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Timestamp: 2017-03-28 00:23:36
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Matched Legal Cases: ['artículo 75', 'Artículo 74', 'Artículo\n75', 'Artículo 78', 'artículo 49', 'artículo 75', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 28', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 15', 'artículo 18', 'artículo 28', 'artículo 30', 'artículo 24', 'artículo 33', 'artículo 99']

LA PENA DE MUERTE EN ARGENTINA. ¿ESTÁ ABOLIDA?
LA PENA DE MUERTE EN ARGENTINA. ¿ESTÁ ABOLIDA? [1] archivo del portal de recursos para estudiantes www.robertexto.com
enviado porDr. Horacio F. CarusoAbogado Abogado con orientación en Derecho Público.Doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales: Cursado en la Universidad del Museo Social Argentino, Buenos Aires. Marzo de 2009 IMPRIMIR
Sumario: I) Introducción.
II) Antecedentes remotos. III) Pena de muerte en el marco de la ONU.
IV) Pena de muerte
y derechos humanos. V) Pena de muerte
en el Derecho Penal Argentino. VI) Pena de muerte y la Iglesia
Católica. VII) Conclusión.
El tema que nos convoca enunciado
en el presente título, resulta no sólo
una apasionante materia de análisis por
el carácter polémico que la misma conlleva per sé. sino también por
las connotaciones políticas. jurídicas, sociales y sociológicas que ha traído y trae aparejado en nuestra sociedad y en el resto del mundo, a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos y su incorporación paulatina, en
los ordenamientos jurídicos de la mayoría de los países. Hemos investigado de genuinas fuentes lo relacionado con el tema en nuestro país, a fin de elaborar y compartir una opinión concreta sobre el estado actual del
instituto en nuestro ordenamiento jurídico, a la luz de los cambios históricos
producidos, sus luces y sombras por los silencios de las leyes en distintos
periodos y de qué forma, la opinión pública basada únicamente en factores
sociológicos emocionales, ha influido en el conjunto social, donde existe el
convencimiento generalizado que la pena de muerte se encuentra abolida. ¿Lo
está realmente al día de hoy? Es lo que
tratamos de dilucidar y dar respuesta más adelante.
Hemos optado por avanzar en esta tarea, sin incluir
nuestra opinión sobre si conviene o no instalar la pena de muerte como sanción
penal, aunque por supuesto la tenemos, pero nos pareció que tratándose ésta de
una investigación puramente jurídica, no resultaba conveniente mezclarla con
opiniones ideológicas, filosóficas o sociológicas, socaire de caer en un
forzamiento de los resultados, a partir de una de las dos posiciones que
tradicionalmente polemizan sobre el particular.
Hemos escuchado y leído en reiteradas oportunidades en
los años pasados, y aún hoy en boca de la opinión pública, de encumbrados
políticos y/o comunicadores sociales, ya
sea en forma pública o silente, la conveniencia de poner en vigencia la pena de
muerte en nuestro país, a partir del
crecimiento en cantidad y gravedad de los delitos penales que aquejan nuestra
convivencia social, pero que dicha intención tropieza con los siguientes
obstáculos y tendencias, según afirman “popularmente”, entre otros: a) la pena de muerte en nuestro país fue
abolida, b) para instalarla nuevamente en nuestro ordenamiento jurídico hay que
denunciar el Pacto de San José de Costa Rica, c) al no estar tipificada en el
Código Penal, ya fue suprimida, d) la tendencia mundial es volver a poner en
vigencia la pena de muerte en aquellos casos en que hay comisión de delitos
graves, entre ellos secuestro y violación seguida de muerte,. Respecto del último
punto, a título de avanzada y como
forma de comenzar a despejar incógnitas, nuestra opinión es que la tendencia a nivel mundial es justamente la
inversa. Ello así, a partir de la perseverancia de muchos doctrinarios y
legisladores de distintos países que deben obedecer los mandatos de sus
respectivas sociedades, el crecimiento
mundial de las políticas vinculadas a los derechos humanos y fundamentalmente, la subsiguiente derivación que conlleva
pertenecer conforme el mismo
ordenamiento jurídico interno de cada sociedad, a la
Unidas, y por tanto estar
sujetos a diversos Pactos Internacionales. Este organismo se ha destacado
activamente en impulsar proyectos de resolución aconsejando la derogación de la
pena de muerte en los diversos estados miembros, resultando por tanto visible una tendencia derogatoria que se
profundizaría en los próximos años.
Nuestro país no escapa a dicha tendencia, al ser miembro activo de la ONU y firmante del Pacto de San José de Costa Rica. Por supuesto, anotamos
también que existen las excepciones
consabidas en el concierto internacional.
No obstante, del análisis histórico jurídico que nos
devuelve una nutrida y cerrada polémica llevada a cabo sobre el tema que nos
ocupa, desde 1810 hasta la vigencia del Código Penal de Rodolfo Moreno, en 1922,
nos permite avizorar claros oscuros que indicarían, que no sería prudente
afirmar tan ligeramente que la máxima pena, se encuentra suprimida de nuestro
ordenamiento, si como tal consideramos nuestra Carta Magna y las leyes
inferiores, incluidos los pactos internacionales conforme la versión reformada
de 1994 y el artículo 75 inc. 22 de ella.
Demás está decir que este trabajo incursiona en los
pliegues del derecho comparado y fundamentalmente argentino, a los efectos de
focalizar acabadamente la situación actual del instituto, sin enrolarse como
dijimos en alguna de las tesis en pugna, pero con el modesto anhelo que permita
a partir del conocimiento del mismo y su status jurídico, poder incursionar si así
se desea, en los aspectos filosóficos confrontados desde siempre en las tesis
conocidas, respecto de la vigencia de la pena en nuestro país. A los efectos de una mayor comprensión de nuestros
resultados, debemos advertir al paciente lector que en términos puros de
lenguaje, utilizamos las siguientes reglas de interpretación de los siguientes
términos: Abolir: “suprimir mediante ley, una ley, un principio,
costumbre o prácticas”. Es sinónimo de abrogar, anular, revocar o cancelar.
Derogar: ”dejar sin efecto o suprimir parcialmente
una ley” siendo una derogación el acto de proceder mediante disposición
posterior, a dejar sin efecto en todo o en parte, un precepto jurídico
precedente”[2].
Abrogar: “proviene del latín “abrogare”,
y a cuya partícula privativa ab. le sigue rogare que significa promulgar: “abolir o derogar una ley”[3].
Desuso: Falta
de uso o de ejercicio de alguna cosa o práctica. Interesa al Derecho, por los
efectos que puede tener el desuso de una costumbre o ley. Para la mayoría de
las legislaciones, una ley sólo puede ser derogada por otra ley y en este
sentido, su desuso no afectaría su validez y su eficacia. Excepto en la rama
del Derecho Comercial, donde la costumbre tiene fundamental importancia como
fuente del Derecho y consecuentemente, el desuso es causa de derogación[4].
Es decir, tenemos como
regla entonces, que abolir y abrogar pueden ser sinónimos, como supresores de
una ley. Pero también que derogar se refiere a suprimir parcialmente una
ley, mediante ley posterior o en forma implícita si la nueva ley se contrapone
a la anterior en la materia respectiva.
Suscribimos en concordancia con la teoría generalizada
en nuestro ordenamiento jurídico que: “una norma posterior
puede derogar una anterior, sea expresa o
tácitamente”[5],
o que “como norma una ley general no es nunca derogatoria de una ley o
disposición especial"[6],
Estos simples enunciados,
tomarán cierta relevancia a la hora de contestar la pregunta que nos formulamos
al inicio, en el sentido de si la pena de muerte está abolida en nuestro país, aspecto
que tratamos de dilucidar más abajo.
pertinente aportar algunos antecedentes de esta pena, a los fines de
complementar la investigación y colocarla en el contexto apropiado.
II) Antecedentes remotos.
ha existido a la par con la humanidad. Es bien sabido que los griegos tuvieron
gran influencia cultural en Roma,
si bien los romanos se destacaron por su vasta jurisprudencia
y aquellos por ser grandes filósofos,
su combinación mutua y buscada recíprocamente
hizo surgir la filosofía del derecho, que a través de su haz de luz iluminó a
grandes y enjundiosos juristas, y luego entre otros aportes, marcó la regulación de las relaciones entre los
hombres y el Estado.
Partiendo de la base que ya en la Biblia, se menciona la forma de pena de
muerte como castigo a quienes obraren en contra de las enseñanzas del Señor,
como por ejemplo en los casos narrados
en los pasajes “Los
viñadores asesinos”[7]
y ”El rey celebra las bodas de su hijo”[8]
- si bien estamos fuera del derecho positivo - más bien diríamos que nos ubicamos con estos ejemplos en el
derecho divino o en el terreno de la fe - lo cierto es que ya existía la pena capital, asumida por las
sociedades primitivas de aquéllas épocas. Entre los hebreos la pena de muerte era impuesta principalmente en los
casos de delitos de idolatría, homicidio, sodomía, incesto, entre otros. De un
modo general se aplicaban la lapidación y la decapitación.
En la Hélade, especialmente en Esparta, la pena capital era utilizada para
reprimir en principio los delitos contra el orden público y la seguridad de los
individuos, siendo de notar que las legislaciones de Dragón y de Licurgo, la
instituían expresamente. Los reos eran ejecutados por la horca, en sus celdas y de noche para evitar
las reacciones de compasión que pudiera originar la publicidad de la ejecución.
La legislación de Solón, en cambio, mucho más benévola, restringió
notablemente el catálogo de delitos sancionables con la pena capital,
reduciéndolos a los de sacrilegio y profanación, atentados contra el orden
político y homicidio doloso. Se ejecutaba con el hacha, la cuerda, el
despeñamiento o el veneno[9].
No obstante, y a pesar de la forma primitiva de convivencia que existía en el pasado lejano,
como “derecho positivo” la pena de
muerte podemos rastrearla ya en el Código de Hammurabi, obra emblemática de la civilización mesopotámica y primera carta
legislativa de la humanidad (1.700 años
a.de C).
Antiguo Testamento, ubica la aparición de Abraham entre los años 1800 y 1700
A.C.[10],
y si bien son contemporáneas las fechas en forma aproximada, anotemos que
mientras Babilonia, reino de Hammurabi tenía su código, el primer patriarca
judío circulaba por la parte norte del territorio, es decir por Ur y las zonas
aledañas, que luego fueron conquistadas por los babilónicos, con lo cual se
daba entre los nómadas cierta forma de convivencia sin positividad alguna del derecho en la forma que conocemos,
reinando por tanto la ley del talión.
