Source: http://www.atan.org/urbanismo/pg/peticionep.htm
Timestamp: 2017-08-23 15:30:23
Document Index: 85963280

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 8', 'artículo 92', 'artículo 6', 'artículo 6', 'ARTÍCULO 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'ARTÍCULO 6', 'artículo 31']

En relación con la oposición a la construcción del pretendido Puerto Industrial de Granadilla y dentro de la estrategia emprendida por esta Asociación, bien conjuntamente con otros colectivos ecologistas de la isla, especialmente con la Plataforma en defensa del Sur y contra el Puerto de Granadilla, o bien directamente, ATAN ha procedido a formular una petición al Parlamento Europeo con el fin de acreditar ante esa Institución las continuas y graves irregularidades e incumplimientos de la normativa europea, española y autonómica, cometidos en la tramitación de ese expediente.
Esta petición viene justificada por la necesidad de hacer llegar toda la información, especialmente la ocultada o no tenida en cuenta por los responsables españoles, al mayor número de responsables comunitarios y representantes de los ciudadanos europeos con el fin de que valoren en todos sus términos las importantes consecuencias de este impresentable proyecto, que además pretenden sea financiado con fondos europeos.
En esta petición, en la que se aporta numerosa información se solicita al Parlamento que realice un control sobre la Comisión Europea en lo que se refiere a la tramitación de las quejas presentadas por distintos colectivos ecologistas, como La Plataforma del Sur, TEA, Ben Magec, Greenpeace. WWF Adena, o ATAN, así como las miles enviadas a título individual de ciudadanos de toda Europa en apoyo a estos colectivos, a la vista del trato dispensado en la reciente visita de miembros de la Plataforma y profesores universitarios a Europa, por responsables de los Servicios Jurídicos de la Comisión. También se pide al Parlamento su oposición a que este proyecto sea financiado con fondos europeos.
PRIMERO.- Por parte de esta Asociación así como de otros colectivos sociales y miles de ciudadanos a título individual de la isla de Tenerife se han interpuesto denuncias ante la Comisión de las Comunidades Europeas por incumplimiento del Derecho Comunitario contra el proyecto denominado "Nuevo Puerto en el litoral del polígono industrial de Granadilla. Fase I", promovido por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife (Ente Público Puertos del Estado, Ministerio de Fomento), ante las diversas y graves irregularidades en las que incurre el proyecto y la afección que supondría su ejecución a hábitats y especies protegidas.
Asimismo, debe resaltarse el hecho de que se pretende que el proyecto en cuestión sea financiado en su mayor parte (el 70 %) con Fondos Europeos para el Desarrollo Regional (FEDER). A la vista de ello, se ha solicitado la no financiación con fondos públicos europeos de proyectos, como el propuesto, que atentan de forma tan brutal e injustificada contra el medio ambiente. A continuación, se detallan las principales irregularidades del referido proyecto.
SEGUNDO.- Incumplimiento de la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, y la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público y en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente.
En virtud de Resolución de 5 de febrero de 2003 de la Secretaría General de Medio Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente se emitió una Declaración de Impacto Ambiental favorable al proyecto "Nuevo Puerto en el litoral del polígono industrial de Granadilla. Fase I". Este proyecto incumple la normativa comunitaria sobre evaluación de impacto ambiental. En concreto, cabe destacar los siguientes aspectos:
a)Falta de identificación y evaluación de los efectos medioambientales del proyecto. Art. 3 de la Directiva 97/11/CE.
b)Vulneración del art. 5.3 de la Directiva 97/11/CE: descripción parcial y fraccionamiento del proyecto, falta de medidas paliativas y compensatorias y falta de presentación de alternativas.
c)Vulneración del art. 6 de la Directiva 97/11/CE: las autoridades interesadas en el Proyecto, en razón de sus específicas responsabilidades medioambientales, no han tenido la oportunidad de expresar su opinión sobre el mismo, ya que la información suministrada por el promotor no ha cumplido los requisitos enumerados en art. 5 de dicha Directiva.
d)Vulneración del art. 8 de la Directiva 97/11/CE: ni los resultados de las consultas ni la información recogida ha sido tomada en consideración en el procedimiento de autorización de desarrollo del proyecto.
A.Falta de identificación y evaluación de los efectos medioambientales del proyecto. Art. 3 de la Directiva 97/11/CE.
De conformidad con el art. 3 mencionado: "La evaluación de impacto ambiental identificará, describirá y evaluará de forma apropiada, en función de cada caso particular y de conformidad con los artículos 4 a 11, los efectos directos e indirectos de un proyecto en los siguientes factores:
- el ser humano, la fauna y la flora
- el suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje
- los bienes materiales y el patrimonio cultural
- la interacción entre los factores mencionados en los guiones primero, segundo y tercero".
Al respecto, se hace notar que la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife no ha identificado, ni descrito, ni evaluado los efectos del proyecto "Nuevo Puerto en el litoral del polígono industrial de Granadilla. Fase I", ni en la Memoria Resumen del proyecto ni en el Proyecto mismo, ni el Estudio de Impacto Ambiental. Así queda acreditado en los informes que se citan en la presente petición y que constan en la Comisión Europea:
1.Informe de 16 de abril de 1998 del Instituto de Oceanografía del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre el estudio de impacto ambiental del proyecto. En él se puntualiza que el "proyecto del Estudio de Impacto Ambiental debería contemplar como mínimo los siguientes aspectos comunes para este tipo de obras: una evaluación de las estructuras de las comunidades bentónicas (especies y abundancia) que se verán afectados por las obras; una evaluación del efecto de la turbidez que se produciría; influencia de la dinámica litoral: variabilidad del oleaje y corriente costera".
2.Informe de 17 de diciembre de 1998 de la Dirección General de Recursos Pesqueros de la Secretaría General de Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto del nuevo puerto industrial de Granadilla. En el mismo sentido que el anterior, en este informe se concluye que "este Proyecto de Estudio, por realizarse en zona próxima a los Espacios Naturales del Monumento Natural de Montaña Pelada y Reserva Natural Especial de Montaña Roja, incluidos en la Red de Espacios Naturales Protegidos, debería contemplar, como mínimo: una evaluación del efecto de la turbidez que se produciría; la influencia de la dinámica litoral: variabilidad del oleaje y corriente costera".
3.Informe de 21 de mayo de 1998 de la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. La carencia de identificación, descripción y evaluación de los efectos medioambientales del proyecto también queda recogida en este informe, en el cual se afirma que "1. Deberían definirse y describirse, literal y cartográficamente, los distintos enclaves ecológicos, hábitats y elementos naturales singulares, así como las especies de la fauna y la flora, acuática y terrestre, presentes en el área de influencia del Proyecto, así como sus posibles afecciones, tanto antes del comienzo de las obras, como mientras se realizan y durante la explotación de la misma. Además, deberían inventariarse y especificarse detalladamente aquellas especies, presentes en la zona, de carácter endémico, raras y/o en peligro de extinción. La cartografía en cuestión debería reflejar, al menos, los siguientes aspectos: situación actual de los individuos, densidad de población estimada, grado de dispersión, valoración de su calidad… 7. Estudiar, para la fase de construcción, la afección a la flora y a la fauna, como consecuencia de las emisiones de polvo y la contaminación por ruido". Por lo tanto, de los puntos precedentes se desprende que falta identificar y evaluar los efectos sobre el agua, la fauna y la flora.
Tampoco se han evaluado los efectos sobre las zonas turísticas. Así queda recogido en los puntos 6 y 13 del Informe de la Viceconsejería de Medio Ambiente: "6. Teniendo en cuenta que el Puerto se instalaría en un área próxima a una de las zonas de expansión de la zona turístico-residencial de El Médano, se haría necesario evaluar el posible impacto que los ruidos de la actividad portuaria podrían ocasionar sobre la misma… 13. Dada la convergencia de usos que se dan en el área de intervención, y en particular el relativo a la zona de El Médano como destino turístico-residencial y lúdico deportivo (alguno de ellos con carácter internacional), sería imprescindible evaluar el impacto socio-económico que la instalación del Puerto podría ocasionar sobre los mismos y su compatibilidad".
Asimismo, tampoco se han identificado ni descrito las interacciones del Proyecto con otras actividades preexistentes, tal y como se pone de manifiesto en los puntos 10 y 14 del Informe al que se está aludiendo: "10. De otro lado, y teniendo presente que en el área de intervención está en funcionamiento la central Térmica de Granadilla, se debería analizar y valorar en el E.I.A. los posibles efectos sinérgicos que podrían generarse por la incidencia espacial y temporal del funcionamiento de ambas actividades… 14. Asimismo, y dada la existencia de una macro infraestructura portuaria en la isla de Tenerife, el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, se debería valorar el impacto socio-económico que el desarrollo de este nuevo Puerto provocará sobre las actividades empresariales y de uso del puerto capitalino y las actividades comerciales y profesionales inducidas por él".
Igualmente, ha de subrayarse que en el Informe de la Viceconsejería de Medio Ambiente se concluye, respecto al Estudio de Impacto Ambiental, lo siguiente: "12. En consonancia con lo anteriormente expuesto, y para la correcta evaluación de las alteraciones que, presumiblemente, se producirán (alteración de las condiciones hidrodinámicas existentes, modificación de los fondos, efecto barrera sobre el tránsito sedimentario, etc.), sería necesario una valoración en profundidad del oleaje, corrientes y mareas, y la predicción de su variación de acuerdo con las distintas alternativas del proyecto".
