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Timestamp: 2017-01-18 18:07:35
Document Index: 20151361

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 42', 'artículo 9', 'artículo 86', 'artículo 13', 'artículo 47', 'artículo 48', 'artículo 39', 'artículo 9', 'Artículo 9', 'artículo 53', 'artículo 36', 'artículo 21']

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[Sentencia T-0665-13] – Pensión anticipada de vejez
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Sentencia T-665/13
ACCION DE TUTELA PARA PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre requisitos de procedencia excepcional
En pronunciamientos de esta corporación, se ha insistido en la necesidad de constatar que además de los requisitos que se acrediten por el peticionario el cumplimiento de los elementos que permitan configurar la existencia de un perjuicio irremediable y los requisitos legales, consagrados por el legislador para el reconocimiento prestacional pretendido, para que entonces, sea viable que la tutela desplace la jurisdicción común en asuntos pensionales alegados en sede de tutela.
ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION ANTICIPADA DE VEJEZ-Procedencia excepcional frente a sujetos de especial protección constitucional
Esta corporación ha precisado por vía jurisprudencial y con relación al tratamiento que se les debe suministrar a las personas que afrontan circunstancias de debilidad manifiesta y ha indicado que su protección debe ser acentuada, especial y reforzada sin que ello necesariamente implique condiciones de desigualdad. En ese sentido, al ser considerados sujetos de especial protección constitucional se ha esbozado en reiterativos pronunciamientos que la cobertura de amparo por medio de la tutela es más amplia, por lo que se hace menos exigente y rígido el cumplimiento de las causales de procedibilidad para su acceso, habida cuenta que por las precarias y difíciles condiciones que afrontan son más susceptibles de recaer en daños irreparables frente al común de la sociedad.
PENSION ANTICIPADA DE VEJEZ POR INVALIDEZ-Requisitos
PENSION ANTICIPADA DE VEJEZ-Diferencias con las pensiones de vejez y de invalidez
Debe aclararse que esta pensión discrepa de la pensión ordinaria de vejez en tanto que, como lo ha indicado este tribunal en diversos pronunciamientos, la anticipada de vejez exige a las personas acreditar el cumplimiento de los 55 años de edad, sin tener en cuenta que se trate de hombre o mujer y, a diferencia, les exige demostrar una deficiencia de su capacidad laboral igual o superior al 50% y, además, si bien les exige acreditar 1000 semanas o más, igual a como ocurre con la pensión de vejez, se diferencia de la pensión ordinaria en tanto que con el transcurso de los años dicha cantidad va incrementándose hasta llegar a 1300 semanas en el año 2015. Del mismo modo, la pensión anticipada de vejez se diferencia de la pensión de invalidez en cuanto que esta última exige demostrar cuál fue el origen de su pérdida de capacidad (común o accidente laboral) y acreditar 50 semanas de cotización dentro de los 3 años anteriores a la estructuración de la invalidez, mientras que, a diferencia, la anticipada de vejez solamente exige acreditar una discapacidad del 50% sin que sea necesario su origen y 1000 semanas en cualquier época y no de manera restringida o ceñida a los años anteriores a la fecha en que se generó la invalidez.
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES-Alcance
Frente al principio de favorabilidad, en reiteradas oportunidades esta Corte se ha pronunciado, señalando que tiene aplicación: (i) cuando existe una confusión, duda o conflicto, por parte del operador jurídico, en tanto a cuál es la norma que debe aplicar a un caso concreto, así sean de la misma fuente formal o de distinta, y (ii) cuando de una misma norma existen diversas interpretaciones. En tales casos, en materia laboral, se debe optar por la situación más favorable al trabajador.
