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Timestamp: 2016-05-30 10:37:14
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Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'ARTÍCULO 1', 'artículo 513', 'Artículo 513', 'in fine', 'artículo 249', 'artículo 249', 'in fine', 'artículo 249', 'artículo 249', 'artículo 257', 'artículo 249', 'artículo 208', 'artículo 226', 'artículo 236']

Sala Constitucional acuerda oficiar al C.N.E para que informe cuáles de los sesenta y dos (62) partidos no han participado en los dos últimos eventos electorales de carácter nacional miércoles, mayo 25, 2016
La Presidenta de la Sala, Gladys María Gutiérrez Alvarado
VINCULANTE INTERPRETACIÓN DEL ART. 67 DE LA CONSTITUCIÓN. CONSIDERACIONES SOBRE EL VOTO LISTA, RENOVACIÓN DE PARTIDOS Y PROHIBICIÓN DE LA DOBLE MILITANCIA.http://www.franciscosantana.net/2016/01/vinculante-interpretacion-del-art-67-de.html
Improcedencia del daño moral reclamado por el ex representante judicial de una empresa, que habría sido erróneamente citado como imputado por el Ministerio Público (Sala de Casación Civil)
"...En la denuncia formulada, acusa el recurrente la comisión del vicio, toda vez que el juez de alzada, no se pronunció sobre distintos alegatos invocados en el libelo de demanda, los cuales estaban referidos a: 1) La presunta comisión del hurto de un equipo radiactivo propiedad de la empresa BJ Services de Venezuela, C.A.; 2) Omitió resolver sobre la consideración de la Fiscalía de que el accionante “…es responsable penalmente de los hechos denunciados, debido a que para la fecha de la comisión del ilícito penal, (…) era el Representante (sic) Legal (sic), de acuerdo con lo establecido en el Documento (sic) Constitutivo (sic) Estatutario (sic)”; 3) El alegato de que la empresa BJ SERVICES DE VENEZUELA, no ha atendido los múltiples requerimientos hechos por el demandante, a los fines de que intervenga y lo libere de este proceso, toda vez que en ningún momento ha participado personalmente o activamente en la adquisición, traslado, uso, ocultamiento o detentación de la “Fuente o equipo Radioactivo (sic)”; 4) Omite toda decisión sobre “…Las omisiones de la empresa BJ, de manera directa, en contravención a la Ley 55 sobre Sustancias Materiales y Desechos Peligrosos, configuran una falla en el ejercicio de la Guarda (sic) y custodia, traslado y detentación que la empresa BJ, ha tenido de la Fuente (sic) Radiactiva (sic)…”; y 5) “…sobre la actualidad del daño, alegado por nuestro representado (...), hoy imputado, el que ha sufrido todos los daños materiales y morales que esta investigación penal iniciada desde el 10 de junio del 2006 ha producido y que hasta la fecha 26 de febrero de 2009 a pesar de haberse producido un SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, se encuentra a la espera de un pronunciamiento por parte del juez, tomándose en garantía la libertad personal de mi representado…”.
Esta Sala ha indicado, que lo que caracteriza el vicio de incongruencia negativa, es la omisión en el pronunciamiento sobre lo alegado por las partes, no que este sea acertado o no, o que sea favorable o desfavorable a las pretensiones del recurrente (Sentencia N° 369 de fecha 30 de mayo 2012).
De la sentencia recurrida, se desprende que el juzgador de alzada de conformidad con las pruebas evacuadas por ambas partes, determinó en el caso in comento que el demandante fungió como representante legal de la empresa demandada, desde el 29 de julio de 2002 hasta el 9 de julio de 2007, fecha esta cuando la empresa accionada en asamblea extraordinaria de socios aprobó nombrar a otro representante legal, recayendo en la persona de (...), por lo que, ante tal situación el juzgador concluyó que para el momento de iniciarse la investigación penal, el accionante era el representante legal de la demandada, mas no así para el momento de su citación, en el cual fue citado en calidad de imputado en representación de la empresa accionada, siendo que para dicha oportunidad ya había cesado su cargo.
Triple identidad de la cosa juzgada (Sala de Casación Civil)
El error de interpretación de una norma jurídica, comprende un vicio por infracción de ley, en específico de aquellas normas relativas a la resolución de la controversia, error que se produce cuando el juez no le da el verdadero sentido y alcance a la norma, que aún siendo correctamente elegida y aplicada para la solución de la controversia, hace derivar de ella consecuencias que no resultan de su contenido.
