Source: http://www.franciscosantana.net/2017/07/sala-constitucional-admite-demanda-por_11.html
Timestamp: 2017-09-24 03:03:40
Document Index: 184346932

Matched Legal Cases: ['artículo 178', 'artículo 357', 'artículo 357', 'artículo 350', 'artículo 3', 'artículo 130', 'artículo 178', 'artículo 56', 'artículo 3', 'artículo 178', 'artículo 29', 'artículo 31', 'artículo 178', 'artículo 30', 'artículo 10', 'artículo 70', 'artículo 177', 'artículo 153', 'artículo 29', 'artículo 31']

Sala Constitucional admite demanda por intereses colectivos y difusos contra la Alcaldesa del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira ~ Jurídicas de Interés
Sala Constitucional admite demanda por intereses colectivos y difusos contra la Alcaldesa del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira
martes, julio 11, 2017 Francisco Santana
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/julio/201018-536-11717-2017-17-0741.HTML
Los actores alegaron lo siguiente:
Que son habitantes del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, quienes han sido víctimas de los hechos que consideran delictuosos y terroristas por parte de grupos de personas los cuales se han dedicado a “…trancar las vías de tránsito vehicular, arrojando basura, destruyendo el alumbrado público impidiendo el flujo de las mercancías que abastecen los comercios con productos de primera necesidad, quemando unidades de transporte público y privado, restringiendo el transporte de combustible para las diversas estaciones de servicio y limitando el abastecimiento de gas a los habitantes [del referido Municipio]…”.
Que en el mismo sentido, dichas acciones impiden el cumplimiento efectivo del cronograma escolar por parte de los jóvenes estudiantes. Asimismo tal accionar constituye un daño al patrimonio público del Municipio, un daño al medio ambiente, ello en virtud de la tala ilegal de árboles, la quema de desperdicios, la sustracción de alcantarillas, destrucción de semáforos, entre otras, todo ello con los fines de ser utilizados para impedir el tránsito vehicular en el territorio del Municipio.
Que dichos grupos de acción “…han amenazado por medio de panfletos a los comerciantes para que no ejerzan sus actividades dirarias, obstruyendo la libertad de comercio, no han permitido la recolección de basura de manera habitual para utilizarla en sus hechos violentos, de igual manera la ciudadana Alcaldesa (sic) ha permitido la conculcación de derechos constitucionales, dando pie a la afectación del orden público, el libre tránsito, entre otros, al permitir la materialización de reuniones y manifestaciones apartada de los requisitos establecidos en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, inclusive formando parte de estas…”.
Que con la presente demanda pretende que la ciudadana cumpla con sus obligaciones como alcaldesa previstas en el artículo en el artículo 178 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que el incumplimiento de dicho artículo trae como consecuencia la violación de distintos fundamentales garantizados en nuestra Carta Política.
Que nuestra norma fundamental garantiza el derecho a la manifestación pacífica y sin armas, sin embargo, alegan que en el Municipio donde residen, “….no se puede considerar que una manifestación es pacífica cuando se colocan barricadas en muchas oportunidades con fuego que impiden (sic) que los vecinos puedan ejercer plenamente sus derechos constitucionales al libre tránsito, a llegar a su vivienda con sus familiares y seres queridos, que puedan trabajar, llevar a sus hijos al colegio, atenderse oportunamente con casos de salud, y en fin no tener acceso a que la alcaldesa resuelva los problemas que le competen…”.
Destacan que “…poner obstáculos en una vía de circulación de cualquier medio de transporte constituye el delito previsto en el artículo 357 del Código Penal (…) en este sentido asaltar o apoderarse de los medios de transporte como habitualmente lo hacen este grupo de terroristas, constituye un hecho delictivo previsto y sancionado en el segundo aparte del artículo 357 ejusdem…”.
Denuncian que la alcaldesa actúa con premeditación al no generar órdenes precisas para que la policía municipal, bomberos y los diferentes entes del Municipio, que eviten la conculcación de los derechos precitados.
De igual forman denuncian que la presunta agraviante realiza, de manera pública, notoria y comunicaciones, instigaciones a delinquir, usando como excusa el artículo 350 de nuestra norma Suprema.
En este sentido, indican que la falta de acción por parte de la referida funcionaria conlleva a la violación de los derechos constitucionales relativos al libre tránsito, al trabajo, a la educación, a la salud, a la familia, a la seguridad personal y a la protección del medio ambiente.
Asimismo, solicitaron amparo cautelar de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en los siguientes términos:
(…) que ordene a PATRICIA LORENA GUTIERREZ (sic) FERNANDEZ (sic) (…) permita el libre tránsito de aquellas personas que habitan y transiten por el territorio correspondiente al Municipio San Cristóbal del estado Táchira.
(…) que [la precitada alcaldesa] (…) coordine con las diferentes direcciones que se encuentran bajo su dirección, para que preste la debida seguridad a aquellos venezolanos que diariamente se trasladen a sus sitios de trabajo, de estudio o a sus hogares (…)
[que] se abstenga a efectuar declaraciones a través de los diferentes medios de comunicación, que se consideren una instigación pública a la desobediencia de las leyes o al odio entre sus habitantes o hiciere apología de hechos que la ley prevé como delitos (…).
Por último solicitaron sea admita la presente demanda y se declare con lugar en la definitiva.
Corresponde a la Sala determinar su competencia para el conocimiento de la presente demanda interpuesta por los ciudadanos Jacqueline Consuelo Monsalve Colmenares y Gregory Dennys Javier Pérez Barrera, en la que invoca la protección de intereses colectivos y difusos respecto a la ciudadana Patricia Lorena Gutiérrez Fernández, en su carácter de Alcaldesa del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, y por la cual denuncia la violación, por parte de la referida funcionaria, de los derechos constitucionales relativos al libre tránsito, derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la familia, a la seguridad personal y a la protección del ambiente.
En ese sentido, se observa que los hechos relatados en el escrito presentado y que motivan la presente demanda consisten en la presunta violación, por parte de la alcaldesa del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, al libre desenvolvimiento de los derechos constitucionales relativos al libre tránsito, al trabajo, a la educación, a la salud, a la familia, a la seguridad personal y a la protección ambiental, ello en virtud a la supuesta omisión de funciones que incurre la precitada funcionaria al aparentemente permitir que vecinos del Municipio que representa coloquen obstáculos en la vía pública, atenten contra el ambiente con la tala de árboles y quemen objetos y desechos.
En este sentido, se observa que si bien la presente demanda ha sido intentada por unos habitantes del Municipio ya indicado, los hechos que relatan y su pretensión afecta a un sector poblacional determinado e identificable como son las personas que habitan, laboran o circulan por el Municipio San Cristóbal del Estado Táchira. Por tanto, con base a tales características la presente demanda debe calificarse como aquellas dirigidas a la protección de intereses colectivos y, así se declara.
Aunado a lo anterior esta Sala observa la relevancia constitucional que tienen los derechos constitucionales que supuestamente resultan vulnerados por parte de la mencionada alcalde, tales como los derechos a la salud, medio ambiente, educación, seguridad personal y libre tránsito, entre otros, por lo que el asunto de autos posee la característica a la que se refieren los citados dispositivos contenidos en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que atribuyen competencia a esta Sala, ya que si bien según alegan los demandantes se circunscriben a los términos territoriales de dicho Municipio, los mismos tienen trascendencia nacional, por la particular situación existente en la Nación, que ha generado la afectación directa de personas y familias y por tanto, requieren de tutela especial por parte de la Sala Constitucional dado los bienes jurídicos a proteger.
Corresponde a la Sala decidir sobre la solicitud de amparo cautelar y, en tal sentido, advierte que el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece que: “En cualquier estado y grado del proceso las partes podrán solicitar, y la Sala Constitucional, podrá acordar, aun de oficio, las medidas cautelares que estime pertinentes. La Sala Constitucional contará con los más amplios poderes cautelares como garantía de la tutela judicial efectiva, para cuyo ejercicio tendrá en cuenta las circunstancias del caso y los intereses públicos en conflicto” (resaltado de esta Sala).
