Source: https://es.scribd.com/document/353108535/La-Igualdad-de-Genero
Timestamp: 2019-04-19 23:01:39
Document Index: 331137893

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 159', 'artículo 14', 'artículo 9', 'artículo 32', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 10', 'artículo 14', 'artículo 5', 'artículo 14', 'artículo 1', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 1', 'artículo 55', 'artículo 14', 'artículo 18', 'artículo 62', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 14', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 109', 'artículo 14', 'artículo 140', 'artículo 39', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 153', 'artículo 153', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 160', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 119', 'artículo 14', 'artículo 3', 'artículo 14', 'artículo 2', 'artículo 14', 'artículo 162', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 9', 'artículo 37', 'artículo 44', 'artículo 9', 'artículo 1', 'artículo 187', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 14', 'artículo 23', 'artículo 9', 'artículo 6', 'artículo 6']

Cargado por Maciel Gomez
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Becarios_038
EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL ESPAÑOL*
IN THE SPANISH CONSTITUTIONAL
COURT’S JURISPRUDENCE
Fernando REY MARTÍNEZ**
RESUMEN: El Tribunal Constitucional ABSTRACT: The Spanish Constitutional Court
español ha emitido numerosas senten- has issued numerous judgments of high techni-
cias de alto valor técnico; ha estableci- cal merit. It has established, for example, the
do, por ejemplo, conceptos básicos como basic concepts, such as equality of treatment
los de igualdad de trato (discrimina- (direct and indirect discrimination) and equal
ciones directas e indirectas) e igualdad opportunities. However, the Court has not al-
de oportunidades; sin embargo, dicho ways used such theoretical concepts more pre-
Tribunal no siempre ha utilizado tales cise. This paper critically examines all the ju-
conceptos de modo teóricamente pre- risprudence of the Constitutional Court on the
ciso. El presente trabajo examina críti- con sti tu tional pro hi bi tion of dis crim i na tion
camente, hasta 2010, toda la jurispru- based on gender (until 2010).
dencia del Tri bu nal Constitucional
sobre la prohibición constitucional de
Palabras claves: igualdad y prohibi- Keywords: equality and non-discrimination,
ción de discriminación, discriminación gender discrimination, direct and indirect dis-
por género, discriminaciones directas e crimination, equal opportunities or affirmative
indirectas, igualdad de oportunidades o action mandate, positive or reverse discrimina-
mandato de acciones positivas, discrimi- tion.
naciones positivas o inversas.
* Artículo recibido el 23 de febrero de 2010 y aceptado para su publicación el 9
nueva serie, año XLIII, núm. 129,
septiembre-diciembre de 2010, pp. 1323-1369
1324 FERNANDO REY MARTÍNEZ
SUMARIO: I. Introducción. II. Igualdad de trato. III. Igualdad de oportu-
nidades. IV. Conclusión.
El contenido del derecho fundamental a no ser discriminado por razón
de sexo (artículo 14, CE) abarca la igualdad de trato y la de oportunida-
des. La igualdad de trato comprende, a su vez, la prohibición de discri-
minaciones directas e indirectas. La igualdad de oportunidades remite al
mandato de acciones positivas a favor de la igualdad real y efectiva de
En el presente texto se ordenará la abundante jurisprudencia del
Tribunal Constitucional español1 a partir de la sucinta gramática
conceptual del derecho antidiscriminatorio expuesta.
II. IGUALDAD DE TRATO
1. Prohibición de discriminaciones directas o de trato
Incurre en discriminación directa de género toda norma o acto
que dispense un trato diferente y perjudicial en función de la perte-
nencia a uno u otro sexo. El TC ha estimado que son contrarias a la
prohibición constitucional de discriminación por razón de sexo las si-
guientes discriminaciones directas:
1a. Cláusulas de celibato, es decir, la norma (en casi todos los ca-
sos se trataba de la reglamentación de trabajo de la Compañía Tele-
fónica Nacional de España) que suspendía el contrato de trabajo para
el personal femenino por causa del matrimonio (STC 7/1983, de 14
de febrero y, en sentido similar, 8/1983, 13/1983, 15/1983, 86/1983,
34/1984 y 59/1993).
2a. Disposición de la Ley de 19 de junio de 1971, de protección
de familias numerosas, que reservaba la titularidad de cabeza de fa-
mi lia al pa dre, y a la ma dre só lo en de fec to de aquél (STC
1 Hasta enero de 2010.
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 1325
241/1988, de 19 de diciembre); el problema suscitado en el caso era
que el empleador de la recurrente (el Consejo General de Colegios
de Médicos) exigía la condición de cabeza de familia para el reingre-
so tras una excedencia forzosa anterior.
3a. Norma que establecía que, en caso de separación y a falta de
acuerdo de los padres, los hijos menores de siete años quedarían al
cuidado de la madre, salvo que el juez, por motivos especiales, pro-
veyere de otro modo. La STC 144/2003 otorgó el amparo contra la
aplicación judicial de esta norma (antigua redacción del artículo 159
del Código Civil), que ya estaba derogada en ese momento (desde
1990),2 por vulneración del artículo 14, CE, “al restablecer el órgano
judicial una discriminación por razón de sexo que el propio legisla-
dor ya había eliminado”.
4a. Norma de conflicto que señalaba la nacionalidad del marido al
tiempo de contraer matrimonio como punto de conexión para la de-
terminación de la ley aplicable a las relaciones personales del matri-
monio y, en defecto o por insuficiencia de capitulaciones matrimonia-
les, también a las relaciones patrimoniales de los cónyuges. La STC
39/2002, de 14 de febrero, sostuvo la derogación sobrevenida de esta
regulación (artículo 9.2 del Código Civil) por vulneración del derecho
a la igualdad entre los cónyuges (artículo 32.1, CE) y de la prohi-
bición de discriminación por razón de sexo (artículo 14, CE). El Tri-
bunal afirma que “la mera utilización de un punto de conexión que
da preferencia al varón supone en sí, superada la llamada neutrali-
dad formal de las normas de conflicto, una vulneración del derecho a
la igualdad”. Y ello es así, incluso aunque el resultado de la aplica-
ción de tal norma en cada caso concreto resultare más favorable a la
5a. Cálculo judicial de indemnización discriminatorio por haberse
basado en un salario que, a su vez, había sido declarado discrimina-
torio por razón de sexo por un órgano judicial (STC 183/2000, de
10 de julio).3
2 La regulación actual remite al juez la decisión de a cuál de los dos progenitores
confiará el cuidado de los menores, atendiendo al beneficio de éstos.
3 En la STC 183/1998 ya se apuntó esta doctrina, pero no se aplicó al caso por-
que no había habido previamente discriminación retributiva por razón de sexo, decla-
rada por el órgano judicial.
1326 FERNANDO REY MARTÍNEZ
6a. Discriminaciones por razón de embarazo. Han recaído sobre
este asunto numerosas sentencias. El Tribunal mantiene una tenden-
cia inequívocamente garantista. En la sentencia 166/1988, de 26 de
septiembre, el Tribunal otorga el amparo a una empleada que alega-
ba que su contrato había sido resuelto unilateralmente por el Insalud
debido a su embarazo, pues correspondía al empleador la carga de
probar que no fue esta la causa de la resolución contractual. El dato
de mayor interés quizás resida en que la resolución se produjo duran-
te el periodo de prueba. Ya en una sentencia anterior, 94/1984, de
16 de octubre, el Tribunal había sostenido la validez del escrutinio,
desde la óptica de la prohibición de discriminación, del contrato de
trabajo durante el periodo de prueba, aunque en aquel supuesto no
apreció violación del artículo 14, CE.
En la sentencia 173/1994, de 7 de junio, el TC extiende más allá
el ámbito de la tutela de la trabajadora grávida, reduciendo a la vez
la potestad discrecional empresarial de selección del personal, ya que
en el caso el empleador (el Ministerio de Cul tura) no despidió a la
recurrente, sino que simplemente no le renovó el contrato temporal a
causa de su embarazo. El Tribunal hace avanzar la eficacia de la
prohibición constitucional de discriminación a la fase anterior a la re-
lación laboral ya formalizada, cual es la del acceso al empleo, pues,
de lo contrario, “quedarían al margen de tutela algunas de las más
notorias consecuencias de la discriminación como mal social a erradi-
car por mandato constitucional (las especiales dificultades en el acce-
so al empleo de los colectivos discriminados o, en el caso de la
mujer, la continuidad de su propia carrera profesional por la mater-
nidad)”.
En la sentencia 136/1996, de 23 de julio, el TC otorga el amparo
por discriminación por embarazo, no ya por una resolución durante
el periodo de prueba o por la no renovación de un contrato temporal
sino directamente por un despido. En esta sentencia se establece la
doctrina que se repetirá posteriormente en las sentencias 20/2001, de
29 de enero; 41/2002, de 25 de febrero; 17/2003, de 30 de enero y
98/2003, de 2 de junio de 2003. El esquema argumentativo del Tri-
bunal se inicia con la invocación, vía artículo 10.2, CE, de la norma-
de 30 de enero. la sen- tencia impugnada ante el TC había concluido que la demandante no había aportado suficientes indicios. sostiene que tendrán “aptitud probatoria” los hechos “que sean claramente indicativos de la probabilidad de la lesión del derecho” y que “pese a no generar una conexión tan patente y. también de la OIT. Esta misma directiva protege no sólo frente al despido sino también frente a extinciones por ausencias debidas a una incapacidad laboral motivada por los trastornos relacionados con el embarazo. poniendo de mani- fiesto el motivo oculto que se denuncia” y que dicho indicio no pue- de ser “la mera alegación de la violación constitucional. al afectar exclusivamente a la mujer. constituyen una discriminación por razón de sexo proscrita por el artículo 14. d) del Convenio núm. que debe tratarse de “un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona su derecho fundamental. Por su parte. de 21 de marzo. tras llevar a ca- 4 Según el artículo 5. sino que de- be permitir deducir la posibilidad de que ha podido producirse”. En relación con la aportación de los indicios por quien alega la discriminación. 5 De la directiva 76/207/CEE y su interpretación por el Tribunal de Justicia de la Unión se desprende que el despido de una trabajadora por razón de su embarazo constituye una discriminación directa basada en el sexo. A continuación. sin embargo. 158 y Convenio núm. pero el Tribunal. En el caso que dio origen a la sentencia 17/2003. frente a rescisiones temporales (no sólo indefinidas). reales y serias para calificar de razonable su decisión y destruir así la sospecha de lesión constitucional generada por los indicios. sean. . incluso aunque el estado de gestación impida ocupar desde el primer momento el puesto de trabajo. el ATC 89/2000. citada. el embarazo no constituye causa justificada para la resolución de la relación laboral. CE. 95 y la declaración de 1975 sobre igualdad de trato y de oportunidades para las trabajadoras. por tanto. de 30 de enero). Debe superarse en todo caso “un umbral mínimo” de prueba (STC 17/2003. se indica que corresponde a la trabajadora acreditar la existencia de indicios de que ha sufrido la discriminación y al empleador probar la existen- cia de causas suficientes. frente a la no contratación por razón de embarazo o la no renovación. de entidad suficiente para abrir razo- nablemente la hipótesis de la vulneración del derecho fundamental”. el Tribunal ha concretado en la sentencia 17/2003. 103 de la OIT. resultar más fácilmente neu- tralizables. IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 1327 tiva internacional4 y comunitaria5 específicamente aplicable para con- cluir que los tratos laborales desfavorables por embarazo. la recomendación núm.
pues.8 Respecto de la inversión de la carga de la prueba. mal puede el empleador desvirtuar la motivación discriminatoria. el Tribunal considera. “indicios de discriminación que prueben la existencia de un fondo o panorama discriminatorio general o. el órgano judicial no exigió la in- versión de la carga de la prueba para estimar el amparo por violación del derecho a la tutela judicial efectiva. de 2 de junio). el Tribunal con- cluye.6 La sentencia razona que ni la sentencia del órgano judicial ordinario cumplió con el mandato de invertir la carga de la prueba. que las alega- ciones del demandante no resultaron convincentes en cuanto a la existencia de indicios de discriminación. porque basta- ría con haber apreciado que. 7 En mi opinión. y el despido no fue válido. por ejemplo. la inexistencia de discriminación. . pero no se aportaron. desde el punto de vista legal.1328 FERNANDO REY MARTÍNEZ bo un escrutinio estricto. se incurre por ello en cierta confusión conceptual. en la STC 41/2002. que el contrato de ésta no había expirado. no concluye de modo coincidente con esta opinión. el TC ha preci- sado que “no se trata de situar al demandado ante la prueba diabóli- ca de un hecho negativo (la no discriminación). sino ante la carga de probar. que existe una conexión temporal entre el embarazo y el cese. 8 La empresa no conocía el embarazo.7 Por el contrario. de modo incorrecto. por sí mismo. Se produce. que el empleador conocía la situación de embarazo de la trabajadora. Dado que dicho órgano no cumplió con su obligación. en contra de las tesis asumidas por la sentencia impugnada. cierta indefensión del demandado desde el punto de vista del debate sobre la posible discri- minación sexual. sin que le baste intentarlo. pero que no por ello se sustraen al respeto de los derechos fundamentales. sino otra cualificada por embarazo ni el quantum de muje- res excluye la posibilidad de una discriminación singular. por lo que estima el amparo. por la demandante. el libre nombramiento y cese de car- gos de confianza) que no precisan ser motivadas. porque ni está en cuestión una discriminación por ra- zón de sexo no adjetivada. de hechos de los que surja la sospecha vehemente de una discriminación por razón de embarazo”. confirmando la sentencia del tribunal ordinario. ni el empleador cumplió con su carga probatoria de que fueron otras las causas motivadoras del cese. 6 En efecto. la razonabilidad y proporcionali- dad de la medida adoptada y su carácter enteramente ajeno a todo propósito contrario a la igualdad” (STC 98/2003. y que el argumento de que la empleadora fuera un organismo público que empleaba a 98 mujeres y 29 hombres no demuestra. Esta carga probatoria opera también en los casos de decisiones dis- crecionales (como. porque no estaba suficientemente justificada la necesidad invocada por la empresa de amortizar el puesto de trabajo por causas organizativas. al menos. de 25 de febrero.
La administración había fundado el cese de ma- nera directa e inmediata en el hecho de que la actora “no cumplía los requisitos de idoneidad que permitían continuar sustentando el nombramiento como funcionaria interina al hallarse. al no ser un caso de igualdad en general. pues fue cesada formalmente por “errores e in- cumplimientos en el desempeño de sus funciones” pero. hasta que quedó embarazada. la 9 La demandante había trabajado para el empleador.11 La úl timas sentencias relativas a la protección constitucional de la mujer embarazada son la STC 161/2004. la STC 214/2006. sin problema alguno. . estimando. duran- te los dos años anteriores. no haría falta aportar término de comparación.10 Resulta reseñable también la STC 20/2001. 11 Y por este motivo. de 4 de julio. éste sería un buen ejemplo de discriminación directa oculta. por el contrario. 10 Ciertamente. “la administra- ción no debe soportar las consecuencias de tal circunstancia”. precisamente. pero lo había hecho por causa de su embarazo. en realidad. que era conocido por la empresa. la 182/2005. IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 1329 En la sentencia 98/2003. de 23 de julio. la recurrente había faltado al trabajo varias veces (por lo cual fue despedida). de 29 de enero. considerando que la demandante no había aportado término adecuado de compa- ración. el Tribunal estimó el amparo presentado por una trabajadora que ocupaba la jefatura de la secretaría de un consejero regional. etcétera. ya que no podría ser conceptuado como tal el estatus de los funcionarios de carrera a fin de extender a los interinos el régimen previsto para aquéllos. El TC se desmarca por completo de esta lec- tura. que la diferencia de trato sufrida por la demandante había incurrido en discriminación por razón de sexo. En su opinión. también a las de carácter interino.9 También falló en sentido semejante en la STC 136/1996. la 175/2005. El TC estimó el amparo. Dada tal divergencia. El TC no consideró “verosímiles” las razones que aportó el empleador para despedirla. por haberse quedado embarazada. en situación de baja por maternidad”. de 20 de noviembre. la 324/2006. sino de discrimina- ción en particular. la administración empleante no explicitó en momento alguno las razones concretas del incumplimiento del que se acusaba a la trabajadora. que extiende la licencia por embarazo a toda funcionaria. de 4 de octubre. de la misma fecha. La sen- tencia impugnada había validado esta interpretación. de 3 de julio.
una discriminación sexual prohibida por el artículo 14. por lo que le fue suspendido su contrato de trabajo en tanto que se encontraba imposibilitada para desempeñar sus funcio- nes como piloto. de 11 de diciembre. porque extiende la protección constitucional de la trabajadora embarazada. momento a partir del cual ya no se la ofreció renovación alguna. En la STC 175/2005 el Tribunal otorga el amparo a una auxiliar de clínica que en el plazo de año y medio había sido contratada con- tinuadamente en catorce ocasiones. de 18 de mayo. En la STC 214/2006 el Tribunal otorga protección a una trabaja- dora embarazada que había sido excluida por este motivo por el INEM de la relación de candidatos para responder a una determina- da oferta de empleo. de 23 de junio. La sentencia considera que el fin proteccionista de esta decisión constituyó. como conse- cuencia de su triple maternidad. de 12 de febrero. esta sentencia inaugura una línea de tutela (quizás más conectada al concepto de discriminación “indi- recta” que “directa”. de modo interino o eventual. no ya frente al despido o no renovación de su contrato. y la 124/2009. adecuado a la situación de la demandante y viable en su estado de embarazo. de 21 de julio.1330 FERNANDO REY MARTÍNEZ 342/2006. El Tribunal Constitucional considera. primero. una mujer piloto fue calificada por su empresa como “no apta circunstancial” por razón de embarazo. la 17/2007. En la STC 324/2006 concedió el . pese a todo. Destacable es la STC 182/2005. y no se le podía ofrecer un puesto distinto por falta de vacantes. sin embargo. Sin duda. que la em- presa la discriminó por razón de sexo. y cambiado a un puesto de trabajo distinto y de menor responsabilidad. aunque en la sentencia no se aluda a ello) que podrá ser seguida en el futuro por otros casos. más tarde. la 92/2008. has- ta cuando la empresa conoció su embarazo. puesto que tendría que haberle ofrecido un puesto de trabajo en tierra. sino frente a la obstaculización de su promoción profesional. CE. La sentencia otorgó el amparo a una trabajadora a la que su empresa había ido asignando tareas de menor importancia. La sentencia aprecia indi- cios racionales de discriminación por embarazo que la empresa no habría rebatido. la 74/2008. La empresa no habría aportado nin- guna prueba que desvirtuara el nexo causal entre la creciente minus- valoración profesional de la trabajadora y sus tres embarazos. En el caso que dio origen a la primera de ellas.
sin compensación alguna. pero en realidad. El problema es el siguiente. ya que la trabajadora embarazada fue despedida sin que constase que el empresario cono- ciera su estado ni se hubiese comunicado el embarazo y. como lo prueba que el mismo magistra- do (Vicente Conde) que firma la ponencia de la sentencia emite un voto particular discrepante. En 2008 han recaído dos sentencias sobre esta materia. El Tribunal Constitucional censura dura- mente el razonamiento del órgano judicial ordinario que había venido a justificar el despido por el bajo rendimiento de la trabajadora debi- do a las “enfermedades” derivadas de un embarazo problemático. Esta misma doctrina se vuelve a aplicar en la sentencia 124/2009. dado que esa tra- bajadora ya había tenido un contrato temporal con esa misma em- presa (con el periodo de prueba correspondiente). En la sentencia 17/2007. el Tribunal declara ese despido discriminatorio y nulo. La prime- ra. que había sido despedida poco después de comunicar a la em- presa su embarazo) y. el Tribunal también otorgó el amparo a una trabajadora que había sido despedida formalmente por no haber superado un periodo de prueba. y no requiere acreditar el previo conocimiento por parte del empresario del estado de embarazo de la trabajadora. En la STC 342/2006 el Tribunal tuteló a una trabajadora que había sido despedida porque los órganos judiciales no habían apreciado el indicio de discriminación que había presentado (entre otros. La redacción . el ayuntamiento no desvirtuó la presunción de discriminación. había sido despedi- da por las frecuentes bajas laborales que había tenido a causa de su embarazo de alto riesgo. Más innovadora resulta la sentencia 92/2008. otorga amparo reiterando la consolidada doctrina sobre prueba indiciaria: se considera que. habiéndose aportado por la acto- ra un indicio razonable de que la no renovación de los contratos anuales que venía suscribiendo podía estar motivada por su embara- zo. sin embar- go. por tanto. El Tribu- nal argumenta que la nulidad del despido prevista en la legislación española es automática y objetiva. IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 1331 amparo a una trabajadora que había perdido sus vacaciones anuales. no había sido rebatida la presunción de discriminación sexual por razón del embarazo. pero es discutible. La sentencia estimó que se había causado un perjuicio a la trabajadora a causa de su embarazo y ma- ternidad. después del permiso de maternidad (por haber terminado el año natural). 74/2008.
y la que declara inconstitucional el artículo 1o. la norma europea expresa- mente prevé la necesidad de comunicación del estado de embarazo al emplea dor. aunque responde históricamente a una finalidad tuitiva. El voto discrepante sostiene. El Tri bunal español considera. que no puede hablarse de despido discriminatorio por razón de embarazo si el embarazo no se conoce. de 14 de diciembre). dicha prohibición. esti- mando su pretensión de ocupar en igualdad con los trabajadores va- rones una plaza de ayudante de minero en Hunosa. En el capítulo de las discriminaciones directas. En efecto. hay que llamar la atención sobre dos sentencias de gran valor simbólico e histórico: la que considera que la inadmisión por el Ministerio de Defensa de una mujer a las pruebas para el ingreso en la Academia General del Aire es una medida contraria al artículo 14. en la medida en que se trataba de una norma protectora de las mujeres. para la protección de la trabajadora embarazada. que la norma europea marca tan sólo un nivel mínimo de protección. sin embargo. . CE (STC 216/1991. ya que no favorece el trabajo de las mujeres. Tanto la sentencia laboral de instancia como la de suplicación habían conside- rado que la prohibición del trabajo de las mujeres en las minas era conforme con el artículo 14. por el contrario. de 14 de noviembre). salvo que se declare la pro- cedencia del despido por motivos no relacionados con el embarazo. 7a. que le había sido denegada por la empresa (en aplicación del artículo 1o. evitar la sobreexplotación del trabajo femenino.1332 FERNANDO REY MARTÍNEZ que en 1999 se da al artículo 55. Pero el TC no lo entiende así. pues pueden basarse. el TC concede el amparo a la recurrente. no es una medida de acción positiva o de apoyo para conseguir una igualdad real de oportunidades. del decreto citado). CE. Esta disposición se aleja de la regulación de la directiva 92/85 (que precisamente transpone en el ordenamiento español). del Decreto de 26 de julio de 1957 que prohibía el trabajo de la mujer en el interior de las minas (STC 229/1992. a pesar de haber superado la prueba de admisión. como es el caso.5 del Estatuto de los Trabajadores permite declarar nulo el despido de las trabajadoras embarazadas desde la fecha de inicio de su embarazo. “hay que vigilar con particular reser- va (y periódicamente)” las medidas protectoras. sino que le restringe. pudiendo ir la legislación nacional más allá. porque. En esta última sentencia.
limita o perjudica a la mujer en el mercado de trabajo. menos uno. IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 1333 realmente. han perdido su razón de ser. pe- ro en este caso. CE). natural o biológi- ca”. la regla de la 12 Pues “afecta notoriamente y con mayor intensidad a la mujer que al hombre. co- mo consecuencia de condiciones históricas de inferioridad o debilidad de ellas en el mercado de trabajo y en el lugar de su prestación” (f.1. en prejuicios infundados que responden a una “división sexista del trabajo” o bien que por las mejoras en las condiciones de trabajo. una valoración positiva. 5). comportamiento “que se perciba como indeseado e indeseable por su víctima” y que “sea grave. la sentencia señala como prejuicio sexista en presencia. jco. capaz de crear un clima radicalmente odioso e ingrato”. La sentencia 136/2001 también resuelve un caso de acoso sexual. va a declarar no contraria al artículo 14. La sentencia 126/1997. una no negada discriminación directa. Este as- pecto será analizado con detalle en los casos de discrimi nación indirecta. como ha ocurrido en las minas. en el tiempo de los hechos. El TC apreció que. la existencia de una situación discriminatoria o lesiva del derecho fundamental”. un este- reotipo que más que reforzar una diferencia “real. Para que pueda apreciarse un acoso sexual. lo que también podría explicar su estado de ansiedad. Todos los casos de discriminaciones directas resueltos por el Tribunal merecen. el Tribunal exige “una conducta de tal talante por medio de un comportamiento físico o verbal manifestado en actos. La sentencia afirma que “dado que no podemos alterar la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal Supremo… he- mos de concluir que no se ha producido la vulneración denunciada sin descartar la realidad psicológica del acoso que la actora dice haber sufrido… los hechos psicológi- cos sólo pueden probarse a través de hechos físicos y de los aquí presentados no cabe extraer. el de la menor fortaleza física de la mujer respecto del hombre. de 3 de julio. tres testimonios de compañeros y un cuadro médico de ansiedad. la demandante estaba tramitando su separación. razonablemente y habida cuenta de los límites de nuestra jurisdicción. CE. En el caso. a mi juicio. . 9a. Supuestos de acoso sexual.13 por lo que desestima el amparo. La sentencia del Tribunal Constitu- cional 224/1999 tiene el mérito de haber configurado por primera vez el acoso sexual como una forma de discriminación sexual12 (así como una violación del derecho a la intimidad del artículo 18. el Tribunal confirma la sentencia del Supremo que no había considerado suficientes los indicios aportados por la recu- rrente. gestos o palabras”. 13 Habían sido: una comida con el presidente de la empresa (el supuesto acosador). 8a.
