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Timestamp: 2017-05-29 15:15:05
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Matched Legal Cases: ['Artículo 44', 'Artículo 45', 'artículo 153', 'artículo 153', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'artículo 17', 'artículo 29', 'artículo 8', 'artículo 81', 'artículo 7', 'artículo 6']

Decreto 31/2004, de 1 de abril, por el que se establece el Régimen de Viviendas de Protección Pública en régimen autonómico de la Comunidad Autónoma de Cantabria y su Régimen de Subvenciones. TÍTULO III. RÉGIMEN LEGAL DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA EN RÉGIMEN AUTONÓMICO.
TÍTULO IIIRÉGIMEN LEGAL DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA EN RÉGIMEN AUTONÓMICO
Duración del régimen legal 1. El régimen legal de las Viviendas de Protección Pública en régimen Autonómico durará quince años, contados desde la calificación definitiva de las mismas.
2. Mientras esté vigente dicho régimen, el dominio, uso, conservación y aprovechamiento de las mismas estarán sometidos a las prescripciones contenidas en este Decreto.
Artículo 44 redactado por el número 1 de la disposición adicional quinta del D [CANTABRIA] 12/2006, 9 febrero, por el que se establecen medidas para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda en Cantabria («B.O.C.» 15 febrero).Vigencia: 16 febrero 2006
Modalidades de uso de la vivienda 1. Dentro de las condiciones y con las modalidades establecidas en la legislación de Viviendas de Protección Oficial y en los artículos siguientes de este Decreto, las Viviendas de Protección Pública en Régimen Autonómico podrán ser destinadas a:
1º. Uso propio.
2º. Arrendamiento.
3º. Acceso diferido a la propiedad.
4º. Cesión gratuita en propiedad o en uso.
2. Los compradores de vivienda acogidos a este Decreto, que hubieran recibido cualquier tipo de ayudas, no podrán trasmitirlas «inter vivos» ni ceder su uso por ningún título, durante el plazo mínimo de 5 años desde la fecha de la formalización de la adquisición. La transmisión de estas viviendas por parte de quienes hubieran recibido cualquier tipo de ayudas implicará siempre la previa devolución de las ayudas recibidas incrementados con los intereses legales correspondientes.
Artículo 45 redactado por el número 2 de la disposición adicional quinta del D [CANTABRIA] 12/2006, 9 febrero, por el que se establecen medidas para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda en Cantabria («B.O.C.» 15 febrero).Vigencia: 16 febrero 2006
Cesión en arrendamiento y uso 1. El uso y utilización de las Viviendas de Protección Pública en Régimen Autonómico deberá ajustarse al régimen señalado en la correspondiente cédula de calificación definitiva.
2. No obstante, las viviendas destinadas a venta podrán ser cedidas en arrendamiento en régimen de acceso diferido a la propiedad. Las destinadas a uso propio podrán ser objeto de cesión gratuita en propiedad o en uso a favor de personas que guarden con el adquirente relación de parentesco, dentro de cualquiera de los grados de consanguinidad en línea recta, descendente o ascendente, o en la colateral hasta el segundo grado.
3. También podrá admitirse la cesión cuando dicha vivienda se haya establecido como domicilio conyugal o de pareja estable y, ante una separación de hecho, se establezca de forma convencional que el uso de dicha vivienda familiar quede atribuido a favor del cónyuge o miembro de la pareja no titular de la misma.
4. Las viviendas destinadas a arrendamiento podrán ser enajenadas por edificios completos, siempre que comprendan más de una vivienda, en favor de persona física o jurídica que asuma la obligación de respetar tal destino y con la autorización previa de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura.
Identificación del régimen legal 1. Los inmuebles acogidos al régimen de Viviendas de Protección Pública en Régimen Autonómico ostentarán en lugar visible y próximo al dintel de la puerta o puertas de acceso del edificio una placa metálica, según modelo oficial aprobado por Orden.
Véase O [CANTABRIA] OBR/3/2005, 3 junio, por la que se aprueba el modelo de placa para su colocación en Viviendas de Protección Pública de la Comunidad Autónoma de Cantabria («B.O.C.» 10 junio).
