Source: http://senado.cl/appsenado/index.php?mo=sesionessala&ac=getDocumento&teseid=61076&legiid=488
Timestamp: 2018-05-25 22:45:16
Document Index: 275301816

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 17', 'Artículo 64', 'artículo 73', 'artículo 196', 'artículo 65', 'artículo 2', 'artículo 65', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 130', 'artículo 130', 'artículo 130', 'artículo 19', 'artículo 8', 'artículo 130', 'artículo 2', 'artículo 130', 'artículo 132', 'artículo 130', 'artículo 130', 'artículo 130', 'artículo 187', 'artículo 187', 'artículo 187', 'artículo 130', 'artículo 130', 'artículo 130', 'artículo 130', 'artículo 130', 'artículo 130', 'artículo 130', 'artículo 130', 'artículo 130', 'artículo 130', 'artículo 130', 'artículo 130', 'artículo 130', 'artículo 130', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 13', 'artículo 24', 'artículo 25', 'artículo 44', 'artículo 56', 'artículo 65', 'artículo 75']

ESTABLECIMIENTO DE DÍA NACIONAL DEL CIRCO CHILENO
ESTABLECIMIENTO DE DÍA DEL MAESTRO OBRERO CONSTRUCTOR
NUEVA INSTITUCIONALIDAD PARA SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL
HOMENAJE A COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE VALPARAÍSO EN SU CENTÉSIMO OCTOGÉSIMO ANIVERSARIO
CUESTIONAMIENTO A FUSIÓN DE AFP CUPRUM Y AFP ARGENTUM
NECESIDAD DE MARCO REGULATORIO ADECUADO PARA NAVEGACIÓN COMERCIAL EN AGUAS INTERIORES. OFICIO
Sesión 27ª, en miércoles 5 de julio de 2017
(De 16:24 a 19:8)
Concurrieron, además, los Ministros de Hacienda, señor Rodrigo Valdés Pulido; de Economía, Fomento y Turismo, señor Luis Felipe Céspedes Cifuentes; de Desarrollo Social, señor Marcos Barraza Gómez, y de Minería, Aurora Williams Baussa.
Asimismo, se encontraba presente la Subsecretaria de Evaluación Social, señora Heidi Berner Herrera, y la Directora del Instituto Nacional de Estadística, señora Ximena Clark Núñez.
--Se abrió la sesión a las 16:24, en presencia de 14 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 24ª y 25ª, ordinarias, en 20 y 21 de junio del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
Veintisiete de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con los once primeros retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
2) El que modifica la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores (boletín Nº 9.369-03).
8) El que modifica el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas y la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, para los efectos de aumentar el plazo de prescripción de la acción disciplinaria en el caso de los funcionarios de dichas instituciones (boletín N° 10.623-02).
3) Proyecto de ley que introduce modificaciones al marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalización y sanciones (boletín N° 8.149-09).
5) Proyecto de ley que determina conductas terroristas y su penalidad y modifica los Códigos Penal y Procesal Penal (boletines números 9.692-07 y 9.669-07, refundidos).
9) Proyecto de ley que tipifica el delito de corrupción entre particulares y modifica disposiciones del Código Penal relativas a delitos funcionarios (boletines números 9.956-07 y 10.155-07, refundidos).
10) Proyecto que modifica la Ley de Tránsito para incorporar disposiciones sobre convivencia de los distintos medios de transporte (boletín N° 10.217-15).
11) Proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y otros cuerpos legales en lo relativo a probidad y transparencia (boletín N° 10.264-07).
14) Proyecto que modifica la ley N° 20.357, que tipifica crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra, para incorporar el delito de agresión y extender los crímenes de guerra a conflictos no internacionales (boletín N° 10.665-07).
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que comunica que aprobó las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que establece un nuevo gobierno corporativo de la Empresa Nacional del Petróleo (boletín N° 10.545-08).
Adjunta diversas resoluciones dictadas en requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las siguientes disposiciones:
-Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, e inciso segundo del artículo 17 B de la ley N° 17.798, sobre control de armas.
-Artículo 64 de la ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, y artículo 73 del decreto N° 412, de 1991, del Ministerio de Defensa Nacional, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto del Personal de Carabineros de Chile.
-Inciso primero del artículo 196 ter de la ley N° 18.290, de Tránsito.
De la señora Contralora (S) General de la República:
Contesta consulta sobre el informe final de la investigación efectuada en la Corporación Nacional del Cobre de Chile, durante el presente año, materia requerida en nombre del Senador señor Chahuán.
Informa sobre diversas materias relativas al proyecto de ley que otorga nuevas atribuciones al Ministerio de Desarrollo Social en materia de niñez y crea la Subsecretaría de la Niñez (boletín N° 10.314-06), consulta enviada en nombre del Senador señor Bianchi.
Da respuesta a preocupación, expresada en nombre del Senador señor De Urresti, acerca de la situación del terreno en que se ubican la torre y las instalaciones del Comité de Agua Potable Rural Aldea Campesina, de la comuna de La Unión.
Atiende preocupación, manifestada en nombre del Senador señor Chahuán, sobre reclamo individualizado, presentado ante el Servicio de Salud Metropolitano Sur de Santiago, por el fallecimiento de una persona en el Hospital Barros Luco.
Del señor Ministro (S) de Agricultura:
Adjunta respuesta a requerimiento, expedido en nombre del Senador señor Horvath, para que en el proyecto "Parques de La Patagonia" se respeten los derechos de los pobladores de la zona.
Envía información acerca del cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a voltaje del servicio suministrado por la empresa CONAFE en la localidad de Chañaral de Aceituno (comuna de Freirina), materia consultada en nombre del Senador señor Prokurica.
Da respuesta a petición de información, expresada en nombre del Senador señor De Urresti, relativa a la investigación realizada por la Fiscalía de Valdivia en razón del retiro de materiales desde la excárcel de dicha localidad.
Responde consulta atinente al número de mujeres fallecidas que a la fecha no dieron lugar a la cuota mortuoria por haberse acogido al beneficio del pago del Bono por Hijo Nacido Vivo, información solicitada en nombre del Senador señor Bianchi.
Del señor Director Nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor:
Anexa antecedentes acerca de los programas "Asesores Senior" y "Te Acompaño", consulta expresada en nombre del Senador señor De Urresti.
Remite respuesta a petición, expedida en nombre del Senador señor Navarro, acerca del número de peatones fallecidos en accidentes de tránsito en la Región del Biobío y de las acciones ejecutadas en la campaña "Todos Somos Peatones".
Del señor Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas de Aisén:
Informa sobre posible construcción de un puente para el río Pampita y continuación del camino construido por el sector norponiente del río Palena, materias consultadas en nombre del Senador señor Horvath.
Del señor Director del Servicio de Salud de Talcahuano:
Envía información, solicitada en nombre del Senador señor Navarro, en cuanto al estado de avance de la tercera etapa del Hospital Las Higueras de Talcahuano.
Del señor Jefe del Comité de Transporte, Concesión y Empresas Públicas de la Contraloría General de la República:
Contesta petición de información, manifestada en nombre del Senador señor Harboe, con relación a la toma de razón de los decretos supremos necesarios para materializar la rebaja de tarifas eléctricas considerada en la ley N° 20.928, que establece mecanismos de equidad en las tarifas de servicios eléctricos.
De los Senadores señor Quintana, señora Muñoz y señores De Urresti, Navarro y Quinteros, con la que inician un proyecto que modifica la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, a fin de considerar escaños reservados para representantes de pueblos originarios de Chile (boletín Nº 11.309-06).
Moción de la Senadora señora Pérez San Martín, con la que propone un proyecto que modifica el decreto ley N° 1.757, que otorga beneficios por accidentes y enfermedades a los miembros de los cuerpos de bomberos, para considerar indemnizaciones por accidentes o enfermedades que no ocurran en actos de servicio.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia la Presidenta de la República, conforme lo dispone el inciso cuarto, número 6°, del artículo 65 de la Constitución Política de la República.
Moción del Senador señor Lagos, con la que inicia un proyecto de ley que modifica el destino del impuesto establecido en el artículo 2° del decreto ley N° 2.398, que fija normas complementarias de administración financiera y de incidencia presupuestaria, para el caso de las empresas portuarias.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia la Presidenta de la República, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 65 de la Constitución Política de la República.
De Su Excelencia la Presidenta de la República, con el que comunica su ausencia del territorio nacional durante los días 6 y 7 del presente mes para dirigirse a la ciudad de Lima, República del Perú.
Informa que durante su ausencia será subrogada por el Ministro titular de la Cartera del Interior y Seguridad Pública, señor Mario Fernández Baeza, con el título de Vicepresidente de la República.
Complementario de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que perfecciona la justicia tributaria y aduanera (boletín N° 9.892-07) (con urgencia calificada de "simple").
--Queda para la tabla de la presente sesión.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Quiero proponerle a la Sala que podamos tratar, al comienzo del Orden del Día y como si fueran de Fácil Despacho, los proyectos signados con los números 5 y 6 de la tabla. El primero declara el Día Nacional del Circo Chileno, mientras que el segundo declara el 19 de marzo como "Día del Maestro Obrero Constructor".
¿Habría acuerdo para proceder en los términos descritos?
El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, la Comisión de Educación solicita que se fije nuevo plazo de indicaciones, hasta el próximo martes 11 de julio, a las 12 horas, para el proyecto de ley que crea el Sistema de Educación Pública.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Pido autorización de la Sala para que pueda ingresar al Hemiciclo la Subsecretaria de Evaluación Social, señora Heidi Berner.
Boletín N° 10662-24
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Conforme a lo recién acordado por la Sala, corresponde tratar, como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que declara el primer sábado de septiembre de cada año como Día Nacional del Circo Chileno, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.662-24) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite: sesión 34ª, en 2 de agosto de 2016 (se da cuenta).
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 26ª, en 4 de julio de 2017.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de la iniciativa es instituir, en todo el territorio nacional, el primer sábado de septiembre de cada año como Día Nacional del Circo Chileno.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización discutió el proyecto en general y en particular, por tratarse de aquellos de artículo único, y lo aprobó por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Quinteros y Zaldívar.
El texto que se propone aprobar se consigna en la página 6 del informe de la Comisión.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado en general y particular.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto.
Boletín N° 11221-04
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Enseguida corresponde tratar, también como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señora Muñoz y señores Bianchi, Chahuán, Prokurica y Quinteros, en primer trámite constitucional, que establece el 19 de marzo de cada año como "Día del Maestro Obrero Constructor", con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.221-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señora Muñoz y señores Bianchi, Chahuán, Prokurica y Quinteros):
En primer trámite: sesión 14ª, en 10 de mayo de 2017 (se da cuenta).
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de la iniciativa es establecer el 19 de marzo de cada año como "Día del Maestro Obrero Constructor".
El texto que se propone aprobar se consigna en la página 4 del informe de la Comisión.
Si no hay objeción, se dará por aprobado en general y en particular.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que perfecciona la justicia tributaria y aduanera, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, informe y certificado de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "simple".
Sesión 88ª, en 8 de marzo de 2017 (se aprueba en general).
El señor LABBÉ (Secretario General).- El Senado aprobó en general la iniciativa en su sesión de 8 de marzo de 2017.
La Comisión de Constitución deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que el artículo 4° permanente y los artículos primero a quinto transitorios no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, por lo que deberían darse por aprobados, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.
Cabe consignar que el artículo primero transitorio y el inciso primero del artículo segundo transitorio son normas de rango orgánico constitucional, por lo que requieren para su aprobación 21 votos favorables.
--Se aprueban, dejándose constancia de que se reúne el quorum constitucional requerido (22 Senadores presentes).
El señor LABBÉ (Secretario General).- Ahora bien, con el mismo quorum de 21 votos deben aprobarse también en particular los números 1 a 5 y 7 y 8 del artículo 1°, y los números 12; 13; 21, letra a), y 26, letra a), del artículo 2°, más el numeral 6 del artículo 3°, por ser normas de rango orgánico constitucional que no fueron modificadas en los informes.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Comisión de Constitución efectuó diversas enmiendas al texto aprobado en general, todas las cuales aprobó por unanimidad.
La Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció acerca de las normas de su competencia (números 2, 3, 5 y 8 del artículo 1°; números 6 y 15 del artículo 2°; número 1 del artículo 3°, y artículos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto transitorios), sin introducir enmiendas al texto despachado por la Comisión de Constitución.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general, las enmiendas realizadas por la Comisión de Constitución y el texto como quedaría de aprobarse estas modificaciones.
Asimismo, se ha pedido votación separada respecto del número 6 del artículo 2°, específicamente para la parte final del inciso tercero del artículo 130 que se reemplaza (página 35 del comparado)-, que señala: "No obstante lo anterior, el Tribunal podrá exigir que los documentos y demás pruebas que se acompañen en el proceso sean presentados en forma física".
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, el lunes de la presente semana el presidente del Colegio de Contadores Auditores Universitarios de Chile envió una carta a un diario de circulación nacional manifestando su preocupación por esta disposición.
Él plantea algo que abogados tributaristas ya me han hecho presente, vinculado con la parte final del inciso tercero del artículo 130.
Este es un muy buen proyecto, que establece un cambio para que los procesos ante los tribunales tributarios y aduaneros se tramiten en forma electrónica.
¿Por qué el presidente del Colegio de Contadores Auditores, don Emilio Soria, plantea una preocupación? Porque el artículo 130 comienza diciendo: "El Tribunal Tributario Aduanero llevará los autos en la forma ordenada en los artículos 29 y 34 del Código de Procedimiento Civil", es decir, en forma electrónica. Pero la parte final del inciso tercero dispone: "No obstante lo anterior, el Tribunal podrá exigir que los documentos y demás pruebas que se acompañen en el proceso sean presentados en forma física".
Yo comparto el criterio planteado por el presidente del Colegio de Contadores Auditores de Chile y también por algunos abogados tributaristas, porque, si el juez no solicita acompañar al proceso los antecedentes probatorios en forma física, se deduce que deben presentarse en forma digital. Y la verdad, señor Presidente, es que eso significa no entender Chile. Nuestro país tiene una realidad totalmente distinta. Hasta hace muy pocos años, la contabilidad se llevaba en libros, en formato físico.
Por lo tanto, nos preocupa que, si aprobamos la disposición tal como está, dejemos en la indefensión a contribuyentes que quieran presentar su prueba en libro físico.
Yo planteé en la Comisión de Hacienda -lamentablemente, no fue acogido- la idea de seguir el mismo camino que se siguió en el Código de Procedimiento Civil cuando se hicieron cambios para empezar a tramitar electrónicamente los procesos. Eso significaba cambiar la disposición para establecer que "los documentos cuyo formato original no sea electrónico, podrán presentarse materialmente al tribunal y quedarán bajo la custodia del funcionario o ministro de fe correspondiente".
Esto es exactamente lo que se hizo en el CPC. Sin embargo, los parlamentarios y el Ejecutivo no estuvieron de acuerdo y se prefirió el camino -a mi juicio, un mal camino- de que esto quedara consignado en la historia de la ley. Es decir, de acuerdo al informe pertinente, habrá una disposición en virtud de la cual se podrán hacer las presentaciones en forma física y, también, un inciso que señala que la Corte Suprema dictará un auto acordado para determinar la manera como se van a tramitar los procesos.
Creo que eso es una equivocación, señor Presidente, por cuanto se afecta gravemente la garantía constitucional relativa al derecho a tener un justo proceso al no permitir en algunas circunstancias el uso de este tipo de pruebas.
De ahí que hago reserva de constitucionalidad de acuerdo al artículo 19, número 3°, inciso sexto, de la Constitución Política de la República y al artículo 8, número 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Porque aquí, lamentablemente, se ha elegido el camino de aprobar a matacaballo una disposición respecto a la cual claramente los técnicos están diciendo que va a generar un problema.
¿Por qué no lo arreglamos ahora?
Esa es la propuesta que nosotros hemos formulado y que, sin embargo, no ha sido acogida.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, quiero informar brevemente sobre el contenido de este proyecto y el debate que hubo en la Comisión de Hacienda, en que incluso realizamos una sesión adicional y especial para oír al Senador Prokurica y conocer la visión tanto del Gobierno, del Ministerio de Hacienda, como del Juez Tributario de Valparaíso, que tuvieron la gentileza de explicarnos cómo eran realmente las cosas.
Sin perjuicio de ello, me voy a referir a la iniciativa en general, y quienes deseen seguir mi exposición más directamente podrán hacerlo en las siguientes imágenes.
Su objetivo es fortalecer institucionalmente a los Tribunales Tributarios y Aduaneros y perfeccionar las reglas que rigen los procedimientos.
Primero, el fortalecimiento institucional, con un nuevo sistema de remuneraciones, con plantas para esos tribunales y una redistribución de las causas en la Región Metropolitana.
Como se puede ver, se aumentan las plantas, se ajustan y reorganizan las plantas de Santiago y se establece la distribución de las causas entre los cuatro tribunales de la Región Metropolitana, lo que era necesario porque había mucho desequilibrio.
Segundo, además del fortalecimiento institucional, se contempla el mejoramiento de los procedimientos.
Así, se incorporan nuevos trámites procesales, esto es, el trámite de la audiencia de conciliación en los procedimientos tributarios y aduaneros, que es muy valorado, y el trámite de observaciones a la prueba; se introducen mejoras en el recurso de reposición administrativa del Código Tributario, y se considera el expediente y la tramitación electrónica de causas.
Y, tercero, se consagran normas transitorias sobre la materia.
En lo que respecta al efecto fiscal, fue un concepto que resultó un tanto debatido. Sobre el particular, hubo cuatro informes financieros, que van desde el 8 de enero del 2015 hasta el 20 de junio del 2017.
¿Cuáles son los gastos fiscales de la iniciativa?
Se calcula un gasto anual de aproximadamente 2 mil millones de pesos en régimen a contar del tercer año, asociado a la escala propia de remuneraciones, al incremento de doce funcionarios en los Tribunales Tributarios y Aduaneros y de dos funcionarios en la Unidad Administradora.
Asimismo, se consideran gastos por una sola vez (primer año), vinculados al desarrollo del Sistema de Administración de Causas Tributarias y Aduaneras y a la capacitación de funcionarios.
El mayor gasto fiscal se va a financiar, como siempre, con los fondos del Ministerio de Hacienda y con el Tesoro Público, si fuese necesario.
No mencionaré el detalle de los gastos. Este aparece en el informe y los señores Senadores pueden verlo en la siguiente tabla.
En lo fundamental, debo señalar que el Subtítulo 24 es el que más gasto genera, y tiene que ver con remuneraciones, con nuevos funcionarios, etcétera.
Entre los puntos más destacados está lo que señaló el Senador Prokurica, que al final pudo ser analizado el día de hoy y que fue cuestionado por el Presidente del Colegio de Contadores Auditores Universitarios.
Me refiero al alcance del nuevo artículo 130 del Código Tributario, propuesto en el numeral 6 del artículo 2° del proyecto, en cuanto a la oración final del inciso tercero, que faculta a los Tribunales Tributarios y Aduaneros para exigir que los documentos y demás pruebas que se acompañen a un proceso sean presentados en forma física.
Frente a lo anterior, el Coordinador de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda, señor Ricardo Guerrero, manifestó que, en opinión del Ejecutivo, la interpretación que debe darse a la disposición es distinta a la señalada por el Senador Prokurica. Argumentó que ella "simplemente da cuenta de la facultad que tendrán los litigantes para presentar los documentos probatorios por medios digitales o en formato físico" -de hecho, es exactamente lo contrario al alegato que se está haciendo-, y que "En caso alguno se excluye esta última posibilidad o se limita al caso en que el tribunal así lo exija. Son las partes las que decidirán qué antecedentes aportar al proceso, no existiendo límite respecto a la vía material de presentación".
Por su parte, el Juez Tributario y Aduanero, señor Francisco Orellana, quien participó en la Comisión de Hacienda, expresó que, a juicio de él y de sus pares, "la sana interpretación de la disposición en análisis es la expuesta por el representante del Ejecutivo.".
La Comisión acordó dejar constancia de esto en el informe, para que quedara en la historia fidedigna de la ley, por si se presentara disputa sobre la interpretación, que en definitiva apunta prácticamente a lo mismo que planteó el Senador Prokurica, porque se podrán usar los dos medios, tal como sostuvo el Ejecutivo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Solicito autorización para que ingrese a la Sala el Subsecretario de Hacienda, señor Alejandro Micco
El señor COLOMA.- ¡Pero él ya habló, señor Presidente!
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, solo deseo aclarar el debate porque el Senador Montes, quien hizo una muy buena introducción del proyecto de ley, ha cometido el mismo error en que incurrió el señor Guerrero el día de ayer al señalar textualmente que la lectura de la modificación propuesta es equívoca, pues la norma cuenta con "la facultad que tendrán los litigantes de presentar los documentos por medios digitales o físicos".
Sin embargo, cuando uno lee el inciso tercero del artículo 130 -¡léalo, por favor, Senador Montes!-, observa que dice: "Las partes podrán hacer sus presentaciones al Tribunal por medio digital o electrónico", ¡no físico!
Por lo tanto, señor Presidente, ahí está el problema: queda afuera esa posibilidad, a menos que el juez pida presentar las pruebas de modo material.
El señor BIANCHI.- Está clarito.
El señor MONTES.- Lo otro también es claro: lea el resto del texto, Senador.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en primer lugar, deseo señalar que este es un buen proyecto, que es necesario, que facilita la administración de justicia en materias tributarias y aduaneras. Es, por lo demás, muy esperado por los actores económicos de nuestro país.
Primero, determina una distribución de causas, particularmente entre los Tribunales Tributarios y Aduaneros de la Región Metropolitana, de tal manera de equilibrar mejor las cargas de trabajo que existen hoy en día, y de ese modo facilitar la justicia tributaria.
En segundo término, establece una nivelación de rentas, o, por lo menos, hace un esfuerzo para tratar de nivelarlas con las de los servicios fiscalizadores. Hay que mencionar que los funcionarios de los Tribunales Aduaneros y Tributarios tienen remuneraciones por debajo de esas otras entidades, lo cual, curiosamente, hace que se produzca una competencia dentro del propio sector público y, por supuesto, una competencia bastante mayor con el sector privado, que muchas veces provoca que profesionales formados en el ámbito tributario, dentro de los tribunales tributarios, finalmente terminen prestando sus servicios en el área privada, porque ahí tienen carrera funcionaria y rentas que les resultan bastante más atractivas.
Por otro lado, señor Presidente, quiero destacar la facultad de conciliación que el artículo 132 le entrega al Tribunal Tributario y Aduanero. Se trata de una atribución nueva que va a permitir que se resuelvan más pronto los juicios, que haya un acuerdo entre el Fisco, representando por el Tribunal Tributario y Aduanero, y el contribuyente, con lo que se pondrá término anticipado a las divergencias tributarias, que muchas veces se prolongan por años.
Y eso, además, significa una mayor recaudación tributaria, la cual también resulta más oportuna.
Por eso y por otras consideraciones que, en honor al tiempo, no voy a mencionar, me parece que este es un buen proyecto, y llamo a que lo aprobemos, como ya lo hemos hecho con algunos de sus artículos.
En seguida, deseo agradecer al Senador Baldo Prokurica por hacerse eco de cierta situación planteada en una carta que publicó el Colegio de Contadores Auditores Universitarios -creo que fue el día lunes- y también de diversas interpretaciones que han surgido en el medio de los analistas tributarios y de los asesores tributarios, en el sentido del verdadero alcance del inciso penúltimo del artículo 130, sobre todo cuando dice que "el Tribunal podrá exigir que los documentos y demás pruebas que se acompañen en el proceso sean presentados en forma física".
Esa disposición deja la impresión de que el juez podrá exigir que todo sea en formato digital, obviando las pruebas físicas. Como es natural, eso produce inquietud en muchos contribuyentes, particularmente en los pequeños, porque no se cuenta con Internet en todo el país, no todos tienen la posibilidad de digitalizar su documentación contable y tributaria. Y, por lo tanto, al presentar las pruebas ante un tribunal tributario podrían quedar en una situación de desmedro.
Dicho eso, señor Presidente, en la Comisión de Hacienda acogimos el planteamiento del Coordinador de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda, señor Ricardo Guerrero, en el sentido de que el verdadero alcance de la parte final del inciso penúltimo del artículo 130 del Código Tributario debe entenderse como una "facultad que tendrán los litigantes para presentar los documentos probatorios por medios digitales o en formato físico. En caso alguno, entonces, se excluye esta última posibilidad o se limita al caso en que el tribunal así lo exija. Son las partes las que decidirán qué antecedentes aportar al proceso, no existiendo límites respecto a la vía material de presentación".
Es muy importante que esta aclaración quede para la historia fidedigna de la ley.
Yo comparto lo sostenido por el Senador Prokurica, en cuanto a que habría sido mucho mejor dejarlo establecido en la ley. Pero, en fin, creo que...
Decía que si esto queda en la historia fidedigna de la ley, debiera generar tranquilidad; pues, además, ha de entenderse en armonía con el inciso final del artículo 130, que señala: "La Corte Suprema, mediante auto acordado, fijará los requisitos que estime pertinentes para el adecuado funcionamiento del Sistema".
El señor COLOMA.- Señor Presidente, a mi juicio, aquí tenemos un problema, que para algunos puede ser menor, porque, desde algún punto de vista, es de tramitación. Sin embargo, deseo fundar el legítimo planteamiento que hizo el Senador Prokurica, en cuanto a que si bien el texto dice: "Las partes podrán hacer sus presentaciones al Tribunal por medio digital o electrónico" -eso dice el texto-,...
El señor PROKURICA.- ¡No dice "físico"!
El señor COLOMA.- Tiene razón, Su Señoría, no dice "físico". Y por eso señaló que era razonable que existiese la opción de hacerlo de esa forma. Pero, para estos efectos, esa opción depende exclusivamente del tribunal, según se desprende del texto.
En la Comisión de Hacienda nos reunimos con la intención de aclarar el asunto (aquí nadie está peleando con nadie, pues no se trata de un tema ideológico), y vimos que solo el Ejecutivo tiene iniciativa en este caso.
Deseo aclarar esta situación, porque alguien me podría preguntar ¿por qué no se legisló de otro modo, ya que implica una forma de funcionamiento de los tribunales?
El señor Coordinador de Política Tributaria dejó constancia textualmente -puede ser útil el día de mañana si se plantea la inquietud- de que esto "da cuenta de la facultad que tendrán los litigantes para presentar los documentos probatorios por medios digitales o en formato físico. En caso alguno, entonces, se excluye esta última posibilidad o se limita al caso en que el tribunal así lo exija.".
Es complejo el tema porque si uno va al tenor literal de lo que plantea el Senador Prokurica, y que acabo de leer ahora de mejor manera, se observa que no se considera exactamente la posibilidad de presentar los documentos en formato físico conforme a la mera voluntad de la parte, sino que se permite previa solicitud y con la autorización, en su momento, del juez.
No se pudo hacer de otra forma debido al tema de quién tiene iniciativa en la materia. Entonces, el Ejecutivo prefirió dejar constancia expresa de ello en el respectivo informe complementario. Por eso di lectura a una parte de este.
Por lo tanto, el certificado presentado corresponde a un informe complementario destinado a dar cuenta de la mencionada interpretación. El Senador Prokurica puede tener razón al decir: "El texto del proyecto es lo que importa más que la interpretación de una norma". Pero al no haberse podido aclarar en el primero, por lo menos queda salvaguardado mediante lo segundo cuál fue la idea. Porque es posible que alguien entienda que hablar de "sistema electrónico" implica cargar los escritos, y que con eso se entiende que se otorga esa facultad.
En todo caso, se trata de un problema meramente técnico y no de fondo. Lo que ocurre es que en ese tipo de juicios puede darse tal situación, que exista necesidad de efectuar la presentación en determinada forma, como cuando se trata de tribunales que se encuentran a lo largo de todo el país. Es decir, hay casos en que hay toneladas de expedientes y otros que son más simples.
Por lo menos en su espíritu la idea era -así lo entendió el Gobierno- que no hubiera limitación respecto del formato físico. Quizás pudo plantearse de otra manera; pero el Ejecutivo deja constancia, a través del Coordinador de Política Tributaria, que ese es el espíritu. Por eso en la Comisión pedimos que quedara en el informe complementario.
Esto tiene por objeto dejar constancia en la historia de la ley de lo sucedido en lo relativo a este proyecto. Dicho sea de paso, es un buen proyecto, pues, a veces, a propósito de determinado tema específico se nubla otro. Y, en esta ocasión, lo planteado es necesario, ayuda, por lo que es bienvenido.
Espero que esto le dé fuerza, le dé más músculo, le dé más sentido al esfuerzo que hoy día hace el país por ordenarse, en cuanto a contar con jueces especializados en materia tributaria y aduanera.
Es lo que quería plantear, señor Presidente, por lo menos para dejar constancia de aquello.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la Comisión de Hacienda declaró inadmisible una indicación que presenté sobre un hecho que me parece de una absoluta discrecionalidad, abuso, de parte del señor Director Nacional de Aduanas, relativa a la interpretación del artículo 187.
Se niega algo esencial, el derecho a audiencia en la denuncia por una infracción, de parte de una autoridad administrativa, cuando la multa es menor a 6 UTM. Es decir, no habrá lugar a audiencia y se aplicará la multa como en los juzgados de policía local.
Cabe señalar que el Servicio Nacional de Aduanas cuenta con más de 6 mil 500 funcionarios que trabajan a diario, quienes durante muchísimos años nos han dado a conocer en forma permanente las graves dificultades que afectan al Servicio: funciona mal, no revisa todos los contenedores, vulnera la transparencia.
Tengo serias dudas acerca de si este perfeccionamiento o esta modernización de la justicia tributaria y aduanera va a mejorar el Servicio de Aduanas. Porque, cuando uno observa la discrecionalidad y arbitrariedad del señor Director Nacional, surge la inquietud de si efectivamente se quiere modernizar; ya que para modernizar hay que respetar el derecho de todos.
Se ha sostenido hasta la saciedad que el artículo 187 de la Ordenanza de Aduanas ha sido interpretado por el Director Nacional provocando una innegable situación lesiva, por cuanto otorga una facultad discrecional a los Administradores de Aduana para aplicar directamente montos de multa con motivo de contravenciones aduaneras cuando la suma máxima de la sanción no exceda de 6 UTM, es decir, hablamos de 278 mil 208 pesos.
Más allá del monto, está claro que la propia autoridad ha provocado el recargo de causas en los Tribunales Tributarios y Aduaneros.
La verdad es que en las Comisiones se niega el debate para profundizar en la materia y discutir las indicaciones que presentamos los parlamentarios, los Senadores que no participamos en aquellas. ¿O alguien es experto en todas las materias? No es así. Porque no hay posibilidad física de estar en todos los órganos técnicos. Por ese motivo se presentan indicaciones. Y lo menos que uno esperaría es que se diera una buena explicación y que ellas no fueran declaradas inadmisibles, pues esto significa sacar las castañas con las manos del gato, o sea, no ir al tema de fondo.
Entonces, señor Presidente, aparte de los asuntos que se han señalado acá, es innegable que debe existir el derecho a la audiencia y que efectivamente tiene que haber apelación. Y la indicación que presenté para modificar el artículo 187 posibilitaba el establecimiento del sagrado "derecho a pataleo", a fin de que, en caso de aplicarse una multa, se pudiera reclamar fundadamente dentro de los 15 días respectivos, con el cual se sustanciaría el correspondiente proceso de conformidad a la Ordenanza de Aduanas.
Desconozco los motivos para no modificar aquello. Porque está claro que el artículo en comento será usado de manera abusiva, arbitraria, discrecional.
Eso no es modernización, sino abuso. Es una aplicación reduccionista de los procesos de modernización. No hay posibilidad alguna de que haya modernización si no existe aplicación de los principios democráticos esenciales.
Aquí ha habido una terrible urgencia -no logro comprenderla- por despachar este proyecto, a matacaballo, sin un debate profundo.
No hemos escuchado a cabalidad las intervenciones de los Senadores especializados en la materia, ni tampoco hemos oído al Ministro respectivo, ni al Director Nacional de Aduanas. No se nos ha explicado por qué esta iniciativa es tan importante para el Servicio de Aduanas. Solo la impulsan: ¡hay que sacarla prontamente!
Sobre el particular, quiero recordar que se intentó su aprobación sin debate. Y fuimos los parlamentarios quienes dijimos: "¡No! ¡Queremos debatir!". Porque la idea era aprobar este proyecto en un solo acto, en una trasnochada sesión en que debía llevarse a cabo la votación.
¡No! ¡Queremos conocerlo!
Porque después, ¿quién se hará cargo de los errores y de las legítimas críticas que los usuarios realicen sobre una legislación que puede perjudicar sus intereses?
En el Senado de la República se ha instalado el no escuchar a los usuarios. Es elevadísimo el número de proyectos de ley en que no se oye a nadie.
Señor Presidente, ingresé para su tramitación una iniciativa que obliga al Congreso Nacional, a la Cámara de Diputados y al Senado, a escuchar necesaria, obligada e irrenunciablemente a los afectados.
Si alguien va a presentar, por ejemplo, un proyecto de ley que involucra a quienes trabajan con el Servicio Nacional de Aduanas, habrá que oír a esas personas.
Pero en algunas Comisiones, ¡cero audiencia pública!
