Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-338303722
Timestamp: 2020-07-15 11:31:22
Document Index: 65310827

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 206', 'artículo 157', 'artículo 227', 'artículo 23', 'artículo 23', 'Artículo 23', 'artículo 23', 'Artículo 86', 'Artículo 13', 'Artículo 47', 'Artículo 54', 'artículo 1']

Sentencia de Tutela nº 727/11 de Corte Constitucional, 27 de Septiembre de 2011 - Jurisprudencia - VLEX 338303722
Vida, salud, dignidad humana, mínimo vital. El demandante alega que la e.p.s. Salud total vulnera sus derechos fundamentales al no suministrarle oportunamente los elementos y servicios médicos que requiere para mantener en óptimas condiciones su estado de salud, afectado por un problema de columna lumbar que le ha producido una pérdida de la capacidad laboral superior al 67%. Así mismo indica que hay vulneración de sus derechos en cuando no le han sido canceladas las incapacidades prorrogadas de manera ininterrumpida y superiores a 180 días, en razón de su enfermedad. En cuanto al tema de la cancelación de incapacidades considera la sala que no hubo vulneración de derechos, toda vez que la e.p.s. Canceló las que legalmente le correspondía asumir y el fondo de pensiones no estaba obligado a hacerlo, por no existir concepto favorable de recuperación sino calificación de pérdida de la capacidad laboral. Con relación a la prestación integral del servicio de salud, concluye la sala que no existió una negación del servicio, sino una prestación deficiente e inoportuna del mismo, situación que conlleva a impartir la orden a la entidad accionada, de suministrar de manera efectiva y oportuna de todas las atenciones que a futuro requiera el demandante, según prescripción de su médico tratante.
T-727-11 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-727/11
A.M.V.O.
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados G.E.M.M., N.E.P.P. y J.I.P.P., en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente
En el proceso de revisión del fallo de tutela, proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de P., dentro del trámite de la acción de tutela promovida por el señor A.M.V.O. contra Salud Total E.P.S.
El señor A.M.V.O., actuando en nombre propio, interpone acción de tutela contra Salud Total E.P.S. en procura de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la dignidad humana y al mínimo vital, presuntamente vulnerados, como consecuencia de la negativa de dicha entidad, a autorizar y pagar las incapacidades laborales originadas con posterioridad a la calificación de invalidez y, por no suministrarle los utensilios médicos requeridos para la realización de las curaciones ordenadas por su médico tratante.
2.1. El accionante, de 34 años de edad, está afiliado a Salud Total E.P.S.- Régimen Contributivo, en el Municipio de P..
2.4. Como consecuencia de su enfermedad, el actor ha presentado pérdida de sensibilidad y de fuerza en su pie izquierdo, razón por la cual el 5 de octubre de 2010 solicitó a la entidad accionada la autorización para una cita con el neurólogo ante lo cual le indicaron que tenía que desplazarse hacia la ciudad de Manizales, bajo el argumento de que no tienen contratos con neurólogos en P..
2.7. El 12 de junio de 2008, el accionante presentó ante ING Fondo de Pensiones y C. la solicitud de pensión de invalidez quien, a su vez, la tramitó ante la Compañía de S.B..
2.8. La Compañía de S.B. emitió un dictamen mediante el cual lo calificó con el 67.75% de pérdida de capacidad laboral, con fecha de estructuración de invalidez de 16 de marzo de 2001.
La acción de tutela de la referencia fue promovida, exclusivamente, contra Salud Total E.P.S. En ese sentido, fue admitida por el Juzgado Tercero Civil Municipal de P., mediante Auto de 28 de febrero de 2011.
Con posterioridad, ING pensiones y C., en su escrito de contestación, requirió al a-quo el llamamiento en garantía de la Aseguradora Bolívar, en virtud de la póliza de seguro riesgo de invalidez que ING tiene contratada con dicha entidad. En consecuencia. Mediante Auto de 9 de marzo de 2011, el Juzgado Tercero Civil Municipal de P., resolvió vincular a la Aseguradora Bolívar al trámite de tutela para que ejerciera su derecho de defensa.
