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Timestamp: 2019-02-21 11:36:43
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Matched Legal Cases: ['artículo 39', 'artículo 49', 'artículo 11', 'artículo 4', 'artículo 40', 'artículo 20', 'Artículo 29', 'artículo 7']

Sindicato Mexicano de Electricistas (Blog): 04-dic-2017
Se convoca a las y los compañeros de Renta Vitalicia a la audiencia de conciliación que tendrá lugar en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el día de mañana 5 de diciembre a las 10:00 hrs -JF del Asuntos Colectivos Num. 5- para exigir el pago pendiente de la compensación por antigüedad.
3 junio, 2017| Articulistas| Views: 735
Ola de Protestas de ONGs y Sindicatos Independientes VISOS DE DICTADURA EN LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR
*México es una República representativa, democrática, laica y federal, no dictatorial ni militar: art. 40 constitucional.
*Art. 40: El Poder de la Federación se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, no en una sola persona o corporación.
*Art. 39 constitucional: El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de modificar la forma de su gobierno.
*La Ley de Seguridad Interior le otorga poderes plenipotenciarios al presidente de la República.
*El presidente podrá desplegar las fuerzas armadas sólo porque sospecha que hay una amenaza y sin consultar a nadie.
*No tiene que existir una amenaza real a la seguridad interior para que las fuerzas armadas actúen...basta una sospecha.
*Quién dirigirá las acciones de seguridad interior, será un comandante militar y no habrá presunción de inocencia.
*La Ley de Seguridad Interior, tiene parecido con la ley que se frenó para suspender derechos humanos y sus garantías
LEE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR QUE SE APROBÓ EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Organizaciones defensoras de derechos humanos y sindicatos independientes anunciaron la realización de manifestaciones de protesta afuera de la Cámara de Senadores a partir del martes 05 de diciembre de 2017, para reclamar que se cancelen las intenciones de ratificar la Ley de Seguridad Interior que aprobaron diputados federales el 30 de noviembre del mismo año, con la que pretenden la militarización del país y depositar el poder de decisión para desplegar a las fuerzas armadas en una sola persona, el presidente de la República, sin consultlar a nadie, con lo que violentan los principios constitucionales, republicanos y democráticos.
De acuerdo al artículo 39 de la constitución política en México todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. En la Ley de Seguridad Interior, sin embargo, se elimina la consulta al pueblo y hasta la consulta a sus representantes en el Congreso de la Unión.
Prohibido olvidar, que de acuerdo a los artículos 40 y 41 de la misma constitución México es una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos, que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión y que los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática.
El artículo 49 señala que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo.
Estos principios constitucionales los mencionamos porque el jueves 30 de noviembre de 2017 los diputados federales del PRI-partido verde, nueva alianza (que dejó de abreviarse PANAL y ahora se abrevia PNA), 1 de Encuentro Social, 2 del PRD y 5 del PAN, aprobaron la Ley de Seguridad Interior en la que le otorgan poderes plenipotenciarios a una sola persona, al presidente de la República.
: El artículo 11 de la Ley de Seguridad Interior que aprobaron los diputados federales señala textualmente que: “ El Presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de las Entidades Federativas, o de su Ejecutivo en caso de receso de aquellas, la Intervención de la Federación para la realización e implementación de Acciones de Seguridad Interior en el territorio de una Entidad Federativa o zona geográfica del país, previa emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando se actualice alguna de las Amenazas a la Seguridad Interior”.
Es decir sólo porque el presidente sospeche o le hagan suponer que hay una supuesta amenaza a la seguridad interior, sin comprobarlo, podrá desplegar a las fuerzar armadas, sin consultar a nadie y unicamente deberá informar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación.
El problema mayor es que el artículo 4 autoriza a las fuerzas armadas a intervenir no sólo en la seguridad nacional, sino como policía en la seguridad interior, es decir militarizan al país, bajo el argumento de que hay una amenaza real o potencial –es decir sólo por la posibilidad de una amenaza, ni siquiera tiene que existir-. O sea que nos pueden aplicar el estado de sitio sólo por la posibilidad de una amenaza, pero la Ley de Seguridad Interior no define claramente qué es una amenaza, por lo que a criterio del presidente se decidirá qué es y qué no es una amenaza.
Esta ley deja a una sola persona o a un solo poder decidir qué es una amenaza, para usar las fuerzas armadas, impidiendo la participación del pueblo representado por el poder legislativo, con lo que trastoca el principio de República democrática que marca el artículo 40 de la constitución.
La Ley de Seguridad Interior también es violatoria del artículo 20 constitucional que habla de los derechos humanos de toda persona imputada como supuesto criminal, quien puede resultar inocente. Quién dirigirá las acciones de seguridad interior, según esa ley, será un comandante militar.
Cabe señalar que esta es la segunda ocasión que intentan depositar todos los poderes en la figura del presidente de la República y militarizar al país con una ley, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la primera ocurrió el 09 de diciembre de 2015 cuando el Senado de la República aprobó Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para suspender los derechos humanos y sus garantías, misma que se frenó en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, en 2016, pero se aprobó en la Comisión de Gobernación de esa instancia, por lo cual sólo faltan unos pasos para que se avale. (Leer Noticia Relacionada: ¿Estamos al Borde del Estado de Sitio? LA SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS NO PODRÁ DEROGARSE)
Igual que la Ley de Seguridad Interior, esa ley para suspender derechos humanos y sus garantías y avalar la militarización del país, otorga al titular del poder ejecutivo la facultad exclusiva de emitir el decreto de suspensión de garantías o derechos humanos inscritos en la constitución mexicana, deja ambiguo qué es grave peligro o conflicto, igual que la Ley de Seguridad Interior no deja fehacientemente claro qué es una amenaza. También es en su artículo 7 donde señala que respetará los acuerdos y pactos internacionales, pero en realidad los violenta. Otra coincidencia, ambas leyes se aprobaron en diciembre.
CNDH emite recomendación por condiciones precarias de jornaleros agrícolas en Coahuila
Por La Redacción , 4 diciembre, 2017 Estados
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La queja de un jornalero por las condiciones de trabajo y de seguridad e higiene de las habitaciones donde pernoctaba en un campo agrícola en Coahuila, derivó en una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al gobierno de la entidad, ahora a cardo de Miguel Riquelme.
La recomendación 60/2017, también alcanzó a los secretarios de Desarrollo Social (Sedesol), Luis Miranda; del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida, así como al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Mikel Andoni Arriola Peñalosa.
Tras una investigación, la CNDH comprobó omisión de autoridades federales y estatales de inspeccionar y adoptar medidas legislativas, administrativas, económicas, educacionales y sociales lo que dio lugar a la violación de los derechos humanos al trabajo, a la seguridad social, a un nivel de vida adecuado y al interés superior de la niñez de personas jornaleras agrícolas.
Y es que el organismo nacional advirtió que la Secretaría del Trabajo de Coahuila identificó a una persona de 12 años de edad que laboraba como jornalero agrícola, lo retiró de sus labores y le garantizó una liquidación.
Sin embargo, la CNDH señaló que con ello confirmó que la autoridad local omitió adoptar acciones para prevenir el trabajo infantil en condiciones contrarias a la ley e implementar aquellas correctivas, respecto de los patrones y empresas agrícolas, ya que el trabajo agrícola “es considerado una labor ardua que puede tener repercusiones en el desarrollo integral de la niñez y, por ello, resulta contraria al interés superior de la misma”.
Luego de analizar las evidencias del expediente, la CNDH advirtió falta de coordinación interinstitucional que favorezca la implementación de acciones “puntuales, eficaces y eficientes” para atender la problemática de las personas jornaleras agrícolas, residentes o migrantes, en un determinado territorio.
Además, omitió realizar un diagnóstico para identificar causas, problemas y áreas de oportunidad para canalizar estratégicamente los apoyos individuales y colectivos, así como los programas sociales y de infraestructura, para lo cual es importante integrar sistemas de información que permitan tener padrones específicos.
“Las omisiones detectadas confirmaron el incumplimiento de las obligaciones que le son atribuidas a autoridades del orden federal y del estado de Coahuila para garantizar de manera efectiva los derechos humanos de esa población, lo cual refleja una violación directa respecto de las personas jornaleras agrícolas en general y de las personas indígenas, mujeres y niñez en particular en los ámbitos estructural y cultural”, subrayó la CNDH.
Por ello, la CNDH recomendó al gobernador de Coahuila integrar un padrón de empresas y patrones agrícolas en la entidad; conformar un grupo de trabajo interdisciplinario que incorpore autoridades federales competentes para elaborar un diagnóstico de la situación socioeconómica y laboral de las personas jornaleras agrícolas, para iniciar un programa emergente de trabajo.
