Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=654056
Timestamp: 2019-07-16 05:39:34
Document Index: 243655005

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 56', 'artículo 56', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 52', 'artículo 56', 'artículo 63', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 2', 'artículo 11', 'artículo 4']

V. DÍAS Y HORAS DE SESIONES ORDINARIAS
VI. APROBACIÓN DE TABLAS ORDINARIA Y DE FÁCIL DESPACHO
VII. TABLA ORDINARIA
IX. FÁCIL DESPACHO
INTERPRETACIÓN DE ARTÍCULO 56 DE LEY GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS
X. ORDEN DEL DÍA
PUBLICIDAD DE DOCUMENTOS SOBRE FIJACIÓN DE TARIFAS DE SERVICIOS SANITARIOS, ELÉCTRICOS Y DE TELECOMUNICACIONES
Sesión 1ª, en miércoles 13 de marzo de 2002
(De 11:19 a 13:28)
V.	DÍAS Y HORAS DE SESIONES ORDINARIAS
VI.	APROBACIÓN DE TABLAS ORDINARIA Y DE FÁCIL DESPACHO
VII.	TABLA ORDINARIA
VIII.	TABLA DE FÁCIL DESPACHO
IX.	FÁCIL DESPACHO:
Proyecto de ley, en primer trámite, que interpreta el artículo 56 del DFL Nº 382, de 1988, Ley General de Servicios Sanitarios, en lo relativo a derechos de agua que indica (2325-09) (se archiva)
X.	ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en primer trámite, relativo a publicidad de documentos sobre fijación de tarifas de servicios sanitarios, eléctricos y de telecomunicaciones (2713-03) (se aprueba en general)
--Se abrió la sesión a las 11:19, en presencia de 28 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Las actas de las sesiones 28ª, ordinaria, y 29ª, ordinaria, en sus partes pública y secreta, en 5 y 6 de marzo, respectivamente, y la de la Sesión de Instalación, en 11 de marzo, todas del año en curso, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Con el primero comunica que, en uso de la facultad que le confiere el Nº 2º del artículo 32 de la Constitución Política de la República, ha resuelto clausurar, a contar del día 8 del mes en curso, la 345ª Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional.
Con el segundo, y de conformidad con lo dispuesto en el Nº 2º del artículo 32 y en el artículo 52 de la Carta Fundamental, convoca al Parlamento a nueva Legislatura Extraordinaria de Sesiones a partir del 11 de marzo de 2002, a fin de ocuparse de todos los asuntos legislativos y tratados internacionales pendientes en la Legislatura anterior.
Con los ocho restantes hace presente la urgencia, en carácter de "simple", respecto de los siguientes proyectos:
1.- El que modifica la ley Nº 19.220, que crea las bolsas de productos agrícolas (Boletín Nº 1.640-01).
2.- El que modifica la ley Nº 18.502 en relación con el impuesto al gas y establece regulaciones complementarias para la utilización de este elemento como combustible en vehículos (Boletín Nº 2.701-15).
3.- El relativo a la transparencia, límite y control del gasto electoral (Boletín Nº 2.745-06).
4.- El que sustituye la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (Boletín Nº 2.439-20).
5.- El que establece el sistema de jueces de turno y de dedicación exclusiva en materia penal e introduce modificaciones a la tramitación de la segunda instancia en los juicios criminales (Boletín Nº 2.850-07).
6.- El que adecua la legislación que indica a los Acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) suscritos por Chile (Boletín Nº 2.421-03).
7.- El relativo a la calificación de la producción cinematográfica (Boletín Nº 2.675-04).
8.- El que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor como servicio público (Boletín Nº 2.296-18).
Del señor Ministro de Obras Públicas , mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, relativo a la situación de la fuente de agua potable de la localidad de Río Puelo, comuna de Cochamó, Décima Región.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, en virtud del cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, acerca del modo en que se estaría aplicando la Ley General de Telecomunicaciones para impedir las transmisiones ilegales.
Del señor Ministro de Bienes Nacionales , con el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a la posibilidad de modificar la ley Nº 19.776, sobre regularización de posesión y ocupación de inmuebles fiscales, a fin de incluir a pobladores ocupantes o arrendatarios de predios que indica.
Del señor Subsecretario de Transportes y Telecomunicaciones, por medio del cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Fernández, relativo a la antigüedad y tiempo de uso de taxis, buses y automóviles en general en la Duodécima Región.
Del señor Superintendente de Servicios Sanitarios, en virtud del cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, sobre la posibilidad de fijar un procedimiento respecto de las situaciones que implican cortes de agua potable.
Del señor Presidente del Directorio de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado , mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, acerca de la conveniencia de establecer un plan de seguridad destinado a evitar accidentes en la vía férrea.
Del señor Presidente del Instituto de Jueces y Secretarios Abogados de Policía Local , con el cual responde un oficio enviado en nombre del ex Senador señor Errázuriz, referido al proyecto (hoy, ley Nº 19.791) que concede amnistía por infracciones a las normas del tránsito cuyo elemento probatorio se hubiere fundado en los denominados "fotorradares".
Nuevo informe de la Comisión de Obras Públicas, recaído en el proyecto, iniciado en moción del ex Senador señor Lagos, en primer trámite constitucional, que interpreta el artículo 56 del decreto con fuerza de ley Nº 382, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, Ley General de Servicios Sanitarios, relativo a derechos de agua que indica (Boletín Nº 2.325-09).
Señor Presidente , ¿podríamos contar con un listado completo de los proyectos que se encuentran en trámite?
Se hará llegar a cada señor Senador.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Conforme a lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento, corresponde fijar los días y horas de las sesiones ordinarias.
Al respecto, en la sesión anterior propuse mantener el mismo sistema que hemos venido aplicando hasta este momento: sesiones ordinarias los martes y miércoles, de 16 a 20, y extraordinarias, los jueves, de 10:30 a 13:30, cuando así lo requiera el despacho de la tabla.
Si le parece a la Sala, se aprobará dicho sistema.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- En seguida, corresponde aprobar la Tabla Ordinaria y la de Fácil Despacho.
El documento pertinente, que se halla en poder de Sus Señorías, será leído por el señor Secretario , quien tiene la palabra para tal efecto.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).- Las proposiciones son las siguientes:
1.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Honorables señores Cariola , Fernández y Larraín y del ex Senador señor Prat , relativo a la publicidad de los documentos que tengan relación con la fijación de tarifas de los servicios sanitarios, eléctricos y de telecomunicaciones, con informe de la Comisión de Economía, y
2.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República , que establece el sistema de jueces de turno y de dedicación exclusiva en materia penal, e introduce modificaciones a la tramitación de la segunda instancia, con informes de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Hacienda.
VIII. TABLA DE FÁCIL DESPACHO
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción del ex Senador señor Lagos, que interpreta el artículo 56 del DFL Nº 382, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, Ley General de Servicios Sanitarios , relativo a los derechos de agua que indica, con nuevo primer informe de la Comisión de Obras Públicas.
--Se aprueban ambas proposiciones.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Debo hacer presente que para pronunciarnos sobre cualquiera de esas iniciativas se requiere el acuerdo unánime de la Sala.
La Mesa ha recibido sugerencias en el sentido de que, después de dar cuenta de la composición de los Comités, en esta sesión despachemos el proyecto incluido en la Tabla de Fácil Despacho y el signado con el número 1 en la Ordinaria.
En cuanto al proyecto número 2 de la Tabla Ordinaria, el señor Ministro de Justicia , con quien hablé esta mañana, me solicitó ver la posibilidad de tratarlo el martes próximo. Él estaba dispuesto a venir hoy, pero le expresé que no podía darle seguridad sobre el punto, por la exigencia del acuerdo unánime del Senado. Por tanto, propongo que discutamos el martes próximo dicha iniciativa, que sería la única en estado de tabla.
La señora FREI (doña Carmen).- De acuerdo, señor Presidente.
¿Trataríamos, entonces, el proyecto vinculado con la Ley General de Servicios Sanitarios?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Sí, señora Senadora , en Fácil Despacho. Es una iniciativa de resolución expedita. La Comisión de Obras Públicas propone por unanimidad archivarla.
La señora FREI (doña Carmen) .- ¿Está a disposición el informe?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Se ordenó anticipadamente distribuirlo a todos los señores Senadores.
El señor FREI (don Eduardo) .- Por lo demás, sólo se trata de un informe. No se propone texto alguno, sino aprobar el archivo de la iniciativa pertinente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Así es, Su Señoría.
Si le parece a la Sala, luego de dar cuenta de la composición de los Comités nos pronunciaremos sobre ambos proyectos.
A la fecha, según la documentación llegada a la Secretaría, los Comités están integrados de la siguiente manera:
Partido Demócrata Cristiano: Senadores señores Moreno y Lavandero .
Comité Mixto Unión Demócrata Independiente e Independientes: Senadores señora Matthei y señor Bombal .
Partido Renovación Nacional: Senadores señores Espina y Horvath .
Partido Socialista: Senadores señores Ominami y Núñez .
Partido Por la Democracia: Senadores señores Muñoz Barra y Ávila.
Comité Institucionales 1: Senadores señores Martínez y Canessa .
Comité Institucionales 2: Senadores señores Zurita y Silva .
Solicito a todos los Comités que nos reunamos el próximo martes, a las 15:15. Siempre lo hemos hecho así. En todo caso, en esa oportunidad fijaremos los horarios de las futuras sesiones de Comités.
Señor Presidente , deseo saber qué pasa con la integración de las Comisiones.
Sobre la base de que se está afinando el acuerdo respectivo, no haré hoy mi proposición a la Sala como Presidente del Senado , sino en la sesión ordinaria del próximo martes, antes del Orden del Día.
Corresponde ocuparse del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que interpreta el artículo 56 del DFL Nº 382, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, Ley General de Servicios Sanitarios, relativo a derechos de agua que indica, con nuevo primer informe de la Comisión de Obras Públicas.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2325-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (Moción del ex Senador señor Lagos).
En primer trámite, sesión 35ª, en 21 de abril de 1999.
Obras Públicas, sesión 25ª, en 23 de enero de 2001.
Obras Públicas (nuevo), sesión 1ª, en 13 de marzo de 2002.
Sesión 26ª, en 6 de marzo de 2001 (se aplaza su discusión y pasa a la Comisión de Constitución).
Esta iniciativa tuvo origen en una moción del entonces Senador señor Lagos y su objetivo principal es interpretar el ya referido artículo 56 declarando que no se ha privado al Comité de Defensa Agrícola de Matilla o a sus sucesores del derecho concedido por el Estado a gozar gratuitamente de 800 metros cúbicos diarios de agua de riego y de los demás derechos reconocidos a dicha entidad por decretos tarifarios dictados con anterioridad a la promulgación del texto legal en comento.
Existe un nuevo informe de la Comisión de Obras Públicas, organismo que en enero de 2001 evacuó un primer informe donde propuso el archivo del proyecto, aduciendo, entre otras razones, que los usos ancestrales de agua se han regularizado en conformidad al artículo 2º transitorio del Código de Aguas y que la Comunidad Agrícola de Matilla había interpuesto ante los tribunales ordinarios de justicia una solicitud en aquel sentido.
La Sala del Senado, en sesión de 6 de marzo de 2001, acordó aplazar la discusión de este asunto hasta que se dictara sentencia de término en la materia.
Con fecha 29 de septiembre de 2001, el Juzgado de Letras de Pozo Almonte dictó la sentencia definitiva, que se encuentra ejecutoriada, resolviendo favorablemente la petición de los agricultores de Matilla.
En virtud de esto último, la Sala del Senado, en sesión de 22 de enero del año en curso, determinó que el proyecto volviera para un nuevo primer informe a la Comisión de Obras Públicas, organismo que, por la unanimidad de sus miembros presentes (Honorables señores Cordero, Eduardo Frei, Lagos y Urenda), acordó proponer nuevamente el archivo de la iniciativa, en consideración a que su objetivo fue cumplido con la referida sentencia judicial.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se aprobará el informe de la Comisión de Obras Públicas.
