Source: https://jurisprudencia.cladem.org/paraguay/Comit%C3%A9_para_la_Eliminaci%C3%B3n_de_la_Discriminaci%C3%B3n_contra_la_Mujer_Observaciones_referidas_a_las_mujeres_y_las_ni%C3%B1as/
Timestamp: 2019-04-25 04:07:29
Document Index: 134893008

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 10', 'artículo 12', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2296', 'artículo 1', 'artículo 16', 'artículo 4', 'artículo 48', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 20', 'artículo 18', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 29', 'artículo 44', 'artículo 50', 'artículo 30', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 46', 'Artículo 229', 'Artículo 136', 'artículo 14', 'Artículo 137']

1º Observaciones finales sobre el primer y segundo informe presentados por el Estado adoptadas en enero de 1996.1
El Comité examinó el informe inicial y el segundo informe periódico del Paraguay (CEDAW/C/PAR/1-2 y Add.1 y 2) en sus sesiones 289ª y 297ª, celebradas los días 17 y 23 de Enero de 1996 (véase CEDAW/C/SR. 289 y 297). El Comité tomó nota de las respuestas orales dadas a la gran variedad de preguntas y preocupaciones planteadas durante el examen del informe.
El Comité urge al Estado parte a continuar las iniciativas dirigidas a actualizar y compatibilizar la legislación nacional con el principio constitucional de igualdad y los artículos de la Convención. En este sentido recomendó especiales esfuerzos en la revisión del Código Penal y leyes conexas, a la luz de la recomendación general 19 sobre la violencia contra la mujer.
El Comité recomendó que el Estado parte fortaleciera la situación política y los aspectos administrativo y económico del mecanismo nacional (la Secretaría de la Mujer) en concordancia con el artículo 7 de la Convención.
El Comité apreció los esfuerzos realizados en el propósito de implementar el sistema de cuotas en los órganos de decisión y recomendó su adopción y aplicación en todas las esferas y niveles posibles, incluyendo los poderes públicos, los partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 7 de la Convención.
El Comité recomendó al Estado parte a fortalecer y ampliar sus iniciativas dirigidas a extender la educación bilingüe entre todos los ciudadanos y muy especialmente entre las mujeres y a combatir los factores socioeconómicos y culturales que provocaban la alta deserción escolar y el analfabetismo entre ellas, de conformidad con las disposiciones del artículo 10 de la Convención.
El Comité instó al Estado parte a cumplir con los derechos contenidos en el artículo 12 de la Convención en todas sus partes y destacó la urgencia con la cual al Estado parte que enfrentara el elevado índice de mortalidad materna y la incidencia del aborto clandestino y que examine la posibilidad de revisar las medidas punitivas de la ley sobre abortos, de conformidad con la Plataforma de Acción de Beijing. Asimismo recomendó proveer suficientes y adecuados servicios e información sobre planificación familiar.
El Comité recomendó al Estado parte profundizar sus esfuerzos para garantizar la igualdad en la distribución y propiedad de la tierra y en todo lo que su explotación productiva implica, de acuerdo con los señalamientos de los artículos 11, 14 y 16 de la Convención.
El Comité recomienda una amplia difusión de la Convención entre las mujeres, principalmente entre las mujeres, y en especial, las campesinas e indígenas.
2º Observaciones finales sobre los informes del tercer al quinto presentados por el Estado adoptadas el 14 de enero de 2005.2
El Comité examinó los informes periódicos tercero y cuarto combinados y quinto de Paraguay (CEDAW/C/PAR/3 y 4 y CEDAW/C/PAR/5 y Corr.1) en sus sesiones 671a y 672a, celebradas el 14 de enero de 2005.
Problemas principales y recomendaciones3
El Comité expresó preocupación porque el Estado parte no hubiera adoptado medidas adecuadas para poner en práctica las recomendaciones relativas a diversas inquietudes señaladas en anteriores observaciones finales en 1996 (documento A/51/38). En particular, observó que no se habían abordado de manera suficiente sus preocupaciones por la baja participación de la mujer en los organismos de adopción de decisiones y en la vida política y pública (párr. 129) y por las elevadas tasas de analfabetismo y deserción escolar de las mujeres (párr.130).
El Comité reiteró esas preocupaciones y recomendaciones e instó al Estado parte a que procediera a abordarlas sin dilación, a la luz de las recomendaciones generales 23, sobre la vida política y pública, y de la 25, sobre el párrafo 1 del artículo 4 relativo a las medidas especiales de carácter temporal.
El Comité expresó preocupación de que, si bien en la Constitución se reconocía la igualdad entre mujeres y hombres en los artículos 47 y 48104, no había una definición de discriminación conforme al artículo 1 de la Convención ni una prohibición de esa discriminación ni en la Constitución ni en otra legislación nacional. El Comité manifestó también la inquietud de que, aunque la Convención formaba parte de la legislación nacional y podía invocarse ante los tribunales, no había causas en las que se hubiera invocado esas disposiciones. Al Comité le preocupaba igualmente la falta de programas de difusión de conocimientos jurídicos básicos para la mujer.
El Comité exhortó al Estado parte a que adoptara medidas urgentes para incorporar en la Constitución u otra legislación nacional una definición de discriminación contra la mujer como la contenida en el artículo 1 de la Convención5. También pidió al Estado parte que adoptara medidas para asegurar que las disposiciones de la Convención pudieran aplicarse eficazmente en el ordenamiento jurídico nacional. El Comité invitó al Estado parte a que adoptara medidas para sensibilizar a las mujeres acerca de sus derechos, a fin que pudieran hacer valer todos sus derechos.
El Comité observó con inquietud que, aunque la Constitución se refería al principio de igualdad, el término que fundamentalmente se usaba en los planes y programas era el de “equidad”, que el Estado parte consideraba como medio compensatorio de lograr igualdad.
El Comité instó al Estado parte a que tomara nota de que los términos “equidad” e “igualdad” no eran sinónimos o intercambiables, y que la Convención tenía por objeto eliminar la discriminación contra la mujer y asegurar la igualdad de jure y de facto entre mujeres y hombres. Por consiguiente, el Comité recomendó que el Estado parte usara en lo sucesivo el término “igualdad”.
Aunque encomió al Estado parte por la sanción de la Ley 1600 relativa a la violencia doméstica, que estatuía medidas protectoras para la mujer y otros miembros del hogar, en particular los niños y ancianos, el Comité expresó inquietud por que la pena aplicada a los autores de esa violencia fuera sólo una multa. También manifestó preocupación por que las disposiciones del Código Penal relativas a la violencia doméstica y los vejámenes sexuales sancionaran esos delitos en forma inadecuada.
El Comité exhortó al Estado parte a que adoptara un enfoque integral de la violencia contra la mujer y la niña. Con ese fin, instó al Estado parte a que emprendiera, sin dilación, una revisión del artículo 2296 y de los artículos 1367 y 1378 del Código Penal, para armonizarlos con la Convención y con la recomendación general 19 del Comité, relativa a una lucha contra todas las formas de violencia contra la mujer, incluida la violencia física, psicológica y económica, para lo cual se había de asegurar que los autores de esos actos fueran encausados y sancionados y que las mujeres estuvieran protegidas eficazmente contra las represalias. El Comité exhortó al Estado parte a que estableciera albergues y otros servicios para las víctimas de la violencia. El Comité invitó al Estado parte a que redoblara sus esfuerzos para sensibilizar a los funcionarios públicos, especialmente los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el poder judicial, los agentes de servicios de salud y los asistentes sociales, e inculcar la idea que la violencia era social y moralmente inadmisible y constituía una discriminación contra la mujer y una violación de sus derechos humanos. El Comité alentó al Estado parte a que mejorara la colaboración y coordinación con organizaciones de la sociedad civil, en particular las asociaciones femeninas, para fortalecer la aplicación y supervisión de la legislación y de los programas destinados a eliminar la violencia contra la mujer.
El Comité expresó inquietud por que la edad legal mínima para contraer matrimonio fuera de 16 años, tanto para las niñas como para los varones, y que esa edad precoz para contraer matrimonio impidiera que las niñas continuaran su educación y abandonaran tempranamente la escuela.
El Comité alentó al Estado parte a que adoptara medidas para aumentar la edad legal mínima para contraer nupcias para niñas y varones, con miras a conformarla al artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, a tenor de la cual se entendía por niño al menor de 18 años de edad, y con el párrafo 2 del artículo 16 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
A pesar de que apreciaba las iniciativas del Estado parte por abordar la cuestión de la trata de mujeres y niñas, incluidas la ratificación en 2003 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada, en 2004 del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y en 2003 del Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y el establecimiento de una junta interinstitucional con representantes de la sociedad civil para combatir la trata, el Comité estaba preocupado porque no se hubiera sancionado legislación nacional conforme a esos instrumentos y que las medidas sobre la explotación sexual y la trata de niñas y niños estuvieran ausentes del Código de la Niñez y la Adolescencia. También expresó preocupación por la falta de un plan general para prevenir y eliminar la trata de mujeres, proteger a las víctimas y recopilar datos sistemáticamente sobre el fenómeno.
