Source: https://es.scribd.com/doc/62035573/Sentencia-T-881-de-2002-Dignidad-Humana
Timestamp: 2017-04-24 21:30:14
Document Index: 109191210

Matched Legal Cases: ['artículo 11', 'artículo 79', 'artículo 13', 'artículo 49', 'artículo 140', 'artículo 45', 'artículo 140', 'artículo 11', 'artículo 49', 'Artículo 25', 'artículo 140', 'artículo 19', 'artículo 140', 'artículo 19', 'artículo 45', 'artículo 365', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 16', 'artículo 1', 'artículo 365', 'artículo 365', 'artículo 45', 'artículo 6', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 13', 'artículo 11', 'artículo 49', 'artículo 79', 'artículo 140', 'artículo 19', 'artículo 11', 'artículo 49', 'Artículo 25', 'ARTÍCULO 8']

ScribdNavegarInteresesPolitics & Current AffairsCareer & MoneyPersonal GrowthFictionHealth & FitnessLifestyleEntertainmentBiographies & HistoryScience & TechNavegar porLibrosAudio librosNoticias & RevistasPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseSentencia T-881 de 2002 Dignidad HumanaCargado por Alejandro A. Ortiz Sandoval0.0 (0)DescargaInsertarVer másCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as DOCX, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentSu Tutela - Todo en accion de tutelay y y y y y
Derechos a la dignidad humana, salud y vida de reclusos. Autonomia individual. Suministro servicio publico de energia. Corte, suspension o racionamiento. Llamado a prevencion. Relaciones especiales de sujecion. Investigacion disciplinaria. Carencia actual de objeto. Hecho superado. Tutela contra particulares. Legitimacion en la causa. Principio de solidaridad. Inpec. Carcel distrital de cartagena. Municipio del arenal. Concedida parcial. Sentencia T-881/02 PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA-Naturaleza Una síntesis de la configuración jurisprudencial del referente o del contenido de la expresión ³dignidad humana´ como entidad normativa, puede presentarse de dos maneras: a partir de su objeto concreto de protección y a partir de su funcionalidad normativa. Al tener como punto de vista el objeto de protección del enunciado normativo ³dignidad humana´, la Sala ha identificado a lo largo de la jurisprudencia de la Corte, tres lineamientos claros y diferenciables: (i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones). De otro lado al tener como punto de vista la funcionalidad, del enunciado normativo ³dignidad humana´, la Sala ha identificado tres lineamientos: (i) la dignidad humana entendida como principio fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado, y en este sentido la dignidad como valor. (ii) La dignidad humana entendida como principio constitucional. Y (iii) la dignidad humana entendida como derecho fundamental autónomo. DERECHO A LA SALUD DEL INTERNO-Protección por conexidad con derechos fundamentales PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA-Contenido material La Sala concluye que el referente concreto de la dignidad humana está vinculado con tres ámbitos exclusivos de la persona natural: la autonomía individual (materializada en la
posibilidad de elegir un proyecto de vida y de determinarse según esa elección), unas condiciones de vida cualificadas (referidas a las circunstancias materiales necesarias para desarrollar el proyecto de vida) y la intangibilidad del cuerpo y del espíritu (entendida como integridad física y espiritual, presupuesto para la realización del proyecto de vida). Estos tres ámbitos de protección integran, entendidos en su conjunto, el objeto protegido por las normas constitucionales desarrolladas a partir de los enunciados normativos sobre ³dignidad´. Considera la Corte que ampliar el contenido de la dignidad humana, con tal de pasar de una concepción naturalista o esencialista de la misma en el sentido de estar referida a ciertas condiciones intrínsecas del ser humano, a una concepción normativista o funcionalista en el sentido de completar los contenidos de aquella, con los propios de la dimensión social de la persona humana, resulta de especial importancia, al menos por tres razones: primero, porque permite racionalizar el manejo normativo de la dignidad humana, segundo, por que lo presenta más armónico con el contenido axiológico de la Constitución de 1991, y tercero, porque abre la posibilidad de concretar con mayor claridad los mandatos de la Constitución. Los ámbitos de protección de la dignidad humana, deberán apreciarse no como contenidos abstractos de un referente natural, sino como contenidos concretos, en relación con las circunstancias en las cuales el ser humano se desarrolla ordinariamente. PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA-Respeto En aras de la identificación de las normas constitucionales a partir de los enunciados normativos constitucionales sobre el respeto a la dignidad humana, se afirmará la existencia de dos normas jurídicas que tienen la estructura lógico normativa de los principios: (a) el principio de dignidad humana y (b) el derecho a la dignidad humana. Las cuales a pesar de tener la misma estructura (la estructura de los principios), constituyen entidades normativas autónomas con rasgos particulares que difieren entre sí, especialmente frente a su funcionalidad dentro del ordenamiento jurídico. SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO Y HOSPITAL-Continuidad en la prestación/SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO Y HOSPITALSuspensión y racionamiento del servicio/SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO Y HOSPITAL-Principio de solidaridad La Sala reiterará la jurisprudencia sobre las características del servicio público de energía, especialmente en lo relativo al imperativo de continuidad de la prestación, dada la existencia de una especial relación entre la necesidad de garantizar los fines del Estado, la eficacia del principio de la dignidad humana y el goce cabal de los derechos fundamentales. Especial relación que se hace evidente dada la situación en la que se encuentran, las personas privadas de la libertad en la Cárcel Distrital de Cartagena, y las personas del municipio del Arenal, que se vieron privadas del servicio de salud y de agua. Sobre todo cuando es imperativo, como parte integrante de una adecuada administración de justicia, el deber de velar por el correcto funcionamiento y la seguridad del centro penitenciario, y, cuando es imperativo, como parte integrante de una adecuada
administración pública, el deber de velar por el normal funcionamiento del centro hospitalario, del acueducto y de los establecimientos de seguridad en el municipio. SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO Y HOSPITALARIO-Consecuencias cuando el usuario se atrasa en el pago de facturas La Sala considera que, en el ámbito de los servicios públicos, recargar o imponer toda la responsabilidad al particular encargado de su prestación, resulta contrario a la Constitución. Es claro que la posibilidad de prestación efectiva de los servicios está condicionada a la viabilidad financiera de las empresas privadas o públicas encargadas de su prestación, de tal forma que la reiteración de prácticas ilegales de no pago deterioran no sólo el interés económico de las empresas, reflejado en la depauperización de su patrimonio, sino que pueden incluso conducir al colapso de las mismas y por esta vía a la imposibilidad material de la prestación general del servicio público. En consecuencia, el pago de las facturas correspondientes a la prestación de los servicios públicos por parte de los usuarios y directos beneficiarios se impone como un deber de rango constitucional, en tanto y en cuanto del mismo depende el normal funcionamiento de los mecanismos de solidaridad constituidos como el sustrato irremplazable del sistema, y de cuya operatividad depende la prestación efectiva de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio nacional. CONDUCTA LEGITIMA DE PARTICULAR-Alcance del adjetivo ³legítima´ Para la Sala el adjetivo ³legítima´ que califica la conducta del particular contra el cual se ejerce la acción de tutela, se refiere a la posibilidad de identificar el origen de la conducta en las normas de autorización vigentes al momento de la realización de la misma, de tal forma que exista armonía entre la conducta y el ordenamiento jurídico entendido como un todo normativo. De esta forma la conducta no se puede considerar como legítima si la misma encuentra sustento en una norma de autorización de rango legal pero al mismo tiempo se encuentra en abierta contradicción con normas de prohibición de rango constitucional. DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA DEL INTERNO-Prestación ininterrumpida del servicio de energía Es evidente la existencia de una estrecha relación entre la posibilidad del goce efectivo del derecho a la dignidad humana y la prestación ininterrumpida del servicio de suministro de energía eléctrica al centro penitenciario como bien constitucionalmente protegido. No sólo porque de la prestación ininterrumpida del servicio de suministro de energía dependa la posibilidad del mantenimiento de las condiciones materiales de existencia de los actores, sino también porque frente a la interrupción del servicio, el centro de reclusión por sus especiales características sufre una grave alteración en sus condiciones ordinarias de funcionamiento, lo cual se traduce en una vulneración del derecho a la dignidad humana en el sentido social o funcional, en los términos de la parte motiva de esta sentencia, si se tiene en cuenta que los reclusos están en imposibilidad de adelantar normalmente sus actividades ordinarias.
ACCION DE TUTELA-Hecho superado por acuerdo de pago con empresa de energía DERECHO A LA INTEGRIDAD FISICA DEL INTERNO-Riesgo por encontrarse la cárcel en ³zona roja´ La Sala también encuentra fundada la amenaza al derecho fundamental a la integridad física y a la vida de los habitantes del municipio del Arenal, y sobre todo de los miembros de la fuerza pública, debido a la verosimilitud de la potencialidad del riesgo, ya que al estar ubicado el municipio del Arenal en "zona roja", la posibilidad de incursiones de grupos al margen de la ley y en general de actos de violencia se incrementa, los cuales pueden degenerar en la lesión física o incluso en la muerte de los miembros de la fuerza pública o incluso de los demás habitantes del municipio. La conducta contractual de Electrocosta S.A. E.S.P., tuvo una grave y directa incidencia en la posibilidad real del goce de los derechos fundamentales de los habitantes del municipio del Arenal a la dignidad humana (ámbito de las condiciones materiales de existencia), a la salud en conexidad con la vida, y a la vida y a la integridad física, por lo cual la Tutela sería procedente. Referencia: expedientes T-542060 y T-602073. Acciones de tutela instauradas por Austreberto de Ávila Ríos y otros, y Edwin Campo Vega (personero de El Arenal (Bolívar)) contra Electrocosta S.A. E.S.P. Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT. Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil dos (2002). La Sala Séptima de revisión de la Corte Constitucional integrada por los magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Álvaro Tafur Galvis y Eduardo Montealegre Lynett, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º, de la Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA dentro del proceso de revisión de los fallos, proferidos por la Sala Civil y de Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en primera y segunda instancia respectivamente, dentro del expediente de tutela T-542060; y de los fallos proferidos por el Juez Promiscuo Municipal de Morales (Bolívar) y el Juez Promiscuo del Circuito de Simití (Bolívar), en primera y segunda instancia respectivamente dentro del expediente de tutela T-602073. I. ANTECEDENTES. Expediente T-542060
por vía telefónica se comunicó con el Director seccional del INPEC y con la Dirección nacional del mismo con el fin de obtener la partida presupuestal para cancelar las sumas adeudadas. reentrenamiento del personal.A. por lo referido en los numerales anteriores. 2. omitió el pago oportuno de las facturas por concepto de energía eléctrica a la empresa Electrocosta S. el Instituto nacional penitenciario y carcelario INPEC y el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. 90-93). estudios de vulnerabilidad del penal.58.P.S. exigiendo cumplimiento al Convenio interadministrativo 1580 de 2000. la Cárcel de Distrito Judicial de Cartagena. 86). a recibir en la Cárcel de Distrito Judicial de Cartagena a los contraventores enviados por las autoridades del Distrito de acuerdo con las leyes vigentes en la materia. desde el mes de marzo del año 2001. entre los cuales se encuentra el no pago proporcional de los servicios públicos en función del uso de los mismos por parte de los contraventores (folios 57. adelantó todas las conductas necesarias para evitar el inminente racionamiento en el suministro de energía a la Cárcel de Distrito Judicial de Cartagena: ofició al Alcalde del Distrito. 4. entre las que se cuentan la insuficiencia de la partida presupuestal para el pago de los servicios públicos y el encarecimiento de los precios de los mismos. el Distrito de Cartagena se desentendió por completo del asunto. mediante el cual el INPEC se obligó.P. En el segundo semestre del año 2000. el Distrito de Cartagena se obligó entre otras. con el fin de llegar a un acuerdo de pago. E.´ (folios 62. 77. Esta situación encareció los costos de funcionamiento del plantel carcelario. 3.. E. se reunió en varias oportunidades con funcionarios de la empresa Electrocosta S. 85.. 84. la Cárcel de Distrito Judicial de Cartagena. 1. fortalecimiento de las medidas internas de seguridad. entre ellos el rubro a pagar por concepto de energía eléctrica (folios 57. 6.S. por diversas circunstancias. E. iniciando una cadena sucesiva de incumplimientos. 63 y 64). En virtud de la ejecución del referido convenio. Simultáneamente. a su vez. Dolores Guerra Millán.P. (folio 28).A. celebraron el convenio interadministrativo No.S. entre otras. había cumplido todas las obligaciones contractuales. A pesar de que el INPEC hasta la fecha de los hechos (Septiembre de 2001). 94 y 95).A. Por otro lado y de manera simultánea diversas autoridades encargadas de la seguridad tanto en el Distrito de Cartagena como en el Departamento de Bolívar oficiaron copiosamente a la dirección de la Cárcel de Distrito Judicial de Cartagena solicitando la toma de medidas de seguridad: traslado de presos. A pesar de la situación de incumplimiento. mediante la asignación de la partida presupuestal correspondiente. (folios 66. a ³cubrir el pago de los servicios públicos que demande la utilización del pabellón designado por el INPEC para los contraventores en proporción equivalente al uso del mismo. inició la atención de los contraventores cuyo número había oscilado hasta el mes de septiembre de 2001 entre 180 y 200 personas. la Directora de la Cárcel de Distrito Judicial de Cartagena. 1580 de 2000.
. 5. y atendiendo a la disponibilidad presupuestal realizó pagos parciales del capital adeudado a la empresa Electrocosta S.Circunstancias previas al problema jurídico que plantean las sentencias de tutela objeto de revisión..
