consejo directivo del Incoder expidió el Acuerdo 310 de 16 de julio de 2013, por el cual se definen los casos excepcionales en los cuales procede el otorgamiento directo del subsidio integral de reforma agraria y su procedimiento para su postulación y asignación.
Que posteriormente el consejo directivo expidió el Acuerdo 324 del 3 de diciembre de 2013, por medio del cual se adicionó como caso excepcional para el otorgamiento directo del subsidio integral de reforma agraria, la población campesina ubicada en zonas intervenidas por la política de restitución.
Que en el desarrollo de las actividades de adjudicación y ejecución del programa de otorgamiento de subsidios integrales directos de reforma agraria, se han evidenciado circunstancias fácticas que no fueron reguladas por el citado Acuerdo 310 de 2013 y que se requieren precisar con el fin de hacer más expedito y ágil el proceso de verificación de requisitos y otorgamiento del subsidio, como es el caso de: i) precisar los requisitos y las condiciones de acceso al programa, para beneficio de los sujetos de reforma agraria en condiciones de vulnerabilidad; ii) Permitir el uso de los recursos del subsidio integral en su totalidad, a beneficio del proyecto productivo y de las familias; iii) Determinar los procesos de atención de las solicitudes de renuncia al otorgamiento del subsidio, iv) Disminuir las barreras de acceso al programa, mediante una definición clara de requisitos de elegibilidad de los aspirantes y de los predios a postular; por lo cual se hace necesario efectuar las siguientes precisiones y adiciones que en este acto administrativo se establecen.
ART. 1º—Adicionar el literal c) y los parágrafos 1º, 2º, 3º y 4º del artículo cuarto del Acuerdo 310 de 2013, el cual quedará así:
“(…) c) Hasta un (1) salario mínimo mensual legal vigente (smmlv) por familia, destinado para pagar los gastos notariales de escrituración y el registro de la compraventa del predio en la oficina de instrumentos públicos, así como cubrir los costos de la constitución de garantías que cubran el buen manejo y destinación del total del valor del subsidio.
PAR. 1º—No obstante lo anterior, los beneficiarios del Sidra podrán manifestar por escrito su decisión de destinar la totalidad del subsidio para la compra del predio, en cuyo caso, deberán garantizar la ejecución del proyecto productivo a través de otro medio de financiación, o acreditar que el predio objeto de compra incorpora un proyecto productivo en desarrollo que cumple con los requisitos exigidos y por ende aprobado por el instituto.
En caso que el (los) predio (s) adquiridos por los beneficiarios del Sidra representen para su adquisición un monto inferior a los 56 smmlv adjudicados por familia beneficiaria, el remanente o saldo restante podrá sumarse y destinarse a fortalecer el aporte de Incoder al proyecto productivo, siempre y cuando no se supere el tope máximo del subsidio, esto es, los 71 smmlv por familia beneficiaria.
PAR. 2º—El Incoder diseñará e implementará mecanismos dirigidos a garantizar la apropiación de los recursos que comprendan el reconocimiento de Sidra. Para todos los casos, fijará en el acto administrativo de adjudicación las condiciones bajo las cuales se efectuará el giro y desembolso de los recursos constitutivos de Sidra, lo cual además quedará explícito en el reglamento, documento técnico o protocolo que para efectos de desembolsos establezca la subgerencia de gestión y desarrollo productivo.
PAR. 3º—La adjudicación del Sidra podrá ser garantizada por los beneficiarios mediante la constitución a favor del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), con NIT 830.122.398-0, de una garantía de cumplimiento que ampare y garantice la correcta destinación del subsidio (adquisición del predio rural e implementación del proyecto productivo aprobado por el Incoder), que podrá consistir en una póliza de seguro en cuantía equivalente al cien por ciento (100%) del valor del aporte del Incoder, con una vigencia de veinticuatro (24) meses, garantía que requerirá aprobación por parte de la respectiva dirección territorial, conforme al reglamento, documento técnico o protocolo que para el efecto establezca la subgerencia de gestión y desarrollo productivo.
PAR. 4º—Los recursos destinados a cubrir los gastos notariales de escrituración y de registro de la compraventa del predio adquirido por los beneficiarios, deben garantizar esta inversión; no obstante, los recursos de remanente podrá invertirse en el fortalecimiento del proyecto productivo, cubrimiento de gastos financieros generados por el manejo de los recursos y/o la constitución de garantías que cubran el buen manejo y destinación del total del valor del subsidio. Así mismo, dicho remanente o saldo restante podrá destinarse también para cubrir los costos de resciliación del contrato y demás actos jurídicos tenientes a la devolución de los predios adquiridos. No obstante, estos recursos no podrán superar el monto de un (1) salario mínimo mensual legal vigente (smmlv) por cada familia beneficiaria, destinado para tal fin”.
