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Timestamp: 2020-03-29 07:02:07
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Matched Legal Cases: ['Artículo 11', 'artículo 25', 'Artículo 11', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 14', 'artículo 27']

Conferencista Senior y directora del programa de derechos humanos de la Universidad de Chicago, es Fellow no residente del Migration Policy Institute y miembro de la junta directiva de la Red Internacional de Migración y Desarrollo. correo–e: sgzesh@uchicago.edu
Do sending and receiving states have an obligation to address the fundamental causes of unauthorized migration? Inherent in the concept of forced migration is an obligation on sending and receiving states to assist people displaced by factors beyond their control. An expanded definition of forced migration would allow the inclusion of economic migrants, supplying the moral and legal justification for international cooperation on the reduction of the need to migrate. An assessment of the causes of economic migration as human rights violations could serve as the basis for the new definition. Mexico–U.S. migration, one of the largest binational streams of migration in the world, serves as the case study.
¿Qué estado es responsable de los derechos humanos de los migrantes mexicanos no autorizados? ¿Tienen los países de origen y de destino la obligación de abordar las causas fundamentales de la migración no autorizada? El concepto de "migración forzada" puede conllevar respuestas a estas preguntas, por medio de la comprensión de que hay una obligación moral y legal de parte de los estados receptores y de origen para ayudar a las personas desplazadas por factores más allá de su control.4 Una definición ampliada de la migración forzada para incluir a los llamados "migrantes económicos" proporcionaría la justificación para la cooperación internacional en la reducción de la necesidad de migrar. Una evaluación de las causas de la migración económica como violaciones de los derechos humanos podría ser el fundamento de la nueva definición. Como la mayor migración laboral binacional en el mundo, el caso de México–Estados Unidos puede proporcionar un ejemplo importante.5
En el corredor migratorio norteamericano,10 la seguridad nacional y los intereses del libre mercado constituyen los paradigmas dominantes para el análisis y para la planeación de políticas. En Estados Unidos, la discusión es acerca del "control" –fortificaciones fronterizas, documentos a prueba de fraude de identidad, redadas en los lugares de trabajo, detención como forma de intimidación, etc. En el periodo posterior al 9/11 la seguridad es la preocupación de más alta prioridad; las fronteras deben asegurarse incluso a expensas de las necesidades del mercado de trabajo, según los más extremos defensores de las restricciones.11
Cuando el diseño de las políticas públicas está dominado por la noción de que las barreras, la vigilancia y los arrestos acabarán con la migración no autorizada –sin prestar atención alguna a las condiciones del país de origen– la migración continúa. Las "soluciones" se hacen más costosas y violentas, la travesía de los que cruzan la frontera es más gravosa y peligrosa, poniendo en riesgo el derecho humano fundamental a la vida. Ningún país ha fortificado su frontera o construido una barrera tan alta, tan ancha y tan profunda que no pueda ser cruzada por al menos algunas personas con suerte que cuenten con tiempo, recursos y determinación.12 Pero muchos mueren en el intento, no sólo en el desierto de Sonora, sino en el estrecho de Gibraltar y en los contenedores en los buques que cruzan el Pacífico.
La necesidad de integrar el análisis de las políticas de migración y desarrollo se apoya en el carácter indivisible y universal de los derechos humanos –todos los seres humanos tienen derechos humanos en todo lugar– para los migrantes, tanto en los países de origen como en los países de destino. Como lo han desarrollado más plenamente en sus trabajos la filósofa Martha Nussbaum y el economista Amartya Sen, los derechos humanos a la participación civil y política son integrales para el desarrollo democrático de las políticas públicas que protejan los derechos económicos, sociales y culturales.18
Incluso en los estados más democráticos y pudientes de Norteamérica y Europa, no se respetan los derechos humanos de los no ciudadanos y en particular de los migrantes no autorizados. Algunos defensores afirman que la precaria condición de los migrantes indocumentados es parte de una política económica implícita que descansa en la sobre–explotación de los trabajadores vulnerables para mantener bajos los costos de la mano de obra en el sector de servicios, las industrias marginales y la agricultura.22 Un paradigma de seguridad para la política migratoria no ofrece cosa alguna para abordar tal situación.
La Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos nacionales y regionales han centrado sus esfuerzos de protección de los derechos humanos de los migrantes exclusivamente en las condiciones de los países de tránsito y destino, según el enfoque de los acuerdos internacionales de derechos humanos. Producto de un proceso de décadas de desarrollo, pero con limitadas ratificaciones por parte de los países receptores de migrantes, la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias ("Convención de los trabajadores migrantes" (Migratory Workers Convention–MWC) contiene detalladas provisiones acerca de los derechos laborales, la unidad familiar, el acceso a los servicios sociales y otras condiciones en los países de empleo y residencia de los migrantes.28 De manera similar, varias convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (ILO) detallan los derechos laborales de los migrantes.29
Los refugiados son forzados a escapar. Para los inmigrantes se asume un cierto grado de opción, pero cuando su forma de sostenimiento vital es tan miserable, no sé cuál sea el nivel de opción. Puede ser que también ellos deban verse como personas obligadas a escapar por la pobreza, pero entonces ello es muy difícil. ¿Qué tipos de libertad les concedes? ¿Qué tipo de regulaciones pones en práctica? –Sadaka Ogata, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en un discurso ante la Comisión Trilateral, 1992.40
Este argumento no ignora la agencia del migrante. De hecho promueve una visión de los migrantes como seres autónomos. Como se establece más plenamente líneas más abajo, la distinción convencional entre la migración "forzada" y "voluntaria" considera que vale la pena proteger sólo a aquellos migrantes que son percibidos como víctimas sin la capacidad de actuar ("migrantes forzados"), mientras que otros migrantes (los "voluntarios") son castigados por el ejercicio de la agencia –no son considerados dignos de protección del estado porque ellos se metieron voluntariamente en ese enredo– es decir el estatus vulnerable de la migración indocumentada.
No hay una definición legal estándar de "migración forzada". La falta de una definición estándar en la legislación internacional deja margen para aproximaciones creativas. Los conceptos de los derechos humanos podrían entrar en la discusión para producir una definición que aporte normas más amplias de protección. ¿Se podría argumentar que cualquier migrante cuyos derechos humanos han sido violados en su país de origen es por tanto un "migrante forzado"? Según dos importantes académicos, Guy Goodwin–Gill y Kathleen Newland,
Goodwin–Gill y Newland señalan que la legislación internacional, según está constituida en la actualidad, establece una distinción entre las personas a las que "el estado no cubre" (es decir, los refugiados) y aquellos que son "víctimas de la circunstancia, sin importar cuán grave... las personas que huyen de sus países debido a pobreza exasperada, a desastres naturales o a degradación ambiental severa no están cubiertas en contra del retorno involuntario a su país" (es decir, otras personas que huyen). Se podría argumentar que las personas que dejan las situaciones de pobreza extrema y severa degradación ambiental, también han "salido de la cobertura del estado" ya que son las políticas de estado (a veces por disposiciones de organizaciones internacionales u otros actores no estatales) las que están en falta en esas situaciones. Aun cuando no apoyan una redefinición específica de la migración forzada más allá de las categorías legalmente reconocidas de refugiados, aquellos amenazados de tortura y las personas internamente desplazadas, Goodwin–Gill y Newland argumentan que los derechos humanos fundamentales requieren un régimen de protección para una clase más amplia, aunque todavía indefinida, de "migrantes forzados".
