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Timestamp: 2018-05-21 18:57:03
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Matched Legal Cases: ['artículo 544', 'artículo 545', 'artículo 546', 'artículo 474', 'artículo 547', 'artículo 548', 'artículo 545', 'artículo 549', 'artículo 562']

Reflexión Crítica: octubre 2014
La Empresa Pública disfrazada de gestión privada sigue siendo Pública
La Sala Segunda del Tribunal Supremo, en su sentencia del 7 de octubre de 2014 firmada por los magistrados Sánchez Melgar, Monterde, Berdugo, Ferrer García y Perfecto Andrés Ibáñez, da un nuevo paso en la lucha contra la corrupción, que ha crecido sin límites en aquellas entidades públicas que, en la práctica, operan como si se tratara de empresas privadas.
Ante esta "huida del derecho administrativo”, como denominan a este proceso algunos especialistas, el Tribunal Supremo considera que el sector público se amplia, de forma imparable y progresiva, a través de entidades cuya actividad se orienta a prestar servicios de responsabilidad pública en régimen de Derecho privado. Un proceso que “acrecienta la dificultad” de identificar qué debe entenderse como caudales o fondos públicos.
Fachada de entrada al Tribunal Supremo
Con su sentencia, básicamente, el Tribunal Supremo extiende el delito de malversación de fondos públicos a todas las empresas y sociedades mercantiles, aunque sean entes instrumentales y no tengan carácter de Administraciones Públicas.
Pues que, precisamente, quienes se apropien de dinero público tendrán un agravante en su pena, por su carácter público al tratarse de una Administración, aunque ésta sea periférica.
Tras levantar el manto bajo el que se ocultaban estas entidades, la Sala de lo penal del Tribunal Supremo ha clarificado que, al contrario de las Administraciones Publicas, “la sociedad anónima es una sociedad siempre capitalista en la que apenas interesan las condiciones personales de los socios, sino su participación en el capital social”. Por lo que concluye el Tribunal que si las sociedades de capital exclusivamente público desarrollan “funciones asimilables a las públicas”, por extensión, sus caudales “tendrán carácter necesariamente público”.
Para el magistrado José Ramón Chaves, los saqueadores de una sociedad pública venían esgrimiendo en su defensa que, precisamente, el tipo penal de la malversación se orienta exclusivamente sobre los “fondos públicos”, y que este tipo penal no cubrirían los “fondos privados” de aquellas sociedades o entidades que, perteneciendo al sector público, se ajustaban en su actividad al Derecho privado.
Esta sentencia del Tribunal Supremo condena a un trabajador que, entre otras funciones de administración, tenía encomendadas la dirección del Área de Contabilidad y la autorización de pagos a proveedores y demás titulares de créditos contra la entidad IVADIS (Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados y Acción Social), para lo cual personalmente remitía los ficheros informáticos con las órdenes de pago a las correspondientes entidades bancarias, haciendo constar en estos documentos informáticos el nombre del proveedor, la suma que se le abonaba y el número de cuenta en el que se debía realizar el ingreso.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo considera que el trabajador, con el propósito de enriquecerse de forma ilícita, manipuló los datos contenidos en los ficheros informáticos de órdenes de transferencias, que eran remitidos a las entidades bancarias en relación con el pago de facturas a proveedores del IVADS, procediendo al cambio de la cuenta de destino de la transferencia por una de titularidad del acusado o de la entidad Servicios Globales de la Tercera Edad, S.L., que el acusado dirigía y era titular de la mayor parte de su capital.
Al considerar probado que, de esta forma, el trabajador desvió 142.894 euros a su cuenta, el Tribunal Supremo considera “incuestionable” que la sociedad instrumental de la Generalitat Valenciana, IVADIS, “no persigue una finalidad comercial sino que realiza una función pública como es la protección y tutela de discapacitados, sus fondos son caudales públicos y forma parte del sector público autonómico”.
En términos jurisprudenciales, para el Tribunal Supremo tiene la mayor relevancia que el Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados y Acción Social (IVADIS) sea una entidad de Derecho público con personalidad jurídica propia, adscrita a la Consejería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. Un Instituto al que se le asignan sus recursos con cargo a los Presupuestos de la propia Generalitat, y que dispone de los productos y rentas de su propio patrimonio, de las herencias, legados y donaciones que reciba y de cualesquiera otros recursos públicos que les atribuyan. En la sentencia se recuerda que estos recursos están destinados a desarrollar sus fines de protección y tutela de los discapacitados psíquicos y de los afectados por otras discapacidades, así como de prestación y ejecución de actuaciones en materia de servicios sociales y acción social.
Un caso perfectamente extrapolable a cualquier otro gobierno autonómico y a cualquiera de sus consejerías más emblemáticas. Y, especialmente, a la muy caótica Generalitat de Catalunya
Publicado por Julio Gómez Bahillo en 10/28/2014 06:09:00 p. m. 0 comentarios
La vorágine del “prusés” (V) Suspendido el referéndum, montan el butifarrendum
La decisión del Tribunal Constitucional ha obligado a Artur Mas a suspender el referéndum del 9N en los términos marcados por el decreto, que el todavía presidente de la Generalitat había firmado hace unos días. Un “prusés” que ha tenido en la corrupción transversal de treinta y cuatro años de gobiernos nacionalistas el elemento aglutinador del Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Todos los partidos y coaliciones que han gobernado en estas tres largas décadas en Cataluña han estado cortados por el mismo patrón. En unos la acción depradadora ha sido continua; en otros, las apropiaciones se han combinado con las omisiones de denuncia de la corrupción que tenían a su lado. Unos y otros han arruinado Cataluña, moral y económicamente.
Los publicistas que les asesoran nos presentan a Mas, a Junqueras, a la Forcadell y a la Muriel como genios de la lámpara que van concediendo deseos. Para nada aparece en los medios del régimen que ERC, hace cuatro años, con el tripartito, triplicó la deuda, pasando de los 11.000 a los 35.000 millones de euros. Un comité ejecutivo de ERC en el que participaba Carme Forcadell, al tiempo que era concejala en Sabadell. Una deuda que, aquí y ahora, Artur Mas ha conseguido elevar ya hasta los 64.000 millones de euros. Una gestión caótica que no permite, ni por asomo, plantear ninguno de los “Vull” de la ANC.
Artur Mas con sus continuas triquiñuelas se está transformando en un auténtico trilero del ámbito independentista. Un trilero de las Ramblas como se presenta en esta imagen que circula por Internet
No hace falta hacer una crónica exhaustiva de estos últimos veinte días en los que Artur Mas trataba de esquivar a la prensa para reunirse, en lugares diferentes y en varias sesiones, con los dirigentes de los partidos secesionistas. Todos afilando sus navajas al tiempo en que, públicamente, surgían las disensiones entre ellos, a la espera de las nuevas ocurrencias del trilero de las Ramblas, que es el apodo por el que ya se conoce a Artur Mas en Barcelona.
Artur Mas y la CUP han llegado a un acuerdo de “unidad técnica” para la celebración del simulacro de consulta del próximo 9-N, según declaraba el conseller Francesc Homs el lunes 20 de octubre. Aparentemente, de esta forma, el presidente de la Generalidad rompía su aislamiento ante la presión y el ultimátum de ANC y Òmnium Cultural vertidas el domingo 19 de octubre. Ambas entidades le exigían elecciones plebiscitarias en febrero para declarar la secesión, pero dudan del éxito de una lista encabezada por Artur Mas. Al día siguiente, el secretario de organización de CDC, Josep Rull, rechazaba el ultimátum y respondía: "No marquemos ultimátums porque, si no, corremos el riesgo de hacerlo mal". También, Francesc Homs les recordó a Forcadell y Casals que el avance electoral es “una facultad exclusiva e indelegable” de Artur Mas.
En su juego para presionar a ERC, el president de la Generalitat asumía las exigencias de la CUP. Entre otras, la creación de un órgano de partidos para hacer un seguimiento del 9-N y realizar un llamamiento a la participación de observadores internacionales. ¿Cuántas decenas de millones de euros costará esta nueva broma?
Sin embargo, tres horas más tarde, la CUP desmentía a Francesc Homs y su anuncio de “preacuerdo”. Isabel Vallet, diputada autonómica de la CUP, desmentía desde su cuenta personal en Twiter con estas palabras: "No hay ningún pacto entre el Gobierno [autonómico] y la CUP. Aceptan nuestros requisitos, pero el principal: celebrar la consulta 'sí o sí', decae".
