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Timestamp: 2019-07-19 10:55:01
Document Index: 182420296

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﻿ SENTENCIA C-1093 DE NOVIEMBRE 20 DE 2003
SENTENCIA C-1093 DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2003
CONTENIDO:EXÁMENES DE ESTADO. NO SE PUEDEN REALIZAR A LOS EGRESADOS DE PROGRAMAS SIN REGISTRO ACADÉMICO. SE DECLARA EXEQUIBLE CONDICIONALMENTE EL LITERAL B) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY 30 DE 1992.
TEMAS ESPECÍFICOS:EXAMEN DE ESTADO PARA EL INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Sentencia C-1093 de noviembre 20 de 2003
Ref.: Expediente D-4715
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 27, literal b) de la Ley 30 de 1992 “por la cual se organiza el servicio público de la educación superior”.
Demandante: Ricardo Perilla Uribe.
A continuación se transcribe el texto de la norma demandada, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial Nº 40.700 de 29 de diciembre de 1992. Se resalta lo acusado.
“LEY NÚMERO 30 DE 1992
2. El problema constitucional.
2.1. El demandante plantea la inconstitucionalidad de la interpretación del literal b) del artículo 27 de la Ley 30 de 1992, que viene realizando el Ministerio de Educación Nacional, en relación con los exámenes de Estado establecidos en la citada norma, pues, en su concepto, los mismos solamente pueden ser aplicados a programas académicos que perdieron vigencia debido a su no actualización en los términos señalados en la ley, y no a programas académicos sin registro, lo cual, a su juicio, vulnera los artículos 67 y 189, numerales 21 y 22 de la Constitución Política.
2.2. Teniendo en cuenta que en el presente juicio de constitucionalidad, no se demanda el contenido normativo del literal b) del artículo 27 de la Ley 30 de 1992, sino de una de las interpretaciones que del mismo realiza el Ministerio de Educación Nacional, es necesario determinar en primer lugar, si puede la Corte pronunciarse respecto de la interpretación de una disposición legal realizada por algunas entidades gubernamentales, como en el presente caso.
3. La Corte Constitucional es competente para pronunciarse sobre cargos relacionados con la interpretación y aplicación de normas jurídicas.
3.1. Esta corporación en varios pronunciamientos ha establecido que en principio no es competencia de la jurisdicción constitucional resolver debates que se susciten respecto de la interpretación o aplicación de las normas legales, porque en esos casos no se trata de confrontar un texto legal con las disposiciones constitucionales, sino el sentido o alcance que de las mismas realicen las autoridades competentes, ya sean judiciales o administrativas. Ello por cuanto la Constitución Política establece una separación entre las distintas jurisdicciones, de ahí que los conflictos jurídicos que surjan como consecuencia de la aplicación de las normas legales han de ser resueltos por los jueces ordinarios (1) . Con todo, este tribunal constitucional ha manifestado que el juicio de constitucionalidad que por mandato superior le corresponde adelantar, también es procedente cuando de la interpretación judicial o administrativa de una disposición legal surja un asunto de relevancia constitucional.
(1) Cfr. C-496 de 1994, C-081 de 1996, C-1436 de 2000, C-426 de 2002, entre otras.
En relación con la facultad que tiene la Corte para fijar la interpretación de una norma legal cuando de la misma se desprenda un problema constitucional se precisó lo siguiente:
“[N]o puede entonces la Corte Constitucional, como regla general, establecer cuál es el sentido autorizado de las normas legales. Sin embargo, el anterior principio se ve matizado por los siguientes dos elementos que provocan una constante interpenetración de los asuntos legales y constitucionales. De un lado, es obvio que un proceso de control de constitucionalidad implica siempre un juicio relacional que busca determinar si una norma legal es o no conforme con las normas constitucionales. Este juicio no es entonces posible si no se establece previamente el significado de la norma legal. Ningún tribunal constitucional puede entonces eludir la interpretación de las normas legales. De otro lado, la Constitución es norma de normas y constituye la base de todo el ordenamiento positivo (C.P., art. 4º), por lo cual los jueces ordinarios están también sometidos al imperio de la Constitución. Esto significa que los jueces ordinarios tampoco pueden dejar de lado la interpretación de las normas constitucionales al ejercer sus funciones. Al respecto, esta corporación ya había establecido que:
“... el juicio de constitucionalidad requiere de una debida y cabal interpretación tanto de la preceptiva constitucional concernida como de la norma que con ella se confronta”.
