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Timestamp: 2018-02-23 00:55:18
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Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'artículo 8', 'artículo 8', 'Artículo 12', 'artículo 8', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 18', 'artículo 38', 'artículo 8', 'artículo 71', 'Artículo 19', 'artículo 8', 'Artículo 20', 'artículo 12', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'artículo 23', 'Artículo 26', 'artículo 23', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'artículo 3', 'artículo 26', 'artículo 108', 'artículo 8']

Ley 1/2006, de 6 de abril, de mediación familiar de Castilla y León - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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LEY 1/2006, DE 6 DE ABRIL, DE MEDIACIÓN FAMILIAR DE CASTILLA Y LEÓN (BOC y L DEL 18; BOE DE 3 DE MAYO)
Art. 2. Ámbito de aplicación y finalidad
Art. 3. Conflictos objeto de mediación familiar
Art. 4. Principios informadores
Art. 5. Competencias de la Administración autonómica
Título II. Derechos y deberes de las partes (Arts. 6 y 7)
Art. 6. Derechos de las partes
Art. 7. Deberes de las partes en conflicto
Título III. Mediadores familiares y equipos de personas mediadoras (Arts. 8 a 12)
Art. 8. Ejercicio de la mediación
Art. 9. Derechos de la persona mediadora familiar
Art. 11. Causas de abstención
Art. 12. Equipos de personas mediadoras
Título IV. Gratuidad de la Mediación (Arts. 13 y 14)
Art. 13. Supuestos de gratuidad
Art. 14. Procedimiento de mediación en los supuestos de gratuidad
Título V. Procedimiento de mediación familiar (Arts. 15 a 17)
Art. 15. Iniciación
Art. 16. Desarrollo del procedimiento
Art. 17. Finalización del procedimiento
Título VI. Del Registro de Mediadores Familiares (Arts. 18 a 20)
Art. 18. El Registro
Art. 19. Sección de personas mediadoras familiares
Art. 20. Sección de equipos de personas mediadoras familiares
Título VII. Régimen sancionador (Art. 21)
Art. 21. Responsabilidad de las personas mediadoras
Capítulo I. Infracciones (Arts. 22 a 25)
Art. 22. Tipos de infracciones
Art. 23. Infracciones muy graves
Art. 24. Infracciones graves
Art. 25. Infracciones leves
Capítulo III. Procedimiento sancionador (Arts. 28 a 30)
Art. 28. Iniciación
Art. 30. Resolución
Única. Régimen transitorio para el ejercicio de la mediación familiar
Corrección de errores BOC y L de 4 de mayo de 2006
La Ley 18/1988, de 23 de diciembre, de Acción Social y Servicios Sociales de la Comunidad establece en su artículo 10.2º como funciones a desarrollar por la Junta de Castilla y León las de protección y apoyo a la familia.
En el ámbito concreto de la mediación familiar, la Ley 14/2002, de 25 de julio, de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León, introdujo, como actuaciones de apoyo familiar la realización de programas de orientación y mediación familiar.
Actualmente existen principios consolidados relativos a la mediación familiar. Por citar los más importantes, señalaremos, en primer lugar, que se trata de una institución a la que las personas en conflicto deben acudir de forma voluntaria. La persona mediadora debe ser un profesional competente y capaz, especialmente formado en las relaciones interpersonales y los conflictos. En su función, a diferencia de lo que ocurre en la conciliación o el arbitraje, el profesional de la mediación debe generar un marco que facilite la comunicación entre las partes, promoviendo que sean ellas mismas las que propongan soluciones pactadas a los conflictos.
La imparcialidad y neutralidad en su actuación son garantías para el logro de resultados eficaces y duraderos en el tiempo.
La Ley consta de 30 artículos estructurados en siete Títulos, de los cuales el último se subdivide, a su vez, en Capítulos. Asimismo, comprende cuatro Disposiciones Adicionales, una Transitoria, una Derogatoria y dos Finales.
El Título II recoge el catálogo de derechos y deberes de las partes que sometan sus conflictos al sistema de mediación, lo que facilitará el conocimiento y difusión de aquellos entre profesionales y usuarios.
El Título VI de la Ley regula el Registro de Mediadores Familiares. Su regulación completa se difiere al ámbito reglamentario, estableciéndose en la norma legal los aspectos más generales relativos a su organización, funcionamiento y estructura. Se establece un periodo de validez de las inscripciones de cinco años con el fin de poder mantener permanentemente actualizados los datos del Registro.
Artículo 1. Objeto.—Es objeto de la presente Ley regular la mediación familiar que se desarrolle en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León. Se entiende, en este sentido, por mediación familiar la intervención profesional realizada en los conflictos familiares señalados en esta Ley, por una persona mediadora cualificada, neutral e imparcial, con el fin de crear entre las partes en conflicto un marco de comunicación que les facilite gestionar sus problemas de forma no contenciosa.
Artículo 2. Ámbito de aplicación y finalidad.—1. La actuación de mediación familiar sólo podrá realizarse respecto a los conflictos señalados en el siguiente artículo en aquellas materias sujetas a libre disposición de las partes, siempre que éstas no estén incapacitadas judicialmente y sean mayores de edad o estén emancipadas.
2. La finalidad de la mediación familiar regulada en la presente Ley es evitar la apertura de procesos judiciales de carácter contencioso, contribuir a poner fin a los ya iniciados o reducir su alcance, pudiendo tener lugar con carácter previo al proceso judicial, en el curso del mismo o una vez concluido éste.
Artículo 3. Conflictos objeto de mediación familiar.—Las situaciones en las que cabe la aplicación de la mediación familiar regulada en la presente Ley serán las siguientes:
A) Personas unidas por vínculo matrimonial:
— En las rupturas surgidas en el ámbito de la pareja, para promover que los cónyuges busquen y acuerden las soluciones más satisfactorias para todos los miembros de la unidad familiar de convivencia, de forma especial, para los menores, para las personas con discapacidad y para las personas mayores dependientes, con carácter previo al proceso judicial o para facilitar la resolución de los conflictos planteados en vía judicial.
— En las separaciones o divorcios contenciosos, con el fin de buscar los acuerdos más convenientes para todos los miembros de la unidad familiar de convivencia.
— En las situaciones de conflicto derivadas de las sentencias recaídas en procedimientos de separación, divorcio o nulidad, para facilitar de forma consensuada su cumplimiento y ejecución.
— En las situaciones de conflicto derivadas de la ejecución de las sentencias de nulidad, separación o divorcio, para facilitar el establecimiento de medidas y efectos.
— En las casos de variación sustancial de las circunstancias tenidas en cuenta al adoptarse resoluciones judiciales firmes, para facilitar la modificación de las medidas establecidas en las mismas.
— En las rupturas surgidas en el ámbito de la convivencia, con el fin de promover que los miembros de la pareja busquen y acuerden las soluciones más satisfactorias para todos los miembros de la unidad familiar de convivencia, en especial para los menores, las personas con discapacidad y las personas mayores dependientes, con carácter previo al proceso judicial o para facilitar la resolución de los conflictos planteados en vía judicial.
— En las cuestiones que hacen referencia a los hijos menores de edad o con discapacidad, para intentar que las partes encuentren las soluciones más satisfactorias para todos los miembros de la unidad familiar de convivencia.
— En las situaciones de conflicto surgidas en la ejecución de sentencias relativas al pago de compensaciones económicas o pensiones periódicas, para el establecimiento de medidas.
— En los casos de variación sustancial de las circunstancias tenidas en cuenta al adoptarse resoluciones judiciales firmes, para facilitar la modificación de las medidas aprobadas en las mismas.
Artículo 4. Principios informadores.—Las actuaciones de mediación que se lleven a cabo al amparo de la presente Ley, se basarán en los siguientes principios:
1. Libertad y voluntariedad de las partes en conflicto y de la persona profesional de la mediación para participar en los procedimientos de mediación.
2. Igualdad de las partes en los procedimientos de mediación.
3. Consideración especial de los intereses de los menores, personas con discapacidad y personas mayores dependientes.
4. Confidencialidad y secreto profesional respecto a los datos conocidos en el procedimiento de mediación.
5. Competencia profesional, ética, imparcialidad y neutralidad de la persona mediadora.
6. Intervención cooperativa.
7. Buena fe de las partes en conflicto y de la persona mediadora.
8. Carácter personalísimo del procedimiento, debiendo la persona mediadora y las partes asistir personalmente a las sesiones.
9. Sencillez y celeridad del procedimiento de mediación.
Artículo 5. Competencias de la Administración autonómica.—La Junta de Castilla y León, a través del órgano administrativo que se determine reglamentariamente, ejercerá en materia de mediación familiar a la que se refiere la presente Ley las siguientes funciones en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León:
1. Garantizar, en el ámbito de sus competencias, las previsiones contenidas en la presente Ley.
2. Investigar, divulgar, facilitar y promover, en colaboración con otras Administraciones públicas y con Entidades privadas, la mediación familiar.
3. Colaborar con la autoridad judicial para facilitar y potenciar las actividades de mediación familiar.
4. Gestionar el Registro de Mediadores Familiares de la Comunidad de Castilla y León.
5. Organizar y financiar los procedimientos de mediación familiar gratuita, estableciendo en estos supuestos los honorarios y gastos de las personas mediadoras.
6. Informar y asesorar a las personas mediadoras sobre cuantas cuestiones se deriven de sus competencias en materia de mediación familiar.
7. Acreditar la formación en materia de mediación familiar.
8. Elaborar cuantos informes, propuestas, disposiciones y resoluciones sean precisos para desarrollar la mediación familiar prevista en la presente Ley.
9. Realizar la inspección y seguimiento de las actividades de mediación familiar.
10. Ejercer la potestad sancionadora en los supuestos previstos en la presente Ley.
11. Elaborar una Memoria anual de las actividades de mediación familiar realizadas en la Comunidad.
12. Cualquier otra que pueda derivarse de lo dispuesto en la presente Ley o de su desarrollo reglamentario.
Artículo 6. Derechos de las partes.—1. Serán consideradas partes en los procedimientos de mediación regulados en la presente Ley las personas que planteen cualquiera de los conflictos previstos en el artículo tercero de la presente Ley.
Artículo 7. Deberes de las partes en conflicto.—Las partes tendrán, en el ámbito de la presente Ley, los siguientes deberes:
Artículo 8. Ejercicio de la mediación.— 1. Podrán ejercer la mediación familiar en los términos establecidos en esta Ley, las personas que cumplan los siguientes requisitos:
2. En la declaración responsable, a la que se acompañarán o incorporarán los documentos que se determinen reglamentariamente, los interesados que desean iniciar una actividad mediadora en Castilla y León, mediante establecimiento, manifestarán, bajo su responsabilidad, que cumplen los requisitos exigidos, que disponen de los documentos que así lo acreditan, que se comprometen a mantener su cumplimiento durante el tiempo de ejercicio de la actividad, así como, en su caso, lo relativo a su establecimiento en otro lugar del territorio español o de otro Estado miembro de la Unión Europea, del mismo modo deberá procederse en el caso de llevarse a cabo la actividad de mediación familiar en régimen de libre prestación de servicios, en cuyo caso, la declaración responsable deberá además incluir la referencia a la concreta actividad mediadora a llevar a cabo y su duración.
— REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 19 DE OCTUBRE DE 2006 A 26 DE DICIEMBRE DE 2009.
Artículo 8. Ejercicio de la mediación.—Podrán ejercer la mediación familiar regulada en esta Ley las personas que cumplan los siguientes requisitos:
c) Acreditar la formación en mediación familiar en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente, por un mínimo de trescientas horas impartidas, organizadas o tuteladas por Instituciones Universitarias o Colegios Profesionales.
Artículo 9. Derechos de la persona mediadora familiar.—La persona mediadora, en el ejercicio de la actividad de mediación que se regula en la presente Ley, será titular de los siguientes derechos:
Artículo 10. Deberes del mediador familiar.—En el ejercicio de la actividad profesional prevista en la presente Ley, las personas mediadores familiares tendrán los siguientes deberes:
Artículo 11. Causas de abstención.—1. Las personas mediadoras deberán declinar su intervención en el supuesto en que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:
Artículo 12. Equipos de personas mediadoras.— 1. Las personas mediadoras que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 8 podrán agruparse entre sí, a través de las fórmulas que estimen más convenientes, para formar equipos, con el fin de fomentar la colaboración interdisciplinar entre los profesionales, sin perjuicio de la necesaria actuación individual de éstos en cada procedimiento concreto de mediación.
2. Para poder constituir un equipo de personas mediadoras será requisito imprescindible que al menos tres de las personas integrantes del equipo tengan titulaciones distintas, dentro de las exigidas en el artículo 8.a)de la presente Ley.
Artículo 12. Equipos de personas mediadoras.—1. Las personas mediadoras que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 8 podrán agruparse entre sí, a través de las fórmulas que estimen más convenientes, para formar equipos, con el fin de fomentar la colaboración interdisciplinar entre los profesionales, sin perjuicio de la necesaria actuación individual de éstos en cada procedimiento concreto de mediación.
3. Los equipos de personas mediadoras deberán inscribirse en la Sección correspondiente del Registro de Mediadores Familiares. Asimismo, las personas mediadoras integrantes de los equipos deberán estar previamente inscritas individualmente en la Sección de personas mediadoras familiares del Registro.
Artículo 13. Supuestos de gratuidad.—1. La prestación del servicio de mediación será gratuita para aquellas personas físicas que acrediten disponer de recursos económicos escasos, con arreglo a los criterios y condiciones que se establezcan reglamentariamente, no pudiendo ser nunca estos requisitos menos favorables a los que se exigen para la condición de beneficiarios del derecho de asistencia jurídica gratuita.
Artículo 14. Procedimiento de mediación en los supuestos de gratuidad.—1. La iniciación del procedimiento de mediación gratuita deberá efectuarse, en todo caso, a instancia de las personas en conflicto ante la persona titular del Registro de Mediadores Familiares. Los solicitantes deberán acompañar su solicitud de la documentación necesaria para acreditar las circunstancias económicas que hagan posible el acceso al procedimiento de mediación en los supuestos de gratuidad.
2. La persona encargada del Registro de Mediadores Familiares comprobará si las partes solicitantes tienen derecho a este procedimiento, así como la legitimación y capacidad de las mismas para solicitar su iniciación. Comprobada la viabilidad de la solicitud presentada, la persona encargada del Registro de Mediadores Familiares promoverá las actuaciones que reglamentariamente se determinen para hacer efectivo el derecho a la gratuidad de la mediación.
3. Cuando del análisis de la solicitud presentada y, en su caso, de la documentación complementaria, se concluya que debe inadmitirse o desestimarse, la persona encargada del Registro comunicará por escrito dicha circunstancia de forma motivada a los interesados, quienes podrán recurrirla conforme a lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4. La falta de resolución expresa de la solicitud producirá efectos desestimatorios conforme a lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
5. La persona encargada del Registro designará a la persona mediadora interviniente en el proceso, por riguroso orden de turno de oficio entre las personas mediadoras inscritas.
6. El desarrollo y finalización del procedimiento de mediación en los supuestos de gratuidad se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la presente Ley. No obstante lo anterior, en cualquier momento del procedimiento la persona mediadora, por causas justificadas, o cualquiera de las partes, podrán dar por terminado el mismo sin llegar a un acuerdo, debiendo la persona mediadora comunicar dichas circunstancias a la persona encargada del Registro de Mediadores Familiares para su conocimiento, a todos los efectos.
Artículo 15. Iniciación.—Con independencia de los supuestos previstos para la gratuidad de la mediación en el Título IV de la presente Ley, las partes en conflicto interesadas en iniciar un procedimiento de mediación familiar deberán instarlo de común acuerdo ante cualquiera de las personas mediadoras inscritas en el Registro de Mediadores Familiares. A estos efectos podrán solicitar a la persona encargada del Registro que les facilite una copia del listado de personas mediadoras y de los equipos inscritos. Recibida, en su caso, la citada información, las partes deberán ponerse directamente en contacto con el correspondiente mediador. La persona profesional de la mediación que resulte elegida por las partes deberá comunicar a éstas los honorarios y gastos que deberán abonar, así como las características y finalidad del procedimiento, con anterioridad a la iniciación de la mediación.
Artículo 16. Desarrollo del procedimiento.—1. La persona mediadora convocará a las partes a una primera reunión, en la que se analizará la pertinencia o no de la mediación familiar, y, si lo estima oportuno, enseñará a las partes el documento de compromiso de sometimiento a la mediación familiar, en el que deberán constar los derechos y deberes de las partes y de la persona mediadora así como aquellas otras cuestiones que se determinen reglamentariamente. Resueltas por la persona profesional de la mediación las dudas que sobre la mediación se les planteen a las partes y comprobada su plena capacidad de obrar, recabará de ellas la firma voluntaria del compromiso y, en caso afirmativo, se iniciará el correspondiente procedimiento de mediación.
2. La duración de la mediación dependerá de la naturaleza y complejidad de los asuntos a tratar, no pudiendo exceder de tres meses contados desde el día siguiente al de la celebración de la sesión inicial. En casos excepcionales y debidamente justificados, a juicio de la persona mediadora, la duración podrá ser prorrogada por otros tres meses más.
3. Al finalizar cada una de las sesiones la persona mediadora elaborará y firmará un justificante de la celebración de cada sesión, en el que hará constar la fecha, duración, lugar y personas participantes. Entregará una copia del justificante a cada una de las partes, conservando el original en sus archivos.
Artículo 17. Finalización del procedimiento.—1. En cualquier momento del procedimiento, la persona mediadora, por causas justificadas, o cualquiera de las partes podrán dar por terminado el mismo sin llegar a un acuerdo, debiendo comunicar la persona mediadora dichas circunstancias a la persona encargada del Registro de Mediadores Familiares.
2. La persona mediadora levantará un acta de la sesión final del procedimiento de mediación, en el que constarán en su caso los acuerdos alcanzados, debiendo requerir la firma de todos los intervinientes así como facilitarles posteriormente una copia.
3. Finalizado el procedimiento de mediación, si las partes decidieran iniciar o continuar el correspondiente procedimiento jurisdiccional y persistieran en los acuerdos alcanzados en aquélla, entregarán la copia de su acta final al abogado o abogados a quienes encarguen o tengan encargado su trámite, a fin de que pueda hacerlos valer procesalmente.
4. La persona mediadora comunicará al Registro los datos de cada mediación en la forma que se determine reglamentariamente, que tendrá en cuenta los deberes legales de confidencialidad y secreto profesional.
Artículo 18. El Registro.— 1. La Consejería competente en materia de mediación familiar tendrá a su cargo el Registro de Mediadores Familiares de Castilla y León, cuyo funcionamiento se establecerá reglamentariamente.
Artículo 18. El Registro.—1. La Consejería competente en materia de mediación familiar dispondrá de un Registro en el que se inscribirán los profesionales que deseen desarrollar la mediación familiar y, en una Sección distinta, los equipos de los que en su caso estos profesionales formen parte.
2. Las solicitudes de inscripción en el Registro de Mediadores Familiares se dirigirán a la persona encargada del Registro y podrán presentarse en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, acompañadas de documentación original o compulsada acreditativa de los requisitos establecidos en el artículo 8 de la presente Ley, así como, en su caso, de un documento original o compulsado firmado por todas las personas que deseen inscribirse formando parte de un equipo. En el caso de que fuera necesario solicitar cualquier tipo de información o documentación complementaria, se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. Las resoluciones de inscripción se dictarán y notificarán por la persona encargada del Registro de Mediadores Familiares, en el plazo que reglamentariamente se establezca, sin que en ningún caso pueda ser inferior a un mes contado, desde el día siguiente al de la fecha de entrada de la solicitud en el Registro. En caso de falta de resolución expresa se entenderá desestimada la solicitud.
4. Las resoluciones de la persona encargada del Registro inadmitiendo, concediendo o denegando las solicitudes de inscripción, podrán ser recurridas conforme a lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
5. Las inscripciones del Registro de Mediadores Familiares tendrán una vigencia inicial de cinco años, pudiéndose renovar por los mismos períodos con una antelación de tres meses a la finalización de cada periodo de vigencia.
6. Cualquier persona mayor de edad o emancipada podrá solicitar a la persona encargada del Registro de Mediadores Familiares una lista de las personas mediadoras y equipos inscritos de los que formen parte.
Artículo 19. Sección de personas mediadoras familiares.—Para ser inscritos en la Sección de personas mediadoras familiares, los solicitantes deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 8 de la presente Ley.
Artículo 20. Sección de equipos de personas mediadoras familiares.—Se inscribirán en la Sección de equipos de personas mediadoras familiares aquellos que cumplan los requisitos previstos en el artículo 12 de la presente Ley.
Artículo 21. Responsabilidad de las personas mediadoras.—El incumplimiento de los deberes que incumben a las personas mediadoras familiares según lo establecido en la presente Ley, en cuanto suponga actuaciones u omisiones constitutivas de infracción administrativa, conllevará las sanciones que correspondan en cada caso, previa la instrucción de un procedimiento administrativo contradictorio llevado a cabo por la Consejería competente en materia de mediación familiar, todo ello sin perjuicio de otras acciones que contra los mismos se puedan iniciar.
Artículo 22. Tipos de infracciones.—Las infracciones cometidas por las personas mediadoras familiares en el ejercicio de sus funciones podrán ser muy graves, graves o leves.
Artículo 23. Infracciones muy graves.— Serán infracciones muy graves:
Artículo 23. Infracciones muy graves.—Serán infracciones muy graves:
g) Ejercer la mediación familiar prevista en la presente Ley sin estar inscrito en el Registro de Profesionales Mediadores Familiares.
Artículo 24. Infracciones graves.— Serán infracciones graves:
Artículo 24. Infracciones graves.—Serán infracciones graves:
Artículo 25. Infracciones leves.—Serán infracciones leves:
a) Incumplir los deberes de facilitar la comunicación entre las partes y promover el entendimiento entre las mismas.
b) Incumplir la obligación de remitir al Registro de Mediadores Familiares la información correspondiente en la forma que se determine reglamentariamente.
c) No comunicar a la persona encargada del Registro de Mediadores Familiares las causas justificadas por las que no inicia un procedimiento de mediación gratuita, o lo abandona una vez iniciado.
d) No facilitar a las partes una copia del compromiso de mediación, de los justificantes de las sesiones o del acta final de la mediación.
e) Cualquier otro incumplimiento de sus deberes que no esté calificado como infracción grave o muy grave.
Artículo 26. Tipos de sanciones.— 1. Por razón de las infracciones previstas en la presente Ley, podrán imponerse las siguientes sanciones:
En el supuesto previsto en el artículo 23.g) se impondrá además multa por importe entre 1.000 y 5.000 euros.
Artículo 26. Tipos de sanciones.—1. Por razón de las infracciones previstas en la presente Ley, podrán imponerse las siguientes sanciones:
a) En los casos de infracciones muy graves, suspensión temporal, con baja en el registro, para poder actuar como profesional de la mediación familiar por un período de uno a quince años. En el supuesto previsto en el artículo 23 g), se impondrán multas por importe entre 1.000 y 5.000 euros, así como la inhabilitación para poder inscribirse en el Registro durante un periodo de un año.
b) En los supuestos de infracciones graves, suspensión temporal, con baja en el registro, para poder actuar como profesional de la mediación familiar por un período de hasta un año.
Artículo 27. Graduación de las sanciones.—Para la graduación de las sanciones aplicables se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
c) La medida en que el incumplimiento haya afectado a los intereses de menores, personas con discapacidad o personas mayores dependientes.
Artículo 28. Iniciación.—La imposición de las sanciones administrativas previstas en la presente Ley se realizará previa instrucción del oportuno procedimiento, cuya iniciación será acordada por el titular del órgano que se señale reglamentariamente.
Artículo 29. Procedimiento.—El ejercicio de la potestad sancionadora se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el Reglamento regulador del procedimiento sancionador de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por Decreto 189/1994, de 25 de agosto.
Artículo 30. Resolución.—La competencia para la imposición de las sanciones a las que se refiere la presente Ley corresponderá al titular de la Consejería competente en materia de mediación familiar, sin perjuicio de las desconcentraciones que se establezcan reglamentariamente.
Disposición adicional primera. Uniones de hecho.—Las uniones de hecho a las que se refiere el artículo 3 de la presente Ley serán aquéllas inscritas en cualquiera de los registros de uniones de hecho existentes en la Comunidad de Castilla y León.
Disposición adicional segunda. Actualización de cuantías.—La cuantía prevista para las multas en el artículo 26.1.a) de la Ley podrá ser actualizada reglamentariamente.
Disposición adicional tercera. Registro de Mediadores Familiares.—Para la constitución del Registro se creará un órgano administrativo en la Consejería competente en materia de mediación familiar, al que se dotará de los medios personales, económicos y materiales que sean necesarios para el desarrollo adecuado de sus funciones.
Disposición adicional cuarta. Mediación en supuestos de adopción.—Las funciones de mediación que se realicen en el ejercicio del derecho de las personas adoptadas a conocer sus orígenes previstas en el artículo 108 de la Ley 14/2002, de 25 de julio, de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León se regularán por las disposiciones específicas que les sean de aplicación.
Disposición transitoria única. Régimen transitorio para el ejercicio de la mediación familiar.—No obstante lo establecido en el artículo 8, las personas con una formación mínima de 180 horas en mediación familiar, que acrediten haber ejercido mediación familiar con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, podrán, con independencia de su titulación académica, solicitar su inscripción en el Registro de Mediadores Familiares en las condiciones y plazo que se establezcan reglamentariamente.
Disposición derogatoria única.—Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en la presente Ley.
Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.—Se autoriza a la Junta de Castilla y León y a la Consejería competente en materia de mediación familiar, a dictar las disposiciones que sean precisas para el desarrollo y aplicación de la presente Ley.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.—La presente Ley entrará en vigor a los seis meses, contados desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».