En la Cataluña virtual diseñada por el separatismo la CUP tendría la misión de cubrir el espacio de extrema izquierda. CiU representaría el centro derecha, ERC el centro izquierda y ICV-EUiA la izquierda. Este es el sucedáneo de democracia que nos tienen preparado para el futuro. Y todos cobrando de la misma fuente.
En esa Cataluña virtual, Artur Mas está consiguiendo que ese instrumento de poder llamado Convergència Democràtica de Catalunya derive hacia lo que fue la disolución absoluta y sin dejar rastro de la Unión de Centro Democrático. Su posibilidad de alternativa como fuerza política permanente puede que esté a punto de desaparecer. Habrá sido un largo período de ejercicio del poder político que correspondería más a una amalgama de intereses que a una ideología seria.
Breve crónica del simulacro
Sí conviene recordar que el martes 14 de octubre, un enloquecido presidente de la Generalitat cumplía con lo advertido por Josep Ramón Bosch, presidente de Societat Civil Catalana, cuando afirmaba que “Lo que pasa en Cataluña es tactismo puro, teatro, ahí están todos los partidos pro 9-N. ¿Ese día qué va a pasar? Nada. Habrá fiesta, eso sí. La ANC sacará las urnas y se producirá lo que nosotros llamamos el butifarrendum”.
Al día siguiente, el twitero Miguelito resumía así la actitud de Artur Mas: “El adversario es el Estado español del cual soy representante al que, un momentito, voy a pedir una transferencia de fondos para una cosa”. Al todavía presidente de la Generalitat se le asocia a manipulación, mala fe, victimismo e incompetencia, dar pena y caer en el ridículo.
La revista satírica Mongolia define así el referéndum: "El #9N habrá una consulta de la consulta que consultará la consultación de la consulta aplazada en principio”.
El editor de El Triangle, Jaume Rexach, pedía la dimisión de Artur Mas y su sustitución por un diputado que esté dispuesto a la "Sociovergència". Añadía en clave de humor que La Caixa le busque un puesto al todavía presidente de la Generalitat, pero bien lejos de Cataluña.
Sin un fundamento legal claro, apelando a “una competencia genérica" de la Generalidad en materia de "participación ciudadana", Artur Mas afirmaba que "el Govern está decidido a ir adelante con la consulta, y a hacerla el 9 de noviembre". Es decir, “su consulta”.
Cartel, en español, emplazado por la ANC a la entrada del barrio Sant Salvador de Tarragona, de mayoria inmigrante. Les hablan de listas de espera en la sanidad, cuando hace algo más de dos años les quitaron el servicio de urgencias nocturno
Habilitará locales cedidos por ayuntamientos, entidades y Generalitat; pondrá cajas de cartón con una ranura y papeles impresos en una fiesta de quince días de duración, en la que no se podrá olvidar el vermut y las patatas fritas, el pan y el prusés con globos y chuches. Algunos afirman que “No cal signar decrets per fer festes populars”.
Para saltarse la suspensión del Tribunal Constitucional y forzar la legalidad al límite, Artur Mas pretende que sea la administración Pública la base del 9-N. De esta forma, Artur Mas pretende que “su consulta” sea lo más parecido a un Referéndum serio. Para ello ha activado ya a los Mossos d’Esquadra para la votación y ha reactivado la campaña de llamamiento a las urnas. Entre otras acciones, Artur Mas ha indicado a los directores de Institutos que le den una terna de profesores “voluntarios” por centro para organizar las mesas electorales. Además, les insta a dar las llaves de las aulas a un “interlocutor” para hacer la consulta. Días antes había solicitado 18.000 voluntarios para participar en la organización del simulacro de la consulta alternativa, que atiendan las 6.000 mesas previstas a razón de 3 por mesa. También ha pedido funcionarios voluntarios para su consulta de feria que, unas veces, se asemeja a una rave party, y otras a una gymkana de recogida de firmas, y que pretende reconvertir en una butifarrada popular, sólo para independentistas, con urnas para no enfadar a ERC.
Fuentes del Govern han indicado que el que vote autorizará el estar inscrito en el Registro elaborado para la consulta. Un registro que no tiene ningún vinculo legal, porque institucionalmente no son nada, no tienen ni capacidad ni legitimidad representativa. Por más que haya dispuesto un Consejo General de Participación, para vigilar la legalidad y la transparencia, ¿Quién realizará el escrutinio? ¿Qué garantías tendrá este aquelarre del butifarrendum: sin ley, sin censo, sin garantías, sin adversario? ¿Qué cachondeo es eso de votar durante quince días y registrarse al momento?
El envilecimiento de Artur Mas ha subido demasiados peldaños. En su teatrillo, propone a la ANC y a Òmnium Cultural que hagan ver que es una demanda de la sociedad y que le presionen, públicamente, para así justificar una candidatura única, por él encabezada, que concentre a todas las fuerzas independentistas para concurrir a unas elecciones autonómicas en clave plebiscitaria, con un programa único que asegure el referéndum "definitivo".
En todo este tiempo de desgobierno, todo han sido montajes, por cierto muy bien pagados a base de millones de euros. Como aquel Informe que la consejería de Presidència del Govern publicara, el 12 de febrero de 2014, para justificar el saltarse la ley para celebrar el referéndum. Francesc Homs, su titular, declaraba que: “Si se cierra en falso, puede desembocar en una situación como la que vive justamente Ucrania en estos momentos”. Tras la guerra civil de Ucrania, Quico Homs reculaba: “Ni está en nuestra línea amenazar, ni está en nuestra línea hacer comparaciones que no tienen ningún tipo de fundamento, es evidente que Cataluña no llegará nunca a la situación de Ucrania”. Un consejero que lleva moviéndose una larga temporada entre la falsedad de sus afirmaciones, dando una de cal y otra de arena, y desmintiendo continuamente cualquier información que facilita.
Por lo visto, ocho meses después del Informe de Homs, ni Junqueras, ni la CUP, ni la ANC y, posiblemente, Òmnium Cultural, lleguen a opinar lo mismo, y, quizás, de palabra, estén algo más por ese caos y la violencia implícita en el nacionalismo.
Pero, aparentemente el consenso parece haberse roto para unos partidos preocupados ya por próximos comicios más que por el fallido referéndum. Reunión tras reunión, los matices ha ido diferenciando las declaraciones de los dirigentes secesionistas. El lunes 13 de octubre, Artur Mas convocaba a la Cumbre del Palacio de Pedralbes a: Joana Ortega (vicepresidenta del Govern), Francesc Homs (conseller de Presidencia), Oriol Junqueras (líder de ERC), Jordi Turull (CDC y presidente del grupo de CiU en el Parlament), Ramon Espadaler (secretario general de Unió), Joan Herrera (líder del grupo de ICV-EUiA en el Parlament) y Joan Mena (portavoz adjunto de los ecosocialistas), e Isabel Vallet y David Fernández (diputados de CUP).
Escaleras del Palacio de Pedralbes donde se celebró la cumbre separatista convocada por Artur Mas
En la cumbre de Pedralbes, Artur Mas anunció su decisión de no celebrar el referéndum. Se había incumplido la fecha tope del 10 de octubre para la publicación del registro provisional de participantes, uno de los plazos claves de su propio decreto, lo que hacía inviable la puesta en marcha de los preparativos. A cambio, propuso acogerse a un “procés de participació ciutadana”, un título de la ley de consultas no impugnado por el Gobierno. Una alternativa a la que la Corte separatista mostró cierta disposición. Artur Mas resumiría la cumbre de esta manera: "Vamos adelante, de momento no tan juntos pero vamos adelante".
Sin embargo, el presidente del Consell Assessor de Transició Nacional (CATN), Carles Viver Pi-Sunyer, abrió las puertas a las alternativas y pidió a los partidos que aclarasen lo antes posible los pasos a seguir a fin de evitar una situación de “frustración colectiva”. El asesor de Mas apuntaba tres salidas: consulta alegal, consulta a través de mecanismos de participación o elecciones plebiscitárias, que no supondrían comenzar de nuevo, porque según su criterio sería un “mandato” muy claro de iniciar el proceso de creación de un nuevo Estado.