Posteriormente, tras la aportación de documentación complementaria por el promotor, la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias elaboró un segundo informe (28 de febrero de 2000), el cuál, según la Secretaría General de Medio Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente, sirvió de impulso para la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental en sentido favorable. No obstante, incluso en ese segundo informe, se insiste en la necesidad de que se amplíen los estudios de dinámica litoral, se analice la situación de las playas y su viabilidad, se determinen los efectos del proyecto sobre el LIC "Sebadales del Sur de Tenerife", se conozcan las fuentes de las que van a obtenerse los materiales, etc.
4.Informe de 23 de marzo de 1998 de la Dirección General de Costas de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas del Ministerio de Medio Ambiente y el Informe de 26 de enero de 2000 de la Subdirección General de Actuaciones en la Costa sobre la Memoria Resumen del proyecto de nuevo puerto de Granadilla. En ambos informes se insiste en la falta de identificación y evaluación de los efectos del proyecto del nuevo Puerto en el medio ambiente.
Así, en el Informe de 23 de marzo de 1998 se señala que "tras analizar dicha memoria resumen, esta Dirección General, considera que es deficiente en los aspectos relacionados con los procesos de dinámica litoral de sedimentos y en los aspectos relacionados directamente con el paisaje, biotopos y medio ambiente en general. Concretamente: a) La memoria resumen no hace ninguna valoración del impacto que supone sobre el paisaje la implantación de unas instalaciones portuarias de estas dimensiones, no tiene en cuenta que la pérdida de las condiciones naturales de un tramo de costa para quedar completamente artificializada es una pérdida que hay que considerar en la evaluación económica del proyecto. Dado que el paisaje y las características naturales de un entorno son valores de difícil cuantificación en unidades monetarias, los promotores de infraestructuras siempre tienden a infravalorarlos. Es responsabilidad de los órganos gestores de ese patrimonio…, el darles la valoración adecuada, teniendo en cuenta su escasez, su gran demanda y la irreversibilidad de las actuaciones propuestas, por lo que pedimos que se nos envíe el estudio económico completo, que incluya estos costes medioambientales, una vez realizado, para su enjuiciamiento".
Además, en el informe citado, al llamar la atención sobre la falta de identificación y evaluación de los efectos del proyecto sobre los elementos naturales, se subraya el hecho de no haberse valorado el efecto de la desaparición de las playas: "c) Este proyecto supondrá la desaparición de un largo tramo de playa por pura y simple ocupación de la misma para construir muelles. Los costes de la desaparición de esta playa también han de ser contabilizados en el balance del proyecto. La valoración de estas playas tampoco ha sido incluida en la memoria resumen y esa valoración hay que hacerla teniendo en cuenta la escasez de este tipo de formaciones en la isla de Tenerife y la repercusión sobre el turismo de su desaparición".
Por otra parte, en el Informe de 26 de enero de 2000 de la Subdirección General de Actuaciones en la Costa se resalta el hecho de que se reconoce que habrá variaciones: "cuatro playas serán ocupadas por el puerto planteado y por tanto desaparecerán"… "al sur del puerto se predice cierto impacto sobre las playas y la orilla"… "la Playa de la Jaquita se reorientará … se reducirá en anchura en la mitad sur"… "la Playa del Médano se reorientará … se reducirá en anchura en la mitad sur"… "la Playa de la Tejita se verá … mitigada, la aportación de arena".
Ahora bien, aunque se reconocen estas variaciones, no se identifican ni evalúan los efectos del proyecto, ya que faltan las batimetrías. Así se destaca en el informe al que estamos aludiendo: "El llamado "Estudio de la Dinámica Litoral del Puerto de Granadilla" carece de las batimetrías de detalle de todas las playas afectadas, por lo que no es posible emitir un juicio sobre la posibilidad de alcanzar una nueva planta de equilibrio una vez producido el basculamiento provocado por el nuevo puerto. Puede ocurrir que no sea posible una nueva situación de equilibrio de las playas por falta de apoyos laterales a la nueva planta o por falta de apoyo al nuevo perfil de la playa. Si eso ocurriera, las playas afectadas simplemente desaparecerán, pero un juicio sobre esto sólo puede emitirse con la información de los planos de detalle de las batimetrías".
Es importante destacar que las referidas batimetrías faltaban en marzo de 1998 (cuando informa la Dirección General de Costas de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas del Ministerio de Medio Ambiente), seguían faltando en enero de 2000 (mes en el que emite su informe la Subdirección General de Actuaciones en la Costa) e, incluso no se habían realizado aún en febrero de 2003 (fecha en la que se emite la Declaración de Impacto Ambiental favorable), tal y como queda reflejado en la propia Declaración de Impacto. En ella, al hacer alusión al Programa de Vigilancia Ambiental (página 7778, punto 7), se señala lo siguiente: "Estabilidad de las playas. Se llevarán a cabo los perfiles batimétricos estacionales que se detallan en el estudio Propuesta de plan de seguimiento para la restauración de la línea de costa de las playas de La Jaquita y El Médano después de la construcción del puerto de Granadilla".
Precisamente y en relación con lo dicho anteriormente, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de fecha jueves 19 de febrero de 2004, es decir prácticamente un año después de la Resolución de 5 de febrero de 2003 de la Secretaría General de Medio Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente por la que se emitió la Declaración de Impacto Ambiental favorable al proyecto, se publica la Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se acuerda la adjudicación de la "Asistencia Técnica para la Redacción del Estudio Bionómico Lugar de Interés Comunitario Sebadales del Sur de Tenerife"; hecho este que debió suceder durante la redacción del Estudio de Impacto Ambiental, junto con el resto de la documentación exigida por la normativa comunitaria, para su evaluación por el órgano ambiental e inclusión en la Declaración de Impacto Ambiental.
B.Vulneración del art. 5.3 de la Directiva 97/11/CE: descripción parcial y fraccionamiento del proyecto, falta de medidas paliativas y compensatorias y falta de presentación de alternativas.
De conformidad con el citado art. 5.3: "La información a proporcionar por el promotor de conformidad con el apartado 1 contendrá, al menos:
- una descripción del proyecto que incluya información sobre su emplazamiento, diseño y tamaño
- un resumen no técnico de la información mencionada en los guiones anteriores".
Al respecto, se hace notar que la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife no ha proporcionado la información a la que se alude en el artículo citado, ni siquiera después de haberle sido reclamada. Entre las diversas carencias detectadas en el proyecto, destacan las siguientes:
1.Descripción parcial y fraccionamiento del proyecto. Realmente, tras estudiar la documentación presentada por el promotor, se concluye que sólo se está evaluando una parte, la Fase I, de un proyecto más amplio y complejo. En apoyo de esta afirmación cabe traer a colación tanto el Informe de 21 de mayo de 1998 de la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias más arriba mencionado como la propia Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto "Nuevo puerto en el litoral del polígono industrial de Granadilla, Fase I", formulada en virtud de Resolución de 5 de febrero de 2003 de la Secretaría General de Medio Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente.
Informe de la Viceconsejería de Medio Ambiente.
"9. Igualmente, y en el caso de que el Puerto que se proyecta pueda dar cabida a la recepción, almacenamiento y/o tránsito de mercancías tóxicas y/o peligrosas, se deberían detallar las sustancias que potencialmente podrían operar en el Puerto, las características de las infraestructuras que se necesitarán y las medidas de protección que se asumirán para desarrollar estas actividades.
15. También, se debería analizar el nivel de dotaciones de infraestructuras de la zona, con el objetivo de que el desarrollo de la nueva instalación portuaria no produzca un decremento del nivel de la calidad de los servicios preexistentes. Especialmente sería importante considerar las conexiones viarias entre el futuro Puerto y la autopista TF1".
Declaración de Impacto Ambiental. En el Anexo II, Descripción del proyecto (páginas 7779 y 7780), se dice:
"La estrategia seguida para el diseño del nuevo puerto de Granadilla, situado en la costa sudeste de la isla de Tenerife, en el término municipal de Granadilla de Abona, parte de considerar una previsible configuración máxima de todo el ámbito portuario imaginable en el arco comprendido entre la punta del Tanque del Vidrio al sur y la desembocadura del Barranco del Río al norte, contemplando las dársenas divididas por un dique central que arranca desde la central eléctrica existente en la punta del Camello, y que permite especializar los ámbitos portuarios. Al sur el puerto comercial e industrial y al norte la dársena de productos contaminantes, graneles e industria pesada, coherente con las instalaciones industriales existentes en el Polígono. El proyecto que ahora se plantea: Nuevo puerto en el litoral del polígono industrial de Granadilla, Fase I, es la fase inicial de la idea que se acaba de explicar, y pretende, junto con el puerto de Santa Cruz absorber las previsiones de tráficos, como mínimo hasta el año 2023.
Básicamente, la configuración del nuevo puerto de Granadilla, en la fase objeto de esta declaración, es la de una dársena con la bocana abierta al suroeste. Las actuaciones principales para su ejecución son, en esencia, las siguientes:
En esta primera fase, la explanada portuaria creada dispondrá de unas 73 hectáreas para usos portuarios, lógicamente se trata de la zona aneja al muelle de ribera, y de unas 50 hectáreas para Zona de Actividades Logísticas (ZAL), que en su mayor parte procederán de las explanaciones realizadas".
En relación con el fraccionamiento de este proyecto, ha de subrayarse que no es la primera vez que ocurre un hecho de estas características, sino que, lamentablemente, se trata de una actuación generalizada en las Autoridades Portuarias españolas. Tanto es así, que la asociación WWF/Adena ha denunciado en tres ocasiones ante la Dirección General XI de la Comisión de las Comunidades Europeas el fraccionamiento de proyectos de ampliación de puertos de interés general:
Puerto de Ferrol. Queja nº 2001/4282, SG (2001) A/3868, la cual pasó a ser 2001/4029 "Ampliación del Puerto de Ferrol - San Ciprián", interpuesta el 7 de marzo de 2001 contra la Declaración de Impacto Ambiental de 23 de noviembre de 2000. A esta queja se añadió el proyecto de las infraestructuras necesarias para su funcionamiento, denominado "Acceso terrestre a la ampliación del puerto de Ferrol en cambio Prioriño (A Coruña)", elaborado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. Este documento fue aportado por WWF/Adena a la Comisión con fecha 14 de noviembre de 2002.
