Source: https://doctrina-administrativa.vlex.es/vid/resolucion-27-junio-2018-731010209
Timestamp: 2018-07-18 08:20:14
Document Index: 193209935

Matched Legal Cases: ['artículo 80', 'artículo 80', 'artículo 78', 'artículo 80', 'artículo 149', 'artículo 25', 'artículo 80']

Resolución de 27 de junio de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la la nota de calificación extendida por la registradora de la propiedad de Jijona, por la que suspende la inscripción de una escritura de segregación y compraventa. - Doctrina Administrativa - VLEX 731010209
El siguiente día 12 de marzo, se notifica acuerdo de ''no practicar la inscripción interesada
por ser la cabida de la finca segregada inferior a la unidad mínima de cultivo, y haber obtenido una respuesta en el plazo de 4 meses de la Administración competente en la que «ni se ha informado favorablemente a la [segregación] ni existe silencio administrativo'', por lo que entiende que no puede inscribir la segregación.
4.º Por último, y como principal motivo del presente Recurso, el artículo 80 del Real Decreto 1093/1997 exige, para la denegación de la inscripción, ''que la resolución citada declarase la nulidad de la división o segregación'', y tal Resolución no existe, lo que no requiere de más alegaciones, siendo éste el principio de legalidad aplicable pues así lo ha querido el legislador, sin que la calificación del Registrador pueda ir más allá, incluso defendiendo la evitación de actos nulos, pues con ello vulnera la seguridad jurídica e impide el normal desenvolvimiento de las operaciones inscribibles.
Antes de examinar la concreta cuestión planteada en el recurso, procede delimitar el marco normativo que debe tenerse en cuenta para resolverlo:
En el presente caso, la recurrente no especifica cual es el supuesto de excepción de entre los examinados al que se acoge. Lo que alega como motivo esencial de su recurso es que, a su juicio, dado que han transcurrido más de cuatro meses desde la fecha de la comunicación remitida por el Registro a la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural sin que haya recaído resolución expresa por parte de dicho organismo administrativo declarando la nulidad de la segregación, la registradora en cumplimiento del artículo 80 del Real Decreto 1093/1997 debió proceder a la inscripción solicitada.
Alega igualmente la recurrente que en el presente caso la interesada obtuvo del Ayuntamiento, como Administración urbanística competente, la correspondiente licencia de segregación.
El siguiente argumento impugnativo que procede examinar es el basado en el hecho, que la recurrente califica de transcendente, de que la finca registral matriz estaba compuesta por seis porciones discontinuas y el objeto de segregación es una de las porciones descritas, así como que la finca segregada tiene una superficie registral de 16.456 metros cuadrados, afirmando que por razón de tal hecho, y conforme a lo previsto en el artículo 78 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, se ha incorporado en la escritura la licencia de segregación, destacándose en la propia licencia la citada circunstancia de tratarse de una finca discontinua de seis porciones de terreno, sin que exista elemento alguno que ofrezca duda sobre el peligro de creación de un núcleo de población.
Llegamos con ello al argumento fundamental del recurso basado en el artículo 80 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio. Este precepto, como hemos visto, establece que el registrador remitirá copia de los documentos presentados a la Administración agraria competente para que adopte el acuerdo pertinente sobre nulidad del acto o sobre apreciación de las excepciones de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la Ley 19/1995, de 4 de julio (ya hemos dicho que por error cita los artículos 23 y 24), previsión que cumplió la registradora, y que dio lugar a la contestación ya reseñada por parte del órgano competente de la Comunidad valenciana, en la que pone de manifiesto que, tras haber girado visita a la finca por parte de la técnico competente y «no se pudo ver infraestructura de riego», y estima insuficiente la documentación presentada (el propio título calificado) para «emitir la pertinente valoración por lo que, al objeto de poder emitir el preceptivo acuerdo, se precisa la siguiente documentación: I. Certificado de los derechos de agua de las parcelas objeto de este informe emitido por la Comunidad de Regantes a la que pertenezca o resolución de la Confederación Hidrográfica del aprovechamiento de uso de aguas subterráneas, indicando en el mismo, término municipal, polígono y parcela además de la superficie regable. II. En el caso de que la finca disponga de derechos de riego, indicar y aportar plano de la infraestructura que tiene la parcela de regadío».
Los citados artículos 24 y 25 de la Ley 19/1995 son preceptos de aplicación plena en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.8.ª de la Constitución, y se aplicarán en defecto de las normas civiles, forales o especiales, allí donde existan, dictadas por las Comunidades Autónomas de acuerdo con sus competencias estatutarias en materia de Derecho Civil, conforme a lo previsto en la disposición adicional segunda de la propia Ley. Al amparo de esta previsión, la propia legislación autonómica de la Comunidad Valenciana ha añadido a los casos de excepción del artículo 25 de la citada Ley, un supuesto adicional. Se recoge en el apartado 3, letra b) del Decreto de 9 de noviembre de 1.999, conforme al cual dicha dispensa de la prohibición alcanza a «los supuestos en los que la finalidad de la división o segregación de las fincas rústicas sea la construcción o instalación de pozos, transformadores depósitos y balsas de riego, cabezales comunitarios de filtraje y abonado, ampliaciones de caminos en beneficio de una colectividad de construcciones agrícolas y ganaderas».
La recurrente pretende salvar los obstáculos que para la inscripción pretendida resulta de todo lo anterior alegando una interpretación del reiterado artículo 80 del Real Decreto 1093/1997 del que resultaría un criterio de automatismo en la práctica de la inscripción en caso de que la Administración Autonómica no emita en el plazo de cuatro meses la resolución administrativa de declaración de nulidad, entendiendo que del citado precepto sólo cabe derivar la existencia de dos únicas hipótesis posibles: o hay tal resolución de nulidad en plazo (en cuyo caso el registrador ha de denegar la inscripción) o no la hay (en cuyo caso el registrador ha de practicar la inscripción). Sin embargo, esta interpretación no se acomoda ni al tenor literal de la norma, ni al significado y alcance que cabe atribuirle con arreglo a su finalidad y a la hermenéutica sistemática de la misma.