Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-725-de-noviembre-25-de-2015?documento=jurcol&contexto=jurcol_af308d10cc434c68ade7f4fe9d95b670&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-16 23:05:00
Document Index: 270211981

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 127', 'artículo 127', 'artículo 241', 'artículo 127', 'artículo 4', 'artículo 127', 'artículo 13', 'artículo 127', 'artículo 14', 'artículo 83', 'artículo 21', 'artículo 127', 'artículo 13', 'artículo 100', 'artículo 127', 'artículo 127', 'artículo 100', 'artículo 127', 'artículo 2', 'artículo 80', 'artículo 127', 'artículo 127', 'artículo 127', 'artículo 127', 'artículo 127', 'artículo 127', 'artículo 126', 'artículo 127', 'artículo 128', 'artículo 626', 'artículo 2', 'artículo 127', 'artículo 42', 'artículo 127', 'artículo 127', 'artículo 127', 'artículo 127', 'artículo 127', 'artículo 28', 'artículo 127', 'artículo 100', 'artículo 127', 'artículo 42', 'artículo 127', 'artículo 626', 'artículo 127', 'artículo 130', 'artículo 130', 'artículo 127', 'artículo 126', 'artículo 127', 'artículo 626', 'artículo 135', 'artículo 127', 'artículo 135', 'artículo 127', 'artículo 130', 'artículo 140', 'artículo 135', 'artículo 127', 'artículo 127', 'artículo 127', 'artículo 127', 'artículo 6', 'artículo 127', 'artículo 127', 'artículo 127', 'artículo 100', 'artículo 127', 'artículo 127', 'artículo 140', 'artículo 140', 'artículo 140', 'artículo 140', 'artículo 42', 'artículo 5', 'artículo 68', 'artículo 45', 'artículo 124', 'artículo 14', 'artículo 140', 'artículo 143', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 127', 'artículo 127', 'artículo 140', 'artículo 137', 'artículo 1068', 'artículo 315', 'artículo 127', 'artículo 13', 'artículo 127', 'artículo 127', 'artículo 100', 'artículo 127', 'artículo 127', 'artículo 127', 'artículo 127', 'artículo 127', 'artículo 16', 'Artículo 113', 'artículo 131', 'Artículo 165', 'Artículo 208', 'artículo 209', 'Artículo 210', 'Artículo 211', 'artículo 127', 'Artículo 1', 'artículo 122']

﻿ Sentencia C-725 de noviembre 25 de 2015
SENTENCIA C-725 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2015
CONTENIDO:INHABILITACIÓN DE PERSONAS CONDENADAS A PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD PARA SER TESTIGOS VULNERA DERECHO A LA IGUALDAD. SE ACLARA LO ANTERIOR, YA QUE AL ESTABLECER QUE LOS CONDENADOS A PENAS DE PRISIÓN SUPERIORES A CUATRO AÑOS NO PODRÁN SER TESTIGOS DE MATRIMONIO ANTE JUEZ, SE IMPONE UNA SANCIÓN PERMANENTE A QUIENES SE ENCUENTREN EN ESTA SITUACIÓN, TACHÁNDOLOS DE MANERA INDEFINIDA, CONTRAVINIENDO LA FINALIDAD RESOCIALIZADORA DE LA PENA, PRESUMIENDO SU MALA FE Y SU INCAPACIDAD DE OFRECER CREDIBILIDAD NO OBSTANTE HABER CUMPLIDO SU CONDENA Y HALLARSE REINTEGRADOS A SU ENTORNO SOCIAL. DE ESTA MANERA, NO SE ENCUENTRA QUE LA MEDIDA EXAMINADA SEA EFECTIVAMENTE CONDUCENTE A LA FINALIDAD DE LA MISMA, ORIENTADA A GARANTIZAR LA IDONEIDAD DE LOS TESTIGOS DE MATRIMONIO, PORQUE SACRIFICA GARANTÍAS CONSTITUCIONALES FUNDAMENTALES DE MANERA IRRAZONABLE. POR LOS ARGUMENTOS ANTERIORES SE DECLARA LA INEXEQUIBILIDAD DEL NUMERAL 8 DEL ARTÍCULO 127 DEL CÓDIGO CIVIL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN PÚBLICA DE CONSTITUCIONALIDAD, TESTIGO DEL MATRIMONIO, TESTIGO, CREDIBILIDAD DEL TESTIGO, DERECHO A LA IGUALDAD, RESOCIALIZACIÓN DEL INTERNO
Sentencia C-725 de noviembre 25 de 2015
Ref.: expediente D-10796
Demanda de inconstitucionalidad contra los numerales 8º y 9º del artículo 127 del Código Civil.
Actor: Hanser Sebastián Cubides Rojas.
Bogotá D.C., veinticinco de noviembre de dos mil quince.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad prevista en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano Hanser Sebastián Cubides Rojas, solicita a la Corte que declare la inexequibilidad de los numerales 8º y 9º del artículo 127 del Código Civil.
ART. 127. <Testigos inhábiles>. No podrán ser testigos para presenciar y autorizar un matrimonio:
1. <Numeral derogado por el artículo 4º de la Ley 8ª de 1922>
2. Los menores de dieciocho años.
5, 6, 7. <Numerales inexequibles>.
10. Las personas que no entiendan el idioma de los contrayentes.
En primer lugar, la expresión “Los condenados a la pena de reclusión por más de cuatro años” contenido en el numeral 8º del artículo 127 del Código Civil desconoce el artículo 13 superior puesto que introduce y promueve la discriminación hacia las personas que han sido condenadas a penas privativas de la libertad mayores a cuatro años, impidiéndoles ser testigos en la celebración del matrimonio. Sin embargo, el hecho de que una persona se encuentre condenada, no significa que no pueda, a la igual que las personas no condenadas, percibir la ocurrencia de fenómenos naturales, sociales y económicos, en especial si ocurren dentro de su propia familia o en su círculo cercano, de modo que en ese caso, es posible que él de fe de los mismos y pueda ser considerado como testigo en la celebración del matrimonio.
El numeral 8º (parcial) del artículo 127 del Código Civil puede ser interpretado de dos maneras, ambas violatorias de la Constitución, de acuerdo con el demandante. De un lado se puede entender que la prohibición para ser testigo de matrimonio es vitalicia para los condenados a penas privativas de libertad mayores a cuatro años; de otra parte, puede interpretarse que la prohibición dura solamente el tiempo de la condena.
Si la prohibición fuera vitalicia, se estaría estableciendo una inhabilidad perpetua para actuar como testigo, lo cual significa una privación indefinida de la plena capacidad civil (violación del artículo 14 de la C.P.), sin una causa constitucionalmente admisible para ello lo cual conduciría a un prejuzgamiento de la conducta futura de quien fue condenado, estigmatizando todo acto futuro que el condenado realice y desconociendo el principio de buena fe consagrado en el artículo 83 de la Constitución.
Además, la prohibición de ser testigos de matrimonio, se opone a la función de reinserción social que cumple la pena, pues excluye, asila y menosprecia al condenado, desconociendo su honra (violación del artículo 21 de la C.P.).
De otro lado, el numeral 9º del artículo 127 del Código Civil vulnera el artículo 13 de la Constitución al excluir como testigos a los extranjeros no domiciliados en Colombia. En la época en la que fue redactado el Código Civil no existían los medios de comunicación que encontramos hoy en día ni se había extendido el fenómeno de la globalización. En la actualidad, la distinción entre domicilio y residencia no es fácil de constatar pues las personas viajan constantemente y crean lazos de todo tipo con sujetos de otras latitudes.
La disposición acusada es igualmente contraria al derecho a la personalidad jurídica (art. 14 C.P.) puesto que los extranjeros se ponen en el mismo plano que los inhábiles mentales relativos o absolutos. Resulta contradictorio y violatorio del artículo 100 Superior que el extranjero pueda contraer matrimonio en nuestro territorio pero no pueda servir de testigo en estos casos.
Le asiste razón al demandante en su solicitud de inexequibilidad de los numerales 8º y 9º del artículo 127 del Código Civil, porque son disposiciones que contienen medidas discriminatorias contra las personas condenadas a penas privativas de la libertad mayores a cuatro años y contra los extranjeros no domiciliados en Colombia. En efecto, estas personas, por encontrarse en estas condiciones, no pierden la capacidad de dar cuenta de los fenómenos y situaciones que ocurren a su alrededor o en su entorno cercano.
Con relación al numeral 9º del artículo 127 del Código Civil, la exclusión de los extranjeros no domiciliados en Colombia para ser testigos de matrimonio viola el derecho a la igualdad por discriminar al extranjero y no tiene en cuenta los avances en materia social, cultural, jurídica y de protección de los derechos humanos que se han alcanzado en la actualidad. Lo anterior también desconoce la voluntad del Constituyente plasmada en el artículo 100 Superior que quiso otorgar los mismos derechos civiles a nacionales y extranjeros.
Mediante escrito presentado por Abel Fernando Hernández Camacho, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicita a la Corte declarar la inexequibilidad del numeral 9º del artículo 127 del Código Civil.
Respecto del domicilio, el artículo 2º de la Ley 43 de 1993 señala que se trata de la residencia en Colombia acompañada del ánimo de permanecer en el territorio nacional de acuerdo con las normas pertinentes del Código Civil. Así las cosas, un extranjero se encuentra domiciliado en Colombia cuando se encuentra legalmente en el territorio nacional y cuenta por ello con un permiso de estadía o visa; también cuando el extranjero es titular de una visa, en las situaciones contenidas en el artículo 80 del Código Civil, es decir, que suponen una presunción de permanecer en el territorio; y cuando el extranjero es titular de una visa de residente.
Conforme a lo anotado, el interviniente estima que es inexequible el numeral 9º del artículo 127 del Código Civil ya que todas las personas, por el hecho de serlo, son titulares de la personalidad jurídica independientemente de si son nacionales o extranjeros o si están o no domiciliados en Colombia.
Luis Manuel Castro Novoa, Defensor delegado para los asuntos constitucionales y legales de la Defensoría del Pueblo, presenta concepto en el proceso de la referencia solicitando la exequibilidad condicionada del numeral 8º y la inexequibilidad del numeral 9º del artículo 127 del Código Civil.
Teniendo en cuenta el precedente jurisprudencial y en particular la sentencia C-230 de 2003, el interviniente señala respecto del numeral 8º del artículo 127 del Código Civil, que el legislador, en el marco de su margen de configuración, puede establecer inhabilidades respecto de ciertas personas para que sirvan de testigos en la celebración de negocios jurídicos específicos, con el fin de garantizar la idoneidad del sujeto que va a dar fe sobre la ocurrencia de los mismos, en consideración a las implicaciones jurídicas tanto en el ámbito público como en el privado. En este orden de ideas, la prohibición que consagra el numeral 8º es razonable y proporcionada porque no resulta arbitrario que el legislador excluya a personas condenadas de la posibilidad de servir como testigos en la celebración de un matrimonio, “pues tal exclusión se fundamenta en el hecho de que estas personas cometieron una conducta social y jurídicamente reprochable y, por ende, el ordenamiento jurídico puede restringir su participación en ciertos escenarios y de manera temporal”. No es por lo demás una limitación excesiva sino limitada a una actividad y a un contexto específicos.
Respecto del numeral 9º del artículo 127 del Código Civil, la Defensoría no encuentra razón alguna que justifique la prohibición de que los extranjeros no domiciliados en Colombia no puedan ser testigos de matrimonio. En primer lugar, el interviniente constata que la diferenciación entre extranjeros y nacionales no obedece a razones de orden público, ya que se trata de la celebración de un acto jurídico determinado entre particulares. De otro lado, es una medida irrazonable porque los extranjeros no domiciliados en Colombia no por esta razón carecen del juicio suficiente que les permitan dar fe de la celebración de un matrimonio. Lo realmente relevante es que estas personas conozcan la situación de los contrayentes, no que se encuentren o no domiciliados en el territorio nacional.
El presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, designó al señor Jesael Antonio Giraldo Castaño, para elaborar el concepto en nombre de dicha institución, en el que se solicita a la Corte declararse inhibida para dictar sentencia de fondo sobre la demanda formulada contra los numerales 8º y 9º del artículo 127 del Código Civil.
A diferencia del matrimonio ante notario, el matrimonio ante juez requería la presencia de varios testigos, cuyos nombres y vecindad debían ser indicados en la solicitud de matrimonio, para que declararan sobre las cualidades necesarias de los contrayentes para contraer matrimonio y de otros dos testigos hábiles previamente juramentados cuya presencia y autorización era necesaria en la diligencia de celebración. Con relación a lo anterior, el artículo 127 trae un listado de personas que son inhábiles para presenciar y autorizar un matrimonio —aunque los numerales 5º, 6º y 7º fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en sentencia C-401 de 1999. Anteriormente, la falta de testigos presenciales viciaba de nulidad subsanable el matrimonio civil.
Resalta la intervención, que el nuevo Código General del Proceso derogó la expresión “con la presencia y autorización de dos testigos hábiles, previamente juramentados” del artículo 126 por lo que quedó suprimida la exigencia de testigos presenciales para la celebración de matrimonio y por ello se debe entender que quedó tácitamente derogado la totalidad del artículo 127 del Código Civil sobre inhabilidad de testigos. Se advierte igualmente que, derogado el artículo 128 del Código Civil por el artículo 626 literal a) de la Ley 1564 de 2012, ya no se prevén requisitos para la celebración del matrimonio por lo que deben aplicarse por analogía los del matrimonio ante notario. Tales derogatorias también han provocado la derogatoria tácita de la causal de nulidad del artículo 2º numeral 13 de la Ley 57 de 1887 ya que no se requieren testigos. Estima el interviniente que ha sido desafortunado el olvido del legislador al no derogar los artículos que se referían a las inhabilidades de los testigos y a la firma de estos en el acta, cuando previamente ya se había derogado la exigencia de testigos presenciales y de la idoneidad de los contrayentes, previstos en los artículos 126 y 128, respectivamente.
Sin embargo, si se llegara a considerar que las mencionadas normas no han sido derogadas, se solicita a esta corporación que declare la inconstitucionalidad del artículo 127 y de la expresión “testigos” contenida en los artículos 135 y 137 del Código Civil, por integración normativa. Esto por cuanto si la finalidad de los testigos presenciales es verificar que los contrayentes expresan su consentimiento —ya que la inexistencia de impedimentos la ponían en conocimiento los testigos de idoneidad—, estas normas carecen de justificación objetiva y razonable porque el juez puede verificar directamente si los contrayentes están expresando su voluntad libre y espontáneamente para unirse en matrimonio. De lo contrario, se estaría obstaculizando el goce del derecho a conformar una familia en los términos del artículo 42 de la Constitución y de los tratados internacionales que consagran igualmente este derecho. Del mismo modo, se violaría el derecho la igualdad porque el matrimonio civil ante notario no exige testigos a lo cual se suma que es más garantista el matrimonio ante juez porque este, a diferencia del notario, es un funcionario con potestad jurisdiccional incluso para resolver oposiciones al matrimonio.
Ahora bien, de no acoger la Corte los anteriores planteamientos, deberá declarar la inconstitucionalidad del numeral 8º del artículo 127 del Código Civil por cuanto se aplica una discriminación irrazonable, desproporcionada e injustificada a las personas condenadas, que no por ello deben ser consideradas como inhábiles para servir como testigos, más aún cuando los códigos procesales no contemplan dicha inhabilidad y teniendo en cuenta que hoy en día ya no se aplica el método de valoración probatoria de tarifa legal sino de la apreciación racional de la prueba. Así, la disposición acusada desconoce el derecho a la igualdad y a la personalidad jurídica.
Respecto de la demanda contra el numeral 9º del artículo 127 del Código Civil, se aclara que en este caso el legislador no ha establecido una medida irrazonable e injustificada ya que, de acuerdo con la jurisprudencia, el reconocimiento de los derechos de los extranjeros no implica que esté prohibido regular un tratamiento diferenciado con respecto a los nacionales.
El académico Carlos Fradique Méndez, por encargo de la Academia Colombiana de Juristas, formuló concepto en nombre de dicha institución, en el cual solicita a la Corte que declare la exequibilidad de los numerales 8º y 9º del artículo 127 del Código Civil.
Juan David Gómez Pérez, en su condición de profesor del Departamento de Derecho Civil de la Universidad Externado de Colombia, presenta concepto que sustenta la exequibilidad condicionada del numeral 8º y la exequibilidad del numeral 9º del artículo 127 del Código Civil.
Si se trata de un debate de validez, los numerales 8º y 9º del artículo 127 del Código Civil deben ser declarados constitucionales ya que el legislador cuenta con un margen de configuración legítimo para regular el ejercicio de libertades civiles.
Específicamente respecto del numeral 8º (parcial), es cierto que pueden existir dos interpretaciones de la norma o bien, que tal y como se encuentra redactada, no es posible discernir si se trata de una inhabilidad temporal o perpetua. En el segundo caso se estaría desconociendo la Constitución que prohíbe la existencia de penas irredimibles tal y como se desprende del artículo 28 Superior. Por lo anterior será conveniente aclarar el sentido de esta disposición condicionando la exequibilidad de la misma a que “la inhabilidad para rendir el testimonio de los sujetos que cumplan con el supuesto de hecho de la disposición demandada, únicamente se entiende vigente, mientras lo esté también la pena impuesta en la condena; una vez se cumpla con la pena principal, habrá de seguir esta sanción accesoria, la misma suerte”.