Puerto de Barcelona. Queja nº 2000/4811, SG (2000) A/11097, "Delta de Llobregat, Puerto de Barcelona", interpuesta el 24 de julio de 2000.
Puerto de Sevilla. Queja nº 2001/5260, SG (2001) A/13260, de 20 de noviembre de 2001.
La propia Comisión de las Comunidades Europeas ha destacado el peligro que supone para el medio ambiente el fraccionamiento de proyectos. Así lo ha hecho constar expresamente en el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación y eficacia de la Directiva relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (Directiva 85/337/CEE en su versión modificada por la Directiva 97/11/CE). En este informe, se analizan qué avances han realizado los Estados miembros en la aplicación de la Directiva. Y, lo que es más importante, lo ha incorporado en la reciente reforma de la Directiva de Impacto por la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de mayo de 2003, en virtud de la cual se establecen medidas para la participación del público y en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente.
2.Con relación al emplazamiento del Proyecto, se sabe que éste afecta a espacios protegidos, pero no los efectos que produce sobre los mismos. Así lo reflejan los informes del Instituto de Oceanografía del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la Dirección General de Recursos Pesqueros de la Secretaría General de Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, más arriba citados:
Informe del Instituto de Oceanografía:
"Al sur y a escasa distancia del futuro puerto se encuentra el Monumento Natural de Montaña Pelada y algo más alejada la Reserva Natural Especial de Montaña Roja, incluidos ambos en la Red de Espacios Naturales Protegidos y con carácter de áreas de sensibilidad ecológica, a efectos de la Ley 11/1990 de Prevención de Impacto Ecológico.
Dichos Espacios Naturales podrían verse afectados durante la fase de construcción del puerto, ya que la inestabilidad producida por la alteración de los substratos blandos y por los aportes de áridos, se traducirá en procesos de transporte de materiales en suspensión. Asimismo, es importante conocer el efecto de las obras..."
Informe de la Dirección General de Recursos Pesqueros:
"... este Proyecto de Estudio, por realizarse en zona próxima a los Espacios Naturales del Monumento Natural de Montaña Pelada y Reserva Natural Especial de Montaña Roja, incluidos en la Red de Espacios Naturales Protegidos, debería contemplar, como mínimo...".
3. Falta de medidas paliativas y compensatorias. La previsión de medidas para evitar las afecciones que producirá el proyecto también es deficitaria, tal y como queda reflejado en el Informe 21 de mayo de 1998 de la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias más arriba mencionado, en el cual se señala lo siguiente:
"2. …Entendiéndose que la afección paisajística puede ser muy significativa, se deberán realizar propuestas concretas para paliar los efectos negativos sobre el paisaje.
4. Se debería estudiar un sistema adecuado que evite problemas de contaminación por las aguas residuales que se generen en las obras civiles necesarias durante la ejecución de las obras. Igualmente, y desde que el Puerto comience su funcionamiento como tal, deberían existir las instalaciones pertinentes para la recepción de aguas residuales y residuos procedentes de los buques que operen en el mismo, al objeto de incorporarlas a los sistemas generales terrestres de eliminación.
8. Igualmente, sería necesario definir el sistema de gestión de los diferentes residuos que se generen, tanto durante la fase de construcción del puerto, como de la fase operativa".
Ahora bien, por escrito de fecha 8 de febrero de 2001, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, requiere de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, la obtención de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias la conformidad en el sentido de que las obras previstas en el proyecto Nuevo Puerto de Granadilla no causarán perjuicio a la integridad del Lugar de Interés Comunitario "Sebadales del Sur de Tenerife" o, en el caso de que dicho perjuicio exista, que las medidas correctoras y compensatorias establecidas son las adecuadas para garantizar lo previsto en el artículo 6.4 del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (trasposición de la Directiva 92/43/CEE).
La propia Viceconsejería, olvidando sus planteamientos críticos iniciales, elabora para dar cumplimiento a este requerimiento elabora (se remiten a su vez a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea) una serie de medidas compensatorias. Sin embargo, estas medidas no es que sean deficitarias, son inviables. Así queda reflejado en el Informe de 11 de marzo de 2003 emitido por la Universidad de La Laguna (Tenerife), en el que participaron Catedráticos y Profesores Titulares de las especialidades de Botánica, Oceanografía Biológica y Botánica Marina, en el cual, a propósito de la medida de protección de los sebadales consistente en "la replantación de una superficie equivalente al doble de la superficie de sebadal que pudiera resultar afectada" (Declaración de Impacto Ambiental: página 7777, primera columna, punto 2), se dice textualmente:
"a.- Nadie sabe si puede prosperar la siembra o el trasplante de esta especie puesto que no se ha hecho ninguna experiencia prevista en tal sentido, y sin embargo la Administración se aventura a proponerla como medida correctora. Se conocen muy pocas experiencias de trasplante de Cymodocea nodosa, todas ellas en el Mediterráneo, en zonas, por lo tanto, de condiciones muy distintas a las de Canarias (Meinesz at al. 1993; Pranovi et al, 2000; Neinesz, 1978,1980; Cinelli, 1980).
En los trabajos sobre repoblación de fanerógamas consultados se desaconsejan los trasplantes en zonas en donde no existieran antes fanerógamas".
4.Falta de estudio de alternativas. Al respecto, en primer lugar, ha de traerse a colación el Informe de 21 de mayo de 1998 de la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, en el cual se subraya lo siguiente:
"2. Teniendo en cuenta las singularidades del paisaje en el área de intervención prevista, el proyecto compartiría límite con el Monumento Natural de Montaña Pelada, y tendría como escenario de fondo una Reserva Natural Especial (Montaña Roja), se deberían estudiar, cuidadosamente, las diferentes alternativas que se planteen, considerando estas singularidades y su importancia panorámica.
11. Al objeto de realizar una correcta evaluación del Proyecto que se propone y sus consecuencias ambientales, se debería evaluar adecuadamente cada una de las posibles alternativas que se propongan, incluida la alternativa "0", es decir la no ejecución".
En segundo lugar, cabe destacar, por su expresividad, el Informe de la Subdirección de Conservación de la Biodiversidad de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, Ministerio de Medio Ambiente, en relación al proyecto titulado "NUEVO PUERTO DE GRANADILLA. SANTA CRUZ DE TENERIFE (CANARIAS), con referencia PUC 01-98". En él se señala que:
"La ubicación del puerto debe revisarse a la luz del significado sobre los diversos elementos de flora y fauna asociadas a la zona. La parte más meridional del mismo se asienta sobre territorio señalado expresamente como Lugar de Importancia Comunitaria (ES7020116), lo que obliga a reflexionar sobre las ampliaciones que la obra pudiera generar.
El tamaño de los muelles, con 187 has. ganadas al mar parece sobredimensionado. No se ha encontrado una razón que justifique esta superficie a no ser el destino final como puerto comercial de la isla. En todo caso este destino choca frontalmente, al menos en este primer estudio, con la necesidad, ya comentada, de adecuar el tráfico naval.
Nuestra sugerencia es que se replantee en primer lugar la forma y dimensión del puerto, y se evalúe con mayor detalle la ubicación de estas poblaciones a fín de garantizar la compatibilidad. En todo caso podrían arbitrarse diferentes alternativas constructivas que puedan estudiarse a la luz de estos datos, alternativas que no se han planteado en la memoria-resumen".
La sugerencia que realiza la Subdirección de Conservación de la Biodiversidad en este informe respecto a la conveniencia de que se estudien alternativas queda recogida en la propia Declaración de Impacto Ambiental (página 7779, primera columna, segundo párrafo): " La Dirección General de Conservación de la Naturaleza señala que la parte sur de el proyecto se asienta sobre el territorio propuesto como Lugar de Importancia Comunitaria (ES7020116), pudiendo afectar a formaciones de Euphorbiaceas.
Asimismo, indica la localización de algunos individuos de Caretta caretta, tortuga listada como de "interés especial" en el anexo II del Real Decreto 439/1990, y la existencia de praderas de Cymodocea nodosa. Por todo ello, sugiere que se estudien alternativas de ubicación…".
En la misma línea, la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, en un segundo Informe, ya citado, que emite con fecha 28 de febrero de 2000, vuelve a destacar la falta de alternativas del proyecto: "El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) expone una serie de alternativas (cuatro) en las que examina los posibles diseños del puerto, pero en ningún momento discute y compara con otras alternativas de ubicación, que de hecho existen a lo largo de este litoral de la isla, y de esta forma evitar la afección a una zona especialmente sensible del litoral tinerfeño".
Por otra parte, también ha de llamarse la atención sobre el hecho de que, dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental, el promotor (la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife) remitió a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, entre el 16 y el 22 de mayo de 2000, varios documentos al objeto de ampliar y complementar la información que ya obraba en ese Organismo y, en su caso, aclarar ciertos aspectos ambientales. Entre los documentos remitidos figuraba un "Estudio preliminar de Costes de las Obras de Nueva Dársena Norte en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife", que analiza la viabilidad de una nueva Dársena en la zona Norte de dicho puerto. La Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias contestó a la Autoridad Portuaria que esta alternativa, "dadas sus características, parece que resulta difícilmente viable técnica y económicamente (el Estudio preliminar no ha evaluado las ambientales), al tratarse de una solución extrema". Ahora bien, no debe pasarse por alto que este documento fue presentado con fecha posterior al 19 de enero de 2000, fecha en la cual, tal y como queda recogido en la Declaración de Impacto Ambiental (página 7776, primera columna, penúltimo párrafo), el proyecto básico denominado "Nuevo puerto en el litoral del polígono industrial de Granadilla. Fase I" y el estudio de impacto ambiental fueron sometidos a información pública. De todo ello se desprende que la presunta alternativa estudiada no fue analizada teniendo en cuenta los efectos medioambientales y, además, no fue sometida al trámite de información pública.
