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Timestamp: 2017-08-21 10:15:44
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6', 'artículo 36', 'ARTÍCULO 7', 'artículo 7', 'artículo 71', 'artículo 7', 'ARTÍCULO 8', 'artículo 8', 'ARTÍCULO 9', 'ARTÍCULO 10', 'artículo 10', 'artículo 9', 'artículo 9']

Es la gema de un rey
Es un sentido especial del amor…
No hay sonrisa más transparente,
Ni ojos tan hipnotizadores,
Ni sentimiento más puro,
Ni corazón que pueda ser más leal
Ella…ella…
Es tan especial.
Comprendo que solo le hice mal
A alguien tan especial…
Ella siempre me apoyó
Y siempre me comprendió.
Ella nunca me recriminó…
Ella siempre me amó.
Es la mujer que doto hombre desea tener
Ella es tan especial.
Publicado por Jhonn Villafana en 14:15 No hay comentarios:
Porque emerges del día a la noche
Cubriendo y tiñendo tono oscuro… ansias…
Golpeando como oleadas mis besos.
Mis caricias reposan sobre fina seda.
Nuestros latidos son compas,
Son segundos de tiempo
Cada jadeo, cada canto
Cada ritmo… cada beso.
Dentro, volcán embravecido
Tú, lava ardiente, bañada en tu interior
Lava que siento en ti, en besos fríos
Yo, gélido, lejano…triste.
Túnel fértil, musgos húmedos
Piel porosa, sudada… ansiada…
Te miro de lejos, te beso a oscuras
Te acaricio y penetro.
Me convierto en roca,
En río terco, en camino rojo
Y te llevo a un viaje estrellado
Reposamos, y por lunas nos besamos.
Te conviertes en sol de medio día,
Te conviertes en ocaso…
Te conviertes en catarata ardiente, en lava…
Te veo brotar… y morir…dulce muerte sonora…
Algunos aportes y comentarios sobre los artículos 5º al 10º de la nueva Ley General de Sociedades (LGS)
ARTÍCULOS DEL 5º AL 10º DE LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
ARTÍCULO 5º CONTENIDO FORMA DEL ACTO CONSTITUTIVO
La sociedad se constituye por escritura púbica, en la que está contenido el pacto social, que incluye el estatuto. Para cualquier modificación de éstos, se requiere la misma formalidad. En la escritura pública de constitución se nombra a los primeros administradores, de acuerdo con las características de cada forma societaria.
Este artículo, sin duda, en el primer párrafo, nos indica y señala que toda sociedad queda formalmente constituida a partir de su inscripción, la inscripción que se realiza, es a causa de un formalismo (ad probation y ad solemnitatem). Una sociedad se puede formar y establecer las normas que lo han de regir; sin embargo, la característica principal sobre este punto, es la severa formalidad que se tiene que realizar para constituir plenamente a sociedad. Este formalismo, consta de una demostración de que se está constituyendo una sociedad, adquiriendo así, todos los beneficios (derechos) y respectivas obligaciones que adquiere como personas jurídicas.
Se precisa, además, que no sólo es necesario de un pacto social, sino también, de un estatuto. En este estatuto, se han de colocar las normas y reglamente que van a regir sobre la sociedad.
El pacto social, es el documento que inserta la identificación de los fundadores, la manifestación de voluntad de los socios de constituir sociedad, el monto del capital suscrito y la forma de pago, el nombre de los primeros administradores y el estatuto.
El estatuto, es la forma exacta de la sociedad, es el documento formal, en la cual, notamos detalladamente las reglas aplicables que han de guiarse y ceñirse los actos de la sociedad. También, encontramos la formación y ordenamiento de la sociedad, su forma jerárquica y los deberes de cada miembro de la sociedad.
Respecto a la inscripción que nos detalla, valdría la pena comentar que en la ALGS (Antigua ley general de sociedades), se exigía obligatoriamente que la sociedad se realice las respectivas inscripciones en cada distrito que tuviera sucursales. Ahora, con la NLGS (Nueva ley general de sociedades), se exige, solamente, que las inscripciones se realicen en el domicilio central de la sociedad.
Sobre este caso, el notario ante la constitución de las formas personas jurídicas (sociedad), está íntimamente ligada de dar fe y dar forma (ad solemnitatem).
ARTÍCULO 6º PERSONALIDAD JURÍDICA
La sociedad adquiere personalidad jurídica desde su inscripción en el registro y se mantiene hasta que se inscribe su extinción.
La sociedad, adquiere personalidad jurídica y adopta las características esenciales (derechos y deberes), de toda persona jurídica; la capacidad que se otorga a la sociedad, es de plena vigencia mientras dure su existencia o funcionamiento, de ahí, pierde tal capacidad desde el momento mismo en que se declara y se inscribe formalmente su extinción.
Cabe resaltar, que durante su vigencia, la formalidad de cada acto, sea modificación e inscripción, los acompaña en todo momento, respondiendo así, el deber solidarios en el cumplimento de cada acuerdo que celebra entre los miembros de la sociedad y frente a terceros.
Tratándose, como se señala en las últimas líneas, la sociedad pierde su personalidad al momento en que se declara e inscribe formalmente su extinción. Es importante detallar, además, que la ley, en la sección IV, en forma sistemática, regula la extinción de las sociedades como fase final del proceso de disolución y liquidación de sociedades.
Sin embargo, con forme al artículo 36º, la sentencia firme que declara la nulidad, debidamente inscrita en el registro, disuelve de pleno derecho la sociedad; pero, ésta mantiene su personalidad jurídica sólo para los fines de liquidación, con el fin de proteger a los terceros de buena fe que hubieran celebrado alguna contratación con la sociedad.
ARTÍCULO 7º ACTOS ANTERIORES A LA INSCRIPCIÓN
La valides de los actos celebrados en nombre de la sociedad antes de su inscripción en los Registros está condicionada a la inscripción y a que sean ratificados por la sociedad dentro de los tres meses siguientes. Si se omite o retarda el cumplimiento de estos requisitos, quienes hayan celebrado actos en nombre de la sociedad responden personal, limitada y solidariamente frente a aquellos con quienes hayan contratado y frente a terceros.
