Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-104-de-abril-4-de-2018?documento=legcol&contexto=legcol_a81708210db34ed59dc9caad43fc5949&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-02-16 16:00:18
Document Index: 48446747

Matched Legal Cases: ['artículo 354', 'artículo 23', 'artículo 22', 'artículo 13', 'artículo 23', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 55']

﻿ RESOLUCIÓN 104 DE ABRIL 4 DE 2018
RESOLUCIÓN 104 DE 04 DE ABRIL DE 2018
CONTENIDO:REGLAMENTA EL TRÁMITE INTERNO DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS QUE SE FORMULEN ANTE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. DEROGA LA RESOLUCIÓN 263 DE 2012.
TEMAS ESPECÍFICOS:INTERVINIENTES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ENTIDAD PÚBLICA, FUNCIÓN PÚBLICA, DERECHO DE PETICIÓN, GESTIÓN ADMINISTRATIVA, DERECHO DE PETICIÓN DE INFORMACIÓN, DERECHO DE PETICIÓN EN INTERÉS GENERAL, DERECHO DE PETICIÓN EN INTERÉS PARTICULAR, CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
“Por la cual se regula la atención y respuesta a las distintas modalidades de peticiones, quejas y reclamos que a la UAE Contaduría General de la Nación le corresponda resolver de manera oportuna y de fondo”.
en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confiere el artículo 354 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 298 de 1996, el Decreto 143 de 2004 y
Que el artículo 23 de la Constitución Política consagrada el derecho que tienen todos los ciudadanos para presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, por motivos de interés particular o general y a obtener una pronta y adecuada respuesta.
Que el artículo 22 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que las autoridades deberán reglamentar la tramitación interna de las peticiones que les correspondan resolver, y la manera de atender las quejas para garantizar el buen funcionamiento de los servicios a su cargo.
Que la Ley 1755 del 30 de junio de 2015, regula el derecho fundamental de petición, y que en su artículo 13 determina: toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta respuesta.
Que la Ley 190 de 1995, “Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa”, señala que las quejas y reclamos se resolverán de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ART. 1º—Reglamentar el derecho de petición. De conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política y demás normas concordantes, toda persona tiene derecho a formular verbalmente o por escrito, peticiones respetuosas sobre materias que sean de la Contaduría General de la Nación, sea de interés general o de particular, invóquese o no el derecho de petición en la solicitud. En consecuencia, a toda petición deberá dársele trámite.
lgualmente el ciudadano podrá consultar, solicitar información y obtener copias de los documentos, teniendo en cuenta las restricciones de orden legal. Los funcionarios están obligados a tramitar y dar respuesta oportuna y de fondo, independientemente del objeto solicitado. Deberán tener en cuenta el trámite que para cada asunto se prevé y dentro de los términos que se indican en la presente resolución. A falta de norma expresa, se sujetará a lo dispuesto por el Código Contencioso Administrativo.
ART. 2º—Principios orientadores. Todas las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Estos deben servir de guía para la interpretación, ejecución y decisión de los procedimientos administrativos de competencia de la Contaduría General de la Nación, conforme al Código Contencioso Administrativo.
El retardo injustificado en los procedimientos es caudal de sanción disciplinaria que se podrá imponer de oficio o a solicitud de parte interesada, sin perjuicio de la responsabilidad que le pueda corresponder al funcionario por los daños que cause por dalo o culpa grave en el desempeño de sus funciones.
ART. 3º—Contenido de la petición. De conformidad con el artículo 16 de la Ley 1755 de 2015, toda petición deberá contener, por lo menos:
PAR. 1º—La autoridad tiene la obligación de examinar integralmente la petición, y en ningún caso la estimará incompleta por falta de requisitos o documentos que no se encuentren dentro del marco jurídico vigente, que no sean necesarios para resolverla o que se encuentren dentro de sus archivos.
ART. 4º—Peticiones verbales. Las peticiones verbales, deberán formularse directamente en la oficina competente para resolverlas según la naturaleza del asunto; su respuesta de ser posible, se hará de manera inmediata y en el orden que fueron presentadas. Si quien presenta la petición pide constancia de haberla presentado, el funcionario la expedirá en forma sucinta.