En dicha época y antes de que Israel fuera un pueblo, familias nómadas de raza
amorrea recorrían con sus rebaños los territorios de Mesopotamia, Siria y del
Canaán, llegando hasta Egipto. Esa estela de basalto negro, que representa una cierta forma de
codificación, que contiene 282 leyes y que el rey Hammurabi de Babilonia recibió del dios Samash, el dios
del sol y de la justicia, fue hallada en 1901 en Susa (Irán) adonde fue llevada
como botín de guerra en el año 1200 a.de C. por el rey Elam Shutruk-Nakhunte. Actualmente
ésta monumental obra testimonial está expuesta en el museo del Louvre, París.
de Hammurabi al poder, eran los sacerdotes del dios Samash los que ejercían
como jueces, pero el rey estableció que fueran sus funcionarios quienes
efectuasen ese trabajo, mermando así el poder de los sacerdotes y fortaleciendo
el suyo propio. Ese código unifica todos los existentes en el imperio
babilónico, pretende establecer leyes aplicables en todos los casos e impedir
así que cada uno tomara la justicia por su mano. En el citado código
de Hammurabi, no se distingue entre
derecho civil y penal, es decir, se dan leyes que regulan los asuntos de la
vida cotidiana y leyes que castigan los delitos. En las penas
aplicadas a cada delito, el código distingue si hay intencionalidad o no, y
cuál es la "categoría de la víctima y la del agresor". La pena es mayor si el
hecho se ha cometido adrede, que si ha
sido un accidente y si la víctima es un hombre libre en lugar de un esclavo. La mayoría de las
penas son pecuniarias (multas), pero existe pena de mutilación e incluso pena
de muerte para los delitos graves. En algunos casos la
ley opta por aplicar el talión, es decir, hacer al agresor lo mismo que él hizo
a su víctima siempre que ambos sean de la misma "categoría".
Más atrás, resulta
presumible pensar que dada las características del tiempo histórico citado con
relación a los delitos, regía la ley del talión, tal como se menciona en el
párrafo anterior, por lo cual y obviamente en los casos de homicidio se aplicaba dicha regla.
En Roma, los primeros delitos
castigados con la pena de muerte
fueron el PERDUELLIO y el PARRICIDUM, delitos que ya figuraban en las VII
Tablas. Dice al respecto calificado autor[11]: “ …El perduellio es el
ataque contra el Estado, que tuvo en principio una acepción muy limitada, pues
sólo comprendía aquéllos casos en que el ataque fuera directo, como el de
rebelión contra la comunidad, o el que incurría en traición a la patria pasando, por ejemplo, a las
filas enemigas. Posteriormente comprendió también los atentados contra los
dioses o a las cosas públicas, hasta que con la creación del Tribunado, se
incluyó dentro de este delito al crimen maiestatis, o de lesa majestad, en que
incurría quien atentaba contra un magistrado del pueblo romano, cuya persona se
consideraba sagrada. El parricidum no tenía, en esta época de la historia de
Roma, el mismo significado que en la actualidad…..Era parricida quienquiera que
hubiese causado la muerte de otro, y fundamentalmente de un pater- familias, Se
les castigaba con la pena capital cuya
aplicación podía perseguirse en juicio público ante el tribunal de los duoviri
perduellionum, mediante una acción
popular. De su fallo podía apelarse ante los comicios por centurias, mediante
la provocatio ad populum”. Más adelante en las XII Tablas, se
reglamentó la última pena también para otros delitos,
y era ésta la pena imperante, como el caso del “furtum”, que consistía en el apoderamiento fraudulento de la cosa
ajena, contra la voluntad de su propietario, y con el ánimo de sacar un
provecho de ella. Aquí se distingue el “furtum
manifestum” del “nec manifestum”. Para el primero, es
decir, aquel en que el ladrón ha sido sorprendido “in fraganti delicto”, ordenan que si es hombre libre, sea
entregado a la víctima en calidad de “addictus”,
y que si es esclavo sea azotado y precipitado desde la roca Tarpeya, (extremidad
S.O. del Capitolio, desde donde se precipitaba hasta el siglo 1 AC a algunos
condenados a muerte), facultándose además al ofendido para matar al delincuente
cuando el hurto se ha cometido durante la noche, o aún de día si se resistiere con armas. Para el segundo,
es decir los “nec manifestum”, se establece una composición
legal del doble del valor de la cosa
Posteriormente en la época clásica, y luego de un lapso de desuetudo, la
pena máxima retoma su fuerza a partir de las Institutas de Justiniano. Así, a partir de Syla, en la primera parte del Imperio, se sancionan nuevos delitos conforme surgen
del libro IV, tit. XVIII, y de
conformidad con la división impuesta de Delitos Públicos y Delitos Privados, según
1) La Lex Iulia Maiestatis, que alcanza a quienes han maquinado alguna cosa
contra el Emperador o La República, que se castigaba con la pérdida de la
vida y la condena de su memoria.
2) La Lex Cornelia de Sicariis, que persigue con hierro vengador a los
homicidas y a los que van armados con dardos para matar a un hombre. Se condena
con la pena capital a los envenenadores que con odiosos artificios y/o venenos
con mágicos susurros, hubieren matado a otros hombres.
3) La Lex Fabia de Plagiariis, que
castiga con la pena capital a quienes comercian personas libres o esclavas,
ladrones de menores o esclavos. En la última parte del Imperio Romano, subsiste la división entre los
delitos públicos y privados, pero en los primeros se ampliaron con más delitos,
en virtud de las Constituciones Imperiales. Así pues esta sanción es conocida desde los primeros tiempos de la
humanidad, y puede decirse que aplicables en todas las culturas, teniendo
algunas variantes como por ejemplo el tipo de delitos
por los que se imponía, siendo el más común el delito
Las formas de ejecución de la pena a
lo largo de la historia, fueron muy variadas de acuerdo a los usos y costumbres
de los diferentes pueblos; había entre otras: la lapidación, la rueda, el
garrote, la hoguera, la horca, la decapitación, el gas mortífero, el
fusilamiento, y la inyección letal, todas formas muy crueles ya que su finalidad consistía en imponer
el mayor sufrimiento al delincuente condenado a dicha pena. Durante la vigencia de las XII Tablas, la autoridad
podía dejar la aplicación del Talión al ofendido o a sus parientes; sin embargo
existían también funcionarios encargados de la ejecución.
La pena de muerte inicialmente fue concebida como una aflicción retributiva originada por la comisión de un
delito, apareciendo así prácticamente en la totalidad de las leyes
Posteriormente, al llegar el cristianismo
que predicaba el amor
por el prójimo y el carácter
divino de la vida, instaló las bases de las tendencias abolicionistas de esta
Es dable destacar, que la
reaparición en Europa del Derecho
Romano, a partir del Siglo XII, produjo una sensible transformación en los sistemas penales de origen germano.
Paulatinamente la venganza privada va
cediendo lugar a la aplicación exclusiva del poder sancionatorio por parte del
El Fuero Juzgo español, instituyó la pena capital tanto para los delitos
enormes y de consecuencias funestas, como para pecados torpes y afrentosos. El
libro VII, título IV, ley 7ª del Fuero, prescribe de modo expreso la publicidad
de la ejecución, disponiendo que todo juez que deba ajusticiar a algún malhechor
“non lo deue fazer en ascuso (secreto) más paladinamente ante todos”[12].
Las Siete Partidas, que instituían asimismo la pena de muerte para
numerosos delitos, unificaban la aplicación de medios. Según sus prescripciones
el condenado a muerte debía ser ejecutado por decapitación, con cuchillo o
espada, o por horca u hoguera o por las fieras, pero no podía ser apedreado,
crucificado ni despeñado. La ejecución debía ser pública, en el lugar indicado por el rollo (piedra jurisdiccional) y el
cadáver del reo era entregado a los parientes o religiosos.
El mismo principio de las Partidas se aplicó, en general, a la legislación
de las Indias. Pero los medios de ejecución utilizados por los españoles en
América, excedieron el marco legal, como aconteció, por ejemplo, con el famoso
suplicio de Tupac Amaru.
En lo que respecta a las sociedades
precolombinas, se sabe que aplicaban las penas consistentes en palos tormentos
siendo el gran sacerdote quien las imponía; éste no solo ordenaba las
ejecuciones, sino que luego se cumplían inexorablemente.
Con los aztecas,
las leyes se caracterizaban por su estricta severidad. Entre las penas
existentes; se encontraban, la lapidación, el descuartizamiento, la horca y la muerte
a palos o a garrotazos, y aún cuando las cárceles no tuvieron ninguna
significación también existía la pena de pérdida de la libertad.
También en el pueblo de los tarascos - pueblo amerindio de lengua
independiente que habitaba en el N.O. del estado mexicano de Michoacán - existía la pena de muerte y en los
delitos como adulterio, la pena era impuesta no sólo al adúltero, sino que esta
trascendía a toda su familia.
pena de muerte, y existían también otras penas como la lapidación; si bien existieron algunas diferencias en
cuanto a los delitos por los que se aplicaba, así como la forma de ejecutarla,
se puede afirmar que fue común a todas las culturas en la antigüedad.
Ya en la República de México,
al consumarse su independencia
para el año 1821, las leyes principales seguían siendo las mismas vigentes en
la época colonial (prácticamente al igual que en todos los países que se
independizaban de la dominación española), es decir, la pena de muerte seguía
presente y era aplicada principalmente a los enemigos políticos de los nuevos
gobernantes de los incipientes países.
En el siglo XX la pena de muerte se aplicó - podríamos afirmar - que a discreción en la mayoría de las sociedades
americanas, pero sin embargo, la
prevalencia del cacicazgo político, el ejercicio indiscriminado del poder
por los dictadores que se encontraban al servicio
de las oligarquías nacionales y de ciertas potencias extranjeras, que vieron en
esa situación oportunidades para justificar y consolidar sus pretensiones
imperiales sobre países a dominar, trajeron
como consecuencia la confusión entre los criterios humanistas radicales que
pugnaban por la necesidad no ya de disminuir su aplicación, sino de lograr su
abolición desconociendo de esta forma
su justificación. Por último, dos Estados se distinguieron por el rigor sancionatorio a la
hora de aplicar la pena máxima. Ellos fueron Francia e Inglaterra.
