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Timestamp: 2019-07-20 13:40:05
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Tan derechas y tan humanas. Manual ético de derechos humanos de las mujeres | Francesca Gargallo
La primera edición de este libro se realizó en 2000 por la Academia Mexicana de Derechos Humanos y gracias al financiamiento de la Embajada Británica (v. http://www.amdh.org.mx/publicaciones/manuales.htm)
Para citar la presente edición:
Francesca GARGALLO, Tan derechas y tan humanas. Manual ético de derechos humanos de las mujeres, Ciudad de México, 2012 (edición digital de la autora), disponible en: https://francescagargallo.wordpress.com/ensayos/librosdefg/tan-derechas-y-tan-humanas
Fotografías: © Irma Villalobos, 2000, 2012, http://irmavillalobos.com/ (las imágenes se reproducen con premiso de la fotógrafa)
Esta obra está bajo licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas 2.5 México
Las/os usuarias/os pueden copiarla, distribuirla y comunicarla públicamente de acuerdo con esta licencia.
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Presentación, por Óscar González
¿Una ética de los derechos humanos?
¿Y las humanas tenemos derechos?
Capitulo primero. Un poco de historia
¿Derechos humanos o derechos del hombre?
Las sufragistas y el derecho a la igualdad
Capítulo segundo. Violación a los derechos humanos de las mujeres
Tortura contra las mujeres
Capítulo tercero. Discriminación, sexo y movilidad
El derecho a una sexualidad sin control externo
a) El derecho al placer
b) El derecho a no sufrir mutilaciones sexuales
c) El derecho a una maternidad voluntaria
d) Los derechos reproductivos
e) El derecho a la filiación
f) El derecho de tránsito
Capítulo cuarto. Derecho a la educación y derecho al trabajo
a) El sexismo en la lengua: cómo reconocerlo, cómo evitarlo
b) La enseñanza de la historia
c) Educación al trabajo, un paso evidente
El derecho de las mujeres al trabajo
Capítulo quinto. Los derechos de las ancianas
Capítulo sexto. Los derechos a la salud
Capítulo séptimo. Los derechos de las indígenas
Capítulo octavo. Los derechos de las refugiadas
Anexo 1. Instrumentos internacionales de derechos humanos
Anexo 2. Instrumentos publicados a través de la CNDH, México
Anexo 3. Directorio de instancias de la mujer en las entidades federativas, México
Desde la primera publicación de este libro en 2000, se han creado o han variado los instrumentos jurídicos nacionales y estatales, mientras que la realidad de las mujeres en el país se ha agravado. El Anexo 2 agrega literatura jurídica disponible en línea a través del sitio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. En el Anexo 3, se despliegan los enlaces de los organismos estatales del Instituto Nacional de las Mujeres para poder consultar particularidades o emprender acciones. El Anexo 1 conserva las menciones a los instrumentos jurídicos internacionales trabajados para este estudio y que aún son vigentes.
A Rosa Ofelia Murrieta
En agradecimiento a Claudia Barrón y Luz Ortiz
Mientras no haya derecho a una vida sin violencia para las mujeres, y no se adopten las medidas necesarias que resuelvan la violencia estructural contra las mismas, no es posible avanzar hacia la construcción de procesos sostenibles de paz.
“La Nuestra”
San José, 3-5 de diciembre de 1992
La valiosa aportación que hace este libro multidisciplinario de las ciencias sociales es el análisis minucioso, desde una óptica doctrinal, de los principales instrumentos internacionales y nacionales respecto de la concepción y normatividad de los derechos humanos de las mujeres. Es el caso de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; de la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia Contra la Mujer (no ratificada); de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; de los pactos de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Siguiendo el principio de que el silencio de la ley también es ley, aquí se analiza no sólo lo que dicen los textos sino lo que callan.
La doctora Gargallo examina los conceptos que expresan una concepción androcéntrica y refiere la trayectoria de negación de las mujeres como sujetos de derechos, pues aun a pesar de que la declaración, las convenciones y los pactos otorgan a las mujeres la “igualdad” con el hombre, en la práctica cotidiana no es así.
Por último, después de sustentar epistemológica y didácticamente esta investigación, la autora manifiesta “que las mujeres necesitamos apropiarnos de los derechos humanos, reconocerlos como nuestros e impregnarlos de nuestra experiencia vital”.
La Academia Mexicana de Derechos Humanos desde su fundación ha mostrado un especial interés en sensibilizar y concientizar a las mujeres, tanto como a los hombres, a través de promover y difundir el respeto a la diferencia sexual que coadyuve a consolidar el proceso para generar una verdadera democracia. Por todo ello la publicación del libro de la doctora Francesca Gargallo nos dota de un valioso instrumento para quienes, sobre todo desde el ámbito de las organizaciones sociales, luchamos por hacer realidad los derechos de las mujeres.
Presidente de la AMDH
↑ Índice
Los derechos humanos son el conjunto de valores universales inherentes a la naturaleza de las mujeres y los hombres de todo el planeta, mediante los cuales los seres humanos nos relacionamos y nos reconocemos. En algunos casos, de ellos se desprendieron normas de conducta que las personas eligieron a lo largo de sus múltiples historias. Sin embargo, tenemos normas que superar en su nombre, así como derechos que garantizar, los cuales aún no han sido normativizados.
Práctica cotidiana que la humanidad necesita para legitimarse como tal y vivir con dignidad, los derechos humanos no pueden tener límites ni amoldarse a un modelo específico de persona. Son universales pues son iguales para todas y todos, sin diferencia de raza, clase, sexo, orientación sexual, edad, religión y estado de salud.
Los derechos humanos son también una filosofía, o si se prefiere, una ética de la persona total. Implican un compromiso de acción benigna, personal y colectiva con su defensa, o sea que cada una de nosotras trascienda sus ideas, cultura y prejuicios en una práctica social, tendiente a hacer el bien para con el titular de los derechos humanos: toda mujer y hombre, en razón de ser individuo de la especie humana.
El ser humano es una totalidad que no admite ser fragmentada ni ocultada. Su cuerpo, sano o enfermo; su edad, joven, madura o anciana; su orientación sexual; su cultura, etnia o nación; su situación económica; su posición geográfica, ideológica o política no pueden ser sojuzgados en favor de otros aspectos de su existencia. Los derechos humanos promueven el respeto a todas y todos, incluyendo a los que tienen estilos de vida e ideas diferentes a los de la persona que los está definiendo y defendiendo.
Desde el momento que nace, cualquier mujer y hombre es titular, de forma irrenunciable, inderogable y universal de todos los derechos humanos, para que las demás personas y las instituciones emanadas de su voluntad colectiva (la comunidad, el Estado, el conjunto de naciones, y sus autoridades) protejan su: vida, libertad, sexualidad, igualdad, seguridad, integridad y dignidad. Ninguna de estas cualidades está subordinada a las otras; se trata de garantías individuales que tienen igual importancia y jerarquía.
La igualdad entre las garantías individuales, que como veremos tienen nombre y apellido (por ejemplo, libertad de expresión, libertad de tránsito, libertad de reunión y asociación, libertad de imprenta, libertad de estudio, libertad de trabajo, libertad de culto), apunta a reafirmar el profundo respeto para las diversidades de opciones e intereses que cada persona tiene y que se relacionan con sus decisiones personales, su cultura y su sexo. El respeto a los derechos humanos es un paso inicial para romper con moldes tradicionales basados en la discriminación de las mujeres (entendidas en su conjunto como mayoría oprimida; hay mujeres y hombres, evidentemente, en las otras categorías de personas discriminadas), los menores, los pobres, los indígenas, los homosexuales y los minusválidos; moldes deshumanizados que se sustentan en el conformismo.
Los derechos humanos encuentran su fundamento en el simple hecho de que la persona tiene una dignidad inherente a la naturaleza humana que es inmutable, universal y supratemporal. Su dignidad está por encima del tiempo y, por lo tanto, de cualquier Estado, de cualquier sociedad y de cualquier norma jurídica como expresiones históricas; no cambian, por lo que no pueden diferenciarse entre “occidentales”, “islámicos”, “indígenas” y otros; pertenecen a todos los seres humanos, mujeres y hombres. Este fundamento no contradice la especificidad de las personas; les garantiza que no sean maltratadas en nombre de una supuesta cultura, de un orden económico o de formas políticas despóticas. El respeto a las diferencias es también una garantía universal.
Los derechos humanos se han desarrollado a partir de los primeros pensamientos acerca de una “sacralidad laica” de la persona humana; sacralidad desligada de una idea divina o una religión específica y que brota del reconocimiento de una identidad y una dignidad que cada persona comparte con su semejante. Los derechos humanos, en este sentido, son un contrato social, pues implican el respeto a la vida y la integridad de las mujeres y los hombres en nombre de la humanidad que cada una/o comparte con todos.
El ser humano fue reconocido por los filósofos del siglo XVII como ese ser que participa de la misma esencia que yo y, por tanto, es un interlocutor válido. Desde que las mujeres y los hombres que no poseían privilegios aristocráticos y clericales se rebelaron contra la idea monárquica absolutista que diferenciaba a las personas por “estados” (castas basadas en el nacimiento), o sea desde la Revolución Francesa, la humanidad ha avanzado en el reconocimiento de sí misma. Reconocerse en el otro como ser humano, implica reciprocidad en lo jurídico.
Tenemos derechos humanos desde que el concepto de justicia se basa en la “igualdad” de todos los seres humanos frente a la autoridad legítima. A partir de ese primer momento, se localizaron (y se seguirán individuando) más aspectos de la dignidad humana a defenderse. Así, tenemos derechos humanos de primera generación o derechos humanos fundamentales, civiles y políticos, que corresponden al individuo frente a cualquier autoridad; de segunda generación o derechos sociales, económicos y culturales para procurar mejores condiciones de vida; y de tercera generación o derechos de los pueblos a la paz, el desarrollo y el medio ambiente.
La defensa de los derechos humanos nos enfrenta a un planteamiento ético y a una práctica cotidiana, eso es, a superar los prejuicios ideológicos de nuestra posición política, religiosa o nacional, y a asumir políticamente nuestro compromiso con el respeto a la humanidad de nuestros semejantes.
En el pasado se ensalzaba la figura del médico que era capaz de curar a la mujer o al hombre que odiaba. Sostener los derechos humanos es semejante en parte a esa ética profesional, pues no tiene que ver con los sentimientos sino con el reconocimiento y la legitimidad del otro, aunque su práctica no es patrimonio de un grupo de defensores especializados, sino de toda la sociedad. Los derechos humanos no son asunto exclusivo de legisladores y abogados; son vivencias, ideas, compromisos y experiencias de cualquiera de nosotras/os. En ese sentido, la ética de los derechos humanos no es normativa en sentido estricto pues, al reconocer el pluralismo emocional y vivencial de las personas, busca difundir las informaciones precisas sobre garantías, así como la reflexión acerca de lo que cada quien en su sociedad considera justo para una convivencia realmente democrática.
Para respetar a las personas en sus sociedades no hay que amarlas; la legitimidad del otro no pasa por el amor; es en sí. Es ético establecer honestamente nuestras relaciones de convivencia y de colaboración en la sociedad. Colaborar apela a una relación de horizontalidad, pues al colaborar se asigna a la otra/o una capacidad de la que se reconoce la necesidad.
Ético es exigir una amplia práctica de la regla del consenso y del disenso, mediante la cual las y los ciudadanos no limitan la expresión de sus necesidades únicamente al momento de votar, sino que la extienden a cada fase y modalidad del proceso de vivir en sociedad.
Estas palabras pueden entenderse sólo en primera persona: ¿Sería yo capaz de defender de la tortura a un narcotraficante? ¿Ayudaría al asaltante que me agredió, o agredió a mi hija, a enfrentar la autoridad policial que lo golpea? ¿Me solidarizaría con la mujer violada por mi padre, mi marido, mi hermano, mi hijo? ¿Podría reivindicar el derecho de una persona completamente distinta de mí, por ejemplo de alguien de sexo masculino, anglófono, conservador y evangélico, a opinar en contra de las ideas que yo pregono? ¿Sería capaz de reconocer el derecho de toda mujer a la inseminación artificial o al aborto, aunque yo considere ambas prácticas contrarias a mi moral?
La defensa de los derechos humanos es una ética del respeto por los estilos de vida, las ideas y las acciones que difieren de los propios. Es un compromiso individual y social que abarca todos los ámbitos de la convivencia y, por lo tanto, equivale a la única posibilidad de construir y vivir un ideal de justicia.
En principio y en teoría, los derechos de las personas son intrínsecos al ser humano. Una de las libertades fundamentales de primera generación, reza: “Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos”. Entonces, ¿por qué los de las mujeres son percibidos como de otro tipo, como una clase de derechos distintos de los contemplados dentro del conjunto de los derechos humanos?
Es terriblemente simple: en un modelo dominador de sociedad, se jerarquizan el ser, las actividades y los pensamientos de una mitad de la humanidad sobre la otra. No se respetan las diferencias, equiparándolas con una supuesta superioridad o inferioridad, o simplemente escondiéndola detrás de lo “neutro”. Este es un tercer género, supuestamente ligado al mundo de las cosas o los sentimientos —como en latín o en alemán— que en las lenguas neolatinas se transforma en un falso concepto que siempre impone un modelo de lo humano: el modelo masculino.
Por ejemplo, la frase “el arte no tiene sexo”, o sea “es neutro”, esconde la idea de que, aunque el arte sea universal, sus mayores autores son hombres —Leonardo, Homero, Picasso— y que las mujeres sólo logran imitarlos en algunos casos; por lo tanto, el arte es la mejor expresión del hombre.
“El arte no tiene sexo” no dice que las artesanías han sido definidas así para diferenciarlas de un arte que se quería fuera caro y producido por los hombres; no dice, tampoco, cuántas mujeres fueron borradas de la historia de los talleres pictóricos del Renacimiento, y cuántas no tuvieron acceso a las escuelas y museos en aras de la construcción de un concepto patético de arte, cargado de ideas filosóficas y simbologías masculinas. Esa frase, supuestamente tan inocua, esconde la violación al derecho de ambos sexos a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad.
Las leyes o normas jurídicas, como disposiciones obligatorias para regular la vida en sociedad, han sido visualizadas y fijadas por grupos de poder (en la antigüedad, sacerdotes y guerreros; hoy en día, abogados y legisladores que han podido estudiar en universidades y escuelas) que reflejan una “simpatía” o una cercanía ideológica o afectiva con el modelo masculino triunfador, al que ellos mismos en gran medida, pertenecen: el de los hombres sanos, de entre dieciocho y sesenta y cinco años, económicamente no marginados, de cultura occidental y preferiblemente blancos (o japoneses). Los derechos humanos normativizados, en cierta medida, son la faceta positiva de las leyes y, como ellas, sufren de algunos vicios androcéntricos.
Las mujeres necesitamos reconceptualizar la práctica y la teoría de los derechos humanos para cuestionar lo masculino como parámetro y garantizarnos la posibilidad de mirar al mundo desde el nosotras, con el fin de lograr una visión más integral del género humano. Sólo mediante una perspectiva no androcéntrica de lo que son los intereses de la humanidad, podemos entender la igualdad como un derecho de ser todas y todos igualmente diferentes, sin que un sexo, una raza, una edad, etnia, cultura, religión, ciencia, orientación sexual, capacidad y lengua, sean el parámetro o el modelo de lo humano. Las mujeres no contemplamos al respecto una universalidad diferenciada, sino el derecho a la multiplicidad de diferencias que cada ser humano, en su específica condición engloba y la interconexión existente entre todas las personas. Trabajando descubrimos, como escribe Charlotte Bunch, que para entender las diferentes manifestaciones locales de la opresión femenina, debemos contextualizarlas a nivel mundial y de manera integral.
A la vez, la transgresión de los derechos humanos en lo público, está íntimamente ligada a la deslegitimización de las mujeres en lo íntimo y en lo privado. La corporalidad tiene un significado muy profundo en la transgresión de los derechos humanos, siendo el cuerpo el espacio físico en el cual la violencia se vuelve evidente. La cultura occidental asigna al cuerpo toda la inferioridad de la naturaleza irracional a dominar, pero el cuerpo es el único instrumento de la vida. Las mujeres necesitamos plantear un sistema legal que defienda nuestra corporalidad. Para ello debemos romper con la lectura de los derechos humanos desde lo público, pues sabemos que se transgreden también en los ámbitos de los afectos y del amor y que, por tanto, lo público, lo privado y lo íntimo no son recipientes estancos.
Los derechos plasmados en las constituciones políticas y las convenciones internacionales no reflejan ni las necesidades ni la realidad de las mujeres. La defensora costarricense de derechos humanos Alda Facio, lo denuncia con fuerza:
Las mujeres somos parcialmente integrantes del género humano, es decir, somos parte de lo humano en tanto y en cuanto seamos iguales al hombre —modelo y paradigma de los humanos—, pero en tanto y en cuanto nos diferenciamos del varón, sea en la medida en que nos distinguimos del modelo, dejamos de formar parte del género humano para ser mujeres nomás. Y como las violaciones que sufrimos las mujeres por ser mujeres, las sufrimos sólo las mujeres, esta distinción nos diferencia del modelo de ser humano y, por ende, esta forma de violación no es una forma de violación contra el ser humano.[1]
En 1776, la Declaración de Derechos de Virginia, primer texto en que se trata de las libertades individuales, afirma que:
todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen ciertos derechos innatos, de los cuales, cuando entran en estado de sociedad, no pueden, por ningún pacto, privar o desposeer a su posteridad; a saber, el goce de la vida y de la libertad, con los medios para adquirir y poseer la propiedad, y buscar y conseguir la felicidad y la seguridad. (Sección 1)
Veintitrés años después, la Asamblea nacional del pueblo francés reconoce la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que, en su artículo primero, afirma: “Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales no pueden fundarse más que en la utilidad común”. Estos dos documentos dan inicio a la era de los derechos humanos, no obstante se dirigen sólo a la mitad de la humanidad: “los hombres” no incluyen a las mujeres.
