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Timestamp: 2018-08-22 04:13:49
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﻿ Sentencia 38727 de agosto 3 de 2010
SENTENCIA 38727 DE 03 DE AGOSTO DE 2010
CONTENIDO:TERMINACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJADOR OFICIAL CON FUNDAMENTO EN LA CLÁUSULA DE RESERVA. ES UN MODO LEGAL, PARA FINALIZAR EL VÍNCULO LABORAL SIN EMBARGO NO ES CONSIDERADO COMO UNA JUSTA CAUSA DE DESPIDO.
TEMAS ESPECÍFICOS:CLÁUSULA DE RESERVA EN EL CONTRATO DE TRABAJO, CONTRATO DE TRABAJO DEL TRABAJADOR OFICIAL, PENSIÓN VOLUNTARIA DE JUBILACIÓN, CELEBRACIÓN DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
Sentencia 38727 de agosto 3 de 2010
Rad. 38727
Bogotá, D.C, tres de agosto de dos mil diez.
Lo interpuso la demandada con la finalidad de que se case la sentencia recurrida y en instancia revoque la del juzgado en cuanto a las condenas que le impuso, para que en la sentencia sustitutiva se declare “que no existe en el expediente prueba alguna que muestre que el retiro del demandante del servicio oficial le haya producido un daño antijurídico en cuanto a su derecho pensional y que por tanto no se cumple en el presente caso, el supuesto de hecho consagrado en el artículo 90 de la Constitución Nacional, lo cual impide aplicar la consecuencia indemnizatoria allí establecida”, y que “ante la ausencia de daño pensional porque el demandante no lo sufrió, o al menos no se encuentra probado, no es procedente estructurar, en el presente caso, la responsabilidad del Estado”. Que adicionalmente debe decirse que no hay lugar a la pensión convencional porque no hay causa injusta y no es posible aplicar la convención colectiva ni los artículos 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945, así como que el derecho se encuentra prescrito, para finalmente absolverla de la pensión reclamada.
Con ese propósito formuló cinco cargos, que con vista en la réplica se decidirán en la forma en que se señala a continuación.
VI. Primer y cuarto cargo
Por la vía directa, en el primero, acusa la interpretación errónea de los artículos 90 y 150 numeral 7º de la Constitución Nacional; 47, 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945.
En la demostración, critica el entendimiento dado por la Corte respecto a que el modo legal de terminación de un contrato de trabajo por el cierre de empresas estatales no es causa justa que exonere al Estado de la pensión sanción.
Anota que no es razonable limitar las causas justas de terminación de los contratos a los eventos señalados en los artículos 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945; que tampoco lo es que un motivo legal de terminación de un contrato de trabajo no sea considerado como modo justo, y que el cierre de empresas estatales es motivo justo de terminación de tales contratos, por cuanto emerge de la Constitución y de la ley.
Señala que el artículo 90 de la Constitución Política previene que la obligación que tiene el Estado de resarcir los daños causados a una persona se deriva de la ocurrencia de un daño antijurídico causado por acción u omisión de la autoridad, por lo cual las indemnizaciones laborales encuentran una normativa superior a los artículos 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945 “y por tanto no es jurídicamente admisible entender que las únicas causas que exoneran al Estado de reparar los perjuicios a los servidores separados de sus cargos, sean las establecidas en los artículos mencionados”, ya que el repertorio de supuestos de hechos exonerantes de la reparación es mucho más amplio e incluye la causa f) del artículo 47 de dicho decreto, es decir el cierre de empresas.
Manifiesta que cuando las acciones u omisiones del Estado son contrarias al orden jurídico, surge inevitablemente la obligación indemnizatoria a cargo del Estado, pero si dichas actuaciones no son contrarias al orden jurídico, no hay obligación de indemnizar. Que cuando hay un cierre legal de empresas, ajustado a las normas jurídicas correspondientes, se está en la situación de juridicidad y si por ese efecto los particulares sufren perjuicios, estos no pueden ser calificados como antijurídicos, ya que de no ser calificado así, el Estado no está obligado a indemnizar.
Critica también a la Corte cuando en la Sentencia 11656 manifestó que el Estado no estaba excluido de las reglas generales sobre indemnización de perjuicios y dice que es inaceptable esa consideración, pues cuando el Estado suprime entidades y termina los contratos de trabajo de sus servidores, no lo hace en su propio provecho, sino por la realización de los fines esenciales que debe cumplir por el interés general; que el Estado si puede arrogarse de la facultad de disponer, tanto de manera general como para el caso específico, de cerrar empresas, ya que es una facultad constitucional; que el hecho de que el cierre de una empresa sea provocada por el mismo Estado, no es argumento que haga concluir en la antijuridicidad de la conducta estatal, que es la única fuente de su responsabilidad.