Francia llegó a instituir cinco diferentes formas de ejecución a saber: la
decapitación (para nobles y militares) la hoguera (para los herejes) la rueda,
la horca (para los delincuentes comunes) y el descuartizamiento (para
delincuentes políticos, como el caso de Ravaillac, asesino de Enrique IV). Durante la revolución se puso en práctica la guillotina, para acelerar las
ejecuciones en masa.
Inglaterra generalizó la pena en una serie de delitos cuyo catálogo varía
según la época. En los casos de delitos de felonía, la pena por vía de la horca
era anexada a la confiscación de todos los bienes del reo. En los casos de traición, el reo, después de ser ahorcado, era
descuartizado y se le aplicaba, además la pena accesoria de infamia o
envilecimiento de la sangre. Para los delitos comunes, la
sanción capital consistía en la horca.
Habiendo descrito breve y contextualmente los antecedentes en la forma
antedicha con el fin de conocer como llega el instituto a nuestras tierras, por
razones metodológicas incursionaremos más adelante en ello y posibilitar así, en forma más didáctica,
seguir con un hilo conductor que nos haga incursionar por el derecho colonial y
III) Pena de muerte en el marco de la ONU.
Unidas desde su fundación han manifestado preocupación por el tema
de la pena capital, así el 20 de
noviembre de 1959 en su resolución 1396[13]
(XIV) la Asamblea General invitó al Consejo Económico y Social a iniciar un
estudio sobre la pena capital, por lo que la Secretaría preparó los respectivos
a partir de 1962, 1967 y 1973.
La Asamblea General, en su resolución 2857 (XXVI) del 20 de diciembre de
1971[14], afirmó que “el objetivo principal era restringir
progresivamente el número de delitos en los que se incurre con dicha pena, sin
perder de vista la conveniencia de abolir esa pena en todos los países".
del Secretario General, respecto del período de sesiones sustantivo de 1995,
resume: "…en su 54avo. periodo de
sesiones, el Consejo Económico y Social pidió al secretario General que
presentara informes
periódicos actualizados y analíticos sobre la pena capital a intervalos
quinquenales a partir de 1975 … asimismo … que utilizara todos los datos
disponibles, incluida la actual investigación
criminológica, a partir de que se presentara al consejo en 1995, también
trataran la aplicación de las salvaguardas para garantizar la protección de los
de los condenados a la pena de muerte. En el presente informe
se examina el uso y la tendencia de la pena capital, incluida la aplicación de
las salvaguardas durante el periodo 89/93."
de las respuestas recibidas, estas se clasificaron en a) abolicionistas, las
que no proveen la pena de muerte en sus legislaciones ni para los delitos
comunes ni para los militares, b) abolicionistas de facto, los que mantienen la
pena de muerte en delitos comunes pero no han ejecutado a nadie durante los
últimos años, cuando menos y c) retencionistas, los que la pena de muerte esta
vigente y en los que ha habido ejecuciones.
Los resultados finales de la quinta encuesta
quedaron de la siguiente forma para el periodo 1989/1993:
Retencionistas: 92
Totalmente abolicionistas: 56
Abolicionistas para los delitos comunes únicamente: 14
Abolicionistas de facto: 28
Como se puede ver ha sido mucho mayor el número de países retencionistas de la pena de muerte, a los
cuales se les pueden sumar los abolicionistas de facto y los abolicionistas
para los delitos comunes únicamente, pues en los países que se encuentran en
los dos últimos casos, se halla contemplada y vigente la pena capital.
Las razones jurídicas fundamentales para excluir además la pena de muerte
común es el hecho que ello implicaría el abandono del fin individual de la pena, en virtud que no
tiende obviamente, a la readaptación del delincuente. Naturalmente también
conocemos que con el estado actual de las cárceles y la vigencia de un sistema
penitenciario ubicado a contramano de dicho fin, y la crisis en la Justicia, tampoco es una misión fácil lograr la tan mentada readaptación.
IV) Pena de muerte y derechos humanos.
En 1946 el Consejo Económico y social de la Organización
de las Naciones Unidas, creó la comisión de Derechos
Humanos, la cual debía elaborar un catálogo de los mismos, así como
un mecanismo internacional para su protección. El primer documento creado al
respecto fue adoptado el 10 de diciembre de 1948 bajo el nombre de Declaración
Universal de Derechos Humanos. Como ideal común que planteaba la protección internacional de los derechos
humanos, por lo que todos los pueblos y naciones debían esforzarse, dicha
comisión fue creada con la necesidad de despertar la inspiración de individuos
a promover mediante la enseñanza
a tales derechos y libertades, así como que aseguren su reconocimiento y
aplicación universal. La Asamblea
General proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos, de lo que
transcribiremos el articulo 3ª por ser
el de mayor importancia, para nuestro tema: "Todo individuo tiene derecho a la vida, la
libertad y la seguridad de su persona”.
Como se puede ver en este articulo 3º, se encuentra establecido el derecho a la existencia, siendo el mismo
un derecho fundamental por antonomasia,
ya que es el supuesto de todos los demás derechos de la persona humana; sin él carecen de relevancia los restantes.
Ahora bien, el texto
del citado artículo es muy claro y no tiene necesidad de ser interpretado, lo
cual implica – en razón una equidad natural - un principio de equilibrio
universal, es decir, que también "todo" individuo debe respetar el
derecho de “todo” otro individuo a la
Sin que ello signifique incorporar una opinión ideológica, desde el
análisis puro del derecho, aquella es la finalidad de la declaración universal
de derechos humanos, en consecuencia cuando un delincuente rompe ese equilibrio
por ejemplo, privando de la vida a un semejante, y consecuentemente privándole
de sus demás derechos, ese mismo individuo estaría renunciando a su propio
derecho a la vida. Es así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, adoptado el 16 de diciembre de 1966, en su articulo 6.1 reconoce que
el derecho a existir es un atributo co-sustancial a la persona humana; sin embargo
el precepto establece una excepción, cuando anuncia que "nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”, es decir que a contrario sensu, se autorizaría a privar de la vida de una manera no arbitraria.
Pareciera entonces, siguiendo este razonamiento que una forma “no arbitraria” de privar de la vida a
una persona, sería que dicha decisión se encuentre legitimada y legalizada por
una ley formal y material.
Esta es la única excepción que encontramos a este derecho a la existencia, de conformidad con el derecho
internacional. De ello, podría interpretarse entonces
que la pena de muerte no podría ser considerada una violación a los derechos
humanos, concretamente respecto del derecho a la vida de un individuo, si y sólo si primeramente otro hubiera roto el equilibrio
existente entre él como sujeto y dicho derecho humano en cabeza de los demás
sujetos, es decir no hubiera respetado ningún derecho a la vida, ningún derecho
humano a su victima, y en su caso hubiera demostrado que ningún otro tratamiento que el Estado le impusiera,
sería capaz de corregir su conducta antisocial. ….Es para pensar.
Los pactos internacionales que involucran la temática del derecho a la
vida, son los siguientes:
1) Declaración Americana
de Derechos y Deberes del Hombre, Bogotá, Colombia, art. 1º. “Art. 1º) Todo ser humano
tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. 2) Convenio sobre
Prevención y Sanción de Genocidio, arts. 1º, 2º y 3º. Adoptado y abierto a la firma y ratificación, o
adhesión, por la Asamblea General en su resolución 260 A (III), de 9 de
diciembre de 1948 Entrada en vigor: 12 de enero de 1951, de conformidad con el
1.) Las partes contratantes confirman que el genocidio, ya sea cometido en
tiempo de paz o en tiempo de guerra, es un delito de derecho internacional que
ellas se comprometen a prevenir y a sancionar. Art. 2.
En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos
mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o
parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal:
d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno grupo;
e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. Art.
3.- Serán castigados los actos siguientes:
e) La complicidad en el genocidio. Ratificado por Argentina conforme Decreto nº 6286/1955. 3) Declaración Universal
de Derechos Humanos, art. 3º.
y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III) de 10 de
“Art. 3º) Todo individuo tiene derecho a la vida, a
la libertad y a la seguridad de su persona.”
4) Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, arts. 10 y 12. Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas
el 16 de Diciembre de 1966
“Art. 10º) Los
Estados Partes en el presente Pacto reconocen que:
1) Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de
la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para
su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los
hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de
los futuros cónyuges.
2) Se debe conceder especial protección a las
madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto.
Durante dicho período, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia
con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social.
3) Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de
todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación
o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra
la explotación económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral
y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su
desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer
también límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado
por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil.
Art. 12.- 1) Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho
mental. 2) Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a
fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias
a) La reducción de la natalidad y de la mortalidad infantil, y el sano
servicios médicos en caso de enfermedad. Ratificado por Argentina conforme Ley nº 23.313 de Agosto de 1986.
5) Pacto Internacional
sobre Derechos Civiles y Políticos, art. 6º. Aprobado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 16 de Diciembre de 1966
Art. 6.- 1) El derecho a la vida es inherente a la
2) En los países que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse la
pena de muerte por los más graves delitos y de conformidad con leyes que estén
en vigor en el momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a las
disposiciones del presente Pacto ni a la Convención para la prevención y la
sanción del delito de genocidio. Esta pena sólo podrá imponerse en cumplimiento
de sentencia definitiva de un tribunal competente.
3) Cuando la privación de la vida constituye
delito de genocidio se tendrá entendido que nada de lo dispuesto en este
artículo excusarla en modo alguno a los Estados Partes del cumplimiento de
ninguna de las obligaciones asumidas en virtud de las disposiciones de la
Convención y la sanción del delito de genocidio.
4) Toda persona condenada a muerte tendrá derecho
a solicitar el indulto o la conmutación de la pena. La amnistía, el indulto o
la conmutación de la pena capital podrán ser concedidos en todos los casos.
5) No se impondrá la pena de muerte por los
delitos cometidos por personas de menos de 18 años de edad, ni se la aplicará a
las mujeres en estado de gravidez.
6) Ninguna disposición de este artículo podrá ser invocada por un Estado Parte
en el Presente Pacto para demorar o impedir la abolición de la pena capital.
Ratificado por Argentina conforme Ley 23.313 de
6) Pacto de San José de
Costa Rica, arts. 4º, 22º, 27º, 74º, 75º y 78º. ARTICULO 4.- DERECHO A LA VIDA.
derecho a que se respete su vida, este derecho estará protegido por la Ley y en
general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la
2. En los países que no han
abolida la pena de muerte, esta solo podrá imponerse por los delitos mas graves,
en cumplimiento de sentencia ejecutoria de tribunal competente y de conformidad
con una ley que establezca tal pena, dictada por anterioridad a la comisión del
delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la
3. No se restablecerá la
pena de muerte en los estados que la han abolido.