Mariano Rajoy ve "ceremonia de la confusión" en las acciones de Mas. Pendiente de los pasos de Artur Mas, el gobierno estudia impugnar el registro de votantes del 9-N, si se trata de un censo electoral alternativo y si ese censo está asociado a una consulta suspendida por el Tribunal Constitucional. También, la Alta Inspección del Estado en Educación estudia dar una respuesta legal a estos hechos. El Gobierno ha habilitado dos vías: la política para reconducir la deriva soberanista “dentro de los márgenes de la legalidad y del interés general de los ciudadanos”. Rajoy considera que “lo que debería hacer Mas es ponerse a gobernar y acabar con este período de inestabilidad”.
Tras la suspensión, el butifarrendum
Como en los mediocres vodeviles, los actores del Pacte Nacional pel Dret a Decidir comenzaron a entrar y salir del escenario con diversas puestas en escena. El nuevo libreto de El Butifarrendum ha modificado ligeramente algunos de los papeles y sus textos a recitar.
Veamos lo que dicen esos políticos -unos convencidos, otros dubitativos y algunos más incrédulos- que, ahora, interpretan los papeles que se les han asignado.
Artur Mas pone muy sensible a Oriol Junqueras, cansado de los subterfugios usados por Convergencia, y que al líder republicano le provoca llorera, en la visión de Alonso
Por ERC dice Anna Simó que “está trabajando" para recomponer la unidad y que los partidos proconsulta lleguen a un acuerdo para el 9 de noviembre. Reconocen que han mantenido negociaciones con ICV-EUiA y la CUP para mejorar la consulta alternativa con una decena de compromisos con la Generalitat. ERC, que había exigido a Mas seguir con la consulta, advirtiendo que, en otro caso, lo dejaría caer, lamentó el rechazo a su propuesta de entrar en el ejecutivo catalán y acusó al Govern de imponer un “procés participatiu”, que no ha pactado con el resto de partidos. Junqueras reprochó a Artur mas que estás en manos de las catalinas”. Oriol Junqueras, entre algún sollozo televisivo por los subterfugios de Convergencia, le advirtió que el único camino que queda es una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) por parte del Parlament y la apertura de un proceso constituyente.
ERC intenta atraer hacia sus tesis sobre el 9-N a ICV-EUiA. Ambas formaciones, tras el anuncio del acuerdo inexistente realizado por Francesc Homs, ratifican que no existe pacto con Artur Mas para el 9-N alternativo y reclaman elecciones autonómicas anticipadas. ¡Otro gasto más, éstos tampoco reparan en gastos si de dinero público se trata!
ICV-EUiA, es otra coalición que no sabe qué quiere ser de mayor. Tras la cumbre de Pedralbes, Joan Herrera consideró que "no se acaba el proceso" si no se vota el 9 de noviembre y propuso al Govern una campaña de movilizaciones en la calle. Joan Herrera declaraba días atrás que la consulta de Mas “Es un plan para salvarse él” y añadía que “Nosotros esto no lo avalamos", porque “Es un acuerdo de Mas con él mismo, un plan de rescate para salvar sus promesas". Al calificar de “sucedáneo” la consulta y que no votará en el 9-N alternativo, porque Mas "ha degradado y quemado la consulta" original sustituyéndola "por otra cosa que no lo es".
A Josep Antoni Duran Lleida el "prusés" le ha dejado con la boca abierta
Unió Democràtica de Catalunya, el socio de coalición de CDC, lleva meses presionando para que Artur Mas y Francesc Homs bajen el pistón independentista. Una deriva que, de acuerdo con las encuestas, ha hundido electoralmente a CiU. Duran Lleida descarta avanzar elecciones e insiste en agotar la actual legislatura. Rechaza formar parte de una candidatura unitaria para declarar la independencia unilateral. Unió se desmarca de CDC y ERC y les critica que planteen una lista unitaria en unas elecciones plebiscitarias sin consultar a UDC. Duran Lleida no descarta romper la coalición con CDC y apuesta por "generar la estabilidad necesaria para afrontar no solo la cuestión nacional, sino otros objetivos relevantes", como crear empleo y preservar el Estado del bienestar. Afea a Artur Mas el seguidismo a la ANC y Òmnium y le recuerda que "Cataluña nunca sobrevivirá como Estado independiente sin pactar con España".
Duran Lleida, que está promoviendo la plataforma Cataluña al centro para tratar de recuperar parte del electorado de CiU, explora con el PSC un posible pacto de estabilidad. Baste recordar que los 50 diputados de CiU y los 20 del PSC conseguirían la mayoría absoluta en el actual Parlamento catalán. De esta forma, el PSC permitiría a CiU acabar la legislatura a cambio de renunciar a la agenda independentista. Pero, Artur Mas mantiene una actitud cerrada ante esa posibilidad, al tiempo que Duran Lleida mantiene contactos con sectores cristianos, universitarios, pequeños y medianos empresarios, y otros sectores sociales de muy diversas sensibilidades, que celebrarán en Barcelona, una cumbre el 22 y 23 de noviembre bajo el lema ”Una reflexión pública con vocación de futuro”.
Por su parte, Miquel Iceta, el líder del PSC, pide a Mas que no cree más “falsas expectativas". Advierte que "Una declaración unilateral será anulada por el TC y ningún país nos reconocerá", y que no sería más que una “huida adelante” que no llevaría a “ninguna parte”. Otro dirigente socialista, Juan Luís Gordo, le augura a Artur Mas un final como el de Jordi Pujol, ya que ha hecho “mucho daño a Cataluña”, por lo que le pide que convoque elecciones autonómicas y que se retire de la política.
La CUP que, de forma extraordinaria, había reunido a su “Consell Politic” para explicar la cumbre de Pedralbes decidió no dar “Ni un paso atrás”. La reunión del día 20 de octubre con Artur Mas va en esa línea.
Alicia Sánchez Camacho, del PP, ha declarado que “Lo único que hace ahora Artur Mas es alargar la agonía con simulacros para contentar al electorado la que ha estado engañando durante todos estos años diciéndoles que podrían ir a votar”. Respecto a la posible candidatura única de CDC, ERC y la ANC no cree que vaya a obtener la mayoría absoluta, y señala que “No me intimida la lista única de independentistas”. Alerta que “tenemos que ignorar los engaños permanentes en el lenguaje de CDC”. Millo advierte que Mas sólo cuenta con los antisistema de la CUP, por lo que “la situación es más preocupante de lo que parecía".
Albert Rivera, en un acto en el Teatro Romea de Barcelona en 2010
Al dirigente de Ciutadans/Ciudadanos (C's), Albert Rivera, le limitan sus apariciones en los medios de comunicación. No en vano sus perspectivas electorales, con posibilidad de alcanzar más del 13% de los sufragios y unos cuatrocientos cincuenta mil votos, con lo que lograrían entre 16 y 18 escaños, superando al PSC y al PP, a Podemos, ICV-EUiA o la CUP. Albert Rivera sostiene que “El liderazgo de Mas se diluye mientras su desafío separatista agoniza”; pero, aún así, “Mas insiste en su farsa y en dividir en bandos a los catalanes”.
La ANC, auxiliada por Òmnium Cultural, con sus papeles asignados para esta obrilla teatral, ha instigado el golpe de estado, pretenden fichar a los malos catalanes mediante su Gigaencuesta puerta a puerta, y juegan a la insurrección preparando el control de aeropuertos y puertos. Convocan performances para que las cámaras de los medios subvencionados los graben y los organismos del régimen multipliquen por diez o veinte a los asistentes. Pero, no olvidemos, fuertemente subvencionadas con muchísimos millones de euros.
Aunque todo el mundo se puede equivocar y hasta cometer delitos, por su debilidad humana, las propuestas de los independentistas no representan ninguna solución a los problemas reales de los catalanes: corrupción, malversación, mala gestión, evasión de capitales, 3-5-10%, paro, crisis económica, sanidad en picadillo, TV3%, etc.
Hechos indicativos de que la Omertà sigue rigiendo las acciones del caciquismo en Cataluña. No ha de extrañar, pues, que personajes como Marius Carol o Pilar Rahola cubran y recubran las andanzas de Jordi Pujol por esos paraísos fiscales del diablo, incluso tras su confesión pública. Ahora, la consigna lanzada es diferenciar entre el Jordi Pujol persona con múltiples chanchullos, del Pujol político y padre del nacionalismo catalán. Una muestra más de la esquizofrenia con la que trabajan. Otra muestra más de esa Omertà es la permanente campaña de desprestigiar a la policía española por parte de los tertulianos nacionalistas, quienes, desde el primer momento y en el ejercicio de su bajeza moral, han utilizado, también, la crisis del Ébola como arma arrojadiza.
