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Timestamp: 2019-08-22 09:36:16
Document Index: 307824956

Matched Legal Cases: ['artículo 107', 'Artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 9', 'artículo 66', 'artículo 107', 'Artículo 18', 'Artículo 18', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'Artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 107', 'Artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 107', 'Artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 107', 'Artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 107', 'Artículo 14', 'artículo 14']

ENMIENDA NÚM. 29 - Enmienda núM. 1 Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas (gpsn)
ENMIENDA NÚM. 31 Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)
ENMIENDA NÚM. 32 Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU)
ENMIENDA NÚM. 33 Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU)
ENMIENDA NÚM. 34 Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU)
Disposición final segunda. Tercero.
Aquellas limitaciones objetivas deberán estar avaladas y determinadas por los correspondientes informes de los órganos sanitarios públicos competentes.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 51. Apartado nuevo.
Se añade un punto 5 al artículo 51, con el siguiente texto:
"5. Corresponde a la Autoridad Sanitaria Estatal ejercer las funciones de Alta Inspección como garantía y verificación del cumplimiento de las competencias de las Comunidades Autónomas y de la Administración General del Estado en materia de sanidad."
Se trataría de reforzar el papel de coordinación que tiene la Autoridad Sanitaria estatal en el ámbito de la salud pública, recogiendo las funciones que le otorga la Ley 26/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, en sus artículos 76 y siguientes y el Real Decreto 263/2011, de 28 de febrero, artículo 9.1, letra d), por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
Disposición adicional sexta. Extensión del derecho a la asistencia sanitaria pública
Esta extensión, que tendrá como mínimo el alcance previsto en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, se hace sin perjuicio de lo expresado en el número siguiente y de la exigencia de las correspondientes obligaciones a aquellos terceros legalmente obligados al pago de dicha asistencia de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Sanidad, en el texto refundido de la Ley General de la Segundad Social y de lo dispuesto en los reglamentos comunitarios europeos y convenios internacionales en la materia.
2. Lo dispuesto en el número anterior no modifica el régimen de asistencia sanitaria de las personas titulares o de beneficiarias de los regímenes especiales de la Seguridad Social gestionados por MUFACE, MUGEJU o ISFAS, que mantendrán su régimen jurídico específico. Al respecto, las personas encuadradas en dichas mutualidades que hayan optado por recibir asistencia sanitaria a través de las entidades de seguro deberán ser atendidas en los centros sanitarios concertados por estas entidades. En caso de recibir asistencia en centros sanitarios públicos, el gasto correspondiente a la asistencia prestada será reclamado al tercero obligado, de acuerdo a la normativa vigente.
La pretensión es que se produzca la universalización en la gratuidad de la asistencia sanitaria pública para todos los ciudadanos españoles, sin discriminación entre ellos, ni mucho menos exclusión de algunos, o imposición, de prestaciones, condiciones, etc. que produjeran esta discriminación y nos retrotrajeran o consagraran el sistema discriminatorio al que la Ley, y concretamente la disposición adicional sexta, trata de poner fin.
Se suprime el apartado 2 de la Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
El artículo 66 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, responde a un planteamiento más ambicioso que el contenido en el Proyecto de Ley General de Salud Pública, en particular en lo relativo a las referencias normativas de la Unión Europea y a la promoción de una actuación más intensa en la cooperación y coordinación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 18. 3. a.
Artículo 18. La prevención de problemas de la salud.
a) Un calendario básico común de vacunas en España. Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla podrán modificarlo por razones epidemiológicas, y, en su caso ampliarlo de manera complementaria en ejercicio de sus competencias de desarrollo de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud conforme al artículo 20 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.”
La Constitución reserva al Estado dos competencias diferenciadas en el ámbito sanitario: el establecimiento de la legislación básica y la coordinación de las políticas sanitarias.
La competencia básica tiene por finalidad establecer un común denominador normativo de manera que se asegure un marco legal general, a partir del cual las comunidades autónomas podrán establecer sus propias regulaciones de acuerdo con la naturaleza de sus competencias.
La competencia de coordinación no tiene un contenido normativo sustantivo y obedece a una función normativa de carácter instrumental, tendiente a garantizar una coherencia en el ejercicio de competencias que se rigen por el principio de autonomía (STS 32/1983).
La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud contiene en el artículo 20, en relación con los artículos 7 y 8, un apoderamiento a favor del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para acordar la cartera de servicios correspondiente al catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud (SNS). El catálogo de prestaciones del SNS tiene por objeto garantizar las condiciones básicas y comunes para una atención integral, continuada y en el nivel adecuado de atención. Se consideran prestaciones de atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud los servicios o conjunto de servicios preventivos, diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores y de promoción y mantenimiento de la salud dirigidos a los ciudadanos.
La configuración del calendario vacunal como único que establece el redactado actual del Proyecto no es conforme con la regulación legal aplicable a las prestaciones sanitarias expuesto.
Esta voluntad uniformadora del Proyecto de ley, por otra parte, no encuentra habilitación en la competencia estatal básica ni tampoco responde a la función coordinadora.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional sexta.
Esta extensión, que tendrá como mínimo el alcance previsto en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, se hace sin perjuicio de lo expresado en los números siguientes y de la exigencia de las correspondientes obligaciones a aquellos terceros legalmente obligados al pago de dicha asistencia de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Sanidad, en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y de lo dispuesto en los reglamentos comunitarios europeos y convenios internacionales en la materia.
2. Lo dispuesto en el número anterior no modifica el régimen de asistencia sanitaria de las personas titulares o de beneficiarías de los regímenes especiales de la Seguridad Social gestionados por MUFACE, MUGEJU o ISFAS, que mantendrán su régimen jurídico específico. Al respecto, las personas encuadradas en dichas mutualidades que hayan optado por recibir asistencia sanitaria a través de las entidades de seguro deberán ser atendidas en los centros sanitarios concertados por estas entidades. En caso de recibir asistencia en centros sanitarios públicos, el gasto correspondiente a la asistencia prestada será reclamado al tercero obligado, de acuerdo a la normativa vigente."
Se considera que en la redacción del punto 3 se produce una evidente discriminación a los profesionales que legítimamente han optado por la cobertura de su seguridad social a través de una mutualidad de previsión social, quienes, separados de la norma general que establece el punto 1, de pasar a ser beneficiarios del sistema de Asistencia Sanitaria Pública antes de finalizar el año 2012, verían demorada este integración a un momento posterior y además a expensas de un desarrollo reglamentario para el que no se establece plazo.
Y por otro lado, cuando se señala que uno de los colectivos, en concreto, los parados que hayan agotado la prestación, la norma toma efecto el 1 de enero de 2012, para el otro colectivo, considerando que tiene idéntico derecho, se establece la posibilidad de hacerse antes del final de 2012, discriminación en el tiempo, que sin duda resulta difícil de explicar para aquellos que necesiten a lo largo de 2012, esa asistencia sanitaria y que el Gobierno no le concede, discriminándolos en relación a otros colectivos incluso sin tener la consideración de nacional o residente.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final segunda. Tercero.
K) La prevención y detección precoz de las enfermedades raras, así como el apoyo a las personas que las presentan y a sus familias".
Se debe dar una prioridad a la lucha contra las Enfermedades Raras, impulsando y coordinando la acción de las Administraciones en esta esfera, regulando las ayudas, prestaciones y servicios que resulten más adecuados.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 5. 1.
De modificación del punto 1 del artículo 5
1. Los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones en que se agrupen o que los representen, tiene derecho a la participación efectiva en las actuaciones de salud pública y en los procesos de evaluación de impacto en salud. Las Administraciones públicas competentes establecerán reglamentariamente los cauces concretos que permitan hacer efectivo ese derecho.
El derecho a la participación debe ser más extenso que el incluido en el Proyecto, debiendo incluir el derecho a participar en programas y planes de salud, en las normas, en la valoración de riesgos y en la evaluación de impacto en salud. Este aspecto de evaluación de impacto en la salud es clave y, de no incluirse expresamente en la norma, fácilmente quedaría al margen de la participación y control ciudadano, lo que sería doblemente grave, pues esta evaluación puede quedar fuera de la propia administración sanitaria.
La determinación de los cauces participativos exigen un necesario desarrollo reglamentario para la concreción de los criterios de participación de las organizaciones representativas en los órganos correspondientes.
De modificación del apartado 3 del artículo 6
3. La enfermedad no podrá amparar diferencias de trato distintas de las que deriven del propio proceso de tratamiento de la misma, de las limitaciones objetivas que imponga para el ejercicio de determinadas actividades o de las exigidas por razones de salud pública. Aquellas limitaciones objetivas deberán estar avaladas y determinadas por los correspondientes informes de los órganos sanitarios públicos competentes.
La matización que se introduce en este artículo responde a una realidad en la que nos encontramos con limitaciones al acceso a determinadas profesiones o actividades laborales como consecuencia de enfermedades que no guardan relación con las funciones o tareas propias de dichas profesiones. Ejemplo que sustenta este añadido lo encontramos en las fuerzas armadas o en cuerpos policiales locales, para los que se incluyen enfermedades como impeditivas del acceso a esas profesiones que no necesariamente impiden al trabajo, tal como pueden ser determinadas enfermedades de infecciosas que no se sustentan sanitariamente ya que las mismas no suponen ningún problema para la calidad del trabajo, ni ningún riesgo para terceros. Al tener que contar con un informe sanitario que determine la limitación que una concreta enfermedad puede producir en relación con un trabajo concreto, los organismos o empresas responsables de la selección del personal dispondrán de los datos científicos necesarios para adoptar una decisión fundamentada desde la perspectiva de salud pública.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 6. Apartado nuevo.
De adición de un nuevo apartado en el artículo 6
Todas las actuaciones y servicios de salud pública han de asegurar la equidad efectiva, atendiendo las necesidades de cada comunidad y de cada persona según su heterogeneidad, de manera que la intensidad y calidad de los servicios respondan a las necesidades de cada caso.
La no discriminación en el acceso a las actuaciones y servicios de salud pública no será plena si no se atiende la necesidad de alcanzar una equidad efectiva, para lo que la intensidad y calidad de las actuaciones debe ser heterogénea hacia las personas y hacia los grupos de población. Por ejemplo, en el ámbito individual la intensidad de la información y la forma de exponerla a una persona de bajo nivel socioeconómico, citada para detección precoz, requiere más esfuerzo que la empleada en una persona de alto nivel para asegurar una adecuada comprensión del proceso y facilitar el seguimiento en visitas sucesivas o en el tratamiento profiláctico antituberculoso necesita más intensidad de explicación y atención una persona sin domicilio fijo y marginada que una que no lo es.
En la población debe ser más alta la inversión en promoción de la salud en barrios de bajo nivel socioeconómico, ya sea para promover hábitos saludables, para mejorar el cumplimiento de la vacunación o para facilitar su movilización por la salud, porque precisamente los condicionantes sociales determinan que haya menos capacidad para las opciones saludables. En el apartado 1 del artículo se establece que no haya discriminación, pero es necesario añadir la mención al objetivo de cuidar la equidad para conseguir que ésta sea efectiva.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 11.
De adición de un nuevo párrafo al artículo 11
A los anteriores efectos, será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública, los procedimientos de selección, la declaración de intereses de los intervinientes, así como los dictámenes y documentos relevantes, salvo las limitaciones previstas por la normativa vigente.
Reglamentariamente se establecerán los contenidos mínimos de las declaraciones de interés en función del tipo de colaboración, acuerdo o ayudas en cuestión, debiendo en todo caso contener cualquier actividad personal o empresarial y cualquier interés económico directo o indirecto relacionado con la materia objeto de colaboración, acuerdo o ayuda.
Resulta conveniente que la propia Ley contenga un mandato para el desarrollo reglamentario del contenido de la declaración de intereses, con los criterios que impidan que la exigencia de imparcialidad y transparencia queden en papel mojado. Ha de tomarse ejemplo de las competencias atribuidas a las agencias serias en salud pública (Centers for Disease Control, Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, etc.) que, para garantizar la primacía de los intereses públicos, controlan los conflictos de intereses exigiendo declaraciones extensas cuyo contenido y periodicidad viene estipulado. Asimismo, al tratarse de documentos públicos (que deben ser fácilmente accesibles) se contribuye a la trasparencia de forma decisiva.
Teniendo en cuenta que en la ley no puede detallarse el contenido de las declaraciones de interés, es imprescindible un desarrollo reglamentario.
Las Administraciones públicas deberán dejar constancia documental de las razones por las que se recaba la colaboración formal en el ámbito de la salud pública de personas, empresas u organizaciones, haciendo referencia expresa a la declaración de intereses de la misma.
Es frecuente que empresas con intereses en diversos sectores pretendan mejorar su imagen mediante la contribución a campañas o acciones sanitarias en convenio con las autoridades públicas sanitarias. Es decir, existen numerosas empresas que pretenden utilizar la sanidad pública al servicio de los intereses mercantiles. Este mero interés de marketing debe evitarse lo que se puede conseguir si se exige que las autoridades expliciten las razones de la colaboración y se impida la colaboración con empresas que mantengan actividades contrarias a la salud pública.
El número de empresas y su capacidad de relación y presión es grande, existiendo, por ejemplo, empresas tabaqueras o con actividades armamentísticas o altamente contaminantes con intereses en otras áreas y viceversa.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 13. Apartado nuevo.
De adición de un nuevo apartado al artículo 13
El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, al objeto de facilitar las actuaciones de vigilancia, podrá designar órganos o unidades especializados en los diferentes sistemas o redes, de acuerdo de las administraciones autonómicas y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en las que estén radicados.
Dada la distribución en el territorio España de los centros e instituciones vinculados a la salud pública, es conveniente que el Ministerio pueda reconocer que un determinado centro o institución pueda coordinar en red actuaciones de vigilancia independientemente de su localización geográfica. Por ejemplo, puede haber un laboratorio de referencia en Legionelosis en Valencia y una de gripe en Valladolid, un centro de vigilancia ambiental de referencia en disruptores endocrinos en Granada y uno de contaminación física en Pontevedra. Estos serían órganos especializados que coordinarían acciones de vigilancia de todo el territorio por encomienda del Ministerio. Esa es la cohesión humana y de saberes necesaria para el eficiente funcionamiento del engranaje de la salud pública española.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 14. f.
De modificación del apartado f) del artículo 14
f) El diseño y la ejecución de una encuesta periódica de salud pública en coordinación con las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla que incluirá al menos mediciones biológicas para la determinación de la presencia de contaminantes, factores de riesgo y nutrientes en las personas, variables de carácter individual relacionadas con la salud pública y mediciones del entorno en el sentido más amplio: social, medioambiental o urbano.
Es conveniente especificar el carácter mínimo de la encuesta de salud pública, al objeto de que no se pueda argüir que la actual Encuesta nacional de Sanidad cumple el papel que estipula esta ley. Si se quiere avanzar hacia una salud pública del siglo XXI, es imprescindible que la sociedad conozca por ejemplo el grado de contaminación interna que tiene, o que conozca por ejemplo la calidad de su entorno físico en relación a la salud. Por tanto, es imprescindible incluir que la encuesta tendrá muestras biológicas y mediciones del entorno.
Es significativo, a estos efectos, el porcentaje de recién nacidos que superan los niveles recomendables de ciertos contaminantes ambientales como ejemplo del nuevo tipo de “indicadores sistémicos” que se deben incorporar en el “tablero de a bordo” para un mejor gobierno de nuestra sociedades y para gobernar de otro modo nuestras vidas. Los citados contaminantes afectan a la inteligencia de los niños, a su capacidad cognitiva, a su productividad y a su capacidad de desarrollarse como personas; son pues un ejemplo de auténtico indicador de bienestar, calidad de vida, medio ambiente y sí, de salud pública. Además, son indicadores “sistémicos” porque:
a) reflejan la interacción de componentes esenciales del sistema y resultan de características que hasta ahora han sido inherentes al sistema: la contaminación de los mares y peces, las limitaciones de las políticas de movilidad en nuestras ciudades, etc.
b) los fenómenos que miden resultan de la interacción de múltiples subsistemas (pesca, alimentación, industria…). Esos indicadores generan una “luz roja” de alarma y permiten actuar, aplicar políticas socialmente eficientes: por ejemplo, informar a las mujeres de qué pescados es mejor comer (integrando lo problemático en un contexto positivo de recomendaciones saludables prácticas), cambiar políticas sobre tráfico, etc.