Empresa de servicios públicos (ELECTROCOSTA ESP) (folio 1).. Por razones de seguridad carcelaria.etc. inició desde el mes de agosto de 2001. por espacio de 5 a 6 horas diarias (folios 1. Segundo. que también funcionan con energía eléctrica. La Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena tuteló los derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal de los actores. A su vez la empresa Electrocosta S.A. 73-75. Decisiones de instancia. En la Cárcel de la Ternera. como del incumplimiento de las obligaciones surgidas a partir del Convenio interadministrativo por parte de las autoridades del Distrito de Cartagena. Cuarto. Los actores señalan como derechos fundamentales vulnerados: El derecho a la vida (artículo 11). ante los graves problemas de orden público. no existen fogones de gas. (folio2).P. derechos fundamentales presuntamente vulnerados. A partir de esta situación irregular. El derecho a gozar de un ambiente sano (artículo 79). en consecuencia ordenó a
. el señor Austreberto de Ávila y 10 personas más. la cual opera por razones de seguridad mediante energía eléctrica. por tanto la cocción y preparación de los alimentos al interior del penal se realiza mediante estufas eléctricas. 5-8). A partir del racionamiento de energía se empezaron a presentar los siguientes hechos que constituyen el fundamento de la demanda: Primero. El derecho a ser protegido por el Estado por la indefensión física derivada de la privación de la libertad (artículo 13). 78-83). El derecho a la salud (artículo 49). para que éstas funcionen se requiere energía eléctrica. 10.. predicable tanto de la situación presupuestal de la Cárcel de Distrito Judicial de Cartagena. todo con el objetivo de prevenir. E. el suministro de agua para usos sanitarios se opera mediante el uso de motobombas.S. 7.
8. presentaron acción de tutela contra la empresa Electrificadora de la Costa Atlántica S. y en virtud del incumplimiento del contrato de condiciones uniformes celebrado con el INPEC. 11. El número de personas recluidas es cercano a 1200 (folios 1-3).A. Por el lugar geográfico (costa caribe) las situaciones ambientales son en ocasiones insoportables y ante el calor excesivo se hace necesario el uso de abanicos. Primera instancia. Quinto. Hechos motivo de la demanda. que desembocó en los racionamientos de energía por parte de la empresa prestadora del servicio el día 9 del mes de septiembre de 2001. tanto la sublevación como la posible fuga de algunos reclusos (folios 68-72. recluidas en la Cárcel de Distrito Judicial de Cartagena ³San Sebastián de la Ternera´. existen zonas muy oscuras en las que se hace indispensable la iluminación artificial. 9. Tercero. una serie de racionamientos diarios en el suministro de energía prestado a la Cárcel de Distrito Judicial de Cartagena. amparada en el artículo 140 de la ley 142 de 1994. Por el estilo y la época de la construcción de la cárcel.
Concluyó el ad quem que. destacando a propósito de los derechos invocados por los accionantes que la supuesta vulneración no aflora del comportamiento de Electrocosta S. aunque justificado. para obtener la cancelación de la deuda. siguiendo la preceptiva que consagra el artículo 45 del decreto 2591 de 1991. que el corte.. no se vislumbra proceder arbitrario de la entidad accionada. que según lo reseñado es legítimo y por consiguiente la protección reclamada se torna improcedente. deben ventilarse a través de los mecanismos de defensa en la vía gubernativa o a través de las acciones judiciales pertinentes.. ³los cuestionamientos vertidos en el escrito de solicitud de tutela no provienen de un comportamiento aislado. imputable a la administración del centro penitenciario.´ (folio 10 segundo cuaderno). Sobre el particular afirmó: ³En este orden de ideas.que efectivamente el corte o racionamiento del servicio de energía eléctrica. debe ceder ante el interés superior y concreto del estado. Afirmó el ad quem que en casos similares la Corte Suprema había sostenido que la acción de tutela ³no procede para debatir temas referentes a la instalación suspensión y reinstalación de servicios públicos.P.A. de donde aflora que los conflictos que de allí puedan emerger. la empresa prestadora del servicio domiciliario. por tanto. 14. no es menos cierto. que se materializa en el efectivo funcionamiento y seguridad de los centros penitenciarios. E..
. voluntarioso o arbitrario de la entidad accionada´.. por parte de la sociedad demandada. 12..A.´ (folio 11 segundo cuaderno). 13. contando en todo caso.. abstenerse de realizar cortes o racionamientos de energía en la cárcel San Sebastián de la Ternera. pues el interés económico de la empresa prestadora del servicio domiciliario. ya que su actitud encuentra soporte en la relación contractual existente y naturalmente en las disposiciones legales que la gobiernan. toda vez que normalmente los derechos allí involucrados emanan de una relación contractual y no.. afecta o pone en peligro la vida la integridad personal y por ende la dignidad de los reclusos. Consideró el Tribunal ³. por lo cual no resulta ³desproporcionado el proceder de la accionada. al centro carcelario San Sebastián de la Ternera.. por lo demás se ha limitado a disponer racionamientos con la esperanza de generar una actitud que se acompase con las obligaciones nacientes de la relación contractual incumplida. 15. sino que recaen en la ³actitud injustificable y negligente relacionada con el no pago del servicio público dispensado por los períodos facturados´.´ (folio 8 segundo cuaderno). de rango fundamental.´ Y continua ³.Electrocosta S. y que tal circunstancia en virtud del artículo 140 de la ley 142 de 1994 da lugar a la suspensión del servicio.S. que esta medida resulta desproporcionada en este caso concreto.. Para el ad quem es claro que existe un incumplimiento contractual por parte de la administración del centro penitenciario. con los medios judiciales pertinentes.Si bien es cierto. quien.´ (folio 110) Segunda instancia. suspensión o racionamiento del servicio de energía.. se encuentra amparado por la ley. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en segunda instancia decidió revocar la sentencia del a quo y en su lugar denegó la tutela invocada.
a su vez.000. 2. y a celebrar un nuevo convenio con el fin de "establecer la forma de mantenimiento. alumbrado público y demás conceptos inherentes a la prestación del servicio de energía´.P. los municipios de Río Viejo y Arenal del Sur debían a la empresa Electrocosta E. En el mes de noviembre de 2001. Electrocosta ha comercializado la energía con los municipios (Regidor. En el Primer semestre de 1997. Morales. 3. 5. Regidor y Río Viejo". señaló que el servicio sólo sería restablecido cuando se hubiese celebrado convenio de pago y cancelado el valor de la cuota inicial. a ³implementar un sistema de contabilización de los ingresos obtenidos por la venta de energía. En el segundo semestre del año 1992. Electrocosta suspendió el suministro de energía eléctrica en todo el municipio de El Arenal (Bolívar) (folio188). pagos. ofreció reconsiderar tales medidas si antes del plazo los municipios proponían una solución efectiva de pago (folios184 y 185). y a ³prestar el servicio de elaboración de las facturas de cobro a los usuarios del servicio en Río viejo y en los corregimientos de Regidor. ³cancelar oportunamente los valores de la factura mediante giro directo´. 6. a partir del día 22 de noviembre de 2001. procedería. cerca de dos mil millones de pesos ($ 2.
. Regidor. "a la suspensión del servicio de energía eléctrica." Igualmente. Los referidos convenios nunca se cumplieron en su totalidad. El día 27 de noviembre de 2001.. 1. Arenal. en estos municipios." (folios 180-181). el Municipio de Río Viejo se obligó entre otras a. a prestar suministro de energía eléctrica al Municipio de Río Viejo y a sus corregimientos. manejo de alumbrado público etc. entre otras. 4.000. El municipio del Arenal nunca celebró nuevo convenio (folio 191 y 197). Electribol y los municipios de Morales. Un convenio similar se celebró entre el Municipio de Morales y Electribol.Expediente T-602073 Circunstancias previas al problema jurídico que plantean las sentencias de tutela objeto de revisión. Igualmente.oo) por concepto de venta de energía eléctrica (folios 182 y 183).S. (folio192). El Arenal y Río Viejo) en punto de red (subestación Santa Teresa). Electrocosta informó a los alcaldes de los municipios de Río Viejo y del Arenal que de no cancelarse las sumas adeudadas. Electrocosta nunca ha comercializado directamente la energía con los habitantes del municipio del Arenal. En el mes de septiembre de 2001. "en cualquier hora. de cualquier día" mientras subsistiera la mora en el pago. en la que se obligaron a independizar "la facturación y cobro de la energía consumida en los municipios de Morales. sitio en el cual sólo existe un medidor para registrar el consumo de los cuatro municipios (folios 194 y 195). mediante el cual Electribol se obligó. celebraron un convenio interadministrativo. Para entonces El Arenal era un corregimiento del Municipio de Morales (folio 189).000. Río Viejo y El Arenal (antiguo corregimiento del municipio de Morales) suscribieron un acta de acuerdo. la antigua electrificadora de Bolívar (Electribol) y el Municipio de Río Viejo (Bolívar). San Antonio y Santa Teresa´ (folios 173 a 179). Así mismo.
el electrocauterizador y el espectronic. se ha puesto en grave peligro la salubridad de todo el municipio. decidió ordenar a la empresa Electrocosta el restablecimiento del servicio de suministro de energía eléctrica. Tercero. Bajo las anteriores circunstancias fácticas. 9. varios equipos médicos se dañaron (la incubadora. Electrocosta reinició la suspensión del suministro de energía a todo el municipio (folio 265). segundo. empezaron a derivar las siguientes consecuencias que constituyen los hechos de la demanda: Primero.
. que efectivamente las autoridades del municipio del Arenal habían manifestado tales inconsistencias aun antes del corte del servicio (folios 198 a 201)). El Tribunal Superior de Cartagena a raíz de otra acción de tutela presentada por el Alcalde del Arenal en representación del Municipio. al considerar que la mencionada empresa vulneró el derecho fundamental al debido proceso del Municipio. Cuarto.
Hechos motivo de la demanda. ante la inminencia de un ataque subversivo. ha incrementado las condiciones de vulnerabilidad de la población (folios 2-4. A partir de los prolongados racionamientos y de la suspensión en el servicio de energía que sufriera la totalidad del Municipio del Arenal. En el centro hospitalario del Arenal.7. el Personero señaló como derechos fundamentales vulnerados: El derecho a la vida (artículo 11). considerada como "zona roja". 36-39). el derecho a la salud. presentó acción de tutela contra la empresa Electrocosta (trámite objeto de revisión) por considerarla responsable de la violación sistemática de los derechos fundamentales de los habitantes del municipio del Arenal debido a los prolongados racionamientos y la posterior suspensión del servicio de energía (folios 1 a 10). por tres razones: primero. situación que sumada a la ubicación del municipio (sur de Bolívar). y al no mediar pago alguno por parte del municipio del Arenal. Edwin Campo Vega actuando en calidad de personero del Municipio El Arenal. entre otros) y por otro lado. El acueducto del Arenal requiere energía eléctrica para su funcionamiento. y tercero. debido a los razonamientos y a fallas en el fluido eléctrico. al oponerle una obligación (la del pago por concepto de prestación de servicio de energía) sin existir título alguno (se pudo establecer que El Arenal no había celebrado convenio alguno que la obligara con Electrocosta). Esta decisión fue posteriormente revocada por la Corte Suprema de justicia el día 22 de febrero de 2002. ni la iluminación. que el monto de la obligación era incierto. 9. y como es la única fuente de agua potable cercana debido a que. El día 15 de enero de 2002. La iluminación en las horas de la noche es nula. debido a la suspensión del servicio de energía se hizo imposible la prestación del servicio médico. Segundo. situación que ha hecho imposible la conservación de alimentos perecederos. afirma el Personero: ³la quebrada que bordea a Arenal se encuentra contaminada (envenenada) por uranio y mercurio´. (artículo 49) y el derecho al trabajo (Artículo 25) de los habitantes del municipio El Arenal (folio 1). Quinto. La alcaldía con todas sus dependencias está paralizada. al no funcionar los computadores. El día 5 de diciembre de 2001. 8. Por el lugar geográfico (sur de Bolívar) las situaciones ambientales hacen necesario el uso de refrigeradores que funcionan con energía eléctrica. derechos fundamentales presuntamente vulnerados.
aun no se encuentra satisfecha la obligación. E. necesarios para la procedibilidad excepcional de la acción (folios 148 y 149). CONSIDERACIONES.DECISIONES DE INSTANCIA. Competencia. Agregó el a quo que la presente acción de tutela "podría haber prosperado" como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. El Juzgado Promiscuo Municipal de Morales (Bolívar) denegó la tutela de los derechos fundamentales invocados. 13. E. eran intereses colectivos. la Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones judiciales referidas. Pruebas solicitadas por la Sala. Segunda instancia. comunes a todos los habitantes del Municipio. urgencia y gravedad).´ (ii) A pesar de haberse efectuado algunos abonos a la deuda contraida por el INPEC-Cárcel Distrital de Cartagena.. y con el objeto de tener información acerca de la continuidad en la prestación del servicio de suministro de energía por parte de la empresa Electrocosta S. se solicitó oficiar a la Cárcel Distrital de Cartagena. para cuya defensa judicial fue consagrada la acción popular regulada por la ley 472 de 1998.. II. (iii) La Dirección General del INPEC con sede
. esta Sala tendrá por probado que: (i) A pesar de no encontrarse suspendido el servicio de suministro de energía eléctrica a las instalaciones de la Cárcel Distrital de Cartagena. Primera instancia.S. de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. así como del comportamiento contractual frente a la realización de los pagos por parte del INPEC-Cárcel Distrital de Cartagena a la Empresa Electrocosta S. situación que no es el caso al no establecerse los requisitos estructurales de la "irremediabilidad del perjuicio" (inminencia. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Simití (Bolívar). Expediente T-542060 2.A.P. 12. Recibido el informe el día 7 de mayo de 2002.A. se continúan presentando ³cortes de energía repentinos y prolongados en varias oportunidades. por considerar que la acción de tutela no era el mecanismo judicial apropiado para la defensa de los intereses de los habitantes del Arenal. reiterando las consideraciones del a quo confirmó en su totalidad el fallo de primera instancia (folios 209 a 211). De conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241 numeral 9. 1. habida cuenta que lo que se afectaba con la medida de suspensión del servicio de energía.S.P. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre el día de presentación de la demanda y la adopción de este fallo.
