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Timestamp: 2016-10-23 22:21:07
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ORDEN TAS/893/2005, de 17 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones del área de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
ORDEN TAS/893/2005, de 17 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones del área de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales Mis Leyes
ORDEN TAS/893/2005, de 17 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones del área de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales Estado	:
TAS/893/2005	Boletín Oficial	:
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	ORDEN TAS/893/2005, de 17 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones del área de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en virtud del Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, tiene atribuidas, entre sus funciones, la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de planificación y regulación básica del reconocimiento del derecho a una ayuda personalizada a toda persona dependiente, garantizando un sistema de servicios universal, integrado y uniforme; el impulso de los servicios sociales, atendiendo a las competencias estatales en las áreas de bienestar social, y el fomento de la cooperación con las organizaciones no gubernamentales e impulso del voluntariado social; la dirección, planificación, coordinación y evaluación de las actuaciones en materia de protección y promoción de las familias y la infancia y de prevención de las situaciones de dificultad social de estos colectivos, en el marco de las competencias estatales; el impulso y la coordinación de las políticas sectoriales sobre discapacidad, así como la programación de las actuaciones dirigidas a la atención y apoyo a las personas con discapacidad en el marco de las competencias estatales y el ejercicio de la tutela del Estado respecto a las entidades asistenciales ajenas a la Administración y del protectorado del gobierno sobre las fundaciones benéfico-asistenciales. Son competencias del Instituto de Mayores y Servicios Sociales los servicios complementarios de las prestaciones del sistema de Seguridad Social.
Asimismo, tiene atribuidas funciones de impulso, elaboración, coordinación y seguimiento del Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España de acuerdo con la Estrategia Europea de Inclusión Social.
La presente Orden de bases reguladoras se adapta a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en lo sucesivo, LRJ-PAC) y a la Ley 4/1999, de modificación de la anterior.
La regulación del régimen jurídico de las subvenciones por la Ley 38/ 2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E del día 18), hace necesaria la adaptación de la presente Orden a la citada Ley, con lo que se introduce una mayor racionalización en cuanto a los criterios de gestión y control de las subvenciones y de justificación de los gastos, más acorde con la consecución de los fines de la subvención concedida.
El artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en lo sucesivo, L.G.S.), dispone que los Ministros establecerán las oportunas bases reguladoras para la concesión de subvenciones.
En su virtud, previo informe de la Abogacía del Estado en el Departamento y de la Intervención Delegada de la Intervención General dispongo:
La presente Orden establece las bases reguladoras de concesión de las subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones del área de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y del Instituto de Mayores y de Servicios Sociales, comprendiéndose exclusivamente en su ámbito de aplicación las convocatorias que se contemplan en el artículo 2 de la presente Orden.
El objeto de estas subvenciones será la realización de programas sociales dirigidos a favorecer la inclusión social y a apoyar el movimiento asociativo y fundacional de las personas mayores, personas con discapacidad, familias, infancia, pueblo gitano y voluntariado.
Las correspondientes convocatorias se realizarán en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.1 de la L.G.S por Resoluciones de los/las Directores/as Generales de Servicios Sociales y Dependencia; de las Familias y la Infancia, de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre la Discapacidad y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, de conformidad con sus respectivos ámbitos de competencia. Dichas convocatorias determinarán el contenido mínimo que se establece en el artículo 23.2 de la L.G.S., salvo el que ya aparece recogido en la presente Orden. En concreto determinarán los créditos presupuestarios a los que deben imputarse las correspondientes subvenciones y contendrán los programas a subvencionar, sus prescripciones, requisitos y prioridades, pudiendo distribuir los créditos por programas y determinar los topes máximos de las subvenciones a conceder, en función de la naturaleza, características y grado de implantación social de las entidades y organizaciones solicitantes.
