Source: http://www.oas.org/juridico/spanish/legis_protec_denun.htm
Timestamp: 2017-10-18 18:23:38
Document Index: 37831451

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 13', 'artículo 61', 'Artículo 29', 'Artículo 81', 'Artículo 6', 'Artículo 9', 'Artículo 13', 'Artículo 1', 'Artículo 11', 'Artículo 81', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 9', 'Artículo 285', 'Artículo 286', 'Artículo 287', 'Artículo 15', 'artículo 83', 'Artículo 6', 'Artículo 307', 'artículo 17', 'artículo 14', 'Artículo 250', 'Artículo 67', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 72', 'Artículo 76', 'Artículo 342', 'Artículo 11', 'Artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 5', 'Artículo 9', 'Artículo 14', 'Artículo 17', 'Artículo 1', 'Artículo 10', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 16', 'Artículo 19', 'Artículo 21', 'Artículo 8', 'Artículo 10', 'Artículo 18', 'artículo 31', 'artículo 13', 'Artículo 18', 'Artículo 219', 'Artículo 282', 'Artículo 2', 'Artículo 34', 'Artículo 2121', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 55', 'Artículo25', 'Artículo 1', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 23', 'Artículo 26']

Proteccción a los que denuncien actos de corrupción
La presente sección sistematiza las legislaciones nacionales que en el marco de la Segunda Ronda fueron consideradas para analizar la implementación del párrafo 8 del artículo III de la Convención con relación a los sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción.
Mecanismos de denuncia (v. gr., denuncia anónima y denuncia con protección de identidad)
El Decreto 102/99.
Art. 3. Investigaciones preliminares de carácter reservado
Resolución No. 749/00, Reglamento Interno de la Dirección de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción
Artículo 1, inciso a), contempla la denuncia con identidad reservada y la denuncia anónima
Los artículos 173 a 179 del Código de Procedimiento Penal, establecen los mecanismos de denuncia en general, lo cual se traduce en que cualquier persona que conozca los hechos que reúnan características de delito, puede denunciarlo directamente ante el Ministerio Público, la policía o los Tribunales que ejercen jurisdicción en lo criminal. Asimismo, en la misma normativa se contempla la obligación de ciertas personas a denunciar en el plazo de 24 horas, incluidos los empleados públicos, de aquellos delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones
Ley No. 20.000, sobre represión del tráfico de estupefacientes, cuyo artículo 13 sanciona con presidio menor y multa al funcionario público que omita denunciar alguno de los delitos contemplados en dicha ley
Estatuto Administrativo. Su artículo 61, en sus incisos m) y k) dispone entre las obligaciones de los funcionarios públicos lo siguiente: “m) Justificarse ante el superior jerárquico de los cargos que se le formulen con publicidad, dentro del plazo que éste le fije, atendidas las circunstancias del caso”; y “k) Denunciar ante el Ministerio Público o ante la policía si no hubiere fiscalía en el lugar en que el funcionario preste servicios, con la debida prontitud, los crímenes o simples delitos y a la autoridad competente los hechos de carácter irregular de que tome conocimiento en el ejercicio de su cargo”.
Artículo 29, inciso 2. Establece los casos en los que se inadmiten las denuncias
Ley 734 de2002 (Código Disciplinario Único)
Articulo 35. Contempla como deber de todo servidor público, el de ofrecer garantías a quienes denuncien l acciones u omisiones antijurídicas de los superiores, subalternos o particulares que administren recursos públicos o ejerzan funciones públicas
Articulo 69, inciso 4. Señala que los escritos anónimos que no suministren evidencias o datos concretos que permitan encauzar la investigación se archivarán por el fiscal correspondiente
Artículo 81. Establece cuando procede la denuncia o queja anónima
Ley de Control Interno (Ley Nº 8292 de 31 de julio de 2002)
Artículo 6º. Impone a la CGR, a la Administración y a las unidades de auditoría interna la obligación de mantener como confidencial la identidad de los ciudadanos que denuncian de buena fe actos de corrupción
Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley Nº 8422 de 29 de octubre de 2004)
Artículo 9º establece que la CGR deberá determinar los procedimientos de tramitación de las denuncias.
Reglamento de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley Nº 32333 de 12 de abril de 2005)
Artículo 13. Establece que no se dará trámite a las denuncias que sean presentadas en forma anónima, pero en casos excepcionales podrá abrirse de oficio una investigación preliminar, cuando con ésta se reciban elementos de prueba que den mérito para ello
Art. 97, numeral 14. Deber a denunciar.
Reglamento de Calificación de Denuncias
Art. 27. Denuncias directas e indirectas.
