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Timestamp: 2019-09-19 00:56:32
Document Index: 87310321

Matched Legal Cases: ['artículo 35', 'artículo 9', 'artículo 17', 'artículo 517', 'artículo 9', 'artículo 26', 'artículo 149']

Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. TÍTULO IV. Régimen de policía (Vigente hasta el 01 de Enero de 2003).
Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (Vigente hasta el 01 de Enero de 2003).
Vigencia desde 15 de Diciembre de 1992. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 2002 hasta 01 de Enero de 2003
En materia de jornada laboral y descansos, los buques inscritos en el Registro Especial se regirán por lo dispuesto en la LE0000008342_20130317 Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo , y en la normativa sectorial específica, constituida por el LE0000008398_20111218 Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo , o la norma que lo sustituya, con excepción de lo dispuesto en el apartado 2 del LE0000017565_19950413 artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores , que no será de aplicación.
Estas tasas se regirán por la presente Ley y por las demás fuentes normativas que para las tasas se establecen en el /.././H/T/M/ artículo 9 de la Ley 8/1989, de 13 de abril , de Tasas y Precios Públicos.
6. El pago de la tasa se realizará en efectivo, en entidad de depósito autorizada por el Ministerio de Economía, y le será aplicable lo dispuesto en el LE0000007940_20040101 Reglamento General de Recaudación de 20 de diciembre de 1990 .
Disposición adicional decimosexta redactada por el artículo 17 de la Ley 24/2001, 27 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social («B.O.E.» 31 diciembre; corrección de errores «B.O.E.» 24 mayo 2002).Vigencia: 1 enero 2002
1. Exigibilidad.
Las tarifas serán exigibles desde que se solicite la prestación del servicio, o bien cuando el buque haya entrado en puerto, atraque en el muelle o se inicien las operaciones de embarque, desembarque y transbordo. En el caso de mercancías que entren y salgan del puerto por medios terrestres, cuando el vehículo correspondiente entre en la zona de servicio del puerto.
El plazo máximo para hacer efectivas las deudas originadas por la aplicación de las tarifas será de veinte días naturales desde la fecha de notificación de las facturas correspondientes. En el supuesto de que el último día del plazo de pago fuera festivo, dicho plazo vencerá en el inmediato hábil posterior.
Una vez transcurrido el plazo de pago establecido en el presente artículo sin que la deuda haya sido satisfecha, la Autoridad Portuaria certificará por medio del Director dicha circunstancia y lo notificará al obligado al pago. La cantidad adeudada devengará el interés legal del dinero vigente incrementado en cuatro puntos, durante el período en que se haya incurrido en mora.
El certificado así emitido tendrá la consideración de título ejecutivo a los efectos de la acción ejecutiva, conforme a lo dispuesto en el artículo 517 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
La falta de pago de los intereses devengados durante el período en que se haya incurrido en mora, habilitará igualmente a la Autoridad Portuaria para el ejercicio de la acción ejecutiva en la forma y en el plazo previsto en la presente disposición.
2. Prescripción.
La acción para exigir el pago de las tarifas por servicios prestados directamente por las Autoridades Portuarias prescribe a los cinco años de la prestación del servicio de que se trate.
3. Suspensión del servicio.
El impago reiterado del servicio prestado faculta a las Autoridades Portuarias para suspender temporalmente su prestación al deudor, previo requerimiento a éste y comunicación al Capitán Marítimo si afectase a la navegación marítima.
En el requerimiento, la Autoridad Portuaria deberá advertir expresamente que, de no efectuarse el pago de la factura en el plazo fijado en el mismo, procederá a suspender temporalmente la prestación del servicio de que se trate.
La suspensión temporal de la prestación del servicio se mantendrá en tanto no se efectúe el pago o garantice suficientemente la deuda que generó la propia suspensión.
La Autoridad Portuaria podrá exigir un depósito previo o la constitución de avales, así como emitir facturas a cuenta, con objeto de garantizar el cobro del importe de las tarifas por los servicios que sean solicitados en el ámbito de su competencia, sin perjuicio del importe final resultante.
4. Reclamación previa a la vía judicial civil.
Contra las liquidaciones de tarifas por servicios prestados directamente por las Autoridades Portuarias procederá la reclamación previa al ejercicio de acciones civiles que deberá interponerse ante el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de que se trate. El plazo para resolver la reclamación será de tres meses desde su interposición, pasado el cual sin resolución expresa podrá entenderse desestimada.
La interposición de la reclamación previa no suspenderá la obligación de efectuar el pago de la factura en el plazo previsto en el artículo anterior.
Disposición Adicional 22 introducida por la Disposición Adicional 6.ª de la Ley 14/2000, 29 diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2001
Disposición adicional vigesimosegunda derogada por el párrafo 1.º del apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
Uno. Se crea la tasa portuaria de seguridad al pasaje, que se regirá por la presente Ley, por la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y las demás fuentes normativas que para las tasas se establecen en el artículo 9 de la Ley 8/1989, de 13 de abril , de Tasas y Precios Públicos.
Dos. Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación en los recintos portuarios de los servicios de inspección y control de pasajeros, equipajes y vehículos en régimen de pasaje, así como vehículos de carga y sus conductores cuando viajen en buques mixtos de carga y pasaje.
Tres. Estarán obligados al pago de la tasa, en su condición de sujetos pasivos, el consignatario del buque o, en su defecto, el naviero del buque en el que viajen los pasajeros y vehículos. Cuando el buque estuviera consignado será responsable solidario el naviero del buque.
Cuatro. La tasa se devengará cuando se inicie la operación de embarque, desembarque o tránsito por el puerto de los pasajeros y, en su caso, de los vehículos.
Cinco. La cuantía de esta tasa será la siguiente:
Concepto Cuantía unitaria ‐ Euros
1. En régimen de crucero 1
2. En régimen de transporte 0,2
1. En régimen de pasaje:
I. Motocicletas y vehículos o remolques de dos ruedas 0,2
II. Coches turismos y demás vehículos automóviles 1
III. Autocares y demás vehículos proyectados para el transporte colectivo 2
2. En régimen de carga 2
Seis. El importe de la tasa será liquidado y gestionado por la correspondiente Autoridad Portuaria y formará parte de los ingresos de cada una de ellas.
Disposición Adicional 24 introducida por el artículo 26 de la Ley 24/2001, 27 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social («B.O.E.» 31 diciembre). Vigencia: 1 enero 2002
Disposición adicional vigesimocuarta derogada por el párrafo 1.º del apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
Son puertos de interés general y por lo tanto, y de acuerdo con el LE0000019668_20110927 artículo 149.1.20.ª de la Constitución Española , competencia exclusiva de la Administración del Estado, los siguientes:
Punto 1 del anexo redactado por el número 53 de la disposición final segunda de la Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general («B.O.E.» 7 agosto).
5. Huelva, Sevilla y su ría, Cádiz y su bahía (que incluye el Puerto de Santa María, el de la zona franca de Cádiz, Puerto Real, el Bajo de la Cabezuela y Puerto Sherry), Tarifa, Algeciras-La Línea, Málaga, Motril, Almería y Carboneras en Andalucía.
Punto 5 del anexo redactado por el número 53 de la disposición final segunda de la Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general («B.O.E.» 7 agosto).
10. Palma de Mallorca, Alcudia, Mahón, Eivissa y La Savina en Baleares.
Punto 10 del anexo redactado por el número 53 de la disposición final segunda de la Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general («B.O.E.» 7 agosto).