Source: https://www.scribd.com/document/178124583/Trafico-de-Influencias-Penaaaal
Timestamp: 2018-11-13 05:09:09
Document Index: 147501944

Matched Legal Cases: ['artículo 400', 'artículo 1', 'artículo 39', 'artículo 400', 'artículo 400', 'artículo 400', 'artículo 400', 'artículo 400', 'artículo 400', 'artículo 400', 'artículo 400', 'artículo 400', 'artículo 400', 'artículo 400', 'artículo 400', 'artículo 17', 'artículo 400', 'artículo 400', 'artículo 400', 'Artículo 57', 'artículo 58', 'artículo 400', 'Artículo 36', 'artículo 395', 'artículo 400', 'artículo 396', 'artículo 400', 'in fine', 'artículo 36', 'artículo 398', 'artículo 425']

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Introducción Sancionar conductas como el tráfico de influencias responde al compromiso institucional del Estado peruano en materia de lucha anticorrupción, compromiso que se desprende de la propia naturaleza de sus fines y objetivos sociales, así como de la obligación internacional en dicha materia. En efecto, y como todo en derecho penal, habrá que partir del mandato constitucional para dar sentido y contenido a la norma penal, que en este caso es la del artículo 400 del Código Penal (en adelante, CP). Nuestra Constitución menciona que el fin supremo del Estado y la sociedad es la defensa de la persona humana y su dignidad (artículo 1 Const.) y en aras de tal consiga es que se garantizan una serie de derechos y se procuran las condiciones mínimas que permitan la participación del individuo en sociedad y el libre desarrollo de su personalidad (artículos 2 y 3 Const.). Justamente, una de las condiciones mínimas que el ciudadano puede exigir del Estado para su desarrollo y participación en sociedad es el ejercicio de una correcta administración pública, esto es, el uso efectivo de los recursos públicos de forma prestacional, objetiva e imparcial. Exigencia que también se desprende de la propia Constitución en el artículo 39, cuando se estipula que los servidores o funcionarios públicos están al servicio de la nación. Pues, en buena cuenta, función pública y funcionario público son conceptos inseparables; solo es funcionario público quien ejerce función pública y la función pública solo se materializa en los derechos y deberes que se descargan en personas que deciden voluntariamente ubicarse entre los recursos públicos y los destinatarios de aquellos, es decir, en los servidores públicos. Se menciona que la correcta administración pública es una condición mínima de aseguramiento de participación y desarrollo social del individuo en sociedad, pues la dación de servicios públicos incide directamente en el ejercicio de los principales derechos fundamentales del ciudadano como, por ejemplo, la salud pública, la seguridad pública, la educación pública, entre otras; sin las cuales el objetivo de defensa de la persona y su dignidad no podría verse cumplido.
Derecho Penal II – Parte General II
Entonces, desde el plano constitucional, la lucha frontal contra actos de corrupción, por el grave desvalor que conductas de este tipo significan, supone un deber insoslayable entre las funciones de un Estado constitucional de derecho. Dicho de otra forma, es lógico considerar un principio constitucional de proscripción de la corrupción. Por otro lado, la obligación internacional que vincula al Estado respecto de la adopción de políticas preventivas, control y sanción de actos de corrupción viene determinada, principalmente, por la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y por la Convención Interamericana contra la Corrupción, en vigor para el Perú desde el 2003 y 1997, respectivamente. Son instrumentos internacionales que ratifican el compromiso y lo consecuente de un Estado constitucional de derecho respecto de la lucha contra conductas de corrupción.
Trafico de Influencias 1. Concepto: Se trata de una figura penal que venía siendo objeto de cuestionamientos por parte de la doctrina. Por un lado, era visto como un delito en el que se anticipa la consumación a fases que, en toda ley, no son más que fases preparatorias, pues el tipo penal no exigía que el ofrecimiento de interceder [ante el funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo] se realice de manera efectiva. Con lo cual, esta figura, ubicada en el Capítulo Delitos cometidos por funcionarios públicos, tenía –y sigue teniendo- la peculiaridad de que se consuma aun cuando no se haya mantenido contacto alguno con el mencionado funcionario o servidor público. De esto, GARCÍA CANTIZANO sostiene que ―esta ubicación [dentro del capítulo dedicado a los delitos cometidos por funcionarios] resulta ya a priori errónea por cuanto el delito de tráfico de influencias es un delito común en el sentido de que no se requiere la condición de funcionario para ser su autor. Este aspecto resulta ya significativo a la hora de analizar el contenido del bien jurídico protegido, por cuanto si ya no estamos hablando de la intervención de un funcionario, obviamente, en el ejercicio de sus funciones, resulta imposible afirmar aquí que lo se protege es el correcto funcionamiento de la Administración Pública, por la sencilla razón de que en el tráfico de influencias existe la posibilidad de que ni siquiera llegue nunca a involucrarse ésta‖.1 Claro que lo que para algunos autores es motivo de crítica, para otros parece constituir digno de elogio, pues ABANTO VÁSQUEZ considera que la inclusión de esta figura «llena un vacío de punibilidad para abarcar conductas usuales en una sociedad inundada por la corrupción. Los tipos tradicionales de ―cohecho‖ han demostrado ser insuficientes, pues las conductas que implican ―tráfico de influencias‖ quedarían impunes por constituir, en relación con aquellos, meros actos preparatorios, pese a que afectan seriamente al ―correcto funcionamiento de la Administración Pública‖».2
vid. GARCÍA CANTIZANO, María del Carmen. Algunas consideraciones sobre el delito de tráfico de influencias. Al amparo del principio de legalidad en materia penal. En Actualidad Jurídica, Tomo 102 (2002), p. 12.
vid. ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. Los delitos… ob. cit., pp. 523-524; en el mismo sentido, vid. SAN MARTÍN CASTRO/ CARO CORIA/ REAÑO PESCHIERA. Delitos de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita para delinquir. Aspectos sustantivos y procesales. Lima, Jurista Editores, 2002, p. 41, quienes consideran que se trata de una figura necesaria, pues, de lo contrario, muchos comportamientos lesivos a intereses institucionales, al constituir meros actos preparatorios de delitos de cohecho activo, quedarían impunes.
Por si fuera poco, las influencias invocadas podían ser simuladas, es decir, inexistentes, lo que planteaba serias dudas en cuanto a la observancia del principio de lesividad, pues no se percibe de qué manera dicha conducta podía poner siquiera en remoto peligro el normal funcionamiento de la administración pública Y contra lo que se podría pensar, la sola mención de que estamos ante un delito de peligro abstracto ya no parece generar las críticas que se solían dirigir contra esta técnica de tipificación. El injusto material se hace residir en conductas que, según se cree, suponen un menoscabo a las condiciones de seguridad del bien jurídico protegido. En esta línea, según HURTADO POZO, invocar influencias -reales o simuladas- con el ofrecimiento -serio o no- de interceder ante un funcionario o servidor público supone hacer comprender al tercero que este es corruptible, con lo que se menoscaba, de esta manera, la credibilidad de la Administración Pública. El mismo profesor de la Universidad de Friburgo se encargó de cuestionar las serias deficiencias de redacción del tipo penal previsto en el artículo 400 del Código Penal. Estamos, pues, ante una figura ubicada entre los delitos cometidos por funcionarios Públicos, pero que puede ser cometido por cualquier persona [se trata de un delito común]; estamos ante un delito que, al menos en una de sus modalidades, carece de contenido material de injusto. Lo demás, como es fácil de constatar, no entra en el terreno de lo incontestable, las opiniones son disímiles. Esto ocurre también con la posibilidad de hacer responsable penalmente –y a qué título- al interesado, esto es, a quien compra la influencia. Descartada la posibilidad de que responda a título de coautor [pues el interesado no toma parte de la invocación de influencias ni del ofrecimiento a interceder], el debate se ha centrado en si puede responder a título de partícipe, es decir, como instigador o como cómplice. En este punto, como se puede prever, las posiciones son encontradas. Pues bien, la modificación más saltante de la Ley 29703, en cuanto a este delito, consiste en la eliminación de la frase invocando o teniendo influencias reales o simuladas. De este modo, el elemento distintivo del tráfico de influencias 3es dejado de lado para dar paso a una fórmula que, nos parece, también tiene sus bemoles. En efecto, la conducta típica se reduce a los actos de solicitar, recibir, hacer dar o prometer la ventaja o beneficio en contraprestación al ofrecimiento real de interceder ante el funcionario o servidor público que haya conocido, esté conociendo o vaya a conocer un caso judicial o administrativo. La Ley 29703 solo se refiere al ofrecimiento real, mas no al ofrecimiento real y simulado.
Según ROJAS VARGAS, la invocación de influencias marca la especificidad típica de esta modalidad de corrupción, pues los verbos recibir, hacer dar o prometer son comunes a otros tipos penales de infracción de deber como, por ejemplo, el cohecho, vid. ROJAS VARGAS, Fidel. Delitos… ob. cit., p. 787.
Consideramos que los adjetivos real y simulado [más allá de las críticas que generaba la presencia de este último en el tipo penal] tenían más sentido cuando estaban en relación con la invocación de influencias, pues la ascendencia que se decía tener sobre el funcionario podía ser cierta o falsa; pero dichos adjetivos carecen de objeto cuando califican al ofrecimiento, pues está claro que el ofrecimiento de interceder siempre ha de concurrir para que se consume el tipo; de otro modo no estaríamos ante un tráfico o venta de influencias. La presencia de este adjetivo en el texto vigente parece constituir un saldo de la redacción anterior, salvo que se interprete – en la línea abierta [mas no sugerida] por HURTADO POZO al señalar que el ofrecimiento puede ser serio o no- que el ofrecimiento hecho sin la intención de cumplir [con independencia de si las influencias son reales o simuladas] queda fuera del ámbito de lo penalmente relevante [sin entrar aquí en el debate sobre la posible concurrencia de un delito de estafa]. Más allá de las dificultades probatorias que demandaría una interpretación así, y aun cuando el legislador haya tenido realmente la intención de descriminalizar la venta de humo. La disposición del artículo 400 del Código Penal prescribe: «El que, invocando influencias, reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que esté conociendo o haya conocido, un caso judicial o administrativo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años». De acuerdo con el principio de la legalidad, el punto de partida y el marco de todo proceso de interpretación es el texto escrito de la ley penal. No obstante, como el lenguaje —medio inevitable para expresar el mandato legal— se caracteriza por su ambigüedad y polisemia, la disposición legal no constituye un límite preciso a priori de los alcances de lo que ley prohíbe u ordena. En este sentido, los tipos legales son, en cierta forma, indeterminados; pero no dejan de constituir el ámbito dentro del cual debe establecerse el contenido de la norma. El intérprete no debe desnaturalizar el sentido convencional del lenguaje utilizado por el legislador a pesar de la textura abierta de este lenguaje. El proceso de interpretación desemboca siempre en la constatación que el texto legal puede ser comprendido en dos o más sentidos posibles entre los cuales el intérprete debe escoger para atribuírselo a la disposición. Esta decisión no es de índole arbitraria. El intérprete debe proceder teniendo en cuenta cuál de esos posibles sentidos realiza mejor el valor justicia, en concordancia con los criterios constitucionales y de política criminal en que se basa el sistema penal.
De esta manera. 6 Derecho Penal II – Parte General II . El resultado al que llegue el intérprete no puede ser calificado de sentido único ni el solo verdadero de la ley. invocando influencias simuladas recibe. en el caso que nos ocupa. sino también. invocando influencias reales recibe. 400 conviene analizar en detalle la redacción y estructura de su texto. debida a la diversidad de actos y de circunstancias con los que el legislador ha descrito los comportamientos incriminados. La importancia de este primer paso. se prevén los siguientes casos alternativos: El que. igual y transparente la ley. reside en la complejidad de la disposición. Para comenzar a comprender lo dispuesto en el art. El que. invocando influencias reales recibe. En el texto legal. y sobretodo. hace dar o prometer para sí donativo o promesa o cualquier otra ventaja con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que haya conocido un caso. La fuerza de su decisión radica en la claridad y coherencia de los argumentos que debe presentar para hacerla valer como la más conveniente entre todas las demás posibles. El que.Trafico de Influencias La interpretación de la ley no solo es un proceso lógico realizado con la ayuda de los diversos métodos de interpretación. garantizará el respeto de los derechos de las personas al momento de dictar su mandato o sentencia. para aplicar de manera justa. hace dar o prometer para un tercero donativo o promesa o cualquier otra ventaja con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que haya conocido un caso judicial o administrativo. axiológico. invocando influencias simuladas recibe. El que. hace dar o prometer para un tercero donativo o promesa o cualquier otra ventaja con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que esté conociendo un caso judicial o administrativo. hace dar o prometer para sí donativo o promesa o cualquier otra ventaja con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que esté conociendo un caso judicial o administrativo.
simuladas y y ofreciendo ofreciendo interceder interceder ante ante Recibir… invocando influencias simuladas funcionario que ha conocido proceso. Según estas circunstancias. como art. hay que distinguir cuatro hipótesis: Recibir… invocando influencias reales y ofreciendo interceder ante funcionario que conoce proceso. 400. el referido a que el funcionario ante el cual el agente ofrece interceder esté conociendo el asunto o lo haya ya conocido. Recibir… invocando influencias reales y ofreciendo interceder ante funcionario que ha conocido proceso. de las fuentes nacionales o foráneas que el legislador ha tomado en cuenta. 2. ofrecer interceder ante un funcionario o servidor público y el objeto del delito («cualquier ventaja»). Nuestro Código de 1924 no contenía disposición similar al art. Este decreto fue dictado por el Poder Ejecutivo en virtud de las facultades legislativas delegadas por el 7 Derecho Penal II – Parte General II . el relativo a la naturaleza de las influencias (reales o simuladas). mediante el Decreto Legislativo 121. dos juegan un papel decisivo: por un lado.Trafico de Influencias Los factores comunes a todas estas hipótesis son los hechos de invocar influencias. Recibir… invocando influencias funcionario que conoce proceso. Se distinguen por lo siguiente: a) las influencias son reales o simuladas b) la ventaja es para el mismo autor o para un tercero c) el funcionario sobre el que se influye conoce o ha conocido el caso d) la índole de este último es judicial o administrativa. se abre el camino para calar en el sentido de la norma gracias a las similitudes y diferencias que se constaten respecto a disposiciones precedentes. 353-A CP 1924. De esta manera. por otro. Entre estos factores intercambiables. Evolución legislativa La comprensión del texto legal requiere que se determine el proceso de su elaboración y. del 12 de junio de 1981. en particular. El antecedente inmediato de esta norma fue introducido.
Constituyó una expresión de la idea políticamente predominante entonces. 411. no se discutieron a fondo las razones para estatuirlo. y. se sustituye el elemento subjetivo de «con el fin de obtener cualquier beneficio» por el elemento objetivo de «con el ofrecimiento de interceder ante funcionario o servidor público». solo puede ser cometido por un servidor público y no por cualquier particular. el hecho de que un «[…] servidor público […] utilice indebidamente. se consideró que —ya desde la manera de elaborar los tipos legales— era necesario disminuir las dificultades que podrían surgir para probar la comisión de los tradicionales delitos contra la administración pública.Trafico de Influencias Parlamento (ley 23230. como era el caso según la disposición anterior. reprime como tráfico de influencias. en la medida en que tuvieron en cuenta la manera en que el tráfico de influencias había sido descrito en leyes extranjeras. 8 Derecho Penal II – Parte General II . Al respecto. en lugar de «haya de conocer» se dice «haya conocido». El legislador colombiano modificó y finalmente descartó el art. 353-A. por último. La disposición colombiana reprimía a quien «[…] invocando influencias reales o simuladas. 147 al dictar el Código Penal de 2000. De acuerdo con la nueva disposición. asimismo. El cambio es esencial. hay que tener en cuenta que el art. A diferencia del colombiano. porque la descripción ha sido simplificada y se ha precisado su índole de delito especial. con el fin de obtener cualquier beneficio de parte del servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer […]». en provecho propio o de un tercero. influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función. haga dar o prometer para sí o para un tercero. dinero o dádiva. Esta fue introducida por funcionarios en el texto definitivo que se dictó. 147 CP Colombia. que apuntaba a facilitar la represión eficaz de los funcionarios que durante el fenecido gobierno militar habían cometido delitos contra los intereses del Estado. Con este fin. con la finalidad de que se revisen los diversos decretos leyes dictados por la dictadura militar en materia penal. reciba. En el proyecto elaborado y discutido por la comisión —designada por el Ministerio de Justicia y de la cual formábamos parte— no figuraba dicha disposición. En su art. en el texto peruano se hace referencia a «donativo. Por tanto. promesa o cualquier otra ventaja» y no a «dinero o dádivas». del 15 de diciembre de 1980). es el más próximo al art. La labor del o de los redactores de dicha disposición no fue creadora. vigente en el momento en que se modificó el código peruano. con el fin de obtener cualquier beneficio de parte de servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer».
