Source: http://cubamcud.org/Articulos/Listado-Luzarraga21.htm
Timestamp: 2018-05-23 20:37:54
Document Index: 229915760

Matched Legal Cases: ['artículo 62', 'Artículo 62', 'artículo 3', 'artículo 72', 'artículo 103', 'Artículo 2', 'Artículo 7', 'Artículo 9', 'artículo 39', 'artículo 1', 'artículo 26', 'artículo 8', 'Artículo 121']

Constitución Cubana de 1976, ¡Al Basurero!
Entramado Jurídico de la Tiranía Cubana
Fiel a su origen, la constitución castrista-estalinista se dedica a contradecirse a lo largo de su articulado. Lo que da con una mano lo quita con la otra.
El artículo 62 es revelador.
“Artículo 62.- Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible”.
“Todos los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución“.
Para eliminar dudas, el 27 de Junio de 2002, la Asamblea popular pasó la siguiente reforma constitucional (naturalmente por unanimidad)
Esta Constitución sólo puede ser reformada por la Asamblea Nacional del Poder Popular mediante acuerdo adoptado, en votación nominal, por una mayoría no inferior a las dos terceras partes del número total de sus integrantes, excepto en lo que se refiere al sistema político, económico y social, cuyo carácter irrevocable lo establece el artículo 3 del Capítulo I, y la prohibición de negociar acuerdos bajo agresión, amenaza o coerción de una potencia extranjera".
La criminalización de las conductas de oposición al régimen por la simple expresión de ideas diferentes es típica de las constituciones totalitarias.
Primero se establecen los principios totalitarios y seguidamente se dictan las leyes represivas. El Código penal castrista, la ley mordaza (Ley No.88 de Protección de la Idependencia Ncional y la Eonomía de Cuba) y demás disposiciones no surgen por mero accidente. Son parte de un engranaje diseñado para mantener el poder concentrado en pocas manos y reprimir. El comunismo intenta primero la coacción psicológica y el entramado legal es parte relevante de esa coacción.
Es así como se crean delitos típicos del sistema, delitos que no existen en otros países o que en ocasiones son distorsiones de doctrinas del derecho penal.
El antiguo Código de Defensa Social contemplaba el estado de peligrosidad y establecía la posibilidad de medidas cautelares para narcómanos, etc. siempre con audiencia ante un juez y un procedimiento contradictorio. Las causales eran claras y había que probarlas. Pero alentado por la constitución totalitaria el legislador castrista retuerce esos principios que se convierten en el artículo 72 del Código Penal;
“Articulo 72. Se considera estado peligroso la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista”.
Lo contrario a esa “moral” puede pasar a ser un acto de “propaganda enemiga.”
Otro delito peculiar del sistema definido en el artículo 103 del Código Penal que sanciona al que “incite contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado socialista, mediante la propaganda oral o escrita o en cualquier otra forma”.>p> Esto fue a su vez remachado por la mencionada Ley Mordaza cuyo Artículo 2 reza: "Dado el carácter especial de esta Ley, su aplicación será preferente a cualquier otra legislación penal que le preceda." Establece nuevas y severísimas sanciones sólo por el hecho de expresar una opinión, e increíblemente postula la retroactividad de la ley en perjuicio del acusado violando así un principio clásico del derecho penal.
"Artículo 7.1: El que... colabore por cualquier vía con emisoras de radio o televisión, periódicos, revistas u otros medios de difusión extranjeros, incurre en sanción de privación de libertad de dos a cinco años o multa de mil a tres mil cuotas o ambas".
"Artículo 9.1: 2. La sanción es de privación de libertad de ocho a veinte años cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: b) si el hecho se realiza con ánimo de lucro o mediante dádiva, remuneración, recompensa o promesa de cualquier ventaja o beneficio".
"[Los ciudadanos] reciben asistencia en todas las instituciones de salud* se domicilian en cualquier sector, zona o barrio de las ciudades y se alojan en cualquier hotel.
· disfrutan de los mismos balnearios, playas, parques, círculos sociales y demás centros de cultura, deportes, recreación y descanso".
Continuemos con los monopolios. La educación es uno de los más ofensivos puesto que el estado se apropia de ella para sus propios fines y procede a dictar no sólo el programa educativo sino a prohibir cualquier otra educación contraria a su objetivo.
El artículo 39 de la constitución castrista incisos a) y c) establece que los estudiantes deben de ser formados de acuerdo con el ideario marxista al establecer que es deber del estado “promover….la formación comunista de las nuevas generaciones y la preparación de los niños, jóvenes y adultos para la vida social”.
De nuevo causa y efecto. El Código de la Niñez y la Juventud en su artículo 1 explica su propósito: formar una personalidad comunista y alega que es preciso regular los diferentes aspectos de la vida de la nueva generación, sus deberes y sus derechos.
No es de extrañar que más adelante (Art. 23) hable de la actitud política como criterio de acceso a la enseñanza superior y que el Art. 26 requiera una actitud “integralmente correcta.” Y para colofón existe el horrible instrumento de presión llamado 'expediente acumulativo' que acompaña al estudiante durante toda su carrera escolar registrando no sólo sus calificaciones sino sus “actitudes políticas" y por analogía las de su familia.
La Declaración de los Derechos Humanos lo dice bien claro en su artículo 26 “los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.
Tanta es la preocupación del estado con mantener su monopolio que inventa un delito peculiar, el de “abuso de la libertad de cultos “ que define en el Art. 206 del Código Penal así: “El que, abusando de la libertad de cultos garantizada por la Constitución, oponga la creencia religiosa a los objetivos de la educación”.