Insistiendo en la antijuridicidad de la conducta estatal en el cierre de empresas y que las indemnizaciones laborales que el Estado debe pagar están sujetas al artículo 90 del ordenamiento superior, el recurrente solicita de la Corte la rectificación de su tesis para que se proceda de acuerdo con el alcance de la impugnación.
En el cuarto cargo, denuncia la infracción directa del artículo 90 de la Constitución Nacional y básicamente sostiene que era el demandante quien debía probar que había sufrido un daño antijurídico para poder acceder a la pensión convencional que reclama.
Afirma que el tribunal no incurrió en yerro jurídico alguno y que no controvirtió el pilar fundamental de la decisión acusada, en tanto consideró que en la carta de despido nada se le dijo al demandante sobre los motivos o causas para esa determinación.
Tiene razón la oposición en su crítica al cargo, pues el tribunal, para concluir en el despido injusto del actor, dejó consignado claramente que en la carta de terminación del contrato de trabajo no se le invocó al demandante motivo o razón para dicha determinación, argumento que no fue controvertido por la censura.
Por tanto, como quiera que al dirigir los cargos por la vía directa, la censura necesariamente debe mostrar su conformidad con ese supuesto fáctico, ninguna otra conclusión, distinta de un despido injusto y unilateral, puede desprenderse de la decisión de la empleadora de finiquitar el vínculo contractual laboral que la unía con su servidor.
Y como ya quedó dicho que la acusación no controvirtió ese pilar de la sentencia, suficiente por si solo para mantenerla incólume, los razonamientos de la censura se exhiben inanes para los propósitos pretendidos.
De todos modos, frente a las inquietudes de los cargos, ya esta Sala ha tenido la oportunidad de pronunciarse, como puede verse, por ejemplo, en la sentencia de casación del 23 de febrero de 2010, Radicación 36479, en la que se dijo:
“La rectificación jurisprudencial que el recurrente plantea, en el sentido de asimilar las justas causas de terminación del contrato en el sector de los trabajadores oficiales, con los modos legales de terminación de la relación de trabajo, no es de recibo para la Sala, debido a que en materia laboral, prevalecen principios de estirpe constitucional específicamente vinculados con los derechos de los trabajadores, que gozan de protección especial, que no pueden dejarse de lado a la hora de interpretar los contenidos de los preceptos legales. Baste mencionar los consagrados en el artículo 53 de la Constitución, del que cabe destacar el de preferir la norma más favorable al trabajador, en caso de duda en la aplicación o interpretación de una fuente de derecho, lo que, sumado a la claridad de los textos legales que cita la censura, impide cualquier intelección que justifique el cambio de posición de la Corte en este punto específico. Y no es que la jurisprudencia de la Sala se haya limitado a una hermenéutica literal del texto legal, como lo sugiere el recurrente, sino que muy por el contrario, la posición actual ha sido producto de una prolija labor interpretativa, que ha permitido con nitidez trazar las diferencias entre los modos legales de finalización de una relación de trabajo, y las justas causas que habilitan al empleador para despedir a un trabajador, sin que tenga que asumir las consecuencias de un acto que tiene una clara connotación sancionatoria, y que, por lo tanto, deben interpretarse restrictivamente. Es suficiente con referir que en Sentencia 31805, de 22 de noviembre de 2007, se hizo acopio de pronunciamientos sobre el tema que ahora concita la atención de la Sala, que se distinguen, no precisamente, por una motivación como la que reprocha la censura. Así se dijo:
“De tiempo atrás la jurisprudencia ha sostenido en forma invariable que la terminación de un contrato de trabajo, con fundamento en la cláusula de reserva, si bien es un modo legal, para finalizar el vínculo laboral ello no puede reputarse como una justa causa. En sentencia de 1º de septiembre de 1994 Radicado 6783 se consignó lo siguiente:
“Ya son innumerables los casos en los cuales la Corte ha interpretado que la pensión proporcional que establece el artículo 8º del la Ley 171 de 1961 debe reconocerse cuando la desvinculación del trabajador ocurre por decisión del empleador sin justa causa, aun cuando el modo se encuentre previsto como causa legal de terminación del contrato de trabajo.
“Refiriéndose a la pensión restringida o pensión proporcional, o pensión sanción, antes establecida por el artículo 267 del CST, subrogado por el artículo 8º de la Ley 171 de 1961 el cual continúa vigente para los trabajadores oficiales, la Corte, en sentencia del 16 de septiembre de 1958, la consideró procedente cuando el contrato de trabajo termina por aplicación de la cláusula de reserva que, como modo legal para tal efecto, establecía el artículo 48 del CST y aun consagra el artículo 50 del Decreto 2127 de 1945 dentro del régimen aplicable a los trabajadores oficiales. Los siguientes son algunos apartes del fallo en alusión:
“La cláusula de reserva es una manera legal de terminar el contrato de trabajo, pero no es una causa justa, en el sentido preciso atribuido por la ley a ciertos motivos específicos y determinados que, en el orden de la justicia, sirven de fundamento a la extinción unilateral del contrato y que se denominan ‘justas causas’. Existe una diferencia sustancial entre aquel ‘modus’ extintivo del contrato que la ley acoge y estas causas, establecidas por los artículos 62 y 63, que la ley expresamente califica de justas.
“Podría objetarse, como lo hace el recurrente, que todo lo legal es justo, y que por consiguiente siendo legal la manera en que se termina el contrato de trabajo, según el artículo 48, esa manera también será justa. Tal tesis equivale a asumir una de las posiciones extremas que surgen, dentro del campo filosófico, al tratar de establecer el paralelismo o discrepancia entre lo legal y lo justo, en el vastísimo ámbito de las relaciones entre el derecho natural como categoría de justicia y el derecho positivo como ley. Sin profundizar en materia tan ardua, es menester afirmar que en el ordenamiento jurídico positivo existen normas que se desvinculan del iusnaturalismo no por ser francamente opuestas a este sino por ser indiferentes. Es un desideratum que la ley positiva rija no solo las relaciones fundamentales dentro del espíritu de la justicia natural, sino que también regule las situaciones indiferentes a ella, u obscuras, en cuya fijación estén interesados el bien común o la conveniencia social.
“En todas estas situaciones consideradas indiferentes o por lo menos de difícil acomodo a la idea de la justicia, el legislador ocurre a la equidad y ordena al juzgador que, por su parte, al aplicar la ley, también ocurra a ella (CST, art. 18; L. 153/87, art. 5º).
“Ya se dijo atrás que la cláusula de reserva es una manera, pero no es una causa. Es sabido que la manera es el modo como se rige una situación jurídica, en tanto que la causa es el antecedente de hecho o de derecho que produce esa situación. La causa se confunde en este caso con la noción de móvil determinante.
“El legislador acogió la manera preavisada de concluir una relación contractual de trabajo a término indefinido, inspirado por un criterio de equidad, en una cuestión en la cual el acomodamiento de la idea pura de la justicia resulta difícil sobremanera en vista de la complejidad de la materia, y en que, precisamente por tal dificultad, determinaría injusticias una regulación demasiado rígida o asaz elástica, al tiempo que era necesario legitimar situaciones decisivamente vinculadas a la conveniencia social. En punto a la terminación con preaviso del artículo 48 la ley sanciona y legitima el ‘modus’ o manera, pero no hace referencia alguna a la causa. En cambio en la terminación unilateral de los artículos 62 y 63 la ley hace especial énfasis sobre la causa (aunque también señala la manera), lo cual destaca aún más la distinción entre la una y la otra.
“... Cuando la ley en su artículo 267 se refiere a la ausencia de justa causa en el despido como uno de los elementos generadores de la jubilación restringida, no puede entenderse que la simple manera de terminación preavisada legal equivalga a la justa causa, por cuanto ya se ha visto que justa causa y manera legal son cosas de esencia completamente distinta. Por lo cual no es válido invocar la manera establecida por el artículo 48 para la terminación unilateral como equivalente a la causa justa del artículo 267...” (G.J. v. LXXXIX, págs. 265 y 266)
Igual argumentación expuso la Corte en sentencias del 15 y 16 de diciembre de 1959 para otro modo legal de terminación del contrato de trabajo consistente en la liquidación de la empresa. Dijo la Corte en la sentencia del 15 de diciembre:
“La atenta lectura del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, permite ver en él los dos sistemas de extinción del contrato de trabajo de que habla el tribunal, a saber: primero, el de las justas causas (arts. 62 y 63 del estatuto) y, segundo, el de las causas legales, que comprende la serie de hechos enumerados en la primera de las citadas disposiciones, con exclusión de las contenidas en los artículos 62 y 63.
“Para efecto de la pensión especial jubilatoria que establece el artículo 267 del Código del Trabajo, no es desacertado como lo cree el recurrente, el separar los distintos medios de terminación del contrato, dividiéndolos en las dos clases de que habla el tribunal (G.J. t. XCI, págs. 1.204 y 1.205)
En la sentencia del 16 de diciembre, dijo:
“No cabe la menor duda que la pensión de jubilación establecida en el artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo obedece a un propósito de protección especial para el trabajador que, después de quince (15) años de servicios es despedido sin justa causa. Inclusive el propio artículo utiliza la palabra especial para distinguir esta prestación de la ordinaria por veinte (20) años de servicios.
“dentro de tal criterio de protección, es lógico pensar que la noción de justa causa no debe entenderse en el sentido lato en que la entiende el recurrente porque, de esa manera, prácticamente dejaría de tener operancia positiva la norma comentada. Esto no exige ninguna compleja demostración, ya que la tesis extrema del impugnador, o sea, que por justa causa de despido deben entenderse no solo las previstas en los artículos 62 y 63 ibídem sino también los modos del artículo 61, es un punto de vista que presenta el notorio inconveniente de que deja sin posibilidad de aplicación al artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo, por la sencilla razón de que en los tres preceptos primeramente mencionados están comprendidos todos los casos en que, de acuerdo con la legislación positiva laboral, se puede dar por terminado el contrato de trabajo. Como se ve, esa interpretación conduce al resultado negativo de convertir en nulo e impracticable el artículo que consagra la pensión especial. Y, naturalmente, no debe ser ese el recto entendimiento de la norma cuestionada puesto que con él se produce su completa parálisis jurídica. No se trata pues de un problema de filosofía del derecho, ni de sutilezas jurídicas de difícil aprehensión, sino simplemente de darle al texto legal su sentido dinámico y proteccionista. Este no puede ser otro que entender, cuando el artículo 267 habla de justa causa, que son las justas causas señaladas en los artículos 62 y 63 y no otras, porque a las otras formas de terminación contractual no les da la ley esa forma de denominación y, por lo que se ha dicho antes, es decir porque se llegaría a cobijar dentro del precepto de justa causa todos los casos de desvinculación contractual, con lo cual jurídicamente nunca, el trabajador con mas de 15 años de servicios y menos de 20, tendría la posibilidad de disfrutar del derecho a la pensión jubilatoria especial” (G.J., t. XCI, pág. 1.216).
Posteriormente en fallo del 11 de junio de 1990, Radicación 3790, la corte, luego de transcribir las providencias anteriores y de hacer alusión a sentencia del 17 de mayo también de 1990, Radicación 3649, refiriéndose a la terminación del contrato de trabajo ya no por aplicación de la cláusula de reserva ni por clausura definitiva de la empresa sino por fuerza mayor o caso fortuito, arribó a la siguiente conclusión:
“... aplicando esta doctrina reiterada de la Corte al caso sub lite tendrá que concluir que precisamente por constituir la fuerza mayor o caso fortuito como motivo de extinción del vínculo laboral un modo legal de fenecer el contrato y no una ‘justa causa’, la obligada consecuencia de esta distinción entre estas dos clases de fenómenos es la de considerar que si bien no hay lugar a la reparación de perjuicios propiamente dicha, queda, sin embargo, obligado el patrono que despide sin justa causa a un trabajador después de diez años a pagarle la pensión proporcional o restringida de jubilación, lo que deberá hacer al cumplir este 60 años de edad, si el despido injustificado se efectuó después de diez años y antes de quince, o a los 50 años de edad, si lo realizó después de dicho tiempo y antes de cumplir los veinte años de servicios.
“Este entendimiento de las normas aquí aplicables, que en el caso litigado no son el artículo 61 del CST ni los demás de dicho estatuto que integran su parte individual, sino los propios de la Ley 6ª de 1945 y de su reglamentario el Decreto 2127 de ese mismo año, más específicamente de su artículo 47 literal f), en armonía con el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, no constituye otra cosa diferente a la de la doctrina contenida en las sentencias de 1958 y 1959 de que se ha hecho mérito atrás, pues, como se sabe, mutatis mutandi, los modos legales de extinción del contrato laboral que para los trabajadores particulares trae el artículo 61 del CST corresponden a los previstos para los trabajadores oficiales en el artículo 47 del decreto 2127 de 1945, y cualquier interpretación que en el pasado se haya hecho del derogado artículo 267 del CST, cabe predicarla del vigente artículo 8º de la Ley 171 de 1961, en razón de que dicha pensión proporcional o restringida también cobija a los servidores del Estado que le prestan servicios por virtud de un contrato de trabajo”.