404 bis. primer párrafo. del CP italiano: «millantandocredito» es traducido como «aparentando crédito». «riceve o fa dare o fa promettere» como «recibiere o se hiciere prometer». «come prezzodellapropriamediazione» es traducido por «como recompensa de su mediación». CP español. 476 CP español de 1928 —fuertemente influido por la legislación italiana— en el que se establecía: «El que aparentando crédito. 346. ofreciendo hacer uso de influencias cerca de los funcionarios o encargados de servicios públicos. En esta disposición. del Código Penal italiano. hay que señalar que esta versión es más cercana al art. conviene destacar que el legislador. agentes de éstas o funcionarios públicos. 346. Al respecto. consciente de las dificultades que podía provocar. como recompensa de su mediación o resolución favorable de un asunto que de aquéllos dependa […]». 353-A de nuestro Código Penal derogado— fue el art. letra c. come prezzodellapropriamediazione verso ilpubblicoufficiale o impiegato. por último. 9 Derecho Penal II – Parte General II . suprime la expresión «hacer dar». è punito con la reclusione […]» La defectuosa recepción del art. à sé o ad altri. denaro o altrautilità. «denaro o altrautilità» como «dinero u otras cosas». recibiere o se hiciere prometer dinero u otras cosas. 147 del código colombiano —e indirectamente del art. Este artículo estatuye: «Chiunque. primer párrafo. solicitaren de terceros dádivas o presentes o aceptaren ofrecimiento o promesa […]». Volviendo al derecho español. se prescribía reprimir a «[…] los que. 147 colombiano por parte del legislador peruano se revela en los cambios que hace respecto a las expresiones «dinero o dádivas» y «con el fin de obtener cualquier beneficio». De manera incorrecta se ha sostenido que la fuente de inspiración de la disposición peruana es el art. Los legisladores colombiano y peruano la mantuvieron sin mayor reflexión. La versión peruana es menos fiel al texto italiano. millantandocreditopresso un pubblicoufficiale. promesa o cualquier otra ventaja» y a «con el ofrecimiento de interceder». influencia o relaciones cerca de las autoridades. o presso un pubblicoimpiegato che presti un pubblicoservizio. riceve o fa dare o fa promettere. que el legislador colombiano había utilizado para expresar las fórmulas italianas de «denaro o altrautilità» y «come prezzodellapropriamediazione».Trafico de Influencias La fuente del art. que prevé el delito de millantatocredito. en la medida en que se refiere a «donativo. Tampoco lo es el art.
400 no debe ser comprendido como ‗solicitar‘ y tampoco puede ser considerado como el verbo que indica la acción incriminada central (recibir. 147. y no tanto las concernientes al art. 430 CP español. Las semejanzas del artículo peruano con el art. Así. o aceptaren ofrecimientos o promesa». abandonando parcialmente el modelo italiano. si se refieren al art. 400. Por tanto. el delito se consuma con el acto de solicitar y no con el de ofrecer. que difiere bastante del nuestro. 3. aun cuando permiten comprender algunos aspectos de la disposición de nuestro Código. Doctrina Extranjera La individualización de la fuente legal de una disposición determinada es indispensable para utilizar adecuadamente la doctrina extranjera. sobre todo. presentes o cualquier otra remuneración. y hasta que se siga de cerca las opiniones de los juristas hispanos. Tanto el hecho de no prestar debida atención a esta manera de recurrir a las fuentes doctrinarias. es necesario constatar si esta se basa en una disposición idéntica o similar a la disposición en cuestión. hacer dar o prometer). 10 Derecho Penal II – Parte General II . el verbo principal es solicitar. y el medio. el hecho de ofrecer. se reprime a «[…] los que ofreciéndose a realizar las conductas descritas en los artículos anteriores. por ejemplo. tiene como base un sistema legal particular. que sirvió de modelo a nuestro legislador. Por lo tanto. 346 del CP italiano. no deben conducir a una recepción automática de las afirmaciones hechas por los juristas italianos respecto a esta disposición. 411. si se quiere justificar la atribución de un sentido a una disposición invocando la opinión autorizada de un autor determinado. Citar a estos solo es pertinente cuando se tiene en cuenta la semejanza o diferencia existente entre la disposición materia de dichos criterios y el artículo que se interpreta. solicitaren de terceros dádivas. Esta. como las similitudes lingüísticas del art.Trafico de Influencias En el art. 430 CP español vigente. Lo mismo debe hacerse respecto a los criterios jurisprudenciales foráneos. 400 con la regulación española han inducido a que de manera oficiosa se designe el delito con el nombre de tráfico de influencias. las opiniones doctrinarias o jurisprudenciales emitidas por los juristas y jueces colombianos serán útiles para interpretar el art. como toda elaboración dogmática. en nuestro caso. En la primera hipótesis del art. el verbo invocar de nuestro art. De modo que.
Uno de los principales malentendidos provocado por la deficiente redacción concierne a la determinación del verbo típico principal. «cualquier favor» («des faveursquelconques»). en el que se describe el delito mediante las palabras «el que trata de corromper a un funcionario». Además. la situación empeora debido a la manera en que se han introducido nuevas formas delictuosas en el Código Penal. El art. por tanto. Dichas diferencias imponen que se haga una interpretación conforme a las peculiaridades de nuestra ley y al contexto normativo en que está inserta. la expresión «en todo momento».Trafico de Influencias Lo mismo debe señalarse respecto a la legislación y doctrinas francesas. lo que da a entender que se reprime la tentativa como delito consumado. hecho que aumenta la dificultad de utilizar los aportes teóricos foráneos. Estas deficiencias resultan de la manera incorrecta de utilizar las fuentes legales. y de «influencia real o supuesta» («influenceréelleousupposée»). Con frecuencia se afirma que el comportamiento central es el de invocar. 399. Aun cuando respecto al derogado art. 400. 4. Es asimismo interesante que el legislador galo prevea agregar. 400 se deben tanto a que el legislador ha descrito el comportamiento incriminado de tal modo que puede realizarse de diversas maneras. 178 CP francés es interesante destacar que se hablaba de solicitar o aceptar («solliciterouagréer». Deficiencias de redacción Las deficiencias del art. comportamientos 11 Derecho Penal II – Parte General II . Su objetivo es facilitar la represión simplificando la prueba de los elementos del delito. Otro equívoco consiste en considerar indispensable que el comportamiento se efectúe. mediante los que debe determinarse al tercero interesado a entregar. como más conveniente —debido a las diferencias existentes— tener en cuenta los análisis hechos sobre la base de las disposiciones legales más parecidas al art. hacer dar o hacer prometer una ventaja cualquiera. cuando en realidad constituye uno de los medios. De lo expuesto. Otro es el del art. por los actos de invocar y ofrecer. junto al ofrecimiento de interceder para llevar a cabo el hecho de recibir. sin que quede del todo claro el límite del comportamiento punible. en los proyectos de reforma en curso. como también a la redacción deficiente y a la peculiar terminología utilizada. dar o prometer una ventaja cualquiera. aparece. sucesivamente. 400 —en el ámbito de los delitos contra la administración pública— no es el único caso de defectuosa técnica legislativa.
pero también puede darse de manera simultánea a la de recibir. teniendo en cuenta —además de las referencias hechas al derecho comparado— la particular manera como es utilizada por el legislador peruano: el gerundio del verbo invocar. 400. por ejemplo. comunica a la acción verbal una dimensión de duración. hacer prometer.5 Cada uno designa un comportamiento que puede ejecutarse de manera simultánea a la utilización de los medios previstos en el tipo legal o como una consecuencia del empleo de estos últimos. Sin embargo. por tanto. que también fue utilizado en el derogado art. pues. El término invocando debe ser comprendido. más bien. ROJAS VARGAS 2001: 437 12 Derecho Penal II – Parte General II . a diferencia del español. no significa que la palabra invocando deba ser comprendida en el sentido de ‗aparentando‘. El sentido en que debe ser entendido el término invocar no debe ser el primero que señala el Diccionario de la Real Academia Española: «Demandar ayuda mediante una súplica vehemente». Para comprender esta manera de leer el tipo legal del art. 346 CP italiano. hacer o prometer. hacer dar o prometer de parte del agente.Trafico de Influencias que deben desembocar en los actos de recibir. Si bien el texto español es más fiel al italiano. Cfr. que los comportamientos incriminados están expresados por los verbos recibir. Es decir. en consecuencia. solo de «verbos rectores complementarios».4 Resulta preferible considerar. los tres artículos se inspiran en el texto del art. se hablaba de «aparentando influencias». No se trata. hacer dar. respecto a las segundas. se debe prestar mucha atención a la redacción del texto. En el art. Esto permite afirmar que la acción de invocar. que el agente actúa «aparentando influencias simuladas» (dar a entender lo que no es). exagerando‘ tener influencias. al empleo del término invocando. el interesado en que se influya sobre un 4 5 Cfr. sería un contrasentido decir. Es. Lo impide el hecho de que en nuestro texto legal. 476 CP español de 1928. ROJAS VARGAS 2001: 436 y ss. se alude expresamente tanto a influencias reales como simuladas y. en el que se dice «chiunquemillantando». 147CP colombiano. por el contrario. más bien. En primer lugar. Esta forma significa simultaneidad o anterioridad del hecho de invocar respecto al de recibir o hacerse prometer.expresión que significa ‗alegando. puede tener lugar con anterioridad.
En el art. en el sentido de demandar ayuda mediante una súplica vehemente. al invocar influencias. no conforme a nuestra ley). que en un mismo lapso—indistinta y estrechamente relacionados— se produzcan los tres actos.Trafico de Influencias funcionario quien. costumbre o razón). hacer dar o prometer ofreciendo interceder y no la invocación de influencias (medio delictivo). debía hacerlo con el móvil de lograr ese objetivo. atribuir al término invocar el sentido de convenir o acordar la venta de influencias (por influencia de la expresión «venta de humo». que invoque y que al recibir ofrezca interceder. el mismo que puede. El factor central es el de recibir. en lugar de prever el elemento objetivo de ofrecer. 147 CP colombiano. haber ofrecido la ventaja. refuerza el convencimiento con que interviene el tercero. cuando se cita una ley. al mismo tiempo de recibir. por tanto. De este modo. Por la manera en que está redactado el texto se puede pensar. tomado en cuenta por nuestro legislador. lo interesante por ahora es subrayar que la referencia al ofrecimiento de una ventaja permite atribuir al art. como luego lo veremos. previamente. reforzada por la manera en que se hace referencia al «ofrecimiento de interceder». El agente. en la medida en que se refiere a alegar (por ejemplo. ofrezca interceder. 400 el sentido amplio que proponemos: realización sucesiva o simultánea de los actos en cuestión. por ejemplo. se preveía un elemento subjetivo con las palabras «con el fin de obtener favor de un empleado». con frecuencia. Por el contrario. Así. se comprendería que el agente del art. 400 expone al tercero las influencias de que dispone. resulta más coherente tener en cuenta el segundo significado indicado en dicho diccionario. tercero. por los verbos principales del tipo legal. El acto material de ofrecer interceder —contrariamente a lo previsto en nuestra ley— no necesitaba realizarse porque no constituía un elemento 13 Derecho Penal II – Parte General II . segundo. De este modo. hacer dar o prometer una ventaja de parte del tercero. que el agente invoque. recurre a solicitar favor o auxilio para resolver sus problemas judiciales o administrativos. le ofrece interceder. primero. El aspecto de acuerdo o convenio del comportamiento delictuoso está indicado. asimismo. el agente. No es necesario. En todo caso. reciba y. para convencerlo de que tiene la capacidad de interceder en su favor ante el funcionario o servidor público. luego. La posibilidad de concebir el comportamiento también como un conjunto de actos que se producen en forma paralela es.
en buena cuenta. La simultaneidad de estos factores era evidente. 14 Derecho Penal II – Parte General II . y por parte del tercero proponer. ni que su fin sea obtener favor de un empleado. el agente bien puede justificar su pedido de pago afirmando que puede intervenir ante el funcionario respectivo. En el art. tratándose del caso en el que las influencias son reales— el comportamiento delictuoso. por tanto. 400. consiste en un comportamiento complejo en el que el agente y el tercero —sin importar quién es el que toma la iniciativa—actúan simultáneamente con la finalidad de lograr. La segunda hipótesis es que los actos se desarrollen sucesivamente: el agente alega que tiene capacidad de influir. En la hipótesis de simultaneidad de actos —en especial. Se dice «[…] los que ofreciendo hacer uso de influencias […] solicitaren dádivas […]». Al momento de solicitar. que se trata de un elemento muy relacionado al hecho de que exista un vínculo con la intervención del tercero. hacer dar o prometer una ventaja. invocando influencias y ofreciendo interceder. sino que considera que el dinero o utilidad debe ser. los comportamientos dirigidos a influir de manera indebida en la toma de decisiones de los órganos de la administración pública. pedir al agente para que ejerza influencia y dar o prometer la ventaja. Lo que implica.Trafico de Influencias objetivo del tipo legal. ofrece interceder ante funcionario y determina al tercero para que haga un acto de disposición en favor del agente o de un tercero. por ejemplo. recibir. De esta manera. que necesariamente alegue primero tener influencias y luego reclame la dádiva a la persona interesada. No implica. el legislador ha buscado comprender en el tipo legal las diversas formas en que tienen lugar. Por ejemplo: recibir la ventaja para lograr que el empleado dicte una resolución en un sentido determinado. 346 CP italiano no se menciona que el agente ofrezca interceder. por parte del autor. recibida por el agente «como precio de su propia mediación». 404 bis c CP español derogado. También se percibe esta posibilidad de simultaneidad en la descripción contenida en el art. comportamientos que son cometidos casi en secreto y que se presentan como negociaciones en las que se discuten y establecen las condiciones (servicio y contraprestación) respectivas. generalmente. descrito en el art.
