Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2007/A072-07.htm
Timestamp: 2018-12-15 12:11:32
Document Index: 353494007

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 1', 'Artículo 128']

A072-07
Auto 072/07
POLICIA NACIONAL-Entidad de naturaleza civil/ACCION DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD PUBLICA DEL ORDEN NACIONAL-Competencia del Tribunal Superior, Administrativo y Consejo Seccional de la Judicatura en primera instancia
ACCION DE TUTELA CONTRA LA POLICIA NACIONAL Competencia del Tribunal Contencioso Administrativo
Referencia: expediente I.C.C.-1089
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia Risaralda y el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda.
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, adopta la decisión que en derecho corresponde, frente al aparente conflicto de competencia suscitado entre las autoridades judiciales de la referencia, con ocasión de la acción de tutela promovida por el señor Ernesto Simeón Ochoa Guarín contra la Policía Nacional.
1- El señor Ernesto Simeón Ochoa Guarín interpuso acción de tutela, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de La Virginia contra la Policía Nacional, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la dignidad humana y trabajo, por estimar que es objeto de persecuciones por parte de el ente policivo, el cual lo ha obligado a cerrar su establecimiento de comercio, denominado “Juete y Garrote”, ubicado en la localidad de La Virginia Risaralda.
2- Recibida la demanda de tutela por parte del Juzgado Promiscuo Municipal de La Virginia Risaralda, mediante auto de veintiocho (28) de noviembre de dos mil seis (2006) declaró su incompetencia para conocer la acción de tutela, y dispuso el envió de las diligencias al Juzgado Promiscuo del Circuito de esa localidad, a quien consideró competente para conocer de la misma, teniendo en cuenta que en su concepto, la Policía Nacional es una autoridad pública del orden nacional del sector descentralizado por servicios, por tanto correspondía conocer del asunto a las autoridades reseñadas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 numeral 1, inciso segundo del Decreto 1382 de 2000.
3.- Recibida la acción de tutela por parte del Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia Risaralda, a través de auto de fecha cuatro (4) de diciembre de dos mil seis (2006), resolvió declararse incompetente para conocer la tutela formulada, y en ese sentido dispuso enviar la misma a la Oficina de Apoyo de la Dirección de Administración Judicial Seccional Pereira Risaralda, para que fuera repartida, al ente judicial correspondiente, en los términos del numeral 1 del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000, debido a que la entidad contra la cual se interpuso al acción es una autoridad pública del orden nacional.
4.- Atendiendo a la citada providencia, la oficina de apoyo de la Dirección Seccional de Administración Judicial remitió el expediente a Juzgado Primero de Menores, el cual mediante auto del catorce (14) de diciembre de dos mil seis (2006), señaló que equivocadamente se repartió la acción de tutela entre los Juzgados de Circuito, cuando se debieron repartir a los Tribunales Superiores, conforme lo dispuso el Juez Promiscuo de Circuito de La Virginia Risaralda, en consecuencia devolvió la actuación a la Oficina Judicial de ese distrito para que efectuara el reparto correspondiente.
5.- Una vez se cumplió con lo ordenado en la providencia citada, correspondió conocer del presente asunto al Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, el cual, mediante providencia del quince (15) de diciembre de dos mil seis (2006), resolvió proponer el conflicto negativo de competencia aduciendo que la acción fue impetrada contra la Policía Nacional de La Virginia, por conductas desplegadas exclusivamente por el comandante de dicha municipalidad, en ese orden de ideas estimó que para efectos de la prestación del servicio ejerce una función descentralizada con autoridad únicamente en esa localidad, en ese sentido considera que el competente para conocer el asunto en cuestión es el Juez de Circuito, por tanto ordenó la remisión del expediente a esta Corporación para que dirimiera el suscitado conflicto.
Encuentra la Corte, que la acción de tutela se presentó contra la Policía Nacional, cabe recordar que dicha autoridad es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz[3]. Adicionalmente la ley 62 de 1993 en su artículo 9 estableció que dicha entidad se encuentra subordinada al Presidente de la República, el cual ejerce esa función administrativa a través del Ministerio de Defensa y el Director General de la Policía. Además estableció el artículo 10 de la misma normatividad que “para los efectos de dirección y mando la policía nacional depende del ministerio de defensa. En consecuencia, de conformidad con lo consagrado en el numeral 1 del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, que consagra “las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional,(…) serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura”(negrilla fuera de texto), se concluye, que el juez competente para tramitar la presente acción de tutela es el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda.
En virtud de lo anterior, esta Corporación ordenará remitir el expediente al Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, para que asuma el conocimiento de la actuación.
REMITIR el expediente al Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, para que adelante la correspondiente actuación judicial.
[3] Artículo 128 de la Constitución Política de Colombia