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Timestamp: 2016-05-29 17:11:15
Document Index: 148249368

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26']

Ley de la Persona con Discapacidad - Ley 1678 - Bolivia - InfoLeyes - Legislación online
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La Disposición Transitoria Única de la Ley 223 de 02/03/2012 dispone la vigencia de los derechos para las personas con discapacidad establecidos en esta Ley , hasta que se aprueben los estatutos autonómicos, cartas orgánicas y otras disposiciones legales de otros niveles del Estado.
DECRETA: LEY DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD CAPITULO IDE LAS DEFINICIONES Artículo 1.
Para los efectos de la presente ley se utilizaran las definiciones
Es toda restricción o ausencia, debida a una deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser
Es una situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, que limita e impide el desempeño de un rol que es normal, en función de la edad, del sexo y de los factores sociales y culturales
Significa la adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, mentales o sensoriales (Prevención Primaria) o a evitar que las deficiencias, cuando se ha producido, se agraven o produzcan consecuencias
físicas, psicológicas y sociales negativas (Prevención Secundaria).
Es el proceso global y contínuo, de duración limitada y con objetivos definidos, encaminados a permitir que una persona con deficiencia alcance un nivel físico, mental y social óptimo, proporcionándole así los medios que le posibiliten llevar en forma independiente y libre su propia vida. Puede comprender medidas
encaminadas a compensar la pérdida de una función o una limitación funcional, y otras medidas encaminadas a facilitar ajustes o reajustes sociales.
Se entiende como un conjunto de servicios, programas y recursos educativos puestos a disposición de las personas para favorecer su desarrollo integral, facilitándoles la adquisición de habilidades y destrezas que los capaciten para lograr el fin último de la educación. La Educación Especial se enmarca en los
principios filosóficos de Normalización, Integración, Sectorización de Servicios e Individualización de la Enseñanza.
Es la actitud y/o conducta social segregacionista, que margina a las personas con
discapacidad, por el sólo hecho de presentar una deficiencia.
Se adopta esta denominación en lugar de Discapacitados, Impedidos y otras, por el hecho de que incita perentoriamente a la obligación y responsabilidad de satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad, a través de las acciones que sean requeridas y para superar confusiones nocivas y rotulaciones a
la sociedad. CAPITULO IIDE LA FINALIDAD, AMBITO Y APLICACION DE LA LEY Artículo 2.
La presente ley regula los derechos, deberes y garantías de las personas con discapacidad, estantes y habitantes en el territorio de la República. Tiene la finalidad de normar los procesos destinados a la habilitación, rehabilitación, prevención y equiparación de
oportunidades de las personas discapacitadas, así como su incorporación a los regímenes de trabajo, educación, salud y seguridad social, con seguros de corto y largo plazos. Artículo 3.
Las normas y disposiciones contenidas en la presente ley son de orden
público y social; su aplicación es imperativa. Artículo 4.
Los organismos del sector público, privado y mixto que tengan relación
con la presente ley, se encuentran sujetos a su ámbito de aplicación y cumplimiento. CAPITULO IIIDE LOS DERECHOS Artículo 5.
Las personas con discapacidad gozan de los derechos y garantías
reconocidos por la Constitución Política del Estado otras disposiciones legales y de los
beneficios que establece la presente ley. Artículo 6.
Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las personas
discapacitadas son irrenunciables, siendo los principales:
El derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte, bajo la
protección y asistencia de la familia, de la sociedad y del Estado.
A vivir en el seno de su familia o en un hogar que la sustituya, en caso de no contar con ésta.
A gozar de las prestaciones integrales de salud y otros beneficios
sociales de la misma calidad, eficiencia y oportunidad que rigen para los demás habitantes del país.
A participar en las decisiones sobre su tratamiento, dentro de sus
posibilidades y medios.
A recibir educación en todos los ciclos o niveles, sin ninguna
discriminación, en establecimientos públicos y privados, de acuerdo al tipo y grado de discapacidad.
