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Timestamp: 2018-08-19 03:59:52
Document Index: 262706834

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 29', 'Artículo 39', 'Artículo 70', 'Artículo 107', 'artículo 117', 'artículo 117', 'Artículo 117', 'Artículo 132', 'artículo 2', 'Artículo 161', 'Artículo 162', 'artículo 2', 'Artículo 137', 'Artículo 206', 'artículo 26']

Constitución de Perú - Constitución Política de la República del Perú
PREÁMBULO - El congreso constituyente democrático, invocando a Dios todopoderoso, obedeciendo el mandato del pueblo peruano y recordando el sacrificio de todas las generaciones que nos han precedido en nuestra patria, ha resuelto dar la siguiente constitución:
Título I - DE LA PERSONA Y LA SOCIEDAD
Capítulo I - DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA
Artículo 1 - La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.
Artículo 2 - Toda persona tiene su derecho:
4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley. Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuera común. Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación.
5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con le costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. El secreto bancario y la reserva tributaria puedan levantarse a pedido del juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado.
7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y a la imagen propias. Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, son perjuicio de las responsabilidades de ley.
10. Al secreto y a la inviolablilidad de sus comunicaciones y documentos privados. Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen. Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no	tienen efecto legal. Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos están sujetos a inspección o fiscalización de la autoridad competente, de conformidad con la ley. Las acciones que al respecto se tomen no pueden incluir su sustracción o incautación, salvo por orden judicial.
17. A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación. Los ciudades tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o renovación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum.
20. A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional sólo pueden ejercer individualmente el derecho de petición.
22. A la paz. a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.
a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no se prohíbe.
b. No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en casos previstos por la ley. Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas.
f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado por juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en el término de la distancia. Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término.
h. Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquella imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad.
Artículo 3 - La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno.
Capítulo II - DE LOS DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS
Artículo 4 - La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad.
Artículo 5 - La unión establece de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable.
Artículo 6 - La política nacional de población tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y maternidad responsables. Reconoce el derecho de las familias y de las personas a decidir. En tal sentido, el Estado asegura los programas de educación y la información adecuados y el acceso a los medios, que no afectan la vida o la salud.
Artículo 7 - Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para valor por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad.
Artículo 8 - El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. Así mismo, regula el uso de los tóxicos sociales.
Artículo 9 - El Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y decentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud.
Artículo 10 - El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida.
Artículo 11 - El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades políticas, privadas o mixtas. Supervisa así mismo su eficaz funcionamiento.
Artículo 12 - Los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles. Los recursos se aplican en la forma y bajo la responsabilidad que señala la ley.
Artículo 13 - La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo.
Artículo 14 - La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad.
Artículo 15 - El profesorado en la enseñanza oficial es carrera pública. La ley establece los requisitos para desempeñarse como director o profesor de un centro educativo, así como sus derechos y obligaciones. El Estado y la sociedad procuran su evaluación, capacitación profesionalización y promoción permanentes.
Artículo 16 - Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados.
Artículo 17 - La educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. En las instituciones del Estado, la educación es gratuita. En las universidades públicas el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuentan con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de la educación.
El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Asimismo	fomenta la educación bilingüe e intercultural, según las características de cada zona. Preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país. Promueve la integración nacional.
Artículo 18 - La educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica. El Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia.
Artículo 19 - Las universidades, institutos superiores y demás centros educativos constituidos conforme a la legislación en la materia gozan de inafectación de todo impuesto directo e indirecto que afecte los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural. En materia de aranceles de importación, puede establecerse un régimen especial de afectación para determinados bienes.
Artículo 20 - Los colegios profesionales son instituciones autónomas con personalidad de derecho público. La ley señala los casos en que la colegiación es obligatoria.
Artículo 21 - Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos. lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada y pública. Están protegidos por el Estado.
Artículo 22 - El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona.
1. Igualdad de oportunidades sin discriminación
Artículo 29 - El Estado reconoce el derecho de los trabajadores	a participar en las utilidades de la empresa y promueve otras formas de participación.
Capítulo III - DE LOS DERECHOS POLÍTICOS Y DE LOS DEBERES
4. Las materias relativas al proceso de descentralización. No pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor.
Capítulo IV - DE LA FUNCIÓN PUBLICA
Artículo 39o. Todos los funcionarios y trabajadores	públicos están al servicio de la Nación. El Presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio a la Nación y, ese orden, los representantes al Congreso, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura, los magistrados supremos, el Fiscal de la Nación y el Defensor del Pueblo, en igual categoría; y los representantes de organismos descentralizados y alcaldes, de acuerdo a ley.
Título II - DEL ESTADO Y LA NACIÓN
Capítulo I - DEL ESTADO, LA NACIÓN Y EL TERRITORIO
El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas,	así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientos millas marinas medidas desde las líneas de base que establece la ley.
Capítulo II - DE LOS TRATADOS
Capítulo II - DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES
Capítulo III - DE LA PROPIEDAD
Artículo 70o. El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad sin @ exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio.
CAPITULO IV - DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO Y PRESUPUESTAL
Capítulo V - DE LA MONEDA Y LA BANCA
Capítulo VI - DEL RÉGIMEN AGRARIO Y DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS
TITULO IV - DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO
Capítulo I - PODER LEGISLATIVO
2. Los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Jurado Nacional de Elecciones, ni el Defensor de Pueblo.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no pueden ingresar en el recinto del Congreso sino con utorización de su propio Presidente.
1.	Designar al Contralor General, a propuesta del Presidente de la República.
2.	Ratificar la designación del Presidente del Banco Central de Reserva y del Superintendente de Banca y Seguros.
3.	Aprobar los créditos suplementarios y las transferencias y habilitaciones del Presupuesto, durante el receso parlamentario.
4.	Ejercitar la delegación de facultades legislativas que el Congreso le otorgue. No pueden delegarse a la Comisión Permanente materias relativas a reforma constitucional, ni a la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, Ley de Presupuesto y Ley de la Cuenta General de la República.
5.	Las demás que le asigna la Constitución y las que le señala el Reglamento del Congreso.
1.	Dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes.
2.	Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores.
3.	Aprobar los tratados, de conformidad con al Constitución.
7.	Aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo.
8.	Prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República, siempre que no afecte, en forma alguna, la soberanía nacional.
9.	Autorizar al Presidente de la República para salir del país.
10.	Ejercer ;as demás atribuciones que la señala la Constitución y las que son propias de las función legislativa.
Capítulo II - DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA
Capítulo III - DE LA FORMACIÓN Y PROMULGACION DE LAS LEYES
Artículo 107o. El Presidente de la República y los congresistas tienen derecho de iniciativa en la formación de las leyes.
1.	La muerte del Presidente de la República.
2.	Su permanente incapacitad moral o física, declarada por el Congreso.
4.	Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. Y
5.	Destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución.
1.	Incapacidad temporal del Presidente, declarada por el Congreso, o
2.	Hallarse éste sometido a proceso judicial, conforme al artículo 117 de la Constitución.
Artículo 117o. El Presidente de la República:
1.	Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales.
2.	Representar al Estado, dentro y fuera de la República.
3.	Dirigir la política general del Gobierno.
4.	Velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República.
5.	Convocar a elecciones para el Presidente y para representantes a Congreso, así como para alcaldes y regidores y demás funcionarios que señala la ley.
6.	Convocar al Congreso a legislatura extraordinaria; y firmar, en ese caso, el decreto de convocatoria.
7.	Dirigir mensajes al Congreso en cualquier época y obligatoriamente, en forma personal y por escrito, al instalarse la primera legislatura ordinaria anual. Los mensajes anuales contienen la exposición detallada de la situación de la República y las mejoras y reformas que el Presidente juzgue necesarias y convenientes para su consideración por el Congreso. Los mensajes del Presidente de la República, salvo el primero de ellos, son aprobados por el Consejo de Ministros.
8.	Ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas; y, dentro de tales límites, dictar decretos y resoluciones.
9.	Cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales.
10.	Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones.
11.	Dirigir la política exterior y las resoluciones internacionales; celebrar y ratificar tratados.
12.	Nombrar embajadores y ministros plenipotenciarios, con aprobación del Consejo de Ministros, con cargo de dar cuenta al Congreso.
13.	Recibir a los agentes diplomáticos extranjeros, y autorizar a los cónsules el ejercicio de sus funciones.
14.	Presidir el Sistema de Defensa Nacional; y organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
15.	Adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, de la integridad del territorio y de la soberanía del Estado.
16.	Declarar la guerra y firmar la paz, con autorización del Congreso.
17.	Administrar la hacienda pública.
18.	Negociar los empréstitos.
19.	Dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso. El Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia.
20.	Regular las tarifas arancelarias.
21.	Conceder indultos y conmutar penas. Ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria.
22.	Conferir condecoraciones en nombre de la Nación, con acuerdo del Consejo de Ministros.
23.	Autorizar a los peruanos para servir en un ejército extranjero. Y
24.	Ejercer las demás funciones de gobierno y administración que la Constitución y las leyes le encomiendan.
Capítulo V - DEL CONSEJO DE MINISTROS
1.	Ser, después del Presidente de la República, el portavoz autorizado del gobierno.
2.	Coordinar las funciones de los demás ministros.
3.	Refrendar los decretos legislativos, los decretos de urgencia y los demás decretos y resoluciones que señalen la Constitución y la ley.
1.	Aprobar los proyectos de ley que el Presidente de la República somete al Congreso.
2.	Aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicta el Presidente de la República, así como los proyectos de ley y los decretos y resoluciones que dispone la ley.
3.	Deliberar sobre asuntos de interés público. Y
4.	Las demás que le otorgan la Constitución y la ley.
Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el Presidente de la República o que se acuerden el Consejo, aunque salven la de votar si no son congresistas.
Capítulo VI - DE LAS RELACIONES CON EL PODER LEGISLATIVO
Artículo 132o. El Congreso hace efectiva la responsabilidad	política del Consejo de Ministros, o de los ministros por separado, mediante el voto de censura o el rechazo de la cuestión de confianza. Esta última sólo de plantea por iniciativa ministerial.
Capítulo VII - RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN
1.	Estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afectan la vida de la Nación. En esta eventualidad, puede restringirse o suspenderse	el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 9,11 y 12 del artículo 2o y en el inciso 24, apartado del mismo artículo. En ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie.
2.	Estado de sitio, en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil, o peligro inminente de que se produzcan, con mención de los derechos fundamentales cuyo ejercicio no se restringe o suspende. El plazo correspondiente no excede de cuarenta y cinco días. Al decretarse el estado de sitio, el Congreso se reúne de pleno derecho. La prórroga requiere aprobación del Congreso.
Capítulo VIII - PODER JUDICIAL
1.	La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral. No hay proceso judicial por comisión o delegación.
2.	La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.
3.	La observación del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.
4.	La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley. Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos, y por los delitos cometidos por medio de la prensa y los que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución, son siempre públicos.
5.	La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentales garantizados por la Constitución, son siempre públicos.
6.	La pluralidad de la instancia.
7.	La indemnización, en la forma que determine la ley, por los errores judiciales en los procesos penales y por las detenciones arbitrarias, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar.
8.	El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. En tal caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario.
9.	El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restinjan derechos.
10.	El principio de no ser penado sin proceso judicial.
11.	La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales.
12.	El principio de no ser condenado en ausencia.
13.	La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoria. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada.
14.	El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad.
15.	El principio de que toda persona debe ser informada, inmediatamente y por escrito, de las causas y razones de su detención.
16.	El principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita para las personas de escasos recursos; y, para todos, en los casos que la ley señala.
17.	La participación popular en el nombramiento y en la renovación de magistrados, conforme a ley.
18.	La obligación del Poder Ejecutivo de prestar la colaboración que en los procesos le sea requerida.
19.	La prohibición de ejercer función judicial por quien no ha sido nombrado en la forma prevista por la Constitución o la ley. Los órganos jurisdiccionales no pueden darle posesión del cargo, bajo responsabilidad.
20.	El principio del derecho de toda persona de formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales, con las limitaciones de ley.
21.	El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos adecuados.
22.	El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.
1.	Su independencia. Sólo están sometidos a la Constitución y la ley.
2.	La inamovilidad en sus cargos. No pueden ser trasladados sin su consentimiento.
3.	Su permanencia en el servicio, mientras observen conducta e idoneidad propias de su función. Y,
4.	Una remuneración que les asegure un nivel ida digno de su misión y jerarquía.
1.	Ser peruano de nacimiento;
2.	Ser ciudadano en ejercicio,
3.	Ser mayor de cuarenta y cinco años.
4.	Haber sido magistrado de la Corte Superior o Fiscal Superior durante diez años, o haber ejercido abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante quince años.
ARTÍCULO IX - DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
1.	Nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos niveles. Dichos nombramientos requieren el voto conforme de los dos tercios del número legal de sus miembros.
2.	Ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años. Los no ratificados no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público. El proceso de ratificación es independiente de las medidas disciplinarias.
3.	Aplicar la sanción de destitución a los vocales de la Corte Suprema y Fiscales Supremos y, a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias. La resolución final, motivada y con previa audiencia del interesado, es impugnable.
4.	Extender a los jueces y fiscales el título oficial que los acredita.
1.	Uno elegido por la Corte Suprema, en votación secreta en Sala Plena.
2.	Uno elegido por los miembros de los Colegios de Abogados del país, en votación secreta.
3.	Uno elegido por los miembros de los Colegios de Abogados del país, en votación secreta.
4.	Dos elegidos, en votación secreta, por los miembros de los demás Colegios Profesionales del país, conforme a ley.
5.	Uno elegido en votación secreta, por los rectores de las universidades nacionales. 6.	Uno elegido, en votación secreta, por los rectores de las universidades particulares.
Capítulo X - DEL MINISTERIO PUBLICO
1.	Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho.
2.	Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia.
3.	Representar en los procesos judiciales a la sociedad.
4.	Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función.
5.	Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte. 6.	Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla. 7.	Ejercer iniciativa en la formación de las leyes; y dar cuenta al Congreso, o al Presidente de la República, de los vacíos o defectos de la legislación.
Capítulo XI - DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO
Artículo 161o. La Defensora del Pueblo es autónoma. Los órganos públicos están obligados a colaborar con la Defensoría del Pueblo cuando ésta lo requiere.
Artículo 162o. Corresponde a la Defensora del Pueblo defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la presentación de los servicios públicos a la ciudadanía.
Capítulo XII - DE LA SEGURIDAD Y DE LA DEFENSA NACIONAL
Tiene por funciones básicas el planeamiento, la organización y la ejecución de los procesos electorales o de referéndum u otras consultas populares; el mantenimiento y la custodia de un registro único de identificación de las personas; el registro de los actos que	modifican el estado civil.
1.	Fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y de la realización de los procesos electorales, del referéndum y de otras consultas populares, así como también la elaboración de los padrones políticas.
2.	Mantener y custodiar el registro de organizaciones políticas.
3.	Velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y demás disposiciones referidas a materia electoral.
4.	Administrar justicia en materia electoral.
5.	Proclamar a los candidatos elegidos; el resultado del referéndum o el de otros tipos de consulta popular y expedir las credenciales correspondientes. 6.	Las demás que la ley señala.
1.	Uno elegido en votación secreta por la Corte Suprema entre sus magistrados jubilados o en actividad. En este segundo caso, se concede licencia al elegido. El representante de la Corte Suprema preside el Jurado Nacional de Elecciones.
2.	Uno elegido en votación secreta por el Junta de Fiscales Supremos, entre los Fiscales Supremos jubilados o en actividad. En este segundo caso, se concede licencia al elegido.
3.	Uno elegido en votación secreta por el Congreso de Abogados de Lima, entre sus miembros.
4.	Uno elegido en votación secreta por los decanos de las Facultades de Derecho de las universidades públicas, entre sus ex-decanos.
5.	Uno elegido en votación secreta por los decanos de las Facultades de Derecho de las universidades privadas, entre sus ex-decanos.
Capítulo XIV - DE LA DESCENTRALIZACIÓN, LAS REGIONES Y LAS MUNICIPALIDADES
5.	Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, y ejecutar los planes y programas correspondientes.
6.	Participar en la gestión de las actividades y servicios inherentes al Estado, conforme a ley, Y
7.	Lo demás que determine la ley.
1.	Los bienes e ingresos propios.
2.	Los impuestos creados por ley a su favor.
3.	Las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos de su competencia, creados por su Consejo.
4.	Los recursos asignados del Fondo de Compensación Municipal que se crea por ley según los tributos municipales.
5.	Las transferencias presupuestales del Gobierno Central.
6.	Los recursos que les correspondan por concepto de canon.
7.	Los demás recursos que determine la ley.
Título V - DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
1.	La Acción de Hábeas Corpus, que procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos.
2.	La Acción de Amparo, que procede contra e hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución. No procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales, emanadas de procedimiento regular.
3.	La Acción de Hábeas Data, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos a que se refiere el artículo 2o, incisos 5, 6, y 7 de la Constitución.
4.	La Acción de Inconstitucionalidad, que procede contra las normas que tienen rango de ley, que procede contra las normas tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo.
5.	La Acción Popular, que procede, por infracción de la Constitución y de la ley, contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen. 6.	La Acción de Cumplimiento, que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.
2.	El Fiscal de la Nación;
3.	El Defensor del Pueblo;
4.	El veinticinco por ciento del número legal de congresistas;
5.	Cinco mil ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones. SI la norma es una ordenanza municipal, está facultado para impugnarla uno por ciento de los ciudadanos del respectivo ámbito territorial, siempre que este porcentaje no exceda del número de firmas anteriormente señalado.
6.	Los presidentes de Región con acuerdo del Consejo de Coordinación Regional de los alcaldes provinciales con acuerdo de su Consejo, en materias de su competencia.
7.	Los colegios profesionales en materias de su especialidad.
Título VI - DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN
1.	Las normas de descentralización y, entre ellas, las que permitan tener nuevas autoridades elegidas a más tardar en 1995. Y
2.	Las relativas a los mecanismos y al proceso para eliminar progresivamente los monopolios legales otorgados en las concesiones y licencias de servicios públicos.
DECLARACIÓN : EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRACTICO
CARLOS TORRES Y TORRES LARA	- Presidente de la Comisión de Constitución y de Reglamento Democrático
Ing. JAIME YOSHIYAMA - Presidente Congreso Constituyente
TITULO I - DE LA PERSONAJE Y LA SOCIEDAD - Artículos del 1 al 42
CAPITULO I - DERECHOS FUNDAMENTALES - DE LA PERSONA - Artículos del 1 al 3
Capítulo II - DE LOS DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS - Artículos del 4 al
Capítulo III - DE LOS DERECHOS POLÍTICOS Y DE LOS DEBERES - Artículos del 30 al 38
Capítulo IV - DE LA FUNCIÓN PUBLICA - Artículos del 39 al 42
Título II - DEL ESTADO Y LA NACIÓN - Artículos del 43 al 47
