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Timestamp: 2019-02-20 08:09:09
Document Index: 363521756

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 9', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 9', 'artículo 13', 'artículo 15', 'artículo 13', 'Artículo 13']

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A. Introducción: Propósito y contenido del informe
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45. La Corte Europea manifestó que en todos los casos las detenciones de los peticionarios tenían por objeto prevenir el desorden y proteger los derechos de otros,56 objetivos legítimos de conformidad con el artículo 10 de la Convención.
46. En cuanto a la necesidad de las restricciones en una sociedad democrática, la Corte Europea expresó que, en el caso del primer peticionario, el riesgo de desorden producto de la constante obstrucción de los manifestantes justificaba la detención del peticionante y que, por lo tanto, no era una medida desproporcionada.57 En relación con el segundo peticionario, la Corte Europea sostuvo que la conducta de la peticionante podía causar disturbios a la paz y que para proteger el orden público y los derechos de otros, la detención no había sido desproporcionada.58 Con respecto al tercer, cuarto y quinto peticionarios, la Corte Europea manifestó que, dado que las restricciones no estaban prescriptas por ley porque la conducta de los peticionarios no constituía un riesgo a la paz, las restricciones eran desproporcionadas a los efectos de prevenir el desorden y proteger los derechos de otros, razón por la cual no eran necesarias en una sociedad democrática.59
47. En conclusión, la Corte Europea resolvió que el Estado no había violado el derecho a la libertad de expresión de los primeros dos peticionarios y que sí lo había vulnerado en el caso del tercer, cuarto y quinto peticionarios.
d. Piermont c. Francia60
48. La peticionaria, de nacionalidad alemana y miembro del Parlamento Europeo, fue invitada a la Polinesia Francesa durante las campañas electorales anteriores a la asamblea territorial y elecciones parlamentarias de 1986. Fue advertida de no hacer ningún tipo de comentario acerca de los asuntos internos de Francia, bajo amenaza de ser expulsada.61
49. El 1 de marzo de 1986 la peticionaria, junto con alrededor de otras 900 personas, participó en la tradicional marcha organizada por los movimientos de independencia y antinucleares. La manifestación se efectuó sin incidentes en las calles de Faaa. Durante la manifestación la peticionaria denunció la continuación de pruebas nucleares y la presencia francesa en el Pacífico.62 Al día siguiente el Alto Comisionado de Francia en la Polinesia Francesa ordenó su expulsión y la prohibición de volver a entrar al territorio.63
50. Luego de abandonar la Polinesia la peticionaria se dirigió a Nueva Caledonia. Alrededor de 40 activistas se juntaron para expresar su hostilidad sobre la presencia de la peticionaria en el territorio. Dado el riesgo de enfrentamientos, el Alto Comisionado ordenó su expulsión del territorio.64
51. De acuerdo con el Estado, las restricciones tenían por objeto prevenir el desorden y preservar la integridad territorial (objetivos legítimos de conformidad con el inciso 2 del artículo 10). La libertad de expresión también acarrea deberes y la peticionaria debería haber tomado precauciones al expresarse dado el tenso ambiente político existente (sobre todo en Nueva Caledonia) y el avecinamiento de las elecciones.65
52. La restricción en la Polinesia Francesa. De acuerdo con la Corte Europea, el Estado violó el derecho a la libertad de expresión de la peticionaria. Para así resolver, la Corte observó que la peticionaria había expresado su opinión en el curso de una manifestación autorizada y pacífica. Incluso reconoció que la peticionaria no hizo un llamado a la violencia o al desorden sino que simplemente se pronunció a favor de las demandas antinucleares y por la independencia de varios partidos políticos locales, de esta manera contribuyendo al debate democrático. Finalmente, sostuvo que la manifestación no causó ningún tipo de desorden, no constituyendo las expresiones de la peticionaria amenazas serias al orden público. En este sentido, la Corte Europea concluyó que la restricción era desproporcionada y, por lo tanto, innecesaria en una sociedad democrática.66
53. La restricción en Nueva Caledonia. De acuerdo con la Corte Europea, el Estado violó el derecho a la libertad de expresión de la peticionaria. La Corte Europea reconoció que, incluso a pesar de que la atmósfera política era tensa y la presencia de la peticionaria causó hostilidades, la restricción había sido desproporcionada por las mismas razones que lo había sido la restricción en la Polinesia Francesa.67 De esta manera, era innecesaria en una sociedad democrática.
e. Plattform “Arzte fur das Leben” c. Austria68
54. La manifestación en la Iglesia Stadl-Paura. La peticionaria, una asociación de médicos que hace campaña en contra del aborto, pidió autorización para hacer una manifestación. Como los organizadores de la manifestación temían que se produjeran incidentes, quisieron cambiar la ruta de la manifestación. Sin embargo, los representantes de la policía señalaron que los oficiales de policía ya se habían desplegado en la ruta original. Asimismo, observaron que sería imposible prevenir que los opositores a la manifestación obstruyeran la manifestación de la peticionaria.69
55. Los opositores a la manifestación interrumpieron los servicios religiosos celebrados por la peticionaria. La policía intervino cuando estaban por ocurrir episodios de violencia física, formando un cordón entre los grupos opositores.70
56. La manifestación en Salzburgo. La policía dio autorización para una segunda manifestación en contra del aborto en la Plaza de la Catedral en Salzburgo. Alrededor de unas 350 personas expresaron su oposición. Unos 100 policías formaron un cordón protegiendo a la peticionaria de un ataque directo. Para prevenir que la ceremonia religiosa fuera interrumpida, la policía sacó a todas las personas de la plaza.71
57. La peticionaria alegó que el Estado no había dado importancia al verdadero significado de la libertad de reunión al no haber tomado las medidas necesarias para asegurar que la manifestación se llevara a cabo sin inconvenientes.72
58. El Estado sostuvo que el artículo 11 no crea ninguna obligación positiva de proteger las manifestaciones. El derecho de reunión pacífica, de conformidad con el artículo 12 de la Ley Austriaca Básica de 1867, sólo estaba diseñado para proteger al individuo de la interferencia estatal. El artículo 11 de la Convención no se aplica a las relaciones entre los individuos.73
59. De acuerdo con la Corte Europea, una manifestación puede causar molestias u ofender a aquellas personas que se oponen a las ideas o reclamos que la manifestación intenta promover. Sin embargo, los manifestantes deben poder manifestarse sin tener miedo de sufrir violencia física por parte de sus opositores; dicho miedo podría disuadir a asociaciones o grupos de personas que tienen ideas o intereses en común para que no expresen sus opiniones sobre cuestiones sumamente controvertidas que afectan a la comunidad. En una democracia el derecho de oponerse a una manifestación no puede extenderse hasta el punto de inhibir el ejercicio del derecho a manifestarse.74
60. Además, la Corte Europea expresó que, mientras que es deber de los Estados contratantes tomar medidas razonables y apropiadas para asegurar que las manifestaciones legales procedan pacíficamente, no pueden garantizarlo absolutamente y tienen un amplio margen de discreción para elegir los medios a ser usados. En este sentido, la obligación bajo el artículo 11 de la Convención es una obligación de medios (medidas a ser tomadas) y no una obligación de resultados.75
61. Por último, la Corte Europea resolvió que el Estado no había violado el derecho a la libertad de reunión en cuanto las autoridades austriacas habían tomado medidas razonables y apropiadas.76
E. Las manifestaciones públicas en el marco de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos
1. Instrumento de protección
62. La Carta Africana, adoptada el 18 de junio de 1981, prevé el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de reunión y establece restricciones a los mismos. En relación con la libertad de expresión, el artículo 9 de la Convención Africana dispone:
1. Todo individuo tiene el derecho de recibir información.
2. Todo individuo tiene el derecho a expresar y diseminar sus opiniones en el marco de la ley.77
63. Con respecto a la libertad de reunión, el artículo 11 establece:
Todo individuo tiene el derecho de reunirse libremente con otros. El ejercicio de este derecho estará sujeto sólo a las restricciones necesarias previstas por ley, en particular aquellas estipuladas en interés de la seguridad nacional, la seguridad, la salud, la ética y los derechos y libertades de otros.78
64. La Comisión Africana se ha referido a las manifestaciones públicas en tres casos. Señaló que existe una relación estrecha entre los derechos expresados en los artículos 9 (derecho de libertad de expresión), 10 (derecho de asociación) y 11 (derecho de reunión) y que implícitamente se viola el derecho de libertad de expresión cuando se ha violado el derecho de asociación y el derecho de reunión.