Entre los científicos sociales hay una definición operativa consensual de "migración forzada". La Asociación internacional para el estudio de la migración forzada (International Association for the Study of Forced Migration–IASFM) define la migración forzada como un "término general que refiere a los movimientos de refugiados y de personas internamente desplazadas (aquellos desplazados por conflictos), así como las personas por desastres naturales o ambientales, desastres químicos o nucleares o proyectos de desarrollo".46 En la última década, varios analistas han señalado la necesidad de una definición ampliada de la migración forzada. En un artículo de 1994, el geógrafo William Wood estableció parámetros para definir la migración forzada: "la eco–migración forzada puede definirse como un tipo de migración impulsada por el decaimiento económico y la degradación ambiental. Los grupos incapaces de sostenerse en un nivel mínimo enfrentan una crisis que es a la vez ecológica y económica. Las eco–migraciones forzadas se dan cuando esas condiciones se tornan amenazantes de la vida en lo inmediato".47 Una década antes, Huyck y Bouvier sugirieron que "para calificar como refugiado económicamente motivado uno habría de ser totalmente incapaz de ubicar en el propio país ninguna clase de empleo o de generar suficientes productos agrícolas para alimentarse y para alojarse a uno mismo y a la familia inmediata. La inanición en este caso se convierte en la única alternativa posible a la emigración".48
lo que todas estas definiciones tienen en común es que incorporan la expectativa de una responsabilidad estatal compartida... Comprender que la migración forzada no es consecuencia de una serie de emergencias inconexas sino una parte integral de las relaciones norte–sur hace necesario teorizar la migración forzada y vincularla con la migración económica. Son formas estrechamente relacionadas (y efectivamente con frecuencia no se distinguen entre sí) de expresión de las desigualdades globales y de las crisis sociales, las que han aumentado en volumen e importancia desde que se superó el orden mundial bipolar.49
Los grupos más directamente identificables que son reconocidos como "migrantes forzados" son los refugiados, una población con un claro reconocimiento normativo en la legislación internacional de los derechos humanos.51 En 1951, la Convención para la protección de los refugiados estableció la responsabilidad de los estados receptores de proteger a las personas que habían sufrido persecución en sus países de origen. Las personas con un "bien fundado temor de ser perseguidos por su raza, origen nacional, religión o por ser miembros de un grupo social particular", no deben ser enviados de regreso a una situación en donde su vida o libertad puedan verse amenazadas.52 De igual manera, a los migrantes que pudieran enfrentar la tortura en su país de origen no se les puede requerir su regreso, según las provisiones de la Convención en contra de la tortura (Convention Against Torture–CAT) .53
Es con respecto a los refugiados y no en relación con los migrantes económicos, que encontramos estructuras normativas y una discusión de políticas, aún vigente, que incluye las obligaciones de los estados receptores de proteger (non–refoulement) y de la comunidad internacional de encontrar "soluciones duraderas" a las crisis de refugiados (es decir, hacerse cargo de las situaciones que originaron los flujos de refugiados). Los refugiados han de recibir protección en contra de las medidas que los regrese involuntariamente a sus estados de origen. Incluso en un régimen bien establecido de refugiados, empero, no existen mecanismos bajo la convención para hacer responsables a los estados de su no cumplimiento con la protección. Actualmente los defensores y los refugiados mismos desesperan ante la conducta del estado, aun con claras líneas de acción y una agencia de las Naciones Unidas para monitorear y estimular que se cumpla con las normas (la ACNUR).54 A pesar de sus deficiencias, la convención sobre refugiados, la CAT y los mecanismos establecidos bajo esos tratados instauran categorías de personas protegidas, al proporcionar "principios, instituciones y mecanismos".55 Sin embargo, esa discusión está casi por completo ausente de la literatura y las discusiones de políticas públicas de la migración económica.
Aun cuando conceptualmente no se trata de un argumento difícil de sostener –que todas las migraciones producidas por violaciones a los derechos humanos han de protegerse– los obstáculos de tipo tanto cuantitativo como cualitativo pueden frustrar una definición ampliada de la migración forzada. Los estados se resistirán a ampliar las categorías de personas hacia las cuales tienen obligaciones de protección si millones más logran dentro de la gama de elegibilidad. "Aun cuando la ACNUR está vigorosamente en contra del refoulement, es decir, el retorno forzado de los refugiados, no hay protocolos similares de la ONU para los migrantes económicos porque se acepta ampliamente que un estado soberano tiene el derecho a poner en práctica sus políticas de inmigración".56 Jacqueline Bhabha señala de manera bastante persuasiva que el reconocimiento de los refugiados como una clase especial, definida con criterios estrechos, relativamente privilegiada, de migrantes no autorizados, lo que justifica a justificar la exclusión, por parte de los estados, de cualquier otra clase de migrantes no autorizados.57
En pocas palabras, los científicos sociales suelen estar de acuerdo en general en un conjunto de factores que han promovido la migración no autorizada de mexicanos a Estados Unidos desde principios de los ochenta.62 Esos factores incluyen el fracaso de la economía en la provisión de empleos para los nuevos ingresos al mercado de trabajo, estancamiento salarial, falta de acceso a la atención a la salud y a la educación –en particular para las familias que sufren del colapso de la economía agrícola.