147 CP colombiano. 400 dice que el agente «recibe. y no así a recibir. 15 Derecho Penal II – Parte General II .Trafico de Influencias 5. En esta perspectiva. segundo. por otro. negociar con dinero y mercancías y. pero no en el art. Mediante el acto de entregar —en caso de no existir pedido de parte de quien recibe— el que da empuja al agente a aceptar y recibir la ventaja. 400. que concierne a los tres comportamientos. Indeterminación de los comportamientos incriminados Los problemas de comprensión de la descripción del comportamiento delictuoso surgen. en ese caso no aparece claro que el agente se haga dar por el tercero la ventaja para sí mismo. debido a la manera en que se enumeran las acciones incriminadas. lo que significa. ofrecer interceder). en primer lugar. que la iniciativa proviene generalmente del tercero que da la ventaja. con cierta claridad. no que haya utilizado uno de los medios (invocar. que el agente puede recibir la ventaja tanto para su beneficio personal como para entregarla a un tercero. hace que el tercero dé a otra persona la ventaja o que prometa conceder una ventaja a otra persona (no puede pensarse que se trate de hacer prometer que haga una promesa de dar a un tercero). La coma después de la palabra recibe figura en el art. pues esto no es diferente de que la reciba (primera forma verbal). se puede entender el art. de comerciar. Con ello se comprende. entonces. donativo o promesa o cualquier otra ventaja […]». en la que agente y tercero interactúan para alcanzar sus objetivos personales. El art. en esta última disposición la expresión «para si o para otro» aparece entre comas. por un lado. Por el contrario. es decir. Sin embargo. hace dar o prometer para sí o para un tercero. en el sentido de que la acción de recibir también está relacionada con la expresión «para sí o para otro». enumeración alternativa y que implica que para la consumación del delito basta que el agente haya cometido una de las acciones mencionadas. de negociar de modo que se produzca un beneficio estrictamente patrimonial. en el texto peruano puede pensarse que dicha expresión solo está referida a hacer proceder o prometer. Hablar de tráfico de influencias es incorrecto si con ello se busca hacer admitir que se trata. por un lado. también. En este contexto —y globalmente— el comportamiento aparece como una negociación. hacer lo que le pide el tercero. primero en el sentido de que. que está separada (esta última forma) por comas en el texto. Por el contrario. ocasión en que este último ofrece interceder. 346 CP italiano. por otro. Mediante el uso del verbo recibir el legislador ha pensado. el agente recibe del tercero la ventaja para su beneficio personal y.
ya que estas hacen suponer que el agente puede efectivamente ejercer una influencia sobre el funcionario o servidor público. Si se tiene en cuenta que estas infracciones se distinguen según sean cometidas por particulares o por funcionarios. De manera implícita se toma en cuenta esta capacidad en el caso relativo a influencias reales. 400 han sido colocados en el segundo grupo. 400. Ese modo de proceder lo ha conducido —al menos con respecto a algunas de dichas variantes— a no respetar convenientemente el principio de legalidad. sino como un particular cualquiera. 6. en el art. en el Código Penal). la persona que simula tener 16 Derecho Penal II – Parte General II . este no debe actuar en el ejercicio de sus funciones. a diferencia de lo que se prevé en otras disposiciones.Trafico de Influencias Las tres formas verbales escogidas por el legislador ponen en evidencia que la idea que este se hacía del desarrollo del comportamiento delictuoso era que podía también consistir en la simultaneidad de actos. al interior de una ley (en nuestro caso. su colocación entre las disposiciones relativas a los delitos contra la administración pública no resulta muy coherente. 400. pone en evidencia su finalidad. Sin embargo. en general. no se exige de modo expreso que el agente tenga la capacidad de influir en la decisión del funcionario o servidor público. Dicho de otra manera: en ninguna de las hipótesis contenidas en el art. 400 la comisión del delito supone la violación de un deber especial de función. en particular. en concurso con lo previsto en el art. De esta manera. Esto último ocurre debido a que en el Código Penal las disposiciones de la parte especial son clasificadas de acuerdo con los bienes jurídicos protegidos. en caso contrario. ya que según el texto legal pueden ser cometidos por cualquiera. El sitio escogido muestra las relaciones que la disposición tiene con las demás normas legales y. dentro del ordenamiento jurídico y. no es claro por qué los comportamientos incriminados en el art. asimismo. según las circunstancias. si se trata de un funcionario. Posición sistemática del artículo 400 La comprensión de una disposición puede ser facilitada mediante la consideración de la ubicación que el legislador le ha dado. A diferencia de otras leyes. pensaba abarcar el mayor número de variantes. incurrirá en un delito contra los deberes de función y. Debido a la complejidad del tipo legal previsto en el art. 400. Sin embargo.
al menos sí es muy confuso hablar respecto al art. la condición de autor está determinada por la diversidad de las hipótesis previstas en el art. Finalidad de la Protección penal 7. el bien que el agente recibe y el tercero da es indicado por el legislador peruano —igual que en los otros tipos legales de los delitos de corrupción de funcionarios— con las palabras «donativos. 7. 400. En el art. El tercero no entrega gratuitamente al agente la cosa (en el caso de «recibir»). Lo que debe retenerse es que el objeto materia del acto es algo de valor que beneficia a quien lo recibe. no es coherente.Trafico de Influencias influencias ante un funcionario determinado no tiene esa capacidad. 400. especialmente con fines benéficos o humanitarios». cesión. el legislador peruano prefirió seguir utilizando la terminología del Código de 1924 (art. regalo. Este proceder significa que el agente finge tener una capacidad que en realidad no posee. 349 y ss. En realidad. sobre la que recae la acción delictuosa). por ejemplo. En primer lugar. Cualquiera puede presentar una cosa fingiendo.1. sino como precio o retribución del ofrecimiento de interceder ante el funcionario o servidor público. imitando lo que no es (que las influencias son reales). En cambio. el legislador colombiano utiliza las expresiones «dinero o dádivas». hablar de «hacer prometer 17 Derecho Penal II – Parte General II . Es decir. En la disposición analizada.). pues proviene del verbo donar que significa «traspasar graciosamente a otro algo o el derecho que sobre ello tiene». sobre todo en relación con los casos de simulación de influencias de un sujeto activo sui géneris. promesa o cualquier otra ventaja». Por lo tanto. como ya lo hemos destacado. no se trata de ninguno de estos casos. Si no es equivocado. 400. Tampoco es acertado el uso de la palabra promesas para designar el objeto del delito. en el sentido de que este solamente es «la persona que puede invocar la influencia». persona. Objeto del delito Los defectos del texto legal —señalados de manera repetida— también repercuten en la determinación de lo que debe ser considerado como «objeto del delito» (cosa. Mientras tanto. donativo significa «Dádiva. El término donativo está mal empleado. para alegar influencias reales es indispensable poseerlas verdaderamente. porque si bien se pueden recibir o hacer dar promesas. los que no corresponden a los vocablos usados por el legislador italiano «denaro o altrautilità». relación.
En el primer caso. Esta incongruencia se debe a que el legislador se inspiró sin mayor reflexión en el Código Penal colombiano e. en los que se hablaba de «hacer prometer». El aspecto decisivo es que la ventaja dada o prometida sea válida como compensación al ofrecimiento de interceder. por lo que deben tener cierta materialidad. el legislador ha buscado evitar vacíos teniendo en cuenta las innumerables formas en que puede consistir la contrapartida del ofrecimiento de interceder que hace el agente. Hay que pensar que se trata de promesas referentes a donativos o a cualquier otra ventaja. 178 CP precedente) se mencionan «distinciones. cualquier prestación que comporte un beneficio al agente o a un tercero. Dicha ventaja debe. En segundo lugar. más bien. pero en referencia a dinero. nada impide que un beneficio no patrimonial sea una ventaja relevante para la realización del comportamiento incriminado. permite comprender mejor su sentido. 18 Derecho Penal II – Parte General II . desempeñar el mismo papel que los donativos. En el segundo. de los medios que se pueden utilizar para corromper a los funcionarios (razón por la cual son mencionados en los tipos legales de los delitos de corrupción). La expresión «otra ventaja» juega el papel de cláusula general que completa la breve lista constituida por «donativos y promesas» (mencionados casi a título de ejemplos).Trafico de Influencias promesas». Además. se trataría solo de las ventajas de orden patrimonial o. material. mientras tanto. en el italiano. Ninguno de estos criterios debe ser aceptado como tal. pero que impliquen una utilidad apropiada para que el agente convenga en recibirla o aceptarla como objeto de la promesa de parte del tercero. Ignorar el término promesas no afecta la economía de la disposición. De esta manera. al menos. empleos […] o toda otra decisión favorable». La expresión puede entenderse de manera restringida o amplia. La comprensión restringida disminuiría en exceso la esfera de protección penal. más aún. Por todas estas razones hay que comprender la expresión «cualquier otra ventaja» en el sentido de comprender tanto beneficios patrimoniales como no patrimoniales. indirectamente. En el Código Penal francés—siguiendo una tradición legislativa— se enumeran largamente las ventajas que el traficante de influencias puede beneficiar. En su art. en cierta manera. porque no se indica el contenido de la promesa. ya que el segundo extiende demasiado el campo de aplicación de la disposición y lleva a considerar realizada la condición aun cuando la utilidad o beneficio para el agente sean insignificantes. dádivas u otra utilidad. 433-1 (art.
de los cuales los dos primeros clasifican los delitos según sean cometidos por particulares o funcionarios. el delito previsto en el art. Algunos han sostenido que se tutela su prestigio ante el hecho de que el delincuente hace aparecer falsamente al funcionario como corruptible. En la doctrina comparada—basada en legislaciones diferentes aunque con rasgos comunes— la determinación del bien jurídico protegido ha dado lugar a una discusión profunda y aún persistente. Dichas proposiciones están determinadas por criterios de valor (por ejemplo. el legislador ha abandonado el criterio —vigente aún en el Código Penal derogado— de considerar el delito analizado como un caso de atentado contra el patrimonio (a título de delito de estafa). en principio. El primer paso consiste en analizar su ubicación en la parte especial del Código Penal. 400. no necesita producir un resultado física y temporalmente separado de la acción. debido funcionamiento del sistema de control penal). En realidad. justicia.2. ataque que. 400. Dicho título está constituido por cuatro capítulos. por no preverlo el tipo legal. por ejemplo. Para pronunciarse sobre esta cuestión es indispensable tener en cuenta el contexto legislativo y constitucional en el que se ha regulado el comportamiento previsto en el art. se trata de precisar cuál de los aspectos de la administración pública es el concernido. considerando que se trata de una vendita di fumo. Como ya lo hemos destacado. se ha sostenido que se tutela el buen y transparente funcionamiento de la administración pública. Lo ha ubicado en el título XVIII (sobre delitos contra la Administración pública). Otros. Como lo indica la designación del título XVIII. los sentidos en que se ha considerado que deben ser corregidas la imprecisiones del texto o completadas sus lagunas solo son propuestas de cómo —desde nuestra perspectiva— debe escogerse uno de los posibles sentidos para atribuirle un contenido. afirman que el bien protegido es el patrimonio del tercero. cuando se fija cuál es el bien jurídico que se protege mediante la represión del delito previsto en el art. Como ya lo hemos señalado. Estos criterios se ponen en evidencia. en general. a pesar de que las personas que participan necesariamente son particulares o deben obrar como tales. Bien jurídico Como se desprende de todo lo expuesto anteriormente. 400 ha sido insertado entre los últimos. un atentado contra la Administración pública. Del mismo modo. habría que considerar que el comportamiento en cuestión constituye. oportunidad. 19 Derecho Penal II – Parte General II .Trafico de Influencias 7. probidad en el ejercicio de un cargo público.
De lo contrario tendría que pensarse que el objetivo del legislador. significa que tiene la capacidad. además. El aspecto estrictamente concernido sería el proceso de la toma de decisiones por parte de los órganos de la Administración pública. es decir. pues hay que admitir que de alguna manera los comportamientos descritos en el tipo legal tienen que ver con el funcionamiento de la Administración pública. En ambas situaciones. El vínculo está dado por el hecho de que la Administración pública requiere gozar de la confianza de los administrados para desarrollar normalmente y con transparencia sus actividades. el de la administración a la que pertenece. Si algún lejano peligro para el funcionamiento correcto de la Administración pública podría aún imaginarse en la hipótesis del párrafo precedente. o que haya sido engañado por el agente. Esta hipótesis supone. por tanto. en cuanto a esta hipótesis. que quien otorga la ventaja o la promete ignora realmente el estado en que se encuentra su caso. Con mayor razón es posible negar que dicho efecto puede producirse cuando el agente simula influencias. la creación de este peligro resulta muy poco probable. igualmente. No se puede sostener lo mismo en el caso de que el funcionario o servidor público haya conocido el caso. en beneficio del tratamiento igual de todos los que recurran a ella o estén sometidos a sus órganos. Invocar influencias —reales o simuladas— con el ofrecimiento —serio 20 Derecho Penal II – Parte General II . De todo esto no se puede deducir que el art. no es más la marcha o el funcionamiento de la Administración pública (el proceso de tomar decisiones) lo que es comprometido. más bien. 400 contradiga al principio de lesividad. es proteger el prestigio del funcionario y. se puede admitir que este comportamiento podría afectar el funcionamiento de la Administración pública. pues ya no depende de él cómo continuará desarrollándose el proceso judicial o administrativo. su ofrecimiento de interceder ante este es serio. lo que implica un engaño o fraude e. el poder efectivo de influir sobre el funcionario. que su oferta de interceder no es seria porque carece de capacidad real para influir en la decisión del funcionario o servidor público. veamos qué sucede respecto a las diversas hipótesis previstas en el artículo comentado.Trafico de Influencias Ahora bien. si. Más aún. de alguna manera. salvo que se suponga que dicho funcionario puede aún. influir sobre los actos del funcionario que en su lugar tendrá a su cargo el proceso. Si el agente invoca influencias reales. en particular si el funcionario o servidor público conoce el caso. en esta perspectiva resulta poco verosímil que la acción sea adecuada para perjudicar la administración pública. y menos aun cuando este ya no conoce más el caso.
Trafico de Influencias o no— de interceder ante un funcionario o servidor público supone hacer comprender al tercero que este es corruptible. sin duda. por otro. Este hecho ha sido considerado por el legislador como un factor que puede crear un ambiente desfavorable para el buen funcionamiento de la administración. en esta perspectiva se puede afirmar que se trata de un delito de peligro abstracto. de hacerlo realmente (de suceder así se podría configurar aun otro delito contra la Administración pública). 400 respecto a los casos insignificantes por no representar un peligro serio para el funcionamiento de la Administración pública (reducción teleológica del tipo legal). de si es correcto de reprimir. precisamente. llegado el caso. Respecto a esta segunda hipótesis. lo que lleva —conforme al criterio de la última ratio— a plantear la cuestión. Si los jueces ejercieran realmente su poder. como nosotros lo creemos. en razón. ya que el agente tiene la capacidad de ofrecer con seriedad interceder ante el funcionario y. Tratar de impedir la aplicación del art. Así. 400 prevé de manera muy amplia un delito de peligro abstracto. en las hipótesis en que no existe la posibilidad de que el agente interceda ante el funcionario o servidor público para influir en sus decisiones. 400 y. como lo ha hecho el legislador peruano. Aquí el peligro de perturbar de manera efectiva la decisión de parte de un funcionario o servidor público se presenta muy lejano. 21 Derecho Penal II – Parte General II . más aún si el ofrecimiento de interceder es completamente vacuo. Hacerlo constituye una violación del principio de que solo debe recurrirse al derecho penal cuando un bien jurídico fundamental es perjudicado o puesto en peligro de manera significativa. 400 calificándolo globalmente como contrario a la Constitución o a los principios de lesividad o de proporcionalidad de penas no es del todo correcto por no ser cierto respecto a todo su contenido. cuando las influencias invocadas sean reales. 400 son propias para crear dicho peligro de un modo tal que sea justo recurrir al derecho penal para reprimir a los responsables. la respuesta es negativa en los casos en que se trata de influencias simuladas. todos los casos previstos en el art. de la ausencia de poder para influir sobre el funcionario. La respuesta solo puede ser afirmativa. si no debería hacerlo. podrían al menos no aplicar el art. Otra cuestión es saber si todas las hipótesis previstas en el art. en especial del proceso de toma de decisiones. el art. por un lado. y de esta manera se menoscaba la credibilidad de la Administración pública. Por el contrario.
Esto a su vez significa que cada precepto específico tiene un particular objeto de protección. En este trabajo se parte de que el derecho penal protege bienes jurídicos. y b) el sistema jurídico en general. pero no es precisamente el objeto de protección en los delitos enumerados. Y esto es así porque el bien jurídico correcta administración pública se materializa en cada norma penal. en virtud de sus influencias. el elemento normativo «funcionario público» no fundamenta el tipo. sino que lo agrava. d) en la redacción del artículo 400 CP. El delito de tráfico de influencias no sanciona el solo hecho de poseer influencias. lo cual no quiere decir que no esté prevista realmente. este bien jurídico general. De aquí que se considere la correcta administración pública un interés imprescindible para la sociedad que justifica su protección desde el ordenamiento penal. de lesión o puesta en peligro contra el bien jurídico general correcta administración pública. las condiciones mínimas e indispensables para asegurar: a) el proceso de libre determinación de las personas en sociedad. es preciso anotar algunas precisiones que se desprenden de su literalidad: a) para el tipo penal. puede versar sobre un objeto lícito o pretensión justa como sobre una palmaria pretensión ilegal del interesado. imaginados por el legislador. pues el propio desarrollo personal y profesional (positivo o 22 Derecho Penal II – Parte General II . esto es. y por serlo. b) el autor del delito podrá ser un funcionario o servidor público. es tan autor quien a iniciativa propia invoca sus influencias y recibe dinero por ello como quien es consultado sobre sus influencias y luego recibe dinero por aceptar utilizarlas.Trafico de Influencias Además de advertir el afán extremadamente descriptivo que el legislador plasmó en este tipo penal. está presente en todos los delitos que el Título XVIII del CP sanciona. la colusión o la negociación incompatible. su definición inspira la tipificación de delitos tales como el cohecho. pero también cualquier particular que no cuente con tal calificación. c) la intercesión que el traficante promete. Sin embargo. e) nada se dice de la punición del interesado. lo cual indica que cada tipo penal hace referencia a tantos comportamientos típicos.
Lo que el tipo penal del artículo 400 sanciona es invocar las influencias (existentes o no) a efectos de tergiversar el correcto funcionamiento de la administración pública. prestacional. pero la 23 Derecho Penal II – Parte General II . lo que es lo mismo. ni siquiera se requiere que exista un verdadero vínculo entre el traficante y el servidor público. El vocablo «institución» tiene diferentes acepciones en el Diccionario de la Real Academia Española. el tipo penal no requiere que las influencias se efectiven en el funcionario respectivo.Trafico de Influencias negativo) permite la construcción de cierto prestigio y. en el caso concreto. Entonces. evitar o prevenir conductas que definan la administración pública como una institución endeble o influenciable. a tal punto que los intereses particulares puedan sobreponerse al interés público. algo que de ninguna forma podrá considerarse un riesgo prohibido en sociedad o. un ejercicio no autorizado o intolerable de la libertad. Lo que sí es protegible es el modelo de organización social que un Estado constitucional de derecho manifiesta en su administración pública. Dicho de otra forma. el bien jurídico específico en el delito de tráfico de influencias es «la institucionalidad de la administración pública». no podemos presumir dicha expectativa. al Estado le interesa. es más. Sin embargo. se podría esperar que todos los ciudadanos posean una expectativa de probidad respecto de los funcionarios públicos en casos en los quehayan tenido competencia. pues es igual de válido que los ciudadanos no confíen en los funcionarios públicos y con ello tampoco en la propia administración pública (existe el derecho de libertad de conciencia). el objeto de protección del delito de tráfico de influencias tendrá que ubicarse en un momento anterior. El objeto de protección de un tipo penal no puede desprenderse de los sentimientos o confianza de los ciudadanos y. Sin embargo. la tengan o la vayan a tener. Entonces. tampoco es posible imponerles una expectativa de probidad. En un supuesto ideal. objetivo e imparcial que define una correcta administración pública. o lo considera un valor ético social protegible. por ende. y ello nos puede reportar un grado de influencia sobre los demás. como punto de partida. por tanto. habrá que concluir que el contenido de la norma penal del artículo 400 prohíbe influir en las decisiones del funcionario judicial o administrativo para hacerle declinar de sus deberes de imparcialidad y objetividad y con ello postergar el fin prestacional de la administración pública para dar paso a intereses personales o particulares. respeto respecto de las personas con las que se interactúa (y con las que no).
de ahí que cada tipo penal hace efectivo el bien jurídico global denominado «correcta administración pública». La construcción del bien jurídico debe alcanzar al comportamiento típico prohibido por la norma penal. De lo contrario. no se trata de definir el bien jurídico como «pluri ofensivo». como ya se dijo. Dicho de otro modo. Es necesario resaltar lo incorrecto de asimilar los conceptos de bien jurídico y conductas de lesión o puesta en peligro. y muestran el aparato de administración de justicia como un ente endeble e influenciable por intereses particulares ilegítimos que escapan a la regular tutela que la función judicial o administrativa procura a los ciudadanos. La construcción teleológica que permite la construcción del bien jurídico solo se circunscribe a una específica forma de realización de comportamientos típicos. Este planteamiento no debe confundirse con una pretendida protección de la «imagen institucional» de un órgano público judicial o administrativo pues. por ejemplo. Tampoco tiene coherencia que se construya un objeto de protección para el primer caso y se postule la impunidad para el segundo supuesto. Y es que. principios y deberes que definen la labor de los funcionarios públicos en la administración pública. no es posible proteger los sentimientos u opiniones de los ciudadanos que de por sí son distintos.Trafico de Influencias que aquí interesa es la siguiente: «órganos constitucionales del poder soberano de la nación». no es que el delito de tráfico de influencias sancione o prohíba todo comportamiento que atente contra la «institucionalidad de la administración pública». también dañaría la imagen de la institución «A». En el mismo sentido. valores que deben protegerse incluso de conductas que sin necesidad de trasgresión efectiva coadyuvan en el sistema nefasto de corrupción. no 24 Derecho Penal II – Parte General II . pues ello. sin excepciones. en estricto. no habrá tráfico de influencias si el órgano público contrata personal no calificado. el concepto de institucionalidad nos remite a unaserie de valores. en buena cuenta. El bien jurídico protegido en determinada norma penal no puede variar dependiendo de las conductas que el tipo penal prevea y sancione. Entonces no es que se proteja un bien jurídico en el supuesto de «tráfico de influencias reales» y otro en el supuesto de «tráfico de influencias simuladas» (no desde las bases que aquí se postularon). además de etéreos. también debería sancionarse penalmente el hecho de que el equipo de futbol de la institución «A» quede en último lugar en el campeonato organizado entre organismos públicos.
los deberes que inspiran una correcta administración pública. lo mismo habría que decir respecto de la tipificación de actos pos consumativos. bien visto. asimismo. en términos generales. lo contrario sería tanto como aceptar que el tráfico de influencias y la colusión protegen el mismo objeto en distintas fases de iter criminis (lo mismo podrá decirse para el caso del cohecho). tales como el cohecho o la colusión. Pues si el propio cohecho o la colusión no sancionan sus actos preparatorios. desde que es fruto de una valoración jurídica social. Tampoco resulta coherente criticar la tipificación del delito de tráfico de influencias (y con ello la definición del bien jurídico protegido) argumentando que se trata de una tipificación de actos preparatorios de otros delitos. pues. desde su ordenamiento punitivo.Trafico de Influencias solo por lo gaseoso del término. por lo menos si. si se considera correcta la crítica a la tipificación de actos preparatorios. La norma penal del artículo 400 CP sanciona la lesión efectiva de la «institucionalidad de la administración pública». según la redacción del artículo 400 CP. pues se sanciona incluso el supuesto de influencias simuladas o irreales. pero solo un tipo de ofensividad es tan grave que requiere determinada prohibición penal. Cabe mencionar. no veo cómo otro tipo penal vaya a encargarse de ello. que en el delito de tráfico de influencias se sanciona un comportamiento de peligro abstracto y con ello se trata de un adelantamiento de las barreras de punibilidad o criminalidad para cuestionar la constitucionalidad del tipo penal. como aquí se hace. Ni en uno ni en otro caso es admisible la crítica sobre la punición si se acepta el mandato constitucional de lucha contra la corrupción que el Estado ha de implementar. algo que no es correcto. sino también porque. Desde mi punto de vista. La conducta de tráfico de influencias no pone en peligro abstracto la objetividad o. y se trata de un interés acorde con el modelo de 25 Derecho Penal II – Parte General II . Por otro lado. toda tipificación es pluri ofensiva. ello no parece ser acertado si es que se construye el objeto de protección de las propias exigencias del modelo de organización social expresado en la Constitución. se sanciona a quien invoque influencias respecto de funcionarios públicos que hayan visto casos de su competencia. definida como el interés estatal en prevenir conductas que muestren a la administración pública como un ente endeble e influenciable. se parte de que el bien jurídico global correcta administración pública se materializa en cada precepto penal del Título XVIII del CP con objetos de protección distintos. también.
Dicho de otra forma. El primero está relacionado con la determinación del riesgo. Dicho de otra forma. Una conducta se lleva a cabo de forma dolosa porque en los hechos el agente conoce la concreta capacidad de lesión o puesta en peligro contra bienes jurídicos que su conducta supone y aun así se decide por realizarla. la sanción viene determinada (como todos los casos de prohibición penal de conductas) por tratase de una modalidad de comportamiento típico contra el bien jurídico correcta administración pública. En términos generales.] la regulación de los atentados contra la Administración Pública abarca un número fragmentario de acciones u omisiones cometidas por funcionarios o particulares que son aptas para lesionar tanto el regular desarrollo de dicha administración como otros aspectos esenciales de dicho ejercicio de la función y autoridad públicas».. Así. a pesar de que así lo exigía el ordenamiento jurídico. en el actuar imprudente o culposo. 8. Por lógica. El tipo penal del artículo 400 CP sanciona el invocar (directa o indirectamente) influencias. el cual solo puede configurarse de forma ex ante.. elconcepto de comportamiento típico tendrá dos elementos: el objetivo y el subjetivo. reales o no. Sobre el comportamiento típico: ¿Sistema de participación criminal? Una vez definido el objeto de protección de un tipo penal es posible identificar el tipo de conductas que la norma penal sanciona por suponer cursos causales idóneos de lesión o puesta en peligro contra el bien jurídico. El segundo elemento tiene que ver con la exigencia de conocimiento que recae sobre el creador del comportamiento típico. un comportamiento típico es una conducta desvalorada (merecedora de pena) por extralimitar la libertad jurídicamente garantizada. el actuar doloso significa la actualización de los conocimientos que el ordenamiento jurídico-penal exige en los ciudadanos para evitar la creación de riesgos prohibidos. el agente no capta la capacidad lesiva de la conducta realizada. conducentes a incidir en las decisiones de funcionarios o 26 Derecho Penal II – Parte General II .Trafico de Influencias organización social propio de un Estado constitucional de derecho. pues el compromiso estatal de lucha contra la corrupción debe abarcar todos los flancos posibles que coadyuven a fortalecer el sistema de corrupción. justamente por la idoneidad altamente lesiva que los actos de corrupción significan para el desarrollo del individuo en sociedad y para el mantenimiento del sistema jurídico: «[. en la cual los conocimientos quesustentan la prohibición penal le son exigibles al agente. no es que sancione el tráfico de influencias por las probabilidades de peligro que puedan suscitarse.
siempre que dicha conducta esté reglada bajo una serie de requisitos que resguardan los valores y principios de una correcta administración pública. pero sin recibir ventaja alguna o beneficio por ello? Como primera impresión de acuerdo con la literalidad del tipo penal y en absoluta concordancia con la doctrina mayoritaria (que menciona que estamos ante un delito de encuentro. la determinación del peligro se realiza a partir del caso concreto. lo que es lo mismo. Como se mencionó supra. pues no se sanciona la efectiva influencia. Otro ejemplo respecto de la idoneidad lesiva del comportamiento de influencias es la existencia de una ley de lobbies. no es lo mismo recibir el ofrecimiento de influencias de un secretario judicial que recibirlas del dueño del café donde el juez desayuna todos los días. Si el precepto penal sanciona al agente que invoca o tiene influencias y las pone a disposición de algún interesado y recibe algún tipo de ventaja. que de por sí no siempre revestirá el riesgo suficiente como para justificar la intervención del derecho penal. Con lo cual. no toda invocación de influencias es punible (como tampoco no toda solicitud de influencia). la intercesión que ofrece el traficante puede versar sobre pretensiones absolutamente justas o sobre gestiones manifiestamente ilegales. para lo cual recibe o exige (directamente o no) algún tipo de ventaja o beneficio. donde ejercer influencias está permitido. no significa la creación de un riesgo intolerable en sociedad. Sin embargo. cabe la siguiente pregunta: ¿qué pasaría en el supuesto donde el sujeto ofrece sus influencias. 27 Derecho Penal II – Parte General II . habría que concluir que el supuesto de la pregunta planteada sería atípico o. En términos más claros: «La conclusión gratuita del acuerdo no es punible en nuestro ordenamiento jurídico». La solución tendrá que ser la misma que la anterior. y que el supuesto interesado no accedió a la propuesta.Trafico de Influencias servidores públicos en el ejercicio de sus funciones administrativas o judiciales. Se puede incluir una variante al ejemplo y mencionar que el traficante ha solicitado algún tipo de ventaja. de ahí que pueda hablarse de un «tráfico de influencias propio» (cuando el traficante se compromete a influir sobre una pretensión ilegal) y de un «tráfico de influencias impropio» (cuando el traficante se compromete a influir en un funcionario sin hacerlo declinar de sus deberes). Por ejemplo. en clave de contraprestación. el supuesto de hecho habrá de quedar impune. pues habrá que analizar la idoneidad en el caso concreto de la conducta del traficante (o del que intenta serlo infructuosamente).
caben dos formas de comportamiento típico del interesado. ¿que se ofrezca influir. Esto es. Nótese que ambas conductas pueden llevarse a cabo directa o indirectamente. no es necesaria la «participación» del interesado para la configuración de la conducta típica de quien ofrece las influencias. Respecto del supuesto interesado. en solicitar las influencias. sin que aún lo haya conseguido. se prohíbe ofrecer las influencias.Trafico de Influencias Antes de pronunciarse acerca de la estructura típica del delito habrá que recordar qué es lo que protege el artículo 400 CP. por ejemplo. habrá que 28 Derecho Penal II – Parte General II . que se acepte tal ofrecimiento o ambos? En mi opinión. este no habrá realizado comportamiento típico alguno. estamos ante un supuesto consumado cuando el traficante ha ofrecido sus influencias. Si solo basta invocar influencias haciendo referencia a la posibilidad de interceder ante un funcionario administrativo o judicial. si lo que se intenta proteger es la «institucionalidad de la administración pública». para pagar el precio por las influencias ofertadas. En caso de que el sujeto que porta las influencias no aceptara la solicitud de intercesión. ¿qué es lo que se prohíbe?. se trata de custodiar la «institucionalidad de la administración pública» y cabe la siguiente pregunta: ¿se evita el mensaje de una administración endeble e influenciable cuando el supuesto interesado no acepta otorgar ventaja alguna a favor del traficante? Es decir. Es decir. El fundamento del injusto independiente en el interesado es el mismo que se desprende del fundamento de sanción en la conducta de quien ofrece sus influencias (autor —para la posición mayoritaria—). su comportamiento típico estará absolutamente configurado cuando acepte la oferta del traficante y entregue o se comprometa a la entrega de alguna ventaja a favor de quien pone a su disposición sus supuestas influencias. La primera consiste en comprometerse a una «contraprestación» por la intercesión ofrecida del traficante. habrá tentativa cuando el agente procure los medios. Sin embargo. si es el interesado quien solicita las influencias habrá consumado su conducta. Del mismo modo. Por lógica. Por tanto. Hasta donde se pudo exponer. no así cuando se materializa o concluye en el acuerdo de intercesión (pues no se trata de un supuesto de participación necesaria). la segunda. habrá tentativa hasta que el mensaje u ofrecimiento acerca de las influencias y la capacidad de intercesión no se haya concretado completamente. si el interesado las acepta estará realizando un comportamiento típico contra el bien jurídico del tipo penal del artículo 400 CP.
la cooperación necesaria y la complicidad representan una ampliación de la punibilidad a comportamientos que.] es partícipe quien contribuye al resultado típico sin ejecutar la acción adecuada al supuesto de hecho típico. Del mismo modo. sino también para 29 Derecho Penal II – Parte General II . desde mi punto de vista. Esta base metodológica aplicada al delito de tráfico de influencias arriba a considerar que es autor quien ofrece sus influencias de intercesión a cambio de alguna ventaja. el injusto del partícipe es accesorio y se fundamenta desde el injusto del autor. de otro modo. ¿acaso la valoración representada en un tipo de la parte especial del CP no es suficiente para no solo distribuir títulos de imputación.Trafico de Influencias preguntarse si el interés del Estado por evitar que se muestre a la administración pública comoendeble o influenciable se constata o no cuando existen personas que solicitaninfluencias para solucionar sus controversias administrativas o judiciales. el delito de tráfico de influencias no se dirige únicamente al que las ofrece. Por muy sugerente que se muestre este planteamiento. sino en la exigencia de un uso racional y coherente del ordenamiento penal. En términos generales. primero. Si imaginamos por un momento que la parte general del CP no existiese. Por eso. los tipos de la parte especial describen solo el comportamiento de los autores. trae consigo un error. Con todo. de ahí que la conducta del autor sea de entre todas las punibles la más drástica por estar contenida en la parte especial.. serían impunes [. no así los fundamentos que avalan tal conclusión.. las influencias. Quienes asumen el argumento de la participación criminal parten de la idea de que los tipos de la parte especial sancionan distintas formas de intervención delictiva. dicho de otra forma: «[. Los comportamientos típicos son autónomos y esto en virtud de la aplicación irrestricta del principio de responsabilidad por el propio hecho. Parece que la respuesta debe ser afirmativa. sino también al que las solicita.. será partícipe en complicidad primaria el interesado que acepta la oferta (participación necesaria) y será inductor el interesado que solicita. imprescindible en un derecho penal moderno donde el principio de legalidad cimenta su importancia no en la literalidad del precepto. La conclusión que permite punir la conducta del interesado en el delito de tráfico de influencias es de recibo en este pequeño trabajo. Este planteamiento tiene repercusiones inmediatas e importantes en el sistema de participación criminal aceptado ampliamente por la doctrina contemporánea. ¿dejaríamos de sancionar conductas llamadas de «participación»? Es decir.]». pero que la valoración de cada una de ellas viene determinada por la parte general del CP. y las disposiciones relativas a la inducción..
y en tanto ello se trata de una lesión indirecta. para el caso concreto del delito de tráfico de influencias. Pero el objeto de valoración viene de la propia parte especial que es donde la norma penal cobra sentido y se materializa efectivamente. habrá que prohibir no solo el comportamiento de ofrecer influencias. es decir. No es que solo una conducta de autoría pueda «develar» un comportamiento de riesgo y a partir de ello solo es que se pueda razonar en términos de colaboración o instigación. Entonces. Negar el valor del principio de accesoriedad para fundamentar un injusto autónomo en cada creación de comportamientos típicos no viola el principio de hecho enderecho penal. es ya una expresión intolerable para la sociedad del ejercicio de libertad por los efectos nocivos que de ello se desprende y que fueron valorados anteriormente para tipificar conductas de tráfico de influencias. que la conducta de participación lesiona el bien jurídico protegido. a fin de cuentas. pues el núcleo de imputación de responsabilidad penal viene determinado por lo infracción «indirecta» de lo contenido en la parte especial. si se prohíbe mostrar a la administración pública como endeble o influenciable. Dicho con otras palabras. No se trata de mencionar que todo el hecho delictivo le pertenece tanto a autores como partícipes (interesado y traficante).Trafico de Influencias fundamentarlos? Parece lógico considerar que si la norma penal comunica determinada asignación de libertades (pues prohíbe la extralimitación de la libertad jurídicamente garantizada). frente a lo que se intenta proteger. pues se parte de que se sanciona un concreto curso causal idóneo de lesión o puesta en peligro contra un determinado bien jurídico. Y las conductas de solicitar influencias. Sancionar la conducta del «partícipe» como de instigación o complicidad es reconocer. sino también el de solicitarlas. su contenido prohibitivo ha de dirigirse a todo tipo de conducta siempre que se analice la idoneidad lesiva para poner en peligro o lesionar determinado bien jurídico (pues el derecho penal solo prohíbe la creación de especiales riesgos). si el mensaje normativo es evitar que se considere factible la imposición de intereses particulares por encima de los fines y objetivos prestacionales de una correcta administración pública. aunque se diga que solo es posible en virtud de una valoración que viene determinada de la parte general del CP. pues ello revalida el principio de 30 Derecho Penal II – Parte General II . las normas que ampliarían la punibilidad (aunque el vocablo correcto sería «tipicidad») lo hacen de manera formal. Lo que devela el riesgo es un comportamiento típico idóneo y prohibido justamente por extralimitar el ejercicio de la libertad jurídicamente garantizada.
Es decir. lo cual no es correcto desde el punto de vista teórico. Frente a esta invocación del vendedor. Para lo aquí interesa bastaría con el término «creación de comportamientos típicos». sino que es buscado por el comprador. El interesado ("comprador de humo") es considera como un coautor de este delito. el comprador tiene que: dar o prometer dar una ventaja o beneficio indebido. ya que su conducta es determinante para la consumación del delito. tampoco se configura el tráfico de influencias. 31 Derecho Penal II – Parte General II . Si no se da o promete dar la ventaja. El traficante no invoca sus influencias. que el traficante pida al comprador el favor de que se contrate un familiar del traficante en la empresa del comprador de humo. no hay tráfico de influencia. Las influencias pueden ser reales (cuando el "vendedor de humo" realmente tiene la influencia/ascendencia que alega sobre un funcionario) o simuladas (cuando el sujeto no tiene ninguna influencia real sobre el funcionario). Dicha ventaja puede ser para un tercero. y luego el traficante invoca sus influencias (reales o simuladas). Si no se da esta conducta del "comprador de humo". para realizar un acto relacionado a un funcionario público.Trafico de Influencias accesoriedad. el delito es iniciado por el "comprador de humo". Sin embargo. No se requiere la intervención del funcionario público. Se trata de advertir que el desvalor que contiene la prohibición normativa del artículo 400 del CP puede realizarse tanto desde la conducta del interesado como del traficante. lo cual permitiría prescindir de términos tales como «autoría» o «participación». Su conducta determina la consumación. por ejemplo. la jurisprudencia peruana ha calificado al interesado como un instigador del delito. La ventaja o beneficio no necesariamente debe ser económica. por la forma de redacción de esta norma no es posible hacerlo. puesto que es un requisito para que se configure el delito. Así. La conducta del "comprador de humo" interesa.  Conducta Típica Este delito se puede configurar de dos formas: El vendedor le invoca sus influencias al comprador de humo (el sujeto que se beneficia con el servicio del "vendedor"). Los demás presupuestos son iguales a los mencionados en el párrafo anterior.
habrá que recordar el compromiso institucional del Estado peruano en la lucha frontal contra la corrupción. es preciso que se trate de una conducta evitable mediante la 32 Derecho Penal II – Parte General II . ni siquiera podría hablarse de la puesta en peligro abstracta de algún interés jurídico protegido. Coincido en la necesidad de una interpretación teleológica del precepto. incluso cuando se trate del ofrecimiento o solicitud de influencias irreales. Sin embargo.Trafico de Influencias 9. En definitiva. de tal modo que reconstruyamos el proceso de «des normativización» que el conjunto de enunciados legales produce. En primer lugar. razonar acerca de la impunidad de la conducta del interesado que solicita influencias a quien no las tiene o de quien acepta la inexistente influencia ofrecida. el tráfico de influencias irreales es un supuesto de tentativa inidónea y. es justamente esta interpretación teleológica la que permite fundamentar la necesidad de sancionar el delito de tráfico de influencias. En segundo lugar. le legitimidad de sanción en el supuesto de influencias irreales es una cuestión que tiene que ver con el fin preventivo de la norma penal propio de un Estado constitucional de derecho que apela a la capacidad de motivación de los destinatarios de la norma. sin injusto de autor no existe injusto de partícipe. pues hasta aquí solo expongo la posición dominante respecto del sistema de partición criminal aplicada al delito de tráfico de influencias. por mucho que esté tipificada en el precepto. con razón menciona Mir Puig: «Para que el Derecho penal pueda desear la evitación de un hecho y considerarlo antijurídico. una interpretación teleológica permitiría prescindir de su penalización. En este sentido. justamente en virtud de la contraposición advertida respecto del principio de lesividad (además de la aplicación del artículo 17 CP). y se trasgredería así el principio de lesividad. desde este punto de vista. Insertar el simple texto de la ley dentro de un sistema coherente y sistemático que parte de la Constitución es una de las tareas más importantes de un derecho penal moderno. por ende. No será necesario. sino también por la suscripción de instrumentos internacionales en la materia. Con lo cual. compromiso que viene determinado no solo por los fines y objetivos constitucionales. Trafico de Influencias Irreales El precepto penal del artículo 400 CP sanciona incluso el supuesto de hecho en el cual el agente invoque u ofrezca influencias que en realidad no tiene.
33 Derecho Penal II – Parte General II . la punición de las llamadas «influencias irreales».. solo así se podrá exigir en el agente el conocimiento de aquel y con ello calificar su conducta de acuerdo con su evitabilidad. pues el destinatario de una norma penal « [. en el supuesto del sujeto que no puede saber si está frente a un verdadero traficante. con lo cual la capacidad de motivación del destinatario de la norma. y aun así decide aceptar las influencias. Y no podría ser de otro modo.. porque la evaluación según las consecuencias del hecho no permite orientarse antes de realizar la acción». cuanto menos. Dicho en otros términos. Entonces. Se mencionó supra que el concepto de riesgo debe ser determinado de forma ex ante. habría que esperar a constatar en un momento posterior a la conducta realizada si es que existían o no las influencias. ofrecimiento o solicitud de influencias irreales está legitimada plenamente desde una interpretación teleológica del precepto penal inserto en un modelo de organización social que privilegia la participación y el desarrollo del individuo en sociedad. pues el interés que se intenta proteger no es la imparcialidad u objetividad de la administración pública (supuesto en el cual la conducta de trafico irreal de influencia es absolutamente atípico). en desmedro del fin preventivo de la norma penal. una vez más. se obstaculiza. realiza un comportamiento de riesgo prohibido contra el bien jurídico..]». si el sujeto a quien le ofrecen interceder a su favor ante un funcionario judicial o administrativo no tiene cómo saber si está frente a un individuo que dice la verdad o miente acerca de sus influencias.] no podrá internalizar una norma de conducta para el futuro. Asimismo. sino la «institucionalidad de la administración pública» en el entendido de evitar el mensaje de una administración endeble e influenciable. no es acorde con un ordenamiento penal inserto en un Estado constitucional de derechoque el carácter prohibido de una conducta se determine recién con posterioridad ala realización del comportamiento.Trafico de Influencias motivación normativa. Si esto es así.. por aplicación directa de principios constitucionales que exigen el uso racional del derecho penal. De no ser así. Un derecho preventivo no puede desvalorar lo que no se puede evitar [. es que se legitima. la tipificación del supuesto de invocación.
Con el dinero en mano. pues se trata de distintos objetos de protección que responden a diferentes intereses garantizados por el ordenamiento penal. que se me declare absuelto en el proceso penal por el delito de corrupción que afrontaba. Sin embargo. finalmente. Sistema Concursal El principal problema que en esta materia se suscita es el de la superposición de tipos penales. pues su conducta está sancionada solo por significar un curso causal idóneo de lesión o puesta en peligro contra el bien jurídico institucionalidad de la administración pública. cuanto menos (al igual que el interesado). Hecho que sucedió. La idea central es la siguiente: el delito de tráfico de influencias concurre realmente con cada comportamiento típico que se requiera a efectos de hacer efectiva la promesa de intercesión que se realizó en virtud de las influencias invocadas. no contra el bien jurídico vida. convencerle de la rentabilidad del soborno y lograr. habiendo definido el concreto comportamiento típico que la norma penal del artículo 400 CP tipifica y teniendo presente que el bien jurídico general correcta administración pública se materializa en distintos objetos de protección dependiendo del tipo penal del que se trate. ¿qué pasa si el traficante con el objetivo de cumplir con lo ofertado mata al funcionario que lo descubre? Esta variante no debe alcanzar al comportamiento típico del interesado. la tarea de distinción debería resultar sencilla. siempre con el objetivo de resguardar la correcta administración pública. supongamos que el sujeto «A» (traficante de influencias) me ofrece poder conversar con el juez de la causa acerca del caso en litigio. Me ofrece. Sin embargo. 34 Derecho Penal II – Parte General II . habrá que atender a la idoneidad lesiva del comportamiento en supuestos en los que una sola conducta habilita la sucesión de una serie de acciones realizadas por un tercero. Con un ejemplo. además. No es posible aplicar el principio de especialidad o de subsunción de tal forma que el delito de cohecho activo prime en la calificación delictiva de los hechos. el sujeto «A» debe responder penalmente por los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo.Trafico de Influencias 10. En el caso hipotético planteado. el sujeto «A» realiza una serie de gestiones valiéndose de sus influencias para lograr llegar al despacho del juez. lograr que el juez me absuelva de los cargos. a cambio de una suma de dinero. Es decir.
por lo que bien podría el juzgador imponer en estos casos la pena privativa de libertad antes referida. 400º tal y como ahora lo tenemos responde a la modificatoria efectuada por el Art. 35 Derecho Penal II – Parte General II . Cabe Señalar que originariamente. y pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años e inhabilitación. El artículo 400º del Código Penal. como lo habíamos mencionado. y . 1º de la Ley N° 28355 publicada el 06 de Octubre del año 2004. no contemplando el supuesto de que el delito fuera cometido por un funcionario o servidor público. cuando el sujeto activo de la comisión del delito es un funcionario o servidor público. De tal manera que.Pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años e inhabilitación. establece como sanción para la comisión de este delito: pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años cuando el sujeto activo es cualquier persona. Sin embargo por aplicación del inciso 1º del Artículo 57º del Código Penal cuando la pena privativa de libertad impuesta es no mayor a cuatro años. el mínimo aplicable de pena privativa de libertad es no menor de cuatro años. hoy por hoy. La pena privativa de libertad en el delito de tráfico de influencias. el Art. el referido artículo del Código Penal. referido al delito de tráfico de influencias. 400º del Código Penal sólo establecía como sanción pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años para el caso en que el delito fuera cometido por cualquier particular. el juez puede suspender la ejecución de dicha pena lo que significa que el sentenciado por la comisión del delito de tráfico de influencias a pena privativa de libertad no mayor de cuatro años. El texto del Art. Como vemos. cuando el delito fuera cometido por un funcionario o servidor público. en el caso que el delito fuera cometido por cualquier particular. establece como sanción para la comisión del delito de tráfico de influencias: .Pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis año.Trafico de Influencias 11. no sufrirá pena privativa efectiva de su libertad. en ambos supuestos de comisión del delito.
y por otro. la estiman como un medio autónomo de reacción jurídico-penal que tiene varias posibilidades de eficacia.Trafico de Influencias 12. es un medio de corrección cuando va unida con determinadas obligaciones que sirven para reparar el ilícito cometido. y por último tiene un aspecto socio pedagógico activo en cuanto estimula al condenado para que sea él mismo quien con sus propias fuerzas pueda. por un lado. y otros. La suspensión de la pena privativa de libertad en el injusto penal de tráfico de influencias La opinión dominante de la doctrina. y desde el punto de vista preventivo general. considera que la suspensión de la ejecución de la pena. esto es. reintegrarse a la sociedad". dada la configuración jurídica. dominado por el mal uso que del aparato estatal hacen los particulares y los propios funcionarios y servidores públicos. la consideran como una medida de corrección. esto 36 Derecho Penal II – Parte General II . La suspensión de la ejecución de la pena responde al principio de no necesidad de ejecución de la pena. sólo es una modificación de la ejecución de la pena. pudiendo darse de oficio o a petición de parte y opera por igual en el caso del delito de tráfico de influencias cuando la pena impuesta no supera los cuatro años para los casos en que fuera cometido por un particular o por un funcionario o servidor público. también se aproxima a una medida de ayuda social. en tanto que se condena a una pena privativa de libertad. Bockelmann. otros como Maurach. resulte social y penalmente eficaz contemplar la posibilidad de suspender la pena privativa de libertad para el supuesto del delito de tráfico de influencias cuando éste es de cuatro años. la suspensión de la pena se justifica únicamente por una necesidad preventiva. conforme a nuestra legislación penal. como multas administrativas y otras prestaciones socialmente útiles. "la ejecución de una pena no es necesaria desde el punto de vista preventivo especial cuando puede asegurarse también con su suspensión que el sujeto no vuelva a delinquir. es pena. el efecto inmediato se consigue también con la simple amenaza de ejecución de la pena impuesta si el sujeto vuelve a delinquir durante el período de prueba" La suspensión de la pena privativa de libertad. sin embargo no consideramos que en un país como el nuestro. como Jescheck. Desde el punto de vista técnico. Kaufmann. es una medida que va acompañada por las reglas de conducta que dicta el Juez sobre la base del artículo 58º del Código Penal. durante el período de prueba. cuando se dan instrucciones que afectan al futuro comportamiento del condenado. en sus seis incisos.
pues a partir de 37 Derecho Penal II – Parte General II . por eso la ciudadanía demanda que ante la comisión de este delito realizado por estas personas la pena sea drástica ya que así se legitimaría la confianza en el sistema penal. por cuanto se apreciaría que el común de las personas son pasibles de sanciones efectivas. por lo que bien hace el legislador en establecer un máximo de pena mayor cuando el delito lo cometen éstos últimos (8 años) además de serle accesoria a esta pena principal de privación de libertad. ya que de esta manera la aplicación de la norma de manera efectiva estaría garantizada. consistiría en: la privación del cargo o función que ejercía el condenado y en la incapacidad para obtener mandato. Apreciaciones dogmáticas respecto a la sanción penal al funcionario o servidor público Conforme al artículo 400º del Código Penal. ya que ellos al tener una función más relevante en la sociedad.Trafico de Influencias porque la escasa jurisprudencia respecto a los fallos judiciales en el caso del delito de tráfico de influencias. conforme a lo antes señalado. el minino legal fijado por el legislador para sancionar al funcionario o servidor público (4 años). desde una perspectiva funcionalista. nuestros funcionarios y servidores lo serían de la misma manera. sin embargo dejamos sentada la posición que el sentido del mínimo de la pena. por eso se destaca el hecho de la agravación de la pena cuando estas personas cometan este delito. le permite al juzgador contemplar la posibilidad de suspender la ejecución de la pena privativa de libertad. la agravación de la pena hacia los funcionarios y servidores públicos que cometen este delito está justificada. Además desde un punto de vista de prevención especial. cargo. el grado de reprochabilidad de la conducta delictiva (culpabilidad) es mayor cuando el delito es cometido por un funcionario o servidor público. tanto el funcionario como el servidor público debido al rol que desempeñan en la sociedad deben de recibir sanciones ejemplares y eficaces. también debió aumentarse es decir. sea a partir de 5 años de pena privativa de libertad. hace evidente el poco poder intimidatorio y preventivo de este tipo de conductas que la norma ejerce sobre la sociedad. una de inhabilitación que de acuerdo a los incisos 1º y 2º del Artículo 36º del referido texto punitivo. Al respecto. ya que de lo contrario se fomentaría el descontento y la crítica de la ciudadanía hacia el sistema penal. empleo o comisión de carácter público. sin embargo omiten esta aseveración y cometen este delito. que la pena a imponerse al funcionario o servidor público. deberían por encima del común de la gente ser más respetuosos hacia las leyes penales. No obstante ello. 13.
en el sentido de que —conforme al texto legal— su realización no puede producirse sin la participación de dos o más personas. este delito tendría validez en torno a que cuando los que delincan. Intervención necesaria del tercero Su deficiente redacción. ya que de ésta forma apaciguamos la crítica de la población sobre el hecho que posiblemente. no obstante ello se habla de la corrupción que existe en relación a los actos de los funcionarios y servidores. 14. Esta manera de concebir la realización del 38 Derecho Penal II – Parte General II . el tercero hace que el accionar del agente se consume. hacer dar o hacer prometer una ventaja para el agente mismo o para un tercero (no necesariamente el funcionario o servidor público concernido). su equivoca ubicación sistemática y su imprecisa terminología han dado lugar a numerosas y diversas opiniones respecto al papel atribuido al tercero que interviene en la comisión del delito. La crítica parte en el hecho de si agravando el mínimo de la pena lograremos disminuir los "pocos casos que hay detectados sobres este tipo de delito". así que en ese sentido también tendrían que crearse mecanismos de control eficaces sobre este tipo de delitos. deben ser objeto de sanciones eficaces.Trafico de Influencias las normas debemos asegurarnos que quienes cumplen un rol relevante en la sociedad en caso que delincan. Materialmente. pues. ya que son muy pocos los procesos relacionados a este injusto penal. porque además de la agravación penal. y la población aprecie un sistema penal eficaz. el problema pasa en relación a que el sistema penal no está capacitado para supervisar la comisión de este tipo de delito. Mediante su comportamiento. al dejar el mínimo en 4 años de pena privativa de la libertad. de un delito plurisubjetivo. Dificultades relativas para la participación delictuosa 14.1. ya sean funcionarios y/o servidores públicos. para que la cifra negra en relación a la comisión de este tipo de delitos disminuya. Sin embargo no podemos dejar de destacar el hecho que a pesar que desde un punto de vista de prevención especial. de modo que su intervención es indispensable para la realización completa del delito. al parecer no. serán sancionados como se debe. Se trata. el juez pueda aplicarla y de esta manera tendría la opción de hacerla efectiva o no. este debe realizar el acto que constituye la contrapartida de los verbos típicos recibir. ante lo cual el procesado podría verse librado de la privación efectiva de la libertad.
por tanto. Si el varón es casado y oculta a la mujer su 6 Código Penal vigente ha sido previsto el antiguo tráfico de influencias (art. potencial o real beneficiario del ofrecimiento del agente. consciente y voluntariamente concede la ventaja confiando en que el ofrecimiento del agente de interceder ante el funcionario o servidor público es serio. no puede ofrecer seriamente interceder ante el funcionario o servidor público.6 No es el caso. Su intervención no puede ser comparada ni con la de quienes participan en reunión tumultuosa (no son considerados como autores al mismo título que el agente que recibe ventaja alegando influencias) ni con la de quien es engañado en caso de la estafa porque no es víctima sino. Por el contrario. El legislador no ha establecido expresamente si y cómo el tercero debería ser considerado penalmente responsable. 147) como un caso agravado de estafa. en el caso del delito de matrimonio ilegal. 400 es casi la misma que la del delito de estafa. ¿Qué responsabilidad penal atribuirles? Si ambos son casados no hay problema. La similitud es casi perfecta cuando la ventaja dada o prometida constituye un bien patrimonial. como lo hace. se afirma: «[…] la conducta ontológica consistente en invocar influencias reales o simuladas con el pretexto o con el fin de obtener de un servidor público un beneficio en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer. La ejecución de este delito implica la participación necesaria de dos individuos. cuando el agente alega influencias reales y el tercero. Por ejemplo. sabiendo que efectivamente es así. mientras que quien actúa bajo la influencia del engaño es la víctima del delito. Por ello.Trafico de Influencias delito es utilizada por el legislador en el Código Penal de diferentes modos y con diversos objetivos. La estructura del delito previsto en el art. art. más bien. En la sentencia del 19 de marzo de 2002 de la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. cada uno es autor (no coautores). se reprimía este tipo de comportamiento como un caso de estafa (influencia mentida.8). conforme al Código penal de 1924. 315 solo puede tener lugar si un número indeterminado de personas se reúnen de manera tumultuosa y cada una es autor. el delito previsto en el art. 245. sobre todo en las hipótesis en que el agente simula influencias y. si bien el delito requiere la participación de quien sufre el prejuicio patrimonial —motivada por el comportamiento fraudulento del estafador—. 244) y defraudación «[…] con pretexto de supuesta remuneración a los jueces o empleados públicos» (art. por tanto. aun cuando ellas mismas hayan sido objeto de violencia sobre sus personas. en el caso de la estafa (art. ya que realizan en conjunto el delito y. 196). fue recogida bajo el nomen iuris de estafa agravada por los artículos 246 y 247 del nuevo Código Penal». 39 Derecho Penal II – Parte General II . por ejemplo. por el contrario. solamente este es reprimido como autor de estafa.
También lo es que quiera la comisión de la infracción. consciente y voluntariamente. El factor decisivo es. Pero si se trata de una soltera. La coautoría supone un acuerdo previo. queda impune a pesar de que sin su intervención el delito no hubiese sido consumado. «el hecho punible» (concreto). Por el contrario. será reprimido conforme al art. 139. como dice la ley (art. que actúa de buena fe o engañada por el varón. El aspecto decisivo es que cree las circunstancias apropiadas para que el tercero decida pasar a la ejecución del delito. determina a otro a cometer un hecho punible de manera que mediante sus actos debe hacer que el instigado realice el comportamiento delictuoso concreto. infracción que debe ser ejecutada con intención por el instigado. sostener que el tercero —por la manera en que se individualiza al agente— no puede ser considerado autor individual ni coautor. Evidentemente. Sin embargo. imaginamos que el legislador no hubiese regulado este caso. constituye una circunstancia agravante. es instigador quien. 14. Instigación Según el art. 400. para evitar 40 Derecho Penal II – Parte General II . Poco importa — salvo casos graves de violencia— el medio que utilice el instigador. habría sido indispensable determinar si y cómo reprimirla. un delincuente a sueldo. De no admitirse este criterio. se puede.Trafico de Influencias estado civil. queda abierta la cuestión de si podría responsabilizarse al tercero de acuerdo con las reglas de la participación secundaria (instigación o complicidad). Estas condiciones no pueden darse en el caso analizado. el animus autoris de cada participante y el dominio de hecho de la realización de la infracción. En cambio. si hubiera actuado sabiendo que el varón era casado y si. párrafo primero. la persona que ya está decidida a cometer el hecho delictuoso concreto proyectado por el «instigador» no puede ser instigado. La cuestión se hubiese tenido que plantear en el nivel de la participación delictuosa secundaria o accesoria. conforme al párrafo segundo de esta disposición. sin embargo. Lo mismo puede acontecer con quien hace de la corrupción de funcionarios el medio para beneficiarse personalmente. El engaño. Como el legislador ha omitido regular de manera explícita la situación respecto al art.2. No hubiera sido posible considerarla autora del delito porque no reúne la condición de casada. 24. hipotéticamente. puede ser convencido para que cometa un crimen determinado. 24). en principio dispuesto a cometer delitos por recompensa. El legislador ha respondido de manera expresa previendo que esta conducta será reprimida a condición de que se contraiga el matrimonio sabiendo que el otro contrayente es una persona casada.
primero. En el caso del art. 400.Trafico de Influencias la represión —cuando no se está dispuesto a ejecutar personalmente el delito— bastaría con dirigirse a uno de estos personajes para hacer que lo cometa. por ejemplo. ni a un acuerdo previo propio de 41 Derecho Penal II – Parte General II . de modo que se influyen recíprocamente. entregar una dádiva. por ejemplo. no es admisible que el tercero persuada. en el ejemplo de la estafa. convenza al agente para que este invoque ante el mismo tercero influencias reales o simuladas y que le ofrezca interceder ante el órgano de la Administración pública («Invoca ante mí. el análisis de si este funcionario puede actuar o no como instigador depende mucho de la manera en que se comprende la descripción del comportamiento contenida en dicha disposición. hacer dar o prometer. y concluye con la acción de recibir. quien está en posición de ejercer influencia sobre un órgano de la Administración pública trata con la persona interesada en que se resuelva favorablemente para sí un caso judicial. si constatamos. uno para influir y el otro para compensar. Aun cuando la comparación no es del todo correcta. ofréceme interceder y persuádeme de que te dé una ventaja cualquiera»). Así. por razones prácticas se puede decir que sería como admitir. como lo hemos planteado. que la persona estafada pueda persuadir al delincuente para que la engañe. Dicho de otra manera. si se entiende que el comportamiento consiste siempre y únicamente en la secuencia de —primero— invocar influencias. —segundo— ofrecer interceder y —tercero— decidir al tercero a. en buena cuenta. La coincidencia de las voluntades del agente y del tercero no se debe a que el agente persuade a este último a dar la ventaja. Vistas las cosas en esta perspectiva (diferente a la que se tiene cuando se trata de invocar influencias simuladas). se trataría. que el comportamiento delictuoso está individualizado por los verbos recibir. hasta que logran ponerse de acuerdo. hacer dar o hacer prometer una ventaja. si se considera que el verbo principal es invocar. y que la descripción del comportamiento delictuoso en el tipo legal comprende también los casos en que los participantes necesarios (agente y tercero) actúan con simultaneidad. ocasión en que ambos exponen lo que pueden hacer. luego podríamos afirmar que los hechos revestirían la forma de una negociación en la que. resultará difícil admitir que la iniciativa proviene del tercero con la finalidad de persuadir al agente a realizar el delito previsto en el mismo art. En cambio. y en relación con la intervención del tercero interesado en que se ejerza influencia sobre el funcionario o servidor público. 400. y le sugiere que tal vez pueda interceder ante el juez que conoce el caso. de un conjunto de actos destinados a torcer la marcha de la Administración pública.
mediante su contribución estimula la decisión del agente y así contribuye a la realización del delito. un caso de participación en la infracción especial consumada (corrupción. Esto se explica por el simple hecho de que sin su colaboración no se hubiera cometido el delito (art. en caso de no haber ido tan lejos en su intervención. En cuanto a esto último. sostener que el tercero puede ser responsabilizado a título de complicidad. el acto judicial o administrativo esperado por el tercero interesado. 14. Aspecto subjetivo En el aspecto subjetivo. la complicidad y la instigación son comportamientos dolosos. puede admitirse —de acuerdo con los hechos indicados y con las diferentes hipótesis comprendidas en el art. de no tener lugar. La responsabilidad a título de complicidad es facilitada porque esta puede ser de orden material o intelectual. 24. 14. 42 Derecho Penal II – Parte General II . explique qué influencias puede ejercer para ayudarlo y que le prometa interceder en su favor y. como lo hemos subrayado. según las condiciones concretas. en razón de que el legislador ha redactado el tipo legal con la finalidad de comprender los diversos casos de tráfico de influencias y permitir la represión. y que implica la posibilidad de que el agente influya indebidamente en el funcionario o servidor público. por diversas razones. como en el ejemplo dado. esta argumentación concierne a los casos en que se trata de influencias reales en oposición a los casos de influencias simuladas. así. Esta interpretación es factible y admisible. obtenido que acepte recibir la ventaja que está dispuesto a darle o prometer a un tercero. de manera que pueda configurarse la instigación. asimismo. sino a la influencia del tercero sobre el agente para que este se decida (instigación) o para reforzar su decisión delictuosa (complicidad psíquica o intelectual). debido a que resulta más fácil probar los hechos. 400— que este último ha propiciado que el agente alegue. por ejemplo.Trafico de Influencias la participación en coautoría. Así.3. circunstancia en que se presentaría una cuestión de concurso de delitos. por ejemplo). Complicidad En esta perspectiva. es posible. el juez dicte la resolución buscada. conforme a las exigencias expresas de la ley (arts. intervención voluntaria que debe hacerse sabiendo que se contribuye a que se cree la situación de peligro. cohecho. 25). Así. esto puede constituir. 25). En caso de lograrse que.4.
por su función. por ejemplo. los autores han respondido de modo diferente a esta cuestión. etc. quien busca ayuda ante quien tiene el poder de influir sobre un funcionario no sepa que sus actos (propuestas. queda abierta la cuestión de si el legislador ha admitido o excluido su represión en tanto que partícipe. Así. sea afirmativa o negativa. dada la manera en que está estructurado el tipo del art. Cualquiera que sea la manera en que el delito ha sido descrito en la ley. Esta constatación es. aunque base del principio de la legalidad. No es suficiente.). 14. sobre todo. acuerdo) no empujan a aquel a aceptar el donativo o la promesa de una ventaja para sí o para otro. por tanto. resulta difícil imaginar que. caso en el que desaparecería la intención y. estado de necesidad. Represión del tercero como participante secundario Ahora bien. por el contrario. ya que puede influir en la formulación del reproche que se hace al agente de no haber actuado conforme a derecho teniendo la capacidad de hacerlo. En este nivel lo importante es saber si el imputado tenía razones suficientes para creerse con derecho a actuar de la manera como lo hizo (error sobre el carácter ilícito del acto típico). debería hacer respetar los mandatos del ordenamiento jurídico (el hecho de que los «pillos» tengan la vía libre no significa que todos pueden contribuir a que cometan sus fechorías y a aprovecharse de ellas). 400. cuando en la realización de la infracción está comprometida una persona que forma parte del aparato estatal que. acto permitido u ordenado por la ley. En los dos niveles. se puede afirmar que el texto legal.5. pedido. ya que constituye una simple confirmación de lo que es la interpretación de la ley. no se daría la instigación. el instigador puede incurrir en un error sobre los elementos del tipo legal objetivo. Sin embargo. el hecho de que se trate de un comportamiento frecuentemente permitido y tolerado (no reprimido eficazmente) para creer que ha dejado de ser ilícito. aun cuando sea posible poder calificar de instigación o complicidad la intervención del tercero. puede acontecer que crea actuar bajo la protección de una circunstancia de justificación (legítima defensa. 43 Derecho Penal II – Parte General II . Como en principio sabe que su comportamiento es contrario a derecho. Ser consciente de lo que se hace o de su significación es importante en el nivel de la culpabilidad. no impone una sola respuesta. en realidad.Trafico de Influencias El instigador debe tener tanto el dolo de instigar como el de que el instigado ejecute el comportamiento delictivo. superflua.
así como tiene el propósito firme de intercederante el funcionario que debe decidir. 44 Derecho Penal II – Parte General II . se preconiza su impunidad por razones de política criminal. en la medida en que millanteria implica hasta cierto punto un comportamiento fraudulento (jactarse. en realidad. Por tanto. esdecir. no debe ser reprimido. se acerca. Pero este no es el caso del art. incardinatasullanota modaledellamillanteria». farolear de tener influencias). párrafo 1 del CP italiano (al cual se refiere la opinión citada). Asimismo. Proponen. ya que participa en el perjuicio del bien jurídico. al considerar que los actos de este y del agente deben ser valorados de modo distinto. 346. por otro lado. a veces. Este argumento constituye. en particular. en buena cuenta. Por lo tanto. 400 CP peruano. por un lado. al actuar del estafador. el hecho de que el tercero intervenga de manera más consecuente y decisiva justifica que se aplique la regla referente a la instigación. una consecuencia del principio de la legalidad (art. lo realizado por el tercero no afecta al bien jurídico protegido. solo el agente merece ser reprimido penalmente. De este modo. se sostiene. en cierta manera. para permitir que sea el mismo tercero quien denuncie al delincuente (una especie de derecho penal premial). manifiesta tener) influencias reales. y que. 1) y. que teniendo en cuenta que el delito reprimido es la «venta de humo». vanagloriarse. negando que el tercero sea víctima. es reforzado al destacarse que la instigación no se da o. puede no darse en la medida en que aparece coherente «con la strutturadella norma. el tercero (comprador de humo) es la víctima del delincuente y. hay que destacar que ciertos autores que rechazan que se aplique de manera general y absoluta a todos los delitos plurisubjetivos. Esta opinión es admisible de acuerdo con la manera en que el delito ha sido tipificado en el art. Esta puede haber sido la percepción del legislador. sobre todo en la hipótesis en que el autor. que se tenga en cuenta la voluntas legis. es admisible que en este contexto se niegue la posibilidad de que se dé la instigación. al menos. recibe una ventaja y para lo cual invoca (alega. Con este objetivo se deberá tener en cuenta si lo realizado por el partícipe es solo el mínimo requerido para que se consuma la infracción (entregar el dinero solicitado por el delincuente) o si su comportamiento va más allá de este límite legal. en consecuencia. En este sentido. por el contrario. mediante la verificación de si dicha impunidad corresponde o no a la finalidad de la norma. Respecto al criterio de la impunidad basada en la aplicación del principio de legalidad. por ejemplo.Trafico de Influencias Se afirma la impunidad del tercero.