Nosotras somos “iguales” sólo desde mediados del siglo XX, un siglo y medio después que los hombres. Sin embargo, peleamos desde un principio para ser reconocidas como ciudadanas. Olympe de Gouges es ejecutada en 1793 por el terror revolucionario francés, por haberse atrevido a ser la abogada del rey y porque publica y difunde una Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que tiene como modelo el documento básico de la Revolución, la citada Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El lema de Olympe de Gouges es que si una mujer puede subir al cadalso debe tener el derecho de subir a la tribuna.
Sus compañeras no corren con mejor suerte: Théoroigne de Méricourt es apaleada por mujeres jacobinas por exigir la igualdad de hombres y mujeres frente a la ley y termina sus días en el manicomio de La Salpêtrière; Etta Palm, que en 1791 presenta a la Asamblea una petición en favor de la igualdad de derechos en la enseñanza, la política, la ley y el empleo, es denunciada como extranjera y devuelta a Holanda. En 1793, la Convención disuelve los clubes (los partidos políticos de la época) femeninos, después que el más destacado de ellos, el Club de las Ciudadanas Republicanas Revolucionarias, evoluciona hacia la extrema izquierda.[2]
La lucha por los derechos de las mujeres como integrantes de la humanidad sigue su curso a pesar de los reveses. En 1792, Mary Wollstonecraft, inspirada en el ejemplo de las mujeres francesas, escribe A Vindication of the Rights of Women, en el cual afirma que las mujeres están dotadas de razón y, por tanto, el predominio del hombre en la sociedad es arbitrario.
Hoy en día sabemos que los derechos humanos no se limitan a las personas con facultades mentales normales, sino a todas las nacidas/os. Sin embargo, para las primeras mujeres que pretenden extender la democracia hacia su sexo, el hincapié en la capacidad intelectual plena es de extrema importancia. Ellas enfrentan las Ideas aristotélicas que las definen como hombres no acabados y los rezagos de las leyes romanas que las catalogan como simil puer, eternas menores de edad, imbecilitas. La Revolución Francesa ratifica en las leyes la supremacía de los hombres adultos contra los marginados de siempre: los extranjeros, los niños y las mujeres.[3]
La misma Revolución no reconoce los derechos a la igualdad, fraternidad y libertad de los ciudadanos de Haití, por ser negros de una colonia.
Tampoco los derechos ratificados por la Declaración de Virginia son aplicados a las mujeres, a los indígenas y a los afroamericanos de los Estados Unidos. Estos últimos siguen siendo esclavos hasta 1866 y las estadounidenses obtienen el voto a principios del siglo XX.
En 1848, en Seneca Falls, Nueva York, se reúnen cien mujeres para exigir sus derechos a la educación, a la propiedad y al ejercicio económico, y el derecho de votar y ser votadas. Durante esa histórica reunión, que culmina con la redacción de una Declaración de Sentimientos, inicia lo que se llama el feminismo histórico.[4]
Durante un siglo, las feministas más moderadas insisten sobre los derechos económicos y las más radicales en el derecho al voto. De ahí que se las apode “sufragistas”. Todas ellas critican el sometimiento y la falta de derechos de propiedad en el código civil, de obtener la custodia de los hijos, su subordinación económica y su exclusión de la educación superior y los cargos de la nación y la iglesia. Su lucha es de carácter emancipacionista, busca la plena igualdad de derechos entre los sexos sin intentar cambiar el orden vigente.
En México, en 1821, los hombres alcanzan la independencia política. Las mexicanas no pueden votar, presentarse a elecciones, ocupar cargos públicos; tienen limitaciones económicas (los bienes de la esposa se transfieren al marido al casarse, no pueden comerciar ni ejercer una profesión sin el permiso expreso del marido o del padre, a menos que sean viudas); además, no son “personas legales”, es decir, no pueden firmar contratos, detentar la patria potestad sobre sus hijas e hijos, ni atestiguar en un juicio. Igualmente, son discriminadas en sus estudios. Como las demás mujeres, las mexicanas de entonces difícilmente se percatan que sus derechos humanos no les son reconocidos y que las leyes y las costumbres las oprimen.
En la vida diaria de las mujeres de ayer y de hoy, el peso de la tradición, de la subordinación cultural y de la represión educativa a la sexualidad y a la libertad de expresión, hace que la falta de respeto a nuestros derechos humanos parezca una cosa natural.[5]
Sin embargo, nosotras tenemos un reconocimiento nacional e internacional de nuestros derechos humanos específicos, gracias a que en nuestro pasado existe un movimiento de mujeres que denuncia a la democracia masculina como un sistema político injusto, ya que no permite a todos los seres humanos participar en ella.
La primera lucha por los derechos de las mujeres en México se efectúa en el campo de la educación laica y superior.[6] En 1866 se titula la primera dentista; en 1887, la primera médica cirujana y, a finales de siglo, la primera abogada. Le sigue la lucha por el derecho al trabajo;[7] y finalmente, las luchas por los derechos legales y políticos.[8]
Entre 1910 y 1915, ocho estudiantes de la Escuela de Derecho de Mérida, Yucatán, presentan sus tesis sobre el divorcio y los derechos de las mujeres. En 1920, en la misma ciudad, se dictan las primeras conferencias sobre anticonceptivos permitidos en México.
En enero y noviembre de 1916, se convocan ahí los dos congresos que inician la historia feminista de México, bajo la égida del general revolucionario Salvador Alvarado. Las delegadas toman resoluciones a favor de la escuela laica para poner fin a la superstición religiosa de la que son víctimas las mujeres, del derecho a la participación política, en los niveles municipal, estatal y nacional, y de la supresión de las discriminaciones legales contra las mujeres. Impulsado por ellas, el presidente Carranza modifica en 1917 algunas de las más notorias injusticias presentes en la Ley sobre relaciones familiares, otorgando a la mujer casada personalidad legal para celebrar contratos, para comparecer en juicios y para administrar sus bienes personales. Igualmente, coloca la autoridad de la mujer en el hogar a la misma altura que la del esposo.[9]
En 1922, una ley presentada ante la Legislatura del Estado de Yucatán otorga el derecho al voto a las mujeres. Ese mismo año, Rosa Torres desempeña un cargo de elección como presidenta del Consejo Municipal de Mérida. La ley es cancelada tras la caída del gobernador Carrillo Puerto y, hasta que en 1953 no se les concede la ciudadanía plena en todo el país, las mexicanas no vuelven a votar. Sin embargo, no dejan de exigirlo; así lo comprueban las reivindicaciones de las miles de mujeres que apoyan al general Cárdenas en la década de los treinta.
Cuando, en 1953, obtienen la calidad de ciudadanas, las mexicanas tienen ya algunas leyes que las respaldan. El Código Civil afirma, desde 1928, que la mujer por razón de su sexo, no queda sometida a ninguna restricción en la adquisición y ejercicio de sus derechos. Múltiples disposiciones no concuerdan con ese principio de igualdad, y el Código se reforma al respecto en 1954, 1974, 1983 y 1990. México suscribe la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el segundo y más importante documento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), nacida de las cenizas y los horrores de la Segunda Guerra Mundial para evitar conflagraciones en el futuro.
En su “Preámbulo”, la Declaración afirma:
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. (…) Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados por esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. (Artículo 2)
La Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer, de 1948, y la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, de 1952, son ratificadas hasta en 1981 y aparecen en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 1981.
En esa misma fecha, México se adhiere a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la cual, en 1979, se ve obligada a recordar que la discriminación de las mujeres es una abierta violación a los derechos humanos:
La discriminación contra la mujer viola los principios de igualdad de derechos y del respeto a la dignidad humana; dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural del país; constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia, y entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad. (Consideraciones)
A este propósito es necesario subrayar que una violación a los derechos humanos se diferencia de un acto criminal por la participación en él de una autoridad reconocida. El ejercicio de la autoridad consuetudinaria, es decir, relativa a las costumbres, de los hombres (autoridad del padre, del marido, del hermano o del hijo), reconocida como legítima por la mayoría de las sociedades y, por ende, por aquellas mujeres que reciben una educación tradicional, para amedrentar, agredir, hostigar, incitar a la delincuencia, a cualquier mujer, convierte a dicha agresión en una violación de los derechos humanos.
En junio de 1993, por presión de las organizaciones de mujeres de los cinco continentes, la ONU reconoce durante su conferencia internacional sobre Derechos Humanos en Viena, que la violación sexual es un delito de lesa humanidad. Todos los países presentes aceptan la disposición; no obstante, lamas amplia reivindicación de combatir internacionalmente la violencia en contra de las mujeres no es aceptada, porque los gobiernos del mundo encuentran demasiado vago el concepto de violencia. Dos años más tarde, la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, de la ONU, que se efectúa en Beijing en 1995, apenas si reconoce el derecho de las mujeres al control sobre su sexualidad sin coerción, discriminación o violencia, así como la promoción de una activa cultura de la paz. La definición de la violencia que sufren las mujeres en todos los ámbitos de su vida es nuevamente escamoteada.
La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer es la enumeración de los derechos de la mujer. Garantiza el derecho al voto activo y pasivo, a tener cargos públicos, a la protección jurídica y a la igualdad ante la ley, a la nacionalidad propia y de las hijas/os; se compromete a luchar para la modificación de los patrones socioculturales vigentes y a educar a la familia para que la maternidad sea visualizada como una función social; impulsa medidas contra la discriminación en el trabajo, la educación, la participación rural, contra la prostitución, y las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminaciones.
La Convención es un código de garantías y obligaciones para defender a las mujeres del desamparo y la impunidad. Su importancia es fundamental pues recoge y sistematiza las garantías que las mujeres necesitamos para nuestra emancipación y ofrece un reconocimiento esencial a la función político-social de la maternidad.
Su valor normativo no impide que podamos presentar algunas críticas a esta Convención que, como la Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer y la de Derechos Políticos de la Mujer, se basa en la idea suprema de alcanzar una igualdad entre la mujer y el hombre. Es decir, sigue visualizando al hombre como modelo positivo, impidiendo que las mujeres podamos crear un concepto de ciudadanía que trascienda el no tener discriminaciones jurídicas explícitas.
Y eso a pesar de la evolución lograda del concepto de igualdad (que nos niega nuestra propia identidad de mujeres) al de no discriminación. En cierta medida éste nos permite dejar de competir con los parámetros masculinos para lograr ciertos objetivos, gracias a una especie de discriminación positiva a nuestro favor. Sin embargo, el apoyo preferente a las mujeres se acaba con la obtención de la igualdad con el hombre, a la vez que no deja de marcarnos como un sector vulnerable, victimado, subordinado (una vez más) al modelo masculino.
Los derechos de las mujeres no se resuelven en el título genérico de Derechos Humanos, ya que los de los hombres, desde sus inicios, han sido derechos diseñados por y para las personas de sexo masculino y reflejan sus formas de moverse por el mundo y garantizan el respeto a la visión androcéntrica de la individualidad. El hecho que fuera necesaria, treinta años después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, una convención para eliminar las discriminaciones debidas a la pertenencia de un sexo determinado (el femenino), habla de la dificultad real del reconocimiento y la eficacia de los derechos humanos de las mujeres en las esferas social, cultural, política y económica donde establece que la violación a nuestros derechos por el ejercicio de una discriminación, implica: toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera (artículo 1).
Se violan nuestros derechos cada vez que se impide el desarrollo de una mujer en igualdad de condiciones con el hombre (artículo 3), que no se intentan eliminar los prejuicios en nuestra contra (artículo 5), que no se castiga la explotación de las mujeres en la prostitución (artículo 6), que no se nos reconoce la igualdad en la vida política y pública del país o se nos niega el derecho a participar o a formar organizaciones y asociaciones cívicas y políticas (artículo 7), que no se nos garantiza el derecho a representar a nuestro país a nivel internacional (artículo 8), que se nos cambia de nacionalidad o se nos convierte en apátridas por el matrimonio con un extranjero o el cambio de nacionalidad del marido (artículo 10), que se nos discrimina en el ofrecimiento de un empleo o se nos despide por embarazo (artículo 11), que se nos niega el acceso a los servicios de atención médica (artículo 12), o a las prestaciones familiares, la obtención de préstamos bancarios y la participación en actividades culturales y deportivas (artículo 13), que en el campo se nos excluya de los proyectos de desarrollo, de los programas de seguridad social y de planificación familiar (artículo 14), que se merma nuestra capacidad jurídica en materia civil o se nos restringe el derecho de libre circulación o de elección de la propia residencia (artículo 15), y cada vez que se nos discrimina en los asuntos relacionados con la vida de pareja (artículo 16).
Violación a los derechos humanos de las mujeres
La violación más frecuente a los derechos humanos de las mujeres es relativa a la violencia que sufrimos en los diferentes ámbitos de la vida y que se manifiesta en la “privatización” —es decir, la extrapolación de lo político, social y comunitario, para rebajar su contenido— de la violencia sexual, el acoso y la violencia intra y extra doméstica.
Sobre el concepto de violencia, la costarricense Elda Quiroz, considera que:
Es la forma específica de fuerza que lesiona, destruye o mata. Es también la paliza que el padre da a la hija para educarla; violencia es el asesinato de cualquier ser humano considerando que no son menos violentos los golpes que recibe una mujer de su esposo o compañero. El término violencia cubre tanto la agresión física como el irrespeto psicológico, la represión política como la coerción educativa, la agresión dentro de la pareja o contra los niños, así como la destrucción militar.[10]
La violencia es una agresión, un mal que hace daño y corroe, la transgresión de la libertad de la otra/o, que generalmente se ejerce desde fuera (la sociedad, el Estado, pero también el marido/compañero) y contagia la vida y los sentimientos de la persona agredida. Es una imposición de reglas sin mutuo acuerdo, que produce carencias en la tranquilidad y la vida afectiva. Es una expresión política y económica de marginación de las mayorías, y una imposición del miedo en las relaciones de pareja, estables y no.
La violencia contra las mujeres resume todos los aspectos de la violencia social, aunque reviste características especiales de denigración del cuerpo y de las formas de vida de las víctimas. En una situación de poca estabilidad política las mujeres son desaparecidas, presas y torturadas en medidas iguales y diferentes a la vez, que los hombres. Sin embargo, la violencia contra las mujeres tiene expresiones cotidianas aún en sociedades democráticas, pues la integridad físico-psicológico-social de las mujeres no tiene aún el reconocimiento pleno de su humanidad por parte del mundo de los hombres. La transgresión de los derechos de las mujeres se manifiesta también, en los ámbitos privado e íntimo, en donde los hombres ejercen su autoridad y no se sienten atemorizados por la autoridad estatal. Es necesario denunciar que los derechos humanos hasta ahora, no han normado el comportamiento de los hombres en sus espacios de dominio. Asimismo la construcción de la identidad femenina está permeada por una lenta y constante violencia que ataca desde la realidad social y desde el imaginario y el espacio simbólico, de manera que dicha identidad se asume como subordinada al sexo que construye su identidad como modelo inalcanzable, de una forma que parece voluntaria.
Hacer visible y denunciar la violencia contra las mujeres se ha convertido en los últimos veinte años en una de las tareas centrales del movimiento feminista, de algunas representantes políticas y de las mujeres en general. En América, la Comisión Internacional de Mujeres (CIM), de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha propuesto y logrado la adopción (pero todavía no la ratificación y aplicación por todos los países miembros) de una Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. “Esta iniciativa es trascendental, pues representa la primera iniciativa internacional formal para implementar, mediante un tratado, el reconocimiento de la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos”, afirman Rhonda Copelon, Cecilia Romany y Laura Guzmán.[11]
La Convención elaborada por la CIM —cuya discusión para la ratificación fue pospuesta en cuatro ocasiones— afirma que “La violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades”. Asimismo “es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres” (Preámbulo).
Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado (artículo 1).
que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrado por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar y
que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra. (Artículo 2)
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (o “Convención de Belem do Para”) reconoce que la violación es un crimen de lesa humanidad, o sea un “acto de barbarie ultrajante para la conciencia de la humanidad”.[12] Asimismo, de forma implícita, admite que las autoridades consuetudinarias, o sea esas autoridades que sin emanar del Estado son reconocidas por costumbre por la sociedad, como la autoridad del hombre en diferentes ámbitos de la vida familiar y pública (“autoridad patriarcal”), atentan de la misma forma que las autoridades estatales, municipales y laborales, contra los derechos humanos cuando abusan de su poder. Esta Convención apunta a proteger el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, o sea, libre del miedo que atenaza e impide la libertad, menoscabando la propia autoestima.
La violencia a erradicar es: la violencia familiar o doméstica (golpes, amenazas, coerción, chantajes económicos, etcétera, que interfieren con la integridad de la mujer y el ejercicio de la custodia de los menores); la violencia sexual (violación, acoso, hostigamiento, prohibición de la autodeterminación sexual y persecución relativa a la propia orientación sexual); la violencia emocional (la que menoscaba la seguridad de la mujer en su persona, tanto en la etapa formativa de la vida como posteriormente); la tortura y la esclavitud sexual.
Una vida libre de violencia implica la protección del derecho:
A la integridad física, psíquica y moral.
A la no discriminación sexual.
A la igualdad de protección jurídica.
A la protección judicial.[13]
A la autodeterminación sexual y a la seguridad de su persona.
“El derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento, y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación”.[14]
“El derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas, de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones” (artículo 4, j).
Derecho al trabajo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias.
Derecho a la salud, entendido como el disfrute al más alto nivel de bienestar físico, mental y social.
Derechos a la constitución y protección de la familia.[15]
Más adelante desglosaremos las formas en que estos derechos son o pueden ser violados con relación a las mujeres, o sea, cuándo se les niega la libertad y la igualdad jurídica, así como cuándo se viola su integridad física e intelectual.
Cada vez que pensamos en violaciones a los derechos humanos, las ubicamos en primera instancia en un contexto de guerra o de falta de democracia (dictaduras, suspensiones de las garantías individuales, golpes de Estado, etc.). Efectivamente, la democracia y los derechos humanos caminan juntos y donde la primera no es respetada, los segundos tampoco tienen ninguna seguridad de ser acatados. Más aún, es válido afirmar que cada vez que se violan los derechos humanos, se atenta contra la democracia.