- El usuario A.M.V.O. presentó un tumor benigno en su columna vertebral, razón por la cual ha sido sometido, en tres ocasiones, a intervenciones quirúrgicas.
- El 1° de julio de 2008 el accionante completó los 180 días de incapacidad derivadas del diagnóstico tumor benigno de columna vertebral, prestación que ha sido cancelada por la E.P.S.
Dentro del término otorgado para el efecto, el gerente de ING Pensiones y C., dio respuesta y solicitó desestimar las pretensiones de la demanda con fundamento en lo siguiente:
- Señala que la Aseguradora Bolívar, a través de su grupo interdisciplinario, calificó la pérdida de la capacidad laboral del señor A.M.V.O. y decidió, ante la ausencia del concepto favorable de rehabilitación, otorgarle el 67.75% de invalidez, con fecha de estructuración de 16 de marzo de 2001.
- En virtud de lo anterior, el accionante radicó la solicitud de pensión de invalidez, ante lo cual ING Pensiones y C. dedujo que no cumple con los requisitos legales y decidió negar la pensión solicitada.
Que exista trámite de pensión en curso.
Concepto favorable de rehabilitación.
Que se haya postergado el trámite de calificación de un afiliado.
Que haya autorización de la aseguradora que hubiere expedido el seguro provisional de invalidez y sobrevivencia.
-Así las cosas, ING Pensiones y C. considera que no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante, toda vez que la Aseguradora Bolívar no postergó el trámite de calificación de invalidez ni autorizó el pago de las incapacidades. Además, el accionante no cumplió el tiempo de semanas cotizadas que se requiere para acceder a la pensión de invalidez.
4.3. S.B.
El representante legal de la Compañía de S.B. S.A., vinculada en calidad de aseguradora de ING Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantía S.A., al dar respuesta a la acción de tutela indicó lo siguiente:
- ING Pensiones y C. no tiene a su cargo el pago de las incapacidades, toda vez que la ley contempló unas exigencias para que procediera dicho subsidio las cuales el accionante no cumple.
- En el presente caso, de conformidad con el concepto emitido por el médico tratante, el accionante presenta un mal pronóstico de recuperación funcional, razón por la cual no era procedente postergar la calificación de su pérdida de capacidad laboral y tampoco el pago de subsidio que incapacidad temporal superior a 180 días.
- No obstante, precisa, que el pago de incapacidades temporales por parte de los Fondos de Pensiones a sus afiliados con la aquiescencia de las aseguradores con la que hayan celebrado contrato de seguros, no se encuentra estipulado específicamente en la póliza que ING, Administradora de Fondos de Pensiones y C., suscribió con la Compañía de S.B., por cuanto la ley no obliga específicamente a ello. Al efecto, indicó que en la condición primera de la póliza suscrita se pactaron los siguientes amparos: CONDICIÓN PRIMERA. AMPAROS. La Compañía de S.B. S.A., que en adelante se denominará La Compañía, con base en las declaraciones que constan en la solicitud de seguro y con sujeción a lo estipulado en este contrato, cubre automáticamente a los afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad, vinculados al fondo de pensiones administrado por la sociedad indicada en la póliza, y se obliga a pagar las sumas siguientes, con sujeción a lo provisto en la Ley 100 de 1993 y las normas que la reglamentan.
- El pago de las incapacidades temporales por parte de la Compañía de S.B. S.A. no es un contingencia que haya sido previamente pactada entre la Aseguradora e ING, como uno de los amparos a cubrir a los afiliados, por lo tanto S.B. no se encuentra obligado ni por ley ni contractualmente al pago de las incapacidades temporales.
-Por último, advirtió que el accionante ya interpuso una acción de tutela en contra de ING Pensiones y C. y la Compañía de S.B. S.A., en la que se pretendió obtener el reconocimiento y pago de las incapacidades y la pensión de invalidez, cuyo conocimiento le correspondió al Juzgado Tercero Penal para Adolescentes con Función de Garantías del Municipio de P., la cual fue fallada el 23 de julio de 2010 y decidió denegar el amparo solicitado. La anterior decisión fue confirmada, el 7 de septiembre de 2010, por el Juez Primero Penal para Adolescentes con Función de Conocimiento del Circuito de P..