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, relativo a la publicidad de todos los documentos que tengan relación con la fijación de tarifas de los servicios sanitarios, eléctricos y de telecomunicaciones, con informe de la Comisión de Economía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2713-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los señores Cariola, Fernández, Larraín y Prat.
Economía, sesión 25ª, en 22 de enero de 2002.
La iniciativa tuvo su origen en moción de los Honorables señores Cariola, Fernández, Larraín y del ex Senador señor Prat.
La Comisión señala en su informe que el objetivo del texto propuesto es hacer públicos ciertos documentos, como los estudios y los antecedentes técnicos, legales y económicos que presenten las empresas durante el proceso de fijación de tarifas de determinados servicios básicos, a saber, sanitarios, eléctricos y de telecomunicaciones.
El proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión (Honorables señores Lavandero, Novoa, Sabag y Stange), y su texto se halla consignado en el informe que Sus Señorías tienen a la vista.
Cabe señalar que se requiere para su aprobación de las cuatro séptimas partes de los Senadores en ejercicio, esto es, 27 votos favorables.
Señor Presidente , informaré el proyecto como Presidente de la Comisión de Economía .
Se trata de una iniciativa tendiente a establecer la obligación de poner a disposición del público los antecedentes utilizados para la fijación de tarifas en los casos de agua potable, telecomunicaciones y servicios eléctricos.
La Comisión aprobó en general el proyecto, por unanimidad, atendidas las siguientes razones. En primer lugar, con el objeto de asegurar la adecuada transferencia de los procesos de fijación de tarifas, en especial considerando las controversias públicas sobre esta materia en el último tiempo.
En segundo término, se tomó en consideración las opiniones emitidas en la Comisión por diferentes autoridades que participan en el proceso regulatorio.
Desde luego, el Ministro de Economía señaló que comparte la necesidad de dar mayor transparencia a los procesos tarifarios de los sectores regulados y que está trabajando para homogeneizar los criterios divergentes de diferentes leyes. Además, manifestó en la Comisión que le parecía adecuado incorporar esos criterios o sugerencias como indicaciones al proyecto en debate. Asimismo, hizo presente -opinión que fue compartida en la Comisión- que era necesario determinar, por razones de técnica legislativa, si correspondía incluir estas normas en cada una de las leyes sectoriales o establecer una normativa de tipo general.
La Comisión Nacional de Energía señaló que estaba trabajando en un anteproyecto sobre modificación de la Ley General de Servicios Eléctricos, donde se contemplaría la adecuada publicidad de los procesos tarifarios.
Se recibió la opinión de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. De hecho participaron dos Subsecretarios distintos, uno opinó en contra, señalando que no era necesario innovar sobre la materia. En cambio, el actual expresó que sí era indispensable asegurar una mayor transparencia y establecer, como obligación expresa y con fecha cierta, tal como señala el proyecto, que, a partir de la publicación de las tarifas en el Diario Oficial, todos los antecedentes quedan a disposición del público.
Finalmente, la Comisión analizó el hecho de que el proyecto modifica tres artículos en igual número de leyes distintas. Por ahora, se les da el carácter de ley orgánica constitucional, ya que la publicidad de los actos administrativos es una norma que está contenida en la Ley sobre Bases Generales de la Administración del Estado.
En mi calidad de Presidente de la Comisión , solicito que en el segundo informe se pida a la Comisión de Constitución su opinión acerca de si el hecho de legislar en cada ley específica sobre temas que se hallan comprendidos en la Ley sobre Bases Generales de la Administración del Estado necesariamente otorga a esas disposiciones el rango de ley orgánica constitucional. Porque podría llegarse a la situación extrema de que, como en la Ley sobre Bases se contemplan preceptos relativos a prácticamente todas las materias importantes de la Administración, las normativas específicas que se dictaran después serían de índole orgánico constitucional.
En todo caso, en este primer trámite constitucional y en esta discusión general, la Comisión planteó que, dado que se están modificando tácitamente normas contenidas en la Ley sobre Bases Generales de la Administración del Estado, la aprobación del proyecto requiere quórum de ley orgánica constitucional.
Señor Presidente , coincidentemente me tocó participar en la Comisión Investigadora sobre las tarifas eléctricas en la Cámara de Diputados. Y me gustaría que una de las materias tratadas en ella se pudiera incorporar al texto que nos ocupa. Como Sus Señorías saben, el decreto tarifario está sujeto a toma de razón, y la Contraloría representó en la Comisión Investigadora el hecho de que la información que se le envía es muy reducida. Por lo tanto, si se está hablando de transparencia para que cualquiera pueda acceder a la información -lo cual me parece muy positivo, porque los trámites sobre fijación de tarifas generan conflictos, como lo ha dado a conocer la prensa en los últimos días, donde están en juego miles de millones de pesos-, es indispensable transparentar todos los antecedentes que sirvieron de base al proceso regulatorio, remitiéndolos también a la Contraloría.
Señor Presidente , el proyecto en debate pretende asegurar una adecuada transparencia en la fijación de tarifas de los servicios esenciales para la población, como son los eléctricos, sanitarios y de telecomunicaciones.
El fundamento de la moción reside en el hecho de que nuestra legislación manifiesta un vacío en estas materias tan sensibles para la gente, en especial para los sectores más necesitados. En efecto, en este último período ha surgido una interminable cantidad de reclamos de los usuarios en cuanto al cobro de facturas de esos servicios. Sin duda, en la base de muchas de esas irregularidades encontramos la permanente alza de tarifas, que tiene directa relación con la fijación de las mismas.
El proyecto propone dar publicidad a los estudios y antecedentes técnicos, legales y económicos presentados con la finalidad de fijar las tarifas. Para ello es necesario entrar a modificar diversos cuerpos legales, según el sector de que se trate.
En el caso del agua potable, alcantarillado y aguas servidas, se proponen modificaciones. Un reciente estudio ha establecido que desde 1999, año en que se produjo la privatización del sector, por una parte el IPC llegó a 9,9 por ciento, en tanto que el alza promedio del agua potable en todo el país alcanzó a 53,95 por ciento.
Lo anterior ha producido -según datos de las propias empresas- que más de un tercio de los usuarios no estén pagando sus cuentas. Es evidente que son los sectores más pobres los que padecen más intensamente esta situación.
En esta materia el sector necesita enormes inversiones que van desde mil 200 a mil 500 millones de dólares para el tratamiento de aguas servidas y otros varios millones más para mantención de redes. Sería interesante hacer un estricto seguimiento del cumplimiento de las empresas en estos rubros, y al que se comprometieron, desde el momento de ganar las correspondientes licitaciones.
En el campo de las telecomunicaciones, la Empresa Telefónica CTC Chile, que controla el 85 por ciento del mercado, ha procedido a demandar al Fisco por 270 millones de dólares. Su fundamento son los supuestos perjuicios que habría experimentado la compañía desde 1999, cuando entró en vigencia el último decreto tarifario. La CTC se siente perjudicada por las modificaciones al cálculo del cargo fijo, tramo local y en los precios de interconexión que ella cobra a otras empresas por usar sus redes (cargos de acceso).
En su momento, CTC reclamó ante la Contraloría General de la República, la que dictaminó que el citado decreto tarifario no tenía vicios de contenido.
Además, CTC está estudiando otra querella en contra de los que resulten responsables al interior de la Administración Pública por haber, intencionadamente, tratado de perjudicar a la compañía con las tarifas vigentes.
La publicidad encuentra su sustento en el principio de transparencia que contempla la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado. Los productos de los servicios esenciales a que alude el proyecto -sanitarios, eléctricos y de telecomunicaciones-, no obstante encontrarse en el ámbito privado, son de utilidad pública y, en consecuencia, el Estado debe ejercer autoridad fiscalizadora a fin de proteger a la comunidad.
Durante la discusión del proyecto se escuchó a las autoridades implicadas en el tema, lo cual permitió aclarar la posición de los organismos fiscalizadores en los distintos sectores.
En este sentido, se reforzó la idea de que los decretos que fijan tarifas están relacionados directamente con los actos administrativas que los autorizan y, en consecuencia, conforme al artículo 11 bis de la ley Nº 18.575, tienen carácter público.
Estimo de la mayor importancia aprobar el proyecto originado en moción de los Honorables señores Cariola , Fernández , Larraín y Prat .
Como la Comisión de Economía aprobó la iniciativa por unanimidad, pido a la Sala que proceda en la misma forma y, además, que se fije plazo para presentar indicaciones, si los señores Senadores lo estiman pertinente.
Naturalmente, anuncio que votaré a favor del proyecto.
Señor Presidente , uno de los problemas que más preocupa a la población es, sin duda, la fijación de tarifas de los servicios básicos. La gente no la comprende porque generalmente se plantea en términos inentendibles. Entonces, el proyecto en estudio apunta en esa dirección; es decir, trata de que ese proceso revista la mayor transparencia, la que consiste no sólo en publicaciones al alcance de la gran masa del país, sino también en explicaciones claras, por una parte, de las empresas y, por otra, del Ministerio de Economía, autoridad responsable de establecer los decretos tarifarios, que son los instrumentos que autorizan los nuevos valores.
Cuando nosotros empezamos a analizar la determinación de las tarifas de acuerdo con las políticas regulatorias del país, con sorpresa nos encontramos con una tremenda diversidad de precios, en algunos casos dos o tres veces superiores -particularmente en los sectores rurales y en los urbanos más apartados- a los que se pagan, por ejemplo, en Santiago o en grandes urbes, como Valparaíso o Concepción, y ello debido a los mecanismos derivados de políticas de subsidios no necesariamente aplicadas correcta y derechamente por la autoridad. Me parece que una política de subsidios bien focalizada permitirá mayor ecuanimidad. Hoy día los sectores rurales más apartados soportan el pago de servicios básicos (luz, agua, teléfono) dos, tres o cuatro veces superiores al de los grandes centros urbanos. Esta situación provoca un problema muy grave: la centralización. Se produce un incentivo perverso: en la práctica, quienes deben destinar un porcentaje importante de sus ingresos mínimos a pagar los servicios básicos muchas veces prefieren trasladarse con sus familias a los centros urbanos, aun cuando deban habitar en sus periferias o como allegados, donde los valores de tales servicios no equivalen a los que soportan en sectores rurales.
A propósito de esta iniciativa, pido que se oficie a la autoridad pertinente, en mi nombre, a fin de que se nos informe sobre cuál será la política de subsidios aplicada en las normas regulatorias. Recuerdo que hace algún tiempo, en una sesión especial del Senado, concordamos en que en esta materia debía establecerse una política de subsidios perfectamente clara, a fin de hacer accesibles y equiparables los costos de las tarifas de los servicios básicos, particularmente para el quintil más pobre de la población.
Asimismo, pido que la autoridad nos indique la manera en que se puede informar a la comunidad, mediante publicaciones correctas, acerca de los mecanismos de definición de tarifas, que -repito- muchas veces son inentendibles para la gran masa de la ciudadanía.
También deseo consultar sobre el monto y destino de los subsidios entregados en los últimos cinco o diez años -me parece que cinco años serían adecuados, según el período en que se establecieron las normas regulatorias- y cuántos subsidios han quedado sin otorgarse, puesto que muchas veces los fondos están disponibles, pero no la manera de distribuirlos. Se trata de subsidios directos, que están establecidos y que posibilitarían la fijación de tarifas más ecuánimes.
Reitero mi solicitud de enviar estos oficios, en mi nombre y en el de la bancada de Senadores de Renovación Nacional, a las autoridades respectivas.
¿Habría acuerdo para enviar los oficios solicitados?