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, MINIMO VITAL Y A LA VIDA DIGNA-Orden a Colpensiones reconocer y pagar pensión anticipada de vejez por invalidez al accionante quien cumple requisitos
Esta Corte considera necesario realizar el reconocimiento de la pensión anticipada de vejez, habida cuenta que el actor acredita la edad mínima requerida (55 años), el porcentaje de discapacidad superior al 50% y más de 1000 semanas cotizadas al sistema, prestación que debe otorgarse, aunque no existe dentro del expediente documento que permita constatar que aquél la solicitó a la entidad accionada, lo cual no es justificación para denegar su derecho, pues debe tenerse en cuenta que desde hace años se encuentra adelantando un proceso tendiente a obtener un reconocimiento pensional que, aunque inicialmente lo requirió en la modalidad de invalidez lo cierto es que su intención no es otra que contar con un auxilio económico para suplir sus necesidades, como quiera que por su enfermedad no le es posible laborar y obtener un ingreso económico fijo, ello sin importar la denominación de la prestación.
Referencia: expediente T-3.874.501
En el proceso de revisión de la sentencia dictada el diecinueve (19) de marzo de 2013, por la Sala Séptima de Decisión Civil del Tribunal Superior de Bogotá D. C., que confirmó el fallo proferido el veinte (20) de febrero de 2013, por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá D. C., que negó el amparo invocado por el accionante.
2. Hechos 2.1.El señor Ernesto Gil Vallejo, tiene 55 años de edad y, en la actualidad, se encuentra afiliado, en calidad de cotizante activo, al Sistema General de Pensiones por intermedio de Colpensiones, antes Instituto del Seguro Social, acreditando, hasta la fecha de la interposición de la tutela, 1.411,42 semanas para efectos pensionales.
2.3.Por consiguiente, el 26 de octubre de 2010, solicitó al Instituto de Seguros Sociales el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. Petición que le fue negada, mediante Resolución No.039108 del 28 de octubre de 2011, por cuanto no cumplía con los requisitos de la Ley 860 de 2003, pues no acreditaba las 50 semanas cotizadas durante los tres años anteriores a la fecha de estructuración, habida cuenta que solo cotizó, en dicho periodo, 12 semanas. Decisión que, señala, le fue notificada el 12 de enero de 2012 y contra la misma interpuso recurso de apelación, el cual no ha sido resuelto hasta la fecha.
2.4. Manifiesta el actor que ante la falta de respuesta al recurso impetrado, acudió a la entidad con la finalidad de averiguar acerca del estado de su solicitud, informándosele que había sido archivada, por lo que el 30 de abril de 2012,requirió a la entidad el desarchivo del expediente y que procedan a estudiar su apelación como quiera que fue presentada en término.
2.6. Por lo anterior, acudió a la acción de tutela en procura de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, al mínimo vital, a la salud y a la seguridad social, presuntamente transgredidos por Colpensiones con la negativa en reconocerle y pagarle la pensión de invalidez que considera le asiste y solicitó que, en caso de que no acreditara el cumplimiento de los requisitos para su acceso, se reconozca en su defecto, la pensión anticipada de vejez en aplicación de lo señalado en el parágrafo 4° del artículo 9° de la Ley 797 de 2003, con el fin de evitarle un perjuicio irremediable.
–	Poder autenticado conferido a un abogado para actuar dentro de la acción de amparo de la referencia (folio 1 y 2 del cuaderno 2).
–	Copia de la cédula de ciudadanía del señor Ernesto Gil Vallejo (folio 3 del cuaderno 2).
–	Copia de la radicación de la solicitud de pensión de invalidez presentada por el actor el 6 de octubre de 2010 ante el Instituto de Seguros Sociales (folio 4 del cuaderno 2).
–	Copia del dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por la Vicepresidencia de Pensiones de la Gerencia Nacional de Atención al Pensionado del ISS (folio 5 del cuaderno 2).
–	Certificación de discapacidad del señor Gil Vallejo, emitida por la Nueva EPS (folio 7 del cuaderno 2).
–	Copia de la Resolución N° 039108 proferida el 28 de octubre de 2011 por el ISS (folio 8 y 9 del cuaderno 2).
–	Copia del recurso de apelación presentado por el actor el 19 de enero de 2012,contra la Resolución N° 039108 de 2011 (folio 10al 12 del cuaderno 2).
–	Copia de la solicitud de desarchivo y estudio del recurso de apelación presentada por el actor el 30 de abril de 2012 (folio 13 del cuaderno 2).
–	Copia de la respuesta emitida por Colpensiones el 28 de noviembre de 2012 (folio 14 del cuaderno 2).
–	Resumen de las semanas cotizadas por el actor al 28 de enero de 2013 (folio 15 del cuaderno 2).
–	Relación de incapacidades proferidas en favor del demandante (folio 18al 21 del cuaderno 2).
–	Copia de la historia clínica del actor (folio 22 del cuaderno 2).
La acción de tutela fue conocida, en primera instancia, por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá D. C., despacho que mediante auto del7 de febrero de 2013, resolvió admitirla y corrió traslado a la entidad demandada, para efectos de ejercer su derecho a la defensa.
Mediante sentencia del 20 de febrero de 2013, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá D. C. decidió declarar la improcedencia de la presente acción, con fundamento en lo siguiente:
– El accionante cuenta con otros mecanismos para controvertir el reconocimiento de la pensión de invalidez y en subsidio la pensión anticipada de vejez, sin que se advierta la existencia de una justa causa que lleve a determinar que el agotamiento de la misma resulte gravoso, ni que la acción constitucional se haya impetrado como mecanismo transitorio.
– El actor solo recurrió a fundamentos jurídicos que justificaban la procedencia de la queja constitucional para ordenar el reconocimiento de la pensión, sin demostrar la concurrencia de un daño grave que no le permitiera acudir a los medios ordinarios como mecanismo de defensa.
El accionante, mediante escrito presentado el20 de febrero de 2013, impugnó el fallo de primera instancia y solicitó la protección de los derechos fundamentales invocados, con fundamento en los siguientes argumentos:
-A su juicio, tiene derecho a que se le reconozca la pensión de invalidez toda vez que cumple con los requisitos exigidos en la ley y las directrices descritas por la Corte Constitucional en su jurisprudencia para que sea procedente acceder a dicha prestación por vía de tutela.
-Por la pérdida de su capacidad laboral, superior al 50%, no puede conseguir empleo y no cuenta con un sustento económico que le permita sufragar sus gastos de manutención.
– Y, además, porque debido a la falta de respuesta por parte de Colpensiones y a las graves fallas administrativas en la liquidación del ISS, no puede ejercitar ninguna acción judicial para la defensa de sus intereses, tornándose viable su protección en sede de tutela.
Mediante sentencia del 19 de marzo de 2013, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Séptima de Decisión Civil- decidió confirmar el fallo impugnado con fundamento en la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela, a través de la cual no se pueden dirimir controversias que son propias del conocimiento de otra jurisdicción, máxime si se tiene en cuenta que existen otros medios de defensa ordinarios para obtener la satisfacción de los derechos supuestamente conculcados.
•	Quiénes integran actualmente su núcleo familiar, de dónde derivan sus ingresos económicos y si tienen alguna profesión, arte u oficio?
•	Si es dueño de bienes muebles o inmuebles, indicando, en caso positivo, cuál es su valor y la renta que pueda derivar de ellos?
•	Informe si se encuentra afiliado a alguna entidad de salud y si es en calidad de cotizante o beneficiario?
•	Si le han resuelto el recurso de apelación interpuesto ante el Instituto de Seguro Social, Seccional Cundinamarca, el 19 de enero de 2012.
•	Si ha adelantado proceso ordinario laboral tendiente a obtener el reconocimiento pensional pretendido. En caso afirmativo, señale cuándo y dónde lo realizó. Para el efecto, anexe los documentos que permitan corroborarlo. En caso negativo, manifieste por qué razón no lo ha adelantado.
•	La relación de gastos mensuales por todo concepto (alimentación, vestuario, salud, recreación, vivienda, préstamos, etc.), con los correspondientes soportes que así lo acrediten.”
Requerimientos a los que el demandante dio respuesta, mediante oficios radicados en la Secretaría General de esta corporación el día 26 de agosto de 2013, en los que manifestó lo siguiente:
–	En la actualidad la única persona que tiene a cargo es a su esposa, quien debido a su cuadro complejo clínico se encarga de su cuidado, socorro, acompañamiento y le brinda la ayuda que del manejo de su enfermedad sea necesaria. –	Su núcleo familiar está integrado por su esposa y dos hijos mayores de edad quienes ya formaron sus hogares y se independizaron económicamente. –	Su sustento diario lo obtiene de los ingresos que percibe del arriendo de 2 habitaciones a su suegra, por valor de $300.000 mensuales, canon que incluye el valor proporcional de servicios públicos. Adicionalmente, le cancelan mensualmente un subsidio de desempleo por parte de CAFAM, con vigencia hasta el 30 de septiembre del presente año.
–	Recibe un mercado mensual por parte de la Parroquia de Nuestra Señora de Copacabana.
–	Debido al progresivo deterioro de su estado de salud, se encuentra imposibilitado para desempeñar alguna profesión, arte u oficio y su esposa no puede vincularse laboralmente como quiera que es la encargada de cuidarlo y ayudarlo diariamente en todo lo que demanda su padecimiento, habida cuenta que debe estar pendiente del funcionamiento de su caminador y de la silla de ruedas durante los traslados a lugares fuera de la casa.
–	El único inmueble que posee es la vivienda en la que en la actualidad reside, avaluada en $74’508.000, de la cual obtiene sus pocos ingresos. Además, posee otros bienes básicos como lo son un televisor, una nevera pequeña, un comedor y una sala pequeña.
–	En la actualidad su condición económica es muy precaria por cuanto no devenga una asignación salarial y las ayudas relacionadas le permiten escasamente cubrir sus necesidades básicas, más no atender una serie de obligaciones financieras adquiridas de manera previa a su discapacidad, las cuales con el transcurso de tiempo se han ido incrementando lo que le hace más difícil su subsistencia en condiciones dignas.
–	Se encuentra afiliado a la Nueva EPS en salud y a Colpensiones en el Sistema General de Pensiones en calidad de cotizante independiente, cancelando mensualmente la suma de $168.020, pues por la enfermedad que padece no puede interrumpir su tratamiento médico y es temeroso de que al dejar de cotizar se agrave su situación de salud y no cuente con atención médica especializada.
–	Agregó que, hasta la fecha, Colpensiones no le ha resuelto el recurso de apelación que interpuso.
–	No ha iniciado proceso ordinario laboral toda vez que guarda la esperanza de que Colpensiones al resolver el recurso precitado le resuelva de manera favorable su derecho prestacional y, además, porque para el inicio de una demanda tendría que efectuar una serie de gastos adicionales que no se encuentra en condición de asumir y para poder hacerlo tendría que descuidar el pago de los aportes de salud y de pensiones.
Para finalizar, aportó una relación mensual de gastos, así:
– Por concepto de alimentación, $300.000, como quiera que de manera diaria gasta $10.000 aproximadamente.
– Pago de $168.020 por concepto aportes al Sistema General de Seguridad Social.
– Pago de servicios públicos básicos por valor de $125.000. (Concepto que corresponde al 50% del valor total, como quiera que el otro porcentaje lo cubre la arrendataria).
– Servicio de transporte para asistir a las citas médicas y terapias de rehabilitación, aproximadamente $120.000, pues por su cuadro clínico debe desplazarse en taxi.
– Por concepto de vestuario: $25.000.
– Cuota de préstamo con Bancamia: $1.300.000, sin cancelar.
– Préstamo al fondo familiar: $500.000, sin cancelar.
– Impuesto predial: $504.000, sin cancelar.
– Préstamos familiares varios: $1.500.000, sin cancelar.
– No invierte ninguna suma de dinero en diversión.
Colpensiones es una entidad pública y un organismo del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones del orden nacional, por tanto, de conformidad con el numeral 2° del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, está legitimada como parte pasiva en el proceso de tutela bajo estudio, en la medida en que se le atribuye la violación de los derechos fundamentales en discusión.
Corresponde a la Sala Cuarta de Revisión determinar si existió, por parte de la entidad demandada violación a los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, a la salud, a la seguridad social y al mínimo vital, al negarse a reconocerle al peticionario la pensión de invalidez que reclama con ocasión de la disminución física permanente que padece o, en su defecto, el reconocimiento y pago de la pensión anticipada de vejez prevista en el parágrafo 4° del artículo 9° de la Ley 797 de 2003.
3.1. Procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de prestaciones sociales. Reiteración de jurisprudencia
Del contenido descrito en el artículo 86 Superior se desprende que la acción de tutela goza de unas características propias y diferentes a las generales de los procesos comunes por cuanto lo que pretende es evitar que se conjuren daños y afectaciones inminentes a los derechos de índole fundamental de las personas, generados por las actuaciones u omisiones de las autoridades públicas.
En ese sentido, previendo el constituyente colombiano la necesidad de evitar la conjuración del daño a las garantías de raigambre fundamental, dotó a la acción de amparo de un tratamiento diferenciado, preferente y sumario sobre los demás procedimientos judiciales, aclarando que esta solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio judicial al que pueda recurrir para la defensa de sus derechos. Dicha regla, consagra una excepción descrita en el mismo aparte constitucional mencionado, cual es la posibilidad de acudir a la tutela de manera transitoria con la finalidad de prevenir la configuración de un perjuicio irremediable. Posibilidad que ha sido decantada por vía jurisprudencial en diversos pronunciamientos proferidos por este tribunal, con el objetivo de clarificar el alcance de dicha excepción y evitar el desplazamiento de la competencia legal del juez ordinario de manera caprichosa, pues, de permitirse, se atentaría contra: (i) la tutela judicial efectiva, (ii) contra el derecho de quienes de manera diligente agotan los procesos comunes para el amparo de sus derechos y, además, (iii) conllevaría promover la congestión judicial. En ese sentido, como se hace necesario que para desplazar las competencias del operador jurídico común se esté frente de un perjuicio irremediable, esta corporación ha señalado que para la configuración de mismo deben concurrir en el caso unos elementos cuales son: La inminencia, la urgencia, la gravedad y la impostergabilidad, previstos, entre otras, en la Sentencia T-225 de 2003.
Ahora, debe observarse que el tratamiento jurisprudencial ha descrito y compilado algunas cosas que deben evidenciarse por el operador jurídico y acreditarse siquiera sumariamente por el actor en las circunstancias fácticas expuestas al momento de interponer la acción, máxime si se trata de solicitudes que versen sobre reconocimientos prestacionales propios de tramitarse ante el juez ordinario, con el fin de constatar el cumplimiento de los elementos que configuran el perjuicio irremediable que justifique el uso prioritario del recurso de amparo constitucional, referenciados, entre otras providencias, en la Sentencia T-115 de 2001, así:
(i)	El estado de salud del solicitante y su familia;
(ii)	Las condiciones económicas del peticionario;
(iii)	La falta de pago de la prestación o su disminución, genera un alto grado de afectación de los derechos fundamentales, en particular, del derecho al mínimo vital;
(iv)	El afectado ha desplegado cierta actividad administrativa y judicial, tendiente a obtener la protección de sus derechos, y
(v)	El interesado acredita, siquiera sumariamente, las razones por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados.”
En síntesis, en pronunciamientos de esta corporación, se ha insistido en la necesidad de constatar que además de los requisitos citados con anterioridad, se acrediten por el peticionario el cumplimiento de los elementos que permitan configurar la existencia de un perjuicio irremediable y los requisitos legales, consagrados por el legislador para el reconocimiento prestacional pretendido, para que entonces, sea viable que la tutela desplace la jurisdicción común en asuntos pensionales alegados en sede de tutela.