El Comité recomendó que el Estado parte conformara su legislación nacional a los instrumentos internacionales ratificados y aplicara y financiara plenamente una estrategia nacional para combatir la trata de mujeres y niñas, que debía incluir el enjuiciamiento y castigo de los infractores. El Comité alentó también al Estado parte a que intensificara su cooperación internacional, regional y bilateral con otros países de origen, tránsito y destino de mujeres y niñas objeto de la trata. Recomendó que el Estado parte abordara las causas de la trata y adoptara medidas encaminadas a mejorar: la situación económica de la mujer a fin de eliminar su vulnerabilidad a los traficantes, las iniciativas de educación y las medidas de apoyo social y las medidas de rehabilitación y reintegración de las mujeres y niñas que habían sido víctimas de la trata9.
A pesar de que tomaba nota de las enmiendas del Código Laboral en cuanto a los trabajadores domésticos, el Comité seguía preocupado por la falta de cumplimiento del Código en los sectores público y privado, las deficientes condiciones de trabajo de las mujeres en el sector no estructurado, la baja participación de la mujer en el mercado de trabajo estructurado y las persistentes disparidades de sueldos entre las mujeres y los hombres y las prácticas discriminatorias contra los trabajadores domésticos, tales como la jornada de trabajo de 12 horas y la remuneración inferior al salario mínimo. El Comité, en particular, se declaró preocupado por el elevado número de niñas que realizaban trabajos domésticos sin remuneración.
El Comité instó al Estado parte a que estableciera mecanismos eficaces de supervisión del cumplimiento de la legislación vigente, en particular en cuanto se aplicaba a los trabajadores domésticos. También instó al Estado parte a que aplicara medidas especiales de carácter temporal conforme al párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la recomendación general 25, para aumentar el número de mujeres en la fuerza de trabajo estructurada. El Comité pidió al Estado parte que abordara la cuestión de las niñas en el trabajo doméstico, conformando sus políticas y su legislación a las obligaciones que había asumido de conformidad con los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo No. 138 y No. 182, relativos respectivamente a la edad mínima de admisión al empleo (14 años) y la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. También alentó al Estado parte a que emprendiera campañas de sensibilización por conducto de los medios de comunicación y los programas de educación pública sobre la situación de las niñas que realizaban trabajos domésticos. El Comité instó al Estado parte a que rectificara las causas subyacentes de que hubiera un número tan elevado de niñas en el trabajo doméstico.
El Comité seguía preocupado por la persistencia de elevadas tasas de mortalidad materna, en particular las defunciones por abortos ilegales, el acceso limitado de las mujeres a la atención de salud y a los programas de planificación de la familia y la aparente necesidad desatendida de anticonceptivos.
El Comité reiteró la recomendación formulada en anteriores observaciones finales y exhortó al Estado parte a que actuara sin dilación y adoptara medidas eficaces para resolver el problema de la elevada tasa de mortalidad materna y para impedir que las mujeres tuvieran que recurrir a abortos peligrosos y para protegerlas de sus efectos negativos sobre su salud, de acuerdo con la recomendación general 24 del Comité sobre el acceso a la atención de salud y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. El Comité instó al Gobierno a que fortaleciera la ejecución de programas y políticas encaminados a brindar un acceso efectivo a las mujeres a la información sobre la atención y los servicios de salud, en particular en materia de salud reproductiva y métodos anticonceptivos asequibles, con la mira de prevenir abortos clandestinos. Además, recomendó que se celebrara una consulta nacional con grupos de la sociedad civil, incluidos los grupos femeninos, para examinar la cuestión del aborto, que era ilegal de acuerdo con el derecho vigente y que constituía una de las causas de las elevadas tasas de mortalidad de las mujeres10.
El Comité seguía preocupado por la situación de las mujeres en las zonas rurales, que tenían un acceso limitado a la propiedad de la tierra, el crédito y los servicios de extensión, circunstancia que perpetuaba su deprimida condición social y económica, a pesar de la sanción del Estatuto Agrario11.También se manifestó preocupado por el uso generalizado de fertilizantes y plaguicidas que, en los casos de uso indebido, eran nocivos para la salud de la mujer y sus familias en las zonas rurales.
El Comité instó al Estado parte a que velara por los derechos, las necesidades y las preocupaciones de las mujeres en el medio rural mediante la aplicación, efectiva y sin dilación, del Estatuto Agrario y la ejecución de programas de formación profesional para la mujer rural, a fin de brindarle igualdad de oportunidades y acceso al mercado de trabajo. Alentó asimismo al Estado parte a que velara por la participación de las mujeres en las zonas rurales en la formulación de las políticas encaminadas a beneficiar a las zonas rurales y para mejorar su acceso a tecnologías ecológicamente racionales que no fueran perjudiciales para su salud.
El Comité se dijo preocupado por las deficientes condiciones de las mujeres indígenas, incluidas las mujeres guaraníes monolingües, que plasmaban en sus elevadas tasas de analfabetismo, superiores al promedio nacional, las bajas tasas de matriculación escolar, el acceso limitado a la atención de salud y los niveles significativos de pobreza, que las impulsaba a migrar a los centros urbanos, donde eran aún más vulnerables a sufrir múltiples formas de discriminación.
El Comité exhortó al Estado parte a que estableciera un mecanismo para vigilar y evaluar la ejecución y la repercusión de los planes y políticas actuales encaminados a lograr la igualdad para las mujeres y a que tomara medidas correctivas, cuando fuera necesario, si comprobaba que eran inadecuados para alcanzar las metas previstas. El Comité invitó al Estado parte a que incluyera en su próximo informe una evaluación, con estadísticas, de la repercusión sobre las mujeres, incluidas las mujeres indígenas, las mujeres guaraníes monolingües y las mujeres de las zonas rurales, de las actividades, medidas, políticas y estudios encaminados a lograr la igualdad de facto entre las mujeres y los hombres.
El Comité pidió que se diera amplia difusión en el Paraguay a las presentes observaciones finales para que el pueblo del Paraguay, en particular los funcionarios de la administración pública, los políticos, los parlamentarios y las organizaciones femeninas y de derechos humanos, estuvieran al corriente de las medidas adoptadas para asegurar la igualdad de jure y de facto de las mujeres y las medidas que serían necesarias en ese sentido en el futuro. También pidió al Estado parte que continuara difundiendo ampliamente, en particular entre las organizaciones femeninas y de derechos humanos, la Convención y su Protocolo Facultativo, las recomendaciones generales del Comité y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, así como los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”.
3º Observaciones finales sobre el sexto informe presentado por el Estado adoptadas el 5 de octubre de 2011.12
El Comité examinó el sexto informe periódico del Paraguay (CEDAW/C/PAR/6 y Corr.1) en sus sesiones 1000ª y 1001ª, celebradas el 5 de octubre de 2011 (CEDAW/C/SR.1000 y 1001). La lista de cuestiones y preguntas del Comité figura en el documento CEDAW/C/PRY/Q/6, y las respuestas del Gobierno del Paraguay, en el documento CEDAW/C/PRY/Q/6/Add.1.
El Comité recuerda la obligación del Estado parte de aplicar de manera sistemática y continua todas las disposiciones de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y considera que las preocupaciones y recomendaciones que se señalan en las presentes observaciones finales requieren la atención prioritaria del Estado parte desde el momento actual hasta la presentación del próximo informe periódico. En consecuencia, el Comité insta al Estado parte a que centre sus actividades de aplicación en esas esferas y dé cuenta de las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en su próximo informe periódico. Asimismo, le exhorta a que remita las presentes observaciones finales a todos los ministerios competentes, a las dos cámaras del Parlamento y al poder judicial para garantizar su plena aplicación.
Al tiempo que reafirma que el Gobierno tiene la responsabilidad principal del pleno cumplimiento de las obligaciones que incumben al Estado parte en virtud de la Convención y debe particularmente rendir cuentas al respecto, el Comité destaca que la Convención es vinculante para todos los poderes del Estado, por lo que invita al Estado parte a que aliente a las dos cámaras del Parlamento, conforme a sus procedimientos y cuando sea procedente, a que adopten las medidas necesarias con respecto a la puesta en práctica de las presentes observaciones finales y al próximo proceso de presentación de informes del Gobierno en virtud de la Convención.
El Comité toma nota de la información proporcionada por el Estado parte sobre las medidas en vigor, como la difusión de la Convención y de su Protocolo Facultativo, en español y en guaraní, entre los funcionarios públicos a nivel nacional, provincial y municipal. El Comité también toma nota de las producciones en audio de la Convención realizadas por el Estado parte para los paraguayos ciegos y con discapacidad visual. Sin embargo, preocupa al Comité que en esas medidas no se dé suficiente importancia a los dos instrumentos, especialmente en la sociedad en general. Le inquieta en particular que las propias mujeres no sean suficientemente conscientes de los derechos que les confiere el Convenio ni del procedimiento de denuncia establecido en el Protocolo Facultativo, y por lo tanto carezcan de la capacidad necesaria para reclamar la promoción, la protección y el respeto plenos de sus derechos en pie de igualdad con los hombres.
El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas para que la Convención, su Protocolo Facultativo y las recomendaciones generales del Comité sean mejor conocidos entre todos los interesados, en particular los ministerios gubernamentales, los parlamentarios, los jueces y los agentes del orden, así como para que sean adecuadamente difundidos entre ellos, con el fin de sensibilizar a las mujeres en materia de derechos humanos. El Comité también insta al Estado parte a que emprenda campañas de sensibilización dirigidas a las mujeres, al poder judicial y a los profesionales del derecho, y a que vele por que las mujeres dispongan de procedimientos y puedan interponer recursos en caso de violación de los derechos que les confiere la Convención.
