Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-I/2013/as201311151.html
Timestamp: 2019-03-25 22:11:36
Document Index: 15163804

Matched Legal Cases: ['artículo 224', 'artículo 20', 'artículo 360', 'artículo 411', 'artículo 25', 'in fine', 'artículo 411', 'artículo 416', 'artículo 417', 'artículo 417', 'artículo 416', 'in fine', 'artículo 411', 'artículo 42', 'artículo 418']

as201311151
AUTO SUPREMO Nº. 151/2013
Sucre, 5 de junio de 2013
EXPEDIENTE: Pando 103/2013
PARTES PROCESALES: Ministerio Público, Gobierno Autónomo Departamental de Pando contra Lorena Azad Bucett
DELITO: peculado, conducta antieconómica
VISTOS: El recurso de casación interpuesto por el Gobierno Autónomo Departamental de Pando mediante su apoderado Richard Méndez Barboza (fs. 76 a 84), impugnando el Auto de Vista emitido el 23 de diciembre de 2012 por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando (fs. 57 a 60), en el proceso penal seguido por Ministerio Público y la entidad recurrente contra Lorena Azad Bucett, por los delitos de peculado y conducta antieconómica, previstos y sancionados por los artículos 142 y 224 del Código Penal.
Desarrollada la audiencia de juicio, por Sentencia Nro. 03/2012 (fs. 14 a 20) leída la parte resolutiva el 7 de agosto de 2012 y de manera íntegra el 10 del mismo mes y año, el Tribunal Primero de Sentencia de la capital del departamento de Pando, declaró a la imputada Lorena Azad Bucett, absuelta por el delito de peculado; asimismo le impuso “sentencia condenatoria” (sic) por la comisión del delito de conducta antieconómica, previsto y sancionado por el artículo 224 con relación al artículo 20 del Código Penal, condenándola a sufrir la pena de seis años de privación de libertad a cumplirse en el establecimiento penitenciario de “Villa Busch”, más el pago de costas, daños y perjuicios averiguables en ejecución de sentencia.
Contra la referida Sentencia, Lorena Azad Bucett formuló explicación, complementación y enmienda (fs. 28 a 30) que ameritó el Auto de 28 de agosto de 2012 que declaró “no ha lugar” (sic), habiendo la imputada interpuesto recurso de apelación restringida (fs. 33 a 37), resuelto por Auto de Vista de 23 de diciembre de 2012 (fs. 57 a 60), dictado por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, que anuló totalmente la sentencia recurrida, y ordenó la reposición del juicio por el Tribunal Segundo de Sentencia de esa capital.
Notificado el Gobierno Autónomo Departamental de Pando el 27 de febrero de 2013, conforme la diligencia cursante a fs. 62, planteó explicación, complementación y enmienda (fs. 66) que ameritó el Auto de 22 de marzo de 2013 que “corrige el error advertido en la numeración de la sentencia apelada” (sic), asimismo “declara sin lugar, los fundamentos expresados en la solicitud de Explicación, Complementación y Enmienda” (sic), Auto con el que fue notificado el 23 de abril de 2013 conforme cursa en fs. 70 de obrados, e interpuso recurso de casación que es motivo de autos, el 30 del mismo mes y año.
Que la entidad recurrente acusa “INAPLICABILIDAD DEL ART 370 INC. 1 DEL C.P.P.” (sic) y señala que la conducta típica, antijurídica y culpable de la imputada se encuadra en los delitos de peculado y conducta antieconómica, refiriendo una serie de hechos y doctrina con relación al “autor directo” (sic). Denuncia que el Tribunal de Alzada no consideró factores importantes que en el transcurso del juicio se demostraron y que los jueces de sentencia ponderaron para determinar que la conducta de la imputada se adecuó al delito de conducta antieconómica. Argumenta que según el Tribunal de Alzada, para que se subsuma el referido delito, tiene que haber la participación de todo el equipo económico, por lo que invoca como precedente contradictorio, el Auto Supremo Nro. 176 de 28 de mayo de 2010 para afirmar que no se valoró los elementos constitutivos del delito de conducta antieconómica y la participación de Lorena Azad Bucett; siendo que en el juicio demostraron el accionar “malintencionado, y con beneficio personal” (sic) de la imputada, habiéndose emitido la Sentencia en la que se condena por el referido delito a seis años de privación de libertad.
Prosigue, acusando errónea aplicación del artículo 360 del Código de Procedimiento Penal, y alega que la imputada dispuso los dineros que eran para capacitación de funcionarios públicos, con la intención de buscar su propio interés, la misma que tenía descargos que no son de capacitación “SI NO CON OTROS FINES” (sic); señala asimismo error al anular la Sentencia Nro. 3/2012, e invoca el Auto Supremo Nro. 54 de 9 de marzo de 2010 y la “Sentencia Constitucional 1008/2005 – R” (sic).
Asimismo acusa inobservancia del artículo 411 del Código de Procedimiento Penal y artículo 25-1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos señalando que el Tribunal de Alzada emitió Resolución fuera del plazo, conllevando la pérdida de competencia, porque una vez efectuada la audiencia el “23 de noviembre del año en curso” (sic), el Auto de Vista impugnado recién fue emitido el 23 de diciembre de 2012, habiendo vencido el plazo por diez días. Invoca el Auto Supremo Nro. 344 de 17 de septiembre de 2002, que en parte pertinente transcrita indica que el Tribunal de Alzada pierde competencia al dictar el Auto de Vista impugnado fuera del plazo procesal previsto por la parte in fine del artículo 411 del Código de Procedimiento Penal.
También acusa errónea absolución del delito de peculado por parte del Tribunal de Sentencia, señalando como precedente contradictorio el Auto Supremo Nro. 236 de 07 de marzo de 2007, del que transcribe una parte y solicita valorar y corregir el error del referido Tribunal a quo que no sentenció a la imputada por el delito de peculado, y en consecuencia “pueda de una vez por todas sentenciar con el rigor de la ley por el DELITO DE PECULADO” (sic).
Finalmente solicita la aplicación de la figura del “PERSALTUM” que habilita el recurso de casación, invocando el Auto Supremo Nro. 497 de 19 de octubre de 2010.
Que conforme a la previsión del artículo 416 del Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente invocado, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance. Para su admisibilidad, a tiempo de su interposición debe observarse las condiciones de tiempo y forma establecidas en los artículos 416 y 417 del citado cuerpo legal, es decir: 1. Interponerse dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada. 2. Señalarse, en términos precisos, la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el o los precedentes invocados, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentido jurídico diverso, especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida. 3. Como única prueba admisible debe acompañar copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio debe ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia fuera inicialmente favorable a la parte y el agravio hubiere surgido en apelación al dictarse el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.
Que conforme se precisó precedentemente, para la admisión del recurso de casación, la norma procesal penal exige la observancia de los requisitos previstos en los artículos 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal. Así, se constituye en un instrumento o en un filtro que evita que un instituto procesal, concebido para proveer justicia se desnaturalice y se convierta en un medio dilatorio del proceso. En ese sentido, en cuanto a los requisitos de forma, resulta exigible la puntualización de los aspectos cuestionados en la resolución que se impugna e individualizar sus similares en el precedente invocado. También se debe precisar la norma adjetiva o sustantiva aplicada en el Auto de Vista cuestionado y detallar la norma u otra aplicada en sentido contradictorio en el precedente. Esta precisión de comparación de hechos similares y de normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos debe cumplirse ineludiblemente a tenor del citado artículo 417 del Código Adjetivo de la materia que de manera imperativa prescribe: "En el recurso se señalará la contradicción en términos precisos".
En el presente caso, del análisis de los actuados procesales, se evidencia que la parte recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado, el 27 de febrero de 2013 y con el Auto que resuelve la explicación, complementación y enmienda, el 23 de abril del mismo año, conforme diligencia cursante a fojas 70, habiendo interpuesto recurso de casación, el 30 del mismo mes y año, consiguientemente dentro del término establecido por ley.
En cuanto a los demás requisitos exigidos por los artículos 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, se advierte que la parte recurrente no interpuso recurso de apelación restringida contra la Sentencia e impugna el Auto de Vista al considerarse agraviado por el mismo. En cuanto a sus fundamentos, con argumentos ininteligibles, se limita a efectuar varios cuestionamientos a la sentencia, confundiendo el recurso de casación con el recurso de apelación restringida; asimismo efectúa cuestionamientos al Auto de Vista impugnado, sin establecer, como le correspondía, cuál la situación de hecho similar ni explicitar en términos precisos el sentido jurídico contradictorio entre el Auto de Vista impugnado con relación a los precedentes contradictorios invocados, los Autos Supremos Nros. 176 de 28 de mayo de 2010, 54 de 09 de marzo de 2010, 236 de 07 de marzo de 2007 y 497 de 19 de octubre de 2010, este último que no resuelve el caso en el fondo, por ser un Auto Supremo relacionado sólo a la admisibilidad del recurso de casación; consiguientemente, la parte recurrente no cumple con la carga procesal de exponer en qué consiste la contradicción en los términos exigidos por el citado artículo 417 del Código Procesal de la materia; lo que significa que, la forma inadecuada de formular el recurso por parte del imputado, hace que este Tribunal no pueda abrir su competencia para conocer el mismo, al no ser posible establecer el sentido jurídico contradictorio entre el Auto de Vista objeto del recurso con el precedente invocado, sin que la omisión en la que incurrió el recurrente pueda ser suplida de oficio. En consecuencia, los extremos expuestos demuestran el incumplimiento de requisitos formales para la admisibilidad del recurso de casación sometido al presente análisis, por lo cual deviene en inadmisible.
Por otra parte, es de considerar que la “Sentencia Constitucional 1008/2005 – R” (sic) señalada por esta parte, no constituye precedente contradictorio de conformidad al párrafo primero del artículo 416 del Código de Procedimiento Penal.
Pero, con relación a la denuncia que el Tribunal de Alzada emitió Resolución fuera del plazo, conllevando la pérdida de competencia, realizó fundamentación, invocando el Auto Supremo Nro. 344 de 17 de septiembre de 2002, el que señala que el Tribunal de Alzada pierde competencia al dictar el Auto de Vista impugnado fuera del plazo procesal previsto por la parte in fine del artículo 411 del Código de Procedimiento Penal. Por tanto, entendiéndose la presunta contradicción con relación al Auto de Vista impugnado, este motivo deviene en admisible.
POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación del artículo 418 del Código de Procedimiento Penal, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por el Gobierno Autónomo Departamental de Pando mediante su apoderado Richard Méndez Barboza (fs. 76 a 84), impugnando el Auto de Vista emitido el 23 de diciembre de 2012 por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando (fs. 57 a 60), en el proceso penal seguido por Ministerio Público y la entidad recurrente contra Lorena Azad Bucett, por los delitos de peculado y conducta antieconómica, previstos y sancionados por los artículos 142 y 224 del Código Penal.