- Por lo antes expuesto, considera que ni ING Pensiones y C. ni la Compañía de S.B. S.A. se encuentran obligadas al reconocimiento y pago del subsidio por incapacidad temporal, ni al pago de la pensión de invalidez.
· Copia del procedimiento quirúrgico realizado al señor A.M.V.O. en la Clínica Rosales, en el que se referencia la toma de las muestras para biopsia del tumor en la vértebra L4 de origen metástico (folio 6).
· Copia de la descripción quirúrgica en la que se evidencia el Diagnóstico Preoperatorio Tumor Maligno de la Columna Vertebral en la cual indica: Se realizó una incisión sobre tejido cicatricial extenso que se encuentra en columna lumbar paravertebral derecho en L. Exposición Hemilámina L4 la cual se retira decomprimiendo canal raquidio. A través del pedículo derecho de la vértebra se reseca parcialmente tumor oseo en L4 y se toman muestras representativas para biopsias. Revisión de Hemostasia.
· Calificación de invalidez realizada por S.B. al accionante en la que se le otorgó una pérdida de capacidad de laboral de origen común del 67.75% con fecha de estructuración de 15 de marzo de 2001 (folios 10 y 11).
· Copia de la comunicación emitida por Salud Total en la que le informa al señor A.M.V.O. que reporta unas incapacidades reconocidas por la E.P.S. de la siguiente manera: De 1-90 días se liquido al 6.67% del IBC. De 91-180 días se liquidó al 50% del IBC (en el día 135 se reportó la novedad al Fondo de Pensiones para que si supera los 180 días sean ello los responsables del reconocimiento). De 181 no se hace reconocimiento económico debido a que desde ese momento se debe gestionar su pensión con la Administradora de Fondo de Pensiones. Indicó que el usuario en el mes de marzo de 2009 completó 483 días de incapacidad de manera continua con el mismo diagnóstico de las cuales 180 días de incapacidad fueron reconocidos por la E.P.S.
· Copia de la Historia Clínica del señor A.M.V.O. elaborada por la E.P.S. accionada en la que se indica que el paciente tiene déficit en los plantiflexores del pie izquierdo por lo que se solicitó electromiografía que mostró radiculopatia izquierda no sintomática además de antecedente de cirugía de columna desde el punto de vista clínico y polineuropatia periférica sensitiva y motora. Limitación en la marcha en punta de pies por debilidad de platiflexorores (folios 21 y 22).
· Copia del diagnóstico emitido por un neurofisiológico clínico en el que se establece que en enero de 2010 el paciente presentó caída por escalas de pie con apoyo sobre el MII. Posteriormente comenzó a notar pérdida de la fuerza en el MII con mayor compromiso de plantiflexores. Imposibilidad para marchar en punta de pies por debilidad de plantiflexores. Las alteraciones electromiográfias descritas, se localizan en el miotoma S1 izquierdo. Esto, asociado a normalidad en la conducción motora del nervio tibial y a bloqueo unilateral de el reflejo H, es compatible con un proceso radicular agudo. Se encuentran, además, alteraciones en la neurocondicción periférica, que sugieren un proceso neuropático difuso. El cuadro afecta principalmente los nervios sensitivos de ambos MMII (folios 25-28).
· Copia de la Historia Clínica del señor A.M.V.O. en la Clínica Los Rosales, en la que se informa en el cuadro de las evoluciones que el paciente quien vive en el área rural requiere curaciones diarias de la herida abierta, por su condición no puede venir diariamente a P. para este propósito, entonces requiere que se le autorice la entrega de material de curación necesario para ser manejado por la esposa del paciente (folios 32-33).
· Copia de la Historia Clínica emitida por Salud Total E.P.S en la que se refiere como último diagnóstico confirmado Tumor Benigno de la Columna Vertebral.