a abonar a la deuda la suma de ciento ochenta millones de pesos ($180. (iii) Que definitivamente no existen medidores que permitan individualizar el consumo de los habitantes del municipio. Como consecuencia directa del racionamiento se han visto alteradas las condiciones ordinarias de funcionamiento en el centro penitenciario (especialmente lo relacionado con el suministro de agua potable. La empresa Electrocosta S. bajo el auspicio del Departamento de Bolívar. no existen medidores individuales para los mismos. Presentación de los casos. Se solicitó. la cocción de los alimentos y la seguridad interna). Recibido el informe el día 27 de agosto de 2002. Regidor. al ser el hecho que motiva la acción de tutela consecuencia de conducta aparentemente legítima de particular. y motivada por el incumplimiento contractual en el pago de las facturas del servicio de energía por parte del INPEC-Cárcel Distrital de Cartagena. decidió efectuar racionamientos diarios de cinco a seis horas en el suministro de energía al centro penitenciario. un acuerdo de pago entre Electrocosta y los municipios de Río Viejo. está Sala tendrá por probado que (i) Desde el 16 de julio de 2002. Igualmente. E. (ii) Que a pesar de que Electrocosta expide cuatro facturas a cargo del Arenal. al municipio de El Arenal. la Sala decidirá sobre la misma. 259 a 271). Expediente T-602073
.. En el mismo sentido. 4. nombrar y acatar lo resuelto por una comisión que revisaría la facturación y establecería el monto de la deuda.. así como del comportamiento contractual frente a la realización de los pagos por parte del municipio El Arenal.000.P.A. problemas jurídicos por resolver y temas jurídicos por abordar. E. situación que constituye una fundada amenaza a los derechos fundamentales de los reclusos. en relación con los principios de dignidad humana y de eficacia de los derechos fundamentales. Morales. Expediente T-542060. en virtud de una norma de autorización con rango de ley (artículo 140 ley 142 de 1994.en Bogotá está gestionando un ³cruce de cuentas con Electrocosta para agilizar los pagos futuros. Igualmente. y a reunirse nuevamente para revisar el acuerdo de pago. oficiar a la alcaldía del Arenal y a Electrocosta.´ Expediente T-602073 3.oo).S. Electrocosta se comprometió con los municipios a asesorarlos acerca de la forma en que estos deben distribuir entre los habitantes el costo del consumo de energía (fls. modificado por el artículo 19 ley 689 de 2001).A. (iv) Que el día 16 de julio de 2002 se celebró. no se han efectuado racionamientos en el suministro de energía por parte de Electrocosta.P.000. según la división del municipio en cabecera municipal y tres corregimientos.S. y con el objeto de tener información acerca de la continuidad en la prestación del servicio de suministro de energía por parte de la empresa Electrocosta S. y El Arenal. entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios de carácter privado. Asosipaz y la Superintendencia de Servicios públicos domiciliarios. en el que las partes se comprometieron a.
de la sola condición de ³prestador de servicios públicos´ no se extrae la consecuencia normativa de la procedencia de la acción "contra acciones u omisiones de particulares´. 6. Como consecuencia directa de la suspensión del suministro de energía se han visto alteradas las condiciones ordinarias de funcionamiento del municipio.) y con la seguridad (iluminación de las instalaciones militares y de policía). al ser el hecho que motiva la acción de tutela consecuencia de conducta aparentemente legítima de particular. (e) La situación de incumplimiento y las relaciones contractuales con efectos directos sobre terceros. 86 inciso 5º de la Constitución Nacional y numeral 3° del art. Considera la Sala que. en virtud de una norma de autorización con rango de ley (artículo 140 ley 142 de 1994 modificado por el artículo 19 ley 689 de 2001). E. (f) La prestación de los servicios públicos esenciales. La legitimación en la causa por pasiva. esta situación constituye una fundada amenaza a los derechos fundamentales de los habitantes del municipio del Arenal. la amenaza o vulneración del derecho fundamental debe estar relacionada con
. (c) Las características del servicio público de suministro de energía eléctrica en el contexto del Estado social de derecho. debe existir una estrecha relación entre la actividad objeto de la prestación del servicio público. Igualmente. (g) El alcance del enunciado normativo del artículo 45 del decreto 2591 de 1991 y la aparente legitimidad de la conducta de Electrocosta. Y (h) las implicaciones constitucionales de las llamadas ³relaciones especiales de sujeción. los derechos fundamentales y los establecimientos constitucionalmente protegidos. 7. la Sala estudiará: (a) la procedencia de la acción de tutela contra particulares y la legitimación en la causa por pasiva. Procedencia de la acción de tutela contra particulares. entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios de carácter privado..S.P. es procedente la acción de tutela.5. la Sala considera que conforme a la Constitución y a la ley. (art. Ante la evidencia de la procedencia de la acción de tutela contra particulares que prestan servicios públicos y por tratarse en este caso de una sociedad cuyo objeto social principal es la prestación de los servicios públicos de distribución y comercialización de energía eléctrica. Sin embargo.´ A. 42 del decreto 2591 de 1991). (b) La naturaleza jurídica de la expresión constitucional ³dignidad humana´ y las consecuencias normativas de su determinación. y motivada por el incumplimiento contractual en el pago de las facturas del servicio de energía por parte del Municipio del Arenal (Bolívar) decidió suspender el suministro de energía a la totalidad del Municipio. especialmente las relacionadas con la salud (funcionamiento del hospital y el acueducto. la Sala decidirá sobre la misma. O en otros términos. y la amenaza o vulneración al o a los derechos fundamentales. En el marco de los problemas jurídicos planteados. (d) Los deberes constitucionales: la obligación de pago en el ámbito de los servicios públicos y el principio de solidaridad.A. la acción u omisión del particular prestatario del servicio. La empresa Electrocosta S. en relación con los principios de dignidad humana y de eficacia de los derechos fundamentales. Temas jurídicos por abordar.
en la órbita legal contractual. 86 superior). pero que constituye una conducta contractual en ocasiones prohijada y permitida por la ley. A pesar de que la conducta del particular esté en principio. predicable del incumplimiento del principio de eficacia de los derechos fundamentales. así mismo.una conducta u omisión del particular desarrollada dentro del objeto propio que constituye la prestación del servicio público. la situación es clara: se conserva la legitimidad por pasiva. Por otro lado. se impone el principio de responsabilidad personal patrimonial. Consecuencias normativas de su determinación. El juez de tutela deberá darle trámite a la respectiva acción toda vez que los casos bajo estudio involucran una posible vulneración de derechos fundamentales. se impone el principio de la eficacia de los derechos fundamentales y de los principios constitucionales. suspensión o corte en la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica. en principio.. responsabilidad del incumplido. A esta conclusión llega la Sala a partir de la diferenciación de las dos ópticas desde las cuales se pueden analizar y resolver los temas y los problemas jurídicos del caso: la órbita legal y la órbita constitucional. Esta diferenciación es útil porque permite identificar los marcos jurídico-conceptuales en los cuales se analiza el fenómeno bajo estudio y además porque permite presentar una solución armónica con cualquiera de los dos programas. propia de los derechos fundamentales y de los mecanismos especiales para su protección. con un problema jurídico de orden legal (el incumplimiento de obligaciones contractuales con efectos sobre terceros). sino un asunto de responsabilidad constitucional. y además porque en ambos se perfecciona una de las hipótesis de procedibilidad de la acción de tutela. en atención a la importancia del servicio público de que se trate y su relación con los derechos fundamentales. ofrece lugar a ciertas dudas sobre la certidumbre de la legitimación por pasiva de la acción de tutela. en consecuencia la Sala reafirma la existencia de legitimidad en la causa por pasiva. el hecho del racionamiento. En sede de tutela no se aborda el estudio de un asunto de responsabilidad patrimonial. 8. Naturaleza jurídica de la expresión constitucional ³dignidad humana´. sino que sería. predicable de un incumplimiento contractual. En la órbita constitucional. independientemente de que el servicio sea prestado por entidades estatales o por particulares. B. De esta forma la procedibilidad de la acción de tutela cobra verdadero sentido. de tal forma que cuando las dos órbitas se tocan en un caso concreto. entre otros.
. este último principio deberá ceder ante el principio de la eficacia de los derechos fundamentales. De tal forma que al concurrir un problema jurídico de orden constitucional (la posible vulneración o amenaza de derechos fundamentales originada en la suspensión de la prestación de un servicio público). debido a que la afectación de los terceros no será como tal imputable al particular prestador del servicio. y por ser la acción de tutela un mecanismo procesal para que cualquiera persona reclame ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales por la acción u omisión de un particular encargado de la prestación de un servicio público (art. como un acto propio del desarrollo del objeto de prestación del servicio público que afecta a terceros. legalmente avalada y además esté justificada por el incumplimiento contractual.
y de los habitantes del municipio del Arenal en el otro. 11. El estudio de la naturaleza jurídica de la expresión constitucional ³dignidad humana´ tiene relevancia a partir de la existencia de una estrecha relación entre los conceptos normativos de. (ii) La dignidad humana entendida como principio constitucional. tres lineamientos claros y diferenciables: (i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera). 10. de los actores y de los demás reclusos en un caso. derecho a la protección por parte del estado. la Sala ha identificado tres lineamientos: (i) la dignidad humana entendida como principio fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado. o como entidad normativa autónoma. Estos seis aspectos no representan de manera alguna una postura definitiva y restringida del objeto protegido. ya sea como derecho fundamental o como principio constitucional. ya como fundamento de los derechos invocados (derecho al ambiente sano. de las razones normativas o de la configuración de los límites. Síntesis de la configuración jurisprudencial de la naturaleza jurídica de la dignidad humana. Por el contrario encuentra y reconoce la Sala. De otro lado al tener como punto de vista la funcionalidad. Para la Sala una síntesis de la configuración jurisprudencial del referente o del contenido de la expresión ³dignidad humana´ como entidad normativa. prestación eficiente y continua de los servicios públicos (artículo 365). incluso de las que no aparecen en este fallo relacionadas. las condiciones materiales. en los que. Al tener como punto de vista el objeto de protección del enunciado normativo ³dignidad humana´. la Sala ha identificado a lo largo de la jurisprudencia de la Corte.9. en que el enunciado normativo de la "dignidad humana" se concreta. En este sentido no importará para efectos de la validez-existencia de la norma jurídica implícita en el enunciado normativo ³dignidad humana´. del mandato de acción. puede presentarse de dos maneras: a partir de su objeto concreto de protección y a partir de su funcionalidad normativa. y en este sentido la dignidad como valor. Y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales. derecho a la salud y derecho a la vida). la riqueza tanto conceptual como funcional de la dignidad humana como concepto normativo. Y (iii) la dignidad humana entendida como derecho fundamental autónomo. obligan al juez de tutela a considerar el concepto normativo de dignidad humana. Estado social de derecho (artículos 1 y 365) y eficacia de los derechos fundamentales (artículos 2 y 86). que la misma se
. del enunciado normativo ³dignidad humana´. Así mismo esta relevancia se pone de manifiesto frente a los casos concretos. (ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). de tal forma que el énfasis o el acento que resulte puesto en uno de los sentidos expresados para efectos de la argumentación y en general de la solución jurídico constitucional de los casos concretos. integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones). no implica la negación o la pérdida de validez de los demás.
la dignidad constiuyó uno de los fundamentos constitucionales para la despenalización del consumo de dosis personal de drogas ilícitas. como expresión de ciertas condiciones materiales de existencia. decidió proteger los derechos fundamentales del menor con fundamento en la caracterización de la dignidad humana como autonomía personal. Objeto de protección o contenido material del enunciado normativo ³dignidad humana´. En la sentencia C-239 de 1997. en el caso del homicidio pietístico. En la sentencia T-461 de 1998. que aparezca como expresión de la autonomía individual. cuando dicha elección no repercuta de manera directa en la órbita de los derechos ajenos. la Sala ha identificado en la jurisprudencia de la Corte. A su vez. A Partir de la idea de un objeto de protección o de un cierto contenido material de la dignidad humana como concepto normativo. la Corte al estudiar el caso de la readecuación de sexo de un menor. debido a que los mismos constituyen una ³derivación directa del principio de dignidad humana´. la Corte recurrió al imperativo categórico kantiano. como condiciones de existencia y como intangibilidad de ciertos bienes. para reforzar la idea según la cual no pueden superponerse los intereses generales a los derechos fundamentales. Segunda línea jurisprudencial: la dignidad humana y las condiciones materiales de existencia. especialmente los de la libertad y la vida que son ³inherentes´ a la dignidad del ser humano. en la sentencia C-542 de 1993. 12. al estar dirigida a configurar despido indirecto. la Corte decidió que la práctica consistente en limitar la actividad del trabajador a acudir al sitio de trabajo y no permitirle desarrollar las labores para las cuales fue contratado. 13. y en el mismo sentido.