Proclamado el botifarrendum, los dirigentes políticos secesionistas nos han ido mostrando su irresponsabilidad, fanatismo y egoísmo al anteponer su ansia de poder absoluto y su seguridad económica al bien común. Inventando una historia y una bandera ajenas a la Cataluña tradicional han inoculado el odio en la sociedad y han azuzado un conflicto inexistente que ha llevado al enfrentamiento a los catalanes, a las familias, empresas y clubes deportivos. Para tapar la incompetencia de Artur Mas y sus cómplices nacionalistas, han emplazado a la desobediencia y la insurrección contra la legalidad y el seny, contra el trabajo y la familia, contra el futuro y la ilusión de regenerar la sociedad y de combatir la corrupción transversal que asola Cataluña.
Publicado por Julio Gómez Bahillo en 10/21/2014 01:12:00 a. m. 0 comentarios
La vorágine del “prusés” (IV) La falacia de la “voluntat”, del “clam” o de la “veu de Catalunya”
El Govern d’Artur Mas anda algo desconcertado con el asunto del prusés, se gastan millones en la deriva soberanista y, con el caos en las cuentas públicas, optan de nuevo por recortar en un 25% las prestaciones sociales que dependen de la Generalitat. Una institución que continúa con sus impagos a las farmacias catalanas dos meses después de haber recibido otra transferencia del FLA para ponerse al día con las farmacias. De momento, ha conseguido doblar su deuda con las farmacias hasta los 220 millones de euros. Otra falacia más de CiU y sus acólitos.
El desastre de su gestión impulsa a Artur Mas a subir escalones hacia el caos absoluto
Para justificar ese desastre, Artur Mas sostiene que su acción política responde a una supuesta voluntad popular, que le impele a incrementar el gasto superfluo de la deriva separatista. En su incontinencia, Artur Mas lanzó un “spot” para informar de que el 9N está suspendido. Otro gasto para mantener un difícil equilibrio y evitar la ruptura de ERC y la CUP con la Unió Democràtica de Duran Lleida. No obstante, aún admitiendo la incertidumbre de su plan secesionista, Artur Mas nos muestra su irresponsabilidad al pedir a los suyos que resistan, sabiendo que "Nadie puede asegurar al cien por cien cómo acabará. Es imposible explicar honestamente qué pasará". Sin embargo, el día 1 de octubre, Artur Mas indicaba que “la suspensión del referéndum generará violencia”, añadiendo que la prohibición del 9-N causará unos “prejuicios irreversibles y no reparables”.
Una indicación que ha sonado a consigna para algunos de los sectores independentistas y han lanzado acciones contra aquellos partidos, entidades y personas que no están por el referéndum independentista.
El Govern d’Artur Mas escucha voces
Sólo hace falta atenerse a los titulares de prensa y a las expresiones públicas de los separatistas, repetidas hasta la saciedad, para enterarse de que el desafío separatista al Estado responde a la voluntad del pueblo catalán, al clamor de Cataluña y a las voces de Catalunya.
Por lo leído y lo escuchado, Artur Mas y quienes le auxilian en el prusés andan oyendo sonidos extraños. En su intento de interpretarlos actúan como los antiguos oráculos de la Grecia preclásica y establecen diversas asociaciones. Unos sonidos son asociados a la “voluntat del poble”, otros al “clam de Catalunya” y algunos más a “la veu de Catalunya”.
Quizás, esa cohorte subvencionada no se haya planteado que puede “tener voces en la cabeza”, que, cuando no hay nadie alrededor suyo, oyen voces que les parecen muy reales y muy intensas, que les suenan como gritos o susurros. Algunos de los dirigentes independentistas que las escuchan se muestran felices con la experiencia, porque piensan que es lo común. A veces, lo que oyen parece provenir de vecinos, de la TV o de la radio, de gente que se cruza por la calle, o, simplemente, surgen del aire, y las voces pueden decirles cualquier cosa, y así comienzan a tener visiones.
Oír voces o tener visiones puede conducir hacia la Güija, como en este tablero de experimentación dotado de letras y números con el que supuestamente se entabla contacto con los espíritus.
Se dice que el 15% de las personas oyen voces y tienen visiones porque es parte de la naturaleza de la especie humana. Otros comentan que, en el primer año de duelo, por la pérdida de un ser querido, el 80% de los mayores de sesenta años, aunque prefieran no comentarlo con nadie, quedan afectados por la necesidad de despedirse del ser querido.
Y los dirigentes del “prusés” puede que no sean ajenos a este fenómeno, y las voces que escuchen y las visiones que tengan puede que unas no sean molestas; pero, en otros casos, les preocupan y molestan y contra los mensajes que creen recibir responden con insultos, ofensas, amenazas, tacos y cosas horribles. Piensan que las voces les dicen lo que están haciendo o lo que piensan, y se manifiestan como si conocieran muchas de sus intimidades. Entonces, esas voces adquieren un gran poder de convicción, incluso para obligarles a hacer cosas cuando no quieren hacerlas.
¿De dónde provienen? ¿Otras personas las escuchan? Si pueden oírlas, ¿pueden ayudar a averiguar el qué o quién está diciendo estas cosas? Si no pueden oírlas, necesitarán averiguar por qué esto es así.
No voy a indicar aquí ningún tipo de estrategia personal ni prueba, que las hay, para alejar esas voces. Sí decir que, en estados agudos, el estrés, la falta de sueño o las confesiones inculpatorias de Jordi Pujol, la segunda fortuna de Cataluña y la sexta de España, a los dirigentes nacionalistas les pueden hacer oir voces dentro de su cabeza o creer que algunas personas leen o controlan sus pensamientos.
Sin duda, cuando esas voces se hacen más agobiantes, o no se pueden resistir, es el momento de solicitar la ayuda de un buen terapeuta, para encontrar la información, la orientación y el apoyo, porque es importante que los dirigentes independentistas comprendan que las voces no pueden obligarles a hacer nada, y, aunque en un primer momento del tratamiento puede empeorar su situación, Artur Mas y los suyos deberían entender que no deben dejarse dominar por esas voces si quieren resolver su problema.
Nada mejor que los Oráculos para interpretar las voces del inframundo a través de señales físicas como tintineo de campanillas, de símbolos sobre piedras o cartas, o de sacrificios de animales.
En la pretensión de ser oráculos de las voces en Cataluña, se creen astutos cuando equiparan España con ausencia de democracia. Y se ponen superlativos, con su “no nos dejan votar, no se escucha la voz del "pueblo", no nos dejan consultar, no nos dejan decidir”, para confudir aún más a los ciudadanos sometidos a los abusos de los caciques de Cataluña. En su afán de dominio, partidos y organizaciones separatistas, insisten en la falacia de que el prusés es un movimiento social nacido del “pueblo”, en un claro intento de forzar a los representantes políticos a optar por la Independencia.
En ese galimatías que han montado, los caciques utilizan las tapaderas de la ANC, Òmnium Cultural, monjas diversas y un conjunto de entidades subvencionadas para dar apariencia de existencia de un entramado social espontáneo.
¿Quién se puede creer esa mentira? Algunos se la creen. No obstante, desde el primer gobierno de Jordi Pujol, la realidad ha sido muy diferente, puesto que la agitación del “procés (prusés)” ha estado organizada, dirigida y financiada por el poder político caciquil, que ha destinado a ese fin más de 20.000 millones de euros y toda clase de recursos públicos en sus treinta y cuatro años de desgobierno.. Subvenciones y ayudas de todo tipo se suman a las permanentes dietas, gastos de estancia, manutención y desplazamientos, de toda esa cohorte de paniaguados que participan activamente en el prusés”.
Argumentos simplistas para equiparar la supuesta voluntad del pueblo a la idea de democracia, en la pretensión de que ningún órgano del Estado, sea éste ejecutivo, legislativo o judicial, pueda enmendar nada a esa voluntad del pueblo, que solamente los caciques saben interpretar y manipular a su antojo. Pero, el orden democrático ha de tener otros fundamentos si quiere ser garante de la libertad.
Cuando la democracia degenera
Desde la Grecia clásica se han venido estudiando, denunciando y condenando muchas de las falsedades que rodean al concepto de democracia. En Los Fundamentos de la Libertad, Hayek explica las maneras de entender la democracia que acarrean su derrumbe. Si bien unas son más deletéreas que otras, la tiranía de la mayoría destaca entre ellas. Por ello, se han de explicar estas paradojas, porque garantizar la libertad es asegurar la democracia, y ésta requiere la elaboración de un conjunto de leyes y normas, porque sin ellas se produce la degeneración de las formas de gobierno.
Etimológicamente, la democracia es el gobierno del pueblo que con la voluntad general legitima al poder estatal. Hace veintitrés siglos, Aristóteles elaboró una clasificación de los gobiernos que aún conserva el vigor que le otorgan los hechos. Para Aristóteles los gobiernos tenían formas puras o impuras, que distinguía atendiendo al número de personas que ejercen el poder, y, también, por el interés de quienes ejercen el mandato.
A las tres formas puras de gobierno que estableció, –Monarquía (una ley máxima coexiste con otros órganos de gobierno), Aristocracia (gobierno de los mejores) y Democracia (poder o autoridad del pueblo, en cuyo ejercicio se manifiestan dos tipos: directa y representativa)-, Aristóteles opuso sus alternativas impuras –Tiranía (poder ejercido por una persona sin atender el interés general), Oligarquía (reducido grupo de personas buscan su interés personal) y Demagogia (el político para conquistar y mantener el poder realiza concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos y dice tener como fin el bienestar particular de los pobres). Otras formas específicas serían la Teocracia y la Dictadura.
Aristóteles, filósofo, lógico y científico de la Grecia Antigua, discípulo de Platón, sigue ejerciendo una enorme influencia en el pensamiento occidental
En esos procesos de degeneración democrática, los instigadores utilizan la muchedumbre, masa o gentío, como agente de producción biopolítica, pero cuando llega el momento de abordar asuntos políticos, aparece una voluntad viciada, evicciosa (vencer en un litigio con intención turbadora del derecho), confusa, injuiciosa o irracional, que muestra la carencia de capacidad de autogobierno.
Entonces, la Democracia deviene en Oclocracia, o gobierno de la muchedumbre, que, por ende, no conserva los requisitos necesarios para ser considerada como «pueblo». El término Oclocracia está íntimamente relacionado y se confunde con tiranía de la mayoría, una de las tres formas específicas de degeneración de las formas de gobierno.
El historiador griego Polibio, en el 200 a.C., lo expresaba así en su Historiae: "Cuando esta (la democracia), a su vez, se mancha de ilegalidad y violencias, con el pasar del tiempo, se constituye la oclocracia". Un fruto de la acción demagógica que definió como "la tiranía de las mayorías incultas y uso indebido de la fuerza para obligar a los gobernantes a adoptar políticas, decisiones o regulaciones desafortunadas". En su teoría cíclica de la sucesión de los sistemas políticos (anaciclosis) presenta la oclocracia como el peor de todos los sistemas políticos, el último estado de la degeneración del poder. Para llegar a ella, Polibio describe seis fases: la monarquía se trastoca en tiranía, cuya continuidad es la aristocracia que se degrada en oligarquía, de nuevo la democracia para remediar la oligarquía, y al zozobrar, en la sexta fase, se configura como oclocracia, donde se espera al hombre providencial que los reconduzca a la monarquía.
A lo largo de los siglos se ha venido diferenciando este concepto de muchedumbre de otras nociones. Durante la Edad Media se diferenciaba Pueblo de muchedumbre. Spinoza introducirá la noción de multitud. Hobbe simplifica al conjunto de ciudadanos como cuerpo único con voluntad única. Para Rousseau, los vicios en sí misma que presenta la voluntad general, la desnaturaliza y al encarnar los intereses de algunos, pero no los de la población en general, se trastoca en una voluntad de la mayoría, que ya no es una voluntad general y la democracia degenera en oclocracia.
En su Vindiciae Gallicae, el filósofo escocés James Mackintosh contempla la oclocracia como el despotismo del tropel, la autoridad de un populacho corrompido y tumultuoso, pero nunca como el gobierno de un pueblo.
La advertencia sobre el permanente peligro de esa pretendida democracia popular nos ha sido trasmitida por personajes como Aristóteles, Giovanni Sartori, Juvenal, Shakespeare, Lope de Vega, Ortega y Gasset o Tocqueville, que entendían que la democracia se degenera por influencia de intereses de los oclócratas que ejercen el poder con el objetivo de mantenerse en él de forma corrupta, buscando una ilusoria legitimidad en el sector más ignorante de la sociedad, hacia el cual vuelcan todos sus esfuerzos propagandísticos y manipuladores.
Con el objetivo de mantener su poder personal o de grupo, a través de las múltiples y diversas variantes de la demagogia, tratan de ganarse el apoyo popular llevando al extremo el uso de la oratoria, la retórica y el control de la población. De forma superficial y burda tratan los intereses del país, mientras afilan su estrategia de apelación permanente a emociones irracionales; de promoción de discriminaciones, fanatismos y sentimientos nacionalistas exacerbados; del fomento de miedos e inquietudes irracionales; de creación de deseos injustificados o inalcanzables; etc.
Para eternizarse en el poder, los oclócratas necesitan apropiarse de los medios de comunicación y del sistema educativo para sustentar su estructura de régimen, que les permita utilizar la desinformación sin limitación alguna, y transformar la información en adoctrinamiento. En su obsesión por mantener su dominio sobre las masas, las moviliza en función de sus propios objetivos inmediatos y las deja ligeramente incontroladas para crear la ilusión de que disponen de un legítimo poder constituido sobre una voluntad popular. Pero, esa voluntad está corrupta, no es la voluntad general de los ciudadanos conscientes de su situación y de sus necesidades, no es una voluntad formada para la toma de decisiones y para el ejercicio de su poder de legitimación de forma plena.
Incluso para manipular se ha de tener un poco de gracia; pero, Ramon Tremosa, el eurodiputado de CDC, tiene bien poca
Un uso de esa manipulación demagógica, la hemos tenido esta misma semana, en la cuenta de Twiter del eurodiputado de Convergència Democràtica de Catalunya, Ramon Tremosa, que publicó una portada falsa de la revista Time. Según Tremosa, la revista estadounidense había destacado como noticia más relevante a nivel internacional las protestas promovidas por la ANC. La portada original de la revista Time, titulada 'The umbrella revolution', se hacia eco de las manifestaciones en Hong Kong contra el gobierno comunista chino. La portada falsa de Tremosa mantenía la frase, reemplazando la foto por otra de la plaza Sant Jaume donde los manifestantes de la ANC protestaban bajo la lluvia cubiertos con sus paraguas. Sin pedir disculpas por la manipulación, el eurodiputado de CDC ha eliminado la foto de su perfil.
Ni legalidad, ni neutralidad ni garantias jurídicas
No obstante, Artur Mas ha insistido en eludir la suspensión del Tribunal Constitucional, y ha planteado a la ANC y Òmnium Cultural que el 9N realicen un simulacro de referéndum. Una ocurrencia alternativa que contaría con el apoyo no oficial del Govern y de algunos ayuntamientos y con el traspaso de nuevas remesas económicas “externas” a dichas entidades para agradecerles los servicios que le prestan. A pesar de ello, Artur Mas sopesa mucho la previsible baja participación.
Pero, tranquilos porque diversos consellers del govern de la Generalitat ya han comenzado a dar una de cal y otra de arena, porque no saben cómo salir del entuerto en el que se hallan metidos. Mientras CDC lidera la ofensiva para que los ayuntamientos designen coordinadores municipales para que los promotores del 9N puedan desafíar al Tribunal Constitucional, el conseller de Economia descarta una declaración unilateral de independencia porque, desde la Generalitat, no harán nada que pueda implicar la salida de la UE. Pero, en los últimos días, ayuntamientos y la propia ANC han rechazado organizar el referéndum porque consideran que no tendría las garantías necesarias y perdería legitimidad internacional. ERC e ICV se oponen a descafeinar la votación.
En un desafío más al Tribunal Constitucional, la Generalitat ha reabierto los registros para votar en el referéndum, escudándose en la Ley del Procedimiento Administrativo, que obliga a las administraciones a canalizar las solicitudes que les dirijan los ciudadanos. Otra desobediencia más ha sido la firma de Artur Mas, el jueves día 2 de octubre, del nombramiento de los siete miembros de la “junta electoral”, que, automáticamente, ha sido impugnada por el Gobierno.
Por su parte, en relación a los preparativos del referéndum del 9N, el Gobierno ha querido recordar a los funcionarios municipales la obligación de los poderes públicos de cumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional. Sin embargo, el presidente de la Asociación Catalana de Municipios, Miquel Buch (CiU) no descarta ningún escenario si no se puede celebrar el referéndum separatista y algunos ayuntamientos amenazan con celebrar consultas. Pero, los alcaldes han de saber que ceder espacios municipales para su celebración o colocar urnas para la votación, son causa de inhabilitación para el cargo Por ello, la Generalitat quiere emplazar colegios electorales en edificios de titularidad autonómica.
A los tres días de constiuirse la “Junta Electoral”, la supuesta unidad de los defensores del prusés se resquebrajó un poco más cuando un miembro de esa “junta”, Joaquim Brugué, propuesto por la coalición ICV-EUiA, dimitió tras manifestar que están "fuera de la ley" y denunciar la falta de "garantías democráticas" y de neutralidad.
Joaquim Brugué, tras su dimisión de la “Junta Electoral”, justificó su decisión en declaraciones a El País y recibió múltiples ataques e insultos en la red
Por si, todavía, existe alguna persona que crea que el volemvotar nacionalista tiene algo que ver con la democracia, tendrían que leer la entrevista que realiza el diario El País, día 8 de octubre de 2014, a Joaquim Brugué, militante de ICV y catedrático de Ciencia Política de la UAB, que conoce bien el prusés. En la entrevista declaraba cosas como estas:
- “Las cosas se están haciendo tan mal que si viniera un observador internacional y lo viera, creería que Cataluña es Guinea”.
- “La democracia requiere unas reglas claras y transparentes (…) La custodia de las papeletas no es posible si los Mossos d’Esquadra no se involucran, y sin los secretarios municipales para poner en marcha toda la maquinaria legal, es imposible que el 9-N tenga garantías democráticas”.
- “Llevan días escenificando para que no se diga que no han ido hasta el final, pero saben que no habrá consulta”.
- “Todo esto es un juego muy peligroso y una estafa al ciudadano”.
- “No es razonable que la institución que convoca la consulta acabe gritando una de las opciones posibles”.
- “No se está haciendo una campaña informativa para explicar todas las opciones y da la sensación de que lo importante no es poder votar, sino lograr la independencia”.
- “El rey está desnudo, pero todo el mundo insiste en que está vestido”.
Unas declaraciones sobre un nuevo ridículo internacional de la Generalitat, sobre un proceso antidemocrático sin garantías de ningún tipo, un engaño con la escenificación, un juego peligroso para estafar al ciudadano, que está guiado por la pacialidad, puesto que es en la Generalitat donde los alcaldes nacionalistas convocados por Artur Mas coreaban independencia.La manipulación es de tal grado que el Govern d’Artur Mas” lleva gastados cientos de millones de euros para imponer su respuesta a las preguntas de la consulta. Pretenden la inmoralidad de que el fin justifique los medios; pero, siguen sin querer ver que Artur Mas deambula en pelotas.
Francesc Homs ha dado un nuevo aviso con la fecha límite del 15 de octubre para desconvocar el 9N. Una fecha que para ERC puede suponer “la defunció del 9N” y critica a CiU porque en la reunión de los partidos separatistas no se señaló ninguna fecha concreta. Una muestra más de ese permanente choque de trenes entre CDC y ERC para repartirse parte del electorado separatista.
ICV, en declaraciones de Joan Herrera, describe la reunión de partidos pro 9N como menos plácida y con tensiones entre sus integrantes. Alcaldes de ICV, como el de Sant Feliu del Llobregat, se sintió utilizado por el independentismo en el acto de Artur Mas con municipes catalanes, el sábado día 3 de octubre, cuyo discurso fue cerrado por los gritos de “independencia” de buena parte de los alcaldes asistentes.
La CUP, que exige la entrada de ERC en el govern d’Artur Mas para garantizar los pactos secretos acordados, está contenta con presidir la comisión parlamentaria sobre el caso Pujol, con los votos de CiU, ERC e ICV-EUiA. Se puede colegir que el esperpento continúa: más fuegos artificiales para liquidar el asunto Pujol. Una nueva aplicación de la ley de l’Omertà, cuando todos esos han votado en bloque contra la intención de Ciudadanos de liderar dicha comisión. Provocar ruído para, de nuevo, imponer el silencio de los gángsteres.
Del PSC se podrá decir que, aún, continúa con su equidistancia y sin saber qué quieren ser de mayores. Preparando las autonómicas, Miquel Iceta vuelve a tender la mano a Mas ante el fracaso del 9N.
La encuesta publicada por El País, el 5 de octubre, mostraba un rechazo mayoritario a las pretensione barajadas por CiU y ERC, y optaban por acatar al Tribunal Constitucional, ni referéndum ni elecciones plebiscitarias, y por ampliar competencias y celebrar autonómicas. Incluso sus propias encuestas, las del CEO y las de los medios subvencionados, insisten en decirles que su ilusionismo no es verdad.
Publicado por Julio Gómez Bahillo en 10/11/2014 12:30:00 a. m. 0 comentarios
La vorágine del “prusés” (III) Deslealtad, desafío, desobediencia, prevaricación, malversación y sedición
De acuerdo con la Constitución Española (art.152.1), el presidente de la Generalitat es “la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla”; por tanto, sus actos repetidos contra la unidad del Estado, sumen a Artur Mas en la deslealtad, en el incumplimiento de un juramento o una promesa que hace de su palabra algo carente de valor.
Artur Mas, pensativo, necesita mucha Fosfatidilserina para reforzar o mejorar el funcionamiento del cerebro.
La doblez de Artur Mas no es una trastada de críos o una mala pasada maliciosa que perjudica a otro, es una infidelidad. Una felonía que presenta diferentes grados de engaño, una traición caracterizada por la alevosía en su preparación para garantizarse el resultado, por la vileza y lo despreciable que nos refieren sus actos.
Unos actos que cada vez dejan menos dudas sobre el origen del ”prusés” independentista. Un “prusés” que parte de la consigna de salvar al Capo di tutti capi y a todos aquellos lugartenientes y advenedizos que pululan por el nacionalismo catalán para su lucro personal.
Ante la evidencia de la podredumbre en Cataluña y de buena parte de los dirigentes de la Generalitat, el objetivo del “prusés” era, y es, salvar aquellas ramas de la que pendían otras ramas y múltiples nidos de pájaros ávidos de la sopa boba que representan las ayudas y subvenciones públicas, que, sin el menor esfuerzo, les han ido lloviendo desde hace treinta y siete años.
La firma del decreto de convocatoria del referéndum del 9-N por Artur Mas, justamente al día siguiente de que un excitado, y sobreactuante, Jordi Pujol trató de torear al Parlament, fue un paso más de la estrategia de salvar al “Klan Pujol y clanes adyacentes”. Proteger a un Jordi Pujol que no ofreció respuestas a las preguntas que le fueron planteadas, de forma tibia, por aquellos grupos del Parlament inmersos en la deriva secesionista, y, mucho menos, a las preguntas de la representante del PP o del representante de Ciutadans, contra los que alzó su voz, con tics nerviosos y movimientos histriónicos de manos.
Patético y triste espectáculo el de esta comparecencia cínica, adobado con chantajes y amenazas, que debería haber puesto punto final al pujolismo.
La asociación cultural Somatemps tiene bien claro quienes son los que roban en Cataluña y a Cataluña. El cinismo de Jordi Pujol no les impresiona
Qué lejos quedaba aquel 1 de octubre del 2000, en Bellaterra, cuando Pujol llamaba al orden en Convergencia –en el decir de La Vanguardia del día 2 de octubre- y alertaba del daño que podían causar a CDC las trifulcas precongresuales. Advertía Pujol al consejo nacional de CDC de la necesidad de ayudar a garantizar el futuro de CDC, y llamaba a no definirse a lo loco y a seguir “a lo nuestro”, sin pactar con ERC ni promover una Cataluña independiente, para reconducir el debate hacia la vía “políticamente sensata” de mantenerse en la ambigüedad para no perder credibilidad ante el electorado y para cumplir el proyecto de CDC “que no es independentista” y echarle, de paso, una mano a Mas que acababa de ser desbancado en la comisión ejecutiva del partido. Pujol, recordó entonces que CDC “es una barcaza en la que caben todos”, “pero, esa barca tiene la estabilidad que tiene, y lo que no se ha de hacer es que uno se levante y dé saltos excitados, porque puede hacer volcar la barca”.
Desde las advertencias de Jordi Pujol, CDC ha ido en claro descenso electoral y de apoyo ciudadano. En el programa de la última campaña electoral autonómica, el programa de la coalición CiU no llevaba para nada la cuestión del referéndum. Tampoco el acercarse a las posiciones de Oriol Junqueras y del balconismo de ERC, ese salir al balcón para anunciar Golpes de Estado.
La función de la firma del referido decreto era comenzar a diluir el efecto Pujol mediante la sucesión de nuevas noticias que disipara la enorme corrupción del Klan del ex presidente. Con su abandono a todo resquicio de legalidad, Artur Mas entraba de lleno en la dialéctica estéril de la confrontación.
Sin embargo, la ley de la Omertà, impuesta por el pujolismo, permanece intacta en el seno del nacionalismo catalán. Como lo demuestra, ahora, Artur Mas con su sostenella i no enmendalla con idéntico cinismo, chantajes parecidos y amenazas constantes. Ellos son quienes han creado el problema; pero, de ellos no cabe esperar ninguna solución, sólo más obstáculos y continuidad en el fomento del odio, sin que para eso no les importe reparar en gastos, porque para ese modus vivendi llamado secesionismo sí hay dinero.
A los demás catalanes sólo pedirles que sigan manteniendo la cordura.
Artur Mas parapetado tras el entramado del Pacto Nacional pel Dret a Decidir ha planteado un claro desafío al Estado. Tras la firma del decreto nos encontramos en el tiempo del presente de indicativo, con ese “yo desafío” de Artur Mas y el “nosotros desafiamos” del resto de la comparsa. Quizás, pasado un tiempo, ya en la taberna con sus mariachis, se encontrarán compadreando en el tiempo del pretérito pluscuamperfecto: “yo había desafiado” dirá Artur Mas y sus cuates le responderán: “nosotros habíamos desafiado”.
Este desafío de Mas, lanzado sin mucha convicción, es un planteamiento lejos de toda lógica, un reto que hay que afrontar como una incitación que el desafiante arroja contra todos aquellos que contraríen su opinión y se opongan a sus desvaríos y mandatos.
Ante el desafío de Artur Mas y sus compadres no cabe la equidistancia, el chalaneo o la objeción de conciencia (buscar una dispensa personal a un deber general de todos los ciudadanos); porque, cuando en ese desafío no se establecen límites, el siguiente paso de la deriva es la desobediencia civil.
Desobediencia como acto o proceso de oposición pública, activo o pasivo, para no acatar una norma jurídica, o cualquier norma considerada investida de autoridad, que resulta de obligado cumplimiento y cuya trasgresión comportará, inevitablemente, una sanción o castigo. Referida a los deberes generales de todo ciudadano, implica una interpretación distinta a la existente en un Estado de derecho. La desobediencia civil se adopta contra un acto o una política sancionada de un gobierno establecido, que los instigadores de la misma consideran ilegal o de discutible legalidad por conculcar un principio de índole moral, una concepción de justicia o del bien común. El objetivo principal de la desobediencia civil son cambios en el orden social o político que acabarán afectando la libertad de los ciudadanos.
En un principio, en su pretensión de ser la piedra de toque del Estado democrático de Derecho y que se tomen en serio los derechos, la desobediencia civil conjuga ideas del anarcopacifismo, de la no violencia activa, de la objeción de Conciencia, de la rebeldía, de la resistencia no violenta. En su lucha contra el Estado, apelan, tanto a Gandhi y a Martin Luther King, como a una legalidad superior que no es otra que “su pretendida mayoría”. Para crear esa imagen de supuesto apoyo de la totalidad de la población a su proyecto se recurre a personas relacionadas con colectivos como bomberos, policías, médicos, farmacéuticos, jueces, sindicatos de secretarios judiciales y otras profesiones. En ese intento ha consentido que se incumplan las normas establecidas como una forma de reivindicación independentista, catalizada a través de Internet, de plataformas y de manuales para la desobediencia militante. En su estrategia extrema ha recurrido a métodos que no estaban penalizados, aunque suponían riesgos.
Los instigadores de la desobediencia se muestran preocupados en el Parlament: sus manos y sus caretos así lo atestiguan
Los actores de la desobediencia han de ser conscientes de pretender unos fines sociales concretos y de que sus acciones y motivos suelen estar tipificados como ilegales, porque buscan quebrar la legalidad vigente, de forma deliberada e intencional, para suplantarla por otra más acorde a sus intereses. Intereses que no se podrán considerar generales, si éstos no están claramente identificados, sin subterfugios, ni existe un procedimiento democrático de formación de la voluntad.
Pero, puede despertar suspicacias cuando es promovida desde el mismo poder de la Generalitat, como una relación de “mando y obediencia” para luchar contra imaginarias normas arbitrarias, injustas y odiosas del Estado, que no existen más que en sus mentes, con el ánimo de despertar en algunos la sensibilidad hacia las consideraciones y valoraciones que realizan el Govern y sus adláteres independentistas, que ya han confundido desobediencia con derecho a la resistencia a una dictadura. Por eso, se ha de poner el énfasis en cómo se ha producido y qué esconde este proceso.
Sin embargo, la disidencia independentista no identifica los intereses reales de su movida ni establece, con garantías democráticas, esa formación de la voluntad. Ni han hecho públicos sus fines reales, ni los han concretado, sin que exista ninguna garantía de que sus promotores no pretendan un particular beneficio económico. Una desobediencia que se pretende colectiva y que es una forma de insumisión, política y moral, hacia las reglas del orden constitucional y hacia los deberes generales del ciudadano, que pretende adoptar decisiones colectivas sin aceptar la legitimidad del sistema constitucional democrático en una sociedad libre.
Una disidencia que no acepta las reglas democráticas de cambio político, sino que pretende imponer su criterio a la mayoría, con el apoyo de los medios públicos de radio y televisión y otros subvencionados, utiliza la agitación y presión como coacción hacia los gobernantes y las instituciones no separatistas y como forma de persuasión de la opinión pública. Mantiene un discurso público con una función pedagógica de adoctrinamiento.
Incluso se han promovido Jornadas Veraniegas de Desobediencia Civil para madurar campañas de promoción y difusión de ideas sobre desobediencia, sobre cómo legitimar la resistencia, sobre autoformación y formación externa sobre métodos de Acción Directa no Violenta.
Pero las acciones a desatar por la estrategia cómplice de Artur Mas se diferencian, día a día, de la desobediencia moralmente motivada y pacífica. La desobediencia que pretenden no manifiesta voluntad de aceptar sanciones de ningún tipo y convierte sus actos en puras infracciones interesadas u oportunistas. Ni se plantean minimizar los daños ni restringir el uso de la fuerza, sino avanzar en su uso descontrolado y masivo hasta producir actos de violencia calculada. Una desobediencia pensada para acabar, en ocasiones, en actos de desórdenes públicos, que sí constituirían un delito.
Artur Mas y sus cómplices, cada uno representa un papel en esta tragicomedia
En ningún caso, Artur Mas y sus cómplices, cada uno con una función asignada, no pueden justificar el incumplimiento de la ley ni llevar la sociedad al caos. Ningún poder, aun el salido de las urnas, está legitimado para vulnerar los derechos de los que surge la dignidad de la persona, que son patrimonio de cada individuo. Nuestro ordenamiento no reconoce la desobediencia civil como un derecho ejercitable por los ciudadanos, ni tan siquiera como una causa de atenuación de la responsabilidad penal, pero la puede justificar por la compatibilidad entre la ley combatida y los derechos de la persona consagrados en la Constitución. En el caso hipotético de que una ley viole estos derechos, estaría viciada de nacimiento y sería inconstitucional, al ser contraria al Derecho español y no habría obligación de aceptarla. En ese caso concreto resultaría legítimo luchar por su anulación mediante la desobediencia. Pero utilizar la desobediencia para deconstruir el Estado eso es otra cosa muy diferente.
No estará de más recordar aquí que la misión de los jueces es la de aplicar el derecho vigente al caso concreto. Al ejercicio de esa función se le denomina “jurisdicción”, que es el ámbito en el cual se puede desenvolver un funcionario judicial.
