Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=651954
Timestamp: 2019-05-21 07:28:52
Document Index: 402242922

Matched Legal Cases: ['artículo 127', 'artículo 1', 'artículo 124', 'artículo 133', 'artículo 263', 'artículo 264', 'artículo 296', 'artículo 296', 'artículo 276', 'artículo 276', 'artículo 17', 'artículo 21', 'artículo 2', 'artículo 42', 'artículo 43', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 127', 'artículo 3', 'artículo 79', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 96', 'artículo 71', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 3', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 150', 'artículo 150', 'artículo 3', 'artículo 19', 'Artículo 1', 'Artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 99', 'artículo 99', 'e contrario', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 99', 'artículo 16', 'artículo 99', 'artículo 16', 'artículo 3', 'artículo 3']

ACUERDO ENTRE CHILE Y ESPAÑA SOBRE RECONOCIMIENTO RECÍPROCO Y CANJE DE PERMISOS DE CONDUCIR NACIONALES
MODIFICACIONES A MARCO NORMATIVO DE SECTOR ELÉCTRICO
IRREGULARIDADES EN PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE CÁRCELES. OFICIOS
Sesión 47ª, en miércoles 20 de abril de 2005
(De 16:9 a 18:48)
III.	TRAMITACIÓN DE ACTAS.....................................................
Proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo entre Chile y España sobre Reconocimiento Recíproco y Canje de Permisos de Conducir Nacionales (3838-10) (se aprueba en general y particular)...........
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica Códigos Penal y de Justicia Militar en materia de desacato (3048-07) (se aprueba en particular).....
Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, sobre creación de sociedades anónimas deportivas profesionales (3019-03) (se aprueba su informe)......
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el marco normativo que rige el sector eléctrico (3806-08) (se aprueba en general y particular)............
Irregularidades en programa de construcción de cárceles. Oficios (observaciones del señor Cantero)...........
Concurrieron, además, los señores Ministros Secretario General de la Presidencia ; Secretario General de Gobierno; de Economía , Fomento y Reconstrucción y Presidente de la Comisión Nacional de Energía y del Trabajo y Previsión Social, y el señor Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía .
--Se abrió la sesión a las 16:9 en presencia de 43 señores Senadores.
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 43ª, ordinaria, en sus partes pública y secreta, y 44ª, ordinaria, en 12 y 13 de abril del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
Antes de que se dé la Cuenta, deseo saludar al señor José Antonio Díaz Duque, Viceministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y Diputado Presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la República de Cuba.
De la Honorable Cámara de Diputados, mediante el cual comunica que ha otorgado su aprobación a las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto que modifica la ley Nº 18.933, sobre Instituciones de Salud Previsional (boletín Nº 2.981-11).
De la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, por medio del cual informa del trámite dado a un oficio dirigido en nombre del Honorable señor Horvath, relativo a los mecanismos establecidos por el Estado para garantizar la obligatoriedad y gratuidad de la educación.
De la Comisión de Salud, recaído en el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que regula la investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohíbe la clonación humana (boletín Nº 1.993-11)
Proyecto de acuerdo iniciado por Su Excelencia el Presidente de la República , en primer trámite constitucional, que aprueba el "Acuerdo entre la República de Chile y el Reino de España sobre Reconocimiento Recíproco y Canje de los Permisos de Conducir Nacionales y su Anexo", adoptado en Madrid por intercambio de notas de fechas 24 de mayo y 14 de octubre de 2004 y corregido por notas fechadas en esa ciudad el 31 de enero y 7 de febrero de 2005, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3838-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 43ª, en 12 de abril de 2005.
Relaciones Exteriores, sesión 45ª, en 19 de abril de 2005.
El objetivo principal del Acuerdo es que a los nacionales de cada Estado que posean licencias expedidas por una de las Partes se les permita conducir temporalmente en el territorio del otro, para lo que basta cumplir con la edad mínima exigida por el Estado de visita y que se trate de vehículos de las categorías para las cuales el permiso o licencia ha sido otorgado.
La Comisión aprobó el proyecto de acuerdo en general y en particular por la unanimidad de sus miembros, Honorables señores Coloma, Larraín, Martínez, Muñoz Barra y Valdés.
Cabe consignar, finalmente, que ese órgano técnico propone al señor Presidente que la iniciativa sea discutida por la Sala en general y en particular a la vez, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 127 del Reglamento.
Señor Presidente , éste es un proyecto de mucha importancia básicamente en función del trabajo interparlamentario chileno-español, que empieza a mostrar frutos concretos.
Hago presente, en primer lugar, que la iniciativa nació a solicitud del Gobierno de Chile, el cual expuso a quienes integrábamos el Grupo Interparlamentario -el entonces Presidente de esta Corporación, Senador señor Larraín , y los Honorables señores Romero , Valdés , Naranjo y quien habla- la dificultad que enfrentaban en particular los chilenos con relación a las licencias de conducir. En efecto, quienes laboran en España debían realizar, para obtener ese documento, una serie de trámites anexos o adicionales a los cumplidos en Chile, los cuales, a modo de referencia, costaban alrededor de mil 200 euros. Y a los españoles que venían a nuestro país con motivo de proyectos de inversión les ocurría lo mismo, con la consiguiente pérdida de tiempo y los gastos que provoca la burocracia.
Entonces, como una forma de activar positivamente el Acuerdo ya adoptado, se solicitó al Grupo Interparlamentario que expusiera al Gobierno y al Parlamento españoles dichos planteamientos. Afortunadamente, eso se logró días atrás.
¿Qué busca básicamente el proyecto? Homologar los permisos o licencias de conducción que los nacionales de cada Parte contratante obtengan en el país de origen, para ser utilizados en el otro Estado -en este caso, en el Reino de España o en Chile- sin tener que realizar las pruebas técnicas y prácticas exigidas para su otorgamiento.
Con eso se concreta la petición de miles de chilenos -y no uso la palabra "miles" como una expresión teórica- para que se efectúe esta homologación, a fin de facilitar sus trabajos en España. Del mismo modo, son muchos los españoles que, mediante este Acuerdo, accederán a este beneficio.
Hay, sí, un límite en su aplicación, que se estudió especialmente: sólo operará respecto de los permisos o licencias expedidos por las Partes. Por ejemplo, si España tiene un convenio con terceros países, ello no obligará automáticamente a Chile. La homologación sólo funcionará con relación a los documentos obtenidos en esa nación y en nuestro territorio.
También se consignan normas de renovación o control de permisos o licencias de conducción, por las cuales el titular deberá ajustarse a la preceptiva del Estado que los haya otorgado.
Igualmente, se contemplan mecanismos de consulta durante el proceso de homologación para permitir una mayor uniformidad en los permisos y licencias que entreguen las Partes en el futuro.
En el Anexo del Acuerdo figura un tabla de equivalencias entre los permisos españoles y chilenos.
Señor Presidente , he querido entregar esta breve explicación porque éste es uno de aquellos casos -no son muchos- donde se puede apreciar que la acción interparlamentaria genera un beneficio directo para miles de chilenos que se encuentran en la situación descrita.
Por las razones expuestas y por considerar que el Acuerdo constituye un paso positivo para la integración entre ambas naciones, solicitamos aprobar unánimemente la iniciativa.
Señor Presidente , sólo deseo entregar una información en mi carácter de Presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
En ese órgano técnico se encuentra en estudio un proyecto en virtud del cual se concede validez a las licencias de conducir otorgadas en el extranjero. Durante su discusión concordamos en que una validez establecida por ley de manera genérica se aplica fundamentalmente a los turistas, porque la experiencia indica que a la gente que viaja al extranjero y arrienda un automóvil se le acepta la licencia de conductor sin necesidad de tratados internacionales ni de ningún otro procedimiento adicional.
En ese debate -incluso, hoy asistió el Director Jurídico de la Cancillería - quedó claro que dicha norma de carácter general sería aplicable, básicamente, a los turistas mientras se hallen de tránsito en Chile, pero no respecto de los vehículos de carga o de transporte de pasajeros, porque resultaría ilógico que uno de esos visitantes foráneos los condujera.
Es cuanto quería expresar, señor Presidente , para que la Sala conozca el alcance de la iniciativa señalada, que ya se aprobó en general.
Si le parece a la Sala, se aprobará en general y en particular el proyecto de acuerdo.
--Así se acuerda, por unanimidad.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Penal y el Código de Justicia Militar en materia de desacato, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y urgencia calificada de "simple".
Esta iniciativa fue aprobada en general en sesión de 19 de enero del año en curso.
La Comisión deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los números 1), 2), 3) y 4), que pasaron a ser números 2), 3), 4) y 6), respectivamente, del artículo 1º.
Como esas disposiciones conservan el mismo texto que el Senado aprobó en general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento deben darse por aprobadas, salvo que algún señor Senador, con la unanimidad de la Sala, solicite someterlas a discusión y votación. Para su aprobación requieren simple mayoría.
Los números referidos deben darse por aprobados conforme al Reglamento.
Las demás constancias reglamentarias se consignan en el informe.
Todas las modificaciones efectuadas por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento al texto acogido en general se acordaron por unanimidad. Por lo tanto, en virtud del artículo 133 del Reglamento, deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador, antes de la discusión en particular, solicite debatir la propuesta de la Comisión respecto de alguna de ellas o que existan indicaciones renovadas. Para su aprobación también precisan mayoría simple.
Sus Señorías, finalmente, tienen a la vista un boletín comparado dividido en cuatro columnas, que contienen las normas pertinentes de los Códigos Penal y de Justicia Militar; el proyecto aprobado en general por el Senado; las enmiendas sugeridas por la Comisión, y el texto que resultaría si se aprobaran dichas proposiciones.
Recuerdo a Sus Señorías que el proyecto es de Fácil Despacho, de modo que se dispone de hasta diez minutos para su debate.
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que acogió por unanimidad la iniciativa, solicito al Senado su aprobación. Para ello daré una breve explicación sobre los aspectos centrales del articulado y las modificaciones que se introdujeron en el segundo informe.
Es preciso recordar que el proyecto pone término a la figura del desacato, constituida por delitos establecidos especialmente y en forma privilegiada para proteger a quienes ejercen determinados cargos, como el de Presidente de la República, el de Parlamentario y el de otras autoridades de igual o similar rango, o bien, por las expresiones de una persona que injuria o calumnia a los órganos colegisladores en su calidad de tales.
La legislación moderna no contempla estos privilegios, por entenderse que alteran el principio de igualdad ante la ley que debe existir frente a las acciones que una persona realiza en una sociedad, particularmente cuando se trata de los delitos de injuria y calumnia.
Por eso, la primera medida que se adoptó en el primer informe fue eliminar el artículo 263 del Código Penal, que sanciona las injurias y calumnias contra el Presidente de la República , alguno de los cuerpos colegisladores y las comisiones de éstos. Sin embargo, se mantiene la plena vigencia del derecho que asiste a tales autoridades para ejercer la acción prevista en el mismo Código para los delitos de injuria o calumnia cometidos en perjuicio de una persona determinada.
Esa materia fue resuelta en su oportunidad y aprobada por la Sala.
Un segundo aspecto es que se mantiene en el artículo 264 del Código Penal lo relativo a la amenaza. Pido a los señores Senadores tener en cuenta esto, porque hemos escuchado algunas críticas infundadas sobre el tema.
Ahí se propone sancionar a quien "amenace durante las sesiones de los cuerpos colegisladores o en las audiencias de los tribunales de justicia a algún diputado o senador o a un miembro de dichos tribunales, o a un senador o diputado por las opiniones manifestadas en el Congreso, o a un miembro de un tribunal de justicia por los fallos que hubiere pronunciado".
La sanción que se contempla está directamente vinculada con lo dispuesto más adelante, en el artículo 296. La amenaza -delito establecido en ese precepto- tiene valor cuando con ella se pretende afectar a una persona, a su familia o a su propiedad por decisiones que aquélla adopte en el ejercicio de su cargo.
En la Comisión eliminamos íntegramente el desacato en lo relativo a la injuria y la calumnia. Pero mantuvimos la amenaza, porque este delito puede constituir un grave entorpecimiento del funcionamiento de la democracia si el día de mañana los Parlamentarios o sus familias, o el Presidente de la República , o los jueces, por los fallos que dicten, son amenazados por cumplir con los deberes consagrados en la Constitución. Los tipos penales figuran en el referido artículo 296.
También se conserva la norma referente a los que perturben gravemente el orden de las sesiones o de las audiencias de los tribunales de justicia hasta el punto -y éste es un requisito copulativo- de impedir su funcionamiento.
No se trata de cualquier acto de perturbación, sino de aquel que en definitiva hace imposible que funcionen los tribunales de justicia, el Poder Ejecutivo o el Legislativo. Eso constituye una paralización de facto de las actividades de las instituciones fundamentales de la democracia y, por lo tanto, se trata de una conducta no comprendida en el desacato propiamente tal; al revés: es una medida de protección para el funcionamiento de las instituciones democráticas.
Finalmente, se efectuó una modificación muy debatida al artículo 276 del Código de Justicia Militar, cuyo texto actual sanciona a quien "induzca a cualquier alboroto o desorden, de palabra, por escrito, o valiéndose de cualquier otro medio, o hiciere llegar a conocimiento de las tropas especies destinadas a causarles disgusto o tibieza en el servicio, o que se murmure de él".
Esta figura se analizó junto con las autoridades militares y, en particular, con el Ministerio de Defensa, y se llegó a la conclusión de que era necesario perfeccionarla, pues se trataba de un tipo penal muy amplio, que se prestaba para dudas y que realmente podía llevar a excesos.
En consecuencia, se acordó por unanimidad proponer una nueva figura penal que sancione exclusivamente a quien "induzca o incite por cualquier medio al personal militar al desorden, indisciplina o al incumplimiento de deberes militares". Es decir, se eliminaron términos como "murmullo", "alboroto", "tibieza", que se prestaban para todo tipo de confusiones y podían ser un exceso, en definitiva,...
...para la persona, que en democracia tiene el legítimo derecho a expresar opinión acerca de cualquier institución.
La norma, que se concordó plenamente con el Ministerio de Defensa y respecto de la cual se pidió la opinión de las instituciones afectadas, es clara, precisa y concreta en cuanto a castigar las conductas que atentan gravemente en contra del normal funcionamiento de las Fuerzas Armadas, porque esas acciones pueden significar un perjuicio para la estabilidad democrática del país. Por ello se perfeccionó ese tipo penal.
