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Timestamp: 2018-11-15 23:27:22
Document Index: 147689650

Matched Legal Cases: ['Artículo 234', 'Artículo 237', 'Artículo 1', 'artículo 172', 'Artículo 165', 'Artículo 164', 'Artículo 137', 'Artículo 44', 'artículo 172', 'artículo 31', 'artículo 185', 'artículo 172', 'artículo 196']

Acuerdo y Sentencia 247/2017 Tribunal de Cuentas 2ª Sala
ACUERDO Y SENTENCIA T.C. 2ª SALA Nº 247/17
JUICIO: "BH CONCRETOS S.A. CONTRA RESOLUCIÓN FICTA DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN".
En la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veinticinco días del mes de agosto de dos mil diecisiete, estando presentes los Excmos. Señores Miembros del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, GREGORIO RAMÓN ROLANDO OJEDA, ARSENIO CORONEL BENÍTEZ y MARÍA CELESTE JARA TALAVERA, en su Sala de Audiencias y Público Despacho, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, por ante mí el Secretario Autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: "BH CONCRETOS S.A. contra Resolución Ficta de la SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN".
Y el Miembro del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, GREGORIO RAMÓN ROLANDO OJEDA, dijo: Que en fecha 16 de febrero de 2016 (fs. 31/39), se presentaron ante este Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, el Abog. Eduardo Livieres Guggiari y la Abog. Brigitte Urbieta De Clerck por el poder general que adjuntan se presentan en nombre y representación de la Firma BH CONCRETOS S.A., a promover demanda contencioso administrativa contra la Resolución N° 76 de fecha 26 de octubre de 2015, dictada por la Viceministra de Tributación de la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda y contra Resolución Denegatoria Tácita respecto al Recurso de Reconsideración interpuesto contra la citada Resolución. Funda la demanda en los siguientes términos: “I) RESOLUCIÓN PARTICULAR N° 76 de fecha 26 de octubre de 2015, dictada por la Viceministra de Tributación de la Sub Secretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda, y, II.) RESOLUCIÓN DENEGATORIA TÁCITA de fecha 21 de diciembre de 2015, del recurso de reconsideración interpuesto por BH CONCRETOS S.A. en fecha 23 de noviembre de 2015, según expediente N° 20153035572 de la Sub Secretaría de Estado de Tributación [SET] del Ministerio de Hacienda, conforme a las consideraciones de hecho y derecho que se expondrán en el presente escrito: 1. AGOTAMIENTO DE LA INSTANCIA ADMINISTRATIVA Que, conforme dispone el Artículo 234 de la Ley N.° 125/91, la Administración Tributaria debió expedirse en el plazo de veinte (20) días hábiles sobre el recurso de reconsideración interpuesto por mi mandante en fecha 23/11/2015, habiendo vencido dicho plazo el 21/12/2015, fecha en la cual se produjo la denegatoria tácita del recurso de reconsideración interpuesto por mi representada y agotándose también la instancia administrativa ante la Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda de conformidad a lo establecido en el Artículo 237 de la Ley N° 125/91, hecho éste que habilita a BH CONCRETOS S.A. a promover la presente demanda contencioso administrativa dentro del plazo de 18 días hábiles fijado por el Artículo 1° de la Ley N° 4.046/2010.- 2. ANTECEDENTES Mi mandante fue fiscalizada por la Subsecretaría de Estado de Tributación en fecha 09/09/2014, según orden de fiscalización N° 65000001251 de fecha 5/09/2014, en lo referente a obligaciones fiscales: Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales Diciembre/2012 y del Impuesto a la Renta de la Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios (IRACIS) ejercido fiscal 2012... requiriéndosele la presentación de los siguientes documentos: ...comprobantes de ventas recibidos de la firma TREO MERCANTIL E INDUSTRIAL SA. En fecha 24 de febrero de 2015, mi representada fue notificada del Expediente N° 20143032199 en el cual se le comunica la instrucción de un Sumario Administrativo caratulado: "Departamento de Auditoría GC2 (DGGC) c/ BH CONCRETOS SA.. s/ informe final de Auditoria N° 67000001204 del 24/11/2014 referente a la verificación de las obligaciones IRACIS 2008 e IVA Diciembre/2008", que concluye con la Resolución Particular N° 76 de fecha 26 de octubre de 2015, dictada por la Viceministra de Tributación.- Que, en fecha 9/11/2015 mi mandante fue notificada de la Resolución Particular N° 76 de fecha 26 de octubre de 2015, que resuelve: "Art. la DETERMINAR la obligación tributaria en concepto del IRACIS del Ejercicio Fiscal 2008 de la firma contribuyente BH CONCRETOS S.A. con RUC 80019934-0...Art. 2o- CALIFICAR la conducta de la contribuyente como DEFRAUDACIÓN de conformidad a lo establecido en el artículo 172 de la Ley N° 125/91 y SANCIONAR a la misma con la aplicación de una multa equivalente al 300% (trecientos por ciento) sobre el tributo defraudado, más la contravención de conformidad al Art. 1 Inc. e) de la RG 07/2013; Art. 3°-DISPONER la percepción por parte de la contribuyente de la suma de G 32.000.000 (guaraníes treinta y dos millones) en concepto de IRACIS General del ejercicio fiscal 2008. más los accesorios legales los cuales deberán ser calculados conforme al Art. 171 de la ley N° 125/ 91, y la suma de G 192.000.000 (guaraníes ciento noventa y dos millones) en concepto de multa por defraudación y la multa de G 1.170.000 (guaraníes un millón ciento setenta mil) por contravención...".- En fecha 23/11/2015 BH CONCRETOS S.A. interpone recurso de reconsideración contra la Resolución Particular N° 76. fecha 26 de octubre de 2015, y habiendo transcurrido el plazo de ley sin que la Vice Ministra de Tributación resuelva el recurso, se operó la Resolución Denegatoria Tácita del recurso de reconsideración, con lo cual se agotó la instancia administrativa.- 3. IRREGULARIDADES DE LA RESOLUCIÓN PARTICULAR N° 76/2015 Las Resoluciones son irregulares y deben ser revocadas conforme a las consideraciones que se exponen a continuación La resolución en alzada, refiere en su considerando: "...en lo referente a obligaciones fiscales Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los períodos fiscales diciembre/2012 y del Impuesto a la Renta de las Actividades Comerciales. Industriales y de Servicios (IRACIS), ejercicio fiscal 2012, en efecto, se requirió la presentación de los siguientes documentos: comprobantes de ventas recibidos de la firma Treo Mercantil e Industrial S.A....". Aclaro al Excmo. Tribunal que esta documentación no fue objeto del sumario administrativo a mi mandante, siendo nulos los fundamentos referidos en la misma, que versa sobre presupuestos falsos, el objeto de la auditoría se trataba de obligaciones relacionadas a ejercicios fiscales prescriptos correspondientes al IVA del periodo diciembre/2008 e IRACIS del ejercicio fiscal 2008 y no del ejercicio fiscal del 2012 como erróneamente se menciona en la resolución. La contribuyente BH CONCRETOS S.A. no puede presentar documentos que no posee. Ningún comprobante de venta de la firma TREO MERCANTIL E INDUSTRIAL S.A. correspondiente al año 2008 obra en poder de la Empresa y por tanto no puede ser presentada a la Administración, asimismo respecto a los comprobantes de ventas correspondientes al año 2012 porque ninguna operación de compra venta se realizó con dicha empresa en el año 2012. 3.1. PRESRIPCIÓN DEL PLAZO PARA LA GUARDA DE DOCUMENTOS Y COBRO DE TRIBUTOS En cuanto a la prescripción alegada en el sumario por mi principal, la Vice Ministra de Tributación en los términos de la R.P. 76 del 26/10/2015 sostiene erradamente lo siguiente: "...Para la prescripción de la obligación invocada por el Representante legal de la firma sumariada, debe tenerse presente que el plazo de 5 años estableado en el Art. 164 de la Ley N° 125/91 se computa desde el 1° de Enero del año siguiente a aquél en que la obligación debió cumplirse. En el presente caso tanto el IVA (periodo fiscal 12/2008) como el IRACIS (ejercida fiscal 2008) se cumplieron en el año 2009 con la presentación de las respectivas declaraciones juradas, por lo tanto la acción para el reclamo de dichas obligaciones habría prescripto recién en el año 2015, sin embargo el plano fue interrumpido con el Acta Final N° 68400001210 (12/11/2014), suscripta por dos testigos (fs. 35 del Expte. N° 20143032199), conforme al numeral 1) del Art. 165 de la atada Ley Tributaria...". La Administración Tributaria, sostiene que la prescripción se vio interrumpida, para la hipótesis en que se considere interrumpida en fecha de 03 de abril del 2009, fecha de la Rectificación de la Declaración Jurada (DDJJ) de IVA correspondiente al periodo diciembre/2008, también la obligación se halla prescripta porque desde el día en que se ha presentada la Declaración Jurada Rectificativa hasta la fecha han transcurrido más de cinco años. Pues, establece el Artículo 165 de la Ley 125/91 que: "...El curso de la prescripción se interrumpe: ...2) Por la determinación del tributo efectuada por la Administración Tributaria, seguida luego de la notificación, o por la declaración jurada efectuada por el contribuyente, tomándose como fecha desde la cual opera la interrupción, la de la notificación del acto de determinación o, en su caso, la de la presentación de la declaración respectiva... ", es decir el plazo de cinco años vuelve a contarse a partir del 3 de abril de 2009, por lo tanto el 3 de abril del 2014 ya se encontraba prescripta nuevamente la obligación. Y fue recién el 22 de julio de 2014 que BH CONCRETOS S.A. recibió la nota DGGC N° 485/2014, fecha en la cual ya se encontraba prescripta la obligación tributaria.-