El intérprete —y, por supuesto ello es aplicable al juez constitucional— no puede hacer decir a las normas lo que no dicen, menos todavía si ello conduce a la declaración de inconstitucionalidad del precepto, pues, guardadas proporciones, ello sería tan grave como condenar a una persona por un delito en el cual no incurrió, debido a una errónea identificación de la conducta real del sujeto con el tipo penal correspondiente.
Por otra parte, las normas de la ley deben ser interpretadas y aplicadas del modo que mejor convenga a los mandatos constitucionales” (2) .
(2) Sentencia C-496 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero. El mismo criterio ha sido ratificado en otros pronunciamientos. Cfr. C-065 de 1997, C-044 de 1998.
En reciente pronunciamiento la Corte expresó:
“[A]sí las cosas, es indudable que la función de garantizar la vigencia efectiva de la Constitución, incluye, bajo ciertos parámetros de procedibilidad, la de verificar que los jueces y demás autoridades públicas interpreten y apliquen las leyes en armonía con las prescripciones superiores, pues la Constitución, como norma de normas, constituye el orden jurídico fundamental del Estado y, por ende, el eje central de todo el derecho interno (C.P., art. 4º). A este respecto, recuérdese que, según lo tiene establecido esta corporación, “la autonomía que la Corte reconoce a la interpretación legal o judicial tienen como límite la arbitrariedad y la irrazonabilidad de sus respectivos resultados” (3) ; siendo el control de constitucionalidad una vía expedita para reivindicar el verdadero alcance de la ley y de su validez frente a la Carta, particularmente, cuando a la luz del derecho viviente esta entra en contradicción con el texto superior.
(3) Sentencia 310 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Adelantar el juicio de constitucionalidad de aquellas normas que generan conflictos en torno a su verdadero significado y alcance, no implica, entonces, una intromisión o desplazamiento de la competencia asignada a los jueces para aplicar la ley en cada caso en concreto, pues, en realidad, el proceso de control abstracto —en estos casos— se lleva a cabo sobre uno de los contenidos de la norma sometida a examen: el que surge de la interpretación que en sentido general hace la autoridad judicial competente, y al cual se le han reconocido todos los efectos jurídicos como consecuencia de constituir la orientación jurisprudencial dominante o el criterio judicial obligatorio para quienes son destinatarios de la ley” (4) .
(4) Sentencia C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
3.2. En el asunto sub iudice resulta indiscutible que la controversia que se plantea involucra un problema de interpretación constitucional que debe ser resuelto por esta corporación, como máximo órgano encargado de la guarda e integridad de la Constitución Política.
3.2.1. El ciudadano demandante considera que la disposición acusada, interpretada en el sentido de realizar exámenes de Estado a los egresados de instituciones de educación superior que no han obtenido su registro, es decir, sin estar incorporados en el sistema nacional de información del Icfes, desconoce la obligación del Estado de velar por la calidad de la educación, deber que ha de ser ejercido en forma permanente por tratarse de un servicio público, mediante el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia, según lo establecen los artículos 67 y 189-21 y 22 de la Constitución Política.
Para las entidades intervinientes la interpretación del literal b) del artículo 27 de la Ley 30 de 1992, que acusa el demandante no vulnera la Constitución Política, pues se trata de dar solución a situaciones sociales irregulares que se presentan comúnmente en relación con el servicio público de educación, que afectan a los estudiantes, quienes no se encuentran en el deber de soportar las omisiones en que incurran las instituciones de educación superior que adelanten programas académicos sin el correspondiente registro. Siendo ello así, consideran que la finalidad de los exámenes de Estado es comprobar niveles mínimos de aptitudes y conocimientos de dichos programas.
El Ministerio Público por el contrario, considera que la interpretación que en el sentido acusado está realizando el Ministerio de Educación Nacional vulnera la Constitución Política, porque impide que el Estado cumpla con la misión que le impone el estatuto fundamental respecto de la educación superior, cual es controlar y realizar de manera eficiente la suprema inspección y vigilancia sobre ese servicio público, en cada una de las entidades encargadas de ofrecerlo.