2. Sus propietarios deberán conservar a disposición de los inquilinos la cédula de calificación definitiva de las viviendas y quedarán obligados a entregar a los adquirentes una copia autorizada en el acto de la firma de contrato.
3. En caso de incumplimiento de lo dispuesto en este artículo se incurrirá en la infracción prevista por el artículo 153.A.2 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio.
Obligación de ocupación 1. Las Viviendas de Protección Pública en Régimen Autonómico, cualquiera que sea el destino fijado en la cédula de calificación provisional, habrán de estar ocupadas. Transcurridos seis meses desde que no lo estuvieran, la Dirección General de Vivienda y Arquitectura seguirá el procedimiento para lograr su efectiva ocupación. Para los casos en los que la Administración advierta una situación de desocupación podrá instar a su titular a cumplir con la obligación de ocupación personalmente o mediante las posibilidades de cesión o alquiler contenidas en este Decreto.
2. La situación de desocupación de una Vivienda de Protección Pública en Régimen Autonómico comportará la retirada y devolución de todas las subvenciones otorgadas a los adquirentes, sin perjuicio de la aplicación de las multas y sanciones que procedan. La obligación de reintegro de las cantidades procedentes de todas las subvenciones percibidas se verán incrementadas con los intereses de demora de las mismas desde la fecha de su abono.
3. Los contratos de alquiler que, en su caso, se otorguen en cumplimiento de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo se ajustarán a las condiciones y limites establecidos en la cédula de calificación definitiva y en el presente Decreto.
Incompatibilidad en la tenencia de más de una vivienda 1. Queda prohibida la reserva o disfrute para uso propio, por cualquier título, de más de una vivienda.
2. La prohibición a que se refiere el párrafo anterior será aplicable aun en el caso de que la titularidad de las viviendas reservadas o disfrutadas para uso propio corresponda a distintos miembros de la unidad familiar, mientras éstos convivan con los cabezas de familia. 3. Respecto a la prohibición establecida en los párrafos anteriores se exceptúan los cabezas de familia numerosa, quienes podrán ser titulares de dos viviendas, siempre que constituyan unidad horizontal o vertical y sin que en ningún caso pueda exceder de 240 m² la superficie útil de las viviendas agrupadas.
Régimen legal de los locales de negocio y otras dependencias 1. Los locales de negocio incluidos en una promoción podrán cederse en venta o arrendamiento y dedicarse a los usos permitidos por la normativa urbanística municipal aplicable.
2. Los referidos locales podrán, previa autorización de Dirección General de Vivienda y Arquitectura. transformarse en viviendas, que quedarán sujetas al régimen de utilización que corresponda a la clase y categoría de las viviendas del inmueble en que estén situados.
3. Las dependencias del edificio, distintas de las viviendas, locales de negocio, garajes, partes del solar a que se refieren este Decreto susceptibles de aprovechamiento individualizado, siempre que reúnan las condiciones señaladas por las Ordenanzas tendrán que ser asignadas expresamente en la cédula de calificación definitiva de las viviendas del inmueble y ser cedidas juntamente con éstas, sin implicar incremento de precio alguno.
4. Cuando dichas dependencias no sean susceptibles de aprovechamiento individual o no reúnan las condiciones señaladas en las Ordenanzas se considerarán como dependencias comunes, utilizándose en servicio de la comunidad de propietarios o de los inquilinos del inmueble.
Edificaciones, instalaciones y servicios complementarios Las edificaciones, instalaciones y servicios complementarios, cualquiera que sea la forma en que se haya promovido su construcción o establecimiento quedarán afectos permanentemente a los fines para que fueron construidos. Las personas u Organismos que los adquieran, utilicen o disfruten vendrán obligados a satisfacer el importe de las reparaciones que hayan de efectuarse durante la vida de los mismos.
Obligación de mantenimiento y conservación 1. Los propietarios de las viviendas de Protección Pública en Régimen Autonómico vendrán obligados a mantenerlas en buen estado de conservación y cuidarán de su policía e higiene.
2. Si en el transcurso de cinco años, desde la calificación definitiva, se manifestasen vicios o defectos de la construcción que hiciesen necesarias obras de reparación, la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, podrá imponer su ejecución al promotor o realizarlas a costa de éste.
Prohibición de primas o sobreprecios 1. Queda absolutamente prohibido el percibo de cualquier sobreprecio, prima o cantidad distinta a las que legal y reglamentariamente corresponda satisfacer al comprador o al arrendatario de viviendas de protección pública. Tal prohibición alcanza al percibo por cualquier concepto de cantidad superior o distinta a la renta o precio de venta señalado en la cédula de calificación definitiva, ni aún a titulo de préstamo, deposito o anticipo no autorizado, ni en virtud de contrato conjunto o separado, con muebles, partes integrantes o pertenencias, o de cuotas por prestación de servicios no incluidos en este Decreto.
2. El sistema de precios máximos de venta será de aplicación mientras dure el régimen legal de protección y serán nulas las cláusulas y estipulaciones que establezcan precios o rentas superiores a los máximas autorizados para cada tipo de vivienda de protección pública, sin perjuicio de las sanciones administrativas que, a su vez, procedan.
Publicidad de la venta o arrendamiento de viviendas por promotor 1. Para la publicidad de venta o arrendamiento de viviendas de Protección Pública en Régimen Autonómico por medio de anuncios o por cualquier otro sistema de propaganda será necesario que en el texto consten necesariamente los siguientes datos:
a) Número del expediente de construcción.
c) Fecha de calificación definitiva o, en su caso, fechas de calificación provisional y de terminación de las obras.
d) Licencia Municipal de Obras.
e) Precio total de venta de cada tipo de viviendas y condiciones de pago, si se hubiese otorgado calificación definitiva; o, en otro caso, además de tal indicación, la de si está autorizado para percibir cantidades a cuenta del precio, conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente.
f) Expresión de que las viviendas habrán de dedicarse a domicilio y residencia permanente.
g) Los requisitos y condiciones personales y económicas que deben cumplir los compradores de este tipo de viviendas.
2. Estos datos habrán de componerse en el anuncio, en tipos perfectamente legibles y de tamaño igual, al menos, que el predominante en la revista o diario en que se inserte. Si se trata de edición independiente se utilizarán, al menos, tipos del cuerpo ocho.
3. En caso de incumplimiento de los requisitos de publicidad se incurrirá en la infracción prevista por el artículo 153.C.9 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio.
Solicitud del promotor de cantidades a cuenta o anticipos del precio 1. Para que los promotores de Viviendas de Protección Pública en Régimen Autonómico puedan percibir de los compradores o adquirentes durante el periodo de la construcción y una vez otorgada la calificación provisional la parte de precio que no haya de aplazarse deberán cumplir las siguientes condiciones:
a) Que el número de futuros adquirentes no sea mayor que el de las viviendas calificadas provisionalmente.
b) Que las cantidades anticipadas se apliquen únicamente a la construcción de las viviendas, siendo ingresadas en cualquier establecimiento bancario o Caja de Ahorros a disposición del promotor, con distinción de cualquier otra clase de fondos pertenecientes al mismo.
c) Que en los contratos que otorguen para formalizar las entregas a cuenta se haga constar de manera indubitada la cuantía de las mismas, los plazos en que han de ser satisfechas, la cuenta especial de la entidad bancaria o Caja de Ahorros donde ha de verificarse el ingreso, la fecha de entrega de la vivienda y la garantía que haya sido constituida por el promotor entre las previstas en el apartado 2.b) de este artículo.
d) Que solicite la pertinente autorización previa de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura en cualquier momento anterior a la calificación definitiva. En la solicitud de autorización deberá hacer constar el importe total de las cantidades que pretenda obtener por este concepto. La autorización previa será otorgada, en su caso, en el plazo de un mes desde su solicitud.
2. A la solicitud presentada se deberá acompañar necesariamente:
a) Certificación del Registro de la Propiedad acreditativa del dominio de los terrenos o del derecho que faculte al promotor para realizar la construcción y que se hallan libres de cargas y gravámenes, salvo aquellos constituidos en garantía de devolución de los préstamos o anticipos concedidos para la construcción de las viviendas.
b) Aval bancario suficiente o contrato se seguro que garantice la devolución del importe de las cantidades recibidas, más los intereses legales correspondientes, en caso de no obtener la calificación definitiva o no terminar las obras dentro del plazo fijado en la calificación provisional o en la prórroga reglamentariamente concedida.
c) Licencia Municipal de Obras.
