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Timestamp: 2017-11-17 19:16:43
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Sentencia T.S.J. Andalucía 870/2013 de 27 de junio. TP. Compraventa de fincas. Procedimiento de comprobación de valores - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Andalucía 870/2013 de 27 de junio
ITP. Compraventa de fincas: Procedimiento de comprobación de valores. Desestimación de la solicitud de revisión de oficio de la liquidación de la actora: Se basa exclusivamente en la falta de legitimación activa de ésta para instarla, pues ningún beneficio patrimonial le reportaría su estimación. Legitimación activa en el orden contencioso-administrativo: Se defiere en consideración a la titularidad de un derecho o interés legítimo que suponga una relación material entre el sujeto y el objeto de la pretensión.
En la ciudad de Sevilla, a veintisiete de junio de dos mil trece.
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, constituida para el examen de este caso, ha pronunciado en nombre de S.M. el REY la siguiente Sentencia en el recurso contencioso-administrativo número 882/2012, interpuesto por DÑA. Vicenta, representada por el Procurador Sr. Campos Vázquez, siendo parte demandada la CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, representada por el Letrado de la Junta de Andalucía.
Primero.—Se impugna la Orden de 1 de octubre de 2012 de la Consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía desestimatoria de la solicitud de revisión de oficio deducida por Dña. Vicenta para la declaración de nulidad de pleno derecho de la liquidación num. NUM000 practicada por la Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda en Jaen (expediente num. NUM001) en concepto de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Segundo.—Tras los trámites de rigor la parte actora presentó demanda interesando el dictado de una Sentencia que declare la nulidad de pleno derecho de la liquidación tributaria procediendo a notificarle la liquidación correspondiente con el pie de recurso que proceda para que pueda discutir la procedencia de la liquidación resultante a través de los medios ordinarios de revisión previstos por el ordenamiento jurídico tributario. Dado traslado a la parte demandada presentó contestación a la demanda solicitando una Sentencia desestimatoria del recurso.
Tercero.—Fijada como indeterminada la cuantía del recurso no se recibió el pleito a prueba, quedando los autos pendientes del dictado de Sentencia.
Cuarto.—En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.
Primero.—Se interpone recurso contencioso administrativo contra la Orden de 1 de octubre de 2012 de la Consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía desestimatoria de la solicitud de revisión de oficio deducida por Dña. Vicenta para la declaración de nulidad de pleno derecho de la liquidación num. NUM000 practicada por la Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda en Jaen (expediente num. NUM001) en concepto de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Segundo.—Alega en síntesis la parte actora para fundamentar su recurso que tiene legitimación activa para entablar la revisión de oficio pues de prosperar su pretensión acudiría a los mecanismos legales de oposición a la liquidación teniendo así la posibilidad de minorar el monto de su obligación tributaria; desplegando la actuación administrativa efectos directos en cuanto a sus intereses habida cuenta que el resultado de la comprobación de valores (no llevada a cabo por el otro sujeto pasivo por no constituir depósito a favor de perito) le crea auténtica indefensión, y que el otro sujeto pasivo está perfectamente legitimado para exigirle el reintegro del 50% de la deuda satisfecha más la adicional causada por la comprobación de valores, recargos, intereses y apremios. Añade que no cabe presumir la aceptación por parte de la actora de la autoliquidación en su día presentada, incumbiendo a la Administración la prueba de esos hechos con relevancia tributaria; y concluye que de una interpretación conjunta de los artículos 35.6 y 46.6 LGT se infiere que en la escritura aparece el nombre de la actora y el del Sr. Alexis, que la actora no ha tenido la oportunidad de discutir la liquidación tributaria siendo obligación de la Administración notificarla a todos los titulares de la obligación, y que no hay elemento o circunstancia que permita presumir el conocimiento por la actora de la comprobación de valores realizada colocándole en situación de indefensión, causa de nulidad de pleno derecho ex artículo 217.1 LGT. En sede de Fundamentos de Derecho invoca lo dispuesto en los artículos 35.6, 46.4 y 217.1 LGT
La defensa de la Administración opone que la actora no es sujeto pasivo del Impuesto ni su patrimonio resulta afectado por la liquidación controvertida, de ahí su falta de legitimación activa, destacando que si en la única autoliquidación practicada sobre el 100% del inmueble adquirido sólo figura el marido de la recurrente es porque ésta lo consintió, sin que aquél solicitara la división de la liquidación complementaria correspondiente tal y como exige, en su caso, el artículo 35.6 LGT. Añade que la alegación actora referida a que Don. Alexis estaría legitimado para pedirle el reintegro del 50% de la deuda tributaria más recargos, intereses y apremios no se hace descansar sobre situación fáctica o norma jurídica alguna, siendo además contraria a los actos propios de la demandante al asumir una condición -la de sujeto pasivo del impuesto- que no se corresponde con el hecho de que no practicara en su día la autoliquidación del Impuesto; y que en todo caso sería de aplicación lo previsto en el artículo 17.5 LGT.
Tercero.—La liquidación tributaria a la que se refiere la solicitud de revisión de oficio trae causa de la escritura de 28 de agosto de 2007 por la que D. Alexis y Dña. Vicenta compraron a D. Aurelio, por mitad y en proindiviso, con carácter privativo, una finca urbana y otra rústica que en ella se describen por precio de 180.000 euros.
En relación con dicha transmisión se presentó a nombre del Sr. Alexis autoliquidación por ITPAJD, en la que se consignaba como valor declarado y base imponible y liquidable la suma de 180.000,00 euros.
Iniciado por la Administración tributaria procedimiento de comprobación de valores, se fija por ésta como valor comprobado el de 481.717,96 euros correspondiente a la finca urbana transmitida, y en su virtud se emite propuesta de liquidación a cargo del Sr. Alexis que a partir de una base imponible y liquidable coincidente con esa cantidad arroja una diferencia pendiente de ingresar de 22.644,25 euros. Tras las alegaciones realizadas por dicho obligado tributario interesando que se tenga por solicitada la oportuna tasación pericial contradictoria, se dicta Acuerdo de transmisiones patrimoniales de 26 de noviembre de 2008 practicando la liquidación tributaria a cargo del Sr. Alexis en términos coincidentes con la propuesta, resolución que le es notificada el 15 de diciembre de 2008.
Solicitada por el interesado la práctica de la tasación pericial contradictoria se realiza por el servicio de valoración de la Delegación Provincial de Jaen de la Consejería de Economía y Hacienda nueva tasación de la finca urbana a la que se asigna un valor de 469.085,46 euros, y seguidamente se le requiere a aquél por parte del Jefe del Servicio de Gestión Tributaria para que manifieste ante esa oficina el nombre y circunstancias del perito que designe por su parte, lo que hace efectivo, requiriéndosele seguidamente para que presente hoja de aprecio realizada por ese perito motivada y visada, lo que finalmente hace efectivo mediante la aportación de informe pericial realizado con perito competente a tal fin. Designado perito tercero, y solicitada por éste provisión de fondos, se requiere al Sr. Alexis para que constituya depósito por su importe, lo que no hace efectivo, por lo que mediante Resoluciones de 10 de noviembre de 2009 se acuerda la innecesariedad de la tercera tasación y elevar a definitiva la tasación realizada por el perito de la Administración por importe de 469.085,46 euros que servirá de base para practicar la liquidación correspondiente, lo que se notifica al interesado el 14 de noviembre de 2009.
Dicha liquidación, por ITPO, se practica a cargo del Sr. Alexis mediante Acuerdo de 27 de noviembre de 2009 que le es notificado en fecha 11 de diciembre de 2009, y que a partir de la señalada valoración, que constituye la base imponible y liquidable del Impuesto, recoge una diferencia pendiente de ingresar de 22.985,16 euros; acuerdo liquidatorio que devino firme al no haber sido impugnado vía recurso administrativo de reposición o reclamación económico-administrativa.
Es en fecha 15 de junio de 2010 cuando Dña. Vicenta dirige escrito a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, complementado por otro presentado el 2 de noviembre de 2010, por el que, manifestando que no se le ha practicado notificación alguna en el expediente de gestión tributaria, que no mantiene relación alguna con el otro copropietario de la finca, y que no firmó la autoliquidación, solicita la nulidad del expediente de comprobación de valores y la retroacción a su inicio para poder ejercitar sus derechos; tras lo cuál, recibidas comunicaciones por parte de la Administración sobre la firmeza de la liquidación tributaria y trámites a seguir, insta mediante escrito presentado el 27 de febrero de 2011 procedimiento de revisión de actos nulos de pleno derecho al que, tras los oportunos trámites, da respuesta la Resolución impugnada en estas actuaciones.
Cuarto.—Según razona en síntesis la Resolución impugnada, en concordancia con el informe de la Asesoría Jurídica de la Agencia Tributaria de Andalucía de 26 de abril de 2011 y el dictámen del Consejo Consultivo de Andalucía, que le anteceden y le sirven de fundamento, estamos ante una adquisición en régimen de cotitularidad y la Administración tributaria conocía -a la vista de la escritura de compraventa- la identidad de todos los sujetos que se encontraban en el mismo presupuesto de la obligación tributaria (D. Alexis y Dña. Vicenta) pese a lo cuál giró una única liquidación tributaria a un único sujeto pasivo (el Sr. Alexis), actuación que -de acuerdo con la jurisprudencia- no estaba amparada por lo dispuesto en el artículo 35.6 LGT (a tenor del cuál "La concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo presupuesto de una obligación determinará que queden solidariamente obligados frente a la Administración tributaria al cumplimiento de todas las prestaciones, salvo que por ley se disponga expresamente otra cosa. Las leyes podrán establecer otros supuestos de solidaridad distintos del previsto en el párrafo anterior. Cuando la Administración sólo conozca la identidad de un titular practicará y notificará las liquidaciones tributarias a nombre del mismo, quien vendrá obligado a satisfacerlas si no solicita su división. A tal efecto, para que proceda la división será indispensable que el solicitante facilite los datos personales y el domicilio de los restantes obligados al pago, así como la proporción en que cada uno de ellos participe en el dominio o derecho trasmitido.").
No obstante lo anterior se niega legitimación activa a la Sra. Vicenta para pretender y obtener la revisión de la liquidación tributaria señalada en la que no figura como obligada tributaria con base en que no le deparará ningún efecto patrimonial y sólo serviría para girar una liquidación tributaria de la que ella no es sujeto pasivo, siendo tal razonamiento consecuente con la tesis sobre la inexistencia de obligación solidaria o inexistencia de representación teniendo en cuenta que se presentó una única autoliquidación por el total valor declarado para el inmueble en la que se consigna un único sujeto pasivo, el Sr. Alexis; a lo que se añade que esa única autoliquidación ha de presumirse formulada con la aprobación de la interesada pues de lo contrario ésta habría incurrido en una infracción tributaria grave, desprendiéndose su conocimiento del expediente de su duración y los trámites seguidos en él; y que la actora no ha acreditado una indefensión material imputable a la Administración y ajena a su deber de actuar diligentemente para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
De acuerdo con lo que acabamos de exponer la desestimación de la solicitud de revisión de oficio de la liquidación tributaria deducida por la actora se basa exclusivamente, y en síntesis, en la falta de legitimación activa de ésta para instarla pues ningún beneficio patrimonial le reportaría su estimación. Se niega en definitiva a la recurrente interés legítimo para instar dicha revisión, tesis con la que esta Sala muestra su conformidad, siendo procedente a tal fin reproducir la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional en torno a la caracterización de las figuras de la legitimación activa y el interés legítimo en la vía contencioso-administrativa.
Como expresa el Tribunal Supremo Sala 3.ª, sec. 4.ª, en Sentencia de 19 de marzo de 2013 (recurso 245/2011), "sobre esta cuestión de la legitimación en el recurso contencioso administrativo... esta Sala del Tribunal Supremo tiene una jurisprudencia consolidada de la que es expresión -por todas- la sentencia de la Sección Cuarta de 29 de junio de 2.004, recurso directo 29/2.002 que expresó que: "Además de las cualidades necesarias para comparecer ante los tribunales (legitimatio ad processum, legitimación para el proceso) la ley exige, para que la pretensión procesal pueda ser examinada en cuanto al fondo y para que la oposición y las excepciones a la misma puedan hacerse valer, que las partes ostenten legitimación procesal (legitimatio ad causam, legitimación para el asunto). Esto significa que se encuentren en una determinada relación con el objeto del litigio en virtud de la cual sean dichas personas las llamadas a ser partes (activa o pasiva) en el proceso de acuerdo con los criterios para el reconocimiento del derecho a impetrar la tutela judicial establecidos en la ley según los distintos órdenes jurisdiccionales.
La legitimación activa, que aquí interesa, es una relación fijada por la ley entre una persona y el contenido de la pretensión necesaria para que aquélla pueda ejercitarla ante los tribunales de justicia. En el orden contencioso-administrativo la legitimación activa se defiere (sic), según una vieja jurisprudencia de este tribunal, en consideración a la titularidad de un derecho o interés legítimo que suponga una relación material entre el sujeto y el objeto de la pretensión, de suerte que, de estimarse ésta, se produzca un beneficio o la eliminación de un perjuicio que no necesariamente ha de revestir un contenido patrimonial. Esta ventaja ha de ser concreta y efectiva. No es suficiente, como regla general, que se obtenga una recompensa de orden moral o solidario, como puede ocurrir con la mera satisfacción del prestigio profesional o científico inherente a la resolución favorable al criterio mantenido o con el beneficio de carácter cívico o de otra índole que lleva aparejado el cumplimiento de la legalidad.
Y sobre este interés legítimo esta Sala ha declarado con reiteración por todas la sentencia de 14 de abril de 2.008, recurso 44/2.006, que "el criterio de delimitación de la legitimación fundado en la existencia de un derecho o interés legítimo (art. 19.1. a LJCA EDL1998/44323), como superador del inicial interés directo (art. 28 LJCA EDL1998/44323 1956), en el orden contencioso- administrativo ha sido reiteradamente declarado por el Tribunal Constitucional (entre otras SSTC 60//2001, de 29 de enero, 203/2002, de 28 de octubre, y 10/2003, de 20 de enero).".
