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Revista DFENSOR: 9/05/10 - 16/05/10
Los jóvenes y la justicia juvenil: entre el control formal y el informal
Elena Azaola Garrido*
Diversos estudios desarrollados por el profesor Jean-Louis del Bayle, director del Centro de Estudios e Investigaciones sobre la Policía de la Universidad de Toulouse, Francia, giran en torno al fenómeno de la delincuencia juvenil, el cual constituye uno de los que más preocupan a las policías en casi todas las principales ciudades del mundo. Al interrogarse sobre este fenómeno Bayle propone una tesis en la que considera que la delincuencia juvenil no es un fenómeno solamente de este sector, sino una manifestación de un proceso más amplio al que se ha denominado la crisis de los referentes o de los procesos de socialización en la sociedad contemporánea. Esta problemática afecta a los procesos que llevan a las y los individuos a aceptar las reglas cuyo respeto se considera beneficioso tanto para la sociedad como para quienes la constituyen; esto es, al control social. Es decir, la crisis de los referentes supone cuestionamientos al contenido de esas referencias normativas y, sobre todo, al mecanismo que lleva a los individuos a tenerlas en cuenta y a adaptarse a ellas.
Control social interno y externo
Entre los diversos tipos de control social se distinguen el interno y el externo. El control social interno, o interiorizado, es el que resulta de una autodisciplina de las personas, la cual está fundada en un sentimiento interno de obligación moral sin más consecuencias, en caso de desviación social, que un sentimiento íntimo de culpabilidad.
De acuerdo con el sociólogo y antropólogo francés Émile Durkheim, los seres humanos se adaptan a las prescripciones de las reglas morales simplemente porque éstas ordenan, ello con independencia de las posibles consecuencias de los actos prescritos.
En contraste, el control externo se basa en las presiones sociales exteriores más o menos apremiantes que hacen que las personas se adapten a las normas establecidas. Un primer tipo de control externo, de carácter informal, es el que ejercen de forma directa e inmediata sobre otras personas quienes componen un grupo, sancionando mutuamente su conformismo ante las normas o su desviación social. El rumor, el chisme o el linchamiento pueden considerarse formas de este control.
Este tipo de control externo se distingue de otro que es calificado como organizado o institucionalizado. En este caso la presión social ya no es directa, sino que está mediatizada por una institución más o menos organizada que se manifiesta en caso de desviación social y que interviene en nombre de la colectividad. Una forma específica de este tipo de control es el policial, que incluso puede recurrir al uso de la fuerza si es necesario. También en esta clasificación se encuentran las instituciones de justicia juvenil.
En resumen, se puede decir que las sociedades tradicionales están muy integradas debido a que mantienen un sistema de control social que combina el factor informal interiorizado con el control social inmediato, el cual se basa en la vigilancia que ejercen los unos sobre los otros. Las sociedades modernas, en cambio, se caracterizan por un debilitamiento del rol tanto de las modalidades interiorizadas de control como de las modalidades comunitarias de control social.
Instituciones de integración social en crisis
El filósofo francés Gilles Lipovetsky señala que en unos cuantos decenios hemos pasado de ser una civilización del deber a una cultura de la felicidad subjetiva. Agrega que la edad postmoralista coincide con la deslegitimación de las obligaciones hacia la colectividad y la resignificación social de la esfera estrictamente interindividual de la vida ética amputada de su carácter imperativo.
Es el derecho a vivir por uno mismo el que sale como gran vencedor, mientras que se debilitan los ideales de sacrificio y los principios de obediencia incondicional al deber. En adelante, toda forma de reprobación social será rechazada y deslegitimada al interpretarse como la manifestación de una intrusión injustificada e inaceptable en la esfera de la vida privada. Sin embargo, también es cierto que, al tiempo que se debilitan los procesos de autocontrol individual, se multiplican las reglamentaciones jurídicas externas.
De manera significativa, la falta de crédito de los modos de regulación interna se relaciona también con la crisis de las instituciones socializadoras como la familia, la escuela o la Iglesia, a través de las cuales las personas aprenden, de manera manifiesta o latente, normas y valores sociales que son interiorizados y que adquieren un carácter obligatorio.
Todas estas transformaciones constituyen la crisis de socialización referida al inicio, la cual supone el debilitamiento de los mecanismos sociales tradicionales que aseguran la transmisión, la interiorización y la observación de un cierto número de normas que rigen los comportamientos sociales.
Pero a esta crisis de las instituciones de integración social, sobre todo de la familia y de la comunidad, se añade la crisis de la función socializadora del trabajo y de la integración profesional, la cual se debe a la inestabilidad y precariedad de las relaciones laborales y, sobre todo, al desempleo.
Desde su perspectiva teológica y filosófica, Reginaldo Garrigou-Lagrange plantea la existencia de una“moral flexible” o de un “relajamiento del autocontrol”, que ha tenido un mayor impacto en las conductas de la población adolescente dado que a esa edad se está más propenso a traducir en actos lo que se percibe en el ambiente.
En los sectores acomodados o de clase media esta relajación de las inhibiciones habría tenido especialmente consecuencias en lo que respecta a las costumbres sexuales y al consumo de psicotrópicos, mientras que entre las y los adolescentes de barrios marginales un control más flexible de sí mismos se traduciría en actos de delincuencia y especialmente en violencia.
Los mecanismos de autocontrol se debilitan también por la influencia de las demandas que ejerce la sociedad de consumo y que son susceptibles de exacerbar las frustraciones derivadas del desajuste entre las incitaciones al consumo y la insuficiencia de los medios que permiten satisfacerlas.
Una de las consecuencias más desafortunadas de estas situaciones es la creciente judicialización de la vida social. Las instituciones de policía están cada vez más involucradas con jóvenes cada vez de menor edad en situaciones que antaño habrían sido resueltas de manera informal en la familia, la escuela o la comunidad.
Junto con el profesor Jean-Louis del Bayle, el argumento que intentamos sostener es que la situación de las y los jóvenes y de sus “desviaciones sociales” son en su mayor parte una consecuencia de los cambios que afectan al conjunto de las sociedades modernas y no solamente a ellos, por lo que deben diseñarse respuestas integrales que tomen en cuenta todo el contexto antes descrito.
En conclusión, la propuesta es que desde quienes destacan la importancia de las políticas de prevención –que en el fondo estarían orientadas a restaurar las formas interiorizadas de control social–, como desde los programas de policía comunitaria o de proximidad, nuevamente se logre movilizar a la sociedad para que sus miembros contribuyan a su propia seguridad y no se abandonen de forma pasiva y exclusiva a la intervención de instituciones especializadas, las cuales a menudo se ven desbordadas por las expectativas excesivas que de ninguna manera pueden satisfacer.
Experiencias de reformas del sistema de justicia juvenil
En distintos países se ha hecho una profunda revisión de los sistemas de justicia juvenil, entre los que destacan Reino Unido, Nueva Zelanda y algunos estados de la Unión Americana. De igual manera, está en curso una serie de recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las instituciones de justicia juvenil en América Latina.
Una de las principales coincidencias encontrada en todos estos casos tiene que ver con el desencanto cada vez mayor y los efectos indeseados que ha generado el internamiento masivo de jóvenes, recurso que infructuosamente ha sido utilizado para contener la delincuencia juvenil.
En consecuencia, los sistemas de justicia juvenil han sido sometidos a revisiones radicales como en el caso del estado de Nueva York. De acuerdo con el reporte recientemente elaborado por el Instituto de Justicia Vera1, desde la década de 1980 el sistema de justicia juvenil en ese estado se ha basado en un modelo punitivo- correccional que ha fracasado en el cumplimiento de sus dos responsabilidades principales: preservar la seguridad de las y los ciudadanos, y cuidar y rehabilitar a las y los jóvenes.
Como punto de partida, reconocen que actualmente no cuentan con un sistema estandarizado para determinar si un joven que se encuentra bajo custodia realmente representa un riesgo para la seguridad pública. Sin embargo, saben que a la mayoría de quienes se encuentran en ese sistema (53%) sólo se les han imputado ofensas menores y que el apoyarse excesivamente en el internamiento no protege debidamente a la sociedad de la delincuencia juvenil.
También, y aunque no disponen de datos recientes, saben que los índices de reincidencia son sumamente elevados ya que, del total de personas jóvenes que entre 1991 y 1995 fueron dadas de alta del sistema estatal, 75% volvió a ser arrestado, 62% fue nuevamente sentenciado y 45% regresó a prisión dentro de los tres años posteriores a haber sido puesto en libertad.
El reporte subraya que esta aproximación punitiva también está afectando a las y los jóvenes a quienes debe servir, ya que se les envía a centros de internamiento ubicados a cientos de millas de las comunidades donde tienen sus redes de apoyo, y las instituciones no cuentan con los recursos suficientes y a menudo fracasan en mantener a las y los jóvenes seguros.
Incluso en algunos centros de internamiento los y las jóvenes sufren violencia extrema y abusos. Una investigación reciente realizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos encontró, por ejemplo, que ante incidentes menores, el personal respondía de manera consistente con fuerza excesiva, lo que ocasionaba que resultaran seriamente heridos varios jóvenes.
No sorprende, entonces, que las y los jóvenes no solamente dejen los centros de internamiento sin haber recibido el apoyo que requieren para convertirse en ciudadanos respetuosos de las leyes, sino que salgan incluso más enojados, temerosos y violentos que como entraron.
Ese estudio concluyó que, encarcelando a miles de adolescentes en sus centros, algunos de los cuales se asemejan claramente a las prisiones de adultos, el estado de Nueva York está dañando a su población adolescente, gastando el dinero de los contribuyentes y provocando mayores daños a los ciudadanos. Por lo tanto, la agencia estatal encargada de supervisar el sistema de establecimientos juveniles en Nueva York se dio a la tarea de reparar este sistema dañado.
Para acelerar y reproducir estos esfuerzos de reforma, el gobernador David Paterson creó en 2008 un grupo especial denominado Task Force on Transforming Juvenile Justice, que fue integrado por expertos nacionales, estatales y locales, tanto del gobierno como de las agencias de procuración de justicia, académicos, organizaciones comunitarias, etc. Este grupo tiene como mandato transformar el sistema existente en uno que promueva la seguridad pública, responsabilice a las y los jóvenes por sus acciones y produzca resultados positivos tanto para ellas y ellos como para sus familias.
Con la asistencia técnica y el apoyo logístico del Instituto Vera, el grupo comenzó su trabajo reuniendo datos, haciendo entrevistas y consultando a las y los expertos nacionales y locales en justicia juvenil. El grupo también visitó programas y centros de internamiento, tanto en Nueva York como en otros estados, con el propósito de obtener datos de primera mano acerca de los servicios que proveen a la población juvenil que se encuentra en custodia.
Con base en sus hallazgos, el grupo formuló una serie de recomendaciones y propuso estrategias específicas encaminadas a conformar un sistema eficaz de justicia juvenil, cuya idea central es que privar de la libertad a las y los jóvenes debe ser el último recurso y tiene que estar reservado sólo para quienes representan una seria amenaza ante la cual no exista otro modo de proteger debidamente a la sociedad. En todos los otros casos, concluye el estudio, tanto las y los jóvenes como la sociedad pueden ser atendidos a través de los programas y servicios comunitarios que cuentan con las mejores prácticas en la materia.
El grupo de trabajo confió en que los líderes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial reconozcan que el sistema de justicia juvenil de Nueva York se halla en crisis, por lo que utilizarán el reporte como una herramienta para transformarlo de forma urgente.
Del mismo modo, otro estudio llevado a cabo en Reino Unido llega a conclusiones muy semejantes, y recomienda el entrenamiento no coercitivo de las y los jóvenes en programas que los integren a sus comunidades en lugar de prescribir de manera indiscriminada las medidas de internamiento.2
Para el caso de América Latina, la CIDH prepara una serie de recomendaciones dirigidas a los sistemas de justicia juvenil en la región, por lo que hay que esperar que el análisis contenga una revisión profunda y similar a la de otros países.
* Antropóloga y psicoanalista; investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.
1 Task Force on Transforming Juvenile Justice, Charting a New Course: A Blueprint for Transforming Juvenile Justice in New York State, Nueva York, Vera Institute of Justice, 2009, disponible en www.vera.org/download?file=2944/Charting-a-new-course-A-blueprint-for-transforming-juvenile-justice-in-New-York-State.pdf página consultada el 16 de abril de 2010.
2 James McGuire, “Comparing coercive and non-coercive interventions”, en Transition to Adulthood, núm. 2, febrero de 2010, disponible en http://www.crimeandjustice.org.uk/opus1755/T2A_coercive.pdf página consultada el 16 de abril de 2010.
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Sara Patricia Orea Ochoa*
La reforma al artículo 18 constitucional1 en diciembre de 2005 y su consecuente instrumentación a nivel nacional ha representado para el derecho penal no sólo una transformación de fondo por el cambio de paradigma, que dota de un debido proceso judicial a niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal y los considera sujetos de derechos y deberes; sino también porque, desde el punto de vista de la academia y de la praxis, la justicia juvenil ha dejado de considerarse como una disciplina sui generis, administrativa-penal y de categoría inferior dentro de la ciencias jurídico-penales, y se ha convertido en “protagónica” en diversos foros. Hoy la apuesta en nuestro quehacer cotidiano es por legitimar formal y materialmente el contenido e interpretación de la norma, y aspiramos al modelo de un Estado constitucional de derecho o modelo garantista, el único capaz de proteger verdadera y efectivamente los derechos fundamentales de la población juvenil que por su estatus se encuentra en desventaja respecto del resto de la sociedad.2
Los jueces y la justicia juvenil
La lucha por el reconocimiento de los derechos de la infancia, y en especial el de su dignidad humana, ha sido larga y ardua. Desde el modelo tutelar que prevaleció en el siglo pasado y a principios del presente, la victimización era selectiva y arbitraria; en cambio, el derecho penal juvenil3 asume hoy su verdadera función, que es legitimar el poder punitivo acotándolo, porque nadie pone en duda que todo contacto con el derecho penal es estigmatizante. Sabemos que la exacerbación del poder punitivo del Estado conlleva “a la confesión expresa de la incapacidad estatal para resolver su conflictividad social”, la cual no resuelve a través del derecho penal emergente.
No obstante las deficiencias de la Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal, no se puede negar que ésta limita ese poder a supuestos específicos al incluir un catálogo de delitos graves; o como aspecto positivo al pretender reducir la detención preventiva que, como institución procesal marcadamente inquisitorial, hace padecer a quien formalmente no ha sido declarado culpable y que se encuentra preso “por si las dudas”.
La ley da la posibilidad de que los juzgadores optemos por medidas cautelares diversas al internamiento; por ello, el modelo que nos permite proteger derechos y contener el poder punitivo del Estado es el sistema de garantías o sistema constitucional de derecho.
Los juzgadores debemos alejarnos radicalmente del paradigma clásico del Estado de derecho condicionado a “la letra fría de la ley”, porque la legitimidad formal resulta insuficiente para la tarea de los jueces actuales, que contrasta con la del pasado y de algunos en el presente que juegan el papel de juzgador formal, con función unívoca, declarativa, mecánica y pasiva.
Por lo tanto, nuestra actividad no se condiciona a vínculos formales sino sustanciales, que están establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales. Pretendemos una nueva acepción de validez que dé coherencia a nuestra actividad con base en interpretaciones más allá del contenido de la norma y su producción, eligiendo significados compatibles con el marco constitucional bajo el principio de garantizar los derechos fundamentales, con lo que aumentará la legitimidad de nuestra actuación frente a la sociedad.
En la actualidad los juzgadores jugamos un papel que no es del todo digno; ilustrémoslo con un ejemplo de Domingo Lovera: “Las marionetas son seres inanimados. Un ventrílocuo tras ellas, sin embargo, es capaz de hacerlas cobrar vida. La marioneta, manipulada por el ventrílocuo, es la boca que pronuncia las palabras del artista. Si tuviésemos que dividir el escenario del poder de una democracia entre marionetas y ventrílocuos, en general diríamos que las primeras son los jueces, mientras los segundos los legisladores”. Por eso Lovera afirma que en el contexto de nuestra democracia los jueces son vistos con desconfianza, esperamos de ellos –precisamente porque desconfiamos– que apliquen, y que no traicionen, las palabras de la ley. Esta cita concluye con una sentencia fatal: “las palabras de la ley nacen en el legislador y las pronuncian los jueces, seres inanimados que no deben moderar ni su fuerza ni su rigor”.
Pero ésa no es nuestra tarea como jueces, sino la búsqueda de una actuación justa, que esté basada en una teoría que proponga una interpretación racional y que entrañe sensibilidad con firmeza. A decir de Joao Batista Costa Saraiva, no somos juzgadores “menores” de una jurisdicción subalterna, como se pensó en la era de la doctrina de la Situación Irregular; si hay un nuevo derecho debe haber un nuevo juez que dirija su función con base en un Estado de derecho social, democrático y constitucional.
En este sentido, un juez tiene que indignarse con la injusticia, no debe dejar de conmoverse con el dolor de los justiciables pensando que con ello pierde la condición de juez. Aquellos que se endurezcan en su función, que no tengan compasión, no servirán más para ser juzgadores porque no podrán velar por los derechos y las necesidades de la niñez.
Derecho penal para personas adolescentes
Dentro de su proceso de transformación el nuevo derecho penal para adolescentes, además de cimentarse en dotar de un debido proceso a este sector particular de la población, debe buscar que sus operadores judiciales erradiquen la vieja práctica de las interpretaciones formales y que estén conscientes de los contenidos materiales en la Constitución mexicana y en los tratados internacionales.
Pero además –y coincido con Mary Beloff– el derecho penal juvenil aspira fundamentalmente, por su carácter especializado, “a impactar pedagógicamente al joven que ha infringido la norma. La especialización conlleva a armonizar la introyección de responsabilidad en las personas adolescentes, esto es, que visualicen claramente–tanto en la tramitación del proceso como en la emisión de la sentencia– que la sanción impuesta es la respuesta del Estado por infringir el orden comunitario, y que fue su comportamiento el que activó el dispositivo coactivo estatal; retomando a Luigi Ferrajoli, la violencia del Estado no puede ser mayor a la violencia que infringe el imputado”.
Si como juzgadores no logramos transmitir el carácter pedagógico del enjuiciamiento –y continúo citando a Beloff–, el adolescente puede formarse una idea errónea de la verdadera significación del sistema penal por violentar una norma, confundiendo la reacción y asimilándola a un acto represivo tutelar donde “por cometer un delito lo mandan a la escuela, es protegido”.
Esta concepción la percibe de la misma manera la sociedad, que erróneamente ve a la justicia juvenil como un sistema blando sin advertir que tras la cortina proteccionista se oculta el verdadero carácter inquisitivo y lesivo a los derechos humanos. Si mantenemos escondido el carácter proteccionista, sin dotar de elementos pedagógicos al proceso mismo, entonces no existe justificación alguna para aplicar un sistema de responsabilidad penal juvenil.4
Ahora bien, paralelo a ello, el juez no sólo debe ser garante de la protección integral de los derechos fundamentales como parte de un derecho penal mínimo que Luigi Ferrajoli establece en su libro Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. También debe velar por la efectividad de los derechos que por su condición de persona en desarrollo le asisten, los cuales son reconocidos por la normativa internacional y cobran efectiva validez con la aplicabilidad de las medidas sancionadoras cuyo fin es eminentemente educativo, de prevención especial y que tienden al bienestar del adolescente; además de la trascendencia de las consecuencias al momento de elegir qué medida imponer, el número de éstas, la posibilidad de aplicar varias, cual será su duración y cómo sería su sustitución y modificación.
De ahí que los fines de las medidas que se impongan tengan importantes efectos que propicien a futuro en el adolescente un equilibrio entre sus condiciones de vida individual, familiar y colectiva; lo doten de herramientas necesarias para su inserción familiar y social que se traduzcan en el respeto a los derechos y libertades de terceros; y le permitan reconocer los valores y las normativas compartidas por la sociedad. En dichos efectos se concreta y refleja la vertiente educativa del sistema.
Sin embargo, el sistema integral al que alude la Constitución no se limita al quehacer jurisdiccional, sino que también propone un conjunto de políticas sociales a partir de las cuales debe imperar una serie de programas de asistencia social en los que coadyuven no sólo organizaciones gubernamentales sino la propia sociedad civil, pues no debe olvidarse que nuestros adolescentes forman parte de la sociedad.
Por lo tanto, no debemos sumergirnos en el discurso mediático de la disminución de la edad penal, como solución milagrosa a una conflictiva social y multifactorial, por el sólo hecho de que un adolescente cometa un delito de gran impacto social; ello iría en contra de un Estado social y democrático de derecho. Por el contrario, debemos buscar y luchar por la tutela de derechos fundamentales que son inherentes al concepto ser humano y a su dignidad intrínseca.
Concluyo, entonces, que si no basamos nuestro actuar en estas premisas ingresaremos a la sentencia de no ser perdonados porque, como dijo Eugenio Raúl Zaffaroni, “el derecho penal no perdona a quienes lo traicionan”.5
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* Magistrada de la Primera Sala en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF).
1 La reforma constitucional incluyó una regulación de la justicia para las y los adolescentes en el país.
2 En el campo de selección de cuadros de operadores se pretende alcanzar las expectativas de un derecho penal constitucional. Al respecto, consulténse las obras: Héctor Fix-Fierro et al., Jueces y derecho. Problemas contemporáneos, México, Porrúa, 2004; Luigi Ferrajoli, “Pasado y futuro del Estado de derecho”, en Miguel Carbonell, Neoconstitucionalismo(s), 2ª ed., Madrid, Trotta, 2005; Gerardo Landrove Díaz, Introducción al derecho penal de menores, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2003; Sara Patricia Orea Ochoa, “El nuevo paradigma en el sistema de justicia penal”, ponencia dictada en el Foro del I Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal, Hacia una Justicia más Humana y Moderna, México, 2006; y Sara Patricia Orea Ochoa, “Principio acusatorio y justicia de menores”, ponencia dictada en el Foro de la Reforma de Adolescentes, Monterrey, 2005.
3 El desarrollo histórico mexicano sobre las tendencias en materia de justicia para adolescentes es ampliamente tratado y puede ser consultado en las siguientes obras: Laura Sánchez Obregón, Menores infractores y derecho penal, México, Porrúa, 1985, pp. 29-57; Luis de la Barreda Solórzano, “El menor ante el derecho penal”, en A: revista de ciencias sociales y humanidades,vol. III, núm. 5, México, UAM-Azcapotzalco, enero-abril de 1982, donde el autor cuestiona el carácter de inimputable del menor y las críticas del sistema tutelar de parte de Zulita Fellini en el artículo “Organismos de control social y delincuencia juvenil”, en Luis de la Barreda Solórzano et al., Ensayos de derecho penal y criminología en honor de Javier Piña y Palacios, México, Porrúa, 1985; y Esteban Righi, en el artículo “Acerca de la defensa social y el régimen de menores”, en III Jornadas Latinoamericanas de Defensa Social, México, Inacipe, 1980.
Sobre el cambio de paradigma y los fundamentos epistemológicos, consúltense: Mary Beloff, “Nuevos sistemas de justicia juvenil en América Latina 1985-2006”, en Unicef, Justicia y Derechos del Niño, núm. 8, Santiago de Chile, Unicef, 2006; Convención sobre los Derechos del Niño; Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad); Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing); Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad; Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal; y Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
4 Sobre los fundamentos de la responsabilidad penal de niñas, niños y adolescentes, véanse las siguientes obras: Zulita Fellini, Derecho penal de menores, Buenos Aires, Ad-Hoc, 1996; Luis Ramón Ruiz Rodríguez y José Ignacio Navarro Guzmán, Menores. Responsabilidad penal y atención psicosocial,Valencia, Tirant Lo Blanch, 2004; Alicia Azzolini Bincaz, “Los derechos humanos de los menores frente al derecho penal”, en Memoria del Curso de Actualización en Materia de Impartición de Justicia de Menores Infractores,México, Segob/cm, 1997.
5 Cita obtenida de la conferencia El Humanismo en el Derecho Penal, dictada por Eugenio Raúl Zaffaroni en el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal el 22 de mayo de 2008.
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Claroscuros en el desarrollo del sistema de justicia juvenil en México
Rubén Vasconcelos Méndez*
La reforma de diciembre de 2005 al artículo 18 de la Constitución mexicana implicó reconocer a las y los adolescentes acusados de cometer delitos el derecho al debido proceso y la creación de un programa normativo de respuestas concretas para abordar estos casos, dirigido a prevenir y controlar la delincuencia juvenil y a apoyar a quienes están inmersos en ella. Ambas cuestiones imponen, como premisa inicial, comprender que el nuevo sistema de justicia juvenil no es la continuación del modelo tutelar ni un régimen penal para adultos atenuado, sino un sistema de responsabilidad especializado que exige la protección cuidadosa, estricta y reforzada de los derechos de los adolescentes. Asimismo, presupone ciertas consideraciones relacionadas con el trato que el ordenamiento jurídico debe dar a las personas en sus diversas etapas de desarrollo y el funcionamiento del sistema penal que resulta “modalizado” en virtud de la edad de aquéllas.
A cuatro años de que entró en vigor la reforma del artículo 18 constitucional, puedo asegurar que se han producido dos líneas contrapuestas en el proceso de desarrollo de la justicia para adolescentes en México.
La primera ha generado importantes modificaciones que han ampliado y profundizado los derechos de los adolescentes dentro del proceso judicial, principalmente mediante el desarrollo del principio de alternatividad o desjudicialización que forma parte primordial del sistema especializado.
La segunda –o más profusa–, generada por la permanencia y continuo asalto de ideologías penales ajenas al modelo consagrado y por los problemas de inseguridad que actualmente padece el país, ha producido y alentado cambios que en algunos casos no sólo no concretan ni desarrollan sino que contrarían los postulados básicos del programa normativo constitucional; y en otros hacen retroceder las regulaciones iniciales, afectando la configuración de un debido proceso para adolescentes que había sido conformado por normas especiales que establecían límites más estrechos al Estado y a sus órganos cuando decidían intervenir en la vida de los adolescentes.
En este artículo desarrollaré algunos ejemplos concretos de la manera en que se ha plasmado, a manera de normas, esta segunda orientación en diversas legislaciones estatales.
Avances y retrocesos en el sistema de justicia para adolescentes
En los últimos cuatro años se han realizado reformas importantes en las leyes especializadas estatales tendientes a profundizar algunos de los aspectos más característicos del sistema, como ha ocurrido en Aguascalientes (2008), Nuevo León (2007), Jalisco (2007) y Chiapas (2009).
Esas modificaciones plantearon aumentar el catálogo de derechos, definir principios, regular de forma precisa las normas del proceso especializado, profundizar en la vía de la justicia alternativa, y establecer las funciones de los equipos técnicos y la forma en que se ejecutan las medidas sancionatorias.
Sin embargo, en este periodo también se ha observado un retroceso en torno a ciertas normas reguladoras del proceso especializado. A continuación voy a desarrollar dos ejemplos que, desde mi parecer, implican la retracción de la intención de limitar fuertemente, en virtud de la condición de quienes son sujetos al sistema, cualquier tipo de intervención estatal sobre los derechos de los adolescentes.
a) Restablecimiento de supuestos de procedencia de la detención en flagrancia
Uno de los aspectos más importantes al momento de regular las medidas de privación de la libertad es la determinación de su procedencia sin mediar orden judicial.
La Constitución mexicana la autoriza sólo en dos supuestos: la flagrancia y los casos urgentes. La legislación no puede preveer otros supuestos, y la regulación y entendimiento de los mismos debe ser restrictiva porque afecta el derecho a la libertad.
A partir de 2006, cuando en el país comenzaron a expedirse las leyes de justicia para adolescentes, en este tema se vislumbró el inicio de un proceso que tendía a restringir estos supuestos, el cual estaría caracterizado por la redefinición –si no supresión– de la procedencia de la denominada flagrancia equiparada y la eliminación de la detención por caso urgente, con el objetivo de evitar que en el proceso juvenil se replicaran las arbitrariedades que, según la experiencia, había ocasionado la aplicación de ambas figuras en el ámbito de los adultos.
Sin embargo, sorprendentemente este supuesto de procedencia de la privación de la libertad ha vuelto a aparecer en algunas leyes de justicia para adolescentes, lo que ha hecho retroceder una de las líneas más garantistas no sólo de la justicia juvenil sino de la reforma al proceso penal en México.
Es el caso de Nuevo León. La reforma efectuada el 21 de diciembre de 2007 a la Ley del Sistema Especial de Justicia para Adolescentes estableció dos modificaciones relacionadas con las detenciones en flagrancia que afectan directamente el derecho a la libertad:
a) Se restableció el supuesto de flagrancia equiparada o presunción de flagrancia, abriendo sin límites la legitimidad de las personas que pueden hacer el señalamiento del presunto infractor y concediendo a la autoridad hasta 72 horas posteriores a la comisión del delito para poder realizar la detención de éste.1
b) Se adicionó la siguiente norma: en los casos en que la detención por flagrancia fuera por un delito grave, “el juez de Garantías una vez que conozca la imputación resolverá sin demora y sin necesidad de audiencia lo relativo a la orden de aprehensión”.
Otro caso es el de Durango, donde también se restableció con el nuevo Código de Justicia para Menores Infractores de 2009 el supuesto de flagrancia equiparada. De acuerdo con el artículo 148, fracción tercera,ésta se concreta “cuando el menor es señalado por la víctima, por algún testigo presencial de los hechos o por quien hubiere intervenido con él en la comisión de un hecho típico, y además se le encuentren objetos u otros indicios que hagan presumir fundadamente que acaba de participar en el suceso, y no haya transcurrido un plazo de 48 horas, contado a partir del momento de su comisión”.2
Esta norma, además de ser inconstitucional, es contraria a los principios del sistema penal que se ha dividido, en razón de la edad de las personas, en una justicia para adultos y otra para adolescentes, al tener como uno de sus principios que éstos siempre estén colocados en una posición más ventajosa que aquéllos precisamente por considerar su estado de desarrollo.
En el Código Procesal Penal para adultos de esa entidad no se contempla el supuesto de presunción de flagrancia, por lo que no puede proceder en ningún caso donde el presunto infractor sea un adolescente.
b) Ampliación de los catálogos de delitos graves
En los estados de México, Jalisco, Chihuahua, Hidalgo, Durango y Colima se han ampliado los catálogos de delitos graves que, como se sabe, son uno de los principales instrumentos que han consagrado los sistemas de justicia especializados para hacer extrema la privación de la libertad de los adolescentes cuando cometen delitos. Ellos fungen como una forma de concretar dicho principio.
Es preciso aclarar que estos catálogos funcionan como autorización al juez especializado para que pueda imponer la medida más extrema que tiene el sistema, pero de ninguna forma como una obligación para el dictado de la misma. En virtud de ello, el juez tiene amplios márgenes de libertad, conformados por los criterios establecidos en cada ley, para imponer la medida que considere más adecuada con los fines de reeducación y reinserción social del adolescente.
Un caso ejemplar es la reforma realizada el 31 de agosto de 2007 a la ley especializada del estado de Colima, que modificó el artículo 34 para ampliar el catálogo de delitos graves. A los que estaban incluidos se sumaron los siguientes: robo con violencia en las cosas y robo de vehículo de motor, así como las tentativas de los siguientes delitos: homicidio simple o calificado, secuestro, robo en lugar habitado, robo de vehículo de motor y violación en todas sus formas y modalidades.
En la exposición de motivos de dicha reforma se expresan los siguientes argumentos para tipificar estas conductas como graves:
a) Mejorar el sistema de justicia para adolescentes;
b) Enfrentar el incremento de la participación de menores de edad en delitos que no estaban contemplados en la ley como graves y que sí lo son cuando los cometen personas adultas;
c) Responder a la utilización creciente, por parte de delincuentes adultos, de menores de edad para cometer delitos, realizada bajo el supuesto de que éstos alcanzarán libertad bajo fianza;
d) La gravedad de la conducta realizada que ocasiona daños fundamentales a la sociedad;
e) La inconformidad tanto de víctimas como de ofendidos;
f) La impunidad en que quedan las conductas de los adolescentes imputados, ya que no se les sujeta al sistema de justicia;
g) La creciente reincidencia de los adolescentes, y
h) La frecuencia con que los adolescentes cometen esos delitos.
Como se puede apreciar en los motivos de esta reforma, el legislador colimense consideró que la ampliación del catálogo de delitos graves y la privación de la libertad eran las acciones adecuadas para tratar el problema de los adolescentes que reinciden frecuentemente en ciertas conductas ilícitas y que son utilizados por personas adultas para cometer delitos.
La fórmula en todos estos casos es la misma: excluirlos de la sociedad para no generar impunidad y dar satisfacción al deseo de venganza de las víctimas.
A cuatro años de la creación del sistema de justicia para adolescentes en México se han dado respuestas a los hechos ilícitos cometidos por jóvenes, las cuales han tendido al incremento de las penas como medida de prevención general o intimidación, y al retroceso de la consideración del proceso para adolescentes como un conjunto de derechos reforzados.
Este tipo de respuestas se basan en presupuestos ideológicos diferentes al establecido en la Constitución. En consecuencia, confunden los motivos de la inseguridad pública con los fines de la justicia para adolescentes, debilitan la construcción de un sistema especializado que esté diseñado y sostenido por derechos especiales, y tienden a promover la estigmatización y la exclusión social, lo que obstaculiza la oportunidad de que todos los jóvenes tengan un futuro.
La causa de este problema es que seguimos sin comprender ni asumir los principios del nuevo modelo de justicia para adolescentes, lo cual entorpece el desarrollo de la política criminal que éste impone. Las normas procesales de la justicia para adolescentes son una parte del sistema de atención que el Estado ha instalado para garantizar los derechos de los niños.
Este sistema no tiene el fin de disminuir la delincuencia juvenil sino el de configurar un dispositivo que respete los derechos de los adolescentes acusados de cometer delitos para que, mediante sus mecanismos, les brinde la oportunidad de tener un futuro y también les garantice el derecho a su desarrollo integral –consagrado en el artículo 4º, párrafo sexto, de la Constitución– con el objetivo de que asuman “una función constructiva en la sociedad”, de acuerdo con el artículo 40, numeral 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).
Por lo tanto, la comisión de delitos se reducirá no cuando se desconozcan, restrinjan o eliminen derechos, se sancionen con más severidad los actos ilícitos o se acreciente el carácter punitivo del sistema de justicia, sino cuando se reconozca el derecho de todos a tener una vida digna y se canalicen a instituciones y programas sociales los recursos suficientes para hacer efectiva esta norma ética de convivencia.
Sólo una política pública fuerte, diseñada para satisfacer y garantizar amplia e integralmente los derechos de niños y adolescentes, prevendrá el crecimiento de la delincuencia juvenil y evitará la expansión del sistema de justicia para adolescentes.3 Como escribió Javier Llobet: “la delincuencia juvenil se combate principalmente a través de una buena política social y no de una‘buena’ política penal”.
* Doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Su correo electrónico es rubenvasconcelos@yahoo.com.
1 Ley del Sistema Especial de Justicia para Adolescentes del Estado de Nuevo León, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 10 de septiembre de 2006, artículo 93; disponible en http://sg.nl.gob.mx/Transparencia_2003/Archivos/AC-F0102-07-M020016244-01.pdf , página consultada el 23 de abril de 2010.
2 El texto original del artículo señalaba más restricciones para efectuar la detención de forma acorde con la protección de los derechos de los adolescentes:“Artículo 93. Flagrancia. Se podrá detener al adolescente sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entenderá que hay delito flagrante cuando: I. La persona sea sorprendida en el momento de estarlo cometiendo; II. Inmediatamente después de cometerlo, sea perseguido materialmente; e III. Inmediatamente después de cometerlo, la persona sea señalada por la víctima, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito, y se le encuentren objetos o indicios que hagan presumir fundadamente que acabe de intervenir en un delito”. Código de Justicia para Menores Infractores en el Estado de Durango, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Durango el 11 de octubre de 2009, artículo 148, fracción tercera; disponible en http://www.congresodurango.gob.%20mx/leyes/codigo_menores.pdf , página consultada el 26 de abril de 2010. El artículo 50 del anterior Código de Justicia para Menores Infractores de 2006 señalaba que había flagrancia en los siguientes supuestos: “A) Cuando la persona es detenida en el momento de estarlo cometiendo. B) Cuando después de ejecutado el hecho delictuoso, el inculpado es perseguido materialmente. C) Cuando en el momento de haberlo cometido, alguien lo señala como responsable del mismo delito. D) Si después de haberlo cometido se encuentre en su poder el objeto del delito o el instrumento con que aparezca cometido. E) Si a partir de haberlo cometido aparezcan huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su culpabilidad”.
3 En esto ha insistido Norberto Ignacio Liwski, “Hacia un sistema integral de justicia y políticas públicas acordes con el marco jurídico internacional”, en Memorias del Seminario Internacional Los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes, México, Programa de Cooperación sobre Derechos Humanos México-Comisión Europea/sre, 2006, p. 35 y ss.
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