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Timestamp: 2019-02-21 03:46:11
Document Index: 271218398

Matched Legal Cases: ['artículo 23', 'artículo 48', 'Artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'artículo 94', 'artículo 23', 'artículo 276', 'artículo 94', 'artículo 276', 'artículo 41', 'artículo 94', 'artículo 94']

Registro Oficial. 5 de FEBRERO del 2004
Jueves, 5 de Febrero del 2004 - R. O. No. 267
25-224\n Proyecto de\n Ley Reformatoria a la Ley General de Instituciones del Sistema\n Financiero, a la Ley de Reordenamiento en Materia Económica,\n en el Área Tributario-Financiera, a la Ley General de\n Seguros y a la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas
25-225\n Proyecto de\n Ley de Depuración de la Normativa Legal.
ORQUESTA\n SINFÓNICA NACIONAL DEL ECUADOR:
003-007-2003 Establécese un fondo\n de cesantía privado a favor de los servidores y empleados
001-008-2003 Expídese el Reglamento\n para el manejo de los recursos del fondo de cesantía privado\n de los servidores y empleados
0060-03-HD Devuélvese el expediente\n al Juez de origen, para los fines legales consiguientes
0072-03-HD Confírmase la resolución\n venida en grado y recházase el recurso de babeas data\n planteado por el economista José Eduardo Echeverría Feijoo, por improcedente
0074-03-HD Confírmase la resolución\n pronunciada por el Juez Undécimo de lo Civil de Pichincha,\n que desecha el recurso de hábeas data presentado por Alfonso\n Troya Pérez.
0086-03-HC Confírmase la resolución\n subida en grado, dictada por la Segunda Vicepresidenta encargada\n de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito y niégase\n el recurso de hábeas corpus interpuesto por la señora\n María Marlobina Castillo Pena, por improcedente.
0098-03-HC Confírmase la resolución\n pronunciada por la Segunda Vicepresidenta del Concejo Metropolitano de Quito, encargada de la Alcaldía, quien niega el\n recurso de hábeas corpus interpuesto por José Luis\n Muñoz Caicedo.
0653-03-RA Confírmase la resolución\n del Juez de origen y concédese el amparo solicitado por\n el doctor José Manuel López Vintimilla
0663-03-RA Confírmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional\n planteada por el señor Raúl Patricio Salvador Pantoja
0688-RA-2003 Confírmase la resolución\n del Juez de instancia e inadmítese la acción de\n amparo solicitada por Fabio Gonzalo Baquero Lupo.
0699-03-RA Confírmase la resolución\n pronunciada por el Juez Cuarto de lo Civil de Pichincha, que\n rechaza por improcedente el amparo constitucional deducido por\n el doctor Gilber Molina Jácome.
0705-RA-2003 Confírmase la resolución\n del Juez de instancia y concédese el amparo solicitado\n por Arcadio Juan García Rosado
0715-2003-RA Revócase la resolución\n venida en grado y niégase el amparo solicitado por José\n Julio Aguirre Villavicencio.
0743-2003-RA Inadmitir la acción\n interpuesta por Winston Eduardo Pazmiño Sig-Tu y otro.
0745-2003-RA Confírmasela resolución\n expedida por el Juez Tercero de lo Civil de Sucumbíos\n y deséchase la acción de amparo constitucional\n formulada por Carmita de Lourdes Lema y otros
0746-03-RA Confírmase en todas\n sus partes la resolución pronunciada por el Juez Primero\n de lo Civil de Pichincha con asiento en Quito, que rechaza el\n amparo constitucional propuesto por Sandro Vinicio Castillo Luzuriaga
0750-03-RA Revócase la resolución\n del Juez de instancia y niégase el amparo solicitado por\n Nardo Bolívar Iglesias Crespo.
0001-04-HC Confírmase la resolución\n venida en grado y niégase el recurso de babeas corpus\n interpuesto a favor del ciudadano José Jasmani Rojas Mero.
0017-2003-RS Acéptase la apelación\n presentada por el licenciado Luis Mosquera Cobos y declárase\n ilegal la resolución de 17 de noviembre de 2003 adoptada\n por el Consejo Provincial de Loja.
0089-2003-HC Confírmase la resolución\n emitida por el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito (E)\n y niégase el recurso de babeas corpus interpuesto por\n el señor Eduardo Edilfo Navia.
0092-2003-HC Confírmase la resolución\n emitida por el Alcalde del Tena y niégase el recurso de\n babeas corpus interpuesto por el sector Juan Alberto Lucio Ramos
0470-2003-RA Deséchase el amparo\n interpuesto por el tecnólogo Edvy Amikar Ortiz Gallardo\n y confírmase la resolución del Juez Primero de\n lo Civil de Sucumbíos
0647-2003-RA Confírmase la resolución\n venida en grado y niégase el amparo constitucional interpuesto\n por el ingeniero Kléver Ramiro Oviedo Coronado, por improcedente
0654-2003-RA No admitir por improcedente\n el amparo constitucional interpuesto por Milton Edison Ayala\n Bermeo
0674-2003-RA Concédese parcialmente\n el amparo interpuesto por el señor Jorge Stalin Ávila\n Paredes y revócase la resolución del Juez Octavo\n de lo Civil del cantón La Troncal
0689-2003-RA Concédese el amparo\n interpuesto por el doctor José Julián Varas Gavilanes\n y confírmase la resolución del Juez Décimo\n Sexto de lo Civil del cantón Salinas
0709-2003-RA Confírmase la resolución\n del Juez de instancia y niégase el amparo constitucional\n propuesto por el ingeniero Víctor Manuel Guamán\n Guerrero
0732-2003-RA Confírmase la resolución\n subida en grado y niégase el amparo constitucional interpuesto\n por Jorge Fernando Velásquez
0733-2003-RA Confírmase la resolución\n del Juez de instancia y niégase el amparo constitucional\n propuesto por la licenciada Ángela María Guerrero\n Mortola.
- A\n la publicación de la Resolución No 221 del\n Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, (CQMEXI), efectuada\n en el Registro Oficial No 246 del 7 de enero del.71\n \n
\n GENERAL DE INSTITUCIO-
\n NES DEL SISTEMA FINAN-
\n CIERO, A LA LEY DE REOR-
\n DENAMIENTO EN MATERIA
\n ECONÓMICA. EN EL ÁREA
\n TRIBUTARIO - FINANCIERA, A
\n LA LEY GENERAL DE
\n SEGUROS Y A LA LEY PARA
\n LA REFORMA DE LAS
\n FINANZAS PUBICAS".
CÓDIGO:	25-224.
AUSPICIO:	NG. ALEJANDRO MALDONADO, SUPERINTENDENTE
\n DE BANCOS Y SEGUROS.
COMISIÓN: DE LO TRIBUTARIO,\n FISCAL Y BANCARIO.
\n INGRESO: 06-01-2004.
\n A COMISIÓN:	16-01-2004.
De conformidad con la disposición del artículo\n 145 de la Constitución Política de la República,\n el Superintendente de Bancos y Seguros está facultado\n para presentar proyectos de ley en materias que correspondan\n a sus atribuciones específicas.
Es necesario que la Ley General de Instituciones del Sistema\n Financiero, que rige el funcionamiento de la Superintendencia\n de Bancos y Seguros, sea reconocida en forma expresa como Ley\n Orgánica. Evitar que la figura del Consejo Temporal de\n Liquidación, presidido por un representante del Presidente\n de la República, vulnere la autonomía de la Superintendencia\n de Bancos y Seguros, consagrada en la Constitución. Que\n la calificación de riesgo a las instituciones del sistema\n financiero sea anual y no trimestral. Igualmente se propone la\n reforma del artículo 23 de la Ley General de Seguros y\n del artículo 48 de la Ley para la Reforma de las Finanzas\n Públicas.
Los motivos expuestos otorgan una clara fundamentación\n jurídica al Proyecto de Ley Reformatoria que se somete\n a consideración del Congreso Nacional.
NOMBRE:	"DEPURACIÓN DE LA
CÓDIGO:\n 25-225.
\n INGRESO:	09-01-2004.
\n A COMISIÓN: 16-01 -2004.
En ejercicio de sus facultades constitucionales, la Comisión\n de Legislación y Codificación, presenta al Congreso\n Nacional el presente Proyecto de Depuración de la Normativa\n Legal, cuyo objetivo es la derogatoria expresa de varios cuerpos\n legales que subsisten en el ordenamiento jurídico a pesar\n de que se hallan abrogados o en desuso.
Al 21 de octubre del 2003, el Ecuador cuenta con un total\n aproximado de 125.670 normas de diversa jerarquía, lo\n que trae consigo inseguridad jurídica y confusión\n de la normativa legal vigente. Por ello, es tarea fundamental,\n improrrogable y urgente, realizar la depuración del derecho\n positivo ecuatoriano.
Considerando la extrema complejidad de la depuración\n del derecho positivo ecuatoriano, se ha realizado una primera\n revisión del ordenamiento jurídico dando como resultado\n la presente propuesta para que se deroguen expresamente 206 cuerpos\n normativos.
No. 003-007-2003
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ORQUESTA
\n SINFÓNICA NACIONAL DEL ECUADOR
Que es deber de las instituciones del Estado reconocer a todos\n sus servidores que se separen, un justo estímulo económico;
Que diferentes entidades y organismos públicos han\n establecido, a favor de sus servidores el fondo de cesantía\n privado;
Que la Orquesta Sinfónica Nacional cuenta con recursos,\n parte de los cuales pueden destinarse al fondo de cesantía\n privado; y,
Artículo 1.- Establecer un fondo de cesantía\n privado a favor de los servidores y empleados de la Orquesta\n Sinfónica Nacional que laboran bajo la modalidad de nombramiento\n y contrato.
Articuló 2.- Constituirán recursos del fondo\n de cesantía privado, los siguientes:
a) El aporte inicial de la Orquesta Sinfónica Nacional,\n equivalente a 1.5 veces la base de aportación general,\n integrada por la suma mensual del sueldo básico, comisariato,\n bonificación por años de servicio y bonificación\n por responsabilidad de cada servidor o empleado;
b) El aporte mensual obligatorio de cada servidor o empleado\n equivalente al 3% de la base de aportación general;
c) El aporte mensual de la Orquesta Sinfónica Nacional\n equivalente al 6% de la base de aportación general, de\n cada servidor o empleado;
Artículo 3.- El aporte de la Orquesta Sinfónica\n Nacional a partir de enero del 2004, será con cargo a\n los recursos de autogestión, siempre que se cuente con\n la respectiva aprobación presupuestaria.
Este aporte, por una eventual falta de disponibilidad de recursos,\n podrá ser menor al porcentaje indicado en el literal c)\n del artículo segundo de la presente resolución,\n lo que será determinado por el Departamento Financiero\n de la Orquesta Sinfónica Nacional.
Artículo 4.- Los aportes individuales obligatorios\n de los servidores serán descontados mensualmente y en\n forma automática por la Unidad Financiera, a partir del\n subsiguiente mes al de expedición de la presente resolución.
Artículo 5.- Tendrán derecho al fondo de cesantía\n privado los servidores que cumplan con los siguientes requisitos:\n
a) Haber laborado en la Orquesta Sinfónica Nacional\n por lo menos dos anos consecutivos; y,
Artículo 6.- La cuenta individual de cada servidor\n o empleado estará conformada por la sumatoria de los siguientes\n rubros:
a) El aporte inicial al fondo de cesantía privado\n asignado por la Orquesta Sinfónica Nacional a cada servidor\n o empleado;
e) Los saldos no entregados a los servidores o empleados\n que se separen antes de cumplir dos años de servicio en\n la Orquesta Sinfónica Nacional, divididos proporcionalmente\n respecto del patrimonio de cada uno; y,
f) Las eventuales donaciones en efectivo, divididas proporcionalmente\n al patrimonio de cada uno de los servidores o empleados.
Artículo 7.- El rendimiento mensual asignado a la cuenta\n individual, será el resultado de multiplicar el rendimiento\n total neto obtenido por el fondo de cesantía privado en\n el mes, por un factor individual.
El rendimiento total neto será igual al rendimiento\n total bruto menos los gastos que demande la administración\n del fondo de cesantía privado.
Artículo 8.- La cuantía del beneficio de cesantía\n para cada servidor o empleado está determinado por el\n saldo de la cuenta individual a la fecha de pago.
Artículo 9.- Si un servidor o empleado se separare\n de la Orquesta Sinfónica Nacional antes de los dos años\n de trabajo ininterrumpido en la entidad, tendrá derecho\n a que se le devuelva todo el valor de sus aportaciones personales\n efectuadas a la cuenta individual del fondo de cesantía\n privado.
Artículo 10.- En caso de fallecimiento de un servidor\n o empleado que tenga derecho al fondo de cesantía privado,\n se otorgarán los beneficios correspondientes a sus herederos.
Artículo 11.- Si concedido el beneficio de cesantía,\n el servidor reingresare a la Orquesta Sinfónica Nacional,\n se tomará en cuenta para este beneficio, solamente el\n nuevo periodo de aportaciones a este fondo.
Artículo 12.- El fondo de cesantía privado será\n administrado por un Directorio integrado de la siguiente manera:
a) El Presidente de la Junta Directiva de la Orquesta Sinfónica\n Nacional, quien lo presidirá;
b) El Director Ejecutivo, o quien haga sus veces; y,
c) El Presidente de la Asociación de Servidores y\n Empleados de la Orquesta Sinfónica Nacional.
Actuará como Secretario el Director Ejecutivo de la\n Orquesta Sinfónica Nacional.
Las decisiones se tomarán por mayoría de votos,\n tendrá voto dirimente el Presidente del Directorio.
Artículo 13.- El Directorio designado queda autorizado\n para realizar las inversiones de los recursos del fondo de cesantía,\n con criterio de la más alta seguridad y rentabilidad.
Artículo 14.- El manejo de los recursos se regirá\n al reglamento que para el efecto emitirá la Junta Directiva\n de la Orquesta Sinfónica Nacional.
Artículo 15.- La presente resolución entrará\n en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin\n perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Comuníquese, Quito D.M., a los tres días del\n mes de julio del año dos mil tres.
f.) Dr. Eduardo Puente, Presidente, Junta Directiva, Orquesta\n Sinfónica Nacional.
f.) Dr. Miguel López, representante Ministerio de Economía\n y Finanzas.
f.) Prof. Adolfo Cilio, representante, SEDAM Musical.
f.) Ledo. Wilson Medina, representante. Cuerpo Musical.
f.) Prof. Patricio Baca, Director Ejecutivo, Secretario, Junta\n Directiva.
La presente copia es igual al original que reposa en el archivo\n de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y a la cual\n me remito en caso de ser necesario.
f.) Dr. Hernán Vásquez N., Director Ejecutivo,\n Secretario, Junta Directiva, Orquesta Sinfónica Nacional.
No. 001-008-2003
Que mediante Resolución No. 001-008-2003 del 18 de\n julio del 2003, se establece el fondo de cesantía a favor\n de los servidores y empleados de la Orquesta Sinfónica\n Nacional;
Que el manejo de los recursos debe estar en conformidad con\n el reglamento que para el efecto debe emitirse; y,
EXPEDIR EL SIGUIENTE REGLAMENTO PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS\n DEL FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES Y EMPLEADOS\n DE LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL.
\n ASPECTOS GENERALES
Artículo 1.- DEL INGRESO AL FONDO.- Los servidores\n y empleados de la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la\n modalidad de contrato o nombramiento a la fecha de emitida la\n Resolución No. 003-007-2003, participarán en el\n fondo de cesantía a partir de septiembre del 2003, mientras\n que los nuevos servidores y empleados desde el mes en que se\n les reconozca su primer sueldo completo.
Artículo 2.- APORTES INICIALES Y MENSUALES.-
El aporte inicial de la Orquesta Sinfónica Nacional\n será 1.5 veces el monto base de aportación general\n de cada servidor y mensualmente el equivalente al 6% de dicha\n base. El servidor o empleado, a su vez aportará mensualmente\n el equivalente al 3% de la base de aportación, constante\n en la resolución que establece el fondo de cesantía.
Artículo 3.- CUENTAS INDIVIDUALES.- El fondo de cesantía\n se llevará en cuentas individuales para cada uno de los\n servidores; para aquellos que laboran menos de dos años\n en la institución se mantendrán en dos cuentas\n separadas:
una para aportación de la Orquesta Sinfónica\n Nacional y la otra para la aportación individual. Luego\n de concluido el segundo año, estas cuentas se fusionarán\n en una sola.
Artículo 4.- SALDOS NO ENTREGADOS." Los valores\n de las cuentas de aportación de la Orquesta Sinfónica\n Nacional incluido su rendimiento, de los funcionarios que cesan\n en sus funciones antes de los dos años de servicio, constituirán\n recursos del fondo y serán divididos a favor de las demás\n cuentas individualizadas, en forma proporcional a su monto capitalizado.
Artículo 5.- SUSPENSIÓN TEMPORAL.- En caso de\n que algún funcionario o empleado de la Orquesta Sinfónica\n Nacional por cualquier causa, en forma temporal no percibiere\n remuneración de la Orquesta Sinfónica Nacional,\n podrá aportar voluntariamente el valor correspondiente\n al aporte de la Orquesta Sinfónica Nacional e individual\n por el tiempo que dure la suspensión previa autorización\n del Presidente del Directorio.
Artículo 6.- RENDIMIENTO.- El rendimiento mensual asignado\n a la cuenta individual, no podrá ser menor al rendimiento\n referencial de la tasa pasiva que emite mensualmente el Banco\n Central del Ecuador.
Artículo 7.- GARANTÍA.- El fondo de cesantía\n privado podrá servir de garantía para los anticipos\n de bonos trimestrales, hasta por el valor acumulado de la cuenta\n de cada servidor.
\n DE LAS INVERSIONES
Artículo 8.- Bajo el criterio de seguridad y rentabilidad,\n el Directorio del fondo de cesantía diversificará\n las inversiones del mismo, en instituciones financieras reconocidas\n legalmente por la Superintendencia de Bancos, o en documentos\n de rentabilidad fija emitidos por el Estado.
\n EL PAGO DE LA CESANTÍA
Artículo 9." Una vez que un servidor o empleado\n dejare de pertenecer a la Orquesta Sinfónica Nacional,\n para el pago de la cesantía, la Unidad de Recursos Humanos\n enviará al Tesorero la copia certificada del acuerdo o\n acción de personal, que acredite haber cesado en sus funciones.
Artículo 10.- El Tesorero entregará el monto\n capitalizado individual del ex empleado o ex servidor, previa\n autorización del Presidente del Directorio.
Artículo 11.- El plazo para el pago del fondo de cesantía\n no podrá ser mayor a treinta días, contados a partir\n de la fecha de salida del servidor.
Artículo 12.- Si se produjeren salidas masivas, los\n pagos individuales del fondo de cesantía se realizarán\n en función de la liquidez del fondo.
Artículo 13.- En caso de fallecimiento de un servidor\n que tenga derecho al fondo de cesantía privado, los beneficios\n corresponden a sus herederos en el orden de prelación\n previsto en la ley, previa resolución judicial.
\n DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES
Artículo 14.- El fondo de cesantía privado será\n administrado por un Directorio integrado de la siguiente manera:\n
Los miembros del Directorio podrán designar por escrito\n sus delegados, quienes deberán ser funcionarios o empleados\n de la Orquesta Sinfónica Nacional.
Las decisiones se tomarán por mayoría, tendrá\n voto dirimente el Presidente del Directorio.
Artículo 15.- Son atribuciones y deberes del Directorio\n del fondo de cesantía:
a) Aprobar las inversiones del fondo de cesantía;
b) Aprobar los estados financieros y conocer otros informes\n que estime necesarios;
c) Presentar anualmente a los miembros del fondo en asamblea,\n un informe sobre el manejo del mismo;
d) Aplicar lo establecido en este reglamento;
e) Responder civil y penalmente por el uso y manejo de los\n recursos del fondo de cesantía; y,
f) Las demás que fueren convenientes para la administración\n del fondo.
Artículo 16.- Son atribuciones y deberes del Presidente\n del Directorio:
a) Representar legal, judicial, extrajudicial y administrativamente\n al fondo de cesantía privado de la Orquesta Sinfónica\n Nacional;
b) Cumplir y hacer cumplir la resolución de su creación,\n el presente reglamento y las resoluciones del Directorio; y,
c) Autorizar al Tesorero/a, el pago de cesantía de\n los ex - servidores que hayan cumplido con los requisitos.
Artículo 17.- Son atribuciones y deberes del Tesorero/a:
a) Solicitar a la Orquesta Sinfónica Nacional los\n valores correspondientes a los aportes del fondo de cesantía\n y retener los aportes individuales que serán acreditados\n en la cuenta corriente especial abierta para el manejo del fondo;
b) Informar trimestralmente al Directorio sobre la evaluación\n del fondo de cesantía;
c) Llevar la contabilidad del fondo y la información\n financiera que sea requerida;
d) Llevar en forma independiente, la custodia y archivo de\n los documentos referentes al fondo de cesantía; y,
e) Presentar toda la información en caso de auditorías\n y exámenes necesarios.
DE LA DISOLUCIÓN Y TERMINACIÓN DEL
\n FONDO DE CESANTÍA
Artículo 18.- La disolución y liquidación\n se ejecutará por una de las siguientes causales:
a) Por una eventual extinción de la institución;\n y,
b) Por resolución de no aportación de los servidores\n y empleados tomada en los dos tercios de votos favorables.
\n VIGENCIA
Artículo 19.- La presente resolución entrará\n en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin\n perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Comuníquese, Quito D.M., a los diez y ocho días\n del mes de julio del año dos mil tres.
f.) Dr. Miguel López, representante. Ministerio de\n Economía y Finanzas.
f.) Mtro. Gerald Brown, Director titular.
f.) Prof. Adolfo Cilio, representante, SEDAM.
Magistrado ponente: Dr. Miguel Camba Campos
No. 0060-03-HD
En el caso seguido No. 0060-03-HD
El señor Wilian Ludeña Celi, Gobernador de la\n provincia de Loja, comparece ante el Juzgado Primero de lo Civil\n de Loja, y deduce recurso constitucional de babeas data en contra\n del Alcalde y procurador síndico del cantón Loja,\n y en la persona a cuyo cargo se encuentra el registro»\n bancos de datos o archivos Ing. Diego Guerrero, Jefe de la Unidad\n Municipal de Tránsito y Transporte Terrestres.- El accionante\n en lo principal manifiesta:
Que mediante convenio de transferencia de funciones, celebrado\n el 11 de mayo de 1999, entre el Consejo Nacional de Tránsito\n y el Concejo Municipal de Loja, se transfirieron a este último,\n las funciones de "organizar, planificar y regular",\n el tránsito y transporte terrestre urbano en la ciudad\n de Loja.- Con Resolución No. 014-DIR-2003- CNTTT de 15\n de junio de 2003, el Consejo Nacional de Tránsito, resuelve:\n "Suspender provisionalmente por el lapso de 90 días\n el convenio de transferencia de funciones al Concejo Cantonal\n de Loja, y se nombre una Comisión
\n integrada por los señores vocales de este organismo, incluyendo\n un delegado del cabildo de la referida ciudad, a fin de investigar\n supuestas irregularidades que seguirán cometiendo por\n parte del señor Alcalde de Loja, y elaborar un informe\n para conocimiento y resolución del Directorio del Consejo\n Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre".
Que el Consejo Provincial de Tránsito y Transporte\n Terrestres de Loja, mediante resolución de 21 de julio\n del 2003 considerando: "...3.- Que en vista de que los trámites\n que normalmente realizan los transportistas urbanos de la ciudad\n de Loja, no pueden quedar paralizados ni en suspenso por el lapso\n de 90 días, que se suspende el convenio de transferencia\n de funciones, sin que exista Organismo o Autoridad competente\n para conocer y resolver los trámites administrativos,\n siendo este un derecho constitucional consagrado en el numeral\n 23 numeral 7.4.- Que la Ley de Tránsito y su Reglamento,\n reconoce como Organismo de Tránsito al Consejo Nacional\n de Tránsito, al Consejo Provincial de Tránsito,\n a la Dirección Nacional de Tránsito, a la Jefatura\n Provincial de Tránsito, cuyas atribuciones y deberes,\n están expresamente señaladas en los cuerpos de\n leyes antes indicadas. En uso de sus atribuciones legales; RESUELVE:\n 1.- Dar cumplimiento a lo que establece la Lev de Tránsito\n v su Reglamento, y asumir las funciones de organización,\n planificación v del tránsito urbano en la ciudad\n de Loja en todas las modalidades (lo resaltado es nuestro). 2.-\n Notificar al señor Alcalde del Cantón Loja, al\n Jefe de la Unidad Municipal de Tránsito, a la Policía\n Nacional y a la Jefatura Provincial de Tránsito de Loja,\n de la vigencia de la Ley, en base a la Resolución No.\n 014-DRI-2003-CNTTT referida y a la presente resolución.\n 3.- Solicitar al señor Alcalde del Cantón Loja,\n confiera copia certificada de toda la documentación base\n de las empresas de transporte urbano de la ciudad de Loja, de\n conformidad a lo que establece la Ley de Modernización\n del Estado. 4.- Comunicar a todas las organizaciones de transporte\n urbano de la ciudad de Loja y a la ciudadanía en general,\n que realicen los trámites correspondientes en las oficinas\n del Consejo Provincial de Tránsito y Transporte Terrestre\n de Loja (lo resaltado es nuestro)... "sic.
Que todas las notificaciones que constan en la mencionada\n resolución, fueron entregadas a las autoridades señaladas.-\n En varias declaraciones públicas a los medios de comunicación\n (radio, prensa y televisión), el señor José\n Bolívar Castillo Vivanco, Alcalde del cantón Loja,\n con una actitud vesánica, con claro y franco abuso de\n poder, demostrando un irrespeto al orden constituido, ha manifestado\n de que no entregará la documentación y que seguirá\n manejando el transporte.- Todos estos hechos relatados, atenían\n los derechos civiles de quienes habitan en el cantón Loja,\n reconocidos y garantizados en la Constitución en el artículo\n 23 numeral 7.
Fundamenta su acción basado en el artículo 94\n de la Constitución Política de la República,\n y en los artículos 34 al 45 de la Ley de Control Constitucional,\n por lo que solicita se disponga que la I. Municipalidad de Loja,\n a través de la Unidad Municipal de Tránsito y Transporte\n Terrestres, presente y conceda la siguiente documentación,\n información y archivos, relacionados con las cooperativas,\n compañías y empresas de transporte de la ciudad\n de Loja, referente: 1.- Toda la documentación que sirvió\n de base, para la concesión de constituciones jurídicas.\n 2.- Toda la documentación que sirvió de base, para\n la concesión de permisos de operación. 3.- Toda\n la documentación que sirvió de base, para la concesión\n de incrementos de cupos. 4.- Toda la documentación que\n sirvió de base para la concesión de rutas y frecuencias.\n 5.- Toda la documentación que sirvió de base, para\n la autorización de cambios de socios. 6.- Toda la documentación\n que sirvió de base, para la autorización de cambios\n de unidad.
En la audiencia pública, celebrada el 21 de agosto\n de 2003, ante el Juez a quo, la parte demandada a través\n de su abogado defensor entre otras cosas manifiesta; que el organismo\n en donde reposan los documentos solicitados es la Unidad Municipal\n de Tránsito y Transporte Terrestres; pese a que el presente\n recurso de hábeas data es impreciso, oscuro e inadmisible;\n en lo principal la documentación que posee la Unidad Municipal\n de Tránsito, es la de los socios
\n de las diferentes compañías de transporte terrestre,\n y en la especie de la presente acción de hábeas\n data, la solicita un tercero, con la finalidad de causar daño,\n afectar al honor y en general para su utilización maliciosa;\n por lo que el presente recurso de hábeas data es inadmisible\n e improcedente, por la forma y por el fondo; por lo que solicita\n el rechazo de la presente acción y el archivo del mismo.\n El actor por medio de su abogado defensor, entre otras cosas,\n se ratifica en todo lo antedicho en su demanda.
El Juez Primero de lo Civil de Loja resuelve, aceptar el presente\n recurso de hábeas data, por considerar que el accionante,\n en su calidad, de Gobernador de la provincia de Loja, en la audiencia\n y los fundamentos de la demanda principal, se desprende que sus\n fundamentos son legales, toda vez que la parte demandada ha contravenido\n lo dispuesto en el artículo 23 ordinal 7 de la Constitución\n Política de la República, al no conceder las copias\n de los documentos solicitados, y por varias ocasiones como consta\n en la demanda principal.
Que el Tribunal Constitucional, de acuerdo con el numeral\n 3 del artículo 276 de la Constitución Política\n de la República, es competente para conocer y resolver\n el presente caso;
Que no se ha omitido solemnidad sustancial alguna, que pueda\n incidir en la resolución de la presente causa, por lo\n que se declara su validez;
Que el artículo 94 de la Constitución Política\n de la República, consagra la garantía del derecho\n al hábeas data; según el cual, toda persona tiene\n derecho a acceder a los documentos, bancos de datos e informes\n que sobre sí misma o sobre sus bienes, constan en entidades\n públicas o privadas, así como a conocer el uso\n que se haga de ellos y su propósito. Se puede solicitar\n al funcionario correspondiente, la actualización de\n los datos o su rectificación, eliminación o anulación,\n si fueren erróneos o afectaren ilegítimamente sus\n derechos;
Que el hábeas data, de acuerdo con el artículo\n 35 de la Ley de Control Constitucional, tiene por objeto obtener\n del poseedor de la información que éste le proporcione\n al recurrente, en forma completa, clara y verídica; obtener\n el acceso directo a la información; obtener de la persona\n que
\n posee la información que la rectifique, elimine o no la\n divulgue a terceros; y, obtener certificaciones o verificaciones,\n sobre que la persona poseedora de la información la ha\n rectificado, eliminado, o no lo ha divulgado;
Que esta garantía constitucional, se constituye en\n un medio por el cual se protege el honor, la dignidad, el buen\n nombre o buena reputación de la persona, o de sus bienes;\n establece el derecho para solicitar al poseedor la actualización\n de datos o su rectificación, eliminación o anulación\n si fueren erróneos;
Que el accionante, a través de este recurso de hábeas\n data, pretende que se presenten y se concedan documentos, información\n y archivos relacionados con las cooperativas, compañías\n y empresas de transporte de la ciudad de Loja;
Que el señor Juez Primero de lo Civil de Loja, resolvió\n conceder el recurso de hábeas data, y, al haberlo concedido,\n no procedía la apelación de la parte accionada,\n por mandato del numeral 3 del artículo 276 de la Constitución\n Política de la República, en concordancia con el\n artículo 41 inciso cuarto, de la Ley de Control Constitucional,\n que indican que la resolución que niega el hábeas\n data, será susceptible de apelación ante el Tribunal\n Constitucional;
Que de conformidad con las normas constitucionales y legales\n antes anotadas, solamente cabe la apelación cuando la\n resolución del inferior niega el recurso de hábeas\n data, mas no cuando se acepta, como en el presente caso. Consecuentemente\n está mal concedido el recurso de apelación por\n parte del Juez;
Que la garantía constitucional del hábeas data,\n no se encuentra instituida como un mecanismo, que reemplace los\n procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico;
Que por las consideraciones expuestas, y no siendo el presente\n caso susceptible de apelación, no se hace necesario seguir\n con el análisis de la presente causa,
Devolver el expediente al Juez de origen, para los fines legales\n consiguientes. Notifíquese.
f) Dr. Rene de la Torre Alcívar, Presidente - Vocal,\n Primera Sala.
f.) Dr. Miguel A. Camba Campos, Primera Sala.
f.) Dr. Millón Burbano Bohórquez, Magistrado\n - Vocal, Primera Sala.
RAZÓN.- Siento por tal, que la resolución que\n antecede, fue discutida y aprobada por tos magistrados de la\n Primera Sala del Tribunal Constitucional, a los veintidós\n días del mes de enero de dos mil cuatro.-Lo certifico.
Magistrado - Vocal,
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del\n original.- Quito, a 29 de enero de 2004.- f.) Secretario de la\n Sala.
No. 0072-03-HD
Magistrado ponente: Dr. Miguel Camba\n Campos
En el caso seguido No. 0072-03-HD
El economista José Eduardo Echeverría Feijoo,\n comparece ante el Juzgado Primero de lo Civil de Pichincha, y\n deduce recurso constitucional de hábeas data, en contra\n del señor Celso Eduardo González Nájera,\n Gerente General del Banco Sudamericano S.A. El accionante en\n lo principal manifiesta:
Que de conformidad con la Ley General de Instituciones del\n Sistema Financiero, el Banco Sudamericano a través de\n firma autorizada emite el depósito a plazo, signado con\n el Nro. 1176-98, a favor del CONUEP (Consejo Nacional de Universidades\n y Escuelas Politécnicas), por la cantidad de (509,684,444.00)\n quinientos nueve millones, seiscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos\n cuarenta y cuatro sucres.
Que el 23 de noviembre del año 1998, el compareciente\n José Echeverría Feijoo, en su calidad de Director\n Financiero del CONUEP, supuestamente remite una comunicación\n al Banco Sudamericano, en la que entre otras cosas se solicita\n lo siguiente: "por la presente solicito a Ud. La Precancelación\n del Certificado de Depósitos a Plazo Nro. 1176-98 a 370\n días veto 99-07-06.."
Que amparado en el artículo 94 de; la Constitución\n Política de la República solicita: 1.- La entrega\n del original de la comunicación remitida a dicha institución,\n el 23 de noviembre del año de 1998, supuestamente suscrita\n por el Ec. José Echeverría Feijoo, Ex - Director\n Financiero del
\n CONUEP.- 2.- La entrega del original del documento que contenga,\n la aceptación del representante legal del CONUEP en la\n que haya autorizado, la supuesta precancelación del depósito\n a plazo fijo, referido en el antecedente dos de esta petición,\n a favor del compareciente
\n Ec. José Echeverría.
En la audiencia pública celebrada ante el Juez a quo,\n el actor entre otras cosas, se ratifica en los fundamentos de\n hecho y de derecho de su recurso de hábeas data; y, que\n pese a encontrarse legalmente notificado el Gerente General del\n Banco Sudamericano S.A., no ha comparecido, ante lo cual solicita\n se declare con lugar su recurso.
El Juez Primero de lo Civil de Pichincha resuelve, rechazar\n la acción de hábeas data, por cuanto considera\n que el actor en su demanda, solicita la entrega de los originales\n de la comunicación, remitida el 23 de noviembre de 1998,\n y del documento que contenga la aceptación del representante\n legal del CONUEP, requerimiento, que no está contemplado\n en el Art. 94 de la Constitución Política del Ecuador,\n ni en los artículos 34 y 35 de la Ley de Control Constitucional,\n disposiciones que claramente ordenan el acceso a los documentos\n e información de los mismos, y en ningún caso la\n entrega de los originales como demanda el recurrente.
Que el artículo 94 de la Constitución Política\n de, la República, consagra el derecho de toda persona,\n para acceder "o los documentos, banco de datos e informes\n que sobre sí misma, o sus bienes consten en entidades\n públicas o privadas, así como a conocer el uso\n que se haga de ellos y su propósito", de ello se\n advierte que la persona natural o jurídica, está\n facultada para requerir del poseedor de la información,\n que diga relación a ella, le sea entregada en los términos\n que establece la norma constitucional;
Que el hábeas data, de acuerdo con el artículo\n 35 de la Ley de Control Constitucional, tiene por objeto obtener\n del poseedor de la información que éste le proporcione\n al recurrente, en forma completa, clara y verídica; obtener\n el acceso directo a la información; obtener de la persona\n que posee la información que la rectifique, elimine o\n no la divulgue a terceros; y, obtener certificaciones o verificaciones,\n sobre que la persona poseedora de la información la ha\n rectificado, eliminado, o no lo ha divulgado;
Que el accionante, a través de este recurso de hábeas\n data, pretende que se le entreguen los originales de la comunicación\n de 23 de noviembre de 1998, supuestamente suscrita por él\n y el documento que contenga la aceptación del representante\n legal del CONUEP;
Que el hábeas data tiene por objeto que la persona\n demandante, pueda tener acceso a la información que versa\n sobre sí mismo o sobre sus bienes; en la especie, de la\n revisión del expediente se desprende, que a fojas 2 consta\n una compulsa del documento, que está solicitando que se\n lo entregue.- Según el propio accionante en la audiencia\n realizada ante el Juez inferior manifestó: "...La\n acción de habeos data en este caso, tiene por objeto que\n el Banco Sudamericano a través de su representante legal,\n entregue el documento original a efectos de practicar una pericia\n del documento, pues la firma que aparece en éste no corresponde\n a mi autoría, los rasgos caligráficos distan mucho\n de los que el compareciente realiza, y como bien es conocido\n por Ud., señor Juez, la pericia se realiza en documentos\n originales y no en copias... "',
Que como lo ha dicho este Tribunal en numerosas ocasiones,\n la acción de hábeas data no se encuentra prevista\n en la Constitución, como un mecanismo que reemplace procedimientos\n y atribuciones establecidos en el ordenamiento jurídico;\n en el presente caso, el accionante tiene la vía expedita,\n a través de la justicia ordinaria y mediante juicio de\n exhibición de documentos, o dentro del mismo juicio de\n peculado, que dice el accionante se le ha seguido en su contra;
Que por las consideraciones expuestas, y no siendo el presente\n recurso susceptible de hábeas data, no se hace necesario\n seguir con el análisis de la presente causa; y,
1.- Confirmar la resolución venida en grado, en consecuencia\n rechazar el recurso de hábeas data, planteado por el Ec.\n José Eduardo Echeverría Feijoo, por improcedente.
2.- Dejar a salvo los derechos del accionante, para que los\n haga valer en la vía pertinente.
3.- Devolver el expediente al inferior para los fines legales\n pertinentes.
f.) Dr. Rene de la Torre Alcívar, Presidente, Primera\n Sala.
f.) Dr. Milton Burbano Bohórquez, Vocal, Primera Sala.
RAZÓN.- Siento por tal que la resolución que\n antecede, fue discutida y aprobada por la Primera Sala del Tribunal\n Constitucional, a los veintidós días del mes de\n enero de dos mil cuatro.- Lo certifico.
Magistrado ponente: Doctor Rene de la Torre Alcívar
No. 0074-03-HD
En el caso signado con el No. 0074-03-HD
El señor Alfonso Troya Pérez, comparece ante\n el Juez de lo Civil de Pichincha, y deduce acción de hábeas\n data e indica:
Que de conformidad con la declaración juramentada que\n acompaña, que se encuentra dictada ante el Notario Cuarto\n del cantón Quitó, declara ser heredero de sus padres\n causantes María Rufina Pérez y Manuel Troya Vega,\n al fallecer su madre quedó como heredero universal de\n sus
\n bienes ubicados en el sector Rumihuayco, Quinta la Concepción\n de la parroquia de Tumbaco, cantón Quito, y por derecho\n de representación de sus abuelos Venancio Pérez\n y María Vega.
Que al haber quedado un predio grande indiviso de una extensión\n de diez hectáreas, lo han reivindicado a la Comuna Leopoldo\n Chávez, pero al reivindicar a pesar de haber realizado\n la inspección del bien, ahora está en posesión\n del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el que ha puesto\n guardianía, seguridades, medidas que no se justifican\n porque son predios que le corresponden al accionante.
Que como han solicitado exhibición, se presentaron\n escrituras pero ninguna tiene relación a los predios y\n el IESS, trata de ocultar información, por lo que de conformidad\n con el Art. 94 de la Constitución Política de la\n República, interpone recurso de babeas data, para que\n el Director del IESS, entregue los documentos y banco de datos\n que le corresponden al accionante, ya que se trata de sus derechos\n que se encuentran confundidos.
Que los documentos a ser entregados mediante el hábeas\n data, son los siguientes: a) Escritura otorgada a favor del IESS,\n por parte de Venancio Pérez y María Vega, dueños\n de la Quinta la Concepción; b) Predio vendido a favor\n del IESS, por parte de Rufina Pérez y Manuel Troya Vega;\n y, c) Plano de los predios adquiridos por el IESS, dentro de\n la jurisdicción de la Quinta La Delicia, auto de adjudicación\n mediante sentencia, catastro con la compañía de\n seguridad.
Que en la audiencia pública realizada ante el Juez\n Undécimo de lo Civil de Pichincha, las partes representadas\n por sus defensores, han realizado exposiciones tendentes a demostrar,\n el actor para qué ha deducido la acción, y el demandado\n a desvirtuar los pedidos formulados por el accionante, que distorsionan\n el recurso constitucional de hábeas data.
Que el Juez Primero de lo Civil de Pichincha, en la resolución\n pronunciada el 1 de diciembre de 2003, desecha el recurso de\n hábeas data presentado por Alfonso Troya Pérez,\n dejando a salvo los derechos del recurrente, para iniciar la\n acción legal y en debida forma que le corresponda;
y, luego concede el recurso de apelación planteado\n por el accionante.
Al encontrarse el expediente en estado de resolver, para hacerlo,\n se hacen las siguientes,
PRIMERA.- El Tribunal Constitucional, de acuerdo con el numeral\n 3 del Art. 276 de la Constitución Política de la\n República, es competente para conocer y resolver el presente\n caso, que se refiere al hábeas data propuesto por el señor\n Alfonso Troya Pérez.
SEGUNDA.- Por el derecho al hábeas data establecido\n en el Art. 94 de la Constitución Política de la\n República, toda persona puede acceder a los documento