Preocupa al Comité que, pese a la prohibición contenida en el artículo 48 de la Constitución, la legislación del Estado parte no contenga una definición de la discriminación de conformidad con el artículo 1 de la Convención. Además le preocupa que, pese a la elaboración de proyectos de ley sobre la igualdad y sobre la lucha contra todas las formas de discriminación contra la mujer, refrendados por entidades ministeriales, por varias comisiones del poder legislativo y por la sociedad civil, esos proyectos no hayan sido aprobados por el Parlamento. La inexistencia de una ley de gran amplitud afecta principalmente a los grupos desfavorecidos de mujeres, en particular las mujeres rurales e indígenas, las lesbianas y las transexuales, que son particularmente vulnerables a la discriminación. Preocupa asimismo al Comité que en la legislación subsistan disposiciones discriminatorias, lo cual denota la necesidad de armonizar en mayor medida la legislación interna con los instrumentos internacionales ratificados por el Estado parte.
El Comité reitera su recomendación al Estado parte de que adopte medidas efectivas para prohibir la discriminación contra la mujer, de conformidad con el artículo 1 de la Convención, mediante la aprobación de las disposiciones legislativas nacionales adecuadas, tales como el proyecto de ley amplia sobre la discriminación, que está en espera de aprobación por el Parlamento. El Comité recomienda asimismo al Estado parte que examine su legislación interna para armonizarla con la Convención.
El Comité toma nota de la información facilitada por la delegación sobre el presupuesto y los recursos humanos asignados a la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República y lamenta que el estatus de esa Secretaría no le permita influir en las decisiones del Gobierno. El Comité observa asimismo el considerable aumento del presupuesto de la Secretaría de la Mujer, pero deplora que ese aumento proceda principalmente de fuentes externas que quizás no resulten sostenibles.
El Comité recomienda al Estado parte que considere la posibilidad de:
Elevar el estatus de la Secretaría de la Mujer en el actual proceso de modernización del Estado;
Integrar la Secretaría de la Mujer en el gabinete ministerial, y
Asignar, con cargo al presupuesto nacional y de manera sostenible, recursos humanos, técnicos y financieros suficientes a la Secretaría de la Mujer y a otras entidades que tengan mandatos relacionados con el género, y velar por su coordinación, así como por el mejoramiento de los datos estadísticos necesarios.
Preocupa al Comité el desconocimiento de la importancia de las medidas especiales de carácter temporal para acelerar la consecución de la igualdad substantiva de género en todas las esferas de la Convención. El Comité toma nota de la adopción de medidas especiales respecto de la participación de la mujer en la vida política, que prevén una cuota mínima del 20% de mujeres en las listas de candidatos en las elecciones primarias, y de la aplicación de la Ley agraria que concede trato preferencial a las familias encabezadas por mujeres. Preocupa no obstante al Comité que estas medidas no hayan producido el efecto de acelerar la participación de la mujer en pie de igualdad en la vida política ni de conseguir la igualdad de facto entre el hombre y la mujer de acuerdo con el artículo 4, párrafo 1, de la Convención.
El Comité recomienda al Estado parte que adopte nuevas medidas para extender la aceptación de medidas especiales de carácter temporal y su aplicación general, de conformidad con el artículo 4, párrafo 1, de la Convención y con la Recomendación general Nº 25 (2004) del Comité, como parte de la estrategia necesaria para acelerar la consecución de la igualdad sustantiva de la mujer, en particular de las mujeres pertenecientes a grupos desfavorecidos, en todas las esferas de la vida como la salud, la educación y el empleo.
Preocupa al Comité la persistencia de actitudes tradicionales discriminatorias y la influencia negativa dominante de algunas manifestaciones de creencias religiosas y patrones culturales en el Estado parte, que perturban la promoción de los derechos de la mujer y la plena aplicación de la Convención, en particular los derechos a la salud sexual y reproductiva. El Comité expresa preocupación por la falta de reglamentación de los medios de comunicación, que permite la difusión de estereotipos relativos a la imagen de la mujer. Los estereotipos se reiteran incluso aún más en el sistema educativo del país.
Redoble sus esfuerzos para organizar campañas de sensibilización y educación pública dirigidas a la población en general y, en particular, a los dirigentes políticos y religiosos y a los funcionarios del Gobierno, con miras a cambiar las actitudes tradicionales asociadas a la discriminación de género en la familia y en la sociedad en general, de conformidad con los artículos 2 f. y 5 a. de la Convención, y
Aliente la autorreglamentación de los medios de información y la adopción de un código de conducta a fin de evitar los estereotipos y las prácticas de discriminación de género.
El Comité observa que el Estado parte ha adoptado diferentes medidas para proteger a la mujer de la violencia doméstica, tales como el reforzamiento de cinco comisarías de policía en lo tocante a sus mecanismos de recepción de denuncias, que permitió registrar, entre febrero de 2010 y marzo de 2011, un total de 7.066 denuncias cuyas víctimas eran mujeres en un 64,6% de los casos. Sin embargo, preocupa al Comité la falta de un sistema coordinado y coherente de obtención de datos sobre la violencia de género. El Comité observa asimismo la existencia del Programa Nacional de Prevención y Atención Integral a víctimas de violencia de género, servicio que ha sido incluido en siete hospitales de diferentes regiones del país, y la normalización de su personal sanitario. Sin embargo, preocupa al Comité la necesidad de seguir capacitando al personal médico a fin de que preste la debida atención a la mujer. El Comité observa igualmente el reciente establecimiento del primer centro de acogida de mujeres víctimas de la violencia. Pese a la adopción de estas medidas, la incidencia de la violencia contra la mujer sigue siendo elevada y el Comité continúa preocupado ante la falta de una ley general sobre la violencia doméstica.
Acelere la aprobación de un proyecto de ley general para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, de conformidad con la Convención y la Recomendación general Nº 19 (1992) sobre la violencia contra la mujer;
Combata eficazmente todas las formas de violencia contra la mujer, incluida la violencia física, psicológica y económica, velando por que los autores de esos actos sean encausados y sancionados y por que se proteja efectivamente a las mujeres contra las represalias;
Intensifique sus esfuerzos por aumentar la concienciación entre los funcionarios públicos, especialmente las fuerzas del orden, los funcionarios judiciales, los proveedores de salud y los trabajadores sociales y refuerce la concienciación de que esa violencia es social y moralmente inaceptable y constituye una discriminación contra la mujer y una violación de sus derechos humanos, y
Intensifique su colaboración y la coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, en particular las asociaciones de mujeres, a fin de reforzar la aplicación y supervisión de las leyes y programas destinados a eliminar la violencia contra la mujer.
Aun apreciando los esfuerzos del Estado parte por hacer frente al problema de la trata de mujeres y niñas, el Comité sigue preocupado por la dimensión alarmante de la trata, dado que el Estado parte es país de origen, de destino y de tránsito a ese respecto. Inquieta también al Comité la falta de una ley integral de la trata que cumpla plenamente el artículo 6 de la Convención. El Comité observa la creación de una dirección de prevención y atención a víctimas de trata de personas, pero le preocupa la falta de recursos humanos y financieros para combatir adecuadamente la trata y la explotación de la prostitución y ofrecer protección y servicios a las víctimas. El Comité toma nota de la elaboración de una Política Nacional de prevención y lucha contra la trata de personas, pero le preocupa que el Estado parte no la haya aprobado todavía, así como la necesidad de asignar recursos suficientes para su aplicación. Inquieta asimismo al Comité que no se haya condenado a perpetrador de actos de trata en 2010. El Comité subraya la necesidad de seguir colaborando con los países vecinos para afrontar adecuadamente el problema de la trata.
Intensifique sus esfuerzos en forma de medidas contra la trata con miras a abordar de manera general y completa las complejidades del fenómeno de la trata de mujeres y niñas y de la explotación de la prostitución;
Adopte una ley de la trata que cumpla plenamente el artículo 6 de la Convención;
Adopte mecanismos efectivos de remisión e identificación de las víctimas de la trata;
Adopte las medidas necesarias para investigar la extensión y las causas de la trata interna de mujeres y de niños a fin de elaborar y aplicar una estrategia integral para prevenir la trata y sancionar a sus autores;
Refuerce sus mecanismos de investigación, enjuiciamiento y castigo de los perpetradores de la trata, y
Intensifique su labor de cooperación internacional, regional y bilateral con los países de origen, de tránsito y de destino para prevenir la trata mediante el intercambio de información, y armonice los procedimientos jurídicos destinados al enjuiciamiento y castigo de los autores de la trata.
Preocupa al Comité que la presencia y la participación de las mujeres en la vida política y pública del país siga siendo muy limitada, pese al ligero aumento registrado en la representación de las mujeres en el servicio exterior. Inquieta al Comité la falta de conocimiento y el rechazo de las medidas especiales de carácter temporal destinadas a acelerar la consecución de la igualdad de la mujer. Le preocupa igualmente la falta de mecanismos de supervisión de la aplicación de las medidas especiales de carácter temporal, débiles y limitadas, adoptadas hasta la fecha sobre la participación de las mujeres en la vida política y pública.
Lleve a cabo campañas de concienciación sobre la importancia de la participación de la mujer en la vida política y pública, especialmente en las zonas rurales;
Aumente la representación de la mujer en la vida política y pública, incluso a nivel internacional;
Examine la aplicación de medidas especiales de carácter temporal de conformidad con el artículo 4, párrafo 1, de la Convención y con sus Recomendaciones generales Nº 25 (2004) y Nº 23 (1997), y
Incluya en la aplicación de esas medidas el establecimiento de objetivos con calendarios para alcanzarlos y de cuotas más altas, a fin de aumentar la representación política de la mujer.
