Source: https://es.scribd.com/doc/56843285/Caso-Martin-Rivas-Violacion-de-Derechos-Humanos
Timestamp: 2017-05-01 02:37:47
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Caso Martin Rivas. Violacion de Derechos Humanos | Constitutional Right | Res Judicata
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En Lima, a los 2 días del mes de marzo de 2007 (vista la causa: 8-032005), reunido el Tribunal Constitucional en sesión de pleno jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda, García Toma, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia I. ASUNTO Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Santiago Enrique Martin Rivas contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 46 del segundo cuaderno, su fecha 6 de octubre de 2004, que declara improcedente la demanda de amparo de autos. II. ANTECEDENTES 1. Demanda El recurrente interpone demanda de amparo contra el Consejo Supremo de Justicia Militar, alegando la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la cosa juzgada, a la amnistía y del principio de seguridad jurídica, a fin de que se deje sin efecto: a) la resolución de fecha 17 de octubre de 2001, mediante la cual –en aplicación de la Ley de Amnistía N.° 26479– se anula la resolución que dispuso el archivo definitivo de su proceso, y b) la resolución de fecha 13 de octubre de 2003, que declara improcedente la nulidad deducida contra la resolución de fecha 17 de octubre de 2001. Manifiesta que en el año de 1995 la Sala de Guerra le concedió el derecho de amnistía por los hechos ocurridos en torno al denominado Caso La Cantuta (causa N.° 157-V-93). Dicha medida fue elevada en consulta a la Sala Revisora de la Justicia Militar, la misma que aprobó el archivo definitivo del proceso. No obstante, con fecha 17 de octubre de 2001, la demandada reabrió el caso, anulando la ejecutoria suprema que disponía su archivo definitivo y, posteriormente, desestimó el recurso de nulidad interpuesto por el recurrente. Al respecto, alega que las resoluciones emitidas por el Tribunal del Consejo Supremo de Justicia Militar contravienen las leyes de amnistía –Ley N.° 26479 y N.° 26492– así como la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra, relativo a conflictos armados de carácter internacional. Asimismo, señala que, siguiendo la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derecho Humanos en el caso Castillo Petruzzi y otros, debe concluirse que la Convención Americana Sobre Derechos Humanos no puede suprimir o limitar el derecho de amnistía otorgado por el Estado peruano; más aún si el propio Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra diversos artículos de las leyes de amnistía.
2. Resolución de primer grado
Con fecha 2 de febrero de 2004, la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declara improcedente la demanda por considerar que el Tribunal del Consejo Supremo de Justicia Militar es un órgano ajeno al Poder Judicial, motivo por el cual no es un órgano jurisdiccional cuyas resoluciones puedan ser cuestionadas a través del proceso de amparo. 3. Resolución de segundo grado Con fecha 6 de octubre de 2004, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República declara improcedente la demanda por considerar que las resoluciones cuestionadas han sido dictadas en el marco de un proceso regular. A ello se suma que la demanda tiene por objeto que se lleve a cabo un nuevo análisis de los hechos que motivaron la emisión de las resoluciones cuestionadas. III. FUNDAMENTOS §1. Precisión del petitorio de la demanda 1. 1. El objeto de la demanda es que se deje sin efecto las resoluciones expedidas por el Consejo Supremo de Justicia Militar de 13 de octubre del 2003 y 17 de octubre del 2001, mediante las cuales, en cumplimiento de las Leyes de Amnistía N.º 26479 y N.º 26492, se anuló la resolución que dispuso el archivamiento definitivo de los hechos investigados en la Causa Militar Nº. 157-V93. Aduce el demandante que se viola sus derechos constitucionales a la cosa juzgada, seguridad jurídica, debido proceso y amnistía (sic). §2. Cuestiones procesales previas 2. 2. Previamente a la resolución de la cuestión de fondo, el Tribunal Constitucional estima pertinente señalar que si bien la demanda en el presente proceso constitucional ha sido interpuesta con anterioridad a la vigencia del Código Procesal Constitucional, este Colegiado, en virtud del principio de aplicación inmediata de las leyes procesales –Segunda Disposición Final– y no derivándose
el principio de seguridad jurídica y los derechos al debido proceso y a la amnistía (sic). el recurrente sostuvo que éste último derecho
(.) el Juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar la exigencia de las formalidades previstas en este Código al logro de los fines de los procesos constitucionales”– del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. por cuanto la tutela jurisdiccional significa la obligación que tiene el 3
. en relación con las resoluciones judiciales dictadas al amparo de una ley de amnistía. Sobre la supuesta afectación del derecho a la cosa juzgada. por lo que este Tribunal es competente para resolver el fondo del asunto. resulta pertinente el pronunciamiento en tal sentido. los agravios expuestos por el recurrente están relacionados esencialmente con la violación del derecho a la cosa juzgada. 3. el Tribunal aprecia que si bien se ha alegado la afectación de diversos derechos fundamentales –y algunos que no son derechos. el demandante ha alegado que las resoluciones judiciales cuestionadas lesionan el derecho a la cosa juzgada. 5. en aplicación del artículo II –“[s]on fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales”– y del tercer párrafo del artículo III –“(. Por lo tanto. Al respecto.
4. a la vez que el rechazo liminar de la demanda no ha afectado el derecho de defensa de los emplazados –quienes han participado a través del Procurador Público encargado de los asuntos judiciales de la Justicia Militar.. de la Constitución. sino además la protección de la parte durante todo el proceso y el cumplimiento de resoluciones que han alcanzado el carácter de cosa juzgada. en su demanda. y dada la trascendencia del caso por las cuestiones que él conlleva. nada obsta para que el Tribunal se pronuncie sobre el fondo.
§3.) no sólo comprende la admisión de demandas o denuncias. como la amnistía–. particularmente en lo relativo a la comprensión y delimitación del artículo 139. el "derecho a la amnistía" y del principio de seguridad jurídica 5. considera pertinente su aplicación..
De otro lado. a propósito de la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República confirmó la resolución apelada. existiendo los recaudos necesarios para ello. inciso 13. Análisis constitucional del caso concreto 3. En efecto. 4. mediante resolución de fecha 6 de octubre de 2004. Que en efecto.
