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Timestamp: 2020-01-17 18:35:40
Document Index: 40839698

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 194', 'artículo 193', 'artículo 194']

BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 324, de 30/01/2006
130/000027 Real Decreto-ley 16/2005, de 30 de diciembre, por el que se modifica el régimen transitorio de adaptación de las comisiones de control de los planes de pensiones de empleo y se regula la adaptación de determinados compromisos por pensiones vinculados a la jubilación.
Convalidación ... (Página 2)
162/000425 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a Alexandre Bóveda Iglesias, víctima del régimen franquista en Galicia ... (Página 5)
161/001414 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la instalación de un monumento en memoria del bombardeo padecido el 12 de febrero de 1939 en la estación de tren de Xátiva (Valencia) ...
Se publica a continuación el Real Decreto-ley 16/2005, de 30 de diciembre, por el que se modifica el régimen transitorio de adaptación de las comisiones de control de los planes de pensiones de empleo y se regula la adaptación de determinados compromisos por pensiones vinculados a la jubilación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2006.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
El párrafo que se modifica, en la redacción dada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, estableció un plazo de 3 años contados desde 1 de enero de 2002, ampliado posteriormente hasta 31 de diciembre de 2005, para la adaptación de las comisiones de control de los planes de empleo preexistentes a lo previsto en el apartado 3 del artículo 7 de la propia Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, transcurrido el cual, de no haberse acordado la adaptación, se aplicará directamente.
Dicho apartado 3 del artículo 7 incluye tres párrafos: el párrafo a) establece la composición paritaria de la comisión de control con carácter general, y los párrafos b) y c) que establecen unos requisitos mínimos para la adopción de acuerdos relativos a determinadas materias. La modificación realizada por este real decreto-ley en la norma transitoria afecta sólo a la composición de las comisiones de control, permitiendo que las anteriores a 1 de enero de 2002 mantengan su composición
sin necesidad de adaptarse a lo previsto en el citado párrafo a). En cambio, se mantiene vigente la obligación de adaptarse a lo previsto en los párrafos b) y c) del apartado 3 del artículo 7, dentro del plazo que finaliza el 31 de diciembre de 2005, de forma que, de no haberse realizado la adaptación, se aplicarán directamente a partir de 1 de enero de 2006.
Por otra parte, la disposición adicional decimoquinta de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, amplió el plazo de exteriorización de determinados compromisos por pensiones vinculados a la jubilación, los conocidos como "premios de jubilación" o denominaciones similares, establecidos en convenios colectivos sectoriales o supraempresariales, vinculados a la permanencia del trabajador en la empresa o sector hasta la jubilación, y consistentes en una prestación pagadera por una sola vez en el momento del cese por jubilación.
Mediante este real decreto-ley, se amplia el plazo de adaptación de los referidos compromisos hasta 31 de diciembre de 2006 y se regulan ciertas condiciones técnicas especiales de los contratos de seguro y planes de pensiones que se formalicen para su instrumentación.
Por otro lado, la imposibilidad de obtener un acuerdo expreso de negociación colectiva que permita fijar la composición de la comisión de control (paritaria o no) dentro del plazo que finaliza el 31 de diciembre
de 2005, supondrá la aplicabilidad ex lege del sistema paritario, lo cual podría afectar al equilibrio inicialmente alcanzado entre las partes al amparo de la regulación anterior, y dar lugar a que se cuestione la legitimidad de las comisiones de control y la eficacia de sus actuaciones.
De igual manera, en el caso de los premios de jubilación está justificada la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este real decreto-ley antes del 1 de enero de 2006, por cuanto se estima igualmente de necesidad ampliar el plazo de adaptación, ya que el actualmente concedido para su exteriorización, que finaliza el próximo 31 de diciembre de 2005, resulta insuficiente para los procesos de negociación conducentes a la adaptación de los citados compromisos por
pensiones y, en su caso, a la promoción de planes de promoción conjunta para integrar tales compromisos. Hay que tener en cuenta que los premios de jubilación están extendidos en muchos y heterogéneos sectores de actividad que comprenden gran número de empresas de pequeña y mediana dimensión, y es necesario abordar y completar los procesos de negociación conducentes a su exteriorización. Asimismo, se estima de extraordinaria y urgente necesidad regular ciertas condiciones técnicas de los contratos de seguro y planes de pensiones que instrumenten estos compromisos de jubilación, que permitan a las empresas flexibilizar la financiación de sus costes, facilitando así la adaptación de los citados compromisos en el plazo señalado.