Señor Presidente , el proyecto es de toda conveniencia, porque explicita el carácter público de los documentos, medios o instrumentos que se utilizan para los efectos de la fijación de tarifas. Asimismo, precisa una fecha cierta para la publicidad de tales instrumentos, que hoy día se encuentran en una situación bastante confusa: respecto de algunos servicios se entiende que sí deben darlos a conocer, pero no otros y, lo que es más grave aún, existe incertidumbre acerca del momento en que deben difundirse.
En mi opinión, debe exigirse transparencia en todo este proceso que afecta de manera importante a tantas personas, especialmente a las más modestas de la población. Ése es el sentido del proyecto despachado por la Comisión y que ahora discute la Sala. Los fundamentos planteados por los Honorables señores Novoa y Sabag son más que suficientes para aprobarlo en general, sin perjuicio de las indicaciones que se puedan formular con posterioridad.
Señor Presidente , sin duda, todo lo que apunte a clarificar y dar mayor transparencia en materias tan sensibles como ésta es conveniente.
Intervengo como representante de una Región que sufre graves problemas por falta de agua y que tiene el desierto más árido del mundo.
Considero que la transparencia es buena. Sin embargo, la gente se entera de las tarifas cuando ya se han fijado. Entonces, ¿en qué momento hay "derecho a pataleo"? Demostrar transparencia cuando los precios ya se han establecido es interesante, pero de nada sirve. Por ejemplo, en la Región de Antofagasta el metro cúbico de agua cuesta un poco más de 800 pesos; en otras, cerca de 200 pesos. O sea, no hay ninguna proporción.
Por otra parte, me gustaría saber cómo se distribuyen los subsidios, porque, sin duda, se deben privilegiar las Regiones que más sufren estos problemas. ¡Estoy hablando de 800 y tantos pesos por metro cúbico de agua! ¡Imagínense lo que paga la gente por ese servicio!
Comparto lo señalado por el Honorable señor Romero , pero lo hago de una manera distinta: debe privilegiarse a las Regiones donde el precio del agua sea más alto. Muchas veces se entregan subsidios en zonas donde la población no los necesita, porque en ellas llueve todo el año y se abastecen de agua con gran facilidad.
Por lo tanto, solicito oficiar al Gobierno para que nos informe cuántos subsidios ha entregado y qué criterios usa para asignarlos. Porque, a mi juicio, es más importante la tarifa del agua que el número de personas que reciben los subsidios en Regiones que no corresponde.
Además, deseo pedir -y lo he planteado en reiteradas oportunidades- que se establezca una compensación, pues se entregan subsidios en Regiones que no los necesitan; entonces, esos recursos se pierden. La autoridad debe disponer que tales subsidios se asignen en zonas como la Segunda Región, donde existe ese tremendo problema.
Y quiero insistir en lo que dije al empezar mi intervención. Es muy buena la transparencia, pero, ¿en qué momento la gente podrá reclamar por el monto de la tarifa que se le impone?
Para mí, eso es más importante que el esclarecimiento posterior, cuando ya no hay nada que hacer.
Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría, de conformidad al Reglamento.
Señor Presidente , esta iniciativa, de la cual soy uno de los autores, reviste suma importancia porque nunca se ha logrado claridad absoluta respecto de los distintos procedimientos seguidos para fijar las tarifas de los servicios básicos. Se conocen los resultados finales, y se supone que todo el proceso, que está regulado por la Superintendencia y por las normas legales vigentes, permite conocer todos los antecedentes del caso. Pero la verdad es que no es así. Y cuando vemos los resultados, nos sorprendemos al advertir el gran desequilibrio existente en las distintas tarifas a lo largo del país, y a veces dentro de una misma Región. Podríamos entender, por razones obvias, que las hay, como en las del norte, donde producir y contar con agua potable resulta más caro que en otras regiones del sur. Incluso, cuando analizamos la situación al interior de las Regiones que poseen condiciones semejantes, advertimos que las tarifas no son las mismas para los consumidores, hecho, a mi juicio, completamente inexplicable.
Hay otra situación mucho más grave. En el último tiempo me he impuesto en mi Región de alzas absolutamente indebidas e injustificables, que no guardan proporción alguna con los índices del costo de la vida. Y en la Región que represento se da el caso de que es más barato que el agua llegue a las casas que la evacuación de la misma, procedimiento que no me parece técnicamente razonable. El producir el agua y su traslado a los hogares es, curiosamente, más barato. Se cobra más por el servicio de alcantarillado que por el de agua potable, debido quizá a otros mecanismos que llevan a que las tarifas de los servicios básicos se aparten de toda lógica.
Por eso, estas normas al menos garantizarán no sólo la transparencia de las tarifas, sino que la de los procedimientos seguidos anteriormente, conforme a un predicamento del cual también fuimos autores en su momento, tendiente a lograr la total transparencia de las actuaciones públicas. En un momento dado, junto a otros señores Senadores, propuse que nunca tuviésemos sesiones ni votaciones secretas, porque, salvo casos extremos, nosotros tenemos que responder al país de nuestros actos, y la única manera de hacerlo es que la gente conozca nuestros actos, nuestras razones y nuestras decisiones. Comprendo que hay algunas cosas en las cuales ello no es posible. Pero así como pido transparencia en esta materia, también la pido para toda actuación de servicio público.
Tal circunstancia dio origen a la norma que está hoy día en las bases generales de la Administración del Estado, y en la cual también se hace referencia al ejercicio del periodismo, materia que originó la iniciativa que propuse hace varios años.
El proyecto me satisface, aun cuando hay todavía algunos aspectos que es necesario complementar en la discusión particular. Considero importante que, a propósito de este debate, hagamos presente nuestra inquietud por algunos de los aspectos que he mencionado. Primero, las alzas injustificadas, sin lógica ni racionalidad económica, y que no guardan proporción alguna con los valores objetivos de los servicios. Segundo, el desequilibrio que existe en materia de servicios básicos por Regiones. Y, en tercer lugar, la insuficiencia de la política de subsidio.
En lo referente al agua potable, el Gobierno solamente subsidia hasta 15 metros cúbicos, en circunstancia de que la ley autoriza hacerlo hasta 20. A nuestro juicio, es necesaria una revisión en este sentido, pues, dada la situación económica, perjudica actualmente a los sectores más pobres y de menor empleo. Por ello, se había discutido la posibilidad de que el Gobierno hiciera efectivo el subsidio por el total de lo que hoy día la ley autoriza, cuestión que hasta ahora no se ha hecho.
En consecuencia, pido oficiar al Gobierno, al Ministerio de Obras Públicas, para que el subsidio cubra la cantidad máxima de metros cúbicos que la ley permite en la materia.
Con todo gusto, señor Senador.
Deseo hacer presente que lo planteado por el Honorable señor Larraín tiene un antecedente bastante importante entre nosotros. El Senado acordó, por unanimidad, que a lo menos se aumentase el subsidio para el agua potable a los 20 metros cúbicos. Y no hemos tenido respuesta a eso ni en uno ni en otro sentido.
Por eso, estoy solicitando el envío de un oficio en el que, si el Senado lo acuerda, se reiteraría aquel en que se pidió aumentar el subsidio a la totalidad de lo que la ley actualmente permite.
Si le parece a la Sala, se enviaría el oficio en la forma propuesta.
En seguida, en la actualidad la ley permite subsidiar permanentemente sólo el agua potable. Esta facilidad no existe para la energía eléctrica ni tampoco para las telecomunicaciones, o teléfonos, aunque en el caso de la telefonía rural se han autorizado algunos subsidios que han permitido su instalación, en una política a mi juicio extraordinariamente valiosa. Pero en los sectores rurales -lo he podido percibir en mi zona, en el Maule Sur- muchos teléfonos han sido devueltos porque las comunidades no cuentan con los recursos para financiar los altos costos que ellos representan.
Por lo tanto, pido oficiar a las autoridades pertinentes para que también las áreas de los servicios básicos de la energía eléctrica y de las telecomunicaciones cuenten con una política de subsidios.
Me parece que esa materia -que también fue discutida en las sesiones a que aludió el Honorable señor Adolfo Zaldívar - debería ser política de Estado. Pienso que debemos preocuparnos de que los subsidios se focalicen en las áreas que constituyen servicios básicos imprescindibles en la sociedad actual. Por eso, insisto en la necesidad de que haya una política de subsidios dirigida a los sectores más modestos, de mayor indigencia o de mayor dificultad al acceso de los servicios públicos, como es el caso de la telefonía rural, pero que sean permanentes, no esporádicos.
Finalmente, quiero manifestar la gran inquietud que existe en las provincias de Linares y Cauquenes por lo ocurrido con la fijación de tarifas de la actual empresa concesionaria, que, a nuestro juicio, no se ajusta a lógica alguna. No conocemos los antecedentes que las avalen y, por eso, pido oficiar, en mi nombre, al señor Ministro de Obras Públicas para que nos explique las razones que justifiquen lo ocurrido. Estimo extremadamente injusto e impropio lo sucedido y vamos a hacer fuerza para modificar las tarifas. En este sentido, sería muy útil saber cómo se ha llegado a estos montos que -repito- son absolutamente inexplicables.
Hay sectores populares y poblacionales que no están en condiciones de pagar las cuentas que están recibiendo. Incluso, en los avisos enviados a algunas de las oficinas que mantengo, he podido advertir que, sin ninguna explicación, de un mes a otro, las tarifas han aumentado en 50 y 80 por ciento, medida que no se ajusta a lógica ni justicia de ninguna especie.
Por lo tanto, pido que se oficie, en mi nombre, al Ministerio de Obras Públicas, para que dé respuesta, explicación o justificación de por qué en nuestra zona, en nuestra Región, se ha producido esta alza de tarifas que provoca molestias e inquietud en nuestra población.
Por lo demás, creo que el proyecto permite avanzar en esa línea, pero ciertamente, cuando abordemos el fondo del asunto, deberemos preocuparnos de la fijación de las tarifas. Coincido en la conveniencia de entregar los servicios públicos en concesión o incluso en su privatización, pero no creo que ello excuse al Estado de su responsabilidad de supervisar y regular las tarifas, tratándose de servicios básicos que, en la mayoría de los casos, son monopólicos, lo cual justifica con creces la intervención del Estado.
Si hubiera acuerdo de la Sala, se mandarían los oficios solicitados por el Honorable señor Larraín.
Señor Presidente , comparto plenamente los aspectos positivos del proyecto. Estimo que cuanto apunte en la dirección de entregar información, de hacerla más transparente y asequible, es claramente positivo. Pero también hay que decir que, a la luz de lo que sucede prácticamente en todos los sectores objeto de fijación tarifaria por ley, me parece todavía muy insuficiente.
En efecto, advierto que lo ocurrido durante los últimos meses apunta a un grave deterioro de la situación de los consumidores en materia de servicios públicos. No se trata sólo de problemas de transparencia, de acceso a la información, sino derechamente de mal funcionamiento de los mecanismos tarifarios.
Por lo demás, eso fue lo que discutimos en la sesión especial que, como se recordó en esta Sala, celebramos hace algún tiempo para discutir sobre estos temas. En tal ocasión se aprobó, por unanimidad, un proyecto de acuerdo cuyo objetivo estaba dirigido a una revisión de los mecanismos tarifarios. Porque -como se demostró en esa sesión-, por ejemplo, en el caso de uno de los sectores más críticos en la actualidad, que es el de servicios sanitarios, claramente los consumidores del país están pagando tarifas por completo excesivas, que tienen que ver con el mal funcionamiento de los mecanismos tarifarios, a mi juicio, producto de una distorsión de lo que fue el espíritu de la ley.
Desde ese punto de vista, y sin perjuicio de las peticiones de oficio formuladas por diversos señores Senadores, pienso que sería del caso, dada la gravedad de la situación en este ámbito, realizar una nueva sesión especial para discutir sobre el particular, a fin de que evaluemos la aceptación de las proposiciones que hicimos anteriormente respecto de las distintas materias.