3. a través de la cual se declaró improcedente in límine la demanda..1..de su aplicación vulneración alguna de los derechos procesales del demandante. Como se ha precisado en el primer fundamento de esta sentencia.
. Recuerda que en base a la Constitución y al Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra.) Pleno (.Estado de proteger al ciudadano en todo lo que la ley como derecho le otorga. En su opinión..
Por otro lado. cuyo
(. 9. la cual fue desestimada alegándose que dichas leyes habían sido declaradas incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos en la sentencia sobre el Caso Barrios Altos.
9. folios 34-35 del cuaderno principal. al amparo de la cual se expidieron las resoluciones judiciales cuyo restablecimiento solicita.
A) Alegatos del demandante 7. en mi caso el respeto de la Ejecutoria Suprema de Archivo Definitivo por Amnistía. 6.
Lo mismo sucede en relación con el supuesto "derecho a la amnistía" o con el respeto del principio de seguridad jurídica...
(. por lo que ésta produce todos los efectos legales por imperio de la misma Ley Orgánica del Tribunal Constitucional(.. pronunció sentencia el 09 de MAYO-1997. Escrito de Demanda. al amparo de su Ley Orgánica. relativo a conflictos armados sin carácter internacional.. militares o policías comprendidos o simplemente relacionados en la aludida lucha interna o conflicto armado sin carácter internacional2[2].)3[3]. 26479 y 26492.º 26492. 7. considerando la legislación supranacional citada y las atribuciones del Congreso para dictar las leyes de Amnistía. dichas leyes de amnistía no son incompatibles con la Convención. declarando Improcedente la Acción de Inconstitucionalidad de las leyes de amnistía.
. solicitó su nulidad. El demandante sostiene que el órgano emplazado dejó sin efecto la resolución de archivo definitivo de la Causa N. señala que una vez que se enteró de que se había declarado la nulidad de la resolución judicial dictada al amparo de las leyes de amnistía.. son conformes a lo previsto en el literal b) del artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos. pues además de sustentarse en el Derecho Internacional Humanitario. 8. A su juicio. el Congreso dictó las referidas leyes. ya que
Escrito de demanda. folios 40 del cuaderno principal. 3[3] Escrito de Demanda.). fue objeto de pronunciamiento por parte de este Tribunal.. folios 34 del cuaderno principal. ellos habrían sido lesionados como consecuencia de que no se observara la calidad de cosa juzgada que habrían adquirido las resoluciones que dispusieron la aplicación de las leyes de amnistía N.º 26479 y N.º 157-V-93 (La Cantuta) dictada al amparo de las leyes de amnistía Nos. 8.
Sostiene que las referidas leyes de amnistía.1[1] 6.) concediendo el Derecho de Amnistía a las personas civiles.
refiere que la Justicia Militar se inhibió de conocer el caso La Cantuta y dispuso que éste se enviara al fuero común. Recuerda. además. En cumplimiento de ella.. 10. 4º inciso 6 de la Convención sí permite a los Estados conceder el derecho de amnistía. entonces estos derechos están permitidos para todos los demás casos. B) Alegatos del Procurador Público de los Asuntos Judiciales de la Justicia Militar 12.) argumento falaz [de]que el art. el Tribunal militar emplazado recurrió al
.)4[4].º 26492 han sido declaradas incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos por la Corte Interamericana mediante la sentencia del 14 de marzo de 2001 (Caso Barrios Altos). relativo a conflictos armados sin carácter internacional (. 26479 y N. folios 38..(. las decisiones cuestionadas violan su derecho a la cosa juzgada así como el principio de seguridad jurídica. (. 10. el indulto y otros para los condenados a muerte que son los más graves violadores a los derechos humanos como por ejemplo los terroristas y traidores a la patria. sino a que: `Los Estados Parte en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean parte´. la misma que tiene efectos generales...). 11. 68 inciso 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala la obligatoriedad de cumplir con las interpretaciones que realiza la Corte Interamericana. Concluye que en la medida en que las leyes de amnistía fueron
dictadas conforme al ordenamiento constitucional e internacional. 12.) si el Derecho de Amnistía está reconocido por el Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra. y como ya se ha dejado dicho el proceso Cantuta no fue para un caso sujeto a competencia contenciosa de la Corte para que ésta ejerza función jurisdiccional sino para que emita su simple OPINIÓN CONSULTIVA (. cuando) el citado artículo e inciso no se refiere a interpretación alguna de la Convención.. C) Consideraciones del Tribunal Constitucional Derecho a la cosa juzgada
Escrito de Demanda. de 3 de setiembre de 2001.. que para desestimar su solicitud de
nulidad. de acuerdo con lo dispuesto en la sentencia de interpretación de fondo. resulta falaz el argumento de incompatibilidad de las leyes de amnistía con la Convención (no olvidar que el Art.. El Procurador Público de los Asuntos Judiciales de la Justicia Militar alega que las leyes de amnistía Nos.... se cumple el apotegma jurídico: EL QUE PUEDE LO MÁS PUEDE LO MENOS). 11.
En la STC 4587-2004-AA/TC este Tribunal destacó que su
(.) garantiza el derecho de todo justiciable. este Tribunal
(. Por tanto. inciso 13. a su vez.
Cosa juzgada constitucional y resoluciones judiciales dictadas al amparo de leyes de amnistía 16.) 13. Esa eficacia negativa de las resoluciones que pasan con la calidad de cosa juzgada. donde se invocó el carácter de cosa juzgada de una resolución judicial dictada por un tribunal militar que no era
. a que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no puedan ser recurridas mediante medios impugnatorios. incluso. en primer lugar. 13. y. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. según el artículo 139. Es evidente que el derecho a la cosa juzgada también se configura a partir de resoluciones judiciales dictadas en aplicación de una ley de amnistía. configura lo que en nuestra jurisprudencia hemos denominado el derecho a no ser juzgado 2 veces por el mismo fundamento (ne bis in ídem) (FJ 46). en la misma STC 4587-2004-AA/TC. en segundo lugar. (FJ 38). el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada. 16. de la Ley Fundamental reconoce el
derecho a la cosa juzgada. la primera cuestión que debe abordarse es la indagación sobre la legitimidad constitucional de una ley de amnistía al amparo de la cual se haya dictado una resolución judicial. El artículo 139. 15..... Un criterio semejante fue expuesto por el Tribunal en la STC
4587-2004-AA/TC. inciso 13. La amnistía.) uno de los efectos que se deriva de haberse alcanzado dicha autoridad de cosa juzgada es la prohibición de que por los mismos fundamentos se pueda volver a juzgar a la misma persona. ya sea porque estos han sido agotados o porque ha transcurrido el plazo para impugnarla. Una ley puede ser válida pero no necesariamente legítima desde la perspectiva de la Constitución. no pueda ser dejado sin efecto ni modificado. de la Constitución. sea por actos de otros poderes públicos. de terceros o. 15.