4. En ningun caso se puede
aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los
5. No se impondrá la penda
de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren
menos de dieciocho años de edad o mas de setenta, ni se les aplicará a las
6. Toda persona condenada a
muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la
pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar
la pena de muerte mientras la solicitud este pendiente de decisión ante
Artículo 74: ….. 1. Esta Convención
queda abierta a la firma y a la ratificación o adhesión de todo Estado miembro
de la Organización de los Estados Americanos. 2. La ratificación de esta
Convención o la adhesión a la misma se efectuará mediante el depósito de un
instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría General de la Organización
de los Estados Americanos…… Artículo
75 : Esta Convención sólo
puede ser objeto de reservas conforme a las disposiciones de la Convención de
Viena sobre Derecho de los Tratados, suscrita el 23 de mayo de 1969. Artículo 78: 1. Los Estados Partes podrán denunciar esta Convención
después de la expiración de un plazo de cinco años a partir de la fecha de
entrada en vigor de la misma y mediante un preaviso de un año, notificando al
Secretario General de la Organización, quien debe informar a las otras partes.
obligaciones, haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la
denuncia produce efecto
Ratificado por Argentina conforme Ley nº 23.054 de Agosto de 1984.
7) Convención sobre
Derechos del Niño, arts.. 6º. Adoptada y abierta a
la firma y ratificación por la Asamblea General
septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49. Art. 6º Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el
Ratificado por Argentina conforme Ley nº 23.849/1990.
de despejar el camino y facilitar el análisis del tema que nos ocupa, deberemos
dejar fuera de consideración los siguientes pactos, convenios y/o tratados que
tienen que ver con el derecho a la vida:
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (nº 1), ya que si bien
fue firmada por nuestro país, es una declaración y no un pacto o convenio, que además no alude a la pena de muerte.
Convención sobre la Prevención y Sanción de Genocidio (nº 2) que si bien fue
ratificada, el carácter masivo que involucra el concepto de genocidio, no tiene
desde el punto de vista jurídico una conexión con la pena de muerte vista ésta
desde una sanción legal, aunque coincidamos en que un genocidio es en
definitiva también una pena de muerte.
Declaración Universal de Derechos Humanos (nº 3), al igual que la nº 1, fue
firmada por Argentina, pero en forma de declaración y tampoco alude a la pena
Internacional de Derechos Económicos y Sociales (nº 4), ratificado por nuestro
país, pero que trata sobre la defensa de los derechos de las madres y de los
hijos menores, el derecho a la salud, la protección de la familia, etc. Es
decir el derecho a la vida desde la óptica de la salud. No tiene conexión con
Convención sobre los Derechos del Niño (nº 7), ya que si bien trata sobre el
derecho a la vida desde la concepción de los niños, no tiene conexión con la
pena capital como sanción legal, a tenor que la misma, tradicional e históricamente no se aplicó a
los efectos de allanar el camino del análisis nos queda entonces para
considerar solamente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(nº 5) de Diciembre de 1966 y la Convención Americana de Derechos Humanos,
Pacto de San José de Costa Rica (nº 6) de Noviembre de 1969.
primero, es decir el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (nº 5)
fue firmado por nuestro país, y luego ratificado por ley nº 23.313 de Agosto de
1986. No obstante deviene necesario puntualizar que este pacto, tuvo dos
protocolos adicionales, a saber: el primer protocolo de fecha 16 de Diciembre
de 1966[15],
es decir en la misma época del Pacto, que fue ratificado directamente el 08 de
Agosto de 1986 sin haberlo firmado
anteriormente como es de estilo nuestro país, el cual no hace alusión a la pena
máxima, y el segundo protocolo opcional del convenio aludido, el cual sí se
refiere taxativamente a la pena de muerte. Este no fue firmado por Argentina[16].
segundo compromiso internacional que nos quedaba, es decir la Convención
Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, del año 1969,
fue firmado por Argentina y ratificado recién en Agosto de 1984, en virtud de
la ley nº 23.054.
Pacto citado precedentemente, por ser el único documento internacional que a
través de su texto originario alude a la pena de muerte, debe ser considerado
minuciosamente a la luz de la investigación que realizamos.
completar el panorama sobre este pacto, debemos incorporar al análisis una ley
promulgada por el Poder Ejecutivo, el 10 de Junio de 2008, bajo el nº 26.379, la cual aprueba el Protocolo a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, relativo a la abolición de la pena de muerte, adoptado en
Asunción, Paraguay, el 8 de Junio de 1990. Su texto dice:
“El Senado y Cámara de
Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso Nacional
ARTICULO 1º — Apruébase el Protocolo a
pena de muerte, adoptado en Asunción —República del Paraguay— el 8 de junio de
1990, en el vigésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la
Organización de los Estados Americanos —OEA—, que consta de CUATRO (4)
artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
26.379 —
EDUARDO A. FELLNER. — JULIO C. C. COBOS. — Enrique Hidalgo. — Juan
El protocolo de 1990 dice: PROTOCOLO A LA CONVENCION
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS RELATIVO A LA ABOLICION DE LA PENA DE MUERTE
Humanos reconoce el derecho a la vida y restringe la aplicación de la pena de
Que toda persona tiene el derecho inalienable a que se le respete
su vida sin que este derecho pueda ser suspendido por nunguna causa;
Que la tendencia en los Estados americanos es favorable a la
Que la aplicación de la pena de muerte produce consecuencias
irreparables que impiden subsanar el error judicial y eliminar toda posibilidad
de enmienda y rehabilitación del procesado;
Que la abolición de la pena de muerte contribuye a asegurar una
protección más efectiva del derecho a la vida;
Que es necesario alcanzar un acuerdo internacional que signifique
un desarrollo progresivo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y
Que Estados Partes en la Convención Americana de Derechos Humanos
han expresado su propósito de comprometerse mediante un acuerdo internacional,
con el fin de consolidar la práctica de la no aplicación de la pena de muerte
dentro del continente americano,
HAN CONVENIDO en suscribir el siguiente:
PROTOCOLO A LA CONVENCION
Los Estados Partes en el presente Protocolo no aplicarán en su
territorio la pena de muerte a ninguna persona sometida a su jurisdicción.
1. No se admitirá ninguna reserva al
presente Protocolo. No obstante, en el momento de la
ratificación o adhesión, los Estados Partes en este instrumento podrán declarar
que se reservan el derecho de aplicar la pena de muerte en tiempo de
guerra conforme al Derecho Internacional por delitos
sumamente graves de carácter militar.
2. El Estado Parte que formule esa reserva deberá comunicar al
Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, en el momento
de la ratificación o la adhesión las disposiciones pertinentes de su
legislación nacional aplicables en tiempo de guerra a la que se refiere el
3. Dicho Estado Parte notificará al Secretario General de la
Organización de los Estados Americanos de todo comienzo o fin de un estado de
guerra aplicable a su territorio.
El presente Protocolo queda abierto a la firma y la ratificación o
adhesión de todo Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos
ratificación de este Protocolo o la adhesión al mismo se efectuará mediante el
depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría General
El presente Protocolo entrará en vigencia, para los Estados que lo
ratifiquen o se adhieran a él, a partir del depósito del correspondiente
instrumento de ratificación o adhesión en la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos (OEA)”.
tratados enumerados en el artículo 75 inc. 22 de nuestra Carta Magna, debemos
tener presente, que de acuerdo a su articulado, y con relación al tema que nos
ocupa y la vigencia del artículo 18, los
mismos “no derogan artículo alguno de la primera parte de ésta Constitución.
Con el fin de mantener un orden metodológico respecto del Pacto de San
José de Costa Rica, volveremos sobre el
particular, una vez que abordemos el instituto de la pena de muerte en el
derecho penal argentino y su evolución desde 1810 hasta la vigencia de la ley
nº 23.077/1984, abrogatoria de la ley nª 21.338/1976 que suprime entonces la pena de muerte de nuestro
Código Penal. En principio este es el status actual.
V) Pena de Muerte en el Derecho Penal Argentino.
Conforme pudimos recabar de fuente inobjetable que iremos citando a lo
largo del desarrollo de este capítulo, la pena de muerte en la época colonial
desde antes de 1810, estaba inserta en las leyes hispano-indias, con una
severidad propia de sus antecedentes históricos que narramos en otra parte de
En efecto, desde 1810 hasta 1853, fecha del nacimiento de nuestra Carta
Magna, con variaciones sobre los distintos delitos que eran objeto de una
sanción de la magnitud de la pena máxima, estaban comprendidos los siguientes
delitos[17]:
( Partidas , 6. 25 y 8, 13 y VII, 8, 8, 10 y 15 y Recopilación VIII, 23, 2 y 3,
robo calificado, delito de lesa majestad,
asonadas y levantamientos tratándose de la 3ª vez (Recopilación VII, 15,
6), alcahuetes en su 3ª vez
(Recopilación VIII, 11,4), defraudación
de rentas reales (Recopilación IX, 8, 1), duelos ( Recopilación, VIII, 8, aut,1), desflorador de monjas ( Partida VII, 19, 2), falsificación de sellos reales y monedas ( Partida VII, 7, 6 y
Recopilación V,21.11 y 67 y VIII 17,3 y 5), incendiarios
(Recopilación III, 12,6), hurto
calificado ( Partida VII, 14, 8), pecador
nefando (Recopilación VIII, 21, 1), resistencia
con armas a la Justicia ( Recopilación VIII, 22.1 a 4), ladrones de ganado ( Partida VII, 14, 7),
quebrantamiento de sepultura /
Partida VII, 9, 12) y traición (Recopilación VIII, 18,2).
Como podrá suponerse, la severidad de la sanción provenía de las leyes
vigentes en aquella época en nuestras tierras, cuyas fuentes además de las que
se refieren a los delitos específicos enunciados en el párrafo precedente, eran[18]
- Leyes de Partida, en la Ley 10, Título 16, Partida VI, Título 23 con sus 20
leyes, Título 8 Partida VII, - Recopilación Castellana, en la Ley 7 Título 23 libro VIII, Ley 12 Título 8,
Part. VII, Ley 6, Título 33, Partida VII, Ley 10, Título 28, Partida VII, Ley
13 Título 24, Libro 8.
- Novísima Recopilación, Leyes 3 y 5, Título XIV, Libro XII.[19]
- Recopilación de Pedro de Angelis que compilaba en cuatro tomos, las leyes y
decretos promulgados en Buenos Aires, desde 1810 a 1858. De uso obligatorio por
la Administración de Justicia en pleno, según lo ordenado por el decreto del
Departamento de Gobierno, dado en Buenos Aires el 18 de Julio de 1839,[20]
Las condiciones a cumplir por parte del condenado, eran tener 17 años
cumplidos, y no se fijaba edad máxima. Los instrumentos de aplicación eran la horca, el garrote y el arcabuceo.
En caso de la mujer encinta, la aplicación de la pena era llevada adelante
luego de que hubiera dado a luz.
El lugar donde se aplicaba la pena era en el lugar del delito, excepto los
La ropa del ajusticiado, pasaba a ser propiedad del verdugo, quien
realizaba la ejecución acompañado por tropas, para evitar resistencias.
Finalmente el cadáver era entregado a los deudos.
No obstante, a partir de 1810, se amplían los delitos y se ratifica la pena
capital, en virtud de la guerra con el exterior y el recrudecimiento de las
luchas internas. Fundamento de ello, son las sucesivas leyes patrias,
reglamentaciones, acuerdos, decretos y bandos oficiales que se emitieron, lo
cual generó una confusa maraña de regulaciones que sumergieron a la aplicación
de la pena, en una confrontación de ideologías, principios filosóficos y
religiosos, como veremos seguidamente.
A modo de ejemplo, citaremos brevemente algunas disposiciones como muestra,
de lo que acontecía sobre el particular, en los convulsivos años que dieron
nacimiento a nuestra nacionalidad y que reflejan lo antedicho, a saber[21]:
- Oficio del 04/07/1810 del Presidente de la Primera Junta, Cornelio de
Saavedra, al Comandante de Su Majestad Británica en el Río de la Plata, proscribiendo los desafíos y los duelos,
bajo el apercibimiento de aplicar la pena capital
- Bando del 31/07/1810, de la Primera Junta Provisional Gubernativa de las
Provincias del Río de la Plata por el
Sr. Don Fernando VII, firmada por M. Belgrano, M. Azcuénaga, M. Alberti, D. Matéu,
J.Larrea, y M.Moreno, decretando la
pena máxima a quienes fomentaran la división contra el nuevo régimen.
- Decreto del 04/10/1811, del Gobierno Ejecutivo de las Provincias del Río
de la Plata a nombre de Don Fernando VII, firmado por F. Chiclana, M. de
Sarratea y J.J Passo, condenando a morir en la horca a quienes cometan robo
simple o calificado, si superaban los
pesos 100. - Decreto del 03/04/1812, emitido por el mismo gobierno citado en el punto
anterior, aplicando la pena de muerte por fusilamiento a las dos horas, a todo corsario o pirata que sea apresado
robando por nuestras costas.
- Reglamento de Justicia emitido el 19/04/1812 por la Comisión de Justicia,
establecida por el mismo gobierno citado en el párrafo anterior, a los efectos
de juzgar rápidamente los casos de robos y asesinatos con la inmediata
ejecución de las sentencias. Debemos aclarar que esta Comisión fue disuelta en
Agosto de 1812, pero el 07/11/1814 el Director Posadas restableció algunos
artículos del Reglamento y su aplicación fue confiada a la Cámara de
- Bando del 05/10/1812 del Gobierno Superior, firmado por Pueyrredón,
Chiclana y Rivadavia, ordenando aplicar la pena máxima a quienes perturben el
orden, promuevan la sedición o el tumulto.
- Decreto de la Asamblea General de 1813, ordenando pasar por las armas a
todo soldado desertor.
- Reglamento Militar del 07/05//1814 ordenando la aplicación de las leyes
penales los oficiales de guerra por arriar la bandera, amotinarse, perder un
buque, agredir a otro oficial y que se insubordine o desobedezca las ordenes
- Decreto del 30/12/1814, firmado por el Director Posadas, ordenando
aplicar la pena de muerte, a los duelistas y padrinos. - Decreto del 28/03/1815, firmado por el Director Alvear, ordenando aplicar
la pena capital a quienes ataquen al gobierno, divulguen noticias falsas,
induzcan a deserciones, seduzcan a los soldados , conspiren y a quienes
sabiéndolo, lo oculten.
- Decreto del 03/08/1816, emitido por el Congreso de Tucumán, en el mismo
sentido que el anterior.
- Acuerdo del Congreso Nacional, firmado el 28 de Junio de 1817,
autorizando al Director Supremo a imponer penas arbitrarias y a aplicar
sumariamente la pena capital por el delito de hurto y aquellos casos que sean determinados por las leyes vigentes.
- Acuerdo del mismo Congreso Nacional, firmado el 04/03/1819 autorizando al
Director Supremo del Estado, para la creación de una Comisión Militar por el
término de seis meses, para aplicar la pena máxima por los delitos de conspiración
y traición, conforme el Reglamento Militar del 07/05/1814.
- Bando emitido el 14/03/1820, firmado por el Gobernador de Buenos Aires,
Manuel de Sarratea, imponiendo la pena capital por fusilamiento más la horca al
instante, a quien cometa los delitos de robo, homicidio, lesiones y perturbar la tranquilidad pública.
Simultáneamente en este año, Pastoret y Bentham publican sus opiniones en
contra de la pena de muerte, excepto para delitos atroces. - Decreto de la Junta de Representantes de la Provincia de Buenos Aires,
emitido el 26/09/1820, ordenando la
expatriación y/o la pena de muerte a quienes perturben la tranquilidad pública.
En el mismo sentido hace pública su posición Filangieri, quien agrega a la pena
máxima, el delito de traición a la patria y Beccaría a su vez, se opone y se
ubica del lado de la abolición[22].
- Decreto de la misma Junta, emitido el 30 de Octubre de 1821, ordenando la
pena de muerte a quien falsifique o altere cualquier billete o moneda. Resulta
importante resaltar que en este año el ministro Rivadavia, oficia a la Cámara
de Apelaciones a los efectos de incluir dentro del plan de reformas de la
Provincia de Buenos Aires, la sanción del Código Penal, que incluía la pena de
muerte, influenciado por Guret Bellemare, jurista francés recién llegado a
estas tierras que, inspirado en la nueva legislación francesa impregnada de
mucho optimismo, propone un cambio radical en nuestro sistema judicial, a
través de un Plan General de
Organización Judicial, que le ofrece al ministro[23].
Resaltamos que este jurista, unos años más tarde cambia de posición y morigera
la aplicación de la pena, según la gravedad de los delitos.
- Decreto del 05/04/1826 firmado por B. Rivadavia, ordenando que se
publiciten en lugares públicos las ejecuciones de las sentencias por delitos
- Decreto emitido el 05/01/1830, firmado por el Gobernador Rosas,
decretando la pena de muerte por fusilamiento, para el caso de abuso de
cuchillos, - Decreto del 20/02/1830, firmado por el Gobernador Rosas, autorizando a su
hermano Gervasio, comisionado del sector sud de la campaña, a aplicar la pena
máxima a los asesinos, ladrones y salteadores de campaña. - Decreto del 31/10/1840, firmado por el Gobernador Rosas, aplicando la
pena de muerte a toda forma de ataque contra personas y propiedades de
Sin perjuicio de la vigencia de estas disposiciones represivas, hubo como
contrapartida y en función de la confrontación apasionada sobre la vigencia de
la pena de muerte en nuestro ordenamiento jurídico primario, una cantidad de
leyes de cuño liberal y reformista, que representaban la influencia de las
nuevas ideas que llegaban a nuestras tierras, sobre todo desde Europa, y que
pugnaban por instalar penas más benignas bajo la inspiración de sentimientos cristianos
y a la luz de nuevas ideologías.
A ello responden entonces las siguientes normativas[24]
que se mezclaban con las enumeradas más arriba y por tanto, mostraban un camino
sinuoso de idas y vueltas en el seno de nuestro ordenamiento jurídico, sobre el
carácter de la sanción penal y fundamentalmente la pena capital. Veamos:
- Decreto de Seguridad Individual del 23/11/1811.
- Reglamento de Institución y Administración de Justicia del 23/01/1812.
- Ley de la Asamblea de 1813, de fecha 21/05/1813, aboliendo la pena
- Reglamento Provisorio del 03/12/1817 que remitió la validez de las
sentencias a que sean fijadas por el texto expreso de la ley y además, instruyó
para no observar penas inhumanas y atroces.
- Auto de la Cámara de Apelaciones del 02/04/1821, ordenando la consulta
previa antes de ejecutar las sentencias de primera instancia que contemplaban
- El Decreto del Director Provisorio Urquiza, del 07/08/1852, proscribiendo
la pena de muerte, por causas políticas. (disposición que pasa al art. 18 de la nueva Constitución
de 1853). A esta altura conviene retener a los efectos de evaluar la respuesta sobre
si la pena de muerte está hoy abolida de nuestro ordenamiento, que a nivel
constitucional, norma superior y suprema de nuestro orden jurídico interno, lo
único abolido es dicha pena por causas políticas solamente.
El resto de las leyes y disposiciones que regían sobre el particular,
vinculadas a los delitos comunes, siguieron rigiendo aún después de la vigencia
constitucional de 1853 y aún luego de la incorporación de la Provincia de
Buenos Aires al conjunto del país en 1860. Prueba de ello, es que con el famoso
juicio a los mazorqueros de Rosas, por delitos de homicidio por deguello, con
carácter de aleve, ocurridos entre 1840/1842 y cuyas penas de muerte fueron ejecutadas el 04/05/1854,
es decir un año después de la vigencia constitucional - y dejando para otra oportunidad considerar si fueron o no
delitos políticos - la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictado cinco fallos en los años 1868,
1872 y 1875, sobre la pena de muerte, decretada en instancias judiciales anteriores
y llegadas a su conocimiento por vía recursiva. En algunos de ellos se remite
en los considerandos respectivos, a la legislación hispana detallada más arriba,
lo cual muestra, en dichos años la
vigencia de aquellas. Así:
- Año 1868: Juan de Dios
Pimentel, por delito de rebelión, hurto calificado y homicidio. El
Procurador Fiscal de la Sección de San Juan, pidió la pena de muerte con
calidad de aleve. El juez de sección de San Juan, J. Benjamín de la Vega, condena a la pena de
muerte al reo, fundándose en la vigencia de la ley de Partidas, Part. VII, L.