Sobre el particular son varios los fallos dictados en este sentido alegado por mi parte en la instancia administrativa y a tal efecto paso a citar el Acuerdo y Sentencia N° 2/07 del 6 de febrero de 2007, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, avalando nuestra postura y que en sus fundamentos sostiene: "...de lo expuesto señalamos que la prescripción opera por el transcurso de cinco años, desde el momento en que la obligación debió cumplirse, no debiendo confundirse cumplimiento en los planos señalados por la legislación a efectos ordenatorios, sino cumplimiento que se origina con el nacimiento de la obligación derivada del hecho generador, no debiendo asimismo, en la práctica diferenciarse el tipo de impuesto existente en nuestra legislación, conforme lo dispuesto en la doctrina, lo cual constituye el pilar que sustenta la figura de la prescripción, entendiéndose en consecuencia que transcurrido el periodo mencionado, sin que exista actos que lo interrumpan, la acción prescribe. Que, por otra parte debemos hacer alusión al término "a partir del 1° de enero del año siguiente a aquel en que la obligación debió cumplirse", parámetro dispuesto en el Art. 164, entendiendo que dicha frase fue incluida por el legislador a fin de la unificación de criterios ante la existencia de diversos tipos de impuestos cuyas formas de cumplimiento varían en el tiempo, no así como parámetro para la configuración de la figura de la prescripción, dado que la misma se produce transcurridos los cinco años contados, como se ha expuesto, desde que la obligación debió cumplirse, sean estos impuestos anuales o mensuales, tornándose impensable desde todo punto de vista el transcurso de tiempo superior al atado para el surtimiento del efecto. (5 años), de manera que en los impuestos anuales, como lo es el Impuesto a la Renta Comercial, Industrial y de Servidos, el cómputo del término de la prescripción debe realizarse aparar del 1° de enero siguiente al cierre del ejercicio fiscal en el cual se ha devengado la obligación...", (sic) Según los auditores de la SET, mi mandante ha recibido facturas de una de las empresas señaladas en el Informe Final de Auditoría y conforme a otra auditoría practicada por la SET a otras empresas (ALPATEX y otras en el año 2014). Lamentablemente al tiempo de su requerimiento, BH CONCRETOS S.A. ya no contaba con las facturas del año 2008, pues las mismas habían sido destruidas por sobrepasar el plazo para su conservación y guarda según lo establecido en el Art. 192, 2) de la Ley N° 125/91 así como el plazo de prescripción, por razones de espacio y costo. Las obligaciones tributarias relacionadas al ejercicio 2008 (IVA e IRACIS) han quedado prescriptas en fecha anterior a cualquier fiscalÍ2ación o reclamo a la presentación de documentos referentes a ese año fiscal La no presentación de unos documentos que derivan del ejercicio de un derecho, no puede causar ninguna presunción contraria ni derivarse cargo o consecuencia jurídica alguna del mismo, tal como lo refieren los fundamentos de la resolución impugnada por medio de la presente acción. La conducta omisiva de la presentación no es una conducta reprochable, pues mi mandante no ha presentado los documentos requeridos porque: a) Con posterioridad al año 2008, no han sido entregadas a BH CONCRETOS S.A. facturas de la firma TREO MERCANTIL INDUSTRIAL S.R.L. b) Las facturas que fueron requeridas para su presentación en el mes de setiembre de 2014 y en el sumario administrativo no se hallaban ya en poder de mi mandante pues las mismas al tiempo de su requerimiento ya no eran de conservación obligatoria por lo que fueron destruidas. En cuanto al argumento de la Administración Tributaria de que existen procedimientos internos para la tramitación de la solicitud de declaración de prescripción o para el cobro de la deuda o del cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte del contribuyente previstos en el Artículo 164 de la Ley 125/91 es huero de contenido jurídico al contravenir expresamente la disposición legal de declarar que la obligación se halla prescripta a los cinco años y que este plazo debe ser computado a partir del 1 de enero del año siguiente. Demás está señalar que de existir alguna duda entre la jerarquía de una norma jurídica (ley) y una resolución administrativa no cabe la menor duda de que debe ser aplicada la ley, Prelación de Normas Jurídicas establecido en el Artículo 137 de la Constitución Nacional. Demostrada está la improcedencia jurídica, y por si quepa alguna duda en este caso, debe ser aplicada la norma que favorece al contribuyente, de acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 248 de la Ley 125/91. De lo expuesto, surge que a la fecha del requerimiento de la Administración Tributaria ya se hallaban prescriptas las obligaciones tributarias del año 2008 por lo que la resolución dictada es absolutamente irregular, 3.2. MALA FE. INCONSISTENCIAS DEL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA Y LA RESOLUCIÓN En otros apartados del considerando se expresan: "...El equipo auditor de la SET expuso los resultados de la Fiscalización en el Informe final de Auditoría Na 67000001204 de 24/11/2014, en el cual se detallaron las inconsistencias detectadas referentes a las obligaciones tributarias, y sugirió el ajuste a favor del fisco por un monto de G. 224.000.000, suma que incluye el IRACIS General del ejercicio fiscal de 2008y la aplicación de la multa del 300% sobre el IVA incluido en los comprobantes de compras registrados en las declaraciones juradas que estaban relacionadas a operaciones inexistentes, e igualmente del 300% sobre el monto que resultó de aplicar la tasa del tributo sobre el importe de las facturas reía donados a los gastos indebidamente deducidos del IRACIS...". Se atribuye supuestamente a mi mandante el contenido falso de operaciones gravadas que tuvieron lugar en el año 2008, o sea sobre obligaciones ya prescriptas al tiempo de realizarse tanto la fiscalización, auditoría e instruirse el sumario administrativo en relación al particular. La administración tributaria presume que son falsos porque conforme a una "...verificación realizada por el Departamento de Investigación Tributaria y el Ministerio Público encabezado por el fiscal Rene Fernández en focha 12/06/2014 se constituyeron en los domicilios fiscales de las siguientes firmas ...TREO MERCANTIL E INDUSTRIAL S.R.L. ... con objeto de incautar documentaciones. Los auditores designados para la realización de estos trabajos (inventario de mercaderías y activos fijos) señalan que las firmas contribuyentes no poseen mercaderías, otro establecimiento ni activo fijo, motivo por el cual en el informe SET/IT N° 190/2014 del 13/06/2014 recomiendan el bloqueo preventivo del RUC de las mencionadas firmas, lo que procedió a realizar en la misma fecha conforme al Dictamen DPTT/ CJTT N° 642 suscrito por la Sra. Vice Ministra de Tributación... (Ver fs. 39 del sumario). En consecuencia, la Administración Tributaria concluye en la mala fe de mi principal basado en actos exclusivos de terceros, alegando que la sociedad emisora de las facturas no contaba con la infraestructura necesaria ni poseía mercadería alguna al tiempo de la inspección (junio de 2014). Se destaca que el tiempo de la inspección no es contemporáneo al tiempo de la emisión de las facturas cuestionadas (diciembre de 2008); o sea, se pretende fundar la presunción de falsedad del contenido de las facturas en hechos constatados recién seis años después de que se produjo el hecho generador, cuando además ninguna obligación respecto a ese periodo ya es exigible a mi parte por lo que tampoco ni puede ser objeto de sanción alguna por parte de la Administración Tributaria.- La falta de infraestructura propia al tiempo de la verificación (2014) no puede sustentar la presunción que no la tenía seis años atrás o que proveyera servicios y productos en forma tercerizada, siendo ésta una modalidad mercantil totalmente habitual y legal. Mi mandante ha abonado el IVA correspondiente por las facturas emitidas y declaradas en tiempo y forma. Si TREO MERCANTIL E INDUSTRIAL S.R.L. no ha ingresado al fisco el importe correspondiente abonado, es un hecho de tercero y exigible a un tercero. La supuesta falsedad del contenido de facturas emitidas por un tercero estando ya prescriptas, no es exigible ni cuestionable, ni puede la prescripción de la obligación y la no tenencia de documentos que ya no son de guarda obligatoria erigirse en fundamento de una sanción, pues la prescripción libera la exigibilidad de la obligación principal y sus accesorios y así lo debe resolverse en esta instancia.