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Timestamp: 2017-09-23 21:49:34
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Matched Legal Cases: ['artículo 150', 'artículo 79', 'artículo 191', 'artículo 180', 'artículo 24', 'artículo 63', 'artículo 53']

Sentencia T.S.J. Castilla-La Mancha 502/2013 de 15 de octubre. IS. Liquidación. Facturas falsas. Actuaciones inspectoras - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Castilla-La Mancha 502/2013 de 15 de octubre
IS: Liquidación. Acta de disconformidad. Actuaciones inspectoras. Ampliación del plazo. Dilaciones. Por la prueba practicada se acredita que las facturas no son falsas. Motivación. Las obras en las que la actora prestaba servicios se encuentran completamente ejecutadas, correspondiéndose las facturas a los trabajos realizados y habiendo sido abonadas todas ellas. Se estima.
Recurso Contencioso-Administrativo n.º 272/10
SENTENCIA N.º 502
En Albacete, a quince de Octubre de dos mil trece.
Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha los presentes autos, bajo el número 272/10 del recurso contencioso-administrativo, seguido a instancia de la mercantil Construcciones Noconsa S.L., representada por el Procurador D. Gerardo Gómez Ibáñez, contra el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla-La Mancha, representado y dirigido por el Sr. Abogado del Estado, en materia de Impuesto de Sociedades. Siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. Manuel José Domingo Zaballos.
Primero.—Por la representación procesal de la actora se interpuso en fecha 27 de Abril de 2010, recurso contencioso- administrativo contra resolución del T.E.A.R. de 26 de Febrero de 2010, dando respuesta -desestimatoria- a las reclamaciones de Construcciones Noconsa S.L. número 45-160, 45-161, 45-162 y 45-163.
Tercero.—Fijada la cuantía del recurso en 57.427'60 € y acordado el recibimiento del pleito a prueba, se practicaron las declaradas pertinentes, se reafirmaron las partes en sus escritos de demanda y contestación, por vía de conclusiones, y se señaló día y hora para votación y fallo, el 10 de Octubre de 2013, en que tuvo lugar.
Primero.—Se dirige el recurso contra resolución del T.E.A.R. de 26 de Febrero de 2010, dando respuesta -desestimatoria- a las reclamaciones de Construcciones Noconsa S.L. número 45-160, 45-161, 45-162 y 45-163, todas ellas de 2008, relativas a los acuerdos de liquidación correspondiente al Impuesto de Sociedades del período 2002, del período 2004 y sendas resoluciones sancionadoras derivadas de dichos acuerdos, dictadas por el Jefe de la Oficina Técnica de la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de Castilla-La Mancha de la Agencia Estatal Tributaria.
Interesa sentencia de la Sala que, estimando el recurso contencioso-administrativo " proceda a revocar la desestimación de la reclamación económica-administrativa y, por tanto, declarar no conformes a Derecho los actos impugnados en la misma."
A tales pretensiones de ha opuesto el Abogado del Estado, en el entendimiento de que las dos liquidaciones del Impuesto de Sociedades, ejercicios 2002 y 2004 -con las subsiguientes resoluciones sancionadoras- se ajustan a Derecho.
Segundo.—La resolución impugnada dictada por el T.E.A.R. el 26 de Febrero de 2010 incorpora en sus hechos un cuidado relato de antecedentes que, por su claridad, merece la pena trascribir parcialmente:
"Previa formalización por parte de la Inspección de acta de disconformidad e informe de disconformidad receptivo correspondiente al Impuesto sobre Sociedades (IS) del periodo 2002, en fecha 29/10/2007 el Jefe de la Oficina Técnica de la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de Castilla-La Mancha de la AEAT dictó acuerdo de liquidación correspondiente al Impuesto sobre Sociedades (IS) del periodo 2002 confirmando dicha acta, ascendiendo la deuda tributaria a 20.057,65 € y haciendo constar en síntesis en dicho acuerdo de liquidación: 1) Las actuaciones inspectoras se iniciaron el día 10/03/2006; no se computa un periodo de 134 días a los efectos del artículo 150 de la Ley 58/2003 por la existencia de dilaciones no imputables a la Administración; en fecha 17/07/2007, el Inspector-Jefe acordó la ampliación del plazo de duración de las actuaciones inspectoras por concurrir circunstancias de especial complejidad, que se notifica al interesado el día 18/01/2007, por tanto, el plazo de las actuaciones concluiría el 23/07/2008. 2) La actividad de la entidad figura clasificada en el epígrafe 5.011 del IAE ("Construcción completa, reparaciones y conservación"). La inspección ha advertido la existencia de anomalías sustanciales en la contabilidad que se explican en el informe ampliatorio y que exigen aplicar el régimen de estimación indirecta. 3) Existe una organización compuesta por la entidad Construcciones Noconsa SL, Construcciones Masprisa SL y Construcciones Dimajo SL pertenecientes a un grupo familiar para la realización de una actividad de simulación de emisión y recepción de facturas presuntamente falsas, que describen trabajos no realizados con el objeto de simular la justificación de gastos y de cuotas deducibles en el Impuesto sobre Sociedades y en el IVA."
También en fecha 29 de octubre de 2007 por el mismo órgano de la Administración Tributaria se resuelve imponer sanción por importe de 12.297'25 € por conducta tipificada en el artículo 79.a) de la Ley General Tributaria de 1963 como infracción grave, por dejar de ingresar montante calculado en el 50% más un 25% por aplicación del criterio de graduación en atención a la utilización de medios fraudulentos.
En cuanto se refiere a la liquidación practicada con causa en acta de disconformidad e informe de disconformidad correspondiente al Impuesto de Sociedades del periodo 2004, los presupuestos fácticos recogidos en la resolución del T.E.A.R. vienen a ser practicamente los mismos -siempre conforme al criterio de la Administración- por reproducirse el modus operandi de la mercantil, ascendiendo el montante de la deuda a 15.447'83 € según el cálculo de estimación a cargo de la Administración, que igualmente toma elementos objetivos de producción y aplicando precios y márgenes obtenidos de la propia sociedad. La resolución sancionadora por considerar acreditado la conducta infractora tipificada -ya habiendo entrado en vigor la LGT de 2003- en el artículo 191 de la Ley 58/03 en la suma de 9.624'87 € (70% resultante del 50% más un 20% por aplicación del criterio de graduación de perjuicio económico).
Tercero.—En el extenso escrito de demanda, opta la representación de la parte actora en reproducir las alegaciones recogidas en el escrito de reclamación económico-administrativa, reproduciendo, acto seguido, la contestación dada al respecto en la resolución del T.E.A.R., seguida de una crítica a la misma que el Abogado del Estado califica de no jurídica, simples quejas diciendo equivocado el criterio del órgano especializado y afirmándose que debiera haber acogido las opiniones de la parte. En cuanto a la cita (y transcripción parcial) de varias sentencias de Tribunales Superiores de Justicia (de éste entre otros), Audiencia Nacional y resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central, recoge la demanda ser ilustrativas sobre el fondo del asunto "que en su mayoría deben ser aplicadas a sensu contrario", lo que también llama la atención del Abogado del Estado.
Pues bien, siendo un tanto singular la estructura del escrito de demanda, no puede negarse que los escritos procesales de la parte actora -demanda y conclusiones- incorporan verdadera crítica jurídica, al margen de la forma elegida en la manifestación de los reproches de legalidad de la resolución que se afirma contraria a Derecho por los motivos que expone la parte:
a) Si las facturas eran falsas a juicio de la Administración, no se entiende que omitieran pasar el acto de culpa a la jurisdicción competente o remitir el expediente al Ministerio Fiscal conforme prevé el artículo 180.1 de la Ley General Tributaria - absteniéndose de seguir el procedimiento administrativo.
Cuarto.—A propósito de la supuesta prejudicialidad penal por determinadas actuaciones en el Juzgado de Instrucción de Torrijos por interpuestas querellas de la Fiscalía así como "diligencias de investigación por la fiscalía de Madrid especializada en delitos económicos", aparte de nuevas inspecciones tributarias por los ejercicios 2005 a 2007, se dice que "la Administración no puede realizar liquidaciones o presentar querellas a su antojo o según su interés; o todo se analiza en el ámbito penal o nada es constitutivo de delito y se procede en la vía administrativa". Realmente no se acierta bien a entender qué pretende la parte -en su escrito de conclusiones esta cuestión decae-; no vemos crítica a la resolución del T.E.A.R., FJ 2.º, apelando a lo prescrito en el art. 10 de la LOPJ y el art. 180.1 y 104.4.a) de la Ley General Tributaria, y considerando que en el supuesto de autos la conducta imputada al recurrente no se estimó constitutiva de delito contra la Hacienda Pública, sin que por ello mismo procediera la paralización del procedimiento. En este sentido, es convincente la respuesta del Abogado del Estado haciendo ver, primeramente, que en vía jurisdiccional la actora no plantea formalmente la existencia de cuestión prejudicial penal y, aparte de ello, no concurren los elementos caracterizadores a la vista del art. 10 LOPJ, pues no esta acreditada la existencia actual de proceso penal alguno, ni sobre qué objeto pudieran tener los que refiere la demanda, ni quienes fueron los imputados en aquel proceso o procesos; además de que "la falsedad administrativa" de una factura no necesariamente coincide con el tipo delictivo de falsedades.