No tengo a la mano la...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Su Señoría dispone de un minuto adicional para concluir su intervención.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, está en la Sala el Subsecretario de Hacienda. No veo al Director Nacional de Aduanas. Era muy importante tenerlo acá, pues hay discrepancias en esta materia, y nos podría haber ayudado a resolverlas.
Huelga decirlo: ¡detesto votar sin la adecuada información! Por ello, las autoridades deben concurrir al Parlamento.
Agradezco la presencia del Subsecretario de Hacienda.
Reitero: habría sido muy útil la concurrencia del Director Nacional de Aduanas, pues al fin y al cabo estamos modernizando su Servicio. No sé por qué no viene. Además -según me parece-, está en Valparaíso, al ladito. O sea, no lo hacemos venir desde Santiago a carretear para acá.
Señor Presidente, con relación al planteamiento que formulé, me gustaría que tanto los miembros de la Comisión que analizó este proyecto como el Ejecutivo nos dieran una explicación.
Ello será determinante para los efectos de emitir mi voto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Le hago presente al Senador señor Navarro que nos hallamos en la discusión particular. Y se ha pedido votar separadamente la parte final del inciso tercero del artículo 130.
En cuanto a lo que plantea Su Señoría, efectivamente se trata de una indicación que se presentó en la Comisión y que fue declarada inadmisible. Y, conforme al texto que tengo a la mano, si me pidieran pronunciamiento sobre ella, la declararía inadmisible nuevamente, sin perjuicio de que el Ejecutivo recoja el punto y se pueda discutir en el próximo trámite.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente -según entiendo-, llevamos alrededor de dos años discutiendo este proyecto, que busca mejorar el funcionamiento de la justicia tributaria y aduanera. Y ello, fundamentalmente, para proteger a los usuarios y darles más certeza jurídica, así como también para que exista mayor eficiencia en el desarrollo de los negocios, sobre todo en lo relacionado con las importaciones y exportaciones.
En tal sentido, quiero relevar el hecho de que en los órganos técnicos pertinentes se recibieron a todos quienes tenían algo que decir.
Al menos en lo que a mí respecta, en cada una de las Comisiones que integro escuchamos a todos los actores. A veces concurren personas que solo quieren expresar su opinión -y es legítimo que se manifiesten-, aunque no esté relacionada con la materia en discusión.
Ahora, en cuanto a la votación separada que se mencionó, de la parte final del inciso tercero del artículo 130, en la Comisión de Hacienda debatimos sobre la preocupación planteada por el Senador Prokurica, que a su vez hicieron presente también el Colegio de Contadores Auditores Universitarios de Chile y diversos abogados tributaristas, en el sentido de que, como venía la norma, podía prestarse para confusión y perjudicar a los usuarios. Y ello, porque sería factible entender excluida la posibilidad de que los litigantes presentaran de manera física los documentos pertinentes en determinado juicio.
El señor Coordinador de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda explicó que lo que se busca es justamente lo contrario. Como hoy día las presentaciones se hacen obligatoriamente por medios escritos y también de forma electrónica, el propio juez tributario y aduanero -también asistió a la Comisión- nos dijo que, tal como estaba redactada dicha disposición, no iba a generar ningún problema.
De otro lado, me parece importante dejar claro que no es el Tribunal el que debe exigir la entrega de los antecedentes en papel, sino que son las partes las que pueden presentarlos de esa forma en cualquier momento. De manera que no existiría el impedimento que se indica, en cuanto a que solo el juez podía pedir que los documentos fueran entregados en forma física o en papel, y que si no lo exigía, las partes quedaban inhibidas para hacerlo.
Se determinó que eso no era así. Y en la carta pública con que el Coordinador de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda, señor Guerrero, respondió al Presidente del Colegio de Contadores Auditores Universitarios de Chile, don Emilio Soria, se deja perfectamente señalado aquello.
Lo que se busca es darles mayor protección a los contribuyentes con respecto a la forma como los tribunales operan el sistema tecnológico.
Ello queda claramente establecido cuando el señor Guerrero expresa: "En caso alguno se excluye dicha posibilidad o se limita al caso en que el tribunal así lo exija." -o sea, que los litigantes puedan presentar los documentos por medios digitales o físicos- "Las partes decidirán qué antecedentes aportar, no existiendo límites a la vía material de presentación.".
Además, esto queda determinado por la propia Corte Suprema, que es la que debe señalar cómo se va a operar desde el punto de vista de los procedimientos.
Entonces, me parece que este asunto queda bastante despejado.
Fue bueno el alcance hecho por el Senador Prokurica, pues lo que buscan todos es aclarar la forma como se llevan adelante los procesos, sobre todo protegiendo a los usuarios, que es lo que persigue este proyecto.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, me parece que el problema que estamos discutiendo, que detectó el Senador Prokurica, tiene que ver con el origen de este proyecto.
Esta iniciativa entró a tramitación en marzo de 2015. Y en ese minuto, cuando el inciso primero del artículo 130 hacía referencia a los artículos 29 y 34 del Código de Procedimiento Civil, los procesos se llevaban por escrito.
Por lo tanto, en esa línea, el inciso primero del artículo 130 fija la regla general de que los procesos se llevarán por escrito, y su inciso tercero establece una suerte de excepción, pues dice que "Las partes podrán hacer sus presentaciones al Tribunal por medio digital o electrónico".
En tal sentido, la interpretación dada por el Gobierno en la Comisión de Hacienda es coherente.
Sin embargo, entre medio, en diciembre de 2015, se modificaron los artículos 29 y 34 del Código de Procedimiento Civil, y hoy día los procesos se llevan por carpeta electrónica.
Por lo tanto, el artículo 130 se halla redactado en forma incoherente.
Advierto aquello ahora, en esta etapa de la discusión.
Nosotros analizamos esta materia en la Comisión. Se trata de un problema que no saltó ante nuestros ojos. Pero no saltó a los ojos de nadie.
Creo que ese es el fondo del problema: el texto del artículo 130 aparece redactado de manera contradictoria, pues su inciso tercero ya no sería una excepción a la norma general anterior, según la cual los procesos debían llevarse en forma escrita.
No sé qué sentido tiene el inciso tercero del artículo 130. Si los artículos 29 y 34 del Código de Procedimiento Civil disponen que los procesos deben llevarse de manera electrónica, no puede dicho inciso establecer esa obligación como facultad, pues las citadas normas del Código de Procedimiento Civil preceptúan que los procesos han de llevarse en carpeta electrónica.
En mi concepto, tal situación debería corregirse, para que la disposición pertinente no quedara sin sentido.
Si se corrigiera, podríamos permitir que, sobre todo los tribunales más pequeños -porque esa es la preocupación central-, que no se encuentran todavía en condiciones de hacer la transmisión electrónica, contaran con un plazo -no sé; quizás de cinco años-...
El señor PROKURICA.- En otros casos se ha hecho eso: se han otorgado cinco años.
El señor LARRAÍN.- ... para seguir llevando los procesos por escrito.
Entonces, la cuestión es al revés: ya no habría que excepcionar para operar por vía electrónica, porque eso es lo que mandan los artículos 29 y 34 del Código de Procedimiento Civil.
No sé si me explico, señor Presidente.
Creo que el asunto merece una corrección, la que debería hacerse en la Comisión de Constitución.
Porque el resto del proyecto está bien: se tramitó adecuadamente y hay acuerdo de las diversas Comisiones que estudiaron la materia. En consecuencia, se podría despachar.
Pero el artículo 130, tal como está redactado, perdió su sentido. Nadie lo advirtió. Porque entre medio se modificó el Código de Procedimiento Civil, con lo cual dicha norma queda incoherente.
Nosotros deberíamos revisar el punto en nuestra Comisión, para establecer la regla general de que los procesos se llevarán siempre en carpeta electrónica y permitir que por cierto período se sigan llevando en forma física, a fin de posibilitar que los tribunales pequeños o rurales se adapten al sistema electrónico.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Solicito autorización para que haga uso de la palabra el señor Subsecretario de Hacienda.
El señor MICCO (Subsecretario de Hacienda).- Señor Presidente, sin duda alguna, es importante que exista un debate sobre la cuestión expuesta y que se hagan las aclaraciones del caso.
Por eso, cuando el Senador Prokurica expuso la situación se vio el articulado y, también, se pidió la opinión de los jueces.
Me parece muy relevante el último punto que planteó el Senador Larraín.
Efectivamente, se registró un cambio en el Código de Procedimiento Civil. Pero ahí se excluye expresamente a los tribunales tributarios y aduaneros; ergo, los procesos siguen siendo escritos.
Reitero: en la ley que modificó el Código de Procedimiento Civil se excluyó de manera expresa a los referidos tribunales. De manera que la inquietud que se formula quedaría resuelta por ese lado: por dicha exclusión expresa.
Por lo tanto, en la visión que se dio no existiría el problema señalado.
Se expuso la cuestión a los jueces, y queda claro -y es la visión del Ejecutivo- que no se excluye a ninguna de las partes de la posibilidad de entregar su documentación en forma física o electrónicamente.
Insisto una vez más en que en la ley que modificó el Código de Procedimiento Civil quedaron expresamente excluidos los tribunales tributarios y aduaneros.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Estamos en un proceso casi de Comisión.
El señor LARRAÍN.- Sí. Por eso propuse llevar el asunto a la Comisión de Constitución.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Daré la palabra únicamente para que procuremos solucionar el problema.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, intervengo solo en el ánimo de tratar de corregir la situación que he expuesto y evitar, como lo plantea el Presidente del Colegio de Contadores de Chile, que la gente quede en la indefensión.
No estoy de acuerdo con lo que manifestó el señor Subsecretario de Hacienda, ya que el nuevo texto del artículo 130, en su inciso primero -y pido por favor que se le dé lectura-, dice: "El Tribunal Tributario y Aduanero llevará los autos en la forma ordenada en los artículos 29 y 34 del Código de Procedimiento Civil".
¡Dónde está excluido!
La cuestión es al revés. Allí se establece que tal es la fórmula porque ese es el cambio que se está introduciendo con la ley en proyecto.
Yo digo francamente que no es mi ánimo demorar el despacho de esta iniciativa, ni tampoco introducir alguna norma que pueda generar dificultades. Por el contrario.
Cuando las leyes salen malas, señor Subsecretario -lo señalo por intermedio del señor Presidente-, nadie le reclama al Gobierno: los reclamos se dirigen al Senado, a la Cámara de Diputados.
¿Cuál es la urgencia de sacar una normativa de esta manera, cuando todos estamos reconociendo la existencia de un problema? Incluso, quienes concurrieron hoy a la Comisión de Hacienda señalaron que iban a dejar una constancia en la historia de la ley.
Si es tan claro, ¿para qué lo van a dejar en la historia de la ley?
Yo creo que no está claro, y pienso que se podría corregir con una indicación que planteé. Pero, lamentablemente, no veo al Ejecutivo con ganas de escuchar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si Sus Señorías me lo permiten, quisiera hacer una insinuación.
Creo que podría solucionarse el problema señalando: "No obstante lo anterior, el tribunal, a petición de parte, podrá exigir que los documentos...
Nosotros tenemos redactada otra indicación, señor Presidente.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, lo que manifestó el señor Subsecretario de Hacienda hace más complejo el asunto.
En efecto, el señor Subsecretario dice que se modificó el Código de Procedimiento Civil pero que las enmiendas no alcanzan a los tribunales tributarios, -¿correcto?-, caso en el cual el problema estaría zanjado.
Sin embargo, como recordó el Senador señor Prokurica, en el inciso primero del artículo 130 se hace una referencia expresa en el sentido de que sí rigen los artículos 29 y 34 del Código de Procedimiento Civil.
Por lo tanto, ahí hay una contradicción. ¿Y cuál norma va a preferir? El mencionado inciso, que es disposición expresa y posterior referida a los tribunales tributarios.
En consecuencia, esa norma deja de ser una excepción a la aplicación de las enmiendas que señaló el señor Subsecretario, porque este proyecto hace una referencia explícita.
Señor Presidente, yo creo que no nos demoraríamos nada si lleváramos el asunto a Comisión. Como Su Señoría bien señala, esta es una cuestión que nuestra Comisión de Constitución puede resolver en breve plazo.
Es más: si se suspende el tratamiento del proyecto y nosotros nos esforzamos, quizá para la próxima sesión esté lista una propuesta que regule bien el artículo 130, de manera que su redacción no sea contradictoria con la actual.
Lamentablemente, está mal. Y con la explicación del señor Subsecretario queda todavía peor.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, a usted le consta que en la reunión de Comités celebrada ayer pedimos que esta iniciativa, para el aspecto puntual a que estamos abocados ahora, volviera a la Comisión de Hacienda.
La tratamos hoy día allí con el mejor ánimo y con la mejor disposición.
Sin embargo, se dio el hecho de que teníamos citadas a personas e instituciones que iban a opinar sobre el programa de acompañamiento contemplado en el proyecto de ley sobre despenalización del aborto en tres causales.
Así, dispusimos de poco tiempo para analizar y discutir el proyecto que nos ocupa esta tarde.
En consecuencia, sugiero que la iniciativa en debate vuelva a la Comisión de Hacienda...
El señor LARRAÍN.- A la de Constitución.
El señor GARCÍA.- ... o a la de Constitución. Me da lo mismo. Al final, lo importante es que nuestros códigos tengan completa armonía.
Yo entiendo que este proyecto es urgente, que el Ejecutivo quiere despacharlo rápidamente. Pero una semana más no va a hacer una gran diferencia.
Es enteramente razonable que la normativa en discusión salga bien. Y si nos hemos equivocado, todavía estamos a tiempo de corregir.
Esa es mi propuesta, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Señores Senadores, yo prefiero que la norma en cuestión se despache como corresponde, para que después no haya interpretaciones en un sentido u otro.
En consecuencia, propongo que el proyecto vuelva a la Comisión de Constitución, fijándole a esta plazo hasta el próximo martes para que informe mediante certificado sobre el artículo 130, de manera que ese día tratemos la iniciativa en primer lugar.
Ahora, si le parece a la Sala, se aprobarán todas las enmiendas unánimes introducidas por la Comisión de Constitución, con excepción de las recaídas en el nuevo artículo 130 que se propone para el Código Tributario.
--El proyecto vuelve a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento al objeto de que analice el artículo 130 que se propone para el Código Tributario mediante el número 6 del artículo 2° de la iniciativa.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Obras Públicas, pido un plazo especial para presentar indicaciones al proyecto que crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas: hasta el lunes 10, a las 12. Estamos prontos a terminar su discusión; falta solo un punto.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, solicito plazo para presentar indicaciones a dos proyectos que se están tramitando en la Comisión de Salud: el que establece normas sobre prevención y protección del embarazo adolescente y el que regula los medicamentos bioequivalentes genéricos. Para el primero, dos semanas; y para el segundo, hasta el lunes de la próxima semana, a las 12.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Hasta el lunes 10, a las 12, para el proyecto sobre fármacos, y hasta el lunes 17, a la misma hora, para la iniciativa sobre embarazo adolescente.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, le solicito recabar autorización de la Sala para abrir plazo por una hora al objeto de formular indicaciones al proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de la Biodiversidad.
Lo conversamos en la Comisión. Son tres indicaciones de mi autoría. Las tengo preparadas para presentarlas. No hay consenso. Van a quedar para el debate posterior en la Sala. La idea es ingresarlas de manera inmediata.
Eso fue conversado y acordado por la Comisión. Estaba presidiendo el Senador Patricio Walker.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿Fue propuesto por la Comisión o es una petición personal?
El señor NAVARRO.- No: es de la Comisión, la que estaba siendo presidida por el Senador Patricio Walker.
¿Está de acuerdo, Senador señor Walker?
El señor WALKER (don Patricio).- Sí: habría acuerdo, pero por media hora. Eso fue lo que acordamos.
El señor PIZARRO.- ¡Cinco minutos...!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Media hora, ¡para que no haya tanta creatividad...!
El señor WALKER (don Patricio).- Recientemente fijamos un plazo breve y ¡llegaron 300 indicaciones!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Bien: media hora. Exactamente, hasta las 6 de la tarde. Y el señor Secretario General, como ministro de fe, lo verificará.
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que comunica que aprobó el proyecto de ley que crea la XVI Región de Ñuble y las provincias de Diguillín, Punilla e Itata, con las enmiendas que indica (boletín N° 10.277-06) (con urgencia calificada de "suma").
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Corresponde proseguir la discusión particular del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que otorga nuevas atribuciones al Ministerio de Desarrollo Social en materia de niñez y crea la Subsecretaría de la Niñez, dependiente de esa Secretaría de Estado, con segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización e informe de la Comisión de Hacienda, y urgencia calificada de "suma".
Sesiones 2ª, en 15 de marzo de 2017 (se aprueba en general); 25ª, en 21 de junio de 2017 (quedan pendientes la discusión y la votación particular de los números 1), 3) y 5) del artículo primero transitorio); sesión 26ª, en 4 de julio de 2017 (quedan pendientes la discusión y la votación particular del número 1) del artículo primero transitorio).
El señor LABBÉ (Secretario General).- En la sesión de ayer quedaron pendientes la discusión y la votación del número 1) del artículo primero transitorio, respecto del cual la Senadora señora Von Baer pidió votar separadamente la frase "los requisitos generales y específicos para el ingreso y promoción de dichos cargos".
El referido numeral es de rango orgánico constitucional.
El señor BARRAZA (Ministro de Desarrollo Social).- Señor Presidente, respecto del artículo primero transitorio, numeral 1), y su redacción, debo expresar que el Tribunal Constitucional ha desestimado problemas de constitucionalidad en normas como esa, sobre la base de los argumentos que señalaré a continuación.
En primer lugar, la facultad para fijar los requisitos generales y específicos para el ingreso y promoción de cargos se puede determinar en un decreto con fuerza de ley en cuanto no altere lo dispuesto en la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado, que es el caso. Y, además, eso va a toma de razón a la Contraloría, ente que vela por que el decreto con fuerza de ley pertinente se ajuste a la Ley Orgánica ya individualizada.
Ha habido más de un fallo del Tribunal Constitucional en esta materia.
A modo de ejemplo, puedo señalar que en fallo rol 2836 dicha magistratura, al pronunciarse sobre cuestiones recogidas en el proyecto de ley sobre fortalecimiento del Servicio de Impuestos Internos, establece expresamente que, si bien hay materias de ley orgánica constitucional, están "conforme a la Constitución".
En fallo rol 1150-08, que emite a propósito de una ley sobre bonificación por retiro voluntario, el Tribunal Constitucional confirma dicho pronunciamiento.
Por tanto, la adecuación del decreto con fuerza de ley a las normas de la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado es materia sobre la que la Contraloría se ha pronunciado a través del mecanismo de toma de razón, sin plantear que su contenido debe ser propio de ley.
Fue el caso de los decretos con fuerza de ley de los Ministerios del Deporte y de Desarrollo Social; de la Subsecretaría de Prevención del Delito; de la Subsecretaría de Derechos Humanos, y del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en que los artículos transitorios de los proyectos respectivos fueron consignados en los mismos términos que el numeral 1) que ocupa en este momento al Senado.
Por consiguiente, se solicita aprobar el artículo primero transitorio, específicamente su número 1), dado que no presenta ningún reparo de constitucionalidad y que la misma modalidad ha sido utilizada por el Estado para la creación de otros servicios públicos y ministerios. Ello, teniendo presente la importancia de disponer con la mayor velocidad posible de una nueva institucionalidad en materia de infancia.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, por su intermedio, debo decirle al señor Ministro que nosotros hicimos todo lo posible para que el proyecto que nos ocupa saliera cuanto antes de la Comisión de Gobierno.
Ahora, el punto que estamos haciendo en la Sala ya lo planteamos en dicho órgano técnico.
Entonces, no se trata de que uno desee retrasar la tramitación de esta iniciativa, sino de nuestro propósito de entregar una visión en el sentido de que el Congreso Nacional no puede delegar la facultad contenida en la frase que pedí votar separadamente.
El Parlamento tiene atribución -y no se le debería quitar- para establecer, no el detalle total, pero sí los requisitos generales de las plantas vinculadas con la nueva institucionalidad que se está consagrando.
A nuestro juicio, la frase en cuestión es inconstitucional. De hecho, efectuamos reserva de constitucionalidad.
Ahora bien, nosotros estamos planteando únicamente sacar del número 1) del artículo primero transitorio la frase que dice que a través de un decreto con fuerza de ley, y no en virtud de la ley en proyecto, se van a establecer "los requisitos generales y específicos" -no solo los generales, sino también los específicos- "para el ingreso y promoción de" los cargos pertinentes.
Yo sé, señor Presidente, que muchas veces el Congreso Nacional ha entregado una facultad como la que ahora estamos cuestionando. La pregunta es si queremos hacerlo siempre.
A mi entender, no debiéramos delegar una facultad de tal índole, especialmente cuando estamos creando una institucionalidad nueva. No podemos entregarle todo al Ejecutivo, al Presidente de la República. Es improcedente, en mi concepto, decir "Créase una Subsecretaría" y después ni siquiera poder determinar los requisitos generales de las plantas.
En consecuencia, tal como lo hicimos en la sesión de ayer, llamamos a Sus Señorías a votar en contra de la frase que hemos cuestionado.
Ahora, señor Presidente, el aplazamiento de la votación no lo pedimos nosotros: lo solicitó el Senador Letelier en la sesión de ayer. De manera que no me parece admisible sostener que nosotros estamos retrasando el despacho de este proyecto.
Incluso, en la referida sesión el colega Letelier preguntó si el Ejecutivo se allanaba a hacer un cambio.
Ahora, de las palabras recientes del señor Ministro no se ve que exista una apertura del Gobierno para recoger lo que planteó ayer el Senador Letelier.
Por eso, señor Presidente, volvemos a insistir en nuestra solicitud de que se vote en contra de la frase del artículo primero transitorio que nos merece objeciones.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si me lo permiten Sus Señorías, voy a precisar la situación.
En la sesión de ayer quedaron pendientes la discusión y la votación del numeral 1) del artículo primero transitorio, respecto del cual se pidió votar separadamente la frase "los requisitos generales y específicos para el ingreso y promoción de dichos cargos".
Esta Presidencia también revisó lo concerniente a la constitucionalidad de la frase mencionada, cuestión que es discutible y perfectamente interpretable. Pero hay un caso específico -entre otros- en que la redacción es idéntica: el del Servicio de Impuestos Internos (ley N° 20.853), respecto del cual el fallo del Tribunal Constitucional determinó que había absoluto apego a la Carta Fundamental.
Ahora, como se ha dicho en la Sala, en varias oportunidades hemos aprobado normas similares a la que ahora se cuestiona. Y la Contraloría, que no formuló objeciones, tomó razón de los decretos con fuerza de ley pertinentes, que fueron tramitados.
Yo no sé si en esta oportunidad podemos llegar a un acercamiento, para evitar una discusión constitucional.
Además, considero que estamos ante una norma necesaria para el funcionamiento de la Subsecretaría de la Niñez.
En tal virtud, le propongo a la Sala eliminar las palabras "generales y" y dejar la frase con la siguiente redacción: "los requisitos específicos para el ingreso y promoción de dichos cargos;".
¿Están de acuerdo, Sus Señorías?
La señora VON BAER.- En esos términos, sí.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿Hay acuerdo, señor Ministro?
¿Aprobamos el número 1) del artículo primero transitorio con la modificación que acabo de proponer?
El señor MONTES.- Conforme.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- El señor Secretario verificará el quorum.
Hay 26 votos favorables.
--Se aprueba el numeral 1) del artículo primero transitorio con la modificación explicitada por el señor Presidente (26 votos afirmativos), dejándose constancia de que se reúne el quorum constitucional exigido, y el proyecto queda aprobado en particular y despachado en este trámite.
Boletín N° 10372-03
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea una nueva institucionalidad para el sistema estadístico nacional, con informe de la Comisión de Economía y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.372-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite: sesión 13ª, en 9 de mayo de 2017 (se da cuenta).
Economía: sesión 25ª, en 21 de junio de 2017.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Los principales objetivos de esta iniciativa son los siguientes:
-Crear una nueva institucionalidad orgánica para el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que continuará adscrito y sujeto a las normas de control administrativo, financiero y presupuestario de los servicios de la Administración del Estado y sometido al control y fiscalización de la Contraloría General de la República.
-Modificar la actual regulación en materia de secreto estadístico, en forma tal de generar condiciones para que la información de personas, entidades o datos que obtiene el INE, además de su procesamiento, se mantenga en reserva hasta su divulgación por la autoridad competente.
La Comisión de Economía discutió el proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Moreira, Pizarro, Quinteros y Tuma.
Cabe hacer presente que el artículo 2°; el párrafo cuarto del numeral 1) del artículo 3°; los números 1 y 3 del artículo 7°; el artículo 9°; el inciso tercero del artículo 13; el inciso segundo del artículo 24; el inciso cuarto del artículo 25; el inciso cuarto del artículo 44; el artículo 56; el inciso primero del artículo 65, y el artículo 75 tienen rango orgánico constitucional, por lo que para su aprobación se requieren 21 votos favorables.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 86 a 123 del primer informe.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, este proyecto es fundamental y constituye un paso muy significativo que damos como país para que un organismo tan importante como el Instituto Nacional de Estadísticas forme parte de un sistema que estará compuesto además por el Consejo Estadístico Nacional, la Comisión Interministerial de Estadísticas y los demás órganos de la Administración del Estado que realicen actividades estadísticas, lo que liberará al INE de la situación histórica, que lo considera ente dependiente del Ministerio de Economía.
El INE propiamente tal es como la brújula para el capitán de un barco.
Cuando la brújula marca correctamente el norte, el capitán puede navegar bien; en el caso de otra autoridad, puede actuar de manera apropiada con los antecedentes que se le entregan. Pero cuando la brújula es manipulada por el capitán a su gusto porque desea que la información sea de la forma que él estima adecuada, es seguro que la embarcación va a encallar.
Señor Presidente, la realidad actual nos habla de un Instituto Nacional de Estadísticas cuyos productos muchas veces no gozan de credibilidad debido a su dependencia del gobierno de turno.
Por eso, hace ocho años presenté un proyecto de ley similar al que nos ocupa esta tarde, mediante el cual se establecía un Instituto Nacional de Estadísticas independiente.
En mi concepto, un organismo de esta naturaleza debe tener al menos las características de que haré mención.
En primer lugar, ha de ser independiente del gobierno de turno, al objeto de lograr solvencia en cuanto a que las cifras que entrega son creíbles y, de alguna manera, iluminadoras para el diseño de las políticas públicas.
En segundo término, debe contar a lo largo del país con medios técnicos y profesionales suficientes para que sus mediciones o estudios sean lo más perfectos posible.
Las mediciones que hace hoy día el Instituto Nacional de Estadísticas sobre la cesantía, por ejemplo, se caracterizan por la utilización de un sistema que considera muestras tomadas solo en las grandes ciudades, no en todas, por la falta de recursos. De hecho, en Santiago el Banco Central le encarga a la Universidad de Chile la realización de estudios sobre dicha materia, para los que se usa una metodología distinta de la del INE.
Señor Presidente, considero que con este proyecto de ley damos un paso muy importante. Pero me gustaría que pudiera ser corregido en la línea que voy a explicitar.
Cuando, en respuesta a un llamado de la OECD, establecemos el Instituto Nacional de Estadísticas como organismo independiente, deberíamos dotarlo de los medios y los profesionales indispensables para que los datos que nos dé en lo futuro sean iluminadores y le permitan al gobierno tomar sus decisiones informadamente.
Además, en mi opinión, habría que trasladarle al nuevo ente otras funciones, como la medición de la pobreza y de los efectos de las políticas públicas aplicadas para atacar este flagelo, de manera que no sea el propio gobierno quien determine si en la reducción de los indicadores pertinentes le ha ido bien o mal. Porque yo he visto a Ministros que, con gran capacidad para entregar cifras, llegan a conclusiones difíciles de entender.
Si tuviéramos un INE independiente, dotado de profesionales y de recursos suficientes para que sus informaciones fueran correctas, deberíamos entregarle funciones en el ámbito que señalé.
Señor Presidente, para el director del nuevo organismo que propuse en mi proyecto planteé, entre otras funciones, las siguientes:
-Ejecutar y dar cumplimiento al Plan Anual de Trabajo del Instituto.
-Presidir las sesiones del Consejo y convocar a sesión extraordinaria.
-Representar extrajudicialmente al Instituto.
-Velar por el buen funcionamiento de todas las unidades del Instituto.
-Velar por la ejecución de los acuerdos del Consejo y cumplir con toda otra función que este le encomiende, pudiendo delegar parcialmente las atribuciones que se le confieran.
Señor Presidente, creo que con la aprobación del proyecto de ley que estamos discutiendo esta tarde damos un paso relevante; nos ponemos a la altura de países desarrollados, y les otorgamos mayor credibilidad a las mediciones realizadas por el INE, que ojalá sean enriquecidas como lo planteé en la moción que presenté hace ocho años, la que, lamentablemente, nunca fue tomada en cuenta por los gobiernos de turno.
Por consiguiente, expreso mi gratitud y mis felicitaciones por la tramitación de esta iniciativa, porque es una manera de hacer las cosas en serio y ponerse a la altura de los países con los cuales nos gusta compararnos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Solicito autorización para que ingrese a la Sala la Directora del Instituto Nacional de Estadísticas, señora Ximena Clark.
El señor TUMA.- Señor Presidente, este proyecto fue visto por la Comisión de Economía y se aprobó en general de manera unánime.
Tenemos conciencia de que las democracias modernas son evaluadas por la calidad de sus políticas públicas y de sus decisiones, para lo cual se requiere un sistema estadístico público, transparente, moderno y confiable, que garantice el acceso oportuno de los ciudadanos a la información estadística.
En nuestro país la estadística pública tiene sus antecedentes primigenios en el primer censo oficial, efectuado en 1778.
Luego, en 1911 se crea la Oficina Central de Estadística, y en 1970, con la promulgación de la ley N° 17.374, el Instituto Nacional de Estadísticas. Cabe destacar que este cuerpo legal fue publicado el 10 de diciembre de 1970 con la firma del Primer Mandatario, Eduardo Frei Montalva, y de los ministros Carlos Figueroa y Andrés Zaldívar, a propósito del desempeño de nuestro Presidente en la Cartera de Hacienda.
Chile necesita modernizar su institucionalidad en este ámbito por la vía de incorporar los más altos estándares de gestión y de establecer un sistema nacional estadístico que coordine y aplique estándares a los diversos servicios que participan en la producción de antecedentes.
La estadística nacional es un bien público vital para el desarrollo de la sociedad y la toma de decisiones en los más diversos ámbitos públicos y privados. Para ello, es importante garantizar la autonomía institucional, la transparencia, la coordinación y la certeza en los procesos tendientes a generarla.
No es bueno para el país que fracase un censo o que la realización de este se encuentre subordinada a los objetivos del Gobierno de turno, como tampoco lo es que el cambio de metodología en la medición de la pobreza le incorpore incertidumbre a un indicador vital para los sectores más vulnerables y la cohesión social.
Varias instituciones producen información estadística. El Banco Central cumple la función de compilar y publicar oportunamente las principales estadísticas macroeconómicas. Diversos objetivos, como el equilibrio fiscal, la estabilidad macroeconómica y la apertura comercial, requieren datos robustos, periódicos y confiables.
Además, otros desafíos, como la superación de la pobreza, el fomento a la capacitación y la inserción laboral, demandan la provisión de estadística de altos estándares y dotada de total legitimidad técnica, política y social.
La modernización del sistema nacional en la materia responde a las exigencias internacionales. La Comisión de Estadísticas de las Naciones Unidas señala en sus directrices que "las estadísticas oficiales constituyen un elemento indispensable en el sistema de información de una sociedad democrática y proporcionan al Gobierno, a la economía y al público datos acerca de la situación económica, demográfica, social y ambiental".
Tanto la OCDE, en su informe de 2009, como el Fondo Monetario Internacional, en su publicación del 1° de mayo de 2007, emitieron reportes que evidenciaban una serie de brechas en la institucionalidad nacional correspondiente.
Entre los aspectos planteados, se observó la necesidad de reforzar la independencia del Instituto Nacional de Estadísticas. A su vez, la OCDE reportó una "notable necesidad" de fortalecer tal condición en el organismo y en su Director.
Ambas entidades señalan que los recursos destinados a la institución son insuficientes y que ello no permite garantizar la actualización periódica de los distintos productos que elabora.
También coinciden en la recomendación de mejorar el acceso a los datos y de perfeccionar el sistema de entregarlos, con el fin de satisfacer las necesidades de los usuarios y fortalecer la coordinación del sistema estadístico.
Tal como en otras modificaciones de esta índole que hemos debatido en el Congreso, surgen materias sustantivas, como la autonomía institucional, la independencia técnica, el gobierno corporativo, el equilibrio entre la autoridad unipersonal y las instancias colegiadas, la coordinación interinstitucional y la necesidad de establecer una debida simetría entre la transparencia y el resguardo de la reserva demandados por el proceso estadístico.
Diversos expositores participantes en el debate de la Comisión hicieron presente su opinión acerca de la independencia más bien formal que real del INE, en atención a que el nombramiento de sus autoridades queda sujeto a la renovación de los períodos presidenciales, lo que puede resultar perjudicial y eventualmente obstaculizar la solidez de los programas estadísticos. Para algunos expertos, la independencia estará mejor resguardada si la designación se lleva a cabo por el Consejo Técnico Nacional y no por el Presidente de la República.
Las incompatibilidades de los integrantes de dicho Consejo y el tiempo de dedicación son otros elementos por revisar. Del mismo modo, la cobertura de los sistemas estadísticos en los territorios y la producción de antecedentes oficiales desagregados por regiones, provincias y comunas constituyen un desafío ineludible para la nueva institucionalidad y el impulso de la descentralización.
El equilibrio entre el acceso a la información en el marco de mayores estándares de transparencia y el secreto estadístico, como resguardo de los procesos metodológicos y técnicos que garanticen su confiabilidad, es una materia que abordamos en la discusión general y que estimo que será resguardada de manera conveniente en el estudio en particular.
Más allá del legítimo debate sobre estos asuntos, el proyecto constituye un gran avance, sin lugar a dudas, al dotar al país de una nueva institucionalidad y de un sistema nacional estadístico que reconoce la participación de diversos actores, a la vez que fortalece la coordinación y observancia de estándares técnicos y las directrices propias de la actividad.
El proceso facilitará el mejoramiento y la actualización de los indicadores estadísticos con el uso de registros administrativos, y, de este modo, se logrará que los antecedentes cumplan con los principios de oportunidad, independencia, imparcialidad, coordinación, confidencialidad, pertinencia, calidad, objetividad y transparencia.
El articulado también avanza en un nuevo gobierno corporativo del Instituto Nacional de Estadísticas, sobre la base de un organismo técnico, independiente y descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de las estadísticas y los censos oficiales de la República, y sometido al control y fiscalización de la Contraloría General.
El INE estará dotado de nuevas funciones, como la de dictar instrucciones de carácter general asociadas al proceso de producción estadística y la de solicitar y recibir de los órganos de la Administración y los Poderes del Estado la información y antecedentes necesarios para la elaboración de material a través de los datos nominados que se encuentren en registros administrativos.
En definitiva, avanzamos hacia una nueva institucionalidad y un nuevo sistema nacional estadístico, que constituirá, sin duda, un aporte para fortalecer los bienes públicos que demanda nuestra democracia.
Por lo tanto, solicitamos aprobar en general el proyecto por unanimidad, tal como lo hicimos en la Comisión de Economía, para luego llevarlo a la discusión particular.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, como lo expresa el mensaje y lo ha dicho el Presidente de la Comisión, los procesos de recolección de datos y de estadísticas se han convertido en un requisito insustituible y esencial para la elaboración de políticas públicas, y forman parte importante de los antecedentes que deben manejar las autoridades para la toma de decisiones. En una época en que la confianza ha pasado a ser un factor determinante de la política, cobra mayor relevancia la necesidad de contar con estadísticas creíbles. No es posible diseñar medidas sin datos seguros, fuera de toda duda.
Ello no solo es válido en economía, en cuanto a los indicadores de inflación o de empleo, sino también en educación, salud, vivienda, seguridad y todos los ámbitos, en general. Por eso es tan grave lo ocurrido con motivo del censo de 2012 o de las controvertidas cifras de pobreza o de victimización que se dieron en el Gobierno pasado.
En todo caso, estos episodios sirvieron para darle al asunto la prioridad que merece, reflejada en el presente año en un exitoso proceso censal y en la misma iniciativa legal en examen, que persigue, en última instancia, resguardar la confiabilidad de los datos con los que trabaja no solo el sector público, sino también el privado.
En seguida, quiero referirme a la independencia del sistema estadístico. Sin duda, se trata de un principio relevante, que debe ser asegurado por la institucionalidad respectiva junto a los de imparcialidad, coordinación, confidencialidad y objetividad, entre otros. Pero no puede entenderse que la independencia y la objetividad solo puede proveerlas un organismo autónomo, desligado del resto del Ejecutivo.
A propósito del clima de desconfianza a que me he referido, se ha configurado una tendencia a hacer autónomas diversas funciones propias de la Administración. Ha ocurrido con el Servicio Electoral, con la Comisión de Valores, y ahora se acaba de difundir una propuesta en tal sentido con relación a la red de salud pública o se reclama lo mismo para Impuestos Internos y otros servicios. Puedo entender que existan ciertas áreas en que ello es indispensable, como el Banco Central o el Consejo para la Transparencia, pero, francamente, creo que también se ha exagerado.
Me preocupa el principio de la responsabilidad política en juego. Si todos los servicios terminaran siendo conducidos por órganos colectivos de carácter autónomo, me pregunto de qué responderían los ministros de Estado.
Ahora mismo, a propósito de las recientes elecciones primarias y del papel del SERVEL, podemos constatar que dicho factor no es una panacea y que se registran diversos resultados, algunos más exitosos que otros.
Por último, quiero hacer una prevención que siempre se halla presente en mis intervenciones sobre proyectos de este tipo. Me refiero a la dimensión territorial de la institucionalidad.
Todo lo dicho acerca de la importancia de las estadísticas en la formulación y evaluación de políticas nacionales es válido también para los niveles regional y local.
A veces, por razones de costo, en algunos ámbitos se privilegian las cifras generales, los promedios del país, en lo cual representan un peso mayor, obviamente, los grandes centros urbanos. De este modo, permanece invisible la realidad de las comunas rurales, de las localidades aisladas, lo que se refleja en políticas incompletas, sin la pertinencia que se requiere.
¿Cuándo contaremos, por ejemplo, con un IPC regional, que permita ajustar diferenciadamente el ingreso mínimo o las remuneraciones del sector público de acuerdo con el territorio?
Otro problema es la periodicidad de las actualizaciones. Los indicadores de pobreza, en algunos casos, sobre todo en comunas pequeñas, pueden presentar variaciones significativas, por ejemplo, a partir del cierre de una faena minera o industrial, lo que afecta a los ingresos municipales, dependientes de dichos parámetros, entre otros factores.
Estas observaciones solo persiguen llamar la atención sobre los desafíos de nuestro sistema estadístico, que se deben abordar progresivamente. Al votar a favor de la idea de legislar, espero que algunas de ellas puedan ser recogidas en la tramitación.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, después de la muy certera información que nos entregó el Presidente de la Comisión respecto del contenido del informe y de los objetivos que persigue la modernización del INE, a mí solo me queda manifestar que en el proceso de estudio del proyecto tuvimos la oportunidad de consultar a representantes de otras instituciones del Estado que tienen que ver con los aspectos estadísticos y sus efectos, así como con la necesidad de contar con un sistema que pueda ser bien coordinado y que complemente o potencie los antecedentes en cada una de sus áreas.
Por eso es que fue muy importante escuchar al Presidente del Banco Central, señor Mario Marcel, y a la gente del Instituto Emisor; al Ministerio de Desarrollo Social; a la propia Directora del INE, señora Ximena Clark, quien nos acompaña y estuvo permanentemente en el debate; al Consejo para la Transparencia, con el señor Marcelo Drago; a la Dirección del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Pontificia Universidad Católica; a la Universidad de Chile; al exdirector del INE señor Máximo Aguilera; a la Asociación Nacional de Funcionarios del Instituto Nacional de Estadísticas, en fin. Hubo una serie de expertos, consultores y personas que sin duda aportaron al debate.
Ahora, quisiera rescatar el hecho de que lo planteado es buscar una mayor autonomía o independencia, como aquí se ha dicho, de la institucionalidad nacional en estadísticas. Y eso, fundamentalmente, por razones de credibilidad, de confianza o de fracaso en tiempos pasados respecto de la forma como se han llevado adelante algunos de estos estudios, lo que a la larga ha significado un daño al país, con un retroceso o un retraso en la definición de políticas públicas, sobre todo en lo que tiene que ver con la medición del índice de pobreza; con estudios de inflación, de empleo, etcétera.
Dentro de los objetivos principales de la iniciativa se halla la integración del Instituto con un Consejo Técnico y una Dirección del Servicio. Se busca fortalecer la independencia del organismo estableciendo un sistema mixto en el nombramiento de los integrantes de la primera de esas instancias, quienes serán nombrados por el Presidente de la República y ratificados por el Senado. La designación del Director se efectuará a propuesta del Consejo Estadístico Nacional, previa la etapa de concurso realizada por el Consejo de Alta Dirección Pública.
Se tiende a garantizar que los miembros o quienes asuman estas responsabilidades presenten la más alta calidad técnica, al igual que la mayor autonomía posible, sin duda. Van a ser cinco y durarán en sus cargos un período de seis años, renovable por una vez. La idea es ir estableciendo una gradualidad, para que no estén ligados a los ciclos políticos de la elección de las distintas autoridades.
También hubo mucho énfasis en el debate respecto de la regulación del secreto estadístico. Se actualizan el concepto, su alcance y su ámbito de aplicación, de manera tal de generar las condiciones para que la información respecto de personas, entidades o datos que obtiene el INE, junto a su procesamiento, deba ser mantenida en reserva hasta que sea divulgada por la autoridad competente.
Ello nos parece esencial, porque así se evitan, justamente, las tergiversaciones o la manipulación de los antecedentes, lo que a veces busca otros objetivos. Para estos efectos, en el texto se establece una serie de sanciones penales, a fin de que no se viole el secreto estadístico.
En la Comisión aprobamos la iniciativa por unanimidad, y esperamos que en la discusión particular podamos mejorar o incorporar algunas de las inquietudes aquí manifestadas.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, si bien no quiero hacerlo, voy a repetir argumentos, porque considero que la UDI tiene que manifestar una voz y razones en cuanto al significado del proyecto.
En este último tiempo hemos visto al Ministro de Economía muy activo en cuanto a la pesca y al Instituto Nacional de Estadísticas, entre otros asuntos, y valoramos que también acoja, como en el proyecto acerca del desarrollo de caletas pesqueras, los planteamientos que le ha hecho, no solo la Derecha, sino también su sector duro en estas materias...
El señor PIZARRO.- ¿Cuál es?
El señor MOREIRA.- El articulado que tenemos que votar, como lo han señalado bien, en general, mis distinguidos colegas, viene a realizar una reforma esencial, cual es modernizar el sistema estadístico nacional, que en más de una oportunidad ha sido objeto de reiteradas críticas por uno u otro sector, dependiendo del Gobierno.
Ello se efectúa a través de la derogación del ordenamiento vigente en la ley N° 17.374. Se consagra una nueva normativa especial, a través de la cual se establecen los pilares sobre los que debe constituirse un nuevo régimen, al que se dota de mayor independencia, financiamiento y coordinación.
Es de todos sabida la relevancia del INE para el desarrollo y la producción de mejores políticas públicas, dado lo significativo de la información que aporta, sea en materia demográfica, laboral, económica, etcétera, por lo que la presentación de la iniciativa es de gran utilidad para modernizar el sistema y poder mejorar, así, la producción estadística.
A pesar de la importancia de aprobar, cabe prestar atención al carácter autónomo o no que debiera adquirir el Instituto Nacional de Estadísticas. Recordemos que en la actualidad ya se plantean problemas respecto a su independencia, pues el nombramiento de su máxima autoridad, el Director Nacional -o la Directora Nacional, en este caso-, se encuentra sujeto a la renovación de los períodos presidenciales, lo que genera una dependencia obligatoria del poder político y de los gobernantes de turno.
En función de lo anterior, el Gobierno del Presidente Piñera -¡el nuestro!- presentó en el año 2013 un proyecto que consagraba al organismo como una entidad autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Asimismo, en el texto del Presidente Piñera, con mayúsculas, se establecía un Gobierno corporativo, el cual le correspondería al Consejo Nacional de Estadísticas. Este Consejo estaría compuesto por cinco miembros, designados por el Presidente de la República, con acuerdo del Senado, por un período de cinco años. Por último, el Director Ejecutivo y Jefe Superior del organismo sería elegido por el Consejo, previo proceso de Alta Dirección Pública. De ese modo, se garantizaba una adecuada autonomía del servicio, que no dependería de los vaivenes políticos.
Sin embargo, el proyecto no alcanzó a cumplir su primer trámite constitucional, y con la llegada del Gobierno de la Nueva Mayoría, encabezado por la Presidenta Bachelet, se desechó y se presentó una nueva iniciativa.
Señor Presidente, necesito dos minutos más para terminar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Dispone de un minuto adicional, señor Senador.
Este nuevo proyecto, que es el que hoy día se discute en el Parlamento, dota de mayor independencia al organismo encargado de las estadísticas, pero no avanza hacia su consagración como ente autónomo. Para graficarlo, el INE no se transforma en una corporación autónoma de derecho público, sino que mantiene su dependencia directa del Ministerio de Economía. Asimismo, aun cuando sigue vigente la creación de un Consejo Técnico, elegido por el Presidente de la República con la aprobación del Senado, el Director Nacional de la entidad, quien además es Jefe de Servicio, será designado directamente por el Primer Mandatario, lo cual, indefectiblemente, generará -de una u otra forma, directa o indirectamente- una dependencia del poder político.
Creemos que durante la discusión particular se debe garantizar no solo la independencia, sino también la autonomía del sistema estadístico nacional y, en especial, del Instituto Nacional de Estadísticas, porque la producción estadística es del Estado y no de los gobiernos de turno. Es sumamente relevante que los sistemas estadísticos cuenten con una verdadera autonomía para los efectos de garantizar la credibilidad y objetividad de los datos entregados, con la finalidad de desarrollar, a partir de esos mismos datos, buenas políticas públicas que impacten y beneficien directamente a los chilenos.
Por último -y no menos importante-, hacemos nuestra la inquietud de los trabajadores y funcionarios del Instituto Nacional de Estadísticas en lo que dice relación con sus remuneraciones y las nuevas funciones que se les encomendarán tras la aprobación de este proyecto.
Vamos a votar a favor de la iniciativa y, posteriormente, haremos llegar las indicaciones pertinentes en la discusión particular.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Señores Senadores, les propongo que antes de anunciar el resultado de la votación fijemos el 31 de julio como plazo para presentar indicaciones.
El señor PIZARRO.- ¡Tanto...!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Así se acuerda.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, seré muy breve porque parte de los planteamientos que ha hecho el Senador Moreira, a pesar de que yo no pertenezco a la "Derecha dura"..., me interpretan.
En lo fundamental, mi principal inquietud respecto de este proyecto, que comparto y celebro, pues no me cabe la menor duda de que es necesario actualizar las normas que regulan el sistema estadístico nacional, apunta a que no estamos garantizando la debida autonomía del nuevo órgano que se busca establecer.
Este mismo debate se está produciendo también en relación con otra iniciativa presentada por el Gobierno, cual es la que crea la Agencia de Protección de Datos Personales.
En este último caso, la Agencia depende directamente del Ministro de Hacienda. En el que nos ocupa, en cambio, la dependencia se establece respecto del Ministerio de Economía y se propone la existencia de un órgano que va a regir, que va a regular, cuyos integrantes son designados con acuerdo del Senado.
Entonces, estamos legislando cuestiones similares con criterios distintos.
En el caso de la Agencia de Protección de Datos Personales una persona estará a cargo de ella y no tiene el grado de autonomía o independencia que se le está dando a este organismo. Mientras que cuando hablamos de la transparencia, se crea un ente que es autónomo, que es una persona jurídica de derecho público con patrimonio propio, y sus integrantes son, efectivamente, designados por el Presidente de la República con el acuerdo del Senado.
Tenemos situaciones similares, pero con legislaciones diferentes, y a mí me parece que eso, desde el punto de vista de la estructura institucional del Estado, es negativo.
Si nosotros creemos necesario que algunas entidades como el INE, el Consejo para la Transparencia, el Banco Central y el SERVEL tengan cierto nivel de autonomía, entonces deben contar con la misma institucionalidad. Pero ello no ocurre. Estamos haciendo ejercicios como de traje sastre. Por eso cito el caso de la protección de datos, que es todavía peor. ¡Es todavía peor! Estamos generando, por tanto, anomalías institucionales.
Yo quisiera que a esta institución se le diera lo que le corresponde: autonomía. Porque la información que maneja es extraordinariamente importante y su uso político, aunque sea indirecto -al estar dentro de un ministerio el Ministro tendrá un grado de influencia más bien indirecta-, no lo queremos cuando se manejan estadísticas nacionales.
Las estadísticas son esenciales por mil razones: para las políticas públicas más variadas; para la definición y diseño del perfil de Chile, incluso en el extranjero; para todas las comparaciones habidas y por haber. Necesitamos la mayor calidad, independencia y autonomía de esta entidad.
Y, complementariamente, agrego solo un factor adicional que se relaciona con la inquietud que manifestaron, según pude ver en el informe de la Comisión, algunos de los asistentes -me refiero a los señores Mario Marcel, David Bravo y Máximo Aguilera, personas de mucha altura en su capacidad profesional-, quienes señalaron que este instituto tendrá la necesidad de contar con profesionales altamente calificados, por lo que requerirá también de mayores recursos.
En ese sentido, señor Presidente, no sacamos nada con avanzar en una nueva institucionalidad si no podrá tener a los mejores por carecer de una mayor capacidad económica para atraerlos.
Efectivamente, estas materias son cada vez más complejas.
Hoy día la Directora del INE, doña Ximena Clark, en la discusión de otro proyecto, precisamente el de protección de datos personales, hacía ver cómo estaban avanzando las nuevas tecnologías en la forma en que se llevan adelante las estadísticas y las maneras en que estas, según el modo en que se utilicen, inciden en la gestión más eficiente de los recursos del Estado.
Necesitamos, entonces, un INE que pueda estar capacitado para llegar a ese perfil, a esa capacidad, y lamento que de nuevo no se considere ese aspecto.
Dicho lo anterior, vamos a apoyar la iniciativa. No obstante, espero que estos dos puntos (autonomía y financiamiento) sean corregidos durante su tramitación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, a mí me parece que estos asuntos siempre deberíamos verlos en terreno.
Creo que somos pocos los Senadores que fuimos voluntarios para el Censo en nuestras regiones. Yo fui una de ellos, porque siempre es importante ver cómo funcionan estas cosas en terreno.
Efectivamente, el Instituto Nacional de Estadísticas es la típica institución que hay que apoyar y fortalecer a través de una política pública, independiente del Gobierno de turno.
¿Por qué lo digo? Porque siempre en año electoral -se avecina una campaña presidencial que seguramente va a ser muy reñida- las cifras del INE se prestan para cuestionamientos. Y algunos atacan políticamente al Gobierno actual o al anterior, producto de cifras que arrojó tal o cual censo.
Lo que nosotros debemos lograr como legisladores, y de manera particular en nuestro rol de Senadores, dado que tenemos más serenidad para enfrentar muchas de estas materias, es que una institución como el INE no se halle sometida nunca a cuestionamientos. Porque si permanentemente se encuentra tironeada por cuestionamientos se debilita su institucionalidad, lo cual impide diseñar políticas públicas, sobre todo en materia de agenda social, y se presta además para que otros países de nuestra región, con los cuales tenemos acuerdos y convenios, no respeten muchas de las cifras que hacemos públicas.
Por esa razón, señor Presidente, quiero tomar un punto que mencionó el Senador Moreira, relacionado con los funcionarios.
Porque una cosa es que la nueva institucionalidad del INE se vaya a fortalecer con cuarenta o cincuenta nuevos profesionales de primer nivel -como se ha mencionado acá-, quienes obviamente deberán tener una renta acorde con sus exigencias, pero otra cosa es la situación del actual grupo de funcionarios, quienes, en general, llevan muchos años en el servicio público, son de carrera y contarán con una nueva atribución: la confidencialidad de los datos. Y eso es una tremenda carga y responsabilidad, que a mi juicio debe ser retribuida económicamente.
Por lo tanto, creo que la nueva institucionalidad del INE no solamente debe contemplar beneficios y rentas altas para la plana mayor, sino para todos los funcionarios. Porque, si no, vamos a generar una frustración en esta institución, que contará con más atribuciones, mayor eficiencia y prestigio, pero cuyos funcionarios de planta, permanentes, que llevan muchos años trabajando en ella, y a honorarios no van a disponer de los recursos necesarios para desarrollar bien su labor.
Con todo, señor Presidente, he votado a favor del proyecto en la Comisión de Economía y lo haré hoy día también en la Sala, en este segundo trámite constitucional. Pero creo que hay que presentar algunas indicaciones en la línea de lo que varios de nuestros invitados plantearon en las audiencias públicas que tuvimos en la Comisión de Economía, tanto en Santiago como aquí.
Eso es lo que me interesaba agregar, señor Presidente.
Para finalizar, quiero decir que me he quedado con una muy buena impresión del trabajo que ha desarrollado la actual Directora del INE, la señora Ximena Clark.
El señor CÉSPEDES (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Señor Ministro, lo que ocurre es que estamos en votación. Puede intervenir solo para rectificar o aclarar algún tema de los que se han planteado en el debate.
El señor CÉSPEDES (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Deseo rectificar un par de apreciaciones, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra.
El señor CÉSPEDES (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Muchas gracias.
Como decía, deseo rectificar un par de apreciaciones que ha planteado el Senador Moreira respecto del proyecto.
Quiero aclarar que esta iniciativa entrega al INE la independencia en el accionar que todos los organismos internacionales señalan que debe tener una institución como esa. Lo hace a través de un gobierno corporativo que asegura que el trabajo del INE va a ser técnico y apegado al cumplimiento de los más altos estándares en materia de estadísticas.
Recuerdo, simplemente, que va a haber un Consejo Estadístico Nacional, integrado por cinco miembros, quienes van a ser nominados por el Presidente de la República y ratificados por acuerdo de los tres quintos del Senado.
Dicho Consejo va a proponer una terna al Presidente de la República, con los cuatro quintos de sus miembros, para el nombramiento del Director del INE.
Adicionalmente, la iniciativa señala una serie de causales explícitas de cesación en el cargo del Director del INE. O sea, no será un funcionario de exclusiva confianza del Presidente de la República. Será el jefe del Servicio, pero las causales de cesación en el cargo están establecidas en el proyecto de ley que hemos implementado, de modo que el Director del Instituto va a poder actuar con total independencia del gobierno de turno.
Nosotros creemos que la generación de estadísticas de calidad efectivamente requiere independencia. Pero hemos optado por un modelo distinto al del proyecto anterior, porque también consideramos que debe existir responsabilidad en el accionar de las distintas autoridades del INE. Nos parece que tiene que haber una evaluación y, por lo tanto, responsabilidad respecto de las acciones que se toman. Por eso hemos optado por este modelo.
Dicho lo anterior, también es importante señalar cuáles son los riesgos en este tipo de instituciones.
En materia metodológica, por ejemplo, existe el peligro de que se hagan cambios que sesguen el resultado en una línea.
Pues bien, es el Consejo Estadístico Nacional el encargado precisamente de aprobar cambios metodológicos en encuestas de empleo o de levantamiento de precios, por mencionar algunas. La idea es dar a la ciudadanía toda la tranquilidad de que esta institución va a velar por el adecuado estándar de nuestras estadísticas.
Me parece que, tal como ha sido reconocido por todos los miembros del Senado, el trabajo que hemos hecho en esta materia ha sido muy claro en señalar que para nosotros la generación de estadísticas de calidad es ciertamente un objetivo de Gobierno, pero, más que eso, un objetivo país, una tarea de Estado.
Adicionalmente, es importante recordar que el proyecto de la Administración anterior a que hizo mención el Senador Moreira tenía un quinto del presupuesto que nosotros hemos presentado en esta iniciativa de ley. O sea, se multiplican por cinco los recursos que se le entregan al INE. Por tanto, en términos del compromiso de dotar con recursos al Servicio hemos hecho un avance significativo. Podremos discutir cuánto más se requiere, pero me parece que, en este caso, la comparación es clara respecto de nuestra propuesta.
Finalmente, quiero agregar que en la discusión en la Cámara de Diputados el proyecto en comento fue aprobado en gran parte por unanimidad, salvo en un punto. Es decir, todos los representantes de la Cámara Baja, incluido el sector que el Senador Moreira denominó "Derecha dura", lo respaldaron.
Si hemos logrado eso, ha sido sobre la base de tratar de construir los máximos consensos posibles en esta materia, porque nos parece fundamental para una propuesta de este tipo. Es importante avanzar con grandes acuerdos. Y creo que como Ejecutivo lo hemos ido logrando, como se refleja en las distintas votaciones a que ha sido sometido este proyecto.
El señor MONTES.- Señor Presidente, estoy muy de acuerdo con modernizar el INE y con aprobar en general el proyecto. Sin embargo, hay dos cuestiones de las que quiero dejar constancia.
La primera es que aquí se piensa que para que un organismo sea de buena calidad debe estar separado de la política.
Yo cada vez tengo más resistencia a esa forma de pensar la política y de vincularse a ella.
Aquí se dice que el estar separada del gobierno de turno dotaría a una institución de mejor calidad. Estoy de acuerdo en que un organismo de esta naturaleza no puede quedar sujeto a los vaivenes de un gobierno para distinto tipo de decisiones. Pero quiero reivindicar que a mi juicio la decisión sobre la estadística, la acumulación de información necesariamente debe estar vinculada a la deliberación política. No puede permanecer ausente del debate de los organismos fundamentales de expresión de la ciudadanía.
Buena parte de la debilidad del Parlamento se debe a que ha ido entregando a muchos organismos una serie de procesos de deliberación política, y ha terminado transformándose en el lugar donde se definen el presupuesto y las normas y no donde se definen orientaciones sustantivas, como en este caso sería la disposición respecto a la calidad, las características, la prioridad de las estadísticas.
El señor PROKURICA.- ¡Al SERVEL!
El señor MONTES.- Entre otros.
Ese es un primer comentario.
Creo que se puede decir: "Separémoslo del gobierno de turno," -o sea, de la administración política- "pero mantengámoslo vinculado a la deliberación política en los órganos llamados a realizarla".
En la modernidad se ha generado toda una idea de que lo que tiene que ver con deliberación política termina bajando la calidad técnica. Son dos roles distintos, complementarios y fundamentales.
Si queremos que la política y las instituciones políticas vuelvan a recuperar un papel, es necesario replantearnos la relación entre ellas y los órganos de representación popular.
En segundo término, quiero referirme al Sistema Estadístico Nacional.
Cuando discutimos el sistema de estadísticas comunales y municipales hubo un debate bastante fuerte. ¿Dónde debía residir eso? ¿Quién debía definir la manera de generar y procesar la información? ¿Quién aseguraba una información de calidad para llegar a buenas estadísticas?
Considero que en los ámbitos municipal y regional nuestras estadísticas son bastante deficientes. El haberlas dejado en manos de la SUBDERE no fue la mejor opción. Y aquí, dentro de este debate, deberían volver al organismo de mayor especialidad y capacidad en la materia.
El Ministro me decía que ahora el INE tendrá más facultades para efectos de dictar orientaciones y políticas a los organismos que manejan parte de las estadísticas. Sin embargo, creo que se requiere un poco más, se requiere repensar el papel de la información desagregada a lo largo del país.
Hoy día, el Ministerio de Educación ni siquiera puede saber cuántos colegios, cuántos alumnos, cuántos profesores hay con exactitud, y se demora meses en llegar a una información de ese tipo. Lo mismo sucede en muchas otras áreas, desde la ubicación de los programas públicos. Si nosotros le preguntamos a alguien cuántos programas públicos lleva el municipio en la comuna de Puente Alto y cuántos cada uno de los servicios, nadie lo sabe. Son datos que no figuran en ninguna parte. Hay una carencia de información desagregada a nivel territorial, por regiones, por comunas, por lo que sea.
Por eso, en el segundo trámite reglamentario me gustaría ver un replanteo del rol del INE respecto del sistema de información descentralizada.
Esas son las dos observaciones que quería plantear, señor Presidente.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, esta reforma fundamental al sistema estadístico nacional tiene un origen y viene a ser parte de la forma como se producen los grandes cambios en Chile: ¡siempre después de una crisis! O sea, tiene que quedar la escoba para que quede demostrado que es necesario avanzar.
Y yo no puedo sino recordar que la presente iniciativa estuvo precedida de una situación política extremadamente grave: "¡El mejor censo de la historia de Chile!". Gobierno de Sebastián Piñera: "Hemos avanzado en 20 días mucho más que en 20 años". Y tiramos al tacho de la basura 30 mil millones de pesos, equivalentes a 60 millones de dólares.
El INE, que contaba con un prestigio enorme, se vio afectado, porque el 9 por ciento de los chilenos sencillamente no fue encuestado. Y el entonces Director del organismo no encontró nada mejor que acomodar las cifras, vulnerando todo principio básico en torno a la credibilidad de las estadísticas que provee el Instituto, y que inciden, por cierto, en toda la economía. El INE es un instrumento esencial para definir, de acuerdo a sus índices, un conjunto importante de materias que repercuten en la vida de las personas -no solo la macroeconomía, sino también la microeconomía-, entre ellas, el sueldo mínimo.
Por lo tanto, de la experiencia catastrófica de un censo mal hecho, de plata tirada al tacho de la basura y de poner en cuestionamiento el prestigio del Instituto Nacional de Estadísticas, ha surgido un proyecto de ley. Y bienvenido sea.
Vale la pena recordarlo, porque quienes asuman la conducción del proceso de modernización del INE deben saber lo que no hay que hacer. Y lo que no hay que hacer es precisamente lo que se hizo: frente a un error, no reconocerlo e intentar taparlo. Porque el Instituto Nacional de Estadísticas no es infalible -¡ni el Papa lo es!-: puede cometer errores, pero lo importante es poder superarlos.
Se ha dicho que la ciencia estadística es capaz de mentir. Tú acomodas las estadísticas. Y con los mismos datos se puede llegar a distintas o controversiales conclusiones.
Yo lo viví en la Ley de Pesca con la biomasa del jurel. Algunos la calculaban en 5,5 millones de toneladas, en tanto que el sector privado, en 11,5 millones. Yo decía: si tienen los mismos datos, de las mismas universidades, de los mismos investigadores, ¿por qué el Estado llega a 5,5 millones de toneladas, y los privados (INPESCA) llegan a 11,5 millones? ¡Con los mismos datos, los mismos investigadores!
Señor Presidente, creo que reservar el nombramiento del director del INE al Presidente de la República, introduciendo el tema en el Consejo y sin acuerdo del Senado, nos va a poner en la misma situación que hoy tenemos con el director de Impuestos Internos, porque, al final, el director de la orquesta es el jefe superior del servicio. Y la facultad para su nombramiento se ha reservado para el Primer Mandatario.
Entiendo que ello es parte de un acuerdo político con la Oposición -la cual apoyará el proyecto-, que acepta que el director del INE sea nombrado por el Presidente de la República y que sea el Consejo Técnico el que asuma la participación del Senado.
Es lo que leo en el Resumen Ejecutivo del informe. Y si estoy equivocado, dígamelo, señor Ministro.
El señor MONTES.- ¡Está equivocado!
El señor NAVARRO.- Si fuera así, me alegraría mucho. Si el Senado va a participar también en el nombramiento del director y no solo en el de los integrantes del Consejo Técnico, bienvenido.
Me gustaría que lo aclarara, señor Ministro, porque en esta Sala hemos debatido siempre que los directores sean nombrados por el Presidente de la República. Tenemos el caso del director de Impuestos Internos. Y la Derecha lo ha criticado duramente, en el sentido de que es un nombramiento vertical, autoritario, monárquico.
¡Este es un país monárquico! ¡No estamos hablando de una democracia real! ¡El Presidente de la República tiene demasiado poder, y este Senado, muy pocas facultades!
Del mismo modo, quiero señalar que encuentro bien el secreto estadístico. Se incorporan sanciones penales para la anticipación de los datos. Hay que proteger el secreto estadístico en los censos para las personas, para las instituciones. La gente suministra confiadamente su información bajo la reserva correspondiente. Muchos temen que les cobren más impuestos. Otros, cuando les preguntan "a qué grupo o etnia pertenece", o "cuáles son sus prácticas", piensan que se develarán cuestiones íntimas, protegidas por la ley sobre el derecho a la privacidad.
Por lo tanto, espero que se cautelen no solo los resultados, sino también la información, es decir, que se resguarde no solo los resultados que se obtienen de las encuestas del INE y del actuar interministerial, sino además el dato básico de donde se extrae la información, que son las personas. Si la desconfianza se instala en la gente o en las instituciones, los datos no serán fidedignos. Habrá tendencia a falsear los antecedentes, a mentir.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede continuar, señor Senador.
Aprovechando la presencia de la Directora del INE y del Ministro de Economía, quiero señalar una vieja aspiración de los Senadores de regiones en el sentido de que el cálculo de la cesantía no sea aleatorio y haya un dato, al menos temporal o cronológicamente progresivo, respecto del verdadero desempleo en cada una de las comunas del país. No porque haya un 7 o un 8 por ciento debemos dejar de tener el dato.
Por nuestra parte, presentamos un proyecto de acuerdo para que, superado el 10 por ciento de cesantía, igual se informe. Debemos contar con una radiografía de todo Chile que incorpore a las pequeñas y grandes comunas, sin importar el dígito que arroje. Es un dato de planificación comunal, de planificación regional, y espero que el INE pueda superar su procedimiento actual, que consiste en tomar una muestra aleatoria del dato de cesantía por regiones, lo que no coadyuva a las políticas regionales públicas en materia de empleo.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, quiero comenzar manifestando que por supuesto voy a aprobar en general el proyecto. Creo que es bueno que tengamos una nueva institucionalidad, como la propuesta, respecto del Instituto Nacional de Estadísticas, mediante la cual se establezca un organismo técnico, descentralizado (características muy importantes), con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Aquí el Ministro nos decía que la iniciativa considera un presupuesto cinco veces mayor al que se contemplaba en el proyecto del Gobierno pasado. Estas cosas nunca se dicen en la Sala -normalmente se prefiere omitirlas-, y es bueno que el Ministro lo haya manifestado. Porque siempre es lo mismo: se cree que todo lo mejor se hizo, parece, en el Gobierno pasado.
El señor LARRAÍN.- ¡Casi, casi...!
La señora ALLENDE.- Pero, para desmentir tal predicamento, basta recordar el bochorno que sufrió el país con el censo anterior, que es algo que no se puede olvidar, para que nunca más se repita.
Es una buena lección en la vida saber que la soberbia a veces puede ser muy mala consejera.
El señor LARRAÍN.- ¡Siempre! ¡No solo a veces!
La señora ALLENDE.- Más allá de aquello, lo que me interesa destacar es la tremenda trascendencia que significa contar con una buena institucionalidad en lo que se refiere a estadística. Los países ya llevan bastantes años con institutos o centros nacionales de estadísticas, que entregan la mejor fotografía posible.
Por eso, se requiere el máximo rigor, profesionalismo, capacidad y formación. En tal sentido, estoy de acuerdo en que los cinco miembros del Consejo Técnico, nominados por el Presidente de la República y ratificados por el Senado -quienes durarán seis años en sus cargos, renovables por una sola vez-, sean del máximo nivel. Y el grado académico de magíster o doctor revela el interés que existe por poner esa clase de exigencia y rigor.
Las funciones del Consejo son muy importantes: aprobar técnicamente la propuesta de la Política Estratégica de Estadísticas, el Plan Nacional de Recopilación Estadística, los criterios técnicos y aspectos generales de los diseños.
Lo que expresó el señor Ministro también es relevante: no se puede llegar y cambiar una metodología si la nueva no está consensuada por el Consejo, no tiene fundamento o una explicación "a la hora de", porque, en tal caso, podría acusarse de que se está cambiando para influir en ciertos resultados. Y nada le hace más daño a un país que no tener confianza o credibilidad en las estadísticas.
Por ello es tan importante que con este proyecto -me imagino que será aprobado por unanimidad- demos un paso sustantivo para generar lo que nos proponemos. Nosotros siempre nos hemos enorgullecido de la calidad profesional de nuestro Instituto Nacional de Estadísticas, y por eso creemos que la iniciativa va en la línea correcta.
Antes de finalizar mi intervención, señor Presidente, quisiera hacer dos pequeñas observaciones.
En primer lugar, me parece razonable lo que planteaba el Senador Rabindranath Quinteros respecto de que normalmente las estadísticas, al igual que los promedios, no entregan una fotografía al detalle. Esto es muy importante, porque muchas veces las regiones difieren de las grandes concentraciones urbanas, sobre todo nuestras pequeñas comunas rurales, que exhiben realidades muy diferentes. En ese sentido, llamo un poco la atención en cuanto a que el diseño de cualquier instrumento estadístico de medición debe buscar la forma de contemplar todas las realidades.
Y lo segundo es lo siguiente.
El proyecto delega la estructura interna del servicio a un decreto con fuerza de ley. Y uno, obviamente, espera que esto sea consensuado con los trabajadores, que no exista ningún menoscabo, que haya garantías de que mantendrán sus remuneraciones y que solo podrán ser trasladados de región contando con su voluntad. Ello también es importante porque, a la hora de generar una institucionalidad distinta, siempre debemos tener en cuenta las condiciones laborales de los funcionarios.
Espero que así sea, que no exista ninguna dificultad, que se den las mejores condiciones y que el tema esté hablado y consensuado con los trabajadores, para que la nueva institucionalidad tenga la misma o, mejor aún, mayor credibilidad que la actual.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, leyendo las minutas y el texto de este proyecto, no cabe duda de que vamos en la línea correcta al modernizar un órgano de la Administración; definir bien sus funciones; reforzarlo, tal como señala la normativa, como el "órgano rector" del sistema estadístico, y otorgar continuidad y compromiso a una institución esencial para la calidad de las estadísticas oficiales de Chile.
Al ver esta definición, es indudable que estamos frente a un país que avanza, que es más complejo en materia de consumo, de distribución de población, de composición etaria, de distintas características. Por tanto, se necesita tener la mayor certeza. Y si un activo tiene Chile, es contar con un instituto nacional de estadísticas creíble, salvo en un censo de no muy buen recuerdo.
Considero fundamental que los ciudadanos y los tomadores de decisiones sepan que las cifras publicadas en materias de distinta naturaleza están avaladas científicamente, que no están infladas y que no existen elementos ocultos detrás de ellas.
Ante una sociedad que avanza, que es más compleja, necesitamos contar con instituciones que se adapten a esa medida, estableciendo un alto estándar que asegure que las cifras no son manipulables ni dependen del gobierno de turno para justificar o excusar determinada política.
Yo creo que el INE ha avanzado en eso, pero hay un elemento que me genera preocupación -se lo manifesté a los Ministros presentes en la Sala y a la Directora del Instituto-, relacionado con la nueva estructura del organismo.
Se señala que el proyecto no define expresamente la estructura interna del servicio, ya que esta facultad se delega a un decreto con fuerza de ley incorporado en las disposiciones transitorias. Esto me parece bien y forma parte de la normativa que hemos venido utilizando para aquellos organismos que se crean o que van mutando y perfeccionándose. Sin embargo, se indica que, no obstante lo anterior, se mantienen las direcciones regionales del Instituto en la misma forma en que operan actualmente.
Y uno, como Senador de regiones -permítanme decirlo, señor Ministro, señora Directora-, no puede estar de acuerdo con aquello. Cuando veo cifras a las cuales yo, como ciudadano, como Senador, les otorgo credibilidad -la cesantía, el crecimiento y miles de otros datos que el INE entrega-, me parecen bien y son las cifras oficiales del Estado de Chile. Pero yo me pregunto: ¿cómo se representa a los ciudadanos de Valdivia? Un ciudadano de mi región, que también es parte y es impactado por ese índice de precios al consumidor o por esa cesantía, ¿cómo es evaluado? ¿O se trata simplemente de promedios? ¿Cómo yo, en mi rol de ciudadano, puedo explicarles a los vecinos de Río Bueno, de Panguipulli, que su comuna no es relevante, por su magnitud de población, para determinadas situaciones? ¿Con qué cara uno puede sostener tal planteamiento?
Aquello es parte del centralismo atávico existente en Chile: que las decisiones se tomen, en definitiva, en función de lo que ocurre en el Gran Santiago y cómo ello impacta. Porque, obviamente, eso tiene un componente político.
Yo entiendo lo que señalaba el Senador Montes en cuanto a que el Instituto Nacional de Estadísticas debe entregar cifras que sean relevantes, donde también esté incorporada la política pública. En pocas palabras, lo que yo no quiero es que se invisibilice a un sector importante de nuestro país. Quizás no sea importante en el total, pero vaya que sí lo es Vallenar, vaya que sí lo son comunas que a nosotros nos toca representar, donde hay problemas y ciudadanos que igualmente ven afectadas sus expectativas en función de la cesantía, del IPC o de otras cifras que, si se observan con un zoom, veremos que podemos construir el país no solo desde la estadística, sino también desde la realidad de dichas comunas.
Aquí veo un sesgo centralista, un centro de comodidad del dato.
Obviamente, la recopilación de datos, el trabajo de campo, luego el trabajo estadístico, son bastante más fáciles en las grandes urbes. Pero vaya que es relevante, para que Chile sea más justo, más equitativo, que también exista ese foco, esa estadística en las pequeñas comunas bajo 20 mil habitantes.
En nuestro país, existe una gran cantidad de comunas con una población entre 10 mil y 30 mil personas. No son millones, una cifra relevante, pero ahí vive una gran cantidad de gente, que es la que principalmente refleja la realidad de los territorios de quienes representamos a las regiones más alejadas del centro.
Entonces, señor Presidente, por su intermedio, les pido a los Ministros y a la Directora del INE ver de qué manera existe capacidad instalada en regiones, con las universidades, con el propio Instituto, para tener también ahí potencialidad para elaborar estadísticas que quizás no sean relevantes a nivel nacional, pero que sí lo sean para los índices regionales de productividad, de cesantía y otros de distinta índole.
Yo pondría el acento en ello.
--Se aprueba en general el proyecto (26 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional exigido.
Votaron las señoras Allende, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Chahuán, De Urresti, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Continuando con la sesión, corresponde rendir homenaje al Colegio de los Sagrados Corazones de Valparaíso con motivo de haberse cumplido, el 31 de mayo del presente año, el centésimo octogésimo aniversario de su fundación.
Saludamos a los representantes del establecimiento presentes en las tribunas.
Ofrezco la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, señor Rector del Colegio de los Sagrados Corazones de Valparaíso y Viña del Mar, don Roberto Soto; religiosos de la congregación, directivos y estudiantes, que hoy día nos acompañan en las tribunas:
El 30 de mayo de 2017 el Colegio de los Sagrados Corazones de Valparaíso ha cumplido 180 años de fecunda labor formadora, lo cual ha sido justamente reconocido por la comunidad nacional, ya que se trata del establecimiento educacional particular más antiguo del país, cuya creación es fruto de una circunstancia absolutamente providencial.
Fue en el año 1834 cuando desembarcó en el puerto de Valparaíso un grupo de cuatro religiosos de la congregación del mismo nombre, enviados por su fundador, el padre José María Coudrin, a quienes se les había encomendado la tarea de evangelizar las islas Gambier, ubicadas en Oceanía Oriental.
Ellos debieron recalar en este puerto para preparar su misión.
Sin embargo, por esos extraños designios divinos, los preparativos destinados a continuar la misión hicieron que la espera para reanudar su marcha a las islas tardara más de lo previsto, por lo que el padre Crisóstomo Liausu, a cargo de la delegación religiosa, trabajó afanosamente con el objeto de conseguir los recursos necesarios para la misión en Oceanía, ganándose el corazón de los porteños y permaneciendo en Valparaíso por mucho más tiempo del planificado.
Cabe agregar que el Presidente de la República de la época, don José Joaquín Prieto, y el entonces obispo de Santiago, monseñor Manuel Vicuña, pidieron insistentemente al padre Liausu la creación de un colegio que estuviera bajo la dirección de esa congregación, a cuyos miembros, ataviados con hábito blanco y el emblema de los corazones púrpura bordado en el sector pectoral de su escapulario, se les empezó a denominar cariñosamente como los "padres franceses".
El padre Liausu acogió la petición. Y, después de haber obtenido la autorización del cabildo de Valparaíso, el 30 de mayo de 1837, el colegio comenzó a funcionar en una casa recién comprada por la congregación en las inmediaciones del convento de San Francisco, cerca de la iglesia de La Matriz, con veinticinco alumnos y tres religiosos profesores y bajo la rectoría del padre Crisóstomo Liausu, quien permaneció en este puerto hasta su fallecimiento algunos años más tarde.
En 1840, a raíz del incremento de alumnos, el colegio debió trasladarse a un local ubicado en calle Independencia, esquina de calle Freire, en esta ciudad, donde posteriormente, en 1868, se erigió el imponente templo de estilo neogótico que fue consagrado en 1892.
Esta iglesia, que habiendo resistido numerosos sismos y dada la conservación de sus bellas líneas arquitectónicas ha sido declarada monumento nacional, cuenta con el mejor órgano de conciertos del país, y en su cripta, ubicada bajo el altar mayor, se encuentran sepultados los restos de más de 160 religiosos que dieron lo mejor de sí en su misión formadora de tantas generaciones.
La acción educativa de los padres franceses también se extendió al campo universitario, la que se materializó en 1903 cuando el padre Mateo Crawley-Boevey, que también fuera el apóstol mundial de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, creó el Curso de Leyes de los Sagrados Corazones, que fue el antecesor de la actual Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Este plantel, después de ser dirigido por diferentes religiosos, se integró a dicha casa de estudios en 1947. En su seno se han formado prestigiosos juristas que han destacado en la docencia, en el ejercicio profesional liberal, en la judicatura, en el servicio público y en diversos cargos políticos.
Es necesario añadir que la superioridad de la congregación dispuso que a partir del año 2008 los colegios de Valparaíso y de Viña del Mar se unificaran en un solo establecimiento, que se encuentra ubicado en los faldeos del recinto del Valparaíso Sporting Club, en Viña del Mar, y al cual se accede por la avenida San Alberto Hurtado. Allí se erigió un edificio de modernas líneas arquitectónicas, en una extensa área verde, que reúne todos los requerimientos que demanda actualmente la misión educacional de un alumnado mixto y que fue inaugurado hace nueve años.
La pequeña delegación de religiosos, que en el siglo XIX sembró la semilla que rápidamente germinó, tuvo un rol preponderante y dio sus frutos para formar una comunidad que, con excelencia y calidad y bajo la guía espiritual de tantos religiosos chilenos y extranjeros, educó en el colegio de Valparaíso a miles de alumnos que han sido capaces de responder a los desafíos del mundo desde el Evangelio, en un estilo propio y distintivo de la tradición de los diversos planteles educacionales congéneres del país que han sido creados por la congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, también conocida internacionalmente como "Picpus".
En este contexto, no podemos olvidar a venerables sacerdotes ya fallecidos, como los padres Cipriano Deltor, Dionisio Le Manchec, Carlos Monge, Gildas Le Darnec, Augusto Salinas, Mateo Crawley-Boevey, Anastasio Pirión, Mauricio Berthó, Santiago Urenda, Eduardo Lobos, Roberto Codina, Gonzalo Arévalo, Andrés Aninat, y tantos otros que también contribuyeron en gran medida a este maravilloso legado.
A su vez, en el colegio de Viña del Mar destacaron religiosos también fallecidos como los padres Juan Vicente González, Diego Silva, Rafael Gandolfo y Fernando Vallejos, entre otros, quienes igualmente dejaron una impronta imperecedera en sus alumnos.
La comunidad de dicho establecimiento, formada por religiosos, alumnos, profesores, padres y apoderados y funcionarios codocentes, ha sabido vivir plenamente el objetivo que se impuso la congregación desde su fundación por el Buen Padre en la Navidad de 1800 en la Grand Maison de Poitiers; esto es, contemplar el amor divino en la celebración eucarística, vivir el amor de Dios, buscando transformar el corazón humano y construyendo un mundo más justo, teniendo como fundamento de esta misión evangelizadora la consagración plena a los corazones de Jesús y de María.
Además, debo agregar que el 10 de enero pasado se han cumplido los doscientos años desde que el Papa Pío VII aprobara formalmente, mediante decreto apostólico, las constituciones de la congregación.
Y cómo no recordar ese maravilloso acontecimiento que significó la despedida del recinto porteño del colegio, que se llevó a cabo el 1 de diciembre de 2007, en que se reunieron alrededor de dos mil exalumnos, de las más diversas profesiones y actividades, pertenecientes a un total de 75 promociones, egresados desde 1931 hasta 2006, algunos de los cuales vinieron incluso desde el extranjero, lo que constituyó un hecho realmente inédito en nuestro país y que pocos establecimientos educacionales pueden emular.
Tan masiva concurrencia no fue sino el fiel reflejo del cumplimiento espontáneo y sincero del noble juramento consignado en las bellas estrofas que forman parte del himno oficial de los Colegios de los Sagrados Corazones en nuestro país, compuesto en 1933 por los insignes sacerdotes galos padres Damián Symon y Cipriano Deltor, que expresa:
"Hechos hombres les juramos al partir, serles fieles en la vida hasta morir. Las coronas y laureles que yo pueda conquistar, las espinas siempre crueles que tal vez pueda encontrar, a ofrecerlas volveré, con humilde amor y fe.".
No puedo terminar mis palabras sin antes destacar la impronta del Colegio de los Sagrados Corazones, un colegio dedicado a la misión apostólica.
El sello del padre Damián ha sido determinante, al igual que el del padre Gumucio y de muchos otros que le han puesto su impronta a la congregación, para la formación de numerosos alumnos que tanto han aportado al país.
¡Una congregación que ha puesto su centro en el trabajo poblacional!
¡Una congregación que, sin abandonar los colegios, ha mantenido una trayectoria en el trabajo y en el compromiso con los más pobres!
¡Una congregación que ha mantenido el sentido de la misión apostólica y que los Colegios de los Sagrados Corazones han sabido cultivar, no solamente a través de la formación de comunidades laicales de base, que han sido determinantes -de hecho, en pocos días vamos a celebrar un aniversario más de la fundación de estas agrupaciones, en el cual nos congregaremos todos quienes formamos parte de ellas-, sino también por medio del compromiso con los valores permanentes del Evangelio, del derecho a la vida, de la preferencia inalterable por el más postergado y el más pobre!
Asimismo, están a punto de cumplirse cincuenta años desde que nuestro obispo, monseñor Gonzalo Duarte, se ordenara sacerdote, un 14 de julio de 1967.
Ello demuestra cómo el compromiso de los Sagrados Corazones hoy día está más presente y más vivo que nunca.
Quiero agradecer al Rector; al Director Académico; al Director de los cursos de formación más pequeños; a los profesores que hoy día nos acompañan; a los alumnos; al padre Erick, quien ha estado trabajando fundamentalmente con los scouts, y que antes de ser sacerdote incursionó en la política en Francia.
Deseo manifestar a todos y a cada uno el compromiso del Congreso Nacional con un colegio que ha sido emblemático en nuestra región y en el país: el colegio particular más antiguo de América Latina.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Ha concluido el homenaje al Colegio de los Sagrados Corazones de Valparaíso.
A la señora Ministra de Salud, a fin de que se sirva informar ESTABLECIMIENTO HOSPITALARIO Y CALIDAD FUNCIONARIA DE MÉDICO ECUATORIANO JULIO CÉSAR MATUTE MIRANDA.
Al señor Director Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización de Valparaíso, pidiéndole indicar razón por la cual se dejó sin efecto ASIGNACIÓN DE VIVIENDA ADQUIRIDA CON SUBSIDIO ESTATAL POR DOÑA KATHERINE MENA BERNALES EN PROYECTO LOS AVELLANOS, COMUNA DE VILLA ALEMANA.
Al señor Director Nacional del Trabajo, solicitándole FISCALIZACIÓN A EMPRESA DE TRANSPORTES LINATAL LIMITADA, DE PROVINCIA DE LINARES, ANTE DENUNCIAS POR EVENTUALES PRÁCTICAS ANTISINDICALES.
Al señor Director de Vialidad de la Región del Maule, pidiéndole información referida a PARADEROS DE BUSES AUTORIZADOS EN TRAYECTOS TALCA-CONCEPCIÓN, CONCEPCIÓN-TALCA, LINARES-SANTIAGO Y SANTIAGO-LINARES, ANTE SOLICITUD DESINDICATO DE TRABAJADORES DEEMPRESA DE TRANSPORTES LINATAL LIMITADA.
Al señor Ministro de Desarrollo Social, requiriéndole ELABORACIÓN DE REGLAMENTO DE SUBSISTEMA CHILE CRECE CONTIGO, INCLUYENDO REGULACIÓN DE PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EMBARAZOS VULNERABLES.
Al señor Director Nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, solicitándole INCORPORACIÓN DE EXIGENCIA DE PAGO DE BONO A TRABAJADORES Y COMPATIBILIDAD DE CONTRATACIÓN RESULTANTE CON SUBSIDIO DE LEY N° 19.583 EN LICITACIÓN PÚBLICA DE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA MAGALLANES.
A la señora Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, planteándole interrogantes en torno a TÉRMINO DE RECORRIDO DE PULLMAN DEL SUR EN TRAMO VILLA ALEGRE-SANTIAGO Y SOLUCIÓN PARA USUARIOS.
Al señor Gobernador de la provincia de Cauquenes, para que se informe acerca de PROYECTO ORIGINAL DE SEDE PARA LOCERAS DE PILÉN Y POSIBILIDAD DE MEJORARLO.
A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, solicitándole PRIORIZACIÓN DE RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE TALUD Y MUROS DE CONTENCIÓN EN SECTOR DE MONTEDÓNICO, EN VALPARAÍSO.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En Incidentes, el Partido Unión Demócrata Independiente no intervendrá.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la fusión de las AFP Cuprum y Argentum, como es de conocimiento público, ha sido objeto de un marcado cuestionamiento por su objetivo, por su dudosa legalidad y por haber sido autorizada, además, por la Superintendenta de Pensiones.
La creación de Argentum estuvo sujeta a una condición: que se fusionara con una AFP de verdad, Cuprum.
La AFP Argentum nunca funcionó: no tuvo oficinas, no pagó patente, no tuvo afiliados, no gestionó ningún tipo de cotización de trabajador alguno, no administró ningún centavo de los fondos de pensiones (razón declarada al momento de su creación).
En consecuencia, no otorgó ninguno de los beneficios que el decreto ley N° 3.500 establece.
Que se sepa, tampoco tuvo empleados, salvo una nómina fantasma de estos, que en realidad correspondían a ejecutivos de la AFP verdadera, es decir, de Cuprum.
La fusión de que hablo fue cuestionada desde su inicio por la Ministra del Trabajo de entonces, señora Ximena Rincón, quien solicitó a la Superintendenta de Pensiones que se abstuviera de seguir autorizando fusiones similares.
Un informe de la propia Contraloría General de la República, como órgano fiscalizador, dictaminó que dicha fusión era ilegal y que, por lo tanto, debía iniciarse un proceso de invalidación.
Hay una querella en contra de la ex Superintendenta de Pensiones, señora Tamara Agnic, por prevaricación administrativa, interpuesta por los Diputados de la Democracia Cristiana Fuad Chahin y Patricio Vallespín.
El ex Presidente de la AFP Habitat, señor José Antonio Guzmán, señaló a la prensa el 5 de junio de 2015: "hay que llevar a cabo una investigación profunda del tema, porque es muy probable que haya sido consistente con la ley, pero desde el punto de vista ético sea reprobable.", es decir, éticamente inmoral.
La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados conformada para evaluar esta gravísima situación acordó, después de un largo trabajo durante numerosas sesiones, que esta fusión era irregular y recomendó al Consejo de Defensa del Estado iniciar un proceso de nulidad de derecho público.
Nosotros, quien habla junto con mi equipo jurídico, presentamos en junio de 2015 una denuncia ante el Ministerio Público sobre este hecho: la "creación simulada" de AFP Argentum que, con el solo propósito de obtener un good will tributario de cerca de 130 millones de dólares (es decir, impedir al Fisco, a todos los chilenos, al Servicio de Impuestos Internos, recibir 130 millones de dólares) conformó este modus operandi que, lamentablemente, fue aprobado por la Superintendencia de Pensiones.
Y no es que las AFP tengan problemas de caja para pagar impuestos. Por el contrario, la rentabilidad promedio sobre patrimonio de las AFP en Chile -y que se escuche bien- ha sido la siguiente: 2013, 31,39 por ciento; 2014, 29,56 por ciento; 2015, 22,34 por ciento. Fuente: Superintendencia de Pensiones.
¡Qué negocio en el mundo ofrece rentabilidades del orden del 30 por ciento sobre el patrimonio!
¡Solo las AFP en Chile!
Hace unos días, en el contexto del Chile Day, el Ministro de Hacienda, señor Rodrigo Valdés, dijo a la prensa que las críticas que se hacen a las AFP le parecen un tanto injustas.
¡Esto es digno de Ripley!
El Ministro de Hacienda; el encargado de recaudar, de aumentar las arcas fiscales de Chile; el Ministro que niega financiamiento para muchas de las peticiones sociales que exigimos -más médicos para Chile, por ejemplo- avala una fusión declarada ilícita, inmoral, por la Contraloría General de la República, de dos AFP: una real, Cuprum, y una fantasma, que no existe, sin afiliados, sin trabajadores.
Las AFP señalan que el problema de las bajas rentabilidades, o más bien de las reducidas tasas de reemplazo -como ha dicho la Fundación Sol- se traduce en que el 92 por ciento de las mujeres que se jubilan en Chile y el 82,3 por ciento de los hombres tienen pensiones inferiores a 156 mil pesos. Es decir, ¡pensiones de hambre!
¡Y alegan que la causa son las lagunas previsionales! ¡Que los afiliados no cotizan!
Después de 36 años se dieron cuenta de que José Piñera, hermano del candidato presidencial Sebastián Piñera y padre de las AFP, redujo de manera sustantiva la cotización previsional. En el caso de los empleados particulares esta era superior al 50 por ciento, en el de los obreros, a más del 20 por ciento. Y el empleador tenía la principal carga impositiva previsional.
¡No se dieron cuenta!
Y después de 36 años se dan cuenta de que al bajar ese nivel de cotización previsional de cargo de los empleadores y determinar que solo los trabajadores cotizaran el 10 por ciento, poniendo esta carga, esta mochila pesada sobre ellos, no alcanzarían las pensiones.
Por cierto que el 10 por ciento es insuficiente. Pero eso es una responsabilidad del Gobierno de la época, de la dictadura de Pinochet, avalada por los Ministros que hoy día pululan en los partidos de derecha, como la UDI y Renovación Nacional.
Considero, señor Presidente, que sería imposible soportar otros 36 años para darnos cuenta de que las AFP fracasaron en su objetivo, le mintieron a Chile.
¡Las AFP han sido ciegas, sordas y mudas en lo referente a pensiones!
Pero sus utilidades siguen siendo brillantes, siguen siendo extraordinarias, es una buena inversión. Por cierto, en ellas no participan los afiliados. No hay nadie en representación de los afiliados en los directorios de estas administradoras.
AFP Argentum fue una creación ideológicamente falsa. No operó nunca como AFP. E incluso en la propia resolución de la Superintendencia de Pensiones se determina que no se crea para funcionar como AFP, sino que para obtener beneficio tributario, el good will.
Es decir, se trata de una fusión con el objetivo de "joderse al Estado", de no pagar impuestos. No hubo afiliados y, por lo tanto, no hubo fondos que administrar, y mucho menos beneficios que entregar, como pensiones de vejez, invalidez o sobrevivencia.
Y si eso no es una AFP simulada, que no hace nada, ¡entonces qué es!
¿Qué es AFP Cuprum fusionada con AFP Argentum?
Es una administradora fantasma que le ha provocado un daño tremendo al fisco, al bolsillo de todos los chilenos.
Se produjo la llamada "desviación de poder", que tiene lugar cuando la finalidad del acto es distinta del interés general que orienta su actuación. "Desviación de poder", eso fue lo que realizó Tamara Agnic.
Por lo tanto, el argumento esgrimido por la Superintendencia de Pensiones fue débil e inconsistente, toda vez que el decreto ley N° 3.500, que establece condiciones básicas para el funcionamiento del régimen previsional, determinó en su frondosa reglamentación especial y normas de carácter administrativo que, claramente, no procedía crear una AFP que no tuviera nada de lo que constituye a una entidad de este tipo.
En tal contexto, presenté una medida prejudicial probatoria en el 20° Juzgado Civil de Santiago, y exigí la documentación por la cual se autoriza al Grupo Principal para la creación de AFP Argentum. Esta orden judicial se cumplió. Sin embargo, la Superintendencia de Pensiones y AFP Cuprum se opusieron a que el conjunto de la documentación se exhibiera, señalando que era secreta, ¡secreta!
Y, según la Superintendencia y Cuprum, el plan de negocios de la AFP fantasma y de la AFP Argentum era reservado, ya que exponía, a su juicio, información confidencial.
¡Y no lo presentaron!
¡La Superintendenta de Pensiones sumándose a los delincuentes de cuello y corbata que utilizan esos mecanismos para pagar menos impuestos...!
La Tercera Sala de la Corte Suprema, con fecha 19 de junio de 2017, falló en contra de la AFP Cuprum, que interpuso un recurso de queja contra los Ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago que ya habían resuelto que el plan de negocios pertinente no era secreto.
Por cierto, las AFP, que no son industrias farmacéuticas ni industrias tecnológicas, ni tienen derechos de autor o inventos que proteger, deben dar claridad sobre su plan de negocios.
La causa tiene el rol 49.981-2016 Corte Suprema. Fallo del 19 de junio del 2017.
Nos sentimos orgullosos de que la presentación hecha ante el Máximo Tribunal haya sido acogida.
En mi opinión, el plan de negocios no existe; nunca existió. Por eso no lo entregan; por eso se opusieron: ¡porque nunca tuvieron en su mente funcionar!
Señor Presidente, en estos días estamos notificando de una acción constitucional de nulidad de derecho público en contra tanto de la resolución que autorizó el funcionamiento de la AFP de papel Argentum como de la que autorizó la fusión de una AFP fantasma con otra real: Cuprum.
Mediante esa acción estamos solicitando la nulidad de derecho público de aquella fusión, que dañó al Fisco en 280 millones de dólares en el caso de las AFP Provida y Acquisition y en 130 millones de dólares en el de Cuprum y Argentum.
¡Vamos a ir por las dos!
¡Están en juego más de 400 millones de dólares!
¡No vamos a permitir que se lleven recursos que les pertenecen a todos los chilenos!
Señor Presidente, hemos denunciado ese fraude en los tribunales, y vamos a seguir batallando ante ellos para que se haga justicia.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Los Comités Partido Por la Democracia, Partido Demócrata Cristiano e Independiente y Partido Renovación Nacional no intervendrán.
En el tiempo del Comité Partido Socialista e Independiente, tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, la compleja geografía de las regiones del sur austral chileno, especialmente la de la Región de Los Lagos, impone una serie de desafíos para la navegación y el trabajo en el mar. Estoy hablando de un territorio disgregado en fiordos y canales; pequeñas caletas y localidades costeras aisladas, y un sinnúmero de islas agrupadas en archipiélagos emplazados entre la Isla Grande de Chiloé y el continente, que conforman un vasto territorio que, con similares características, se extiende hasta el Cabo de Hornos.
Esa zona es depositaria de un enorme potencial productivo, y ya por siglos ha sido el escenario donde se ha desarrollado buena parte de la actividad económica y de subsistencia de la gente de mar del sur de Chile.
Durante las últimas décadas las actividades productivas, históricamente sostenidas en la pesca artesanal y en el traslado de alimentos y materiales, se han diversificado de la mano del turismo y la acuicultura, y fundamentalmente con la producción salmonera.
Este nuevo escenario ha impuesto la necesidad de contar con una conectividad expedita, ante esa enmarañada red de islas y localidades, a las que resulta particularmente dificultoso y caro acceder por vía terrestre o aérea. Por esta razón, existen diversas rutas de navegación que apuntan a garantizar el traslado de productos y personas, en muchos casos con subsidios de transporte otorgados por el propio Gobierno.
Sin embargo, quienes se desempeñan en esa área acusan un serio problema, que tiene que ver con la aplicación de una normativa que no está pensada en la navegación a través de los mares interiores, sino en la actividad de altamar y que, por tanto, impone obligaciones y estándares difíciles de cumplir por aquellos que operan en ese sector de nuestro país.
La legislación, señor Presidente, reconoce cinco tipos de navegación: la oceánica, la regional, la de aguas protegidas, la lacustre y la fluvial.
Actualmente, solo la navegación oceánica, que involucra la internacional, se encuentra normada detalladamente. Y esa misma regulación es la que se aplica a la navegación regional, a pesar de que su operación y características técnicas, así como las distancias y las condiciones del territorio, son diametralmente distintas.
De acuerdo a cifras entregadas por los propios armadores, aproximadamente 84 por ciento de la flota de la marina mercante nacional opera desde Puerto Montt al sur. Alrededor de cinco millones de pasajeros y un millón de vehículos se conectan al año mediante lanchas o barcazas entre las Regiones de Los Lagos y de Aisén.
Los armadores, quienes señalan que el transporte de vehículos crece entre 7 y 10 por ciento anualmente, afirman que la reglamentación vigente se sostiene en una realidad que no guarda relación con las condiciones geográficas de la zona sur austral, ni con las nuevas tecnologías existentes, ni con la realidad laboral. En otras palabras, aseguran que la legislación les impide convertirse en una industria competitiva y eficiente.
Efectivamente, existe un conjunto de normativas que regulan la actividad marítima en el ámbito del comercio y el cabotaje -entre ellas, la Ley de Fomento a la Marina Mercante Nacional, la Ley de Navegación y los Códigos de Comercio y del Trabajo-, pero que no se hacen cargo de las materias puntuales relacionadas con la navegación en las cercanías de la costa.
No podemos desconocer que, en diversos aspectos, nuestra legislación presenta serios retrasos -o al menos, una falta de actualización- que atentan contra el desarrollo de actividades determinantes para el crecimiento y el progreso de nuestro territorio.
El aporte que la marina mercante nacional realiza al desarrollo del sur del país es innegable, no solo por su contribución al auge de actividades relevantes para la economía nacional, como el turismo y la acuicultura, sino también, y especialmente, por su rol de conexión con sectores apartados de la zona austral.
No parece razonable, entonces, ahogar esa industria con exigencias que sobrepasan ampliamente su ámbito de acción.
Requerimos revisar y mejorar la normativa en materia de navegación comercial en aguas interiores, de modo que no entorpezca el desarrollo de esta industria, sino que, por el contrario, establezca normas justas y adecuadas para su correcto desempeño.
Es necesario, pues, contar con una legislación de navegación en mares interiores moderna y adecuada a la realidad nacional.
Sobre esa base, por intermedio de la Mesa, pido oficiar a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas al objeto de solicitarle información respecto de la adopción de medidas y normas que garanticen y aseguren un adecuado marco regulatorio para la navegación comercial en aguas interiores de nuestro país.
--Se levantó a las 19:8.