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Timestamp: 2019-08-26 04:02:05
Document Index: 362837444

Matched Legal Cases: ['artículo 149', 'Artículo 2', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'artículo 32']

Ley de la Administración
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I. La Constitución de 1978 ha supuesto una profunda alteración del sistema de fuentes del Derecho público de manera que la actividad y la estructura de la Administración General del Estado se encuentran vinculadas por el marco constitucional.
Partiendo del concepto general, se distinguen después dos modelos básicos: Organismos autónomos y Entidades públicas empresariales. Los primeros realizan actividades fundamentalmente administrativas y se someten plenamente al Derecho público; en tanto que los segundos realizan actividades de prestación de servicios o producción de bienes susceptibles de contraprestación económica y, aun cuando son regidos en general por el Derecho privado, les resulta aplicable el régimen de Derecho público en relación con el ejercicio de potestades públicas y con determinados aspectos de su funcionamiento.
El carácter de norma básica de la Ley citada en cuanto al régimen jurídico de las Administraciones públicas, y su objetivo de regular un procedimiento común, conforme a los mandatos del artículo 149.1.18.ª de la Constitución, obligaban a que muchos aspectos de su regulación debieran ser precisados normativamente para cada Administración pública atendiendo a sus peculiaridades organizativas y funcionales. Por ello, debe ser en la Ley destinada a regular la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos donde aquellas precisiones encuentren su ubicación idónea.
Los Organismos públicos son las Entidades de Derecho público que desarrollan actividades derivadas de la propia Administración General del Estado, en calidad de organizaciones instrumentales diferenciadas y dependientes de ésta.
Artículo 2. Personalidad jurídica y competencia.
4. Las potestades y competencias administrativas que, en cada momento, tengan atribuidas la Administración General del Estado y sus Organismos públicos por el ordenamiento jurídico, determinan la capacidad de obrar de una y otros.
b) Puedan presentar reclamaciones sin el carácter de recursos administrativos, sobre el funcionamiento de las dependencias administrativas.
Artículo 6. Órganos superiores y órganos directivos.
Artículo 7. Elementos organizativos básicos.
Artículo 8. Los Ministerios.
Artículo 9. Organización interna de los Ministerios.
1. En los Ministerios pueden existir Secretarías de Estado, y excepcionalmente Secretarías Generales, para la gestión de un sector de actividad administrativa. De ellas dependerán jerárquicamente los órganos directivos que se les adscriban.
4. Las Direcciones Generales se organizan en Subdirecciones Generales para la distribución de las competencias encomendadas a aquéllas, la realización de las actividades que les son propias y la asignación de objetivos y responsabilidades. Sin perjuicio de lo anterior, podrán adscribirse directamente Subdirecciones Generales a otros órganos directivos de mayor nivel o a órganos superiores del Ministerio.
Artículo 10. Creación, modificación y supresión de órganos y unidades administrativas.
Artículo 11. Ordenación jerárquica de los órganos ministeriales.
Artículo 12. Los Ministros.
i) Revisar de oficio los actos administrativos y resolver los conflictos de atribuciones cuando les corresponda, así como plantear los que procedan con otros Ministerios.
Artículo 13. Otras competencias de los Ministros.
11. Resolver los recursos administrativos y declarar la lesividad de los actos administrativos cuando les corresponda.»
Artículo 14. Los Secretarios de Estado.
Artículo 20. Reglas generales sobre los servicios comunes.
Artículo 21. Organización básica de los servicios comunes ministeriales.
Artículo 29. Los Subdelegados del Gobierno en las provincias.
Artículo 30. Los Directores Insulares de la Administración General del Estado.
Artículo 31. Simplificación de los servicios periféricos.
Artículo 32. Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
Artículo 33. Criterios sobre integración de servicios.
Artículo 34. Criterios sobre organización de servicios no integrados.
Artículo 35. Dependencia de los servicios no integrados.
Artículo 36. Organización de la Administración General del Estado en el exterior.
Artículo 37. Los Embajadores y representantes permanentes ante Organizaciones internacionales.
Artículo 38. Requisitos para constituir órganos colegiados.
2. La constitución de un órgano colegiado en la Administración General del Estado y en sus Organismos públicos tiene como presupuesto indispensable la determinación en su norma de creación o en el convenio con otras Administraciones públicas por el que dicho órgano se cree, de los siguientes extremos.
Artículo 39. Clasificación y composición de los órganos colegiados.
Artículo 40. Creación, modificación y supresión de órganos colegiados.
Artículo 41. Actividades propias de los Organismos públicos.
Artículo 42. Personalidad jurídica y potestades.
Artículo 43. Clasificación y adscripción de los Organismos públicos.
Artículo 44. Aplicación de las disposiciones generales de esta Ley a los Organismos públicos.
Artículo 45. Funciones de los Organismos autónomos.
Artículo 46. Reglas para el nombramiento de los titulares de los órganos de los Organismos autónomos.
Artículo 47. Personal al servicio de los Organismos autónomos.
Artículo 48. Patrimonio de los Organismos autónomos.
Artículo 49. Régimen de contratación de los Organismos autónomos.
Artículo 50. Régimen presupuestario de los Organismos autónomos.
Artículo 51. Control de eficacia de los Organismos autónomos.
Artículo 52. Impugnación y reclamaciones contra los actos de los Organismos autónomos.
Artículo 53. Funciones y régimen general aplicable a las entidades públicas empresariales.
Artículo 54. Ejercicio de potestades administrativas.
Artículo 55. Personal al servicio de las entidades públicas empresariales.
Artículo 56. Patrimonio de las entidades públicas empresariales.
Artículo 57. Régimen de contratación de las entidades públicas empresariales.
Artículo 58. Régimen presupuestario de las entidades públicas empresariales.
Artículo 59. Control de eficacia de las entidades públicas empresariales.
Artículo 60. Impugnación y reclamación contra los actos de las entidades públicas empresariales.
Artículo 61. Creación de Organismos públicos.
Artículo 62. Estatutos y Plan de actuación.
Artículo 63. Modificación y refundición de Organismos públicos.
Artículo 64. Extinción y liquidación de Organismos públicos.
Artículo 66. Competencias generales sobre organización, función pública, procedimientos e inspección de servicios.
Artículo 67. Procedimientos de determinación de las estructuras de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos.
1. a) La organización de los Ministerios se determinará mediante Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro o Ministros interesados y a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas, en los supuestos de creación, modificación, refundición o supresión de Subsecretarías, Secretarías Generales, Secretarías Generales Técnicas, Direcciones Generales, Subdirecciones Generales y órganos asimilados.
2. a) Las estructuras orgánicas de las Delegaciones del Gobierno, con el contenido establecido en el artículo 32 de esta Ley, se determinarán por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas y de acuerdo con los Ministerios interesados.
Disposición adicional primera. La organización militar y las Delegaciones de Defensa.
Disposición adicional segunda. Delegados del Gobierno en Ceuta y Melilla.
Disposición adicional tercera. Situaciones administrativas.
«m) Cuando sean nombrados Subsecretarios, Secretarios generales técnicos o Directores generales.
n) Cuando sean nombrados Subdelegados del Gobierno en las provincias.»
Disposición adicional cuarta. Asunción de competencias de Gobernadores Civiles.
Disposición adicional quinta. Competencias estatales en materia de seguridad pública en las Comunidades Autónomas con Cuerpos de Policía propios.
Disposición adicional sexta. Entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
Disposición adicional séptima. Régimen jurídico del Consejo de Estado.
Disposición adicional octava. Régimen jurídico del Banco de España y de los Fondos de Garantía de Depósitos en Entidades de Crédito.
Disposición adicional novena. Régimen jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, del Consejo Económico y Social y del Instituto Cervantes.
Disposición adicional décima. Régimen jurídico de determinados Organismos públicos.
1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Seguridad Nuclear, las Universidades no transferidas, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consorcio de la Zona Especial Canaria, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el FROB se regirán por su legislación específica y supletoriamente por esta Ley.
Disposición adicional undécima. Régimen jurídico del Organismo autónomo Correos y Telégrafos.
Disposición adicional duodécima. Sociedades mercantiles estatales.
Disposición adicional decimotercera. Delegación y avocación de competencias y delegación de firma.
Disposición adicional decimocuarta. Conflictos de atribuciones intraministeriales.
Disposición adicional decimoquinta. Fin de la vía administrativa.
Disposición adicional decimosexta. Revisión de oficio.
Disposición adicional decimoséptima. Recurso extraordinario de revisión.
Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de nombramientos de titulares de órganos directivos.
Disposición transitoria segunda. Adaptación de la organización territorial.
1. En el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor de esta Ley, los Gobernadores Civiles y Delegados Insulares serán sustituidos respectivamente por Subdelegados del Gobierno y Directores Insulares de la Administración General del Estado nombrados de acuerdo con lo establecido en los artículos 23, 29 y 30.
Disposición transitoria tercera. Adaptación de los Organismos autónomos y las demás entidades de Derecho público a las previsiones de esta Ley.
5. El personal de los Organismos autónomos, sociedades estatales y entes del sector público estatal existentes a la entrada en vigor de esta Ley, que se transformen en entidades públicas empresariales, continuará rigiéndose por la normativa vigente en el momento de la transformación hasta tanto se dicten las correspondientes normas de adecuación.
Disposición derogatoria única. Normas objeto de derogación y de reducción a rango reglamentario.
Disposición final segunda. Integración de servicios periféricos en las Delegaciones del Gobierno.
En el plazo de seis meses, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con los Ministros interesados, fijará, mediante Real Decreto, la estructura de las Delegaciones del Gobierno, que incluirá los servicios que deban integrarse y su distribución en el ámbito autonómico y provincial, de acuerdo con lo previsto en los artículos 33 y 34 de esta Ley.