Source: http://ccgabogados.com/boletin-laboral-no-25-2/
Timestamp: 2019-04-19 08:26:10
Document Index: 92854054

Matched Legal Cases: ['artículo 74', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 63', 'Artículo 63']

Boletín Laboral No. 26 | CUBEROS | CORTÉS | GUTIÉRREZ ABOGADOS
Facultades de inspección, vigilancia y control del Ministerio de Trabajo respecto de asuntos de tercerización laboral.
El pasado 18 de abril de 2018 el Ministerio de Trabajo expidió el Decreto 683 de 2018, por medio del cual derogó el Decreto 583 de 2016, que había adicionado el Capítulo 2 del Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, en materia de tercerización laboral.
El Decreto 583 de 2016, hoy derogado, definía la tercerización laboral como aquellos procesos que un beneficiario desarrolla para obtener bienes o servicios de un proveedor, siempre y cuando se cumplan con las normas laborales vigentes.
¿La tercerización laboral es ilegal?
No, la misma se encuentra permitida por la ley. Es ilegal únicamente cuando es utilizada para vincular personal para el desarrollo de actividades misionales permanentes en lugar de temporales o cuando se utiliza para afectar los derechos prestacionales de los trabajadores consagrados en las normas laborales.
¿Por qué razón fue expedido el Decreto 583 de 2016
El Decreto 583 de 2016 fue expedido en desarrollo del artículo 74 de la Ley 1753 de 2015, Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, “Todos por un nuevo país” el cual determinó que el Gobierno Nacional debería fijar las reglas para garantizar que las empresas cumplan con las normas laborales en los procesos de tercerización y así mismo que deberá garantizar que las actividades permanentes de las entidades públicas sean desarrolladas por persona vinculado de manera permanente.
¿Qué establece el Decreto 583 de 2016?
El Decreto 583 de 2016 reglamenta las facultades de inspección, vigilancia y control de las Direcciones Territoriales del Ministerio de Trabajo para iniciar las actuaciones administrativas correspondientes en situaciones de tercerización ilegal.
¿Cuáles son las situaciones de tercerización ilegal contempladas en el Decreto 583 de 2016?
El Decreto 583 de 2016 enumera como elementos indicativos de tercerización ilegal las siguientes situaciones:
Cuando se contrate al proveedor para hacer las mismas o sustancialmente las mismas labores que se realizaban para el beneficiario y los trabajadores no fueron informados por escrito.
Cuando el proveedor tenga vinculación económica del beneficiario y no tenga capacidad financiera acorde con el servicio y obra que contrata.
Cuando el proveedor no tenga capacidad, de carácter administrativo o financiero para el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de sus trabajadores.
Cuando el proveedor no tenga la autonomía en el uso de los medios de producción, ni en la ejecución de los procesos o subprocesos que le sean contratados.
Cuando el proveedor no imparta las instrucciones de tiempo, modo y lugar para la ejecución de la labor de sus trabajadores, o no ejerza frente a ellos la potestad reglamentaria y disciplinaria, sin perjuicio de otras actividades de coordinación que sean necesarias por parte del beneficiario para el adecuado desarrollo del objeto del contrato.
Cuando el proveedor no realice el pago de los salarios y prestaciones legales y extralegales oportunamente o no cumpla con las obligaciones en materia de seguridad social.
Cuando el beneficiario fraccione o divida, mediante uno o más proveedores, a trabajadores afiliados a un sindicato inscrito o a trabajadores que hayan realizado la asamblea de constitución o la reunión inicial de constitución de un sindicato.
Cuando los trabajadores que trabajaban para el beneficiario no se les otorguen por parte del proveedor iguales derechos a los que tenían cuando estaban contratados directamente por el beneficiario para el desarrollo de estas o sustancialmente las mismas actividades.
Que el beneficiario y el proveedor incurran en conductas violatorias de las normas laborales vigentes en la celebración o ejecución de la figura que los une.
¿Por qué fue derogado el Decreto 583 de 2016?
A través del Decreto 683 de 2018, el Ministerio de Trabajo decidió derogar la totalidad del Decreto 583 de 2016, dado que, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, a través de Sentencia con número de referencia 11001032500020160048500 (2218-2016) del 6 de julio de 2017, declaró la nulidad de los numerales 4 y 6 del artículo 2.2.3.2.1 del Decreto número 1072 de 2015 que había sido adicionado por el artículo 1 del Decreto 583 de 2016.
Dado que se declaró la nulidad de estos numerales el Ministerio de Trabajo consideró que era necesario derogar la totalidad del Decreto 583 de 2016 para efectos de brindar seguridad jurídica, pues los numerales declarados nulos constituyen elementos fundamentales para la aplicación de la totalidad del decreto.
¿Qué motivó la nulidad de los numerales 4 y 6 del artículo 2.2.3.2.1 del Decreto número 1072 de 2015 que había sido adicionado por el artículo 1 del Decreto 583 de 2016?
El Consejo de Estado consideró que el Gobierno excedió sus facultades reglamentarias al regular el alcance de la tercerización en todos los mecanismos de intermediación laboral, por cuanto, el artículo 63 de la Ley 1429 de 2016, solo hace referencia a las Cooperativas de trabajo asociado.
¿Cuál es el siguiente paso a seguir por parte del Gobierno?
El Ministerio de Trabajo público para comentarios el proyecto de resolución “por el cual se establecen lineamientos respecto de la Inspección, Vigilancia y Control que se adelante frente al contenido del Artículo 63 de la Ley 1429 de 2010”. Este proyecto busca nuevamente que se reglamenten las facultades de inspección, vigilancia y control de las Direcciones Territoriales del Ministerio de Trabajo y sus funcionarios para situaciones de tercerización laboral ilegal, pero solo frente a cooperativas y precooperativas de trabajo asociado.
¿Cuál es el contenido de este proyecto de resolución?
El proyecto busca definir el alcance de lo que se entiende por intermediación laboral y otorga a las Direcciones Territoriales del Ministerio de Trabajo la facultad para adelantar las investigaciones administrativas necesarias e imponer las sanciones correspondientes en casos de tercerización con cooperativas o precooperativas de trabajo asociado.
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