- Mi representada ha recibido facturas, según los auditores, de una de las empresas señaladas en el Informe Final de Auditoría. Lamentablemente la firma ya no contaba con ninguna de las facturas originales del año señalado pues las mismas han sido destruidas porque sobrepasan el periodo de prescripción, y así se procedió por razones de espacio, costo y por haberse cumplido el plazo legal establecido para la guarda de los mismos.- La seguridad jurídica y la legalidad de los actos, no pueden basarse en acusaciones o calificación de conducta alguna, fundada en contenido de documentos cuyo original no lo posee ya ni mi parte ni la Administración Tributaria, y menos aún, puede basarse en declaraciones proporcionadas por terceros. Los documentos del cual derivan los supuestos créditos fiscales que se pretenden cobrar con todos sus accesorios no fueron anulados por el emisor de los mismos tampoco fueron privados legalmente de su eficacia en tiempo y forma, por lo que deviene notoriamente temerario e ilegítimo pretender que por la mera declaración por parte de un directivo de la Empresa en una investigación en otra jurisdicción y causa, se exonere al emisor remiso en el cumplimiento de su obligación tributaria de toda responsabilidad tributaria en relación al tributo percibido y no ingresado, o en su caso ya percibido por el fisco, y se condene al pago a mi principal de los importes ya abonados al citado , o peor aún, que el fisco pretenda percibir de ambas partes el impuesto cuestionado y por demás prescripto, lo cual constituiría en su caso una doble o triple tributación.- 3.3. IRREGULARIDAD DE LA CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA Y DETERMINACIÓN DE LA MULTA Mi parte rechaza categóricamente la calificación de la conducta dejándola incursa en el Art. 172 de la Ley 125/91 como DEFRAUDACIÓN, como ya fuera expuesto, no sólo la Administración ha sido perjudicada aparentemente, sino también BH CONCRETOS S.A. que ha recibido facturas legales en diciembre de 2008 de una empresa registrada y habilitada legalmente' en la Administración Tributaria, cumpliendo todos los requisitos propios del timbrado y a quien recién en el mes de Junio de 2014 la Administración Tributaria ha inhabilitado, exponiendo a los contribuyentes que han abonado el IVA correspondiente que se instrumenta en las facturas emitidas y no canceladas ni anuladas antes de operarse la prescripción legal de las mismas a soportar fiscalizaciones, auditorías y súmanos seis años después.- No aceptamos por consiguiente, la supuesta aplicación de la multa por ser manifiestamente ilegal, por un lado, porque al Auditor de la SET le está vedado sugerir cuantía de la sanción y la calificación misma de la supuesta infracción, porque esta nace de la actuación sumarial y de la resolución dictada por la autoridad competente, pues la multa es una sanción pecuniaria que debe resultar de un procedimiento en el cual el sancionado acceda al derecho a la defensa, y del cual resultará conforme a las pruebas y defensas articuladas la calificación de una conducta y la aplicación de sanciones, debiendo siempre valorarse las circunstancias atenuantes, agravantes o eximentes.- Al Auditor no le está permitido determinar la aplicación de la multa, pues esto sería reconocer que tanto el Auditor como la Vice Ministra de Tributación tienen las mismas facultades sancionatorias, lo cual no se ajusta a derecho y conllevan la nulidad de las actuaciones que sustentan el sumario administrativo que concluye con el dictado de la Resolución Particular N° 76 del 26/10/2015 cuya revocación se solicita por medio de la presente acción.- El acto administrativo debe ajustarse al principio de legalidad que rige en la administración pública para evitar que la autoridad incurra en arbitrariedad frente al sujeto pasivo de la relación administrativa (el administrado), y en el caso que nos ocupa, el contribuyente BH CONCRETOS S.A.- Y por otro lado, por la Constitución Nacional, le está vedado en todas las actuaciones la aplicación de multas confiscatorias o desmedidas, según lo dispuesto en el Artículo 44 de la Constitución Nacional, y vaya que son confiscatorias, pues estamos hablando del 300% ¿Cuándo se considera confiscatorio? Cuando se queda con el 100%, se queda con todo; y al adicionarle 200%, es obvia la conclusión, es súper confiscatorio. Atendiendo al Art. 175 de la Ley 125/91 "... la graduación de la sanción deberá hacerse por resolución fundada tomando en consideración las siguientes circunstancias: 1) La reiteración, la que se configurará por la comisión de dos o más infracciones del mismo tipo dentro del término de 5 años; 2) La continuidad, entendiéndose por tal la violación repetida de una norma determinada como consecuencia de una misma acción dolosa; 3) la reincidencia, la que se configurará por la comisión de una nueva infracción del mismo tipo antes de transcurridos 5 años de la aplicación por la Administración, por resolución firme, y ejecutoriada de la sanción correspondiente a la infracción anterior;...". La RESOLUCIÓN DENEGATORIA TÁCITA de fecha 21 de diciembre de 2015, del Recurso de Reconsideración interpuesto por BH CONCRETOS S.A.A, en fecha 23 de noviembre de 2015, según Expediente N° 20153035572, es irregular por los mismos fundamentos. EN CONCLUSIÓN: Las numerosas irregularidades acusadas por mi parte se manifiesta por la violación de lo dispuesto por el Art. 215 de la Ley N° 125/91, que establece cuáles son los requisitos formales que debe reunir el acto de determinación, tales como lo establecidos en sus numerales 4) el cual expresa la exigibilidad de la apreciación y valoración de los descargos, defensas y pruebas, así como el numeral 5) sobre la exigibilidad de los fundamentos del hecho y derecho de la determinación.- La obligación se hallaba prescripta como también la obligación de la guarda de los documentos originales que la instrumentan. La grave calificación determinada ilegítimamente en base a manifestaciones de terceros que supuestamente han defraudado al fisco y a mi mandante al no cumplir con el pago del tributo cobrado y abonado por mi parte en concepto de IVA especulando con que mi mandante ya no tendría la guarda del original del documento emitido, es un despropósito y genera un estado de indefensión insalvable a mi representada.- Es errada y así lo ha sostenido en reiterados fallos nuestros Tribunales en relación a la interpretación interesada y extensiva a 6 años que hace la Administración Tributaria en materia de la fecha de inicio de la prescripción liberatoria del tributo que se legisla en 5 años.- Tomando en consideración aún el acto interruptor de la prescripción atribuida a la presentación rectificativa de la declaración jurada realizada en fecha 03 de Abril de 2009 en relación a obligaciones realizadas y cerradas en el ejercicio fiscal 2008, igualmente se hallaba operada la prescripción el 03 de abril del año 2014, o sea en fecha anterior a cualquier investigación, auditoría o acta final del Tributo suscrita por dos testigos, conforme consta en los antecedentes administrativos.- No siendo exigible tributo en concepto de IRACIS e IVA alguno en relación al periodo fiscal en cuestión, tampoco puede ser exigibles sus accesorios que se reclaman en la R.P. N° 76 del 26/11/2015 (intereses, mora, multas, contravenciones).- Del ejercicio del derecho o una facultad legalmente establecida (la destrucción o no conservación de documentos), no puede derivar ninguna sanción o presunción de defraudación en contra del contribuyente ni consecuencia jurídica alguna. Estando prescripta la obligación también fenece la obligación a la conservación del documento que la instrumenta.- Las expresiones vertidas para sostener la supuesta mala fe de mi principal es totalmente atemporal con los hechos constatados seis años después (2014) y sus efectos no pueden oponerse ni retrotraerse al tiempo de la declaración jurada realizada en base a la operación declarada por mi principal en el año 2008.- La administración tributaria nunca inhabilitó el RUC ni el timbrado de la Empresa que supuestamente emitía facturas falsas, ni ha demostrado la falsedad de la factura emitida a mi principal, más que por la mera manifestación de un indiciado.- De lo expuesto, surge sin lugar a dudas que BH CONCRETOS S.A. no debió ser sancionada, pues no cometió infracción tributaria alguna, las resoluciones dictadas por la Administración tributaria son irregulares y consecuentemente deben ser revocadas".