Las autoridades podrán exigir que ciertas peticiones se presenten por escrito, y pondrán a disposición de los interesados, sin costo, a menos que una ley expresamente señale lo contrario, formularios y otros instrumentos estandarizados para facilitar su diligenciamiento. En todo caso, los peticionarios no quedarán impedidos para aportar o formular con su petición argumentos, pruebas o documentos que los formularios por su diseño no completen, sin que por su utilización las autoridades queden relavadas del deber de resolver sobre todos los aspectos y pruebas que se les sean planteados o presentados más allá del contenido de dichos formularios.
ART. 5º—Recepción. Las peticiones serán recibidas en la Contaduría General de la Nación de la siguiente manera:
1. Por la oficina de archivo y correspondencia donde serán registradas en el programa de recepción aplicable a todas las comunicaciones que se reciben en la Contaduría General de la Nación sistema “Orfeo”. Dicho programa generará la siguiente informacíón: número de radicado, nombre del peticionario, procedencia, fecha de recibo, naturaleza del asunto y fecha aproximada de respuesta al peticionario.
2. A través del correo electrónico contactenos@contaduria.gov.co.
ART. 6º—Petición incompleta o desistimiento tácito. Una vez radicada la petición y en caso de incumplimiento de algunos de los requisitos señalados en el artículo tercero de la presente resolución, y se constate que la actuación puede continuar sin oponerse a la ley, se requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes. A partir del día hábil siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos comenzará a correr el término para resolver la petición.
ART. 7º—Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, informará de inmediato al interesado si éste actúa verbalmente, o dentro de los diez (10) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito.
ART. 9º—Interrupción de términos. Los términos señalados en el artículo octavo de la presente resolución se interrumpirán en los siguientes casos
1. Mientras se cumple el término decretado para la práctica de pruebas, sí hubiere lugar a ello.
2. Cuando las informaciones o documentos proporcionados por el interesado, no sean suficientemente ilustrativos para decidir, se dará aplicación a lo previsto en el artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ART. 10.—Atención prioritaria de peticiones. Las autoridades darán atención prioritaria a las peticiones de reconocimiento de un derecho fundamental cuando deban ser resueltas para evitar daño irremediable al peticionario, quien deberá probar sumariamente la titularidad del derecho y el riesgo de perjuicio invocados.
ART. 11.—Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán el carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución o la ley, y en especial:
4. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensiónales y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica, salvo que sean solicitados por los propios interesados o por sus apoderados con facultad expresa para acceder a esa información.
ART. 12.—Rechazo de las peticiones de información por motivo de reserva. Toda decisión que rechace la petición de informaciones o documentos será motivada, indicará en forma precisa las disposiciones legales pertinentes y deberá notificarse al peticionario. Contra la decisión que rechace la petición de informaciones o documentos por motivos de reserva legal, no procede recurso alguno, salvo lo previsto en el artículo siguiente.
ART. 13.—Insistencia del solicitante en caso de reserva. Si la persona interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al tribunal administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales decidir en única instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente, la petición formulada.
ART. 14.—Documentos publicados. Cuando la petición de consulta o de expedición de copias verse sobre documentos oportunamente publicados por la entidad, así lo informará al peticionario mediante escrito en que conste el número y la fecha del Diario, Boletín, Gaceta u otro medio en que se hizo la publicación; en caso de encontrarse agotado el medio, se deberá atender la solicitud como si el documento no hubiere sido publicado.
ART. 15.—Quejas y reclamos. Las quejas y reclamos se resolverán de conformidad con lo preceptuado en el artículo 55 de la Ley 190 de 1995: Las quejas y reclamos se resolverán o contestarán siguiendo los principios, términos y procedimientos dispuestos en el Código Contencioso Administrativo para el ejercicio del derecho de petición, según se trate del interés particular o general y su incumplimiento dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en el mismo.
ART. 16.—Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga la Resolución 363 del 24 de julio de 2012 y las demás normas que le sean contrarias.
Dada en Bogotá, D.C., abril 4 de 2018.