Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/749065729
Timestamp: 2019-01-24 06:41:54
Document Index: 317510854

Matched Legal Cases: ['artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 8', 'artículo 39', 'artículo 86', 'artículo 48', 'artículo 22', 'artículo 6', 'artículo 38', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 7', 'artículo 3', 'artículo 53', 'artículo 3', 'artículo 13']

Sentencia de Tutela nº 469/18 de Corte Constitucional, 7 de Diciembre de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 749065729
Actor: LUCY YANETH LOPEZ GONZALEZ
Demandado: PROTECCION S.A.
Expediente: T-6849480
MINIMO VITAL Y SU RELACION CON LA PENSION DE INVALIDEZ. La accionante era una deportista de alto nivel competitivo en tenis de mesa que sufrió un accidente que le provocó paraplejía flácida secundaria y trauma raquimedular nivel -10, además del enfermedades conexas como vejiga e intestinos neurogénicos y trastorno bipolar afectivo. Lo anterior, le impidió continuar desempeñando su actividad deportiva, al tener dificultades para movilizarse y relacionarse con el entorno que la rodea. La conducta que se considera vulneradora de derechos fundamentales por parte dela entidad accionada, es la negativa del reconocimiento y pago de la pensión solicitada por la actora, bajo el argumento del incumplimiento de las exigencias del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, ya que para la fecha de la estructuración de la invalidez no era cotizante y solo contaba con 294 semanas, de las cuales 24 fueron en el año anterior. La peticionaria argumentó que la fecha de estructuración de la enfermedad no coincide con el momento en que efectivamente perdió la capacidad laboral, pues continuó cotizando por un período posterior, hasta cuando las patologías le impidieron continuar desempeñando sus labores deportivas. Se reitera jurisprudencia relacionada con: 1º. La procedencia de la acción de tutela en materia de reconocimiento de prestaciones de carácter prestacional. 2º. El derecho a la seguridad social y su protección a través de la acción de tutela. 3º. La pensión de invalidez y su evolución normativa. 4º. El mínimo vital y su relación con la pensión de invalidez y, 5º. La capacidad laboral residual. Se CONCEDE el amparo como mecanismo transitorio, mientras se decide de manera definitiva el proceso ordinario iniciado por la accionante. Recibo Relatoria:
Acción de tutela instaurada por L.Y.L.G. contra la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A.
Dentro del trámite de revisión de los fallos dictados por el Juzgado 8° de Ejecución Civil Municipal de Medellín y el Juzgado 4º Civil de Oralidad de la misma ciudad, el 2 de abril y el 9 de mayo del 2018, en primera y segunda instancia, respectivamente, dentro de la acción de tutela promovida por L.Y.L.G. contra la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A. -en adelante Protección S.A.-
La señora L.Y.L.G. instauró acción de tutela contra Protección S.A., al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la vida en condiciones dignas, al mínimo vital y a la protección especial a las personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. Para sustentar la pretensión de amparo, narró los siguientes hechos[1]:
Informó la accionante que nació el 23 de junio de 1976 y era deportista de alto nivel competitivo en tenis de mesa, representando al Departamento de Antioquia y adscrita a Indeportes Antioquia.
Relató que el 28 de enero de 1998, sufrió un accidente que le provocó paraplejia flácida secundaria y trauma raquimedular nivel T10, desarrollando enfermedades conexas como vejiga e intestino neurogénicos (patologías degenerativas) y trastorno bipolar afectivo[2]. Afecciones que le impidieron continuar desempeñando su actividad deportiva, al tener dificultades para movilizarse y relacionarse con el entorno que la rodea, generándole un estado depresivo con tendencias suicidas.
Señaló que cotizó al Sistema General de Pensiones en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad entre el 20 de enero de 1996 y el 15 de diciembre de 2011.
Expuso que mediante el dictamen No. 43847269 del 25 de noviembre de 2016, la Compañía Suramericana de Seguros de Vida S.A. le otorgó un 69.51% de pérdida de la capacidad laboral por enfermedad común, con fecha de estructuración del 26 de octubre de 1998. Dicha calificación quedó en firme al no haber propuesto recurso alguno.
