Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-239-de-mayo-19-de-1994?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920414fd3f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-02-20 20:14:27
Document Index: 301936089

Matched Legal Cases: ['artículo 1774', 'artículo 180', 'artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 2082', 'artículo 9', 'artículo 21', 'artículo 58', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 13', 'artículo 42', 'artículo 7', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 7']

﻿ SENTENCIA C-239 DE MAYO 19 DE 1994
SENTENCIA C-239 DE 19 DE MAYO DE 1994
CONTENIDO:UNIÓN MARITAL DE HECHO, APLICACIÓN EN EL TIEMPO DE LA LEY 54 DE 1990
TEMAS ESPECÍFICOS:UNIÓN MARITAL DE HECHO, EFECTOS DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO, ACREDITACIÓN DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO, RÉGIMEN PATRIMONIAL DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:271 DE JULIO DE 1994, PÁG.876
Sentencia C-239 de mayo 19 de 1994
APLICACIÓN EN EL TIEMPO DE LA LEY 54/90
EXTRACTOS: «Se transcriben las normas acusadas, subrayando los apartes demandados:
Los procesos de disolución y liquidación de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, se tramitarán por el procedimiento establecido en el título XXX del Código de Procedimiento Civil y serán del conocimiento de los jueces de familia en primera instancia”.
Para analizar la cuestión controvertida, conviene estudiar sus antecentes.
a) La sociedad de hecho entre concubinos.
El Código Civil prevé la constitución de la sociedad conyugal por el solo hecho del matrimonio, a falta de pacto escrito, según el artículo 1774: “A falta de pacto escrito se entenderá, por el mero hecho del matrimonio, contraída la sociedad conyugal con arreglo a las disposiciones de este título”. Norma que repite la regla contenida en el artículo 180, modificado por el artículo 13 del Decreto 2820 de 1974, según el cual “Por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges...”. Es esta una sociedad de ganancias a título universal.
La Corte Suprema resumió así todo este proceso:
“El concubinato, que es la resultante de relaciones sexuales permanentes y ostensibles entre un hombre y una mujer no casados entre sí, como situación de hecho que es, desde el punto de vista jurídico ha sido diversamente apreciado por los sistemas de derecho positivo; en algunos aparece repudiado enérgicamente; en otros admitido con definitiva y total eficacia; y, en los más, se lo recibe y regulan sus efectos con determinadas restricciones.
Estas diversas posiciones se apoyan, no obstante, en el mismo fundamento: la moral. Quienes ven en el concubinato una afrenta a las buenas costumbres o un ataque a la familia legítima, lo estiman contrario a la moral y por tanto lo rechazan, negándole eficacia jurídica a las consecuencias que de él dimanan; quienes, en cambio, propugnan su defensa, aseveran que lo inmoral es desconocer en forma absoluta validez a las obligaciones y derechos que son efecto del concubinato.
Los partidarios de la tesis ecléctica ven en la circunstancia del concubinato dos aspectos diferentes: de un lado, las relaciones sexuales que, por no estar legitimadas por el vínculo matrimonial, consideran ilícitas; y de otro, las consecuencias de orden económico que, en rigor jurídico, no están cobijadas por presunción de ilicitud y que, por lo tanto, estiman que deben ser objeto de regulación por el derecho.
De acuerdo con ella, el concubinato no genera, como sí ocurre con el matrimonio, una sociedad de bienes que la ley se anticipa a reconocer y reglamentar. Con base en la equidad, empero, se sostiene que una conjunción de intereses, deliberada o no por los amantes, un largo trabajo en común puede constituir una sociedad de hecho, producto casi siempre más de las circunstancias que de una actividad razonada y voluntaria.
Fue, pues, así como la doctrina, en punto de relaciones económicas o patrimoniales de los concubinos, al comienzo abrió la puerta inicialmente a la actio in rem verso, en beneficio del concubino que ha colaborado con el otro en sus empresas; y luego, para la partición de los bienes adquiridos en común y la repartición de los beneficios, se consagró la actio pro socio” (sentencia 26 febrero 1976, CLII, 35).
b) La Ley 54 de 1990.
El artículo 1º de la ley consagra la expresión unión marital de hecho, expresión posiblemente encaminada a hacer a un lado las connotaciones degradantes de los términos concubinato, amancebamiento, etc. La definición contenida en esta norma describe, en últimas, una especie de matrimonio de hecho: “A partir de la vigencia de la presente ley y para todos los efectos civiles, se denomina unión marital de hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular”. Y el inciso segundo denomina a los miembros de esta pareja compañero y compañera permanente.
Es claro que la ley presume, entre los compañeros permanentes, cuando se dan los supuestos de hecho previstos, la existencia de una sociedad de ganancias, a título universal, semejante a la sociedad conyugal. Así lo demuestra el artículo 3º, según el cual “El patrimonio o capital producto del trabajo, ayuda y socorro mutuos pertenece por igual a ambos compañeros permanentes”; y más aún el parágrafo de esta disposición, que determina qué bienes “no formarán parte del haber de la sociedad”, en forma similar a lo dispuesto para la sociedad conyugal.
Subsisten, sin embargo, problemas que pondrán a prueba la capacidad de los jueces en los casos concretos. Por ejemplo:
En el evento descrito en el literal a), ¿qué ocurre si, a pesar de no existir impedimento legal para contraer matrimonio, hay, sin embargo, sociedades conyugales anteriores a la iniciación de la unión marital de hecho, disueltas pero no liquidadas?
Además, es evidente que las previsiones orientadas a evitar la coexistencia de dos sociedades de ganancias a título universal, nacida una del matrimonio y la otra de la unión marital de hecho, se fundan en la regla establecida por el inciso segundo del artículo 2082 del C.C., norma en la cual “Se prohibe, así mismo, toda sociedad de ganancias, a título universal, excepto entre cónyuges”. Prohibición cuyo fundamento es ostensible: una misma persona no puede ser socia, al mismo tiempo, de dos sociedades de ganancias a título universal, dados los conflictos que esto supondría.
Los demás artículos de la Ley 54 reglamentan lo relativo a la prueba, la disolución y la liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, a semejanza como se ha dicho, de lo que ocurre con la sociedad conyugal.
c) La Ley 54 de 1990 y su aplicación en el tiempo.
Lo primero que debe anotarse es esto: en cuanto a su vigencia, la Ley 54 de 1990 sigue el principio general según el cual la ley rige hacia el futuro. Al respecto, el artículo 9º de la ley comentada dispone que ésta rige a partir de la fecha de su promulgación.
Por este aspecto no hay un motivo de inconstitucionalidad. Y si bien se mira, no es un problema de este tipo el que señala el actor, sino uno diferente: de aplicación de la ley en el tiempo. ¿Por qué? Sencillamente porque a su juicio las normas de la Ley 54 de 1990 deben aplicarse a relaciones concubinarias que existieron y terminaron antes de entrar en vigencia la ley, lo mismo que a aquellas que comenzaron antes de la vigencia de la ley y se mantuvieron durante ésta.
Durante la vigencia de la Constitución de 1863, el único matrimonio válido ante la ley era el civil. Adoptada la Constitución de 1886, se dictó la Ley 153 de 1887, cuyo artículo 21 dispuso: “El matrimonio podrá por ley posterior, declararse celebrado desde época pretérita, y válido en sus efectos civiles, a partir de un hecho sancionado por la costumbre religiosa y general del país; en cuanto este beneficio no vulnere derechos adquiridos bajo el imperio de la anterior legislación”.
De la norma citada surge un primer criterio que esclarece el asunto que se estudia: la aplicación de la Ley 54 de 1990 a relaciones concubinarias consumadas, es decir, nacidas y extinguidas antes de su vigencia, sólo sería posible, idealmente, en la medida en que no se vulneraran derechos adquiridos, en razón del principio consagrado en el artículo 58 de la Constitución: “Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores”. Aunque hay que advertir que ello implicaría darle a la ley un efecto retroactivo, que ella misma no previó, y que está, en general, prohibido en guarda de la seguridad jurídica.
“... La retroactividad por regla general, resulta censurable sólo cuando la nueva norma incide sobre los efectos jurídicos ya producidos en virtud de situaciones y actos anteriores, y no por la influencia que pueda tener sobre los derechos en lo que hace a su proyección futura”. (Corte Constitucional, sentencia C-511 de 1992. Magistrado Ponente, Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).
d) Examen de los cargos contenidos en la demanda.
Escrito lo anterior, es procedente examinar los cargos contenidos en la demanda, contra el inciso primero del artículo 1º y contra el inciso segundo del artículo 7º.
Inciso primero del artículo 1º: “A partir de la vigencia de la presente ley y para todos los efectos civiles, se denomina unión marital de hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular”.
Según el actor, esta norma, al disponer que “a partir de la vigencia de la presente ley y para todos los efectos civiles, se denomina unión marital de hecho...”, consagra una discriminación en perjuicio de personas que sostuvieron relaciones concubinarias antes de la vigencia de la ley, personas a las cuales no sería aplicable, en razón del principio general de irretroactividad de la ley. La alegada discriminación sería contraria al principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución, y violaría también el artículo 42, en cuanto este último reconoce la familia constituida por vínculos naturales y la originada en el matrimonio.
En síntesis: sostener que entre los compañeros permanentes existe una relación idéntica a la que une a los esposos, es afirmación que no resiste el menor análisis, pues equivale a pretender que pueda celebrarse un verdadero matrimonio a espaldas del Estado, y que, al mismo tiempo, pueda este imponerle reglamentaciones que irían en contra de su rasgo esencial, que no es otro que el de ser una unión libre.
En el fondo, lo que el actor pretende al pedirle a la Corte que declare la inexequibilidad de la expresión “a partir de la vigencia de la presente ley”, es nada menos que el determinar que la ley tiene efecto retroactivo. Conducta que no puede asumir la Corte, por más que se invoque, equivocadamente, el principio de igualdad.
Inciso segundo del artículo 7º: “Los procesos de disolución y liquidación de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, se tramitarán por el procedimiento establecido en el título XXX del Código de Procedimiento Civil y serán del conocimiento de los jueces de familia en primera instancia”.
Es evidente que el proceso establecido en el título XXX, libro tercero del Código de Procedimiento Civil, supone que la existencia de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes haya sido declarada judicialmente, como lo prevé el artículo 2º de la ley. Nadie podría lógicamente suponer que si los artículos 625 y 626 exigen una sentencia eclesiástica o civil en relación con el matrimonio, según el caso, tal exigencia no tuviera lugar en tratándose de la sociedad a que se refiere la Ley 54.
Hay que entender, además, que si la sociedad patrimonial se ha disuelto por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes elevado a escritura pública, como lo prevé el literal c) del artículo 5º, también podrá seguirse el procedimiento del título XXX del libro tercero del Código de Procedimiento Civil.
Declarar EXEQUIBLES el artículo 1º, y el inciso segundo del artículo 7º, de la Ley 54 de 1990.
(Sentencia C-239 de mayo 19 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Arango Mejía).