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Timestamp: 2019-12-13 21:59:18
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Matched Legal Cases: ['artículo 147', 'Artículo 147', 'Artículo 148', 'Artículo 149', 'Artículo 150', 'Artículo 151', 'artículo 151', 'Artículo 152', 'Artículo 153', 'Artículo 154', 'Artículo 155', 'artículo151', 'Artículo 156', 'Artículo 157', 'Artículo 158', 'artículo 151', 'Artículo 159', 'Artículo 160', 'Artículo 161', 'Artículo 162']

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Los derechos individuales del hombre son garantías constitucionales que se conceden a favor de todos los habitantes del Estado. Estas garantías deben cumplirse y respetarse y no se puede privar al individuo de las mismas, salvo en casos excepcionales, y con arreglo a ley expresa. Dentro de las garantías individuales encontramos una serie de derechos entre los que cabe mencionar la libertad del individuo y libertad de practicar libremente cualquier religión o culto. Dichas libertades son fundamentales para el desarrollo de cada ser humano como persona y deben respetarse; tanto, que son garantías constitucionales y también en el Código Penal se encuentran normas que tipifican los delitos que van en contra de estos derechos de libertad.
Otros derechos son los que se ejercen colectivamente; y que junto con los derechos individuales, son de gran importancia para todos los habitantes de un Estado. Cabe mencionar dentro de estos derechos, el derecho a la libertad política y el derecho a la libertad de reunión y de prensa. Estos derechos se ejercen de manera colectiva y son de gran importancia.
En este trabajo analizáramos de manera especial cuatro libertades fundamentales del individuo. Lo que dice la doctrina acerca de las mismas, y como están reguladas en nuestro derecho positivo. También enteraremos a comparar dichas normas con las que existen en otros códigos extranjeros; todo esto para entender mejor la importancia de dichas libertades.
Para terminar, sólo queda pro decir que estos derechos deben respetarse y exigir su cumplimiento; respetando los derechos de los individuos que nos rodean.
Toda Constitución consta de dos partes esenciales que son la dogmática y la orgánica. La parte dogmática es la parte doctrinaria de la misma, y en ella se fija la relación jurídica entre el gobierno de un estado y los ciudadanos del mismo; por tanto la parte dogmática es esencial en la Constitución de un gobierno de derecho. Sin ella el poder de los gobernantes no tendría límite legal ni los gobernados dispondrían de derechos personales. Por ello la consagración constitucional de los derechos y garantías individuales fue justamente lo que puso fin a los regímenes absolutistas y dio nacimiento a lo que se ha denominado “Estado de derecho”.
El establecimiento formal de los derechos individuales coincide con el movimiento constitucionalista. Existen dos grandes documentos políticos de fines del siglo XVIII: The Bill of Rights de la Constitución norteamericana y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, incluida en la primera Constitución de la revolución francesa, que cristalizan los derechos individuales.
Los estados de la antigüedad no conocieron los derechos individuales. Algunos de ellos tenían instituciones democráticas, pero no reconocían propiamente los derechos subjetivos del individuo, que era un ser aislado frente al Estado. Sin embargo, los ciudadanos de las democracias antiguas si gozaban de ciertos derechos y libertades; pero estas eran de hecho y surgían como consecuencia virtual de su intervención en el gobierno. No existían como derechos expresamente reconocidos y garantizados en documentos formales y solemnes.
Las comunidades políticas de la Edad Media desconocieron también el concepto de los derechos del hombre frente a los gobernantes. Y también se desconocieron en las monarquías absolutas que destruyeron y sucedieron al régimen feudal.
Algunos aceptan y dicen que en Inglaterra existieron los derechos individuales desde comienzos del siglo XIII, cuando el rey Juan firma la célebre Carta Magna en 1215; sin embargo, esta Carta Magna no puede considerarse como una declaración de derechos individuales. A través de ella se le reconocieron ciertos derechos a la nobleza, pero distaba mucho de reconocer derechos a los individuos en general. En dicha carta no se encuentra ninguna de las instituciones clásicas de la libertad inglesa. La importancia histórica de la Carta Magna está en que fue el primer intento en contra del principio monárquico y a favor de la monarquía limitada.
Sin embargo, dicho documento y muchos otros que Inglaterra ha ido elaborando y estableciendo a través de los siglos, son precursores de los derechos individuales que más tarde habrían de ser consagrados en las Constituciones liberales de los siglos XVIII y XIX. Quizá el más importante de todos estos documentos ingleses sea The Bill of Rights. Algunos autores sostienen que la declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se derivó directamente de los Bill of Rights de las Constituciones de los estados norteamericanos. Sin embargo la similitud de estos documentos se debe a que éstos se inspiraron en las mismas teorías políticas entonces en boga, y no se le debe restar originalidad ni valor a la Declaración francesa. También debe tenerse en cuenta que las declaraciones de las Constituciones de los Estados norteamericanos no siguieron al pie de la letra el Bill of Rights inglés de 1689. Este no establece la libertad religiosa plena, ni hace referencia a la reunión, ni a la asociación ni a otras semejantes; mientras que los Bill of Rights norteamericanos si consagran de manera expresa esas libertades.