Cabe concluir este apartado recordando que la normativa comunitaria sobre evaluación de impacto ambiental exige que el Estudio de Impacto Ambiental analice desde el punto de vista ambiental tanto si la infraestructura es necesaria como si el proyecto elegido es la mejor alternativa. Al respecto, ha de ponerse de manifiesto lo siguiente:
a) La necesidad de la infraestructura no está acreditada. Así se señala en el informe de expertos, emitido con fecha 16 de octubre de 2001, "Algunas consideraciones sobre el estudio de mercado del Puerto de Granadilla", elaborado por el economista Francisco Javier Molina, técnico de la empresa pública GESPLÁN, S.A., en el que se dice: "Por lo tanto y como conclusión final podemos afirmar que del análisis que hemos realizado del estudio de mercado no se desprende que existan razones imperiosas de interés público desde el punto de vista económico para la construcción del Puerto de Granadilla. Por el contrario, las razones esgrimidas son puramente especulativas y con vistas a captar cuota de mercado en el volátil tráfico marítimo de mercancías". En consecuencia, ha faltado un estudio de la alternativa cero, el cual es imprescindible porque la necesidad del puerto no ha sido probada. No existe una demanda en el tráfico marítimo que justifique la construcción de un nuevo puerto. Realmente, el proyecto responde más bien a intereses políticos y especulativos que no se concilian con las exigencias ambientales y sociales, las cuáles resultan atropelladas.
b) En cuanto a si el proyecto elegido es la mejor alternativa, tal y como ya ha sido señalado y acreditado con los informes a los que se ha aludido más arriba, no se han presentado alternativas de ubicación. Sólo se han examinado posibles diseños del puerto, pero, en ningún momento, se han discutido y comparado con otras alternativas de ubicación del proyecto. Y, aún más, la única presunta alternativa estudiada no llegó a examinarse desde el punto de vista ambiental y ni siquiera fue sometida a información pública.
C. Vulneración del art. 6 de la Directiva 97/11/CE. De conformidad con este artículo:
"1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que las autoridades que puedan estar interesadas en el proyecto, en razón de sus específicas responsabilidades medioambientales, tengan la oportunidad de expresar su opinión sobre la información suministrada por el promotor y sobre la solicitud de autorización de desarrollo del proyecto. A tal fin, los Estados miembros designarán las autoridades que deban ser consultadas, con carácter general o para casos concretos. Estas autoridades recibirán la información recogida en virtud del artículo 5. Los acuerdos detallados para la consulta serán establecidos por los Estados miembros".
Pues bien, las autoridades interesadas en el Proyecto, en razón de sus específicas responsabilidades medioambientales, no han tenido la oportunidad de expresar su opinión sobre el mismo, ya que la información suministrada por el promotor no ha cumplido los requisitos enumerados en art. 5 de dicha Directiva, como ya sido señalado en los apartados precedentes. Así se aprecia en la documentación aportada, ya comentada. De esta manera, se ha desvirtuado el contenido de las respuestas emitidas por estas autoridades.
D.Vulneración del artículo 8 de la Directiva 97/11/CE.
El artículo citado establece que "Los resultados de las consultas y la información recogida en virtud de los artículos 5, 6 y 7 deberán tomarse en consideración en el procedimiento de autorización de desarrollo del proyecto". Este articulo también ha sido infringido. En primer lugar, cabe afirmar que los resultados de las consultas no han sido tomados en consideración, ya que las consultas fueron emitidas por las autoridades competentes tras el análisis de una información incompleta, puesto que el promotor de la obra no cumplió con las exigencias del art. 5 y omitió información indispensable sobre el impacto ambiental, como ya ha sido acreditado en los apartados anteriores. Incluso, como también ya ha sido señalado, la presunta y única alternativa al proyecto (estudio preliminar de coste de las obras de nueva dársena norte en el puerto de Santa Cruz de Tenerife) no fue sometida al trámite de información pública.
En segundo lugar, también debe hacerse hincapié en el hecho de que la información recogida tampoco ha sido tomada en consideración en el procedimiento de autorización de desarrollo del proyecto y no ha sido puesta a disposición del público. A continuación, se traen a colación algunos informes que avalan esta afirmación:
a) Informe de 23 de marzo de 1998 de la Dirección General de Costas de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas del Ministerio de Medio Ambiente. En él se subraya que en la memoria resumen no se han tenido en cuenta ni el artículo 92 ni el 93 del Reglamento de la Ley de Costas. El art. 92 especifica los estudios previos necesarios y el art. 93 establece la necesidad de crear una superficie de playa equivalente a la pérdida como consecuencia de la actuación portuaria. Posteriormente, a este informe la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Secretaría General de Medio Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente responde el 31 de marzo de 1998 que "como se desconoce si los terrenos afectados por los proyectos corresponden al dominio público marítimo-terrestre, o bien son zonas de servicio portuario, la consideración queda para una fase posterior" .
b) Informe de 27 de enero de 2000 de la Dirección General de Costas de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas del Ministerio de Medio Ambiente. En este informe, la Dirección General de Costas vuelve a comunicar sus objeciones, una vez considerado el estudio de impacto ambiental:
"Los daños directos e indirectos que el citado puerto originaría en varias playas del sureste de la isla de Tenerife revisten una importancia extraordinaria, afectando a muchos kilómetros de costa bien conservada, eminentemente turística, que genera los principales ingresos de la isla y además con relevante valor medioambiental tanto desde el punto de vista paisajístico como de recursos naturales bióticos, siendo de destacar su cualificación como una de las zonas más importantes del mundo en paso y estancia de cetáceos.
Esta Dirección General muestra una vez más su oposición total a la realización de dicho proyecto por las pérdidas irrecuperables que produciría en los recursos naturales del sureste de Tenerife, incluidas sus escasas playas, con perjuicios incalculables para la economía de la isla".
Esta información ha sido eludida en el resumen de la información pública que figura en el Anexo IV de la Declaración de Impacto Ambiental (páginas 7783-7784) y, lo que es más grave, no sólo ha sido ignorada sino que, incluso, se ha tergiversado. Así, tal y como se puede leer en el citado Anexo IV, la Secretaría General de Medio Ambiente, tras recibir los informes de Costas a los que se ha hecho referencia más arriba, deduce que: "La Dirección General de Costas considera que el estudio de dinámica litoral está correctamente enfocado y que los posibles impactos sobre el transporte de sedimentos se han descrito adecuadamente, desde el punto de vista cualitativo" (página 7783).
c) En la misma línea, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Secretaría General de Medio Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente, con fecha 9 de febrero de 2001, remite un escrito al promotor en el que se indica que "…debe obtener de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias la conformidad en el sentido de que las obras previstas en el proyecto Nuevo Puerto de Granadilla no causarán perjuicio a la integridad del Lugar de Interés Comunitario…" . El 3 de julio de 2001, el promotor dirige esta petición a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. Al respecto, la Viceconsejería de Medio Ambiente, en un informe elaborado por el Servicio de Biodiversidad, remitido al promotor con fecha 30 de octubre de 2001, contesta lo siguiente: "…se concluye que la ejecución del proyecto, tanto durante las fases de construcción como durante la de funcionamiento, ocasionará graves e irreversibles efectos sobre la integridad del LIC nº 7020116…", y añade, "desde este Servicio de Biodiversidad SE INFORMA DESFAVORABLEMENTE…". Pues bien, esta información tampoco ha sido tomada en consideración y también ha sido obviada en el resumen de la información pública que figura en el Anexo IV de la Declaración de Impacto Ambiental ( páginas 7783-7784).
Resulta paradójico que, siendo la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Secretaría General de Medio Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente quien solicita al promotor que debe obtener la conformidad de la Viceconsejería de Medio Ambiente de Gobierno de Canarias, cuando esta Viceconsejería emite como respuesta un informe desfavorable, luego la misma Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental ignora su propia solicitud.
d) Informe de la Subdirección de Conservación de la Biodiversidad de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, Ministerio de Medio Ambiente. En este informe se sugiere que "se replantee en primer lugar la forma y dimensión del puerto, y se evalúe con mayor detalle la ubicación de estas poblaciones a fin de garantizar la compatibilidad".
Por último, ha de tenerse en cuenta que la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto "Nuevo Puerto en el litoral del polígono industrial de Granadilla. Fase I", no sólo no ha tenido en cuenta la opinión de las autoridades con específicas responsabilidades medioambientales, sino que también ha obviado la opinión de la población afectada. Como prueba de ello, basta leer el resultado de las consultas contenido en los anexos I y IV de la Declaración de Impacto Ambiental. En definitiva, no se ha tenido en cuenta la opinión de una población que va a perder cuatro playas, va a ver reducidas dos y afectada una tercera, en la zona sur de la Isla, la más turística, y, todo ello, sin medidas de compensación. No cabe afirmar que, al tratarse de playas de guijarros, carecen de importancia, pues en ellas es frecuente el deporte de windsurf y surf, para lo cual lo que importa es la calidad de las olas y vientos y no el tipo de playa. Lo mismo cabe decir en cuanto a la actividad de observación de cetáceos.
e) Finalmente, debe hacerse notar que la Memoria resumen data de 4 de febrero de 1998 y la Declaración de Impacto de 5 de febrero de 2003, y que el transcurso de este periodo de cinco años invalida algunos aspectos del mismo. Así fue apreciado por la propia Comisión en el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación y eficacia de la Directiva relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (Directiva 85/337/CEE en su versión modificada por la Directiva 97/11/CE), en el cual se subraya que algunos países han marcado plazo de caducidad a las declaraciones de impacto e insta a los demás Estados miembros a que controlen este factor, que indudablemente influye en el medio ambiente.