18, Tit. 14 , L. 3 Tit. 8 y L.2, Tit. 8 y de la Novísima Recopilación L. 2, 3 y 10 del Tit. 21 Libro 12. La CSJN
confirma el fallo[25],
con las firmas de Francisco de las Carreras, Salvador María del Carril,
Francisco Delgado, José Barros Pazos y José .B. Gorostiaga. - Año 1872: Dusmano Olguín, por
homicidio simple perpetrado en una chalana en las aguas del Río Paraná. El
juez de sección de Buenos Aires, Andrés Ugarriza, condena a 10 años de prisión, por no encontrar pruebas de alevosía
que era castigada con la pena máxima, conforme Ley 3, Tit. 23 Libro 8 de la
Recopilación Castellana. La CSJN confirma el fallo[26]
con las firmas de Salvador María del Carril, Francisco Delgado, José Barros
Pazos y José B. Gorostiaga.
- Año 1872: José Peirano por heridas y homicidio. El Ministerio Fiscal pidió la
pena de muerte. El juez de sección de Buenos Aires, Andrés Ugarriza, condena a
10 años de trabajos forzados, dado que no se puede comprobar la premeditación y
alevosía, no obstante que las Leyes 3 y 4, Tit. 23, Libro 8 de la Recopilación
Castellana, disponen la última pena para el homicidio simple, se aplica la
práctica más benigna de nuestros tribunales, reservando la pena capital para
los casos caracterizados de aleve y perversos.
La CSJN confirma el fallo[27],
no obstante la opinión del Procurador General, quien dijo que merecía todo el
rigor de la ley , “si los tribunales no
excusaran todo lo posible, la pena de muerte” y que “la excepción de la defensa era falsa…” Firman Salvador María del Carril, Francisco
Delgado, José Barros Pazos, José B.
Gorostiaga y J. Domínguez.
Año 1872: Carlos Farías, por delito
de rebelión, homicidio y otros crímenes. Es nombrado como Fiscal Ad Hoc el
Dr. D. Lisandro Castellanos, hermano del asesinado y como defensor del reo a un
cuñado del fiscal. Este último pide la pena de muerte ordinaria. El Procurador
Fiscal de La Rioja, pide la condena de la última pena El juez de sección de La Rioja, Mardoqueo Molina condena al reo a la pena de muerte con
calidad de aleve, fundándose en los arts. 14 y 17 de la Ley Penal del 14 de
Setiembre de 1863 (se refiere a la Ley 49 de Delitos Federales que rigió hasta
1922), para el delito de rebelión y Leyes 1ª, 2ª y 10ª, Tit. 21, Lib. 12 de
Novísima Recopilación Ley. 2ª, tit. 8ª, Part. 7ª, Ley 21, Tit. 16 Part. 3ª
y Ley 28, Tit. 16, Part. 3ª. La CSJN revoca el fallo[28]
y condena a 10 años de prisión, argumentando la anormalidad formal producida en
el trámite de la causa penal, atento a que se omitió la ratificación de los
testigos del Fiscal de Sección y al grado de parentesco entre el Procurador
General y un hermano de la víctima y entre el defensor y el cuñado del
procurador fiscal. Año 1875: Luís Suárez por homicidio. El Procurador General, Francisco Pico,
solicita la pena de muerte por haber cometido el reo, homicidio en calidad de
aleve, en forma voluntaria y en forma deliberada. El juez de sección de
Corrientes, Carlos Luna, reconoce que las leyes 2ª, Tit. 8 Lib. 7 y 2¨ª, Tit.
24 Lib. 12 de la Novísima Recopilación, imponen la pena de muerte a todo el que
comete homicidio injusto, cuya pena está sin embargo reservada en la práctica para
el homicidio cometido con premeditación y/o a traición o aleve, debiendo estas
circunstancias resultar comprobadas independientemente de la voluntad de matar
que puede existir sin que haya premeditación o alevosía. En virtud de ello,
entendió el juez que no se probó la premeditación en este caso, por lo que
condenó al reo a la pena de presidio con trabajos forzados por diez años, en
calidad de homicidio simple. El Procurador General manifiesta en su apelación
que “El Juez de Sección se ha mostrado
demasiado benigno en no aplicar la pena de muerte a un asesino alevoso, que dio
muerte segura, sin riña ni defensa por parte del agredido”.
La CSJN confirma el fallo[29]
del juez de sección por sus fundamentos.
producen estos fallos, es que aún después del nacimiento de nuestra
Constitución Nacional, la pena de muerte por delitos comunes seguía vigente,
sobre la base de las leyes indianas, independientemente de si se ejecutó o no
dicha sanción máxima. Para una mayor comprensión, más abajo detallamos las
normas infraconstitucionales que regían en esos momentos, para tratar de
justificar y complementar la citada
remisión a las leyes anteriores a la precodificación.
manifiesto que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en esa época,
aplicaba dichas leyes en forma constante a tenor de los considerandos
sumariamente citados.
Ahora bien, frente a
ello no cabría otra reflexión en el
sentido que el artículo 18 de la Constitución Nacional, cuando cita como abolición las causas políticas,
se refiere sólo a ellas, quedando residualmente aún después de su vigencia, los
delitos comunes graves y en calidad de aleve, sancionados con la pena capital. Resulta por tanto,
imperioso destacar que el artículo 28 de nuestra Carta Magna, y que le cabe
también al artículo 18, establece taxativamente que “los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores
artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”.
El citado artículo 18,
constituye el asiento de las garantías constitucionales para el ejercicio de
los derechos que ella consagra, sean expresa o implícitamente (art. 33 CN).
principios fundantes la voluntad que tuvieron los primeros constituyentes al
pergeñar el país que quedaron plasmados en nuestro Preámbulo - el cual, no
obstante opiniones adversas - integra la Constitución Nacional, vemos que
aquellos pretendieron dejar vigente la pena de muerte por causas no políticas,
a la luz de omitir su mención en la Carta.
Es decir, expresaron
los fundadores, la voluntad de que dichas penas por causas políticas sean
abolidas expresamente. No así la que nos ocupa.
vemos que en el mismo artículo queda abolida toda especie de tormentos y de azotes, sanción que ya venía “ordenada”
de la Asamblea del año XIII. Lo mismo se puede decir del agregado expreso
respecto de los esclavos, incorporado al artículo 15 de la Constitución.
Comprobamos así, que
cuando el legislador constituyente y fundante de los principìos originarios, quiso abolir alguna pena lo manifestó expresamente. Por otra parte, además
de caer el artículo 18, bajo la órbita
del artículo 28 como dijimos, debe tenerse presente que por mandato del
artículo 30, nuestra Constitución permite su reforma en cualquiera de sus
partes, o en el todo. No obstante en ninguna reforma hasta la última de 1994,
se agregaron los delitos comunes a la abolición, los cuales en nuestra opinión quedaron
en latencia, de la regulación anterior, no obstante que el artículo 24 que es
originario de 1853, manda que el Congreso
promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos. (lo
Podemos adunar al
párrafo anterior, el artículo 33 C.N que suscribe: “Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución,
no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados,
pero que nacen del principìo de la soberanía del pueblo y de la forma
republicana de gobierno”. Respecto de este artículo, la doctrina de 1994,
dijo que se trata de una cláusula pétrea y relativa a los derechos implícitos.
Se impone entonces, aún
osadamente, preguntarse si la supresión de la pena máxima de los códigos
penales que en forma recurrente se implantó en nuestro país, no altera dichos
principios fundantes, por una abolición de hecho a nivel infraconstitucional,
sin la intervención del poder constituyente, Porque estaríamos frente a una
cláusula constitucional implícita, de carácter operativo.
Define normas
operativas distinguido constitucionalista[30]:
“…son las susceptibles de su aplicación y ejercicio inmediato, sin
ninguna norma legal, una ley, un decreto, un convenio, que fije los alcances de
ese ejercicio. La operatividad no significa que no puedan o no deban ser
reglamentadas. Quiere decir que sin norma ulterior a la Constitución, estando
el derecho consagrado en ella, funciona por este solo hecho”.
debe mencionarse que el 14 de Septiembre de 1863, es decir tres años después de
la Constitución Argentina consolidada, se puso en vigencia la ley Nº 49 de
Delitos Federales, que contemplaba la pena máxima. Mientras regía, se “superpuso”
con el Código Tejedor de la Provincia de Buenos Aires desde 1867, que también
la contemplaba para los delitos comunes, y aún luego de 1887, cuando dicho
código se transforma en nacional. Fue suprimida por el Código Moreno en 1922. Es decir en lo que
respecta a la pena capital por delitos comunes, hay abundantes pruebas de su
aplicación, luego de la vigencia de nuestra Constitución, la cual la abolía y
aún lo hace, sólo por causas políticas.
Así nos dice Levaggi[31],
que entre 1859 y 1864, hubieron once condenas ejecutadas de pena de muerte.
También nos revela este
autor, que la discusión discurría entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo,
con relación a si el primero tenía facultades suficientes para conmutar por
privación de la libertad y/o perdonar la
pena aludida,. No para abolir la misma.
Es más, la ley Nº 1144
del 15 de Diciembre de 1881, federaliza la ciudad de Buenos Aires, y el Código
Tejedor se sigue aplicando sin límites hasta 1887, fecha en el que adquiere
carácter nacional, como mencionamos ut supra.