Cuando una sociedad celebra contrato antes de haber realizado la su respectiva inscripción en los Registros, ésta tiene el deber de ponerse al día con la inscripción de los respectivos acuerdos que pudiera haber pactado con terceros, en la cual, la ley le otorga un plazo máximo de tres meses a partir de su respectiva inscripción en los Registros.
Resaltaremos una característica muy particular sobre este punto, y es que el derecho societario no es un derecho de carácter penal, sancionador ni punitivo. Esta rama del derecho fija consecuencias, leves o severas, según corresponda en sus respectivos casos.
Los actos celebrados en nombre de la sociedad antes de su inscripción en el Registro, según este artículo 7º de la ley, se supedita a la validez de éstos al cumplimiento de dos condiciones: que se inscriba la sociedad dentro de los tres meses siguientes, estableciendo que si se omite que si se omite o retarda el cumplimiento de estos requisitos, quienes hayan celebrado actos en nombre de la sociedad, responden personal, ilimitadamente y solidariamente frente a aquellos con quien hayan contratado y frente a tercero.
Sin embargo, en el artículo 71º de la ley, garantizando y avalando o evitando cualquier inoportuno, señala puntualmente que a falta de pronunciamiento de la sociedad en el citado plazo de tres meses a que se refiere el artículo 7º de la ley, se presume que los actos y contratos celebrados por los fundadores han sido ratificados; o sea, se presume que los actos adquieren la característica de validos e inscritos para el cumplimiento de los mismos.
Esta característica que la ley tutela sobre terceros o contratantes, abarca esencialmente sobre las S.A (Sociedades Anónimas).
ARTÍCULO 8º CONVENIO ENTRE SOIOS Y ENTRE TERCEROS
Son válidos ante la sociedad y le son exigibles en todo cuanto le sea concerniente, los convenios entre socios o entre éstos y terceros, a partir del momento en le sean debidamente comunicados.
Si hubiera contradicción entre alguna estipulación de dichos convenios y el pacto social o el estatuto, prevalecerán los últimos, sin perjuicio de la relación que pudiera establecer el convenio entre quienes lo celebraron.
Sobre este punto, el artículo 8º de la ley, nos da un alcance más especializado y una garantí para los accionistas de la sociedad. Este artículo reconoce la plena validez suscritos entre socios o entre terceros, a partir del momento que les sean debidamente comunicados a la sociedad, siendo por tanto, exigibles en todo cuanto le sea concerniente. Si hubiera contradicción entre alguna de las estipulaciones de dichos convenios y el pacto social o el estatuto, prevalecerán estos últimos sin perjuicios de la de relación que pudieran establecer el convenio entre quienes lo celebraron.
El Dr. Rafael Rosello de la Puente (profesor de la Univ. Católica), nos dice que “el convenio de sindicación de acciones, no es otra cosa que un contrato celebrado entre pluralidad de sujetos, accionistas de una sociedad, con el objeto de defender sus intereses en la sociedad frente a otros accionistas o grupo de accionistas. En suma, se trata del acuerdo que alcanzan varios accionistas con la finalidad de actuar como bloque y asegurar, por ese medio una representación más significativa que las que tendrían en caso de actuar aisladamente. La suma de acciones de la pluralidad de acciones, convertirá así a este bloque en un grupo con una capacidad de decisión o de defensa que no existiría si la sindicación no se hubiese logrado”.
Se aclara, entonces, como lo expresa el Dr. Rosello de la Puente, que no se trata de la defensa por los intereses de la sociedad. Lo que el sindicato persigue, es defender los intereses de los accionistas que lo integran o, dicho de otro modo, de hacer prevalecer la posición de estos accionistas en la administración de la sociedad.
El objeto que se persigue es sumar acciones representativas de capital para obtener una capacidad mayor. No se trata, entonces, por esencia, de un contrato bilateral en que las partes intercambian prestaciones.
Para Carlos Cornejo Guerrero, el sindicato de acciones de divide en tres categorías, básicamente:
1- Sindicato de Mando o Voto:
Es aquel convenio en virtud del cual los socios de una Sociedad por Acciones, se obligan a ejercitar su derecho de voto en junta general, conforme a las decisiones previamente adoptadas por la mayoría en el seno del grupo sindicador.
2- Sindicato de Bloqueo:
Tiene como propósito el sujetar las transferencias de las acciones al cumplimiento de ciertas condiciones establecidas en el mismo convenio de sindicación.
3- Sindicatos Financieros:
Son aquellos que tienen como objeto, el obtener las máximas ganancias que pueda producir la inversión en acciones. Para realizar dicho fin, el grupo sindicado puede ocasionar cambios en al valor de las acciones que se coticen en la bolsa, participar en la suscripción del capital de la sociedad, vendiendo posteriormente los títulos adquiridos por dicha suscripción, beneficiándose de esa manera con la diferencia entre el valor de lo aportado y el resultado de la venta de las acciones representativa de ese aporte.
ARTÍCULO 9º DENOMINACIÓN O RZÓN SOCIAL
No se puede adoptar una denominación completa o abreviada o una razón social igual o semejante a la de otra sociedad preexistente, salvo cuando se demuestre legitimidad para ello. Esta prohibición no tiene en cuenta la forma social. No se puede adoptar una denominación completa o abreviada o una razón social que contenga nombres de organismos o instituciones públicas o signos distintivos protegidos por derechos de propiedad industrial o elementos protegidos por derechos de autor, salvo que se demuestre estar legitimado para ello.
La razón social puede conservar el nombre del socio separado o fallecido, si el socio separado o los sucesores del socio fallecido consienten en ello. En este último caso, la razón social debe indicar esta circunstancia. Los que no perteneciendo a la sociedad consienten la inclusión de su nombre en la razón social quedan sujetos a responsabilidad solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad penal si a ello hubiere lugar.
Sobre este artículo notamos que se ha ampliado la protección del nombre tanto de la denominación social como de la razón social. La ley anterior (ALGS), era muy restrictiva en este sentido, por cuanto solo otorgaba protección a un nombre igual o semejante, salvo que se demuestre legitimidad para ello; ni tampoco una denominación completa o abreviada o razón social que contengan nombres de organismos o instituciones públicas o signos distintivos protegidos por derecho de propiedad industrial o elementos protegidos por derechos de autor
La nueva denominación social es aquella que queda asignada a las sociedades de responsabilidad limitada; en tanto que la razón social es aquella que le queda asignada a las sociedades de responsabilidad ilimitada. El nombre que la sociedad adopte, tiene por propósito exclusivo individualizarla y distinguiéndola de las demás sociedades que existen en el mercado.
