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Timestamp: 2019-07-18 22:11:50
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Matched Legal Cases: ['artículo 120', 'artículo 222', 'artículo 12', 'artículo 4', 'artículo 12', 'artículo 3', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 3', 'artículo 15', 'artículo 12']

﻿ DECRETO 1065 DE 1999
DECRETO 1065 DE 26 DE JUNIO DE 1999
CONTENIDO:CAJA DE CRÉDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO S.A. SE DISPONE SU DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN Y SE REESTRUCTURA EL BANCO DE DESARROLLO EMPRESARIAL S.A.
TEMAS ESPECÍFICOS:CRÉDITO AGROPECUARIO, ENTIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO, ENTIDAD PÚBLICA, PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1123 DE JULIO 30 DE 1999, PG. 174
DIARIO OFICIAL N°:43615 DE JUNIO 26 DE 1999
VIGENCIA:DECLARADO INEXEQUIBLE POR LA CORTE CONSTITUCIONAL EN SENTENCIA C-918 DE 1999
DECRETO 1065 DE 1999
“Por el cual dictan medidas en relación con la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero S.A., se reestructura el “Banco de Desarrollo Empresarial S.A.” y se le trasladan algunas funciones”.
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 120 de la Ley 489 de 1998,
(Nota: Declarado inexequible, a partir de la fecha de su promulgación, por la Corte Constitucional en Sentencia C-918 de 1999).
De la disolución de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero
ART. 1º—Disolución. Dispónese la disolución y liquidación de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero S. A., creada por la Ley 57 de 1931.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 222 del Código de Comercio procédase de inmediato a su liquidación, y prohíbese a la entidad iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto, salvo aquellas que estén encaminadas a lograr su inmediata liquidación.
(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-918 de 1999).
Del régimen de la liquidación
ART. 2º—Régimen legal aplicable a la liquidación. El régimen aplicable a la liquidación será el previsto en el presente decreto y en lo pertinente en el estatuto orgánico del sistema financiero, para el caso de la toma de posesión para liquidar y la liquidación forzosa administrativa, y subsidiariamente lo previsto en el Código de Comercio.
ART. 3º—Administración. Durante la liquidación de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero será administrada por una junta asesora y un gerente liquidador y estará vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La junta asesora cumplirá las funciones de la asamblea general de accionistas y las de la junta directiva de la entidad.
La junta estará conformada por el Ministro de Hacienda o su delegado y cuatro (4) miembros con sus respectivos suplentes, designados por el Ministro de Hacienda y Crédito Público, quienes no requieren ser servidores públicos. La presidencia de la junta asesora será ejercida por alguno de sus miembros, según designación hecha por ellos mismos. El gerente liquidador será un empleado público de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República y será el representante legal de la entidad.
PAR.—Hasta tanto tome posesión el gerente liquidador, sus funciones serán ejercidas por el representante legal de la entidad en liquidación.
ART. 4º—Contrataciones y procesos. Durante la liquidación, el gerente liquidador podrá, con autorización de la junta asesora, celebrar directamente los contratos requeridos para la administración y disposición de los activos de la entidad, incluyendo fiducias y encargos fiduciarios, así como otros contratos que sean requeridos para su funcionamiento y cobro de su cartera y aquellas otras actividades que sean necesarias y favorezcan el desarrollo de su liquidación. Para la terminación de la personería de la entidad, y una vez aprobada el acta final de liquidación, se podrá acordar la cesión de estos contratos al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafin, o a otra entidad pública, quien para el caso de las fiducias y encargos fiduciarios será el fideicomitente.
Toda acción judicial o administrativa pendiente, así como requerimientos de entidades públicas, multas, sanciones o condenas sin ejecución o pago, derivadas del funcionamiento de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero serán responsabilidad suya y corresponderá a ella exclusivamente su atención.
ART. 5º—Cesión de activos y pasivos. La Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero deberá en primer lugar realizar cesiones de sus activos, pasivos, contratos, establecimientos de comercio e inversiones al Banco Agrario de Colombia S. A., de acuerdo con el documento de cesión que para el efecto suscribirán el liquidador de la entidad y el representante legal del Banco Agrario de Colombia S. A., documento que estará basado en el informe financiero preparado para tal fin por la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero y será aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La cesión comprenderá los depósitos del público, que serán atendidos por la entidad a que se refiere el artículo 12 del presente decreto.
