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Timestamp: 2018-10-19 03:16:13
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Matched Legal Cases: ['artículo 90', 'artículo 25', 'artículo 23', 'artículo 23', 'in fine', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 55', 'Artículo 55', 'artículo 27', 'artículo 60', 'artículo 19', 'artículo 15', 'artículo 6', 'artículo 6']

Sara Quiroga Crespo
1 EL DERECHO AL TRABAJO Un derecho humano fundamental estipulado por la ONU y reconocido por tratados regionales y por numerosas constituciones nacionales Publicación elaborada por Melik Özden, Director del Programa Derechos Humanos del CETIM y Representante Permanente ante la ONU Una colección del Programa Derechos Humanos del Centro Europa - Tercer Mundo (CETIM)
2 INTRODUCCIÓN El trabajo es esencial para todas las personas en la organización de la sociedad actual. Contribuye no sólo a la formación de los individuos, sino que también es necesaria para que cada uno pueda hacer frente a sus necesidades y a las de su familia, entablar y mantener vínculos sociales y cumplir con sus deberes para con la sociedad. Pero, en nuestros días, el trabajo se ha convertido para centenares de millones de personas en un bien escaso; un sufrimiento o un peligro para aquellos que tienen la suerte de trabajar. En efecto, según estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se cifra, tirando por lo bajo, en 270 millones los accidentes de trabajo y en 160 millones los casos de enfermedades profesionales a causa de las cuales, mueren cada año más de dos millones de personas; en 12,3 millones las personas víctimas del trabajo forzado bajo distintas formas: la servidumbre por deudas, la trata de seres humanos y otras formas de esclavitud moderna; en 200 millones los niños obligados a trabajar, ejerciendo una actividad que pone en peligro su desarrollo mental, físico y emocional; en 86 millones los trabajadores migratorios (200 millones de los cuales, con sus familias) que se enfrentan a múltiples problemas (no respeto de sus derechos elementales, trabajos penosos y precarios, discriminaciones, trata de mujeres, de menores, incluso esclavitud moderna); oficialmente se cuentan en cerca de 200 millones las personas desempleadas 1, sin hablar de centenares de millones de empleos precarios o que atañen a sectores llamados púdicamente informales... Y las tendencias con múltiples crisis (alimentaria, energética, bursátil, climática, etc.) son más que negativas para el futuro. Sin embargo, después de casi un siglo, el derecho al trabajo (relaciones y condiciones de trabajo) está codificado y las políticas laborales se elaboran en el seno de la OIT. Ciertamente, sus reglamentos han hecho posible una cierta mejora de las condiciones de trabajo en ciertas regiones del mundo, en particular en Europa durante el período siguiente a la II guerra mundial (llamado los treinta gloriosos). Hay que constatar que ni esta región del mundo escapa a los problemas citados y que se encuentra en plena regresión en estos temas (véase el capítulo III.B). Es necesario buscar el origen de todos estos problemas en la organización de la producción y la orientación de las políticas económicas. Además, tres decenios de política neoliberal, aplicada a nivel planetario y llamada mundialización, han exacerbado las crisis. Al poner a competir no sólo a los trabajadores sino también a los Estados entre ellos, y al excluir aún más la economía del 1 Hay que subrayar que, en las estadísticas de la OIT, se incluyen dentro de la categoría de empleo incluso una o dos horas de trabajo remunerado por semana. 2
3 campo político, esta mundialización neoliberal ha provocado una regresión en las legislaciones que regulan las relaciones de trabajo y ha debilitado al movimiento sindical. En este contexto, si bien el derecho laboral es conocido por todo el mundo, el derecho al trabajo no lo es tanto. Por supuesto, la reglamentación de las relaciones de trabajo es extremadamente importante, pero hay gozar previamente de un empleo del que poder beneficiarse. El derecho al trabajo, reconocido a nivel internacional y en la mayor parte de las legislaciones, responde a esta condición previa. Como derecho humano que es, aporta al tratamiento de estas cuestiones una dimensión que rara vez se pone por delante y no es tenido en cuenta en la elaboración de las políticas y las estrategias de lucha contra el desempleo y el subempleo. Esta publicación pretende justamente aclarar esta dimensión, sin, por supuesto, olvidar el derecho laboral. Así, en ella se presenta el impacto de la mundialización sobre los derechos al trabajo y del trabajo derecho laboral (capítulo I), el contenido y el alcance del derecho al trabajo y sus corolarios, así como las normas aplicables a nivel internacional y regional (capítulo II), las obligaciones de los Estados y ejemplos de puesta en práctica a nivel nacional (capítulo III), así como los mecanismos de control a nivel nacional, regional e internacional (capítulo IV). 3
4 I. MUNDIALIZACIÓN Y EL DERECHO AL TRABAJO Y SUS COROLARIOS La mundialización de la que se habla hoy en día es el resultado de las políticas económicas neoliberales puestas en práctica a escala planetaria en las últimas tres décadas. Ha modificado profundamente el entorno económico y las relaciones laborales con, sobre todo, un claro fortalecimiento de los poderes desmesurados de las sociedades transnacionales (STN) y la dominación del sector financiero sobre la economía real. Esta mundialización neoliberal tiene, como principales consecuencias, la competencia entre los trabajadores y el debilitamiento de la soberanía de los Estados: de esta manera, los pueblos y los ciudadanos tienen poco poder de decisión sobre su futuro. Así, las deslocalizaciones, las prácticas antisindicales, los empleos precarios, el paro se han convertido en algo casi banal y aceptable, igual que la regresión, incluso el desmantelamiento de las legislaciones sobre derecho laboral. Paralelamente, las ventajas fiscales otorgadas a las STN, sus prácticas de criminalidad financiera así como las crisis bursátiles contribuyen también a la degradación del mundo del trabajo y al incremento del paro. En su discurso, hecho hace ocho años, el expresidente del grupo industrial helvético-sueco Asea Brown Boveri (ABB), Percy Barnevik, resume muy bien la estrategia de las STN en el contexto de la mundialización; se ha hecho realidad un poco en todo el mundo y ya no sorprende a nadie: Yo definiría la globalización como la libertad que tiene mi grupo de invertir donde quiera, por el tiempo que quiera, para producir lo que quiera, abasteciéndose y vendiendo donde quiera, y debiendo soportar el mínimo de restricciones en materia de derecho laboral y de convenciones sociales. 2 Al emplear solo al 3,7% de la mano de obra total (en empleo directo) en el mundo, las STN controlan y orientan el grueso de la producción, mientras amasan capitales colosales. La cifra de negocio de las sociedades transnacionales más grandes equivale o supera el producto interior bruto (PIB) de numerosos países y el de una media docena de ellas supera el PIB de los 100 países más pobres juntos 3. En dicho contexto, no sorprende constatar el aumento de las violaciones de los derechos al trabajo y del trabajo. Es innegable que la mundialización ha provocado o al menos exacerbado el deterioro de las condiciones laborales y las violaciones masivas de derechos humanos. Evidentemente, no se pueden describir, en el marco 2 Cf. Mondialisation excluante, nouvelles solidarités: soumettre ou démettre l'omc, coedición CETIM/GRESEA/L HARMATTAN, octubre Véase en este sentido la publicación del CETIM titulada Sociedades transnacionales y derechos humanos, Ginebra, noviembre de 2005, 4
5 de esta publicación, todas las consecuencias que este fenómeno tiene sobre el mundo laboral. Por eso, no mencionaremos más que algunos de estos aspectos que afectan en mayor medida al derecho al trabajo y al derecho laboral: atentados a los derechos sindicales y dura represión sobre los dirigentes y miembros de sindicatos; despidos masivos (en razón de las privatizaciones de los sectores públicos, concentración de monopolios, deslocalizaciones, etc.); incremento de los horarios y de los ritmos de trabajo; precariedad de los empleos, flexibilización a ultranza de los contratos de trabajo (trabajo por encargo, trabajo a domicilio etc.), trabajo infantil, trabajo forzado, multiplicación de las zonas francas, deterioro de la salud de los trabajadores, negligencias en la seguridad que conllevan la muerte de miles de trabajadores, criminalidad financiera, inmigración y fuga de cerebros... (ver igualmente el capítulo IV.B) Actualmente, cada vez más voces se alzan para poner en tela de juicio la mundialización neoliberal, incluyendo las de antiguos promotores como Joseph E. Stiglitz, antiguo economista al frente del Banco Mundial. Este último anuncia además el fin del neoliberalismo en estos términos: El fundamentalismo neoliberal es una doctrina política al servicio de los intereses privados, no reposa sobre una teoría económica. Ahora es evidente que ya no reposa tampoco sobre una experiencia histórica. Esta lección es el único beneficio que se desprende de la amenaza que pesa sobre la economía mundial. 4 Sin embargo, hay que constatar que por el momento no hay ningún cambio notable en las políticas económicas a nivel mundial y que las violaciones masivas de los derechos humanos perduran. Paralelamente, en la sociedad posmoderna, uno se pregunta sobre el sentido del trabajo de hoy en día, el cual se centra enteramente en el individuo, el culto al resultado, a la riqueza y al hiperconsumismo... Cuadro núm. 1 Estrategia antisindical La estrategia antisindical de las empresas, en particular de las STN, comienza desde la contratación. Estar sindicado es muy a menudo un obstáculo a la contratación. Algunos empleadores usan todos los medios disponibles (jurídicos y políticos, sobre todo) para no reconocer a los sindicatos en su empresa. Si estos medios fracasan, entonces recurren a las fusiones, quiebras o cualquier otro tipo de montaje financiero para eliminar a los sindicatos, cuando no recurren a los paramilitares para asesinar a los sindicalistas como en Colombia 5. Es deplorable que estas prácticas antisindicalistas sean muy a menudo apoyadas por los gobiernos (ver asimismo el capítulo IV.B). 4 Ver el artículo titulado La fin du néolibéralisme de 21 de julio de 2008, analyses/ la-fin-du-neoliberalisme.htm 5 Colombia ostenta el triste record mundial de asesinatos de sindicalistas por año, cf. 5
6 Ejemplo de la CIFTCI-SEN en Turquía Desde la creación estos últimos años de numerosos sindicatos de campesinos y de ganaderos (productores familiares) en Turquía, estos sindicatos crearon el 21 de mayo de 2008 la Confederación de sindicatos de ganaderos (CIFTCI- SEN). No obstante, no sólo la CIFTCI-SEN se tropieza con obstáculos administrativos para oficializar su existencia, sino que además, los sindicatos que forman parte de ella son acosados y amenazados de cierre. Así, los tribunales turcos, argumentando que los campesinos no tienen derecho a crear sindicatos en virtud de la ley 2821 sobre los sindicatos, han iniciado procesos contra varios sindicatos miembros de la CIFTCI-SEN en clara violación de la legislación turca vigente y de las convenciones internacionales a las que este país se ha adherido. En efecto, los artículos 11, 49 y 51 de la Constitución de Turquía incluyen una protección sin equívoco posible a todos los trabajadores y consagra el derecho de los ciudadanos de este país a crear sindicatos, adherirse a ellos, etc. Además, su artículo 90 reconoce la primacía de las Convenciones internacionales ratificadas sobre la legislación turca. En este sentido, hay que recordar que Turquía ha ratificado los dos Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos que consagran justamente el derecho a asociarse y a crear sindicatos y las Convenciones de la OIT núm. 11 (derecho de asociación y de coalición de los trabajadores agrícolas, de 1921), 87 (libertad sindical y protección del derecho sindical, de 1948) y 14 (organizaciones de trabajadores rurales, de 1975). Aunque la posición del Ministerio de Trabajo tiende a reconocer estos derechos, los sindicatos miembros de la CIFTCI-SEN son llevados ante la justicia para prohibirles las actividades a instancias del Ministerio del Interior o de las direcciones de seguridad. Se trata de TUTUN-SEN (sindicato de productores de tabaco), FINDIK-SEN (sindicato de productores de nueces y CAY-SEN (sindicato de productores de té). Respecto a los dos últimos, el tema está pendiente ante el Tribunal de Casación. Hay que señalar que entre los miembros de la CIFTCI-SEN, el sindicato de ganaderos (HAY-YET-SEN) ya fue cerrado en marzo de 2006, pero este llevó el asunto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Cuadro núm. 2 Deslocalizaciones En nuestros días, las deslocalizaciones de empresas a los países en los que la mano de obra es un buen mercado o en los que lo normal es que la legislación sobre las actividades de las STN sea menos exigente, no exista o no se aplique. Las deslocalizaciones son una carrera sin fin hasta agotar los recursos en un país antes de pasar a otro, y así una y otra vez. Ninguna región del mundo se escapa a esto; incluso China esta fábrica del mundo lo ha sufrido ya que algunas STN ya se han ido hacia otros países asiáticos cercanos con costes salariales más atractivos. En este sentido, resulta interesante examinar dos ejemplos europeos (Francia- Rumanía y Alemania-Rumanía), ya que este continente alberga muchas STN 6
7 que se encuentran en el origen de una parte importante de las deslocalizaciones que se dan en el mundo: Con su mano de obra reputada como frugal, los países del exbloque soviético (Europa Central y del Este) constituyen un paraíso para las deslocalizaciones. No sólo los empleos destruidos en el Oeste se crean de nuevo en el Este deslastrados de sus conquistas sociales, sino que ejercen una presión a la baja sobre las remuneraciones del Oeste dividiendo, de este modo, a los trabajadores europeos. Pero ay!, incluso las maquinarias mejor engrasadas se paran: en Rumanía, los asalariados de empresas multinacionales [Renault] tienen mejores salarios, a pesar de las amenazas de... deslocalización 6. (ver el capítulo V.B.3) En enero de 2008 la empresa finlandesa Nokia anunció que deslocalizaría su fábrica con sede en Bochym (Alemania) hacia Rumanía, llevando así al paro a asalariados alemanes. Para Nokia, esta fábrica ya no era competitiva. El quid de la cuestión es que el Estado de Renania del norte de Westfalia reclama a Nokia 60 millones de euros de subvenciones que había pactado con esta STN por el desarrollo de su fábrica y de sus investigaciones en Bochum! Se debería de haber llegado a un acuerdo en julio de 2008, tras el compromiso de Nokia de invertir en el Estado alemán 20 millones de euros 7. En abril de 2007, el asunto fue un escándalo en vísperas del referéndum sobre el tratado constitucional europeo: la empresa de bobinas Sem-Suhner de Schirmeck (Francia) propuso a varios de los obreros que despidió que fueran a trabajar a su filial de Medias (Rumanía) por 110 euros mensuales [mientras que el salario mínimo en Francia era de 1300 euros]. Todos se negaron. Pero Stéphan Luçon, redactor jefe de la edición rumana del Monde Diplomatique, pidió encontrarse con algunos obreros y obreras que se presentaron. Fue un encuentro muy instructivo: los rumanos también tienen problemas para llegar a fin de mes, contrariamente a lo que les había dicho el patrón. Qué le importa a él?: después de haber deslocalizado la fábrica de Alsacia (Francia) a Rumanía, se prepara para hacer lo mismo... en la India. 8 Cuadro núm. 3 Vampirización de las empresas La financiarización de la economía llega a su culminación mientras que los fondos especulativos, alimentados legalmente (!) por los bancos, las empresas aseguradoras, las grandes fortunas o los fondos de jubilación, compran las empresas con el fin de generar beneficios inmediatos. Hasta tal punto que se destinaron 725 mil millones de dólares estadounidenses a dichos fondos para comprar la empresa en 2006, amenazando así desde ese momento a la economía real 9. 6 Stéphane Luçon, Les ouvriers roumains font reculer Renault in Le Monde Diplomatique, junio de 2008, Traducción del texto al español, el CETIM. 7 Cf. 8 Cf. Travailler pour 110 euros in Le Monde Diplomatique, agosto de 2007, /08/A/ Traducción del texto al español por el CETIM. 9 Cf. 7
8 De ahí el lanzamiento el año pasado de una publicación de la Unión Internacional de los Trabajadores de la Alimentación, de la Agricultura, de la Hostelería- Restauración, del Tabaco y ramos conexos (UITA) para explicar el fenómeno a los profanos 10. Según esta publicación, el mecanismo funciona de la siguiente manera: 1) los fondos en cuestión proporcionan del 10 al 20% del capital necesario para la compra y el resto se pide prestado con la garantía de... los activos de la empresa comprada; 2) esta deuda se inscribe en las cuentas de la empresa que tiene que devolverla; 3) muy a menudo, buena parte de los activos de la empresa comprada se distribuyen inmediatamente bajo la forma de acciones a los nuevos propietarios y ejecutivos de mayor rango de la sociedad; 4) los fondos suspenden toda inversión para el desarrollo de la empresa después de su compra; 5) el rendimiento esperado fijado en el 20-25%, incluso en ciertos casos en el 40%, los cortes salariales, despidos, incluso nuevos recursos al endeudamiento (mecanismo llamado recapitalización de los dividendos ) son necesarios para financiar los dividendos y las bonificaciones; 6) la citada operación dura por lo general de dos a cinco años y la empresa se vende a... otro fondo de inversión privado (llamado recompra secundaria ); 7) el nuevo fondo de inversión encuentra entonces otras maneras de generar liquidez cargando a la empresa de deudas adicionales y despojándola de sus activos (venta de inmovilizados, agotamiento de las reservas financieras); 8) cuando una empresa es llevada de esta manera de un fondo de inversión a otro, la supresión de empleos es mucho más importante a medida que el nivel de endeudamiento aumenta, pudiendo llevar a la quiebra de la empresa. El ejemplo de Danish Telecom En 2005, el operador de telecomunicaciones danés TDC fue controlado por un grupo formado por cinco de los gestores de fondos de inversión privados más importantes, Permira, Apax, Blackstone Group, KKR y Providence Equity, por la suma de 12 mil millones de euros. Más del 80% del precio de compra fue financiado por endeudamiento, lo que tuvo como efecto que la ratio de la deuda en el activo de la sociedad saltó del 18 a más del 90%. Inmediatamente, se distribuyó una suma equivalente a más de la mitad del activo de la sociedad entre los nuevos propietarios y ejecutivos de mayor rango de la sociedad, en la forma de acciones. Para reembolsar la deuda, las reservas financieras acumuladas por la sociedad para el desarrollo a largo plazo se agotaron rápidamente. Los nuevos propietarios prevén revenderla en los cinco años siguientes a su adquisición. A escala mundial, se calcula en un 40% el número de empresas que pertenecen a fondos de inversión privados que se encuentran en una segunda recompra, una tercera o incluso peor, bloqueadas en un laberinto financiero sin salida. 10 Cf. Publicación de la UITA disponible en su sitio web: /privateequity-es.pdf 8
9 II. EL DERECHO AL TRABAJO Y SUS COROLARIOS A) Definición y contenido Aunque varios artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) están dedicados al derecho al trabajo y a sus corolarios, el artículo 25 es el que traduce mejor las necesidades elementales de cada uno dentro de su globalidad, incluida la protección social en caso de desempleo u otros avatares de la vida: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. El derecho al trabajo se afirma precisamente en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y se consagra en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Constituye un derecho fundamental e indispensable para el ejercicio de otros derechos humanos y reviste una doble dimensión: individual y colectiva, dado que tiene que permitir que el individuo asegure su supervivencia y la de su familia y que se necesita una organización colectiva para defender este derecho y sus corolarios. Así, el artículo 23.1 de la DUDH indica que Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. En cuanto al PIDESC, este afirma que el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado (art. 6.1). Además, los Estados Parte del Pacto, al reconocer este derecho como derecho humano inalienable, se comprometen a tomar las medidas adecuadas para garantizar dicho derecho. Entre estas medidas, el Pacto enumera las siguientes: la orientación y formación técnico profesional, la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana. (art. 6.2) Al ser reconocido para toda persona, el derecho al trabajo implica la no discriminación respecto a las mujeres, las personas inmigrantes, las personas desplazadas, las personas refugiadas, las enfermas, las personas con minusvalías... (art. 7 de la DUDH y art del PIDESC entre otros) 9
10 Para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR, ver el capítulo IV.C.2), el derecho al trabajo incluye: el derecho de todo ser humano a decidir libremente aceptar o elegir trabajo. También supone no ser obligado de alguna manera a ejercer o efectuar un trabajo y el derecho de acceso a un sistema de protección que garantice a cada trabajador su acceso a empleo. Además implica el derecho a no ser privado injustamente de empleo. 11 Por otro lado, el CESCR indica que el ejercicio del derecho al trabajo necesita los siguientes elementos interdependientes y esenciales: a) Disponibilidad (en el Estado Parte tiene que haber servicios especializados con la función de ayudar y dar apoyo a los individuos para que puedan encontrar un empleo.); b) Accesibilidad (el mercado de trabajo tiene que poder ser accesible a toda persona bajo la jurisdicción del Estado Parte); c) Aceptabilidad y calidad (la protección del derecho al trabajo reviste varios aspectos, especialmente el derecho del trabajador a unas condiciones laborales justas y favorables, en particular a la seguridad en el trabajo, al derecho a formar sindicatos y al derecho a escoger y a aceptar libremente un empleo). La Convención núm. 122 de la OIT 12 establece como objetivo esencial que los Estados deben formular y aplicar una política activa dirigida a promover el pleno empleo, productivo y libremente escogido. ( I.1) La Convención núm. 88 de la OIT sobre el servicio del empleo 13 exige a los Estados que tomen todas las medidas necesarias para lograr una cooperación eficaz entre el servicio público del empleo y las agencias privadas de colocación sin fines lucrativos. (art. 11) La Convención núm. 142 de la OIT sobre desarrollo de los recursos humanos 14 solicita a los Estados parte que deben: adoptar y llevar a la práctica políticas y programas completos y coordinados en el campo de la orientación y formación profesionales, estableciendo una estrecha relación entre este campo y el empleo, en particular mediante los servicios públicos del empleo. (art. 1) Por lo que se refiere a la Convención núm. 158 sobre el despido 15, esta condiciona todo despido a la existencia de motivos válidos (art. 4) e impone reparaciones en caso de despidos injustificados (art. 10). 11 Cf. 6 de la Observación General núm. 18 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptada el 24 de noviembre de 2005, E/C.12/GC/ Adoptada el 9 de julio de 1964 durante la 48ª sesión de la Conferencia General de la OIT en Ginebra y que entró en vigor el 15 de julio de Adoptada el 9 de julio de 1948 durante la 31ª sesión de la Conferencia General de la OIT en San Francisco y en vigor desde el 10 de agosto de Adoptada el 23 de junio de 1946 durante la 31ª sesión de la Conferencia General de la OIT en Ginebra y en vigor desde el 19 de julio de Adoptada el 22 de junio de 1982 durante la 68ª sesión de la Conferencia General de la OIT en Ginebra y en vigor desde el 23 de noviembre de
