Source: http://elprocesalista.com.ar/Lectura07.html
Timestamp: 2017-09-24 21:17:37
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Los Procesos de Conocimiento Amplios
1. La supresión del proceso sumario. Una tendencia confirmada
La ley 25.488 deroga las normas que regulaban el proceso sumario. Esta modificación toca uno de los pilares del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, razón por la cual el análisis que propongo supone examinar algunas de las notas esenciales de este proceso, el cual se ha denominado proceso plenario abreviado ya que agota la cognición judicial sobre la pretensión del actor y la oposición del demandado, con una sentencia que hace cosa juzgada material 1 .
La adopción de una forma abreviada de debate judicial descargada de formalidades, junto al proceso ordinario o de conocimiento pleno, por la legislación nacional fue justificada con el argumento de que ella conducía a una mayor celeridad en la dilucidación de los conflictos.
La propuesta de la reforma procesal de los años sesenta suponía que la respuesta jurisdiccional, en un esquema procesal que respetara la comunicación en el proceso fundamentalmente mediante piezas escritas y con una doble instancia de juzgamiento, podía ser mejorada mediante una versión que se limitara a reducir ciertas dimensiones temporales y formales. La iniciativa contaba con bases históricas que evidenciaban que los plenarios rápidos respondían a una fuente histórica diversa de aquella de la que deriva el proceso ordinario. Estas fuentes nos ayudarán a examinar la finalidad que podría haberse logrado producto de la adopción del proceso ordinario. También permitirán advertir cómo se fue desvirtuando la idea original.
La evolución del pensamiento procesal español ayuda a entender el peso de la tradición cultural que termina por rescatar una visión formal del proceso. El paradigma de la seguridad que el proceso escrito pareciera ayudar a alcanzar, obstaculiza llevar adelante los cambios que la sociedad reclama en términos de inmediación y oralidad en el debate de cuestiones procesales no penales.
Las reformas al Código Procesal de 1968 han tenido como presupuesto común el reconocimiento de la necesidad de una mayor celeridad y han buscado con la audiencia preliminar acrecentar el acercamiento del juez a las partes. Desafortunadamente, todas ellas han desertado de la finalidad propuesta. Como de estos comentarios previos se intuirá, la supresión del sumario, en mi opinión, es un nuevo paso desacertado que supone profundizar el camino de regreso hacia formas ya estériles de llevar adelante el poceso.
1.2. La incorporación del proceso sumario por la reforma de 1968
El Código de Procedimientos en Materia Civil y Comercial, que regía en la Ciudad de Buenos Aires hasta 1968, contemplaba un proceso ordinario por el cual tramitaban todos los juicios que no tuvieren previsto un proceso especial. La dicotomía proceso ordinario-procesos especiales fue modificada por la reforma de la ley 17.454, que puso en vigor el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, al incorporar junto al ordinario, como procesos de conocimiento pleno, al sumario y al sumarísimo.
En el dictamen de la Comisión Redactora 2 de la ley 17.454 encontramos que la reforma se apoyó en tres ideas centrales para modificar el viejo Código:
1°) Otorgar a los jueces mayores atribuciones en lo referente a la dirección de las causas, sin abandonar el principio dispositivo y en el marco de un sistema escrito con doble instancia;
2°) sancionar la inconducta procesal, y
3°) suprimir formalidades superfluas para agilizar los trámites procesales. Esta última pauta estaba destinada a eliminar los factores que gravitan en la excesiva prolongación de los juicios.
La Comisión, al explicar la incorporación del proceso sumario, afirmó que para lograr el tercer objetivo, consistente en desformalizar los procesos para obtener una mayor rapidez en la tramitación, creaba un nuevo tipo procesal, que fue calificado como simple y abreviado. Expresamente mencionó que el objetivo consistía en “hacer del proceso sumario un instrumento apto para obtener la celeridad adecuada a la solución de las controversias”.
Si tenemos en cuenta que uno de los tres ejes de la ley 17.454 fue eliminar formalidades estériles para agilizar la dilucidación de los procesos, y tomamos en consideración que dicho objetivo se intentó lograr por intermedio de la creación del proceso sumario, es posible coincidir que su incorporación no tenía un carácter marginal o de menor trascendencia sino que, por el contrario, su suerte coincidía con el logro de los objetivos de la reforma 3 .
Colombo 4 comenta que la Comisión encargada de redactar la ley 17.454 en un primer momento se propuso adoptar el proceso sumario sólo para un reducido número de casos en los que la controversia no ofreciera a priori mayores dificultades. Posteriormente, recuerda, la reacción natural ante las conocidas demoras del juicio ordinario, llevó a superar su primer carácter residual reservado a unas pocas cuestiones identificadas por su simplicidad. Es interesante el testimonio de Colombo que permite confirmar que el propósito inicial de la Comisión fue reducir el catálogo de cuestiones a resolver por intermedio del proceso sumario. Ello es congruente con lo previsto por el artículo 319 del Código que dispone que todas las contiendas que no tuvieren señalada una tramitación especial, serán ventiladas en juicio ordinario. La redacción dada al citado artículo 319 permite inferir la primacía que aparentemente le dio la ley 17.454 al proceso ordinario sobre los otros procesos plenarios. También lo es con el esquema fijado, en la redacción original, para regular el proceso sumario, según el cual en los artículos 486 a 497 se establecen las reglas que diferencian su tramitación con respecto al ordinario. El último de esos artículos, el 497, remite al proceso ordinario en tanto establece que serán de aplicación las normas generales en lo que fuesen compatibles con el carácter abreviado del referido proceso. En consecuencia, las previsiones del proceso ordinario resultaban aplicables al proceso sumario en tanto y en cuanto no desnaturalizaran la pretendida celeridad que hace a su esencia. Ambos criterios permiten asignarle al proceso ordinario un carácter general y al sumario una asignación específica vinculada con un cierto tipo de conflicto. Las normas mencionadas parecieran coincidir con esa primera intención de la Comisión, recordada por Colombo, de reservar el sumario para unas pocas materias caracterizadas por su sencillez. A pesar de esa aparente primacía del ordinario sobre el sumario, la Comisión entendió que el objetivo de la reforma de desformalizar y abreviar el proceso podía lograrse por la implementación del sumario. En síntesis, habitó en la reforma una indecisión de origen sobre cuál era el proceso central sobre el que la figura del juez director, con mayor control sobre la conducta de las partes, permitiría mejorar el servicio de justicia.
Veamos las controversias reservadas al proceso sumario para poder avanzar sobre el dilema antes planteado. A la hora de identificar el tipo de conflicto que debía tramitar según las normas del proceso sumario se emplearon tres criterios de una gran amplitud. En primer lugar, la Comisión utilizó la noción de cuantía fijando un determinado techo económico para las cuestiones a ser resueltas por intermedio del juicio sumario. En la redacción original del Código se hacía referencia a los procesos de conocimiento de competencia de la Justicia Nacional de Paz, encomendado su tramitación por el proceso sumario. La vieja justicia lega nacida en la Ciudad de Buenos Aires en el año 1893, transformada en letrada por la ley 11.924 y luego sustituida por la Justicia Nacional Civil, respondía a una fuerte tradición jurídica en la cual se destaca el aspecto social y de convivencia, que por su intermedio se intentaba tutelar 5 . Constituía una respuesta pensada para resolver problemas de vecindad y reclamaba un proceso descargado de solemnidades que permitiera una solución eficaz, justa y rápida. La referencia a la cuantía, que realiza la ley 17.454, es tributaria de la necesidad de dar una respuesta ágil y sin mayores formalidades a conflictos que, insertados en relaciones de vecindad, contribuyen a que el ciudadano pueda percibir que el servicio de justicia está preparado para atender reclamos de la vida cotidiana 6 .
