Source: https://www.scribd.com/doc/28993214/DERECHO-MERCANTIL
Timestamp: 2016-10-22 22:59:57
Document Index: 129843296

Matched Legal Cases: ['artículo 53', 'artículo 18', 'artículo 1318', 'artículo 32', 'Artículo 5', 'artículo 55', 'artículo 184', 'Artículo 27', 'Artículo 32', 'Artículo 28', 'artículo 27', 'artículo 51', 'artículo 181', 'artículo 93', 'artículo 93', 'Artículo 33', 'artículo 28', 'Artículo 34', 'artículo 27', 'artículo 27', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'artículo 198', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 7', 'artículo 7', 'Artículo 6', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 8', 'Artículo 14', 'artículo 16']

BrowseBrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksComicsSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicDERECHO MERCANTIL PARTE PRIMERATEMA 1 LAS FUENTES DEL DERECHO MERCANTIL
1.SIGNIFICACION DE LA TEORIA DE LAS FUENTES DEL DERECHO MERCANTIL Las fuentes formales del derecho mercantil son la ley, la costumbre y los principios generales del ordenamiento juridico. Los actos de comercio se rigen por el codigo de comercio, pero en su defecto por los USOS DE COMERCIO observados generalmente en cada plaza y, a falta de estos, por las reglas de DERECHO COMUN (art. 2), sobretodo en materia contractual. 2. LEYES MERCANTILES a. El CODIGO DE COMERCIO de 1885= su pretención era de realizar un sistema objetivo del derecho mercantil= pretención que se ha demonstrado inútil. b. Las LEYES MERCANTILES ESPECIALES= tienen como objetivo la homologación de las reglas con el resto de Europa c. Intervención de las Comunidades Autonomas= la competencia es divisa. El estado detiene la competencia sobre: a. Capacidad para ejercicio de comercio b. Creación y regimen juridico de establecimientos mercantiles c. Regulación de las condiciones generales de contratación d. Bases de la ordenación del credito para bancos y seguros El resto es de competencia de las Comunidades Autonomas, además del desarrollo legislativo y de la ejecución de las leyes-base del estado en las materias de competencia suya. 3. USOS MERCANTILES Es la “segunda” fuente del derecho mercantil. Uso= práctica efectiva y repetida de una conducta. La vinculación a esta norma no ha de derivar de la libertad individual, sino de la existencia objetiva de esta norma de trafico. Es diferente de los usos normativos, que son fuentes. Es diferente también de los usos interpretativos, que disciplinan una relación juridica. Eficacia del uso= segun el art. 2 del codigo civil tiene función SUPLETORIA a la ley y no puede derogarla, a menos que no exista voluntad de las partes en este sentido. Alcance de los usos mercantiles= falta de fijeza y claridad= por esto tienen que ser probados por las partes, y no son conocidos por el juez a priori como lo son las normas juridicas. 4. ORDENAMIENTO DE LA UNION EUROPEA Y SU INCIDENCIA EN EL DERECHO MERCANTIL ESPAÑOL
Existe una aproximación a las fuentes de la Union Europea. Desde 1986 existe la sumisión al ordenamiento de la Union= acervo comunitario. El problema de la primacia del ordenamento comunitario y de la aplicación directa de las directivas se resuelve sobre la base del art 93 de la Constitución. De manera general, se ha asistido en los ultimos años a una gran evolución del sistema para adaptarse a la normativa comunitaria y para realizar la transposición de las directivas.
BIBLIOGRAFÍA: F. Sánchez Calero y J. Sánchez-Calero Guilarte, Instituciones de Derecho Mercantil I, 27ª ed., Mc Graw Hill, Madrid, 2004, pp. 31-42
TEMA 2 EL REGISTRO MERCANTIL 1. NOCION, FUNCION, ORGANIZACION Está regulado por la ley 19/1989 y el Reglamento del Registro Mercanil RD 1784/1996. Nocion y función= El registro es la institución administrativa que tiene por objeto la publicidad oficial de las situaciones juridicas de los empresarios en él inscritos, además de otras funciones. Su función primera es la de ser un instrumento de publicidad. En él se realizan las inscripciones de empresarios, de actos, de contratos, de sujetos no personificados (ejemplo fondos de pensiones). Desde el año 2001 la función de publicidad ha sido objeto de informatica y actualmente es telematica. Con la reforma concursal, a través del registro se publiciza la insolvencia de los empresarios. Otras funciones: - el registro mercantil es incargado de la legalización de los libros de los empresarios - en el se realiza el nombramiento de expertos indipendientes para la valoración de las aportaciones no dinerarias a sociedades anonimas o comandatarias por acciones - deposito y publicidad de cuentas anuales de sociedades de capitales. Organización= depende del Ministro de la Justicia. Se organiza en: - Registros territoriales= (se encuentran normalmente en la capital de la provincia). Es el registro correspondiente al domicilio para la inscripción, legalización y nombramiento. - Registro central= registra todas las inscripciones que se hacen en los registros territoriales. Tiene función de ordenación, tratamiento y publicidad informativa. Otros registros= registros de la propiedad inmobiliaria. 2. PROCESO DE INSCRIPCION Proceso de inscripción al registro= 1) Presentación de documentos= el sujeto debe inscribirse dentro del mes siguiente al otorgamiento de los documentos necesarios para la practica de los asientos. La inscripción al registro se hace en virtud de docuemento público.
2) Calificación y practica del asiento solicitado= se controlan los requisitos necesarios según la ley. Si falta algo, prorroga de 60 dias para subsanar los defectos. Contra esta denegación se puede recurrir. 3. EFICACIA DE LA INSRIPCION Eficacia de la inscripción= - eficacia como instrumento de PUBLICIDAD= seguridad en beneficio de los terceros, para que conozcan los datos esenciales de la sociedad (ejemplo la identidad de los administradores) - eficacia LEGITIMADORA= art. 20 Codigo Civil= el contenido del registro mercantil se PRESUME EXACTO Y VALIDO. Está bajo la salvaguardia de los tribunales y produce todos los efectos mientras no se inscriba la declaración de nulidad de su inexactitud. La inexactitud no perjudica los terceros que fueran en buena fe. Principio de legitimación= oposición frente a los terceros a partir de los 15 dias después de la publicación de la inscripción en el Boletin Oficial del registro mercantil. En este plazo de 15 dias, el contenido no es oponible a terceros. En caso de diferencia entre inscripción y publicación, los terceros pueden invocar la publicación, si le fuere favorable.= regla general de presunción de buena fe del tercero. Eficacia respecto al hecho inscrito= normalmente se trata de una eficacia DECLARATIVA. En caso de sociedades de capitales se trata de publicidad CONSTITUTIVA.
BIBLIOGRAFÍA F. Sánchez Calero y J. Sánchez-Calero Guilarte, Instituciones de Derecho Mercantil I, 27ª ed., Mc Graw Hill, Madrid, 2004, pp. 79-93
TEMA 3 LA PROTECCION DE LAS CREACIONES INDUSTRIALES 1. LAS CREACIONES INDUSTRIALES La invención en termino de creaciones industriales corresponde a un descubrimiento. Existen 2 tipos de derechos: - sobre las creaciones de fondo - sobre las creaciones ornamentales (ejemplo: dibujos). A cambio del derecho exclusivo de la creación industrial, el posesor soporta: - carga legal de explotarlo - obligación de pagar tasas de mantenimiento en caso contrario la patenta caduca y entra en el dominio público. El derecho exclusivo es limitado nel tiempo por interés público. Ley 30/1992= ley de patentes. 2. LAS PATENTES DE INVENCIÓN
Concepto= la patente es un DERECHO que garantiza al inventor el disfrute exclusivo de los resultados industriales de su propia invenciòn, y es el TITULO de propiedad industrial que a tal efecto se concede (art. 1 ley patentes). La patente se concede unicamente por invenciones NUEVAS que impliquen una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial. Requisitos esenciales: - su aplicación industrial - su NOVEDAD respecto al estado de la tecnica - que implique una ACTIVIDAD INVENTIVA= no debe deducirse facilmente a través de conceptos ya existentes. Invenciones NO PATENTABLES: Aunque tengan los requisitos expuestos, no son patentables las invenciones cuya publicación o explotación sean CONTRARIAS AL ORDEN PUBLICO O BUENAS COSTUMBRE, las variedades vegetales, las razas animales y los relativos procedimientos biologicos para obtenerlos, los metodos de tratamiento diagnosticos para humanos y animales (ejemplo: donación y clonación). El derecho a la patente: pertenece al inventor o a sus causahabientes. La facultad de pedir patente se puede transferir a terceros. El derecho a patente en caso de INVENCIONES LABORALES: Las invenciones realizadas en seno ad una empresa, por un trabajador. Existen 3 casos: 1) invenciones DE SERVICIO= durante la vigencia de contrato de trabajo de investigación o invención= pertenecen al empresario 2) invenciones MIXTAS= el trabajador no ha sido contratado para inventar, pero consigue la invención gracias a los conocimientos de la empresa= el empresario puede optar, siempre pagando al trabajador, entre: i. asumir la totalidad de la invención ii. reservarse un derecho sobre la invención 3) las invenciones LIBRES= no concurre algúna de las 2 circunstancias= pertenecen al trabajador. En los 2 primeros casos, el trabajador tiene el deber generico de comunicar la invención por escrito al empresario. PROCEDIMIENTO PARA OBTENCION DE LA PATENTE: - presentar solicitud que contenga determinadas menciones y la descripción del invento. La solicitud no puede comprender mas de una invención. - 2 procedimientos posibles: uno generico y uno especial. Contenido del derecho a la patente: disfrute exclusivo de explotar e impedir a terceros de hacerlo. Derecho a monopolio sobre el obeto= es una legal limitación a la libre competencia. La duración es de 20 años improrrogables. Obligación de explotarlo= si no hay explotación, se reducen o eliminan los efectos favorables. Causa de nulidad= ausencia de un requisito o insuficiencia de descripción de la invención en la solicitud. 3. LA PROTECCIÓN DEL DERECHO DE EXCLUSIVA
El derecho de exclusiva goza de una mayor protección del derecho a la patente. El titular dispone de - ACCIONES = art. 62 ley patente= el titular puede hacer una acción de CESACION y de INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS contra quienes lesionen su derecho. - NORMAS PROCESALES= son especiales 4. TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS SOBRE LAS PATENTES. Pueden ser transmitidos por todos los medios reconocido en derecho. La patente puede pertenecer a mas personas (una comunidad) y es posible el usufructo y la hipoteca sobre la misma. LICENCIA DE EXPLOTACION de la invención patentada= da origen a situación juridica segun la cual el cesionario (licenciatario) puede explotarla con condiciones determinadas continuando la titularidad de la patente a favor de quien otorga la licencia (licenciante). =ejemplo contrato de licencia. - licencias contractuales= manifestación de caracter patrimonial. Objeto del contrato= patente ya concedida o solicitud. El contrato debe ser escrito e inscrito en la oficina de patentes y marcas. - Licencias de pleno derecho= vende todo a cualquier interesado como licenciatario no exclusivo, contra una compensación - Licencias obligatorias (contra la voluntad del titular). Casos: o Por falta o insuficiencia de explotación o Por necesidad de exportación o Dependencia entre 2 patentes o Interés público (ejemplo salud publica). Normas sobre transferencia tecnologia extranjera: reglamento CE 2349/84= son liberas de verificaciones o controles. 5. OTRAS MODALIDADES DE PROTECCIÓN se pueden inventar modelos de utilidad por invenciones que consisten en dar a un objeto una configuración, estructura, que dea ventajas practicas apreciables para su uso o fabricación. En los MODELOS es fundamental la FORMA del objeto= la novedad pasa en 2º plano, asi como la actividad industrial. La duración es de 10 años. Las adiciones a la patente: los titulares de una patente pueden obtener adiciones a su patente para proteger las invenciones accesorias que la perfeccionan. 6. LA PROTECCIÓN DEL DISEÑO INDUSTRIAL Modelos y dibujos industriales, diseños. Diseño= apariencia de la totalidad o parte de un producto que se deriva de sus caracteristicas formales (atendiendo en particular a su forma, colores, textura, etc.) Todo diseño puede inscribirse al registro de diseños. Novedad significa que no existe otro diseño identico accesible al publico. Singularidad significa que la impresión generada es diferente de la impresión generada por cualquier otro diseño existente. 5
Art 15 = cualquier diseño efectuado por un empleado en el marco de sus funciones o siguiendo las instrucciones pertenece al empresario. La duración es de 5 años. Los limites son la moral, orden publico, salud publica. La protección no cabe por actos realizados en ambito privado, con fines no comerciales. Acciones que corresponden al titular del diseño: - cesación - indemnización de daños y perjuicios - adopción de medidas que eviten que prosiga actividad infractora - destrucción o cesión con fines humanitarios de dichos productos - entrega - publicación de la sentencia que declare la lesión. 7. LA PROTECCIÓN DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS = microchips . ley 11/1988. Derecho de autor + propiedad industrial. El microchip tiene que ser el resultado de esfuerzos intelectuales y no es un producto corrente. La duración de la protección es de 10 años. 8. LA PROTECCIÓN DE LA OBTENCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES ley 3/2000= reconocimiento al obtenor de una variedad vegetal de un derecho exclusivo para llevar a cabo respecto aquella distintas actividades de explotación de ese derecho (producción, venta, etc.). el requisito es la novedad. 9. TRATAMIENTO INTERNACIONAL DE LAS CREACIONES INDUSTRIALES para homologar el sistema internacional de las creaciones industralies existen varios convenios: - el convenio de la Union de Paris del 1883= para crear un sistema internacional de patentes - convenio de Munich=para homologar el procedimiento de concesión de las patentes (en UE) - tratado de cooperación en materia de patentes= es como el convenio de Munich pero a nivel mundial.
BIBLIOGRAFÍA F. Sánchez Calero y J. Sánchez-Calero Guilarte, Instituciones de Derecho Mercantil I, 27ª ed., Mc Graw Hill, Madrid, 2004, pp. 133-152
TEMA 4.- LA SOCIEDAD COTIZADA 1. NOCIÓN = sociedad anonima cuyas acciones están admitidas a cotización en un mercado oficial de valores (ley 26/2003). Esto comporta: - adquisición y negociación son abiertas al publico en bolsas de valores - están sometidas al regimen del mercado de valores - están bajo la supervisión de una comisión nacional del mercado de valores. 6
2. CAPITAL Y ACCIONES El capital minimo es determinado por las normas de la bolsa. Sus acciones deben ser representadas por medio de anotaciones en cuenta. Regimen especial de algunos derechos: - Información AMPLIA Y VERAZ= todos los accionistas pueden pedir informaciones por escrito. La sociedad debe disponer de una pagina internet. - El plazo de ejercicio del derecho de suscripción preferente de los administradores se puede limitar a 15 dias ( por el aumento de capital) - Existen especiales acciones sin voto. Emisión de acciones rescatables: - solo para sociedades cotizadas - su importe nominal no puede ser superior a un cuarto del capital social - la amortización de estas: o con cargo a beneficios o reservas libres o con el producto de una nueva emisión de acciones o con los mismos requisitos de las reducciones de capital Publicidad de los pactos parasociales: Son los pactos que incluyen la regulación del derecho de voto en juntas generales o sobre la transmisibilidad de las acciones. Deben ser comunicados a sociedad y comisión para publicarse. 3.ÓRGANOS SOCIALES La JUNTA GENERAL= la junta tiene la obligación de aprobar un reglamento que debe regir su funcionamiento en aquellos aspectos no regidos por la ley. Sino hay una sanción por falta de caracter administrativo. El CONSEJO DE ADMINISTRACION= dicta su reglamento por el regimen interno y su funcionamiento. Los administradores tienen deberes particulares: o Abstención del voto por  Su propio nombramiento como administrador  Su destitución  Acción de responsabilidad contra él El COMITE DE AUDITORIA= el consejo de administración tiene que nombrar un comité de auditoria, cuyos miembros son elegidos entre sus propios miembros. o Principio de independencia de su actuación o Intervención directa en la junta general. Sus funciones son: -Informar a la junta general sobre la verificación de las cuentas y el labor de los auditores, proponer al consejo para su nombramiento supervisar los servicios de auditoria internos conocer el proceso de información financiera cuidar el mantenimiento independente de los auditores.
4. INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO Y OTROS INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN las sociedades cotizadas deben publicar anualmente un informe de gobierno corporativo, con los objetivos de: 7
conocimiento de la estructura y desarrollo para hacer publica la composición del accionariado.
El contenido del informe minimo (ademas de lo previso por el ministerio de la economia) consiste en: - estructura de composición del capital social ( participaciones significativas, pactos parasociales, etc) - estructura y formación de la administración - operaciones vinculadas con sus accionistas - sistemas de control del riesgo - funcionamiento detallado de la junta general - grado de seguimiento de las recomandaciones de los informes. Instrumentos de información = pagina web para atender el ejercicio de información por parte de los accionistas.
BIBLIOGRAFÍA F. Sánchez Calero y J. Sánchez-Calero Guilarte, Instituciones de Derecho Mercantil I, 27ª ed., Mc Graw Hill, Madrid, 2004, pp. 463-472
TEMA 5.- UNIONES DE EMPRESA, GRUPOS DE SOCIEDADES E INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 1. CONSIDERACIONES GENERALES La importancia y regulación de las uniones de empresas deriva del peligro de restricción de la competencia. Ley 12/1991 sobre las agrupaciones de interés economico. Noción general y clases: Uniones de empresas= conjunto de empresarios que manienen su independencia juridica y están sometidos a una dirección unitaria para obtener fines economicos, conservando su individualidad juridica. Se sumeten a vinculos de naturaleza real u obligacional, y a principios de subordinación y coordinación. 2. LOS GRUPOS DE SOCIEDADES Regimen= fenomeno de subordinación entre la sociedad dominante o matriz y las sociedades dominadas o filiales. Todavia falta una normativa adecuada= ley 24/1988 LMV art. 4 se ocupa de los grupos de sociedades. Noción = entitades que constituyan una unidad de decisión porque alguna de ellas ostante o pueda ostentar directa o indirectamente el control de las demás, o porque ostente dicho control a una o varias personas fisicas que actuen sistematicamente en concierto. Existe un grupo cuando varias sociedades constituyan una entitad de decisión = art. 42 codigo de comercio. Orientación al regimen de grupos de sociedades: - necesidad de publicidad del grupo - protección especial para accionistas minoritarios - necesidad de regular las relaciones entre las sociedades 8
proteger los acreedores de las filiales
3. LAS AGRUPACIONES DE INTERÉS ECONÓMICO Noción y regimen= sociedades carentes de animo de lucro que tienen por finalidad facilitar los resultados de la actividad de sus socios, de forma que su objeto exclusivo será el desarrollo de una actividad economica auxiliaria y diversa de la de estos.= principio de coordinación. Caracter instrumental respecto a sus socios= no pueden poseer directamente participaciones en las filiales, ni controlarlas. Denominación y constitución = deben llamarse siempre Agrupaciones de Interés Economico = AIE. Se constituyen mediante escritura publica y se inscriben al Registro Mercantil. Posición juridica de los socios y regimen de los organos sociales: Caracter personalista. Las circunstancias personales de los socios afloran en sus admisiones, separaciones, etc. Sirve siempre el acuerdo unanime de la asemblea de los socios (salvo raras excepciones). La agrupación será administrada por una o varias personas designadas en la escritura de constitución o nombradas por acuerdo de los socios. 4. LAS UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS Ley 18/1982= prevé beneficios fiscales para las uniones de empresas temporales. UTE= surgen de los contratos de colaboración de caracter temporal, entre empresarios, para el desarrollo o ejecución de una obra, servicio o suministro. Esta organización carece de personalidad juridica. El contrato se efectua con escritura publica. Sigue el nombramiento de un gerente, unico con poderes de representación hacia terceros. Los miembros de la union responden a los terceros con caracter solidario e ilimitado. 5. LAS INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA Ley 35/2003. Regimen, noción y clases: tienen por objeto la captación de fondos, bienes o derechos del publico para gestionarlos e investirlos en bienes, derechos, valores u otros instrumentos financieros o no, siempre que el rendimiento del inversor se establezca en función de los resultados colectivos. 2 clases: - fondos de inversión - sociedades de inversión. 1)Fondos de inversión = patrimonios separados sin personalidad jurídica, que pertenecen a una pluralidad de inversores, cuya gestión y representación corresponde a una sociedad gestora que ejerce las facultades de dominio sin ser propietaria del fondo, con el concurso de un depositario y cuyo objeto es la captación de fondos, bienes, derechos, valores, etc.
El fondo se constituirá con autorización administrativa mediante las aportaciones iniciales, con un contrato. El participe adquiere su posición mediante la aportación. 2)Sociedades de inversión= las instituciones de inversion colectiva pueden haber la forma de sociedades anonimas, y su objeto social será precisamente el desarrollo de la actividad propia de estas istituciones. El capital de las sociedades deberá ser interamente suscrito y desmbolsado desde la constitución Los participes son titulares de sus acciones. El numero de accionarios tiene que ser mayor a 100. El capital es variable. - Las sociedades gestoras de fondos y sociedades de inversión= las gestoras son sociedades anonimas cuyo objeto social es la administración, representación y gestión de las inversiones y gestion de las suscripciones y reembolsos de los fondos. - Los depositarios de las inversiones= son las entitades a las que se encomienda el deposito o custodia de los valores, la vigilancia (ejemplo bancos, cajas, etc.) - Las instituciones de inversion colectiva inmobiliaria= objeto principal es la inversión en bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento. 6. FONDOS DE REGULACIÓN DEL MERCADO HIPOTECARIO Y FONDOS DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA Los fondos de regulación del mercado hipotecario tienen por finalidad proporcionar liquidez a los títulos hipotecarios, mediante su compra y venta. Su activo, pues, lo constituirán los títulos adquiridos y su pasivo los recursos obtenidos a través de los certificados de participación que emitan. El fondo de titulización hipotecaria implica la transferencia de activos (por ejemplo, créditos) de una entidad financiera a los inversores, que los adquieren como instrumentos financieros negociables (valores). Los inversores se convierten en acreedores de los deudores originarios, pero no de la entidad financiera emisora. Por su parte, la entidad financiera emisora, al transmitir la titularidad de los créditos, reduce su activo y su volumen de riesgo. El activo de estos fondos lo constituyen las participaciones hipotecarias y el pasivo los títulos de renta fija emitidos para captar recursos. Aprofondimiento: la Titulización Hipotecaria Los créditos hipotecarios cuentan con la especial garantía de la hipoteca inmobiliaria, que asegura responde del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el prestatario. Además, los créditos hipotecarios se conceden generalmente sobre la base de un ratio de cobertura de alrededor del 80%, lo que supone que el acreedor conserva cierto margen de seguridad para el caso de que descendiera el valor de los inmuebles. El acreedor, generalmente una institución financiera, está facultado para emitir bonos, cédulas o participaciones hipotecarias, que estarán garantizadas con la cartera de créditos hipotecarios. Según 10
la Ley del Mercado Hipotecario, estos créditos hipotecarios deberán, no obstante, reunir los siguientes caracteres:
Los créditos deben quedar garantizados por medio de hipoteca de primer rango que grave la totalidad del inmueble; El préstamo no puede exceder del setenta por ciento del valor de tasación del bien hipotecado. Excepcionalmente, podrá alcanzar el 80% en la financiación de la construcción, reparación o adquisición de inmuebles de uso residencial; Los inmuebles hipotecados deberán someterse a tasación previa por una entidad autorizada.