a. Señor Dawda K Jawara c. Gambia79
65. El peticionario, ex Jefe de Estado de Gambia, alegó que después del golpe militar que derrocó su gobierno, hubo una prohibición de partidos políticos y se les prohibió a los Ministros que participaran en cualquier tipo de actividad política. Alegó que existieron restricciones a la libertad de expresión, movimiento y religión. Estas restricciones se manifestaron en el arresto y detención de personas sin cargos previos, los secuestros, la tortura y el incendio de una mezquita.80
66. El peticionario sostuvo que un miembro independiente del Parlamento y sus seguidores fueron arrestados por planificar una manifestación pacífica. Asimismo, a los Ministros y miembros del Parlamento se les prohibió participar en cualquier tipo de actividad política.81
67. La Comisión Africana consideró que la prohibición de la existencia de partidos políticos constituía una violación de la libertad de reunión consagrada en el artículo 11 de la Carta Africana.
b. Movimiento Burkinabé por los Derechos Humanos y de los Pueblos c. Burkina Faso82
68. El peticionario, director de Movimiento Burkinabé por los Derechos Humanos y de los Pueblos, alegó la comisión de graves violaciones a los derechos humanos en Burkina Faso desde los comienzos del gobierno revolucionario hasta la fecha de la petición.83
69. Entre otras cosas, manifestó la violación, así como la amenaza, de varios derechos humanos de su organización y de su persona durante las sucesivas huelgas estudiantiles realizadas durante los meses de febrero, marzo y abril de 1997.84
70. El peticionario alegó la muerte de ciudadanos (que fueron asesinados o torturados hasta morir), así como la muerte de dos estudiantes que habían salido a las calles junto con sus colegas para expresar ciertas demandas y apoyar las demandas de profesores de colegios secundarios o de educación superior.85
71. La Comisión Africana deploró el uso abusivo de la violencia estatal hacia los manifestantes incluso cuando los manifestantes no están autorizados a manifestarse por las competentes autoridades administrativas. La Comisión Africana sostuvo que las autoridades públicas poseen medios adecuados para dispersar a las multitudes, y que aquellos responsables de mantener el orden público deben hacer un esfuerzo en este tipo de operaciones para causar sólo el mínimo posible de daños y violaciones a la integridad física y para respetar y preservar la vida humana.86
72. Sin embargo, la Comisión Africana resolvió que el Estado no había violado ni la libertad de expresión ni la libertad de reunión del peticionario, en cuanto el peticionario no había establecido dichas violaciones.87
c. International Pen, Constitucional Rights Project, Interights on behalf of Ken Saro-Wiwa Jr. and Civil Liberties Organization c. Nigeria88
73. De acuerdo a los peticionarios, después de la muerte de cuatro líderes Ogoni ocurrida el 21 de mayo de 1994 durante unos disturbios producidos en el curso de una reunión pública organizada por el Movimiento por la Supervivencia de los Pueblos Ogoni (representante de los derechos de aquellos que vivían en tierras Ogoni en las que se producía petróleo), el presidente del Movimiento por la Supervivencia de los Pueblos Ogoni y otros cientos de personas fueron arrestados y enjuiciados.89
74. Los peticionarios alegaron que los acusados fueron enjuiciados, condenados y sentenciados a muerte por la expresión pacífica de sus ideas y opiniones acerca de la violación de los derechos de los Ogoni.90
75. Según los peticionarios existió una violación del artículo 11 (derecho de reunión) de la Carta dado que el juicio por asesinato fue una consecuencia directa de las reuniones públicas realizadas por el Movimiento por la Supervivencia de los Pueblos Ogoni. Aparentemente el tribunal sostuvo que los acusados eran responsables por los asesinatos porque habían organizado las reuniones en las que los asesinatos se llevaron a cabo.91
76. De acuerdo con el Estado, las medidas fueron necesarias para proteger los derechos de los ciudadanos que habían sido asesinados.92
77. La Comisión Africana expresó que existe una relación estrecha entre los derechos expresados en los artículos 9 (derecho de libertad de expresión), 10 (derecho de asociación) y 11 (derecho de reunión). Reconoció que las víctimas estaban diseminando información y opiniones acerca de los derechos de aquellos que vivían en tierras Ogoni en las que se producía petróleo a través del Movimiento por la Supervivencia de los Pueblos Ogoni y, específicamente, a través de esa reunión. Las alegaciones de los peticionarios no habían sido contradecidas por el Estado, quien incluso se había mostrado prejuicioso del Movimiento por la Supervivencia de los Pueblos Ogoni sin señalar razón alguna. El Movimiento por la Supervivencia de los Pueblos Ogoni había sido creado específicamente para expresar opiniones acerca de las personas que vivían en tierras en las que se producía petróleo y la reunión había sido organizada con este propósito. El Estado había violado el artículo 9 implícitamente cuando había violado los artículos 10 y 11.93
F. Las manifestaciones públicas en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
1. Instrumentos de protección
78. El derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de reunión están consagrados en diversos instrumentos en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión.