La segunda pauta establecida por la ley es ciertamente imprecisa. Se individualizan en catorce apartados las materias que tramitarán por este proceso sin que sea posible encontrar un claro denominador común que permita explicar las razones que motivaron la inclusión de algunas materias y definieron la exclusión de otras 7 . Podría asumirse que el legislador entendió que las materias asignadas al proceso sumario tenían en común su aparente menor complejidad, pero algunos apartados revelan que no todas ellas pueden ser consideradas como de fácil resolución. Como ejemplo menciono que el apartado k, habla de los juicios por daños y perjuicios derivados de delitos y cuasidelitos. Con referencia a esta materia no puede afirmarse que en los debates procesales para la dilucidación del conflicto las dificultades estén ausentes. Muy por el contrario, en controversias sobre responsabilidad extracontractual los hechos y las pruebas presentan aristas de trabajosa resolución. Cabe sí pensar que este tipo de controversia fue elegido por ser uno de los temas que asiduamente se plantean en la justicia. Si esta asunción fuera cierta tendríamos que el proceso sumario fue concebido como primera experiencia de aligeramiento de los pasos procesales, que de dar resultado positivo podría terminar por ocupar el plano central, desplazando al proceso ordinario. Esta última posición es coherente con lo expresado por la Comisión Redactora y con las afirmaciones de Colombo antes referidas.
La tercera pauta establecida en el inciso 3° del artículo 320 de la ley 17.454, consistía en señalar que también tramitarían por el proceso sumario los demás casos que la ley establecía. Así, en los siguientes procesos se debían utilizar las reglas del proceso sumario: acciones posesorias, rendición de cuentas, acción de deslinde, división de cosas comunes, desalojo y cobro de alquileres ante la negativa del carácter de inquilino por el demandado.
El análisis de las materias reservadas al proceso sumario permite coincidir con Clemente Díaz 8 cuando se pronunciaba a favor de su preeminencia con respecto al proceso ordinario.
1.3 ¿Qué corriente de pensamiento representa el proceso ordinario en el contexto de un proceso en donde predomina la comunicación escrita? ¿Cuáles son las razones históricas que permiten entender que el proceso sumario es un paso adelante en el camino de la desformalización del debate judicial?
Para intentar contestar esos interrogantes seguiré aquí la posición de Falcón 9 , quien entiende que la bipolaridad entre proceso ordinario y sumario, al sancionarse la ley 17.454, representó un puente entre el pasado (proceso ordinario) y el futuro (proceso sumario), que estaba preparado para saltar hacia el proceso oral. Lamentablemente, concluye, por un efecto similar al de la Ley de Gresham (“la moneda mala expulsa a la buena”), en la práctica el proceso ordinario, en los hechos, expulsó al sumario, ordinarizándose la generalidad de los trámites. Luego me ocuparé de la conclusión de Falcón sobre el fracaso de la sumarización. Ahora me detendré sobre la relevancia de identificar las fuentes de ambos procesos. El proceso ordinario encuentra su origen en el antiguo proceso de conocimiento llamado como ordo prevatorum iudiciorum , y el proceso sumario tiene como antecedente la Clementina Sæpe si contigit de 1306 10 .
No intento hacer aquí una mera cita histórica, que por otra parte ha sido admitida pacíficamente por la doctrina. Me propongo acompañar la línea argumental que consideró un avance la incorporación del proceso sumario como preludio de un debate judicial ágil, eficaz, público y transparente, con una marcada inmediación entre las partes y el juez, que permitiría materializar el derecho al debido proceso. Mi intención es acompañar el razonamiento planteado por Falcón en tanto entiende que la adopción del sumario significó un salto cualitativo que preparaba un proceso superador de las experiencias anteriores.
Desde esa perspectiva me ocuparé de los antecedentes de ambos tipos de proceso. El primero de ellos, el solemnis ordo iudiciarios , conocido como el proceso “común”, fue adoptado por los tribunales eclesiásticos e imperiales. Nace en el Medioevo, producto del descubrimiento de la obra de Justiniano y de las reformulaciones que de él hicieron los estudiosos que cobijó la Universidad de Bolonia 11 . Cappelletti 12 se ocupa de detallar las siguientes características del proceso común:
• Predominio absoluto de la expresión escrita en las actividades procesales: “Quod non est in actis, non est in mundo” .
• Desaliento de toda relación personal, directa y pública del órgano jurisdiccional con las partes, testigos, peritos y demás fuentes de información. “Los actuarii, notarii y otros personajes tomaron el lugar del juez en el examen de los testimonios in camera , traduciendo (inevitablemente, con frecuentes alteraciones) las palabras vivas al lenguaje escrito, por lo común al latín. El tribunal se topaba con los ‘papeles' recién al final del procedimiento. La consecuencia obvia era un verdadero y propio muro erigido entre el juez y las demás personas coimplicadas en el proceso”.
• Valoración de la prueba de manera abstracta y matemática por la ley.
• Desenvolvimiento fragmentario y discontinuo del procedimiento.
• Enorme duración de los procesos civiles.
He seguido la descripción de Cappelletti sobre las características del proceso común debido a que ellas en gran medida pueden ser utilizadas para reflejar la situación actual del proceso civil en el ámbito nacional y federal, en nuestro país. El predominio de la escritura para documentar lo sucedido en el proceso y el aliento a la delegación de las tareas que deberían quedar en manos del juez son males endémicos que parecieran provocar cierto acostumbramiento. Cappelletti emplea la citada descripción para comparar las ideas que gobernaron el proceso en el pasado, con aquellas que fueron consecuencia de la reforma ocurrida en Europa, producto del Código Procesal alemán de 1877 y el Código Procesal austríaco de 1895, dominados por la acentuación del contacto directo del juez con las partes, en procesos en donde dominaba la expresión oral en la actividad procesal. No obstante la importancia y utilidad del desarrollo propuesto por Cappelletti, en donde se destaca cómo la sociedad europea en los siglos XIX y XX intenta dar un importante salto en la calidad de las formas empleadas para el debate procesal, me propongo detenerme un paso atrás y ocuparme de la incidencia en nuestra cultura procesal de la recepción del proceso sumario. Me apoyaré en un reciente estudio de Montero Aroca 13 en donde desarrolla los efectos que en la evolución del pensamiento procesal hispano tuvo la adopción de los procesos plenarios rápidos, equivalentes del llamado proceso sumario por la ley 17.454. Recuerda Montero Aroca que las Decretales de Clemente V, Sæpe contingit (de 1306) y Dispendiosam (de 1311), en el Derecho Canónico, procuran la supresión de formalidades, mayores facultades para el juez, supresión de apelaciones contra resoluciones interlocutorias, acortamiento de los plazos y predominio de la oralidad sobre la escritura.
La recepción de los procesos plenarios rápidos se produce primero en el ámbito del Derecho Mercantil. Así, por ejemplo, la Ordenanza de Burgos de 1494 establecía que: “lo libren y determinen breve y sumariamente según estilo entre mercaderes, sin dar luengas ni dilaciones ni plazos de abogados”. El movimiento codificador en España, que tuvo lugar por intermedio de las Leyes de Enjuiciamiento Civil de 1855 y de 1881, fue tributario del proceso común, derivado de la recepción que de él se hiciera en el siglo XIII en Las Partidas . No obstante la importancia del proceso mercantil, la regulación del proceso civil mantuvo la esencia de la Partida III y con ella del proceso común. Montero Aroca recuerda que el pensamiento procesal español coincidía en cuanto a:
• Los beneficios de mantener la legislación tradicional, a la que consideraban que sólo había que mejorar para evitar corruptelas.
• El proceso escrito lento y complicado era visto como una garantía de seguridad jurídica.
• Las partes tenían asignado el papel de dueñas del proceso.
• El juez carecía de facultades de dirección del proceso, para asegurar su imparcialidad.
• La lentitud de los procesos era explicada solamente por el volumen de asuntos.
Contemporáneamente a la Ley de Enjuiciamiento de 1855 se aprobó la Ley de Bases en cuya Exposición de Motivos se decía que la revisión no pretendía “la destrucción de los fundamentos venerables sobre los que descansa la obra secular de nuestras instituciones procesales. Su objeto, por el contrario, debe ser dar nueva fuerza a principios cardinales de las antiguas leyes, principios basados en la ciencia, incrustados por más de veinte generaciones en nuestras costumbres, aprendidos como tradición hasta por las personas ignorantes del Derecho, y con los cuales pueden desenvolverse con sobrada anchura todos los progresos, todas las reformas convenientes”.