· Copia de la Sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de P., el 23 de julio de 2010, a través de la cual se resolvió la primera acción de tutela presentada por el señor A.M.V.O. contra ING Administradora de Fondos de Pensiones C. S.A. y la Compañía de S.B. S.A., en la que solicitó el reconocimiento y pago de los 303 días de incapacidad. El juez de instancia consideró que el mecanismo constitucional debió haberse presentado con cierta proximidad a los hechos generadores de la supuesta vulneración del derecho fundamental invocado (folios 161-169).
· Copia de la Sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal para Adolescentes con Función de Conocimiento de P., el 7 de septiembre de 2010, en la que resuelve, como juez de segunda instancia, la tutela interpuesta por el accionante contra ING Pensiones y C. y S.B.S.A., en la que se confirma el fallo de primera instancia (folios 171-174).
El Juzgado Tercero Civil Municipal de P., mediante providencia proferida el once (11) de marzo de dos mil once (2011), no accedió a la totalidad de las pretensiones de la presente acción de tutela al considerar que:
- El actor fue calificado por la Junta Nacional de Invalidez por lo que no puede pretender que le continúen reconociendo las incapacidades temporales que, mediante la acción de tutela, reclama ante ING Pensiones y C., pues cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para ello.
-La entidad accionada no ha vulnerado ningún derecho fundamental del accionante e indicó que mientras el señor A.M.V.O. se encuentre activo continuará recibiendo el tratamiento que sus médicos tratantes le ordenen incluyendo aquellos que se encuentren excluidos del POS, pero debidamente autorizados por el Comité Técnico Científico.
El Juzgado Tercero Civil del Circuito de P., mediante providencia proferida el veintinueve (29) de abril de 2011, decidió confirmar el fallo impugnado, no obstante, lo adicionó al considerar procedente la solicitud elevada por la E.P.S., tendiente a obtener para recobrar ante el FOSYGA el 100% de los gastos en que incurra para dar cumplimiento a la orden impartida por el juez, a la cual accedió.
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales. En esta oportunidad, El señor A.M.V.O. actúa en defensa de sus derechos e intereses, razón por la que se encuentra legitimado.
En primer lugar, le corresponde a la Sala Cuarta de Revisión, antes de efectuar el estudio jurídico de fondo, determinar si se ha configurado en este caso una actuación temeraria por parte del señor A.M.V.O., toda vez que ya había hecho uso de una acción de tutela.
A su vez, le corresponde establecer si Salud Total E.P.S. vulnera el derecho a la salud del señor A.M.V.O., al no suministrarle oportunamente los servicios y utensilios médicos que requiere para realizarse las curaciones y reestablecer su estado de salud.
Inexistencia de la actuación temeraria por parte del accionante. Reiteración de jurisprudencia
La temeridad es entendida como un fenómeno jurídico que tiene lugar cuando sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela es presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, su efecto se configurará en el rechazó y en la resolución desfavorable de todas las solicitudes, sin perjuicio de las sanciones que establezca la ley.
Al efecto tienen que concurrir tres elementos: (i) una identidad en el objeto, es decir, que las demandas busquen la satisfacción de una misma pretensión tutelar o sobre todo el amparo de un mismo derecho fundamental[1];(ii) una identidad de causa petendi, que hace referencia a que el ejercicio de las acciones se fundamente en unos mismos hechos que le sirvan de causa[2]; y, (iii) una identidad de partes, o sea que las acciones de tutela se hayan dirigido contra el mismo demandado y, del mismo modo, se hayan interpuesto por el mismo demandante, ya sea en su condición de persona natural o persona jurídica, de manera directa o por medio de apoderado[3].
Esta Sala observa que el señor A.M.V.O., presentó una primera acción de tutela ante el Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de P. en la que relaciona que por su delicado estado de salud se encuentra incapacitado de manera continua por más de 360 días, sin que ING Pensiones y C. y S.B. le hubieren reconocido el pago de las incapacidades prorrogadas por su médico tratante.
Encuentra la Sala pertinente establecer si, respecto del señor A.M.V.O. se configura los presupuestos jurisprudenciales de temeridad, en razón a las dos acciones de tutela presentadas.
Al respecto, se advierte que la primera acción de tutela fue presentada contra ING Pensiones y C. y S.B., en la que se solicitó el reconocimiento y pago de las incapacidades. Los hechos que fundamentaron esta acción estaban basados en el precario estado de salud en que se encuentra el actor que le impiden retomar su profesión y/o oficio.
A su vez, el actor promovió una segunda acción de tutela, objeto de revisión por parte de esta Corporación, ante el Juzgado Tercero Civil Municipal de P. contra Salud Total E.P.S., en la que solicita, principalmente, entre otras pretensiones, la oportuna entrega de los utensilios médicos requeridos para realizar en su domicilio las curaciones ordenadas por su médico tratante, así como la debida prestación de los servicio de salud que llegare a necesitar. Adicionalmente, requiere el pago de las incapacidades que se han generado en razón a su estado de salud. Los hechos que fundamentaron esta acción están basados en las complicaciones que ha presentado para recuperar, en óptimas condiciones, su estado de salud, pues manifiesta que, actualmente, además de mantener abierta la herida en su columna, padece de neuropatía periférica.
Al respecto, se evidencia que los hechos en que su fundamentan la segunda tutela relaciona la ocurrencia de nuevos sucesos como las complicaciones en su estado de salud en razón a la neuropatía periférica que padece, la cual concurre con su complicación en la columna; que la pretensión principal está encaminada a obtener el oportuno suministro de los utensilios médicos y la adecuada prestación de los servicios de salud, así como el reconocimiento de las incapacidades que se han generado en razón a sus complicaciones y; a su vez, se observa que la última solicitud de amparo va dirigida, exclusivamente, contra Salud Total E.P.S pero que en virtud de la solicitud de vinculación y llamamiento de garantía, el juez de primera instancia vinculó a ING Pensiones y C. y a la Compañía de S.B. para que se pronunciaran sobre los hechos y ejercieran el derecho de defensa.
Procedencia de la acción de tutela para reclamar el pago de prestaciones sociales. Reiteración de jurisprudencia
El pago de incapacidades laborales sustituye al salario durante el tiempo en que el trabajador permanece retirado de sus labores por enfermedades debidamente certificada, según las disposiciones legales. No solamente se constituye en una forma de remuneración del trabajador, quien podrá recuperarse satisfactoriamente, como lo exige su dignidad humana, sin tener que preocuparse por reincorporarse de manera anticipada a sus actividades habituales con el objeto de ganar, por días laborados, su sustento y el de su familia[15].
Disposiciones constitucionales y legales aplicables en materia de incapacidades laborales
En desarrollo del mencionado precepto, el legislador expidió la Ley 100 de 1993 Por la cual se crea el sistema de seguridad social e integral, en la que se determinó que dentro de los objetivos del Sistema de Seguridad Social Integral se encuentran las prestaciones que surgen de las incapacidades[19] que pueda presentar un trabajador dependiente o independiente para el desempeño de sus funciones.
De tal manera que, tratándose de incapacidad laboral generada por enfermedad de origen común o no profesional, la Ley 100 de 1993 en su artículo 206 dispuso que para los afiliados de que trata el literal a) del artículo 157[20], el régimen contributivo reconocerá las incapacidades generadas en enfermedad general, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Para el cubrimiento de estos riesgos las Empresas Promotoras de Salud podrán subcontratar con compañías aseguradoras. Las incapacidades originadas en enfermedad profesional y accidente de trabajo serán reconocidas por las entidades promotoras de Salud y se financiarán con cargo a los recursos destinados para el pago de dichas contingencias en el respectivo régimen, de acuerdo con la reglamentación que se expida para el efecto.