Concluyo, señor Presidente , reiterando que el proyecto fue aprobado por unanimidad. Nos parece que recoge las experiencias de la doctrina internacional, de la práctica, y moderniza la legislación chilena al establecer lo que debe corresponder al buen funcionamiento del sistema democrático.
Por lo expuesto, en nombre de la Comisión, pido la aprobación de la Sala.
Señor Presidente, comparto lo planteado por el Honorable señor Espina , aunque no voy a repetir sus argumentos.
Con este proyecto, que se suma a la eliminación del delito de difamación, desaparecen todas las objeciones que organismos internacionales de derechos humanos habían formulado a la legislación chilena en cuanto a que era restrictiva de la libertad de prensa en estos aspectos. Me refiero a organismos como Amnesty Internacional o American Watch.
Así se da un nuevo paso en el camino de la libertad de crítica de los ciudadanos respecto de las autoridades. En todo caso, si alguien injuria al Presidente de la República , a un Ministro o a un Parlamentario, los afectados tendrán la posibilidad de querellarse como cualquier otro ciudadano. Pero las autoridades ya no se encuentran bajo un estatuto de privilegio.
En segundo lugar, también estimo importante reiterar lo señalado por el Honorable señor Espina en orden a que nadie puede considerar el de amenaza como un delito de opinión. Ello, porque amenazar a un Parlamentario para que vote de determinada manera un proyecto o a un juez para que falle en cierto sentido, evidentemente, constituye algo más que el simple ejercicio de una opinión o de una crítica: es una acción positiva que busca torcer el libre ejercicio de la autoridad. Por tanto, ése no es un delito de opinión, motivo por le cual me parece muy bien que se mantenga en la legislación.
Por último, quiero indicar que el Gobierno presentó, al final de la tramitación, algunas modificaciones al Código de Justicia Militar. Y, si bien en cierto momento los auditores del Ejército y de Carabineros tuvieron reparos a la enmienda, al conversar con ellos, se dieron cuenta de la necesidad que había de poner al día, modificar y modernizar el tipo penal que estaba en cuestión.
Por ello, se propone una nueva redacción para el artículo 276 del mencionado Código. En esa norma se consigna lo que se ha llamado la "sedición impropia", que en general no se ha aplicado, salvo durante el Régimen militar, principalmente para acallar algunas críticas de ciertos periodistas. Tal tipo penal es extremadamente amplio. Sanciona, entre otros, a quien "hiciere llegar a conocimiento de las tropas especies destinadas a causarles disgusto o tibieza en el servicio, o que se murmure de él". Eso es tan amplio que si el día de mañana, por ejemplo, alguien criticara abiertamente el envío de tropas a Haití, podría aplicarse lo prescrito por el artículo y señalarse que ese comentario produce tibieza o disgusto a las tropas, de modo que se estaría en el caso de la sedición impropia.
Por eso, se sugiere una redacción muy precisa, en la que se castigue al que induzca o incite al personal militar, por cualquier medio, al desorden, a la indisciplina o al incumplimiento de deberes militares.
Lo anterior resulta evidente, porque se trata de instituciones jerárquicas, obedientes, en cuyo interior no puede sembrarse la indisciplina, el desorden o el incumplimiento de las debidas órdenes que dictan los superiores.
Por lo tanto, con esto queda salvada la objeción.
Para terminar, quiero hacer una reflexión general.
Ojalá el Gobierno -y también podrían hacerlo los Parlamentarios- aplicara este mismo espíritu para modernizar el Código de Justicia Militar, que es anticuado. Pero no lo es desde el Gobierno militar reciente; hace por lo menos 30 años ya se consideraba así. Y hay muchos estudios que van en la dirección de actualizarlo.
Sin embargo, hasta ahora no se ha podido avanzar en tal sentido, quizás por ciertas incomprensiones que existieron en el primer momento, aunque después fue por falta de priorización del tema.
Creo que en el caso de esta normativa, con la buena voluntad de los Institutos Armados, de Carabineros, del Gobierno y de los Parlamentarios, hemos llegado a fórmulas de consenso plenamente coherentes con el espíritu de la disciplina militar y, al mismo tiempo, con el respeto a las garantías constitucionales.
Como estamos en Fácil Despacho y el tiempo de debate ha concluido, procederemos a la votación.
--Se aprueba la iniciativa en particular y queda despachada en este trámite.
Corresponde ocuparse en el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley sobre creación de organizaciones deportivas profesionales, con urgencia calificada de "suma".
En trámite de Comisión Mixta, sesión 28ª, en 18 de enero de 2005.
Mixta, sesión 47ª, en 20 de abril de 2005.
Sesiones 1ª, en 3 de junio de 2003 (queda pendiente su discusión general); 2ª, en 4 de junio de 2003 (se aprueba en general); 19ª, en 6 de diciembre de 2004 (queda pendiente su discusión particular); 20ª, en 14 de diciembre de 2004 (se aprueba en particular).
La controversia entre las dos ramas del Congreso se originó en el rechazo por parte de la Honorable Cámara de Diputados de algunas de las modificaciones efectuadas por el Senado en el segundo trámite constitucional.
El informe de la Comisión Mixta formula las proposiciones destinadas a resolver las divergencias entre ambas Corporaciones, que consisten en acoger las diversas enmiendas introducidas por el Senado en el segundo trámite constitucional y en agregar artículos nuevos al proyecto.
En forma resumida, la Comisión acordó:
-Que son sociedades anónimas deportivas profesionales aquellas que tengan por objeto exclusivo organizar, producir, comercializar y participar en actividades deportivas de carácter profesional y en otras relacionadas con éstas o derivadas de ellas.
-Que los estatutos de las sociedades anónimas deportivas deberán contener como mínimo las menciones establecidas en el artículo 17 del proyecto.
-Que en todo lo no previsto por la iniciativa en análisis las entidades que nos ocupan se rigen por las normas de la ley Nº 18.046, sobre sociedades anónimas.
-Que se entenderá como continuadoras legales de los actuales clubes deportivos a las personas jurídicas que, por cualquier acto, contrato o hecho jurídico, adquieran o gocen de igual derecho federativo o de un cupo y lugar en la asociación deportiva profesional que corresponda.
-Que las organizaciones deportivas que mantengan deudas tributarias con el Fisco y presenten la forma de sociedades anónimas deportivas profesionales o de corporaciones o fundaciones y que sean las continuadoras legales de las actuales entidades deportivas podrán, dentro del plazo de un año, contado desde la entrada en vigencia de la ley, y por única vez, suscribir un convenio de pago con la Tesorería General de la República.
Cabe señalar que la Comisión Mixta adoptó este acuerdo por la unanimidad de sus miembros presentes, con excepción de tres materias, respecto de las cuales el Diputado señor Burgos votó en contra en dos y se abstuvo en otra.
Corresponde tener en cuenta que el artículo 21 tiene el carácter de norma de quórum calificado, por lo que debe aprobarse con el voto conforme de 23 señores Senadores.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que está dividido en cinco columnas. En la penúltima de ellas se transcribe la proposición de la Comisión Mixta, y en la última, el texto final que resultaría si se aprobara dicha propuesta.
Cabe indicar, finalmente, que la Honorable Cámara de Diputados, en sesión del día miércoles 13 del mes en curso, dio su aprobación al informe de la Comisión Mixta.
Están inscritos los Senadores señores Andrés Zaldívar, Parra y Espina. Luego de que intervengan cerraremos el debate, porque el asunto es de Fácil Despacho.
Señor Presidente , quiero hacer presentes mis reservas frente a algunas de las disposiciones nuevas que la Comisión Mixta propone incorporar al proyecto. Me refiero específicamente a los artículos 42 y 43, y a algunos preceptos del artículo 2º transitorio.
En general, en el entendido de que tales normas se originaron en el Ejecutivo y condicionan lo que él propuso en cuanto a dar una salida a los problemas tributarios pendientes de algunos clubes deportivos profesionales, debo señalar que no son, sin embargo, satisfactorias.
El artículo 42 consigna la posibilidad de transferir, entre otras cosas, los derechos federativos, lo que abre el camino para que se incorporen a las competencias profesionales clubes que no se han ganado ese derecho a través del mérito deportivo, criterio adoptado en forma permanente en la Comisión y en los textos sometidos con anterioridad a nuestra consideración.
Reaparece en el artículo 43 la obligatoriedad de constituirse en sociedades anónimas para los clubes profesionales que se creen en adelante. Ello no me parece una solución adecuada.
En el número 3 del artículo 2º transitorio, que permite celebrar convenios de pago para resolver deudas tributarias pendientes, se abre una posibilidad nueva: entregar en concesión a una sociedad anónima abierta la administración y gestión de un club deportivo existente. Esta figura, que no pudo ser discutida en trámites anteriores, es particularmente compleja y puede generar más de una dificultad práctica.
Pero, además, en el antepenúltimo inciso del artículo 2º transitorio hay una norma discriminatoria y peligrosa. Ese inciso se refiere única y exclusivamente a los clubes que mantienen el carácter de corporaciones o fundaciones. Y, por la vía de la sanción asociada al incumplimiento de las obligaciones que impone el convenio celebrado con la Tesorería General de la República, se puede llegar a la cancelación de los derechos federativos, lo que implica que las instituciones deportivas afectadas no puedan seguir participando en las competencias en que lo hacían.
Sin embargo, por tratarse de una votación de carácter indivisible y por haberse restablecido las normas permanentes acogidas por el Senado -a cuya aprobación concurrí-, voy a votar a favor, dejando constancia de las reservas expresadas.
Señor Presidente , en mi opinión. el informe en debate es la consecuencia de un largo proceso en el Parlamento para encontrar la forma de dar un marco jurídico a todo lo relacionado con la actividad deportiva, especialmente -digámoslo con claridad- con el fútbol profesional, donde se ha producido una situación generalizada de insolvencia y de crítica por la gestión y administración de los clubes. Y, sobre todo, el informe deriva de una materia que se discutió al tratarse la iniciativa relativa a la creación del Instituto CHILEDEPORTES, en cuanto al alcance del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1970, conforme al cual, con referencia en lo fundamental al balompié, no serían imponibles pagos hechos al margen del sueldo base, como primas, premios y otros.
Ese decreto -yo era Ministro de Hacienda cuando se dictó- fue aplicado sin problemas hasta 1985. Sólo a principios de los años 90 el Servicio de Impuestos Internos lo interpretó en forma diferente. En ese momento se empezó a provocar una situación de crisis por deudas de tributos que, en algunos clubes, hoy en día superan los 10 mil o 12 mil millones de pesos, sin considerar la previsión.
Entonces, el proyecto en análisis pretende dar la posibilidad de que las organizaciones deportivas no sólo relacionadas con el fútbol se estructuren, sea como corporaciones o fundaciones -como lo son en la actualidad-, o bien, se constituyan en sociedades anónimas sujetas a toda una reglamentación. Pero a su vez, en la legislación en estudio, tanto las corporaciones y fundaciones -que deberían crear un Fondo de Deporte Profesional- como las sociedades anónimas que se constituyan quedarán bajo la regulación de la Superintendencia de Valores y Seguros, de acuerdo con las leyes pertinentes.
Lo anterior implica que los directores de las corporaciones y fundaciones, tanto si constituyen ese Fondo cuanto si se transforman en sociedades anónimas, serán responsables de sus actos al igual que cualquier director de una sociedad anónima común y corriente.
Pensamos que ésta es una forma de ordenar la materia y de otorgar a los clubes una posibilidad para buscar solución a sus actuales problemas.
En la Comisión Mixta consultamos a deportistas, a representantes de los clubes mismos y a expertos en la materia. Allí precisamos dos o tres cosas. A lo mejor el Senador señor Parra tiene razón al preguntarse cuáles son los motivos de los cambios que se sugieren.
En primer lugar, como el punto relativo a la deuda histórica de los clubes es controvertible, el Gobierno y el Ministerio de Hacienda señalaban la factibilidad de suscribir un convenio, siempre que ellos no discutieran más la deuda. Pero, por la magnitud de ella, era imposible que los clubes siguieran administrándola. Por ello, sus representantes consultaban por qué se los obligaba a celebrar un convenio y a reconocer una deuda cuyo monto se estaba discutiendo ante los tribunales de justicia.
Por esa razón, después de debatir el punto con el Gobierno, llegamos a una solución: que se les permitiera celebrar el convenio por una suma no discutida y que la discutida quedara pendiente hasta su fijación por los tribunales de justicia. Si éstos fallaban que la deuda era "1 más X", automáticamente el convenio se modificaba para establecerlo por esa cantidad, y lo mismo en caso de que fuera "1".
Ésa es la razón del artículo 3º transitorio, lo cual facilita la solución a los problemas de muchos clubes.
Por otro lado, tocante a la distinción entre los clubes que se mantuvieran como corporaciones o fundaciones y los que se transformaran en sociedades anónimas, el Ejecutivo y el Parlamento llegaron a un acuerdo respecto de los primeros para posibilitar la celebración de un convenio de pago de las deudas, sobre la base de veinte años de plazo, con cuotas anuales que en ningún caso podrían ser inferiores al 3 por ciento de sus ingresos brutos.
En el caso de los clubes que se convirtieran en sociedades anónimas, se estableció que pagarían sus deudas con el 8 por ciento de sus utilidades o con un piso del 3 por ciento de sus ingresos brutos. De esa manera se les otorga una salida para solucionar sus problemas, que hacen difícil su administración.
Se había discutido cómo dar una salida. Se diseñó una fórmula similar a la aplicada en la ley de deuda subordinada de los bancos: permitir la creación de "sociedades espejos"; es decir, concesionarias que asumieran la administración de la deuda de los clubes, pero con la posibilidad de capitalizar y recoger fondos en el mercado, para fortalecer su gestión. Y eso es lo que proponemos ahora: otorgar toda una estructura jurídica a la sociedad concesionaria.
Pensamos que con la aprobación del proyecto se va a dar un paso adelante en la solución. Ya muchos clubes nos han manifestado que con esto podrán salir de la situación difícil en que se encuentran. Algunos se están preparando para convertirse en sociedades anónimas, con una administración mucho más ordenada y eficiente.
Por esas razones, creo que deberíamos aprobar el informe de la Comisión Mixta.
Señor Presidente , el proyecto en debate es, probablemente, el que ha producido o podrá producir en el país el cambio más notable en el deporte profesional después de muchas décadas.