Síguese de lo dicho, que de todas maneras los cargos tampoco hubieran tenido vocación de prosperidad.
Por la vía directa, acusa la infracción directa de los artículos 145 y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en relación con los artículos 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945.
En el desarrollo afirma que si examinan las sentencias de primera y de segunda instancia, se observa que no hay consideración alguna sobre la excepción de prescripción propuesta como excepción por la demandada y que era obligación del tribunal revisar ese punto, el cual no cumplió.
Que de haber observado el tribunal el tema de la prescripción, habría proferido decisión absolutoria, “pues se habría tenido que declarar prescrita la acción calificatoria de la causa injusta de la desvinculación del demandante, enervando así la prosperidad de la pretensión pensional propuesta en la demanda, que es la consecuencia obligada de la calificación de injusta causa de terminación del contrato”.
X. La réplica
Recalca que el tema de la prescripción no fue tema de inconformidad de la apelación contra la sentencia de primer grado, omisión que implica que quedó por fuera del debate.
Si bien es cierto que en la apelación contra la sentencia de primer grado, la entidad demandada no expuso motivo de inconformidad alguno en lo relacionado con la prescripción, no lo es menos que el tribunal estaba obligado a pronunciarse sobre todos los temas que tenían que ver con la parte demandada por razón del grado jurisdiccional de consulta regulado en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
Y para el efecto, importa destacar que el juez de primer grado, en el ordinal tercero de la parte resolutiva de su sentencia, expresamente declaró no probadas las excepciones de fondo propuestas, pronunciamiento que fue avalado por el tribunal al confirmar en su integridad la decisión apelada, de donde se infiere que sí hubo decisión del sentenciador de la alzada.
De todas maneras, si pudo haber alguna omisión del tribunal en no pronunciarse específicamente sobre ese tema, que constituía uno de los extremos de la litis, la solución era solicitar la adición de la sentencia en los términos del artículo 311 del Código de Procedimiento Civil y no acudir directamente al recurso extraordinario de casación.
No está de más advertir que frente a un derecho pensional como el reclamado en el asunto bajo examen, la Corte reiteradamente ha dicho que no prescribe por configurar un verdadero estado jurídico que no puede afectarse por el paso del tiempo, de ahí que la acción judicial en procura de su satisfacción puede intentarse en cualquier momento, para lo cual basta citar, entre muchas otras, las sentencias del 15 de septiembre de 2004 Radicación 22627, 25 de mayo de 2005 Radicación 25000 y 29 de septiembre de 2005 Radicación 25322.
Por tanto, así pudiese superarse el escollo procesal puesto de manifiesto, la sentencia no podría quebrantarse.
XII. Tercer cargo
Por la vía indirecta acusa la aplicación indebida de los artículos 2º y 48 de la Constitución Nacional; 1º, 2-e, 5º, 8º, 11-2 y 283-3 de la Ley 100 de 1993 y 6º, 8º, 11 y 17 de la ley 38 de 1989, reformada por la Ley 179 de 1994.
Sostiene que por haber apreciado con error el artículo 98 de la Convención Colectiva de trabajo aportada a los autos, el tribunal incurrió en el error de hecho de “haberle reconocido efectos jurídicos, sin tenerlos, a la estipulación convencional, estipulación que creó una prestación extralegal para los trabajadores oficiales del Idema, consistente en otorgar un derecho pensional de jubilación que causa el trabajador oficial beneficiario de la convención cuando la entidad pública para la cual labora declara unilateralmente y sin justa causa su contrato de trabajo”.
En la demostración, en síntesis, afirma que el tribunal en la infracción legal denunciada en dos formas: la primera, en haber considerado tácitamente que las reglas pensionales establecidas por la Ley 100 de 1993 constituyen derechos mínimos para los trabajadores oficiales, y la segunda en cuanto desconoció lo normado por el inciso 3º del artículo 283 de la Ley 100 de 1993, que dispone que en las convenciones colectivas que hacía el futuro llegaren a pactar condiciones diferentes a las de dicha ley, deberán contar con los recursos respectivos para su garantía, en la forma que acuerden empleadores y trabajadores.
A continuación desarrolla cada una de las supuestas indebidas aplicaciones de la ley que hizo el tribunal.