4. Normatividad constitucional del derecho a la educación. Interpretación del literal b) del artículo 27 de la Ley 30 de 1992.
4.1. Antes de entrar en el debate hermenéutico que se plantea en esta oportunidad, resulta indispensable determinar la noción del derecho a la educación como integrante del elenco de los derechos sociales, económicos y culturales previstos en la Constitución Política, así como los objetivos y funciones constitucionales de la inspección y vigilancia estatal en relación con la educación, en cuanto derecho que comporta una función social y tiene el carácter de servicio público. Ello por cuanto los elementos conceptuales que integran el derecho a la educación, permitirán a la Corte establecer si la interpretación de la norma legal que se examina coincide en su aspecto teleológico con el querer del constituyente al otorgarle rango constitucional a ese derecho.
4.2. El artículo 67 de la Constitución Política, establece que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. La finalidad atribuida a ella por la carta fundamental, es la de acceder al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La misma disposición superior prescribe que la educación formará a los colombianos “en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente”. Señala ese artículo 67 de la Constitución, que le corresponde al Estado “regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo” (negrillas fuera de texto).
Esa facultad de inspección y vigilancia del servicio público de la educación, le corresponde por mandato superior al Presidente de la República, según lo dispuesto por el artículo 189, numerales 21 y 22 de la Carta Política, quien acorde con lo consagrado por el artículo 211 del ordenamiento constitucional en armonía con lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley 30 de 1992, podrá delegar en el Ministerio de Educación Nacional todas las funciones asignadas en los artículos 31 y 32 de la citada ley (5) .
(5) El Decreto 698 de 1993 establece la delegación del Presidente de la República en el Ministro de Educación Nacional de las funciones de inspección y vigilancia que en relación con la educación superior establecen los artículos 31 y 32 de la Ley 30 de 1992.
Ahora bien, al Congreso de la República le corresponde, expedir las normas a las cuales se debe sujetar el gobierno para el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia que le señala la Constitución Política, según lo dispone el artículo 150, numeral 8º de la Carta Política. Por otra parte, el artículo 365 ibídem, consagra que los servicios públicos son “inherentes a la finalidad social del Estado”, y es su deber asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.
Para los efectos del proceso interpretativo que se adelanta en el asunto sub iudice, es pertinente recordar que el constituyente de 1991 facultó a los particulares para fundar establecimientos educativos, defiriendo a la ley las condiciones para su creación y gestión (C.P., art. 68).
4.3. Dentro del marco normativo constitucional que regula el derecho a la educación y la suprema inspección y vigilancia del Estado en relación con ese derecho, el legislador expidió la Ley 30 de 1992, por medio de la cual organizó ese servicio público, y dispuso en su artículo 3º que el Estado de conformidad con la Constitución Política y esa ley, garantizará la autonomía universitaria y velará por la calidad del servicio educativo “a través del ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la educación superior”.
Así pues, para establecer si la interpretación que se cuestiona se encuentra acorde o no con la Carta Política, es preciso partir del análisis del contenido del literal b) del artículo 27 de la Ley 30 de 1992, con el objeto de determinar si dicha interpretación consulta la finalidad para la cual fue instituida por el constituyente la facultad de regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación, pues de no ser así, el Estado estaría incurriendo en una grave omisión, desconociendo de paso los preceptos constitucionales que garantizan el derecho a la educación y su adecuada prestación como servicio público.
4.4. En ese orden de ideas, se pregunta la Corte ¿cuál es el objeto de los exámenes de Estado a que se refiere el literal b) del artículo 27 de la Ley 30 de 1992? Veamos:
El artículo 27 de la Ley 30 de 1992, dispone que los exámenes de Estado son pruebas académicas de carácter oficial que tienen por objeto, entre otros “[V]erificar conocimientos y destrezas para la expedición de títulos a los egresados de programas cuya aprobación no esté vigente” (resalta la Corte). La lectura de la norma lleva a la pregunta ¿Cuándo la aprobación de un programa académico no está vigente? Para responder dicho interrogante es preciso remontarnos al estudio de los requisitos legales que se exigen para la obtención de la aprobación de los programas académicos de educación superior.