no cabe entender que un de- terminado elemento de dicha institución —el régimen de su transmi- sión mortis causa— haya de apartarse de las determinaciones estableci- das en la real carta de concesión. Vives y P. es una discriminación frontal por razón de sexo. y los actos de concesión. “y todo este proceso está regido por normas cuyo contenido no se limita a reconocer un ámbito de autonomía de la voluntad o privada. de escaso significado (tan sólo hono- rífico-simbólico) y. en el ordenamiento ju- rídico vigente en la actualidad en España”. En otras palabras. sus efectos jurídicos no son ni inexistentes ni irrelevantes (como demues- tra la importante litigiosidad judicial que suscitan). Vi- ver. en vigor). El orden regular de sucesión de los títulos nobiliarios.1334 FERNANDO REY MARTÍNEZ preferencia del varón sobre la mujer en el orden regular de las trans- misiones hereditarias de los títulos nobiliarios (contenida en la partida 2. sobre todo. Cruz resultan. empero. pues dicho orden se establece en una norma jurídica (y no en “una simple regla de comportamiento establecida por determina- dos grupos sociales en virtud de sus particulares convenciones”). más convincentes. sino que establecen auténticas reglas de ius cogens. Más exactamente. Sforza). un auténtico derecho de particulares en el sentido con que acuñó este concepto C.2. se integran en el . el TC estima que no es de apli- cación en este caso el típico examen judicial estricto sobre cualquier posible discriminación sexual. rehabilitación y transmisión mortis causa de los tí- tulos nobiliarios no son fruto tampoco de relaciones inter privatos. de estricto carácter privado (vale decir. T. en el que intervienen diversos órganos estatales (desde el Consejo de Estado hasta los órganos judiciales. pues: admitida la constitucionalidad de los títulos nobiliarios por su naturale- za meramente honorífica y la finalidad de mantener vivo el recuerdo histórico al que deben su otorgamiento. sino ejercicio de facultades públicas del monarca (artículo 62 f). el derecho de nobles sería resistente frente a la prohibición constitucional de discriminación por razón de sexo por tratarse de un derecho histórico. Los votos particulares de los magistrados C. pasando por el refrendo del ministro de Justicia). al que es aplicable la Constitución y su artículo 14. Aunque los títulos nobi- liarios sean hoy un simple nomen honoris de escasa trascendencia.15. plenamen- te integradas. y esto es aquí lo más relevante.
según sentenció el papa Clemente XIII para negarse a modificar las Constituciones de S. Los dos órganos judiciales ordinarios que conocieron previamen- te el caso habían entendido que ello no violaba los derechos de las trabajadoras. de 27 de marzo. por lo que hubo una satisfacción extraprocesal de la pretensión. Un sindicado. demandó a Renfe porque obligaba a utilizar falda a las empleadas que servían en el tren de alta velocidad. Por otro lado. en definitiva. Otra sentencia a tener en cuenta es la STC 3/2007. porque Renfe y los sindicatos pactaron antes la posibilidad de que las trabajadoras pudieran elegir entre la falda y el pantalón. a los empleadores) en relación con la discriminación que en algunos casos puede producirse contra las trabajadoras. porque no suponía un ataque a su honor y dignidad. y. la inferioridad de la mujer. IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 1335 “patrimonio inmaterial” de ciertos individuos y. 11a. ser resuelto por el Tribunal Constitu- cional. 10a. al Estado de los de- rechos fundamentales (“la publicatio de los títulos nobiliarios tiene el pequeño coste derivado de la circunstancia de vivir en una res publica constitucional”). Es una lástima que el Tribunal Constitucional no se pronunciara sobre el problema de la vestimenta de los trabajadores (cuya determinación corresponde. sobre todo. El asunto no pudo. Exigencia de determinada apariencia física en el ámbito labo- ral: STC 84/2006. por otra. Por una parte. sin embargo. “el valor de los derechos fundamentales no se mide por el número de sus posibles titulares ni por el mayor o menor alcance de sus consecuencias jurídi- cas o prácticas”. El Tribunal se enfrenta a unas decisiones judiciales ordinarias que habían denegado a una trabajadora el derecho de reducción de . los títulos nobiliarios también tienen que adaptarse a la Constitución. sin darles la posibilidad de vestir pantalo- nes. Sin olvidar el prejuicio profundamente odioso que está en el origen histórico de esta preterición de la mujer: su incapa- cidad para transmitir el linaje en condiciones de igualdad con el hombre y. de 15 de enero. Ignacio) es muy endeble desde el punto de vista jurídico. CGT. en principio. además. la tesis de que si la Constitución acepta la pervivencia de una institu- ción histórica debe admitirla tal como es sin exigir ninguna adaptación (sint ut sunt aut non sint: sean como son o no sean. el orden regular de transmisión mortis causa no es un elemento basilar de la institución.
“dimensión constitucio- nal”. sin embargo. de 1971). Duke Power Company. por tanto. El Tribunal Constitucional otorga el amparo. porque estimó que el juez ordinario había interpretado la ley sin haber ponderado el derecho fundamental. de 1o. lo toma de la jurisprudencia del Tribunal Supremo estadounidense. pero de los que derivan. Prohibición de discriminaciones indirectas o de impacto Son discriminaciones indirectas aquellos tratamientos jurídicos for- malmente neutros respecto del sexo. pues venían realizando igual trabajo y. aunque no sin ciertas oscilaciones. Las recurrentes en amparo son limpiadoras de un hospital público que pedían el mismo salario que los peones. El TC ha incorporado el concepto de discriminación indirecta. 2. de modo que tiene carácter de principio interpretador: “la di- mensión constitucional de la conciliación ha de servir de orientación para solución de cualquier duda interpretativa”. conse- cuencias desiguales perjudiciales por el impacto diferenciado y desfa- vorable que tienen sobre los miembros de uno y otro sexo (de ahí que a este tipo de discriminación se la denomine también “discrimi- nación de impacto”). innovadora porque reconoce el carácter de “principio” (y no ya el de regla) de la prohibición constitucional de discrimina- ción sexual. en cierta medida. CE) y tiene. La sentencia incorpora los conceptos de derecho antisdiscriminario provenientes del ordena- miento comunitario europeo y concluye que la conciliación entre vi- da personal y profesional deriva de la prohibición de discriminación sexual (artículo 14. desde la sen- tencia Griggs vs. antes de su reconocimiento en la ley orgánica de igualdad entre mujeres y hom- bres. La sentencia es. inferior sueldo. con cita expresa de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (que a su vez. percibían. según convenio colectivo. es la que lo introduce. El TC les otorga el amparo por entender que eran víctimas tanto de una . por la desigual situación fáctica de los hombres y mujeres afectados. La STC 145/1991. La doctrina de la discriminación indirecta fue inicialmente de acuñación jurisprudencial entre nosotros. de ju- lio.1336 FERNANDO REY MARTÍNEZ jornada por guarda legal de hijos menores de seis años al interpretar que no cabía en lo que el precepto aplicable del Estatuto de los Tra- bajadores denomina “jornada ordinaria”.
. pues el empleador no justificó suficientemente la diferencia de trabajos en- tre hombres y mujeres en orden a concederles una retribución distin- ta y.. S. a pesar de ostentar ca- tegorías profesionales superiores o equivalentes a las de sus compañe- ros de las mismas secciones. afirma el TC. además. Este criterio. el único criterio de diferencia que mencionó fue el del “mayor esfuerzo físico” de los varones. La STC 58/1994. consecuencias desiguales perjudiciales por el impacto diferencia- dor y desfavorable que tratamientos formal mente iguales o razonable- mente desiguales tienen sobre los trabajadores de uno y otro sexo a causa de la diferencia sexual. percibían una retribución mensual sensi- blemente inferior. es “una premisa no demostrada. mejor retribuidos. La prohibición constitucional de discriminación comprende también las discriminaciones indirectas. IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 1337 discriminación directa (según el principio de igual retribución por tra- bajo de igual valor) como indirecta: desigual valoración (adoptando como criterio determinante el sexo) de trabajos equivalentes desde el punto de vista de la naturaleza y condiciones de la prestación. de 28 de febrero. En el caso en examen.. desconociendo otras características del trabajo (atención. El problema planteado por el asunto era el de si constituía una discrimi- nación el hecho de que las empleadas de las secciones de envasado y expedición de la empresa Antonio Puig. El TC aprecia una discriminación prohibida. etcétera) más neutras en cuanto a su impacto en cada uno de los sexos”. responsabilidad. La misma denominación de “limpiadoras” es calificada por el TC de discriminatoria. que la STC define como: Tratamientos formalmente no discriminatorios de los que derivan. cuidado. que otorga mayor valor injustificadamente a una cualidad predomi- nantemente masculina. no le satisface al TC la justificación de la razonabilidad de la diferencia entre las categorías de “peones” y de “limpiadoras” que había observado el órgano judicial ordinario (la mayor penosidad y esfuerzo físico que caracteriza a la figura de peón). formulado aisla- . criterio que. profundiza en los criterios de valoración sobre si han de considerarse o no de igual valor los traba- jos desempeñados preferentemente por mujeres respecto de los tra- bajos. realizados preferentemente por hombres. A. por las diferencias fácticas que tienen lugar entre trabajadores de diverso sexo.
por sí mismos. un factor esencial en la tarea de que se trataba . y no exista transparencia en la deter- minación de los criterios retributivos. discriminatorios. ni su valoración fue objetiva y transparente. en la sentencia 250/2000. conforme a la Constitución. de 16 de oc- tubre. Pero. con lo que no consiguió desvanecer la apariencia discriminatoria. a fin de excluir cualquier sospecha de que el sexo haya podido ser el factor determi- nante de dicha diferencia. la utilización del esfuerzo físico como criterio diferencial del valor sala- rial atribuido a las categorías masculinizadas de “cargadores. 2a. Para el Tribunal es definitivo que es función de los “cargadores”. triadoras y encajadoras”. el TC aísla tres reglas generales: 1a. etcétera “el permanente manejo de… cargas de 20 kilos de peso”.1338 FERNANDO REY MARTÍNEZ damente. corresponde al empleador la carga de poner de manifiesto los citados criterios. desigualmente retribuidas. falló. al identificar como discriminación indirecta la diferencia retri- butiva del distinto trabajo.) En los supuestos en los que existan ca- tegorías predominantemente ocupadas por trabajadores de uno u otro sexo. con el consiguiente “riesgo dorsolumbar que la constante exigencia física que esa actividad entraña”. pero de igual valor.) El parámetro de igualdad no es aquí la igualdad de tareas. El TC aplica estos criterios en la sentencia 147/1995. sino la igualdad del valor del trabajo. es sexista. confirmó la sentencia del tribunal ordinario que había considerado que el criterio del mayor esfuerzo físico era.) En la valoración del trabajo ha de garantizarse que los criterios de evalua- ción no sean. aplicando estos crite- rios. de 27 de octubre de 1993. después de reiterar su doctrina. sino que se trate de criterios neutros. Remitiéndose a la sentencia Enderby del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El empleador no logró probar que los criterios de diferencia retributiva fueran neutrales. descar- gadores y apiladores” (en el Convenio de Manipulación y Envasado de Agrios de la región murciana de 1994) frente a las de “marcadoras. moldeado y bombas de satinado) dentro de una empresa. en el caso en examen. de las mujeres (enva- sado y control estadístico) y de los varones (mezclas. El TC. 3a.
por lo cual es lógico que esté mejor retribuida. entiende que las funciones de producción y de envasado no tie- nen el mismo valor. empaquetado y acaba- do. a las mujeres se las derivaba nor- malmente hacia el departamento de envasado. estuviera una vez más la idea preconcebida de la menor fortaleza física y de cierta debilidad de la mujer en relación con el varón”. admitiendo el principio de derecho comunitario de igual re- tribución por trabajos de igual valor (y no sólo por trabajos idénti- cos). que. por tanto. pues la división sexista de tareas no fue objeto de debate en los procesos judiciales ordinarios y. da un paso atrás en la línea jurisprudencial establecida por las STC 145/1991 y 58/1994 (y que volverá a recuperar en la STC 147/1995). no obstante. ofrece también una solu- ción criticable al problema planteado. no había violación del artículo 14. de 3 de diciembre.. es bastan- te curioso: la recurrente se presentó y aprobó unas pruebas de auxi- liar administrativo con destino en la administración autonómica 14 Encuen tro. de 27 de octubre. pero no advierte en ella una discriminación indirecta. lo que es muy discutible a la vista de los criterios comunitarios que el TC hizo suyos en la STC 58/1994. por lo que estaba correcta- mente establecido y. a esta función se la asignaba un menor nivel retributivo. e incluso las pocas mujeres que trabajaban en el de- partamento de producción recibían una remuneración inferior a la de sus compañeros varones. CE. además.. porque. .14 La STC 286/1994. La STC sostiene que “es muy probable que en la génesis de la segregación profesional de los trabajos. La STC 198/1996. discutible que se niegue a priori la posibilidad de que al- guna mujer pudiera desempeñar un trabajo de esta naturaleza. IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 1339 y no era el único criterio de valoración. pero no la discriminación indirecta de la clasificación de funciones dentro de la empresa en atención al sexo. sino que la primera exige mayor responsabilidad. También en este caso pa- rece existir una segregación profesional por razón del sexo en una empresa de fabricación de galletas: mientras que a los varones se les confiaba la producción (es decir. el TC sí apreció la discriminación directa que sufrían las mujeres que traba- ja ban en la sec ción de pro duc ción. por otra parte. la manipulación de las materias pri- mas y la creación del producto). y califica esta distinción como “anacrónica” y “estereotipada”. Por supuesto. Como es de suponer.
En su voto discrepante. el empleador ha creado. en un año Fasa contrató 120 varones y ninguna mujer) y hubieran permiti- do. máxime si dicha conducta la observa una administración pública. además. y. pues si se hipervalora a efectos retributivos en detrimento de otras características más comunes y neutras en cuanto al impacto en am- bos sexos. en la práctica. que ha concedido el amparo a un sindicato porque el TSJ que conocía de un proceso en el que se discutía la política de contrata- ción casi exclusivamente en favor de varones de una empresa (Fasa). posteriormente dicha administración asimila el puesto de “basculero” al de auxiliar administrativo y adscribe la recurrente a dicho puesto. finalmente.1340 FERNANDO REY MARTÍNEZ madrileña. por esa sola causa. toda vez que se trata de un factor requerido por la propia naturaleza del trabajo (otra cosa son las consecuencias que se atribuyan a esa mayor fortaleza física. una discri- minación por razón de sexo que debiera haber sido amparada por este Tribunal. decide resolver la relación laboral porque la actora no posee la fuerza física necesa- ria para realizar el trabajo de basculera (algunas operaciones de montaje de la báscula para pesar los vehículos requerían notable fuerza física). se lesionaría el artículo 14. Vicente Gimeno entiende. la inte- gración de los basculeros en la categoría de auxiliar administrativo se efectuó para evitar la “masculinización” de la tarea de basculero). CE. a su despido. la Comunidad de Madrid. por el contrario. correspondiendo a la . que: cuando se oferta un puesto que no requiere esfuerzo físico alguno y posteriormente se le obliga a la mujer a realizar otro (aunque se en- cuentre dentro de la misma categoría profesional) que no puede ejerci- tar porque carece de la fuerza necesaria. Hay que mencionar también la saludable STC de 22 de marzo de 1999. si las funciones de basculero requieren poseer una fortaleza física superior a la media de las mujeres ello por sí solo no resulta discriminatorio y contrario al artículo 14. y se procede. El TC no aprecia discriminación indirecta basándose en que el puesto de trabajo se ha definido conforme a criterios neu- tros y está abierto a trabajadores de ambos sexos (de hecho. en ese caso invertir la carga de la prueba. CE). se negó a incorporar al proceso ciertos documentos que hubieran acreditado indicios suficientes de discriminación (por ejemplo.
Por su similitud. ya que la empresa no aportó una justificación objetiva y razonable de por qué exigía el título de Formación Profesional-2 para realizar unas funciones que no requerían tan formación. la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) de 4 de mayo de 2000 estimó la preten- sión del sindicato al declarar que la empresa habría incurrido en una conducta discriminatoria indirecta en su política de contratación. concluyendo que esta medida resul- ta contraria al artículo 14. en consecuencia… en caso de denegación. pero “cuanto más tiempo lleva el personal interino en el puesto.3. de 22 de diciembre. Excluir a los funcionarios interinos de este tipo de excedencia sería una discriminación indirecta porque “en el ámbito laboral la denegación de esta posibilidad supo- ne un obstáculo muy importante a la permanencia de las mujeres en el mercado de trabajo”. CE”. la excedencia para el cuidado de los hijos menores “coopera al efectivo cumplimiento del deber de los padres de prestar asistencia a los hijos (artículo 39. por todo lo cual “tiene dimensión constitucional”. Por otro lado. cuyo fundamento se encuentra en los artículos 39. CE)” y “promueve la conciliación entre la vida familiar y laboral de los trabajadores. En la sentencia 240/1999. de 20 de diciembre (cuya doctrina se reitera en la sentencia 203/2000. justificar un trato diferenciado entre el personal estable e interino al servicio de la administración”. Finalmente.1. pues el artículo . el TC aborda el problema de la denegación de la excedencia para el cuidado de los hijos a las funcionarias interinas. No niega el Tribunal que “el interés público de la prestación del servicio puede. CE)”. puede calificarse como una magnífica sentencia.2. pues “hoy por hoy son las mujeres las que de forma casi exclusiva solicitan este tipo de excedencia y. Y no tanto por su fallo. esta sentencia bien podría calificarse como la sentencia “Griggs” española. La STC 253/2004. “ga- rantiza el instituto de la familia (artículo 39. CE (por lo menos en el caso de funciona- rias interinas que lleven más de cinco años ocupando su plaza). IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 1341 empresa probar que su política de contratación era objetiva y ajena a toda intención discriminatoria. más injustificadas son las diferencias de trato”. siendo “desproporcionado y perjudicial para el colectivo femenino que por razones socioeconó- micas no suele poseer tan título”. en hipótesis. de 24 de julio).1 y 9. sólo las mujeres se ven obligadas a abandonar sus puestos de trabajo”.
En efecto. sino por su argumentación. sostiene. que el trabajo a tiempo parcial conlleve una pensión de cuantía proporcionalmente inferior a la de un traba- jador a tiempo completo. De modo que una regulación legal como la cuestionada. que fue impugnado en la cues- tión de inconstitucionalidad (“para determinar los periodos de cotiza- ción y de cálculo de la base reguladora de las prestaciones de la se- guridad social. por cierto. en 2004. incluida la protección por desempleo. esta cifra se elevaba al 81. lo cual puede explicarse por el significativo desarrollo que ha experimentado recientemente el derecho comunitario en este sentido (el fundamento jurídico 7o. el 75. se computarán exclusivamente sobre las horas trabajadas”). en 1996. y esto es lo más novedoso de la sentencia. que no es contrario al artículo 14.94%. concluyendo que el precepto legal impugnado incu- rría en ella porque “el contrato a tiempo parcial es una institución que afecta de hecho predominantemente al sexo femenino. Quizás sea la sentencia que con mayor entusiasmo acoge el concepto de discriminación indi- recta. a los contratos a tiempo parcial. pues dificulta injustificadamente el acceso de los trabajadores a tiempo parcial a la protección social. lo que obliga a examinar con mayor cautela el impacto de la regla sobre cómputo de periodos de carencia”. Pero. conduce a un resultado “desproporcionado”. La sentencia se valió (como suele ser habitual en los casos de discriminación indirecta) de estadísticas (del Instituto de la Mujer) que revelaban cómo. incorpora el análisis más completo y actualizado del derecho de la unión. para los fines del cómputo de los periodos de carencia necesarios para causar derecho a las pres- taciones.4 del Estatuto de los Trabajadores. había sido modificado posteriormente. por un lado. El Tribunal entiende que la regulación vulnera el principio de igual- dad en la ley y también el derecho a no sufrir discriminación (indi- recta) por razón de sexo. de la capital directiva 76/207 —modificada por la directiva 2000/73—). el Tribunal enjui- cia también la cuestión desde la perspectiva del concepto de discrimi- nación indirecta.. especialmente. en sentido estricto. que trataba de modo desproporcionado a . al exigir periodos de carencia más exigentes que a los trabajadores a tiempo completo. CE. ya que implica un esfuerzo contributivo menor.16% de los contratos a tiempo parcial los desempeñaban mujeres y.1342 FERNANDO REY MARTÍNEZ 12. pero la aplicación del criterio de proporcionalidad.
el Tribunal puede declarar inconstitucional el precep- to. una regla específica referida al caso de la reducción de jor- nada del artículo 37. Por consiguiente. deberían computarse como si se hubiera desempeñado la jornada a tiempo completo.1. según demuestra contundentemente las estadísticas. El juez proponente entendía que los periodos en los que la mujer trabaja a tiempo parcial. una inconstitucionalidad por omisión o insuficiencia normativa en la medida en que el legislador no ha contemplado expresamente. con el auto de 17 de abril de 2007.5. se habría producido una discriminación indirecta contra las trabajadoras. en realidad. por haberse acogido al derecho de reducción de jornada por cuidado de hijo menor de seis años o fami- liar a cargo (artículo 37. El Tribunal Constitucional observa que lo que plantea el juez es. se acogen a tal modalidad de conciliación (en supues- tos como éste. Al no hacerlo así. según el juez propo- nente. CE. aunque no nulo.2 en relación con el artículo 109. sino sobre las cotizaciones que se habrían efectua- do de haberse mantenido la trabajadora en tal periodo en jornada completa. con fines del cálculo de la base reguladora de la pensión de incapacidad permanente. por presunta vulneración del artículo 14. producía una discriminación indirecta por razón de sexo prohibida por la Constitución. por “notoriamente in- fundada”. El Tribunal va a inadmitir a trámite. . ya que eso no repara en nada la inconstituciona- lidad y provoca un vacío normativo. la pensión tendría que calcularse no sobre lo efecti- vamente cotizado. ha de ser el legislador el que. solucionara la tacha de inconstitucionalidad). Estatuto de los Trabajadores). al impactar mayoritariamen- te sobre las trabajadoras. por ser ellas las que. ET. IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 1343 los trabajadores a tiempo parcial respecto de los que lo son a tiempo completo (pues les dificultaba al máximo el acceso a las prestaciones sociales —otra cosa es que la cuantía de las mismas sean legítima- mente desiguales a favor de los últimos—). una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el juz- gado de lo social número 1 de Guadalajara contra el artículo 140. sin embargo. al establecer la regla general de cálculo de la base reguladora de las pensiones por incapacidad per- manente.5.1 del texto refundido de la Ley Ge- neral de la Seguridad Social. en un “plazo razonable”. Esta línea expansiva del concepto de discriminación sexual indirec- ta se rompe abruptamente.
el Tribunal mantiene una postura formalista y sex-blind sobre este particular. que este voto no recordara el antecedente de la STC 3/2007. Ejercer ese derecho no puede suponer para el trabajador un perjuicio o un trato peyorativo. las trabajadoras no se encuentran en la misma situación. donde el Tribunal había elevado el principio de conciliación a rango de principio constitucional orientador de la legislación). pero con fun- damento constitucional (artículo 39. Recordando que la STC 253/2004 consagró la plena constitucionalidad del principio de contributividad (esto es. no obs- tante. Emilia Casas y por Elisa Pérez. que obliga a los poderes públicos a proteger a las familias). con la consiguien- te reducción proporcional de salario y de cotizaciones a la seguridad social. las dos únicas magistradas del Tribunal en el momento en que dictó la resolución) que considera que el trabajador que reduce su jornada hace valer un derecho legal (artículo 37. sino peor. ET). acompañado por un voto particular (firmado por la presidenta. sin embargo. que otros trabajado- . empero. de que las prestaciones de la seguridad social se calculen en función de las cotizaciones efectivamente realizadas). Dado que son las mujeres quienes mayoritariamente se acogen a este derecho de reducción de jornada. CE. Reconoce también que esta menor cotización puede afectar a la cuantía de una eventual pensión por invalidez permanente (u otras prestaciones de la seguridad social) que puedan en el futuro causarse por la trabajadora que se haya acogido al derecho de reducción de jornada. sostiene que es al legislador a quien corresponde. y pierde la oportunidad de haber concretado las sugerentes afirmaciones que para la igualdad real entre trabajadoras y trabajado res en este punto había vertido en la anterior STC 253/2004. Reconoce que es “innegable” que son mayoritariamente las trabajadoras quie- nes se acogen al derecho de reducción de jornada. Ma.1. Así pues. Este auto viene. decidir acerca del grado de protección que han de merecer las distintas necesidades sociales. de ahí que el legislador haya de tener en cuenta todas sus posibles repercusiones (sorprende. en atención a las circunstancias económicas y sociales imperativas para la viabilidad y eficacia del sistema de seguridad social.1344 FERNANDO REY MARTÍNEZ Este razonamiento no convence. Pero no encuentra que la carencia en la Ley de la Seguri- dad Social de una excepción a la regla general para este tipo de ca- sos sea una discriminación por razón de sexo. al Tribunal.
Ha sostenido que la diferencia de trato establecida por la norma penal es razona- ble. ¿Cómo ha argumentado el TC?: 1o. lo proporciona la importante sentencia 59/2008. Habría una clara discriminación sexual indirecta. de cualquier modo. Ha constatado que. aunque tal califica- ción es discutible en este caso. por tres motivos: a) Persigue una finalidad legítima.1 del Código Penal. mientras que si la víctima es el hombre y la ofensora la mujer. la pena para el varón que. lo que demuestra la mayor necesidad objetiva de protección . Se trata de luchar contra la violencia de género: “no hay forma más grave de minusvaloración que la que se manifiesta con el uso de la violencia con la finalidad de coartar al otro su más esencial autonomía en su ámbito más personal y de negar su igual e inalienable dignidad”. IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 1345 res que prestan sus servicios a tiempo parcial o reducen su jornada por razones diferentes. el legislador penal tiene una amplia libertad para determinar delitos y penas. cause menoscabo psíquico o lesión (que no fueran constitutivos de delitos) o golpeare o maltratare (sin causar lesión) a la esposa o pareja con la que conviva será de seis meses a un año de prisión.1. por dos motivos: pri- mero. 2o. la pena será de tres meses a un año. de 14 de mayo. en general. Un último ejemplo de discriminación indirecta. ciñéndose sólo a los notorios excesos del marco constitucional. La diferen- cia está. y que el Tribunal Constitucional debe contenerse a la hora de valorar la política criminal establecida por las Cortes. b) Es una norma adecuada a esa finalidad legítima. que resuelve una cuestión de inconstitucio- nalidad planteada por el Juzgado de lo Penal número 4 de Murcia respecto de la redacción que el artículo 37 de la Ley Orgánica de Violencia ha dado al artículo 153. Yo también lo creo así. prevenir las agresiones que en el ámbito de las relaciones de pareja se producen como manifestación del dominio del hombre sobre la mujer. fallando que la norma penal que castiga más a los hombres cuando maltraten a sus mujeres o ex mujeres que a las mujeres cuando maltraten a sus pare- jas varones es conforme con la Constitución. La duda de adecuación a la Constitución de esta norma (artículo 153. Concretamente. Código Penal) se centraba en si ese diferente trato penal lesionaba o no el principio de igualdad constitucional entre mujeres y hombres. la frecuencia de los delitos de violencia en que la víctima es la mujer. en esos tres meses del límite mínimo de la prisión. pues.
sumamente elocuente. además de novedoso y espectacular. 95/2008. es decir. 152/2009. Esto revela que la Ley ha sido en este punto una mala Ley y que no fue elaborada con la suficiente serie- dad ni rigor. un auténtico referéndum judicial oficioso sobre la deficitaria calidad de la Ley en este punto. 45/2009. 80/2008.1346 FERNANDO REY MARTÍNEZ de ésta. La profusión de las dudas judiciales es un hecho. y ha resuelto más de cien cuestiones de inconstitucionalidad. ya que atenta contra la dignidad. 127/2009. ni se hace constar expresamente en el fallo. Se ha pro- ducido aquí. A la sentencia le acompañan cuatro votos discrepantes. . se- guridad y libertad de las víctimas de un modo más intenso. 82/2008. que merece un mayor reproche. 83/2008. Casi todos coinciden en dos ideas de cierta enjundia: 1a. 99/2008. además de un despilfarro (imputable al legislador) de tiempo y recursos públicos. 180/2009. 201/2009. lo cual provoca inseguridad jurídica en la aplicación por los jueces de la norma (esto es especialmente peligroso en relación con las normas penales). La doctrina de esta sentencia ha sido reiterada en muchas otras pos te rio res (76/2008. c) Es una norma proporcionada o medida porque la diferencia de trato es esca- sa (sólo esos tres meses del límite mínimo de la prisión a imponer). lo cual. Hay aquí una violencia peculiar. 96/2008. 107/2009. segundo.) La norma penal exa- minada se funda en la idea (que no comparten) del mayor desvalor de las agresiones de los hombres sobre las mujeres que las de las mu- jeres sobre los hombres. 165/2009. 97/2008. 81/2008. ni siempre se producirá en la práctica. el mayor desvalor (o gravedad) de este tipo de con- ductas porque “manifiestan la discriminación y la relación de poder de los hombres sobre las mujeres”. acepta la constitucionalidad de la ley. 2a. pero sólo si se entiende que en las agresiones se produce una situación de discrimi- nación o de relación de poder del hombre sobre la mujer. 164/2009. 151/2009. sin embargo.) La sentencia es “interpre- tativa”. 100/2008. 153/2009. 202/2009. sobre todo si tenemos en cuenta que los órga- nos judiciales españoles no suelen presentar cuestiones de inconstitu- cionalidad con facilidad ni frivolidad —entre otras cosas por la tar- danza del TC en resolver—. 213/2009). 154/2009. 98/2008. Esta idea revela una añeja y superada con- cepción de la mujer como sexo débil.
por el contrario. como los juristas más atentos saben. en línea de disolver más que de resolver problemas. CE). no está. Y ese es. Llegando la lectura de la sentencia a ese fundamento séptimo. como digo. Porque. exige no un simple juicio o estándar de razonabi- lidad de la diferencia de trato. CE). va a establecer el estándar o méto- do de decisión. de modo significativo. con sus requisitos de idoneidad. probablemente porque habrá tenido temor a enfrentarse a la valoración de los requisitos de idoneidad y. Mientras que. a tratarse de un auténtico de- recho fundamental. el Tribunal Constitucional va a considerar que la norma cuestionada no plantea conflicto alguno en relación con la prohibi- ción constitucional de discriminación por razón de sexo: literal —y sorprendentemente— dirá que “no constituye el sexo de los sujetos activo y pasivo un factor exclusivo (me parece cierto: también otras personas vulnerables pueden ser víctimas. el estándar míni- mo de control que lleva a cabo el Tribunal: el juicio de razonabili- dad —más o menos adornado con algunos elementos del juicio de proporcionalidad—. en la prohibición constitucional de discriminación sexual (artículo 14b. tiene unas consecuencias fundamentales porque el juicio general de igualdad es una técnica de control judicial de la Ley muy débil. intervención míni- ma y proporcionalidad en sentido estricto. Por este camino no ha querido pasar el Tribunal. en efecto. no estaba completamente satisfecho con su propio modo de argumentar. El conflicto. sino un astringente o estricto juicio de proporcionalidad. que tan sólo exige que la diferenciación jurídica de trato sea razonable. cualquier lector ya está en condiciones de saber qué va a fa- llar el Tribunal. sino en el principio general de igualdad (artículo 14a. aún siendo varones) o determinante (esto es en lo que no puedo coincidir) de los trata- mientos diferenciados”. según el Tribunal Constitucional. porque es ahí donde. como le ocurrió con la sentencia de la composición equilibrada de las listas electorales. IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 1347 La clave de la lectura que hace el Tribunal Constitucional de las relaciones entre la norma penal cuestionada y el artículo 14 de la Constitución se halla en el fundamento jurídico séptimo. Esta elección del campo de decisión (igualdad general y no prohibi- ción de discriminación sexual). muy deferente hacia el legislador. sobre . quizás porque el Tribunal. cualquier limitación de la prohibición constitucional de discriminación sexual.
en el contexto de una Ley de Violencia de Género. pero en el contexto de un derecho penal igualitario. a convencer de la razonabilidad de que el legislador se enfrente a esta forma específica de violencia hacia las mujeres fundada en convicciones machistas y. por otro lado. que la diferencia de tratamiento es relativamente pequeña (sólo tres meses del límite inferior de la pena a imponer). la idea de la mayor vulnerabilidad de las mujeres o de la mayor culpa- bilidad de los varones refuerza. a intentar encontrar cierto espacio al derecho penal de género. otra solución para luchar contra la violencia de género que castigar de forma distinta. Lo verdaderamente llamativo es. que en un análisis de un tratamiento penal diferenciado por el sexo de los sujetos activo y pa- sivo de la conducta criminal. En cualquier caso. entonces? Al obrar así. sí existe lugar para un derecho penal de género. según el sexo de los sujetos activo y pasivo. el Tribunal Constitucional sostenga que el género no constituye un factor determinante. la idea de la infirmitas sexus. por tanto. las formas más leves de maltrato? Obsérvese que en ninguno de los casos de muertes de mujeres a manos de sus parejas es aplicable la Ley. Pa- . pues. en dirección contraria. La sentencia ofrece una argumentación sin coherencia interna. ciertamente. Cabe una perspectiva de género. De nuevo entra en escena la mirada paternalista sobre la mu- jer víctima de malos tratos. estereotipos negati- vos que recaen sobre las mujeres. Me parece que la auténtica ratio decidendi del Tribunal Constitucio- nal es. ¿Realmente no había. en el repertorio de respuestas penales. requiere un instrumental conceptual bastante completo y preciso). ¿Qué otro factor lo será. que. la coherencia de la argumentación de la sentencia se fractura inevitablemente. pero la Ley equipara todos los casos de violencia. de sexo débil. pero la medida impugnada ante el Tribunal no es un ejemplo afortunado de él. con lo cual priva de los recursos para proteger eficazmente a los supuestos más graves y habituales. En mi opinión. existe un síndrome de la mujer maltratada. ésta plantea el problema de qué tipo de medida es la norma penal en examen (el Tribunal omite este análisis. de indispensabilidad de la medida. sí. Y. Evidentemente.1348 FERNANDO REY MARTÍNEZ todo. porque una parte central de la misma se di- rige. más que elimina. más allá de la calidad argumentativa de la sen- tencia. finalmente.
puesto que son éstas las vícti- mas principales de tal tipo de violencia tanto en número como en cualidad. CE. declara contraria al artículo 14. de un trato (en este caso jurídico-penal) diferente en aten- ción al se xo que. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES La prohibición de discriminaciones directas e indirectas tiende a exigir la identidad de trato entre hombres y mujeres similarmente si- tuados. A mi juicio. los varones). de 21 de di- ciembre. El Tribunal Constitucional español se ha referido al concepto de acción positiva a partir de la sentencia 128/1987. Antes de esta sentencia. estaríamos en presencia de una disposición que intenta evitar una discriminación indirecta en la medida en que un régimen jurídico-penal idéntico para varones y mujeres en el escenario de los malos tratos domésticos produce un trato diferente y peor para las mujeres. al mis mo tiem po que in ten ta re me diar una situación de histórica subordinación femenina. en enjuiciar la razonabilidad de la medida diferenciadora de trato entre hombres y mujeres. ya que la violencia se funda en la mayoría de las ocasio- nes en una ideología de género que ve a las mujeres como seres inferiores. La STC 81/1982. la ordenanza laboral correspondiente que computaba como horas extraordinarias de las enfermeras todas las que realizaran en domingo. III. mientras que a sus compañeros varones se les computaba como máximo tres horas de las extraordinarias que efectuaran los domingos (y el resto se incluían . el mandato de acciones positivas. podemos hablar de una aproximación “indiferente” respecto del sexo (sex-blind) por parte del TC. pues no distinguía entre principio de igualdad y prohibición de discriminación. aunque de ello no cabe inferir que toda diferenciación jurídi- ca de trato deba ser de interpretación estricta o excepcional. IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 1349 ra algunos autores. de modo que su método de análisis consistía. de 16 de julio. esto es. En otras palabras. sino su necesario complemento. se trataría de una auténtica discriminación positi- va. la igualdad de oportuni- dades. Esta sentencia marca un hito. provoca un efecto di- ferente y perjudicial para los miembros del grupo social mayoritario (en este caso. sim- plemente. no es una excepción de la igualdad de trato.
se . la idea de compensación.2 de la Ley General de la Seguridad Social. Con los mismos presupuestos. y fueran sostenidos económicamente por ellas). EL TC no encontró razonables los argumentos que para esa diferencia apor- tó el Insalud y extendió a los enfermeros varones el régimen de sus compañeras (innovando el ordenamiento y excediéndose. A juicio del TC. se encontraran incapacitados para el traba- jo de forma permanente.1350 FERNANDO REY MARTÍNEZ dentro del cupo máximo de horas extraordinarias semanales). pues esa pensión es una prestación complementaria regida por condiciones aceptadas libre- mente por los mutualistas. en el supuesto concreto. que declara inconstitucional el artículo 160. lo más discutible de esta sentencia es que in- nova el ordenamiento (lo que debiera corresponder al legislador). el sexo puede operar como criterio de dife- renciación. según el TC. Este precepto condicionaba el derecho a la pensión de viudedad de los varones a un requisito que no exigía a las viudas: encontrarse incapacitados para el trabajo y vi- vir a cargo de sus esposas fallecidas. que resuelve un asunto de seguridad social complementaria de funcionarios. De modo que. como criterio de enjuiciamiento. Nuevamente. el TC dicta la sentencia 103/1983. que es central en la posterior STC 128/1987 (la ventaja de las viudas sobre los viudos pudo tener su sentido compensador en el pasado respecto de la especial “desigualdad real y efectiva” que sufrían las mujeres en aquel tiempo). de 17 de enero. de 22 de noviembre. además. A una solución totalmente distinta conduce. arrojando una importante carga económica a las espaldas de la segu- ridad social. el principio general de igual dad del test que debe ser judicial mente más exigente de la prohibición de discriminación. El TC examina los endebles ar- gumentos justificadores de la diferencia y declara discriminatorio este requisito. al tiem- po de fallecer sus esposas. probable- mente. Es reseñable que el voto particular de Francisco Rubio a esta sentencia prefigura ya. por el contrario. la STC 5/1994. de algún modo. siempre que se justifique en una fundamentación razona- ble (lo que aprecia en el caso). y. esto no constituye discriminación. pese a que la regulación de la adquisición de la pensión exigía a los viudos unos requisitos adicionales que no reclamaba para las viudas (que. de sus competencias). Tal criterio es discutible porque no distingue. en materia de pensiones de viudedad.
un análisis deta- llado. En este sentido: No debe olvidarse que la expresa exclusión de la discriminación por ra- zón de sexo halla su razón concreta. en la voluntad de terminar con la histórica situación de infe- rioridad que. tanto por la acción de los poderes públicos como por la práctica social. IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 1351 produce una (no apreciada por el TC) discriminación directa por ra- zón de sexo (sobre los varones en esta ocasión) si tenemos en cuenta que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión. como resulta de los antecedentes parlamentarios del artículo 14. como se decía. se había colocado a la pobla- ción femenina: situación que. El actor. este derecho se atribuía únicamente a los trabajadores con hijos menores de seis años que fueran viudos. e independientemente de su estado civil. a sectores de la población en posiciones no sólo des- ventajosas.1. Esta situa- ción de discriminación se ha intentado paliar en el orden laboral con . se tradu- ce en dificultades específicas de la mujer para el acceso al trabajo y su promoción dentro del mismo. sí representa “una explícita interdicción del mantenimiento de de- terminadas diferenciaciones históricas muy arraigadas y que han si- tuado. CE. y es unánimemente admitido por la doctrina. recurre en amparo ante el TC por entender que era dis- criminatorio el distinto régimen de prestaciones en concepto de guar- dería otorgado por su empleador. La lista de posibles motivos de discriminación del artículo 14. La sentencia 128/1987 merece. 2o. en la vida social y jurídica. viene considerando que las prestaciones de seguridad social complementaria entran dentro del concepto de “retribución” del artículo 119 del Tratado de Roma y de la directiva 75/117 (preceptos que exigen igualdad de retribución para hombres y mujeres por un trabajo de igual valor). de 17 de mayo de 1990. un varón que no obtendrá éxito final mente en su pretensión. CE. sino abiertamente contrarias a la dignidad humana (ar- tículo 10. desde la sentencia Barber. tenían derecho a percibir una prestación por guarde- ría. en el aspecto que aquí interesa. en la que se encuentra el sexo. aunque no es cerra- da. El TC realiza la siguiente interpretación: 1o. CE)”. Y en este punto de su argumentación. el Insalud: mientras que todas las trabajadoras con hijos menores de seis años. recuerda la sentencia diver- sos datos estadísticos corroboradores de su afirmación.
existe un conjunto de medidas que se han adoptado desde una perspectiva que reflejaba los mismos valores sociales que habían mantenido a la mu- jer en una posición de relegación en el mundo laboral: Partiendo de presupuestos de inferioridad física o de una mayor voca- ción (u obligación) hacia las tareas familiares. que sí son válidas. por el sexo (y cabe afirmar ahora. por la condición femenina) y colocados en posiciones de innegable desventaja en el ámbito laboral. que sí son legítimas en el Estado social y democrático de derecho para lograr la efectividad de valores constituciones como la justi- cia y la igualdad: La actuación de los poderes públicos para remediar la situación de de- terminados grupos sociales definidos. diversas disposiciones han venido a establecer diferencias de trato entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. por razones que resultan de tradiciones y hábitos profundamente arraigados en la sociedad y difícilmente eliminables. La STC 128/1987 imprime. que aunque de apariencia protectora. perpetúan y reproducen en la práctica. b) Otra cosa son las medidas de acción positiva en favor de la igualdad de las mujeres. pues. a) Por una parte. se reduce ahora a las medidas paternalistas o falsamen- te protectoras. pues se trata de dar tratamiento distinto a situaciones efectivamente distintas. que es preciso distinguir cuidadosamente de aquellas otras remediadoras o compensadoras. entre otras características. un giro copernicano a la juris- prudencia compensadora: la ilegitimidad constitucional que antes de ella se conectaba a todo tratamiento jurídico (dentro de una concep- ción sex-blind) que se adoptara tomando como criterio de diferenciación al sexo (otorgando una ventaja o beneficio a un colectivo femenino determinado). Aunque la presencia del sexo como elemento diferenciador “debe llevar a un más cuidadoso análisis de las causas subyacentes de la diferenciación . aún cuando establezca para ellas un trato más favorable. en la inmensa mayoría de las veces. según sean a) falsamente protectoras o b) verdadera- mente remediadoras o compensadoras. la posición de inferioridad social de la po- blación femenina. no puede considerarse vulneradora del principio de igualdad.1352 FERNANDO REY MARTÍNEZ numerosas medidas de finalidad protectora. Pero hay que distinguir dichas medidas.
con carácter general. después de haber estable- cido. por tanto. con uno u otro nombre. . la práctica social discriminatoria. vendría constitucional mente justificada. resultado de una larga tradición cultural. destinada a paliar la dis- criminación sufrida por las mujeres trabajadoras con hijos pequeños a su cargo: Este Tribunal no puede ignorar que. pues. la consecuencia correctora. este modelo de análisis. es patente. en la que el TC. el cuidado de los hijos. existe una realidad social.. caracterizada por la atribución en la práctica a la mujer del cuidado de la familia y. sino al contrario. Un buen ejemplo es la propia STC 128/1987. en comparación con otras categorías sociales. CE”. Ello supone un obstáculo muchas veces insalvable para el acceso al traba- jo. lo que supone una necesidad de revisión pe- riódica al respecto. plantea la grave dificultad de su aplicación en la práctica. las medidas protectoras de las categorías de trabajadoras que están so- metidas a condiciones especialmente desventajosas para su acceso al trabajo o permanencia en él (en comparación con las correspondien- tes categorías de trabajadores masculinos o con la población trabaja- dora en general). sino compensadora. IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 1353 por ser una causa típica de discriminación del artículo 14.. Es claro que tal diferencia de trato sólo vendrá justificada si efectivamente se dan las circunstancias discriminatorias. pese a las afirmaciones constitu- cionales. particularmente. Pero si el supuesto de hecho. la dife- rencia favorable de trato. El test de la medida paternalista/compensadora que es el aplicado. en los países de nuestro entorno. discriminatoria). lo vierte al caso en examen. en la STC 128/1987 el concepto (a la vez que ase- gura su legitimidad constitucional) de la acción positiva para la igual- dad de oportunidades de las mujeres. que se manifiesta en el dato. de la extremadamente baja partici- pación de la mujer casada en la actividad laboral.. y sólo en cuanto se den. El TC acuña. concluyendo (de un modo que entendemos muy opina- ble) que la medida impugnada (el plus de guardería concedido casi en exclusiva a las trabajadoras) no es una medida paternalista (y. esto es.. dirigidas a eliminar la situación de dis- criminación existente. no podrían considerarse opuestas al citado principio de igualdad.
casi en sus propios térmi- nos. puedan existir actividades laborales en las que la presencia física tenga una importancia decisiva para justificar una diferencia de trato por moti- vo de sexo. declara inconstitucio- nal. en cuanto que excluía a los va- rones de la pensión de viudedad del seguro obligatorio de vejez e invalidez (SOVI). invalida el artículo 3. del Decreto-ley de 15 de agosto de 1927) que establecía en su favor un descanso nocturno mí- nimo y continuo de doce horas (con la sola excepción de clínicas o sanatorios) era contraria al artículo 14. pero no lo aprecia en el caso. no la está consolidando. La STC 142/1990. Antes de la STC 128/1987. ¿hasta qué punto esta medida que reacciona contra la desi- gualdad de hecho. la norma de un convenio colectivo que otor- gaba a las auxiliares de vuelo mayores de treinta y cinco años y me- nores de cuarenta (pero no a sus compañeros varones) el derecho de retiro anticipado. de 21 de marzo. pues se basaba “en una valoración proteccionista del trabajo de la mujer que no tiene vigen- cia en la sociedad actual y que no está demostrado que tenga como consecuencia su promoción real y efectiva”. C. CE. que una regulación del descanso nocturno de las trabajadoras (artículo 2o. de 22 de diciembre. lanzando el mensaje de que los niños corresponden sobre todo a sus madres? A partir de esta sentencia.1354 FERNANDO REY MARTÍNEZ Pero. cuya doctrina se reite- ra en las STC 158/1990 y 58/1991. ya citada. el TC empleará. por tanto. la ar gumentación y conclusio nes de la STC 103/1983. . Esta sentencia reproduce. el Tribunal había sostenido. ya que la presencia física atractiva que normalmente demanda el personal receptor del servicio de vuelo (argumento que aducía el empleador) no es aplicable en relación con las auxiliares de vuelo. El TC no niega que. el test de las medidas paternalistas-compensadoras: 1. B. por discriminatoria. de 20 de septiembre. Medidas que el TC declara paternalistas o falsamente protectoras de la mujer A. con carácter general. La STC 207/1987.1 del de- creto-ley de 2 de septiembre de 1955. en la STC 38/1986.
la norma convencional (y. declarar nula. CE. el Tribunal crea una norma (y casi siempre. A pesar de considerar a la norma diferenciadora ilegítima. en la fijación de los márgenes de decisión lícitos del propio Tribunal. La STC 28/1992. no ir más allá ampliando la ventaja al actor y a los demás traba- jadores varones de la empresa. además. pero detener ahí el pronunciamien- to. pe- ro si en la STC 207/1987 se otorgaba el amparo. que la supone sujeta a unos riesgos que nunca amenazan al varón. por eso mismo necesitados de mayor protección. de 9 de marzo. que son traspasados cuando se amplía a los varones un beneficio (legítimo o no) concedido inicial- mente en exclusiva a las mujeres. porque reconoce la existencia de una norma colectiva discriminatoria. Y ello porque las medidas falsamente protectoras de las mujeres no sólo las discriminan a ellas. qui- zás. por discriminatoria. IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 1355 D. presenta una estructura se- mejante a la STC 207/1987: un trabajador varón que recurre una norma de convenio que establecía una ventaja en beneficio exclusivo de las trabajadoras. sino que parte de una noción diferenciadora de la mujer. pese a todo. la sentencia tolera la existencia en el ordena- miento de una norma que ella misma ha considerado contraria al ar- tículo 14. pero no la invalida. CE. El TC considera que dicho plus es una medida paternalista porque no favorece la promoción del trabajo de la mujer. Una solución más equilibrada podría haber sido. lo que a todas luces excede de su compe- tencia. Recordemos que en las sentencias relativas a pensiones de viudedad el TC ha optado por tal extensión a los varones. con un importante impacto eco- nómico sobre las arcas públicas). en que se extiende a todos los em- pleados). incompatible con el mandato de parificación del artículo 14. el TC desestima el amparo. Pero la sentencia 28/1992 deja irre- suelto el trato discriminatorio hacia los trabajadores varones. En estos casos. en nuestra opinión. Es decir. a sus compañeros varones. el TC estaría creando una norma nueva. ventaja que el TC considera discriminatoria. preci- samente porque al ser ilegítima no puede extenderse a los varones. No pro- . se optara por tal extensión. por tanto. sino también a ellos. La STC 28/1992 acierta. aquí se desestima. al conside- rarlas seres de inferior valor. El asunto que resuelve la STC 28/1982 es el siguiente: el convenio colectivo de Telefónica concedía un plus de transporte nocturno sólo a sus trabajadoras (hasta 1985. y porque si. dictar un fallo estimatorio).
no exterioriza un examen complejo o detenido de por qué un plus de transporte nocturno otorgado sólo a las trabajadoras es una medida paternalista. En efec- to. ni su emancipación de las tareas domésticas. resulta per- turbadora para lograr una igualdad efectiva de la mujer en relación con el varón. anula el artículo 162. en este caso. Por ello. afirma la sentencia. La STC 28/1992 ofrece también otro ejemplo del carácter en gran medida tautológico del test de la medida paternalista/compensadora. si- no que es una medida compensadora de un estado de necesidad en el que predomina la visión paternalista y la función sustitutiva de la pensión perdida. igualar por arriba. La STC 3/1993. Varias páginas del Código Penal demuestran una mayor inseguridad de las mujeres ante la posibilidad de ataques físicos e incluso el Tribunal Constitucional federal alemán. La distinción entre medidas paternalistas y compensadoras es siempre difícil y opinable. incluso advertida (como hace la STC 28/1982). en tanto que privilegio instituido en favor de la misma . la propia sentencia considera aquella ventaja como ilegítima o discrimi- natoria: la medida diferenciadora no tiene la función de reincorporar a la mujer al trabajo. El TC vuelve a extender a los varones la ventaja conce- dida inicialmente sólo a las mujeres. que reconocía sólo a las hijas y hermanas. adoptada por el factor de diferenciación sexual.1356 FERNANDO REY MARTÍNEZ cede. E. reconoció que “acaso podrían evitarse estos riesgos especiales poniendo a su disposición un autobús para los desplazamientos que hayan de realizar por motivo de su trabajo nocturno”. mujeres y hombres. de que. pero exige de los tribunales una exposición de argumentos que no sea meramente circular. pero no a hijos y hermanos. a nuestro juicio. a diferencia de lo que ocurría con la pensión de viudedad. sino igualar por abajo: anular el acto o norma discriminatoria para todos. extendiendo esta ventaja (inicialmente sólo para mujeres) a los varones. el derecho a percibir ciertas prestaciones. al valorar el argumento en favor de dicha prohibición del riesgo especial al que están sujetas las mujeres. se trata de una presta- ción que. de 14 de enero. ni dejar subsistente la discriminación. en su sen- tencia de 28 de enero de 1992 (que declaró contraria a la ley funda- mental la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres). pues a todos perjudica en realidad.2 de la Ley General de la Seguridad Social. Con el agravante.
sin embargo. mientras exista esa norma (aunque de apariencia discriminatoria). Esta STC 68/1991 mantiene. de modo que. de los magistrados Álva- ro Rodríguez Bereijo y Eugenio Díaz Eimil). la legitimidad de un trato favorable a las hijas de los empleados municipales respecto de los hijos. en tanto no sea modificada o derogada. es “cuando menos probable” que el precepto reglamentario que intro- duce la distinción sea discriminatorio. La STC 315/1994. de 28 de noviembre. “el encargado de aplicarla no puede privar a nadie del derecho que ésta le otorga. no lo tendrían. en cuan- to al supuesto que examina. es semejante. sea cualquiera su edad”. carecieran de suficientes medios de subsistencia. inaplicando las cláusulas que establecen la discriminación”. un derecho que ésta concedería si no lo fuera”. A juicio del TC. sin empleo. argu- mentando no desde la doctrina anterior del TC sobre la discrimina- ción por razón de sexo (test de la medida paternalista-compensadora). F. IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 1357 que se revela como una forma encubierta de discriminación que se vuelve contra ella. la STC 68/1991 estima el recurso de amparo so- licitado por una de estas hijas frente a la denegación administrativa de dicha pensión (el ayuntamiento interpretaba el precepto reglamen- tario. CE. y en tanto el legislador no la modifique. pues. sino a partir de la idea de que los aplicadores del derecho no pueden privar a nadie del derecho otorgado por una norma (aunque pudiera incurrir en discriminación). de otra solución distinta que ofrece el TC al complejo problema de la reparación jurídica de las discrimina- ciones: se reconoce que la discriminación “probablemente” existe en favor de un grupo de mujeres. a la luz del artículo 14. otra consecuencia que la de que no puede de- negarse. de 8 de abril: una pensión de orfandad que concedía un reglamento local navarro a los hijos varones de empleados municipales hasta los veinticinco años y a las hijas hasta que “tomaren estado civil o religioso. por cierto que esta misma interpre- tación fue defendida tanto por el Tribunal Supremo como por el vo- to discrepante que acompaña a la sentencia. según el texto literal de la misma. en definitiva. entendiendo que sólo deberían te- ner derecho a la pensión las mujeres que. aunque pueda eventualmente reconocerlo también a quienes. Estamos en presencia. a la STC 68/1991. pero no se extiende a los varones si- . Ahora bien. con apoyo en la norma discriminatoria. pero de ello “no puede ex- traerse.
. con apoyo en la jurisprudencia del TC sobre discriminación por sexo en materia de pensiones. se otorga el amparo. una equiparación “por arriba” con las mujeres similarmente situadas. pero.. dando origen a una situación privilegiada con base en un cri- terio diferencial incompatible con el sistema de valores latentes en la Constitución”. de 28 de noviembre. pese a todo. en la STC 315/1994 el actor era un varón que solicita- ba. puede exigir la supresión del beneficio si éste fuere injustificado y no razo- nable. el TC debiera haber declarado nula y derogada la norma reglamentaria preconstitucional. muy al contrario. la norma era claramente discriminatoria por paternalista o falsamente protectora y. cuyo contenido era la petición de aplicación de una norma preconstitucional que otorgaba a ciertas tra- bajadoras el derecho a una indemnización por ruptura del contrato de trabajo a consecuencia de su matrimonio. de modo que el principio de igualdad “no puede ser un medio pa ra ad qui rir de re chos ajenos en virtud del agravio comparativo. no resulta posible una parificación en la discrimina- ción misma”. en consecuencia. Pues bien. sino que se reconoce la discriminación. G. CE. La sentencia desestima el amparo. sobre plus de transporte nocturno). esto es. Muy acertadamente. y haber desestimado el amparo. que se extendiera también a los hijos varones de los empleados municipales navarros el régimen más favorable para el disfrute de la pensión de orfandad concedido inicialmente a las mujeres.1358 FERNANDO REY MARTÍNEZ milarmente situados (línea de la jurisprudencia sobre pensiones). En nuestra opinión. ni se desestima el amparo aunque se reconozca la discriminación (solución de la STC 28/1992. La sentencia aporta dos criterios generales . El TC declara dicha norma falsamente protectora y. confirma la corrección de la decisión de los órganos judiciales ordinarios de considerarla dero- gada por la Constitución. el TC desestimará el amparo porque el principio de igualdad “no siempre es motor de una generalización del régimen más favorable y. La STC 317/1994. es reseñable no tanto por la solución concreta a la que llega (que sigue el test típico). co- mo por su intento de sistematizar criterios para distinguir las medidas paternalistas o fal samente protectoras de las legítimas medidas de acción positiva para el fomento de la igualdad de las mujeres. por tanto. por incompatible con el artículo 14.
“que no tienda a perpetuar estereotipos o patrones culturales ya superados”.) que la medida no sea contraria al principio de igualdad de tra- to. por lo menos hasta las impor- tantes sentencias de 2008 a las que más tarde me referiré. es decir. Medidas que el TC ha considerado acciones positivas legítimas Estas decisiones (cuyo paradigma. la sala concluyó que la norma en examen era discriminatoria. el actor (varón) alegaba que las normas de los estatutos de la mutualidad laboral so- bre pensión de jubilación en el sector textil aplicables a su caso (que habían sido derogados ya hacía mucho tiempo antes. El TC declara que esta diferencia no es discriminatoria pues se aplicaba en un sector de actividad en el que. por aquellas fechas. esto es. pero que per- duraron en el tiempo a través de normas transitorias) eran discrimi- natorias porque establecían una sensible diferencia entre hombres y mujeres cuando la jubilación se producía entre los sesenta y los se- senta y cuatro años (la de la mujer podía llegar a ser un 80% del salario regulador y la del varón podía alcanzar como máximo el 70%). y que (2o. y adscrita a categorías profesionales de menor calificación. “que no tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo”. A. 2. porque provocaba la pérdida de igualdad de oportunidades en el empleo (al incentivar la interrupción de la carrera profesional de la mujer) y porque habría perdido su razón de ser en una sociedad como la ac- tual. El TC recuerda que la norma enjuiciada se inscribía en un contexto normativo que se decía comprometido en “liberar” a la mujer casada “del taller y de la fábrica” (Declaración II del Fuero del Trabajo) y que. en su conjunto. Aplicados estos criterios al caso. la mujer trabajadora estaba sujeta a inferiores condiciones de trabajo y salario. IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 1359 para distinguir una medida paternalista de otra de acción positiva: (1o. es la tanta veces citada STC 128/1987). En el asunto que da origen a la STC 19/1989.) no haya perdido su razón de ser. bien mediante cláusulas de excedencia forzosa de la mujer por razón de su matrimonio. son particularmente interesantes porque constituyen el auténtico banco de pruebas del reconocimiento de la licitud constitucional de las acciones positivas. bien mediante reglas de fo- .
B. Hay que tener en cuenta que después del planteamiento de la duda de constitucionalidad ante el TC. En el proceso a quo un trabajador varón que atendía ordinariamente la lactancia de su hijo (su mujer no podía hacerlo al tener que desplazarse diariamente para trabajar. de 14 de junio. excepcional o “histórico” de la medida. por su voluntad. laboral y socialmente. de una compensación. hay que tener en cuenta que el TC. por lactancia de un hijo menor de nueve meses. venía padeciendo el personal femenino. Posiblemente. No obstante. La STC 109/1993. el TC habría razonado de otro modo. del varón). lejos del domicilio familiar) había reclamado contra su empresa por- que ésta le autorizó la ausencia para alimentar al hijo. CE. sino compensar de algún modo la situación de inferioridad que. si hubiera esta- do vigente en el tiempo en el que se dicta la sentencia.1360 FERNANDO REY MARTÍNEZ mento del empleo de “padres” o “cabezas” de familia (condición que se predicaba. considerando que su objetivo es hacer compatible pa- ra la mujer su trabajo y el cuidado de sus hijos recién nacidos. La STC 109/1993 sostiene la constitucionalidad de la nor- ma impugnada. ante todo. es ya muy reducida. El TC sostiene que la diferencia impugnada no tenía por objeto colocar al trabajador varón en peores condiciones en el momento de su jubila- ción. para justificar esta dife- rencia de trato. se amplió el precepto: “Este permiso podrá ser disfrutado indis- tintamente por el padre o por la madre en el caso de que ambos tra- bajen”. derivada del artículo 9. “No puede afirmarse genéricamente —indica el TC— que cualquier ventaja le- gal otorgada a la mujer sea siempre discriminatoria para el varón por . La medida no implica una visión de la mujer como ser inferior en el tra- bajo.2. había colocado a las mujeres en una clara situación de inferioridad en el mercado de trabajo. la relevancia práctica de la sentencia.4 del Estatuto de los Trabajadores: “Las trabajadoras. pero no se la retribuía. La mujer. sino “una ventaja de apoyo a la mujer como grupo desfavoreci- do”. cuya doctrina se reitera en la STC 187/1993. Por ello. cuando se dic- ta en 1993. resuelve una cuestión de inconsti- tucionalidad planteada respecto del artículo 37. de 25 de marzo. po- drá sustituir este derecho por una reducción de la jornada normal en media hora con la misma finalidad”. valora muy significativamente el carácter limitado. tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones.
y que acaso la medida en examen lleva consigo el riesgo de consolidar una división sexista de papeles en las responsabilidades familiares. serlo para la mujer. en que la lactancia natural (como el embarazo y el par- to) es una realidad biológica diferencial. . en este caso. siempre le será “más rentable” contratar a hombres que a mujeres trabajadoras. Carlos de la Vega y Eugenio Díaz Eimil. La sentencia basa su conclusión de que la conservación del permi- so de lactancia en exclusiva para las trabajadoras es una medida compensadora de una situación de específica desventaja de la mujer trabajadora. la que le impusiera una privación sola- mente por su sexo)”. pues si bien la finalidad tuitiva de la nor- ma pudo encontrarse en su origen remoto (una Ley de 1944). Esta argumentación dividió al TC. siendo una norma laboral (que no se refiere. ya que a nadie se le oculta que para un empresario poco escrupuloso con el principio de igualdad. desde el momento en que se instaura dicho derecho y se otorga exclusiva- mente a la mujer trabajadora: aquella finalidad se vuelve contra ella misma. IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 1361 el mero hecho de no hacerle partícipe de la misma (como podría. pues. al contrario. dado el incremento de los costes laborales que por esta causa y por otras biológicas (por ejemplo. al voto particular de Vicente Gimeno se adhirieron otros tres magistrados: Fernando García-Mon. sostiene su constitucionalidad en la medida en que. y sin perjuicio de que el legislador pueda extender el beneficio al varón o incluso suprimirlo. sin que ello se oponga tampoco a los preceptos constitucionales invocados. su objetivo es hacer compatible para la mujer su trabajo y el cuidado del hijo recién nacido. Para ellos. al reparto de responsabi- lidades entre padre y madre). porque ello tiene lugar frente a la relación de trabajo. las bajas por mater- nidad) las mujeres siempre ocasionan. Y aunque admite que en el caso de la lactancia artificial también el varón puede prestar ese cui- dado al hijo. el precepto cues- tionado discriminaba claramente por razón de sexo a los trabajadores varones (que pueden alimentar artificialmente a sus hijos) y también a las mismas trabajadoras. Antes bien: La justificación de tal diferencia podría hallarse en una situación de desventaja de la mujer que se trata de compensar.
dos “ventajas” más orientadas a que la mujer compatibilice su actividad laboral con las actividades domésticas y familiares. En otras palabras. y ni siquiera estaba en vigor al tiempo de ser dictada la sentencia. por el contrario. ha originado una línea jurisprudencial ¡que. de 29 de enero. Pero en todo caso. en realidad. más una medida falsa- mente protectora que una auténtica medida de acción positiva. la STC 19/1989 tampoco es un ejemplo válido del reconocimiento de las acciones positivas. En una sentencia reciente. la única sentencia que ha mantenido una regula- ción favorable en exclusiva a las mujeres también para el futuro (y no sólo para situaciones pasadas) ha sido la STC 128/1987. como hemos visto. sino porque no existe ninguna razón válida para que no lo haga en condiciones de igual- dad con los varones). un plus de guardería y el permiso de lactancia. podemos concluir que. in- cluso en la jurisprudencia de igualdad de trato o de equiparación (lo cual no tiene mucho sentido: una mujer puede trabajar en el interior de una mina no porque se le compense de nada. ni se le fomente po- sitivamente una igualdad de oportunidades. La ventaja cuestionada dudosamente podría considerarse una ventaja. la concesión en exclusiva a la trabajadora del permiso de lactancia es hoy. compensadora. esta última sentencia. y más allá de la duda (casi metafísica) de si se trata de una medida paternalista o. probablemente y si tenemos en cuenta los dos criterios que más tarde aportará la STC 317/1994 (que la di- ferencia no anule o altere la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo de las mujeres y que no tienda a perpetuar estereotipos ya superados —del siguiente tipo: el cuidado de los hijos corresponde sólo o preponderantemente a las madres—). que es mecánicamente citada por el TC en muchos de los casos de discriminación por razón de sexo.1362 FERNANDO REY MARTÍNEZ Lo afirmado en el voto discrepante parece más acorde con la reali- dad sociolaboral actual. sobre com- posición equilibrada de mujeres y hombres en listas electorales (cuya . Da- do que. reside el problema social de la desigualdad). la 12/2008. sólo ha sido seguido por ella! Y no deja de ser curioso que las dos principales medidas que el TC ha considerado compensato- rias hayan sido. donde. hasta la fecha. precisamente. que a promocionarla efectivamente en el trabajo extra doméstico (que es. en realidad. lo cierto es que en la STC 109/1993 no podemos encontrar un asidero seguro del reconocimiento por parte del TC de las acciones positivas.
observando que la igualdad formal y material entre mu- jeres y hombres es “una piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos” (Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 18/12/79. de 22 de marzo. que se proyecta expresamente a la participación po- . bis. Convenio de Roma). de 19 de enero). que introdujo un nuevo artículo en la LOREG. CE. Esta proporción (que podrá ser mayor en las listas autonómicas) deberá mantenerse en cada tramo de cinco pues- tos y en las listas de suplentes. el artículo 44 bis. así como del derecho comunitario (Tratado de Lisboa. pero ya no se apoyará en la doctrina compensatoria de la sentencia 128/1987 (que parece estar en desuso). la medida controvertida era exqui- sitamente neutral en cuanto al sexo). LOREG) El Tribunal examina en primer lugar los argumentos de derecho comparado.2 de la Constitución (que ordena a los poderes públicos promover la igualdad real y efectiva). sobre los instrumentos utilizables por los Estados para darles cumplimiento. en el con- junto de la lista. el Tri- bunal se enfrenta a un caso claro de igualdad de oportunidades (aun- que formalmente. según el cual las candidaturas de las elecciones al Congreso. Frente al argumento de que en Francia e Italia tuvieron que reformar sus Constituciones para acoger una medida similar.2. las asambleas territoriales. sino directamente en el artículo 9. IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 1363 doctrina se reitera en la sentencia 13/2009. La igualdad entre mujeres y hom- bres se añade como valor fundamental de la Unión). en principio. para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.2. aún no en vigor: artículo 1o. el Parlamento europeo y los entes locales deberán tener una “compo- sición equilibrada” de mujeres y hombres. La sentencia resuelve la impugnación (por una cuestión de incons- titucionalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis- trativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife y un recurso presentado por más de 50 diputados del grupo parlamentario Popular) de la dis- posición adicional segunda de la Ley Orgánica 3/2007. Pero estos tex- tos no se pronuncian. como veremos. La regla no será exigible en los municipios con 3000 habitantes o menos (artículo 187. la sentencia considera que nuestro orde- namiento se diferencia del francés y del italiano por la amplitud del artículo 9. de forma que. los candidatos de cada uno de los sexos supongan como mínimo el 40%.
sino una fórmula de equilibrio entre sexos. CE”. sostiene más adelante que “el 44 bis. pues. y 9. CE. coaliciones y agrupaciones de electores (se plantea. en el ámbito del artículos 6o. sin precedentes) se utilice el derecho extranjero directamente como parámetro de inter- pretación de nuestras normas constitucionales. sobre todo.1364 FERNANDO REY MARTÍNEZ lítica y que a la idea de “remover” añade las de “promover” y “faci- litar”.. no supone un tratamiento peyo- rativo de ninguno de los sexos.2. Por otro lado. La medida. sino en el campo de los principios de organización electoral). De hecho. que tam- poco es estrictamente paritaria. El Tribunal considera que la medida es adecuada al man- dato de igualdad real y efectiva del artículo 9. persigue la efectividad del artículo 14. sino una proporción máxima de 60 a 40%. por su contenido. su finalidad y ubicación en una ley de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. pero lo curioso es que (hasta donde sé. en el ámbito de la representación política. El Tribunal sostiene que la medida impugnada no establece una medida de discriminación inversa o compensatoria (favoreciendo a un sexo sobre otro). el nuevo re- quisito tiene como destinatarios directos a los partidos. bidireccional en cuanto que esa proporción se asegura igualmente a uno y otro sexo. tras afirmar que la cuota electoral no “plasma un tratamiento diferenciado en razón del sexo”. donde si bien . aquí está el punto clave de la sentencia.2.2. en cuanto no impone una total igual- dad entre hombres y mujeres. Esta idea es discutible (¿“remover” no permite también “pro- mover”?). CE. por lo que no afecta al derecho de sufragio pasi- vo individual (no afecta directamente al artículo 23. Aunque esto es formalmente así. CE) Evidente- mente. a juicio del Tribunal. el propio Tribunal. CE) y no a los ciudadanos: no es una condi- ción de elegibilidad. LOREG. como asociaciones cualificadas por sus funcio- nes constitucionales (sujetos que concurren a la manifestación y for- mación de la voluntad popular) son cauce válido para el logro de la sustantivación de la igualdad propugnada por el artículo 9. ni siquiera plasma un tratamiento di- ferenciado en razón del sexo. me parece que se trata de una medida que es una acción positiva mate- rialmente. ya que se muestra el campo interpretativo en el que va a operar (no en el de los derechos fundamentales. Su efecto es. “toda vez que los partidos políticos. esto es. CE.
es evidente que la segundas han estado siempre materialmente preteridas”. La sentencia observa que no es. residencia. 14 y 23 CE). Es legítima (por el fin de conseguir la igualdad efectiva en el terreno de la participación política: artículos 9. CE). con excepciones para poblaciones de menos de 3000 habi- tantes y de 5000 para las elecciones municipales anteriores a 2011. ni puede ser. implícita en la Constitución (artículo 6o. por lo que se debe descartar que pro- duzca intromisión en la libertad positiva (libertad de creación de aso- ciaciones o de adscripción a una ya creada) o en la negativa (libertad de no asociarse y de dejar de pertenecer a alguna).2. o en la dimensión inter privatos (garantía de un haz de facultades a los asociados frente a las asociaciones a las que pertenezcan o pretendan incorporarse). absoluta. a juicio del TC. Es inocua para los derechos fundamentales de quienes siendo sus destinatarios. no son. de fundamento constitucional. la compatibili- dad de esta medida con el derecho fundamental de asociación. la normativa cuestionada no atañe a la vertiente indivi- dual del derecho fundamental. listas cerradas y bloqueadas. empezando por la libertad de presentación de candidaturas por los partidos. los partidos políticos. titulares de los derechos fundamentales de sufragio activo y pasivo. por lo que acaba de verse. Declarada la conformidad de la norma impugnada con el derecho de igualdad. en atención a otros valores y bienes constitucionales. Ya el legislador. Según el Tribunal. 3o. sino una atribución. Esta nueva limi- tación por razón del sexo no es la única ni carece. Esta constricción es perfecta- mente constitucional porque: 1o. Resta por examinar la objeción de mayor calado. ninguna de las cuatro dimensiones de la libertad de asocia- . Tampoco afecta a la libertad relativa a la organización y funciona- miento internos. 2o. Ni siquiera esa libertad es un dere- cho fundamental. el Tribunal pasa a examinar otros aspectos problemáti- cos. 4o. dado que “no versa sobre ninguna faceta de la vida interna ordinaria de los partidos políticos”. Es razonable el régimen instrumentado por el legislador que se limita a exigir una composición equilibrada con un mínimo del 40%. IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 1365 hombres y mujeres son formal mente iguales. ha limitado esta libertad imponiendo a los partidos determinadas condiciones para la confección de las candidaturas: elegibilidad de los candidatos.. por definición. De modo que.
a la Constitución. como es el sexo.1 y 20. En su opinión. aunque su voluntad se exprese a través de él. En el nuevo contexto normativo. Además. La medida no implica la exigencia de que los partidos participen de los valores sobre los que se sustenta la llamada democracia paritaria. No cabe atender el argumento de los recurrentes de que el requisito de la paridad perjudica a la unidad del pueblo soberano: el cuerpo electoral no se confunde con el titular de la soberanía (el pueblo es- pañol). La norma no impide la existencia de partidos con una ideología contraria (machista o feminista) a la igual- dad efectiva entre los ciudadanos. ni se quiebra la unidad de la categoría de ciudada- no ni se disuelve el interés general en un conjunto de intereses par- ciales o por categorías. El voto discrepante de J. Rodríguez-Zapata se opone a las tesis de la sentencia. sin embargo. la medida sería incons- titucional. los parti- dos que no compartan esta medida. El principio de composición equilibrada se asienta sobre un criterio natural y universal. es ya innecesario compensar la mayor presencia masculina con candidaturas exclusiva- mente femeninas por la sencilla razón de que aquel desequilibrio his- tórico deviene un imposible. considera el Tribunal que tampoco se fragmenta el cuerpo electoral.1 a) porque no lesiona la ideología feminista. es válido que los partidos acojan en sus estatutos cláusulas que aseguren la participación de la mujer en las listas electorales. decidir los candi- datos forma parte de la libertad de organización de los partidos. La sentencia completa su razonamiento al sostener que tampoco se ve afectada la libertad ideológica y de expresión de los partidos (ar- tículos 16. ni la compartimentación del cuerpo electoral en función del sexo. pero la imposición por ley de la paridad o de cuotas electorales vulnera el principio de la representación política y la li- bertad ideológica y de autoorganización de los partidos. en primer lugar. De ser así. ya que en nuestro sistema no tiene cabida un modelo de “democracia militante” que imponga la adhesión positiva al ordena- miento y. podrán modificarla en el futuro.1366 FERNANDO REY MARTÍNEZ ción se ve afectada En mi opinión. sólo que no podrá hacer “testimonio feminis- ta” con la presentación de listas integradas sólo por mujeres. resultando lesionado el derecho de sufragio pasivo de los candidatos propuestos . afirma el Tribunal. Esto no supone la creación de vínculos especiales entre electores y elegibles. que puede seguir existiendo. Por último.
Pero la elección de candidatos en las listas es una decisión que forma parte del derecho de asociación de los partidos y de su li- bertad ideológica y. han tenido que reformar previamente sus Constituciones (los elementos estructurales de la democracia han de ser fruto del consenso). IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 1367 que queden excluidos de participar en el proceso electoral como consecuencia de la aplicación de la norma cuestionada. con normas sustancialmente idénticas. quizá argumen- tando desde la exigencia constitucional (artículo 6o. El primero es que no sólo se refiere al sistema electoral. No me resulta convincente la tesis metodológica central de la sen- tencia. CE) de que la organización y el funcionamiento de los partidos sean democráticos. lengua.. de 19 de enero. en materia electoral. orientación sexual. Al Tribunal le resulta útil esta afirmación porque a par- tir de ella no necesita argumentar desde el astringente juicio de proporcionalidad. bastándole el de mera razonabilidad. por consiguiente. El Tribunal podría haber alcanzado la misma conclusión y fallo (la compatibilidad de la medida con la Constitución). el formato de la medida es sensato y equilibrado (marcando un por- centaje indistinto por sexo de 60%/40%) y esto también viene en su ayuda. ¿Es concebible dividir a los representantes en catego- rías con el fin de facilitar o asegurar un mínimo de elegidos de cada una sin que resulte gravemente afectado el principio de la unidad y homogeneidad del cuerpo de ciudadanos? Si se admite que sí. y el segundo es que. sino también a la función pública. aunque en este últi- mo caso hay interesantes matices diferenciales. afecta a derechos fundamenta- les. En otros paí- ses. según la cual la medida controvertida no afecta derechos fun- damentales. Ciertamente. pero el razonamiento que emplea en la sentencia no me acaba de seducir. religión. La doctrina de la sentencia 12/2008 se viene a reproducir más tarde en la sentencia 13/2009. el le- gislador podrá en un futuro imponer al cuerpo electoral que en las candidaturas figuren otras minorías (raza. tercera edad. El nuevo modelo de representación política. juventud. la disposición impugnada fijaba una representación mínima en las listas de candidatos electora- les de mujeres del 50% y de hombres del 40%. según el voto discre- pante. Veamos ambos as- . interpone la condición sexual entre la soberanía y la condición de ciudadano. minusvalías. etcétera).
a esta sentencia le acompaña un voto discrepante semejante al de la sentencia 12/2008. Ciertamente. en segundo lugar. no de una regla). porque los miembros de tales órganos deben reunir los requisitos de mérito y ca- pacidad. provisión y promoción en el empleo público de la Co- munidad Autónoma vasca también respetaran esa composición equili- brada (la sentencia tampoco lo considera inconstitucional. que esta disposición no vul- nera lo dispuesto en la normativa básica estatal. El Tribunal considera. En relación con el sistema electoral del Parlamento vasco y de las instituciones forales. se estipulaba que los jurados de premios y de adquisición de fondos culturales y/o artísti- cos también fueran equilibrados (lo cual. pero que permite “incre- mentos autonómicos”. la Ley impugnada establecía que las listas de candidatos estuvieran integradas por. Con ella se pretende corregir una situación histórica de discriminación de las mujeres en la vida pública. la dis- posición impugnada determina que la presencia mínima de hombres en las listas electorales sea del 40% y la de las mujeres del 50%.1368 FERNANDO REY MARTÍNEZ pectos. la disposición vasca es razonable porque. tampoco ha sido estimado inconstitucional). leída conjuntamente con la estatal. un 50% de mujeres (en el conjunto de cada lista y en cada tramo de seis nombres). que exige la presen- cia de un 40% de mujeres o de hombres. al menos. pero el Tribunal encuentra esta diferencia plenamente justificada por dos razones: 1a. a la administración seguir la valoración del cumplimiento del mandato de una represen- tación equilibrada (entendiendo por tal un porcentaje por género in- distinto del 60/40%) en la composición de todos los órganos de la administración (el Tribunal no lo considera inconstitucional porque se trata tan sólo de un mandato. y 2a. establecía que los miembros de los órganos encargados de los proce- sos de acceso. como es obvio. La Ley vasca impugnada ordenaba. el Tribunal examina tres asuntos. La medida es adecuada porque no comporta un sacrificio innecesario de derechos fundamentales: ni la diferencia de porcentaje es excesiva. En cuanto al primero. por último. Rodríguez-Zapata . Como cabe suponer. Es más. y. se garantiza que como mínimo el 40% de los candidatos sean varones. en primer lugar. ni está en cuestión alguna un derecho de los hombres o de los partidos políti- cos. en primer término. y porque esta regla se puede excepcionar si se justifica debi- damente su no pertinencia).
casi siempre correcta. IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 1369 reitera su crítica al impacto negativo de la democracia de género sobre el principio de representación política. como la raza/etnia) es abundante y garantista (en algunos aspectos. la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español en materia de prohibición de discriminación por razón de se- xo (a diferencia de otros rasgos “sospechosos”. por ejemplo. la tutela de las trabajadoras embarazadas. De modo que puede valorarse positivamente en líneas generales. CONCLUSIÓN Así pues. no puede decirse que responda a modelos conceptuales excesivamen- te depurados. pero sin caracterizarse especialmente por un manejo preciso de las categorías del derecho antidiscriminatorio. Sin embargo. . La jurisprudencia ha ido creciendo por aluvión. en general. más que en otros). como. IV. adap- tándose a la solución de los casos concretos.
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