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Timestamp: 2017-02-22 17:28:01
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Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 76', 'artículo 78', 'artículo 76', 'artículo 202', 'artículo 78', 'artículo 36', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 76', 'artículo 44', 'artículo 70', 'artículo 75', 'artículo 202', 'artículo 205', 'artículo 206', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 24', 'artículo 234', 'artículo 272', 'artículo 131']

may 3, 2010	| 0 comentarios	Participación delictiva
Esta es la definición de participación delictiva, desde el punto de vista del derecho penal.
Un sector doctrinal entiende por administrador de hecho la persona que de hecho manda en la sociedad, mientras que otra dirección doctrinal entiende por administrador quien tiene atribuidas las mismas funciones de gobierno y representación que la Ley y los estatutos atribuyen a los administradores de derecho, si bien no poseen formalmente esta condición. En ambos casos, sean administradores de hecho o de derecho, ambos han de serlo de una persona jurídica
mar 22, 2010	| 0 comentarios	Juicio
Esta es la definición de juicio desde el punto de vista de derecho procesal
– Cambiario. El que tiene su fundamento en una letra, pagaré o cheque, que reúnan los requisitos previstos en la Ley cambiaria y del cheque (V. arts. 819 a 827 L.E.C. de 2000). – Contencioso. El que se sigue ante el juez sobre derechos o cosas, actuando dos o más partes litigando entre sí. – De alimentos. El que debe realizarse cuando se soliciten alimentos debidos por disposición legal o por otro título (art. 250.1.8 L.E.C. de 2000).
– De faltas. Aquél en el que se enjuician las infracciones castigadas con penas leves, competencia del juez de instrucción o juez de paz (art. 962 de la L.E.Cr.).
– De quiebra. Juicio universal a realizar cuando un comerciante se encuentra en situación de insolvencia definitiva (V. arts 1318 a 1396 de la L.E.C. de 1.881).
– Declarativo. Es el que tiene por objeto declarar la existencia de un derecho o relación jurídica, constituirla, modificarla o extinguirla, o condenar al deudor al cumplimiento de una prestación (V. art. 248 L.E.C. de 2000).
– Oral. Periodo decisivo del proceso penal en que se practican directamente las pruebas y se exponen las alegaciones ante el Tribunal sentenciador (V. arts. 680 y ss. de la L.E.Cr. para el procedimiento ordinario, arts. 790 y ss. de la L.E.Cr., para el procedimiento abreviado y arts. 42 y ss. de la L.O. 5/1995 de 22 de mayo, para el proceso ante el Tribunal del Jurado).
– Ordinario. Aquél en el que se han de seguir los trámites previstos en los arts. 399 y ss. de la L.E.C. de 2000.
– Plenario. Aquel que se caracterizan por la plenitud de su cognición, y las sentencias en ellos recaídas gozan de la totalidad de los efectos de cosa juzgada. Tienen para las partes las mayores posibilidades de alegación y prueba.
– Posesorio. Es en el que se controvierte la mera posesión de una cosa.
– Sumario. El proceso cuya cognición queda limitada a uno o varios aspectos de la relación jurídica material, y cuya sentencia no produce la totalidad de efectos materiales de cosa juzgada. Además presenta una limitación de los medios de ataque y de defensa de las partes, así como de algunos medios de prueba.
– Sumarísimo. Proceso específico de la jurisdicción militar para el enjuiciamiento muy rápido de delitos flagrantes o que afecten gravemente a la moral o a la disciplina de las Fuerzas Armadas, o a la seguridad de bases o unidades militares. Se incoa únicamente en caso de guerra (art. 397 de la Ley Procesal Militar.)
– Universal. El que tiene por objeto la liquidación y partición de una herencia o la del caudal de un quebrado o concursado.
– Verbal. Proceso, eminentemente oral, regulado en los arts. 437 y ss. de la L.E.C. de 2000.
La concesión de las dispensas debe ser anotada, como establece el Código con carácter general (c. 1.081) por lo que hay que comunicar inmediatamente al Ordinario las dispensas concedidas para el fuero externo en los casos extraordinarios. Si la dispensa se concedió en el fuero interno extrasacramental, se registra en el archivo secreto de la Curia (c. 489, parágrafo 1) y no es necesaria ulterior dispensa para el fuero interno si el impedimento oculto llega a hacerse público más tarde (c. 1.082). En cuanto a la dispensa concedida en el fuero interno sacramental, no está prevista legalmente la solución, pero a contrario sensu la dispensa ha de estar reiterada en el fuero externo, y así se preveía en el anterior c. 1.047* (V. cada uno de los impedimentos en particular). ene 31, 2010	| 1 comentario	Prostitución
Esta es la definición de la prostitución y los delitos relativos a la prostitución desde el punto de vista del derecho penal
Tal precepto, cuya última razón de ser puede encontrarse en el Convenio de 21 de marzo de 1950, sobre represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, al que España se adhirió mediante Instrumento de 18 de junio de 1962, puede resultar a la postre inoperante si no se instrumentan los mecanismos que permitan una fluida información entre los Tribunales españoles y los extranjeros.
ene 19, 2010	| 0 comentarios	Beneficios penitenciarios
Esta es la definición de beneficios penitenciarios desde el punto de vista de derecho penal
Pueden definirse los beneficios penitenciarios como mecanismos jurídicos que permiten el acortamiento de la condena o, al menos, el acortamiento de su reclusión efectiva. Aunque algunos autores han pretendido incluir entre los beneficios penitenciarios los permisos de salida y la prisión abierta, parece que el sentido de la norma no ha tenido entre sus aspiraciones abarcar estos dos últimos aspectos.
La fundamentación jurídica de los beneficios penitenciarios se halla en los principios de reeducación y reinserción social que inspiran la aplicación de la pena, en virtud del mandato constitucional del artículo 25.2. Históricamente se ha comprobado que la existencia de una serie de beneficios que estimulen al penado para mejorar su condición dentro del ámbito penitenciario, es uno de los elementos indispensables para la consecución de la pretendida reintegración del recluso en la vida libre.
Se entiende, por lo tanto, que los beneficios penitenciarios constituyen un elemento regimental importantísimo para la buena marcha del establecimiento penitenciario, en la medida que el estímulo es fundamental para lograr la convivencia ordenada en cuyo marco se desenvuelven todas las actividades penitenciarias.
La idea romántica de un sistema penal orientado a la reinserción del delincuente no debe llevar a arrinconar, por la vía del recuso sistemático a la prisión, otros caminos más apropiados para intentar la reeducación de los delincuentes, que exige la iniciativa y el apoyo de los poderes públicos y de las fuerzas sociales, más que la participación del sistema represivo.
El tema cobra hoy una notable importancia a partir de la entrada en vigor del Código Penal de 1995. En efecto, la Disposición Transitoria 2.ª de dicho Código establece que «las disposiciones sobre reducción de penas por el trabajo sólo serán de aplicación conforme al Código derogado y no podrán gozar de ellas aquéllos a quienes se les apliquen las disposiciones del nuevo Código. En todo caso, será oído el reo».
Es decir, coexistirá una doble vía en los beneficias penitenciarios que nos obliga a examinar de una parte, las antiguas vigencias que permanecerán en el tiempo y de otra, lo que va a suponer el reciente concepto de beneficios penitenciarios a la luz del Código Penal de 1995.
1) Regulación previa al Código Penal de 1995:
La Ley Orgánica 10/95 que aprobó el nuevo Código Penal, estableció en sus Disposiciones Transitorias la posible revisión de la sentencia por condición más beneficiosa respecto a la liquidación efectuada conforme al Código Penal derogado. Esto, que en principio podría hacer suponer la existencia de auténticos nuevos beneficios para el interno no ha resultado así en la mayoría de los casos, pues el automatismo de la redención de penas por el trabajo supone una rebaja en la liquidación de condena más beneficiosa, en relación a las nuevas y las antiguas penas.
Dado lo anterior, por un largo periodo de tiempo subsistirá de facto una pervivencia en aplicación de la redención de penas por el trabajo, que nos obliga a seguir comentando los principios de los beneficios de la redención que, en un futuro, se extinguirán.
Los beneficios penitenciarios han sido elemento de vital importancia para el recluso, dado que implican un acortamiento de la condena. Ello induce al interno a cumplir los requisitos que facilitan la consecución de dicho objetivo, para alcanzar así la libertad en un periodo más corto de tiempo.
2) Regulación tras el Código Penal de 1995:
El nuevo Código Penal supone un paso adelante en la aspiración del legislador de plasmar de forma coherente los mandatos constitucionales en la legislación penal, al derogar un figura arcaica y contradictoria, como es la redención de penas, con el sistema de individualización científica de las penas privativas de libertad.
La Exposición de Motivos del Código Penal de 1995 hace referencia a dicha aspiración cuando afirma que «se propone una reforma total del actual sistema de penas, de modo que permite alcanzar, en lo posible, los objetivos de resocialización que la Constitución le asigna. El sistema que se propone simplifica, de una parte, la regulación de las penas privativas de libertad ampliando, a la vez las posibilidades de sustituirlas por otras que afecten a bienes jurídicos menos básicos, y, de otra, introduce cambios en las penas pecuniarias, adoptando el sistema de días-multa y añade los trabajos en beneficio de la comunidad».
La supresión de la redención de penas por el trabajo se fundamenta en los principios constitucionales de reeducación y reinserción social del interno hacia los que están orientadas las penas privativas de libertad.
Lo que se pretende es el sincero consentimiento del recluso a someterse al tratamiento penitenciario, entendido éste como el conjunto de actividades directamente dirigidas a la reintegración del delincuente en la sociedad, evitando que la única motivación que tenga el penado para cumplir las exigencias del tratamiento penitenciario sea el logro del tercer grado penitenciario y la libertad condicional, brillando por su ausencia, en múltiples ocasiones, el fin constitucional de la pena.
La supresión de la institución de la redención de penas por el trabajo responde también a la pretensión del legislador de acercar el tiempo de cumplimiento efectivo de la condena al quantum de pena realmente impuesto. Así, a partir del Código Penal de 1995, podrá llegarse a un cumplimiento efectivo de pena de treinta años de duración, cosa imposible con el Código Penal de 1973, en los supuestos de concurso real de delitos a tenor del artículo 76.1.b).
El artículo 78 del C.P. En su apartado primero establece que:
«Si a consecuencia de las limitaciones establecidas en el artículo 76 la pena a cumplir resultase inferior a la mitad de la suma total de las impuestas, el Juez o Tribunal, atendida la peligrosidad criminal del penado, podrá acordar motivadamente que los beneficios penitenciarios y el cómputo de tiempo para la libertad condicional se refieran a la totalidad de las penas impuestas en las sentencias, sin perjuicio de lo que, a la vista del tratamiento, puede resultar procedente».
El concepto de beneficios penitenciarios ha de interpretarse a la luz de lo dispuesto en el artículo 202 del Reglamento Penitenciario donde se establece que beneficios penitenciarios lo son «el adelantamiento de la libertad condicional y el indulto particular». La utilidad del precepto resulta más que dudosa si se considera que tanto para la concesión de un indulto particular como para la obtención de la libertad condicional es necesario que el penado no denote una «peligrosidad criminal».
El precepto refleja una concepción político-criminal que conjuga una visión retribucionista de la pena con una visión basada en la pura intimidación. El precepto carente de referente en el Código Penal anterior, responde a la presión de un sector de la opinión pública que en los últimos tiempos ha venido reclamando «el cumplimiento íntegro de las penas» para determinados delitos (terrorismo y delitos de agresión sexual).
Así mismo el artículo 78 del Código Penal prevé en su párrafo segundo la posibilidad de que el Juez de Vigilancia Penitenciaria acuerde razonadamente, oído el Ministerio Fiscal, la aplicación del régimen general de cumplimiento, tras valorar las circunstancias personales del reo, la evolución del tratamiento reeducador y el pronóstico de reinserción social.
Por su parte, el artículo 36 del Código Penal establece que:
«La pena de prisión tendrá una duración mínima de seis meses y máxima de veinte años salvo lo que excepcionalmente dispongan otros preceptos del presente Código.
Se alude en el presente artículo no sólo al cumplimiento de la prisión sino también a los beneficios penitenciarios que supongan acortamiento de la condena, que serán sometidos a las mismas exigencias de legalidad.
En resumen, a partir del Código Penal de 1995, la regulación positiva de los beneficios penitenciarios, debe estructurarse de la siguiente manera:
1. artículos 36 y 78 C.P. (anteriormente expuestos).
2. artículo 46 de la Ley Orgánica General Penitenciaria que establece lo siguiente: «Los actos que pongan de relieve buena conducta, espíritu de trabajo y sentido de responsabilidad en el comportamiento personal y en las actividades organizadas del establecimiento serán estimulados mediante un sistema de recompensas reglamentariamente determinado».
El artículo 46 de la L.O.G.P. se complementa con el artículo 76.2.c) de la L.O.G.P donde se afirma que: «Corresponde especialmente al Juez de Vigilancia aprobar las propuestas que formulen los establecimientos sobre beneficios penitenciarios que puedan suponer acortamiento de la condena».
3. artículo 44 del Código Penal Militar, y 368 a 374 de la Ley Procesal Militar.
4. Novedades contenidas en el Reglamento Penitenciario de 1996.
En primer lugar, las normas de derecho transitorio sobre redención de penas por el trabajo contenidas en el presente cuerpo legal. Tras la entrada en vigor del Reglamento de Prisiones de 1996, continuarán aplicándose los artículos 65 a 73 del Reglamento de los Servicios de Prisiones de 1956, y las disposiciones complementarias dictadas hasta dicha fecha por la Administración Penitenciaria correspondiente a fin de:
a) Determinar la ley penal más favorable para el reo, conforme a lo establecido en las disposiciones transitorias primera, segunda, tercera y cuarta del Código Penal.
b) El cumplimiento de las penas impuestas y que se ejecuten conforme al que se deroga.
En ningún caso resultarán aplicables las disposiciones sobre redención de penas por el trabajo a quienes se les apliquen las disposiciones de la Ley Orgánica 10/95 del nuevo Código Penal.
Otra de las novedades introducidas en el Reglamento Penitenciario es el relativo al «cumplimiento de dos o más penas». Cuando un penado deba cumplir dos o más penas privativas de libertad, una de las cuales se deban ejecutar conforme a las normas del Código Penal derogado y otras con arreglo a la Ley Orgánica 10/95, de 23 de noviembre, del Código Penal, comenzará el cumplimiento por las penas cuya ejecución deba regirse por el Código derogado, aplicándose, entre éstas, el criterio de prelación fijado en el artículo 70.1 del mismo.
Cumplidas todas éstas, se iniciará la ejecución de las penas impuestas o revisadas al amparo del nuevo Código Penal, aplicándose entre las mismas el criterio de prelación del artículo 75 de dicho texto legal. En ningún caso resultará de aplicación a estas penas el beneficio de la redención de penas por el trabajo.
Por último, los beneficios penitenciarios en el Reglamento de 1996 pueden considerarse al igual que establece el artículo 202 del R.P. como «aquellas medidas de reducción de la duración de la condena impuesta en sentencia firme o la del tiempo efectivo de internamiento».
Son beneficios penitenciarios tanto el adelantamiento de la libertad condicional como el indulto particular.
Los beneficios penitenciarios responden a las exigencias de la individualización de la condena en atención a la concurrencia de factores positivos en la evolución del interno encaminados a conseguir su reeducación y reinserción social.
La propuesta de los beneficios penitenciarios requiere, en todo caso, la ponderación racionada de los factores que la motivan, así como la acreditación de la concurrencia de buena conducta, el trabajo, la participación del interesado en las actividades de reeducación y reinserción social y la evolución positiva en el proceso de reinserción.
En cuanto al adelantamiento de la libertad condicional, el artículo 205 del R.P. establece que:
«Las Juntas de Tratamiento de los Centros Penitenciarios, previa emisión de un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, podrán proponer al Juez de Vigilancia competente el adelantamiento de la libertad condicional para los penados clasificados en tercer grado, siempre que hayan extinguido las dos terceras partes de su condena o condenas y que sean merecedores de dicho beneficio por observar buena conducta y haber desarrollado continuadamente actividades laborales, culturales u ocupacionales, conforme a lo establecido en el Código Penal».
Por lo que respecta al indulto particular, el artículo 206 del R.P. determina que la Junta de Tratamiento, previa propuesta del Equipo Técnico, podrá solicitar del Juez de Vigilancia Penitenciaria la tramitación de un indulto particular, en la cuantía que aconsejen las circunstancias, para los penados en los que concurra, de modo continuado durante un tiempo mínimo de dos años y en un grado que se pueda calificar de extraordinario, todas y cada una de las siguientes circunstancias:
La tramitación del indulto se regulará por lo dispuesto en la vigente legislación sobre el ejercicio del derecho de gracia y en las disposiciones que la complementen o modifiquen. dic 14, 2009	| 0 comentarios	Montes catalogados
Esta es la definicion de montes catalogados segun el derecho administrativo.
Por su parte, y en función de lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento de bienes de las Entidades Locales, los montes catalogados de las provincias y los municipios tienen la consideración de bienes de dominio público. Éste también parece ser el criterio sostenido por la Ley forestal de Andalucía, que considera de dominio público, entre otros, los montes que se vinculen a la protección y mejora de la calidad de vida ya a la defensa y restauración del medio ambiente. Sin embargo, en esta Comunidad Autónoma se incluyen en el Catálogo todos los montes pertenecientes a Administraciones Públicas. dic 14, 2009	| 0 comentarios	Residencia habitual
Esta es la definicion de residencia habitual desde el punto de vista del derecho fiscal
El concepto de residencia habitual tiene relevancia a efectos tributarios porque constituye el criterio de territorialidad adoptado por varios tributos para determinar la extensión de la ley en el espacio. En otras palabras, es el criterio al que hay que atender para saber cuándo una ley tributaria se aplica o no se aplica a un determinado individuo.
La Ley General Tributaria no define este concepto, sino que es la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ley 40/1998, de 9 de diciembre, la que se refiere al mismo. En su virtud, se considera residente en España el que resida en ella más de ciento ochenta y tres días del año natural, sin que se computen para ello las ausencias temporales, salvo que el contribuyente acredite su residencia fiscal en otro país; aquél tenga en España en núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta.
nov 22, 2009	| 2 comentarios	Retractos legales
Esta es la definicion de retractos legales desde el punto de vista del derecho civil
La siguiente cuestión que debemos estudiar es la referente a la determinación de su naturaleza jurídica: en un primer momento, es decir, durante su situación de pendencia, cuando aún no pueden ser ejecutados por no haberse procedido a la enajenación de la cosa, constituyen simples facultades jurídicas que, como tales, carecen de autonomía y sigue en todo la suerte del derecho subjetivo principal (arrendamiento, censo enfitéutico…). Una vez se procede a la enajenación, adquieren toda su eficacia, convirtiéndose en auténticos derechos subjetivos autónomos e independientes del derecho principal del que derivan: en consecuencia, adquieren todas las posibilidades de actuación: pueden ser ejercitados, defendidos y extinguidos (renuncia) con plena autonomía del derecho principal.
– Comuneros (art. 1.522), colindantes (art. 1.523), consocios (art. 1.708), en relación con el censo enfitéutico (art. 1.636), en foros y gravámenes de naturaleza análoga (art. 1.655), en el censo a primeras cepas (art. 1.656). También habría que citar el retracto en la sociedad de gananciales en liquidación (arts. 1.410 y 1.067). Pero no parece que sea auténtico retracto legal por carecer de eficacia legal y ser una simple facultad de extinguir una relación obligatoria, el denominado retracto de créditos litigiosos (arts. 1.535 y 1.536).
– Vizcaya (art. 51 C.V.).
– Cataluña: el derecho de tornería del Valle de Arán (art. 329 C. Cat.).
– Aragón: el derecho abolorio (arts. 149 y ss. C.A.).
– Navarra: el retracto gentilicio (Leyes 452 y ss. C.N.).
A. Retracto de condueños (art. 1.522). Se dirige este retracto a poner fin a las situaciones de condominio, como antes veíamos. Por ello no es aplicable a las comunidades que persiguen una finalidad social y que son consideradas como generalmente beneficiosas: propiedad horizontal, atribuciones procomunales del art. 4 LPH y, en general, todas aquellas comunidades que por su destino son extrañas a los conceptos de división de la cosa común y del retracto entre sus partícipes: garajes, calles particulares, sociedad de gananciales… El T.S. considera aplicable a este retracto el artículo 1.618 L.E.C., conforme al cual el retrayente no podrá disponer de la porción retraída hasta transcurridos cuatro años de la fecha de la adquisición.
B. Retracto de colindantes (art. 1.523). Ya vimos cómo se dirigía a conceder con el transcurso del tiempo un remedio para la excesiva dispersión de la propiedad rústica. La determinación de cuándo se trata de una finca rústica la realiza el T.S. atendiendo a los conceptos de destino (habitación o cultivo), situación (campo o ciudad), accesoriedad (no son rústicos los jardines o corrales de una finca urbana), edificación…
– El plazo se comienza a contar no desde que el retrayente conoció la venta, sino las condiciones con que ésta se hizo (S. 30 de octubre de 1978 y otras).
– La fecha de la inscripción no es del asiento de presentación, sino la de la propia inscripción, frente al criterio del artículo 24 L.H. (S. 27 de febrero de 1954).
– El plazo es de caducidad y no de prescripción: no puede interrumpirse y es apreciable de oficio (S. 17 de noviembre de 1967).
– Por ser plazo civil no se descuentan los días inhábiles (art. 5.2 C.C. y S. de 8 de abril de 1920).
c) En el caso de intervenir las legislaciones especiales de arrendamientos rústicos o urbanos, se aplican las normas de preferencia que establecen tales normas: L.A.U.: preferencia del retracto arrendaticio urbano sobre cualquier otro, excepto el concedido al condueño de la vivienda o local de negocio transmitido (art. 50 LAR: preferencia del retracto que establece sobre cualquier otro, excepto el de colindantes establecido por el C.C. cuando no excedan de una hectárea tanto la finca objeto del retracto como la colindante que lo fundamenta (art. 94). Seguir leyendo…
nov 2, 2009	| 0 comentarios	Tutela
Esta es la definicion de tutela desde el punto de vista de derecho civil
«Institución que tiene por finalidad la guarda de personas incapaces de regirse por sí mismas, tanto personal como patrimonialmente».
En los pueblos anteriores a la civilización romana no podía concebirse la tutela, por la energía tan cerrada del grupo, que asumía tales funciones como desconocía la personalidad individual de sus miembros. Es Grecia, y posteriormente Roma, la cultura que comienza a poner las bases iniciales, al configurarse la tutela como oficio público para defender los derechos de los agnados a la herencia; que Roma perfiló en su alcance como instituto protector del incapaz por menor o mujer, conjuntamente con la curatela del loco. La jurisprudencia romanista quiso perfilar la diferenciación de ambas figuras remitiendo la tutela al cuidado personal y la curatela al patrimonial; pero la aceptación del principio de la representación en el Bajo Imperio dio nuevo sesgo a la figura, al tiempo que se iniciaba la influencia del Derecho germánico, que concibió la tutela como instituto familiar. Nuestro Derecho histórico reflejado en Las Partidas siguió la orientación romana, separando tutela y curatela, entendida la primera como guarda de impúberes y la segunda como de incapacitados, régimen que subsistió hasta la publicación del Código Civil, que siguió la orientación del Code. Su actual régimen jurídico se debe a la Ley 13/1983, de 24 de octubre, que reformó totalmente la regulación contenida en el Código Civil.
Están sujetos a tutela: 1) los menores no emancipados que no estén bajo patria potestad; 2) los incapacitados, cuando la sentencia lo haya establecido; 3) los sujetos a la patria potestad prorrogada, al cesar ésta, salvo que proceda la curatela (art. 222 C.C.).
Pueden instituir la tutela los padres y extraños. Los primeros, mediante testamento o documento público notarial, nombrando al tutor, fijando órganos de fiscalización, integrarlos y, en general, ordenar todo lo que estimen pertinente respecto de la persona y bienes del tutelado (art. 223 C.C.), sin perjuicio de las facultades judiciales si aquellas disposiciones no fueren conformes con las necesidades del menor (art. 224 C.C.), y en todo caso carecerán de eficacia si el disponente hubiere sido privado de la patria potestad al adoptarlas. El extraño que disponga de bienes gratuitos a favor de un menor o incapacitado puede fijar así mismo las normas de administración, designando la persona o personas que hayan de ejercitarla, correspondiendo al tutor en sentido propio las no asignadas al administrador. Están obligados a promover la tutela -aparte las facultades del ministerio fiscal para pedir y del juez para disponer la constitución-, incluso de oficio (art. 228 C.C.), desde el momento en que la conocieren de hecho, los parientes llamados a la misma, el guardador del menor o incapacitado (arts. 229 y 239 C.C.).
Legitimados para poner en conocimiento del ministerio fiscal el hecho determinante de la tutela lo están todas las personas.
La constitución de la tutela se realiza bajo la autoridad en el procedimiento correspondiente, previa audiencia de los parientes más próximos, de las personas que estime oportuno y del tutelado en todo caso, si tuviere suficiente juicio y fuera mayor de doce años (art. 231 C.C.). En su caso, en la resolución podrá fijar el juez las medidas de vigilancia y control adecuadas en beneficio del tutelado (art. 233 C.C.).
Sobrevenida la situación de hecho, deviene la designación de tutor. Para su nombramiento se fijan en el artículo 234 las preferencias (cónyuge que conviva con el tutelable, padres, personas designadas por éstos en su caso mediante testamento, descendientes, ascendientes, hermanos), si bien no vinculan las mismas al juez si, motivadamente, el beneficio del menor así lo exigiere. En defecto de los anteriores, el juez puede designar a quien por sus relaciones con el tutelado estime más idóneo.
La tutela puede adjudicarse a una sola persona, que es hipótesis normal; pero cabe concurrencia si las circunstancias aconsejan discernir la tutela de la administración patrimonial, o por situación personal del tutelado, si bien las decisiones se tomarán conjuntamente; o cuando la ejercen los padres como en la patria potestad; o si por designarse la tutela al hijo del hermano parece conveniente que la actúe con el cónyuge; o, en fin, hayan sido designados así testamentariamente por los padres del tutelado.
Pueden ser tutores todas las personas; pero las jurídicas si tuvieren finalidad no lucrativa y figure entre sus fines la protección de menores e incapaces. Quedan excluidos de la tutela quienes estén privados o suspendidos de la patria potestad o total o parcialmente de los derechos de guarda y educación; los condenados a pena privativa de libertad, mientras cumplan la condena; los legalmente removidos de una tutela anterior y los condenados por cualquier delito que haga suponer fundadamente que no desempeñarán el cargo (art. 243 C.C.); ni quienes tengan conflicto de intereses con el tutelado; aquellos en quienes concurran imposibilidad absoluta de hecho; quienes tengan enemistad manifiesta con el tutelado y los que no tengan medio de vida conocido o mala conducta; los quebrados y concursados no rehabilitados si la tutela se extiende al patrimonio.
Quienes incurran en causa de inhabilidad luego de la delación tutelar serán removidos de la tutela.
Los designados tutores pueden excusar el cargo: por razones de edad, enfermedad, ocupación personal o profesional, por ausencia de vínculos en el tutelado o cualquier otra causa que haga el ejercicio de la tutela excesivamente gravoso. Si el tutor lo fuese una persona jurídica, cuando carezca de medios suficientes para el adecuado desempeño de la tutela. La excusa de las personas físicas debe señalarse dentro de los quince días siguientes al nombramiento, salvo que fuese sobrevivida.
Son atribuciones del tutor: la de representar al menor o incapaz en los actos en que no pueden intervenir éstos por sí solos; recabar el auxilio de la autoridad en el ejercicio de la tutela, y corregir a los menores razonable y moderadamente; la retribución del cargo, conforme a las posibilidades del patrimonio del tutelado (fijable entre el 4 por 100 y 21 por 100 de la rentabilidad de los bienes); hacer suyos los frutos de los bienes del tutelado, si los padres, en testamento, lo autorizasen a cambio de prestarle alimentos.
Está obligado el tutor:
a) Al inicio del cargo: inventariar los bienes del tutelado dentro del plazo de sesenta días a contar del que hubiese tomado posesión del cargo, siendo prorrogable el periodo por el juez si existiese causa para ello. Dicho inventario se hará con citación del ministerio fiscal y cuantas personas estime el juez conveniente. El tutor que no incluya en el inventario los créditos que tenga contra el menor se entiende que los renuncia. Los bienes de dinero, alhajas, objetos preciosos y, en general, los que a juicio de la autoridad judicial no deban quedar en poder del tutor serán depositados en establecimiento al efecto.
b) Durante el ejercicio del cargo: a velar por el tutelado, proporcionarle alimentos, educarle y procurarle una formación integral, promover la recuperación o adquisición de su capacidad y su mejor inserción social, e informar al juez anualmente sobre la situación del menor, con rendición de cuentas. En todo caso, ejercer el cargo con diligencia debida del buen padre de familia.
Son facultades del tutor, que requieren complemento mediante autorización judicial: el internamiento del tutelado en establecimiento de salud mental o de educación especial; enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios de los tutelados, o celebrar actos o contratos susceptibles de inscripción, salvo el derecho de suscripción preferente de acciones; renunciar derechos, transigir o someter a arbitraje asuntos de interés del tutelado; realizar la participación de herencia o división de la cosa común, que requerirán, además de aquel consentimiento, la aprobación judicial.
El artículo 272 C.C. enumera una larga relación de actos para los que también es necesaria la autorización judicial, actos todos ellos que pueden significar detrimento del interés patrimonial del tutelado.
Se extingue la tutela: por mayoría de edad del menor, salvo que antes hubiese sido incapacitado judicialmente; por la adopción del tutelado por el tutor; por la concesión al menor del beneficio de mayoría; por fallecimiento del tutelado; por modificación de la sentencia que modifique la guarda de tutela por curatela; cuando el titular de la patria potestad la recupere, si ello fue causa de la tutela.
Al cesar en las funciones, debe el tutor rendir cuentas de su gestión, en el plazo de tres meses prorrogables. La intervención judicial probando dichas cuentas no impedirá el ejercicio de cualesquiera acciones que puedan asistir al tutelado o a sus causahabientes. La acción para reclamar la rendición de cuentas prescribe a los cinco años, contados desde la terminación del plazo establecido para efectuarlo.
En las situaciones en que quien ejerza la tutela pueda, aisladamente, tener interés opuesto al tutelado, es dable nombrar un defensor judicial (art. 299 C.C.).
oct 5, 2009	| 3 comentarios	Plazo procesal
Esta es la definicion de Plazo procesal segun el derecho procesal
Periodo de tiempo en que ha de realizarse o dejar de realizarse una actuación del proceso.
Los plazos procesales se computarán con arreglo a lo dispuesto en el Código Civil. En los señalados por días quedarán excluidos los inhábiles. Si el último día del plazo fuera inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente (art. 185 de la L.O.P.J.).
Para el proceso civil, los plazos comenzarán a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiere efectuado el acto de comunicación del que la Ley haga depender el inicio del plazo, y se contará en ellos el día del vencimiento, que expirará a las veinticuatro horas. No obstante, cuando la Ley señale un plazo que comience a correr desde la finalización de otro, aquél se computará, sin necesidad de nueva notificación, desde el día siguiente al del vencimiento de éste. En el cómputo de los plazos señalados por días se excluirán los inhábiles. Para los plazos que se hubiesen señalado en las actuaciones urgentes a que se refiere el apartado 2 del artículo 131 no se considerarán inhábiles los días del mes de agosto y sólo se excluirán del cómputo los domingos y festivos. Los plazos señalados por meses o por años se computarán de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último del mes. Los plazos que concluyan en domingo u otro día inhábil se entenderán prorrogados hasta el siguiente hábil. Los plazos establecidos en esta Ley son improrrogables. Podrán, no obstante, interrumpirse los plazos y demorarse los términos en caso de fuerza mayor que impida cumplirlos, reanudándose su cómputo en el momento en que hubiera cesado la causa determinante de la interrupción o demora. La concurrencia de fuerza mayor habrá de ser apreciada por el tribunal, de oficio o a instancia de la parte que la sufrió, con audiencia de las demás 2))