3. Comprobado el cumplimiento todas las condiciones y habiéndose aportado todos los documentos requeridos, se autorizará a los promotores solicitantes para que puedan percibir de los compradores o adquirentes anticipos o cantidades a cuenta durante el periodo de la construcción.
Clausulado obligatorio en los contratos 1. En los contratos traslativos de dominio y de cesión en uso de viviendas de protección pública en régimen autonómico se habrá de consignar expresamente:
a) Los datos del documento nacional de identidad de los contratantes y de los familiares que convivan con el adquirente o cesionario, con mención de su domicilio legal.
b) Que la vivienda o viviendas objeto de la transmisión están sujetas a las prohibiciones y limitaciones derivadas del régimen de viviendas de protección pública en régimen autonómica y, por consiguiente, que las condiciones de utilización serán señaladas en la calificación definitiva, que los precios de venta o renta no podrán exceder de los límites señalados en esta norma y que la vivienda habrá de utilizarse como domicilio habitual y permanente. En caso de mantener la vivienda habitualmente vacía la Administración podrá instarle a cumplir su obligación de ocupación personalmente, mediante la cesión gratuita prevista en este Decreto o mediante contrato arrendamiento con renta limitada.
c) Que el adquirente o cesionario se comprometa a mantener la vivienda en buen estado de conservación, policía e higiene, en la forma y medida que le sea imputable tal obligación, y en caso de que la haya de destinar a uso propio, a no utilizar simultáneamente, por cualquier título, ninguna otra vivienda, construida con protección oficial, bien sea como propietario, inquilino o usuario.
Control e inscripción de los contratos 1. La Dirección General de Vivienda y Arquitectura llevará un registro de Viviendas de Protección Pública en Régimen Autonómico, en el que se tomará razón de todos los contratos traslativos de dominio o de cesión de uso por cualquier título de las mismas.
2. Los contratos originales o, en su caso, la copia notarial autorizada y dos copias simples de los mismos se presentarán en la citada Dirección General en el plazo de diez días, a partir de su otorgamiento.
3. En el supuesto de que se ajusten a la legalidad vigente, se devolverán, visados y sellados, el original y una copia simple a los interesados; la otra copia quedará en poder de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura.
4. Si los contratos no reunieran los requisitos exigidos se concederá a los interesados un plazo de diez días para su subsanación, transcurrido el cual sin llevarla a efecto se procederá a incoar el correspondiente procedimiento sancionador.
Autorización para obras Para que los propietarios, arrendatarios o usuarios de las Viviendas de Protección Pública en Régimen Autonómico puedan realizar en ellas obras de modificación, mejora o reforma de las mismas o de los edificios en que estén emplazadas, será preciso en todo caso que obtengan la previa autorización de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura. En la solicitud se deberá especificar exactamente en qué consistirán las modificaciones o mejoras y se deberá acompañar del presupuesto detallado de las mismas y de la licencia municipal, en su caso.
Capítulo IISubvenciones
Artículo 59 derogado por disposición derogatoria única de D [CANTABRIA] 49/2014, 11 septiembre, por el que se regulan las subvenciones a la rehabilitación de viviendas, a la promoción de alojamientos protegidos, a la adquisición y promoción de viviendas protegidas y a la erradicación del chabolismo en Cantabria («B.O.C.» 23 septiembre).Vigencia: 24 septiembre 2014
Artículo 60 derogado por disposición derogatoria única de D [CANTABRIA] 49/2014, 11 septiembre, por el que se regulan las subvenciones a la rehabilitación de viviendas, a la promoción de alojamientos protegidos, a la adquisición y promoción de viviendas protegidas y a la erradicación del chabolismo en Cantabria («B.O.C.» 23 septiembre).Vigencia: 24 septiembre 2014
Artículo 61 derogado por disposición derogatoria única de D [CANTABRIA] 49/2014, 11 septiembre, por el que se regulan las subvenciones a la rehabilitación de viviendas, a la promoción de alojamientos protegidos, a la adquisición y promoción de viviendas protegidas y a la erradicación del chabolismo en Cantabria («B.O.C.» 23 septiembre).Vigencia: 24 septiembre 2014
Objeto del arrendamiento 1. El objeto de los contratos de arrendamiento, será exclusivamente la vivienda con los anejos y servicios expresamente definidos como tales en la cédula de calificación definitiva.
