Source: https://issuu.com/fundacionjyg/docs/protocolo_guatemala_diagramado
Timestamp: 2018-08-22 06:15:36
Document Index: 93615514

Matched Legal Cases: ['artículo 47', 'Artículo 46', 'artículo 1', 'artículo 47', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 298', 'artículo 457', 'artículo 4', 'artículo 114', 'artículo 135', 'artículo 8', 'artículo 298', 'artículo 457', 'artículo 114', 'artículo 8', 'artículo 13', 'artículo 88', 'Artículo 71', 'Artículo 414', 'artículo 7']

Protocolo de Aplicación de las Normas contra la Violencia Intrafamiliar Guatemala by Fundacion Justicia y Género - Issuu
Protocolo de Aplicaciรณn Ley Violencia Intrafamiliar Guatemala
PROTOCOLO DE APLICACIรN DE LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR - Decreto No. 97-96 Guatemala
Protocolo de Aplicación Ley Violencia Intrafamiliar Guatemala
CONSULTORES REGIONALES: Rodrigo Jiménez Roxana Arroyo CONSULTORA NACIONAL Jullisa Baldetti EQUIPO VALIDADOR JUZGADOS: Mildred Roce Barillas, Maribel Godoy, Cristian Pérez, Myriam Aydee Salvador, Urceola Matul González. TRABAJO SOCIAL Y PSICOLÓGIA: Alma América Fernández, Irma Marina del Águila, Zoila Elizabeth Xoyón, Celia Xoyón Yoc, Brenda Beatriz Flores, Zenaida Escobedo. CENADOJ: Amelia Yoc. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: Rubén Eliú Higueros, Beatriz de León Reyes, Delia Castillo MINISTERIO PÚBLICO: Alma Gracia de Migoya, Tania Pineda, Marleny Ríos deFGuentes. ONG´s: Giovanna Lemus, Miriam Espaderos, Milagros López Aguilar. SOBREVIVIENTES: Norma Cruz, Lidia Solares. PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN: Olga Patricia de León PROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS: TELAM Shaw.
Aplicación de los Mecanismos de Seguridad
Cumplimiento de las Medidas y las Penas
Introducción El fin que persigue este Protocolo de aplicación de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar consiste en brindar a las personas operadoras de justicia involucradas en aplicar la ley, una guía conceptual y práctica para su adecuada interpretación. Se destacan así nueve puntos relevantes de carácter sustantivo y procedimental de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, estos son: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
ASPECTOS GENERALES DE LA DENUNCIA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NOTIFICACIÓN LA AUDIENCIA VALORACIÓN DE LA PRUEBA CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS SENTENCIA SANCIONES.
Cada uno de estos puntos va acompañado de: 1) un COMENTARIO, que incluye explicaciones sobre elementos teóricos ha tomarse en cuenta, seguidos de un acápite; 2) RECOMENDACIONES CON UNA LISTA DE VERIFICACIÓN, que son aquellos pasos, aspectos que los/as operadores/as de justicia NO pueden omitir durante la aplicación de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar y 3) anexos con formatos que sirven de orientación en los diferentes momentos del proceso. Consideramos que el protocolo es un instrumento que permitirá orientar los criterios entre las distintas instancias de aplicación de la Ley, lo que facilitará que los principios de Acción Pública, Gratuidad, Celeridad, Secretividad, Oralidad y Oficiosidad que son parte del fundamento jurídico que se sustenta en las Convenciones Internacionales que son el marco jurídico que da origen a esta Ley 1 sean una realidad, logrando así Considerando: Que Guatemala ratificó por medio del Decreto Ley 49-82 la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y por medio del
procesos que garanticen a las mujeres agredidas una respuesta eficaz en aras de una justicia de género.
Decreto Número 69-94 la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer, y como Estado parte se obligó a adoptar todas la medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituya discriminación contra la mujer y emitir todas aquellas leyes que sean necesarias para tal fin.
Cuando aplicamos la Ley para Prevenir, sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar no podemos olvidar el objetivo que persigue la misma: la protección inmediata de la victima cuya vida está en peligro. Es una Ley especial cuyo fundamento se encuentra en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer y en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Por lo tanto, su contenido tiene una relación directa con la protección de los Derechos Humanos, reconocidos internacionalmente. En este sentido, una adecuada interpretación y aplicación de la ley es la garantía que evita violaciones a la integridad física y psicológica de las mujeres sometidas a relaciones de poder abusivas, las cuales resultan en violencia intrafamiliar.
2. Recomendación para lista de Verificación EL OBJETIVO DE LA LEY Proteger prioritariamente la integridad física, sicológica, patrimonial y sexual de la mujer y otros sujetos de la familia, contra cualquier forma de violencia que se de en las relaciones familiares puesto que se constituyen en una violación a los derechos humanos, sean que estas acciones se den en el ámbito público o privado, en contra de las personas integrantes del grupo familiar por parte de parientes o convivientes, cónyuges, ex-cónyuges, ex-convivientes, o con quién se hubiera procreado hijos o hijas ( articulo 1 L. P. S. E. V. I ). LA LEY DEFINE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR COMO CUALQUIER ACCIÓN U OMISIÓN QUE DE MANERA INDIRECTA O INDIRECTA CAUSARE DAÑO O SUFRIMIENTO FÍSICO, SEXUAL Y PSICOLÓGICO O PATRIMONIAL, TANTO EN EL ÁMBITO PÚBLICO COMO PRIVADO (articulo 1 L. P. S. E. V. I).
La violencia intrafamiliar es una violación a los derechos humanos La persona sujeta de la ley son las mujeres prioritariamente y otros miembros de la familia 2 . La ley protege a las mujeres que mantienen una relación sentimental; no es necesario la cohabitación para ser sujeta del derecho. Busca eliminar el ejercicio desigual del poder que afecta, compromete o limita el libre desenvolvimiento de la personalidad de la mujer por razones de género Combate la violencia intrafamiliar en sus diferentes manifestaciones: Violencia Física: Acciones, comportamientos u omisiones que amenazan o lesionan la integridad física de una persona; Violencia Psicológica: Toda acción u omisión cuyo propósito sea degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de la mujer, por medio de la: Intimidación, Manipulación, Amenaza directa o indirecta, Humillación, aislamiento, Encierro o Cualquier otra conducta u omisión que implique un perjuicio en el desarrollo integral o la autodeterminación de la mujer, Violencia Sexual: Acciones que obligan a una persona a mantener contactos sexualizados físicos o verbales, o a participar en ellos mediante: La fuerza, Intimidación, Coerción, Chantaje, soborno, Manipulación, Articulo 2. De la aplicación de la presente ley. La presente ley regulará la aplicación de medidas de protección necesarias para garantizar la vida, integridad, seguridad y dignidad de las víctimas de violencia intrafamiliar. Asimismo tiene como objeto brindar protección especial a mujeres, niños, niñas, jóvenes, ancianos y ancianas y personas discapacitadas, tomando en consideración las situaciones especificas de cada caso.
Amenaza u otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Igualmente, se considerará violencia sexual, el hecho de que la persona agresora obligue a la persona agredida a realizar alguno de estos actos con terceras personas. Violencia Patrimonial: Todo acto u omisión que implica pérdida, transformación, negación, sustracción, destrucción, retención de objetos, documentos personales, bienes muebles y/e inmuebles, valores, derechos o recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer o del grupo familiar, incluyendo el menoscabo, reducción o negación que afecten los ingresos de la mujer o el incumplimiento de obligaciones alimentarias. NATURALEZA DE LA LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR3 Es una Ley de Orden Público: que responde a un interés general de la colectividad por ser una norma del núcleo de la estructura de la organización social. Ello implica: a) No puede ser dejada sin efecto por acuerdo de las partes. b) El principio de que las leyes no tienen carácter retroactivo no juega en materia de estas leyes de orden público. c) En el caso que los/as jueces/as debieran aplicar una ley extranjera, no podrán aplicarla si estas son contrarias a la ley
Considerando: Que el problema de la violencia intrafamiliar es un problema de índole social, debido a las relaciones desiguales existentes entre hombres y mujeres en el campo social, económico, jurídico, político y cultural. Considerando: Que el Estado de Guatemala en el artículo 47 de la Constitución Política de la República garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia. Considerando: Que se hace necesario tomar medidas legislativas para disminuir y con posterioridad poner fin a la violencia intrafamiliar, que tanto daño causa a la sociedad guatemalteca, y contribuir de esta forma a la construcción de familias basadas en la igualdad y el respeto a la dignidad humana de hombres y mujeres.