El titular de los valores no corre con los riesgos derivados de impago. De hecho, la institución financiera mostrará la cartera de créditos y los valores emitidos en sus estados financieros. Las participaciones hipotecarias pueden, no obstante, ser suscritas por un Fondo de Titulización Hipotecaria (FTH), que actúe a través de su Sociedad Gestora. contra esos activos, el FTH podrá emitir bonos de titulización hipotecaria, con las mismas características que cualquier otra clase de bonos (es decir, incluyendo el devengo de interés y amortización). Los FTH por tanto, transforman las carteras de las instituciones financieras en valores homogéneos, susceptibles de negociación en mercados secundarios. Este proceso de titulización de activos con garantía hipotecaria fuera de balance se somete a las especiales disposiciones de la Ley 19/1992, de 7 julio, sobre Fondos de Inversión Hipotecaria Inmobiliaria y Sociedades y Fondos de Inversión Inmobiliaria. La ley define los FTH como patrimonios separados, sin personalidad jurídica, cuyo objeto es la inversión en participaciones hipotecarias, y que pueden emitir bonos de titulización hipotecaria en la cuantía y bajo las condiciones financieras que permitan que el valor neto del fondo sea nulo. Los activos del FTH son las participaciones hipotecarias, es decir, los valores nominativos emitidos por los acreedores pertinentes mediante los cuales se considera a sus titulares como partícipes del crédito hipotecario afectado, total o parcialmente. Los pasivos incluirán los bonos de titulización de activos emitidos con cargo al fondo. Los flujos de caja derivados de principal e interés correspondientes a todos los valores emitidos con cargo al fondo deben corresponderse necesariamente con los generados por la totalidad de las participaciones agrupadas en el fondo, sin más diferencias o desajustes temporales que los derivados de los costes de administración y honorarios por la gestión del fondo, primas de seguros y otros gastos similares. La constitución del fondo requiere verificación y registro previos en la CNMV. El fondo se constituye mediante escritura pública, que habrá de describir la cartera de participaciones hipotecarias agrupadas en el fondo, así como las características y condiciones financieras de los valores a emitir con cargo al mismo. La escritura describirá igualmente cualesquiera otras normas relativas a las operaciones del fondo. Los bonos de titulización hipotecaria se someten habitualmente a procesos de evaluación del riesgo por entidades autorizadas de calificación o "rating", y deben cotizar en un mercado secundario español. Dado que los FTH son cerrados, no podrán realizarse nuevas emisiones de bonos de titulización hipotecaria, ni agrupaciones adicionales de participaciones hipotecarias, después de la constitución del fondo. Sin embargo, sí podrán concertarse operaciones de mejora del rango crediticio por cuenta del fondo. El fondo se liquidará una vez amortizada la totalidad de las participaciones hipotecarias agrupadas en él. 11
Finalmente, debe destacarse que conforme a la nueva Ley de 31 octubre 2002 sobre Medidas de Reforma del Sistema Financiero, las participaciones hipotecarias que se agrupen en fondos de titulización de activos podrán corresponder ahora a créditos hipotecarios que no reúnan alguno de los requisitos exigidos por la Ley del Mercado Hipotecario, ya señalados. En estos casos, las participaciones hipotecarias se denominarán "certificados de transmisión hipotecaria". Será necesario, sin embargo, un desarrollo normativo adicional que permita la efectiva utilización de estos valores. 7. FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS En Derecho español, la actividad de las entidades de crédito se ha definido tradicionalmente como la consistente en la captación de fondos reembolsables del público y su cesión a terceros por cuenta propia (es decir, la denominada actividad de "crédito indirecto"). En el lado opuesto del sistema tradicional típico de la banca continental, las entidades de crédito de los sistemas anglosajones han evolucionado rápidamente hacia sistemas avanzados de gestión del riesgo de crédito; determinados tramos de carteras de crédito se cedían a entidades vehículo especiales, que a cambio serían gestionadas por la entidad de crédito de origen. Éstas, por tanto, correrían sólo con el riesgo propio de la administración, de modo que el riesgo inversor quedaba en el cliente. Además, la reducción de tamaño de las carteras de crédito permitían una menor utilización de los fondos propios. En efecto, este proceso de desintermediación permitía a las entidades de crédito mantener su cuota de mercado sin asumir la totalidad del riesgo derivado de las pérdidas potenciales. En España, estas nuevas estructuras bancarias se importaron por dos vías diferentes: a. Mediante las disposiciones especiales relativas a la cesión y venta de créditos (que se someten a normas específicas en cuanto a la responsabilidad de la entidad cedente); y b. Mediante la regulación relativa a la titulización de activos. La titulización puede definirse en términos amplios como un mecanismo para la transformación de los activos tradicionales reflejados en el balance de una entidad en valores susceptibles de ser negociados en mercados secundarios. Estos valores facilitan el acceso a financiación para su emisor, o más bien el "generador", mediante el especial vehículo conocido como fondo de titulización. A cambio, los flujos de caja cedidos al fondo se mantienen ajenos a los procedimientos concursales debido a la naturaleza aislada del fondo mismo. El proceso completo de titulización, entonces, atravesará las siguientes etapas:
Determinadas operaciones dan lugar a ciertos derechos de crédito (préstamos, créditos comerciales y otros activos financieros); Estos activos se agrupan y se ceden conjuntamente a un vehículo, estableciéndose un fondo como patrimonio separado; Se conciertan las operaciones necesarias para la mejora de la calificación crediticia o "rating" (mejora crediticia, garantías u otras ayudas financieras que puedan mejorar la liquidez); Se produce la emisión de valores negociables con cargo al fondo; El fondo se gestiona y realiza operaciones a lo largo de la vida de los valores; Finalmente se amortizan los valores emitidos y se liquida el fondo.
Las partes intervinientes serán, entonces, el generador (la sociedad o entidad financiera que cede los créditos y constituye el fondo), el vehículo y su entidad gestora (dado que el fondo carece de personalidad jurídica) y los tenedores de los valores emitidos, quedando todos ellos sujetos a supervisión por la CNMV. 12
Marco Legal La titulización dentro de balance se reguló por vez primera en la Ley 2/1981, de 25 marzo, del Mercado Hipotecario, que permitía a las entidades de crédito emitir bonos y cédulas hipotecarias garantizados con créditos hipotecarios, bajo determinadas condiciones. El riesgo de impago no se transfería a ningún vehículo, y, además, los activos titulizados y los valores emitidos quedaban reflejados en el balance. La titulización fuera de balance apareció por primera vez en 1992, al regularse los fondos de titulización hipotecaria. Este marco se amplió posteriormente permitiendo la titulización de activos respecto de los créditos surgidos de la actividad de las PYMEs, así como de aquellos créditos recogidos en el balance de las compañías eléctricas derivados de la moratoria nuclear. La Disposición Adicional 5 de la Ley 3/1994, de 14 abril, por la que se incorpora a Derecho español la Segunda Directiva Bancaria, extendía el régimen jurídico de la titulización hipotecaria a otros créditos sin garantía hipotecaria, procurando ampliar las fuentes de financiación a disposición de los agentes económicos. Esta disposición fue posteriormente desarrollada mediante Real Decreto 926/1998, de 14 mayo, sobre Fondos de Titulización de Activos y Sociedades Gestoras de Fondos de Titulización. Por otra parte, el artículo 53 de la Ley 49/1998, de 30 diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1999 permitió al Ministro de Economía y Hacienda conceder avales en garantía de los valores emitidos por fondos de titulización de activos, con el fin de ayudar a la promoción de actividades económicas. Finalmente, el artículo 18 de la nueva Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, aprobada en el Congreso el pasado día 31 de octubre, prevé un marco más amplio para la titulización de ciertos créditos hipotecarios. Titulización de activos de la moratoria nuclear La Ley 40/1994, de 30 diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, introdujo un cambio sustancial en el marco legal español. Por una parte, desde un punto de vista regulatorio, la ley establecía la paralización inmediata y definitiva de los proyectos de construcción de varias centrales nucleares en España; de otra parte, desde el punto de vista del marco financiero, se fundaba en los derechos concedidos a los titulares de los proyectos afectados, como compensación por las inversiones realizadas y el coste financiero soportado. La ley básicamente convirtió a los titulares de los proyectos en acreedores de un coste específico a incluir en la factura girada al usuario final por un plazo de 25 años, permitiendo la transmisión de los créditos a terceros y, en particular, a fondos de titulización, en especial al Fondo de Titulización de Activos de la Moratoria Nuclear. Titulización de créditos sin garantía hipotecaria Los créditos y préstamos comerciales sin garantía hipotecaria (incluidos los derivados de operaciones de arrendamiento financiero) fueron objeto de titulización sólo desde la aprobación del Real Decreto 926/1998 RDFTA. Esta norma amplía el ámbito de los activos susceptibles de agrupación y cesión a un fondo de titulización. En efecto, de acuerdo con el art. 2 RDFTA, los siguientes activos podrán ser cedidos al fondo:
Derechos de crédito (por ejemplo, créditos comerciales) que figuren entre los activos de la entidad originante. Derechos de crédito futuros, siempre que consistan en rentas o recibos de importe conocido o estimado, cuando la transferencia total de su titularidad se pruebe de forma irrefutable mediante un contrato (incluyendo el derecho del concesionario de autopistas a la percepción de las tarifas por peajes). 13
Determinadas disposiciones específicas tienen por objeto garantizar la solidez financiera de los valores emitidos con cargo al fondo. El RDFTA requiere que la entidad originante tenga disponibles, al menos los estados financieros auditados de los últimos tres años, con opinión favorable en el último de ellos, salvo autorización de la CNMV (por ejemplo, para sociedades de reciente constitución). La entidad originante deberá igualmente remitir sus cuentas a la CNMV, con independencia de su obligación general de depositarlas en el Registro Mercantil. Los estados financieros deberán incluir información relativa a los derechos de crédito futuros que puedan afectar al ejercicio correspondiente. Respecto a los activos cedidos al fondo, el RDFTA requiere que la cesión sea total e incondicional, para todo el plazo restante hasta el vencimiento. La entidad originante no podrá garantizar el buen fin de la operación. En todo caso, la cesión deberá acreditarse convenientemente por medio del contrato oportuno. Finalmente, respecto de los fondos abiertos, la Sociedad Gestora deberá remitir ciertos documentos e informaciones a la CNMV en cada una de las sucesivas cesiones de activos.
TEMA 1.- LA SUSTITUCIÓN DE LOS TÍTULOS-VALOR POR ANOTACIONES EN CUENTA 1. LA CRISIS DE LA FUNCIÓN DE LOS TÍTULOS-VALOR Titulo-valor= documento esencialmente transmisible necesario para ejercitar el derecho literal y autonomo en él mencionado. La crisis del titulo-valor= es debída a su gran utilizo= siendo demasiados, han creado un efecto contrario, y se ha buscado un nuevo metodo. Así se ha empezado a SUSTITUIR los titulos-valores por las ANOTACIONES EN CUENTA de los derechos que se incorporan a estos. Potenciación de las tansferencias contables= existencia de entitades encargadas de llevar un registro contable de estos valores y gestionar los sistemas de transmisión en los mismos y de los instrumentos de pagos de tales transferencias. Ley 41/1999 = sistemas de pagos y liquidación de valores; reconoce como sistemas de liquidación y compensación el Banco de España, el sistema nacional de compensación electronica, bolsas y valores, etc. 2. LOS VALORES MOBILIARIOS ANOTADOS EN CUENTA El sistema de anotaciones en cuenta es el sistema MODERNO, IRREVERSIBLE Y PREFERIDO. Principio de EQUIVALENCIA entre la entrega de títulos y la inscripción en cuenta. Disposiciones comunes: - Se pueden anotar en cuenta los valores inmobiliarios en sentido amplio - Unidad de representación respecto a todos los valores integrantes de una misma emisión. - Reserva de denominación (los nombres no pueden ser confusionales).
Fomalización = la comision nacional del mercado de valores aproba los documentos y registra el folleto de emisión. Transmisión = tiene lugar por transferencia contable. Las compraventas de valores anotados son contratos obligatorios y no reales. Una vez efectuada la venta de los valores anotados el adquirente no tiene otra forma de devenir propietario de los mismos más que con su inscripción en el registro contable. Constitución = tiene que inscribirse en cuenta. Principio de legitimación registral del titular de los valores anotados = medio para el ejercicio de los derechos derivados de los valores. 3. LA INCIDENCIA DE LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN INFORMÁTICA SOBRE LOS EFECTOS DEL COMERCIO antes el sistema de titulos-valores utilizaba letras de cambio, pagarés, cheques, etc. Se ha creado en el Banco de España un sistema nacional de compensación electronico (SNCE). Las entitades de credito, en lugar de hacer circular los titulos, los INMOVILIZAN en la agencia que los recibe y remiten los datos contenidos en ellos a las entitades en las que está domiciliado su pago, de forma que estas liquiden por compensación los creditos y las deudas.
BIBLIOGRAFÍA F. Sánchez Calero y J. Sánchez-Calero Guilarte, Instituciones de Derecho Mercantil II, 27ª ed., Mc Graw Hill, Madrid, 2004, pp. 17-31
TEMA 2.- LOS CONTRATOS DE SEGURO DE PERSONAS 1. MODALIDADES DE CONTRATACIÓN Art. 80 LCS= “ El contrato de seguro sobre la persona comprende todos los riesgos que pueden afectar a la existencia, integridad corporal o salud del asegurado”. Los seguros de grupo: Un grupo de personas delimitado por alguna caracteristica comun extraña al proposito de asegurarse (ejemplo, los empresarios). El contrato es unico y produce como efecto el aseguramiento de un grupo de personas. Asegura los riesgos relativos a un grupo. Se celebra por cuenta ajena. Da lugar a un conjunto de relaciones aseguradoras. 2. LA AUSENCIA DE SUBROGACIÓN EN LOS SEGUROS DE PERSONAS Art. 82 = “ el asegurador, aun después de pagada la indemnización, no puede subrogarse en los derechos que en su caso correspondan al asegurado contra un tercero como consecuencia de un siniestro. (exepto= gastos asistencias sanitaria). Esto porque la indemnización es decidida por las partes. No opera el principio indemnizatorio de los seguros de daños. 3. SEGURO DE VIDA
la prestación del asegurador consiste en el pago al asegurado o al beneficiario de una suma de una o varias veces, cuando se produzca un evento que se refiere a la duración de la vida humana. Art. 83 LCS= paga un capital o una renta en caso de muerte o supervivencia. Hay siempre la facultad de resolución de 15 dias en estos contratos 4. SEGURO DE ACCIDENTES Art. 100 LCS. Cubre el asegurado contra una lesión corporal que deriva de una causa violenta subida, externa y ajena a la intencionalidad del asegurado, que produzca invalidez temporal o permanente o muerte. Si el accidente es provocado intencionalmente por el asegurado, el asegurador no paga. El seguro es obligatorio por los accidentes de trabajo. 5. SEGURO DE ENFERMEDAD Y ASISTENCIA SANITARIA Art. 106= distingue según la forma de prestación del asegurador 1) seguro enfermedad= el asegurador se obliga al pago de sumas o gastos de asistencia sanitaria y farmacéutica 2) seguro de asistencia medica= el asegurador proporciona al asegurado la asistencia medica y quirurgica pero no le dá una indemnización en metalico (pero la LCS preve posibles combinaciones con sumas en metalico diarias para el enfermo).
BIBLIOGRAFÍA F. Sánchez Calero y J. Sánchez-Calero Guilarte, Instituciones de Derecho Mercantil II, 27ª ed., Mc Graw Hill, Madrid, 2004, pp. 423-437
TEMA 3.- MARCO Y FIN DE LA LEGISLACIÓN CONCURSAL ESPAÑOLA 1. INTRODUCCIÓN Razones para el cambio de la legislación concursal: La legislación concursal española era obsoleta pero, sobre todo ineficaz para servir a esos fines que una ley concursal debe pretender: salvar o liquidar la empresa. Estos son los dos únicos caminos para conseguir el objetivo primordial de satisfacer a la pluralidad de acreedores. Para salvar la empresa en crisis, hay que reestructurarla y sacrificar, en alguna medida, los intereses y legítimos derechos de los acreedores. Para liquidarla, hay que incurrir en los menores costes de liquidación y obtener los mejores resultados de la venta de activos, para poder resarcir en la mayor medida posible a los acreedores. Pero estas finalidades no se obtenían ni aproximadamente con el antiguo derecho concursal.
En otro caso, de no tener una legislación concursal moderna, prevista para actuar de modo rápido sobre la crisis, a la vez que promoviendo la inmediata adopción de medidas, se llega hasta a la autorregulación, los arreglos privados entre el deudor y algunos acreedores. 2. SITUACIÓN DEL ORDENAMIENTO ESPAÑOL DE LA INSOLVENCIA DESDE UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA Arcaísmo de la precedente normativa. La legislación precedente se contenía en los artículos 1001 a 1176 del Código de Comercio de Sainz de Andino, de 1829 (reinando Fernando VII), en los artículo 1318 a 1396 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 (reinaba Alfonso XII), declarados vigentes por la LEC 1/2000, en los artículos 870 a 941 del Código de Comercio de 1885 (muere Alfonso XII y comienza la Regencia de Mª Cristina), y en la Ley de Suspensión de Pagos 1922 (reinaba Alfonso XIII). Tenían notable aplicación los artículos 321 a 324, inclusive, del Reglamento del Registro Mercantil y el artículo 32 del Estatuto de los Trabajadores. Con todo, muchas normas heterogéneas incidían puntualmente en la materia. Los principales intentos de reforma de la legislación concursal fueron: el de 1922, para solventar la crisis del Banco de Barcelona, único que acabó en la Gaceta de Madrid, y los de los años 1926, 1950, 1959, 1978, 1983, 1987 y 1995; los principales fueron los del Anteproyecto de 1983 y la Propuesta de 1995. Un resumen de ellos aparece en la propia Exposición de Motivos de la Ley de 2/2003, de 9 de julio. 3. LA LARGA MARCHA DE LA REFORMA: ETAPAS Y MODELOS La sección especial para la reforma concursal, en la Comisión General de Codificación, ha trabajado en ella desde 1994 sin solución de continuidad. La reforma concursal se anunció en la LEC 1/2000. El Gobierno debía presentar en las Cortes un proyecto en los seis meses siguientes a la entrada en vigor (enero de 2001). El Anteproyecto se presentó por el Ministro Acebes en septiembre de 2001. El proyecto tuvo entrada en las Cortes en julio de 2002. Desde entonces su tramitación, aunque se anunció, al principio, que sería muy rápida, augurándose incluso una aprobación a finales de 2002, se retrasó hasta julio de 2003. El 5 de julio de 2002, después de una larga andadura, el Consejo de Ministros acordó remitir a las Cortes el Proyecto de Ley Concursal. El 17 de mismo mes tuvo entrada en el Congreso, y a primeros de abril de 2003 pasó su votación en el pleno del Congreso. Finalmente, el BOE del 10 de Julio de 2003, ha publicado la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial, y la Ley 22/2003, de 9 de Julio, Concursal. 4. VIEJOS Y NUEVOS PROBLEMAS POLÍTICO-JURÍDICOS Y DE TÉCNICA LEGISLATIVA Al principio, los problemas para la presentación gubernamental del texto parece que procedían de los Ministerios de Economía y de Hacienda.
Se contaba con la oposición segura de laboralistas y sindicatos, que se ha confirmado. Después, las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2003 y presiones de diversos sectores (así los economistas, para las enmiendas en el Senado), han retardado algo la aprobación del texto. Han presentado informes preceptivos al Anteproyecto el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado. Además, han informado multitud de organismos, Ministerios, Universidades, sindicatos, el Consejo Económico y Social, colegios profesionales, entidades bancarias y asociaciones del mundo de la Justicia. 5. DIRECTRICES BÁSICAS DE LA DISCIPLINA VIGENTE Estructura de la nueva Ley concursal. En realidad son dos los textos aprobados: 1º. La Ley Orgánica para la reforma concursal, por la que se modifican la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 2º. La Ley Concursal. La Ley Concursal contiene una regulación no muy extensa —230 artículos— que se organizan en nueve Títulos: Título I: De la declaración de concurso. Título II: De la administración judicial. Título III: De los efectos de la declaración de concurso. Título IV: Del informe de la administración judicial y de la determinación de las masas activa y pasiva del concurso. Título V: De las fases de convenio o de liquidación. Título VI: De la calificación del concurso. Título VII: De la conclusión y de la reapertura del concurso. Título VIII: De las normas procesales generales y del sistema de recursos. Título IX: De las normas de Derecho Internacional Privado. En desarrollo de estos 230 artículos, se contienen tres Disposiciones Adicionales, dos Transitorias, una Derogatoria y treinta y cinco Disposiciones Finales. La estructura de la Ley revela un planteamiento mercantil de la materia, a diferencia de la concepción procesalista que latía en la LEC de 1881 y la Ley de Suspensión de Pagos de 1922. Esta visión mercantilista es la acertada, pues lo sustancial en la regulación del concurso es la definición de sus efectos, y no tanto el trámite procesal, que no tiene especial dificultad, aunque sí una evidente complejidad en el trabajo procesal, por la multitud de partes personadas y la multitud de escritos y comunicaciones que ello genera. Dicho de otro modo, la ley quiere dedicar su atención a los efectos del concurso sobre el deudor y sobre los acreedores, y a la administración del mismo, pero no se preocupa especialmente de la forma en que procesalmente se organiza todo ello. Y es que, al afectar el concurso a toda la esfera económica y jurídico-patrimonial del deudor, este tratamiento exige concentrar en una sola ley los preceptos correspondientes, porque la dispersión de normas en referencia a la materia que existía era disfuncional. Se adopta así el llamado principio de unidad legal. Principios generales de la nueva Ley y presupuestos del concurso. La ley implanta los llamados principios de unidad legal, de disciplina y de sistema. Es decir: una única norma, para comerciantes y no comerciantes y con un único procedimiento, el concurso, para solventar todos los casos. Clases de concurso: Puesto que la nueva Ley sigue, como ya hemos dicho, el principio de unidad de disciplina, el concurso es un régimen legal aplicable, en caso de insolvencia y falta de crédito, tanto a 18
comerciantes como a quienes no lo sean, y sean personas físicas o jurídicas. Además, cabe declarar en concurso aquella herencia que no haya sido aceptada pura y simplemente. No cabe declarar en concurso las entidades estatales territoriales, los organismos públicos y demás entes de Derecho público. Pero sí hay diferencias notables entre el inicio a petición del propio deudor o a petición de algunos o algunos de sus acreedores. El primero se denomina voluntario y el segundo necesario (art. 22 LC.) 1. Concurso voluntario. Efectos para el deudor. Debe presentarse una solicitud por el deudor, representado por procurador y defendido por letrado (art. 184.2), lo que se le impone como un deber: Artículo 5. “Deber de solicitar la declaración de concurso. 1. El deudor deberá solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia”. Con esta solicitud se abrirá la Sección Primera, como dice el art. 16, que comprende lo relativo a la declaración de concurso, a las medidas cautelares y a su ejecución, a la resolución final de la fase común, a la conclusión y, en su caso, a la reapertura del concurso (art. 183.1º). Además, en el art. 6.1 se indica que: “En el escrito de solicitud de declaración de concurso, el deudor expresará si su estado de insolvencia es actual o si lo prevé como inminente.” Aparece aquí una de las novedades más interesantes de la Ley, al permitir al deudor anticiparse a la insolvencia, por conocer que no va a poder hacer frente a los pagos a fin de evitar que el deterioro del estado patrimonial impida o dificulte las soluciones más adecuadas para satisfacer a los acreedores. Es consciente el legislador de ello, por haber insistido con frecuencia la doctrina en él, y así lo indica en la Exposición de Motivos:
“... si la solicitud de concurso la insta el propio deudor, se considera reconocimiento de su estado de insolvencia, que en este caso no sólo podrá ser actual, sino futuro, previsto como «inminente». El deudor tiene el deber de solicitar la declaración de concurso cuando conozca o hubiera debido conocer su estado de insolvencia; pero tiene la facultad de anticiparse a éste.”
Para el deudor pedir el concurso es una obligación. En cuanto al momento, el deudor puede pedir su propio concurso cuando su situación de insolvencia sea actual o inminente (art. 2º.3 y art. 6º.1 LC.) La obligación de pedir el concurso empieza desde que se conoce o debió conocerse la situación de insolvencia, y dura dos meses (art. 5º.1 LC.) Si el deudor no pide el concurso, en la calificación del concurso podrá estimarse que ha actuado con dolo o culpa grave (hay una presunción legal de la misma en el art. 165.1º LC), y eso supone calificar el concurso como culpable (art. 164 LC.) Se considera que el deudor está en insolvencia cuando no puede hacer frente a sus obligaciones regular y puntualmente (art. 2º.3 LC) Es lo que se conoce como desbalance (activo inferior al activo) y falta de crédito. 2.Concurso necesario. Un acreedor puede pedir el concurso del deudor en varios supuestos, según el art. 2º.4 LC: a) Cuando el deudor ya haya sido embargado y no se le hayan podido trabar bienes. b) No dándose esta circunstancia, también puede pedir el concurso necesario en los casos siguientes: b.1) Cuando el deudor haya hecho sobreseimiento general en el pago corriente de sus obligaciones. b.2) Cuando el deudor haya sido objeto de embargos que traban todo su patrimonio. b.3) Por abandono, alzamiento o liquidación apresurada y ruinosa de sus bienes por el deudor. b.4) Por incumplimiento generalizado de obligaciones tributarias, cuotas de la seguridad social y demás conceptos de recaudación conjunta, durante los tres meses anteriores a la solicitud de
concurso; por impago de salarios, indemnizaciones u otras retribuciones derivadas de la relación laboral en los últimos tres meses. Para el acreedor solicitante, el principal efecto positivo es que se considera su crédito con privilegio general (art. 91.6º) hasta la cuarta parte de su importe. Para el deudor los efectos son distintos si se trata de concurso voluntario o necesario. En el primero, el deudor conserva las facultades de administración, bajo intervención de los administradores, aunque el juez puede suspender su ejercicio. En el segundo, no tendrá esas facultades. Sin embargo, se permite también que el juez acuerde en un concurso voluntario la suspensión de facultades de administración o en un concurso necesario la mera intervención de operaciones, sin suspensión. Lo complejo de esta cuestión merece que le dediquemos una atención específica en las siguientes cuestiones: Efectos que produce el auto de admisión del concurso para el deudor a título personal. La suspensión del concursado en la administración de su patrimonio podrá ir acompañada de las siguientes medidas: 1ª. La intervención de las comunicaciones del deudor, con garantía de reserva frente a los contenidos ajenos al proceso concursal. 2ª El deber de residencia del deudor persona natural en la población de su domicilio. Si incumple este deber o el Juez teme que se incumpla, puede acordar medidas preventivas e incluso el arresto domiciliario. 3ª La entrada en inmuebles del deudor afectos a su actividad, si se piensa que pueden encontrarse documentos de la misma, no aportados. Efectos que produce el auto de admisión del concurso sobre el patrimonio del deudor. Se afecta por el concurso todo el patrimonio del deudor (art. 1912 CC.) Este es el llamado “principio de universalidad”, que proclama el art. 76 LC:
“1. Constituyen la masa activa del concurso los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor a la fecha de la declaración del concurso y los que se reintegren al mismo o adquiera hasta la conclusión del procedimiento.” Desde la anotación “no podrán adoptarse respecto de aquellos bienes o derechos más embargos o secuestros posteriores a la declaración de concurso que los acordados” por el Juez del concurso. Dedica después la Ley un capítulo a los efectos del concurso sobre el deudor. el art. 40 “4. A solicitud de la administración concursal y oído el concursado, el Juez, mediante auto, podrá acordar en cualquier momento el cambio de las situaciones de intervención o de suspensión de las facultades del deudor sobre su patrimonio. Al cambio de las situaciones de intervención o de suspensión y a la consiguiente modificación de las facultades de la administración concursal se dará la misma publicidad que, conforme a los artículos 23 y 24, se hubiere dado a la declaración de concurso... La intervención y la suspensión se referirán a las facultades de administración y disposición sobre los bienes, derechos y obligaciones que hayan de integrarse en el concurso y, en su caso, a las que correspondan al deudor de la sociedad o comunidad conyugal. El deudor conservará la facultad de testar, sin perjuicio de los efectos del concurso sobre la herencia... 7. Los actos del deudor que infrinjan las limitaciones establecidas en este artículo sólo podrán ser anulados a instancia de la administración concursal y cuando ésta no los hubiese convalidado o confirmado.”
En general, las acciones del concursado suspendido en sus facultades de administración, corresponderán a la administración (art. 54.1 LC), excepto las de índole personal. Estos efectos sobre el patrimonio persistirán no sólo durante el trámite judicial, sino también en fase de liquidación del concurso, conforme al art. 145.1 LC. Efectos que se producen sobre la ejecución ya en trámite en un Juzgado sobre un crédito incluido en el concurso. 20
Indica la LC, en su artículo 55, sobre Ejecuciones y apremios que:
“1. Declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor, salvo que se trate de procedimientos administrativos de ejecución en los que se hubiera dictado providencia de apremio con anterioridad a la fecha de declaración del concurso. 2. Las actuaciones que se hallaren en tramitación quedarán en suspenso desde la fecha de declaración de concurso, sin perjuicio del tratamiento concursal que corresponda dar a los respectivos créditos. 3. Las actuaciones que se practiquen en contravención de lo establecido en los apartados 1 y 2 anteriores serán nulas de pleno derecho. Se exceptúa de las normas contenidas en los apartados anteriores lo establecido en esta Ley para los acreedores con garantía real. ”
Otro importante efecto aparejado es el cese o suspensión del devengo de intereses. Se regula en el art. 59 de la LC:
“1. Desde la declaración de concurso quedará suspendido el devengo de los intereses, legales o convencionales, salvo los correspondientes a los créditos con garantía real, que serán exigibles hasta donde alcance la respectiva garantía.
Se prohíbe la compensación de los créditos y deudas del concursado después de la declaración de concurso (art. 58 LC.) Medidas cautelares en la demanda de concurso necesario. La nueva Ley Concursal, intenta prever que el deudor distraiga su patrimonio, y permite la solicitud por el instante y la adopción por el Juez de medidas cautelares en el ínterin, en su art. 16, para “asegurar la integridad del patrimonio del deudor.” Como estas medidas no se concretan, el Juez podrá adoptar cualesquiera, y fijará fianza al deudor, y en la cuantía que quiera, para responder de los eventuales daños y perjuicios, o bien podrá eximirle de ella. Oposición del deudor a la demanda de concurso necesario. Una vez presentada la demanda por el acreedor, se emplaza al deudor para que la conteste, con independencia de adoptar algunas medidas cautelares, como ya hemos comentado. Dice el art. 15 que,
“1. Cuando la solicitud hubiere sido presentadapor cualquier legitimado distinto del deudor, el Juez dictará auto admitiéndola a trámite y ordenando el emplazamiento del deudor conforme a lo previsto en el artículo 184, con traslado de la solicitud, para que comparezca en el plazo de cinco días, dentro del cual se le pondrán de manifiesto los autos y podrá formular oposición a la solicitud, proponiendo los medios de prueba de que intente valerse. 2. Admitida a trámite la solicitud, las que se presenten con posterioridad se unirán a los autos, teniendo por comparecidos a los nuevos solicitantes sin retrotraer las actuaciones, quedando su solicitud acumulada a la primeramente repartida.”
Si el deudor emplazado se allana, se dictará auto declarando el concurso (art. 18.1), al igual que si no se opone en el plazo de cinco días. TEMA 4.- LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL 1. CARACTERIZACIÓN La administración concursal es el órgano nombrado por el Juez que se encarga de gestionar el patrimonio del deudor. En caso de haberse presentado el deudor voluntariamente en concurso (concurso voluntario) se limitará a intervenir las operaciones del deudor. Pero si se trata de un concurso pedido por los acreedores del deudor, o concurso necesario, el órgano de administración sustituye al deudor. (Art. 40.1 y 2 LC). 21
En cuanto a la composición de la administración del concurso, establece la Ley establece dos supuestos: Cuando se aplique el procedimiento abreviado (art. 190) podrá nombrarse un solo administrador. No se descarta que el Juez decida nombrar tres. Seguramente será el caso más habitual, pues se seguirán por este cauce los concursos de deudores personas naturales y la mayoría de las sociedades. Se exige que el pasivo no supere el millón de euros. En todos los demás supuestos, se nombrarán tres administradores (art. 27.1) 2. NOMBRAMIENTO DE LOS ADMINISTRADORES CONCURSALES Los administradores concursales son designados por el juez en el auto que declara el concurso (el mismo juez podrá también separarlos por justa causa). La administración concursal es un organo colegiado compuesto de 3 miembros: 1) un ABOGADO en ejercicio de almenos 5 años 2) un AUDITOR DE CUENTAS, ECONOMISTA, TITULAR MERCANTIL COLEGIADO O DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES (con almenos 5 años de experiencia) 3) un ACREEDOR ( persona natural o juridica) = si no tiene ningunas de las caracteristicas del punto 2 – o sea, no es un auditor, ni un economista, etc- sirve también un representante de una de las categorias del punto 2.
Artículo 27. Condiciones subjetivas para el nombramiento de administradores concursales. 1. La administración concursal estará integrada por los siguientes miembros: 1. 2. 3. Un abogado con experiencia profesional de, al menos, cinco años de ejercicio efectivo. Un auditor de cuentas, economista o titulado mercantil colegiados, con una experiencia profesional de, al menos, cinco años de ejercicio efectivo. Un acreedor que sea titular de un crédito ordinario o con privilegio general, que no esté garantizado. El juez procederá al nombramiento tan pronto como le conste la existencia de acreedores en quienes concurran esas condiciones.
Cuando el acreedor designado administrador concursal sea una persona jurídica, designará, conforme al procedimiento previsto en el apartado 3 de este artículo, un profesional que reúna las condiciones previstas en el párrafo 2 anterior, el cual estará sometido al mismo régimen de incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones que los demás miembros de la administración concursal. En caso de que el acreedor designado administrador concursal sea una persona natural en quien no concurra la condición de auditor de cuentas, economista o titulado mercantil colegiado, podrá participar en la administración concursal o designar un profesional que reúna las condiciones previstas en el párrafo 2 anterior, siguiendo para ello el procedimiento previsto en el apartado 3 de este artículo, quedando sometido el profesional así designado al mismo régimen de incapacidades, incompatibilidades, prohibiciones y remuneración que los demás miembros de la administración concursal. El nombramiento de los profesionales que hayan de integrar la administración concursal conforme a lo previsto en el apartado 1 se realizará por el juez del concurso entre quienes, reuniendo las condiciones legales, hayan manifestado su disponibilidad para el desempeño de tal función al Registro oficial de auditores de cuentas o al correspondiente colegio profesional, en el caso de los profesionales cuya colegiación resulte obligatoria. A tal efecto, el referido registro y los colegios presentarán en el decanato de los juzgados competentes, en el mes de diciembre de cada año, para su utilización desde el primer día del año siguiente, los respectivos listados de personas disponibles. Los profesionales cuya colegiación no resulte obligatoria se inscribirán en las listas que a tal efecto se elaborarán en el decanato de los juzgados competentes
Los 3 deben ser independientes respecto al deudor. 22
La administración concursal puede solicitar la autorización al juez ( por complejidad) para delegar a “auxiliares delegados” que serán nombrados por el juez.
Artículo 32. Auxiliares delegados. 1. Cuando la complejidad del concurso así lo exija, la administración concursal podrá solicitar la autorización del juez para delegar determinadas funciones, incluidas las relativas a la continuación de la actividad del deudor, en los auxiliares que aquélla proponga, con indicación de criterios para el establecimiento de su retribución. 2. Si el juez concediere la autorización, nombrará a los auxiliares, especificará sus funciones delegadas y determinará su retribución, la cual correrá a cargo de los administradores concursales y, salvo que expresamente acuerde otra cosa, en proporción a la correspondiente a cada uno de ellos. Contra la decisión del juez no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que se pueda reproducir la solicitud cuando se modifiquen las circunstancias que dieron lugar a su denegación. 3. Será de aplicación a los auxiliares delegados el régimen de incapacidades, incompatibilidades, prohibiciones, recusación y responsabilidad establecido para los administradores concursales y sus representantes. 4. El nombramiento de los auxiliares delegados se realizará sin perjuicio de la colaboración con los administradores concursales del personal a su servicio o de los dependientes del deudor Artículo 28. Incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones. 1. No podrán ser nombrados administradores concursales quienes no puedan ser administradores de sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, ni quienes hayan prestado cualquier clase de servicios profesionales al deudor o a personas especialmente relacionadas con éste en los últimos tres años, incluidos aquellos que durante ese plazo hubieran compartido con aquél el ejercicio de actividades profesionales de la misma o diferente naturaleza. Tampoco podrán ser nombrados administradores concursales los que, reuniendo las condiciones subjetivas previstas en el apartado 1 del artículo 27, se encuentren, cualquiera que sea su condición o profesión, en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 51 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, en relación con el propio deudor, sus directivos o administradores, o con un acreedor que represente más del 10 % de la masa pasiva del concurso. 2. En el caso de que existan suficientes personas disponibles en el listado correspondiente, no podrán ser nombrados administradores concursales los abogados, auditores, economistas o titulados mercantiles que hubieran sido designados para dicho cargo por el mismo juzgado en tres concursos dentro de los dos años anteriores. A estos efectos, los nombramientos efectuados en concursos de sociedades pertenecientes al mismo grupo de empresas se computarán como uno solo. Tampoco podrán ser nombrados administradores concursales quienes hubieran sido separados de este cargo dentro de los dos años anteriores, ni quienes se encuentren inhabilitados, conforme al artículo 181, por sentencia firme de desaprobación de cuentas en concurso anterior. 3. El nombramiento del administrador concursal acreedor no podrá recaer en persona especialmente relacionada con el deudor, ni en acreedor que sea competidor del deudor o que forme parte de un grupo de empresas en el que figure entidad competidora. 4. No podrán ser nombrados administradores concursales en un mismo concurso quienes estén entre sí vinculados personal o profesionalmente. Para apreciar la vinculación personal se aplicarán las reglas establecidas en el artículo 93. Se entenderá que están vinculadas profesionalmente las personas entre las que existan, de hecho o de derecho, relaciones de prestación de servicios, de colaboración o de dependencia. 5. Se aplicarán a los representantes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de los fondos de garantía de depósitos, del Consorcio de Compensación de Seguros y de cualesquiera Administraciones públicas acreedoras, las normas contenidas en este artículo, con excepción de las prohibiciones por razón de cargo o función pública, de las contenidas en el párrafo segundo del apartado 4 de este artículo y de las establecidas en el apartado 2.2 del artículo 93. Artículo 33. Recusación.
1. Los administradores concursales podrán ser recusados por cualquiera de las personas legitimadas para solicitar la declaración de concurso. 2. Son causas de recusación las circunstancias constitutivas de incapacidad, incompatibilidad o prohibición a que se refiere el artículo 28, así como las establecidas en la legislación procesal civil para la recusación de peritos. 3. La recusación habrá de promoverse tan pronto como el recusante tenga conocimiento de la causa en que se funde. 4. La recusación no tendrá efectos suspensivos y se sustanciará por los cauces del incidente concursal. El recusado seguirá actuando como administrador concursal, sin que la resolución que recaiga afecte a la validez de las actuaciones.
Funciones: 1) el INFORME sobre: a. los datos y circunstancias del deudor expresados en su memoria b. el estado de la contabilidad del deudor c. la relación sobre las decisiones y actuaciones de la administración concursal 2) facultad de administración y disposición del patrimonio del deudor. A distinguir: a. En caso de concurso voluntario, solicitado por el deudor, esto mantiene la administración y disposición sobre el patrimonio, bajo la intervención de los administradores judiciales. b. En caso de concurso necesario, la facultad queda a la administración concursal.
3. ESTATUTO JURÍDICO DEL ÓRGANO: RETRIBUCIÓN, EJERCICIO DEL CARGO, RESPONSABILIDAD Y SEPARACIÓN La retribución se hará con cargo a la masa activa. Art. 34 LECON= la retribución será conforme a arancel RD 1860/2004. La determinación del arancel ha sido una novedad por España. Debe seguir 2 objetivos: - homogeneidad entre la retribución de los administratodres en los otros concursos - estimación del coste de iniciar el concurso - proporcionalidad con la dificultad mayor o menor de las tareas del concurso.
Artículo 34. Retribución. 1. Los administradores concursales tendrán derecho a retribución con cargo a la masa, salvo cuando se trate del personal de las entidades a que se refieren los párrafos 1 y 2 del apartado 2 del artículo 27. 2. Un arancel reglamentará la retribución correspondiente a la administración concursal, atendiendo a la cuantía del activo y del pasivo y a la previsible complejidad del concurso. Las participaciones de los profesionales designados administradores concursales en dicha retribución serán idénticas entre sí, y de doble cuantía que la del administrador concursal acreedor cuando se trate de persona natural y no designe profesional que actúe en su representación conforme a lo previsto en el último párrafo del apartado 1 del artículo 27. 3. El juez, previo informe de la administración concursal, fijará por medio de auto y conforme al arancel la cuantía de la retribución, así como los plazos en que deba ser satisfecha.
4. En cualquier estado del procedimiento, el juez, de oficio o a solicitud de deudor o de cualquier acreedor, podrá modificar la retribución fijada, si concurriera justa causa y aplicando el arancel a que se refiere el apartado 2 de este artículo. 5. El auto por el que se fije o modifique la retribución de los administradores concursales será apelable por cualquiera de éstos y por las personas legitimadas para solicitar la declaración de concurso.
Ejercicio y responsabilidad de los administradores: - Tienen el deber de DILIGENCIA DEL UN ORDENADO ADMINISTRADOR, y de un representante legal (art. 35.1 LECON). - Actuan de forma COLEGIADA. Pueden pedir al juez competencias especificas por cada uno. - Si falta uno de los administradores, actuarán los otros 2, si no se ponen en acuerdo, decidirá el juez. - Supervisión del juez, que puede requerir informaciones (art. 35.6) - Poder del juez de separación del cargo.
Artículo 36. Responsabilidad. 1. Los administradores concursales y los auxiliares delegados responderán frente al deudor y frente a los acreedores de los daños y perjuicios causados a la masa por los actos y omisiones contrarios a la ley o realizados sin la debida diligencia. 2. Será solidaria la responsabilidad derivada del ejercicio mancomunado o colegiado de competencias, quedando exonerado en este último caso el administrador concursal que pruebe que, no habiendo intervenido en la adopción del acuerdo lesivo, desconocía su existencia o, conociéndola, hizo todo lo conveniente para evitar el daño o, al menos, se opuso expresamente a aquél. 3. Los administradores concursales responderán solidariamente con los auxiliares delegados de los actos y omisiones lesivos de éstos, salvo que prueben haber empleado toda la diligencia debida para prevenir o evitar el daño. 4. La acción de responsabilidad se sustanciará por los trámites del juicio declarativo que corresponda, ante el juez que conozca o haya conocido del concurso. 5. La acción de responsabilidad prescribirá a los cuatro años, contados desde que el actor tuvo conocimiento del daño o perjuicio por el que reclama y, en todo caso, desde que los administradores concursales o los auxiliares delegados hubieran cesado en su cargo. 6. Si la sentencia contuviera condena a indemnizar daños y perjuicios, el acreedor que hubiera ejercitado la acción en interés de la masa tendrá derecho a que, con cargo a la cantidad percibida, se le reembolsen los gastos necesarios que hubiera soportado. 7. Quedan a salvo las acciones de responsabilidad que puedan corresponder al deudor, a los acreedores o a terceros por actos u omisiones de los administradores concursales y auxiliares delegados que lesionen directamente los intereses de aquéllos. Artículo 37. Separación. 1. Cuando concurra justa causa, el juez, de oficio o a instancia de cualquiera de las personas legitimadas para solicitar la declaración de concurso o de cualquiera de los demás miembros de la administración concursal, podrá separar del cargo a los administradores concursales o revocar el nombramiento de los auxiliares delegados. 2. Si el cesado fuera representante de una persona jurídica administrador, el juez requerirá la comunicación de la identidad de la persona natural que haya de representarla en el ejercicio de su cargo, a no ser que determine que el cese debe afectar a la misma persona jurídica que ostenta el cargo de administrador concursal, en cuyo caso procederá a un nuevo nombramiento.
3. La resolución judicial de cese revestirá forma de auto, en el que se consignarán los motivos en los que el juez funde su decisión. 4. Del contenido del auto a que se refiere el apartado anterior se dará conocimiento al registro público previsto en el artículo 198
TEMA 5.- LOS CONTRATOS DE UTILIZACIÓN DEL BUQUE Y LA AERONAVE 1. MODALIDADES DE CONTRATOS ARRENDAMIENTO DE BUQUE. DE UTILIZACIÓN DEL BUQUE. EL
El propietario de un buque puede utilizarlo por sí en el ejercicio o explotación de la empresa de navegación o puede ceder el uso del mismo a otra persona que haciendo navegar el buque por su cuenta, asuma las obligaciones y derechos inherentes a la explotación del mismo y se convierta en naviero o empresario de la navegación maritima. En este segundo caso, se habla de contrato de utilización o explotación del buque, cuya denominación tiene su origen en la doctrina italiana, y pretende englobar todos los modos que se realizan por el cauce de un contrato concreto= arrendamiento, fletamento, transporte de pasajeros y remolque. El contrato de arrendamiento de buque se configura como una tipologia de contrato de explotación del buque, por el que se cede por tiempo fijo y precio determinado la utilización del buque sin que el cedente se reserve su dirección náutica o comercial. En la practica se suele conocer como “fletamento a casco desnudo” cuando el buque se cede sin armar ni equipar. Este contrato carece de regulación en el codigo de comercio. No obstante, dada la especial naturaleza del objeto del contrato, la mejor doctrina defiende la aplicación analogica de las normas propias del contrato de fletamento con preferencia a las civiles de arrendamiento, por lo menos, las referientes a la puesta a disposición del buque. Naturaleza. Reviste la naturaleza de locatio rei. El traspaso de la posesión se denomina “demise”. El capitan y la dotación quedan sujetos a la dependencia laboral del arrendatario, ya que la cesión conlleva el pleno uso y disfrute del buque. A diferencia del arrendamiento, de naturaleza locativa, el contrato de fletamento se configura como un contrato de arrendamiento de obra, si bien se acepta doctrinalmente la conveniencia de un estudio y regulación conjunta. La jurisprudencia, para distinguir el contrato de arrendamiento del buque del contrato de fletamento, señala que cuando se cede a otra persona el uso de un buque sin armar ni equipar es un contrato de arrendamiento de buque y no de fletamento ( sent TS de 1911, de 1975 y de 1995). Clases. 1) el arrendamiento de buque sin armar ni equipar. Es el contrato por el que el cedente o arrendador entrega el casco del buque desnudo. En este caso segun la doctrina deberian aplicarse las normas del codigo civil para arrendamiento de las cosas. 26
2) el arrendamiento de buque armado y dotado el propietario del buque lo cede por tiempo y precio determinados, armado, pertechado y dotado de capitán y de tripulación, en condiciones de hacerse a la mar. A la cesión del buque, se añade la de servicios de dotación sobre el buque, y el arrendador no conserva ni el control ni la dirección tecnica, marítima o comercial. En el arrendamiento del buque con dotación, se produce una subrogación del arrendatario en los contratos de trabajo que mantenía el propietario del buque, que pasa a ser dependiente de aquel. Formas del contrato. El contrato no está sujeto a forma escrita. El problema se plantea por la publicidad del contrato frente a terceros. Por este motivo el Consejo Maritimo Internacional del Baltico aprobó dos modelos de contratos de arrendamiento del buque, los Barecon A y B. Posteriormente fueron unificados en un nuevo formulario Barecon/89. Obligaciones de las partes. Obligaciones del propietario arrendador: - está obligado a entregar el buque a la fecha y lugar pactados - el buque debe ser entregado en perfecto estado de navegabilidad - según las normas del codigo civil, está obligado a mantener a su costa el buen estado de navigabilidad del buque durante toda la duración del contrato, realizando las reparaciones de los daños que vaya sufriendo por el empleo del buque( uso o desgaste normal) o por accidentes fortuitos (pero no por dolo o culpa del locatario). - Obligación de mantener el buque asegurado contra los riesgos de la navegación. Obligaciones del arrendatario: - abonar el precio en los plazos - debe usar el buque diligentemente y conforme al uso pactado - devolución del buque al termino del plazo pactado - obligación de mantener indemne al buque o al propietario contra cualesquiera responsabilidades o reclamaciones de terceros a que pueda dar lugar la explotación del buque. Extinción del contrato= por perdida del buque, o por venta del buque. Es posible también el contrato de arrendamiento financiero del buque= el leasing naval. 2. EL FLETAMENTO POR TIEMPO El contrato de fletamento se configura como una tipologia de contrato de utilización del buque, tanto si se trata de fletamento ordinario, también denominado fletamento por viaje, como si se trata de fletamento impropio, también denominado fletamento por tiempo. El fletamento por tiempo o time charter puede definirse como aquel contrato en virtud del cual una persona, fletante, pone a disposición de otra, fletador, y a cambio de un precio o flete, un buque para la realización de aquellos viajes que esta última ordene durante un cierto período de tiempo. 27
El fletamento por viaje es un contrato, cuyo objeto es el transporte de mercancías y en virtud del cual una parte (fletante) pone a disposición de otra, (fletador) la totalidad o una parte de la capacidad de carga de un barco para un determinado viaje, a cambio de un precio denominado flete. El fletante conserva la gestión náutica y comercial de la nave, mientras que el fletador conserva la capacidad de carga, que puede utilizar bien para cargar sus propias mercancías, bien para subcontratar con terceros cargadores determinadas parcelas de carga, lucrándose con la diferencia de flete. El fletamento por viaje se regula en la seccion 1ª del titulo III del libro III en los artt 625 y siguientes del codigo de comercio, aunque algunas cuestiones se regulan en otro preceptos, como el regimen de responsabilidad del fletante por averias o perdidas de la mercancia transportada (artt 588 y 618). Y si el conocimiento de embarque ha sido transferido a una persona distinta del fletador, el regimen de responsabilidad se rige por las Reglas de La Haya, recogida en España por la ley de 1949. 4. TRANSPORTE DE MERCANCÍA EN RÉGIMEN DE CONOCIMIENTO DE EMBARQUE El conocimiento de embarque (Bill of lading) es el documento que el transportador marítimo expide como certificación de que ha tomado a su cargo la mercancía para entregarla, contra la presentación del mismo en el punto de destino, a quien figure como consignatario de ésta o a quien la haya adquirido por endoso total o parcial, como constancia del flete convenido y como representativo del contrato de fletamento en ciertos casos. Los conocimientos de embarque de la carga consolidada los expide el agente de carga internacional ó (NVOCC por sus iniciales en inglés:Non-Vessel Operating Common Carrier). En tal caso llevan el nombre de Conocimiento de Embarque Hijo, siendo el Conocimiento de Embarque Madre el que expide el Transportador Marítimo efectivo. 5. OTROS CONTRATOS DE UTILIZACIÓN DEL BUQUE (PASAJE, REMOLQUE, PRACTICAJE, CARGA Y DESCARGA) CONTRATO DE PASAJE El contrato de pasaje puede ser entendido como aquel contrato por virtud del cual una persona se obliga, a cambio de un precio y en el marco de las condiciones que al efecto se establezcan, a transportar a otra, de un lugar de origen a un punto de destinol. En el ambito maritimo se trata de una de las modalidades de utilización del buque. Esta configuración no se ve disturviada por la circunstancia de que, como elemento accesorio, el porteador venga obligado a proporcionar al pasajero una habitación o cabina y la manutención necesario, bien entendido precisamente que tales prestaciones son accesorias de la prestación principal de transporte. Por lo que se refiere a su naturaleza juridica, debe destacarse su asimilación con el fletamento, bien entendido que se trata de un contrato mercantil.
El codigo de comercio regula en los artt 693 a 705 el pasaje. En general el usuario no tiene la oportunidad de negociar de modo individualizado las condiciones de transporte, aceptando las condiciones predispuestas en un formulario impreso (de norma al revés del billete). Para los contratos de transporte maritimo internacional de pasajeros rije el convenio de Atenas de 1974, que se centra en la responsabilidad del transportista maritimo por los daños personales (muerte o lesiones) o materiales causados al pasajero como consecuencia de un siniestro. La responsabilidad del transportista surge siempre que sea imputable culpa o negligencia del porteador o de sus auxiliares. Obligaciones del porteador= llevar a cabo el transporte con el buque pactado, poner el buque a disposición del pasajero en el lugar y tiempo pactados. En caso de suspensión del viaje, si tal eventualidad sucede con anterioridad a su inicio y se debe a culpa del capitan o naviero, el pasajero tiene derecho a la resolución del contrato, a la devolución del precio del pasaje y a una indemnización por daños y perjuicios. Obligaciones del pasajero= pagar el precio del pasaje (en garantia del cobro, el porteador ostenta un derecho de retención y preferencia sobre los efectos del pasajero). El pasajero debe acudir al embarque en el lugar y tiempo pactados, y debe observar el buen orden a bordo del buque y observar las disposiciones del capitán. CONTRATO DE REMOLQUE Según Sanchez Calero, el contrato de remolque es aquel por el que el naviero de un buque se compromete, mediante precio determinado, a desplazar de un lugar a otro un buque distinto. Dicho contrato obedece a la necesidad de determinados buques que se ven en la imposibilidad de maniobrar en puertos, por su tamaño, o por el caso mas frecuente en el trafico fluvial, en el que el remolcador arrastra no sólo las barcazas con la mercancía sino que se lleva a cabo una entrega especifica de dicha mercancía, por lo que el contrato toma el nombre de remolque-transporte. Es un contrato atipico que no tiene particular regulación normativa, sino que deriva de su aplicación practica. CONTRATO DE PRACTICAJE El practicaje es una de las instituciones más antiguas del Derecho Marítimo. Actualmente se constituye como un servicio público de la navegación. Los prácticos prestan su servicio al Estado en la entrada y la salida de los puertos y otros lugares que debido a las necesidades en la seguridad se hacen necesarios. Esta necesidad se justifica porque por muy detallados que sean los portulanos y derroteros nunca podrán expresar los detalles que en un momento determinado pueden llegar a ser de importancia capital, además de las variaciones y eventualidades que pueden surgir en la costa y en las condiciones particulares de cada puerto. la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante de 24 de Noviembre de 1992 (arts. 102 a 104) y el Reglamento General de Practicajes de 1 de marzo de 1996 vienen a hacer un nuevo planteamiento normativo del práctico y del contrato de practicaje. Las disposiciones normativas sobre el practicaje en el ordenamiento jurídico español aúnan normas de distinta naturaleza, pública y privada,en las que predomina globalmente la configuración jurídica del practicaje como servicio portuario. Es decir, en la institución del practicaje hay dos vertientes:
una de carácter administrativo que regula las relaciones contractuales entre la Autoridad Portuaria, titular del servicio, y los concesionarios del mismo en régimen de gestión indirecta sometido al Derecho privado y en su defecto a la legislación de contratos del estado ; y otra en la que las obligaciones contractuales entre quien presta el servicio y quien lo disfruta, se sustancian en el contrato privado de practicaje, el cual está sometido a la normativa mercantil y civil correspondiente. La escasa regulación del practicaje en el Codigo de Comercio de 1885 se debe a que la figura participaba de un componente público que explica la abstención del Código a la hora de detenerse en la relación obligacional del practicaje. CLASES DE PRACTICAJES Los servicios de practicaje se dividen en: - Practicaje de entrada: servicio que presta el práctico para conducir a un buque desde la entrada de un puerto a seguro fondeadero o amarradero en el interior del mismo - Practicaje de salida: es la operación inversa a la salida desde que esté el ancla a pique o largados los últimos cabos hasta que lo deje franco para iniciar su salida. - Amarraje: es el servicio que presta un práctico para dejar un buque debidamente fondeado o amarrado a un muelle o boya dentro de un puerto o su bahía; este servicio comienza desde cuando se inicia la maniobra de fondeo o la de amarre. - Desamarraje: es la operación inversa, que finaliza al estar el ancla a pique o , en caso de no hallarse ésta fondeada, al largar el último cabo. - Movimiento interior: es el servicio que un práctico presta para llevar un buque en el interior de un puerto o su bahía a otro lugar del mismo CONTRATO DE PRACTICAJE= Definición legal del contrato de practicaje En primer lugar hay que admitir la existencia de una figura contractual pues su tradicional prestación como servicio público obligatorio, de seguridad marítima, con tarifas autorizadas por la Administración, ha conducido a alguna doctrina a negarle el vínculo contractual, hurtándole su naturaleza de pacto mercantil a favor de un tratamiento jurídico administrativo de la materia. La trascendencia de la conceptuación legal del contrato de practicaje repercute como es obvio en su régimen de responsabilidad. Sánchez Calero lo describe de otra forma, a saber: “El contrato de practicaje es un contrato auxiliar de los contratos de fletamento y transporte en el que el capitán, en nombre del naviero contrata los servicios de un práctico como asesor técnico en la indicación de maniobras o rumbos, que recibe en contraprestación una determinada remuneración”. El contrato de practicaje como convención entre sujetos privados no está específicamente regulado en el ordenamiento mercantil vigente, pues el CoCo apenas lo contempla y tan sólo se refiere a la obligación que tiene el capitán de solicitar el servicio en los puertos que desconozca (art. 612.6), a la inclusión de gastos de practicaje en el elenco de créditos marítimos privilegiados (art. 580.3), a la consideración como avería simple o particular a cargo del naviero de los gastos de pilotaje costero y
portuario (art. 807) y al supuesto de abordaje con práctico a bordo (art. 834). Pero no encontramos una definición legal del contrato. La LPEMM en su art. 102.1 define como practicaje “ el servicio de asesoramiento a los capitanes de los buques y artefactos flotantes para facilitar su entrada y salida a puerto y las maniobras náuticas dentro de éste en condiciones de seguridad y en los términos que se establezcan en esta Ley, en la reglamentación general que regule el servicio así como en aquellas otras disposiciones normativas o contractuales que le sean de aplicación”. Se habla de “servicio” de practicaje, sin embargo, es cierto que al fijar el Derecho aplicable al mismo, remitiendo a disposiciones normativas o contractuales que le sean de aplicación. b) Características generales del contrato de practicaje. Aunque algún sector de la doctrina rechaza la noción de contrato para referirse alas relaciones obligacionales impuestas al margen de la autoridad de la voluntad de las partes, lo cierto es que esto no impide tolerar la categoría de contrato forzoso o dictado, pues pese a su origen extraño a las partes, el desenvolvimiento del pacto se realiza bajo las pautas generales de la contratación mercantil y civil, aunque la puntual ejecución de las prestaciones esté previamente determinada con carácter general e inderogable. De esta manera, en materia de responsabilidad civil, en el supuesto de eventual negligencia del práctico contratado, sea o no el de turno, sería un contrasentido exigírsela en vía de responsabilidad extracontractual, cuando el naviero ha pagado un precio “privado” por disfrutar, aunque sea forzosamente del servicio. La doctrina española resume los caracteres que presenta el contrato de practicaje en la constitución de un acuerdo: 1) Bilateral oneroso: se celebra entre dos partes contratantes (de un lado el práctico que presta el servicio y de otro el naviero que como empresario marítimo que explota el buque, lo recibe a cambio del abono de la tarifa). Es oneroso (art. 1274 CoCo) porque el práctico tiene la carga de prestar reglamentariamente su servicio y el eventual uso de sus embarcaciones de practicaje, en tanto que el naviero sufre el perjuicio patrimonial de tener que abonar el precio de la obra desplegada por aquel. 2) Consensual (art. 1262): se perfecciona con la mera solicitud del servicio por el capitán o el consignatario, pues se entiende que el práctico está en permanente oferta al público, la petición del servicio verbalmente, en forma escrita o de otro modo equivale a la aceptación del contrato. 3) Atípico: apenas encuentra una fragmentara regulación en el ordenamiento jurídico. Esta ausencia de tipicidad legislativa se ve paliada en algunos aspectos por las disposiciones de la LPEMM y del RGP pero habrá que acudir a las normas del CoCo para contemplar el régimen jurídico aplicable al pacto 4) Mercantil: es un acto de comercio que aunque no está regulado por el CoCo sí ha sido contemplado en varios preceptos con menciones entre otras la actividad del práctico, el abordaje con práctico a bordo o la naturaleza de los gastos de pilotaje. 5) Arrendamiento de obra: una de las partes se obliga a ejecutar otra por precio cierto (art. 1544 CoCo). OBLIGACIONES DEL PRÁCTICO. Como ya se ha visto la obligación principal del práctico consiste en realizar su obra con la debida diligencia. Sin embargo, la materialización concreta de su prestación se difumina en los textos legales. La evolución culmina con la LPEMM y el RPG de 196 que conceptúan el practicaje como 31
un mero asesoramiento de seguridad para los capitanes de los barcos en las maniobras portuarias. Pero el práctico no tiene ni el mando ni la dirección náutica del gobierno del buque que residen en el capitán. Esto supone que la responsabilidad de la ejecución de la operación recae sobre este último, lo que no implica proclamar sin más la exoneración de responsabilidad del práctico, pues éste incurrirá en tal cuando no preste el consejo adecuado, por acción u omisión. “La responsabilidad tanto contractual como extracontractual del práctico surge por tanto a consecuencia de la inexactitud, error u omisión en el asesoramiento de la derrota conveniente de la nave y de los rumbos o maniobras náuticas precisas para velar por la seguridad de la navegación”(art. 24.2 RPG). Pero si el capitán se niega a seguir sus indicaciones, lo cual ya no se debe hacer necesariamente por escrito, el práctico queda exento de responsabilidad del consejo emitido y por supuesto de los daños al buque o a terceros. Aunque el práctico debe ejecutar sus obligaciones con prontitud y diligencia, desde la perspectiva reglamentaria vigente se ha suprimido la consideración del retraso en la prestación por el práctico que tenía el antiguo art.22 del RGP de 1958 cuando en tal caso si el buque “ se mantenía sobre la máquina más de media hora”, el práctico sólo quedaba autorizado a reclamar el 50% del importe total de los servicios prestados. Esta penalidad económica ha desaparecido del actual RGP. El desistimiento cautelar y provisional de la prestación del practicaje sin que suponga un incumplimiento del contrato se contempla en el art. 24.3 del RGP que dice: “ Cuando el práctico considere arriesgada una maniobra por razones de calado, mal tiempo o cualquier otra causa, podrá desaconsejar su realización, (paralizando el servicio), justificando su decisión ante la Autoridad Portuaria, quedando la reanudación de la maniobra y la continuación del servicio como resultado de la decisión de aquella. Si el práctico no aceptase la resolución dada, la discrepancia la resolverá el Capitán Marítimo” (art. 102.8d LPEMM). Y si la Administración Marítima ordena el servicio, el práctico no puede negase a hacerlo pues incurrirá en responsabilidad contractual frente al naviero que ha requerido su obra y en responsabilidad administrativa frente a las autoridades marítimas y portuarias. OBLIGACIONES DEL NAVIERO. Es necesario establecer el principio general según el cual las tarifas exigibles por la prestación de servicios portuarios tienen el carácter y la consideración legal de precios privados (art 70.1 LPEMM). Desde esta perspectiva, el entendimiento de las tarifas del puerto como precios privados significa, que a diferencia d lo que ocurre con los precios públicos, no existe intervención formal previa del Ministerio de Economía y Hacienda, y por otra parte, la eventual impugnación de la disposición administrativa de carácter general determina las tarifas máximas y mínimas de las prestaciones portuarias. En el contrato de practicaje la principal obligación que asume el naviero cuyo buque utiliza el servicio es la de pagar la tarifa correspondiente. A esta obligación pecuniaria del armador hay que añadir el deber que tiene el capitán de colaborar con el práctico en la maniobra de practicaje, informándole del estado del buque o cualquier incidencia cuyo conocimiento sea preciso para que éste último preste el servicio adecuadamente. El pago de las tarifas de practicaje da lugar a un privilegio marítimo integrante de un derecho real de garantía sobre el buque que ha venido siendo reconocido en la generalidad de las disposiciones, que fijan el orden de preferencia para la realización de los créditos marítimos privilegiados. Según el artículo 2.1 del Convenio de Bruselas de 10 de abril de 1926, el carácter de privilegiados sobre el
buque y fletes vienen dados en el siguiente orden: costas judiciales, gastos para la conservación y venta del buque, los derechos de puerto, los impuestos y los gastos de pilotaje. CONTRATO DE CARGA Y DESCARGA estiba y trimado Acrónimo del inglés (Free In and Out Stowed and Trimmed) Este acronimo por sus iniciales en inglés se emplea en comercio exterior para clarificar las modalidades de contrato de flete marítimo. Libre a la carga y descarga (FIO): significa que corre por cuenta de la mercancía los gastos de puesta abordo en el puerto de origen y el proceso inverso en el de destino. Estiba (S): se refiere al coste de acomodar la carga en el interior de las bodegas. Se emplea esta aclaración en el contrato de transporte de tubos u otros productos siderúrgicos que puedan requerir cierta manipulación además de la vertical del gancho de carga. La estiba de un buque es obligación del capitán (en cuanto a su dirección), pero se efectúa esta aclaración en cuanto a quien asume el coste de ejecutarla. Trimado (T): en el transporte de cargas a granel es necesario eliminar los conos o picos que se forman cuando el material es arrojado al interior del buque completando los espacios altos de las bodegas. Esta tarea era efectuada originalmente por medio de paleo y requería gran cantidad de mano de obra. Para excluirla de la cotización del flete, se aclara en la modalidad de contratación. Suele agregarse, además, la condición Lashed Secured que aclara por cuenta de quien corren los gastos de trincado 6. MODALIDADES DE CONTRATOS DE UTILIZACIÓN DE LA AERONAVE. EL TRANSPORTE AÉREO DE PERSONAS Y COSAS el codigo de comercio no regula el fletamento ni el arrendamiento de aeronaves. La doctrina acude por ello, según recuerda la sent TS del 1990, a la aplicación analogica de las normas propias del derecho maritimo para decidir las cuestiones cuya regulación no haya previsto la libertad contractual de las partes. La ley 48/1960 de navegación aerea, dedica por su parte su capitulo XII al contrato de transporte y en secciones separadas, regula el transporte de pasajeros y de mercancias. El arrendamiento de aeronave es el contrato en virtud del cual el arrendador cede al arrendatario ( el ente publico) por un tiempo determinado la plena disponibilidad de la aeronave, trasladandole la titularidad de su explotación y la dirección tecnica y comercial de la misma. El fletamento total es el contrato por el que el titular de una aeronave pone la totalidad de la misma a disposición del fletador comprometiendose frente a este ultimo a realizar, mediante precio, un transporte de mercancias o personas o cualesquiera otras actividades empresariales o profesionales, tales como la prevención y extinción de incendios, fumigación, vigilancia, salvamento y otras similares, en la forma y condiciones estipuladas. 7. LA RESPONSABILIDAD DEL PORTEADOR AÉREO 33
en el ambito del transporte internacional, es de destacar el regimen de responsabilidad configurado con los Protocolos de Montreal. En el ambito de la Union Europea, se destaca en orden a la fijación de un regimen de responsabilidad del porteador en los casos de cancelación del vuelo, retraso, o denegación de embarque, el regalmento CE 261/2004. el reglamento es aplicable: - a los pasajeros que partan de un aeropuerto situado en el territorio de un estado miembro sujeto a las disposiciones del tratado - a los pasajeros que partan de un aeropuerto situado en un tercer pais con destino a otro situado en el territorio de un estado miembro sujeto a las disposiciones del tratado. La denegación del embarque: Contemplada por el art 4 del reglamento. Cuando un transportista aereo encargado de efectuar un vuelo prevea que tendrá que denegar el embarque en un vuelo, deberá, en primer lugar, pedir que se presenten voluntarios que renuncien a sus reservas a cambio de determinados beneficios, en las condiciones que acuerden el pasajero interesado y el transportista aereo encargado de efectuar el vuelo. La cancelación de un vuelo: Art. 5 Cancelación de vuelos 1. En caso de cancelación de un vuelo: a) el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo ofrecerá asistencia a los pasajeros afectados conforme al artículo 8, y a) el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo ofrecerá asistencia a los pasajeros afectados conforme a la letra a) del apartado 1 y el apartado 2 del artículo 9 así como, en caso de que se les ofrezca un transporte alternativo cuando la salida prevista del nuevo vuelo sea como mínimo al día siguiente de la salida programada del vuelo cancelado, la asistencia especificada en las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 9, y b) los pasajeros afectados tendrán derecho a una compensación por parte del transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo conforme al artículo 7, a menos que: i) ii) se les informe de la cancelación al menos con dos semanas de antelación con respecto a la hora de salida prevista, o se les informe de la cancelación con una antelación de entre dos semanas y siete días con respecto a la hora de salida prevista y se les ofrezca un transporte alternativo que les permita salir con no más de dos horas de antelación con respecto a la hora de salida prevista y llegar a su destino final con menos de cuatro horas de retraso con respecto a la hora de llegada prevista, o se les informe de la cancelación con menos de siete días de antelación con respecto a la hora de salida prevista y se les ofrezca tomar otro vuelo que les permita salir con no más de una hora de antelación con respecto a la hora de salida prevista y llegar a su destino final con menos de dos horas de retraso con respecto a la hora de llegada prevista.
2. Siempre que se informe a los pasajeros de la cancelación, deberá darse una explicación relativa a los posibles transportes alternativos. 3. Un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo no está obligado a pagar una compensación conforme al artículo 7 si puede probar que la cancelación se debe a circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables. 4. La carga de la prueba de haber informado al pasajero de la cancelación del vuelo, así como del momento en que se le ha informado, corresponderá al transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo. El retraso: Artículo 6 1. Si un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo prevé el retraso de un vuelo con respecto a la hora de salida prevista: a) de dos horas o más en el caso de todos los vuelos de 1500 kilómetros o menos, o b) de tres horas o más en el caso de todos los vuelos intracomunitarios de más de 1500 kilómetros y de todos los demás vuelos de entre 1500 y 3500 kilómetros, o c) de cuatro horas o más en el caso de todos los vuelos no comprendidos en las letras a) o b),el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo ofrecerá a los pasajeros la asistencia especificada en: i) la letra a) del apartado 1 y el apartado 2 del artículo 9, y ii) las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 9 cuando la hora de salida prevista sea como mínimo al día siguiente a la hora previamente anunciada, iii) la letra a) del apartado 1 del artículo 8 cuando el retraso es de cinco horas como mínimo. 2. En cualquier caso, se ofrecerá la asistencia dentro de los límites de tiempo establecidos más arriba con respecto a cada tramo de distancias. El derecho de información Artículo 14 Obligación de informar a los pasajeros de sus derechos 1. El transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo velará por que en el mostrador de facturación se exponga, de forma claramente visible para los pasajeros, un anuncio con el siguiente texto: "En caso de denegación de embarque, cancelación o retraso de su vuelo superior a dos horas, solicite en el mostrador de facturación o en la puerta de embarque el texto en el que figuran sus derechos, especialmente en materia de compensación y asistencia". 2. El transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo que deniegue el embarque o cancele un vuelo deberá proporcionar a cada uno de los pasajeros afectados un impreso en el que se indiquen las normas en materia de compensación y asistencia con arreglo al presente Reglamento. También deberá proporcionar un impreso equivalente a cada uno de los pasajeros afectados por un retraso de al menos dos horas. Los datos de contacto del organismo nacional a que se refiere el artículo 16 se proporcionarán al pasajero por escrito. 35
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