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Timestamp: 2018-11-14 09:49:26
Document Index: 355583694

Matched Legal Cases: ['artículo 28', 'artículo 62', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 64', 'artículo 366']

﻿ SENTENCIA SL8293-2017/49071 DE MAYO 31 DE 2017
SENTENCIA SL8293-2017 DE 31 DE MAYO DE 2017
CONTENIDO:SE ESTABLECE QUE LA DEMANDA DE CASACIÓN DEBE CUMPLIR CON REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, LEGALES Y DESARROLLOS JURISPRUDENCIALES. SE PRECISA QUE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS QUE SU PLANTEAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN EXIGEN CON ACATAMIENTO DE LAS REGLAS LEGALES Y DESARROLLOS JURISPRUDENCIALES FIJADOS PARA SU PROCEDENCIA. DE IGUAL FORMA, DICHA IMPUGNACIÓN NO LE OTORGA A LA SALA ENCARGADA DE RESOLVERLO LA COMPETENCIA PARA JUZGAR EL PLEITO A FIN DE RESOLVER A CUÁL DE LOS LITIGANTES LE ASISTE LA RAZÓN. DADO QUE SU LABOR, SIEMPRE QUE EL RECURRENTE SEPA PLANTEAR LA ACUSACIÓN Y ESTE SE LIMITA A ENJUICIAR LA SENTENCIA IMPUGNADA CON EL OBJETO DE ESTABLECER SI EL JUEZ DE APELACIONES AL DICTARLA OBSERVÓ LAS NORMAS JURÍDICAS QUE ESTABA OBLIGADO A APLICAR PARA RECTAMENTE DIRIMIR EL CONFLICTO
TEMAS ESPECÍFICOS:DEMANDA DE CASACIÓN, PRUEBA EN CASACIÓN, RECURSO DE CASACIÓN, LEGITIMACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN, INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN, OPORTUNIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN, FORMALIDADES DEL RECURSO DE CASACIÓN
Sentencia SL2893-2017/49071 de mayo 31 de 2017
SL8293-2017
Rad. 49071
Bogotá, D.C., treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete.
Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia revoque la del a quo y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda inicial.
Con tal objeto, por la causal primera de casación, formuló dos cargos que dentro del término de ley fueron objeto de réplica.
Acusa la sentencia del Tribunal de ser violatoria por la vía directa, “a causa de aplicación indebida de los arts. 174, 177 Y 187 del CPC”; igualmente, en la exposición del cargo, afirma que “desconoce el verdadero sentido de la norma por cuanto la ley aplicable al caso concreto es” el artículo 28 de la Ley 789 de 2002 y, refiere la aplicación indebida del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo.
Señala que el Tribunal incurrió en la violación de los preceptos señalados, por cuanto su decisión únicamente se fundamentó en las declaraciones de dos trabajadores de la accionada. Aduce que “en todo contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable” que, en este asunto, lo es la demandada y reproduce parcialmente el artículo 28 de la Ley 789 de 2002.
A continuación, refiere algunas apreciaciones sobre el derecho al trabajo, sus fines, su impacto en el ámbito familiar, la función que le corresponde al Estado desarrollar frente a aquel y la discriminación de la mujer en el campo laboral.
Una vez lo anterior, concluye que el fallo confutado debió favorecer a la demandante por cuanto la accionada “nunca pudo demostrar” que aquella “se apropio (sic) de los dineros de la venta realizada ese dia (sic)” y, en consecuencia, se debieron proteger sus derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso y a la seguridad social, dada su condición de “madre CABEZA DE FAMILIA de dos menores de edad”.
El opositor manifiesta que el cargo adolece de deficiencias técnicas, entre las que destaca: (i) que en la proposición jurídica no se incluyeron normas de orden sustancial; (ii) que por dirigirse por la vía directa se aceptan los supuestos fácticos establecidos por el Tribunal, entre ellos la justa causa del despido; (iii) que se cuestiona la apreciación de dos testimonios, prueba que no es calificada en casación, y (iv) que no desarrolla una verdadera acusación, pues solo contiene apreciaciones personales mas no explica cómo se dio la violación normativa que denuncia.
En cuanto al fondo del asunto, refiere que los hechos justificativos del despido, fueron debidamente probados a través de los documentos allegados al proceso y la declaraciones rendidas en el curso del mismo, por lo que la valoración que el Tribunal realizó de dichos elementos de convicción “cae dentro del terreno de su libertad de apreciación probatoria y de valoración de los hechos” y, por ello, no se puede predicar que aquel haya incurrido en un desatino.
La Corte comienza por resaltar que, como recurso extraordinario que es, la demanda de casación debe ceñirse a los requerimientos técnicos que su planteamiento y demostración exigen con acatamiento de las reglas legales y desarrollos jurisprudenciales fijados para su procedencia, puesto que el incumplimiento de aquellos acarrea que el recurso resulte desestimable al imposibilitarse su estudio de fondo.
Igualmente, este medio de impugnación no le otorga a esta Sala la competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, habida cuenta que su labor, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia impugnada con el objeto de establecer si el juez de apelaciones al dictarla observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente dirimir el conflicto.
Visto lo anterior, encuentra la Sala que, tal como lo afirma el opositor, el cargo contiene graves deficiencias técnicas, que comprometen su prosperidad y que no es factible subsanar por virtud del carácter dispositivo del recurso de casación.
1. El recurrente acusa la infracción de “los arts. 174, 177 Y 187 del CPC”; empero, tales normas son eminentemente de carácter procesal y, por tanto, por sí solas no integran una proposición jurídica hasta tanto no sean complementadas con una o varias disposiciones de orden sustancial.
Ahora, de entenderse que el recurrente censura tales disposiciones como violación medio que condujo al quebrantamiento directo de las normas sustanciales que reseña en la demostración del cargo, se tiene que frente al artículo 28 de la Ley 789 de 2002, expone que el juez de segundo grado “desconoce el verdadero sentido de la norma por cuanto la ley aplicable al caso concreto” es tal disposición. En otras palabras, simultáneamente acusa la errónea interpretación y la falta de aplicación de tal norma, lo cual no resulta aceptable, pues tales modalidades de violación de la ley sustancial son claramente excluyentes.
2. Pese a dirigir su ataque por la ruta del puro derecho, el impugnante incurre en la impropiedad de involucrar en su discurso cuestiones fácticas, generando una mixtura de las dos vías de violación de la norma sustancial, lo cual no es admisible en sede de casación.
Se dice lo anterior, por cuanto afirma en el cargo que el Tribunal erró al fundar su decisión únicamente en dos declaraciones de testigos y refiere que la accionada no logró demostrar que la demandante se apropió de recursos propios de aquella.
3. El censor omite elaborar un discurso coherente que conduzca a la demostración de los eventuales errores jurídicos en que incurrió el ad quem, pues únicamente se ocupa de transcribir apartes de las artículos 62 y 64 del Código Sustantivo del Trabajo, y a realizar apreciaciones sobre la naturaleza de fundamental del derecho al trabajo y, en tal dirección, acerca de los fines del mismo, su importancia en la sociedad y la necesidad de ser amparado por parte del Estado, aspectos que aun cuando revisten gran importancia, resultan inanes al fin de derruir el fallo confutado.
4. Más grave resulta el hecho que para confirmar la sentencia absolutoria de primer grado, el Tribunal con fundamento en varios elementos de juicio —declaración extrajuicio, testimonios y confesión— adujo que el despido injusto alegado por la trabajadora no se configuró, en la medida que se demostró “la apropiación de los elementos de la universidad” por parte de aquella; luego, al dirigir el cargo por la vía directa, tal conclusión de orden fáctico permanece incólume y, con ella, la presunción de acierto y legalidad que recae sobre la decisión de segundo grado.
5. Finalmente, es de resaltar que el recurrente acude a un medio nuevo en el recurso extraordinario, en tanto alude a la calidad de “MADRE CABEZA DE FAMILIA” de la demandante, de donde pretende derivar la protección del derecho fundamental al trabajo. En tal medida, no le compete a la Sala realizar ningún pronunciamiento de fondo sobre el particular, pues ello conllevaría la afectación del derecho de defensa de la demandada.
Por lo visto, el cargo se desestima.
Le endilga a la decisión impugnada la infracción, por la vía indirecta, “a causa de aplicación indebida del art. 62 del C.S.T.”.
En cuanto a los errores de hecho en que afirma, incurrió el Tribunal, señala:
1. Uno de los yerros más protuberantes y gravísimos en que incurre la sentencia impugnada consiste en no dar por demostrado, estándolo, que a mi mandante se le vulneraron varios de su derechos Constitucionales al cambiarle y desmejorarle sus condiciones laborales, por cuanto aunque los honorables Magistrados de la Sala Laboral de Distrito Judicial de Cali, manifiestan de que no hubo ningún desmejoramiento comprobado en el cargo desempeñado por mi mandante al pasar de ser ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS, cargo en el cual estuvo durante poco mas (sic) de ocho (8) años y donde no tuvo ningún llamado de atención o memorando por mal comportamiento o por incumplimiento en sus funciones laborales, a pasar a ser VENDEDORA DE LA TIENDA UNIVERSITARIA.
No pueden argumentar los magistrados que no hubo detrimento de las condiciones laborales, por cuanto a las claras si (sic) lo hubo, no nos podemos ampara (sic) solo en el hecho de que no hubo una reducción del sueldo, porque ese apenas es uno de los factores que pueden afectar las condiciones laborales de un trabajador.
A continuación, en el acápite que titula “PRUEBAS NO APRECIADAS: DOCUMENTALES”, enuncia:
1- Memorial dirigido por las señoras MAYERLING ARTUNDUAGA Y ROVIRA MUÑOZ, quienes actuaban en su calidad de ASISTENTE DE DIRECCION (sic) DE LA TIENDA UNIVERSITARIA Y LA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE LA TIENDA UNIVERSITARIAS (sic), con destino al señor JUAN CARLOS RESTREPO, en su calidad de COORDINADOR DE LA TIENDA UNIVERSITARIA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI el dia (sic) 13 junio de 2.002 con copia al señor MARIO TORRES, en su calidad de JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS, MARIA (sic) DEL CARMEN FAJARDO auditora interna, IVAN (sic) PURRES (sic) en su CALIDAD DE AUDITOR y a la señora ALBA DORIS MORALES, EN SU CLIDAD (sic) DE JEFE DE RECURSOS HUMANOS, donde le expresan las inconformidades en como (sic) se estaba manejando el tema de los faltantes en la Caja, lo cual manifiestan que se le expreso (sic) a la señora MARIA (sic) DEL CARMEN FAJARDO desde el dia (sic) 5 de junio de 2.002. dichas (sic) inconformidades surgieron por los siguientes motivos:
— El problema con los faltantes en la caja
— Problemas con la aplicación del sistema operativo de los equipos que se bloqueaban y no imprimían.
— Problemas con los sobrantes por productos sin registrar.
— Problemas con los códigos de los productos.
— La jornada de 12 horas continuas laborales de trabajo.
— Los problemas logísticos de la tienda Universitaria.
Para demostrar el cargo, asevera que el Tribunal “se alejó de la realidad probatoria”, en tanto su decisión “se rigio (sic) única y exclusivamente por las versiones amañadas y poco creíbles de alguinos (sic) funcionarios, a los cuales ya se les habían hecho unos requerimientos serios por parte de los funcionarios que laboraban en aquella tienda Universitaria y no se tuvo en cuenta los documentos probatorios de la parte demandante”.
Igualmente, luego de definir el principio de favorabilidad, afirma que este fue “aplicado indebidamente” por el juez de segundo grado, “puesto que existía suficiente prueba que permitía resolver el conflicto planteado, en pro del (sic) trabajador (sic), con aplicación de las normas mas (sic) favorables”; además, que el fallo recurrido carece de fundamento constitucional, pues “debía haber mirado la manera arbitraria e ilegal con que actúan estos entes educativos para con sus trabajadores y lo que es peor aun (sic) contra su población estudiantil. Para con quien no tuvieron ningún reparo en dañarle su hoja de vida y frustrar sus aspiraciones profesionales”.
El opositor enerva la prosperidad del cargo, tras argumentar que la única prueba documental que se denuncia como no apreciada, en realidad sí fue valorada por el juez de apelaciones, y que el censor intenta demostrar el supuesto desmejoramiento laboral de la actora, pero no se ocupa de rebatir las conclusiones referentes a la ocurrencia de los hechos invocados como justa causa y, además, no incluyó en la proposición jurídica el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, que corresponde a la normativa que contiene las pretensiones de la demandante.
La Sala insiste en recordar que conforme el sistema constitucional y legal, la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades que más que un culto a la técnica, son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que este no se desnaturalice. De ahí que al evidenciar falencias de tal orden que además, resulten insuperables, la prosperidad del ataque no tiene lugar. Circunstancia que precisamente se advierte en este cargo, tal como se demuestra a continuación:
1. El recurrente dirige la acusación por la vía indirecta. Así, individualiza un supuesto error de hecho manifiesto en que incurrió el juez de segundo grado, singulariza el medio de convicción que acusa como no apreciado y refiere la norma sustancial que considera como indebidamente aplicada; empero, no cumple a cabalidad con el deber insoslayable de mostrar de manera objetiva que el contenido de ese elemento probatorio, así como el valor atribuido por el juzgador, conllevó al yerro fáctico endilgado y, de contera, a la conclusión del fallo impugnado.
En efecto, el error de hecho del que acusa al Tribunal, que básicamente se refiere a no tener como probado el desmejoramiento de las condiciones laborales de la actora debido al cambio de cargo del que fue objeto, de asistente del departamento de idiomas a vendedora de la tienda universitaria, no guarda relación alguna con la prueba censurada como no valorada —que dicho sea de paso, sí fue estudiada por el ad quem—, consistente en la comunicación de fecha 13 de junio de 2002, dirigida por la demandante y otra trabajadora al coordinador de la tienda universitaria, donde ponen de presente algunas fallas en la aplicación del sistema operativo de los equipos de dicha dependencia, circunstancia que por sí sola, enerva la prosperidad del cargo.
2. En la demostración del cargo, el recurrente alude a que la decisión de segundo grado se valió únicamente “de dos versiones amañadas y poco creíbles de algunos funcionarios”, lo que lleva a la Sala a considerar que está acusando la indebida apreciación de tales declaraciones. Empero, ello a nada conduce por las siguientes razones —además de la expuesta en el numeral anterior—:
— Porque como es sabido, el testimonio no es prueba apta para estructurar un yerro fáctico. Luego, su estudio en casación solo es posible si previamente se demuestra error manifiesto en alguna de las pruebas hábiles, lo cual no tuvo lugar en el sub judice.
— Por cuanto la referida afirmación del recurrente no concuerda con la realidad. Como quedó visto, el Tribunal verificó la ocurrencia de los hechos endilgados a la demandante como justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo, no solo de las testimoniales que se censuran, sino también de la declaración rendida ante notario público por la estudiante que adquirió el libro por un mayor valor al reportado por la actora y de la confesión de esta última, frente a la inexistencia de motivos para no entregarle a aquella la correspondiente factura de venta.
3. Sumado a lo anterior, el censor en su discurso alude genéricamente a la no valoración de los medios de convicción por parte del Tribunal, como cuando señala que este “no tuvo en cuenta los documentos probatorios de la parte demandante”, o que “existía suficiente prueba que permitía resolver el conflicto”, con lo que incumplió su deber de enunciarlos de forma individualizada y señalar de manera categórica qué se demostraba con ellos y cómo tal omisión incidía en el fallo cuestionado.
Es así que, incluso de entenderse que el censor cuestiona la verdadera conclusión del fallo cuestionado, esto es, que no tuvo ocurrencia la conducta enmarcada como justa causa para el finiquito laboral, lo cierto es que omite efectuar mención alguna frente a la valoración que realizó el Tribunal de los señalados medios de convicción, para arribar a tal decisión.
4. Aunado, la censura presenta una confusa argumentación que más que la sustentación de un recurso de casación, se traduce en un alegato de instancia, pues el recurrente se ocupa, entre otros, de efectuar alusiones al principio de favorabilidad y su aplicación al asunto, así como la actuación del ente universitario frente a “su población estudiantil”, sin observar que como lo enseña la jurisprudencia, para su estudio de fondo debe la acusación ser completa en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo pretendido.
Las costas del recurso extraordinario, por virtud de que la acusación no salió avante y hubo réplica, serán a cargo de la demandante recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de tres millones quinientos mil pesos ($ 3.500.000) m/cte, que se incluirán en la liquidación que se practique conforme a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 16 de junio de 2010, en el proceso ordinario que MAYERLING ARTUNDUAGA ZÚÑIGA adelanta contra la PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA DE SANTIAGO DE CALI.