Source: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/1997/00383-1996-AA.html
Timestamp: 2017-12-12 22:02:37
Document Index: 127816275

Matched Legal Cases: ['artículo 28', 'artículo 166', 'artículo 35', 'artículo 166', 'artículo 154', 'artículo 11']

00383-1996-AA
Que, en este sentido, el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaura, al aplicar la sanción de destitución, se ha excedido en sus funciones violando derechos constitucionales del demandante tales como: al debido proceso, a la libertad de opinión y a la adecuada protección contra el despido arbitrario.
Exp. Nº 383-96-AA/TC
Caso: Pedro Manuel Francia Villanueva
En Lima, a los once días del mes de noviembre de mil novecientos noventisiete, el Tribunal Constitucional en sesión del Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores Magistrados:
Recurso extraordinario contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de Lima, de fecha veintitrés de mayo de mil novecientos noventiséis, en los seguidos entre don Pedro Francia Villanueva y don Carlos Augusto Meza Velásquez Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaura - Huacho, sobre acción de amparo.
Don Pedro Francia Villanueva interpone acción de amparo contra don Carlos Augusto Meza Velásquez Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaura-Huacho, solicitando se deje sin efecto las Resoluciones de Alcaldía números 1026-94 y 1392-94, se ordene su reposición así como se disponga el abono de sus remuneraciones dejadas de percibir, más los intereses legales y se le reconozca el tiempo de cese arbitrario.
Señala el demandante, que por Resolución de Alcaldía Nº 1026-94 de fecha siete de junio de mil novecientos noventicuatro, fue destituido luego de un proceso administrativo señalándose en dicha resolución que incurrió en faltas graves de carácter disciplinario previstas en el artículo 28º incisos c) y f) del Decreto Legislativo Nº 276; que interpuso recurso de apelación el mismo que fue declarado improcedente por Resolución de Alcaldía Nº 1392-94 de fecha nueve de agosto de mil novecientos noventicuatro.
Sostiene el demandante que con fecha cinco de abril de mil novecientos noventicuatro, en su condición de Secretario General del Sindicato de trabajadores de la Municipalidad, fue entrevistado en un programa radial sobre una partida de matrimonio fraudulenta remitida a la Municipalidad por la Embajada del Japón, en la cual aparece las firmas del Alcalde, Subprefecto de la provincia y funcionarios de los Ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores; que en su calidad de ciudadano y Secretario General del Sindicato, formuló opinión pidiendo que el Alcalde se pronuncie y disponga una exhaustiva investigación, motivo por el cual se le aperturó proceso administrativo sin haberse pronunciado previamente la Comisión de Procesos Administrativos como lo prescribe el artículo 166º del Reglamento de la Ley de Carrera administrativa aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM.
El demandante manifiesta, que se ha violado sus derechos constitucionales a la libertad de opinión, igualdad de oportunidades sin discriminación, carácter irrenunciable de los derechos reconocidos, adecuada protección contra el despido arbitrario y garantías de libertad sindical amparados por los artículos segundo, inciso cuatro, veintiséis incisos uno, dos, veintisiete y veintiocho inciso uno, de la Constitución Política del Estado.
Admitida la demanda, ésta es contestada por don Jorge Arias Quispe en representación del Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaura, con poder otorgado mediante escritura pública de 20 de setiembre de mil novecientos noventitrés, solicitando se declare la caducidad de la acción de amparo por considerar que entre la fecha en que se produjo el despido, hasta la fecha de interposición de la demanda, han transcurrido más de sesenta días; o en su defecto se declare infundada la demanda, al no haberse violado ni amenazado derecho constitucional alguno, puesto que el demandante ha sido despedido previo proceso administrativo por haber incurrido en falta grave, violencia y faltamiento de palabra en agravio de su superior y utilizar un bien de la entidad municipal con el fin de difamar al Alcalde ya que en la entrevista radial a la que acudió, imputo a éste ser el autor de la falsificación. Que el caso amerita la actuación de pruebas, por lo que corresponde el proceso de impugnación de resolución administrativa.
