Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20030531
Timestamp: 2020-01-28 03:05:01
Document Index: 140452376

Matched Legal Cases: ['artículo 535', 'artículo 3', 'artículo 535', 'artículo 535', 'artículo 90', 'artículo 124', 'artículo 65', 'artículo 66', 'artículo 68', 'artículo 90', 'artículo 69', 'artículo 90', 'artículo 40', 'artículo 90', 'artículo 2', 'artículo 535', 'artículo 116']

C-528 de 2003
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020030531CC-SENTENCIAC528200303/07/2003CC-SENTENCIA_C_528__2003_03/07/2003200305312003Sentencia C-528/03 JUICIO DE INEXEQUIBILIDAD -Cargo debe cumplir con los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia JUICIO DE INEXEQUIBILIDAD -Cargo debe cumplir requisito de claridad JUICIO DE INEXEQUIBILIDAD -Claridad de los argumentos exige especificidad de los mismos JUICIO DE INEXEQUIBILIDAD -Inadmisibilidad de cargos genéricos, vagos, abiertos y gaseosos JUICIO DE INEXEQUIBILIDAD -Cargo debe ser suficiente JUICIO DE INEXEQUIBILIDAD -Cargo debe ser pertinente JUICIO DE INEXEQUIBILIDAD -Impertinencia del cargo DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD -Cargo apto DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD DE OMISION LEGISLATIVA -Imposibilidad desde el punto de vista gramatical que la acusación emane del texto de la disposición acusada DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD DE OMISION LEGISLATIVA -Pertinencia del cargo DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD DE OMISION LEGISLATIVA -Improcedencia DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD DE OMISION LEGISLATIVA -Procedencia OMISION LEGISLATIVA RELATIVA -Significado y alcance DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD DE OMISION LEGISLATIVA RELATIVA -Cargo si cumple requisito de la pertinencia CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL -Inexistencia de regulación acerca de la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD -Regulación PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD -Competencia para resolver demandas RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD -Regulación gira en torno a la ley Estatutaria de la Administración de Justicia ACCION DE REPETICION -Procedencia ACCION DE REPETICION -Reglamentación incluye a los servidores públicos de la Rama Judicial cuya conducta podría ser fuente de responsabilidad patrimonial del Estado RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD -No regulación expresa en C.P.P. en nada contradice los principios al debido proceso y a la seguridad jurídica PRINCIPIO DE INTERPRETACION JURIDICA -Supone existencia de un ordenamiento normativo sistemático Habría que advertir al demandante que la interpretación de las disposiciones jurídicas supone la existencia de un ordenamiento normativo sistemático, el cual debe interpretarse de manera integral y coordinada, de modo que ninguno de sus componentes actúe como compartimento estanco, autónomo e independiente. Arraigados principios de interpretación jurídica ven en el derecho un sistema estructurado de reglas cuyo cabal entendimiento depende de la interacción de sus elementos. Así, para entender el verdadero alcance de una disposición particular es indispensable conocer el contenido de las disposiciones que la complementan, ya que proceder en sentido contrario implica la tergiversación de la regulación y la distorsión del fin primordial al que apunta toda la normatividad en el Estado de Derecho: la justicia. Referencia: expediente D-4247
Humberto de Jesús Longas LondoñoCONSTITUCIONALIDADMarco Gerardo Monroy CabraDemanda de inconstitucionalidad contra los artículos 57, 227, 353, 363 y 535 de la Ley 600 de 2000D4247Identificadores20020030532true48002Versión original20030532Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 57, 227, 353, 363 y 535 de la Ley 600 de 2000
La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Doctores Eduardo Montealegre Lynett -quien la preside-, Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Alvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, ha proferido esta sentencia de acuerdo con los siguientes.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Humberto de Jesús Longas Londoño demandó la inexequibilidad del artículo 535 de la Ley 600 de 2000, que derogó el Decreto 2700 de 1991, antiguo Código de Procedimiento Penal.
Finalmente, e inconforme con la decisión de rechazo parcial respecto del artículo 3º, el demandante interpuso recurso de súplica ante la Sala Plena de la Corte Constitucional, el cual fue resuelto desfavorablemente mediante Auto del 1º de octubre de 2002.
En su escrito de corrección de la demanda el actor sostiene que las disposiciones acusadas son contrarias a la Carta Fundamental por cuanto incurren en una omisión legislativa relativa al no regular el tema de la"responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos ocasionados en la privación injusta de la libertad".
El actor agrega que la omisión legislativa de dichas normas"consiste en que en ninguno de los artículos anteriores se incluyó, por vía de esta ley, norma que estableciera que en casos de sentencia absolutoria o cesación de procedimiento, el sindicado o sus herederos pudieran demandar la restitución de lo pagado en caso de haber ocurrido y pudiera ejercer las acciones que se deriven del acto injusto y solicitar la responsabilidad del Estado."
De igual manera, los artículos señalados son inconstitucionales porque omiten incluir"norma relativa a la privación injusta de la libertad que estableciera el derecho del absuelto o dejado libre para demandar al Estado por indemnización de perjuicios y a favor de quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, teniendo derecho a dicha indemnización por la detención preventiva que se le hubiere impuesto."
Actuando dentro del a oportunidad prevista intervino en el proceso el señor Fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio Isaza, quien solicitó a la Corte declararse inhibida para fallar en relación con el artículo 535 de la Ley 600 de 2000 o, en su defecto, declarar exequible la norma en comento.
El concepto del Fiscal, en desconocimiento del trámite de admisión, inadmisión, rechazo y súplica que se surtió en la Corte, sólo incluye el análisis del artículo 535 de la Ley 600. Dice al respecto que el demandante no formuló cargo de inconstitucionalidad alguno contra la norma, pero que si en gracia de discusión se toman sus argumentos como cargos de fondo, los mismos deberían desecharse porque la norma acusada se limita a desarrollar la facultad que tiene el legislativo para derogar las leyes, adaptándolas a las nuevas realidades socio políticas.
La Fiscalía termina sosteniendo que el juicio de inexequibilidad no es propicio para estudiar la vigencia ni los efectos derogatorios de las normas jurídicas.
El señor procurador de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, solicitó a la Corte declararse inhibida para emitir sentencia de fondo respecto de la exequibilidad de los artículos acusados o, en su lugar, declararlos exequibles.
En una advertencia final, la Vista Fiscal señala que el Congreso tramitó el proyecto de Ley Estatutaria delhabeas corpuss , el cual fue remitido a la Corte Constitucional para su revisión.
3. Procedencia del Fallo de fondo respecto de la demanda de la referencia
La trascendencia constitucional de dicha omisión radica en que, para el actor, la falta de regulación de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad propicia una violación directa de los principios de legalidad y de seguridad jurídica, que son principios derivados de la garantía del debido proceso (Art. 29 C.P.). El demandante advierte también que esa falta de regulación va en contravía de la imposición contenida en el artículo 90 constitucional, según el cual, el Estado está obligado a responder"patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas", así como del artículo 124 de la Carta, según el cual, "la ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva."
¿Puede considerarse dicha exposición como un cargo adecuado para propiciar un juicio de inexequibilidad
A fin de resolver este interrogante es necesario recordar que, según jurisprudencia de la Corte, un cargo de inconstitucionalidad es apto para propiciar un juicio de inexequibilidad si cumple con los requisitos declaridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia[1].
Un cargo de inconstitucionalidad cumple con el requisito de laclaridad si los argumentos que lo sustentan son inteligibles, han sido expuestos de manera ordenada y coherente y siguen un hilo conductor del cual puede inferirse -sin excesivo esfuerzo- la idea representada por el demandante. La claridad de los argumentos exige la especificidad de los mismos; de allí que no sean admisibles los cargos genéricos, vagos, abiertos y gaseosos.
"El juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos'vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales'[2] que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan." (Sentencia C-1052 de 2001 M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa)
El cargo de inconstitucionalidad essuficiente si, además de ser claro, el argumento que lo sustenta contiene los elementos argumentativos de tipo jurídico necesarios para evidenciar una oposición -por lo menos preliminar- entre el texto legal que se demanda y el texto constitucional que lo confronta. Por ello la corte ha dicho que "la suficiencia que se predica de las razones de la demanda de inconstitucionalidad guarda relación, en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche."[3]
Sobre el mismo particular, la Sentencia que se cita advirtió que"la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prime facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional."[4]
Por último, el cargo espertinente si se desprende del texto normativo de la disposición, es decir, si existe una congruencia entre la redacción de la disposición y lo que se dice de ella. No es pertinente el reproche si recae sobre una norma diferente a la demandada, si se dirige a controvertir una hipótesis no contemplada en la disposición o si se encamina a resolver un caso particular, pese a que en su solución pudiera verse involucrada la norma que se acusa. Tampoco es pertinente el cargo si pretende la declaratoria de inexequibilidad de la norma porque la misma sea inconveniente o superflua, o si se refiere "a aspectos meramente interpretativos de la ley". [5]
Por último, el cargo resulta serpertinente por referirse a las normas que se acusan, no obstante que dicha pertinencia deba explicarse desde un punto de vista particular.
A primera vista el cargo de la demanda no parece ajustarse al requisito mencionado porque sus argumentos no se desprenden del texto de los artículossub exámine. Es esta la razón que llevó a la Fiscalía y a la Procuraduría a solicitar la inhibición de la Corte pues, como se dijo, la pertinencia exige que el cargo se desprenda lógicamente del contenido normativo de la disposición que se acusa.
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, un cargo fundado en una omisión absoluta plantea una ausencia total de regulación. Como la omisión absoluta es la que se deriva de la completa inactividad del legislador, la Corte carece de referente normativo para hacer la confrontación con la Carta. Por ello la jurisprudencia ha dicho que la acción de inconstitucionalidad "si bien permite realizar un control más o menos extenso de la labor legislativa, no autoriza la fiscalización de lo que el legislador genéricamente ha omitido, conforme a las directrices constitucionales"[6] Esta es la razón por la cual la Corte no tiene competencia para "conocer de demandas de inconstitucionalidad por omisión legislativa absoluta".[7]
De acuerdo con esto, la Corte sólo tiene competencia para desatar demandas de inconstitucionalidad basadas en cargos por omisión en la ley, siempre y cuando dicha omisión sea relativa. Y un cargo de inconstitucionalidad por omisión es relativo cuando denuncia la ausencia de un elemento que la Ley debería incluir para garantizar, por ejemplo, el derecho a la igualdad[8] o el derecho al debido proceso[9] de los particulares.
"Una omisión es relativa cuando se vincula con un aspecto puntual dentro de una normatividad específica; pero aquella se vuelve constitucionalmente reprochable si se predica de un elemento que, por razones lógicas o jurídicas -específicamente por razones constitucionales -, debería estar incluido en el sistema normativo de que se trata, de modo que su ausencia constituye una imperfección del régimen que lo hace inequitativo, inoperante o ineficiente. De lo anterior se deduce, entonces, que las omisiones legislativas relativas son susceptibles de control constitucional." (Sentencia C-041 de 2002)
Otro caso de omisión legislativa relativa es el de la ley que deja de regular un aspecto necesario para armonizar su texto con el texto de la Constitución Política o cuando el legislador incumple un mandato del constituyente en la regulación de un aspecto indispensable para la ejecución cumplida de la Carta Fundamental. Por ello la Corte ha dicho que "de manera insuficiente o incompleta un mandato constitucional; o cuando de dicha insuficiencia de regulación (omisión de una condición o un ingrediente que de acuerdo con la Constitución, sería exigencia esencial para armonizar con ella) o incompleta reglamentación, conduce a la violación del derecho a la igualdad.".[10]
4. Exequibilidad de las disposiciones acusadas
Para comenzar debe recordarse que el artículo 65 de la Ley 270 de 1996,"Estatutaria de la Administración de Justicia" expresamente dispone que el Estado responde patrimonialmente por el daño antijurídico que se ocasione como consecuencia del funcionamiento de la administración de justicia, responsabilidad que se extiende hasta el error jurisdiccional y la privación injusta de la libertad.
"ARTICULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado responderápatrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.
"En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad."
El artículo 66 de la Ley Estatutaria se encarga de definir lo que se entiende por error jurisdiccional: es el "cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley."
De manera mucho más enfática, el artículo 68 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia señala que"[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios", lo cual constituye un reconocimiento inequívoco de la aplicación del artículo 90 de la Constitución en materia jurisdiccional. En el mismo sentido el artículo 69 destaca que "[f]uera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccionaltendrá derecho a obtener la consiguiente reparación."
"Como puede observarse, la normatividad estatutaria recoge todas las disposiciones anteriores referentes a la responsabilidad patrimonial de los jueces, en cuanto plasma de manera integral la pertinente regulación del tema, con unas determinadas causales y bajo ciertos criterios, que no en todos los aspectos coinciden con las normas precedentes, pues el estatuto en nada depende de las disposiciones que venían rigiendo, a la vez que concentra en el Consejo de Estado y en los tribunales administrativos la competencia para definir lo relativo a tal responsabilidad...
"Ello significa que los particulares afectados por perjuicios que hayan tenido origen en el dolo o en la culpa grave de quienes administran justicia debe actuar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo por el mecanismo de la reparación directa, con base en cualquiera de las causales señaladas en el nuevo ordenamiento. Tan solo después, como consecuencia del fallo adverso, el sistema que el legislador estatutario consagró hace posible la acción de repetición a favor del Estado, salvo el caso del llamamiento en garantía".(Sentencia C-244-A de 1996)
"En aplicación de lo dispuesto en el artículo 90 de nuestra Constitución Política el Estado es patrimonialmente responsable por los daños antijurídicos que le sean imputables, de manera que si un sujeto es privado de la libertad en desarrollo de una investigación penal y posteriormente liberado mediante providencia judicial en la que se resuelve desvincularlo del proceso penal, los daños que demuestre y que deriven de la detención deben serle indemnizados, toda vez que no estaba en el deber de soportarlos.
"Dicho en otras palabras, cuando una persona es privada de la libertad por virtud de decisión de autoridad y luego puesta en libertad por la misma autoridad en consideración a que se dan los supuestos legales que determinan su desvinculación de una investigación penal, ya sea porque el hecho imputado no existió, o porque el sindicado no lo cometió o porque el hecho no es punible, si además prueba la existencia de un daño causado por esa privación de la libertad, este daño es indiscutiblemente antijurídico y debe serle reparado por el Estado." (CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, Consejera ponente: MARÍA ELENA GIRALDO GÓMEZ, Bogotá, D. C., 4 de abril de 2002, Radicación 13606) (Subrayas fuera del original)
"3. Responsabilidad patrimonial del Estado por la actividad jurisdiccional
"Al respecto es pertinente advertir, que el ejercicio de la actividad jurisdiccional del poder público como fuente de responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado, comprende dos grandes clases de hipótesis, a saber: una primera, constituida por aquellos daños causados por actos propiamente jurisdiccionales, y otra, por actos u omisiones que no comportan tal naturaleza, pero que se producen en el proceso mismo de la prestación del servicio de la administración de justicia.
"En el primer caso, se trata de actos proferidos por los jueces y los particulares constitucional y legalmente investidos de función jurisdiccional[11], mediante los cuales interpretan y aplican el derecho, huelga decir, actos a través de los cuales ejercen la función de "declarar el derecho", que, por regla general, hacen tránsito a cosa juzgada, como ocurre con las sentencias y otras providencias jurídicamente equivalentes a ellas, proferidas en cualquiera de las distintas jurisdicciones que componen el sistema judicial, ya sea civil, penal, contencioso administrativa, laboral[12].
