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Timestamp: 2019-08-21 16:13:42
Document Index: 256128216

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 21', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 21', 'artículo 7', 'artículo 25', 'artículo 21', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 21', 'artículo 8', 'artículo 21', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 5', 'artículo 10', 'artículo 46']

CPLT Jurisprudencia | Marco Antonio Correa Pérez con SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS
Marco Antonio Correa Pérez con SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS Rol: C306-13
Consejo para la Transparencia, 21/06/2013
Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, fundado en que se le entregó una respuesta negativa a sus requerimientos sobre a) Detalle mensual correspondiente al año 2012, de la cantidad de fiscalizaciones, auditorías o revisiones efectuadas a bancos u otras instituciones financieras que la SBIF supervisa, indicando la cantidad de revisiones con observaciones y sin observaciones, todo lo anterior detallado por institución financiera, a objeto de continuar la serie de datos que la SBIF debe proporcionar, considerando el principio de servicialidad, indicado en la decisión que pronunció la Corte Suprema en Recurso de Queja Rol 6663-1212, entre otras solicitudes, respecto del tema. El Consejo señaló que la regla general en cuanto a la información elaborada con presupuesto público o que obre en poder de un órgano de la Administración del Estado, es que ésta sea pública, salvo que concurra alguna causal legal de secreto o reserva, las que, a su vez, deben interpretarse en forma restrictiva y respetando el principio de proporcionalidad. En la especie, lo requerido en los literales a), d) y e) de la solicitud, consiste en información estadística referida a la cantidad de fiscalizaciones, revisiones o auditorías efectuada por la SBIF a bancos y otras instituciones financieras, en el período y términos que indica, y a la identidad de los fiscalizados, de modo que este Consejo no advierte de qué forma se podría producir una infracción al deber funcionario de reserva que contempla el artículo 7º de la Ley General de Bancos. Lo anterior, toda vez que no se ha requerido información sobre el contenido de informes evacuados por empleados o personas que, a cualquier título, presten servicios a la Superintendencia, ni tampoco información referida a hechos, negocios o situaciones de que éstos hubieren tomado conocimiento en el desempeño de su cargo. De este modo, al requerirse información de carácter estadística, y no habiendo aportado la SBIF antecedentes específicos que permitan configurar una afectación a los bienes jurídicos que ha invocado con la entrega de la información ni al debido cumplimiento de sus funciones, este Consejo estima que no concurre en la especie la causal de reserva alegada por el órgano reclamado.
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos Documentos Operacionales.Documentos electrónicos.Correos electrónicos
Corte de Apelaciones de Santiago, 12/11/2013, 5288-2013
Tribunal Constitucional, 15/01/2015, 2558-13-INA
Corte Suprema, 01/06/2015, 13182-2013
Corte Suprema, 13182-2013
Tribunal Constitucional, 2558-2013
DECISIÓN AMPARO ROL C306-13
Entidad pública: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
Requirente: Marco Antonio Correa Pérez
Ingreso Consejo: 13.03.2013
En sesión ordinaria N° 444 del Consejo Directivo, celebrada el 21 de junio de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C306-13.
Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.
1) SOLICITUD DE ACCESO: El 26 de enero de 2013 don Marco Antonio Correa Pérez requirió a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, en adelante también SBIF, le proporcionara la siguiente información:
a) Detalle mensual correspondiente al año 2012, de la cantidad de fiscalizaciones, auditorías o revisiones efectuadas a bancos u otras instituciones financieras que la SBIF supervisa, indicando la cantidad de revisiones con observaciones y sin observaciones, todo lo anterior detallado por institución financiera, a objeto de continuar la serie de datos que la SBIF debe proporcionar, considerando el principio de servicialidad, indicado en la decisión que pronunció la Corte Suprema en Recurso de Queja Rol 6663-1212.
b) Proporcionar detalle de desembolsos y pagos que la SBIF tuvo que efectuar por concepto de pago de honorarios a abogados o estudios jurídicos, que defendieron los intereses de la SBIF en todas las instancias (Cortes de Apelaciones y Suprema), sean por pagos directos o indirectos, por concepto de honorarios o pago de costas. El detalle debe indicar la identificación de la empresa u abogado al que se le efectuó el pago y monto pagado.
c) Proporcionar copia de los correos electrónicos enviados y recibidos, relacionados con casos en los cuales el requirente haya solicitado información y que guarden relación con actos administrativos, decisiones o instrucciones, sea con los abogados defensores u otras entidades públicas en las cuales se haya instruido o recibido instrucciones para la resolución de los casos que actualmente se encuentran en litigio por amparos presentados ante este Consejo. Considerar período 2011 hasta enero de 2013.
d) Proporcionar la cantidad de revisiones que la SBIF realizó durante los años 2010, 2011 y 2012, el detalle por mes debe indicar la institución y el conglomerado financiero evaluado. Si no existiesen revisiones en campo, indicar los estudios que ha realizado la Unidad de Estudios y Análisis Financiero sobre esta materia.
e) Proporcionar la identidad de los 10 conglomerados financieros que la SBIF ha identificado, ya sea en estudios realizados por sí mismos, o a través de reuniones de Comité Superintendentes o Comité de Estabilidad Financiera.
f) De acuerdo a datos proporcionados por el FMI, sobre conglomerados financieros, éstos concentran el 70% de la banca, el 80% de los fondos mutuos y cerca de un 50% de las AFP. Considerando que no existe una ley que regule los conglomerados financieros, indicar:
i. La cantidad de reuniones que la SBIF ha efectuado con las SVS y Superintendencia de Pensiones, durante los años 2010, 2011 y 2012, con el objeto de coordinar acciones para supervisar en forma consolidada riesgos bancarios y de resguardo patrimonial, riesgos de conflictos de intereses, riesgo sistémico, arbitraje regulatorio, riesgo de contagio y riesgo moral.
ii. Proporcionar copia de Memorando de Entendimiento que la SBIF haya efectuado con las instituciones de Perú y Colombia sobre conglomerados financieros desde 2010 a 2013.
2) RESPUESTA: La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras respondió a dicho requerimiento, mediante carta de 21 de febrero de 2013, informando lo siguiente:
a) En relación con lo requerido en los literales a), d) y e) de la solicitud de información, y sin perjuicio de la información pública que se da cuenta más adelante, especialmente la contenida en el sitio web de dicho órgano, del Comité de Superintendentes del Sector Financiero y del Consejo de Estabilidad Financiera, no se accede a la entrega de los antecedentes que pudiera mantener la SBIF, en virtud de la causal prevista en el artículo 21 Nº 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 7º de la Ley General de Bancos.
b) La citada norma es de aquellas que contemplaban una reserva legal de entrega de información con anterioridad a la incorporación del artículo 8º de la Constitución Política y la dictación de la Ley Nº 20.050, por lo que dicha reserva debe ser considerada como declarada por una Ley de Quórum Calificado.
c) Con todo, respecto de lo requerido en los literales d) y e) de la solicitud de información, señala que utilizando el buscador del sitio web del organismo, es posible encontrar diversos documentos y bibliografía en materia de conglomerados financieros. A modo de ejemplo, en el enlace que indica es posible acceder a una presentación efectuada en 2005 por el entonces Superintendente.
d) Con respecto a lo requerido en el literal b) de la solicitud de información, informa que el contrato suscrito con la sociedad de profesionales Zúñiga y Compañía Limitada, en que se encarga la defensa de la Superintendencia respecto de los recursos interpuestos en contra de la decisión de este Consejo, recaída en el amparo Rol C1266-11, se encuentra en el enlace que indica. Agrega otros enlaces en los que es posible acceder a otros contratos referidos a asesorías jurídicas, indicando que no se registra información relativa a pago de costas judiciales.
e) En relación con lo requerido en el literal c) de la solicitud de información, señala que no cuenta con antecedentes relativos a la materia.
f) Finalmente, respecto a lo requerido en el literal f) de la solicitud, señala que las actas correspondientes a las reuniones celebradas en el marco del Consejo de Estabilidad Financiera, se encuentran disponibles en el sitio electrónico que indica. Por su parte, para conocer el detalle de las sesiones realizadas en el marco del Comité de Superintendentes del Sector Financiero, es necesario acceder al enlace que señala. Respeto a lo requerido en el literal f), numeral i, indica que en el período requerido sólo se ha suscrito un Memorándum de entendimiento con la Superintendencia Financiera de Colombia, disponible en el enlace que señala.
3) AMPARO: Don Marco Antonio Correa Pérez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, fundado en lo siguiente
a) Se le entregó una respuesta negativa a sus requerimientos contenidos en los literales a), c), d) y e) de la solicitud de información. Los links indicados para el literal a) no contienen la información requerida.
b) Por su parte, respecto de lo señalado para el literal c), debe existir un registro de correos electrónicos que se generaron para contratar y decidir los aspectos legales de la defensa que efectuó la SBIF respecto de las decisiones de este Consejo.
4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo mediante Oficio Nº 1.067, de 22 de marzo de 2013, al Sr. Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, quien mediante Ordinario Nº 1.889, de 10 de abril de 2013, evacuó sus descargos y observaciones en los siguientes términos:
a) En relación con los correos electrónicos requeridos, reitera lo ya señalado en la respuesta, en orden a que no cuenta con antecedentes referidos a actos administrativos, decisiones o instrucciones sobre la materia que consten en correos electrónicos, en los términos que demanda el recurrente.
b) En cuanto al resto de la información requerida en los literales a), d) y e) de la solicitud de información, reitera la invocación de la causal de secreto o reserva del artículo 21 Nº 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 7º de la Ley General de Bancos, disposición esta última que encuentra su fundamento en las necesidades de orden público de mantener la estabilidad del sistema financiero y la seguridad de los depositantes, el resguardo de los derechos de los supervisados y el debido cumplimiento de las funciones del órgano supervisor y que tiene por fin evitar el grave entorpecimiento del debido cumplimiento de las funciones de dicha Superintendencia.
c) Dicha causal encuentra su fundamento último en la obligación de reserva impuesta a la Superintendencia desde sus orígenes y que corresponde a la contrapartida de la supervisión de mérito que realiza y a sus amplias facultades para llevarla a cabo.
d) Finalmente, hace presente que a pesar de invocar en la respuesta entregada al solicitante las causales señaladas, adicionalmente se le informó los sitios electrónicos del Consejo de Estabilidad Financiera y el Comité de Superintendentes, en que constan las actas de las sesiones celebradas por dichas entidades, además de documentación referida a presentaciones públicas realizadas por la Superintendencia en materia de conglomerados financieros.
5) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: En la sesión ordinaria N° 429, de 26 de abril de 2013, el Consejo Directivo acordó, como medida para mejor resolver el presente amparo, requerir al órgano reclamado que informara el modo en que se formó la convicción que no obraban en su poder correos electrónicos como los requeridos en el literal c) de la solicitud de acceso , indicando específicamente los mecanismos y procedimientos utilizados a efectos de verificar la inexistencia de dichos correos en los términos alegados. Asimismo, se solicitó que, en caso de haber requerido a los funcionarios que habrían intervenido en comunicaciones con los abogados que defendieron los intereses de la SBIF, a que hace referencia la solicitud, a fin de que éstos se pronunciaran si enviaron o recibieron desde sus casillas institucionales correos electrónicos como los requeridos, proporcione a este Consejo la identidad de los mismos y demás datos de contacto.
6) CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Mediante el Ordinario N° 2975, de 20 de mayo de 2013, la SBIF atendió la medida para mejor resolver decretada por este Consejo, en los siguientes términos:
a) Tanto la labor de defensa de esta Superintendencia como la relación directa con los abogados encargados de la misma, ya sea en sede judicial o administrativa, se ha delegado en su Dirección Jurídica, quedando vedada por tanto cualquier posibilidad de intervención de otras instancias de este Organismo.
b) Junto con informar los datos de contacto de los dos únicos funcionarios facultados para dar instrucciones a los abogados contratados, señala que, previo a remitir la respuesta a la solicitud del requirente se consultó directamente con dichos funcionarios, los que indicaron no contar con correos referidos al asunto de que se trata. Agrega que tales funcionarios, visaron la carta remitida al Sr. Correa y el oficio de descargos de ese organismo en relación con el presente amparo.
7) TRASLADO A LOS TERCEROS: Atendido lo informado por el órgano reclamado en cumplimiento de la medida para mejor resolver, este Consejo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, acordó conferir traslado a los funcionarios individualizados por la entidad reclamada, a fin de que se pronunciaran específicamente acerca de la existencia de los correos electrónicos y, en caso de contar con dichos antecedentes, manifestaran su voluntad de consentir o no en su entrega.
Al respecto, don Carlos Pavez Tolosa, Director Jurídico de la SBIF, mediante carta de 11 de junio de 2013, manifestó que “no tengo conocimiento de la existencia de mails enviados o recibidos, ya sea con los abogados defensores u otras entidades públicas, por los que haya instruido o recibido instrucciones para la resolución de los casos que actualmente se encuentren o se encontraron en litigio por amparos presentados ante ese Consejo por don Marco Antonio Correa Pérez.”
Por su parte, doña Deborah Jusid Froimovich, Jefa del Departamento Jurídico de la SBIF, señaló mediante presentación de la misma data que “como le fuera informado a ese Consejo por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, no me encuentro en poder de mails enviados o recibidos, ya sea con los abogados defensores u otras entidades públicas, por los que se haya instruido o recibido instrucciones para la resolución de los casos que actualmente se encuentren o se encontraron en litigio por amparos presentados ante ese Consejo por don Marco Antonio Correa Pérez.”
1) Que atendido el contenido de la respuesta otorgada por el órgano reclamado al solicitante –en la cual se le dio respuesta a lo requerido en los literales b) y f) de la solicitud de información–, como del tenor del amparo interpuesto por éste, el presente amparo se circunscribe sólo a aquella información requerida en los literales a), c), d) y e) de la solicitud de información.
2) Que respecto a la invocación de la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 Nº 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 7º de la Ley General de Bancos, específicamente en lo que respecta a lo requerido en los literales a), d) y e) de la solicitud de información, cabe tener presente que, pese a que el solicitante no requiere un documento específico en donde conste la cantidad de fiscalizaciones o auditorías efectuadas a bancos y otras instituciones financieras, entre los años 2010 y 2012, ni la identidad de los conglomerados financieros identificados, dicha parte de la solicitud, en virtud de los principios de facilitación y máxima divulgación, debe ser entendida como referida al o los documentos que obren en poder de la SBIF y en los que consten tales antecedentes, sin perjuicio que dicho órgano, si así lo estima pertinente, pueda informar derechamente sobre los datos solicitados.
3) Que el citado artículo 7° establece una prohibición a los empleados, delegados, agentes o personas que a cualquier título presten servicios en la SBIF, de “revelar cualquier detalle de los informes que haya emitido, o dar a personas extrañas a ella noticia alguna acerca de cualesquiera hechos, negocios o situaciones de que hubiere tomado conocimiento en el desempeño de su cargo”, estableciendo su inciso segundo que “en el caso de infringir esta prohibición, incurrirá en la pena señalada en los artículos 246 y 247 del Código Penal”.
4) Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 Nº 5 de la Ley de Transparencia, se puede denegar total o parcialmente el acceso a la información cuando una ley de quórum calificado la haya declarado secreta o reservada, de acuerdo a las causales señaladas en el inciso 2º del artículo 8º de la Constitución Política, esto es, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional.
5) Que, en la especie, el órgano reclamado, al dar respuesta a la solicitud del requirente, pese a invocar la causal del artículo 21 Nº 5 de Ley de Transparencia, en relación con el artículo 7º de la Ley General de Bancos, no señaló cuál de las causales de reserva o secreto del artículo 8º de la Constitución Política concurriría, a su juicio, en el presente caso. Sin perjuicio de lo anterior, la SBIF, al formular sus descargos, sostiene que el citado artículo de la Ley General de Bancos encuentra su fundamento en las necesidades de orden público de mantener la estabilidad del sistema financiero y la seguridad de los depositantes, el resguardo de los derechos de los supervisados y el debido cumplimiento de las funciones del órgano supervisor, y que tiene por fin evitar el entorpecimiento de las funciones de dicha Superintendencia.
6) Que, sobre el particular, la regla general en cuanto a la información elaborada con presupuesto público o que obre en poder de un órgano de la Administración del Estado, es que ésta sea pública, salvo que concurra alguna causal legal de secreto o reserva, las que, a su vez, deben interpretarse en forma restrictiva y respetando el principio de proporcionalidad. En la especie, lo requerido en los literales a), d) y e) de la solicitud, consiste en información estadística referida a la cantidad de fiscalizaciones, revisiones o auditorías efectuada por la SBIF a bancos y otras instituciones financieras, en el período y términos que indica, y a la identidad de los fiscalizados, de modo que este Consejo no advierte de qué forma se podría producir una infracción al deber funcionario de reserva que contempla el artículo 7º de la Ley General de Bancos. Lo anterior, toda vez que no se ha requerido información sobre el contenido de informes evacuados por empleados o personas que, a cualquier título, presten servicios a la Superintendencia, ni tampoco información referida a hechos, negocios o situaciones de que éstos hubieren tomado conocimiento en el desempeño de su cargo. De este modo, al requerirse información de carácter estadística, y no habiendo aportado la SBIF antecedentes específicos que permitan configurar una afectación a los bienes jurídicos que ha invocado con la entrega de la información ni al debido cumplimiento de sus funciones, este Consejo estima que no concurre en la especie la causal de reserva alegada por el órgano reclamado.
7) Que, a mayor abundamiento, se debe tener presente que la Excma. Corte Suprema, conociendo del Recurso de Queja Rol Nº 6663-2012, interpuesto por este Consejo, a propósito de un Reclamo de Ilegalidad de una decisión de esta Corporación en que se requería información de idéntico tenor que la de la especie, señaló en su considerando octavo que “la información solicitada y concedida parcialmente por el Consejo para la Transparencia se inserta en el derecho a conocer cómo cumple la SBIF su deber legal de fiscalizar a las empresas bancarias y financieras conformadas por agentes privados, que entre otras funciones relevantes de orden público económico, intermedian monopólicamente –protección penal incluida–, la circulación del dinero, recogiéndolo del público mediante operaciones pasivas y proporcionándolo a través de múltiples y variadas operaciones activas plasmadas en contratos en serie realizados profesionalmente”. A continuación, la citada sentencia señaló en su considerando undécimo, que “es posible concluir que el citado artículo 7º de la Ley General de Bancos es una ley simple cuyo contenido no se ajusta a las excepciones a la publicidad que contempla el inciso 2º del artículo 8º de la Constitución como para atribuirle el carácter de quórum calificado”.
8) Que, por lo tanto, se acogerá el amparo en sus literales a) y d), requiriéndose a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras que entregue al solicitante el o los documentos en que conste la cantidad de fiscalizaciones, auditorías o revisiones efectuadas a bancos u otras instituciones financieras, entre los años 2010 a 2012, presentados en forma mensual, indicando la entidad financiera y/o el conglomerado financiero evaluado y, en cada una de ellas, detalle mensualmente la cantidad de casos revisados con observaciones y sin observaciones o, si así lo estima, informe derechamente al requirente respecto de lo solicitado, conforme ya lo decidió anteriormente este Consejo en la decisión de amparo Rol C1266-11.
9) Que en relación a lo requerido en el literal c) de la solicitud, esto es, copia de los correos electrónicos indicados, tanto en la respuesta entregada al solicitante, como en los descargos presentados ante este Consejo, la SBIF alegó no contar con correos electrónicos que digan relación con las materias indicadas por el requirente en su solicitud. A su turno, consultados por este Consejo los funcionarios competentes de dicho órgano para pronunciarse sobre el particular, ratificaron lo señalado por la reclamada en cuanto a la inexistencia de la información. Sobre el particular, cabe tener presente que el artículo 5º, inciso 2º, de la Ley de Transparencia, dispone que “es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración”, agregando el artículo 10 de la citada ley que “El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga”. De dichas normas se concluye que sólo será pública aquella información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de información inexistente. Por lo tanto, atendida la alegación de inexistencia efectuada por la SBIF, que no es posible controvertirla por este Consejo, y la ratificación por parte de los funcionarios competentes, en orden a que no cuentan con correos electrónicos como los solicitados, se rechazará el amparo en esta parte. En consecuencia, no será necesario pronunciarse acerca de la procedencia jurídica de la entrega de estos correos, dada su inexistencia.
10) Que, finalmente, respecto de lo requerido en el literal e) de la solicitud de información, en la respuesta entregada al solicitante la SBIF señala un vínculo del sitio electrónico de dicho órgano –http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/Noticia?indice=2.1&idContenido=3514–, en el cual se podrían encontrar diversos documentos y bibliografía en materia de conglomerados financieros, haciéndole presente la existencia de una presentación efectuada por el entonces Superintendente. De la revisión efectuada por este Consejo a dicho link, se observa que éste da cuenta de la participación, el año 2005, del entonces Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras en el 5º Seminario Internacional “Desafíos de Políticas en el Sector Financiero: Conglomerados Financieros Internacionales”, patrocinado por el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y la Reserva Federal de Estados Unidos. Asimismo, se contiene la presentación efectuada por el Superintendente en dicho Seminario, titulada “Financial Conglomerates and Bank Stability: The Chilean Case”.
11) Que, no obstante lo señalado por el órgano en su respuesta, dicha información no satisface el requerimiento de información del literal e) en análisis, por cuanto no da cuenta de la identidad de los 10 conglomerados financieros identificados por la SBIF, en los términos requeridos, razón por la cual se acogerá igualmente el amparo en esta parte, debiendo informar al solicitante dichas identidades o, de corresponder a un número distinto de conglomerados, entregue los efectivamente identificados. En su defecto, señalar expresamente que no posee dicha información.
I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Marco Antonio Correa Pérez, en contra de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, por los fundamentos expuestos precedentemente.
II. Requerir al Sr. Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras que:
i. El o los documentos en que conste la cantidad de fiscalizaciones, auditorías o revisiones efectuadas a bancos u otras instituciones financieras, entre los años 2010 a 2012, presentados en forma mensual, indicando la entidad financiera y/o el conglomerado financiero evaluado y, en cada una de ellas, detallando mensualmente la cantidad de casos revisados con observaciones y sin observaciones; o, si así lo estima, informe derechamente al requirente respecto de lo solicitado.
ii. Identidad de los 10 conglomerados financieros que la SBIF ha identificado, ya sea en estudios realizados por el mismo órgano o a través de reuniones de Comité de Superintendentes o Comité de Estabilidad Financiera. En caso de corresponder a un número distinto de conglomerados, entregue los efectivamente identificados. En su defecto, señalar expresamente que no posee dicha información.
b) Cumplir el presente requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.
c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.
III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (s) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Marco Antonio Correa Pérez, al Sr. Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras y a los terceros involucrados en este procedimiento.
Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.