Preocupa al Comité la elevada tasa de embarazos entre las adolescentes, que afecta a la continuación y conclusión de sus estudios, así como la falta de datos desglosados adecuadamente y de información sobre las razones que impulsan a las embarazadas a abandonar los estudios. Preocupa también al Comité la suspensión de la aplicación del Marco Rector Pedagógico para la educación integral para la sexualidad, elaborado por el Ministerio de Educación de manera participativa con la colaboración de varias instituciones y con objeto de impartir una educación integral a los niños y evitar los comportamientos de riesgo y los abusos que persisten en la sociedad. Inquieta igualmente al Comité las deficiencias en la educación de las niñas indígenas.
Aplique políticas específicas para aplicar y hacer cumplir la Ley Nº 4084/2010 a fin de facilitar el ingreso y la permanencia en la escuela, así como de apoyar el rendimiento académico durante el embarazo y la maternidad, y aplique también otras medidas especiales que estimulen a las adolescentes embarazadas a continuar sus estudios;
Implemente un sistema de reunión de datos sobre las razones del abandono escolar en relación con los embarazos tempranos y otros factores influyentes;
Considere la oportunidad de restablecer el Marco Rector Pedagógico para la educación integral para la sexualidad y adopte las medidas necesarias a tal efecto, y
Intensifique su labor encaminada a dar iguales oportunidades de educación a las jóvenes indígenas.
El Comité expresa su preocupación por la fragilidad de las condiciones de trabajo de la mujer tanto en el sector estructurado como en el sector no estructurado de la economía, por la persistencia de la segregación en el trabajo y por la concentración de mujeres en empleos poco remunerados y en empleos en el sector no estructurado, así como por las disparidades salariales entre mujeres y hombres en los sectores público y privado. Le preocupan la situación de los trabajadores domésticos, el gran predominio de las mujeres en ese sector, las disposiciones legales que permiten jornadas de hasta 12 horas de trabajo, la existencia de salarios inferiores al 40% del salario mínimo legal, la falta de seguridad en el empleo y la inexistencia de prestaciones del régimen de pensiones. Inquietan profundamente al Comité la persistencia del trabajo infantil doméstico no remunerado o criadazgo, pese a que esta forma de trabajo está prohibida por la ley, y el hecho de que no haya mecanismos de prohibición eficaces y de que no se hayan puesto en práctica políticas concretas susceptibles de aplicación. Preocupa igualmente al Comité la falta de sanciones por el incumplimiento de las disposiciones legislativas que establecen la obligación de disponer de guarderías en las empresas con más de 50 empleados.
Adopte todas las medidas necesarias para lograr una mejor aplicación de su legislación laboral, poner remedio a las desigualdades salariales y alentar a la mujer a buscar empleo en esferas no tradicionales;
Modifique la legislación a fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores domésticos, incluido el acceso a las prestaciones de la seguridad social;
Refuerce su vigilancia del criadazgo, aplique políticas destinadas a erradicar esa práctica, y realice campañas de concienciación a través de los medios de información y los programas de educación pública sobre la situación de las jóvenes que realizan trabajos domésticos y sus derechos;
Refuerce sus mecanismos de inspección del trabajo e imponga sanciones a las empresas con más de 50 empleados que no cumplen la obligación legal de proporcionar servicios de guardería, y
Ratifique el Convenio Nº 189 de la OIT sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos.
El Comité acoge con beneplácito los esfuerzos del Estado parte por mejorar el acceso a los servicios públicos y su utilización, a través de la adopción de medidas tales como el libre acceso a la atención primaria de la salud, en particular la salud reproductiva. Sin embargo, el Comité sigue preocupado por la insuficiencia del presupuesto destinado a la atención de la salud, por la falta de una ley integral sobre la salud sexual y reproductiva y los derechos conexos, y por la falta de políticas específicas de integración de los derechos humanos y de la perspectiva de género en los planes y programas de salud. Alarma al Comité el hecho de que la tasa de mortalidad materna siga siendo muy elevada, sobre todo como resultado de los abortos practicados en condiciones de riesgo. El Comité también está inquieto por el hecho de que la inexistencia de un código o política de confidencialidad en los centros médicos viole el derecho de privacidad de los pacientes, en particular las mujeres que están ingresadas en hospitales por complicaciones del aborto.
El Comité, reiterando las recomendaciones formuladas en sus anteriores observaciones finales y recordando su Recomendación general Nº 24 (1999) sobre las mujeres y la salud, así como la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, recomienda al Estado parte que:
Actúe sin demora y aplique medidas efectivas para hacer frente a la elevada tasa de mortalidad materna, impedir que las mujeres tengan que recurrir a abortos en condiciones de riesgo y suprimir las disposiciones punitivas que se aplican a las mujeres que se hayan sometido a abortos;
Adopte una política de mantenimiento de la privacidad de las pacientes para salvaguardar la confidencialidad de la relación entre el médico y la paciente, especialmente al tratar a mujeres por complicaciones del aborto;
Refuerce la capacidad de las instituciones de atención de la salud y la aplicación de los programas y las políticas destinados a proporcionar a la mujer un acceso efectivo a la información y a los servicios de atención de la salud, en particular por lo que se refiere a la salud reproductiva y a unos métodos anticonceptivos asequibles, con objeto de prevenir los abortos clandestinos, y
Apruebe el reglamento de la Ley Nº 2907/06 con objeto de disponer del presupuesto necesario para proporcionar métodos anticonceptivos.
El Comité acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por el Estado parte para tomar medidas que mejoren los servicios institucionales dedicados a la mujer rural, tales como la elaboración de una Política Específica para Mujeres Rurales. Sin embargo, sigue preocupado por la situación de desventaja en que se encuentran las mujeres rurales, que son pobres en su mayoría, tienen problemas de acceso a los servicios sociales y de salud y carecen de la posibilidad de acceder a la propiedad de la tierra, no por impedimentos legales sino a causa de prácticas tradicionales y patrones culturales que se manifiestan con más fuerza en las zonas rurales y en las comunidades indígenas. Inquieta al Comité que, pese a las medidas aplicadas para regular el empleo de productos agrotóxicos, su uso indebido en la agricultura pueda afectar negativamente a la salud de las mujeres rurales.
Aplique políticas específicas para promover el disfrute efectivo de los derechos de la mujer, incluso a través de medidas especiales de carácter temporal que aceleren el logro de la igualdad substantiva;
Redoble sus esfuerzos por aprobar programas integrales de salud y educación a escala nacional, incluidos los programas relacionados con la alfabetización funcional, el desarrollo empresarial, la formación práctica y la microfinanciación, como medios de reducir la pobreza, y
Realice un estudio amplio sobre las probables causas negativas del uso indebido de productos agrotóxicos en la agricultura, a fin de aplicar las medidas necesarias para erradicar su impacto en la salud de las mujeres y de sus hijos.
El Comité acoge con satisfacción los esfuerzos desplegados por el Estado parte para mejorar las condiciones de vida de las mujeres indígenas, en particular las mujeres guaraníes monolingües. Sin embargo, reitera su preocupación por la persistencia del analfabetismo, la baja tasa de matriculación escolar, el reducido acceso a la atención de salud y el alto nivel de pobreza. El Comité está profundamente preocupado por la elevada vulnerabilidad en lo que respecta al derecho al agua potable y a una alimentación suficiente, especialmente en la región del Chaco, repetidamente afectada por las sequías. Inquietan asimismo al Comité los salarios de las mujeres indígenas, que son normalmente inferiores a la media nacional.
Adopte medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con el artículo 4, párrafo 1, de la Convención y con la Recomendación general Nº 25 (2004) del Comité, para acelerar el disfrute efectivo de los derechos de las mujeres indígenas;
Vele por que las mujeres indígenas tengan fácil acceso a las escuelas y a los servicios de salud de manera asequible, tanto física como financieramente, con servicios bilingües y porque se tengan en cuenta las necesidades especiales de las mujeres de comunidades indígenas monolingües, y
Redoble sus esfuerzos por hacer efectivo el derecho al agua y a una alimentación suficiente de manera consultiva y participativa, con la intervención de las mujeres indígenas a fin de conseguir resultados culturalmente adecuados.
El Comité reitera su inquietud por la edad mínima legal para contraer matrimonio, que sigue siendo de 16 años tanto para los hombres como para las mujeres, y observa que la Ley del divorcio (Nº 45/91) prevé la igualdad en el matrimonio; sin embargo, le preocupa que los tres regímenes patrimoniales entre los que se puede optar en el matrimonio no sean suficientemente conocidos por el público y que las mujeres desconozcan particularmente las consecuencias económicas de su elección. Inquieta asimismo al Comité que, según el régimen de comunidad de bienes, la definición de la propiedad que se dividirá a partes iguales tras el divorcio no incluya los activos intangibles, como las prestaciones relacionadas con el trabajo, y que no haya mecanismos para compensar las disparidades económicas entre los cónyuges. Preocupa igualmente al Comité la insuficiencia de las disposiciones legislativas y de los recursos judiciales para exigir una paternidad responsable.
El Comité reitera su recomendación al Estado parte de que adopte las medidas necesarias con objeto de elevar la edad mínima legal para contraer matrimonio de hombres y mujeres. Asimismo, recordando su Recomendación general Nº 21 (2004) sobre la igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares, recomienda al Estado parte que:
Organice una campaña de concienciación de las mujeres sobre la elección de régimen patrimonial en el matrimonio y sus consecuencias para su bienestar y su seguridad económica;
Vele por que el concepto de comunidad de bienes se extienda a los activos intangibles, incluidas las prestaciones por concepto de pensiones y de seguros y otros activos profesionales, y adopte las medidas legales necesarias para compensar la desigual participación de las mujeres en el trabajo no remunerado, incluidos los pagos conyugales después de la separación, y
Siga mejorando la legislación y las medidas administrativas vigentes sobre las reclamaciones de paternidad, en particular mediante la subvención de las pruebas de ADN, y continúe mejorando los mecanismos judiciales encargados de tramitar tales casos.
El Comité alienta al Estado parte a que acelere el examen de la enmienda del artículo 20, párrafo 1, de la Convención, relativo al tiempo asignado a las reuniones del Comité.
El Comité insta al Estado parte a que, en el cumplimiento de las obligaciones que le impone la Convención, utilice plenamente la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, que refuerzan las disposiciones de la Convención, y pide al Estado parte que incluya información al respecto en su próximo informe periódico.
El Comité subraya que la aplicación plena y efectiva de la Convención es indispensable para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Pide que en todas las actividades encaminadas a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio se integre una perspectiva de género y se reflejen expresamente las disposiciones de la Convención, y pide al Estado parte que incluya información al respecto en su próximo informe periódico.
El Comité pide al Paraguay que dé amplia difusión a las presentes observaciones finales a fin de que la población, los funcionarios públicos, los políticos, los parlamentarios y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos conozcan las medidas que se han tomado para garantizar la igualdad de hecho y de derecho entre hombres y mujeres, así como las nuevas medidas que es preciso adoptar a ese respecto. El Comité recomienda que la difusión se haga en particular al nivel de las comunidades locales. Se alienta al Estado parte a organizar una serie de reuniones para estudiar los progresos conseguidos en la aplicación de las presentes observaciones finales. El Comité pide al Estado parte que difunda ampliamente, sobre todo entre las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, las recomendaciones generales del Comité, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”.
El Comité pide al Estado parte que, en el plazo de dos años, proporcione información por escrito sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones que figuran en los párrafos 23 y 31.
El Comité pide al Estado parte que vele por la amplia participación de todos los ministerios y órganos públicos en la preparación de su próximo informe y que, durante esa fase, consulte a diversas organizaciones de mujeres y de derechos humanos.
El Comité pide al Estado parte que responda a las preocupaciones expresadas en las presentes observaciones finales en el próximo informe periódico que prepare en virtud del artículo 18 de la Convención, y le invita a que le presente su séptimo informe periódico en octubre de 2015.
El Comité invita al Estado parte a que se atenga a las directrices armonizadas sobre la preparación de informes en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos, aprobadas en la quinta reunión de los comités que son órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, celebrada en junio de 2006 (HRI/MC/2006/3 y Corr.1). Las directrices para la presentación de los informes que se refieren concretamente a la Convención, aprobadas por el Comité en su 40º período de sesiones, en enero de 2008, deben aplicarse juntamente con las directrices armonizadas sobre la preparación del documento básico común. Conjuntamente, constituyen las directrices armonizadas para la presentación de informes en virtud de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El documento que se refiere concretamente a la Convención debe limitarse a 40 páginas.
4º Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico del Paraguay.14
D. Principales esferas de preocupación y recomendaciones15
Adopte medidas para combatir los ataques contra la igualdad de género en el discurso público y derogue la resolución núm. 29664 del Ministerio de Educación y Ciencias;
Amplíe la creación de capacidad en materia de igualdad de género para los funcionarios gubernamentales, los parlamentarios, los dirigentes de los partidos políticos y de los movimientos religiosos y los agentes de los medios de comunicación públicos y privados;
Garantice que tengan lugar las consultas y la colaboración necesarias con una amplia base de representantes de la sociedad civil a la hora de formular leyes, políticas y programas con respecto a la eliminación de la discriminación por razón de género y la promoción de la igualdad de género.
El Comité, recordando sus anteriores observaciones finales (CEDAW/C/PRY/CO/6, párr. 13 ), recomienda al Estado parte que agilice la aprobación del proyecto de ley que prohíbe todas las formas de discriminación, que debería incluir una definición de discriminación, de conformidad con el artículo 1 de la Convención, abarcar la discriminación directa e indirecta y la discriminación en los ámbitos público y privado y reconocer las formas interrelacionadas de discriminación, incluida la discriminación contra las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales y las personas intersexuales, de conformidad con las recomendaciones que contaron con el apoyo del Estado parte en el segundo ciclo del examen periódico universal (véase A/HRC/32/9, párrs. 102.38 y 102.52 a 102.56). El Comité recomienda asimismo que el Estado parte proceda a un examen completo de su legislación para eliminar todas las disposiciones discriminatorias.
Recordando su recomendación general núm. 33 (2015) sobre el acceso de las mujeres a la justicia, el Comité recomienda que el Estado parte refuerce el sistema judicial, por ejemplo:
Fomentando la profesionalidad, la independencia y la rendición de cuentas de los jueces, los fiscales y los agentes de policía, entre otros, en los procedimientos de selección, ascenso y destitución, reforzando los procedimientos de investigación y enjuiciamiento y garantizando la pena en los casos de corrupción en el poder judicial, a fin de restablecer la confianza de las mujeres en el sistema judicial;
Acelerando la adopción de medidas legislativas para garantizar la disponibilidad de los recursos financieros, técnicos y humanos especializados suficientes para tramitar los casos de manera oportuna, no discriminatoria y competente, teniendo en cuenta las cuestiones de género, y ampliando el alcance de las casas de justicia, entre otras cosas, incrementando su número;
Fomentando de manera sistemática el desarrollo de la capacidad de jueces, fiscales, abogados, agentes de policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en relación con los protocolos adoptados para mejorar el acceso a la justicia de grupos específicos, así como la capacitación sobre los derechos de la mujer, en particular la Convención y las recomendaciones generales del Comité y su jurisprudencia con arreglo al Protocolo Facultativo.
Los recursos humanos, técnicos y financieros asignados para la aplicación de las responsabilidades cambiantes del Ministerio de la Mujer, y para permitir su representación en todas las regiones del Estado parte, son insuficientes;
El presupuesto asignado al tercer plan nacional de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es insuficiente para su aplicación efectiva;
La Defensoría del Pueblo no está en conformidad con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París) y su alcance es limitado en lo que se refiere al examen y formulación de recomendaciones sobre las denuncias presentadas por mujeres por la violación de su derecho humano a la igualdad entre los géneros.
Otorgue prioridad al mandato del Ministerio de la Mujer e incremente considerablemente los recursos humanos, técnicos y financieros que se le asignan, de tal manera que pueda cumplir de manera eficaz su mandato de vigilar la situación de las mujeres, aplicar políticas y leyes relativas a la igualdad entre los géneros en todas las dependencias administrativas del Estado parte y garantizar su coordinación eficaz;
Garantice la asignación de un presupuesto independiente y suficiente para la aplicación eficaz del tercer plan nacional de igualdad de oportunidades y para la supervisión y evaluación de sus efectos;
Vele por que la Defensoría del Pueblo se ajuste plenamente a los Principios de París y asigne los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para el cumplimiento de su mandato, que incluye la eliminación de todas las formas y los motivos de discriminación.
**El Comité reitera su recomendación anterior (CEDAW/C/PRY/CO/ 6, párr.
de que el Estado parte adopte medidas adicionales para fomentar la utilización de medidas especiales de carácter temporal y su aplicación más amplia, de conformidad con el artículo 4 1) de la Convención y la recomendación general núm. 25 del Comité (2004) sobre las medidas especiales de carácter temporal, como parte de una estrategia necesaria para acelerar la consecución de la igualdad sustantiva de la mujer, en particular para los grupos de mujeres que afrontan formas interrelacionadas de discriminación, como las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes y las mujeres de las zonas rurales, en todas las esferas de la vida en las que están insuficientemente representadas o se encuentran desfavorecidas, como en los sectores de la salud, la educación y el empleo** .
Ponga en marcha, sin demora, una estrategia integral para fomentar la conciencia pública sobre el concepto de género y eliminar las actitudes patriarcales y los estereotipos que discriminan a la mujer, que debería incluir educación y campañas de sensibilización dirigidas a las mujeres y los hombres de todos los estratos sociales, en particular los dirigentes comunitarios y religiosos, y centrarse en particular en el reconocimiento del valor y la dignidad de las mujeres y empoderarlas para que participen en los procesos de adopción de decisiones en la comunidad y en la sociedad en su conjunto, y debería contar con la participación de las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones de los medios de difusión en la aplicación de la estrategia;
Fomente la adopción de un código de conducta para la publicidad en los medios de comunicación públicos y privados, con miras a evitar los estereotipos y las prácticas de discriminación de género en los medios de comunicación (CEDAW/C/PRY/CO/ 6, párr. 19), y vuelva a establecer una entidad que supervise la caracterización de la mujer en los medios de comunicación públicos y privados;
Amplíe la capacitación con perspectiva de género a los medios de comunicación privados, animándolos a transmitir una imagen positiva de la mujer y de su igualdad con el hombre en la vida pública y privada y a eliminar la imagen de las mujeres como objetos sexuales.
La insuficiencia de los recursos asignados a la aplicación del plan nacional para la prevención, atención, seguimiento de casos y protección a mujeres en situaciones de violencia;
La escasez de denuncias de violencia contra la mujer, en parte a causa de las limitaciones en la disponibilidad de los servicios de protección a las víctimas y en el acceso a ellos;
La violencia doméstica contra la mujer representa presuntamente la mitad de los casos de violencia por razón de género en el Estado parte;
El discurso de odio y los actos de violencia contra las mujeres transexuales, así como la falta de investigaciones, enjuiciamientos y condenas de los autores de tales actos;
La falta de un sistema unificado, coordinado y coherente de obtención de datos sobre la violencia de género (CEDAW/C/PRY/CO/6, párr. 20), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley sobre la protección integral de las mujeres contra toda forma de violencia.
Asigne los recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para la aplicación del plan nacional para la prevención, atención, seguimiento de casos y protección a mujeres en situaciones de violencia, así como para su observación y evaluación;
Facilite las denuncias de violencia contra la mujer, en particular mejorando el acceso a los medios para denunciar la violencia y aumentando el número de refugios para las víctimas, ofreciéndoles protección, asistencia jurídica y médica, rehabilitación psicosocial y programas de reintegración, especialmente en las zonas rurales;
Vele por que las niñas y las mujeres estén protegidas contra la violencia de género, especialmente en el ámbito doméstico, ofrezca capacitación sobre el protocolo regional para la investigación con perspectiva de género de los delitos de violencia contra las mujeres cometidos en el ámbito intrafamiliar, vigile su ejecución y tenga en cuenta los resultados de la encuesta sobre la violencia doméstica por razón de género con el fin de elaborar medidas específicas para sensibilizar a la población sobre la gravedad de la violencia doméstica y alentar a las mujeres a denunciar la violencia doméstica;
Vele por que todas las denuncias de acoso sexual y violencia de género, en particular contra las mujeres transexuales, sean investigadas, enjuiciadas y castigadas con sanciones proporcionales a la gravedad del delito;
Establezca un sistema unificado, coordinado y coherente de obtención de datos sobre la violencia de género (CEDAW/C/PRY/CO/ 6, párr. 20) y asigne los recursos suficientes para su funcionamiento, velando por que el sistema incluya datos desglosados por sexo, edad y relación entre la víctima y el agresor, sobre el feminicidio, la violencia contra las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales y las personas intersexuales, las mujeres que son víctimas de la trata y las mujeres que se dedican a la prostitución, así como sobre el número de investigaciones, enjuiciamientos, condenas y sobre las penas impuestas a los autores de tales actos .
La falta de una perspectiva de género e interculturalidad en la estrategia de lucha contra la trata de personas, a pesar de que todos los casos de trata de personas con fines de explotación sexual registrados ante el Ministerio Público durante los últimos cinco años afectaron a mujeres y a pesar de la vulnerabilidad de las mujeres indígenas y migrantes ante las redes delictivas de trata;
La falta de un mecanismo interinstitucional que coordine las medidas contra la trata de personas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley contra la trata de personas, con un fondo nacional para prevenir la trata de personas y brindar asistencia a las víctimas, de conformidad con el artículo 50 de la Ley;
La falta de un mecanismo para la identificación de las víctimas, de conformidad con el artículo 30 de la Ley contra la trata de personas, a fin de facilitar la pronta derivación de las mujeres y las niñas que son víctimas de la trata a los servicios de protección y rehabilitación, incluidos los refugios temporales;
La falta de datos sobre la trata y sobre las condenas impuestas a los autores de delitos relacionados con la trata.
Revise el actual plan nacional para prevenir y combatir la trata de personas, con el fin de abordar la vulnerabilidad específica de las mujeres, y especialmente de las mujeres indígenas y migrantes, ante la trata;
Acelere la creación de un mecanismo interinstitucional especializado que coordine las medidas contra la trata de personas (art . 44 de la Ley contra la trata de personas) y le asigne los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para que pueda abordar la especial vulnerabilidad de las mujeres y las niñas frente a la trata;
Establezca un mecanismo eficaz de identificación de las víctimas para facilitar la derivación de las mujeres y las niñas que son víctimas de la trata a los servicios apropiados de protección y rehabilitación, incluidos los refugios temporales;
Recopile datos estadísticos desglosados sobre la incidencia de la trata a nivel interno y transfronterizo, el número de procesos penales iniciados y las condenas impuestas a los autores de delitos relacionados con la trata, e incluya tales datos en su próximo informe periódico.
El Comité recomienda al Estado parte que lleve a cabo, sin demora, un estudio sobre las causas fundamentales y el alcance de la prostitución y que utilice los resultados del estudio para desarrollar servicios y programas de apoyo para las mujeres que ejercen la prostitución y medidas para protegerlas frente a la explotación y los abusos de los agentes de policía y los clientes, así como desarrollar programas de ayuda y oportunidades alternativas de generación de ingresos para las mujeres que deseen abandonar la prostitución.
Acelere la aprobación del proyecto de ley sobre la paridad democrática y su aplicación en todos los órganos legislativos y cargos designados en el Gobierno y la función pública;
Lleve a cabo actividades de sensibilización de la población en general acerca de la importancia de la participación de las mujeres en la adopción de decisiones, y refuerce los programas específicos de capacitación y orientación sobre aptitudes de liderazgo y negociación para las mujeres candidatas y elegidas y para las mujeres que ocupan cargos públicos.
El Comité recomienda al Estado parte que, de conformidad con los compromisos contraídos voluntariamente durante el segundo ciclo del examen periódico universal (véase A/HRC/32/9, párrs. 102.115 a 102.120), haga lo siguiente:
Luchar contra la impunidad velando por la investigación oportuna, exhaustiva y transparente de todos los actos de intimidación, hostigamiento y ataques contra las defensoras de los derechos humanos, los maestros, los periodistas, los abogados y las mujeres indígenas y rurales que se convierten en víctimas de violaciones y abusos contra los derechos humanos;
Enjuiciar a los autores de tales actos, incluidos los funcionarios del Estado, y velar por que las víctimas tengan acceso a una reparación efectiva;
Agilizar la aprobación del proyecto de ley sobre la libertad de expresión, la protección de los periodistas, los miembros de la prensa y los defensores de los derechos humanos.
El Comité recomienda al Estado parte que acelere los esfuerzos para lograr el registro universal de los nacimientos, en particular mediante el uso de la tecnología moderna para simplificar los procedimientos.
La persistencia de los obstáculos estructurales que impiden que las niñas accedan a una educación de calidad, en particular en la enseñanza secundaria y terciaria, debido, entre otras cosas, a las insuficientes asignaciones presupuestarias destinadas a este sector, que dan lugar a una carencia de infraestructuras escolares, material educativo y maestros calificados, especialmente en las zonas rurales;
La persistencia de las desigualdades en las tasas de alfabetización de mujeres y hombres y el considerable nivel de analfabetismo entre las mujeres indígenas y las mujeres de las zonas rurales;
La falta de información proporcionada por el Estado parte sobre las medidas adoptadas para alentar a las niñas a participar en ámbitos de estudio y trayectorias profesionales no tradicionales, como las matemáticas, la informática, la tecnología y la ciencia.
Incremente las asignaciones presupuestarias a la educación para posibilitar la revisión de las infraestructuras escolares, especialmente en las zonas rurales, y para mejorar la calidad de la educación, en particular velando por que el aumento de las matriculaciones vaya acompañado de la prestación de instalaciones de enseñanza y aprendizaje esenciales y accesibles;
Establecer programas concebidos específicamente para erradicar el analfabetismo entre las mujeres de las zonas rurales y las mujeres indígenas, así como entre las mujeres de los entornos urbanos, y adoptar y aplicar medidas específicas para acelerar la participación en condiciones de igualdad de las niñas y las mujeres indígenas en todos los niveles de la enseñanza;
Formular y poner en marcha una campaña a nivel nacional para eliminar los estereotipos tradicionales y los obstáculos estructurales que puedan disuadir a las niñas de matricularse en ámbitos de estudio y trayectorias profesionales no tradicionales, como las matemáticas, la informática, la tecnología y la ciencia, entre otras cosas, mediante la concesión de becas específicas para las niñas.
La marcada diferencia salarial por razón de género, del 22%, y el hecho de que el salario mínimo legal para los trabajadores domésticos sea un 40% inferior al salario mínimo del resto de los trabajadores, lo que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, que representan la mayoría de los trabajadores domésticos;
El incumplimiento de la legislación que promueve y protege la maternidad, especialmente en lo que respecta a la protección de la maternidad y la distribución desigual del trabajo doméstico y asistencial entre las mujeres y los hombres, lo que obliga a muchas mujeres a aceptar empleos de bajos ingresos en el sector no estructurado;
La persistencia del trabajo infantil doméstico y la exposición de las niñas, a través de esta práctica, a condiciones de empleo que dificultan su pleno desarrollo, equivalen a la explotación laboral y las sitúan en riesgo de sufrir abusos físicos, psicológicos y sexuales;
Las pruebas de embarazo y VIH en los procedimientos de contratación y el hecho de que las mujeres estén sometidas a condiciones de trabajo inadecuadas, principalmente en la industria maquiladora;
La naturaleza neutra respecto de las cuestiones de género de la legislación que introduce una cuota del 5% para las personas con discapacidad en el sector público, que ha dado lugar a la interpretación errónea de que la cuota es restrictiva y representa el número máximo de puestos para personas con discapacidad, y el hecho de que se suela elegir a hombres con discapacidad con más frecuencia que a mujeres con discapacidad para ocupar tales puestos.
