Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-425930282
Timestamp: 2020-07-12 15:47:52
Document Index: 280455587

Matched Legal Cases: ['artículo 11', 'artículo 7', 'artículo 411', 'artículo 154', 'artículo 6', 'artículo 87', 'artículo 28', 'artículo 23', 'artículo 20', 'artículo 10', 'artículo 23', 'Artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 411', 'artículo 13', 'artículo 155', 'Artículo 155']

Sentencia de Tutela nº 1096/08 de Corte Constitucional, 6 de Noviembre de 2008 - Jurisprudencia - VLEX 425930282
Derecho a la vida, mínimo vital y dignidad humana de mujer con diagnóstico de vih-sida que fue excluida como beneficiaria de la pensión sustitutiva a cargo de la entidad accionada, cuyo otorgamiento fue suspendido en razón de que ella y el difunto se divorciaron en 2005. Por ello, se entendió que ésta no llenaba los requerimientos para su calificación como beneficiaria. Tal determinación implicó, además, su exclusión desvinculación del sistema de salud. Pide, por tanto, ala reanudación de su inclusión en el sistema.alcance de los alimentos que se deben por ley entre cónyuges divorciados. En suma, el derecho de exigir alimentos puede predicarse del cónyuge divorciado que se encontrare gravemente enfermo e incapaciado económicamente respecto del que tuviere capacidad para suministrárselos. Igualmente, se pecisó que dicha obligación tiene vigencia hasta tanto no varíen las condiciones económicas de uno y otro o hasta que acaezca la muerte del alimentario, no siempre la del alimentante.la obligación de cumplir sentencias judiciales. Se insistió en la viabilidad de la tutela para efectos de reclamar la materialización de un fallo judicial, debido al carácter pluriofensivo de su inobservancia.se constató, por tanto, la afectación de los derechos fundamentales de la accionante en virtud del desconocimiento de la sentencia judicial que decretó el divorcio y fijó una cuota limentaria a cargo del difunto en favor de la accionante. Además, se encontró probada la violación del principio de continuidad en la prestación de servicios de salud, pues a la entidad accionada le estaba proscrito interrumpir la concesión de tales prestaciones. Se ordenó a la accionada, por ende, reanudar los efectos que la sentencia de divorcio había dispuesto en beneficio de la accionante.concedida
T-1096-08 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T- 1096/08
R. que en virtud del principio de solidaridad se generan deberes y cargas susceptibles de ser reclamados por la vía de la coerción y con el apoyo del Estado. Igualmente, la Corte ha precisado que el principio de solidaridad, inherente a un Estado Social de Derecho, se presenta en tres facetas, a saber: (i) como una pauta de comportamiento conforme a la cual deben obrar las personas en determinadas ocasiones; (ii) como un criterio de interpretación en el análisis de las acciones u omisiones de los particulares que vulneren o amenacen los derechos fundamentales; (iii) como un límite a los derechos propios. En esta dimensión el principio de la solidaridad se despliega en los deberes de socorro y ayuda mutua que se originan por el vínculo matrimonial, los cuales pueden subsistir inclusive cuando media separación de cuerpos o su disolución. Valga señalar que ésta Corporación ha indicado que en caso de disolución de la unión conyugal, las obligaciones de socorro y ayuda se reducen en la medida en que las prestaciones de orden personal no siguen siendo exigibles; pero, igualmente, se transforman, por cuanto algunas obligaciones económicas pueden subsistir en condiciones específicas.
La señora XX, mediante apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Ministerio de Defensa Nacional, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, a la igualdad, a la dignidad humana y a un adecuado nivel de vida. La solicitud de amparo se fundamenta en los siguientes:
Manifiesta que convivió con el Subteniente YY[2] desde el año 2000, y en marzo 12 de 2001 se casaron en la Notaría Única de Honda, Tolima, razón por la cual habitaron en el batallón R.R.P. de la ciudad de Cimitarra.
Relata que por agresiones físicas y verbales por parte del señor YY, abandonó su núcleo familiar en diciembre de 2001, y que inclusive éste la amenazó por haber presentado una queja ante la comisaría de Familia de Honda, Tolima, agregando que con el tiempo () concluyó que su esposo sabía perfectamente que estaba diagnosticado con el vih-sida antes de conocerla.
Dice que tuvo una niña en julio 16 de 2002, quien falleció, precisando que solo al momento de fallecer su hija la accionante es enterada por personal médico que el motivo del deceso de la bebé fue por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), y por tanto a los ocho días de fallecer la niña le realizaron la prueba de vih () saliendo positiva.
Indica que a partir de ese momento el señor YY la abandonó física y económicamente ocultándose en el ejército para no ser localizado y haciendo tiempo por que hacía varios años mantenía una relación con la señora [ZZ][3].
Señala que el señor YY presentó una demanda de divorcio, que correspondió al Juzgado 13 de Familia de Bogotá, dado que su nueva pareja estaba esperando un hijo suyo y requería casarse con ella. Advierte que de mutuo acuerdo decidieron divorciarse, pero además acordaron que el señor YY continuaría contribuyendo con el 20% de su pensión () y la afiliación al sistema de salud de las fuerzas armadas (N. en texto original), lo cual fue aprobado por el juez de familia mediante sentencia.
Informa que la cuota alimentaria fue entregada por las Fuerzas Militares hasta el día que el señor YY falleció, esto es marzo 07 de 2007. Asevera que la cuota alimentaria que pesaba sobre la pensión del señor YY fue desconocida abruptamente, situación que la ha dejado en condiciones precarias de subsistencia, puesto que tiene 25 años, no tiene ningún ingreso y vive de la solidaridad de sus padres.
Advierte que le fue suspendido el servicio de salud que se le venía prestando, por cuanto en febrero 08 de 2008, el jefe del Centro Nacional de Afiliación, le manifestó que en razón del deceso del mencionado oficial y, como quiera que la beneficiaria mencionada no fue reconocida como sustituta pensional, su derecho a recibir los servicios médicos por parte del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares SE HA EXTINGUIDO, y por tanto alega que se quedará sin tratamiento médico, cuando requiere tomar medicamentos de manera permanente dada la enfermedad que padece.
Por lo anterior, acude a este medio, con el objeto que se amparen sus derechos fundamentales a la vida, a la igualdad, a la dignidad humana, y a un adecuado nivel de vida. Solicita que se ordene a la entidad accionada: (i) la entrega de los medicamentos antiretrovirales e igualmente todos los servicios de salud que requiera de manera integral, permanente y oportuna, conforme lo establezcan el grupo de Sanidad Militar; (ii)  quede inscrita y reciba en adelante el 20% de la pensión del señor YY; (iii) se de cumplimiento integral las sentencias de fecha febrero 15 de 2005, proferida por el Juzgado 16 de Familia de Bogotá, y se le continúe pagando el 20$ de la pensión que corresponde al fallecido señor YY; y, (iv) se de cumplimiento a la sentencia de fecha agosto 18 de 2005, dictada por el Juzgado 13 de Familia de la misma ciudad, mediante la cual se aprobó la conciliación celebrada entre el señor YY y la peticionaria para decretar su divorcio, pero con la obligación del señor YY de continuar aportando el 20% de su sueldo para la accionante.
Respuesta del Ministerio de Defensa Nacional.
Señala que negó la solicitud de sustitución pensional presentada por la actora, teniendo en cuenta que con la sentencia de divorcio de agosto 18 de 2005, cesó el vínculo matrimonial que mantuvo con el causante, razón por la cual no fue incluida como su beneficiaria: Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Decreto 4433 de 2004, al que dio estricto cumplimiento. Por tanto, señaló que de manera indiscutible no se había causado el derecho a percibir la sustitución pensional por la muerte del señor YY, como tampoco la prestación del servicio médico asistencial por parte de la Dirección General de Sanidad Militar, tal y como le precisó a la accionante en oficio de febrero 08 de 2008.
Concluye que de manera inequívoca puede establecerse que no ha transgredido ningún derecho fundamental de la actora, ni le ha causado algún perjuicio irremediable. Precisa, además, que la señora XX cuenta con los mecanismos de defensa ordinarios en el evento en que estime que de una u otra forma fueron vulnerados sus derechos.
Respuesta de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional de las Fuerzas Militares de Colombia.
El Subdirector de Sanidad del Ejército, Teniente Coronel G.L.G., mediante oficio de fecha mayo 13 de 2008, solicitó denegar la acción de amparo.
Indicó que existió un acuerdo conciliatorio entre la actora con el teniente YY, aprobado ante el juez de conocimiento, mediante el cual se pactó que éste contribuiría a la demandante con el 20% de la pensión que le fue reconocida, así como la filiación al sistema de salud de las Fuerzas Militares, ampliando por sí mismo la cobertura de beneficiarios de dicho sistema.
Señaló que una vez fallecido el señor YY, el subsistema perdió toda responsabilidad y obligación de prestar el servicio de salud a la actora, por cuanto era imposible que el subsistema proceda a brindar servicios de manera gratuita a personal ajeno a las fuerzas militares, por lo que se estarían desviando los recursos del estado en salud hacia personas que puede perfectamente afiliarse a al Régimen contributivo o subsidiado.
Advirtió que se le otorgó a la actora un período de gracia de cuatro semanas luego de la muerte del señor YY, período en el cual gozó del Plan de Servicios de Sanidad Militar, como lo prevé el artículo 7 del Acuerdo No. 002 de 2001, término que a la fecha se encuentra vencido sin que sea posible prestarle los servicios de salud, y por consiguiente se le respetó el principio de continuidad del servicio, permitiéndole por más de dos años la afiliación, a pasar de no ostentar la calidad de usuario, sin que la demandante hubiere procedido a afiliarse a otro régimen de salud.
· Copia de escrito de formato de aprobación medicamentos por fuera del manual único de medicamentos y terapéutica del SSMP (folio 18 del cuaderno principal).
· Copia de Resolución No. 2026, de fecha julio 27 de 2007, dictada por el S. General del Ministerio de Defensa Nacional (folios 36 al 38 del cuaderno principal).
· Copias de certificaciones emitidas por el Jefe del Centro Nacional de Afiliación Cenaf del Comando General de las Fuerzas Militares-Dirección General de Sanidad Militar, de fecha 10 de enero de 2008 y 8 de febrero de 2008 (folios 39 al 41 del cuaderno principal).
Sostuvo que la actora, quien padece de VIH, venía siendo atendida por el Grupo de Sanidad Militar del Ministerio de Defensa Nacional, no obstante, el servicio médico le fue suspendido y con ello el suministro de los medicamentos que requería para el tratamiento de dicha patología, tratamiento que fue iniciado sin culminar, razón por la cual quedó desprotegida, ante la enfermedad catastrófica que la aqueja y que exige tratamiento constante e ininterrumpido, lo cual no se conjuraba con un período de gracia de cuatro semanas que le otorgó la entidad.
Por otro lado, señaló que la acción de tutela no resultaba procedente para ordenar el reconocimiento prestaciones sociales y ordenar el pago de acreencias laborales, pues para ello existen otros medios de defensa judicial. Al respecto, indicó que la actuación de la entidad demandada, mediante la cual no reconoció la calidad de beneficiaria de la sustitución pensional del señor YY a la actora, fue legítima y cualquier controversia que se pueda presentar debe ser desatada a través de los medios de defensa idóneos, toda vez que obraba sentencia de divorcio que decretó la cesación de efectos civiles del matrimonio que ellos mantenían.
Asimismo, adujo que contra dicha actuación procedían las acciones pertinentes ante la jurisdicción contenciosa administrativa, las cuales resultaban ser el medio judicial idóneo para ventilar dicha controversia, máxime cuando no se demostró un perjuicio irremediable. En su concepto, la tutela no puede ser mecanismo judicial alterno o concomitante a la cual se pueda acudir, ni su Juez puede arrogarse la competencia del ordinario al que corresponde dirimir el asunto en virtud del ejercicio de la respectiva acción judicial. Sobre este punto, señaló que el carácter subsidiario de la tutela implicaba que ésta no podía desplazar el medio ordinario de defensa cuando se requiriera un análisis legal, reglamentario o convencional detallado y dispendioso, o un ejercicio probatorio de tal magnitud que supere las capacidades y poderes del juez constitucional.
La accionante impugnó el fallo del a quo, al señalar que la cuota alimentaria y el servicio de salud no se modificaban con el fallecimiento del señor YY, toda vez que no era de la naturaleza de un Estado Social de Derecho que los derechos ya reconocidos en sentencias judiciales ejecutoriadas, se sometan a nuevos reconocimientos. En consecuencia, alegó que la entidad demandada debía continuar con el pago de la cuota alimentaria del 20% de la pensión del señor YY y los servicios de salud que requiriera.
2.2. De acuerdo con la situación fáctica planteada y las decisiones adoptadas por los jueces de instancia, corresponde a la Sala determinar si se vulneran los derechos fundamentales de la actora, quien padece de VIH-Sida, ante la suspensión de la cuota alimentaria fijada mediante sentencia judicial-, que le fue reconocida en virtud del vínculo matrimonial que mantuvo con el señor YY, la cual correspondía al veinte por ciento de la pensión de invalidez que disfrutaba en vida el señor YY, así como la afiliación al subsistema de salud de las fuerzas militares y de la policía. Para efectos de resolver el anterior problema jurídico, la Sala hará previamente referencia al alcance de los alimentos que, por ley, se deben los cónyuges y cónyuges divorciados, y a la obligación de cumplir con los fallos judiciales.
Alcance de los alimentos que se deben por ley entre cónyuges y cónyuges divorciados.
En esta última hipótesis, se ha expuesto que para poder reclamar alimentos es necesario el cumplimiento de ciertas premisas, a saber: (i) Que el peticionario carezca de bienes y, por consiguiente, requiera los alimentos que demanda; (ii) Que la persona a quien se le piden alimentos tenga los recursos económicos para proporcionarlos. Sobre estos aspectos, la sentencia C-237 de 1997[6], dispuso: El deber de asistencia alimentaria se establece sobre dos requisitos fundamentales: la necesidad del beneficiario y la capacidad del deudor, quien debe ayudar a la subsistencia de sus parientes, sin que ello implique el sacrificio de su propia existencia.
En efecto, por regla general el derecho de alimentos se deriva del parentesco, y comprende no sólo el sustento diario, sino también el vestido, la habitación, la educación y la recreación en el caso de los menores de edad. De este modo, la obligación alimentaria se fundamenta en el principio de solidaridad, según el cual los miembros de la familia tienen la obligación de suministrar la subsistencia a aquellos integrantes de la misma que no están en capacidad de asegurársela por sí mismos, aunque también puede provenir de una donación entre vivos, tal como lo establece el artículo 411 del Código Civil. Por esta razón, se ha señalado que dicho deber se ubica en forma primigenia en la familia, dentro de la cual cada miembro es obligado y beneficiario recíprocamente, atendiendo a razones de equidad. Una de las obligaciones más importantes que se generan en el seno de una familia es la alimentaria (Subrayado fuera de texto original)
La obligación alimentaria, contemplada de tiempo atrás en el Código Civil, encuentra hoy fundamentos mucho más firmes en el propio texto de la Constitución Política, particularmente en cuanto respecta a los niños (art. 44 C.P.), a las personas de la tercera edad (art. 46 C.P.), a las personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta (art. 13 C.P.) y al cónyuge o compañero permanente (art. 42 C.P.), y es evidente que el legislador no sólo goza de facultades sino que tiene la responsabilidad de establecer las normas encaminadas a procurar el cumplimiento de los deberes a cargo del alimentante, las acciones y procedimientos para que los afectados actúen contra él y las sanciones aplicables, que pueden ser, como resulta del ordenamiento jurídico vigente, de carácter civil y de orden penal.[10]
El reconocimiento y concreción de las obligaciones alimentarias y su realización material, se vincula con la necesaria protección que el Estado debe dispensar a la familia como institución básica o núcleo fundamental de la sociedad, y con la efectividad y vigencia de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, en la medida en que el cumplimiento de aquéllas sea necesario para asegurar en ciertos casos la vigencia de los derechos fundamentales de las personas al mínimo vital o los derechos de la misma estirpe en favor de los niños, o de las personas de la tercera edad, o de quienes se encuentren en condiciones de marginación o de debilidad manifiesta (art. 2º, 5, 11, 13, 42, 44 y 46 C.P.).[11]
Esta Corte ha además precisado que esta obligación alimentaria tiene fundamento constitucional, pues se vincula con la necesaria protección que el Estado debe dispensar a la familia como institución básica o núcleo fundamental de la sociedad, y con la efectividad y vigencia de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, ya que el cumplimiento de dichas obligaciones aparece necesario para asegurar en ciertos casos la vigencia de los derechos fundamentales de las personas al mínimo vital o los derechos de la misma estirpe en favor de los niños, o de las personas de la tercera edad, o de quienes se encuentren en condiciones de marginación o de debilidad manifiesta (art. 2º, 5, 11, 13, 42, 44 y 46 C.P.[12]
En conclusión, cada persona debe velar por su propia subsistencia y por la de aquellos a quienes la ley le obliga, con fundamento en el principio de solidaridad, según el cual los miembros de la familia tienen la obligación de procurar la subsistencia a aquellos integrantes de la misma que no están en capacidad de asegurársela por sí mismos. Considera entonces esta Corte que la obligación alimentaria tiene su fundamento tanto en el principio constitucional de protección a la familia, en la solidaridad[13], y en el principio de equidad, en la medida en que ´cada miembro es obligado y beneficiario recíprocamente[14].[15]
R. que en virtud del principio de solidaridad se generan deberes y cargas susceptibles de ser reclamados por la vía de la coerción y con el apoyo del Estado.[17] Igualmente, la Corte ha precisado que el principio de solidaridad, inherente a un Estado Social de Derecho, se presenta en tres facetas, a saber: (i) como una pauta de comportamiento conforme a la cual deben obrar las personas en determinadas ocasiones; (ii) como un criterio de interpretación en el análisis de las acciones u omisiones de los particulares que vulneren o amenacen los derechos fundamentales; (iii) como un límite a los derechos propios.[18]
En esta dimensión el principio de la solidaridad se despliega en los deberes de socorro y ayuda mutua que se originan por el vínculo matrimonial, los cuales pueden subsistir inclusive cuando media separación de cuerpos o su disolución.[19] Valga señalar que ésta Corporación ha indicado que en caso de disolución de la unión conyugal, las obligaciones de socorro y ayuda se reducen en la medida en que las prestaciones de orden personal no siguen siendo exigibles; pero, igualmente, se transforman, por cuanto algunas obligaciones económicas pueden subsistir en condiciones específicas.[20]
Esta Corporación, al analizar el numeral sexto del artículo 154 C.C., modificado por el artículo 6° de la Ley 25 de 1992, mediante la cual se establece como causal de divorcio Toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, física o síquica, de uno de los cónyuges, que ponga en peligro la salud mental o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial, estimó que la persona gravemente afectada física o psíquicamente por una enfermedad incurable, que carezca de los medios para subsistir autónoma y dignamente, y quedare expósita luego del divorcio, tiene derecho a recibir alimentos por parte del consorte con quien se disuelve el vínculo matrimonial. Así, en sentencia C-246 de 2002, se señaló:
Como se anotó, la legislación civil no prevé específicamente esta posibilidad habida cuenta de que cuando se invoca esta causal no hay propiamente un cónyuge culpable y otro inocente. No obstante, en las normas vigentes sobre alimentos se encuentran criterios pertinentes que pueden ser aplicados por analogía por el juez competente en cada caso. Estos criterios se refieren a diversos aspectos dentro de los cuales cabe destacar los siguientes. Primero, el criterio de necesidad. Si el cónyuge enfermo o anormal no necesita los alimentos para subsistir de manera digna y autónoma, no tiene derecho a exigirlos. En el mismo sentido, si éste necesita tales alimentos para dicho fin, tendrá derecho a ellos en una cuantía razonable a la luz del propósito de asegurarle una vida digna con un grado de autonomía compatible con las limitaciones derivadas de su enfermedad o anormalidad. Segundo, el criterio de capacidad. El monto de los alimentos ha de guardar relación con la capacidad económica del alimentante. Así, el alimentante no puede ser obligado a pagar una suma desproporcionada dada su condición socio-económica y sus ingresos, sin perjuicio de que la cuantía de los alimentos evolucione con los cambios en la capacidad económica del alimentante. Tercero, el criterio de permanencia. Dados los avances de la medicina y de la ciencia en general, la situación del alimentado puede cambiar de tal manera que las condiciones que le hacían imposible subsistir digna y autónomamente sin los alimentos disminuyan  caso en el cual la cuantía de los alimentos podría bajar  o terminen por desaparecer  caso en el cual el alimentante no tendrá que seguir pagando alimentos que han dejado de ser necesarios para la subsistencia digna y autónoma del hasta entonces alimentado. (N. ajenas al texto).
Así pues, la obligación alimentaria puede concluir, entre otras, cuando desaparezcan la necesidad y la falta de recursos económicos del alimentario, o cuando las condiciones económicas del alimentante varíen e impidan continuar suministrando los alimentos. Y si dichas condiciones permanecen llegará hasta la muerte del alimentario, aunque no siempre con la del alimentante.[22]
Es claro entonces que, la sentencia que fija y regula la cuota alimentaria no tiene carácter definitivo, pues como ya se señaló no hace tránsito a cosa juzgada material, y por ende puede ser revisada y modificada en cualquier momento, por el juez de instancia que conoció el proceso dado que éste mantiene su competencia para esos efectos. En otras palabras, la revisión eventual del fallo mediante el cual se fija la cuota alimentaria podrá ser solicitada o invocada por la parte interesada siempre que acredite debidamente la variación de su condición o situación económica, como un hecho nuevo y posterior a la determinación inicial adoptada por vía de sentencia[24].
Así las cosas, dicha decisión al no quedar en firme, -pues puede ser revisada y modificada eventualmente si las circunstancias económicas de los sujetos procesales así lo permiten-, no puede convertirse en una última instancia procesal, lo que de suyo no implica que se quebrante la seguridad jurídica propia de las decisiones judiciales[25]. (N. fuera de texto original).
La obligación de cumplir las sentencias judiciales.
La capital importancia que para el interés público tiene el cumplimiento de las sentencias obliga a los jueces y tribunales adoptar las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la plena efectividad de los derechos fundamentales, lo mismo que a la autoridad condenada al cumplimiento oportuno[28].
El cumplimiento de las sentencias judiciales es parte integrante de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, pues la circunstancia de una persona a cuyo favor se ha resuelto tiene derecho, garantizado por el Estado, a que lo judicialmente ordenado se cumpla con exactitud y oportunidad. La falta de efectividad de lo dispuesto por el juez haría nugatoria la posibilidad material de realización de la justicia. Y si la propia Constitución Política estableció en el artículo 87 las acciones de cumplimiento para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo, no cabe duda de que el mecanismo idóneo para lograr la debida ejecución de un fallo judicial, habida cuenta de esa vulneración de derechos fundamentales, no es otro que la acción de tutela.
(...) Por razones de principio, una entidad pública está en el deber constitucional y legal de ejecutar las sentencias en firme (C.C.A. art. 176). La misión de los jueces de administrar justicia mediante sentencias con carácter obligatorio exige de los entes ejecutivos una conducta de estricta diligencia en el cumplimiento de las mismas, con el fin de mantener vigente el Estado de Derecho, actuar en concordancia con sus fines esenciales e inculcar en la población una conciencia institucional de respeto y sujeción al ordenamiento jurídico. La legitimidad de cualquier Estado se vería resquebrajada si los mismos órganos del poder público, ya por su inactividad ora por su indolencia, estimulan el desacato de las decisiones de los jueces y la práctica de hacer caso omiso del imperativo constitucional de colaborar armónicamente para la realización de los fines del Estado (CP art. 113).
Será siempre la administración la encargada de adoptar las medidas suficientes y oportunas para dar cumplimiento a los fallos que le imponen obligaciones, como es el deber de todo deudor de llevar a cabo el pago puntual de las obligaciones a su cargo. Admitir que la presentación de una cuenta de cobro o el reclamo del interesado, condiciona el cumplimiento de un fallo judicial, es concederle mayor valor a éstas formalidades que a la propia sentencia y autorizar que por este medio se burle el derecho material reconocido al beneficiario de la decisión judicial.
El cumplimiento oportuno y voluntario de los fallos judiciales por la administración, aparte de garantizar adecuadamente el acceso a la justicia, se acompasa con la exigencia de la observancia de los principios de moralidad, celeridad, eficacia e imparcialidad, consagrados en el art. 209 de la Constitución. En tal virtud, el cumplimiento de una sentencia por la vía ejecutiva no constituye un procedimiento normal sino excepcional.
En la misma también se estimó queel mecanismo de la tutela puede ser instrumento para hacer cumplir las obligaciones de hacer, cuando se interpone en orden a garantizar la ejecución de una sentencia, pero que no es admisible frente a la ejecución de obligaciones de dar, porque para estos casos el instrumento idóneo de carácter ordinario es el proceso ejecutivo.[32]
En tal virtud, cuando la autoridad demandada se rehúsa a ejecutar completamente lo dispuesto en una providencia judicial que le fue adversa, no sólo vulnera los derechos que a través de esta última se han reconocido a quien invocó protección, sino que desacata una decisión que hizo tránsito a cosa juzgada. Si tales derechos son fundamentales, el desconocimiento de la sentencia que los ampara viola el Ordenamiento Superior, también por esa razón.[33]
Esta Corporación ha estimado que en el evento que, como consecuencia de la omisión del deber jurídico del acatamiento de fallos judiciales, resulten afectados derechos fundamentales, la acción de tutela puede ser el mecanismo idóneo a para lograr la defensa de tal derecho, pues "[se] trata de acudir a una instancia dotada del suficiente poder como para lograr que de manera cierta e indudable tengan vigencia en el caso concreto las prescripciones abstractas de la Constitución[34].
En los casos en que un juez de la República profiere una decisión judicial, y ésta, como en el presente caso involucra la necesaria protección de derechos fundamentales, es indispensable que el fallo sea cumplido por la parte demandada, y sólo podrá controvertirse tal decisión, de conformidad con los procedimientos que para el efecto existan en la misma legislación. Por lo tanto, cuando una autoridad pública o algún particular, con su conducta, incumplen una decisión judicial que le haya sido impartida, y con dicha desatención se violan derechos fundamentales, la protección por vía de tutela se encuentra justificada y este mecanismo judicial resulta por lo tanto procedente.
5.1. La señora XX presenta acción de tutela contra el Ministerio de Defensa Nacional, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, a la igualdad, a la dignidad humana y a un adecuado nivel de vida, a raíz del desconocimiento de la cuota alimentaria que pesaba sobre la pensión del señor YY, sin que mediara para tal efecto orden judicial para (i) haberle retirado el 20% de la pensión que venía recibiendo de su ex esposo, y (ii) la cancelación de los servicios de salud.
Alega que la cuota alimentaria, reconocida mediante orden judicial, se desconoció abruptamente, situación que la ha dejado en condiciones precarias de subsistencia. Indica que, al solicitar a la entidad accionada la sustitución pensional, la misma fue negada por cuanto, en razón del deceso del mencionado oficial y, como quiera que la beneficiaria mencionada no fue reconocida como sustituta pensional, su derecho a recibir los servicios médicos por parte del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares SE HA EXTINGUIDO.
De otra parte, advierte que al suspenderle el servicio de salud se quedará sin tratamiento médico, cuando requiere tomar medicamentos de manera permanente dada la enfermedad que padece VIH-Sida. Por tanto, solicita que se ordene a la entidad accionada: (i) la entrega de los medicamentos antiretrovirales e igualmente de todos los servicios de salud que requiera de manera integral y oportuna, conforme lo establezcan el grupo de Sanidad Militar, (ii)  quede inscrita y reciba en adelante el 20% de la pensión del señor YY, dándose cumplimiento a las sentencias de fecha febrero 15 de 2005 y agosto 18 de 2005, dictadas por el Juzgado 16 de Familia de Bogotá y por el Juzgado 13 de Familia de la misma ciudad respectivamente, mediante las cuales se decretó la responsabilidad del señor YY de suministrarle el 20% de su sueldo.
Téngase en cuenta, que la sentencia T-262 de 2005[37] indicó que el V.I.H.SIDA, constituye una enfermedad catastrófica que produce un acelerado deterioro en el estado de salud de las personas que la padecen y, consecuentemente, el riesgo de muerte de los pacientes se incrementa cuando estos no reciben el tratamiento adecuado de forma oportuna. Por consiguiente, es deber del Estado brindar protección integral a las personas afectadas. Ya en decisión anterior, T-843 de 2004[38], la Corte refirió a las consecuencias de dicha enfermedad y las medidas especiales que deben adoptarse por el Estado para la protección efectiva y real de los derechos fundamentales de dichas personas:
La protección especial a ese grupo poblacional[40] está fundamentada en los principios de igualdad, según el cual el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta (art. 13 C.P.) y en el de solidaridad, como uno de los principios rectores de la seguridad social (arts. 1 y 48 C.P.). Bajo esos parámetros la Corte ha manifestado que con el fin de hacer efectiva la igualdad y la dignidad humana[41] de esas personas la protección que debe brindar el Estado en materia de salud debe ser integral dados los altos costos que esa enfermedad demanda y con el fin de que no se generen tratos discriminatorios[42]. También ha sostenido que este deber constitucional [de protección] asegura que el enfermo de SIDA reciba atención integral y gratuita a cargo del Estado, a fin de evitar que la ausencia de medios económicos le impida tratar la enfermedad y aminorar el sufrimiento, y lo exponga a la discriminación[43].
Asimismo, no puede desconocerse las aseveraciones de la demandante acerca de la afectación de su mínimo vital. Al respecto, la actora señala que fueron tales sus condiciones de vulnerabilidad y la situación de abandono y de salud, que fue necesario presentar una demanda de alimentos en contra del señor YY, que conoció el Juzgado 16 de Familia de Bogotá, quien en efecto, ordenó que éste le entregara una cuota alimentaria correspondiente al 20% de los ingresos que recibía. Además, indica que al momento en el que se divorciaron, acordaron que dicho porcentaje le continuaría siendo entregado, y que de igual manera se permitiría su afiliación al sistema de salud de las fuerzas militares, acuerdo que fue aceptado por el Juzgado 13 de Familia de Bogotá. Advierte que la cuota alimentaria fue entregada hasta el momento que el señor YY falleció, es decir, hasta marzo de 2007, cuyo desconocimiento abrupto la pone en condiciones precarias de subsistencia, aunado a la interrupción del tratamiento médico que le venían otorgando, el cual que requiere de manera permanente. Adicionalmente, según lo afirma, no cuenta con otros ingresos, ni alguna renta, y vive de la solidaridad de sus padres.