La Corte ha señalado que el anterior precepto debe interpretarse en concordancia con el artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo en el que se prevé un auxilio monetario por enfermedad no profesional, en los siguientes términos: En caso de incapacidad comprobada para desempeñar sus labores, ocasionada por enfermedad no profesional, el trabajador tiene derecho a que (empleador) le pague un auxilio monetario hasta por ciento ochenta (180) días, así: las dos terceras (2/3) partes del salario durante los primeros noventa (90) días y la mitad del salario por el tiempo restante, sin que en ningún caso pueda ser inferior al salario mínimo legal vigente [21]. De esta disposición se deduce que las entidades prestadoras del servicio de salud son, en principio, responsables del pago de las incapacidades por los primeros 180 días generadas por enfermedades de origen común.
Ahora bien, la Corte ha sostenido que cuando se trate de incapacidades originadas por enfermedades de origen común superiores a 180 días no le corresponde legalmente a las Entidades Promotoras de Salud asumir el costo de las mismas. Al respecto, ha indicado que sobre el particular, el artículo 23 del Decreto 2461 de 2001 por el cual se reglamenta la integración, financiación y funcionamiento de las juntas de calificación de invalidez estableció que, en tratándose de un enfermedad de origen común, en la que exista concepto favorable de recuperación, la Administradora de Fondos y Pensiones a la cual se encuentre afiliado el trabajador, tiene la potestad de postergar el trámite de calificación ante las Juntas de Calificación de Invalidez, hasta por 360 días adicionales a los primeros 180 días de incapacidad otorgada por la E.P.S., para lo cual deberá conceder al trabajador un subsidio equivalente a la incapacidad que venía siendo otorgada. En efecto, el artículo 23 contempla:
Artículo 23- Rehabilitación previa para solicitar el trámite ante la junta de calificación de invalidez.
Para los casos de accidente o enfermedad común en los cuales exista concepto favorable de rehabilitación, la administradora de fondo de pensiones con la autorización de la aseguradora que hubiere expedido el seguro provisional de invalidez y sobrevivencia o entidad de previsión social correspondiente, podrá postergar el trámite de calificación ante las juntas de calificación de invalidez hasta por un término máximo de trescientos sesenta (360) días calendarios adicionales a los primeros ciento ochenta (180) días de incapacidad temporal otorgada por la entidad promotora de salud, siempre y cuando se otorgue un subsidio equivalente a la incapacidad que venía disfrutando el trabajador.
Cumplidos los 180 días continuos de incapacidad temporal, será al Fondo de Pensiones al que se encuentre afiliado la persona a quien corresponde el pago de la prestación económica, mientras se produce la calificación de invalidez por parte de la Junta de Calificación de Invalidez, en los términos del artículo 23 del Decreto 2463 de 2001.[22]
El que legalmente a la EPS no le corresponda asumir el pago de incapacidades superiores a 180 días no significa que pueda abandonar al paciente enfermo a quien le ha sido extendida la incapacidad. Al hacer parte del Sistema de Seguridad Social, la EPS debe actuar armónicamente con las demás entidades que lo integran en aras de satisfacer efectivamente los derechos a la seguridad social del incapacitado.
Por esta razón, es la propia EPS a la que esté afiliado el paciente la que oficiosamente debe, una vez advierta que enfrenta un caso de incapacidad superior a 180 días, remitir los documentos correspondientes para que el fondo de pensiones respectivo inicie el trámite y se pronuncie sobre la cancelación o no de la prestación económica reclamada debiendo esta administradora no sólo dar respuesta oportuna a dicha solicitud, sino que, en caso de ser negativa, estar debidamente justificada indicándole al paciente las alternativas que el Sistema de Seguridad Social le brinda para procurar su mínimo vital mientras dure la incapacidad y no tenga derecho a la pensión de invalidez.
() en virtud del principio de integralidad en materia de salud, la atención y el tratamiento a que tiene derecho el afiliado cotizante y su beneficiario son integrales; es decir, deben contener todo cuidado, suministro de droga, intervención quirúrgica, práctica de rehabilitación, examen para el diagnóstico y el seguimiento o, y todo otro componente que el médico tratante valore como necesario para el pleno restablecimiento del estado de salud del paciente que se le ha encomendado, dentro de los límites establecidos por la ley.
Entidades que tienen a su cargo el pago de los servicios de salud excluidos del POS. Reiteración de jurisprudencia
Ahora bien, cuando un usuario demande la prestación de un servicio que se encuentre excluido del POS, le corresponde, en principio, a la misma persona asumir el costo de la prestación médica solicitada, pero en los casos en que ello no sea posible, la norma ha establecido que debe el Estado financiarlo con cargo a los recursos públicos de la salud. En relación con esto último, en Sentencia C-463 de 2008[31], la Corte especificó que el Estado se encuentra obligado jurídicamente a destinar las partidas presupuestales necesarias dentro del gasto público para el cubrimiento de las necesidades básicas en salud de la población colombiana, lo cual también incluye las prestaciones en salud NO- POS ordenadas por el médico tratante que sean necesarias para restablecer la salud de las personas.
Se advierte que los reembolsos al FOSYGA únicamente operan frente a los servicios médicos ordenados por jueces de tutela o autorizados el CTC en el régimen contributivo. En estos mismos casos, cuando el usuario pertenece al régimen subsidiado, la Ley 715 de 2001 prevé que los entes territoriales asuman su costo por tratarse de servicios médicos no cubiertos con los subsidios a la demanda.
Bajo los presupuestos anteriormente planteados, la Corte procederá a determinar si, en el presente caso, las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales del señor A.M.V.O., al no efectuar el pago de las incapacidades expedidas por su médico tratante, que se generaron, como consecuencia de su delicado estado de salud, con posterioridad a la calificación de su capacidad laboral. En ese sentido procede la Sala a establecer si hay lugar al pago de las incapacidades que han sido prorrogadas.
Previamente, considera la Corte importante precisar que, tal y como se mencionó, la controversia planteada en principio debería ser resuelta por los jueces ordinarios competentes para determinar lo concerniente a la procedencia de los derechos en discusión, pues, por regla general, un pronunciamiento en tal sentido escapa al ámbito de protección de la acción de tutela. Sin embargo, se ha determinado que en la medida en que se encuentren acreditada la ocurrencia de un perjuicio irremediable, es procedente la intervención del juez constitucional, en aras de amparar los derechos fundamentales invocados.
Advierte el accionante que, actualmente, vive con su esposa y su hijo, los cuales siempre han dependido económicamente de él. Sostiene que, como consecuencia de su precario estado de salud, no le es posible desempeñar ningún oficio que le permita percibir algún salario o ingreso y que, según lo indicado por su fondo de pensiones, no cumple con los requisitos para obtener el reconocimiento de la pensión de invalidez. Así las cosas, para la Sala es claro que el reconocimiento de las incapacidades constituye la única posible fuente de ingresos que le permita al señor A.M.V.O. satisfacer sus necesidades personales y familiares.
Al respecto, se encontró probado en el expediente que el señor A.M.V.O. presenta una disminución del 67.95% de su capacidad laboral, como consecuencia de una enfermedad de origen común que se derivó de la presencia de un tumor benigno en la columna.
En el caso sometido a estudio, se encuentra que ING Pensiones y C. no postergó el trámite de calificación del señor A.M.V.O., toda vez que no existió un concepto favorable de recuperación por parte de su médico tratante. De tal manera que, procedió a realizar la calificación de la pérdida de capacidad laboral.
Bajo ese contexto, considera la Sala que tampoco se evidencia una vulneración o amenaza por parte de ING Pensiones y C. y la Compañía de S.B. S.A., pues una vez remitida la documentación por parte de la E.P.S. y al no existir un concepto favorable de recuperación, la aseguradora, mediante su grupo interdisciplinario, procedió a realizar la respectiva calificación y reconoció al señor A.M.V.O. una disminución de la capacidad laboral de un 67.95% por enfermedad de origen común y con fecha de estructuración del 15 de marzo de 2001, tal y como se demostró en las pruebas allegadas al proceso. Así las cosas, al no postergarse la calificación, encuentra la Sala que ING Pensiones y C. no está obligada a reconocer y pagar las incapacidades que se originaron a partir del día 181, pues procedió a realizar la calificación, la cual dictaminó una invalidez superior al 50%.
