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Timestamp: 2017-06-25 17:42:54
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 49', 'artículo 50', 'artículo 55', 'artículo 56', 'artículo 59', 'artículo 64', 'artículo 44', 'artículo 100', 'artículo 142', 'artículo 48', 'artículo 145', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo\n47', 'artículo 47', 'artículo\n77', 'artículo 78', 'artículo 10', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 392', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 15', 'artículo 51', 'artículo 61', 'artículo 176']

Foro Juridico 1 by Foro Complutense - issuu
ForoJurídicoAÑO 2009 Nº1REVISTA JURÍDICA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARESLA QUIEBRA
FAMILIARIndice513EL CONCURSO DE ACREEDORES DE LAS
PERSONAS FÍSICAS NO COMERCIANTESÁngel Gabriel Tuñón Gallego.
AbogadoEL CONCURSO DE ACREEDORES COMO
MEDIO ELEMENTAL DE GESTIÓN DE
DETERMINADAS CRISIS
Ángel María Vadillo
Abogado1723EL GESTOR DE COOPERATIVAS Y
¿GESTOR O PROMOTOR
Andrés Vilacoba Ramos
AbogadoNOVEDADESJURISPRUDENCIALES
BIBLIOGRÁFICAS2LA QUIEBRA ECONÓMICO FAMILIARForo Jurídico nº 1ForoJurídicoC a r t a del DirectorEstimados compañeros,
A través de estas líneas quiero presentaros el primer número de Foro Jurídico, una nueva
revista de carácter estrictamente jurídico y práctico, que edita el Colegio de Abogados de Alcalá
de Henares, por primera vez en su historia, dentro de la idea de evolución y avance continuo que
preside nueva la dirección de la revista.
A diferencia de Foro Complutense, la labor perseguida con esta nueva edición es ofrecer un
estudio pormenorizado de cuestiones jurídicas que a todos los abogados se nos plantean en algún
momento de nuestra carrera profesional y dar soluciones a los problemas actuales que la sociedad
moderna conlleva.
Forma parte de una colección que posteriormente será publicada en formato de libro, gracias a la inestimable colaboración de la editorial Tirant lo Blanch, y que estará al alcance de cualquier abogado.
No quiero finalizar estas líneas sin invitar a todos aquellos abogados que lo deseen a participar en este interesante proyecto, y sin agradecer expresamente a la editorial Tirant, el entusiasmo que, desde el principio, ha mostrado en colaborar con nosotros.
Un cordial saludo.Vicente SánchezDirector de Foro ComplutenseForo Jurídico nº 1LA QUIEBRA ECONÓMICO FAMILIAR3Edita:Ilustre Colegio de Abogados de
en colaboración con Editorial Tirant lo Blanc
VICENTE SÁNCHEZ RODRÍGUEZCoordinador Consejo Editorial:
UBALDO C.BOYANO ADÁNEZRedacción :
foro@icaah.comDiseño incluido el de portada y maquetación:
UbALDOImprime:Editorial Tirant Lo Blanch, S.L.
C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 Valencia
Tels: 96 361 00 48 / 50
Fax: 96 369 41 51
www.tirant.comDepósito Legal: V-1226-2009
ISSN :1888-7856NOTA DE LA REDACCIÓN:Las opiniones vertidas por nuestros colaboradores en estas páginas son de
su exclusiva responsabilidad y no tienen que coincidir necesariamente con la opinión de la Junta de Gobierno ni con la editorial de la revista.
4LA QUIEBRA ECONÓMICO FAMILIARForo Jurídico nº 1ForoJurídicoEL CONCURSO DE ACREEDORES DE LAS
Abogado1- INTRODUCCIÓNEl presente artículo tiene por objeto analizar la aplicación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en
adelante, LC), a los particulares o personas físicas que no tengan la condición de empresarios y que atraviesen
una situación de insolvencia que provoque la imposibilidad de hacer frente a sus compromisos, que casi siempre
serán crediticios, y casi siempre se referirán a la hipoteca que grava la vivienda habitual.Las reflexiones que siguen a continuación son producto de la creciente presencia en nuestros despachos
profesionales de matrimonios o parejas que acuden a los mismos con una demanda ya notificada bajo el brazo,
interpuesta por el Banco o Caja de Ahorros que han ejecutado la hipoteca que no ha podido ser abonada en tiempo
y forma, debido al fuerte y casi repentino incremento de los tipos de interés que, en poco tiempo, han más que
duplicado su valor (estoy pensando sin duda en el índice de referencia más utilizado: el Euribor a un año, que ha
pasado en apenas tres del 2% al 5,395%, estando en la actualidad al 3,452%). Ya adelanto que, cuando dichas
familias llegan a nuestros despachos en tal situación, «nos traen el enfermo en coma», que diría un médico, ya
que el procedimiento concursal, para que realmente sea eficaz para las familias, deberá ser presentado
voluntariamente y de forma anticipada. Resultaría superfluo mencionar que la LC dice ser aplicable también a
Foro Jurídico nº 1EL CONCURSO DE ACREEDORES DE LAS PERSONAS FÍSICAS NO COMERCIANTES5ForoJurídicolas personas físicas («naturales»dice constantemente la Ley), superando la diversidad de instituciones concursales
preexistentes para comerciantes y no comerciantes, dentro de la tendencia simplificadora de la nueva LC
(Exposición de Motivos, II). Por si hubiera dudas, el art. 1 establece como presupuesto subjetivo que«La
declaración de concurso procederá respecto de cualquier deudor, sea persona natural o jurídica».Ahora bien, tal intención del Legislador parece no haber sido acogida por las personas naturales como se
debiera, siendo preciso estudiar cuáles sean las causas del no uso que de la LC se hace en el seno de las familias
insolventes. Sin querer ser preciso, y sin mayor base científica que la experiencia, se pueden apuntar las siguientes
1.-El ser un procedimiento insertado en una Ley de carácter mercantil, más pensada para empresarios que para
particulares. Ciertamente, parece que la LC«es un traje que no encaja bien con las personas individuales»(D.
Andrés Sánchez Magro, Magistrado Juez del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Madrid en el I Congreso de
Derecho Mercantil y Concursal de Canarias). Valga como muestra el botón de la Jurisdicción y Competencia,
atribuidas en exclusiva al Juzgado de lo Mercantil (art. 8).
2.-La regulación resulta ser en algunos aspectos perjudicial cuando se trata de particulares, resultando más
benévola cuando el concursado es persona jurídica o persona física con ejercicio de actividad profesional o
comerciante. Se analizarán puntualmente los aspectos en los que resulta perjudicada la persona física con respecto
a la jurídica.3.-El resultar un procedimiento excesivamente caro y largo para resolver los problemas de
sobreendeudamiento de los particulares. Normalmente estamos pensando en la familia tipo, compuesta por una
pareja más los hijos (o no), que ha visto cómo su cuota del préstamo hipotecario se veía aumentada en poco
tiempo y que pese a conservar, en el mejor de los casos, sus puestos de trabajo, no pueden hacer frente al pago
de la hipoteca, por lo que el Banco o Caja se dispondrá, tarde o temprano, a instar la ejecución hipotecaria. Es
decir, estamos pensando en que existen uno o dos deudores (las personas físicas componentes de la pareja), y un
acreedor (el Banco o Caja que han prestado el dinero). Pues bien, de iniciarse un procedimiento concursal, el coste
medio para la persona física se irá a los 15.000 €, pues tendrá que hacer frente a los honorarios de abogado,
procurador, economista, y además los gastos de publicidad del concurso exigidos por la Ley.En cuanto a lo largo que resulta ser el procedimiento concursal, dicha circunstancia no es paliada por el hecho
de calificar el procedimiento como abreviado, acortando los plazos establecidos (art. 90), ya que se ve
compensada por la saturación de los Juzgados de lo Mercantil, precisamente por ser los únicos conocedores, sin
distingos, de los procedimientos concursales, que desbordan el trabajo asumible por sus titulares y funcionarios
4.- Por último, tal vez sea una causa de su poca utilización el hecho que los abogados no la tenemos en cuenta
cuando se nos plantea una situación familiar como la descrita, y siempre nos inclinamos por soluciones
extrajudiciales tales como renegociación de la deuda, venta del inmueble, etc.Sean cuales sean las causas, lo cierto y verdad es que la utilización de la LC por los particulares es ínfima con
respecto a los países de nuestro entorno, si bien ha experimentado un crecimiento espectacular desde su entrada
en vigor (septiembre de 2004). Así, según datos del INE, si en el año 2007 se publicaron 118 concursos de
personas físicas, en 2008 se registraron 417, lo que supone un incremento del 253%, representando los concursos
de personas físicas un 15% del total de los presentados. Desde la entrada en vigor de la LC se han presentado n
total de 674 concursos de personas físicas, un 12% del total (5.778) (Baremo concursal de
6ÁNGEL GABRIEL TUÑON GALLEGOForo Jurídico nº 1ForoJurídico
2 - PRESUPUESTOOBJETIVO DEL CONCURSO: LA INSOLVENCIA DEL DEUDOR; SOLICITUD ANTICIPADA OCOETÁNEA A DICHA INSOLVENCIA. APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADOComenzando por este último aspecto, queremos dejar sentado que, en el supuesto en que pretendemos el
concurso de una persona física será de aplicación, casi en todos los casos, el procedimiento abreviado regulado
en los arts. 190 y 191 LC. Según el primero de ellos, el procedimiento «especialmente simplificado» se aplicará
en aquellos casos en que la estimación inicial del pasivo no supere un millón de euros. La consecuencia de aplicar
el procedimiento abreviado es que los plazos que marca la LC para los diferentes tramos se reducen a la mitad,
y que la administración concursal estará formada por un único miembro. Ya la Exposición de Motivos define la
insolvencia como el estado patrimonial del deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones. Ahora
bien, tal situación puede ser ya una realidad o una seria posibilidad. En cualquiera de los casos, lo conveniente
es que el deudor se anticipe a sus acreedores e inste él, personalmente, su propio concurso. La LC quiere fomentar
este anticipo del deudor.El deudor que prevea que no va a poder cumplir de forma inminente sus obligaciones de pago, debe presentar
la solicitud de concurso. De igual forma, el que ya está en la situación de no poder hacer frente a sus obligaciones,
debe presentar la solicitud concursal, pero en este segundo caso, tiene un plazo de dos meses desde el momento
en que hubiera conocido o debido conocer tal situación.
Si tenemos en cuenta que estamos tratando los casos de personas físicas que, por no ser comerciantes ni
empresarios, no están obligados formalmente a la llevanza de contabilidad, lo que tiene que darse en la realidad
es que tales personas físicas sí tengan un control real de sus finanzas, el cual les permita incluso llegar a prever
que dentro de unos meses no van a poder hacer frente a sus pagos como, por ejemplo, la hipoteca.
En el caso que el concurso sea solicitado por el deudor, y que este esté casado, deberá ponerlo en conocimiento
en la propia solicitud, indicando el régimen económico matrimonial. Incomprensiblemente la LC no ha tenido
en cuenta las nuevas formas que ha adoptado la familia, en las que es cada vez más común el hecho que no exista
vínculo matrimonial entre la pareja formadora, sin embargo, de una verdadera unidad familiar a efectos
patrimoniales, aunque no fiscales ni concursales.¿Ante qué juez ha de solicitarse la declaración concursal? Ante el Juez de lo Mercantil donde radiquen los
«intereses principales» de la persona deudora (art. 10). Lógicamente, el Legislador estaba pensando en empresas,
porque el concepto intereses principales es difícilmente aplicable a particulares. No obstante, se puede hacer
coincidir tal concepto con el de domicilio del deudor, más tal coincidencia en ocasiones no será tan limpia,
pudiendo ser fuente de problemas de competencia territorial.El Auto que declare el concurso deberá pronunciarse, entre otros aspectos, sobre si procede la formación de
pieza separada en relación con la disolución de la sociedad de gananciales. Volveremos sobre ello al estudiar la
composición de la masa activa del deudor.En cuanto a la publicidad registral, la declaración del concurso se inscribirá en el Registro Civil, anotando
también, de forma preventiva, la declaración en el Registro de la Propiedad donde estén inscritos los bienes del
concursado. Por último, en el caso de haberse declarado el concurso de ambos cónyuges (lo cual resulta
recomendable si estamos en el caso-tipo), ambos concursos pueden ser acumulados a instancia del administrador
concursal. Nuevamente tenemos que echar de menos la referencia a qué ocurre si los miembros de la pareja no
Foro Jurídico nº 1EL CONCURSO DE ACREEDORES DE LAS PERSONAS FÍSICAS NO COMERCIANTES7ForoJurídico
3- LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL; EFECTOS DEL CONCURSO SOBRE EL DEUDOREl único miembro de la administración concursal habrá de ser abogado, auditor de cuentas, economista o
titulado mercantil que reúna una serie de requisitos de experiencia profesional. Tienen derecho a una retribución
con cargo a la masa, y un régimen de responsabilidad frente al deudor y acreedores por los daños y perjuicios
causados en el ejercicio de su cargo. Si el deudor es el que ha instado el concurso, conservará todas sus facultades
sobre la administración de sus bienes y disposición de su patrimonio, ahora bien, resultará necesario contar con
la autorización del administrador concursal. Expresamente se refiere la LC a la conservación, por el deudor
concursado, de su capacidad de testar, sin perjuicio de los efectos del concurso sobre la herencia.
En casos extremos, y contando con el Ministerio Fiscal, puede llegarse a limitar los Derechos Fundamentales
y Libertades del deudor en materia de correspondencia, residencia y libre circulación, aspectos éstos que, por
afectar a Derechos Fundamentales, han tenido que ser regulados aparte en Ley Orgánica, la 8/2003, de 9 de julio,
para la reforma concursal, por la que se modifica la LOPJ. Capítulo aparte merece el derecho a alimentos que
posee el deudor concursal con cargo a la masa activa. Su cuantía y periodicidad la fijará el administrador
concursal, oído el deudor, pudiendo ser modificados ambos aspectos, también tras audiencia del deudor y del
administrador, que se convertirían en contrarios en un proceso de alimentos.Puede darse el caso que también el deudor tenga obligación mediante sentencia de abonar alimentos entre
parientes, los cuales se cobrarían también con cargo a la masa activa. Ahora bien, en un inquietante punto 3 del
art. 47 de la LC, se establece que el acreedor de los alimentos los percibirá con cargo a la masa activa del
concursado si no hay posibilidad de cobrarlos de otras personas obligadas a prestárselos.
4- EFECTOS SOBRE EL ACREEDOR DEL CONCURSADOEs aquí donde se ve perjudicado el deudor persona física no comerciante con respecto a las personas jurídicas
o profesionales. También es aquí donde se encuentra la principal razón para afirmar y aconsejar que, para que el
concurso ser realmente eficaz, habrá de solicitarse por el deudor de forma anticipada a su insolvencia y, como
mínimo, de estar ya inmerso en ella, de forma anticipada a sus acreedores, señaladamente hipotecarios.Declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones nuevas ni seguirse apremios administrativos o
tributarios contra el deudor. Ahora bien, los acreedores con garantía hipotecaria real no podrán iniciar la ejecución
o realización forzosa de los bienes del deudor, siempre que dichos bienes estén afectos a su actividad profesional
o empresarial o a la unidad productiva de su titularidad. Nada dice la LC sobre qué ocurre con los bienes que no
estén afectos a tales actividades, como la vivienda habitual del deudor, por lo que se entiende que no se aplicaría
tal paralización de la ejecución. Por ello, entiendo que si una entidad financiera ya ha instado el proceso de
ejecución hipotecaria, el deudor particular no va a encontrar en el concurso de acreedores una herramienta eficaz
si lo que busca es paralizar el embargo de su domicilio.Entendemos que con esto se elimina una de las razones por las que se insta un concurso, cual es la paralización
de las ejecuciones para poder ordenar los acreedores y racionalizar el pago de las deudas, en el seno de un
convenio, sin que el tiempo apremie al deudor. Aquí se discrimina al deudor persona física con respecto a la
persona jurídica y al profesional o comerciante.La no paralización en la ejecución de la hipoteca que constituye la vivienda habitual del deudor aconseja
entonces, para que sea realmente útil, que el deudor inste su declaración concursal antes que la entidad crediticia
8ÁNGEL GABRIEL TUÑON GALLEGOForo Jurídico nº 1ForoJurídicoinste la ejecución de la hipoteca que grava la vivienda habitual. También es una de las razones por las que
afirmamos que la LC es una Ley pensada para empresas y comerciantes y no para particulares, por mucho que
se les incluya en el ámbito subjetivo de aplicación.Distinta suerte correrán los contratos de adquisición de bienes con precio aplazado, puesto que, a instancias
del deudor o del administrador concursal, se pueden rehabilitar aquellos contratos que hubieren sido resueltos tres
meses antes de la declaración del concurso, siempre que el deudor «se ponga al día» en los pagos pendientes, y
se comprometa a abonar el resto con cargo a la masa.
Respecto de los contratos de arrendamiento donde el concursado sea arrendatario, si se hubiera producido el
desahucio por falta de pago de la renta, siempre que dicha acción de desahucio se hubiera producido antes de
declararse el concurso, el administrador concursal puede enervar la acción, abonando las rentas pendientes con
cargo a la masa.
5- LA RESCISIÓN RETROACTIVA DE LOS ACTOS PERJUDICIALES PARA LA MASA ACTIVAMerece una mención especial la regulación del art. 71 de la LC, a cuyo tenor son rescindibles los actos
perjudiciales para la masa activa que haya realizado el deudor dentro de los dos años anteriores a la declaración
del concurso, existiendo una presunción iuris tantum de que sí existe un perjuicio patrimonial, y siendo tal
presunción iuris et de iure, si se trata de actos de disposición a título gratuito, salvo las liberalidades de uso.
También la presunción opera cuando las disposiciones lo fueron a favor del cónyuge del concursado, o con
quien conviva con relación paramatrimonial (aquí sí, en detrimento del deudor, le ha interesado al Legislador
referirse a las parejas de hecho); los ascendientes, descendientes y hermano, tanto del concursado como de su
pareja o esposo/a, sin pararse la LC en establecer límites en cuanto al grado de parentesco y los cónyuges de los
anteriores (art. 93 LC). La exahustividad familiar con que el Legislador ha querido «cerrar el círculo» de
allegados del deudor, entiendo que pierde su operatividad si, los actos de disposición patrimonial a rescindir, se
hubieran realizado con simplemente amigos del concursado, en cuyo caso el acto no sería rescindible, y se hubiera
por lo tanto «escapado» el acto dispositivo de la voracidad rescisoria ex lege del administrador concursal.
Si nos encontramos ante un acto de los rescindibles, se abre un incidente concursal, para cuya instancia está
legitimado el administrador o bien el acreedor concursal que haya advertido al administrador de la existencia de
un acto de esta naturaleza, ante el cual el administrador no haya actuado en el plazo de dos meses desde la
advertencia.La voluntad rescisoria llega a tal extremo que, si el bien objeto del negocio jurídico rescindible hubiera sido
transmitido a un tercero, ese tercero, adquiriente de buena fe, se verá de la noche a la mañana envuelto en un
incidente concursal, con su pacífica posesión en entredicho, ya que la Ley obliga a que sea llamado al incidente.
Si bien se verá protegido por su buena fe (que, supongo, habrá de demostrar), y por la publicidad registral, esta
objetiva. Ahora bien, quien tendrá el problema será «la persona relacionada con el concursado», que habrá de
devolver lo que hipotéticamente obtuvo el deudor concursado por la transmisión del bien.
6- INFORME DEL ADMINISTRADOR: COMPOSICIÓN DE LA MASA ACTIVA. LOS BIENES DEL RÉGIMEN ECONÓMICOMATRIMONIAL: VIVIENDA Y CUENTAS BANCARIASEn el plazo de un mes desde que aceptara el cargo, el administrador habrá de emitir un informe en el que se
recogerán, aparte de unos datos generales, el inventario de los bienes que componen la masa activa, la lista de
acreedores, y una propuesta de convenio.
Foro Jurídico nº 1EL CONCURSO DE ACREEDORES DE LAS PERSONAS FÍSICAS NO COMERCIANTES9ForoJurídicoLa masa activa la componen los bienes del deudor a fecha de la declaración concursal, más los que vaya
adquiriendo con posterioridad (cosa que puede hacer). De estar casado (otra vez se olvidan las parejas de hecho),
los bienes de la masa serán los privativos del concursado. Pero, si el régimen económico matrimonial es el de
gananciales, también estos se incluirán a la masa activa si deben responder de las obligaciones del concursado.
Como esto perjudica al cónyuge del concursado, una de dos, o con carácter previsor solicita también el concurso,
o de no hacerlo se verá abocado a instar al Juez del concurso que disuelva y liquide la sociedad de gananciales.
Esto significa que el cónyuge del deudor puede ver cómo sus ingresos por el trabajo quedan incluidos en la masa
activa de su cónyuge concursado. Ahora bien, la LC no establece mecanismos de coordinación entre la
elaboración de la masa activa del concursado y el proceso de disolución y liquidación de la sociedad de
gananciales. Puede darse el caso que el cónyuge del deudor concursado se convierta en acreedor del mismo, al
reclamar que la parte ganancial que le corresponde «regrese» a su patrimonio, pero dicho crédito se convierte casi
en incobrable, porque se tratará de un crédito subordinado del art. 92.5º LC.
Si el régimen económico matrimonial es el de separación de bienes, el art. 78 LC presume que las
adquisiciones que el cónyuge del concursado hizo a título oneroso en el año anterior al concurso fueron sufragadas
en su mitad con dinero prestado por el cónyuge concursado, salvo que se demuestre lo contrario. El resultado es
que se integrarán en la masa activa del concursado esa mitad de la contraprestación que dio el otro cónyuge para
la adquisición de un bien privado.En cuanto a la vivienda conyugal, de ser el régimen económico el de sociedad de gananciales, o bien les
perteneciera a ambos en comunidad conyugal, el cónyuge del concursado habrá de instar la liquidación de la
sociedad de gananciales, y tendrá preferencia para atribuírsela, abonando el exceso si fuera necesario.Otra presunción lesiva para el cónyuge del concursado estriba en el hecho que los saldos positivos de las
cuentas bancarias de titularidad indistinta, se integrarán por entero en la masa activa, debiendo probar para
recuperar «su mitad» el cónyuge del concursado que dicha mitad es «suya».
7- FORMACIÓN DEL PASIVO. LA HIPOTECA COMO CRÉDITO PRIVILEGIADOAl contrario de lo que sucede con las deudas del concursado, que afectan, incluso a los bienes del cónyuge
no concursado, en el caso de la existencia de deudas del cónyuge del concursado, tales deudas no integrarán la
masa pasiva del concursado. Entre otros, son créditos contra la masa los alimentos del deudor y los que legalmente
esté obligado a prestar. El administrador establecerá, en cada crédito, si afecta al patrimonio privativo del deudor
concursado, o al patrimonio conyugal por entero.Lo que puede llevar a los particulares a la situación concursal será, en la mayoría de las ocasiones, un préstamo
hipotecario. Pues bien, el art. 90.1 LC califica a los créditos con garantía hipotecaria como especialmente
8- EL CONVENIO: EL PROPUESTO ANTICIPADAMENTE POR EL DEUDOR Y EL PROPUESTO POR EL ADMINISTRADOREl convenio es el documento en el que, bien el deudor, de forma anticipada, o bien el administrador, se recoge
una quita, una espera, o ambas simultáneamente, o bien propuestas alternativas según los acreedores, todo ello
con el objetivo que el deudor vaya haciendo frente a sus deudas. Se debe incluir un plan de pagos, y no pueden
establecerse cláusulas condicionales.Dicha propuesta la puede hacer, ab initio, el propio deudor que inste voluntariamente su concurso, ahora bien,
tiene una condición que, mucho nos tememos, en la realidad implicará que dicha propuesta anticipada no pueda
hacerse por particulares: no puede presentar una propuesta anticipada de convenio el deudor que haya constituido
10ÁNGEL GABRIEL TUÑON GALLEGOForo Jurídico nº 1ForoJurídicoo ampliado las garantías reales para el aseguramiento de obligaciones preexistentes en los tres años anteriores a
la fecha de solicitud del concurso.Elaborado el convenio, se convocará a los acreedores a junta, donde será sometida a su aprobación y,
posteriormente, deberá ser aprobada por el Juez. Una vez firme el convenio, que será aprobado por sentencia, el
mismo adquiere plena eficacia y vigencia.