Todo esto nos indica y confirma que el establecimiento pleno y expreso de los derechos individuales sólo se logra con los movimientos constitucionalistas que comienzan a fines del siglo XVIII y llegan a su plenitud a mediados del XIX.
Según el diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales de Manuel Ossorio la doctrina se define como: conjunto de tesis y opiniones de los tratadistas y estudiosos del Derecho que explican y fijan el sentido de las leyes o sugieren soluciones para cuestiones aún no legisladas. Tiene importancia como fuente mediata del Derecho, ya que el prestigio y la autoridad de los destacados juristas influyen a menudo sobre la labor del legislador e incluso en la interpretación judicial de los textos vigentes.
La doctrina es una de las fuentes del derecho y como tal juega un papel importante en el desenvolvimiento del mismo. A continuación veremos lo que nos dice sobre los derechos individuales del hombre.
Derechos Individuales: es el conjunto de aquellos que gozan los individuos como particulares y que no pueden ser restringidos por los gobernantes. Como medio de garantizarlos a partir de la Revolución Francesa se consagran en las Cartas Fundamentales de todos los países civilizados. Son derechos individuales: el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad ante la ley, al trabajo, a la libertad de pensamiento, de expresión, de reunión, de asociación, de circulación, de defensa en juicio, entre otros.
Derecho a la libertad política: son los otorgados o reconocidos por las Constituciones u otras disposiciones fundamentales de los Estados en relación con las funciones públicas o con las actividades que se ejercitan fuera de la esfera privada. Son inherentes a la calidad de ciudadano. Suelen negárseles a los extranjeros aunque se les reconozcan los individuales.
Derecho a la libertad de culto: la libertad religiosa, establecida en nuestra Constitución, es una trascendental conquista en la historia de libertad y culminación de crueles luchas contra la intolerancia y las persecuciones religiosas. Fue una de las más preciadas libertades en el siglo XVIII. La intolerancia y las persecuciones estaban entonces a la orden del día. Los gobernantes, ya fueran católicos o protestantes, acostumbraban perseguir a quienes no profesaban la religión oficial. Estas persecuciones fueron de gran gravedad en países como Inglaterra, en que la religión oficial negaba libertad religiosa a los católicos, e incluso, a algunas sectas protestantes. En el Bill off Rights de 1689, se llegó a reconocer libertad de religión a todas las denominaciones protestantes, pero no a los católicos. Por su parte, las monarquías católicas también practicaban la persecución. Con la inquisición se hacia imposible el ejercicio de religión que no fuera oficial, y también se perseguía cualquier libertad de criterio dentro de la religión oficialmente establecida.
Esta libertad tiene tanta importancia que es la primera que se consagra en el Bill of Rights de la Constitución Norteamericana. El Congreso -dice- no podrá aprobar ninguna ley conducente al establecimiento de religión alguna, ni a prohibir el libre ejercicio de ninguna de ellas.
Hoy, sin embargo, las pugnas religiosas han perdido su intensidad anterior. Han sido substituías por las pugnas ideológico-políticas. Por ello, la libertad religiosa se da hoy por descontada en casi todos los Estados modernos. La libertad de religión se denomina también libertad de cultos y libertad de conciencia. Sin embargo, en nuestro concepto, la expresión libertad de conciencia es más abarcadora que la libertad de religión. La expresión de libertad de cultos es más concreta porque incluye no sólo el derecho de tener una religión, sino también el de practicarla públicamente.
Derecho a la libertad individual: permite disponer de la propia persona según los dictados o inclinaciones de nuestra voluntad o naturaleza, a cubierto de presiones, amenazas, coacciones y de todo otro influjo que violente la espontánea decisión del individuo. Constitucionalmente se traduce en las garantías sobre detención, juzgamiento y sentencia, sobre todos del acusado y defensa en juicio
Derecho de reunión y de prensa: La libertad de reunión está íntimamente vinculada con la de palabra, ya que, cuando la gente se reúne lo hace para discutir y hablar públicamente sobre cosas que, generalmente, son de interés común. Esta libertad debe estar plenamente garantizada en todo Estado de derecho. Lo que comúnmente se exige al respecto es que la reunión sea pacífica y sin armas. En nuestro país, y en muchas otras democracias contemporáneas, no se requiere siquiera permiso de reunión; sólo se exige que los interesados avisen previamente a la autoridad administrativa. La libertad de manifestación o desfile público está estrechamente unida a la de reunión, aunque en las Constituciones casi siempre se consagra en un artículo o párrafo aparte.
La libertad de prensa es de suma importancia porque ella contribuye de manera eficaz a la formación de la opinión pública. Hoy los medios principales a través de los cuales se ha de ejercer esta libertad, son la prensa, la radio y la televisión. Es por ello esencial que ni una ni otra estén coaccionadas por los gobernantes ni monopolizada por potentados económicos que las usarían, ante todo, para defender sus intereses personales y mal informar la opinión pública.
IV. PRINCIPIOS CONSTITUICIONALES
Los principios son mandatos de optimización ya que ordenan que se realice algo en la mayor medida dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. Pueden ser cumplidos en diferente grado y su eficacia depende de dichas posibilidades. No contienen mandatos definitivos, sino prima facie: proporcionan razones que pueden ser desplazadas por otras razones opuestas. Ante la colisión de principios, sobrevive el que posea mayor peso, o sea, aquel que esté respaldado por mayores argumentos, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo.
Los principios se diferencian de las reglas porque tienen la dimensión del peso o importancia. Cuando colisionan principios, debe elegirse el de mayor peso; no determinan necesariamente la decisión, sino que solamente proporcionan razones que hablan a favor de una u otra decisión.
Resulta que los principios tienen menos oportunidades que las reglas de aplicarse directamente y parecen funcionar con el máximo de fuerza y tener mayor peso en los casos difíciles, pues con ellos se crean reglas. En efecto, los principios constituyen razones para las reglas y éstas, razones para juicios concretos del deber ser. Debe admitirse que en los casos difíciles los principios también constituyen razones para las decisiones y a pesar de no ser definitivas, sí lo son en calidad de prima facie -de modo temporal, constituyéndose en una auténtica fuente de solución de casos concretos.
Principios Constitucionales de los Delitos contra la libertad
1. Principios sobre los delitos contra las libertades políticas:
Algunos de ellos se encuentran en nuestra Constitución Panameña en :
Art. 130: las autoridades están obligadas a garantizar la libertad y honradez del sufragio, este a su vez en el numeral N°2 nos dice que: se prohibe las actividades de propaganda y afiliación partidista en las oficinas públicas, el N°4 dice que: se prohibe cualquier acto que impida o dificulte a un ciudadano obtener, guardar o presentar personalmente su cédula de identidad.
Art. 137: el tribunal electoral podrá sancionar las faltas y delitos contra la libertad y pureza del sufragio de conformidad con la ley.
Art. 138: la fiscalía electoral en su numeral N°1 deberá salvaguardar los derechos políticos de los ciudadanos.
Estos artículos se complementan a su vez con el Art. 147 del Código Penal Panameño indicando que: no se podrá impedir o paralizar el ejercicio de cualquiera de los derechos políticos, y que si el autor es un servidor público, se aumentará la pena.
Principios sobre los delitos contra la libertad del culto:
Art. 35: es libre la profesión de todas las religiones y todos los cultos, siempre y cuando se respete la moral cristiana y el orden publico. Se reconoce que la religión católica es la de la mayoría de los panameños.
Art. 42: los ministros de los cultos religiosos sólo podrán ejercer los cargos públicos que se relacionen con la asistencia social, la educación o la investigación científica.
Según el Código penal, en el Art. 148: no se deberá impedir o perturbar el ejercicio de un culto “permitido” en la República. El Art. 149 nos dice que el que destruya o cause daños a los objetos destinados a un culto permitido en la República y el que ultraje a alguno de sus ministros, será sancionado.
Principios sobre los delitos contra la libertad individual:
Se regula en el Art. 21 de nuestra Constitución: nadie puede ser privado de su libertad, sino por un mandato escrito por autoridad competente, los servidores públicos que violen este precepto tienen como sanción la pérdida del empleo, sin perjuicios de las penas que para tal efecto la ley establezca. No hay prisión por deuda.
Art. 27: Toda persona puede transitar libremente por el territorio nacional y cambiar de domicilio o residencia. En el código penal se regula la libertad individual en el Capitulo II de los delitos contra la libertad individual del Título II de Delitos contra la libertad, se regula desde el Art. 151 al Art. 160: en los que podemos mencionar que nadie puede privar a otro de su libertad, que los servidores públicos no se pueden extralimitar en sus funciones a menos que no tengan un mandato escrito, que no se debe emplear la violencia entre otros.
Principios sobre los delitos contra la liberta de reunión y prensa:
La Constitución panameña los regula en los Art. 37 y 38: Toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sin censura previa, que los habitantes de la República tienen derecho a reunirse pacíficamente y sin armas para fines lícitos.
En el Código Penal se regula en los Art. 161 y 162: nos dan referencia de que: no se puede impedir una reunión pública pacífica y lícita. Que el que impida en cualquier forma la publicación de libros o emisión de prensa estará sancionado con prisión de 6 meses a 1 año y de 50 a 100 días multa.
V. DERCHO POSITIVO
Según el diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio; el derecho positivo se define como el sistema de normas jurídicas que informa y regula efectivamente la vida de un pueblo en un determinado momento histórico. Dichas normas jurídicas se encuentran tipificadas en distintos códigos, y tratan de exponer cual es la conducta que debe llevarse a cabo en un determinado momento, y la sanción que se impone en caso de incumplimiento.
El Código Penal regula los delitos contra la libertad en su título II, desde el artículo 147 hasta el 162. pasaremos, entonces, a explicar cada uno de estos artículos.
Artículo 147. Quien impida o paralice total o parcialmente el ejercicio de cualesquiera de los derechos políticos será sancionada con prisión de 6 a 20 meses y de 15 a 100 días multa, siempre que el hecho no esté previsto en alguna otra disposición especial de este Código.
Si el autor fuere un servidor público y hubiere cometido el delito con abuso de sus funciones, la sanción será de 8 a 40 meses de prisión.
El artículo es claro. Toda persona lesione los derechos políticos de otro ciudadano o de un grupo político debe estar sujeto a una sanción. Los delitos contra las libertades políticas pueden ser contra la constitución de partidos políticos, contra el derecho a voto o sufragio de los ciudadanos, contra el derecho de postularse y ser candidato a algún puesto de elección popular, y otros. Por tanto es necesario que una persona que incurra en estas faltas sea sancionada; tal y como lo estipula el Código penal.
Artículo 148. El que impida o perturbe el ejercicio de un culto permitido en la República, será sancionado con 10 a 50 días multa.
Si el hecho fuere acompañado de amenazas, violencia, o ultraje, la sanción será de 6 a 12 meses de prisión o de 50 a 100 días multa.
Toda persona tiene derecho de seguir la religión o culto que desee, si está permitido en la República. los individuos tienen la potestad de practicar cualesquiera actos y ceremonias de carácter religioso, compatibles con la moral y la seguridad pública. por tanto cualquier atentado contra este derecho deberá ser sancionado; más aún si este es cometido con amenazas y violencia. El artículo es claro en cuanto a esto.
Artículo 149. El que destruya o cause daños a los objetos destinados a un culto permitido en la República y el que ultraje a alguno de sus ministros, será sancionado con prisión de 6 a 15 meses o de 50 a 150 días multa.
Según nuestro punto de vista, este artículo va ligado directamente con el artículo anterior, y esta destinado a proteger los bienes que son necesarios e importantes en toda religión o culto. Los ministros y sacerdotes tienen una misión muy importante dentro de la religión y de los diferentes cultos, por tanto hay que protegerlos, y cualquier ultraje debe traer como consecuencia una sanción.
Artículo 150. El que profane o ultraje el cadáver de una persona, sustraiga en todo o en parte sus restos mortales o viole una sepultura, será sancionado con prisión de 6 a 20 meses y de 20 a 100 días multa.
Este artículo está destinado a que se respeten los restos mortales de las personas. Los que violen una sepultura, por el motivo que sea, serán sancionados con prisión y días multa.
Artículo 151. El que ilegalmente prive a otro de su libertad, será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años.
La libertad individual es uno de los derechos fundamentales y mas importantes de toda persona humana. Esta libertad es la que permite disponer de la propia persona según los dictados o inclinaciones de nuestra voluntad o naturaleza, a cubierto de presiones, amenazas, coacciones y de todo otro tipo de influjo que violente la espontánea decisión del individuo. Por tanto todo aquel que lesione este derecho y que no deje que otro individuo actué según su propia voluntad y naturaleza, deberá ser sancionado; tal y como lo expresa el artículo 151.
Artículo 152. Si el delito previsto en el artículo anterior se cometiere mediante amenaza, sevicia o engaño, o por espíritu de venganza o lucro o si resultare del hecho un perjuicio grave para la salud o los bienes de la víctima, la sanción será de 2 a 6 años de prisión.
Cualquier persona que lesione la libertad individual de otra persona mediante engaños y amenaza y que además le cause un perjuicio a su salud o sus bienes, debe ser sancionado con prisión. Esto puede relacionarse con el delito de secuestro, en el que la persona es detenida por la fuerza y se le priva de su libertad.