Quinto.—La resolución del T.E.A.R. objeto de enjuiciamiento no puede decirse que incurra en el vicio de no ser motivada, pues se lee en ella un relato de hechos y de fundamentos de derecho más que suficiente para cumplir con la esencia o finalidad del instituto. Viene reiterando la Sala que la obligación de motivación de los actos administrativos constituye una constante en nuestro ordenamiento jurídico. Con carácter general, la exigencia y modos de motivar se prevé en art. 54 de la Ley 30/92. Tiene por finalidad que los interesados conozcan los motivos que conducen a la resolución de la Administración, su "ratio decidendi" con el fin de poder recurrirlos, en su caso en la forma procedimental regulada al efecto y facilitar el control jurisdiccional de la actuación impugnada. Es consecuencia de los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad enunciados en el art. 9.3 CE en conexión con el artículo 24.2 CE (derecho fundamental a la tutela judicial efectiva) y 103, en relación con el principio de legalidad de la actuación administrativa. No está prevista solo como garantía del derecho de defensa de los contribuyentes, sino que tiende también a asegurar la imparcialidad de la actuación de la Administración, así como de la observancia de las 4reglas que disciplina el ejercicio de las potestades que le han sido atribuidas (STS 2 junio 2004 RJ-6726).
La motivación puede efectuarse directamente en el acto o por referencia a informes o dictámenes obrantes en las actuaciones, la denominada motivación "in aliunde" (Art. 54 y 89.5 de la Ley 30/92 STS 21 de Enero de 2003 RJ-893). Tratándose de un requisito de forma, la consecuencia de la falta de motivación será la anulabilidad del acto, de acuerdo con el artículo 63 LRJPAC, pero ello así en el caso de que se haya producido indefensión material (STS 2 de junio 2004 RJ-4025). Criterio jurisprudencial constante ese que se plasma por el TS, Sentencia de 29 de abril de 2009 (Recurso n.º 4386/05, Sección 2.ª de la Sala 3.ª, ponente Frías Ponce) expresando lo siguiente: "la exigencia de la motivación de los actos administrativos que establece el art. 54 de la Ley 30/92 , y que reconoció también el art. 13.2 de la Ley 1/1998 , es correlativa a la necesidad de que se exterioricen las razones por las que se llega a la decisión administrativa, con objeto de permitir su conocimiento por los interesados para la posterior defensa de sus derechos, otorgándose así racionalidad a la actuación administrativa, y facilitando la fiscalización del acto por los Tribunales. No obstante, la falta de motivación o una motivación defectuosa sólo puede constituir vicio de anulabilidad si se desconocen los motivos en que se funda la actuación administrativa y se produce indefensión".
Pues bien, no es cierto que se desconozca por el actor el camino seguido para llegar a las liquidaciones del actuario utilizando el método de estimación indirecta ex artículo 53 y 158 de la LGT. Y éste método, es de añadir, no se prevé en la Ley como excepcional, según sostiene la recurrente, sino subsidiario -que no es lo mismo- si bien de determinación reglada; en ese sentido Sentencias del Tribunal Supremo como la de 9 de Mayo de 2011 (rec. 3799/2008) o la de 25 de Junio de 2009 (RE. 3783/2006): "Se trata, por tanto, de un régimen de carácter subsidiario que requiere, primero, el razonar sobre su elección para posteriormente determinar la base imponible", de suerte que como también expresa el Alto Tribunal, Sentencia de 12 de Diciembre de 2009 (Rec. 1274/04) "se trata de un método de estimación contrapuesto al de estimación directa, cuya elección inadecuada por la Administración determinará un supuesto de anulabilidad pero no de nulidad absoluta".
Sexto.—Lo precedente proyectado al caso de autos no deja de suscitar dudas pues, como hemos indicado, la resolución del T.E.A.R. aparece motivada, y precisamente sobre todo con base en el informe del actuario interviniente. Ahora bien, ya en sede jurisdiccional la parte actora sostiene fundadamente no haber desvirtuado la Administración la realidad, en la forma y en el fondo, de las facturas litigiosas; y repárese que la labor inspectora tiene un punto angular que se erige en el detonante de la necesidad de aplicar el método de estimación indirecta, "la realización de una actividad de simulación de emisión y recepción de facturas presuntamente falsas, que describen trabajos no realizados con el objeto de simular la justificación de gastos y de cuotas deducibles en el Impuesto de Sociedades y en el IVA".