17. Para ello. sin embargo. de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó.13. 14. 14.. Según éste. el indulto..
Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (. 17. a que el contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal condición. es preciso que la ley de amnistía no sólo debe ser válida sino también constitucionalmente legítima. Igualmente.
párr. 17 de julio de 1998. Perú. Corte Interamericana de Derechos Humanos.
. Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. S/Res/827. A/CONF. 154 y referencia a ONU.183/9. Caso La Cantuta vs. 20. 98. Art. Caso La Cantuta vs. Doc. inciso 6. 117. corresponde al Tribunal precisar los criterios
generales de legitimidad constitucional de las leyes de amnistía. cancela todos sus efectos penales. 18. considerados originariamente ilícitos. nota 6. constitutiva de una infracción al derecho internacional. Por tanto. la entrada en vigencia de una ley de amnistía impide la iniciación de un proceso penal. Una sentencia pronunciada en las circunstancias indicadas produce una cosa juzgada “aparente” o “fraudulenta7[7]. 8 de noviembre de 1994. Caso Gutiérrez Soler. párr. dejaron de serlo. 131. Nº. Art. 10. Serie C No. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. de la Constitución.competente ratione materiae. y Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
19. S/Res/955.
STC 4587-2004-AA/TC. suspende a éste en cualquier estado en el que se encuentre y. párrafo 153. Mediante ellas el legislador establece que determinados hechos. párr. 73 y 74. nota 6.
20. a efectos de determinar cuándo una resolución judicial dictada al amparo de aquellas configura cosa juzgada constitucional. 132. ha sustraído al acusado de su responsabilidad penal. con cita de la sentencia dictada en el Caso Almonacid Arellano y otros.
Este mismo criterio ha sido adoptado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso La Cantuta vs. Siendo ello así. 19. entre las
atribuciones del Congreso de la República se encuentra la de dictar leyes de amnistía. La consecuencia del olvido de la responsabilidad penal es la renuncia del Estado al ejercicio de la acción penal (extinción) así como a la ejecución de la pena. F. Sentencia de 22 de noviembre de 2004. con cita de las sentencias dictadas en el Caso Almonacid Arellano y otros. U. aprobado por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una corte penal internacional. recientemente la Corte precisó que el principio non bis in ídem no resulta aplicable cuando el procedimiento que culmina con el sobreseimiento de la causa o la absolución del responsable de una violación a los derechos humanos.N. Según el artículo 102. Sentencia de 12 de septiembre de 2005. o cuando el procedimiento no fue instruido independiente o imparcialmente de conformidad con las debidas garantías procesales 6[6]. J. Serie C No. con excepción de los de orden civil. 9. si se hubiera dictado sentencia condenatoria. Allí la Corte Interamericana señaló:
Específicamente en relación con la figura de la cosa juzgada.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. En dicho caso. este Tribunal expuso que una resolución judicial emanada de un proceso seguido ante un órgano jurisdiccional incompetente no formaba parte del ámbito normativo del derecho fundamental a la cosa juzgada y a la prohibición del ne bis in ídem5[5]. 1993. párrafo 153. párr. Perú. y Caso Carpio Nicolle y otros. 154. 20. art. Perú.
(. 24. el legislador pueda brindar un tratamiento diferenciado que no satisfaga las exigencias que impone el principio de proporcionalidad8[8]. todo precepto constitucional se encuentra orientado a proteger los derechos fundamentales como manifestaciones del principio-derecho de dignidad humana (artículo 1 de la Constitución) (STC 2730-2006PA/TC). el de sus órganos constitucionales no se justifica de por sí.
23. Se trata de una competencia constitucionalmente conferida al titular de la política de persecución criminal del Estado y cuyo ejercicio. conforme hemos recordado. la STC 00045-2004-PI/TC.) exige concebir a la Constitución como un todo plenamente armónico e internamente coherente (. Estos dos primeros límites distinguen a la amnistía del indulto. 21. debe observar los criterios de generalidad y abstracción exigidos por el artículo 103 de la Constitución. En la medida en que forma parte de la Ley Fundamental. sino a partir del pleno respeto del principioderecho de dignidad humana. previsto el ámbito de aplicación de la ley de amnistía. en última instancia. la determinación de sus alcances y límites debe realizarse bajo los alcances del principio de unidad. Una ley de amnistía se encuentra sujeta tanto a límites
formales como materiales.
22. En la medida en que la expedición de las leyes de amnistía
constituye el ejercicio de una competencia jurídico-constitucional. teniendo presente que. Igualmente.. 25. una ley de amnistía no puede comprender en sus alcances a una persona o un grupo de
Cf. Este principio. Sin embargo..
El artículo 102. puesto que la legitimidad del ejercicio del poder del Estado y. de la Constitución no prevé expresamente cuáles son los límites a los que se debe sujetar el dictado de leyes de amnistía. puede ser interpretada aisladamente. 22. Con respecto a la primera cabe señalar que el dictado de una ley de amnistía es que ésta sólo puede formalizarse en virtud de una ley ordinaria. su ejercicio se encuentra sujeto a límites constitucionales. incluyendo las que habilitan de competencias a los órganos del Estado. inciso 6.). ello no significa que estos no existan. Por tanto. además de respetar los principios constitucionales que informan el procedimiento legislativo. Por ello. este Tribunal ha recordado que ninguna disposición
A diferencia de este último. por tanto.
25.21. últimamente. por ende.. lo que impide que. las leyes de amnistía deben respetar el principio-derecho de igualdad jurídica. y de la observancia cabal de los principios constitucionales y los derechos fundamentales. constitucional. debe realizar dentro del marco de la Constitución Política del Estado..
encuentra en el referido artículo 44 de la Constitución. cualquiera que sea la competencia constitucional
de que se trate. garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Este último comporta la obligación de no afectar dichos derechos y su fundamento se encuentra en el reconocimiento específico de cada uno de ellos. Serie C. Sin embargo. en la realidad. Sentencia de 29 de julio de 1988. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir. Caso Velásquez Rodríguez. la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos. De conformidad con el primero. una vez que estos
Corte Interamericana de Derechos Humanos.. La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación. sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia. 4. todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público. Las leyes de amnistía tampoco pueden expedirse en oposición a las obligaciones internacionales derivadas de los tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado peruano. Tampoco la amnistía puede fundarse en un motivo incompatible con la Constitución. desde el punto de vista constitucional. del derecho conculcado y. con exclusión de otras que se encuentren en los mismos supuestos que motivan su expedición. 28. supone el deber
27. La Ley Fundamental es una norma lo suficientemente abierta para que dentro de ella el legislador pueda elegir entre las diferentes opciones de política de persecución criminal. Su fundamento. esto es. párrafos 166-168.) y procurar. el restablecimiento. si es posible.) de organizar todo el aparato gubernamental y. de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. No.
26. investigar y sancionar toda violación de los derechos (.. 27.. además. en
cambio. La capacidad de los tratados sobre derechos humanos para limitar materialmente las leyes de amnistía se funda en el artículo 55 y en la IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución. 167.. Este deber no es semejante al deber de respetarlos. en general. de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos (énfasis añadido)9[9]. en su caso. La obligación de garantizar los derechos fundamentales. su ejercicio debe estar orientado a garantizar y proteger los derechos fundamentales como manifestaciones del principio-derecho de dignidad humana (artículo 1 de la Constitución) y a servir a las obligaciones derivadas del artículo 44 de la Ley Fundamental.personas en particular. 28. 26.
De conformidad con el segundo. crimen de apartheid y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente
Cf. esclavitud sexual. raciales. STC 2488-2002-AA/TC. deportación o traslado forzoso de población. pero también de la jurisprudencia
internacional sobre derechos humanos10[10]. esclavitud. no pueden ser amnistiados. de conformidad con el Derecho Internacional. exterminio. se recurre a los tratados que han cristalizado la proscripción absoluta de aquellos ilícitos que. de género u otros motivos universalmente reconocidos como contrarios a los principios universales que garantizan el pleno respeto de los derechos humanos con arreglo al derecho internacional. en positivo. por tanto. 30. esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable. de conformidad con el Derecho Internacional. embarazo forzado. STC 0959-2004-HD/TC. qué tipo de injerencias sobre el derecho se encuentran prohibidas. 31. prostitución forzada. culturales. son inderogables y respecto de los cuales el Estado se ha obligado internacionalmente a sancionar su afectación. asesinato.
31. persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos. Las obligaciones asumidas por el Estado peruano con la
ratificación de los tratados sobre derechos humanos comprenden el deber de garantizar aquellos derechos que. etc.son ratificados. STC 05374-2005-HC/TC. vinculan a los poderes públicos. etc. es posible identificar los derechos fundamentales garantizados definitivamente por los derechos que pudieran resultar comprometidos con la expedición de una ley de amnistía (v. violación. tortura. forman parte del Derecho nacional y. En atención al mandato contenido en el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. STC 02730-2006-AA/TC. desaparición forzada de personas. 29. nacionales. los tratados sirven en el proceso de delimitación del ámbito constitucionalmente garantizado de los derechos fundamentales. Entre dichos ilícitos destacan los delitos de genocidio y
crímenes de lesa humanidad recogidos en los artículos 6.g. FJ 9-14.
. 7 y 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. como cuando se declara. Cf. religiosos. excarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de Derecho internacional. en tanto contravienen los estándares mínimos de protección a la dignidad de la persona humana. STC 8377-2005-HC/TC. étnicos.
29. el haz de facultades que confiere el derecho a su titular. Ello sucede tanto cuando se determina. en negativo. el derecho a la protección jurisdiccional de los derechos11[11] y el derecho a la verdad12[12]). A partir de los tratados.
30. que comprenden los siguientes actos: los delitos de ejecución extrajudicial. Cf. STC 1230-2002-HC/TC.
cuando funcionarios públicos o agentes del Estado han cometido violaciones de los derechos del Pacto a que se hace referencia en el presente párrafo. ninguna posición oficial justifica que personas que pueden ser acusadas de responsabilidad por esas violaciones queden inmunes de responsabilidad jurídica. frecuentemente. 14[14] En la "Observación General No.
. inhumanos o degradantes similares (art. 7). el Comité de Derechos Humanos señaló que "Las amnistías son generalmente incompatibles con la obligación de los Estados de investigar tales actos.N. 6) y la desaparición forzosa (artículos 7 y 9 y. En consecuencia. 31.º 2014[14]] y las inmunidades e indemnizaciones jurídicas anteriores. Artículo 7 . 44º período de sesiones. como la tortura o los tratos crueles. los Estados Partes no pueden eximir a los autores de su responsabilidad personal. La índole de la obligación jurídica general impuesta. de garantizar que no se cometan tales actos dentro de su jurisdicción y de velar por que no se realicen tales actos en el futuro. incluida la indemnización y la rehabilitación más completa posible" [párrafo 15]. En realidad. la ejecución sumaria y arbitraria (art. Doc. los Estados Partes deben velar por que los responsables sean sometidos a la justicia. con respecto a las violaciones reconocidas como delictivas con arreglo al derecho interno o al derecho internacional. 80º período de sesiones. Esas obligaciones surgen.Prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles.
Cuando las investigaciones a que se ha hecho referencia en el párrafo 15 revelan violaciones de determinados derechos del Pacto. puede constituir un elemento importante que contribuye a la repetición de las violaciones. como ha ocurrido con determinadas amnistías [véase la Observación general N. La prohibición de amnistías para delitos de esa envergadura
también ha sido advertida por la jurisprudencia de los órganos y tribunales internacionales sobre derechos humanos. esas violaciones del Pacto son crímenes de lesa humanidad (véase el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Además. art. para el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas13[13]. Comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos Humanos. la falta de sometimiento a la justicia de los autores de esas violaciones podía de por sí constituir una violación separada del Pacto.7 at 225 (2004). 7). por ejemplo. 20" [Comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos Humanos.grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física de las personas. Así. asunto que causa una constante preocupación al Comité. párrafo 18. Doc.
32.7 at 173 (1992)]. Cuando se cometen como parte de un ataque generalizado sistemático contra la población civil. Al igual que sucede con la insuficiencia a la investigación. en particular. HRI/GEN/1/ Rev.N. U. Observación General No. 6).
Comité de Derechos Humanos. U. HRI/GEN/1/Rev. el problema de la impunidad con relación a esas violaciones. Los Estados no pueden privar a los particulares del derecho a una reparación efectiva. 32. inhumanos o degradantes.
) son inadmisibles las disposiciones de amnistía.. 75.º 26479 y N.. 33. 36. asumir una tesis dualista de primacía del
Derecho internacional sobre el Derecho interno y a la inversa.33. Se precisa de un sistema de articulación competencial entre las jurisdicciones internacional y constitucional. extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas. ahora. párrafo
41. esto es. 35. en caso de conflicto con sus obligaciones en el plano internacional. Corresponde. y confiere a sus beneficiarios la titularidad del derecho fundamental reconocido en el inciso 13) del artículo 139 de la misma Constitución. Ello es así por cuanto es necesario entender al Derecho internacional como un Derecho de integración sobre la base de la responsabilidad internacional de los Estados. 34. todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos15[15]. la Constitución y las leyes de amnistía N. ni el desconocimiento de estas últimas en el orden nacional. 34. Sentencia Caso Barrios Altos. la amnistía decretada de conformidad con los
diversos límites a los que se encuentra sujeta. sino a partir de su integración. en virtud del cual no resulta aceptable fijar una competencia de competencias privativa. en concordancia con las obligaciones internacionales asumidas como miembro de dicho Sistema. la Corte Interamericana ha destacado que
(.º 26492 son compatibles con los tratados internacionales en materia de derechos humanos y con la Constitución. las ejecuciones sumarias. en materia de relaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Derecho constitucional nacional. Por tanto. no es un asunto que deba resolverse de manera aislada. No cabe. pues. La Convención Americana sobre Derechos Humanos. en función de dicha responsabilidad no se postula la derogación automática de las normas internas. sino su armonización e integración. se requiere. una solución integradora y de construcción jurisprudencial.º 26479 y N. En el ámbito del sistema regional de protección de los
derechos humanos. N°.º 26492 35. las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura. la determinación de si estas leyes son compatibles con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la Constitución.
36. sino establecer la voluntad del Estado peruano. Serie C. siendo
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así.
. por el contrario. verificar si las leyes de amnistía N. La primera cuestión. otorga la calidad de cosa juzgada constitucional a las resoluciones judiciales que se hubieran dictado en aplicación de ella.
y declaró que
(.) las leyes de amnistía Nos. carecen de efectos jurídicos [ordinal 4 de la parte resolutiva de la Sentencia].. que el Tribunal analice tales objeciones. Como consecuencia de la manifiesta incompatibilidad entre las leyes de autoamnistía y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. en consecuencia. 37. Corte Interamericana de Derechos Humanos. determina esta relación de cooperación entre ambas jurisdicciones. las mencionadas leyes carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos que constituyen este caso ni para la identificación y el castigo de los responsables. 26479 y 26492 con la Convención Americana de conformidad con el art.
. 26479 y 26492 son incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos y. sostuvo que. dada la protección efectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos peruanos. bajo los parámetros de una tesis de la
coordinación corresponde a este Colegiado analizar la legitimidad de dichas leyes de amnistía. folios 37.. En ese sentido. párrafo 44. 37. El Tribunal observa que en la Sentencia de 14 de marzo de
2001. por tanto. ha sostenido que el pronunciamiento de la Corte.
(. 39. que establece:
La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Igualmente. 64 inciso 2 de esta Convención16[16]
Corresponde. de conformidad con el artículo 1 de la Constitución. el Estado peruano sólo pidió una OPINIÓN CONSULTIVA a la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de la compatibilidad entre las leyes de amnistía Nº. mediante el cual se declara que las leyes de amnistía carecen de efectos generales. no es vinculante para el Estado peruano al haber sido expedido absolviendo una opinión consultiva. Sentencia Caso Barrios Altos.
16[16] 17[17]
Escrito de demanda.que la confluencia teleológica. 38. la Corte Interamericana de Derechos Humanos admitió el reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado peruano en el denominado Caso Barrios Altos. énfasis añadido. Igualmente... En sus palabras.) es de precisar que. ni pueden tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en el Perú [énfasis agregado]17 [17] . El recurrente ha sostenido que lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Barrios Altos no era aplicable a los hechos del denominado Caso La Cantuta. 39.
como el Caso La Cantuta. en la que se volvió a recordar que
(. 40. 42. 41... Caso Barrios Altos vs.) tiene efectos generales. Serie C No.) declaró que las mismas son `incompatibles con la Convención Americana [. El Tribunal toma nota asimismo de que. Se solicitó a la Corte Interamericana absolviese la siguiente pregunta:
[¿]Tiene la Sentencia en el caso Barrios Altos. 19[19] Corte Interamericana de Derechos Humanos. la Corte respondió: La promulgación de una ley manifiestamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado parte en la Convención constituye per se una violación de ésta y genera responsabilidad internacional del Estado. párrafo 14. Interpretación de la Sentencia de Fondo (art..
recientemente resuelto por la Corte Interamericana. dada la naturaleza de la violación constituida por las leyes de amnistía No. 26479 y No.
. la Corte Interamericana absolvió una solicitud de interpretación de la sentencia de fondo formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Serie C No.... con referencia a la incompatibilidad de las leyes Nos. mediante Sentencia
del 3 de septiembre de 2001. dicho pronunciamiento no sólo es de aplicación a los hechos que suscitaron el Caso Barrios Altos. 42.. Perú.40. 20[20] Corte Interamericana de Derechos Humanos. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos). párrafo 18. Perú. en consecuencia. por tanto. y en esos términos debe ser resuelto el interrogante formulado en la demanda de interpretación presentada por la Comisión [énfasis añadido]19[19]. 26492. Perú. Caso Barrios Altos vs. 26479 y 26492 en el Caso Barrios Altos vs.] y. párrafo 167. Perú. carecen de efectos jurídicos. 83.. 26479 y 26492 con la Convención Americana. en cuya Sentencia de fondo (. La Corte interpretó la Sentencia de fondo dictada en ese caso en el sentido de que (. Sentencia de 3 de septiembre de 2001. Perú. la Corte considera que. sentencia de 29 de diciembre de 2006. En consecuencia. tiene efectos generales. El mismo criterio se ha expuesto en el Caso La Cantuta c. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos). al amparo del artículo 67 del Pacto de San José de Costa Rica. 43.. Caso La Cantuta vs. alcance general o se limita solamente al caso indicado?18[18].20[20] 43. lo resuelto en la sentencia de fondo en el caso Barrios Altos tiene efectos generales..) lo resuelto (. 83. De lo expuesto se colige que la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha declarado que las leyes de amnistía aludidas carecen de efectos jurídicos y que lo resuelto.) la Corte ya analizó el contenido y los alcances de las leyes de amnistía Nos. Interpretación de la Sentencia de Fondo (art. sino que comprende a los casos en los que su aplicación impidió que se juzgaran y sancionaran graves violaciones de derechos reconocidos en la Convención Americana. Ante lo cual. 41. Siendo así.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de 3 de septiembre de 2001.
ella vincula a las partes en los términos del artículo 68. 47. no es vinculante porque se trata de una opinión consultiva. en relación con el argumento de que la sentencia
del 3 de septiembre de 2001. 15.. 51 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Serie C No. 26. la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes.. de 14 de noviembre de 1997. Caso Velásquez Rodríguez.. 22[22] Corte Interamericana de Derechos Humanos. 48. Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Art. Nº. Interpretación de la sentencia de indemnización compensatoria.)22[22]. el sentido y la finalidad de la resolución. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos). como lo ha sugerido el recurrente.. sino sobre la base del artículo 67 del mismo instrumento internacional. que prevé:
Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la medida en que la finalidad de la facultad de interpretar el
sentido o los alcances del fallo no es otra que la de esclarecer lo decidido por la sentencia de la Corte Interamericana. La interpretación de una sentencia implica no sólo la precisión del texto de los puntos resolutivos del fallo. expedida por la Corte Interamericana. una vez que esta se expide. 48. que autoriza que
(.. Sentencia de 17 de agosto de 1990 (art.
45.. Opinión Consultiva OC 15/97. párrafo 25. Sentencia de 17 de agosto de 1990 (art. Serie C No. La interpretación de una sentencia de fondo difiere en sus
efectos de la que es propia de una Opinión Consultiva.) y no existe tampoco un litigio a resolver.44. de acuerdo con las consideraciones de la misma (. sino por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. referida a la legitimación para solicitar opiniones consultivas [como también lo ha sugerido el recurrente]. Igualmente observa que dicha solicitud de interpretación no
fue realizada al amparo del artículo 64 del Pacto de San José de Costa Rica. 44. 10. 46. Interpretación de la sentencia de indemnización compensatoria. El ejercicio de la competencia consultiva se realiza sin que existan partes
(. 9. 47. El único propósito de la función consultiva es `la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos´21[21].
. el Tribunal Constitucional observa que la solicitud de interpretación de la sentencia de fondo del Caso Barrios Altos no fue solicitada por el Estado peruano. Serie A.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 45. En cambio. párrafo 26. 46. Por otro lado. párrafo. siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de notificación del fallo. Caso Godínez Cruz. sino también la determinación del alcance. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos).) En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo.
. careciendo de efectos jurídicos las leyes de amnistía
señaladas. que el Tribunal Constitucional haya confirmado su constitucionalidad. mediante dicha sentencia. 52.
51. Lo que no significa. en modo alguno. En efecto. El Tribunal recuerda.
52. 104. Panama. 51.. 49. párrafo 61. el Tribunal observa que. El control de las leyes de amnistía. además. Por tanto. 49. Sentencia de 28 de noviembre de 2003. Sin
embargo. el Tribunal declaró improcedente la demanda de inconstitucionalidad promovida contra las leyes aludidas.Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. que el cumplimiento de las
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una obligación que
(. independientemente de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. no pueden. el recurrente ha argumentado que las referidas leyes de amnistía fueron declaradas constitucionalmente válidas por el Tribunal Constitucional mediante la STC 00013-1996-AI/TC. de modo que las resoluciones judiciales que se dictan en aplicación de leyes de amnistía constitucionalmente legítimas dan lugar a la configuración de la cosa juzgada constitucional. respaldado por la jurisprudencia internacional.. por mayoría. Caso Baena Ricardo y otros vs. por razones de orden interno. sin embargo. no se ha afectado el derecho reconocido en el artículo 139. la expedición de leyes de amnistía
constituye una competencia jurídico-constitucional del Congreso de la República. el Tribunal juzga que las resoluciones jurisdiccionales dictadas a su amparo no adquieren la calidad de cosa juzgada constitucional y. Competencia. inciso 13.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. por tanto. 50. de 28 de abril de 1997.) corresponde a un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado. según el cual los Estados deben cumplir sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe (pacta sunt servanda) y. N°. como ya ha señalado esta Corte y como lo dispone el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Serie C. al no haber existido un pronunciamiento sobre el fondo de la demanda. parte de la presunción de que el legislador penal ha querido actuar dentro del marco de la Constitución y el respeto de los derechos fundamentales. Lo expuesto sería suficiente para desestimar la pretensión. de la Constitución. Como ya se señaló. 50. dejar de atender la responsabilidad internacional ya establecida23[23].
53.492 (párrafo 116 del escrito de la demanda) y promulgación de esas leyes de amnistía por parte del Poder Ejecutivo.).. Perú. 55. si bien no se dice en forma expresa en el texto de la demanda´. del Congreso de la República (párrafo 109 del escrito de la demanda)..479 por el Congreso (párrafo 113 del escrito de la demanda) y de la Ley N.. 55. g) La existencia del denominado `Grupo Colina´(. Tenía una estructura jerárquica y su personal recibía. párrafo 40.) f) la vulneración de las garantías judiciales y de la protección judicial. Éste era un grupo adscrito al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) que operaba con conocimiento de la Presidencia de la República y del Comando del Ejército. Tal fue la situación en la que se desenvolvieron las actividades delictivas del denominado Grupo Colina... También ha sido considerado como un hecho probado por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. 54. además de sus remuneraciones como oficiales y sub-oficiales del Ejército. dicho sucedáneo cuando se comprueba
que mediante el ejercicio de la competencia de dictar leyes de amnistía. En su escrito de contestación de la demanda. después de considerar probada la existencia del denominado Grupo Colina. [Entre otras cosas.
. Sentencia del 29 de noviembre de 2006. la que. el legislador penal pretendió encubrir la comisión de delitos de lesa humanidad.... allí se reconoció que] "Los hechos reconocidos por el Estado comprenden: (. señaló: (.] efectuó un allanamiento y reconocimiento parcial de responsabilidad internacional por determinadas violaciones alegadas por la Comisión (. No opera.. el
Cf. El Grupo Colina cumplía una política de Estado consistente en la identificación. a través de su agente designado para el Caso La Cantuta ventilado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 109 y 110 del escrito de la demanda)... al que pertenecía el recurrente. decisión de la Corte Suprema de Justicia (párrafos 108. por tanto. Caso La Cantuta vs. 111 y 112 del escrito de la demanda).
54. los actos posteriores de intervención de tribunales militares (párrafos 106.)sus miembros participaron en los hechos del
presente caso (. aprobación de la ley de amnistía N.º 26. Estos hechos se manifestaron en los actos de investigación iniciales (párrafos 90 a 105 del escrito de la demanda).53. Corte Interamericana de Derechos Humanos.º 26. Tampoco cuando el ejercicio de dicha competencia se utilizó para “garantizar” la impunidad por graves violaciones de derechos humanos. Así lo ha reconocido el Estado peruano.). de 21 de julio de
2006.. dinero para gastos operativos y retribuciones económicas personales en carácter de bonificación.)24[24]. el Estado peruano sostiene que
como antes se ha dicho. 56. Caso La Cantuta vs. de 24 de agosto de
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sobre esto el Tribunal Constitucional estima pertinente hacer
algunas precisiones sobre el valor jurídico para los tribunales nacionales de los hechos probados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.) Expresión de ese plan sistemático. y el propósito que las animaba. en el marco del orden jurídico nacional e internacional del que el Perú es parte. el Tribunal Constitucional considera que ello demuestra palmariamente que sí hubo ausencia de una voluntad estatal destinada a investigar y sancionar con penas adecuadas a la gravedad de los delitos cometidos a los responsables de los hechos conocidos como "Barrios Altos". desapariciones forzadas y torturas25[25]. (iii) El retiro (nulo) de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hecha conocer a dicho órgano supranacional mediante la entrega de la Nota Nº. es de garantizar el respeto pleno de la persona.) 85.. De otro lado. lo que no exime de la facultad y el deber de los tribunales nacionales de realizar las investigaciones judiciales correspondientes. asesinatos selectivos. porque de lo que se trata.
57. finalmente. sino una solución integradora y de construcción jurisprudencial en materia de relaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Derecho constitucional nacional. ya en la STC 4587-2004-AA/TC este Tribunal
había advertido la existencia de un plan sistemático para promover la impunidad en materia de violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Al respecto. Perú. Sentencia del 29 de noviembre de 2006. (. 57.control y la eliminación de aquellas personas que se sospechaba pertenecían a los grupos insurgentes o contrarias al régimen del ex Presidente Alberto Fujimori. analizados y probados ante las instancias internacionales de protección de los derechos humanos. (ii) La expedición en ese lapso de las leyes de amnistía 26479 y 26492.
. no se puede asumir una tesis dualista de primacía del Derecho internacional sobre el Derecho interno y a la inversa. párrafos párrafos 80. lo constituyen: 82. Del mismo modo. 83. bajo este principio de integración los tribunales nacionales deben reconocer la validez jurídica de aquellos hechos que han sido propuestos. tomando en cuenta el contexto en que se dictaron.. como ya se dijo supra. 56. de los cometidos por el Grupo Colina. Y si bien éstas no se aplicaron al primer proceso penal que se le seguiera al recurrente.. (i) El deliberado juzgamiento de delitos comunes por órganos militares.
(. su dignidad y sus derechos humanos..17 y 80.18. 5-9-M/49. particularmente. mediante acciones sistemáticas de ejecuciones extrajudiciales indiscriminadas. en efecto.
como en el cumplimiento de las funciones de las autoridades estatales. de la Constitución) o el derecho a la justicia (artículo 139 de la Constitución )–. entre otros– en que se funda la obra del poder constituyente.2000. ya que el ejercicio del poder constituido no puede vulnerar los principios y valores constitucionales –como la dignidad de la persona humana. Precisamente por esto. el Tribunal considera que las leyes de
amnistía N.º 26492 son nulas y carecen. la facultad legislativa del Congreso no es ilimitada. inciso 6 y el artículo 139. de fecha 8 de julio de 1999. con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú HA RESUELTO
. y que fuera aprobada por la también nula Resolución Legislativa 3. fomentándose la impunidad. tanto en conexión con el ejercicio de los derechos fundamentales de los particulares –derecho a la vida (artículo 2. según el artículo 1 de la Constitución. ellas no dan lugar a la configuración de la cosa juzgada constitucional garantizada por los artículos 102. en la medida en que no existe conformidad con el orden objetivo de valores.
59. de efectos jurídicos. En mérito de ello. Este principio-derecho constituye una norma jurídica que
contiene un mandato obligatorio. por ejemplo–. En su condición de resoluciones judiciales nulas. 60. inciso 13. de la Constitución. también son nulas las resoluciones judiciales dictadas con el propósito de garantizar la impunidad de la violación de derechos humanos cometida por los integrantes del denominado Grupo Colina. ello no significa que el Congreso pueda cobijar en las leyes de amnistía a delitos de lesa humanidad –como el secuestro. el Tribunal Constitucional. inciso 13. y 139. Siendo ello así. Por tanto. según los artículos 102. 58. 59. tortura y ejecución sumaria de personas. por cuanto la legitimidad de la Constitución reposa en la defensa de la persona humana y en el respeto de su dignidad. Dicho acto tuvo el propósito de asegurar que también en el ámbito internacional el Estado no respondiese por las violaciones de derechos humanos y de esa forma se garantizase que sus autores no fueran sometidos a la acción de la justicia. ab initio. inciso 6.º 26479 y N. la justicia. el que se hace efectivo.
60. es decir olvidar el delito cometido por determinadas personas. la vida. con los principios constitucionales y con los derechos fundamentales que la Constitución consagra. lo que produce los efectos de la cosa juzgada. inciso 1. cabe señalar que si bien el Poder Legislativo
tiene la atribución de ejercer el derecho de amnistiar. 58. la verdad. de la Constitución. como fin supremo de la sociedad y del Estado. Por estos fundamentos.
LANDA ARROYO GONZALES OJEDA ALVA ORLANDINI BARDELLI LARTIRIGOYEN GARCÍA TOMA VERGARA GOTELLI
.Declarar INFUNDADA la demanda. SS.
N. ANTECEDENTES 4. mediante la cual –en aplicación de la Ley de Amnistía N. Bardelli Lartirigoyen. ASUNTO Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Santiago Enrique Martin Rivas contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República. que declara improcedente la demanda de amparo de autos. la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declara improcedente la demanda por considerar que el Tribunal del Consejo Supremo de Justicia Militar es un órgano ajeno al Poder Judicial. a la cosa juzgada. II. Demanda El recurrente interpone demanda de amparo contra el Consejo Supremo de Justicia Militar. Resolución de primer grado
Con fecha 2 de febrero de 2004. de fojas 46 del segundo cuaderno.° 26479– se anula la resolución que dispuso el archivo definitivo de su proceso. Vergara Gotelli y Landa Arroyo.EXP. su fecha 6 de octubre de 2004. con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini. García Toma. reunido el Tribunal Constitucional en sesión de pleno jurisdiccional. a la amnistía y del principio de seguridad jurídica. que declara improcedente la nulidad deducida contra la resolución de fecha 17 de octubre de 2001.° 157-V-93). alegando la vulneración de sus derechos al debido proceso. a fin de que se deje sin efecto: a) la resolución de fecha 17 de octubre de 2001. pronuncia la siguiente sentencia I. Manifiesta que en el año de 1995 la Sala de Guerra le concedió el derecho de amnistía por los hechos ocurridos en torno al denominado Caso La Cantuta (causa N.° 679-2005-PA/TC LIMA SANTIAGO ENRIQUE MARTIN RIVAS
5. y b) la resolución de fecha 13 de octubre de 2003. a los 2 días del mes de marzo de 2007 (vista la causa: 8-032005).
. motivo por el cual no es un órgano jurisdiccional cuyas resoluciones puedan ser cuestionadas a través del proceso de amparo. Gonzales Ojeda.
2. A) Alegatos del demandante
64.1. el principio de seguridad jurídica y los derechos al debido proceso y a la amnistía. la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República declara improcedente la demanda por considerar que las resoluciones cuestionadas han sido dictadas en el marco de un proceso regular. 5. este Colegiado. 7. considera pertinente su aplicación. en virtud del principio de aplicación inmediata de las leyes procesales –Segunda Disposición Final– y no derivándose de su aplicación vulneración alguna de los derechos procesales del demandante. Precisión del petitorio de la demanda 61.
El demandante sostiene que el órgano emplazado dejó sin efecto la resolución de archivo definitivo de la Causa N. El objeto de la demanda es que se deje sin efecto las resoluciones expedidas por el Consejo Supremo de Justicia Militar de 13 de octubre del 2003 y 17 de octubre del 2001. 157-V93.º 26492. Previamente a la resolución de la cuestión de fondo. §3. B) Alegatos del Procurador Público de los Asuntos Judiciales de la Justicia Militar
.º 26479 y N. 1. Sobre la supuesta afectación del derecho a la cosa juzgada.
Como se ha precisado en el primer fundamento de esta sentencia.º 157-V-93 (La Cantuta) dictada al amparo de las leyes de amnistía Nos. se anuló la resolución que dispuso el archivamiento definitivo de los hechos investigados en la Causa Militar Nº. III. el "derecho a la amnistía" y del principio de seguridad jurídica
63. 26479 y 26492. Resolución de segundo grado Con fecha 6 de octubre de 2004. §2. FUNDAMENTOS §1. Cuestiones procesales previas 62. el Tribunal Constitucional estima pertinente señalar que si bien la demanda en el presente proceso constitucional ha sido interpuesta con anterioridad a la vigencia del Código Procesal Constitucional. Análisis constitucional del caso concreto 3.6. en cumplimiento de las Leyes de Amnistía N. mediante las cuales. el demandante ha alegado que las resoluciones judiciales cuestionadas lesionan el derecho a la cosa juzgada.
de la Ley Fundamental reconoce el
derecho a la cosa juzgada. Es evidente que el derecho a la cosa juzgada también se configura a partir de resoluciones judiciales dictadas en aplicación de una ley de amnistía. HA RESUELTO Declarar INFUNDADA la demanda. inciso 13. 16. 13. la determinación de si estas leyes
son compatibles con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la Constitución. según el artículo 139. de acuerdo con lo dispuesto en la sentencia de interpretación de fondo. El artículo 139. de 3 de setiembre de 2001. La primera cuestión. no es un asunto que deba resolverse de manera aislada.
C) Consideraciones del Tribunal Constitucional Derecho a la cosa juzgada
66. 26479 y N. En la STC 4587-2004-AA/TC este Tribunal destacó que su
contenido constitucionalmente protegido Cosa juzgada constitucional y resoluciones judiciales dictadas al amparo de leyes de amnistía 68. sino a partir de su integración. Constitución y las leyes de amnistía N.º 26492 han sido declaradas incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos por la Corte Interamericana mediante la sentencia del 14 de marzo de 2001 (Caso Barrios Altos). 35.
67. la misma que tiene efectos generales. inciso 13. La Convención Americana sobre Derechos Humanos. de la Constitución.65. El Procurador Público de los Asuntos Judiciales de la Justicia
Militar alega que las leyes de amnistía Nos. 12. SS. esto es. 14. LANDA ARROYO GONZALES OJEDA ALVA ORLANDINI BARDELLI LARTIRIGOYEN GARCÍA TOMA VERGARA GOTELLI
.º 26479 y N.º 26492 la
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