En aquellos países o situaciones en que la estabilidad política y económica se manifiesta de forma violenta, según Amnistía Internacional, no hay límites en la persecución contra las mujeres.
Muchas son objeto de abusos por su fortaleza, ya sea porque participan en política, porque son organizadoras comunitarias o porque insisten en exigir que se respeten sus derechos o los de sus familiares. Otras sufren violación a sus derechos porque se las considera vulnerables: personas débiles que con facilidad pueden convertirse en objeto de abuso o humillación sexual, madres asustadas que harán cualquier cosa por proteger a sus hijos, mujeres embarazadas que temen por sus hijos aún no nacidos, mujeres a las que se puede utilizar para atrapar a un hombre, ciudadanas de segunda clase a las que se puede maltratar con impunidad.[16] Las desaparecidas, secuestradas y las que sufren prisión por el ejercicio, pacífico o no, de sus ideas son y han sido numerosas, así como las mujeres que han sufrido persecuciones por sus vínculos familiares.
“Las presas políticas son generalmente sujetas a burlas obscenas, comentarios que ridiculizan el cuerpo femenino, amenazas de violación a sus hijas, manoseos, torturas con hierros calientes, navajas, cigarros prendidos que se comprimen contra sus genitales, las nalgas y los senos.” Según Cristina Granero, las torturas sexuales a las presas son “mecanismos que no sólo van contra la integridad física, sino contra el sentido de autoestima y dignidad personal de la víctima”.[17] O sea, apuntan a la deshumanización de las mujeres y a que ellas se atribuyan la culpa de lo que les está aconteciendo o de sus características denigrantes.
La violación es una forma de tortura que refuerza la subordinación ideológica sexista de la mujer en la sociedad. Utilizada con fines de interrogatorio, se transforma en un modo de control social para que la identidad de la víctima se elimine. La tortura es precedida por la obligación de la mujer sujeta a hacer fellatio, a besar y a acariciar zonas erógenas masculinas.
La violación puede efectuarse multitudinariamente, mediante picana (aparato que produce descargas eléctricas), frente a las hijas y/o el compañero, si éstos están también presos, y por animales. Durante los primeros años de la dictadura chilena (1973-1989), Alejandro Witker recogió el siguiente testimonio:
Las mujeres despertaban en los torturadores una excitación patológica; se las interrogaba desnudas y cuando no respondían satisfactoriamente las preguntas, se desataba una increíble cadena de vejaciones humillantes y daños físicos del más increíble sadismo: les introducían en la vagina ratones, arañas, etc. Los más depravados de los infantes de marina las violaban por grupos, en presencia de otras mujeres, y se las obligaba a tener relaciones sexuales con los prisioneros. Hubo casos en que tales depravaciones se cometieron en presencia del esposo, el padre o los hermanos de las víctimas.[18]
Las personas sometidas al encarcelamiento arbitrario experimentan la ruptura de su proyecto vital, a la vez que las formas de agresión que sufren, superan las fantasías más horrorosas de persecución y daño que hubieran podido imaginar.[19]
Si consideramos a la esclavitud sexual como una medida constante de tortura contra las mujeres en el marco de un encarcelamiento arbitrario, encontraremos que hay una voluntad del torturador de romper su posibilidad a futuro de erigirse en persona política y vitalmente segura, mediante un comportamiento masculino que puede encontrarse, también, en la sociedad civil y que el torturador lleva al paroxismo. Según Ximena Bunster:
La tortura física y psíquica de las mujeres como mujeres, la esclavitud sexual femenina, en las sociedades patriarcales alcanza su extensión ‘lógica’ y depurada cristalización en el estado militar y se torna invisible. Del mismo modo en que el estado militar tantas veces tortura a las mujeres como una forma de castigar a su hombre, para muchos de los defensores de los derechos humanos, la ‘profanación’ de la mujer es procesada como una tortura al hombre.[20]
La tortura “sirve” como intimidación y como castigo y puede tener formas especiales con mujeres embarazadas: violarlas hasta que aborten, matarles el feto con objetos punzó-cortantes introducidos en la vagina, amenazarlas con hacer éstas y más acciones. En sus vertientes psicológicas, las torturas contra las mujeres se centran en vulnerarles el sentido maternal o de solidaridad con otras mujeres: se les hace escuchar sollozos y gemidos de mujeres violadas en cuartos contiguos, se les pasan falsas noticias sobre la muerte o desaparición de seres queridos, se les obliga a presenciar torturas de niñas, o a elegir entre el compañero y sus hijas/os.
La tortura es seguramente uno de los peores crímenes de lesa humanidad, equiparable en deslegitimación del ser humano al genocidio. Por lo mismo ha sido condenada en repetidas ocasiones. La Declaración Universal de los Derechos Humanos la proscribe en el artículo 5: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. En 1984, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en la cual se define a la tortura como: “todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales…”. En 1985, la OEA impulsa la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura que, además de ampliar el concepto de tortura, afirma:
No se invocará ni admitirá como justificación del delito de tortura la existencia de circunstancias tales como estado de guerra, amenaza de guerra, estado de sitio o emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, la inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas. (Artículo 5)
Es indispensable reflexionar hoy sobre el hecho que formas de tortura específicas contra la mujer sirven también para amedrentar a la población en general, a grupos de opinión, etcétera. Por ejemplo, la violación sexual de dirigentes de oposición, de militantes de derechos humanos, o de simples residentes, implica que toda situación de violencia política latente puede estallar contra sus miembros femeninos, los más débiles desde la perspectiva simbólica. En Chiapas, México, donde las negociaciones para alcanzar la paz se han alargado más que todo el enfrentamiento armado entre el gobierno mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, las principales víctimas de la situación de tensión y agresión latente han sido las tres jóvenes indígenas violadas por miembros del ejército mexicano y una militante de los derechos humanos chicana, violada para “castigarla” de su osadía (la ruptura del modelo de mujer sumisa, mediante una acción a favor de un grupo social desfavorecido) y para que se retirara de la zona.
Discriminación, sexo y movilidad
Por discriminación se entiende una actitud, una omisión, una expresión de prejuicios, que consciente o inconscientemente menoscaban los derechos de una persona, un grupo, un sexo, una raza, un partido o una iglesia.
El racismo y el sexismo son dos expresiones de discriminación e históricamente se han manifestado:
De manera violenta (persecución de las brujas en el siglo XVII, genocidio de los gitanos durante la u Guerra Mundial, etcétera).
De manera legal (se excluyen a las mujeres de las guildas[21] de artesanos en el siglo XVI, se niega el derecho de propiedad de la tierra a los judíos en la Rusia anterior a la Revolución de 1917, se considera legal la esclavitud hasta el siglo XIX, etcétera).
De manera subliminal (se prefiere a un hombre para un trabajo para el cual está igualmente capacitada una mujer, se ofrece con mayor facilidad un puesto de venta a una mujer blanca que a una indígena o una negra, se cuentan chistes de características racistas o sexistas, etcétera).
La discriminación contra las mujeres en la actualidad se ha superado en muchas, pero no todas, sus manifestaciones jurídicas. De hecho, según la Carta de las Naciones Unidas, las mujeres y los hombres somos iguales frente la ley. Sin embargo, este derecho humano fundamental es constantemente violado por estados, comunidades y grupos familiares. Aunque parezca una exageración, hay países en los que las mujeres todavía no tienen derecho al sufragio, su palabra ante un tribunal vale la mitad que la de un hombre, y no tienen derecho a una licencia para conducir.
En los países democráticos de cultura occidental u occidentalizada creemos tener una plena igualdad de derechos, o sea creemos no sufrir discriminación. No obstante, en los campos de la educación, la difusión ideológica, la distribución de los ingresos, las leyes y los comportamientos laborales, la salud pública, la educación sexual y las técnicas y políticas reproductivas, pueden visualizarse formas específicas en que se niegan la libertad y la igualdad jurídica, así como se viola la integridad física de las mujeres. A la vez, las concepciones estéticas, el manejo del vestuario y los programas de esparcimiento, trabajo y vivienda, marginan a las mujeres ancianas y condenan su sexualidad.
Según la colombiana Mari Landi Londoño, la sexualidad es “el proceso bio-fisiológico, psicosocial, emocional y experiencial de la función erótica y genital”.[22] Es decir, es el conjunto de lo que creemos, sentimos y vivimos acerca de nuestros cuerpos y sus manifestaciones eróticas.
Hasta los años setenta, las mujeres vivíamos la sexualidad como una imposición masculina (se decía “la tomó”, “la poseyó”, etc., para decir que un hombre había tenido relaciones sexuales con una mujer) o como una obligación fisiológica estrechamente ligada a la procreación, muchas veces con miedo y sin placer. Por lo mismo, la sexualidad era algo que se relegaba al matrimonio o a la clandestinidad; en este último caso, y por un problema de moral social (la que juzga de forma desigual los comportamientos iguales de hombres y mujeres, por ejemplo, alaba la sexualidad temprana de un adolescente y reprime la sexualidad de una mujer fuera del matrimonio), los hombres condenaban la búsqueda de placer de sus compañeras, mientras las mujeres vivían con culpabilidad sus relaciones. Asimismo, la sociedad en general rechazaba toda expresión física de afecto que no fuera heterosexual y ejercida en la edad reproductiva de las mujeres. Por lo general, la sexualidad se practicaba a escondidas.
La demanda de un derecho a la libre sexualidad es la ratificación del derecho a la corporalidad y la felicidad de toda persona y se orienta a crear motivaciones para el enriquecimiento individual; en otras palabras, es una estrategia para vivir en armonía consigo misma y con la sociedad.
La sexualidad no es un acto reproductivo. La división entre espacios, estancos hetero y homosexuales, es una de las construcciones más represivas de la cultura masculina, la del cuerpo fijo, incapaz de erotizarse con personas del mismo sexo.
Lo que es sano y natural para el desenvolvimiento de una persona es ejercer la sexualidad y no la heterosexualidad. El diálogo erótico con nuestro sexo puede insertarse en un ámbito de reconciliación con nosotras mismas. Ahora bien, la homosexualidad no es en sí obligatoria y, si es vista como una forma de no relación con el otro sexo desde una perspectiva de resentimiento, puede convertirse en una práctica funcional al patriarcado.
Para reivindicar los derechos a una libre corporalidad hay que reconocer que la sexualidad no es sucedánea a otro cuerpo, es en sí misma. Debemos rechazar la estigmatización de la masturbación, práctica que conlleva una dimensión de la libertad, conectada con la propia capacidad orgásmica y de exploración.
Robando unos conceptos a la corriente del humanismo sexual de Mari Ladi, el derecho al placer confirmaría una sexualidad libre, fruto de la decisión de cada persona de relacionarse en la forma que lo desee y la satisfaga, sin dañar a otros, bien sea con personas de otro sexo, personas del mismo sexo, en pareja, en grupo, consigo mismo, o de no ejercer la sexualidad, en vista de que se respetan las elecciones que pueda hacer cada persona para un estilo de vida heterosexual, homosexual o bisexual, en una concepción abierta, no sexista y cíclica de la vida.
El derecho al placer condena cualquier forma represiva que una autoridad ejerza sobre la sexualidad de las personas; por ejemplo, la Constitución de Argelia que afirma que todos sus ciudadanos son heterosexuales, de tal forma que todas y todos los homosexuales argelinos son personas que viven al margen de los derechos constitucionales. Igualmente, condena la propuesta de ley nicaragüense que pretende prohibir el ejercicio de la homosexualidad “aun en el ámbito privado”.
El derecho al placer proscribe toda educación sexual que imponga moldes y postula el derecho al goce sexual y a la búsqueda de las propias preferencias en cada etapa de la vida. Asimismo reivindica las emociones y el aprender a expresarlas.
La Plataforma de Acción, de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas, que se ha efectuado en Beijing en 1995, ha acordado al respecto reconocer que los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener el control sobre su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y decidir libremente al respecto, sin coerción, discriminación o violencia. No es mucho, pero es un primer paso hacia la ratificación positiva del derecho a gozar una vida sexual satisfactoria.
Cada año en el mundo se realizan 300 mil cliterectomías o escisiones del clítoris, y los grandes y pequeños labios. Esta práctica viola el derecho a la integridad física de las mujeres; sin embargo, se considera tradicional en ciertos países africanos de población predominantemente islámica (aunque no es propia de esa religión monoteísta).
En nombre del respeto a dichas culturas es fácil olvidar los derechos al placer y a la vida de las mujeres, pues nosotras no siempre somos consideradas como una parte de la humanidad que defender de manera absoluta. Cuando es nuestra “feminidad” (término ambiguo que se refiere a ciertas características físicas y de comportamiento tradicionales de las mujeres) y no nuestra humanidad la que está en juego, los derechos humanos vigentes no saben cómo normar la conducta de las poblaciones y los Estados, de manera que permiten que se sigan violando nuestros derechos a la integridad física en nombre de los derechos de las culturas de los pueblos. El derecho a nuestra cultura no ha sido considerado en la teorización jurídica porque los derechos de las mujeres no gozan de la universalidad que los juristas consideran característica fundamental de todos los derechos humanos.
Igualmente hay que tomar en cuenta que existen otras marcas en el cuerpo de las mujeres que sirven para reconocer su asignatura a un rol en la sociedad y que las orientan a la construcción de una identidad sexual subordinada: los hoyuelos en las orejas para colgar aretes que en la mayoría de los países occidentales se imponen a las niñas que no pueden dar su consentimiento, a veces a pocas horas de nacer; ciertos tatuajes en las manos o el cuerpo, el uso de anillos, pulseras, aros inamovibles alrededor del cuello, etcétera.
Quinientas mil mujeres mueren en América Latina cada año a consecuencia de abortos clandestinos, practicados en condiciones de escasa higiene y preparación médica. La mortandad por abortos mal practicados es una manifestación de la violación al derecho a la vida de las mujeres, así como es el síntoma más doloroso de que hay un derecho que debemos plantear y conquistar: el derecho al control sobre nuestros cuerpos y nuestra sexualidad que se expresa, entre otras cosas, Por el derecho pleno a la maternidad voluntaria.
El derecho de las mujeres a abortar se relaciona con el derecho a la vida, es decir a la capacidad de acogida que tenemos en el mundo con los futuros seres humanos. La calidad de vida que podemos o queremos brindar a nuestras hijas/os tiene qué ver con situaciones objetivas de bienestar, a la vez que es expresión de la libertad de decisión de las mujeres. Es importante reflexionar sobre el hecho que, en un momento de grave crisis ecológica por sobrepoblación humana, muchas mujeres pueden abortar en un gesto de colaboración con la naturaleza. La explosión demográfica del siglo XX es incoherente y muchas mujeres hoy quieren recuperar su capacidad de interrelación con la naturaleza.
Bajo la prohibición de interrumpir un embarazo no deseado, se esconde un claro desprecio a la moral de las mujeres, pues se las considera incapaces de tomar decisiones éticas por sí solas, y a su calidad de personas, pues no cuentan frente a la ley y la sociedad sino como medios humanos de reproducción.
Según Luis de la Barreda Solórzano, la actualidad del asunto es evidente:
… decenas de miles o centenas de miles de mujeres procuran o consienten el aborto a pesar de la prohibición penal. Las que cuentan con recursos económicos lo hacen sin mayores riesgos. En cambio, las más pobres no disponen de los millones de pesos que implica un aborto en condiciones de higiene elemental. Para estas mujeres el aborto clandestino es, por necesidad, un aborto sórdido, en pésimas condiciones sanitarias. Todas quedan dañadas psicológicamente. Muchas resienten también, considerables daños orgánicos. No pocas mueren. [23]
Es ello —y no una moda del feminismo— lo que hace actual y apremiante la cuestión del aborto. Es un derecho humano fundamental que las mujeres y los hombres puedan escoger libremente si desean tener hijos/as y el número de los mismos.
En México, el artículo 4 de la Constitución garantiza el derechos de las mujeres y los hombres a una materno/paternidad responsable, es decir, que todos y cada uno de sus vástagos tengan acceso a la protección familiar, apoyo, atención, comprensión, compañía y educación. Eso implica una conciencia de los propios deseos y límites. Para ello es necesario entender que la decisión de tener o no descendencia debe ser total y que la interrupción de la maternidad puede ser considerada también, como una forma límite de control natal, cuando por ejemplo, un método anticonceptivo ha fallado o la mujer descubre, estando embarazada, que no tiene el deseo de ser madre. Asimismo, este artículo garantiza que nadie, sino la propia mujer, puede otorgar el permiso a una institución sanitaria para que la esterilicen y eso, independientemente del número de hijas/os que tenga. Dicho permiso deber ser otorgado por escrito por la mujer, sin interpelar al marido/compañero, y en la lengua que ella entienda. La esterilización forzada o sin consentimiento y las presiones exageradas del personal sanitario (médicos, enfermeros, etc.) deben ser consideradas violaciones a los derechos humanos.
Los conocimientos relativos a los usos, los peligros, los beneficios y la duración de los efectos (si se trata de formas permanentes o temporales) de los anticonceptivos deben difundirse entre la población femenina, tanto en las escuelas como en los barrios y los centros de reunión comunitaria. No intentar sanear el desconocimiento sobre los métodos que utilizamos para evitar un embarazo es un ocultamiento de información, o sea una violación al derecho de información por omisión y como tal debe ser considerada.