El Comité, recordando sus anteriores observaciones finales (CEDAW/C/PRY/CO/ 6, párr. 29), recomienda al Estado parte:
Reducir la diferencia salarial por razón de género examinando periódicamente los salarios en los sectores donde se concentran las mujeres y estableciendo mecanismos eficaces de observación y fiscalización para las prácticas de empleo y contratación, a fin de garantizar que se cumpla en todos los sectores el principio de igual remuneración por trabajo de igual valor, y de garantizar el mismo salario mínimo para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores domésticos;
Adoptar medidas específicas para mejorar el acceso de las mujeres al empleo formal, incluidos los puestos de gestión o decisión, mediante, entre otras cosas, la supervisión y la aplicación de la legislación que promueve y protege la maternidad y el fortalecimiento de los incentivos para que los hombres ejerzan su derecho a la licencia parental, así como la aceleración de la aprobación de la política nacional de atención, la prestación de servicios de guardería suficientes y adecuados y la promoción del reparto equitativo de las responsabilidades domésticas y familiares entre hombres y mujeres;
Acelerar la aprobación del proyecto de ley que tipifique como delito la práctica del trabajo infantil doméstico no remunerado y vigilar y erradicar esta práctica, en particular sensibilizando a la población a través de los medios de comunicación y programas de educación pública acerca de la situación de las niñas que realizan trabajos domésticos y sobre sus derechos;
Prohibir las pruebas obligatorias de embarazo y VIH en los procedimientos de contratación y aplicar las sanciones adecuadas, y fortalecer los mecanismos de inspección laboral para mejorar la supervisión de las condiciones de trabajo de las mujeres, especialmente en el ámbito doméstico y en la creciente industria maquiladora;
Introducir medidas especiales de carácter temporal, como una cuota específica para las mujeres con discapacidad, a fin de promover su inclusión en el empleo público y privado.
Las demoras en la aprobación del proyecto de ley sobre la salud sexual, reproductiva, materna y perinatal;
La brecha significativa entre las zonas rurales y urbanas en lo relativo al acceso a servicios de atención prenatal, de maternidad y posnatal asequibles y de alta calidad, lo que da lugar a una cantidad elevada de partos sin asistencia y de nacimientos no inscritos;
Las elevadas tasas de mortalidad materna, debidas principalmente a los abortos en condiciones de riesgo y a los profesionales de la salud que se niegan a practicar abortos terapéuticos y denuncian ante la policía a las mujeres que solicitan asistencia relacionada con el aborto;
La tipificación del aborto como delito y las condiciones restrictivas que rigen la disponibilidad de los abortos legales, es decir, solo en casos de amenaza a la vida de la mujer embarazada, excluyendo otras circunstancias como las amenazas para su salud, la violación, el incesto y la malformación grave del feto;
Las elevadas tasas de mortalidad derivadas del cáncer de mama y del cáncer cervicouterino en el Estado parte, que están entre las más altas de América Latina;
Las mujeres que ejercen la prostitución, las mujeres con discapacidad, las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales y las personas intersexuales y las mujeres que viven con el VIH/SIDA tienen dificultades para acceder a los servicios de salud y son objeto de discriminación y malos tratos por parte del personal sanitario.
El Comité recuerda sus anteriores observaciones finales (CEDAW/C/PRY/CO/ 6, párr. 31) y recomienda al Estado parte que:
Acelere la aprobación del proyecto de ley sobre la salud sexual, reproductiva, materna y perinatal;
Adopte medidas para superar los obstáculos que impiden el buen funcionamiento de los servicios de obstetricia y ginecología identificados en el estudio de la Defensoría del Pueblo, y vele por que las mujeres rurales e indígenas tengan acceso a servicios de atención prenatal, de maternidad y posnatal asequibles y de alta calidad, entre otras cosas aumentando el número de unidades de salud de la familia;
Vele por la aplicación de las directrices aprobadas relativas a la obligación de confidencialidad en el sistema de atención sanitaria, en particular mediante la capacitación de los proveedores sanitarios con respecto a estas directrices, y elabore orientaciones adicionales para los profesionales de la salud sobre los requisitos y procedimientos para la práctica de abortos terapéuticos, a fin de garantizar que las mujeres gocen de acceso efectivo a los servicios de salud reproductiva, incluido el aborto y la atención posaborto;
Elimine las disposiciones punitivas impuestas a las mujeres que se someten a un aborto, legalice el aborto al menos en los casos de riesgo para la salud de la mujer, violación o incesto y en los casos de malformación grave del feto, y lo despenalice en todos los demás casos;
Fortalezca las iniciativas para combatir las elevadas tasas de cáncer de mama y de cáncer cervicouterino mediante, entre otras cosas, la mejora de la prevención, la detección temprana, el tratamiento y el apoyo psicológico a las mujeres y las niñas con cáncer y la asignación de recursos humanos y financieros adecuados para tal fin;
Garantice el acceso a los servicios de salud para todas las mujeres y niñas, incluidas las mujeres y niñas que viven con el VIH/SIDA, las mujeres y niñas con discapacidad, las mujeres y niñas que ejercen la prostitución y las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales y las personas intersexuales, y adopte medidas para castigar el trato discriminatorio contra ellas y combatir su estigmatización y exclusión social.
La falta de una perspectiva de género en la estrategia nacional para la inclusión financiera, lo cual limita los efectos que tiene esta estrategia sobre la mujer;
La persistencia de los obstáculos que impiden la igualdad de acceso de las mujeres al crédito financiero, por ejemplo la falta de documentos de identidad;
La concentración de iniciativas para el empoderamiento económico de la mujer relacionadas con su participación en las microempresas, y su alcance limitado.
Revise la estrategia nacional para la inclusión financiera a fin de que incorpore una perspectiva de género;
Mejore el acceso de las mujeres al crédito financiero a través de medidas de apoyo para su registro y para la expedición de certificados de nacimiento y documentos de identidad;
Amplíe el alcance de las medidas específicas, como planes especiales de crédito con intereses bajos, asistencia técnica y asesoramiento, y promueva las actividades empresariales de las mujeres en las pequeñas, medianas y grandes empresas, en todas las regiones del Estado parte, en particular en las zonas rurales.
Se ven afectadas de manera desproporcionada por la pobreza, especialmente en la región del Chaco, y se enfrentan a obstáculos en el ejercicio de sus derechos relativos a la atención sanitaria, la educación y las oportunidades de empleo en el sector formal, lo que aumenta su vulnerabilidad ante la explotación laboral y la trata de personas;
Tienen un acceso limitado a los títulos de propiedad de la tierra, incluidas las tierras en las que trabajan, debido a la falta de documentos de identidad;
c.Son vulnerables a la adquisición de tierras, en particular de las tierras tradicionales indígenas, por parte de proyectos agroindustriales y otros proyectos empresariales;
Se ven especialmente afectadas por la ausencia de mecanismos adecuados para garantizar su consulta previa en relación con los medios de subsistencia alternativos y la indemnización en los casos de adquisición de tierras;
Sufren los efectos negativos del uso indebido de productos agrotóxicos en la agricultura.
El Comité, en consonancia con su recomendación general núm. 34 (2016) sobre los derechos de las mujeres rurales, recomienda al Estado parte que:
Incremente los recursos financieros, humanos y técnicos asignados para la prestación de servicios de salud y educación en las zonas rurales y para las mujeres indígenas, en particular en la región del Chaco, y adopte medidas específicas para alcanzar la igualdad de oportunidades de facto para las mujeres indígenas y rurales en el mercado de trabajo;
Adopte medidas específicas para facilitar el acceso de las mujeres indígenas y rurales a los títulos de propiedad de la tierra, entre otras cosas facilitándoles el acceso a los documentos de identidad;
Establezca un marco jurídico para garantizar que los proyectos de desarrollo a gran escala, los proyectos agroindustriales y otros proyectos empresariales se ejecuten únicamente después de que se haya realizado una evaluación de las consecuencias en función del género y de que se haya consultado previamente a las mujeres indígenas y rurales afectadas con respecto a los medios de subsistencia alternativos y las indemnizaciones adecuadas;
**Aplique la recomendación anterior del Comité (CEDAW/C/PRY/CO/6, párr.
para llevar a cabo un estudio integral sobre las probables causas negativas del uso indebido de productos agrotóxicos en la agricultura, a fin de aplicar las medidas necesarias para erradicar su impacto sobre la salud de las mujeres y sus hijos.**
La elevada tasa de embarazos entre las niñas de edades comprendidas entre 10 y 19 años y la elevada tasa de mortalidad materna entre las niñas de edades comprendidas entre 15 y 19 años, como resultado de, entre otras cosas, los abortos en condiciones de riesgo;
Las elevadas tasas de violencia sexual contra las adolescentes y el presunto aumento de los embarazos precoces forzosos, en particular mediante el incesto;
La falta de datos sobre las razones por las que las niñas abandonan la escuela, la presunta estigmatización de las niñas embarazadas en la escuela y la falta de guarderías y otras medidas de apoyo para facilitar la reintegración de las madres jóvenes en el sistema educativo.
