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Timestamp: 2020-01-26 17:35:18
Document Index: 321160389

Matched Legal Cases: ['artículo 203', 'artículo 8', 'artículo 409', 'artículo 11', 'artículo 3', 'artículo 209', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 1210', 'artículo 12', 'artículo 113', 'artículo 215', 'artículo 217']

La Corte de Constitucionalidad en la parte considerativa razonó
V. Respuesta estatal sobre la alegada falta de independencia judicial
a) Procedimientos preparatorios y selección inicial de aspirantes
b) Verificación de antecedentes, entrevistas y auditoria social
La Corte de Constitucionalidad en la parte considerativa razonó:
“(...) Para que una resolución judicial produzca efectos jurídicos debe ser clara, precisa, concreta y fundamentada, de modo tal que de su sola lectura pueda establecerse la decisión asumida por el órgano jurisdiccional que la emite, acorde a las peticiones formuladas y las constancias procesales.” “El Tribunal que conoce de alzada, bien en la jurisdicción ordinaria, o los que pudieran ser instados en la jurisdicción constitucional, son los principales obligados a tener conocimiento de las razones que fundamente las decisiones que hayan sido emitidas para determinar la condición jurídica de los sujetos sometidos a su poder.4”
“(...) Se argumentó que se omitió hacer un análisis respecto de los derechos adquiridos y la posición jurídica de amnistiado que le corresponde por ministerio de la ley y por el contrario se resolvió la cuestión sometida a su conocimiento, confundiendo las instituciones de prescripción y amnistía e invocando jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no es aplicable, (...).5”
“(...) Una de las funciones esenciales radica en la obligación que, sin excepción, sus fallos sean claros y motivados. La obligatoriedad e intangibilidad de las decisiones judiciales proviene de la potestad que les confiere la Constitución Política de la República de Guatemala, específicamente en el artículo 203, para resolver los casos concretos –juzgar-, con base en la aplicación de los preceptos, principios y valores plasmados en el propio texto fundamental, tratados internacionales y en las demás leyes, y de ninguna manera emanan de la simple voluntad o de la imposición que pretenda hacer el juez de una determinada conducta o abstención forzosa para el sujeto pasivo del fallo. Es decir que toda resolución debe estar razonablemente fundada en el ordenamiento jurídico, mediante la aplicación de las reglas a las circunstancias de hecho sobre las cuales haya recaído la controversia jurídica, surgida en el curso del proceso y la evaluación que el propio juez, al impartir justicia, ya percibido de los razonamientos esgrimidos por los sujetos, los elementos de convicción y de la autonomía funcional que los preceptos fundamentales les garantiza. (.... .)6.”
“(...), esta Corte establece que la autoridad impugnada, al emitir el acto reclamado, conculcó los derechos del postulante, pues de la simple lectura del acto reclamado se denota que las conclusiones a las que arribó la autoridad impugnada, carecen de de una motivación fáctica y jurídica, pues se limitó a transcribir el artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional y a indicar que al procesado se le instruye proceso por los delitos de Genocidio y Delitos contra los deberes de la humanidad, cuando los sometido a su conocimiento es la aplicación de una norma-Decreto Ley 8-86- que, a juicio del sindicado, le confirió ciertos derechos con lo que extingue la persecución penal, por lo que al tenor de las reglas para resolver los conflictos de leyes en el tiempo, aduce, que, a pesar de estar derogada aquella, los derechos conferidos se mantienen y que la amnistía otorgada fue por todos los delitos cometidos en el periodo de tiempo establecido en la norma, aspectos sobre los que no se pronunció. De ahí que la obligación de la autoridad impugnada era analizar cada uno de los argumentos sobre los cuales se apoyo el recurso de apelación, encaminado a evidenciar la aplicabilidad del Decreto Ley citado al tenor de las reglas para resolver los conflictos de ley en el tiempo y su relación con los delitos políticos y comunes conexos a estos, en función de los delitos por los que el amparista se le instruye proceso penal; por lo que al no razonar fundamentadamente la decisión para desestimar el recurso interpuesto, tal como lo establece el artículo 409 del Código Procesal Penal, en cuanto a que establece que el tribunal de alzada al conocer en apelación asume la jurisdicción del inferior al revisar lo resuelto, teniendo la facultad de confirmar, revocar, reformar o adicionar la decisión de su a quo, dentro de los límites que señala la norma ibídem, provocó las violaciones denunciadas. (....)7”
“(...), se concluye que la Sala impugnada, al no cumplir con su obligación de fundamentar las resoluciones judiciales en la forma establecida en el artículo 11 Bis de la ley procesal penal, varió las formas del proceso en contravención del principio de imperatividad contemplado en el artículo 3 de la ley ibídem y, por ende ocasionó la vulneración a los derechos de defensa y al debido proceso constitucionalmente garantizados. De ahí que es procedente declarar sin lugar los recursos de apelación interpuestos y, y como consecuencia, confirmar la sentencia impugnada (...)8”
Por orden de la Corte de Constitucionalidad, la judicatura (la Sala) debe emitir un nuevo fallo en que explique por qué Ríos Montt podría ser beneficiado con el perdón judicial que otorgó el decreto 8-86. Por lo tanto se está a la espera de la resolución de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.
Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y sus libertades. Su sistema de Gobierno es republicano, democrático y representativo9; uno de los principios fundamentales del Estado es la independencia de los órganos que administran justicia, por ello a través de la Constitución Política de la República se establece que las Comisiones de Postulación tendrán a su cargo la evaluación de los aspirantes a integrar la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones a efecto de proponer a personas idóneas y capaces para dirigir dichos órganos.
A partir de la vigencia de la Constitución Política de la República de Guatemala promulgada el 31 de mayo de 1985, inicia el funcionamiento de las Comisiones de Postulación para participar en la elaboración de nóminas de candidatos a magistrados y magistradas de la Cortes Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones dentro de las cuales serían electos por el Congreso de la República. A lo largo de más de veinte años de la vigencia de la Constitución, las referidas comisiones no contaban con una ley específica que regulara su actuación.
La Constitución Política de la República, regula en el artículo 209 que el nombramiento de jueces, secretarios y personal auxiliar serán nombrados por la Corte Suprema de Justicia, con lo que se indicó la importancia de establecer la carrera judicial a través de una ley específica. Por ello, el 10 de diciembre de 1999, se aprobó el Decreto 41-99 del Congreso de la República, Ley de la Carrera Judicial, la cual estableció dentro de sus considerandos: “Que una de las grandes debilidades estructurales del Estado Guatemalteco reside en el Sistema de Administración de Justicia, que es uno de los servicios públicos esenciales”.
El objetivo de la Ley de la Carrera Judicial, es establecer los principios, normas y procedimientos, así como crear los órganos necesarios para la administración y operación de la carrera judicial. La Carrera Judicial establece el Sistema que regula el ingreso, permanencia, promoción, ascenso, capacitación, disciplina y otras actividades de los jueces y magistrados, cualquiera que sea su categoría o grado, con el fin de garantizar su dignidad, independencia y excelencia profesional en el ejercicio de su función jurisdiccional.
El tres de febrero del dos mil cinco se aprobó el Decreto 16-2005 del Congreso de la República, Ley de Garantía a la Imparcialidad de Comisiones de Postulación, el que se estableció la prohibición a los funcionarios que ocupen cargos públicos, de contratar a los miembros que conformaron la Comisión que los postuló, sus cónyuges o parientes dentro de los grados de ley.
La incorporación de las Comisiones de Postulación dentro del ordenamiento jurídico tiene como objetivo fundamental, eliminar la arbitrariedad y subjetividad en la elección de los funcionarios que integraran o dirigirán dichos órganos jurisdiccionales y otros órganos del Estado. Este objetivo se ve reflejado en la aprobación del Decreto número 19-2009 del Congreso de la República, Ley de Comisiones de Postulación, la cual finalmente fue aprobada después de una ardua lucha de la sociedad civil que demando de sus representantes ante el Congreso de la República la regulación de las actividades de las Comisiones de Postulación.
En la Ley de Comisiones de Postulación, en los considerandos establece que la Constitución Política de la República institucionalizo las Comisiones de Postulación a efecto de limitar la discrecionalidad de los Organismos del Estado en cuanto al nombramiento subjetivo e idóneo de determinadas autoridades públicas que ejercen acciones esenciales dentro de la actividades estatal y de relevancia para la consolidación del régimen de legalidad, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la Democracia participativa y representativa. Considerando que las Comisiones de Postulación deben garantizar la designación de autoridades públicas idóneas, con la suficiente experiencia para cumplir los mandatos constitucionales, mediante procesos públicos y objetivos, con eficiencia, eficacia, probidad, representatividad y que tengan como base mecanismos y herramientas efectivas para su designación, como lo establece el artículo 12 de la Ley de Comisiones de Postulación.
El Estado de Guatemala, ha cumplido con lo que establece la Constitución Política de la República en los artículos 215 y 217 en cuanto al procedimiento de la elección de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones y lo que regula el artículo 12 de la Ley de Comisiones de Postulación en cuanto a las obligaciones establecidas de las Comisiones de Postulación a elaborar una tabla para ponderar los aspectos éticos, académicos y méritos profesionales de los aspirantes a integrar o dirigir dichos órganos.
Mediante la Resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad sobre el Expediente 2143-2014, se plantea la acción de inconstitucionalidad de ley de carácter general, parcial, planteada por el abogado Alfonso Carrillo Marroquín, contra el artículo 1210 del Decreto número 19-2009 del Congreso de la República, Ley de Comisiones de Postulación.
Referente a la existencia de tablas de gradación para calificar a los candidatos a magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala estableció en la referida sentencia de acción de inconstitucionalidad, que la misma genera desigualdad, ya que la tabla debe de aplicarse de igual manera a quienes participen en un evento electoral y que por el contrario, sería la ausencia de dicha tabla la que podría provocar que situaciones iguales fueran calificadas de distinta manera.
La Corte de Constitucionalidad realizó un estudio correspondiente, tomando en consideración los estándares internacionales tanto del Sistema de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano para la elección y nombramiento de magistrados y jueces, por lo que concluyo que no existe contradicción entre el artículo 12 de la Ley de Comisiones de Postulación y los artículos 2º., 4º. y 113 de la Constitución Política de la República, estableciendo que: “con relación a la lesión del derecho de igualdad denunciada, esta Corte considera que las apreciaciones formuladas imposibilitan a determinar la concurrencia de lesión al derecho de igualdad, toda vez que éste lo fundamenta en la exigencia de requisitos que no encuentran respaldo en el artículo 113 constitucional, lo que en todo caso podría ocasionar una lesión de esa norma, lo que no ocurre, según las consideraciones antes puntualizadas. Pero la existencia de un perfil para los aspirantes a un cargo público, y una tabla de gradación para calificar a los candidatos, que participaran para ser postulados a cargos públicos, no evidencia desigualdad”.
La Asamblea Nacional Constituyente al crear las Comisiones de Postulación, buscaba limitar la discrecionalidad y consideraciones subjetivas e interesadas en los nombramientos, buscando idoneidad y capacidad para el nombramiento o elecciones de determinas autoridades públicas que ejercen funciones estatales. Las Comisiones de Postulación analizan la integridad, idoneidad, formación y calificaciones jurídicas, garantizando que los aspirantes tengan idoneidad e igualdad de oportunidades para acceder a dichos cargos.
El procedimiento legal establecido para la elección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones está regulado en la Constitución Política de la República en los artículos 215 y 217, son elegidos por el Congreso de la República para un período de cinco años, de una nómina de candidatos11 propuestos por una comisión de postulación integrada por un representante de los Rectores de las universidades del país, que la preside, los Decanos de las Facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de cada universidad del país, un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y por igual número de representantes electos por los magistrados titulares de la Corte de Apelaciones y Tribunales Colegiados.
La Ley de Comisiones de Postulación tiene como marco legal de referencia la Constitución Política de la República, la Ley de la Carrera del Organismo Judicial, la Ley de Garantía e Imparcialidad de Comisiones de Postulación y ciertos acuerdos gubernativos. Todo ello, en consonancia con la Ley de Acceso a la Información. La armonía de este cuerpo jurídico, requiere del apoyo de la sociedad y de las personas vinculadas con el tema, ya que se precisa de buena voluntad para que se resuelvan las dudas que se generen en torno a la aplicación de este marco legal, y de esta forma cumplir con los aspectos que establece la ley, tales como el acceso a las audiencias públicas, criterios de postulación, publicidad, entre otros.
En relación a los principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura establece que las personas seleccionadas para ocupar cargos juridiciales serán personas íntegras e idóneas y tendrán la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas. Todo método utilizado para la selección de personal judicial garantizará que éste no sea nombrado por motivos indebidos, en la selección de los jueces, no se hará discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o condición; el requisito de que los postulantes a cargos judiciales sean nacionales del país de que se trate no se considerará discriminatorio.12
Para garantizar la idoneidad de los candidatos, la Ley de Comisiones de Postulación establece que se analicen los requisitos mínimos que se deben de cumplir para poder ocupar un cargo público, posteriormente las Comisiones de Postulación verifican y gradan el cumplimiento de varios aspectos, como se desarrollan en las siguientes etapas del proceso:
Para la elección de magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelación, las instancias representadas en las Comisiones de Postulación son: rectores de las universidades del país, decanos de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales, Asociación de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia e Instituto de Magistrados de las Salas de Apelaciones, y Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.
En el caso del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, que es el colegio profesional que participa en la elección de Magistrados a Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelación, la propia Ley de Comisiones de Postulaciones, establece los siguientes requisitos: ser guatemalteco, ser colegiado activo, tener por lo menos cinco años de ejercicio profesional, estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, no estar inhabilitado para ejercer cargos públicos, presentar constancia de no haber sido sancionado por el colegio profesional respectivo, presentar constancia de antecedentes policíacos, y presentar constancia de antecedentes penales.13
En la misma ley se determina también que los colegios responsables de elegir a sus representantes para la conformación de las Comisiones de Postulación, deberán convocar a la elección de estos dentro del plazo de diez días después de la convocatoria hecha por el Congreso de la República y que las elecciones de los representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, así como la de los representantes de los Magistrados de las Salas de la Corte de Apelaciones que formarán parte de la Comisión de Postulación que nominará a los candidatos para los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se regirán por el método de representación proporcional de minorías.
La elección de los integrantes de las Comisiones de Postulación se inicia con la convocatoria que hace el Congreso de la República, y concluye con la elección de los representantes de cada instancia; en el caso de los rectores se hace por sorteo; en el caso de los decanos no hay proceso de elección porque todas las universidades con facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales tienen un lugar en las comisiones; en el caso del Colegio de Abogados y Notarios, y de los representantes de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelación, se concreta a través de procesos de elección.
En el artículo 215 de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que la elección de los magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia se hará a través de una Comisión de Postulación conformada por “un representante de los rectores de las universidades del país, que la preside, los decanos de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de cada universidad del país, un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y por igual número de representantes electos por los magistrados titulares de la Corte de Apelaciones y demás tribunales”. En el mismo artículo se define que el Congreso de la República hará la elección en base a una nómina de veintiséis (26) candidatos propuestos por la comisión de postulación”
Por su parte, el artículo 217 de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que la elección de los magistrados y magistradas de Cortes de Apelaciones son electos por el Congreso de la República entre quienes conforman una nómina que contenga el doble del número a elegir propuesta por una comisión de postulación integrada por un representante de los rectores de las Universidades del país, quien la preside, los decanos de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de cada Universidad del país, un número equivalente de miembros electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y por igual número de representantes electos por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Instaladas las Comisiones de Postulación para iniciar el proceso de elección de magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia y a las Cortes de Apelación, se definen aspectos relevantes en cuanto al funcionamiento y actividades de las Comisiones14. En la primera sesión cada comisión deberá designar, de entre sus integrantes, a un secretario titular y un suplente, cuya función será el control de los expedientes y la ejecución de las resoluciones adoptadas por las Comisiones, y será a través de la secretaría que el Presidente de la Comisión convocará a sesión con por lo menos dos días de anticipación (salvo lo que en sesión disponga la Comisión).
Es importante mencionar también lo siguiente:
Para la celebración de las sesiones se requiere de la presencia de dos terceras partes de los miembros que integran la Comisión,
No se aceptarán representaciones,
Para la toma de decisiones se necesita el voto favorable de dos terceras partes,
En las actas de cada reunión se recogerá de “forma íntegra las votaciones”,
Las sesiones deberán quedar registradas en audio y video,
El Presidente de la Comisión deberá garantizar el resguardo de la información
Las reuniones de las Comisiones serán públicas, pero el Presidente de la Comisión podrá ordenar la salida de quienes no respeten lo establecido en la propia ley (permanecer respetuosamente y en silencio, no ingresar armas, no adoptar comportamientos intimidatorios, provocativos o contrarios al decoro, no producir disturbios o manifestar de cualquier modo opiniones o sentimientos).
a) Procedimientos preparatorios y selección inicial de aspirantes:
Instaladas las Comisiones de Postulación sus integrantes deberán elaborar el perfil de los profesionales que aspiren a formar parte de las nóminas de candidatos que serán enviadas en el mes de septiembre al Congreso de la República (una nómina con veintiséis (26) candidatos para Corte Suprema de Justicia y una nómina de candidatos para las Cortes de Apelación).
Para elaborar el perfil deberán tomar en consideración aspectos como la ética, la preparación académica y profesional, y aspectos relacionados con la vocación de servicio y liderazgo.
Ético: Comprende lo relacionado con la moral, la honorabilidad, la rectitud, la independencia y la imparcialidad comprobadas de los candidatos para lo que deben ser presentados los siguientes documentos:
Constancia o certificación donde demuestre los años de ejercicio profesional o constancia de haber desempeñado un período completo como Magistrado de la Corte de Apelaciones o Juez de Primera Instancia en el caso de los aspirantes a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia o de Magistrados de la Corte de Apelaciones:
Constancia de antecedentes policíacos;
Constancia de antecedentes penales;
Constancia de no haber sido sancionado por el Tribunal de Honor del colegio profesional respectivo; y
Declaración jurada donde se establezca que el candidato está en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y que no ha sido impedido para ejercer cargos públicos
Académico: Se refiere a la enseñanza universitaria, los títulos académicos, los estudios, los ensayos, las publicaciones, la participación en eventos académicos y los méritos obtenidos.
Profesional: Todo lo relativo a la experiencia profesional del aspirante, quien tiene que cumplir los requisitos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala o leyes aplicables, según el cargo al cual opte.
Proyección humana: Son aspectos relacionados con la vocación de servicio y el liderazgo.
Tomando en consideración los cuatro aspectos señalados, las Comisiones de Postulación elaboran una tabla “de gradación” a través de la cual calificarán los méritos éticos, académicos, profesionales, y de proyección humana.
Las Comisiones de Postulación publicarán en el Diario Oficial y en dos de los medios impresos de mayor circulación, la información más relevante en torno al proceso de elección, con el fin de que todos los aspirantes entreguen los documentos necesarios para poder participar. Se elaborará y entregará a los aspirantes un formulario que contendrá la lista de los documentos que deben presentarse.
Los miembros de las comisiones deben ser convocados para conocer la lista de los participantes, y verificarán que todos los aspirantes hayan cumplido con los requisitos. Está regulado en la Ley de Comisiones de Postulación que si un aspirante no cumple con alguno de los aspectos, no podrá participar en la elección, y que no pueden ser seleccionados la o el cónyuge y quienes tengan relación de parentesco por afinidad o consanguinidad, según los grados de ley, con cualquiera de los integrantes de la Comisión de Postulación.
En esta fase del proceso se elaborará una nueva lista con los participantes que sí cumplieron con los requisitos. Las Comisiones de Postulación darán a conocer los nombres de los participantes que sí reunieron todos los requisitos solicitados y lo publicarán en el Diario Oficial y en dos medios impresos de mayor circulación para que cualquier persona que conozca sobre algún impedimento lo haga saber, por escrito, a la Comisión.