En un estudio de 2006, al Federación Internacional de Derechos Humanos (International Federation for Human Rights–FIDH) examinó el deterioro en la calidad de vida de los mexicanos comunes desde la puesta en práctica del TLCAN. El estudio de la FIDHdocumenta algunas de las violaciones a los derechos humanos bajo el actual régimen económico. La FIDHcita el aumento en el precio del alimento más básico, las tortillas, debido al colapso de la producción local de maíz y el aumento en las importaciones provenientes de Estados Unidos. México está obligado, como estado participante del convenio internacional de los derechos económicos, sociales y culturales (International Covenant for Economic, Social, and Cultural Rights–ICESCR) a asegurar la realización del derecho a "un estándar de vida adecuado... incluida una alimentación adecuada, vestido y vivienda" y reconocer el "derecho fundamental de toda persona a estar libre del hambre" (Artículo 11.1, 11.2). Las decisiones de política del gobierno de recortar los subsidios a los precios de las tortillas y levantar las barreras a los granos importados podrían verse como violaciones a los derechos de un sector de la población a alimentación adecuada y a estar libre de hambre.
Adicionalmente, los autores del estudio del Centro Pro, en un capítulo dedicado a "El derecho humano a la tierra y las obligaciones del Estado",70 encuentran apoyo en los documentos internacionales de derechos humanos (admitiendo que lo hacen en cierta forma indirecta) para el derecho a la tierra, que ha estado comprometido en las décadas pasadas por las políticas de desarrollo económico del gobierno que hacen que la subsistencia en la agricultura rural a pequeña escala sea insostenible.71 Entre las provisiones citadas están el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que garantiza el derecho a "un estándar de vida adecuado a la salud y el bienestar de sí mismo y su familia...".72 Este derecho recibió una más detallada articulación en el Artículo 11 del Convenio internacional de los derechos económicos, sociales y culturales (International Covenant on Economic Social and Cultural Rights – ICESCR) con la promesa añadida de participar en la cooperación internacional para asegurar la realización de este derecho.73
Finalmente, un estudio definitivo de las condiciones laborales en México, encargado en 2003 por el Centro de Solidaridad de la AFL–CIO, demuestra las repetidas violaciones a los derechos laborales, según se establecen en las normas internacionales de derechos humanos y laborales, por parte del gobierno de México.75 La mayoría de los mexicanos que migran a Estados Unidos estuvieron empleados previamente en México; los más pobres y los completamente desempleados no tienen los recursos para emigrar.76 No es la falta de empleos en México lo que impulsa la migración, sino más bien el fracaso de esos empleos para proporcionar adecuados ingresos y seguridad para permitir a los trabajadores el sostener las necesidades básicas de sus familias.
La mesa redonda de octubre de 2007 sobre migración y derechos humanos en la Universidad e Chicago comenzó un diálogo entre científicos sociales, expertos en derechos humanos, líderes laborales y líderes de las organizaciones de migrantes para explorar nuevas perspectivas, plantear y responder nuevas preguntas y crear nuevos paradigmas para la discusión, mismas que tendrán como prioridad los derechos y la dignidad de todos los seres humanos en la región, independientemente del país en el que sean ciudadanos. Se espera que la sugerencia planteada aquí en el sentido de una nueva definición preliminar de la migración forzada, con fundamento en un marco de los derechos humanos, inspire a más académicos y activistas para contribuir al desarrollo de un marco de derechos humanos para la discusión actual de la migración y el desarrollo en el corredor norteamericano –para el bien de los países y pueblos de la región.
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2 Según la encuesta de población actual (Current Population Survey) de 2005, en Estados Unidos había 7 millones de trabajadores nacidos en México. Existen 43 millones de trabajadores en México. Jeanne Balatova, "Mexican–Born Persons in the US Civilian Labor Force," Migration Policy Institute, Noviembre 2006, http://www.migrationpolicy.org/pubs/FS14_MexicanWorkers2006.pdf
3 Stephen Castles en "The factors that make and unmake migration policies," International Migration Review, vol. 38, núm. 3, 2004, p. 863, "Debido a que los países del norte hacen sus mayores esfuerzos por detener la migración –con excepción para aquellas personas altamente calificadas– el movimiento con frecuencia sólo puede darse por medios clasificados como ilegales por los países receptores".
4 Guy Goodwin–Gill, 'International Law and Human Rights: Trends Concerning International Migrants and Refugees' International Migration Review, vol. 23, núm. 3 p. 526, también "ubica a los migrantes y refugiados simplemente dentro del contexto de los derechos humanos".
5 Raúl Delgado–Wise y Humberto Márquez–Covarrubias, "The Reshaping of Mexican Labor Exports Under NAFTA: Paradoxes and Challenges," International Migration Review, vol. 41 núm. 3, 656–659, Center for Migration Studies, otoño de 2007.
6 Stephen Castles y Mark Miller, The Age of Migration, 3a. edición, Guilford Press, 2003, pp. 102–109.
7 [L]a increíble condición de un grupo siempre creciente de personas inocentes [judíos expulsados de sus países por los decretos nazi] fue como una demostración práctica de las cínicas afirmaciones de los movimientos totalitarios de que no existían derechos humanos inalienables... la misma frase "derechos humano" se convirtió en todos los involucrados –víctimas, fiscales, y observadores por igual– en evidencia de un idealismo sin esperanzas o de una hipocresía derivada de una mente calenturienta". Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism, 1951.
26 Benjamin Davis, "The Low Road North," trabajo inédito en posesión de la autora, presentado en la mesa redonda en la Universidad de Chicago sobre derechos humanos y migración, octubre de 2007; Davis dirige el centro de solidaridad de la AFL–CIO en México.
27 Joan Fitzpatrick, "The Human Rights of Migrants," en T. Alexander Aleinikof f y Vincent Chetail, eds, Migration and International Legal Norms,TMC Asser Press, 2003; Bimal Ghosh, 2003. Elusive Protection, Uncertain Land: Migrants' Access to Human Rights. Geneva: International Organization for Migration; Hill–Maher, Kristen. 2001. "Who has a Right to Rights? Citizenship's exclusions in an age of migration" en Globalization and Human Rights, ed. Alison Brysk, 19–43. Berkeley: University of California Press; United Nations Intergovernmental Working Group on the Human Rights of Migrants, Report E/CN.4/AC.46/1998/5, parágafo. 28; United Nations, Human Rights of Migrants, Report, E/CN.4/2000/82; Taran, Patrick. 2000. "Human Rights of Migrants: Challenges of a New Decade", International Migration 38 (6): 7–51.
30 El mandato del observador especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes fue creado en 1999 por la comisión de la ONU sobre derechos humanos (Res. 1999/44) y se extendió hasta 2008 (Res. 2005/47). El mandato del observador especial sobre los derechos de los no ciudadanos fue creado por la subcomisión sobre la promoción y protección de los derechos de los no ciudadanos, E/CN.4/Sub.2/Res.21 (2003). El mandato del observador especial sobre los derechos de los trabajadores migrantes y los miembros de sus familias fue creado por la Comisión Inter–Americana de derechos humanos en 1997, (AG/RES. 1404 XXVI–O/96y AG/RES 1480 XXVII–O/97). Véase, por ejemplo el reporte de 2001 del congreso regional intergubernamental sobre migración por la red regional de organizaciones civiles a favor de la migración (Regional Network of Civil Organizations for Migration: http://www.rcmvs.org/RROCM_Puebla_VI_eng.htm
34 International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights," U.N. G.A. Res. 22000A(XXI), 16 de diciembre de 1966, entró en vigor el 3 de enero de 1976; Articulos 6,7, 11, 12, y 13; Alston, Philip. 1997. "Making Economic and Social Rights Count: A Strategy for the Future." Political Quarterly 68: (2): 188–196.
36 Lorenzo Meyer, "¿Nuestra Norteamérica?" en Desafíos de la migración: saldos de la relación México–Estados Unidos, Enriqueta Cabrera, ed. Planeta Mexicana, 2007, 23–40; véase también Carnegie Endowment for Internacional Peace e Instituto Tecnológico Autónomo de México, Mexico–U.S. Migration: A Shared Responsibility, en 29 http://www.migrationpolicy.org/files/MexicoReport2001.pdf
38 Rubén Navarette, Jr. "Calderon stumping for his people in the U.S." San Diego Union–Tribune, 13 de febrero de 2008.
40 Citado en William Wood, "Forced Migration: Local Conflicts and International Dilemmas,"Annals of the Association of American Geographers, 84(4), 1994, pp. 607–634.