9 - CON EL CONCURSO NO ACABAN LOS PROBLEMAS PARA LAS PERSONAS FÍSICAS. PARA LAS JURÍDICAS, SÍOtra de las muchas discriminaciones que la LC contiene hacia las personas físicas es la que se encuentra en
el art. 178. Según el mismo, si con el concurso hay créditos que no pueden ser satisfechos, los acreedores de los
mismos, una vez finalizado el concurso, podrán iniciar ejecuciones singulares mientras que, si se trata de personas
jurídicas, se produce una suerte de «amnistía» crediticia, un «borrón y cuenta nueva» de tal manera que el Juez
acordará la extinción de aquellos créditos que no han podido ser satisfechos con el concurso, así como su
cancelación registral. En este punto nuestro ordenamiento dista mucho de los de nuestro entorno, en los cuales
al deudor persona física sí se le libera de sus deudas, y tal era la intención del Grupo Parlamentario Catalán
cuando propuso una enmienda con la pretensión de introducir «un régimen de exoneración para aquellos
concursados personas naturales honestos, en relación con las deudas que no hubieran sido satisfechas con el
producto de la liquidación concursal, para procurar a estos deudores honestos una segunda oportunidad». Tal
cosa no prosperó, y la regulación es la descrita.
10- CONCLUSIONES. PROPOSICIONES PARA MODIFICAR LA LCComo hemos apuntado desde el inicio de este trabajo, entiendo que la LC no es aplicable, en la realidad, a
las personas físicas deudoras, puesto que no resulta atractiva ni para el deudor ni para el acreedor, si nos
encontramos en el caso tipo de familia con problemas de insolvencia para hacer frente a la creciente cuota del
préstamo hipotecario las deudas»menores»que pueda tener.Para los particulares resulta una herramienta compleja y cara, que les obliga, mucho antes si quiera de imaginar
que van a tener que solicitar su declaración de concursado, a prever sin embargo las consecuencias, jurídicas y
económicas, de sus disposiciones patrimoniales. Disposiciones que, si se realizan incluso tres años antes de la
declaración concursal, y aunque hayan sido realizadas de buena fe, y sin ánimo de defraudar a sus acreedores,
pueden sin embargo obstaculizar o incluso «inutilizar» la figura del concurso como solución a sus problemas, y
no digamos si tales disposiciones se realizan con personas «relacionadas con el concursado». Las presunciones
legales siempre son contrarias al concursado.Por lo tanto, aunque formalmente una persona física que no sea comerciante o profesional no está obligada a
la llevanza de libros, careciendo de toda obligación formal tributaria salvo la que deriva de sus declaraciones
impositivas (la anual del IRPF), sí tiene que tener un control absoluto de su patrimonio, y conocer de antemano
Para los acreedores, y especialmente para los hipotecarios, tienen la vía expedita ejecutando directamente la
hipoteca ante los tribunales, ya que, si el concurso no paraliza la ejecución hipotecaria en curso, ¿Para qué entrar
en un»juego»en el que habrán de compartir, en el mejor de los casos, las ganancias con otros «jugadores»?No obstante, de querer aplicarse, el particular debe pensar que el concurso habrá de ser instado mejor de
forma voluntaria que no forzosa, instado por acreedores, y aún más, se aconseja que sea solicitado de forma
anticipada a su situación de insolvencia, que tendrá que ver inminente, puesto que corre el riesgo que se le
adelante el acreedor hipotecario instando la ejecución de la hipoteca, que deviene entonces en«imparable». Lo
Foro Jurídico nº 1EL CONCURSO DE ACREEDORES DE LAS PERSONAS FÍSICAS NO COMERCIANTES 11ForoJurídicoanterior aconseja promulgar una Ley específica para las personas físicas, tales como las existentes europeos
como Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Alemania o Francia. Es más, la regulación debería ser comunitaria, siendo
como son también los acreedores entidades financieras que operan a nivel europeo y mundial. Siendo así, ¿Porqué
ha de tener distintas -menos- posibilidades de salvar su patrimonio un deudor español que uno alemán, si ambos
deben dinero, pongamos por caso, a un banco francés?
Respecto de las propuestas de reforma de la LC, la única existente no aborda el tema aquí planteado,
correspondiendo a una Proposición No de Ley realizada por Unión Progreso y Democracia, que propone estudiar
procedimientos extrajudiciales, simplificar el proceso existente, reducir la presencia del juez a lo largo del
concurso, y modificar puntos de la competencia territorial internacional y de los grupos de empresa. Como vemos,
nadie piensa en el deudor particular.12ÁNGEL GABRIEL TUÑON GALLEGOForo Jurídico nº 1ForoJurídicoEL CONCURSO DE ACREEDORES COMO MEDIO ELEMENTAL
DE GESTIÓN DE DETERMINADAS CRISIS EMPRESARIALES
AbogadoEs innegable que vivimos en una época en la que el fracaso, en todas sus percepciones, es absolutamente rechazado. Nuestra sociedad tan sólo tolera el éxito, convirtiendo nuestras vidas en una carrera continua
hacía la consecución de mayores y mejores objetivos, de tal forma que nadie muestra conformidad con lo ya alcanzado, requiriendo más dinero, más fama,...., más éxito.A la vista de lo expuesto no le falta parte de lógica al hecho de que nuestra sociedad entienda el concurso
de acreedores como un fracaso empresarial, máximo si se asocia el mismo a la desaparición de la empresa, y,
como tal, que sea fuertemente rechazado socialmente.
Todo lo expuesto hasta el momento tiene aun más razón de ser si, como en los momentos actuales, existe
una fuerte crisis financiera y económica que provoca que quien más o quien menos vea planeando buitres sobre
el cadáver de su empresa.En el marco expuesto, entiendo que es labor de los abogados poner en conocimiento de los empresarios
las bondades del sistema concursal, de tal manera que con nuestro asesoramiento puedan, por una parte, superar
su situación de crisis empresarial y, por otra, poder aliviar, en la medida de lo posible, sus constantes inquietudes y preocupaciones personales. Lo primero que hay que decir al respecto es que la Ley prevé que el concurso
de acreedores pueda ser planteado ante la crítica situación que atraviese tanto una persona física como una persona jurídica (artículo 1 de la LC).Foro Jurídico nº 1EL CONCURSO DE ACREEDORES COMO MEDIO ELEMENTAL DE GESTIÓN DE...13Si alguien me preguntara que tiene de bueno el concurso le diría lo siguiente:ForoJurídico1. Si se presenta en los plazos legalmente establecidos (dos meses según los artículos 5 de la LC, 105.5
de la LSRL y 262.5 de la LSA), evita responsabilidades personales del órgano de administración por
deudas sociales.2. Junto con la solicitud de concurso puede ser presentado un Plan de Viabilidad que permita a la empresa superar su»bache financiero»y resurgir en un momento posterior (artículo 6.2-2º y 44 de la LC).3. Declarado el concurso todos los acreedores del deudor se integran en la masa pasiva (artículo 49 de
la LC), procediéndose a la catalogación de sus créditos conforme a los criterios legalmente establecidos (créditos contra la masa, créditos privilegiados, ordinarios o subordinados - artículos 84 y 89 de la
4. Obliga a que toda demanda nueva interpuesta contra el concursado se resuelva ante el Juzgado que
conoce del concurso (artículo 50 de la LC).
5. Paraliza las ejecuciones que ya están en marcha, no pudiendo iniciarse nuevas ejecuciones singulares ni seguirse apremios administrativos o tributarios, salvo que ya haya sido dictada Providencia de
Apremio (artículo 55.1 de la LC).6. Los acreedores con garantía real sobre bienes afectos a la actividad no pueden iniciar su ejecución
hasta que se hayan cumplido ciertos requisitos o transcurrido un cierto plazo. (artículo 56.1 de la LC).
7. Salvo alguna excepción, con la declaración del concurso se suspende el devengo de intereses por las
deudas sociales (artículo 59 de la LC).8. La modificación sustancial de las condiciones de trabajo de los trabajadores y la extinción o suspensión colectiva de sus contratos son competencia del Juzgado de lo Mercantil, saliendo, por lo tanto,
de la jurisdicción social (artículo 64 de la LC).9. Permite que los costes de la defensa jurídica de la concursada sean satisfechos con cargo al patrimonio de la empresa, otorgándose a los mismos, legalmente, un carácter preferente en el cobro, al considerarlos créditos contra la masa (artículos 84.2-2º y 154 de la LC).
10. Permite continuar el ejercicio de la actividad profesional o empresarial de manera regulada (artículo 44 de a LC).11. Permite (artículo 100 de la LC), la elaboración y presentación de un convenio que, siendo aprobado
por la mayoría de los créditos, pueda llegar a suponer:
* Sin autorización judicial: hasta una quita de un cincuenta por ciento y una espera de
cinco años para el cobro* En determinados casos se puede autorizar judicialmente la superación de los límites
mencionados.12. De no existir convenio presentado, o de haber sido solicitada la misma por la concursada, se abre
14ÁNGEL MARÍA VADILLOForo Jurídico nº 1ForoJurídicola liquidación ordenada del patrimonio social (artículo 142 de la LC).13. Se mantienen los órganos de administración de la sociedad (artículo 48.1 de la LC), hasta la apertura
de la fase de liquidación (artículo 145.3 de la LC), debiendo indicar que, en principio:
* Si el concurso es voluntario, esto es, presentado por la propia empresa, además el órgano de administración conserva todas sus facultades de administración y disposición,
si bien existe un régimen de intervención por parte de la Administración Concursal (artículo 40.1 de la LC).
* Por el contrario, si el concurso es catalogado como necesario (interpuesto por el resto
de los sujetos legitimados a tales efectos), se suspende el ejercicio por el deudor de las
facultades anteriormente mencionadas, siendo sustituido por la Administración Concursal. (artículo 40.2 de la LC).14. Cuando el concursado es una persona física, además de hallarse afectado por lo expuesto hasta el
momento, le resulta de aplicación lo siguiente:
* Tiene derecho a percibir alimentos con cargo a la masa activa del concurso (artículo
47.1 de la LC).* También se satisfará con cargo a la masa la obligación de prestar alimentos impuesta
al concursado (artículo 47.2 de la LC).* El cónyuge puede practicar la liquidación de la sociedad de gananciales en sede judicial, con lo que desaparece el riesgo del posible delito de alzamiento de bienes (artículo
77.2 de la LC), teniendo preferencia en la adjudicación de la vivienda habitual del matrimonio (artículo 78 de la LC).Como se puede apreciar, lo expuesto justifica más que sobradamente la interposición de un concurso que
salve responsabilidades, pueda salvar la empresa y, en último caso, liquidar la misma de manera ordenada y justa
para todos los acreedores permitiendo al empresario iniciar un nuevo proyecto empresarial con una situación totalmente saneada.Foro Jurídico nº 1EL CONCURSO DE ACREEDORES COMO MEDIO ELEMENTAL DE GESTIÓN DE...15ForoJurídicoEL GESTOR DE COOPERATIVAS Y COMUNIDADES DE BIENES:
¿GESTOR O PROMOTOR ENCUBIERTO?Ándrés Vilacoba Ramos
AbogadoHoy en día, nos encontramos en un momento en el que la contratación inmobiliaria ha tenido unas modificaciones sustanciales. La adquisición de una vivienda no suele realizarse mediante la tradicional compraventa inmobiliaria. En efecto, han aparecido nuevas fórmulas de transmisión tales como la adhesión, de los
adquirientes, a una cooperativa o una comunidad de bienes. Los usuarios rubrican un contrato de adhesión con
la Cooperativa o Comunidad de Bienes, y un documento de adjudicación provisional de vivienda, con o sin anejos. Las viviendas son entregadas mediante la adjudicación definitiva que acontece, normalmente, al finalizarse
la edificación.Las nuevas circunstancias hacen preciso un estudio de estas modalidades contractuales y de su legalidad. Estas fórmulas descritas tienen la particularidad de situar a los consumidores y usuarios, adquiriente, como
autopromotores de la edificación.El uso de estas fórmulas se ha visto incrementado ante la avalancha de legislación que protege a los
consumidores y usuarios y, más concretamente, desde la publicación del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios y otras leyes complementarias. El nuevo marco normativo que se establece es más ordenado y coherente que el vetusto artículo 10 y 10 bis LGDCyU. El hecho de establecer una clasificación sistemática de los distintos tipos de cláusulas abusivas facilita la solicitud de nulidad y su identificación en los contratos suscritos por
Foro Jurídico nº 1EL GESTOR DE COOPERATIVAS Y COMUNIDADES DE BIENES17ForoJurídicoLos empresarios, ante la avalancha de cláusulas que han sido declaradas abusivas, han elegido el camino
del disfraz. Esta artimaña consiste en no aparecer nunca como promotores sino como simples gestores de comunidades de bienes o de cooperativas. Este actuar pretende frenar de lleno la eficacia de la normativa de protección al consumidor. Los contratos de adhesión a la Cooperativa o Comunidad de Bienes son redactados, en
teoría por éstas, e incluso, se añaden a las escrituras de constitución como documentos elegidos por los constituyentes. Con esta argucia se intenta solventar la posibilidad de un ataque al clausulado por haber sido impuesto
por el profesional. Es fácil adivinar que en realidad los contratos de adhesión y adjudicación son redactados por
el profesional (promotor oculto en la figura de gestor) y que los mismos van llenos de renuncias de derechos y
de obligaciones para los consumidores y usuarios que no reciben, a su vez, unas contraprestaciones equitativas.
Mención aparte, merece esta situación cuando se realiza en viviendas de protección pública. Por vivienda de protección oficial hemos de entender, conforme al artículo 1 RD 3148/1978 de 10 noviembre 1978,«la
que, destinada a domicilio habitual y permanente, tenga una superficie útil máxima de 90 m2, cumpla los requisitos establecidos en la legislación de VPO, y sea calificada como tal por el Estado a través del Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo, o por otros Entes públicos territoriales a los que se atribuya esta competencia.»Es sabido que las viviendas protegidas tienen un precio máximo por el cual se pueden transmitir. Las distintas administraciones han elaborado una normativa específica para ir acotando las medidas de actuación ilícitas de aquellos promotores privados de viviendas protegidas. Estos promotores, al verse obligados a escriturar
la vivienda por el pecio máximo legal permitido, comenzaron a efectuar una serie de actuaciones tendentes a asegurarse el cobro de un sobreprecio respecto al máximo legal.
En primer lugar, se empezó solicitando una cantidad en efectivo que no constaba en ningún documento
que acreditase su pago por parte del comprador. Existieron multitud de abusos y pérdidas de estas cuantías, recordemos que no constaban en documento alguno por lo que no eran aseguradas ni avaladas a tenor de los establecido en el artículo 1 de la Ley 57/1968, de 27 de julio, reguladora de las percepciones de cantidades anticipadas
en la construcción y venta de viviendas, en relación con la Disposición Adicional 1ª de la Ley de Ordenación de
la Edificación. Tras lo cual, los adquirientes se negaron a seguir entregando un dinero cuya entrega no podían probar.
Al no poder continuar con este sistema, se arguyó una nueva estrategia. Obligar a los consumidores a
rubricar un documento de solicitud de unas reformas, mejoras, etc., que no deseaban pero sin el cual no podían
acceder a las viviendas. En este coste se enmascaraba el sobreprecio. Nuevamente, las Administraciones fueron
cerrando el camino con normativas que hacían incluir en el precio máximo legal las obras de reformas, mejoras,
etc., incluso, aunque hubiesen sido solicitadas por los adquirientes.La picaresca llevó a imponer la compra de una segunda plaza de garaje e, incluso, la parte alícuota de
un local comercial como método de enmascaramiento del sobreprecio. Huelga decir que el precio de estos inmuebles que obligaban a adquirir era muy superior al que tenían en el mercado. Finalmente, la Administración
se vio obligada a otorgar normas donde se cerrasen las puertas a nuevas argucias. Ejemplo de ello lo encontramos en el artículo 8 Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid 9/2003, de 26 de marzo, del régimen sancionador en materia de viviendas protegidas de la Comunidad de Madrid:«Son infracciones muy graves: Percibir, por cualquier concepto, en la construcción, compraventa, adjudicación
o arrendamiento de las viviendas protegidas, cualquier cantidad no permitida por la normativa aplicable, incluidas las cantidades que pudieran derivarse de ampliación de equipamiento o de sustitución o mejora de calidades.»
18ANDRÉS VILACOBA RAMOSForo Jurídico nº 1ForoJurídicoAl ver imposibilitados los caminos directos para la consecución de un sobreprecio, comenzaron a desvirtuar las figuras de promotor y comprador. El artículo 9 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación
de la Edificación, define al promotor como «cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para si o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título» Pues bien, la
solución la encontraron en hacer pasar por promotores a los clientes atendiendo a que según el artículo 2 RDL
31/1978 de 31 octubre 1978, sobre política de viviendas de protección oficial,»podrán ser promotores de viviendas de protección oficial las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con o sin animo de lucro».
Ergo, si el ánimo de lucro no era necesario, un consumidor y usuario podría ser autopromotor de su vivienda. De
esta manera, al tener la cualidad de autopromotores no existía sobreprecio alguno, dando igual las cuantías que
los consumidores y usuarios entregasen porque en las escrituras siempre aparecería el precio máximo legal permitido y el resto se enmascara en honorarios de gestión y de otra índole.
El instrumento para poder invertir las figuras, hacer promotor al comprador y gestor al promotor, se obtiene al constituir bien una comunidad de bienes («Hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece pro indiviso a varias personas», (artículo 392 C.C.), bien una cooperativa («sociedad constituida
por personas asociadas, en régimen de libre adhesión y baja voluntaria, para la realización de actividades empresariales encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democráticos, conforme a los principios formulados por la Alianza Cooperativa Internacional»,
(artículo 1 Ley 27/1999 de 16 julio 1999, de Cooperativas).
Los promotores se presentan como gestores, asegurándose mediante el pertinente contrato de gestión,
el cobro de sus emolumentos y la práctica imposibilidad de ruptura con ellos por parte de la cooperativa o la comunidad de bienes.
La artimaña se caracteriza por los siguientes aspectos:1) Aseguramiento de la adquisición del terreno por parte del falso gestor, ora contrato de opción de compra, ora compra directa por el gestor y posterior venta a la cooperativa o comunidad de bienes, siempre con un margen de beneficio.2) Constitución de una cooperativa o comunidad de bienes en la que redactan unos estatutos a medida
3) Firma del contrato de gestión en el que se establecen los pactos que regirán las relaciones entre la
gestora y la comunidad o cooperativa, siempre favorable a la primera.
4) Comercialización de las viviendas vías inmobiliarias, publicidad en medios de comunicación, cartel en la parcela donde se ejecutará la edificación, salón inmobiliario, páginas web etc.5) Firma de un contrato de adhesión a la cooperativa o comunidad de bienes por parte de los compradores en los que, inexorablemente, se incluyen cláusulas como la aceptación de los estatutos, ratificación de las actuaciones llevadas a cabo, etc.6) Firma de un documento de adjudicación provisional de una vivienda con sus anejos.7) Firma de poderes prácticamente plenipotenciarios e, incuso, irrevocables a favor de la gestora para
realizar cualquier gestión relacionada con la vivienda.Foro Jurídico nº 1EL GESTOR DE COOPERATIVAS Y COMUNIDADES DE BIENES19ForoJurídicoOtros hechos que acaecen y son significativos de la trama los encontramos en los siguientes:1) La gestora es quien contrata a los técnicos: Arquitecto y Aparejador.
2) La gestora es quien elige el proyecto de ejecución de la edificación.3) La gestora es quien negocia y decide la entidad financiera prestataria del préstamo necesario para
realizar la edificación.
4) La gestora es quien negocia y decide la compañía aseguradora de las cantidades entregadas a cuenta
por los denunciantes.
5) La gestora es quien negocia y decide la empresa constructora de la promoción.Todo ello, sin permitir la más mínima intromisión de los cooperativistas o comuneros.Lo relatado deja al descubierto el ardid de los promotores que buscan su ocultación en la figura de gestores. El propio Tribunal Supremo ha entendido que el promotor «se puede entender la figura de promotor como
aquella persona física o jurídica que ordena, propone y busca las medidas financieras para realizar una determinada construcción»1 «y quien organizó como empresario la construcción, estableció el programa de realización y contrató a los encargados de realizar su plan»2 En este sentido, el Tribunal Supremo ha llegado a establecer
como criterios determinantes de la condición de promotor «que la obra se realice en su beneficio y se encamine
a la venta a terceros y que haya elegido y contratado al constructor y los técnicos»3
Realmente clarificadora resulta la Audiencia Provincial de Madrid la cual estipula:«La actuación que se reserva en el contrato LAR 2000 encaja, así, de manera perfecta en la definición
de promotor dada la Jurisprudencia del Tribunal Supremo en sentencias como la de 25 de febrero de 1985
cuando dice que se denomina promotor:« a la persona física o jurídica, privada o pública, que facilita la edificación de todo tipo de viviendas, bien para su venta a terceras personas, bien para sus asociados, etc, localizando terrenos edificables, buscando capitales, poniendo en conexión a los propietarios de solares con
constructores o capitalistas, facilitando compradores, etc. y todo ello, sin olvidar, que en el cada día más complicado mundo de la construcción, en ocasiones la figura del «Promotor» haya ido ampliando los matices de su
designación gramatical inicial extensión conceptual que ha llevado a cabo la Ley 38/1999 en su artículo 17-4,
resolviendo definitivamente la cuestión en cuanto extiende la aplicación de las normas sobre responsabilidad de
los promotores a los gestores de comunidades y cooperativas y otras figuras análogas, normativa que, si bien
no es aplicable al caso por entrar en vigor con posterioridad a la entrega de las viviendas, se pone de manifiesto
la afinidad y coincidencia entre el gestor de comunidades y el promotor, y, en consecuencia la equiparación de
su responsabilidad frente al comprador»4
La Audiencia meritada indicó poco después:«El art 17.4 al referirse a la responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso de la edificación, dispone:» «Sin perjudico de las medidas de intervención administrativas que cada caso procedan, la
responsabilidad del promotor que se establece en esta Ley se extenderá a las persona físicas o jurídicas que, a
tenor del contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma
de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras análogas.
20ANDRÉS VILACOBA RAMOSForo Jurídico nº 1ForoJurídicoCon este precepto y los otros relacionados con él, la Ley trata de poner coto a la inagotable capacidad creativa
del hombre para buscar figuras nuevas con las que excusar la responsabilidad sin renunciar a los beneficios
aprovechando resquicios mas o menos claros de las normas».
Por último, la misma Audiencia Provincial explicitó en que en estos casos «aunque en teoría la construcción de la vivienda se hizo por parte de los propios propietarios constituidos en comunidad de bienes es lo
cierto que dicha comunidad fue gestionada por la hoy apelante en concepto de gestor con unos amplios poderes de los mismos que hace a la misma ostentar el concepto de promotor de la vivienda y aplicársele el régimen
legal oportuno que se aplica al promotor de viviendas. En lo atinente al recurso es lo cierto que entre los demandantes y la ahora apelante se produjo un contrato de adhesión a una comunidad de bienes gestionada por
la demandada.»5Tras cotejar que, en estos casos, no nos hayamos frente a gestores de comunidades de bienes o cooperativas, nos corresponde profundizar cual es el verdadero alcance de los efectos de estas maquinaciones. Ello se
logra a través de los beneficios que pretenden obtener los empresarios. En cuanto a la responsabilidad civil como
agentes que intervienen en el proceso de la edificación no consigue beneficio alguno. El artículo 17.1 y 4 Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación explicitan:
«1. Sin perjuicio de sus responsabilidades contractuales, las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o parte de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes daños materiales
ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin
reservas o desde la subsanación de éstas...4. Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en esta Ley se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor
del contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de
promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras análogas»
Sin embargo, si existen multitud de ventajas tanto a nivel económico como de exoneración de responsabilidades:
I. Beneficios Económicos:Evita asumir los gastos que legalmente le corresponden:* Declaración de obra nueva.* División horizontal.* Constitución de Hipoteca.* Intereses del préstamo a la promoción durante la construcción.* División Hipotecaria.* Cancelación de la hipoteca en caso de no subrogación del adquiriente.
Foro Jurídico nº 1EL GESTOR DE COOPERATIVAS Y COMUNIDADES DE BIENES21II. Exenciones de responsabilidad:ForoJurídico* Las sanciones administrativas por incumplimiento en la promoción recaen en la cooperativa o comunidad como autopromotores y no en el verdadero promotor.* En los supuestos de viviendas protegidas, al dar la apariencia de autopromotores a sus clientes ocultan el sobreprecio (parte del precio que sobrepasa el máximo legal establecido) por lo que evitan una
posible sanción por ello así como la obligación de devolver las cantidades recibidas indebidamente.
III. Otros beneficios:Dificultar sobremanera el desistimiento del comprador:* En caso de baja obligación a esperar que exista alguna persona que lo sustituya para recuperar las cantidades entregadas. Se llega incluso, vía estatutos y contrato de adhesión, a dar la última palabra sobre
la baja a la gestora.* En los supuestos de cooperativas, se puede postergar la baja del socio obligándole a un preaviso de
un año (artículo 17.1 Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas) si los estatutos no exigen para la
baja voluntaria causa justificada, si la exigiesen puede demorarse esta baja hasta un máximo de cinco
años (artículo 17.3 Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas).* En los supuestos de cooperativas, se puede postergar la devolución de cantidades hasta un máximo
de cinco años (artículo 17 Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas).
* En los supuestos de cooperativas, el socio que cause baja en la cooperativa responderá personalmente por las deudas sociales, previa exclusión del haber social, durante cinco años desde la pérdida
de su condición de socio, por las obligaciones contraídas por la cooperativa con anterioridad a su baja,
hasta el importe reembolsado de sus aportaciones al capital social (artículo 15.4 Ley 27/1999, de 16
de julio, de Cooperativas).* En los supuestos de cooperativas el reembolso de las aportaciones al capital social en caso de baja
se puede retrasar hasta cinco años (artículo 51.1 Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas).La conclusión es obvia, con ello intentan superar la aplicación de los artículos 82 a 91 del Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias y el Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, sobre
Protección de los Consumidores en cuanto a la información a suministrar en la Compraventa y Arrendamiento
de Viviendas. El fin es conseguir desfigurar y desvirtuar la relación entre un vendedor y un comprador para, por
un lado, no asumir las responsabilidad que le son inherentes al primero y, por otro, anular los derechos que le corresponden al segundo.
STS Sala 1ª, de 21 de junio de 1999
STS Sala 1ª, de 19 de noviembre de 1997
3 STS Sala 1ª, de 16 de diciembre de 2004
4 STS AP Madrid, de 27 de febrero de 2004
5 STC AP Madrid, de 3 de noviembre de 2005
222ANDRÉS VILACOBA RAMOSForo Jurídico nº 1ForoJurídicoNovedades
JurisprudencialesForo Jurídico nº 1NOVEDADES JURISPRUDENCIALES23Presupuesto objetivo. Insolvencia. Acreditación.
Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Oviedo,
de 17 de abril de 2008.
DOCTRINA: La consideración de la existencia de la
insolvencia cuando se constante un estado de iliquidez
persistente en el deudor que impida afrontar pagos sin
recurrir a los medios extraordinarios que comprometan
su patrimonio tales como hipotecas, prendas, etc., lleva
a declarar la existencia del presupuesto objetivo en el
presente caso al haberse manifestado mediante un balance de situación que el patrimonio neto o fondos propios es negativo, que el fondo maniobra era
ampliamente negativo, nula la tesorería, y deducirse
de la lista de acreedores la existencia de una situación
de sobreseimiento general en los pagos. (E.M.S.)
Retribución de los administradores concursales.
Consideración de crédito contra la masa. Concurso
de grupo de empresas.
Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm.1 de Vitoria Gasteiz, de 9 de junio de 2008.
DOCTRINA: De la lectura literal del art. 87.3 LC, los
diversos créditos representativos de los honorarios de
los administradores concursales deben ser computados
en lo referente a cada una de las empresas concursadas,
como créditos contra la masa, contingentes por cuantía
indeterminada. (L.G.P.)
Efectos sobre los contratos. Resolución de contratos, prorrogas y anexos sobre compraventa de finca.
SJPI núm. 7 y de lo Mercantil de Almería, de 30 de
junio de 2008.DOCTRINA: Los presupuestos de hecho para la aplicación de los artículos 61 y 62 LC son distintos, pues
depende del momento del incumplimiento. En este
caso, al ser un contrato de tracto único se aplica el régimen del artículo 61. No hay resolución posible salvo
que la pida el concursado o la administración concursal. La finca objeto de resolución por incumplimiento
de su venta es el principal activo de la concursada, cuya
imposibilidad para su construcción le llevó al concurso.
Declaración de la continuidad del contrato firmado
entre las partes. (M.ª. M.G.L)24Calificación de créditos. Créditos de la Hacienda
Pública. Cálculo del privilegio.
SAP Vizcaya (Sección 4.ª), de 4 de junio de 2008.DOCTRINA: El tribunal mantiene el siguiente criterio a ahora de computar los créditos recogidos en el art.
91.4 LC: al crédito total de un ente público deben ser
descontados los que gocen de un privilegio especial.
Después, de la cantidad resultante se desprenderán los
créditos con privilegio especial ex art. 91.2 LC. Al remanente se detraerán los créditos subordinados del art.
92.3 y 4 LC. Por último, la cantidad sobrante tendrá cabida en el art. 91.4. gozando el 50% de dicha cantidad,
de un crédito con privilegio general y el 50% restante,
de un crédito ordinario. (E.M.S.)Informe de los administradores concursales. Impugnación. Reconocimiento de crédito inicialmente
no computado.
Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de
Palma de Mallorca, de 17 de enero de 2008.
DOCTRINA: Se estima la demanda de incidente concursal en contra del informe de la Administración concursal, al considerar que la existencia de dos facturas de
fecha posterior a la demanda, dado el examen y contabilización del resto de los instrumentos presentados,
determina la calificación de estos créditos como ordinarios, ya que se aprecia que de manera efectiva existe
una deuda por el importe reclamado. (L.G.P)
Conclusión del concurso. Insuficiencia de la masa
Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Madrid,
de 3 de enero de 2008.
DOCTRINA: El artículo 176.1.4.º LC señala que
procederá la conclusión del concurso en cualquier estado del procedimiento, cuando se compruebe la inexistencia de bienes y derechos del concursado ni de
terceros responsables con los que satisfacer a los acreedores. Hay que partir, por tanto, de que aquel artículo
alude como causa de conclusión del concurso a la constatación de un activo con valor cero euros. La pendencia de operaciones de las que se pueda obtener cierta
liquidez impide encontrar sustento legal suficiente
como para acordar dicha conclusión.(A.F.G.)JurisprudenciaNOVEDADES JURISPRUDENCIALESForo Jurídico nº 1SOLICITUD DE SUSPENSIÓN
DE PAGOS POSTERIOR A LA
SOLICITUD DE QUIEBRA.
La suspensión debe pagos merece
un trato prioritario.
Para decidir si debe darse preferencia a la solicitud de suspensión de
pagos o a la quiebra hay que acudir
al factor temporal de la fecha del
Auto de quiebra.
_Auto declarando la quiebra. Presentación posterior de la solicitud
de suspensión. El Auto declaratorio
de quiebra se dictó antes de la solicitud de suspensión, pero no se notificó hasta ocho días después de
que se admitiera la solicitud de suspensión de pagos (fecha de subsanación de dicho escrito).
_Auto declaratorio de quiebra: Notificación tardía. Tampoco se libraron los despachos a la Seguridad
Social y a la Hacienda Pública.
Preferencia de la solicitud de suspensión de pagos: Revocación del
Auto del Juzgado de Primera Instancia. Procede acordar la admisión
a trámite de la solicitud de suspensión de pagos.
Auto de la Sección 3ª de la AP de
Tarragona de 2 de noviembre de
2004 (Rollo 159/2003).Foro Jurídico nº 1JurisprudenciaNOVEDADES JURISPRUDENCIALES25ForoJurídicoNovedades26LegislativasNOVEDADES LESGISLATIVASForo Jurídico nº 1.- Directiva 2008/94, de 22 de octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario (Diario Oficial de
la Unión Europea, de 28 de octubre de 2008).- La Ley Concursal 22/2003 entró en vigor en septiembre de 2004 y ha unificado legislación anterior contenida en la Ley de suspensión de Pagos, el Código de Comercio y la Ley de Enjuiciamiento Civil.Foro Jurídico nº 1LegislativasNOVEDADES LEGISLATIVAS27ForoJurídicoNovedades28BibliográficasNOVEDADES BIBLIOGRÁFICASForo Jurídico nº 1oEfectos del concurso sobre los créditosAutor:Enrique García-Chamón Cervera
Compensación, suspensión del devengo de intereses
e interrupción de la prescripción
1ª Edición / 150 págs.
ISBN10 8498764386; ISBN13 9788498764383
También disponible en formato electrónico*:
Precio: 10,00 €Cuando nos referimos a los efectos del concurso sobre los créditos, hemos de distinguir los que el concursado
tenga contra terceros y los que contra él tengan los acreedores concúrsales. En cuanto a los primeros, no se alteran por la declaración del concurso sino que se integran en la masa activa, se cobran según sean exigibles y no
cambia la naturaleza de la prestación. Sin embargo, los créditos contra el concursado, integrados en la masa pasiva, sí presentan importantes alteraciones. Dentro de estas alteraciones es necesario distinguir, de un lado, los
efectos propios de la declaración del concurso sobre los créditos concúrsales (prohibición de la compensación,
suspensión del devengo de intereses e interrupción de la prescripción) y; de otro lado, los efectos de la liquidación que, a los anteriores, añade los del vencimiento anticipado de los créditos y la conversión en dinero de aquéllos que consistan en prestaciones de otra naturaleza.Tomo XXI Esquemas de Derecho ConcursalAutores: Emilio Beltrán Sánchez, Ana Belén Campuzano Laguillo
Rafael Sebastián, Javier Tortuero
1ª Edición / 187 págs.
ISBN10 8498763541; ISBN13 9788498763546
Precio: 24,90 €El 10 de julio de 2003 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, cuya
entrada en vigor se produjo el 1 de septiembre de 2004, derogándose, entre otras, la Ley de Suspensión d ePagos de 1922. La Ley Concursal puso fin a una de las reformas más largamente esperadas de nuestro ordenamiento jurídico. Se trata de una norma de corte moderno y que aproxima la legislación española a la de los países
de nuestro entorno._Este trabajo lleva a cabo un recorrido a lo largo del articulado de la Ley Concursal. Desde
los principios que la informan, el presupuesto objetivo y subjetivo de la declaración del concurso, hasta su conclusión, pasando por los efectos del concurso, el procedimiento y las soluciones, todo se recoge de manera esquemática, pretendiendo servir de aproximación práctica al estudio del Derecho concursalForo Jurídico nº 1BibliográfiaNOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS29
29Doctrina de los Juzgados de lo Mercantil Sobre la ley
Autor: Juan José Cobo Plana
Abogacía práctica Nº 34
1ª Edición / 453 págs.
ISBN10 8484566110; ISBN13 9788484566113
Precio: 39,00 €«Doctrina de los Juzgados de lo Mercantil sobre la Ley Concursal»es una obra de carácter práctico que recoge
y sistematiza las principales resoluciones dictadas por los Juzgados de lo Mercantil interpretando y aplicando la
Ley Concursal en su primer año de vigencia. Este libro va dirigido a los Jueces de lo Mercantil y Magistrados
que conozcan de los recursos contra sus autos y sentencias, a los Abogados de empresas que se hallen en situación de concurso y a los de sus acreedores y, por supuesto, a los profesionales (Abogados, Auditores de Cuentas, Economistas y Titulados Mercantiles) que hayan sido nombrados Administradores Concúrsales en los
diferentes procesos concúrsales o puedan serlo en el futuro. Todos ellos tienen en este libro una herramienta indispensable para conocer, de forma rápida y sencilla, cuál es la interpretación que los Juzgados de lo Mercantil
de cada una de las provincias españolas están haciendo de los novedosos preceptos de la Ley Concursal.Concurso de Acreedores en el sector de la
Autor:Enrique Sanjuan Muñoz
Promotoras y constructoras. Afectaciones y peculiaridades
1ª Edición / 495 págs.
ISBN10 8498763258; ISBN13 9788498763256
Precio: 69,90 €La perspectiva sectorial del porceso concursal se ha convertido en los últimos meses en algo esencial para los distintos tipos de empresas y patrimonios y tiende a mantenerse en los próximos años. Desde la visión general del
proceso concursal tras la ley 22/2003, de 9 de julio, es necesario particularizar los efectos de la declaración de
concurso en los diferentes ámbitos empresariales y al respecto de las concretas iguras, contratos, instituciones,
y naturalezas que le son propias. La presente obra trata de acercar el maro concursal a los supuestos de la construcción, analizando figuras de refinanciación, contratos típicos, acciones concretas y responsabilidades inherentes
en el proceso concursal de promotoras y constructoras. La seguridad de las operaciones participa de la necesidad de conocimiento de la afectación, entre otros, que puede producir la declaración de concurso de promotor y
constructor.30NOVEDADES BIBLIOGRÁFICASBibliográfiaForo Jurídico nº 1Acción rescisoria concursalAutor:Eduardo Aznar Giner
1ª Edición / 189 págs.
ISBN10 8498763819; ISBN13 9788498763812
Precio: 24,90 €La presente obra tiene por objeto el análisis de la llamada acción rescisona concursa!, una de las novedades introducidas en nuestro sistema legal por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, y que ha supuesto la derogación de la temida retroacción de la quiebra (calificada en la propia exposición de motivos como
sistema«perturbador«). En este sentido, el legislador ha optado por una acción destinada a rescindir actos perjudiciales para la masa activa, prescindiendo o, mejor dicho, objetivizando la existencia de fraude en el acto rescíndible. La Ley flexibiliza y facilita el ejercicio de la acción rescisona concursal con el establecimiento de una
serie de presunciones de perjuicio, legitimando al efecto a la administración concursal y, en su defecto, a los
acreedores del concursado. También mejora, quizás insuficiente, la posición de los adquirentes y subadquirentes de los bienes objeto de rescisión. El Autor, en este libro, analiza los presupuestos para el ejercicio de tal acción, los legitimados para ello y el procedimiento, así como los efectos de la rescisión, atendiendo a la opinión
doctrinal y las sentencias de los Tribunales. Finalmente, se acompañan los formularios más usuales que plantea
el ejercicio de la citada acción.Foro Jurídico nº 1BibliográfiaNOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS31servicios
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