El trámite de la iniciativa legal estuvo prácticamente paralizado durante dos años, ante lo cual los Senadores expresamos nuestra aprensión al Gobierno por no agilizar su despacho. Y queremos manifestar -nobleza obliga- que no habría avanzado sin el esfuerzo de los integrantes de la Comisión de Constitución y de otros señores Senadores , entre ellos los Honorables señores Pizarro y Frei .
Es preciso destacar también que, gracias al Ministro señor Vidal -quien la tomó como propia- y a la Subsecretaria de Hacienda, señora María Eugenia Wagner , logramos concebir una normativa que -estoy convencido- significará un cambio radical en el deporte profesional y marcará el inicio de una nueva era en esa actividad.
El Senador señor Andrés Zaldívar ya hizo un bosquejo general del proyecto, el que crea una nueva estructura legal, conforme a la cual los clubes pueden transformarse en corporaciones, fundaciones o sociedades anónimas. En cualquiera de estos casos quedarán sujetos a una estricta supervigilancia de parte de la Superintendencia de Valores y Seguros, a fin de no repetir la situación producida desde hace años como consecuencia de la mala administración de dirigentes que nunca asumieron su responsabilidad ni comprometieron su patrimonio, haciendo caer en la quiebra a clubes de distintas especialidades deportivas y provocando escándalos que han remecido a la opinión pública durante años.
Por otro lado, la iniciativa establece que los clubes profesionales deben constituir fondos especiales destinados al deporte.
Pero quedaba una materia pendiente: determinar qué se hacía con la deuda de arrastre del fútbol profesional. Al respecto se había generado una discusión sobre en quién recaía la responsabilidad de ella. Y logramos desentrañar que en parte obedecía probablemente a una mala gestión, pero, en gran proporción, al cambio de interpretación del Servicio de Impuestos Internos sobre una norma aplicada históricamente, lo que generó el cobro de nuevos tributos, cuyos montos son en la actualidad objeto de juicios en los tribunales.
El proyecto de ley en estudio, lisa y llanamente, establece un mecanismo de reprogramación de deudas. Aclaro que esto no significa un "perdonazo" ni la condonación de un peso a los clubes profesionales, ya que los compromisos se pagarán con cargo a sus ingresos o utilidades.
Por lo tanto, el Congreso Nacional no hace excepción al tratamiento que reciben cientos de miles de deudores, quienes podrían argumentar por qué no se les aplica igual mecanismo.
Se instaura un sistema de reprogramación de la deuda en plazos que permitan pagarla. Se va a saldar íntegramente, pero su monto definitivo queda sujeto a lo que resuelvan los tribunales de justicia.
Por último, la iniciativa incorpora una norma que, a mi juicio, también representa un cambio radical en la gestión de los clubes profesionales.
Algunas organizaciones deportivas, legítimamente, no quieren transformarse en sociedades anónimas. Les resultaría muy difícil hacerlo, dadas su tradición, su historia o su propia naturaleza. No imagino que clubes profesionales de fútbol como los de la Universidad Católica o la de Concepción cambien su denominación actual por la de "Universidad Católica S.A." o "Universidad de Concepción S.A.".
Sin embargo, como nuestro interés es que haya una buena gestión en las organizaciones deportivas, se consagró la llamada "administración delegada" o "concesión" o -como dijo el Honorable señor Andrés Zaldívar - de "sociedad espejo", la cual consiste en que una tercera institución administre el club. Dicha entidad tendría el carácter de sociedad anónima, con lo cual no sería necesaria la transformación de los clubes. De esa manera se pueden incorporar capitales privados a la nueva sociedad, sujeta de todas maneras al pago íntegro de su deuda con el Estado, además de la solidaridad que deben asumir al respecto sus directores. Adicionalmente, cualquiera que sea el escenario, si la deuda no se paga se produce la rescisión del convenio, y el Estado cobra la totalidad de lo adeudado, lo que se encuentra debidamente resguardado.
Señor Presidente , a mi juicio, esta iniciativa legal representa un aporte de incalculable proyección del Parlamento al deporte. Por supuesto, no resuelve todo, pues eso depende -digámoslo en castellano- del uso que den al nuevo sistema los dirigentes. Pero con ella se puede cambiar un deporte como el fútbol, que hoy en día vive en la mediocridad y sin generar en el país el enorme impacto que debería tener en el ámbito social.
Por eso, considero que la futura ley será una contribución de gran valor. Realmente constituye un privilegio haber participado en su tramitación en el Senado de la República, y esperamos ver sus frutos a la brevedad.
--Se aprueba, dejándose constancia, para efectos del quórum constitucional exigido, de que se pronunciaron favorablemente 30 señores Senadores.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones al marco normativo que rige al sector eléctrico, con informe de la Comisión de Minería y Energía y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3806-08) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Minería, sesión 45ª, en 19 de abril de 2005.
-Generar estabilidad en las condiciones de mercado sobre las cuales se planifican las nuevas inversiones en el sector;
-Fortalecer los mecanismos para enfrentar contingencias eléctricas, y
-Diversificar los insumos para generación eléctrica.
La Comisión de Minería y Energía, luego de recibir en audiencia a representantes de las principales empresas interesadas en el proyecto de ley, le dio su aprobación en general, por la unanimidad de sus miembros, Honorables señores Boeninger, Núñez, Orpis, Páez y Prokurica.
En cuanto a la discusión particular, efectuó diversas modificaciones a la iniciativa despachada por la Cámara de Diputados, las que fueron acordadas por unanimidad, con excepción de las siguientes, que se aprobaron por mayoría:
-La consistente en establecer que el reglamento, en lo que atañe a la licitación y el suministro, en ningún caso podrá fijar condiciones más gravosas que las dispuestas en la ley, enmienda aprobada con los votos a favor de los Senadores señores Boeninger, Orpis y Prokurica y las abstenciones de los Honorables señores Núñez y Páez;
- La que abre un nuevo espacio a los productores pequeños, dando una señal de preocupación por el medio ambiente, enmienda aprobada con los votos de los Honorables señores Boeninger, Núñez, Páez y Prokurica y la abstención del Senador señor Orpis.
Por otro lado, cabe señalar que los números 3, 6 y 10 del artículo 1º; los incisos primero y segundo del artículo 3º, y el artículo 3º transitorio fueron aprobados en particular, sin modificaciones, solamente por mayoría.
Se debe tener presente que el artículo 3º tiene carácter de norma de quórum calificado, por lo cual requiere para su aprobación el voto conforme de 23 señores Senadores.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado dividido en cuatro columnas que transcriben el texto vigente de la Ley General de Servicios Eléctricos; el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados; las modificaciones de la Comisión de Minería y Energía del Senado, y el texto final que resultaría de aprobarse dichas enmiendas.
Finalmente, cabe considerar que la iniciativa, por tener urgencia calificada de "discusión inmediata", deber ser discutido en general y particular a la vez, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 127 del Reglamento.
Antes de comenzar el debate, quiero hacer presente que se ha solicitado autorización para que ingrese a la Sala el Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía , señor Luis Sánchez Castellón.
Las disposiciones acogidas por unanimidad en la Comisión quedarían aprobadas conforme al Reglamento.
Corresponde ocuparse de las normas que no fueron acogidas por unanimidad en la Comisión.
Señor Presidente , como el proyecto se ha tramitado con cierta urgencia, de todas maneras me gustaría, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Minería y Energía, hacer una relación muy breve de su contenido general, a fin de que los señores Senadores queden informados acerca de cuáles son sus elementos más importantes.
Si le parece a la Sala, concederé la palabra a Su Señoría para el propósito recién indicado.
Señor Presidente , la iniciativa en análisis, que cumple su segundo trámite constitucional en el Senado, apunta a la necesidad de fortalecer la seguridad en el suministro eléctrico frente a las incertidumbres externas en el abastecimiento de combustibles de difícil sustitución inmediata en los mercados internacionales, como es el gas natural. Para tal efecto, propone cambios normativos que se refieren, fundamentalmente, a los siguientes aspectos: el desarrollo adaptado de la inversión en el sector eléctrico, el fortalecimiento del marco normativo para enfrentar contingencias y la diversificación de fuentes externas de combustibles, como la incorporación, en virtud de una indicación parlamentaria, de la generación a través de medios limpios, en concordancia con los tratados que hemos firmado.
En lo que respecta al desarrollo de inversiones eléctricas, la situación actual muestra un mercado altamente interesado en ampliar la oferta por las buenas perspectivas de la demanda, pero con fuertes dudas de tipo económico y tecnológico frente a la incertidumbre externa que enfrenta nuestro mercado de gas natural, la cual se manifiesta en la imposibilidad de predecir la evolución de los precios, tanto libres como regulados, en el largo plazo, dado que se desconoce si la realidad de dicho mercado volverá a ser la que fue hasta hace unos años.
Por ello, es necesario generar estabilidad en las condiciones de mercado sobre las que se planifican las nuevas inversiones en el sector, de modo de atenuar la incertidumbre importada del mercado de gas suministrador.
La incertidumbre descrita no es equivalente al riesgo natural que enfrenta la inversión en cualquier mercado que opera en condiciones de competencia. En efecto, dado que el origen de ésta tiene que ver con aspectos de política de mercado más que naturales -como las sequías-, hay un impedimento concreto y razonable que dificulta a los inversionistas predecir adecuadamente escenarios futuros para asumir sus decisiones.
Señor Presidente , es evidente que hay inversionistas dispuestos a invertir en generación en nuestro país, pero que, por distintas razones -especialmente, por el sistema chileno, donde quien genera y puede vender su energía es el que la ofrece al menor precio, y por la inseguridad de lo que va a ocurrir con el gas argentino-, no lo harán mientras subsista este fantasma. Y no se van a embarcar en una inversión que el país necesita porque, si se repite la misma situación del gas trasandino, es posible que no vendan su energía.
Ante esa realidad, la modificación legal propuesta como remedio para dicho problema responde a la necesidad de estabilizar los flujos de ingresos de los contratos de suministro a las compañías distribuidoras, de manera que, ocurra lo que ocurra con el actual mercado del gas suministrador, la entrega de energía esté disponible para el cliente regulado chileno.
Así, el objetivo primordial del proyecto es despejar la incertidumbre en el mercado eléctrico para el desarrollo de futuras inversiones en generación, a fin de restaurar y reforzar la seguridad tradicional de abastecimiento eléctrico para el país.
En tal sentido, es menester fijar estabilidad en los mecanismos de precios de abastecimiento del sector de clientes regulados, con el objeto de garantizar que el proceso de inversiones se desenvuelva con normalidad, tal como ocurría hasta antes de producirse la actual situación del mercado del gas natural.
Junto al desarrollo normal de inversiones adaptadas a la demanda de energía eléctrica, el cuadro de incertidumbre ya descrito también exige fortalecer el marco regulatorio vigente, con el propósito de asegurar una eficaz acción del mercado y de la autoridad frente a contingencias o riesgos derivados de éste y otros escenarios coyunturales.
En este ámbito, se han identificado tres aspectos donde se hace necesario perfeccionar el marco normativo.
Primero, se ha advertido la conveniencia de establecer la posibilidad de que los consumidores regulados, voluntariamente y a cambio de compensaciones económicas provistas por las empresas generadoras, ayuden a administrar su propia demanda, contribuyendo con menores consumos cuando ello sea conveniente para la oferta y en la medida en que dichos consumidores estén de acuerdo. Este mecanismo permitirá, según el proyecto, una más eficiente asignación de los recursos mediante la optimización de las decisiones de consumo.
Enseguida, ante la insuficiencia de incentivos para evitar situaciones de oferta restrictiva, se estima necesario aclarar las condiciones en las cuales será posible aducir caso fortuito o fuerza mayor frente a las contingencias derivadas del suministro de gas natural.
Y finalmente, para vigilar de manera más eficiente la adopción de medidas adecuadas y oportunas ante las eventualidades o riesgos que enfrente el abastecimiento eléctrico, es preciso perfeccionar las normas sobre información a la autoridad, especificando las atribuciones de ésta en la prevención de riesgos en la seguridad de abastecimiento.
Siendo Chile un país importador neto de insumos energéticos, la política de diversificación juega un rol crucial en cuanto a incrementar la seguridad en el abastecimiento de energía de los distintos consumidores internos.
Para tal efecto, el Ejecutivo propone instaurar en el artículo 3º un mecanismo que obligue a una mayor diversificación, fijando una cuota de abastecimiento de gas desde el extranjero.
Por último, a través de una indicación parlamentaria, se ha establecido la generación de 5 por ciento del total de la demanda con medios limpios o no convencionales, esto es, geotermia, energías eólica o solar, minicentrales y otros que presentan tres beneficios: producen sin dañar el medio ambiente, cumplen los tratados internacionales suscritos por Chile y diversifican los generadores en el país.
Como decía, corresponde ocuparse de las normas que no fueron acogidas por unanimidad en la Comisión.
La primera de ellas recae en el inciso tercero del artículo 79º-4, contenido en el número 2 del artículo 1º del proyecto, en el cual la Comisión propone agregar, después del punto final -que pasa a ser punto seguido-, la siguiente frase: "En ningún caso el reglamento podrá establecer condiciones más gravosas que las establecidas en la presente ley.".
Esta modificación fue aprobada por 3 votos a favor (Honorables señores Boeninger, Orpis y Prokurica) y 2 abstenciones (Senadores señores Núñez y Páez).
Como se trata de una materia que parece de fácil resolución, propongo aprobar la enmienda de inmediato.
Enseguida, el número 3 del artículo 1º plantea intercalar, a continuación del artículo 90º, un artículo 90º bis, nuevo.
Este número 3, que no fue objeto de modificaciones en la Comisión, fue aprobado por 3 votos a favor (Honorables señores Boeninger, Núñez y Páez), un voto en contra (Senador señor Orpis) y una abstención (Honorable señor Prokurica).
Señor Presidente , sólo deseo hacer una aclaración. En el boletín comparado no aparece la votación dividida a que aludió el señor Secretario respecto del artículo 90º bis.
Tiene razón, señor Senador. Allí no figura el resultado de la votación; pero, efectivamente, es el que se dio a conocer.
Si le parece a la Sala, se aprobará el texto propuesto por la Comisión.