"Los planes de pensiones de empleo existentes a 31 de diciembre de 2001 mantendrán la distribución de representantes en la comisión de control del plan prevista en sus especificaciones a dicha fecha, o la establecida en modificaciones posteriores de las especificaciones por acuerdo de negociación colectiva. En todo caso, en los planes de pensiones que no hayan adaptado sus especificaciones a lo establecido en los párrafos b) y c) del artículo 7.3 de esta Ley antes de 1 de enero de 2006, dichos preceptos se aplicarán directamente."
Proposición no de Ley relativa a Alexandre Bóveda Iglesias, víctima del régimen franquista en Galicia.
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2006.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado Francisco Rodríguez Sánchez (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a Alexandre Bóveda Iglesias, víctima del régimen franquista en Galicia, para su debate en Pleno.
La causa n.º 356/36 de un Juzgado eventual de Pontevedra, hoy depositada en el Archivo Regional Militar Noroeste en Ferrol, tiene como uno de sus encartados a Alexandre Bóveda Iglesias, nacido el 09-06-1903, en Ourense.
Bóveda ejerció como funcionario del cuerpo pericial de contabilidad del Estado, en la Delegación de Hacienda de Pontevedra, con el cargo de Jefe de Negociado, y fue Secretario de Organización del Partido Galeguista, durante toda la etapa republicana. Con la sublevación militar de 1936, se le aplicó la pena de muerte por sentencia firme del 13-08-36, después de un Consejo de Guerra sumarísimo del mismo día, acusado de "traición".
Los hechos a los que alude la causa sucedieron los días 18, 19 y 20 de julio de 1936. Los dirigentes de los partidos integrados en el Frente Popular acudieron al despacho del Gobernador Civil para organizar actuaciones que contrarrestasen o impidiesen "los efectos de la temida sublevación militar". Siguiendo la literalidad de la causa "en todas estas actividades y como elemento dirigente figuraba Alejandro Bóveda".
Eran, pues. actuaciones de defensa del régimen democrático y legal, la República, justamente en días de gran confusión, en los que la autoridad civil tenía una especial responsabilidad, en este, caso, el Gobierno Civil, el Ayuntamiento y la Diputación, a la hora de informar y organizar a la población para abortar la operación golpista en marcha. Una vez el ejército salió a la calle, con la declaración del estado de guerra el 20 de julio por el Jefe de la Octava División Orgánica, y entregado el mando a la Autoridad Militar por el Gobernador Civil, Bóveda fue detenido a las 19,40 horas. Desde las 11,30 estaba convocada una huelga general, que paralizó todos los servicios, como oposición a la intromisión militar y en defensa de la legalidad, que duró hasta el 3 de agosto, en el que se normalizaron todos los servicios. Justamente, ese día, se le tomó por primera vez declaración a Bóveda, que había sido trasladado a la prisión de Caldas de Reis.
El auto de procesamiento, fechado el seis de agosto de 1936, va desde, paradójicamente, lanzar la acusación de rebelión militar, hasta la de agresión al ejército y declaración y persistencia de la huelga "revolucionaria". El Pleno del Consejo de Guerra, en sentencia del 13 de agosto, falla "que debemos condenar y condenamos al procesado Alejandro Bóveda Iglesias a la pena de muerte y al procesado Amando Guiance Pampín, diputado socialista, el otro encartado en la causa, a la de cadena perpetua. El General Comandante Militar resuelve el 16 de agosto, en papel con membrete de la comandancia y bajo la exclamación en letra grande "¡VIVA ESPAÑA¡", que "la ejecución del reo Alejandro Bóveda tenga lugar a las 5,30 horas de mañana, en las inmediaciones de la carretera de Campañó". El certificado de ejecución de la pena de muerte, siguiendo la descripción del capitán médico, informa que el reo recibió "cuatro balazos
en la parte izquierda del tórax, a nivel de la tercera ¿?) costilla, y otro en el mismo lado a nivel de la sexta, y otro en la parte izquierda de la cara a nivel de la espinilla de Spix". Los objetos de Bóveda que se le entregan a la familia son "un crucifijo, un libro de misa pequeño, tres cartas, un diario, y una sortija de oro". Como se ve, Bóveda era cristiano, de fe católica. Ni un papel acreditativo de que había sido fusilado por el delito de "traición". Será el 24 de mayo de 1979, cuando a petición de su viuda Amalia Álvarez, a los efectos de poder cobrar una pensión, le será entregado testimonio de la sentencia y de su ejecución.