TERCERO.- Incumplimiento de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, modificada por la Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997. El proyecto "Nuevo Puerto en el litoral del polígono industrial de Granadilla. Fase I" vulnera de forma flagrante el artículo 6 de la Directiva citada por atentar gravemente contra la zona LIC ES 7020116 "Sebadales del Sur de Tenerife", tanto en sus características naturales, como en los objetivos de conservación de los hábitats y especies que alberga, los cuáles motivaron su designación. Además, ello supone un atentado contra la propia coherencia de la Red Natura 2000.
2.- Los Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para evitar, en las zonas especiales de conservación, el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies, así como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de las zonas, en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos de la presente Directiva.
3.- Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado 4, las autoridades nacionales competentes sólo se declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión, y si procede tras haberlo sometido a información pública. …."
La primera cuestión que debe traerse a colación es la discusión que se ha mantenido en torno al hecho de si el Proyecto está en zona LIC (como se sostiene en algunos Informes) o no, tal y como se afirma en la Declaración de Impacto Ambiental favorable al Proyecto (página 7776). Al respecto, han de realizarse las siguientes consideraciones:
1.Se ha producido un desplazamiento de la propuesta española de zona LIC, como ya ocurrió con el Puerto de Ferrol, denunciado por la asociación ecologista WWF/Adena. De modo que, si bien a la fecha de la Memoria resumen del Proyecto, febrero de 1998, una gran parte del muelle sur y los dos brazos finales del dique exterior se ubicaban dentro del LIC ES 7020116 "Sebadales del sur de Tenerife", a la fecha de la Declaración, 5 de febrero de 2003, se había modificado la zona propuesta para la Red Natura 2000, y al respecto el Ministerio de Medio Ambiente afirma que "el nuevo puerto se sitúa fuera del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) ES7020116 "Sebadales del Sur de Tenerife" (Declaración de Impacto Ambiental: página 7776). Por el contrario, el único documento que ha tenido acceso a la participación ciudadana, elaborado por el Gobierno de Canarias en septiembre de 1997, clasificaba los Sebadales del Sur como LIC con una superficie de 2.544 ha.; sin embargo, la Decisión de la Comisión, de 28 de diciembre de 2001, por la que se aprueba la lista de lugares de importancia comunitaria con respecto a la región biogeográfica macaronésica, en aplicación de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, recoge ese LIC pero ahora con una superficie sensiblemente inferior, 2.342 ha., nada menos que 202 ha. menos, precisamente que coinciden con la zona del litoral afectada directamente por el puerto industrial de Granadilla.
2.En cualquier caso, la discusión que se mantiene entre las diversas Administraciones implicadas no es relevante, pues, según el párrafo tercero del artículo 6 citado, para que haya afección a una zona LIC NO es necesario que el Proyecto ocupe físicamente una zona protegida, es suficiente con que la afecte de forma apreciable.
3.Para la adecuada comprensión de la afirmación precedente basta acudir al documento elaborado por la Comisión, titulado DOCUMENTO DE LA COMISION, ABRIL DE 2000, "GESTION DE ESPACIOS NATURA 2000. DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 6 DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE SOBRE HABITATS", en el cual se definen, entre otros aspectos, dos conceptos básicos: "afección" y "efecto apreciable".
A. AFECCIÓN que produce el proyecto "Nuevo Puerto en el litoral del polígono industrial de Granadilla. Fase I"en el LIC ES 7020116 "Sebadales del sur de Tenerife". Este proyecto implica una afección, no contemplada, a zona LIC ES 7020116 "Sebadales del sur de Tenerife" y a los hábitats y especies que alberga, afección que puede calificarse de cierta, negativa y grave, y que supone un incumplimiento de la Directiva 92/43/CEE.
Según el Documento de la Comisión citado "El procedimiento de los apartados 3 y 4 del artículo 6 se activa no por la certeza sino por la probabilidad de que un espacio protegido pueda verse afectado de forma apreciable por planes y proyectos realizados en su interior y también fuera de sus límites". Es decir, que al evaluar los efectos de un proyecto cercano a una zona LIC hay que estudiar si ejerce una presión externa que le afecte de forma apreciable, porque el efecto negativo puede causarlo tanto un proyecto situado dentro como uno situado fuera.
Pues bien, el Estudio de Impacto Ambiental objeto de este Proyecto no ha tenido en cuenta la presión que ejerce sobre los hábitats y especies presentes en la zona un puerto con las características del que se pretende construir. La contaminación marítima indudablemente, "no con probabilidad", llevará a la regresión y empobrecimiento del hábitat de sebadales. Y, el tráfico de graneleros y petroleros producirá numerosos accidentes debido a la frecuente presencia de cetáceos en la zona. Ambos efectos no se recogen en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto y fueron denunciados por las administraciones consultadas. Así, por ejemplo, cabe citar el Informe del Instituto Español de Oceanografía o el informe de la Subdirección de Conservación de la Biodiversidad de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, en el que se señala lo siguiente:
"La coincidente ubicación de muelle y diques meridionales con el LIC tiene lugar en el extremo de este último. Cabe la posibilidad de que el efecto borde disminuya el grado de afecciones potenciales, pero esto solo puede valorarse adecuadamente in situ, determinando con más precisión tanto el área de ocupación de las especies citadas como el límite de las obras proyectadas.
La máxima vulnerabilidad para estas poblaciones las constituyen:
- Construcciones portuarias
- Fondeo de embarcaciones
- Dragados
- Extracción de arenas
- Construcción de playas artificiales
Al respecto, ha de subrayarse que todas las afecciones referidas se producirán con ocasión de la ejecución del Proyecto.
Por otra parte, también ha de llamarse la atención sobre el hecho de que la afirmación contenida en la Declaración de Impacto Ambiental relativa a que "la actuación propuesta no perjudica la integridad" del LIC ES7020116 "Sebadales del Sur de Tenerife" (página 7776) es absolutamente falsa, tal y como puede constatarse en numerosos informes, los cuáles recogen el perjuicio que se causará a la integridad del lugar. A continuación, se citan algunos de ellos:
1. Informe de 28 de febrero de 2000 de la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. En este informe se sostiene que las afecciones al LIC ES7020116 son muy intensas.
2. Informe de 13 de septiembre de 2001, elaborado por el Catedrático de Botánica, la Catedrática de Biología Vegetal y la Profesora Titular de Biología Vegetal del Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de La Laguna, en el que se valora la posible afección sobre el LIC ES7020116 por la construcción del nuevo Puerto de Granadilla. Se afirma que los costes medioambientales, especialmente sobre el LIC ES7020116, derivados de la construcción del Puerto y su puesta en funcionamiento, serán elevados, y podrían desencadenar una serie de efectos de difícil cuantificación tanto en el LIC como en la biota marina de sustratos rocosos.
3. Informe de 4 de octubre de 2001, presentado por el Catedrático de Oceanografía Biológica de la Universidad de La Laguna (Tenerife) sobre la posible afección del LIC ES7020116 por la construcción del Puerto de Granadilla. Se concluye que la construcción de dicho puerto producirá una extraordinaria transformación en el área.
4. Informe emitido por el Profesor Titular de Ecología de la Universidad de Murcia, sobre el impacto ambiental producido por la construcción del "Puerto industrial de Granadilla". Se insiste en que el proyecto perjudicará notablemente la integridad del LIC ES 7020116 "Sebadales del sur de Tenerife".
5. Informe presentado por el Profesor Titular de Zoología de la Facultad de Biología de la Universidad de La Laguna (Tenerife), sobre la repercusión sobre la biota litoral (LIC ES7020116) en caso de llevarse a cabo las obras del puerto industrial de Granadilla. En este informe se hace hincapié nuevamente en el gravísimo deterioro que sufrirá la zona.
6. Dictamen Ambiental emitido por el asesor ambiental Tomás Cruz Simo, a petición de la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. En el Dictamen, Tomás Cruz también resalta que el puerto provocará una degrad	ación notable sobre los sebadales incluidos en el LIC ES7020116.
Todos estos informes permiten concluir que el proyecto "Nuevo Puerto en el litoral del polígono industrial de Granadilla. Fase I" afecta al LIC ES 7020116, y que dicha afección causará un grave perjuicio a la integridad del lugar. Sin embargo, en la Declaración de Impacto Ambiental, tal y como ya se apuntó más arriba, se puede leer que "la actuación propuesta no perjudica la integridad" del LIC ES7020116 "Sebadales del Sur de Tenerife" (página 7776). Ahora bien, a pesar de ello, se prevén medidas compensatorias, las cuáles, de conformidad con el artículo 6.4 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, sólo están previstas para los supuestos de proyectos con repercusiones negativas sobre los lugares de interés comunitario. Así, de conformidad con el artículo citado:
"4. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica, el Estado miembro tomará cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida Dicho Estado miembro informará a la Comisión de las medidas compensatorias que haya adoptado".
A la vista de ello, cabe poner de manifiesto la contradicción en la que se incurre en la Declaración de Impacto Ambiental: por un lado, se sostiene que la actuación propuesta no perjudica la integridad del LIC ES 7020116, y, por otro, se establecen medidas compensatorias en previsión de posibles efectos. Unas medidas que, en base al artículo citado, sólo se toman cuando las conclusiones de las evaluaciones de las repercusiones de un proyecto sobre un lugar de interés comunitario son negativas y, aún así, "a falta de soluciones alternativas", el proyecto debe realizarse "por imperiosas razones de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica".