Ahora bien, en el caso que nos ocupa evidencia la Sala que el formalizante delata la infracción por error de interpretación de los artículos 272, 273 del Código de Procedimiento Civil y 1.395 del Código Civil, por cuanto el juez de la segunda instancia declaró la procedencia de la cosa juzgada, no obstante que los elementos de identidad para tal procedencia no están satisfechos.
En este sentido, esta Sala se permite copiar la recurrida a fin de evidenciar lo decidido en ella:
“…Ahora bien, visto que la figura de la cosa juzgada trata de toda cuestión que ha sido resuelta en juicio contradictorio por sentencia definitivamente firme, cuyos efectos se sintetizan en la imposibilidad de impugnación, inmutabilidad e irreversibilidad del referido fallo, y que la misma viene dada por la existencia de la triple identidad de sujetos, objeto y causa, resulta primordial para esta Alzada (sic) establecer si en el caso sub especie litis se produce la presencia de dichos elementos para determinar la procedencia o no de la presente cuestión previa.
Que siguiendo el orden para el conocimiento del presente recurso, así como de los alegatos propuestos por el demandado y que fundamentaron la cuestión previa alegada, esta instancia detenidamente comienza en el conocimiento de las copias certificadas traídas a los autos de las sentencias que involucraron las partes, conocimiento este que también se verifico del sistema juris y que fue complementado con los informes presentados.
La causa o fundamento en los que se centran los alegatos de la cosa juzgada corresponden a la causa KP02-V-2009-004828 con número de recurso KP02-R-2012-000189. Y expediente 2012-000516 de la Sala de Casación Civil. Este Tribunal (sic) verifica que los sujetos intervinientes, fueron: JOSE (sic) GUSTAVO ALVARADO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-7.392.818 y la empresa INVERSIONES LA COLINA DEL ESTE C.A., registrada en documento protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro Público del Municipio Iribarren del Estado (sic) Lara, en fecha siete de septiembre del año dos mil cuatro (07-09-2004), anotado bajo el Nº 15, folios 77 al 87, protocolo primero, tomo décimo tercero. Titularidad que traída a la presente causa corresponde a las mismas partes; es decir JOSE (sic) GUSTAVO ALVARADO, y la empresa INVERSIONES LA COLINA DEL ESTE C.A., son también las mismas partes en la causa que se ventila. Así se decide.
Amparo cautelar que ordena adoptar las medidas de seguridad necesarias para resguardar permanentemente las sedes del CNE y sus alrededores, a nivel nacional, a los fines de impedir "los actos no autorizados, marchas, protestas, concentraciones no permisadas y manifestaciones violentas, convocadas por las organizaciones políticas y civiles, que puedan limitar el acceso de los trabajadores y perturbar el normal funcionamiento de las sedes del Consejo Nacional Electoral, a nivel nacional". (Corte de lo Contencioso Administrativo)
JUEZ PONENTE: ELEAZAR ALBERTO GUEVARA CARRILLOEXPEDIENTE N° AP42-O-2016-000021En fecha 18 de mayo de 2016, los ciudadanos ALEJANDRA PANTOJA ROMÁN, GUSTAVO RIVERO CASTAÑEDA, HILDA MERCEDES ESPINOZA QUINTERO, ROBERTO RUIZ Y LACIDES SUÁREZ, titulares de las cédulas de identidad números 13.951.164, 6.978.897, 13.069.446, 19.084.634 y 7.929.583, respectivamente, actuando con el carácter de funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE), debidamente asistidos por el abogado Erickson Laurens, titular de la cédula de identidad N° V-10.672.248, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 63.012, ejercieron acción de amparo constitucional conjuntamente con medida cautelar innominada “…a los fines de que la COMANDANCIA GENERAL DE LA GUARDIA NACIONAL (GN) y la POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA, generen las acciones conducentes para garantizar los derechos constitucionales vulnerados, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales”. Más información »
NUEVO CRITERIO VINCULANTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL QUE
ESTABLECE QUE EN MATERIA DE COBRO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES COMPRENDIDOS
EN LAS COSTAS PROCESALES, SE APLICARÁ LA PRESCRIPCIÓN DEL ORDINAL 2° DEL
ARTÍCULO 1.982 DEL CÓDIGO CIVIL
ACERCA DE LA ESTIMACIÓN E INTIMACION DE HONORARIOS EN EL
PROCESO PENAL. NULIDAD DE OFICIO (SALA DE CASACIÓN PENAL)
INCOMPATIBILIDAD ENTRE LA ACCIÓN MERO DECLARATIVA Y EL
PROCEDIMIENTO DE COBRO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS (SALA DE
CASACIÓN CIVIL)
En el caso de autos, se ha interpuesto un recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad contra el artículo 513 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.076 Extraordinario del 7 de mayo de 2012, el cual establece:
Procedimiento para atender reclamos
Artículo 513. El trabajador, trabajadora, o grupo de trabajadores y trabajadoras, podrán introducir reclamos sobre condiciones de trabajo, por ante la Inspectoría del Trabajo de su jurisdicción. Los reclamos interpuestos serán atendidos por la Inspectoría del Trabajo de acuerdo al siguiente procedimiento.