Haciendo una lectura a este artículo, resulta claro que para la adopción de una denominación social no se establecen parámetros ni limitación alguna, pudiendo adoptarse cualquier denominación que los fundadores de la sociedad tengan por bien elegir para que distinga a la sociedad de su actividad mercantil. Tampoco existen, dentro del marco de la ley, parámetro ni limitación en cuanto a la adopción de una razón social salvo que debe necesariamente incluir el nombre de todos o de uno de los socios que la compongan, pudiéndose agregar un nombre de fantasía o nombres evocativos sobre la actividad económica a que se dedicará la sociedad.
Los únicos parámetros que establece la ley son:
1- No se puede adoptar una denominación completa o abreviada o una razón social igual o semejante a la otra sociedad preexistente.
2- No se puede adoptar una denominación completa o abreviada o una razón social que contengan nombres de organismos o instituciones públicas.
3- No se puede adoptar una denominación completa o abreviada o una razón social que contenga signos distintivos protegidos por derecho de propiedad industrial o elementos protegidos por derecho de autor.
Con todo lo dicho, notamos y damos una comparación entre este artículo (art. 9º), con su antecesor, la Ley Nº 16123, en donde solo se prohibía la adopción de una denominación social igual a la de otra preexistente. El texto del art. 9º de la actual ley, establece que la prohibición alcanza a cualquier nombre, igual o semejante, de manera que se amplía considerablemente el nivel de protección.
ARTÍCULO 10º RESERVA DE PREFERECNIA REGISTRAL
Cualquiera que participe en la constitución de una sociedad, o la sociedad cuando modifique su pacto social o estatuto para cambiar su denominación, completa o abreviada, o su razón social, tiene derecho a protegerlos con reserva de preferencia registral por un plazo de treinta días, vencido el cual ésta caduca de pleno derecho.
No se puede adoptar una razón social o una denominación, completa o abreviada, igual o semejante a aquella que esté gozando del derecho de reserva de preferencia registral.
De acuerdo al artículo primero del Decreto Supremo Nº 002-96-JUS, la reserva de preferencia registral constituye un derecho que tiene por finalidad salvaguardar el nombre, denominación o razón social que ha sido elegido por los socios o accionistas titulares, durante el proceso de constitución o modificación del estatuto de una persona jurídica.
Entonces, con este artículo 10º de la LGS, se ratifica el derecho a reserva de preferencia registral de la denominación o razón social a inscribir, recogiéndose con ello, lo ya vigente por el mandato de Ley Nº 26364. Es decir, mediante un trámite registral se impide a terceros obtengan la inscripción del nombre o los nombres que se han escogido para incorporarlos como denominación o razón social de una sociedad, operando tanto este derecho a las sociedades que recién se constituyen, como para las que opten por cambiar o modificar su pacto social o Estatuto, alcanzando esta protección a la denominación completa o abreviada de la sociedad.
Lo que se trata con esta norma (art. 10º de la ley), es que quienes hayan elegido una denominación o razón social podrán reservarla por 30 días, periodo durante la cual deberán realizarse los actos necesarios para solicitar la inscripción definitiva utilizando en nombre que han reservado.
1) La Ley de Sociedades, en su artículo 9º, reconoce los derechos de un titular de un elemento de propiedad industrial o de un titular de un elemento protegido bajo la ley de derecho de autor frente a la sociedad que pudiera haber adoptado una denominación completa o abreviada o razón social que contenga signos distintivos o derechos de autor protegidos por las disposiciones antes mencionadas.
Se nota que en el artículo 9º de la ley, al consignar que no puede adoptar una denominación completa o abreviada o razón social que contenga signos distintivos o derechos de autor, no ha limitado la acción a favor de aquella persona o institución que tenga derechos sobre signos iguales. Entonces, al establecer que la acción o modificación de la denominación o razón social le cabe a aquella persona cuyo signo está contenido en la denominación o razón social y se reconocen las siguientes posibilidades:
a) Que la denominación social, completa o abreviada, o la razón social sea idéntica a la de un signo protegido.
b) Que la denominación social, completa o abreviada, o razón social incorporen, como parte integrante de tal denominación social o razón social, el signo distintivo protegido al que se le agreguen, además, algunos otros elementos que coadyuven a establecer su identidad.
c) Que la denominación social o razón social sea similar al signo distintivo o derecho de autor.
TRATADO DE DERECHO MERCANTIL – Norbert Lind Petrovic.
NUEVO DERECHO SOCIETARIO PERUANO – Pedro Flores Polo.
COMENTARIOS A LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES – Ricardo Beaumont Callirgos.
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LAS SOCIEDADES – Ulises Montoya Manfredi.
ESPIRITU SOBRE LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - Oswaldo Hundskopf Exebio
Publicado por Jhonn Villafana en 11:39 2 comentarios:
LA NORMAS PROCESALES CIVIL - Aporte conceptual.
CONCEPTO DE NORMA PROCESAL
La norma procesal es una especie del género formado por las normas judiciales, las que a su vez son una especia de las normas sociales. Sin embargo, lo que resulta problemático es asumir una posición en torno a la naturaleza jurídica de la norma procesal.
Un examen simplista del tema conduciría a afirmar que las normas procesales se determinan por su ubicación en el ordenamiento jurídico. A este concepto se le conoce como la “Tesis del realismo ingenua”. Saber cuándo estamos en una norma procesal es determinante para definir temas transcendentes respecto de su eficacia, tales como su vigencia en el tiempo o en el espacio y el criterio de interpretación más idóneo.
CHIOVENDA, por ejemplo, refiriéndose de las normas procesales, nos enseña que la norma procesal (la que llama Ley procesal), es: “…la ley reguladores de los modelos y condiciones de la ley en el proceso, así como de la relación jurídica-procesal”. La ley procesal tiene dos clases: la ley procesal material y la ley procesal formal.
Una ciencia procesal en ciernes requería de planteamientos que le dieran solidez a su pretensión de autonomía. Dentro de una concepción tradicional y minusválida del proceso, se afirmaba que este solo consistía en el conjunto de formas que deberían ser cumplidas para poder defender los derechos en los tribunales. Esta visión procedimental del proceso lo convirtió en una ceremonia solemne, casi pagana, en donde el primer error de la formalidad empleada, traía consigo su anulación y consecuentemente inutilidad.
Contra lo expuesto, Chiovenda afirma que la ley procesal no es necesariamente formal, aunque admite que hay algunas que solo cumplen tal función. Sobre lo que denomina la ley procesal; afirma que ésta pertenece al derecho público, en tanto regula una actividad pública. Sin embargo, considera que debe advertirse que si el conflicto sustancial, materia del proceso, es fundamentalmente de interés de las partes, la ley procesal está obligada a tomar en cuenta la voluntad de estas. Y por eso, a pesar de que las leyes procesales, son de derecho público, muchas de ellas son solo leyes dispositivas, es decir, no son absolutas.
Entonces, Chiovenda considera que las leyes procesales pueden ser dispositivas e impositivas o absolutas. Las primeras son aquellas cuyo incumplimiento por las partes pueden ser subsanados por estas, sea en forma expresa o tácita; y las segundas son las que exigen un cumplimiento obligatorio, aunque las consecuencias de las inobservancias dependen del contenido de la ley incumplida.
Por su parte, CARNELUTTI, en su tesis denominada “Instrumentalidad de la norma procesal”; nos dice que las normas jurídicas son reglas de conducta que componen un conflicto de intereses. Las reglas que establecen los requisitos para que el mandato jurídico que soluciona el conflicto funcione, son también normas jurídicas; la diferencia está, en que a las primeras se les denomina normas materiales y a las segundas se les denomina normas instrumentales. Las normas materiales componen inmediatamente un conflicto de interés que generan obligaciones que atribuye el derecho. Mientras que las normas instrumentales componen mediatamente un conflicto, y se caracterizan porque atribuyen un poder e imponen una sujeción.
Entonces, lo que podemos llamar la eficacia funcional o funcionalidad eficaz de la norma, a partir del cual se ubican dos clases de normas: aquellas que decidir el fondo del conflicto de interés (normas materiales), y las normas que sirven para conducir el trámite para la declaración y aplicación de una norma material, es decir, para resolver el conflicto (normas instrumentales).
Las normas instrumentales son las que establecen una relación de poder y sujeción subjetiva del mandato; contiene intrínsecamente la posibilidad de mandar a otro. La sujeción, en cambio, es la expresión del mandato en su aspecto pasivo, es decir, el reconocimiento de estar ubicado en un lugar inferior de una relación vertical. Las normas materiales, además, establecen una relación distinta entre los sujetos; esta es una relación de derecho a obligación. El derecho es la posibilidad de valerse del mandato para prevalecer sobre el interés ajeno. La obligación, por su lado, viene a ser el vínculo impuesto por la voluntad de quien ejerce el derecho.
Hacemos notar la diferencia entre sujeción y obligación; así la primera es la ineficacia de querer para sí; y la obligación es la ausencia de libertad para decidir. Por eso el derecho y la obligación pueden ser violados, lo que no sucede con el poder y la sujeción.
Además, Carnelutti, nos expresa que para la función de la norma, se debe de analizar su finalidad y eficacia. Afirma que desde la óptica de su finalidad, todas las normas son iguales, en tanto están previstas para conseguir la solución del conflicto de intereses. En cambio, desde su eficacia, las normas pueden ser materiales e instrumentales.
Según CALAMANDREI, nos dice: “…toda norma jurídica, en su completa formulación no contiene solamente un mandato dirigido a los coasociados, de observar un cierto comportamiento en el caso de que se verifiquen determinadas circunstancias previstas como posibles, sino que contiene además, explícita o implícitamente, el anuncio de lo que el Estado hará cuando aquel mandato no sea obedecido en concreto; anuncio que resuelve prácticamente otro mandato secundario y accesorio del primero, por el cual el Estado ordena a los propios órganos jurisdiccionales observar cierto comportamiento en el caso de que el mandato primero haya quedado inobservado. Así, toda norma jurídica se descompone lógicamente en un sistema de dos normas complementarias; la primera de las cuales llamada norma principal o primaria se dirige a los coasociados, mientras que la segunda, sancionatoria o sanción, se dirige a los órganos jurisdiccionales del Estado”.
Sin embargo, los hermanos JAMES y ROBERTO GOLDSCHMIDT, consideran que las relaciones jurídicas entre el Estado en ejercicio de su función jurisdiccional y un individuo (justiciable), se dirigen por un derecho llamado derecho justicial. Así mismo consideran que las relaciones antes descritas se dividen en relación justicial material y relación justicial formal, correspondiendo a cada relación un tipo de derecho.
El derecho justicial material está conformado por las normas materiales, llamadas también, sustanciales, las que describen u orientan el contenido de una relación jurídica privada, y por las normas justiciales materiales, a través de las cuales, el Estado otorga tutela jurídica. El derecho justicial formal, está formado por las normas dirigidas a los jueces, a efectos de regular el rito de pedir justicia al Estado.
En consecuencia, el juez es destinatario de dos clases de normas: las procesales (formales), que son las que determinan su actuación y las materiales que orientan y determinan el contenido de su decisión.
Las normas materiales, a su vez, se diferencian de las normas justiciales materiales, porque las primeras están dirigidas a los individuos prescribiendo el contenido de una relación determinada (normas de derecho civil); en cambio, las segundas, se dirigen a los órganos jurisdiccionales encargados de hacerla efectiva y precisan el contenido de la relación (normas de derecho penal).
Ahora, según GOLDSCHMIDT, hay tres tipos de normas: (1) normas materiales, aquellas que regulan las relaciones de individuos en un plano de igualdad (derecho privado); (2) normas justiciales materiales, formadas por las normas de derecho penal, y (3) normas de derecho justicial formal, referidas a la materia de ejercer el derecho público.
Entonces, más que normas procesales, para Goldschnidt, lo que hay son normas justiciales, que son aquellas que tienen por destinatario al juez, siendo las de derecho justicial formal, las que corresponderían al rubro de las llamadas normas procesales.
Y para CARLO CARLI, las normas procesales, “es una norma jurídica que contiene facultades, poderes y deberes impuestos al justiciable y al juez o que se vinculan directamente con el justiciable y el juez”. Afirma que los caracteres más saltantes de la norma procesal son los siguientes: a) pertenece al derecho público; b) es instrumental, y c) es autónoma.
CLEMENTE A. DIAZ, maestro de Carlo Carli, considera que hay tres clases de normas jurídicas. Por un lado, aquellas que contienen un juicio de valor respecto de la conducta humana. Por otro lado, algunas se caracterizan porque precisamente establecen la sanción para quien incumpla una norma de valuación; y finalmente, hay normas que no contienen juicio de valor, ni tampoco ayudan al juez a decidir, sino sirven para planificar el sistema dentro del cual se va a usar una norma de decisión. A estas últimas se les denomina normas de organización y les corresponden la clasificación de normas procesales.
Finalmente, SALVATORE SATTA, dice que la norma procesal, contra lo que suele ser opinión pacífica, no es exactamente de derecho público. Dice que es una regla de juicio dirigida a las partes, quienes deben cumplirla. El juez, por su lado, solo declara o aplica la norma procesal inter partes, dada su calidad de juzgador. Esta afirmación se demuestra de que las únicas personas que pueden equivocarse respecto del mandato contenido en la norma procesal son las partes, quienes al hacerlo cometen un error, error in procedendo.
Entonces, una de los aportes más importantes de la escuela de Viena fue de advertir que buena parte de las definiciones judiciales suelen ser teleológicas, es decir, se trata de una opinión que podría ser criticada por carácter de rigor científico y lógico, aunque, como lo observa DENTI, nos puede sorprender la considerable utilidad práctica que una concepción de éste tipo puede tener en un sistema determinado.
La norma procesal como especia de la norma jurídica, se caracteriza por ser instrumental, formal y dinámica. Es instrumental en tanto asegura la eficacia de la norma material y regula el mecanismo para su aplicación y cumplimiento. Es una norma prevista para hacer efectiva otra norma. Es derecho para el derecho. Así y todo, debe advertirse que su vocación de servicio no la hace neutra.
Es formal, porque su actuación no afecta la estructura interna del conflicto al que se quiere poner fin, solo asegura que los requisitos extrínsecos referidos al procedimiento del conflicto se cumplan, asegurando y precisando las facultades y deberes de todos los participantes en la actividad procesal.
La norma procesal es dinámica, esto es, su aplicación importa la existencia de una relación jurídica en constante y permanente cambio, hasta con intereses contradictorios, pese a que la actividad en su conjunto esté dirigida hacia un meta común.
APLICACIÓN DE LA NORMA PROCESAL
CARNELUTTI enseña que la determinación de la norma que sea aplicada puede presentar tres tipos de problemas: (1) si hay varias normas para una situación procesal, se trata de escoger la pertinente. (2) si respecto de una situación hay una sola norma, pero varias posibilidades de entenderla o interpretarla, el problema consiste en identificar la interpretación más adecuada. (3) puede presentarse una situación procesal que no esté prevista en el sistema normativo; en éste caso, el problema consistiría en encontrar la manera de llenar el vacío.
La solución de cada uno de estos problemas supone la existencia de tres categorías de normas: las de elección, las de interpretación y las de integración.
La de la norma procesal en el tiempo, en línea de pensamiento propuesta por Carnelutti, sería el ejemplo de un problema derivado al descubrimiento de una norma de elección.
Como ocurre con todas las normas jurídicas, las procesales entran en vigencia luego de haber cumplido el proceso legislativo para su dación y una vez puesta en conocimiento de la sociedad; es decir, una vez publicadas.
El principio general admitido es que la norma nueva se rige para todos los hechos o actos que se produzcan a partir de su vigencia. Sin embargo, los problemas se producen cuando se trata de un hecho iniciado durante su vigencia de la norma derogada, pero que sus consecuencias se producen bajo la vigencia de la nueva norma. La doctrina resuelve el problema explicando lo que da a llamar limitación temporal de la hipótesis de norma. Para tal efecto, se afirma la irretroactividad de la nueva norma, llamada también teoría de la aplicación inmediata, precisándose así mismo sus excepciones.
Como en el caso de la norma jurídica genérica, cuando se expide una norma procesal se presentan tres situaciones: que deben ser analizadas separadamente: la primera, es cómo van a ser efectuados los procesos que han concluido; la segunda, es qué va a ocurrir con los procesos que va a iniciar, y la tercera, qué debe ocurrir con los procesos en trámite.
En el primer caso, el tema está resuelto, ya que los procesos concluidos no son afectados por la nueva norma. En el segundo caso, de igual modo, se entiende que los nuevos procesos deben acogerse con la nueva ley. El problema incurro, esencialmente, en encontrar la solución de qué sucede con los procesos ya iniciado.
Las teorías más conocidas para resolver este problema son dos: la de la aplicación inmediata de la nueva ley, y la de la ultra-actividad inmediata de la norma derogada. Entonces, ambas opciones implican en la práctica tomar la siguiente decisión: aplicar al proceso en trámite la nueva norma o mantener en desarrollo el uso de la derogada.
La nueva norma debe ser aplicada obligatoriamente apenas entra en vigencia, incluso a los procesos en trámite, pero una de las salidas que se da sobre este punto, es que se ha de aplicar la norma, sea la nueva norma o la derogada, pero según sea la más beneficiosa para el proceso o procesado. Si resulta que para el proceso, es preferible el uso de la nueva norma, que no modifica ninguna de las características del proceso, entonces, se le aplica esta norma (aplicación inmediata); pero si no es muy beneficioso para el procesado, entonces se le aplica la norma derogada (ultra-actividad de la norma).
Ahora, expandiendo más nuestra concepción llevando al plano peruano, toda norma legal es de aplicación en un territorio determinado y dentro de un espacio de tiempo. En efecto en la práctica se presentan conflictos o colisiones de normas dentro de un mismo territorio, como las siguientes:
a) Cuando se producen conflictos de naturaleza comercial internacional entre personas naturales y jurídicas.
b) Cuando surgen divergencias derivados, por ejemplo, de un contrato celebrados entre personas de distintos países.
c) Cuando un matrimonio, por ejemplo, se ha celebrado en el extranjero y fijan su residencia en el Perú.
El tema es que la norma debe aplicarse para resolver el conflicto, la peruana o la extranjera. Por otro lado, toda norma tiene vida dentro de un tiempo determinado. Una norma, como ya sabemos, entra en vigencia desde el día siguiente de la publicación de la ley que la contiene en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte (art. 109º Const.). La ley, en efecto, puede señalar expresa o tácitamente la entrada en vigor. La norma jurídica contenida en una ley deja de rigor, por ejemplo: a) cuando se deroga expresa o tácitamente por la ley; b) cuando la finalidad por la cual se ha dictado se ha cumplido, y c) cuando se deroga expresa o tácitamente por otra ley. En la vida diaria, a veces, se presentan dificultades para determinar la ley aplicable al caso en conflicto por razón de tiempo en vigor de la norma.
APLICACIÓN DE LA NORMA LEGAL EN EL ESPACIO Y PRINCIPIOS REGULADORES:
En este caso, nos encontramos en el denominado conflicto de leyes en el espacio. Este problema se da cuando existe la posibilidad de validez extraterritorialidad de las normas legales de un determinado Estado en territorio de otro Estado. Lo que se pretende señalar es si una norma legal que se aplica dentro del ámbito espacial de un país a que pertenece se puede aplicar también extraterritorialmente, esto es, en otro país. Es que en las relaciones jurídicas que se producen entre las personas naturales y otros sujetos de derecho puede existir la presencia de un elemento extranjero de relevancia jurídica. En doctrina, hay una serie de teorías y principios para resolver los conflictos. La sistematización de las normas materiales o sustantivas para resolver los conflictos, corresponden al Derecho Internacional Privado y no al Derecho Civil. Empero anotamos que el juez ente quien se interponga una demanda, donde haya un elemento extranjero de relevancia jurídica, debe recurrir a nuestro ordenamiento sobre el Derecho Internacional Privado, en el que encontrará las normas y principios de solución para los casos propuestos, entre ellos, verbigracia, el relativo al envío que hace nuestro ordenamiento extranjero pertinente. En el supuesto que no hubiera un envío hacia la legislación extranjera tiene que aplicarse la normatividad nacional (art. 2068º y ss. CC).
A) Principio de aplicabilidad de la norma de un Estado en su territorio de la ley:
Uno de los principios fundamentales es que las normas legales de un Estado son aplicables en todo ámbito de su territorio. En el caso nuestro, las normas nacionales se aplican en todo el territorio nacional (art. 54º Const.).
B) Principio de igualdad de derechos entre peruanos y extranjeros:
Los derechos civiles son comunes a peruanos y extranjeros, salvo las prohibiciones y limitaciones que, por motivo de necesidad nacional, se establecen para los extranjeros (art. 2046º CC). Por consiguiente, la igualdad de los derechos civiles entre peruanos y extranjeros y entre personas jurídicas nacionales y extranjeros es un derecho reconocido por nuestro ordenamiento civil que data de 1984. Este derecho ya estaba consagrado por la carta política de 1978. Dicho principio se encuentra en concordancia con las normas contenidas en los artículos 2072º, 2073º y 2114 del Código Civil nacional.
C) Principio del derecho aplicable tratándose de conflictos de normas nacionales con las extranjeras:
El derecho aplicable para regular relaciones jurídicas cuando existe conflicto entre nuestro ordenamiento y ordenamientos jurídicos extranjeros se determina de acuerdo con las tratados internacionales ratificados por el Perú que sean pertinentes y, si éstos no lo fueran, conforme a las normas del propio Código Civil (art. 2047º, primer párrafo, CC), que comprende las normas del Derecho Internacional Privado peruano ubicado en el Libro X. en su defecto rige el principio de supletoriedad. Los tratados internacionales celebrados por el Estado peruano y en rigor, forman parte del derecho nacional (art. 55º Const.). en efecto, cuando se produjera un caso justiciable, en el que tiene injerencia dos o más países, además del Perú, deben aplicarse primeramente las siguientes normas, las contenidas en los Tratados de Derecho Internacional Privado que sean pertinentes al caso; en su defecto, las normas de Derecho Internacional Privado contenida en el Libro X del Código Civil nacional; en defecto, de éste último, los principios doctrinarios de Derecho Internacional Privado. No se aplican, por tanto, las otras normas contenidas en el Código Civil.
D) Principio de supletoriedad:
Si no hubiera normas contenidas en Tratados Internacionales aplicables al caso, o si no hubiera normas pertinentes al asunto en litigio de Derecho Internacional Privado regulado por el Código Civil (Libro X), supletoriamente se aplican los principios y criterios consagrados por la doctrina del Derecho Internacional Privado (art. 2047º, segundo párrafo, CC). La doctrina, por tanto, se constituye en fuente elaboradora de principios generales de Derecho Internacional Privado, que en determinados casos sirven para dirimir controversias donde hay conflictos de ley en el espacio. Se trata naturalmente de principios aceptados por una generalidad de países y que normalmente los encontramos en las opiniones de los juristas en la especialización.
E) Principio de aplicación de la norma sustancial adecuada pertinente por la legislación peruana:
Los jueces aplicaran únicamente el derecho interno del Estado competente (puede ser el derecho nacional o el extranjero), en virtud de la norma peruana de Derecho Internacional Privado. Por consiguiente, los jueces peruanos, al resolver un conflicto, eventualmente aplicaran la norma (norma material o sustantiva) peruana o la extranjera.
F) Principio de exclusión de la aplicación de norma extranjera:
La norma extranjera, considerada pertinente por las normas peruanas de Derecho Internacional Privado, no es aplicada al caso si ella es incompatible con el orden público internacional o con las buenas costumbres, en cuyo caso rigen las normas del derecho internacional peruano (art. 2049ºCC). El problema es establecer en qué consiste el orden público internacional y cuál es el criterio para determinar las buenas costumbres. Algunos autores admiten que son solo las normas jurídicas fundamentales las que conforman el orden público internacional. Respecto de las buenas costumbres, habrá que dejar al sano criterio del juez para su calificación, pues el Código Civil incluso no hace alusión a las buenas costumbres de orden internacional.
G) Principios de eficacia de derechos adquiridos al amparo de un ordenamiento extranjero:
Todo derecho regularmente adquirido al amparo de un ordenamiento jurídico extranjero, cuya norma es pertinente y aplicable según las normas de Derecho Internacional Privado peruano, tiene la misma eficacia en el Perú en la medida en que sea compatible con el orden público internacional y con las buenas costumbres (art. 2050º CC). Lo expuesto al tratar del principio de exclusión de la aplicación de norma extrajera es perfectamente aplicable al principio que ahora comentamos. Las mismas razones expuestas justifican el rechazo de la eficacia en el Perú de derechos adquiridos conforme al ordenamiento extranjero si son atentatorios del orden público internacional y de las buenas costumbres.
H) Principio de aplicación de oficio del ordenamiento extranjero pertinente al caso justiciable:
El ordenamiento extranjero pertinente al caso justiciable según las normas de Derecho Internacional Privado peruano, debe ser aplicable de oficio por el juez (art. 2051º CC). El Juez nacional competente para resolver un conflicto de carácter internacional deberá, pues, aplicar de oficio el derecho extranjero cuando así lo determinen las normas relativas a la ley consagradas en el Título II del Libro X del Código Civil peruano (derecho Internacional Privado).
I) Principio de interpretación de disposiciones de derecho extranjero:
Las disposiciones de derecho extranjero aplicable al caso justiciable se interpretan de acuerdo al sistema al que pertenezcan (art. 2055º CC). Cuando en el derecho extranjero que resulte aplicable al caso en litigio coexistieran diversos ordenamientos jurídicos, el conflicto entre esas normas locales del país correspondiente se resolverá de acuerdo con los principios y las reglas vigentes en ese derecho extranjero (art. 2056º CC). Para tal efecto, los jueces peruanos pueden de oficio o a pedido de parte solicitar al Poder Ejecutivo que, por vía diplomática, obtenga de los tribunales del Estado cuya norma se trata de aplicar un informe sobre la existencia de la misma y su sentido (art. 2053º CC), incluyendo las versiones doctrinarias que hubieran sobre el tema.
APLICACIÓN DE LA NORMA LEGAL EN EL TIEMPO
Las normas legales tienen vigor durante su vigencia. Conforme a nuestro ordenamiento jurídico la ley es obligatorio desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte (art. 109º Const.). La ley, en casos normales, es de duración indeterminada. Sin embargo, hay casos en la propia ley determina su duración o es promulgada para un fin determinando, en cuyo caso, la misma dejará de tener su vigor cuando se derogue expresa o tácitamente. Nuestro ordenamiento constitucional establece que la ley se deroga solo por otra ley. La derogación se produce por declaración expresa, por incompatibilidad entre la nueva ley y la anterior o cuando la materia de ésta es íntegramente regulada por aquella. Por la derogación de una ley no recobran vigencia las que ella hubiera derogado (art. I, T. P., CC).
INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS JURÍDICAS O NORMAS PROCESALES
La declaración de la expresión escrita de una norma legal o de una declaración de voluntad como determinante de la prescindibilidad de la interpretación constituye un mito destruidos por los derechos contemporáneos. En el caso de las normas procesales, la afirmación definitiva. No es posible concebir correctamente de una norma procesal a un caso concreto, si no tenemos una idea clara sobre su naturaleza y sentido. Y lo que es claro para un caso concreto es, regularmente, producto de una elaboración mental más o menos compleja, pero razonamiento y esfuerzo al fin.
El tema de la interpretación parece estar ligado al descubrimiento de lo que esa abstracción que llamamos derecho representa para la sociedad y los intereses que embullen en ella, en un momento histórico determinado. Interpretar es establecer la conexión adecuada entre la palabra y el caso concreto. Sin embargo, la situación se complica cuando se advierte que no se trata solo de descubrir el sentido de la palabra, sino también, el concepto, a veces formado por más de una palabra, y tras de él, su interrelación con la experiencia concreta que quiere comprender, explicar o calificar. Es notable el ejemplo que desarrolla COUTURE, utilizando el concepto de buenas costumbres.
En opinión de SERRA DOMINGUEZ, el legislador y el intérprete recorren el mismo camino, pero en sentido inverso. Así, mientras el legislador observa los hechos concretos para llegar a la norma abstracta; el intérprete usa la norma abstracta para aplicar a un caso concreto.
La interpretación suele clasificarse a partir de la persona que la realiza. Sin embargo, el único encargado de hacerlo en un Estado de Derecho, es el juez. Según éste criterio, la interpretación puede ser autentica, judicial o doctrinaria.
a) Interpretación autentica:
Se denomina autentica, porque es la misma persona que concibió la ley, quien usa para ello una nueva ley.
b) Interpretación judicial:
Es la realizada por los órganos jurisdiccionales, es un tema que ineludiblemente conduce a una discusión inagotable, dado que en ella subyace probablemente uno de los temas más polémicos de la ciencia procesal: la autentica naturaleza de la función jurisdiccional.
c) Interpretación doctrinaria:
En principio, es aquella que es propuesta por los juristas, técnicos en derecho. Los aportes que ellos otorgan con las interpretaciones que brindan, es una guía para las nuevas interpretaciones en aspectos generales.
A todo lo mencionado, en principio, se anota que los jueces, por su función que ejercen, son los intérpretes por excelencia de las normas jurisdiccionales. Cuando un juez tiene un conflicto de interés que resolver, en primer lugar, tiene que seleccionar la norma aplicable, y en segundo lugar, tiene que analizar el sentido de la norma, a la cual a su vez tiene que subsumir los hechos reales acreditados en el proceso. Esta tarea que tiene por finalidad analizar y buscar el sentido de la norma, se denomina interpretación de la misma o hermenéutica jurídica. Podríamos sintetizar que la interpretación de una norma es el procedimiento que se sigue para desentrañar su sentido y sus alcances. En ese procedimiento analizará determinados elementos, como gramatical, el lógico, el sistemático, el histórico, entre otros. Empero, precisamos, que la indagación que se hace del sentido y alcance de la norma se hace con relación al o a los hechos a los cuales se pretende aplicar. Sostenemos que no se puede interpretar una norma por simple interpretación, sino referida siempre a los hechos materia de controversia y con la finalidad de establecer una norma específica (que contenga sentencia), una norma decisoria que resuelva el conflicto.
A) Elemento gramatical:
Este elemento está constituido por las palabras utilizadas en la norma. En la interpretación, por tanto, se tendrá en cuanta las reglas del lenguaje. Es esencial el examen del significado (análisis semántico), de los vocablos y de las oraciones. Esta interpretación comienza por el análisis del tenor externo de la norma. El texto de la norma puede conducirnos fácilmente a establecer el espíritu de la misma si en su redacción se ha utilizados términos conocidos y de entendimiento común dentro de la sociedad. Debe tenerse presente que hay palabras que en el ámbito jurídico tienen una significación diferente a las utilizadas en el lenguaje común.
B) Elemento lógico:
Este elemento está constituido por la búsqueda de la ratio legis de la norma, de la razón de ser de la norma, de la razón que tuvo el legislador al estructurarla y aprobarla y promulgarla por el órgano correspondiente. Es que toda norma tiene una motivación por la cual se le da vida jurídica. La actividad interpretativa que recurre al análisis de la razón de ser de la norma consiste en buscar el pensamiento o la intencionalidad que tuvo el legislador al concebirla, las necesidades que se tuvo al probarla y que el juez puede asumirla como suya.
C) Elemento histórico:
Este elemento está constituido por la indagación de la realidad social existente en la época en la que se elaboró y se dio la norma; en el estudio de los antecedentes históricos que tuvieron influencia en la elaboración de la norma. Este elemento debe calificar las circunstancias que justificaron o determinaron la dación de la norma.
D) Elemento sistemático:
Este elemento está dado por la conexión que existe entre todas las normas que conforman el ordenamiento jurídico, cuya base ideológica fundamental debemos encontrarla en la constitución.
E) Elemento sociológico:
Se tiene en consideración en la tarea interpretativa o elemento interpretativo, señalando que el juez, el intérprete por excelencia, al asumir esta actividad, debe tener en cuenta consideraciones sociales para desentrañar el significado de la norma, recurriendo para ello a diversos datos que aporta la sociedad donde la norma interpretada se va interpretar.
F) Elemento axiológico:
El juez, en su tarea cotidiana, debe ajustarse en la medida de lo posible, a ciertos valores que deben imperar en la aplicación del derecho. Por ejemplo, el juez debe buscar la interpretación de la norma buscando la solución justa en el conflicto en el que debe aplicar la regla legal, debe buscar la interpretación que favorezca economía procesal, et.
G) Elemento teleológico:
Se precisa que el juez, cuando debe interpretar una norma, tener en mente el propósito, el fin, el motivo práctico que ha dado origen a la norma legal. Por eso se dice que el derecho es un medio de un medio de servicio de un fin.
El tratadista DUGGIT, distingue la ley en dos campos: material y formal. La ley, en sentido material, es toda norma objetiva que emana de un Poder del Estado y que regula la conducta humana. La ley, en sentido formal, es toda imposición legal emanada por el Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo (decretos, Resoluciones) y, por último, de los Tribunales de la República que al resolver las controversias judiciales en última instancia, tiene carácter de verdaderas leyes (ejecutorias). Ante todo, la ley, en sentido general, es toda norma que regula la conducta humana y que tiene aplicación y eficacia dentro del territorio. El carácter de materialidad de la ley radica pues, en que es general. No obstante puede haber leyes generales, en éste último caso, que sólo se aplican para determinados casos y por una sola vez.
La ley procesal es la que regula la actuación de la ley en el proceso; en otros términos, es la que regula la relación jurídica.
La ley procesal, es la que regula la actuación del derecho objetivo, por medio de la organización judicial a través del proceso, toda vez que nadie puede hacerse justicia por sí mismo en el estado actual que consiste en establecer el derecho.. en principio, el juez no puede dejar de administrar justicia, toda vez que para obtener el goce de un bien jurídico reconocido por la ley, hay que recurrir a un órgano del Estado, de donde algunos tratadistas, dicen que la acción se dirige no contra las partes, sino contra el Estado, porque es él quien debe garantizar el derecho, y se hace a través del proceso que debe garantizar el derecho en forma justa y la justicia es dar a cada cual lo suyo.
OBJETO DE LA LEY PROCESAL
a) Regular la constitución, formación, atribución y actividades de los órganos jurisdiccionales; la determinación de su competencia o capacidad; regular la capacidad de las partes para realizar actos en el proceso.
b) Regulas las funciones de la actuación de la ley en el proceso, constitución, desarrollo, hasta alcanzar el fin; regular los efectos de los actos procesales, su eficacia, requisitos de la demanda, requisitos de la actuación de los medios probatorios de la sentencia.
a) Pertenece al derecho público, porque regula una actividad del órgano del Estado. La función de la ley en sí misma, es función del Estado, pero requiere de una modalidad especial, porque también se requiere actos de carácter privado, de donde se obstante es público, se refiere también a derecho privado, y de aquí se establece que su violación es absoluta.
b) Es autónoma, pues si bien a una relación jurídica de carácter sustantivo, es distinta es ésta, lo cual se prueba estableciendo que aún las relaciones de carácter sustantivo están derogadas, ellas se reconocen en el proceso, cuando se entabla una acción subordinada a ellas.
c) Es dispositiva cuando tiene en consideración un interés individual y su violación no produce nulidad.
d) Es absoluta, cuando su observancia es obligatoria y su inobservancia produce la nulidad del acto.
EFICACIA DE LA LEY PROCESAL EN EL TIEMPO
En el proceso se desarrollan actividades públicas y privadas. Las primeras realizadas por el órgano jurisdiccional, y las segundas por los sujetos de la realización jurídica procesal y ellas deben estar regulas por una sola ley, la del tiempo en que está en vigencia y la del lugar donde se desarrollan.
Los actos realizados en el espacio, a través del proceso, están regidos por la ley procesal, pero éstas pueden modificarse y entonces dichos actos no pueden estar regidos por dos leyes al mismo tiempo; una sola tiene que ser eficaz, de donde la validez y eficacia de los actos procesales que influyen en el proceso, se juzga por el tiempo y lugar, constituyendo estos dos elementos un doble límite de la ley procesal.
El tiempo y lugar en que nace el derecho, no tiene importancia en la ley procesal que se aplica. Luego cada Estado regula los actos en atención a la eficacia de la justicia, según los actos procesales, ya sean que se traten de actividades del órgano y desenvolvimiento del proceso.
DERECHO PROCESAL CIVIL – Teoría General del Derecho Tomo I
- José Rubén Taramona H.
TRATADO DEL DERECHO PROCESAL CIVIL – Volumen III
- Jorge Carrión Luga.
- Juan Monroy Galvez.
Publicado por Jhonn Villafana en 11:27 No hay comentarios: