Source: http://absta.info/amparo-en-revisin-1732012-quejoso-ponente-ministro-jos-ramn-co.html?page=4
Timestamp: 2018-10-15 13:18:04
Document Index: 373156967

Matched Legal Cases: ['artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 6', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 6', 'artículo 16', 'artículo 16', 'Artículo 9', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 10', 'Artículo 30', 'ARTÍCULO 1', 'Artículo 10']

a) Complementar la obligación de secrecía - Amparo en revisióN 173/2012 quejoso: ponente: ministro josé ramón cossío...
a) Complementar la obligación de secrecía en los procesos penales y en las averiguaciones previas, asegurando la reserva de la información en éstas en los casos del derecho a su acceso, proporcionándola únicamente tratándose de los supuestos de resoluciones de no ejercicio de la acción penal, tomando en cuenta los plazos de prescripción de los delitos y previendo la obligación del Ministerio Público de no dar ninguna información una vez que es ejercida la citada acción.
b) Los supuestos de excepciones a la regla general del derecho de acceso a la información previstos en la Ley, se establecieron conforme a los estándares internacionalmente aceptados, buscando un equilibrio entre dicho derecho y la protección al interés público, siendo necesario, además, la existencia de un elemento de daño que permita afirmar que su divulgación podría afectar gravemente la conducta de una de las funciones del Estado o poner en peligro la vida, seguridad o salud de una persona.
c) La reserva de información no es absoluta, se establece un periodo de la misma, por lo que podrá clasificarse como tal por un lapso razonable para salvaguardar el interés protegido (de tres a doce años o en los términos de la prescripción de los delitos), una vez agotado el plazo o las causas que lo originaron, la información se desclasificará y pasará al dominio público.
A partir de tales razones, se procederá a juzgar la razonabilidad de la restricción al derecho humano de acceso a la información pública, en el entendido de que se buscará que su establecimiento en el ordenamiento jurídico constituya un medio apto para conducir al fin u objetivo perseguido, existiendo una relación de instrumentalidad medio-fin. Esto es, que se alcance el fin buscado, consistente en generar las condiciones de reserva.
Previamente a realizar el segundo paso del test de proporcionalidad, consistente en analizar la razonabilidad de la medida adoptada, debe señalarse que respecto a la constitucionalidad del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales impugnado, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte se pronunció en la acción de inconstitucionalidad 26/2009, resuelta en sesión de tres de julio de dos mil doce, de modo que en atención a los pronunciamientos vertidos en esa ejecutoria y que vinculan a su aplicación a esta Primera Sala, se emitirá el pronunciamiento respectivo.
Para tal efecto se precisa que se desestimó la acción de inconstitucionalidad por lo que se refiere a los siguientes párrafos del artículo 16: segundo, segunda parte, tercero y sexto. En cambio, se validaron constitucionalmente los párrafos cuarto, quinto y séptimo. Por ello, sólo se hará referencia en esta ejecutoria a los párrafos segundo, tercero y sexto, sin realizar pronunciamiento alguno por lo que hace a los párrafos primero, octavo y noveno, por existir impugnación específica en contra de los mismos por parte del quejoso, no procediendo el sobreseimiento en el juicio por improcedencia respecto a ellos en virtud de que forman parte del sistema normativo previsto en el artículo impugnado; así como respecto a los artículos 13, fracción V y 14, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 9 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Apoya esta conclusión la jurisprudencia 2a./J. 100/200866. Asimismo, tampoco se hará pronunciamiento alguno por lo que se refiere a los párrafos cuarto, quinto y séptimo, en atención a la decisión tomada en la citada acción de inconstitucionalidad.
Señalado lo anterior, conviene preguntarse ¿se alcanza el fin constitucionalmente legítimo que se busca con el establecimiento de reserva de información en las averiguaciones previas? La respuesta a esta interrogante es en sentido positivo.
Cierto, la finalidad constitucionalmente buscada con la reserva de información en las averiguaciones previas, consistente en que el Estado mexicano prevenga, investigue, persiga y castigue los delitos cometidos, requiere que se generen las condiciones para tal efecto, por lo que se refiere a la autoridad que está realizando dicha función de orden público.
Ahora, con la clasificación de reserva de la información y documentación contenida en las averiguaciones previas, el legislador pretendió cumplir con el mandato constitucional y convencional relativo a precisar cuáles son los supuestos normativos que por razones de interés u orden público deben establecerse en ley como excepciones y restricciones al derecho de acceso a la información.
Para tal efecto, el legislador partió de homogeneizar el carácter de secrecía de los procesos penales a las averiguaciones previas con las que los primeros se originan, estimando que la información, documentación, objetos y cosas contenidas en las indagatorias deben considerarse estrictamente reservadas, en aras de proteger –como se dijo–, el interés público o general contenido en la función de orden público consistente en la investigación y persecución de los delitos atribuida al Ministerio Público.
Además, el legislador tomando en cuenta que debe existir un equilibrio entre el derecho de acceso a la información y el interés público, estableció la restricción a dicho derecho humano contenida en el numeral 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, partiendo de que para efectos de la información pública gubernamental sólo se debe proporcionar una versión pública relativa al no ejercicio de la acción penal67.
Así, la reserva de información, documentos, objetos y cosas contenidas en las averiguaciones previas debe ser accesible, para lo cual el legislador consideró que únicamente debe proporcionarse una versión pública de la resolución de no ejercicio de la acción penal, pues en este caso se ha determinado por el Ministerio Público que no existen hechos que configuren algún delito, por lo que, entonces, no se afecta gravemente su función de orden público como autoridad del Estado y, en consecuencia, debe proporcionarse la información respectiva al no existir impedimento constitucional o convencional alguno.
Para el anterior efecto y en atención al imperativo constitucional relativo a que la información pública sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes, previsto en el artículo 6, fracción I, el legislador estableció una condición consistente en que hubiese transcurrido un plazo igual al de la prescripción de los delitos que se investiguen, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal, sin que dicho plazo pueda ser menor de tres ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha resolución haya quedado firme68.
Dicha modalidad para hacer operativo el derecho de acceso a la información remite a las reglas relativas a la prescripción de los delitos que se investiguen en las averiguaciones previas en los términos del Código Penal Federal, para lo cual se estará al caso concreto, pero dicho plazo de prescripción de ningún modo puede ser inferior a tres ni superior a doce años, contado a partir de que la resolución de no ejercicio de la acción haya quedado firme, es decir, no se haya impugnado a través de los medios de defensa correspondientes69.
La referencia temporal aludida se estableció por el legislador en aras de cumplir con el postulado relativo a que la reserva de información es temporal y no definitiva, para lo cual no sólo previó dicho plazo en el invocado corpus iuris, sino también en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en donde el numeral 15 dispone que la información clasificada como reservada según los artículos 13 (que cause un serio perjuicio a las actividades de prevención o persecución de los delitos) y 14 (las averiguaciones previas) podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo igual –de doce años–, además de que podrá desclasificarse cuando se extingan las causas que dieron a origen a su clasificación o cuando haya transcurrido el tiempo de reserva. Para tal fin la autoridad respectiva establecerá los criterios de clasificación y desclasificación de la información reservada, pudiendo darse el caso de excepción de que se amplié el periodo de reserva, siempre y cuando se justifique la subsistencia de las causas que dieron origen a ello.
De igual forma, el ordenamiento que se analiza prescribe otra prohibición referente a que el Ministerio Público no podrá proporcionar información una vez que ejerza la acción penal a quien no esté legitimado70.
Dicha prohibición también se justifica constitucionalmente porque cuando la representación social ejerce acción penal consignando la averiguación previa muta su carácter de autoridad para convertirse en una de las partes en el proceso penal, por lo que al pasar a ser parte de éste, sólo podrá proporcionar información a quien esté legitimado, atento a que existe un deber de secrecía en los procesos penales que el legislador buscó tutelar y que se hizo extensivo –como se vio– a las averiguaciones previas, con lo que la prohibición que se analiza no resulta absoluta, sino por el contario, acorde con la intervención de los sujetos inmersos en la indagatoria quienes tienen el derecho de solicitar la información relativa.
De esta forma, en atención al tipo de escrutinio constitucional que se realiza, los motivos expuestos por el legislador son suficientes para estimar razonable la restricción al derecho humano de acceso a la información pública, consistente en considerar reservada la información, documentación, objetos y cosas contenidas en las averiguaciones previas.
Por último, debe verificarse si la restricción al derecho que se estudia resulta proporcional, es decir, no es válido alcanzar objetivos constitucionalmente legítimos de un modo abiertamente desproporcional, o en otras palabras, el fin no justifica los medios y menos si éstos guardan una relación desmedida para los propósitos que se buscan alcanzar.
En el asunto sub examine no se satisface el aludido requisito, toda vez que no existe una adecuada ponderación entre los principios en juego, o sea, entre el derecho de acceso a la información pública y el fin y objetivo que busca con su restricción, relativo al interés público o general inmerso en la función pública de investigación y persecución de los delitos.
Lo anterior es así, pues si bien la regla de máxima publicidad que rige el derecho de acceso a información no es absoluta, encontrando excepciones en el interés púbico o general, no menos cierto lo es que éste como concepto jurídico indeterminado sirve para validar la restricción establecida en los preceptos reclamados.
Ello, porque los preceptos reclamados, en su diseño normativo, no establecen cuáles son las razones específicas de interés público que autoricen a reservar toda la información contenida en las averiguaciones previas. Esto es, al establecer el legislador un supuesto general de que toda la información contenida en la averiguación previa debe considerarse reservada, sin decir qué se entiende por interés público, impide que el órgano respectivo pueda discernir su actuar, fundando y motivando su determinación para considerar las condiciones en las que sí y en las que no se encuentra reservada la información.
En efecto, y sólo a manera de ejemplo, existen cuestiones relativas a la protección de la vida, seguridad nacional, delincuencia organizada, protección de testigos, entre otras, que deberían señalarse en el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, segundo párrafo; empero, ello no es así, pues no existe referencia alguna a cuáles serían los criterios que en cada caso concreto permitirían determinar cuál es la información que debe reservarse y cuál no.
No es obstáculo a lo señalado, que los diversos artículos 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, prevean algunos supuestos de clasificación de reserva de la información, dado que una interpretación sistemática o de acumulación de preceptos no puede generar la validez de la restricción absoluta al acceso a la información contenida en la averiguación previa y que se prevé en el artículo 16 impugnado.
En efecto, la Constitución autoriza al legislador a establecer en razón de interés público la negativa de acceso a la información pública, y en el caso del numeral 16 el legislador entiende que dicha razón es repetir el concepto de interés público, lo cual resulta un argumento circular y sumamente peligroso para la construcción de la restricción al derecho de acceso a la información.
Así, el hecho de que se establezca que toda la información contenida en la averiguación previa, absolutamente toda, con independencia de sus elementos, sea considerada reservada, trae las siguientes consecuencias: a) no se realiza la restricción al derecho humano por el medio menos gravoso; b) se genera una condición absoluta de reserva como regla general que impide cualquier modalización por parte del órgano que tiene a su cargo la indagatoria y c) se impide el ejercicio del derecho de acceso a la información incumpliendo el principio de máxima publicidad que lo rige, sin que pueda entrar en juego para articular una respuesta completa a la solicitud respectiva.
Corolario de lo expuesto resulta que el precepto combatido no permite realizar una “prueba de daño” respecto de la información pública que se solicita. Dicha prueba consiste medularmente en la facultad de la autoridad que posee la información solicitada para ponderar y valorar mediante la debida fundamentación y motivación, el proporcionarla o no.
En este orden de ideas, la limitación debe vincularse con la prueba de daño, de una manera objetiva, en tanto que la divulgación de la información ponga en riesgo o pueda causar un perjuicio real al objetivo o principio que trata de salvaguardar, y de manera estricta debe demostrarse que el perjuicio u objetivo reservado, resulta mayormente afectado que los beneficios a que pudieran llegarse con contar o difundir una información.
La prueba de daño, debe completarse con el principio de buena fe en materia de acceso a la información, prescrito en la primera parte de la fracción III, del artículo 6 de la Carta Magna, mismo que dispone que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública.
La restricción absoluta antes señalada también abarca al párrafo tercero del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, pues so pretexto del concepto genérico de interés público, para efectos de acceso a la información, sólo permiten proporcionar una versión pública de la resolución del no ejercicio de la acción penal, condicionándola a que haya transcurrido un plazo igual a la prescripción de los delitos de que se trate, sin que exista justificación constitucional alguna para tal hecho.
Consecuencia de las anteriores razones llevan a concluir a esta Primera Sala a declarar inconstitucionales los preceptos señalados y conceder al amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso para el efecto de que no le sean aplicados por la autoridad responsable al momento de resolver la solicitud de información que realizó, con independencia de la existencia de cualquier otro motivo legal para negar la información requerida, fundando y motivando debidamente su actuar.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se deja firme la negativa de amparo por lo que se refiere a los numerales 3, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 4 y 48 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; se modifica la sentencia recurrida y se concede el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso contra los artículos 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, párrafos segundo, tercero y sexto; 13, fracción V y 14, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 9 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; negándose la protección constitucional por lo que se refiere al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, párrafos primero, cuarto, quinto, séptimo, octavo y noveno; y 13, fracciones I y IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; reservándose jurisdicción y remitiéndose los autos al Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito para los efectos legales antes precisados.
PRIMERO. Queda firme la negativa de amparo por lo que se refiere a los numerales 3, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 4 y 48 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en los términos de una porción del considerando séptimo y una parte del resolutivo segundo de la sentencia recurrida.
SEGUNDO. En la materia de la revisión, competencia de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se modifica la sentencia recurrida.
TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra los artículos 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, párrafos segundo, tercero y sexto; 13, fracción V y 14, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 9 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para los efectos precisados en la parte final de esta ejecutoria.
CUARTO. Con la salvedad anterior, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, contra los artículos 16, párrafos primero, cuarto, quinto, séptimo, octavo y noveno del Código Federal de Procedimientos Penales y 13, fracciones I y IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
QUINTO. Se reserva jurisdicción al Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y se devuelven los autos a que este toca se refiere para los efectos precisados en el apartado VII, párrafos 89 a 92, de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución remítanse los autos al Tribunal Colegiado de referencia y en su oportunidad, archívese el toca.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de tres votos de los señores Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien se reserva el derecho de formular voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz (Ponente) y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, en contra de los emitidos por los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Firman el Ministro Presidente de la Primera Sala y el Ministro Ponente, con el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.
En términos de lo previsto en los artículos 3º, fracción II y 13, fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
1 Lo cual se advierte de las constancias que obran de la foja 13 a la 33 del cuaderno de amparo.
2 Ibídem. Fojas 49 a 59.
3 Ibídem. Fojas 68 a 70.
4 Ibídem. Fojas 72 a 76.
5 Ibídem. Fojas 80 a 99.
6 Ibídem. Fojas 100 a 102.
7 Ibídem. Fojas 1164 y 1165.
8 Foja 10 del toca R.A. 367/2011, del tribunal colegiado.
9 Ibídem. Fojas 79 a la 85.
10 Acuerdo que obra en las fojas 27 y 28 del presente toca.
11 Ibídem. Fojas 19 vuelta y 20.
12 Foja 101 del cuaderno del juicio de amparo.
13 Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, septiembre de 2006, página 185, de rubro: “REVISIÓN EN AMPARO. LAS CONSIDERACIONES NO IMPUGNADAS DE LA SENTENCIA DEBEN DECLARARSE FIRMES”.
14 Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, marzo de 1991, página 60, que prescribe: “REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES”.
15 “Artículo 9. De conformidad con el artículo 6o., segundo párrafo, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos toda la información en posesión de la Comisión es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este Reglamento se deberá favorecer el principio de máxima publicidad de la información”. (REFORMADO, D.O.F. 23 DE SEPTIEMBRE DE 2010).
16 Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, agosto de 1998, página 226, de rubro: “ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS”.
17 Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, página 35, de rubro: “ACTOS RECLAMADOS. LA OMISIÓN DE SU ESTUDIO EN LA SENTENCIA RECURRIDA DEBE SER REPARADA POR EL TRIBUNAL REVISOR, A PESAR DE QUE SOBRE EL PARTICULAR NO SE HAYA EXPUESTO AGRAVIO ALGUNO EN LA REVISIÓN”.
18 Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, noviembre de 2009, página 424, cuyo rubro es: “AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN”.
19 “Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.
20 Séptima Época, Informe 1982, Parte II, página 8, de rubro: “CONCEPTOS DE VIOLACION, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS”.
21 “Artículo. 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
22 Publicada DOF el 14 de febrero de 1945.
23 Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, tomo 2, página 799, que lleva por rubro: “PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE”.
24 Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, febrero de 2012, página 659, de rubro: “PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL”. Precedentes: “Amparo directo en revisión 2424/2011. **********. 18 de enero de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia”.
25 Publicada en el DOF el 7 de mayo de 1981.
26 Publicado en el DOF el 20 de mayo de 1981.
27 Existen diversos instrumentos internacionales de los cuales el Estado mexicano no es parte y, por tanto, no tiene de carácter obligatorio en materia de derechos humanos y que también contienen una regulación normativa del derecho de acceso a la información, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 7) y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo IV). En el ámbito europeo la Convención Europea de Derecho Humanos también alude a dicho derecho (artículo 10).
28 Al respecto, es aplicable la tesis aislada P. LXX/2011 (9a.), Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro III, diciembre de 2011, tomo 1, página 557, de rubro: “SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO”. Precedentes: “Varios 912/2010. 14 de julio de 2011. Mayoría de siete votos; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Jorge Mario Pardo Rebolledo con salvedades y Luis María Aguilar Morales con salvedades. Ausente: y Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio”.
29 Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, diciembre de 2011, tomo 1, página 551, que prescribe: “PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS”. Precedentes: “Varios 912/2010. 14 de julio de 2011. Mayoría de siete votos; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Jorge Mario Pardo Rebolledo con salvedades y Luis María Aguilar Morales con salvedades. Ausente y Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio.
30 Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, diciembre de 2011, tomo 1, página 552, que es del tenor siguiente: “PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS”. Precedentes: “Varios 912/2010. 14 de julio de 2011. Mayoría de siete votos; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Jorge Mario Pardo Rebolledo con salvedades y Luis María Aguilar Morales con salvedades. Ausente y Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio”.
31 “Según este principio, una ley no ha de ser declarada nula cuando pueda ser interpretada en consonancia con la Constitución. Esta ‘consonancia’ no sólo existe allí donde la ley, sin el recurso a puntos de vista jurídico-constitucionales permite una interpretación compatible con la Constitución; puede tener igualmente lugar cuando un contenido ambiguo o indeterminado de la ley resulta precisado gracias a los contenidos de la Constitución”. Hesse, Konrad, Escritos de derecho constitucional, Cruz Villalón, Pedro (trad.), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1992, pp. 52 y 53.
32 Esto no implica desconocer la jurisprudencia P./J. 33/2009, de rubro: “NORMAS PENALES. AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIÓN CONFORME O INTEGRADORA”, sino la misma resulta inaplicable al caso, en virtud de que el examen de constitucionalidad que se realiza versa sobre una disposición normativa penal procesal, no penal sustantiva sobre la cual sí es aplicable dicha jurisprudencia.
33 Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, junio de 2008, página 743, que lleva por rubro y texto: “ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y SOCIAL”.
34 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, agosto de 2010, página 463, de rubro “INFORMACIÓN PÚBLICA. ES AQUELLA QUE SE ENCUENTRA EN POSESIÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, SIEMPRE QUE SE HAYA OBTENIDO POR CAUSA DEL EJERCICIO DE FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO”. Precedentes: “Contradicción de tesis 333/2009. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 11 de agosto de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva García”.
35 “Artículo 30. Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas”.
36 “El concepto de restricción de un derecho fundamental no parece presentar problemas; éstos resultan exclusivamente de la determinación del contenido y alcance permitidos de las restricciones como así también de la distinción entre restricción, por una parte, y cosas tales como regulaciones, configuraciones y concreciones, por otra”. Alexy, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 267. Así, dicho autor para abordar el análisis de las restricciones a los derechos fundamentales refiere que la doctrina ha formulado –principalmente– dos teorías: la externa que consiste en el derecho y su restricción como dos aspectos distintos pero que se relacionan; y la interna que sostiene que solamente existe el derecho con un determinado contenido, en donde el concepto de restricción (inmanente) se sustituye por el de límite y lo importante reside no en el límite en sí, sino en determinar cuál es el contenido de ese derecho. Cada una de estas teorías tiene un anclaje ideológico. La externa en la teoría individualista del Estado y la interna en la teoría social del órgano político. Id., pp. 268 a 271.
37 Para efectos del análisis que se realiza en esta ejecutoria se asimila el interés general al interés público, en razón de que es la generalidad de la sociedad la que se encuentra interesada en la vigencia de sus derechos para lo cual el interés de ésta se torna en público al establecerse en un ordenamiento normativo por parte del Estado.
38 Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986, serie A No. 6, párrs. 26-29 y sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes y otros v. Chile, de 19 de septiembre de 2006, párr. 89.
39 En este sentido, Cfr., Caso Palamara Iribarne, sentencia de 22 de noviembre de 2005, serie C No. 135, párr. 69; Caso Ricardo Canese, sentencia de 31 de agosto de 2004, serie C No. 111, párrs. 77-80; Caso Herrera Ulloa, sentencia de 2 de julio de 2004, serie C No. 107, párrs. 108-111 y Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párrs. 30-33 y 43 y caso Claude Reyes y otros, de 19 de septiembre de 2006, párrs. 90 y 91.
40 Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, septiembre de 2006, página 75, de rubro: “IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL”.
41 Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro V, febrero de 2012, página 533, de rubro: “RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS”.
42 Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, página 72, de rubro “DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS”.
43 Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, diciembre de 2011, Tomo 1, página 550, que establece: “CRITERIOS EMITIDOS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO NO FUE PARTE. SON ORIENTADORES PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEAN MÁS FAVORABLES A LA PERSONA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL”. Precedentes: “Varios 912/2010. 14 de julio de 2011. Mayoría de seis votos; votaron en contra: José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio”.
44 “Artículo 10.