Enseguida, la Comisión sugiere intercalar en el artículo 96º ter el siguiente inciso quinto, nuevo:
"Sin perjuicio del derecho a ofertar en las licitaciones reguladas en los artículos 79º-1 y siguientes, en las condiciones que establezcan las respectivas bases, los propietarios de medios de generación a que se refiere el artículo 71º-7 tendrán derecho a suministrar a los concesionarios de distribución, al precio promedio señalado en el inciso primero de este artículo, hasta el 5% del total de demanda destinada a clientes regulados.".
Esta norma fue aprobada con los votos a favor de los Honorables señores Boeninger, Núñez, Páez y Prokurica, y la abstención del Senador señor Orpis.
Señor Presidente , voy a aprobar esta disposición, porque estimo que constituye un paso hacia la energía no convencional.
Si le parece a la Sala, se aprobará el inciso nuevo propuesto.
Indicación Nº 7, renovada por los Senadores señores Orpis, Fernández, Cantero, Romero, Prokurica, Arancibia, Horvath, Larraín, Stange, Espina y Novoa.
Tiene por objeto introducir en el inciso cuarto del artículo 99º bis la siguiente frase final:
“Tampoco se considerarán fuerza mayor o caso fortuito las fallas de centrales a consecuencia de restricciones totales o parciales de gas natural provenientes de gaseoductos internacionales.”.
Señor Presidente, deseo esclarecer un tema que, desde el punto de vista técnico, es bastante complejo.
Ante todo, debo afirmar que, en virtud de la disposición incorporada por el Ejecutivo, se establece una brutal discriminación en contra de las centrales a gas que operan con gasoductos internacionales.
De acuerdo con los principios generales del Derecho, nadie está obligado a responder por caso fortuito o fuerza mayor -ésa es la regla general-, salvo que lo establezca la ley o las partes así lo acuerden; pero es un asunto de carácter excepcional.
Nuestra legislación en materia eléctrica contempla esa posibilidad, que se traduce en que las compañías del sector, en determinadas circunstancias, deben responder por fuerza mayor o caso fortuito. Es decir, se presume la responsabilidad. Esto se produce en la figura contemplada en el artículo 99 bis de la ley vigente.
Ese precepto, incorporado por el Parlamento en una época de sequía, señala que el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción "podrá dictar un decreto de racionamiento, en caso de producirse o proyectarse fundadamente un déficit de generación en un sistema eléctrico, a consecuencia de fallas prolongadas de centrales eléctricas o de situaciones de sequía".
El inciso cuarto del artículo 99 bis -aquí viene lo relevante- establece en forma expresa que las situaciones de sequía o las fallas de centrales eléctricas que originen un déficit de generación eléctrica que determine la dictación de un decreto de racionamiento "en ningún caso podrán ser calificadas como fuerza mayor". Es decir, en esas circunstancias no opera la fuerza mayor.
Por lo tanto, si se ha dictado el decreto de racionamiento y una central no puede generar electricidad en épocas de sequía, está obligada a pagar compensaciones a los usuarios. Por ejemplo, si una central a carbón experimenta una falla, necesariamente debe compensar a sus clientes.
Digámoslo de otra manera: en conformidad al artículo 99 bis, si no existe un decreto de racionamiento y falla una central, la Superintendencia -según lo dispuesto en la ley Nº 18.410- deberá efectuar una investigación; y en caso de comprobarse que hubo negligencia, se tendrán que pagar las compensaciones. Pero si opera la fuerza mayor, no habrá lugar a éstas.
Aquí deseo entrar al detalle y a la parte delicada de la materia que nos ocupa.
A través de esta iniciativa se produce una brutal discriminación en contra de las centrales a gas que se abastecen mediante gasoductos internacionales.
¿Qué hace el Ejecutivo en ese caso? Mantiene las centrales a gas en el artículo 99 bis recién mencionado, pero -y aquí viene la discriminación- sólo respecto de aquellas que operan a través de gasoductos propone una norma complementaria al Nº 11 del artículo 3º de la ley Nº 18.410, que faculta a la Superintendencia para fiscalizar las situaciones de caso fortuito o fuerza mayor.
¿Qué dice esa disposición agregada por el Gobierno, adicional al artículo 99 bis? Que "las faltas de seguridad y calidad de servicio provocadas por indisponibilidad de centrales a consecuencia de restricciones totales o parciales de gas natural proveniente de gasoductos internacionales, no serán calificadas como caso fortuito o fuerza mayor.".
¿Por qué se produce esa discriminación?
Aquí no estamos en presencia de un déficit de generación eléctrica; es decir, el sistema está funcionando normalmente. De lo contrario, debería operar el decreto de racionamiento, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 99 bis.
Por lo tanto, nos hallamos en una situación sin problemas, donde el sistema eléctrico funciona -repito- con absoluta regularidad. No obstante esa normalidad, sólo las centrales a gas que se abastecen por medio de gasoductos internacionales no pueden aducir razones de fuerza mayor ante dificultades en la calidad y la seguridad del servicio.
Reitero: en un sistema eléctrico que funciona en condiciones de normalidad, únicamente las centrales que se abastecen a través de gasoductos están impedidas de aducir fuerza mayor por faltas de seguridad y de calidad. Pero todas las demás centrales sí pueden hacerlo.
Quiero graficar lo anterior con un par de ejemplos.
Si se produce un derrumbe que destruye un ducto que abastece una central hidroeléctrica e impide su funcionamiento, sin que exista decreto de racionamiento, ella podría alegar fuerza mayor o caso fortuito. Y eso lo determinará la Superintendencia.
Por su parte, si ese mismo derrumbe inutiliza e interrumpe el funcionamiento de un gasoducto, la central a gas que se alimenta por medio de éste responde ante los usuarios, porque, de acuerdo con la normativa propuesta, no puede alegar fuerza mayor. Y en este caso no hay ningún tipo de investigación. En consecuencia, aquí se produce la discriminación.
Además, entre las propias centrales a gas que operan mediante gasoductos existe una doble discriminación.
Si le parece a la Sala, se otorgará tiempo adicional a Su Señoría para que finalice su exposición.
Como decía, entre dichas centrales se produce una doble discriminación. Y lo voy a graficar con el siguiente ejemplo.
Imaginemos que el Ejecutivo desarrolla un proyecto LNG (Gas Natural Licuado), donde el gas debe transportarse en barco, y que éste, a raíz de un temporal, se atrasa en llegar y no abastece a tiempo la planta, lo cual afecta la seguridad del servicio. En tal caso rige la fuerza mayor. Sin embargo, si esa interrupción se produce en una central donde el gas proviene de un gasoducto internacional, ésta no puede invocar fuerza mayor.
Por lo tanto -repito-, entre las propias centrales a gas existe una doble discriminación.
Por último, me parece que la discriminación establecida en contra de las centrales a gas que operan con gasoducto es tan brutal que, si no es aprobada la indicación que presenté y que fue renovada, me reservo el derecho de hacer el requerimiento respectivo ante el Tribunal Constitucional.
Antes, una moción de orden, señor Presidente .
Señor Presidente , el texto del artículo 99 bis, sobre el cual recae la indicación renovada, no se transcribe ni en el boletín comparado -en la columna donde aparece el texto legal vigente- ni en el informe. De manera que para quienes no participamos en el trabajo de la Comisión es bastante difícil seguir el debate.
Me parece muy clara la explicación recién dada. Además, en cierto sentido, la indicación es autosuficiente. Sin embargo, señala: "Introdúcese en el inciso cuarto del artículo 99 bis..."; y dicho precepto no está a la vista.
El texto de esa norma no aparece por una cuestión reglamentaria, señor Senador, pues la indicación primitiva fue rechazada. Pero le conseguiremos una copia.
El señor RODRÍGUEZ ( Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción y de Energía).-
Señor Presidente , este tema fue discutido en la Comisión, y el Ejecutivo argumentó que las interrupciones de gas natural provenientes de Argentina son por completo diferentes de las condiciones que provocan racionamiento eléctrico -a las que alude el artículo 99 bis-, que básicamente se hallan referidas a sequías, las que son predecibles con mucha anticipación y provocan en las represas efectos que pueden ser seguidos día a día, y frente a las cuales el Ejecutivo tiene la opción en determinado momento de dictar un decreto de racionamiento.
Las interrupciones del gas natural que viene por gasoductos sobrevienen en cualquier instante, son del todo impredecibles y, por lo tanto, pueden provocar cortes eléctricos o, eventualmente, racionamiento, sin que medie para ello ninguna observación previa de las autoridades ni de las propias empresas.
A nosotros nos interesa que frente a esta situación, que es de hecho, las empresas eléctricas que actualmente utilizan gas natural como combustible principal estén preparadas para usar otras fuentes energéticas o tengan respaldo suficiente para brindar el servicio para el cual se hallan contratadas, se corte o no el abastecimiento de gas natural, exista o no un decreto de racionamiento dictado por el Ministerio de Economía.
Por esa razón, nos parece que sólo para efectos de los clientes regulados, es decir, de los clientes pequeños, no se debe aceptar el argumento de fuerza mayor ante las interrupciones de gas en caso de corte eléctrico o de racionamiento, porque no hay razones ni tiempo para dictar un decreto de racionamiento cuando súbitamente es cortado el suministro de gas y sobreviene un corte eléctrico.
Por ello nos hemos opuesto a incorporar ese elemento en el artículo 99 bis, pues este precepto requiere un decreto de racionamiento y, en consecuencia, con ello se inhabilitarían por completo las razones que estamos dando justamente para obligar a las compañías que usan gas natural a dar electricidad cuando no tengan este suministro, porque pueden hacerlo, como lo demuestran hoy día en la práctica cuando emplean petróleo o se respaldan con otras fuentes eléctricas.
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei. Después, los Senadores señores Ávila, Bombal y Boeninger.
Señor Presidente , el señor Ministro ha sostenido aquí que la no llegada de gas puede ser una cosa imprevista, ante la cual no se alcanza a dictar un decreto de racionamiento.
Permítaseme señalarle que la política de precios del Presidente Kirchner se llevó a efecto hace ya varios años. Las empresas que traen ese combustible de Argentina alertaron que la referida política iba a significar que los productores en esa nación no hicieran prospecciones para nuevos pozos y que en algún momento el gas iba a fallar, lo cual se traduciría en que no habría exportaciones de él hacia Chile.
Lo advirtieron por escrito -yo vi la carta- un año y medio antes de que empezara la primera restricción de gas a nuestro país. Y el Gobierno no hizo nada. ¡Nada!
Hace ya un año y medio que está llegando a Chile menos gas del que deberíamos recibir. Y el Gobierno sigue no haciendo nada.
La verdad, señor Presidente , es que el corte del suministro de gas no siempre es imprevisible. Lo que estamos sufriendo hoy era totalmente predecible. Cualquier economista que hubiera seguido la política de precios de Kirchner podría haber previsto que significaría falta de gas, primero, porque el consumo en Argentina iba a subir mucho, debido al bajo precio, y segundo, porque la producción iba a disminuir, pues, siendo el gas tan barato, no valdría la pena hacer prospecciones para nuevos pozos.
Por consiguiente, el argumento del señor Ministro es equivocado. En algunos casos, como el que sufrimos ahora, los cortes de suministro de gas fueron totalmente predecibles. Y el Gobierno no hizo nada.
De otro lado, el Senador señor Orpis se refirió al caso fortuito. Dijo, por ejemplo, que si cae un rodado y rompe el gasoducto que trae el gas de Argentina y por ello se corta el suministro, eso no se considera fuerza mayor y, por lo tanto, la empresa tiene que compensar a los consumidores. Añadió que si el rodado destruye algo en una central hidroeléctrica, ahí sí se estima fuerza mayor y, por consiguiente, la empresa no debe pagar compensación alguna.
¡Cómo no va a ser eso una discriminación espantosa!
Y el señor Ministro no ha dado respuesta al citado ejemplo.
¡Cómo va a ser razonable que si un barco se detiene por mal tiempo y no puede entregar el gas que trae del extranjero ello sea considerado fuerza mayor y, por ende, no obligue a ningún pago, mientras en el caso del rodado que rompe el gasoducto que trae gas de Argentina se debe compensar a los consumidores!
Al mismo problema corresponde la misma solución.
Entonces, en primer lugar, pido que tengamos claro que no todo corte de gas del vecino país es sorpresivo; puede tratarse de un rodado, pero también, perfectamente, de una política de precios equivocada, como la de Kirchner, que nos dejó "la escoba" aquí.
En segundo término, me parece inadmisible que a un rodado que afecta a una central hidroeléctrica se le dé un tratamiento distinto del que se otorga al que daña un gasoducto. ¡No puede ser!
Señor Presidente, lo que francamente me parece absurdo es este apasionamiento por eliminar los riesgos de la actividad empresarial.
Si determinada empresa se compromete a suministrar el servicio de energía eléctrica y el gas está expuesto a ciertas contingencias, obviamente debe tener contempladas fuentes alternativas. Ésa es responsabilidad suya.
Deberíamos terminar ya con la manía de intentar trasladar permanentemente al Gobierno las responsabilidades por las faltas de previsión que muchas veces, como en este caso, cometen las empresas.
Aquí funciona, más allá de todo lo razonable, sin los límites que racionalmente se comienzan a imponer en los países civilizados, un mercado que se despliega a plenitud. Pues bien, lo menos que puede exigirse es que, en las condiciones tan ventajosas que en todos los planos se dan para su desenvolvimiento, las empresas asuman los riesgos inherentes a su negocio.
Ésa es, sencillamente, la situación que se discute en este punto específico.
No alcancé a entender lo que quiso decir la señora Senadora . Si lo explicara...
¡Tampoco entendería...!
¡Escucho unos gritos guturales...!
Por favor, Sus Señorías, eviten los diálogos.
Señor Presidente , me pidió una interrupción el Senador señor Orpis.
Señor Presidente , yo no he dicho que no se asuman los riesgos inherentes a la actividad, sino que ellos deben ser asumidos por igual y no de la forma discriminatoria como se propone en este proyecto. O sea, lo que se alega respecto de la norma específica es la discriminación, no el asumir o no asumir los riesgos. Y basta leer el texto para darse cuenta de que las centrales a gas que operan con gasoductos son absolutamente discriminadas.
Yo no me explico de qué manera Chile, teniendo países vecinos como Perú y Bolivia, que cuentan con grandes reservas de gas, irá a vender un proyecto para instalar un gasoducto en el norte con ese tipo de imposiciones, que no rigen para ninguna otra clase de centrales.