Asimismo, es indispensable volver sobre el hecho de que no existe todavía un anticonceptivo seguro y sin riesgos. Lo que esto implica es el riesgo de un embarazo indeseado. En léxico y en muchos países las mujeres no tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos, derecho fundamental para decidir sobre sus vidas. Según Marta Lamas, aceptar en la legislación el derecho al aborto implicaría un reconocimiento, no sólo de que las mujeres decididas a abortar lo harán de todas formas, sino de su derecho a elegir:
A lo largo de los siglos los varones, en especial los teólogos, filósofos y gobernantes, han reflexionado sobre lo que implica matar a otra persona y han dado muestra de una notable capacidad para simpatizar con los dilemas y opciones que ellos enfrentan: desde el derecho a matar en el combate o a ejecutar fría y legalmente, sea por razones religiosas o políticas, hasta el matar en defensa propia, que incluye por proteger la propiedad privada y, no olvidemos, por honor… Sin embargo, los varones no muestran la misma simpatía con respecto a las opciones de las mujeres en el dilema del aborto, y eso que ni siquiera se trata de matar a una persona, sino de interrumpir el proceso por el cual va a llegar a serlo.
… Es imprescindible entender el embarazo no sólo como una realidad biológica sino también como una compleja realidad subjetiva y social, con serias consecuencias emocionales, familiares, laborales y económicas.[24]
Según Lucero González, las formas de control sobre nuestra sexualidad y capacidad reproductiva son impulsadas por una serie de autoridades consuetudinarias y oficiales, como lo son la familia, las iglesias, la patronal, las instituciones de salud y las políticas de control natal. Todas ellas visualizan y luego utilizan el cuerpo de las mujeres según sus intereses, impidiendo la libre elección sexual, el placer y la autodeterminación.[25]
Los derechos reproductivos se refieren básicamente a que tanto las mujeres como los hombres tienen la capacidad para controlar sus vidas reproductivas, en el goce de su sexualidad. En septiembre de 1994, cerca de 179 países reunidos en la Conferencia de Población y Desarrollo en El Cairo han aceptado que:
Los Derechos Reproductivos comprenden ciertos derechos humanos ya reconocidos en las leyes nacionales, en documentos internacionales sobre derechos humanos y otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas. Estos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas y personas a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos, y el intervalo entre éstos, y a disponer de la información y los medios para hacerlo, así como el derecho a alcanzar el grado más alto de salud reproductiva y sexual. Incluyen también el derecho de todos a tomar decisiones relativas a la reproducción libre de discriminación, coerción y violencia. (Plan de Acción Mundial sobre Población y Desarrollo, El Cairo, 1994)
Pueden resumirse los principales derechos reproductivos en el acceso a la información completa:
sobre sexualidad y reproducción;
sobre las formas de evitar las enfermedades de transmisión sexual;
acerca de los beneficios y riesgos de medicamentos, aparatos, tratamientos e intervenciones médicas, incluyendo la esterilización;
acerca del acceso a métodos anticonceptivos seguros y efectivos; la participación de las mujeres en la toma de decisiones relacionadas con su embarazo y su parto; los tratamientos accesibles para la infertilidad; el aborto seguro y legal como la libertad para expresar la sexualidad en condiciones dignas y placenteras.
Según la Conferencia de El Cairo, los derechos reproductivos posibilitan una salud reproductiva. Ésta es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y segura, la capacidad de reproducirse, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia (Capítulo 7.2, Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo).
En la Declaración de Beijing, un año después, se reafirma que la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no. Así como cualquier política para defenderla implica reconocer y afrontar las consecuencias que tienen para la salud los abortos peligrosos, considerando la posibilidad de revisar las leyes que prevén medidas punitivas contra las mujeres que han tenido y tienen abortos ilegales.
Sin embargo, existen más elementos a tomar en cuenta para analizar qué son y qué implican los derechos reproductivos. Hoy en día es de fundamental importancia plantearnos la procreación bajo una perspectiva ética, pues si hasta los años setenta la sexualidad no era escindible de la maternidad, hoy ésta, por la implementación de nuevas técnicas de reproducción artificial, se ha independizado de la sexualidad.
La congelación y la transferencia de embriones, la predeterminación del sexo, los diagnósticos y la cirugía prenatal, son aplicaciones a la reproducción humana de técnicas que se han formado en otros campos de la ciencia, fundamentalmente de la investigación genética, y que hoy han sido retomadas por médicos y biólogos.
En los años 1960-70, la divulgación masiva de las técnicas anticonceptivas separó en las conciencias femeninas la sexualidad de la reproducción. Desde 1978, las mujeres tuvimos que enfrentar una realidad desconocida, que nos alcanzó mientras todavía no teníamos resueltas nuestras contradicciones frente a la sexualidad, ni habíamos obtenido ninguna garantía sobre el control de la ciencia médica y la ideología de la que ésta se hace portadora: en Londres, nació la primera niña gestada in vitro. Desde entonces la maternidad devenía una elección y la esterilidad dejaba de ser destino.
Nacían con esta aseveración nuevas dudas. ¿Por qué hay mujeres dispuestas a todo para ser madres en términos físicos, o sea que rechazan la adopción, y se someten a la cosificación de sus óvulos y de su útero? ¿Vivir una maternidad a cualquier precio no esconde una concepción culposa de la sexualidad? ¿Un dejo de racismo no está presente en el deseo de tener una descendencia genéticamente similar a una? ¿Por qué la ciencia médica se ha dedicado a investigar nuevas técnicas reproductivas en lugar de estudiar las causas y las curas de la esterilidad? ¿No tendrá que ver con la idea masculina de “estirpe” del padre? ¿O con la gratificación que algunas mujeres sienten al estar embarazadas?
Además, considero que las técnicas de reproducción artificial, entran en contradicción con la colaboración de las mujeres con la naturaleza contra la explosión demográfica. Pueden tener características patriarcales de “construcción” de seres de raza y clase dominante, así como responder a la imposición de la maternidad mediante manipulaciones que impongan al cuerpo femenino algo que rechaza profundamente.
Existen seis tipos o técnicas de reproducción artificial en el “mercado” de la medicina:
Inseminación artificial: el líquido seminal, eyaculado en un contendor, se inserta en la vagina o directamente en el útero. Es homologa si el líquido seminal es del compañero, o heteróloga si es de un donador.
Donación de óvulos: consiste en retirar un óvulo de la mujer antes de que salga del ovario, ya maduro para la fecundación.
Fertilización in vitro: es la inseminación extracorporal con transferencia de embrión. Cuando la fecundación ha tenido lugar e inicia la división celular, el óvulo fecundado se inserta en el útero. La posibilidad de disponer de más óvulos permite congelar embriones. Este sistema se usa cuando la esterilidad se debe a la escasa movilidad de los espermatozoides.
GIFT (Gamete Intra Fallopian Transfert): se trata de la introducción de ovocitos y espermatozoides, anteriormente retirados, en la trompa donde se efectúa su encuentro.
Donaciones de embriones: inseminación artificial —o fecundación in vitro— con posterior retiro del embrión para implantarlo en el útero de otra mujer.
Útero en renta: cuando la mujer es totalmente estéril, otra mujer, inseminada artificialmente con el esperma del compañero de la primera, lleva adelante el embarazo para donar después el infante a la pareja.
La aplicación de estas técnicas es atravesada por un defecto cultural: cualquier tecnología, cualquier propuesta, todas las enseñanzas que nos vengan de la ciencia, reproducen una cultura que, al negar el valor a la experiencia y a la sabiduría personal, niegan la existencia de las mujeres. Esto se traduce en la expropiación de ser personas integrales y de la posibilidad de decidir sobre nuestra potencialidad reproductiva. Como si no fuera a la mujer a quien le correspondiera vivir conscientemente la experiencia de los sucesos de su cuerpo.
Para definir los “derechos humanos a la reproducción” es necesario analizar la investigación científica a la luz de una ética ligada a la maternidad, por lo tanto necesariamente, una ética de las mujeres. Comités éticos mixtos (es decir, de filósofos, médicos, teólogos, personas interesadas en el futuro de la humanidad, políticos) existen en Francia desde 1974 y en otros países desde poco tiempo después. Se trata de verdaderos juzgados moralizantes que opinan sobre qué se puede y qué no se puede hacer, algunas veces con importantes cuestionamientos humanitarios y otras obcecados por moralinas religiosas y civilistas. Uno de estos comités, por ejemplo, en Italia logró que a la inseminación artificial tuvieran acceso sólo las parejas heterosexuales, y de preferencia, las parejas casadas, dejando afuera a las mujeres que por el motivo que fuera decidieran tener un hijo/a solas, así como a las lesbianas. Si las técnicas reproductivas van a ser admitidas como éticas, no puede haber una decisión externa a la mujer que quiera recurrir a ellas sobre si puede o no hacerlo, que se base en consideraciones tales como la preferencia sexual o las formas de llevar adelante la propia vida afectiva. Es necesario asegurar el derecho de todas al respeto a la libertad de acción, sin exclusión de categorías “especiales” de mujeres. Ahora bien, si las técnicas reproductivas levantan el recelo de las mujeres, es indispensable que ellas integren los comités éticos nacionales y/o de hospitales o consultorios.
El problema de la reproducción artificial es un problema de fondo, ya que lo vivimos personalmente de manera directa sobre nuestra piel y luego, indirectamente, como discurso sobre nuestro cuerpo. Entre nosotras existe, desgraciadamente, la costumbre de delegar o confiar responsabilidades en lugar de asumirlas para entender y movernos según nuestra voluntad. La tendencia a delegar está ligada al hecho que no creemos en nuestra capacidad de conocer y comprender los actos científicos y la ciencia en general. Si esto sucede por el parto y la contracepción, es evidente que se acrecienta para un fenómeno todavía más complejo como lo es el de la reproducción artificial. Una conciencia sobre la responsabilidad que tenemos nosotras mismas, sin embargo, no se alcanza sin tener un mínimo de conocimientos de base.
La filiación paterna, el uso indiscriminado del apellido del padre en situación de “legalidad”, impide a las mujeres reconocerse en un linaje, lo cual fomenta el hecho que la historia familiar no les pertenezca. Es necesario normar la posibilidad de una doble filiación: materna —de madre a hija— y paterna —de padre a hijo en todas las relaciones, o pensar en otras formas de filiación.
Por libertad de tránsito se entiende el derecho fundamental a moverse por el propio país y a elegir el lugar de residencia. Asimismo implica el derecho, previa la obtención de un documento de migración (pasaporte), de salir y entrar del país. Todos los documentos internacionales contemplan este derecho y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es garantizado por el artículo 11.
Ahora bien, las violaciones a la libertad de tránsito o de movimiento de las mujeres son perpetradas por padres, maridos y estructuras familiares tradicionales; debido a prácticas religiosas y costumbres; por la privación de una educación libertaria; y por jornadas laborales domésticas sin control.
El derecho o garantía de libre tránsito, circulación o movimiento, se ve limitado para las mujeres a causa de la amenaza que para ellas representan ciertos horarios (nocturnos) y ciertos lugares: para la policía de muchos países una mujer sola en un bar, una playa o una calle, es la “provocadora” de la violencia que los hombres pueden ejercer en su contra.
Derecho a la educación y derecho al trabajo
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas ratificó como ideal común de todos los pueblos y naciones, dos artículos que aquí nos interesan de particular manera: el 26, que garantiza el derecho de toda persona a la educación; y el 23, que afirma: “toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo y a la protección contra el desempleo”. Se trata de dos derechos sociales fundamentales en los que se hace hincapié en la igualdad entre mujeres y hombres.
La Carta de la OEA, del mismo año, igualmente considera ambos derechos. Y así la Constitución de México.
No obstante, en 1979, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer se ve obligada a condenar la discriminación sexista en los campos de la educación y el trabajo. Entre otras cosas, pide a los Estados parte:
… Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres… (artículo 5)
… La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la educación que contribuya a lograr este objetivo en particular, mediante la modificación de los libros y programas escolares y adaptación de los métodos de enseñanza… (artículo 10)
… El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos criterios de selección en cuestiones de empleo. El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, y el derecho al acceso a la formación profesional y al adiestramiento incluido el aprendizaje, la formación profesional superior y el adiestramiento periódico… (artículo 11)
El nexo entre educación y trabajo es evidente en todos estos artículos. Una forma de discriminación tipificada es no ofrecer a las mujeres las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación profesional. Otra es limitarles el acceso al estudio, pues repercute en la esfera del empleo: donde se manifiesta una discriminación educativa siempre hay discriminación laboral y viceversa.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer reconoce a su vez el nexo entre discriminación y violencia y entre educación, trabajo y vida pública (social y política). Plantea que el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia puede consagrarse únicamente si se crean las condiciones para que la mujer y el hombre gocen en paridad del derecho al trabajo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias y del derecho a la educación, entre otros derechos humanos consagrados en los instrumentos jurídicos internacionales.
La Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing plantea que para asegurar la participación activa de las mujeres en todas las esferas de la vida pública y privada mediante una participación plena y en pie de igualdad en todas las instancias de toma de decisiones en lo económico, social, cultural y político, es antes necesario “fomentar la educación, la capacitación y el empleo de la mujer a fin de promover y asegurar su igual acceso a todas las esferas y niveles”. La discriminación es, pues, una forma de violencia y la discriminación formativa engendra una discriminación laboral. Esta, a su vez, fomenta la discriminación económica (las mujeres mundialmente seguimos ganando un 40 por ciento menos que los hombres, aunque en todas las constituciones se prevé una igual remuneración entre los sexos con respecto a un trabajo de igual valor) y la discriminación y marginación social (el 70 por ciento de los pobres del mundo son mujeres y las familias encabezadas por mujeres —el 50 por ciento en América Latina— son más pobres que las familias de características paternas).
El derecho a la educación igualitaria presenta dificultades que trascienden el garantizar la escolaridad a todas las niñas y mujeres. Se relaciona con problemas de discriminación lingüística y con violaciones serias a los derechos de tercera generación (también llamados Derechos de los Pueblos), sobre todo el derecho a la Identidad Cultural. Éste prevé que todo grupo o nación tiene derecho a conocer su pasado y su presente. Asimismo, todo grupo tiene derecho a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad; eso implica también que se le reconozca que lo conforma.
El universo lingüístico —es decir, la lengua que utilizamos como medio de comunicación oral y escrita, sus giros y sus formas, sus insultos y sus halagos— está organizado alrededor del hombre. En él la mujer aparece de manera subalterna y mediante imágenes estereotipadas y reductivas que no corresponden ni al ideal de igualdad entre los sexos ni a la posibilidad de afirmar su presencia en el mundo actual. La relación de poder entre los sexos se sigue manifestando cotidianamente en la lengua, que es el medio más expresivo y menos consciente de transmisión de una visión del mundo en la cual se afirma la inferioridad femenina.
En la escuela, los programas gramaticales enseñan que el género femenino se forma a partir del masculino y que éste no se forma de ningún otro, puesto que es la forma primigenia de la declinación de la palabra. El plural masculino engloba al plural mixto de mujeres y hombres, ocasionando la invisibilidad de la presencia femenina en el conjunto humano y en su quehacer histórico. Se sigue insistiendo en que hay palabras con dos significados contradictorios a la vez; me refiero a la palabra hombre que, supuestamente escrita con h mayúscula significa ser humano y con minúscula, macho de la especie humana. La identificación lingüística de la humanidad con los representantes del sexo masculino es profundamente discriminatoria para la mayoría de los seres humanos (las mujeres somos el 50.04 por ciento de la población mundial). La derivación de hombre de la palabra latina homo es verdadera, y homo significa ser humano, pero en latín, hombre se decía vir y mujer, mulier, o sea existían palabras diversas para definir a ambos sexos y al género humano.
En la lengua que hablamos (y que nos han enseñado una serie de educadores formales e informales, como los son la escuela, la calle, la familia, los medios masivos de comunicación, la iglesia, la pandilla, etcétera) depositamos una serie de “opiniones”, muchas de ellas formadas a través de los siglos por la sociedad hablante. Nuestros prejuicios, nuestros juicios estéticos, nuestros sentires, se expresan de forma inmediata en la lengua que hablamos. También los estereotipos sobre las mujeres y los hombres, sus roles y desigualdades, en los que se nos enseña a construir nuestra propia identidad sexual.
Es necesario recordar que el uso de la lengua puede imponer una transformación de la manera de visualizar un problema o una realidad: si hasta unos diez años, decir que una persona o una cosa era “femenina” implicaba que fuese débil, de poca presencia, edulcorada, sin trascendencia, es decir una realidad que podía traducirse mediante una serie de adjetivos peyorativos, hoy algo definido femenino nos transmite una idea inmediata de sensibilidad, no violencia, creatividad, o sea expresa un concepto positivo.
La lengua es un instrumento histórico, un organismo capaz de crecimientos, un sistema que vive y se transforma en el tiempo y que se desarrolla con base en las necesidades de comunicación de una sociedad dada. Ahora bien, siempre llega después de que los cambios se han iniciado.
Las mujeres nunca hemos vivido fuera de la sociedad; sin embargo, nuestro papel histórico fue relegado por siglos al mundo doméstico, lo cual llevó a la lengua a manifestar de forma simbólicamente masculina la mayoría de las actividades públicas y los adjetivos que las calificaban. Hoy en día, es más de un siglo que las mujeres somos profesionales y medio siglo que hemos obtenido los derechos políticos: es hora que la lengua y la enseñanza de la misma tomen en consideración el papel protagónico de las mujeres y declinen al femenino una serie de títulos, como los de cirujana, médica, ingeniera, arquitecta, etc. De tal manera, las mujeres podemos sentir que las formas institucionalizadas de educación no nos marginan y empezaremos a hablar autovalorándonos, o sea utilizando palabras y los plurales que nos definan: una, nosotras, vosotras, las mujeres, las mujeres y los hombres, etcétera.
En buena medida es por el uso sexista de nuestras lenguas que en las escuelas se manifiesta un sistemático silenciamiento de nuestros aportes al desarrollo de la historia, la ciencia, la filosofía y el derecho. Invisibilizar nuestra presencia, negar y desvalorizar nuestro sexo en la enseñanza de la lengua, es violar el derecho a la educación, así como el derecho a la identidad cultural del grupo femenino.
Un profundo sentido de la responsabilidad recae sobre quien educa, maestra o maestro, para que las generaciones futuras tengan conciencia de estos problemas lingüístico-vivenciales; para ello es necesario que no trate de imponer una norma, permitiendo la experimentación en el habla de sus alumnas y alumnos.
Hablar una lengua no sexista es difícil, porque nuestras expresiones lingüísticas son portadoras de prejuicios antifemeninos muy enraizados. En muchas ocasiones usamos palabras, expresiones, formas gramaticales que entran en contradicción con nuestras convicciones. Sería un paso adelante aprender a:
no utilizar nunca la palabra hombre ni para designar a la especie humana, ni el conjunto de un pueblo. Hombre no tiene valor genérico; para ello hay que utilizar: ser humano, persona, mujeres y hombres, la mujer y el hombre. En estos términos las mujeres podemos sentirnos incluidas. Asimismo puede usarse “varón” para un individuo del sexo masculino, aunque el femenino “varona” sólo es usado en la Biblia, lo cual crea cierta descompensación. Efectivamente varón remite al vir y el castellano es la única lengua neolatina que mantiene esa derivación.
no utilizar exclusivamente plurales masculinos ahí donde hay presencia mixta, por ejemplo, en lugar de los alumnos debe decirse: las alumnas y los alumnos, o los alumnos, mujeres y hombres, o las alumnas y sus compañeros o viceversa. Asimismo, cuidado, “padres” no significa madres y padres; es necesario aprender a sustituir esa palabra por ambas o por “progenitores”;
cuidarse del uso extensivo de las palabras hermano, padre, paternidad: la paternidad del libro de Mario equivale a la maternidad del libro de María; es mejor hablar de la hermandad que de la fraternidad (de frater, hermano hombre);
evitar la precedencia recurrente del masculino en las parejas opositoras hombre/mujer: por ejemplo, padre y madre, hermano y hermana, porque acostumbramos dar el primer lugar a las cosas o conceptos buenos y el segundo a los malos: el bien y el mal, la luz y la sombra, etcétera;
no designar a las mujeres como categorías aparte cuando se habla de un conjunto porque parecería que no hay mujeres entre los miembros de un pueblo, entre los viejos, los niños, los obreros, los jóvenes, las minorías;
no utilizar títulos en masculino si se trata de mujeres profesionales;
-evitar los insultos relativos a la madre de la persona que se desea ofender.[26]
Históricamente no hay dudas de que la sumisión femenina no es una condición biológica y por lo tanto natural, sino un acondicionamiento contingente a los roles sociales y a la moral, que se manifiesta de manera distinta según los grupos y las naciones que la implementan, que ha tenido un principio y que está sujeta a cambios.
Esta información es histórica, pero las alumnas de las escuelas no la reciben jamás. Tampoco se enteran de que las mujeres han participado en todos los cambios, los inventos y las artes de la humanidad; de que las mujeres fueron recolectoras y luego descubrieron la agricultura, la alfarería, el tejido y la ciencia de la alimentación. Que con las guerras perdieron sus derechos y la igualdad con el hombre. Que hace cinco siglos las masacraron porque las “brujas” (cualquier mujer sabia) les hacían la competencia a los médicos de las recién fundadas universidades. La historia que se enseña en las escuelas es la historia del hombre, la aburrida repetición de las formas y las justificaciones de sus matanzas. Sólo él es el héroe de una experiencia que se identifica con la “historia general”. Y, como es natural, ésta a las muchachas interesa muy poco.
El grupo de las mujeres (la única mayoría mundial que es considerada como una minoría por el grupo minoritario en el poder) debe tener, so pena de ser discriminado, los mismos derechos reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a todas las culturas, naciones y grupos; es decir, el derecho a la difusión de su cultura y el derecho a la información garantizado por la Convención y Recomendación concerniente a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, de 1960.
Ahora bien, por el contrario, en nombre de los derechos culturales de los pueblos se permiten las peores violaciones contra la integridad física de las mujeres (mutilaciones sexuales, sujeción religiosa, limitación al derecho de libre tránsito y a los derechos económicos, entre otros, los de heredar), pues se considera que el maltrato contra las mujeres es parte integral de una cultura determinada. Para remediar esto es necesario que entre los derechos culturales se reconozca desde la educación primaria el derecho de las mujeres a conocer su historia, como sexo privado de muchos derechos y como individuas resistentes a la segregación y a la invisibilización (brujas, beguinas, comadres, pobres, santas, feministas, etc.). Igualmente deberán incluirse en los programas educativos los aportes de las mujeres en las historias nacionales, de las religiones y en la historia económica.
La historia de las mujeres es una historia que hay que terminar de reconocer, así como un freno al poder cultural jerárquico de los hombres. Es necesario restituir la historia a las mujeres, recuperar las experiencias y las actividades femeninas en el devenir de la humanidad.
Darle a las niñas referentes con los que pueden identificarse, historias de relaciones tan complejas y complicadas como las de los hombres, en las que puedan reconocer su individualidad, es restituir al derecho a la educación su significado original. Asimismo, es importante para evitar la violencia masculina (que nace de la subordinación de quien es considerado culturalmente inferior) que desde la infancia los niños sepan que sus compañeras tienen un papel social históricamente comprobable.
Como muestra de discriminación formativa podemos mencionar que en los libros de texto gratuitos Mi libro de historia de México (rechazados por la SEP en 1993) hay 135 hombres y representaciones simbólicas masculinas identificadas con su nombre, por ocho mujeres y representaciones femeninas. De un total de 285 ilustraciones, 70 son de hombres y sólo nueve de mujeres. Eso implica, según Gabriela Cano, que los niños y las niñas que actualmente cursan la escuela primaria, en el próximo ciclo escolar van a estudiar en el texto gratuito una visión masculina de la historia nacional, según la cual los hombres han sido protagonistas e impulsores únicos de las transformaciones históricas. Las mujeres son nombradas cuando se vinculan con alguno de los protagonistas. El libro de texto, al igual que la mayor parte de la historia escrita, considera a lo masculino como medida ideal de lo humano.[27]
Esta segregación formativa repercute en que las mujeres no nos sintamos atraídas hacia el estudio. Es decir, que no nos esforcemos en obtener las mejores calificaciones y que abandonemos con cierta facilidad nuestra preparación, u optemos por cursos cortos o ligados de alguna forma a los papeles tradicionalmente asignados a lo femenino: por ejemplo, el 95 por ciento del alumnado de la escuela de enfermería son mujeres que consideran su trabajo como una prolongación de las funciones maternas.
La discriminación educativa implica una distribución desequilibrada de los sexos en las escuelas; por lo tanto, los canales de la educación, jurídicamente iguales, siguen recorridos diferentes según costumbres que no se transforman. De ahí a la segregación sexual, por preparación desigual en el mundo del trabajo, sólo hay un paso.
El derecho internacional no es capaz de colmar la distancia entre la realidad y las normas de los derechos humanos que exigen la no discriminación en el campo educativo y laboral. La mayoría de sus formas efectivamente son encubiertas por las definiciones tradicionales de femineidad y la invisibilidad social de la vida de las mujeres. Sin embargo, es evidente que la feminización de la pobreza, que hasta la ONU ha debido tomar en cuenta como uno de los problemas clave de este fin de milenio, es hija del analfabetismo funcional de las mujeres.
El derecho al trabajo es uno de los más normados, reconocidos y violados, pues condena el desempleo, la pobreza y la discriminación y afirma que el trabajo no es una mercancía. Desde 1919, como parte de ese Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial, se forma la Oficina Internacional del Trabajo, la cual constituye una verdadera declaración de los derechos del trabajador (todavía no de la trabajadora, que después de la guerra fue devuelta a su casa, perdiendo todos los derechos y garantías al y en el trabajo, adquiridos durante el conflicto). Posteriormente fue complementada por la Declaración de Filadelfia, de 1944, en la que se reconoce la plena igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo y la remuneración. En 1948 pasa a formar parte de la ONU, con el nombre de Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Una recomendación y una Convención de la OIT se refieren a la discriminación en materia de empleo y profesiones y a la necesidad de la igualdad de remuneraciones (1958). Entre las principales funciones de esta organización está la protección del trabajo de los niños, adolescentes y mujeres.[28]
El derecho al trabajo puede resumirse en unas palabras: toda persona tiene derecho a elegir el trabajo lícito que más le convenga y guste, y a recibir una remuneración justa por ello. Esto implica la prohibición de la esclavitud y de los trabajos forzados, así como el derecho a fundar sindicatos, a la seguridad y a la higiene en el trabajo, a iguales oportunidades para todas y todos de ser promovidas/os, y al descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la ONU en 1966 (entró en vigor en 1976), insiste particularmente en que debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual. No obstante, para obtener una verdadera equidad salarial no es suficiente lograr que a trabajo igual se obtenga un salario igual, porque tradicionalmente las mujeres hemos sido relegadas a trabajos peor remunerados que los trabajos masculinos, como los de secretaria, costurera, cajera, vendedora. Hoy necesitamos lograr que para trabajos equivalentes (un chofer de autobuses urbanos y una secretaria, una enfermera y un conductor de ambulancias, una pediatra y un oncólogo, una costurera y un metalúrgico, una vendedora y un albañil) se obtenga un salario igual. Para esclarecer la equivalencia hay que tomar en cuenta el valor de la preparación, las exigencias, las responsabilidades y las condiciones que los trabajos requieren.[29]
En 1979, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer vuelve a subrayar que el derecho al trabajo es un derecho inalienable de todo ser humano y que, para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo, es necesario asegurar:
El derecho a las mismas oportunidades de empleo y a la aplicación de los mismos criterios de selección. Esta afirmación que nos parece evidente, es tan violada que hoy en día no hay un sólo país en que sea aplicada siempre;
-El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y servicios, y el derecho a la formación profesional superior y el adiestramiento periódico.
Este punto es contradictorio porque implica un análisis de la realidad y no de la norma: las mujeres y los hombres entramos en igualdad de sueldo a un puesto, pero los ascensos para las mujeres son tan difíciles que en un par de años cualquier hombre que entró a trabajar con una mujer en condiciones de igual remuneración, ha ascendido uno o más peldaños de posición y de sueldo, mientras ella ha quedado en el mismo lugar. Los ascensos son difíciles de normativizar pues son relativos a las decisiones y necesidades de las empresas, menos los obligatorios por antigüedad. Sin una comisión formada por miembros de los ministerios del Trabajo, de los principales sindicatos nacionales y trabajadoras de la empresa o la dependencia, que garantice su efectividad sin discriminación, no hay forma de imponerlos. Es en la distribución de los ascensos donde se manifiesta más abiertamente la discriminación laboral contra las mujeres. Y puesto que es fácil evitar los ascensos, es casi siempre implícito que a las mujeres se les imparten menos cursos internos y externos de capacitación y adiestramiento. La revaluación del trabajo femenino es esencial para poner fin a la discriminación sistemática presente en el mercado de trabajo, o sea esa discriminación integrada a las prácticas y mecanismos que se usan para emplear y retribuir.
El derecho a la seguridad social, en particular en caso de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar. Hay muchas formas de violar este derecho. La principal parece contradictoria: sólo las mujeres tenemos derecho a días de asueto en casos de enfermedad o por motivos de educación de las hijas/os. El trabajo femenino está peor remunerado que el masculino, por tanto, nuestra ausencia implica un gasto menor para la empresa; a la vez, que el hombre no tenga derecho al cuidado de sus hijos, implica que reciba con mayor frecuencia puestos más altos. Esta forma de discriminación tiene que ver con estereotipos culturales: la mujer protegida y mantenida por el hombre (que, como hemos visto, es una mentira absoluta) y la madre abnegada (papel muchas veces asumido por culpas culturales).
El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de la reproducción.
Para garantizar la efectividad de estos derechos, la Convención obliga a los Estados parte (México lo es desde 1981) a:
Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivos de embarazo o licencia de maternidad, y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil. Es sabido que esta prohibición es violada constantemente en las maquiladoras y que aun dependencias estatales exigen una prueba de no embarazo para conceder empleo a una mujer. En 1995, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha emitido recomendaciones al Departamento, el Tribunal Superior de Justicia y la Procuraduría General de Justicia, todos del Distrito Federal, porque solicitan a las mujeres, como requisito para ingresar como trabajadoras, no estar embarazadas: “Además las trabajadoras de base no se pueden embarazar hasta después de seis meses de haber ingresado a laborar, y si se embarazan antes de ese tiempo son despedidas (Recomendación 6/95)”.
Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o beneficios sociales.
Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la participación, especialmente el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños y las niñas. Este punto se relaciona con uno de los anteriores: si los padres no tienen derecho a días económicos para atender a sus hijas e hijos, difícilmente caerán en cuenta que la paternidad debe y puede ser responsable. Esta responsabilidad, a su vez, se relaciona con la prohibición a los trabajos forzados y la esclavitud: en muchos casos las tareas del hogar y la crianza son verdaderas obligaciones laborales no remuneradas a las que las mujeres están sometidas. Compartir dichas tareas entre mujeres y hombres, igualmente responsables de la crianza de su prole, las transforma en obligaciones cívicas normales.
Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajo que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella.
Debido a la creciente pobreza femenina en la actualidad, las mujeres reunidas en San José de Costa Rica del 3 al 5 de diciembre de 1992 en la reunión satélite “La Nuestra”, elaboraron un Diagnóstico sobre los Derechos Humanos de las Mujeres, en el cual se plantea que:
Las políticas económicas neoliberales se sustentan en gran medida en la subordinación y discriminación de las mujeres. La restricción de los servicios sociales del Estado y la tradicional ausencia de políticas estatales de sostenimiento material y efectivo de las nuevas generaciones, ha agudizado la carga de trabajo a la población femenina y la sobreexplotación en el mercado laboral, provocando un profundo deterioro de las condiciones de vida y de su salud física y mental. Nos referimos al resurgimiento de las nuevas formas de esclavitud y servidumbre para las mujeres, tales como prostitución forzada, el trabajo a destajo, maquila y otras modalidades de explotación del denominado sector informal.[30]
Considero necesario normar otros derechos laborales femeninos, como el relativo a la no discriminación por edad o aspecto físico. Es indispensable lograr que el acoso sexual, es decir, la imposición de requerimientos sexuales no deseados a colegas y empleadas, en el contexto de una relación desigual de poder en el trabajo, sea motivo de despido en cualquier tipo de ocupación. El acoso sexual interfiere en el desempeño de las trabajadoras, pues las margina en un ambiente de trabajo amenazador e irrespetuoso, a la vez que las remite a la falta de reciprocidad en la relación entre los sexos. Asimismo necesitamos detenernos en los derechos a una forma de remuneración, no necesariamente monetaria, pero sí equitativamente valorada, del trabajo de características familiares, como lo es la mayoría del trabajo agrícola y de cooperativas y pequeñas empresas. En las zonas rurales es indispensable normar las formas de acceso a la propiedad para las mujeres, pues según la ONU, el 82 por ciento del trabajo agrícola mundial lo realizamos nosotras aunque seamos dueñas de apenas el cuatro por ciento de las tierras, del 30 por ciento de los animales de corral y del dos por ciento de los animales de cría mayor. Estas cifras son la consecuencia de que el trabajo agrícola familiar esté determinado por la herencia por vía masculina.
Es también necesario reconocer que el trabajo artístico de las mujeres tiene dificultades mayores al de los hombres en términos de financiamientos, ventas, publicaciones, exposiciones, reconocimiento y difusión, debido a la persistencia de prejuicios sobre la capacidad artística femenina. El trabajo artístico es un trabajo muchas veces no tomado en consideración como tal —por lo menos mientras quien lo desarrolla no se vuelve famosa—, lo cual fomenta dobles o triples jornadas de trabajo. Las artistas no tenemos acceso a préstamos por parte de los bancos ni a garantías laborales y de protección a la salud y a la familia. Asimismo, las trabajadoras del servicio doméstico enfrentan una herencia de desvalorización del trabajo doméstico que conlleva un bajísimo salario por sus prestaciones. La sociedad lo define no productivo y no calificado, lo paga muy mal y no le fija horarios. Hoy en día, en México, hay tres millones de mujeres que se dedican al trabajo en el servicio doméstico, no tienen derecho a un salario mínimo profesional, ni a la regulación de sus obligaciones, su jornada, sus vacaciones y días semanales de descanso. Tampoco tienen una protección amplia en caso de enfermedad o desempleo, y para sus hijas e hijos no hay guarderías garantizadas.
No obstante, el artículo 123 de la Constitución afirma: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil y las leyes que se expidan serán válidas para los obreros, los jornaleros, los empleados domésticos, los artesanos y de manera general para todo contrato de trabajo”. La Ley Federal del Trabajo, a su vez, reconoce como trabajadoras del servicio doméstico a las mujeres y los hombres que trabajan en una casa particular de una persona o familia (artículos 331-332), prestando servicios de limpieza, asistencia o ayuda en cualquier tarea relacionada con un servicio a una familia. Las empleadas domésticas se dividen por tareas y especialidades: aseo general, cocinera, recamarera, lavandera, planchadora, niñera, ama de llave o de compañía y moza. Se dividen en trabajadoras de planta y de entrada por salida, ambas oficialmente tienen una jornada de ocho horas. El artículo 334 de la Ley Federal del Trabajo, exige: “Salvo lo expresamente pactado, la retribución del doméstico comprende, además del pago en efectivo, los alimentos y la habitación…” El artículo 338 garantiza el derecho de la trabajadora a que el patrón le pague sus gastos médicos hasta por tres meses y el salario hasta por un mes. El artículo 339: “En caso de muerte, el patrón sufragará los gastos de sepelio”.
Los derechos de las ancianas
Me he resistido a escribir este capítulo, en parte porque quise creer que era suficiente afirmar que los derechos humanos pertenecen a todas las personas sin discriminación por edad, para ratificar la necesidad de una conducta ética con las ancianas, y en parte porque el tema me resulta espinoso. La verdad es que todas las discriminaciones que existen contra las mujeres se acrecientan en la vejez: discriminadas no sólo por su sexo, sino también porque son viejas.[31]
Según la feminista chilena Margarita Pisano, el miedo que experimentamos frente a la vejez está marcado por un corte generacional de impostación estética patriarcal, que afirma que la belleza, la alegría, la creatividad, la sexualidad y el espíritu de empresa, son necesariamente juveniles. Esta asignación de la estética se relaciona con un deber ser por generaciones sucesivas e incomunicadas que impide una transición de edad serena.
