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Timestamp: 2019-08-19 12:53:44
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Matched Legal Cases: ['artículo 120', 'artículo 62', 'artículo 54', 'artículo 168', 'artículo 168', 'artículo 5', 'artículo 19', 'artículo 13', 'artículo 55']

﻿ DECRETO 1169 DE 1999
DECRETO 1169 DE 29 DE JUNIO DE 1999
CONTENIDO:MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO. SE REESTRUCTURA Y SE DICTAN DISPOSICIONES RELACIONADAS CON EL FONDO NACIONAL DE NOTARIADO Y CON EL FONDO NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LA LIBERTAD PERSONAL.
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1124 DE AGOSTO 15 DE 1999, PG. 290
DECRETO 1169 DE 1999
“Por el cual se reestructura el Ministerio de Justicia y del Derecho y se dictan disposiciones relacionadas con el fondo nacional de notariado y con el fondo nacional para la defensa de la libertad personal”.
en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere el artículo 120 de la Ley 489 de 1998*,
Sector administrativo del Ministerio de Justicia y del Derecho
ART. 1º—Integración del sector administrativo de la justicia y del derecho. El sector administrativo de la justicia y del derecho está integrado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, quien tendrá a cargo la orientación del ejercicio de las funciones de las siguientes entidades adscritas y vinculadas, sin perjuicio de las potestades de decisión que les correspondan, así como de su participación en la formulación de la política, en la elaboración de los programas sectoriales y en la ejecución de los mismos:
1. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
Unidad administrativa especial:
1. Dirección Nacional de Estupefacientes.
1. Imprenta Nacional de Colombia
ART. 2º—Objetivos. El Ministerio de Justicia y del Derecho tiene como objetivos primordiales la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos del sector administrativo.
c) Conceptuar sobre todas las iniciativas legislativas en materia criminal y penitenciaria, con el fin de tener un sistema coherente;
g) Promover la adopción de políticas de rehabilitación, tratamiento y administración carcelaria, dentro de un marco de protección de los derechos humanos;
i) Formular en coordinación con las demás autoridades competentes la política integral tendiente a superar el fenómeno del secuestro.
3. En relación con la política de estupefacientes y de drogas:
a) Diseñar políticas en materia de control, prevención y represión de la producción, consumo y tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en coordinación con el consejo nacional de estupefacientes y los demás organismos competentes del sector público y presentarlas a los organismos pertinentes para su aprobación;
b) Hacer el seguimiento de las políticas y planes que se establezcan y coordinar su ejecución;
c) Diseñar políticas y promover la ejecución de las mismas en materia de administración de bienes incautados y acciones de extinción de dominio;
d) Fijar políticas específicas en asuntos relacionados con la problemática de las drogas en general, sus actividades conexas, así como representar al país y llevar la titularidad del mismo en los foros y organismos regionales e internacionales sobre estos aspectos y sobre las iniciativas de cooperación de las naciones centradas en tales materias, y colaborar en las negociaciones bilaterales y multilaterales correspondientes, en coordinación con las autoridades de política exterior, y
e) Realizar el seguimiento a los compromisos adquiridos en materia de cooperación técnica y/o judicial bilateral y multilateral en los temas relacionados con la problemática de las drogas, criminalidad organizada y actividades conexas.
f) Propender por que la rama judicial tenga los recursos pertinentes para su funcionamiento y colaborarle en las gestiones del caso ante las autoridades administrativas pertinentes;
b) Proponer estrategias que faciliten el acceso a la justicia comunitaria, alternativa o formal;
d) Diseñar estrategias para fomentar la utilización de medios comunitarios de solución de pequeñas causas y el ejercicio de jurisdicciones especiales;
f) Propender por la implementación, desarrollo y difusión de medios alternativos de solución de conflictos o jurisdicciones especiales para conflictos originados por el consumo;
g) Promover, desarrollar y ejercer funciones autocompositivas o heterocompositivas de justicia alternativa y comunitaria;
h) Proponer mecanismos de acercamiento de la normatividad a la realidad sociojurídica del país;
i) Diseñar políticas orientadas a mejorar la calidad de la enseñanza del derecho;
j) Diseñar estrategias en materia de medios de comunicación al servicio de la justicia;
k) Diseñar mecanismos de vinculación de los particulares y de la ciudadanía en la prestación de servicios relacionados con la administración de justicia, y
l) Promover la conformación de casas de justicia y coordinar a las entidades del orden nacional que prestan servicios en ellas.
d) Diseñar las políticas de registro público inmobiliario y del sistema registral y de la función registral, para ser prestada por entidades públicas o particulares;
ART. 4º—Estructura. La estructura del Ministerio de Justicia y del Derecho será la siguiente:
7. Dirección de políticas de drogas y estupefacientes
11.4. Comisión de coordinación interinstitucional para el control del lavado de activos.
1. Ejercer el control administrativo sobre las entidades adscritas y vinculadas al ministerio, de acuerdo con las disposiciones vigentes.
5. Actuar como superior inmediato, sin perjuicio de la función nominadora, de los superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas adscritas o vinculadas.
ART. 7º—Funciones de la oficina asesora jurídica. Son funciones de la oficina asesora jurídica las siguientes:
13. Las demás que le sean asignadas y que corresponda a la naturaleza de la dependencia.
ART. 9º—Funciones de la oficina asesora de asuntos internacionales de justicia. Son funciones de la oficina asesora de asuntos internacionales de justicia las siguientes:
2. Apoyar a las direcciones del ministerio en los asuntos que a éstas corresponden y que se relacionan con asuntos internacionales, especialmente en materia de estupefacientes y drogas, armonización del derecho interno con el internacional y la política criminal transnacional.
ART. 10.—Funciones del Viceministro de Justicia y del Derecho. Son funciones del viceministro, además de las establecidas en el artículo 62 de la Ley 489 de 1998, las siguientes:
5. Evaluar en forma permanente y adelantar el seguimiento de la ejecución de los compromisos internacionales en materia de justicia y de drogas.
ART. 11.—Funciones de control interno. Son funciones de la oficina de control interno, además de las señaladas en las leyes vigentes sobre la materia, las siguientes:
5. Coordinar la elaboración de los acuerdos de gastos y del plan de compras del ministerio y velar por su cumplida aprobación y ejecución.
6. Las demás que le correspondan por la naturaleza de la dependencia.
9. Dirigir estudios y realizar programas tendientes a la solución extrajudicial de conflictos.
10. Coordinar programas con las entidades que desarrollan actividades afines.
11. Diseñar estrategias para fomentar la utilización de medios comunitarios de solución de pequeñas causas y el ejercicio de jurisdicciones especiales.
12. Diseñar estrategias de educación legal a la comunidad y de asistencia jurídica a la comunidad en pequeñas causas en las materias que sean prioritarias relacionadas con las funciones del ministerio y que resulte del análisis de la conflictividad social.
13. Definir y desarrollar programas tendientes a la promoción de la solución extrajudicial de conflictos, a la participación de la comunidad en los respectivos proyectos y a la capacitación necesaria para tal efecto.
14. Controlar y evaluar el cumplimiento de los objetivos, planes y programas de promoción a los mecanismos para la solución de conflictos.
1. Presentar propuestas para la formulación de una política criminal de Estado.
1. Preparar estudios para la formulación de políticas en materia de control, prevención y represión de la producción, consumo y tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
2. Hacer seguimiento al desarrollo del plan nacional antidrogas, y formular observaciones y recomendaciones sobre su ejecución.
5. Asistir al ministerio en su participación en foros y organismos internacionales en materia de políticas de drogas y estupefacientes.
2. Diseñar herramientas de prevención del daño antijurídico estatal.
3. Recomendar, de acuerdo con los resultados de las investigaciones y estudios realizados por el ministerio u otras entidades públicas o privadas, la adopción de políticas.
4. Dirigir y programar estudios e investigaciones de justicia y de derecho, y colaborar con la rama judicial en la preparación de estudios e investigaciones.
5. Evaluar la eficacia de la legislación, el impacto de las reformas, hacer su seguimiento y proponer las modificaciones pertinentes.
6. Realizar evaluaciones del sistema jurídico del país, su aplicación, su impacto y su desarrollo, con el fin de contribuir a formular una política jurídica general que contribuya en el fortalecimiento del estado social de derecho.
8. Presentar trabajos para la estructuración de un derecho de la paz y, específicamente, del régimen jurídico del proceso de paz.
9. Hacer el seguimiento y actualización de la evolución normativa y jurisprudencial, principalmente en aquello que sea de incidencia en materia de justicia.
10. Difundir a nivel nacional las modificaciones introducidas a los códigos, normas y demás legislación, y formular y coordinar la política estatal de pedagogía constitucional y educación legal ciudadana.
11. Participar en la elaboración de proyectos de ley o decretos en temas generales de derecho no asignados a otras direcciones, sin perjuicio de prestarles apoyo cuando sea necesario.
12. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de su dependencia.
ART. 19.—Fondo de infraestructura carcelaria. Créase en el Ministerio de Justicia y del Derecho el fondo de infraestructura carcelaria, FIC, como dependencia interna, con autonomía administrativa y financiera, de que trata el artículo 54 literal j) de la Ley 489 de 1998, la cual continuará desarrollando el objetivo y las funciones que tenía a su cargo el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, relacionadas con el diseño, construcción, reconstrucción y equipamiento de la infraestructura del sistema penitenciario y carcelario del orden nacional.
Estas funciones las ejercerá el ministerio a partir de la fecha en que el Gobierno Nacional efectúe los ajustes presupuestales correspondientes.
ART. 20.—Objetivo. El fondo de infraestructura carcelaria, FIC, tiene como objetivo la formulación y desarrollo de las políticas de infraestructura carcelaria y penitenciaria, correspondiéndole principalmente el diseño, construcción, reconstrucción y equipamiento de la infraestructura de los establecimientos de reclusión del orden nacional.
Para el cabal desarrollo de los objetivos y funciones del FIC el Ministerio de Justicia y del Derecho podrá celebrar toda clase de negocios jurídicos, incluyendo negocios fiduciarios con o sin constitución de patrimonio autónomo, con sujeción a los procedimientos de selección previstos en la Ley 80 de 1993.
ART. 21.—Funciones. Son funciones del fondo de infraestructura carcelaria las siguientes:
ART. 22.—Funciones del director. Corresponde al director del FIC:
2. Administrar la cuenta fondo de infraestructura carcelaria, ordenar el gasto con cargo a la misma, y suscribir los actos, contratos y convenios que deban celebrarse bajo su exclusiva responsabilidad.
3. Presentar para concepto del consejo asesor los planes, programas y proyectos que debe desarrollar el fondo, y elaborar el anteproyecto de presupuesto y el plan de inversiones para la aprobación del Ministro de Justicia y del Derecho.
4. Contratar las obras que se requieran en los centros de reclusión cuando el director general del Inpec decrete el estado de emergencia penitenciaria y carcelaria, de conformidad con el artículo 168 de la Ley 65 de 1993. Para estos efectos, el director del fondo de infraestructura penitenciaria tendrá las facultades que le otorga el artículo 168 de la Ley 65 de 1993 al director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, en todo lo atinente a la infraestructura de establecimientos de reclusión, desde el momento en que se decrete la emergencia y hasta el restablecimiento del orden o superación del peligro, de conformidad con las normas sobre delegación y desconcentración de la contratación.
5. Las demás funciones que le señalen las leyes y reglamentos y que correspondan a la naturaleza del cargo y que no se hallen atribuidas a otra autoridad.
ART. 23.—Consejo asesor. El consejo asesor del fondo de infraestructura carcelaria estará integrado por:
2. El Viceministro de Justicia y del Derecho, quien en ausencia del ministro lo presidirá.
6. El jefe de planeación del Ministerio de Justicia y del Derecho.
ART. 24.—Funciones del consejo. Son funciones del consejo asesor del fondo de infraestructura carcelaria las siguientes:
4. Hacer seguimiento sobre los programas, planes y proyectos, y los procesos de contratación del fondo de infraestructura carcelaria, FIC.
ART. 25.—Fondo cuenta. Para la financiación y generación de la infraestructura carcelaria y el desarrollo de las funciones asignadas al FIC, créase en el Ministerio de Justicia y del Derecho la cuenta denominada fondo de infraestructura carcelaria como una cuenta especial de administración de recursos, sin personería jurídica, administrada como un sistema separado de cuentas, a cargo del director de la misma.
ART. 26.—Recursos. Los recursos de la cuenta fondo están constituidos por:
2. Los recursos que por disposición legal están destinados a la inversión en la infraestructura carcelaria de centros de reclusión, en especial a los que se refieren las leyes 55 de 1985 y 66 de 1993 y demás normas que las adicionen o modifiquen, incluidos los ya percibidos o por percibir por el Inpec, a partir de la vigencia del presente decreto-ley.
El manejo de los recursos del fondo cuenta se hará preferentemente mediante el sistema de administración por proyectos, y para estos efectos podrá celebrar negocios fiduciarios con entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria. Igualmente podrá contratar auditoría externa en la ejecución de los proyectos de inversión.
ART. 27.—Consejos asesores. Serán consejos asesores del Ministro de Justicia y del Derecho, el Consejo Nacional de Estupefacientes, el consejo superior de política criminal y penitenciaria y el consejo superior de la carrera notarial.
ART. 28.—Consejo superior de política criminal y penitenciaria. Funcionará como un organismo asesor del Ministerio de Justicia y del Derecho en la formulación de la política criminal del Estado, el cual será integrado por:
Al consejo podrán ser invitados funcionarios de otras entidades estatales y ciudadanos particulares cuya presencia deba ser requerida para la mejor ilustración de los diferentes temas sobre los cuales deba formular recomendaciones. Para el análisis de aspectos de política penitenciaria podrá invitarse a los representantes de las organizaciones civiles de reconocida experiencia e idoneidad en materia penitenciaria.
PAR.—La secretaría técnica y administrativa del consejo estará a cargo del Ministerio de Justicia y del Derecho y ejercida por el Viceministro de Justicia y del Derecho.
ART. 29.—Funciones. Son funciones del consejo superior de política criminal:
ART. 30.—Comisión de coordinación interinstitucional para el control del lavado de activos. La comisión de coordinación interinstitucional para el control del lavado de activos, creada por el Decreto 950 de 1995, tendrá la siguiente composición.
4. El Fiscal General de la Nación o el vicefiscal.
5. El Director de Impuestos y Aduanas Nacionales.
6. El Superintendente Bancario.
7. El Superintendente de Valores.
8. El Superintendente de Sociedades.
Como miembros no permanentes, asistirán: el Ministro de Comercio Exterior o su delegado; el Contralor General de la República o su delegado; el Director del Departamento Administrativo de Seguridad; el gerente del Banco de la República o uno de los miembros de la junta directiva; el director general de la Policía Nacional o el subdirector; el Superintendente Nacional de Salud; el comandante de las fuerzas militares.
Además de las establecidas en el acto de creación, la comisión de coordinación interinstitucional para el control del lavado de activos, tendrá como funciones revisar y sugerir modificaciones a los planes y programas que las entidades públicas elaboren para luchar contra el lavado de activos, servir de cuerpo asesor al director general de la unidad de información y análisis financiero y apoyarlo para que la unidad reciba la información necesaria para el logro de su objetivo. También se dará su propio reglamento de funcionamiento.
ART. 31.—Fondo “Ministerio de Justicia y del Derecho”. Créase como un sistema especial de administración de recursos, el fondo del Ministerio de Justicia y del Derecho para el fortalecimiento del sistema de justicia y de la lucha antidrogas, del Ministerio de Justicia y del Derecho, sin personería jurídica, ni estructura administrativa ni planta de personal, administrado por el Ministro de Justicia y del Derecho.
El fondo podrá recibir y ejecutar recursos de cooperación internacional y celebrar convenios interadministrativos para la transferencia de los mismos a otras entidades públicas con sujeción a las condiciones establecidas por quien los suministra en virtud de la cooperación. Así mismo podrá celebrar negocios fiduciarios con o sin constitución de patrimonio autónomo para el manejo de los recursos y convenir la conformación de consejos fiduciarios con los cooperarios y donantes para la correcta inversión de los mismos, con sujeción a los procedimientos de selección de la Ley 80 de 1993.
ART. 32.—Comités. El ministro podrá organizar en cualquier tiempo los comités, comisiones o grupos internos de trabajo que se requieran para el desarrollo de los objetivos, planes y programas de la entidad.
ART. 33.—Adopción de la nueva planta de personal. De conformidad con la reestructuración ordenada por el presente decreto el Gobierno Nacional procederá a adoptar la nueva planta de personal, a más tardar el 30 de noviembre de 1999.
ART. 34.—Atribuciones de los funcionarios de la planta actual. Los funcionarios de la planta de personal actual del Ministerio de Justicia y del Derecho continuarán ejerciendo las atribuciones a ellos asignadas, hasta tanto sea adoptada la nueva planta de personal de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior.
ART. 35.—Supresión de empleos. El Gobierno Nacional dentro del término establecido para adoptar la nueva planta de personal, suprimirá los empleos o cargos desempeñados por empleados públicos, que no fueren necesarios, de conformidad con la reestructuración dispuesta en el presente decreto, de acuerdo con el programa de supresión de empleos que para tal efecto éste establezca.
ART. 36.—Disposiciones laborales. El Gobierno Nacional, en el proceso de reestructuración, obrará con estricta sujeción a lo dispuesto en la Ley 443 de 1998 y sus decretos reglamentarios, garantizando los derechos de los servidores públicos.
ART. 37.—Traspasos y cesiones. A partir de la vigencia del presente decreto, el Inpec no podrá comprometer recursos de inversión que por mandato legal pasan al Ministerio de Justicia y del Derecho, y en el término de dos (2) meses contados a partir de la publicación de este decreto deberá traspasar al Ministerio de Justicia y del Derecho los inmuebles a que hubiere lugar, realizando los actos que sean necesarios, los cuales no causarán derechos notariales y de registro, ni cargo adicional alguno.
Así mismo como consecuencia del traslado de las funciones del Inpec al Ministerio de Justicia y del Derecho a que se refiere el presente decreto, son objeto de cesión, traspaso y entrega al ministerio de pleno derecho todos los contratos, convenios y recursos relacionados directamente con el objeto y funciones del fondo; los documentos, bienes, títulos e inversiones relacionados con ellos; así como los muebles asignados a las dependencias suprimidos.
ART. 38.—Traslado de fondo cuenta. A partir de la vigencia del presente decreto, trasládase el fondo nacional para la defensa de la libertad personal, adscrito al departamento administrativo de la Presidencia de la República, al Ministerio de Justicia y del Derecho, el que continuará funcionando como una cuenta especial, sin personería jurídica, como un sistema separado de cuenta, con el mismo régimen establecido en la Ley 418 de 1997.
ART. 39.—Destinación del fondo producto de la liquidación de “Fonanot”. Con la finalidad de desarrollar con eficacia y eficiencia las funciones relacionadas con el registro notarial, los recursos del fondo que actualmente administra la Superintendencia de Notariado y Registro provenientes del liquidado Fondo Nacional de Notariado, Fonanot, se destinarán, además de lo establecido en el Decreto 1672 de 1997, para:
Financiación de los concursos para el ingreso a la carrera notarial, de conformidad con lo dispuesto por el consejo superior de la carrera notarial.
El otorgamiento de subsidios para aquellas notarías que se vean afectadas de manera grave en su funcionamiento por catástrofes o calamidades derivadas de fuerza mayor o caso fortuito.
Para la financiación de la adecuación del archivo notarial en el archivo general de la Nación, de acuerdo con el convenio que se suscriba para tal efecto.
ART. 40.—Administración del fondo producto de la liquidación de Fonanot. Los recursos del fondo constituido con recursos del liquidado Fondo Nacional de Notariado, Fonanot, serán administrados a través de un encargo fiduciario que constituirá para el efecto la Superintendencia de Notariado de Registro. El consejo asesor del fondo creado por el artículo 5º del Decreto 1672 de 1997 actuará como consejo fiduciario del encargo fiduciario y tendrá a su cargo la aprobación del gasto, correspondiendo al superintendente la ordenación del mismo.
ART. 41.—Enajenación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 51 de 1990 y demás disposiciones legales el Ministerio de Justicia y del Derecho podrá enajenar los bienes que no requiera para el desarrollo de sus funciones, o que no sean adecuados. Cuando se trate de recursos provenientes de enajenaciones de inmuebles destinados a servir como establecimientos de reclusión estos se destinarán al mejoramiento de la infraestructura penitenciaria y carcelaria, en los demás casos.
ART. 42.—Recursos. Del total de los ingresos provenientes de los derechos por registro de instrumentos públicos y otorgamiento de escrituras destinados a la Superintendencia de Notariado y Registro, respetando la destinación conforme a lo dispuesto en artículo 13 de la Ley 55 de 1985, se distribuirá en la siguiente forma:
Del 50% de estos recursos la mitad para el diseño, construcción, refacción, mantenimiento y dotación de los establecimientos de reclusión a cargo del FIC; y la otra mitad, para la construcción, adecuación y dotación de despachos judiciales. El 50% restante se sujeta a las normas que regulan la materia.
Un 15% para los planes, programas y proyectos de inversión y rehabilitación de las entidades del sector penitenciario; otro 15% para el diseño, construcción, refacción, mantenimiento y dotación de los establecimientos de reclusión a cargo del fondo de infraestructura carcelaria del Ministerio de Justicia y del Derecho; y el 70% restante continuará destinado a financiar los planes, programas y proyectos de inversión prioritariamente, y los de capacitación que se establezcan en el plan nacional de desarrollo para la rama judicial.
ART. 43.—Traslados presupuestales. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto, el Gobierno Nacional hará los ajustes presupuestales en el presupuesto del Ministerio de Justicia y del Derecho y del Inpec, y en el Dapre de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 179 de 1994.
ART. 44.—Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, modifica y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto 2157 de 1992.