Por presentación de fecha 11 de mayo de 2016 (fs. 51/52), la parte actora realizó ampliación de la presente demanda contencioso administrativa, ampliándola contra los términos de la Resolución Particular N° 27 del 22 de abril de 2016 "Por la cual se rechaza el Recurso de Reconsideración interpuesto por la firma BH Concretos S.A.”, funda la ampliación en los siguientes términos: “AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA Que habiendo acaecido un hecho nuevo en relación a los hechos expuestos en la presente demanda, vengo a comunicar y a presentar en estos autos la cédula de notificación de la SET recibida por mi mandante BH CONCRETOS S.A. en fecha 03/05/2016 por la cual se le comunicado el dictado de la Resolución Particular N° 27 del 22 de Abril de 2016 POR LA CUAL SE RECHAZA EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR LA FIRMA BH CONCRETOS SA. con la copia de la citada resolución denegatoria, destacando que la misma fue dictada luego de haberse solicitado a la SET la remisión de los antecedentes administrativos en el presente acción promovida por mi parte y haberse operado por imperio de la ley la resolución denegatoria ficta.- Mi parte por tanto también amplia la presente demanda contra la Resolución Particular N° 27 del 22 de abril de 2016 dictada por la Vice Ministra de Tributación, que fuera dictada en la condición supra mencionada y en forma extemporánea a los efectos de no consentir la legalidad de sus fundamentos y su eficacia jurídica.- Igualmente mi parte se reserva el derecho de ampliar las consideraciones expuestas al promover la demanda en relación a la RP N° 27 del 22/04/2016 de la vice Ministra de Tributación, una vez remitido por la SET el antecedente administrativo y conforme convenga a sus derechos. II. INTIMAR REMISIÓN DE ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS BAJO APERCIBIMIENTO Mi parte solicita que se intime a la Sub Secretaría de Estado de Tributación la remisión de los antecedentes administrativos ordenado por este Excmo. Tribunal en los términos de la Nota N° 383/2016 por la cual se intimó a la Sub Secretaría de Estado de Tributación (SET) para que en el plazo de 5 días y bajo apercibimiento se remitan los antecedentes administrativos respecto a las Resoluciones N° 76 de fecha 26/10/15 dictada por la Vice Ministra de Tributación de la Sub Secretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda y la Resolución Denegatoria Tácita de fecha 21/12/15 del recurso de reconsideración interpuesto por BH CONCRETOS S.A. en fecha 23/11/15 según Expediente N° 20153035572 de la Sub Secretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda. La Nota N° 383/2016 del Tribunal de Cuentas, fue comunicada a la SET según Expediente SET N° 20163009480 del 11/04/2016 obrante en autos.- Que, a la fecha se halla vencido el plazo otorgado bajo apercibimiento de ley para remitir a éste Tribunal los antecedentes administrativos en los que se funda la presente demanda.- En consecuencia, estando a la fecha ha expirado en exceso el plazo concedido a la SET para remisión de los antecedentes administrativos requeridos”.
Que en fecha 06 de julio de 2016 (fs. 61/71), se presentó ante este Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, la Abog. Fiscal CONCEPCION INSFRAN ALVARENGA, en nombre y representación del Ministerio de Hacienda, bajo patrocinio del Abogado del Tesoro, Abog. Ángel Fernando Benavente Ferreira, conforme al testimonio del Decreto que adjunta, solicitando intervención en estos autos y contestando la presente demanda. Fundan la contestación en los siguientes términos: "CUESTIÓN PREVIA NEGAMOS CATEGÓRICAMENTE LOS HECHOS Y DERECHOS EN QUE PRETENDE FUNDARSE LA PARTE ACTORA EN EL TRASLADO QUE SE RESPONDE, QUE NO FUEREN EXPRESAMENTE RECONOCIDOS EN ESTA PRESENTACIÓN, LO QUE PETICIONAMOS SE TENGA EN CUENTA PARA LO QUE HUBIERE LUGAR.1- HECHOS CONTROVERTIDOS: A los efectos de simplificar la tarea de entendimiento e interpretación por parte de VV.EE., del contenido de la presente demanda, procederemos seguidamente a detallar puntualmente los tópicos mencionados y controvertidos por la adversa en su escrito de presentación, enfatizando claramente los argumentos sostenido por esta representación a favor de la interpretación de las disposiciones legales vigentes por la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda. 2- OBJETO DE LA PRESENTE DEMANDA La actora recurre ante el Excmo. Tribunal de Cuentas y en su escrito de demanda plantea revocar la Resol. SET No. 761/15 "POR LA CUAL SE DETERMINAN LOS TRIBUTOS Y SE APLICAN SANCIONES A BH CONCRETOS S.A., con RUC. 80019934-0, expresando entre otras cosas lo siguiente: "Mi mandante fue fiscalizada por la Subsecretaría de Estado de Tributación en fecha 09/09/2014, según orden de fiscalización No. 65000001251 de fecha 05/09/2014, en lo referente a obligaciones fiscales: Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales Diciembre/2012 y del Impuesto a la Renta de la Actividades Comercial, Industriales y de Servicios (IRACIS) ejercicio fiscal 2012 ...requiriéndosele la presentación de los siguientes documentos....comprobantes de ventas recibidos de la firma TREO MERCANTIL E INDUSTRIAL S.A..." En fecha 24 de febrero de 2015, mi representada fue notificada de la Resolución Particular No. 76 de fecha 26 de octubre de 2015, que resuelve: "Art. 1° DETERMINAR la obligación tributaria en concepto del IRACIS del Ejercicio Fiscal 2008 de la firma contribuyente BH CONCREOS S.A. con RUC: 80019934-0...Art. 2°.- CALIFICAR, la conducta de la contribuyente como DEFRAUDACIÓN de conformidad a lo establecido en el artículo 172 de la Ley No. 125/91 y SANCIONAR a la misma con la aplicación de una multa equivalente al 300% (trescientos por ciento), sobre el tributo defraudado, más la contravención de conformidad al Art. 1 Inc. e) de la RG 07/2013; Art. 3° DISPONER, la percepción por parte de la contribuyente de la suma de G. 32.000.000 (guaraníes treinta y dos millones), en concepto de IRACIS General del ejercicio fiscal 2008, más los accesorios legales los cuales deberán ser calculados conforme al Art. 171 de la Ley No. 125/91, y la suma de G. 192.000.000 (guaraníes ciento noventa y dos millones) en concepto de multa por defraudación y la multa de G. 1.170.000 (guaraníes un millón ciento setenta mil) por contravención"... En su escrito de interposición de la demanda, la actora alega supuestas irregularidades cometidas por la SET, para determinar la multa, calificación de la conducta, prescripción e inclusive mala fe en el actuar de los funcionarios. DE LA SUPUESTA IRREGULARIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DICTADO POR LA SET (RESOL. No. 76/2015). 1. Alega la actora que la Administración tributaria se equivoca al requerirle presentaciones de comprobantes que supuestamente ya fueron destruidos por haber transcurrido el plazo legal para su conservación. Así expresa que: "La contribuyente BH CONCRETOS S.A., no puede presentar documentos que no posee Lamentablemente al tiempo de su requerimiento, BH CONCRETOS S.A., ya no contaba con las facturas del año 2008, pues las mismas había sido destruidas por sobrepasar el plazo para su conservación y guarda según lo establecido en el Art. 192, 2) de la Ley No. 125/91 así como el plazo de prescripción, por razones de espacio y costo "Las obligaciones tributarias relacionadas al ejercicio 2008 (IVA e IRACIS) han quedado prescriptas en fecha anterior a cualquier fiscalización o reclamo a la presentación de documentos referentes a ese año fiscal. La no presentación de unos documentos que derivan del ejercicio de un derecho, no puede causar ninguna presunción contraria no derivarse cargo o consecuencia jurídica alguna del mismo, tal como lo refieren los fundamentos de la resolución impugnada por medio de la presente acción. La conducta omisiva de la presentación no es una conducta reprochable, pues mi mandante no ha presentado los documentos requeridos porque: a) Con posterioridad al año 2008, no han sido entregadas a BH CONCRETOS S.A., facturas de la firma TREO MERCANTIL INDUSTRIAL S.R.L. b) Las facturas que fueron requeridas para su presentación en el mes de setiembre de 2014 y en el sumario administrativo no se hallaban ya en poder de mi mandante pues las mismas al tiempo de su requerimiento ya no eran de conservación obligatoria por lo que fueron destruidas. 2. DE LA SUPUESTA MALA FE E INCONSISTENCIA DEL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA; Al respecto, la recurrente manifiesta que: "El equipo auditor de la SET expuso los resultados de la Fiscalización en el Informe final de Auditoría No. 670000001204 de 24/11/2014, en el cual se detallaron las inconsistencias detectadas referentes a las obligaciones tributarias, y sugirió el ajuste a favor del fisco por un monto de G. 224.000.000, suma que incluye el IRACIS General del ejercicio fiscal de 2008 y la aplicación de la multa del 300% sobre el IVA incluido en los comprobantes de compras registrados en las declaraciones juradas que esta relacionadas a operaciones inexistentes, e igualmente del 300% sobre el monto que resultó de aplicar la tasa del tributo sobre el importe de las facturas relacionados a los gastos indebidamente deducidos del IRACIS". 3. DE LA SUPUESTA IRREGULARIDAD DE LA CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA Y DETERMINACIÓN DE LA MULTA; en este punto la actora expresa: "Mi parte rechaza categóricamente la calificación de la conducta dejándola incursa en el Art. 172 de la Ley No. 125/91 como DEFRAUDACIÓN No aceptamos por consiguiente, la supuesta aplicación de la multa por ser manifiestamente ilegal, porque al Auditor le está vedado sugerir cuantía de la sanción y la calificación misma de la supuesta infracción, porque esta nace de la actuación sumarial y de la resolución dictada por la autoridad competente, pues la multa es una sanción pecuniaria que debe resultar de un procedimiento en el cual el sancionado acceda al derecho a la defensa, y el cual resultará conforme a las pruebas y defensas articuladas..." 4. DE LA SUPUESTA PRESCRIPCIÓN: en este caso la actora alega que las obligaciones reclamadas se hallan prescriptas, y que han trascurrido el tiempo en cuanto a la obligación que tenía para conservar los comprobante reclamados (5 años), cita además que el Tribunal de Cuentas Segunda Sala, en el 2007 resolvió por A.S. No. 2/07 lo siguiente: "de lo expresado señalamos que la prescripción opera por el trascurso de cinco años, desde el momento en que la obligación debió cumplirse, no debiendo confundirse cumplimiento en los plazos señalados por la obligación a efectos ordenatorios, sino cumplimiento que se origina con el nacimiento de la obligación derivada del hecho generador, no debiendo asimismo, en la práctica diferenciarse el tipo de impuesto existente en nuestra legislación, conforme lo dispuesto en la doctrina, lo cual constituye el pilar que sustenta la figura de la prescripción, entendiéndose en consecuencia que transcurrido el periodo mencionado, sin que exista actos que lo interrumpan, la acción prescribe. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA - POSISICION DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN: Antes de avocarnos puntualmente en contestar esta inviable demanda contencioso administrativa, llamamos la atención de VV.E.E, que el caso traído ante el Excmo. Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, es uno más de los casos que la Subsecretaría de Estado de Tributación denunció en el marco de la investigación en el caso conocido como "MEGA EVASIÓN" seguidos a los contribuyentes GLOBAL SALES SERVICES, CYPRESS PALMS INVESTIMENT S.A., TREO MERCANTIL E INDUSTRIAL S.R.L., LONE STAR, PST SHIPMENT, BEST COMUNICACIONES S.A.. MIGUEL CENTURIÓN y otros, que ha tomado estado público y con intervención del Ministerio Público. A raíz de los acontecimientos llamados "MEGA EVASIÓN", la SET ha dispuesto la fiscalización puntual de varias empresas unipersonales como jurídicas, solicitando informaciones, provisiones de documentos como declaraciones juradas, libros, asientos contables etc., a contribuyentes que de una u otra forma operaban con citadas empresas que han perjudicado enormemente al fisco, Defraudando y Estafando sistemáticamente en adulterar documentos, fabricar Créditos Tributarios y su posterior comercialización. En ese sentido esta representación fiscal aclara a VV.EE., y a fin de tener en cuenta al momento de dictar una sentencia justa, que a consecuencia de la situación precedentemente se ha iniciado controles fiscales a la empresa BH CONCRETOS S.A., a raíz de su posible vinculación con la causa denunciada por la Subsecretaría de Estado de Tributación ante el Ministerio Público, en la causa caratulada: CAUSA PENAL No. 77/2014. "INVESTIGACIÓN FISCAL S/ PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS NO AUTÉNTICOS Y OTROS". Asimismo, dejamos expresa constancias que en el mismo proceso de investigación de la llamada "MEGA EVASIÓN", La Dirección General de Fiscalización Tributaria de la Subsecretaría de Estado de Tributación emitió notas de requerimiento, solicitando documentaciones sobre operaciones comerciales a la empresa "BH CONCRETOS" con RUC: 80019934-0, debido a que se ha constatado que uno de sus proveedores es precisamente la firma TREO MERCANIL E INDUSTRIAL S.R.L, denunciado ante el Ministerio Público por "Ventas de Facturas". Estando en proceso investigativo en la causa señalada, en fecha 12 de junio de 2014, el Ministerio Público a cargo del Agente Fiscal Rene Fernández acompañados por los funcionarios del Departamento de Investigación Tributaria, procedió al allanamiento e incautación de documentaciones varias de las empresas BEST COMUNICACIONES S.A., P.S.T. SHUIPMENT SRL, CYPRESS PALMS INVESTMENT S.A., GLOBAL SALES & SERVICES SRL, CENTURIÓN ARMOA MIGUEL ÁNGEL, TREO MERCANTIL E INDUSTRIAL SRL y LONE STAR COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS SRL. Que en el allanamiento mencionado, fueron incautados varios documentos que afectan al contribuyente TREO MERCANTIL E INDUSTRIAL S.A....A raíz de los hallazgos y por otros documentos que podrían involucrar a la empresa en la denuncia formulada ante el Ministerio Público, la Subsecretaría de Estado de Tributación - Dirección General de Grandes Contribuyentes por Orden de Fiscalización No. 65000001251 notificada en fecha 09/09/2014, dispuso la Fiscalización de la contribuyente BH CONCRETOS S.A. HALLAZGOS DE LA FISCALIZACIÓN REALIZADA, LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DICTADO POR LA SET Así, los auditores designados luego de la analizar varias documentaciones, por ACTA FINAL No. 67000001204 del 24/11/2014, en el cual se detallaron las inconsistencias detectadas referentes a las obligaciones tributarias, y sugirió el ajustes a favor del fisco por un monto de G. 224.000.000, suma que incluye el IRACIS General del ejercicio fiscal de 2008 y la aplicación de la multa del 300% sobre el IVA incluido en los comprobantes de compras registrados en las declaraciones juradas que esta relacionadas a operaciones inexistentes, e igualmente del 300%) sobre el monto que resultó de aplicar la tasa del tributo sobre el importe de las facturas relacionados a los gastos indebidamente deducidos del IRACIS, de acuerdo a las infracciones detectadas por incurrir la contribuyente en los presupuestos del Art. 172 de la Ley No. 125/91. Que, la auditoría determinó que la empresa BH CONCRETOS S.A. ha utilizado facturas que no reflejan la realidad de los hechos económicos, en consecuencia ha obtenido un beneficio indebido, que se encuentra cuantificado por el impuesto contenido en los comprobantes declarados en las DD.JJ, del IVA y del IRACIS - Ejercicio 2008; y por lo tanto no desafecto los importes correspondientes a las facturas de contenido falso, por lo que se sugiere la aplicación del 300% de multa. De la supuesta violación a las formalidades respecto a la denuncia y calificación realizada por los auditores de la SET: La Administración Tributaria ha aplicado estrictamente lo que disponen las disposiciones legales y sus reglamentaciones que refieren al caso. Así, el Art. 238 de la Ley No, 125/91, rige exclusivamente para personas ajenas o extrañas a la Administración Tributaria, ya que en el Art. 224 de la Ley No. 125/91 establece que: "Los procedimientos para sancionar administrativamente las infracciones tributaria son de la competencia de la Administración Tributaria a través de sus órganos específicos... "Y en ese sentido, el Art. 225 en su numeral 1) claramente dispone que: "...comprobada la comisión de la infracción se redactará un informe pormenorizado en el se debe describir detalladamente la infracción imputada. En concordancia con ello, el Art. 31 de la Ley No. 2421/04 establece la potestad de reglamentar la realización de las fiscalizaciones. En efecto, el artículo 31 de la R.G. No. 4/2008 establece las funciones de los auditores y dispone que: "En los trabajos de fiscalización las funciones de los actuantes son: a) Determinar la existencia y la cuantía de la materia imponible, siempre que la hubiere b) Establecer e identificar la base documental necesaria para tal determinación, y c) Realizar una propuesta de calificación, calificación preliminar o denuncia de la conducta del contribuyente, y en consecuencia suministrar información para la calificación de las infracciones a ser aplicadas al contribuyente. Con las normas descriptas precedentemente, queda más que claro y demostrado que los auditores tienen como función y obligación realizar la propuesta de calificación de la conducta del contribuyente sujeto a control. Que, asimismo, se solicitó a la empresa BH CONCRETOS S.A., comprobantes que respaldan las operaciones realizadas, no han remitido ninguna de las documentaciones solicitadas ni tampoco han negado que dichas documentaciones hayan formado parte de su contabilidad, muy por el contado, el auditor externo Cecilio Eduardo González confirmó que se registró en los libros contables e hizo constar en la Declaraciones Juradas como gastos deducibles en el IRACIS y créditos fiscales en el IVA, los montos consignados en los comprobantes que respaldaron hechos económicos que no existieron (Art. 173 núm. 3) e hizo valer ante la Administración Tributaria formas manifiestamente inapropiadas a la realidad de los hechos gravados (Art. 174 núm.12). En cuanto al IRACIS, el contribuyente ha contravenido lo dispuesto en el Art. 8° Renta Neta, que expone: "La Renta Neta se determinará deduciendo de la Renta Neta Gravada los gastos que sean necesarios para obtener y mantener la fuente productora, siempre que representen una erogación real" En relación al IVA el contribuyente ha incumplido lo dispuesto en el Art. 86 de la Ley No. 125/91, que en su parte pertinente expone: "No dará derecho al crédito fiscal el impuesto contenido en los comprobantes que no cumplan los requisitos legales o reglamentarios y/o aquellos documentos visiblemente adulterados o falsos". Se deja expresamente consignado que los representantes legales de la empresa BH CONCRETOS S.A. no presentaron los comprobantes requeridos, por lo que se procedió a determinar de los montos consignados en las facturas cuestionadas, porque de acuerdo al relato de los hechos, los comprobantes cuestionados carecen completamente de valor probatorio en cuanto a las operaciones que pretenden sustentar, debido a que la existencia de las mismas fue probada sobradamente por los auditores, quienes constataron que la empresa TREO MERCANTIL E INDUSTRIAL SRL, quien supuestamente actuó como proveedor, no poseía infraestructura para prestar los servicios como las descriptas en las facturas emitidas. Este hecho, además, fue corrobora do con las propias declaraciones del representante legal de la misma Lic. Miguel Enrique Centurión Carmona en su declaración ante el Ministerio Público en la Causa No. 77/14 caratulada: "Miguel Enrique Centurión Carmona y otros sí Hecho Punible de lavado de dinero y asociación criminal. El mismo declaró que la empresa TREO MERCANTIL E INDUSTRIAL S.R.L., a la cual representaba, fue creada al sólo efecto de proveer en el mercado facturas para la obtención de créditos fraudulentos con el fin de que varias empresas reduzcan el monto de sus impuestos. Dentro de este esquema se encontraba MH CONCRETOS S.A.-
Que, conforme a las verificaciones realizadas, la auditoría concluyó que el contribuyente BH CONCRETOS S.A. ha incurrido en lo prescripto en el Art. 172 de la Ley, que su parte pertinente dice: "Incurrirán en defraudación fiscal, los contribuyentes, responsables y terceros ajenos a la relación jurídico tributaria que en la intención de obtener un beneficio para sí o para un tercero, realicen cualquier acto, aserción, omisión, simulación, ocultación o maniobra en perjuicio del fisco". En cuanto a la graduación de la sanción objetada por la acora la Ley No. 125/91 en su Art. 175 establece: "Sanción y Graduación: La defraudación será penada con una multa entre 1 (una) y 3 (tres) veces el monto del tributo defraudado, sin perjuicio de la clausura del local del contribuyente que hubiere cometido la infracción en su Art. 175 núm. 5 dispone: "El grado de cultura de infractor y la posibilidad de asesoramiento a su alcance y núm. 6, establece que: La importancia que el infractor asuma en el esclarecimiento de los hechos...". Además corresponde se le aplique el contribuyente BH CONCRETOS S.A., la multa por contravención, debido a que la contribuyente no presentó las declaraciones requeridas por la administración Tributaria, lo que se adecúa a lo previsto en el Art. 1 Inc. e) de le RG 07/2013. DE LA SUPUESTA PRESCRIPCIÓN ALEGADA POR LA ACTORA Con relación a la prescripción invocada por la recurrente, la Ley No. 125/91 en su Art. 164 establece: "La acción para el cobro de los tributos prescribirá a los cinco (5) años contados a partir de 1° de enero del año siguiente a aquel en que la obligación debió cumplirse. Para los impuestos de carácter anual que gravan ingresos o utilidades se entenderá que el hecho gravado se produce al cierre del ejercicio fiscal". Resulta claro en la descripción del artículo citado, que se computa desde el 1° de enero del año siguiente a aquel en que la obligación debió cumplirse. En este caso, tanto las obligaciones del IVA del periodos fiscal 12/2008 como IRACIS del ejercicio fiscal 2008 fueron cumplidas en el año 2009 con la presentación de las respectivas declaraciones juradas, motivos por el cual el computo del plazo se inició recién el 01/01/2010. Por tanto la acción para el reclamo de dichas obligaciones tendría que haber prescripto recién en el año 2015, sin embargo el plazo fue interrumpido mucho antes con el Ata Final No. 68400001210 de fecha 12/11/2014, suscripta por 2 testigos de conformidad al numeral 1) del Art. 165 de la Ley No. 125/91, que dispone: Interrupción del Plazo de prescripción: El curso de la prescripción se interrumpe: 1) Por acta final de inspección suscripta por el deudor o en su defecto ante la negativa suscripta por dios testigos, en su caso". En ese orden, el Art. 192 del mismo cuerpo legal, indica entre las obligaciones de contribuyentes y responsables: ... "2) Conservar en forma ordenada y mientras el tributo no esté prescrito, los libros de comercio; y registros especiales, y los documentos de las operaciones y situaciones que constituyan hechos gravados". Considerando los hechos expresados y conformes establece la Ley No. 125/91, en el Libro V, Capitulo IX. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS, artículos 224 y 225, se procede a determinar el impuesto y la multa por defraudación, (ver fs. 69 de autos). La administración Tributaria a fin de precautelar las Garantías Constitucionales y el Debido Proceso, instruyó sumario administrativo conforme lo disponen los artículos 212 y 225 de la Ley No. 125/91 que prevén los procedimientos para la determinación tributaria y para la aplicación de sanciones. En la sustanciación del sumario, la firma BH CONCRETOS S.A., presento sus descargos solicito desvinculación e inclusive solicitó abonar los impuestos reclamados con exoneración de multas, planteamiento que ha sido rechazado por la Administración Tributaria en razón de que no se da ninguna de las causales de exclusión de responsabilidad establecidas en el artículo 185 de la Ley. En ese sentido se aclara que la Subsecretaría de Estado de Tributación en virtud del Art. 12 de la Ley No. 109/92, tiene a su cargo la aplicación y administración de todas las disposiciones legales referentes a tributos fiscales su percepción y fiscalización y que asimismo, el Art. 186 de la Ley No. 125/91 faculta a la Administración Tributaria a interpretar administrativamente las disposiciones relativas a tributos bajo su administración. Aclarado el hecho de que la Administración ha interpretado el Art. 164 de la Ley, no supeditando el criterio tomado a una simple "opción" sino a la aplicación estricta de lo establecido en la Ley. Siendo así, y por todo cuando hemos señalado, la Subsecretaría de Tributación no hizo sino implementar lo que la norma establece para el caso, sobre la base de los dictámenes jurídicos expedido por la dependencia técnica correspondiente de la citada repartición, por lo que esta representación ministerial solicita al Excmo. Tribunal de Cuentas Segunda Sala el rechazo de la demanda planteada y la confirmación de la Resolución recurrida, por corresponder así en derecho”.
Por A.I. N° 962 de fecha 26 de setiembre de 2016 (fs. 74), este Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, declaró su competencia para entender en el presente juicio, y existiendo hechos que probar se recibió la causa a pruebas por todo el término de ley.
Que por providencia de fecha 29 de mayo de 2017 (fs. 201), y atento al informe del Actuario, se declaró cerrado el periodo probatorio y, en consecuencia, se llamó AUTOS PARA SENTENCIA.
Y el Miembro del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, GREGORIO RAMÓN ROLANDO OJEDA, prosiguió diciendo: Que en fecha 16 de febrero de 2016 (fs. 31/39), se presentaron ante este Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, el Abog. Eduardo Livieres Guggiari y la Abog. Brigitte Urbieta De Clerck por el poder general que adjuntan se presentan en nombre y representación de la Firma BH CONCRETOS S.A., a promover demanda contencioso administrativa contra los siguientes actos administrativos:
- Resolución Particular N° 76 de fecha 26 de octubre de 2015, dictada por la Viceministra de Tributación, por la cual resuelve "Art. 1°. DETERMINAR la obligación tributaria en concepto del IRACIS del ejercicio fiscal 2008de la firma contribuyente BH CONCRETOS S.A. ... Art. 2°- CALIFICAR la conducta de la contribuyente como DEFRAUDACIÓN de conformidad a lo establecido en el artículo 172 de la Ley N° 125/91 y SANCIONAR a la misma con la aplicación de una multa equivalente al 300% (trescientos por ciento) sobre el valor del tributo defraudado, más la contravención de conformidad al Art. 1 inc. e) de la RG 07/2013... Art. 3°- DISPONER la percepción por parte de la contribuyente de la suma de G. 32.000.000 (guaraníes treinta y dos millones) en concepto de IRACIS General del ejercicio fiscal 2008, más los accesorios legales los cuales deberán ser calculados conforme al Art. 171 de la Ley N° 125/91, y la suma de G. 192.000.000 (ciento noventa y dos millones) en concepto de multas por defraudación y la multa de G. 1.170.000 (guaraníes un millón ciento setenta mil) por contravención de acuerdo al siguiente detalle...".
- Resolución Particular N° 27 de fecha 22 de abril de 2016, dictada por la Viceministra de Tributación, por la cual se resolvió "Art. 1° RECHAZAR el Recurso de Reconsideración interpuesto por la firma BH CONCRETOS S.A. y CONFIRMAR la Resolución Particular N° 76 del 26/10/2015 en todos su términos, por la cual se dispuso la determinación del IRACIS y la aplicación de multas por defraudación y contravención...".
Del estudio del escrito de demanda, escrito de contestación de demanda y de los antecedentes administrativos agregados a autos, corresponde seguidamente realizar el análisis sobre el fondo de la cuestión planteada, que gira fundamentalmente sobre la validez jurídica en relación al acto administrativo impugnado por la parte actora quien alega la prescripción del objeto de la recurrida resolución, asimismo también manifiesta su inocencia respecto su responsabilidad en el cargo de defraudación del cual se le acusa, y consecuentemente también cuestiona el monto de la multa impuesta a consecuencia de dichos cargos.
En contrapartida, el representante convencional de la Abogacía del Tesoro, a fs. 61/70, procede a contestar la presente demanda, trabándose la litis en los términos de los escritos presentados por las partes intervinientes.
Ahora bien, primeramente cabe referirnos a la prescripción de la obligación planteada por la parte actora en su escrito de demanda, al respecto debemos tener presente que el plazo de 5 años establecido en el Art. 164 de la Ley N° 125/91 que transcripto dispone "Prescripción - La acción para el cobro de los tributos prescribirá a los cinco (5) años contados a partir del 1° de enero del año siguiente a aquel en que la obligación debió cumplirse. Para los impuestos de carácter anual que gravan ingresos o utilidades se entenderá que el hecho gravado se produce al cierre del ejercicio fiscal..." en el presente caso, tanto el IVA (periodo fiscal 12/2008) como el IRACIS (ejercicio 2008) se cumplieron en el año 2009, con la presentación de las respectivas Declaraciones juradas, por lo tanto la acción para el reclamo de dichas obligaciones habría prescripto recién en el año 2015, sin embargo el plazo fue interrumpido con el Acta Final N° 68400001210 en fecha 12 de noviembre de 2014 (fs. 33) suscripta por dos testigos debido a la negación de firmar el acta por parte del representante legal de la firma sumariada, todo ello conforme al numeral 1) del Art. 165 de la citada Ley Tributaria que dispone "El curso de la prescripción se interrumpe: 1) Por acta final de inspección suscrita por el deudor o en su defecto ante su negativa suscrita por dos testigos, en su caso".
Dicho esto pasamos al siguiente punto en la cuestión contenciosa respecto a la defraudación resuelta, siendo esta cuestión originada a raíz de la fiscalización puntual realizada a la firma contribuyente en cumplimiento de la Orden de Fiscalización N° 65000001251 mediante la cual se dispuso la verificación sobre compras realizadas a TREO MERCANTIL E INDUSTRIAL S.R.L. con RUC 80.052.374, correspondientes a la Obligación 111 - IRACIS General del ejercicio fiscal 2.008 y de la Obligación 211 - IVA General de del periodo fiscal 12/2008.
En ese contexto, la administración tributaria mediante el Informe Final de fecha 24/11/2014 (fs. 40/44 Ant. Adm.) indica que a través de las investigaciones y cruces de informaciones se detectó que BH CONCRETOS S.A. ha utilizado facturas que no reflejan la realidad de los hechos económicos y en consecuencia ha obtenido un beneficio indebido, cuantificado en los montos de las facturas cuestionadas que totalizan la suma de Gs. 320.000.000 (trescientos veinte millones de guaraníes) de base imponible, incidiendo fiscalmente en las obligaciones tributarias del IRACIS e IVA. Asimismo este informe concluye indicando que la empresa BH CONCRETOS S.A. ha incurrido en lo prescripto por el Art. 172 de la Ley N° 125/91, que en su parte pertinente establece "Incurrirán en defraudación fiscal, los contribuyentes, responsables y terceros ajeno a la relación jurídico tributaria que con la intención de obtener un beneficio para sí o para un tercero, realicen cualquier acto, aserción, omisión simulación, ocultación o maniobra en perjuicio del fisco".
De las respectivas investigaciones realizadas por la auditoría ha quedado evidenciado el hecho de la creación de empresas ficticias al solo efecto de emitir facturas simulando operaciones gravadas para la generación de créditos fiscales y su posterior comercialización a fin de utilizarlas para reducir la base imponible del IVA e IRACIS, y ante la consecuente configuración de una defraudación en los términos del ya citado Art. 172 de la Ley N° 125/91 "QUE ESTABLECE EL NUEVO RÉGIMEN TRIBUTARIO".
Por otro lado, mediante el Dictamen de Conclusión DSR N° 148/2015 de fecha 12 de agosto de 2.015 (192/194), la Jueza Instructora se remitió a los resultados del Informe Final de Auditoría N° 67000001204 del 24/11/2014, del equipo auditor de la SET en el cual se detallaron las inconsistencias detectadas referentes a las obligaciones tributarias, y surgió el ajuste a favor del Fisco por un monto de Gs. 224.000.000, suma que incluye el IRACIS General del Ejercicio Fiscal 2008 y la aplicación del 300% sobre el IVA incluido en los comprobantes de compras registrados en las declaraciones juradas que estaban relacionadas a las operaciones inexistentes e igualmente del 300% sobre el monto que resulto de aplicar la tasa del tributo sobre el importe de las facturas relacionadas a los gastos indebidamente deducidos del IRACIS, de acuerdo a las infracciones detectadas por incurrir la contribuyente en los gastos indebidamente deducidos del IRACIS de acuerdo a las infracciones detectadas por incurrir la contribuyente en loso presupuestos del Art. 172 de la Ley N° 125/91.
Respecto a la fiscalización realizada por la SET cabe mencionar que el Art. 186 de la Ley 125/91, otorga a la Administración Tributaria, la facultad de fiscalizar los tributos bajo su administración; y en ese sentido la fiscalización constituye una facultad genérica que se materializa a través de actuaciones concretas, tales como: la verificación, el control, la investigación, la inspección, etc., las cuales se constituyen en trámites y procedimientos administrativos que ejecuta la administración tributaria a los efectos de cotejar y comparar las informaciones que el contribuyente provee a la Administración, o para conocer situaciones que no fueron revelados por los contribuyentes. Así, el ejercicio de la facultad fiscalizadora de conformidad con el Art. 31° de la Ley 2.421/04, puede ejecutarse por medio de las fiscalizaciones integrales o las puntuales.
En el caso de marras, los hechos denunciados por la SET en ningún momento fueron rebatidos por la firma contribuyente pese a haber sido debidamente notificada de todas las actuaciones sumariales; por el contrario, la parte sumariada al momento de presentar su descargo, solicitó el sobreseimiento del sumario administrativo alegando que "1) BH CONCRETOS S.A. recibió de buena fe las facturas impugnadas ya que TREO MARKETING E INDUTRIAL se encontraba legalmente registrada en la Administración Tributaria. 2) La prescripción liberativa señalada en el Informe Final de Auditoría en virtud a lo establecido en el núm. 2 del art. 165 de la Ley N° 125/91”.
Lo que finalmente desembocó a que la administración tributaria, mediante Resolución Particular N° 76 de fecha 26 de octubre de 2015, resolviera calificar la infracción tributaria en la previsión del tipo legal del Art. 172 de la Ley N° 125/91 "QUE ESTABLECE EL NUEVO RÉGIMEN TRIBUTARIO" con una multa del 300% sobre el tributo defraudado, más la contravención de conformidad al Art. 1 Inc. e) de la RG 07/2013. Dicho tributo a percibir por parte de la SET quedó establecido en la suma de Gs. 32.000.000 (guaraníes treinta y dos millones)en concepto de IRACIS General del ejercicio fiscal 2008, más los accesorios legales que deberán ser calculados conforme al Art. 171 de la Ley 125/91 y la suma de Gs. 192.000.000 (guaraníes ciento noventa y dos millones) en conceptos de multas por defraudación y la multa de Gs. 1.170.000 (guaraníes un millón ciento setenta mil) por contravención que deberá abonar la firma contribuyente BH CONCRETOS S.A.
De todo lo expuesto, tenemos que la firma contribuyente en cuestión ha sido objeto de un sumario administrativo a raíz de la Orden de Fiscalización N° 65000001251 en la que se han detectados suficientes elementos facticos que permitieron conocer la existencia de personas físicas y jurídicas inscriptas como contribuyentes al solo efecto de proveer comprobantes de ventas, simulando operaciones comerciales; al respecto, la SET requirió las tareas de fiscalización sobre las compras realizadas de TREO MERCANTIL E INDUSTRIAL S.R.L. con RUC 80.052.374.
De acuerdo a las investigaciones realizadas por la administración tributaria, donde se encuentran agregados los antecedentes remitidos por la Unidad Especializada de Hechos Punibles de la Fiscalía, obra el acta de declaración del Sr. MIGUEL ENRIQUE CENTURION CARMONA, principal imputado por la fiscalización Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, donde revela que las facturas que se negociaban tenían un precio de entre 1.5% y 5% del valor nominal del documento emitido por las empresas que fueron creadas por su persona para evadir impuestos (fs. 41 Ant. Adm).
La administración tributaria mediante acto administrativo impugnado calificó la conducta de la firma contribuyente dentro del Art. 172 de la Ley N° 125/91 “QUE ESTABLECE EL NUEVO RÉGIMEN TRIBUTARIO’’ cuyo texto se transcribe: "Defraudación. Incurrirán en defraudación fiscal, los contribuyentes, responsables y terceros ajenos a la relación jurídica tributaria que con la intención de obtener un beneficio indebido para sí o para un tercero, realizaren cualquier acto, aserción, omisión, simulación, ocultación o maniobra en perjuicio del fisco”.
Circunstancia ésta que a mi parecer fue probada en autos por parte de la Administración Tributaria. Al respecto, el profesor Dr. Sindulfo Blanco, en su obra Manual Impositivo, Tomo II Pág. 70, referente a la Defraudación menciona lo dispuesto por la Reforma Tributaria para América Latina III, Modelo de Código Tributario, el cual dispone que: "Comete defraudación el que, mediante simulación, ocultación, maniobra o cualquier otra forma de engaño. Induce en error al Fisco, del que resultare para sí o un tercero un enriquecimiento indebido a expensas del derecho de aquel a la percepción de los tributos”.
Referente a la fiscalización desplegada en el caso de marras, no existe la menor duda que fue realizada conforme a la legalidad exigida como principio del actuar administrativo, pues la fiscalización se ha desarrollado dentro del plazo establecido en el Art. 31 de la Ley N° 2.421 /04.
Por su parte, quedó plenamente evidenciado en autos, que la firma contribuyente sumariada no ha podido ni ha intentado desvirtuar con pruebas, tanto en sede administrativa como jurisdiccional, los argumentos sostenidos por la SET demuestran la existencia de una defraudación conforme a lo probado en el antecedentes administrativo.
Referente a éste punto, debo señalar que en materia probatoria rige el principio del contradictorio, que respeta el derecho de defensa de las partes. En principio a ello, debe ofrecerse la prueba para que haya igualdad entre las partes. Según la práctica de los Tribunales, al inicio de cada etapa procesal las partes deben señalar qué pruebas ofrecerán en la primera oportunidad que se les concede para pronunciarse por escrito conforme lo exige el código procesal. Y tal como surge de autos, la actora tanto en sede administrativa como en sede jurisdiccional, no ha presentado documentación alguna que demuestre que no ha cometido la defraudación denunciada y sancionada por la SET.
Del examen de autos, podemos concluir que la legitimidad del acto de la administración tributaria, conforme lo dispone claramente el artículo 196 de la Ley N° 125/91, y como fuera acreditado con las instrumentales obrantes en los antecedentes administrativos en el presente juicio contencioso administrativo, es válido sostener que la Resolución Particular DPTT N° 76 de fecha 26 de octubre de 2015, dictada por la Sub Secretaría de Estado de Tributación cumplió a cabalidad los requisitos de regularidad y validez exigidos (competencia, legalidad, forma legal y procedimiento correspondiente).
Medidas como la recurridas constituyen propias del ejercicio del poder de la administración recaudadora, y dentro de ella, la competencia ha sido asignada a un órgano altamente especializado cuyos actos han de ser controlados por el órgano jurisdiccional en orden a su razonabilidad, ante el cual, sólo puede justificarse con la demostración de que ha mediado error u omisión de entidad suficiente, hecho que no fue demostrado por la firma actora en el de autos, conforme a las constancias del expediente judicial.
El hecho de emanar de una autoridad pública, concede la presunción de legitimidad de los actos administrativos, para con ello cumplir las exigencias de celeridad y seguridad necesarias en la actividad administrativa, y con mayor razón atendiendo que en el presente caso afecta directamente la percepción de ingresos tributarios. Al respecto, el tratadista Roberto Dromi, en su obra Derecho Administrativo, Pág. 272, sostiene:" Los actos administrativos, por serlo, tienen a su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de autoridad administrativa y, por consiguiente, toda invocación de nulidad contra ellos debe ser necesariamente alegada y probada en juicio; así sucede cuando se ha desconocido o vulnerado principio de derecho público o garantías individuales’'. En el caso que nos ocupa, observamos que la resolución impugnada fue dictada por autoridad competente, respetando el debido proceso y con la forma estipulada en la ley. De su lectura, se observa además que fue expuesto los motivos de hecho y de derecho que llevaron a la administración a emitirlos, basados en hechos ciertos, verdaderos y existentes.
POR TANTO, y en base a las consideraciones y fundamentaciones expuestas, mi voto es por la confirmación del acto administrativo impugnado, Resolución Particular N° 76 de fecha 26 de octubre de 2015 y la Resolución Particular N° 27 de fecha 22 de Abril de 2016 ambas dictadas por la Subsecretaría de Estado de Tributación dependiente del Ministerio de Hacienda, NO HACIENDO LUGAR A LA PRESENTE DEMANDA, e imponiendo las costas a la firma Contribuyente BH CONCRETOS S.A. con RUC N° 80019934-0, en virtud de la teoría del riesgo objetivo asumido en el evento, y de conformidad al Art. 192 del C.P.C. ES MI VOTO.
Con lo que se dio por terminado el acto previa lectura y ratificación del mismo firman los Excmos. Señores Miembros del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por ante mí el Secretario Autorizante, quedando acordada la Sentencia que inmediatamente sigue:
1.-) NO HACER LUGAR, a la presente demanda contencioso administrativa instaurada por la firma Contribuyente "BH CONCRETOS S.A.” con RUC N° 80019934-0, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución.
2.-) CONFIRMAR, la Resolución Particular N° 76 de fecha 26 de octubre de 2015 y la Resolución Particular N° 27 de fecha 22 de Abril de 2016 ambas dictadas por la Subsecretaría de Estado de Tributación dependiente del Ministerio de Hacienda.
3.-) IMPONER LAS COSTAS, a la parte perdidosa.