Source: https://www.otrosi.net/administrativo/jurisprudencia/2019-503922
Timestamp: 2019-03-24 14:58:40
Document Index: 255514873

Matched Legal Cases: ['Artículo 8', 'Artículo 14', 'Artículo 17', 'Artículo 17', 'Artículo 17', 'Artículo 562', 'Artículo 132', 'Artículo 8', 'Artículo 14', 'Artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 149', 'artículo 15', 'artículo 17', 'artículo 15', 'artículo 17', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 16', 'artículo 149', 'artículo 15', 'artículo 17', 'artículo 16', 'artículo 8', 'artículo 251', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 14', 'artículo 17', 'artículo 16', 'artículo 137', 'artículo 149', 'artículo 137', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 149', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 132', 'artículo 17', 'artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 17']

Tribunal Constitucional Pleno, 17-01-2019 , nº 8/2019, rec. 4752-2017
ECLI: ES:TC:2019:8
Artículo 8 e)
Artículo 14.8
Artículo 17.3 (anula)
Artículo 17.4 (anula)
Artículo 17.5 (anula)
Disposición final tercera, apartado 3
Artículo 562-1, f. 2
Disposición adicional décima, apartado 1 (redactada por la Ley Foral del Parlamento de Navarra 24/2013, de 2 de julio), f. 2
Disposición adicional décima, apartado 2 (redactada por la Ley Foral del Parlamento de Navarra 24/2013, de 2 de julio), f. 2
Artículo 132-4.3, f. 2
Artículo 8 e), f. 1
Artículo 14.8, f. 1
Artículo 17.5, f. 2
Disposición final tercera, apartado 3, f. 1
Ley de la Asamblea de Extremadura 2/2017, de 17 de febrero. Emergencia social de la vivienda de Extremadura
Mediante escrito presentado en el registro de este Tribunal el 29 de septiembre de 2017 el Abogado del Estado, en representación del Presidente del Gobierno, interpone recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 8 e), 10.1, 14.8, 15, 16 y 17; disposición final tercera, apartado 3 y disposición final sexta de la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial.
a) Se impugnan en primer lugar los artículos 8 e), 10.1 y 14.8, así como el artículo 17.1 (sin perjuicio de lo que más adelante se dirá), así como la disposición final tercera, apartado 3, en la medida en la que modifica la Ley 18/2007 para tipificar como infracción grave el “no sometimiento al procedimiento de mediación en los casos en que sea legalmente preceptivo”. Estos preceptos se insertan en el contexto de las facultades de mediación en relación con situaciones de sobreendeudamiento, de la previsión de un procedimiento específico y de la atribución de competencias al respecto en favor de un órgano autonómico como es la comisión de vivienda y asistencia para situaciones de emergencia social, que regula la adopción de acuerdos a los efectos del ejercicio de tales funciones. Dichas funciones podrían tener consecuencias sobre los procedimientos judiciales. Por ello, se infringen las competencias que el artículo 149.1.6 y 8 CE reserva al Estado en materia de legislación procesal y civil. Adicionalmente, se entiende que esta regulación afecta a las competencias estatales en materia de ordenación del crédito y banca (art. 149.1.11 CE) y de planificación económica (art. 149.1.13 CE), al incidir en la normativa dictada por el Estado en orden a dar solución a la problemática del sobreendeudamiento.
b) El artículo 15 regula la expropiación temporal de viviendas vacías por causa de interés social. Por su parte, el artículo 17 contempla la figura de la expropiación del uso, referida a la transmisión de viviendas derivadas de acuerdos de compensación o dación en pago de préstamos o créditos hipotecarios sobre la vivienda, establecidos por la imposibilidad de devolver el préstamo hipotecario. En ambos casos, la Ley hace un uso contrario a la Constitución de las facultades expropiatorias de las Administraciones públicas catalanas, que se diferencia únicamente por sus supuestos de hecho. En el caso del artículo 15 se alega que al regular lo que denomina “expropiación temporal de viviendas vacías por causa de interés social”, altera elementos esenciales del instituto expropiatorio, sin que la Comunidad Autónoma de Cataluña tenga competencia para ello. Se considera, además, que este precepto afectaría a la garantía hipotecaria y, por tanto, a la ordenación del crédito y se solapa con las medidas ya adoptadas por el Estado en esta materia; por ello, la demanda concluye que resulta trasladable a este caso la doctrina establecida en la STC 93/2015 (FFJJ 17 y 18). Se afirma que el artículo 17 impone una privación singular de naturaleza patrimonial acordada imperativamente que incide en los contornos del derecho de propiedad, lo que corresponde en exclusiva al Estado de conformidad con el artículo 149.1.1 CE y cuya constitucionalidad depende también de su compatibilidad con la legislación estatal y, en concreto, de la no injerencia en las medidas que el Estado pudiera adoptar en el marco de la política económica que considere oportuna al amparo de las competencias que le corresponden exartículo 149.1 CE.
c) Se impugna el artículo 16, en el que se establece una obligación de realojamiento en determinados supuestos de personas o unidades familiares en riesgo de exclusión social y, en relación con esta, la sanción configurada en la disposición final tercera, apartado 3. El precepto impone a determinados propietarios o adquirentes de viviendas ocupadas por personas o unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial, un deber jurídico concreto, consistente en la cesión obligatoria de una vivienda de su propiedad para el realojo de los ocupantes bajo el régimen de alquiler y durante un plazo de tres años. Tal deber jurídico se traduce en una privación singular de naturaleza patrimonial acordada imperativamente, que vulnera las competencias estatales en materia de expropiación forzosa, legislación civil y legislación procesal.
d) Al conjunto de los artículos 15, 16 y 17 se les formula además una doble tacha: i) infringen la Constitución desde una perspectiva sustantiva al vulnerar el principio de la proporcionalidad con la finalidad perseguida por cuanto constituyen una injerencia desproporcionada en el derecho de propiedad, y ii) afectan a las competencias estatales en materia de ordenación del crédito y banca (art. 149.1.11 CE) y de planificación económica (art. 149.1.13 CE), pues entra en colisión con las leyes estatales que crean un marco de protección para aquellos deudores hipotecarios que se encuentren en situación de exclusión residencial.
e) Por último, es objeto de reproche constitucional la disposición final sexta, que encomienda al Gobierno de la Generalitat la aprobación de los criterios de acuerdo con los que deben regularse los arrendamientos urbanos en Cataluña y la elaboración, en el plazo de nueve meses desde la entrada en vigor de la ley, de un proyecto de ley sobre la materia. La tacha de inconstitucionalidad radica en su colisión con la competencia estatal en materia de legislación civil, dado que no existen en la Comunidad Autónoma de Cataluña derechos civiles, forales o especiales respecto de tal materia.
a) Acerca de los artículos 8 e), 10.1, 14.8, 17.1, y letras k) y l) del apartado 3 de la disposición final tercera, el Letrado del Parlamento, tras resumir los argumentos de la demanda, señala que se han impugnado elementos diversos del procedimiento de mediación al que se refiere la Ley, sin tener en cuenta el conjunto de la regulación, de la que se deduce que se trata de un procedimiento voluntario, lo que permite excluir las vulneraciones competenciales que se denuncian por el Abogado del Estado.
b) Respecto a los artículos 15 y 17 argumenta que no vulneran las competencias estatales. No es cierto que corresponda al Estado la regulación de la función social de la propiedad, porque no constituye una materia objeto de reparto competencial, sino que es un principio estructural de la regulación que se establezca, en su caso, del derecho de propiedad, cualquiera que sea el legislador, estatal o autonómico, ya que, con ocasión del ejercicio de competencias sectoriales, ambos pueden incidir sobre el derecho de propiedad. A este respecto, el alcance del artículo 149.1.1 CE es limitado y no puede constituir un impedimento que prive a las Comunidades Autónomas de sus competencias. Estos preceptos tampoco afectarían a las competencias estatales en materia de ordenación del crédito y planificación de la economía. El artículo 15 no opera sobre las garantías hipotecarias, ni trata de relaciones crediticias, sino de los supuestos de hecho que permiten expropiar temporalmente una vivienda, de conformidad con la legislación de expropiación forzosa. En el caso del artículo 17 tampoco puede afirmarse la existencia de un crédito, porque el mismo se cancela mediante la dación en pago, requisito previo para que opere la expropiación del derecho de uso.
c) El artículo 16 y la letra m) del apartado 3 de la disposición final tercera no vulneran las competencias estatales. Responden a la competencia de la Generalitat de Cataluña en materia de vivienda y cumplen la finalidad de adoptar medidas de protección en ciertas circunstancias, estableciendo una obligación en atención a la finalidad o utilidad social que cada categoría de bienes está llamada a cumplir. Tampoco produce perjuicio en el ámbito de la actividad económica, ni inciden en la política económica general del Estado ni en el mercado hipotecario en sí mismo considerado.
d) La impugnación de la disposición final sexta tiene un carácter preventivo. En la disposición impugnada no se reivindica la potestad legislativa sobre una concreta materia que escape al ámbito competencial que el Estatuto de Autonomía de Cataluña atribuye a la Generalitat. El objeto del proyecto de Ley que se encarga al Gobierno se plantea en el ámbito del fomento, ya que no pretende regular el contrato de arrendamiento, sino facilitar el acceso a la vivienda, con la modalidad de alquiler, y por ello su previsión no excede del ámbito competencial de la Generalitat de Cataluña.
El Pleno del Tribunal Constitucional, en el ATC 26/2018, de 20 de marzo, acordó mantener la suspensión de los artículos 10.1, 14.8, 16 y 17.1 y de la disposición final tercera, apartado tercero y levantar la suspensión de los artículos 8 e), 15 y 17, excepto su apartado primero, y de la disposición final sexta de la Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial.
Se refiere, en primer lugar, al objeto del recurso y a los motivos de impugnación, al contexto dentro del cual se ha tramitado la Ley 4/2016, a la doctrina constitucional en la materia (cita SSTC 93/2015; 16/2018; 32/2018, y 43/2018) y al contenido de los preceptos legales impugnados, así como a los derechos constitucionales de propiedad (art. 33 CE) y vivienda (art. 47).
a) El artículo 8 e) asigna a la comisión de vivienda y asistencia para situaciones de emergencia social la función de denunciar ante las autoridades competentes situaciones o cláusulas contractuales que puedan resultar abusivas o contrarias a la ley, incluidas las detalladas en el artículo 251-6.4 del Código de consumo de Cataluña (relativo a las cláusulas que se consideran abusivas en los contratos de créditos y préstamos hipotecarios). Se indica que no se cuestiona esta facultad sino la remisión a un precepto del Código de consumo de Cataluña, impugnado en otro recurso de inconstitucionalidad, lo que no afectaría el apartado e) del artículo 8, puesto que la comisión de vivienda y asistencia para situaciones de emergencia social podría seguir denunciando ante las autoridades competentes situaciones o cláusulas abusivas, aun en el supuesto de que el precepto al que remite el artículo 8 e) fuera declarado inconstitucional.
b) Sobre los artículos 10.1, 14.8, 17.1 y la disposición final tercera, apartado 3 letra k), relativos a la mediación en situaciones de sobreendeudamiento en relación con la vivienda, la Abogada de la Generalitat de Cataluña niega que la mediación prevista en el artículo 10.1 sea obligatoria y tampoco puede iniciarse ni continuar cuando se haya producido la declaración del concurso de acreedores prevista en la ley concursal. Sobre el artículo 14.8 señala que la comisión de vivienda y asistencia para situaciones de emergencia social ni resuelve el procedimiento de mediación, ni aprueba un plan de saneamiento del deudor para superar su situación económica, salvo que previamente haya sido aprobado por las partes. Aunque sus resoluciones son susceptibles de recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, esta circunstancia no las reviste de capacidad decisoria del procedimiento de mediación. Finalmente el artículo 17.1 obliga a intentar la conciliación, pero no a acatar el resultado de la misma y en congruencia, la disposición final tercera, apartado 3 letra k) solo tipifica como infracción el no intentar la mediación, pero no la no asunción del acuerdo de mediación.
c) Acerca de los artículos 15 y 17 que, respectivamente, regulan la expropiación temporal de viviendas vacías y la expropiación de uso de determinadas viviendas la Abogada de la Generalitat de Cataluña alega lo siguiente:
d) En cuanto al artículo 16 en relación con la disposición final tercera, apartado 3, letra m), la Abogada de la Generalitat razona ampliamente que la imposición del alquiler forzoso a determinadas personas jurídicas responde claramente a la finalidad de que la vivienda cumpla la función social que tiene encomendada. El objetivo del precepto no es limitar la libertad de contratación, ni establecer requisitos procesales previos a la interposición de las acciones judiciales, sino delimitar el derecho de la propiedad privada, estableciendo una obligación conforme a una finalidad o utilidad social. Ambos preceptos han sido dictados en base a la competencia que otorga a la Generalidad el artículo 137 EAC.
e) Las medidas previstas en los artículos 15, 16 y 17 tampoco vulneran las competencias estatales del artículo 149.1.13 CE. El recurso no lo demuestra porque suponen un deterioro del valor de determinadas partidas en los balances de las entidades de crédito. Por el contrario, la finalidad de estas normas es paliar el perjuicio que ha causado a los deudores el aumento de los precios de la vivienda como bien de primera necesidad, lo que ha obligado a numerosas familias a endeudarse por encima de sus posibilidades. En este caso, en la ponderación de intereses que conlleva el análisis de proporcionalidad de la norma, se contrapone el interés de mantener un mercado sobre un inmueble destinado a vivienda como producto de inversión y el mantenimiento de la vivienda como derecho constitucional. En conclusión, los artículos 15, 16 y 17 superan el juicio de proporcionalidad y han sido dictados en ejercicio de las competencias de la Generalitat ex artículo 137 EAC.
f) Finalmente, la impugnación de la disposición final sexta es preventiva puesto que no se ha aprobado ninguna legislación que pretenda substituir la vigente ley de arrendamientos urbanos. Por otro lado, los términos en los que ha sido redactada esta disposición son lo suficientemente amplios para permitir su desarrollo por el legislador catalán sin afectar las competencias del Estado.
Mediante otrosí solicita el levantamiento inmediato de la suspensión de los artículos 10.1, 14.8, 16, 17.1 y la disposición final tercera, apartado 3 de la Ley 4/2016.
El Abogado del Estado evacuó el trámite de alegaciones conferido por escrito registrado el día 26 de junio de 2018, en el que interesa el mantenimiento de la suspensión. Mediante escrito presentado el 2 de julio de 2018, el Letrado del Parlamento de Cataluña comparece para reiterar la solicitud de levantamiento de la suspensión de los preceptos cuya vigencia continúa suspendida después de la publicación del ATC 26/2018, de 20 de marzo.
El Pleno del Tribunal Constitucional, en el ATC 101/2018, de 2 de octubre, acordó mantener la suspensión de los artículos 10.1, 14.8, 16, 17.1 y de la disposición final tercera, apartado 3 de la Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial.
El Abogado del Estado, en representación del Presidente del Gobierno, interpone recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 8 e), 10.1, 14.8, 15, 16, 17, disposición final tercera, apartado 3 y disposición final sexta de la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial. La Abogada de la Generalitat de Cataluña y el Letrado del Parlamento de esta Comunidad Autónoma se oponen al recurso, solicitando su íntegra desestimación.
La queja global que se formula al artículo 17 ha de ser desestimada. A salvo de lo que inmediatamente se dirá respecto a la regulación de la expropiación de uso prevista en sus apartados 3, 4 y 5, procede descartar que los otros dos apartados del artículo 17 incurran en vulneración de la competencia estatal del artículo 149.1.13 CE, en aplicación de lo razonado en la STC 102/2018, de 4 de octubre, FJ 6.
También se debe desestimar la impugnación del apartado 1. Se recurre por remitir a un precepto de la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2016, el artículo 10, que el Abogado del Estado ya no discute. El artículo 10 remite, a su vez, al artículo 132-4.3 del Código de consumo de Cataluña, precepto ya depurado de inconstitucionalidad por la STC 54/2018, de 24 de mayo, FJ 7, lo que permite excluir la vulneración denunciada (en un sentido similar, STC 46/2015, de 5 de marzo, FJ 3).
El contenido de los apartados 3, 4 y 5 del artículo 17 es, en efecto, similar al de la disposición adicional segunda del Decreto-ley de Andalucía 6/2013 , declarada inconstitucional y nula por la STC 93/2015. Han corrido la misma suerte otras previsiones autonómicas que regulaban, también en parecidos términos, la expropiación temporal de uso de viviendas incursas en procedimientos de desahucio: las disposiciones adicionales décima, apartados primero y segundo, de la Ley foral 10/2010 (añadida por la Ley foral 24/2013), primera de la Ley andaluza 4/2013 y cuarta de la Ley canaria 2/2014, el artículo 13 de la Ley valenciana 2/2017, los artículos 9.4, 74 y 75.3 de la Ley vasca 3/2015 y el artículo 2 y la disposición transitoria primera de la Ley extremeña 2/2017 declarados inconstitucionales y nulos por, respectivamente, las SSTC 16/2018, FFJJ 12; 13; 32/2018, FJ 5; 43/2018, FJ 4; 80/2018, FJ 3; 97/2018, FJ 5, y 106/2018, FJ 2 c).
1º Aceptar el desistimiento parcial del Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, respecto del presente recurso de inconstitucionalidad y, en particular, de la impugnación promovida contra los artículos 8 e), 10.1, 14.8, 15, 16, disposición final tercera, apartado 3 y disposición final sexta de la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial.
2º Estimar parcialmente el presente recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los apartados 3, 4 y 5 del artículo 17 de la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial.