Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-II/2012/as201212046.htm
Timestamp: 2019-03-20 23:34:34
Document Index: 369946868

Matched Legal Cases: ['artículo 416', 'artículo 414', 'artículo 169', 'artículo 169', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 413', 'in fine']

201203-Sala Penal Segunda-2-046
Auto Supremo Nº 046/2012-RRC Sucre, 23 de marzo de 2012
Partes: Ministerio Público y Santusa Castro Quintanilla y Estanislao Milán Castro Quintanillac/ Carlos Colque Fuertes
Delito:Homicidio y Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito y Omisión de Socorro
Por memorial presentado el 8 de febrero de 2012, de fs. 183 a 186, Carlos Colque Fuertes, interpuso recurso de casación impugnando el Auto de Vista de 2 de 24 de enero de 2012 (fs. 152 a 153), emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del Distrito Judicial de Potosí, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Santusa Castro Quintanilla y Estanislao Milán Castro Quintanilla en su contra, por la presunta comisión de los delitos de Homicidio, Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito y Omisión de Socorro previstos en los arts. 261 y 262 del Código Penal (CP).
I.- DEL RECURSO DE CASACION
1) De los antecedentes del proceso se establece que, tanto el Ministerio Público como Santusa Castro Quintanilla y Estanislao Milán Castro Quintanilla, presentaron acusación formal contra el ahora recurrente, señalando que encontrándose conduciendo en estado de ebriedad, atropelló a Teófilo Castro Alizarez de ochenta y uno años de edad, produciéndole una serie de heridas, y luego de producido el hecho se dio a la fuga, a cuya consecuencia, el Tribunal Primero de Sentencia del Distrito Judicial de Potosí, dictó Sentencia condenatoria contra el hoy recurrente, declarándolo autor y culpable del delito de Homicidio, Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito y Omisión de Socorro, condenándolo a la pena privativa de libertad de dos años de presidio.
2) Contra la mencionada Sentencia, Santusa Castro Quintanilla y Estanislao Castro Quintanilla, interpusieron el recurso de apelación restringida, alegando que se comprobó la existencia de los hechos denunciados y que el Tribunal de Sentencia no logró subsumir de manera adecuada la conducta del acusado a los tipos penales denunciados, y que al existir concurso real tomando en cuenta los tipos penales, le correspondía la sanción de siete años y seis meses de reclusión, por lo que considera que existió error in iudicando, correspondiendo por lo tanto, modificar la pena, además denunció mala valoración de la prueba y falta de fundamentación de la Sentencia; dicho recurso fue resuelto mediante el Auto de Vista 2 de 24 de enero de 2012, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del Distrito Judicial de Potosí, por el que declaró procedente la apelación restringida, anuló totalmente la Sentencia y dispuso la reposición del juicio por otro Tribunal, alegando que no existió una adecuada fundamentación de la Sentencia en lo que respecta a la determinación de la pena, al no haberse considerado el concurso real presuntamente existente. Contra ese fallo se interpuso el recurso de casación que es motivo de autos.
Del memorial del recurso de casación, se extrae como motivos del mismo, los siguientes:
El recurrente denuncia que, los querellantes plantearon apelación restringida exponiendo como agravio la supuesta falta de fundamentación de la Sentencia respecto de la valoración de las pruebas aportadas; sin embargo, el Tribunal de alzada arbitrariamente en lugar de analizar este aspecto denunciado, procede a valorar la fundamentación de la pena, aduciendo ausencia de fundamentación en relación al presunto concurso real existente, que no fue expuesto ni fundamentado por los querellantes, convirtiendo su Resolución en ultra petita, sin considerar que la valoración de la pena es facultad del Juzgador, quien ingresa por el principio de inmediación en contacto directo con las pruebas, y por tanto, con la facultad que la ley le confiere, compulsa las agravantes y atenuantes y así aplica el derecho con relación al hecho.
Solicitó se admita el recurso y "determinando la contradicción en los términos del artículo 416 del CPP por consiguiente deje SIN EFECTO EL AUTO DE VISTA RECURRIDO..." (sic).
Mediante Auto Supremo 032/2012-RA de 6 de marzo, este Tribunal declaró ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Carlos Colque Fuertes.
Desarrollado el juicio oral contra el recurrente y en virtud a la prueba debidamente judicializada, el Tribunal Primero de Sentencia del Distrito Judicial de Potosí, ante la convicción respecto a la responsabilidad del imputado, declaro a Carlos Colque Fuertes, autor y culpable de la comisión de los delitos de Homicidio y Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito tipificado en la primera parte del art. 261 del CP, así como del ilícito de Omisión de Socorro previsto en el primer párrafo del art. 262 del CP.
En cuanto a la pena, el citado Tribunal, realizó una relación y fundamentación tomando en cuenta las disposiciones legales contenidas en los arts. 37, 38 y 40 del CP, imponiendo la pena de dos años de reclusión a cumplir en el penal de San Roque de la ciudad de Sucre, concediendo el beneficio del perdón judicial, conforme al art. 368 del CPP.
Notificada con tal determinación, Santusa Castro Quintanilla y Estanislao Milán Castro Quintanilla, plantearon apelación restringida de la Sentencia, alegando principalmente dos aspectos como ser: a) El referido a que, en su criterio se comprobó la existencia de los hechos denunciados y que el Tribunal de Sentencia, al existir concurso real tomando en cuenta los tipos penales, le correspondía imponer la sanción de siete años y seis meses de reclusión al autor; sin embargo, no lo hizo, por lo que considera que existió error in iudicando, pidiendo por lo tanto, "modificar la pena e incrementarla" (sic); y b) El segundo elemento, referido a que no se valoró adecuadamente la prueba producida para subsumir la conducta del imputado a los delitos de Homicidio y Robo en grado de tentativa, lo que importa, según señala una incorrecta aplicación de la ley, sumado al hecho de una falta de mayor fundamentación de la Sentencia. Con tales argumentos, y al considerar que existen defectos absolutos insubsanables, solicitaron la anulación de la Sentencia y se ordene nuevo juicio por reenvío.
II.3. De la Resolución del Tribunal de apelación
Radicada la apelación restringida por ante la Sala Penal Segunda, se emitió el Auto de Vista 2 de 24 de enero de 2012, que declaró procedente el recurso con el siguiente fundamento: Se alegó insuficiencia en la fundamentación de la Sentencia con base legal en el art. 370 inc. 5) del CPP, porque el Tribunal de Sentencia estableció la existencia de dos ilícitos; sin embargo, al determinar la pena se la reduce al 50% obviando aplicar el art. 45 del CP, lo que hubiera generado una marcada contradicción, por lo que el Tribunal de apelación consideró prudente analizar la determinación de la pena y los fundamentos empleados al efecto.
En el análisis de la denuncia referida, el Tribunal de apelación advirtió que efectivamente existen dos hechos delictivos imputables al autor, y que en la determinación de la pena de dos años de reclusión, simplemente se consideró la personalidad del autor y las atenuantes generales contenidas en los arts. 38 y 39 del CP, lo que a entender del Tribunal de apelación constituyó fundamentación insuficiente que denota contrariedad de la Sentencia, ya que no se mencionó, menos se fundamentó en la determinación de la pena, la concurrencia o no de agravantes que el procedimiento penal a efectos de determinar la pena prescribe, como el concurso real de delitos, lo que hace discrecional la conclusión a la que llega el Tribunal de Sentencia al determinar dos años de condena sin considerar ni explicar, si concurre o no la referida agravante.
Con dichos argumentos, la Sala Penal Segunda, consideró que existió defecto absoluto (art. 169 inc.3 del CPP), que no es posible repararlo directamente, ya que quedó develada la concurrencia de error in procedendo que también degeneró en error in iudicando, y cuya corrección influiría en la parte dispositiva de la Sentencia, por lo que declaró procedente la apelación restringida, y en aplicación del art. 413 primera parte del CPP, anuló totalmente la Sentencia y ordenó la reposición del juicio por otro Tribunal.
El recurrente citó como precedentes contradictorios los Autos Supremos 252 de 20 de agosto de 2007 y 260 de 24 de abril de 2009, a los que corresponde remitirnos a objeto del análisis establecido en el art. 419 del CPP:
a) El Auto Supremo 252 de 20 de agosto de 2007, fue citado como precedente contradictorio por el recurrente, para fundamentar su denuncia en sentido de que la apelación restringida no cuestionó la valoración de la pena, pues simplemente hubiera cuestionado la valoración de la prueba; sin embargo, el Tribunal de apelación en una Resolución ultra petita, hubiera ingresado a analizar la valoración de la pena, aduciendo ausencia de fundamentación en relación al presunto concurso real; ahora, de la revisión del Auto Supremo citado como precedente contradictorio, se establece que el mismo está referido simplemente al examen de admisibilidad respecto al recurso de casación interpuesto dentro de un proceso penal por la comisión de los delitos de Abuso de Confianza y Despojo; es decir, dicho Auto Supremo, no contiene fundamentación alguna, y menos doctrina legal aplicable referida a este motivo del recurso de casación, pues si bien en algunos casos esta clase de restricciones pueden constituirse en jurisprudencia indicativa, no pueden ser considerados como precedentes contradictorios en los términos previstos por el art. 416 del CPP, por tal razón, este Tribunal concluye que este motivo de casación deviene en infundado.
b) El recurrente también citó como precedente contradictorio el Auto Supremo 260 de 24 de abril de 2009, emitido por la Sala Penal Primera de la extinta Corte Suprema de Justicia, cuya problemática y denuncia específica es la siguiente: "La existencia de defectos absolutos en el pronunciamiento de las resoluciones de instancia, referidas a la presunta mala valoración de la prueba y la vulneración del derecho a defensa, por la negativa del Tribunal de Sentencia, para realizar la audiencia de inspección ocular y reconstrucción del hecho" (sic).
Sobre la denuncia de presunta mala valoración de la prueba, el citado Auto Supremo concluyó: "...siendo imposible que un Tribunal desprovisto de la inmediación procesal, pueda emitir un criterio de hecho sobre la prueba, dada la naturaleza del sistema acusatorio oral. (...)
A la luz de lo anteriormente expuesto, este Tribunal llegó a al conclusión de que las denuncias relacionadas con la errónea apreciación de la prueba, carecen de sustento legal, toda vez que en ninguna parte del recurso que se analiza, se identificó o individualizó aquella prueba que hubiese sido ilegalmente incorporada al proceso o que hubiese sido erróneamente valorada, constituyendo, una denuncia vaga e imprecisa, que no puede dar lugar a que se deje sin efecto el fallo del tribunal de apelación, como erróneamente pretende el recurrente, que además no reclamó oportunamente esta situación ante los tribunales de grado, deviniendo con ello lo infundado de su acción impugnatoria.
En consecuencia, teniendo en cuenta que el Tribunal de Sentencia es el que establece la existencia del hecho y la culpabilidad del procesado, mientras que los Tribunales de alzada tienen como objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano, este Tribunal concluye que el recurso de casación respecto a este punto deviene en infundado por no ser evidentes las denuncias formuladas en el mismo".
Sobre este aspecto, es preciso señalar que de la revisión del Auto de Vista impugnado, se establece que de ningún modo el Tribunal de apelación ingresó a revalorizar la prueba como denuncia el recurrente, pues el análisis del único motivo que fue declarado procedente, está referido a que efectivamente existen dos hechos delictivos imputables al autor, y que en la determinación de la pena de dos años de reclusión, simplemente se consideró la personalidad del autor y las atenuantes generales contenidas en los arts. 38 y 39 del CP, sin que el Tribunal de Sentencia haya fundamentado al momento de la determinación de la pena, la concurrencia o no de agravantes como el concurso real de delitos, y con dicho argumento, la Sala Penal Segunda consideró que existió defecto absoluto (art. 169 inc.3 del CPP), que no era posible repararlo directamente, de ello se puede concluir que de ninguna manera existió por parte del Tribunal de apelación revalorización de la prueba; consecuentemente, la denuncia relacionada con esta temática, carece de sustento legal, por lo que al no existir contradicción con los términos del precedente citado este motivo del recurso de casación deviene en infundado.
c) El segundo punto analizado por el Auto Supremo 260 de 24 de abril de 2009, que fuera citado como precedente contradictorio, está referido a la presunta vulneración del derecho a la defensa del recurrente, por la negativa del Tribunal de Sentencia, de realizar la inspección y reconstrucción del hecho; es decir, se trata de una situación de hecho absolutamente ajena a la problemática que es motivo del presente recurso de casación, sin que exista, en consecuencia contradicción con el Auto de Vista impugando.
d) No obstante, lo hasta aquí expresado, de la revisión de obrados, se tiene que el recurrente, también denunció que el Auto Supremo 340 de 28 de agosto de 2006, invocado en el Auto de Vista como precedente contradictorio, y que sirvió de sustento para disponer el reenvío, no se subsume en el caso de autos, lo que también merece un pronunciamiento que queda plasmado en el siguiente punto, consideramos que este Tribunal tiene la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de asegurar la vigencia de principio de igualdad de forma que todo ciudadano tenga la seguridad que la norma procesal y material, será efectivamente aplicada por igual.
En ese sentido, inicialmente conviene remitirse a lo fundamentado por el Tribunal de apelación, en relacion al precedente citado, asi señalo: "Que de acuerdo a la doctrina legal emitida por el A.S. 340 de 28 de agosto de 2006, por la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema, el tratamiento en casos donde el tenor de la resolución sea contradictoria, incongruente e incompleta se traduce en un defecto absoluto no convalidante conforme el art. 169 3, en tal antecedente, no es posible reparar directamente el error ya que queda develada la concurrencia de error in procedendo que también degenera en error in judicando y cuya corrección influiría en la parte dispositiva de la sentencia circunstancia vedada por el referido A.S...."(sic), con dicho razonamiento el Tribunal de apelación anuló totalmente la Sentencia y ordenó la reposición del juicio por otro Tribunal.
En ese orden de cosas, es también pertinente a objeto de resolver la problemática en cuestión, recordar el razonamiento y la doctrina legal aplicable contenida en el Auto Supremo 340 de 28 de agosto de 2006, que sirvió de sustento para que el Tribunal de apelación disponga el reenvío, mismo que es acusado de inaplicable por el recurrente en su recurso de casación, así se tiene:
"...más aún cuando en el considerando último "dispone el reenvió de la causa a otro juez" , razonamiento que contradice la línea doctrinal emitida por este Alto Tribunal de Justicia sobre la disposición establecida en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, ya que si el error del juez de sentencia se basa en error de "derecho injudicando", que no influye en la parte dispositiva, sin necesidad del reenvió, debió proceder a su rectificación, por lo que se establece que el Auto de Vista impugnado, al contener evidentes imprecisiones, contradicciones y ser incompleta vulnera la garantía del "debido proceso", enmarcándose entre los vicios absolutos de la sentencia, conforme lo previsto en el artículo 169-3) del Código de Procedimiento Penal, por lo que corresponde dejar sin efecto la misma y establecer la doctrina legal aplicable" (sic).
Así y en consecuencia con dicho razonamiento, el Auto Supremo objeto de análisis estableció la siguiente doctrina legal aplicable:
Se considera defecto absoluto, cuando el tenor de la resolución (Auto de Vista) es contradictorio, incongruente e incompleto traduciéndose en "defecto absoluto" no convalidante de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 3) del Código de Procedimiento Penal porque deja en indefensión a las partes así como viola el Derecho Constitucional a la Seguridad Jurídica establecida en el artículo 7 Constitucional.
El juicio oral, público y contradictorio conforme dispone el artículo 1 del Código de Procedimiento Penal, se halla tutelado por las garantías constitucionales y las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio, consecuentemente el Tribunal de alzada velando por su observancia y la economía procesal, debe emitir sus fallos fundadamente y en forma clara que pueda comprender el texto un ciudadano común así como debe proceder a anular el proceso cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, cuando exista error injudicando el mismo que no influya en la parte dispositiva del fallo recurrido debe proceder a su rectificación directa sin necesidad del reenvío del proceso a otro Tribunal lo contrario significaría incurrir en incorrecta aplicación del artículo 413 del mismo cuerpo legal " (sic). Con dicho razonamiento, la Sala Penal Segunda de la extinta Corte Suprema de Justicia, dejó sin efecto el Auto de Vista impugnado y determinó que la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dicte nuevo fallo conforme a la doctrina legal establecida.
Recordada como fue en esta Resolución, la doctrina legal aplicable del citado Auto Supremo, cabe señalar que la misma no ha sido correctamente interpretada por el Tribunal de apelación, puesto que, es esclarecedora en cuanto señala que, cuando exista error in iudicando y el mismo que no influya en la parte dispositiva del fallo recurrido, se debe proceder a su rectificación directa sin necesidad del reenvío del proceso a otro Tribunal, lo contrario significaría incurrir en incorrecta aplicación del art. 413 del mismo cuerpo legal, y en el caso específico, también en inobservancia del art. 414, en cuyo párrafo primero parte in fine muy claramente señala: "Los errores de derecho en la fundamentación de la resolución impugnada, que no hayan influido en la parte dispositiva, no la anularán, pero serán corregidos en la nueva sentencia, así como los errores u omisiones formales y los que se refieran a la imposición o el cómputo de penas". En el presente caso, se advierte que el Tribunal de apelación al emitir el Auto de Vista impugnado incurrió en inobservancia del art. 114 del CPP, que regula los casos de rectificación de errores de derecho u omisiones formales de la Resolución impugnada, entre los que se encuentran precisamente aquellos referidos a la imposición o el cómputo de penas. Bajo el entendimiento precedente se concluye que el tribunal de apelación, además, de desconocer normas procesales que le facultan para realizar todas las correcciones que considere convenientes, equivocadamente fundó su decisión de disponer el reenvio de la causa, en un precedente que claramente asumió como doctrina legal aplicable, que cuando se trata de un error de derecho "in iudicando" que no influye en la parte dispositiva, debe procederse a su rectificación, sin necesidad de reenvio; por lo que corresponde, dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado, a efectos de darse correcta aplicación de la ley.
III.3 Doctrina legal aplicable
En caso de establecerse en la Sentencia la comisión de dos o más delitos, los Tribunales deberán dar cumplimiento al art. 45 del CP, que prescribe que, cuando con designios independientes, con una o más acciones u omisiones, el imputado cometiere dos o más delitos, deberá ser sancionado con la pena más grave prevista para los delitos cometidos (pudiendo el juez a su criterio), aumentar el máximo hasta la mitad, y en caso de inobservancia de dicho precepto legal, el Tribunal de apelación, podrá corregir directamente en base a la facultad reconocida en su favor por el art. 414 del CPP, que establece que los errores de derecho en la fundamentación de la resolución impugnada, que no hayan influido en la parte dispositiva, no la anularán, pero serán corregidos en la nueva sentencia, y que deberá proceder de la misma manera, cuando se trate de errores u omisiones formales y también los que se refieran a la imposición o el cómputo de penas, consecuentemente, los Tribunales de apelación tienen la facultad de corregir directamente el error referido al quantum de la pena, realizando una fundamentación complementaria, rectificando el error detectado sin necesidad de disponer el reenvío de la causa, pues un entendimiento contrario no implicaría que una indebida aplicación de una norma sustantiva o indebida interpretación de la Ley tenga que realizarse un nuevo juicio oral, vulnerando el principio de celeridad procesal, asi como el derecho que tienen los sujetos procesales a un juicio sin dilaciones.
La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 2 de 24 de enero de 2012, cursante de fs. 152 a 153, y determina que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del Distrito Judicial de Potosí, sin espera de turno y previo sorteo, dicte nuevo fallo conforme a la doctrina legal aplicable y los artículos pertinentes al caso.
Para fines del art. 420 del CPP; remítase fotocopias legalizadas del presente Auto Supremo a todos los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado, para que por intermedio de sus Presidentes hagan conocer a los jueces penales la presente Resolución.
En aplicación del art. 17.IV de la Ley Órgano Judicial, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.