Al respecto, nuevamente se hace hincapié en el hecho de que la falta de soluciones alternativas es debida a la falta de presentación de las mismas, como ya fue expuesto más arriba. Por lo que al interés público del proyecto se refiere, debe tenerse en cuenta que el Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el día 6 de mayo de 2002, acordó solicitar la consideración de dicho proyecto de interés público de primer orden, "por imperiosas razones de índole social y económica". No obstante, en realidad, tal declaración se basó en intereses comerciales. En este sentido, conviene traer a colación, por segunda vez, el informe de expertos, emitido con fecha 16 de octubre de 2001, "Algunas consideraciones sobre el estudio de mercado del Puerto de Granadilla", elaborado por el economista Francisco Javier Molina, técnico de GESPLÁN, S.A., en el que se dice: "Por lo tanto y como conclusión final podemos afirmar que del análisis que hemos realizado del estudio de mercado no se desprende que existan razones imperiosas de interés público desde el punto de vista económico para la construcción del Puerto de Granadilla. Por el contrario, las razones esgrimidas son puramente especulativas y con vistas a captar cuota de mercado en el volátil tráfico marítimo de mercancías". Por último, en cuanto a los intereses comerciales, se hace notar que, incluso el propio Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, ha señalado que "los intereses comerciales no pueden prevalecer sobre los medioambientales" (caso Lappel Bank).
Finalmente, vuelve a subrayarse que las medidas compensatorias previstas, tal y como ya ha sido expuesto, son inviables o, en el mejor de los casos, insuficientes. Así queda plasmado en el Informe de 21 de mayo de 1998 de la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias y en el Informe de 11 de marzo de 2003 emitido por la Universidad de La Laguna (Tenerife), en el que participaron Catedráticos y Profesores Titulares de las especialidades de Botánica, Oceanografía Biológica y Botánica Marina, en el que se señala lo siguiente:
"Las medidas compensatorias propuestas son o bien inviables o, en el mejor de los casos, suponen una compensación teórica muy difícil de demostrar y no fundamentada en conocimientos existentes".
B. EFECTO APRECIABLE que produce el proyecto "Nuevo Puerto en el litoral del polígono industrial de Granadilla. Fase I"en el LIC ES 7020116 "Sebadales del sur de Tenerife".
En el documento elaborado por la Comisión al que se ha aludido anteriormente (DOCUMENTO DE LA COMISION, ABRIL DE 2000, "GESTION DE ESPACIOS NATURA 2000. DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 6 DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE SOBRE HABITATS") se señala que: "Para determinar si un efecto es apreciable deben tenerse en cuenta las características específicas y las condiciones medioambientales del espacio protegido afectado por el plan o proyecto, así como muy especialmente sus objetivos de conservación".
Pues bien, las características del LIC ES 7020116 "Sebadales del sur de Tenerife" son las siguientes:
a) Aguas transparentes muy oxigenadas, con presencia de hábitats del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE: el nº: 1110 (Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda) y el nº 8330, (Cueva submarina - situada en la Punta de las Cuevas del Trigo), así como especies del Anexo II: Piña de mar (Atractilys preauxiana), Ophioglossum polyphyllum, Phocoena phocoena, Thursius truncatus ...
Con respecto a estos últimos (Thursius truncatus), hay que subrayar que el lugar de ubicación del Proyecto es una zona de paso y reproducción de cetáceos. La presencia de los mismos se recoge en numerosa legislación interna española.
Así, por ejemplo, el Decreto 178/2000, de 6 de septiembre, sobre actividades de observación de cetáceos, "incluye algunas de las especies de cetáceos más frecuentes en aguas canarias, como el calderón tropical, la yubarta y la población canaria del delfín mular, amenazadas por el estado deterioro del litoral, por la incidencia del ecoturismo de cetáceos y las interacciones con pesquerías, han sido incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, de fecha 9 de junio de1999" (Preámbulo del Decreto 178/2000).
En la actualidad, son frecuentes los avistamientos de cetáceos desde los Ferry de transporte de viajeros y no hay año sin algún percance de embestida de alguna de estas especies del Anexo II de la Directiva 92/43/CEE.
b) Paisaje natural. En la zona donde se pretende ejecutar el proyecto se encuentran playas bien conservadas cercanas a dos espacios naturales protegidos: el Monumento Natural de Montaña Pelada y, algo más alejada, la Reserva Natural Especial de Montaña Roja, incluidos ambos en la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos. Además, estos espacios son Áreas de Sensibilidad Ecológica, a efectos de la Ley Territorial 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico (Ley de la Comunidad Autónoma de Canarias). De conformidad con lo dispuesto en el art. 23 de la mencionada Ley, "Son Áreas de Sensibilidad Ecológica aquellas que por sus valores naturales, culturales o paisajísticos intrínsecos, o por la fragilidad de los equilibrios ecológicos existentes o que de ellas dependan, son sensibles a la acción de factores de deterioro o susceptibles de sufrir ruptura en su equilibrio o armonía de conjunto…".
Todas estas condiciones naturales se verán alteradas si se permite la ejecución del Proyecto en las inmediaciones del LIC ES 7020116 "Sebadales del Sur de Tenerife". Además, el efecto será irreversible pues, tanto la construcción del puerto como su posterior explotación y utilización, provocarán una destrucción apreciable en los hábitats y la mortandad de las especies citadas. Así lo corrobora el Informe de 27 de enero de 2000 de la Dirección General de Costas de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas del Ministerio de Medio Ambiente, en el que se dice:
"A estos impactos sobre las playas hay que añadir el impacto de vertido de material de relleno o asentamiento del dique, como el propio estudio afirma no tendrá impacto significativo sobre la estabilidad de las playas pero puede tener efectos negativos importantes sobre algunos fondos marinos al cambiar el sustrato del mismo y su posible incidencia en los poblamientos bentónicos y la sedimentación afectará de forma general a las zonas próximas al vertido, dependiendo del tipo de material, y que para dos días de trabajo tendrá unos valores de l kg/m2, según el mismo estudio, lo que provocará la desaparición de vida bentónica en las zonas afectadas. En cuanto al impacto de los vertidos accidentales de fuel-oil, como afirma el estudio, dependiendo de las condiciones meteorológicas se pueden formar manchas dispersas de fuel-oil que podrían llegar a costa.
Los vientos del NE empeoran la situación provocando un mayor transporte de la mancha pudiendo llegar con ello concentraciones mayores a las playas. Uno de los impactos más fuertes sobre el medio ambiente será el producido sobre el paisaje pues la zona perderá sus características de paisaje virgen incontaminado para transformarse en una zona completamente antropizada donde las características naturales serán irreconocibles y donde la explotación diaria de las instalaciones portuarias y el tráfico diario de barcos comerciales causarán de forma continua daños a la flora y fauna del entorno terrestre y marino".
Cabe afirmar que con la ejecución y posterior explotación y utilización del puerto se producirán las siguientes afecciones:
- En número de especies.
- En la población de Atractylis preauxiana (piña de mar)
a) Afección en extensión. El hábitat del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE nº 1110, (Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda) se verá afectado en extensión, por influencia directa, debido a la ubicación de las infraestructuras del Proyecto, la cual producirá la reducción inmediata de la extensión de los sebadales. En este sentido, el Informe de 13 de septiembre de 2001, elaborado por el Catedrático de Botánica, la Catedrática de Biología Vegetal y la Profesora Titular de Biología Vegetal del Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de La Laguna, Tenerife.
b) Afección en calidad. Tanto el citado hábitat del Anexo I, como las especies del Anexo II, Piña de mar (Atractilys preauxiana), Ophioglossum polyphyllum, Phocoena phocoena, Thursius truncatus, Tortuga boba (Careta caretta),... también se verán afectadas por la variación de la calidad de las aguas, debido a la influencia indirecta que se deriva de la degradación física del medio marino. Esta degradación, causada por el cambio en el régimen hidrodinámico que se producirá como consecuencia del efecto barrera de los nuevos espigones, dará lugar a un aumento de la tasa de sedimentación y a una disminución de la transparencia de las aguas. A todo ello hay que añadir la contaminación generada por el funcionamiento del puerto: utilización de combustibles, pinturas antioxidantes, basuras, vertidos de materias orgánicas, metales pesados, etc. Estos impactos son más graves cuanto mayor calidad tiene el hábitat y, tal y como se recoge en los informes, la calidad del sebadal es buena. Así se señala, por ejemplo, en el Informe del Instituto Canario de Ciencias Marinas.
Además, debe tenerse en cuenta que los sebadales fueron designados para su inclusión el la Red Natura 2000 porque se encuentran en un excelente estado de conservación, tienen la viabilidad adecuada para la supervivencia del hábitat, un gran interés natural y una importancia clave para la Región Macaronésica. En este sentido, cabe traer a colación el Informe de 11 de marzo de 2003 emitido por la Universidad de La Laguna (Tenerife), en el que participaron Catedráticos y Profesores Titulares de las especialidades de Botánica, Oceanografía Biológica y Botánica Marina, en el cual se dice que: El LIC ES 7020116 "Sebadales del sur de Tenerife" es una de las mejores representaciones de los sebadales que existen en Canarias. Las características antedichas se verán perjudicadas a causa de la degradación de la calidad de las aguas.
c) Afección en número de especies. Las especies del Anexo II, Phocoena phocoena y Thursius truncatus, se verán reducidas en número al incrementarse la mortandad por embestida como consecuencia directa del aumento del tráfico marítimo.
