Source: https://www.scribd.com/doc/136037750/C-265-94
Timestamp: 2017-06-25 15:16:22
Document Index: 50903097

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C-265-94Uploaded by luchoricaurteRelated InterestsFreedom Of AssociationConstitutionLibertyState (Polity)LiquidationRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDownloadShare or Embed DocumentEmbedView MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as RTF, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentSentencia No.C-265/94 SOCIEDAD-Legitimidad constitucional La legitimidad constitucional de las sociedades de contenido esencialmente patrimonial o finalidad lucrativa deriva de la propiedad privada y de las libertades económicas; en cambio, las asociaciones en sentido estricto surgen del reconocimiento de los derechos de la persona y de sus posibilidades de participación en los destinos colectivos. Esta distinción es fundamental porque la Constitución colombiana, al consagrar un Estado social de derecho (C.P art 1), combina el intervencionismo económico -lo cual supone una permanente posibilidad de restricción estatal de las libertades económicas- con el radical respeto de los derechos civiles y políticos -por lo cual la restricción de estos últimos debe tener fundamento expreso y específicoJUEZ CONSTITUCIONAL-Deberes/LIBERTAD ECONOMICA-Regulación /INCONSTITUCIONALIDAD MANIFIESTA/INTERVENCION ECONOMICA/SOCIEDAD MERCANTIL El juez constitucional debe actuar de manera prudente al analizar la legitimidad constitucional de una determinada regulación de las libertades económicas, por cuanto la Constitución consagra la dirección de la economía por el Estado. El juez constitucional deberá entonces respetar en general las razones de conveniencia invocadas por los órganos de representación política. La Corte considera que en esta materia se impone el llamado criterio de la inconstitucionalidad manifiesta, por lo cual, sólo si de manera directa la norma vulnera derechos fundamentales, o viola claros mandatos constitucionales, o incurre en regulaciones manifiestamente irrazonables o desproporcionadas, deberá el juez declarar la inconstitucionalidad de la norma. Es decir, si la ley que regula la actividad de sociedades de contenido patrimonial no vulnera claramente la carta fundamental o establece regulaciones manifiestamente irrazonables debe ser considerada constitucional, por cuanto hay cláusulas generales que autorizan la intervención estatal en la economía. ASOCIACIONES/IN DUBIO PRO LIBERTATE
Con respecto a las asociaciones que no tienen contenido económico o esencialmente patrimonial, se impone una interpretación restrictiva de las posibilidades de interferencia estatal, por cuanto la Constitución no prevé formas de dirigismo estatal político o ético sino que, por el contrario, consagra como principio el pluralismo y la coexistencia de las más diversas formas de vida. Por tal razón, la prueba de constitucionalidad en este caso es mucho más estricta. En este campo debe primar el canon hermenéutico de la "in dubio pro libertate": el juez constitucional deberá entonces ser mucho más celoso en el control de las intervenciones estatales, puesto que con respecto a tales asociaciones basta que tal intervención no tenga justificación constitucional expresa y clara o no esté fundada en la existencia de un riesgo claro e inminente para que se deba declarar su inexequibilidad por violación de la libertad de asociación. Esto significa que si la ley no demuestra un fundamento constitucional manifiesto y claro deberá ser declarada inconstitucional. PRUEBAS DE CONSTITUCIONALIDAD/CARGA DE LA PRUEBA Esta diferencia de pruebas de constitucionalidad según las materias tratadas no es en manera alguna una innovación doctrinaria de esta Corte o de esta sentencia. Ella resulta de las tensiones valorativas y del diverso peso estructural que ocupan ciertas normas y derechos en todos los textos constitucionales, lo cual explica que la mayoría de los tribunales constitucionales apliquen diferentes pruebas de constitucionalidad según las materias y los derechos. Esta Corte ya había utilizado pruebas diferentes de constitucionalidad en materia de igualdad. Esta Corporación precisó que cuando una diferencia de trato se basa en una clasificación expresamente establecida por la Constitución o por los instrumentos internacionales de derechos humanos como potencialmente discriminatoria, la carga de la prueba de que esa diferencia no viola el principio de igualdad corresponde a quien la lleve a cabo. SOCIEDAD DE GESTION COLECTIVA DE DERECHOS DE AUTOR-Naturaleza/SOCIEDAD DE GESTION COLECTIVA DE DERECHOS DE AUTOR-Regulación Se trata de una sociedad de contenido primariamente patrimonial, no en el sentido de que ella busque una ganancia para sí misma -como en el
caso de las sociedades comerciales clásicas- sino en la medida en que su función se centra en la recaudación de las remuneraciones provenientes por el pago de los derechos patrimoniales ligados al derecho de autor y conexos y su reparto entre los beneficiarios pertenecientes a la asociación. La facultad de regulación de este tipo de sociedades deriva de la Constitución económica y no del derecho de asociación en general como emanación de la libertad de expresión. La exigencia de un número mínimo de socios no constituye un trato discriminatorio sino un medio utilizado que parece adecuado para conseguir los fines anteriormente mencionados. Además, en ninguna parte la Constitución consagra que todas las sociedades de contenido patrimonial deban tener un mismo número mínimo de asociados. SINDICATO-Suspensión de personería jurídica/SINDICATOCancelación de personería jurídica/RESERVA JUDICIAL La estricta reserva judicial establecida por el artículo 39 se refiere exclusivamente a las asociaciones sindicales de trabajadores y empleadores. Esto obviamente no significa que esa reserva judicial no pueda ser ampliada en un futuro por el legislador, si lo considera conveniente, a fin de que cubra también a otras asociaciones. Sin embargo, la conclusión que se impone es que una ley que establezca la posibilidad de suspender o cancelar la personería jurídica de una asociación no sindical por una autoridad administrativa no es por ese hecho inconstitucional. CONSTITUCION POLITICA-Lugar que ocupa una disposición dentro del texto En el ordenamiento constitucional colombiano el lugar que ocupa una disposición dentro del texto constitucional es un criterio auxiliar para precisar sus alcances pero que no define por sí mismo su sentido ni el ámbito de su aplicación. Esto implica que no puede el intérprete reducir o ampliar el sentido de una disposición constitucional únicamente por el lugar que la norma ocupa en la ordenación del texto constitucional en títulos y capítulos (el criterio "sede materiae") o por el título que la encabece (el argumento "a rúbrica"). Sin embargo esto no significa que esos aspectos sean irrelevantes para el intérprete. Y en este caso específico se trata de un aspecto que tiene particular importancia por cuanto no se trata de una colocación equivocada o caprichosa del inciso
Reserva judicial constitucional para la suspensión o cancelación de personería jurídica de asociaciones sindicales pero no para todo tipo de asociación. . Actor: Hernán Antonio Barrero Bravo. sociedades mercantiles. La Corte Constitucional de la República de Colombia.Libertades preferentes y no preferentes y sus efectos sobre la regulación legal y el control constitucional. D-464 Norma acusada: Artículo 12 y 38 (parcial) de la Ley 44 de 1993. EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente
.Asociaciones. teleológicos y sistemáticos . REF: Demanda No. Santa Fe de Bogotá. constitución económica e intervención reguladora del Estado. . .Tipos constitucionales de asociación. Magistrado Ponente: ALEJANDRO CABALLERO. dos (2) de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994). MARTINEZ
Temas: .sino que armoniza plenamente con otros elementos históricos.
La Dirección General del Derecho del Autor una vez comprobada la infracción a las normas legales y estatutarias podrá imponer.SENTENCIA
I. no podrán funcionar con menos de cien (100) socios. Parágrafo. Las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos están siempre obligados a aceptar la administración de los derechos de sus asociados. la cual fue radicada con el número D-464. b) Imponer multas hasta de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales. (. mediante resolución motivada cualquiera de las siguientes sanciones: a) Amonestar por escrito a la sociedad. 1.) Artículo 38. ANTECEDENTES El ciudadano Hernán Antonio Barrero Bravo presentó demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 12 y 38 (parcial) de la Ley 44 de 1993. c) Suspender la personería jurídica hasta por un término de seis (6)
.. quienes deberán pertenecer a la misma actividad. teniendo en cuenta la capacidad económica de la sociedad. Las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y conexos que se constituyan a partir de la vigencia de la presente Ley. De las normas objeto de revisión Los artículos 12 y 38 (se subraya lo demandado de la anterior disposición) de la Ley 44 de 1993 preceptúan lo siguiente: Artículo 12..
). al hacer exigencias que ellos no pueden cumplir.) y desconoce los Tratados Internacionales aprobados y ratificados por Colombia (Leyes 74/68 y 16/72). 61. 1333/89). también se desconoce que en el país hay actividades que no cuentan con este número de titulares de derechos autorales. Así mismo. precooperativas (D. 13. en cuanto a que ninguna Ley en nuestro medio exige para las sociedades o para las asociaciones o corporaciones.N. como sucede con los productores fonográficos. El ciudadano Barrero Bravo entendió que "el legislador al elevar el número de miembros para constituir una asociación autoral. del T.E. para no citar sino estos". 79/88). 2. asociaciones mutualistas (D. es decir. 93 y 113 de la Carta. cinematográficos y de videogramas.)". 39. sobre derechos humanos. al mismo tiempo. sindicatos (C. 38 C. se aparta de la realidad nacional.S. un número superior a 25 asociados o corporados para constituirse o funcionar.meses. que tienen iguales derechos a los demás. basado en los argumentos: a) En relación con el artículo 12 de la Ley 44 de 1993. como las cooperativas (L.E. 2 C. y d) Cancelar la personería jurídica.. Concluye el demandante que "la Ley 44 dice garantizar y desarrollar el derecho de asociación para los titulares de derechos de autor y conexos. Agrega el actor que "al establecer ese número de 100 asociados. De los argumentos de la demanda. en esta forma se desconoce el principio de razonabilidad en esta materia al hacer exigencias injustificadas y discriminatorias y el de igualdad ante la Ley. pero se niega. 12). b) Al respecto del los literales c) y d) del artículo 38 acusado. formalmente (art. de 25 a 100 titulares de derechos de autor que pertenezcan a la misma actividad. 9º. el legislador deja de cumplir uno de los fines esenciales del Estado. El accionante manifestó que "las sanciones establecidas en estos literales no
. 38. como es el de garantizar la efectividad del derecho de asociación (art. hace nugatorio el derecho de asociación (art. consagrado en el artículo 13 de la Carta". 2º. 1480/89. 3º. En esta forma. El actor considera infringidos los artículos 1º.N. etc.
sino a través de la rama judicial. les otorguen licencias a cambio de regalías adecuadas y en condiciones convenientes. Ahora bien. supervisen la utilización de las obras respectivas. debe dejarse aclarado que no es la única forma de ejercicio de estos derechos. civil y penalmente. 3. a través de la Dirección Nacional del Derecho de Autor. Puede definirse como el sistema de administración colectiva en el cual los titulares de derechos autorizan a las organizaciones al efecto constituidas. El ciudadano Eduardo Gómez Giraldo. a través de la cual puede hacerse efectivo el ejercicio de los derechos patrimoniales que corresponden a titulares de derechos de autor y de derechos conexos. y en tal sentido. El ciudadano Gómez Giraldo manifestó que "la gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos es una forma asociativa sui generis. para que administren sus derechos. por ser estas entidades organizaciones sociales. en especial respecto de obras musicales y de utilización secundaria de fonogramas. necesariamente definida y regulada por el legislador. la reunión de un reducido número de socios no permite asegurar el cumplimiento de los fines esenciales en su propio beneficio. designado por el Ministerio de Gobierno. Lo contrario. dada la carga y dificultades de un ejercicio individual. tal como lo contempla constitucionalmente el artículo 39. es decir. Se trata de un eficaz instrumento que permite a los titulares de derecho de autor y derechos conexos asegurar el efectivo ejercicio de sus derechos. pues el solo ejercicio administrativo del cobro de los derechos correspondientes demanda costos que no logran ser cubiertos por la
. o mejor gremiales. ante la multiplicidad y número de los usuarios. negocien con los usuarios eventuales. recauden esas regalías y las distribuyan entre los titulares de derechos. además de violar esta norma superior se llevaría por delante los artículos 3º y 113 de la Constitución en cuanto a la separación de las ramas del Poder Público". pues bien pueden los citados titulares actuar por sí mismos en uso de las prerrogativas y acciones legalmente concedidas por la Ley 23 de 1982 y por la Ley 23 de 1982 y por la Ley 44 de 1993. Connota una relevancia económica tal que compromete al Estado en la salvaguardia de los intereses de los titulares que en tal forma se reúnen.pueden ser aplicadas administrativamente. intervino en el proceso de la referencia para defender la constitucionalidad de la norma acusada. De la intervención gubernamental.
pues es. pero en tanto asociadamente les es dado ejercer sus prerrogativas afectando al conglomerado de usuarios de la música principalmente. dado que la administración colectiva reduce los costos de las negociaciones con los usuarios. que de ese modo pueden tener acceso a las obras que necesitan en forma más sencilla y económica. también ofrece ventajas a los usuarios. del control de las utilizaciones y de la recaudación de las regalías. y dado el derivado e importante impacto económico que tal actividad se genera tanto para socios como para usuarios. prerrogativas. En cuanto al número mínimo fijado para las sociedades de gestión de derechos de autor. conformada por los titulares privados de derechos de autor y derechos conexos. Gómez Giraldo entendió que "la restricción a un número mínimo de cien (100) socios dispuesta por el legislador en ejercicio de las funciones establecidas por la Constitución en el artículo 150 numeral 1. una forma asociativa sui generis. alcances. en particular". dando así desarrollo al artículo 38 de la Constitución. obligaciones y requisitos mínimos como sucede con el número de asociados en el caso de la norma que se analiza". como equívocamente lo sugiere el actor. reiteramos. No se trata de una asociación gremial o de trabajadores. aunque sirve primordialmente los intereses de los titulares del derecho de autor y los derechos conexos. El ciudadano Gómez Giraldo. al contrario. no entraña violación alguna a la libre asociación de los titulares de derechos de autor y derechos conexos. sustentando la reglamentación del Estado en la sociedad aludida. Agrega el mencionado ciudadano Gómez Giraldo que "esta gestión colectiva. estructura. con tal necesaria previsión debe aclararse que no cabe ubicar su naturaleza en los presupuestos del artículo 39 de la Constitución que refiere a la asociación sindical. tiene la finalidad de asegurar que esta forma asociativa cumpla con los cometidos esenciales que le son intrínsecos. resulta común en las normatividad autoral el legislador fije sus características. afirmó que "como cualquier otra forma asociativa.remuneración correspondiente a solo veinticinco miembros por más exitosos que estos sean en la ejecución de sus obras musicales o en la utilización secundaria de sus fonogramas". tales son parte de sus cometidos. Ahora bien. la libertad individual de asociarse o decidir ejercer sus derechos individualmente. visto desde la perspectiva
. la administración colectiva de derechos de autor y derechos conexos conlleva para los titulares. 2 y 24.
cabe reiterar lo arriba expresado en el sentido de que la actividad del legislador. Lo que la norma acusada busca es que quienes pretendan constituirse en sociedad de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos y ejercer atribuciones que la Ley 44 de 1993 les confiere. se asocien gremialmente o en otra forma diferente a la particularmente prevista por el capítulo III de la ley 44 de 1993. quienes bien podrían si así lo quisiesen. Como atrás hemos explicado. número éste que el legislador encuentra el mínimo necesario para esta forma asociativa". tal como acontece en el caso de los productores fonográficos hoy socios de la Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos ACINPRO. la administración colectiva de los derechos de autor y derechos conexos. Es tal hoy la situación de la Asociación de Productores e Industriales Fonográficos de Colombia ASINCOL. Con tal premisa. o de la Asociación Nacional de Medios de Comunicación ASOMEDIOS. la asociación sindical. Así las cosas. para argumentar que se viola esta última norma con las facultades administrativas de sanción contenidas en los literales c) y d) del artículo 38 de la Ley 44 de 1993. respecto de la errada interpretación que hace el actor de dichas normas cuando las equipara. reunidos en número inferior a 100 socios. la norma acusada no impide en manera alguna que titulares de derechos de autor o derechos conexos. y ubica a las sociedades de gestión colectiva en los presupuestos del artículo 39 de la Constitución. pero cada una constituye una forma asociativa completamente diferente. realizada a través de las sociedades de gestión de estos derechos. o de COLVIDEO. mientras que el artículo 39 es dedicado a una especie particular de este derecho.general del derecho de asociación. o de INDUSOFT. Corte Constitucional. es decir. En lo que atañe a la presunta inexequibilidad del artículo 38 de la Ley 44 de 1993. cuando a través de una ley concede facultades de suspensión y cancelación de la personería jurídica de las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos a un ente del orden administrativo. tal como acontece en el derecho de autor y derechos conexos. sólo tiene similitud con las asociaciones sindicales en tanto que correspondan ambas al desarrollo de la libertad de asociación. Gómez Giraldo consideró que "la precitada disposición consagra el género del derecho asociativo. se reúnan en número no inferior a cien (100). conformar una sociedad de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos. corresponde
. son cada una de ellas especies independientes del mismo género. queremos llamar la atención de la H. de la Cámara Colombiana del Libro (de editores).
resulta necesario contar con instrumentos coercitivos que permitan poner freno a irregularidades y prevenir mayores daños en contra de sus miembros y aún del conglomerado de usuarios". (Anales del Congreso. apuntó que "dentro de la exposición de motivos del proyecto de ley presentado por el Ministerio de Gobierno al Congreso de la República. 3 y 113 de la Carta". Año XXXV. Gómez Giraldo solicita que se declare la constitucionalidad de la disposición en revisión. teniendo en cuenta que "el ejercicio objetivo de los derechos mencionados no depende tanto de la cantidad de asociaciones que se creen sino de la calidad y manejo acertado de las mismas". 2 y 24 del artículo 150 de la Constitución. 2. Nº 27 del 11 de diciembre de 1991. en referencia a la posible inexequibilidad del artículo 12 de la Ley 44 de 1993. pág. con fundamento en el siguiente argumento: El Procurador. 7). Durante el trámite que se siguió a este proyecto de ley al interior del Congreso de la República. 4. Nº74 del
. Del concepto del Procurador General de la Nación. Año XXXIV. podemos mencionar que el ponente para primer debate del proyecto en el Senado consideró conveniente aumentar a cien (100) el número de asociados como el mínimo necesario para el funcionamiento de estas formas asociativas. sin exceder con ello en manera alguna la órbita de sus capacidades o violar los artículos 1. se encuentran algunos argumentos que justifican la decisión de aumentar a cincuenta (50) el número de socios exigidos para constituir una asociación de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos. entre los que se menciona básicamente el interés de evitar la concurrencia ilimitada de agrupaciones que no cumplan con eficacia el objetivo mismo de la gestión colectiva.a su ejercicio de las funciones determinadas en los numerales 1. Gómez Giraldo concluyó que "para poder asegurar el cabal cumplimiento del objeto de estas sociedades y eventualmente evitar el abuso de la figura societaria con el derivado perjuicio de los derechos de los asociados. (Anales del Congreso de la República. Por lo anterior. La Vista Fiscal solicitó a la Corte Constitucional en su concepto de rigor declarar exequible de la Ley 44 de 1992. pensando en otorgarle mayor estabilidad y seriedad a tales sociedades".
pensando en garantizar la eficacia de este tipo de asociaciones en la protección de los intereses de sus asociados.22 de mayo de 1992. la asociación se fortalece frente a terceros". Es por ello que se considera como un sistema asociativo sui generis. considerando que con esa disposición "se fortalecerían las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos". 14). El Ministerio Público aseveró que "se ha dado en llamar a las sociedades autorales con el nombre de asociaciones de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos. en la medida en que con un número mayor de socios se incrementa la capacidad económica de la asociación. la negociación de las condiciones en que sus obras. Vemos entonces cómo se dió la coincidencia de opinión entre los varios ponentes de este proyecto de ley al decidir el aumento del número de asociados. Por gestión colectiva se entiende el sistema de administración de derechos de autor y de derechos conexos por el cual sus titulares delegan en organizaciones creadas al efecto. logrando mayores beneficios para sus asociados. pues le demandaría enormes gastos. pág. La consolidación de estas asociaciones fue otro de los objetivos que se tuvieron en cuenta para hacer esta modificiación.. lo mismo que en el cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creadas. el control de las utilizaciones. Asímismo se aumentan las posibilidades de existencia de estas asociaciones en el tiempo. Nº 93 del 7 de octubre de 1992. pág. (Anales del Congreso. la recaudación de las remuneraciones devengadas y su distribución o reparto entre los beneficiarios . Beneficia igualmente al difusor porque le permite acceder lícitamente a una enorme cantidad de obras diferentes -nacionales y extranjeras constantemente incrementada. Esta propuesta fue acogida inmediatamente por la Cámara de Representantes. el otorgamiento de las respectivas autorizaciones.serán utilizadas por los difusores y otros usuarios primarios.. por considerarse que esta forma asociativa posee algunas características especiales que hacen imposible ubicarla dentro de otros tipos de asociación. y ni aun así alcanzaría igualar los resultados que se logran a través del sistema de gestión colectiva. este sistema beneficia al creador. 23). negociar su utilización con un mínimo de personas -sobre la base de tarifas uniformes.
. Año I. que no tiene posibilidad real alguna de realizar la administración individual de sus derechos con un mínimo de eficacia. sus prestaciones artísticas o sus aportaciones industriales -según el caso.y realizar los pagos con la certeza de cancelar sus obligaciones". como quiera que con un número significativo de socios.
ni su fin principal es el ánimo de lucro. Agregó el Ministerio Público que "de las distintas experiencias sobre el número de miembros de las asociaciones autorales tanto a nivel nacional como en el panorama mundial. No son sociedades comerciales ni civiles. la certeza que un elevado número de miembros de este tipo de asociaciones conlleva grandes beneficios para sus asociados. el Procurador consideró que "no resulta afortunado equiparar las distintas formas de asociación existentes en el país. su finalidad es recaudar y proteger los derechos de autor. corporaciones o asociaciones. civiles. Tampoco se pueden considerar como sociedades de personas. pero la mayoría está de acuerdo en que son asociaciones que protegen a los autores. con un número mínimo de ochenta (80) para Bogotá y sesenta (60) para áreas urbanas departamentales". aún cuando ni las unas ni los otros persiguen fines de lucro. En la sociedad de autores. que tienen diferencias sustanciales respecto del objeto para el cual se constituyen y resulta menos cierto que el legislador esté sujeto a tal número en el desarrollo legal del derecho fundamental de asociación. que tienen por objeto la recaudación y administración de sus intereses más que todo en lo que se refiere al ejercicio de los derechos de representación y ejecución pública. conformando las llamadas sociedades colectivas. la Vista Fiscal manifestó que "estas asociaciones no son sindicatos. en la medida en que mientras se aumenta el número de
. Puede pensarse en el caso de algunas organizaciones comunitarias para cuya conformación se exige un número mayor de miembros. No son sindicatos porque la relación del autor con el sindicato y el bien protegido no constituyen una relación laboral. pues en éstas todos los socios responden solidaria e ilimitadamente por las operaciones sociales. Se discute si son sociedades comerciales. No es posible que toda asociación pueda cumplir sus objetivos y funcionar debidamente con un número de veinticinco socios. ya que luchan por la protección de los derechos que los autores les han confiado". En lo que atañe al numero de socios exigidos para las sociedades mencionadas. se ha generado por parte de algunos doctrinantes sobre el tema. ellos no responden ilimitada y solidariamente y no participan de la administración.Acerca de la naturaleza de las precitadas sociedades. tal es el caso de las juntas de acción comunal. la administración corresponde a la sociedad. que son administradas por todos y cada uno de los socios quienes delegan en un socio o extraño.