“Sistema 122” de denuncia anónima vía telefónica, establecido por la Policía Nacional Civil, cuya finalidad, entre otras, es garantizar la protección de identidad e información del denunciante, así como el sistema “Denuncias en Línea” a través de la página Web de la Fiscalía General de la República
Lineamientos Técnicos y Operativos para el Proceso de Atención Ciudadana emitidos por el Secretario de la Función Pública el 1 de abril de 2002
Resolución No. 10 de 22 de agosto de 1996 de la Procuraduría General de la Nación. Crea el Centro de Recepción de Denuncias.
Decreto No. 083-DDRH de 5 de abril de 2006 de la Contraloría General de la República. Crea la Dirección Nacional de Denuncia Ciudadana
Resolución No. 50 de 12 de julio de 2005 de la Procuraduría General de la Nación. Delega a las Fiscalías Anticorrupción la facultad de recibir directamente denuncias pertinentes a su competencia
Decreto Ejecutivo No. 179 de 27 de octubre de 2004. Crea el Consejo Nacional de Transparencia Contra la Corrupción, cuya Secretaría Ejecutiva tiene entre sus funciones la realización de investigaciones administrativas, de oficio o por denuncias públicas, sobre hechos que puedan constituir actos de corrupción.
El Convenio Interinstitucional para la Implementación del Sistema de Denuncias de Actos de Corrupción Pública
Cláusula primera, numeral 2
Ley No. 27378 y su Reglamento (Decreto Supremo No. 020-2001-JUS)
Artículo 1, ordinal 2 de la ley. Establece beneficios por la colaboración eficaz
Artículo 11 del Reglamento. Crea la Unidad Especial de Investigación UECIP de la Policía Nacional
Articulo 16. Según este, se considera como violación grave cualquier medida o represalia tomada por un funcionario público en contra de algún subalterno, por este último haber divulgado, denunciado ante cualquier autoridad la comisión de algún acto considerado “delito o crimen contra la cosa pública”.
Articulo 21. Todo funcionario que haya contribuido de una manera responsable a descubrir o evitar la comisión de un acto de corrupción en la administración pública, no podrá ser destituido de su cargo por esas razones bajo ningún subterfugio y, será acreedor de una promoción en la institución para la cual labor.
Decreto 30/2003 de 23 de enero de 2003. Denuncias de buena fe
Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP)
Artículo 81. Establece que la víctima que intervenga en un proceso penal será tutelada
El Código Penal de la Nación
Arts. 149 bis y 149 ter
Lineamientos para la Atención de Denuncias Planteadas ante la CGR (Resolución R-CO-96-2005)
Artículo 5º impone la obligación de mantener como confidencial la identidad del denunciante
Artículo 6º establece los principales requisitos que deben cumplir las denuncias
Artículo 9º establece que se archivarán las denuncias anónimas a menos que estén suficientemente fundadas y respaldadas por pruebas que hagan posible la iniciación de una investigación
Artículo 285. Señala que un hecho punible puede ser denunciado ante un fiscal del Ministerio Público o un órgano de policía de investigaciones penales
Artículo 286. Establece que la denuncia puede ser verbal o por escrito y deberá contener los datos del denunciante
Artículo 287. Obligatoriedad de la denuncia
Mecanismos para la protección de testigos
La Ley 25.764. Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados
Art. 5. Medidas especiales de protección
Section 46. Access to the state of the trial
La Ley No 2175 Orgánica del Ministerio Público
Artículo 15. El Ministerio Público protegerá a las personas, que por colaborar con la administración de justicia, corran peligro de sufrir algún daño
El artículo 83, inciso 1º de la Constitución Política crea el Ministerio Público y establece entre otras cosas que a éste le corresponderá la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos
Artículo 6. Establece que el ministerio público estará obligado a velar por la protección de la victima del delito en todas las etapas del procedimiento penal
Articulo 109, inciso 1º, letra a). Dispone que la víctima tendrá, entre otros, el derecho a solicitar medidas de protección frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados en contra suya o de su familia
Artículo 307. Indica que si existiere motivo para temer que la indicación pública del domicilio del testigo, pudiere implicar peligro para el mismo u otra persona, el presidente de la sala o el juez, en su caso, podrá autorizar al testigo a no responder a dicha pregunta durante la audiencia. Si el testigo hiciere uso de este derecho, quedará prohibida la divulgación, en cualquier forma, de su identidad o de antecedentes que condujeren a ella
Artículos 308 y 322. Señalan que el Tribunal, en casos graves y calificados, podrá disponer medidas especiales destinadas a proteger la seguridad del testigo que lo solicitare. Igualmente, establece que el Ministerio Público, adoptará las medidas que fueren procedentes para conferir al testigo la debida protección, de oficio o a solicitud de peritos u otros terceros que deban intervenir en el proceso para efectos probatorios
Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público No. 19.640, cuyo artículo 17, inciso a) señala que corresponde al Fiscal Nacional dictar las instrucciones generales que estime necesarias para el adecuado cumplimiento de las tareas de protección de las víctimas y testigos, y cuyos artículos 20, inciso f) y 34, inciso e), crean respectivamente la División de Atención a las Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional, y las Unidades Regional de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT) en cada Fiscalía Regional
El Código Orgánico de Tribunales (COT), cuyo artículo 14, inciso a) especifica entre los deberes de los jueces la garantía de: “Asegurar los derechos del imputado y demás intervinientes en el proceso penal, de acuerdo a la ley procesal penal”.
Estatuto Administrativo, en su articulo 90 prescribe que: “Los funcionarios tendrán derecho, además, a ser defendidos y a exigir que la institución a que pertenezcan persiga la responsabilidad civil y criminal de las personas que atenten contra su vida o su integridad corporal, con motivo del desempeño de sus funciones, o que, por dicho motivo, los injurien o calumnien en cualquier forma”.
Artículo 250, numeral 8. Contempla que uno de los deberes de la Fiscalía General de la Nación el de velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal
Artículo 67. Crea con cargo al Estado y bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía General de la Nación, el “Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso y Funcionarios de la Fiscalía”.
Artículo 69. Prevé que las personas amparadas por dicho programa podrán tener protección física, asistencia social, cambio de identidad y de domicilio, y demás medidas temporales o permanentes encaminadas a garantizar en forma adecuada la preservación de su integridad física y moral y la de su núcleo familiar.
Artículo 70. Dispone que el funcionario judicial que adelanta la actuación, cualquier otro servidor público, o directamente el propio interesado, podrán solicitar a la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos la vinculación de una persona determinada al programa
Artículo 72. Alude a las sanciones por violación a la reserva de la identidad de los protegidos
Artículo 76. Prevé que el Presidente de la República celebrará convenios con otros Estados y organizaciones internacionales con el fin de facilitar a la Fiscalía obtener la información y colaboración necesaria para el desarrollo del programa
Artículo 342. Se refiere a las medidas de protección para las victimas o testigos
Artículo 11. Establece a favor de los servidores públicos garantías contra actitudes retaliatorias, a fin de evitar actos de represalias contra quienes han formulado peticiones, quejas y denuncias de acoso laboral o sirvan de testigos en tales procedimientos
Resolución No. 02700 de 1996, “por medio de la cual se reorganiza el Programa de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación en materia de testigos, víctimas e intervinientes en el proceso y se establecen políticas sobre el particular”.
Artículo 1. Señala a todos éstos y a sus familiares como objeto de dicho programa
Artículo 3. Contiene definiciones, entre las cuales las de testigo, víctima e interviniente procesal
Artículo 5. Señala por quien puede ser solicitado el procedimiento de protección
Artículos 5 a 8. Prevén la manera en la que debe formularse la solicitud y la tramitación de la misma
Artículo 9. Establece las obligaciones mínimas para el protegido y para el programa
Artículo 14. Clasifica los niveles de seguridad para el protegido en Máximo, Mediano y Supervisado
Artículo 17. Contempla las causales de exclusión del programa
Resolución No. 28 de 1996, expedida por el Procurador General de la Nación, “por la cual se crea el Programa de protección a testigos, víctimas, intervinientes en el proceso disciplinario y funcionarios de la entidad”.
Artículo 1. Dispone la creación de dicho Programa para otorgar a todos éstos la protección y asistencia social adecuadas cuando se encuentren en riesgo con ocasión de su intervención en procesos de competencia de la Procuraduría General de la Nación
Artículo 10. Expresa que el Procurador General de la Nación podrá requerir el apoyo de las instituciones internacionales que cuenten con programas similares
Resolución No. 377 de 2003, expedida por el Procurador General de la Nación, “por la cual se reglamenta y reestructura el Programa de protección a testigos, víctimas, intervinientes en el proceso disciplinario y se establecen políticas para su aplicación y ejecución”.
