Source: https://www.legalactionpanama.com/pension-alimenticia.html
Timestamp: 2019-04-20 10:21:41
Document Index: 70771897

Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 215', 'artículo 215', 'artículo 199', 'artículo 468', 'artículo 740', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 55']

ACTUALIZACIÓN SOBRE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS EN PANAMÁ
A la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional le fue remitido el borrador del Anteproyecto de Ley N° 183 que adiciona disposiciones a la Ley General de Pensión Alimenticia. El Anteproyecto ha sido presentado mediante la Dirección Nacional de Participación Ciudadana como una “iniciativa ciudadana” que pretende adicionar a la Ley de Pensiones Alimenticias dos párrafos finales y dos numerales en su artículo 25, el cual enumera los casos en los cuales se suspenderá la obligación de dar alimentos.
El numeral 5 que han propuesto reza así: “Cuando los beneficiarios cursen estudios en centros de enseñanza particular, se suspenderá el cobro de la cuota parte correspondiente a la mensualidad escolar, en los meses de enero y febrero o en aquellos meses en que el centro escolar no cobre esta suma. También se suspenderá el cobro de la cuota parte correspondiente, cuando el obligado a dar alimentos haya adelantado el pago del primer mes del año escolar siguiente”.
Aritméticamente hablando sería mucho más sencillo para el Juez tomar la anualidad escolar –y la anualidad de la renta y la del resto de los gastos– y dividirla entre doce meses para calcular así una cuota alimenticia fija para todos los meses del año, sin la necesidad de trámites de suspensión de pago de cuotas, que implican además trámites de presentación de pruebas y contrapruebas, recargando al Juez con más trabajo inútil de valoración y tramitación. Cuando uno piensa en ello, vienen a la mente las palabras de Hernando Devis Echandía que expusiera en su obra Teoría General del Proceso en la que, luego de dar una explicación sobre el principio de economía procesal, concluye diciendo: “Todo esto para que el trabajo del juez sea menor y el proceso más rápido. Justicia lenta es injusticia grave”. De aprobarse este anteproyecto de Ley, el principio fundamental de economía procesal se vería violentado y los efectos engorrosos de la adición de dicho trámite afectarían inclusive al empleador de la parte alimentante, a quien se le ha aplicado la medida de ejecución de descuento directo usualmente por haber sido previamente declarado en desacato mediante un auto. Y es que el último párrafo que este proyecto pretende agregar al artículo 25 de la Ley reza así: “Cuando se conceda la suspensión de que tratan los numerales 5 y 6 del presente artículo y se haya ordenado previamente el descuento directo, la autoridad girará oportunamente los oficios necesarios para que no se cobren las sumas correspondientes”. (Para leer una copia del Anteproyecto en cuestión haga click aquí)
Recordemos el parámetro que establece el artículo 215 de nuestra Constitución vigente en cuanto a la expedición de Leyes procesales: "Las Leyes procesales que se aprueben se inspirarán, entre otros, en los siguientes principios:
2. El objeto del proceso es el reconocimiento de los derechos designados en la Ley substancial".
El principio de economía procesal gira alrededor de la pluma del legislador, pues se encuentra consagrado en la norma suprema. De esta manera, este artículo 215 de la Constitución obliga al legislador ordinario a ajustar a los principios del derecho procesal las Leyes que en cada materia aprobase. El Código Judicial, que es norma supletoria en asuntos de familia, establece el principio en el numeral 1 del artículo 199 así: “Son deberes en general de los Magistrados y Jueces: Dirigir e impulsar el trámite del proceso, velar por su rápida solución adoptando las medidas para impedir su paralización, y procurar la mayor economía procesal por lo cual será responsable de cualquier demora que en él ocurra”. El artículo 468 del mismo Código indica que “tanto el Juez como los órganos auxiliares de los Tribunales tomarán las medidas legales que sean necesarias para lograr la mayor economía procesal”. Finalmente el artículo 740 del Código de Familia establece la necesidad de aplicación de dicho principio tanto en la jurisdicción de familia como en la de niñez y adolescencia así: “Los Jueces de Familia y los de Menores procurarán la más justa y eficaz administración de justicia y, a tal efecto, pondrán especial empeño en emplear en los procedimientos fórmulas expeditas y sucintas, para dejar claramente resuelto el asunto bajo su conocimiento con la mayor economía procesal”.
Volviendo a la exposición de motivos del Anteproyecto de Ley en cuestión, el tercer párrafo expresa categóricamente lo siguiente: “Como es harto sabido en Panamá las escuelas particulares cobran una suma de dinero llamada anualidad, la cual distribuyen en 10 pagos mensuales, que inician en marzo y terminan en diciembre” (el subrayado es nuestro). Lo cierto es que la consuetudine de la plaza no es esa: cada escuela privada celebra un contrato mercantil con los padres de familia con plena libertad y autonomía entre las partes y, no es menos cierto que algunas escuelas privadas ofrecen la opción de pagar la anualidad en 12 meses o 10 meses, como lo prefiera el comprador. Por otra parte, vale la pena recordar que en materia civil podemos celebrar un contrato de préstamo que se llama mutuo —por ejemplo— y si como parte del acuerdo el acreedor dice que no va a cobrar intereses, eso es posible; en materia mercantil no cabe un contrato sin intereses, por lo que los recargos por pagos tardíos debidos al no cumplimiento de la obligación de dar alimentos por parte del alimentante son reales y deberían correr a costa de este también.