"En cambio, en el segundo evento, se hace referencia a las demás actuaciones tanto de los jueces como de los demás funcionarios del aparato de justicia y aún de sus auxiliares, que no tienen la virtud de hacer tránsito a cosa juzgada, pero que son inherentes y necesarios para la debida prestación del servicio, esto es, para el juzgamiento o la ejecución de las decisiones judiciales, como por ejemplo, los actos del personal de secretaría, los actos de los peritos, secuestres, partidores, curadores, etc.
"Adicionalmente, en tratándose de la justicia penal en particular, dentro de los actos que integran la primera de tales hipótesis en referencia, la doctrina y la jurisprudencia distinguen e imparten un tratamiento especial a la privación injusta de la libertad, como título específico de imputación de responsabilidad del Estado, tal como hoy en día acontece desde el punto de vista legislativo a partir de la expedición de la ley 270 de 1996.
"En ese contexto entonces, para efectos de establecer la procedencia de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado en esta materia, bajo la vigencia de la Constitución de 1886, la jurisprudencia de la Corporación distinguía los conceptos de error judicial y falla del servicio judicial. En el primero se incluían los actos típicamente jurisdiccionales, en tanto que en el segundo quedaban comprendidas todas las demás actuaciones de orden administrativo del aparato de justicia, vale decir, las actuaciones administrativas de la jurisdicción[13].
"Sin embargo, debe advertirse que hasta la década de los años ochenta la jurisprudencia del Consejo de Estado siempre afirmó que no era posible deducir responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado a partir de los actos jurisdiccionales, porque los daños que se produjesen por error del juez - se decía -, era el costo que debían pagar los administrados por el hecho de vivir en sociedad[14], en orden a preservar el principio de la cosa juzgada y, por ende, el valor social de la seguridad jurídica; por manera que la responsabilidad en tales eventos era de índole personal para el juez, en los términos previstos en el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil, bajo el presupuesto de que éste haya actuado con "error inexcusable".
"Pero, como es bien sabido, el fundamento y alcance de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado en general, sufrió una sustancial modificación con la expedición de la Constitución de 1991, en tanto que a partir de ese nuevo ordenamiento, hoy en día la fuente primaria y directa de imputación de la responsabilidad patrimonial del Estado, tanto contractual como extracontractual, está contenida en el inciso 1º del artículo 90 de ese Estatuto, conforme al cual: "El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas".
"De tal manera que, en tratándose específicamente de la responsabilidad de naturaleza extracontractual, el Estado tiene la obligación de indemnizar todo daño antijurídico que produzca con su actuación, lícita o ilícitamente, voluntaria o involuntariamente, ya sea por hechos, actos, omisiones u operaciones administrativas de cualquiera de sus autoridades, o de particulares especialmente autorizados para ejercer función pública, pero que la víctima del mismo no está en el deber jurídico de soportar, cuya deducción puede ser establecida a través de distintos títulos de imputación, tales como la falla del servicio, el daño especial, el riesgo, la ocupación temporal o permanente de inmuebles, el error judicial, el indebido funcionamiento de la administración de justicia, la privación injusta de la libertad, entre otros." (CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA Consejero ponente: GERMÁN RODRÍGUEZ VILLAMIZAR, Bogotá D.C., 14 de marzo de 2002. Expediente 12076) (Subrayas fuera del original)
En este sentido, habría que recordar que la Ley 678 de 2001, por la cual se reglamentó el ejercicio de dicha acción, incluye a los servidores públicos de la Rama Judicial en el grupo de los agentes estatales cuya conducta podría ser fuente de responsabilidad patrimonial del Estado. Así lo dispone el parágrafo tercero del artículo 2º al señalar que"[l]a acción de repetición también se ejercerá en contra de los funcionarios de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley y en las normas que sobre la materia se contemplan en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia."
Por ello esta Sala estima conveniente reiterar su jurisprudencia diciendo con ella que"[d]e nada sirve el ejercicio de interpretación que se reduce a los límites de una sola disposición (...) cuando la adecuada compresión de dicho precepto depende de la integración de artículos contenidos en otras regulaciones. El ordenamiento jurídico presenta con frecuencia normas incompletas, cuyo contenido y finalidad deben articularse junto a otras reglas; sólo de este modo es posible superar supuestas incongruencias al interior de un orden normativo."[15]
Finalmente, en tanto que ha sido desvirtuada la inexequibilidad de los artículos de la Ley 600 de 2000 que se refieren a la privación injusta de la libertad, esta Sala considera que no existe sustento jurídico para declarar la inexequibilidad del artículo 535 del mismo código, pues el cargo correspondiente dependía del expuesto contra los primeros.