ART. 2º—Adicionar el artículo 5º del Acuerdo 310 de 2013, el cual quedará así:
“ART. 5º—Renuncia al subsidio. Los aspirantes al otorgamiento del Sidra, podrán renunciar a dicha adjudicación mediante comunicación expresa y escrita dirigida al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), hasta antes de la expedición del acto administrativo de adjudicación del subsidio. Una vez expedida la resolución de adjudicación y habiendo sido allegado el documento de renuncia, procederá a adelantar las actuaciones tendientes a declarar la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo conforme lo establece el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011.
PAR.—La aceptación de la renuncia implica la pérdida de los derechos originados en la adjudicación. En los eventos en que el beneficiario resuelva renunciar a la adjudicación, aún después de haberse efectuado el registro de la respectiva escritura pública de compraventa del predio, previa devolución de los gastos notariales y de registro a cargo del beneficiario, el Incoder y el beneficiario mediante contrato o acuerdo de transacción podrán acordar la transferencia del derecho de dominio al Incoder a título gratuito y libre de todo gravamen, limitación y ocupación. Este procedimiento será regulado mediante la resolución que para el efecto expida el Incoder”.
ART. 3º—Adicionar el artículo 6º del Acuerdo 310 de 2013, el cual quedará así:
“ART. 6º—Beneficiarios. Serán beneficiarios de las adjudicaciones previstas en el presente acuerdo los hombres y mujeres campesinos de escasos recursos económicos que no sean propietarios, poseedores u ocupantes de tierras rurales que se hallen en condiciones de pobreza y marginalidad, y deriven de la actividad agropecuaria la mayor parte de sus ingresos.
La condición de propietario poseedor u ocupante de tierras rurales, es una prohibición relativa y se exceptúan de ella exclusivamente los casos establecidos en los artículos 12, 13 y 14 del Acuerdo 310 de 2013, así como en el caso de población víctima del desplazamiento forzado, siempre que se encuentren en el registro único de víctimas y que haciendo parte de las rutas de asistencia y reparación integral diseñadas por la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas (Uariv), hayan sido focalizados para programas de dotación de tierras como mecanismo de reparación dentro de su atención integral”.
ART. 4º—Adicionar parcialmente el artículo 7º del Acuerdo 310 de 2013, el cual quedará así:
“ART. 7º—Requisitos de elegibilidad. Para todos los casos, el aspirante al otorgamiento del subsidio integral directo de reforma agraria (Sidra), deberá cumplir las siguientes condiciones:
2. No ser poseedor o propietario de otro predio rural, salvo los casos expresamente consignados en el presente acuerdo.
3. No poseer activos totales brutos que superen los doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de presentarse al proceso de adjudicación. No obstante, el Incoder se reserva el derecho a efectuar las verificaciones pertinentes antes del otorgamiento.
4. Que los ingresos mensuales familiares no excedan los dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) al momento de presentarse al proceso de adjudicación.
5. Que el postulante se encuentre dentro de alguno de los casos excepcionales previstos en el presente acuerdo y/o en las decisiones que lo modifiquen.
6. Estar inscrito en la base certificada del sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales (Sisben), con un puntaje máximo de 49.3 dentro de las áreas 2 y 3 del sistema. Este requisito no aplica para la población en condición de víctima del desplazamiento, evento en el cual se verificará que se encuentren en el registro único de víctimas (RUV).
PAR. 1º—En caso de que el aspirante se presente con cónyuge o compañera permanente, ambos deberán cumplir lo establecido en el presente artículo.
PAR. 2º—En todo caso, el aspirante al otorgamiento del Sidra deberá cumplir las condiciones de ser sujeto de reforma agraria, de conformidad con lo ordenado por el artículo 24 de la Ley 160 de 1994”.
ART. 5º—Adicionar el artículo 8º del Acuerdo 310 de 2013, el cual quedará así:
“ART. 8º—Prohibiciones para la adjudicación. No procederá la adjudicación del subsidio integral directo de reforma agraria en los siguientes casos:
1. Cuando el aspirante haya sido adjudicatario de titulación de terrenos baldíos, excepto en los casos establecidos en los artículos 12, 13 y 14 del Acuerdo 310 de 2013.
2. Cuando el aspirante que en cualquier tiempo haya sido adjudicatario de bienes fiscales patrimoniales o adjudicatario de subsidio para la adquisición de tierras. Se exceptúan de dicha prohibición los casos expresamente establecidos en los artículos 12, 13 y 14 del Acuerdo 310 de 2013.
3. Cuando el aspirante sea requerido por las autoridades para el cumplimiento de pena privativa de la libertad impuesta mediante sentencia condenatoria en firme. No se configurará la prohibición en aquellos casos en los que el postulante, pese a ser objeto de una sentencia condenatoria, goce de algún tipo de subrogado penal que le permita ejercer directamente la explotación de la parcela.