ALGUNAS INNOVACIONES EN LA AUDIENCIA DE PENSIÓN ALIMENTICIA A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 42 DEL 7 DE AGOSTO DE 2012
Desde que entró en vigencia esta nueva Ley, el Juez que decide sobre la causa se encuentra ante una situación jurídico-procesal diferente de la anterior en varios aspectos. Paso a enumerar solo algunos aspectos prácticos:
1. La pensión de alimentos es retroactiva: Independientemente de que sea la medida provisional o la definitiva, es retroactiva desde el momento en que se instauró la solicitud. El artículo 3 de la ley indica: “La obligación de dar alimentos será exigible desde que la solicite quien tenga derecho a recibirlos y deberá reconocerse de oficio desde la fecha en que se interponga la solicitud ante la autoridad competente, conforme al monto establecido en sentencia respectiva”. Vale la pena aclarar que si el Juez decide otorgar la provisional con el retroactivo, no puede otorgar luego la definitiva también con el retroactivo. En ese caso se fijaría la cuota definitiva sin retroactivo para que se realice ese pago a partir de ese punto.
2. El Juez debe fijar una pensión, ya sea definitiva o provisional, durante el acto de audiencia en la primera audiencia: Si no lo hace, violenta el principio del debido proceso. Si las pruebas presentadas antes y durante la primera audiencia no son concluyentes, el Juez debe establecer al menos una cuota alimenticia provisional. Una pregunta usual es ¿después de que el Juez establece la cuota provisional cuánto tiempo tiene para establecer la definitiva? La Ley 42 de 2012 no establece un término, sin embargo las pruebas que hagan falta deben ser aportadas rápidamente (de preferencia dentro del término de un mes aproximadamente) al proceso, ya que luego de algún tiempo las circunstancias socioeconómicas de las partes pueden haber cambiado. Existen mecanismos establecidos para incorporar esas pruebas de manera expedita. Recordemos que la cuota alimenticia puede revisarse luego de 1 año (desde el año 2016) de haber sido fijada la cuota definitiva. Otra pregunta recurrente es ¿y si gano X cuánto tengo que pagar? ¿Existe una tabla? No hay tabla. La cuota se establece siguiendo un principio de proporcionalidad.
3. Cuando las pruebas no son concluyentes, con la nueva Ley de pensiones alimenticias, el Juez se encuentra en la facultad de llamar a declaración a uno o dos testigos: Así lo establece el último párrafo del artículo 6 de la Ley 42 de 2012: “Para determinar la situación socioeconómica, la autoridad competente podrá realizar la evaluación socioeconómica o utilizar cualquier otro medio de prueba”. El interrogatorio que conduce nuestra contraparte puede ser objetado y en muchas ocasiones el Juez indicará que la objeción no procede porque la norma procesal dice que si la persona ha contestado la pregunta, entonces la objeción no procede porque ya el testigo ha comenzado a responder la pregunta. Lo cierto es que cuando se es parte en un proceso en el cual se está examinando a testigos no debemos sentirnos intimidados por las decisiones del Juez. Su decisión de aceptar o no la objeción es irrecurrible “pero en la diligencia se dejará constancia de la pregunta, repregunta, objeciones y la decisión” (Art. 941 Código Judicial), lo cual deberá constar en el acta y podrá ser evaluado durante un posible trámite posterior de apelación.
4. Se permite la conciliación: A pesar de que el Juez puede practicar pruebas de oficio, como se vio en el punto anterior, la nueva Ley de pensiones alimenticias permite la conciliación. Yo diría que el proceso especial de alimentos presenta una mezcla entre el sistema procesal inquisitivo y el dispositivo con una marcada tendencia hacia este último. La denominada prueba socioeconómica es un elemento que muchos jueces que conocen del proceso de alimentos consideran fundamental en la determinación de la cuota alimenticia, excepto en los casos en los que se da la conciliación. Lógicamente, si ambas partes se ponen de acuerdo en cuanto a cuál va a ser la cuota alimenticia, ¿para qué prácticar la prueba socioeconómica si la ley permite la conciliación? El artículo 55 incorpora la figura así: “Al dar inicio a la audiencia, la autoridad competente procederá a conciliar a las partes. De lograrse la conciliación total o parcial con relación a la pretensión, se levantará un acta que firmarán los que intervienen en la audiencia. En este caso, si el beneficiario es menor de edad o persona con discapacidad, el Juez cuidará que no se menoscabe el interés superior del niño, niña o adolescente”.
5. Se acentúa la tendencia hacia el principio dispositivo: El proceso especial de alimentos requiere de la interposición de una demanda por una de las partes. Algunos Jueces indican que, en lo que respecta a este proceso, ya no están de acuerdo con practicar pruebas de oficio, aunque algunos tratadistas indican que en asuntos de familia la prueba de oficio sigue siendo saludable; sin embargo, lo cierto es que ningún Juez va a cargar con la falta de profesionalismo de abogados que no manejan pruebas, a la vez que es asunto de las partes interesadas convencer a un Juez, quien ve cientos sino miles de expedientes al mes, de sus argumentos. En nuestra realidad material, la necesidad de un abogado profesional se acentúa, a pesar de que la interposición de este proceso legalmente no establezca ese requisito por razones de protección de los menores. El abogado debe pues cumplir con los formalismos que establece la ley en cuanto a medios probatorios. Las pruebas tienen que ceñirse a la materia de discusión y por lo tanto al aducirlas debe explicársele al Juez cuál es el objeto de cada una de ellas; también las pruebas documentales deben cumplir con los formalismos para que revistan de valor probatorio… En muchas ocasiones las partes no se dan cuenta de que al presentar un vídeo, una foto o un correo electrónico en audiencia ante el Juez, cometen un delito frente a la propia autoridad y frente a su contraparte al violar derechos fundamentales de las personas. El Juez no estará siempre pendiente de suplir las carencias de las partes, especialmente si está teniendo un mal día o bien si las partes no son sus “moneditas de oro”; sin embargo, para eso existen las normas.
Última vez actualizado el 21 de Febrero de 2019.