La posición conservadora asumida por la Ley de Enjuiciamiento de 1855, que es un fenómeno independiente de las reformas del absolutismo iluminista materializadas tanto en Prusia y Austria a finales del siglo XVIII como por Francia a principios del XIX, con el Código de Procedimientos Civiles de 1806, tiene una incidencia directa sobre la tradición jurídica argentina. En ese sentido recuerda Montero Aroca que Alsina demostró que de los ochocientos artículos del Código Procesal Civil argentino de 1880, trescientos noventa y dos tomaron como fuente la Ley de Enjuiciamiento de 1855 14 .
La Ley de Enjuiciamiento de 1881 respetó la estructura de la Ley de Enjuiciamiento de 1855. En ella se reitera el empleo del proceso ordinario como estructura básica sobre la que se construye todo el sistema. Este proceso, llamado de mayor cuantía, fue cediendo paso, a lo largo de los años, al proceso de menor cuantía por sucesivas modificaciones legislativas que adecuaron el monto que determinaba la competencia de uno y otro 15 . Esta tendencia evidenció que el juicio de mayor cuantía resultaba inadecuado. Otra muestra de su escasa eficacia provino de la creación de unos cuarenta procesos especiales. Cada uno de ellos representaba, más que un problema de técnica legislativa o procesal, una muestra de la disconformidad con el esquema del juicio de mayor cuantía.
La Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil ha roto con el viejo modelo en el cual se consolidó el esquema del viejo proceso común basado en la escritura. En opinión de Montero Aroca, ella es tributaria de los principios de los procesos plenarios rápidos ya que, no obstante hablar de juicio ordinario y juicio verbal, encuentra como esquema común que las pruebas deban practicarse en un único acto concentrado, con inmediación y publicidad.
Al volver a detenerme en la idea de Falcón, con respecto al avance que supuso la adopción del proceso sumario como paso previo a un proceso por audiencias, con una alta cuota de oralidad en la forma de reflejarse la actividad de las partes, entiendo oportuno subrayar el paralelo entre la suerte del proceso ordinario argentino y el de mayor cuantía español. Uno y otro tienen como fuente el proceso común. Insisto, éste no es sólo un dato histórico. Significa la vitalidad de un fenómeno ampliamente condenado por su falta de eficacia. También debo decir que en España el proceso común fue puesto en jaque tanto por las sucesivas modificaciones legislativas que le permitieron avanzar al juicio de menor cuantía, de carácter abreviado, como por la sanción de leyes que establecieron procesos especiales. Por último, recojo la posición de Montero Aroca cuando señala que a pesar de que la nueva Ley de Enjuiciamiento habla de “juicio ordinario” (Lib. II, Tít. II) y de “juicio verbal” (Lib. II, Tít. III), en realidad estamos en presencia de auténticos plenarios abreviados. Más allá de los títulos utilizados para identificar las formas del debate procesal, se debe analizar cuáles son las notas características de determinada estructura. Con ese sentido podemos coincidir con Montero Aroca con respecto al carácter de proceso plenario abreviado (aligerado de formas innecesarias, con predominio de la oralidad en la producción de los actos procesales, concentración e inmediación) que posee el proceso ordinario en el esquema de la nueva Ley de Enjuiciamiento. En España el proceso de menor cuantía permitió el tránsito hacia un nuevo proceso acorde con las exigencias de tutela de una sociedad fundamentalmente urbana con una conflictividad creciente y una marcada necesidad de una tutela judicial justa y rápida. Me detendré ahora sobre el desarrollo que sufrió la reforma de 1968.
1.4. La ordinarización del sumario
La ley 22.434, sancionada en 1981, reformó el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En la nota del ministro 16 , remitida al por el entonces presidente de facto, puede leerse que uno de los objetivos de la citada legislación fue lograr una mayor inmediación entre el juez y las partes. Para lograr ese objetivo se reconoció la posibilidad de delegar determinadas tareas en los secretarios y oficiales primeros y se estableció que las audiencias de posiciones deberían ser tomadas por el juez bajo pena de nulidad. El juez podía pedir a la Cámara que lo eximiera de dicho deber cuando circunstancias derivadas del cúmulo de tareas lo hicieren necesario.
El esquema planteado por la ley 22.434 consistió en liberar al juez de actividades que podían ser consideradas de menor relevancia para lograr que el tiempo que ellas demandaban fuera dedicado a la atención de una audiencia en la que, además de tomar la absolución de posiciones, intentara:
• Evitar nulidades 17 .
• Conciliar a las partes 18 .
• Interrogar de oficio sobre todas las circunstancias conducentes a la averiguación de la verdad 19 .
• Invitar a los litigantes a reajustar sus pretensiones, así como provocar el desistimiento o el acuerdo sobre determinados hechos.
Lamentablemente esta experiencia fracasó ya que en la práctica los jueces, no obstante la severidad de la sanción de nulidad, no tomaron esta audiencia 20 . El cúmulo de trabajo fue la razón más aceptada para justificar que la pretendida inmediación se desvaneciera. Sin embargo es posible asumir que su deserción también obedeció a comportamientos usuales de nuestra cultura judicial en la cual se privilegia la forma de expresión escrita y se desdeña la actividad desarrollada por el juez en la audiencia 21 . Volveré sobre este aspecto al ocuparme de las opiniones vertidas por Garth sobre el funcionamiento de la justicia civil.
La ley 22.434 modificó parcialmente el esquema de los procesos de conocimiento. El proceso sumarísimo, que según la ley 17.454 se reservaba para el amparo contra actos de particulares, fue considerado también un proceso de menor cuantía para controversias económicamente insignificantes 22 . Se reformó el tratamiento de la cuantía en el proceso sumario, ya que para que un proceso tramitara según sus reglas debía superar el monto que se asignaba al juicio sumarísimo y no exceder de su propio límite, que tampoco representaba una suma relevante 23 .
La reforma fue criticada con acierto por Salgado 24 , quien sostuvo que las modificaciones introducidas al proceso sumario eran ajenas a su naturaleza. Consideró que los cambios iban en dirección contraria a la celeridad que la ley 17.454 procuró otorgarle, y que era un desacierto adicionarle al proceso sumario la recusación sin causa, los consultores técnicos, la presentación de alegatos y la incidencia de las reformas en materia de excepciones previas. El camino de la desformalización se comenzaba a desandar.
1.5. Las iniciativas de reforma integral que no han contado con apoyo gubernamental
En la década de los noventa el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comenzó a dar muestras claras de agotamiento. El Poder Ejecutivo dictó el decreto 820/1992 que reconoció que la morosidad en la tramitación de las causas había generado en la población sentimientos de inseguridad jurídica y desapego hacia la justicia. Las reformas encargadas a una comisión de juristas debían propender, esencialmente, a la participación cercana e inmediata de los jueces y las partes en los actos procesales fundamentales, a la concentración de la actividad procesal, a la supresión de recursos no fundados en garantías constitucionales, a la amplitud de los poderes y deberes de los magistrados en la actividad procesal, a la oralidad como medio de comunicación en el proceso, en todos aquellos casos en que fuera posible conforme a la naturaleza de los actos, así como garantizar el acceso a la jurisdicción a quienes tuvieren interés en ello 25 .
El Ministerio de Justicia formó una primera comisión 26 que redactó el “Anteproyecto de Código General del Proceso”, el cual sigue la orientación del Código Procesal Modelo para Iberoamérica 27 y del Código General del Proceso de la República Oriental del Uruguay 28 . El Anteproyecto 29 regula un proceso de conocimiento por audiencias, que abandona el predominio de la comunicación escrita, dirigido e impulsado por un órgano jurisdiccional monocrático, que debe entender en un máximo de 420 causas anuales. El Anteproyecto adoptó un proceso de carácter general que llama ordinario, en contraposición al que denomina extraordinario. Este último estaba destinado a dirimir un limitado número de materias y la diferencia que reviste con el ordinario reside en que se concentran la audiencias.
La segunda comisión 30 formada por el Ministerio de Justicia elaboró el “Proyecto de Código Procesal Civil, Comercial y Laboral de la Nación”. Este proyecto también se estructura como un proceso oral por audiencias ante un tribunal colegiado. En cuanto a los procesos de conocimiento, reconoce un proceso al que denomina común por oposición al proceso sumarísimo. Este último se reserva para cuestiones de menor cuantía 31 y para el amparo por actos de particulares.
Además de los citados proyectos, en el ámbito del Ministerio de Justicia, en el año 1994, con financiación del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento y administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se desarrolló un proyecto para la reforma de la Administración de la Justicia 32 . El resultado del proyecto está contenido en tres volúmenes que desarrollan un profundo diagnóstico sobre la situación del servicio de justicia en materia no penal. Desgraciadamente el proyecto no ha tenido continuidad y su efecto sobre trabajos posteriores ha sido ciertamente limitado. Del material reunido creo conveniente recordar el informe redactado por Garth 33 , en donde califica al sistema hoy vigente como “justicia desconectada” y cuyas notas más salientes identifica del siguiente modo:
• El Código Procesal otorga ciertos poderes a los jueces, cuyo ejercicio los habilitaría para dirigir el proceso y promover la oralidad y la inmediación; sin embargo, es inusual que los jueces ejerciten esas facultades.
• El proceso típico es escrito, y controlado (impulsado) por los abogados de las partes. En consecuencia, el avance es lento, con considerable tiempo muerto.
• Existe una cultura de la escritura de acuerdo con la cual sólo importa aquello que está escrito. Una de las consecuencias de esta cultura es el aislamiento judicial, al resentirse el contacto directo con las partes y sus abogados.
• La delegación de funciones judiciales es una práctica generalizada.
• La apelación no siempre encuentra fundamento en la corrección del error judicial.
Es interesante observar cómo el diagnóstico de Garth coincide con las críticas formuladas por Cappelletti al proceso común. Ambos análisis se refieren a un mismo modo de ordenar el debate judicial. La visión de Cappelletti plantea las características abstractas del proceso común y refiere a las consecuencias prácticas que históricamente produjo su aplicación. Garth, en cambio, observa los comportamientos de la justicia no penal que derivan de la aplicación de un modelo cuya fuente histórica coincide con la tomada en consideración por Cappelletti.
He recordado la convocatoria formulada por el Estado para la redacción de un Código Procesal no penal con la finalidad de destacar que ella importó un reconocimiento público sobre la gravedad de la crisis de la Administración de Justicia en el ámbito nacional y federal. No obstante las diferencias existentes entre los dos proyectos de código, ellos coinciden en propiciar un proceso por audiencias. La mención de la labor del grupo de investigadores que realizó un relevamiento sobre la prestación de servicio de justicia me permite afirmar que se contaba con las bases empíricas para implementar la reforma. No puedo dejar de mencionar que la decisión de requerir asistencia financiera internacional para un programa de reforma imponía cierta coherencia en los pasos posteriores que estuvo ausente.
1.6. La ley de mediación y la inserción de la audiencia preliminar
La ley 24.573 consagró la mediación como etapa obligatoria previa a todo juicio y reformó la ley 17.454 al incorporar una audiencia que debía ser celebrada con la presencia del juez bajo pena de nulidad. La audiencia tenía como objetivos intentar la conciliación de las partes, decidir sobre los hechos conducentes a la decisión del juicio y sobre la prueba a producir en el proceso.
El mensaje por el cual el Poder Ejecutivo remitió el citado proyecto de ley 34 explica que el eje de la iniciativa es facilitar que las partes arriben a un acuerdo a través de la mediación o de la conciliación, para reducir el alto nivel de litigiosidad. En cuanto a la audiencia preliminar, el mensaje solamente menciona que para lograr una mayor celeridad resulta conveniente fijar los hechos litigiosos y ordenar la producción de la prueba sobre los mismos.
La discusión parlamentaria también se centró en las bondades y desventajas de la mediación obligatoria. La audiencia preliminar no sembró ni adhesiones ni rechazos. Su paso por el Congreso fue ciertamente opaco. Técnicamente las normas incorporadas a la ley 17.454 no tratan adecuadamente el cómputo del plazo para ofrecer la prueba, cuestión de capital importancia para la defensa en juicio, tampoco modifican la audiencia del artículo 125 bis, omiten dilucidar si la comparecencia de las partes a la audiencia es una carga procesal y no fija los alcances precisos de las facultades de depuración del material probatorio en manos del juez 35 , por mencionar algunos temas que fueron inadecuadamente tratados por la ley.
En la experiencia práctica la audiencia preliminar no dio el resultado esperado. Si bien en el caso de la audiencia del artículo 360 la presencia del juez no podía ser dispensada por la Cámara, como en el caso del artículo 125 bis, en la vida del tribunal siguió primando la delegación, al superarse el temor a la sanción de nulidad con la cual el legislador intentó disuadir a los jueces para que tomaran efectivamente la audiencia. En síntesis, otro intento a favor de la inmediación y la oralidad se fue desvaneciendo hasta el letargo.
Podría sostenerse que tanto la audiencia del artículo 125 bis de la ley 22.434, bastante acotada en cuanto a su alcance y con una dispensa prevista para situaciones críticas, como la establecida en el artículo 360 de la ley 24.573, de mayor amplitud debido a la capacidad que otorga al juez para definir el rumbo del proceso en una etapa crucial, no pudieron ser plenamente empleadas debido al volumen de trabajo. Seguramente dicha explicación puede ser admitida solo parcialmente. Es cierto que los tribunales han ido adecuando su estructura para poder ir dando la respuesta que, por lo menos en la superficie, la sociedad les reclamaba. El problema se enfrentaba en términos de resultados. Frente a la presión de la litigiosidad sólo dos soluciones se consideraban viables. Una consistía en crear más juzgados. La otra radicaba en incrementar la planta de personal de los tribunales existentes. Ambas estaban destinadas a mejorar la celeridad ya que se asumía que cuantas más personas se dedicaran a una tarea ésta se cumpliría en menor tiempo, lo cual, obviamente, constituye una simplificación inaceptable ya que olvida, cuando menos, para qué y cómo esas personas deben trabajar 36 . La estructura de la ley 17.454, de corte escriturario, permite afrontar un reclamo de protección judicial de la sociedad con cualquiera de las dos variables antes referidas. El paso de los años demostró que la demanda social de mejora en la prestación del servicio exigía cambios. La ley de mediación significó un paso adelante en cuanto al reconocimiento de que no todo conflicto debía concluir con un perdedor y un ganador, ya que era posible, al mejorar la comunicación, lograr acuerdos que recibieran las posiciones de las partes 37 , pero también puso en blanco y negro que los tribunales no daban abasto para satisfacer la litigiosidad. En los noventa el disfavor de la población con respecto a la Administración de Justicia no tuvo una respuesta gubernamental que, más allá de las declamaciones, se canalizara en una reforma profunda del debate judicial. Las audiencias de las leyes 22.434 y 24.573 no lograron implementarse adecuadamente debido a que intentaron insertarse en un contexto en el cual la oralidad y la publicidad, si bien son atributos del sistema aceptados, han sido subvalorados. La importancia de la participación de la población en la actividad de la justicia, de tanta trascendencia para la vida democrática, no fue rescatada en su real significación. La falta de discusión parlamentaria sobre la incorporación del debate oral en la ley 24.573 es ciertamente significativa, ya que demuestra la poca importancia que se le asignó a uno de los puntos clave de la reforma que se estaba tratando.
1.7. La supresión del proceso sumario por la ley 25.488
La ley 25.488 deroga los artículos del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación referidos al proceso sumario y adecua la estructura del proceso ordinario. Las modificaciones a este último, como lo explicaré con más detalle en el capítulo siguiente, rescatan ciertas disposiciones del proceso sumario que quedan incorporadas al proceso ordinario.