Manifestó que el 17 de enero de 2017, le solicitó a Protección S.A. el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, la cual le fue negada mediante oficio del 19 de mayo del mismo año, bajo el argumento de que no cumplía con las exigencias del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, ya que al momento en que se estructuró la invalidez, la actora no era cotizante y contaba con 294 semanas cotizadas, de las cuales 24 fueron en el año anterior a la estructuración.
Indicó que si bien el dictamen estableció que la fecha de estructuración de la enfermedad fue el 26 de octubre de 1998, esta no coincide con el momento en que efectivamente perdió la capacidad laboral, toda vez que cotizó hasta diciembre de 2011, cuando las patologías que padece le impidieron continuar desempeñando sus labores deportivas.
Mencionó que su núcleo familiar está compuesto por su compañera permanente -quien también es una persona en situación de discapacidad- y por sus padres -quienes por la avanzada edad no trabajan-; circunstancias que evidencian el estado de debilidad e indefensión en que se encuentra, razón por la cual, la pensión de invalidez se convierte en el único ingreso con el que podría contar para lograr su subsistencia, asistencia médica y vivir dignamente.
Con base en lo anterior, solicitó ordenarle a Protección S.A. reconocer y pagar la pensión de invalidez de origen común, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Mediante auto del 20 de marzo de 2018, el Juzgado 8.º de Ejecución Civil Municipal de Medellín admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la entidad accionada y requirió a la apoderada de la actora para que informara si contra el
El Representante Legal de Protección S.A. solicitó negar la acción al considerar que no vulneró derecho alguno y, además, porque la actora cuenta con la vía ordinaria para controvertir la decisión adoptada. Subsidiariamente, en caso de que prospere el amparo, pidió que se conceda como mecanismo transitorio conforme a lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 2591 de 1991, y vincule a la Compañía Aseguradora Seguros Bolívar S.A., para que ejerza su defensa en caso de ser condenada al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, con el fin de financiar la suma adicional con el seguro previsional.
Primera instancia. En sentencia del 2 de abril de 2018, el Juzgado 8.º de Ejecución Civil Municipal de Medellín negó por improcedente (sic) el amparo solicitado, al considerar que el conflicto suscitado entre las partes se deriva de una pensión de invalidez, controversia que debe ser dirimida por la justicia ordinaria laboral. En cuanto a la vinculación de la Aseguradora Seguros Bolívar S.A., solicitada por Protección S.A., consideró que no era necesario porque es la accionada la que debe garantizar las contingencias derivadas de la invalidez de sus afiliados.
Impugnación. La parte actora impugnó el anterior proveído, bajo el argumento de que la acción de tutela fue interpuesta como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, dada la vulnerabilidad en que se encuentra por razón de su discapacidad, circunstancia que le impide desarrollar labores para costear la subsistencia propia y de su núcleo familiar. Máxime si se tiene en cuenta que requiere atención médica continua para atender sus dolencias.
Segunda instancia. El 9 de mayo de 2018, el Juzgado 4.º Civil de Oralidad del Circuito de Medellín reformó[3] la sentencia del a quo y negó el amparo solicitado. Luego de abordar el marco conceptual sobre la procedencia de la acción de tutela para reclamar prestaciones sociales por sujetos de especial protección constitucional, los requisitos para acceder a la pensión de invalidez y el principio de favorabilidad, determinó que no había lugar a conceder el amparo solicitado porque no le era aplicable el principio de favorabilidad, al no estar en presencia de un conflicto en la aplicación de distintas leyes, además, no se encontraron acreditados los requisitos para acceder a la prestación reclamada.
De las pruebas aportadas en el trámite de la acción de tutela, se destacan las siguientes:
- Historia clínica de la actora del Hospital Pablo Tobón Uribe, de la Clínica J.L.L. y de Salud Mental Integral SAS, donde referencian las patologías mencionadas en el ítem anterior. Además están referenciadas la depresión postrauma, el trastorno afectivo bipolar y los síntomas ansiosos generalizados. (folios 19 a 28).
Por Auto del 23 de agosto de 2018, el Magistrado Sustanciador solicitó a: (i) Protección S.A. un informe detallado de los periodos de cotización que tuvo en cuenta en el momento de decidir la solicitud de pensión de invalidez de la actora; (ii) Suramericana de Seguros S.A. para que indicara si la señora L.G. presentaba afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud, de qué tipo y el estado actual de la misma; (iii) Indeportes Antioquia para que informara si la actora, recibía algún ingreso por pertenecer a la Selección Colombia y Selección de Antioquia respectivamente; (iv) Secretaría de Tránsito y Transporte de Medellín informar si figuraban vehículos a nombre de la actora; (v) Oficina de Instrumentos Públicos de Medellín, zonas norte y sur, que informen si figuran bienes inmuebles a nombre de la accionante (vi) a la señora L.Y.L.G. para que informara de manera clara y detallada, adjuntando los soportes respectivos: a) si había promovido algún proceso ante la jurisdicción ordinaria por los hechos expuestos en la presente acción de tutela, si la respuesta era afirmativa, indicara la autoridad judicial que conocía del trámite y el estado actual del mismo; b) su condición económica actual, haciendo énfasis en los ingresos que percibía y los egresos respectivos; y c) cómo se encuentra conformado su núcleo familiar y el estado socioeconómico del mismo.
I.A.. Informó que verificadas sus bases de datos y sistemas de información, se encontraron los siguientes reconocimientos para la actora, como deportista de alto nivel competitivo, representante por el Departamento de Antioquia y adscrita a la Liga de Discapacidad Física de Antioquia -LIDEFIANT-: (i) año 2008, $1.100.000; (ii) año 2009, $5.925.000; (iii) año 2010, $3.300.000; (iv) año 2011, $21.600.000; (v) año 2012, $8.695.677; (vi) año 2013, $17.644.900; (vii) año 2014, $20.742.000; (viii) año 2015, $12.621.325; (ix) año 2016, $6.205.095; y (x) año 2017, $4.795.302.
Protección S.A. Remitió copia de la historia laboral de la accionante, en la que se evidencia un total de 300.57 semanas cotizadas, de la siguiente manera: (i) 13.86 semanas para bono pensional; (ii) 9.71 semanas con otros fondos de pensión; y (iii) 277 semanas cotizadas con la entidad accionada.[5]
La Registraduría Principal de Instrumentos Públicos de Medellín Zona Sur. Comunicó que revisada la base de datos, índice de propietarios por nombre y número de cédula, la actora no figura como titular de inmueble alguno en ese círculo registral.[6]
La Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Medellín. Manifestó que realizadas las validaciones en los registros magnéticos pertenecientes a esa entidad, se estableció que a nombre de la accionante, no se registra ningún vehículo matriculado en esa municipalidad, adjuntando como constancia el pantallazo tomado del módulo de matrículas de ese organismo de tránsito.[7]
La parte actora. Allegó una declaración extrajuicio del 13 de enero de 2017, en la cual manifestó que desde el 2011 no labora en ninguna entidad y que en el 2015 dejó de recibir los auxilios económicos por parte Indeportes Antioquia por lo que actualmente no percibe renta alguna ni posee ningún bien. Agregó que depende económicamente de su compañera permanente, quien trabaja como contratista de Metroparques Medellín, dictando mensualmente un taller de sensibilización sobre discapacidad, percibiendo como honorarios por taller dictado la suma de $650.000 y, para ayudarse económicamente, vende productos a conocidos y amigos. Con este dinero costean el canon de arrendamiento de la casa que habitan, el pago de los servicios públicos domiciliarios, la alimentación, el transporte, la cancelación de los copagos de salud y los medicamentos no entregados por la EPS.
Suramericana de Seguros S.A. y la Oficina de Instrumentos Públicos de Medellín zona norte, guardaron silencio.
Esta Sala de Revisión es competente para revisar los fallos de tutela mencionados, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241 de la Constitución Política y el Decreto Ley 2591 de 1991.
De acuerdo con la situación fáctica planteada, le corresponde a la Sala Octava de Revisión determinar si Protección S.A. vulneró los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida en condiciones dignas y a la protección especial de las personas en situación de debilidad manifiesta de la actora, al negar el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez por no acreditar las semanas exigidas en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993.
El artículo 86 de la Constitución Política establece que todas las personas pueden acudir ante los jueces para reclamar la protección de los derechos fundamentales, cuando resulten vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o los particulares, en los casos determinados por la ley. Su viabilidad está determinada por la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para obtener el amparo, o por la necesidad de evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual procede como mecanismo transitorio.
En materia pensional, el ordenamiento jurídico ha dispuesto al alcance de los ciudadanos las diferentes jurisdicciones encargadas de dirimir los conflictos presentados a propósito del reconocimiento de dicha prestación. En ese contexto, la Corte ha admitido la procedencia excepcional de la acción de tutela cuando se encuentren de por medio sujetos de especial protección constitucional como las personas en situación de discapacidad. Frente a los cuales, debe valorarse la eficacia e idoneidad de los medios ordinarios o la necesidad de la intervención del juez a efecto de impedir un daño irreparable, el cual consiste en la configuración inminente, cierta y evidente de vulneración a un derecho fundamental, que no permitiría resarcir el perjuicio causado.
En cuanto a la procedencia de la acción de tutela contra un particular, la Corte ha considerado que hay lugar a ella cuando el accionante se encuentra en estado de indefensión, subordinación o en el marco de la prestación de un servicio público.
Luego de realizar una aproximación a las patologías que padece la actora, encuentra la Corte que en el presente caso, el mecanismo de amparo es procedente por razón de la situación de indefensión en que se encuentra la señora L.J.L.G., pues resultaría desproporcionado someterla a que espere el lapso que tarda por decidirse el trámite que inició ante la jurisdicción ordinaria, ya que las condiciones económicas, emocionales y de salud física en que se encuentra, podrían ocasionarle un perjuicio irremediable.
El artículo 48 de la norma superior consagra la seguridad social como un derecho fundamental, obligatorio, público, dirigido, controlado y coordinado por el Estado.[21] En igual sentido, el artículo 22 de la Declaración de Universal de los Derechos Humanos estableció que las personas tienen derecho a la seguridad social y a satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales indispensables para su dignidad y libre desarrollo, mediante recursos provenientes del Estado y la cooperación internacional.
El derecho fundamental de la seguridad social ha sido entendido por la Corte como aquel que:
En la sentencia T-777 de 2009, la Corte enfatizó en la obligación del Estado de garantizar y concretar los principios de solidaridad e igualdad que fueron acogidos como pilar fundamental de la organización estatal por el constituyente primario, indicando que sus objetivos guardan correspondencia con los fines esenciales del Estado social de derecho, centrados en el bienestar de toda la comunidad a través del cubrimiento de contingencias como las pensiones de invalidez, vejez y muerte, los servicios de salud, los riesgos profesionales y servicios sociales complementarios; y la protección constitucional a las personas en situación de vulnerabilidad, como aquellos que se encuentran en situación de discapacidad.
En consecuencia, la seguridad social como derecho fundamental tiene como objetivo proteger al trabajador de las diferentes contingencias que pueden presentarse, por ejemplo, el deterioro de su salud y su consecuente pérdida de la capacidad laboral, impidiéndole ejercer una labor y obtener los medios necesarios económicos para proporcionarse la calidad de vida a la que está acostumbrado, por lo que requiere de la ayuda del Estado y de la sociedad para subsistir dignamente.
La pensión de invalidez se otorga a aquellas personas cuando por enfermedad común o profesional o a consecuencia de un accidente, han perdido la capacidad de locomoción o la plenitud de las funciones síquicas y físicas, sufriendo una disminución parcial o total en su capacidad laboral, impidiéndole llevar la vida cotidiana y social ordinaria[29]. En relación con la pensión de invalidez, la Corte ha señalado que adquiere la connotación de derecho fundamental cuando se constituye en la única fuente de ingresos con que cuenta una persona y su núcleo familiar.[30]
Esta prestación ha estado regulada por diferentes disposiciones, por ejemplo, el artículo 6.º del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 768 de 1990, estableció que las personas consideradas “inválidos permanentes totales, inválidos permanentes absolutos o grandes inválidos” que hayan cotizado 150 semanas dentro de los 6 años anteriores a la fecha de la estructuración, o 300 semanas en cualquier época con anterioridad a dicho estado, podrían acceder a la pensión de invalidez.
Luego, el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, la definió como “aquella situación cuando por cualquier causa de origen no profesional, provocada sin intención, la persona ha perdido el 50% o más de su capacidad laboral”, fijando los requisitos en el artículo 39, según el cual se requiere: (i) estar cotizando al régimen y haber cotizado al menos 26 semanas al momento de la invalidez, y (ii) si no se estuviere cotizando, haberlo hecho mínimo 26 semanas del año inmediatamente anterior a la invalidez.
