Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-13426-de-agosto-8-de-2000?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041ad13f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-17 01:03:26
Document Index: 383260595

Matched Legal Cases: ['artículo 260', 'artículo 21', 'artículo 16', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 151', 'artículo 11', 'artículo 279', 'artículo 14', 'artículo 11', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 21', 'artículo 14', 'artículo 21', 'artículo 36', 'artículo 117', 'artículo 53', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 21']

﻿ SENTENCIA 13426 DE AGOSTO 8 DE 2000
SENTENCIA 13426 DE 08 DE AGOSTO DE 2000
CONTENIDO:PENSIONES CAUSADAS EN VIGENCIA DE LA LEY 100 DE 1993. ACTUALIZACIÓN DE LA BASE SALARIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, RÉGIMEN PENSIONAL DE TRANSICIÓN, INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN, SALARIO BASE DE COTIZACIÓN EN PENSIONES, MESADA PENSIONAL, INDEXACIÓN DE LA MESADA PENSIONAL, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, DERECHO A LA INDEXACIÓN DE LA MESADA PENSIONAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:347 DE NOVIEMBRE DE 2000, PÁG.2209
Sentencia 13426 de agosto 8 de 2000
PENSIONES CAUSADAS EN VIGENCIA DE LA LEY 100 DE 1993
ACTUALIZACÍÓN DE LA BASE SALARIAL
Dr. Luis Gonzalo Toro Correa.
Radicación: 13426
Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por José Nicolás Lemus contra la sentencia dictada el 23 de julio de 1999 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, en el juicio que le sigue al Banco Popular.
José Nicolás Lemus llamó a juicio ordinario laboral al Banco Popular, para que fuera condenado a reconocerle la indexación correspondiente al período julio a diciembre de 1994, igualando cada mesada pensional a 3.85 salarios mínimos legales mensuales vigentes, “o sea la suma de $ 379.995”, así como al pago de la diferencia que resulte a su favor entre la suma de las mesadas pagadas y la que realmente le corresponde una vez incluida la indexación y a lo ultra y extra petita.
En sustento de sus pretensiones afirma que laboró para el ente demandado entre el 13 de marzo de 1969 y el 3 de junio de 1990; que se desvinculó mediante “renuncia exigida”; que durante las varias ocasiones en que fue citado por el director de personal de la zona dos de Bogotá le informó sobre su deseo de salir pensionado por el banco, pero que no le habilitaron la edad para dicho fin; que su último cargo fue el de jefe segundo de sección y su último salario promedio mensual para efecto de su pensión de jubilación, reconocida por la Resolución 20 del 5 de enero de 1996, fue de $ 210.508.91; que faltándole 10 días para cumplir los 55 años de edad, el 15 de junio de 1994, le solicitó al banco el reconocimiento de su pensión sin obtener respuesta oportuna.
Agrega que instauró acción de tutela contra el demandado y en las dos instancias resultó favorecido; que el banco por su propia iniciativa elevó consultas al Ministerio de Trabajo y a la oficina jurídica del Instituto de Seguros Sociales y solicitó conceptos a diversos abogados, pero todos fueron coincidentes en afirmar que él tenía el derecho y, finalmente, por Resolución del 5 de enero de 1996 le reconoció y le pagó, con retroactividad al 25 de junio de 1994, su pensión de jubilación, cuando ya cursaba un proceso judicial el cual aún está vigente por la sanción moratoria.
Aduce que agotó la vía gubernativa. Que el banco le paga sólo 1.6 salarios mínimos legales mensuales, por lo que le adeuda lo que reclama. Que el banco, para efectos de liquidar la pensión a otros compañeros que cita, ha procedido de distinta manera fijándoles un monto superior, a los cuales concilió y les habilitó la edad.
En la respuesta a la demanda el banco se opuso a las pretensiones. Negó algunos hechos, de otros dijo no constarle y de los restantes que eran apreciaciones del actor. En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de las obligaciones demandadas, cobro de lo no debido, falta de título y de causa en el demandante, pago y prescripción.
El Juzgado Veinte Laboral del Circuito, por fallo del 28 de agosto de 1998 (cdno. 1, fls. 195 a 203), condenó al Banco Popular a reajustar el valor del salario devengado al momento del retiro del demandante en cuantía de $ 527.956,32, a reajustar la pensión de jubilación en cuantía de $ 395.967,24 pesos mensuales y le impuso costas.
Apeló la parte demandada y el tribunal, mediante sentencia del 23 de julio de 1999 (cdno. 1, fls. 230 235), revocó el fallo recurrido y en su lugar absolvió a la demandada de las pretensiones formuladas. Condenó en costas a la parte demandante.
Negó el ad quem la indexación reclamada con fundamento en que la obligación a cargo de la demandada no tiene el carácter de insoluta, ya que fue pagada y reconocida en su oportunidad.
Seguidamente citó y transcribió apartes de salvamentos de voto frente a decisiones proferidas por esta Corte. En el primero de ellos reproducido se destaca que si el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo estableció que el empleador debía pagar al trabajador con derecho a la pensión un 75% del salario promedio mensual devengado durante el último año de servicios, esa base salarial no podía modificarse por el juez actualizando su valor monetario, pues la norma no lo autoriza para el caso en que la pensión empieza a disfrutarse después de la fecha de la terminación del contrato ni cuando las dos fechas coinciden y la devaluación afecta la base salarial.
Fue interpuesto por la parte actora y concedido por el tribunal admitido por la Corte se procede a resolver.
Pretende que se case totalmente la sentencia impugnada y que en sede de instancia se confirme la proferida por el juez de primer grado.
Con tal propósito formula cinco cargos que fueron replicados, pero dado su resultado sólo se estudiará el primero.
Acusa la sentencia por infracción directa de los preceptos legales contenidos en los artículos 16 del Código Sustantivo del Trabajo 11, 21 y 151 de la Ley 100 de 1993, infracción que produjo, como consecuencia, la aplicación indebida de los artículos 8º de la Ley 153 de 1887, 11 de la Ley 6ª de 1945, 19 del Código Sustantivo Trabajo, 8º del Decreto 2351 de 1965, 14, 36 y 117 de la Ley 100 de 1993, 1º del Decreto 2143 de 1995, 1613, 1614, 1626 y 1649 del Código Civil, 178 del Código Contencioso Administrativo 831 del Código de Comercio, 145 del Código Procesal del Trabajo y 307 y 308 del Código de Procedimiento Civil.
En la demostración arguye que el tribunal ignoró el contenido del artículo 21 de la Ley 100 de 1993 que consagra la actualización anual de los ingresos de base para liquidar las pensiones de jubilación, de acuerdo con la variación de precios al consumidor, norma aplicable a este caso de conformidad con lo previsto en los artículos 11 y 151 de la misma ley. Que como al actor le fue reconocida su pensión, ya en vigencia de la Ley 100 de 1993 a partir del 25 de junio de 1994, es la normatividad contenida en dicho estatuto la que debe tenerse en cuenta para decidir el proceso con arreglo al artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo.
Agrega que el desconocimiento de lo dispuesto por los artículos 11, 21 y 151 de la susodicha ley condujo al tribunal a concluir que por no haber existido mora en el reconocimiento de la pensión, la actualización de su valor resultaba improcedente y que si hubiera apreciado tales normas habría encontrado que los argumentos de los salvamentos de voto que cita en apoyo de su decisión no eran aplicables al presente caso, pues dichos salvamentos se referían a casos regulados por la normatividad anterior a la Ley 100 de 1993. Así mismo, también se hubiera percatado de que para las pensiones reconocidas en vigencia de la Ley 100 de 1993, los salarios de base para liquidar las pensiones deben ser actualizados de conformidad con la variación del índice de precios al consumidor y no habría aplicado indebidamente las demás normas señaladas en la proposición jurídica.
A continuación aduce que los razonamientos hasta ahora expuestos respecto de la indexación de la primera mesada pensional, contenidos en las sentencias y en los salvamentos de voto proferidos al respecto, no han tenido como fundamento jurídico las normas de la Ley 100 de 1993 indicadas como infringidas y por tal razón aquéllos no son aplicables para la resolución de este asunto, en el que, sin que se hubiera presentado discrepancia entre las partes y tal como lo acepta el mismo tribunal en la sentencia acusada, se efectuó el reconocimiento de la pensión del actor bajo la vigencia de la mencionada ley.
Se opone a la prosperidad del cargo. Arguye que comparte la nueva doctrina de la mayoría de los honorables magistrados de esta Sala, que consideran que el sistema legal colombiano está fundado en el cumplimiento de los requisitos esenciales de edad y tiempo de servicios con los reajustes periódicos de la pensión, como ocurre en este caso particular en el cual la pensión se reconoció desde el principio con base en el promedio de lo devengado en el último año de servicios, pero a partir del momento en que el actor cumplió 55 años de edad.
Que el actor plantea un medio nuevo, pues desde la demanda el proceso giró en torno de la aplicación de la doctrina de la indexación de la primera mesada y no del ajuste por inflación de los 10 últimos años de cotización o de todo el tiempo de la vida laboral del trabajador, si resultare más favorable, a que concretamente se refiere el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
No acierta la réplica en cuanto señala que constituye un medio nuevo el que el actor en el cargo demande la falta de aplicación del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, en cuanto esta norma define el ingreso base para liquidar las pensiones, como el promedio de los salarios sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los últimos diez años anteriores al reconocimiento de la pensión, con base en la certificación que expida el DANE sobre la variación del índice de precios al consumidor, puesto que en la demanda inicial se planteó la indexación de la primera mesada pensional; además porque fue el juzgado del conocimiento el que consideró la viabilidad de conceder la petición, para lo cual, entre otras, se fundamentó en lo regulado sobre el punto por la Ley 100 de 1993 y, además, en concreto no puede argüirse que ello sea un hecho o un medio nuevo, ya que lo que consagra la disposición citada es la manera como debe procederse en el evento en que resulte viable actualizar la pensión de jubilación, ello resulta más favorable.
Sentado lo anterior, entrando al fondo del asunto, precisa decirse que el tribunal se equivocó en su análisis, puesto que si la pensión legal del actor se reconoció a partir del 25 de junio 1994, es claro que las disposiciones aplicables son las que regulan la actualización de la pensión que consagra la Ley 100 de 1993, dado que para dicha fecha esta normatividad ya se encontraba vigente, según lo previsto por el artículo 151 ibídem.
En efecto, frente a una pensión legal que se reclama en vigencia de la Ley 100 de 1993, como es la de que trata este juicio, no puede aducirse que la disposición legislativa no autoriza la actualización de la base salarial de la pensión para negar su reconocimiento, pues aquella normatividad vino a llenar ese supuesto vacío alegado por quienes así lo consideraban.
El artículo 11 de dicho compendio normativo, previó la aplicación del sistema general de pensiones a todos los habitantes del territorio nacional, salvo a los miembros de las fuerzas militares y de Policía Nacional, “ni al personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990” (personal civil del Ministerio de Defensa, de la Policía Nacional y de la Justicia Penal Militar y su Ministerio Público), mas no a los que se vincularan a partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993, ni a los miembros no remunerados, tal como lo consagra el artículo 279 ibídem.
A su vez el artículo 14 de la misma ley, expresamente, previó el reajuste de oficio de las pensiones, el 1º de enero de cada año, según la variación del índice de precios al consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior, con el objeto de que “mantengan su poder adquisitivo constante”; el 21, al regular el ingreso base de liquidación consagró que por él se entiende el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuera inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrivencia, “actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE”; y el 36 en su inciso 3º, estableció que el ingreso base para liquidar pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema, tuvieran 35 o más años de edad si son mujeres y 40 ó más años de edad si son hombres, o 15 o más años de servicios cotizados, que les faltaren menos de 10 años para adquirir el derecho, sería el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuera superior, “actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor según la certificación que expida el DANE”.
De suerte que frente al imperativo panorama legal antes expuesto, no hay motivo válido que pueda ahora aducirse por el juez laboral para sustraerse a la aplicación de la actualización de la base salarial, ya que si antes se alegaba carencia de un basamento legal, hoy ello no puede hacerse; cuando, además el sistema de seguridad social que creó la comentada ley responde a postulados constitucionales establecidos en los artículos 48 y 53, el primero de ellos en cuanto en su inciso final ordenó que “La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante”; y el segundo citado, en su inciso 3º, dijo que el “Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales”.
Así mismo, porque, cómo ya se dijo, el legislador en el artículo 11 de la comentada ley fue categórico en imponer la aplicación del sistema general de pensiones a todos los habitantes del territorio nacional, salvo las excepciones ya destacadas.
Se advierte, entonces, que si la necesidad de aplicar la figura de la indexación en el campo laboral, en un comienzo encontró su apoyo en los principios de la justicia y equidad, en el momento presente para actualizar la base salarial de la pensión, tiene un soporte no solo legal, sino también constitucional, sin que resulte válido, para negar su eficacia, que el trabajador se haya retirado con anterioridad a la expedición de la Ley 100 de 1993, si estando ya ésta en vigencia cumplió el requisito de la edad, necesario para disfrutar de la pensión.
De modo que frente a la pensión legal de que trata este asunto, reconocida a partir del momento en que el actor cumplió los 55 años de edad —25 de junio de 1994—, después de haber laborado para el Banco Popular por un tiempo superior a los 20 años (cdno. 1, fl. 61), no resulta difícil predicar que, con fundamento en las normas pertinentes de la Ley 100 de 1993, (11, 14, 21, 36 —régimen de transición y 151—), resulta viable la actualización de la base salarial de la pensión.
Son suficientes las reflexiones anteriores para concluir que el tribunal infringió directamente los artículos 11, 21 y 151 de la Ley 100 de 1993.
Para tasar el monto pensional, deben seguirse las pautas que para caso similar expresó la corporación en sentencia del 6 de julio de 2000 radicación 13336:
“PIanteada la situación así, entonces, como en el caso en que se trata, el derecho a la pensión legal de jubilación del demandante, que ya se precisó debe ser pagada por la demandada, se causo en vigencia de la Ley 100 de 1993, pues ocurrió el 29 de diciembre de 1997, tal prestación social está regida por el régimen de transición previsto por el artículo 36 ya transcrito, y más concretamente por sus incisos 2º y 3º.
Lo anterior implica, entonces, que la Ley 33 de 1985 que regulaba la pensión de jubilación del actor, hay que aplicarla en cuanto a la edad, tiempo de servicios y al monto del 75%, no así en lo que hace a la base salarial porque la misma es la señalada por el inciso 3º del tantas veces citado artículo 36 en los términos en que se trajo a colación”.
Prospera el cargo y, por tanto, se casa la sentencia impugnada.
Para mejor proveer, en sede de instancia, se ordena que por secretaria se oficie al DANE, para que certifique el índice de devaluación de precios al consumidor entre el 8 de marzo y el 3 de junio de 1990, así como al Banco Popular para que remita constancia discriminada, de todo lo devengado por el demandante en dicho período.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 23 de julio de 1999 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá en el juicio adelantado por José Nicolás Lemus contra el Banco Popular. Antes de proferir sentencia de instancia y para mejor proveer se dispone que por la secretaría se oficie al DANE y al Banco Popular en lo términos indicados en la parte motiva del fallo.
Francisco Escobar Henriquez—José Roberto Herrera Vergara—Carlos Isaac Náder, salvo el voto— Rafael Méndez Arango, salvo el voto Germán G. Valdés Sánchez, salvo el voto— Fernando Vásquez Botero.
Gilma Parada Pulido. Secretaria.
