Source: https://eu.vlex.com/vid/706441821
Timestamp: 2018-09-19 05:10:34
Document Index: 142380401

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 82', 'artículo 83', 'artículo 1535', 'artículo 17', 'artículo 540', 'artículo 1108', 'artículo 114']

Conclusiones nº C-96/16 de Tribunal de Justicia, 22 de Marzo de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 706441821
Conclusiones nº C-96/16 de Tribunal de Justicia, 22 de Marzo de 2018
Fecha de Resolución: 22 de Marzo de 2018
Número de Resolución: C-96/16
Procedimiento prejudicial - Directiva 93/13/CEE - Contratos celebrados con los consumidores - Cláusulas abusivas - Cesión de créditos - Inexistencia de derecho de retracto - Criterios de apreciación del carácter abusivo de una cláusula contractual que fija los intereses de demora - Consecuencias de ese carácter
Las presentes peticiones de decisión prejudicial, remitidas por sendos órganos jurisdiccionales españoles, fueron ambas presentadas en el marco de litigios entre determinadas entidades bancarias y consumidores en relación con la ejecución de contratos de préstamo celebrados entre ellos.
Estos asuntos se refieren en particular a la compatibilidad con el Derecho de la Unión, concretamente con la Directiva 93/13/CEE, (2) de un criterio jurisprudencial nacional según el cual, por una parte, se presumen abusivas las cláusulas no negociadas de los contratos de préstamo que fijan un tipo de intereses de demora que excede en más de dos puntos porcentuales del tipo de los intereses ordinarios (remuneratorios) y, por otra parte, deben extraerse determinadas consecuencias de esa apreciación en lo referente tanto a los préstamos sin garantía real como a los préstamos hipotecarios. Este criterio habría sido definido por el Tribunal Supremo en diferentes sentencias, (3) las cuales fueron dictadas tras pronunciar el Tribunal de Justicia sus sentencias en los asuntos A. (4) y Unicaja Banco y C.. (5) Marco jurídico
El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13 establece que «las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o reglamentarias imperativas [...] no estarán sometidos a las disposiciones de [esa] Directiva.»
El artículo 3, apartados 1 y 3, de la Directiva 93/13 tienen la siguiente redacción:
1. Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas cuando, contrariamente a las exigencias de la buena fe, causen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.
A tenor del artículo 4, apartado 1, de la citada Directiva:
Sin perjuicio del artículo 7, el carácter abusivo de una cláusula contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro contrato del que dependa.
El artículo 6, apartado 1, de dicha Directiva dispone:
El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 prevé:
Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.
A tenor del artículo 8 de esa Directiva:
El artículo 8 bis de la Directiva 93/13 dispone:
1. Cuando un Estado miembro adopte disposiciones con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, informará de ello a la Comisión, así como de todo cambio ulterior, en particular si dichas disposiciones:
- contienen listas de cláusulas contractuales que se consideren abusivas.
2. La Comisión se asegurará de que la información a que se refiere el apartado 1 sea fácilmente accesible para los consumidores y los comerciantes, entre otros medios, a través de un sitio web específico.
Disposiciones relativas a las cláusulas abusivas
El artículo 82, apartado 1, del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, (6) en su versión aplicable a los litigios principales, dispone lo siguiente:
A tenor del artículo 83 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias:
Disposiciones relativas a la cesión de crédito
El artículo 1535 del Código Civil, que regula el derecho del deudor a recomprar su deuda en caso de cesión de crédito, dispone lo siguiente:
V. un crédito litigioso, el deudor tendrá derecho a extinguirlo, reembolsando al cesionario el precio que pagó, las costas que se le hubiesen ocasionado y los intereses del precio desde el día en que éste fue satisfecho.
La sustitución del cedente por el cesionario de un crédito en los procedimientos judiciales está regulada en los artículos 17 y 540 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en lo sucesivo, «LEC»), aplicándose dicho artículo 17 a los procedimientos declarativos y el artículo 540 a los procedimientos ejecutivos.
Disposiciones relativas a la fijación de los intereses de demora
El artículo 1108 del Código Civil establece:
Con arreglo al artículo 114, párrafo tercero, de la Ley Hipotecaria, en su versión modificada por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social: (7) «Los intereses de demora de préstamos o créditos para la adquisición de vivienda habitual, garantizados con hipotecas constituidas sobre la misma vivienda, no podrán ser superiores a tres veces el interés legal del dinero y sólo podrán devengarse sobre el principal pendiente de pago. [...]»
En el asunto C-96/16
Se desprende del auto de remisión en el asunto C-96/16 que la Sra. M.G.B. y el Sr. M.D. suscribieron con la entidad bancaria Banco Santander, S.A., dos contratos de préstamo, el primero el 2 de noviembre de 2009, por importe de 30 750 euros y con vencimiento el 2 de noviembre de 2014, y el segundo el 22 de septiembre de 2011, por importe de 32 153,63 euros y con vencimiento el 22 de septiembre de 2019.
Según las condiciones generales de dichos contratos, los tipos de interés aplicables eran, en el primer contrato, un 8,50 % para los intereses ordinarios y un 18,50 % para los intereses de demora y, en el segundo contrato, un 11,20 % para los intereses ordinarios y un 23,70 % para los intereses de demora.
Al haber dejado de pagar el Sr. D. y la Sra. G.B. las cuotas mensuales previstas en los contratos de préstamo en cuestión al Banco Santander, esta entidad bancaria declaró el vencimiento anticipado de estos contratos, con arreglo al apartado 8 de las condiciones generales de estos, y presentó ante el órgano jurisdiccional remitente una demanda de ejecución del crédito que tenía frente al Sr. D. y a la Sra. G.B. por un importe total de 53 664,14 euros.
Aunque las condiciones generales no contemplaban esta posibilidad, el 16 de junio de 2015 el Banco Santander cedió este crédito mediante escritura pública a un tercero, por un importe estimado en 3 215,72 euros, al amparo de los artículos 1.112 y 1.255 del Código Civil.
Este tercero solicitó así suceder al Banco Santander en el procedimiento de ejecución instado por este último ante el órgano jurisdiccional remitente.
Ese órgano jurisdiccional alberga dudas acerca del eventual derecho de la Sra. G.B. y del Sr. D. a recomprar su deuda, y a extinguirla en consecuencia, abonando a dicho tercero el importe que este pagó por la cesión en cuestión, más los intereses y las costas y los gastos aplicables (en lo sucesivo, «derecho de retracto»).
Dicho órgano jurisdiccional expresa en particular sus dudas sobre la compatibilidad con el Derecho de la Unión, y concretamente con la Directiva 93/13, de una práctica empresarial de cesión o compra de créditos por escaso precio sin que exista una cláusula contractual específica en ese sentido, sin que el deudor sea informado previamente de la cesión ni dé su consentimiento a la misma y sin ofrecerle la oportunidad de recomprar su deuda para, de este modo, extinguirla reembolsando al cesionario el importe que este pagó por la cesión, más los gastos accesorios aplicables.
Por otra parte, el...
Beschlüsse (Information) Nr. T-48/16 im Tribunal General de la Unión Europea, 25. August 2017