42 La responsabilidad de esos actores no estatales por las violaciones a los derechos humanos es actualmente un tema de discusión dentro del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas. Andrew Clapham, Human Rights Obligation of Non–State Actors, Oxford University Press, 2006.
43 También está la cuestión de la responsabilidad inherente en la historia legislativa de la ley de inmigración en Estados Unidos, la que siempre ha evitado que la vasta mayoría de los inmigrantes mexicanos y centroamericanos logren el status legal –con las "amnistías" periódicas y excepcionales"; Ngai, Mae Impossible Subjects: Illegal Aliens and the Making of Modern America, Princeton University Press, 2004.
54 La Organización de Estados Americanos amplió la definición de refugiado para incluir a las "personas que han huido de su país porque han sido amenazadas su vida, su seguridad o su libertad por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que haya alterado seriamente el orden público. Declaración de Cartagena sobre los refugiados (Cartagena Declaration on Refugees), 22 de nov. de 1984, Annual Report of the Inter–American Commission on Human Rights, oas Doc. OEA/Ser.L/V/II.66/doc.10, rev. 1, en 190–93 (1984–85), http://www.unhcr.org/cgi–bin/texis/vtx/research/opendoc.htm?tbl=RSDLEGAL&id=3ae6b36ec
55 Guy S. Goodwin–Gill y Kathleen Newland, capítulo 7 "Forced Migration and International Law," en Migration and international legal norms /edición de T. Alexander Aleinikoff y Vincent Chetail.
58 Aristide Zolberg, Astrid Suhkre, Sergio Aguayo, "Who is a Refugee?" en Escape from Violence, Oxford University Press, 1989, pp. 3–33.
60 Paolo Wright–Carozza, From Conquest to Constitutions: Retrieving a Latin American Tradition of the Idea of Human Rights, Human Rights Quarterly–Volumen 25, Número 2, Mayo 2003, pp. 281–313.
64 Lance Compa, Justice for All: the Struggle for Worker Rights in Mexico, Solidarity Center, American Federation of Labor–Congress of Industrial Organizations (AFL–CIO), 2003 http://www.solidaritycenter.org/files/SolidarityMexicofinalpdf111703.pdf
68 Este fenómeno se anticipaba en un reporte binacional oficial realizado por los gobiernos de México y Estados Unidos, que predecía con precisión que los cambios estructurales en la economía rural mexicana derivarían en un despoblamiento drástico del campo mexicano a principios del siglo XXI, Binational Study: Migration between Mexico and the United States, 1997, p. 39, http://www.utexas.edu/lbj/uscir/binational/full–report.pdf
69 "Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada". Artículo 6 y "Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales.." Artículo 7. "Protocolo De San Salvador" Protocolo adicional a la convencion americana sobre derechos humanos: http://www.oas.org/juridico/spanish/Tratados/a–52.html "Toda persona tiene el derecho a trabajar, bajo condiciones adecuadas, y de seguir su vocación libremente, en la medida en que las condiciones existents de empleo lo permitan. Toda persona que trabaja tiene derecho a recibir la remuneración adecuada que, de acuerdo a su capacidad y habilidad, le asegure un estándar de vida adecuado para ella y su familia" Artículo 14 de la Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre, http://www.oas.org/juridico/English/ga–Res98/Eres1591.htm
71 "Retrocesos en la protección del derecho humano a la tierra" en donde los autores citan la revisión del artículo 27 de la Constitución mexicana (que protegía el derecho a la tierra) en 1992 durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Pensar el campo, pp. 16–22.
74 Véase también, Octavio Canton, "Los Derechos Laborales Fundamentales," en Octavio Canton y Santiago Corcuera, eds., Derechos económicos, sociales y culturales: ensayos y materiales, Editorial Porrúa, 2004, cita las violaciones por parte del gobierno mexicano de la Convención núm. 87 de la Organización Internacional del Trabajo (International Labor Organization–ILO).