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Timestamp: 2019-01-20 03:10:41
Document Index: 166860367

Matched Legal Cases: ['artículo 350', 'artículo 351', 'artículo 1', 'artículo 351', 'artículo 49', 'artículo 330', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 12', 'artículo 18', 'artículo 21', 'artículo 28', 'artículo 18', 'artículo 158', 'artículo 86']

﻿ LEY 228 DE 1995
LEY 228 DE 21 DE DICIEMBRE DE 1995
CONTENIDO:CONTRAVENCIONES ESPECIALES, MODIFICACIONES A LA LEY DE DESCONGESTIÓN DE DESPACHOS JUDICIALES
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1038, ENERO 15 DE 1996, PG. 1261
ART. 1º—Principios rectores. En los procesos que se adelanten por las contravenciones especiales a que se refiere esta ley, se aplicarán los principios rectores del Código de Procedimiento Penal y además el siguiente:
ART. 2º—Inexistencia de diligencia. En toda diligencia en que participe el sindicado, éste deberá estar asistido por su defensor, so pena de inexistencia de la diligencia.
ART. 4º—Judicatura. (De conformidad con el reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional dentro de los dos (2) meses siguientes a la vigencia de la presente ley,)* los egresados que hayan culminado sus estudios dentro de los dos años anteriores (al momento de iniciación de la judicatura)*, podrán ejercer función de defensores en los procesos contravencionales a que se refiere la presente ley.
*(Nota: Las expresiones: “De conformidad con el reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional dentro de los dos (2) meses siguientes a la vigencia de la presente Ley” y “al momento de iniciación de la judicatura", fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional en Sentencia C-626 de 1996).
ART. 5º—Subrogados penales. (Las personas condenadas por las contravenciones a que se refiere la presente ley no tendrán derecho a la condena de ejecución condicional.)* No obstante, cuando se trate de contravenciones sancionadas con dos (2) años de arresto o más, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, podrá después del año siguiente a la aprehensión, ordenar la ejecución de la suspensión de la ejecución de la sentencia, atendiendo a la personalidad y el buen comportamiento del sujeto en el establecimiento carcelario, fijando como período de prueba el término que falte para el cumplimiento de la pena.
*(Nota: El texto entre paréntesis fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-430 de 1996).
(Nota: El inciso segundo fue declarado exequible por la Corte Constitucional en los términos de la Sentencia C-626 de 1996).
ART. 6º—Destinación de bienes. Los bienes incautados se entregarán a quien demuestre su propiedad. En caso de que no sean reclamados antes de producirse la sentencia, en ésta se dejarán a disposición de la Policía Nacional, quien podrá en forma transitoria destinarlos a su uso o autorizar a otra entidad para ese mismo efecto, hasta que sean reclamados por sus propietarios. Los gastos de conservación estarán a cargo de la entidad autorizada.
(Nota: Declarado exequible por la Corte Constitucional en los términos de la Sentencia C-677 de 1998. M.P. Fabio Morón Díaz).
ART. 7º—(Inexequible)* Posesión injustificada de instrumentos para atentar contra la propiedad. El que en lugar público o abierto al público y de manera injustificada porte llaves maestras o ganzúas, incurrirá en pena de arresto de seis (6) a dieciocho (18) meses siempre que la conducta no constituya hecho punible sancionado con pena mayor.
(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-430 de 1996).
(Nota: La expresión: “o cualquier otra sustancia semejante que sirva para colocar en estado de indefensión a las personas” se refiere a aquellas sustancias que producen los mismos efectos de la escopolamina y no se utilizan como medicamentos ni como estupefacientes". Corte Constitucional. Sentencia C-430 de 1996).
ART. 9º—(Inexequible)* Ofrecimiento o enajenación de bienes de procedencia no justificada. El que en lugar público o abierto al público ofrezca para su enajenación bien mueble usado, cuya procedencia no esté justificada, incurrirá en arresto de seis (6) a dieciocho (18) meses, siempre que la conducta no constituya hecho punible sancionado con pena mayor.
PAR.—Cuando se trate de establecimientos de comercio cuyo objeto social sea el de la compraventa con pacto de retroventa de que hablan los artículos 1939 y siguientes del Código Civil Colombiano, el contrato escrito ajustado a la ley y firmado por las partes que intervengan en él, se tendrá como prueba de la procedencia de que habla el presente artículo.
*(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-626 de 1996).
ART. 10.—(Inexequible)* Hurto calificado. Se sancionará como contravención especial, con pena de dos (2) a ocho (8) años de prisión, el hurto calificado de que trata el artículo 350 del Código Penal cuando el valor de lo apropiado sea inferior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales. Las circunstancias de agravación a que se refiere el artículo 351 del Código Penal se aplicarán a esta contravención, con el incremento punitivo allí previsto.
*(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-364 de 1996).
ART. 11.—Hurto agravado. La contravención prevista en numeral once (11) del artículo 1º de la Ley veintitrés (23) de 1991 será de competencia de los jueces promiscuos y penales municipales, aun cuando se presenten las circunstancias específicas de agravación punitiva previstas en el artículo 351 del Código Penal, caso en el cual la pena se incrementará en la proporción allí señalada.
ART. 12.—Lesiones personales culposas. El que por culpa cause a otro daño en el cuerpo o en la salud que implique incapacidad para trabajar o enfermedad que no pase de treinta (30) días incurrirá en multa de uno (1) a diez (10) salarios mínimos legales mensuales. Si se trata de lesiones ocasionadas en accidente de tránsito, también se incurrirá en suspensión de la licencia de conducción hasta por seis (6) meses. En estos casos procederá la conversión de multa en arresto, de conformidad con el artículo 49 del Código Penal, a razón de un día de salario mínimo legal diario por cada día de arresto.
ART. 13.—Lesiones personales culposas agravadas. En los casos de lesiones personales culposas de que trata el artículo anterior, cuando concurran las circunstancias de agravación previstas en el artículo 330 del Código Penal se incurrirá en pena de arresto de cinco (5) a quince (15) meses y suspensión de la licencia de conducción hasta por seis (6) meses, cuando se trate de lesiones derivadas de accidente de tránsito.
(Nota:Declarado exequible por la Corte Constitucional en los términos de la Sentencia C-626 de 1996).
ART. 15.—Salvo las contravenciones especiales de que trata la presente ley, las previstas en la Ley 23 de 1991 y aquellas a que se refiere la Ley 30 de 1986, las contravenciones actualmente sancionables con pena de arresto serán sancionadas con pena de multa hasta de cinco 5 salarios mínimos legales mensuales. (En estos casos procederá la conversión de multa en arresto de conformidad con el artículo 49 del Código Penal, a razón de un (1) día de salario mínimo legal diario por cada día de arresto.)*
*(Nota: La Corte Constitucional en Sentencia C-626 de 1998 declaró inexequible la expresión: “En estos casos procederá la conversión de multa en arresto de conformidad con el artículo 49 del Código Penal, a razón de un (1) día de salario mínimo legal diario por cada día de arresto”).
ART. 16.—Competencia. De las contravenciones especiales de que trata esta ley, de las demás previstas en la Ley 23 de 1991, y de todas aquellas sancionadas con pena de arresto por la Ley 30 de 1986 y normas complementarias, (que se cometan a partir de su vigencia)*, conocerán en primera instancia los jueces penales o promiscuos municipales del lugar donde se cometió el hecho, o en su defecto, los del municipio más cercano al mismo.
PAR.—En los casos de las lesiones personales culposas a que se refiere el artículo 12 de la presente ley no procederá privación de la libertad.
*(Nota: El texto entre paréntesis fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-364 de 1996).
ART. 17.—Querella u oficiosidad. La iniciación del proceso por las contravenciones a que se refiere la presente ley requiere querella de parte, la cual deberá ser presentada dentro del mes siguiente a la comisión del hecho, salvo cuando el autor o partícipe sea capturado en flagrancia, caso en el cual se iniciará y adelantará oficiosamente.
ART. 18.—Diligencia de calificación de la situación de flagrancia. Descargos del imputado. Legalización de la privación de la libertad. Cuando se trate de captura en flagrancia se procederá de la siguiente manera:
PAR. 1º—En caso de no concurrir los requisitos de la flagrancia, si existe querella el juez calificará los cargos y fijará día y hora para la celebración de la audiencia pública de juzgamiento, hará conocer esta decisión al imputado y dispondrá su libertad con el compromiso de que comparezca a la citada audiencia.
PAR. 2º—Las decisiones que se profieran en esta diligencia, como la que califica la situación de flagrancia y los cargos y la que niega la práctica de pruebas, son susceptibles del recurso de reposición, que deberá interponerse, sustentarse y resolverse antes de suscribir el acta.
ART. 19.—Intervención especial de la fiscalía. En los eventos en que, por razón del horario regular de atención al público del respectivo despacho, no sea posible poner al capturado a disposición del funcionario competente dentro del término establecido en el numeral primero del artículo 18 de esta ley, el aprehensor lo pondrá a disposición de la unidad permanente de la fiscalía más cercana.
ART. 20.—Iniciación mediante querella. La querella se podrá presentar verbalmente o por escrito, ante el juez penal o promiscuo municipal, los inspectores de policía o los funcionarios que ejerzan funciones de policía judicial.
PAR.—Transcurridos seis (6) meses sin que se logre la individualización o identificación, la actuación se remitirá al funcionario competente para que éste disponga el archivo de las diligencias. La investigación podrá reiniciarse si dentro de los seis (6) meses siguientes al archivo aparecen nuevas pruebas que permitan la individualización o identificación del imputado.
ART. 22.—Comunicación al Ministerio Público. Una vez el capturado sea puesto a disposición del funcionario competente o presentada la querella, según se trate, se comunicará al Ministerio Público.
ART. 25.—Privación de la libertad. La legalización de la privación transitoria de la libertad se efectuará en la calificación de la situación de flagrancia y de los cargos o de captura por no comparecencia. La decisión definitiva sobre privación de la libertad se producirá en la sentencia.
ART. 26.—Trámite en segunda instancia. Recibido el expediente por el superior, éste correrá traslado al Ministerio Público por dos (2) días y decidirá de plano dentro de los dos (2) días siguientes al recibo del expediente.
ART. 27.—El desistimiento aceptado por el sujeto pasivo de la contravención, extingue la acción en cualquier caso, (siempre y cuando se repare íntegramente el daño).*
*(Nota: El texto entre paréntesis fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-301 de 1999).
ART. 28.—Extinción de la acción por reparación. En los casos de contravenciones especiales de hurto simple, (salvo cuando existan circunstancias de agravación)*, hurto de uso, hurto entre condueños, estafa, lesiones personales, emisión y transferencia ilegal de cheque, abuso de confianza, aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito, sustracción de bien propio y daño en bien ajeno, la acción se extinguirá cuando el inculpado repare íntegramente el daño.
Tratándose de contravención de hurto calificado y de (hurto simple con el que concurran circunstancias de agravación)*, la reparación integral del daño dará lugar a la disminución de una tercera(1/3) parte de la pena imponible.
*(Nota: Las expresiones: “salvo cuando existan circunstancias de agravación” del inciso primero y “hurto simple con el que concurran circunstancias de agravación” del inciso tercero, fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional en Sentencia C-746 de 1998).
ART. 29.—Libertad por vencimiento de términos. Si transcurridos cuarenta y cinco (45) días de privación efectiva de la libertad, contados a partir de la calificación de la situación de flagrancia o de la aprehensión, cuando se hubiere ordenado la captura del imputado por no comparecer a la citación prevista en el artículo 21 de la presente ley, no se ha dictado sentencia, el imputado será puesto en libertad, sin perjuicio de la responsabilidad penal o disciplinaria del funcionario competente, a que haya lugar.
ART. 30.—Conciliación. En los eventos previstos en el artículo 28, el imputado y el perjudicado podrán acudir en cualquier momento del proceso, por sí o por medio de apoderado, ante un funcionario judicial de conocimiento o ante los centros de conciliación o conciliadores en equidad de que tratan los artículos 66 y 82 de la Ley 23 de 1991. Los acuerdos que allí se logren se presentarán ante el funcionario que está conociendo del trámite contravencional para que decrete la extinción de la acción.
ART. 31.—Acción civil. La acción civil se adelantará en forma independiente al procedimiento de que trata la presente ley.
ART. 32.—(Inexequible).*Conexidad de hechos punibles. En caso de conexidad entre un delito y alguna de las contravenciones de que trata la presente ley, no se conservará la unidad procesal.
*(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-357 de 1999).
ART. 33.—Reparto. En los lugares donde existan varios funcionarios competentes, las diligencias se someterán de inmediato a reparto.
ART. 34.—Conflicto de competencias. Todo conflicto de competencias que se suscite entre autoridades de policía y entre fiscales, o entre fiscales y jueces, será resuelto por los jueces del circuito del lugar donde se cometió el hecho.
ART. 35.—Despachos comisorios. A partir de la vigencia de la presente ley, todos los inspectores de policía serán competentes para tramitar los despachos comisorios librados por los jueces civiles, penales y promiscuos municipales, así como los librados por la Fiscalía General de la Nación, siempre y cuando ellos no se refieran a la práctica de pruebas ni a la realización de diligencias o actuaciones privativas de los jueces y fiscales de conocimiento.
ART. 36.—Aceptación de responsabilidad. En cualquier momento en que el imputado acepte su responsabilidad se dictará sentencia, salvo que se requiera verificar la veracidad de la confesión. Si, fuera de los casos de flagrancia, la aceptación se produjere antes de que finalice la audiencia preliminar o la audiencia de que trata el artículo 18 de esta ley, la pena se disminuirá hasta en una tercera (1/3) parte.
ART. 37.—(Inexequible).*Concurrencia de disminuciones. En ningún caso la acumulación de rebajas de pena de que tratan los artículos anteriores podrá exceder de la mitad (1/2) de la pena imponible.
*(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en los términos de la sentencia C-1112 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz).
ART. 38.—Remisión. En lo no previsto en la presente ley se aplicarán las disposiciones del Código de Procedimiento Penal y las normas sobre desistimiento, prescripción y nulidades contenidas en la Ley 23 de 1991, siempre que no se opongan al carácter oral del procedimiento establecido en ella.
ART. 39.—(Modificado).* Estadísticas. Dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, los jueces penales y promiscuos municipales, así como los de circuito, deberán presentar un informe al consejo seccional de la judicatura, con copia al Ministerio de Justicia y del Derecho, correspondiente a las actuaciones adelantadas en desarrollo de la presente ley durante el mes calendario inmediatamente anterior.
(Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 158 del Ministerio del Interior).
*(Nota: Modifica do por el Decreto 266 de 2000 artículo 86 de la Presidencia de la República).
ART. 40.—Disponibilidad carcelaria. El Gobierno Nacional ampliará las cárceles existentes y establecerá las nuevas que se requieran para efectos del cumplimiento de la presente ley velando por que ellas ofrezcan a los internos condiciones dignas, que permitan lograr los fines de la pena.
ART. 42.—Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación. Deroga y subroga, sin excepción, las disposiciones que le sean contrarias.