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar por ser de orden público d) No se puede invocar un error de derecho para eludir la aplicación de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar de orden público, dado que el error de derecho no puede jamás ser invocado para eludir la aplicación de la norma e) Sus derechos son irrenunciables e imperativas. Es una ley de derecho social, donde se cubre un interés de carácter público: proteger la integridad física, sexual, emocional y patrimonial de las mujeres. Ello implica: a) No es una ley pública de la rama penal. b) En caso que se tipifique un delito deberá aplicarse la ley penal. NORMAS JURÍDICAS PARA LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN EN SITUACIONES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Conforme a la Constitución Política de Guatemala 4 los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen una jerarquía superior a la ley, pero nunca superior a la Constitución, según la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad. Los/as operadores/as jurídicos deberán aplicar en los casos de violencia intrafamiliar las siguientes normas: Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer 5 : Es la principal Convención de Naciones Unidas, base de toda la legislación contra la discriminación. “TODO ACTO DISCRIMINATORIO ES UN ACTO DE VIOLENCIA Y TODO ACTO DE VIOLENCIA ES UN ACTO DISCRIMINATORIO” 4 Artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala indica: “Preeminencia del Derecho Internacional. Se establece en principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno”. 5 La Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, conocida también por sus siglas en inglés CEDAW.
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 6 . Reconoce cuales actos u omisiones que violenten la integridad física, emocional, sexual o patrimonial contra las mujeres son actos que violan los derechos humanos. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. 7 Considera que la violencia de género es una forma de discriminación, la cual a su vez provoca situaciones estructurales de violencia de género, evidencia una comprensión de las causas y los efectos de la violencia en contra de las mujeres. Para efectos de la interpretación de estas normas internacionales es importante recurrir a las recomendaciones dadas por el Comité de la CEDAW como:
Recomendación No. 12 Que menciona la importancia de informar al comité sobre: 1. La legislación vigente para protegerla de la frecuencia de cualquier tipo de violencia en la vida cotidiana (la violencia sexual, malos tratos en el ámbito familiar, acoso sexual en el lugar de trabajo, etc.); 2. La implementación de medidas adoptadas para erradicar esa violencia; 3. Sobre los servicios de apoyo a las mujeres que sufren agresiones o malos tratos; 4. El registro datos estadísticos sobre la frecuencia de cualquier tipo de violencia contra la mujer y sobre las mujeres víctimas de la violencia. Recomendación No. 19 Determina entre otros aspectos: 1. Tener en cuenta que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. 2. La estrecha relación entre la discriminación contra la mujer, la violencia contra ellas, y las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
6 La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer, abreviadamente se cita también como Belem do Pará. 7 ONU. Declaración sobre la Eliminación de la violencia contra la mujer A/RES/48/104 23 febrero 1994.
3. La violencia contra la mujer, que menoscaba o anula el goce de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales en virtud del derecho internacional o de los diversos convenios de derechos humanos, constituye discriminación, como la define el artículo 1 de la Convención. Esos derechos y libertades comprenden: a) El derecho a la vida; b) El derecho a no ser sometido a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; c) El derecho a la libertad y a la seguridad personal; d) El derecho a igualdad ante la ley; e) El derecho a igualdad en la familia; f) El derecho al más alto nivel posible de salud física y mental; 4. La Convención se aplica a la violencia perpetrada por las autoridades públicas. Esos actos de violencia también pueden constituir una violación de las obligaciones del Estado en virtud del derecho internacional sobre derechos humanos u otros convenios, además de violar la Convención. 5. Los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan las medidas necesarias. 6. La violencia en la familia es una de las formas más insidiosas de violencia contra la mujer. Existe en todas las sociedades. En las relaciones familiares, se somete a las mujeres de cualquier edad a violencia de todo tipo, como lesiones, violación, otras formas de violencia sexual, violencia mental y violencia de otra índole, que se ven perpetuadas por las actitudes tradicionales. La falta de independencia económica obliga a muchas mujeres a permanecer en situaciones violentas. La negación de sus responsabilidades familiares por parte de los hombres puede ser una forma de violencia y coerción. Esta violencia compromete la salud de la mujer y entorpece su capacidad de participar en la vida familiar y en la vida pública en condiciones de igualdad. 7. Los Estados Partes velen por que las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer protejan de manera adecuada a todas las mujeres y respeten su integridad y su dignidad. Debe proporcionarse a las víctimas protección y apoyo apropiados. Es indispensable que se capacite a los funcionarios judiciales, los agentes del orden público y otros funcionarios públicos para que apliquen la Convención. 8. Se prevean procedimientos eficaces de denuncia y reparación, la indemnización inclusive.
9.Los Estados Partes establezcan o apoyen servicios destinados a las víctimas de violencia en el hogar, violaciones, violencia sexual y otras formas de violencia contra la mujer, entre ellos refugios, el empleo de trabajadores sanitarios especialmente capacitados, rehabilitación y asesoramiento. 10. Los Estados Partes garanticen que en las zonas rurales los servicios para víctimas de la violencia sean asequibles a las mujeres y que, de ser necesario, se presten servicios especiales a las comunidades aisladas. 11. Entre las medidas necesarias para resolver el problema de la violencia en la familia figuren las siguientes: i) Sanciones penales en los casos necesarios y recursos civiles en caso de violencia en el hogar; ii) Servicios, entre ellos, refugios, asesoramiento y programas de rehabilitación, para garantizar que las víctimas de violencia en la familia estén sanas y salvas; iii) Programas de rehabilitación para los culpables de violencia en el hogar; iv) Servicios de apoyo para las familias en las que haya habido un caso de incesto o de abuso deshonesto. 12. Los Estados Partes adopten todas las medidas jurídicas y de otra índole que sean necesarias para proteger eficazmente a las mujeres contra la violencia, entre ellas: i) Medidas jurídicas eficaces, como sanciones penales, recursos civiles e indemnización para protegerlas contra todo tipo de violencia, hasta la violencia y los malos tratos en la familia, la violencia sexual y el hostigamiento en el lugar de trabajo; ii) Medidas preventivas, entre ellas programas de información y educación para modificar las actitudes relativas al papel y la condición del hombre y de la mujer; iii) Medidas de protección, entre ellas refugios, asesoramiento, rehabilitación y servicios de apoyo para las mujeres que son víctimas de violencia o que se encuentren en peligro de serlo. 13. Los informes de los Estados Partes incluyan información acerca de las medidas jurídicas y de prevención y protección que se hayan adoptado para superar el problema de la violencia contra la mujer y acerca de la eficacia de esas medidas. Recomendación No. 21 La igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares
Quien aplique la ley de violencia intrafamiliar deberá tomar en cuenta en otras recomendaciones las siguientes: 1. Evitar considerar inferiores las actividades de las mujeres que, tradicionalmente, han desempeñado su papel en la esfera privada o intrafamiliar. 2. Tomar en cuenta las obligaciones de la mujer de tener hijos y criarlos afectan a su derecho a la educación, al empleo y a otras actividades referentes a su desarrollo personal, además de imponerle una carga de trabajo injusta. El número y espaciamiento de los hijos repercuten de forma análoga en su vida y también afectan su salud física y mental, así como la de sus hijos. Por estas razones, la mujer tiene derecho a decidir el número y el espaciamiento de los hijos que tiene. 3. Impedir prácticas coercitivas que tienen graves consecuencias para la mujer, como el embarazo, el aborto o la esterilización forzados. 4. Promover que las mujeres dispongan libremente de medidas apropiadas para la regulación voluntaria de la fecundidad, mejoran la salud, el desarrollo y el bienestar de todas las personas de la familia. 5. Apoyar que la mujer debe tener el derecho de elegir su profesión u ocupación con arreglo a su propia capacidad, aptitudes o aspiraciones, 6. Garantizar que la mujer tenga iguales derechos para concertar contratos y administrar bienes, y los completan. El derecho a la propiedad, la administración y la disposición de los bienes es fundamental para que pueda tener independencia económica, tener una vivienda y alimentación adecuadas para ella y para su familia. 7. Reconocer a la mujer el derecho a la misma parte de los bienes que el marido durante el matrimonio o el amancebamiento. 8. Consultar a la mujer cuando la propiedad que pertenezca a las dos partes en el matrimonio o el amancebamiento se venda o se enajene de otro modo. 9. Atribuir igual importancia a las contribuciones económicas al patrimonio efectuado durante el matrimonio a la educación de los hijos, el cuidado de los parientes, ancianos y las faenas domésticas. Bajo el marco del derecho internacional de los derechos humanos el/a operador/a jurídico debe aplicar e interpretar la Ley contra para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar: Decreto 97-96 Legislación que implementa los
principios establecidos en las Convenciones de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDAW- Belem do Pará). Código Penal: Tipifica los actos delictivos que pueden surgir de la violencia intrafamiliar. 8 PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LA LEY Según esta Ley.- Es obligación del Estado prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y para lograr esto considera que : o
Que el Estado de Guatemala garantiza la igualdad de todos los seres humanos en dignidad y derechos y que el hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Que Guatemala ratificó por medio del Decreto Ley 49-82 la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y por medio del Decreto Número 69-94 la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer, y como Estado parte se obligó a adoptar todas la medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituya discriminación contra la mujer y emitir todas aquellas leyes que sean necesarias para tal fin. Que el problema de la violencia intrafamiliar es un problema de índole social, debido a las relaciones desiguales existentes entre hombres y mujeres en el campo social, económico, jurídico, político y cultural. Que el Estado de Guatemala en el artículo 47 de la Constitución Política de la República garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia. Que se hace necesario tomar medidas legislativas para disminuir y con posterioridad poner fin a la violencia intrafamiliar, que tanto daño causa a la sociedad guatemalteca, y contribuir de esta forma a la construcción de familias basadas en la igualdad y el respeto a la dignidad humana de hombres y mujeres.
Articulo 2. Las medidas de protección se aplicarán independientemente de las sanciones específicas establecidas por los Códigos Penal y Procesal Penal, en el caso de hechos constitutivos de delito o falta.
Según lo establecido esta Ley es de carácter especial lo que implica que se sustentan o se derivan los siguientes aspectos: • Acción Pública: Es un derecho que se ejerce contra el Estado para que obligue a otra persona a cumplir con sus obligaciones jurídicas. Cuenta con tres elementos: 1) Sujeto: es el titular de una relación jurídica. Es el actor/a que busca se le reconozca la pretensión que sostiene. Hace valer la acción pública frente al sujeto pasivo (el denunciado). Ambos sujetos buscan una sentencia favorable. 2) Objeto: Lograr una sentencia favorable es el objeto de la acción; ya sea una condena, o la absolución. Se busca con la sentencia (o al menos es lo que se intenta) el restablecimiento del orden jurídico alterado. 3) La causa de la acción: es el derecho que ha sido vulnerado por un hecho contrario al reconocimiento de ese hecho. •
Gratuidad: Toda solicitud de denuncia, demanda y demás actuaciones establecidas en la ley contra la Violencia Intrafamiliar son gratuitas. Ello significa: a) Intervención gratuita de funcionarios/as públicos y de organizaciones no gubernamentales en forma técnica y oportuna. b) Gratuidad de los traslados. No se podrán cobrar derechos, ni pagos, ni se aceptarán remuneraciones por las actuaciones relacionadas con este concepto. c) No se cobrarán costas procesales, tales como timbres, fotocopias y otros.
Celeridad: El principio de la inmediación implica tanto la participación de las partes como del Tribunal en la evacuación de la prueba. La persona que juzga deberá encargarse directamente de evacuar la prueba. Está íntimamente ligado al proceso oral y se convierte en una práctica necesaria para la convicción de la persona juzgadora. Los reclamos de las/os usuarias/os deberán ser atendidos y solucionados sin exceder el plazo fijado para los mismos. El principio de celeridad debe armonizar, primero, la oportunidad de la administración de justicia para conocer las peticiones formuladas, la procedencia de la vía procesal escogida y la pertinencia de las pruebas para una decisión justa. En segundo lugar, debe atender el interés de las partes o de los sujetos procesales, para que sus
reclamaciones o recursos se decidan con rapidez. El principio se convierte en uno de los requerimientos primordiales del debido proceso, ya que tanto la sociedad (por ser un proceso de orden público) como las partes esperan la gestión del órgano juzgador. •
Secretividad: Resguardar la privacidad de la víctima con el objeto de no revictimizarla es el objetivo fundamental del principio de secretividad. La secretividad debe mantenerse en todo el proceso: el manejo del expediente, la información que pueda salir del juzgado, y las audiencias que se realicen las mismas no deben ser de carácter público. Incluso el manejo de la información que hagan los representantes legales, si los hay, debe seguir el principio de secretividad. Si los mismos incurren en faltas que atenten contra la secretividad del proceso, podrían verse sometidos a denuncias ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados.
Oralidad: Este principio se relaciona con la inmediación. La única vía de lograr ésta es a través de un proceso oral. Cuando se habla de oralidad se hace referencia a procesos por audiencias. La Audiencia es el momento procesal fundamental con la característica de ser eminentemente reservada. Busca purificar el proceso, palpar la verdadera situación máxime cuando ambas partes (los verdaderos protagonistas) están presente.
Oficiosidad: El impulso del procedimiento, desde su inicio hasta su conclusión, corresponde a la autoridad, y que aunque en ocasiones el procedimiento administrativo da comienzo a petición del particular, o sea, porque existe una instancia, o bien interviene el particular, no se desvirtúa el principio de oficiosidad porque una vez formulada y presentada la instancia por el particular, o terminada la colaboración del particular, corresponde a la autoridad llevar a cabo todos los actos de impulso procedimental hasta llegar al acto decisorio y conclusivo del procedimiento, es decir, a la resolución.
ESTOS PRINCIPIOS HAY QUE TENERLOS PRESENTES A TRAVÉS DE TODO EL PROCESO DE APLICACIÓN DE LA LEY.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer se constituye en el fundamento a la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. A partir de este hecho, el problema de la violencia es considerado de orden público; como lo son también la naturaleza y el alcance de ésta Ley. El derecho de “vivir una vida libre de violencia”, contemplado en el articulo 3 de la Convención Interamericana Belem Do Pará, implica que las mujeres deben tener acceso real a la justicia. La denuncia es uno de los primeros pasos para hacer efectivo este derecho. Para el ejercicio de un derecho se requiere de la posibilidad del reconocimiento del mismo, o sea, que su pretensión se encuentre establecida en una norma. En este caso, las mujeres cuentan con una Ley especializada que recoge el espíritu del artículo 3 de Belem Do Pará; pero además, se requiere de condiciones reales para que las mujeres desarrollen una vida libre de violencia y de discriminaciones. Así, se logrará el efectivo goce del derecho. En caso de que no se cumpla, el sistema jurídico, a través de la administración de justicia, debe garantizar mecanismos adecuados e idóneos que permitan el ejercicio de este derecho a las víctimas. Es por ello que las facilidades que tengan las mujeres para llevar adelante la denuncia está relacionada con los principios de gratuidad, inmediatez, celeridad, oralidad. En la valoración de la prueba, los/as Jueces/as aplicarán la sana crítica. Hay que impedir los formalismos innecesarios y evitar exponer a las víctimas a situaciones contrarias a su dignidad como personas. Si estas situaciones persisten atentarían contra el debido proceso y el acceso a la
justicia; constituyéndose en un agravante, dado que ésta es una materia relacionada directamente con derechos humanos fundamentales.
2. Recomendación para lista de Verificación LA DENUNCIA Y SOLICITUD DE MECANISMOS DE SEGURIDAD La denunciante puede realizar la denuncia sin necesidad del patrocinio de un profesional en derecho. La denuncia puede ser verbal o escrita La denuncia o solicitud de protección puede hacerse con o sin asistencia de abogada/o (artículo 3 L. P. P. S. E. V. I) Tiene legitimación para presentar la denuncia: La mujer afectada Cualquier miembro del grupo familiar Cualquier persona sin importar su edad que haya sido victima de un acto que constituya violencia intrafamiliar. Toda persona que tenga conocimiento de un hecho constitutivo de violencia. Cualquier funcionario/a publico o profesional por razones de su cargo 9 tiene obligación de denunciar los hechos Las ONGs 10 La Procuraduría General de la República. Policía Nacional. Cualquier persona cuando la persona agraviada sufra de incapacidad física o mental, o cuando la persona se encuentra impedida de solicitarla por si misma. Si la víctima fuera menor de edad 11 . Miembros de servicios de salud o educativos, médicos que por razones de ocupación tienen contacto con la persona agraviada, para quienes la denuncia tendrá carácter de obligatoria de acuerdo al artículo 298 del Decreto Número 51-92 del Congreso de la República. Quien omitiere hacer esta denuncia será sancionado según lo establecido en el artículo 457 del Código Penal. 10 Las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones sociales cuyo objeto sea la protección de los derechos de la mujer, de los menores y, en general, las que atienden la problemática familiar entre sus fines. 11 Si la víctima fuera menor de edad será representada por la Procuraduría General de la Nación, cuando concurran las siguientes circunstancias: 1. Cuando la agresión provenga de quien ejerce la patria potestad; y, 2. Cuando se trata de menores que carezcan de tutela y representación legal. 9
Debe asegurarse que se cumpla el principio de secretividad, por lo que conviene realizar la denuncia en un lugar discreto y ante un funcionario/a que guarde toda la reserva que se requiere. El expediente deberá estar custodiado y su uso restringido al principio de secretividad. Recibirán las denuncias 12 y las remitirán a los Juzgados de Familia o del orden penal en un plazo menor de 24 horas (artículo 4 L. P. P. S. E. L. V. I): a. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de la Mujer, atención permanente y Oficina de Atención a la Víctima. b. La Procuraduría General de la Nación, a través de la Unidad de Protección de los Derechos de la Mujer. c. La Policía Nacional. d. Los juzgados de Familia. e. Bufetes Populares. f. El Procurador de los Derechos Humanos. Serán competentes para conocer de los procesos que se inicien conforme la Ley, la jurisdicción de Familia y lo/as Jueces/as de Paz 13 . (artículos 4 y 5 L. P. P. S. E. V. I) Se debe levantar un acta por el juzgado o autoridad correspondiente que contemple al menos: - La ciudad, el día, el mes y el año. - Los datos generales de la denunciante: si es mayor de edad, su estado civil, profesión u oficio, su nacionalidad, número de cédula de vecindad, su domicilio y si tiene hijos/as. - Las calidades generales del denunciado. - El tipo de relación que tiene la supuesta víctima o tuvo con el denunciado. - Relato de los hechos: día, fecha y lugar en que acontecieron las acciones de violencia, preguntar si los hechos sucedieron frente a los/as niños/as, si fue agredida con algún objeto, descripción del mismo y si éste fue decomisado; si porta arma de 12 Articulo 5. De la obligatoriedad del registro de las denuncias. Todas las instituciones mencionadas, estarán obligadas a registrar denuncias de violencia intrafamiliar y remitirlas a Estadística Judicial, para efectos de evaluar y determinar la eficacia de las medidas para prevenirla, sancionarla y erradicarla y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios. 13 Articulo 6. Juzgados de turno. Los juzgados de paz de turno atenderán los asuntos relacionados con la aplicación de la presente ley, con el objeto de que sean atendidos los casos que por motivo de horario o distancia no pudieren acudir en el horario normal, siendo de carácter urgente la atención que se preste en los mismos
fuego. Se debe preguntar si el denunciado consume drogas o alcohol, si existen amenazas y de que tipo. En el caso de que la Policía Nacional Civil tenga conocimiento directo o sea avisada que una persona es victima de violencia intrafamiliar debe actuar de oficio tomando las medidas necesarias para evitar estos actos. Asimismo debe avisar de inmediato a los Tribunales competentes y al Ministerio Público para que asigne la Fiscalía correspondiente, dentro de las 24 horas establecidas por la ley para que se inicie los procedimientos respectivos 14 . En el caso que sea la Procuraduría General de la Nación la que tenga conocimiento de hechos constitutivos de violencia intrafamiliar ya sea por denuncia presentada ante esta deberá remitirla al Juzgado de Familia o del orden Penal. Se solicitarán los exámenes periciales si se requieren, se hará el señalamiento en el acto o por notificación para la audiencia en caso que existiera oposición siguiendo el procedimiento incidental 15 . Se realizará la audiencia y si no hay hechos controvertidos se emite la resolución y si los hay se señalará una nueva audiencia para recepción de prueba, hasta llegar a la resolución 16 .