Para apoyar la teoría descrita en el párrafo anterior, y reflejar
el criterio sustentado por nuestro Tribunal Mayor, respecto de la vigencia de
leyes anteriores a nuestra constitucionalidad, y complementando los fallos de
la CSJN, mencionados más arriba, resulta interesante recalar en un fallo de
orden civil, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación[32]
firmado por Roberto E. Chute, Marco Aurelio Risolía, Luis Carlos Cabral y José
F. Bidau, en cuya resolución reconocen la validez de los títulos originarios de
las tierras adquiridas en 1860, por el ascendiente de los actores, Don Patricio
Peralta Ramos, por compra hecha a Don José Coelho de Meyrelles, y cuyos límites
llegaban hasta las mismas costas del mar, en el Partido de General Pueyrredón y
hasta el límite de las mareas más altas. La franja entre el mar y la ruta 11
que une Miramar con Mar del Plata, era reclamada por la Provincia de Buenos
Aires. La Corte en este famoso
fallo, cierto que del fuero civil, luego de analizar los antecedentes,
peritajes y demás pruebas aportadas resuelve que no existen dudas que los
actores detentan el dominio originario conforme a los títulos y posesión ininterrumpida,
aportados por ellos a la causa. Lo importante de este
fallo es que nos recuerda que la Ley Nª 340 que sancionó nuestro Código Civil
el 25 de Septiembre de 1869 y fue promulgada el 29 de Septiembre de 1869, puso
en vigencia este código de fondo a partir del 1º de Enero de 1871. Es decir,
los títulos de dominio y posesorios originarios, en la causa citada, son anteriores a la norma, y toman
fundamental importancia si se tiene en cuenta las regulaciones que sobre la
propiedad de las tierras de dominio público y el tratamiento que prevé para las
costas, son establecidas en la misma. No obstante se reconoce la legislación
anterior, aún con la nueva Constitución vigente.
también aportamos un dictamen de la Escribanía Mayor de Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires[33],
“ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO DE LA
posesión de los oficios, como el de la Escribanía Mayor de Gobierno, Guerra y Hacienda
de la provincia de Buenos Aires, otorgados bajo el imperio de las leyes
coloniales y confirmados por el Poder Administrador en virtud de la facultad
conferida por las disposiciones del título XXII, Libro VIII, de la recopilación
de las Leyes de los Reinos de Indias, constituía un derecho civil transmisible
por herencia durante el régimen de las leyes coloniales y amparado por las
diversas leyes patrias en vigencia hasta la Constitución de 1853”
Las últimas citas precedentes, tienen por fin acreditar, que también en el ámbito de las regulaciones
del Derecho Civil, la legislación
vigente con anterioridad a la Constitución Nacional, en tanto no hayan sido
abrogadas y/o derogadas, mantienen su virtualidad dentro del ordenamiento
jurídico argentino. Pero también
tienen por objeto, poner de relieve que
según lo descrito hasta aquí, siguiendo el mismo criterio, debería aceptarse que la pena de muerte, que se mantiene y se aplica según lo visto,
aún después de la Constitución de 1853/60, sigue aún hoy en esas condiciones.
Es decir, oculta entre los pliegues del derecho sin una derogación taxativa de
la legislación originaria.
Sabemos como lo describiremos más
abajo, que dicha sanción extrema entró y salió de nuestros códigos penales,
sujeta al devenir de los distintos gobiernos que nos tocó vivir en nuestra
historia, tanto constitucionales como de facto, pero entendemos que nunca se abordó el tema a nivel de las reformas
constitucionales que se produjeron hasta la fecha. Pareciera que, como se trata
de un tema conflictivo que provoca pasiones, es preferible dejarlo “dormir” en
los pliegues mencionados. Estamos contestes que esta ha sido y es una decisión política que
acarrea definiciones filosóficas, religiosas y sociológicas como referimos al
principio, por lo cual nos ubicamos estrictamente para su análisis, frente
al plano jurídico respectivo .
En orden de describir el status
actual, diríamos que la pena de muerte se encontraría entonces en estado de
latencia desde el punto de vista constitucional, no abolida o abrogada en
términos constitucionales - aunque sí
de hecho - pero sí abrogada en su sentido literal varias veces a nivel
infraconstitucional, a tenor de las entradas y salidas que tuvo, es decir en los
Códigos Penales respectivos.
Pero además se podría afirmar que a tenor de la constante tendencia
a reducir y/o morigerar los delitos comprendidos por la pena máxima, durante el
periodo preconstitucional que como vimos la CSJN le dio virtualidad, esta
sanción máxima sí ha sufrido varias derogaciones – esto es, supresión
parcial de delitos - sin
perjuicio que otros de extrema gravedad subsistieron y son los que sustentarían el estado de latencia referido
ut supra. Pero, retomemos la cronología de las
normas vigentes antes de la Constitución, para completar el hilo conductor que
venimos trayendo desde el inicio.
Es decir, qué ordenamiento jurídico regía
entre los años 1840 ya referido más arriba cuando comenzamos esta cronología y
el año 1867, fecha en que se puso en vigencia el Código Tejedor que incluía la
pena capital en la Provincia de Buenos Aires y luego, hasta el año 1922 que entra en vigencia el
Código Moreno, el cual la excluye por omisión. La pena de muerte fue admitida por la ley 49 de Delitos Federales, vigente
hasta 1922 - que la deroga el Código Moreno - el proyecto Tejedor de 1881 transformado en Código Penal para la Nación en 1886, la Ley
de Reformas Nº 4189 (22-8-903) y la Ley de Seguridad Social Nº 7029 (30-6-1910), así como
los Proyectos de 1891 y 1906 y el Proyecto de Reformas del Senado de 1933, al
Código Moreno. Por los fallos de nuestra
CSJN, citados más arriba, puede apreciarse la vigencia de la pena capital como
sanción de determinados delitos con carácter de aleve, no sólo en la Provincia
de Buenos Aires, sino también en Corrientes, Jujuy, San Juan y Salta.
En esta última provincia
también se aplicaba la última pena[34],
fundada en las leyes de Partida. Fue así que con motivo de una asonada para
derrocar al gobernador de ese entonces Coronel José Antonino Fernández Cornejo,
en 1824, son apresadas la madre de Martín Miguel de Guemes, Magdalena Goyechea,
su hermana Macacha y el marido de ésta Ramón Tejada, los hermanos del General
Guemes, los Velarde y otros.
A raíz de ello, el Poder
Ejecutivo salteño, sanciona una ley que reproducimos: “Los autores de toda sedición o motín, los
cómplices y aún los sabedores del tumulto si oportunamente ni lo descubriesen,
sin distinción, clase, sexo ni privilegio, serán juzgados militarmente con
arreglo a la ordenanza y castigados con la pena irremisible ordinaria de
muerte, que está en los artículos 26 y siguientes, títulos 10, Trat. 8 que
prescribe en consonancia con las LL. 1 y 2 del Tit. 2 Part. 7…” En el periodo comprendido entre 1831 y 1840
continuó vigente la pena de muerte en la Provincia de Salta, que se aplicó
sobre todo en los delitos graves de abigeato, homicidio o crímenes políticos. A modo de ilustración
podemos citar una comunicación enviada desde Jujuy por José María Fascio, al
Gobernador de Salta diciendo:
“En el día de hoy, a las 3 de la tarde, fue
fusilado en esta Plaza, el reo Luís López, sentenciado a muerte por el consejo
y aprobación de esa superior en decreto del 3 del corriente, por los delitos
continuos de abigeato”.
También en 1855 se continuó castigando con la misma pena, a tenor de un
documento firmado por el Escribano Público de Número, Miguel José de Sandoval
“Doy fe que a las 11 de la mañana de este día ha
sido pasado por las armas el reo Fernando Vera, y actualmente se halla su
cadáver en el campo de la Cruz, lugar de su ejecución, todo de conformidad por
lo ordenado por el Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Criminal”.
El Abril de 1855, el
Gobernador salteño envió a la Junta de Representantes un proyecto de ley para
conmutar la pena de muerte por las de presidio y obras públicas. Este proyecto
pasó a la Comisión de Legislación y recién se concretó cuatro meses después.
Así el 23 de Agosto de 1855, la Representación Provincial, presidida por José
María Todd, acordó:
“Art. 1º: Por ahora y hasta que se promulgue
la Constitución Provincial autorízase al Poder Ejecutivo para conmutar la pena
de muerte impuesta por sentencia pronunciada en última instancia a los reos de
homicidio Art. 2ª: No podrán ser comprendidos en dicha
conmutación los asesinos, los homicidas alevosos, los reincidentes y, en
general, los demás criminales a quienes las leyes condenan a pena de muerte”.
Nótese que aún en 1855, dos años después de la vigencia de la Constitución,
seguían rigiendo también las leyes de
Resulta oportuno destacar,
que a mérito del reducido espacio que nos otorga la investigación para un
seminario, que en nuestro caso sintetiza un trabajo que es más amplio, han
quedado en su seno, cuestiones que tienen que ver con la encendida discusión
del tema, entre los años 1830 a 1886.
Así hemos omitido:
de Vélez Sarsfield sobre el tema.
- La polémica entre Guret
Bellemare y Adolfo Alsina.
- El silencio de Juan
B. Alberdi sobre el particular.
- Los condenas a los mazorqueros de Rosas y a Clorinda
Sarracán de Fiorini y su cómplice (luego de 12 años de presidio, a la espera
que se dirima la discusión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo,
sobre las facultades del primero para conmutar y/o perdonar) y la ejecución de
Camila O Gorman.
- La suspensión de la
pena de muerte a la mujer, se encuentre ella encinta o no.
- Los conflictos entre
el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo sobre la facultad que tiene el
primero de conmutar la pena, por presidio, conforme la Constitución Nacional
(hoy artículo 99 inc. 5ª sólo para delitos sujetos a jurisdicción federal).
- Las numerosas tesis
doctorales a favor y en contra de la pena capital, presentadas en la Universidad de Buenos Aires, por quienes luego
serían destacadas figuras políticas yo jurídicas de la época. La tendencia opuesta a la aplicación de la pena máxima, se visualiza con su
eliminación, en el Proyecto de reformas
del Código Penal de 1917 y las razones
fueron, la falta de derecho de matar al semejante, la irreparabilidad del mal,
la necesidad de que el condenado viva para reparar el perjuicio causado a la
víctima y a la familia, la imposibilidad de un diagnóstico de incorregibilidad absoluta del
autor en cuya virtud puede afirmarse que sea necesario matar, las contadísimas
ocasiones en que se aplicó la pena de muerte establecida en el Código de 1886 y
finalmente, la tendencia abolicionista de la legislación comparada
El código penal de 1922 de Rodolfo
Moreno, no receptó la pena de muerte;
lo hizo, en cambio, un proyecto legislativo del Poder Ejecutivo de 1932 en el
que incluía el reestablecimiento de la pena de muerte por ejecución en silla
eléctrica. Esto había sido derogado con el Código de 1921. Esta idea no fue
aprobada por la Cámara de Diputados y sí por el Senado: no fue ley. Se mantuvo la pena en el articulo 11 de la Ley de Espionaje y Sabotaje Nº 13.985
(11-10-1950), derogada por la ley Nº 16.648 (30-10-1964). La restableció la ley
Nº 18701 (2-6-1970) y la mantuvo la ley Nº 18953 (17-3-1971), que derogó la
anterior. La ley Nº 18.953 la conminó, en forma alternativa con la reclusión
perpetua, para el latrocinio (art. 80 inc 7) y otros homicidios calificados
(art. 80bis), para determinados atentados contra la libertad personal
(art. 142), la asociación ilicita (art. 210 ter) el atentado del art 225 ter y
el uso de medios identificatorios del art. 247 ter, 2ª y 3ª parte. Se trataba de un sistema de defensa frente al auge del delito y como
refuerzo, aparentemente ineficaz, de la incapacidad de las fuerzas policiales,
de seguridad y militares. La ley Nº 20509/1973 privó de eficacia
a esas disposiciones, pero luego la ley Nº 21.338/1976 restauró la vigencia de la pena de muerte
para muchos delitos. Finalmente la ley Nº 23077/1984 eliminó del Código Penal la pena de muerte.
Obsérvese sin embargo, que como venimos sosteniendo, siempre
osciló su vigencia dentro del ámbito del Código Penal. VI) pena de muerte y la iglesia católica.
Santo Tomás de Aquino, en su máxima obra[35],
sostiene que "todo poder correctivo
y sancionario proviene de Dios, quien lo delega a la sociedad de hombres; por
lo cual el poder público está facultado como representante divino, para imponer
defender la salud de la sociedad. De la misma manera que es conveniente y
lícito amputar un miembro putrefacto para salvar la salud del resto del cuerpo,
de la misma manera lo es también eliminar al criminal pervertido mediante la
pena de muerte para salvar al resto de la sociedad".
Es importante conocer que aún en el Catecismo de la Iglesia Católica la
pena de muerte es permitida como compensación de los desordenes introducidos
por las faltas, y que es de mucha ayuda para poder discernir posteriormente la
idea de un tiranicidio.
“La preservación del bien común de la sociedad
exige colocar al agresor en estado de no poder causar perjuicio. Por este
motivo la enseñanza tradicional de la Iglesia ha reconocido el justo fundamento
del derecho y deber de la legitima autoridad publica para aplicar penas
proporcionadas a la gravedad del delito, sin excluir, en casos de extrema
gravedad, el recurso a la pena de muerte...”[36].
No obstante, acompañando los tiempos de morigeración sobre la pena capital,
católica, cuyo texto
parecía expresar un apoyo limitado a la aplicación de la pena de muerte.
Tras manifestaciones generales de preocupación tanto de sectores católicos
como no católicos, en marzo de 1995 el papa publicó una encíclica en la que se
expresaban mayores reservas respecto a la aplicación de la pena de muerte,
aunque tampoco en este caso se excluía totalmente su uso.
que se reforzaban las reservas de la iglesia respecto a la aplicación de la pena
de muerte. La versión de 1992 afirmaba que no debía excluirse la pena capital
si constituía la única forma de defender adecuadamente la vida de las personas
ante un agresor injusto, pero que las autoridades debían limitarse a utilizar
medios no sangrientos en caso de que ellos bastaran para proteger y defender a
La nueva versión va más lejos al añadir que, dado que hoy en día el Estado
dispone de medios para reprimir eficazmente la delincuencia
neutralizando a la persona que ha delinquido sin privarla definitivamente de la
posibilidad de redimirse, los casos de absoluta necesidad de supresión de los
culpables son en la actualidad excepcionales, si no prácticamente inexistentes.
Esta declaración aparece en el párrafo
2267 de la edición latina definitiva del catecismo.
Como venimos delineando más arriba, esta pena ora vituperada, ora aprobada
por las encendidas pasiones que despierta, entró y salió reiteradamente de los
códigos penales, pero no quedó claro hasta ahora el vacío que marca la
abolición del art. 18 de la Constitución Nacional, respecto sólo de las causas
políticas, lo cual deja por lo menos en estado de flotación o latencia la
aplicación de la pena para los delitos comunes graves y con carácter de aleve,
a nivel constitucional. Salvo que tal como se verifica en las citas a lo largo
de este trabajo, se le otorgue virtualidad a las leyes anteriores no abrogadas
- en sentido literal - sobre el particular, y sobre lo cual entendemos que
resultaría jurídicamente viable. Dejamos en claro que nos enrolamos
en la tesis que sostiene - tal lo afirmado al inicio - que una ley debe ser
abrogada por otra ley, y por tanto el desuso no le da virtualidad de
abrogación. Por otra parte, debe considerarse que la permanente derogación (parcial)
de los delitos comprendidos en la pena, al principio de nuestra codificación, y
aún las continuas agregaciones y eliminaciones de nuestros códigos penales, ya
en épocas más avanzadas posteriores a
la vigencia constitucional, da certeza que recurrentemente se vuelve a su
tratamiento jurídico. Es decir, a nuestro juicio es un tema no terminado desde
lo jurídico, dentro del ámbito constitucional.
Hoy parece haberse caído en un círculo diabólico de
incertidumbres: periodistas no especializados escriben sobre lo que no conocen
y los políticos deciden sobre lo que tampoco conocen, en miras a obtener el
favor de los primeros. El intercambio entre los que no saben solo potencia el
Lastimosamente, entre los que no saben, quedamos
atrapados todos los habitantes. Es función propia del segmento académico, en
esta emergencia, mostrar la magnitud de lo que se ignora.
Queda así planteado el tema, a los efectos de tenerlo presente a la hora de
la permanente alusión de los comunicadores sociales y del pueblo en general, en
el sentido que la pena de muerte se encuentre abolida definitivamente de
nuestro ordenamiento jurídico. Lo está de hecho y no de derecho.
Por otro lado a tenor de lo que afirmamos, como lo entendemos nosotros, se
plantearía consecuentemente la cuestión a nivel de cómo quedamos posicionados frente
a los tratados internacionales. En este sentido, como relatamos y reproducimos más arriba, el único tratado
que debemos considerar para este tema en particular, es el Pacto de San José de
En efecto, si el planteo es correcto como creemos, habría bases para pensar
que los artículos 2º y 3º del Pacto, reproducidos ut supra, no serían aplicables a nuestro país, ya que a la firma del mismo, la pena capital se encontraba
vigente en términos constitucionales, es decir conforme a derecho, sin
perjuicio de que no permanecía en el Código Penal. Y por tanto, tampoco lo
sería el protocolo firmado el 08 de Junio de 1990 y ratificado por la ley
26.379, que también reproducimos.
La cuestión de las retroactividades o irretroactividades que se pudieran
plantear por las firmas y/o ratificaciones que nuestro país hizo en el seno de
esta Convención, es materia de otro análisis, pero que no altera la sustancia
de lo que aquí se plantea.
Finalmente, permítasenos decir que
el objeto de esta investigación, ha sido poner a consideración el estado de la
pena extrema, los antecedentes históricos sobre la materia y tratar de
dilucidar su status jurídico hasta el día de hoy. Notas
[1] Investigación realizada para el Seminario de Historia del
Derecho, del Doctorado en Derecho y
Ciencias Sociales, Universidad del Museo Social Argentino, UMSA. Marzo 2009.
[2] Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales, Manuel Ossorio, 2ª
Edición, Edit. Heliasta.
[3] Diccionario Santillana, 2ª Edición, 2007.
[4] Ob.cit Diccionario Ossorio.
[5] CSJN, fallos T 330. P. 4936
[6] CSJN, fallos T 330. P. 304
[7] Mt. 21.33, Mc. 12.1, Lc. 20, Biblia Latinoamericana, Ediciones
Paulinas, XXIII Edición.
[8] Mt. 22.1 ob.cit.
[9] Enciclopedia Jurídica
Omeba, Tomo XXI, Editorial Bibliografía Omeba.
[10] Biblia, ob.cit. pag. 39
[11] CARAMES FERRO, José M, “Curso de Derecho Romano”, 10ª edición,
Editorial Perrot, 1976, p.112..
[12] Enciclopedia Jurídica
Omeba, Tomo XXI, Editorial Bibliografía Ameba [13] http://www.un.org/spanish/documents/ga/res/26/ares26.htm [14] http://www.un.org/spanish/documents/ga/res/26/ares26.htm [15] www://untreaty.un.org/simple/EnglishInternetBible/partI/chapter
IV/treaty 6.asp [16] www://untreaty.un.org/simple/EnglishInternetBible/partI/chapter
IV/treaty 17.asp [17] LEVAGGI, Abelardo, artículo “La pena de muerte en el derecho
argentino precodificado”, publicado en la Revista del Instituto de Historia del
Derecho Ricardo Levene, nro. 23, año 1972, pag. 28 y sig. [18] LEVAGGI, ob. cit. Pag.
[19] Según Bando oficial del 04 de Octubre de 1811.
[20] LAPLAZA, Francisco P. “El proceso histórico de la Codificación
Penal Argentina, Revista del Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene,
1975, Pag. 73.
[21] LEVAGGI, ob.cit. Pags. 30 a 37.
[22] LEVAGGI, ob. cit. Pag. 23
y 26. [23] LEVAGGI, ob. cit. Pag. 23
y 26 [24] LEVAGGI, ob. cit. Pag.
38. [25] CSJN, Fallos Tº 5: Pag. 297 del 1º de Febrero de 1868
[26] CSJN, Fallos Tª 12 Pag. 318 del 12 de Octubre de 1872.
[27] CSJN, Fallos Tª 12 Pag. 367 del 31 de Octubre de 1872
[28] CSJN, Fallos Tº 12, Pag. 494 del 05 de Diciembre de 1872.
[29] CSJN, Fallos Tª 16 Pag. 241 del 29 de Julio de 1875.
[30] DALMAZZO, Omar Antonio, “Manual de Derecho Constitucional” Edit.
Presidencia de la Nación, Secretaría de Cultura, Instituto Nacional Browniano,
Pag.405. Año 1998.
[31] LEVAGGI, ob.cit. Pag. 76.
[32] CSJN, Fallos, Tª 276 Pag. 277 del 24 de Abril de 1970, autos:
“María Gertrudis Carboni de Peralta Ramos y otros c/ Provincia de Buenos Aires,
s/ Reivindicación de Tierras”.
[33] Tº 105, Pag. 261, “Basavilbaso, Rufino y Juan José c/ Prov. de
Buenos Aires, 1906.
[34] Boletín del Instituto San Felipe y Santiago de Estudios
Históricos de Salta, Nº 43, año 1998, Pag. 54/60.
[35] La Summa teológica" ,parte II, cap. 2, párrafo 64 [36] Santo
Tomás de Aquino (1225-1274). Ediciones Rialp. Madrid, 1974 (p. 256, 257) VOLVER