En el caso de las mujeres, la madurez es acompañada por el climaterio o menopausia, momento vital que marca el ingreso a una etapa no fértil de vida. Este ciclo implica la posibilidad de terminar de criar los hijos/as antes de la muerte, así como de ejercer las propias habilidades en el trabajo sin verlas interrumpidas por el riesgo del embarazo. Se trata de una época muy rica en la cual las mujeres volvemos a la infertilidad prepúber y que sólo una cultura represiva del placer ha podido considerar como necesariamente asexuada. En la cultura patriarcal, transitar a la vejez está signado por el corte de la heterosexualidad que afirma que es deseable un cuerpo, sólo si es reproductivo.[32]
Según la filósofa belga Luce Irigaray, en Occidente la edad significa envejecimiento y por lo tanto, empobrecimiento:
… avanzar en edad es tener un año más. Es decir, dejando aparte los años del crecimiento, se trata siempre de envejecer, tanto por acumulación de años como por incremento de achaques y deterioro orgánico.[33]
Estas construcciones ideológicas se inscriben culturalmente en nosotras, se convierten en nuestras posiciones estéticas y deslegitiman la corporalidad de las mujeres ancianas. El corte generacional está muy fijado en el cuerpo de las mujeres e impone la injusticia brutal y acallada del rechazo patriarcal de la sexualidad femenina después de la juventud. En ese sentido es necesario denunciar la convivencia entre ética y estética en la construcción de la vejez como una etapa de inutilidad y en la negación del placer de transitar por la vida. Si la vejez es horrible, nadie quiere salir de la juventud.
¿Por qué no afirmamos, por el contrario, que una vejez sabia es hermosa y rompe con la dinámica del desecho humano? ¿Por qué no nos esforzamos en visualizar la progresión de la vida como un crecimiento de la conciencia humana, un paso más en el camino de nuestro devenir?
Las construcciones ideológicas conllevan actitudes sociales; el rechazo cultural a la vejez implica, en la casi totalidad de los países industrializados, que la persona considerada no atractiva sea tratada como no productiva.
Es frecuente la discriminación en el ofrecimiento de trabajo por edad; muchas empresas consideran que entre los 25 y los 30 años pueden formarse trabajadoras/es para un largo periodo; no obstante, intentan impedir que sus asalariados cambien de trabajo a través de políticas de subempleo de las personas mayores. En muchos casos, una persona que es despedida o sale de una empresa, queda desempleada si tiene cincuenta o más años. Su única capacidad de sustento es aceptar trabajos de menor calificación de los que podría desempeñar, desperdiciando así sus capacidades y sufriendo bajas en su nivel de vida y en su autoestima. El subempleo de las personas adultas mayores empieza a ser preocupante. Quince años antes de la edad oficial para la pensión, la persona está en una madurez productiva que se ve frustrada.
Esta situación de discriminación que comparten los hombres y las mujeres se ve agigantada en el caso de las segundas, pues en su gran mayoría han desempeñado su trabajo en el ámbito familiar. Las amas de casa tienen por única tarea reconocida socialmente la crianza de los hijos/as, a la vez que no reciben salario y, por lo tanto, no gozan de prestaciones para el retiro. En la edad en que los hijos/as dejan el hogar, muchas mujeres sufren una sensación de abandono peor que la de un hombre que pierde su trabajo en el ámbito público, pues en un momento sienten fallarles todas las funciones que la sociedad asigna a sus vidas.
Edad en la que su trabajo reproductivo de vidas, de fuerzas de producción y de ideologías, termina; edad en que los hombres empiezan a rechazar y condenar su sexualidad; edad en que experimentan un vacío de funciones; edad que coincide casi siempre con el climaterio. En nuestra cultura, la medicina tiende a ratificar las creencias patriarcales y es tradicional que achaque a un cambio fisiológico la culpa de las depresiones sociales de las mujeres ancianas. Venta de hormonas y clínicas estéticas y de cirugía plástica son el mejor negocio de este contubernio. Los discursos relativos a las prácticas de reproducción artificial enfatizan el fin de la menopausia como época de infertilidad y algunas mujeres lo han ratificado demostrando que se puede ser una madre feliz después de los sesenta años.
Esta forma de “lucha” contra el tiempo nos lleva a olvidar la ventaja de nacer mujeres. Según Luce Irigaray, la menopausia marca otra etapa en el devenir del cuerpo y del espíritu femeninos, etapa que se caracteriza por un equilibrio hormonal distinto, por otra relación con lo cósmico y lo social. Lo que normalmente se considera el fin de la vida de una mujer favorece su acceso a un tiempo disponible para la vida social, cultural y política.
La inseguridad económica casi siempre conlleva la transgresión del derecho a la vivienda. Es muy difícil para las mujeres ancianas mantener sus casas o gozar de un lugar donde residir en compañía de coetáneas/os, sin sentirse encerradas en un “asilo”. Cuando llegan a vivir con sus descendientes, lo hacen en una familia ampliada y ajena en la que alguien puede rechazarlas, encontrándolas inútiles o calificándolas de carga económica. Sus papeles de abuela o bisabuela, tan valorados en las culturas agrarias, en la ciudad pierden funcionalidad frente a las guarderías y escuelas. Sus conocimientos, nuevamente al servicio de alguien más, no son aceptados por entrar en contradicción con los avances tecnológicos, y no se transforman en sabiduría porque a las mujeres ancianas se las puede considerar inútiles, pero no se les otorga el espacio y el tiempo de ahondar en ellas mismas, en sus vidas y en sus reflexiones.
Por lo general, la anciana que vive con sus descendientes tiene pocas oportunidades de acceder a ese círculo de cariño que son los amigos, porque la familia la atrapa. La amistad, sin embargo, es una dinámica de vida que construye complicidades libres y permite crear y gozar pasiones comunes en cualquier etapa de la vida.
La discriminación contra las mujeres ancianas es una práctica consuetudinaria que tiende a inferiorizar a las mujeres frente a los hombres, a la vez que es un problema compartido por ambos sexos. En muchas culturas tradicionales, la vejez era considerada una etapa grata de la vida, en la que se concedía a las ancianas/os un reconocimiento social privilegiado. Hoy en día, la cultura industrial tiende a considerar a los viejos/as como personas desechables, aunque paradójicamente, el número de las personas mayores aumenta en los países más desarrollados, debido a mejores condiciones de salud, alimentación e higiene. Los viejos/as son hoy el 20 por ciento de la población mexicana y el 43 por ciento de la europea.
Es indispensable fijar ya una relación entre el Estado y las mujeres mayores, para que su trabajo doméstico sea valorado con respecto al otorgamiento de una pensión; que las ancianas no pierdan el derecho a su vivienda; que se regulen los alquileres de las casas de retiro, de manera que puedan encontrarse entre sí y desarrollar sus capacidades en un ambiente de amistad y atención a la salud; que generaciones distintas puedan convivir en espacios no dominados por los más jóvenes; que los programas de esparcimiento tomen en consideración las necesidades de las mujeres mayores; que la valoración estética del cuerpo femenino no esté cifrada en su capacidad reproductiva; y que no haya límites de edad para que este sector de la población en constante aumento, pueda expresarse cultural y políticamente.
Según la Resolución 3137 de la ONU, Cuestión de las personas de edad y los ancianos, de 1973, las ancianas tienen derecho a:
La seguridad de su integridad física, en tiempo de guerra, de paz o de catástrofe; mantener la salud mediante asistencia gerontológica; una vida normal a través del contacto con la naturaleza y la ciudadanía.
Una pensión para vivir que les dé la posibilidad de alimentarse y de participar en la vida social y cultural; un hogar idóneo a sus exigencias; no ser discriminadas; tener presencia política eficiente y representativa que les dé la posibilidad de participar en la elaboración de las leyes.
El libre acceso a estudios de formación cultural, investigaciones y perfeccionamiento; libre acceso a medios de comunicación; ejercer una actividad cultural creativa.
Ser dispensadas de trabajos que requieran un esfuerzo físico o intelectual que agraven su estado de incapacidad; libertad para crear su propia opinión; libertad para expresar su concepto del mundo.
Los derechos a la salud
El principal derecho que las mujeres exigimos de los sectores público y privado de atención a la salud, es que nuestros cuerpos no se equiparen a los masculinos, menos en la única función que socialmente se nos acepta: la maternidad. La ciencia médica, que en el siglo XIV fue oficializada por las nacientes universidades europeas, ha quedado desde entonces fuera de las manos y las concepciones femeninas. Es una ciencia de y para los hombres que acepta a las mujeres sólo por su funcionalidad: las mujeres, para los perpetuadores de esta visión de la medicina, sólo somos madres de los hijos de los hombres, o “enfermas”, es decir, desviadas, rebeldes, histéricas o locas. Prueba de ello es que los textos de anatomía de las universidades de todo el mundo tienen como ejemplo de la estructura ósea y el funcionamiento orgánico, a un modelo masculino, y al final de la definición de cuerpo ofrecen un apéndice, un capítulo agregado, sobre el sistema reproductivo femenino.
Nuestra corporalidad, su salud o su no salud, no fue objeto de estudios médicos sino hasta finales de la década de los sesenta, cuando el Colectivo de Mujeres de Boston decidió publicar Ourbodies, Ourselves.[34] En este libro se visualiza la imagen corporal de las mujeres, su relación con la alimentación, el alcohol, las drogas y los cigarros; la movilidad femenina, la psicoterapia, las medicinas y métodos alternativos; la ecología y la salud ocupacional y la influencia de la violencia contra las mujeres. En relación con la sexualidad, la interacción entre los sexos desde una perspectiva femenina, el lesbianismo y la sexualidad en su conjunto. En un capítulo separado del anterior, se analizan los sistemas de control de la fertilidad, el aborto, la preñez, las nuevas tecnologías reproductivas y las enfermedades de transmisión sexual. El parto, la lactancia, los problemas de infertilidad son otro punto de análisis, así como la salud de las mujeres después de su etapa fértil, en la menopausia y en la vejez.
El Colectivo de Boston puso en evidencia algo que el feminismo venía descubriendo por esos años y que las instituciones de salud todavía no quieren aceptar; por ejemplo, que las mujeres internalizan los modelos y los conceptos médicos porque la medicina se nos presenta como una autoridad indiscutible. Este punto es particularmente doloroso y peligroso con respecto a los asuntos relativos a maternidad, parto, sistemas de reproducción artificial y control de la natalidad, porque en ellos se cifra el conjunto de los prejuicios culturales (prácticas discriminatorias consuetudinarias) sobre la función y la obediencia femeninas.
En 1991, Suzanne Cooper Doyle afirmaba en Women Wise:
Gran parte de la medicina reproductiva no trata de darle el poder a las mujeres sino de controlarlas emocional, física y económicamente. Ofrecemos nuestros cuerpos como sacrificio a los altos sacerdotes de la medicina, los cuales manipulan nuestra fertilidad desde la pubertad hasta la sepultura; como si fueran nuestro hermano mayor, nos dan un programa adentro, nos echan fuera, hacen que nuestros ciclos empiecen en cualquier momento y pueden contrarrestar los efectos de la menopausia; todo esto bajo el disfraz de la salud y la libertad reproductiva.
El mensaje de la medicina con respecto a nuestra salud es claro: no podemos confiar en nuestro cuerpo. Esto implica que tampoco podemos buscar vías alternativas de acercamiento a un cuerpo cíclico que no nace para morir, sino que nace para vivir, reproducirse, liberar a la nueva vida de los cuidados de la adulta y morir. La visión de nuestra corporalidad es cíclica y no lineal y nuestra medicina necesita tomarla en cuenta. Asimismo, el cuerpo femenino es fértil, pero la decisión de ejercer o no la propia fertilidad atañe únicamente a las individuas, pues el cuerpo responde también a deseos intelectuales y a construcciones amplias de lo que es el proyecto individual de vida. La medicina necesita acercarse a la infancia y al climaterio como etapas importantes de la vida y de la corporalidad sanas de las mujeres, y no sólo como etapas pre y post fértiles. A la vez, es importante analizar qué sucede con la corporalidad de las mujeres que optan por no ejercer su fertilidad, cómo acompañarlas en su salud y en su desarrollo.
El bienestar psicológico de las mujeres se relaciona con su salud corporal y, por lo tanto, con el libre ejercicio de su sexualidad, con un mundo libre de violencia y con el reconocimiento de las propias capacidades y habilidades. Es importante exigir del psicoanálisis los mismos cuidados que del resto de la ciencia médica con la definición de la salud de las mujeres.
En el campo de la sexualidad no se puede aceptar que un método para controlar la fertilidad sea considerado válido si ignora el estado general de la salud de la mujer. Ningún médico puede prescribir un método anticonceptivo sin antes haber informado a la mujer de todas sus desventajas y efectos colaterales, a la vez que necesita efectuar análisis previos para recetarlo.
Es indispensable que los hospitales y clínicas tengan un número paritario de mujeres en todos los puestos operativos y de dirección, para que la práctica y la visión de las mujeres empiece a balancear la desproporción de puntos de vista masculinos sobre la corporalidad, implícitos en la ciencia médica y en la impartición de cuidados.
En cuanto al aborto, según Silvina Ramos: “Desde el punto de vista ideológico, sabemos que el aborto es una cuestión de derecho y un problema de salud. Y también sabemos que la salud es un derecho humano básico”.[35] Hasta ahora, el sujeto que ha ejercido el derecho de opinar, permitir o prohibir el aborto, ha sido la sociedad y no las mujeres. No obstante, el derecho a decidir sobre la interrupción de una maternidad no deseada es exclusivamente femenino y de ello depende el resultado positivo de la operación. Además, tanto el embarazo no deseado como el aborto son situaciones de riesgo creadas por un fracaso de los sistemas de prevención. En un continente en que la tercera causa de mortalidad materna, y la segunda de hospitalización de mujeres de entre 15 y 49 años, es el aborto practicado en la ilegalidad y la falta de higiene, el sexismo y la descalificación médica de la razón femenina son un problema de salud y los causantes de muchas muertes.
Las mujeres tienen derecho a abortar, a decidir dónde hacerlo, a tener información precisa sobre los métodos, los riesgos y los costos Los servicios de salud deben tener una mujer asesora para ofrecer todas estas informaciones y brindar apoyo a las mujeres con depresiones pre o post aborto. [Excepto en el Distrito Federal desde 2007, [36]] este derecho no ha sido normado en México, donde el aborto sigue siendo ilegal en muchos casos (sólo es permitido en caso de violación, incesto, inseminación artificial practicada en contra de la voluntad de la embarazada, malformaciones fetales o cuando representa un peligro para la salud o la vida de la mujer, y estas condiciones varían según los estados de la República. Sólo en Yucatán, a causa de graves problemas económicos del núcleo familiar, el aborto no se sanciona si la mujer ya tiene tres hijos). Sin embargo, se trata de un derecho que tenemos y por el cual es ético y autovalorativo luchar.
En cuanto a las enfermedades de transmisión sexual, y en especial modo a los derechos de las mujeres que viven con VIH/SIDA, es necesario recordar que la ley protege a todos los individuos por igual y que, en consecuencia, no deben sufrir discriminación de ningún tipo, ni están obligadas a someterse a la prueba de detección de anticuerpos del VIH, ni pueden ser objeto de detención forzosa, aislamiento, segregación social o familiar. Si viven con VIH o han desarrollado el SIDA, eso no puede ser motivo para que sean suspendidas del trabajo, ni privadas de la educación que se imparte en instituciones públicas y privadas. Tienen derechos a asociarse libremente con otras personas o afiliarse a instituciones que tengan como finalidad la protección de sus intereses; a buscar, recibir y difundir información precisa y documentada sobre su padecimiento, los medios de propagación del virus y los tratamientos a los que puede someterse; a los servicios de asistencia médica y social; a que el propio historial médico se maneje en forma confidencial, y a una muerte y servicios funerarios dignos. De ninguna manera, una persona con cualquier enfermedad de transmisión sexual puede ver restringida su vida y expresión sexual, cuando ejerza formas de sexo seguro, ni ser alejada de su familia. Estos derechos han sido afirmados por la 41° Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, Punto 24, del día 13 de mayo de 1988, Necesidad de evitar toda discriminación contra las personas infectadas por el VIH y las personas con SIDA.
Las mujeres pueden contraer el VIH/SIDA al tener parejas sexuales con el virus, al compartir agujas y jeringas intravenosas con una persona infectada, y a través del contacto con la sangre infectada de VIH. Una mujer embarazada puede transmitir el virus a su bebé durante el embarazo o la lactancia.
A este propósito, es muy importante recordar que la sugerencia de miembros del Instituto Louis Pasteur, de Francia, de someter a una prueba de VIH a las mujeres embarazadas para orillarlas a abortar en el caso de estar infectadas, va en contra de los derechos de las mujeres, pues esa decisión es de incumbencia individual. Eso no significa que las mujeres que desean hacerlo no puedan, ni mucho menos que haya que esconder la realidad de que una mujer infectada con VIH, en un 25 por ciento de los casos transmite la enfermedad al feto. No hay manera de saber si el bebé nacerá sano o infectado. Por eso, sólo la mujer puede decidir si quiere continuar con su embarazo o si prefiere tener un aborto. Si resuelve tener al niño, deberá buscar atención médica adecuada, pues el embarazo podría afectar su salud. Si determina interrumpirlo, puede buscar clínicas que le ofrezcan los servicios para practicarse un aborto. Si se siente tensa y preocupada, sería importante que buscara la ayuda de una consejera o de un grupo de apoyo. Es importante recordar que una mujer que ya tiene hijos/as no los puede infectar al cuidarlos y convivir con ellos, puesto que el VIH no se transmite por el contacto diario, sino sólo por intercambio sanguíneo o de flujos sexuales.
