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Timestamp: 2020-02-17 22:00:15
Document Index: 82795745

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 29', 'artículo 29', 'artículo 15', 'artículo 9', 'artículo 14', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 32', 'artículo 4', 'artículo 19']

﻿ Decreto 1391 de 2010
DECRETO 1391 DE 26 DE ABRIL DE 2010
CONTENIDO:PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO. RÉGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL PARA SUS SERVIDORES PÚBLICOS. DEROGA EL DECRETO 726 DE 2009.
VIGENCIA:DEROGADO POR EL DECRETO 1043 DE 2011 ARTÍCULO 29 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Decreto 1391 de 2010
(Nota: Derogado por el Decreto 1043 de 2011 artículo 29 del Departamento Administrativo de la Función Pública)
ART. 2º—A partir del 1º de enero de 2010, la remuneración mensual del Procurador General de la Nación, del Viceprocurador General de la Nación, los procuradores delegados y del Defensor del Pueblo será de: ocho millones seiscientos treinta mil ochocientos setenta y seis pesos ($ 8.630.876) m/cte., discriminados así: asignación básica: tres millones ciento siete mil ciento quince pesos ($ 3.107.115) m/cte., y gastos de representación: cinco millones quinientos veintitrés mil setecientos sesenta y un pesos ($ 5.523.761.) m/cte.
Adicionalmente, tendrán derecho a percibir la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, que es aquella que sumada a los demás ingresos laborales iguale a los percibidos en su totalidad por los miembros del Congreso, sin que en ningún caso los supere. La prima especial de servicios también se reconocerá cuando el empleado se encuentra disfrutando de su periodo de vacaciones. Esta prima solo constituye factor salarial para efectos del ingreso base de cotización del sistema general de pensiones y, de conformidad con la Ley 797 de 2003, para la cotización al sistema general de seguridad social en salud.
ART. 3º—A partir del 1º de enero de 2010, la remuneración mensual del Director del Instituto de Estudios del Ministerio Público, del Director Nacional de Investigaciones Especiales, del Procurador Auxiliar de la Procuraduría General de la Nación, del Secretario General de la Procuraduría General de la Nación, del Secretario General de la Defensoría del Pueblo y el Veedor de la Procuraduría General de la Nación será de trece millones ciento cincuenta mil setecientos cuarenta y nueve pesos ($ 13.150.749) m/cte., distribuida así:
Asignación básica 3.852.085
Gastos de representación 3.852.084
Prima técnica 3.382.743
Prima especial 2.063.837
ART. 4º—A partir del 1º de enero de 2010, la remuneración mensual de los defensores delegados grado 22 y los directores nacionales grado 22 de la Defensoría del Pueblo será de once millones doscientos treinta y siete mil ochocientos setenta y nueve pesos ($ 11.237.879) m/cte. distribuida así:
Asignación básica 3.293.239
Gastos de representación 3.293.238
Prima técnica 2.888.888
Prima especial 1.762.514
ART. 5º—A partir del 1º de enero de 2010, la remuneración mensual del Veedor de la Defensoría del Pueblo será de nueve millones cuatrocientos ochenta mil quinientos sesenta y cuatro pesos ($ 9.480.564) m/cte., distribuida así:
Asignación básica 3.066.521
Gastos de representación 3.066.521
Prima técnica 1.673.761
Prima especial 1.673.761
ART. 6º—A partir del 1º de enero de 2010, la remuneración mensual del Procurador Distrital de la Procuraduría General de la Nación; los defensores regionales grado 21 y el secretario privado grado 21 de la Defensoría del Pueblo, será de: ocho millones cuatrocientos veintiún mil quinientos catorce pesos ($ 8.421.514) m/cte., distribuida así:
Asignación básica 3.304.001
Gastos de representación 3.304.000
Prima especial 1.813.513
ART. 7º—A partir del 1º de enero de 2010, la remuneración mensual de los procuradores regionales creados por el artículo 9º del Decreto 264 de 2000 en la planta de la Procuraduría General de la Nación, será de: ocho millones quinientos sesenta y ocho mil cuatrocientos cuatro pesos ($ 8.568.404) m/cte., distribuida así:
Asignación básica 4.231.890
Gastos de representación 3.303.529
Prima especial 1.032.985
ART. 8º—A partir del 1º de enero de 2010, la remuneración mensual de los procuradores judiciales II ante los tribunales: superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo, Penal Militar, Nacional, ante Jurisdicción Agraria, de Menores y Familia, será de: siete millones cuatrocientos setenta y cinco mil novecientos cuarenta y ocho pesos ($ 7.475.948) m/cte., distribuida así:
Asignación básica 2.933.272
Gastos de representación 2.933.272
Prima especial 1.609.404
ART. 9º—A partir del 1º de enero de 2010, la remuneración mensual de los procuradores judiciales 1 será de cinco millones ciento noventa y cuatro mil setecientos veintitrés pesos ($ 5.194.723) m/cte. El treinta por ciento (30%) de esta remuneración se considera prima especial sin carácter salarial, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, aplicable a los jueces de la República.
