Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/decreto-2943-de-2007?documento=legcol&contexto=legcol_7599204236acf034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-19 12:01:41
Document Index: 379136912

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 19', 'artículo 391', 'artículo 391', 'artículo 1', 'artículo 1']

﻿ DECRETO 2943 DE 2007
DECRETO 2943 DE 03 DE AGOSTO DE 2007
CONTENIDO:ENTIDADES PÚBLICAS. SE DECLARA LA EXISTENCIA DE UNA SITUACIÓN DE DESASTRE EN ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
DECRETO 2943 DE 2007
Que mediante la Resolución 16 de fecha 14 de octubre de 2004 la Dirección de Atención y Prevención de Desastres declara la situación de calamidad pública y se reconoce afectación en 15 municipios del departamento de Córdoba, Montería, Ayapel, Ciénaga de Oro, Cereté, San Pelayo, Momil, Planeta Rica, Purísima, Moñitos, Lorica, San Andrés de Sotavento, Tierralta, Los Córdobas, Montelíbano y San Carlos, la cual no ha retornado a la normalidad;
Que mediante oficio 191 de fecha julio 11 de 2007 suscrito por el Gobernador de Córdoba solicita se reconozca la afectación en 13 municipios del departamento, los cuales son; Montería, Cereté, Chimá, San Pelayo, Cotorra, Lorica, Momil, Buenavista, La Apartada, Canalete, Purísima, Ayapel y Pueblo Nuevo;
Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge mediante oficio 0.40 3484 de fecha 6 de julio de 2007 coloca en conocimiento el desbordamiento del río Sinú, el cual generó una ruptura del cauce por la boca conocida como “La Majagua” ubicada en los corregimientos de Carillo, municipio de San Pelayo, generando inundaciones en los municipios de Cotorra y Lorica en el departamento de Córdoba;
Que ante la situación planteada por el Gobernador de Córdoba y la CAR del Valle del Sinú y del San Jorge, mediante la Resolución 12 de fecha 11 de julio de 2007 la Dirección de Prevención y Atención de Desastres Adiciona el artículo 1º de la Resolución 16 de fecha 14 de octubre de 2004 en sentido de incluir declaratoria de calamidad en los municipios de Chimá, Buenavista, La Apartada, Canalete, Pueblo Nuevo y Cotorra en el departamento de Córdoba;
Que la Dirección de Prevención y Atención de Desastres del Ministerio del Interior y de Justicia, DPAD, hizo presencia en esa región y ha concluido que, en el departamento de Córdoba, se han afectado por inundaciones 16 municipios, tal como consta en el acta 2 del 16 de julio de 2007, del comité nacional para la prevención y atención de desastres, debido a los desbordamientos de los ríos San Jorge y Sinú y sus afluentes, asociados con sus altas precipitaciones en la cuenca alta de estos ríos por lo tanto las mayores afectaciones se tienen a partir del 27 de junio de 2007 en las horas de la noche cuando se presentó el desbordamiento del río Sinú generando una emergencia por inundaciones en esta zona del país; se han afectado en un total 10.544 familias y aproximadamente 50.720 personas, además de la afectación de vivienda, se ha presentado afectación en cultivos;
Que la situación originada por las inundaciones que afectan el departamento de Córdoba, está siendo atendida por todas las entidades que conforman el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. En este sentido, la DPAD a través de los comités locales y regionales de prevención y atención de desastres, coordina la entrega de ayudas enviadas a la zona por las entidades que conforman este Sistema y la empresa privada;
Que los recursos del departamento, de los municipios y de algunas otras instituciones que han colaborado en la atención de este desastre, no son suficientes para resolver el drama que viven estas familias y por eso es necesaria la intervención urgente del Gobierno Nacional;
Que el Gobierno Nacional, en cabeza del señor Presidente de la República hizo presencia en la zona con el fin de suministrar algunas ayudas humanitarias para las personas que resultaron afectadas así como para dar los lineamientos para la formulación y ejecución de proyectos de mitigación;
Que el comité nacional para la prevención y atención de desastres mediante acta 2 de fecha 16 de julio de 2007, señaló que la situación presentada en el departamento de Córdoba en los municipios de Montería, Cereté, Chimá, Buenavista, Cotorra, La Apartada, Canalete, Pueblo Nuevo, San Pelayo, Momil, Purísima, Lorica, Ayapel, San Bernardo del Viento, Porto Libertador y Valencia como consecuencia del desbordamiento de los ríos Sinú, San jorge y sus afluentes se enmarca en situación de desastre, por consiguiente, recomienda al señor Presidente se declare bajo los parámetros del artículo 18 y siguientes del Decreto 919 de 1989;
Que el artículo 18 del Decreto 919 de 1989 define como desastre: “El daño grave o la alteración grave de las condiciones normales de vida en un área geográfica determinada causada por fenómenos naturales y por efecto catastróficos de la acción del hombre en forma accidental, que requiere por ello de la especial atención de los organismos del Estado y de otras entidades de carácter humanitario o de servicio social”;
Que el artículo 19 ibídem, dispone que tal situación deberá ser declarada mediante decreto presidencial, hasta tres meses (3) después de haber ocurrido los hechos que la constituyen, clasificando su magnitud y efectos, previo concepto del comité nacional para la prevención y atención de desastres;
Que declarada una situación de desastre se aplica un régimen normativo especial que contempla disposiciones excepcionales en materia de contratos, control fiscal de recursos, adquisición y expropiación, ocupación temporal y demolición de inmuebles, imposición de servidumbres, solución de conflictos, moratoria o refinanciación de deudas, incentivos de diverso orden para la rehabilitación, la reconstrucción y el desarrollo, administración y destinación de donaciones y autorización, control, vigilancia e inversión de los bienes donados. También se dará aplicación por parte de las autoridades competentes a lo dispuesto en el artículo 391 del Decreto 2685 de 1999 y demás disposiciones concordantes en materia de trámite aplicable a las importaciones de las donaciones destinadas a los damnificados de situaciones de desastre;
Las autoridades departamentales y municipales respectivas necesitarán autorización previa de la Dirección de Prevención y Atención de Desastres del Ministerio del Interior y de Justicia, para hacer uso de las facultades excepcionales de contratación;
Que es de interés del Gobierno Nacional, agilizar los procesos de atención, rehabilitación y reconstrucción de tal manera que se realice en el menor tiempo posible el tránsito de la fase de atención de la emergencia hacia la fase de recuperación y reconstrucción del área afectada,
ART. 1º—Declárese la existencia de una situación de desastre departamental en el departamento de Córdoba en los municipios de Montería, Cereté, Chimá, Buenavista, Cotorra, La Apartada, Canalete, Pueblo Nuevo, San Pelayo, Momil, Purísima, Lorica, Ayapel, San Bernardo del Viento, Porto Libertador y Valencia.
ART. 2º—Será de aplicación en los municipios señalados en el artículo anterior el régimen normativo especial para situaciones de desastre contemplado en los artículos 24 y siguientes del Decreto 919 de 1989, así como lo dispuesto por el artículo 391 del Decreto 2685 de 1999 y demás disposiciones concordantes.
PAR.—Las autoridades departamentales y municipales respectivas necesitarán autorización previa de la Dirección de Prevención y Atención de Desastres del Ministerio del Interior y de Justicia, para hacer uso de las facultades a que se refiere este artículo.
ART. 3º—El comité regional del departamento de Córdoba y los comités locales de los municipios detallados en el artículo 1º del presente decreto, elaborarán un plan de acción específico con el apoyo de la Dirección de Prevención y Atención de Desastres del Ministerio del Interior y de Justicia, para el manejo de la situación de desastre declarada en el presente decreto, de acuerdo a los siguientes lineamientos que serán de obligatorio cumplimiento para todas las entidades públicas y privadas que deban contribuir a su ejecución.
PAR. 1º—Los lineamientos generales para el manejo de las inundaciones en el departamento de Córdoba, comprende diez líneas de acción, a saber:
1. Asistencia humanitaria a las familias afectadas con alimentación y elementos de dormitorio, aseo y cocina, durante el tiempo que dure la emergencia y un tiempo adicional necesario en el desarrollo del proceso de recuperación.
2. Administración y manejo de albergues y/o subsidios de arrendamiento temporal, para las familias que evacuaron sus viviendas.
4. Salud integral, control y vigilancia epidemiológica.
5. Recuperación de vivienda (averiada y destruida).
6. Incentivos del sector agropecuario.
7. Reactivación económica y social de la zona acorde con las líneas que el Departamento Nacional de Planeación establezca.
8. Ordenamiento Territorial.
9. Alertas tempranas, y
10. Obras de emergencias (reforzamiento de terraplenes, obras de control, etc.) y obras de Prevención y mitigación en la zona.
PAR. 2º—Como temas transversales en relación a las líneas de acción señaladas anteriormente, se deben tener en cuenta:
1. La coordinación de las acciones del sistema por parte de la Dirección de Prevención y Atención de Desastres con los respectivos comités regionales y locales.
2. Mantener clara y oportuna información pública del desarrollo del plan.
3. Activar las redes de comunicaciones que sean necesarias.
4. Activar las acciones necesarias de logística.
ART. 4º—Las entidades públicas y privadas integrantes del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, y entidades públicas del orden nacional de carácter financiero, de acuerdo con su naturaleza y desde sus ámbitos de competencia y los lineamientos generales trazados por el comité técnico nacional, deberán participar en la ejecución de las labores tendientes a atender, rehabilitar y recuperar la zona afectada, las cuales deberán designar un funcionario del más alto nivel con respaldo institucional, quien estará al frente del cumplimiento de las acciones que le compete a su entidad en el plan de acción.
ART. 5º—Para los efectos del presente decreto se entenderán como personas damnificadas o afectadas por el desastre, aquellas que se encuentren en el censo de afectados elaborados por los comités locales de los municipios señalados en el artículo 1º de este decreto, con el aval del respectivo comité regional y de una entidad operativa del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.