DeclararEXEQUIBLES, únicamente por los cargos expuestos en el numeral cuarto de la parte considerativa de esta providencia, los artículos 57, 227, 353, 363 y 535 de la Ley 600 de 2000.
[1] Cfr., entre varios, los Autos de Sala Plena 244 de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) y de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). En dichas oportunidades la Corte, al resolver el recurso de súplica presentados por los actores, confirmó los autos en los que se inadmitió la demanda por no presentar razones "específicas, claras, pertinentes y suficientes".
[2] Estos son los defectos a los cuales se ha referido la jurisprudencia de la Corte cuando ha señalado la ineptitud de una demanda de inconstitucionalidad, por inadecuada presentación del concepto de la violación. Cfr. los autos 097 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y 244 de 2001 (M.P. Jaime Cordoba Triviño) y las sentencias C-281 de 1994 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), C-519 de 1998 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-013 de 2000 (M.P. Alvaro Tafur Gálvis), C-380 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-177 de 2001 (M.P. Fabio Morón Díaz), entre varios pronunciamientos.
[3] Sentencia C-1052 de 2001 M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa
[5] Sentencia C-236/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[6] Sentencia C-543 de 1996. Cfr. también, las Sentencias C-073 de 1996 y C-540 de 1997.
[8] La Corte Constitucional ha dicho que existe omisión legislativa cuando la "norma excluya de sus consecuencias aquellos casos que, por ser asimilables, deberían subsumirse dentro de su presupuesto fáctico; c) que dicha exclusión no obedezca a una razón objetiva y suficiente; d) que al carecer de una razón objetiva y suficiente, la omisión produzca una desigualdad injustificada entre los casos que están y los que no están sujetos a las consecuencias previstas por la norma y; e) que la omisión implique el incumplimiento de un deber constitucional del legislador." (Sentencia C-427 de 2000)
[9] Cfr. C-543 de 1996
[10] Sentencia C-1549 de 2000.
[11] En Colombia, según lo preceptuado en el artículo 116 de la Constitución de 1991, administran justicia la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales, los jueces, y los jueces penales militares; en algunos casos el Congreso de la República (artículos 174, 178 num. 3), excepcionalmente también algunas autoridades administrativas (aunque no les está autorizado la instrucción de sumarios ni juzgar delitos), como es el caso de la Superintendencia de Sociedades, lo mismo que los particulares en la condición de conciliadores, árbitros, jueces de paz, y las autoridades de los territorios indígenas.
[12] Como es el caso de los autos mediante los cuales se pone fin al proceso judicial, v.gr. cesación de procedimiento penal, aprobación de conciliación judicial, perención del proceso, aceptación de desistimiento de la demanda, etc.
[13] Véase el recuento jurisprudencial que sobre el particular se hace en las sentencias del 24 de agosto de 1990 y 10 de mayo de 2001 de la Sección Tercera de la Corporación, expedientes 5451 y 12.719, respectivamente.
[14] Ver: Sentencia del 14 de febrero de 1980, expediente 2367 y auto del 26 de noviembre de1 mismo año, expediente 3062. No obstante, en sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de la Corporación del 16 de diciembre de 1987, se estableció que la responsabilidad patrimonial del Estado sí resultaba comprometida con ocasión de la actividad jurisdiccional, cuando quiera el juez aún actuando dentro del ejercicio de sus funciones acudiera o incurriera en vías de hecho o irregulares, porque, en tales eventos -se dijo- no se le podía exigir a la víctima del desborde público individualizar al autor mismo de la función mal prestada para poder obtener de éste la reparación del perjuicio sufrido.
[15] Sentencia C-569 de 2000