Artículo 1. Dispone el tipo de asistencia que las personas amparadas por este programa podrán recibir
Artículo 2. Prevé las personas que pueden ser objeto de este programa
Artículo 3, ordinal 6. Alude a las sanciones por violación a la reserva de las actuaciones del programa
Artículo 4. Contiene definiciones, entre las cuales las de testigo, víctima e interviniente procesal
Artículo 8. Establece que la Procuraduría General de la Nación solicitará al Ministerio de Hacienda la asignación de recursos para el programa
Artículo 9. Señala por quien puede ser solicitada la protección y prevé la manera en la que debe formularse la solicitud
Artículos 10 y 11. Regulan la tramitación de la solicitud
Artículo 16. Establece las obligaciones mínimas del protegido y del programa
Artículo 19. Clasifica los niveles de seguridad para el protegido en Máximo, Mediano y Supervisado
Artículo 21. Contempla los eventos que darán lugar a la exclusión del programa
Artículo 8º. Establece que la CGR, la Administración y las unidades de auditoría interna deberán mantener el carácter confidencial de la identidad de los denunciantes y conceder acceso a la información a las autoridades judiciales cuando exista la posibilidad de que se haya cometido un delito contra el honor de la persona acusada
Artículo 10. garantiza la confidencialidad de la identidad de los denunciantes y al mismo tiempo permite a las autoridades judiciales y a otras personas y entidades obtener acceso
Artículo 18. Dispone que se guardará la confidencialidad sobre la identidad del denunciante, así como de toda aquella información y evidencia que pueda llegar a sustentar la apertura de un procedimiento administrativo o proceso judicial
Acuerdo de Cooperación entre el Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad Pública (Nº 24-CG-04 de 4 de marzo de 2005). Establece que dicho Ministerio deberá brindar la protección necesaria a los fiscales, jueces, defensores públicos, autoridades judiciales, testigos y víctimas
Art. 33. Protección a testigos.
El Programa de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos
Ley Orgánica de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción
Art. 7 apartado e).
Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos (LPVT), que regula las medidas de protección y atención a las víctimas, testigos y cualquier otra persona en situación de riesgo o peligro, como consecuencia de su intervención directa o indirecta en la investigación de un delito o en un proceso judicial o por su relación familiar con la persona que interviene en éstos. Artículos 5, 6 10, 11, 12, 16 – 25, 26 y 27
Ley de Ética Gubernamental, que en su artículo 31, inciso c), establece como uno de los derechos de los particulares dentro del régimen aplicable de éstos frente a la función pública: “ser protegida su identidad, cuando haya denunciado actos de corrupción, realizados por cualquier servidor público”
Código Procesal Penal, que en su artículo 13, ordinales 10 y 11, establece como prerrogativas de la víctima, entre otras, a que no se revele su identidad, ni la de sus familiares
La Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas
El Reglamento de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas
Artículo 18. Considerará información confidencial la entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, así como los datos personales
Código Penal Federal, Artículo 219, fracción I
Artículo 282. Rubro de amenazas
Código Federal de Procedimientos Penales. Artículo 2, fracción V
La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (LFCDO)
Artículo 34. La Procuraduría General de la República prestará apoyo y protección suficientes a jueces, peritos, testigos, víctimas y demás personas
Ley No. 48 de 30 de agosto de 2004
Articulo 6. Modifica el Código Judicial panameño adoptando medidas de protección de la identidad de testigos que intervengan en procesos judiciales. Esta norma puede ser aplicada a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que presten su auxilio a las autoridades judiciales en la investigación y sanción de los actos de corrupción
Artículo 2121-A. Brinda protección a la identidad de los testigos de procesos penales
El Proyecto de Protección al Denunciante de Corrupción
La Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley No 1562/2000)
Artículo 21. Establece a quien son aplicables las medidas de protección
Artículo 22. Medidas especiales de protección
Ley 16.707 de 19 de julio de 1995 (Protección de testigos y denunciantes)
Decreto 209/2000 de 25 de julio de 2000 (Reglamento de la Ley 16.707)
Artículo 55. Consagra el derecho que toda persona tiene a la protección por parte del Estado
Ley Contra la Corrupción (LCC)
Artículos 82 a 86. Protección de la Víctima
La Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (LOICPC)
Artículo25. Faculta al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas para proteger testigos
Instructivo en Materia de Denuncias (IMD)
Ley de Protección de Víctimas, Testigos y Demás Sujetos Procesales (LPVTDSP)
Artículo 1. Protección de los derechos e intereses de las víctimas, testigos y demás sujetos procesales
Artículo 4. Define los destinatarios de la protección prevista de esta ley
Artículo 5. Dispone a quien se consideran víctimas directas
Artículo 7. Señala que la protección y asistencia a que se refiere esta Ley deben proporcionarla los órganos jurisdiccionales competentes
Artículo 8. Medidas para proteger a las victimas
Artículo 15. Línea de emergencia
Artículo 16. Establece que el servicio o protección que se le brinde a las victimas es gratuito
Artículo 20. Dispone que las medidas de protección a las que se refiere esta Ley son extraproceso e intraproceso
Artículo 21. Define las medidas especiales de protección extraproceso
Artículo 23. Establece las medidas de protecciones generales y necesarias que el Ministerio Público puede solicitar
Artículo 26. Establece las medidas para transportar a los testigos en casos en que se encuentren en peligro.