2. Queda, por tanto, prohibido de manera expresa:
a) El arrendamiento de viviendas provistas en todo o parte del mobiliario, menaje de la casa u otros bienes muebles, incluso bajo la forma de contrato independiente al de arrendamiento y aunque uno y otro contrato se otorguen por personas distintas.
b) El arrendamiento conjunto de vivienda y local de negocio o de cualquier otro bien inmueble o servicio que no haya sido incluido en la cédula de calificación definitiva como anejo de aquélla.
3. Las Viviendas de Protección Pública en Régimen Autonómico no podrán ser objeto de contrato de subarriendo o cesión de uso total y parcial.
Renta máxima 1. La cuantía máxima de los alquileres de las Viviendas de Protección Pública en Régimen Autonómico se determinará con arreglo a las siguientes normas:
a) La renta máxima inicial anual de una vivienda de protección pública en régimen autonómico será del 4% del precio máximo de venta que, de acuerdo con el artículo 17 del presente Decreto, corresponda en el momento de la celebración del contrato de arrendamiento. Para la determinación de esta renta máxima inicial se tendrá en cuenta el precio de venta que se fija en relación a la superficie útil de la vivienda, incluyendo sus anejos vinculados, en la fecha de la celebración del contrato de arrendamiento.
b) Además de las cantidades señaladas, el propietario, con el mismo concepto de alquiler, podrá repercutir en los inquilinos los gastos que se produzcan y él satisfaga por guardería, limpieza y conservación de viales, parques, jardines y demás superficies vinculadas a la construcción hasta que se hagan cargo de los mismos los respectivos Ayuntamientos o las empresas que por título legítimo hayan de prestar los correspondientes servicios, en cuyo supuesto podrán repercutir el importe de la contraprestación que por tal motivo hayan de satisfacer.
c) Las cantidades satisfechas por el propietario por la prestación de los servicios a que se refieren las dos normas anteriores se distribuirán entre los arrendatarios en proporción al consumo hecho por cada uno, si fuesen susceptibles de medida por contador. Para cualquier otro caso, se prorrateará dicho coste en función de la superficie construida de cada una de las viviendas. En cualquiera de ambos supuestos, para efectuar esta distribución se tendrán también en cuenta los locales de negocio, cuyos propietarios o arrendatarios satisfarán la cantidad que les corresponda en el coste de los servicios con arreglo a las mismas normas anteriores.
d) La cuantía máxima de los alquileres, con excepción de la parte de la misma exigible por la prestación de los servicios a que se refieren los apartados b) y c) de este punto, será fijada inicialmente en la cédula de Calificación Definitiva.
e) En caso de mejoras realizadas por el propietario este tendrá derecho a incrementar la renta en los términos establecidos en la vigente Ley de arrendamientos urbanos. 2. Las rentas de las viviendas así establecidas podrán ser revisadas anualmente con arreglo a las modificaciones que, en ese periodo experimente el índice nacional general del sistema de índices de precios al consumo, publicado por el Instituto Nacional de Estadística u organismo que le sustituya.
Acceso a la propiedad de los arrendatarios Los propietarios de viviendas calificadas para ser destinadas a arrendamiento podrán venderlas a sus arrendatarios, previa autorización de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Su precio no podrá superar el máximo establecido conforme al que ha servido como referencia para la fijación de la última renta.
b) Que se incorpore previamente el consentimiento expreso de los arrendatarios a la compra proyectada en las condiciones establecidas en el presente Decreto.
c) Si se trata de viviendas construidas por empresas con destino a su personal y el precio o parte de él quedase aplazado, el contrato habrá de contener la cláusula expresa de que el cese en la relación laboral no determinará la resolución del arrendamiento.
d) Cumplir las condiciones personales y económicas exigidas al adquirente que se encuentren vigentes en el momento de la perfección del contrato de compraventa.