Llegados a este punto, es de considerar el esfuerzo probatorio de la demandante en la correspondiente fase del proceso, con la subsiguiente valoración en su escrito de conclusiones, al que en nada contesta el representante de la Administración (más allá de afirmar que ni la prueba practicada ni la argumentación de la recurrente desvirtúan los términos de la contestación a la demanda) y que ni siquiera había propuesta prueba en su momento. La prueba practicada viene a secundar la tesis del demandante sobre las facturas emitidas, obedeciendo a obras ejecutadas así como a las "horas" igualmente facturadas, coincidiendo con las necesaria para la ejecución de las partidas que constituyen el concepto de los documentos mercantiles emitidos. Y el resultado de la prueba, decimos, viene a corroborar esa tesis de que, como se dice en el escrito de conclusiones del actor, las obras sobre las que se han emitido facturas y certificaciones se encuentran finalizadas y decepcionadas por los promotores o constructores principales. Hecho constatado en el informe pericial judicial emitido por D.ª Amelia, arquitecta técnica con número de colegiada 1269, que consta en los autos. En dicho informe se indica en relación a la obra Centro Comercial Luz del Tajo o Eroski que las horas de maquinaria facturadas se ajustan a la realidad, así como a las horas facturadas por mano de obra, siendo realizada esta obra en la fecha de su facturación y siendo las mediciones conforme a lo facturado. Análogas conclusiones fueron emitidas por este perito en relación a la obra Asland y en relación a los trabajos realizados en el Palacio de Buenavista.
Lo que de nuevo fue confirmado en las contestaciones realizadas a las preguntas de la representación procesal de la demandante, ratificando en su totalidad el informe por ella elaborado: que las obras se encontraban finalizadas, que las partidas de obra facturadas por el actor estaban ejecutadas y coincidían con las que fueron objeto de pericia, así como que las horas facturadas eran las necesarias para la ejecución de los trabajos facturados, lo que viene a contradecir el informe presentado por la Administración y que parte de datos más teóricos que otra cosa.
Es decir, las obras existen y concuerdan con lo facturado, no teniendo cabida la argumentación de la Administración de que la existencia de una factura o su asiento contable pruebe la existencia de la operación. Debiendo reiterar que desde la primera actuación inspectora se solicitó a la Administración que se procediese a la inspección y valoración de las obras relacionadas en más de 141 carpetas que forman parte del epxeiente en las que se relaciona la documentación de cada una de las obras en las que el actor ha participado y que han sido reproducidas en el escrito de demanda contenciosa.
En suma, de la prueba practicada se ha acreditado que las obras se han realizado, que se han entregado en tiempo y forma a los promotores o constructores principales, que coinciden las unidades de obra facturadas con las ejecutadas por lo que mi patrocinada disponía de los medios humanos y materiales necesarios para poder ejecutar las mismas.
Si vamos a la testifical, destaca la declaración del representante legal de Peyber Hispánica S.L. prestada el 18 de octubre de 2010, en la que se indica que la entidad Construcciones Noconsa S.L era la sociedad principal en aportación de mano de obra a todas sus obras, que las obras en las que la actora prestaba servicios se encuentran completamente ejecutadas, correspondiéndose las facturas a los trabajos realizados y habiendo sido abonadas todas ellas. La declaración del representante legal de Inmobiliaria Vistahermosa S.L. también es clarificadora en este extremo, pues a pesar del tiempo transcurrido recuerda alguna de las obras en las que participó Construcciones Noconsa SL, teniendo los medios humanos y materiales necesarios, siendo los trabajos realizados correctos y siendo ejecutados en tiempo y forma, y constándole además que todas las facturas emitidas por Construcciones Noconsa S.L estaban abonadas.
Lo que precede nos lleva a pronunciamiento estimatorio del recurso.
Séptimo.—Sin costas (arts. 68.2 y 139, ambos de la Ley Jurisdiccional), al no constatar temeridad o mala fe.
Que ESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil Construcciones Noconsa S.L., contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla-La Mancha, de 26 de Febrero de 2010, desestimatoria de las reclamaciones administrativas números 45-160, 45-161, 45-162 y 45-163 de 2008.
Se declara contraria a Derecho y anula la resolución impugnada.