La Resolución en la que se efectúe la convocatoria deberá contener la descripción del logotipo del órgano convocarte y se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».
e) Hallarse al corriente de las obligaciones tributarías y de Seguridad Social.
f) Haber justificado, en su caso, suficientemente, las ayudas económicas recibidas con anterioridad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, antes Ministerio de Asuntos Sociales
h) No estar incursas en el resto de las prohibiciones que, para obtener la condición de beneficiario de subvenciones, se establecen en el artículo 13, apartados 2 y 3 de la L.G.S.
La Comisión de Evaluación estará presidida por el/la Subdirector/a General competente por razón de la materia del Centro Directivo convocante y formarán parte de la misma dos vocales designados por el/la Presidente/a y un vocal designado por la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad. Actuará como Secretario/a un/a funcionario/a del Centro Directivo convocarte, designado por el Presidente de la Comisión de Evaluación.
4. Órganos competentes para la resolución: Los órganos competentes para la resolución serán los/as Directores/as Generales de Servicios Sociales y Dependencia, de las Familias y la Infancia y de Coordinación de las Políticas Sectoriales sobre Discapacidad, en quienes se delega el
ejercicio de esta competencia, y el/la Director/a General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
5. El órgano colegiado al que se refiere el artículo 22.1 de la L.G.S. estará formado por tres funcionarios del Centro Directivo convocante, uno de los cuales lo presidirá.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.4 de la L.G.S., el Órgano colegiado emitirá informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada por la Comisión de Evaluación correspondiente».
Artículo 5. Solicitud, memorias, documentación y subsanación de errares. 1. Solicitud
1.1 Modelo y presentación de solicitudes: Las solicitudes de subvención se formalizarán en un único modelo de instancia, que figura como Anexo 1 a la presente Orden, debiendo relacionarse en el mismo todos los programas para los que la entidad solicita la subvención.
Los modelos de impresos podrán ser recogidos en la sede central del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, c/ Agustin de Bethencourt, n.° 4, 28003 Madrid, y en la del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, así como en las Delegaciones del Gobierno y en las Dependencias Provinciales de Trabajo y Asuntos Sociales.
Las solicitudes, dirigidas a los/las Directores/as Generales de Servicios Sociales y Dependencia, de las Fantilias y la Infancia, de Coordinación de las Políticas Sectoriales sobre Discapacidad y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, que hayan dictado la correspondiente convocatoria a que se refiere el artículo 2 de la presente Orden, podrán ser presentadas en las sedes y direcciones señaladas en el párrafo anterior, así como en los registros y oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la LRJ-PAC.
2.2 Los requisitos específicos de los programas establecidos en los Anexos 1 de las respectivas Resoluciones de convocatoria que no queden acreditados a través de la documentación a que se refiere la letra f) del apartado 3 del presente artículo, así como los datos no cumplimentados en los modelos citados en el apartado anterior, no podrán ser tenidos en cuenta a efectos de su valoración.
g) Documentación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social previstas en las órdenes del Ministerio de Economía y Hacienda de 28 de abril de 1986 (B.O.E. del día 30) y de 25 de noviembre de 1987 (B.O.E de 5 de diciembre). A estos efectos debe tenerse en cuenta que la mención que el artículo 2 c) de la Orden de 28 de abril de 1986 hace a la relación anual de ingresos y pagos a que se refiere el Real Decreto 1913/1978, de 8 de julio (B.O.E de 12 de agosto), se entiende hecha a la declaración o relación anual de operaciones con terceras personas a que se refiere el Real Decreto 2027/1995, de 22 de
diciembre (B.O.E. del día 27), modificado por los Reales Decretos 536/ 1997, de 14 de abril (B.O.E. de los días 24 y 25), 2281/1998, de 23 de octubre (B.O.E. de 14 de noviembre) y 1082/2001, de 5 de octubre (B.O.E. del día 6). La citada documentación deberá acreditar que la entidad se encuentra al corriente de estas obligaciones durante los doce meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
No será necesario presentar la documentación exigida en el párrafo anterior cuando la entidad solicitante manifieste expresamente su consentimiento para que sus datos sean recabados por el Centro Directivo convocarte, según modelo que se facilitará por el mismo.
La acreditación del Impuesto sobre Actividades Económicas se hará mediante la presentación de la fotocopia compulsada del alta en dicho impuesto y del justificante, en su caso, de haber abonado el último período exigible del mismo. En el caso de que la entidad estuviese exenta del citado impuesto, deberá presentar declaración responsable el representante legal de la entidad donde conste dicho extremo.
h) Declaración responsable de quien ostente la representación legal de la Entidad solicitante, otorgada ante una autoridad administrativa o notario público, de que tanto la misma como las entidades miembros que propone como ejecutantes de los programas no se encuentran incursas en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiarios de subvenciones establecidas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la L.G.S.
3. No podrán imputarse ala subvención los gastos originados por las actividades realizadas en la condición de miembros de las Juntas Directivas o Consejos de Dirección de las entidades, salvo en los programas de mantenimiento y funcionamiento de las mismas y de apoyo al movimiento asociativo.
e) Auditoria externa: Se valorará muy especialmente que la entidad someta su gestión a controles periódicos.
g) Participación social y voluntariado: Que la entidad promueva la participación y movilización social. Que cuente con un número relevante de voluntarios/as para el desarrollo de sus programas, priorizándose
aquéllas que dispongan de un sistema de formación de los/las voluntarios/ as y de incorporación de éstos/as a las actividades de la entidad.
2. Los/as Directores Generales de Servicios Sociales y Dependencia, de las Familias y la Infancia y de Coordinación de las Políticas Sectoriales sobre Discapacidad, en quienes se delega el ejercicio de esta competencia, y el/la Director/a General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, previa fiscalización de los expedientes, cuando sea preceptivo, adoptarán las resoluciones que procedan.
Las entidades subvencionadas deberán acreditar previamente al cobro de la subvención, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.5 de la L.G.S., que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, conforme a lo establecido en el artículo 5, apartado 3, punto g) de la presente Orden.
Si por razón de la naturaleza de las actividades que integran el programa subvencionado se hubiera autorizado su subcontratación, se aportará documentación acreditativa de la especialización de la entidad con la que se contrata la realización de las actividades, en la materia objeto de dicha contratación, así como de que esta entidad se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. Además deberá acreditarse, mediante declaración responsable de quien ostente la representación legal de la citada entidad, que no se encuentra incursa en las demás prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones establecidas en el artículo 13 de la L.G.S. y que en la misma no concurre ninguna de las causas previstas en el artículo 29.7, apartados b), c), d) y e) de dicho texto legal.
Asimismo, en aquellos programas en cuya ejecución haya intervenido o se prevea la intervención de personal voluntario, deberán acreditar que tienen suscrita póliza de seguros de accidentes y enfermedad y de responsabilidad civil a favor de este personal, a cuyo efecto, las confederaciones, federaciones, uniones y personas jurídicas análogas que no tengan suscrita una póliza general para todos los voluntarios que participen en los programas subvencionados, deberán presentar una declaración responsable del representante de la entidad en la que figuren relacionadas las entidades ejecutantes de los programas en los que participa el personal voluntario, así como copia de las pólizas y de los correspondientes recibos de abono de las mismas. También deberán haber justificado suficientemente las ayudas económicas recibidas con anterioridad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales -antes, Ministerio de Asuntos Sociales-.
Este pago tendrá el carácter de pago anticipado en virtud de lo dispuesto en el artículo 34.4 de la L.G.S. La resolución preverá, en su caso, si el anticipo queda condicionado o no a la constitución de una garantía.
Las resoluciones de las solicitudes de modificación se dictarán por los/as Directores Generales de Servicios Sociales y Dependencia, de las Familias y la Infancia y de Coordinación de las Políticas Sectoriales sobre Discapacidad, en quienes se delega el ejercicio de esta competencia, y el/la Director/a General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, y se notificarán, en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de presentación de aquéllas en el citado Registro. Estas resoluciones podrán fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer contra ellas recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, o bien ser impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en la forma y plazo previstos por la Ley reguladora de dicha jurisdicción.
Transcurrido el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 43.2 de la LRJ-PAC, en su redacción dada por la Ley 4/1999, teniendo a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento y sin perjuicio de la obligación de dictar resolución expresa confirmatoria del mismo.
Asimismo, los/as Directores/as Generales de Servicios Sociales y Dependencia, de las Familias y la Infancia y de Coordinación de las Políticas Sectoriales sobre Discapacidad, por delegación del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, y el/la Director/a General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, dictarán las resoluciones que procedan cuando la cuantía de la subvención deba ser objeto de reducción, por razón de que las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o de la Unión Europea o de organismos internacionales superen, en su conjunto, el coste total de la actividad subvencionada, de conformidad con lo previsto en el artículo 19.3 de la L.G.S., procediendo el reintegro del exceso de acuerdo con lo establecido en el artículo 17.1, párrafo final, de esta Orden.
b) Realizar la actividad que fundamente la concesión de la subvención en la forma, condiciones y plazo establecidos para cada programa y, en su defecto, antes del 31 de diciembre del año 2006, sin perjuicio de la posibilidad de autorización de prórroga.
c) Justificar ante el Centro Directivo concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinaron la concesión o el disfrute de la subvención.
d) Gestionar y realizar de forma directa aquellas actividades que constituyan el contenido principal de los programas para los que solicitan subvención, a excepción de aquellas actividades que, por su propia naturaleza, y mediando siempre autorización, deban ser subcontratadas, sin exceder del 50 por ciento del importe del programa subvencionado. La subcontratación se ajustará a cuanto dispone el artículo 29 de la L.G.S.
f) Comunicar, tan pronto como se conozca, al Centro Directivo concedente y en todo caso con anterioridad a la justificación de la subvención, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, así como su importe y la aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
j) Los posibles ingresos que generen los programas subvencionados u otros rendimientos financieros que se generen por los fondos librados a los beneficiarios, se reinvertirán en cualquiera de los programas subvencionados. De no aplicarse al supuesto señalado, el Organo competente para resolver las solicitudes de modificación, conforme a lo previsto en el artículo 11, a propuesta de la organización o entidad adjudicataria, podrá
autorizar su aplicación a otros de los fines sociales previstos en la misma convocatoria, siendo procedente su devolución en cualquier otro caso.
k) En los programas en que se proponga la construcción de edificios o la adaptación de locales durante el período de ejecución previsto en las convocatorias, la entidad solicitante o, en su caso, la ejecutante del programa deberá ostentar la titularidad suficiente sobre los correspondientes terrenos o locales y disponer de las respectivas licencias que permitan la realización de las obras para las que se solicita subvención.
1) Las entidades solicitantes o, en su caso, las ejecutantes de los programas, habrán de destinar los edificios construidos o bienes inmuebles por ellas adquiridos al fin concreto para el que se concedió la subvención al menos durante 20 años, no pudiendo ser enajenados o gravados sin la previa autorización del Departamento. Estas limitaciones deberán constar en la correspondiente escritura pública, a cuyo otorgamiento deberá asistir un/a representante de la Administración. En los supuestos de cambio de destino del inmueble deberá procederse a la devolución, en la cuantía que corresponda en función del valor del inmueble en el momento del cambio de destino. En el supuesto de adquisición de bienes inventariables no inscribibles en un registro público, deberán destinarse al fin concreto para el que se concedió la subvención al menos durante tres años.
ni) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 17 de la presente Orden.
n) Comunicar al Centro Directivo convocarte cualquier variación producida, desde la fecha de su presentación, en los estatutos o en la composición de la Junta Directiva u órgano de gobierno, aportando su inscripción en el registro correspondiente.
De acuerdo con lo establecido en los artículos 14.1.c) y 32.1 de la L.G.S., las entidades u organizaciones beneficiarias de la subvención se someterán a las actuaciones de comprobación, seguimiento y evaluación que determinen los Centros Directivos concedentes, facilitando cuanta información sea requerida en orden a verificar la correcta ejecución de los programas subvencionados.
Igualmente, dichas entidades u organizaciones se someterán a las actuaciones de control financiero que corresponden a la Intervención General de la Administración del Estado y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas en relación con las subvenciones concedidas.
Las entidades u organizaciones subvencionadas deberán facilitar periódicamente el grado de cumplimiento de los programas, de acuerdo con el calendario e instrucciones de seguimiento dictadas a estos efectos por los Centros Directivos concedentes.
1. Las entidades u organizaciones subvencionadas quedan obligadas a justificar los gastos efectuados con cargo a la subvención recibida, en el plazo de un mes contado desde la fecha de finalización del plazo de realización de la actividad contemplado en el artículo 12, apartado b), de conformidad con las instrucciones dictadas por los Centros Directivos concedentes.
3. Tampoco se admitirán compensaciones entre gastos corrientes y de inversión, estando cada uno de estos conceptos limitado por el importe asignado en la resolución de concesión, sin perjuicio de ulteriores modificaciones autorizadas, cuando la respectiva convocatoria lo permita, y de los índices de desviación asumibles que se establezcan en el Manual de Instrucciones de Justificación que elabore el Centro Directivo concedente.
5. En los casos de adquisición o construcción de bienes inmuebles deberá presentarse la escritura pública de compraventa o, en su caso, de obra nueva, en la que deberán constar las limitaciones que se especifican en el apartado 1) del artículo 12 de la presente Orden, así como acreditarse la incorporación de la adquisición o, en su caso, de la obra realizada al inventario de la entidad. En los casos de adquisición de inmuebles, junto con esta documentación, deberá aportarse además un certificado expedido por un tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial.
6. Se aportarán facturas o recibos originales para justificarlos gastos efectuados en las actividades desarrolladas para el cumplimiento del programa subvencionado. Dichos documentos deberán cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.
7. Los ingresos, así como los rendimientos financieros a los que se refiere el artículo 12, apartado j), de la presente Orden, deberán justificarse con indicación de los programas subvencionados a los que se hayan imputado, conforme establezcan las correspondientes Instrucciones de Justificación.
8. Serán subvencionables, según se recoge en el artículo 31.1 de la L.G.S., los gastos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y que se efectúen durante el año 2006 y se abonen efectivamente con anterioridad a la finalización del plazo de justificación establecido en el apartado 1 del presente artículo. En ningún caso el coste de estos gastos podrá ser superior al valor de mercado.
11. Podrán justificarse con cargo ala subvención recibida los gastos que, en su caso, hayan podido efectuarse con anterioridad a su concesión durante el año en que ésta se ha otorgado, siempre que se refieran a costes reales de las actividades incluidas en los programas subvencionados por la convocatoria. En el caso de que los programas subvencionados sean de continuidad, únicamente se admitirán con cargo a la subvención los gastos producidos desde la fecha de finalización de la ejecución real del programa subvencionado en la convocatoria anterior.
13. Si vencido el plazo de justificación, la entidad no hubiese presentado los correspondientes documentos, se le requerirá para que los aporte en el plazo de veinte días, comunicándole que, transcurrido el mismo sin atender el requerimiento, se tendrá por incumplida la obligación de justificar, con las consecuencias previstas en los artículos 30.8 y 37 de la L.G.S.
1. Las entidades u organizaciones subvencionadas deberán presentar, ante el órgano convocarte, una memoria justificativa de la aplicación de las subvenciones concedidas y explicativa de la realización de cada programa subvencionado, en el plazo de un mes a partir de la finalización de las actuaciones de cada programa, y, en todo caso, dentro del plazo previsto en el artículo 14, apartado 1, para justificación de las cuentas, salvo que, por causas justificadas, se modifique dicho plazo de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de la presente Orden.
6. Resumen económico: Importe subvencionado; estado de liquidación del programa, desglosado por origen de financiación y por conceptos de gasto, según se establece en el apartado 12 del artículo anterior.
8. Modificaciones solicitadas: análisis de su necesidad. 9. Localización territorial del programa.
Las entidades u organizaciones beneficiarias de subvenciones quedarán sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones establece el Título IV de la L.G.S. Asimismo, quedarán sometidas a lo dispuesto en el Título IX de la LRJ-PAC, en su redacción dada por la Ley 4/1999, y en el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, de los ingresos generados por los programas e intereses devengados por la subvención, así como la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, de conformidad con los artículos 37 y 38 de la L. G. S., y además en los siguientes casos:
a) Incumplimiento de la obligación de justificación ola justificación insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 30 de la mencionada Ley y en los artículos 14 y 15 de la presente Orden. A estos efectos, se entenderá como incumplimiento, entre otros, la existencia de un remanente de subvención que no haya sido invertido en el programa sin causa justificada. Asimismo, se considerará que ha existido incumplimiento, a efectos de la procedencia del reintegro, en aquellos casos en los que se hubiera retenido el abono de la subvención como consecuencia de un mandato judicial en que así se hubiera ordenado, dimanante de un embargo de las cantidades procedentes de la subvención, cualquiera que fuera su causa.
b) No dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación del programa, en los términos establecidos en el artículo 12, apartado g), de la presente Orden.
c) No cumplir las condiciones impuestas a los beneficiarios y los compromisos asumidos por éstos con motivo de la concesión de la subvención. A estos efectos se entenderá como incumplimiento, entre otros, la aplicación de la subvención a conceptos de gasto distintos de los que fueron establecidos, sin autorización del órgano concedente, así como a programas ejecutados por entidades o en Comunidades Autónomas que no figurasen en el punto 5 de las memorias de los programas en el momento de la solicitud.
Asimismo, el incumplimiento de la obligación de destino recogida en el artículo 12, letra 1), de esta Orden, será causa de reintegro.
En el supuesto contemplado en el último párrafo del artículo 11 de la presente Orden, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada.
a) Para su iniciación, ordenación e instrucción: Los/as Directores/as Generales de Servicios Sociales y Dependencia, de las Familias y la Infancia, de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre la Discapacidad y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Para su resolución: La Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, en quien se delega el ejercicio de esta competencia respecto de las subvenciones correspondientes a las áreas de Servicios Sociales y Dependencia, Familias e Infancia y Coordinación de Políticas Sectoriales sobre la Discapacidad, y el/la Directora/a General de Mayores y Servicios Sociales, en el área de su competencia.
El procedimiento declarativo de incumplimiento y de procedencia del reintegro se iniciará de oficio como consecuencia de la propia iniciativa del Órgano convocarte, una vez revisada la documentación justificativa del
gasto de la subvención y no hallada completa y conforme en todo o en parte, o ante la detección de cualquiera de las restantes causas de reintegro.
Las resoluciones declarativas de incumplimiento y de procedencia del reintegro pondrán fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra las mismas recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, o bien ser impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-admúnistrativo, en la forma y plazo previstos por la Ley reguladora de dicha jurisdicción.
Se dictará resolución declarando concluido el procedimiento y se archivarán las actuaciones si la entidad interesada reintegrase voluntariamente las cantidades cuya aplicación se aprecie incorrecta, y así lo acreditase ante los titulares de los Centros Directivos concedentes en cualquier momento del procedimiento antes de que se dicte la resolución declarativa de incumplimiento y de procedencia del reintegro.
Sra. Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad. Sr. Director General de Servicios Sociales y Dependencia. Sra. Directora General de las Familias y la Infancia. Sr. Director General de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre la Discapacidad. Sr. Director General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.Ver ANEXO