Asimismo, instruir a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado para que incremente las inspecciones anuales, fortalezca la vinculación con autoridades federales e inicie los procedimientos administrativos respecto de los patrones o empresas agrícolas que incumplan con sus obligaciones laborales.
Además, le recomendó fortalecer las campañas de sensibilización e implementación de distintivos relacionados con la erradicación del trabajo infantil entre los patrones y las empresas agrícolas.
Al titular de la Sedesol, Luis Miranda, le requirió celebrar convenios en beneficio de la población jornalera agrícola en la entidad, o actualizar los existentes; vigilar las instancias ejecutoras del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) y supervisar el otorgamiento de apoyos para la instalación y/o mejora de albergues, para el arribo, alimentación y/o educación de personas jornaleras y sus familias, así como ver nuevos casos susceptibles de incorporarse a esos beneficios.
Al titular de la STPS le recomendó instruir a su Delegación Federal para que, en coordinación con el gobierno de Coahuila, coadyuve en la elaboración de un padrón de empresas y patrones agrícolas en la entidad; impulse un Programa de Movilidad Laboral; fortalezca las acciones para prevenir y erradicar el trabajo infantil, y colaborar con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria para que todas las empresas agrícolas se incorporen de manera obligatoria a los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación en la Producción Primaria de Vegetales y el Buen Uso y manejo de Agroquímicos.
Finalmente, al director general del IMSS le pidió instruir a su delegado en Coahuila para que colabore en la elaboración de un padrón de empresas y patrones agrícolas; establezca un programa anual de visitas y, en su caso, inicie los procedimientos administrativos por incumplimiento de la normatividad en materia de seguridad social.
También le solicitó participar con las autoridades federales y locales en las visitas e inspecciones que realicen en materia laboral, y en el intercambio de información, así como instruir programas continuos de difusión multiculturales para que los trabajadores agrícolas se afilien e incremente el número de personas aseguradas. Finalmente le solicitó hacer la difusión entre los trabajadores de sus derechos laborales y de seguridad social, y habilitar mecanismos de recepción de denuncias.
Lunes 4 de diciembre de 2017, p. 12
Se trata de una nueva era laboral , en la que las personas ya no estarán en una oficina de por vida, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, ni tendrán contratos colectivos y prestaciones. Es decir, la seguridad de los empleos fijos para los nuevos trabajadores se acabó. Tendrán contrataciones temporales y con la única perspectiva de lograr un buen sueldo, pero sólo eso, sin pago de beneficios, como vacaciones, aguinaldos y esquemas de ahorro.
La investigación El crecimiento del trabajo Nextgen plantea que actualmente los empleados más jóvenes han tenido el mismo número de trabajos que sus padres en toda su vida, lo cual identifica un cambio hacia nuevas maneras de incorporarse al mundo laboral, lo que les funciona tanto a las personas como a las empresas .
Yaquis del municipio de Cajeme informaron que el juzgado décimo federal les impuso una multa equivalente a mil salarios mínimos por no concluir la consulta a la etnia sobre la construcción del acueducto Independencia, como ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En conferencia de prensa, los líderes indígenas Mario Luna Romero, Tomás Rojo Valencia y César Cota Tórtola expresaron su descontento y amenazaron con protestar por las presiones de la SCJN. Rojo agregó que en un oficio exigieron no hacer efectiva la sanción.
Añadió que las propias autoridades han presionado para que la consulta no se lleve a cabo, lo que permitiría realizar la obra para llevar agua del sur de Sonora a Hermosillo, la capital.
Esta coacción, consideró, viola los protocolos y principios de la consulta, que debe ser libre e informada. Sostuvo además que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha tergiversado documentos para descartar el peritaje del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el cual demostró que la operación del acueducto ocasiona daños irreparables a la tribu.
Como la consulta no ha concluido, no se expide la manifestación de impacto ambiental de la obra, que sigue siendo ilegal. La consulta es sólo un trámite administrativo para poder otorgar la manifestación de impacto , dijo Tomás Rojo.
Por otra parte, los yaquis consideraron inadmisible que un juez federal absolviera al ex gobernador Guillermo Padrés Elías de las acusaciones de delincuencia organizada. ¿Cómo es posible que se libere a alguien que ha hecho tanto daño a la tribu y al estado? , preguntó César Cota, capitán de la comunidad Loma de Guamúchil.
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. (apro).- Además de que diputados del Congreso del estado, pertenecientes a distintos partidos políticos, se asignaron aguinaldo de casi 500 mil pesos cada uno, 10 de ellos solicitaron anticipos por un monto total de 1.4 millones, que les fueron entregados sin problema alguno en septiembre y octubre.
REALIZARÁN EN ARGENTINA LA CUMBRE DE LOS PUEBLOS EN RECHAZO A LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES DE EMPOBRECIMIENTO
Entendemos que la lucha contra la OMC es global y lleva una rica historia de movilizaciones y articulaciones , ya que esta institución representa los intereses de las empresas transnacionales y no los derechos ni las necesidades de los pueblos. Un hito en el proceso de descrédito ha sido la movilización de las organizaciones sociales que en 1999 pusieron en evidencia los impactos negativos del proyecto de liberalización comercial durante la reunión de la OMC en Seattle, EEUU, y que inspiró a un amplio movimiento de resistencias anticapitalistas en todo el planeta. Cuatro años después, la gran movilización popular durante la Reunión Ministerial de la OMC en Cancún también significó un avance en la resistencia contra la agenda del gran capital transnacional.
Pretendemos, asimismo, que la lucha contra la OMC adopte un fuerte carácter regional , sumándose en la recuperación de nuestra valiosa historia de organización social y política contra las múltiples formas de dominio que fue adquiriendo el capital en los últimos años. La lucha contra el ALCA fue un proceso destacado de articulación continental , y la Cumbre de los Pueblos de Mar del Plata en 2005 habilitó avances importantes en la discusión de alternativas de integración. Más de diez años después, es necesario que volvamos a juntar nuestras luchas para movilizarnos contra la libertad corporativa y los privilegios de los inversionistas en la región . La libertad debe ser para las personas: la libertad de movilidad para los trabajadores, y no para los empresarios e inversionistas que especulan con nuestras riquezas sociales y naturales. En este contexto debemos discutir nuevamente la cuestión de las alternativas populares y la urgente necesidad de avanzar en proyectos que construyan nuevas formas de relaciones entre nuestros pueblos, que sean solidarias y complementarias.
Comprendemos también que veinte años de tratados de “ libre ” comercio (TLC) en la región muestran los efectos nefastos de la desregulación y del avance de los privilegios corporativos sobre nuestros pueblos y el medio ambiente . Frente a esto, es hora de avanzar en las alternativas sociales, políticas, económicas, feministas y ambientalistas que pongan fin a la impunidad corporativa, den primacía a los derechos humanos y garanticen la armonía con el medio ambiente. También es necesario revertir el desguace de las políticas e instituciones, como el ALBA-TCP, el CELAC, la UNASUR, que de diversos modos intentaron favorecer una mayor integración y complementariedad regional. Rechazamos la agenda de “libre” comercio y protección de inversiones en todas sus formas , sea mediante acuerdos bilaterales o inter-regionales (como el tratado entre la UE y el Mercosur, que se intenta cerrar para diciembre de este año) por medio del ámbito multilateral como la OMC o por decisión de grupos como el G-20.
Proponemos avanzar en la re-articulación de las agendas y las campañas de las organizaciones sociales y políticas, tanto en nuestro país como en la región y a nivel global. Es por esto que, desde este Encuentro Nacional, realizamos un llamamiento a todas las organizaciones y pueblos de Argentina y del mundo, a participar activamente en la organización y desarrollo de la Cumbre de los Pueblos en Buenos Aires entre los días 10 y 13 de diciembre de 2017 , para oponernos al régimen que la OMC impulsa a nivel global y pensar y discutir alternativas al capitalismo desde nuestros pueblos. Juntos/as, podemos construir esos otros mundos posibles.
Adhesiones: 48 organizaciones sociales, 73 organizaciones de las Américas, 52 organizaciones argentinas, 38 organizaciones de otros continentes, 5 instituciones académicas y 56 particulares.
Maduro enfrentará el bloqueo de EU con el "petro", nueva moneda virtual
Lunes 4 de diciembre de 2017, p. 26
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció este domingo la creación del petro , una moneda virtual respaldada por la riqueza petrolera del país sudamericano para enfrentar el bloqueo financiero de Estados Unidos impuesto en agosto.