Source: https://www.scribd.com/document/184145278/El-Dominio-de-Los-Hidrocarburos-y-La-Ley-26197
Timestamp: 2018-10-20 13:20:42
Document Index: 184012369

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 7', 'artículo 16', 'artículo 124', 'artículo 124', 'artículo 124', 'artículo 6', 'artículo 17', 'artículo 124', 'artículo 124']

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Desde Una Vision Tecnica
Constiyucion Romana
La Violación de La Convención Los Derechos Del Niño Por Parte Del Derecho Argentino y de La Justicia de Menores
Evolucion Del Coleccionismo
El país asistió a un largo debate en torno a la titularidad del dominio de los yacimientos de hidrocarburos en el que participó, también, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación y que culminó, parcialmente, con la reforma constitucional de 1994.1 En primer lugar, encontramos el Código de Minería que adhiere al sistema regalista declarando en su artículo 7 que “Las minas son bienes privados de la Nación o de las Provincias, según el territorio en que se encuentren”, aunque el Estado no puede explotar ni disponer de las minas, sino en los casos expresamente establecidos por el Código (artículo 9). Al mismo tiempo, establece que “Sin perjuicio del dominio originario del Estado reconocido por el artículo 7, la propiedad particular de las minas se establece por la concesión legal”. Sin embargo, a través del tiempo se produjo una profunda alteración del sistema del Código de Minería al autorizarse al Estado a explotar: (i) yacimientos de petróleo en zonas de reserva2, (ii) yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos3, (iii) hidrocarburos sólidos4, (iv)
1. OYHANARTE, JULIO, Régimen constitucional de las fuentes minerales de energía, La Ley, tomo 88, sección doctrina, página 863; MARTÍNEZ DE HOZ (H), JOSÉ ALFREDO, El petróleo y las fuentes naturales de energía frente a la reforma de la Constitución, Jurisprudencia Argentina, 1957-III-119; BIDART CAMPOS, GERMÁN J., Las provincias y las minas, El Derecho, tomo 83, página 392 y El viejo problema de la “propiedad minera”: el petróleo en el contexto del federalismo, El Derecho, tomo 129, página 471; GONZÁLEZ, CARLOS EMÉRITO, Los yacimientos de petróleo y gas son sustancias de propiedad de la Nación, El Derecho, tomo 129, página 465; CASSAGNE, JUAN CARLOS, La propiedad de los yacimientos de hidrocarburos, El Derecho, tomo 145, página 857; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, FALLOS: 301:341; 311:1265. 2. Ley 7059. 3. Ley 12161 4. Decreto 22389/45. 5. Ley 12009. 6. Decreto 22.477/56 (actualmente derogado por el artículo 16 de la Ley 24.498). 7. Ley 18.605.
hierro. Más tarde. 73 . y estableció un sistema mixto al reservar áreas para las empresas estatales y el otorgamiento de permisos de exploración y concesiones de explotación y de transporte. la proclama del 27 de abril de 1956 del gobierno revolucionario declaró la vigencia de la Constitución de 1853. 1866 y 1898. Finalmente. Algunos años más tarde. yacimientos de petróleo..minerales como el cobre. de carbón y de gas. con excepción de los vegetales. incluyendo los situados en el mar adyacente a sus costas hasta una distancia de doce (12) millas marinas medidas desde las líneas de base reconocidas por la legislación vigente”. la Convención Nacional Constituyente de 1994 incorporó a la Constitución Nacional el artículo 124 que en su último párrafo establece que “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. declaró a los minerales. Llegarían luego la Ley 14773 que declaró los yacimientos de hidrocarburos bienes inalienables e imprescriptibles del Estado Nacional.7 La Constitución Nacional de 1949. manganeso. estableciendo el monopolio estatal de su explotación y prohibiendo el otorgamiento de concesiones y. Esta transferencia quedaba condicionada a la sanción y promulgación de la nueva ley de hidrocarburos encomendada a una Comisión de Provincialización de Hidrocarburos. con las reformas de 1860. etc. y demás fuentes naturales de energía. la Ley 17319 ratificó la propiedad inalienable e imprescriptible de los yacimientos de hidrocarburos como pertenecientes al patrimonio del Estado Nacional. la que nunca fue sancionada.5 (v) minerales nucleares6 y (vi) los yacimientos ferríferos de Sierra Grande. la Ley 24145 transfirió “el dominio público de los yacimientos de hidrocarburos del Estado Nacional a las provincias en cuyos territorios se encuentren. propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación. nueve años después. caídas de agua.
