Source: http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=sesionessala&ac=getDocumento&teseid=61784&nrobol=1151905_P
Timestamp: 2018-01-17 12:43:41
Document Index: 255577591

Matched Legal Cases: ['artículo 127', 'artículo 126', 'artículo 31', 'Artículo 31', 'artículo 7', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 66', 'artículo 66']

REAJUSTE DE REMUNERACIONES PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el primer lugar de la tabla figura el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, concede otros beneficios que indica, y modifica diversos cuerpos legales, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.519-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite: sesión 67ª, en 29 de noviembre de 2017 (se da cuenta).
Hacienda: sesión 68ª, en 29 de noviembre de 2017.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Comisión de Hacienda discutió el proyecto en general y en particular, en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, y lo aprobó en los mismos términos en que fue despachado por la Cámara de Diputados, con las votaciones que consigna en su informe.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En virtud del acuerdo adoptado por la Sala hace unos momentos, se abre la votación del proyecto.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, en esta votación del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, quiero referirme de manera especial a Magallanes.
Por más que históricamente se haya demostrado la diferencia del costo de vida que existe en esa región, las autoridades han incurrido en un incumplimiento de los acuerdos a partir del 2015. Y nuevamente se ha constatado, en la mesa de trabajo que se formó, algo que está más que comprobado en todos estos años.
Es más, el Estado ha reconocido tal diferencia desde siempre. Por eso, cuando un funcionario público es enviado a una región extrema, como la nuestra, llega con asignación especial de zona.
Por lo tanto, sentimos que aquella discusión está del todo zanjada.
En ese sentido, quiero felicitar a la mesa del sector público de la Región de Magallanes, y en particular a Mónica Álvarez, quien volvió a colocar en estos últimos días el tema de la entrega, en justicia, del bono especial de zonas extremas. Aun cuando este estaba considerado, en principio, para más de 11 mil 700 funcionarias y funcionarios, se ha reducido a menos del 10 o 15 por ciento de ese total, porque los gobiernos han puesto una línea de corte que vuelve a dejar fuera a la gran mayoría de quienes desarrollan una importante actividad dentro del aparato estatal.
Por eso, no nos hemos cansado de señalar que el Estado es uno de los más malos empleadores. Y aquello repercute directamente en las condiciones de jubilación de estas mujeres y hombres al momento de pensionarse, habiendo entregado toda una vida al cumplimiento de una función pública.
Por supuesto, nos sumamos al acuerdo alcanzado. Si las distintas organizaciones lo aprobaron, a nosotros no nos cabe otra opción. Pero no podemos dejar de hacer esta crítica, que pretendemos que sea constructiva.
Es necesario que esta medida económica, denominada "compensatoria", aunque yo la llamaría "de igualación", dada la condición de aislamiento de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, permanezca en el tiempo, pero además hay que ampliar su cobertura, excluyendo de la línea de corte a la asignación de zona o, en su defecto, estableciendo una línea de corte distinta.
Como ya he señalado, existen instrumentos suficientes para demostrar la condición de zona aislada, de zona extrema.
Por eso, sentimos que se debe dar cumplimiento a los compromisos y que estos deberían permitir que los bonos fueran imponibles y un derecho plena y completamente adquirido -y quiero que quede en la historia de esta discusión- de las funcionarias y funcionarios públicos de las regiones alejadas de nuestro país, de manera de contribuir a que no se produzca un profundo daño en materia previsional.
Cada vez que en este Hemiciclo hemos debido pronunciarnos sobre acuerdos para hacer que el Estado logre jubilar a funcionarios de distintas instituciones públicas, hemos terminado viendo a hombres y mujeres, que han trabajado toda una vida en ellas, con pensiones absolutamente miserables, que no les permiten tener una mediana calidad de vida en sus últimos años de existencia.
Ojalá que la mesa del sector público de la Región de Magallanes haga posible, de una buena vez, que las autoridades den cumplimiento a la palabra comprometida en orden a establecer todos los insumos necesarios para paliar la diferencia del costo de vida que allí se aprecia.
Lo que se ha señalado en los últimos días no es efectivo, porque la situación que aquí he descrito está más que demostrada.
Concurro con mi voto favorable a la aprobación del proyecto, haciendo ver que se requiere que estos instrumentos sean permanentes en el tiempo, para no seguir afectando, al momento de su jubilación, a mujeres y hombres que trabajan en el sector público.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, considero muy bueno que este proyecto, que otorga un reajuste de remuneraciones y otros beneficios sociales a los trabajadores del sector público, venga consensuado con gran parte de los gremios. Entiendo que, de los diecinueve que participaron en la mesa de negociación, diecisiete firmaron el acuerdo y dos no lo hicieron.