Cuando una autoridad, un juez o un funcionario, en el ejercicio de sus competencias, en un asunto administrativo o judicial, se aparta voluntariamente de la aplicación del derecho al caso concreto y dicta una resolución arbitraria, a sabiendas de que dicha resolución es injusta -por ser contraria a la ley expresa, o fundada en hechos falsos o en otras resoluciones falsas-, comete un delito punible de prevaricación. Una conducta que se vería agravada en causas criminales condenatorias donde las libertades de las personas se vean comprometidas.
Artur Mas se está condenando a sobrevivir en solitario. No parece tener credibilidad ni para su propia bancada
Así pues, los requisitos de la prevaricación son claros:
• La persona que realiza la prevaricación debe ser una autoridad o funcionario.
• La persona prevaricadora debe estar en el ejercicio de su cargo.
• Que la resolución injusta se dicte sabiendo que lo es.
• Debe existir dolo; es decir, voluntad deliberada (elemento volitivo) de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud (elemento intelectivo, intelectual o cognitivo). En los actos jurídicos, el dolo implica la voluntad maliciosa de engañar a alguien o de incumplir una obligación contraída. En derecho tiene significados diferentes: en el penal, significa intención de cometer la acción típica prohibida por la ley; en el civil es la característica esencial del ilícito civil, en el incumplimiento de las obligaciones designa la deliberada inejecución por parte del deudor y, por último, es un vicio de los actos voluntarios.
Prevaricar es comparable al incumplimiento de los deberes del servidor público, y sería una manifestación de abuso de autoridad, sancionado por el Derecho penal, en su búsqueda de la protección tanto del ciudadano como de la propia Administración.
El delito de prevaricación judicial no consiste en la lesión de bienes jurídicos individuales de las partes del proceso, sino en la postergación por el autor de la validez del derecho o de su imperio y, por lo tanto, de la vulneración del Estado de Derecho, al quebrantar la función judicial de decidir aplicando únicamente el derecho, en la forma prevista en el art. 117.1 de la CE. Desde este punto de vista, el delito de prevaricación, sea judicial, sea de funcionario (art. 404 CP), requiere, ante todo que las sentencias o resoluciones judiciales o las resoluciones del asunto administrativo puedan ser consideradas como un grave apartamiento del derecho en perjuicio de alguna de las partes.
Por tanto, la prevaricación consiste en el abuso de la posición que el derecho otorga al Juez o al funcionario, con evidente quebranto de sus deberes constitucionales. En suma, la no aplicación de la ley o la aplicación torcida por la propia convicción personal del Juez o Magistrado está recogida en sentencias como: TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, S de 27 de Marzo de 2003; o la del TSJ Andalucía de Granada, Sala de lo Civil y Penal, S de 28 de Enero de 2005.
El peculado o malversación de caudales o efectos públicos se produce cuando exista sustracción de los mismos, o se consienta en que ésta se verifique, o cuando se aplican a usos propios o ajenos por parte de quien los tenga a su cargo, y cuando se dé a éstos una inversión distinta a su destino.
El código Penal, en el Capítulo VII, del Título XIX. Libro II dedicado a los delitos contra la administración pública, regula el de malversación en los artículos 432 a 435, al proteger los intereses patrimoniales del Estado, las comunidades autónomas, la provincia, el municipio y, en general, de los entes públicos, tengan o no autonomía administrativa.
Para la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en este ámbito se tutela el correcto funcionamiento patrimonial de los entes citados, así como la confianza del público en el manejo honesto de los caudales públicos y la propia fidelidad en el servicio de los funcionarios que los manejan. Así, el código penal establece que las autoridades o funcionarios que, con ánimo de lucro, sustrajeran o consintieran que un tercero, sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones, incurrirán en la pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez.
Dentro de los delitos contra el orden público, el Código Penal tipifica el delito de sedición en los artículos 544 a 549 del Capítulo I del Título XXII, y la Sentencia del tribunal Supremo de 25 de octubre de 1996.
El artículo 544 considera como reos de sedición a «los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales».
Es un delito que se comete con dolo específico (para impedir, dice el precepto) y del que el Tribunal Supremo, en su sentencia de 19 de octubre de 1980, precisó sus notas características en los términos que resumimos:
«a) Alzamiento, levantamiento, sublevación o insurrección dirigidos contra el orden jurídico establecido, contra el normal funcionamiento de determinadas instituciones o contra autoridades, funcionarios, corporaciones públicas, clases del Estado.
c) Que el alzamiento se encamine a la consecución de los fines indicados, por la fuerza, esto es, de modo violento -violencia, bien absoluta, bien compulsiva y tanto recayente sobre las personas como sobre las cosas-, o fuera de las vías legales, es decir, de modo ilícito, ilegítimo o ilegal y no a través de recursos o procedimientos de reclamación o de disconformidad que la ley arbitre o prescriba.
d) El sujeto activo, los participantes, ha de ser plural para no confundir la sedición con el atentado, la resistencia o la desobediencia. La sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 1934 sostiene que habrán de ser varias y en número suficiente para la consecución del fin propuesto, y que los términos legales “alzaren” y “tumultuariamente” evocan y sugieren la participación indispensable de un número considerable de personas, aunque no es preciso que constituyan multitud o muchedumbre.
e) El sujeto pasivo de la sedición puede ser desde el poder legislativo hasta las corporaciones públicas, pasando por la autoridad. Para algunos autores, este sujeto, es pura y sencillamente, el Estado, añadiendo que la institución o autoridad particular contra la que en concreto se dirija el ataque no es el titular del bien jurídico y, en consecuencia, no puede ser conceptuada sujeto pasivo del delito.
En la sedición faltan componentes políticos que caracterizan a la rebelión. En el Código Penal de 1973, en su Título II se incluía la sedición y la rebelión en el ámbito del delito contra la seguridad interior del Estado. Sin embargo, el nuevo Código ubica el delito de rebelión en el Título XXI, dentro de los delitos contra la Constitución. Para el Tribunal Supremo, la sedición común es una “rebelión en pequeño”, caracterizada por la menor entidad de los fines ilícitos perseguidos.
El mismo Código, en su art. 24.1 reputa penalmente como autoridad «al que por sí sólo o como miembro de alguna corporación, Tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia».
El Código Penal recoge cómo el delito de sedición admite diferentes modalidades delictivas y su pena correspondiente.
El artículo 545.1 señala que «los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos, se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo». En su apartado 2 establece que «fuera de estos casos, se impondrá la pena de cuatro a ocho años de prisión, y la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años».
El artículo 546 dice que «cuando la rebelión no haya llegado a organizarse con jefes conocidos, se reputarán como tales los que de hecho dirijan a los demás, o lleven la voz por ellos, o firmen escritos expedidos a su nombre, o ejerzan otros actos semejantes de dirección o representación». Y remite a lo dispuesto en el artículo 474 como aplicable a este caso.
Que jueces o tribunales puedan atenuar las penas señaladas, en uno o dos grados, se contempla en el artículo 547 «en el caso de que la sedición no haya llegado a entorpecer de un modo grave el ejercicio de la autoridad pública y no haya tampoco ocasionado la perpetración de otro delito al que la Ley señale penas graves».
Punibilidad significa cualidad de punible, es decir aquella conducta a la que se tiene la posibilidad de aplicar una sanción o pena jurídica. El artículo 548 recoge expresamente la punibilidad de los actos preparatorios, prácticamente ineludibles, al señalar que «la provocación, la conspiración y la proposición para la sedición serán castigadas con las penas inferiores en uno o dos grados a las respectivamente previstas, salvo que llegue a tener efecto la sedición, en cuyo caso se castigará con la pena señalada en el primer apartado del artículo 545, y a sus autores se los considerará promotores».
El artículo 549, remite a las disposiciones de los preceptos del delito de rebelión, al señalar que «lo dispuesto en los artículos 479 a 484 es también aplicable al delito de sedición».
Por último, concluiremos con el caso de que una autoridad constituida sea la que cometa el delito de sedición. En tal caso, el artículo 562 establece la aplicación de la inhabilitación absoluta por tiempo de diez a quince años, salvo que dicha circunstancia esté específicamente contemplada en el tipo penal de que se trate.
Publicado por Julio Gómez Bahillo en 10/04/2014 01:33:00 a. m. 0 comentarios
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