Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sp8849-2014-27198-de-julio-9-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_013c73295e5402a6e0530a01015102a6&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-19 09:49:48
Document Index: 182426135

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 467', 'artículo 232', 'artículo 323', 'artículo 332', 'artículo 58', 'artículo 232', 'artículo 60', 'artículo 14', 'artículo 31', 'artículo 58', 'artículo 31', 'artículo 352', 'artículo 22', 'artículo 122', 'artículo 40', 'artículo 122', 'artículo 52', 'artículo 51', 'artículo 122', 'artículo 122', 'artículo 122', 'artículo 22', 'artículo 40', 'artículo 122', 'artículo 40', 'artículo 67', 'artículo 179', 'artículo 232', 'artículo 197', 'artículo 179', 'artículo 267', 'artículo 122', 'artículo 122', 'artículo 40', 'artículo 150', 'artículo 40', 'artículo 179', 'artículo 38', 'artículo 122', 'artículo 38', 'artículo 122', 'artículo 95', 'artículo 43', 'artículo 122', 'artículo 122', 'artículo 122', 'artículo 472', 'artículo 122']

SENTENCIA SP8849-2014 DE 09 DE JULIO DE 2014
CONTENIDO:DELITO DE REBELIÓN. EL DELITO DE REBELIÓN ES IMPUTABLE NO SOLO A QUIENES INTEGREN LA ESTRUCTURA MILITAR DEL MOVIMIENTO QUE AMENACE LA EXISTENCIA DEL ESTADO, SINO A QUIENES DESARROLLEN CUALQUIER OTRO ROL DENTRO DE LOS FINES DE LAS ORGANIZACIONES SUBVERSIVAS ARMADAS, COMO EL POLÍTICO, IDEOLÓGICO O FINANCIERO. PUES, EL ARTÍCULO 467 DE LA LEY 599 DEL 2000 DESCRIBE LA CONDUCTA COMO LA QUE COMETE AQUEL QUE BUSQUE ESTE FIN, EN DETRIMENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD, A TRAVÉS DE LAS ARMAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONGRESISTA, PROCESO PENAL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE 2000, REBELIÓN, DELITO, CÓDIGO PENAL
Sentencia SP8849-2014/27198 de julio 9 de 2014
SP8849-2014
Rad.: 27198.
Aprobado acta 216.
VI.1. A pesar que este pronunciamiento fue provocado en forma precipitada por la figura de la sentencia anticipada, como que el acusado aceptó sin condicionamiento los cargos por los delitos de constreñimiento al sufragante y rebelión (L. 599/2000, arts. 58-9, 387, 467 y 473), la naturaleza de la decisión impone la necesidad de verificar la existencia de los presupuestos procesales requeridos para proferir sentencia condenatoria, determinados en el artículo 232 del Código de Procedimiento Penal (L. 600/2000). Surge la necesidad de encontrar en el plenario, elementos de juicio que permitan establecer en grado de certeza, que ciertamente fueron desplegadas conductas punibles, que afectaron o pusieron en peligro bienes jurídicamente tutelados, de las que el acusado es responsable.
VI.2. Dada la dimensión definitiva que embarga esta oportunidad, se verificará si el procesado Pedro Nelson Pardo Rodríguez, conforme los cargos que aceptó en la Corte, adecuó su comportamiento a los específicos modelos de prohibición imputados, es decir, si incurrió en las dos acciones típicas referidas (constreñimiento al sufragante y rebelión); si de ese modo comprometió injustamente bienes o intereses legalmente protegidos, y superada la fase del injusto, además, si es dable afirmar de él, en ambos casos, un querer de resultado con arreglo a su culpabilidad.
VI.3. Se atribuyó al ex congresista Pardo Rodríguez las conductas de rebelión y constreñimiento al sufragante, conforme la adecuación típica prevista en los artículos 387, 467 y 473 de la Ley 599 de 2000, con la prédica de que era militante del frente XVI de las FARC, que opera en el departamento del Guainía, grupo subversivo del que en los comicios de los años 2002 y 2006 se valió, para que a través de destacamentos armados apostados en vías fluviales, impidieran votar a quienes no lo hicieran por él.
VI.4. En esas condiciones la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia bien puede decir, que el caso no plantea discusión por lo relativo con la existencia de rebelión o guerrilla, personas organizadas en torno al propósito de suprimir o cambiar el régimen constitucional o legal vigente, a través de las armas (C.P., art. 467), específicamente de las autodenominadas FARC y su frente XVI asentado en el departamento del Guainía desde pasadas décadas; la existencia de ese grupo de sujetos alzados en armas contra el régimen político, nadie la pone en duda.
VI.5. Se sabe que en el mes de enero de 2008, hubo desmovilizaciones masivas de guerrilleros del frente XVI de las FARC, que se presentaron ante la Vigésima Octava Brigada del Ejército en la inspección Guérima del municipio de Cumaribo, departamento del Vichada, entre ellos los conocidos con los alias de “Aldemar”, “Albeiro”, “Lucho”, “David”, “la garza”, “Fidel”, “Anderson”, “Abdul”, “Natalia” y “Luisa”, esta última en estado de gravidez, compañera sentimental de “Obduyer”, comandante de escuadra de ese frente rebelde, que operaba en el departamento del Guainía, y quien después también se entregó al Ejército Nacional.
VI.6. La coordinación del programa de atención humanitaria al desmovilizado “MDE”, adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, certificó que alias “Luisa”, cuyo nombre de pila es Zulma Solay Montoya Ramírez, se desmovilizó del frente XVI de las FARC el 8 de enero de 2008, otorgándosele la certificación número 0216-2008(11), y “Obduyer”, que es el apodo de John Fredy Carrero Mora, hizo lo propio el 5 de octubre del mismo año, ante el Batallón de Infantería de Selva Nº 45 de Villavicencio-Meta, según la acreditación 2777-2008(12), estando ambos “por cuenta de la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas de la Presidencia de la República (ACR)”.
VI.7. De ese modo, no hay duda que el frente XVI de las FARC existió y que desde hace muchos años, hizo la guerra a las fuerzas regulares del Estado en las amplias llanuras y selvas del oriente del país, en los departamentos del Vichada y el Guainía. En esos términos, la rebeldía está demostrada en el proceso; el Frente XVI de las FARC es un grupo de personas alzadas en armas contra el Estado, que por ese medio pretende hacerse al poder.