Todas estas afecciones han sido ignoradas por el promotor, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y, lo que es más grave, incluso por la propia Secretaría General de Medio Ambiente, órgano que formula la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto, a pesar de que fueron advertidas por la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, la cual afirma que:
"Según la descripción cartográfica del proyecto, una gran parte del muelle sur y los dos brazos finales del dique exterior se ubican dentro del LIC citado. Tres hábitats listados en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE se localizan con cierta dominancia sobre otros existentes en la zona. Se trata de bancos de arena cubiertos por agua, formaciones de Euphorbiaceas y acantilados con vegetación costera macaronésica. Las comunidades vegetales que caracterizan a los dos primeros hábitats son de elevada representatividad, el primero de ellos además con una cobertura zonal notable. Los acantilados con vegetación macaronésica no son en esta zona ejemplos de máxima representatividad, aunque deben considerarse adecuadamente por su buen estado de conservación.
Se localizan algunos individuos de Careta caretta tortuga listada como "De interés especial" en el Anexo II del R.D. 439/90. Los fondos someros con manto de arenas claras constituyen soporte para poblaciones vegetales de gran interés, destacándose una de las praderas de Cymodocea nodosa más extensas del Archipiélago. Hay algunas poblaciones de Avrainvillea canariensis, alga endémica y también de la fanerógama Halophylla decipiens" (Informe de la Subdirección de Conservación de la Biodiversidad de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, Ministerio de Medio Ambiente).
d) Afección en la población de Atractylis preauxiana (piña de mar).
Con fecha 14 de marzo de 2002, el botánico Don Rüdiger Otto notificó a la Dirección General de Política Ambiental del Gobierno de Canarias el hallazgo de una nueva población del endemismo canario Atractylis preauxiana en la costa del término municipal de Granadilla de Abona, en el sur de la isla de Tenerife.
La Atractylis preauxiana está incluida en el Anexo I del Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa, hecho en Berna el 19 de septiembre de 1979, y en los Anexos II y IV ("Protección estricta") de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres. Asimismo, está incluida en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y en el Catalógo Regional de Especies Amenazadas de Canarias, con la categoría "en peligro de extinción".
A pesar de ello y de la situación de grave e inminente riesgo en la que se encuentra esta población, al estar situada en el ámbito de actuación del Polígono y Puerto Industrial de Granadilla de Abona, no se han tomado las medidas a las que legalmente vienen obligados los responsables de Medio Ambiente del Estado español y del Gobierno de Canarias, tanto en aplicación de la normativa europea, como de la estatal y autonómica. En este sentido, cabe traer a colación, por ejemplo, el artículo 31 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna Silvestres, en el que se establece: "1. La inclusión en el Catálogo Nacional de Espacies Amenazadas de una especie o población en las categorías "en peligro de extinción" o "sensible a la alteración de su hábitat" conlleva las siguientes prohibiciones genéricas: a) Tratándose de plantas, la de cualquier actuación no autorizada que se lleve a cabo con el propósito de destruirlas, mutilarlas, cortarlas o arrancarlas, así como la recolección de sus semillas, polen o esporas… 2. La catalogación de una especie, subespecie o población en la categoría "en peligro de extinción" exigirá la redacción de un Plan de Recuperación para la misma, en el que se definirán las medidas necesarias para eliminar tal peligro de extinción… 6. Corresponde a las Comunidades Autónomas la elaboración y aprobación de los Planes de Recuperación…".
Pues bien, la presencia en la zona de más de 100 individuos adultos de Atractylis preauxiana obliga, en virtud del artículo citado, a elaborar y aprobar un Plan de Recuperación. No obstante, hasta el momento, las autoridades canarias no han adoptado ni ésta ni las demás medidas previstas en la legislación vigente.
Y, aún más, en el propio Estudio de Impacto Ambiental del proyecto citado, se omite la presencia de esta especie en la zona afectada por el puerto. Al respecto, se hace notar que la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), con fecha 20 de noviembre de 2002, remitió sendos escritos a la Sra. Viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Doña Milagros Luis Brito, y al Director General de Política Ambiental, también del ejecutivo canario, Don Juan Carlos Moreno, solicitando la adopción de las medidas de protección a las que legalmente están obligados, a la vista del tiempo transcurrido desde la comunicación efectuada por Don Rüdiger Otto (14 marzo de 2002) y de la injustificada inactividad de los responsables de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias mencionados. En estos escritos se solicitaba, entre otras medidas, la comunicación de la existencia de esta especie (Atractylis preauxiana) en la zona afectada por el proyecto al Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno español, toda vez que, en esos momentos, se estaba tramitando el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto referenciado, en el cual, como ya fue señalado en el párrafo precedente, no se mencionaba su existencia y, por tanto, no se evaluaba la afección sobre esa especie.
Pues bien, lejos de efectuar la comunicación solicitada o de tomar alguna medida de protección, las autoridades canarias han ocultado dolosamente esta información, incluso a los responsables de Medio Ambiente de la Comisión Europea, con quiénes Doña Milagros Luis Brito, Viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, se reunió en Bruselas, en el mes de diciembre de 2002, al objeto de desbloquear el expediente del Puerto Industrial de Granadilla de Abona en lo referido a los graves e irreversibles daños medioambientales que ocasionaría su ejecución. Para tal fin la Viceconsejera aporta a la Comisión Europea una serie de medidas compensatorias manipuladas, en las que tampoco se cita la afección a la Atractylis preauxiana.
Finalmente, con fecha 26 de febrero de 2003, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de 5 de febrero de 2003 de la Secretaría General de Medio Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se formula la Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto "Nuevo Puerto en el litoral del polígono industrial de Granadilla. Fase I". En ella, el nuevo puerto se considera ambientalmente viable y, además, no se corrige la omisión detectada en el estudio de impacto ambiental, es decir, no se menciona en ningún momento la existencia en la zona afectada de la Atractylis preauxiana ni, por tanto, se evalúan los efectos del proyecto sobre esta especie.
A la vista de la citada Resolución, esta asociación, mediante escrito de fecha 27 de mayo de 2003, solicitó a la Secretaría General de Medio Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente la suspensión o anulación de los efectos de la Declaración de Impacto Ambiental, al no haberse evaluado los efectos sobre la población de Atractylis preauxiana. La Secretaría General de Medio Ambiente contesta a este escrito, con fecha 18 de septiembre de 2003, denegando la solicitud, aduciendo que en el trámite de información pública no se presentó ninguna alegación relativa a la presencia de la citada especie. No obstante, en ese mismo escrito, señala que, "al tener conocimiento (en virtud de la comunicación de ATAN) de la posible existencia de poblaciones de Atractylis preauxiana en la zona de emplazamiento del nuevo puerto de Granadilla, ha solicitado a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, como organismo competente para la protección y conservación de especies en esta Comunidad Autónoma, que les informen de si realmente existen esas poblaciones de Atractylis preauxiana en la zona del proyecto y, en su caso, indiquen las medidas necesarias para garantizar la conservación de esa especie".
Todo ello a pesar de que en nuestro escrito de referencia ya habíamos acreditado suficientemente la existencia en la zona del emplazamiento del nuevo puerto de Granadilla de esa especie en peligro de extinción. Asimismo, también acreditamos suficientemente la notoria intención de la Viceconsejería de Medio Ambiente de ocultar esa información, como ya hizo con otros informes que pudieran entorpecer la ejecución del proyecto, como los elaborados por distintos Departamentos de la Universidad de La Laguna, que no fueron remitidos por la citada Viceconsejería a la Dirección General de Calidad del Ministerio de Medio Ambiente, conjuntamente con sus informes sobre el proyecto.
Por otro lado, si bien es cierto que durante la fase de información pública no se informó sobre la existencia de esa especie, toda vez que aún no se tenía conocimiento de ello, también lo es que los Estudios de Impacto Ambiental se hacen, precisamente, para detectar la presencia en la zona afectada de posibles hábitats o especies que pudieran verse afectados por el proyecto y, sin embargo o no se detectó por los redactores del estudio de impacto o se ocultó ese dato.
En cualquier caso, la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias sí tenía conocimiento de esa información, como ya quedó acreditado, al menos un año antes de dictarse la Declaración de Impacto Ambiental y sin embargo no notificó este hecho al Ministerio de Medio Ambiente, antes de producirse esa resolución. Por el contrario, con posterioridad a ese período de información pública y ya conociendo la existencia de la Atractylis preauxiana presentó ante la citada Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental (al igual que ante la Comisión Europea), una serie de medidas compensatorias, en las que tampoco se hizo referencia a ese hecho, pero que sí fueron tenidas en cuenta para dictar la declaración de impacto ambiental.
En ese contexto, la declaración de impacto ambiental ha sido dictada prescindiendo de información de valor esencial, que la desvirtúa, y ello debe ser motivo para proceder a la revisión del procedimiento, en coherencia, además, con el espíritu y la letra de la normativa sobre evaluación de impacto ambiental.
No obstante ello, esta Asociación, por escrito de fecha 31 de diciembre de 2003, solicitó nuevamente a la Dirección General de Calidad y Evaluación ambiental, -en relación con su respuesta, antes citada, de fecha 18 de septiembre de 2003, en la que se no indica que se había solicitado a la Viceconsejería de Medio Ambiente del gobierno de Canarias, que informaran de si realmente existen esas poblaciones de Atractylis preauxiana en la zona del proyecto y, en su caso, indicaran las medidas necesarias para garantizar la conservación de esta especie- , lo siguiente:
- fecha en la que esa Dirección General solicitó a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias informe sobre de si realmente existen esas poblaciones de Atractylis preauxiana en la zona del proyecto y, en su caso, indiquen las medidas necesarias para garantizar la conservación de esta especie.
- Respuesta que haya efectuado la Viceconsejería de Medio Ambiente y fecha de la comunicación.
- Medidas que haya adoptado esa Dirección General a la vista de la comunicación, si esta se ha producido, o las que piensa tomar si por el contrario la Viceconsejería no ha respondido.
