Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-I/2013/as201311369.html
Timestamp: 2019-03-26 06:36:30
Document Index: 378387712

Matched Legal Cases: ['artículo 198', 'artículo 363', 'artículo 199', 'artículo 203', 'artículo 368', 'e contrario', 'artículo 359', 'artículo 15', 'artículo 330', 'artículo 413', 'artículo 416', 'artículo 419', 'artículo 42', 'artículo 419']

as201311369
AUTO SUPREMO Nº. 369/2013
EXPEDIENTE: Tarija 215/2013
PARTES PROCESALES: Ministerio Público, Ninón Giovanna Tórrez Tejada contra Carlos Pablo Mariscal Claros, Eduardo Rey Bruselas Fernández
DELITO: falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado
VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Carlos Pablo Mariscal Claros (fs. 253 a 255), impugnando el Auto de Vista Nro. 42 emitido el 19 de septiembre de 2013 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija (fs. 248 a 252), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y acusación particular de Ninón Giovanna Tórrez Tejada contra Eduardo Rey Bruselas Fernández y el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, previstos y sancionados por los artículos 198, 199 y 203 del Código Penal.
Sustanciado el juicio, el Tribunal de Sentencia Nro. 2 en lo penal de la localidad de Yacuiba, provincia Gran Chaco del departamento de Tarija, pronunció la Sentencia Nro. 031 de 5 de agosto de 2010 (fs. 204 a 210), declarando a los procesados Carlos Pablo Mariscal Claros y Eduardo Rey Bruselas Fernández absueltos de culpa por el delito de falsedad material previsto y sancionado por el artículo 198 del Código Penal, conforme lo previsto por el artículo 363 inciso 2) del Código de Procedimiento Penal. Asimismo, declaró al procesado Eduardo Rey Bruselas Fernández, autor y culpable de la comisión del delito de falsedad ideológica, previsto y sancionado por el artículo 199 del Código Penal y al co-imputado Carlos Pablo Mariscal Claros, autor y culpable de la comisión del delito de uso de instrumento falsificado, previsto y sancionado por el artículo 203 del mismo Código Sustantivo Penal, imponiéndoles a ambos la sanción de dos años de reclusión, a ser cumplida en la Cárcel Pública de la localidad de Yacuiba, mas costas al Estado y a la víctima; concediéndoles en forma accesoria, el beneficio del perdón judicial, por concurrir las circunstancias previstas por el artículo 368 del Código de Procedimiento Penal.
Contra la indicada Sentencia, los imputados Eduardo Rey Bruselas Fernández (fs. 213 a 215) y Carlos Pablo Mariscal Claros (fs. 217 a 221), así como la acusadora particular Ninón Giovanna Tórrez Tejada, vía adhesión (fs. 230 a 233), interpusieron recursos de apelación restringida, resueltos mediante Auto de Vista Nro. 42 de 19 de septiembre de 2013 (fs. 248 a 252), pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró sin lugar las apelaciones y confirmó la Sentencia recurrida; ocasionando que el co imputado Carlos Pablo Mariscal Claros interponga el recurso de casación (fs. 253 a 255) que es motivo de autos.
Que el referido recurso de casación, fue admitido conforme a los argumentos descritos en el Auto Supremo Nro. 317/2013 de 7 de noviembre, a efecto de verificar la presunta contradicción existente entre el Auto de Vista recurrido respecto a la denuncia inserta en el segundo submotivo del primer motivo del recurso de casación, en el que el recurrente aduce que los de Alzada revalorizaron la declaración de la supuesta víctima, hecho que está prohibido por la línea jurisprudencial señalada por el Tribunal Constitucional –no precisa cual-, destaca que aparte de que el Tribunal de Apelación revaloriza la indicada prueba, “revalorizan mal” (sic), lo que a entender del impugnante, “contraviene los principios de inmediatez y concentración que rigen el juicio oral” (textual), al respecto, invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos Nros. 317 de 13 de junio de 2003, 722 de 26 de noviembre de 2004 y 635 de 20 de octubre de 2004.
Que el objetivo del recurso de casación es asegurar el exacto y uniforme cumplimiento de la Ley penal en los fallos judiciales en todo el territorio nacional, valiéndose para ello de la competencia atribuida al Supremo Tribunal (la unificación jurisprudencial y nomofilaxis), con la finalidad de garantizar el principio de igualdad ante la Ley, en observancia de la tutela jurisdiccional efectiva, toda vez que es un mecanismo que busca otorgar a los ciudadanos la posibilidad de cuestionar la inadecuada aplicación o interpretación de las disposiciones legales por el Tribunal de Apelación, contrarios a otros precedentes, por lo que se ha dejado establecido que no todo Auto de Vista es recurrible en casación, sino únicamente los que resulten ciertamente contrarios a la jurisprudencia establecida en un hecho similar; es decir, para que el planteamiento del recurso sea eficaz, el recurrente no debe limitarse únicamente a presentar su recurso dentro el plazo establecido por ley y señalar la contradicción en la que incurrió el Tribunal de Alzada, sino, asegurarse que los precedentes invocados, correspondan a situaciones fácticas análogas, debiendo concurrir elementos comunes que hagan posible su catalogación como similares en cuanto a su naturaleza, contenido y finalidad, lo contrario implica la imposibilidad del Tribunal Supremo de cumplir con su competencia unificadora y nomofiláctica. Con lo previamente señalado, corresponde a este máximo Tribunal verificar la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes invocados:
El Auto Supremo Nro. 317 de 13 de junio de 2003, invocado como precedente contradictorio, establece en su doctrina legal que: “Que de acuerdo a la nueva concepción doctrinaria la apelación restringida es el medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio o la sentencia; no siendo el medio jerárquico para revalorizar la prueba o revisar las cuestiones de hecho que hacen los Jueces o Tribunales inferiores, sino para garantizar los derechos y garantías constitucionales, los Tratados Internacionales, el debido proceso y la correcta aplicación de la Ley. Por ello no existe la doble instancia y el Tribunal de alzada se encuentra obligado a ajustar su actividad jurisdiccional a los siguiente aspectos: anular total o parcialmente la sentencia y ordenará la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal, cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación; cuando la nulidad sea parcial, se indicará el objeto concreto del nuevo juicio; y cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesario la realización de un nuevo juicio, resolverá directamente.
Conclusivamente, "En aquellos supuestos en que el Tribunal de Alzada se incline por anular parcialmente la sentencia del Juez o Tribunal de Sentencia, sea por la imposibilidad de reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación; por mandato del primer y segundo periodo del art. 413 de la Ley Procesal Penal, deberá indefectiblemente indicar el objeto concreto de nuevo juicio y remitir obrados a otro Juez o Tribunal para la reposición del mismo, en el marco de las garantías procesales, constitucionales y supranacionales que establecen los instrumentos internacionales". Cumplimiento que importa tener que salvar los vicios procedimentales y los fundamentos del hecho del proceso contenidos en la ratio decidendi de la presente decisión.” (sic). Doctrina legal que resuelve una problemática referente a la impugnación de un Auto de Vista en el que el Tribunal de Alzada, revalorizó prueba y como resultado de ello, se concluyó de que la conducta de los imputados, no se adecuaba al tipo penal por el que fueron juzgados, consecuentemente anuló parcialmente la sentencia apelada y pronunció otra, absolviendo de culpa y pena a todos los imputados por los delitos que fueron objeto de juicio, sin tomar en cuenta que cuando se presenta esta figura, el Tribunal de apelación, debe ordenar la reposición del juicio, indicando el objeto concreto del nuevo juicio a sustanciarse por otro Juez o Tribunal.
En el caso de Autos el recurrente denuncia escuetamente que los de Alzada revalorizaron la declaración de la supuesta víctima, destacando que aparte de que el Tribunal de Apelación revalorizó la indicada prueba, revalorizaron mal, lo que a entender del impugnante, contraviene los principios de inmediatez y concentración que rigen el juicio oral. Sin embargo, de la revisión de los antecedentes, se puede evidenciar que el Auto de Vista impugnado, no incurre en el mismo defecto que el caso del precedente contradictorio, pues no cambia la parte resolutiva de la Sentencia, al contrario la confirma por tanto, no se identifica de qué manera, pudo el Tribunal de Alzada revalorizar el testimonio de la víctima y si lo hizo, no tuvo efecto alguno en la parte dispositiva de la Sentencia, no existiendo en consecuencia, situación de hecho similar entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado, mucho menos contradicción.
El Auto Supremo Nro. 722 de 26 de noviembre de 2004, ante la evidencia de la revalorización de la prueba efectuada por el Tribunal de Alzada, y consiguiente infracción de los principios de concentración e inmediatez, como facultad privativa del Juez o Tribunal de Sentencia, al haber emitido criterio señalando que el Juez de Sentencia al dictar el fallo judicial, interpretó incorrectamente los alcances del artículo 359 inciso 2) del Código de Procedimiento Penal relativo a las normas de deliberación y votación, basando su sentencia absolutoria en declaraciones testificales contradictorias que no reflejaban la verdad de los hechos, motivos por los cuales, anuló totalmente la sentencia apelada y ordenó la reposición del juicio por otro Tribunal; ha establecido doctrina legal señalando: “El primado de la eficacia de la justicia en detrimento de los derechos fundamentales del imputado resulta hoy insostenible; porque una sociedad democrática está reñida con las desigualdades, y con la ausencia del equilibrio y control riguroso que dimanan de los principios de legalidad, derecho al cumplimiento de las reglas del debido proceso penal y publicidad. Bastará que la ausencia se refleje en uno de ellos para demandar la corrección aún de oficio conforme dispone el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial, y con mayor razón si las infracciones han sido reclamadas oportunamente por el recurrente, a quien le causa perjuicios una forma de resolución que incurre en el error de revalorizar la prueba, tarea que la ley guarda exclusividad en cuanto a su apreciación crítica solo a los Jueces o Tribunales de Sentencia, conforme disponen los Arts. 171 y 173 del Código de Procedimiento Penal.
Que los supuestos de errónea aplicación de la ley adjetiva se refieren: a) los defectos de procedimiento en general y b) a los específicamente contenidos en los artículos 169 y 370 del Código de Procedimiento Penal, entre los que no se incluye el inciso 1) de esta última disposición legal; interpretación que decanta esta última normativa a situaciones de inobservancia de la ley adjetiva o errónea aplicación de la misma, concretamente, cuando no se comprueban los hechos acusados conforme a las reglas de la sana crítica. Habrá que diferenciar que en ningún momento se refiere a supuestos en que de acuerdo a criterios valorativos, el Tribunal de Alzada bajo el concepto de existencia de pruebas testifícales contradictorias que impidieron comprobar los hechos, tenga la facultad de desconocer la congruencia de la sentencia dictada por el inferior, incursionando en la revalorización de la prueba, a efecto de anular la sentencia y ordenar la reposición del juicio por otro Tribunal”. (sic)
De la revisión de antecedentes se establece que el recurrente invoca el Auto Supremo precedente, para resaltar la exclusividad que tiene el Juez o Tribunal de Sentencia para valorar la prueba, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 171 y 173 del Código de Procedimiento Penal; por otro lado, de la lectura del precedente invocado se puede evidenciar que si bien este se refiere a la actividad exclusiva de los Jueces de Sentencia de valorar prueba, también hace referencia a los supuestos de errónea aplicación de la ley adjetiva, que en el caso de autos no fue reclamada, y respecto a la denuncia de revalorización de la prueba, al igual que en el precedente anterior, el criterio adoptado por el Tribunal de Alzada, cambia la decisión asumida por el A quo y dispone juicio de reenvío; en el caso de autos no ocurre lo señalado, como se mencionó en el análisis del precedente anterior, la supuesta revalorización que aduce el recurrente, no cambió la decisión final del Tribunal de Sentencia, de lo que se infiere que los hechos no son similares, por las razones señaladas, y al no existir situación de hecho similar, tampoco existe contradicción con relación al Auto de Vista recurrido.
Finalmente, la doctrina legal invocada, contenida en el Auto Supremo Nro. 635 de 20 de octubre de 2004, establece que: “El recurso de apelación restringida es el medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se incurrió durante la sustanciación del juicio o en la emisión de sentencia. El Auto que resuelve un recurso de apelación restringida no debe revisar cuestiones de hecho calificadas en sentencia ni proceder a una nueva valoración de pruebas. La función del Tribunal de Alzada es garantizar el debido proceso y, por ello, le corresponde actuar con sujeción a las disposiciones contenidas en los artículos 413 y 414 del Código de Procedimiento Penal” (sic); conclusión que emergió de la evidencia que el Tribunal de Alzada, revalorizó tanto de prueba documental como testifical desembocando en la revocatoria de la Sentencia y la absolución del imputando en completa transgresión del principio de inmediatez, consiguientemente del artículo 330 del Código de Procedimiento Penal. Como puede evidenciarse, los motivos que generaron la doctrina legal contenida en los tres Autos Supremos invocados como precedentes contradictorios, es de idéntico contenido, es decir, revalorización de la prueba en alzada, como consecuencia la modificación sustancial de la parte dispositiva de la Sentencia y contravención del artículo 413 del Código de Procedimiento Penal; de ahí que el análisis realizado en los dos anteriores precedentes, se adecúa al presente; consiguientemente, el Auto Supremo invocado como precedente contradictorio tampoco contradice al caso sub lite, en los términos exigidos por el artículo 416 y la segunda parte del artículo 419 de la Ley Nro. 1970.
POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de la disposición contenida en el artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Carlos Pablo Mariscal Claros (fs. 253 a 255), impugnando el Auto de Vista Nro. 42 emitido el 19 de septiembre de 2013 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija (fs. 248 a 252), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y acusación particular de Ninón Giovanna Tórrez Tejada contra Eduardo Rey Bruselas Fernández y el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, previstos y sancionados por los artículos 198, 199 y 203 del Código Penal.