Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/documento/11867
Timestamp: 2020-02-22 23:17:42
Document Index: 105543859

Matched Legal Cases: ['artículo 209', 'artículo 38', 'artículo 78', 'artículo 14', 'artículo 38', 'artículo 81', 'Artículo 81']

Sentencia: CE SIII E 15686 DE 2011
Una entidad pública no puede obligarse con una persona determinada a celebrar todos los contratos de obra pública para el mantenimiento de una vía.
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO COMUNITARIO – EATCOM- VS. MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
Un municipio suscribió un contrato de comodato con una entidad. En una cláusula se estableció que la entidad contratante se obligaba a celebrar todos los contratos relativos a la conservación, mantenimiento y adecuación de unas vías con una persona determinada.
¿Puede una entidad pública obligarse en un contrato a celebrar todos los contratos de obra pública necesarios para el mantenimiento de una vía, con una misma persona?
«(...) En efecto, a través de la disposición contractual el municipio de Valledupar se obligó a celebrar todos los contratos relativos a la conservación, mantenimiento, adecuación y arreglo de vías (contratos de obra Pública) con el comodatario y resulta evidente que la entidad comodante no podía contraer tal obligación sin desconocer los más elementales principios que informan la función administrativa a términos del artículo 209 de la Constitución Política –igualdad, moralidad, eficacia e imparcialidad -, entre otros y sin incurrir en violación de los preceptos imperativos contenidos en el Decreto Ley 222 de 1983 y de la ley 80 de 1993, normas vigentes mientras estuvo vigente el contrato de comodato.
En vigencia de la ley 80 de 1993 sucede lo mismo. La disposición contractual sub - exámine, se halla viciada de objeto ilícito en la medida en que la obligación contraída vulnera abiertamente los preceptos contenidos en los artículos 23, 24 y 29 ibídem, vigentes para la época, los cuales desarrollaban los principios rectores de la actividad contractual del Estado, particularmente el – principio de transparencia-, en virtud del cual la escogencia del contratista se efectuaría siempre a través de la licitación o concurso públicos, salvo en los casos en los cuales fuera procedente la contratación directa, evento en cual también resulta aplicable el deber de selección objetiva, el cual impone que la escogencia recaerá sobre el ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores distintos.
Como se puede observar, de un sencillo análisis se desprende sin hesitación alguna que la cláusula contractual desconocía preceptos de orden imperativo que, desde luego, no podía desconocer la administración municipal, con lo cual contrajo obligaciones contrarias al orden jurídico, en la medida en que, con la disposición contractual cercenó la posibilidad de celebrar contratos de obra pública con el objeto de realizar labores de conservación, mantenimiento, adecuación y arreglo de vías veredales del municipio de Valledupar en igualdad de condiciones y oportunidades con otros sujetos distintos al comodatario, contrayendo así una obligación que soslaya o contraviene disposiciones que hacen o hicieron parte para aquella época, del derecho público de la Nación (...)».
Una entidad pública no puede obligarse en un contrato a celebrar todos los contratos de obras públicas necesarios para el mantenimiento de una vía, con una misma persona, debido a que con esto se vulneraría los principios de transparencia y selección objetiva que rigen la actividad contractual pública. Al obligarse la entidad a celebrar contratos futuros con una persona determinada, se está afirmando que en estos no se realizarán procesos de selección de los contratistas, los cuales son obligatorios en todos los contratos de obra pública, para el respeto de los principios mencionados.
Los contratos se rigen bajo las leyes vigentes en el momento de su perfeccionamiento
Un municipio suscribió un contrato con una persona de derecho privado antes de la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993. Durante la ejecución del contrato, el municipio decidió terminarlo unilateralmente, amparándose en las facultades otorgadas por los artículos 17 y 61 de la mencionada ley, que ya había entrado en vigencia.
¿Puede una entidad pública aplicar las disposiciones legales contenidas en la Ley 80 de 1993, en contratos que se celebraron antes de su entrada en vigencia?
«(...) El artículo 38 de la ley 153 de 1887 preceptúa que “En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración”, por consiguiente, las leyes nuevas carecen, en principio, de la virtualidad para afectar las relaciones jurídicas consolidadas, de esta manera se busca propender por la seguridad y la estabilidad en las relaciones negociales y por la confianza de los asociados en el ordenamiento que los regenta[3], cuando la ley ha definido el marco dentro del cual pueden los contratantes fijar los términos en los cuales ha de desarrollarse la relación negocial, la ley promulgada con posterioridad deba respetar el acuerdo de voluntades que se ha concretado con la ley anterior.
Por otra parte, el artículo 78 de la ley 80 de 1993 guarda armonía con las disposiciones antes señaladas, en cuanto preceptúa que: “…Los contratos, los procedimientos de selección y los procesos judiciales en curso a la fecha en que entre a regir la presente ley, continuarán sujetos a las normas vigentes al momento de su celebración o iniciación….”, lo cual permite deducir que el estatuto de contratación estatal contenido en la ley 80 de 1993, no tiene aplicación retroactiva. (Subraya fuera del texto).
A juicio de la Sala las disposiciones legales contenidas en la ley 80 de 1993 no eran aplicables al contrato de comodato[5], de manera que las cláusulas excepcionales al derecho común previstas por el numeral 2 del artículo 14 ibídem, no podían entenderse incorporadas a la relación negocial que vinculaba a las partes de forma precedente y, por lo mismo, la Administración Pública no podía proferir actos administrativos al amparo de dicha normatividad porque no era ésta la ley del contrato (...)».
[1] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 25 de marzo de 2010, Expediente No. 36.489.
[2] PLANIOL Marcel y RIPERT Geogers, Derecho Civil. Colección Clásicos del Derecho, 1996. Págs. 32 y ss.
[3] A este respecto la Sección Tercera de la Corporación se ha pronunciado en reiteradas oportunidades. Así, en sentencia del 15 de mayo de 1192, Exp. No. 5326, la Sala adoptó los planteamientos expuestos por el profesor Pascual Fiore, en relación con el principio de irretroactividad de las leyes: "Los contratos deben tener estabilidad y no pueden estar sujetos al proceso mudable de la legislación de un país. Pascual Fiore, en su importante obra "De la irretroactividad e interpretación de las leyes', dice lo siguiente:
" ' Los derechos que traen su origen de un acto humano, son los que con preferencia a todos los demás deben ser considerados como derechos adquiridos, cuando el autor de tales hechos, de los cuales proviene dichos derechos, no puede por su sola voluntad destruir o modificar los efectos jurídicos que son consecuencia de los mismos, ni las obligaciones que de ellos se derivan en favor de las otras distintas personas; un título irrevocable. En este caso se encuentran los derechos que nacen de los contratos, de los cuasicontratos, de los delitos y de los cuasidelitos.
" ' Constituyendo las obligaciones un vínculo jurídico que crea una relación entre dos personas, en virtud de la que una de ellas (que es la que viene a ser acreedora) puede exigir de la otra ( que se convierte en deudora) la prestación objeto de la misma, y no pudiendo nacer este vínculo jurídico mas que en el momento en que tiene lugar el concierto de ambas voluntades, parece desde luego que todo debe depender en esta materia de la ley bajo cuyo imperio se hubiere llevado a cabo dicho concierto, y por lo tanto, no puede existir duda racional alguna de que sobre tal relación jurídica no cabe tener autoridad la ley posterior.
"Parece pues, fuera de toda controversia la regla de que las obligaciones y cuanto concierne a su existencia, su validez y sus efectos, deben quedar bajo el imperio de la ley que estuviera en vigor en el momento en que la obligación tuvo su origen, y que puede aplicarse la ley nueva a las obligaciones nacidas antes de ella, sin dar a la misma una injusta retroactividad.
[4] Salvo en los aspectos procesales como supuesto atinente al modo de reclamar en juicio los derechos emanados de un contrato, a términos del artículo 38 de la ley 153 de 1887.
[5] La ley 80 de 1993 fue promulgada en el diario oficial No. 41.094 del 28 de octubre de 1993, en tanto el contrato de comodato fue celebrado el día 13 de agosto de 1993.
En cuanto a la vigencia de la ley el artículo 81 dispone: Artículo 81.- De la derogatoria y vigencia. A partir de la vigencia de la presente ley, quedan derogados el Decreto – Ley 2248 de 1972; la Ley 19 de 1982; el Decreto – Ley 222 de 1983, excepción hecha de los artículos 108 a 113; el Decreto – Ley 591 de 1991, excepción hecha de los artículos 2º, 8º, 17 y 19; el Decreto – Ley 1684 de 1991; las normas sobre contratación del Decreto 700 de 1992, y los artículos 253 a 264 del Código Contencioso Administrativo; así como las demás normas que le sean contrarias.
PRÁGRAFO 1º TRANSITORIO.- La presente ley entrará a regir en relación con la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A., y para todo lo que tenga que ver con la prestación del servicio de agua, alcantarillado y aseo, tres (3) años después de su promulgación.
PARÁGRAFO 2º TRANSITORIO. A partir de la promulgación de la presente ley, el gobierno adelantará con la colaboración de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, y de las demás entidades estatales, así como de los organismos o entidades gremiales y profesionales, actividades pedagógicas y de divulgación del presente estatuto.
Una entidad pública no puede aplicar las disposiciones legales contenidas en la Ley 80 de 1993, en contratos que se celebraron antes de su entrada en vigencia, debido a que las leyes que rigen en los contratos son las que se encontraban vigentes en el momento de su perfeccionamiento. Por lo tanto, las normas promulgadas durante el desarrollo del contrato no pueden ser aplicadas al mismo.
Documento: CE SIII E 15686 DE 2011
Una entidad pública no puede obligarse con una persona determinada a celebrar todos los contratos..