Source: https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/23823
Timestamp: 2019-11-20 20:29:20
Document Index: 292119791

Matched Legal Cases: ['artículo 58', 'Artículo 17', 'Artículo 17', 'Artículo 58', 'Artículo 58', 'Artículo 58', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 76', 'Artículo 78']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 35/2014
SENTENCIA 35/2014, de 27 de febrero
ECLI:ES:TC:2014:35
En el recurso de amparo núm. 6313-2011, promovido por don Roberto Lebrero Panizo, representado por el Procurador de los Tribunales don Javier Cuevas Rivas, y asistido por el Letrado don Atxarte Salvador Navarro, contra el Auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 14 de septiembre de 2011, que resuelve el recurso de casación núm. 10811-2011P, y contra el Auto de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de 17 de enero de 2011, dictado en la ejecutoria núm. 47-2005, por el que se desestimaba la práctica de una nueva liquidación de condena solicitada por el demandante. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Enrique López y López, quien expresa el parecer del Tribunal.
1. Por escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el 21 de noviembre de 2011 don Javier Cuevas Rivas, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de don Roberto Lebrero Panizo, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones que se citan en el encabezamiento.
a) El demandante de amparo estuvo en prisión provisional por los siguientes sumarios seguidos en la Audiencia Nacional:
b) Por Auto dictado por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el 27 de octubre de 2010, se acordó acumular las condenas impuestas al demandante por cuantía total de setenta y un año y tres meses de prisión, señalando como límite máximo de cumplimiento veinticinco años de prisión, e indicando: “Se practicará nueva liquidación de condena teniendo en cuenta desde que ingresó en prisión provisional el 21.10.2001”. Se razonaba en el fundamento jurídico tercero de dicho Auto en los siguientes términos:
“Interesa también la defensa que se practique nueva liquidación de condena en la que se computen los períodos de prisión preventiva según la doctrina constitucional emanada de la Stc 57/2008, señalando el Fiscal que dicho abono deberá practicarse no sobre el límite de la pena si no sucesivamente por el orden de cumplimiento empezando por la más grave según pauta jurisprudencial que estableció la Sts 197/2006.
Esta solución es igual de beneficiosa para el condenado que, la más compleja, que propone su defensa. Porque si hubieran de procederse a considerar los diversos períodos de prisión provisional, primero no se podía tener en cuenta el doble abono, incluso aquí el triple abono, de tiempos de prisión preventiva; alternativa que no sólo carece de cobertura legal y no se contemplaba en el caso decidido por la sentencia del Tribunal Constitucional, sino que, además, el Tribunal Supremo ha rechazado expresamente (ver Sts 414/2010, fj3º). Y segundo, el abono de la prisión en cada causa -operando una suerte de desacumulación y respetando el límite- exigiría atender al principio de cumplimiento sucesivo según el orden de su respectiva gravedad que establece el art. 75 Cp, que provocaría, igualmente, un agotamiento del plazo máximo de los veinticinco años.”
c) Posteriormente en virtud de Auto de aclaración de 5 de noviembre de 2010 se incluyó dentro del periodo abonable “los días de detención policial”.
d) Mediante Auto de 17 de enero de 2011, la misma Sección, denegó la petición de nueva liquidación por la que el demandante solicitaba el abono del periodo de tiempo desde el 16 de diciembre de 2004 al 23 de septiembre de 2005 en que estuvo de manera simultánea preso preventivo y condenado en una de las causas acumuladas. En su argumentación exponía:
“En efecto, estimamos que el límite era una frontera infranqueable pero, al tratarse de penas acumuladas como si hubieran sido juzgadas en un mismo proceso, no procedía el doble abono de tiempo de condena y de medida cautelar simultáneos porque la doctrina establecida en la STC 57/2008 no contemplaba este supuesto de acumulación de condenas y señalamiento de límite máximo. Y además, se argumentaba que no podía considerarse más beneficioso el doble abono -nunca de prisiones preventivas coetáneas, algo que asume la defensa-, porque exigiría atender al principio de cumplimiento sucesivo de las penas según el orden de su respectiva gravedad, pauta que establece el art. 75 CP, lo que provocaría, igualmente, un agotamiento del plazo máximo de los veinticinco años (a la vista del tiempo de duración de todas las penas: setenta y un años y tres meses de prisión).
Seguimos entendiendo correcta esa interpretación, por lo que no procede rectificar lo ya acordado ni revisar la liquidación de condena, al establecerse una pauta que garantiza la aplicación integra de todo el tiempo de privación de libertad sufrido por el condenado en esta causa desde que fuera detenido cautelarmente, en la perspectiva del límite de cumplimiento fijado.”
e) Contra dicho Auto el demandante interpuso recurso de casación, alegando la infracción de los arts. 58 del Código penal (en adelante CP), y 17 CE, solicitando el abono de la prisión preventiva sufrida en diversas causas desde el 16 de noviembre de 2004 al 23 de septiembre de 2005 [fecha en que a juicio del recurrente adquirió firmeza la condena impuesta en la causa C)]. Posteriormente al evacuar traslado del escrito de impugnación del Ministerio Fiscal, el demandante precisa que el tiempo que solicita que le sea de abono, es el que coincidió simultáneamente como preso preventivo y penado: desde el 26 de abril de 2004 hasta el 23 de septiembre de 2005.
f) Por Auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo dictado el 14 de septiembre de 2011, se declaró no haber lugar a la admisión. En dicho Auto tras exponer la doctrina contenida en la STC 57/2008 indicaba que el Tribunal de instancia debe abonar el periodo de prisión provisional simultáneo al cumplimiento de la pena aunque dicho periodo sea coincidente con el cumplimiento de otras penas por causas distintas y sin que sea necesario justificar la existencia de un perjuicio para la libertad. Añadía el Alto Tribunal, que es distinta la cuestión cuando se produce la coincidencia en el tiempo de dos o más prisiones provisionales acordadas en causas distintas, al no haber sido contemplado ni resuelto tal supuesto por la STC 57/2008. Indicando que puede sostenerse:
“[Q]ue las prisiones provisionales simultáneas realmente solo conllevan una privación de libertad única y la pluralidad de las mismas no deja de ser a estos efectos meramente formal o incluso precautoria ante posibles decisiones de libertad provisional dictadas por un juzgado y no por otro u otros. Por ello no es posible computar doblemente la prisión provisional cuando ya ha sido aplicada en la causa en la que se acordó o incluso en otra causa distinta conforme a las previsiones contenidas en la redacción anterior y actual del art. 58 conforme a la LO 15/2003.”
“No cabe por tanto, sumar los periodos de prisiones preventivas sufridas … a la primera condena de prisión que suma un total de 25 años y tres meses de prisión debe aplicarse el periodo de prisión preventiva de 21.10.2001 a 16.12.2004, aunque admitiéramos que continuaba como preventivo hasta la fecha indicada por el recurrente, de 16.12.2004 a 23.09.2005 este periodo le sería aplicable a la segunda de las condenas de 8, 16 y 7 años de prisión, y todavía le quedaría por cumplir una condena de 15 años de prisión, esto conduce a que la pretensión aludida carezca de toda eficacia.”
3. El recurrente sustenta la demanda en la vulneración del derecho fundamental a la libertad (art. 17.1 CE) y del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
4. Por providencia de 7 de junio de 2012, la Sala Segunda de este Tribunal acordó la admisión a trámite del recurso de amparo y, en aplicación de lo previsto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), dirigir atenta comunicación a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, a fin de que, respectivamente, en el plazo de diez días, remitieran certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes, y se emplazara a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto a la parte recurrente en amparo, para que pudieran comparecer en este proceso constitucional, si lo estimasen pertinente.
5. Una vez recibidos los testimonios solicitados y cumplimentados los emplazamientos requeridos, la Sala Segunda, por diligencia de ordenación de su Secretaría de Justicia de 28 de septiembre de 2012, acordó dar vista de las actuaciones a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para que formularan las alegaciones que estimaran pertinentes, conforme determina el art. 52.1 LOTC.
6. Únicamente el Ministerio Fiscal, mediante escrito registrado el día 12 de noviembre de 2012, formuló alegaciones.
7. El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 22 de octubre de 2013, de conformidad con lo dispuesto en el art. 10.1 n) LOTC, a propuesta de la Sala Segunda, acordó recabar para sí el conocimiento del recurso de amparo.
8. Por providencia de 25 de febrero de 2014 se acordó señalar para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 27 del mismo mes y año.
1. El objeto de este recurso de amparo es determinar si la decisión judicial de no descontar del límite máximo de cumplimiento, fijado en veinticinco años por el Auto de acumulación de condenas, el periodo de tiempo en que simultáneamente se encontraba como preso preventivo en la causa C) —sumario núm. 12-2002, luego rollo de sala núm. 16-2002— y como penado en la causa A) —sumario núm. 12-2002, luego rollo de sala núm. 34-2002—, esto es, a juicio del demandante, desde el 16 de diciembre de 2004 al 25 de septiembre de 2005, ha vulnerado el derecho a la libertad (art. 17.1 CE) y a la tutela judicial efectiva del demandante (art. 24.1 CE).
2. La cuestión de fondo objeto de la demanda se circunscribe a verificar si la decisión de los órganos judiciales por la que se rechaza descontar del límite máximo de cumplimiento efectivo de las tres causas acumuladas (veinticinco años de duración de la privación de libertad) el período de tiempo en que estuvo simultáneamente en prisión provisional en la causa C) y cumpliendo pena en la causa A), es contraria al derecho a la libertad (art. 17.1 CE). Ya hemos expuesto en los antecedentes los períodos de prisión provisional acordada en cada una de las tres causas acumuladas, los períodos que sí han sido abonados y aquél otro sobre el cual se reclama su abono.
3. Este Tribunal se ha pronunciado, desde la inicial STC 57/2008, de 28 de abril, en las sucesivas SSTC 92/2012, de 7 de mayo; 158/2012, de 17 de septiembre; 193/2012, de 29 de octubre; 229/2012, de 10 de diciembre; 148/2013, de 9 de septiembre, y 168/2013, de 7 de octubre, sobre diversos aspectos derivados de las exigencias que la Constitución impone en la aplicación del art. 58.1 CP, en la redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Como se sabe, dicho precepto regula el abono, para el cumplimiento de la pena, del tiempo de prisión preventiva a la que se ha estado cautelarmente sometido. Las peculiaridades de este supuesto, que se refiere específicamente al cumplimiento sucesivo, por orden de gravedad, de múltiples penas (art. 75 CP), que fueron impuestas en distintos procesos que han sido acumulados después de dictada Sentencia (art. 988 de la Ley de enjuiciamiento criminal), a las que se ha fijado judicialmente un límite temporal máximo de cumplimiento efectivo (art. 76 CP), han sido específicamente abordadas en las SSTC 148/2013 y 168/2013, sintetizando en ésta última nuestra doctrina en los siguientes términos:
“El art. 17.1 CE, tras proclamar el derecho de toda persona a la libertad y a la seguridad, dispone que ‘[n]adie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma prevista en la ley’. Más concretamente, en relación con la ejecución de las penas privativas de libertad, este Tribunal tiene declarado que ‘no es excluible una lesión del art. 17.1 CE, si no se procede tal y como ordena el Código penal y la Ley de enjuiciamiento criminal’, pues el derecho reconocido en el art. 17.1 CE permite la privación de libertad sólo en los casos y en las formas previstos en la Ley. De modo que ‘[n]o ha de excluirse que lesione el derecho reconocido en el art. 17.1 CE la ejecución de una Sentencia penal con inobservancia de las disposiciones de la Ley de enjuiciamiento criminal y del Código penal respecto al cumplimiento… de las distintas condenas de pérdida de libertad que pudieran reducir el tiempo de permanencia en prisión del condenado, en cuanto supongan un alargamiento ilegítimo de esa permanencia y, por ende, de la pérdida de libertad’ (SSTC 130/1996, de 9 de julio, FJ 2, 57/2008, FJ 2 y 92/2012, FJ 4).
c) Por último, en la muy reciente STC 148/2013, de 9 de septiembre, FJ 6, este Tribunal ha señalado que, en caso de cumplimiento acumulado de varias condenas, ex art. 988 LECrim y 75 y 76 del Código penal, no resulta constitucionalmente obligada la pretensión de que los períodos de prisión preventiva que, conforme a las anteriores reglas, sean abonables, sean descontados del límite máximo de cumplimiento establecido judicialmente al realizar la acumulación procesal de causas post-sentencia.”
4. El demandante de amparo cuestiona las decisiones judiciales por considerar que, conforme a la STC 57/2008, la Ley penal le otorga el derecho a que el período de prisión preventiva simultáneo al cumplimiento de pena, le sea abonable del tiempo máximo de cumplimiento efectivo de veinticinco años fijado judicialmente en virtud de la acumulación de condenas ex art. 76 CP.
5. No corresponde a este Tribunal la interpretación de la legalidad procesal y penal, dado que esta es una función encomendada a los órganos de la jurisdicción ordinaria (art. 117.3 CE). Más limitadamente, la función de este Tribunal se reduce a una supervisión externa de la razonabilidad de la fundamentación de las resoluciones judiciales recurridas desde la perspectiva del derecho a la libertad, en coherencia con la doctrina constitucional (por todas, SSTC 108/1997, de 2 de junio, FJ 2; 31/1999, de 8 de marzo, FFJJ 3 y 6, y 19/1999, de 22 de enero, FJ 4). En materia de derechos fundamentales, la legalidad ordinaria ha de ser interpretada de la forma más favorable para la efectividad de tales derechos (STC 32/1987, de 12 de marzo, FJ 3, y las que en el mismo se citan), favor libertatis que exige que la norma aplicada permita otra interpretación alternativa a la elegida por el órgano judicial (STC 32/1989, de 13 de febrero, FJ 2), esto es, presupone la existencia de alguna res dubia o de alguna variante en la interpretación de los preceptos legales (STC 1/1989, de 16 de enero, FJ 3), o en otras palabras, la interpretación más favorable no puede entenderse como la admisión de interpretaciones que por forzosas e imprevisibles violenten la literalidad, finalidad y racionalidad de la norma aplicada, con quiebra de la seguridad jurídica y de la previsibilidad de la ley.
6. Por todo lo expuesto, debe afirmarse que las decisiones adoptadas no han producido la alegada lesión del derecho a la libertad del demandante (art. 17.1 CE), al no contravenir lo dispuesto en el 58.1 CP, ni quebrantar tampoco el fundamento y los fines que justifican la acumulación jurídica (art. 76 CP), a saber, mitigar el rigor de la acumulación material de penas, superando la finalidad meramente retributiva de la pena y acomodando la actividad punitiva a la conformación del Estado como Estado social y democrático.
1. Voto particular que formulan la Magistrada doña Adela Asua Batarrita y los Magistrados don Luis Ignacio Ortega Álvarez, don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan Antonio Xiol Ríos a la Sentencia dictada en el recurso de amparo avocado al Pleno núm. 6313-2011.
1. El objeto de este recurso era analizar, desde el prisma constitucional del derecho a la libertad (art. 17.1 CE), si las reglas del abono de la prisión preventiva según fueron fijadas en la STC 57/2008, de 28 de abril, en interpretación del art. 58 del Código penal (CP) (antes de la Ley Orgánica 5/2010), pueden dejar de aplicarse a los supuestos de cumplimiento acumulado de varias penas al que se fija un límite máximo (art. 76.1 CP). Lo cual requería explicar si del tenor legal del art. 58, cuya amplitud determinó la interpretación extensiva pro libertatis de aquella resolución, puede derivarse la posibilidad de alguna excepción. O si el fundamento material en el que también se apoyaba la STC 57/2008 —la paralización del proceso penitenciario o programa de cumplimiento de la pena, ante la aplicación de la condición de preso preventivo— no concurre de la misma forma en tales casos.
2. Una correcta exposición de nuestra discrepancia exige, en primer lugar, hacer un breve recordatorio de la jurisprudencia constitucional sobre la garantía legal del derecho fundamental a la libertad (art. 17.1 CE) y, en segundo lugar, un sucinto análisis de la institución del abono de la prisión provisional y cómo se ha proyectado sobre la misma esa jurisprudencia constitucional.
3. El abono del periodo de tiempo de la privación de libertad cumplido cautelarmente, a efectos de la liquidación de la posterior condena es una institución reconocida desde antiguo en nuestras leyes penales. En el código penal de 1995 quedó recogida en el art. 58, precepto que, hasta la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010, establecía, sin salvedad alguna, que “[e]l tiempo de privación de libertad sufrido provisionalmente será abonado en su totalidad por el juez o tribunal sentenciador para el cumplimiento de la pena o penas impuestas en la causa en que dicha privación fue acordada” (art. 58.1). Ahora bien, en el mismo precepto también establecía:
“2. El abono de prisión provisional en causa distinta de la que se decretó será acordado de oficio o a petición del penado y previa comprobación de que no ha sido abonada en otra causa, por el Juez de Vigilancia Penitenciaria de la jurisdicción de la que dependa el centro penitenciario en que se encuentre el penado, previa audiencia del ministerio fiscal.
4. Las reglas anteriores se aplicarán también respecto de las privaciones de derechos acordadas cautelarmente.”
4. Por otro lado, la previsión legal de un límite máximo de cumplimiento efectivo se ciñe, en los estrictos términos en que está regulada en el art. 76.1 CP, a declarar extinguidas aquellas penas que quedaran pendientes de cumplimiento una vez que se alcance ese límite máximo. En el cómputo del tiempo que el penado tiene pendiente de cumplir, se le descuentan, una vez que la Sentencia es firme —o una vez que se aprueba la acumulación regulada en el art. 76 CP—, los periodos de prisión provisional, que a todos los efectos jurídicos operan como tiempo de pena efectivamente cumplida. La privación de libertad sufrida como “medida cautelar” se transmuta en “pena”, cumplida por anticipado. Este cómputo no puede sino realizarse conforme a lo establecido en el art. 58, único precepto del Código penal dedicado a regular la operación del abono en cuestión; operación que, como subraya el Ministerio Fiscal, es previa y por completo ajena y autónoma a la circunstancia de la existencia de un límite máximo de cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad.
5. La posición de la mayoría también comparte con las resoluciones judiciales impugnadas un segundo argumento conforme al cual, aun en la hipótesis en que fuera de aplicación el doble cómputo de la prisión provisional, no existiría ningún efecto de reducción del periodo de privación de libertad, pues el abono no se computaría sobre el límite máximo de cumplimiento efectivo, que no es una nueva pena producto de la acumulación, sino que debería aplicarse respetando el cumplimiento sucesivo de las penas según su gravedad previsto en el art. 75 CP.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 6313-2011
Promovido por don Roberto Lebrero Panizo en relación con las resoluciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre liquidación de condena.
El recurrente en amparo acumuló tres condenas distintas y simultaneó periodos de prisión preventiva y de cumplimiento de pena en las distintas causas. Solicitó que le fuera deducido del límite máximo de cumplimiento efectivo de las tres causas acumuladas, el tiempo que estuvo simultáneamente en prisión provisional por la última causa y como penado en la primera. Se examina si las resoluciones que denegaron dicha solicitud son contrarias al derecho fundamental a la libertad.
Se desestima el recurso. El Pleno del Tribunal examina en esta Sentencia si las reglas de abono de la prisión provisional fijadas en la STC 57/2008, de 28 de abril, al interpretar el art. 58.1 del Código penal, son aplicables a los supuestos de acumulación de condenas con límite máximo de cumplimiento. La Sentencia considera que la finalidad y literalidad del artículo 58.1 CP no acoge la interpretación pretendida de descontar del límite máximo de cumplimiento efectivo resultante de la acumulación de condenas, el tiempo en que el recurrente estuvo simultáneamente como preso preventivo y como condenado por otra causa. De aceptarse dicha interpretación, se invertiría la relación entre la pena y la antijuridicidad del hecho, de modo que la comisión de nuevos delitos resultaría beneficiosa al rebajar el tiempo máximo de cumplimiento efectivo de la condena. Esta Sentencia acota la doctrina recogida en la STC 57/2008, en la línea ya apuntada en las SSTC 148/2013, de 9 de septiembre, y 168/2013, de 7 de octubre, en las que se abordaron supuestos similares. En este sentido, señala el Tribunal que no es constitucionalmente exigible en los casos de condenas acumuladas con límite máximo de cumplimiento, una interpretación que imponga el doble cómputo de un mismo periodo de prisión como preventivo y como penado, o que exija considerar el tiempo de prisión provisional como tiempo de cumplimiento efectivo.
La Sentencia contiene un voto particular discrepante, suscrito por cuatro magistrados.
Las decisiones judiciales, que no descontaron del límite máximo de cumplimiento efectivo de varias causas acumuladas el período de tiempo en que se simultaneó la situación de preso preventivo con la de penado, no han lesionado el derecho a la libertad del demandante, art. 17.1 CE, al no contravenir lo dispuesto en el 58.1 CP, ni quebrantar el fundamento y los fines que justifican la acumulación jurídica, art. 76 CP, a saber, mitigar el rigor de la acumulación material de penas, superando la finalidad meramente retributiva de la pena y acomodando la actividad punitiva a la conformación del Estado como Estado social y democrático [FJ 6].
En el caso de las condenas acumuladas, la decisión judicial de no descontar del límite máximo de cumplimiento efectivo el periodo de tiempo en que simultáneamente se encontraba como preso preventivo y como penado no es contraria a la Constitución, pues no es exigible una interpretación conjunta del art. 58.1 CP –en la redacción anterior a la Ley Orgánica 5/2010– y de los arts. 75 y 76 CP que imponga el doble cómputo de un mismo periodo de prisión como preventivo y como penado, o que lleve a considerar que el tiempo de prisión provisional simultáneo al de cumplimiento de pena deba conceptuarse como tiempo de cumplimiento efectivo [FJ 5].
No puede afirmarse que la decisión impugnada, que sólo considera como tiempo abonable el tiempo real o efectivo de privación cautelar de libertad, lesione el contenido del derecho fundamental a la libertad, en tanto que la misma no se desarrolla bajo la cobertura improcedente de la Ley o contra lo que la Ley dispone, ni excede de la finalidad ni del tenor literal de las normas aplicadas, arts. 58.1 y 76 CP (SSTC 127/1984, 57/2008; ATC 320/1984) [FJ 5].
La interpretación más favorable para la efectividad de los derechos fundamentales no puede entenderse como la admisión de interpretaciones que por forzosas e imprevisibles violenten la literalidad, finalidad y racionalidad de la norma aplicada, con quiebra de la seguridad jurídica y de la previsibilidad de la ley (SSTC 1/1989, 31/1999) [FJ 5].
Doctrina sobre el abono del tiempo de prisión provisional decretada en varias causas ex arts. 58.1, 75 y 76 CP (SSTC 57/2008, 168/2013) [FFJJ 3, 4].
Doctrina sobre la potencial lesión del derecho a la libertad y a la seguridad, art. 17.1 CE, en caso de ejecución de penas privativas de libertad sin observancia de las disposiciones del Código penal y de la Ley de enjuiciamiento criminal (SSTC 130/1996, 92/2012) [FJ 3].
Artículo 17, f. 3, VP
Artículo 17.1, ff. 1 a 3, 6, VP
Artículo 58, f. 3, VP
Artículo 58.1, ff. 2 a 6, VP
Artículo 58.1 (redactado por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, ff. 3 a 5
Artículo 75, ff. 2 a 5, VP
Artículo 76, ff. 3 a 6, VP
Artículo 76.1, f. 2, VP
Artículo 78.1, VP
Derecho a la libertad personalDerecho a la libertad personal, Respetado, ff. 2, 3, 4, 5, VP
Libertad de configuración del legisladorLibertad de configuración del legislador, f. 3 a), VP
Abono de prisión provisionalAbono de prisión provisional, ff. 2 a 5, VP
Exclusión de doble abono de prisión provisionalExclusión de doble abono de prisión provisional, ff. 3 a 5
Límite máximo de cumplimiento de condenaLímite máximo de cumplimiento de condena, ff. 2 a 5
Prisión provisionalPrisión provisional, Doctrina constitucional, ff. 3 a 5, VP
Prisión provisionalPrisión provisional, ff. 2, 3, 4, 5
Simultaneidad de la condición de preso preventivo y de penadoSimultaneidad de la condición de preso preventivo y de penado, f. 5, VP