Y en el mismo sentido, la Sentencia del Tribunal Constitucional num. 52/2007, de 12 de marzo, FJ 3 EDJ2007/15750 nos recuerda que en relación al orden contencioso-administrativo, ha precisado "que el interés legítimo se caracteriza como una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto o disposición impugnados), de tal forma que su anulación produzca automáticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio) actual o futuro pero cierto, debiendo entenderse tal relación referida a un interés en sentido propio, cualificado y específico, actual y real (no potencial o hipotético). Se trata de la titularidad potencial de una ventaja o de una utilidad jurídica, no necesariamente de contenido patrimonial, por parte de quien ejercita la pretensión, que se materializaría de prosperar ésta. O, lo que es lo mismo, el interés legítimo es cualquier ventaja o utilidad jurídica derivada de la reparación pretendida (SSTC 252/2000, de 30 de octubre, FJ 3 EDJ2000/33365; 173/2004, de 18 de octubre, FJ 3 EDJ2004/152363; y 73/2006, de 13 de marzo, FJ 4 EDJ2006/36392; con relación a un sindicato, STC 28/2005, de 14 de febrero, FJ 3 EDJ2005/13067)".
A partir de esta doctrina jurisprudencial esta Sala considera, de conformidad con lo razonado y resuelto en la resolución impugnada, que la demandante carece de legitimación para instar la revisión de oficio de la liquidación tributaria referenciada, pues ninguna ventaja o beneficio patrimonial (que es a lo que alude) le reportaría su estimación.
Ello es así si tenemos en cuenta principalmente: de una parte, que todo el procedimiento de gestión tributaria (incluídos los trámites relacionados con la comprobación de valores) se ha seguido sólamente respecto a D. Alexis como único sujeto pasivo, refiriéndose únicamente a él la liquidación cuya nulidad se pretende, y en definitiva la carga tributaria que lleva consigo; y de otra, que si nos atenemos a la tesis patrocinada por la propia actora, toda la actuación llevada a cabo por el Sr. Alexis, desde el momento mismo de la presentación de la autoliquidación, se ha llevado a cabo sin su conocimiento ni anuencia, de suerte que aquél intervino en todo tiempo en su propio nombre y derecho, y sin mandato ni representación alguno de la demandante.
Así las cosas, la nulidad de la liquidación tributaria referenciada y la tramitación de un nuevo expediente de comprobación de valores ninguna ventaja patrimonial o económica reportaría a la actora, sino al Sr. Alexis, pues a cargo de éste se giró esa liquidación y a él se refiere, como único interesado y sujeto pasivo, el expediente de gestión tributaria desde su inicio hasta su culminación. No siendo la actora parte en ese expediente, ni tenida en suma por la Administración como sujeto pasivo del Impuesto, en nada le han de afectar a los efectos que aquí nos ocupan las actuaciones o resoluciones que a lo largo de ese expediente se han podido adoptar.
Y en cuanto a la hipótesis apuntada por la parte actora de que el sujeto pasivo pudiera exigirle el reintegro del 50% de la deuda satisfecha más la adicional causada por la comprobación de valores, recargos, intereses y apremios, debemos oponer además de lo dicho por la defensa de la Administración en torno a que tal afirmación no se hace descansar sobre situación fáctica o norma jurídica alguna (más cuando según la demandante el Sr. Alexis ha actuado en todo tiempo desde el mismo momento de la presentación de la autoliquidación sin su anuencia y conocimiento), que conforme a la jurisprudencia antes transcrita la obtención de un beneficio o la eliminación de un perjuicio que caracterizan el interés legítimo, y por ende la legitimación activa, debe ser actual o futura pero cierta, concreta y real (no potencial o hipotética), sin que el futurible a que alude la parte recurrente responda a estas características.
Quinto.—Conforme a lo establecido en el artículo 139.1 de la Ley 29/1998 reguladora de esta Jurisdicción procede imponer a la parte recurrente las costas procesales causadas.
No obstante esta Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado 3 de ese artículo 139 de la LJCA, fija en 1.200 euros la cantidad máxima a repercutir en concepto de honorarios de Letrado de la Junta de Andalucía, atendiendo a tal efecto a las circunstancias del asunto, a su actividad procesal y a la dedicación requerida para su desempeño.
Que debemos desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dña. Vicenta contra la Resolución citada en el Fundamento de Derecho primero de esta Sentencia. Se imponen a la parte recurrente las costas procesales causadas en los términos señalados en el Fundamento de Derecho quinto de esta Sentencia.