La función de inspección y vigilancia que se impone al Estado en relación con el servicio público de la educación, ha de ser ejercida, tratándose de la educación superior, que es el caso que ahora nos ocupa, desde la creación de esos programas académicos, antes de que sean ofrecidos a la comunidad y durante su desarrollo. Siendo ello así, el Decreto-Ley 837 de 1994 “Por el cual se establecen los requisitos para notificar e informar la creación y desarrollo de programas académicos de pregrado y especialización de educación superior”, dispone en el artículo 2º lo siguiente:
“[E]l representante legal de las instituciones de educación superior que tienen la forma y el carácter de universidades deberá informar al Icfes sobre la creación, estado y desarrollo de sus programas académicos de pregrado y especialización y la expedición de los correspondientes títulos, con el fin de alimentar, estructurar y mantener actualizado el sistema nacional de información de la educación superior y el sistema nacional de acreditación creados por la Ley 30 de 1992, así como para el ejercicio de la inspección y vigilancia ordenadas por la Constitución Política y la ley. (...)” (negrillas fuera de texto).
A partir de la aprobación de esos programas académicos, entran en vigencia y deben ser periódicamente actualizados con el fin de garantizar el ejercicio de la función de inspección y vigilancia que le compete al Estado (D. 837/94, art. 5º). Así mismo, según lo dispuesto por el artículo 6º del mismo decreto, deben ser renovados cada cinco años. Ello significa, como bien lo afirma el ciudadano demandante, que los programas académicos que no se encuentren vigentes, son aquellos respecto de los cuales se ha incumplido con la obligación impuesta por el artículo 6º del Decreto-Ley 837 de 1994 citado, pero que a pesar de su no renovación, son programas académicos previamente autorizados y registrados por el Instituto de Fomento para la Educación Superior, Icfes.
Significa lo anterior, que previamente al ofrecimiento del programa académico, la institución respectiva dio cumplimiento al requisito de registro de ese programa, registro que se traduce, como lo afirma el Ministerio de Educación Nacional en su escrito de intervención, en el cumplimiento de los requerimientos mínimos legales para su creación y funcionamiento, de suerte que pueda el Estado ejercer en forma efectiva y eficiente su función de inspección y vigilancia a fin de garantizar los cometidos constitucionales de velar por la calidad de ese servicio público (C.P., art. 67). Lo mismo acontece con la obligación establecida en la ley de actualizar periódicamente dichos programas, pues con ello el Estado a través del Ministerio de Educación Nacional ejerce un permanente control sobre el desarrollo de los programas académicos de educación superior, velando por el cumplimiento de la función social de la educación en procura de servir a la comunidad como uno de los fines esenciales del Estado (C.P., art. 2º).
El propio Ministerio de Educación Nacional, expresa en su intervención que “[T]odos los programas académicos, incluyendo los programas ofrecidos mediante convenio o extensión a otras ciudades, deben contar con el respectivo registro en el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Icfes, y como tal deben aparecer en el sistema nacional de información de la educación superior.
Si un programa no está registrado en el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Icfes, los estudios realizados y el título que se otorga, no tienen validez, pues es claro que para el Estado colombiano el programa no existe.
El registro de un programa de educación superior y la asignación de su correspondiente código representa, para el ciudadano, la certificación del Estado sobre el cumplimiento de las condiciones actuales, básicas de coherencia, calidad y pertinencia por parte del programa, lo que acredita a las instituciones de educación superior para ofrecer, desarrollar y otorgar los títulos correspondientes” (resalta la Corte).
4.5. Ahora bien, una vez obtenido el registro de un programa académico por el cumplimiento pleno de los requisitos legales, corresponde a las instituciones de educación superior, por ministerio de la ley, como se señaló, la actualización periódica y la renovación del programa cada cinco años, lo cual armoniza plenamente con la finalidad constitucional del derecho a la educación, como es buscar el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura; y, permite el ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la educación por parte del Estado, en tanto se puede realizar un seguimiento continuo al desarrollo del programa académico que se ofrece, con lo cual se garantiza la calidad de ese servicio público.
Si se incumple con la obligación legal de la renovación del programa académico cada cinco años, el legislador previo en el literal que se examina, la posibilidad de verificar los conocimientos y destrezas de los egresados de programas cuya aprobación no se encuentre vigente, para la expedición de los títulos correspondientes, a través de la realización de exámenes de Estado, con la finalidad de evitarles a los educandos las consecuencias negativas de esa omisión de renovación quinquenal, cual es el no otorgamiento de los títulos académicos, sin que con ello se desconozca la finalidad y objetivos del servicio público de la educación, ni se desatienda la suprema inspección y vigilancia en esa materia pues, como lo señala la vista fiscal, a pesar de que esos exámenes de Estado son una flexibilización a la obligación legal de actualizar los programas académicos, se trata de buscar una solución en beneficio de quienes habiendo ingresado, a una universidad o institución de educación superior debidamente autorizada y registrada por el Estado, no pueden obtener el título debido a su no actualización. Por ello, y teniendo en cuenta que en esas circunstancias el egresado no tiene el deber constitucional de soportar esas irregularidades, el Estado acude a la verificación de conocimientos y destrezas para la expedición del título correspondiente.
Precisamente, en ejercicio de la inspección y vigilancia de la educación, el legislador en el literal que se analiza, permite la verificación del Estado de los conocimientos y destrezas de quienes luego de haber ingresado y cursado un programa académico previamente autorizado y registrado por el mismo Estado, no se encuentra vigente como consecuencia del incumplimiento de la actualización, a fin de poderles otorgar los títulos a los egresados de esos programas, una vez superen los exámenes que verificarán los conocimientos adquiridos, lo cual, lejos de contrariar la Constitución Política, consulta los principios y valores que subyacen en la carta fundamental.
5. No sucede lo mismo con la interpretación del literal b) del artículo 27 de la Ley 30 de 1992, que viene realizando el Ministerio de Educación Nacional, respecto de programas académicos que no han sido autorizados y registrados por el Estado y, por lo tanto, no se encuentran incorporados en el Sistema Nacional de Información del Icfes, pues, como lo afirma el demandante y la vista fiscal, con ello se desconoce la finalidad y la función social que debe cumplir el derecho a la educación, por mandato de la Constitución Política.
Como ya se vio, la aprobación y el registro de programas académicos para la educación superior, es un requisito que le permite al Estado, desde el momento mismo de la creación de una institución de educación superior, ejercer la suprema inspección y vigilancia que le corresponde por mandato del constituyente, a fin de garantizar la calidad del servicio público de educación que se propone desarrollar, pues no se trata, como lo manifiesta el Ministerio de Educación, de una mera formalidad, sino del acto mediante el cual el Estado garantiza a la comunidad que se cumplen plenamente todas las condiciones exigidas por la ley para la prestación de ese servicio. Con el requisito del registro, se busca, en palabras del Ministerio de Educación Nacional “darle a la actuación del Estado, transparencia y claridad”. Sin el cumplimiento del mismo el Estado, como lo sostiene en su intervención el Ministerio de Educación, “no sabe cómo funcionan, no conoce la norma interna de creación de dichos programas, el plan de estudios, las estrategias metodológicas, la descripción y el contenido de las asignaturas que se desarrollan, el objeto social de los programas y su relación con la misión y, el proyecto educativo de la institución, no sabe cómo están organizados los procesos de autoevaluación de los mismos, ni de los estudiantes; es más, no sabe si existen los recursos de infraestructura y económicos para el funcionamiento de los mismos, no conoce cuál es la planta de personal docente según dedicación y formación, ni cuáles son las características de esos programas”.
Es por el desconocimiento de lo anteriormente citado, que el Estado no puede cumplir con la obligación que le ha encomendado la Constitución Política en relación con la educación superior, pues si no tiene conocimiento de la creación de una institución de educación superior, le es imposible ejercer la suprema inspección y vigilancia sobre esa entidad, con lo cual se vulnera por completo la Constitución Política.
El artículo 97 de la Ley 30 de 1992, establece que los particulares que pretendan fundar instituciones de educación superior “deberán acreditar ante el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, que están en capacidad de cumplir la función que a aquellas corresponde y que la enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética, académica, científica y pedagógica”. Así mismo, el artículo 98 ibídem consagra que las instituciones de educación superior de carácter privado deben ser personas jurídicas “de utilidad común, sin ánimo de lucro, organizadas como corporaciones, fundaciones o instituciones de economía solidaria”. Así las cosas, si el Estado desconoce la creación de esas instituciones, no podrá el Presidente de la República, cumplir tampoco con la función que le impone el artículo 189, numeral 26, el cual establece que le corresponde “[E]jercer la inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común para que sus rentas se conserven y sean debidamente aplicadas y para que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de los fundadores”.