Desafortunadamente, los debates parlamentarios en nada ayudan a la hora de comprender cuáles fueron las razones que pudieron haber tenido en cuenta los legisladores para derogar las normas referidas al proceso sumario. Entiendo que la ausencia de debate en un tema que toca a una situación tan sensible para nuestra sociedad es revelador de la falta de profundidad con que esta reforma fue sancionada 38 . Al igual que en oportunidad de sancionar la ley 24.573, en donde, como antes recordé, el tema de la audiencia preliminar no generó mayores consideraciones por parte del Congreso, la derogación del sumario pasó inadvertida por las sesiones de ambas Cámaras.
Ante el silencio parlamentario la doctrina deberá analizar los beneficios y desventajas de eliminar el sumario. Palacio 39 fue una de las primeras voces que concluyó que era un acierto la supresión del sumario como categoría procesal intermedia entre el juicio ordinario y el sumarísimo. Sostiene que el proceso sumario “por un lado, a raíz del vasto número de controversias incluidas en el artículo 320 del Código (derogado por la ley 25.488) y, por otro lado, a causa de las escasas variantes que exhibe en relación con el juicio ordinario, llegó a convertirse en el tipo de proceso de utilización más corriente”.
El primer comentario descriptivo de Palacio coincide con el carácter preeminente del sumario sobre el ordinario. Al haberse constituido el proceso sumario en el eje del Código Procesal, el riesgo que enfrentaba consistía en que se vaciara de sentido el pretendido giro hacia la desformalización que intentó liderar. El problema no reside en la cantidad de conflictos en los cuales se debe utilizar el proceso sumario, sino en determinar en qué medida ha podido dar una respuesta más ágil que, en la práctica del tribunal, lo diferencie del proceso ordinario. El interrogante que debe resolverse es si en realidad, en parte como consecuencia de la reforma de la ley 22.434 que incorporó determinados pasos procesales innecesarios, como advertía Salgado, o porque el proceso de tipo marcadamente escriturario termina por ceder frente a las prácticas judiciales en las cuales predomina la formalidad, el sumario terminó por ordinarizarse 40 , con lo cual perdió su nota diferencial.
Esto nos lleva al segundo comentario de Palacio que parte de relativizar la celeridad que la reforma de la ley 17.454 entendió encontrar por intermedio del sumario. Opinión con la cual coincide Kaminker 41 al sostener que el sumario no cumplió con el destino que se le atribuyó, habiéndose convertido, en la práctica, en un juicio ordinario con ciertas limitaciones recursivas.
Si bien es cierto que el proceso sumario parte de una estructura similar a la del ordinario, la idea inicial de la ley 17.454, insisto, era desformalizar y agilizar. Una de las mayores ventajas que presentaba la incorporación del sumario consistía en la claridad que ofrecían las reglas que describían las restricciones que lo diferenciaban del ordinario. La decena de artículos dedicados a limitar cierta actividad funcionaban como un mapa sencillo en el cual con inteligencia se sintetizaban los pasos procesales sin hacerles perder su eficacia para contener el debate procesal.
La ley 25.488 intenta volcar buena parte de las normas que regían el proceso sumario en el molde del proceso ordinario. La excepción más importante esta constituida por las limitaciones que la ley 17.454 establecía en materia recursiva. Ésta es una omisión trascedente ya que la mayor parte de las dilaciones se producen por el abuso en la apelación de las resoluciones judiciales.
Además la ley 25.488 elimina la sanción de nulidad para el supuesto que el juez no asista a la audiencia preliminar 42 . La reforma sólo señala que la audiencia es indelegable sin establecer cuáles serán las consecuencias en el caso de que la audiencia se tome sin la presencia del juez 43 . Si a pesar de la existencia de la referida sanción la audiencia no es tomada por el juez, la mera referencia a que ésta es indelegable consolidará dicha práctica y el atisbo inicial de inmediación y oralidad que ella consagra quedará definitivamente relegado.
Para asumir una posición frente a la supresión del sumario, entiendo que debe examinarse qué ideas de política judicial han primado. Rescato aquí los comentarios formulados sobre los antecedentes del proceso ordinario y las críticas realizadas al proceso común de carácter escriturario. La reforma de 1968 intentó superar el viejo Código de Procedimientos en Materia Civil y Comercial. Una de las llaves para lograrlo fue la inserción del proceso sumario. Su supresión supone renunciar a uno de sus objetivos esenciales, razón por la cual no comparto que pueda considerarse un acierto eliminar el proceso sumario. Asimismo, se intentó incorporar una oralidad muy atenuada mediante la incorporación de una audiencia preliminar. Este objetivo también ha quedado diluido, producto de que el texto legal sólo alude a que ella no debe ser delegada, sin establecer ninguna sanción para el supuesto de que dicha previsión se incumpla. En consecuencia, el proceso ordinario de carácter escriturario ha terminado por fagocitar las reformas que se intentaron plasmar por intermedio de la ley 17.454.
Todas las reformas de estas últimas tres décadas han reconocido que la sociedad reclama una respuesta judicial idónea. Tal vez sea hora de reconocer que debemos abandonar la fidelidad por el formalismo y dar los pasos necesarios para instrumentar una reforma del Código Procesal y de las estructuras judiciales acorde con un verdadero proceso por audiencias en el cual la sociedad pueda participar del debate en el que se examina la suerte de los derechos individuales.
2. La derogación del sumario y sus consecuencias
La ley 25.488 deroga el capítulo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dedicado al proceso sumario 44 y modifica el artículo 319, al cual le agrega un párrafo en donde dispone que cuando las leyes especiales remitan al juicio o proceso sumario se entenderá que el litigio tramitará conforme el procedimiento del juicio ordinario.
La reforma ha modificado el proceso ordinario al incorporarle algunas de las disposiciones que regían para el proceso sumario. La ley 24.588 ha intentado subsumir una clase de proceso en la otra, con lo cual, si bien uno dejó de existir, el otro no es más lo que era antes de la reforma. El alcance de las modificaciones al proceso ordinario permitirá determinar si este último fue sumarizado o simplemente desapareció el sumario.
Para poder medir los efectos de la supresión del sumario, la propuesta consiste en examinar en qué grado la estructura del proceso ordinario fue permeable a la incorporación de las normas derogadas. Para ello realizaré una comparación entre las pautas legislativas establecidas en los artículos 486 a 497 y las normas que modifican distintos aspectos del proceso ordinario.
2.2. Etapa de alegaciones 45
El plazo de quince días establecido para los traslados de la demanda y de la reconvención, por los artículos 338 y 355, ha sido mantenido. Con lo cual el legislador ha decidido no reducir este plazo a diez días, abandonando el temperamento utilizado para el proceso sumario por los derogados artículos 486 y 487.
En el proceso ordinario el ofrecimiento de prueba deja de estar diferido para una etapa posterior a la presentación de la demanda, reconvención y contestación de ambas. De acuerdo con el nuevo artículo 333, con dichas piezas procesales la parte tiene la carga de ofrecer todas las pruebas de que intente valerse. Esta disposición tiene la indudable ventaja de concluir con la incertidumbre generada por la ley 24.573 que, al reformar los artículos 360 y 367, omitió definir cuándo las partes debían ofrecer la prueba.
El último párrafo del nuevo artículo 333 rescata la previsión contenida en el primer párrafo del derogado artículo 486, que imponía la carga de ofrecer la prueba junto con la demanda, reconvención y contestación de ambas 46 . En el contexto del proceso sumario la disposición encontraba algo de sustento ya que concentraba en un mismo acto dos situaciones diversas, como la deducción de la pretensión, con las formalidades de los artículos 330 y 356, y el ofrecimiento de prueba. Al hacerlo sacrificaba la situación de una de las partes al exigirle que antes de escuchar la posición de la contraria le exhibiera la totalidad de la prueba que pensaba utilizar para sostener su derecho. La desigualdad entre ambas partes se encontraba sopesada por la mayor celeridad del proceso. Asumiendo que el ofrecimiento de prueba en una etapa posterior, luego de que ambas partes han explicitado sus posiciones respecto del litigio, resguarda mejor el principio de igualdad, cabría preguntarse si en la estructura del proceso ordinario, en la versión de la ley 25.488, se justifica exigirle a la parte que ponga en conocimiento de su contraria la prueba con que sostendrá su posición 47 . Esa restricción, que no sin ciertas dificultades puede justificarse en un esquema de debate abreviado, es criticable en el proceso ordinario.
El derogado artículo 486 otorgaba el derecho al actor o reconviniente para ampliar su prueba con respecto a hechos no invocados por el demandado o reconvenido, con la condición de que ellos hubieran tenido relación con las cuestiones a que se refería el proceso y directa incidencia en la decisión del litigio. El artículo 334, según la nueva redacción de la ley 25.488, omite cualquier restricción en cuanto a la ampliación del ofrecimiento de prueba con relación a los hechos no invocados en la demanda o contrademanda. El legislador ha mantenido en este ámbito la libertad del actor o reconviniente de ampliar su ofrecimiento de prueba sin ninguna restricción.
En materia de excepciones previas el artículo 346 de la ley 25.488 alarga el plazo en cinco días, al permitir que ellas se opongan junto con la contestación a la demanda o reconvención. Kielmanovich 48 sostiene que la mención que realiza la norma a la presentación de las excepciones junto con la demanda supone una “sumarización” del proceso ordinario. Si bien es posible sostener que en apariencia hay una similitud de criterios entre el nuevo artículo 346 y el derogado artículo 488, ya que en este último se preveía la oposición de excepciones juntamente con la contestación de demanda, entiendo que la esencia de la abreviación en el supuesto contemplado por la norma reside en el acortamiento de los plazos, supuesto que no está presente en la nueva redacción.
La utilización de un solo escrito para interponer las excepciones previas y contestar la demanda, en el derogado proceso sumario, tenía sentido por lo reducido del plazo de diez días otorgado para esos dos aspectos de la actividad defensiva, criterio que deja de justificarse en este contexto ya que el plazo para contestar la demanda en el proceso ordinario sigue siendo de quince días 49 .
La nueva redacción del artículo 346 no reforma el último apartado que establece que la oposición de excepciones no suspende el plazo para contestar la demanda o la reconvención, en su caso, salvo si se tratara de falta de personería, defecto legal o arraigo. El efecto suspensivo sobre el plazo para contestar la demanda, generado por las excepciones antes mencionadas, encuentra fundamento en que ellas guardan directa relación con presupuestos que el demandado razonablemente puede pedir que sean dilucidados antes de debatir otras cuestiones que hacen a la litis. El error del artículo 346 consiste en señalar que las excepciones previas se opondrán en un solo escrito junto con la contestación de demanda o reconvención. Una interpretación armonizadora permite concluir que el plazo máximo para interponer todas las excepciones vence a los quince días, no obstante lo cual, si se interpone cualquiera de las excepciones mencionadas en último párrafo del artículo 346, ella suspende el plazo para contestar la demanda o reconvención 50 . Si las excepciones fueran deducidas antes del vencimiento del plazo, el derecho a obtener la suspensión debe ser respetado. Recuerda Palacio 51 que la ley 25.488 no ha modificado el artículo 354 bis que prescribe que consentida o ejecutoriada la resolución que rechaza las excepciones previstas en el artículo 346, último párrafo, o, en su caso, subsanada la falta de personería o prestado el arraigo, se declarará reanudado el plazo para contestar la demanda. Subsanado el defecto legal, se correrá traslado por el plazo establecido en el artículo 338. La vigencia de esta norma refuerza el carácter suspensivo de la deducción de cualquiera de las excepciones referidas y el carácter enunciativo de la primera parte del artículo 346 en cuanto alude a la deducción de las excepciones en un solo escrito junto con la contestación de la demanda o de la reconvención.
2.3. La prueba
El derogado artículo 489, segundo párrafo, preveía que ante la existencia de hechos controvertidos el juez debía fijar una audiencia en la que tendría lugar la absolución de posiciones 52 , la declaración de testigos y las explicaciones del perito único designado de oficio 53 . Esta audiencia era una de las claves que podían permitir que la reforma del Código de 1968 lograra que el debate judicial se diera en el marco de un auténtico plenario abreviado.
En consonancia con el papel de director asignado al juez 54 se le encomendaba que ordenara toda la prueba, incluida la pericial, a los efectos de lograr que para cuando llamara la denominada audiencia de prueba pudiera examinar personalmente a los absolventes, a los testigos y al perito. A diferencia del proceso ordinario, en el proceso sumario el artículo 498 estableció una audiencia de prueba en la cual se concentraba la producción de los medios probatorios en los cuales prevalecía la comunicación oral. La práctica demostró que esta audiencia no era tomada de acuerdo con las prescripciones del artículo 491.
En la estructura del proceso ordinario, según la ley 25.488, el eje gira en torno a la audiencia preliminar del artículo 360, en donde el papel principal del juez consiste en:
• Invitar a una conciliación o a encontrar otra forma de solución de conflictos;
• recibir las oposiciones a la apertura a prueba;
• fijar los hechos que sean conducentes a la solución del juicio sobre los cuales versará la prueba;
• recibir la prueba confesional;
• concentrar en una sola audiencia la prueba testimonial, y
• decidir si la cuestión debe ser resuelta como de puro derecho.
Fácil es advertir la distancia entre una audiencia y otra. En el esquema de la ley 17.454 se imponía al juez el deber de resolver sobre la prueba a producir y el de prever una audiencia en la que se debía concentrar gran parte del material probatorio que era transmitido oralmente, no obstante el atávico rito de volcar todo al papel y la costumbre de delegar, que terminaron por vaciarla de sentido y dejarla caer en el simple desuso. La audiencia preliminar, característica de las reformas de las leyes 24.574 y 25.488, responde a un diverso objetivo. Ella procura que las partes lleguen a un acuerdo y que si ello no es posible, el juez intente simplificar la etapa siguiente en la que se producirá la prueba.
En cuanto a los medios de prueba en particular, el proceso ordinario incorpora una restricción que ni siquiera estaba prevista para el proceso ordinario. En materia de prueba testimonial el artículo 333 impone indicar qué extremos quieren probarse con la declaración de testigos. Ostrower y Soria 55 consideran que la reforma procura que las partes puedan conocer, con anterioridad a la audiencia testimonial cuáles son los objetivos que el oferente pretende obtener a través de este medio probatorio. Adhiero a las críticas a este recaudo de Kaminker 56 en cuanto considera que su omisión no podría provocar la inadmisibilidad de la testimonial. En este sentido, debo decir que las consecuencias del incumplimiento no están explicitadas en la norma. Puede el juez exigirle a las partes que colaboren en la audiencia preliminar e informen verbalmente sobre el resultado que entienden lograrán con cada testimonio, para poder fundar la admisibilidad de la prueba en correspondencia con la fijación de los hechos conducentes. De ningún modo parece razonable pensar que la parte debe realizar una acabada fundamentación de aquello que se desea probar con cada testimonio. Dado que considerar inadmisible a un testigo por la falta de una correcta explicación de aquello que se quiere probar con él puede atentar contra el derecho de defensa, probablemente se terminen por utilizar fórmulas preconcebidas que solamente ocupen lugar en los ofrecimientos de prueba.
En materia de restricciones en cuanto a los medios de prueba, el proceso ordinario no ha recogido las siguientes pautas que regían para el proceso sumario:
• Limitación a cinco del número de testigos 57 .
• Mayor rigurosidad para justificar la inasistencia del testigo a la audiencia supletoria 58 .
• Reducción del plazo para recusar al perito a tres días 59 .
• Dictado de sentencia con prescindencia de la prueba de informes cuando ésta no fuere esencial 60 .
• Distinto cómputo del plazo para alegar 61 .
2.4. Impugnaciones
El principio general consagrado por el artículo 496 que deroga la ley 25.488 consiste en la inapelabilidad de las resoluciones dictadas en el proceso sumario. De allí que la norma autorice deducir el recurso de apelación únicamente ante las siguientes resoluciones: la que rechaza de oficio la demanda, la que declara la cuestión de puro derecho, las que deciden excepciones previas, las providencias cautelares, las resoluciones que pongan fin al juicio o impidan su continuación, y la sentencia definitiva.
El principio de la inapelabilidad es congruente con la estructura del proceso plenario abreviado en el que se busca celeridad sin lesionar el principio de la defensa en juicio. En consecuencia, se ha diagramado un catálogo de providencias que es posible impugnar por esta vía recursiva, sustentada en que ellas pueden tener ciertos efectos sobre la suerte del proceso que exigen de una instancia revisora. Se asume así que no contra toda providencia es posible deducir un recurso de apelación. Los efectos potenciales de la resolución deben tener un mínimo de entidad como para tener derecho a procurar su revisión por otro órgano jurisdiccional.
Recuerda Hitters 62 que el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación ha seguido el sistema español que está por la amplitud recursiva no obstante que los ordenamientos más modernos están –en principio– por la limitación de la recurribilidad.
La decisión de no incorporar al proceso ordinario modificaciones al esquema recursivo muestra que la tendencia a asimilarlo al proceso sumario es, cuando menos, relativa.
2.5. Una asimilación cuando menos relativa
He recorrido las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que contenían la estructura del proceso sumario. También identifiqué aquellas nuevas disposiciones de la ley 25.488 que modifican ciertos aspectos del proceso sumario. Mi conclusión guarda correspondencia con el análisis efectuado en el capítulo anterior: el proceso ordinario ha desplazado al sumario. Los criterios básicos del proceso sumario, como el acortamiento de los plazos, la desformalización, la concentración, la inmediación y la oralidad han quedado desplazados por las modificaciones.
Morello, Sosa y Berizonce 63 sostienen que se vio al proceso sumario como la gran vedette de la reforma de 1968, con grandes esperanzas de poder absorber una vasta cantidad de controversias; posteriormente el péndulo fue inverso, se amortiguó el entusiasmo y el “sumario” se “ordinarizó”. Agregan más adelante que “los hábitos que entre nosotros confrontan con la rutina, señalan cual argumento irrefutable que únicamente viviremos realmente un movimiento procesal superador cuando asumamos en verdad –y en la profundidad y coherencia interior adecuadas– los cambios que la sociedad reclama”.
En estas pocas páginas me he dedicado a examinar el rendimiento del proceso sumario bajo el duro test de la ley 25.488 que llega a la conclusión de que hay que suprimirlo. Lamentablemente la carta de defunción no supone un nacimiento superador. El proceso que nos ofrece la norma es un crudo retroceso. Tal vez este pretendido paso atrás pueda ser entendido como el último, al quedar demostrado que por esta vía siempre volvemos al comienzo, traicionando el anhelo de construir un proceso simple en el que la sociedad encuentre respuesta.
1 Remito a la explicación de PALACIO, Lino, Derecho Procesal Civil , Abeledo-Perrot, 1977, t.VI, p. 487, y de FAIRÉN GUILLÉN, El proceso ordinario, sumario (plenarios rápidos) y sumarísimos, en Revista de Derecho Procesal , 1968, Nº 2, ps. 11 y 12.
2 Integraron la Comisión Redactora Lino Palacio, Carlos Ayarragaray, Carlos Colombo, María Anastasi de Walger, José Carneiro y Nestor Cichero. Ver la Exposición de Motivos en ADLA XXVII-C-2678.
3 Augusto Morello; Gualberto Sosa y Roberto Berizonce ( Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, Platense – Abeledo-Perrot, 1998, t. IV-A, p. 315), sostienen que la implantación como categoría autónoma de los procesos sumarios y sumarísimos ha sido uno de los aciertos más significativos de la reforma de los años sesenta.
4 COLOMBO, Carlos , Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Anotado y comentado , Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1969, t. III, p. 26.
5 Sobre la evolución de la justicia de paz remito al trabajo de mi autoría Los tribunales de menor cuantía como respuesta actual basada en los principios de la justicia de paz , en Revista Uruguaya de Derecho Procesal , Fundación Cultura Universitaria, 1, 1987, ps. 39 y ss.
6 Destaco que en la ley 17.454 la menor cuantía tenía relación solamente con el proceso sumario ya que el sumarísimo se destinaba al amparo por actos de particulares.
7 Clemente Díaz, firmando como Carlo Carli en La demanda civil (Lex, 1973, p. 24), consideró que: “En la apreciación crítica de la enumeración de materias del art. 320 no debe dejarse de destacar el criterio netamente empírico del legislador (comisión redactora compuesta por heterogéneos elementos extraídos del Poder Judicial , y de las esferas administrativas del Poder Ejecutivo), criterio que pudo haber sido mejorado. No se trata, como cree alguno de los redactores, de un problema de materias atendiendo a una ‘planta judicial' dada (ver Ayarragaray, De Gregorio y Lavié, Cód. p. 357); razón tiene Cuadrado (Código, p. 365), al decir que muchos de los supuestos comprendidos en la enumeración exigirán el debate sin las limitaciones del proceso sumario”.
8 DÍAZ, ob. cit., nota 6.
9 FALCÓN, Enrique, Procesos de conocimiento , Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2000, t. II, p. 15.
10 FALCÓN, ob. cit. en nota 9, t. II, p. 47.
11 Ver VÉSCOVI, Enrique, Teoría general del proceso , Temis, 1984, ps. 31 y ss. En donde el autor desarrolla una clara explicación sobre los antecedentes del proceso común o romano canónico. Sostiene Véscovi que: “No es por azar por lo que este proceso se desarrolla primeramente en Italia, sino porque allí se había mantenido más puramente el proceso romano y porque el adelanto de las universidades determinó un despertar del estudio de las instituciones romanas, tratando los comentaristas (glosadores y posglosadores) de adaptarlas a las necesidades de la época. Por eso dicho proceso también se llamó ítalo-canónico. El proceso romano-canónico es un proceso dirigido por funcionarios oficiales, escrito, caracterizado por diversas fases cerradas y preclusivas”.
12 CAPPELLETTI, Mauro, Proceso, ideologías, sociedad , trad. de Santiago Sentís Melendo y Tomás Banzhaf, Ediciones Jurídicas Europa - América, 1974, p. 35.
13 MONTERO AROCA, Juan, La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil española y la oralidad , Derecho PCU, Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú , Nº 53, 2000, p. 588.
14 ALSINA, Hugo, Influencia de la Ley española de Enjuiciamiento Civil de 1855 en la legislación procesal , Revista de Derecho Procesal, 1955. Para un panorama más general sobre la proyección del Derecho Procesal español sobre el argentino remito a la lectura de DÍAZ, Instituciones de Derecho Procesal. Parte General , Abeledo-Perrot, 1968, t. I, Cap. X, Antecedentes de las leyes procesales argentinas , ps. 391 y ss., y a REIMUNDÍN, Ricardo, Derecho Procesal Civil , Viarrocha, 1956, t. I, Cap. IV, Antecedentes históricos del Derecho Procesal argentino , ps. 27 y ss.
15 Comenta Montero Aroca (ob. cit. en not.13) que en 1984 la mayor cuantía se elevó a 100 millones de pesetas y en 1992 a 160 millones de pesetas, que equivalen aproximadamente a 1 millón de dólares.
16 ADLA, XLI-B-2822. Integraron la Comisión Redactora los doctores Carlos Colombo, Néstor Cichero y Jaime Luis Anaya.
17 Art. 34, inc. 5° b.
18 Art. 36, inc. 2° a.
19 Art. 415.
20 Reconocen que en la práctica la audiencia no es tomada por los jueces ARAZI, Roland y ROJAS, Jorge, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado, anotado y concordado con los Códigos provinciales , Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2001, t. I, ps. 402 y 403.
21 Con razón afirman Morello, Sosa y Berizonce (ob. cit., t. I, p. 549, nota 3) que: “La eficiacia real del juez en esa audiencia de amplísimo espectro para la consolidación del proceso, posibilidad de conciliación, depuración de ulterior comprensión de las pretensiones deducidas y una entrada a fondo respecto del contenido computable de la litis, se ha de perder seguramente en el parcial intento de recepción al que ha pagado tributo la reforma de 1981 sobre la base de que se hace posible, lo mezquinamente posible, apuntando a un realismo que privilegia así los hábitos o las rutinas o aquello que hace que el juez deje de vivenciar poderes-deberes para refugiarse en los estímulos de las partes”.
22 El monto de las controversias que tramitan por el proceso sumarísimo asciende a $ 257,18. Ésta es una de las normas expresamente reformada por la ley 24.588 que eleva la cuantía en el proceso sumarísimo a $ 5.000.
23 Por el proceso sumario se dilucidan causas que excedan los $ 257,18 y no superen los $ 4.179,22.
24 SALGADO, Alí Joaquín, A propósito del proyecto de reformas al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y el llamado proceso “sumario” , en L. L. 1980-C-1061, sec. Doct.
25 Ver considerandos del decreto 820/92. En el artículo Los proyectos de reforma al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (E. D. 160-836), desarrollo los lineamientos de los proyectos que se elaboraron con motivo del decreto 820/92.
26 Por resolución ministerial 1121/92 la Comisión fue integrada por los profesores Roland Arazi, Isidoro Eisner, Mario Kaminker y Augusto Morello.
27 El texto del anteproyecto fue publicado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal –Secretaría General– Montevideo, 1988, Editorial MBA. El libro citado cuenta con información sobre los trabajos preliminares del Instituto destinados a lograr consenso entre los procesalistas iberoamericanos sobre el modelo de proceso que era conveniente adoptar.
28 Ley 15.982. Puede consultarse en Código General del Proceso, 3ª ed., Instituto Uruguayo de Derecho Procesal, 1992, Fundación de Cultura Universitaria. Ver VÉSCOVI, Enrique, La reforma de la justicia civil en Latinoamérica , Temis, 1996, en donde el profesor uruguayo explica la importancia de la reforma desde la perspectiva de la región.
29 MORELLO, Augusto y KAMINKER, Mario, Las reformas de los Códigos Procesales Civil y Comercial de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires , en L. L. del 6-7-93. En el XIX Congreso Nacional de Derecho Procesal, celebrado en Corrientes en agosto de 1997, se recomendó la implementación de un proceso por audiencias con un órgano jurisdiccional unipersonal. Las conclusiones del Congreso pueden consultarse en QUIROZ FERNÁNDEZ, Juan Carlos, Congresos nacionales de Derecho Procesal. I al XIX Congreso Nacional 1939-1997 , Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1999, p. 284.
30 Integraron la Comisión por resolución 1296/93 los doctores Carlos Colombo, Julio Cueto Rúa, Raúl Etcheverry y Héctor Umaschi.
31 El art. 310 del proyecto habla de un valor cuestionado inferior a los $ 15.000.
32 El trabajo fue realizado por los siguientes consultores: director del Proyecto: Dr. Mario Terzano; consultor senior: Dr. Roberto Berizonce, Dr. Felipe Fucito, Dr. Carlos Garber, Ing. Rodolfo Martínez de Vedia, Dra. Silvana Stanga; consultores internacionales: Sr. Bryant Garth, Sr. Whitmore Gray, Sr. Neil Gold, Sr. Robert Page, Sr. Marcelo Storme; consultores junior: Dra. Mirna Goransky, Dr. Eliseo Neuman, Dra. Marcela Rodríguez y Dr. Carlos Rosenkratz.
33 El informe de Bryant Garth traducido por Carlos Garber, puede ser consultado en la impresión preparada por el Ministerio de Justicia y el Banco Mundial para el Encuentro sobre Reforma de la Administración de Justicia, celebrado el 5 y 6 de diciembre de 1994 en la Universidad de Belgrano.
34 Ver Antecedentes parlamentarios , en L. L. 1996-A-253.
35 Remito al trabajo de DE LOS SANTOS, Mabel, Aspectos procesales de la Ley de Mediación y Conciliación 24.573 , en J. A. del 14-8-96.
36 Para analizar el rendimiento del Poder Judicial con su actual organización puede consultarse La reforma del Poder Judicial en la Argentina , Fundación de Investigaciones Económicas Lationamericanas, 1996, en especial los Caps. 1, El Poder Judicial argentino , y 2, La eficiencia de la administración judicial argentina .
37 Con respecto a la inserción de la mediación como parte de un programa de política judicial ver: PEÑA GONZÁLEZ, Carlos, Notas sobre la justificación del uso de sistemas alternativos , en Revista Jurídica de la Universidad de Palermo , Año 2, Nº 1 y 2, p. 109.
38 Ver en el orden del día Nº 253 (1999) la intervención de tres párrafos del senador Branda, y el orden del día Nº 2952 (2001) de la Cámara de Diputados.
39 PALACIO, Lino, Anotaciones para una explicación de la reforma procesal civil y comercial (ley 25.488) , en L. L. del 21-12-2001.
40 Criterio que sostiene Falcón cuando alude a la Ley de Gresham, al opinar que el proceso ordinario expulsó al sumario.
41 KAMINKER, Mario, Noticia y breve análisis de la reforma del Código Procesal de la Nación por la ley 25.488 (consultado, por gentileza del autor, el trabajo que será publicado en la Revista de Derecho Procesal de esta editorial).
42 Art. 360 de la ley 25.488.
43 GOZAÍNI, Osvaldo, Comentarios a la ley 25.488 de reformas al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación , ADLA, separata bol. 33, 19-12-2001.
44 Arts. 486 a 497.
45 Al ocuparme de describir los cambios en la estructura del proceso ordinario seguiré la terminología utilizada por Francisco Ramos Méndez ( El sistema procesal español , Bosch, 1995, ps. 440 y ss.), quien alude a fases de: alegaciones, prueba, conclusiones e impugnación.
46 Advierten Ricardo Ostrower y Santiago Soria ( Reforma al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentarios generales a la reforma , en L. L. del 12-12-2001) que “no se modificó la última parte del art. 334 del Código, por lo que sólo se prevé un traslado de la prueba documental ofrecida por el actor o reconviniente, pero no se prevé el traslado de la restante prueba que el actor o reconviniente pudiere haber ofrecido con relación a los hechos no invocados en la demanda o reconvención”.
47 Alude a la situación de desigualdad que supone ofrecer la prueba antes de conocer la actitud de la contraparte KAMINKER, Mario, Noticia y breve análisis de la reforma del Código Procesal de la Nación por la ley 24.588, (por gentileza del autor, fue consultado el borrador a ser publicado en la Revista de Derecho Procesal , proximamente).
48 Comentario sobre la ley 25.488 de reformas al Código Procesal Civil y Comercial , ADLA, bol. infor. 32, 2001, p. 144.
49 Roland Arazi y Jorge Rojas ( Código Procesal Civil y Comercial de la Nación , Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2001, t. II, p. 551), sostienen que “la interpretación más apropiada sería entender que las excepciones en este proceso se podrán deducir hasta el momento de contestarse la demanda, por lo cual existe la posibilidad, en casos de grave indefensión (como la de defecto legal), de que la misma sea deducida con antelación suficiente al vencimiento de ese plazo, de modo tal de solicitar al juez la suspensión del proceso hasta tanto se subsane el defecto legal, y una vez sustanciada la excepción, de acuerdo con su resultado, continuar con el trámite de la causa”. Allí se cita la decisión de la CNCiv, sala F, 23-2-89, “Cuckierkopf, L. c/Wuler de Cuckierkopf M. s/Escrituración” que sigue similar criterio.
50 Coincide con esta postura KAMINKER, ob. cit., nota 4.
51 Anotaciones para una explicación de la reforma procesal civil y comercial (ley 25.488) , en L. L. del 21-2-2001.
52 El art. 125 bis incorporado por la ley 22.434, también derogado por la ley 25.488, establecía, como en el capítulo anterior lo mencioné, que el juez tomaría personalmente esta audiencia bajo pena de nulidad.
53 De acuerdo con el derogado art. 494 el perito debía presentar su dictamen con una antelación de cinco días al acto de la audiencia de prueba.
54 Art. 498.
55 Ob. cit. nota 46.
56 Ob. cit. nota 47.
57 Art. 491.
58 Art. 493.
59 Art. 494.
60 Art. 496.
61 Art. 495.
62 HITTERS, Juan Carlos, Técnica de los recursos ordinarios , Platense, 1985, p. 294.
63 Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación cit., 1997, vol. VI-A, p. 12.