Insisto: no se trata de no asumir los riesgos, sino de que ellos se asuman por igual, sin discriminaciones.
Muchas gracias por la interrupción, Honorable colega.
Recupera el uso de la palabra el Senador señor Bombal.
Señor Presidente , la discusión del proyecto que modifica la Ley Eléctrica se halla desfasada, pues debimos haberla tenido hace un año y medio. Porque, sobre esta materia, no hay que olvidar que el punto central, neurálgico, es que a nuestro país se le cambió la matriz energética. Ésta fue llevada al gas natural, en el claro entendido de que estábamos frente a un socio que iba a respetar los contratos. Pero ese socio, unilateralmente, deja de cumplirlos; establece una política de precios que cambia de modo radical su comportamiento, y, al final, reduce el gas.
Comparto lo señalado por el Honorable señor Orpis . Es de tal grado la arbitrariedad con que actúa Argentina -principal abastecedor nuestro de gas natural-, que a las 7 de la tarde de un día comunica a las distribuidoras de Chile la restricción de ese día.
En esas condiciones, señores Senadores , díganme qué compañía distribuidora, pequeña o mediana, o qué gran empresa generadora que opera con determinada cantidad de gas puede estar presta para enfrentar la emergencia.
Es más: se avisa ex post.
El apagón que sufrió Santiago fue consecuencia de que una línea de alta tensión del sistema interconectado central se encontraba en un proceso de mantención absolutamente programado, que preveía la entrada en funciones de Nehuenco. Y Nehuenco operó perfectamente bien con gas para sustituir la falta del suministro por mantención. Pero a la central que haría los trabajos programados para cubrir la emergencia se le avisó del corte del gas en el último minuto. Nehuenco debió parar. Y como hubo que acelerar el proceso, se terminaron mal los trabajos, se cayó el sistema y se apagó el país.
¡Ésa fue la causa del apagón!
La mantención -como dije- se haría en forma programada. Pero el origen directo de la falla fue que se comunicó arbitrariamente el corte de gas, en circunstancias de que la central estaba programada para operar durante una jornada tal que cubría el período de mantención.
Con ese grado de precariedad, no es cosa de llegar y endosar la responsabilidad a la empresa. Hay que asumir que estamos frente a una situación absolutamente caótica.
Aún más, se están haciendo operaciones SWAP para conseguir dicho combustible. Porque -como Sus Señorías deben de saberlo- el señor Kirchner obligó a todas las empresas generadoras de Argentina a operar con gas, en circunstancias de que algunas lo hacen con carbón. Entonces, las compañías chilenas pagan el diferencial a las argentinas y traen a nuestro país la cuota de gas correspondiente.
¿Qué ocurrió con la central San Nicolás , al otro lado de la cordillera? Entró en una mantención no programada y no se pudo realizar la operación SWAP porque fue imposible llevar el gas a Chile. En consecuencia, el ciento por ciento de las empresas de la Región Metropolitana se quedaron sin ese combustible. Y ello, de la noche a la mañana.
En ese nivel de precariedad nos estamos moviendo, señor Presidente. Estamos moviéndonos en un rango de tal precariedad que toda falla que se produzca -ello puede ocurrir en cualquier momento- nos genera apagones.
Ya concluyo, señor Presidente.
Entonces, me parece adecuado el planteamiento del Senador señor Orpis, porque la discriminación es un problema muy de fondo.
La cuestión no estriba en determinar si se culpa o no al grande. Las generadoras han hecho esfuerzos muy importantes precisamente porque estaban operando sobre la base de que los contratos se iban a respetar y de que el abastecimiento de gas no se cortaría.
Además, tengamos presente la discusión tardía de esta iniciativa. Ya perdimos un año. Si la ley en proyecto no se aprueba ahora, corremos riesgos para el 2007 o el 2008. Además, de aprobarse ella en un sentido u otro, tenemos el peligro de que se presenten demandas muy importantes en contra del Estado de Chile y de las compañías.
Entonces, no podemos mirar la situación desde la perspectiva de que aquí hay grandes y poderosos que quieren eludir su responsabilidad mientras otros están sufriendo. ¡No! El problema es de enorme complejidad porque nos cambiaron las reglas del juego. Acá se procedió de buena fe; los protocolos fueron firmados sobre esa base; se hicieron inversiones millonarias para abastecer con gas natural a nuestro país y traer energía más barata, y todo eso cambió.
Por ello estamos abocados a la ley en proyecto, que, en mi concepto, debe ser mirada desde una óptica muy distinta de la consistente en acusar, como se está haciendo ahora, "a los grandes que no quieren afrontar sus responsabilidades".
El Senador señor Orpis -reitero- tiene toda la razón al rechazar la discriminación en que incurre la iniciativa.
Señor Presidente, me parece importante distinguir los elementos principales de los secundarios.
En este proyecto, lo fundamental es aumentar la seguridad de la provisión energética en Chile, considerando que existe en el mercado un factor de gran incertidumbre: el abastecimiento de gas argentino.
Esa inseguridad se debe no sólo a las políticas de precios de Kirchner -convengo en que son un elemento significativo en el origen de aquélla-, sino, en general, al hecho de que las reservas de gas del vecino país no se calibran ni se conocen con precisión. En este momento Argentina es el único aprovisionador, y todo indica que el abastecimiento desde allí va a seguir siendo objeto de incertidumbres y vaivenes bastante frecuentes e impredecibles.
Entonces, el punto central radica en que, si la propuesta del Ejecutivo es relativizada por la vía de la indicación del Senador señor Orpis en el sentido de que la falta de aprovisionamiento de gas argentino no es un problema de racionamiento, aunque se produzca de manera súbita, sino algo inherente al mercado de ese país, no habrá lugar para la solución que ahora necesitamos: que las generadoras incorporen a sus costos la existencia de fuentes de reserva, porque no tendrán compensaciones si súbitamente se corta o se recorta la provisión de gas desde Argentina.
La mayor inversión, que a su vez, conforme al texto del proyecto de ley que estamos analizando, se va a reflejar en los precios -porque no se trata de perjudicar a los generadores sino de estimularlos a invertir-, es una condición necesaria para que las empresas generadoras asuman la incertidumbre del mercado de provisión de gas argentino como un factor que las obliga a tener una reserva de mayor costo. Y esto sólo se logra si no existen las compensaciones habituales y propias de los racionamientos eléctricos.
Entonces, esta norma me parece muy importante desde el punto de vista del cumplimiento del objetivo de lograr una mayor seguridad en el aprovisionamiento, lo que requiere inversiones sobre la base de fuentes energéticas de mayor costo que el gas argentino.
Por eso es tan necesario aprobar la fórmula sugerida por el Ejecutivo, que el planteamiento contenido en la indicación del Senador señor Orpis tiende a perforar.
Por último, lo de los rodados no me impresiona mucho, porque perfectamente se puede dejar constancia en la historia de la ley de que, cuando se habla de restricciones al gas natural proveniente de gasoductos internacionales, no se está aludiendo a fenómenos naturales. Un desastre de este tipo es una cosa distinta. Pienso que habría acuerdo en considerar que cualquier catástrofe de esa especie no detona el tipo de efecto que la política propuesta por el Ejecutivo en este proyecto sí tiende a producir.
Señor Presidente, la verdad es que lo manifestado en el curso del debate no es lo que dice el proyecto de ley. Concretamente, me refiero a lo expresado por el Senador señor Boeninger.
La iniciativa apunta a la falta de seguridad y de calidad en el servicio, lo cual sólo tiene que ver con las compañías o centrales a gas proveniente de gasoductos internacionales. Es decir, si falla o disminuye la frecuencia, opera la fuerza mayor. Pero no ocurre lo mismo con una central hidroeléctrica.
Eso es exactamente lo que establece la norma.
Por lo tanto, para que a todas las empresas se les conceda trato igualitario, he propuesto el artículo 99 bis. Se pretende una solución distinta: que la ley sea igual para todas, que no sea discriminatoria y que apunte en un sentido y otro. Esto plantea la enmienda. Pero si la fórmula es diferente, general, similar para todas las empresas y no incorpora discriminaciones, no tendría inconveniente en aceptarla. En cambio, el texto que sugiere la Comisión discrimina en contra de las centrales a gas proveniente de gasoductos internacionales.
En votación electrónica la indicación renovada.
--Se aprueba la indicación renovada (20 votos contra 14).
Votaron por la afirmativa los señores Arancibia, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Cordero, Espina, Fernández, García, Horvath, Larraín, Martínez, Matthei, Orpis, Prokurica, Ríos, Romero, Ruiz-Esquide, Vega y Zurita.
Votaron por la negativa los señores Ávila, Boeninger, Flores, Gazmuri, Moreno, Naranjo, Núñez, Ominami, Parra, Ruiz (don José), Sabag, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).
¿Era de quórum especial la norma, señor Presidente?
Entonces, debo retirar mi voto, porque acepté verbalmente un pareo con el Honorable señor Chadwick en el entendido de que la disposición tenía ese carácter.
Encuentro toda la razón a Su Señoría, porque no es de rango orgánico constitucional.
En consecuencia, la indicación renovada queda aprobada con 20 votos a favor, 13 en contra y un pareo.
En seguida, la Comisión propone intercalar, a continuación del artículo 99° bis, un artículo 99° ter, nuevo
Dicha norma fue aprobada sin ninguna modificación por 3 votos a favor (Senadores señores Boeninger, Núñez y Páez) y 2 en contra (Honorables señores Orpis y Prokurica).
Señor Presidente , anuncio nuestra abstención, porque toda la filosofía del proyecto apunta a que, a partir de ahora, las empresas distribuidoras no podrán operar si no han celebrado contratos con las centrales generadoras.
Ésa es la piedra angular de la iniciativa.
Sucede que hay muchas empresas en el país -especialmente SAESA- que ejercen sus actividades sin contrato. Como se pretende regular esta situación en un artículo transitorio, en la Comisión voté en contra.
Si se parte de la base de un funcionamiento con contrato, al decir "independientemente del origen de la obligación", algunas empresas podrán operar sin él. En estos casos, prefiero derechamente su clausura. Lo peor es modificar o arreglar un sistema para que todas las distribuidoras deban desarrollar sus actividades con contratos y, al mismo tiempo, señalar que algunas pueden hacerlo sin ellos.
Entiendo el argumento del señor Ministro : como su interés es proteger al consumidor, las empresas, independiente de que trabajen con contrato o sin él, igualmente deberán responder. Pero mi posición es más drástica, más exigente, en el sentido de que sólo podrían funcionar las que operan con contratos.
Se procederá a votar la proposición de la Comisión.
Señor Presidente , ¿se trata de una norma de quórum especial?
En votación electrónica la proposición.
Estoy pareado, señor Presidente.
Si Su señoría quiere dejar consignado su pareo, debe registrarse como presente y no votar.
O abstenerme.
No, porque las abstenciones pueden influir en el resultado.
Terminada la votación
Resultado de la votación: 11 votos por la afirmativa, 3 por la negativa, 16 abstenciones y 2 pareos.
Votaron por la afirmativa los señores Boeninger, Flores, Gazmuri, Naranjo, Núñez, Parra, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Viera-Gallo y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Canessa, Martínez y Zurita.
Se abstuvieron los señores Bombal, Cantero, Cariola, Cordero, Espina, Fernández, García, Horvath, Larraín, Matthei, Moreno, Orpis, Prokurica, Ríos, Romero y Stange.
No votaron, por estar pareados, los señores Páez y Pizarro.
¿Se rechaza la norma?
No, señor Senador. Las abstenciones influyen en el resultado. Por lo tanto, se debe repetir la votación.
Sugiero que la votación se entienda repetida y que luego las abstenciones se sumen a la mayoría.
Si le parece a la Sala, se procederá como lo planteó el Honorable señor Larraín.
--Queda aprobada en esos términos la enmienda propuesta por la Comisión que consiste en intercalar un artículo 99° ter, nuevo.
En seguida, en el número 10 se introducen diversas enmiendas al artículo 150°.
Dicha norma fue aprobada sin ninguna modificación por 3 votos a favor (Senadores señores Boeninger, Núñez y Páez), un voto en contra (Honorable señor Prokurica) y una abstención (Senador señor Orpis).
Señor Presidente , ¿me permite formular una pregunta?
¿Por qué en el texto comparado no figura lo que leyó el señor Secretario ?
Hago la consulta porque me gusta tener claridad respecto de lo que voy a votar.
Efectivamente, señor Senador ; hay una omisión.
Ahorro mal entendido.
En todo caso, es la modificación que señalé.
El señor RODRÍGUEZ ( Ministro de Economía y Energía ).-
Señor Presidente , la finalidad de este artículo consiste en dar más autonomía y poder a los órganos que manejan el sistema eléctrico, que están integrados por profesionales seleccionados por la unanimidad de los miembros de las empresas que forman parte de los CDEC y que, desde el punto de vista del funcionamiento de dicho sistema, requieren tener la máxima autonomía posible. Esta norma propone que para despedir, para sacar a los técnicos del CDEC se requiera un alto quórum de los miembros del directorio, de manera de evitar que el conflicto de intereses entre las empresas del sistema eléctrico termine inhibiendo y debilitando la función de seguridad de estos profesionales.
En segundo lugar, estamos ampliando la presencia de actores eléctricos en el sistema, justamente con la misma idea: contar con más testigos, en forma de reforzar la seguridad. Por eso, nos interesa que entren un representante de los clientes libres y representantes de los dueños de la subtransmisión, con miras a fortalecer la participación dentro de los CDEC.
Por último, estamos pidiendo que los presupuestos de los CDEC incluyan suficientes recursos para...
El señor RODRÍGUEZ ( Ministro de Economía y Energía).-
Tiene la palabra el Honorable señor Zurita, con la venia de la Mesa.
Simplemente quisiera saber quién va a nombrar al representante de los clientes libres.
En el mismo artículo propuesto se señala que el reglamento establecerá la manera de designarlo. Naturalmente, debiera hacerse sobre la base de elecciones entre los propios clientes libres. Pero ésa es un materia que queda para el reglamento.
Termino, señor Presidente , destacando que el tercer tema que se plantea en esta norma alude a dar suficiente presupuesto a estos órganos, a fin de que dispongan de recursos necesarios para predecir situaciones en el sistema eléctrico y observar las necesidades de transmisión y de otros elementos indispensables para afirmar la seguridad.
Por tales razones, solicitamos encarecidamente al Senado que respalde esta proposición.
Señor Presidente , aprobaremos este artículo, que en verdad mejora la situación actual del Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC), cuya responsabilidad es administrar los generadores que van entregando la energía.
Cuando tiempo atrás participamos en la Comisión investigadora en la Cámara de Diputados y cuando se han registrado problemas en este ámbito, hemos apreciado que siempre cae sobre el CDEC un manto de dudas en cuanto a si representa o no a todos los actores del sector eléctrico. Como creo que esta modificación mejora la situación actual, la vamos a respaldar.
Ahora, respecto de la pregunta del Senador señor Moreno , quiero decir que la Secretaría de la Comisión se ha visto obligada a elaborar el informe a veces hasta las cuatro de la mañana. Éste es un proyecto extraordinariamente complejo, que hemos trabajado en forma muy rápida. Por tanto, si hay algún error, puede ser una excepción debida al apresuramiento y en ningún caso de responsabilidad de dicha Secretaría.
Señor Presidente , vamos a concurrir también a aprobar esta disposición. Me gustaría, sí, dejar constancia al menos de lo siguiente.
La integración del CDEC y sus funciones son temas tremendamente delicados. En verdad, depende de las decisiones que en él se tomen el aumento o la disminución de las rentas de los propios actores que lo conforman, dependiendo a quién se despache en función de la responsabilidad que se tiene.
Nos habría gustado que la urgencia para la tramitación de esta materia no hubiera sido de "discusión inmediata", con el objeto de que se nos concediera mayor tiempo para analizarla. Espero que el día de mañana podamos perfeccionarla como corresponde.
De todas formas, ella está en la línea correcta y por eso concurriremos a aprobarla.
Si le parece a la Sala, se aprobarán las enmiendas sugeridas para el artículo 150º.
El artículo 3º del proyecto, que es de quórum calificado, conforme a lo dispuesto en el artículo 19, número 23º, de la Constitución Política, y se aprobó por tres votos a favor (de los Honorables señores Boeninger, Núñez y Páez) y dos en contra (de los Senadores señores Orpis y Prokurica), fue objeto de una indicación renovada -suscrita por los Honorables señores Orpis, Fernández, Cantero, Romero, Prokurica, Novoa, Larraín, Horvath, Arancibia y Stange-, consistente en suprimirlo.
También deseo intervenir.
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis, y luego, los Senadores señores Viera-Gallo y Prokurica, en este orden.
Señor Presidente , hoy día discutimos el proyecto de ley que pretende incentivar las inversiones en el campo energético y provocar la diversificación. No obstante perseguir un objetivo positivo, la cuota de importación que presenta constituye un gran retroceso en las políticas macroeconómicas. Ello, en virtud de que todo el modelo de desarrollo de Chile está basado en las exportaciones y en el libre mercado; es decir, en la libertad para comprar y vender.
Establecer una cuota de importación al gas afecta negativamente a todo el país y no sólo a unas pocas empresas. Por este motivo, dejar fuera de esta prohibición a ciertas Regiones, como han propuesto algunos Senadores -y de hecho así fue aprobado-, no soluciona las nefastas consecuencias que, desde mi punto de vista, presenta el precepto.
Bastaría la más mínima norma de reciprocidad para que, de ser aprobada la disposición, otros países colocaran cuotas a nuestros productos. Por ejemplo, a los salmones, al cobre, a la celulosa, al vino, a los productos frutícolas y a millones de bienes que exporta Chile cada año y que constituyen el principal motor de desarrollo del país.
Esto afectaría directamente los intereses de toda la nación y no sólo los de las empresas de gas, cuyo desarrollo descansa en el modelo exportador.
Señor Presidente , a mi juicio, el precedente que sentaría esta disposición sería simplemente nefasto.
Quiero agregar que no sólo constituye un precedente muy negativo, sino que también va a permitir que Argentina demande a Chile por incumplimiento del Acuerdo de Complementación Económica Nº 16, suscrito por ambas naciones y que dice lo siguiente:
"Artículo 1º.- Cada parte fomentará y alentará un régimen jurídico que permita a las personas naturales o físicas y jurídicas, la libre comercialización, exportación, importación y transporte de gas natural entre la Argentina y Chile.".
"Artículo 3º.- Las Partes garantizan la eliminación de restricciones legales, reglamentarias y administrativas a la exportación y transporte de gas natural que los vendedores de Argentina estén dispuestos a suministrar a Chile y que los vendedores de Chile estén dispuestos a suministrar a Argentina y, asimismo, a la importación y transporte de gas natural que los compradores de Chile estén dispuestos a adquirir en Argentina y que los compradores de Argentina estén dispuestos a adquirir en Chile.".
Pues bien, señor Presidente , Argentina podía venderle a Chile 100 por ciento de gas, pero, de aprobarse el proyecto -o sea, a partir de ahora-, sólo le venderá 85 por ciento. Por lo tanto, efectivamente se atenta contra el Tratado.
Yo entiendo que el argumento básico es la diversificación, pero creo que ella se logra a través de las normas de la iniciativa.
¿Qué dispone el proyecto para diversificar las fuentes energéticas? Establece contratos a 15 años, lo que va a permitir internalizar todas las situaciones de riesgo que se viven en Argentina y el resto de los países. De hecho, el precio de nudo subirá muy próximamente: en 15 días más. Con ello se hará más competitivo otro tipo de combustible.
Señor Presidente , como decía, Chile es limítrofe con naciones productoras de energía. Entonces, ¿por qué poner esta limitación si por otras vías se puede lograr la diversificación sin afectar nuestro modelo exportador?
Se han hecho grandes inversiones para instalar las centrales de energía. Pero, ahora, ¿con qué autoridad nos vamos a presentar en Europa -recuerden que en ese Continente tenemos un problema con nuestros salmones, pues nos están fijando cuotas- si nosotros mismos, en nuestra legislación, estamos incorporando este tipo de precedente?
Quiero concluir señalando que, desde mi punto de vista, constituye un grave retroceso lo que está haciendo nuestro país. La diversificación se puede lograr a través de otros mecanismos, contemplados en la misma ley en proyecto, y no necesariamente estableciendo cuotas, porque con ello estamos entrando a un camino en extremo peligroso.
Las distorsiones del mercado se arreglan a largo plazo, y por eso los contratos se fijan a periodos amplios, con el objeto de minimizar todas las imperfecciones que muchas veces presentan los mercados energéticos.
Señor Presidente , las observaciones que formularé no se basan en los principios doctrinarios que defiende el Senador señor Orpis , sino que tienen otro fundamento.
En primer lugar, el propósito loable de diversificación gasífera que persigue el artículo 3º no se va a poder cumplir, porque sólo entrará a regir el 2010.
En segundo término, según el inciso segundo propuesto, los contratos que se suscriban con anterioridad van a ser respetados como contratos leyes. Por lo tanto, basta que las empresas los firmen antes del 2010 para que esto quede en letra muerta. O sea, éste no es un buen sistema para el propósito loable que persigue el Gobierno de diversificar el aprovisionamiento del gas.
Sin embargo, ya que esto está y el Ejecutivo quiere consignarlo, yo no tengo ningún inconveniente; pero no sirve para nada. En todo caso, si así se quiere hacer, por cierto voy a votar a favor.
Pese a lo anterior, quiero señalar lo siguiente.
Primero, según el inciso primero del artículo 3º, el Presidente de la República debe dictar un reglamento para distribuir la cuota del 85 por ciento. Y es muy importante que esto se haga sin discriminar por Regiones ni por empresas. El inciso dice: "conforme al procedimiento que señale el reglamento". Con ello se subentiende que éste debe hacerse en forma ecuánime y a prorrata. Habrá que ver los criterios que se usan. Pero no se puede discriminar ni por Regiones ni por empresas.
Enseguida, el inciso tercero es particularmente confuso en su redacción. Yo desafío a alguien a entender qué se quiere decir en la primera parte, porque lo que se intentó expresar no se refleja en esa redacción. Dispone lo siguiente: "La obligación señalada en el inciso primero de este artículo" -cumplir con el 85 por ciento, que es una obligación nacional- "podrá cumplirse a nivel regional". Eso no se entiende. ¿Cómo una obligación de carácter nacional se va a cumplir a nivel regional? Y, para colmo, se agrega: "considerando para estos efectos el gas natural extraído en la respectiva región.". Yo propondría suprimir esa frase. Así, el inciso diría: "La obligación nacional del 85% no afecta a las regiones".
Lo que aparece después en negritas se refiere a la zona austral del país. Eso es claro, nítido.
Me pregunto: si se mantuviera esa primera frase, las empresas de la Octava Región, por ejemplo, ¿cumplirían con la obligación del 85 por ciento en ella? ¿Cómo se va a contabilizar la producción regional? En mi opinión, aquélla no es una frase feliz.
Respecto del inciso primero del artículo 3º, debe quedar claramente establecido en la historia fidedigna de la ley que el reglamento que dicte el Presidente de la República no puede contener discriminaciones arbitrarias ni por Región ni por empresa. En cuanto al inciso segundo, también ha de quedar claro que los contratos que se celebren son contratos leyes y no pueden ser modificados. Y, en lo que concierne al inciso tercero, se tiene que suprimir la primera frase.
Con todo esto, la norma quedaría bastante coherente. Otra cosa es su dudosa eficacia.
Señor Presidente , el Honorable señor Viera-Gallo casi me ahorra tener que intervenir, porque él mismo ha dicho que el artículo 3º "no sirve para nada". A mi juicio, no sirve para nada bueno, pero sí para algunas cosas malas.
Reforzando las palabras expresadas por el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, debo decir que esta disposición tiene un objetivo principal: hacer viable el programa de gas natural licuado, en lo cual estoy de acuerdo. Concuerdo en que exista un programa para ello.
Sin embargo, como se ha demorado la tramitación del proyecto, antes de que se aprobara el propio Ministro nos dijo en la Comisión que la iniciativa del gas natural licuado ya es un hecho y que se están suscribiendo los contratos entre dos empresas privadas y la ENAP. Es decir, eso va a empezar a funcionar. Por lo tanto, desde ese punto de vista, este artículo ha perdido vigencia.
En segundo lugar, la incorporación de un artículo como éste rigidiza innecesariamente el mercado al disponer en forma permanente una norma para enfrentar un problema transitorio.
En tercer término, esta disposición debilita futuras reclamaciones del Estado de Chile y de las empresas nacionales por incumplimiento de los contratos, como ya lo han explicado diversos señores Senadores , en especial el Honorable señor Orpis . En efecto, si Argentina no da cumplimiento a los tratados y protocolos que ha firmado con nosotros, ahora estaríamos replicando, empatando con un nuevo incumplimiento y arriesgando nuestra seriedad como país en el ámbito internacional en relación a nuestros compromisos.
Finalmente, lo más importante es que estamos discutiendo sólo algunas cosas accesorias. Porque lo cierto es que nos hallamos en presencia de un buen proyecto, que fue aprobado en un 99 por ciento por la unanimidad de los miembros de la Comisión.
El objetivo basal de la iniciativa es evitar que no haya inversión en este período, porque lo que no hagamos hoy va a repercutir en dos o tres años. Por lo tanto, el artículo fundamental del proyecto, que no se ha discutido, que es el más importante y hace más innecesario todavía el artículo 3º, es el que establece un horizonte de 15 años para que los inversionistas tengan asegurado de alguna forma un precio rentable y ello facilite la generación de energía por otros medios.
Ningún inversionista, señor Presidente, se va a embarcar en gas argentino, porque sabe que se trata de un combustible inseguro. Entonces, sinceramente, creo que esta norma es del todo innecesaria.
Señor Presidente , me parece que el artículo 3º -sobre todo el inciso tercero- es esencialmente inconstitucional, porque las empresas, cuando firmaron los contratos, adquirieron la propiedad sobre el porcentaje de suministro acordado. Y, de acuerdo con la Constitución, nadie puede ser privado de su propiedad, de lo que ha adquirido, salvo que sea expropiado.
En segundo lugar, la iniciativa, sin la menor duda, discrimina en cuanto al trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica. Ello ha quedado claramente establecido por algunos señores Senadores que han participado en el debate.
Este problema no sólo tiene un componente de mala presentación internacional, sino que, internamente, abre las bases para que en el futuro el Estado comience a desconocer la adquisición de un producto -en este caso, de gas- que fue contratado. Alguien podría decir: "Adquirí la propiedad de ese bien y se me está quitando sin que exista la factibilidad de que me puedan resarcir, ni de que haya un sistema que repare lo que se está haciendo". Es decir, aquí hay una expropiación encubierta de un insumo adquirido a través de un contrato legal y válidamente contraído.
Señor Presidente , no cabe duda de que las inversiones que hacen las diversas empresas extranjeras se basan en la confianza y en la estabilidad de las reglas del juego. De hecho, se han invertido cientos de millones de dólares confiando en los contratos que se celebraron en su oportunidad. Es así como varias compañías instalaron gasoductos para traer gas fundamentalmente desde Argentina.
Hemos estimulado a invertir a muchas compañías regionales. Por ejemplo, en la Octava Región. Y el gran desarrollo que ésta exhibe se debe precisamente a que se hallan abastecidos de gas más de 26 mil clientes residenciales y grandes empresas, como Petrox, Vidrios Lirquén , INCHALAM, Pesquera San José , Huachipato, Cementos Bío Bío, Pesqueras El Golfo, Landes e Itata , Cemento Polpaico , CMPC Laja , Celulosa Arauco , INFORSA , SAESA y Arauco Generación . Además, se impulsó la instalación de dos generadoras eléctricas en el sector de Charrúa, comuna de Cabrero: Campanario, de 250 megavatios, e Innergy, de 750. Todo ello se basa, por supuesto, en el gas traído directamente desde Neuquén por cañerías que, según se afirmaba, venían sólo a Chile. Últimamente se nos ha dicho que también se han interconectado hacia Buenos Aires.
Es evidente que nos preocupa la limitación del 85 por ciento. No obstante, el señor Ministro ha señalado que se respetarán los contratos hasta el 31 de diciembre del año 2009 y que, además, es posible acogerse al sistema de SWAP, que permitiría comprar gas natural licuado en otros países y traerlo por las mismas cañerías vía Argentina. Eso me deja un poco más tranquilo.
En todo caso, es evidente que las empresas se sienten perjudicadas. Como decía el Senador señor Martínez , desde el momento en que se firma un contrato se adquiere un derecho de propiedad; y éste se ve afectado cuando se empieza a limitar su plena ejecución o la capacidad de conducción de gas al 85 por ciento.
No obstante, las explicaciones que ha dado el señor Ministro me dejan conforme y por lo menos hasta el 1º de enero del año 2010 se tiene la seguridad de que se respetará el ciento por ciento de la capacidad de los gasoductos.
Quiero advertir, antes de dar la palabra al Honorable señor Núñez, que estamos a siete minutos del término del Orden del Día.
¡Lo señala ahora, señor Presidente , cuando estoy a punto de intervenir!
No es por eso, señor Senador.
Quiero dar a Su Señoría los minutos que le corresponden. Pero, para ello, tengo que solicitar la anuencia de la Sala a fin de prorrogar el Orden del Día hasta despachar el proyecto. De otro modo tendríamos que citar a sesión para mañana, porque la iniciativa está calificada de "discusión inmediata".
Señor Presidente , seré muy breve. Quiero señalar solamente que estamos frente a contradicciones que todavía no soy capaz de entender.
Todos creímos que esta situación se generó cuando empezamos a percibir con claridad que era altamente probable que desde el lado argentino se produjeran dos tipos de problemas: uno, la política de precios del Gobierno de Kirchner, como se señaló, y otro, las dificultades ciertas del vecino país para encontrar más gas, no sólo por falta de inversión, sino también por la posibilidad de que algunas cuencas se hallen agotadas o se estén acabando rápidamente.
Todos sabemos que Argentina ha crecido aceleradamente y, en consecuencia, consume mucho más gas, y también, que su parque automovilístico utiliza básicamente el proveniente de sus cuencas.
A propósito de esa situación, escuché algo que me produjo un escalofrío: un candidato señaló que, por esta razón, era necesario iniciar una guerra comercial con Argentina. Felizmente, esa opinión no fue escuchada, porque la gente es bastante más sensata. Sin duda, no íbamos a entrar en guerra comercial con la vecina nación, pues eso perjudicaría notablemente toda nuestra capacidad de comercializar con ella; y es muy probable que esto se intensifique con el tiempo.
En segundo término, a propósito de esta misma situación, se dijo: "Mire, es necesario que Chile diversifique su matriz energética; no puede seguir dependiendo básicamente del gas argentino". Ello, porque el suministro es inseguro; porque es muy probable que la política de precios del Gobierno de Kirchner se mantenga en una futura Administración peronista, y -lo que es más grave- no existe más gas en las cuencas trasandinas. En consecuencia, es necesario que Chile diversifique su matriz energética.
En tercer lugar, dado ese hecho, es básico legislar para incentivar la inversión.
Perdónenme, señores Senadores , que no entienda mucho de economía en términos globales; pero sí tengo sentido común. Si un inversionista se arriesga en una planta que no utiliza gas argentino y resulta que de repente ese combustible, por distintas razones, es más barato, lo más probable es que esa persona no siga invirtiendo como se esperaba, porque va a disponer de combustible de menor precio. Si no, obviamente, su inversión va a quedar obsoleta y -más grave aún- va a perder dinero.
En cuarto término, entiendo que no se debiera generar ningún problema con otro país, porque el texto en análisis no está referido a Argentina, sino a cualquier nación que nos pueda proveer de medios energéticos. Eventualmente, Perú puede suministrarnos el día de mañana una cantidad importante de gas, sobre todo en el norte. Y si se resolvieran, -como algunos esperamos- los problemas históricos con Bolivia, podríamos disponer de un volumen considerable de gas proveniente de ese país.
Todos aquí hemos aprobado tratados de libre comercio en los cuales estuvimos de acuerdo en que nuestras exportaciones sufrieran restricciones en algunos países -de la Unión Europea, por ejemplo-; hemos aceptado ciertas salvaguardias en esos mismos tratados, y también, que se impongan cuotas a nuestros productos de exportación, incluso al salmón. De modo tal que no veo razón para no aplicar restricciones al gas proveniente del extranjero, en circunstancias de que otras naciones también limitan nuestros bienes exportables.
En consecuencia, no veo cómo una eventual aprobación de este artículo podría generar el día de mañana dificultades internacionales.
Insisto: el proyecto no está referido a Argentina.
La norma es idónea, en general, a los efectos de incentivar las inversiones necesarias para permitir al país diversificar efectivamente su matriz energética.
Señor Presidente , quiero partir señalando que éste es un tema país que el Gobierno plantea para provocar un cambio que, si bien se empieza a hacer efectivo el 2010, comienza a operar desde el momento en que la ley es aprobada, promulgada y publicada.
Respecto de la inutilidad del artículo 3º a que alude el Senador señor Viera-Gallo , si el día de mañana pudiéramos traer gas, no les quepa la menor duda de que lo haríamos. El problema es que para ello se necesitan tres años o tres años y medio. Sería inútil, sí, disponer que el 2006 o el 2007 se podrá importar 85 por ciento de combustible de un país y 15 por ciento de otro, porque es imposible traer gas de otro lugar sin construir un gasoducto o una planta de gasificación en Quintero, por ejemplo. No es materialmente factible transportar gas natural de otra parte del mundo si no nos damos el tiempo suficiente para suscribir contratos, efectuar inversiones, etcétera.
Por esa razón estamos frente a un producto tremendamente especial y por completo diferente de todos los demás, pues no puede ser sustituido por uno similar proveniente del extranjero sino después de tres o cuatro años.
Por lo mismo, los argumentos del Senador señor Orpis en el sentido de que aquí se están violando las normas del libre mercado o del modelo económico instaurado en Chile -perdónenme, Sus Señorías- no pasan de ser fuegos artificiales. Las normas sobre restricción a la importación de gas natural están presentes en España, en Italia, en Singapur, países donde no se concibe que el sistema económico no sea el de mercado. Al contrario, son economías absolutamente de mercado. Además, en toda la Unión Europea se está considerando el establecimiento de normas de seguridad energética, precisamente para prevenir situaciones como la que estamos viviendo.
No encontramos ante un mercado que no tiene ninguna de las características de uno normal. Es cierto que hace dos años a él concurrían muchos productores y se podía comprar y vender gas natural libremente. Pero hoy día no es así. Actualmente es un mercado intervenido por la política de un gobierno, donde lo que podemos comprar los chilenos, brasileños y uruguayos es lo que dejan de consumir los argentinos y en que los precios no son los que mandan, en términos de compra y venta.
Por lo tanto, nos hallamos ante un mercado que no presenta las características de aquellos de carácter competitivo frente a los cuales reaccionamos. Y la que nos ocupa es una norma dirigida a impedir, entonces, que a partir de la próxima década Chile vuelva a verse enfrentado a un solo mercado que tienda a comportarse como el actual.
La propuesta del Gobierno apunta a obligar a las empresas que consumen gas natural a buscar otros proveedores. Y pensamos que se trata de una disposición absolutamente eficiente, porque a contar del año 2010, previo acatamiento íntegro de todos los contratos de abastecimiento existentes al 31 de diciembre de 2009, las expansiones en el consumo de gas natural deberán ir cumpliendo la proporción 85-15. Por lo tanto, se respetan íntegramente los derechos de propiedad de los contratos vigentes a la fecha en que la medida entre a aplicarse y se exige que, en tanto el país quiera expandirse en el consumo de gas natural, deberá hacerlo sobre la base de contar con al menos dos mercados de abastecimiento, para poder garantizar una mínima seguridad.
En nuestro orden económico, por lo demás, existen varios casos en que la libre acción tiene límites. Permítaseme señalar rápidamente algunos de ellos.
Los fondos de pensiones se someten a las restricciones establecidas por la ley y la Superintendencia respectiva para el máximo de las inversiones en distintos instrumentos financieros. El tamaño del mercado de cada empresa telefónica también se halla regulado en su ámbito. La desintegración vertical en el campo eléctrico, entre generación y transmisión, igualmente está sujeta a una disposición que de alguna manera circunscribre la acción de los privados. La Comisión de Distorsiones, en nuestra legislación, impone salvaguardias y aranceles para constreñir el quehacer privado en determinadas circunstancias. Las fijaciones tarifarias en electricidad, agua y telefonía son acotamientos efectivos en cada uno de esos servicios. En pesca, sin ir más lejos, los máximos de captura y las cuotas constituyen una eficiente norma para limitar la acción de los privados. Se registran restricciones a la propiedad, asimismo, en las empresas sanitarias y en el sistema bancario. Es decir, el vigente es un sistema económico donde la libre empresa dispone de un amplio margen; pero, obviamente, para casos calificados, rigen disposiciones que regulan su extensión.
El efecto de incertidumbre provocado por la crisis del gas argentino...
Se agota su tiempo, señor Ministro .
Termino, señor Presidente , simplemente señalando que existe una miopía enorme, a mi juicio, al no entender que el abastecimiento que puede provenir de Perú o del gas natural licuado, reforzado por la norma mencionada, se utilizará mediante el mecanismo de SWAP, por todas las Regiones que no tienen acceso directo al combustible.
Por lo tanto, pensamos que es tremendamente conveniente que el Senado apoye la disposición del 85-15, de manera de ayudar a que haya competencia en el mercado del gas natural y a que mejoren los precios que en otras circunstancias podríamos obtener sin ella.
Se tomará la votación.
Le solicito precisar de qué se trata, señor Presidente , porque la Oposición ha presentado una indicación para echar abajo...
Se aclarará el punto inmediatamente.
El señor Presidente pondrá en votación la indicación renovada de los Honorables señores Orpis, Fernández, Cantero, Romero, Prokurica, Novoa, Larraín, Horvath, Arancibia para suprimir el artículo 3°.
Si no se aprobara, entonces sería necesario pronunciarse de todas maneras sobre el artículo.
--Se rechaza (16 votos contra 10 y una abstención).
Votaron por la negativa los señores Flores, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Moreno, Naranjo, Núñez, Ominami, Páez, Parra, Pizarro, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la afirmativa los señores Bombal, Canessa, Cantero, Espina, Fernández, Larraín, Martínez, Matthei, Ríos y Romero.
En votación el artículo 3º propuesto por la Comisión.
--Se rechaza el artículo 3º por no reunirse el quórum constitucional exigido (17 votos a favor, 13 en contra y 2 abstenciones).
Votaron por la afirmativa los señores Boeninger, Flores, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Moreno, Naranjo, Núñez, Ominami, Páez, Parra, Pizarro, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Bombal, Canessa, Cantero, Cordero, Horvath, Larraín, Martínez, Orpis, Prokurica, Ríos, Romero, Vega y Zurita.
Se abstuvieron los señores Espina y García.
Como el asunto quedó definido, quisiera dejar al menos una constancia reglamentaria.
Mi indicación referida a la fuerza mayor, que fue acogida por mayoría, es absolutamente contradictoria con el artículo 16 B y no se concilia con lo propuesto por la Comisión. Por lo tanto...
Pero dice relación a una de las votaciones pasadas.
Entonces, se dejará una constancia, con el objeto...
Se debe eliminar lo atinente al artículo 16 B.
¿Habría acuerdo al respecto? Porque la cuestión había sido expuesta por la Secretaría.
No entendí el punto, señor Presidente .
¿Por qué no lo explica de nuevo, Honorable señor Orpis?
Lo que expresé, señor Presidente -ésa fue la indicación-, se refiere a que las centrales a gas que operan con gasoducto deben recibir exactamente el mismo tratamiento que el resto y, por lo tanto, quedar incluidas en el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1982.
El Ejecutivo proponía que ello quedara regulado en la Ley Orgánica de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
Como se registró mayoría para trasladar el caso al primero de los cuerpos legales recién mencionados -lo que resulta absolutamente contradictorio con el planteamiento del Ejecutivo-, aprobar la indicación se traduce en que queda sin efecto lo relativo al artículo 16. De lo contrario, habría dos normas incompatibles entre sí, lo que es absurdo.
Se leerá dicho artículo. El tema se encuentra abierto y no ha sido definido, ya que se formuló un cuestionamiento.
Se explicarán los términos del precepto.
Reglamentariamente, es así, señor Presidente.
Señor Presidente , si se entiende que queda eliminado el artículo que aprobó la Comisión, quiere decir que los chilenos, cuando haya cortes de luz provocados por falta de gas, no porque cayó una roca sobre el ducto sino simplemente debido a un corte en el abastecimiento hacia nuestro país, no recibirán compensaciones.
La disposición relativa al artículo 16 B que aprobó la Comisión establece que cuando haya cortes de abastecimiento con interrupciones en el suministro de energía eléctrica los usuarios sujetos a regulación de precios deberán ser compensados. Y esto no fue lo que se propuso en la indicación renovada del Senador señor Orpis.
El señor Secretario tiene claro el punto y explicará el alcance de la norma.
¡Lo importante es que nosotros lo tengamos claro!
No se ponga nervioso, Su Señoría. No habrá problema.
La disposición a que alude el Senador señor Orpis expresa: "Para los efectos del artículo 16 B, las faltas de seguridad y calidad de servicio provocadas por indisponibilidad de centrales a consecuencia de restricciones totales o parciales de gas natural proveniente de gasoductos internacionales, no serán calificadas como caso fortuito o fuerza mayor.".
Señor Presidente , esa norma no fue objeto de indicaciones y se acordó por unanimidad en la Comisión. En consecuencia, quedó reglamentariamente aprobada por la Sala.
Tiene razón el señor Senador . La norma relativa al artículo 16 B fue aprobada reglamentariamente. Sin embargo, el Honorable señor Orpis sostiene que ella es contradictoria con la indicación que él renovó y que, por lo tanto, debería quedar sin efecto.
Señor Presidente , lo que plantean los partidarios de mantener la disposición es absurdo. Estimo que ésta debería trasladarse al artículo 99 bis del DFL Nº 1.
Yo he escuchado atentamente las intervenciones de los señores Senadores. Ruego que me escuchen en igual forma.
Repito: considero que dicha disposición debería incorporarse en el artículo 99 bis del DFL Nº 1, para que todas las centrales tengan el mismo tratamiento.
La norma en cuestión, que el Senado aprobó reglamentariamente, incluye dos temas que se excluyeron en la indicación renovada Nº 7: la calidad y la seguridad del servicio. De manera que en la Ley General de Servicios Eléctricos nos encontraremos con los artículos 99 bis y 16 B, que son contradictorios entre sí.
En efecto, lo aprobado en la indicación que renové es absolutamente contrario a lo dispuesto en la mencionada norma del artículo 16 B.
¡La indicación de Su Señoría fue acogida por la Sala!
Señor Presidente , creo que el Senador señor Orpis cometió un error al no formular una indicación para suprimir el inciso referido al artículo 16 B, que él ahora advierte que es contradictorio con el texto de su indicación renovada al artículo 99 bis, aprobada hace algunos minutos. Y como ya se votó, para reabrir debate sobre el tema se requiere unanimidad.
Insisto en que, al renovar esa indicación, el Honorable colega debería haber presentado otra para eliminar el texto de la norma relativa al artículo 16 B, que comienza diciendo "Para los efectos".
Por lo tanto, si no hay unanimidad en la Sala para reabrir el debate acerca de esta última disposición, ella debe mantenerse, por haber sido aprobada.
En los siguientes trámites del proyecto será factible subsanar la eventual contradicción.
En el tercer trámite.
Pero, si no hay consenso, reglamentariamente no puede abrirse debate sobre un punto respecto del cual el Senado ya se pronunció.
Hay un error en la indicación que se presentó. Debiera haber consistido en modificar o suprimir el artículo 99 bis del DFL Nº 1, y también, en eliminar la norma alusiva al artículo 16 B de la ley Nº 18.410.
La Mesa comparte el criterio recién expuesto por el Honorable señor Andrés Zaldívar en el sentido de que se incurrió en error al no haberse presentado otra indicación para suprimir la disposición en análisis. Sin embargo, no se podía prever que, al aprobarse la indicación renovada Nº 7, aquélla iba a quedar vigente.
En verdad, me preocupa que haya contradicción entre dos normas de un proyecto que modifica importantes leyes.
En todo caso, he querido hacer la advertencia con el propósito de que en el tercer trámite se corrija la situación, porque advierto que reglamentariamente será difícil hacerlo, salvo que hubiere unanimidad en la Sala, la que recabo en este instante.
El asunto es bien delicado, porque tal vez en el tercer trámite no se salve el problema.
Yo creo que sí, señor Presidente .
En fin, cada uno asumirá su responsabilidad.
Podría arreglarse por la vía del veto.
Existe esa posibilidad. Pero es bueno hacer la advertencia, para poder resolver la materia en Comisión Mixta, si fuese necesario este trámite.
Finalmente, corresponde votar el artículo 3º transitorio.
Fue aprobado sin modificaciones por votos favorables (Senadores señores Boeninger, Núñez y Páez) y dos en contra (Honorables Senadores señores Orpis y Prokurica).
--Por unanimidad, se aprueba el artículo 3º transitorio y queda terminada la discusión del proyecto en este trámite.
Señor Presidente , sólo quiero agradecer al Senado el despacho de la iniciativa.
Al señor Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras , solicitándole información sobre NEGATIVA PARA APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES Y CONCESIÓN DE CRÉDITOS A MICROEMPRESARIOS EN NOVENA REGIÓN.
Al señor Director del Servicio de Salud Araucanía Sur, haciéndole presente la INTENCIÓN DE SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR DE DECLARAR DESIERTA PROPUESTA PARA ENAJENACIÓN DE INMUEBLES EN TEMUCO POR SUPUESTO INCUMPLIMIENTO DE BASES DE LICITACIÓN.
En Incidentes, la casi totalidad de los Comités, con excepción del de Renovación Nacional, no harán uso de sus tiempos.
Señor Presidente , quiero reiterar mi preocupación por lo que sucede con el Programa de Construcción de Cárceles, tanto en lo relativo al Grupo 1 como al 2, materia sobre la cual he intervenido antes en el Senado.
En esta oportunidad, debo señalar que los antecedentes que he venido acopiando me tienen francamente sorprendido, porque hay una situación que juzgo del todo irregular.
Algunas empresas, por la vía de licitaciones, convenios o contratos directos con el Ministerio de Obras Públicas, están alterando la transparencia y, a mi parecer, actúan al límite de la probidad en su relación con esa Cartera.
Son múltiples los casos donde se visualiza la situación que hemos observado en el proyecto del Grupo 2, que construye las cárceles de Antofagasta y Concepción. Las empresas Besalco , Torno y Sodexho , que componen la Concesionaria BAS Dos, han entrado en una polémica por cuanto se adjudicaron un proyecto cuyo costo ascendía a un millón 879 mil unidades de fomento, pero hoy día reclaman, paralizando la construcción en el sector de Antofagasta, una cifra superior a 3 millones.
Ese hecho es ejemplificador de algo que se viene repitiendo en el ámbito del Ministerio de Obras Públicas y de algunas empresas particulares ya claramente identificadas por la opinión pública, y en especial por la Cámara Chilena de la Construcción: se adjudican un contrato y, a través de conciliaciones, búsqueda de acuerdos o entendimientos, terminan por elevar casi al doble su valor, torciéndoles la nariz y faltándoles el respeto a las empresas contratistas con las cuales competían para adjudicarse la obra. Repito: por la vía de entendimientos bastante irregulares, aumentan el valor final de aquélla.
Cuando eso no ocurre, se buscan acuerdos para ampliar el plazo de ejecución de la obra.
Ambas situaciones irregulares afectan la transparencia y el sano ejercicio de las denominadas "licitaciones públicas", a través de las cuales se busca establecer condiciones similares en el tratamiento que se aplica a las empresas que pretenden adjudicarse una obra, sea cual fuere.
Lo anterior ha puesto en una posición insostenible a un número importante de empresas de la Segunda Región que han caído a DICOM. Por lo tanto, no pueden seguir operando como tales; se encuentran con procesos judiciales, y mantienen impagos a sus proveedores. Y por cierto, como sueñe ocurrir en nuestro país, paga siempre el más pobre, el más débil: los trabajadores, que no han recibido su sueldo.
Frente a esta situación, el Ministerio de Obras Públicas, que actúa como unidad técnica por mandato del Ministerio de Justicia, responde que se trata de un problema entre privados.
Este asunto resulta francamente escandaloso. Ello, porque hay antecedentes previos que se vienen denunciando desde hace ya algún tiempo.
El diario "El Mercurio" de 2 de diciembre de 2002 da cuenta de una serie de hechos irregulares. En efecto, habla de "falta de transparencia en el área pública" cuando se refiere al Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones. Y pone ejemplos. Señala lo que ha ocurrido con el caso GATE, que involucró pagos por mil 400 millones, los cuales hasta ahora el Gobierno no ha podido esclarecer. Además, menciona un acontecimiento cercano, el del camino La Pólvora, cuya construcción implicó cifras que han resultado también escandalosas en cuanto al incremento de los presupuestos originales.
Todo eso se traslada a los tribunales de justicia, porque dichas empresas se quejan de que, frente al requerimiento de la actuación de la Contraloría, se lleva a cabo -como todos sabemos- un proceso de una lentitud insoportable. Sin duda, este organismo al final emite un dictamen, pero lo hace en un tiempo excesivamente largo.
Asimismo, el referido diario expresa que al interior del Ministerio suceden una serie de hechos irregulares, ya que se borra del Registro Nacional de Contratistas a quienes se niegan a aceptar peticiones muy particulares.
Del mismo modo, dice que hay empresas que tienen "llegada privilegiada". En particular, esta situación se da en la Dirección de Vialidad. Expresa que tales empresas son favoritas para las licitaciones privadas (en que se escoge "a dedo" a unas cinco de ellas que califiquen) y para los tratos directos (se elige a una empresa en exclusiva por alguna emergencia evaluada por dicho organismo).
También se deja en claro que ello resiente la competencia y la hace poco transparente. Además, que "surgen versiones que vinculan a algunas firmas predilectas en estos tratos que han aportado con recursos `solicitados' por recolectores ministeriales para las campañas electorales de la Concertación.".
Asimismo, "El Mercurio" expresa, entrando en detalles, que Vialidad se negó a entregarle los listados pormenorizados de los proyectos y las empresas ejecutoras en tratos directos y privados. Pero según denuncias recibidas, firmas como Besalco, Ingecol, Mendes Junior y Sacyr, entre otras, son las más favorecidas con estos contratos directos o de adjudicación expedita.
Otros -entre ellos, algunos empresarios de la Cámara Chilena de la Construcción- señalan también que todavía quedan suspicacias por los vínculos del ex Ministro Carlos Cruz , ahora director de Besalco . Esta empresa, que aparece en todas las adjudicaciones, en todos los grupos económicos que actúan en los distintos proyectos, siempre figura recibiendo esos beneficios.
¿Por qué se expresa esa preocupación? Porque el ex Ministro Carlos Cruz es director de dicha empresa, la que, por cierto siempre sale ganadora.
"El Mercurio", en referencia al camino La Pólvora, expresa que "el ex Secretario de Estado durante su gestión había adjudicado a esa empresa una continuación de obras mediante `trato directo' por $ 4 mil millones, tras concluirse la etapa anterior por una licitación pública.".
Añade que "empresarios del sector creen que estos nexos inciden en las ventajas de una compañía respecto de otra, al ser llamados para competir por una propuesta.".
Y agrega el diario:
"Otro ejemplo es el ex director nacional de Vialidad, Pablo Anguita, ahora gerente general del embalse Illapel, la primera concesión de un embalse para riego por US$ 40 millones, adjudicado a la empresa Mendes Junior, otra de las invitadas a la licitación de La Pólvora.
"El presupuesto de ese camino también crea dudas, afirman. Pues se trata de la misma vía `inaugurada' por el ex ministro Carlos Cruz el 10 de diciembre de 2001, que se hizo famosa en vísperas de elecciones, como `el camino que no va a ninguna parte', porque era una ruta ciega que daba a la ladera de un cerro. Entonces, Cruz informó que el primer tramo, de 11 kilómetros, tuvo un costo de 6.530 millones de pesos; un segundo tramo (el que inauguró) de 5,1 kilómetros con una inversión de 7.800 millones de pesos y una última etapa de 5 kilómetros más compleja, por $ 30 mil millones.
"En la minuta actual de Vialidad, ahora, el desglose es distinto: un primer tramo de 6.530 millones, construido por Figueroa Vial; un segundo por 7.780 millones, construido por Besalco; ambos por licitación pública. Luego se inserta una tercera etapa nueva, por 4 mil millones a `trato directo' con Besalco, lo que Vialidad justificó con decreto de emergencia (...).
"¿Qué hizo subir en 18 mil millones el presupuesto de esa obra (...)?".
Sería interesante recibir una respuesta respecto de esa materia.
Añade "El Mercurio": "Mientras, la jugosa licitación pública, prometida para noviembre, no llegó. Sí es seguro, según fuentes del sector, que Besalco ya tiene su `galleta', otro trato directo por $ 8 mil millones, en obras del mismo camino, que se rebajará del presupuesto con que se llamará a licitación".
En fin, existen una serie de situaciones que aparecen como irregulares. Y eso ha dado lugar a que el "trato directo" y las "licitaciones privadas" hayan sido seriamente cuestionadas y que hoy prácticamente estén eliminadas de las facultades que puede ejercer el Ministerio. Ello, por cierto, con plena satisfacción para la Cámara Chilena de la Construcción.
Sin embargo, hay otros hechos que no dejan de llamar la atención. En "El Mercurio" se hace referencia a personas que señalan, por ejemplo: "Me quitaron el contrato por no pagarles. Les dije que lo que es robo es robo bajo cualquier título y que yo no pago". Añade ese diario que, tal como se lo advirtieron, el empresario perdió el contrato. En fin, se trata de situaciones que resultan del todo complejas.
Lo que me preocupa, en primer término, es que, al recurrir al Contralor General, he recibido como respuesta que esto es un problema entre privados, cuestión que no puedo compartir y que considero absolutamente fuera de lugar. Me parece que en este caso el que manda a construir la obra es el Estado, a través del Ministerio de Justicia (el Ministerio de Obras Públicas actúa como unidad técnica). En consecuencia, el Estado no puede abstraerse de la responsabilidad que le cabe, en particular cuando un grupo de empresarios de Antofagasta viven hoy el peor drama, jamás imaginado ni en sueños, producto de estas irregularidades.
Además, me parece que el Ministerio de Obras Públicas no ha ejercido adecuadamente su función fiscalizadora en el caso de las obras públicas. Si lo hubiera hecho, nada de esto habría llegado a ocurrir.
¡Cómo es posible que empresas que cuentan con bases de licitación y pautas mínimas de diseño elaboradas por dicho Ministerio tengan una discrepancia tan grande en el valor de los contratos!
Me llama la atención el hecho de que, producto del desacuerdo en la búsqueda de conciliación -que, de no lograrse, originará un arbitraje-, terminen convirtiéndose en subsidiarios de la acción del Estado humildes empresarios y trabajadores de la Segunda Región, quienes han construido el 43 por ciento de la cárcel de Antofagasta y no han recibido los pagos ni los estipendios por las faenas realizadas, al igual como ocurre con los proveedores.
Hoy, nuestros trabajadores viven jornadas de hambre y de miseria como consecuencia de esa falta de responsabilidad, de sensibilidad y -yo diría- de acuciosidad en las tareas emprendidas por el Ministerio de Obras Públicas.
Quiero alzar mi protesta por esta situación tan irregular.
Y vuelvo a señalar: ¡tantas obras que esta relación extraña provoca!
Repito: Besalco, de la cual es director ese ex Ministro de Obras Públicas , recibe concesiones para construir el embalse Convento Viejo ; el puente sobre el canal de Chacao; el Programa de Infraestructura Penitenciaria Grupo 1 (Iquique, La Serena, Rancagua ) -por 22 años y con un valor de casi 3 millones de unidades de fomento-, y además, el del Grupo 2 (Concepción y Antofagasta). Y en todas estas concesiones el presupuesto original es elevado finalmente casi al doble.
¡Llamo a la transparencia al Ministerio de Obras Públicas!
¡Llamo a respetar a los empresarios del país!
Señor Presidente , solicito que mi intervención se remita a la Cámara Chilena de la Construcción, a fin de que informe y dé una opinión respecto de mis planteamientos.
Asimismo, pido oficiar al señor Ministro de Obras Públicas para que indique cuántos contratos y por qué montos se han adjudicado a Besalco. Y menciono específicamente a esta firma porque aparece en todos los cuestionamientos donde empresas contratistas terminan experimentando tremendas dificultades.
Como ningún otro señor Senador hará uso de la palabra, se levanta la sesión.