. En la sentencia T-532 de 1992. la Corte creó una causal de justificación o eximente de responsabilidad. la Corte señaló la estrecha relación entre la libertad individual y la dignidad humana. Estas líneas jurisprudenciales se conforman así: Primera línea jurisprudencial: la dignidad humana y la autonomía individual. tres ámbitos diferenciables y más o menos delimitados: la dignidad humana como autonomía individual. en esta oportunidad se pronunció sobre el contenido de la dignidad asociándola a la autonomía individual. como principio constitucional o como valor. En la sentencia T-472 de 1996. o como expresión de la intangibilidad de ciertos bienes. en la cual se pronunció sobre la constitucionalidad de normas antisecuestro. la Corte consideró la dignidad humana como el fundamento de la libertad personal. afecta la dignidad humana en tanto imposibilita al trabajador el despliegue de la actividad y el ³desarrollo de su ser´.exprese como derecho fundamental. De igual manera la Corte insistió en que la dignidad se ³logra´ con el pleno ejercicio de la libertad individual. En la sentencia C-221 de 1994. que se concreta en la posibilidad de elegir el propio destino. uno de los ejes de la argumentación fue el de la dignidad entendida como autonomía del enfermo para decidir sobre su vida en determinadas circunstancias. la Corte estableció que las personas jurídicas no son titulares de los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre. En la sentencia T-477 de 1995.
la Corte declaró inexequible una norma del código de tránsito que disponía que para efectos de la capacidad de transporte de pasajeros. la Corte resolvió el caso de reclusos inimputables por demencia cuya medida de seguridad de internación psiquiátrica se había prolongado indefinidamente lo cual constituía una pena o trato cruel. en el caso del homicidio pietístico. con letrinas abiertas. En la sentencia T-124 de 1993.S. para la Corte en este caso la dignidad opera como calificativo de la forma de vida. la Corte ordenó realizar algunas reparaciones en un centro penitenciario a partir de la acción de tutela presentada por un recluso que dormía en un lugar incómodo expuesto a malos olores. la Corte concedió la tutela del derecho a la salud y al desarrollo armónico físico y psíquico de una menor bajo la idea de la dignidad humana en función de las necesidades materiales. la humillación padecida por el menor fue una de las razones para determinar la procedencia de la tutela de sus derechos. la Corte al estudiar un caso de violencia intrafamiliar. la Corte tuteló el derecho de petición de una persona de la tercera edad que solicitaba el reconocimiento de la pensión. en este caso es clara la relación existente entre la dignidad humana y las condiciones materiales de existencia. lugar de paso de otros reclusos. En la Sentencia T-596 de 1992. pero ahora en función de las condiciones materiales de la vida del enfermo. la Corte revisó la tutela interpuesta por la madre de un niño a quien su profesora le castigó poniéndole un esparadrapo en la boca. En la sentencia T-401 de 1992. tuteló los derechos de una menor a partir del enunciado normativo ³respeto a la dignidad humana´ del cual se desprende el derecho fundamental ³a la integridad física y moral´. 15. En la sentencia T-402 de 1992. En la sentencia C-521 de 1998. suministrar pañales (excluidos del POS) a una persona de la tercera edad con dificultades económicas y con un problema de control de esfínteres. En la sentencia T-565 de 1999. en este caso consideró que la dignidad no se restringe a la creación de las condiciones de vida digna sino que se extiende a la obligación de velar por que se alcance tal resultado. En la sentencia C-012 de 2001.. la Corte revisó la acción de tutela presentada por una persona recluida en una cárcel con problemas de hacinamiento y que tenía que dormir sobre un piso húmedo. En la sentencia T-123 de 1994. Tercera línea jurisprudencial: la dignidad humana y la intangibilidad de los bienes no patrimoniales. que claramente afecta la dignidad humana. de la cual se desprende una relación entre la dignidad y unas ciertas condiciones materiales de existencia. Uno de los ejes de la argumentación fue el de la dignidad. etc.14. la Corte creó una causal de justificación o eximente de responsabilidad. la Corte revisó la constitucionalidad de un tratado internacional sobre repatriación de presos. las condiciones materiales de vida y la dignidad. integridad física e integridad moral.P. inhumano o degradante. la Corte puso de presente la relación entre la noción normativa de dignidad y la integridad
. En la sentencia T-036 de 1995. la Corte ordenó a una E. En la sentencia C-239 de 1997. Aunque en este caso la Corte no concedió la tutela por existir hecho superado (libertad del actor) si se pronunció sobre la relación entre el hacinamiento penitenciario la dignidad humana y las condiciones materiales de existencia. En esta oportunidad señaló la relación existente entre la igualdad material. las razones giraron en torno a las condiciones de comodidad y seguridad durante el transporte como predicados de la dignidad humana. los niños menores de 7 años se considerarían como medio pasajero. En la sentencia T-556 de 1998. En la Sentencia T-296 de 1998. por consiguiente ordenó el cumplimiento de la prescripción médica consistente en el suministro de silla de ruedas.
´ En la sentencia T-645 de 1996. A partir de esta serie de pronunciamientos de la Corte Constitucional.. la Corte no se ha valido únicamente de los enunciados normativos de los artículos 1. entendidos en su conjunto. 42 (la honra. tal situación constituía un trato cruel que representaba una ³vulneración de la dignidad humana´. concedió la tutela del derecho a la integridad física en relación con el derecho a la dignidad humana. junto con el enunciado normativo del ³respeto a la dignidad humana´ ha extraído la norma consistente en el derecho fundamental a la integridad física y moral. Ilustrativo es el caso de la contenida en el artículo 12 (Nadie será sometido a desaparición forzada.física. la Corte. Estos tres ámbitos de protección integran. para la construcción de las normas en función del objeto de protección delimitado. por el contrario. la Sala concluye que el referente concreto de la dignidad humana está vinculado con tres ámbitos exclusivos de la persona natural: la autonomía individual (materializada en la posibilidad de elegir un proyecto de vida y de determinarse según esa elección). 17. a partir de múltiples enunciados normativos o disposiciones constitucionales. La Corte tuteló el derecho a la integridad física el cual es ³manifestación directa del principio de la dignidad humana´. 16. el objeto protegido por las normas constitucionales desarrolladas a partir de los enunciados normativos sobre ³dignidad´.. unas condiciones de vida cualificadas (referidas a las circunstancias materiales necesarias para desarrollar el proyecto de vida) y la intangibilidad del cuerpo y del espíritu (entendida como integridad física y espiritual. tuteló los derechos del herido bajo el argumento según el cual.fundada en el respeto de la dignidad humana. ordenando la realización de una cirugía estética. 25. el cual junto
. Igualmente ilustrativo es el caso del enunciado normativo contenido en el artículo 13 (el estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva). Síntesis de las líneas jurisprudenciales acerca del contenido material de la expresión normativa "dignidad humana". organizado en forma de República unitaria. ya como adjetivo. la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables) y 51 (Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna). Sin embargo. presupuesto para la realización del proyecto de vida). ya como sustantivo... En la sentencia T-879 de 2001.). la Corte al resolver el caso de un delincuente gravemente herido que fue esposado a la cama del hospital por el policía custodio. ha recurrido a la delimitación de los referidos ámbitos de protección. y de manera secundaria los contenidos en los artículos 25 (Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas).. la Corte al resolver el caso de una mujer que perdió la fisonomía de su cuerpo después de una operación de senos. aparecen de manera literal. a torturas ni a tratos o penas crueles inhumanos o degradantes) de la cual la Corte. ordenando la revisión de la actora por parte de un especialista. la Corte resolvió el caso de una señora a quien después de varias revisiones médicas no le resolvían sus problemas de salud. De tal forma que es la prohibición de someter a persona alguna a la realización de ³trabajos forzados´ la que permite perfilar el contenido del llamado derecho a la ³dignidad humana. 42 y 51 en los cuales las palabras ³dignidad´ y ³dignas´. principalmente el contenido en el artículo 1 (Colombia es un Estado social de derecho. En la sentencia T-572 de 1999.
Esta descripción de los ámbitos de protección a partir de ciertas relaciones existentes entre los enunciados normativos contenidos en los artículos 1 (dignidad humana). Pasará ahora la Corte a definir el aspecto de la funcionalidad del enunciado normativo "respeto a la dignidad humana" en el ordenamiento jurídico colombiano. a partir del marco conceptual propio de la ciencia normativa del derecho. pues los predicados de la dignidad humana comparten también naturaleza normativa. y lograr la protección efectiva de los mismos. La funcionalidad del enunciado constitucional "respeto a la dignidad humana" en el ordenamiento jurídico colombiano. La distinción es importante para la comprensión del concepto como fenómeno lingüístico. y en este sentido la dignidad como valor. en este caso el de la dignidad humana. situaciones que en principio deben ser garantizadas por el Estado mediante la distribución de bienes y servicios. Esta duplicidad de planos impide adelantar el análisis o el tratamiento de un enunciado normativo. plantea el problema de la delimitación del ámbito de protección de las normas jurídicas que consagran derechos fundamentales. con el fin de darle sentido a la propia existencia. (ii) La dignidad humana entendida como principio constitucional. En este sentido se han identificado tres lineamientos: (i) la dignidad humana entendida como principio fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado. el cual una vez resuelto. De esta forma consideraciones que bien cabrían en el plano axiológico no serían de recibo en el plano normativo. Y (iii) la dignidad humana entendida como derecho fundamental autónomo. o
. 12 (prohibición de tratos inhumanos). 13 ( principio de igualdad material) 16 (derecho a la libertad). 20. pues mientras el plano axiológico opera bajo la lógica de ³lo mejor´ el plano normativo opera bajo la lógica de ³lo debido´. 19.con el enunciado normativo del ³respeto a la dignidad humana´ ha servido para perfeccionar el objeto de protección de la dignidad entendida como posibilidad real de acceder a ciertos bienes o servicios materiales o de disfrutar de ciertas condiciones de vida. Y en primer lugar. Esta distinción igualmente le permite a la Corte evitar rupturas metodológicas de otra manera insalvables. permite racionalizar los contenidos de la Constitución. de la ³dignidad humana´ como valor fundante del ordenamiento jurídico y del Estado colombianos. Para la Sala es claro que cuando la Corte Constitucional se pronuncia sobre valores. En el mismo sentido se puede mostrar el caso del enunciado normativo contenido en el artículo 16 (todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad) del cual la Corte junto con el enunciado normativo del ³respeto a la dignidad humana´ ha delimitado el objeto de protección de la dignidad entendida como posibilidad de autodeterminarse según el propio destino o la idea particular de perfección. pasa inmediatamente del plano normativo al plano axiológico. de tal forma que cuando se afirma que la dignidad humana es el fundamento del ordenamiento jurídico y del Estado. para efectos prácticos estas diferencias se diluyen. Sin embargo.
en este sentido la dignidad humana constituye un elemento definitorio del Estado social y de la democracia constitucional. la dignidad humana es el principio fundante del ordenamiento jurídico que constituye el presupuesto esencial de la consagración y efectividad del entero sistema de derechos y garantías de la Constitución. es una de las más importantes tareas de la Corte Constitucional como la máxima intérprete de la Constitución. En la sentencia C-045 de 1998 la dignidad humana es el fundamento del ordenamiento jurídico. Es obvio que el racionamiento del juez constitucional no es el del lógico del silogismo. En la sentencia C-521 de 1998 la dignidad humana constituye el valor superior al cual están anejos los derechos fundamentales. la Corte toma la dignidad humana como el valor fundante constitutivo del orden jurídico. Sin embargo el juez constitucional interpreta y aplica normas jurídicas. En conclusión. la Corte lo toma como un principio del que derivan derechos fundamentales de las personas naturales. la dignidad humana se muestra como el principio fundante de la Constitución y a la vez es una garantía de las personas. existiendo entonces una suerte de relación conceptual necesaria entre dignidad humana y Estado social de derecho. se perfilan argumentos de tipo normativo. al realizar el análisis de hechos particulares. prohibiciones. la operatividad del concepto pasa del plano prescriptivo al plano descriptivo. 21. permisiones o potestades. En la sentencia T-011 de 1993. 23. en el cual a partir de enunciados normativos determinados. Pasará la Sala a revisar la funcionalidad del enunciado normativo ³dignidad humana´ en el plano axiológico a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. La importancia práctica de esta ³faceta´ de la dignidad humana está mediada simplemente por la posibilidad de claridad conceptual. En la sentencia T-338 de 1993. En este sentido recuerda la Sala que la identificación de normas jurídicas a partir de enunciados normativos es la más importante tarea del intérprete. y las normas jurídicas constitucionales. y en el caso de los enunciados normativos constitucionales. Y frente a las cuales el ordenamiento prevé la posibilidad de materializar
. para la Sala es claro que la dignidad humana caracteriza de manera definitoria al Estado colombiano como conjunto de instituciones jurídicas. base del ordenamiento jurídico y de la actividad de las autoridades públicas. En la Sentencia T-556 de 1998 es un principio constitucional elevado a nivel de ³fundante´ del Estado. Para la Sala es palmario que la nuda expresión ³fundada en el respeto a la dignidad humana´ no permite la identificación inmediata de una norma jurídica. se presenta por lo general como un proceso implícito. Para la Corte en la sentencia T-401 de 1992. En la Sentencia T-1430 de 2000 la dignidad humana constituye a partir del Estado social de derecho. las cuales se estructuran a partir de mandatos. el pilar ético fundamental del ordenamiento. El enunciado normativo "respeto a la dignidad humana".que constituye el valor supremo de los mismos. En la sentencia T-472 de 1996. 22. que concluyen con una decisión obligatoria. En la sentencia T-499 de 1992. Este proceso de identificación de normas. la dignidad humana constituye la base axiológica de la Carta.