- Se observa que el Juzgado 16 de Familia de Bogotá, mediante sentencia de fecha febrero 15 de 2005 (folios 22 al 25), en virtud del proceso de alimentos iniciado por la señora XX contra el señor YY, resolvió Señalar como cuota alimentaria con la que debe contribuir el señor [YY] para el sostenimiento de su esposa, señora [XX], la suma equivalente al VEINTE POR CIENTO de lo que el demandado recibe como pensionado de las Fuerzas Militares de Colombia, incluidas las primas tanto del mes de junio como del mes de diciembre, atendiendo, precisamente, las condiciones de vulnerabilidad en las que se hallaba, al verificar la carencia de recursos económicos de la actora, y su incapacidad para laborar debido a la enfermedad de VIH-Sida que padecía. Al respecto, indicó:
Descendiendo al caso presente, nos topamos con que el punto de apoyo a la pretensión central reposa en que la demandante carece de recursos y no está en capacidad de laborar debido a la enfermedad que padece. Claro está para el Juzgado que la demandante, esposa del demandado, padece la enfermedad virus VIH enfermedad, hecho reconocido por el demandado, No se requiere amplios conocimientos para entender que este padecimiento causa serias limitaciones laborales no solo por el hecho mismo de la enfermedad sino por el rechazo social que injustamente se soporta. Sin querer entrar de donde provino el mal. Ahora mas que nunca debe estar presente la solidaridad que cala toda la institución y que es pilar de la familia.
Pero no nos puede llevar lo dicho a que quede el obligado a suministrar alimentos atado de tal manera que no pueda asumir sus nuevos compromisos, en forma especial si es padre de una criatura que en nada puede correr con las irresponsabilidades actitudes de quienes lo han traído al mundo. Es el caso del demandado que tiene a su nueva compañera en estado de embarazo y debe por tanto velar por ella y por quien está por nacer. Este derecho tiene que ser reconocido y la coexistencia no debe tornarse excluyente; pues si bien es que no aparece documento demostrativo de la afirmación, la misma no fue tachada de falsa ni negada por la esposa demandante.
PRIMERO: Aprobar en todas sus partes el acuerdo alcanzado por los interesados el cual se tiene como parte integrante de esta sentencia, en concordancia con los art. 101 del C. de P.C., y el art. 103 de la ley 446 de 1998.
TERCERO: Cada uno de los cónyuges vivirá en residencias separadas y el señor [YY] seguirá contribuyendo para los alimentos de conformidad con el fallo emitido Juzgado Dieciséis de Familia, igualmente autoriza la continuidad de la afiliación de salud de esta en el sistema de beneficiarios SSMP, cuyo pago del valor correspondiente al PPCD vigente será asumido por cada una de las partes en porcentaje de 50% , el valor a cancelar por el Sr. [YY] por los meses de Septiembre a Diciembre del presente año, es decir, $90.688 será consignado por este los últimos cinco días del mes de Agosto a más tardar, en la cuenta de [] a nombre del padre de la demandada, []; y a partir del mes e diciembre el pago de salud de la señora [XX] será anual, para tal efecto el actor autoriza se oficie a la Oficina de Atención al Usuario de Pensionado del Ministerio de Defensa Nacional o a quien corresponda, para que de las primas del mes de diciembre se le descuente por nómina el valor del 50% del costo de servicio de salud, SSMP, quien para hoy será su ex esposa, valor que debe ser cargado a la Dirección General de Sanidad Militar
QUINTO: O. tanto a la Oficina de Atención al Usuario de Pensionado del Ministerio de Defensa Nacional, o a quien o corresponda, y a la Dirección General de Sanidad Militar, en los términos aquí acordados.
R., tal y como se señaló en el acápite anterior, que a partir de la sentencia que decreta el divorcio cesan los efectos civiles al disolverse la sociedad conyugal, pero subsiste el derecho de percibir alimentos entre los cónyuges cuando alguno de ellos padezca de una enfermedad grave e incurable, quede expósito luego del divorcio, y carezca de los medios para subsistir autónoma y dignamente, tal y como se precisó en sentencia C-246 de 2002.
Por otra parte, téngase en cuenta que el artículo 28 de la ley 446 de 1998 dispone que En los procesos de divorcio, cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso, separación de cuerpos o de bienes y en los demás procesos de familia sometidos a su conocimiento que se hubieren iniciado como contenciosos el Juez dictará sentencia de plano si las partes llegaren a un acuerdo, siempre que éste se encuentre ajustado al derecho sustancial. (N. ajenas al texto).
Acerca de la afiliación al sistema de salud de las fuerzas armadas y militares que se dispuso en la sentencia, la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, vinculada al presente asunto, esgrimió que ello se encontraba en contravía a las disposiciones legales vigentes que regulan la materia, por cuanto en las mismas no se permite la afiliación de la ex cónyuge de un afiliado. Así pues, es necesario realizar algunas precisiones.
La Ley 352 de 1997 Por la cual se reestructura el sistema de salud y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad social para las fuerzas militares y la policía nacional, establece quienes pueden pertenecer a dicho sistema, tales como: los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en servicio activo; aquellos que gocen de asignación de retiro o pensión o pensión; el personal civil, activo o pensionado del Ministerio de Defensa Nacional; el personal no uniformado, activo y pensionado de la Policía Nacional, entre otros. Entre los beneficiarios de los afiliados podemos encontrar al cónyuge o compañero (a) permanente del afiliado. (Art. 19 literal a numeral 1° y 2°.
Asimismo, el parágrafo 2° del artículo 23 de la mencionada ley señalaba que los servicios de salud para el cónyuge o compañero permanente se extinguían por declaración judicial de nulidad o inexistencia del matrimonio, por sentencia judicial de divorcio válida en Colombia o por separación judicial o extrajudicial de cuerpos, excepto en el caso previsto en el parágrafo 2 del artículo 20.
Dicho parágrafo fue modificado por el artículo 10 de la ley 447 de 1998,Por la cual se establece pensión vitalicia y otros beneficios a favor de parientes de personas fallecidas durante la prestación del servicio militar obligatorio y se dictan otras disposiciones disponiendo que: Todas aquellas personas que por declaración judicial de nulidad o inexistencia de matrimonio, por sentencia judicial de divorcio válida en Colombia o por separación judicial o extrajudicial de cuerpos, perdieren el derecho a la prestación de servicios según lo ordena el artículo 23 parágrafo 2o. de la presente ley, podrán ser beneficiarios del SSMP siempre y cuando el afiliado cancele, en los términos que fije el CSSMP, el costo total de la PPCD para recibir el Plan de Servicios de Sanidad del SSMP.[44] (N. ajenas al texto).
- De igual manera, reposa copia de la Resolución No. 2626, de fecha 27de julio de 2007 proferida por el S. General del Ministerio de Defensa Nacional, mediante la cual se niega el reconocimiento de la sustitución pensional del señor YY a la accionante (folios 26 al 38). En ella se expone:
Que la señora [XX], en condición de ex-esposa del causante solicita se le sustituya la pensión mensual de invalidez que venía percibiendo el Subteniente del Ejercito Nacional, [YY].