Experticia complementaria del fallo: "Resulta labor de los expertos el tomar en consideración el texto íntegro del fallo para poder determinar los parámetros a utilizar en la elaboración de la experticia" (Sala Constitucional)
Ahora bien, de la lectura de la sentencia objeto de revisión se aprecia que el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital señaló “que en caso que la parte recurrente estuviese en desacuerdo con la decisión de los expertos, debió activar el procedimiento establecido en la parte in fine del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de impugnar u oponerse a la decisión de éstos, cosa que tampoco sucedió en el presente caso (…). En todo caso, la inejecutabilidad de la decisión es resultado de la inactividad de la parte actora, al no ejercer los recursos ordinarios en forma oportuna…”.
En tal sentido, advierte esta Sala que cursa en el expediente (folio 203 del Anexo 1), escrito consignado el 9 de diciembre de 2009, por el abogado Raúl Daniel Quiñones Fernández, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte demandante, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, mediante el cual impugnó el informe presentado por los expertos, conforme a lo dispuesto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, por “incurrir en obstrucción de justicia”.
Así, aprecia esta Sala Constitucional que, contrario a lo señalado por la jueza del tribunal de alzada, la parte demandante sí ejerció el recurso de reclamo. No obstante, no se aplicó lo dispuesto en la parte in fine del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a oír a dos nuevos expertos.
De allí que lo decidido por el juez de la causa y confirmado por el juez de la alzada, subvirtió el proceso legalmente establecido, debido a que no siguió el trámite previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, cuando alguna de las partes reclama la decisión de los expertos, vulnerando la tutela judicial efectiva y el debido proceso a que se refieren los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
De esta forma, atendiendo a lo dispuesto en las mencionadas normas y en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que señala que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia, se concluye que el Tribunal de la causa infringió las reglas contenidas en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, con lo cual se afectó el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso de la parte demandada; y por cuanto su alzada omitió corregir ese vicio mediante la nulidad y reposición correspondiente, infringiendo a su vez lo establecido en el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, la Sala anula la sentencia objeto de la presente revisión. Así se decide.
PUNTO PREVIOAntes de entrar a decidir el fondo del asunto planteado, es importante hacer una breve reseña del tratamiento que se ha dado a la Fertilización in vitro en otras legislaciones, la cual es aceptada mundialmente, pero su aplicación como técnica de reproducción asistida en todas sus variantes, trae graves consecuencias para la humanidad e impone grandes disyuntivas al ordenamiento legal, al provocar conflictos en las relaciones parento-filiares y sucesiones, resultando necesario la intervención de la bioética para dar solución científico-legal a estas problemáticas; así pues, la solución que han dado los distintos países, a nivel mundial ante esta disyuntiva la encontramos en el Derecho Comparado; de manera tal que, recurrir a un vientre en alquiler es ilegal en muchos países, como en España, por tal razón cientos de parejas cada año acuden a Estados Unidos a cumplir su deseo de ser padres, donde rentar un útero es totalmente legal.En este orden de ideas, el Tribunal Supremo de California establece la “teoría de la intención” para establecer la custodia de los bebés nacidos mediante vientres de alquiler, preguntándose: ¿quién es el verdadero interesado en tener un niño?, ¿Tenía deseos de quedarse embarazada la madre de alquiler previo pago de la pareja contratante?Existen otros dos criterios jurisprudenciales como el de la “madre gestante” por el que se establece que la madre legal es la que da a luz, y el de la “contribución genética”, que considera como madre legal a aquella que aportó el óvulo. (subrayado del Tribunal)Bajo estos presupuestos, en Estados Unidos se estable que:Arizona, Utah, Nuevo México, Míchigan y Nueva York prohíben cualquier contrato de maternidad subrogada.Florida, Nevada y Luisiana los consideran legales siempre que sean altruistas.Arkansas, Tennessee, Virginia o California les otorgan validez legal tanto si se pacta o no remuneración.Alaska o Texas aún no se han pronunciado sobre las surrogate mothers.Así las cosas, en el derecho comparado se ha establecido que a nivel internacional existen tres enfoques jurídicos a la hora de considerar la legalidad o no de los vientres de alquiler:- Ilegales: España, Francia, Portugal, China, Japón e Italia.