Source: http://www.asesoriayempresas.es/jurisprudencia/JURIDICO/46342/sentencia-ts-sala-3-de-17-de-diciembre-de-2010-responsabilidad-patrimonial-del-estado-por-acto
Timestamp: 2017-10-16 21:52:48
Document Index: 208577937

Matched Legal Cases: ['artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 142', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 70']

Sentencia T.S. (Sala 3) de 17 de diciembre de 2010. Responsabilidad patrimonial del Estado por acto legislativo. Tarifas portuarias - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Visto por esta Sección Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el presente recurso contencioso-administrativo n.º 294/2007 interpuesto por el Procurador de los Tribunales Don Antonio Barreiro-Meiro Barbero, en nombre y representación de MARÍTIMA PEREGAR, S.A. contra la desestimación primero presunta y después expresa de la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado Legislador formulada al Consejo de Ministros, con fecha 19 de mayo de 2006, por los daños sufridos en su patrimonio derivados de la aplicación del artículo 70, apartados 1 y 2 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, declarado inconstitucional. Siendo parte demandada la Administración General del Estado que actúa representada por el Abogado del Estado.
Primero.-Con fecha 19 de mayo de 2006, la entidad MARÍTIMA PEREGAR, S.A., empresa especializada en servicios de consignación de buques, fletamentos marítimos, estiba y desestiba de carga y, en general, asesoramiento de cualquier actividad portuaria, se dirigió al Consejo de Ministros solicitando indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado Legislador, respecto a las cantidades abonadas a la Autoridad Portuaria de Melilla por dicha entidad, en concepto de tarifas portuarias, durante el año 1994, más los intereses legales correspondientes desde la fecha de ingreso hasta el momento del pago de la indemnización.
Alegaba al efecto, que con fecha 20 de mayo de 2005, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la sentencia del Tribunal Constitucional 102/2005, de 20 de abril, por la que se declaran inconstitucionales y nulos los apartados 1 y 2 del artículo 70 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, en su redacción original y que, como consecuencia de la aplicación de estos preceptos y de la norma reglamentaria que los desarrolló, hubo de satisfacer a la Autoridad Portuaria de Melilla, durante el ejercicio 1994, determinadas cantidades en concepto de tarifas portuarias, lo que ha provocado una lesión en su patrimonio de la que es responsable el Estado, en tanto que legislador, como consecuencia de la aplicación de una Ley declarada inconstitucional.
Segundo.-Ante el silencio del Consejo de Ministros y con fecha 17 de mayo de 2007, la entidad MARÍTIMA PEREGAR, S.A., interpone este recurso contencioso administrativo contra la desestimación presunta de su reclamación por el Consejo de Ministros. Una vez admitido a trámite y recabado el expediente administrativo, se dio traslado a la recurrente para formalización de la demanda, en la que mantiene su pretensión de indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, por las cantidades ingresadas en concepto de tarifas portuarias en el ejercicio 1994.
- Que la acción de responsabilidad patrimonial ha prescrito (artículo 142.5 de la ley 30/92), toda vez que la interesada la ejercitó dirigiéndose al Consejo de Ministros el 5 de junio de 2006, cuando ya había transcurrido mas de un año desde que pudo ejercitarse, es decir desde el 20 de mayo de 2005, fecha en que se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Sentencia del Tribunal Constitucional 102/2005 de 20 de abril, que declaró inconstitucionales los párrafos 1 y 2 del artículo 70 de la Ley de Puertos del Estado de 24 de noviembre de 1992, sin que a ello sea obstáculo el hecho de que la segunda sentencia del Tribunal Constitucional, la n.º 121/2005 que declara inconstitucionales los mismos apartados del artículo 70 de la Ley de Puertos, pero en la redacción dada por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre, se publicara en el BOE el 8 de junio de 2005 porque, aplicando el principio de la actio nata, el cómputo del tiempo de la prescripción debe iniciarse desde el día en que pudo ejercitarse la acción y por tanto desde el 20 de mayo de 2005 en que se publicó la Sentencia N.º 102 del Tribunal Constitucional, ya que se están reclamando cantidades ingresadas a partir de 1993, cuando aún no se había publicado la Ley 62/1997, objeto de declaración de inconstitucionalidad en la segunda sentencia del Tribunal Constitucional.
Cuarto.-Recibido el pleito a prueba, la parte actora propuso documental a los efectos de acreditar las liquidaciones y pagos efectuados por la mercantil MARÍTIMA PEREGAR, S.A., a la Autoridad Portuaria de Melilla, durante el ejercicio 1994 en concepto de tarifas por servicios portuarios, acordándose con posterioridad el recibimiento de la ampliación del recurso a prueba, que se practicó con el resultado que es de ver en las actuaciones, abriéndose posterior trámite de conclusiones.
Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo n.º 294/2007 interpuesto por el Procurador de los Tribunales Don Antonio Barreiro-Meiro Barbero, en nombre y representación de MARÍTIMA PEREGAR, S.A., contra la desestimación primero presunta y después expresa de la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado Legislador formulada al Consejo de Ministros, con fecha 19 de mayo de 2006, por los daños sufridos en su patrimonio derivados de la aplicación del artículo 70, apartados 1 y 2 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, declarado inconstitucional, desestimación que se confirma por ajustarse al ordenamiento jurídico.