Universidad Nacional de la Plata. Francisco de Toledo. Esta reglamentación. por lo tanto de todo aquello sobre lo cual el Rey o la Corona o el Real Tesoro tenían dominio” de manera que esos derechos se transmitieron al “pueblo argentino. art. cuando se erigió. poco después. La decisión importaba mantener la vigencia 74 . la base más sólida del sistema de hacienda". 10). con las modificaciones que las legislaturas de provincia hayan hecho en ellas” (ti. p. que se siguieran observando las Ordenanzas de Nueva España y. Que sancionada la Constitución –que como se sabe atribuyó al legislador nacional la facultad de dictar el código de minería. titulo V)“Estas ordenanzas regían en el Virreinato al producirse la Revolución de Mayo y. Que una vez comenzada nuestra vida independiente. y. la Real Cédula del 5 de agosto de 1783. En esta oportunidad. 172). II. que introdujo modificaciones a la Ordenanza antes citada. 1. las concedo a mis vasallos en propiedad y posesión (art. único depositario de la soberanía en cuya virtud existe la entidad del Estado” (ob. Sin perjuicio de ello. cita. 1935. dispuso que ínterin el Congreso cumpliera con aquel mandato “regirán en la Confederación las Ordenanzas de México. I. Diego Barrenechea. supletoriamente. FALLOS: 301:341. después del crédito público.Una somera referencia a los antecedentes históricos que informan dentro de la legislación minera aplicada en el período colonial la cuestión vinculada con el dominio de las minas. 1) poniendo a cargo de la Administración General de Hacienda y Crédito que se creaba. Que poco tiempo después. X. fue realizada por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. tocó a la Asamblea Constituyente del año 1813 dictar lo que se conoció como Reglamento de Mayo. “el origen histórico y jurídico de nuestro regalismo minero porque la Nación Argentina es sucesora universal de los soberanos de España sobre los territorios que desligó de la Corona por la guerra y. Las Ordenanzas afirmaban la plena propiedad de la Corona sobre todos los minerales y declaraban que las minas formaban parte de su dominio privado. al decir de Joaquín V. según el ilustre hombre público. llevar “el registro de la propiedad territorial pública y nacional en toda la Confederación incluso la subterránea de minas” (ti. y que rigieron en nuestro territorio no solo cuando formaba parte del Virreinato del Perú sino también posteriormente. II. fue el de las llamadas Ordenanzas de Toledo. En lo que aquí interesa. reiteraba que las minas eran propias de la Corona “así por su naturaleza y origen” (art. en 1776. la Corte señaló que “El primer ordenamiento legal que tuvo aplicación en el entonces Virreinato del Río de la Plata. titulo V). inc. dictadas hacia 1574 por el virrey del Perú. La Real Ordenanza de Intendente de 1782 así lo dispuso aunque con la advertencia de la sanción de otro cuerpo legal destinado a reglar todo lo atinente a la minería. el monarca señala que “sin separarlas de mi Real Patrimonio.el Congreso elaboró el llamado Estatuto de Hacienda y Crédito de la Confederación Argentina. ratificando el principio realista de las Ordenanzas de Toledo basado en el reconocimiento del dominio eminente del Estado. el del Río de la Plata.8 8. destinada a perdurar en el régimen jurídico de la minería argentina. art. extendió al Río de la Plata las que Carlos III había sancionado para Nueva España el 22 de mayo de ese año. González.. IV) y constituirán. destinado básicamente a estimular la explotación minera “toda vez que esta forma. antes de la disolución de la autoridad nacional. t. las del Virrey Toledo. era “el código que hemos encontrado en vigencia los argentinos cuando nuestra nación declaró su independencia” (Obras Completas. el Directorio dispuso por decreto del 21 de mayo de 1819 y tras aprobar el reglamento elaborado por el gobernador de La Rioja.
tal proyecto. puede afirmarse que el sistema regalista que acuerda al Estado lato sensu la jurisdicción sobre las minas se mantuvo como un concepto jurídico inalterable a lo largo de toda la legislación minera y subsiste hoy –aunque no plenamente.. 75 . X. 2. p. entre otros. p. La reforma constitucional de 1994 y la Ley 26197 Hemos adelantado que la reforma constitucional de 1994 reconoció a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. 189). y por el constituyente José M. el principio regalista ya arraigado en la concepción del derecho minero argentino y afirmaban que respecto de algunas que enumera la propiedad se confería a las provincias o al Estado Nacional según su ubicación territorial..9 porque del debate en el seno de la Convención Constituyente de Santa Fe surge claramente que la del principio regalista minero. el que fue recogido en el articulo 7 del actual código. 643). se arriba a la sanción del código de minería. ob. 191). y por tanto subsistentes en su vigencia. los que motivaron algún pronunciamiento de la Corte Suprema como el registrado en Fallos 25:13. problemas interpretativos acerca de la prevalencia de las disposiciones de este cuerpo legal sobre las de las Ordenanzas. 2342 ratificó el principio regalista. empero. cit. ambos coincidieron en reconocer que las minas eran “propiedad del soberano” (Asambleas Constituyentes Argentinas. 10 del ti.debe interpretarse en el sentido de que se refiere a disposiciones de la ley minera no consideradas. Hasta entonces. según el territorio en el que se encuentren”. Cabe señalar que la comisión revisora de la que formaba parte el ex ministro de Hacienda y presidente de la Convención Reformadora de 1860. Que aunque explícito este reconocimiento del principio regalista que atribuía el dominio eminente de las minas al Estado. Joaquín V. sostenía que las minas debían considerarse entre “las cosas que forman los bienes de la Nación” (González. por lo que González pudo decir que concordaba “perfectamente con la tradición jurídica argentina” (ob. la vigencia de las Ordenanzas coexistió con las disposiciones del código civil sobre la materia que. finalmente. ninguna disposición legal había decidido de manera expresa si tal dominio correspondía exclusivamente a la Nación o si las provincias tenían derecho a las ubicadas en sus respectivos territorios. en cumplimiento de la ley del 26 de agosto de 1875 que disponía la revisión del proyecto de Oro “tomando como base el principio de que las minas son bienes privados de la Nación o las provincias. encomendado al doctor Enrique Rodríguez. Que. Allí se reconoció que “aunque el código civil dictado posteriormente. por Fragueiro. no mereció sanción del Congreso. Sin embargo. como la del art. p. Se suscitaron. esto en manera alguna importa derogar la legislación anterior del Congreso”. como es obvio. Gorostiaga. hemos tenido oportunidad de señalar que este reconocimiento no implica sustraer a estos bienes de la jurisdicción exclusiva del Congreso Nacional. el cual atribuía la propiedad de las minas a la Nación cualquiera que fuese el territorio en el que se hallaran. frustrado el proyecto de Domingo de Oro. En la sesión del 7 de diciembre de 1853.en la economía del código vigente”. con relación a las sustancias mineras allí indicadas.. ratificaban. Mariano Fragueiro. ha declarado de propiedad de las provincias las minas comprendidas dentro de su territorio.2. Que en los años que precedieron a la sanción del código de minería. por el codificador civil. Pero en 1862. Lo cierto es que el art. el Poder Ejecutivo encomendó a Domingo de Oro la elaboración de un proyecto de código basado sustancialmente en las Ordenanzas de Méjico. in. fue suscrita por Gorostiaga –entonces integrante del Tribunal. 2342. t. como explícitamente parece surgir de las opiniones vertidas durante el debate que precedió a la sanción del Estatuto por el ministro de Hacienda. IV. aunque aprobado por una comisión revisora integrada. es bueno destacarlo. cit. al discutirse el texto del art. Esta resolución que.
creó una Comisión de Trabajo Técnica que tiene la misión de proponer una Base de Datos Integral de los Hidrocarburos y una Comisión de Trabajo Legislativa que debe elaborar un proyecto de ley que introduzca las modificaciones que resulten necesarias para ordenar y perfeccionar la Ley 17319. El dominio originario de los recursos naturales. Suplemento actualidad del 1° de febrero de 2007. la Ley 17319 y nada nuevo genera en torno al dominio y jurisdicción de los yacimientos de hidrocarburos porque. 76 . es reafirmar el principio que contiene el 9. Los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional. (iii) lo dispuesto en la Ley 26197. Los hidrocarburos y el medio ambiente. 175-873. La Ley 1997-C-1440. en el mismo sentido. La Ley. y La nueva ley de hidrocarburos. El régimen actual de regalías en el Derecho Minero Argentino ¿Cuestión de federalismo o de conveniencia nacional?. (ii) los cambios y avances tecnológicos existentes en las actividades de exploración. Mendoza. Este acuerdo aprobó el proyecto que luego fue sancionado como Ley 26197 y. compuesto por las provincias y el Poder Ejecutivo Nacional. teniendo en cuenta (i) la normativa constitucional en vigencia. sección doctrina. ORLANDO. El Derecho.tesis mayoritaria fue otorgar a las provincias el dominio mas no la jurisdicción sobre dichos recursos. La Pampa. Santa Cruz. Salta. Antártida e Islas del Atlántico Sur. suscripto el 26 de octubre de 2006 por el Presidente de la Nación y los Gobernadores de las provincias de Tierra del Fuego. lo único que hace. Formosa y Jujuy. El dominio originario de los recursos naturales (con específica referencia a los yacimientos de hidrocarburos). casi íntegramente. La Ley 26197 ratifica. Río Negro. y (iv) la creación de un organismo federal de coordinación de políticas y necesidades de interés común. al mismo tiempo. explotación y transporte de hidrocarburos. FERNANDO A. CARLOS Y BOSCH. la Constitución ha reservado al Congreso Nacional la facultad de reglar las relaciones jurídicas que nacen del uso y del aprovechamiento de los yacimientos de hidrocarburos. DE SIMONE. En tales condiciones. sección doctrina. Nulidad del artículo 124 de la Constitución Nacional. La Ley 26197 tuvo su génesis en el “Acuerdo Federal de los Hidrocarburos 2006”.. Neuquén. CORNEJO COSTAS. La Ley 1998-C-1288. Chubut.
suspensión en los registros. Sin embargo. información y pago de cánones y regalías. por supuesto. • Las provincias asumen el ejercicio del dominio originario (declaración innecesaria) y la administración (no la jurisdicción) sobre los yacimientos de hidrocarburos.artículo 124 de la Constitución Nacional. • La relación entre las provincias y los sujetos del sector hidrocarburífero seguirá rigiéndose por la ley de hidrocarburos y su reglamentación. el artículo 6 de la ley otorga a las provincias las siguientes facultades: (i) control y fiscalización de los permisos y concesiones. (iii) disponer la extensión de los plazos legales y/o contractuales. motivo por el cual los estados provinciales no podrán modificar aspectos sustanciales de aquella normativa. en el legislador toda vez que se abstienen de acordar a las provincias la jurisdicción (en cuanto potestad de regulación jurídica) sobre los yacimientos de hidrocarburos. del texto de la ley podemos extraer las siguientes conclusiones: • El diseño de las políticas energéticas a nivel federal continúa siendo responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional. caducidad y cualquier otra sanción prevista en los pliegos de bases y condiciones o en los contratos). no podemos dejar de reconocer cierta coherencia en quienes firmaron el acuerdo y. En efecto. (ii) exigir el cumplimiento de las obligaciones legales y/o contractuales que fueran de aplicación en materia de inversiones. En tal sentido. 77 . • Las provincias no podrán desconocer la sustancia de los derechos otorgados por el Estado Nacional sin violar los derechos adquiridos por los permisionarios. explotación racional de los recursos. y (iv) aplicar el régimen sancionatorio previsto en la Ley 17319 y su reglamentación (sanciones de multa. concesionarios o contratistas al amparo del artículo 17 de la Constitución Nacional.
78 . Ello es así. Para finalizar. en virtud de la delegación de la potestad de dictar el Código de Minería efectuada por las provincias a favor del Congreso Nacional. lo relativo a la jurisdicción. así como cualquier otro tipo de contrato de exploración y/o explotación de hidrocarburos otorgado o aprobado por el Estado Nacional. que sólo otorga a las provincias el dominio y no la jurisdicción sobre los yacimientos de hidrocarburos. aniquilar la distribución impuesta por el poder constituyente y el mecanismo institucional establecido por la Constitución Nacional. sin que ello afecte los derechos y las obligaciones contraídas por sus titulares. 3. diría expresamente. mantiene plena vigencia la facultad constitucional del Congreso de regular en su totalidad el régimen legal de las minas. La reforma de la Ley 17319 Según hemos visto supra. la nueva norma no podrá apartarse de lo dispuesto en el artículo 124 de la Constitución Nacional. decimos que no podrá apartarse de lo dispuesto en el artículo 124 por cuanto el Congreso no puede abdicar del derecho que le han otorgado los constituyentes de 1994. • Las regalías hidrocarburíferas deberán calcularse conforme lo disponen los respectivos títulos y se abonarán a las jurisdicciones a las que pertenezcan los yacimientos. entre las cuales se encuentran los yacimientos de hidrocarburos. entregando sus facultades a las jurisdicciones locales y. de esa forma. en el “Acuerdo Federal de los Hidrocarburos 2006” está prevista la constitución de una Comisión de Legislación Petrolera con la misión de introducir reformas sustanciales a la actual ley de hidrocarburos 17319.• Se transfieren a las provincias los permisos de exploración y concesiones de explotación de hidrocarburos. porque al regular únicamente lo atinente al dominio y excluir. Sin embargo.
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Marisol Gauna