La información adecuada sobre la transmisión de enfermedades sexuales es parte del derecho a la información, así como del derecho a la salud. Las mujeres deben conocer las formas de prevenir las verrugas venéreas, el herpes y la clamidia, mediante el uso de condones y espermaticidas en las relaciones que tengan.
Las infecciones del tracto genital femenino son síndromes que, en su forma aguda, provocan molestia física, turbación personal y conflictos conyugales. En sus formas subaguda y crónica causan secuelas devastadoras, como infertilidad, embarazo ectópico, pérdida fetal, peso reducido del bebé al nacer e infecciones congénitas. Es necesario que los servicios de salud ofrezcan una gama amplia de sistemas preventivos y curativos.
Toda información que propague formas restrictivas o prohíba el ejercicio de la sexualidad, va en contra de los derechos a la integridad de la persona y de los derechos de las mujeres.
Asimismo, el reconocimiento explícito y la reafirmación del derecho de todas las mujeres a controlar cada uno de los aspectos de su salud, en particular su propia fecundidad, es básico para la potenciación de su papel (Artículo 17, Declaración de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer).
Los derechos de las indígenas
En el mundo hay cerca de 300 millones de indígenas, 30 de los cuales viven en América Latina. La mitad de los pueblos indígenas (o tribales o aborígenes), son mujeres que sólo son mencionadas en puntos específicos de la Declaración de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995) y de la Declaración de Nairobi (1985); el resto no aparecen en ninguna convención o convenio internacional. Y eso porque, aun cuando intentan respetar la cosmovisión y los derechos consuetudinarios de los pueblos no occidentalizados, los organismos internacionales y nacionales defienden los derechos de los hombres indígenas. Éstos, en muchos casos, oprimen a las mujeres en sus comunidades.
El primero de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) estalla la primera guerra de guerrillas poscomunista del mundo, lidereada por mayas de las etnias tzotzil, tzeltal, tojolobal, mam, zoque y chol. En su órgano informativo, El despertador mexicano, iba incluida la Ley Revolucionaria de Mujeres, que entre otras cosas afirma que las mujeres pueden participar en los asuntos de su comunidad y ¡casarse con quien se le viene en ganas! Las características militantes del resto de la ley denotan su carácter patriarcal, no obstante esos dos puntos son realmente instructivos de la visión que pueden tener las indígenas de sí mismas cuando se les pide que hablen con su voz. Unos meses después, cuando el EZLN en su primera ronda de diálogo da a conocer sus 34 demandas, la veintinueve contiene una petición de las mujeres indígenas, dividida en doce puntos, entre los cuales “por tradición” no se incluye ni el derecho al aborto ni a la tierra para las mujeres. Sin embargo, la salud reproductiva de las indígenas es el punto más sobresaliente tanto en la ley como en las peticiones presentadas al gobierno mexicano. La acompañan requerimientos para facilitar las fatigosas jornadas domésticas: construcción de guarderías, cocinas, comedores, instalación de molinos de nixtamal y tortillerías; para la creación de pequeñas empresas y granjas; para la instalación de panaderías y talleres de artesanía con asesoría técnica; y escuelas de capacitación técnica para mujeres.[37]
Para remediar esta situación de marginalidad hay que garantizar que las mujeres indígenas gocen de los mismos derechos normados para todas las mujeres en el contexto exacto de sus (las de las mujeres) cotidianidades y culturas, defendidas por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. No es suficiente reconocer el derecho a la diferencia, a la plurietnicidad de América, si no se garantiza que sea sexuada, o sea que tiene particularidades que nacen de la vida y los roles que hombres y mujeres juegan en cada una de las culturas indígenas que se pretende respetar.
En México y en toda América, las mujeres indígenas han sido formadas por mundos y cosmovisiones androcéntricas, reprimidos hasta el etnocidio por otra cultura androcéntrica, la que, implantada por los europeos hace 500 años, se ha transformado en varias modalidades mestizas nacionales. Estas son clasistas y cuando “asimilan” a las culturas indígenas, relegan a sus miembros en el último escalón de la estructura social.
Según Marcela Lagarde, las mujeres indígenas viven una triple opresión que se conforma por la opresión de género, por la opresión clasista y por la opresión étnica:
a) es genérica porque se trata de mujeres que, en un mundo patriarcal, comparten su condición de oprimidas con todas las mujeres;
b) es clasista porque casi todas las mujeres indias pertenecen a clases explotadas y comparten la opresión de clase con todos los explotados;
c) es étnica, y a ella están sometidas, como los hombres de sus grupos, por el sólo hecho de ser parte de minorías étnicas.
El ser y la identidad de las indias son producto de la organización compleja de sus diversas adscripciones, y su etnicidad está subsumida en su definición política de minoría.[38]
Por pueblos indígenas o tribales, la OIT entiende:
a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distinguen de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial;
b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas (artículo 1).
La conciencia de la identidad indígena o tribal es el criterio fundamental para determinar los grupos a que se aplica la definición del Convenio de la OIT. Asimismo, se les llama pueblos para consolidar el reconocimiento de sus derechos a mantener su identidad étnica diferenciada de las de los demás componentes de la sociedad en la que están insertos, así como el derecho a poseer el sustento territorial y ecológico que precisan.[39]
Es muy importante subrayar que el Convenio de la OIT reconoce el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas, es decir, las costumbres y las formas en que se resuelven tradicionalmente una serie de conflictos en su comunidad. Este es un derecho histórico, que se transforma según se modifican las estructuras de vida de la comunidad misma. Ahora bien, vale la pena hacer un señalamiento especial para el caso de las mujeres indígenas. Según Lourdes Arizpe:
El ámbito privado en el medio indígena constituye también un centro de defensa étnica. Es allí donde se conserva la lengua, la cosmovisión y la identidad indígena; su destrucción implica, además de mayor subordinación de la mujer, una mayor subordinación étnica.[40]
Los derechos de las mujeres indígenas, al ser los mismos que los de todas las mujeres, deben ser aplicados según la voluntad y las necesidades de las mismas mujeres indígenas, en plena autonomía, sin injerencias del maternalismo feminista occidental, ni de los hombres de su comunidad.
A la vez, las mujeres indígenas tienen todos los derechos de los hombres de sus comunidades, entre otros a:
gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales sin obstáculos ni discriminación (artículo 3);
medidas especiales para salvaguardar sus personas, instituciones, bienes, trabajo, culturas y medio ambiente (artículo 4);
decidir sus prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud (artículo 7);
no verse impuestos servicios personales obligatorios de cualquier índole, remunerados y no (artículo 11);
la propiedad y la posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan;
los recursos naturales existentes en sus tierras (artículo 15);
no ser trasladadas de las tierras que ocupan (artículo 16); medios de formación profesional (artículos 21 y 22);
que sus actividades sean reconocidas como factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económico (artículo 23);
leer y escribir en su lengua y a educar de manera acorde con su cultura a sus hijas e hijos en las escuelas de la comunidad (artículo 28).
Las culturas indígenas están vivas, por lo tanto sujetas a cambios. Las mujeres con su trabajo y sus reivindicaciones pueden impulsarlos si éstos redundan en su beneficio, sin por ello ser tachadas de disgregar o traicionar su cultura.
Los derechos de las refugiadas
En una situación de guerra, de inestabilidad política, de golpe militar, de gobierno de facto no puede garantizarse la existencia de un estado de derecho ni, por tanto, el respeto a las garantías individuales y colectivas. En dichas circunstancias, las amenazas, hostigamientos, desapariciones, encarcelamientos arbitrarios, censuras, impedimentos de trabajo, molestias a la familia, están a la orden del día y “en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país”.[41] Según la ONU, el derecho a buscar asilo está en relación con la persecución de cualquier índole que la persona experimenta, pero la definición corriente del asilado es la de “persona expuesta en su país, por razones ideológicas o de raza, a persecución, cárcel o muerte”.[42] En 1951, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, convino que el término refugiado se aplica a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él.[43]
La persecución de carácter sexual, frecuente por motivos religioso-sociales (por ejemplo, las cliterectomías forzadas exigidas por la familia del novio o por los líderes religiosos como ceremonia obligatoria, previa al matrimonio y que de no ser efectuada margina a la mujer en su entorno social) o como forma de acoso por parte de caciques y líderes políticos no democráticos, es un tipo de persecución que sufrimos casi exclusivamente las mujeres y que nunca es tomada en consideración para el otorgamiento del asilo. ¿Por qué la definición universal de refugiado contenida en la Convención de 1951 sobre el estatuto del refugiado y en su Protocolo de 1967, no incluye el sexo entre los motivos de persecución que permite que se concedan el estatuto de refugiado? La violación de nuestros derechos específicos no nos otorga las medidas de protección que se proporcionan contra la violación de los derechos del hombre.
A pesar de vicio de origen androcéntrico del derecho de asilo, el análisis de los derechos humanos de las refugiadas no puede restringirse a las limitaciones que sufrimos para obtenerlo; debe abarcar forzosamente los derechos en la situación de refugio, sus modalidades y su posible mejoría.[44]
En 1985, el Subcomité Plenario sobre Protección Internacional y el Comité Ejecutivo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reconocen que las mujeres y las niñas constituyen la mayoría de la población refugiada del mundo y que enfrentan problemas especiales en el ámbito de la protección internacional. En 1987 emiten una instrucción interna que contiene directrices precisas sobre las medidas destinadas a mejorar la protección de las mujeres refugiadas. En 1990 tienen que: incrementar sus esfuerzos para responder a las necesidades particulares de las mujeres refugiadas, en particular de las que lo han sido durante mucho tiempo, y de las mujeres desplazadas, en las esferas de la educación, la salud, la integridad física, los servicios sociales, la capacitación, el empleo y las actividades generadoras de ingresos, y que involucran a las mujeres refugiadas en la planificación y la ejecución de esos programas.[45]
Debido al carácter de transmisoras de la cultura, las mujeres nos sentimos particularmente desamparadas al perder los referentes culturales aprendidos. Sólo en aquellas ocasiones en que el refugio se vive en una forma beligerante hacia los derechos correspondientes, redunda en beneficio de las refugiadas, ya que les permite vislumbrar formas de liberarse de la opresión sexual que vivían en sus culturas de origen. La mayoría de las veces, sin embargo, el desamparo vital puede llevar a la aniquilación psíquica de la refugiada; está acompañado por el recuerdo de largas horas de marcha en las que las mujeres son más fácilmente sacrificadas que los hombres, o durante las cuales han visto morir de hambre y de cansancio a sus hijas/os, o a sus madres y padres. Los trastornos afectivos causados por la guerra y el refugio son agravantes serios de la situación. En los campamentos, las mujeres tienen:
…problemas similares, si no idénticos, a los que enfrentan las mujeres en general en los países de origen y de asilo. Varias formas de violencia física y de discriminación contra la mujer, por ejemplo, son endémicos en la mayoría de los países, si no en todos. La particularidad de la situación de las mujeres refugiadas no reside en que estén sometidas a tales transgresiones de sus derechos, sino en que son particularmente vulnerables a ellas por diversas razones: porque huyen de la persecución; por la perturbación social causada por la huida; a veces porque han quedado separadas de sus familias y de los protectores que existen en sus comunidades; y ciertamente porque son extranjeras en un contexto extranjero.[46]
Convertirse en refugiado, afecta a mujeres y hombres de manera distinta. Las mujeres refugiadas son vulnerables a las mismas formas de transgresiones de sus derechos fundamentales que los hombres. Por ejemplo, los ataques armados contra los campamentos y asentamientos de refugiados tienen las mismas oportunidades de causar víctimas de ambos sexos. No obstante, las refugiadas tienen necesidades particulares que se relacionan con la urgencia de proteger a las mujeres en general de la discriminación, la cual puede manifestarse en la distribución desigual de los alimentos y del trabajo y en la impartición sexista de la educación:
Muchas veces, los encargados de aplicar las leyes consideran que las mujeres no son capaces de tener responsabilidades y conciencia política, eso las convierte en sujetos de segunda clase al aplicar las leyes del refugio o del asilo político.[47]
Es sobre todo en el aspecto de la violencia contra las mujeres, por parte de los guardias fronterizos y los soldados en los puntos de entrada a lo largo de las fronteras, de los administradores y encargados del campamento, de los mismos refugiados y de la población autóctona donde se necesita reforzar la protección mediante la organización de asociaciones de refugiadas y la garantía de que las mujeres participen en los comités de refugiados y las asambleas políticas internas.
La violencia intrafamiliar y sexual se exacerba ahí donde todos los hombres del grupo se vuelven “familia extensa”; mientras, los abusos sexuales se producen en el contexto de procedimiento de determinación del estatuto de refugiado, cuando los oficiales ofrecen solución favorable a cambio de favores sexuales. Prácticas similares se dan también en el proceso de reasentamiento o cuando las refugiadas solicitan el cumplimiento de sus derechos.
Es importante asegurar una mayor contribución y participación de las refugiadas en la elaboración de procedimientos para denunciar los abusos físicos y sexuales, en la adopción de medidas preventivas y en la planificación y ejecución de los programas de asistencia.
El hacerse responsables de sí mismas fomenta en muchas una actitud positiva para con la vida en general, que se manifiesta en la solidaridad hacia otras mujeres, a las que se va a evitar que pasen las mismas situaciones de violencia sufridas. Para ello son necesarios seminarios, talleres, encuentros de mujer a mujer con mujeres profesionales, que los organismos de ayuda a refugiados deben proporcionar. Se necesita personal femenino en dichos organismos: ginecólogas, a las que las que las refugiadas se sientan libres de acudir y que les puedan dar a conocer prácticas anticonceptivas e higiénicas; cientistas de la alimentación que subsanen los estragos causados por prácticas culturales, según las cuales los hombres deben comer primero (en los asentamientos hay déficit de alimentos); orientadoras que puedan enseñar a las mujeres solas y a las jefas de familia cómo pedir ser consultadas al organizar el alojamiento.
Hasta el momento se ha otorgado el estado de refugiadas a mujeres que temen justificadamente la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo u opinión política. Es decir, se las ha clasificado como a un hombre que se hallara en la misma situación. Ahora es necesario exigir que, a la hora de determinar los requisitos para conceder la condición de refugiada, no se deje de considerar:
que la persecución contra la mujeres adopta formas de agresión sexual;
que en muchos países existen formas de opresión laboral y sexual que puedan ser definidas como “esclavitud sexual femenina”; las mujeres que logran escapar de ella deben gozar del derecho de asilo en países donde sus opresores no puedan extraditarlas;
que el matrimonio forzado es un abuso del que una mujer tiene derecho a escapar;
que el rapto y la prostitución impuesta en burdeles son equiparables a secuestros de personas y las mutilaciones genitales y el incesto a formas de tortura permanentes y tratos denigrantes.
Según Charlotte Bunch, se debe exigir el reconocimiento de las mujeres como “grupo social” que sufre una persecución sexo-política estructural. Bunch afirma que es necesario reflexionar sobre el porqué de la violencia contra las mujeres, tan masiva y generalizada que excede la lista de víctimas redactada por Amnistía Internacional, es públicamente tolerada. Esa tolerancia es de por sí una violación por omisión preventiva a los derechos de las mujeres a su vida, integridad física, identidad y cultura.
En 1990, en París, el gobierno francés concede por primera vez el asilo político a una mujer que se niega a volver a Sudán cuando la familia le exige que vaya a practicarse una cliterectomía. Canadá, desde 1998, da asilo a mujeres víctimas de violencia familiar. Consideremos estos casos como un paso adelante en el reconocimiento de la especificidad de la represión en contra de nosotras.
Han quedado en el tintero muchas reflexiones acerca de nuestros derechos y de las especificidades que de los derechos humanos tradicionales de las mujeres planteamos y reivindicamos.
No se habló en este manual, por ejemplo, de los derechos de las madres porque quise insertarlos en el contexto de la vida cotidiana de las mujeres, que no siempre y no necesariamente se define a través de la maternidad.
Tampoco insistí en la recomendación de 1988 de Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la necesidad de evitar toda discriminación contra las personas infectadas por el VIH y las personas con SIDA porque, a pesar de que comparto la protección de sus derechos humanos evitando “toda medida discriminatoria o de estigmatización en la prestación de servicios, el empleo y los viajes”, no encuentro en ese documento ninguna referencia al hecho de que las mujeres somos fáciles víctimas de infección, debido a los prejuicios sobre nuestra sexualidad y porque no recibimos información suficiente sobre el contagio por vía heterosexual. Creo que es indispensable un análisis más serio sobre la discriminación sexual en la ciencia médica, un análisis que abarque los derechos al cuerpo, a la autodeterminación sobre la salud, a escoger el tipo de medicina que se requiere aun en los servicios públicos, a una enseñanza paritaria y a las formas de aplicación de los métodos de curación y prevención. Este análisis desbordaría los límites del presente manual.
Asimismo, aquí no mencioné los derechos que tienen las mujeres alcohólicas y drogadictas a no ser discriminadas en la atención para su recuperación, así como a no ser vejadas por las autoridades en la prevención del uso y venta de drogas. Creo que es indispensable una historia de cómo el mercado ha impuesto el alcoholismo en las culturas del mundo (por la occidentalización forzada, hija de la colonización en los pasados cinco siglos) para entender que hay “vicios” infligidos desde afuera, que culpabilizan a las propias víctimas. La discriminación contra alcohólicas, drogadictas y exdrogadictas, además tiene características especiales: las relativas a la satanización de las mujeres que se desvían del “recto camino”: las artistas, las que desean vivir libremente su sexualidad, las “locas”, las criminales, las lesbianas, las que rechazan el matrimonio y la maternidad, las extranjeras, etc. sobre ellas recae la sanción de una sociedad que no les permite “regenerarse”, marginándolas aun más que a los hombres en situaciones iguales.
El control masculino de la sociedad se manifiesta a través de una doble moral y por ella a las mujeres nos toca soportar el peso de la condena de nuestra libertad: en sentido estricto, es la primera de las violaciones a nuestros derechos humanos, porque, en la práctica, impide que seamos iguales frente a las normas sociales y viola el derecho a la igualdad frente a la ley consuetudinaria.
Otras divagaciones más quedaron para el futuro. Las mujeres necesitamos apropiarnos de los derechos humanos, reconocerlos como nuestros, impregnarlos de nuestra experiencia vital. La lucha para alcanzarlos no ha sido planteada por las abogadas y las feministas; ha nacido de las necesidades dispersas en el conjunto de mujeres que reconocemos que las discriminaciones que se efectúan en el ámbito doméstico, íntimo y cultural son dictadas por leyes no escritas, pero vigentes en cualquier sociedad androcéntrica. La violencia contra las mujeres ha sido interpretada como “natural” (términos discriminatorio que esconde la historicidad de las mujeres, dando al pie al proceso de invisibilización de nuestra experiencia) y es prácticamente impune. La capacitación de las mujeres para el reconocimiento de nuestros derechos es una estrategia de resistencia contra la violencia, pues nos ayuda a reconocernos y a romper con los estereotipos femeninos que aun nosotras hemos aprendido y amparado.
Un derecho alternativo sólo puede ser subversivo de la realidad androcéntrica, pues la igualdad de condiciones no es un aliciente para quienes, habiendo sufrido una discriminación de siglos, han aprendido a desconfiar de toda estructura que se pretende democrática, pero venera un único modelo de vida y de persona: las mujeres no visualizamos a los derechos humanos desde la normatividad, sino desde la posibilidad de llenarlos con significados y aspectos femeninos.
Una ética de la libertad está en la base de la defensa de cuanto más sagrado hay en el ser humano: su propia humanidad sexuada, creativa y libre.
Artículos que protegen los derechos de la mujer
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), artículos: 2, 7, 10, 16, 23, 25 (1 y 2)
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), artículos: 2 (2), 3, 5 (1), 7 (a), 10 (2)
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), artículos: 3, 4 (1), 6 (5), 14 (1y 3), 16, 23, 25, 26
Instrumentos específicos que protegen a las mujeres
Convención Sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1952)
Declaración Sobre la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (1967)
Convención Sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada (1957)
Declaración Sobre la Protección de la Mujer y del Niño en Estado de Emergencia o de Conflicto Armado (1974)
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993)
Convenios: 3, 4, 45, 69, 100, 102, 103, 111, 122, 156
Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), artículos 1, 4, (1 y 5), 17 (2 y 4), 23 (c), 24, 11 (1), 27, 32
Instrumentos específicos de la OEA que protegen los derechos de las mujeres
Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer (1933)
Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer (1948)
Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Civiles de la Mujer (1948)
Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia Contra la Mujer (1994)
Otras normas y convenios
Convención Internacional Sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios (1990), artículos: 1, 7
Convención Sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (1948)
Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984)
Convenio Relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación (1958)
Convenio de Igualdad de Remuneración (1951)
Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder (1985)
Instrumentos publicados a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, México
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), México: http://www.cndh.org.mx/
Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, http://www.cndh.org.mx/node/62:
I. Legislación Internacional y Nacional en Materia de Igualdad y Asuntos de la Mujer.
Documento Legislación Internacional y Nacional en Materia de Igualdad y Asuntos de la Mujer.
1. Legislación Internacional sobre igualdad y asuntos de la mujer
1.1 Instrumentos internacionales vinculantes
1.2 Instrumentos internacionales no vinculantes
2. Legislación Nacional sobre igualdad y asuntos de la mujer
2.1. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
2.1.1. Presentación esquemática de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
2.1.2. Atribuciones generales que otorga la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
2.1.3. Política Nacional de igualdad
2.1.4. Instrumentos de la Política Nacional de igualdad
2.1.4.1 Sistema Nacional
2.1.4.2 Programa Nacional
2.1.4.3 Observancia de la CNDH en materia de igualdad
2.1.4.4 Instrumentos de la Política Estatal
2.1.4.5 Atribuciones de la CNDH en igualdad
2.1.4.6 Atribuciones del INMUJERES en materia de igualdad
2.2 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV)
2.2.1 Disposiciones generales de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
2.2.2 Principios rectores de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
2.2.3 Definiciones según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
2.2.4 Tipos de Violencia según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
2.2.5 Órdenes de protección de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
2.2.6 Atribuciones Generales que otorga la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
2.2.7 Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres
2.2.8 Facultades y obligaciones de la federación respecto al Sistema Nacional y al Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancional y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
2.2.9 Atribuciones que otorga la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a las dependencias gubernamentales
2.2.10 Servicios de atención a víctimas que ofrece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
2.3 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
II. Monitoreo de Legislación y Programas de Igualdad y Asuntos de la Mujer
III. Indicadores de Igualdad
IV. Encuestas de opinión sobre igualdad y asuntos de la mujer
V. Investigaciones
VI. Informes especiales
VIII. Documentos de Consulta
IX. Promoción y Capacitación
Directorio de instancias de la mujer en las entidades federativas, México
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), México: http://www.inmujeres.gob.mx/
Instancias de la mujer en las entidades federativas dependientes de INMUJERES, México, http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/ique-es-el-inmujeres/organigrama5:
Aguascalientes – Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Plaza de la República 105 Altos, Zona Centro,
C.P. 20010, Aguascalientes, Aguascalientes.
Baja California – Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California
Centro Comercial Plaza Fiesta, Locales 5 y 6 “C”,
Baja California Sur – Instituto Sudcaliforniano de la Mujer
Antonio Rosales, esquina Aquiles Serdán, Edificio 1,
C.P. 23000, La Paz, Baja California Sur.
Campeche – Instituto Estatal de la Mujer de Campeche
Av. Adolfo López Mateos 250, Col. Pensiones,
C.P. 24030, Campeche, Campeche.
Chiapas – Instituto de la Mujer de Chiapas
Circunvalación Tapachula 111, Col. Moctezuma,
C.P. 29030, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Chihuahua – Instituto Chihuahuense de la Mujer
Av. Ocampo 1430, Col. Centro,
C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua.
Coahuila – Instituto Coahuilense de las Mujeres
Blvd. Fundadores y Centenario de Torreón,
C.P. 25298, Saltillo, Coahuila.
Colima – Instituto Colimense de las Mujeres
Complejo Administrativo del Gobierno del Estado, Edificio “A”, planta baja,
3er Anillo Periférico, Col. Diezmo,
C.P. 28010, Colima, Colima.
Distrito Federal – Instituto de las Mujeres del Distrito Federal
Tacuba 76 1er Piso Centro Histórico, Del. Cuauhtémoc,
Durango – Instituto de la Mujer Duranguense
Zaragoza 526 Sur, Zona Centro,
C.P. 34000, Durango, Durango.
Guanajuato – Instituto de la Mujer Guanajuatense
Calle Olivo s/n, Col. Arroyo Verde,
C.P. 36205, Guanajuato, Guanajuato.
Guerrero – Secretaría de la Mujer de Guerrero
Blvd. René Juárez Cisneros 62, edificio Costa Chica,
segundo piso, Col. Ciudad de los Servicios,
C.P. 39074, Chilpancingo, Guerrero.
Hidalgo – Instituto Hidalguense de las Mujeres
Parque Hidalgo 103, Col. Centro,
C.P. 42000, Pachuca, Hidalgo.
Jalisco – Instituto Jalisciense de las Mujeres
Miguel Blanco 883, Col. Centro,
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco.
México – Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Estado de México
Tacuba 76 1er Piso Centro Histórico, Del. Cuauhtémoc
Michoacán – Secretaría de la Mujer de Michoacán
Juan José de Lejarza 134, Zona Centro,
C.P. 58000, Morelia, Michoachán.
Morelos – Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos
Cecilio A. Robelo s/n Col. del Lago,
Nayarit – Instituto de la Mujer Nayarita
Calle Puebla 28, Col. Centro,
C.P. 64000, Tepic, Nayarit.
Nuevo León – Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León
Morelos 877 Oriente, Barrio Antiguo,
Oaxaca – Instituto de la Mujer Oaxaqueña
Belisario Domínguez 118, Col. Reforma,
C.P. 68050, Oaxaca, Oaxaca.
Puebla – Instituto Poblano de la Mujer
Av. Juan de Palafox y Mendoza 206, Zona Centro,
C.P. 72000, Puebla, Puebla.
Querétaro – Instituto Queretano de la Mujer
Circuito Interior Cerro de las Campanas s/n, Col. Centro Universitario,
C.P. 76020, Querétaro, Querétaro.
Quintana Roo – Instituto Quintanorroense de la Mujer
Av. Othón P. Blanco 208,
C.P. 77000, Chetumal, Quintana Roo.
San Luis Potosí – Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí
Calle, Francisco I. Madero 305, Zona Centro,
C.P. 7800, San Luis Potosí, San Luis Potosí.
Sinaloa – Instituto Sinaloense de las Mujeres
Francisco Villa 513 Poniente, Col. Centro,
Sonora – Instituto Sonorense de la Mujer
Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort, Col. Villa Hermosa,
C.P. 83280, Hermosillo, Sonora.
Tabasco – Instituto Estatal de las Mujeres de Tabasco
Av. Paseo Usumacinta 1001,Col. Tabasco 2000,
C.P. 86035, Villa Hermosa, Tabasco.
Tamaulipas – Instituto de la Mujer Tamaulipeca
11 y 12 Olivia Ramírez 621, Fracc. Sierra Gorda,
C.P. 87040, Cd. Victoria, Tamaulipas.
Tlaxcala – Instituto Estatal de la Mujer de Tlaxcala
Ex Fábrica Textil de San Manuel s/n, Pueblo de San Miguel Contla,
C.P. 70093, Municipio de Santa Cruz, Tlaxcala.
Veracruz – Instituto Veracruzano de la Mujer
Francisco González Bocanegra 39, Col. Adalberto Tejeda,
C.P. 91080, Xalapa, Veracruz.
Yucatán – Instituto para la Equidad de Género en Yucatán
Calle 86 499 “C” Altos, Expenitenciaría Juárez, Centro,
C.P. 97000, Mérida Yucatán.
Zacatecas – Instituto para la Mujer Zacatecana
Av. 5 Señores 249, Col. Centro,
C.P. 98000, Zacatecas, Zacatecas.
[1] Alda Facio, “Sexismo en el derecho de los derechos humanos”, en Mujer y derechos tímanos en América Latina, CLADEM, Lima, Perú 1991, p.21.
[2] Richard Evans, Las feministas, Siglo XXI. Madrid, 1980.
[3] Ver al Abad de Sieyes, Qué es el tercer estado, 1789.
[4] Este se diferencia de la reivindicación aislada de mujeres de todas las épocas contra su sujeción, o feminismo individual, así como del Movimiento de liberación de las mujeres, o neofeminismo, que desde 1960 reivindica u” espacio de, por y para las mujeres, su propia autonomía como movimiento progresista, pacifista y democrático.
[5] Elizabeth Maier, ¿A poco las mujeres tenemos derechos?, México, 1990.
[6] Josefa Caballero de Borda, Necesidad de un establecimiento de educación para jóvenes mexicanas, México, 1823.
[7] A partir de 1873, El Socialista incluye artículos sobre la problemática de las trabajadoras, sus derechos y necesidades.
[8] Ver Seminario sobre la participación de la mujer en la vida nacional, UNAM, México, 1989.
[9] Asunción Lavrín, Las mujeres latinoamericanas, Fondo de Cultura Económica, México, 1985.
[10] “No más violencia contra las mujeres”, editorial Las Humanas, suplemento La Brecha, San José, Costa Rica, Nº 6, diciembre de 1991.
[11] El proyecto de Convención Interamericana sobre Violencia contra la Mujer, “¿Qué pueden hacer las mujeres?”, borrador, mimeo, San José de Costa Rica, 1992.
[12] Tomé la definición de crimen de lesa humanidad del “Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos” de 1948.
[13] Estos son derechos reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de 1969.
[14] El Anteproyecto de Convención presentado por la CIM era mucho más radical y claro. Hacía referencia a la libre opción sexual como elemento de no violencia, y especificaba que los prejuicios que se fundan en el principio de inferioridad o superioridad de cualquiera los sexos son una forma de violencia cultural. La OEA ha aprobado un texto infinitamente más convencional que el que las mujeres elaboraron.
[15] Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1985.
[16] Amnistía Internacional,”… Una mujer pedía auxilio…”, en Fem, año 15. N° 108, México, diciembre de 1991, pp. 7-13.
[17] María Cristina Granero, “Torturas sexuales a presas políticas”, en Mujer y Derechos Humanos en América Latina, op.cit., pp.71-73.
[18] Alejandro Witker, Prisioneros en Chile, UNAM, México, 1979.
[19] Lore Aresti de la Torre, Poder-Tortura-Saber, serie Testimonios, Nº 2, UAM Azcapotzalco, México, 1985.
[20] Ximena Bunster, “La tortura de prisioneras políticas: un estudio de esclavitud sexual femenina” en Mujer y Derechos y Derechos…, pp. 77-82.
[21] Asociaciones de mercaderes durante la Edad Media.
[22] Mari Ladi Londoño, El problema es la norma. Enfoques liberadores sobre sexualidad y humanismo, Prensa Colombiana, Cali, 1989.
[23] Luis de la Barreda, El delito del aborto. Una careta de buena conciencia, Miguel Ángel Porrúa, México, 1991.
[24] Marta Lamas, “Los derechos de las mujeres”, en Boletín, Nº 14-15, Academia Mexicana de Derechos Humanos, noviembre. 1989.
[25] Lucero González, Placer y maternidad voluntaria, Academia Mexicana de Humanos, México, 1990.
[26] Para este capítulo me basé en: Il sessimo nella lingua italiana, de la Comisión Nacional Para la Realización de la paridad entre hombre y mujer, de la Presidencia del Consejo de los Ministros, Roma, 1987. Titres et fonction au féminin : essai d’orientation de l’usage, de la Oficina de la Lengua Francesa del Gobierno de Quebec, Canadá, 1987; y Sexes et parentés, de Luce Irigaray, Les Éditions de Minuit, París, 1987.
[27] Gabriela Cano. “Una historia oficial masculina”, en Doble Jornada, suplemento feminista de La Jomada, año 6, N° 68. México, lunes 7 de septiembre de 1992.
[28] OIT, Convenio y Recomendación 111… relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación. En Convenios y Recomendaciones 1919-1966, Ginebra, 1966, pp. 1035 y ss.
[29] Ver las propuestas de las trabajadoras sindicalizadas de Quebec, Italia y Francia. En México se pueden comparar los salarios mínimos profesionales para comprobar esta realidad.
[30] Ver a propósito: Bárbara Délano y Rosalba Todaro, Asedio sexual en el trabajo, CEM, Santiago de Chile, 1993.
[31] Ver a este propósito: “La vejez anunciada”, Revista Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, Isis Internacional, Santiago de Chile, N°2, abril-junio de 1991.
[32] Margarita Pisano, en el curso “Deconstrucción del Patriarcado. Una utopía posible”, ofrecido en el Claustro de Sor Juana, México, D.F., 13-15 de agosto de 1993.
[33] Luce Irigaray, Yo, tú, nosotros. Cátedra, Madrid, 1992, p. 109.
[34] Publicado por Simon & Schuster Inc., en varias ediciones sucesivas. En México, Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina (CIDHAL-Cuernavaca) lo ha traducido con el nombre de Nuestros cuerpos, nuestras vidas, y ha desarrollado varios encuentros entre mujeres sobre la propia salud: el Área de Salud, CIDHAL, A.P 1-579, Cuernavaca, Morelos.
[35] Silvina Ramos y Anahí Viladrich, “Aborto en América Latina: ¿Cómo seguir?”, en Memoria, Reunión de Trabajo de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas, Isis Internacional, Santiago de Chile, octubre de 1991.
[36] El 24 de abril de 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tomó la histórica decisión que permite el aborto voluntario para ser practicado durante las doce primeras semanas del embarazo. Ver normatividades sobre la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), http://www.gire.org.mx/contenido.php?informacion=31.
[37] Rosa Rojas (comp.), Chiapas ¿y las mujeres qué? La Correa Feminista, México, 1994, pp. 34-36.
[38] Marcela Lagarde, “Mujer y etnia”, en Doble Jornada, suplemento feminista de La Jornada, año 4, Nº 45. México, lunes 1° de octubre de 1990.
[39] Magdalena Gómez, Derechos indígenas. Lectura comentada del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Instituto Nacional Indigenista, México, 1991.
[40] Lourdes Arizpe, La mujer en el desarrollo de México y América Latina UNAM, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, México, 1989.
[41] Artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ONU, 1948.
[42] Luis Díaz Müller, Manual de Derechos Humanos, op. cit., p. 69.
[43] Convención sobre el Estatuto de Refugiados, art. 1, A.2.
[44] Para no caer en confusión, es necesario recordar que en las décadas de los 70 y 80, en América Latina se dan a conocer dos formas distintas de asilo: el de la gente que en forma individual o familiar logra salir (aun en gran número) de su país, encontrando asilo en ciudades que les proporcionan formas de vida similares a las acostumbradas antes de asilarse, como por ejemplo los exiliados chilenos, uruguayos y argentinos que abandonaron sus naciones después de los golpes militares que las asolaron; y el refugio masivo, de pueblos o comunidades enteras que, para huir del hambre, los bombardeos y la inseguridad, se desplazan hacia territorios más seguros que el propio, abandonando todo lo que les da estabilidad y conciencia de su historicidad y pertenencia a un lugar o a una cultura. Estos casos son los relativos a la población centroamericana, en la región y en México.
[45] Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado, 41° Periodo de Sesiones, Subcomité Plenario sobre Protección Internacional, Nota sobre las mujeres refugiadas y la protección internacional, 28 de agosto de 1990.
[47] Mercedes Olivera y Gloria Sierra, “Diagnóstico sobre el refugio y la repatriación de las mujeres centroamericanas”. Mimeo, Centro de Investigación y Acción para la Mujer Latinoamericana (CIAM). Managua, julio de 1991.
Fotografía: Irma Villalobos (http://irmavillalobos.com/),
de la serie La transparencia de la piedra
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