Las diferencias contables que resulten de la cesión de activos, pasivos, contratos e inversiones se resolverán mediante procedimientos de conciliación y ajustes contables, conforme a la ley, en un término no mayor de un (1) año.
Si de la cesión de activos, pasivos, contratos, establecimientos de comercio e inversiones que la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero en liquidación efectúe el Banco Agrario de Colombia S. A. resultare una diferencia a favor de éste, la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, o la Nación cuando asuma este pasivo, estarán en la obligación de pagar la misma, pudiendo acudir esta última al mecanismo previsto en el artículo séptimo del presente decreto para efectuar el pago, en la medida que sea necesario para que el Banco Agrario de Colombia S. A., cumpla con sus obligaciones legales o con el público.
Sin perjuicio de lo anterior, autorízase a la entidad para realizar cesiones parciales de sus activos, pasivos, contratos, establecimientos de comercio e inversiones, o de cualquiera de ellos, a establecimientos de crédito, o excepcionalmente a otras personas con capacidad para ser cesionarias, según sea del caso.
Cuando se ofrezca la cesión de activos, pasivos y contratos, o de cualquiera de ellos a personas de naturaleza privada, estas ofertas se harán con observancia del principio de selección objetiva y de la Ley 226 de 1995, cuando esta última sea aplicable.
Las cesiones no requerirán autorización distinta de las de sus órganos de administración o consentimiento de terceros. Los documentos de cesión y las escrituras que se otorguen como consecuencia de los mismos no causarán impuesto de timbre y se considerarán como actos sin cuantía.
ART. 6º—Seguros. La actividad aseguradora de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero deberá liquidarse. Para el mejor desarrollo de la liquidación, el gerente liquidador podrá celebrar los contratos y efectuar los procesos a que hace relación el artículo 4º del presente decreto. Los activos de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero vinculados a esta actividad no serán cedidos a la entidad a que se refiere el artículo 12 del presente decreto.
Así mismo y sin perjuicio de lo anterior, se podrá, con la autorización de la junta asesora de la liquidación, ceder a título oneroso la actividad de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero y las operaciones, derechos y obligaciones que se desprendan de la misma, parcial o totalmente, a compañías de seguros públicas o privadas. En el caso de que se ofrezca la cesión a compañías aseguradoras privadas, el contratante se escogerá observando el principio de selección objetiva.
ART. 7º—Cuenta final de la liquidación. La Nación se subrogará en la cuenta final de liquidación de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. En consecuencia, con cargo a ella y para facilitar el pago del pasivo externo de la entidad, la Nación queda autorizada para asumir deuda de la entidad en liquidación, para emitir y entregar títulos de deuda pública y para anticiparle recursos a la entidad en liquidación, en proporción a su participación accionaria y a los compromisos de capitalización adquiridos antes de la vigencia del presente decreto.
Para estas operaciones se requerirá solicitud ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dirigida por el gerente liquidador con la aprobación de la junta asesora a que se refiere el artículo 3º de este decreto.
De los servidores públicos vinculados a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero
ART. 8º—Supresión de cargos y de empleos desempeñados mediante contrato de trabajo. Como consecuencia de la disolución y liquidación de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero dispuesta en el artículo primero, se suprimen todos los cargos y empleos existentes en la entidad desempeñados por servidores públicos vinculados mediante contrato de trabajo.
ART. 9º—Terminación y liquidación de los contratos de trabajo. Para la terminación y liquidación de los contratos de trabajo de los trabajadores oficiales se aplicarán las reglas generales que sobre el particular se establecen en el artículo 15 del Decreto 1064 de 1999 y las especiales del presente capítulo.
Como efecto de la disolución y liquidación de la entidad y la supresión de cargos y empleos desempeñados por trabajadores oficiales vinculados a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero ordenada por el artículo 15 del Decreto 1064 de 1999 y este decreto, se terminarán todos los contratos de trabajo, para lo cual no se requerirá adelantar ningún procedimiento previo de carácter judicial, administrativo o disciplinario.
Con el fin de proteger a los trabajadores oficiales por la carga que soportan dada la decisión legal de liquidar la entidad, se deberá reconocer a cada trabajador una bonificación equivalente al valor de la indemnización prevista por despido injusto en la convención colectiva vigente o en el régimen prestacional de los trabajadores no convencionados de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, según sea el caso. Lo anterior, sin perjuicio del pago de los salarios y demás prestaciones legales y extralegales a que tengan derecho.
Para aquellos trabajadores que hayan recibido su bonificación en desarrollo de lo dispuesto en este artículo y que con posterioridad presten sus servicios a otras entidades que tengan participación estatal en su capital, no se producirá el fenómeno de sustitución patronal. Así mismo, dada la disolución y liquidación de la entidad y el pago de la bonificación, no procederá la acción de reintegro en ningún caso.
PAR. 1º—Los trabajadores oficiales a quienes se les suprima el cargo o empleo como consecuencia de la disolución y liquidación de la entidad y que tengan en ese momento causado el derecho a una pensión, no se les reconocerán ni pagarán las bonificaciones a que se refiere el presente artículo.
Si se hicieran o pagaran reconocimientos superiores a los consignados en la ley y en la convención colectiva de trabajo y en el régimen prestacional de trabajadores oficiales no convencionados de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, el beneficiario será responsable de la devolución de su valor más los intereses correspondientes, liquidados a la tasa de interés corriente bancario, y serán solidarios quienes autorizaron el pago correspondiente.
PAR. 2º—Lo dispuesto en el inciso tercero de este artículo no será aplicable a los trabajadores oficiales que hayan presentado en forma oportuna la solicitud para acogerse al plan de retiro voluntario ofrecido por la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero en mayo de 1999 y reúnan las condiciones y requisitos allí contemplados; a estos trabajadores oficiales se les liquidará el contrato con las bonificaciones previstas en el referido plan.
ART. 10.—Asunción del pasivo pensional. La Nación–Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través del fondo de pensiones públicas del nivel nacional, asumirá la obligación del pago de pasivo pensional de los trabajadores de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, sustituyendo en estas obligaciones a la entidad y al fideicomiso, que se terminará por el gerente liquidador, de acuerdo con las normas de este decreto previstas para su liquidación.
PAR. 1º—El producto de los activos afectos al pago de pensiones administrados mediante fideicomiso deberá transferirse al fondo de pensiones públicas, en la medida en que éste asuma el pago de las pensiones, por conducto de la dirección general del tesoro. Para tal efecto los activos podrán ser enajenados a través de una fiduciaria pública. No obstante aquellos activos que sean indispensables para el desarrollo del objeto social de la entidad a que se refiere el artículo 12 de este decreto podrán ser cedidos a la misma directamente por el fideicomiso previa autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En este caso, como contraprestación por la cesión, la Nación recibirá acciones de la entidad de que trata el artículo 12 de este decreto. Esta cesión se realizará por su valor en libros.
ART. 11.—Reconocimiento y liquidación del pasivo pensional. El reconocimiento y liquidación de la nómina del pasivo pensional para efectos de su pago, estará a cargo de la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, o con otra entidad que determine la junta asesora. Para la sustitución del pago deberá observarse lo previsto en el Decreto 1132 de 1994 y demás normas que lo modifiquen o adicionen. El Gobierno Nacional reglamentará los términos para el reconocimiento y pago del pasivo pensional.
La Caja Nacional de Previsión Social, o quien seleccione la junta asesora de que trata el artículo 3º del presente decreto, y el Gobierno Nacional tomarán las medidas que considere adecuadas para evitar fraudes al fisco nacional dentro del ámbito de su competencia, incluyendo en todo caso la administración separada de la nómina del pasivo pensional mientras se audita y verifica la información que reciban de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero.
De la reestructuración del Banco de Desarrollo Empresarial S.A.
ART. 12.—Reestructuración y capitalización del Banco de Desarrollo Empresarial S. A. Reestructúrase el establecimiento bancario denominado Banco de Desarrollo Empresarial S. A., que en lo sucesivo se denominará Banco Agrario de Colombia S. A. y podrá usar el nombre Banagrario, entidad que continuará como sociedad anónima, con el régimen de empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional, y que se vincula al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Las entidades públicas podrán participar en el capital del banco que se reestructura por este decreto. Para capitalizar la entidad y mantener el capital adecuado, el fondo de garantías de instituciones financieras y la Nación podrán emitir y entregar títulos de deuda interna con cargo a vigencias futuras. La emisión de estos títulos de la Nación no requiere formalidades ni trámites distintos de los previstos en las normas orgánicas de presupuesto.
ART. 13.—Objeto del Banco Agrario de Colombia S.A. El Banco Agrario de Colombia S. A. tendrá como objeto desarrollar las operaciones propias de un establecimiento bancario comercial, con las limitaciones previstas en este decreto. Sus operaciones activas estarán dirigidas a las actividades rurales, agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales y a las entidades territoriales.
No obstante, la junta directiva, con sujeción a los límites previstos en el artículo 15 de este decreto, por unanimidad podrá autorizar que algunas operaciones activas que ésta determine estén dirigidas a otras actividades, sin que en ningún caso la totalidad de estas operaciones supere el 30% del total de la cartera de la entidad.
ART. 14.—Operaciones e inversiones. El Banco Agrario de Colombia S. A. podrá desarrollar todas las operaciones propias de los establecimientos bancarios y efectuar las inversiones autorizadas a estos últimos, en ambos casos con sujeción a lo dispuesto en forma especial en este decreto y en el estatuto orgánico del sistema financiero.
El Banco Agrario de Colombia S. A., hará parte del sistema nacional de crédito agropecuario y podrá operar sus oficinas en forma directa, o prestar sus servicios mediante convenios suscritos con otros establecimientos de crédito, o contratar la operación de oficinas por parte de otros establecimientos de crédito en las condiciones que determine el Gobierno Nacional. Así mismo, podrá acordar la utilización de espacios de otras entidades públicas en municipios de categorías 5 y 6 para prestar servicios cuando en tales municipios no exista otro establecimiento de crédito. Estas agencias o puntos de servicio estarán operadas por funcionarios del Banco Agrario de Colombia S. A. y bajo su responsabilidad.
El Banco Agrario de Colombia S. A. no tendrá filiales.
ART. 15.—Límites a las operaciones activas de crédito. Las operaciones activas de crédito del Banco Agrario de Colombia S. A., estarán sujetas a las siguientes limitaciones:
En cada operación activa de crédito estructurada y concedida bajo la modalidad de créditos sindicados, o mediante otras modalidades similares, el riesgo crediticio del Banco Agrario de Colombia S. A. no excederá del 33% del monto de la operación.
En las operaciones activas de crédito garantizadas por el fondo agropecuario de garantías, o quien haga sus veces, el monto de operación no excederá en ningún caso del 20% del valor garantizado por el fondo. El monto de la operación no garantizada por el fondo deberá contar con garantías admisibles.
Las operaciones activas de crédito con una entidad territorial no excederán en ningún momento del equivalente en pesos de 1.000 salarios mínimos legales mensuales, vigentes al momento de la aprobación de la operación. No se encuentran sometidas a este límite las operaciones previstas en el literal a) de este artículo.
Las operaciones activas de crédito con una persona, distintas de las operaciones comprendidas en los literales anteriores, no excederán en ningún momento del equivalente en pesos de 500 salarios mínimos legales mensuales, vigentes al momento de aprobación de la operación.
PAR.—Cuando se agoten los recursos del fondo agropecuario de garantías, o quien haga sus veces, la junta directiva podrá, por unanimidad y mientras dure esta circunstancia, sustituir el sistema de garantías del fondo previsto en el literal b) de este artículo por otro sistema similar, pero en ningún caso el monto de la operación excederá del 20% del valor garantizado mediante el sistema adoptado.
ART. 16.—Depósitos judiciales, consignación de multas y de cauciones. Se ordena el traslado al Banco Agrario de Colombia S. A. de las funciones de recibo, depósito y administración de los dineros que por mandato legal se deben depositar en la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, incluyendo las relacionadas con los depósitos judiciales, la consignación de multas que impongan las autoridades jurisdiccionales, las cauciones, las cantidades de dinero que deban consignarse a órdenes de las autoridades de policía con motivo de las actuaciones o diligencias que adelanten y las sumas que se consignen en desarrollo de contratos de arrendamiento.
En consecuencia, a partir de la vigencia del presente decreto, el Banco Agrario de Colombia S. A. sustituye en los derechos y obligaciones a la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en relación con las funciones aquí señaladas.
PAR.—La cesión de los derechos y obligaciones relacionados con los depósitos judiciales que en la actualidad poseen los establecimientos bancarios distintos de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero y el Banco Central Hipotecario, se hará a la entidad de que trata el artículo 12 de este decreto en los términos actualmente pactados.
ART. 17.—Subsidio de vivienda rural familiar. Trasládase la administración del subsidio de vivienda rural familiar y de otros subsidios que administre la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero al Banco Agrario de Colombia S.A. En consecuencia, a partir de la vigencia del presente decreto, esta entidad sustituye en los derechos y obligaciones a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero en relación con las funciones aquí señaladas.
ART. 18.—Privilegios y derechos. Sustitúyase en el Banco Agrario de Colombia S. A. cualquier privilegio o derecho que la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero tenga en virtud de disposiciones contenidas en leyes y decretos reglamentarios.
ART. 19.—Administración. El Banco Agrario de Colombia S.A. tendrá una asamblea general de accionistas, una junta directiva y un presidente.
ART. 20.—Junta directiva. La junta directiva del Banco Agrario de Colombia S. A. estará integrada así:
Por el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado, quien la presidirá;
Por el Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado;
Por el director del fondo de garantías de instituciones financieras o su delegado, mientras esta entidad tenga participación accionaria en el capital del banco, y si no tuviera participación, en su lugar será miembro de la junta directiva un representante del Presidente de la República, de su libre designación, quien tendrá un suplente personal; y
Por dos representantes, con sus respectivos suplentes personales, designados por el Presidente de la República.
Los delegados de los ministros y del director del fondo de garantías financieras no requieren ser servidores públicos.
Corresponde a la asamblea general de accionistas además de las funciones que se determinen en sus estatutos internos, modificar los estatutos del banco para adaptarlos a lo previsto en el presente decreto y las demás normas pertinentes.
La junta directiva cumplirá las funciones de la asamblea general de accionistas mientras el Banco Agrario de Colombia S. A. esté sometido al régimen previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado.
Así mismo, corresponde a la junta directiva proponer al Gobierno Nacional la modificación de la planta de personal del banco y determinar la apertura o cierre de sucursales, agencias y oficinas del mismo, en ambos casos con el voto favorable de los Ministros de Agricultura y Desarrollo Rural y de Hacienda y Crédito Público, o de sus delegados.
PAR.—La determinación inicial del presupuesto, de la estructura administrativa y de su red bancaria se hará mediante decreto del Gobierno Nacional. Así mismo, la junta directiva podrá ejercer temporalmente todas sus funciones y hasta por un término no mayor de tres (3) meses con la presencia de tres (3) de sus miembros.
ART. 21.—Presidente. El presidente de la entidad será un empleado público, de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República.
El presidente será el representante legal de la entidad, sin perjuicio de que otros servidores públicos puedan tener representación legal de la entidad para su normal funcionamiento, según lo determine su junta directiva.
ART. 22.—Operación financiera. La asamblea general de accionistas, su junta directiva y sus administradores, serán responsables de orientar y efectuar las operaciones de la entidad dentro de sanos principios del manejo financiero, de tal manera que no celebre operaciones por debajo del costo de sus recursos financieros.
Por tal motivo, cuando por disposición legal o reglamentaria deba celebrar operaciones activas en condiciones de rentabilidad inferiores a las de mercado o bajo previsiones de riesgo superiores a las admisibles dentro de las sanas prácticas bancarias, la Nación deberá previamente asumir el costo y fondear tales operaciones, de tal manera que no disminuyan la rentabilidad de mercado de las operaciones de la entidad.
ART. 23.—Selección de personal. La selección de personal del Banco Agrario de Colombia S.A., distinto del presidente, se hará a través de empresas independientes de reconocida reputación en el mercado nacional, cuya selección será aprobada por la junta directiva. La selección se hará entidad en atención a los resultados de las pruebas correspondientes, que deberán evaluar los méritos de la persona y su capacitación para el cargo que habrá de desempeñar, sin consideraciones de tipo partidista.
ART. 24.—Ajustes presupuestales. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el fondo de garantías de instituciones financieras, según sea el caso deberán realizar los ajustes presupuestales necesarios para lograr cumplir con los requisitos que se establecen en el estatuto orgánico del sistema financiero para este tipo de establecimientos, principalmente en lo que tiene que ver con el capital y los márgenes de solvencia, si a ello hubiere lugar.
ART. 25.—Vigencia. El presente decreto rige desde la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 26 de junio de 1999.