Source: http://www.peritoytasador.es/capacitacion-profesional-del-perito-judicial-en-los-tribunales-formacion/
Timestamp: 2019-10-22 18:02:49
Document Index: 237088727

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'Artículo 2', 'Artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 6', 'Artículo 5']

Ángel Bahamontes, Presidente de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos, firma este segundo artículo sobre la formación de los Peritos Judiciales
Entrando en el análisis del articulado, cabe destacar que se regula el título acreditativo de aptitud profesional, «Perito Judicial de los Tribunales de Justicia»(Al igual que el de Procurador de los Tribunales de Justicia). La Ley no interfiere, más allá de constituir estos títulos, en los presupuestos de ejercicio profesional con los de cualquier otra titulación oficial. Como establece el capítulo II, la formación que nos ocupa podrá ser impartida por las Universidades, si bien no puede olvidarse que estamos ante un título profesional, de manera que, como ya se ha indicado, a efectos de admitir los correspondientes programas de estudios como suficientes para la capacitación profesional, y sin que ello interfiera en su validez académica, éstos cursos serán acreditados conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación y Ciencia. Ello otorga una gran flexibilidad al modelo y respeta al máximo la autonomía universitaria, pues permite que las Universidades decidan qué configuración tendrán estos estudios en cada, sin interferir en la posibilidad de que, además las Universidades organicen otros estudios jurídicos de postgrado con la validez académica que les otorgue la normativa sectorial vigente.
Asimismo se reconoce la validez de la formación práctica impartida en las Escuelas de Formación y Práctica Jurídica de Peritos Judiciales y demás centros que puedan ser homologados por las Corporaciones profesionales, dentro de los convenios antes referidos, como reconocimiento a la labor de preparación de los profesionales. En cuanto a la evaluación final se refiere, si bien la misma, para garantizar la objetividad, será única en todo el territorio nacional, razones de operatividad aconsejan su descentralización, con la creación de una comisión evaluadora para el territorio de cada Comunidad Autónoma donde tengan su sede los Centros que impartan esta formación práctica. En cuanto a las Disposiciones que complementan el texto, debe destacarse el establecimiento de un periodo de «vacatio legis» para la entrada en vigor de esta norma, durante el que no se exigirán el título profesional de Perito Judicial de los tribunales para colegiarse y ejercer la respectiva profesión, valorándose la experiencia adquirida en el ejercicio de su actividad mediante certificado por Secretario Judicial de los procedimientos en que ha intervenido en los últimos 5 años como mínimo. Asimismo, se ha resuelto la cuestión de aquellos que ejercen la Pericia Forense desde otra función para cuyo desempeño han superado pruebas selectivas acreditativas de capacitación jurídica, respecto de los cuales carecería de sentido someterlos a un proceso formativo y a una evaluación reiterativa si deciden pasar a desempeñar la profesión del Perito Judicial. La competencia estatal está amparada en el artículo 14, 149.1. 1.a, 6.a y 30.a de la Constitución, por lo que las previsiones de esta Ley serán de aplicación en todo el territorio nacional.
Los Peritos Judiciales son Auxiliares fundamentales en la impartición de justicia, y la calidad del servicio que prestan redunda directamente en la tutela judicial efectiva que nuestra Constitución garantiza a la ciudadanía. Complementando lo ya dispuesto al efecto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, que consagran la función del perito judicial, a los que reserva su actuación, de modo que a los mismos corresponde garantizar la asistencia al ciudadano mediante la prueba pericial en el proceso, de forma obligatoria cuando así lo exija la norma procesal y, en todo caso, como derecho a la defensa expresamente reconocido por la Constitución. La intervención del Perito Judicial, conforme al concepto amplio de tutela judicial efectiva. 2. La experiencia del Derecho comparado muestra que la actuación ante los tribunales de justicia y las demás actividades de asistencia técnica jurídica requieren la acreditación previa de una capacitación profesional que va más allá de la obtención de una titulación universitaria. Ello justifica la regulación de un título profesional complementario al título universitario de una ciencia determinada: el título profesional de Perito Judicial, exigible para prestar asistencia jurídica utilizando la denominación de Perito Judicial de los tribunales de justicia; exigible para actuar ante los tribunales en calidad de tal. 3. La obtención del título profesional de Perito Judicial de los tribunales de justicia en la forma determinada por este estudio de proposición de proyecto de Ley es necesaria para el desempeño de la asistencia Técnica en aquellos procesos judiciales y extrajudiciales en los que la normativa vigente imponga o faculte la intervención del Perito Judicial y/o extrajudicial y, en todo caso, para prestar asistencia o asesoramiento en derecho utilizando la denominación de Perito Judicial; todo ello sin perjuicio del cumplimiento de cualesquiera otros requisitos exigidos por la normativa vigente para el ejercicio de la Pericia Forense. 4. La obtención del título profesional de Perito Judicial de los tribunales de justicia en la forma determinada por esta Ley es necesaria para desempeñar la representación legal de las partes en los procesos judiciales en calidad de Perito Judicial, realizando los actos de cooperación con la Administración de Justicia que la ley les autorice, así como para utilizar la denominación de Perito judicial, sin perjuicio del cumplimiento de cualesquiera otros requisitos exigidos por la normativa vigente para la actuación ante los tribunales de justicia. 5. La obtención de los títulos profesionales de Perito Judicial de los tribunales de justicia será requisito imprescindible para la colegiación en los correspondientes Colegios profesional que puedan crearse para tal fin. Artículo 2. Acreditación de aptitud profesional. 1. Tendrán derecho a obtener el título profesional de Perito Judicial de los tribunales de justicia, las personas que se encuentren en posesión de algún título universitario de segundo grado como «Especialista Universitario en Pericia Judicial» , o del Título de Grado que lo sustituya de acuerdo con las previsiones contenidas en los artículos 34.3, 38 y 88 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades y su Normativa de desarrollo y que acrediten su capacitación profesional mediante la superación de la correspondiente formación especializada y la evaluación regulada por esta Ley.
Los cursos de formación para Peritos Judiciales podrán ser organizados e impartidos por Universidades públicas o privadas, Escuelas de Práctica Jurídica y otros centros de formación práctica profesional. 2. Todos estos centros deberán establecer al efecto los convenios a los que se hace referencia en el presente capítulo. Artículo 4. Formación Universitaria. 1. Los cursos de formación para «Peritos Judiciales» podrán ser organizados e impartidos por Universidades públicas o privadas, de acuerdo con la normativa reguladora de la enseñanza universitaria de postgrado (art. 34.3 Ley Orgánica de Universidades) y, en su caso, dentro del régimen de precios públicos, y deberán ser acreditados, a propuesta de éstas (81.3.c. de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre). Esta acreditación se otorgará sin perjuicio de las autorizaciones y aprobaciones exigidas por la normativa educativa a los efectos de la validez y titulación académica de los referidos cursos. 2. Constituirán requisitos indispensables para la acreditación de los referidos cursos que éstos comprendan la realización de un periodo de prácticas externas en los términos del artículo 6, y que incluyan la realización de la evaluación regulada en el capítulo III. 3. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento y los requisitos que deberán cumplir tales cursos para su acreditación periódica en lo referente a su contenido y duración, así como a la titulación y cualificación del profesorado, de modo que quede garantizada la presencia de la mitad, al menos, de profesionales colegiados. La duración de los cursos será de un mínimo de 27 créditos (Título de Especialista), más los créditos necesarios para la realización de las prácticas externas referidas en el artículo 6. Artículo 5. Escuelas concertadas. de práctica jurídica y otras enseñanzas.
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