Source: https://es.scribd.com/document/296853351/Exp-Caso-Analogia-Pro-Reo
Timestamp: 2019-04-22 16:52:03
Document Index: 187026430

Matched Legal Cases: ['artículo 200', 'artículo 4', 'artículo 139', 'artículo 44', 'artículo 3', 'artículo 139', 'artículo 139', 'artículo 139', 'artículo 139', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 139']

° 00728-2008-PHC/TC
siguiente sentencia y con el fundamento de voto del magistrado Álvarez Miranda, que se
El recurso de agravio constitucional interpuesto por Giuliana Flor de María
Llamoja Hilares contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal para Reos en
Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 2488, su fecha 23 de noviembre
de 2007, que declaró improcedente la demanda de autos.
contra los Vocales integrantes de la Tercera Sala Penal con Reos en Cárcel de la Corte
Superior de Justicia de Lima, señores Josué Pariona Pastrana, Manuel Carranza Paniagua y
Arturo Zapata Carbajal; y contra los Vocales integrantes de la Primera Sala Penal
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, señores Javier Román
Santisteban, Hugo Molina Ordóñez, Daniel Peirano Sánchez y Ricardo Vinatea Medina,
con el objeto de que se declare la nulidad de la sentencia condenatoria de fecha 26 de
julio de 2006, y su confirmatoria mediante ejecutoria suprema de fecha 22 de enero de
2007, ambas recaídas en el proceso penal N.º 3651-2006, y que en consecuencia, se expida
nueva resolución con arreglo a Derecho, así como se ordene su inmediata libertad. Alega la
vulneración de su derecho constitucional a la tutela procesal efectiva que comprende el
acceso a la justicia y el debido proceso, específicamente, los derechos a la defensa y a la
debida motivación de las resoluciones judiciales, así como los principios de presunción de
cocina, la occisa le lanzó violentamente dos cuchillos, los cuales logró esquivar; que luego,
empuñando un tercer cuchillo la persiguió alrededor de la mesa, y la alcanzó en una
esquina, infiriéndole un corte en la palma de su mano derecha; ante ello, agrega que cogió
un cuchillo que estaba en la mesa y que, forcejeando, ambas avanzaron hacia la pared,
donde chocaron con el interruptor, apagándose la luz. Señala, asimismo, que en
tal contexto de forcejeo y de lucha ciega entre ambas (al haberse apagado la luz de la
cocina), se produjeron movimientos no de ataque, sino motivados por el pánico y
la desesperación, razón por la cual ambas se infirieron heridas accidentales (no
intencionales), a consecuencia de las cuales cualquiera de las dos pudo terminar muerta,
pues cada una estuvo premunida de un cuchillo de cocina. Ya con relación al fondo del
asunto, refiere que luego de producido el evento: i) la occisa presentó 60 heridas, las cuales
(todas) fueron superficiales, pues 56 se hallaron solo en la epidermis (sin sangrado); 3
menos superficiales, que tampoco fueron profundas (el protocolo de necropsia no señalo
profundidad por ser ínfimas), y una (1) que, aun siendo también superficial, fue la única
fatal (el protocolo de necropsia tampoco le asignó profundidad), mientras que su persona
valorado 4 de ellas y no las demás, esto es, que se ha minimizado las heridas cortantes que
presentó su persona (para señalar que sólo fueron 4), y se ha maximizado las heridas que
presentó la occisa (ocultando que fueron sumamente superficiales, sólo en la epidermis y
sin sangrado). En este extremo concluye que, si sólo se tomó en cuenta 4 de las 22
heridas, con el mismo criterio debió excluirse las 56 heridas de la agraviada, y entonces de
esa manera efectuar una valoración más justa, pues sólo incidiría sobre las 4 heridas que
presentaron cada una; ii) no ha quedado probado quién produjo la única herida mortal,
mucho menos existe pericia o prueba alguna que determine de manera indubitable que fue
su persona quien produjo dicha herida; pues ni los jueces ni los peritos, nadie sabe cómo se
produjo ésta, ni qué mano la produjo, la izquierda o la derecha, pues arguye que el día de
sentenciada de manera arbitraria, sin existir prueba indubitable de ser la autora de la única
herida mortal, pues pudo habérsela ocasionado la misma agraviada, más aún, si los peritos
oficiales ante la pregunta de si la herida mortal pudo haber sido ocasionada por la misma
víctima, respondieron que “era poco remoto”, lo que denota que era posible. Además de
ello señala que, de acuerdo a la lógica, tampoco hubo de su parte intencionalidad de
lesionar a la occisa; iii) agrega asimismo que se distorsionaron totalmente los hechos,
introduciendo, por ejemplo, que fue la acusada quien cogió primero el cuchillo para atacar,
cuando la que cogió primero el cuchillo para atacar y, de hecho, atacó fue la occisa,
alterando así los hechos sin prueba alguna; y, finalmente iv) señala que ambas sentencias
están basadas en falacias, argucias y premisas falsas que distorsionan el orden de los
hechos, así como adulteran y tergiversan los mismos, a la vez que existe ocultamiento y
manipulación de evidencias en su perjuicio, así como una notoria parcialización en las
premisas y conclusiones. En suma, aduce que se trata de una sentencia condenatoria
accionante se ratifica en todos los extremos de su demanda. Los magistrados emplazados,
por su parte, coinciden en señalar que el proceso penal que dio origen al presente proceso
constitucional ha sido desarrollado respetando las garantías y principios del debido
proceso, en el que, tanto la procesada como la parte civil hicieron valer su derecho a la
defensa y otros derechos en todas las etapas del proceso, tanto es así que, en el caso, la
recurrente presentó peticiones, así como medios impugnatorios. Agregan asimismo que lo
que en puridad pretende la recurrente es que se efectúe un nuevo análisis del acervo
probatorio que se incorporó en el proceso, extremos estos que no son materia de un
proceso constitucional, sino más bien de un proceso ordinario.
improcedente la demanda contra los magistrados de la Tercera Sala Penal con Reos en
Cárcel, e infundada contra los magistrados de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte
Suprema de Justicia de la República, por considerar que la sentencia condenatoria no
puede ser considerada resolución firme, toda vez que contra ella oportunamente se
interpuso recurso de nulidad; en cuanto a la sentencia confirmatoria (ejecutoria suprema),
señala que el Supremo Colegiado ha actuado conforme a ley, teniendo en cuenta todas las
así como los principios de presunción de inocencia e indubio pro reo. ilegales. frente al acto procesal alegado de lesivo previamente haya hecho uso de los recursos necesarios . En efecto. del análisis de lo expuesto en dicho acto postulatorio. y ello es así. La Constitución establece expresamente en su artículo 200º. sobre ella incidirá el análisis y control constitucional de este Colegiado. FUNDAMENTOS Delimitación del petitorio 1. irracionales e ilógicos (razonamientos absurdos). específicamente los derechos a la defensa y a la debida motivación de las resoluciones judiciales. confirmó la apelada por similares fundamentos. por parte de cualquier autoridad. sostenidos en falacias. Sin embargo. N. Por tanto. así como de la instrumental que corre en estos autos.). por lo que no se puede pretender hacer de esta vía una instancia más del proceso penal. Según la demanda de hábeas corpus de autos. siendo de fácil constatación la alegada denuncia de vulneración de su derecho constitucional a la debida motivación de las resoluciones judiciales. tanto la sentencia condenatoria como su confirmatoria mediante ejecutoria suprema se basan principalmente en: a) criterios abiertamente desproporcionados. A su vez. falsa motivación (sesgada. así como de acceder a la pluralidad de instancias. según aduce. segundo párrafo. El hábeas corpus contra resoluciones judiciales 3. que asimismo presentan b) manipulación de pruebas y alteración del orden de los hechos en su perjuicio. el Código Procesal Constitucional establece en su artículo 4º. porque. inciso 1. falaz. y su confirmatoria mediante ejecutoria suprema de fecha 22 de enero de 2007. cabe precisar que no todas las resoluciones judiciales pueden ser objeto de control por el proceso constitucional de hábeas corpus. 2.º 3651-2006). en su extenso escrito de demanda de más de cien (100) páginas. La Primera Sala Penal Superior para Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima. que el hábeas corpus procede ante el hecho u omisión. hechos falsos. funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos conexos a ella. solo aquellas resoluciones judiciales firmes que vulneren en forma manifiesta la libertad individual y los derechos conexos a ella. y en las que la accionante tuvo la oportunidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa.garantías del debido proceso. así como ii) se ordene su inmediata libertad. el objeto es que este Alto Tribunal declare: i) la nulidad de la sentencia condenatoria de fecha 26 de julio de 2006. ambas recaídas en el proceso penal seguido contra la accionante por el delito de parricidio (Exp. relacionados con la libertad personal. 4. con fecha 23 de noviembre de 2007. etc. que el hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva. subjetiva. antes bien y en línea de principio. además de lo señalado en los puntos iii) y iv) de los Antecedentes. por cuanto. derecho que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. vulneran su derecho a la tutela procesal efectiva. enfáticamente señala que. se advierte que lo que en puridad denuncia la accionante es la afectación de su derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. lo que implica que el actor.
Ya en sentencia anterior. a efectos de buscar su tutela. N..que le otorga la ley. sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. si luego de obtener una resolución judicial firme no ha sido posible conseguir en vía judicial la tutela del derecho fundamental presuntamente vulnerado (libertad individual y conexos a ella). este Tribunal Constitucional (Exp.. Sin embargo. (. ratione materiae. En tal sentido. en el Exp. (. dado que en el proceso penal seguido a la actora (Exp. ni en subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos”. al resolver las causas. este Colegiado . El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales 6. sino el análisis externo de la resolución.. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados. Esto. sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho. de modo que las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados para contrastar las razones expuestas. a efectos de constatar si ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de un determinado conflicto.º 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. para evaluar la legitimidad o no de tales actos judiciales invocados como lesivos. este Colegiado tiene competencia. N. En el caso constitucional de autos.) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso.º 1480-2006-AA/TC. Y es que.º 1744-2005-PA/TC). porque en este tipo de procesos al juez constitucional no le incumbe el mérito de la causa. FJ 2) ha tenido la oportunidad de precisar que “el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces. N. mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. N. Sin embargo.º 3651-2006) se han establecido restricciones al pleno ejercicio de su derecho a la libertad individual tras el dictado en forma definitiva de una sentencia condenatoria a pena privativa de la libertad. Así.. no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. 7. según se alega ilegítima. la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios. 5. Esto es. Esas razones.) el análisis de si en una determinada resolución judicial se ha violado o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada. quien dice ser agredido en su derecho podrá acudir al proceso constitucional. para verificar si se presenta o no la inconstitucionalidad que aduce la accionante. sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso.
La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. entre otros. en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. y. Hay que precisar. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión. la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez. como los identifica Dworkin. que el hábeas corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba. . para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión del derecho aplicable al caso. Si un Juez. por otro lado. amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico. que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir. actividad que le corresponde de modo exclusivo a éste. bien tratándose de problemas de interpretación. b) Falta de motivación interna del razonamiento. el control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. en ambos casos. entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica y. de modo coherente.Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente. El control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático. en consecuencia. las razones en las que se apoya la decisión. cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión. al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño. porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles. sino de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales. sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa. por un lado. Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en la argumentación del juez. cuando existe incoherencia narrativa. es decir. en los siguientes supuestos: a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal. justificación de las premisas. o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato. pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de “X” en tal supuesto. Se trata. en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso. 2) luego. en este punto y en línea de principio. bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos. ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. c) Deficiencias en la motivación externa.
sin cometer. La arbitrariedad en tanto es irrazonable implica inconstitucionalidad. en consecuencia. constituirá una decisión arbitraria y. incisos 3 y 5). De modo similar. se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. básicamente. FJ 3) ha tenido la oportunidad de precisar que “El derecho a la motivación debida constituye una garantía fundamental en los supuestos en que con la decisión emitida se afecta de manera negativa la esfera o situación jurídica de las personas. Se refiere. motivada y congruente de las pretensiones efectuadas. Desde luego. La sentencia arbitraria por indebida motivación y el principio de la interdicción de la arbitrariedad 8. el dejar incontestadas las pretensiones. suficiente y congruente. sí lo hace cuando dicha facultad se ejerce de manera arbitraria. será inconstitucional”. toda sentencia que sea caprichosa. resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda. como producto de la decisión jurisdiccional. En ese sentido. Si bien. no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas.. al momento de pronunciarse sobre una causa determinada. la motivación de la sentencia opera como un doble mandato. constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. o cuando. N. es decir. o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión. esto es.Conforme lo ha destacado este Tribunal. toda decisión que carezca de una motivación adecuada. El incumplimiento total de dicha obligación. que esté más próxima a la . pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez. si bien el dictado de una sentencia condenatoria per se no vulnera derechos fundamentales. partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139º. Por tanto. que sea más bien fruto del decisionismo que de la aplicación del derecho. sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo. En estos casos. este Tribunal Constitucional (Exp.d) La motivación insuficiente. altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas. referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal. desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada. por lo tanto. no omita. e) La motivación sustancialmente incongruente.° 056012006-PA/TC. f) Motivaciones cualificadas. vista aquí en términos generales. en sentencia anterior. Y es que. la insuficiencia. no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. cuando no se motivan debidamente o en todo caso legítimamente las decisiones adoptadas y/o no se observan los procedimientos constitucionales y legales establecidos para su adopción. como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia. Así. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas.
por un examen de razonabilidad. a) Examen de razonabilidad. en segundo lugar. interdictando o prohibiendo cualquier forma de arbitrariedad (artículo 44º.– Mediante el examen de suficiencia. sino el análisis externo de la resolución judicial. este Tribunal Constitucional reitera que el examen partirá fundamentalmente de los propios fundamentos expuestos en aquella.) proceso judicial ordinario es relevante para determinar si la resolución judicial que se cuestiona vulnera el derecho fundamental que está siendo demandado. debe agregarse que constituye deber primordial del Estado peruano garantizar la plena vigencia y eficacia de los derechos fundamentales. esto es. el Tribunal Constitucional debe determinar la intensidad del control constitucional que sea necesaria para llegar a precisar el límite de la revisión [de la resolución judicial]. ha precisado que el canon interpretativo que le permite al Tribunal Constitucional realizar. de la Norma Fundamental). el control constitucional de las resoluciones judiciales ordinarias está compuesto. este Colegiado en el Exp. Análisis de la controversia constitucional 11. en la medida que es ésta la que goza de la condición de resolución judicial firme.° 03179-2004-AA/TC. será obviamente una sentencia arbitraria. como lo incongruente y contradictorio con la realidad que ha de servir de base a toda decisión. N. por lo tanto. Ello debe ser así. el control de constitucionalidad debe iniciar a partir de la ejecutoria suprema de fecha 22 de enero de 2007. en este tipo de procesos al juez constitucional no le incumbe el mérito de la causa. Lo expuesto se fundamenta además en el principio de interdicción o prohibición de la arbitrariedad. y tiene un doble significado: a) En un sentido clásico y genérico. el cual surge del Estado Democrático de Derecho (artículo 3º y 43º de la Constitución Política).los . como aquello desprendido o ajeno a toda razón de explicarlo ((Exp. A lo dicho. Considerando los criterios de razonabilidad y de coherencia..) la decisión judicial que se impugna (. a fin de cautelar el derecho fundamental demandado. Canon para el control constitucional de las resoluciones judiciales 10. y porque de superar el examen...– Por el examen de razonabilidad.. Es decir. finalmente. b) Examen de coherencia.voluntad que a la justicia o a la razón.. Al respecto. y. la arbitrariedad aparece como lo carente de fundamentación objetiva. el Tribunal Constitucional debe evaluar si la revisión del (. FJ 12).. y. por el examen de suficiencia. que sus conclusiones sean ajenas a la lógica. a efectos de constatar si se ha vulnerado o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. por el examen de coherencia. injusta y. 9. b) En un sentido moderno y concreto. mas no para ser objeto de una nueva evaluación. la arbitrariedad aparece como el reverso de la justicia y el derecho.). c) Examen de suficiencia. Y es en atención a esta línea de evaluación que resulta pertinente explicar -qué duda cabe. carecería de objeto proceder al examen de la resolución inferior impugnada. en primer lugar. Por ello. ya que como dijimos supra. inconstitucional. legítimamente.– El examen de coherencia exige que el Tribunal Constitucional precise si el acto lesivo del caso concreto se vincula directamente con (. de modo tal que las demás piezas procesales o los medios probatorios del proceso solo sirvan para contrastar o verificar las razones expuestas. N.° 0090-2004-AA/TC. si resulta constitucional. FJ 23.
señores Hugo Molina Ordóñez. siendo retornado al sitio por la damnificada. o por el contrario. hace su ingreso la agraviada [María del Carmen Hilares Martínez] como a las 9 de la noche. ingiriendo un almuerzo ligero. dando lugar a que la acusada se retire hacia la cocina. Por su parte. siendo la más resaltante (. cogiéndolo. los Vocales integrantes de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. mientras que la damnificada hacía lo mismo. despertándose cuando percibió que tocaban la puerta de su casa. a las 3 de la tarde. pero le reducen a 12 años de pena privativa de la libertad. Entel Perú. Javier Román Santisteban)]. la acusada infiere un corte a la altura de la zona carótida izquierda de la agraviada que fue el causante de la muerte. dando lugar a que la acusada que portaba un cuchillo de cocina que había cogido anteriormente. cerrando con llave la puerta principal. cuando la acusada se estaba probando la ropa. el de probarse la ropa que había adquirido con anterioridad. cayéndose ambas al piso”. quedándose dormida después de ver la televisión. lo cual se produjo cuando se había apagado la luz de la cocina. golpea la mesa con el fin de callarla. y en esos momentos de ira de las partes. quedándose sola la acusada realizando varias actividades al interior. cayendo uno en la pared y otro en el suelo. ocasionando que se agredieran verbalmente. tras la imposición de dicha sanción penal. los magistrados supremos Robinson Gonzales Campos y César Vega Vega absolvieron a la accionante (voto en discordia). sacando el espejo ubicado en el baño y llevarlo a la sala. así como la occisa cogiendo un objeto cerámico lo avienta. Sentencia confirmatoria (ejecutoria suprema) . ambas resultan con lesiones en diversas partes del cuerpo. retornó a su domicilio ubicado en la Calle Las Magnolias N. San Juan de Miraflores. en las que el juez ha puesto en evidencia su independencia e imparcialidad. para luego agarrar otro cuchillo con el que la atacó [ocasionándole un corte en la región palmar de la mano derecha (según el voto dirimente del vocal supremo.. producto de la pelea con arma blanca. a la vez que le insultaba. después de haber realizado sus labores cotidianas la acusada en el gimnasio que había contratado. Es así que. Urb. quien tomando dos cuchillos de mantequilla las arrojó contra su oponente. Sobre la base de estos hechos. para posteriormente en el interin de la pelea. produciéndose con dicha actitud una reacción de la agraviada. ha caído en arbitrariedades. 13. la accionante ahora acude ante la justicia constitucional para que se analice en esta sede la alegada vulneración al derecho constitucional invocado. produciéndose un incidente entre ambas por haber sacado el espejo del lugar. 12. subjetividades o inconsistencias. no impactándole. que. donde continuaron los insultos mutuos.). comenzó a atacarla. Daniel Peirano Sánchez.fundamentos de las resolución judicial impugnada a fin de comprobar si son o no el resultado de un juicio racional y objetivo desde la Constitución. se ha llegado a determinar fehacientemente que el 5 de marzo de 2005. Ricardo Vinatea Medina y Javier Román Santisteban (vocal dirimente).. momentos en que la acusada se percata de la existencia de un cuchillo ubicado encima [de] la mesa. siendo seguida por la damnificada. La ejecutoria suprema señala que “del análisis y valoración de la prueba acopiada en la instrucción como lo debatido en el juicio oral. teniendo mayor cantidad la agraviada. ingresando y saliendo inmediatamente su hermano Luis Augusto después de coger el skate. por mayoría confirmaron la condena.º 155.
al señalar que “cómo una mujer como la occisa.. c) En tercer lugar. que la mayoría de las lesiones que presentaba la encausada –como ya hemos señalado– fueron excoriaciones y equimosis. en efecto. resulta evidentemente desproporcional con el número de lesiones que tenía la occisa”. de 47 años de edad. sin impedimentos físicos. robusta. señala que “luego de las agresiones verbales se inició la pelea entre la acusada Giuliana Flor de María Llamoja Hilares y María del Carmen Hilares Martínez. de fojas 2354. 15. por tanto. aquí debemos anotar otra desproporción entre ambos ataques: mientras la occisa privilegió la agresión con un elemento de menor peligrosidad (objeto contundente duro o inclusive sus propios puños). b) En segundo lugar. de fojas 2399. Así pues. presenta una deficiencia en la motivación interna en su manifestación de falta de corrección lógica. Nótese además. permiten inferir. a juicio de este Alto Tribunal la sentencia impugnada incurre en dos supuestos de indebida motivación de las resoluciones judiciales que tiene sobrada relevancia constitucional. enfurecida y con un puñal en la mano sólo infligió 4 heridas cortantes a su oponente.14. La sentencia. temperamental. la encausada utilizó primordialmente el arma cortante que portaba en la manos”. sino de una verdadera concatenación y enlaces lógicos entre las múltiples pruebas recaudadas. Falta de corrección lógica . sino por el contrario atacó a ésta con una ingente violencia – tanto más si esta presentaba sólo 4 heridas cortantes pequeñas (.). la Sala apelando a las reglas de la lógica y la experiencia da por sentado que la acusada tenía la intención de matar. existe una concordancia entre los resultados que las pruebas suministraron”. conforme a las reglas de la lógica y de la experiencia. cuello y los miembros superiores). cuando señala que “la acusada Flor de María Llamoja Hilares no se defendía del ataque de la occisa. En primer lugar. presenta el siguiente esquema argumentativo: a) En primer lugar. su fecha 22 de enero de 2007. d) En cuarto lugar.. una herida cortante penetrante que penetró a plano profundo y laceró la artería carótida izquierda (que le causó la muerte)”. y la primera de las nombradas le infirió tres heridas contusas a colgajo (en la cabeza. así como una falta de coherencia narrativa. en segundo lugar. que es de precisar que dicha conclusión no es el resultado de simples apreciaciones subjetivas o de suposiciones. ello revela que Llamoja Hilares también fue atacada por la agraviada. y cómo la supuesta víctima del ataque ocasionó más de 60 cortes (uno de ellos mortal) a la agraviada. en tanto en cuanto. el voto dirimente también alude a la desproporcionalidad en las heridas. que la acusada Giuliana Flor de María Llamoja Hilares agredió a su madre agraviada María del Carmen Hilares Martínez con indubitable animus necandi o intención de matar. que comprende el voto dirimente del magistrado Javier Román Santisteban. la Sala Penal Suprema alude también a la desproporcionalidad en las heridas. al señalar que “el conjunto de circunstancias descritos. tal como se detallará en los siguientes fundamentos. sin embargo. presenta una deficiencia en la justificación externa. y.
pues. no ajustada al principio de interdicción de la arbitrariedad (artículos 3º. En síntesis. de modo coherente. y que quien presente más heridas en el cuerpo sea en puridad el autor de dicho ilícito. sino a criterios de voluntad. Así las cosas. en efecto. por el contrario. ante una decisión arbitraria e inconstitucional que contiene una solución revestida de la nota de razonabilidad. de lo que se colige que estamos ante una inferencia inmediata indeterminada o excesivamente abierta. 19. la recurrente “es autora del resultado muerte”. será sin duda el sujeto activo del delito de parricidio. que no resisten el test de razonabilidad. Si ello es así. inciso 5. y que no responde a las pautas propias de un silogismo jurídico atendible. puede ocurrir todo lo contrario. se advierte que el razonamiento del Tribunal penal se basa más en criterios cuantitativos antes que en aspectos cualitativos como sería de esperar [más aún. las razones en las que se apoya la decisión. esto es. pues exceden los límites de la razonabilidad. incapaz de trasmitir. se observa que las conclusiones que se extraen a partir de sus propias premisas son arbitrarias y carecen de sustento lógico y jurídico. de la Constitución) y a la debida motivación de las resoluciones judiciales (artículo 139º. 17. b) y d). Y es que el Tribunal penal parte de la premisa de que en un contexto de forcejeo y de lucha entre madre e hija con el uso de instrumentos cortantes (cuchillos). se desprende que el Tribunal penal parte de la sentada premisa de que al existir desproporcionalidad en las heridas. de la argumentación del Tribunal penal.16. que da lugar a más de un resultado posible como conclusión. lo que es manifiestamente arbitrario. produciéndose así una manifiesta incoherencia narrativa. esto es. si se trata de una sentencia condenatoria que incide en la libertad personal]. por lo que este Colegiado Constitucional encuentra que existen suficientes elementos de juicio que invalidan la decisión cuestionada por ser arbitraria y carente de un mínimo de corrección racional. menor es el grado de certeza de la inferencia). Del fundamento 14. sino. 18. de la Constitución). permitiendo calificar de manera indebida los criterios cuantitativos como supuestos jurídicamente no infalibles. la sentencia expedida es irrazonable. y cuya consecuencia . 43º y 44º. efectuado un examen de suficiencia mínimo. que quien presente menos heridas sea en realidad el sujeto pasivo del delito de parricidio (incluso con una sola herida). ya que la balanza de la justicia constitucional no puede permitir la inclinación hacia una conclusión en un determinado sentido cuando de por medio existen otras conclusiones como posibles resultados (cuanto mayor es la distancia. porque su ratio decidendi se halla fuera del ámbito del análisis estrictamente racional. y por tanto inconstitucional. ambas partes contendientes necesariamente deben presentar igual cantidad de heridas en el cuerpo. mientras que aquel que presente más heridas será el sujeto pasivo de dicho ilícito. concluye que quien presente menos heridas. De esta conclusión. y es precisamente aquí donde se ha enfatizado nuestro examen. supuestamente 4 heridas en la accionante frente a las 60 heridas que presentó la occisa. toda apariencia de lógica nos conduce a resultados absurdos e injustos. resulta evidente que no estamos ante una sentencia válida y constitucionalmente legítima. Falta de coherencia narrativa 20. La incoherencia narrativa se presenta cuando existe un discurso confuso. y por tanto mayor es el número de probabilidades. y más aún que [estas heridas] fueron ocasionadas “con violencia”. de no ser así. Con base a lo dicho.