Capítulo I - DEL ESTADO, LA NACIÓN Y EL TERRITORIO - Artículos del 43 al 54
Capítulo II - DE LOS TRATADOS - Artículos del 55 al 57 -
Título III DEL RÉGIMEN ECONÓMICO - Artículos del 58 al 65
CAPITULO I - PRINCIPIOS GENERALES - Artículos del 58 al 65
Capítulo II - DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES - Artículos del 66 al 69
CAPITULO III - DE LA PROPIEDAD - Artículos del 70 al 73
Capítulo IV - DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO Y PRESUPUESTAL - Artículos del 74 al 82
Capítulo V - DE LA MONEDA Y LA BANCA - Artículos del 83 al 87
Capítulo VI - DEL RÉGIMEN AGRARIO Y DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS - Artículos del 88 y 89
Título IV - DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO - Artículos del 90 al 199
CAPITULO I - PODER LEGISLATIVO - Artículos del 90 al 102
Capítulo II - DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA - Artículos del 103 al 106
Capítulo III - DE LA FORMACIÓN Y PROMULGACION DE LAS LEYES - Artículos del 107 al 109
Capítulo IV - PODER EJECUTIVO - Artículos del 110 al 118
Capítulo V - DEL CONSEJO DE MINISTROS - Artículos de 119 al 129
Capítulo Vl - DE LAS RELACIONES CON EL PODER LEGISLATIVO - Artículos del 130 al l36
Capítulo VII - RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN - Artículo 137
Capítulo VIII - PODER JUDICIAL - Artículos del 138 al 149
Capítulo IX - DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA - Artículos del 150 al 157
Capítulo X - DEL MINISTERIO PUBLICO - Artículos del 158 al 160
Capítulo Xl - DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO - Artículos 161 y 162
Capítulo XII - DE LA SEGURIDAD Y DE LA DEFENSA NACIONAL - Artículos del 163 al 175
Capítulo XIII - DEL SISTEMA ELECTORAL - Artículos del 176 al 187
Capítulo XIV - DE LA DESCENTRALIZACIÓN,	LAS REGIONES Y MUNIClPALIDADES - Artículos del 188 al 199
Título V - DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES - Artículos del 200 al 205
Título VI - DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCION
Artículo 206 - DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
ANEXO - DECLARACIÓN
29. Proyecto No. 388/93-CCD presentado por el Congresista: Dr. Juan	Carrión.
También se han recibido 9 proyectos remitidos por las Comisiones Agraria; de Educación, Cultura y Deporte; de Salud, Población y Familia; de trabajo y Seguridad Social; de Descentralización, Gobiernos Locales y Desarrollo Social; de Amazonia y Medio Ambiente; de Economía y de Producción, conforme al artículo 26 del Reglamento del CCD.
I. 2.-El Perú es un país pluriétnico y pluricultural.
Las municipalidades tendrán competencia, en su jurisdicción, sobre los asuntos administrativos del Estado, limitándose el nivel de los ministerios sólo a las funciones indelegables por razón de la unidad del país, tales como las RR.EE, Defensa, Economía y Trabajo.
Esta reforma es restaurar el poder del contrato en las relaciones entre las personas, porque éste permite la interrelación de las personas y de las empresas para determinar sus relaciones, obligaciones y derechos. Al conceder al contrato dicha fuerza, hemos avanzado sustancialmente, para evitar lo que ha sucedido antes que cuando se producía una	situación que parecía injusta, se daban leyes para modificarla, como en el caso de los contratos de arrendamiento. Las últimas estadísticas indicaron que un alto porcentaje de las viviendas, están desocupadas y que sus propietarios no las alquilan, porque saben que si las arriendan las leyes de inquilinato pueden cambiar los contratos favoreciendo a los inquilinos y los pactado en el contrato quedará sin valor.
"Una vez más en nuestra historia los peruanos nos detenemos para revisar las bases que sustentan nuestra sociedad. Los anteriores intentos, no fueron válidos, todos ellos convocaron las mejores intenciones y siempre apuntaron a consolidar una Patria grande, justa y libre. No obstante, la dura realidad no pudo ser moldeada por la ley.
Un país nacido de la unión de las dos más grandes culturas de su tiempo, España y el Imperio Incaico, ambas en su período de mayor expansión, no podían, en pocos años, dar a luz una nueva Nación. Salvo extraordinarios casos de inmediato mestizaje como lo fue Garcilaso, un parto histórico tan importante demandaría muchas décadas, aun hoy no terminado. Crecimos, por tanto, en gran medida son un sólo nombre, pero con dos culturas.
La lectura de nuestros antepasados, fue parcial, unos entendieron que ya éramos una cultura europea, olvidando la realidad cultural, étnica mayoritaria del país; otros quisieron regresar al esplendor del Incanato, olvidando que la historia nunca retrocede, y finalmente una tercera corriente vio en el Perú mestizo, pero también olvidó que la fusión de las culturas y sus pueblos no se produce por el solo deseo del intérprete sino de un largo y lente proceso de fusión, demanda más tiempo cuanto más grandes son las culturas que se fusionen, ya que cada una tiene sus instrumentos de propia afirmación y de rechazo de lo ajeno. La demora, pues, en nuestra consolidación, no es como algunos creen, la de un país irrealizable, sino más bien el anuncio del nacimiento de una Nación culturalmente muy rica, que a sus miles de años de formación aborigen, agregan medio millar de años de cultura occidental.
Nuestro Perú no es pues una comunidad europea asentada en un territorio baldío, ni una comunidad aborigen que debe expulsar a los extranjeros, ni siquiera todavía la consolidación de una con otra, sino más bien la hermosa y extraordinaria experiencia que nos ha tocado vivir, de continuar construyendo día a día aquel país futuro, de un auténtico mestizaje, creador de una nueva cultura, continente de los más grandes valores de la cultura indígena y occidental. Pero la realidad y experiencia nos exigen comprender que el Perú todavía no es una sociedad plural y que ;o seguirá siendo durante toda nuestra vida, la de nuestros hijos y aún la de nuestros nietos; tal vez los hijos de éstos alcancen a ver lo que hoy todavía es nuestro legítimo sueño, un país mestizo socialmente integrado y con personalidad definida.
Para que esto sea así, nosotros tenemos que cumplir el papel que el destino nos ha encomendado, analizar y fortalecer lo que nuestros padres quisieron, una Patria sin amos, un país justo, una sociedad pacífica. Para lograrlo, debemos partir por la incorporación de las grandes masas de humildes ciudadanos que han estado marginados de la conducción del Estado, de la economía y de la cultura oficial. Tal esfuerzo se inicia, primero cuando se comprende que en una sociedad plural todos tienen iguales derechos reales y no sólo declarados, el que tiene su origen en la Costa, en la Sierra o en la Selva, tanto como el que llegó de Europa, Africa o el Oriente.
En segundo lugar, es preciso que dicha concepción hecha carne en nuestro pueblo se impregne en la ley, y en nuestra Constitución. para que mediante adecuados instrumentos jurídicos el poblador sienta que se integra al conjunto social, participando con plenitud de derechos en una sociedad que él sienta suya. Los mecanismos son conocidos por muchos pueblos, pero todavía no por el nuestro. La liberación de las fuerzas productivas de la población aprisionada hasta hace poco por el mercantilismo que siempre reclamó auxilio exclusivo y excluyente, pero nunca entendió la palabra cooperación.
...Para esta grave tarea, una nueva generación se hace presente en esta mesa, aportando nueva sangre y mirando al Perú con la perspectiva generacional que la historia le exije. Esta nueva generación, no obstante carecer de las grandes figuras del pasado, ha leído con detenimiento, cuidado y respeto los ideales de quienes labraron nuestras constituciones desde José Faustino Sánchez Carrión hasta Victor Raúl Haya de la Torre y a quienes junto con éste durante el siglo XX, formaron la conciencia de nuestra generación: José Carlos Mariátegui y Victor Andrés Belaúnde. Respetamos su aporte histórico, pero avanzaremos hacia el siglo XXI con realismo y sin fundamentalismos..."
[Discurso del Presidente de la Comisión de Constitución, doctor Carlos Torres y Torres Lara, con ocasión de la instalación de la misma el 18 de 1993 ]