Bóveda fue un pilar fundamental en el proceso de defensa y elaboración de un estatuto de autonomía para Galicia en la etapa republicana. Era un hombre dotado de una gran capacidad organizativa y de grandes conocimientos de economía, en concreto de política fiscal. Sabía que el autogobierno era inseparable de la autonomía fiscal y consideraba que Galicia tenía capacidad financiera suficiente para valerse por sí misma.
No solamente su participación fue básica para dotar al PG de un modelo estatutario propio de una nación, sino que fue pieza clave en los debates habidos entre el 17 y el 19 de diciembre de 1932, en la Asamblea de Concellos Galegos, celebrada en Santiago, para aprobar un texto estatutario, conforme a la legalidad republicana. El fue redactor, representante y defensor de la ponencia. No en balde, con la llegada de la derecha españolista al Gobierno, después de las elecciones de noviembre de 1934, Bóveda fue desterrado a Cádiz, como Castelao a Badajoz, con el objetivo de desbaratar el cada vez más activo y con pretensiones de ser un movimiento de masas, Partido Galeguista.
La integración del PG en el Frente Popular tuvo, como uno de sus objetivos básicos, la consecución de un estatuto de autonomía para Galicia, que efectivamente fue plebiscitado en 28 de junio de 1936, apenas tres semanas antes de la sublevación militar, y posteriormente aprobado en las Cortes de Monserrat, gracias a la habilidad y perseverancia de Castelao, que no corrió la misma suerte que Bóveda por encontrarse en Madrid el 18 de julio, precisamente haciendo entrega en las Cortes del texto estatutario. Es bien elocuente que el libro SEMPRE EN GALIZA se presente "en memoria de Alexandro Bóveda", al que siempre recordó Castelao, también en el exilio, corno "bandeira da nosa redención". Recordaba sus razonamientos y "a claridade do seu verbo inimitable". En revistas antifascistas apareció un expresivo dibujo de Castelao en el que se muestra la cabeza de Alexandre con un tiro en la frente, símbolo de la Galicia mártir. En el actual régimen democrático, Galicia tuvo acceso a la autonomía, como nacionalidad histórica, gracias al esfuerzo de hombres que tuvieron. confianza en el país y que dieron incluso con ilusión su vida por un ideal que vinculaba la victoria de la democracia republicana la libertad de su país. No hace falta profundizar más en por qué la reacción fascista y españolista, los militares golpistas, pusieron tanto empeño en la eliminación de un hombre como Bóveda. Según el acta del Consejo de Guerra, después de que el Presidente le interesase si quería hacer constar algún extremo, Bóveda "solicitó que no se le considerase como traidor a la Patria, pues profesó siempre ideas autonomistas, jamás pensó en la desmembración de España y si así se condujo políticamente fue por creer que servía los intereses, gallegos sin merma para la Patria y siempre bajo los auspicios del orden y de la paz".
La sentencia del Consejo de Guerra describe, en un resultando, así la situación: "...iniciado el día diecisiete de julio de mil novecientos treinta y seis un movimiento militar de carácter nacional por las Fuerzas del Ejército de África prontamente secundadas en días sucesivos por las que constituyen las Guarniciones de la casi totalidad de las Plazas de la Península, lo que dio lugar al desarrollo por parte de las tropas de operaciones de campaña dirigidas a, combatir la acción de elementos antinacionales que pretendían oponerse y de hecho se opusieron y se oponen a la consecución de los patrióticos fines del Ejército y al legítimo ejercicio del Poder Público que desde el primer momento asumieron las Autoridades Militares verdaderas representantes del sentimiento de Patria y Nación al declarar el estado de Guerra de hecho y de derecho en los territorios de sus respectivos mandos".
¿Es esto una guerra civil o una rebelión militar, un alzamiento contra la legalidad democrática?
La acusación del fiscal, firmada el 10 de agosto de 1936, basaba la culpabilidad en que el Gobierno democráticamente constituido, los partidos del Frente Popular y personas como Bóveda, usaban "los resortes del poder para destruir la Nación española" y "desfigurar y vulnerar sus esencias". Las instituciones de autogobierno de Galicia, restauradas con la actual democracia, se negaron hasta la conformación del actual Gobierno gallego, esto es, durante casi 25 años, a rehabilitar la figura de Alexandre, gracias a cuyo esfuerzo y martirio, entre otros muchos, existen. Nada más elocuente que esta hostilidad y negación, indicativas de que hay grupos y tendencias ideológicas que no están dispuestas a romper con el pasado franquista, sino que consideran el actual régimen su continuidad natural o su transformación necesaria. Ni siquiera practican una verdadera reconciliación, con la que pretenden justificarse, ya que no hay cabida para los derrotados, perseguidos y martirizados, pese a representar la legalidad y la legitimidad democráticas. Por si fuese poco, están empeñados en una revisión histórica que no deja de ser más que una variante de la cínica acusación de "traición" lanzada contra Bóveda precisamente por aquellos que traicionaron el deber de sometimiento al poder civil, legal y democráticamente instaurado.
Afortunadamente, el Ayuntamiento de Pontevedra, gobernado
por el BNG, declaró a Bóveda hijo adoptivo el 11 de diciembre de 1999, y el nuevo gobierno de Galicia ha decidido, nada más tomar posesión en el verano, comenzar el proceso para su rehabilitación y declarar el día 17 de agosto, "día da Galiza mártir". El alto valor simbólico de Alexendre Bóveda exige que, a través de su figura, las instituciones democráticas expresen su voluntad decidida de rehabilitar la dignidad y el honor de todos los perseguidos por la dictadura militar, de no olvidar ni permitir que se invierta la verdad histórica, en especial cómo se impusieron los sublevados y la forma que adquirió la represión y la resistencia en cada nación del Estado, a partir del alzamiento militar, y de reparar moral y económicamente a todas las víctimas del régimen franquista en Galicia, en particular, y en España, en general.
1. Adoptar las iniciativas necesarias para la anulación del Consejo de Guerra sumarísimo a que fue sometido Alexandre Bóveda iglesias, que conllevó la aplicación de la pena de muerte el día 17 de agosto de 1936.
2. Rehabilitar públicamente, en colaboración con la Xunta de Galicia, su persona, como símbolo de la Galicia martirizada por el levantamiento militar del 36, por el solo hecho de representar la legalidad democrática de la República y las aspiraciones de autogobierno, dignidad y libertad del pueblo gallego.
3. Comprometerse a impulsar y apoyar iniciativas de restauración de la verdad histórica en relación con la represión militar, después del 18 de julio del 36, la guerra contra la República, y el sinnúmero de víctimas del franquismo, en general, así como a dictar todas las medidas para su reparación moral y económica."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de enero de 2006.-Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley sobre la instalación de un monumento en memoria del bombardeo padecido el 12 de febrero de 1939 en la estación de tren de Xátiva (Valencia).
Teniendo en cuenta la corrección remitida mediante escrito número de registro 104752, y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Fomento y Vivienda. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la instalación de un Monumento en memoria del bombardeo padecido el 12 de febrero de 1939 en la estación de tren de Xátiva (Valencia) para su debate en Comisión.
Consideramos que es una obligación del Congreso de los Diputados apoyar la iniciativa del Consell de la Joventut de Xátiva, entidad de derecho público y voz de todos los jóvenes asociados de Xátiva, que se corresponde con su decisión de recuperar parte de la memoria histórica de esta ciudad.
El 12 de febrero de 1939, a las 9,45 de la mañana, 5 aviones Savoia S-79, pilotados por soldados italianos, bombardearon la estación de trenes de Xátiva con 20 bombas de 250 Kg cada una. En aquel momento, entraba un tren repleto de soldados de la 49 Brigada Mixta. El resultado de aquella fatal acción fue la muerte de 109 personas, entre ellos soldados, población civil e incluso tres niños.
Esta acción ocurrió en un escenario concreto, en una guerra determinada, pero sin duda tuvo los mismos resultados que cualquier otra masacre de cualquier otra guerra. Por este motivo los y las jóvenes de Xátiva han decidido democráticamente que el recuerdo de aquel lamentable acontecimiento perdure en el tiempo, con el objetivo de que actúe como memoria útil en favor de la paz frente a la guerra.
Ante esta reflexión el Congreso tiene conocimiento de que el Consell de la Joventut de Xátiva ha iniciado los procedimientos encaminados a la ejecución del proyecto de monumento que han elaborado junto al reconocido escultor Miquel Mollá. Monumento que debe ser instalado en los aledaños de la estación de RENFE siendo el lugar indicado patrimonio de RENFE y por tanto exento de potestad el Ajuntament de Xátiva.
Realizar todas las acciones encaminadas a que sea instalado el Monumento en memoria del bombardeo padecido el 12 de febrero de 1939 en la estación de tren de Xátiva en los aledaños de la estación de RENFE de esa misma ciudad."
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2006.-Isaura Navarro Casillas, Diputada.-Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.