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Timestamp: 2018-10-17 21:20:36
Document Index: 309630978

Matched Legal Cases: ['artículo 364', 'artículo 364', 'artículo 364', 'artículo 364', 'artículo 364', 'artículo 364', 'artículo 364', 'artículo 12']

Jurisprudencia al día. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Efecto transfroterizo de la radiaciones ionizantes « Actualidad Jurídica Ambiental | AJA
La cuestión prejudicial sobre la que se pronuncia el TJCE se presenta en el marco de un litigio entre el Land Oberösterreich y ČEZ as en relación con las perturbaciones o los riesgos de perturbaciones ligados a las radiaciones ionizantes que afectan a los terrenos agrícolas situados en Austria, propiedad del citado Land, debido a la explotación por ČEZ de una central nuclear situada en Temelin, en territorio de la República Checa.
La cuestión versa sobre la compatibilidad y adecuada interpretación del Tratado CEEA, la Convención sobre la Seguridad Nuclear de 1994 y de la Directiva 96/29/Euratom por la que se establecen normas básicas relativas a la protección sanitaria de los trabajadores y de la población contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes, con el artículo 364 del código civil austriaco (ABGB) que tras establecer que “El propietario de una finca tiene derecho a prohibir al de la finca vecina la emisión desde esta última de aguas residuales, humo, gases, calor, olores, ruidos, vibraciones o similares que afecten a la primera, cuando tales emisiones sobrepasen los niveles habituales en el lugar y obstaculicen sustancialmente los usos de la finca localmente admitidos”, añade “No obstante, si los perjuicios son causados por una inmisión que sobrepase los niveles aceptables de sustancias procedentes de una mina o de otras instalaciones que posean autorización administrativa, el propietario del inmueble sólo tendrá derecho a exigir judicialmente indemnización por los daños sufridos, aun cuando los daños se produzcan por circunstancias que no se tomaron en consideración en la tramitación de la autorización administrativa”.
En este caso, como las emisiones o radiaciones proceden de una instalación con autorización administrativa pero no otorgada conforme a la legislación austriaca sino a la de la República Checa. Así, en 2001, el Land Oberösterreich y otros propietarios privados interpusieron ante el Landesgericht Linz sendos recursos basados en el artículo 364, apartado 2, del código civil austriaco (ABGB), con objeto de que se intimase a ČEZ para que cesara en las perturbaciones o riesgos de perturbaciones ligados a las radiaciones ionizantes que pudieran emanar de dicha central.
Para plantear la citada cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente (Landesgericht de Linz) se basa en una sentencia del Tribunal Supremo Austriaco de 4 de abril de 2006 en la que declaró que “sólo las autorizaciones otorgadas por las autoridades austriacas están comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 364 del Código Civil (ABGB)”. A juicio del órgano jurisdiccional remitente (Landesgericht de Linz) esta interpretación puede infringir el Derecho comunitario en la medida en que trata de manera diferente las instalaciones que disponen de una autorización otorgada por las autoridades austriacas y las que poseen una autorización concedida por las autoridades de otro Estado miembro. Así, considerando que ni los Tratados CE y CEEA ni el Derecho derivado de éstos contienen normas relativas a la concesión de autorizaciones a las centrales nucleares y al reconocimiento de tales autorizaciones en Estados miembros distintos de los que las han otorgado, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si la diferencia de trato así observada infringe los artículos 10 CE, 12 CE, 28 CE o 43 CE.
En su resolución, el órgano jurisdiccional remitente expone las dudas que alberga respecto a la conformidad con el Derecho comunitario del artículo 364 del CC austriaco, a la vista de la diferencia de trato que tal disposición establece entre, por una parte, las empresas que poseen una instalación que dispone de una autorización administrativa expedida en Austria, que no están expuestas a que los vecinos ejerciten una acción de cesación de perturbaciones en su caso de naturaleza cautelar, y, por otra parte, una empresa, como ČEZ, que posee una instalación, en este caso nuclear, que dispone de una autorización concedida por las autoridades competentes de otro Estado miembro, y que se encuentra expuesta a tal acción de cesación.
El Tribunal declara que el principio de prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad en el ámbito de aplicación del Tratado CEEA se opone a la aplicación de una normativa nacional de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual una empresa, que dispone de las autorizaciones administrativas exigidas para explotar una central nuclear situada en el territorio de otro Estado miembro, puede ser objeto de una demanda judicial que pretenda obtener la cesación de las perturbaciones o de los riesgos de perturbaciones de dicha instalación en las fincas vecinas, mientras que las empresas que disponen de una instalación industrial situada en el Estado miembro del foro y que poseen una autorización administrativa en dicho Estado no pueden ser objeto de tal demanda y sólo están expuestas a una demanda que pretenda el pago de una indemnización por los daños sufridos en una finca vecina.
“56 El Land Oberösterreich alega que, contrariamente a lo que se desprende de la resolución de remisión, la expresión «instalaciones que posean autorización administrativa» que figura en el artículo 364a del ABGB puede aplicarse igualmente a las autorizaciones otorgadas por las autoridades de otro Estado. Así ocurre cuando la perturbación esté autorizada por el Derecho internacional, cuando los requisitos de autorización exigidos en el Estado de establecimiento sean equivalentes a los que establece el Estado del foro y cuando el propietario del bien amenazado haya podido intervenir como parte en el procedimiento de autorización. Sin embargo, en este caso, considera que hay constancia de que no puede autorizarse una central nuclear con arreglo al Derecho austriaco, de que la autorización otorgada a ČEZ no responde a las normas técnicas ni a las exigencias procedimentales actualmente vigentes, y de que el Land Oberösterreich no pudo participar en el correspondiente procedimiento de autorización.
92 En primer lugar, según reiterada jurisprudencia, las normas de igualdad de trato entre los nacionales y los no nacionales no sólo prohíben las discriminaciones patentes por razón de la nacionalidad, o del domicilio social por lo que se refiere a las sociedades, sino también cualquier forma encubierta de discriminación que, aplicando otros criterios de distinción, produzca, de hecho, el mismo resultado (véanse, en particular, las sentencias de 13 de julio de 1993, Commerzbank, C 330/91, Rec. p. I 4017, apartado 14, y Comisión/Italia, antes citada, apartado 15).
99 A este respecto, si bien es cierto que el Tratado CEEA no contiene un título relativo a las plantas de producción de energía nuclear, no lo es menos que el título II de este Tratado, denominado «Disposiciones destinadas a promover el progreso en el ámbito de la energía nuclear», contiene un capítulo 3, titulado «Protección sanitaria», que tiene por objeto garantizar la protección de la salud pública en el sector nuclear (véase, en particular, la sentencia de 29 de marzo de 1990, Grecia/Consejo, C 62/88, Rec. p. I 1527, apartado 17).
108 De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la constatación realizada en el apartado 107 de la presente sentencia no basta para concluir sobre la incompatibilidad de las mencionadas disposiciones nacionales con la prohibición de discriminación por razón de nacionalidad en el ámbito de aplicación del Tratado CEEA. Todavía es necesario averiguar si la falta de toma en consideración, con arreglo al artículo 364a del ABGB, de las autorizaciones administrativas otorgadas a las instalaciones nucleares situadas en el territorio de Estados miembros distintos de la República de Austria, y la sola aplicación a estas últimas de las disposiciones del artículo 364, apartado 2, del ABGB, puede justificarse por circunstancias objetivas independientes de la nacionalidad y si tal diferencia de trato es, en este caso, proporcionada al objetivo legítimamente perseguido (véanse, en particular, en este sentido, en relación con el artículo 12 CE, las sentencias Comisión/Italia, citada, apartado 20, de 5 de junio de 2008, Wood, C 164/07, Rec. p. I 4143, apartado 13, y de 16 de diciembre de 2008, Huber, C 524/06, Rec. p. I 0000, apartado 75).
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