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Timestamp: 2018-01-24 11:25:42
Document Index: 321044704

Matched Legal Cases: ['artículo 88', 'artículo 218', 'artículo 88', 'artículo 326', 'artículo 68', 'artículo 90', 'artículo 88', 'artículo 9', 'artículo 88', 'artículo 63', 'artículo 24', 'artículo 88', 'artículo 326', 'artículo 90', 'artículo 9', 'artículo 326', 'artículo 90', 'artículo 61', 'artículo 90', 'artículo 9', 'artículo 69', 'artículo 52', 'artículo 84', 'artículo 139']

Sentencia T.S. (Sala 3) de 10 de diciembre de 2010. Explotaciones mineras. Denegación de concesión. Existencia de recursos mineros - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Minas: Denegación de concesión de explotación minera. Requisitos: La explotación de los recursos de la Sección C requiere que se haya puesto de manifiesto la existencia de recursos por el solicitante. La sentencia de instancia probó que el recurrente se limitó a poner de manifiesto la superficie sobre la que solicitaba la concesión de explotación sin poner de manifiesto los recursos existentes. No es función del recurso de casación volver a revisar la prueba practicada salvo en caso de infracción legal. El Plan de Restauración debió ser subsanado por el recurrente y no puede volver a ser valorado en esta instancia. Indefensión: Tanto en sede administrativa como judicial el recurrente pudo efectuar alegaciones. No ha lugar a la casación.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 2.062/2.008, interpuesto por D. Pedro, representado por el Procurador D. Armando García de la Calle, contra la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en fecha 6 de marzo de 2.008 en el recurso contencioso-administrativo número 165/2.005, sobre denegación de concesión de explotación minera derivada denominada "Cruz I".
Son partes recurridas la GENERALITAT DE CATALUNYA, representada por el Sr. Abogado de la misma, y ÁRIDOS HERMANOS CURANTA, S.A., representada por el Procurador D. Santos Gandarillas Carmona.
Primero.-En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 6 de marzo de 2.008, desestimatoria del recurso promovido por D. Pedro contra la resolución de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial de la Generalidad de Cataluña de fecha 8 de marzo de 2.004 y contra la del Consejero de Trabajo e Industria de 29 de marzo de 2.005, que desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la anterior. La primera de dichas resoluciones había denegado la solicitud formulada por el actor para la concesión de una explotación derivada del permiso de investigación n.º 3.564 denominado "Cruz" en los términos de Begur, Regencos y Pals, para minerales de feldespato y caliza.
Segundo.-Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 18 de abril de 2.008, al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Tercero.-Emplazadas las partes, la representación procesal de D. Pedro ha comparecido en forma en fecha 5 de junio de 2.008, mediante escrito interponiendo recurso de casación, que articula en los siguientes motivos:
- 1.º, formulado al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto, del artículo 218 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil;
- 2.º, que se basa en el apartado 1.d) del mencionado artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, por infracción del artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 68.2 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y con el artículo 90.1 del Reglamento General para el Régimen de la Minería, aprobado por Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto;
- 3.º, basado en el mismo apartado del artículo 88 de la Ley jurisdiccional que el anterior, por infracción del artículo 9.3 de la Constitución, en relación con los artículos 102 y 103 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común;
- 4.º, amparado en el apartado 1.a) del reiterado precepto procesal, por abuso o exceso en el ejercicio de la jurisdicción, y
- 5.º, que se basa de nuevo en el apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, por infracción de los artículos 84 y 79 de la Ley 30/1992, en relación con el artículo 63 de esta misma norma y con el artículo 24 de la Constitución.
Termina su escrito suplicando que se dicte sentencia por la que se case y revoque la recurrida y se dicte otra conforme a los pedimentos del escrito de demanda y después de haberse establecido, mediante la oportuna comprobación sobre el terreno por parte de los Servicios Técnicos de la Sección de Minas de Girona, la existencia de un yacimiento racionalmente explotable de arenas feldespáticas.
El recurso de casación ha sido admitido en cuanto a los motivos segundo, tercero y quinto mediante Auto de la Sala de fecha 4 de junio de 2.009, que decreta al tiempo la inadmisión de los motivos primero y cuarto.
Cuarto.-Personado el Abogado de la Generalidad de Cataluña, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se declare no haber lugar al recurso, con expresa imposición de costas a la recurrente.
Asimismo se ha opuesto al recurso de casación la también comparecida Áridos Hermanos Curanta, S.A., cuya representación procesal suplica en su escrito que se dicte sentencia desestimando el mismo y confirmando la sentencia recurrida, con expresa imposición de las costas causadas al recurrente.
Don Pedro impugna en casación la Sentencia de 6 de marzo de 2.008, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que desestimó el recurso contencioso administrativo que había entablado contra la denegación de una concesión de explotación minera. La denegación se acordó mediante la resolución de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial de la Generalidad de Cataluña de 8 de marzo de 2.004, confirmada en alzada por la del Consejero de Trabajo de 29 de marzo de 2.005.
El recurso de casación se articula mediante cinco motivos, de los cuales el primero y el cuarto fueron inadmitidos por Auto de esta Sala de 4 de junio de 2.009. En cuanto a los motivos que restan, los tres están formulados al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción. El formulado como segundo motivo se basa en la supuesta infracción del artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el 68.2 de la Ley de Minas (Ley 22/1973, de 21 de julio) y el artículo 90.1 del Reglamento General para el Régimen de la Minería (Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto), por "error en la valoración jurídica de las normas reguladoras de la eficacia probatoria" al haber valorado la Sala de instancia las pruebas en el sentido de que el solicitante no había puesto de manifiesto un yacimiento minero explotable.
El motivo tercero de los formulados en el recurso se funda en la supuesta infracción del artículo 9.3 de la Constitución, en relación con los artículos 102 y 103 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre) y el 24 de la propia Constitución; la infracción se debería a la vulneración de los principios de confianza legítima y de actos propios.
Finalmente, el numerado como motivo quinto del recurso se basa en la alegada infracción de los artículos 84 y 79 de la citada Ley 30/1992, en relación con el 63 de la misma y el 24 de la Constitución, por no habersele puesto de manifiesto el expediente antes de dictarse la propuesta de resolución.
Segundo.-Sobre el motivo segundo, relativo a la fuerza probatoria de los documentos privados.
Aduce en este motivo el recurrente la infracción del artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el 68.2 de la Ley de Minas y el artículo 90.1 del Reglamento General para el Régimen de la Minería. La razón de la infracción sería que la Sentencia de instancia habría incurrido en "error en la valoración jurídica de las normas reguladoras de la eficacia probatoria", puesto que se habría denegado el otorgamiento de la concesión por no haber puesto de manifiesto la existencia de un recurso técnicamente explotable de la Sección C, con base exclusivamente en el informe del Servicio de coordinación minera de 22 de agosto de 2.002. Y sin embargo, afirma, se han presentado documentos que obran en el expediente y que acreditan la existencia de un yacimiento minero susceptible de aprovechamiento racional.
La Sentencia de instancia se pronunciaba así en relación con la existencia o no de un yacimiento minero aprovechable:
" QUINTO.- El primero de los alegatos de la defensa de la parte actora se sustenta en la existencia de recursos de la Sección C susceptibles de explotación, apunta que el informe del jefe del Servicio de Coordinación Minera, de 22 de agosto de 2002, fue emitido en otro procedimiento administrativo, que en él no se dice que no se haya puesto de manifiesto un recurso de la Sección C, y está limitado a la superficie afectada por la autorización de explotación "MAS CASES III". Por otra parte, los planes de labores del permiso de investigación "CRUZ", presentados por don Pedro ponen de manifiesto la explotación de dos recursos mineros: el primero de ellos, más superficial, se trata de arena feldespática que se encuentra cubriendo el segundo recurso, que se corresponde con un yacimiento de caliza.
La Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, establece que para que pueda otorgarse una concesión de explotación será necesario que se haya puesto de manifiesto uno o varios recursos de la Sección C susceptibles de aprovechamiento racional (artículo 61), contemplando el artículo 90.4 del Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento general para el régimen de la minería, el caso de denegación de la concesión solicitada, por no considerarse racionalmente explotable el recurso definido por la investigación realizada o por estimarlo insuficientemente investigado.
Corresponde al solicitante acreditar la existencia del recurso con anterioridad a la solicitud de la concesión derivada del permiso de investigación, y es evidente, a la vista de los documentos aportados, que no probado tan esencial requisito, pues ni de la inicial documentación ni de la memoria complementaria, que responde tan solo en parte a lo requerido por Administración, se pone de manifiesto recursos racionalmente explotables, siendo especialmente significativo, como apunta la codemandada en el escrito de contestación a la demanda, que no se diga de que tipos son las muestras que supuestamente se han realizado, estimando el Tribunal que no han sido desvirtuadas las consideraciones del informe del jefe del Servicio de Coordinación Minera.
Conviene reiterar, ante la afirmación de la parte actora de que limitado exclusivamente el referido informe a la superficie afectada por la autorización de explotación "MAS CASES III", que es de 17 ha., no puede extender sus efectos a todo el perímetro de la concesión de explotación derivada del permiso de investigación "CRUZ", que abarca 10 cuadrículas mineras, que es a ella a la que incumbe acreditar la existencia del recurso y su razonable explotación, lo que no puede decirse que haya probado a tenor de la documentación obrante en el expediente administrativo." (fundamento de derecho quinto)
Resulta evidente que lo que discute la parte es exclusiva y únicamente la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de instancia, lo que aboca al fracaso al presente motivo. En efecto, aunque se impute a la Sala "un error de derecho en las normas valorativas de la prueba", lo que se discute es la apreciación de la Sala de instancia sobre la acreditación o no por parte de la sociedad minera de la existencia de un yacimiento susceptible de explotación racional, en función de la valoración de los documentos obrantes en autos.
Es consecuencia, debe rechazarse el motivo, ya que el recurso de casación está legalmente predeterminado, y así lo hemos declarado reiteradamente en una constante jurisprudencia, para verificar la correcta interpretación y aplicación de las normas por los órganos judiciales de instancia, sin que quepa bajo su amparo revisar los hechos probados o cualesquiera valoración de hechos efectuados en dicha sede. En el presente caso, la Sala entiende que no se ha producido tal acreditación y lo expresa en forma motivada y no arbitraria, sin que se advierta tampoco que se incurra en error patente, por lo que su declaración de hechos probados resulta intangible (por todas, sentencias de esta Sala de 25 de septiembre de 2.003 -RC 3.465/1.998 -, de 24 de octubre de 2.003 -RC 3.925/1.998 - y de 30 de diciembre de 2.003 -RC 3.083/1.999 -).
Tercero.-Sobre el motivo tercero, relativo a los principios de confianza legítima y actos propios.
En el presente motivo la empresa recurrente afirma que la Sentencia recurrida habría vulnerado los principios de confianza legítima y actos propios, infringiendo con ello el artículo 9.3 de la Constitución en relación con los artículos 102 y 103 de la Ley 30/1992, así como también en relación con el 24 de la norma constitucional. Según la recurrente una vez que le fue rechazado el programa de restauración presentado incialmente, se le dio un plazo de tres meses para presentar otro, lo que hizo a través del documento denominado "Información Complementaria al Plan de Restauración", que venía a corregir las deficiencias denunciadas. Pues bien, tras la presentación de este documento la Dirección General de Energía y Minas, sin pronunciarse cobre dicho plan complementario ni dar traslado del mismo a la Dirección General de Bosques y Biodiversidad, denegó la concesión de la explotación. Entiende la recurrente que la concesión del citado plazo suponía el reconocimiento de su derecho a corregir las deficiencias del plan presentado y que al no haber considerado subsanable dicho plan se habría incurrido en las infracciones denunciadas, avaladas por la Sentencia impugnada.
La Sentencia recurrida se pronuncia sobre el plan de restauración en los siguientes términos:
" SEXTO.- Alega la defensa de la parte actora el incumplimiento por la Administración de la obligación de remitir a la Dirección General de Bosques y Biodiversidad el nuevo programa de restauración presentado.
De acuerdo con lo previsto en los artículos 4 y 6 de la Ley 12/1981, de 24 de diciembre, por la que se establecen normas adicionales de protección de los espacios de especial interés natural afectados por actividades extractivas, la concesión de cualquier autorización de la Administración minera, de aprovechamiento de recursos mineros en espacios de interés natural, requiere la previa presentación de un programa de restauración del área afectada, que debe incluir un análisis del estado en que se encuentra el lugar de las eventuales actividades y su entorno, especialmente por lo que hace a los recursos naturales, definir las medidas a tomar para prevenir y compensar las consecuencias perjudiciales obre el medio ambiente de las actividades extractivas proyectadas, e incluir el conjunto de medidas de restauración a ejecutar a la finalización de las diversas fases de la explotación, así como las que habrán de desarrollarse al acabar la actividad extractiva (en este sentido el Decreto 343/1983, de 15 de julio, regula de manera específica el programa de restauración, su contenido y la documentación que debe aportarse), sobre el cual debe informar con carácter preceptivo y vinculante la Dirección General de Boques y Biodiversidad, que era la competente en el momento de la tramitación del expediente, y establecer las condiciones de preservación de medio ambiente y de restauración, así como la fianza de restauración necesaria.
Pues bien, a la vista del rechazo radical del programa de restauración presentado, que imposibilita su subsanación, según el informe desfavorable de la Dirección General de Bosques y Biodiversidad, resultaba de todo punto innecesario acceder a la solicitud de la actora para "elaborar los documentos oportunos respecto de dicho informe desfavorable", constituyendo un exceso por parte del jefe de la Sección de Minas de Girona su aceptación, y aún así tampoco era procedente su posterior remisión a la Dirección General de Bosques y Biodiversidad, no tan solo por la imposibilidad de subsanar mediante la elaboración de documentos un programa de restauración que había sido informado desfavorablemente en su integridad, sino también porque la documentación presentada era una información complementaria pero no un verdadero programa de restauración que respondiera a las graves carencias puestas de relieve en el informe del Director General de Bosques y Biodiversidad, hasta el extremo de hacer inviable evaluar la explotación solicitada." (fundamento de derecho sexto)
De la lectura del fundamento anterior se constata que la Sala de instancia hace una valoración del citado documento complementario completamente negativa respecto a su idoneidad de subsanar las deficiencias del plan de restauración. En primer lugar, semejante valoración es, de nuevo, una apreciación fáctica sobre las medidas propuestas en dicho documento presentado para corregir las deficiencias que no es posible revisar en esta sede. Y, en segundo lugar, resulta en todo punto evidente que ni la Administración ni la Sala han considerado insubsanable el referido programa de restauración inicial, sino que han considerado manifiestamente insuficiente el documento adicional: la Administración, implícitamente, al proceder a la denegación del permiso, y la Sala de instancia, de forma expresa con el juicio expresado en el fundamento de derecho transcrito. Procede, en consecuencia, desestimar el motivo.
Cuarto.-Sobre el motivo quinto, relativo al derecho a formular alegaciones.
Sostiene el recurrente que se han conculcado los artículos 84 y 79, en relación con el 63, todos de la Ley 30/1992, así como el 24 de la Constitución, dado que no se le dio traslado del expediente antes de dictarse la propuesta de resolución a fin de que formulara alegaciones.
La Sala de instancia había respondido a esta alegación de la siguiente forma:
" SÉPTIMO.- Queda en último lugar examinar el razonamiento referido a la omisión del trámite de audiencia que la defensa de la parte actora concreta en la necesidad de que, con anterioridad a dictarse la resolución del Director General de Energía, Minas y Seguridad Industrial, debería habérsele dado audiencia habida cuenta que en la misma se dice que el titular aportó información complementaria al programa de restauración presentado antes, que contiene algunos datos y aclaraciones pero no se trata de un nuevo programa de restauración, que no da respuesta ni al requerimiento de la Sección de Minas de Girona ni a ninguna de las inadecuaciones y carencias señaladas en el informe denegatorio del Departamento de Medio Ambiente.
No es posible aceptar que se haya generado indefensión al recurrente, no ya solo porque tanto en sede administrativa, en el recurso de alzada, como en sede judicial, ha podido realizar cuantas alegaciones ha considerado convenientes en defensa de sus intereses, sino porque como ya se ha anticipado la resolución denegatoria se sustenta, básicamente, en no haberse puesto de manifiesto la existencia de un recurso técnicamente explotable de la Sección C, y en el informe desfavorable del Director General de Bosques y Biodiversidad, extremos que conocía el recurrente sobradamente.
Pero es que, además, no existe previsión específica en la Ley de Minas cuando regula el procedimiento de solicitud de concesión de explotación derivada de un permiso de investigación un trámite de audiencia como pretende el recurrente (artículo 69), a diferencia de lo que sí acontece en la tramitación de permisos de investigación (artículo 52.1)." (fundamento de derecho séptimo)
Tiene razón la Sala de instancia. A lo que se dice en el fundamento transcrito sólo es preciso añadir que incluso aunque se considerase aplicable supletoriamente al procedimiento de solicitud de concesión de explotación derivada de un permiso de investigación la previsión sobre el trámite de audiencia del artículo 84 de la invocada Ley 30/1992, la ausencia de indefensión puesta de relieve por la Sentencia recurrida haría irrelevante la infracción procedimental, pues a la vista de las actuaciones lo que es evidente es que el recurrente ha estado en todo momento en diálogo con la Administración, alegando y presentando cuantos documentos ha considerado oportunos en defensa de su derecho. Debe en consecuencia rechazarse el motivo.
De lo expuesto en los anteriores fundamentos de derecho se deriva la desestimación del recurso de casación, con la preceptiva imposición de costas al recurrente en aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción.
Que NO HA LUGAR y por lo tanto DESESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por D. Pedro contra la sentencia de 6 de marzo de 2.008 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso contencioso-administrativo 165/2.005. Se imponen las costas de la casación a la parte recurrente.