Que en razón de lo anterior se puede concluir de manera fehaciente que a la señora [XX], no le asiste derecho al reconocimiento y pago de suma alguna por concepto de sustitución pensional, por no darse los presupuestos legales de que trata el Artículo 11 del Decreto 4433 de 2004.
La misma también pone de presente que el señor YY se encontraba casado con la señora ZZ,[45] con quien tuvo un hijo, que nació el día 06 de mayo de 2005.[46] En consecuencia, resolvió reconocer sustitución de pensión mensual de invalidez a partir del 7 de marzo de 2007, en la misma cuantía y porcentaje que la venía percibiendo el Subteniente del Ejército Nacional, YY en un 50% a la señora ZZ, y el restante a su hijo, en calidad de cónyuge supérstite e hijo del señor YY respectivamente. Igualmente dispuso: declarar que no hay lugar a reconocer suma alguna por concepto de sustitución pensional a la señora XX, al no darse los presupuestos legales de los que trata el artículo 11 del Decreto 4433 de 2004.
- De igual manera, se encuentra copia de una certificación del Jefe del Centro de Afiliación Cenaf (folio 41), de fecha febrero 08 de 2008, en la que se informa que en razón de la muerte del señor YY, y como quiera que la señora XX no fue reconocida como sustituta pensional, se extinguió su derecho a recibir los servicios médicos por parte del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.
5.5. Pues bien, entrando en materia, se observa que la actora solicita el reconocimiento de la cuota alimentaria reconocida en los fallos judiciales provenientes del Juzgado 16 y 13 de Familia de la ciudad de Bogotá, la cual pendía sobre el 20% de la pensión de invalidez reconocida en vida al señor YY. Aduce que la misma fue desconocida abruptamente cuando no mediaba orden judicial para tal efecto, y por tanto, ello desconoce completamente sus derechos, dejándola en condiciones precarias de subsistencia.
En el trámite de la demanda de tutela, el Ministerio accionado manifiesta que a raíz de la muerte del señor YY, procedió a reconocer la sustitución de la pensión de la que gozaba a sus beneficiarios legales a favor de la señora ZZ, en calidad de cónyuge supérstite y de su hijo menor. Señala que negó la sustitución pensional a la demandante, por cuanto el artículo 11 del Decreto 4433 de 2004 establece quienes son los beneficiarios para efectos de reconocer las pensiones causadas por la muerte de miembros de servicio activo de las fuerzas militares, y en el mismo no se reconoce a los cónyuges divorciados, de tal forma que se podía inferir de manera indiscutible que no se causó a favor de la actora el derecho de percibir sustitución pensional por el deceso del Subteniente Pensionado, el señor YY.
R. que en la sentencia en la que se decreta el divorcio queda disuelto el vínculo matrimonial pero subsisten los derechos alimentarios entre los cónyuges, que para el caso que nos ocupa, subsistió a favor de la actora, para reclamar al señor YY alimentos, aún después del divorcio, teniendo en cuenta, precisamente, la enfermedad incurable que padece y las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentra. En atención a ello, las partes acordaron el monto de la pensión alimentaria que el señor YY debía a la accionante (inciso 3° del art. 423, modificado por el art. 24 de la ley 1° de 1976).
Asimismo, no sobra advertir que con el amparo de los derechos fundamentales de la actora no se afectan derechos de igual índole en cabeza de la señora ZZ, vinculada a la presente acción, y de su hijo menor. En efecto, es necesario tener en cuenta que cuando nació su hijo (mayo 06 de 2005), el señor YY ya venía suministrando, como alimentos a la demandante, el 20% de la pensión de invalidez que disfrutó en vida, pues en febrero 15 de 2005 fue condenado a la contribución de ellos por parte del Juzgado 16 de Familia de Bogotá. Precisamente, en dicho fallo se estableció que el derecho a recibir alimentos de la actora, debía ser reconocido en coexistencia con los recursos que el señor YY debía suministrar para atender sus compromisos en forma especial si es padre de una criatura (). Es el caso del demandado que tiene a su nueva compañera en estado de embarazo y debe por tanto velar por ella y por quien está por nacer.
[1] La protección de la intimidad se ha presentado por petición expresa del accionante o por que la Corte advierte la necesidad de proteger el derecho, por ejemplo en temas relacionados con hermafroditismo, señalamientos públicos de conducta, enfermos de (VIH/SIDA), sexualidad, etc. La Corte ha considerado proteger el derecho a la intimidad de los accionantes impidiendo referenciar todo tipo de información que pueda identificarlos. Al respecto pueden verse las sentencias T-816/08, M.C.I.V.H.; T-295/08, M.C.I.V.H.; T-628/07, M.C.I.V.H.; T-349/06, M.R.E.G.; T-143/05, J.C.T.; T-436/04, M.C.I.V.H.; T-810/04, J.A.R.; T-220/04, M.E.M.L.; T-618/00, M.A.M.C.; SU-337/99, M.A.M.C.; SU-480/97, M.A.M.C., SU-256/96, M.V.N.M.; entre otras.
[4] Cfr. C-919 de 2001, M.J.A.R.; C-875 de 2003, M.M.G.M.C.; C-156 de 2003, M.E.M.L..
[5] Cfr. 919 de 2001, M.J.A.R., y C-1033 de 2002, M.J.C.T..
[6] M.C.G.D..
[7] Cfr. 875 de 2003, M.M.G.M.C., y C-011 de 2002, M.Á.T.G.,
[8] C-919 de 2001, M.J.A.R..
[9] Cfr. C-657 de 1997, J.G.H.G..
[10] Sentencia C-657 de 1997, M.J.G.H.G..
[11] Sentencia C-184 de 1999, M.A.B.C..
[12] Corte Constitucional. Sentencia C-184/99. M.A.B.C..
[13] Corte Constitucional. Sentencias C-174/96 M.J.A.M., C-237/97 M.C.G.D. y C-657/97 M.J.G.H.G., entre otras.
[14] Corte Constitucional. Sentencia C-237/97 M.C.G.D..
[15] C-156 de 2003, M.E.M.L..
[16] Esta Corporación, mediante sentencia C-1033 de 2002, M.J.C.T., señaló que la obligación alimentaria se predica, igualmente, entre compañeros permanentes que formen una unión de hecho. Al respecto, se estimó: En efecto, el precepto impugnado otorga la calidad de sujeto pasivo de la obligación alimentaria al cónyuge. Sin embargo, no establece, como es obvio por la fecha en que se instituyó dicha normativa, el mismo derecho para quienes son integrantes de una familia conformada por vínculos naturales, es decir, para los compañeros permanentes, lo cual resulta inconstitucional por cuanto la Carta Política consagra la igualdad de derechos y deberes entre las parejas o familias conformadas por vínculos jurídicos y las fundadas en vínculos naturales. De este modo, una interpretación conforme a la Constitución del numeral 1º del artículo 411 del Código Civil obliga concluir que si la obligación alimentaria se fundamenta en el principio de solidaridad, según el cual los miembros de la familia tienen la obligación de suministrar la subsistencia a aquellos integrantes de la misma que no están en capacidad de asegurársela por sí mismos, y la unión marital de hecho al igual que el matrimonio está cimentada en la ayuda y socorro mutuos de quienes integran esas relaciones, no resulta razonable ni proporcional que se brinde un tratamiento desigual en materia de derecho de alimentos a los compañeros permanentes frente a quienes celebraron contrato de matrimonio, por el simple origen del vínculo familiar, más aun teniendo en cuenta la expresa prohibición que hace el artículo 13 Superior.
[17] C-657 de 1997, M.J.G.H.G..
[18] C-459 de 2004, M.J.A.R..
[19] Cfr. T-363 de 2008, M.N.P.P..
[20] C-246 de 2002, M.M.J.C.E..
[22] C.R., J.A.. Derecho de Familia. Segunda Edición. L.. 2004. Bogotá. P.. 67.
[24] Cabe destacar que en lo relativo al proceso de fijación y regulación de la cuota alimentaria, los artículos 133 y s.s. del Decreto 2737 de 1989 (Código del Menor), también hacen alusión a esta clase de proceso, y concretamente el artículo 155 establece lo siguiente: Artículo 155. Determinación de Ingresos. Cuando no fuere posible acreditar el monto de los ingresos del alimentante, el juez podrá establecerlo tomando en cuenta su patrimonio, posición social, costumbres y en general todos los antecedentes o circunstancias que sirvan para evaluar su capacidad económica. En todo caso se presumirá que devenga al menos el salario mínimo legal. (subraya fuera de texto).
[26] Cfr. sentencias T-516 de 2008, M.C.I.V.H.; T-676 de 2007, M.H.S.P.; T-916 de 2005, M.R.E.G.; T-510 de 2002, M.M.G.M.C.; T-242 de 2002, M.J.C.T.; T-1051 de 2002, M.C.I.V.H.; T-809 de 2000, M.F.M.D.; T-553 de 1995, M.C.G.D.; T-537 de 1994, M.A.B.C..
[27] Sentencia T-431 de 1992, M.J.G.H.G..
[28] Sentencia T-554 de 1992, M.E.C.M..
[29] Sentencia T-329 de 1994, M.J.G.H.G..
[30] M.J.G.H.G..
[32] Sobre este aspecto, la sentencia T-395 de 2001 expresó: Cuando se trata de obtener el reintegro de un trabajador a su puesto de trabajo, que, en cumplimiento de sentencia judicial se está ante una obligación de hacer, cuya ejecución por la vía ejecutiva no goza de la misma efectividad que se alcanzaría en la hipótesis de una obligación de dar. La prueba palpable de la ineficacia del proceso ejecutivo ocurre cuando realmente no acontece el reintegro por la sencilla razón de que expresamente se dice que no se cumplirá con tal orden. No vale argüir que se puede acudir al Código de Procedimiento Civil, en cuanto allí se establece que si dentro del proceso ejecutivo no se cumpla la obligación de hacer en el término fijado en el mandamiento correspondiente y no se hubiere pedido en subsidio el pago de perjuicios, el demandante podrá solicitar que se autorice la ejecución del hecho por un tercero a expensas del deudor. Esto no tiene repercusión en una obligación de hacer en materia laboral (caso de la orden de reintegro) porque el derecho para el trabajador favorecido es el de regresar al lugar donde está el puesto de trabajo y la indemnización no es una alternativa a dicha orden, sino que es adicional al reintegro. Luego, es justo y procesalmente admisible que mediante tutela se ordene el cumplimiento de una sentencia, máxime tratándose de una obligación de hacer como es el reintegro al trabajo. En este caso, la tutela es el mecanismo adecuado porque con el reintegro se protege el derecho al trabajo que no es prestación que pueda cumplir un tercero, y que no se satisface con la indemnización de perjuicios prevista en la ley procesal.
[33] M.C.I.V.H..
[35] M.C.G.D..
[37] M.J.A.R..
[38] M.J.C.T..
[39] Cfr. Sentencias T-505 de 1992, M.E.C.M., T-271 de 1995, M.A.M.C..
[40] Cfr. Sentencias T-484 de 1992, M.F.M.D.; T-505 de 1992, M.E.C.M.; T-185 de 2000, M.J.G.H.G.; T-1181 de 2003 M.J.A.R.; T-010 de 2004, M.M.J.C.E. y T-260 de 2004, M.C.I.V.H., entre muchas otras.
[41] Cfr. Sentencia T-505 de 1992, M.E.C.M..
[42] Cfr. SU-256 de 1996, M.V.N.M..
[43] Cfr. T-1283 de 2001, M.M.J.C.E..
[44] Posteriormente, el Decreto 1595 de 2000 disponía que se extinguían los servicios de salud para el cónyuge s o compañera permanente por muerte, declaración judicial de nulidad o inexistencia del matrimonio por sentencia judicial de divorcio válida en Colombia o por separación judicial o extrajudicial de cuerpos, o cuando no hiciere vida común con el cónyuge o compañera permanente con el afiliado. Sin embargo, lo anterior fue declarado inexequible mediante sentencia C-479 de 2003, M.M.G.M.C..
[45] En la misma resolución se indicó: Que del registro civil de matrimonio (folio 21), se conoce que el de cujus era casado con [ZZ].
[46] De igual manera se señaló: Que del registro civil de nacimiento (folio 25), se desprende que [], es hijo de [YY] (q.e.p.d.) y de [XX]., e igualmente, que el menor nació en mayo 06 de 2005.
[47] En igual sentido, consultar la sentencia T-548 de 2008, M.C.I.V.H..
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - nº 1700131030062007-00232-01 de 16 de Enero de 2013