Creo, como lo he reiterado varias veces en asuntos similares, que el ajuste de la base de liquidación de las pensiones previstos en la Ley 100 de 1993, que es un fenómeno distinto al denominado “indexación de la primera mesada pensional”, no es aplicable a casos como el de la referencia aunque el demandante haya completado el requisito de la edad en vigencia de dicha ley, en la medida que esa sola circunstancia no es suficiente, como se sostiene en la sentencia de la cual me aparto, para que se resuelva el asunto al amparo de la misma, si se tiene en cuenta que la prestación reclamada está a cargo exclusivo de la entidad empleadora, y no, de una entidad administradora de pensiones, luego es apenas obvio, que en tales casos, por no hacer parte la pensión de la estructura económica prestacional consagrada en la Ley 100 de 1993, no se puede ajustar la base de su liquidación.
Reitero, el sistema de actualización de la base de liquidación pensional a que se refiere el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 está consagrado expresamente para la liquidación de las pensiones contempladas en tal normatividad, mas no para las que están a cargo directo del empleador, como corresponde en este caso donde el Banco Popular es quien está a cargo de la misma.
Considero que el cargo no ha debido prosperar y que, consecuencialmente, la sentencia del tribunal ha debido mantenerse por no vulnerar ninguna ley sustancial.
Como lo he dicho en oportunidades anteriores, el ajuste de la base de liquidación de las pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, es sólo aplicable a los regímenes señalados en dicha ley como pertenecientes al sistema general de pensiones, por lo que no procede en el caso presente.
Sobre el particular quedó sentada mi posición en sentencia de Radicación 12395 en los siguientes términos:
“A propósito del argumento de la oposición en relación con que la sentencia del ad quem debe mantenerse porque al presente litigio le son aplicables los artículos 14, 21, 36 y 117 de la Ley 100 de 1993, que disponen “perentoriamente la indexación de la mesada inicial mediante la actualización de los aportes salariales ...“, toda vez que la demandante alcanzó su status de pensionada bajo la vigencia de dicha legislación, la Corte estima oportuno precisar que tales disposiciones regulan específicamente las prestaciones previstas en el sistema general de pensiones establecido en dicha normatividad mas no otras que responden a presupuestos diferentes, como sucede en el caso presente en que el reconocimiento de la pensión es voluntario, tal como lo consignaron las partes en la constancia que elevaron sobre el particular.
Además, el sistema de reajuste previsto en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 está consagrado expresamente para las pensiones ya reconocidas y ello no es lo que corresponde a lo pretendido en este proceso. Por su parte, el artículo 21 dispone expresamente que “Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley...“, el artículo 36 alude concretamente a un grupo de personas y circunstancias que no comprenden la situación de la ahora demandante, y el artículo 117 regula el valor de los bonos pensionales.
Como se observa, tales disposiciones no contemplan lo pretendido por la parte actora en este proceso.
De manera, que las argumentaciones expresadas por la mayoría de esta Sala en la sentencia del 18 de Agosto de 1999, atrás transcritas, conservan plena validez, aún bajo el imperio de la Ley 100 de 1993, para la solución del caso presente“.
Debo comenzar por decir que lo concedido en la sentencia nada tiene que ver con la específica pretensión de José Nicolás Lemus de que se condenara al Banco Popular “a efectuar la indexación o reajuste de las mesadas correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1994, igualando cada mesada pensional a tres punto ochenta y cinco (3.85) salarios mínimos mensuales legales vigentes al 25 de junio del mismo año” (fl. 3).
Por esta razón considero que en este caso la Corte procedió de manera harto sui generis al infirmar la sentencia y disponer una condena que difiere totalmente de la solicitada por el demandante al promover el proceso; además de haber tomado en cuenta unas circunstancias de hecho que igualmente se separan de las invocadas como causa de las pretensiones.
Ello por cuanto el promotor del pleito fundó su demanda en la supuesta violación del “principio constitucional y fundamental del derecho a la igualdad” (fl. 2). Por tal motivo expresamente pidió que así se declarara; y para ser consecuente con esta pretensión afirmó que en su caso fue violado el derecho constitucional y fundamental de la igualdad consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, pues a Dominiciano Mateus Mateus, José López y Pedro Pablo Díaz Quintero se les reconoció la pensión de jubilación en condiciones más favorables a las suyas y en una edad inferior a los 55 años. Así mismo aseveró haberle sido imposible trabajar hasta cumplir los 55 años de edad por haber sido coaccionado por el director de personal del Banco Popular para que renunciara, conducta que, según él tuvo como consecuencia la merma del valor de su pensión.
Por otro lado, al igual que los otros dos magistrados que salvan el voto, considero que la regulación que trae el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 sobre lo que debe entenderse por “ingreso base de liquidación” para nada se relaciona con el tema de la revaluación judicial de una obligación o “indexación”.
En efecto, basta leer la exposición de motivos de la ley y la ponencia para el segundo debate ante el Senado para convencerse de que la determinación del “ingreso base de la liquidación” como lo dispone el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 tuvo por finalidad evitar la evasión o la subdeclaración de salarios que incidían gravemente en el pasivo actuarial del Instituto de Seguros Sociales, puesto que una de la características negativas del sistema pensional anterior a dicha ley era la de su ineficiencia, generada, entre otras causas, porque el otorgamiento de las pensiones se hacía sin que existiera una relación adecuada con las cotizaciones.
Así fue dicho por el Ministro del Trabajo y Seguridad Social en la exposición de los motivos, en la que explicó que la inadecuada relación entre el beneficio recibido y las cotizaciones en el Instituto de Seguros Sociales había generado:
“(i) una severa subdeclaración de los salarios base para la cotización; (ii) sobrevaloración de los salarios base durante las 100 semanas que proceden a la jubilación, para elevar su pensión; (iii) poca continuidad en los aportes, ocasionada en parte por la alta rotación laboral de los trabajadores de Colombia, pero también porque se puede recibir una pensión como salario mínimo con sólo 500 de cotización, de tal forma que quien gana cerca de esa remuneración, no tiene incentivo para continuar haciéndolo por más tiempo; (iv) hay alta evasión, aún en el sector moderno de la economía, donde una quinta parte de los empleados no se afilia a la seguridad social”. (Gaceta del Congreso, Nº 87, oct. 1º/92, pág. 10).
En el mismo sentido aparece justificando el concepto de “ingreso base de liquidación de la pensión” en la ponencia para el segundo debate ante el Senado, en la que se expresó que la norma propuesta constituía “un elemento esencial para evitar la evasión o subdeclaración de salarios que tanto ha incidido en el pasivo actuarial del ISS” (sistema de seguridad social, Universidad Nacional 1996, pág. 46). De acuerdo con dicha ponencia en el nuevo sistema no habría razón para que se diera el fenómeno de la subdeclaración de salarios, “pues así se afectaría sustancialmente el valor de la pensión” (ibídem).
Y aparte de haber sido una finalidad diferente la que llevó al legislador a que la pensión se liquidara tomando en cuenta el promedio de lo salarios cotizados por el afiliado durante los diez años anteriores al reconocimiento de la pensión de jubilación “o en todo el tiempo si éste fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia”, actualizando dicho valor según la variación de índice de precios al consumidor, es lo cierto que basta leer el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 para concluir que el concepto de “ingreso base de liquidación” no es aplicable tratándose de pensiones de jubilación que están directamente a cargo de un patrono, por cuanto esa norma lo define como “el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado”, y no está previsto que el trabajador deba cotizar para su empleador, ni tampoco que el empleado deba “afiliarse” ante el patrono.
Menos aún sirven de sustento a la decisión adoptada en la sentencia de la cual me aparto en los artículos 11 y 36 de la Ley 100 de 1993, ya que el primero de tales preceptos legales expresamente consagra el “reajuste de pensiones” una vez son ellas reconocidas y el segundo se refiere exclusivamente al régimen de transición.