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Timestamp: 2018-06-19 23:25:24
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 191 de la Ley de la Propiedad Industrial – Diputado Ricardo Mejía Berdeja
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 191 de la Ley de la Propiedad Industrial
By jimena mx | septiembre 26, 2013 | Iniciativa, LXII Legislatura | No Comments
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
RICARDO MEJÍA BERDEJA y RICARDO MONREAL AVILA integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del Pleno, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, al tenor del siguiente.
El artículo 191 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece lo que se conoce como un requerimiento general para que en los casos de los procedimientos contenciosos sustanciados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como son las solicitudes administrativas de caducidad, nulidad e infracción, el particular que omita el cumplimiento de alguna de las formalidades requeridas para la presentación, se le requiera en una sola ocasión para que cumpla con dicha formalidad y su promoción sea estudiada.
No obstante, en el segundo párrafo del citado artículo se hace una distinción, y se menciona que en los casos que se omita con el cumplimiento del requisito consistente en el documento de personalidad la promoción será desechada de plano sin que medie requerimiento.
Por otro lado, el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo dispone que sin excepción en los procedimientos que se lleven ante autoridad administrativa, en el caso que el particular en alguna promoción no cumpla con todos los requisitos o que sea omiso en incluir algún documento adjunto, la autoridad administrativa está obligada a requerir el cumplimiento por lo menos en una ocasión.
De la lectura de la disposición legal arriba transcrita, se desprende que toda autoridad administrativa tendrá la obligación que en caso que se presente ante ella un escrito el cual no cumple con los requisitos del mismo, de requerir en una sola ocasión para que se subsanen dichas omisiones, de igual modo es evidente que el requerir es una obligación para la autoridad administrativa el observar lo dispuesto es esta norma, pues claramente se dispone que se trata de una norma de carácter imperativo y no facultativo, pues indica de manera determinante que se trata dicho carácter.
En este sentido es posible decir que la obligación de cualquier autoridad administrativa de requerir por una sola ocasión el cumplimiento de los requisitos omitidos por el gobernado, constituye una facultad reglada, pues la Ley determina de manera clara como ha de ejercerse dicha potestad, sin dejar margen de acción a la autoridad, esto es, implica una obligación de cumplimiento imperativo para las autoridades administrativas.
Las facultades regladas tienen la característica de constituirse como obligaciones para las autoridades, y restringiendo la capacidad de acción en relación a ellas, es decir, cuando exista una facultad reglada la acción de la autoridad se limita a su cumplimiento.
Así las cosas, existe una discrepancia entre los artículo 191 segundo párrafo de la Ley de la Propiedad Industrial y el artículo 17-A de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, ya que el primero establece que siempre que se omita la presentación del documento que acredite la personalidad del promovente en un escrito de solicitud de declaración administrativa en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se sancionara esa omisión con el desechamiento de plano de la solicitud; mientras que el segundo establece la obligación de cualquier autoridad administrativa federal para que en el caso que en una promoción se incumpla con un requisito por parte del particular, la autoridad administrativa tendrá la obligación de requerir al menos en una ocasión al particular.
Lo anterior plantea una disyuntiva para la autoridad pues existen normas jurídicas contradictorias, lo que ha tenido como consecuencia que exista disparidad de criterios en los actos del Instituto Mexicanos de la Propiedad Industrial, ya que sin existir un criterio determinado la autoridad ha aplicado a discreción uno y otro preceptos legales.
Lo cierto es que la autoridad al sustanciar un procedimiento de carácter jurisdiccional en el que se intenta proteger los derechos del promovente de la acción, se constituye como un órgano de protección a los derechos de los gobernados, por lo que sus criterios nunca deben de estar desprovistos de buscar el mayor beneficio de los gobernados y actuar en tanto satisfagan de mejor forma las garantías de los gobernados, todo ello en atención al principio pro homine.
Sirve de sustento a lo anterior el siguiente criterio judicial:
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, página 2385, tesis I.4o.A.441 A, de rubro: “PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN.
Así las cosas, existe una antinomia entre los citados artículos que ha abierto a la discrecionalidad de la autoridad administrativa, lo cual vulnera la seguridad jurídica de los promoventes, pues no existe certeza respecto al criterio que seguirá la autoridad cuando el promovente sea omiso en la presentación del documento con que acredite su personalidad.
Igualmente cabe mencionar, que la Ley de la Propiedad Industrial fue publicada el 27 de junio de 1991, mientras que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo lo fue el 4 de agosto de 1994, por lo que al tratarse, la segunda de una norma posterior, la autoridad administrativa debiera aplicarla en detrimento de la primera.
Sin embargo, el particular queda sujeto a la voluntad de la autoridad, quien discrecionalmente decide si aplica una u otra norma, y en caso de aplicar la más perniciosa podrá recurrir a los medios jurisdiccionales para con ello obtener la aplicación de la norma más favorable, lo que conlleva gastos en litigios y dilaciones temporales que vulneran sus derechos.
Se plantea reducir el ámbito de discrecionalidad del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y eliminar la discrepancia existente entre las normas, pues únicamente ha venido a vulnerar el derecho de seguridad jurídica de los gobernados.
Por ello al suprimir parte del segundo párrafo del artículo 191 de la Ley de la Propiedad Industrial, que refiere al documento que refiere a la personalidad del promovente, se establece un criterio único para los casos en que los promoventes de procedimientos de declaración administrativa ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sean omisos en incluir el documento con el que acrediten personalidad, es decir, siempre que eso ocurra la autoridad requerirá el cumplimiento de tal requisito sin que pueda desechar de plano la promoción, significando el establecimiento de un criterio uniforme y evita gastos litigiosos y dilaciones innecesarias para los gobernados.
Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de diputados el siguiente proyecto de INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SEREFORMA EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, al tenor de la siguiente:
Se desechará la promoción cuando el registro, patente, autorización o publicación que sea base de la acción, no se encuentre vigente.
También se desechará la solicitud por la falta de documento que acredite la personalidad o cuando el registro, patente, autorización o publicación que sea base de la acción, no se encuentre vigente. Artículo 191.- Si el solicitante no cumpliere con los requisitos a que se refiere el artículo 189 de esta Ley o no exhibiera las copias de la solicitud y los documentos que a ella se acompañan, a que se refiere el artículo 190 de esta Ley, el Instituto le requerirá, por una sola vez, subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones que correspondan; para tal efecto se le concederá un plazo de ocho días, y de no cumplirse el requerimiento en el plazo otorgado se desechará la solicitud.Se desechará la promoción cuando el registro, patente, autorización o publicación que sea base de la acción, no se encuentre vigente.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de Septiembre de 2013.
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