79. En primer lugar, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (en adelante la “Declaración Americana”), aprobada en el marco de la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en 1948, se refiere al derecho a la libertad de expresión en su artículo IV, el que reza:
Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio.94
80. En relación con el derecho de reunión, el artículo XXI establece:
Toda persona tiene el derecho de reunirse pacíficamente con otras, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole.95
81. Cabe mencionar que tanto la Corte como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la “Comisión Interamericana”) han dictaminado que a pesar de haber sido adoptada como una declaración y no como un tratado, en la actualidad la Declaración Americana constituye una fuente de obligaciones internacionales para los Estados miembros de la OEA.96
82. Por su parte, la Convención Americana, que fue suscripta el 22 de noviembre de 1969 y entró en vigencia el18 de julio de 1978, prevé el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de reunión, estableciendo límites a ambos derechos. En cuanto a la libertad de expresión, el artículo 13 dispone:
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.97
83. Con respecto a la libertad de reunión, el artículo 15 establece:
Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás.98
84. Por último, la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, aprobada por la Comisión Interamericana durante su 108º período de sesiones en el año 2000, contiene varios principios que señalan la importancia del derecho a la libertad de expresión, lo garantizan y establecen los requisitos para su pleno ejercicio.
85. En primer lugar, el Principio 1º dispone:
La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.99
86. En segundo lugar, el Principio 2º expresa:
Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.100
87. Por último, el Principio 5º esgrime:
La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.101
88. En cuanto al rol de la Declaración de Principios, la Comisión Interamericana ha sostenido que “constituye un documento fundamental para la interpretación del Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (…) además incorpora al sistema interamericano los estándares internacionales para una defensa más efectiva del ejercicio de este derecho”.102
89. Más recientemente, la propia Relatoría ha señalado que “desde su adopción, la Declaración se ha afianzado como marco de referencia para evaluar las posibles violaciones a la libertad de expresión en los países miembros. Cada vez más, los Estados, organizaciones de la sociedad civil y particulares invocan sus principios para valorar progresos, retrocesos o posibles violaciones a este derecho y emprender posibles acciones a favor de este derecho”.103
2. Pautas para la interpretación de las manifestaciones públicas a la luz de los artículos 13 y 15 de la Convención Americana
90. Como mencionamos anteriormente, dado que la Corte Interamericana no se ha pronunciado en ningún caso individual acerca de si las limitaciones a las manifestaciones públicas respetan los estándares de protección de la libertad de expresión y de la libertad de reunión establecidos por el Sistema Interamericano, la Relatoría se propone señalar algunas pautas para una posible interpretación de las limitaciones a las manifestaciones públicas frente a los artículos 13 y 15 de la Convención Americana.
91. La Relatoría subraya que la participación de las sociedades a través de la manifestación pública es importante para la consolidación de la vida democrática de las sociedades. En general, ésta como ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de reunión, reviste un interés social imperativo, lo que deja al Estado un marco aún más ceñido para justificar una limitación de este derecho.104 En este sentido, la finalidad en la reglamentación del derecho de reunión no puede ser la de crear una base para que la reunión o la manifestación sea prohibida.105
92. De este modo, la Comisión Interamericana ha manifestado que “los gobiernos no pueden sencillamente invocar una de las restricciones legítimas de la libertad de expresión, como el mantenimiento del "orden público", como medio para suprimir un "derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido real". Si esto ocurre, la restricción aplicada de esa manera no es legítima”.