Finalmente, la Ley 860 de 2003[32] que modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, determinó que tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado que sea declarado inválido y acredite: (i) si la invalidez es por enfermedad, que haya cotizado 50 semanas dentro de los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración; (ii) por accidente, que haya cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma; (iii) los menores de 20 años de edad sólo deberán acreditar que han cotizado 26 semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria; y (iv) cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos 3 años.
De otra parte, la pérdida de capacidad laboral se determina con base en el Manual Único para la Calificación de Invalidez y será realizado por las entidades autorizadas por la ley[33]. Este dictamen determina entre otros la condición médica y el porcentaje en que la enfermedad afecta la capacidad de la persona, basado en los fundamentos de hecho y de derecho que determinaron la calificación.
Igualmente se debe tener en cuenta los criterios de deficiencia, discapacidad y minusvalía determinados en el artículo 7.º del Decreto 917 de 1999, que modificó el Decreto 692 de 1995; definidos así:
Aunado a lo anterior en el artículo 3º del Decreto 917 de 1999, se definió la fecha de estructuración de la invalidez como aquella en que de manera permanente y definitiva el individuo perdió su capacidad laboral, la cual debe soportarse tanto en la historia clínica como en los exámenes de ayuda diagnóstica y puede o no corresponder a la fecha de calificación.
La pensión de invalidez guarda un estrecho vínculo con el derecho al mínimo vital y a la vida digna, igualmente presenta conexidad con los principios de igualdad y solidaridad instituidos en el artículo 53 de Carta Política, por cuanto debido a la merma en la capacidad laboral del afiliado, le es imposible contar con una fuente de ingresos que le asegure la satisfacción de sus necesidades básicas.[34]
La Corte ha definido el mínimo vital como un derecho fundamental que le permite al individuo vivir de acuerdo con el estilo de vida que lo caracteriza, conforme a su situación económica y todo lo que requiere para vivir dignamente. Sin embargo, también ha precisado que no cualquier variación en los ingresos supone su desconocimiento, debido a que cada persona tiene un mínimo vital diferente, que obedece a la condición socioeconómica alcanzada. En este sentido, la sentencia SU-995 de 1999, indicó que esta valoración depende de la situación del accionante, la cual no se identifica con el monto de las sumas que se adeuden o a el valor que se atribuya a las necesidades mínimas que debe cubrir para subsistir, sino con “la tasación material de su trabajo”.[36]
Tratándose del derecho fundamental al mínimo vital y su relación con la pensión de invalidez, esta Corte se ha pronunciado en diferentes oportunidades, encontrando que se encuentran estrechamente relacionados. Así, en la sentencia T-777 de 2009, en la que se analizó una acción de tutela instaurada contra del Ministerio de la Protección Social -Fondo de Solidaridad Pensional-, con el fin de que esta entidad cotizara, las semanas faltantes para alcanzar el derecho a la pensión de invalidez, se estableció que esta prestación y el derecho al mínimo vital y a la vida digna de las personas que han perdido su capacidad para laborar, guarda un estrecho vínculo con los principios de solidaridad e igualdad, por cuanto les es imposible en forma autónoma contar con una fuente de ingresos que les permita satisfacer sus necesidades básicas.
Del mismo modo, en la sentencia T-413 de 2016, este Tribunal analizó el caso donde una persona a la que se le negó la pensión de invalidez, toda vez que había prestado el servicio militar obligatorio del 14 de septiembre de 1988 al 30 de junio de 1990, y fue calificado con una pérdida de la capacidad laboral del 70.90% de origen común, estructurada el 9 de marzo de 2007. En esa oportunidad, la Corte reiteró la existencia de un vínculo indisoluble entre la pensión de invalidez y el mínimo vital, pues con esta prestación se pretende compensar económicamente a las personas cuya capacidad laboral se ve disminuida, a fin de garantizarle un ingreso que le permita vivir dignamente.
A su vez, la sentencia T-626 de 2017, estudió un caso en el cual un ciudadano al que se le hizo una devolución de aportes por no cumplir con los requisitos para acceder a la pensión de vejez, continuó cotizando al sistema y tiempo después le fue decretada una pérdida de la capacidad laboral del 74.61%, originada por una enfermedad común. Por lo anterior, solicitó ante la entidad el pago de la pensión de invalidez, empero, fue negada. Acudió a la acción de tutela y la Corte, amparó sus derechos fundamentales al encontrar que las personas que acreditan circunstancias adicionales relevantes como consecuencia de su estado de invalidez, tienen una mayor exposición al riesgo de afectación de los derechos fundamentales que exige su protección.
La normativa considera inválida toda persona que por enfermedad o accidente ya sea de origen común o laboral ha sufrido una pérdida de capacidad laboral superior o igual al 50% de la misma, entendiéndose como capacidad laboral el “conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes y/o potencialidades de orden físico, mental y social, que permiten desempeñarse en un trabajo”[38].
El artículo 3.º del Decreto 1507 de 2014 establece que la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral “se entiende como la fecha en que una persona pierde un grado o porcentaje de su capacidad laboral u ocupacional, de cualquier origen, como consecuencia de una enfermedad o accidente, y que se determina con base en la evolución de las secuelas que han dejado éstos. Para el estado de invalidez, esta fecha debe ser determinada en el momento en el que la persona evaluada alcanza el cincuenta por ciento (50%) de pérdida de la capacidad laboral u ocupacional (…)”.
En relación con la capacidad laboral residual, la Corte ha entendido que la fecha de estructuración de la invalidez no siempre coincide con aquella en que la persona perdió la capacidad para desempeñar una labor, por ejemplo, cuando un trabajador sufre de una enfermedad congénita, degenerativa o crónica, su habilidad va disminuyendo progresivamente hasta el momento en que sus condiciones no le permiten desarrollar ninguna actividad. En ese orden, la jurisprudencia ha admitido la contabilización del tiempo posterior a la estructuración para efectos de acceder a la pensión.[39]
D. mismo modo, en la sentencia T-013 de 2015, esta Corporación sostuvo que cuando una persona que ha sido calificada con una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, continua laborando y aportando al sistema pensional después de la fecha de estructuración de la invalidez, los aportes realizados se deben tener en cuenta al momento de estudiar la solicitud pensional, pues estas cotizaciones han sido producto de la capacidad laboral residual que se lo permitió hasta cuando ya le fue imposible continuar trabajando. Concretamente ha sostenido que “es posible que con posterioridad a la fecha de la estructuración de la invalidez, la persona conserve, en efecto, una capacidad laboral residual que, sin que se advierta ánimo de defraudar al sistema, le haya permitido seguir trabajando y cotizando al sistema hasta que en forma definitiva no le sea posible hacerlo (…)”.
La señora L.Y.L.G., a través de apoderada judicial, instauró acción de tutela contra Protección S.A., al considerar que dicha entidad vulneró sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la vida en condiciones dignas, a la protección especial a las personas que se encuentran en circunstancia de debilidad manifiesta y al mínimo vital, al negarle el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez de origen común. En instancia le fue negado el amparo solicitado, debido que existe de otro mecanismo de defensa judicial para reclamar la prestación solicitada, ante la jurisdicción ordinaria laboral.
A continuación la Sala analizará el cumplimiento de los presupuestos de procedencia de la acción:
La señora L.G., actuando a través de apoderado, acudió a la acción de tutela a fin de obtener el amparo de los derechos que a su juicio, fueron vulnerados por Protección S.A., entidad a la que efectúo las cotizaciones al sistema de seguridad social en pensión y que mediante oficio del 19 de mayo de 2017, le negó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. En ese orden, tanto la actora como la accionada están legitimadas por activa y pasiva, respectivamente, en la presente acción de tutela.
