Source: http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD&param6=1&nDictamen=12628&strTipM=T
Timestamp: 2020-08-13 00:32:51
Document Index: 119794527

Matched Legal Cases: ['artículo 183', 'artículo 183', 'Artículo 34', 'artículo 183', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 183']

“(…) De los antecedentes que usted refiere se extrae que la eventual declaratoria de nulidad beneficiaría a determinadas empresas. De ahí que consideremos que la situación que describe podría estar dentro de lo previsto en el numeral 183, apartes 2 y 3 de la Ley General de la Administración Pública, que a la letra indica:
En resumen, podemos afirmar que para la aplicación del artículo 183 LGAP se requiere la existencia de los siguientes supuestos: a) Un acto administrativo definitivamente firme por consentido o no impugnado en tiempo y forma; b) Que el acto de marras padezca de un vicio de nulidad absoluta o relativa; c) que la Administración detecte por sí misma el vicio y decida entonces proceder a la anulación de oficio; obteniendo de previo el dictamen favorable de la Procuraduría General de la República; y ch) Que no hayan transcurrido cuatro años desde el momento en que fue dictado el acto injusto. A lo anterior únicamente cabe agregar que a los efectos de la anulación en sede administrativa de un acto en las condiciones establecidas en el artículo de comentario, no es necesaria la instrucción de un procedimiento, con audiencia del interesado para que "pueda ejercer su derecho de defensa" ya que si bien es cierto ello tiene suma importancia en tratándose de la anulación en sede administrativa de actos que confieren derechos al administrado (Art. 173 y 308 LGAP); carece de toda trascendencia cuando de lo que se trata es de anular un acto que lesiona derechos del administrado v.g. imponiéndole obligaciones; de manera tal que no tendría sentido el ejercitar "su derecho de defensa", como erróneamente se ha entendido.”
En razón de lo anterior, la solicitud planteada por ustedes en este momento resulta prematura, ya que si ustedes consideran que existen motivos de nulidad de actos concretos, y que la eventual declaratoria de nulidad favorecería los derechos del administrado, deberán así indicarlo –expresando las razones por las cuales se considera nulo – en aplicación del artículo 183 citado, y de previo a su declaratoria, solicitar nuestro criterio. Será en ese momento procesal que nos pronunciemos.(…)”
2. La anulación de oficio del acto relativamente nulo será discrecional y deberá estar justificada por un motivo de oportunidad, específico y actual.”
1. La Administración conservará su potestad para anular o declarar de oficio la nulidad del acto – sea absoluta o relativa – aunque el administrado haya dejado caducar los recursos administrativos y acciones procedentes, siempre y cuando dicha revisión se dé en beneficio del administrado y sus derechos.
2. La potestad de revisión oficiosa consagrada en este artículo estará sujeta a caducidad de cuatro años a partir de la adopción de acto y podrá ser ejercida por la Administración dentro del juicio pendiente, sin éste o fuera de éste, previo dictamen de la Procuraduría General de la República”.
“Artículo 34.- A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona, o de sus derechos patrimoniales o de situaciones jurídicas consolidadas.”
Cabe destacar que los numerales 2 y 3 del artículo 183 de la Ley General de la Administración Pública, están referidos a uno de los tipos de nulidades previstas en nuestro ordenamiento jurídico, a saber la nulidad absoluta, y respecto de la cuales no reviste ninguna importancia el proceso de lesividad consagrado en los artículos 10 y 35 de la Ley General de la Administración Pública; ello por cuanto la llamada nulidad absoluta, según Don Eduardo García de Enterría, es de pleno derecho, lo que explica que la misma pueda ser declarada por la propia Administración y en forma preferente (GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y Fernández, Tomás-Ramón, “Curso de Derecho Administrativo”, Tomo I, Cuarta Edición, Civitas, S.A, Madrid, 1983, p. 571). Lo anterior implica, siempre dentro del contexto de la norma, que la declaratoria de la nulidad absoluta es obligada para la Administración, pues la misma se efectúa en interés del ordenamiento jurídico.
“Si bien inicialmente se define la seguridad como un ideal, posteriormente se afirma que su presencia en los ordenamientos jurídicos se materializa a través de diversas normas que a su vez recogen principios que tienden a ese ideal, muchos de los cuales están reconocidos por la constitución: Irretroactividad de las leyes, cosa juzgada, preclusión, prescripción, decadencia (caducidad).` ( cit. Dr. Israel Hernández M.; Seminario sobre Derecho Tributario y Presupuestario; mayo 2000 )
“La seguridad jurídica es definida en términos de certeza y ésta a su vez en términos de claridad y estabilidad. Normas claras y sencillas, en la medida de lo posible estables, de tal forma que los ciudadanos puedan, sin grandes esfuerzos, medir las consecuencias fiscales de sus actuaciones.” (Curso de Derecho Tributario español, Madrid, Marcial Pons, Décima Edición, 1988)
¨La certeza de lo que cada individuo debe pagar es, en materia de impuestos, de tal grande importancia , que puede decirse, según me parece se deriva de la experiencia de todas las naciones, que un grado muy considerable de desigualdad no es tan peligroso como un pequeñisimo grado de incertidumbre¨.(C.E Ferguson y J.M. Kreps. “Principios de Economía”, Editorial UTHEA, 1962)
¨…La retroactividad de la norma tributaria puede entrar en colisión con el principio de capacidad de pago, lo que verosímilmente se producirá en aquellos casos en que sea dilatado el lapso entre la percepción de la renta y la elevación de ese fenómeno a la categoría de hecho generador de la obligación tributaria. Todo aconseja en suma que el principio de irretroactividad impere en términos casi absolutos en la creación o modificación de tributos¨. (Sainz de Bujanda, Fernando; Lecciones de Derecho Financiero, Cuarta Edición, Madrid, 1986)
Del análisis del expediente administrativo que aporta el Instituto de Desarrollo Agrario, se tiene que en el caso de análisis nos encontramos en presencia de la aplicación retroactiva de los Acuerdos emitidos por Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario N°s XXVIII de la Sesión N° 086-01 del 19 de noviembre del 2001 y XX de la Sesión N° 016-02 del 25 de febrero del 2002. Según consta en el expediente, el Instituto con fundamento en los acuerdos de referencia y mediante los cuales se establecía un procedimiento nuevo para el cálculo de la base imponible del impuesto sobre los refrescos gaseosos y bebidas carbonatadas previsto en el artículo 6 de la Ley N° 5792 y su reforma, procedió con fundamento en las facultades y competencias que le asisten como Administración Tributaria, a ajustar las declaraciones de impuesto presentadas por el contribuyente “ Distribuidora de Refrescos la Mundial S.A” durante los años 1998 y 2001, cursando el Traslados de Cargos N° AF-194-2002, en el que se establecía un aumento con respecto al impuesto declarado para los períodos indicados de C.15.736.597.82.
Ahora bien, si partimos del principio de que nuestro ordenamiento jurídico tributario se cimenta sobre el principio de declaración voluntaria por parte del contribuyente, principio que no es ajeno al IDA como administración tributaria del impuesto que pesa sobre los refrescos gaseosos y bebidas carbonatadas, y que tal expresión de voluntad se encuentra sujeta a la normativa vigente al momento en que se configura el hecho generador del tributo, no podemos entonces obviar la certeza del derecho – como uno de sus fines - que exige – en el caso de los tributos - que una vez considerados los elementos fácticos que regulan los elementos esenciales de éste para cumplir voluntariamente con la obligación que impone el legislador, no pueden ser variados de manera discrecional por la administración tributaria, como ha sucedido en el presente caso. Está debidamente probado que la empresa Distribuidora de Refrescos la Mundial S.A cumplió con la obligación tributaria que le correspondía de acuerdo a la normativa vigente en el período cuestionado, y sin embargo la Auditoría Fiscal del Instituto modificó las declaraciones presentadas en el período comprendido entre los años 1998 y 2001, con fundamento en los nuevos acuerdos que emitió la Junta Directiva del IDA y mediante los cuales se derogaron los vigentes en los periodos cuestionados y que regulaban el procedimiento de determinación de la base imponible del tributo declarado, bajo el argumento de que los mismos no se ajustaban a la norma creadora del tributo. Es decir, la Administración Tributaria –IDA- ignoró que al amparo de los acuerdos vigentes hasta antes del mes de noviembre del 2001, surgió en cabeza del administrado el derecho al mantenimiento de la situación jurídica dada, por lo que al traslado de cargos N° AF-194-2002 ( fundamentado en los Acuerdos N°s XXVIII de 19 de noviembre del 2001 complementado con el XX del 25 de febrero del 2002 ) no se le podía dar efecto retroactivo en perjuicio del administrado, toda vez que en el período cuestionado el procedimiento para determinar la base imponible del impuesto previsto por el artículo 6 de la Ley N° 5792, estaba regulado por los acuerdos derogados.
"situación jurídica consolidada" representa no tanto un plus patrimonial, sino un estado de cosas definido plenamente en cuanto a sus características jurídicas y a sus efectos, aun cuando éstos no se hayan extinguido aún. Lo relevante en cuanto a la situación jurídica consolidada, precisamente, no es que esos efectos todavía perduren o no, sino que –por virtud de mandato legal o de una sentencia que así lo haya declarado– haya surgido ya a la vida jurídica una regla, clara y definida, que conecta a un presupuesto fáctico (hecho condicionante) con una consecuencia dada (efecto condicionado). Desde esta óptica, la situación de la persona viene dada por una proposición lógica del tipo «si..., entonces...»; vale decir: si se ha dado el hecho condicionante, entonces la "situación jurídica consolidada" implica que, necesariamente, deberá darse también el efecto condicionado. En ambos casos (derecho adquirido o situación jurídica consolidada), el ordenamiento protege –tornándola intangible– la situación de quien obtuvo el derecho o disfruta de la situación, por razones de equidad y de certeza jurídica. En este caso, la garantía constitucional de la irretroactividad de la ley se traduce en la certidumbre de que un cambio en el ordenamiento no puede tener la consecuencia de sustraer el bien o el derecho ya adquirido del patrimonio de la persona, o de provocar que si se había dado el presupuesto fáctico con anterioridad a la reforma legal, ya no surja la consecuencia (provechosa, se entiende) que el interesado esperaba de la situación jurídica consolidada. Ahora bien, específicamente en punto a ésta última, se ha entendido también que nadie tiene un "derecho a la inmutabilidad del ordenamiento", es decir, a que las reglas nunca cambien. Por eso, el precepto constitucional no consiste en que, una vez nacida a la vida jurídica, la regla que conecta el hecho con el efecto no pueda ser modificada o incluso suprimida por una norma posterior; lo que significa es que –como se explicó– si se ha producido el supuesto condicionante, una reforma legal que cambie o elimine la regla no podrá tener la virtud de impedir que surja el efecto condicionado que se esperaba bajo el imperio de la norma anterior. Esto es así porque, se dijo, lo relevante es que el estado de cosas de que gozaba la persona ya estaba definido en cuanto a sus elementos y a sus efectos, aunque éstos todavía se estén produciendo o, incluso, no hayan comenzado a producirse. De este modo, a lo que la persona tiene derecho es a la consecuencia, no a la regla.” (S.C, 7331-97, S.C 2765-97) (Lo resaltado no es del original)
“Habiéndose determinado en el caso de autos que la fijación de la base imponible corresponde a períodos fiscales anteriores a la promulgación del acuerdo de la Junta Directiva 016-02 citado, este es inaplicable para aquellos períodos fiscales, los cuales deben regirse por la normativa legal y reglamentaria vigente en aquel entonces, independientemente de la legalidad de los mismos, lo que como se dijo anteriormente son creadores de derechos a favor del administrado y deben ejecutarse por parte de la Administración Tributaria…Adicionalmente se aclara a las Administraciones Tributarias, que en casos como el presente, cuando por medio de un acto administrativo o una ley se vienen a modificar derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, la norma que venga a restringir o a limitar los derechos o situaciones jurídicas amparadas a un acto administrativo o una ley anterior, tendrán efectos exnunc, es decir desde ese momento en adelante y no extunc, o sea con efectos retroactivos, en perjuicio de situaciones o derechos adquiridos, en estricta aplicación del artículo 34 de la Constitución Política y jurisprudencia de la Sala Constitucional…” (Tribunal Fiscal Administrativo, res. N° 307-2003 de las 8:00 horas del 4 de agosto del 2003)
Si partimos entonces de que al traslado de cargos N° AF-194-2002, en tanto acto previo, se le dio carácter retroactivo en perjuicio de una situación una situación jurídica nacida al amparo de regulaciones precisas y concretas, la resolución determinativa N° 3-2003 de las 11:00 horas del 9 de abril de 2003 – en tanto acto administrativo final -que confirma el traslado de referencia y que no fue recurrida por la parte interesada, deviene en absolutamente nula por violación del principio de irretroactividad previsto en el artículo 34 de la Constitución Política y – consecuentemente - del principio de seguridad jurídica que rige el ordenamiento jurídico, así como del principio de capacidad contributiva que priva en el ordenamiento jurídico tributario.
Con fundamento en lo expuesto, y por concurrir los requisitos necesarios para la aplicación del artículo 183 de la Ley General de la Administración Pública, a saber: a) La resolución 03-2003 emitida por el IDA constituye un acto administrativo firme, b) La resolución está fundamentada en un acto previo –Traslado de Cargos N° AF-194-2002 - viciado de nulidad, c) Que el vicio fue detectado por el IDA en su condición de Administración Tributaria y d) Que no ha transcurrido el plazo de ley, la Procuraduría General emite dictamen favorable para que se declare en sede administrativa la nulidad absoluta de la resolución determinativa N° 03-2003, dictada por la Presidencia del Instituto de Desarrollo Agrario a las 11:00 horas del 9 de abril del 2003.