especialmente frente a su funcionalidad dentro del ordenamiento jurídico. 25. e integridad física y moral. 1. según el cual todas las autoridades del Estado sin excepción. para el desarrollo efectivo de los ámbitos de protección de la dignidad humana identificados por la Sala: autonomía individual. deben. la definición de la estructura de las normas jurídicas extraídas a partir del enunciado normativo ³respeto a la dignidad humana". El principio de dignidad humana.consecuencias. En la sentencia T-596 de 1992. se constituye como un mandato constitucional. en la medida de sus posibilidades jurídicas y materiales. realizar todas las conductas relacionadas con sus funciones constitucionales y legales con el propósito de lograr las condiciones. Los funcionarios públicos están en la obligación de tratar a toda persona. sin distinción alguna. un deber positivo. de conformidad con su valor intrínseco (CP arts. prohibido o permitido y a ciertas consecuencias jurídicas más o menos determinables. No sólo existe la obligación negativa por parte del Estado de no
. o un principio de acción. consistente en el principio constitucional de dignidad humana. Las cuales a pesar de tener la misma estructura (la estructura de los principios). 5 y 13). también incluye deberes positivos que vinculan a todas las ramas del poder público. En la sentencia T-499 de 1992. en aras de la identificación de las normas constitucionales a partir de los enunciados normativos constitucionales sobre el respeto a la dignidad humana. a partir del enunciado normativo "respeto a la dignidad humana´. o el principio de dignidad humana. constituyen entidades normativas autónomas con rasgos particulares que difieren entre sí. En últimas la estructura lógica de las normas permite reconducir las hipótesis de los enunciados a ciertos supuestos fácticos comprensivos de lo ordenado. se afirmará la existencia de dos normas jurídicas que tienen la estructura lógico normativa de los principios: (a) el principio de dignidad humana y (b) el derecho a la dignidad humana. condiciones materiales de existencia. afirmó la Corte:
"Los derechos fundamentales no incluyen sólo derechos subjetivos y garantías constitucionales a través de los cuales el individuo se defiende frente a las actuaciones de las autoridades públicas.". a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. 24. afirmó la Corte: "El respeto de la dignidad humana debe inspirar todas las actuaciones del Estado. Pasará entonces la Sala a revisar la funcionalidad de la norma jurídica identificada a partir del enunciado normativo ³dignidad humana´. del tema que ocupa a la Sala. (a) la configuración de la norma con funcionalidad de principio. Como conclusión.
cualesquiera que sea la relación que exista entre éstos. de suerte que la interpretación de los derechos constitucionales. obligan al Estado a morigerar sus efectos. afirmó la Corte: "La efectividad de sus derechos constitucionales de carácter prestacional y el real respeto por el principio de dignidad humana. base última del sistema jurídico. el Estado colombiano estará obligado a lograr la no utilización de medios que tengan efectos desproporcionados contra los no combatientes o que afecten la población civil. el Estado colombiano se funda en el valor de la dignidad humana. afirmó la Corte: "El principio de dignidad humana. libertad y solidaridad. además. En la Sentencia T-958 de 2001.
En la Sentencia C-328 de 2000.". afirmó la Corte: "Ahora bien. no se traduce en la mera creación de condiciones de vida digna.". lo cual determina. ha de tenerse presente que la realización de la libertad depende.".".
En la Sentencia C-012 de 2001. el principio de dignidad humana y el derecho a la paz no sólo imponen el deber de prevenir la guerra sino que. en caso de un conflicto inevitable. La razón jurídica que explica este compromiso positivo del Estado se encuentra en el mandato constitucional según el cual.lesionar la esfera individual. a que el Estado se abstenga de tomar decisiones que impongan mayores cargas a los asociados. de las condiciones materiales. Es. siguiendo la cláusula Martens. afirmó la Corte: "El respeto a la dignidad. un principio mínimo de convivencia y expresión de tolerancia. no sólo un deber negativo de no intromisión sino también un deber positivo de protección y mantenimiento de condiciones de vida digna. el respeto por la dignidad humana supone un reparto igualitario (sea formal o material) de las condiciones de ejercicio de la libertad. también existe la obligación positiva de contribuir a la realización efectiva de tales derechos. ha de tener por norte la consecución de la real igualdad.
. es un mandato que obliga no sólo a las autoridades públicas sino a los particulares. sean fundamentales o no. en si mismo. en gran medida. y en evidente conexión con el principio de dignidad humana.. también obliga a que las medidas adoptadas por el Estado efectivamente se dirijan a dicho resultado y. De igual manera.
En la Sentencia T-461 de 1998..". exige del Estado y de los particulares un compromiso permanente por respetar los valores de igualdad. En este punto.
Sin embargo. y cuenta con los elementos de todo derecho: un titular claramente identificado (las personas naturales). condiciones de vida. todos tienen derecho a que sean tratados conforme a esa dimensión específicamente humana. toda violación al derecho a la identidad. o el derecho fundamental a la dignidad humana. 26. 27. y obliga al juez de tutela a hacer efectiva la especial protección que otorga nuestra Carta Política a las personas de la tercera edad. también se ha referido a la dignidad humana como un derecho fundamental autónomo. se constituye como un derecho fundamental autónomo. Razón por la cual. a partir de una determinada concepción antropológica de la Carta. En la Sentencia T-124 de 1993. presupone la existencia de un derecho constitucional a la Dignidad. en un desconocimiento del deber de solidaridad exigible a todo individuo en un Estado Social de Derecho. Sin embargo. en cuanto tal. y mas específicamente a la identidad sexual . a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la Sentencia T-477 de 1995. Constitución Política) es un atributo de la persona y.". En la Sentencia T-036 de 1995. El derecho a la dignidad humana. Pasará entonces la Sala a revisar la funcionalidad de la norma jurídica identificada a partir del enunciado normativo ³dignidad humana´. afirmó la Corte: "En estas circunstancias. se constituye a su vez en fuente de otros derechos.". la actuación en que incurrió Elver García al cerrar el camino. afirmó la Corte: "La dignidad (artículo 1o. afirmó la Corte: "El derecho a la identidad. integridad física y moral) y un mecanismo judicial para su protección (acción de tutela). según los ámbitos protegidos constituye como tal un derecho fundamental. a partir del enunciado normativo "respeto a la dignidad humana´. sobrepasa el ámbito del derecho real de servidumbre y deviene en una violación del derecho fundamental a la dignidad humana. un objeto de protección más o menos delimitado (autonomía. consistente en el derecho constitucional fundamental a la dignidad humana. Este derecho ³Opera aún cuando caduquen los demás derechos personales emergentes de la Constitución´. es a su vez una vulneración al derecho a la dignidad Humana.(b) La configuración de la norma con funcionalidad de derecho fundamental. obligando a los petentes a arrastrarse bajo el alambrado y a cargar lo que sus cansadas espaldas pueden soportar. y no se trata en cambio de un fundamento de los derechos fundamentales.
. El derecho a la dignidad. Se consolida entonces como verdadero derecho subjetivo.". En este último sentido la Corte se ha pronunciado en varias oportunidades. la Sala se pregunta si efectivamente la dignidad humana.
conforme a la reiterada jurisprudencia de esta Corporación. al que como tal. Esta situación merecería una revisión frente a la determinación de la naturaleza jurídica de la dignidad humana. ostenten la calidad de fundamentales. a la salud. entre otros.. le corresponde una función integradora del ordenamiento jurídico. como el derecho a la igualdad. constituye un parámetro de interpretación de los demás enunciados normativos del
. el ámbito de protección del derecho (autonomía personal. y en particular. negarle una pensión de invalidez. equivale a someter arbitrariamente su bienestar a la voluntad o capacidad de terceras personas. el derecho a la salud. resulta tutelado de manera paralela o simultánea con el ámbito de protección de otros derechos fundamentales con lo cuales converge. los derechos de los niños. y un elemento definitorio del Estado social de derecho colombiano. para la solución correcta de los asuntos constitucionales. si la propia Corte ha concluido que la dignidad es un principio constitucional. En la Sentencia T-1700 de 2000.". afirmó la Corte: "Lo anterior permite a la Sala concluir que. basta la invocación y la protección de un derecho fundamental nominado o innominado específico. no lo es menos que. sobre todo. no parece adecuado acudir a la artificiosa construcción de un llamado derecho a la dignidad. Más aún. porque si bien. adquiere el carácter de fundamental cuando con su vulneración resulten afectados o amenazados derechos fundamentales como la vida. la dignidad humana u otros que. a la dignidad humana. afirmó la Corte: "Ello deja ver otra vulneración grave a entidades constitucionales como el derecho a la dignidad. el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En la mayoría de los fallos en los cuales la Corte utiliza la expresión "dignidad humana" como un elemento relevante para efecto de resolver los casos concretos. la integridad de la persona.
En la Sentencia T-888 de 2001. el derecho a la propia imagen o el derecho al mínimo vital. con aquellos con los cuales guarda una especial conexidad. la igualdad y la autonomía.En la Sentencia T-796 de 1998. a la integridad física. si bien es cierto que el derecho a la salud en principio es un derecho prestacional.". lo que compromete seriamente la dignidad. en el caso concreto del menor cuya protección se solicita.. el derecho a la identidad personal. en la medida en que tratándose de una persona que no cuenta con ninguna fuente de ingresos y que no tiene la capacidad de operar en el mercado laboral. se requiere garantizar la aplicación efectiva de las normas constitucionales que amparan los derechos a la vida." Síntesis 28. el derecho a la vida.. el derecho al trabajo. de manera autónoma. afirmó la Corte: "En consecuencia. bienestar o integridad física).
con tal de pasar de una concepción naturalista o esencialista de la misma en el sentido de estar referida a ciertas condiciones intrínsecas del ser humano. considera la Corte que ampliar el contenido de la dignidad humana. porque abre la posibilidad de concretar con mayor claridad los mandatos de la Constitución. que permitan dotarlo de un contenido apropiado. o el ³principio de principios´ del cual derivan el fundamento de su existencia-validez buena parte de los llamados derechos innominados. los ámbitos de protección de la dignidad humana. de tal forma que tanto las autoridades del Estado. con los propios de la dimensión social de la persona humana. Con esto no se trata de negar el sustrato natural del referente concreto de la dignidad humana (la autonomía individual y la integridad física básicamente). De tal forma que integra la noción jurídica de dignidad humana (en el ámbito de la autonomía individual). una interpretación más comprensiva de la Constitución permite y exige la identificación de nuevos ámbitos de protección que justifican el tratamiento jurisprudencial del enunciado sobre la dignidad. En este sentido. la posibilidad de una verdadera autodeterminación vital de las personas. sino como contenidos concretos. la libertad de elección de un plan de vida concreto en el marco de las condiciones sociales en las que el individuo se desarrolle. deberán apreciarse no como contenidos abstractos de un referente natural. como los particulares deberán abstenerse de prohibir e incluso de desestimular por cualquier medio.mismo y sobre todo es la fuente última. En conclusión. bajo las condiciones sociales indispensables que permitan su cabal desarrollo. Porque si bien la Sala ha identificado tres ámbitos concretos de protección a partir del enunciado normativo del ³respeto a la dignidad humana. Libertad que implica que cada persona deberá contar con el máximo de libertad y con el mínimo de restricciones posibles. funcional y armónico con las exigencias del Estado social de derecho y con las características de la sociedad colombiana actual. además de su referente natural. al menos por tres razones: primero. y tercero. como un verdadero derecho fundamental. porque permite racionalizar el manejo normativo de la dignidad humana.´ ámbitos igualmente compartidos por otros enunciados normativos de la Constitución (artículos 12 y 16). sobre todo en lo relativo a la concepción antropológica del Estado social de derecho. resulta de especial importancia. segundo. en relación con las circunstancias en las cuales el ser humano se desarrolla ordinariamente. 29. por que lo presenta más armónico con el contenido axiológico de la Constitución de 1991. Así mismo integra la noción jurídica de dignidad humana (en el ámbito de las condiciones materiales de existencia). De tal forma que integrarían un concepto normativo de dignidad humana. a una concepción normativista o funcionalista en el sentido de completar los contenidos de aquella. sino de sumarle una serie de calidades en relación con el entorno social de la persona. el cauce abierto por la Corte tiene una especial importancia en el desarrollo del principio de la eficacia de los derechos fundamentales y de la realización de los fines y valores de la Constitución. Sin embargo. ciertos aspectos de orden circunstancial determinados por las condiciones sociales. la posibilidad real y efectiva de gozar de ciertos bienes y de ciertos servicios que le permiten a todo ser humano funcionar en la sociedad según sus
Dicho nivel de eficiencia se concreta en la ³continuidad. La Corte igualmente ha considerado que los servicios públicos al encontrarse en el marco del Estado social de derecho. De tal forma que no se trata sólo de un concepto de dignidad mediado por un cierto bienestar determinado de manera abstracta. regularidad y calidad del mismo´ frente a lo cual su prestación ³no puede tolerar interrupciones´ y mucho menos cuando la interrupción se acomete con el objeto de ³hacer prevalecer el interés económico
. en consonancia con la interpretación armónica de la Constitución. C. y que por lo tanto incorpore la promoción de las condiciones que faciliten su real incardinación en la sociedad. pone de presente la especial relevancia política que el Constituyente de 1991 le atribuyó a los servicios públicos. que permita dar respuesta a las necesidades sociales imperantes de justicia material y de condiciones reales de igualdad. es evidente la existencia de un verdadero mandato constitucional encaminado a asegurar la prestación eficiente de los mismos a todos los habitantes del territorio nacional. según la disposición del artículo 365 de la Constitución. Características del servicio público de suministro de energía eléctrica en el contexto del Estado social de derecho. 30. sino de un concepto de dignidad que además incluya el reconocimiento de la dimensión social específica y concreta del individuo. Para la Sala la nueva dimensión social de la dignidad humana. se constituye en razón suficiente para reconocer su condición de derecho fundamental autónomo. se erigen como el principal instrumento mediante el cual ³el Estado realiza los fines esenciales de servir a la comunidad.especiales condiciones y calidades. En este sentido. así como para asegurar unas ³condiciones mínimas de justicia material´. bajo la lógica de la inclusión y de la posibilidad real de desarrollar un papel activo en la sociedad. constituyen ³aplicación concreta del principio fundamental de solidaridad social´. De tal forma que conductas dirigidas a la exclusión social mediadas por un atentado o un desconocimiento a la dimensión física y espiritual de las personas se encuentran constitucionalmente prohibidas al estar cobijadas por los predicados normativos de la dignidad humana.´ y son la herramienta idónea para ³alcanzar la justicia social y promover condiciones de igualdad real y efectiva´. normativamente determinada. promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios y derechos constitucionales. Los servicios públicos deben mantener un nivel de eficiencia óptimo. El tercer ámbito también aparece teñido por esta nueva interpretación. la posibilidad de que toda persona pueda mantenerse socialmente activa. igualmente tanto las autoridades del Estado como los particulares están en la obligación de adelantar lo necesario para conservar la intangibilidad de estos bienes y sobre todo en la de promover políticas de inclusión social a partir de la obligación de corregir los efectos de situaciones ya consolidadas en las cuales esté comprometida la afectación a los mismos. es así como integra la noción jurídica de dignidad humana (en el ámbito de la intangibilidad de los bienes inmateriales de la persona concretamente su integridad física y su integridad moral). Para la Corte la "inherencia" de los servicios públicos predicable de la finalidad social del Estado.
333). las obligaciones tributarias (CP art. especialmente en lo relativo al imperativo de continuidad de la prestación. las obligaciones propias de la seguridad social (CP art. y la obligación de obrar conforme al principio de solidaridad (CP art. La modificación del modelo de Estado operada por la Constitución de 1991. Frente al servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica. 25). la eficacia del principio de la dignidad humana y el goce cabal de los derechos fundamentales. la Sala reiterará la jurisprudencia sobre las características del servicio público de energía. las características generales de los servicios públicos. impone una dinámica diferente en términos de los derechos y las obligaciones de los ciudadanos. y. Los deberes constitucionales. 58) y de la empresa (CP art. la obligación de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. 32. En este sentido.
. Sobre todo cuando es imperativo. o las condiciones necesarias para el funcionamiento de la sociedad. las obligaciones derivadas de la función social de la propiedad (CP art. se predican en la misma medida. A la concesión de un catálogo ampliamente generoso de derechos le corresponde una serie no menos importante de deberes de rango constitucional. consustancial al Estado social de derecho. que se vieron privadas del servicio de salud y de agua. la obligación de pago en el ámbito de los servicios públicos y el principio de solidaridad. dada la existencia de una especial relación entre la necesidad de garantizar los fines del Estado. cuando es imperativo. En este orden de ideas y a partir del principio de solidaridad (CP art. D. como parte integrante de una adecuada administración pública.del particular o entidad pública prestataria del servicio frente a los interese públicos sociales que representa el Estado. como parte integrante de una adecuada administración de justicia. 1). Especial relación que se hace evidente dada la situación en la que se encuentran. y las personas del municipio del Arenal. es importante resaltar la existencia-validez de verdaderos deberes constitucionales entre los que se cuentan: la obligación social del trabajo (CP art.2). deben interpretarse y concebirse las obligaciones constitucionales. 95-9). especialmente la de "continuidad en la prestación del servicio". 48). acueductos y establecimientos de seguridad). las personas privadas de la libertad en la Cárcel Distrital de Cartagena. entre otros. En función del caso bajo estudio (racionamientos periódicos de energía en centro penitenciario y suspensión del servicio de energía en hospitales. el deber de velar por el correcto funcionamiento y la seguridad del centro penitenciario.´ 31. sobre todo cuando de su prestación efectiva dependen las condiciones normales de prestación de otros servicios públicos. el deber de velar por el normal funcionamiento del centro hospitalario. Toda vez que con el mismo se garantiza la satisfacción de las necesidades esenciales de las personas y el goce del derecho fundamental a la dignidad humana en el sentido social o de otros derechos fundamentales. del acueducto y de los establecimientos de seguridad en el municipio del Arenal. 95-1.
se aleja definitivamente de una concepción paternalista bajo la cual el Estado todo lo debe. de la que depende la operatividad del sistema y la prestación del servicio. recargar o imponer toda la responsabilidad al particular encargado de su prestación. de tal forma que la reiteración de prácticas ilegales de no pago deterioran no sólo el interés económico de las empresas. en el ámbito de los servicios públicos. Esta dinámica derechos-deberes se realiza de manera especial en el ámbito de la prestación de los servicios públicos cuyo funcionamiento se encuentra constitucionalmente informado por el principio de solidaridad. el deber de cumplir con las obligaciones contractuales surgidas en virtud de contratos de condiciones uniformes o de contratos de prestación de servicios públicos. o el deber de cumplir con la obligación de realizar legalmente el pago de los aportes al régimen integral de seguridad social. 33. pasa de ser un asunto exclusivamente patrimonial y privado a un asunto de extrema importancia pública y social. calidad y universalidad. y de cuya operatividad depende la prestación efectiva de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio nacional. por la importancia del servicio y la condición sistémica que impone la lógica de la solidaridad. que los torna controlables en sede judicial. para elevarse a una obligación de rango constitucional.
La Sala considera que. Nada más alejado de la finalidad social del Estado en términos del artículo 365 de la Constitución. la situación patrimonial de las empresas de servicios públicos. resulta contrario a la Constitución. En este orden de ideas al verse comprometida la prestación del servicio público en condiciones de regularidad. Si bien existe un consenso en el sentido de aceptar que los servicios públicos constituyen el principal instrumento mediante el cual el Estado realiza sus fines esenciales y pretende alcanzar la justicia material. resulta armónica con la fórmula de Estado propuesta por el Constituyente de 1991. sino que pueden incluso conducir al colapso de las mismas y por esta vía a la imposibilidad material de la prestación general del servicio público. Es así como en el caso del servicio público de seguridad social o en el caso de los servicios públicos domiciliarios esenciales. en tanto y en cuanto del mismo depende el normal funcionamiento de los mecanismos de solidaridad constituidos como el sustrato irremplazable del sistema. la posibilidad de su prestación efectiva. en virtud del principio de solidaridad. En consecuencia. que además de proclamar una concepción del ser humano inspirada en el principio de dignidad y de autonomía individual. tanto como que su prestación debe mantenerse en condiciones
. reflejado en la depauperización de su patrimonio. En consecuencia. depende en buena medida del cabal funcionamiento de los mecanismos de solidaridad. abandona su carácter de deber o de obligación puramente contractual. el pago de las facturas correspondientes a la prestación de los servicios públicos por parte de los usuarios y directos beneficiarios se impone como un deber de rango constitucional. Para la Sala es claro que la posibilidad de prestación efectiva de los servicios está condicionada a la viabilidad financiera de las empresas privadas o públicas encargadas de su prestación.Una promoción normativa de los deberes.
2 superior). igualmente la de aquellas personas miembros de la Fuerza pública. 209 superior).A. la Sala no puede pasar por alto la situación eventual de las personas que requieren atención médica en el municipio del Arenal. se puedan realizar de manera plena.P. Por lo cual se conminará a las entidades públicas responsables para que adelanten todo lo pertinente con el fin de alcanzar la solución definitiva de las obligaciones contraídas con la empresa prestadora de energía.P. El incumplimiento no se discute. y contradictoria con los fines del Estado (art. integral y universal aquellos mandatos constitucionales. proporcional al incremento de los costos por el uso de los servicios públicos de los contraventores. Relaciones contractuales con efectos directos sobre terceros. situación contraria a los principios rectores de la administración pública (art. Para la Sala está completamente demostrado tanto el incumplimiento del Distrito como el incumplimiento del INPEC. el propio principio de solidaridad impone la concurrencia tanto del Estado como de la sociedad (el conjunto de usuarios de los servicios). Es entonces claro para la Sala que ni el incumplimiento de las obligaciones contractuales. Además compulsará copias a la autoridad competente. 34. E. E. por parte del Distrito de Cartagena al INPEC. Por otro lado. a la salud y a la integridad personal. a partir de la privación del servicio de suministro de energía eléctrica. que en su condición de terceros ajenos a la relación negocial. E. y por el otro. En el caso del INPEC. Sin embargo.. 35. la Sala no puede pasar por alto la situación actual de las personas privadas de la libertad. para que directamente y mediante la ejecución cumplida de sus deberes y en especial el del pago individual. con el propósito de que investigue los hechos que dieron origen a los incumplimientos contractuales y establezca la responsabilidad respectiva de encontrarse procedente. se presentan por un lado el incumplimiento de la obligación de pagar una suma de dinero.
.de eficiencia continuidad. ni la obligación de pagar las sumas adeudas. regularidad y calidad. estratificado y proporcional. En el caso bajo estudio las causas mediatas e inmediatas de los racionamientos tienen origen en múltiples incumplimientos contractuales.A. sufren las consecuencias de las conductas contractuales tanto del INPEC como de Electrocosta S. como bien lo señaló el ad quem en este caso. en el caso del municipio del Arenal. quienes se ven expuestos a sufrir riesgos prohibidos por la Constitución sobre sus derechos a la vida. En este sentido la Sala observa que el servicio de energía ha sido prestado al Municipio del Arenal desde que Electrocosta asumió las obligaciones de comercialización y distribución de energía en la región de la Costa Caribe colombiana y que efectivamente ni el municipio del Arenal. el incumplimiento se encuentra igualmente demostrado.. Sin embargo. ni ninguno de sus habitantes han cumplido con su deber constitucional de pagar por el servicio público de energía.S.S. son objeto de discusión en sede de Tutela. racional. el incumplimiento de la obligación de pagar las sumas de dinero relacionadas en las facturas originadas en la prestación del servicio de energía eléctrica por parte del INPEC a la empresa Electrocosta S.
en el entendido de que con la misma se generaba un perjuicio a terceros consistente en limitar o eliminar las posibilidades de goce de los derechos fundamentales de los estudiantes. empresa prestadora de servicios de salud. y al propio municipio del Arenal con el fin de que adopten las medidas necesarias para separar e instalar contadores de energía según cuantos usuarios o grupos de usuarios existan. Sobre este asunto se ha pronunciado la Corte en varias oportunidades: a propósito del caso de incumplimiento de un convenio sobre prestación del servicio de salud a terceros. considera la Sala que existe un mandato constitucional de especial protección a ciertos establecimientos de cuyo normal funcionamiento en términos absolutos. 36. establecimiento educativo. Además. debe ceder ante la necesidad de protección de los intereses de las personas que persiguen el goce efectivo de sus derechos fundamentales (en estos casos a la salud y a la educación).P. o en el del incumplimiento de algunas obligaciones del contrato de matrícula. Sólo cuando se presenta un riesgo cierto e inminente sobre derechos fundamentales. compulsará copias a la autoridad competente. tiene la virtud de poner en riesgo o incluso de vulnerar los derechos fundamentales de éstos. La prestación de los servicios públicos esenciales. y en adelante evitar la afectación de sus derechos por la conducta contractual negligente de terceros.S. como ya lo ha afirmado la Corte. Así mismo. el interés económico del prestador del servicio. En este último. con el fin de individualizar el cobro de la energía y permitir el cumplimiento de los deberes que impone el principio de solidaridad. los derechos fundamentales y los establecimientos constitucionalmente protegidos. Sala considera que no puede sobreponerse el interés contractual. o empresa prestadora del servicio de energía. a los intereses de los terceros directamente relacionados con la ejecución de ciertos contratos. depende la posibilidad del goce efectivo in abstracto de los derechos fundamentales de las personas que integran la comunidad. compulsará copias a la Superintendencia de Servicios públicos domiciliarios. F. con el propósito de que investigue los hechos que dieron origen a los incumplimientos contractuales y establezca la responsabilidad respectiva de encontrarse procedente. para que en adelante se abstenga de incurrir en conductas violatorias del deber constitucional de cancelar las obligaciones contraídas con la empresa prestadora de energía. Es por estas razones que. e incluso también en el caso del incumplimiento del contrato de condiciones uniformes de prestación del servicio de energía por parte de establecimientos educativos. tanto el interés económico como el principio de solidaridad. 37. De tal forma que del
. a Electrocosta E. a la gobernación de Bolívar. En principio.Por estas razones la Sala conminará al Municipio como entidad pública responsable. frente a los intereses que involucran los referidos derechos. deben ceder en términos de oportunidad que no de negación. que por lo general se concreta en los intereses económicos de las partes. En este sentido. Y menos aún cuando la conducta contractual de aquellos. la Corte consideró inconstitucional la suspensión del servicio de energía por parte del prestador. y el objeto contractual es la prestación de un servicio público.