ii) I.: este requisito hace referencia al término en el cual debe ejercerse la acción para reclamar la protección de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados. Se ha considerado que a partir del hecho vulnerador y la presentación del amparo no debe haber trascurrido un tiempo demasiado amplio, como bien lo señala la jurisprudencia constitucional “[l]a acción de tutela no puede tornarse en instrumento para suplir las deficiencias, errores y descuidos de quien ha dejado vencer términos o permitido la expiración de sus propias oportunidades de defensa judicial o de recursos, en cuanto, de aceptarse tal posibilidad, se prohijaría el desconocimiento de elementales reglas contempladas por el sistema jurídico y conocidas de antemano por quienes son partes dentro de los procesos judiciales, se favorecería la pereza procesal y se haría valer la propia culpa como fuente de derechos”.[43]
En el caso concreto, el 19 de mayo de 2017 Protección S.A. le negó a la actora el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez; y la acción de tutela se interpuso el 16 de marzo de 2018, es decir, 9 meses después del hecho identificado como vulnerador. Al respecto, encuentra la Sala que si bien ha transcurrido un tiempo considerable para la presentación de la solicitud de amparo, este requisito se flexibiliza en el caso particular de la actora, por tratarse de una persona en condición de discapacidad por las patologías degenerativas y el trastorno bipolar afectivo que padece. Así las cosas, la situación de debilidad manifiesta en que se encuentra la señora L.G. la hace acreedora a un trato preferente[45] facultado por el artículo 13 superior,[46] quedando así acreditado el requisito de inmediatez.
(iii) S.: este requisito se deriva del carácter subsidiario y residual que tiene la acción de tutela, a través de la cual se obtiene el amparo de los derechos fundamentales cuando se ven amenazados o vulnerados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, en los casos que determine la ley.
En efecto, la Corte encuentra que esta controversia tiene otro medio de defensa judicial que en principio sería el idóneo y eficaz para proteger sus derechos fundamentales, del cual ya hizo uso la señora L.G. al presentar la demanda que actualmente cursa ante el juzgado 17 Laboral del Circuito de Medellín y que fue admitida mediante auto del 9 de julio de 2018.
Igualmente las precarias circunstancias en que se encuentra la señora L.G., no le permiten esperar el resultado de la vía ordinaria, pues la situación económica particular que atraviesa, la paraplejia flácida secundaria y trauma raquimedular a nivel T10 que le desarrollaron enfermedades conexas como vejiga e intestino neurogénico, patologías degenerativas y, trastorno bipolar afectivo, hacen necesaria, urgente e impostergable la actuación del juez constitucional.
Superados los requisitos de procedencia, de las pruebas recepcionadas en el trámite de revisión, encuentra la Sala que la señora L.G., es un sujeto de especial protección constitucional debido a su situación de discapacidad por la paraplejia flácida secundaria y trauma raquimedular nivel T10, por las patologías degenerativas que presenta como son vejiga e intestino neurogénico, la depresión y el trastorno bipolar afectivo que se desarrollaron a partir de la paraplejia. Lo anterior, aunado a que no cuenta con el apoyo económico suficiente porque el entorno familiar que la rodea, está constituido por su compañera permanente -quien también se encuentra en situación de discapacidad- y por sus padres -que cuentan con una avanzada edad-, cuya única fuente de ingresos son los $650.000 que devenga la pareja de la actora por concepto de honorarios por las capacitaciones que realiza cada mes en Metroparques.
Así la imposibilidad de continuar laborando como deportista de alto rendimiento y los mínimos ingresos que recibe el núcleo familiar, evidencian que se encuentra amenazado el mínimo vital de la accionante y su núcleo familiar y, por contera, los derechos a la seguridad social, vida digna y protección de las personas en situación de discapacidad.
Ahora bien, para acceder a la pensión de invalidez, es necesario acreditar: (i) la calificación de la autoridad médico laboral correspondiente, con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, y (ii) haber cotizado, por lo menos, 26 semanas dentro del año inmediatamente anterior a la fecha de estructuración de la invalidez. Como se vio, en algunos casos estos requisitos no pueden ser acreditados a pesar de cumplir con el porcentaje mínimo de disminución de la capacidad laboral debido a que la fecha de estructuración coincide con la de su nacimiento o es cercana a este, por el padecimiento de enfermedades congénitas, crónicas y/o degenerativas.[48] Motivo por el cual la Corte ha admitido tener en cuenta el tiempo cotizado con posterioridad a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral, por tratarse de una capacidad residual.
Conforme a lo aportado al plenario se tiene que la señora L.Y.L.G., se le asignó un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 69.51% y cotizó 300.57 semanas al sistema de seguridad social en pensiones, que corresponden a 13.86 semanas para bono pensional[49]; 9.71 semanas con otros fondos de pensión[50] y 277 semanas con Protección S.A.[51] En esas condiciones, la Corte encuentra que cumple con los requisitos de ley para acceder a la pensión de invalidez, teniendo en cuenta las cotizaciones realizadas en ejercicio de la capacidad laboral residual que tuvo entre la fecha de estructuración de la invalidez (26 de octubre de 1998) y la calificación (25 de noviembre de 2016).
De igual manera, el expediente da cuenta de que la señora L.G. acudió a la jurisdicción ordinaria en donde se encuentra en trámite la demanda ordinaria laboral presentada en contra de Protección S.A. cuya pretensión es el reconocimiento de la pensión de invalidez y, que cursa ante el Juzgado 17 Laboral del Circuito de Medellín, lo que significa que no ha asumido un papel pasivo frente a las circunstancias que afronta y que ha buscado en los estrados judiciales la solución a su situación.
En esas condiciones, la Sala revocará las sentencias proferidas en instancia y, en su lugar, concederá como mecanismo transitorio el amparo de los derechos a la seguridad social, a la vida en condiciones dignas, a la protección especial a las personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y al mínimo vital de la señora L.Y.L.G.. En consecuencia, le ordenará a Protección S.A., reconocerle y pagarle la pensión de invalidez, debidamente indexada, computando las semanas cotizadas después de la fecha de estructuración de la invalidez, a efectos de cumplir con los requisitos exigidos para la obtención de la misma, mientras se decide el proceso ordinario laboral que cursa en el Juzgado 17 Laboral del Circuito de Medellín.
Primero: REVOCAR las sentencias de instancia proferidas por el Juzgado 8.º de Ejecución Civil Municipal de Medellín el 2 de abril de 2018, y el Juzgado 4.º Civil de Oralidad del Circuito de Medellín el 9 de mayo de 2018, que no tutelaron el derecho a la seguridad social, dentro de la acción de tutela interpuesta por L.Y.L.G. contra Protección S.A. En su lugar, CONCEDER como mecanismo transitorio el amparo de los derechos a la seguridad social, a la vida en condiciones dignas, a la protección especial a las personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y al mínimo vital de la señora L.Y.L.G..
Segundo: ORDENAR a Protección S.A., que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a reconocer y pagar la pensión de invalidez de la señora L.Y.L.G., junto con la indexación correspondiente, y compute las semanas cotizadas después de la fecha de estructuración de la invalidez, a efectos de cumplir con los requisitos exigidos para la obtención de la misma, mientras el Juzgado 17 Laboral de Medellín decide de manera definitiva el proceso ordinario instaurado por la accionante dentro del expediente 05001310501720180046800.
En la sentencia se concluye que la accionante presenta enfermedades que se pueden considerar como crónicas, congénitas o degenerativas. Como fundamento de tal conclusión se citan las sentencias T-563 y T-422 de 2017. Esto con el fin de indicar que las enfermedades de la accionante fueron consideradas como crónicas congénitas y degenerativas en los casos de cada sentencia en cita y que, por ello, en este caso deben tener la misma calificación.
A diferencia de la postura mayoritaria, considero que en el sub judice no se acreditó si las enfermedades que particularmente padece la accionante se pueden calificar como crónicas, congénitas o degenerativas. Estimo que lo acertado era verificar por un medio probatorio calificado si la condición clínica de la accionante se puede certificar como crónica, congénita o degenerativa. Esto debido a que tal calificación corresponde a un concepto técnico, que además opera según las condiciones clínicas de cada caso, sobre el cual el juez no puede adoptar una postura. A mi juicio, no era pertinente dar por demostrado un hecho a partir de un precedente jurisprudencial, pues bien es sabido que el precedente vinculante aplica para reglas jurídicas y no para hechos que se deben demostrar en cada proceso. En estos términos, estimo que la sentencia del caso sub examine desconoce el precedente vincúlate que se fijó en la sentencia SU-588 de 2016. Esto dado que en dicha sentencia se indicó que el primer requisito para poderse beneficiar de las condiciones allí planteadas, es precisamente demostrar que se trata de una enfermedad crónica, congénita o degenerativa.
[14] P.J.S., MD, Associate Professor and Deputy Chair, Department of Urology, S.K.M.C. atT.J.U..
[17] L.T.F. E.L.S..
Sentencia nº 11001-03-15-000-2017-01956-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Quinta, de 6 de Septiembre de 2017