11 1. Trabajo decente Según el artículo 7 del PIDESC, el trabajo tiene que ser decente, es decir, respetuoso con los derechos fundamentales de la persona humana. Los trabajadores tienen que gozar de condiciones de seguridad en su lugar de trabajo, de una remuneración que les permita vivir y mantener a su familia, del respeto a su integridad física y mental en el ejercicio de sus actividades 16. Para la OIT, el trabajo decente resume las aspiraciones de la gente durante su vida laboral. Significa contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para que la gente exprese sus opiniones, organización y participación en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres Derecho a la remuneración, limitación de la duración de la jornada laboral y derecho a la protección social La Declaración Universal de Derechos Humanos precisa que Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. (art et 23.3) Según el artículo 7 del PIDESC, Los Estados Partes en el presente Pacto: Reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual; ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto; (...) d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las variaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos. Las siguientes Convenciones de la OIT consagran la igualdad de remuneración (Convención núm. 100), los salarios mínimos (Convenciones núm. 26, 99, 131, 135), reglamentación de la duración de la jornada laboral en distintos sectores (Convenciones núm. 1, 30, 43, 46, 47, 49, 51, 61, 67, 153), el trabajo nocturno (Convenciones núm. 4, 20, 41, 89), el descanso semanal (Convenciones núm. 14, 106) y garantizan las vacaciones pagadas (Convenciones núm. 52, 101, 132, 140). 16 Cf. 7 de la Observación General núm.18 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptada el 24 de noviembre de 2005, E/C.12/GC/ Cf. 11
12 3. Derecho a la seguridad y a la higiene en el trabajo El PIDESC estipula que Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: (...) la seguridad y la higiene en el trabajo (art. 7. b). Por lo que se refiere a la OIT, ha adoptado un número considerable de Convenciones que tratan no sólo sobre la seguridad y la salud de los trabajadores (Convención núm. 155), sino también sobre la protección contra riesgos particulares o en ciertos sectores de la actividad económica (Convenciones núm. 13, 27, 32, 62, 115, 120, 127, 136, 139, 148, 152). 4. Derecho de asociación y a estar sindicado En virtud del art. 8.1.a) del PIDESC el derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección está asegurado. Lo mismo ocurre con el derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales y el de estas a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. (art. 8.1.b) También se garantiza el derecho de huelga. (art. 8.1.d) El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos también garantiza el derecho a asociarse y a formar sindicatos (art. 22), el derecho de reunión (art. 21) y el derecho a la libertad de opinión y de expresión. (art. 19) La libertad sindical está de pleno en el dispositivo de la OIT. Así, numerosas convenciones de la OIT tratan de la libertad sindical (Convenciones núm. 11, 87, 98, 135, 141, 151). 5. Prohibición de la esclavitud de la servidumbre y del trabajo forzado El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prohíbe la esclavitud, la servidumbre y el trabajo forzado. (art. 8) El trabajo forzado también está prohibido por las Convenciones de la OIT. (Convenciones núm. 29, 105) 6. Derecho a la seguridad social La Declaración Universal de los Derechos Humanos estipula que todos tienen derecho a la seguridad social. (art. 22) Según el PIDESC, Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social. (art. 9) La OIT ha aprobado numerosas convenciones en este campo que tratan tanto de la seguridad social en general (Convenciones núm. 102, 118, 157) como del seguro por enfermedad (Convenciones núm.24, 25, 130), los subsidios por vejez, invalidez y sobrevivientes (Convenciones núm. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 48, 128), los subsidios en caso de accidentes laborales y enfermedades profesionales 12
13 (Convenciones núm. 12, 17, 18, 19, 42, 121), los subsidios por desempleo (Convenciones núm. 44) o incluso los subsidios por maternidad (Convenciones núm. 3, 103). En su Observación General núm.19, el CESCR precisa que: El derecho a la seguridad social incluye el derecho a no ser sometido a restricciones arbitrarias o poco razonables de la cobertura social existente, ya sea del sector público o del privado, así como del derecho a la igualdad en el disfrute de una protección suficiente contra los riesgos e imprevistos sociales. 18 El CESCR también precisa que debe tenerse presente que conviene considerar la seguridad social como un bien social y no principalmente como una mercancía o un mero instrumento de política económica o financiera y, reconociendo que los elementos que constituyen el derecho a la seguridad social pueden variar en función de las situaciones, el CESCR estima que los siguientes factores esenciales son indispensables en cualquier circunstancia: i) disponibilidad de un sistema de seguridad social; ii) cobertura de ciertos riesgos e imprevistos sociales (asistencia médica, por enfermedad, por vejez, por desempleo, por accidentes laborales, ayuda a la familia y a los niños, a la maternidad, la invalidez, los sobrevivientes y los huérfanos); iii) nivel suficiente; iv) accesibilidad económica y física para todas y todos con condiciones de admisión razonables, proporcionadas y transparentes y con la participación de los beneficiarios en la administración del sistema, disponiendo de la información sobre todos los derechos ofrecidos por la seguridad social de manera clara y transparente ; v) necesidad de tomar una serie de medidas para realizar otros derechos garantizados en el PIDESC (p.e. Hacerse cargo y proteger a los menores, prevención de enfermedades con la mejora de las instalaciones y de los servicios sanitarios o incluso la instauración de sistemas de seguros contra malas cosechas para los pequeños agricultores). 