Dicho eso, quiero destacar una situación que a nosotros nos preocupa, relacionada con el bono de zonas extremas, concretamente para Chiloé. Este bono, que es un bono de nivelación que se entrega a los asistentes de la educación y a los funcionarios municipales, también se otorga a los funcionarios de la salud primaria agrupados en la CONFUSAM.
El hecho de que esta confederación no haya firmado el protocolo de acuerdo con el Ejecutivo significa que los funcionarios de la salud primaria quedarán sin la referida nivelación y, por tanto, en situación de desmedro, lo cual, por supuesto, perjudica a los trabajadores. Claramente, se trata de una discriminación contra los funcionarios agrupados en la CONFUSAM, pertenecientes a la atención primaria de salud.
Además, el monto en que aumenta el bono para los otros beneficiarios tampoco es el que estaba comprometido.
Por eso, nosotros quisiéramos que en los próximos días, en las próximas semanas, se resolviera el problema en una ley miscelánea, pues, en mi opinión, los funcionarios de la atención primaria de salud no tienen por qué resultar perjudicados con este tipo de situaciones.
Debo manifestar también, señor Presidente, que el 2,5 por ciento de reajuste probablemente va a significar, en términos prácticos, un aumento real del 0,7 por ciento en las remuneraciones de los trabajadores, porque, si descontamos la inflación, finalmente queda ese porcentaje, aun cuando todavía falta saber cuál será la cifra de inflación correspondiente al mes de noviembre.
Por lo tanto, el reajuste real acumulado durante estos últimos cuatro años es de poco más de 2 puntos. Si comparamos este índice con los que hubo durante la Administración del Presidente Piñera, en que la suma de los reajustes reales para los funcionarios públicos sobrepasó el 8 por ciento, uno comprueba claramente que, cuando la economía crece, cuando exhibe dinamismo, cuando existe una buena conducción económica, los servidores del Estado también se benefician. Cuando la economía se debilita, cuando muestra poco dinamismo, cuando el crecimiento es pequeño, cuando, en definitiva, el Fisco dispone de menos recursos para resolver los problemas sociales, los reajustes reales de nuestros funcionarios públicos terminan siendo muy menores, y eso, al final del día, les representa una inferior calidad de vida.
A mi juicio, señor Presidente, en los próximos años Chile debe poner el acento en el crecimiento de la economía. Si esta no crece, los problemas sociales se van a ir agudizando, nos van a ir agobiando y los conflictos y las tensiones sociales van a ser mucho mayores. El crecimiento económico es crucial para recuperar no solo la creación de empleos, sino también para el mejoramiento de las remuneraciones reales de los trabajadores, incluidos, por supuesto, nuestros funcionarios del sector público.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- A las personas apostadas en las tribunas les pido abstenerse de cualquier tipo de manifestación, para poder despachar el proyecto sin dificultad.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, en verdad, celebro que el Gobierno haya alcanzado un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores y otras organizaciones gremiales del sector público respecto del presente proyecto de reajuste, que abarca también otras materias relativas a las condiciones laborales de los funcionarios públicos.
Considero que siempre es positivo que una iniciativa venga precedida de un diálogo social fructífero que permita recoger las demandas de los sectores involucrados, dentro de las posibilidades del erario fiscal.
En cuanto al presente proyecto, destaco especialmente las disposiciones referidas a las asignaciones que reciben los servidores que trabajan en regiones extremas, incluidas las provincias de Palena y Chiloé.
Sin embargo, y con mucho dolor, debo dejar constancia de que no se incluyó en el proyecto el compromiso asumido por el Ministerio de Hacienda en el sentido de nivelar el bono trimestral de zonas extremas para los asistentes de la educación que trabajan en la provincia de Chiloé con lo que reciben quienes se desempeñan en la provincia de Palena y en las Regiones de Aisén y de Magallanes.
Las condiciones de aislamiento de los trabajadores del archipiélago de Chiloé son las mismas que deben soportar aquellos que reciben el bono correspondiente, por lo que no entiendo las razones para establecer la discriminación descrita.
Personalmente, confío en que el Ministerio de Hacienda corregirá la mencionada situación en el más breve plazo, para hacer honor a los compromisos contraídos y, sobre todo, para reparar la injusticia evidente que se comete contra los asistentes de la educación de la provincia de Chiloé.