ART. 10.—A partir del 1º de enero de 2010, la remuneración mensual de los procuradores provinciales será de cinco millones setecientos treinta y nueve mil cuatrocientos veintiún pesos ($ 5.739.421) m/cte., distribuida así:
Asignación básica 2.869.711
Gastos de representación 2.869.710
ART. 14.—(Modificado).* A partir del 1º de enero de 2010, la asignación mensual de sustanciador en lo contencioso administrativo y sustanciador en lo judicial grado 11 será de dos millones trescientos veintisiete mil quinientos un pesos ($ 2.327.501) m/cte.
*(Nota: Modificado por el Decreto 2970 de 2010 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Función Pública)
ART. 15.—(Modificado).* A partir del 1º de enero de 2010, la asignación básica mensual para los empleos de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, cuya denominación del cargo no esté señalada en los artículos anteriores se regirá por la siguiente escala:
1 586.570 14 2.506.520
2 685.360 15 2.555.434
3 816.355 16 2.804.446
4 965.827 17 3.262.440
5 1.094.099 18 3.661.887
6 1.237.847 19 4.048.897
7 1.382.768 20 4.471.003
8 1.546.344 21 4.829.655
9 1.673.519 22 5.199.929
10 1.856.934 23 5.853.137
11 1.976.808 24 6.610.744
12 2.169.958 25 7.573.465
13 2.359.948
PAR.—Los funcionarios y empleados del Ministerio Público que no optaron por el régimen establecido en los decretos 54 de 1993 y 107 de 1994 tendrán derecho, a partir del 1º de enero de 2010, a un reajuste de la remuneración mensual que por concepto de asignación básica y gastos de representación venían percibiendo a 31 de diciembre de 2009, del dos por ciento (2,00%).
*(Nota: Modificado por el Decreto 2970 de 2010 artículo 2° del Departamento Administrativo de la Función Pública)
ART. 16.—En ningún caso, la remuneración total mensual de los empleados, funcionarios y agentes del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo podrá exceder la que corresponda al Procurador General de la Nación.
ART. 17.—A partir del 1º de enero de 2010, los citadores que presten los servicios en la Procuraduría General de la Nación tendrán derecho a un auxilio especial de transporte, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 717 de 1978, así:
a. Para ciudades de más de un millón de habitantes, la suma de cincuenta y cinco mil quinientos noventa y siete pesos ($ 55.597) m/cte., mensuales.
b. Para ciudades entre seiscientos mil y un millón de habitantes, la suma de treinta y cinco mil cuarenta y seis pesos ($ 35.046) m/cte., mensuales.
c. Para ciudades entre trescientos mil y menos de seiscientos mil habitantes, la suma de veintidós mil doscientos sesenta y dos pesos ($ 22.262.) m/cte., mensuales.
ART. 19.—A partir del 1º de enero de 2010, el subsidio de alimentación para los servidores públicos que perciban una asignación básica mensual no superior a un millón ciento treinta y dos mil seiscientos tres pesos ($ 1.132.603) m/cte., será de cuarenta y un mil seiscientos doce pesos ($ 41.612.) m/cte., pagaderos mensualmente por la entidad correspondiente.
ART. 20.—Los conductores y choferes que laboran en los organismos a los cuales se les aplica el presente decreto tendrán derecho al reconocimiento y pago de horas extras, en los mismos términos del artículo 4º del Decreto 244 de 1981 y del Decreto 1692 de 1996. En todo caso la autorización para laborar en horas extras sólo podrá otorgarse cuando exista disponibilidad presupuestal.
ART. 22.—Las cesantías de los servidores públicos vinculados a la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo podrán ser administradas por las sociedades cuya creación se autorizó en la Ley 50 de 1990 o por el fondo público que el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo señalen, además establecerán las condiciones y requisitos para ello, en los cuales indicará que los recursos serán girados directamente a dichas sociedades o fondo.
ART. 23.—Los servidores públicos vinculados a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que tomaron la opción establecida en los decretos 54 de 1993 y 107 de 1994 o quienes se vinculen con posterioridad a la vigencia de este decreto no tendrán derecho a las primas de antigüedad, ascensional, capacitación y cualquier otra sobrerremuneración. Las primas de servicios, vacaciones, navidad, bonificación por servicios prestados y las demás prestaciones sociales diferentes a las primas aquí mencionadas y a las cesantías se regularán por las disposiciones legales vigentes.
La bonificación que se autoriza en el presente artículo solo podrá causarse durante el periodo de la comisión, sin que en ningún caso supere dos meses continuos y proporcional al tiempo de la misma, siempre y cuando esta sea superior a un mes continúo.
ART. 27.—Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúense las asignaciones de que trata el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992.
ART. 28.—El Departamento Administrativo de la Función Pública es el órgano competente para conceptuar en materia salarial y prestacional. Ningún otro órgano puede arrogarse esta competencia.
ART. 29.—El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias en especial el Decreto 726 de 2009 y surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de 2010.