Con fecha veinte de octubre de mil novecientos noventicuatro, el Juez del Segundo Juzgado Civil (P) de Huacho expide resolución declarando improcedente la acción de amparo por considerar que ésta caducó. Interpuesto el recurso de apelación, con fecha dieciséis de enero de mil novecientos noventicinco, la Sala Civil Mixta de la Corte Superior de Justicia de Huaura expide resolución revocando la apelada y reformándola declara fundada la demanda. La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia por resolución de fecha veintitrés de mayo de mil novecientos noventiséis declara haber nulidad en la sentencia de vista, reformándola confirma la resolución de primera instancia que declara improcedente la acción de garantía.
Que, en cuanto al aspecto formal, el demandante sostiene que este proceso terminó con la expedición de la resolución emitida por la Sala Civil Mixta de la Corte Superior de Justicia de Huaura, quien declaró fundada la demanda actuando en segunda y última instancia. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, si bien, la mencionada resolución se expidió el dieciséis de enero de mil novecientos noventicinco, cuando se encontraba vigente la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional Nº 26435 y antes de promulgada la Ley Nº 26446 interpretativa de la cuarta disposición transitoria de la Ley Nº 26435; debe tenerse en cuenta, que el proceso se inició al amparo de la Ley Nº 23506 Ley de Habeas Corpus y Amparo en cuyo artículo 35º establece que contra la resolución de la Corte Superior se puede interponer recurso de nulidad, por lo que el concesorio de fecha 12 de junio de mil novecientos noventicinco que corre a fojas doscientos seis, se encuentra arreglado a ley.
Que, en cuanto al aspecto de fondo, de autos fluye que con fecha 08 de abril de mil novecientos noventicuatro, se instaura proceso administrativo al demandante sin haberse dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 166º de Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, el mismo que establece que la Comisión de Procesos Administrativos, tiene la facultad de calificar las denuncias que le sean remitidas y pronunciarse sobre la procedencia de abrir proceso administrativo disciplinario.
Que, se desprende de autos que la sanción de destitución impuesta al demandado, se deriva fundamentalmente del contenido de las declaraciones que éste vertió en una emisora radial al ser entrevistado en su calidad del Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad, sobre la expedición de una partida de matrimonio fraudulenta. Que tal como se han producido los hechos estamos frente al ejercicio del derecho de opinión, el mismo que para el caso de los servidores públicos tiene la limitación fijada en el articulo 23º inciso d) del Decreto Legislativo 276, el cual estipula que está prohibido a los servidores públicos emitir opinión a través de los medios de comunicación social , sobre asuntos del Estado, caso que no es el presente.
Que, en autos no está acreditado las expresiones presuntamente injuriosas que hubiera vertido el demandante contra el Alcalde. Que en el supuesto que estas se hubieran dado, en aplicación del artículo 154º del Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa, la aplicación de la sanción debe corresponder a la gravedad de la falta; para lo cual la autoridad edilicia debió evaluar las circunstancias en que ésta se cometió y los efectos que produjo. A este respecto fluye de autos que los hechos materia de la entrevista radial, eran de conocimiento público y por tanto resultaba indispensable que el Alcalde disponga una investigación a fin de sancionar a los responsables, en beneficio de la imagen de la entidad edilicia y de sus autoridades.
Por estos fundamentos el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que la Constitución y su Ley Orgánica le confieren,
Revocando la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, de fojas veintisiete, su fecha veintitrés de mayo de mil novecientos noventiséis que declaró haber nulidad en la resolución de vista e improcedente la acción; y reformándola se confirma la resolución de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Huaura, que declaró fundada la demanda; en consecuencia inaplicables al actor las resoluciones del Alcaldía Nº 1026-94 de fecha siete de junio de mil novecientos noventicuatro; y Nº 1392-94 de fecha nueve de agosto de mil novecientos noventicuatro, ordenándose su reincorporación a la Municipalidad de Huaura, no siendo de abono las remuneraciones devengadas. Se dispuso, que es inaplicable lo dispuesto en el artículo 11º de la Ley Nº 23506 atendiendo a las circunstancias especiales del proceso.
Mandaron se publique en el Diario Oficial "El Peruano", conforme a ley y los devolvieron.