Otorgue prioridad a la aplicación de la esfera estratégica número 5 del plan nacional de salud de los adolescentes, refuerce las iniciativas destinadas a garantizar que adolescentes y jóvenes de ambos sexos sean debidamente informados acerca de su salud y sus derechos sexuales y reproductivos, en particular sobre la utilización de métodos anticonceptivos modernos, y refuerce las medidas destinadas a facilitar su acceso a métodos anticonceptivos asequibles y abortos sin riesgo;
Agilice el establecimiento de procedimientos para la investigación de la violencia doméstica por razón de género contra las adolescentes, proporcione capacitación obligatoria específica al personal de las fuerzas del orden y los miembros del poder judicial, así como a los profesionales de la salud, la educación y el trabajo social, sobre estos procedimientos, así como sobre la estricta aplicación de las disposiciones para enjuiciar y castigar adecuadamente los actos de violencia sexual contra las adolescentes, controlar periódicamente su aplicación y aplicar sanciones adecuadas en caso de incumplimiento de tal legislación;
Reúna datos sobre las razones por las que las niñas abandonan la escuela, sensibilice a los alumnos, así como a los profesionales de la educación y la salud, sobre las disposiciones de la Ley núm. 4084 sobre la protección de las alumnas embarazadas y ponga en marcha su aplicación, proporcione servicios adecuados de guardería en los entornos educativos de todos los niveles y aborde los estereotipos negativos y las actitudes discriminatorias con respecto a la sexualidad de los adolescentes.
El elevado número de mujeres en prisión preventiva, la duración de la prisión preventiva y el hacinamiento de los lugares en los que las mujeres se ven privadas de su libertad;
La falta de separación entre las detenidas en prisión preventiva y las reclusas condenadas, y su acceso limitado a los servicios de atención sanitaria y los artículos de higiene personal;
La discriminación contra las mujeres lesbianas a través de la denegación de las visitas de sus parejas, y contra las madres adolescentes, a las que se les niega el derecho a mantener a sus hijos bajo su cuidado;
Las denuncias de violencia contra las mujeres detenidas y de abusos contra las detenidas transexuales.
Aborde el problema del hacinamiento en los lugares en los que las mujeres se ven privadas de su libertad, por ejemplo, limitando el uso de la prisión preventiva, aplicando medidas alternativas a la detención e introduciendo un sistema para controlar la duración de la prisión preventiva;
Refuerce la capacitación sobre las Reglas de Bangkok y vigile su cumplimiento, y mejore las condiciones en las dependencias de detención de mujeres de conformidad con las normas internacionales, por ejemplo garantizando la separación entre las detenidas en prisión preventiva y las reclusas condenadas y velando por la prestación de servicios de atención sanitaria y artículos de higiene personal adecuados para las mujeres detenidas;
Garantice las visitas de las parejas y los miembros de la familia de todas las mujeres, incluidas las madres adolescentes y las mujeres lesbianas y transexuales;
Vele por que las mujeres puedan presentar denuncias sobre las conductas abusivas de los guardias y el personal de supervisión de los centros de detención, en particular en lo que respecta a la violencia sexual, la intimidación o el hostigamiento, así como por que esos informes se investiguen con prontitud y de manera independiente e imparcial y que los autores sean debidamente castigados.
Las demás excepciones que permiten el matrimonio de los menores de 18 años, sujetas a la autorización de los padres, los tutores legales o las autoridades judiciales;
El desconocimiento entre las mujeres sobre la posibilidad de obtener acceso a apoyo financiero para las pruebas de ADN con respecto a las reclamaciones de paternidad, los obstáculos administrativos que les impiden servirse de ese apoyo financiero y los escasos recursos financieros destinados a la aplicación de tal apoyo;
La no inclusión de los activos intangibles, como las pensiones, los seguros y las prestaciones relacionadas con el trabajo, en la definición de los bienes bajo el régimen de propiedad comunitaria, lo que da lugar a la división desigual de los bienes entre el hombre y la mujer en caso de divorcio, que se deriva a su vez en la falta de mecanismos para compensar a las mujeres por las disparidades económicas entre los cónyuges.
El Comité, recordando su recomendación general núm. 21 (1994) sobre la igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares y su recomendación general núm. 29 (2013) sobre las consecuencias económicas del matrimonio, las relaciones familiares y su disolución, recomienda que el Estado parte:
Adopte medidas para eliminar las excepciones a la edad mínima para contraer matrimonio para las niñas y los niños y garantice que tales excepciones solo puedan ser autorizadas por una autoridad judicial y únicamente con el consentimiento previo, libre e informado de las niñas interesadas;
Sensibilice a la opinión pública sobre la Ley núm. 1914 que concede apoyo financiero a las reclamaciones de paternidad en caso de falta de medios financieros, elimine los obstáculos administrativos para facilitar el acceso de las mujeres a ese apoyo financiero para las reclamaciones de paternidad y asigne recursos financieros suficientes para su aplicación;
Vele por que el concepto de bienes matrimoniales conjuntos se amplíe a los bienes intangibles, incluidas las pensiones y las prestaciones de seguros y otros beneficios profesionales, y adopte medidas jurídicas adicionales, según corresponda, para compensar a las mujeres por el desigual reparto del trabajo no remunerado, en particular mediante pagos conyugales después de la separación.
El Comité solicita al Estado parte que le proporcione por escrito, en un plazo de dos años, información sobre las medidas adoptadas en cumplimiento de las recomendaciones que figuran en los párrafos 9 a., 15 a., 23 b. and 35 c..
A/51/38, 9 de mayo de 1996↩
CEDAW/C/PAR/CC/3-5, 16 de febrero de 2005↩
Artículo 47 - DE LAS GARANTÍAS DE LA IGUALDAD El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 1. la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2. la igualdad ante las leyes; 3. la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4. la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura. Artículo 48 - DE LA IGUALDAD DE DERECHOS DEL HOMBRE Y DE LA MUJER El hombre y la mujer tienen iguales derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. El Estado promoverá las condiciones y creará los mecanismos adecuados para que la igualdad sea real y efectiva, allanando los obstáculos que impidan o dificulten su ejercicio y facilitando la participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida nacional.↩
La Constitución Nacional de 1992 establece una prohibición general contra toda forma de discriminación, que dice: Artículo 46 - DE LA IGUALDAD DE LAS PERSONAS Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios. En mayo de 2007, dos senadores de la Comisión de Equidad, Género y Desarrollo Social presentaron un proyecto de ley contra toda forma de discriminación, que arbitra mecanismos de sanción al discriminador y protección efectiva de las víctimas. El proyecto fue elaborado de forma participativa por una red de organizaciones sociales que trabajan a favor de la no discriminación.↩
Código Penal paraguayo (Ley N° 1.160/97). Artículo 229.- Violencia familiar. El que, en el ámbito familiar, habitualmente ejerciera violencia física sobre otro con quien conviva, será castigado con multa.↩
Código Penal paraguayo (Ley N° 1.160/97). Artículo 136.- Abuso sexual en personas bajo tutela 1º El que realizara actos sexuales con una persona: 1. no menor de catorce ni mayor de dieciséis años, cuya educación, guarda o tutela esté a su cargo; 2. no menor de dieciséis años ni mayor de edad, cuya educación, guarda o tutela esté a cargo del autor quien, abusando de su dependencia, lo sometiera a su voluntad; 3. que sea un hijo biológico, adoptivo o hijastro del cónyuge o concubino; o 4. que indujera al menor a realizar tales actos en él, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa. Con la misma pena será castigado el que, ante un menor y dirigido a él, realizara actos sexuales o lo indujera a realizarlos ante sí o ante terceros. 2º El que se dirigiera al menor con manifestaciones verbales obscenas o publicaciones pornográficas en los términos del artículo 14, inciso 3º, para estimularle sexualmente o causarle rechazo, será castigado con pena de hasta ciento ochenta días-multa.↩
Código Penal paraguayo (Ley N° 1.160/97). Artículo 137.- Estupro 1º El hombre que persuadiera a una mujer de catorce a dieciséis años a realizar el coito extramarital, será castigado con pena de multa. 2º Cuando el autor sea menor de dieciocho años se podrá prescindir de la pena.↩
Aunque los esfuerzos hasta ahora fueron incipientes y no fueron integrales, el Estado paraguayo, con asistencia técnica de la Organización Internacional para las Migraciones OIM, y presión y apoyo financiero del gobierno de los Estados Unidos y del Banco Interamericano de Desarrollo (BId., habilitó el Centro de referencias en trata de personas en la Secretaría de la Mujer a partir del año 2005, que brinda orientación legal y apoyo inmediato a las víctimas. Se habilitó una línea telefónica y una dirección de correo electrónico para recibir denuncias, se lanzó un Manual de Procedimientos Generales de Intervención en Trata de Personas, y en el 2005 se realizó una campaña de comunicación social de sensibilización sobre el tema. Con la cooperación de la OIM, desde febrero de 2006 se inició un Programa Piloto de Proceso o Plan de Reintegración a víctimas de Trata de Personas.↩
Véanse notas al pie de página N° 1 y 3.↩
Por Ley N° 1.863/02 se sancionó el Estatuto Agrario, que derogó el anterior, vigente desde 1963. El nuevo Estatuto introdujo medidas antidiscriminatorias y cláusulas de igualdad y preferencia, a favor de las mujeres campesinas cabeza de familia, como sujetos de la reforma agraria. No obstante, esta legislación aún carece de aplicación efectiva.↩
CEDAW/C/PRY/CO/6, 8 de Noviembre de 2011.↩
CEDAW/C/PRY/CO/7, 22 de noviembre de 2017↩