400. Se utilizan dos técnicas legislativas. Lo mismo no puede sostenerse. el tercero sea la víctima del delincuente. en principio. 400. por lo que no puede ser reprimido en estos casos como partícipe. los actos preparatorios son impunes porque solo se deberían reprimir cuando se ha comenzado a ejecutar el delito (definición legal de la tentativa) por razones de política criminal y prácticas. una que propugna que se prevea una disposición en la parte general del Código Penal (como en el caso de la tentativa. y a semejanza de lo que sucede respecto al estafado— una víctima del delito. es posible considerarlo —dentro de ciertos límites. cualquiera sea la contraprestación. tradicional y ampliamente expuestos en la doctrina. se está casi ante un caso de «negocio delictuoso». en los actos preparatorios aún no es posible constatar. por ejemplo. Ambos se colocan en el mismo plano. Fuera de esta discusión. 45 Derecho Penal II – Parte General II . respecto a nuestra ley. Así. la voluntad criminal del autor. También se ha argumentado. de actos preparatorios reprimidos como delitos autónomos son inadmisibles la instigación y la complicidad. cuando las influencias alegadas son falsas y en la medida en que el tercero es engañado. instigación. lo cierto es que en todo tiempo se ha extendido la represión a situaciones que solo constituyen actos preparatorios o tentativa respecto a otros delitos ya previstos en la ley penal. El punto de partida de esta afirmación es que. en el que el tercero actúa «como promotor del tráfico de influencias» en la medida en que es él quien demanda la intervención del delincuente y es el potencial beneficiario. Debido a la necesidad de combatir ciertas formas graves de delincuencia. lo que hace posible y hasta conveniente reprimir al tercero. cuando se sabe que aquel tiene el poder de influir en el funcionario y está dispuesto a obtener la intervención más favorable para sí. resulta simplista afirmar que en todos los casos considerados en el art.Trafico de Influencias Estos criterios.) y otra que —alegando mayor seguridad jurídica— prefiere que se establezca una o diversas disposiciones en la parte especial. Como lo hemos sugerido. con igual énfasis. han sido fuertemente cuestionados debido a su falta de concordancia con la ley y al carácter apriorístico de las afirmaciones expresadas. desde hace unas décadas se tiende a castigar los actos preparatorios en forma limitada. Por su carácter ambiguo. en relación con tipos legales como los del art. con seguridad. que tratándose. En estos casos. en realidad. etc.
439). por ejemplo. el estatuir la represión — excepcional— de actos preparatorios en nada influye sobre la regulación legal relativa a la participación delictuosa. por lo que es excesivo y contrario a la sistemática misma del Código afirmar que se reprime el hecho de «comenzar la ejecución» de actos preparatorios. al menos en nuestro derecho —aunque tampoco en otros—. los participen deben permanecer impunes porque se trata de formas lejanas de intervención. destinados a la falsificación de […] cualquier especie valorada» (art. conservar «útiles o instrumentos. lo inteligente es. En cuanto a la participación secundaria (instigación. complicidad). introducir. Entre los delitos tradicionales es oportuno señalar el caso de aquellos contra la fe pública. es claro que no pueden aplicarse dichas reglas a los casos de actos preparatorios elevados a la condición de delitos independientes. 296. Respecto a ellos. en el art. ciertos casos claros de comportamientos que constituyen la preparación de la ejecución de reales actos de terrorismo o tráfico son equiparados a la consumación de estos. respecto a los cuales se reprimen los actos preparatorios como fabricar.Trafico de Influencias Cabe citar como ejemplos los delitos de tráfico de drogas y terrorismo. De lo contrario. a diferencia de lo que sucede respecto al proceso de ejecución del delito. 260bis CP suizo). Se trata de una etapa previa a la tentativa. párrafo segundo. en este caso. Así. No existe. estupefacientes o sustancias psicotrópicas. habría que aconsejar que para evitar ser reprimido por falsificación de especies valoradas. razón de política criminal ni de interpretación legal que excluya necesaria y de manera general la aplicación de las disposiciones sobre instigación y complicidad. los autores no son contestes. Algunos sostienen que. Tratándose de modificaciones de las reglas sobre el proceso ejecutivo del delito en el sentido de desplazar el límite entre los actos impunes (actos preparatorios) y los punibles (desde que el accionar importa el inicio de la ejecución del delito). limitarse a proporcionar los 46 Derecho Penal II – Parte General II . Otros afirman que deben ser reprimidos debido a que. cuya fabricación o tráfico son reprimidos en el primer párrafo de la misma disposición. Esto se deduce tanto de la ley como de la definición misma de actos preparatorios: el hecho de realizar — conforme a una idea o plan delictuoso—actos de disposición de orden técnico o de organización de tal naturaleza y amplitud que indican que el agente se alistaba a comenzar la ejecución del delito (siguiendo el art. se sanciona a quien comercializa materias primas o insumos destinados a la elaboración de drogas tóxicas.
Y menos aún. aún más cuando el mismo ofrecimiento de interceder ante estos no es posible. en las hipótesis en que el funcionario (el blanco del ofrecimiento de interceder del agente) ya no conoce el asunto en el que el tercero tiene interés. debido a que el agente no tiene capacidad de interceder ante el funcionario o servidor público. 439 respecto a los delitos contra la fe pública. salvo que se imagine que puede servir de intermediario para influir sobre el funcionario que después de él conoce el asunto. procede a corromper a este último para obtener la decisión querida.). incurre en dos delitos en concurso real heterogéneo. recibida la dádiva) el agente que ha simulado tener influencias o que estaba decidido a no interceder. El segundo delito (corrupción) tiene lugar después de que se ha consumado el primero (conforme al art. etc. 400 no se encuentran en relación. Fabricar o introducir instrumentos «a sabiendas» de que son útiles para la falsificación es uno de los medios para ejecutar uno de los delitos de falsificación. a pesar de tener realmente poder de influir sobre el funcionario. En el caso de que una vez consumado el delito del art. Esto es claro sobre todo en las hipótesis en que se invocan influencias simuladas. Sin embargo. reprimido a título de delito autónomo con el fin de extender el límite de la punibilidad de los actos tendientes a realizar un delito contra la administración pública. cohecho. La aplicación de estos criterios al delito previsto en el art. en la medida en que el agente no debe necesariamente tener el designio de cometer uno de estos delitos. por ejemplo. en este caso se está lejos de una relación directa de medio a fin. 439). Cuando el agente invoca influencias reales tampoco sepuede afirmar que el comportamiento del agente sea siempre una etapa dela ejecución del delito contrala Administración pública (corrupción.Trafico de Influencias fondos para que se fabrique o importen instrumentos que serán utilizados para falsificar dichas especies. de la misma manera en que vinculados los actos reprimidos en el art. Este no puede haber sido el fin de política criminal del legislador. Es decir. y evitar así una eventual denuncia de parte de quien entregó la dádiva. 400). ya que solo se podría reprimir a quien comete el «acto preparatorio» de fabricar o importar dichos instrumentos (art. 400 no está en relación de medio a fin con la corrupción del funcionario. con los delitos de corrupción de funcionarios. 47 Derecho Penal II – Parte General II . Al respecto hay que considerar que los comportamientos reprimidos en el art. 400 (por ejemplo. El funcionario ya no puede resolver el caso en favor de los intereses del tercero. 400 depende de que se afirme o rechace que prevé también un caso de «actos preparatorios. el comportamiento reprimido por el art.
Por tanto. el traficante de influencias pacta con el particular. cuando se trata de un delito «acto preparatorio» sea necesario que este sea consumado. el comportamiento incriminado. en tanto de un vistazo de la estructuración típica de este injusto. Si bien ambos actos están de cierta forma vinculados subjetivamente. A fin de realizar una distinción puntual del delito de Cohecho pasivo específico con el de tráfico de influencias. y dentro de los límites indicados. el delito previsto en el art. para que el primero de ellos interceda ante un funcionario o servidor público que ha de conocer. 15. Distinción del tipo penal del artículo 395º del CP con el delito de Tráfico de Influencias. esté conociendo o haya conocido un caso judicial. El acto de ―influir‖ sobre una 48 Derecho Penal II – Parte General II . la real intercesión del traficante sobre el funcionario que está conociendo el caso o ha de conocerlo a futuro. mediando un donativo. no es menos ciertos que a efectos de consumación del delito de tráfico de influencias. obedeció en motivos estrictamente de política criminal. iniciado la ejecución del delito. que la tentativa es imposible en caso de delitos que constituyen en sí «actos preparatorios». de no ser así. tipificación penal que no estaba comprendida en el catálogo delictivo del corpus punitivo de 1924 así como en otros textos en el marco del derecho comparado. definiremos ciertos elementos de este último. 400. en el art. las reglas sobre la participación secundaria son aplicables debido a que no son incompatibles con la manera en que el legislador ha regulado. Se desprenden dos actos. son tipificaciones penales autónomas en todo caso. de un acto de intercesión a un acto previo que de lugar a la corrupción. no se requiere que se verifique la real intercesión con el funcionario que está conociendo determinado caso. precisamente.Trafico de Influencias En este sentido. promesa o cualquier tipo de ventaja o beneficio. y que no basta. que el agente haya. cuando el vendedor de humos. Otra cosa es que para reprimir al instigador o al cómplice. por lo que su incriminación es objetada por sector importante de la doctrina. como en el caso de todos los demás delitos. al menos. La razón es. no estaría justificado la inclusión de la figura delictiva que estamos comentando. hemos de destacar que en realidad se trata de una etapa preparatoria de los delitos de Cohecho. que deben ser valorados jurídico penalmente de forma independiente: primero. al menos en el caso de influencias reales. Decimos razones de política criminal. La inclusión del injusto penal previsto en el artículo 400º del CP. segundo. 400 no es uno de los casos excepcionales en que el legislador tipifica actos preparatorios como delitos independientes.
Por otro lado. que la finalidad perseguida por el particular que compra las ―influencias‖ al vendedor de humo se concreticen en una resolución injusta. en tanto la realización típica está condicionada a la contribución fáctica de los dos sujetos intervinientes: del vendedor de humos y del comprador de influencias. el bien jurídico que se tutela en ambas figuras criminosas es el mismo: la imparcialidad. será constitutivo de un delito de Cohecho pasivo propio y. pues su configuración total no puede ser explicada si se prescinde de la aceptación del interesado. si recibe la dádiva para realizar un acto propio de sus funciones incurrirá en un delito de Cohecho pasivo 49 Derecho Penal II – Parte General II . de acuerdo a lo antes expuesto. es que en principio. será penalizado como cómplice primario o instigar de dicho delito. es un decisión que se encuentra enmarcada en el ámbito de potestades del auxiliar jurisdiccional.Trafico de Influencias autoridad o funcionario representa el núcleo de la conducta incriminada por la gravedad de las formas específicas en que se lleva a cabo el ejercicio de influencia sobre la actividad funcionarial. que omita notificar cierta diligencia a la otra parte. objetividad y la legalidad de la actuación pública. Se trata. usuario del sistema de justicia. siempre y cuando lo que pretenda el particular. pero sí. como apunta Olaizola Nogales. de un delito de mera actividad. Por otro lado. a efectos de valorar la conducta del funcionario que está conociendo el caso. y del hecho de que el traficante sea quien configure lo esencial del injusto típico no puede deducirse que el pertenece exclusivamente a él. pues. que posponga una diligencia. no se requiere para su realización típica. en todo caso. Una diferencia importante. el perfeccionamiento de la conducta típica de intervención requiere necesariamente la conjunción de ambos aportes. busca por ejemplo a un auxiliar jurisdiccional. etc. dependiendo de la naturaleza jurídico-penal de su participación. no será autor del Cohecho pasivo específico. (…) toda vez que se intenta influir en la toma de decisiones de los funcionarios públicos para que resuelvan de espaldas a los intereses públicos. v. para que éste influya en la persona del juez o siendo un asistente de función fiscal para que lo haga en el Fiscal que conduce el Despacho. si se hace para omitir un acto propio de sus funciones.. no sería relevante a efectos del delito de tráfico de influencias si la resolución es conforme o contraria a Derecho. Como apunta ReañoPeschiera. empero sí podrá incurrir en el tipo penal del artículo 396º. Cuando un particular. donde la anticipación de la barrera de intervención en el caso de tráfico de influencias es más que evidente. siendo que éste último al participar en un negocio jurídico ―ilícito‖. se trata también de un delito de participación necesaria.gr. sino autor del delito de Tráfico de influencias.
es decir. será de recibo. lo hace directamente. solicita a una particular la entrega de un dinero. mediante un intermediario. inclusive por un funcionario y/o servidor público. si éste finalmente accede a algún tipo de ventaja. ha incidido a la construcción de una circunstancia agravante. si quien recibe directamente la coima. situación que no cabría admitir cuando la influencia se dirige hacia un acto sin faltar a los deberes funcionales (Cohecho pasivo impropio). La delimitación normativa entre los delitos de Cohecho y de tráfico de influencias. sea un servidor público o un particular. cuestión contraria se dará cuando el que ofrece una actuación irregular de un funcionario a cambio de una dádiva. para la realización típica de este injusto. ha de verse conforme la adecuación del comportamiento típico a los verbos rectores descritos en las diversas tipificaciones penales. la entrega del beneficio debe apuntar a la actuación funcional de un tercero y. por parte del vendedor de humos. a fin de realizar un acto en violación de sus obligaciones funcionales. que la búsqueda de influencias para que se decida en un caso concreto. De ahí. sin que dé lugar a la configuración del tipo penal de tráfico de influencias. siendo aquella persona que a los ojos de terceros se haga aparecer como destinatario del beneficio‖. esto es. Siendo así. se dice en la ejecutoria recaída en el Exp. como consecuencia de la sanción de la Ley Nº 28355 del 06 de octubre del 2004. concretamente en lo que respecta al ámbito decisorio y/o resolutor del sujeto que recibe y/o solicita la dádiva u otra ventaja. no habrá posibilidad de tipificar por el delito previsto en el artículo 400º. donde la intervención del intermediario será punible a título de cómplice primario. vale decir. el dinero. es el funcionario que está conociendo el caso concreto. ofreciendo la venta de ―influencias‖. La referencia en orden a la participación.Trafico de Influencias impropio. por tanto. por intermedio de otra persona. el funcionario (intraneus). por lo general se hará con el propósito de que se realice un acto en omisión de los deberes funcionales. Así. personalmente o por intermedio de un tercero. Pero. estará incurso en los delitos de Cohecho. que si se trata de una intercesión que ha de calar en un funcionario con potestades decisorias. en tanto puede ser cometido por cualquier persona. Pudiendo las diversas manifestaciones típicas de Cohecho realizarse. que en el caso de nuestra legislación positiva. ingresaríamos a un Concurso real con el injusto de prevaricación. De todos modos. el tipo penal de tráfico de influencias no es un delito especial propio. Nº 2527-98: ―Las acciones de recibir o aceptar puede realizarlas el funcionario de por si o por persona interpuesta. 50 Derecho Penal II – Parte General II .
sobre todo al primero de ellos. cualquier ventaja o beneficio. facultades que el tipo en comento exige. Algunos Casos emblemáticos de Trafico de Influencias en nuestro país  Caso Omar Chehade Moya En el Caso Chehade. para acreditar el mayor fundamento del injusto típico. y con respecto al particular. constituye un injusto de participación necesaria. la conducta se reconducirá a los tipos penales previstos en los artículos 393º y 394º del (in fine). pasible según los artículos 397º o 398º del CP. que hace un funcionario público como el congresista-vicepresidente Chehade. El meollo de la consumación en este delito se cumple con el simple ofrecimiento. no necesita de la colima recibida por el autor se traduzca en una resolución injusta (condición objetiva de punibilidad). por el ofrecimiento real de interceder ante un funcionario o servidor público que haya conocido. pues en la descripción del tipo que encierra el Art. el delito que se imputa por Gil a Mil al interfecto congresista tiene sutiles bemoles en cuanto a si se consumó o no. Si el agente es funcionario o servidor público. para sí o para otro. 51 Derecho Penal II – Parte General II . Recapitulando. será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme a los numerales 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal‖. es de mera actividad. 394º y 395º. esté conociendo o vaya a conocer un caso judicial o administrativo será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis. según los alcances normativos del artículo 398º del CP. de interceder ante otro funcionario público (como son los 3 generales PNP: Salazar. ¿Cuál de ellos debe ejecutarse dolosamente para poder hablar de consumación? Veamos su redacción típica: "El que solicita. donde el particular o funcionario que ofrece o acepta la solicitud de soborno será penalizado. hace dar o prometer. 400° del Código Penal. donativo. 16. modificado por la Ley N° 29703. el delito de Cohecho pasivo específico. no tiene las potestades. hay muchos verbos típicos. recibe. Si el funcionario público que recibe y/o solicita el soborno. pues muy difícilmente la corruptela será destinada a que realice un acto propio de las obligaciones funcionales. promesa.Trafico de Influencias sino será constitutivo de los artículos 393º.
17. Apreciación critica de acuerdo a la ponencia del Dr. Viendo el tipo penal en específico dice: ―El que. demuestra que Chehade estaba cumpliendo su ofrecimiento hecho a los beneficiarios de interceder realmente. recibe. En principio. sobre el delito de tráfico de influencias manifestó que en junio de 1981 se introduce el art. sino que ha ido más allá. pagó la cuenta con dinero propio o ajeno y en el curso de comer y empinar el codo trató el tema Andahuasi: desalojar a sus actuales poseedores y entregar las instalaciones a los Wong. no es delito.000 policías. Se convierte en delito cuando esa influencia se hace a cambio de un precio o dádiva. es más que una tentativa de delito. que vaya a conocer un caso administrativo (el desalojo de los trabajadores que poseen la azucarera Andahuasi). Fue una cena con telescopio finalista. considerando la pena máxima prevista para el ilícito: ocho años y la calidad de funcionario público. etc. Chehade no sólo ha ofrecido (en palabras) interceder. hace dar o prometer para sí o para un tercero. General Raúl Salazar. convocando por teléfono con 3 días de antelación. viajes. La pena resultante también debe ser ejemplar. los invitó a cenar. beneficiarios que pagarían el operativo en contante y sonante (he aquí lo prometido. El solo hecho de poner sobre la mesa este espinoso tema y examinarlo ante el General Eduardo Arteta y su Jefe. que ostenta el reputado interfecto. la sola existencia de influencias o la capacidad de influenciar. El proceso penal que instaure el vocal supremo instructor debe ser con mandato de detención. se trata de una consumación de tráfico de influencias cumplida con desparpajo y torpeza. o cualquier ventaja laboral. 353-A que tipificó por primera vez el delito de tráfico de influencias. invocando o teniendo influencias reales o simuladas. no es la cena un acto preparatorio. Ramiro Salinas Siccha.Trafico de Influencias Arteta y Gamarra). donativo 52 Derecho Penal II – Parte General II . En la ponencia del Dr. quienes serían los ejecutores del desalojo al mando de unos 5. sexual. Ofreció interceder y cumplió su vil ofrecimiento. Por lo tanto. encumbrado por aluvión. aunque no se haya cumplido). Convocó por teléfono a los 3 generales. Su tipificación respondió a la idea política predominante de facilitar la represión de los funcionarios que durante el gobierno militar habían cometido delitos contra los intereses del Estado. Ramiro Salinas Siccha en la ciudad del Cusco.
ofrece a un tercero interceder ante un funcionario o servidor público que este conociendo. pero cuando el sujeto activo fuera un funcionario público las influencias a las que se refiere en su invocación no deben ser las que posee bajo su cargo funcionarial porque nos encontraríamos ante una conducta típica de cohecho pasivo. Cabe resaltar que este delito es un delito común (El que…). Especial referencia merece el patrimonio del particular interesado en el caso de la invocación de influencia simulada y que consideramos que la idoneidad de la conducta que consiste en un engaño no contiene siquiera un riesgo de lesión del bien jurídico correcto funcionamiento de la Administración Pública. invoca. ha de conocer o haya conocido un caso judicial o administrativo. y así el agente que es un litigante cualquiera le cree. tener influencias dentro de la administración de justicia. entonces para que un funcionario sea agente del tráfico de influencias tiene que ofrecer influir en otro funcionario. El bien jurídico protegido es en general el recto y normal funcionamiento de la Administración pública y en específico. 53 Derecho Penal II – Parte General II . así por ejemplo el traficante aborda al tercero y le dice: el juez es mi compadre. alega. a cambio de una ventaja. El delito de tráfico de influencias tiene elementos objetivos y subjetivos. esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo…‖ El tráfico de influencias se verifica cuando el agente público o particular. manifiesta que el sujeto activo puede ser cualquier persona. veamos primeramente los elementos objetivos:  Invocar o tener influencias reales o simuladas. siempre con la condición de un intercambio (tú me das y yo intervengo… ). y está en la sección de delitos contra la administración pública por el bien jurídico que se pone en peligro o que es tutelado. aduce.Trafico de Influencias o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer. el prestigio y el regular funcionamiento de la justicia jurisdiccional y administrativa imparcial. para lograr que el pronunciamiento sea a favor del tercero. en concreto respecto del bien jurídico estaríamos ante una acción que lesiona la imparcialidad del funcionario y el carácter público de la función. Se da cuando el agente o el traficante ante el tercero interesado. invocando o teniendo influencias reales o simuladas. entendemos que el tipo se enmarca dentro de la protección general del correcto funcionamiento de la Administración Publica.
sino cualquier otra ventaja‖.  El ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público. el delito esta consumado. becas favores sexuales favores laborales. el tipo penal es muy amplio y. Prometer significa que el agente invocando tener influencias logra que el tercero interesado le ofrezca. se traduce en el hecho que el traficante invocando tener influencias logra que el tercero interesado le dé o facilite un donativo u otra ventaja o beneficio.  Recibir. etc. es aquel bien dado o prometido a cambio de la influencia efectuada por el agente la promesa e también un ofrecimiento hecho al agente el cumplimento de la promesa resulta irrelevante para la configuración del delito cualquier otra ventaja. El objetivo corrupción es netamente el donativo. se entiende por recibir cuando el traficante recibe.  Intervención de un tercero. En todo caso. premios. cuando lo que se reprocha es el quebrantamiento de la imparcialidad del ejercicio funcionarial. 54 Derecho Penal II – Parte General II . El hacer dar. llegando así conseguir el poder y la capacidad de guiar u orientarlos con una absoluta voluntad hacia una determinada dirección. Debería dar lo mismo que el sujeto busque un enriquecimiento o no. pues este es un delito de ―Peligro‖. En este delito también puede existir la intervención de terceras personas allegadas a el funcionario público que administra justicia. Comprende a cualquier privilegio o beneficio: empleos colocación en áreas específicas. proponga. porque basta que el tercero interesado entregue la dadiva y el traficante lo reciba. acepta admite. ascensos.Trafico de Influencias En cuanto a las influencias reales trata de verificar de como un agente consigue tener contactos con los funcionarios o servidores públicos de una administración de justicia. hacer dar o prometer para sí o para un tercero. Se entiende por ofrecimiento cuando el traficante sabe que el tercero interesado no tiene influencias y se ofrece para intermediar ante un funcionario o servidor público. cátedras universitarias. viajes. no exige necesariamente una ventaja patrimonial. pacte o prometa la entrega de algún beneficio económico o de cualquier otra índole en un futuro cercano. el donativo u otra ventaja o beneficio a cambio de las influencias que ofrece. de manera similar a los casos de ―cohecho‖. cubre todo lo que no sea susceptible de ser considerado donativo.
siendo esta en todo caso irrelevante solo en el caso de la promesa de entrega futura 55 Derecho Penal II – Parte General II .  La complicidad primaria. ya que el delito se consuma cuando el traficante al invocar influencias reales o simuladas y al recibir cualquier ventaja por parte del tercero interesado. en ese instante se verifica todos los elementos del tipo penal. Cabe aclarar que el funcionario público es todo aquel agente que realice actividades o funciones en nombre del Estado en todos sus niveles jerárquicos según la convención de la ONU. pues es cuando el traficante es funcionario o servidor público y para ello se recurre al artículo 425 del código penal. mientras algún sector de la doctrina se ha manifestado por considerar que se trata de un delito de mera actividad que bastaría para la consumación típica el acuerdo entre agente y el interesado para que aquel influya ante funcionario o cambio del beneficio. en función a eso trabajara el traficante. es el que conoce. Se configurara la complicidad primaria del tercero interesado cuando acepta la oferta del traficante. ya que el traficante al aducir influencias que le interesan al tercero está actuando evidentemente con alevosía poniendo en peligro el bien jurídico y obteniendo un indebido provecho. este conociendo o haya conocido el proceso que le interesa al tercero. Existen precedentes de casos sui generis en los cuales se puede verificar lo expresado. como anteriormente ya vimos este es un delito de peligro.  Consumación.Trafico de Influencias armándose así una cadena de traficantes que formen parte de una asociación ilícita. este delito solamente se da por dolo directo. pues el tercero interesado quien es abordado por el traficante no será agraviado. este conociendo o haya conocido.  Ha de conocer. Bien ahora veamos los elementos subjetivos:  Tipicidad subjetiva. creemos por contraparte que es necesaria la entrega del beneficio para que se perfeccione la conducta. Este delito como muchos otros tiene agravantes. Este delito tiene un destino que es el funcionario que administra justicia.  Sujeto Pasivo. ya que su participación dolosa será indispensable para que se configure el delito. en este delito el sujeto pasivo será evidentemente el Estado como único titular del bien jurídico protegido. será un testigo de excepción en el proceso.
tiene como punto de partida y contexto el texto legal. Por esto. La comprensión de la disposición legal no puede limitarse a la simple delimitación del significado literal de las palabras y frases empleadas en su redacción. es erróneo creer que en este delito no existe la tentativa. 400 —como si previera un solo comportamiento delictuoso— muestra el descuido con el que son analizadas este tipo de disposiciones legales. 56 Derecho Penal II – Parte General II . Al desmontar las diversas hipótesis que contiene. No se trata de un tipo de tráfico de influencias. pues la tentativa se da mientras no se produzca la realización de los medios corruptores. como proceso de atribución de un sentido a una disposición legal. utilizado para explicar la aplicación de la ley a un caso concreto. La confusa redacción del art. hemos podido constatar que unas son más criticables que otras. El deficiente entendimiento del art.  Tentativa. su aplicación. cuando el traficante aduciendo influencias hace que el tercero interesado haga la promesa de que en un futuro muy cercano le dará alguna dadiva. 400 CP Perú constituye un ejemplo claro de cómo no deben redactarse las disposiciones legales. a pesar de su ambigüedad y polisemia. etc 18. 400 y la imprecisa terminología empleada no pueden invocarse para negar su existencia y. por tanto. A la imprecisión del lenguaje hay que agregar el hecho de que la vida social es mucho más fecunda en la producción de comportamientos y relaciones que la imaginación del más previsor de los legisladores. hacer dar. sino de varias formas puestas en el mismo nivel de represión. la comprensión de la norma y la determinación de los hechos que se han de juzgar no corresponden al tradicional silogismo jurídico. Conclusión La interpretación. hacer prometer. redactar de manera adecuada y describir de manera simple los actos y situaciones reguladas. al igual que en el caso anterior. Así. constituyen el marco que todo intérprete debe respetar. Su imprecisión no debe llevar a no prestarles la debida atención.Trafico de Influencias También se da la figura de la promesa. en ese momento el delito se consuma. desde la elaboración de este se debe prestar particular atención a la manera en que se va expresar el mandato legal. llámese recibir. se debe tratar de utilizar términos apropiados. pero no que todas ellas sean contrarias a los principios fundamentales del derecho penal. El art. Estas existen y. Con conciencia de la «natural» imprecisión del lenguaje. Hacerlo conduciría a un anarquismo político que negaría la existencia misma de las normas.
lo que permite tanto percibir mejor el fin de política criminal perseguido como utilizar adecuadamente la doctrina foránea. es decir. 400 es indispensable para respetar mejor el principio de legalidad. para que los órganos competentes castiguen a los responsables y traten debidamente a los inocentes. la determinación de la fuente legal de la regla establecida permite calar en la materia objeto de la regulación.Trafico de Influencias Las propuestas hechas para comprender el art. Pero no en la creencia de que se logrará establecer un texto que delimite con claridad los comportamientos punibles. La modificación del art. Así. la mejor comprensión de la ley. sino en la idea de que se debe establecer una base más apropiada para que el juzgador pueda argumentar mejor sobre la conveniencia de la solución interpretativa que plantea al condenar o absolver al procesado. 400 muestran que es indispensable recurrir tanto a criterios históricos como valorativos. 57 Derecho Penal II – Parte General II . Sin precisar qué normas de conducta se busca reforzar o qué intereses individuales o sociales se trata de proteger. La voluntad política de todo el aparato estatal es indispensable para que esto se haga realidad. la justa apreciación de los intereses en conflicto son suficientes para la aplicación correcta de la disposición legal. Sin embargo. el adecuado esclarecimiento del sentido que le es atribuido. resulta imposible escoger entre los diferentes sentidos posibles del texto legal cuál debe ser atribuido a este como su contenido más conforme a los criterios de justicia.
Interpretación y aplicación del art. «El delito de tráfico de influencias: aspectos sustantivos». 58 Derecho Penal II – Parte General II . María del Carmen. Lima: Jurista Editores. Tomo 102(2002). En Actualidad Jurídica. José. ―Estudio Dogmático de los Delitos de Cohecho y sus Perspectivas Político-Criminales‖. enriquecimiento ilícito y asociación para delinquir. pp. «Ley que regula la gestión de intereses en la administración pública».  HURTADO POZO. Al amparo del principio de legalidad en materia penal. 13. « ¿Una historia sin fin? La responsabilidad penal del interesado en el tráfico de influencias». Gaceta Jurídica. VV. Interpretación y aplicación de la ley penal. Algunas consideraciones sobre el delito de tráfico de influencias. José REAÑO y Dino CARO. Nº 111.  SAN MARTIN CASTRO. [Anuario de Derecho Penal 2005].  PEÑA CABRERA FREYRE. Alonso. p.  REAÑO. Algunos apuntes sobre su tipicidad. En Delitos de tráfico de influencias. 38 y ss. diciembre 2007.  Ley 28024. Vol.Trafico de Influencias Bibliografía  GARCÍA CANTIZANO. Lima. José.  ERICK GUIMARAY MORI. 2002. Cesar. El delito de tráfico de influencias. 189200 (SEGUNDA PARTE). 400 CP del Perú: Delito llamado de tráfico de influencias. En: AA. En: Revista Diálogo con la Jurisprudencia.
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