4. Cuando el aspirante sea propietario de predios urbanos.
5. Cuando el aspirante sea servidor público”.
ART. 6º—Adicionar el artículo 18 del Acuerdo 310 de 2013, el cual quedará así:
“ART. 18.—Condiciones técnicas de los predios. Los predios que se pretendan adquirir con el subsidio integral directo de reforma agraria (Sidra) deben reunir como mínimo las siguientes condiciones técnicas:
a) Ubicación: Estar ubicados en zonas aptas para la producción agrícola, pecuaria, acuícola, pesquera y/o forestal, clasificadas como suelo rural en los planes de ordenamiento territorial (POT), o en los respectivos esquemas de ordenamiento territorial (EOT) de cada municipio;
b) Superficie agropecuaria potencialmente utilizable en el proyecto productivo planificado: Los predios rurales objeto de los programas de desarrollo rural y reforma agraria, deberán tener una extensión que asegure el desarrollo competitivo y sostenible del proyecto productivo formulado de conformidad con el concepto de UAF.
El área de superficie agropecuaria utilizable, será igual a la necesaria para garantizar técnica, económica, social y ambientalmente la ejecución del respectivo proyecto productivo, sin involucrar en ella las áreas de protección con cobertura vegetal actualmente existente en el respectivo predio, las cuales sean debidamente identificadas y delimitadas en el correspondiente levantamiento topográfico, cuyo mantenimiento y protección evite alteraciones a las condiciones ecosistémicas de los predios.
En los casos en los que los predios posean bosques de diferentes tipos y función, estos serán considerados como áreas protegidas del nivel predial, por lo cual los proyectos productivos no incrementarán su intervención sobre ellas, evitándose así la expansión de la frontera agropecuaria existente.
En todo caso, de ser verificada la intervención en áreas delimitadas como de protección dentro del predio, se incurrirá en causal de acaecimiento de la condición resolutoria, conforme a la reglamentación vigente sobre el particular. Estas limitaciones de orden especial deben estar consignadas en la resolución de adjudicación;
c) Disponibilidad de aguas: El predio debe contar con los requerimientos suficientes de agua para desarrollar los proyectos productivos. Cuando se requieran obras complementarias para asegurar las disponibilidades de agua se determinarán los balances hídricos de oferta y demanda. Lo anterior, sin perjuicio de los demás permisos, concesiones y/o autorizaciones ambientales que se requieran según cada caso;
d) Clases agrológicas y topografía: El predio debe tener la calidad mínima de los suelos en términos de clases agrológicas y la topografía requerida para el desarrollo del proyecto productivo de acuerdo a la tecnología del sistema de producción a ser implementado, para asegurar un desarrollo competitivo y sostenible del mismo.
Los predios no podrán tener más del diez por ciento (10%) de su área total en la clase agrológica V, ni más del 20% en clases agrológicas VII y VIII, ni que se encuentren localizados por encima de los 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar (m s.n.m.).
La condición de fertilidad que permite la utilización de estos suelos se definirá por la explotación actual, siempre y cuando se estén utilizando cultivos permanentes o se proyecte su implementación. En el caso que las clases agrológicas VII y VIII se encuentren con cobertura de bosques, se tomarán como área no productiva del(los) predio(s);
PAR.—En todo caso, si existen inconsistencias entre las clases agrológicas de referencia de las zonas homogéneas en donde se encuentra ubicado el predio, con la realidad particular de las condiciones agrológicas del predio, le corresponderá a la dirección territorial a través de una visita técnica y un análisis y/o pruebas en campo, determinar las condiciones agrológicas y de aptitud de suelos del predio, y en dado caso, certificará el cumplimiento o no de las condiciones exigidas del predio para el correspondiente proyecto productivo.
e) Componente ambiental: No se podrá otorgar el subsidio para la compra de predios rurales que presentan limitaciones al desarrollo de usos agropecuarios de acuerdo con el régimen de usos definidos que rija para cada una de las figuras de protección ambiental; por esta razón, con los recursos del subsidio otorgado no se podrán adquirir predios que se encuentren dentro del sistema nacional de áreas protegidas, salvo aquellos que cuenten con autorización de la respectiva autoridad competente. Así mismo, no se podrán adquirir predios ubicados en zonas de reserva forestal conforme a lo establecido en la Ley 2ª de 1959 o en zonas de explotación de recursos naturales no renovables, zonas de alto riesgo por catástrofe natural y en general en zonas no aptas para la implementación de proyectos de desarrollo rural productivo.
ART. 7º—Las demás disposiciones del Acuerdo 310 de 2013, que no fueron adicionadas por este acto administrativo, quedarán incólumes.
ART. 8º—Vigencia y derogatorias. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.