genera altos costos de operación que en últimas son reducidos (sic) de las remuneraciones recaudadas. Cumplidos. el Ministerio Público solicita a la Corte Constitucional declarar exequible las disposiciones acusadas. Con estos controles no se busca coartar los derechos de propiedad intelectual y de libre asociación sino garantizar su debido ejercicio". pero sí están claramente enmarcadas dentro de las referidas en el artículo 38 superior. En ese orden de ideas. Al respecto de la presunta inexequibilidad de los literales c) y d) del artículo 38 de la Ley 44 de 1993. "las asociaciones de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos no están incluidas dentro de la disposición constitucional del artículo 39. no es otra cosa que el poder de policía ejercido por un ente administrativo para controlar el debido ejercicio de un derecho. la administración de los derechos de un número reducido de titulares. como las únicas autorizadas para cancelar la personería jurídica de las corporaciones y organizaciones gremiales y sindicales mencionadas en la misma norma superior".socios. En sentido contrario. Vale la pena hacer una analogía de la naturaleza y funciones que cumple la Dirección Nacional de Derechos de Autor con algunos entes administrativos como las Superintendencias. los trámites previstos en la Constitución y en el
. el Procurador General de la Nación. T-398/92. el artículo 39 se dedica a una especie particular de este derecho. fundamentado en la sentencia de la Corte Constitucional No. Por lo tanto no puede aplicarse a las sociedades autorales el mandamiento constitucional del artículo 39 referente a las autoridades que allí se determinan de manera perentoria. Añadió el Ministerio Público que "la facultad de inspección y vigilancia. sostuvo que mientras el artículo 38 de la Constitución consagra el género del derecho a la libre asociación. creados precisamente para ejercer las funciones de inspección de vigilancia sobre ciertas actividades realizadas por particulares en donde se involucran derechos de interés general. todo ello en perjuicio del reparto que ha de hacerse a los asociados". lo mismo que la posibilidad de aplicar sanciones por parte de la Dirección Nacional de Derechos de Autor sobre las asociaciones autorales. como están. se logra una mejor administración de los derechos en correspondencia con un reparto efectivo de las remuneraciones recaudadas. se reducen proporcionalmente los gastos de operación. En ese orden de ideas.
tales tratados sólo prevén las restricciones que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional. los conceptos del Ministerio de Gobierno y del Procurador General consideran que tal regulación legal está comprendida dentro de los límites que la ley puede establecer a este derecho de asociación.El primer problema bajo examen. La Corte Constitucional es competente para conocer de esta demanda.Decreto No. la elevación a cien del número mínimo de socios que deben tener las sociedades de gestión colectiva viola el derecho de libre asociación.Competencia. 2. 2067 de 1991. el aumento del número de integrantes no cae dentro de ninguna de esas hipótesis. para luego estudiar su relación con las
. Por tal razón. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241-4º de la Constitución. II. el interrogante central en este caso es el de determinar las posibilidades que tiene el legislador de regular entidades como las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y conexos e imponer como un requisito constitutivo de las mismas un número mínimo de socios. Según su criterio. Y. por lo cual la norma viola la Constitución. comenzará la Corte por analizar la regulación de las asociaciones y del derecho de asociación en la Constitución. toda vez que lo demandado hace parte de una ley. establecido por la Constitución y los tratados internacionales.FUNDAMENTO JURIDICO 1. ¿Puede el Legislador establecer un número mínimo de socios a las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor? El demandante considera que el artículo 12 de la Ley 44 de 1993 es inconstitucional. ya que establece una limitación que no tiene fundamento en las posibilidades de restricción previstas por los tratados internacionales. En cambio. de la seguridad o del orden público. procede la Corte a decidir el asunto por medio de esta sentencia. Para responderlo. puesto que estuvo orientado por criterios de conveniencia económica. Según el demandante. o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás (Art 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 16 de la Convención Interamericana). por lo cual ésta debe ser declarada exequible. según el demandante.
Igualmente. El anterior examen muestra que no es siempre idéntica la regulación constitucional de las asociaciones.P art 26). o aquellas que buscan permitir el acceso de los trabajadores agrarios a la propiedad de la tierra (C. las organizaciones asociativas para la ejecución de programas destinados a hacer efectivo el derecho a la vivienda (C. como lógica consecuencia de la libertad de cultos (C. También establece los colegios profesionales.P art 64). Así. como las estructuras asociativas y solidarias de propiedad (C. En efecto.P art 58 y 333). Así.P art 51). 60 y 333). la Constitución exige a ciertas asociaciones tener una estructura democrática -como los sindicatos y los colegios profesionalesmientras que tal exigencia no abarca a otras formas asociativas. como ocurre con las múltiples formas de sociedades comerciales. y sin que esta enumeración pretenda ser taxativa. al reconocer la propiedad privada y la libertad de empresa (C. la Constitución colombiana. establece también la posibilidad de fundar empresas. la normatividad constitucional aplicable depende del tipo de asociación y de las finalidades que ésta persiga. La Constitución regula muy diversas formas de asociación. entendidas éstas en sentido genérico como la resultante de la acción concertada de varias personas que persiguen objetivos comunes. lo cual tiene consecuencias profundas tanto sobre las posibilidades de reglamentación legal como sobre los alcances del control constitucional. como los sindicatos de trabajadores y de empleadores (C. A esa
. Finalmente. También prevé nuestra Carta Fundamental formas económicas fundadas en el principio de solidaridad. consagra un derecho genérico de asociación (CP art 38). establece otras asociaciones a las cuales confiere tanto prerrogativas específicas como exigencias particulares. que deben tener una estructura democrática y a los cuales la ley puede atribuir determinadas funciones públicas. 3. entre las cuales regula con detalle los partidos y movimientos políticos (C.Las diversas formas constitucionales de asociación: sus efectos sobre las posibilidades de reglamentación legal y de control constitucional.P art 19).P art 58. También la Constitución establece otro tipo de asociaciones que figuran como mecanismos de participación (CP art 103).P art 39). con los debidos controles (C. las cuáles pueden ser individuales o resultar del concurso de varias personas.sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y conexos.P art 107 y 108). Igualmente la Constitución autoriza la formación de iglesias.
constitución económica y liberalismo político en un Estado social de derecho. mientras que es legítimo constitucionalmente que existan otras formas asociativas que no se rijan por principios democráticos. por el contrario.Asociaciones. deben también poder
.se rigen en lo fundamental por la llamada por los doctrinantes "Constitución económica". 4. contrariamente a lo sostenido por el demandante y en parte por los conceptos del Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno. las primeras están relacionadas con la libertad de empresa y la propiedad privada. Por eso. En efecto. En este contexto. las asociaciones que no persiguen fines económicos y no tienen un contenido esencialmente patrimonial son más bien una consecuencia y una proyección orgánica de las libertades de la persona. en general lucrativos. la sociedades mercantiles -como prototipo de estas asociaciones lucrativas. y en particular de la libertad de pensamiento y expresión. al estudiar la legitimidad constitucional de una regulación legal de una forma asociativa los únicos artículos a tener en cuenta no son los relativos al derecho de asociación en sentido genérico. y que tienen un contenido esencialmente patrimonial -conocidas usualmente como empresas o sociedades mercantiles-. Es necesario tomar también en consideración e interpretar de manera sistemática las disposiciones constitucionales que regulan las formas asociativas específicas que hayan sido objeto de la regulación revisada. en general. En cambio. Esto significa entonces que. En efecto. en particular conviene distinguir con nitidez las agrupaciones de personas que se efectúan con fines económicos. de acuerdo al artículo 108 superior. es decir por las normas constitucionales que ordenan la vida económica de la sociedad y establecen el marco jurídico esencial para la estructuración y funcionamiento de la actividad material productiva.diferencia normativa corresponde entonces un alcance diverso del control de constitucionalidad de las disposiciones reguladoras de la materia. En efecto. en la medida en que las personas gozan de la libertad de pensamiento. de aquellas que. sería inconstitucional una regulación de la estructura y funcionamiento de los colegios profesionales que no fuese democrática. se constituyen con fines de carácter no lucrativo -en general denominadas por la doctrina asociaciones en sentido estricto-. como los partidos políticos.
P art 38 Pacto de Derechos Civiles y Políticos arts 22. Convención Interamericana art 15). expresión y reunión -los hombres que son libres para pensar y expresar sus pensamientos se reunen para realizar colectivamente esa expresión y se asocian para defender conjuntamente las ideas que comparten-y una antesala de los derechos de participación. en la medida en que." Por ello los pactos internacionales y la Constitución comienzan por reconocer la libertad de conciencia y de expresión (C. y de los derechos políticos y de participación (C. a lo cual ligan la consagración de la libertad de reunión (C.P art 40 Pacto de Derechos Civiles y Políticos art 25. partiendo de las libertades de carácter personal -como las de pensamiento o expresión. además.P arts 18 y 20. reunión y asociación forman una trilogía de libertades personales que se constituye. la participación política se canaliza a través de formas específicas de asociaciones. Convención Interamericana). Así. la Revolución Francesa. en prerrequisito de los derechos de participación política. por cuanto consideraba que era necesario
.expresarlo.P art 37. En cierta forma. de la libertad de asociación (C. las libertades de expresión.enlazan con los derechos de carácter político a través de la libertad de reunión y culmina en los derechos de participación política.la constitución de cualquier tipo de asociación. en el constitucionalismo y en la doctrina de los derechos humanos. entre las que partidos y sindicatos ocupan un lugar señalado. en las democracias actuales. prohibió -con la famosa Ley Le Chapelier. Pacto de Derechos Civiles y Políticos arts 18 y 19. al mismo tiempo que estableció la libertad de empresa y la posibilidad de que los particulares crearan sociedades comerciales e industriales. el derecho de asociación es en efecto una prolongación de las libertades de pensamiento. Así. reunirse para manifestar sus convicciones (libertad de reunión) o asociarse para compartir sus creencias y difundirlas (libertad de asociación). Con acierto señala al respecto la doctrina española: "El derecho de asociación continúa el hilo conductor que. Convención Interamericana arts 12 y 13). Pacto de Derechos Civiles y Políticos art 21. Convención Interamericana art 16). Históricamente esta diferencia entre las sociedades mercantiles o con contenido esencialmente patrimonial y las asociaciones en sentido estricto no sólo ha sido muy clara sino que ha tenido efectos esenciales sobre la regulación constitucional de las mismas.
P art 333).. que "la dirección general de la economía estará a cargo del Estado" (C. libre empresa e intervención del Estado. en la ponencia para segundo debate sobre "régimen económico. en la Asamblea Constituyente. reguladas por los códigos respectivos. No se trata de consagrar el principio del
.de las sociedades civiles y comerciales. puesto que reconoce genéricamente que la iniciativa privada y la actividad económicas son libres (C. combina el intervencionismo económico -lo cual supone una permanente posibilidad de restricción estatal de las libertades económicas. Igualmente.P art 332) pero establece.destruir todo vestigio de los gremios del Antiguo Régimen y que entre la Nación y el ciudadano no podía existir ningún cuerpo intermediario. después de largas y difíciles luchas.P art 1). la mayoría de los países distinguen entre las asociaciones en sentido estricto -reguladas en general por leyes especiales. también de manera global. al consagrar un Estado social de derecho (C. Así. de un lado. se estableció claramente: "La Constitución de 1991 en materia económica consagra el sistema de la libre empresa (.con el radical respeto de los derechos civiles y políticos -por lo cual la restricción de estos últimos debe tener fundamento expreso y específico-. Sólo en la segunda parte del Siglo XIX. Todo lo anterior permite concluir que la legitimidad constitucional de las sociedades de contenido esencialmente patrimonial o finalidad lucrativa deriva de la propiedad privada y de las libertades económicas.. la jurisprudencia constitucional de otros países distingue con nitidez las asociaciones de las sociedades con contenido esencialmente patrimonial. en cambio. Hoy en día. se reconoció como derecho fundamental de las personas la posibilidad de poder asociarse para expresar y defender ideas e intereses de diversa índole. Pero agrega que ella 'tiene una función social que implica obligaciones'. Esta distinción es fundamental porque la Constitución colombiana. la Constitución consagra una economía social de mercado dirigida. las asociaciones en sentido estricto surgen del reconocimiento de los derechos de la persona y de sus posibilidades de participación en los destinos colectivos.) Así mismo prevé que la empresa es la 'base del desarrollo'. En efecto.
laissez passer". Estas materias económicas constituyen entonces precisamente el ámbito en donde el interés general prima con claridad sobre el interés particular (C. el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación". si las personas son fines valiosos en sí mismos. expresión y asociación de las personas. puesto que sólo limitando. de manera razonable y proporcional. régimen impositivo. Por ello no es admisible ninguna forma de dirigismo de tipo ético o político de parte del Estado. Según la Corte: "El Estado social de derecho. el fin esencial de promover la prosperidad y garantizar la efectividad de los derechos. No sólo por lo ya anotado. mediante ley. económico y social "justo (preámbulo) y a hacer efectivos los llamados derechos humanos de segunda generación o derechos prestacionales de las personas. de otro lado."Laissez faire. las libertades económicas. utilización y consumo de bienes y servicios. propiedad privada. por cuanto ello sería contrario a la esencia misma del constitucionalismo liberal y democrático. Al respecto esta Corporación ya había establecido que es dentro de ese marco valorativo que deben ser interpretadas las normas constitucionales reguladoras de la actividad económica. deberes y principios constitucionales y el derecho fundamental a la igualdad. cuando así lo exijan el interés social. puede el Estado contribuir a realizar un "orden político.) Como se puede ver. explotación de recursos. no puede el Estado imponerles modelos particulares de virtud o limitar injustificadamente su libertad de pensamiento o de expresión. sino porque la libertad económica puede ser determinada en su alcance. no consagra la Constitución el principio de que el mejor gobierno sea aquél que menos gobierne la economía y los negocios. libertad de empresa. presupuestal y de gasto público". distribución.P art 1 y 58). producción. guían la interpretación de la Constitución económica e irradian todos los ámbitos de su regulación. En cambio. Todo lo anterior tiene consecuencias directas sobre la diversa regulación
. Por eso 'la dirección general de la economía estará a cargo del Estado' (. los principios de la dignidad humana y de solidaridad social.. En efecto. la Constitución está fundada en el pluralismo y en el reconocimiento de la dignidad y de las libertades de pensamiento..
norma de normas en nuestro sistema jurídico. valor jurídico a los principios constitucionales. la tarea de los poderes públicos es la de generar una
. elevada a principio de comportamiento del poder público colombiano tiene como característica esencial en el plano económico la de legitimarlo para intervenir en las relaciones privadas de producción. En efecto. el Estado deberá intervenir para "racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. cuando señaló: "La Constitución de 1991. En este sentido. no puede ser otra la interpretación del Estado colombiano actual. Pero el nuevo concepto de libertad. como lo quiere la Carta. Esta nueva forma de Estado. Si damos. reivindica la posibilidad real de desarrollar actividades económicas libremente escogidas y autoriza al Estado para intervenir y crear las condiciones necesarias. la libertad económica se entiende. Es bajo esta nueva concepción que se legitiman importantes instrumentos de intervención. no es simplemente formal. El papel del mercado como instrumento de asignación de recursos se concilia con el papel económico. propio del Estado liberal clásico.P art 58 y 333) sino que.P art 334). El Estado social de derecho no hace caso omiso de la falta de libertad que causa la miseria. Dentro de este contexto y acompañada del principio de solidaridad. por mandato constitucional. político y social del Estado redistribuidor de recursos. ya que no sólo la propiedad y las empresas tienen una función social que implica obligaciones (C. Finalmente. tal y como la había establecido esta Corporación. a través de una política fundada en el principio de solidaridad y en el papel redistributivo del Estado. la naturaleza misma de Estado social de derecho autoriza tales formas de intervención regulatorias del Estado en los procesos económicos privados. instituye el Estado social de derecho y hace suyo el valor de la solidaridad. además. tanto para la búsqueda de eficacia como de equidad. no como el "dejar hacer dejar pasar". la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano" (C.prevé formas de regulación estatal que pueden ser intensas para las sociedades de contenido patrimonial.de las formas asociativas. la Constitución -fundada en una economía de mercado dirigida. sino como la promoción de las condiciones sociales y económicas básicas para el desarrollo autónomo de la persona.
en interés de la seguridad nacional. y diversidad del Control constitucional de la regulación de las asociaciones económicas y no económicas. como sí puede ocurrir con una sociedad comercial. se enuncian más limitaciones que posibilidades de asociarse. por lo cual se puede decir que
. En cambio. que interpretando el nuevo ámbito de libertad que reclaman los ciudadanos.sociedad más justa y solidaria". De ahí. se ha querido obstaculizar la asociación de personas.P art 93). como se desprende del debate en la Asamblea Constituyente. Por eso tales asociaciones no pueden ser restringidas por simples motivos de conveniencia. Para este tipo de asociaciones sólo caben las restricciones que sean necesarias en una sociedad democrática. El anterior análisis ha mostrado que en las libertades económicas y el resto de libertades civiles y políticas no están sometidas a una misma regulación constitucional. En efecto. Esto significa que sólo graves motivos permiten la restricción del derecho de asociación . mientras que proscribe todo dirigismo en materia política. cuando con el pretexto de velar por el orden público o preservar fines distintos de los públicamente denunciados. ética o intelectual."
5. consagra un mercado de bienes y servicios pero bajo la dirección del Estado. En el texto actual de la Constitución. conforme a los cuales deben ser interpretados tales derechos (C. ya que expresamente establece el dirigismo económico. de la seguridad o del orden público. la consagración lacónica de tal prerrogativa exime de más comentarios. las posibilidades de regulación de las asociaciones que no tienen objetivos lucrativos está claramente delimitada por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. es decir. en el informe ponencia para primer debate en la plenaria se señala claramente: "Quizás pocos derechos humanos han sufrido tanto menoscabo en Colombia. La Constitución confiere un mayor valor a los derechos y libertades de la persona que a los derechos y libertades de contenido puramente patrimonial.Libertades preferentes y no preferentes. o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás (Art 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 16 de la Convención Interamericana).
En efecto. en términos generales.estatuye una libre circulación de las ideas. Conviene sin embargo no confundir la posición preferente o no de un derecho o libertad con su carácter de fundamental o no. en razón de las nuevas características de las leyes de intervención". esta Corporación ha insistido en que el carácter de Estado Social de Derecho que la nueva constitución confiere al régimen colombiano.P art 86). Se impone pues una interpretación amplia de las posibilidades regulatorias del Estado. La "Constitución económica" colombiana no es indiferente a las políticas económicas: nuestra carta fundamental "consagra un Estado interventor a través de un conjunto sistemático de disposiciones jurídicas destinadas a la realización de un orden económico
. las libertades de la persona y los derechos de participación ocupan en la Constitución colombiana una posición preferente con respecto a las libertades puramente económicas. las sociedades comerciales y en general las asociaciones de contenido patrimonial están sujetas a la dirección general de la economía por el Estado. Por eso en la Asamblea Constituyente se precisó que la Constitución de 1991 "tampoco consagra el viejo concepto de la intervención sin límites. por cuanto la Constitución ha conferido un marco amplio y flexible al Congreso para regular estas materias. Esto no significa obviamente que el legislador sea libre de establecer cualquier tipo de regulación económica. Lo primero. Por eso es lícito concluir que. por cuanto la Constitución estableció que en general las leyes de intervención económica "deberán precisar sus fines y alcances y los límites a la libertad económica". De un lado. De otro lado. es una distinción jurisprudencial que esta Corte introduce por cuanto la considera necesaria por sus consecuencias sobre el sentido del control de constitucionalidad sobre los derechos en general y sobre el derecho de asociación en particular.P art 152) o determine el mecanismo de reforma constitucional (art. las empresas. tenga o no reserva de ley estatutaria (C.377). como se verá a continuación. Lo segundo tiene que ver con la posibilidad de que éste sea o no protegido por la vía de la tutela (C. los objetivos proclamados en el preámbulo así como la existencia de derechos económicos fundamentales son todos elementos que tienen implicaciones sustantivas sobre la legitimidad constitucional de las políticas económicas. en cambio.
-por el juego de la democracia representativa y participativa que implica una posible alternación de mayorías que encarnan diversos programas económicos. pues las instancias de decisión política deben de una parte respetar los límites impuestos por el conjunto de derechos.y social justo. sólo si de manera directa la norma vulnera derechos fundamentales. constitucionalizar un modelo económico rígido. así como procurar la plena realización de los derechos fundamentales" Sin embargo. Existe entonces entre las instituciones constituidas de representación popular y el texto constitucional una doble relación de libertad y subordinación". se impone una interpretación
. El juez constitucional deberá entonces respetar en general las razones de conveniencia invocadas por los órganos de representación política.resulta también obvio que "mal podría un texto -que pregona como fundamental el principio de la democracia-. o viola claros mandatos constitucionales. por cuanto la Constitución consagra la dirección de la economía por el Estado. que tuviera como efecto legitimar exclusivamente una ideología o partido y vetar todas aquellas que le fueren contrarias"." Esto significa que la Constitución de 1991 no es "un texto neutro que permita la aplicación de cualquier modelo económico. por lo cual. En cambio. Por eso. o incurre en regulaciones manifiestamente irrazonables o desproporcionadas. Esto significa que el Congreso y el Ejecutivo pueden llevar a cabo distintas políticas económicas siempre y cuando ellas tiendan de manera razonable a "hacer operantes los principios rectores de la actividad económica y social del Estado y velar por los derechos constitucionales. Es decir. con respecto a las asociaciones que no tienen contenido económico o esencialmente patrimonial. inamovible. por cuanto hay cláusulas generales que autorizan la intervención estatal en la economía. La Corte considera que en esta materia se impone el llamado criterio de la inconstitucionalidad manifiesta. dentro del marco del Estado social de derecho. si la ley que regula la actividad de sociedades de contenido patrimonial no vulnera claramente la carta fundamental o establece regulaciones manifiestamente irrazonables debe ser considerada constitucional. deberá el juez declarar la inconstitucionalidad de la norma. el juez constitucional debe actuar de manera prudente al analizar la legitimidad constitucional de una determinada regulación de las libertades económicas. y de otra operar conforme a los valores y principios rectores que la Carta consagra.
Esta diferencia de pruebas de constitucionalidad según las materias tratadas no es en manera alguna una innovación doctrinaria de esta Corte o de esta sentencia. Esto significa que si la ley no demuestra un fundamento constitucional manifiesto y claro deberá ser declarada inconstitucional. el poder público debe probar que la desigualdad está justificada. puesto que con respecto a tales asociaciones basta que tal intervención no tenga justificación constitucional expresa y clara o no esté fundada en la existencia de un riesgo claro e inminente para que se deba declarar su inexequibilidad por violación de la libertad de asociación. Ella resulta de las tensiones valorativas y del diverso peso estructural que ocupan ciertas normas y derechos en todos los textos constitucionales. que las consecuencias jurídicas deben ser iguales. En este campo debe primar el canon hermenéutico de la "in dubio pro libertate": el juez constitucional deberá entonces ser mucho más celoso en el control de las intervenciones estatales. esta Corporación precisó que cuando una diferencia de trato se basa en una clasificación expresamente establecida por la Constitución o por los instrumentos internacionales de derechos humanos como potencialmente discriminatoria. en sentencia T-230/94. en general quien pretenda la aplicación del principio de igualdad debe probar que las "situaciones de hecho y. religión. y es el interesado quien tiene que probar esa relevancia". en la desigualdad general sólo es desigualdad la desigualdad relevante. Dijo entonces
. Así. la prueba de constitucionalidad en este caso es mucho más estricta. Por tal razón. etc. al analizar los tratamientos diversos establecidos por el Estado a los ciudadanos. según tal tribunal. Mientras que si la desigualdad lo es por razón de sexo. lo cual explica que la mayoría de los tribunales constitucionales apliquen diferentes pruebas de constitucionalidad según las materias y los derechos. Así. el Tribunal Constitucional Español ha establecido criterios diversos de constitucionalidad por medio de las reglas relativas a la carga de la prueba. En efecto. Esta Corte ya había utilizado pruebas diferentes de constitucionalidad en materia de igualdad. consagra como principio el pluralismo y la coexistencia de las más diversas formas de vida. tal y como se desprende de la sentencia STC 59/1982.restrictiva de las posibilidades de interferencia estatal. la carga de la prueba de que esa diferencia no viola el principio de igualdad corresponde a quien la lleve a cabo. por el contrario. porque ya está claro que dicha desigualdad no debe producirse. por tanto. por cuanto la Constitución no prevé formas de dirigismo estatal político o ético sino que.
lo cierto es que la posterior regulación legal muestra que se trata de sociedades con contenido esencialmente patrimonial. se mantiene la presunción de trato inequitativo. la razonabilidad de la regulación legal y la constitucionalidad del artículo 12 de la Ley 44 de 1993.la Corte: "La igualdad relativa a la raza.. En tales circunstancias. entre otras. que dispensan de toda justificación a quienes las asumen. lo único que efectúa esta sentencia es la explicitación de los supuestos de tal metodología por considerar esta Corte que ella era necesaria para resolver el caso bajo examen. 6. tales sociedades pueden
. para lo cual comenzará por estudiar la naturaleza de las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor a fin de determinar si es una asociación con contenido económico lucrativo o una expresión orgánica de una forma de libertad de expresión.. A pesar de que el artículo 10 las define como entidades sin ánimo de lucro. Se habla al respecto de presunciones. En efecto.. constituye un precepto aceptado universalmente que no requiere de razones o explicaciones. para la Corte es claro que el objetivo central de estas sociedades es. con personería jurídica. como su propio nombre lo indica.. puede la Corte analizar en concreto la norma demandada. al sexo. administrar una forma específica de derechos de propiedad. pero que exigen una justificación de quienes las transgreden. En todo caso el trato diferenciado es de recibo si el mismo se orienta a promover la igualdad de una categoría de personas ubicadas en situación de desigualdad. quien la lleve a cabo asume la carga de la prueba que justifique su actuación. Tales sociedades están reguladas por los artículos 10 a 50 de la Ley 44 de 1993. a la nacionalidad a la religión. Hechas las anteriores precisiones. pues si ello no es así." Por consiguiente. creadas para la defensa de los intereses de los titulares de derechos de autor y derechos conexos.La naturaleza de las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y conexos. Cuando la diferencia de trato se enmarca dentro de una de las razones explícitamente señaladas por el artículo 13 de la Carta como discriminatorias. a saber los derechos patrimoniales que corresponden a los derechos de autor y conexos.
ser caracterizadas como un sistema de administración colectiva por medio del cual los titulares de derechos de autor y conexos autorizan a estas organizaciones.sino en la medida en que su función se centra en la recaudación de las remuneraciones provenientes por el pago de los derechos patrimoniales ligados al derecho de autor y conexos y su reparto entre los beneficiarios pertenecientes a la asociación. por
. Además. destaca la Corte. Por todo lo anterior. restringiéndose así en la materia la autonomía de la voluntad en nombre de la racionalización y de los altos fines del Estado. con las prerrogativas que le confiere la ley. para que administren sus derechos. para divulgar ideas relacionadas con su actividad artística. la Ley 44 de 1993 en manera alguna está impidiendo que titulares de derechos de autor o conexos se asocien gremialmente o constituyan otro tipo de asociaciones." Este resultado es determinante en el examen de constitucionalidad. Es pues una sociedad para la gestión de un derecho patrimonial. lo que la ley establece es que quienes quieran constituir específicamente una sociedad de gestión colectiva de derechos de autor. el cual cumple dicha función como una intervención del Estado en la economía. deberán también sujetarse a las exigencias que ésta consagra. otorguen a los usuarios eventuales licencias a cambio de las regalías adecuadas y en condiciones convenientes. Ya en sentencia precedente esta Corporación había señalado que el artículo 61 de la Constitución "remite al legislador la facultad de regular los derechos de autor. concluye la Corte que la facultad de regulación de este tipo de sociedades deriva de la Constitución económica y no del derecho de asociación en general como emanación de la libertad de expresión. no en el sentido de que ella busque una ganancia para sí misma -como en el caso de las sociedades comerciales clásicas. En efecto. Esto significa que se trata de una sociedad de contenido primariamente patrimonial. recauden esas regalías y las distribuyan entre los socios. que expresamente la Constitución consagra que debe ser regulado por la ley. puesto que el artículo 61 superior establece que "el Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley". por ejemplo. es decir. al tenor del artículo 334 superior. el derivado de los derechos de autor. para que negocien con terceros las condiciones de ejecución de las obras de estos autores. supervisen la utilización de las obras respectivas.
Por eso. Finalmente. reducir los costos del recaudo.
. ello también parece adecuado teniendo en cuenta las posibles repercusiones de tales entidades no sólo sobre sus asociados sino también sobre las labores de terceros. la ley hubiera tenido que justificar poderosas razones de seguridad nacional. De otro lado. que es lo que la Corte entra a determinar a continuación. lo cual redunda en beneficio de los propios autores "teniendo en cuenta que el ejercicio objetivo de los derechos mencionados no depende tanto de la cantidad de asociaciones que se creen sino de la calidad y manejo acertado de las mismas". y como se desprende de una interpretación sistemática de los artículos 13 y 66 de la Ley 44 de 1993 y del artículo 23 del Decreto 311/84 tales asociaciones deben expedir certificados de paz y salvo que son condición para que se expida o renueve la patente de aquellos establecimientos donde se ejecutan públicamente obras musicales. Según se desprende de los debates parlamentarios acotados por el propio demandante y el concepto del Ministerio Público. Por eso el legislador consideró que era necesario establecer un número mínimo de asociados al parecer con una triple finalidad: de un lado. de orden público. el objetivo del establecimiento de un número mínimo de socios es aumentar la eficacia del recaudo de los derechos patrimoniales. En efecto. basta un examen de la razonabilidad de la regulación establecida por la ley. tratándose de una sociedad de contenido esencialmente patrimonial. Pero. al legislador pareció pertinente exigir un número mínimo de socios para evitar una proliferación de este tipo de sociedades y racionalizar de esa manera el recaudo de los derechos patrimoniales ligados a los derechos de autor. el requisito mínimo de socios confiere una mayor estabilidad y seriedad a tales sociedades. lo cual permite un recaudo más eficiente y un reparto más adecuado de las remuneraciones recaudadas.cuanto si esta sociedad no tuviera tal contenido patrimonial. según el Congreso. en efecto. o de protección de los derechos y libertades de terceros para poder establecer ese requisito del número mínimo de socios. las experiencias internacionales muestran que si se aumenta el número de asociados se disminuyen proporcionalmente los gastos de operación. como bien lo recuerda el concepto del Ministerio de Gobierno. y por las razones largamente expuestas en esta sentencia. o el Congreso hubiera regulado de manera genérica las asociaciones de los titulares de derechos de autor. en especial respecto de obras musicales y de la utilización de fonogramas.
por cuanto la exigencia de un número mínimo de cien socios para constituir tales entidades no se traduce en una afectación desproporcionada de la libertad económica.P art 333) y proteger la propiedad intelectual (C. De un lado.
. con lo cual se está cumpliendo el objetivo de "racionalizar la economía" (C. como lo muestra la aseveración de la dirección de derechos de autor del Ministerio de Gobierno. en ninguna parte la Constitución consagra que todas las sociedades de contenido patrimonial deban tener un mismo número mínimo de asociados. ya que ella solamente busca garantizar un recaudo más eficaz de los derechos de autor. tal y como sucedería. como cooperativas. Finalmente. Además. según el demandante. precooperativas o asociaciones mutualistas. con los productores fonográficos.P ). en tales sectores son posibles reagrupamientos de actividades conexas que permiten alcanzar ampliamente el requisito de cien establecido por la norma impugnada. la ley no exige un número mínimo de asociados superior a 25 para poder constituir otras entidades similares. De otro lado. empíricamente es claro que en los sectores en donde según el demandante podría no reunirse el número mínimo de socios para que se constituya una sociedad de gestión colectiva de derechos de autor y conexos. por dos motivos. Por eso.La Corte Constitucional considera adecuada a las finalidades constitucionales la persecución de tales objetivos. ya que ellos buscan una mejor protección de los derechos patrimoniales de los titulares de derechos de autor y conexos. por cuanto considera que la exigencia de un número mínimo de socios no constituye un trato discriminatorio sino un medio utilizado que parece adecuado para conseguir los fines anteriormente mencionados. a nivel internacional. en general estas sociedades tienden a reagrupar un muy gran número de personas. el demandante considera irrazonable e ilegítima tal regulación. De otro lado. porque según su criterio se estaría violando el principio de igualdad ya que en Colombia. La Corte no comparte en manera alguna esas objeciones. cinematográficos y de videogramas. Sin embargo. en general. porque la exigencia del requisito mínimo de socios podría traducirse en la imposibilidad de que se constituyan estas entidades en ciertos sectores de actividades que cuentan con menos de cien titulares de derechos autorales. por cuanto. ello no ocurre. De un lado.
De un lado. Es cierto que esta Corporación ha señalado en repetidas ocasiones que en el ordenamiento constitucional colombiano el lugar que ocupa una disposición dentro del texto constitucional es un criterio auxiliar para precisar sus alcances pero que no define por sí mismo su sentido ni el ámbito de su aplicación. Esto implica que no puede el intérprete reducir o ampliar el sentido de una disposición constitucional únicamente por el lugar que la norma ocupa en la ordenación del texto constitucional en títulos y capítulos (el criterio
.El alcance de la reserva judicial prevista por el artículo 39 de la Constitución y la constitucionalidad del artículo 38 de la Ley 44 de 1993. Según el demandante tales entidades gozarían de estricta reserva judicial en esta materia. Una lectura aislada del tenor literal del tercer inciso del artículo 39 superior podría hacer creer que la suspensión o cancelación de la personería jurídica de cualquier entidad sólo procede por vía judicial. 8. es claro que este inciso se encuentra en el artículo 39 que regula de manera específica el derecho de sindicalización y no en el 38 relativo al derecho de asociación en general. muestra que tal reserva judicial en materia de suspensión o cancelación de personería jurídica sólo es aplicable a las asociaciones sindicales de empleadores o trabajadores. no es posible que la ley faculte a una entidad administrativa para suspender o cancelar la personería jurídica de una sociedad de gestión colectiva de derechos de autor y conexos. reserva judicial? El actor considera que la parte demandada del artículo 38 de la Ley 44 de 1993 vulnera la Constitución. Por tal razón. entra la Corte a analizar si este tipo de sociedades están cubiertas o no por la reserva judicial prevista por el mencionado artículo constitucional.El segundo problema bajo examen: ¿Tiene la suspensión o cancelación de la personería jurídica de las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y conexos. Sin embargo.Por todo lo anterior. 7. el artículo 12 de la Ley 44 de 1993 será declarado constitucional. conforme al artículo 39 de la Constitución que establece que "la suspensión o la cancelación de la personería jurídica sólo procede por vía judicial". una interpretación sistemática de tal norma. teniendo en cuenta sus antecedentes históricos. porque según su criterio.
por lo cual se decidió mantenerlos en artículos separados."sede materiae") o por el título que la encabece (el argumento "a rúbrica"). para lo cual se designó una comisión accidental. Además. no se llegó a ningún consenso en la materia. De esa manera. Y en este caso específico se trata de un aspecto que tiene particular importancia por cuanto no se trata de una colocación equivocada o caprichosa del inciso sino que armoniza plenamente con otros elementos históricos. lo contenido en el artículo 39 se refiere específicamente al derecho de asociación sindical y no regula en manera alguna el derecho de asociación en general. Estos antecedentes históricos muestran entonces con claridad que en este caso la separación de los artículos 38 y 39 fue claramente establecida por el Constituyente con un sentido normativo: distinguir dos regulaciones diversas. En efecto. En efecto. el artículo 39 por el contrario se originó en la Comisión Quinta sobre régimen económico. con ella se quería en lo esencial constitucionalizar la garantía establecida por el artículo 4º del Convenio 87 de la OIT . Además. Sin embargo esto no significa que esos aspectos sean irrelevantes para el intérprete. por lo cual cada comisión presentó de manera autónoma su articulado ante la plenaria de la Asamblea. A pesar de que se intentó concretar una fórmula conjunta de las comisiones. Expresamente se señaló en el primer debate en la plenaria que "no debiera mantenerse esa confusión dentro del derecho de asociación general de las personas. los artículos finalmente aprobados por la Asamblea Constituyente corresponden casi literalmente a los aprobados de manera independiente por cada una de estas dos Comisiones. los artículos 38 y 39 fueron tramitados de manera independiente en la Asamblea Constituyente. los debates en la Asamblea muestran que el inciso específico sobre reserva judicial en materia de cancelación o suspensión de personería jurídica se refería exclusivamente a los sindicatos. aprobado por la
. una relación de trabajo con un patrón". teleológicos y sistemáticos. con el derecho de asociación sindical que es un derecho consagrado exclusivamente para los trabajadores que tienen un vínculo contractual. con el fin de proteger la autonomía de este tipo particular de asociaciones frente a indebidas injerencias gubernamentales que se habían dado en el pasado. en la propia plenaria hubo consenso en no confundir esos derechos. Mientras que el artículo 38 proviene de la Comisión Primera sobre derechos. Por consiguiente.
en muchas ocasiones.P art 39). el otorgamiento de la personería jurídica tiene efecto constitutivo.. acciones de algunos empresarios o de funcionarios del Gobierno en contra de derecho de asociación y libertad sindical.. lo que ha conllevado. le manifiesten al Gobierno de Colombia que una decisión de tal naturaleza es violatoria del Convenio 87" (Negrillas de la Corte). incluso. es
. lo que ha facilitado. la personería jurídica otorgada por la respectiva autoridad administrativa tiene un efecto puramente declarativo mas no constitutivo. En efecto.Ley 26 de 1976. son los trámites engorrosos para la obtención de la personería jurídica de un sindicato de trabajadores. Expresamente se dijo en el informe ponencia sobre asociación sindical en la Comisión Quinta: "El Estado colombiano. con respecto a las otras asociaciones. Una dificultad real que ha existido. según el cual "las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa". ratificó los convenios 87 y 89 de la OIT que garantizan y protegen el derecho a la sindicalización y a la asociación sindical. puesto que "su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución" (C. la exclusividad de la reserva judicial para los sindicatos se articula con los efectos diversos que la Constitución confiere a la concesión de la personería jurídica a los sindicatos y al resto de asociaciones. Mientras que en el caso de los sindicatos.. Finalmente. Por ello es congruente establecer que la personería jurídica de tales asociaciones sindicales sólo podía ser suspendida o cancelada por una autoridad independiente. es congruente que la Constitución establezca un régimen diverso para la suspensión o disolución de la personería jurídica de los sindicatos y del resto de asociaciones. relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación. También ha sido muy negativo ciertas decisiones gubernamentales de suspender las personerías jurídicas de algunos sindicatos. a través de las leyes 26 y 27 de 1976. posiblemente por la falta de un mandato constitucional más claro. a que el Comité de Garantías y Libertades Sindicales de la OIT. Como es principio general del derecho desde la época de los romanos que es natural disolver lo que se ha ligado de la misma manera como se estableció el vínculo. mal podría la Constitución conferir a la administración la potestad de suspender o cancelar una personería jurídica que en sentido estricto ella no ha concedido sino que simplemente ha declarado.
Ahora bien. Cúmplase. Esto obviamente no significa que esa reserva judicial no pueda ser ampliada en un futuro por el legislador. archívese e
. Sin embargo. La norma será entonces declarada constitucional. publíquese. en ejercicio del poder de policía administrativo. comuníquese. Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Gobierno. RESUELVE Declarar EXEQUIBLES el artículo 12 y los literales c) y d) del artículo 38 de la Ley 44 de 1993. la norma demanda. la Corte Constitucional. insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. III. esta misma ley ha conferido a tal entidad sobre las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y conexos. la conclusión que se impone es que una ley que establezca la posibilidad de suspender o cancelar la personería jurídica de una asociación no sindical por una autoridad administrativa no es por ese hecho inconstitucional. al conferir a la Dirección de Derechos de Autor. notifíquese. si lo considera conveniente.decir por la vía judicial. no viola ninguna norma constitucional sino que simplemente desarrolla la facultad de inspección y vigilancia que.DECISION En mérito de lo expuesto. en tales circunstancias. la facultad para suspender y cancelar la personería jurídica de las asociaciones autorales. Todo lo anterior lleva a concluir que la estricta reserva judicial establecida por el artículo 39 se refiere exclusivamente a las asociaciones sindicales de trabajadores y empleadores. a fin de que cubra también a otras asociaciones.
ANTONIO BARRERA CARBONELL CIFUENTES MUÑOZ Magistrado
EDUARDO Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ HERNANDEZ GALINDO Magistrado
JOSE GREGORIO Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO MORON DIAZ Magistrado Magistrado
SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General
.MARTHA V.
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