Para no ser omisos y mantener su sistema de contradicción sistemática marxista y hegeliano violan el artículo 8 de la constitución que dice: “El Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa”.
El pueblo cubano ha perdido así hasta los más sagrados derechos hasta aquéllos que pertenecen a la intimidad familiar al hogar, al derecho de pasar opiniones y tradiciones a los hijos. La enormidad del desafuero jurídico es abrumadora.
Y siguen los delitos que contradicen artículos constitucionales.
El Art. 208 del Código Penal castiga la asociación ilícita que consiste en reunirse sin previa autorización, el 216 la salida del país sin autorización previa, el 204 pena el menosprecio de las organizaciones políticas o de masas (entérese ciudadano: le tiene que gustar el comunismo) y el 202 y 207 castigan la instigación para delinquir y la asociación para el mismo efecto, delito común a todos los códigos pero que en Cuba se usa para perseguir a adversarios políticos pues opinar diferente es un delito.
Uno de los delitos mas repugnantes es el de salida ilícita lo cual convierte la patria en cárcel y a los gobernantes en cancerberos. Choca frontalmente con el Art. 13 de la mencionada declaración de los derechos humanos que expresa: “Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país.”
La constitución de Castro se muestra silente al respecto pues la emigración se utiliza solo para librarse de los adversarios políticos después de reprimirlos. Compárese con el luminoso precepto de la constitución del 40:
“Art. 30. Toda persona podrá entrar y permanecer en el territorio nacional, salir de él, trasladarse de un lugar a otro y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte u otro requisito semejante, salvo lo que se disponga en las Leyes sobre inmigración y las atribuciones de la autoridad en caso de responsabilidad criminal. A nadie se obligará a mudar de domicilio o residencia sino por mandato de autoridad judicial y en los casos y con los requisitos que la Ley señale. Ningún cubano podrá ser expatriado ni se le prohibirán la entrada en el territorio de la República".
Una de las notas características de las constituciones que defienden al ciudadano es la que se refiere a las garantías procesales. Se consagran constitucionalmente para que el legislador no pueda dictar leyes que las vulneren. En la Cuba de Castro el Código de Procedimiento Criminal deja al acusado prácticamente indefenso hasta que comience el juicio y para colmo los cuerpos de la policía política y los comités de defensa de la revolución son según el Art. 101 de dicho Código “auxiliares del Poder Judicial”.
Es notable que el derecho a la libre sindicalización y el de huelga no existan. Estos derechos estaban tan protegidos que un sindicato no podía disolverse sin previa sentencia judicial. (Art. 69 y 71 de la constitución del 40).
Efrén Córdova, antiguo profesor de derecho laboral cubano nos dice que ello se debe precisamente al sofisma que comentábamos o sea que el estado se confunde con el trabajador y por ello supuestamente el ciudadano no precisa protección contra sí mismo. Pero como nos explica Córdova en la relación laboral siempre existe quien ordena y quien obedece y si el que ordena es el gobierno y detenta todo el poder es evidente que el potencial para abusos es ilimitado. Y en todo caso se pregunta Córdova: ¿Cómo puede coexistir la sindicalización libre con el “trabajo voluntario” no remunerado impuesto por el régimen? Y aún más, preguntamos. ¿Cómo es posible compaginar el derecho laboral con la sustracción continuada del salario pagado en dólares por el inversionista extranjero, directamente al gobierno castrista, mientras que éste paga en pesos, una ínfima fracción de lo recibido al trabajador?
Para eso está el poder judicial independiente. Pero en Cuba no hay revisión judicial de los actos de los otros poderes del estado y en particular de la constitucionalidad de las leyes.
El Art. 75c) confiere esa función al Asamblea del Poder Popular pero es una competencia absurda pues quien dicta las leyes no puede juzgarlas. Es un viejo principio del derecho de todos los tiempos y naciones el que establece que no se puede ser juez y parte al mismo tiempo. Sin embargo, el totalitarismo pretende poseer la verdad absoluta y se arroga el derecho de decir que sólo él puede enmendar errores. Otra contradicción que da pie al peculiar sistema judicial vigente en Cuba. El Art. 122 de la constitución dice que los jueces son independientes pero resulta que de acuerdo con esa misma constitución (Art. 75 y 121) los jueces y hasta los magistrados del tribunal supremo deben su puesto a la Asamblea del Poder Popular que los elige y a quien están subordinados:
“Artículo 121.- Los tribunales constituyen un sistema de órganos estatales, estructurado con independencia funcional de cualquier otro y subordinado jerárquicamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado”.
Como si no fuera poco, el Consejo de Estado según el Art. 90 inciso h, tiene el increíble poder de dar “instrucciones” a los tribunales a través del Tribunal Supremo (otra mezcla inaceptable de funciones) seguramente a fin de asegurar que algún juez lerdo u otro que sufra un ataque agudo de deseos de justicia no se desvíe del camino “correcto”.
Aunque el Art. 69 dice que la Asamblea del Poder Popular es el supremo poder del estado y que representa la soberanía del pueblo, la realidad es otra. La Asamblea elige de entre sus miembros un Presidente, un Primer Vice Presidente 5 Vice Presidentes y 23 miembros más que integran el Consejo de Estado. Castro y su hermano no han fallado en ser elegidos como Presidente y Primer Vice Presidente del Consejo durante los últimos 46 años y es allí donde “legalmente” reside el poder.
El autor está a la disposición de la comisión para ampliar o explicar el contenido de este informe.
*Alberto Luzárraga es abogado, banquero internacional y miembro del U.S. Association for Constitutional Law. Reside en Nueva York.
Fuente: www.futurodecuba.org / www.lanuevacuba.com