19 B) Normas aplicables 1. A nivel internacional Además de las normas internacionales relativas a los derechos al trabajo y al derecho laboral ya mencionadas, los siguientes instrumentos forman parte integrante del dispositivo existente a nivel internacional. La Declaración de Filadelfia de 1944, que precisa los fines y objetivos de la OIT y forma parte integrante de la Constitución de dicha institución, indica que: a) el trabajo no es una mercancía; b) la libertad de expresión y de asociación es una condición indispensable para un progreso sostenido; c) la pobreza, donde exista, constituye un peligro para la prosperidad de todos; d) La guerra contra las carencias se debe desatar con vigor implacable en el seno de cada nación y 18 Cf. Cf. 9 de la Observación General núm. 19 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptada el 23 de noviembre de 2007, E/C.12/GC/19 (ver anexo 1). 19 Idem 10 a
14 en un esfuerzo internacional continuado y concertado en el que los representantes de los trabajadores y de los empleadores, cooperando sobre una base de igualdad con los de los gobiernos, participen en discusiones libres y en las decisiones de carácter democrático con el fin de promover el bien común. 20 En virtud del artículo 55.a) de su Carta, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pone, entre otros, como objetivo, niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo económico y social. En cuanto a los Estados Miembros de la ONU, se comprometen a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para la realización de los propósitos consignados en el Artículo 55. (art. 56) La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial prohíbe toda discriminación en el goce de los siguientes derechos: Derechos económicos, sociales y culturales, especialmente: i) El derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, a igual salario por trabajo igual y a una remuneración equitativa y satisfactoria. (art. 5.e.i) La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer prevé la eliminación de la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos, en particular: a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano (art a). 21 Por otro lado, exige a los Estados Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas. (art. 2.e) La Convención sobre los Derechos del Niño fija el objetivo de la protección del menor contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social (art. 32.1), y prevé fijar una edad o edades mínimas para trabajar, la reglamentación apropiada de los horarios y condiciones de trabajo así como penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar la aplicación efectiva del presente artículo. (art. 32.2) 20 Cf. La Declaración adoptada en la 26ª Sesión de la Conferencia General de la OIT, celebrada en Filadelfia el 10 de mayo de Los artículos 10 y 11 de dicha Convención tratan, enteramente, del derecho al trabajo y sus corolarios, como los derechos a la formación, a los seguros sociales, la prohibición de despidos en caso de embarazo, etc. 14
15 La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares prohíbe: la esclavitud, la servidumbre y el trabajo forzado (art. 11), toda discriminación relativa, entre otras a la remuneración y a las condiciones laborales (art. 25); reconoce el derecho de asociación (art. 26 y 40) y la igualdad de trato en relación a los despidos o las prestaciones por desempleo (art. 54), pero permite a los Estados restringir en ciertas circunstancias la libre elección del empleo (art. 52). En virtud del artículo 27.1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los Estados Parte de esta Convención reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás;; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. La Declaración de la Asamblea General de la ONU sobre el progreso y el desarrollo en el campo social 22, señala que: el desarrollo social el exige que se garantice a todo el mundo el derecho al trabajo y a la libre elección del trabajo. (art. 6.1) La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo 23, exige a los Estados que adopten, en el plano nacional, todas las medidas necesarias para la realización del derecho al desarrollo y [que] garanticen, entre otras cosas, la igualdad de oportunidades para todos en cuanto al acceso a los recursos básicos, la educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa distribución de los ingresos. (art. 8.1) Por el tercer compromiso de la Declaración de Copenhagen sobre el Desarrollo Social 24, los Estados se comprometen a promover el objetivo del pleno empleo como prioridad básica de [sus] políticas económicas y sociales, y a preparar a todas las mujeres y hombres para conseguir medios de vida seguros y sostenibles mediante el trabajo y el empleo productivos elegidos libremente. ( 29) Hay que destacar que el Programa de Acción de esta cumbre dedica un capítulo entero (capítulo III) a la cuestión del crecimiento del empleo productivo y la reducción del desempleo. En este capítulo, los Estados se comprometen a mejorar el acceso de todos a un empleo adecuadamente remunerado y apropiado como un buen medio para combatir la pobreza y promover la integración social. Se proponen colocar los problemas de desempleo y de subempleo en 22 Adoptada por la Resolución 2542 (XXIV) de 11 de diciembre de Adoptada por la Resolución 41/128 de 4 de diciembre de Adoptada en marzo de 1995 al final de la cumbre social. 15