Al respecto, esta asociación recibe escrito de la Dirección General de Calidad y Evaluación ambiental, de fecha 23 de enero de 2004, notificada el 3 de febrero pasado, por el cual se nos indica lo siguiente:
"Como contestación a su escrito, de fecha 31 de diciembre de 2003, mediante el que solicitaba cierta información relativa a determinadas actuaciones de esta Dirección General en relación con la presencia de la especie Atractylis preauxiana, conocida como piña de mar, en la zona afectada por la ejecución del proyecto "Nuevo Puerto de Granadilla", le comunico que la última solicitud de información a ese respecto, realizada a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, tuvo lugar el día 30 de octubre de 2003, no habiéndose recibido respuesta alguna hasta la fecha.
Por ello, con fecha de la presente, reiteramos dicha solicitud de información a la citada Viceconsejería".
Por otra parte, también deben destacarse, en primer lugar, las dificultades con las que ha tropezado esta Asociación (ATAN) para acceder a la información ambiental contenida en los expedientes relativos al puerto de Granadilla que se tramitaban en diferentes organismos públicos, así como la vulneración de la normativa estatal y comunitaria en la que se recoge este derecho y, en segundo lugar, una vez más, la ocultación de información por parte de las autoridades canarias. Efectivamente, con invocación expresa de la Ley 38/1995, sobre el derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente, por la que se traspone al Ordenamiento jurídico español la Directiva 90/313/CE, esta Asociación cursó varias peticiones de información ambiental. A título de ejemplo, cabe citar las siguientes:
Con fecha 27 de febrero de 2003, se solicitó ante la Secretaría General de Medio Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente el acceso al expediente que sirvió de base para la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental, acto de trámite cualificado de carácter preceptivo y vinculante, previo a la emisión de la autorización del proyecto. No obstante, el acceso a la información ambiental solicitado fue denegado en virtud de escrito de fecha 2 de abril de 2003. Dicha denegación, a juicio de esta Asociación, vulnera la normativa estatal y comunitaria sobre el derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente.
Con fecha 20 de febrero de 2003, se solicitó ante la Dirección General de Política Ambiental del Gobierno de Canarias el acceso al expediente del Puerto de Granadilla, al tenerse conocimiento de la existencia en ese expediente de importantes documentos relativos a los impactos previsibles que produciría el nuevo puerto. Habiendo transcurrido ya un año, hasta el día de hoy no se ha recibido ninguna contestación, ni permitiendo el acceso solicitado ni denegándolo, con lo cual, también en este caso, se ha vulnerado tanto la normativa estatal como la comunitaria sobre el derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente
Asimismo, con fecha 20 de febrero de 2003, se solicitó ante la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias el acceso al expediente del Puerto de Granadilla. Al fin, con fecha 24 de mayo de 2003, después de tres meses desde que se había formulado la petición, se tuvo acceso al expediente. En él, entre otros documentos, figura un informe emitido con fecha 17 de marzo de 2003 por el Servicio de Biodiversidad de la Dirección General de Política Ambiental del Gobierno de Canarias, relativo a la detección de nuevas poblaciones de la especie vegetal Atractylis preauxiana, catalogada como "en peligro de extinción" en la zona del Polígono Industrial de Granadilla y del futuro Puerto marítimo. En dicho informe se concluye lo siguiente:
"La aportación de estos nuevos datos sobre presencia de una especie catalogada en la categoría "en peligro de extinción" en el ámbito del Polígono Industrial y del futuro puerto marítimo anexo aconseja la paralización cautelar de cualquier obra en la zona, así como la revisión del citado estudio de impacto ambiental y la posterior declaración administrativa, en tanto se buscan soluciones alternativas y viables desde el punto de vista técnico para evitar daños irreparables a las poblaciones de Atractylis preauxiana existentes en el lugar".
A pesar de ello, el Gobierno de Canarias ha vuelto a ocultar esa información y continúa sin tomar cualquier tipo de medida tendente a la protección de esta especie en peligro de extinción.
Como consecuencia de todas estas actuaciones llevadas a cabo por esta asociación, la Viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, ha ordenado la prohibición del acceso de los miembros de ATAN a las distintas dependencias y departamentos de esa Viceconsejería, como hasta la fecha venían haciendo y como de ordinario hacen y siguen haciendo los ciudadanos, particulares, colectivos y empresarios en general.
CUARTO.- Conclusiones. Cabe concluir, a la vista de todo lo señalado en este escrito, que el proyecto "Nuevo Puerto en el litoral del polígono industrial de Granadilla. Fase I", promovido por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife (Ente Público Puertos del Estado, Ministerio de Fomento) incumple de modo flagrante la normativa comunitaria sobre:
a) Evaluación de impacto ambiental: Incumplimiento de la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, y la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público y en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente.
En cualquier caso, se hace notar que la vulneración de esta normativa por parte del promotor del puerto de Granadilla (Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife) ya se ha producido en otras ocasiones. En tal sentido, recientemente a esta asociación se le ha notificado la sentencia del Tribunal Supremo español (Sala de lo Contencioso-Administrativo), dictada con fecha 29 de mayo de 2003 en el Recurso de Casación nº 4961/1997, en la que se ratifica la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que estimaba el recurso interpuesto por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, ATAN, contra la aprobación y ejecución de obras de ampliación del Puerto de Santa Cruz de la Palma, también promovido por la propia Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, por vulneración de normativa sobre evaluación de impacto ambiental.
Curiosamente, en el caso de los hechos imputados en la sentencia que se cita, ningún responsable de la Autoridad Portuaria ha sido sancionado. Por el contrario, un buen número de ciudadanos de la isla de La Palma sí que fueron sancionados en su día con multas superiores a 1.202 €, por oponerse pacíficamente a unas obras manifiestamente ilegales. Todo lo cual refleja la actitud de desprecio hacia la legalidad y hacia la protección de la naturaleza y el medio ambiente con la que actúan las autoridades españolas.
b) Protección de hábitats: Incumplimiento de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, modificada por la Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997.
Además, se ha incumplido la normativa comunitaria sobre acceso a la información ambiental (Directiva 90/313/CE).
Por si todo ello no fuera ya suficiente, en la actualidad, se ha podido constatar que la propia Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, promotora del proyecto objeto de esta petición, está ejecutando diversas obras que vulneran igualmente la normativa comunitaria relativa a evaluación de impacto ambiental, protección de hábitats y acceso a la información.
Finalmente, se subraya el hecho de que el promotor (Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife) y las diversas Administraciones Públicas implicadas en el proyecto Puerto Industrial de Granadilla de Abona pretenden, tal y como ya fue puesto de manifiesto, que el proyecto en cuestión sea financiado en su mayor parte (el 70 %) con Fondos Europeos para el Desarrollo Regional (FEDER). A juicio de esta Asociación, no se ajusta a la legalidad ni a las más elementales reglas de la ética que quien, precisamente, no respeta esas reglas y principios, no sólo quede impune, actuando de forma brutal e injustificada contra el medio ambiente sin recibir ningún castigo por ello, sino que, además, sea premiado, al beneficiarse de la financiación comunitaria para ejecutar sus proyectos. A la vista de ello, se ha solicitado por parte de esta Asociación así como de otros colectivos sociales que se compruebe, a través de informes medioambientales y de rentabilidad socio-económica adecuados, que los proyectos que se financien con fondos europeos respetan el medio ambiente y la normativa sobre el empleo de fondos comunitarios, denegando la financiación a aquellos proyectos que incumplen esa normativa, como es el caso del proyecto "Nuevo Puerto en el litoral del polígono industrial de Granadilla. Fase I", promovido por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.
QUINTO.- Petición al Parlamento Europeo. Por todo lo expuesto, se solicita de esa institución que realice las acciones que se indican a continuación, en aras a hacer cumplir la normativa comunitaria y preservar, por una parte, la propia coherencia de la Red Natura 2000 y, por otra parte, el interés general de la Comunidad Europea en la concesión de financiación a proyectos promovidos por los Estados miembros:
1) Examinar la documentación relativa a la concesión de financiación comunitaria al Proyecto "Nuevo Puerto en el litoral del polígono industrial de Granadilla. Fase I", promovido por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y, en tanto se realiza ese examen y se comprueban los hechos denunciados, acordar la suspensión de los fondos. Una vez se hayan constatado las infracciones a las que se ha hecho alusión en la presente petición, retirar en su totalidad la financiación comunitaria a este proyecto por incumplimiento de la normativa ambiental comunitaria.
2) En ejercicio de sus competencias de control de la Comisión de las Comunidades Europeas, seguimiento de las acciones que está realizando la Comisión en relación con las más de 10.000 denuncias formuladas ante ella en contra del proyecto referenciado, así como del expediente de quejas formuladas por distintas asociaciones, así como la formulada por esta Asociación, también ante la Comisión, registrado con el número 2003/4161, SG(2003) A/666/2. Al respecto, se solicita del Parlamento que realice todas las acciones necesarias al objeto de garantizar que la Comisión cumpla con su cometido de velar por el cumplimiento de los Tratados y del derecho derivado, investigando y persiguiendo las infracciones a la normativa comunitaria.
3) Adopción de cuantas acciones entren en el marco de sus competencias al objeto de paralizar la ejecución del proyecto "Nuevo Puerto en el litoral del polígono industrial de Granadilla. Fase I".
SEXTO.- Toda la documentación que se cita está a disposición de ese Parlamento, para que en el momento que la requieran les sea remitida. Asimismo, la misma se encuentra en la Comisión Europea, aportada por esta y otras asociaciones y colectivos que han denunciado este proyecto, como TEA, PLATAFORMA CIUDADANA CONTRA EL PUERTO DE GRANADILLA, BEN MAGEC, GREENPEACE o ADENA.