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Juez en México ordena entrega de documentos sobre investigaciones de masacres | Migración Abierta
Publicado el mayo 29, 2014 por Jesse Franzblau	2 comentarios
Declara que el gobierno haga público evidencia de violaciones graves de derechos humanos
Matanzas de migrantes en Tamaulipas, Cadereyta, prima facie violaciones de derechos humanos
Decisión histórica defiende el derecho a la verdad, refiere a la “interés de la sociedad” en “evitar la impunidad y la repetición de dichos actos en el futuro”
Por Michael Evans y Jesse Franzblau del Archivo Nacional de Seguridad
¿Puede el gobierno mexicano continuar ocultar evidencia del público sobre violaciones graves de derechos humanos? Dos casos en material de acceso a la información en proceso judicial en este momento podrían poner a fin a esa práctica.
En un fallo de referencia que sentó jurisprudencia en materia del derecho a la verdad, por la primera vez un juez federal en México ha juzgado que tres masacres de migrante horrendos entre los años 2010-2012 constituyen violaciones claros de derechos humanos y declara que la Procuraduría General de la República (PGR) esta obligada entregar una versión publica de sus averiguaciones previas sobre los casos. Los dichos expedientes han sido ocultados en secrecía en medio de acusaciones de complicidad del estado y mal manejo de las investigaciones.
Los casos tratan sobre una serie de matanzas en la región noreste de México los cuales tomaron la vida de cientos de migrantes. Las víctimas, la mayoridad de América Central secuestrados de autobuses interurbanos en ruta norte a la frontera con los Estados Unidos, eran peones en un conflicto violento entre organizaciones criminales, las cuales mataban con impunidad. En un caso, los cuerpos de 49 víctimas eran desmembrados y descartados por el lado de la carreta en el pueblo de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, haciendo la identificación de los cuerpos especialmente difícil.
La resolución esta en respuesta a una solicitud interpuesto por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) por parte de las familiares de víctimas de los casos referidos.
La sentencia representa un gran logo como parte de los esfuerzos obtener información oficial sobre abusos graves hacia migrantes y es lo mas recién en la jurisprudencia creciendo en América Latina afirmando el derecho a la información como un derecho humano fundamental. Víctimas de abusos migratorios, sus familias, y sociedad colectiva tienen el derecho a saber la verdad de atrás de los actos de violencia, según a la decisión de 60 páginas.
“Evitar la impunidad y la repetición de dichos actos en el futuro”
La Procuraduría General de la Republica había invocada la clasificación respecto de los expedientes [averiguaciones previas] con fundamento en lo dispuesto en el artículo 14, fraccionas I y II de la Ley Federal de Transparencia (LFTAIPG), en relación con el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales. Pero el Juez afirmó que la excepción no puede considerarse absoluta, consistente en que, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia, no puede alegarse al carácter de reservado cuando la investigación previa investigue hechos constitutivos de graves violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. (Ver la Ley Federal de de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Artículo 14, último párrafo).
Haciendo referencia a resoluciones internacionales, declaraciones la Naciones Unidas, y la Constitución de México, el Juez Fernando Silva García declaró que la transparencia en dichos casos es fundamental para “evitar la impunidad y la repetición de dichos actos en el futuro.” La naturaleza sensible de las averiguaciones previas es precisamente la razón porque es tan importante hacerlas publicas, al que “ofenden a toda la sociedad.” La Ley de Transparencia, declara el Juez,
…previo como excepción a la reserva de las averiguaciones previas aquellos casos extremos en los cuales el delito perseguido es de tal gravedad que el interés públicoen mantener la averiguación previa en reserva se ve superado por el interés de la sociedad en su conjunto de conocer todas las diligencias que se estén llevando a cabo para la oportuna investigación, detención, juicio y sanción de los responsables.
El punto clave a la determinación que los casos ser considerados violaciones graves de derechos humano es la abundancia de evidencia sobre el rol de los funcionarios del estado en las matanzas de migrantes. La participación o aquiescencia en actos de violencia es uno de los tres criterios requeridos para establecer que violaciones son abusos graves bajo lineamientos establecidos por la Corte inter-Americana de Derechos Humanos aprobados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México.
La decisión del Juez hace referencia a autoridades múltiples, inclusivo a las Naciones Unidas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los cuales ha documentado evidencia de la complicidad oficial del estado mexicano en abusos hacia migrantes, en particular con respecto a la campaña de secuestros y asesinatos que consumió los estados de Tamaulipas y Nuevo León durante esa época oscura. Otros reportajes refieren el fallo del estado durante esa época en tomar medidas necesarias prevenir los secuestros.
Documentos desclasificados obtenidos por nuestra organización y compartidos con los representantes del caso subraya las acusaciones que funcionarios del estado colaboraron en abusos migratorios. Un cable de la Embajada estadounidense destaca el arresto de 16 oficiales de la policía municipal en conexión a la masacre de 2010 de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, y el hecho que funcionarios del gobierno estaban “tratando minimizar los descubrimientos [de fosas comunes] en San Fernando y la responsabilidad estatal por los hechos.” Oficiales de la Embajada dijeron que los funcionarios de México lo hicieron a pesar de ser “totalmente conscientes del peligro de viajar por carretera en la zona.” Otro reportaje de los Estados Unidos destaca el estado de “impunidad casi total” por las organizaciones operando en la región “frente a la aquiescencia de fuerzas locales” (Ver blog anterior sobre documentos estadounidenses sobre la masacre de San Fernando).
Mientras que una cantidad de personas han sido arrestados en relación a los hechos, hay poca información disponible sobre las acusaciones en su contra. Los supuestos autores intelectuales de la violencia, Édgar Huerta Montiel (“El Wache”) y Martín Omar Estrada Luna (“El Kilo”) sigan en detención. Miguel Ángel Treviño Morales, el líder de las Zetas, fue arrestado por autoridades en México en julio de 2013. Mas recién, reportes en México indica que el supuesto traficante de personas (pollero), supuestamente vinculado al caso, fue arrestado.
Comisionados de información violaron derechos de las víctima
En su decisión declarar la información reservada, la PGR declaró que ningunas de las masacres habían sido determinado ser violaciones de derechos humanos por una autoridad legal competente. El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), la entidad responsable emitir resoluciones en disputas de casos de información, también negó hacer una determinación en el caso, al declarar no ser competente hacerlo.
Pero el Juez Silva descartó sus argumentos, al determinar que las masacres están, prima facie, violaciones de derechos humanos y que IFAI debe ordenar que la PGR entregue una versión publica de las averiguaciones previas. La corte también declaró que los comisionados de IFAI están obligados hacer decisiones así en materia de acceso a la información; que IFAI no debería permitir agencias negar acceso a los archivos judiciales los cuales tratan sobre violaciones de derechos humanos; y, quizás mas importante, que IFAI ha violado los derechos de la víctimas y sus familiares en su acto denegar acceso a la información en primer instancia.
“Si IFAI tenia dudas al respecto [a la sentencia],” escribió el Juez Silva, “las autoridades deben regirse por los principios de buena fe, de máxima divulgación y como lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gomes Lund vs. Brasil, respecto a violaciones graves de derechos humanos: ‘ante la duda o el vacío legal debe primar el derecho de acceso a la información.’”
La PGR y IFAI han interpuestos amparos con el fin impugnar la resolución del Juez.
Caso prueba por los nuevos comisionados
Este caso y otro similar interpuesto por la organización pro-transparencia Artículo 19 ponen la atención sobre IFAI justo en el momento que el Instituto esta en proceso hacer cambios en su personal y responsabilidades. Las resoluciones han forzado el nuevo grupo de comisionados de IFAI seleccionados hacer una declaración clara sobre derechos humanos y el acceso a la información en medio de sus primeras semanas en sus puestos. Lamentablemente, IFAI ha elegido actuar en acuerdo con la PGR en su amparo de la decisión del Juez, al demorar aun mas la entrega de información importante sobre estos casos importantes a las víctimas, sus familiares y miembros del público.
Sin embargo, la resolución apasionada del Juez Silva en defensa al derecho a la verdad ofrece un sendero claro legal para que México supera tantos desafíos y cumplir al espíritu y letra de la Ley de Transparencia y el cúmulo de jurisprudencia creciendo para asegurar el acceso a la información sobre violaciones graves de derechos humanos.
Etiquetas: Artículo 19, FJEDD, Gomes Lund v. Brasil, Instituto Federal de Accesso a la Información, Los Zetas, Masacre de Caderyta, Masacre San Fernando, Procuraduría General de la República, Tamaulipas. Añadir a marcadores el enlace permanente.
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