16 primera línea de las prioridades en las políticas nacionales e internacionales así como la reglamentación y la mejora de la remuneración de ciertos trabajos como por ejemplo el cuidado de los menores, la ayuda doméstica. ( 42 a 65) 2. A nivel regional Europa De los 31 artículos de la Carta Social Europea (1961, revisada en 1996), 29 están dedicados tanto al derecho al trabajo como al derecho laboral y a los seguros sociales. Sería algo pesado enumerarlos todos aquí, así que nos contentaremos con mencionar únicamente el primer artículo de esta Carta que trata sobre el derecho al trabajo: Con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho al trabajo, las Partes contratantes se comprometen a: reconocer como uno de sus principales objetivos y responsabilidades la obtención y el mantenimiento de un nivel de vida más elevado y estable posible del empleo, con el fin de el pleno empleo; proteger de manera eficaz el derecho del trabajador a ganarse la vida con un trabajo libremente elegido; establecer o mantener servicios gratuitos de empleo para todos los trabajadores; proporcionar o promover una orientación, formación y readaptación profesionales adecuadas. Hay que subrayar que, de los 47 miembros con los que cuenta el Consejo de Europa, 39 han ratificado la Carta Social con la excepción de los siguientes países: Bosnia, Liechtenstein, Mónaco, Montenegro, Rusia, San Marino, Serbia y Suiza. Por el contrario, a fecha de hoy, sólo 14 de ellos han aceptado el procedimiento de reclamación colectiva 25 (ver también el capítulo IV.B.2). África La Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos no reconoce explícitamente el derecho al trabajo, pero sí a unas condiciones laborables equitativas y satisfactorias y a un salario justo: Toda persona tiene derecho a trabajar en condiciones de igualdad y satisfactorias y de percibir igual salario por el mismo trabajo. (art. 15) Sin embargo, por medio del artículo 60, la Carta prevé que los Estados deben realizar los derechos que han reconocido internacionalmente. De tal manera que, los Estados Parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se comprometen a realizar el derecho al trabajo en el plano nacional. Por otro lado, casi todos los Estados africanos han ratificado los principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, que incluyen el derecho al trabajo, e incluso lo han englobado en sus legislaciones nacionales. 25 Se trata de: Bélgica, Bulgaria, Croacia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Portugal, Eslovenia y Suecia (cf. Conclusiones del Comité Europeo de Derechos Sociales, XVIII-2, Tomo 1, página 16, diciembre de 2007, dghl/monitoring/socialcharter/presentation/overview_fr.asp). 16
17 A título de ejemplo, el artículo 19 de la Constitución de Burkina Faso indica que se reconoce el derecho al trabajo y es igual para todos 26. El artículo primero del Código de Trabajo de Senegal señala que se reconoce el derecho al trabajo a cada ciudadano como un derecho sagrado. El Estado hará todo lo posible para ayudarle a encontrar un empleo y a conservarlo cuando lo consiga. 27 Sucede lo mismo en Gabón, Camerún y Mali. También hay que subrayar que con la adopción de la Declaración de Pretoria que trata sobre los derechos económicos, sociales y culturales en África 28, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos estima que: el derecho al trabajo enunciado en el artículo 15 de la Carta implica sobre todo los siguientes elementos: igualdad de oportunidades de acceso al trabajo remunerado, incluidas las personas refugiadas, las personas con discapacidad y otras personas desfavorecidas; ambiente favorable a la inversión en el sector privado para que participe en la creación de empleo remunerado; protección efectiva y reforzada de las mujeres en el lugar de trabajo, incluyendo las bajas por maternidad; remuneración equitativa, un salario mínimo vital y un salario igual por igual trabajo; condiciones laborales equitativas y satisfactorias, incluyendo la indemnización por accidentes laborales, peligros y otros; ( ) derecho a la libertad de asociación, incluyendo los derechos de negociación colectiva, de huelga y otros derechos sindicales; prohibición del trabajo forzado y de la explotación económica de los menores y otras poblaciones desfavorecidas; derecho al descanso y al ocio, incluyendo una limitación razonable del horario laboral, las vacaciones pagadas y la remuneración de los días festivos. La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos está ratificada por 53 Estados, es decir, la totalidad de los Estados africanos. Américas Los Estados Parte del Protocolo Adicional de San Salvador a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho al trabajo (art. 6), a las condiciones laborales justas, equitativas y satisfactorias (art. 7), a los derechos sindicales (art. 8) y el derecho a la seguridad social (art. 9). El artículo 6, que trata sobre el derecho al trabajo, prevé: 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño 26 Cf Cf Cf. Párrafo dispositivo 6 del anexo de la resolución 78. ACHPR /Res.73(XXXVI)04, adoptada el 7 de diciembre de 2004, tras la 36ª sesión de la Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, 17
18 de una actividad lícita libremente escogida o aceptada. 2. Los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo, a la orientación vocacional y al desarrollo de proyectos de capacitación técnico-profesional, particularmente aquellos destinados a los minusválidos. Los Estados partes se comprometen también a ejecutar y a fortalecer programas que coadyuven a una adecuada atención familiar, encaminados a que la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo. Este Protocolo prevé también para las personas mayores, el derecho a: ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades respetando su vocación o deseos (art. 17.b) y para las personas con discapacidad ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades respetando su vocación o deseos. (art. 18.a) El Protocolo de San Salvador está actualmente ratificado por 14 Estados. Otros cinco lo han firmado, por el momento, mientras que 15 Estados más del continente americano entre los que se encuentran Estados Unidos y Canadá no han hecho nada después de adoptarlo en Cf. 18