XIII. La réplica
Expresa que no obstante dirigir el cargo por la vía indirecta, la censura expone argumentos puramente jurídicos que no son propios de dicha modalidad de violación en el recurso extraordinario, además de que no se citó el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo.
XIV. Se considera
También le asiste razón a la parte opositora en sus críticas al cargo, pues es verdad que la censura no indicó cual fue el yerro de apreciación en que pudo haber incurrido el sentenciador al apreciar la norma convencional que consagra el derecho pretendido.
Lo que en realidad cuestiona la censura es que el tribunal le hubiera dado efectos jurídicos a la referida cláusula convencional, o en otras palabras, le hubiera dado validez en tanto no los tiene por no avenirse a los postulados de la Ley 100 de 1993.
Y en las condiciones anotadas, los yerros imputados son de naturaleza puramente jurídica, incontrovertibles por la vía de los hechos, por lo cual el cargo se rechaza.
XV. Quinto cargo
Por la vía indirecta acusa la aplicación indebida de los artículos 47, 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945; el artículo 3º y el parágrafo del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo; 177 del Código de Procedimiento Civil, con relación al Decreto 1675 de 1997.
Asevera que por haber apreciado con error el artículo 98 de la convención colectiva de trabajo, la terminación del contrato de trabajo y el Decreto 1675 de 1997 que suprimió el Idema, el tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho:
“1. Dar por probado, sin estarlo, el supuesto de hecho del artículo 98 de la convención colectiva que el actor tomó como fundamento de su pretensión pensional.
2. En consecuencia, dar por probada, sin estarlo, la existencia de la obligación pensional”.
En la demostración dice que el tribunal se equivocó al apreciar la carta de terminación al entender que para que se configurara una causa justa de despido era necesario la invocación del motivo para la terminación del contrato, sobre todo cuando, en su sentir, la comunicación mencionada no tiene la virtud en sí misma, de ser prueba fehaciente de la causa injusta.
Pone de presente que aunque de acuerdo con el parágrafo final del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo se obliga a la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo expresarle a la otra el motivo de la determinación sin que después pueda alegar otro u otros distintos, sin embargo, tal precepto no se aplica a los trabajadores oficiales, pues los preceptos correspondientes del Decreto 2127 de 1945 no establecen tal formalidad o exigencia, de modo que el error del tribunal cobra realce.
XVI. La réplica
Asevera que no hay error alguno en la motivación de la sentencia recurrida, ya que el tribunal no apreció con error las pruebas denunciadas por la censura.
XVII. Se considera
La carta de terminación suscrita por la demandada el 16 de septiembre de 1997, se le informa al actor que el Idema “ha decidido dar por terminado unilateralmente su vinculación laboral con el Instituto a partir del recibo del presente”.
Lo que se desprende de dicha carta es justamente la decisión unilateral de la empleadora de dar por finalizado el contrato de trabajo del demandante. No hay causa alguna o motivo que tienda a justificarlo y por ello no la pudo haber apreciado con error el tribunal. Y sin necesidad, inclusive, de acudir a lo que dispone el parágrafo del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, la razón aducida en la comunicación de finiquito del vínculo contractual laboral es la que deben examinar los juzgadores para determinar la justicia o injusticia de un despido.
Ahora, si se aceptara la tesis del recurrente, los empleadores oficiales tendrían licencia para despedir un trabajador sin invocar motivo alguno y posteriormente en causa judicial alegar otros que no fueron manifestados en el momento mismo de la extinción. Semejante proceder riñe con los principios de buena fe y de contradicción y ni siquiera el Estado está habilitado para actuar de esa manera.
De otro lado, incurre en error la censura al acusar como mal apreciado el Decreto 1675 de 1997, el cual dice obra como prueba en el expediente.
Así se afirma, por cuanto el citado decreto fue expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió el artículo 30 de la Ley 344 de 1996, y tiene, por tanto, las características de una ley con alcance nacional y expedida por el Congreso Nacional. Siendo ley en sentido formal y material, su conocimiento se presume, por lo que mal puede asignársele la condición de prueba judicial.
Luego, acorde con lo acotado, no prospera el cargo.
Ante el fracaso del recurso extraordinario, las costas son a cargo de la demandada recurrente, dado que hubo oposición a la demanda de casación.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 22 de agosto de 2008 por el Tribunal Superior de Bogotá, dentro del proceso ordinario adelantado por Carlos Arturo Benavides Santamaría contra la Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.