Al respecto, esta Sala teniendo en consideración los alegatos de la parte accionante, así como los anexos presentados por ésta, signados con las letras “C” y “D”, observa como hecho público, notorio y comunicacional, las siguientes informaciones aparecidas en diferentes páginas informativas en internet, las cuales han sido consultadas en fecha 11 de julio de 2017, de las cuales se desprenden hechos violentos en las manifestaciones, perturbación a la paz local, limitación al acceso a las vías públicas, y participación de niños, niñas y adolescentes en algunas de estas concentraciones. Así, se reseña:
1. www.entornointeligente.com/articulo/10264472/VENEZUELA-Nuevamente-paralizada-San-Cristobal-por-las-jornadas-de-protestas-de-calle-11072017
La avenida Rotaria se ha convertido en zona clave para las protestas. (Foto Gustavo Delgado) Tala indiscriminada de árboles para las protestas, generan daño ambiental y afean la ciudad. (Foto Gustavo Delgado) Una bandera de 22 metros fue utilizada para "bloquear" la intersección de la Rotaria con 19 de Abril. (Foto Gustavo Delgado) La actividad de protesta de este lunes convocada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) denominada "Trancazo" por 10 horas, se cumplió en San Cristóbal en un 80 %, sobre todo en calles y avenidas consideradas como claves para dicha actividad: las avenidas Rotaria, Carabobo, España, Libertador, Antonio José de Sucre, Ferrero Tamaño, 19 de Abril; y en sitios como Barrio Obrero, Barrio Sucre y Las Acacias.
La actividad tuvo este lunes la particularidad de que el "encierro" en la ciudad se da por su simple naturaleza de protestas, mas no por la participación masiva de la población, que a decir de la misma oposición, disminuyó en esta oportunidad por la incertidumbre de la misma convocatoria ante la salida o el beneficio otorgado por el Tribunal Supremo de Justicia a Leopoldo López que lo llevó de la cárcel de Ramón Verde a su residencia en Chacao.
La poca participación de la población en varios sectores de la ciudad y del interior del estado, se debió también -según dijeron- a que la MUD informó la noche del domingo que el denominado "Trancazo" sería de dos horas y posteriormente ampliaron a 10 horas.
Esteban, señor de 65 años de edad, detuvo su camión 350 al lado de la enorme bandera de 22 metros que servía de tapón en la Rotaria, intersección con la Av. 19 de Abril.
"Estos c... hablan de dictadura y son ellos quienes nos someten a trancas y nos evitan la libre circulación. Si tú te pones a ver, quienes están trancando en este punto son cuatro personas; y para ellos, es un éxito atentar contra el ornato de la ciudad, trancar el progreso y someter a la Ciudad de la Cordialidad en un atraso nunca antes visto, así no se protesta; y que conste que no soy chavista pero creo que lo mejor es hacer lo que ha hecho en este momento Leopoldo López, un hombre pensante y líder a quien voy a apoyar, hay que dialogar en vez de hacerle daño al mismo pueblo porque eso es lo que está pasando con estas protestas: se trabaja medio día, la gente no tiene calidad de vida por la zozobra a que es sometida y a San Cristóbal la estamos acabando poco a poco".
La jornada de calle denominada "Trancazo" de este lunes se cumplió para sus promotores en un rotundo éxito, puesto que se paralizó la ciudad en su totalidad y se dijo que en horas de la tarde la soledad fue mayor porque se abrieron más puntos de protestas.
2. http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/ciudadanos-trancan-con-barricadas-vias-san-cristobal_190079
Varias calles de San Cristóbal, en el estado Táchira, amanecieron este miércoles repleto de barricadas.
En imágenes difundidas a través de Twitter, se observan escombros en las vías para impedir el tránsito vehicular.
Usuarios de la red social reportaron que las vías hacia el Barrio Sucre, a la altura de El Leñador, y la avenida Universidad se encuentran cerradas.
Para este miércoles se tiene previsto un gran “trancazo nacional” que iniciará a las 12:00 pm y culminará a las 4:00 pm.
3. https://www.lapatilla.com/site/2017/07/06/taachira-tambien-amanecio-con-trancazo-este-6jul/
Este jueves, tachirenses trancan varias vía de los Municipios Pedro María Ureña, San Antonio del Táchira y Rubio como medida de protesta en contra del gobierno nacional, reseña El Nacional.
Los residentes de estas localidades salieron desde tempranas horas para cerrar las calles con árboles, vehículos e incluso con bombonas de gas doméstico, debido a que la falta de este servicio es una denuncia constante en la entidad
Ante tal situación esta Sala Constitucional, el amparo cautelar solicitado es extensible al proceso como el de autos conforme a la doctrina sentada por esta Sala, entre otras, en la decisión n.° 1084 del 13 de julio de 2011, caso: José Rafael García García.
Atendiendo a ello, dado el amplio poder cautelar de esta Sala en protección de los derechos y garantías constitucionales y de los bienes jurídicos que especialmente ellos resguardan y atendiendo a la situación fáctica planteada por los demandantes como al hecho notorio comunicacional, del cual tiene conocimiento esta Sala, así como atendiendo a la competencia constitucional que tienen los Alcaldes, en el artículo 178 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desarrolladas en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, así como a los derechos constitucionales denunciados como lesionados 26, 27, 50, 51, 55, 75, 78, 80, 81, 83, 112, 127, 131, 137, 139, 141 y 256 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de los artículos 1, 2, 3, 5, 56, 75, 76, 84, 88 numerales 1, 2, 15, 21 y 24; 90, 92 y 95 numerales 13, 20 y 23 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, entre otros, se acuerda amparo constitucional cautelar, con fundamento en lo previsto en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y, en consecuencia, se ORDENA a la Alcaldesa del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, ciudadana Patricia Lorena Gutiérrez Fernández, que dentro del Municipio en el cual debe ejercer la competencia atribuida en el artículo 178 constitucional:
Asimismo, se le recuerda que conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el presente mandamiento de amparo constitucional cautelar debe ser acatado por la referida alcaldesa, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad y a exponerse a la sanción prevista en el artículo 31 eiusdem. Asimismo, visto que dicho mandamiento se sustenta en la conducta omisiva referida a la falta de cumplimiento por parte de la citada autoridad municipal de lo previsto en el artículo 178, numerales 2, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Constitución, en concordancia con los artículos 56 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se ordena la ejecución inmediata e incondicional de lo ordenado en el presente fallo., con fundamento en el artículo 30 ibídem.
Por último, la Sala atendiendo a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial así como en lo previsto en los artículos 29 y siguientes de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y en el principio de sana crítica que impera en los procesos constitucionales, estima necesario requerir en atención a lo contemplado en el artículo 70 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el apoyo y colaboración de los Juzgados con competencia en lo civil y en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, a los fines de que practiquen en el Municipio antes indicado, las inspecciones correspondientes, con la finalidad de constatar el cumplimiento o no del amparo cautelar en los términos en que ha sido dictado por esta Sala, e informe de dichas resultas a esta instancia constitucional, dado los intereses colectivos tutelados. Para dicho informe podrá auxiliarse con medios fotográficos y audiovisuales, y en caso de que lo estime necesario, con expertos de su elección.
PRIMERO: COMPETENTE para conocer la demanda ejercida por los ciudadanos Jacqueline Consuelo Monsalve Colmenares y Gregory Dennys Javier Pérez Barrera, la cual se ADMITE.
SEGUNDO: Se ORDENA la remisión del presente expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Sala, a fin de que practique la citación, por cualquier medio, de la ciudadana Patricia Lorena Gutiérrez Fernández, alcaldesa del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, asimismo notifíquese a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público y emplace por cartel a los interesados o interesadas, todo conforme a lo previsto en el artículo 153 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
TERCERO: Se acuerda amparo constitucional cautelar y, en tal sentido, se ORDENA a la ciudadana Patricia Lorena Gutiérrez Fernández, alcaldesa del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, que dentro del Municipio en el cual ejerce su competencia:
De conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el presente mandamiento de amparo constitucional cautelar debe ser acatado por la Alcaldesa del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, ciudadana PATRICIA LORENA GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad y a exponerse a la sanción prevista en el artículo 31 eiusdem.