19 III. OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS Y APLICACIÓN A NIVEL NACIONAL A) Obligaciones de los Estados El derecho al trabajo no es una aspiración o afirmación filosófica, sino una obligación jurídica para los Estados. Al igual que ocurre con otros derechos humanos, el derecho al trabajo exige de los Estados que lo respeten, lo protejan y lo apliquen. Dado que ya hemos desarrollado los principios básicos de estos tres niveles de obligaciones de los Estados en las publicaciones precedentes 30, nos limitaremos a mencionar ciertas obligaciones específicas de los Estados en relación al derecho al trabajo, como los preconizados por el CESCR: 1) reconocer el derecho al trabajo en el sistema jurídico nacional y adoptar una política nacional sobre el derecho al trabajo así como un plan detallado para llevarlo a cabo; 2) garantizar progresivamente el pleno ejercicio del derecho al trabajo; 3) garantizar que el derecho al trabajo se ejercerá sin ninguna discriminación (art. 2.2 del PIDESC); 4) garantizar el derecho de las mujeres y los jóvenes a acceder a un empleo decente y, para ello, tomar medidas para luchar contra la discriminación y promover la igualdad de acceso y de oportunidades; 5) asegurar la igualdad en el acceso al trabajo y a la formación; 6) velar para que las medidas de privatización no debiliten los derechos de los trabajadores; 7) las medidas particulares tomadas para incrementar la flexibilidad de los mercados laborales no deben tener como efecto la precarización del trabajo y la disminución de la protección social del trabajador; 8) en principio no se deberá tomar ninguna medida retrógrada en relación al derecho al trabajo; 9) prohibir el trabajo forzado u obligatorio absteniéndose de rechazar o disminuir la igualdad de acceso de todos a un trabajo decente, sobre todo a individuos y grupos menos favorecidos y marginalizados, como los detenidos, miembros de minorías y trabajadores inmigrantes; 10) prohibir el trabajo de niños menores de 16 años; 11) prohibir todas las formas de explotación económica y de trabajo forzado infantil; 12) prohibir el trabajo forzado y obligatorio a los actores no estatales Ver El derecho a la alimentación, El derecho a la salud y El derecho a la vivienda, Cf. 19 a 28 de la Observación General núm. 18 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptada el 24 de noviembre de 2005, E/C.12/GC/18. 19
20 Incumplimiento de obligaciones por parte de los Estados El CESCR distingue entre incapacidad y falta de voluntad por parte de los Estados en cuanto a la aplicación del derecho al trabajo. Define, también, los incumplimientos por omisión y por comisión de actos. Los incumplimientos por actos de omisión ocurren, por ejemplo, cuando los Estados Partes no regulan las actividades de personas o grupos para impedirles que obstaculicen el derecho de otros a trabajar. Las violaciones mediante actos de comisión incluyen el trabajo forzado; la derogación o la suspensión oficial de la legislación necesaria para el ejercicio permanente del derecho al trabajo; la denegación del acceso al trabajo a ciertos individuos o grupos, tanto si esta discriminación se funda en la legislación o en la práctica; y la aprobación de legislación o de políticas que sean manifiestamente incompatibles con las obligaciones internacionales relativas al derecho al trabajo. 32 El CESCR enumera también una serie de ejemplos de incumplimiento por parte de los Estados de su obligación de respetar, proteger y poner en práctica el derecho al trabajo. A continuación, algunos extractos: El Estado se sustrae a la obligación de respetar el derecho al trabajo cuando las leyes, las políticas o las acciones son contrarias a las normas enunciadas en el artículo 6 del Pacto (ver el capítulo II.A); El hecho de que el Estado no tenga en cuenta las obligaciones jurídicas que le incumben en virtud del derecho al trabajo tras la conclusión de acuerdos bilaterales o multilaterales con otros Estados, con organizaciones internacionales o con otras entidades como las multinacionales, constituye un incumplimiento de su obligación de respetar el derecho al trabajo; El Estado incumple la obligación de proteger cuando se abstiene de tomar todas las medidas requeridas para proteger a las personas dentro de su jurisdicción contra los atentados al derecho a trabajar imputables a terceros; Entre los incumplimientos de la obligación de aplicar figuran el hecho de no adoptar o no aplicar una política nacional de empleo destinada a garantizar a todos la realización de este derecho; el hecho de afectar al empleo un presupuesto insuficiente o de hacer un mal reparto de los recursos públicos de tal manera que será imposible para ciertos individuos o ciertos grupos ejercer su derecho al trabajo, (...) el hecho de no poner en práctica programas de formación técnica y profesional 33. B) Ejemplos de aplicación a nivel nacional Para ilustrar la aplicación (o no) del derecho al trabajo y sus corolarios a nivel nacional, hemos escogido tres países: México (país de los llamados en desarrollo), Reino Unido (país de los llamados desarrollados y uno de los primeros países industrializados) y Rumanía (país de los llamados en transición). 32 Idem Idem 33 a
EL DERECHO A LA VIVIENDA Un derecho humano fundamental estipulado por la ONU y reconocido por tratados regionales y por numerosas constituciones nacionales Publicación elaborada por Christophe Golay, Asesor