cuya vulneración tenga origen en ³acciones u omisiones contrarias al ordenamiento jurídico´. acueductos. En aquella oportunidad la Corte afirmó que en el artículo 45 del decreto 2591 de 1991 no se consagraba una causal de improcedencia de la acción. En este sentido constituye un ³desarrollo´ de la disposición del artículo 6 de la Constitución. de tal forma que exista armonía entre la conducta y el ordenamiento jurídico entendido como un todo normativo.) y en un sentido macro. deja de ejercerse un derecho y. Esta Sala reiterará algunas de las características de la figura contenidas en la sentencia T-017 de 1995. Para la Corte el objetivo de dicho enunciado es el de reservar la orden de tutela para la protección de los derechos fundamentales. en cuanto se causa daño a la colectividad o a personas en concreto. De esta forma la conducta no se puede considerar como legítima si la misma encuentra sustento en una norma de autorización de rango legal pero al mismo tiempo se encuentra en abierta contradicción con normas de prohibición de rango constitucional. de tal forma que aun cuando la acción sea procedente en el caso concreto. establecimientos de seguridad terrestre y aérea. sistemas de seguridad. previo estudio de los hechos aducidos y de las circunstancias de los mismos. no verse sometidas a la imposición de sanciones. Sobre el alcance del enunciado normativo del artículo 45 del decreto 2591 de 1991. Igualmente. se refiere a la posibilidad de identificar el origen de la conducta en las normas de autorización vigentes al momento de la realización de la misma. del correcto funcionamiento de la sociedad. la Corte se ha pronunciado en varias ocasiones. sería posible negar el amparo.´ en estrecha relación con el principio de seguridad jurídica. como lo ha sostenido la Corte ³Quien invoca un derecho reconocido por el ordenamiento jurídico únicamente puede llevar su ejercicio hasta los límites que el mismo ordenamiento establece. G. se pierde legitimidad y
. Una vez traspasados esos linderos. en establecimientos penitenciarios. sino una causal de improcedencia de la tutela de los derechos fundamentales. Esta protección especial torna constitucionalmente injustificada la conducta de las empresas prestadoras de servicios públicos esenciales. Alcance del enunciado normativo del artículo 45 del decreto 2591 de 1991. para la Sala el adjetivo ³legítima´ que califica la conducta del particular contra el cual se ejerce la acción de tutela. que a su vez le permite a las personas que ajustan su conducta a las normas existentes y no abusan de sus derechos. a la limitación de derechos o a la deducción de responsabilidad. comunicaciones. que alegando ejercicio de atribuciones legales proceden a efectuar como simples medidas de presión para el pago de sumas adeudadas.funcionamiento normal y ordinario de dichos establecimientos. a la luz de la normatividad vigente. Por otro lado. 38. según la cual ³los particulares sólo son responsables por infringir la Constitución y las leyes. o indiscriminadamente en establecimientos de salud o establecimientos relacionados con la seguridad ciudadana. etc. dependen en buena medida las posibilidades reales de goce del cúmulo de derechos fundamentales que están a la base de la lógica ordenación de sus funciones (hospitales. racionamientos o suspensiones indefinidas del servicio.
que no sólo apareja en el primer caso. identificación y régimen de las llamadas ³relaciones especiales de sujeción´ entre los reclusos y el Estado (las autoridades penitenciarias). Implicaciones constitucionales de las llamadas ³relaciones especiales de sujeción. es la de garantizar los medios para el ejercicio de los demás derechos de los internos ( mediante medidas dirigidas a garantizar disciplina. La Sala concluye que la pretendida legitimidad alegada por Electrocosta no es de recibo. máxime si a la misma se enfrentan tanto la obligación constitucional de no afectar los derechos fundamentales de terceros. surgen ciertos derechos especiales (relacionados con las condiciones materiales de existencia: alimentación. seguridad y salubridad) y lograr el cometido principal de la pena (la resocialización). (iii) Este régimen en cuanto al ejercicio de la potestad disciplinaria especial y a la limitación de los derechos fundamentales debe estar autorizado por la Constitución y la ley. y que en el segundo. De la jurisprudencia de la Corte Constitucional la Sala identifica seis elementos característicos qué procederá a relacionar así: las relaciones de especial sujeción implican (i) la subordinación de una parte (el recluso). reunión. habitación. trabajo. (vi) Simultáneamente el Estado debe garantizar de manera especial el principio de eficacia de los derechos fundamentales de los reclusos (sobre todo con el desarrollo de conductas activas).
.se debe responder. implicó la amenaza de los derechos fundamentales de los habitantes del Arenal.´ Es por esto que a pesar de que en principio se pueda predicar el legítimo ejercicio del derecho a la libertad de empresa por parte de Electrocosta. tal afirmación se desvanece ante la generación de un riesgo grave y cierto a partir de su conducta. están: (i) la posibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales de los reclusos (intimidad. incluso fundamentales). servicios públicos) en cabeza de los reclusos. (iv) La finalidad del ejercicio de la potestad disciplinaria y de la limitación de los derechos fundamentales. sobre todo en lo que tuvo que ver con las condiciones materiales para el correcto funcionamiento del Municipio entero en lo que atañe a la salubridad pública (hospital y acueducto). sino también la afectación de las condiciones materiales para el correcto funcionamiento de la Cárcel Distrital de Cartagena en estrecha relación con la posibilidad de cumplir los fines esenciales del Estado. (v) Como consecuencia de la subordinación. Como lo puede apreciar la Sala. los cuales deben ser especialmente garantizados por el Estado. entre las consecuencias jurídicas más importantes de la existencia de las relaciones especiales de sujeción. a la otra (el Estado).´ 39. así como a los establecimiento de seguridad. la amenaza de los derechos fundamentales de los actores. la Corte ha extraído importantes consecuencias jurídicas que la Sala procederá a reiterar en función de la ilustración del caso bajo estudio.
H. De la existencia. como la de garantizar el correcto funcionamiento de los establecimientos constitucionalmente protegidos. (ii) Esta subordinación se concreta en el sometimiento del interno a un régimen jurídico especial (controles disciplinariosy administrativos especiales y posibilidad de limitar el ejercicio de derechos.
por las especiales condiciones existenciales a las que se encuentran sometidos en la Cárcel Distrital de Cartagena. derechos fundamentales protegidos. el derecho a ser protegido por el Estado por la indefensión física derivada de la privación de la libertad (artículo 13). (ii) La imposiblidad de limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales (vida. libertad de cultos. entre otros).. habeas data. Derechos fundamentales invocados. debido a la especial situación de indefensión o de debilidad manifiesta en la que se encuentran los reclusos. Imposibilidad de uso de abanicos. En el escrito de acción los actores señalaron como derechos fundamentales vulnerados: El derecho a la vida (artículo 11). Expediente T-542060 Procedibilidad de la acción. y en su integridad frente a los demás. En este caso es procedente la acción de tutela al haberse reconocido como sujeto pasivo de la misma a Electrocosta S.P. a la integridad física y moral. En este sentido. 40.A. (iii) El deber positivo en cabeza del Estado de asegurar el goce efectivo tanto de los derechos no fundamentales como de los fundamentales. dignidad humana. La Sala reconduce el análisis del caso concreto a la situación fáctica que señalan los actores en su escrito de acción: Inoperancia de los servicios sanitarios.S. Inseguridad en el
. 41. Dificultades en la cocción y preparación de los alimentos por la imposibilidad de encender las estufas. surgen verdaderos deberes jurídicos positivos del Estado que se encuentran estrechamente ligados a la garantía de la funcionalidad del sistema penal. E. por la imposibilidad de operar las motobombas.educación). que viene dada por la posibilidad real de la resocialización de los reclusos. sociedad anónima. Para la Sala es evidente la relación entre la actividad objeto de la prestación del servicio público (suministro de energía eléctrica). Deberes positivos de cuyo cumplimiento depende la legitimidad del sistema penal y ante cuya inadvertencia este último resulta convertido en una sombra ridícula de los valores y principios propios del Estado social de derecho. en la parte que no sea objeto de limitación cuando la misma procede. a la salud y a la dignidad humana) de los actores. a partir del aislamiento en condiciones cualificadas de seguridad y de existencia vital de la población carcelaria. (iv) El deber positivo en cabeza del Estado de asegurar todas las condiciones necesarias que permitan a su vez condiciones adecuadas para la efectiva resocialización de los reclusos. del perfeccionamiento de la ³relación de especial sujeción´ entre los reclusos y el Estado. el derecho a la salud (artículo 49) y el derecho a gozar de un ambiente sano (artículo 79). debido proceso. cuyo objeto social principal es la prestación de los servicios públicos de distribución y comercialización de energía eléctrica. la acción u omisión del particular prestatario del servicio (racionamientos diarios en el suministro de energía de hasta seis horas o repentinos y prolongados) y la amenaza o vulneración al o a los derechos fundamentales (derechos a la vida. De los casos concretos.
(que permite además el correcto funcionamiento de los servicios sanitarios). derecho a su vez vinculado al derecho a la vida en condiciones dignas. E.
. La Vulneración al derecho fundamental a la dignidad humana (en el ámbito de las condiciones especiales de existencia).) sufre una grave alteración en sus condiciones ordinarias de funcionamiento. Todos problemas generalizados (el número de reclusos asciende a 1200). empleo de motobombas para la reconducción del agua. ante la posibilidad de que surja una epidemia en el penal debido a la precariedad de las circunstancias sanitarias. Derecho fundamental a la salud por conexidad con el derecho fundamental a la vida. empleo de estufas eléctricas. y al derecho fundamental al ambiente sano. el centro de reclusión por sus especiales características (lugar de ubicación. durante las horas del racionamiento. Simultáneamente a la vulneración del derecho a la dignidad humana (ámbito de las condiciones especiales de existencia) a partir de los racionamientos de energía practicados por Electrocosta S. lo cual se traduce en una vulneración del derecho a la dignidad humana en el sentido social o funcional. deriva una incuestionable vulneración a sus derechos fundamentales a la dignidad humana. sino también porque frente a la interrupción del servicio. lugares oscuros.. les resulta entorpecida la posibilidad de la alimentación en las condiciones ordinarias del penal y se les ha hecho imposible disfrutar de los abanicos o ventiladores. 43. Derecho fundamental a la integridad física. Derecho fundamental a la dignidad humana. en una situación que se ha prolongado en el tiempo (desde el mes de septiembre de 2001 hasta el mes de marzo de 2002 fecha del último informe).P. se han visto privados de la posibilidad de suministro de agua potable. se concreta en la penosa situación de los actores quienes en algunos días del mes. Del hecho de encontrarse los actores y los demás reclusos sometidos a las referidas condiciones existenciales originadas en la suspensión periódica del suministro de energía eléctrica. si se tiene en cuenta que los reclusos están en imposibilidad de adelantar normalmente sus actividades ordinarias. a la salud por conexidad con la vida y a la integridad física. 42.A. etc. encuentra la Sala que se configura una amenaza seria y fundada del derecho a la salud por conexidad con el derecho fundamental a la vida de los actores e incluso de los demás reclusos. Para la Sala es evidente la existencia de una estrecha relación entre la posibilidad del goce efectivo del derecho a la dignidad humana (ámbito de la condiciones materiales de existencia) y la prestación ininterrumpida del servicio de suministro de energía eléctrica al centro penitenciario como bien constitucionalmente protegido. en los términos de la parte motiva de esta sentencia.S. No sólo porque de la prestación ininterrumpida del servicio de suministro de energía dependa la posibilidad del mantenimiento de las condiciones materiales de existencia de los actores. invocado.penal por falta de iluminación en las zonas oscuras.
Así mismo prevendrá al INPEC a las directivas de la Cárcel Distrital de Cartagena y al Distrito de Cartagena.
Por último. con el fin de enervar definitivamente la causa mediata de la vulneración de los derechos fundamentales invocados por los actores. debido a la verosimilitud de la potencialidad del riesgo. los cuales pueden degenerar. con dicha conducta se han afectado gravemente el goce y posibilidad de ejercicio de los derechos fundamentales a la dignidad humana (ámbito de las condiciones materiales de existencia) a la integridad física. no resulta compatible con el principio constitucional derivado de los artículos 2 y 86 de la Constitución consistente en la eficacia de los derechos fundamentales y sobre todo porque como la ha señalado la Sala. Los deberes positivos del Estado a partir de las ³relaciones especiales de sujeción´ 46. como las condiciones generales de seguridad del penal. no se considerará como legítima la conducta de Electrocosta consistente en la práctica de racionamientos periódicos. La pretendida legitimidad de la conducta. a la vida y a la salud en conexidad con la vida de los actores. y como bien lo afirmó la Sala en el literal G de las consideraciones del presente fallo. Esta Sala conminará a las autoridades encargadas de la administración de la Cárcel Distrital de Cartagena y a la dirección del INPEC Regional Norte. suspensión o corte en el servicio de suministro de energía a la Cárcel Distrital de Cartagena. Por otro lado. ya que al tratarse de un centro de reclusión en el cual la capacidad de alojamiento se encuentra desbordada. sin importar que tengan o no su origen en el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del INPEC. la Sala Séptima de revisión de la Corte Constitucional. en la lesión física o incluso en la muerte de reclusos o de guardias. conminará a Electrocosta por medio de la notificación del presente fallo al representante legal de la misma.
. la Sala también encuentra fundada la amenaza al derecho fundamental a la integridad física y a la vida de los actores e incluso de los demás reclusos. especialmente para que provean lo necesario (y en principio efectúen el pago de las facturas de energía adeudadas) para optimizar tanto. para que realicen todas las conductas encaminadas a ajustar su conducta a los términos de los contratos celebrados. 45. porque la misma a pesar de encontrar fundamento en la norma de autorización del artículo 140 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 19 de la ley 689 de 2001. las condiciones materiales de existencia en términos de calidad de vida de los actores y de los demás reclusos. Más aun. consistente en el pago efectivo de las obligaciones contraídas. para que ajusten su comportamiento a los mandatos de la Constitución en el contexto de las relaciones de especial sujeción que sostienen como parte activa con la población carcelaria de la Cárcel Distrital de Cartagena. Por encontrarse los actores en la circunstancia de sujetos pasivos de la relación de especial sujeción que su estado de privación de la libertad apareja.44. y como lo demandan en el escrito de acción al invocar ³el derecho a ser protegidos por el Estado´. con el fin de proveer a la eficacia de los derechos fundamentales involucrados. para que se abstenga en adelante de realizar cualquier tipo de conductas dirigidas al racionamiento. la posibilidad de ejecución de actos de violencia se incrementa.
A.P. Imposibilidad del funcionamiento del acueducto única fuente de agua potable del municipio (funciona con motobombas). La amenaza al derecho fundamental a la dignidad humana (en el ámbito de las condiciones especiales de existencia). así: Imposibilidad de prestación del servicio médico y de correcto funcionamiento del Hospital del Arenal (falta de energía. a la salud por conexidad con la vida y a la integridad física.S. que desde el día 16 de julio de 2002.A. Toda vez que es evidente la relación entre la actividad objeto de la prestación del servicio público (distribución de energía eléctrica). a las referidas condiciones existenciales originadas en la suspensión del suministro de energía eléctrica. E. Para la Sala. Para la Sala. del hecho de haberse visto sometidos los habitantes del municipio de El Arenal. Derecho fundamental a la dignidad humana. el municipio del Arenal y todos sus habitantes. En el escrito de acción el Personero señaló como derechos fundamentales vulnerados: El derecho a la vida (artículo 11).Expediente T-602073 Procedibilidad de la acción. De las pruebas solicitadas en el caso concreto. 48. sin embargo. la acción u omisión del particular prestatario del servicio (suspensión en el suministro de energía) y la amenaza o vulneración al o a los derechos fundamentales (derechos a la vida.P.S. derecho a su vez vinculado al derecho a la vida en
. cuyo objeto social principal es la prestación del servicio públicos de distribución de energía eléctrica. reseñada en los antecedentes del presente fallo. han gozado sin mayor perturbación del servicio de energía eléctrica. derivó una incuestionable amenaza a sus derechos fundamentales a la dignidad humana. considera importante pronunciarse sobre las pretensiones de la solicitud de tutela y sobre los hechos de la misma. Ausencia de iluminación en los establecimientos de la fuerza pública en las horas de la noche. 47. el derecho a la salud (artículo 49) y el derecho al trabajo (Artículo 25) de los habitantes del municipio El Arenal La Sala reconduce el análisis del caso concreto a la situación fáctica que señala el Personero en su escrito de acción.. por las condiciones a las que resultaron sometidos. es procedente la acción de tutela al haberse reconocido como sujeto pasivo de la misma a Electrocosta S. equipos médicos dañados por deficiencias en el fluido eléctrico). a la salud y a la dignidad humana) de los habitantes del municipio del Arenal. debido al acuerdo de pago celebrado entre Electrocosta S. 50. E. Carencia actual de objeto y hechos superados. y el municipio de El Arenal.. Lo cual permite a la Sala concluir que se han superado los hechos que fundamentaron la presente acción de tutela objeto de revisión. sociedad anónima. 49. Derechos fundamentales invocados. derechos fundamentales protegidos. la Sala pudo establecer.
No sólo porque de la prestación ininterrumpida del servicio de suministro de energía depende la posibilidad del mantenimiento de las condiciones materiales de existencia de los habitantes del Arenal.. la Sala también encuentra fundada la amenaza al derecho fundamental a la integridad física y a la vida de los habitantes del municipio del Arenal. a la salud en conexidad con la vida. E. el Hospital. Más aun. al municipio del Arenal. la existencia de una estrecha relación entre la posibilidad del goce efectivo del derecho a la dignidad humana (ámbito de la condiciones materiales de existencia) y la prestación ininterrumpida del servicio de suministro de energía eléctrica. la conducta contractual de Electrocosta S. 53. debido a la verosimilitud de la potencialidad del riesgo. encuentra la Sala que se configuró una amenaza seria y fundada del derecho a la salud e incluso del derecho a la vida del Personero y de los demás habitantes del Arenal. E.A. el Acueducto. los cuales pueden degenerar en la lesión física o incluso en la muerte de los miembros de la fuerza pública o incluso de los demás habitantes del municipio.S. en la imposibilidad de gozar ordinariamente de suministro de agua potable. 52. se concretó en la penosa situación de los habitantes del Arenal que se vieron privados de los servicios de salud que presta el hospital del Arenal. por la imposibilidad de prestar el servicio y la atención médica en condiciones normales. Derecho fundamental a la salud por conexidad con el derecho fundamental a la vida. sino también porque frente a la interrupción del servicio. Para la Sala es evidente en este caso al igual que en el anterior.P.condiciones dignas invocado por el personero. y los establecimientos de seguridad. la protección de tales derechos resultare inoportuna o imposible. sufrieron una grave alteración en sus condiciones ordinarias de funcionamiento. y sobre todo de los miembros de la fuerza pública. 51. lo cual se tradujo en una amenaza del derecho a la dignidad humana. ante la posibilidad de que de presentarse una emergencia médica.P. En conclusión. y a la vida y a la integridad física. En este orden de ideas. ya que al estar ubicado el municipio del Arenal en "zona roja".S. tuvo una grave y directa incidencia en la posibilidad real del goce de los derechos fundamentales de los habitantes del municipio del Arenal a la dignidad humana (ámbito de las condiciones materiales de existencia). Simultáneamente a la amenaza del derecho a la dignidad humana (ámbito de las condiciones especiales de existencia) a partir de la suspensión del suministro de energía practicado por Electrocosta S. la Sala conminará a las entidades encargadas de la comercialización y de la distribución del servicio de suministro de energía eléctrica
. así como. Derecho fundamental a la integridad física. en tanto y en cuanto los habitantes estuvieron en imposibilidad de gozar normalmente de sus actividades ordinarias.A. bienes constitucionalmente protegidos. la posibilidad de incursiones de grupos al margen de la ley y en general de actos de violencia se incrementa. por lo cual la Tutela sería procedente.
confirmar la sentencia proferida por la Sala de decisión CivilFamilia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena. Adicionar la sentencia proferida por la Sala de decisión Civil-Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena.S. en el sentido de que la tutela se predica además. administrando justicia en nombre del pueblo colombiano y por mandato de la Constitución Política de 1991. RESUELVE: Primero. la privación del suministro de energía a los referidos establecimientos constitucionalmente protegidos.S. Segundo. En mérito de lo expuesto.P.A.. con el fin de posibilitar las condiciones materiales que permitan la individualización del consumo de energía por parte de los habitantes del municipio del Arenal.P. para que en la medida de sus posibilidades.(entidades territoriales (Departamento de Bolívar y Municipio del Arenal) y Electrocosta). por tratarse de un bien constitucionalmente protegido en los términos de esta sentencia. Finalmente y mientras no se adapta un sistema que permita mantener de manera continua la prestación del servicio de energía a los establecimientos constitucionalmente protegidos: Hospital. no dependan de ninguna manera de la conducta contractual del municipio del Arenal frente a la empresa distribuidora de Energía. y el cumplimiento de sus deberes constitucionales. de los derechos fundamentales a la dignidad humana (ámbito de las condiciones materiales de existencia) y a la salud en conexidad con el derecho fundamental a la vida de
. 54.A. de tal forma que el goce y ejercicio de los derechos fundamentales de los habitantes del Arenal. acueducto y establecimientos de seguridad terrestre. Revocar la sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia dentro del expediente T-542060. E. en el municipio de El Arenal. esta Sala prevendrá a la empresa Electrocosta S. para que se abstenga de realizar conductas que tengan como consecuencia mediata o inmediata. E. En el mismo sentido conminará a las entidades encargadas de la comercialización y de la distribución del servicio de suministro de energía eléctrica (entidades territoriales (Departamento de Bolívar y Municipio del Arenal) y a Electrocosta). DECISIÓN. por medio de la notificación del presente fallo al representante legal de la misma. en el sentido de ordenar a la sociedad Electrocosta S. principalmente el del pago cumplido de las facturas por concepto de prestación de los servicios públicos. para que diseñen y adapten los sistemas técnicos de contabilización e individualización del consumo de energía. por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia y en su lugar. que permitan el funcionamiento ordinario de los establecimientos constitucionalmente protegidos (Hospital. instalen contadores individuales. abstenerse en lo sucesivo de realizar cortes o racionamientos de energía eléctrica en la Cárcel Distrital de Cartagena. sin importar que dicha conducta tenga o no su origen en el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de las mismas entidades o del Municipio del Arenal. acueducto y establecimientos de seguridad del municipio del Arenal). III. la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional..
Octavo. Prevenir en los términos de esta sentencia.S. 1580 de 2000 celebrado con el INPECCárcel Distrital de Cartagena. y el Distrito turístico y cultural de Cartagena. contabilización y cobro. en lo relativo al pago de las obligaciones relacionadas con el uso de los servicios públicos por parte de los contraventores. las investigaciones disciplinarias del caso.P.los señores Austreberto Ávila Ríos. al Acueducto y a los establecimientos de seguridad terrestre (bienes constitucionalmente protegidos). Alberto Rivera. en los términos de esta sentencia. Juan Porras. Daniel Anzoategui. Quinto. por carencia actual de objeto. si lo encuentra pertinente. al director del INPEC Regional norte y a las autoridades encargadas de la dirección y administración de la Cárcel Distrital de Cartagena. con el fin de que adelante todas las conductas enderezadas al cumplimiento del convenio interadministrativo No. Prevenir en los términos de esta sentencia al Alcalde del Distrito turístico y cultural de Cartagena. Fadalgo Ochoa Ariza. Confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Simití (Bolívar) dentro del expediente T-602073. suspensión o corte en el servicio de suministro de energía al Hospital. del municipio del Arenal (Bolívar). sin importar que las mismas tengan o no su origen en el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los mencionados establecimientos o del Municipio del Arenal. Noveno. con destino al Procurador General de la Nación. Prevenir a Electrocosta. al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y al Representante legal de Electrocosta. Prevenir al Alcalde del Municipio del Arenal (Bolívar) para que ajuste su conducta a los términos de los contratos y acuerdos de pago celebrados con Electrocosta.A. por concepto de suministro de energía eléctrica.. Cuarto. Tercero. al encontrarse actualmente superados los hechos objeto de la solicitud de tutela. Sexto. Rafael Julio Morales.
. Séptimo. con el fin de que adelanten todas las conductas enderezadas a realizar el pago efectivo de la obligación contraída con la sociedad Electrocosta S. para que en la medida de sus posibilidades realicen todas las conductas encaminadas a implementar un sistema individual de prestación. Remitir por intermedio de la Secretaría General de esta Corporación. Pablo Suárez y Alberto de Arco. del servicio público de suministro de energía eléctrica a los habitantes del municipio del Arenal (Bolívar). Rafael Lagarejo. que sirvieron de causa mediata a la vulneración de los derechos fundamentales de los reclusos de la Cárcel Distrital de Cartagena. Prevenir al Gobernador del Departamento de Bolívar. Renso Manrique Batista. la Cárcel Distrital de Cartagena. en el sentido de denegar la tutela de los derechos fundamentales del personero y de los habitantes del Arenal. para que se abstenga en adelante de realizar cualquier tipo de conductas dirigidas al racionamiento. en los términos de la presente sentencia. las copias pertinentes del expediente T-542060. E. Rodrigo Torres. con el objeto de que por su ministerio se adelanten. con el fin de establecer la responsabilidad respectiva a partir del incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del INPEC. al Alcalde del municipio del Arenal.
cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. notifíquese. las investigaciones disciplinarias del caso. ÁLVARO TAFUR GALVIS Magistrado. con el objeto de que por su ministerio se adelanten. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ Magistrada.con el fin de enervar definitivamente la causa mediata de la vulneración de los derechos fundamentales de los habitantes de su municipio. Remitir por intermedio de la Secretaría General de esta Corporación. Undécimo. si lo encuentra pertinente. con el fin de establecer la responsabilidad respectiva a partir del incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Municipio del Arenal (Bolívar). con destino al Procurador General de la Nación. MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ Secretaria General.
. Librar por Secretaría General de esta Corporación las comunicaciones de que trata el decreto 2591 de 1991. que sirvieron de causa mediata a la vulneración de los derechos fundamentales de los habitantes del municipio del Arenal. Décimo. Comuníquese. en los términos de esta sentencia. las copias pertinentes del expediente T-602073. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT Magistrado.
corresponde al Alcalde Municipal o Distrital del lugar de ubicación del edificio o conjunto. para efectos de certificar sobre el estado de liquidación de la persona jurídica. CERTIFICACIÓN SOBRE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA. En ningún caso se podrán exigir trámites o requisitos adicionales. La inscripción y posterior certificación sobre la existencia y representación legal de las personas jurídicas a las que alude esta ley. o a la persona o entidad en quien este delegue esta facultad. La inscripción se realizará mediante la presentación ante el funcionario o entidad competente de la escritura registrada de constitución del régimen de propiedad horizontal y los documentos que acrediten los nombramientos y aceptaciones de quienes ejerzan la representación legal y del revisor fiscal.
.ARTÍCULO 8o. También será objeto de inscripción la escritura de extinción de la propiedad horizontal.
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