En efecto, allí se planteó -como acuerdo unánime del Senado- que, sin modificar la ley respectiva, se aumentara de 15 a 20 metros cúbicos el consumo subsidiado a los sectores populares. Creo que ésa sería una medida que ayudaría a paliar en parte los problemas que están enfrentando los sectores más pobres del país, muchos de los cuales se encuentran hoy día con el alto riesgo de pasar el invierno simplemente sin suministro de agua potable. ¡Así de dramático!
Entonces, en mi concepto, se justificaría que celebráramos rápidamente una nueva sesión especial para tratar con las autoridades de Gobierno, que no son sólo el Ministerio de Obras Públicas, sino, también, el de Economía -sería muy bueno que el Ministerio de Hacienda participara en ella-, todo lo que tiene que ver con el aumento en el porcentaje de consumo subsidiado, con el objeto de tener mayor capacidad para que los planteamientos que unánimemente formulemos sean efectivamente acogidos por el Gobierno.
Señor Presidente , no tengo ninguna observación u objeción al proyecto presentado, porque lo que signifique pedir mayor claridad e información, tanto para la opinión pública como para quienes se interesan en esta materia, ayuda al objetivo de que las cosas funcionen mejor.
Pero la iniciativa permite plantear un problema mucho más de fondo, que no es el de la información respecto de cómo se fija un decreto o cómo esto se difunde hacia la opinión pública.
Aquí hablamos de uno de los elementos probablemente más esenciales de la vida de hoy y de lo que viene por delante: la calidad de vida de la gente, los derechos de las personas frente a ello y cuáles son los resguardos que la sociedad toma o no toma a través de las tarifas o de otros mecanismos para garantizar tal calidad.
Los temas relativos al agua, al aire, a la sanidad, a las telecomunicaciones se están convirtiendo hoy día en sinónimo de oportunidades de que la gente goza para prolongar su vida en mejores condiciones y con más dignidad en materia de salud, para comunicarse más rápidamente y, en último término, para incluso decidir dónde se establece físicamente en una localidad o territorio como el nuestro.
Por lo tanto, ya no hablamos del viejo concepto que se enseñaba -incluso hasta hoy día- en las clases de economía en las universidades, donde los recursos se dividían en escasos y no escasos, y de acuerdo con eso se construía la teoría económica.
Siempre se enseñó que el aire constituía un recurso abundante, no escaso. Sin embargo, hoy día esa apreciación comienza a revisarse en los textos, porque si bien es cierto que es abundante, su calidad es lo que coloca una diferencia en el precio. Cuando hablamos de restricción a los automóviles catalíticos, de vías concesionadas, etcétera, introducimos en nuestra sociedad un concepto distinto acerca de la forma de percibir el futuro de Chile.
En la actualidad, los temas del agua y del alcantarillado son sinónimos no sólo de vivir cómoda y adecuadamente, sino, también, de no sufrir enfermedades que reduzcan la expectativa de vida y compliquen los gastos de una comunidad humana que, a veces, debe empeñarse en enfrentar situaciones que pudo evitar, de no haber consumido esa agua.
Por consiguiente, ya no hablamos de elementos, de bienes o servicios de necesidad pública, sino de otra cosa. Entonces, cuando la sociedad se encamina en ese rumbo, el problema del valor que ella otorgue a este tipo de elementos adquiere una connotación diferente, que no se ha debatido en el país en esos términos.
Respecto de las empresas sanitarias y de las que procesan el agua potable -por un momento dejaré de lado las de telecomunicaciones y otros servicios que tampoco pueden excluirse-, se ha producido un largo debate acerca de la conveniencia o no de traspasarlas desde el Estado a la propiedad privada, o de otorgarlas en concesiones.
Hasta el momento se han privatizado cinco de ellas: en Valparaíso, en Santiago, en las Regiones Sexta, Octava y Décima . Además, se ha dado en concesión la empresa sanitaria en la Región del Maule, y se estudia la posibilidad de otorgar otras.
Pero el problema no reside en cómo actúa una empresa concesionada; porque ésa es una materia respecto de la cual tenemos una opinión formada -la hemos dado y continuaremos entregándola-, sino que, obviamente, tiene que ver con el interés de empresas privadas o del Estado -si acaso gestionan las que no están privatizadas- en cuanto a cómo cobran este bien que condiciona la calidad de vida.
Uno de los conflictos que hoy existe -y ya lo señalaron los señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra- dice relación al desconcierto de la población, por cuanto en las Regiones, a partir de noviembre y diciembre pasados, han comenzado a entregarse las nuevas boletas que contemplan el cobro del servicio de agua potable y alcantarillado. Ése es el problema inmediato, que no cancela los ya mencionados.
¿Y cuál es el desconcierto? Que la población está comenzando a entender que hoy debe pagar más caro por un alcantarillado que ya estaba construido y que, en algunos casos, la propia gente modesta financió de su bolsillo. Actualmente, si consume 40 metros cúbicos de agua en el mes, le cobrarán más caro por un factor (el uso del alcantarillado) respecto del cual la persona no encuentra explicación.
En la zona que represento sostuvimos dos reuniones con representantes de la empresa sanitaria; recibimos todas las informaciones pertinentes. ¿Y a qué conclusión llegamos? A la ironía de que, en el esquema en que está planteado todo esto, se ha dado el caso de que hoy día se pide al modesto poblador o pobladora que sea el inversionista futuro de un negocio adecuado para la economía de un país y que, en la práctica, significa limpiar y sanear las aguas. De esa forma, se le cobra de manera anticipada por el concepto de uso del alcantarillado con el objeto de constituir un fondo de ahorro, que no es para él ni para ella, sino para que la empresa privatizada o la sociedad pueda efectuar el saneamiento de las aguas en los años 2010, 2012 ó 2015.
Por lo tanto, lo que en el esquema económico resultaba esencial, esto es, que un inversionista privado se arriesgue en un negocio, pida un crédito y pague intereses, ya deja de serlo. Porque, para saber si va ser buena o mala la rentabilidad, se cambiaron las reglas del juego. Y ahora al inversionista -que no es percibido como tal, porque no tendrá ninguna utilidad en el futuro, salvo que le señalen que se limpiaron las aguas de tal río, y a lo mejor con eso tendrá más trabajo como temporera o temporero- le están diciendo: ¡Señor Pedro Pérez , que vive en los márgenes del río Tinguiririca, pase usted la plata adelantada para que puedan llevarse a cabo las inversiones para limpiar las aguas del valle central de Chile!
Eso no resiste explicación alguna ante nadie. Porque, obviamente, aquí el esquema económico se halla alterado, el sentido común violentado, y sencillamente se trata de una inversión que se hace a costa de los más modestos. Esto debe revisarse. Si se hizo con el propósito de limpiar las aguas, mejorar las condiciones sanitarias del país y elevar la calidad de sus exportaciones -objetivos que comparto-, ello no significa crear una nueva teoría económica y de inversión en nuestra sociedad para exigir al más modesto el pago anticipado, quien además tiene que asumir el riesgo y no cosechar los frutos de su inversión. ¡Hemos puesto realmente la carreta delante de los bueyes!
¿Qué implica lo que planteo, y que por ello lo doy a conocer en el Senado? En la Cuenta de esta sesión, se informa de la respuesta a un oficio que solicité durante una intervención en el mes de enero, al plantear un tema puntual, cual era el tratamiento que da la empresa de servicios sanitarios que opera en la región que represento al corte del agua y remoción de medidores, cuestión en que está involucrada la dignidad de las personas. Pero son elementos que no quiero mezclar en esta coyuntura.
Lo que sí deseo anunciar es que los Senadores de la Democracia Cristiana plantearemos la revisión del marco regulatorio. Ése es el punto. En cuanto a la transparencia de la información y todo lo que se quiera, no hay problema. Pero el fondo de la cosa es qué valor asigna la sociedad a la forma en que se desarrollará la vida.
También se ha tocado el tema de los subsidios. Durante el Gobierno anterior, se otorgaron más de 400 mil de ellos. Desgraciadamente en esta etapa, por razones que me gustaría conocer en algún momento, han disminuido ese beneficio respecto del agua potable. Lo que quiero decir, para que quede claro, es que los subsidios al vital elemento, que en total suman 42 millones de dólares, actualmente son manejados por los municipios del país, los que en muchos casos -me consta- hacen una utilización político-electoral respecto de su otorgamiento. Eso, además de ilegal, es inmoral. ¿Qué ocurre? Se presiona a las personas. En cajones de escritorios de algunos funcionarios de determinadas municipalidades, se ha encontrado documentación correspondiente a cien subsidios no utilizados, porque el alcalde o la alcaldesa de turno -conozco los casos- sencillamente discriminan entre quienes les son simpatizantes y los que no lo son. Esto debe corregirse. El subsidio no puede ni debe operar así, porque de esa forma se violenta la dignidad de las personas.
Que quede claro: somos partidarios de que aumenten los subsidios, que se entreguen en forma transparente y que su manejo se divorcie absolutamente de la utilización político-electoral o de otra naturaleza que se pueda hacer de un instrumento que condiciona la vida de la gente.
Además, estimo que tanto las empresas bajo control estatal cuanto las privatizadas no pueden seguir con el método que denuncié en esta Sala: algunas empresas sanitarias cobran entre ocho y nueve mil pesos por concepto de reposición del suministro de agua potable, al menos en la región que represento. ¿Qué significa eso? Que la empresa prefiere no negociar.¡Fíjense Sus Señorías lo que digo! La ley exige la celebración de un convenio entre la persona que no puede pagar y la empresa. Pero ella se niega a celebrar acuerdos con quienes deben 12, 14 ó 20 mil pesos y deja que la deuda se acumule hasta 50 mil pesos, porque desde el punto de vista secretarial y administrativo conviene hacer negocio por un paquete mayor. Entonces, el más débil sabe que le van a cargar 8 mil ó 10 mil pesos más al monto que no puede pagar, con el objeto de que el asunto siga funcionando y se mantenga el subsidio.
Se ha llegado a la indignidad de remover con chuzo el medidor de la vivienda, lo que es un escarnio público. Son cosas que deben corregirse.
Por lo tanto, anuncio que los Senadores democratacristianos vamos a promover una iniciativa tendiente a revisar el marco regulatorio y, adicionalmente, crear todos los mecanismos de resguardo en materia de utilización de subsidios y de preservación de la dignidad de las personas respecto del acceso a un bien de necesidad vital.
Concedo una interrupción a la Honorable señora Frei, con la venia de la Mesa.
Señor Presidente , deseo referirme a una duda expresada por algunos Honorables colegas.
En el muy buen Gobierno pasado -lo digo con conocimiento de causa-, los Senadores de la Democracia Cristiana pedimos aumentar el subsidio al agua potable de 15 a 20 metros cúbicos, lo que fue aceptado, pero ignoro la razón por la cual no se ha procedido así.
Lo que plantea el Senador señor Moreno es algo muy complejo e involucra la privatización de los servicios esenciales. Y deseo agregar a lo señalado por él que muchas veces las empresas abusan de la gente. En la región que represento en el Senado, al igual que el Honorable señor Cantero , la empresa ESSAN , en manos estatales, ha tenido utilidades de 8 mil millones de pesos en el último ejercicio y 10 mil millones en el anterior. ¿Se justifica privatizar un servicio como ése?
Entonces, estos temas son de tal complejidad -a veces lo que decimos no tiene mucho que ver con lo reflejado en una moción- que alguna vez debemos tratarlos a fondo. Está en juego lo relativo a las privatizaciones, la dignidad de las personas a quienes se corta el agua, y lo que sucede a quienes ven aumentar su deuda y, lo más importante, resultan afectados en su calidad de vida.
Comparto íntegramente lo expresado por mi Honorable colega el Senador señor Moreno, y lo aplaudo.
Se ha planteado la posibilidad de celebrar una sesión especial, para lo cual el Presidente del Senado tiene atribuciones, así como para fijar el calendario de trabajo.