3.2. Los sujetos de especial protección constitucional y el amparo de sus derechos en sede de tutela
Aunque el contenido constitucional descrito en el artículo 13 de la Cartaprevé un trato igualitario para todos y elimina cualquier posibilidad de justificar un actuar diferenciado por parte de las autoridades, asignando por igual el goce de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin que sea admisible discriminaciones por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, lo cierto es que en el inciso 3°de la disposición mencionada se consagra una protección especial para quienes por su condición económica, física o mental se encuentren inmersos en unas circunstancias de debilidad manifiesta.
Dicho grupo especial de personas son, entre otros, los niños, los discapacitados, los desplazados, las mujeres en estado de embarazo, las personas con enfermedades catastróficas y pertenecientes a la tercera edad, a quienes se les brinda un cuidado prioritario respecto de la comunidad en general.
Lo anterior, ha sido reforzado con las directrices previstas en el artículo 47 de la Constitución, según el cual le corresponde al Estado adelantar diversas políticas públicas encaminadas a lograr la previsión, rehabilitación e integración social de quienes afrontan una disminución física, psíquica o sensorial y brindar toda la atención especializada que requiera, máxime si se tiene en cuenta que el cuidado y manejo de dichas condiciones demanda cubrir elevados costos, frente a los cuales no se puede ser indiferente.
3.3. El derecho a la seguridad social, la pensión de invalidez y anticipada por vejez y los requisitos previstos por el legislador en el Sistema General para acceder a su reconocimiento
El artículo 48 Superior reconoce el derecho a la seguridad social bajo la dirección, coordinación y control del Estado, el cual se le debe garantizar a todos sus habitantes, pues tiene un carácter de servicio público, obligatorio e irrenunciable.
Dichos planteamientos han hecho admisible la procedencia del recurso de amparo con el propósito de asegurar su cumplimiento, sin embargo, para arribar a la referida protección, se ha seguido un camino variado generado por la clasificación constitucional que le ha sido atribuida, en la Carta del 91, a los denominados derechos económicos, sociales y culturales, por lo que de manera inicial, era admisible su reconocimiento solo de manera excepcional en tanto se acreditara, según las circunstancias del caso en concreto, un “nexo inescindible” con los derechos de índole fundamental, teoría denominada como “tesis de conexidad”.
Finalmente, ha arribado la Corte en supuestos en los que ha otorgado a los derechos sociales, como el de la salud, el estatus de fundamental de manera autónoma y ha ordenado su protección constitucional con independenciade las diversas previsiones que en torno al tema existan, aplicando la excepción de inconstitucionalidad.
Así, dentro de las prestaciones económicas que el legislador colombiano creó con la intención de prevenir una serie de contingencias propias del ser humano (pérdida de la capacidad física, viudez, vejez, etc)se encuentran, entre otras, la pensión de invalidez, de sobrevivientes y vejez, habida cuenta que se puede generar una afectación a los derechos fundamentales de las personas que se encuentran afrontando alguna de estas situaciones, si no contaren con un medio, siquiera económico, para suplir sus necesidades básicas y las del núcleo familiar.
3.3.1. Requisitos para acceder a la pensión de invalidez
De esta manera, con relación a la pensión de invalidez, se exigió por el Congreso de la República, una serie de requisitos expuestos en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, la cual entró en vigencia el 1 de abril de 1994, norma que fue reformada por las disposiciones de la Ley 860 de 2003, que seguidamente se transcribe:
1.	Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas, dentro de los tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.
2.	Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas, dentro de los tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.
PARAGRAFO 1°: Los menores de veinte (20) años de edad sólo deberán acreditar que han cotizado 26 semanas en el último en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria.
PARAGRAFO 2°: Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos 3 años.”
La pensión anticipada de vejez, se encuentra consagrada en el parágrafo 4° del artículo 9° de la Ley 797 de 2003, que textualmente exige el cumplimiento de las siguientes condiciones:
“Artículo 9°. Para tener derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:
1.	Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años de edad si es hombre.
A partir del 1° de enero de 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1° de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.
(…) Parágrafo 4°. Se exceptúan de los requisitos establecidos en los numerales 1 y 2 del presente artículo, las personas que padezcan una deficiencia física, síquica o sensorial del 50% o más, que cumplan 55 años de edad que hayan cotizado en forma continua o discontinua 1000 o más semanas al régimen de seguridad social establecido en la Ley 100 de 1993. (…)”(subrayado por fuera del texto original).
No obstante, debe aclararse que esta pensión discrepa de la pensión ordinaria de vejez en tanto que, como lo ha indicado este tribunal en diversos pronunciamientos, la anticipada de vejez exige a las personas acreditar el cumplimiento de los 55 años de edad, sin tener en cuenta que se trate de hombre o mujer y, a diferencia, les exige demostrar una deficiencia de su capacidad laboral igual o superior al 50% y, además, si bien les exige acreditar 1000 semanas o más, igual a como ocurre con la pensión de vejez, se diferencia de la pensión ordinaria en tanto que con el transcurso de los años dicha cantidad va incrementándose hasta llegar a 1300 semanas en el año 2015. Del mismo modo, la pensión anticipada de vejez se diferencia de la pensión de invalidez en cuanto que esta última exige demostrar cuál fue el origen de su pérdida de capacidad (común o accidente laboral) y acreditar 50 semanas de cotización dentro de los 3 años anteriores a la estructuración de la invalidez, mientras que, a diferencia, la anticipada de vejez solamente exige acreditar una discapacidad del 50% sin que sea necesario su origen y 1000 semanas en cualquier época y no de manera restringida o ceñida a los años anteriores a la fecha en que se generó la invalidez.
3.4. Principio de favorabilidad en el Sistema General de Seguridad Social. Reiteración de jurisprudencia
Con relación al principio de favorabilidad en materia laboral, es claro que éste tiene un origen constitucional contemplado en el artículo 53 de la Carta, pero además, tiene sustento en otras disposiciones, como por ejemplo, en el artículo 36 de la Ley 6ª de 1945 y en el artículo 21 del Código Sustantivo de Trabajo.
Sin embargo, transcurrido un año, el 28 de octubre de 2011, le fue denegada por no acreditar 50 semanas cotizadas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez (31 de marzo de 2009),requisito previsto en la Ley 860 de 2003. Decisión que le fue notificada personalmente el 12 de enero de 2012,y contra la cual interpuso el recurso de apelación el 19 de enero de 2012.
Así pues, en tratándose de reconocimientos prestacionales en sede de tutela, en reiterada jurisprudencia, se ha tutelado dichos derechos cuando las personas padecen una discapacidad bajo el entendido que los demás procedimientos ordinarios no se tornan idóneos para obtener el amparo alegado, señalando, a su vez, que es necesario garantizarles el mínimo vital digno y justo pues para ellos constituye un derecho fundamental y, porque, además, como se indicó, entre otras, en la Sentencia C-1433 de 2000, el mismo guarda relación directa con la necesidad de: “i) asegurar un orden social y económico justo (preámbulo); ii) de la filosofía que inspira el Estado Social de Derecho, fundada en los principios de dignidad humana, solidaridad y de la consagración del trabajo como valor, derecho subjetivo y deber social (art. 1); iii) del fin que se atribuye al Estado de promover y garantizar la prosperidad y el bienestar general, el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, y la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (arts. 2, 334 y 366); (…) vi) del reconocimiento de un tratamiento remuneratorio igual tanto para los trabajadores activos como para los pasivos o pensionados (arts. 48, inciso final y 53, inciso 2); vii) del deber del Estado de intervenir de manera especial para asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos (art. 334) (…)”.
Lo anterior, por cuanto debe tenerse en cuenta que el constituyente colombiano consagró, de manera expresa, que se les debe garantizar el derecho a la seguridad social a todos los habitantes como un derecho irrenunciable, que, según lo señalado en la Sentencia T-1449 de 1192, va incorporado a la esencia del hombre y es fundamental para que él pueda desarrollarse dentro de su ámbito social.
Frente a lo cual, se hace necesario decantar que la jurisprudencia de este tribunal ha indicado que, en aquellos casos en los que el accionante demuestra que con la providencia judicial atacada se afecta su derecho al mínimo vital y, por ende, se le genera un perjuicio irremediable, éste quedará relevado de agotar todas las instancias judiciales. Así las cosas, en el caso objeto de estudio, por el solo hecho de no haberse reconocido la pensión de invalidez al actor, la Sala presume que su derecho al mínimo vital se encuentra afectado, razón por la cual el señor Enrique Gil Vallejo, en consonancia con la posición jurisprudencial de esta Corte, queda relevado de cumplir con este presupuesto. Por lo que bajo el entendido de que se debe procurar por ampliar el nivel de cobertura y protección de las personas y garantizarles su derecho a la seguridad social, en tanto que este les permite su desarrollo en el ámbito social, amenazado por las diversas contingencias que, para el caso del actor, es ocasionada por su enfermedad, esta Corte concederá el amparo de los derechos fundamentales del actor.
De cualquier modo, aun cuando el peticionario no cumple con los requisitos para consolidar la pensión de invalidez previstos en la Ley 100 de 1993 y en la Ley 860 de 2003, ello no es justificación para que se le deje a la deriva, como quiera que ha cotizado al sistema general de pensiones un total de 1411 semanas. En síntesis, esta Corte considera necesario realizar el reconocimiento de la pensión anticipada de vejez, habida cuenta que el actor acredita la edad mínima requerida (55 años), el porcentaje de discapacidad superior al 50% y más de 1000 semanas cotizadas al sistema, prestación que debe otorgarse, aunque no existe dentro del expediente documento que permita constatar que aquel la solicitó a la entidad accionada, lo cual no es justificación para denegar su derecho, pues debe tenerse en cuenta que desde hace años se encuentra adelantando un proceso tendiente a obtener un reconocimiento pensional que, aunque inicialmente lo requirió en la modalidad de invalidez lo cierto es que su intención no es otra que contar con un auxilio económico para suplir sus necesidades, como quiera que por su enfermedad no le es posible laborar y obtener un ingreso económico fijo, ello sin importar la denominación de la prestación.
Así las cosas, es de resaltar que la finalidad del sistema de seguridad debe ser la de asegurarle a las personas un nivel mínimo de calidad de vida mediante la implementación de planes y programas encaminados a prevenir las contingencias propias del ser humano, vejez, invalidez, viudez, etc., los cuales deben buscar la ampliación progresiva de cobertura, por medio de mesadas pensionales o indemnizaciones a quienes durante su vida laboral han realizado aportes al sistema, con la expectativa de sobrellevar, al menos económicamente, dichos estados, por tanto, el componente integral del sistema debe estar encaminado al logro de dicho cometido y no, precisamente, puede constituirse en obstáculo que evite la consolidación del derecho sino en un medio rápido y fácil que permita su disfrute. Por tanto, revocará el fallo proferido el 19 de marzo de 2013 por la Sala Séptima de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C., que a su vez confirmó el dictado el 20 de febrero de 2013 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá D. C..
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 19 de marzo de 2013, por la Sala Séptima de Decisión Civil del Tribunal Superior de Bogotá D. C., por medio de la cual se confirmó el fallo dictado el 20 de febrero de 2013, por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá D. C, en el trámite del proceso de tutela de la referencia. En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales del señor Enrique Gil Vallejo, al mínimo vital, a la salud y a la seguridad social, por las razones expuestas en la presente providencia. SEGUNDO.- ORDENAR a Colpensiones que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, inicie los trámites pertinentes, para que en el término máximo de un (1) mes, si aún no lo ha efectuado, reconozca de manera definitiva y empiece a pagar al señor Ernesto Gil Vallejo, la pensión anticipada de vejez, cubriendo todas aquellas mesadas causadas y dejadas de percibir desde la fecha en que consolidó su derecho.