A pesar de todo, voto a favor.
--Se aprueba en general el proyecto y, en virtud del artículo 126 del Reglamento, queda aprobado también en particular (16 votos a favor), con excepción de los artículos 31, 32 y 66.
Votaron las señoras Goic, Lily Pérez y Von Baer y los señores Bianchi, García, Girardi, Guillier, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor ALLAMAND.- Pido que se considere mi voto, señor Presidente.
La señora VAN RYSSELBERGHE.- Y el mío.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se dejará constancia en la Versión Oficial de las intenciones de voto favorable de los Senadores señora Van Rysselberghe y señor Allamand.
A continuación, vamos a analizar las solicitudes de votación separada recaídas en los artículos 31, 32 y 66 del proyecto, como se ha pedido a la Mesa.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede intervenir, Su Señoría.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, solicito que se autorice el ingreso de los asesores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿Hay inconveniente para que ingrese a la Sala un asesor por cada Comité?
El señor LABBÉ (Secretario General).- La primera disposición sobre la que se ha pedido votación separada es el artículo 31, que aparece en el texto que nos llegó hace muy poco rato a la Sala, que establece lo siguiente:
"Artículo 31.- Intercálase en el inciso final del artículo 7 de la ley N° 20.128 a continuación del vocablo "años" la siguiente frase: ", a personas naturales o jurídicas u organismos públicos,".".
El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, se produjo una interesante discusión en la Comisión de Hacienda respecto de esta disposición, por cuanto mediante ella nosotros venimos a solicitar en la ley en proyecto que también el Ministerio de Hacienda o la Cartera del Trabajo, en su defecto, y particularmente la Dirección de Presupuestos, donde radica toda la experticia técnica, puedan efectuar el estudio técnico actuarial del Fondo de Reserva de Pensiones, y no solo el sector privado.
Algunos señores Senadores y señoras Senadoras hicieron notar que lo anterior podía, eventualmente, acarrear un conflicto de intereses. Sin embargo, si bien eso es cierto en muchos casos, no nos parece que corresponda a la presente situación, por cuanto estamos tratando de demostrar que los compromisos que se van adquiriendo con cargo al fondo mencionado y su magnitud son realidades compatibles en el tiempo, que es lo que persigue demostrar el estudio actuarial.
Obviamente, la Dirección de Presupuestos siempre tendrá el incentivo de intentar evitar la carencia de sustentabilidad de dicho fondo. Por tanto -si se quiere ponerlo así-, desde el punto de vista del estudio actuarial, el Ministerio de Hacienda tendría una posición conservadora, en ningún caso una postura excesivamente laxa.
Por ello, el conflicto de intereses que pudiera suscitarse, en la medida que algún organismo del Estado mirara con un poquito de óptica inflacionista la posibilidad de girar en torno a estos recursos, se entendería, pero no es el caso de una repartición como la Dirección de Presupuestos.
Por tanto, respetando las opiniones vertidas, creo que el problema general de conflicto de intereses no se produce en el caso analizado.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, ¿me permite?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿Está pidiendo la palabra para un asunto de reglamento?
El señor PIZARRO.- No, quiero solicitar que se toquen los timbres porque hay colegas en Comisiones.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Aunque no estamos en votación, se tocarán igualmente.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, junto con el Senador Coloma votamos en contra del artículo 31.
¿Qué establece ese artículo? Dispone que se haga un estudio actuarial sobre la sustentabilidad del Fondo de Reserva de Pensiones.
Actualmente, la norma señala que lo ha de realizar una entidad privada, ajena al Gobierno. Y mediante el artículo 31 propuesto se está agregando que también se permita que lo desarrolle un organismo público, y lo que nos han manifestado en la Comisión de Hacienda es permitir concretamente que lo efectúe la Dirección de Presupuestos. Podría ser otra entidad estatal, pero nos han explicado que quien posee la expertise técnica para hacerlo es la mencionada Dirección.
Más que un conflicto de intereses, en realidad nosotros pensamos que aquí debe haber una situación de transparencia, en el sentido de que resulta mucho mejor que lo realice un organismo del sector privado, de tal manera que podamos contar con distintas miradas técnicas. El Gobierno siempre tiene la oportunidad de entregar su opinión. Y mayor razón para que en una materia tan delicada y trascendente como esta tengamos la perspectiva de agentes privados. Por supuesto, hablo de un estudio que se adjudique mediante licitación pública y sea encargado a una consultora privada.
Parece bueno, parece sano que el estudio lo desarrolle el sector privado, para precisamente informarnos respecto de la sustentabilidad del Fondo de Reserva de Pensiones.
Por eso consideramos inconveniente el concepto que se está agregando, en el sentido de que lo pueda acometer o el sector privado, como lo señala hoy la ley, o también el sector público, y concreta y específicamente, como se mencionó en la Comisión de Hacienda, la Dirección de Presupuestos.
De ahí que votamos en contra. Yo entiendo perfectamente bien que esto es opinable. Si hubiésemos contado con más tiempo para poder discutir estos aspectos que nada tienen que ver con el reajuste del sector público -convengamos que se trata de una ley bastante miscelánea- seguramente podríamos incluso haber alcanzado un acuerdo. Pero todos sabemos que aquí se lucha contra el tiempo.
Por lo tanto, nos ha parecido mejor dejar la norma con la redacción actual y no introducirle la modificación propuesta.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En votación el artículo 31.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, en efecto, como han dicho el señor Ministro de Hacienda y el Senador García, se produjo un diálogo respecto de la posibilidad de que también un ente o un organismo público pueda realizar la evaluación pertinente.
No se inhibe el que lo haga también el sector privado. O sea, que se agregue a personas naturales o jurídicas, o a organismos públicos, es una de las tantas alternativas. Se abre una posibilidad más.
Se explicaba que la Dirección de Presupuestos tiene específicamente la capacidad técnica, maneja la información, cuenta con la posibilidad de hacer una evaluación, un informe, un estudio, de mucho mejor manera y, tal vez, de forma más oportuna que en un proceso de licitación, que si lo realizara una consultora privada.
Como se ha dicho, es un tema opinable.
Respaldamos la posibilidad de que esto se abriera a un organismo público. Y ahora espero que ocurra lo mismo en la Sala.
No es un problema de conflicto de intereses, ni menos de transparencia. Todo lo contrario, se busca ser eficaz al tener las posibilidades de estudio o de evaluación al más alto nivel.
También puede significar, no cabe duda, un costo bastante menor; por cuanto, al ser un organismo público, el estudio no va a irrogar un gasto como podría ser en caso de licitación a un organismo privado.
--Se aprueba el artículo 31 (10 votos a favor y 7 en contra).
Votaronpor la afirmativa las señoras Allende y Goic y los señores Bianchi, Girardi, Guillier, Lagos, Letelier, Pizarro, Quinteros y Patricio Walker.
Votaron por la negativa la señora Van Rysselberghe y los señores Allamand, Espina, García, García-Huidobro, Hernán Larraín y Prokurica.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se deja constancia de las intenciones de voto favorable de los Senadores señores Quintana y Tuma, y de la intención de voto negativo de la Honorable señora Von Baer.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, también se pidió votación separada del artículo 32.
Dice lo siguiente: "Autorízase durante el año 2017 a la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo septuagésimo tercero de la ley N° 19.882, hasta 8 personas y por un monto máximo de $201.459.000.-
"El mayor gasto fiscal que represente la aplicación del presente artículo se financiará con cargo al presupuesto de la Subsecretaría de Derechos Humanos.".
El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, solicito autorización para que pueda intervenir don Jorge Rodríguez Cabello, Subdirector de Racionalización y Función Pública de la DIPRES.
Tiene la palabra el señor Subdirector.
El señor RODRÍGUEZ (Subdirector de Racionalización y Función Pública de la DIPRES).- Señor Presidente, este artículo busca establecer para este 2017 una cantidad de recursos para las funciones críticas de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Como bien saben, esta entidad fue creada recién este año. Por lo tanto, en su primer presupuesto no estaba esta Glosa. Y de ahí que la consideramos en esta iniciativa a fin de que se pueda pagar la asignación pertinente a los funcionarios que desempeñan funciones críticas.
Esto no significa más gasto, porque los recursos ya estaban en el presupuesto de la Subsecretaría; solamente no se contaba con la autorización legal para efectuar tales funciones.
Para el 2018, el presupuesto de esta Subsecretaría ya considera estas funciones críticas; pero para el presente año es necesaria su autorización.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, ¿puede abrir la votación?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿Habría acuerdo de la Sala para acceder a ello?