A recibir las facilidades otorgadas por el Estado y las instituciones privadas para su libre movilización y desplazamiento, en las vías públicas, en recintos públicos y privados, en áreas de trabajo, deportivas y de esparcimiento, eliminando las barreras sociales, culturales, comunicacionales y arquitectónicas. CAPITULO IVDE LAS OBLIGACIONES Artículo 7.
La persona que requiera de rehabilitación integral de acuerdo a su edad
cronológica y a sus aptitudes, deberá ingresar a establecimientos especializados para recibir
atención adecuada. En caso necesario recurrirá a las Oficinas de Asistencia Social del Estado,
para realizar los trámites de admisión pertinentes. Artículo 8.
Las personas que haya pasado por el proceso de rehabilitación sin haber
alcanzado íntegramente su habilitación, deberán ingresar a establecimientos especializados ya
sean éstos públicos o privados, de acuerdo al tipo y grado de discapacidad. Artículo 9.
La persona con discapacidad de acuerdo a los límites que le imponen los
distintos tipos de discapacidad y minusvalía, deberán participar en el caso de los adultos, en
las tareas comunes de la convivencia social y en la formulación de planes y programas
destinados a su rehabilitación y habilitación. Artículo 10.
Toda persona con discapacidad, postulante a un empleo, tendrá igualdad
de oportunidades. Al igual que cualquier otro habitante, presentará su solicitud de empleo cumpliendo los requisitos y formalidades necesarias que le permitan ser calificado con respecto a su competencia para realizar el trabajo al que postula. Cualquier discriminación que
perjudique sus intereses, el postulante podrá elevar su queja a la autoridad competente. Artículo 11.
Los padres y tutores de personas con discapacidad están obligados a
prestarles la atención y el cuidado necesarios, lo mismo que, procurar los medios adecuados
para su mejor rehabilitación. Artículo 12.
Es deber del Estado hacer respetar y fiscalizar el estricto cumplimiento de
las disposiciones legales sobre higiene y seguridad industrial, así como destinar los recursos
necesarios para evitar y prevenir las causas de discapacidad e incentivar a la comunidad para
cooperar en la utilización de dichos recursos. Artículo 13.
El Estado y la comunidad promoverán la creación de servicios
especializados en beneficio de la persona con discapacidad, particularmente, para los que no
tienen padres o tutores y que por sus limitaciones requieran permanente atención. Artículo 14.
El empleador que contrate y/o emplee a personas con discapacidad,
recibirá el reconocimiento del Estado; en igual forma, todas las personas, profesionales y no
profesionales que trabajen en las áreas de salud, rehabilitación integral y educación de las
personas con discapacidad. Artículo 15.
El Ministerio de Trabajo promoverá la creación de incentivos de diversa
índole para las empresas, asociaciones y grupos de auto ayuda
productivos, formados por
personas con discapacidad. Artículo 16.
Las empresas de transporte terrestre, aéreo, lacustre y fluvial, sean
públicas o privadas, darán las máximas facilidades a las personas con discapacidad para llevar
consigo y sin recargo alguno, sus equipos biomecánicos, las sillas de ruedas y otros
implementos necesarios, así como perros lazarillos. CAPITULO VDEL ORGANISMO EJECUTOR Artículo 17.
Se constituye el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad, como
entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo Humano, que tendrá como objetivo principal la orientación, coordinación, control y asesoramiento de políticas y acciones en beneficio de las personas discapacitadas. Su composición es la siguiente:
Un representante de la Secretaría Nacional de Salud.
Un representante de la Secretaria Nacional de Educación.
Cuatro representantes de la Confederación de Personas con
Discapacidad y /o mantenimiento paridad con los demás representantes.
Un representante de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s)
que trabajen en el área de la discapacidad. Artículo 18.
El Comité Nacional de la Persona con Discapacidad contará con un
Consejo Consultor, que será convocado según las necesidades. CAPITULO VIDE LAS ATRIBUCIONES DEL ORGANISMO EJECUTOR Artículo 19.
El Comité Nacional de la Persona con Discapacidad, tendrá las
Promover y proponer a todo nivel, políticas en materia de
Evaluar, controlar y supervisar la ejecución de planes, programas y
proyectos en materia de discapacidad.
Promover y recomendar la creación de instituciones de rehabitación y/o habilitación y el mejoramiento de las existentes, de acuerdo a los avances científicos y tecnológicos de esta especialidad.
Promover y recomendar la creación de organizaciones de persona con
discapacidad, de padres, tutores y curadores.
Coordinar las actividades de las instituciones públicas, privadas y
mixtas que desarrollan labores en materia de discapacidad.
Incentivar programas de capacitación de recursos humanos en materia
Estimular la fabricación, importación y uso de equipos, instrumentos y elementos de ayuda biomecánica
Promover y apoyar la investigación, información, documentación y
estudio en discapacidad.
Coordinar con los distintos ámbitos estatales y privados, respetando el
principio de la normalización, universalidad y democratización.
Velar por el adecuado destino y uso de los recursos humanos, materiales
y económicos orientados a la problemática de la discapacidad. CAPITULO VIIDE LA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL Artículo 20.
La Secretaría Nacional de Asuntos Urbanos en coordinación con las
Alcaldías Municipales, el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad y otras
instituciones afines a la problemática de la discapacidad, en cumplimiento de sus específicas
funciones y bajo su responsabilidad, dictarán las normas específicas en lo urbano,
arquitectónico y la construcción, ajustadas a la realidad nacional, con destino a servir a la
integración de las personas con discapacidad. Artículo 21.
El Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios, Secretarías Nacionales,
prefecturas, organismos técnicos, así como los Municipios y demás instituciones estatales,
para el cumplimiento de las acciones específicas que les compete en el campo de la
discapacidad, deberán revisar, reorganizar, reforzar y/o crear las unidades especializadas
correspondientes, destinadas a la atención de la persona discapacitada y actuar conforme a los
planes, programas y normas relativas a la discapacidad, en las funciones de cada una de las
instituciones antes mencionadas. Artículo 22.
La Secretaría Nacional de Hacienda a través de las reparticiones de su
dependencia, previo dictamen favorable del Comité Nacional del Discapacitado y de acuerdo a
reglamentación especial, otorgará las franquicias, liberaciones y/o exenciones en el pago de
gravámenes e impuestos a toda importación de:
Equipos, materiales e instrumental destinados a los Centros de
Habilitación y Rehabilitación de personas con discapacidad en todo el país.
Equipo y enseres de uso estrictamente personal de discapacitados. Artículo 23.
Los organismos encargados de aplicar la presente ley, deberán contar con
los profesionales y técnicos de reconocida idoneidad, para la atención de la persona
discapacitada. Artículo 24.
Las entidades privadas creadas por disposiciones legales destinadas a
ejercer actividades en el campo de habilitación y rehabilitación, deberán cumplir estrictamente
lo establecido en la presente ley y su reglamento. DISPOSICIONES FINALES Artículo 25.
El poder Ejecutivo queda encargado de la reglamentación de la presente
ley en el plazo de 180 días a partir de su promulgación. Artículo 26.
Quedan derogadas las disposiciones legales contrarias, exceptuando la
Ley de 22 de enero de 1957, que crea el Instituto Boliviano de la Ceguera. Remítase al Poder Ejecutivo para fines constitucionales.
Fdo. Juan Carlos Durán Saucedo, Guillermo Bedregal, Guillermo Richter A., Horacio Torres Guzmán, Miguel Antoraz Chalup, Alfredo Romero.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República. Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los quince días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y cinco años.
FDO. GONZALO SANCHEZ DE LOZADA, Carlos Sánchez Berzaín, José G.
Justiniano Sandoval, Fredy Teodovich Ortíz, Reynaldo Peters Arzabe MINISTRO DE TRABAJO Y SUPLENTE DE JUSTICIA. Términos y Condiciones