VI.8. Demostrada la existencia del frente XVI de las FARC, que pone en evidencia un delito de rebelión, pasa la Sala a establecer, conforme lo prevé el artículo 323 de la Ley 600 de 2000, si hay en el expediente prueba que otorgue certeza, pleno convencimiento, en cuanto a la militancia del doctor Pedro Nelson Pardo Rodríguez dentro de esa organización criminal (L. 599/2000, arts. 467 y 473), y de igual modo, de la intervención armada en su favor, mediante constreñimiento a los sufragantes, durante las gestas electorales al Congreso de la República de 2002 y 2006 (art. 387 ib.), por las que deba responder penalmente.
VI.9. El nombre del ex representante investigado y su relación con el frente XVI de las FARC quedó expuesto desde el mes de enero de 2007, a través de un documento suscrito por un grupo de personas que se hicieron llamar “habitantes del río Guaviare”, recibido en la Presidencia de la República, cuyas copias pasaron por múltiples oficinas públicas como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación, la oficina del Zar Anticorrupción, algunos ministerios, etc., y a la postre confluyeron en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia; allí se dijo que él, y otras personas del departamento del Guainía, tenían vínculos con la guerrilla de las FARC, organización armada que los obligaba a votar por “sus candidatos”(13).
VI.10. Indagando por esos hechos la Corte Suprema de Justicia recibió declaración a la señora Alba Lucía Rendón Madero, quien se desempeñó como gerente de la Contraloría del Guainía, durante un año a partir del mes de octubre de 2006. Ella denunció “amenazas” por parte del ex representante Pedro Nelson Pardo Rodríguez, a las que atribuyó su renuncia al cargo, señalando que “todo el mundo sabía” que él y su familia tenían vínculos con la guerrilla. “La comunidad decía que había presencia de la guerrilla, y que la familia del señor Nelson Pardo tenía vínculos con la guerrilla, y eso lo sabía todo el mundo, por eso me decían que me cuidara, que porque me podían echar mano” (secuestrar)(14).
VI.11. Los nexos del ex representante Pedro Nelson Pardo Rodríguez y su familia con el frente XVI de las FARC, de los que se empezó a saber a través de un escrito anónimo y que a instancia de la señora Alba Lucía Rendón quedó en el plano del conocimiento público local, fueron ratificados con conocimientos directos por desmovilizados de esa misma guerrilla, como Jhon Henry Padilla, alias “Jhon 402” o “Alex”, y Zulma Solay Montoya Ramírez, alias “Luisa”, a más del señor Nelson Acuña Pardo, conocido como “chino chino”, este habitante del sector de Sejál en la ribera del río Guaviare, de quien se dice, al tiempo que posaba como asiduo colaborador de esa guerrilla, era informante de la fuerza pública.
VI.12. El acervo contiene testimonios de visu, que comprometen la responsabilidad penal del ex representante Pedro Nelson Pardo, por sus relaciones con el frente XVI de las FARC. Zulma Solay Montoya Ramírez, alias “Luisa”, desmovilizada de esa subversión, dijo que en el año 2005 él se reunió con John Fredy Carrero Mora, alias “Obduyer”, padre de sus hijos y comandante de la escuadra en la que ella misma formaba, a quien luego hizo llegar $ 16.000.000. Recordó a la vez que en época de elecciones impedían “bajar a los que van a votar”, para favorecer a unos y perjudicar a otros(15).
VI.13. Zulma Solay Montoya, siendo “la mujer” del comandante “Obduyer”, relató detalladamente lo que presenció respecto del aporte económico que el doctor Pedro Nelson Pardo Rodríguez hizo a esa facción armada, al tiempo que describió la forma como a cambio él fue favorecido electoralmente. Dijo que “se reunía el comandante y nos decía, por decir, hoy viene …, los señores …, vamos a hablar, vamos a reunirnos, se les asaba carne, recuerdo una vez asamos una cherma, una cherma es un perro grandote, y ellos subían, y como, nada, se sentaban y hablaban” con el comandante que era Obduyer(16); “no le puedo decir qué cuadraban”, pero “igual a los, qué? …, 8 días, 5 días, ya subían una plata que ellos le mandaban”, “una vez le mandó Pedro, Pedro Pardo, 16 millones a Obduyer, comandante de la comisión”(17).
VI.14. Cuestionada la testigo acerca del porqué Pedro Nelson Pardo envió ese dinero a “Obduyer”, respondió que escuchó de él, quien es padre de sus hijos, desmovilizado como ella, y para entonces fungía como comandante de escuadra del Frente XVI de las FARC, que “eso eran cosas de política”(18); que para tal efecto hubo dos reuniones “al pie de Sejal”, una en la que estuvo el propio señor Pardo Rodríguez y dos de sus hermanos, a más de otras personas de las que no supo mayor cosa, “y como a los 8 días llegó la plata”(19); sabe que fueron ellos porque “los nombraban” y “por lo menos decían, hoy llega fulano de tal, por ejemplo Pedro Pardo”, además que la presentaron, porque “yo … era la mujer del muchacho que estaba ahí encargado de la comisión”(20).
VI.15. Después de describir físicamente a los hermanos Héctor y Pedro Pardo Rodríguez, la testigo en referencia dijo que como ella manejaba los equipos de comunicaciones, también participó del reporte que “Obduyer” presentó a sus superiores respecto del dinero recibido, y que por eso supo que fue el ex congresista investigado, precisamente él, quien lo mandó(21); describió esa acción diciendo que “uno tiene como unos códigos, unos libritos que van numerados, y abajo tienen la clave, la palabra”, “entonces se escribe lo que uno va a decir, con números porque como el ejército mantiene interceptado todo eso”, y que los interlocutores, que tienen los mismos códigos, hacen la traducción(22),
VI.16. Agregó la testigo, alias “Luisa”, que esa traducción consistió en que “venía una plata de Pedro Pardo, que si la recibían o no, dieron la orden que sí”, y entonces estando “todos ahí” “Obduyer” la recibió(23); “sé que venía del señor —Pedro Pardo— porque como le digo sacamos el informe y él —Obduyer— lo pasó a la central”, agregando que “ahí no decía de qué era, porqué era”; que el destinatario de ese informe era alias “cadete”, comandante del frente XVI de las FARC(24).
VI.17. Zulma Solay Montoya Ramírez dijo a la Corte Suprema que “yo misma conté los $ 16.000.000” y al poco tiempo de esos hechos(25), “Obduyer”, su compañero, fue reemplazado en la comandancia de esa escuadra por “Geovani Pata Picha”, preso en la cárcel de Villavicencio-Meta, y “me parece” que fue él quien para las elecciones hizo un retén y retuvo la gente, “para favorecer a uno y perjudicar a otro”, explicando que lo que hacían era impedir que la gente “bajara” a votar, “por lo menos, a los suyos, un ejemplo, entonces dejan bajar los míos, porque yo ya les pagué, yo ya fui y hablar con ellos, entonces bajan los míos para que ellos voten y los suyos no voten”(26); que de todo esto “Pata Picha” tiene conocimiento “porque él se encargó de esas cosas”(27).
VI.18. Del tema también habló Nelson Acuña Pardo, conocido con el mote de “chino chino”, un labriego, dueño de un bongo en el que navega por el río Guaviare, vendedor de plátanos en la esquina de “Palo Chisme” de Inírida, que vive con su familia “abajito de Sejál”, zona de operaciones guerrilleras, y quien haciendo parte de “la red de cooperantes”(28), infiltrado en el frente XVI de las FARC, comandado por alias “cadete”, conocedor de su línea de mando, regularmente suministraba información útil para las operaciones militares contraguerrilla a la inteligencia de la Armada Nacional. Él, tanto en su declaración originaria como en su ampliación, dijo que “las dos campañas que Pedro —Nelson Pardo Rodríguez— tuvo, fueron patrocinadas por las FARC”(29).
VI.19. El señor Nelson Acuña Pardo, recabando en que las FARC intervinieron en las campañas políticas de Pedro Nelson Pardo Rodríguez, agregó que en la primera ocasión “yo estaba administrando la finca del señor José Ramos”, cuando “venía don Pedro adelante y ahí detrás llegó el comandante —Horacio— y nos dijo voten por fulano de tal”, por lo que entonces “uno votaba por esa presión” que hacía el comandante “pescaito”(30). La segunda vez, dijo, “ahorita para la última elección que tuvo don este a la Cámara”, la que “acaba de salir”(31), o sea, la correspondiente al período constitucional 2006-2010, el comandante “Alexi” hizo una reunión en “Bocas de Laguna Sejál”, donde les dijo “bueno, colaboren a Pedro Pardo”, y como “yo era el líder les dije no, si no nos dejan votar por Jairo —Ducuara— pues no votamos”, por lo que entonces “no votamos por nadie”(32).
VI.20. La Sala confiere credibilidad a los testimonios de Nelson Acuña Pardo, conocido como “Chino Chino”, y Zulma Solay Montoya Ramírez, alias “Luisa”, quienes, cada cual desde la perspectiva de su conocimiento, relataron la manera como el frente XVI de las FARC, comandado por alias “cadete”, a través de mandos menores como “obduyer”, “pata picha” y “Alexi”, favoreció las aspiraciones políticas del ex representante Pedro Nelson Pardo Rodríguez, por medio de tapones o retenes sobre el río Guaviare, en los sectores de Sesema y Sejál, y ella en particular fue testigo, ya que según dijo “todos estábamos ahí”, de que recibió $ 16.000.000, e igualmente que informó a mandos superiores de la organización, “que venía una plata de Pedro Pardo” para ver ¿si la recibían o no?”(33).
VI.21. Súmase que en el expediente están los testimonios de Carmen Claudia Yepes Amaya y John Henry Padilla, dos desmovilizados del frente XVI de las FARC, quienes desde otras perspectivas y con diferentes matices y niveles del conocimiento, también convergieron sosteniendo que esa guerrilla influía en la política electoral del Guainía y las regiones bajo su poder, recordando lo mucho que se mencionaba a un señor “Pedro”, hermano de don “Héctor Pardo”, él sí muy reconocido, de quién por demás se dice que ejercía liderazgo en actividades conjuntas de narcotráfico.
VI.22. De esta manera, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia encuentra en el acervo el nivel de conocimiento exigido por el artículo 332 de la Ley 600 de 2000, necesario para proferir sentencia condenatoria, probada la tesis de que el frente XVI de las FARC, organización alzada en armas contra el Estado, recibió del doctor Pedro Nelson Pardo Rodríguez una suma millonaria que incrementó las arcas de la organización y fortaleció su capacidad bélica, al tiempo que esta desplegó actividad militar en pos de que él accediera electoralmente a la Cámara de Representantes, impidiendo que en las elecciones de 2002 y 2006 los electores de sus contendientes pudieran arribar a los sitios de votación (L. 599/2000, art. 387), conjunto de hechos que lo sitúan en el plano de sus miembros, en ejercicio del servicio público (arts. 464 y 473 ib.).
VI.23. En síntesis, queda en evidencia que el doctor Pedro Nelson Pardo Rodríguez, ex representante a la Cámara por el departamento del Guainía, sostenidamente durante varios años, mantuvo vínculos con el frente XVI de la guerrilla de las FARC, a partir de los cuales la Sala puede declarar, con el conocimiento suficiente para condenarlo, que tras el cargo de servidor público, incurrió en los delitos de constreñimiento al sufragante y rebelión, agravada (L. 599/2000, arts. 387, 467 y 473).
VI.24. Tratándose del delito de constreñimiento al sufragante, que según la norma 387 de la Ley 599 de 2000, sucede cuando una persona o grupo de ellas, como en este caso el frente XVI de las FARC, recurre al poder de las armas, el miedo y la intimidación, para moldear la decisión de los votantes o impedir el libre ejercicio del derecho al sufragio, la Corte encuentra responsable penalmente al doctor Pedro Nelson Pardo Rodríguez, porque según la información del expediente, él entregó una suma millonaria al comandante “Obduyer”, que se acompasa con el hecho de que la organización rebelde, de cara a los comicios de 2006, a través de retenes armados, montados sobre el río Guaviare, en compensación o contrapartida, obstruyó el paso de los electores disidentes, quienes se dirigían a las mesas de votación ubicadas en la cabecera municipal de Inírida-Guainía.
VI.25. Concerniente a la rebelión señálase, que está demostrada la pertenencia del acusado al grupo subversivo de las FARC, frente XVI. La jurisprudencia ha expuesto desde antaño, que la condición de rebelde (L. 599/2000, art. 467) no solo se predica de los agentes armados o uniformados, facción estrictamente militar o “combatientes”, sino también de todo aquél que, en ejercicio de cualquiera otro rol o desempeño, como el político, ideológico, financiero, etc., haga parte de la organización subversiva (CSJ SP, 21 feb. 2001, rad. 18.065).
VI.26. La Corte ha sostenido al respecto: “No quiere decir que todos los miembros de un grupo guerrillero tengan que ser combatientes para que se les pueda considerar rebeldes; basta con que se pertenezca al grupo subversivo y por dicha razón le sean encomendadas labores de cualquier naturaleza, tales como financiamiento, ideológicas, planeación, reclutamiento, publicidad, relaciones internacionales, instrucción, adoctrinamiento, comunicaciones, inteligencia, infiltración o cualquier otra actividad que nada tenga que ver con el uso de las armas, pero que sea un instrumento idóneo para el mantenimiento, fortalecimiento o funcionamiento del grupo subversivo para que se entienda que se puede dar el calificativo de rebelde a quien tales actividades realiza...” (CSJ SP, ago. 12/93, rad. 7.504; y mar. 9/2000, rad. 13.435).
VI.27. Súmase el componente de tipicidad derivada, emanado del hecho que conforme lo prevé el artículo 58-9 de la Ley 599 de 2000, el doctor Pedro Nelson Pardo Rodríguez, en el contexto social del departamento del Guainía, colmado de carencias, predominio de comunidades indígenas y colonos, tan lejano de los centros de poder, escenario de operaciones de guerra provocadas por el frente XVI de las FARC, es una persona prestante, notable, distinguida, por su posición política y económica, tanto así que fue ungido por sus pobladores para llevar su vocería como su representante en el Congreso de la República, confianza que habría defraudado de grave manera, porque en cambio de combatir la ilegalidad desde su privilegiada posición, se unió a los ejércitos rebeldes acrecentando su economía.
VI.28. De los comportamientos reseñados cabe pregonar, en el ámbito de lo injusto, tipicidad (C.P., art. 10) y antijuridicidad (art. 11 ib.). Lo primero por cuanto ambas acciones, según acaba de verse, tienen todos los rasgos objetivos y subjetivos que determinan su pertenencia al nivel valorativo de adecuación, a las hipótesis penales referidas (L. 599/2000, arts. 58-9, 387, 467 y 473). Lo segundo, porque los supuestos de hecho típicos, cada cual en sus individualidades, contravinieron sin justificación alguna, los respectivos intereses de protección de las normas vulneradas, esto es, el régimen constitucional y legal vigente, y los mecanismos de participación democrática; lo que se verifica cuando claramente y por encima de cualquier discusión se advierte que no estuvieron justificados por normas permisivas, legales o supralegales, que como excusas de exclusión de lo injusto borren o eliminen su antijuridicidad.
VI.29. El doctor Pedro Nelson Pardo Rodríguez, además, cuando se incorporó y mantuvo en las FARC, y a través de comandos armados constriñó a los electores, tenía plena capacidad de culpabilidad, en cuanto sano de mente, inteligente, conocedor de las relaciones políticas y sociales de los departamentos del Guainía, donde desplegó sus acciones, privilegiado por su liderazgo en habilidades que lo facultaban para comprender y determinarse de conformidad; estaba habilitado para, de haber querido, abstenerse de los comportamientos ilícitos en los que incurrió.
VI.30. En la esfera de lo profano, es decir, sin necesidad de haber realizado los ejercicios concretos de subsunción de los hechos en las correspondientes normas jurídicas, más cuando tiene la profesión de abogado, fue consciente de la ilicitud o trascendencia jurídica de sus conductas, porque sabía, como por intuición simple lo saben los demás humanos en el obligado ejercicio de la vida relacional, que la militancia en un grupo subversivo, como la interferencia armada en la voluntad del electorado, son comportamientos contrarios a los deberes recogidos en el derecho, más aún si tenían por fin arribar al poder legislativo del Estado, preciso donde se hacen las leyes; no es persona excepcionalmente inexperta, lega en las cosas de la existencia, retraída, solitaria o aislada, sino muy por el contrario, habituada en el mundo de las relaciones sociales, con experiencias de vida cercana que supera los 50 años, muchos de ellos inmiscuido en el campo de la política electoral.
VI.31. Tampoco hubo entre el procesado y sus acciones típicas, obstáculos que le impidiera proceder legítimamente, por lo que en definitiva le eran exigibles comportamientos distintos, que en cuanto no tuvo, demostrada también la categoría dogmática de la culpabilidad, le genera juicio de exigibilidad por no haber obrado conforme a derecho, pudiendo hacerlo. Su presunción de inocencia posa quebrada. Están cumplidas cabalmente las condiciones del artículo 232 del Código de Procedimiento Penal (L. 600/2000), para emitir sentencia adversa; como ahora se procede.
VII. De las penas.
VII.1. Para el efecto de cuantificar la represión, se tiene en cuenta que el ex congresista Pedro Nelson Pardo Rodríguez, tras optar por la sentencia anticipada, se declaró responsable por los delitos de constreñimiento al sufragante y rebelión (L. 599/2000, arts. 387, 467), que tienen previstas penas, el primero de 3 a 6 años de prisión, y el segundo, de 6 a 9 años de prisión y de 100 a 200 salarios mínimos legales mensuales de multa, aumentadas estas hasta una tercera parte (art. 473 ib.), es decir, de 6 a 12 años de prisión y de 100 a 266,66 salarios mínimos legales mensuales de multa; lo anterior conforme la regla 2ª del artículo 60 del Código Penal, que dispone aplicación del aumento al tope máximo punitivo.
VII.2. No se aplicará en la tasación punitiva el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, que prevé incremento generalizado de penas, porque como se dijera desde cuando se revocó la medida de aseguramiento impuesta por la Sala al doctor Pedro Nelson Pardo Rodríguez, atendiendo la jurisprudencia vigente de la Corte, esta norma no se acompasa con procesos seguidos contra aforados constitucionales, necesariamente, por el método de la Ley 600 de 2000 (CSJ SP, ene. 18/2012, rad. 32.764).
VII.3. Procediéndose por un concurso de conductas punibles, conforme lo establece el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, se evidencia de bulto que el delito más grave, base de la dosificación punitiva, es el de rebelión, agravado, pues conforme los extremos punitivos puestos de presente, le aparejan penas de prisión y multa. La primera de entre 6 y 12 años, y la segunda de entre 100 y 266,66 salarios mínimos legales mensuales. Mientras que al delito de constreñimiento al sufragante corresponde, solamente pena de prisión, que va de 3 a 6 años.
VII.4. Frente a la pena de prisión que corresponde al delito de rebelión, que es el más grave y por lo mismo se erige en base de la dosificación, se procede conforme lo ordenan las normas 60 y 61 de la Ley 599 de 2000. Por eso su espectro de oscilación se divide en cuartos, así: el primero va de 72 a 90 meses (6 a 7.5 años); el segundo de 90 meses y 1 día a 108 meses (9 años); el tercero de 108 meses y 1 día, a 126 meses (10.5 años); y, el cuarto de 126 meses y 1 día a 144 meses (12 años). Por lo atinente con la multa, siguiendo el mismo criterio, el primer cuarto va de 100 a 141,66; el segundo de esta cifra a 183,325; el tercero hasta 224,985; y el cuarto máximo de éste a 266,66, en todos los casos, salarios mínimos legales mensuales.
VII.5. Como en el pliego de cargos, haciendo parte del componente de tipicidad objetiva, está inmerso el agravante genérico derivado de la “posición distinguida que el sentenciado ocupe en la sociedad, por su cargo, posición económica, ilustración, poder, oficio o ministerio”, previsto en el artículo 58-9 de la Ley 599 de 2000, que se explicó suficiente y adecuadamente desde la indagatoria y el procesado también aceptó sin condiciones, aunada a la carencia de antecedentes penales (art. 55-1 ib.), los cuartos medios tanto de la prisión como de la multa, o sea, entre 90 meses y 1 día y 126 meses, y entre 141,66 y 183,325 salarios mínimos legales mensuales, se erigen como los ámbitos de movilidad en que se manifiesta el principio de legalidad de las penas; en ese marco se imponen, dentro del segundo cuarto, 96 meses de prisión y 150 salarios mínimos legales mensuales de multa, que no son los mínimos pero tampoco los máximos previstos en la ley.
VII.6. Lo anterior sobre la base de considerar que la gravedad de la conducta juzgada superó su tope básico, necesario para configurar su tipicidad (principal y derivada). Independientemente de la prestancia social, política y económica del sentenciado, el delito significó la cooptación de por lo menos un escaño del poder legislativo por grupos subversivos, con un menoscabo real de la mayor entidad, para los valores que nutren un Estado democrático. El dolo fue de la mayor intensidad en cuanto sostenido en el tiempo, renovado permanentemente en acciones concretas, en derredor de por lo menos dos certámenes electorales. Aúnase la necesidad de pena a propósito de sus finalidades de prevención general y especial, reinmersión social, protección y justa retribución.
VII.7. A la pena privativa de la libertad correspondiente al delito de rebelión, o sea, a 96 meses de prisión, como lo dispone el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, se adicionarán 12 meses, por el delito de constreñimiento al sufragante (L. 599/2000, art. 387), que en la integración del concurso de conductas punibles se estableció como la de menor gravedad, por lo que entonces las penas quedarían, hasta esta parte de la dosificación, en 108 meses de prisión y 150 salarios mínimos legales mensuales de multa.
VII.8. En atención a que el procesado aceptó los cargos después de emitido auto de acusación y previo al inicio de la audiencia pública, con el consecuente proporcional de ahorro de jurisdicción, aplicando por favorabilidad lo previsto en el artículo 352 de la Ley 906 de 2004, por encima de lo previsto en la norma 40 de la Ley 600 de 2000, se rebajarán las penas en una tercera parte, esto es, a 72 meses de prisión y 100 salarios mínimos legales mensuales de multa.
VII.9. Por último, de conformidad con los previsto en los artículos 44 y 52 del Código Penal, la Sala condenará al ex congresista Pedro Nelson Pardo Rodríguez, a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por tiempo igual al de la pena privativa de la libertad impuesta.
VIII. De las penas de inhabilidad intemporal en delitos políticos.
VIII.1. Procediéndose por un concurso de delitos, del que hace parte uno de rebelión, la Sala encuentra necesario verificar si a la luz de la Constitución Política, especialmente las normas que integran el marco Jurídico para la Paz (A.L. 01/2012), por medio del cual “se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 (…), es imponible o no la pena de inhabilidad intemporal referida en el inciso 5º del artículo 122, también de la Carta Superior (modificado. A.L. 01/2009); ese es el problema jurídico que ahora se resuelve.
VIII.2. Es indiscutible que las inhabilidades políticas, tanto intemporales como temporales, consecuencia de la comisión de delitos, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 y 99 de la Carta Fundamental, en los “los casos que determine la ley” o ella misma, comportan la suspensión de la ciudadanía y por tanto, la privación de los derechos ciudadanos previstos en el artículo 40, también de la Obra Superior. Esa es la cláusula general: la condena en sentencia penal, conlleva inhabilidad para el ejercicio de derechos políticos, pues el sistema constitucional permite, que «la ciudadanía se suspenda en virtud de decisión judicial, “en los casos que determine la ley”»(34).
VIII.3. Con esa disposición básica armoniza la exégesis del artículo 122 Constitucional (modificado. A.L. 01/2009, art. 4º), que refiere a la inhabilidad intemporal, según la cual, «… no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior».
VIII.4. También a ese criterio se ajusta el artículo 52 de la Ley 599 de 2000, inciso 3º, cuando respecto de las inhabilidades temporales dispone, que «[e]n todo caso, la pena de prisión conllevará la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un tiempo igual al de la pena a que acceda y hasta por una tercera parte más, sin exceder el máximo fijado en la ley, sin perjuicio de la excepción a que alude el inciso 2º del artículo 51», que son justamente las previstas en el inciso 5º del artículo 122 de la Constitución Política, o sea, las inhabilidades intemporales.
VIII.5. Sin embargo, la Constitución Política cada vez que dispone condicionamientos en su propio texto o en la ley, al igual que ésta misma lo hace, prevé distinciones legítimas según las cuales, no siempre la condena penal o la pena privativa de la libertad, conlleva la de inhabilitación permanente, intemporal o vitalicia, porque existen razones de política criminal que la atemperan, negando su carácter perenne. Una de esas reservas está en los delitos políticos (otra en los culposos), amén de su especialidad, porque tanto en la Carta Superior como en la ley, son motivo recurrente de excepciones.
VIII.6. Con respecto a la inhabilidad intemporal prevista en el artículo 122, inciso 5º, de la Constitución Política (Modificado. A.L. 1/2009, art. 4º)(35), la Sala debe precisar, que no obstante la condena estriba en la pertenencia a grupos armados ilegales, entendiéndose por tales tanto a las guerrillas como a las autodefensas (L. 782/2002(36), art. 8º, par. 1º y L. 975/2005, art. 1º(37)), se torna necesario diferenciar la delincuencia común de la política, porque por virtud de la misma Carta Superior (A.L. 1º/2012, arts. 67 Trans., 179-1, 197, 232, 264, 249 y 267), esta categoría de consecuencia vitalicia, solo aplica para la primera; no para delincuentes políticos, como por esencia son los rebeldes.
VIII.7. Si bien la exégesis del artículo 122, inciso 5º, de la Constitución Política (modificado. A.L. 1/2009, art. 4º), no distingue entre delitos comunes y políticos, otras normas de la Carta, que con análoga jerarquía integran la sistemática del Estado, sí contrastan estas dos tipologías delictivas. Reivindican los delitos políticos como categorías privilegiadas respecto de las demás, porque inspirados en ideales de justicia llevan a actitudes proscritas del orden constitucional y legal, justamente para conseguir esas altruistas finalidades. Por eso, contrario a los delitos comunes, tienen un tratamiento especial y de modo excepcional, legítimamente, no les aplican tales inhabilidades.
VIII.8. Siendo cierto que el fin jamás justifica los medios, sería constitucionalmente incorrecto, por injusto o desequilibrado, conforme la axiología de la Carta (arts. 1º, 2º, 13, 16, 18, 20, 40, etc.), otorgar el mismo tratamiento a quienes contravienen el orden del Estado por motivaciones políticas, así prefieran formas o mecanismos equivocados o ilícitos, como lo es la guerra, con respecto a quienes lo hacen con fines intrínsecamente pérfidos. Por eso en el derecho, más aún dentro del régimen jurídico para la paz (A.L. 01/2012), se justifica un tratamiento diferenciado para el delito político, amén de su teleología, con respecto al delito común, de propósitos egoístas.
VIII.9. Sobre el particular la jurisprudencia señala que «[l]a Constitución distingue los delitos políticos de los delitos comunes para efectos de acordar a los primeros un tratamiento más benévolo con lo cual mantiene una tradición democrática de estirpe humanitario. El Estado no puede caer en el funesto error de confundir la delincuencia común con la política. El fin que persigue la delincuencia común organizada, particularmente a través de la violencia narcoterrorista, es el de colocar en situación de indefensión a la sociedad civil, bajo la amenaza de padecer males irreparables, si se opone a sus proditorios designios. La acción delictiva de la criminalidad común no se dirige contra el Estado como tal, ni contra el sistema político vigente, buscando sustituirlo por otro distinto, ni persigue finalidades altruistas, sino que se dirige contra los asociados, que se constituyen así en víctimas indiscriminadas de esa delincuencia»(38).
VIII.10. El Acto Legislativo 01 de 2012, por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional, en el marco del artículo 22 de la Constitución Política, reivindica determinantemente los derechos ciudadanos, para quienes sean condenados por delitos políticos. En la norma transitoria 67 dispuso que “[u]na ley estatutaria regulará cuáles serán los delitos considerados conexos al delito político, para efectos de la posibilidad de participar en política”. Da por descontado que la condena por delitos políticos en sí mismo concebidos, no constituye inhabilidad vitalicia para ejercer los derechos consagrados en el artículo 40 de la Carta, que es lo mismo que participar en política.
VIII.11. Solo así se explica porqué la ley estatutaria que deberá expedir el Congreso de la República, en desarrollo del Acto Legislativo 1 de 2012 (Marco Jurídico para la Paz), según el texto transcrito, no se encargará de los delitos políticos en sí, rebelión y demás, sino que solamente determinará o enlistará a sus “considerados conexos”, con el claro propósito de que quienes también hayan incurrido en estos, de igual modo puedan participar sin otras restricciones en asuntos políticos, facilitando el proceso de reconciliación nacional, en el marco de la justicia transicional pretendido; con la única condición de que esos delitos, los conexos, no tengan “connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática”(39).
VIII.12. El Acto Legislativo 01 de 2012, que dentro del régimen jurídico significa la constitucionalización de un sistema de justicia transicional, dispuso para el efecto, entre otros mecanismos, un retraimiento en el régimen punitivo. Excepcionó las consecuencias de inhabilidad política previstas en el artículo 122 de la Constitución (objeto de reforma), para quienes hayan incurrido en delitos conexos a los políticos, conforme el listado o determinación que de estos haga el Congreso de la República, a través de una ley estatutaria en la que no podrá incluir «crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática». Todo con el inequívoco propósito de posibilitar la «participación en política», o sea, el pleno goce de los derechos consagrados en el artículo 40 de la Carta, a quienes hayan sido condenados por delitos políticos. Por contera facilitar el fin último del régimen jurídico transitorio, que no es otro que lograr un estado de paz y concordia, estable y duradero; así son las cosas.
VIII.13. Pero además del artículo 67 Transitorio de la Constitución Política, creado mediante Acto Legislativo 01 de 2012 (marco jurídico para la paz), el cual da por sentado un privilegio punitivo para los delitos políticos y procura igual tratamiento para algunos de sus conexos, hay en la Carta otras normas que fijan excepciones a la privación de derechos políticos, como consecuencia de la comisión de delitos, que son la base constitucional para decir, que la inhabilidad intemporal, no es un imperativo categórico; no aplica, per se, a todos los casos.
VIII.14. Véase las siguientes normas de la Constitución Política: el artículo 179 dispone que no pueden ser congresistas, (…) «quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos». El artículo 232, establece que para ser magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se requiere «[n]o haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos (…)». El artículo 197 reza que no «podrá ser elegido Presidente de la República quien hubiere incurrido en alguna causal de inhabilidad consagrada en los numerales 1º (…), del artículo 179», o sea, las mismas de los congresistas, con la excepción «por delitos políticos o culposos».
VIII.15. De igual modo dice el artículo 267 de la Carta Política en el inciso 8º, que no puede ser elegido Contralor General «quien haya sido condenado a pena de prisión por delitos comunes», deduciéndose por contraste que quien haya sido condenado por «delitos políticos», no está inhabilitado para elegirse en esa dignidad. La misma excepción se replica en los artículos 249 y 264 (modificado A.L. 1/2003), respecto del Fiscal General de la Nación y los magistrados del Consejo Nacional Electoral, respectivamente: no podrán ser elegidos como tales (Fiscal General o magistrados de dicha corporación), quienes hayan sido condenados a pena privativa de libertad, «excepto por delitos políticos o culposos».
VIII.16. Por eso la Corte Constitucional ha sostenido, verificando las inhabilidades contenidas en el artículo 122 de la Carta Superior, que «las personas en quienes se realicen los supuestos normativos inhabilitantes descritos en los incisos 5º y 6º (…), sobrellevarán inhabilidad vitalicia para ser inscritos o elegidos a cargos de representación popular, para ser designados servidores públicos y para celebrar contratos con el Estado», «salvo prescripción constitucional diferente», preciso en el marco de los delitos «políticos y culposos», excepcionados recurrentemente en el Texto Constitucional, como quedó visto(40).
VIII.17. Entonces, viendo cómo una interpretación sistemática de la Constitución Política, otorga tratamiento diverso a los delitos políticos, se concluye que la inhabilidad intemporal prevista en el inciso 5º del artículo 122 de la misma, aplica a quienes hayan sido condenados por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado, o por delitos relacionados con la pertenencia, promoción, o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o narcotráfico, excepción hecha de delitos políticos, quienes en tales condiciones no quedan impedidos para ejercer la integridad de derechos políticos consagrados en el artículo 40, también de la Carta Superior.
VIII.18. De igual forma la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (L. 270/96), en el artículo 150 numeral 6º, contemplando las inhabilidades para ejercer cargos en la rama judicial, dispuso que no podrá ser nombrado en ningún cargo del sistema judicial, «[q]uien haya sido declarado responsable de la comisión de cualquier hecho punible, excepto por delitos políticos o culposos», lo que significa excepcionar la pérdida de los derechos políticos previstos en el numeral 7º del artículo 40 de la Carta Política. Con respecto a esas inhabilidades la Corte Constitucional expresó que «aparecen razonables, en virtud de la naturaleza de las labores que se asignan a quienes deseen hacer parte de esta rama del poder público», sin glosa distinta a que le debe preceder una sentencia judicial, como sucede para el caso de los congresistas, según el artículo 179 Superior, es decir, aceptando las excepciones(41).
VIII.19. Cabe resaltar que el Código Disciplinario Único (L. 734/2002) en su artículo 38, retomó las inhabilidades previstas en el canon 122 constitucional (previo a la modificación del inciso 5º, por Acto Legislativo 01 de 2009, con el agregado de «haber sido condenado a pena privativa de la libertad mayor de cuatro años por delito doloso dentro de los diez años anteriores», y de igual modo recabó en la salvedad para «delitos políticos», sin que la Corte Constitucional, aprobando su examen de exequibilidad, haya formulado reserva con respecto a esas puntuales excepciones, precisando por el contrario, que a partir de la vigencia de esa normativa, la «inhabilidad del inciso final del artículo 122 de la Constitución no se aplica para delitos culposos—y políticos agrega la Sala—, sino únicamente para dolosos», poniendo de relieve la excepción a la pérdida de derechos políticos, por la existencia de una condena penal(42).
VIII.20. La Corte Constitucional verificando la exequibilidad del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario), que trata de las inhabilidades para desempeñar cargos públicos y enlista entre otras la de tener condena penal, excepto que sea por delitos «políticos y culposos», estudió la temática relativa con esta última salvedad a la luz del artículo 122 inciso 5º de la Constitución Política, concluyendo que es legítima(43). Y a pesar de lo previsto en el Acto Legislativo 01 de 2009, no hay razón para que en el caso de la primera excepción, o sea, de los «delitos políticos», la conclusión sea distinta; menos aún dentro del marco jurídico para la paz (A.L. 01/2012).
VIII.21. La misma situación se aprecia en el artículo 95 de la Ley 136 de 1994 (modificado. L. 617/2000, art. 37), que refiere a las inhabilidades para ser alcalde municipal, y el artículo 43 de la misma normativa (modificado. L. 617/2000, art. 40), que prevé las de los concejales. En ambos casos la existencia de sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, es causal de inhabilidad, «excepto por delitos políticos y culposos». Y de esa manera ha sido comprendido por la jurisprudencia constitucional y contencioso- administrativa.
VIII.22. La Sección Quinta, Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado, verificando si una persona condenada por peculado «culposo» estaba inhabilitada para inscribirse y ser elegido alcalde municipal, ofreció argumentos valederos frente al problema jurídico análogo, materia de análisis por parte de la Corte Suprema de Justicia, relativo con la condena por delitos «políticos». En esa ocasión señaló:
Haciendo una lectura detenida de la causal de inhabilidad invocada, según la cual no podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal, «Quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos», es claro que el aparte resaltado coloca fuera del alcance de la inhabilidad, «a quienes hayan sido condenados por delitos culposos —y políticos agrega la Corte—, sin distinción alguna, esto es siguiendo la regla de hermenéutica según la cual donde el legislador no distinguió, al intérprete no le es dado hacerlo, menos aún entratándose de la interpretación de una inhabilidad que limita el ejercicio de derechos fundamentales a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político (C.N., art. 40), puesto que todo aquello que tienda a restringir el ejercicio de ese derecho, en particular cuando se postule una persona para ser elegido a un cargo o corporación pública de elección popular, debe provenir de dictados explícitos de la ley, ya que en este terreno del derecho está desterrada toda posibilidad de interpretación extensiva»(44).
VIII.23. Vale aclarar que las excepciones a las inhabilidades por “delitos políticos y culposos”, para quienes hayan sido condenados en sentencia penal, no impactan las de carácter temporal que prevé la ley (L. 599/2000, arts. 44 y 52), como penas accesorias o acompañantes, sino exclusivamente a las intemporales, establecidas por la Constitución Política (modificado. A.L. 01/2009, art. 122, inc. 5º). Así lo dejó sentado la Corte Constitucional(45), lo retomó la Sección Quinta del Consejo de Estado(46) estudiando el caso de un alcalde condenado por peculado culposo, y ahora lo hace la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia:
La Corte deja claramente establecido que los delitos culposos —y los políticos agrega la Sala Penal—, no están exentos de inhabilidad, ni el legislador puede eximirlos de inhabilidad, pues se estaría violando el artículo 122 de la Constitución; lo que no puede el legislador es atribuirles una inhabilidad perpetua. Existen, entonces dos límites, uno hacia abajo, que consiste en que debe existir inhabilidad (o sea que no pueden quedar sin habilidad) y otro hacia arriba consistente en que la inhabilidad no puede ser perpetua; dentro de esos límites el legislador tiene una amplia capacidad de configuración tratándose de delitos culposos —y políticos se agrega—.
VIII.24. Así como la Constitución permite que la ciudadanía se suspenda en virtud de decisión judicial, «en los casos que determine la ley» (art. 98), también acepta que en todos los casos, a las condenas penales accedan inhabilidades temporales para el ejercicio de derechos políticos (L. 599/2000, art. 52), y las vitalicias (excepto en delitos políticos y culposo), también en los precisos términos de la ley, como lo dice la jurisprudencia constitucional y contencioso-administrativa, pues aunque es verdad que las personas condenadas, recluidas o no en establecimientos carcelarios, son sujetos de derechos, el ejercicio de los derechos políticos «puede estar limitado y restringido en casos especiales por la Constitución y la ley, como es el de las cárceles»(47).
VIII.25. En conclusión, recapitulando, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia encuentra, que a la luz de las normas constitucionales y legales analizadas, así como la jurisprudencia comentada, a los condenados por delitos políticos como el de rebelión, no es imponible la pena de inhabilidad intemporal referida en el inciso 5º del artículo 122 de la Constitución Política (modificado. A.L. 01/2009); aunque sí les aplica temporalmente la pérdida de derechos políticos (C.P., art. 40), por el mismo lapso de la pena de prisión, como accesoria o acompañante (L. 599/2000, arts. 44 y 52), por exigencia de un mínimo constitucional, como acaba de verse.
VIII.26. En ese sentido se modula la hermenéutica de la Sala (CSJ, SP, 20 nov. 2013, rad. 36040). En adelante se impondrá la inhabilidad vitalicia prevista en el artículo 122, inc. 5º de la Constitución Política (modificado. A.L. 01/2009), por delitos que afecten el patrimonio del Estado (excepto culposos(48)); por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales (excepto políticos); por delitos de lesa humanidad; y por delitos de narcotráfico, cometidos en Colombia o en el exterior. No se impondrá como pena, la pérdida vitalicia de derechos políticos, por delitos políticos.
IX. De la libertad.
IX. 1. Es improcedente la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad, porque la ley sólo autoriza este subrogado cuando la pena impuesta es de prisión, por término no superior a 4 años (L. 599/2000, art. 63 modificado L. 1709/2014, art. 26); y en este caso la prisión tasada es de 72 meses (6 años).
IX.2. Tampoco es viable sustituir al sentenciado la pena de prisión por la de prisión domiciliaria. No se cumplen las exigencias de los artículos 38 y 38B-2 del Código Penal (L. 599/2000 modificado L. 1709/2014, arts. 22 y 23), porque se impone condena por el delito de rebelión, expresamente excluido de tal prerrogativa (L. 599/2000, art. 68 inc. 2º modificado L. 1709/04, art. 32).
1.CONDENAR anticipadamente al ex congresista Pedro Nelson Pardo Rodríguez, de condiciones civiles y personales referidas en esta determinación, a las penas principales de 72 meses de prisión y 100 salarios mínimos legales mensuales de multa, más las accesorias de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por lapso igual al de la privación de libertad, por los delitos de rebelión, agravada, y constreñimiento al sufragante (L. 599/2000, arts. 58-9, 387, 467 y 473).
2. No son procedentes, por las razones expuestas, la suspensión de la ejecución de la pena (C.P., art. 63 modificado. L. 1709/2014, art. 29), ni la prisión domiciliaria como sustituto de la pena de prisión (L. 599/2000 modificado L. 1709/2014, arts. 22 y 23).
4. La secretaría de la Sala enviará las copias del fallo a las autoridades que alude el artículo 472 del Código de Procedimiento Penal.
5. Contra esta sentencia no procede ningún recurso.
(11) Folio 204, cdno. 2.
(12) Folio 205, ib.
(13) Folio 3, cdno. 1.
(14) Record 01:02:23
(15) Testimonio del 21 de enero de 2010, récord 18:20 y 34:08
(16) Ibídem, récord 19:53
(17) Ibídem, récord 21:07
(18) Ibídem, récord 21:35
(19) Ibídem, récord 24:37
(20) Ibídem, récord 25:40
(21) Ibídem, récord 36:39
(22) Ibídem, récord 38:00
(23) Ibídem, récord 39:15
(24) Ibídem, récord 59:54
(25) Ibídem, récord 01:03:53
(26) Ibídem, récord 33:59
(27) Ibídem, récord 57:51
(28) Testimonio del 3 de febrero de 2010, récord 19:52
(29) Ibídem, récord 19:52
(30) Testimonio del 3 de septiembre de 2010, récord 18:09.
(31) Ib. Récord 17:11;
(32) Ib. Récord 15:46;
(33) Récord 39:15;
(34) C-581/2001.
(35) Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior.
(36) De conformidad con las normas del Derecho Internacional Humanitario, y para los efectos de la presente ley, se entiende por grupo armado al margen de la ley, aquel que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas.
(37) Se entiende por grupo armado organizado al margen de la ley, el grupo de guerrilla o de autodefensas, o una parte significativa e integral de los mismos como bloques, frentes u otras modalidades de esas mismas organizaciones, de las que trata la ley.
(38) S C-011/2010;
(39) La Corte Constitucional precisó que en el marco jurídico para la pez se debe investigar y juzgar, «todas las graves violaciones a los Derechos Humanos, al Derecho Internacional Humanitario y al Estatuto de Roma, que sean constitutivas de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidas, e imputarlas a sus máximos responsables». Sentencia C-579 de 2013.
(40) C-630/12.
(41) S C-037/96.
(42) S C-652/2003;
(43) S. C-064/2003;
(44) S del 28 de julio de 2005.
(45) S.C-064/2003.
(46) S. del 28 de julio de 2005.
(47) C-395/95;
(48) S C-652/03. En esa decisión la Corte Constitucional relacionó los delitos que, en términos del artículo 122 inc. 5º de la Constitución Política, previo al Acto Legislativo 01 de 2009, afectando el patrimonio del Estado comportan inhabilidad, los que no la conllevan, y aquellos respecto de los cuales “no necesariamente” debe imponerse.