Para la próxima semana hay un solo proyecto en tabla: el que establece el sistema de jueces de turno. Las Comisiones estarán recién instaladas, por lo cual tampoco habrá otros informes que presentar a la consideración de la Sala.
Por lo tanto, sugiero citar a sesión especial el próximo miércoles e invitar a las autoridades de Gobierno correspondientes: los señores Ministros de Obras Públicas y de Economía; los respectivos Superintendentes...
También al Ministro de Hacienda , señor Presidente , porque el tema de los subsidios es de injerencia de esta Secretaría de Estado.
Entonces, también se le invitará.
Señor Presidente, sugiero circunscribir el debate al aspecto regulatorio de los servicios sanitarios, porque es muy urgente, desde el punto de vista social, y para no diluirnos en consideraciones generales.
Coincido en ello, y así deseo proponerlo a la Sala, dejando los demás aspectos para otra oportunidad.
Restan seis señores Senadores inscritos para usar de la palabra En verdad, hemos entrado de lleno a un debate propio de una sesión especial, con la diferencia de que no están presentes las autoridades de Gobierno para que escuchen las distintas intervenciones.
Deseo recordar que el día 19 recibimos al Presidente del Brasil , señor Cardoso .
Sí, el martes 19, a las 12. La sesión especial se citará para el miércoles 20.
Señor Presidente , me alegro de que se abra discusión sobre la materia, porque me interesa mucho participar en ella, sobre todo en el aspecto sanitario. Pero me preocupa que la circunscribamos nada más que a ese punto. Ayer se presentó una demanda contra el Fisco por más de 200 millones de dólares por parte de una compañía. Y si vamos a analizar el marco regulatorio, ¿por qué dejar fuera algo tan importante como las telecomunicaciones?
Podríamos analizarlo en otra sesión. El objetivo que se persigue es centrar el debate concretamente en el tema del agua potable. Lo demás se ha tocado en forma marginal; pero no tengo inconveniente en abordar todos los aspectos.
Pero ahora en el análisis de una moción parlamentaria, relativa a la publicidad de todos aquellos documentos que tengan relación con la fijación de tarifas de los servicios sanitarios, eléctricos y de telecomunicaciones.
Efectivamente, señor Senador. Pero la sesión especial no se ha pedido sólo para el proyecto en análisis. Yo no tengo inconveniente en citar a varias sesiones, pero sería bueno abordar una por una las distintas materias, a objeto de lograr soluciones concretas.
Por eso, conforme a lo escuchado ahora en la Sala, propondría que en la primera sesión especial se aborde el caso del agua potable, sin perjuicio de mantener el tema general relativo a la regulación tarifaria de los tres servicios. Estoy facultado para realizar tal proposición, y por tal motivo se las anuncio a Sus Señorías.
Tiene la palabra el Honorable señor Boeninger .
Señor Presidente , los tres asuntos (sanitario, energético y de telecomunicaciones) son igualmente importantes. Sin embargo, cada uno es muy complejo y diferente de los otros.
Desde ese punto de vista, adhiero a lo señalado por el Senador señor Gazmuri en el sentido de que como hoy día se planteó el tema sanitario, la sesión especial sugerida por la Mesa se limite a ese punto, pues por tratarse de materias distintas, resultaría bastante complicado pasar de un tema a otro.
Por tal razón, solicito que en la reunión de Comités de la próxima semana el señor Presidente proponga una secuencia de tres sesiones ya preestablecidas para tratar los referidos asuntos uno detrás de otro, a fin de tener información más completa respecto del marco regulatorio de cada sector, el cual tiene algunos principios comunes, pero que -como señalé- son muy complejos y diferentes en su aplicación específica.
De acuerdo, señor Senador.
Entonces, primero nos dedicaríamos al tema del agua potable y sanitario. Desde ya anuncio sesión especial para el miércoles 20 del presente a las 11:30 horas. No olvidemos que el próximo martes tenemos sesión ordinaria en la tarde y, también, sesión de Congreso Pleno a las 12 para recibir al Presidente de Brasil , señor Enrique Cardoso , que viene en visita oficial.
Señor Presidente , solicito que la primera sesión especial sea dedicada al tema de las sanitarias y, la segunda, al de las telecomunicaciones.
En Comités resolveremos ese asunto, señora Senadora .
Pido especialmente al señor Presidente que tome en cuenta mi solicitud, pues estoy segura de que será aceptada por los señores Senadores.
Así lo haré, señora Senadora , y espero que su petición tenga la recepción deseada.
Hago presente a la Sala que todavía restan seis señores Senadores inscritos.
Señor Presidente , el proyecto me parece impecable y lo voy a apoyar. Sin embargo, no me referiré a él, sino a algunos de los planteamientos expresados durante el debate y que me causan preocupación.
En primer lugar, en mi opinión, deberíamos tener en cuenta cuál es la finalidad de fijar tarifas.
Los precios son básicamente señales que tienen por objeto determinar la forma de actuar tanto de los productores como de los consumidores. En el norte de Chile, el agua tiene un precio más alto, porque es más escasa. Y debe ser así, pues de esa manera se estimula a las empresas a buscar nuevas formas de producirla. Por ejemplo, en la zona norte se han instalado plantas desanilizadoras, que obviamente en el sur no tendrían ningún sentido. Pero si el precio del agua fuera igual a lo largo del país, no se instalaría una planta de ese tipo en el norte, porque su precio será más alto que en el promedio del territorio.
Por otra parte, también los precios son señales indicativas para que los consumidores gasten menos agua, porque es un bien escaso. Y es bueno que sea de esa forma. Desde el punto de vista del interés nacional, sería absurdo que una empresa que consume mucha agua para el desarrollo de su actividad se instalara en el norte. Así podría ocurrir si el precio fuese parejo a lo largo de Chile.
El precio del agua debe reflejar el costo de producir un elemento escaso, porque de esa manera se incentivan nuevas formas de obtención del líquido elemento y, también, su consumo racional.
En los sectores rurales el agua es más cara por otra razón: el elevado costo de llevarla hasta los consumidores, los cuales se encuentran dispersos y alejados de los centros distribuidores. En Santiago, por ejemplo, con un kilómetro de cañería se puede proveer de agua a muchísimas familias; en cambio, en el campo, a veces se requieren varios kilómetros para abastecer de ella a un solo grupo familiar. De allí que sea más caro llevar agua a esas zonas que a sectores poblados.
Por tal razón, yo defiendo muy fuertemente la idea de que el precio del agua y de todas las cosas se fije de acuerdo a criterios racionales.
Sin embargo, hay todavía varios temas pendientes. El primero, dice relación a si la autoridad fija o no fija adecuadamente los precios. Como en general se trata de empresas consideradas monopolios naturales, al Gobierno corresponde fijar tarifas. Para ello, básicamente debe asegurar que la empresa sea eficiente y obtenga cierta rentabilidad sobre el capital. El problema radica en saber si eso se está logrando o no, lo cual, a mi juicio, merece una investigación. En tal sentido, la publicidad de todos los documentos y estudios sobre el particular es un gran paso adelante.
Por tales motivos, respaldo lo propuesto por el Senador señor Ominami -acogido por la Sala- en cuanto a la necesidad de realizar sesiones especiales sobre la materia. Pero yo iría incluso más allá. Me parece que así como la Comisión de Hacienda escucha tres o cuatro veces al año al Banco Central, quizás la Comisión de Economía debería tener como una de sus funciones oír en igual número de ocasiones a las autoridades encargadas de fijar las tarifas de todos los servicios públicos. En último término, da lo mismo si se trata de empresas privadas o estatales, porque el asunto es saber si las tarifas se están fijando bien, de acuerdo a criterios técnicos y a qué se debe entender por una empresa eficiente.
En definitiva, propongo sobre el particular un control permanente de parte del Senado, a través de la Comisión de Economía.
Dicha proposición es importante, porque desgraciadamente somos seres humanos y como tales, falibles. La literatura existente señala que muchas veces la autoridad que fija la tarifa puede ponerse excesivamente a favor o en contra de una empresa y, por lo tanto, ser injusta. En el fondo, si a una empresa siempre se le determinan tarifas demasiado bajas, no podrá invertir; y, si le fijan tarifas muy altas, será el consumidor el que pague más de lo debido. En definitiva, ambos casos son inaceptables.
Por otro lado, las inversiones necesarias para que el país progrese alguien las debe financiar, sean los consumidores o el Estado. Pero no podemos pedir a una empresa que invierta de su bolsillo sin obtener ningún retorno a cambio de eso, porque entonces no lo hará.
Yo me niego rotundamente a que el Estado pague las inversiones, pues no le corresponde subsidiar a los consumidores ricos. Es cierto que entre los clientes hay gente muy modesta que no puede costear las tarifas fijadas. Pero existen consumidores que perfectamente pueden pagar, y deben hacerlo. Si hay empresas que consumen agua, ¿por qué el Estado tendría que pagar las inversiones si una industria utiliza dicho elemento para sus funciones? ¿Por qué el Estado debería pagar la inversión de una persona acomodada?
A mi juicio, las inversiones deben ser de cargo de los consumidores. Obviamente existen algunos imposibilitados de costearlas, porque hay un problema de pobreza entremedio. Y, en ese caso, son justificables los subsidios, pero deben ser suficientes y ser otorgados sólo a las personas que los necesitan.
Por lo tanto, señor Presidente , como segundo punto deberíamos estudiar a quién se conceden los subsidios. Es inaceptable que se entreguen con criterios político-partidistas. ¡Absolutamente insostenible! Por eso, creo que deberíamos establecer un mecanismo que nos asegure la total transparencia y eficiencia en la concesión de subsidios, pero también que ellos sean suficientes para ir en socorro de la gente que no puede pagar servicios vitales, como el agua potable. Aquí ya no se trata de un problema de consumo, sino de salud. Es inadmisible que una guagua enferma de diarrea se muera por falta de agua potable.
En definitiva, tocante a los subsidios, lo que debemos ver es que sean suficientes y que, sobre todo, estén bien repartidos.
Por último, señor Presidente , quiero señalar que respecto del costo de reposición, por lo menos en otros sectores se trata de una materia ya regulada. En el rubro eléctrico, se aprobó una ley -el año pasado si mal no recuerdo- que permitía al Estado fijar no sólo el precio de la electricidad, sino también cuánto pueden cobrar las empresas por los servicios anexos, como lectura de medidores, reparación de éstos, en fin, todas aquellas tareas que sólo pueden realizarse por las empresas monopólicas (la reposición del servicio, entre ellas); y, por lo tanto, la tarifa debe fijarse por la autoridad. De modo que, de aquí podría salir un proyecto de ley que copiara, para el sector sanitario, lo mismo que se hizo en el caso del sector eléctrico.
Señor Presidente , conviene dejar en claro que la fijación de tarifas no tiene por objeto producir un equilibrio de éstas a lo largo del país, porque eso sería realmente inconveniente para todos. Pero sí -y esto ha sido repetido en todos los discursos, acá- que la gente modesta tenga efectivamente acceso al agua potable, al teléfono, por lo menos en sus comunidades; a la electricidad y al alcantarillado.
En ese sentido, considero que la cuestión de los subsidios es clave. Es primordial saber cuánto dinero se destina; cómo se asignan en las regiones, en los distintos pueblos, y cómo se fija a cada consumidor en particular, de manera de asegurar que no haya en eso intervención político-partidista alguna.
Antes de continuar, y tratándose de un proyecto que requiere para su despacho de quórum de ley orgánica constitucional, propongo a la Sala dejar abierta la votación y fijar las 13:30 como hora de término para que la Sala se pronuncie.
Señor Presidente, me parece extraordinariamente importante que, frente a una iniciativa legal que en realidad no tiene mayor envergadura, se produzca un debate tan de fondo como el que se comienza a desarrollar ahora. A mi juicio, se trata de algo más profundo que lo que muchos señores Senadores han planteado.
En necesario recordar que el ser humano nació y solamente se pudo asentar a orillas de un lago o de un río. En épocas pretéritas era inconcebible e imposible que el hombre pudiera vivir alejado de un elemento tan indispensable como el agua potable. Por eso, todos los asentamientos humanos nacieron a orillas de un río o de un lago.
En consecuencia, éste no es un tema menor. Y cuando se intenta dar una explicación economicista -como lo hicieron algunos señores Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra-, a mi entender se cae en un profundo error. No se trata de un problema en el que se puedan ligar el precio y el costo, pues estamos en presencia de algo tan importante como el consumo de un elemento básico: el agua potable.
Sobre el particular, quiero dar un ejemplo, señor Presidente. Cuando se habla de privatizaciones, de concesiones o de alzas en las tarifas, de inmediato algunos sectores políticos dicen: "Bueno, aumentemos los subsidios".
Pero en esto no sólo hay un problema relativo al monto del subsidio. En la Región que represento se registra un 33 por ciento de pobres, sin considerar a las personas que nada consumen, que son los indigentes. Sin embargo, a ese 33 por ciento mencionado no se le otorga subsidio para el agua potable.
Ésa es la realidad. Y es más: resulta fácilmente comprobable. Si sumamos los subsidios de vivienda, los SUF o subsidio único familiar, los destinados a pensiones asistenciales y otros, observaremos que ni siquiera alcanza a un tercio de los subsidios ya establecidos. Bastaría sumarlos para darse cuenta de la grave situación que ahí se produce.
Al 35 por ciento de personas que cuentan con instalación de agua potable se les ha suspendido el suministro por no tener capacidad de pago. Esta situación se agrava en las regiones pobres, porque en la mayor parte de esos hogares hay allegados; incluso en algunos de ellos viven tres o cuatro familias. En esos casos, señor Presidente , cuando se otorga a una persona un subsidio de hasta 20 metros cúbicos, el resto de las familias que viven en la casa no puede usar el agua potable, porque les está prohibido hacerlo.
Ahora bien, si lo anterior se multiplica en las casas donde el núcleo familiar es mayor, surge además el problema -como se expresó aquí de otra manera- relacionado con el alcantarillado. Ocurre que a estos hogares, muchas veces habitados por entre 15 y 20 personas, se les otorga un subsidio de hasta 10 metros cúbicos de agua potable, para un consumo total de hasta 20 metros cúbicos.
Esta situación, señor Presidente , me parece extraordinariamente grave. Y se pretende justificar diciendo, cuando se privatiza o se da una concesión, "Mire, señor, vamos a aumentar el monto de los subsidios".
Me gustaría escuchar la opinión del señor Ministro de Hacienda o de alguna otra autoridad, acerca de los recursos que se necesitan para entregar un subsidio a quien realmente está calificado como pobre. Cuando se producen alzas de tarifas, determinadas por los costos, en definitiva son medianamente alcanzados por el beneficio los pobres que efectivamente están calificados para recibir subsidio. Sin embargo, aquellos que no lo están, no obstante ser pobres, soportan el impacto neto del alza de tarifas.
En consecuencia, se trata de un problema muy de fondo, muy grave.
Por otra parte -y relacionado con lo mismo-, en mi Región el 40 por ciento de las personas vive en el campo, y muchas de ellas obtienen el agua potable de una vertiente o de un pozo. Así están calificadas. Pero hay tiempos de sequía. Y, por ejemplo, este año más de 36 mil personas carecieron de agua potable.
Respecto de tales situaciones, que para algunos podrían aparecer analizadas un poco desde el punto de vista estadístico, hay que hacer notar el drama que sufren las familias cuando carecen de un elemento tan indispensable como el agua en una ciudad grande, como es Temuco, ya sea porque el suministro ha sido cortado, o porque no puede acceder al servicio, o porque no cuenta con subsidio.
Lo anterior se agrava con otro elemento muy importante: el de los cargos fijos.
Sobre el particular, sostuve una conversación con un jubilado, quien me señaló: "Mire, Senador, percibo 61 mil pesos mensuales y tengo cuatro ampolletas de 40 watts en mi casa, para toda mi familia. Vivo en la penumbra, a media luz, porque no puedo consumir más de los 700 pesos en electricidad, determinados por esas cuatro ampolletas. Pero a fin de mes me llega la cuenta y en la boleta aparece: "Consumo 700 pesos; cargo fijo 2 mil pesos".
¡Dos mil pesos de cargo fijo y 700 pesos por concepto de consumo!
Por eso, planteamos insistentemente al Presidente de la República y al Ministro de Economía -hemos sido apoyados por otros señores Senadores- la necesidad de entregar también un subsidio, en las mismas condiciones que el existente para el agua potable, a los consumidores de energía hidroeléctrica.
Otro tanto podemos decir de los teléfonos. En algunos casos el cargo fijo es dos, tres o cuatro veces el valor que se paga por el consumo.
En consecuencia, el problema es bastante profundo y lo hemos advertido especialmente cuando se privatiza o licita una empresa que tiene que ver con el bien público. Situaciones de esta naturaleza no deben quedar entregadas a sistemas economicistas. Me alegro de que se haya tomado la determinación de debatir a fondo cada uno de los rubros.
Con relación a la electricidad, no hace muchos días una multinacional extranjera tuvo problema con un sindicato en Argentina. ¿Y quién lo pagó? ¡la Novena Región!, que represento en el Senado. ¡Es decir, un país que tiene el segundo potencial hidroeléctrico del mundo fue puesto de rodillas por elementos foráneos!
De lo anterior se deduce que en el asunto hay involucrada una cuestión de soberanía. Además, es el comienzo de un problema gravísimo. Si consideramos que el producto en Chile crece al 3 por ciento anual, con un consumo de 320 megawatts, y que la proyectada central hidroeléctrica de Ralco produciría 570 megawatts, eso significa que si pretendiéramos crecer al 6 por ciento tendríamos que construir dos centrales equivalentes a la de Ralco cada dos años, esto es una al año.
Hay una barrera para el crecimiento: la energía. Cualquier nación del mundo -¡cualquiera!- mide su desarrollo por el consumo de energía por habitante (de paso, cabe agregar que la energía es cobre, lo cual para los chilenos es doblemente importante). Por ello -¡atentos!-, lo atinente a Ralco y a las plantas que no se están construyendo crearán una barrera insostenible para el desarrollo nacional. Eso hay que aclararlo de una vez por todas cuando se plantean estos criterios economicistas.
Por cierto, si un mapuche dice: "¡Claro, me van a quitar mi propiedad!", tiene derecho a reclamar. Pero aquí hay algo esencial: el bien común. ¡Y ni un huinca ni un mapuche se pueden oponer al bien común! Ésta es la razón. Y eso no emana del individualismo ni del economicismo, sino de la condición social que deben tener un Gobierno y un país.
El punto es extraordinariamente delicado. No entraré ahora en este tipo de observaciones porque espero hacer una buena exposición en la sesión especial que se convocará al efecto. Sin embargo, quiero señalar que en China se está construyendo una central hidroeléctrica con capacidad para producir 27 millones de kilowatts. Para ello se inundarán más de 680 mil hectáreas, y, como las propiedades son pequeñas, gran cantidad de gente resultará afectada. Pero esa central se levanta en nombre del progreso y del bien común de todos los chinos.
Es indispensable que nos aboquemos cuanto antes a debatir temas tan fundamentales como son el bien común, la energía, el agua potable y las comunicaciones. Comparto la idea de aprobar el proyecto en discusión -es simple, sencillo y permitirá mayor transparencia-, que en la Comisión, luego de analizarlo, aprobamos por unanimidad. Pero es insuficiente. Debemos llegar a la raíz del problema.
Eso es lo que esperan los habitantes de mi zona, que es la Región más pobre. Allá la pobreza alcanza a 33 por ciento; y si se excluye Temuco, a 40 por ciento. Además, al menos tres -¡tres!- comunas tienen una cesantía de sobre 60 por ciento. ¿Qué podemos decirles a esas personas? ¿Que en el Senado se comienza a hablar del costo y de la utilidad? Porque a propósito de un bien tan trascendental como el agua potable, elemento fundamental en toda forma de vida, debemos admitir que -como señaló la Senadora señora Carmen Frei - las utilidades fueron de 8 mil millones de pesos en el último ejercicio, y de 10 mil millones de pesos en el anterior. O sea, el consumidor no sólo tiene que pagar el costo -como lo hacía antes con el Estado-, sino también la utilidad.
Por eso, siempre me han parecido inconvenientes...
...las privatizaciones relacionadas con elementos tan básicos como el agua potable, las comunicaciones y, sobre todo, por su excepcional importancia, la energía.
No puede otorgársela, Su Señoría, porque terminó el tiempo del señor Senador.
El orador siguiente es el Honorable señor Horvath, quien eventualmente podría dársela.
Encantado concedo la interrupción, por intermedio de la Mesa.
Señor Presidente , coincido con lo manifestado por el Senador señor Lavandero en cuanto a que Chile necesita a lo menos una central Ralco al año. Las circunstancias que estamos viviendo demuestran que es imprescindible seguir construyendo plantas hidroeléctricas. Me alegro muchísimo de concordar en esto.
Aprovecho para aclarar que la empresa de agua potable de Antofagasta es fiscal; no privatizada ni concesionada.
¿No va a ser privatizada?
En el debate que se realizará la próxima semana daré mi opinión sobre esta clase de empresas.
Recupera la palabra el Honorable señor Horvath.
Señor Presidente , en primer lugar, en muchas de las intervenciones se ha pasado por alto el hecho de que las tarifas se fijan a través de decretos -éstos llevan las firmas del Ministro del ramo y del Presidente de la República , quien además tiene atribuciones en estas materias- y con participación de la respectiva Superintendencia.
En los casos de servicios monopólicos se plantea como referencia una empresa modelo. Esto vale tanto para el sector público como para el privado. De manera que, en lo concerniente a alza de tarifas, los planteamientos deben dirigirse a las autoridades competentes.
En segundo término, los estudios que sirven de base para la fijación de tarifas tienen algunos componentes que es importante destacar.
Ante todo, deben ser bastante más integrados. Cuando se fija la empresa modelo la cantidad de alternativas por barajar son mínimas. Si uno analiza el modelo desde el punto de vista económico, las externalidades positivas o negativas no se visualizan. Por ejemplo, no se considera para nada el manejo integrado de cuencas, con lo cual sería factible asegurar la cantidad y la calidad de las aguas a precio mucho más conveniente. Podría hacerse referencia también a plantas de tratamiento de distintos tipos; o a combinaciones de riego urbano, en las cuales esto se carga a veces al consumo de agua potable. Y ahí se alude al tratamiento de alcantarillado, en circunstancias de que, en el fondo, esas plantas no están operando. También podrían contemplarse los distintos orígenes para fuentes de energía. En fin, hay diversos elementos que, desgraciadamente, ni la Superintendencia toma en cuenta cuando se fijan las tarifas. Me consta porque he participado por escrito en la materia.
En cuanto a los subsidios, aquí se han mencionado cifras: en el 2002 se otorgarán 599 mil 285 subsidios, que comprometen 16 mil millones de pesos y fracción.
Hay que destacar que la ley permite subsidiar hasta 20 metros cúbicos por mes y que hoy en día, por una decisión administrativa, se subsidia a menos de 15. Por consiguiente, pienso que esto debe plantearse a las autoridades realmente competentes.
Son también factores muy importantes, particularmente en las empresas fiscales, los cargos fijos y los elementos que presionan las tarifas. Los directorios son políticos; en verdad, puede hablarse de "pagos políticos", porque algunos de sus integrantes nunca participan, pero igual cobran sus cheques. Entonces, en el fondo se aumentan los gastos de los consumidores en forma poco transparente, porque además esas personas, independiente de que no reúnan los requisitos exigidos y carezcan de capacidad técnica, contratan servicios: arriendan edificios, vehículos, etcétera, a través de procedimientos muy poco claros.
