Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20043773
Timestamp: 2019-09-22 23:19:45
Document Index: 85711905

Matched Legal Cases: ['artículo 148', 'artículo 148', 'artículo 148', 'artículo 148', 'artículo 148', 'artículo 13', 'artículo 53', 'artículo 53', 'artículo 148', 'Artículo 148', 'Artículo 148']

C-911 de 2012
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020043773CC-SENTENCIAC911201207/11/2012CC-SENTENCIA_C_911__2012_07/11/2012200437732012Sentencia C-911/12 (Bogotá DC, 7 de noviembre de 2012)
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVOD9096CONSTITUCIONALIDADJuan Guillermo Salgado AriasDemanda de inconstitucionalidad contra el artículo 148 del Código Sustantivo del Trabajo.Identificadores20020043774true64681Versión original20043774Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 148 del Código Sustantivo del Trabajo.
2.2 Cargos.
En opinión del interviniente, para el análisis del tema planteado en la demanda, deben tenerse en cuenta las siguientes premisas: (i) "la igualdad en materia salarial no es aritmética y, como la Corte Constitucional lo ha precisado, es admisible diferenciar el salario mínimo de los salarios superiores al mínimo; (ii) si bien, constitucionalmente se ha precisado que el salario es móvil, no existe un parámetro fijo para su determinación ni un indicador unívoco en la materia; (iii) el énfasis del salario mínimo está fundado en las repercusiones que tiene el mismo dentro de una economía como proyección de la intervención del Estado en la misma y aparece como límite estricto".
Tras efectuar un amplio recuento de la evolución histórica del concepto de salario mínimo, observa que éste opera como un límite, por lo que entraña desde la perspectiva social. Por el contrario los salarios superiores al mínimo, "se adecúan a una serie de circunstancias y variables, entre las que se puede incorporar a nivel del sector privado, la productividad. De esta manera se puede redargüir uno de los argumentos del actor en el sentido de entender la movilidad atada a la fórmula del salario mínimo".
Se ocupa luego del derecho al trabajo y su remuneración como parte del bloque de constitucionalidad, de la forma como se determina el salario mínimo en nuestro país y de la incidencia de los ajustes salariales en el principio de sostenibilidad fiscal. Finaliza refiriéndose a la posible omisión legislativa relativa y, luego de transcribir la jurisprudencia de esta Sala sobre el tema, expresa que dicha omisión no se presenta en este caso, puesto que "además de que no existe una norma específica sobre la cual se predique el cargo, el control de constitucionalidad versa sobre una revisión de los temas que contiene una norma en concreto y no sobre tópicos eventuales que deben incorporarse a la misma pero que no se incluyeron. A lo sumo, sería viable un exhorto que incluso, en este caso, puede resultar demasiado apremiante".
Por el contrario, los empleadores tienen la facultad para disponer el aumento anual del salario de los trabajadores que devenguen un salario mayor al mínimo legal, "teniendo en cuenta aspectos como la efectividad en la labor realizada, los méritos obtenidos por la actividad que realiza, los horarios que emplea para desempeñar sus funciones, el tiempo que lleva laborando, además de otros aspectos que pueda tomar el empleador como válidos para aumentar el salario", sin que ello contraríe el artículo demandado.
Se ocupa luego de los argumentos expuestos por el demandante los cuales, en su opinión, no demuestran "la inconstitucionalidad de la norma por su oposición a la Carta Fundamental, sino por el contrario, una serie de argumentaciones subjetivas que no son pertinentes", agregando que como lo ha dicho esta Corte, "la simple denuncia de una contradicción sin argumentos objetivos y verificables o como resultado de interpretaciones confusas del ordenamiento jurídico vigente sin relevancia constitucional, no obstante recurrir a la cita de normas superiores, no constituye una formulación concreta del concepto de la violación constitucional de lo cual se deriva una ineptitud sustantiva de la demanda".
Concluye manifestando que, en síntesis, "la movilidad de los salarios superiores al mínimo es un aspecto que no puede limitarse o circunscribirse al artículo 148 del Código Sustantivo del Trabajo, o para ser más precisos es un aspecto cuya solución demanda una regulación independiente. Por ello, en relación de (sic) la movilidad de los salarios superiores al mínimo no cabe predicar una omisión legislativa relativa del artículo 148 del Código sustantivo del Trabajo, sino una omisión legislativa absoluta".
En su concepto comienza por hacer un recuento sobre la forma como se fija el salario mínimo de los trabajadores en nuestro país, para advertir que dicha fijación del salario mínimo, no depende de la autonomía de la voluntad de las partes en el contrato de trabajo. Este salario así fijado, constituye un límite a la negociación de las partes, "irrenunciable por el trabajador e inmodificable por el empleador".
Por el contrario, los salarios superiores al mínimo entran en la órbita de la autonomía de la voluntad de las partes del contrato de trabajo y, por lo tanto, "la fijación de estos salarios no ocurre de manera automática, ni se deriva, a modo de consecuencia directa e insoslayable, de la fijación del salario mínimo, sino que es resultado de la negociación, sea individual o sea colectiva, de las partes".
Agrega que no son equiparables ni la situación fáctica ni la situación jurídica de la persona que recibe menos de un salario mínimo de la que recibe más de un salario mínimo. "En el primer caso, la situación fáctica del trabajador es tan precaria que amenaza su propia subsistencia y su situación jurídica le impide llegar a cualquier tipo de acuerdo sobre su salario, que es fijado por terceras personas y que es obligatorio tanto para él como para su empleador. En el segundo caso, la situación fáctica del trabajador no amenaza su propia subsistencia, ya que satisface unas exigencias mínimas y su situación jurídica le permite llegar a cualquier tipo de acuerdo sobre su salario, que debe ser fijado por él y su empleador".
Concluye afirmando que el artículo demandado, no cumple los requisitos que la jurisprudencia ha señalado para que se configure una omisión legislativa relativa, "dado que la situación de los trabajadores que devengan menos de un salario mínimo y la situación de los trabajadores que devengan más de un salario mínimo no son equiparables y, por lo tanto, no se trata de situaciones análogas o asimilables; y que existe un principio de razón suficiente que justifica la diferencia, relacionado con las necesidades mínimas de los trabajadores".
3.2.2. En el presente caso, se trata del artículo 148 del Código Sustantivo del Trabajo, a cuyo tenor"la fijación del salario mínimo modifica automáticamente los contratos de trabajo en que se halle estipulado un salario inferior". Este precepto, en opinión del demandante, resulta insuficiente en la medida en que excluye, del supuesto de hecho que regula, los salarios superiores al mínimo. La existencia de esta norma, conduce a que el primer requisito para la existencia de una omisión legislativa relativa, se entienda cumplido.
3.3.3. Sobre este particular es claro, lo expresado por el Ministerio Público en su concepto:"ni la situación fáctica ni la situación jurídica de una persona que recibe menos de un salario mínimo, son equiparables a la situación fáctica y a la situación jurídica de una persona que recibe más de un salario mínimo. En el primer caso, la situación fáctica del trabajador es tan precaria que amenaza su propia subsistencia, y su situación jurídica le impide llegar a cualquier tipo de acuerdo sobre su salario, que es fijado por terceras personas y que es obligatorio tanto para él como para su empleador. En el segundo caso, la situación fáctica del trabajador no amenaza su propia subsistencia, ya que satisface unas exigencias mínimas, y su situación jurídica le permite llegar a cualquier tipo de acuerdo sobre su salario, que debe ser fijado por él y su empleador".[2]
"Ello significa que los porcentajes de aumentos salariales para los servidores de las escalas superiores no puede ser igual o mayor a los de los incrementos para los de las escalas inmediatamente inferiores. De lo contrario se desconocerían los principios de equidad y progresividad. Además, entre una y otra escala o grado salarial, las distancias entre los porcentajes de aumento no pueden ser grandes con el fin de evitar diferencias desproporcionadas. Dentro de estos criterios generales corresponde a las autoridades competentes determinar el porcentaje de aumento para cada escala o grado salarial. Escapa a la órbita de la Corte señalar porcentajes específicos. Ello corresponde al margen de discrecionalidad de las autoridades competentes.
En el caso de los servidores públicos que devengan los salarios más altos la situación es diferente. Por una parte, los elementos de juicio fácticos apreciados por la Corte muestran que su situación no es tan gravosa como aquella en la que se encuentra gran parte de la población, y por otra, el contexto jurídico indica que no se trata de sujetos que por su situación, relativamente mejor que la de los desempleados que no gozan efectivamente del derecho al trabajo y que la de las personas en diferentes circunstancias de pobreza amparadas por normas constitucionales expresas, deban recibir una protección constitu­cional reforzada, como sí ocurre en el caso de los servidores que devengan los menores salarios por las razones anotadas".[3] (Subraya fuera del original)
"Este análisis del principio de igualdad se separa de una línea de precedentes sostenida por esta Corporación en la cual se ha dicho que del artículo 13 de la Carta se deduce que hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales[4]. Y no son igualmente afectados por el fenómeno inflacionario los servidores públicos que ganan el equivalente a 1 o 2 salarios mínimos que aquellos que reciben entre 10 y 20 salarios mínimos, por citar tan sólo un ejemplo. Aunque en términos matemáticos abstractos el fenómeno inflacionario es igual para ambos grupos, en términos cualitativos reales el impacto de éste es sustancialmente diferente puesto que la inflación incide en mucho mayor grado sobre la capacidad de las personas de menores ingresos para acceder a los bienes y servicios. Partir de una concepción matemática de la igualdad no se compadece con una jurisprudencia consistente en la cual ésta ha sido desestimada".[5] (Subraya fuera del original)
"Las condiciones de la limitación del derecho a mantener el poder adquisitivo del salario de los servidores públicos deben respetar el principio de proporcionalidad de tal forma que no se desconozca el núcleo esencial del derecho. Sería desproporcionada una limitación que manifiestamente comprometiera el mínimo vital de los asalariados públicos y de sus familias puesto que la función social del salario se vería completamente recortada. Semejante limitación sería desproporcionada por excesiva. Ahora bien, entre menor sea el salario, prima facie, menor es la capacidad para soportar una limitación de dicho derecho. De ahí que la Corte haya señalado que respecto de los salarios bajos el ajuste debe mantener el poder adquisitivo y que respecto de los salarios medios y altos la limitación admisible debe respetar el principio de progresividad de tal forma que a menor capacidad económica, menor sea el grado de la limitación. Esto es especialmente relevante para respetar el núcleo esencial del derecho de quienes devengan salarios medios. Advierte la Corte que el principio de progresividad no tiene un alcance circunscrito al ámbito tributario. En efecto, la progresividad de las cargas que se imponen en relación a la limitación del derecho a mantener el poder adquisitivo del salario se justifica en los principios de solidaridad, y de igualdad sustancial. Según tales principios, quienes más tienen o reciben, tienen mayor capacidad de contribuir, no solo a financiar los gastos del Estado, sino también a soportar en mayor medida limitaciones a sus derechos de contenido socio-económico si ello fuere necesario para mantener o crear las condiciones que permitan que el Estado cumpla sus fines sociales, en especial respecto de los menos favorecidos"[6]
3.4.1. Finalmente, se identifica que el deber constitucional específico al que aparentemente hace referencia el actor, se edifica a partir del artículo 53 de la Constitución, el cual al enunciar los principios mínimos fundamentales que deberá contener el estatuto del trabajo que debe expedir el Congreso de la República, incluye dentro de dichos principios la"remuneración mínima, vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo". La exégesis de este principio, ha dado lugar a una línea jurisprudencial sostenida que consagra el derecho a mantener la capacidad adquisitiva de los salarios.[7]
3.4.2. Sin embargo, este derecho, como lo ha sostenido esta Corporación no es un derecho absoluto:"El derecho a mantener el poder adquisitivo del salario no es un derecho absoluto, como no lo es ningún derecho en un Estado Social y Democrático. La conceptualización del Derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario como Derecho limitable es un desarrollo específico de la doctrina según la cual los Derechos, aún los fundamentales, no son absolutos, de lo que se deriva la posibilidad de armonizarlos para asegurar en la práctica su ejercicio efectivo. Así lo ha reiterado esta Corporación cuando ha interpretado Derechos de diversa naturaleza y contenido"[8]. De este modo, el derecho a la conservación del poder adquisitivo de los salarios, no puede entenderse como un derecho a fijar un porcentaje de incremento igual para todos los salarios, sin excepción. La correcta interpretación de este derecho, implica que la remuneración de los trabajadores debe ser justamente "móvil", virtualmente variable, mas no se traduce en que el porcentaje de ajuste que refleje dicha movilidad, deba aplicarse por igual a los distintos valores que puede tener la remuneración salarial de los trabajadores.
3.4.4. De lo expuesto se infiere que el artículo 53 de la Constitución, cuando habla de salario"móvil", sí está consagrando el derecho a mantener el poder adquisitivo del salario, pero que este mandato no puede interpretarse, como lo hace el demandante, en el sentido en que todos los salarios superiores al mínimo deben ajustarse anualmente en el mismo porcentaje en que haya sido incrementado aquél. Agréguese por último, que la norma acusada no desconoce el Convenio 111, aprobado por Colombia mediante la Ley 22 de 1967, como lo alega el demandante, al generar una distinción de trato injustificada entre los trabajadores a quienes se aplica por ley el incremento de su salario de forma automática y aquellos trabajadores que no gozan de la misma condición o beneficio, por las razones que han sido expuestas.
3.4.5. De esta manera, la Sala Plena de la Corte Constitucional concluye que no se presentó una omisión legislativa relativa en el artículo 148 del Código Sustantivo del Trabajo, dado que no existe un deber específico y concreto de orden constitucional, que obligue a adoptar una regulación en el sentido propuesto por el accionante, toda vez que - como se demostró - no es igual la situación de los trabajadores que ganan menos de un salario mínimo de aquellos que ganan más de dicho salario, lo que justifica que exista una regulación jurídica diferente entre unos y otros que no quebranta el principio de igualdad ni implica un tratamiento discriminatorio entre los mismos.
III.DECISIÓN.
Exequible Artículo 148 CODIGO_SUSTANTIVO DEL TRABAJO_1951_07/06/1951
Exequible Artículo 148 DECRETO_2663_1950_05/08/1950
[4] Cfr. Corte Constitucional, Sentencias C-171 de 1993 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, C-183 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, y C-327 de 1999 M.P. Carlos Gaviria Díaz. En relación con el principio de igualdad entendido no como la identidad absoluta entre dos o más personas, la Corte Constitucional ha señalado que: "...Se supera también, con la igualdad material, el igualitarismo o simple igualdad matemática. (Corte Constitucional, Sentencia C-221 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Se trataba del análisis de exequibilidad parcial del articulo 6 del Decreto 119 de 1991). En otra sentencia en que también se analizó la igualdad como concepto relacional y no matemático, esta Corporación manifestó que: (...) en materia del derecho a la igualdad y sus concretas implicaciones, ...este no se traduce en una igualdad mecánica y matemática sino en el otorgamiento de un trato igual compatible con las diversas condiciones del sujeto; y que la aplicación efectiva de la igualdad en una determinada circunstancia no puede ignorar o desconocer las exigencias propias de la diversidad de condiciones que afectan o caracterizan a cada uno de los sujetos. Sin que ello sea en manera alguna óbice para hacerlo objeto de tratamiento igualitario." (Corte Constitucional, Sentencia C-536 de 1999, M.P. Fabio Morón Díaz. Se trataba del análisis de la objeción de inconstitucionalidad formulada por la Presidencia de la República sobre los artículos 4º, 6º, 8º, 10º literales a), b) y d), 11 y 12 del proyecto de ley No. 47/97 Senado y 048/96 Cámara "por el cual se establece la cuota de fomento para la modernización y diversificación del subsector tabacalero y se dictan otras disposiciones"). En el mismo sentido ver las Sentencias T-442/92 T-432/92; T-441/92; T-567/92; C-013/93; C-021/93; T-307/93; T-510/93; T-564/93; T-100/94; T-166/94; T-402/94; T-144/95; T-298/95; C-351/95; T-352/97; C-384/97; T-390/98; T-643/98.