Source: https://religious-freedom-report.org/es/report-es/?report=1373
Timestamp: 2019-01-22 04:25:56
Document Index: 373538213

Matched Legal Cases: ['artículo 37', 'artículo 57', 'artículo 277', 'artículo 278', 'artículo 279', 'artículo 36']

11.883.000Población
26.338 Km2Área
La Constitución de Ruanda [1], promulgada en 2003 y enmendada por última vez en 2015, establece en el artículo 37 que «la libertad de pensamiento, conciencia, religión, culto y sus manifestaciones públicas está garantizada por el Estado conforme a la ley». El artículo 57 prohíbe la formación de organizaciones políticas basadas en «la raza, el grupo étnico, la tribu, el linaje, la región, el sexo, la religión o cualquier otra división que pueda dar lugar a discriminación».
Según el nuevo Código Penal de mayo de 2012 [2], la interrupción de un servicio religioso se sanciona con penas de entre ocho días y tres meses de prisión y multas de entre 20 000 y 300 000 francos ruandeses (v. el artículo 277). El Código Penal también impone multas a quien «públicamente falte al respeto a ritos, símbolos, u objetos religiosos» (artículo 278), o insulte, amenace o agreda físicamente a un líder religioso (artículo 279). La política gubernamental permite a los individuos expresar su identidad religiosa (pero no étnica) llevando tocados en las fotografías oficiales de pasaportes, permisos de conducir y otros documentos oficiales.
De acuerdo con una nueva ley que regula los grupos religiosos, promulgada en 2012 (Ley 06/2012) y publicada en el Boletín Oficial de la República de Ruanda, todos los grupos «cuyos miembros compartan las mismas creencias, culto y práctica» tienen que inscribirse en el registro de la Oficina de Gobernación de Ruanda para adquirir la personalidad jurídica. Aquellos que no estén registrados necesitan una licencia para organizar actividades religiosas, requisito que no se pide a las confesiones ya registradas [3]. Según una serie de líderes religiosos (católicos, protestantes y musulmanes) a los que se consultó, los grupos religiosos oficialmente reconocidos no tienen restricciones para llevar a cabo sus actividades pastorales, sus catequesis, la construcción de lugares de culto, la propiedad y gestión de medios de comunicación (especialmente, cadenas de radio) y la recaudación de fondos dentro y fuera del país.
Todos los alumnos de la escuela primaria y de los tres primeros años de secundaria tienen que cursar una asignatura de religión en la que se presentan diversas religiones. Los padres pueden matricular a sus hijos en colegios confesionales privados.
La ley sobre grupos religiosos no incluye a las organizaciones sin ánimo de lucro asociadas con estos grupos. Las ONG nacionales vinculadas a grupos religiosos están obligadas a registrase en la Oficina de Gobernación de Ruanda conforme a la ley sobre organizaciones sin ánimo de lucro. Esta ley dispone un proceso de registro con varios pasos y obliga a presentar anualmente un informe económico y de actividades, así como un plan de acción.
El Gobierno solo reconoce los matrimonies civiles.
En julio de 2017, un ciudadano ruandés de nombre Marerimana Herman presentó una demanda contra el arzobispo de Kigali, Thaddée Ntihinyurwa, al que acusaba de presuntos delitos penales, tales como ser el jefe de una organización que había suprimido la religión tradicional de Ruanda y reconocer las apariciones marianas de Kibeho. Afirmaba que esto contravenía el artículo 36 de la Constitución ruandesa, que reconoce «el derecho a fomentar la cultura nacional»[4]. El Tribunal admitió el caso [5] Este incidente suscitó una gran preocupación entre los católicos. Algunos dirigentes, tanto religiosos como laicos, calificaron la denuncia como extraña y poco habitual, sugiriendo que detrás de los actos de Marerimana debía de haber algún interés político. Finalmente, tras escuchar a los abogados del arzobispo, el tribunal decidió desestimar el caso [6].
A mediados de diciembre de 2017 se produjeron nuevas tensiones entre la Iglesia católica y el Gobierno porque las autoridades anunciaron su intención de distribuir condones entre las jóvenes. Este proyecto formaba parte de una campaña lanzada por el Ministerio de Salud dirigida a reducir la prevalencia de las enfermedades de transmisión sexual. El obispo católico de Byumba, Servilien Nzakamwita, reaccionó manifestando que con esa campaña «se da[ba] licencia a los adolescentes para fornicar» y se favorecía el incremento de los embarazos. La ministra de Salud de Ruanda, Diane Gashumba, respondió diciendo que la afirmación del obispo estaba absolutamente fuera de contexto y que reflejaba una falta de comprensión de los problemas de salud que el Gobierno trataba de abordar [7]. A pesar de ello, ninguna autoridad del Gobierno parece haber intentado impedir que los líderes religiosos y los miembros del clero manifiesten sus ideas en público.
En enero de 2016 se informó de que un policía nacional de Ruanda disparó y mató a un imán detenido en Kigali. En agosto del mismo año, otros cuatro musulmanes fueron abatidos por agentes de la Policía en Bugarama. En ambos casos, la policía afirmó que se trataba de sospechosos de estar vinculados con grupos terroristas islámicos [8].
A finales de febrero de 2018, llegaron noticias de que habían sido clausuradas unas setecientas pequeñas iglesias pentecostales. Las autoridades alegaron que incumplían la normativa sobre edificación y contaminación acústica. Se dice que algunas de ellas han vuelto a abrir cuando los inspectores han dado su aprobación [9].
Tras la visita del presidente Paul Kagame al Vaticano el 20 de marzo de 2017, altos funcionarios del Gobierno aludieron con moderación al papel que supuestamente representó la Iglesia católica en el genocidio de 1994. Durante la reunión, el papa Francisco «manifestó su profundo dolor, el de la Santa Sede y el de la Iglesia, por el genocidio contra los tutsis». Citó al papa san Juan Pablo II, que al principio del Gran Jubileo del año 2000 «renovó la imploración de perdón a Dios por los pecados y las faltas de la Iglesia y de sus miembros, entre ellos, sacerdotes, religiosos y religiosas que cedieron al odio y a la violencia traicionando su misión evangélica»[10].
Durante el período estudiado en este informe, se ha observado que normalmente se respetan tanto la libertad de culto como la libertad para llevar a cabo las actividades educativas y sociales de los grupos religiosos. Los incidentes en los que hay musulmanes implicados parecen relacionarse más con la preocupación por los grupos terroristas internacionales que con el deseo de atacar al credo islámico per se. Estos acontecimientos, unidos a lo que parece ser un acercamiento menos agresivo hacia la Iglesia católica, indican que durante el período 2016-2018 el panorama de la libertad religiosa ha mejorado en Ruanda. Probablemente, esta tendencia se mantenga en el futuro próximo.