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Timestamp: 2018-05-27 23:03:59
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Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 9', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 17', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'artículo 20', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'artículo 94', 'artículo 73', 'Artículo 26', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 31', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40']

BOE.es - Documento BOE-A-1997-17305
Documento BOE-A-1997-17305
Real Decreto 1211/1997, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas y resarcimientos a las víctimas de delitos de terrorismo.
«BOE» núm. 182, de 31 de julio de 1997, páginas 23406 a 23414 (9 págs.)
BOE-A-1997-17305
En este marco normativo, el presente Real Decreto deroga el Real Decreto 673/1992, de 19 de junio, que regulaba los resarcimientos por daños a víctimas de bandas armadas y elementos terroristas, y viene a desarrollar el capítulo III del Título II, ayudas a los afectados por delitos de terrorismo, artículos 93 a 96 inclusive, de la precitada Ley, con un doble objetivo: mejorar cuantitativa y cualitativamente este tipo de ayudas, y acercar la Administración a la sociedad, impulsando «la asistencia integral personalizada» a las víctimas de delitos de terrorismo. Consecuentemente con estos dos objetivos, la norma regula y desarrolla los aspectos que, a modo de resumen, se enumeran a continuación, actualizando y mejorando la anterior, que se deroga: se revalorizan en 10 mensualidades del salario mínimo interprofesional las prestaciones a percibir por todas y cada una de las situaciones que se contemplaban sobre la base de las cuantías que el Ministerio del Interior abonaba por daños personales, bien fueran por fallecimiento, o por las distintas clases de incapacidad, derivadas todas ellas de lesiones invalidantes; se procura ofrecer una interpretación amplia en cuanto al carácter y exigencias acerca de los elementos esenciales de la vivienda habitual, a fin de poder atender en mayor medida al contenido de los daños materiales padecidos con motivo de un atentado terrorista; esta acción se extiende a los establecimientos mercantiles e industriales, con un límite en su cuantía de hasta 15.000.000 de pesetas, al tiempo que se prevén ayudas a los titulares de vehículos que se dediquen al transporte de personas o mercancías o se utilicen con fines laborales o profesionales, situaciones éstas que antes se encontraban fuera del marco legal de resarcimiento y que a partir de 1997 tienen cobertura normativa.
«La atención a las víctimas del terrorismo, facilitando información relativa a posibilidades y procedimientos para solicitar ayudas públicas y para la obtención, en su caso, del beneficio de justicia gratuita. La tramitación y propuesta de resolución de los expedientes de ayudas y resarcimientos a los afectados por delitos de terrorismo. La colaboración con las oficinas de asistencia a las víctimas de delitos violentos que se establezcan en Tribunales y Fiscalías, así como la relación con las asociaciones de víctimas de terrorismo y sus familiares, y con las unidades de otras administraciones encargadas también de la tramitación de las ayudas públicas.»
Artículo 1. Objeto: concepto y alcance.
b) Daños materiales ocasionados en la vivienda habitual de las personas físicas.
d) Los causados en vehículos cuando éstos se dediquen al transporte de personas o mercancías, o constituyan elemento necesario para el ejercicio de una profesión, o actividad mercantil o laboral.
1. Para la determinación del nexo causal entre las actividades delictivas y el resultado lesivo producido, se estará a lo que resulte del expediente administrativo instruido al efecto. 2. Sin embargo, el interesado podrá instar la revisión de la resolución administrativa dictada en el expediente a que se refiere el apartado anterior, cuando exista sentencia penal firme que determine dicho nexo, dentro del plazo de un año, a contar desde la notificación de la sentencia o desde la fecha en que hubiere tenido conocimiento efectivo de ella.
En estos supuestos, únicamente se resarcirán aquellas cantidades que pudieran resultar de la diferencia entre lo abonado por dichas Administraciones públicas o entidades de seguro y la valoración oficialmente efectuada. Artículo 4. Procedimiento y competencia.
6. A los efectos de determinar la concurrencia de otras ayudas o indemnizaciones, se requerirá al interesado para que aporte, si no la hubiere presentado con anterioridad, declaración sobre percepción de indemnizaciones derivadas de contrato de seguro o de ayudas reconocidas por las Administraciones públicas; y se interesará igualmente informe de la Comunidad Autónoma y Corporación local correspondientes, así como del Consorcio de Compensación de Seguros.
Artículo 5. Plazo de prescripción de la acción.
c) En defecto de los padres, y siempre que dependieran económicamente de la persona fallecida, y por orden sucesivo y excluyente, los nietos de ésta, cualquiera que sea su filiación, los hermanos y los abuelos de la misma.
4. A los efectos de este artículo, se entenderá que una persona depende económicamente del fallecido, cuando en el momento del fallecimiento aquélla viviera total o parcialmente a expensas de éste y no percibiera, en cómputo anual, rentas o ingresos de cualquier naturaleza, superiores al 150 por 100 del salario mínimo interprofesional vigente en dicho momento, también en cómputo anual.
1.a De producirse situación de incapacidad temporal, la cantidad a percibir será la equivalente al duplo del salario mínimo interprofesional diario vigente, durante el tiempo en que el afectado se encuentre en tal situación, con un límite máximo de dieciocho mensualidades.
2.a De producirse lesiones, mutilaciones o deformaciones de carácter definitivo y no invalidante, las cantidades a percibir serán fijadas con arreglo al baremo resultante de la aplicación de la legislación de la Seguridad Social sobre cuantías de las indemnizaciones de las lesiones, mutilaciones y deformaciones, definitivas y no invalidantes, derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional.
3.a De producirse lesiones invalidantes, la cantidad a percibir se referirá al salario mínimo interprofesional vigente en la fecha en que se consoliden los daños corporales y dependerá del grado de incapacitación, con arreglo a la siguiente escala:
4.a En los casos de muerte, el resarcimiento será de ciento treinta mensualidades del salario mínimo interprofesional vigente en la fecha en que se produzca aquélla, salvo en los casos de resarcimiento previo por las lesiones, en los que se estará a lo dispuesto en el artículo 5.2, efectuándose la correspondiente deducción.
5.a A los resarcimientos fijados en las reglas 2.a, 3.a y 4.a de este artículo, se sumarán los que correspondan, en su caso, por incapacidad temporal, con un máximo por éste último concepto de dieciocho mensualidades del salario mínimo interprofesional vigente.
6.a A las cantidades que resulten de la aplicación de las reglas 3.a y 4.a anteriores, se añadirá una cantidad fija de veinte mensualidades del salario mínimo interprofesional que corresponda por cada uno de los hijos que dependan económicamente de la víctima.
7.a Las cantidades que resulten de aplicar las reglas anteriores, podrán incrementarse hasta en un 30 por 100, teniendo en cuenta las circunstancias o situaciones de especial dificultad o necesidad, personales, familiares, económicas y profesionales de la víctima.
2. Dicha unidad, previo trámite de audiencia a los interesados, propondrá al Secretario general técnico del Ministerio del Interior la resolución correspondiente, que pondrá término a la vía administrativa.
3. Las cantidades adelantadas se abonarán por trimestres vencidos, y en cuantía no inferior a la resultante de multiplicar por cien el salario mínimo interprofesional diario vigente, en la fecha en que se produjo la lesión.
4. El primer abono tendrá lugar una vez transcurridos cien días desde que se produjo el hecho terrorista, siempre que se hubiera dictado la resolución que acuerde la concesión de los pagos, y estará supeditado a la presentación del documento que acredite la situación de baja o incapacidad. Para los sucesivos abonos, de periodicidad trimestral, será igualmente necesaria la acreditación de dicha situación.
5. El plazo máximo por el que se podrán conceder los pagos a cuenta será de dieciocho meses.
6. Una vez concedida el alta y con informe de los Equipos de Valoración de Incapacidades del INSS o, en su caso, de las Unidades de Valoración Médica de Incapacidades u organismo equivalente de los servicios sanitarios de las Comunidades Autónomas a que hace referencia el artículo 9 y, en todo caso, transcurrido el plazo de dieciocho meses previsto en el apartado anterior, se tramitará expediente para el pago total del resarcimiento que proceda del que, previamente, se descontarán aquellas cantidades que fueron abonadas a cuenta.
Artículo 11. Beneficiarios. Contenido y clases de ayudas.
3. Las ayudas serán de dos clases: ordinarias y extraordinarias.
Artículo 12. Ayudas ordinarias.
1. La concesión y renovación de estas ayudas se ajustará, con las particularidades que más adelante se señalan, al sistema establecido en las convocatorias anuales de becas de carácter general del Ministerio de Educación y Cultura.
2. La concesión de las ayudas se acordará por Resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, y la tramitación de los gastos y pagos a que dieran lugar se realizará con cargo a los crédi tos presupuestarios correspondientes a dicho Departa mento.
Artículo 17. Ayudas extraordinarias.
Artículo 19. Servicios de intervención psicosocial inmediata.
Artículo 20. Tratamiento psicológico de secuelas.
Artículo 21. Asistencia psico-pedagógica.
c) El expediente podrá ser reexaminado por la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior a la vista de la realización del tratamiento o asistencia, si bien habrá de atenerse a lo dispuesto en el artículo 20, si se refiere a tratamiento psicológico de secuelas.
Artículo 24. Daños resarcibles.
Artículo 25. Daños en la vivienda habitual de las personas físicas.
1. En las viviendas habituales de las personas físicas, los daños objeto de resarcimiento serán los sufridos en la estructura o elementos esenciales de dichas viviendas [Ley 13/1996, artículo 94.10.a)].
4. La Administración General del Estado podrá encargar la reparación de las viviendas a empresas constructoras, abonando a éstas directamente su importe. Los contratos administrativos a que den lugar las obras de reparación se tramitarán por el procedimiento de emergencia previsto en el artículo 73 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones públicas. De efectuarse las reparaciones, los beneficiarios de los resarcimientos habrán de ceder a la Administración General del Estado las cantidades que por este concepto percibieran de otras Administraciones públicas o de entidades aseguradoras. Sin perjuicio de ello, la Administración General del Estado podrá celebrar convenios con otras Administraciones públicas, al objeto de que éstas asuman la ejecución de las obras de reparación, abonando aquélla su importe [Ley 13/1996, ar tículo 94.10.a)].
Artículo 26. Supuesto especial de imposibilidad de reparación de la vivienda.
b) Si el ocupante fuera arrendatario de la vivienda, el importe del resarcimiento se determinará aplicando el 5 por 100 del valor indicado en el párrafo a) por cada uno de los años o fracción de años que, en el momento de ocurrir la acción delictiva, faltara para concluir el tiempo de duración del contrato, sin que pueda exceder, en ningún caso, del 50 por 100 del indicado valor.
c) Si el ocupante lo fuera en virtud de derechos reales de usufructo, uso o habitación sobre la vivienda, el importe del resarcimiento se determinará aplicando las reglas de valoración previstas en las normas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, tomando como valor del pleno dominio el catastral correspondiente al inmueble destinado a vivienda.
Artículo 28. Daños causados en vehículos.
Artículo 29. Daños en elementos productivos de las empresas.
Artículo 31. Finalidad de las subvenciones.
Artículo 35. Documentación de las solicitudes. Las solicitudes deberán acompañarse de la documentación siguiente:
b) Descripción del proyecto o actividad para la que se solicita la subvención, con inclusión de su presu puesto.
Artículo 36. Evaluación de solicitudes y resolución.
Artículo 37. Justificación del cumplimiento de la finalidad de la subvención.
Artículo 38. Abono de las subvenciones otorgadas.
1. El abono de la subvención concedida se realizará previa presentación por las entidades de la documentación a que se refiere el artículo anterior y de la
Artículo 39. Concurrencia y revisión de las subven ciones.
Artículo 40. Responsabilidad y régimen sancionador.
Fecha de derogación: 18/03/2003
SE DEROGA, por Real Decreto 288/2003, de 7 de marzo (Ref. BOE-A-2003-5455).
SE MODIFICA el art. 4.5, por Real Decreto 59/2001, de 26 de enero (Ref. BOE-A-2001-1945).
SE DEROGA el apartado 3 del art. 11 y el art. 17 y se modifican los arts. 1, 10, 25, 26 bis, 28 y se añade el capítulo VII , por Real Decreto 1734/1998 de 31 de julio (Ref. BOE-A-1998-21127).
DEROGA Real Decreto 673/1992, de 19 de junio (Ref. BOE-A-1992-15284).
MODIFICA el art. 9.2.N) del Real Decreto 1885/1996, de 2 de agosto (Ref. BOE-A-1996-18075).
DESARROLLA el capítulo III del Título II de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-1996-29117).
Reglamento aprobado por Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo (Ref. BOE-A-1997-11304).
Reglamento aprobado por Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero (Ref. BOE-A-1997-3976).
Ley 35/1995, de 11 de diciembre (Ref. BOE-A-1995-26714).
Real Decreto 1879/1994, de 16 de septiembre (Ref. BOE-A-1994-21762).