De otro lado, el numeral 9º del artículo 127 del Código Civil, se ajusta perfectamente a la Constitución porque es acorde con el artículo 100 Superior que invoca el propio demandante. En efecto, la Carta Política señala que los extranjeros y los nacionales gozan de los mismos derechos “salvo las limitaciones que establezcan la Constitución y la ley”. En este caso, el legislador consideró que la ausencia de domicilio en el país llevaba a la falta de conocimiento de la ley colombiana y sus específicos alcances y también de la relación de la pareja, por lo que no le sería posible dar fe de la certeza, condiciones y aptitudes exigidas para los contrayentes.
Mediante escrito radicado en esta corporación en la oportunidad procesal correspondiente, el Procurador General de la Nación presentó el concepto previsto en los artículos 242-2 y 278-5 de la Constitución, en el que solicita a la Corte la exequibilidad condicionada del numeral 8º y la exequibilidad del numeral 9º del artículo 127 del Código Civil.
La medida descrita no es fruto del capricho del legislador y es coherente con el artículo 42 Superior que concede relevancia al matrimonio como una de las formas idóneas de constituir familia. De este modo, la determinación de establecer inhabilidades se da porque ciertas personas se encuentran en imposibilidad de atestiguar que en los contrayentes se dan las condiciones y aptitudes que exige la ley. Por ejemplo, los interdictos por demencia o que se hayan(sic) privados del uso de la razón, no pueden servir como testigos a los fines que persigue la ley. Igualmente los condenados a más de cuatro años de pena privativa de la libertad en prisión y los extranjeros no domiciliados en Colombia, no pueden ser testigos de matrimonio “por falta de inmediatez necesaria con el actuar y la cotidianidad de los contrayentes que hace imposible o, por lo menos, muy difícil, declarar con un aceptable grado de certeza sobre las condiciones que a ellos les son exigidas por la ley para la celebración del matrimonio”.
Sin embargo, el representante del Ministerio Público señala que es necesario hacer una aclaración respecto de la doble interpretación de la que puede ser objeto el numeral 8º del artículo 127 del Código Civil. Para la Procuraduría la única interpretación posible es que la inhabilidad permanece mientras dure la pena y por en este sentido debe condicionarse la norma acusada.
Asuntos preliminares: de la vigencia de las disposiciones acusadas
2. Uno de los intervinientes sugiere que las normas demandadas en el presente caso han sido derogadas tácitamente por el artículo 626 literal a) del Código General del Proceso que expulsó expresamente del ordenamiento jurídico varias expresiones y disposiciones del título IV, contenido en el libro I del Código Civil. Así, si bien la Ley 1564 de 2012 mantuvo el artículo 127, cuyos numerales 8º y 9º son objeto de la presente demanda, las derogatorias de varias de las normas del Título que regula la institución del matrimonio civil ante juez, permitirían concluir, según el referido concepto, que la exigencia de testigos de las cualidades y de los testigos presenciales fue eliminada, razón por la cual el régimen de inhabilidad de los mismos deviene innecesario e inexistente.
“a) A partir de la promulgación de esta ley quedan derogados: artículos 126, 128, la expresión “y a recibir declaración a los testigos indicados por los solicitantes” del 129, 130, 133, la expresión “practicadas las diligencias indicadas en el artículo 130” del 134, las expresiones “y no hubiere por este tiempo de practicar las diligencias de que habla el artículo 130” y “sin tales formalidades” del 136 y 202 del Código Civil” […](1)
3. Considerando lo anterior, la Corte estima necesario realizar un análisis de vigencia de los numerales 8º y 9º del artículo 127 del Código Civil con el fin de determinar si las normas fueron efectivamente derogadas de manera tácita por el Código General del Proceso.
Así las cosas, el artículo 126 del Código determinaba la competencia del juez que debía celebrar el matrimonio en los siguientes términos: “El matrimonio se celebrará ante el juez del distrito de la vecindad, con la presencia y autorización de dos testigos hábiles, previamente juramentados”(2).
Ahora bien, el artículo 127 establece el régimen de inhabilidades de los testigos de matrimonio —en general, es decir sin distinguir entre testigos de cualidades y presenciales—.
En efecto, las modificaciones introducidas por el artículo 626 literal a) del Código General del Proceso fueron justificadas en el pliego de modificaciones del cuarto debate del Proyecto de Ley 159 de 2011 Senado/196 de 2011 Cámara, en los siguientes términos: “Al listado de normas que estaban incluidas en el texto aprobado en comisión primera se le incluyeron otras, por estar en conflicto con las reglas previstas en el código, recogidas dentro de las modificaciones propuestas para el debate en plenaria, concebidas para un sistema incompatible con la oralidad, o pensadas para una pluralidad de especialidades de la jurisdicción ordinaria que no subsiste con la reforma. Las normas que se derogan se clasificaron en dos grupos, de acuerdo con la gradualidad de la entrada en vigencia del sistema previsto en el Código General del Proceso”. (Gaceta del Congreso 261 de 2012. Pliego de Modificaciones, Informe para el cuarto debate del Proyecto de Ley 159 de 2011 Senado/196 de 2011 Cámara)(3).
Por otra parte, resulta necesario advertir que si bien se derogaron los artículos relativos a la competencia del juez municipal y algunos de los requisitos y formalidades previos a la celebración del matrimonio, se mantuvo la disposición que regula en concreto la manera como debe celebrarse el enlace —artículo 135 del código. De este modo, la vigencia del artículo 127 es congruente con la del artículo 135 del Código Civil, que establece que el matrimonio se celebrará en presencia del juez, el secretario y dos testigos. Así, si en el momento de la celebración del matrimonio se requiere la presencia de dos testigos, tiene sentido que exista una norma, como el artículo 127, que establezca los requisitos de habilidad de dichos testigos.
Tal y como se encontraba regulada la materia antes de las derogatorias introducidas por la Ley 1564 de 2012, se podían distinguir dos tipos de testigos, los de cualidades y los testigos presenciales. Los testigos de cualidades, a los que se refería el artículo 130 eran, como se indicó anteriormente, aquellos a quienes el juez interrogaba previamente al matrimonio para ilustrar su juicio y probar que los contrayentes no se encontraban incursos en las causales de nulidad descritas en el artículo 140 del Código Civil(4). De otro lado, los testigos presenciales son los que asisten a la ceremonia en los términos descritos en el artículo 135 del Código. Nada impedía —antes de la reforma introducida por el Código General del Proceso— que los testigos de conocimiento sirvieran también como testigos presenciales, pero no necesariamente coincidían(5). De otro lado, el artículo 127, que establece las inhabilidades de los testigos, no diferencia entre ambos tipos de testigos para efectos de determinar quién puede fungir como tal.
Si bien algún sector de la doctrina ya había planteado en el pasado que la inhabilidad del artículo 127 del Código Civil sólo aplicaba para los testigos presenciales(6). A pesar de ello, de la sentencia C-401 de 1999, que declaró la inexequibilidad de los numerales 5, 6 y 7 del artículo 127 del Código Civil, se desprende que en su momento, la Corte, consideró que el régimen de inhabilidades también se aplicaba a los testigos de las cualidades. Sea como sea, el hecho de que se hayan eliminado los testigos de cualidades, no supone la derogatoria tácita del artículo 127, porque en todo caso permanece la exigencia de celebrar el matrimonio ante testigos presenciales y es respecto de los mismos que subsiste el requisito de habilidad determinado en la norma acusada en el presente caso, la cual como se mencionó, no diferencia entre testigos de cualidades y presenciales. Más aún, el enunciado de la norma establece que “no podrán ser testigos para presenciar y autorizar matrimonio […]” (subrayado fuera del texto) con lo cual queda claro que este enunciado se refiere a los testigos presenciales.
Este mecanismo excepcional previsto en el artículo 6º del Decreto 2067 de 1991 procede únicamente: (1) cuando las expresiones demandadas no tienen un sentido claro y unívoco por sí mismas, es decir fuera del contexto de la norma por lo que se requiere incluir en el juicio constitucional otros enunciados normativos para tener una proposición jurídica completa; (2) cuando, teniendo las disposiciones demandas un sentido autónomo, igual se requiere hacer referencia a otros elementos normativos contenidos en normas no demandadas que tienen con las primeras una relación “íntima e inescindible” razón por la cual, para evitar una sentencia inocua, es necesario extender a las mismas el examen de constitucionalidad; (3) esto también sucede cuando respecto de estas normas —no demandadas— existe una sospecha de inconstitucionalidad(7).
Por esta razón el examen de constitucionalidad de la Corte se restringirá a los numerales 8º y 9º del artículo 127 del Código Civil.
8. Se debate en el presente caso la inconstitucionalidad del numeral 8º (parcial) y del numeral 9º del artículo 127 del Código Civil con fundamento en que el demandante considera injustificada la exclusión de las personas condenadas a penas de reclusión mayores a cuatro años y de los extranjeros no residentes en Colombia para fungir como testigos de matrimonio civil ante juez.
De un lado, la expresión acusada en el numeral 8º del artículo 127 del Código Civil puede ser objeto de dos interpretaciones, ambas inconstitucionales desde la perspectiva del actor. Como una inhabilitación perpetua para que las personas condenadas a más de cuatro años de prisión puedan ser testigos de matrimonio, o como una inhabilitación temporal durante el periodo en el que dure la condena. En cualquier caso, se trata de una disposición contraria a la Constitución porque viola el derecho a la igualdad y a la honra de los condenados a penas de cárcel mayores a cuatro años quienes, no por el hecho de encontrarse presos, pierden la facultad de percibir los fenómenos que los rodean y dar fe de las relación de los contrayentes ante el juez que celebra el matrimonio civil. Por lo demás, la diferencia con los condenados a menos de cuatro años de pena de reclusión, que no se encuentran inhabilitados por la norma acusada, es irrazonable según el actor. Asimismo, no resulta constitucional que se establezca esta prohibición para los condenados a más de cuatro años de pena privativa de la libertad teniendo en cuenta que hay quienes han sido condenados a penas mucho mayores pero que, por diversas razones, han sido beneficiarios de una reducción de penas.
De otra parte, el numeral 9º del mismo artículo es inconstitucional porque establece una diferencia no justificada entre nacionales y extranjeros, no obstante el artículo 100 Superior prevea que los extranjeros tendrán los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos. A lo anterior se agrega que, con el desarrollo de las nuevas tecnologías y la evolución del proceso de globalización, a las personas se les facilita viajar y entrar en contacto con otros individuos, además no siempre existe un lugar definido de domicilio.
Algunas intervenciones sugieren a la Corte declarar la exequibilidad condicionada del numeral 8º del artículo 127 del Código Civil, en el entendido que la inhabilitación para ser testigo de matrimonio, operará únicamente durante el tiempo de la condena. En efecto, estiman que sería contrario a la Constitución establecer inhabilidades perpetuas.
Alcance de la facultad del legislador para regular la institución del matrimonio civil ante juez
Así las cosas, la familia como elemento esencial y constitutivo de la sociedad, preexistente al propio ordenamiento jurídico, goza de especial protección y es por ello que el matrimonio, como una de las formas de constituirla, se considera una institución de orden público, esto por cuanto sus formalidades y efectos —personales y patrimoniales—, son determinados por la ley y no pueden ser modificados por las partes.
Constituir una familia y contraer matrimonio, son en sí mismos derechos fundamentales(8) que se asocian a su vez con un entramado de derechos tales como la dignidad humana, la autodeterminación, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad y la intimidad. A pesar de su rango fundamental, el derecho a constituir una familia, tal como se indicó arriba, se encuentra sometido a las precisas condiciones que establezca el legislador para su ejercicio. Asimismo, el constituyente previó que la ley civil regularía las formas de matrimonio, la edad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo.
“Reservar a la “ley” la regulación de los aspectos centrales del matrimonio es pues, un desarrollo de los principios fundamentales de un estado social y democrático de derecho, que tiene dentro de sus funciones esenciales “garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes” constitucionales y “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan”. El derecho a “contraer matrimonio” es constitucional y es fundamental. Además, constituye una de las formas más importantes de ejercer la libertad de fundar una familia. La decisión constitucional de reservar a la ley la regulación del matrimonio conlleva la defensa de un espacio propio de decisión que corresponde al legislador, de tal suerte que se impida a otros poderes del Estado desconocerlo. Esto ocurriría, por ejemplo, si otra autoridad tratara de expedir una regulación sobre alguno de los temas específicamente objeto de la reserva legal (fijar las formas de matrimonio, los derechos y deberes de los cónyuges, etc.)”(9).
Cabe reiterar que el matrimonio produce efectos personales y patrimoniales de gran trascendencia. De un lado, los efectos personales remiten al conjunto de derechos y obligaciones que se originan para los cónyuges entre sí y respecto de sus hijos, tales como la obligación de fidelidad, socorro y ayuda mutua y convivencia. Por otra parte, los efectos patrimoniales suponen la creación de la sociedad conyugal o sociedad de bienes(10). Dichos efectos son tan importantes para la sociedad, que es preciso que sean regulados en la ley, la cual debe establecer los mecanismos necesarios para rodear de garantías el consentimiento de los cónyuges, elemento esencial del matrimonio y fuente de los derechos y obligaciones que de este se desprenden. Así, la regulación confiada al legislador de un lado, limita la interferencia de otros poderes públicos y, por otra parte, supone que las partes acepten y se sometan también a las normas de orden público que gobiernan el matrimonio.
Atendiendo la reserva de ley en estas materias, el matrimonio y sus formalidades se encuentran reguladas en el título IV del libro I en el Código Civil, que lo define como un contrato solemne, en el que converge la voluntad de los contrayentes dirigida a producir efectos jurídicos y en el que el consentimiento es expresado frente a la autoridad competente(11).
Para efectos del caso que se examina en la presente ocasión, resulta importante repasar la sentencia C-401 de 1999(12) que examinó la constitucionalidad de tres de los numerarles del artículo 127 del Código Civil sobre testigos inhábiles —el 5 que hacía referencia a los ciegos, el 6 a los sordos y el 7 a los mudos—, declarándolos inexequibles. La demanda que se examinaba en aquella ocasión, reprochaba una violación del derecho a la igualdad por consagrar una discriminación en desventaja de las personas limitadas físicamente como los ciegos, sordos y mudos, que el legislador no consideraba como testigos válidos de un matrimonio civil. La sentencia estimó que estas personas sí podían deponer e ilustrar el juicio frente al funcionario competente respecto de las situaciones enunciadas en el artículo 140 del Código Civil. Lo anterior se expresó en los siguientes términos:
Adicionalmente, la sentencia consideró, que no solo se desconoce el derecho a la igualdad al discriminar de manera injustificada a las personas ciegas, sordas y mudas, sino que se vulnera también el postulado de la buena fe (C.P., art. 83):
Por su parte, la Sentencia C-082 de 1999(13), estudió una demandan presentada contra el numeral 7º del artículo 140 del Código Civil, que disponía como causal de nulidad del matrimonio “Cuando se ha celebrado entre la mujer adúltera y su cómplice, siempre que antes de efectuarse el matrimonio se hubiere declarado, en juicio, probado el adulterio” por el desconocimiento del derecho a la igualdad, a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad. Si bien la providencia reconoció el margen de acción del Legislador en materia de regulación del matrimonio, consideró en aquella ocasión que violaron postulados constitucionales y que la medida examinada era irrazonable porque resultaba discriminatoria para las mujeres:
Otra sentencia que evaluó la posible extralimitación en la facultad del legislador de regular la institución matrimonial por el desconocimiento del derecho a la igualdad, fue la C-112 de 2000(14), en la que la Corte se planteó el problema de establecer si la ley podía preferir el lugar de residencia de la mujer al del hombre, para fijar la competencia del funcionario sin violar la igualdad entre los sexos. Aunque la sentencia reconoció el amplio margen del Legislador para determinar las competencias y regular la forma del matrimonio, aclaró que dicha libertad no es absoluta. En este sentido, estimó que no existía ninguna finalidad que justificara asignar la competencia al juez del lugar de residencia del cónyuge de un determinado género. En palabras de la Corte:
“13. No existe pues una razón clara, en la tradición civilista colombiana, que explique la preferencia del domicilio de la mujer. Y las razones hipotéticas que pueden aducirse resultan todas inadmisibles constitucionalmente, en la medida en que perpetúan estereotipos contra la mujer. Así, algunos podrían considerar que, en la medida en que esa norma data del siglo pasado, época en que la mujer casada era jurídicamente incapaz, y debía seguir en su domicilio al marido, entonces la decisión legislativa de ordenar que el matrimonio se celebre en el vecindario de la futura esposa, pretendía proteger a la mujer, por los graves efectos que el vínculo matrimonial tendría en su autonomía. Otros podrían argumentar que esa disposición deriva del hecho de que la tradición social señala que corresponde a los padres de la esposa sufragar los gastos de la ceremonia nupcial, por lo cual ésta debe adelantarse en la residencia de la mujer. Pero es obvio que ese tipo de eventuales justificaciones son inadmisibles, en un ordenamiento constitucional que reconoce la igualdad entre los sexos (C.P., arts. 13 y 43).
La Sentencia C-1440 de 2000(15) también analizó la posible violación del derecho a la igualdad de la mujer con relación a los artículos 173 y 174 del Código Civil, declarándolos inexequibles al no encontrar justificación ni razonabilidad alguna en las medidas que restringían la posibilidad de la mujer embarazada para contraer segundas nupcias:
En la Sentencia C-007 de 2001(16) se examinó la constitucionalidad del numeral 6 del artículo 140 del Código Civil, considerando que la causal de nulidad consistente en “Cuando no ha habido libertad en el consentimiento de la mujer, por haber sido ésta robada violentamente, a menos que consienta en él, estando fuera del poder del raptor” desconocía los artículos 13, 16, 18, 42 y 43 la Constitución. En aquella ocasión la Corte extendió la medida no solo a las mujeres sino también a los hombres,
La sentencia C-482 de 2003(17), estudió la constitucionalidad del artículo 140 del Código Civil que preceptúa que “el matrimonio es nulo y sin efectos”, entre otros casos, en la hipótesis prevista en su numeral 11, a saber: “cuando se ha contraído entre el padre adoptante y la hija adoptiva, o entre el hijo adoptivo y la madre adoptante, o la mujer que fue esposa del adoptante” considerando que desconocía el derecho a la igualdad por establecer una diferencia de géneros. También en este caso, la medida fue extendida a los hombres al declarar la norma exequible condicionada considerando:
La Sentencia C-344 de 1993(18), que examinó una demanda contra los artículos 117, 124, y 1266 ordinal 4 del Código Civil, planteó que conforme al artículo 42 Superior, es la ley la encargada de regular la edad y la capacidad para contraer matrimonio, por lo cual, exigir el permiso de los padres a los menores adultos que deseen contraer matrimonio, no contraviene la Constitución, en efecto,
a) Según el artículo 5º, "El Estado... ampara a la familia como institución básica de la sociedad". Este amparo tiene que comenzar por defender su estructura básica, uno de cuyos componentes es la autoridad de los padres.
b) El inciso cuarto del artículo 68 reconoce a los padres de familia el "derecho de escoger el tipo de educación de sus hijos menores". Y cabe preguntarse: si pueden escoger el tipo de educación de los menores, ¿por qué considerar excesivo el que se pida su permiso para casarse?
c) De conformidad con el artículo 45, inciso primero, "El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral". ¿Acaso tal derecho del adolescente no implica el reconocer a los padres la facultad de desaconsejar el matrimonio, en general, y especialmente cuando éste es ostensiblemente inconveniente?
3. La autoridad, en consecuencia, no ha desaparecido en la familia. Otra cosa es que deba ser una autoridad racional, que es la que se ejerce en bien de quien la soporta. En este caso, en bien del hijo menor de edad” […].
En tiempos recientes la Corte realizó un nuevo juicio, en particular respecto de la sanción por desheredamiento contenida en el mismo artículo 124 del Código Civil, otorgando un peso mayor a los derechos a la intimidad familiar y al libre desarrollo de la personalidad jurídica , por consiguiente, declarando inexequible la expresión “Si alguno de estos muriere sin hacer testamento, no tendrá el descendiente más que la mitad de la porción de bienes que le hubiere correspondido en la sucesión del difunto”. En la Sentencia C-552 de 2014(19) se estimó que resultaba “contradictorio e inconstitucional” que, por un lado, la ley otorgara plenos efectos civiles al matrimonio entre menores adultos y, por otra parte, impusiera una sanción civil a los mismos cuando no hubiesen obtenido el consentimiento de un ascendiente. Efectivamente, este asunto:
“(i) corresponde a la intimidad de la familia (15 C.P.) y (ii) restringe injustificadamente el derecho al libre desarrollo de la personalidad del legitimario (16 C.P.), al desbordar el límite autoimpuesto por el menor de edad —casarse bajo el supuesto de una eventual sanción civil por parte de su ascendiente— más no que la ley suplante al agraviado e imponga la pena económica.
En la Sentencia C-1264 de 2000(20) la Corte consideró que no era contrario a la Constitución que los padres o ascendientes de los menores adultos que contrajeran matrimonio sin permiso de los mismos, revocaran las donaciones realizadas antes de su celebración ya que por el hecho del matrimonio, el menor adquiere capacidad legal plena —en los términos del art. 14 C.P.— para poder disponer de sus bienes. Ni la validez del contrato de matrimonio ni la del contrato de donación se afectan por la ausencia de permiso. En esta sentencia se reiteró que a la ley le compete fijar las obligaciones y derechos entre padres e hijos de acuerdo con lo consagrado en los artículos 42 y 44 superiores. Se estimó que tampoco resultaban vulnerados los artículos 16 y 18 de la Constitución por desconocer el derecho a la autodeterminación del menor y su libertad de conciencia ya que no se establecía propiamente una prohibición para que el menor contrajera matrimonio, sino una autorización para que el donante pudiera revocar las donaciones si así lo consideraba conforme a sus convicciones y para proteger al omiso de su inexperiencia. Aunque la norma puede disuadir al menor de casarse, la decisión de revocar las donaciones es una interferencia razonable de padres o ascendientes “atendiendo la falta de madurez emocional del menor y la responsabilidad que implica conformar una familia”. La sentencia advirtió:
“Si bien es cierto que el varón mayor de catorce años y la mujer mayor de doce, han alcanzado un desarrollo físico apropiado para la convivencia y la procreación, también lo es que no han adquirido aún la mayoría de edad que permite presumir que sus decisiones sean producto de una personalidad reflexiva —art. 1502 C.C.—. Por lo tanto, así sus condiciones físicas y sus convicciones les permitan elegir el estado matrimonial, a sus padres les asiste todavía el deber y la obligación correlativa de guiarlos en el ejercicio de su libertad y la posibilidad cierta de hacerlos recapacitar respecto de sus decisiones —Ley 12 de 1991, Convención Sobre Derechos del Niño, artículo 14 numeral 2—.[6]
Tampoco se desconoce el derecho a la intimidad familiar (art. 15 C.P.) por cuanto el proceso de revocación de la donación sólo interesa a las partes. En general, la Corte consideró, en el citado fallo, que la institución regulada en el código no desconocía los principios inspiradores de la familia protegidos y garantizados por la Constitución, sino que, por el contrario desarrollaba los postulados de dignidad humana, los derechos inalienables de la persona y la protección que el Estado y la sociedad deben a la familia como institución básica y núcleo fundamental de la sociedad —arts. 1º, 5º y 42 C.P.—,
Por su parte, la Sentencia C-507 de 2004(21) analizó una de las causales de nulidad dispuestas en el artículo 140 del Código Civil, la cual disponía que era nulo el matrimonio celebrado entre mujer menor de doce años y varón menor de catorce años. En esta ocasión la Corte estimó que la diferencia entre hombres y mujeres en la disposición acusada era violatoria de la Constitución, desamparaba a la mujer y no se apoyaba en ninguna finalidad válida que la justificara. De este modo, al establecer que la mujer podía contraer matrimonio a los 14 años, al igual que el varón, se pretendió preservar los derechos de las adolescentes y asegurar que tenían la madurez necesaria para poder tomar dicha decisión,
La importancia que tiene el consentimiento en el matrimonio y la consecuente necesidad de garantizar que el mismo sea libre y, por consiguiente vinculante, es decir, que tenga efectivamente la capacidad de crear el nexo jurídico, fue un asunto también examinado en la Sentencia C-588 de 2000(22). En esta providencia, se analizó una demanda de inconstitucionalidad formulada contra los artículos 140 numeral 5º y 145 del Código Civil, por considerar que al permitir que en el matrimonio el vicio de fuerza en el consentimiento sea subsanado por ratificación expresa o por la sola cohabitación de los consortes, las normas desconocían la Constitución al tolerar una violación de los derechos fundamentales a la libertad, a la intimidad, y al libre desarrollo de la personalidad. La sentencia señaló lo siguiente:
“La expresión del consentimiento no es pues un mero acto ritual en el cual las formalidades hacen surgir las obligaciones. Estas formalidades tampoco son la esencia del matrimonio. De ser así, no podría sanearse la nulidad del matrimonio generada por falta de celebración ante juez y testigos competentes(23). El consentimiento es, en cambio, la única causa de las obligaciones conyugales y por ello debe ser claro, libre e incondicional en el sentido de aceptar al otro como esposo o esposa. Por eso las diversas legislaciones postulan exigencias relativas a la capacidad y madurez de los contrayentes y así mismo los protegen del error en el que puedan incurrir. Dentro de este contexto se ubica también la norma bajo examen, que pretende garantizar un consentimiento matrimonial libre de fuerza”.
Ahora bien, en la Sentencia C-008 de 2010(24), se consideró contrario a la Constitución, y en particular al libre desarrollo de la personalidad, la prohibición de solicitar la nulidad del matrimonio contraído por mujer impúber cuando esta hubiese quedado embarazada, tal y como lo prescribía el artículo 143 del Código Civil, por cuanto esta disposición limitaba el ámbito de autonomía de las mujeres impúberes:
“Estima la Corte, entonces, que la prohibición de solicitar la nulidad del matrimonio entre impúberes o del contraído por mujer impúber como consecuencia de haberse presentado la concepción, implica una restricción injustificada del derecho al libre desarrollo de la personalidad de estos niños y niñas. Tal limitación trae especiales consecuencias negativas en el derecho a la libre autodeterminación de la niñas impúberes grávidas. Estas niñas suelen permanecer al albur de sus maridos quienes resuelven si ellas deben o no visitar al médico; si ellas deben o no tener contacto con sus familiares y amigos; si ellas deben o no proseguir sus estudios. En suma: impedir que se solicite la nulidad del matrimonio contraído entre impúberes —o púberes dentro de los tres meses siguientes a su llegada a la pubertad—, que han concebido así como la nulidad del matrimonio contraído con una mujer impúber —o púber dentro de los tres meses siguientes a su llegada a la pubertad— que ha concebido, significa despojar a los y a las impúberes de un instrumento valioso para ejercer su derecho a decidir de manera libre y autónoma y termina dejándoles abandonados a su propia suerte”.
En otras sentencias, como en la C-448 de 2015(25), que examinó la constitucionalidad de la revalidación del matrimonio celebrado in extremis, la Corte consideró que es tal la importancia del consentimiento que es válido y razonable solicitar la revalidación del matrimonio cuando no ocurre la muerte en los cuarenta días siguientes a la primera celebración. De este modo, se garantiza que las partes, liberadas de la inminencia de la muerte, puedan dar su consentimiento libre sometiéndose a las formalidades exigidas por el código para permitir la oposición de terceros. En este sentido:
Ahora bien, la jurisprudencia ha reconocido la necesidad de garantizar el consentimiento libre de los cónyuges en el contrato matrimonial. Como se anotó antes, el consentimiento es el elemento fundamental del matrimonio y del mismo se derivan los derechos y las obligaciones de las partes por lo que, en principio, se han admitido las normas orientadas a asegurar que ese consentimiento sea libre y carente de vicios, así pueda suponer ciertas limitaciones, por supuesto no irrazonables, para los derechos de las partes, pero también se se(sic) han excluido las disposiciones que limitan el ámbito de libertad de las partes para decidir si desean o no contraer matrimonio o permanecer casadas.
Parámetro de control: el derecho a la igualdad
16. El derecho fundamental a la igualdad, es uno de los pilares fundamentales del Estado social y democrático de derecho y se encuentra consagrado en el artículo 13 Superior y en tratados internacionales ratificados por Colombia como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscrito en 1966 (arts. 2º y 3º), aprobado mediante la Ley 74 de 1968, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) suscrita en 1969 (art. 24), aprobada mediante la Ley 16 de 1972.
Es el legislador el competente para establecer el grado de protección que necesitan grupos de personas comparables y el juez, en estos casos, sólo está llamado a verificar si se han respetado los mínimos de protección constitucionalmente ordenados, si la desprotección de un grupo excede los márgenes constitucionalmente admisibles, o si la menor protección relativa de un grupo obedecen a una discriminación, lo cual estaría constitucionalmente prohibido(26).
17. Una de las técnicas para examinar la presunta afectación del principio de igualdad, es el de la aplicación del juicio integrado de igualdad. La Corte ha ido desarrollando tres etapas de análisis: (i) establecer el criterio de comparación: patrón de igualdad o tertium comparationis, valga decir, precisar si los supuestos de hecho son susceptibles de compararse y si se compara sujetos de la misma naturaleza; (ii) definir si en el plano fáctico y en el plano jurídico existe un trato desigual entre iguales o igual entre desiguales; y (iii) averiguar si la diferencia de trato está constitucionalmente justificada, es decir, si las situaciones objeto de la comparación ameritan un trato diferente desde la Constitución(27). El test de igualdad, que se aplica en el juicio integrado de igualdad, en su metodología busca analizar tres objetos: (i) el fin buscado por la medida, (ii) el medio empleado y (iii) la relación entre el medio y el fin.
“(i) que se fundan en rasgos permanentes de las personas, de las cuales éstas no pueden prescindir por voluntad propia, a riesgo de perder su identidad; además (ii) esas características han estado sometidas, históricamente, a patrones de valoración cultural que tienden a menospreciarlas; en tercer término, esos puntos de vista (iii) no constituyen, per se, criterios con base en los cuales sea posible efectuar una distribución o reparto racionales y equitativos de bienes, derechos o cargas sociales. Finalmente, (iv) en otras decisiones, esta corporación ha también indicado que los criterios indicados en el artículo 13 superior deben también ser considerados sospechosos, no sólo por cuanto se encuentran explícitamente señalados por el texto constitucional, sino también porque han estado históricamente asociados a prácticas discriminatorias”(28).
(i) Se aplica un control débil o flexible cuando, por el amplio margen de configuración del Legislador en determinada materia, solo se justifica realizar un estudio sobre la finalidad y la idoneidad de la medida, es decir que basta con que el fin buscado y el medio empleado no estén constitucionalmente prohibidos, y que el medio sea adecuado para alcanzar el fin propuesto, esto con el objetivo de evitar decisiones arbitrarias o caprichosas. Generalmente las materias en las que se ha empleado este test son las económicas, tributarias o de política internacional, cuando se trata de una competencia específica definida por la Constitución en cabeza de un órgano constitucional, en los casos de normatividad preconstitucional derogada que aún surte efectos en el presente cuando del contexto normativo del artículo demandado no se aprecie prima facie una amenaza para el derecho en cuestión(29);
En otras palabras, no puede aplicarse la misma intensidad de juicio a todas las situaciones. De este modo, es distinto examinar una ley en materia económica, en la que el legislador tiene una mayor margen de acción, que una en la que potencialmente se restringen derechos y garantías fundamentales, más aún cuando se fundamentan en criterios sospechosos. El mayor o menor margen de configuración del legislador se traduce en una intensidad mayor o menor del juicio(30). La Corte ha considerado entonces que:
Ese control de límites varía su intensidad dependiendo de la propia complejidad y desarrollo de la construcción constitucional de un determinado concepto o institución. Así, si la determinación de los elementos estructurales de un concepto es más o menos completa, esto hace más estricto el control constitucional del acto normativo que desarrolla el mencionado concepto pues, en tales casos, el Constituyente ha limitado el ámbito de acción del legislador. Por el contrario, si la protección constitucional solamente se predica de ciertos elementos, los cuales no delimitan perfectamente la figura jurídica del caso, el Congreso tiene una amplia libertad para optar por las diversas alternativas legítimas del concepto, obviamente respetando el marco constitucional fijado. En efecto, en función del pluralismo político, la soberanía popular, el principio democrático y la cláusula general de competencia del Congreso (C.P., arts. 1º, 3º, 8º y 150), se entiende que cuando la Constitución ha guardado silencio sobre un determinado punto es porque ha querido dejar un espacio abierto amplio para diferentes regulaciones y opciones de parte del Legislador”(31)
La figura del testigo de matrimonio. Naturaleza y régimen de inhabilidades
18. Los términos “testimonium” y “testis” se remontan al derecho latino y fueron empleados en diversos ámbitos con la finalidad de demostrar, dejar constancia o reconocer cierta situación o hecho(32). Específicamente en el derecho procesal, su rol se encuentra claramente definido en el ámbito probatorio.
El testigo llamado ante el juez en cualquier proceso, tiene la obligación de decir la verdad. Si bien la regla general es presumir la buena fe de los particulares, en el caso de los procesos judiciales, cuando está en juego el interés general, se prevén mecanismos como el juramento de los testigos para verificar lo manifestado por los mismos. De este modo, “la obligación de jurar es el deseo del legislador de incitar a la persona a la cual se le recibe el testimonio”, para que su buena fe en la declaración de la verdad sea especialmente observada”(33).
19. Ahora bien, como lo ha señalado la Corte(34), en general la inhabilidad para rendir testimonio se asocia con circunstancias de orden personal del declarante previstas por la ley para asegurar la idoneidad de quien sirve de testigo en un proceso determinado, o de quien actúa como tal en un acto jurídico señalado por la ley.
Con relación a las inhabilidades para ser testigo, el artículo 127 del Código Civil cuyos numerales 8º y 9º han sido acusados en el presente caso, dispone que no podrán presenciar ni autorizar un matrimonio los menores de 18 años, los interdictos por demencia, los condenados a más cuatro años de reclusión y en general los que por sentencia ejecutoriada estuviesen inhabilitados para ser testigos, los extranjeros no domiciliados en Colombia y las personas que no entiendan el idioma de los contrayentes.
Como se anotó arriba, antes de las reformas introducidas por el Código General del Proceso, existían dos tipos de testigos a quienes se les aplicaba el régimen de inhabilidades previsto en el artículo 127 del Código Civil. De un lado los testigos de cualidades, mencionados en los artículos 128 y 130 —derogados— eran interrogados por el juez antes de la celebración del matrimonio para validar que los futuros contrayentes no se encontraran incursos en las causales de nulidad descritas en el artículo 140 del mismo código. De otro lado, los testigos presenciales, son quienes, como su nombre lo indica, están presentes en la ceremonia misma y quienes suscriben el acta de matrimonio que describe el artículo 137 del código. El acta registrada y enviada al notario para su protocolización, es el documento que prueba la existencia del vínculo conyugal y que modifica el estado civil de las personas.
El Código Civil contempla también un régimen de inhabilidades para los testigos de testamento solemne tal y como se desprende de lo dispuesto en el artículo 1068. La finalidad de establecer inhabilidades en estos asuntos, como lo reconocieron en su momento las sentencias C-266 de 1994, C-065 de 2003 y C-230 de 2003, responde a la necesidad de que los testigos de estos procesos no incidan en la voluntad del testador si tienen un interés en el testamento, como podría pasar en el caso de los dependientes o domésticos, los herederos y el legatario. En particular, el numeral 8º, declarado exequible condicionado por la Corte en la Sentencia C-230 de 2003, establece que son inhábiles para ser testigos “los condenados a alguna de las penas designadas en el artículo 315, número 4º, y en general, los que por sentencia ejecutoriada estuvieren inhabilitados para ser testigos”.
El nuevo Código General del Proceso, establece en su sección tercera, el régimen probatorio, que incluye entre las pruebas el testimonio de terceros(35). En la Ley 1564 de 2012, se determina que, por regla general, toda persona tiene el deber de rendir testimonio que se le pida, excepto los casos previstos en la ley(36). También se dispone un régimen de inhabilidades para testimoniar para los que se hallen bajo interdicción por causa de discapacidad mental absoluta y los sordomudos que no puedan darse a entender. Asimismo, se consideran inhábiles para testimoniar en un proceso determinado quienes al momento de declarar sufran alteración mental o perturbaciones sicológicas graves, o se encuentren en estado de embriaguez, sugestión hipnótica o bajo el efecto del alcohol o sustancias estupefacientes o alucinógenas y las demás personas que el juez considere inhábiles para testimoniar en un momento determinado, de acuerdo con las reglas de la sana crítica(37). El Código destaca como cualidad del testigo su imparcialidad, de modo que si las partes consideran que existen circunstancias que afecten su credibilidad, como el parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas, se podrá tachar el testimonio(38).
Para la Corte, estas sanciones civiles no se asimilan a las penas accesorias que se imponen a los condenados y que suponen la suspensión de los derechos y funciones públicas (art. 43.1 C.P.).
En tercer lugar, es importante considerar la capacidad de quien da testimonio. Por esta razón, tanto en el derogado Código de Procedimiento Civil, como en el Código General del Proceso y en el mismo Código Civil, se excluyen a quienes hayan sido declarados interdictos por demencia, a los menores(39) y a los sordomudos que no puedan darse a entender. Temporalmente se han consideran inhábiles en ambas regulaciones procesales quienes se encuentren bajo estados de alteración o perturbación mental que les impiden tener control sobre sí mismos y que son provocados por ciertas sustancias o por situaciones particulares.
“se observa como en los códigos civiles del mundo occidental contemporáneo, la tendencia actual es la de eliminar la presencia de testigos para el trámite de la celebración matrimonial o la de suprimir la presencia de testigos y la de eliminar ese tipo de discriminaciones odiosas, desproporcionadas, irrazonables que carecen de justificación objetiva. En efecto, ni en el Código Civil Francés (art. 75), ni en el nuevo Código Civil Español (art. 51 a 63), ni en el venezolano (116), ni en el recientemente expedido en el Perú (art. 248), se contemplan esas limitaciones para obrar como testigo en la celebración o autorización de un matrimonio civil (…)”.
De otro lado, el matrimonio civil ante Notaría regulado en el Decreto 2668 de 1988, tampoco requiere de presencia de testigos, lo cual encuentra fundamento en la condición de fedatario por excelencia del notario. Es en virtud de estas calidades, que se otorga plena autenticidad a las declaraciones emitidas ante el notario y a lo que éste exprese respecto de los hechos percibidos por él en el ejercicio de sus funciones, en los casos y con los requisitos que la ley establece(40).
En todo caso, aunque algunos ordenamientos jurídicos prescinden de la figura de los testigos en el matrimonio civil y no obstante el Código General del Proceso haya eliminado todo lo relativo a los testigos de las cualidades, el legislador colombiano ha optado por mantener los testigos presenciales en el matrimonio civil ante juez por la importancia de esta institución y para garantizar que el consentimiento expresado por los cónyuges sea claro, libre e incondicional en el sentido de aceptar al otro como esposo o esposa(41).
23. La Corte debe resolver si el artículo 127 del Código Civil desconoce en sus numerales 8º (parcial) y 9, los derechos a la honra (C.P., art. 21) igualdad (C.P., arts. 13 y 100) y a la personalidad jurídica (C.P., art. 14) de las personas condenadas a más de cuatro años de prisión y de los extranjeros no domiciliados en Colombia, al considerarlos inhábiles para servir de testigos en los matrimonios civiles celebrados ante un juez de la República.
Como se ha señalado a lo largo de la sentencia, la regulación del matrimonio y de sus formalidades corresponde, por expreso mandato constitucional (art. 42 C.P.), al legislador. Sin embargo ese mismo legislador debe cumplir su función sin afectar las garantías y derechos fundamentales reconocidos en la Carta, razón por la cual la jurisprudencia ha reiterado que no se admiten disposiciones en esta materia que establezcan diferencias injustificadas con fundamento en criterios sospechosos como los enunciados en su artículo 13 y que, en todos los casos, se impone salvaguardar la autonomía de las partes y el consentimiento libre de los futuros contrayentes, todo con miras a conferir validez al vínculo y permitir que se generen los efectos personales y patrimoniales que surgen de la institución matrimonial.
24. Teniendo en cuenta estas consideraciones, para establecer el posible desconocimiento de los derechos a la igualdad y a la personalidad jurídica por parte del artículo 127 numerales 8º y 9º del Código Civil, la Corte desarrollará un juicio integrado de igualdad.
(i) Se estima que estos dos grupos —los condenados a más de cuatro años de prisión y los condenados a menos de cuatro años de reclusión—, son en efecto comparables y que el criterio de comparación radica en que ambos tienen la condición de condenados.
Así entonces, no obstante el margen de acción del legislador para regular el matrimonio llevaría a aplicar un juicio intermedio, la posible afectación del goce de derechos fundamentales como la honra y a la posibilidad de reconstruir el propio buen nombre, conduce a la Sala a aplicar un juicio estricto, considerando además que la inhabilidad perpetua que impone la ley en este caso no se encuentra autorizada por la Constitución(42).
Ahora bien, el medio empleado por el legislador —excluir a los potenciales testigos gravados con penas superiores a cuatro años de prisión—, y mantener la posibilidad de obrar como testigos solo en las personas del segundo grupo –los condenados a menos de cuatro años-, debe estudiarse ahora desde el ángulo más instrumental, el de su efectiva conducencia respecto de la finalidad señalada. Sin embargo, en este punto debe introducirse una distinción dependiendo del estado de ejecución de la condena. La inhabilidad que se asume mientras se purga la “pena de reclusión”, debe diferenciarse fáctica y legalmente de la que se contempla luego de haber redimido la respectiva condena, independientemente de que al final el resultado hermenéutico del juicio de igualdad pueda ser semejante.
Desde luego, la correcta interpretación de la norma parte del supuesto de que quienes estén efectivamente purgando las penas —inferiores o superiores a cuatro años—, por definición no pueden servir como testigos de matrimonio pues no cumplen con las condiciones necesarias para serlo ya que su credibilidad y confianza se ha visto minadas como consecuencia del acto delictivo cometido. De este modo, es claro que durante el periodo de ejecución de cualquier condena–mayor o menor a cuatro años- en un centro de reclusión, ningún condenado podrá ser testigo de matrimonio. Así, el ámbito de la disposición legal se proyecta en el momento posterior a la ejecución de la condena y, por ello, la “pena de reclusión” opera como antecedente personal que en un caso excluye para siempre la actuación como testigo y, en el otro caso, se autoriza que no opere como obstáculo para el efecto.
“La función resocializadora del sistema penal adquiere relevancia constitucional, no sólo desde el punto de vista fundamental de la dignidad, sino también como expresión del libre desarrollo de la personalidad humana. La función de reeducación y reinserción social del condenado, debe entenderse como obligación institucional de ofrecerle todos los medios razonables para el desarrollo de su personalidad, y como prohibición de entorpecer este desarrollo. Adquiere así pleno sentido la imbricación existente entre la dignidad, la humanidad en el cumplimiento de la pena y la autonomía de la persona, en relación todas con la función resocializadora como fin del sistema penal”(43).
De este modo, la inhabilidad perpetua para ser testigo, instrumentaliza al condenado a más de cuatro años de reclusión porque no obstante este haya cumplido con la pena y pueda reintegrarse a la sociedad, sigue siendo ejemplo de deshonestidad ante el resto de los ciudadanos.
25. Dicho esto, prosigue la Corte a examinar el numeral 9º del artículo 127 del Código Civil que excluye como testigos de matrimonio civil ante juez a los extranjeros no domiciliados en Colombia.
La jurisprudencia ha reconocido que los extranjeros tienen en Colombia derechos y deberes correlativos tal y como se desprende de diversos artículos constitucionales. En este sentido se prevé la posibilidad de que los extranjeros adquieran la nacionalidad colombiana por adopción (art. 96), se prohíbe que aquellos que estén domiciliados en nuestro país sean obligados a tomar las armas contra su país de origen (art. 97), se les ha impuesto el deber de acatar la Constitución y la ley y de respetar y obedecer a las autoridades (art. 4°), se reconocen los mismos derechos civiles que tienen los nacionales y se dispone la posibilidad que la ley les conceda el derecho al voto en las elecciones y consultas populares de carácter municipal o distrital (art. 100). La amplia regulación de los derechos de los extranjeros, es expresión de “la soberanía de que es titular el Estado colombiano y que debe ejercer sin desconocer los derechos que amparan a los extranjeros como seres humanos e independientemente del Estado del cual sean nacionales, pues esos derechos constituyen un límite a sus poderes y un parámetro para el ejercicio de sus competencias discrecionales”(44).
Esta corporación ha resaltado en varias sentencias que para constatar la posible violación del derecho a la igualdad de los extranjeros, es preciso que el juez determine si la restricción a ciertos derechos o prerrogativas se inscribe en alguno de aquellos ámbitos que así lo exigen, por razones de orden público, o si la distinción establecida por el legislador es razonable constitucionalmente(45).
Así, se ha previsto que, cuando el legislador establezca un trato diferente entre el extranjero y el nacional, será preciso examinar “(i) si el objeto regulado permite realizar tales distinciones; (ii) la clase de derecho que se encuentre comprometido; (iii) el carácter objetivo y razonable de la medida; (iv) la no afectación de derechos fundamentales; (v) la no violación de normas internacionales y (vi) las particularidades del caso concreto”(46).
Si bien el artículo 100 Superior —invocado por el demandante— dispone por regla general la igualdad de derechos civiles entre los ciudadanos colombianos y los extranjeros, sin distinguir que estén o no domiciliados en el territorio nacional, el constituyente sujetó la restricción de estos derechos al legislador por razones de orden público. Es por ello que la Corte ha advertido que “el reconocimiento de los derechos de los extranjeros no implica que en nuestro ordenamiento esté proscrita la posibilidad de desarrollar un tratamiento diferenciado en relación con los nacionales (…) esta Corporación también ha resaltado cómo los derechos civiles de los extranjeros pueden someterse, por el legislador, a condiciones especiales o cómo algunos de ellos les pueden ser negados pues el constituyente ha previsto esa posibilidad a condición de que no afecten derechos fundamentales”(47).
26. En este caso la Sala debía resolver si los numerales 8º (parcial) y 9º del artículo 127 del Código Civil desconocían los derechos a la honra (C.P., art. 21) igualdad (C.P., arts. 13 y 100) y a la personalidad jurídica (C.P., art. 14) de las personas condenadas a más de cuatro años de prisión y de los extranjeros no domiciliados en Colombia, al considerarlos inhábiles para servir de testigos en los matrimonios civiles celebrados ante un juez de la República.
27. La Corte consideró que el numeral 8º del artículo 127 del Código Civil es inexequible, pues al establecer que los condenados a penas de prisión superiores a cuatro años no podrán ser testigos de matrimonio ante juez, se impone una sanción permanente a quienes se encuentren en esta situación, tachándolos de manera indefinida, contraviniendo la finalidad resocializadora de la pena, presumiendo su mala fe y su incapacidad de ofrecer credibilidad no obstante haber cumplido su condena y hallarse reintegrados a su entorno social. De esta manera, no encuentra la Sala que la medida examinada sea efectivamente conducente a la finalidad de la misma, orientada a garantizar la idoneidad de los testigos de matrimonio, porque sacrifica garantías constitucionales fundamentales de manera irrazonable.
28. Por otro lado, se consideró conforme a la Constitución el numeral 9º del artículo 127 del Código Civil, teniendo en cuenta que razones de orden público justifican el trato diferenciado a los extranjeros y que, en todo caso, las razones que fundamentan la medida son razonables y no contravienen ningún derecho.
1. Declarar INEXEQUIBILE la expresión “Los condenados a la pena de reclusión por más de cuatro años” contenida en el numeral 8º del artículo 127 del Código Civil.
2. Declarar EXEQUIBILE por los cargos examinados el numeral 9º del artículo 127 del Código Civil.
Magistrados: María Victoria Calle Correa, presidente (e)—Myriam Ávila Roldán—Luis Guillermo Guerrero Pérez—Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, ausente con excusa—Gloria Stella Ortiz Delgado, con aclaración de voto—Jorge Iván Palacio Palacio, ausente con excusa—Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, ausente—Alberto Rojas Ríos—Luis Ernesto Vargas Silva.
1 Literal corregido por el artículo 16 del Decreto 1736 de 2012.
2 El Decreto 2668 de 1988 aclaró que el matrimonio debe ser celebrado por el juez municipal que luego de la Constitución de 1886 sustituyó las funciones del juez de distrito.
3 C-448 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.
4 Vélez Fernando. Estudio sobre Derecho Civil Colombiano. Tomo Primero. Segunda Edición, Imprenta París-América. París.
6 En su obra de Derecho de Familia, Roberto Suárez Franco señala que si bien autores como Champeau y Uribe consideran que todos los testigos deben ser hábiles, Piñeres estima que el requisito de la habilidad se predica únicamente de los testigos presenciales, tesis que comparte el propio Suárez Franco. Ver: Suárez Franco, Roberto. Derecho de Familia. Derecho matrimonial. Quinta edición. Editorial Temis, Bogotá, 1990.
7 C-804 de 2006.
8 C-577/11. M.P. Gabriel Mendoza Martelo.
9 C-507/04. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
10 C-821/05. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
11 Artículo 113 y 115 del Código Civil.
12 M.P. Fabio Morón Díaz.
13 M.P. Carlos Gaviria Díaz.
14 M.P. Alejandro Martínez Caballero. Sentencia que declaró inexequible la competencia para celebrar el matrimonio del juez del distrito de la mujer y que declaró inexequibles las expresiones “de la mujer” y “del varón”, contenidas en el artículo 131 del mismo código.
15 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
20 Álvaro Tafur Galvis.
23 Que dicha nulidad es saneable ha sido afirmado por la h. Corte Suprema de Justicia. Al respecto cf. Sentencia de la sala de casación civil de diciembre 9 de 1975.
26 C-507 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
27 C-015 de 2014. M.P. Mauricio González Cuervo.
28 C-112 de 2000 y C-481 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
29 C-673 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
30 C-093 de 2001. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
31 Sentencia C-081 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero, fundamento 5.
32 Bonnet, Piero Antonio. “Testimoni”: En Enciclopedia del diritto. Editorial Giuffrè. Varese, 1992.
33 C-118/06. M.P. Jaime Araújo Rentería.
34 C-230/03.
35 Artículo 165 de Ley 1564 de 2012.
36 Artículo 208 y 209 Ley 1564 de 2012. El artículo 209 exceptúa del deber de dar su testimonio a los ministros de cualquier culto admitido en la República; los abogados, médicos, enfermeros, laboratoristas, contadores, en relación con hechos amparados legalmente por el secreto profesional y cualquiera otra persona que por disposición de la ley pueda o deba guardar secreto.
37 Artículo 210 de la Ley 1564 de 2012.
38 Artículo 211 de la Ley 1564 de 2012.
39 El Código General del Proceso no menciona a los menores pero sí a los interdictos por demencia y sordomudos que no puedan comunicarse. No obstante cabe reiterar que la inhabilidad para ser testigo de matrimonio referida a los ciegos, sordos y mudos contenida en los numerales 5º, 6º y 7º del artículo 127 del Código Civil, fue declarada inexequible en la sentencia C-401 de 1999.
40 Artículo 1º, Ley 29 de 1973.
41 C-533 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
42 El único artículo de la Constitución que permite establecer restricciones permanentes al ejercicio de un derecho, como la función pública, es el artículo 122.
43 -261 de 1996 (M.P. Alejandro Martínez Caballero);
44 C-1259 de 2001. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
45 C-768 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-1088 de 2012 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, C-913 de 2003 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
46 C-913 de 2003 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.