No se puede, a juicio de la Corte, hacer extensiva la situación que contempla el literal examinado a programas académicos sin aprobación y registro, porque ellos no son equiparables a programas académicos sin vigencia, pues, como lo afirma el Ministerio de Educación Nacional “[S]in el registro del programa, estos no existen legalmente” y, por ello, los estudios realizados y el título que se otorga no tienen validez. No puede entonces, el Estado ante esa situación, pretender convalidar títulos sin haber realizado un seguimiento respecto de la calidad del servicio con el fin de verificar si se cumple con la finalidad del derecho a la educación, como es el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura, y si los recursos de esas instituciones de utilidad común se aplicaron debidamente.
Entender el derecho a la educación únicamente como un mecanismo para la obtención de un título adelantado con indiferencia de los estándares mínimos de calidad, desdibuja por completo la finalidad asignada por el constituyente a ese derecho, como es el acceso al conocimiento, a la ciencia a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura, para formar colombianos en el respeto a los derechos humanos, a la paz y la democracia “y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente” (C.P., art. 67).
Ahora, la justificación aludida por el Icfes y el Ministerio de Educación Nacional, para realizar exámenes de Estado a programas académicos sin registro, en el sentido de que se busca solucionar los problemas de los estudiantes de programas académicos ofrecidos irregularmente, porque no tienen el deber de soportar “las omisiones o irregularidades en que incurran dichas instituciones”, no puede ser aceptado.
Ello por cuanto quienes aspiren ingresar a una universidad o a una institución de educación superior, tienen el deber de consultar y verificar si la institución y el programa al cual se quiere ingresar, están debidamente autorizados y registrados, pues, se trata de una información pública y de libre acceso, contenida en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, Snies, según informa el propio Ministerio de Educación Nacional, en el cual, además, se pueden verificar condiciones como el plan de estudio, nivel de información, modalidad de enseñanza-aprendizaje, jornada, nombre del programa, título que otorga, acto administrativo mediante el cual se aprobó la institución, información esta que debe ser permanentemente actualizada, a fin de garantizar la necesaria publicidad para garantizar a quienes aspiran a ingresar a ellos, que se cumplen los requisitos exigidos en la ley.
Es claro para la Corte que la norma acusada, que forma parte de la Ley 30 de 1992, queda circunscrita al ámbito propio de la educación superior de carácter formal impartida en instituciones educativas universitarias o universidades autorizadas para el efecto por el Estado, lo que significa que ella no se refiere a quienes adquieren conocimientos como autodidactas, pues no es esta una modalidad contemplada en la Ley 30 de 1992.
Otro aspecto constitucional que resulta desconocido con la interpretación cuestionada que del literal b) del artículo 27 de la Ley 30 de 1992 se viene realizando por parte de las autoridades del Estado, es el carácter de función social que se le atribuye por la Carta Política a la educación. En efecto, si se adelanta un programa académico sin el seguimiento continuo y permanente del Estado, de suerte que se verifique su calidad, puede resultar deficiente cognitiva y académicamente, lo cual necesariamente proyecta unos efectos negativos sobre la comunidad, la cual se va a ver afectada en las diferentes ramas del conocimiento por profesionales sin la adecuada formación, lo que conlleva un enorme riesgo social. Por ello se impone al Estado velar con ahínco por la calidad de los programas educativos que ofrecen las universidades e instituciones de educación superior, a fin de cumplir con la finalidad constitucional que en materia educativa establece la Constitución Política.
Así las cosas, la Corte Constitucional considera que la interpretación del literal b) del artículo 27 de la Ley 30 de 1992, realizada por el Ministerio de Educación, en el sentido de que los egresados de programas académicos sin aprobación y registro, pueden convalidar dichos programas mediante exámenes de Estado y recibir los títulos correspondientes, desconoce la finalidad constitucional del derecho a la educación.
Declarar EXEQUIBLE el literal b) del artículo 27 de la Ley 30 de 1992, en el entendido que los exámenes de Estado que autoriza esa disposición, no se pueden realizar a estudiantes egresados de programas académicos no aprobados ni registrados por el Estado.