Source: http://www.poderjudicial.es/search/sentencias/derecho%20financiero%20y%20tributario/1/PUB
Timestamp: 2020-08-14 11:44:31
Document Index: 234831166

Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 102', 'artículo 209', 'artículo 27', 'artículo 95', 'artículo 17', 'artículo 135', 'artículo 120']

derecho financiero y tributario - 1 | CENDOJ : Buscador del Sistema de Jurisprudencia
Tema: derecho financiero y tributario
13793 resultados ( máximo documentos a recuperar 200)
ROJ: STS 2410/2020 - ECLI:ES:TS:2020:2410
Nº Recurso: 415/2018
Resumen: Los documentos públicos de constitución de un complejo inmobiliario privado previo a la declaración de división horizontal se encuentran sujetos a la cuota variable del ITPAJD, en la modalidad de Actos Jurídicos Documentados, en cuanto contienen una descripción siquiera sea elemental de elementos privativos a los que se vinculan elementos comunes, a los que puede asignarse un valor.
ROJ: STS 2416/2020 - ECLI:ES:TS:2020:2416
Resumen: Siendo una cuestión probatoria la capital en la sentencia, parece que lo aconsejable habría sido inadmitir el recurso, pues el debate sobre la interpretación del artículo 25 TRLHL es superfluo para decidir el recurso de casación, toda vez que, ya sea exigible una memoria económico-financiera completa, ya baste con un estudio razonado de costes (...), el resultado es que aquí se trata de un elemento indiferente para resolver, pues ni uno ni otro constan, ni lo que debe resolverse aquí es si un trámite del procedimiento de elaboración de la ordenanza se ha observado.
ROJ: STS 2370/2020 - ECLI:ES:TS:2020:2370
Resumen: Los documentos que se esgrimen en la demanda de revisión impiden, así mismo, aceptar la concurrencia de la causa de revisión de la letra d) de ese citado artículo 102.1 LJCA, porque no merecen la consideración de documentos recobrados, pues cualquiera de las partes litigantes tuvo a su alcance la posibilidad de solicitar esos documentos, de quienes podían expedirlos, para hacerlos valer en el proceso jurisdiccional contencioso-administrativo donde fue dictada la sentencia contra la que se dirige la demanda de revisión de sentencia firme; y porque no es asumible el alegato del demandante de que no podía exigírsele incriminar a su esposa, ya que se trata de los documentos que fueron utilizados precisamente en el proceso penal para conjurar la acusación.
ROJ: STS 2423/2020 - ECLI:ES:TS:2020:2423
Resumen: Determinar si el plazo de tres meses previsto en el artículo 209.2 LGT para el inicio de un procedimiento sancionador, derivado de la comisión de una infracción tributaria, resulta de aplicación, únicamente, a los supuestos de incoación de procedimientos sancionadores que traigan causa de un procedimiento previo, iniciado mediante declaración o de un procedimiento de verificación de datos, comprobación o inspección; o, por el contrario, resulta también de aplicación en caso de incumplimiento de un deber formal de presentación en plazo de una declaración tributaria.
ROJ: STS 2479/2020 - ECLI:ES:TS:2020:2479
Nº Recurso: 4195/2019
Resumen: A la luz de la reforma operada en el texto refundido de la Ley del impuesto sobre sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, con la aprobación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio, la aplicación de los incentivos fiscales para empresas de reducida dimensión del Capítulo XII del Título VII de dicho texto refundido, ya no se puede condicionar a la realización de una verdadera actividad económica por el sujeto pasivo, entendiendo por tal la que reúna los requisitos previstos en el artículo 27 de la citada Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, cuando se trate de la actividad económica de alquiler de inmuebles, de forma que a partir de entonces sólo se requiere que el importe neto de la cifra de negocios habida en el período impositivo inmediato anterior sea inferior a la establecida por el art. 108 TRLIS. La aplicación de los beneficios fiscales para las empresas de reducida dimensión previstos en el citado art. 108 TRLIS, en los ejercicios 2008 a 2011, no se condiciona a la realización de una actividad económica por el sujeto pasivo, entendiendo por tal la que reúna los requisitos previstos en el art. 27 de la LIRPF.
ROJ: STS 2269/2020 - ECLI:ES:TS:2020:2269
Nº Recurso: 5336/2017
Resumen: Impuesto sobre el valor añadido: deducción del IVA soportado por la adquisición de un vehículo turismo. Análisis del artículo 95.Tres, reglas 2ª y 3ª, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. La deducción de las cuotas correspondientes en atención al grado efectivo de afectación del vehículo a la actividad de la empresa como aquel precepto establece- no contraviene el Derecho de la Unión Europea (artículo 17 de la Sexta Directiva y preceptos correlativos de la Directiva IVA de 2006), ni la jurisprudencia que lo interpreta (sentencia TJCE de 11 de julio de 1991, caso Lennartz). La presunción de afectación al 50 por 100 que el artículo de la ley española prevé tiene naturaleza iuris tantum, de alcance puramente probatorio, que puede ser destruida tanto por el contribuyente, a través de cualquier medio de prueba admitido en Derecho, como por la Administración, que solo puede regularizar por debajo de aquel umbral acreditando debidamente un porcentaje inferior de utilización del vehículo en la actividad empresarial.
ROJ: STS 2421/2020 - ECLI:ES:TS:2020:2421
Resumen: Conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 135 LGT y en el apartado 1 del artículo 120 RITPAJD, el plazo para promover la tasación pericial contradictoria, cuando se haya reservado tal derecho al tiempo de presentar recurso administrativo contra una liquidación tributaria, se inicia en el momento de dictarse el acto administrativo (resolución del recurso) que pone fin a la vía administrativa.
ROJ: STS 2409/2020 - ECLI:ES:TS:2020:2409
Nº Recurso: 1083/2019
Resumen: Sentencia dictada con la Ley 58/2003 vigente respecto de liquidación girada con la Ley de 1963. Inaplicación de los arts. 26.4 y 240 LGT por el tiempo de retraso en resolver el TEAC el recurso de alzada. El que existiese un único procedimiento para la regularización tributaria y la imposición de una sanción, y que la sanción formara parte de la deuda tributaria, no puede hacer desaparecer la diferenciación conceptual de ambas categorías y, por ende, el distinto tratamiento jurídico que en numerosas facetas se deriva de ello. La obligación tributaria posee carácter recaudatorio, su fundamento se encuentra en el deber de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos; y lo decisivo de la sanción tributaria es su carácter sancionador que se rige por los principios inspiradores del derecho sancionador. Distinta naturaleza que no queda empañada porque hasta la 58/2003 se incluyera las sanciones como uno de los componentes de la deuda tributaria -y hasta la Ley 1/1998, hubiera unidad de procedimiento-, pues, como advertía la jurisprudencia, pese a dicha inclusión, la sanción tributaria no cumple la misma función que el resto de los elementos que integran la deuda. En modo alguno cabía equiparar la sanción con lo que es estrictamente deuda tributaria, ni ahora, ni antes, por ser conceptualmente incompatibles, lo que determina un distinto régimen jurídico, por más que la sanción sea fruto del incumplimiento de las obligaciones tributarias.