- Legales: (siempre que el contrato sea altruista): Canadá, México, Brasil, Bélgica, Reino Unido, Gracia, Australia, Holanda.- Legales: (con o sin precio): Israel, Irán, Rumanía, Ucrania, Rusia, Nueva Zelanda, Sudáfrica e India.Precisamente la India se está convirtiendo en los últimos años en el “vientre del planeta”. Allí acuden cada vez más parejas infértiles para encontrar una mujer que les dé un hijo. Ocurre lo mismo en Ucrania, se están convirtiendo en principales focos de alquiler debido a que los precios bajan considerablemente con respecto a los de Estados Unidos. (30 mil dólares Ucrania y 11 mil en la India).TRATAMIENTO LEGAL DE LA INGENIERIA GENETICA:AlemaniaEl Ministro Federal de Justicia y el Ministro Federal de Investigación y tecnología constituyeron, en 1984, una Comisión encargada de analizar los nuevos métodos de fertilización in vitro. Es interesante resaltar la importancia que, para este informe, presenta en el desarrollo del niño la íntima relación personal entre la embarazada y el nasciturus. En este sentido, según lo explican J.M. Martínez y Pereda Rodríguez, se plantea la circunstancia de que la madre gestante dispuesta por motivos económicos a llevar en su vientre un hijo fecundado extracorporalmente para otro, no se adapte a una forma de vida de abstención de alcohol y nicotina, como lo haría una mujer que pretendiera quedarse con su hijo. También podría ocurrir que naciera una criatura con defectos físicos o mentales y que ninguna de los contratantes quisiera hacerse cargo de ella. En vista de estas previsiones, el Congreso Médico alemán acordó que la maternidad de sustitución debía ser rechazada por los inconvenientes que presenta para el niño y el peligro de la comercialización.Estas recomendaciones fueron volcadas a una ley cuya vigencia data de 1991. Más información »
Por su parte, el apoderado judicial de la sociedad mercantil solicitante en revisión, denuncia que la Sala de Casación Civil, en su decisión del 15 de octubre de 2015, rompió el orden constitucional al dictar un fallo que –según alega- adolece del vicio de incongruencia omisiva, toda vez que “en la parte motiva de su decisión la Sala de Casación Civil obvió total y absolutamente los argumentos planteados por [su] representada tanto en la contestación de la formalización del recurso como en el escrito de contrarréplica, lo que conlleva a que dicha decisión contradiga abiertamente la interpretación constitucional sobre el vicio de incongruencia omisiva”.
Decreto N° 2.323, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica, dadas las circunstancias extraordinarias de orden Social, Económico, Político, Natural y Ecológicas que afectan gravemente la Economía Nacional(Gaceta Oficial Nº 6.227 Extraordinario del 13 de mayo de 2016)Decreto Nº 2.323 13 de mayo de 2016NICOLÁS MADURO MOROSPresidente de la RepúblicaEn cumplimiento del mandato constitucional que ordena la suprema garantía de los derechos humanos, sustentada en el ideario de El Libertador Simón Bolívar y los valores de paz, igualdad, justicia, independencia, soberanía y libertad, que definen el bienestar del pueblo venezolano para su eficaz desarrollo social, en el marco del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 226 y el numeral 7 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 337, 338 y 339 ejusdem, y en los artículos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 10, 17 y 23 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, en Consejo de Ministros,CONSIDERANDOQue desde la partida física del Presidente Hugo Chávez Frías, ocurrida el 05 de marzo de 2013, algunos sectores políticos nacionales, aliados con intereses particulares extranjeros, arreciaron ataques contra la economía venezolana, con la finalidad de promover un descontento popular contra el Gobierno Nacional; creando un clima de incertidumbre en la población, con la intención de desestabilizar las Instituciones del Estado,