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Conforme.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, tal como ha dicho el Subdirector, esto persigue que se pueda pagar asignación por funciones críticas con efecto retroactivo, por el presente año, a ocho funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Sin embargo, me llama la atención -y nos llamó la atención durante la discusión en la Comisión de Hacienda- que existan personas ejerciendo funciones críticas sin que una norma legal lo autorice.
Ello no habla bien de cómo estamos haciendo las cosas dentro de la Administración Pública.
Un funcionario no puede estar desempeñando una función, con la calificación que ahora se menciona, sin que haya estado autorizado previamente.
Estamos hablando de algo más de 201 millones de pesos, que se pagarían con efecto retroactivo. Esto debe significar fácilmente un poco más de 20 millones de pesos para cada uno.
Pero, más que eso, nos preocupa que pretendamos, a través de este artículo, regularizar una situación que tuvo que preverse cuando se creó la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Al momento de establecer su planta, debió señalarse que había ocho funcionarios que iban a cumplir funciones críticas, con tal costo, y que esos recursos ya estaban.
Por lo anterior, señor Presidente, por no parecernos adecuado regularizar de esta manera una situación que no debió haberse dado, junto con el Senador Coloma votamos en contra en la Comisión de Hacienda.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Recuerdo a los señores Senadores que está abierta la votación. Muchos no se han pronunciado, así que los invito a votar.
El señor WALKER (don Patricio).- Sí, señor Presidente, ya que algunos tenemos que ir a la Comisión especial encargada de tratar temas sobre la infancia.
--Se aprueba el artículo 32 (13 votos a favor y 8 en contra).
Votaronpor la afirmativa las señoras Allende y Goic y los señores Bianchi, Guillier, Lagos, Letelier, Montes, Pizarro, Quintana, Quinteros, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa las señoras Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, García, García-Huidobro, Hernán Larraín, Pérez Varela y Prokurica.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Por último, se pidió votación separada del artículo 66.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Solicito autorización a la Sala para que pueda intervenir el Subsecretario del Trabajo.
El señor DÍAZ (Subsecretario del Trabajo).- Señor Presidente, a través de esta normativa se quiere modificar la ley N° 19.296, sobre asociaciones de funcionarios, para superar una rigidez de esta legislación.
Muchos de ustedes probablemente conocen y han visto en sus circunscripciones a la ANEF provincial, por ejemplo. Bueno, esta solo tiene reconocimiento estatutario, no legal.
Con esta modificación permitimos que las organizaciones de funcionarios de nivel nacional puedan constituir confederaciones regionales y/o provinciales, de manera que los dirigentes que se encuentren en dicha situación puedan gozar de lo normado respecto del fuero y del permiso sindical.
Insisto en que se trata de algo que ocurre hoy en día, pero que no tiene consagración legal, y es importante entregar esa protección desde el punto de vista de la libertad sindical.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, el Senador Coloma se abstuvo en la Comisión de Hacienda. Yo voté a favor, porque la verdad es que pensé que los dirigentes regionales de las asociaciones gremiales del sector público contaban con este fuero.
Sin embargo, por lo que escucho, ha sido una práctica, que ahora se está reconociendo legalmente.
A mí me parece bien que tengan su fuero, porque realizan una serie de actividades para las cuales lo necesitan.
Tengo que informar además que el Senador Coloma, legítimamente, se abstuvo en la votación de esta norma.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, la información de que dispongo, que justifica o explica la abstención del Senador Coloma, es que esta última no dice relación con el contenido específico de la disposición -es decir, la extensión del fuero a dirigentes regionales de organizaciones nacionales-, sino más bien con subrayar que algunos beneficios que se acordaron con las asociaciones no fueron extendidos a otras entidades gremiales, que se marginaron de este acuerdo.
Y, desde el punto de vista personal, pensando en los trabajadores, lo que el Senador Coloma quiso hacer presente -y lo reitero aquí- es que no parece justo que, si finalmente se llega a un acuerdo, aquellos que, por las razones que fueren, no concurrieron a él sean marginados de beneficios económicos.
Eso, a mi modo de ver, termina por castigar a quienes, desde las dirigencias sindicales, toman un camino distinto del de la mayoría.
Considero que ello no es justo, y no parece razonable sancionarlos otorgándoles menos beneficios simplemente porque no concurrieron con la mayoría a firmar lo que el Gobierno estuvo dispuesto a concederles.
--Se aprueba el artículo 66 (18 votos favorables), y el proyecto queda aprobado en particular y despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Bianchi, García, Guillier, Lagos, Letelier, Montes, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.