Con fundamento en lo antes expuesto, la Sala Cuarta de Revisión confirmará la Sentencia proferida el 29 de abril de 2011 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de P., que confirmó y adicionó la dictada el 11 de marzo de 2011 por el Juzgado Tercero Civil Municipal de la misma ciudad, dentro de la acción de tutela instaurada por el señor A.M.V.O..
PRIMERO.- CONFIRMAR el fallo proferido el 29 de abril de 2011 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de P., que confirmó y adicionó la dictada el 11 de marzo de 2011 por el Juzgado Tercero Civil Municipal de la misma ciudad. En consecuencia, Salud Total E.P.S. S.A. deberá suministrar a A.M.V.O., de manera efectiva y oportuna, los medicamentos, tratamientos y procedimientos que requiera, según prescripción de su médico tratante, para recuperar y conservar su estado de salud.
[1] Corte Constitucional, sentencia T-1103 del 28 de octubre de 2005. MP. J.A.R., sentencia T-1122 del 1 de diciembre de 2006, MP. J.C.T., entre otras.
[3] Corte Constitucional, sentencia T-1103 del 28 de octubre de 2005. MP. J.A.R., sentencia T-1022 del 1 de diciembre de 2006, MP. J.C.T., sentencia T- 1233 del 10 de diciembre de 2008, MP. R.E.G..
[4] Corte Constitucional, sentencia T-1022 del 1 de diciembre de 2006, MP. J.C.T.
[5] Corte Constitucional, sentencia T- 1233 del 10 de diciembre de 2008, MP. R.E.G..
[7] Artículo 86, inciso 3° de la Constitución Política de 1991 sólo procederá la acción de tutela cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
[8] Ver Sentencia T-920 de siete de diciembre de 2009 M.P.G.E.M.M..
[9] Corte Constitucional, sentencia T-080 del 31 de enero de 2008, MP. R.E.G..
[10] Corte Constitucional, sentencia T-103 del 8 de febrero de 2008, MP. J.C.T..
[15] Ver senttencia T-311 del 15 de julio de 1996 M.P.J.G.H.G..
[16] Artículo 13, Constitución Política: El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
[17] Artículo 47, Constitución Política: El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran.
[18] Artículo 54, Consitución Política: Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requietan. El estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud (subrrayado por fuera del texto).
[19] El artículo 1° dela Resolución 2266 de 1998 por el cual se reglamenta el proceso de expedición, reconocimiento, liquidación y pago de las prestaciones económicas por incapacidades y licencias de maternidad en el Instituto de Seguro Social definido la incapacidad como el estado de inhabilidad física o mental de una persona que le impide desempeñar en forma temporal o permanente su profesión y oficio.
[21] Ver Sentencia C- 543 del 18 de julio de 2007, M.P.Á.T.G..
[22] Ver Sentencia T-980 del 10 de octubre de 2008, M.P.J.C.T..
[24] Ver Sentencia T-365 de 2009 M.P.M.G.C..
[25] M.P M.J.C.E..
[26] Ver Sentencia T- 518 de 2006 M.P.M.G.M.C..
[27] Ver Sentencia T-970 de 2008 M.P.M.G.M.C..
[28] Ver Sentencia T-365 de 2009 M.P.M.G.C..
[31] M.P.J.A.R..
[33] En Sentecia T-760 de 2008 la Corte dispuso: La disponibilidad de los recursos necesarios para asegurar la prestación de los servicios de salud supone la obligación de que tales recursos existan, no se asignen a fines distintos al de asegurar el goce efectivo del derecho a la salud y se destinen a la prestación cumplida y oportuna de los servicios requeridos por la personas.
[34] M.P.J.A.R..
[35] MP. M.J.C.E..
Auto de Corte Suprema de Justicia - nº 11001-02-03-000-2014-01502-00 de 11 de Junio de 2015