Artículo 153. Si el delito se comete en la persona de un ascendiente o descendiente, el cónyuge, de un miembro del Consejo Nacional de Legislación o de la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos o de un servidor público, por razón del ejercicio de sus funciones, la sanción será de 3 a 8 años de prisión y de 50 a 200 días de multa.
En nuestra opinión, este artículo debe modificarse, ya que la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos ya no existe. Pero aún así la importancia de este artículo radica en que si se priva de la libertad individual a una persona por razón de sus funciones, entonces el delito es agravado y por tanto se impondrá una sanción mayor. De igual forma, si el delito se comete para lesionar a un pariente cercano también traerá como consecuencia una mayor pena.
Artículo 154. La sanción se reducirá de la mitad a las dos terceras partes, si el autor pone espontáneamente en libertad a la víctima, antes de que se inicie procedimiento criminal, sin que haya alcanzado el objeto que se proponía y sin haberle causado perjuicio alguno.
En este artículo se contempla el desistimiento de la persona que comete el delito, y se tipifica que si no sigue adelante con la privación de libertad de otra persona, se le puede reducir la pena hasta dos terceras partes; siempre y cuando no haya alcanzado el objeto que se proponía y que no haya causado perjuicio alguno a la víctima.
Artículo 155. El que mediante violencia o amenaza obligue a otro a tolerar, hacer u omitir alguna cosa, será sancionado con prisión de 6 meses a 1 año y de 30 a 150 días multa.
Según nuestro punto de vista, este artículo es un derivado del artículo151, en el que se habla de la privación de libertad ilegal de otra persona. En este artículo se contempla que la persona no tiene que estar confinada para que se le viole su derecho de libertad individual, sino que también puede ser obligada a realizar actos que no desea, mediante la intimidación, amenaza y violencia; y esto también constituye un delito a la libertad de la persona, ya que no esta actuando de acuerdo a su propia voluntad. La persona que cometa este delito deberá ser sancionada. Ejemplo de esto es el chantaje.
Artículo 156. El servidor público que con abuso de sus funciones o infracción de las formalidades prescritas por la ley, prive a una persona de la libertad, será sancionado con prisión de 1 a 2 años e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 6 meses a un año y si el hecho punible se comete con alguna de las circunstancias previstas en los artículos anteriores, las sanciones se aumentarán de una tercera parte a la mitad.
El artículo es claro. Cualquier servidor público que prive a otros de su libertad individual, deberá ser sancionado con prisión y además será inhabilitado para el ejercicio de sus funciones públicas. Por ser un servidor público esta persona tiene más responsabilidades debido a que se supone que tiene más conocimientos de la ley y además tiene ciertas influencias que podrían facilitarle el llevar a cabo este delito.
Artículo 157. El servidor público que con abuso de sus funciones, ordene o ejecute requisa en las ropas o en el cuerpo de una persona, será sancionado con prisión de 6 meses a un año en inhabilitación para ejercer cargos públicos por igual período después de cumplida la pena principal.
Este artículo nos llamó mucho la atención debido a que, por lo general, los servidores públicos revisan a las personas cuando hay eventos públicos muy grandes y donde es necesario que se garantice la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo si analizamos bien el artículo, entendemos que un servidor público no puede abusar de estas funciones, y si lo hace, entonces incurrirá en un hecho delictivo que deberá ser sancionado.
Artículo 158. El servidor público encargado de la dirección de una cárcel, que admita a una persona en ella, sin orden escrita de la autoridad competente o rehuse obedecer la orden de poner en libertad a alguno, emanada de la misma autoridad, será sancionado con prisión de 6 meses a un año.
Nuevamente nos encontramos frene a un artículo que está íntimamente relacionado con el artículo 151, según nuestro punto de vista. En este artículo se tipifica que nadie puede ser detenido y puesto en prisión, privándosele de su libertad individual, si no existe una orden escrita de la autoridad competente que estipule que la persona debe ser puesta bajo custodia. Además si el servidor público pasa por alto una orden escrita de esta misma autoridad que estipula que debe ponerse en libertad a una persona, también incurrirá en una conducta delictiva y deberá imponérsele una sanción.
Artículo 159. El servidor público competente que habiendo tenido conocimiento de una detención ilegal, omita, retarde tomar medidas para hacerla cesar o para denunciarla a la autoridad correspondiente será sancionado con 20 a 50 días multa.
En este artículo vemos que no solamente se sanciona a las personas que cometen un acto delictivo de privación de la libertad individual, sino que también se le pone una sanción a aquel servidor público que habiendo tenido conocimiento de una detención ilegal, no haga nada para corregir el problema.