Siendo así. El magistrado Román Santisteban. a) y c). que no se identifican debidamente las razones o justificaciones en la que se sustentarían tales premisas y su conclusión. que se trataría de un hecho atribuido en nombre del libre convencimiento y fruto de un decisionismo inmotivado antes que el producto de un juicio racional y objetivo. que en el camino a la conclusión no se ha explicitado o exteriorizado las circunstancias fácticas que permiten llegar a dicha conclusión. si no se dan a conocer las razones que sustentan las premisas fácticas. Falta de justificación externa 23. inciso 5. ocasionándole un corte en la región palmar de la mano derecha]. y sobre todo “no contradictoria”. De otro lado. sin mediar fundamentación ni explicación alguna.lógica puede ser la inversión o alteración de la realidad de los hechos. 21. Es decir. del fundamentos 14. por lo que este Colegiado Constitucional encuentra que existen suficientes elementos de juicio que invalidan la decisión cuestionada por ser arbitraria e incoherente. en líneas posteriores. y por consiguiente fallará la motivación en esta parte. al inferirle una herida cortante en la zona de la carótida izquierda. se advierte que la sentencia cuestionada incurre en una falta de justificación externa. lo que la hace incongruente e inconstitucional. sin embargo. y por tanto es pasible de ser sometida a control y a una consecuente censura de invalidez. Y es que. en su voto dirimente. Se ha dicho que toda sentencia debe ser debidamente motivada. según la propia Sala penal estuvieron “fehacientemente probados”. 43º y 44º. comenzó a atacarla. Sin embargo. cabe precisar que lo aquí expuesto en modo alguno está referido a un problema de falta de pruebas. y luego ii) ha llegado a la conclusión de que ese resultado ha sido causado por la accionante Giuliana Flor de María Llamoja Hilares. en un primer momento señala que. contundente. y más arbitrariamente. ésta presenta una gruesa incoherencia en su narración que no permite establecer con claridad la línea de producción de los hechos. no se han expuesto las razones objetivas que sustentan la vinculación de la acusada con el hecho atribuido. de la Constitución) y la obligación de la debida motivación establecida por el artículo 139º. mientras que la damnificada hacía lo mismo”. o a que las mismas serían insuficientes para dictar una . de la Constitución. tal razonamiento efectuado se mantendrá en secreto y en la conciencia de sus autores. la encausada utilizó primordialmente el arma cortante que portaba en la manos”. la occisa agarró “otro cuchillo [el tercero] con el que la atacó [a la acusada. se desprende que el Tribunal penal ha establecido que i) se ha producido como resultado la muerte de María del Carmen Hilares Martínez. los que. pareciendo más bien. dando lugar a que la acusada que portaba un cuchillo de cocina que había cogido anteriormente. según se puede apreciar de la propia argumentación efectuada por la Sala Penal. sin embargo. Una motivación ilógica e incongruente vulnera el principio de prohibición de la arbitrariedad (artículos 3º. 22. concluye que “la occisa privilegió la agresión con un elemento de menor peligrosidad (objeto contundente duro o inclusive sus propios puños). esto es. clara. sin embargo. invierte la realidad de los mismos.
las máximas de la experiencia o a los conocimientos científicos. La prueba penal indirecta y la prueba indiciaria 24. sino que dicho razonamiento lógico debe estar debidamente exteriorizado en la resolución que la contiene. tampoco cumple los requisitos materiales que su uso exige. que no es el que se quiere probar en definitiva. por el contrario.sentencia condenatoria. lo mínimo que debe observarse en la sentencia y que debe estar claramente explicitado o delimitado son los siguientes elementos: el hecho base o hecho indiciario. c de la presente). y por consiguiente. y a la prueba penal indirecta de otro lado. que debe estar plenamente probado (indicio). tanto al indicio en sí mismo como a la inferencia. éstas están referidas en estricto a las premisas de las que parte el Tribunal penal. Justamente. se advierte que la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. no obstante acudir a la prueba indiciaria para sustentar la condena contra la accionante (fundamento 14. significa la privación de la libertad personal.delito” a partir de una relación de causalidad “inferencia lógica”. conforme a las exigencias previstas por el artículo 139º. entonces. en tanto que conexión lógica entre los dos primeros debe ser directo y preciso. puede también llegar a la convicción de la existencia del hecho delictivo y la participación del imputado. será preciso empero que cuando ésta sea utilizada. se prueba un “hecho inicial -indicio”. a las máximas de la experiencia o a los conocimientos científicos. El uso de la prueba indiciaria y la necesidad de motivación 25. por lo que este Colegiado considera que se trata de un asunto de sobrada relevancia constitucional. se cumplirán las exigencias del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. a través de la prueba indirecta (prueba indiciaria o prueba por indicios). el hecho consecuencia o hecho indiciado. a su vez. por ello. En ese sentido. lo que se trata de probar (delito) y entre ellos. inciso 5. entonces. con mayor razón. Bajo tal perspectiva. Este último. independientemente de lo dicho. y en esta segunda modalidad que se haga referencia a los indicios y a las presunciones. si bien los hechos objeto de prueba de un proceso penal no siempre son comprobados mediante los elementos probatorios directos. y si ésta. a través de la prueba indirecta. como ha quedado claro. si bien el juez penal es libre para obtener su convencimiento porque no está vinculado a reglas legales de la prueba y. 26. el enlace o razonamiento deductivo. estará en la obligación de darle el tratamiento que le corresponde. aun indirectamente sí van a servir para determinar la existencia o inexistencia de tales hechos. para lograr ese cometido debe acudirse a otras circunstancias fácticas que. quede debidamente explicitada en la resolución judicial. resulta válido afirmar que si el juez puede utilizar la prueba indirecta para sustentar una sentencia condenatoria. Y es que. las mismas que no han sido debidamente analizadas respecto de su validez fáctica. pero además debe responder o sujetarse plenamente a las reglas de la lógica. Ahora bien. En consecuencia. sino que se trata de acreditar la existencia del “hecho final . pues no basta con expresar que la conclusión responde a las reglas de la lógica. así como se justificará la intervención al derecho a la libertad personal. De ahí que sea válido referirse a la prueba penal directa de un lado. de la Constitución. . solo así se podrá enervar válidamente el derecho a la presunción de inocencia.
27. 29. No ha motivado debidamente el procedimiento de la prueba indiciaria. máxima de la experiencia o qué conocimiento científico han sido utilizados. máxima de la experiencia o conocimiento científico. este Colegiado Constitucional considera que es válida. no ha explicitado qué regla de la lógica. En el caso constitucional de autos. Con este único afán. si se quiere que definitivamente se ajusten al único modelo posible en este caso: el constitucional. al no haber obrado de ese modo. esto es. convirtiéndose así en una paradójica garantía de discrecionalidad judicial incontrolada. no se puede establecer la responsabilidad penal de una persona y menos restringir la efectividad de su derecho fundamental a la libertad personal a través de la prueba indiciaria. desde una perspectiva estrictamente constitucional. c de la presente. En consecuencia. 28. se aprecia que la Sala Penal Suprema sustentó la sentencia condenatoria sobre la base de la prueba indirecta (prueba por indicios). las sentencias. Sobre lo mismo. ha llegado a la convicción de la existencia del hecho delictivo y la participación del imputado. y que. por tanto. incluso del uso de las máximas de la experiencia. por ejemplo. en su dimensión probatoria. qué máxima de la experiencia o qué conocimiento científico le ha motivado dicha conclusión. Y es que.Sobre el particular. que entre los indicios y la conclusión exista una regla de la lógica. inequívocamente impuesto. exige que la conclusión sea adecuada. pues. y cuando sean varios. ello supone mínimamente que de su lectura debe verse cuál o cuáles son los indicios que se estiman probados y cuál o cuáles son los hechos a probar. la doctrina procesal penal aconseja que debe asegurarse una pluralidad de indicios. sin embargo. Entenderlo de otro modo supone la aceptación práctica del hecho de que el juez pueda situarse potestativamente por encima de un deber constitucional. el indicio debe ser concomitante al hecho que se trata de probar. es decir. Y es que. también lo es que mínimamente debe exteriorizarse el proceso razonable lógico utilizado para llegar a dicha convicción. del fundamento 14. partiendo de los indicios. a los efectos del control de calidad del curso argumental del juez (control del discurso). por qué se ha escogido a uno de ellos. la vigencia práctica de un cierto control. de modo que se refuercen entre sí. ¿Es constitucional sustentar una condena en base a la prueba indiciaria si en la sentencia no se explicita el procedimiento del razonamiento lógico que le permitió llegar a la . también se admite que no existe obstáculo alguno para que la prueba indiciaria pueda formarse sobre la base de un solo indicio pero de singular potencia acreditativa. esto es. Asimismo. la sentencia (ejecutoria suprema) resulta una vez más arbitraria y. como dijimos supra. sin embargo. cabe recordar que el razonamiento probatorio indirecto. Es decir. de no ser así. y si hubieran varios de estos. deben estar interrelacionados. resulta evidente que no ha explicitado o exteriorizado dicho razonamiento lógico. el razonamiento esté debidamente explicitado y reseñado en la sentencia. cabe señalar que. pues su variedad permitirá controlar en mayor medida la seguridad de la relación de causalidad entre el hecho conocido y el hecho desconocido. Pero además. cualquier conclusión delirante sería invulnerable. Ello aquí significa dejar claro cómo hay que hacer las cosas. si bien la convicción es individual o personal del juzgador. se exige que se haya explicitado qué regla de la lógica. que el órgano jurisdiccional debe explicitar el razonamiento a través del cual. inconstitucional. con el objeto de garantizar hasta el límite de lo posible la racionalidad de su decisión (examen de suficiencia mínima). si es que no se ha señalado debidamente y con total objetividad el procedimiento para su aplicación. En cualquier caso.
Esto último es consecuencia del hecho base. partiendo de los indicios probados. cómo se deduce de ellos la participación del acusado en el tipo penal. que el órgano judicial explicite no sólo las conclusiones obtenidas sino también los elementos de prueba que conducen a dichas conclusiones y el iter mental que le ha llevado a entender probados los hechos constitutivos del delito. En definitiva.º 229/1988. y. y solo a modo de aproximación. Así. De acuerdo a la máxima de la experiencia. y N.conclusión? Definitivamente. es decir. podemos graficar lo siguiente: A testifica que ha visto a B salir muy presuroso y temeroso de la casa de C con un cuchillo ensangrentado en la mano. la respuesta es no. Los indicios han de estar plenamente probados. su fecha 23 de mayo de 2005. de tal modo que cualquier otro Tribunal que intervenga con posterioridad pueda comprender el juicio formulado a partir de tales indicios. FJ 9. quien sale de una casa en estas condiciones. su fecha 20 de mayo de 2002. FJ 2. Al haber sido hallado muerto C producto de una cuchillada. incorrecto que se señale solo el hecho consecuencia y falte el hecho base y más aún que falte el enlace o razonamiento deductivo. no puede tratarse de meras sospechas.º 123/2002. No pretendiendo dar por agotada la discusión. la propia Corte Suprema de Justicia de la República del Perú en el Acuerdo Plenario N. una vez alegada en casación la vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Es necesario. Incluso. Es. y con un cuchillo ensangrentado en la mano es porque ha matado a una persona (razonamiento deductivo). N. el Tribunal Constitucional español en la STC N. en segundo término. en el caso de que exista prueba indiciaria. FJ 2b. su fecha 1 de diciembre de 1988. y el órgano judicial debe explicitar el razonamiento. O si se quiere. En este orden de cosas. en virtud del cual. Así. 30.º 137/2005. a fin de que pueda enjuiciarse la racionalidad y coherencia del proceso mental seguido y constatarse que el Tribunal ha formado su convicción sobre una prueba de cargo capaz de desvirtuar la presunción de inocencia y. sino si ésta puede considerarse de cargo. muy presuroso y temeroso. podemos inferir que B ha matado a C (hecho consecuencia). ha precisado que: “el derecho a la presunción de inocencia no se opone a que la convicción judicial en un proceso penal pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaria. FJ 2. pues (…). pero para que ésta pueda desvirtuar dicha presunción debe satisfacer las siguientes exigencias constitucionales. pues. el modelo de la motivación respecto de la prueba indiciaria se desarrollará según la siguiente secuencia: hecho inicial-máxima de la experiencia-hecho final. y también de modo similar en las STC N. si cumple con las mencionadas exigencias constitucionales”.º 135/2003.° 1-2006/ESV-22 (Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanentes y . si existe prueba indiciaria. en primer lugar. poco antes de que éste fuese hallado muerto de una cuchillada (hecho base). ha llegado a la conclusión de que el procesado realizó la conducta tipificada como delito (…). al Tribunal Supremo incumbe analizar no sólo si ha existido actividad probatoria. 31. su fecha 30 de junio de 2006. el Tribunal de instancia deberá precisar. hecho conocido-inferencia lógica-hecho desconocido. cuáles son los indicios probados y. cabe anotar que la debida motivación del procedimiento de la prueba indiciaria ya ha sido abordada ampliamente por la justicia constitucional comparada.
aunque no hace mucho se vienen experimentando ciertos cambios en ella. es justamente en ese cometido que . definitivamente. la ejecutoria suprema carece de una debida motivación. de suerte que de los indicios surja el hecho consecuencia y que entre ambos exista un enlace preciso y directo”. pues.° 1912–2005. y. de modo que se refuercen entre sí y que no excluyan el hecho consecuencia – no sólo se trata de suministrar indicios.Transitorias). En primer lugar. Esta forma de motivar aún sigue siendo práctica de muchos juzgados y tribunales de nuestro país. y desde luego no todos lo son. o excepcionalmente únicos pero de una singular fuerza acreditativa. sobre todo en un sistema procesal como el nuestro. Ahora. no es lo mismo resolver conforme a una corazonada que hacerlo con criterios idóneos para ser comunicados. esto es. en lo atinente a la inducción o inferencia. Y es que tal cometido no tiene otra finalidad que se abra entre nosotros una nueva cultura sobre la debida motivación de las resoluciones en general. de la Constitución). así como una falta de coherencia narrativa. en segundo lugar. siendo obligación de quien la adopta el emplear ciertos parámetros de racionalidad. presenta una indebida motivación respecto al procedimiento de la prueba indiciaria. porque solo así estaremos a tono con el mandato contenido en el texto constitucional (artículo 139º. respecto al indicio. que optó por pronunciarse sobre el fondo del asunto antes que acudir a cualquier vicio procesal y declarar la nulidad. presenta una deficiencia en la justificación externa. (c) también concomitantes al hecho que se trata de probar – los indicios deben ser periféricos respecto al dato fáctico a probar. luego de lo cual tales hechos son declarados de manera sacramental y sin ninguna pretensión explicativa como constitutivos de un ilícito penal como si de una derivación mecánica se tratase. lo que tampoco sería justo desconocer. que responda plenamente a las reglas de la lógica y la experiencia. 33. que tiene al principio de presunción de inocencia como regla de juicio. sino que estén imbricados entre sí– (…). si bien habría que reconocer a la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. Llegado a este punto. recaída en el Recurso de Nulidad N. regla que tantas veces obliga a resolver incluso contra la propia convicción moral. este Colegiado Constitucional considera que. única manera que permite enervar la presunción de inocencia. publicada en el diario oficial “El Peruano”. “Que. presenta una deficiencia en la motivación interna en su manifestación de falta de corrección lógica. Tal como dijimos supra. pues de lo contrario sería una mera sospecha sin sustento real alguno. el 29 de diciembre de 2006 haestablecido como principio jurisprudencial de obligatorio cumplimiento para todas las instancias judiciales (jurisprudencia vinculante) el fundamento cuarto de la Ejecutoria Suprema. lejos de una simple exteriorización formal de esta. su fecha 6 de setiembre de 2005 que señala los presupuestos materiales legitimadores de la prueba indiciaria. y (d) deben estar interrelacionados. y de las resoluciones judiciales en particular. Y todo ello a fin de que las partes conozcan los verdaderos motivos de la decisión judicial. (b) deben ser plurales. 32. que. su fecha 13 de octubre de 2006. (a) éste – hecho base – ha de estar plenamente probado – por los diversos medios de prueba que autoriza la ley -. es necesario que sea razonable. sino que forma parte de aquellas que se caracterizan por el hábito de la declamación demostrativa de dar ciertos hechos como probados. incluso de conciencia autocrítica. cuando sean varios. Pero además. tal como señala la doctrina procesal penal. la sentencia impugnada no se encuentra dentro del ámbito de la sentencia penal estándar. inciso 5.
mientras ello no ocurra es inocente. solo que en este último caso –como quedó dicho– deberá cumplirse con el imperativo constitucional de la debida motivación. 3. en tal caso. El derecho fundamental a la presunción de inocencia y el principio indubio pro reo 35. por ello no se podría autorizar al Tribunal Supremo a rebajar el nivel de la racionalidad exigible y. sin embargo. y. así como el reexamen de lo actuado y resuelto por los órganos judiciales inferiores. por el contrario. este Tribunal Constitucional considera pertinente efectuar algunas precisiones desde una perspectiva estrictamente constitucional con relación al derecho fundamental a la presunción de inocencia y al principio indubio pro reo. Este dispositivo constitucional supone. que sí goza del reconocimiento constitucional. en segundo lugar. por el contrario. 34. de la Constitución Política. según corresponda. validar dicha actuación. incluso para resolver sobre el fondo del asunto si es que los medios probatorios o la prueba indiciaria le genera convicción. Desde luego que el nivel de dificultad en la elaboración de la motivación (discurso motivador) puede crecer en el caso de los tribunales colegiados. en primer lugar. conforme lo señalan los artículos 1º. toda vez que a estos se les atribuye generalmente la resolución de los casos más complejos o de mayor trascendencia. . El principio indubio pro reo. Ahora bien. así como al juicio sobre el hecho (juicio de mérito). para verificar la falta de corrección lógica de las premisas o de las conclusiones. pero además para verificar la deficiencia en la justificación externa. pero ello responde a la lógica del propio sistema. que por el derecho a la presunción o estado de inocencia toda persona es considerada inocente antes y durante el proceso penal. se le declara culpable. es precisamente mediante la sentencia firme que se determinará si mantiene ese estado de inocencia o si. 36. declarándose solamente la nulidad de la ejecutoria suprema. El texto constitucional establece expresamente en su artículo 2º. dado que la Corte Suprema de Justicia de la República tiene completo acceso al juicio sobre el juicio (juicio sobre la motivación). debe quedar claro que la exigencia constitucional sobre la debida motivación de la resoluciones judiciales es incondicional e incondicionada. significa que en caso de duda sobre la responsabilidad del procesado. Si bien es cierto que el principio indubio pro reo no está expresamente reconocido en el texto de la Constitución. No obstante lo expuesto. también lo es que su existencia se desprende tanto del derecho a la presunción de inocencia. es por ello que este Colegiado considera que lademanda ha de ser estimada en parte. por otro lado.º 44º y 139º. debiendo el Tribunal Supremo emitir nueva resolución. esto es.incurrió en similares vicios. debe estarse a lo que sea más favorable a éste (la absolución por contraposición a la condena). que el juez ordinario para dictar esa sentencia condenatoria debe alcanzar la certeza de culpabilidad del acusado. literal e). así como la carencia o incoherencia en la narración de los hechos. inciso 5. fin supremo de la sociedad y del Estado (artículo 1º de la Carta Fundamental). inciso 24. es ésta la instancia que está plenamente habilitada para evaluar cualquier tipo de razonamiento contenido en la sentencia condenatoria expedida por la Sala Superior Penal. y esa certeza debe ser el resultado de la valoración razonable de los medios de prueba practicados en el proceso penal. como de la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. que “Toda persona es considerada inocente mientas no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”.
en consecuencia. Y es que. Ahora bien. en cuanto al principio indubio pro reo que como dijimos supra forma parte del convencimiento del órgano judicial. pues obrar de ese modo significa sustituir a los órganos jurisdiccionales ordinarios.° 2625-2002-HC/TC. sino que debe ser utilizado. FJ 5). cualquier denuncia de afectación a la presunción de inocencia habilita a este Tribunal Constitucional verificar solamente si existió o no en el proceso penal actividad probatoria mínima que desvirtúe ese estado de inocencia (valoración objetiva de los medios de prueba). este Tribunal Constitucional considera que el hábeas corpus contra resoluciones judiciales firmes no puede ni debe ser utilizado como un deux ex machina. que es algo objetivo. manteniéndose incólume. toda vez que. sí y solo sí. La excarcelación por exceso de detención 39. pero esta no ha sido suficiente para despejar la duda (la suficiencia no se refiere a la cantidad de pruebas incriminatorias. quedando subsistentes y surtiendo plenos efectos jurídicos los demás actos procesales precedentes. supone que ha habido prueba..)”. no corresponde a la jurisdicción constitucional examinar si está más justificada la duda que la certeza sobre la base de las pruebas practicadas en el proceso. donde se pretenda replantear una controversia ya resuelta debidamente por los órganos jurisdiccionales ordinarios.. y que cual si fuera tercera instancia proceda a valorar su significado y trascendencia. el auto que dispone la apertura de instrucción contra la recurrente. debe ser declarada improcedente. Por lo dicho. sino a la entidad y cualidad que deben reunir estas). ésta] recobra todos sus efectos (. respectivamente.desde el punto de vista subjetivo del juez . y en el segundo caso. en ambos casos. [y a la sentencia condenatoria. Ahora bien. bien por falta de pruebas (presunción de inocencia). resulta necesario precisar que la nulidad de la resolución judicial declarada en el presente proceso constitucional sólo alcanza al acto procesal mencionado. bien porque la insuficiencia de las mismas . En elprimer caso. 38. supone que a falta de pruebas aquella no ha quedado desvirtuada. Exp. En efecto. N. N.37. pues ello supondría que el juez constitucional ingrese en la zona (dimensión fáctica) donde el juez ordinario no ha tenido duda alguna sobre el carácter incriminatorio de las pruebas.° 2494-2002-HC/TC. más allá de dicha constatación no corresponde a la jurisdicción constitucional efectuar una nueva valoración de las mismas. cabe anotar que tanto la presunción de inocencia como el indubio pro reo inciden sobre la valoración probatoria del juez ordinario. entre otros. FJ 5. al mandato de detención. En cuanto al extremo de la inmediata excarcelación. que es algo subjetivo. Por lo demás. En efecto. continúan vigentes. “no procede la excarcelación. tal como ha señalado este Alto Tribunal en anterior jurisprudencia (Exp. esto es. cuando sea estrictamente necesario. como algo traído desde afuera para resolver una situación. al no afectar la nulidad de algunas etapas del proceso penal al auto apertorio de instrucción. el mandato de detención decretado en él. . La sentencia. pues incide en la valoración subjetiva que el juez hace de los medios de prueba.genera duda de la culpabilidad del acusado (indubio pro reo). Consideraciones finales 40. lo que da lugar a las llamadas sentencias absolutorias de primer y segundo grado. la sentencia condenatoria de la Sala Penal Superior. por lo que la demanda. como se ha expuesto. este no goza de la misma protección que tiene el derecho a la presunción de inocencia. será absolutoria. en este extremo.
3. HA RESUELTO 1. y que ello signifique una restricción al derecho a la libertad individual o los derechos conexos a ella. De otro lado. este Colegiado enfatiza que el objetivo de este examen es estrictamente constitucional con la finalidad de compatibilizar la actuación jurisdiccional con los preceptos constitucionales. 2. N. conforme al fundamento 34 de la presente Sentencia.º 00728-2008-PHC/TC .con el único propósito [finalidad constitucionalmente legítima] de velar por que en el ejercicio de una función no se menoscaben la vigencia y eficacia de los derechos fundamentales reconocidos a los justiciables. el Tribunal Constitucional. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo que la recurrente solicita la excarcelación. debiendo dicha instancia judicial emitir nueva resolución.º 3651-2006 seguido contra la accionante por el delito de parricidio. según corresponda. en tanto que tiene como fin único y exclusivo el de verificar la vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. Publíquese y notifíquese. 41. de fecha 22 de enero de 2007. inciso 5. MESÍA RAMÍREZ VERGARA GOTELLI LANDA ARROYO BEAUMONT CALLIRGOS CALLE HAYEN ETO CRUZ ÁLVAREZ MIRANDA EXP. cabe precisar que el desarrollo expositivo del esquema argumentativo de la sentencia cuestionada en modo alguno afecta la independencia judicial en la resolución del caso concreto. Declarar FUNDADA en parte la demanda de hábeas corpus. de la Constitución Política. recaída en el proceso penal N. Por estos fundamentos. Declarar NULA la ejecutoria suprema expedida por la Primera Sala Transitoria Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República. al amparo de lo dispuesto por el artículo 139º. En efecto. con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú. SS.
ÁLVAREZ MIRANDA . que es un tema de competencia del juez penal y no de este Colegiado. esencialmente. en los Fundamentos N. SS. Sin embargo. Suscribo la presente sentencia porque estoy de acuerdo.LIMA GIULIANA FLOR DE MARÍA LLAMOJA HILARES FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ERNESTO ÁLVAREZ MIRANDA 1. asunto respecto del cual discrepo y considero. a salvo mi opinión. con su fundamentación. 2.os 24 a 34 referidos al uso de la prueba indiciaria. así como con lo decidido en ella. con el debido respeto por la opinión de los demás miembros del Tribunal Constitucional. no me ocurre lo mismo con respecto a lo consignado. por tanto. razón por la que emito el presente fundamento de voto para dejar constancia de ello y. en parte.
Aquí la norma se circunscribe a señalar conceptos o criterios no determinados en sus particularidades. sin referencia alguna entre sí. Cuando hay falta de norma. para disciplinas como el derecho penal. los usos del tráfico. B. se genera por la existencia de dos normas que simultáneamente plantean consecuencias jurídicas distintas para un mismo hecho. las que deben ser investigadas en cada caso concreto. se contradicen. Las contradicciones normativas. acontecimiento o suceso. Incompatibilidad entre una norma que manda hacer algo y otra que permite no hacerla. C. D. con lo que se hacen recíprocamente ineficaces. científico y tecnológico. el principio indibio pro societas. Contradicciones de principio. Estas contradicciones pueden ser clasificadas de la siguiente manera: Contradicciones técnico-legales. racionalidad y sistematización de un ordenamiento. Las situaciones de antinomia indirecta. Por ejemplo. Esta laguna. cuando es indirecta (norma sin referencia alguna entre sí) obliga a la integración jurídica. . Esta situación se produce cuando no se han podido prever las circunstancias y conductas posibles derivadas del progreso social.CLASES DE LAGUNAS LEGALES A. surgen cuando dos o más normas carecen de unidad en la definición y conceptualización técnico-lógica. Cuando dos normas. Es el caso de la denominación funcionario. Una norma reconoce el principio del indubio pro reo y otro. surgen cuando dos o más normas plantean criterios rectores en abierta contradicción con la armonía. Es el caso de la norma que hace referencia a la buena fe. En este ámbito se incluyen las situaciones creadas por el denominado "ocio legislativo". Cuando la antinomia es directa se resuelve mediante las reglas de coherencia ya señaladas. Incompatibilidad entre una norma que prohíbe a ser algo y otra que permite hacerla. la equidad. se resumen en tres casos: Incompatibilidad entre una norma que manda hacer algo y otra que lo prohíbe. el derecho constitucional y el derecho administrativo. cuando no se expide el reglamento que debe completar a una ley. Cuando la norma sólo plantea una orientación genérica. los casos que reportan los medios de comunicación social sobre el "alquiler de vientre". denominada antinomia. que obligan a una labor creativa al operador del derecho.
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