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Timestamp: 2018-12-17 02:20:05
Document Index: 69795463

Matched Legal Cases: ['artículo 55', 'artículo 52', 'artículo 386', 'artículo 2', 'artículo 18', 'artículo 2', 'artículo 43', 'artículo 7', 'artículo 22', 'artículo 25', 'artículo 27', 'artículo 55', 'artículo 7', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 43', 'artículo 75', 'artículo 17', 'artículo 18', 'artículo 27', 'artículo 46']

Prestación de telefonía básica en villa de emergencia
Juzg. Civ. y Com. Fed. N° 10 - Sentencia Nro. /2012.
Buenos Aires, 14 de agosto de 2012.
Y VISTOS: Para dictar sentencia en este expediente caratulado “ASOCIACION CIVIL POR LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA c/ TELEFONICA DE ARGENTINA SA s/ AMPARO”, de cuyo estudio,
1.- A fs. 1/28 se presenta la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), promoviendo una acción sumarísima de usuarios y consumidores, en los términos del artículo 55 de la ley 24.240, contra Telefónica de Argentina S.A. con el objeto de que se la condene a brindar el servicio de telefonía básica en las casas de familia de la villa de emergencia n° 20, ubicada en el barrio de Villa Lugano y en consecuencia a conectar teléfonos a todos aquellos que lo requieran o lo hayan requerido.
Asimismo solicita, que la demandada adopte las medidas técnicas y comerciales necesarias para garantizar dicha instalación, con costas.
Explica que desde el año 2006 realiza en las villas urbanas un programa tendiente a construir redes de trabajo y a asesorar a poblaciones de menores recursos en el acceso a servicios públicos.
Manifiesta que a partir de estas tareas es que ha tomado conocimiento que la empresa demandada no presta el servicio de telefonía a los habitantes de la villa nro. 20.
Indica que unos 172 vecinos realizaron el pedido de habilitación de las líneas telefónicas el día 20 de junio de 2006, ante el gerente comercial de la sucursal Flores y pese a haber completado los correspondientes formularios, no han tenido respuesta alguna.
Explica luego que con casi un año de demora y luego de efectuar una infinidad de reclamos y pedidos de informes, la empresa de telefonía accionada solo dio ingreso a una fracción de las solicitudes de instalación pero sin concretar ninguna de ellas.
Denuncia que presentó el reclamo ante la autoridad de control (Comisión Nacional de Comunicaciones), la que le informó que los pedidos de instalación que se presentaran al 31 de diciembre del 2000 no podrán tener un tiempo de espera mayor a 90 días.
Continúa diciendo que hasta la fecha de su presentación en autos, han transcurrido más de dieciséis meses desde el pedido inicial sin que Telefónica procediera a instalar las líneas de los habitantes de la Villa n° 20, quienes constantemente son excluidos del acceso a este tipo de servicio público básico por parte de la emplazada.
Relata que la práctica expuesta se repite en todas las villas de la Ciudad de Buenos Aires donde Telefónica niega el acceso a la telefonía básica a los habitantes de dichos asentamientos urbanos, analizando a continuación la problemática.
Indica las resoluciones que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires ha dictado sobre el tema, como así también las dictadas por la Comisión Nacional de Comunicaciones para sancionar a Telefónica por incumplir sus obligaciones en villas de emergencia en el marco de denuncias de usuarios.
Individualiza los derechos y principios vulnerados por la empresa demandada.
Expresa que no existiría ningún impedimento para la instalación de las líneas en la Villa 20 y que muestra de ello es la práctica llevada a cabo por Telecom en la Villa 31 bis -de similares características a la 20- donde instaló más de 300 líneas.
Afirma que el hecho de que Telefónica se niegue a colocar teléfonos en la Villa 20, constituye un caso de discriminación por condición social y posición económica que vulnera las normas de nuestro ordenamiento jurídico.
Ofrece prueba y hace reserva del caso federal.
2.- A fs. 524/534 se presenta Telefónica de Argentina SA rindiendo el informe previsto en el art. 8 de la ley 16.986, oportunidad en la que deja pedido su rechazo, con costas.
Opone la excepción de falta de legitimación para obrar de la ACIJ y, al propio tiempo, esgrime la improcedencia de la vía procesal intentada.
Formula una larga lista de negativas respecto a los hechos afirmados en el inicio.
Asevera que en el mes de agosto de 2006, informó a la accionante que en el área delimitada por la Av. Cruz y Ordoñez, Miralla, F.F. Belgrano y Av. Escalada se encontraban instaladas 636 líneas de telefonía básica, 22 teléfonos públicos y 17 locutorios.
Ante un nuevo requerimiento de dicha parte, dice que en julio de 2007 le comunicó que no contaba con información discriminada acerca de la cantidad de líneas instaladas en casas de familia en los años 2006 y 2007, pero le hizo saber que la cantidad de líneas dadas de alta en relación con la central “Villa Lugano” –que provee el servicio al área delimitada- había alcanzado a 1.348 líneas básicas y 87 líneas de telefonía pública. Agrega que, al tiempo de su presentación se encuentran instaladas en la Villa 20, 680 líneas de telefonía básica y 33 líneas de telefonía pública.
Sostiene que no desconoce sus obligaciones, pero que por razones de fuerza mayor no ha podido cumplirlas. Añade que sus empleados, al concurrir a la Villa 20 ya sea para instalar líneas o repararlas, estuvieron sometidos a un riesgo concreto de muerte por las condiciones del lugar, en el cual se verificaron destrucciones reiteradas del plantel instalado. Aclara que el aumento de la delincuencia no es atribuido por Telefónica a los habitantes del barrio, y que las condiciones de inseguridad y peligrosidad que allí se verifican son expresamente reconocidos por ACIJ en su demanda.
Alega que verificó que ciertos individuos habían destruido en forma deliberada las instalaciones necesarias para prestar el servicio, con el solo objeto de esperar que sus empleados se apersonaran para ser amenazados y luego robarles cosas muebles de propiedad de la empresa, así como sus efectos personales.
Expone que lo referido quedó evidenciado con las presentaciones que la empresa hizo ante la Defensoría del Pueblo en febrero y noviembre de 2003, que la propia actora agrega en su demanda.
Afirma que el deber de garantizar los mecanismos de seguridad para poder realizar las tareas de reparación o instalación de líneas, es exclusivo, irrenunciable, intransferible e ineludible del Estado Nacional, o sea que la acción debió ser dirigida contra el Poder Ejecutivo Nacional.
Puntualiza que no elige los lugares donde instala las líneas telefónicas requeridas y que si es posible prestar el servicio bajo ciertas condiciones de seguridad, está dispuesta a hacerlo. Alega que cuando las circunstancias van más allá y se pone en serio riesgo la vida de sus técnicos y empleados, la prestación del servicio ya no es posible, aun cuando la empresa tome todos los recaudos del caso.
Destaca que, dada la existencia actual de tendidos de cables que conducen electricidad en forma irregular, no es posible la instalación de tendido de telecomunicaciones sin que ello no implique un riesgo concreto para terceros en la vía pública, para los operarios de la empresa y para los vecinos que ACIJ representa, derivados del eventual transporte de energía a través de los cables de telecomunicaciones.
3.- A fs. 541/553 la actora contesta el traslado de la excepción opuesta y a fs. 591 se resuelve diferir su tratamiento.
4.- A fs. 563/564 ACIJ denuncia como hecho nuevo la resolución de la Comisión Nacional de Comunicaciones identificada como Denuncia n° 116451/07, Nota n° 525339/08, de fecha 29 de septiembre de 2008, por medio de la cual el mencionado ente regulador ordena a Telefónica la inmediata instalación de los servicios telefónicos solicitados para las personas cuyos domicilios se detallan en la nota.
Esgrime que dicha resolución conduce a la solución del caso de marras, toda vez que reconoce la obligación de la empresa licenciataria a brindar el servicio telefónico en la Villa 20 de la Capital Federal, siendo justamente el cumplimiento de tal obligación lo que constituye el objeto de la presente acción. Ofrece prueba.
Corrido el correspondiente traslado, es contestado por la accionada a fs. 566/567 y a fs. 588 se resuelve hacer lugar al hecho nuevo invocado.
5.- Abierto el juicio a prueba a fs. 591 vta., se produce la agregada al expediente y la reservada en Secretaría –conf. nota de fs. 901 vta.-.
6.- Llamado a emitir opinión en relación con el fondo de la cuestión debatida en autos, el Fiscal Federal presenta su dictamen a fs. 905/907, el que fue debidamente sustanciado con las partes -conf. cédula de fs. 909-.
ACIJ lo contesta a fs. 910/916 planteando revocatoria del auto que ordena que acredite la representación invocada en los términos del decreto 1798/2012 (conf. fs. 908).
Corrido el traslado de ley, a fs. 920 se hace lugar a la reposición articulada por la actora y se deja sin efecto la intimación efectuada, declarándose que la acción incoada encuadra en la excepción prevista en el artículo 52 del decreto 1798/94.
Por último, mediante providencia de fecha 6 de agosto de 2012, la que está firme, se llama AUTOS PARA SENTENCIA, y
1.- Antes de entrar al examen de fondo del asunto, me interesa aclarar que resulta innecesario analizar todos y cada uno de los planteamientos de las partes, por lo que ceñiré mi pronunciamiento a exponer las razones que estimo conducentes para la justa composición del diferendo (conf. C.S., Fallos: 265:301; 278:271; 287: 230; 294:466).
Recuerdo, en este mismo orden de ideas, que tampoco estoy obligada a examinar cada una de las probanzas ofrecidas y aportadas a la causa sino sólo las que sean necesarias para la resolución del conflicto (conf. C. S. Fallos 258:304; 262:222; 272:225; 278:271 y 291:390, entre otros más), las que merezcan mayor fe (conf. Cám. Nac. Com., sala C, 26/12/1991, LL, 1992-E-42; 30/7/1990; DJ, 1990-3-302.), o las que sean decisivas para fallar (conf. Cám. Nac. Com., sala B, 22/4/1991, LL, 1991-C-339), en concordancia con los demás elementos que pudiesen obrar en el expediente (conf. Cám. Nac. Com., sala C, 21/9/1992, LL, 1993-D-21; J. L. Kielmanovich, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Anotado, Editorial Abeledo Perrot, ed. 2006, disponible en www.abeledoperrot.com).
Me atengo así a la jurisprudencia que considera que esta metodología de fundamentación de las sentencias judiciales es razonable, extremo que implica su compatibilidad con los principios y garantías constitucionales (conf. C.S. Fallos: 265:301; 278:271; 287:230; 294:466; entre muchos otros).
Tal criterio es recibido también en orden a la selección y valoración de la prueba, por el artículo 386, segunda parte, del Código Procesal.
2.- La empresa de telefonía accionada sostiene la improcedencia de la vía intentada (conf. fs. 526 vta./27) por haber vencido el plazo de 15 días que prevé el artículo 2, inc. C) de la ley 16986.
Funda su postura en el hecho de que su contraparte manifestó a fs. 4 vta. del escrito que el 20.9.06, según lo dispuesto en el artículo 18, punto 5, nota 1 de la Resol. SC 25839/96 Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico (RGCSBT), había operado el plazo de 90 días para que se procediera a instalar las líneas telefónicas.
Este cuestionamiento no es viable en tanto el plazo de caducidad previsto por la ley de amparo no se aplica a los amparos colectivos luego de la reforma constitucional. Adviértase, en efecto, que en tanto la ley 16986 no regulaba los amparos colectivos, no puede aplicarse a éstos el término de caducidad que ha sido previsto exclusivamente para el amparo individual (conf. H. Quiroga Lavié, "El amparo colectivo", ps. 204/205, cit. por S. A. Díaz, "Acción de amparo", La Ley, p. 152, C. Cont. Adm. y Trib. Ciudad Bs. As., sala 2ª, "Tibberi, Estela de los Ángeles v. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/amparo" 12.834, diciembre de 2005).
2.a.- Sólo a mayor abundamiento, añadiré a continuación algunas reflexiones que confirman la solución propuesta.
En primer lugar, la invocación por la actora del vencimiento del plazo para proceder de la instalación requerida no es susceptible de convalidar la omisión incurrida por la empresa en comunicar su negativa a efectuarla. El fundamento del deber de información a su cargo parte de un dato objetivo que exhibe la realidad, cual es la existencia de los distintos planos o estamentos económicos, sociales o culturales que los que coexisten el empresario y el consumidor, lo que da como resultado una desigualdad real que se evidencia en una variedad de circunstancias (conf. C. 2a Apel. Civ. y Com. Córdoba, 16/08/2005, Roatta Urbani, Ana M. v. Alexandría Viajes Turismo C.G.L. S.R.L. y otros).
2.b.- En segundo lugar, la demandada no ha demostrado haber notificado fehacientemente a los solicitantes del servicio que la instalación de los teléfonos no era factible.
No bastaba para ello la información verbal que la gerente del Centro Comercial Flores y que los tele operadores del call center les hubieren suministrado en punto al rechazo de los pedidos con base en la “falta de disponibilidad técnica en la zona”, ya que, en todo caso, no existió una decisión que explicara las razones concretas y que éstas hubieran sido comunicadas para permitirles atacarlas puntualmente en un plazo determinado.
En tales circunstancias, es evidente que la ausencia de precisión y de explicitación de la motivación de la denegación del pedido tornaba ilusorio el ejercicio del derecho de defensa de los solicitantes del servicio, ya que además de que no sabían qué alegar, no podían rebatir algo que ignoraban o de lo que no tenían un conocimiento cabal.
Por ende, la omisión de la demandada en anoticiar el acto denegatorio en el que plasmaron las razones en las que se fundó, importa colocar a los usuarios requirentes en una situación de indefensión y desventaja al privarlos de la posibilidad de cuestionarlo, al propio tiempo que se ven condicionados a la pérdida de sus derechos y se vulneran sus garantías y derechos constitucionales.
Por lo demás, no debe obviarse que el planteo de la demandada importa el ejercicio abusivo de sus derechos, conducta que no ampara la ley en tanto contraría los fines que aquélla tuvo en mira al reconocerlos (art. 1071, Código Civil). Es misión del Poder Judicial efectuar el delicado balance entre el ejercicio de los derechos y la protección de los más débiles en el caso dado, para lo cual cuenta con el instrumento regulador provisto por el art. 1071, Código Civil que, al consagrar el instituto de la prohibición del abuso del derecho, confiere al ordenamiento jurídico la necesaria flexibilidad que más se adecue a las complejas circunstancias humanas (conf. CS., Fallos 315:1943, voto del Dr. Barra; Sala I, causa 1.265/2002 del 1/10/02).
2.c.- En tercer lugar, tampoco se puede tener por configurado el plazo de caducidad previsto en el artículo 2, inc. E de la ley 16.986 habida cuenta de que no había comenzado a correr., pues no existen en el proceso elementos de prueba que permita tener a los requirentes por anoticiados del acto lesivo a su respecto como titulares de los derechos invocados (conf. CS. in re "Imbrogno, Ricardo c. IOS s. amparo", I.68.XXXVI, "Ruival, Horacio Aníbal y otro c. Obra Social Unión Pers. de la Unión Pers. Civ. de la Nación s. amparo", R.513.XXXVI; "Tartaroglu de Neto, Leonor c. IOS s. amparo", T.182.XXXVI, todos del 25-9-2001; Sala III, causas 799/98 del 14-12-2001 y 3437/02 del 20.6.02), máxime si se pondera la índole y trascendencia de ellos.
Reitero una vez más, se requería una notificación real, efectiva y personal a los afectados para tomar noticia pormenorizada de la negativa y que, por lo tanto, les otorgase todas las garantías para el adecuado ejercicio de la defensa de sus derechos (conf. fallo plenario de la Excma. Cámara del fuero recaído en la causa "Capizzano", resolución aclaratoria del 30-11-99, consid. 4 del voto del Dr. Jorge Pérez Delgado). Pero además, la naturaleza de los derechos en juego -reconocidos tanto en el texto constitucional como en los tratados internacionales incorporados con esa jerarquía (art. 75, inc. 22) a los que más abajo me referiré- cuya protección se intenta por la vía prevista en el artículo 43 de la Constitución Nacional, conduce a una interpretación extensiva y no restrictiva acerca de su procedencia (C.S. in re "Imbrogno", cit.).
3.- Establecido lo anterior, observo que la demandada cuestionó la personería de ACIJ, tema que quedó zanjado en la decisión firme que corre a fs. 920 y vta. (conf. fs. 925).
Con relación a la falta de legitimación para obrar de la actora por no reclamar derechos de incidencia colectiva, en autos se presentan algunas diferencias con relación al caso “Halabi” fallado por la Corte Suprema, las cuales no determinan que dicha defensa sea admisible.
El pedido de la actora de que se instalen líneas telefónicas en la Villa 20 se relaciona con los objetivos que desarrolla como entidad e importa el cumplimiento de los programas destinados a asesorar a poblaciones de menos recursos en el acceso de servicios públicos.
Este extremo no ha sido controvertido por la demandada y autoriza a estimar que el caso de autos queda comprendido en los límites indicados en el considerando 11) del fallo mencionado, cuando se refiere a los derechos de incidencia colectiva relativos a intereses individuales homogéneos, tales como los derechos personales o patrimoniales de los usuarios y consumidores.
Tampoco existen reglas que establezcan el conjunto de personas individuales que deben quedar comprendidas entre los sujetos afectados por la conducta cuestionada en el proceso, sino que ésta se encuentre claramente determinada, como aquí sucede. Y a pesar de las objeciones formuladas en torno a la homogeneidad fáctica, lo cierto es que la empresa accionada no ha invocado que la distinta situación de los habitantes de la Villa 20 se traduzca en un trato distinto en lo que respecta al reclamo, por cuanto la conducta que se le atribuye se aplica a todos ellos (conf. Sala II, causa 11962/08 del 12.5.11).
Teniendo en cuenta que la realidad actual impone incorporar una concepción antropocéntrica del derecho a la hora de resolver los conflictos y asegurar el derecho de acceso a la justicia (conf. J. L. Fruchtenicht, Los procesos colectivos como superadores de la concepción individualista de la legitimación procesal, Revista de derecho procesal, t. 2011-2, Procesos colectivos., p. 121) y toda vez que la pretensión es común a todos los habitantes de la Villa 20, se justifica entonces la realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada, (conf. causa “Halabi”, considerando 12), por lo que se debe desestimar la defensa opuesta.
Pero además, la hipótesis en estudio es una de aquéllas en las que se configura el fenómeno de la legitimación extraordinaria (conf. C. Civ. y Com. Salta, Sala 5ª, 18.11.09, citado en la reseña de mi autoría publicada en Revista de Derecho Procesal, ed. Rubinzal-Culzoni, t. 2011-2, Procesos colectivos, p. 476), que ha sido definida por la doctrina como aquella por la cual el ordenamiento jurídico permite que personas que no son titulares de la relación jurídica debatida en el proceso intervengan en nombre propio y en interés propio o ajeno, pero defendiendo un derecho ajeno, configurándose entonces el fenómeno de la legitimación extraordinaria.
4.- Despejadas estas cuestiones, me abocaré ahora al estudio de la procedencia de la pretensión de que se instale el servicio de telefonía básico en la Villa 20, destacando que sub examine presenta analogía con lo resuelta por la Sala I del Tribunal de Alzada en la causa en la que la aquí actora contra Telefónica una acción sumarísima para obtener la instalación de líneas de teléfono a un grupo de vecinos del barrio “Villa 1-11-14” (conf. expte. 13787/2006 del 14.10.11), razón por la cual seguiré los lineamientos de dicho pronunciamiento.
En la especie, en ocasión de contestar demanda, la empresa telefónica invocó que conforme el artículo 7º del RGCSBT (aprobado por la Resolución Nº 10.059/99 de la Secretaría de Comunicaciones), se deben adecuar las instalaciones de baja tensión existentes para evitar poner en riesgo la integridad y bienes de las personas que habitan el barrio referido.
También puso de manifiesto la existencia de “riesgo eléctrico” en el caso de una eventual instalación de tendido de cables telefónicos, habida cuenta de que la instalación eléctrica está realizada en forma clandestina y contraria a las normas del buen arte de la ingeniería y a la reglamentación vigente, con base en el informe de inspección técnica presentado con el escrito de contestación de la demanda. Añadió asimismo que ha verificado que muchos de los postes que en su momento colocó en la Villa 20, son utilizados para realizar conexiones de energía eléctrica por parte de los moradores, lo cual también genera riesgos eléctricos de manera permanente (ver fs. 531 vta.).
En el referido informe de inspección técnica, el Ing. Yoffe sostuvo la imposibilidad fáctica de instalar redes de comunicaciones en el asentamiento inspeccionado, con los niveles de seguridad requeridos respecto de las personas y los bienes, dadas las interferencias físicas que significan las acometidas de baja tensión y el desarrollo de las líneas aéreas de baja tensión existentes en el entramado geográfico del asentamiento, debiendo en todo caso procederse primeramente a una adecuación pormenorizada de todas y cada una de las instalaciones de baja tensión existentes, previo a cualquier estudio para el desarrollo de la red de telecomunicaciones que posibilite una posterior instalación de ella (conf. fs. 447/48).
Estas conclusiones se encuentran corroboradas por lo expuesto por el perito Ing. Díaz designado en el sub lite, en lo que respecta a los sectores de la Villa 20 que están sin urbanizar.
En estos sectores es posible trabajar con seguridad para el operario telefónico, existiendo además el riesgo de choque eléctrico para los usuarios por el indebido entrecruce de dables de telefonía con cables de alimentación de baja tensión. Existen enredos de cables (conf. fs. 872 vta., preg. 3.4) y riesgo eléctrico, por lo que se puede poner en peligro la integridad física de transeúntes en la vía publica si se caen los cables y de los vecinos y/o afectar las viviendas que allí existen en el caso de que se asomen a una ventana, suban a una terraza, etc. y entren en contacto con ellos (conf. fs. 874 vta., resp. d 5). El Ing. Díaz, en sus aclaraciones de fs. 879/80, precisó que el recorrido del Ing. Yoffe difiere del llevado a cabo por él y que para la época del informe de inspección no se habían desarrollado todavía las “zonas urbanizadas” (conf. fs. 879 vta.).
Explicó asimismo el Ing. Díaz que en el recorrido efectuado por él no encontró manifestaciones explicitas de daños intencionales, corte de acometidas, etc., y destacó que, aunque fue acompañado a realizar su tarea por agentes policiales, no advirtió condiciones de inseguridad personal (conf. fs. 869 vta.), ni actos de tal naturaleza respecto de empleados de la demandada o de los recursos afectados al servicio y plantillas allí instaladas (conf. fs. 630/31).
Con lo cual queda sin sustento el otro planteo vinculado con la inseguridad que había efectuado la empresa demandada en su responde par fundar su negativa a efectuar la instalación requerida (conf. fs. 539).
Ahora bien, no obstante que las opiniones de los peritos no resultan vinculantes para el juzgador (arg. arts. 386 y 477 del Código Procesal), se debe asignar a la prueba pericial del Ing. Díaz significativa importancia y, puesto que la materia sometida a peritación -por su naturaleza eminentemente técnica- excede los conocimientos propios de los/as jueces/zas, el apartamiento de sus conclusiones requiere razones serias, elementos objetivos que acrediten la existencia de errores de entidad que justifiquen prescindir de sus datos (conf. L.E. Palacio, “Derecho procesal civil”, 4ta. reimpresión, T. IV. pág. 720).
En la misma dirección, recuerdo que no es admisible, en tales condiciones, exponer meras discrepancias con la opinión del experto o de formular consideraciones que pongan en duda sus conclusiones, sino de demostrar con fundamentos apropiados -y esto debe ser hecho con argumentos muy convincentes, porque los/as magistrados/as carecemos de conocimientos específicos sobre el tópico- que el peritaje es equivocado (conf. Corte Sup., Fallos 310:1697, 312:592, 321:2118; Sala I, causas 439 del 20.3.90, 3654 del 31.8.93, 9667 del 1.3.95, 30533/95 del 2.5.02, 16.710/03 del 27.4.10; Sala, II, causas177 del 12.12.80, 8497/92 del 2.4.92, 1295/92 del 7.7.98, 7487/92 del 10.8.99, entre otras).
El informe de inspección técnica del Ing. Yoffe que agregó con su responde la demandada databa de 2007, mientras que el peritaje oficial se realizó el año pasado (28.4.11, fs. 869 vta.) y pone en evidencia la evolución y transformación de la Villa 20, por lo que el dictamen del Ing. Raúl Díaz contempla la situación imperante al tiempo de su informe (conf. fs. 869 vta., 28.4.11), la cual ha variado notablemente desde que se realizó el informe de inspección técnica anterior, cuyas conclusiones mantienen su vigencia sólo respecto de las zonas “no urbanizadas” (conf. fs. 873 vta., resp. D.8), pero no así en lo atinente a las “urbanizadas” (conf. fs. 879 vta., punto 1.1).
Debo ponderar entonces los cambios experimentados en la Villa 20 que tengan aptitud para proyectar influencia en el resultado de la controversia suscitada, pues según lo expuesto por doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los/as jueces/zas debemos fallar atendiendo a las circunstancias existentes al momento de la decisión (art. 163, segunda parte, del Código de rito), aun en aquellos casos en que fueran sobrevinientes (conf. Fallos 308:1489, 312:555, 315:123, entre muchos otros Fallos: 310:1084; Sala I, causas 7152/99 del 4-3-03, 21.785/94 del 18-12-03, 5.037/01 del 19.10.06, etc.; Sala II, causas 4404/93 del 29-10-96, 7633/99 del 28-9-00 y 1710/01 del 16-8-01), sin perjuicio de meritar en contra la demandada su actitud renuente a presentar la documentación que le requirió la Comisión Nacional de Telecomunicaciones con fecha 10.10.07, lo cual motivó la intimación cursada con fecha 29.9.08 para que proceda a la instalación de servicios telefónicos a los vecinos de la Villa 20 (conf. fs. 561).
5.- En función de lo hasta aquí explicitado, la decisión que he de adoptar requiere diferenciar las zonas urbanizadas de las que no lo están.
5.1.- Las zonas urbanizadas
Respecto de estos sectores “urbanizados” el Ing. Díaz observó la mala calidad del mantenimiento del plantel exterior de Telefónica, por la existencia de muchas bajadas cortadas, postes en desuso que no se han retirado, cajas de acometida con la tapa abierta que permita que se moje con la lluvia, etc. (conf. fs. 873, resp. D 6).
Empero, no advierto razones que justifiquen apartarse de las conclusiones del perito Díaz respecto de estas zonas, por cuanto las consideraciones efectuadas por él en punto a la factibilidad técnica de la instalación del servicio telefónico básico para casas de familia, justifican la procedencia de la acción de amparo.
Ello, por cuanto la negativa de la demandada a instalar el servicio de telefonía básico para casas de familia en las zonas urbanizadas de la Villa 20 resulta, en el contexto fáctico actual, contraria a los derechos de los vecinos que las habitan, es manifiestamente arbitraria o ilegítima respecto de las obligaciones normativas a su cargo de obrar en el sentido postulado por la amparista, vulnera los principios de justicia, equidad, legalidad y la garantía de igualdad ante la ley que consagran el trato legal igualitario a aquéllos en tanto se hallan en una razonable igualdad de circunstancias y, por último, es susceptible de originarles un daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por esta vía urgente y expedita (conf. Corte Sup., Fallos 182:355; 199:268; 300:1084, etc.).
También afecta el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato y al pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución a todas las personas que integran esa comunidad (art. 16), por cuanto la no discriminación y la igualdad son componentes fundamentales de las normas internacionales de derechos humanos y son esenciales a los efectos del goce y el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales.
5.a.1.- A fin de efectuar un breve relevamiento de las normas involucradas, es conveniente señalar que la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra en su artículo 22 como derecho de toda persona, “la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”, como estándar mínimo del deber de prestación de todo Estado. Asimismo, el artículo 25, consagra el derecho de toda persona “a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, …los servicios sociales necesarios” y el artículo 27 reconoce el derecho de las personas a beneficiarse del progreso científico y económico y sus aplicaciones cuando dispone que “toda persona tiene derecho a…”participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”.
La Carta de las Naciones Unidas firmada en San Francisco el 26.6.45 y que entró en vigor el 24.10.45, establece en su preámbulo que los pueblos de las naciones unidas están resueltos a “promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad… En el artículo 55, en materia de cooperación internacional, económica y social, prevé que la Organización promoverá …”niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo económico y social…”
Al cumplirse los veinte años de la aprobación de la Declaración Universal, las Naciones Unidas organizaron una Conferencia Internacional de Derechos Humanos en Teherán. De dicha Conferencia surge la Proclamación de 1968, donde, entre otras manifestaciones, sustenta "como los derechos humanos son indivisibles, la relación de los derechos civiles y políticos sin el goce de los derechos económicos, sociales y culturales resulta imposible".
A ello se suma la Resolución 32/130 del 16/12/77 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que reafirma el texto transcripto correspondiente a la Proclamación de Teherán sostiene que el enfoque de la labor futura dentro del sistema de las Naciones Unidas deberá tener en cuenta que todos los derechos humanos y libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes; por otra parte, afirma que deberá prestarse la misma atención y urgente consideración tanto a la aplicación, la promoción y la protección de los derechos civiles y políticos, como a las de los económicos, sociales y culturales.
Luego, la Resolución 39/145, 14/12/1984 destacó que "la promoción y la protección de una categoría de derechos no debería jamás eximir o dispensar a los Estados de la promoción y protección de los otros".
5.a.2.- En el ámbito americano la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece en su artículo 7 establece que “todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”.
El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce en su artículo 11 de manera expresa que “toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos…”.
Con posterioridad, la Resolución 1213 XXIII.0/1993 de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos insta a la Comisión Interamericana a que continúe dedicando especial atención al campo de los derechos económicos, sociales y culturales, transcribiendo textos similares a los precedentemente enunciados (resolución).
En el camino trazado para obtener la efectiva vigencia de todos los derechos, merece ser destacado el Protocolo de San Salvador, protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (LA 1994-B-1615) en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, suscripto por la Argentina y aprobado por el Congreso de la Nación (Argentina aprobó el tratado, ley 24658, LA 1996-B-1737). En su artículo 11, párrafo1, establece que “toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”.
Los Ministros y Jefes de Delegación reunidos en Washington, D.C., del 20 al 21 de febrero de 1997, definieron las políticas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en materia de desarrollo social y, en particular, para elaborar un Programa Interamericano de Combate a la Pobreza y la Discriminación, previendo respecto de los servicios públicos, su mejoramiento para que sean ofrecidos en el mismo plano de dignidad a todos los sectores sociales.
Recientemente, en el capítulo III sobre desarrollo social, igualdad de oportunidades y no discriminación de la Carta Social de las Américas, aprobada en la segunda sesión plenaria, celebrada el 4 de junio de 2012, se promueve que “el acceso justo, equitativo y no discriminatorio a los servicios públicos básicos es esencial para el desarrollo integral” (art. 5).
5.a.3.- En corredor paralelo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) reconoce en su Preámbulo que, “…con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales…”.
El derecho a un nivel de vida adecuado y el disfrute de los derechos sociales depende de la existencia, el funcionamiento apropiado y acceso en condiciones equitativas de ciertos servicios públicos básicos y esenciales, entre los que se encuentra la prestación de telefonía.
La Corte Interamericana en el caso “Villagrán Morales y otros <Niños de la Calle> vs. Guatemala” del 19.11.99 precisó que “el derecho a la vida es un derecho fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos (disponible on line en http://www.escr-net.org/docs/i/408732). De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. En esencia, el derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna (párr. 144; S. Albanese, Indivisibilidad e intangibilidad de los derechos: el derecho a condiciones dignas de vida, JA 2002-IV-466; ABELEDO PERROT Nº: 20023631).
Por otro lado, aún cuando el derecho a las telecomunicaciones no ha sido todavía considerado como un derecho humano, el servicio de telecomunicaciones es un servicio público básico cuya falta de acceso a él se transforma en un impedimento para el disfrute de otra serie de derechos, como ser el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico, lo que resulta, por ejemplo, en una menor competitividad en el mercado laboral, perpetuando de esta forma la situación de pobreza (conf. IIDH, Problemas de pobreza por exclusión, disponible on line en http://www.iidh.ed.cr/multic/problemas_de_pobreza_por_exclusion_o_exclusion_por_pobreza.aspx?contenidoid=99c712e8-7265-45a9-9394-1ee995e182a6).
Cabe subrayar que no se deben admitir desigualdades en el acceso a los servicios públicos que satisfacen necesidades básicas de los hogares, ni tampoco excluir del goce de ese derecho a los sectores de la población que habitan en villas de emergencia y en asentamientos urbanos precarios, por cuanto se generan tensiones sociales y se afecta en alto grado el goce de los derechos personales de quienes allí habitan (conf. D. Adaszko, A. Salvia, Déficit de acceso a servicios públicos domiciliarios y de infraestructura urbana: situación habitacional en la Argentina urbana (2004- 2009), disponible on line en http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/greenstone/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=investigacion&cl=CL3&d=HASH5a4cfaab6f15e9210be841)
5.a.4.- Aquì debo detenerme para destacar el rol del Poder Judicial en estos asuntos.
En mi trabajo "El lenguaje judicial. Perspectivas actuales para remediar sus patologías" (SJA del 30/7/2008, N° 5), recordé que, según el Dr. Lorenzetti, "el juez debe ser consciente de la existencia del meta valor que es el pluralismo de valores, el cual permite cumplir el plan constitucional y construir una sociedad más integradora" y que conforme lo expresan Alfredo Colmo y Luis Rueda "la justicia no es asunto de palabra ni siempre de lógica, sino también de intereses y de hechos que tienen que ver con la realidad de la vida (ver el comentario de estas anotaciones de A. Drucaroff Aguiar, “Responsabilidad personal de administradores y socios de sociedades comerciales”, RCyS 2008, 343).
Asimismo, al Poder Judicial le corresponde buscar los caminos que permitan garantizar la eficacia de los derechos, y evitar que éstos sean vulnerados, como objetivo fundamental y rector a la hora de administrar justicia y de tomar decisiones en los procesos que se someten a su conocimiento. No debe verse en ello una intromisión indebida de dicho Poder cuando lo único que hace es tender a tutelar derechos, o suplir omisiones en la medida en que dichos derechos pueden estar lesionados (conf. Corte Sup., Fallos 328:1146; causa "Lavado, Diego J. y otros v. Provincia de Mendoza y otro", LL del 13/2/2007).
5.a.5.- A su vez, el artículo 43 de la Constitución Nacional otorga expresamente base constitucional a la "acción de amparo" como medida expedita y rápida, contra todo acto u omisión de la autoridad pública o de sujetos privados, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace derechos y garantías reconocidos por la carta magna, o contra cualquier forma de discriminación en lo relativo a los derechos que protegen al usuario y al consumidor (conf. J. M. Farina, Defensa del consumidor y del usuario, 4º ed. Act. y amp., Bs. As., 2008, ns. 16 y 17, ps. 18/21, C. Apel. Civ. Com. y Cont. Adm., San Francisco, 4/08/2009, Caverzasi, Gustavo v. Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba -EPEC-, ABELEDO PERROT Nº: 70055623).
5.a.6.- Lo dispuesto en las normas constitucionales reseñadas respecto de la compensación de desigualdades y el acceso a los servicios públicos de quienes tienen menores posibilidades, se completa con lo que la Constitución Nacional establece en el artículo 75 inc. 23 cuando reconoce la existencia de grupos vulnerables y obliga al Congreso a “legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular, respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.
Aunque no se mencionen los términos marginalidad o pobreza, a las categorías enunciadas deben sumarse los otros colectivos que pueden presentar una mayor o menor vulnerabilidad derivada de las condiciones en que viven sus integrantes, como el caso de los habitantes de villas de emergencia, ya que su texto deja claramente establecida la misión institucional de construir un país sin periferias ni excluidos con justicia distributiva y progreso con equidad (conf. M. Bernal, Pobreza estructural, grupos desaventajados y desarrollo asimétrico en la Argentina de principio de milenio, Provincia, julio diciembre 22007, nro. 18, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela).
5.a.7.- Cuadra remarcar, desde otro ángulo, que el artículo 17 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dispone la obligación de “promover el acceso a los servicios públicos para los que tienen menores posibilidades” y que el artículo 18 establece la promoción del desarrollo humano y económico equilibrado, que evite y compense las desigualdades zonales dentro de su territorio. Relacionado con ello, y con especial relevancia para el caso, el inc. 7 del artículo 27 dispone la instrumentación de un proceso de ordenamiento territorial y ambiental permanente que promueva la provisión de equipamientos comunitarios y de las infraestructuras de servicios según criterios de equidad social. El artículo 46, por su parte, asegura un trato equitativo a los usuarios y consumidores de bienes y servicios, y se protege su salud, seguridad y patrimonio (conf. C. Apel. Cont. Adm. y Trib. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sala II, 07/12/2006, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia v. Gob. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
5.a.8.- Por otro lado, también el RGCSBT reconoce que el derecho de los clientes al acceso al servicio telefónico básico y establece que debe ser prestado en condiciones de continuidad, regularidad e igualdad (conf. Anexo III).
5.a.9.- En función de lo expuesto, el amparo incoado en autos respecto de las zonas urbanizadas es procedente, además de que se presenta como un derecho-garantía (conf. M.A. Gelli, Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada, Ed. La Ley, Bs. As., 2003, p.390), que opera como un verdadero "instrumento técnico del arsenal procesal más confiable y efectivo, para alcanzar, en el tiempo oportuno, la tutela judicial debida", una técnica de resguardo puntual, una garantía fuerte (conf. A. M. Morello, "Todos los jueces están habilitados para conocer del amparo", nota a fallo de la SCJBA en "J.A.", Bs.As., 30/03/2005, JA-2005-I, suplemento de Derecho Administrativo, fasc.13, ps. 81/2) y se enmarca dentro de un auténtico modelo de justicia de protección o acompañamiento, que requiere de una tutela judicial efectiva, oportuna, temprana, de satisfacción inmediata, y más aún frente a los reclamos efectuados para proteger a las personas vulnerables, que en razón de su propia vulnerabilidad requiere de particular tutela (conf. A. M. Morello, "La Corte Suprema y la justicia de protección", en revista jurídica "El Derecho" -Serie Especial Derecho Constitucional-, Bs.As., 28 de marzo de 2005; y del mismo autor "El derecho y las personas vulnerables. El rol del amparo como garantía efectiva de tutela", en "El Derecho", Bs. As., 10/10/2003, ps.3/4).
5.2.- Las zonas no urbanizadas
Distinta solución he de adoptar respecto de estos sectores de la Villa 20.
El perito oficial Díaz concluyó que la mejor forma de resolver técnicamente las instalaciones de cableados en las zonas no urbanizadas es a través de la acción sinérgica de los proveedores de telecomunicaciones y de energía eléctrica conjuntamente con las fuerzas vivas del barrio y del Gobierno de la CABA (conf. fs. 873 vta./74), debido a que –como fue dicho en el consid. 4- no es posible la instalación por el momento del servicio telefónico.
Seguiré, por consiguiente, el criterio que la Sala I adoptó en la causa antes citada habida cuenta de que la compleja situación que impera en las zonas no urbanizadas de la Villa 20 -por cuestiones de estricta seguridad de las personas implicadas- justifica una acción conjunta de la Cuidad, de la empresa de electricidad y de la compañía telefónica demandada, para permitir la implementación de los trabajos necesarios que posibiliten el desarrollo de la infraestructura requerida para la instalación del servicio solicitado.
Dicha circunstancia, excede el marco de esta litis, ya que en autos se persigue que Telefónica de Argentina SA -única demandada- adopte una serie de medidas que van más allá de la estricta prestación del servicio peticionado.
6.- Las costas del juicio
La negativa de la demandada a brindar la prestación objeto de la acción con fundamento en la falta de disponibilidad técnica de líneas en la zona y de riesgo eléctrico no constituyó un acto arbitrario al tiempo de la contestación de la demanda, aunque sí las alegaciones vinculadas con las condiciones de inseguridad, por lo que el alcance con que prospera la pretensión la forma en que decido en tanto contempla las circunstancias sobrevinientes acaecidas durante el proceso, justifica que las costas corran en el orden causado.
En función de lo expuesto, normas citadas y doctrina y jurisprudencia mencionadas, FALLO:
1) Admitiendo parcialmente la acción de amparo interpuesta por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y, por lo tanto, condenando a Telefónica de Argentina S.A., a brindar el servicio de telefonía básica en casas de familia de la Villa de emergencia n° 20, ubicada en el barrio de Villa Lugano de la Ciudad de Buenos Aires, que correspondan a las zonas urbanizadas que se indican en el informe pericial rendido en la causa, debiendo conectar los teléfonos a todos aquellos habitantes de dichos sectores que lo requieran o lo hayan requerido, para lo cual deberá adoptar las medidas técnicas y comerciales necesarias para garantizar la instalación.
2) Imponiendo las costas en el orden causado.
3) Regulando los honorarios del perito actuante, Ing. Raúl Díaz en la suma de $ 15.000.
4) Fijando el plazo para el pago de los honorarios fijados en diez (10) días hábiles.
Regístrese, notifíquese a las partes y al perito mediante cédulas a confeccionar por Secretaría y oportunamente, ARCHIVESE.
PATRICIA BARBADO