Artículo 160. El servidor público que someta a un detenido a severidades o apremios indebidos, será sancionado con prisión de 6 a 20 meses. Si el hecho consiste en torturas, castigo infamante, vejaciones o medidas arbitrarias, la sanción será de 2 a 5 años de prisión.
Todas las personas tienen el derecho de la libertad individual, aunque éstas se encuentren detenidas tiene derecho a que se cumpla con sus derechos. Si un servidor público, en abuso de sus funciones, somete a tortura o tratos inhumanos a una persona; deberá cumplir con una condena de 2 a 5 años de prisión según lo estipula el Código Penal.
Delitos contra la libertad de reunión y de prensa
Artículo 161. El que impida una reunión pública y lícita, será sancionado con prisión de 6 meses a 1 año y de 50 a 100 días multa.
Si el hecho previsto en el inciso anterior fuere cometido por un servidor público, se le impondrá además, inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos hasta por 3 años.
Si existe la libertad individual, también existe, por consiguiente, la libertad de reunión. Cada persona puede reunirse donde lo desee y con quien lo desee y aquella persona que impida una reunión pública será sancionada. Si esta persona es un servidor público se le impondrá además la sanción de la inhabilitación para el ejercicio de sus funciones. Este derecho es muy discutido, ya que cuando estas reuniones se dan en lugares abiertos y varias personas se reúnen para hacer una manifestación o una huelga, se atenta contra el derecho de otras personas que se ven afectadas por estas manifestaciones, por lo que es muy común ver que se intervenga para interrumpir estas reuniones.
Artículo 162. El que impida en cualquier forma la publicación de libros y la libre circulación o emisión de prensa periódica, escrita o hablada, será sancionado con prisión de 6 meses a 1 año y de 50 a 100 días de multa.
La libertad de prensa es un derecho constitucionalmente garantizado a todos los habitantes de la nación para que publiquen sus ideas por la prensa, sin censura previa. Constituye una modalidad de la libertad de expresión y de opinión. Por tanto toda persona que lesione este derecho incurrirá en un delito que deberá ser sancionado.
VI. DERECHO COMPARADO
El derecho comparado es la ciencia que tiene como objeto estudiar las semejanzas y las diferencias entre los ordenamientos jurídicos de dos o más países.
En casi todas las legislaciones se pueden encontrar normas que regulan los derechos y las libertades del hombre. A continuación estudiaremos la legislación panameña con relación a la legislación Colombiana y Argentina.
CODIGO PENAL COLOMBIANO:
En un código podemos encontrar el cuerpo de leyes o estatutos de un país. El código penal es aquel que establece los delitos y las penas que son aplicables. El Código penal Colombiano tiene muchísima relación con el nuestro; debido a que en una época Panamá formo parte de dicho Estado, y una vez independizado tomó ciertas leyes para uso nacional. Si bien es cierto que no tomó dichas leyes de manera textual, es indiscutible la similitud que tiene con el Código penal Colombiano.
Entre las comparaciones hechas entre el Código Penal Colombiano y el panameño podemos mencionar:
El Código Penal de Colombia habla sobre el delito contra la libertad individual bajo el nombre de secuestro, en el Título X, Capítulo I, Art. 268 Establece que el que retenga a una persona con el propósito de exigir por su libertad un provecho incurrirá en prisión de 25 a 40 años, mientras que en el Código Penal Panameño, en el Título II Capítulo III, Art. 152 se habla de que el que ilegalmente prive a otro de su libertad con espíritu de venganza o lucro la sanción será de 2 a 6 años de prisión. Como podemos observar la sanción impuesta por este tipo de delitos es superior en la legislación colombiana que en la panameña; sin embargo regulan ambas la privación de la libertad individual.
El Código Penal Colombiano impone sanciones a los servidores públicos que abusando de sus funciones priven a otros de su libertad y le pone una sanción de 1 a 5 años y la pérdida del empleo. Esto lo regula en el Capítulo II, Art. 272. nuestra legislación, en el Art. 156, en el que se regula que los servidores públicos serán sancionados de 1 a 2 años de prisión e inhabilitación de sus funciones de 6 meses a 1 año. Nuevamente observamos que la pena es mayor en la legislación colombiana.
La legislación colombiana dispone en su Capítulo III, titulado de los delitos contra la autonomía personal, en su Art. 276 que el constriña a otro a hacer u omitir alguna cosa incurrirá en prisión de 6 meses a 2 años. En nuestro Código Penal en el Art. 155 se habla de que el que mediante violencia o amenaza obligue a otro a hacer u omitir una cosa será sancionado con prisión de 6 meses a 1 año y de 30 a 150 días multa.
En nuestra legislación los delitos contra la libertad individual están regulados en el Título II, Capítulo III bajo el nombre de Delitos Contra la Libertad Individual. Aquí se disponen todos los delitos referentes a la libertad individual bajo un mismo capítulo; mientras que en Código Penal Colombiano, los Delitos contra la libertad individual están separados por capítulos, cada uno con su respectivo título, haciendo más fácil la ubicación y comprensión de los mismos.
Delitos contra la libertad Política
Al igual que en nuestra legislación, el Código Penal Colombiano regula este delito en un solo artículo. En nuestro Título II, Capítulo I, Art. 147, se establece que quien impida o paralice total o parcialmente el ejercicio de los derechos políticos será sancionado con prisión de 6 a 20 meses y de 15 a 100 días multa. Si el autor fuera un servidor público y comete el delito con abuso de sus funciones tendrá una sanción de 8 a 40 meses de prisión. Mientras que el código penal colombiano nos señala que el que mediante violencia o maniobra engañosa perturbe o impida el ejercicio de los derechos políticos, incurrirá en arresto de 6 a 18 meses. Si dicho delito fuese cometido por un servidor público incurrirá además en la perdida del empleo. Ambas normas poseen una gran similitud, no obstante las penas y sanciones varían.
La legislación colombiana regula estos delitos en el capítulo octavo bajo el título de Los Delitos Contra el Sentimiento Religioso y el Respeto a los Difuntos. Actualmente sólo un artículo regula este delito, ya que los otros tres que regulaban esta materia fueron derogados y transformados en contravenciones especiales por la ley 23 de 1991. En dichos artículos se regulaba la violación a la libertad de culto, el impedimento y perturbación de ceremonias religiosas y los daños o agravios a personas o cosas destinadas al culto. En el art. 297 se dispone que el que sustraiga el cadáver de una persona o sus restos incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Y si el agente busca un fin lucrativo la pena se aumentará en una tercera parte. En la legislación panameña estos delitos se regulan en el capítulo II titulado Delitos Contra la Libertad del Culto. Se dispone en el art. 148 y 149 que existe la libertad de culto y que el impedimento y perturbación de una ceremonia religiosa, así como también el que destruya o cause daños a las cosas o personas destinadas al culto incurrirán en prisión, con una pena máxima de 15 meses y 6 mínimo. En el art. 150 se tipifica que el que profane o ultraje el cadáver de una persona o viole una sepultura será sancionado con prisión de 6 a 20 meses y de 20 a 100 días multa. Otra vez observamos que las penas impuestas en la República de Colombia son mayores que las nuestras en cuanto a esta materia.
Delitos contra la libertad de Reunión y Prensa
En el Capítulo Sexto art. 292 de la legislación colombiana se dispone que el que perturbe una reunión lícita o tome represalias con motivo de una huelga, reunión o asociación legítimas, incurrirá en arresto de 1 a 5 años y multa de mil a cincuenta mil pesos. En el Código penal panameño se dispone en el Capítulo IV art. 161, que aquel que impida una reunión pública y lícita, será sancionado con prisión de 6 meses a 1 año y de 50 a 100 días multa. Y si el acto ilícito es cometido por un funcionario público, al mismo se le impondrá además la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos hasta por 3 años. En este sentido nuestra legislación es más completa y además las sanciones impuestas son mayores.
En nuestra legislación se regula el delito contra la libertad de prensa en el art. 162 del Código Penal; sin embargo no encontramos nada en cuanto a esta materia en el Código Penal Colombiano.
CODIGO PENAL ARGENTINO:
A diferencia del Código Penal Colombiano, el Código Penal Argentino,
solamente regula los Delitos en contra de la libertad individual, de reunión y de prensa, este no regula los delitos contra las libertades políticas, ni el de la libertad de cultos; los mismos a su vez están contenidos en el Libro II De Los Delitos, Título V de los Delitos contra la libertad.
El Código Penal argentino regula este delito en su Título V De delitos contra la libertad, Capítulo I Delitos contra la libertad individual en contraposición al código penal panameño en su Art 142 nos dice que se aplicará prisión o reclusión de 2 a 6 años, al que privare a otro de su libertad personal, cuando se utilice la violencia o amenaza con fines religiosos o de venganza, si el delito se comete en contra de un hermano, cónyuge o de otro individuo a quien se deba respeto particular. Mientras que la legislación panameña en el Art. 153 se dice que si el delito se comete en la persona de un ascendiente o descendiente, cónyuge, de un miembro del Consejo Nacional de Legislación o La Asamblea Nacional de Representantes, la sanción será de 3 a 8 años de prisión y de 50 a 200 días de multa. Vemos entonces que la sanción en nuestra legislación es mayor.
Un punto muy importante que esta regulado en el Código Penal Argentino y no lo regula nuestra legislación es la tortura; la misma se regula en el Art. 144 en el cual se dice que será reprimido con prisión de 8 a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua el funcionario público que impusiere a personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad cualquier clase de tortura.
La diferencia entre la regulación del delito contra la libertad individual en el código penal argentino y el código penal panameño estriba en que, éste es mas amplio y posee más definiciones, se cambian un poco los verbos, y se le da más importancia al uso de armas, sufrimientos psíquicos, daños a menores, ocultación de información en las investigaciones de justicia en contra de la víctima y por su puesto las penas impuestas son de más años de prisión.
Este delito está contenido en el Código Penal Argentino en un solo Artículo (160), que admite que se someterá a prisión de 15 días a 3 meses, al que impidiere materialmente o turbare una reunión lícita, con insultos o amenazas al orador o a la institución organizadora del acto.
El Código Penal panameño lo señala en su Art. 161 donde dice que será sancionado de 6 meses a 1 año y de 50 a 100 días-multa al que impida una reunión pública, pacífica y lícita.
La legislación argentina lo regula en un capítulo por separado al de los delitos contra la libertad de reunión, contrariamente a como está regulado en la legislación panameña. Este a su vez está contenido en el Cap. VI , del Título V de los Delitos contra la libertad, en el Art. 161, y dice que: sufrirá prisión de 1 a 6 meses, el que impidiere o estorbare la libre circulación de un libro o periódico. Este Artículo es igual al que regula la legislación argentina en todos los sentidos, a excepción de que en el Código Penal Panameño se especifica a que dicha publicación puede ser escrita o hablada y también agrega la sanción de 50 a 100 días de multa.
Los delitos contra la libertad deben, y están regulados en el Código Penal puesto que estas libertades son de gran importancia para todos los individuos que conforman un Estado. Dichas garantías le dan seguridad al individuo y le permiten tener “libertad” en sus actos. Claro que estas libertades terminan donde empiezan las de los demás, pero no se pueden violar dichos derechos, y de ser así, conllevaría una sanción o una pena para quien cometiera el acto indebido.
No siempre existieron dichas garantías como las conocemos hoy en día. Estos derechos fueron el producto de una larga evolución histórica y de muchas controversias que se dieron en las épocas antiguas. Actualmente este tema es de gran importancia en casi todos, por no decir todos los Estados del mundo. Dichos derechos se regulan en la constitución y los delitos que se cometen en contra de estas garantías están regulados en el Código Penal. Inclusive, existen tratados internacionales y convenciones que protegen las garantías y derechos humanos y que buscan la mejor manera de que estos derechos sean acatados por los individuos y respetados por todos.
Al concluir este trabajo, podemos afirmar que nuestros conocimientos en esta materia han aumentado.
Pensamos y consideramos que es importante que existan este tipo de derechos y libertades y que los actos que vayan en contra de los mismos deben estar tipificados como delitos en el código penal, tal y como lo hace el nuestro actualmente. Sin embargo, también consideramos que estos artículos que regulan dichos delitos deben ser revisados y modificados, y tal vez ampliarlos un poco más. Actualmente las penas que se imponen por cometer un delito que vaya en contra de las libertades son de muy poca cuantía y por tal razón, pensamos que los individuos no prestan mucha atención en respetar los derechos individuales de las demás personas.
Nuestra recomendación final es que todos debemos respetar las libertades de los demás para poder exigir que se respeten las nuestras también, y así poder vivir en armonía los unos con los otros.
Delito: acto típicamente antijurídico, culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y sometido a una sanción penal.
Libertad Política: conjunto de derechos reconocidos al ciudadano para regir su propia persona, elegir sus representantes en la vida pública y ejercer las facultades establecidas en la Constitución de su patria. Integran las libertades políticas los derechos electorales, los de manifestación oral y escrita del pensamiento, los de reunión, manifestación y asociación.
Libertad de Culto: La potestad de practicar cualesquiera actos y ceremonias de carácter religioso, compatibles con la moral y seguridad públicas, se considera en lo referente a la libertad religiosa.
Libertad Individual: la que permite disponer de la propia persona según los dictados o inclinaciones de nuestra voluntad o naturaleza, a cubierto de presiones, amenazas, coacciones y de todo otro influjo que violente la espontánea decisión del individuo. Constitucionalmente se traduce en las garantías sobre detención, juzgamiento y sentencia, sobre todos del acusado y defensa en juicio.
Libertad de Prensa: derecho constitucionalmente garantizado a todos los habitantes de la nación para que publiquen sus ideas por la prensa, sin censura previa. Constituye una modalidad de la libertad de expresión y de opinión.
“DELITOS CONTRA LA LIBERTAD”
Enviado por: Pache
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