14 Articulo 10. De las obligaciones de la policía nacional. Las autoridades de la policial nacional, tendrán la obligación de intervenir en las situaciones de violencia intrafamiliar, de oficio o cuando sean requeridas por las víctimas o por terceras personas. En estos casos deberán: a. Socorrer y prestar protección a las personas agredidas, aún cuando se encuentren dentro de su domicilio al momento de la denuncia, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 208 y 436 del Código Penal. b. En caso de flagrancia, detener a la persona agresora y ponerla a la orden de la autoridad judicial. c. Levantar informe o parte policial sobre los hechos ocurridos, para lo cual deberán recoger información de familiares, vecinos u otras personas presentes y consignar sus nombres, calidades y lugar donde puedan localizarse para requerirlos en un posible proceso judicial. d. Decomisar las armas y los objetos utilizados para amenazar o agredir y ponerlos a la orden de la autoridad judicial respectiva. El incumplimiento de estas obligaciones será sancionado conforme lo indica el artículo 114 del Código Procesal Penal. 15 Articulo 11. Supletoriedad de la ley. En todo aquello que no estuviere previsto en esta ley, se aplicará supletoriamente lo dispuesto en el Código Civil, Código Procesal Civil y Mercantil, Código Penal, Código Procesal Penal, Ley de Tribunales de Familia y Ley del Organismo Judicial, sin que lo anterior implique un orden de prelación. 16 El artículo 135 de la ley del Organismo Judicial establece que “Toda cuestión accesoria que sobrevenga y se promueva con ocasión de un proceso y que no tenga señalado por la ley procedimiento, deberá tramitarse como incidente”. En el presente caso la ley de
Si el acto de violencia Intrafamiliar es constitutivo de delito se trasladará al orden penal correspondiente, se tomará en cuenta que las medidas de protección se aplicaran independientemente de las sanciones específicas establecidas por los Códigos Penales y Procesal Penal en caso de hechos constitutivos de delito o falta.
violencia intrafamiliar no establece procedimiento por tanto se aplican en 8 días corridos, sean estos incidentes de hecho y de derecho.
Estas medidas son mecanismos especiales de protección, cuyo fundamento jurídico se encuentra en el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho constitucional. Su particular naturaleza viene dada por la pretensión de proteger los derechos humanos fundamentales, considerando bienes jurídicos de relevancia para la sociedad, entre otros a la vida y a la integridad física, psicológica, sexual y patrimonial de las mujeres. La violencia intrafamiliar es un atentado directo contra estos derechos, establecidos como prioritarios. Por lo tanto, se debe actuar con diligencia para evitar todos los tratos crueles y degradantes que implica para la víctima el estar sometida a la violencia intrafamiliar. Es importante destacar que estos mecanismos responden a una larga tradición jurídica. Tanto es así, que encontramos ejemplos de mecanismos similares en todas las legislaciones. Ejemplo de ello son los recursos de habeas corpus y el de amparo. Se pueden clasificar en: Medidas de Seguridad: cuyo objetivo es evitar y detener la violencia intrafamiliar Medidas Precautorias: buscan prevenir la reiteración de la violencia intrafamiliar y romper con el ciclo. Medidas Cautelares: pretenden garantizar el cumplimiento de las responsabilidades familiares Dada la naturaleza de estas medidas y el objetivo que persiguen, son de aplicación inmediata y no requieren prueba alguna para su interposición. Además, son de carácter temporal; la duración de las medidas que se interpongan a las personas agresoras serán establecidas por la jueza o el juez según las circunstancias, reincidencia (artículo 8 de la L. P. P. S. E. V. I) estas no podrán durar menos de un mes ni más de seis meses, pero pueden ser prorrogadas a solicitud de parte. Por lo tanto, dichas medidas
NO consolidan (aseguran) derechos; y en ese tanto, NO son Inconstitucionales. Las leyes de violencia se inspiran en la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer y en la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, en las cuales se destaca que la violencia y la discriminación son una violación a los derechos humanos de las mujeres. En este sentido, se requiere de medidas especiales para prevenir y proteger a las victimas de violencia. La Ley Guatemalteca 17 cuenta con medidas de Seguridad dirigidas a garantizar la vida y la integridad física, psicológica, sexual y patrimonial de las víctimas; que son de aplicación inmediata y se justifican dada la situación de emergencia en que pueden encontrarse las víctimas. Las medidas precautorias buscan prevenir la reiteración del acto por medio de la reeducación del agresor y la elevación de la autoestima de la mujer, pretendiendo así romper el ciclo de la violencia. Para las medidas precautorias, se requiere la participación activa del Estado. Este debe ofrecer los servicios que logren cumplir los objetivos establecidos. Estas medidas se otorgan después de la audiencia En cuanto a las medidas cautelares, pretenden evitar actos de violencia patrimonial contra la víctima y garantizar las responsabilidades familiares. Al igual que las precautorias se establecen en la audiencia. Los mecanismos son inapelables y el juez/a podrá modificar los mecanismos de seguridad en CUALQUIER MOMENTO. Con la conjugación de estas tres medidas, la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia Intrafamiliar, pretende lograr una protección integral para las víctimas.
17 La Ley Guatemalteca utiliza una categoría única medidas de seguridad según la doctrina se pueden clasificar dependiendo de la finalidad que persigan ya sea la protección inmediata de la víctima, ya sea la re-educación del agresor y programas para la víctima que son diferentes, y aquellas que pretenden evitar la violencia patrimonial y garantizar las responsabilidades familiares.
2. Recomendación para lista de Verificación Sobre las Medidas de Seguridad 18 Las medidas de seguridad deben aplicarse con la sola presentación de la denuncia ante el juzgado. Por el carácter de las medidas seguridad, éstas las pueden solicitar: o La mujer afectada o Cualquier miembro del grupo familiar o Cualquier persona sin importar su edad que haya sido victima de un acto que constituya violencia intrafamiliar. o Toda persona que tenga conocimiento de un hecho constitutivo de violencia. o Cualquier funcionario/a publico o profesional por razones de su cargo 19
18 Articulo 7. De las medidas de seguridad. Además de las contenidas en el articulo 88 del Código Penal, los Tribunales de Justicia, cuando se trate de situaciones de violencia intrafamiliar, acordarán cualquiera de las siguientes medidas de seguridad. Se podrá aplicar más de una medida: 1. Ordenar al presunto agresor que salga inmediatamente de la residencia común. Si resiste, se utilizará la fuerza pública. 2. Ordenar el allanamiento de la morada cuando, por violencia intrafamiliar, se arriesgue gravemente la integridad física, sexual, patrimonial, o psicológica de cualquiera de sus habitantes. 3. Prohibir que se introduzcan o se mantengan armas en la casa de habitación, cuando se utilicen para intimidar, amenazar o causar daño a alguna de las personas integrantes del grupo familiar. 4. Decomisar las armas en posesión del presunto agresor, aún cuando tenga licencia de portación. 5. Prohibir, al presunto agresor que perturbe o intimide a cualquier integrante del grupo familiar. 6. Prohibir el acceso del presunto agresor al domicilio permanente o temporal de la personal agredida y a su lugar de trabajo o estudio. 7. Ordenar, al presunto agresor, que se abstenga de interferir en el uso y disfrute de los instrumentos de trabajo de la persona agredida. Cuando ésta tenga sesenta (60) años o más o sea discapacitada, el presunto agresor no deberá interferir en el uso y disfrute de instrumentos indispensables para que la víctima pueda valerse por si misma o integrarse a la sociedad. 19 Miembros de servicios de salud o educativos, médicos que por razones de ocupación tienen contacto con la persona agraviada, para quienes la denuncia tendrá carácter de obligatoria de acuerdo al artículo 298 del Decreto Número 51-92 del Congreso de la
Las ONGs 20 La Procuraduría General de la República. Policía Nacional. Cualquier persona cuando la persona agraviada sufra de incapacidad física o mental, o cuando la persona se encuentra impedida de solicitarla por si misma. Si la víctima fuera menor de edad 21 .
Las medidas buscan detener la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. o Recuerde que el objeto de esta Ley es que nunca se ponga en riesgo la integridad de la denunciante. En el caso de que la Policía Nacional Civil tenga conocimiento directo o sea avisada que una persona es victima de violencia intrafamiliar debe actuar de oficio tomando las medidas necesarias para evitar estos actos. Asimismo debe avisar de inmediato a los Tribunales competentes dentro de las 24 horas establecidas por la ley para que se inicie los procedimientos respectivos 22 . República. Quien omitiere hacer esta denuncia será sancionado según lo establecido en el artículo 457 del Código Penal. 20 Las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones sociales cuyo objeto sea la protección de los derechos de la mujer, de los menores y, en general, las que atienden la problemática familiar entre sus fines. 21 Si la víctima fuera menor de edad será representada por la Procuraduría General de la Nación, cuando concurran las siguientes circunstancias: 1. Cuando la agresión provenga de quien ejerce la patria potestad; y, 2. Cuando se trata de menores que carezcan de tutela y representación legal. 22 Articulo 10. De las obligaciones de la policía nacional. Las autoridades de la policial nacional, tendrán la obligación de intervenir en las situaciones de violencia intrafamiliar, de oficio o cuando sean requeridas por las víctimas o por terceras personas. En estos casos deberán: a. Socorrer y prestar protección a las personas agredidas, aún cuando se encuentren dentro de su domicilio al momento de la denuncia, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 208 y 436 del Código Penal. b. En caso de flagrancia, detener a la persona agresora y ponerla a la orden de la autoridad judicial. c. Levantar informe o parte policial sobre los hechos ocurridos, para lo cual deberán recoger información de familiares, vecinos u otras personas presentes y consignar sus nombres, calidades y lugar donde puedan localizarse para requerirlos en un posible proceso judicial. d. Decomisar las armas y los objetos utilizados para amenazar o agredir y ponerlos a la orden de la autoridad judicial respectiva. El incumplimiento de estas obligaciones será sancionado conforme lo indica el artículo 114 del Código Procesal Penal.
La temporalidad de las medidas será tomada de acuerdo al criterio establecido por la jueza o el juez según las circunstancias, reincidencia y en concordancia al (artículo 8 de la L. P. P. S. E. V. I ) estas no podrán durar menos de un mes ni más de seis meses, pero pueden ser prorrogadas a solicitud de parte. Sobre la Medidas Precautorias 23 Las medidas precautorias deben aplicarse una vez realizada la audiencia El estado procurará ofrecer alternativas de tratamiento y rehabilitación a las personas agresoras, tomando en cuenta, entre otras, su doble condición de víctimas y de agresoras artículo 13 L. P. P. S. E. V. I. Busca evitar la reiteración y romper el ciclo de la violencia Tendrán una duración establecida por los/as operadores de justicia según articulo 8 L. P. P. S. E. V. I Es importante recordar que los cambios actitudinales son lentos Que se remita de oficio de a la victima a un Bufete Popular, para que de trámite a una pensión alimenticia definitiva cuando cuente con medidas de seguridad No tomar en consideración el Estado Civil de la Mujer o el Derecho de Propiedad al momento de otorgar las medidas de seguridad, ya que se están otorgando estas cautelar y provisionalmente para resguardar la vida e integridad de las mujeres, hijos e hijas, etc., y no declarando un derecho patrimonial, esto incluye en el aseguramiento del menaje de casa. Que se contemple otorgar las medidas de seguridad luego de un estudio multidisciplinario.
23 Articulo 7. De las medidas de seguridad. Además de las contenidas en el artículo 88 del Código Penal, los Tribunales de Justicia, cuando se trate de situaciones de violencia intrafamiliar, acordarán cualquiera de las siguientes medidas de seguridad. Se podrá aplicar más de una medida: 1. Ordenar al presunto agresor que salga inmediatamente de la residencia común. Si se resiste se utilizará la fuerza pública. 2. Ordenar la asistencia obligatoria a instituciones con programas terapéuticoeducativos, creados para ese fin.
Que en un mismo caso existan dos medidas de seguridad otorgada, una para el hombre y otra para la mujer, considerar proteger provisionalmente y dar crédito a la que tenga la mujer, mientras se constatan los hechos. Sobre las Medidas Cautelares 24 Las medidas cautelares deben aplicarse una vez realizada la audiencia Recordar que para fijar la pensión debe tomarse en cuenta no solo los ingresos formales del denunciado sino el estilo de vida de la denunciante. La guarda crianza en forma temporal se otorgará a la denunciante o a terceras personas a petición de la madre. El uso y disfrute de la vivienda y menaje se otorga PROVISIONALMENTE a la mujer. El denunciado si se separa 24 Articulo 7. De las medidas de seguridad. Además de las contenidas en el articulo 88 del Código Penal, los Tribunales de Justicia, cuando se trate de situaciones de violencia intrafamiliar, acordarán cualquiera de las siguientes medidas de seguridad. Se podrá aplicar más de una medida: 3. Suspenderle provisionalmente al presunto agresor, la guarda y custodia de sus hijos e hijas menores de edad. 4. Ordenar al presunto agresor abstenerse de interferir, en cualquier forma, en el ejercicio de la guarda, crianza y educación de sus hijos e hijas. 5. Suspenderle al presunto agresor el derecho de visitar a sus hijos e hijas, en caso de agresión sexual contra menores de edad. 6. Fijar una obligación alimentaria provisional, de conformidad con lo establecido en el Código Civil. 7. Disponer el embargo preventivo de bienes, del presunto agresor. Para aplicar esta medida no será necesario ningún depósito de garantía. A juicio de la autoridad judicial competente, el embargo recaerá la casa de habitación familiar y sobre los bienes necesarios para respaldar la obligación alimentaria en favor de la persona agredida y los dependientes que correspondan, conforme a la ley. 8. Levantar un inventario de los bienes muebles existentes en el núcleo habitacional, en particular el mensaje de casa u otros que le sirvan como medio de trabajo a la persona agredida. 9. Otorgar el uso exclusivo, por un plazo determinado, del menaje de casa a la persona agredida. Deberán salvaguardarse especialmente la vivienda y el menaje amparado al régimen de patrimonio familiar. Ordenar al presunto agresor, la reparación en dinero efectivo de los daños ocasionados a la persona agredida, o a los bienes que le sean indispensables para continuar su vida normal. Su incluyen gastos de traslado, reparaciones a la propiedad, alojamiento y gastos médicos. El monto se hará efectivo en la forma y procedimiento que la autoridad judicial estime conveniente para garantizar que la misma sea cumplida.
temporalmente del hogar tiene derecho a llevar consigo sus objetos personales y utensilios de trabajo o estudio.
En el caso de la ley contra la violencia intrafamiliar, el mecanismo de la notificación cumple con el objetivo de dar a conocer, por los medios legales establecidos, la interposición de las medidas de prevención, protección y cautelares y el inicio del proceso; cumpliéndose así con un requisito necesario para la eficacia del procedimiento establecido por la ley. La notificación adquiere un matiz relevante en los casos de violencia intrafamiliar, ya que la inadecuada realización e interpretación de los requisitos establecidos para la misma puede obstaculizar el proceso y colocar en un estado de indefensión a la víctima de violencia. Consecuencia inmediata del incumplimiento de este requisito formal es la imposibilidad de brindar una tutela eficaz del bien jurídico - la vida y integridad- de la víctima. La notificación, por la naturaleza de la materia a que se refiere, debe ser ágil; y así, estar en concordancia con los principios que fundamentan la Ley: inmediación, celeridad, gratuidad, oficiosidad. En aras de cumplir con este objetivo es que se han establecido los requisitos de la notificación, tomando en consideración que no son formales. Además cabe indicar que se realiza la audiencia cuando existe oposición por parte del Agresor, para respetar su derecho de defensa, pero para evitar demoras en las audiencias por ausencia de la parte denunciada, se contempla la posibilidad de que, si al momento de la entrega de la citación, ya sea en el trabajo o en su casa, no se localiza al presunto agresor; se notifica a cualquier persona que se encuentre en el lugar establecido y si se negaren a aceptarla se tomará razón en la cédula y fijará en la puerta la notificación 25 ; se tendrá por hecha en debida forma para todos los efectos legales. 25 Artículo 71 del código Procesal Civil y Mercantil, establece en su primer párrafo: “para hacer las notificaciones personales, el notificador del tribunal o un notario designado por el juez a costa del solicitante y cuyo nombramiento recaerá preferentemente en el propuesto
Por lo tanto, adquiere particular relevancia realizar la notificación en forma debida. Esto garantiza la integridad de la víctima, agilizándose los procedimientos y cumpliéndose con los principios de inmediatez y de celeridad. En este sentido, la ley contempla el supuesto de que si el agresor no acude a la audiencia y la ofendida sí, se da como válida la misma; evitando demoras innecesarias que significarían una revictimización mayor para la mujer y, por lo tanto, discriminación producto de una mala práctica jurídica. Por último, es de vital importancia destacar que la notificación responde al principio de gratuidad del proceso. No se puede cobrar por la realización de la misma, ya sea de forma directa (pagando al Receptor/a) o cubriendo los costos de transporte y/o gasolina. Y mucho menos enviando a la denunciante a notificar. Esto se constituiría en un obstáculo para el acceso a la justicia.
2. Recomendación para lista de Verificación VERIFIQUE EN EL TEXTO Que la audiencia se realice en los 2 días establecidos por la ley. Que en el texto se señale la ciudad, el día, el mes y el año y la hora en que se ejecutó la notificación. Que contenga el día, el mes y el año, de la audiencia y el juzgado o tribunal correspondiente. Que señale que puede asistir con su Abogado si así lo desea la parte. Que en el texto se contemplen todas las medidas que se consideren necesarias. El plazo de las medidas debe estar acorde al riesgo que sufre la denunciante. Si se localiza a la persona, que firme la notificación conjuntamente con el funcionario/a Judicial respectivo/a.
por el interesado, irá a la casa que hay indicado éste y, en su defecto, a la de su residencia conocida o lugar donde habitualmente se encuentre, y sino lo hallare, hará notificación por medio de cédula que entregará a los familiares o domésticos o a cualquier otra persona que viva en la casa. Si se negaren a recibirla, el notificador la fijará en la puerta de la casa y expresará al pie de la cédula, la fecha y la hora de la entrega y pondrá en el expediente razón de haber notificado en esa forma...”
EN LA APLICACIÓN DE LA CITACIÓN Que la realice el Secretario o Notificador del Juzgado Nunca la notificación la hace la denunciante, ya que se revictimizaría y se pone en peligro su vida. Se realiza en el domicilio o en el centro de trabajo. Que se realice en el mismo acto. Esta es gratuita. No se puede cobrar de forma directa o indirecta; sea pagando al notificador/a o cubriendo los gastos de transporte y/o gasolina. Que quien la realice la notificación, si no localiza personalmente al denunciado, podrá entregarla a cualquier persona mayor de catorce años (14 años) y sino encuentra a nadie deberá pegar la citación en la puerta de su casa. Si se localiza a la persona, entregar la cédula de notificación respectiva. La misma debe incluir las medidas de protección impuestas, el término de las mismas y el día de la audiencia. Se le previene que si no comparece a la audiencia, todas las futuras providencias que se dicten tendrán validez. Quién notifica debe levantar la razón o acta respectiva. Revise el acto de notificación que realizó el/la notificador/a. Que esta acta quede en el expediente como constancia de que el denunciado fue notificado en forma debida.
Durante el desarrollo del proceso, la audiencia se constituye en un acto de suma importancia en donde las partes involucradas comparecen ante la Jueza o el Juez. Este espacio, dado la naturaleza de la materia que se valora, debe generar y garantizar las condiciones para que la persona denunciante de la violencia quede libre de presiones y/o coacciones. En este sentido, el /la funcionario/a judicial no puede perder de vista la posible existencia de un ciclo de violencia que repercute sobre la mujer, pues prevalece una relación desigual de poder entre las partes. En estas circunstancias, cuando tratamos un caso de violencia intrafamiliar, la audiencia no puede ser asumida como un espacio neutral en donde ambas partes están en igualdad de condiciones. Al contrario, el uso que se haga de la audiencia puede facilitar o entorpecer el posible esclarecimiento de los hechos. Esta asimetría existente, y el objetivo que persigue la Ley de dar protección inmediata a la víctima de violencia por el peligro que corre su vida, integridad física, psicológica, sexual y patrimonial; es la razón fundamental para prohibir la conciliación en la audiencia, pues al conciliar el agresor y por lo tanto el mensaje que se trasmite, es que los actos de violencia cometidos contra las mujeres sean estas esposas, compañera o parejas sentimentales, ex pareja o con quien se hayan procreado hijos/as, no merecen castigo. El principio de oralidad está presente en la audiencia es por ello que reviste especial importancia, ya que en la misma hay una valoración de los hechos denunciados y de las medidas impuestas. Para lograr que los principios de inmediatez, celeridad, secretividad, oficiosidad y oralidad se cumplan la audiencia debe realizarse, dos días después al conocimiento de la solicitud. Si el agresor ha sido notificado
en debida forma, hay una presunción de aceptación de los hechos y las medidas; por lo tanto, la audiencia se da como realizada. Es importante establecer que este procedimiento se sigue cuando hay oposición por parte del agresor.
La secretividad en todo el proceso, y en especial en la audiencia, es de fundamental importancia para proteger la integridad psicológica de la mujer. Para ello las audiencias no deben ser públicas, pues responden a una ley especial y no al Código Procesal Penal.
2. Recomendación para lista de Verificación ACTOS PREPARATORIOS Realizar la audiencia en el plazo máximo de dos días de la denuncia conforme lo establece el trámite de la ley del organismo judicial. Asegurarse que en la audiencia se respete el principio de secretividad. Cumplir con la normativa existente para evitar la revictimización de la denunciante en la audiencia. Revisar los posibles prejuicios que tenga para valorar los hechos de la audiencia. REALIZACION DE LA AUDIENCIA: Acudirán la víctima y el denunciado. Pueden acompañarse de abogado/a Juez/a presidirá personalmente la audiencia. Se podrán allanar los hechos o se pueden contradecir. Realizar el interrogatorio en forma respetuosa. Planificar las preguntas a realizar conforme a los objetivos a indagar, pensando siempre en el respeto a las mujeres denunciantes. Consignar en el acta de la audiencia las preguntas y respuestas respectivas para fijar las medidas precautorias y cautelares. Propondrá mecanismos para impedir que la violencia se de nuevamente y así evitar la revictimización Explicará las consecuencias de las posibles sanciones penales
RESULTADO DE LA AUDIENCIA Valorar los hechos para: o Determinar si los hechos denunciados son ciertos. o Determinar las medidas seguridad precautorias, cautelares, a imponer. o Valorar si los hechos pueden configurar un delito. Redactar la resolución en la misma audiencia: o En caso de que por lo expuesto por los comparecientes y si los hechos no requieren prueba: Decretar las medidas de prevención, cautelares y de protección. Tener establecidos los hechos constitutivos de violencia. Intrafamiliar denunciados. Establecer las responsabilidades del denunciado. Prevenir a la persona agresora de las posibles sanciones penales en caso de incumplimiento o reiteración. Dictar la resolución definitiva en el plazo establecido. En caso de que no se allanaran los comparecientes o se requieran pruebas:
hechos por parte de los
o Señalar audiencia para recibir la prueba. o Se evacuen las pruebas en el plazo de ocho días o Dentro de este plazo se practicarán las inspecciones e investigaciones pertinentes. o Los medios de prueba que se pueden presentar son los mismos establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil. Cuando presenten un medio de prueba testifical, no es necesario que lo acompañe un interrogatorio, es suficiente con que nombren la persona(s) que comparecerá como testigo(os) con sus datos generales. o El día señalado se realizará la audiencia pública y oral las declaraciones testimoniales y demás pruebas. o Se evaluarán los dictámenes periciales y estudios de las trabajadoras/es sociales. La comparecencia es obligatoria para las partes víctimas y denunciados: o No es obligatoria la presencia de la ofendida y del denunciado
o Se espera que comparezca la ofendida por las agresiones sufridas, pero si no llega se quedan las actuaciones como se encuentren o Si el agresor no llega a la audiencia y la ofendida se realiza la audiencia o Si existe oposición por parte del denunciado se sigue el proceso en la vía incidental y si éste no se presentaré se toman como verdaderos los hechos denunciados En caso de que los hechos de violencia intrafamiliar configuren un delito se certificará lo conducente al órgano penal correspondiente, se tomara en cuenta que las medidas de protección se aplicaran independientemente de las sanciones específicas establecidas por los Códigos Penales y Procesal Penal en caso de hechos constitutivos de delito o falta. El/a Juez/a deberá dictar Sentencia en el acto de la audiencia dentro del término de tres días, en el caso de que los hechos sean controvertidos. La Sentencia Definitiva puede ser susceptible del recurso de apelación, aclaración o ampliación.
La valoración de la prueba en casos de violencia intrafamiliar es fundamental, sean éstas testimoniales, documentales o periciales, ya que están encaminadas a fundamentar las resoluciones y a determinar la responsabilidad del supuesto agresor. Posibilitan un real conocimiento del hecho y las dimensiones de peligrosidad en que se encuentran las mujeres, valoran y garantizan las pretensiones de tutela de los derechos humanos de las victimas. La prueba tiene relación directa con el principio de inmediación, en tanto y en cuanto implica tanto la participación de las partes como del tribunal en la evacuación de las mismas. En esta materia es importante conocer, para el manejo de las pruebas, las implicaciones que tiene el ciclo de la violencia para las mujeres y los agresores. Si bien la declaración o denuncia de la agresión es una prueba, es importante dimensionarla por otros mecanismos, en la medida de lo posible y cuando sea necesario, para que no riña con el principio de celeridad. Para ello se requiere que las pruebas periciales, sean éstas de carácter psicológico o físico, estén formuladas, elaboradas y ejecutadas desde una perspectiva de género, y así, permitan evidenciar las diferentes formas de violencia en las que se encuentra la mujer. Esta materia se considera especial, ya que protege bienes jurídicos relacionados con los derechos humanos; como lo son la vida y la integridad de las mujeres. Algunas de las pruebas pueden ser realizadas aún en la ausencia del supuesto agresor, siempre y cuando éste haya sido notificado adecuadamente. La carga de la prueba se revierte. Cuando un hombre alega que es sujeto de violencia, es él quien debe probar que no es así; por cuanto existe una relación de poder que no permite que las partes se encuentren en igualdad de condiciones. Las pruebas deben estar en armonía con el principio de celeridad, en tanto que los reclamos y el esclarecimiento de los hechos deben ser atendidos y solucionados sin
exceder el plazo fijado para los mismos. Ello implica la pertinencia y la adecuada elección de las pruebas para una decisión adecuada.
2. Recomendación para lista de Verificación Recordar que todo testigo propuesto y aceptado por el tribunal es hábil para declarar. Algunas de las pruebas pueden realizarse aún en ausencia del supuesto agresor, siempre y cuando éste haya sido notificado adecuadamente. Valorar la necesidad de pericias médicas y psicológicas. En caso de necesitar pericias, indicar claramente el objetivo de las mismas. Éstas deben incorporar la perspectiva de género, tomando en cuenta el ciclo de la violencia y las relaciones desiguales de poder a las que se encuentra sometida la mujer víctima de la violencia intrafamiliar. Si en la elaboración de los instrumentos, procedimientos y pruebas que se utilicen durante las pericias ignoran esta situación, los resultados que se obtengan podrían estar sesgados, y por lo tanto, no ser coadyuvantes en la protección y garantía de los derechos de las mujeres. En el caso que la mujer sea el sujeto activo de la violencia, indicar el objetivo de la pericia si responde a agresiones del denunciante. Realizar los interrogatorios en forma respetuosa y dirigir las preguntas a un objetivo claro y definido. Valorar la prueba desde una perspectiva de género. Cumplir con la valoración de la prueba, previo a que se cumpla el plazo para dictar la resolución.
Cumplimiento de las Medidas y de la Pena
Desde el punto formal, una Ley puede responder de una manera clara, precisa e integralmente por medio de su contenido, al objetivo por la que fue creada; en este caso la ley contra la violencia intrafamiliar debe responder a la protección de la integridad física, psicológica, sexual y patrimonial de las mujeres víctimas de la violencia. Pero esta integralidad en lo formal, puede quedar anulada si en la interpretación y/o ejecución de la misma no se realizan de una manera adecuada. En este sentido, el cumplimiento de las medidas tiene relación directa con la eficacia jurídica de la Ley para Prevenir, sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar. La verdadera protección se da en tanto exista una concordancia entre lo formal y lo real, a través de su interpretación y aplicación. Esto implica necesariamente un seguimiento en la aplicación de las medidas. En esta materia, la ejecución incorrecta de las medidas tiene un impacto directo sobre la protección de derechos humanos de las víctimas, dejándolas en situaciones de indefensión y de total inseguridad jurídica; impidiéndose así la eficacia de la Ley. Cuando existe una medida de seguridad o una sentencia en materia de violencia intrafamiliar en contra del denunciado y éste no las cumpliere o respetaré caerá en el delito de desobediencia según la ley penal26 .
Artículo 414 del Código Penal, "Desobediencia. Quién desobedeciere abiertamente una orden de un funcionario, autoridad o agente de autoridad, dictada en el ejercicio legítimo de las atribuciones, será sancionado con multa de cinco mil a cincuenta mil quetzales”.
2. Recomendación para lista de Verificación Enviar una copia de la resolución a las autoridades policiales y Ministerio Público informando sobre los mecanismos de protección impuestos y solicitar su colaboración para el cumplimiento. Solicitar a las Instancias correspondientes un informe sobre el cumplimiento de las medidas de seguridad. En caso de denunciar el incumplimiento de las medidas de protección, solicitar al denunciado o al agresor, según sea el caso, presentar en forma inmediata la prueba de su cumplimiento. En caso de que exista incumplimiento sancionar al denunciado. Valorar la prueba presentada por el /la denunciante.
La sentencia es una expresión del poder soberano del Estado. El ejercicio y resultado de la potestad estatal de administrar justicia se distingue de otros actos de poder por su carácter jurídico y de contenido normativo. Es un acto judicial que resulta de un proceso cognoscitivo y valorativo, que tiene como antecedente un juicio, precedente lógico y presupuesto procesal y político. Establece si ha tenido o no lugar la realidad empírica de un hecho. La validez de la sentencia está subordinada al establecimiento de la verdad de sus enunciados fácticos (plano de los hechos). Para la obtención de la sentencia, que es la culminación cognoscitiva y valorativa de la actividad probatoria, deben constatarse los razonamientos y los hechos en la misma sentencia; la cual no puede ser un acto de fe en la autoridad del órgano judicial que la dicta, sino del rigor lógico de la actividad probatoria que antecede a la decisión. La concepción actual de la sentencia la concibe como la conjunción de dos momentos diferentes: el juicio de hecho y el juicio de derecho. EL JUICIO DE HECHO: está constituido por una actividad de naturaleza cognoscitiva y valorativa. Verifica a través de la experimentación y valoración de los diversos medios de prueba (valoración que debe estar exento de sesgos discriminantes, incorporando la perspectiva de género), la certeza o no de las hipótesis; mediante la cual las partes tratan de establecer la verdad o falsedad de ciertas afirmaciones fácticas sometidas a la controversia. En el plano fáctico, en la actividad de toma de decisión, no se trabaja directamente con los hechos sino por las enunciaciones de los hechos o por las proposiciones que las tienen por objeto. En efecto, la actividad
probatoria se desarrolla a través de enunciaciones que contienen afirmaciones relativas a hechos; y estas afirmaciones se presentan en el juicio mediante el lenguaje y en forma contradictoria, con la pretensión de las partes de ser tenidas como verdadera. Esto quiere decir que , la preeminencia del lenguaje nos lleva a la importancia del criterio gramatical o filológico, tomando en cuenta que el lenguaje natural y el técnico han sido influenciado por la visión androcéntrica 27 . Se impone que el juez o jueza esté concientizado/a en cuanto a la interpretación y aplicación del principio de igualdad y no discriminación que preside el derecho sustantivo y adjetivo del ordenamiento jurídico. El plano fáctico no aparece en el proceso como algo “dado”, sino que es reconstruido en el propio proceso y con materiales lingüístico. De esta forma, el objeto del proceso, que son los hechos, tienen una dimensión subjetiva que debe estar exenta, en lo posible, de patrones y roles sexistas en el proceso de su admisión, recepción, elaboración de la actividad probatoria. Depende de la objetividad de la misma, en la forma de valorar y ponderar las pruebas. Entra en juego la interpretación judicial con toda su carga ideológica; donde subyace la escuela jurídica de interpretación dominante y los criterios o argumentos que se asuman. Los hechos como tales tienen una existencia material. A pesar de la mediación lingüística, subjetiva y jurídica, deben ser captados durante el proceso en su dimensión real; evitando toda construcción artificiosa contaminada por prejuicios de un supuesto de hecho (ad hoc) de una verdad puramente formal; en vez de la verdad real. En la fase de juicio de hecho, cada uno de los datos fácticos deben ser probados, mediante una evaluación de cada uno de los medios de prueba aportados al juicio y puestos en común, para el ejercicio del derecho de defensa de cada una de las partes. Luego, debe haber una evaluación del conjunto de la prueba aportada.
27 Ver FACIO, Alda. Cuando el Género Suena Cambios Trae. Metodología pare el análisis de género del fenómeno legal.. ILANUD, Programa Mujer, Justicia y Género, San José, Costa Rica, 1999. Androcentrismo es una de las formas más generalizada de sexismo, consiste en ver al mundo desde lo masculino tomando el varón de la especie como parámetro o modelo de lo humano. A veces esta forma de sexismo degenera en misoginia, que como su raíz griega lo indica, es el odio o despreció a lo femenino, o la ginopia: la imposibilidad de ver lo femenino o de aceptar la existencia autónoma de personas de sexo femenino.
EL JUICIO DE DERECHO: Una vez establecida la verdad de los hechos alegados, se hace objeto de una valoración a la luz del ordenamiento jurídico; lo que presupone el proceso de interpretación de la norma, en el sentido de valoración, elección de la norma o normas aplicables que integran el sector del ordenamiento jurídico y la atribución, en consecuencia, de un determinado significado a los datos fácticos. La decisión debe estar plenamente justificada, es decir , motivada. Una vez acreditado el hecho (el comportamiento concreto) como realmente producido, se trata de determinar si el mismo constituye el supuesto de hecho previsto como base de la aplicación de la norma jurídica. El juicio de derecho tiene como fundamento la interpretación judicial para la aplicación de la norma, y tiene por objeto la calificación de los hechos alegados en el juicio. INTERDEPENDENCIA DEL JUICIO DE HECHO Y EL JUICIO DE DERECHO. El juicio de hecho y de derecho son interdependientes. La interpretación judicial está orientada hacia los hechos, pues éstos tienen significación jurídica (antijuricidad) en la medida que son los supuestos de hechos previstos en la norma; y la norma es interpretada para determinar la calidad de subsumible de los hechos. Desde una perspectiva de género, en el juicio de hecho y de derecho en que se divide los dos momentos esenciales de la sentencia, los criterios de valoración deben fundamentarse en los principios de igualdad, no discriminación, equidad y valoración de la diferencia. Asimismo, que en el juicio de hecho y de derecho tenga supremacía el criterio de conformidad con las normas constitucionales y del derecho internacional de los derechos humanos (énfasis conforme a la diversidad humana, caso de los derechos humanos de las mujeres CEDAW y Belem do Para); aplicando los principios generales de interpretación del derecho de las mujeres que surgen de esas fuentes del derecho. Desde una visión de género lo que garantiza la tutela de los derechos de las mujeres es que haya una valoración de los hechos desde una perspectiva de género; mas aún si estamos valorando un caso de violencia intrafamiliar, en el cual no se puede obviar la existencia de un ciclo de violencia y de relaciones desiguales de poder. Toma especial importancia la resolución en relación a la Ley contra la violencia intrafamiliar, en tanto la misma es necesaria para determinar la reincidencia del agresor. Es un parámetro para medir la peligrosidad en que se encuentra la víctima de violencia.
En el caso de la Ley para Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer es fundamental señalar si hay reincidencia pues esto se constituye en un hecho relevante para constituirse como causal de separación o divorcio 28 . Según el principio de congruencia, la sentencia determina la responsabilidad del denunciado de conformidad con lo que se denunció en su contra y a las peticiones de la ofendida. No existe una regulación y control de la reincidencia por parte de los agresores en Guatemala.
2. Recomendación para lista de Verificación ¿Se contó con “Antecedentes de hecho” suficientes para resolver el caso? ¿Se cuenta con una expresión clara y suficiente de los “antecedentes probatorios” de los hechos probados? ¿Se valoró la prueba desde una perspectiva de género? ¿Se deja constancia de los actos de prueba producidos y de sus resultados? ¿Se contemplan las razones por las que se atribuye un determinado sentido al conjunto fragmentario y contradictorio que ofrece la práctica de la prueba durante el juicio? ¿Se da una exposición suficiente de los datos probatorios producidos en juicio? ¿Se justifica la valoración de los datos fácticos hasta llevarlos a hechos probados (fijados) y no de otros? ¿Se exponen las razones conforme a los principios de la experiencia, científicos y jurídicos del por qué de la atribución o negación como elementos de prueba; incluidos los referentes a la legalidad de la fuente de la prueba y del procedimiento de obtención? ¿Son transparentes los planos: fácticos, normativo, valorativo, lógico y lingüístico? ¿La sentencia esta motivada (justificación social)?
28 Articulo 9. De la reiteración del agresor. Se entenderá como reiteración del agresor, quien haya agredido por más de una vez a su víctima o a otro integrante del grupo familiar. Este hecho podrá ser invocado como causal de separación o divorcio.
¿En contexto de justificación (motivación), acreditar de manera convincente la validez de la explicación dada en la justificación; ambos contextos guardan una relación lógica? ¿La sentencia sólo decide en lo que se está en condición de motivar? ¿El desarrollo de la actividad decisoria se desarrolla en un doble juicio, el de hecho y el de derecho, interrelacionados? ¿En el contexto de decisión se busca una explicación dotada de suficiente verosimilitud y certeza, para un resultado que interesa al Derecho? ¿Se “basta así misma” la sentencia; es decir, un documento potencialmente accesible y comprensible por terceros no envueltos en el proceso? CASOS QUE SE PUEDEN DAR DESPUÉS DE REALIZADA LA AUDIENCIA O DESPUÉS DE UNASENTENCIA DEFINITIVA. En cualquier estado de la denuncia, si la denunciante manifiesta que el denunciado no ha cumplido con la o las Medida(s) de Seguridad impuesta(s), como por ejemplo: La de separar temporalmente del hogar al denunciado; el Juez(a) dictará una orden solicitando el auxilio policial correspondiente para que el agresor cumpla obligatoriamente con la Medida de Seguridad impuesta por el Juzgado.
La sanción cumple una función importante en la Ley contra la Violencia Intrafamiliar. La misma tiene relación directa con el principio de acción pública que implica la posibilidad de acudir a un órgano jurisdiccional para la protección de una pretensión jurídica. Es, en definitiva, el derecho a obtener justicia con el poder de activar ante el órgano jurídico. La misma se aplica cuando un bien jurídico considerado como fundamental por una sociedad es violentado. En este sentido la sanción tiene un carácter educativo para la sociedad porque enfatiza que la violencia contra la mujer no está en armonía con los derechos humanos y constitucionales que rigen las relaciones sociales y pretenden un cambio de actitud por parte del agresor y de la sociedad en general. Por la dimensión del daño de los actos de violencia, la acción pública conlleva la obligación, por parte de la fiscalía, de accionar, y al juzgador le impone actuar de oficio. Asimismo, es importante destacar que la sanción es uno de los medios para evitar la impunidad existente en la sociedad cuando se trata de la violencia contra la mujer. La sanción juega un papel fundamental para establecer que los actos de violencia se cometieron, y así poder establecer si se produce la reincidencia por parte de los sujetos. En el caso de la ley contra la violencia Intrafamiliar, la sanción está en correspondencia con la naturaleza de los mecanismos especiales instaurados en la ley; al protegerse un bien jurídico fundamental, como lo es la vida y la integridad de las mujeres. Cuando hay un acto y/o acciones que atenten contra el mismo, sean éstos de carácter, físicos, emocionales, patrimoniales, sexual o de otra índole, deben ser reprimidos; más aún cuando la comisión de actos de violencia
intrafamiliar solamente se pueden determinar con una resolución que así lo establezca, siendo insuficiente el establecimiento exclusivo de los mecanismos de protección. Si la violencia es una violación a los derechos humanos de las mujeres. La reincidencia tiene como resultado una doble re-victimización para las mujeres, ya que las pone en una situación de indefensión frente a los agresores, si el aparato judicial no funciona. En el caso de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar para imponer sanciones es necesario que esté debidamente probado en el juicio la comisión de los hechos, el incumplimiento de uno o más Mecanismos de Protección, prevención o cautelares impuestos por el Juzgado o que el denunciado haya vuelto a incurrir nuevamente en actos de Violencia Intrafamiliar. La sanción permite también establecer responsabilidades y a partir de esto exigir formas de la reparación en este sentido la Ley incluye en su artículo 7 algunas posibles formas de reparación “Ordenar al presunto agresor, la reparación en dinero efectivo de los daños ocasionados a la persona agredida, o a los bienes que le sean indispensables para continuar su vida normal. Su incluyen gastos de traslado, reparaciones a la propiedad, alojamiento y gastos médicos. El monto se hará efectivo en la forma y procedimiento que la autoridad judicial estime conveniente para garantizar que la misma sea cumplida”.
2. Recomendación para lista de Verificación Establecer sanciones administrativas por parte de las instituciones del Estado que se dedican a tratamiento de violencia intrafamiliar
CEDAW: Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. BELEM DO PARÁ: Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. L.P. S. E. V.I.: Ley contra la Violencia Intrafamiliar
ARROYO, Roxana. Las normas sobre violencia contra la mujer y su aplicación – un análisis comparado para América Central. Costa Rica, 2002. ARROYO, Roxana; Jiménez, Rodrigo. Diagnóstico sobre la situación de la respuesta inter-institucional a la ley contra la Violencia Doméstica de 1997 en Honduras. Código Penal de Guatemala Código Procesal Penal de Guatemala. Constitución Política de la República de Guatemala La Convención para la Eliminación de todas las formas Discriminación contra la Mujer, CEDAW.
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer, Belem do Pará. FACIO, Alda. Cuando el Género Suena Cambios Trae. Metodología pare el análisis de género del fenómeno legal.. ILANUD, Programa Mujer, Justicia y Género, San José, Costa Rica, 1999. JIMENEZ Rodrigo. Metodología para la Incorporación de la Perspectiva de Género en Resoluciones Judiciales Banco Interamericano de Desarrollo Costas Rica. 2002. ONU. Declaración sobre la Eliminación de la violencia contra la mujer A/RES/48/104 23 febrero 1994.
Protocolo de Aplicación de las Normas contra la Violencia Intrafamiliar Guatemala