La tarifa, entonces, tiene todos esos agregados, que me parece muy importante clarificar en las sesiones especiales aquí acordadas en cuanto a los sectores eléctrico, de telecomunicaciones y sanitario.
Por último, junto con pedir que se fije plazo para formular indicaciones, subrayo que la iniciativa que hoy discutimos en general constituye un importante adelanto, razón por la cual le daré mi respaldo.
¿Habría acuerdo de la Sala para fijar plazo hasta el 8 de abril para presentar indicaciones?
Señor Presidente , no deja de ser interesante, en este primer proyecto en que me toca intervenir, el giro que va tomando la discusión. Quizás por deformación de la Cámara de Diputados, yo estaba concentrado en la iniciativa misma; pero ahora veo que el debate ha ido derivando a una nueva investigación respecto de los procedimientos utilizados para fijar las tarifas de determinados servicios públicos.
Desde esa perspectiva, pienso que el hecho de que se hayan anunciado diversas sesiones especiales omite la seudoobligación de remitirse a la materia que se estaba analizando.
En forma más modesta, deseo simplemente referirme al proyecto mismo.
En tal sentido, compartiendo plenamente su contenido y, en particular, el planteamiento que formuló el Honorable señor Larraín al explicarlo, tengo la impresión de que, para que exista eficacia -ésta es esencial en cualquier proposición de ley-, se requiere modificar la iniciativa.
Básicamente, al revisar tanto el informe de la Comisión como el texto original, se observa que el proyecto tiene por objeto modificar tácitamente las disposiciones sobre publicidad de los actos administrativos y sus fundamentos, contenidas en los artículos 11 bis y 11 ter de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado.
Eso está bien. Empero, si se observa la ley en cuestión -acabo de pedirla a la Oficina de Informaciones-, resulta que se está derogando tácitamente, no sólo el sistema de publicidad, sino también el sistema de exigencias y el de sanciones. Y la ley de Bases Generales de la Administración del Estado -me tocó participar a su respecto hace algunos años- establece un engorroso y largo procedimiento en cuanto a cómo exigir la publicidad de los actos administrativos y sancionar a quien no la realice. Pero al cambiar el sentido de aquellas normas se hace imposible aplicar todo el procedimiento de sanciones y de exigencias.
Por ello, pido a la Comisión revisar el punto. Y, asimismo, hago presente la necesidad -el plazo hasta el 8 de abril para presentar indicaciones me parece del todo suficiente- de incorporar una disposición que a lo menos fije plazo a la autoridad para entregar la información; porque puede suceder que, pese a estar expresamente contenida la obligación en comento, no se cumpla, o bien, que la información se entregue parcialmente, para ocultar un antecedente esencial, por ejemplo. De otro modo, tal como se ha explicado la modificación, será difícil alcanzar el objetivo perseguido por los autores de la moción, pues no habrá plazo ni sanción, lo cual, en vez de mejorar y facilitar la búsqueda de antecedentes para analizar los criterios utilizados en la fijación de tarifas, podría complicarla bastante más.
Por consiguiente, compartiendo plenamente el sentido de las disposiciones propuestas, me parece fundamental, para que tengan eficacia, agregar a lo menos los dos elementos derogados, según la explicación dada acerca del proyecto en debate.
Efectivamente, al leer el informe, uno se da cuenta de que Su Señoría tiene toda la razón. Se requiere revisar el proyecto muy detalladamente, porque puede existir contradicción entre la legislación que se pretende derogar y la que se procura aplicar.
Por tanto, pienso también que el plazo hasta el 8 de abril para presentar indicaciones es adecuado.
Señor Presidente, durante el debate hemos escuchado muchas intervenciones referidas al subsidio para el consumo del agua potable, beneficio que aliviana la carga de las familias en los sectores urbanos.
Deseo que se oficie al señor Ministro de Hacienda y a la señora Ministra de Planificación y Cooperación solicitándoles estudiar la puesta en práctica de un subsidio para el consumo de electricidad en los hogares más modestos del país en los sectores rurales.
Desde hace quince años a la fecha -tal vez más-, los distintos gobiernos, y principalmente los gobiernos regionales- han realizado un enorme esfuerzo para electrificar las comunidades rurales. Sin embargo, observamos que la alegría de las ceremonias inaugurales por la instalación de energía eléctrica dura poco tiempo, pues luego llegan el pago de las cuentas por el consumo, los cortes del suministro, los cobros por su reposición y la privación de ese vital servicio a las familias campesinas más pobres.
En pleno siglo XXI, la energía eléctrica es vital; entre otras cosas, para mejorar los niveles educacionales. Para un niño no es lo mismo cumplir sus tareas o estudiar a la luz de una vela, de un chonchón o de un fogón que hacerlo a la luz de una ampolleta.
Por eso, es indispensable establecer este nuevo programa social y subsidiar el consumo de energía eléctrica en los hogares rurales.
He querido aprovechar esta iniciativa, que me parece muy interesante y digna de todo respaldo -por supuesto, con las correcciones que sea menester introducirle-, para solicitar el envío de los oficios pertinentes porque, al igual que el Honorable señor Lavandero , represento a la Novena Región Sur, donde muchas comunas tienen índices de pobreza que superan largamente el 50 por ciento de su población, con numerosos sectores rurales y mapuches. Y la verdad es que, si no facilitamos a sus habitantes el acceso a la energía eléctrica, estaremos condenándolos a peores condiciones de vida y a una absoluta desigualdad de oportunidades.
Si la parece a la Sala, se enviarán los oficios solicitados.
Señor Presidente , es cierto que de algún modo estamos adelantando el debate que habrá en las sesiones especiales pertinentes. Pero, ya que estamos en él, deseo subrayar que el proyecto en análisis apunta a un tema real.
En primer lugar, estamos viviendo una experiencia nueva en el país: los servicios sociales básicos se encuentran en manos privadas y, por tanto, ha de asumirse que se trata de servicios indispensables para toda la población y que, en consecuencia, es necesario que exista cobertura plena, que se fijen tarifas que la gente pueda pagar y que las empresas suministradoras sean capaces de reinvertir para resolver el problema de la cobertura.
Lo que sucede es que, efectivamente, hay falta de transparencia en la información. La gente, cuando recibe las cuentas de los diferentes servicios que utiliza, en general se desconcierta, primero, por los aumentos demasiado abruptos en las tarifas, y segundo, al comparar su situación, por ejemplo, con la de quienes viven en otras regiones.
El mecanismo para la fijación de tarifas de las diversas empresas ha tenido lugar en distintos momentos en el tiempo y no siempre ha seguido los mismos criterios. Por tanto, mientras algunos comentan que la fijación de tarifas en la empresa de determinado región salió bien, otros se quejan de que en la empresa de otra región salió mal. Ahora, lo "bien" o lo "mal" depende de quien interprete el resultado: si la tarifa es muy alta, la fijación salió bien para la empresa y mal para los usuarios, y viceversa.
O sea, existe desconcierto en la opinión pública y hay tarifas que se han fijado con criterios distintos en diferentes instantes en el tiempo. Y eso genera en la ciudadanía y en los medios de comunicación una impresión que me parece peligrosa: la de que existe excesiva discrecionalidad y cierta arbitrariedad en la fijación de las tarifas.
En consecuencia, si no corregimos oportunamente tal situación, se forjará una mala imagen en general respecto de las empresas privadas que gestionan los servicios básicos o de primera necesidad, y además, esto se empezará a convertir -ya se insinuó durante este debate- en un argumento contra la privatización de ellas.
Por eso, nuestra tarea está incompleta. Y, en tal sentido, considero positivo realizar sesiones especiales para el tratamiento del tema, así como concretar el planteamiento de la Honorable señora Matthei en orden a establecer un mecanismo en virtud del cual el Senado reciba del Ministerio de las regulaciones -entiendo que la idea del Gobierno es que tenga ese carácter el de Economía- un informe, trimestral o con otra periodicidad conocida, sobre el estado de avance en estas materias.
¿Cuáles son, a mi juicio, las dudas que deberíamos tratar de absolver en las sesiones especiales y en las instancias siguientes?
La primera, el principio según el cual se fijan las tarifas.
Aquí, por ejemplo, el Senador señor Moreno dijo que le parece negativo, e incluso escandaloso, que se determinen en función de la inversión o reinversión que una empresa deba realizar en cierto horizonte en el tiempo.
Ése es un tema que hay que discutir. Para mí, la cuestión no estriba en si la empresa debe o no debe reinvertir. Creo que ninguno de nuestros electores estará en contra de que, si existe un problema brutal de contaminación de aguas a lo largo de todo el territorio, lo ataquemos en un horizonte de tiempo razonablemente breve, y de que, considerando las restricciones presupuestarias del Estado, si éste no puede darle solución en un plazo corto, se vaya a un esquema como el que se está ensayando en el país. Y creo que el Presidente Frei tomó la decisión correcta cuando dio ese paso.
El punto no radica en si la empresa es privada o pública, sino en el principio conforme al cual se fijan las tarifas, para -como se ha manifestado aquí-, por un lado, asegurar cierto monto de inversión en el tiempo, y por el otro, permitir a los usuarios disponer de un servicio a un precio razonable. Por lo tanto, en ese esquema, debe determinarse cuánto ha de aportar la empresa para la reinversión y cuánto es necesario recargar al público.
Ése es un tema.
Definido eso, se hace relativamente más fácil identificar a los sectores que, dada la tarifa requerida para la inversión pertinente, no tienen capacidad para pagarla. Y ahí se establece el límite a partir del cual entra a regir el subsidio.
Pienso, señor Presidente, que esto se ha ido construyendo sobre la marcha; que hay experiencia acumulada; que no existe ninguna certeza de que se hizo bien el ejercicio, y que, por consiguiente, es el momento de revisar el principio y los criterios.
Después, me parece que también está bajo cuestión el método aritmético para la determinación de la tarifa. En varios de los sectores regulados existe un mecanismo completamente arbitrario. La empresa hace un estudio de sus costos y entrega un informe donde especifica el precio que desea. La entidad reguladora, por cierto con mucho menos personal técnico, efectúa básicamente el mismo ejercicio y entrega su estimación de cuánto debería cobrarse por el servicio.
Pero aquí entra en función una teoría de los juegos. Porque, dado que la ley obliga a escoger, dentro del rango producido, un valor intermedio o un valor extremo, según el sector regulado, comienza un juego consistente en que la empresa, con sus técnicos, inventa la forma de justificar lo más amplia y -en realidad- arbitrariamente posible aumentos de costos por todos lados para llegar a la tarifa más alta. Y el Ejecutivo hace el ejercicio exactamente al revés. Al final, resultan dos propuestas del todo irreales y confundidoras. Entonces se recurre, como en el caso de las sanitarias, a un comité de tres peritos: uno designado por el Gobierno, otro por la empresa afectada y un tercero que se supone neutral.
Conozco el caso de una empresa sanitaria en que la fijación de tarifas -la autoridad gubernativa correspondiente me confirmó la información- salió mal para el usuario. Me refiero a ESVAL, donde la aplicación del procedimiento derivó en un alza de tarifas desmedida. Hice las averiguaciones del caso. ¿Qué ocurrió? Que la influencia del perito designado por el Gobierno quedó neutralizada por la del que nombró la empresa, y el tercero, después de cargar sobre sus hombros la presión despiadada de los sectores interesados, no la resistió y terminó inclinándose más por la propuesta de ESVAL que por la del Gobierno. Todo esto, dentro de un margen de discrecionalidad, de cierta arbitrariedad, de dar mayor peso a un argumento que a otro, etcétera. El resultado, constatable, fue un aumento extraordinariamente alto en las cuentas de agua potable en la Quinta Región. Y si uno le plantea al Superintendente revisar esta situación, responde que ello no es posible, porque la tarifa se fijó mediante ley por un período de cinco años y que cualquier revisión haría inmanejable el sistema.
El tercer punto, vinculado con lo anterior, se refiere a que no hemos resuelto suficientemente bien el tema de las influencias.
Estas empresas privadas actúan, por definición, en sectores que tienden a ser monopolios naturales. En consecuencia, existe un solo proveedor, el cual, además, a menudo se halla vinculado a una trasnacional -o sea, un operador a nivel mundial- que posee músculos suficientes para persuadir de las formas más diversas al regulador y al funcionario público; y algunos dicen que en ciertos casos puede llegar a tener influencia hasta en el Congreso Nacional.
Por lo tanto, como no existe seguridad en el método ni en los criterios o principios que se están utilizando, las empresas terminan trenzándose con el Gobierno y con las autoridades reguladoras en discusiones que finalmente desembocan en la judicialización del proceso de fijación de tarifas de los servicios públicos.
Con demasiada frecuencias, el resultado de este supuestamente muy técnico e impecable proceso es que todo acaba en los tribunales. Y cuando esto ocurre -lo vimos ayer en la televisión-, se presenta una demanda contra el Fisco; llegan dos abogados que presentan documentos de más de cincuenta mil hojas, donde figuran elementos extremadamente técnicos, ante un juez que seguramente se encuentra con tres mil causas pendientes y no tiene idea de los problemas técnicos que suscita una fijación de tarifas, y se genera un proceso larguísimo, que puede dejar la situación en suspenso durante varios años.
Yo pregunto: ¿Es eso positivo? ¿Resulta conveniente para una economía que quiere ser competitiva internacionalmente, que tiene el desafío de tomar decisiones a la velocidad con que las adoptan otros competidores en el resto del mundo? ¿Es bueno que la situación termine empantanada en un tribunal, en manos de un juez que no tiene idea del tema, sin apoyo técnico y recargado de trabajo?
Ése es un aspecto, señor Presidente , que también deberíamos examinar. Y la solución consiste en tener mejores métodos, mejores criterios. Pero ella también pasa por concretar de una vez por todas se concrete la idea de los tribunales económicos, donde jueces ultraespecializados, con todo el apoyo técnico necesario y en plazos breves y definidos, fallen sobre estas materias. De lo contrario, vamos a terminar con una economía que funciona a dos velocidades.
El señor ABURTO .-
El Honorable señor Foxley ha mencionado las dificultades a que pueden verse expuestos los jueces cuando deben dictar sentencia sobre asuntos técnicos complejos, como el relacionado con la enorme demanda presentada en uno de los juzgados civiles de Santiago con motivo de una indemnización que se pide por un servicio público.
En realidad, los jueces no saben todas las cosas que ocurren en el mundo. No pueden conocer todas las ciencias y todas las artes. Pero la ley previene la forma de superar estas dificultades en los tribunales. Para eso están los informes técnicos, estudios y toda una amplia gama de medidas para entender el asunto de que se trata. Hay muchísimos problemas de orden económico, financiero y científico que llegan a los tribunales. Sin embargo, se resuelven a través de las diferentes instancias que consulta nuestra ley de procedimiento.
Recupera la palabra el Honorable señor Foxley.
No cabe duda de que es así como lo sostiene el Honorable señor Aburto . Pero el punto que planteo me parece válido. Yo no digo que los jueces no hagan bien su tarea. Procuran hacerla. Pero, para ello, requieren un tiempo tan largo que no es compatible con las exigencias de una economía globalizada, que tiene que competir, en donde el más rápido le gana al lento y en que los temas económicos y las disputas por precios de servicios básicos deben resolverse con celeridad.
Concluyo manifestando mi acuerdo con lo que se ha expresado aquí. Es indispensable poner al día todo el tema regulatorio de las tarifas. Creo que no hemos estado a la altura de lo que se necesita. Hay que revisar los distintos aspectos que he señalado. Se debe buscar un tratamiento más simétrico entre los distintos sectores regulados, aislar la presión de los grupos de interés y contar con la supervisión de un Ministerio, pero también con la de este Cuerpo Legislativo, con el objeto de que el Ejecutivo pueda moverse, a su vez, con la velocidad que se requiere en esta materia, ya que a menudo queda empantanado entre la incertidumbre de qué hacer desde un punto de vista técnico y las presiones de los sectores interesados.
Creo que la disputa CTC-ENTEL ha sido en muchos aspectos francamente un espectáculo que debería haberse evitado. La presión sobre la autoridad ha sido muy fuerte y da la impresión de que ésta no se atreve a tomar decisiones en uno u otro sentido.
Respaldo plenamente la iniciativa de la Honorable señora Matthei, en cuanto a que cada tres meses el Senado, con la presencia de la respectiva autoridad máxima del Gobierno, discuta estos temas.
Señor Presidente , esta discusión ha girado en torno a dos ámbitos generales. Uno, relacionado directamente con el proyecto en debate y, otro, vinculado con temas complementarios, referentes a la fijación de tarifas.
Deseo hacer una comentario general sobre este asunto. En las intervenciones se ha señalado que la iniciativa en estudio es relativamente simple y poco importante. Difiero radicalmente de esa apreciación: creo que es tremendamente trascendente.
Se ha hecho referencia a servicios monopólicos, los que, por definición económica, son los que no pueden prestar terceros. Es decir, el consumidor no tiene la alternativa de cambiarse de proveedor si no está contento con él.
Según la ley, pueden existir distintos mecanismos de fijación tarifaria. De hecho, no es el mismo para todos los servicios básicos. En algunos, de carácter monopólico, cuando se producen diferencias, se debe optar por una u otra alternativa. Hay otro tipo de servicios en el que los expertos y los peritos optan por un camino intermedio y, dependiendo de ello, se mueven las empresas y los Gobiernos.
En mi opinión, este proyecto no es menor. En general, los fiscalizadores efectúan un control de legalidad de los antecedentes para verificar si se cumplieron todos los trámites administrativos y legales, pero no examinan el tema de fondo, es decir, toda la información técnica y estudios que sirvieron de base para fijar determinadas tarifas. Y en eso siempre se pueden cometer errores.
Estoy seguro, señor Presidente , de que, si existe total transparencia en este sentido, habrá más prudencia al momento de definir las tarifas. Las empresas van a ser más cautas al presentar los antecedentes técnicos y los peritos también. Porque indudablemente se actúa de manera distinta cuando hay total transparencia y existen contrapesos.
Por eso, tengo la certeza de que el proyecto no es menor. Cuando el consumidor no tiene la alternativa de cambiarse de proveedor y se dispone de información pública, el único control lo constituyen la comunidad y los especialistas y expertos.
Por lo tanto, junto con anunciar mi voto favorable al proyecto, quiero reafirmar que la iniciativa no es menor. Pienso que normativas similares deberían regir en todos los servicios públicos.
Señor Presidente , me alegro que se haya producido un debate tan rico respecto de un tema muy importante.
Durante varios años de mi vida parlamentaria como Diputado me dediqué a luchar por justas tarifas de agua potable en Atacama. Y algunos actores que participaron están aquí hoy como Senadores.
Quiero decir derechamente que he presentado a lo menos dos proyectos de ley para corregir algunos de los efectos generados con motivo de la realidad de los sistemas.
Con toda lógica, el Honorable señor Orpis ha planteado que no se debe confundir la fijación de las tarifas eléctricas con la de las empresas telefónicas o del agua potable. Son procesos distintos. Aun cuando algunos son más perfectos que otros, creo que se deben corregir. Algunas empresas, ya sean públicas o privadas, emplean incentivos perversos para inflar sus gastos. En el caso del agua potable, más del 60 por ciento de las empresas que prestan este servicio monopólico son públicas. De tal forma que, cuando negocian con las autoridades, pueden obtener un mayor valor. Hay que revisar y modificar esos procesos. Por ejemplo, en los servicios eléctricos ello es así, y en los del agua potable es aún peor.
Algunos sostienen -no sé si por desconocimiento- que las tarifas se suben ilegalmente. ¡Pero si eso no puede ocurrir! Para eso el Estado tiene un representante en esta materia: el Superintendente de Servicios Sanitarios , quien posee las herramientas básicas para aplicar sanciones, incluso hasta para caducar la concesión de aquellas empresas que actúan fuera de la ley. ¿Y dónde está el Superintendente de Servicios Sanitarios?
Señor Presidente , dentro del poco tiempo que me queda, quiero decir que uno de los elementos fundamentales para resolver este problema reside en despolitizar el proceso. El Superintendente de Servicios Sanitarios es un funcionario con un tremendo poder que debe aplicar para proteger a los consumidores. Pero, ¿por qué no lo hace? Porque es nombrado y removido por el Presidente de la República .
¿Quiénes son los miembros de los directorios del 60 por ciento de las empresas que distribuyen el agua potable en Chile? Los dirigentes políticos de la Concertación. Honorable señor Lavandero , yo me hago la misma pregunta suya: ¿por qué esta situación no se ha modificado. Y a quien se sienta a su lado, el ex Presidente Frei Ruiz-Tagle ,...
Debe dirigirse a la Mesa, señor Senador.
...al menos en dos oportunidades le pedí que hiciera uso del artículo 4º del DFL Nº 70, con la finalidad de que interviniera -lo que se ha denominado "tarifa política" en esa disposición-, con el objeto de que se revisaran las tarifas del agua potable. Hasta aquí no ha pasado nada. También se lo pedí al Presidente Aylwin y se lo he pedido al Presidente Lagos . Entonces, ¿están las atribuciones en la ley? Por supuesto que sí. Lo que ocurre es que, cuando un insignificante consumidor reclama contra una de esas empresas de agua potable, donde todos los directores -incluso, algunos hoy son Ministros- pertenecen a la Concertación y ocupan esos cargos porque no salieron elegidos como Parlamentarios, alcaldes o concejales, se telefonea al Superintendente diciéndole : "Si usted me hace algo, llamaré a la autoridad que lo nombró".
Por eso, es indispensable que al Superintendente de Servicios Sanitarios , que tiene mucho poder, lo designe -como lo propuse en un proyecto que presenté hace cuatro años- el Presidente de la República con acuerdo del Senado y sea inamovible, para que tenga la fuerza necesaria y no sea objeto de las presiones que el Senador señor Foxley acaba de expresar, con justa razón. Sobre esos técnicos se ejercen fuertes presiones de todo tipo, tanto de privados como de autoridades. Por lo tanto, ese cargo debe ser ocupado por quien, con gran poder, pero irreductible, se halle en condiciones de resistir las presiones.
Finalmente, estimo necesario hacer otras correcciones, que expondré cuando disponga de suficiente tiempo.
A la reunión citada por el Presidente del Senado traeré la lista de los directores de las empresas estatales de agua potable. Sus Señorías se encontrarán con muchas sorpresas.
Uno de los aspectos que deben corregirse -con algunos Parlamentarios que hoy son Senadores presentamos un proyecto al respecto- es terminar con el abuso de que es objeto el consumidor de agua potable, especialmente en zonas como las que yo represento, donde su valor, que es uno de los más elevados del país, es dos, tres y hasta cuatro veces superior al que rige en Santiago. Y si el consumidor no paga, la empresa tiene derecho a cortarle el suministro, a cobrarle por corte y reposición del servicio, más multas y otras cosas más. Pero cuando la empresa interrumpe el suministro sin avisar, no ocurre nada. Por lo tanto, hay una relación poco clara en esta materia, y considero que debemos aprobar normas en virtud de las cuales las empresas se hagan responsables de entregar el servicio a que están obligadas por ley.
Conforme a lo resuelto por la Sala, corresponde tomar la votación a los señores Senadores que aún no han emitido su voto.
--Se aprueba en general el proyecto (37 votos a favor).
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Arancibia, Ávila, Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Coloma, Cordero, Espina, Fernández, Flores, Foxley, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), García, Gazmuri, Horvath, Larraín, Lavandero, Martínez, Matthei, Muñoz Barra, Novoa, Núñez, Orpis, Parra, Prokurica, Romero, Ruiz (don José), Sabag, Stange, Valdés, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 13:28.