Source: http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2010/109a-10sp.htm
Timestamp: 2018-03-18 17:20:40
Document Index: 278249142

Matched Legal Cases: ['artículo 63', 'Artículo 4', 'Artículo 48', 'Artículo 41', 'Artículo 41', 'artículo 60']

Anexo al Comunicado de Prensa 109 - CIDH culmina 140 Período de Sesiones
ANEXO AL COMUNICADO DE PRENSA 109/10
SOBRE EL 140º PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA CIDH
Washington, D.C., 5 de noviembre de 2010 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró su 140º período ordinario de sesiones del 20 de octubre al 5 de noviembre de 2010. La CIDH está integrada por Felipe González, Presidente; Paulo Sérgio Pinheiro, Primer Vicepresidente; Dinah Shelton, Segunda Vicepresidenta, las Comisionadas Luz Patricia Mejía y María Silvia Guillén, y los Comisionados José de Jesús Orozco y Rodrigo Escobar. El Secretario Ejecutivo es Santiago A. Canton.
Durante el 140º período de sesiones se celebraron 52 audiencias y 28 reuniones de trabajo. Asimismo, se aprobaron 66 informes sobre casos y peticiones individuales: 29 de admisibilidad, tres de inadmisibilidad, cinco de solución amistosa, 14 de fondo, una decisión de publicación de informe de fondo, y 14 de archivo. Las audiencias y los informes reflejan algunos de los problemas estructurales en materia de derechos humanos que aún persisten en la región. Se refieren al respeto al derecho a la vida y la integridad personal, las garantías del debido proceso y la protección judicial, el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, así como la situación de los derechos de los niños, de los pueblos indígenas, de los Afrodescendientes, de las mujeres, de las personas privadas de libertad y de la población LGBTI, entre otros asuntos.
Se realizó una audiencia titulada Situación de derechos humanos y Estado de Derecho en Nicaragua, de carácter privado. La Comisión Interamericana solicitó en reiteradas oportunidades la anuencia del Gobierno de Nicaragua para realizar una visita oficial a ese país, pero hasta el momento no ha recibido una respuesta con una propuesta concreta de fechas. La CIDH reitera su interés en realizar una visita oficial a Nicaragua.
La Comisión manifiesta su preocupación por la situación de derechos humanos en México, particularmente por los hechos graves de violencia registrados en los últimos meses, incluyendo asesinatos y secuestros, lo cual afecta especialmente a los migrantes; así como por la persistencia de la violencia contra las mujeres, que incluye torturas, violaciones y otras formas de violencia sexual y doméstica, así como la situación de impunidad generalizada que rodea estos casos. La CIDH hará un seguimiento especial a la situación en México.
Por otra parte, en una audiencia relativa a la situación de los derechos humanos en los campamentos de desplazados internos de Haití, la CIDH recibió información muy preocupante sobre la existencia de una creciente práctica de desalojos forzados ilegales de dichos campamentos. Ante la gravedad de la situación, la Comisión recomienda al Estado haitiano la adopción de una moratoria de los desalojos hasta que el nuevo gobierno asuma sus funciones.
En relación a Cuba, la CIDH recibió información sobre las condiciones infrahumanas que padecen las personas privadas de libertad en ese país. La CIDH recibió los testimonios de seis sindicalistas: Nelson Molinet Espino, Héctor Valle Fernández, Miguel Galván Gutiérrez, Víctor Rolando Arroyo, Horacio Piña Borrego y Alfredo Felipe Fuentes, víctimas del caso 12.476, cuyo Informe de Fondo fue aprobado por la CIDH el 21 de octubre de 2006. Fueron detenidos durante la llamada “Primavera Negra” en el año 2003, y liberados este año por el Gobierno de Cuba, siendo exiliados a España. La CIDH alienta al Estado de Cuba a continuar con el proceso para la liberación de todos los presos políticos.
Por otra parte, la Comisión recibió con preocupación información sobre la persistencia en República Dominicana de normas y prácticas que privan del derecho a la nacionalidad a las personas de ascendencia haitiana nacidas en dicho país. Asimismo, considera que el argumento del Estado respecto de que no hay apátridas en República Dominicana porque los nacimientos de hijos de haitianos nacidos en República Dominicana pueden inscribirse en el consulado haitiano, no resulta compatible con la Convención Interamericana y la jurisprudencia de la Comisión y de la Corte Interamericanas.
La CIDH manifiesta su preocupación ante información recibida en una audiencia temática sobre el grave problema de la violencia doméstica en Uruguay y los obstáculos significativos que enfrentan las mujeres al intentar acceder a recursos judiciales para obtener una debida protección, investigación y sanción de estos actos. La CIDH considera particularmente preocupante información recibida sobre la falta de implementación efectiva de las medidas cautelares que garanticen la protección de las mujeres que han denunciado actos de violencia doméstica, y la influencia negativa de prejuicios discriminatorios en la sanción de estos delitos, entre otros obstáculos identificados. La CIDH exhorta al Estado de Uruguay a continuar adoptando medidas para garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de discriminación y violencia garantizado en la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará, entre otros instrumentos internacionales de derechos humanos.
En la audiencia sobre la situación de seguridad ciudadana y derechos humanos en Paraguay, la CIDH recibió información sobre la situación de impunidad que caracteriza las violaciones de derechos humanos que se registran en ese país, y sobre la práctica de la tortura en centros carcelarios y en comisarías.
Asimismo, se realizaron tres audiencias relacionadas con distintas formas de discriminación y violencia contra niños, niñas y adolescentes en las Américas. Particularmente, se conoció sobre la existencia de prácticas abusivas en instituciones bajo control estatal, tales como psiquiátricos, internados escolares y campamentos de desplazados. En algunas audiencias se informó sobre casos de castigos corporales que incluyen patrones sistemáticos de abuso físico, sexual y emocional, como así también la falta de supervisión y de previsiones legales de protección para los niños, niñas y adolescentes que presenten denuncias. La Comisión recuerda que conforme a los estándares internacionales establecidos en materia de niñez y con base en el interés superior del niño, los Estados tienen la obligación de tomar todas las medidas positivas que aseguren la protección de niños, niñas y adolescentes a vivir una vida libre de violencia, asegurándoles el ejercicio y disfrute pleno de sus derechos.
En otra audiencia, la Comisión recibió información actualizada sobre la situación penitenciaria en Venezuela, en particular con respecto a los altos índices de violencia carcelaria. En este sentido, se informó que ha habido un aumento de 25% en la cantidad de muertes ocurridas en las cárceles venezolanas respecto a 2009, registrando 352 muertos en lo que va de 2010, y un incremento de heridos del 31% con respecto al año pasado, registrándose un total de 736 heridos hasta el tercer trimestre de 2010. Las organizaciones de la sociedad civil informaron sobre la falta de control efectivo del Estado sobre los centros penitenciarios, de la corrupción imperante y del control que ejercen bandas criminales. La CIDH reitera que las obligaciones estatales en materia de derechos humanos incluyen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad. La CIDH hace un llamamiento urgente a las autoridades venezolanas a fin de que adopten las medidas idóneas destinadas a prevenir brotes de violencia en los centros penitenciarios.
La Comisión recibió información en varias audiencias temáticas sobre la grave situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en diversos países de la región, tales como México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Brasil, Colombia, Venezuela y Paraguay, entre otros. En particular, la Comisión tomó conocimiento de un preocupante número de asesinatos y ataques a la vida e integridad sufridos por defensores y defensoras, con especial impacto en los líderes sindicales y en aquellos que se dedican a la defensa del derecho al medio ambiente sano, a la reivindicación de tierras y de la propiedad ancestral de los pueblos indígenas, al derecho a la igualdad y no discriminación de los miembros de la comunidad LGBTI, y a la promoción de los derechos de las mujeres.
Durante las audiencias públicas y reuniones de trabajo la Comisión recibió información respecto al uso del poder punitivo del Estado en algunos países para criminalizar a defensoras y defensores de derechos humanos, judicializar la protesta social pacífica y perseguir penalmente a las personas que las autoridades consideran opositores políticos. Por otra parte, la CIDH tomó conocimiento de la intercepción ilegal de comunicaciones privadas de defensores y defensoras, así como de la impunidad existente respecto a aquellos seguimientos que ya fueron denunciados ante la justicia.
Asimismo, la información recibida que autoridades estatales continúan usando expresiones que tienden a deslegitimar la labor de las organizaciones defensoras de derechos humanos o de sus miembros y que llegan incluso a estigmatizarlas como colaboradoras de agrupaciones armadas al margen de la ley, grupos terroristas o como organizaciones que tienen como fin la desestabilización del Estado. En este sentido, resulta de especial preocupación los efectos que dichas expresiones pueden generar en la protección de la integridad física y mental de defensoras y defensores de derechos humanos. También se recibió información sobre la imposición de ciertas restricciones para la obtención de financiamiento y de reconocimiento legal a las organizaciones de la sociedad civil, que estarían teniendo un impacto directo en su posibilidad de desarrollar sus labores de promoción y defensa de los derechos humanos.
Por otra parte, la CIDH reconoce la apertura del Estado mexicano a la creación de un mecanismo nacional de protección de defensores, defensoras y periodistas y lo invita a que, de manera concertada con la sociedad civil, continúe sus esfuerzos para poner en funcionamiento dicho mecanismo. La Comisión Interamericana, a través de la Unidad de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos así como de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, monitoreará y dará seguimiento a los trabajos encaminados al desarrollo de dicho mecanismo.
Situación de los derechos de los afrodescendientes y sobre la discriminación racial
La Comisión recibió información en varias audiencias temáticas sobre la situación de los afrodescendientes y sobre la discriminación racial en diversos países de la región.
En una audiencia relativa al uso excesivo de la fuerza policial contra los afrodescendientes en Brasil, la CIDH –en seguimiento a audiencias anteriores sobre la referida temática realizadas en 2004 y 2006- recibió información preocupante sobre los altos índices de criminalidad y violencia policial en Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Bahia y Pernambuco, y escuchó los alegatos de los solicitantes sobre la estrecha vinculación existente entre dichas muertes violentas con la discriminación racial. Asimismo, la CIDH escuchó información respecto del “racismo institucional” que contribuye para los altos niveles de acoso, privación de la libertad y ejecuciones de la población afrodescendiente en Brasil; así como sobre el subregistro de muertes violentas perpetradas por la policía en Brasil, debido a su clasificación en la categoría de resistencia seguida de muerte. Al respecto, la CIDH observa que la referida problemática también fue objeto de un Informe de Admisibilidad aprobado durante este período de sesiones, referente a cuatro peticiones presentadas contra Brasil.
La CIDH también recibió información sobre la situación de derechos humanos de los afro-caribeños del Cantón de Talamanca, en Costa Rica. Durante la referida audiencia, la CIDH se informó sobre el menor índice de desarrollo social a nivel nacional en el Cantón de Talamanca aunado a los mayores índices de extrema pobreza y analfabetismo en el país. Los solicitantes de la audiencia también resaltaron las falencias en los procedimientos de consulta previa a las comunidades afrodescendientes del Cantón de Talamanca antes de la implementación de proyectos de turismo en la región, de concesiones a empresas transnacionales, así como del establecimiento de áreas de conservación ambiental y de preservación de la biodiversidad. Al respecto, la CIDH resalta que, bajo los instrumentos interamericanos y universales sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Ambiental, las comunidades afrodescendientes y sus miembros tienen derecho a la propiedad plena sobre sus territorios ancestrales y al goce efectivo de dicha propiedad, el cual debe ser asegurado mediante consultas efectivas y previamente informadas con las comunidades afectadas. Durante dicha audiencia, además, la CIDH observó que no existe un “conflicto” propiamente dicho entre los derechos humanos y el derecho ambiental, y que las decisiones que puedan afectar a las comunidades afrodescendientes en lo relativo a sus tierras ancestrales deben ser reguladas por el principio de proporcionalidad.
Finalmente, la CIDH recibió información grave durante distintas audiencias y reuniones de trabajo sobre la situación particular de riesgo, amenazas y el preocupante número de asesinatos contra líderes, lideresas y defensores de derechos humanos de la población afrodescendiente en varios países de la región. Respecto de ese tema, la CIDH reitera que los líderes afrodescendientes juegan un papel crucial en sus comunidades, que los atentados contra su vida e integridad física tienen un efecto devastador para las comunidades afrodescendientes, y que dichos ataques agravan aun más la precaria situación de protección judicial de estas comunidades.
En varias audiencias, la CIDH recibió información preocupante sobre obstáculos estructurales que dificultan o imposibilitan el goce efectivo de los derechos de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales. En una audiencia sobre dificultades legales para el reconocimiento y titulación de tierras indígenas en Guatemala, se recibió información sobre la falta de reconocimiento legal de territorios indígenas, la apropiación de tierras indígenas y el desalojo de población originaria por parte de propietarios no indígenas, y la declaratoria de áreas protegidas en territorios tradicionales, entre otros. Asimismo, en audiencias sobre política energética y extractiva en Perú y sobre derechos humanos de las comunidades indígenas afectadas por las actividades de la industria minera en la región andina, se presentó información sobre la existencia de una amplia política de desarrollo de las industrias extractivas en la región sin que exista un marco jurídico e institucional propicio para la protección de los derechos territoriales y la participación de los pueblos indígenas. En otra audiencia sobre el derecho a la consulta en México, la CIDH fue informada sobre graves problemas en la realización de los procesos de consulta previa a comunidades indígenas sobre proyectos de infraestructura, incluyendo la falsificación de firmas y la utilización de la identidad de personas muertas. Finalmente, en una audiencia sobre los afro-caribeños, campesinos e indígenas del Cantón de Talamanca, en Costa Rica, se informó sobre la colisión entre los derechos territoriales ancestrales de los grupos étnicos de esta zona y el establecimiento de áreas naturales protegidas, que coartan sus prácticas tradicionales y ambientalmente sostenibles de subsistencia, y les amenazan con el despojo territorial.
La CIDH recuerda que bajo los instrumentos interamericanos sobre Derechos Humanos, los pueblos indígenas o tribales y sus miembros tienen derecho a la propiedad plena sobre sus territorios ancestrales y al goce efectivo de dicha propiedad. Uno de los elementos centrales de la protección del derecho a la propiedad indígena consiste en que los Estados desarrollen consultas efectivas con las comunidades indígenas en relación con los actos y decisiones que puedan afectar sus territorios tradicionales. Esto implica que toda decisión que pueda afectar tal derecho, entre ellas el otorgamiento de concesiones de explotación de recursos naturales en territorios indígenas, debe basarse en un proceso de consenso previamente informado con la comunidad indígena en su conjunto. Este proceso exige que todos los miembros de la comunidad sean plena y precisamente informados de la naturaleza y las consecuencias del proceso y cuenten con una oportunidad efectiva de participar individual o colectivamente, que se realice la consulta según sus costumbres y tradiciones, que se mantenga una comunicación constante entre las partes, que las consultas se realicen de buena fe, en las primeras etapas del plan de desarrollo o inversión, y que tengan como fin llegar a un acuerdo.
En una audiencia sobre Chile, la CIDH escuchó reclamos sobre la aplicación judicial de la legislación antiterrorista a quienes han participado en las protestas y movilizaciones sociales del pueblo indígena Mapuche, y en otra audiencia se recibió información sobre la situación de riesgo en la que se encuentran más de sesenta pueblos indígenas colombianos en el marco del conflicto armado. Asimismo, la CIDH escuchó las perspectivas de miembros de los pueblos indígenas panameños sobre la falta de consulta previa en casos de programas y proyectos en comarcas indígenas, y sobre la política de escolarización obligatoria de niños y niñas indígenas durante los siglos XIX y XX en Estados Unidos, así como sobre los efectos actuales de dicha política.
La CIDH enfatiza que los Estados deben asegurar que los miembros de los pueblos indígenas y tribales gocen efectivamente de todos los derechos humanos, al igual que el resto de la población, y asimismo deben adoptar medidas especiales y específicas destinadas a proteger, favorecer y mejorar su acceso al ejercicio de sus derechos humanos, en función de la mayor vulnerabilidad de estas poblaciones, dadas las condiciones de marginación y discriminación históricas que han sufrido, y del nivel especial de afectación que sufren por las violaciones de sus derechos humanos. Estos deberes especiales abarcan la adopción de medidas para garantizar los derechos a la integridad sociocultural, a la igualdad y no discriminación, a la protección frente a actos de violencia y a la reparación de las víctimas.
Derechos de las personas gays, lesbianas, trans, bisexuales e intersexuales
La Comisión celebró varias audiencias en las cuales recibió información sobre la grave situación de discriminación y violencia que enfrentan personas gays, lesbianas, trans, bisexuales e intersexuales en el continente: se recibió información sobre las regiones del Caribe angloparlante y Centroamérica, y Brasil y Venezuela.
En particular, la Comisión recibió información que indica que 12 países del Caribe angloparlante mantienen en sus legislaciones sanciones penales por conducta sexual e intimidad entre personas del mismo sexo: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago. Estas disposiciones disponen penas desde diez años de prisión o trabajos forzados hasta la imposición de prisión perpetua por conducta sexual consensual entre adultos del mismo sexo. La Comisión recibió información de que la existencia misma de esta legislación perpetúa estereotipos indebidos, es motivo de temor en la comunidad sexualmente diversa, y fomenta la impunidad de graves delitos perpetrados contra ésta.
Por otra parte, la Comisión también escuchó sobre graves situaciones de discriminación sistémica y violencia contra miembros de la comunidad LGBTI en Centroamérica, Brasil y Venezuela. El argumento común que escuchó la Comisión es que graves actos de violencia y crímenes de odio perpetrados contra esta comunidad no reciben adecuada atención porque no existen herramientas adecuadas en la legislación, la política pública y la jurisprudencia de los Estados. En el caso particular de Brasil, los solicitantes de la audiencia reconocieron importantes pasos adoptados hacia el respeto de los derechos de la población LGTBI, pero insistieron en que continúa existiendo en la sociedad altos niveles de intolerancia. La Comisión recuerda que uno de los principios fundamentales del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos es el derecho de igualdad ante la ley, y la obligación estatal de implementar legislación, políticas públicas e interpretaciones jurisprudenciales que den contenido a ese derecho.
En particular, la Comisión recibió preocupante información sobre la gran cantidad de asesinatos por motivo de orientación sexual e identidad de género, y escuchó que la violencia es particularmente encarnizada contra integrantes de la comunidad trans, la cual se caracteriza por la crueldad de los medios empleados. La Comisión ha recibido una exhortación de la Asamblea General de la OEA para considerar la preparación de un informe continental sobre la situación de los derechos de la población LGBTI y anunció que se encaminará a la preparación de dicho informe, así como que continuará monitoreando a través de sus diversas funciones esta grave situación.
Problemas en la implementación de Medidas Cautelares
Durante las sesiones se realizaron audiencias y reuniones de trabajo respecto de medidas cautelares. En particular, se realizaron tres audiencias sobre los problemas existentes en la implementación de medidas cautelares en Colombia, Guatemala y Honduras.
La Comisión expresa su profunda preocupación ante la información recibida en la audiencia sobre Honduras que indica que persisten los graves problemas identificados por la CIDH durante sus visitas al país en 2009 y en 2010, relativos a la implementación de las medidas cautelares. Los solicitantes de la audiencia informaron que las diligencias llevadas a cabo por el Estado para dar cumplimiento a las medidas cautelares han sido reacciones aisladas e inadecuadas para atender la situación de riesgo de los beneficiarios, al punto que algunos de ellos han sido asesinados bajo la vigencia de las medidas. Asimismo, la CIDH fue informada sobre la continuidad de los actos de hostigamiento contra personas protegidas por medidas cautelares. La mayor parte de las situaciones de riesgo denunciadas por los beneficiarios de medidas cautelares otorgadas en 2009 y 2010 incluyen múltiples amenazas, las cuales son proferidas personalmente y a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto, así como con disparos de armas de fuego efectuados en la puerta de los hogares de las personas intimidadas.
Respecto de Colombia, la CIDH continuó recibiendo información que da cuenta de un incremento de amenazas y actos intimidatorios contra defensores y defensoras de derechos humanos, miembros de organizaciones que promueven los derechos de las mujeres, magistrados y líderes y miembros de pueblos indígenas, como así también sobre la existencia de problemas estructurales que obstaculizan la implementación efectiva de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH. La falta de concertación de las medidas cautelares con los beneficiarios, el retraso en su cumplimiento, el desconocimiento de la representación de los beneficiarios y la falta de investigación seria y eficaz respecto de las amenazas de muerte de grupos como los autodenominados "Águilas Negras", "Rastrojos" y "Bloque Metropolitano", son algunos de los problemas en este sentido. Asimismo, la CIDH expresa su profunda preocupación por la existencia de acciones que colocan a los beneficiarios en situaciones de mayor riesgo, tales como la estigmatización de las organizaciones que trabajan en asuntos relacionados con temas de tierras, desplazamiento interno, e investigaciones relacionadas con la parapolítica, así como el inicio de procesos judiciales contra miembros de organizaciones de derechos humanos y líderes indígenas y sociales a quienes se investiga por presunta colaboración y/o participación en actividades de grupos guerrilleros que operan al margen de la ley. De igual manera, resulta preocupante la falta de acceso a los datos de inteligencia que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y otros entes de seguridad estatal recabados en forma ilegal o legal respecto de varios beneficiarios y que han sido utilizados para la iniciación de investigaciones en su contra.
Finalmente, en la audiencia sobre la Medida Cautelar MC-260/07, Comunidades del pueblo maya Sipakapense y Mam de Guatemala, los representantes de las comunidades beneficiarias indicaron que tales medidas no se han cumplido materialmente. El Estado informó que si bien no se ha suspendido la operación minera, se han iniciado los procedimientos administrativos tendientes a dicho fin, que se han implementado acciones de vigilancia y acompañamiento epidemiológico en las comunidades beneficiarias, y que se han adoptado medidas de protección individual para personas en situación de amenaza o riesgo como consecuencia de su oposición a la mina Marlin. Asimismo, los representantes del Estado informaron que no se han realizado acciones de descontaminación de las aguas por no contarse con estudios concluyentes que demuestren la polución causada por la actividad extractiva.
La CIDH hace un llamado a los Estados para que, en virtud de sus obligaciones internacionales, procuren el desarrollo de políticas y prácticas dirigidas a dar cumplimiento a las medidas cautelares con el fin de otorgar una protección efectiva a los beneficiarios y las beneficiarias. La CIDH insta asimismo a los Estados a abstenerse de cualquier acción que pueda agravar la situación de riesgo de las personas protegidas por estas medidas.
Obstáculos para la participación en las audiencias
La participación en audiencias y reuniones de trabajo de representantes de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como de quienes lo hicieron en carácter de víctimas o peticionarios, es una contribución esencial al fortalecimiento del trabajo de protección de los derechos humanos de los habitantes del Hemisferio. La Comisión Interamericana valora y agradece dicha asistencia y participación, y reitera que las personas que acuden a brindar testimonios o información durante las audiencias deben gozar de todas las garantías necesarias.
En este sentido, la Comisión Interamericana deplora las situaciones que se presentaron durante 2010 en las cuales personas que acudieron a audiencias de la CIDH han sido víctimas de acciones de descrédito en sus países, en ocasiones por parte de autoridades de Gobierno. A través de este tipo de declaraciones se pone en riesgo la seguridad de las personas que acuden a la Comisión Interamericana, al tiempo que se genera un ambiente nocivo para el trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos en el país. El artículo 63 del Reglamento de la CIDH establece que los Estados deberán “otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter”. Añade asimismo que los Estados no podrán “enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión”. Asimismo, la Asamblea General de la OEA ha expresado en numerosas resoluciones la importancia de dar protección a defensoras y defensores de derechos humanos, y los órganos de protección de los derechos humanos del sistema interamericano se han pronunciado reiteradamente sobre la importancia de su labor. En este sentido, la CIDH ha expresado que defensoras y defensores de derechos humanos tienen un rol protagónico en la promoción de los derechos humanos, la vigencia del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia.
Asimismo, para que las personas puedan participar en las audiencias que la CIDH organiza en su sede en Washington es indispensable que el Gobierno de Estados Unidos otorgue las correspondientes visas. En este Período de Sesiones, la audiencia sobre la situación de derechos humanos de las mujeres en los campos de desplazados internos en Haití, programada para el 26 de octubre, debió ser cancelada por problemas que los peticionarios dijeron haber tenido en la obtención de sus visas. Esta situación tiene un impacto negativo sobre el cumplimiento del mandato de la CIDH de supervisar la situación de derechos humanos en las Américas.
Procesos de solución amistosa: avances y retrocesos
La CIDH expresa su preocupación frente a la información proporcionada por el Estado peruano en el curso de una reunión de trabajo realizada en relación con el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa en el caso 12.191, María Mamérita Mestanza Chavez, según la cual se declaró la prescripción de la acción penal para la investigación de la esterilización forzada de la que fueron víctimas más de 2.000 mujeres, entre ellas María Mamérita Mestanza, durante el gobierno de Alberto Fujimori. La CIDH condena esta situación de impunidad, a pesar de que en el acuerdo de solución amistosa firmado el 10 de octubre de 2003, el Estado se había comprometido a “revisar judicialmente todos los procesos penales sobre violaciones de los derechos humanos cometidas en la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, para que se individualice y se sancione debidamente a los responsables”. La CIDH se pronunció con preocupación recientemente sobre esta situación en el marco de su informe Acceso a Servicios de Salud Materna desde una Perspectiva de Derechos Humanos. En tal sentido, la CIDH reitera que bajo la Convención Americana y otros instrumentos interamericanos como la Convención de Belém do Pará, los Estados están obligados a investigar, juzgar y sancionar toda violación de los derechos de las mujeres, como garantía de su no repetición.
Por otra parte, la Comisión manifiesta su complacencia por los significativos avances alcanzados en relación con procesos de solución amistosa sobre peticiones referidas a Argentina, Chile, Guatemala y México, y valora la disposición y colaboración demostrada por las partes en estas reuniones a fin de avanzar en los acuerdos y resolver las situaciones.
Por ejemplo, se alcanzaron avances significativos en reuniones de trabajo sobre las peticiones de Carlos Ernesto Cuevas Molina y otros, Guatemala, y de Martín Godínez Jara y otros, México. La petición de Guatemala se refiere a las presuntas desapariciones forzadas de Carlos Ernesto Cuevas Molina, Héctor Alirio Interiano y Gustavo Adolfo Castañon Fuentes, miembros del Comité Ejecutivo de la Asociación de Estudiantes Universitarios, mientras que la de México se refiere a la presunta detención ilegal y tortura de Martín Godínez Jara, Candelario Flores Avila, Pablo Ernesto Gómez y René Robles Trejo en manos de funcionarios de la Policía Judicial del Estado de Nayarit. Igualmente, el 27 de octubre de 2010 se llevó a cabo una reunión de trabajo entre los peticionarios y el Estado en el Caso 11.833, Ricardo Domingo Monterisi, Argentina, en la que las partes suscribieron un acuerdo de solución amistosa.
Asimismo, en este Período de Sesiones la CIDH aprobó cinco informes de solución amistosa sobre Argentina, Chile y México, según se detalla en la sección correspondiente.
Otras actividades desarrolladas durante el 140º Período de Sesiones
El 27 de octubre, la Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la CIDH realizó un almuerzo de trabajo con la sociedad civil para dialogar sobre temas relacionados con la situación de defensoras y defensores en la región y la coordinación de actividades sobre la materia. En dicho diálogo participaron el Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez, el secretario Ejecutivo de la Comisión y miembros del Equipo de la Unidad, así como alrededor de 50 representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil del hemisferio.
El 27 de octubre, la CIDH recibió al Gobernador del Estado mexicano de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, quien informó a la CIDH sobre las medidas adoptadas durante su administración en materia de derechos humanos. En especial, hizo hincapié en la reciente reforma a la Constitución local, mediante la cual se incorporaron a la carta magna estatal los derechos amparados por la Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículo 4) y se dispuso la creación del Consejo Estatal de Derechos Humanos (Artículo 48).
El 1 de noviembre, representantes del Centro de Estudios de Justicia en las Américas (CEJA) y del programa Justice Initiative de Open Society presentaron a los miembros de la Comisión Interamericana un diagnóstico sobre la prisión preventiva en las Américas. En su presentación, Cristián Riego Ramírez y Robert Varenik se refirieron a los nuevos patrones regionales en materia de reformas penales y a las tendencias que se observan en la interpretación y aplicación de estas normas. De acuerdo con lo planteado, esto significaría un retroceso en los modelos garantistas adoptados en los últimos años en la mayoría de los países de la región que decidieron abandonar los sistemas penales inquisitivos. En este contexto se abordaron también otros temas esenciales como la independencia judicial, el derecho a la presunción de inocencia y el efecto que producen los medios de comunicación en la administración de justicia.
Períodos de Sesiones en 2011
El 141º Período de Sesiones será del 21 de marzo al 1 de abril de 2011 y el plazo para presentar solicitudes de audiencias y reuniones de trabajo vence el 29 de enero de 2011. El 142º Período de Sesiones será del 18 al 22 de julio y no se realizarán audiencias ni reuniones de trabajo. El 143º Período de Sesiones será del 19 de octubre al 4 de noviembre, y el plazo para presentar solicitudes de audiencias y reuniones de trabajo vence el 29 de agosto de 2011.
La CIDH prosiguió el estudio de numerosas peticiones y casos individuales en que se alegan violaciones de derechos humanos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y otros instrumentos interamericanos. A continuación se ofrece la lista de peticiones y casos sobre los cuales se aprobaron informes durante el 140º Período de Sesiones. Una vez que sean notificadas las partes, la Comisión Interamericana publicará en su página en Internet los informes en que la decisión sea de carácter público.
Durante el 140º Período de Sesiones se aprobaron 29 informes de admisibilidad:
Informe 112/10 – Petición Interestatal No. 2, Ecuador c. Colombia
Informe 122/10 – Carlos Arturo Betancourt Estrada y otros, Colombia
Informe 123/10 - Gerson Jairzinho González Arroyo, Colombia
Informe 124/10 - Oscar Orlando Bueno Bonnet, Jefferson González Oquendo y Jean Carlo Cavarique, Colombia
Informe 125/10 – Pueblos indígenas de Raposa Serra do Sol, Brasil
Informe 126/10 - Roberto Carlos Pereira de Souza y otros, Brasil
Informe 127/10 - Thalita Carvalho de Mello y otros, Brasil
Informe 128/10 - Rosa Hernandes Sundermann y José Luis Sundermann, Brasil
Informe 138/10 - Juan José Meza, Ecuador
Informe 139/10 - Luis Giraldo Ordónez Peralta, Ecuador
Informe 140/10 - Familia de Leonardo Abril Armijos, Ecuador
Informe 141/10 - Luis Educardo Guachalá Chimbó, Ecuador
Informe 142/10 - María Zambrano, Ecuador
Informe 143/10 - Natividad de Jesús Ramírez y otros, El Salvador
Informe 144/10 - Vecinos de la Aldea de Chichupac y Caserío Xeabaj del Municipio de Rabinal, Guatemala
Informe 145/10 - Mario Tomás Barahona Zelaya y Heriberto Antonio Chica Portillo, Honduras
Informe 146/10 - Manuel Santiz Culebra y otros (Masacre de Acteal), México
Informe 147/10 - Jesús Angel Gutiérrez Olvera, México
Informe 148/10 - María Luisa Acosta y otros, Nicaragua
Informe 149/10 - M.P.C. y Familiares, Perú
Informe 150/10 - José Castro Ballena, María Gracia Barriga Oré y otros, Carlos Alberto Canales Huapaya, Perú
Informe 151/10 - Wong Ho Wing, Perú
Informe 152/10 - Alfredo Lagos del Campo, Perú
Informe 153/10 - Haroon Khan, Trinidad y Tobago –
Informe 154/10 - Linda Loaiza López Soto y Familiares, Venezuela
Informe 155/10 - Jaime Humberto Díaz Alva; Rubén Galván Borja; Eduardo E. Espinoza Narcizo; Vladimir Carlos Villanueva, Venezuela
Informe 156/10 - Daniel Gerardo Gómez Murillo, Aída Marcela Garita Sánchez y otros, Costa Rica
Informe 171/10 - Miguel Angel Millar Silva, Chile
Asimismo, entre el 139º y el 140º Período de Sesiones, la CIDH aprobó cuatro informes de admisibilidad por vía electrónica:
Informe 107/10 - Patricia Emilie Cuéllar Sandoval y otros, El Salvador
Informe 108/10 - Orestes Auberto Urriola Gonzáles y otros, Perú
Informe 109/10 - Florentín Gudiel Ramos y Makrina Gudiel Álvarez, Guatemala
Informe 110/10 - Claudina Isabel Velasquez Paiz y otros, Guatemala
En este Período de Sesiones se aprobaron tres informes de inadmisibilidad:
Informe 157/10 - Marcelo Sánchez Mourazos, Argentina
Informe 158/10 - Miembros del sindicato de obreros de Unión Productores de Leche S.A., Perú
Informe 159/10 - Iris Martínez y otros, Uruguay
Durante el 140º Período de Sesiones, la Comisión aprobó cinco acuerdos de soluciones amistosas en casos sobre Argentina, Chile y México, al considerar que los acuerdos alcanzados por las partes se ajustan al objeto y fin de la Convención Americana de Derechos Humanos:
Informe 160/10 - Inocencia Luca Pegoraro, Argentina
Informe 161/10 - Valerio Castillo Báez, Argentina
Informe 162/10 - Gilda Rosario Pizarro y otras, Chile
Informe 163/10 - Mario Alberto Jara Oñate, Chile
Informe 164/10 –Luis Rey García Villagrán, México
El 1 de noviembre de 2010 la CIDH adoptó el Informe No. 160/10 por medio del cual aprobó el acuerdo de solución amistosa que las partes habían suscrito el 11 de septiembre de 2009 en la petición 242-03, Inocencia Luca de Pegoraro y otros. En dicho acuerdo el Estado reconoció los hechos expuestos en la petición, la cual se refiere a las consecuencias de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 30 de setiembre de 2003, que dejó sin efecto la resolución que ordenó realizar compulsivamente una prueba pericial hemática sobre la presunta nieta de las víctimas y que cerró las posibilidades de investigación de los delitos por la desaparición de Susana Pegoraro y Raúl Santiago Bauer. La Comisión destaca que en el marco del procedimiento de solución amistosa, el Estado promulgó una serie de leyes que establecen el procedimiento para la obtención de muestras de ADN, modernizan el marco normativo que regula el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y garantizan la participación judicial de las víctimas en las investigaciones y juzgamiento por la apropiación de niños durante la dictadura militar; se creó una Unidad de Regularización documental para víctimas de violaciones de Derechos Humanos; y se instaló un grupo de asistencia judicial.
Asimismo, la CIDH aprobó el Informe No. 161/10 mediante el cual aprobó el acuerdo de solución amistosa firmado por las partes el 2 de octubre de 2008 respecto de la petición 4554-02, Valerio Oscar Castillo Báez, Argentina. En el acuerdo que fuera ratificado mediante el Decreto N º 399/09, el Estado reconoció su responsabilidad por los hechos denunciados, según los cuales las autoridades argentinas le habían negado a Valerio Oscar Castillo Báez la indemnización establecida en la Ley 24.043, a pesar de haber sido detenido durante la dictadura militar. Asimismo, el Estado se comprometió a brindar una reparación pecuniaria a Valerio Oscar Castillo Báez conforme lo previsto por la Ley 24.043 y a elaborar un proyecto de ley que modifique la citada ley a fin de incluir casos de privaciones de libertad.
Adicionalmente, mediante los informes 162 y 163 aprobados el 1 de noviembre de 2010, la Comisión Interamericana aprobó el acuerdo de solución amistosa entre el Estado de Chile y los peticionarios en los casos 12.281, Gilda Rosario Pizarro y otras y 12.195, Mario Alberto Jara Oñate. En el acuerdo, el Estado chileno reconoció que desde el punto de vista de los estándares internacionales, se produjo una vulneración de los derechos de Mario Alberto Jara Oñate, Julio César Cid Deik, Marcelino Esteban López Andrade, José Tobar Exequel Muñoz, Fernando Villa Molina, Ciro Elías Rodríguez Uribe, Mario Eduardo Araya Marchant y Sergio Iván González Bustamante. Ellos fueron exonerados de Carabineros de Chile como resultado de la manifestación pública y pacífica realizada por sus esposas, Gilda Rosario Pizarro, Elena del Carmen Ponce Jorquera, Gloria Lewelyn Ponce Jorquera, Myrna Janette Ponce Jorquera, Isabel del Luján Fuentes Ruiz y Angélica Soledad Pérez Fernández, quienes consideraron insuficientes los beneficios económicos recibidos por sus cónyuges en calidad de carabineros. El Estado se comprometió a revisar las disposiciones legales sobre la calificación de personal de Carabineros como medida de no repetición. Asimismo, se comprometió a indemnizar a las víctimas, retirar sus antecedentes administrativos y permitirles el acceso a las prestaciones de salud que otorga el Hospital de Carabineros.
De igual manera, el 1 de noviembre de 2010 la CIDH aprobó el Informe No. 164/10 de solución amistosa en el caso 12.623, Luis Rey García Villagrán, de México. Mediante el acuerdo firmado entre las partes, el Estado mexicano reconoció que García Villagrán fue torturado y privado ilegalmente de su libertad por miembros de la Policía Judicial, y sometido posteriormente a un indebido proceso legal. La CIDH aprobó este informe tras constatar que el Estado ordenó su liberación, le pidió disculpas públicas y lo indemnizó. La CIDH valoró el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado y decidió continuar dando seguimiento a las acciones del Estado para investigar y sancionar a los agentes estatales responsables de la detención ilegal y tortura del señor Luis Rey García Villagrán.
La CIDH aprobó un total de 15 informes sobre el fondo, de los cuales uno fue una decisión de publicación:
Informe 121/10 – Carlos Alberto Mojoli Vargas, Paraguay
Durante el 140º Período de Sesiones se aprobaron 14 informes de archivo:
Informe 129/10 - Personas privadas de libertad en la Penitenciaría central de Paraná, Brasil
Informe 130/10 - Alex Argona, Brasil
Informe 131/10 - Celso Daniel, Brasil
Informe 132/10 - José Severo Rubiano Cruz, Colombia
Informe 133/10 - Edgar Amilkar Grimaldos Barón y Carlos Reyes Niño, Colombia
Informe 134/10 - José Fernando Torres Quinteros y otros, Colombia
Informe 135/10 - Oscar Miguel y Luis Rafael Sanez Ayala, Colombia
Informe 137/10 - Luis Gabriel Caldas León, Colombia
Informe 165/10 - Edilberto Muñoz Coronell (or Coronel); Mauricio Alfonso Mejía Lesmes; Rogelio Martínez Ramírez; Eulogio Iguaran Epieyu; Jimmy Nagles Marquez; and Octavio Toro Salazar, Barbados
Informe 166/10 - Guillermo Hansen Calderón, Chile
Informe 167/10 - Leopoldo Leonidas Letelier y otros exiliados chilenos entre 1973 y marzo de 1990 , Chile
Informe 168/10 - Antonio Araya Soto, Costa Rica
Informe 169/10 - Aníbal Miranda, Paraguay
Informe 170/10 - Alejandro Briceño Contreras, Perú
Los días 25, 26, 28 y 29 de octubre se celebraron audiencias relativas a casos y peticiones individuales, medidas cautelares y situaciones generales y específicas de derechos humanos.
Las audiencias públicas que tuvieron lugar en el Salón Padilha Vidal fueron transmitidas en vivo por Internet, gracias a la colaboración de Primestream Corporation. La CIDH agradece a la empresa Primestream y a su presidente, Claudio Lisman, por proveer el ancho de banda necesario para transmitir los videos de las audiencias en alta calidad a una amplia audiencia, dando respuesta así al creciente interés por ver las audiencias desde todos los países de la región.
Los videos de las audiencias que han sido transmitidas por Webcast están disponibles en la página de audiencias públicas de la CIDH, donde también se encuentran enlaces a las fotografías de alta definición tomadas en las audiencias. Está página también incluye grabaciones de audio de todas las audiencias públicas celebradas en este Período de Sesiones. Queda autorizada la inclusión de enlaces a esos audios y videos en sitios web externos, así como la reproducción de las fotografías, a condición que se incluyan los créditos correspondientes a la OEA.
Crímenes de odio contra miembros de la comunidad LGBTI e impunidad en Centroamérica
Presentación de Los 40 principios para garantizar la diversidad y el pluralismo en la radiodifusión y los servicios de comunicación audiovisual
Por otra parte, se realizaron cuatro audiencias privadas, a petición de las organizaciones y personas que solicitaron su realización: Situación de seguridad ciudadana y derechos humanos en Paraguay; Situación de derechos humanos y Estado de derecho en Nicaragua; Institucionalidad democrática y defensores de derechos humanos en Venezuela; y Situación del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela.
Debido a problemas en la tramitación de las visas de los participantes, debieron ser canceladas las audiencias sobre la situación del pueblo indígena guaraní en el Chaco boliviano y sobre la situación de derechos humanos de las mujeres en los campos de desplazados internos en Haití.
En el marco del 140º Período de Sesiones se llevaron a cabo las siguientes reuniones de trabajo:
Medida Cautelar 180/01 – Pueblo Embera Katío del Alto Sinú, Colombia
Medida Cautelar 187/01 / Miembros de la Corporación Sembrar, Colombia
Medida Cautelar 12/09 – 87 familias de la Comunidad Alto Guayabal, Colombia
Medida Cautelar 125/06 – Iván Cepeda Castro y otros, Colombia
Medida Cautelar 128/00 - CAJAR, Colombia
Medida Cautelar 449/03 – Carlos Rosero y miembros de PCN (Proceso de Comunidades Negras) , Colombia
Medidas Cautelares 93/08, 119/09 y 269/07 – Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Colombia
Medida Cautelar 242/09 – CODHES, Colombia
Medida Cautelar 131/09 - Blanca Mesina Nevarez, Silvia Vázquez Camacho y sus familias, México
Medida Cautelar 294/08 - Personas detenidas en la Prisión Administrativa de Máxima Seguridad de Estados Unidos (ADX)
Caso 12.690 – VRP y VPC, Nicaragua
Medida Cautelar 277/08 - Vilma Núñez de Escorcia y Miembros de CENIDH, Nicaragua
Petición 33/03 y otras - Magistrados no ratificados, Perú
Regulación de radios comunitarias en Chile
Caso 12.487 – Rafael Cuesta Caputi, Ecuador (Seguimiento de recomendaciones)
Caso 9.326 – Carlos Ernesto Cuevas Molina y otros, Guatemala
Petición 1139/04 – Masacre de la Aldea de Los Josefinos, Guatemala
Obstáculos y desafíos para el cumplimento de decisiones de los órganos del sistema interamericano, Argentina
Petición 610/01 – Natalio Kejner y otro, Argentina
Caso 11.833 – Ricardo Monterisi, Argentina
Medida Cautelar 160/08 – Internos de la penitenciaría de Almafuerte, Argentina
Caso 12.532 – Internos de la Penitenciaría de Mendoza, Argentina
Petición 93/05 - Florencio y Analía Tapia, Argentina
Caso 12.080, P4115/02, P255/04, P812/04 y P272/05 – COFAVI, Argentina
Regulación de radios comunitarias en Paraguay
Esta sección contiene un resumen de algunas de las principales actividades desarrolladas por la CIDH, a través de sus Relatorías especiales y áreas temáticas, desde su 138º período de sesiones, que tuvo lugar en marzo de 2010, hasta la fecha. Las Relatorías trabajan en tareas de promoción, elaboran y publican informes temáticos, ofrecen apoyo en el sistema de peticiones y casos individuales y en el trámite de medidas cautelares, así como en audiencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras actividades.
La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, a cargo de la Comisionada María Silvia Guillén, continuó brindando asistencia técnica al Grupo de Trabajo del Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA que está encargado de elaborar un Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia. El actual período de sesiones del Grupo de Trabajo se inició el 27 de septiembre de 2010.
La Relatoría participó en un foro titulado Participación e Incidencia de los y las Afrodescendientes en la Organización de los Estados Americanos, convocado por la organización Global Rights – Partners for Justice, que se realizó el 4 de junio en Lima, Perú. En este evento se discutieron temas como la situación de los afrodescendientes en el continente con especial énfasis en la situación en Perú, así como la participación de la sociedad civil en la OEA y el reconocimiento del Año Internacional de los Afrodescendientes de Naciones Unidas.
La Relatoría participó y realizó una presentación sobre el Sistema Interamericano, durante el Curso de Capacitación Incrementando la Participación e Incidencia de los y las Afrodescendientes en la Organización de los Estados Americanos y el Proceso de Cumbres de las Américas, organizado por la organización Global Rights – Partners for Justice, que se llevó a cabo en Washington D.C., el 15 de septiembre de 2010. En el referido curso participaron 19 activistas de derechos humanos de los afrodescendientes provenientes de 11 países del Hemisferio.
La Relatoría también participó y realizó una presentación sobre el Sistema Interamericano y el Informe Observaciones Preliminares de la CIDH tras la visita del Relator sobre los derechos de los afrodescendientes y contra la discriminación racial a la República de Colombia, durante el Segundo Encuentro de Organizaciones del Pacifico Colombiano con Organismos de Cooperación Internacional, organizado por el Programa de Derechos Humanos del USAID y la Fundación Trust for the Americas, que se llevó a cabo en Tumaco, Colombia, el 12 de octubre de 2010. En el curso participaron más de 100 activistas de derechos humanos de los afrocolombianos provenientes de las ciudades de Tumaco (Departamento de Nariño), Buenaventura (Departamento de Valle del Cauca) y Quibdó (Departamento del Chocó).
Las actividades de la Relatoría sobre los Derechos de los Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial estuvieron financiadas con contribuciones de Brasil, Colombia y Estados Unidos.
La Relatoría de las Mujeres, a cargo de la Comisionada Luz Patricia Mejía, continuó implementando varias iniciativas de recopilación de información cualitativa y cuantitativa con miras a identificar los principales avances y desafíos que las mujeres enfrentan para ejercer sus derechos libre de discriminación, en particular en las esferas de sus derechos económicos, sociales y culturales, el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual, y sus derechos reproductivos. Estos proyectos cuentan con el apoyo financiero de los gobiernos de Finlandia y España, y tienen como objetivo la publicación de informes temáticos con recomendaciones a los Estados de cómo mejor cumplir con sus obligaciones de derechos humanos en estos ámbitos.
Como resultado de estas iniciativas, la CIDH publicó el informe Acceso a Servicios de Salud Materna desde una Perspectiva de Derechos Humanos el 2 de agosto de 2010. El informe analiza los deberes de los Estados para garantizar los derechos humanos de las mujeres sin discriminación en el acceso a servicios de salud materna y formula recomendaciones generales a los Estados sobre esta temática. Las recomendaciones del informe abordan principalmente los deberes de los Estados americanos con respecto de su legislación y políticas públicas, servicios y poder judicial, para garantizar el derecho a la integridad de todas las mujeres en su acceso sin discriminación a servicios de salud materna.
Asimismo, la Relatoría organizó dos reuniones de expertas y expertos el 18 y 19 de octubre en Washington, DC, en el marco de sus proyectos sobre los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres. Asistieron veinte expertas y expertos de las Américas representado al sector académico, la sociedad civil, organizaciones internacionales, entidades estatales, y otros sectores. El 18 de octubre se trabajó en identificar avances y desafíos en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres sin discriminación en las esferas del empleo, educación y el acceso y control de recursos en las Américas. La información recopilada se analizará en un informe especializado con recomendaciones específicas con la finalidad de mejorar y fortalecer la legislación, políticas y prácticas dirigidas a abordar el problema de la discriminación y garantizar que los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres sean debidamente respetados y protegidos. Por otra parte, el 19 de octubre se abordó la temática de la violencia sexual contra las mujeres como obstáculo para el ejercicio de sus derechos a la educación y a la salud, y barreras principales que las mujeres enfrentan en su acceso a recursos judiciales efectivos para remediar este problema. La información recopilada se analizará en un informe especializado con recomendaciones específicas con la finalidad de mejorar y fortalecer la legislación, políticas públicas y prácticas dirigidas a garantizar que los actos de violencia sexual contra las mujeres, particularmente perpetrados en el ámbito de la educación y la salud, sean debidamente sancionados.
La Relatoría de las Mujeres asimismo ha organizado dos audiencias temáticas este año para recibir información sobre las principales formas de discriminación que enfrentan las mujeres a través de las Américas en el ejercicio de sus derechos económicos y sociales, en particular en su acceso y control de recursos económicos, oportunidades educacionales y condiciones de empleo. Una tuvo lugar el 23 de marzo y la otra el 26 de octubre.
El 15 de abril de 2010, la CIDH publicó un informe de seguimiento a las recomendaciones efectuadas en el informe Las Mujeres Frente a la Violencia y la Discriminación Derivadas del Conflicto Armado en Colombia, el cual había sido publicado el 18 de octubre de 2006. Este informe forma parte del Capítulo V del Informe Anual de la CIDH correspondiente a 2009. En este informe de seguimiento, la Comisión destaca los esfuerzos del Estado colombiano para adoptar medidas de carácter legislativo y políticas públicas para proteger los derechos de las mujeres frente al impacto de la violencia y discriminación derivada de la dinámica del conflicto armado. Sin embargo, la Comisión considera que la violencia ejercida por todos los actores del conflicto interno sigue causando un impacto diferenciado y agravando la discriminación histórica que las mujeres colombianas han vivido. En este sentido, la Comisión nota con preocupación que las principales manifestaciones de violencia contra las mujeres identificadas en el informe de 2006 - la violencia física, sexual y psicológica; el reclutamiento forzado; la imposición de pautas de comportamiento social; y el desplazamiento forzado - continúan afectando a las mujeres de todas las edades, razas y etnias en Colombia. La Comisión concluye observando que todavía persisten desafíos notables para dar cabal cumplimiento a las recomendaciones hechas en el informe de 2006.
Finalmente, en el contexto de su apoyo al trabajo de la CIDH en el procesamiento de peticiones individuales y medidas cautelares sobre asuntos relacionados a los derechos de las mujeres y en el litigio de casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría participó en dos Audiencias Públicas convocadas por la Corte Interamericana. La audiencia pública sobre el caso de Inés Fernández Ortega y otros, México, se realizó el 15 de abril en Lima, Perú. La audiencia pública respecto del caso Valentina Rosendo Cantú y otra, México, se realizó el 27 de mayo de 2010 en San José de Costa Rica. Las sentencias de ambos casos fueron publicadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Las actividades de la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres estuvieron financiadas por contribuciones de Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
La Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a cargo de la Comisionada Dinah Shelton, realizó una visita de trabajo a Paraguay entre el 3 y el 7 de septiembre, acompañada por el abogado especialista de la relatoría, Federico Guzmán. La delegación visitó comunidades indígenas que han tenido o tienen casos ante el sistema interamericano, y mantuvo reuniones con autoridades y organizaciones de la sociedad civil a fin de obtener información sobre la situación general de la población indígena paraguaya. La delegación de la CIDH se reunió con altos funcionarios gubernamentales y realizó una reunión con representantes de aproximadamente treinta organizaciones indígenas y organizaciones promotoras de los derechos humanos, que aportaron documentación clave para comprender el panorama étnico actual de Paraguay. Posteriormente, la Relatoría visitó las comunidades de Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Kelyenmagategma, del pueblo Enxet-Sanapaná, en la región del Chaco, y Y’aká Marangatú, del pueblo Guaraní Mbya, en la región del Oriente. En las visitas a las comunidades, la delegación de la Relatoría se reunió con los líderes y autoridades tradicionales respectivos, verificó sus condiciones de vida, y recaudó información clave para los distintos procesos que se siguen ante la Comisión y la Corte. En particular, se logró la suscripción de un acuerdo entre la comunidad de Yakye Axa, el Gobierno Nacional y los representantes de las víctimas ante la CIDH y la Corte, orientado a facilitar el cumplimiento de los puntos pendientes de la sentencia de la Corte Interamericana que protege a esta comunidad; y se propició un primer acercamiento entre los líderes de la comunidad Sawhoyamaxa y el Gobierno para discutir el tema de la restitución del territorio ancestral. Igualmente se recopiló información clave para la elaboración de un informe de fondo en el caso de la comunidad Kelyenmagategma, y para el seguimiento del acuerdo de solución amistosa suscrito ante la CIDH para el caso de la comunidad Y’aká Marangatú.
La Relatora participó asimismo en el 41 período de sesiones de la Corte Interamericana celebrado en Lima, del 10 al 14 de abril, en las audiencias sobre los casos de la comunidad Xákmok-Kasek v. Paraguay, e Inés Fernández Ortega v. Mexico. Ambos tienen actualmente sentencia de la Corte favorable a las víctimas indígenas.
El 3 y 4 de junio, la Relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas de la ONU ofrecieron un seminario de capacitación sobre los sistemas interamericano e internacional de protección de los derechos de los pueblos indígenas en Washington, D.C. Los panelistas fueron la Relatora, Dinah Shelton, y el Relator de la ONU, James Anaya. También ofrecieron presentaciones especialistas en derechos humanos de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH y del Proyecto de Apoyo al Relator Especial de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas de la Universidad de Arizona. El objetivo del seminario fue capacitar a líderes indígenas y abogados de Estados Unidos y Canadá en los sistemas de peticiones individuales y en los mecanismos de protección que ofrecen la CIDH y Naciones Unidas respecto de los derechos de los pueblos indígenas. Se puso especial énfasis en el desarrollo de la jurisprudencia en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas. Asimismo, los participantes tuvieron la oportunidad de dialogar sobre los avances y desafíos pendientes en relación al respeto y garantía de los derechos humanos de los pueblos indígenas en sus países. La realización de este seminario fue posible gracias al apoyo financiero brindado por el Gobierno de Dinamarca.
El 14 de abril en Lima, la Relatoría participó en el foro internacional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, organizado por la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), Cooperacción, el Movimiento Manuela Ramos, la Asociación Nacional de Centros (ANC) y la Asociación Paz y Esperanza. El abogado especialista de la Relatoría realizó en el foro una presentación sobre los mecanismos de protección y la jurisprudencia de la CIDH y la Corte Interamericana.
La Relatoría también participó en el Seminario de Capacitación sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en el Sistema Interamericano, organizado por el Departamento de Derecho Internacional de la OEA, que se realizó en San José, Costa Rica, del 13 al 17 de septiembre. Allí aproximadamente quince líderes y abogados indígenas de Centroamérica recibieron capacitación sobre los distintos mecanismos de la CIDH para la protección de sus derechos humanos individuales y colectivos.
La Relatoría ha establecido lazos de cooperación con instituciones financieras internacionales que apoyan proyectos que pueden afectar a los pueblos indígenas y tribales de las Américas. La Relatora Dinah Shelton, junto con el Relator de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, y otros expertos internacionales, participó el 29 de julio en una mesa de consulta organizada por la Corporación Financiera Internacional del grupo del Banco Mundial, sobre el tema del consentimiento informado frente a proyectos de desarrollo, inversión o extracción. Posteriormente, el 30 de septiembre, la Secretaria Ejecutiva Adjunta, Elizabeth Abi-Mershed, y el abogado de la Relatoría, Federico Guzmán, realizaron una presentación explicativa sobre el sistema interamericano, los mecanismos de protección de la CIDH y el alcance de la jurisprudencia sobre derechos territoriales de los pueblos indígenas ante los funcionarios técnicos y políticos del Banco Interamericano de Desarrollo.
La Relatoría continúa realizando un monitoreo de la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas de la región, y haciendo uso de mecanismos como los comunicados de prensa y las solicitudes de información dirigidas a los Estados bajo el Artículo 41 de la Convención Americana. En este sentido, la Relatoría emitió un comunicado de prensa condenando los homicidios de líderes indígenas en Colombia, y solicitó información sobre una situación de confinamiento de una comunidad Guaraní-Kaiowá en Brasil y sobre un derrame de petróleo en el Río Marañón, de la Amazonía peruana.
Las actividades de la Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas estuvieron financiadas por contribuciones de Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos.
La Relatoría sobre los Derechos de la Niñez, a cargo del Comisionado Paulo Sérgio Pinheiro, realizó diversos eventos de difusión en las Américas relacionados con el informe Castigo corporal y los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Asimismo, la Relatoría preparó cartas de solicitud de información bajo el Artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que la CIDH envió al Estado de Chile a fin de solicitar información respecto a la situación de indígenas mapuches privados de libertad que fueron procesados bajo la ley antiterrorista por actos realizados cuando eran niños. La Relatoría también preparó una carta que se envió al Estado de Honduras a fin de solicitar información sobre la situación de violencia que enfrentan niños, niñas y adolescentes, y otra carta en la que solicitó información al Estado de Perú.
Por otra parte, con contribuciones financieras del Gobierno de Luxemburgo y de UNICEF, se continúa trabajando en los últimos ajustes al proyecto de informe sobre Justicia Penal Juvenil y Derechos Humanos, que se publicará próximamente. El informe sobre Justicia Penal Juvenil complementa el informe Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, que fue publicado en 2010, y que fue elaborado en el marco del memorándum de entendimiento entre la CIDH, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Su preparación y publicación fue posible gracias al apoyo financiero de UNICEF, OACNUDH, el Gobierno de Italia y la Fundación Open Society Institute.
Además de los fondos de Luxemburgo y de UNICEF, la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez financia sus actividades con contribuciones de la organización Save the Children.
La Relatoría sobre Trabajadores Migrantes y Miembros de sus Familias, a cargo del Comisionado Felipe González, prosiguió sus actividades de defensa y promoción de dicho grupo humano en el hemisferio.
El 27 de agosto de 2010 la CIDH emitió un comunicado de prensa en el que expresó su más profunda preocupación por la matanza de 72 inmigrantes perpetrada dos días antes en Tamaulipas, México, y urgió a que el Estado adoptara medidas urgentes para investigar y hacer justicia, así como para proteger a los migrantes en tránsito en el país y garantizar el respeto a sus derechos humanos. La Relatoría se halla en comunicación con el Estado mexicano para realizar próximamente una visita al país con el fin de analizar la situación de los migrantes en tránsito, tema definido por la CIDH como de alta preocupación. En una audiencia pública celebrada en marzo de 2010, la Comisión Interamericana había recibido información muy grave sobre el alto número de secuestros de migrantes, así como denuncias de actos de tortura en su contra.
Por otra parte, la Relatoría se encuentra abocada a la preparación de la versión final del informe sobre la aplicación de las leyes de inmigración, detención de inmigrantes y el impacto de la detención sobre el debido proceso en Estados Unidos. Durante su 139º periodo ordinario de sesiones, la CIDH aprobó el Informe sobre migraciones en Estados Unidos: detención y debido proceso. La versión preliminar del informe fue transmitida al Estado para darle la oportunidad de presentar las observaciones que considerara oportunas, de conformidad con el artículo 60 del Reglamento de la Comisión Interamericana. Las observaciones del Estado fueron recibidas el 18 de octubre de 2010 y serán consideradas por la Comisión Interamericana en la versión final, que será publicada próximamente.
La Relatoría participó en el VII Curso Regional sobre Derecho Internacional de Refugiados en América Latina, auspiciado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que tuvo lugar en la Ciudad de Panamá el 9 de septiembre de 2010, con una presentación sobre los mecanismos de protección que ofrece el sistema interamericano para los migrantes y refugiados en la región. El curso contó con la asistencia de funcionarios estatales que trabajan en los procesos de concesión de asilo y refugio en el hemisferio.
Asimismo, el Relator fue invitado a la Reunión sobre Delincuencia Organizada Transnacional y Seguridad de los Migrantes, que tuvo lugar en la Ciudad de México el 8 de octubre de 2010. Aunque no pudo participar por razones de agenda, el Relator presentó un mensaje a los participantes en que se destaca la importancia del respeto de los derechos humanos de los migrantes y otros grupos vulnerables, particularmente en el contexto de la lucha contra el crimen.
Las actividades de la Relatoría sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias fueron financiadas con contribuciones aportadas por España y Estados Unidos.
La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, a cargo del Comisionado Rodrigo Escobar Gil, realizó una visita de trabajo a la República de El Salvador del 5 al 9 de octubre. Los miembros de la delegación sostuvieron varias reuniones con autoridades y representantes de la sociedad civil, y visitaron el Centro Reeducativo Sendero de Libertad (Ilobasco), el Centro Penal de Quezaltepeque y el Centro Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca. Durante estas visitas la delegación sostuvo reuniones con las respectivas autoridades encargadas de estos establecimientos y entrevistó a un importante número de personas detenidas. El último día de la visita el Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad dio una rueda de prensa, y el 20 de octubre emitió un comunicado de prensa con un anexo conteniendo las observaciones preliminares sobre la visita.
Asimismo, en cumplimiento de su mandato de promoción, el Relator ha participado en varios foros. Entre el 28 y el 30 de julio, el Relator Escobar Gil y el abogado especialista de la Relatoría, Andrés Pizarro Sotomayor, participaron como conferencistas en el Simposio Internacional de Derecho Penitenciario y Derechos Humanos, organizado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPEC) de Colombia, que se realizó en la Biblioteca Belén de la Ciudad de Medellín. Asimismo, del 11 al 13 de agosto, el Relator presentó una ponencia sobre medidas no privativas de la libertad en el II Congreso de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, celebrado en esa casa de estudios. Finalmente, el Relator Escobar Gil presentó la ponencia La visión de los órganos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos frente a la jurisprudencia constitucional en materia de derechos humanos, en el VI Encuentro de la Jurisdicción Constitucional: Diálogos con la Nación, celebrado en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada de Bogotá, 31 de septiembre al 3 de octubre.
La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad financió sus actividades con contribuciones aportadas por España.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, a cargo de Catalina Botero, continuó trabajando en tareas de promoción, en el marco de lo cual se ofrecieron seminarios, conferencias y capacitaciones. Asimismo, la Relatoría Especial ofreció asesoramiento a Estados miembros de la OEA en la materia. En este sentido, entre otras a actividades, la Relatoría realizó visitas académicas a El Salvador, República Dominicana y Guatemala.
Igualmente, en mayo 2010, la Relatora Especial y el abogado Ramiro Álvarez Ugarte formaron parte de la delegación que representó a la CIDH en la visita in loco a Honduras. El objetivo de esta visita fue dar seguimiento a las denuncias recibidas en la visita realizada en agosto de 2009, así como verificar la situación actual de los derechos humanos en ese país.
Asimismo, en agosto 2010, la Relatora Catalina Botero y los abogados Alejandra Negrete Morayta y Michael Camilleri, realizaron una visita oficial a México, con el objetivo de observar la situación de la libertad de expresión en el país. Como parte de la visita, la Relatoría visitó el Distrito Federal y los Estados de Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Estado de México.
Por otra parte, la Relatoría Especial participó en las discusiones y en la presentación del proyecto final de Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información y su Guía de Implementación ante el Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA, que está impulsando la OEA a través del Departamento de Derecho Internacional y la Secretaría de Asuntos Legales.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión financia sus actividades con contribuciones de Estados Unidos, la Fundación Sueca de Derechos Humanos, Francia, Costa Rica, Reino Unido, Suiza, Suecia y la Comisión Europea.
La Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, a cargo del Comisionado José de Jesús Orozco, ha continuado recibiendo información acerca de amenazas, ataques y hostigamientos a defensores y defensoras de derechos humanos en la región, siendo particularmente graves las situaciones de Guatemala, Colombia, México, Honduras y Venezuela. Esta situación se ve reflejada en el alto número de medidas cautelares otorgadas en lo que va del año. De un total de 58 medidas otorgadas o ampliadas, 18 corresponden a defensores o defensoras de derechos humanos. Asimismo, de las nueve solicitudes de medidas cautelares sobre las cuales se ha solicitado información en lo que va del año, dos corresponden a situaciones relacionadas con defensores y defensoras de derechos humanos.
Por otra parte, desde el 1 de septiembre se ha incorporado al equipo de la Unidad el abogado mexicano Jorge Humberto Meza, como becario, por un período de 11 meses. La Beca de la Unidad de Defensores de Derechos Humanos busca continuar con el programa de formación profesional para jóvenes abogados en el área específica de seguimiento a la situación de defensores y defensoras de derechos humanos, así como brindar apoyo técnico a las labores de la Unidad.
Dentro de las actividades emprendidas por la Unidad durante el periodo cubierto se encuentra la actualización y renovación de la página Web de la Unidad en inglés y español, la elaboración del proyecto de informe de seguimiento sobre la situación de defensores y defensoras en la región y recopilación de información para dicho informe, y la planificación de una reunión de la Unidad con representantes de las organizaciones de la sociedad civil durante el 140 periodo de sesiones.
La Unidad de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos financia sus actividades con contribuciones de Estados Unidos.
I. Otras actividades
Durante los días 8 y 9 de octubre de 2010, la CIDH junto con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y la Facultad de Derecho Norman Manley de la Universidad de West Indies, llevó a cabo un seminario sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Caribe, en Kingston, Jamaica. En el evento participaron más de 80 personas, en su mayoría estudiantes de derecho, y se tuvo como objetivo promover el sistema y dialogar sobre los desafíos existentes y los mecanismos que permitirían una mayor presencia del Sistema Interamericano en el Caribe anglófono. En este evento participó la Comisionada Dinah Shelton, acompañada por dos especialistas de la Secretaría Ejecutiva. El seminario, tal como otras actividades que la Comisión Interamericana desarrolla en el Caribe, fue financiado por contribuciones de Italia y Luxemburgo.
La Comisión Interamericana ha sometido 147 casos contenciosos a conocimiento de la Corte. De ellos, dos se encuentran en espera de notificación al Estado correspondiente, 11 se encuentran en espera de que se convoque a audiencia pública, 3 en espera de sentencia, 115 en etapa de cumplimiento de sentencia y 16 se encuentran cerrados. Asimismo, hay 45 medidas provisionales activas y tres solicitudes de medidas provisionales pendientes de decisión por parte del Tribunal.
Desde el mes de marzo de 2010 la CIDH ha sometido los siguientes ocho casos a la jurisdicción contenciosa de la Corte:
· Caso 12.587, Barbani y otros contra el Estado de Uruguay
· Caso 12.533, Iván Eladio Torres contra el Estado de Argentina
· Caso 12.465, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku contra el Estado de Ecuador
· Caso 11.324, Narciso González Medina contra el Estado de República Dominicana
· Caso 11.498, Jorge Fernando Grande contra el Estado de Argentina
· Caso 12.517, Gregoria Herminia Contreras y otros contra el Estado de El Salvador
· Caso 12.488, Familia Barrios contra el Estado de Venezuela
· Caso 12.502, Karen Atala e hijas contra el Estado de Chile
Del 12 al 16 de abril de 2010, la Comisión participó en las audiencias del XLI Período Extraordinario de Sesiones de la Corte, celebrado en Lima, Perú. En dicho período de sesiones se realizaron audiencias públicas en los casos: Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña (Bolivia), Xákmok Kásek (Paraguay) e Inés Fernández Ortega (México).
Del 17 al 28 de mayo de 2010, la Comisión participó en las audiencias del LXXXVII Período Ordinario de Sesiones, celebrado en San José, Costa Rica. En dicho período de sesiones se realizaron audiencias públicas en los casos: Gomes Lund y otros (Brasil) y Valentina Rosendo Cantú (México). Asimismo, se realizaron audiencias sobre implementación de medidas provisionales en los asuntos Comunidades de Jiguamiandó y Curbaradó (Colombia), Comunidad de Paz de San José de Apartadó (Colombia). También se celebraron audiencias privadas sobre cumplimiento de sentencia en relación con los casos: Yatama (Nicaragua), Heliodoro Portugal (Panamá) y 19 Comerciantes, Masacre de Mapiripán, Gutiérrez Soler, Masacre de Pueblo Bello, Masacre de La Rochela, Masacres de Ituango, Escué Zapata y Valle Jaramillo (Colombia). Esta última audiencia se efectuó de manera conjunta para los ocho casos y se limitó a la reparación sobre tratamiento médico y psicológico.
Del 25 de agosto al 2 de septiembre de 2010, la Comisión participó en las audiencias del LXXXVIII Período Ordinario de Sesiones de la Corte, celebrado San José, Costa Rica. En dicho período de sesiones se realizaron audiencias públicas en los casos: Vélez Loor (Panamá) y Cabrera y Montiel (México). Adicionalmente, la CIDH participó en una audiencia pública sobre la implementación de medidas provisionales en el asunto de la Fundación de Antropología Forense (Guatemala) y en audiencias privadas de seguimiento de cumplimiento de sentencia de los casos Doce Clanes Saramaka (Suriname) y Vargas Areco (Paraguay).
Por otra parte, desde el período pasado de sesiones la Comisión presentó dos solicitudes de medidas provisionales: una en el asunto de Gladys Lanza (Honduras) y otra en relación a Cárcel de Tocorón (Venezuela), la última de las cuales se encuentra pendiente de decisión por parte del Tribunal.
Las actividades relacionadas con el trabajo ante la Corte Interamericana son financiadas con contribuciones de Dinamarca y Luxemburgo.
En particular, la CIDH agradece las contribuciones efectuadas en lo corrido del año 2010 por los gobiernos de los siguientes países miembros de la OEA: Canadá, Chile, Colombia y Estados Unidos. El gobierno de México anuncio que realizará un aporte en los próximos días. También desea agradecer a los Países Observadores que apoyan las actividades de la Comisión: España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Luxemburgo, Suecia y Suiza. Asimismo, la Comisión valora y agradece las contribuciones recibidas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, Save the Children/Suecia, del Fondo de Población de Naciones Unidas y la Universidad de Notre Dame. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados anunció que realizará un aporte próximamente. Estas contribuciones contribuyen de manera concreta al fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos en el continente americano.
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