Capítulo IVExtinción y descalificación
Extinción del Régimen legal El régimen de Viviendas de Protección Pública en Régimen Autonómico se extingue:
a) Por el transcurso del plazo de quince años contados a partir de la fecha de la calificación Definitiva.
b) Por descalificación que podrá ser acordada en virtud del correspondiente expediente cuando se hayan incumplido los trámites y requisitos establecidos en el presente Decreto.
Caducidad El mero transcurso del plazo de quince años, contados desde la calificación definitiva, determinará, sin necesidad de declaración especial, la extinción de cuantas limitaciones impone este régimen legal y, en consecuencia, la aplicación a las viviendas de que se trate de las prescripciones ordinarias de la legislación común, cancelándose en el Registro de la Propiedad las afecciones que se hubieren producido.
Descalificación 1. La descalificación por incumplimiento se acordará mediante la correspondiente Resolución de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, previa instrucción del oportuno expediente, a propuesta del director general de Vivienda y Arquitectura.
2. La descalificación de las Viviendas de Protección Pública en Régimen Autonómico comportará necesariamente y de forma inmediata, el reintegro de todos los beneficios económicos concedidos así como de las bonificaciones y exenciones tributarias disfrutadas. Durante el plazo de cinco años, a contar de la fecha de la descalificación, los usuarios legítimos de las viviendas conservarán los derechos derivados del régimen legal de protección y los propietarios no podrán concertar ventas o arrendamientos a precios superiores a los que sean aplicables según este Decreto, debiendo conservar las condiciones de prestación de los servicios sin modificarlas en perjuicio de los usuarios.
3. Transcurrido el plazo expresado, las viviendas quedarán sometidas al régimen establecido en la legislación común y, en lo pertinente, en la de arrendamientos urbanos.
Precio Básico Autonómico El Precio Básico Autonómico se fija inicialmente en 648,98 euros por m² de superficie útil. Este precio podrá ser revisado periódicamente por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda que podrá adoptar la decisión de establecer un precio distinto, adaptándolo a las nuevas circunstancias y coyuntura, en forma de Orden dictada en desarrollo del presente Decreto.
Véase O [CANTABRIA] OBR/5/2005, 5 julio, por la que se fija el nuevo Precio Básico Autonómico para las Viviendas de Protección Pública en régimen autonómico («B.O.C.» 13 julio), que queda establecido en 688,44 euros por metro cuadrado de superficie útil.
Modificación del Decreto 66/2002, de 6 de junio de 2002, sobre actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo en Cantabria 1. Se da nueva redacción al artículo 29, que queda redactado de la siguiente manera:
Precios máximos de venta o adjudicación 1. El precio máximo de venta o adjudicación, por metro cuadrado de superficie útil, que figurará en la calificación provisional de las viviendas de protección pública de régimen general será el resultante de aplicar al precio básico nacional el coeficiente multiplicativo cifrado en 1,56. Se declara a los efectos del artículo 8 del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero y de la Orden Ministerial 738/2002, de27 de marzo, al municipio de Santander como municipio singular del grupo C».
2. Se da nueva redacción a la rúbrica del capítulo I del título VI que a tener la siguiente redacción:
«Adquisición y habilitación de suelos para viviendas de protección pública en régimen general y especial».
3. La referencia a «viviendas de protección pública en régimen especial» de los artículos 80 a 86 se sustituye por la referencia a «viviendas de protección pública en régimen general y especial».
4. Se da nueva redacción al artículo 81, que queda redactado como sigue:
Cuantía de la subvención 1. La cuantía de las subvenciones a las que se refiere este capítulo serán las siguientes:
a) El 8 % del precio de venta de las viviendas, incluidos los anejos vinculados, cuando se procede a la previa adquisición o habilitación de suelo y las viviendas de la promoción sean de Protección Pública en Régimen General.
b) El 10 % del precio de venta de las viviendas, incluidos los anejos vinculados, cuando se procede a la previa adquisición o habilitación de suelo y las viviendas de la promoción sean de Protección Pública en Régimen Especial.
2. En ningún caso el importe de la subvención podrá superar el valor del suelo entendiéndose como tal, el que figure en la escritura de compraventa, más los costes correspondientes a los honorarios técnicos, gastos de urbanización en su caso, tributos y licencias.
3. Si parte de los terrenos hubieran sido obtenidos gratuitamente por los mecanismos de gestión del planeamiento urbanístico aportados gratuitamente por los Entes Territoriales, Corporaciones Locales o futuros adjudicatarios de las viviendas, a los efectos de las subvenciones al promotor se descontará del precio de las mismas el valor del suelo aportado.
4. En los supuestos en los que se trate de habilitación de suelo cuya adquisición se haya producido con una antelación superior a dos años contados a partir de la presentación de la solicitud, el valor máximo del suelo, a efectos de la aplicación del presente Decreto, será el equivalente a la cuantía resultante de multiplicar el 15% del precio básico nacional vigente en el momento de la solicitud de subvención, por la superficie útil total de las viviendas que se proyecte edificar.
5. El importe de la subvención podrá ser anticipado, en todos los casos y salvo disponibilidad presupuestaria, debiendo cumplir las siguientes condiciones:
a) Presentación previa de aval ante la Tesorería General de la Consejería de Economía y Hacienda, que garantice la devolución de los importes, en el caso de que la citada subvención no alcance los objetivos para los que ha sido establecida en el plazo de tiempo determinado.
b) Obtención de calificación Provisional como viviendas de Protección Pública en Régimen General o Especial.
c) Presentación de copia simple de la escritura del Préstamo Cualificado.»
Áreas geográficas y coeficientes correctores En tanto no se establezcan las Áreas geográficas conforme a lo previsto en el apartado 3 del artículo 7 del presente Decreto, se determina inicialmente una única Área geográfica que se corresponde con los límites geográficos de todos los términos municipales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, quedando establecido inicialmente el coeficiente corrector aplicable en 2,184.
Normas técnicas de diseño y calidad. Instalaciones mínimas 1. En tanto no se aprueben las normas técnicas de diseño y calidad previstas en el artículo 6 del presente Decreto, regirán, respecto a la calidad, las establecidas en las Ordenes Ministeriales de 24 de noviembre de 1976 y 17 de mayo de 1977, y respecto al diseño, las Ordenanzas Provisionales de Viviendas de Protección Oficial aprobadas por Orden de 20 de mayo de 1979 modificadas por la Orden de 21 de febrero de 1981.
2. En todo caso, para este tipo de viviendas se consideran como instalaciones mínimas preceptivas, cuyas acometidas generales a los servicios correspondientes serán a cargo del promotor, las siguientes:
- Instalación eléctrica para alumbrado y uso domésticos.
- Instalación de abastecimiento agua y saneamiento.
- Instalación de calefacción y ACS, con sistema de calentamiento individual o centralizado, excluyéndose la calefacción con energía eléctrica directa por efecto Joule.
Régimen jurídico En todo lo no previsto en el presente Decreto sobre el régimen jurídico de las Viviendas de protección oficial en Régimen Autonómico, y mientras no sea objeto de la consiguiente regulación posterior, resultará de aplicación la normativa sobre el Régimen Jurídico de las viviendas de protección pública en régimen general previsto en el Real Decreto Ley 31/1978, de 31 de octubre sobre política de viviendas de protección oficial y sus normas de desarrollo contenidas en el Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre y el Reglamento de vivienda de protección oficial aprobado por el Decreto 2114/1968, de 24 de julio.
Promociones ya calificadas No podrán acogerse a ninguno de los incentivos para la construcción de viviendas de protección pública introducidos por el presente Decreto aquellas promociones de viviendas que ya hayan sido objeto de calificación o que se construyan en terrenos que ya se hayan calificado previamente conforme a la normativa anterior.
Facultades de desarrollo Por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, se dictarán, en el marco de sus competencias, las disposiciones que requiera la aplicación y desarrollo del presente Decreto.
Entrada en vigor El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOC.