Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2001-01054-de-agosto-24-de-2009-sentencia?documento=jurcol&contexto=jurcol_7599204263cdf034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-20 05:31:41
Document Index: 38739765

Matched Legal Cases: ['artículo 2356', 'artículo 2341', 'artículo 1494', 'artículo 1382', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 1913', 'artículo 1970', 'artículo 493', 'artículo 988', 'artículo 1846', 'artículo 1384', 'artículo 403', 'artículo 88', 'artículo 90', 'artículo 2050', 'artículo 5', 'artículo 1604', 'artículo 191', 'artículo 2356', 'artículo 2341', 'artículo 2356', 'artículo 2356', 'artículo 2356', 'artículo 2356', 'artículo 2356', 'artículo 2356', 'artículo 2536', 'artículo 2356', 'artículo 2356', 'artículo 2356', 'artículo 2', 'artículo 2356', 'artículo 2356', 'artículo 2356', 'artículo 2356', 'artículo 2341', 'artículo 2356', 'artículo 2341', 'artículo 2302', 'artículo 34', 'artículo 2356', 'artículo 1391', 'artículo 261', 'artículo 117', 'artículo 11', 'artículo 1', 'artículo 2357', 'artículo 2357', 'artículo 2341', 'artículo 2356', 'artículo 2054', 'artículo 2356', 'artículo 2341', 'artículo 2356', 'artículo 2356', 'artículo 2354', 'artículo 2354', 'artículo 2356', 'artículo 63', 'artículo 2356', 'artículo 2284', 'artículo 1382', 'artículo 2356', 'artículo 2356', 'artículo 2356', 'artículo 2356', 'artículo 2357', 'artículo 2357', 'artículo 88', 'artículo 2356', 'artículo 2356']

﻿ SENTENCIA 2001-01054 DE AGOSTO 24 DE 2009
SENTENCIA 2001-01054 DE 24 DE AGOSTO DE 2009
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACTIVIDADES PELIGROSAS. ES UNA RESPONSABILIDAD OBJETIVA QUE NO SE BASA EN LA CULPABILIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR ACTIVIDAD PELIGROSA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:454 DE OCTUBRE DE 2009, PG.1509
Sentencia 2001-1054 de agosto 24 de 2009
Ref.: Expediente 11001-3103-038-2001-01054-01
Bogotá, D.C., veinticuatro de agosto de dos mil nueve.
1. En la demanda genitora de este asunto, se solicitó declarar la responsabilidad de la demandada por los daños y perjuicios causados con ocasión del accidente entre los vehículos de placas TKA-271 y el BUS 835, condenarla al pago de $ 184.020.000 por daño emergente y de $ 198.000.000 a título de lucro cesante siendo irreparable el automotor, o de las sumas probadas con intereses moratorios desde la ejecutoria del fallo al día del cumplimiento de la obligación principal, la indexación desde el 12 de marzo de 1999 hasta la fecha de la sentencia y las costas procesales.
a) El 12 de marzo de 1999, en la carretera de Santa Marta a Medellín a la altura del corregimiento La Gómez, departamento de Santander, el vehículo de su dominio con placas TKA-271 fue colisionado por el BUS 835 de la demandada, cuyo conductor Víctor Gonzalo Gómez en estado de embriaguez invadió el carril por donde circulaba, golpeándolo en el costado delantero derecho y causándole múltiples daños.
b) El automotor de la demandada no experimentó avería en su lado izquierdo, confirmando la "(...) invasión total del carril (...)"por donde circulaba el suyo.
d) El accidente causó al vehículo de placas TKA-271 daños calculados en $ 184.020.000.
3. La demandada se opuso a las pretensiones e interpuso las excepciones de “imprudencia del conductor y de los propietarios del vehículo TKA-271”, “la sociedad Bavaria no ha inferido daño alguno a los demandantes”, y “ausencia de culpa aquiliana o responsabilidad civil extracontractual de la sociedad Bavaria S.A.”, llamó en garantía a Aseguradora Colseguros S.A., quien también se opuso proponiendo por excepciones, la genérica y la inexistencia de la obligación, y frente al llamamiento planteó las de “limitación de la responsabilidad (...) ajuste del valor a indemnizar de acuerdo al grado de agotamiento del valor asegurado” y la genérica.
2. Analizó la responsabilidad civil, específicamente la extracontractual, la carga probatoria y la presunción de culpa por actividades peligrosas, neutralizadas en la especie litigiosa en virtud del desarrollo por las partes de actividades similares, correspondiendo al demandante probar que "[I]a colisión ocurrió única y exclusivamente por la imprudencia del conductor del vehículo de placas BUS 835, señor Víctor Gonzalo Gómez, quien se encontraba en estado de somnolencia y alicorado, quien invadió el carril izquierdo que le correspondía al tractocamión de placas TKA-271 (...)" (fl. 62, cdno. 1ª instancia).
1. Postula el quebranto directo de los artículos 2356, 2341, 2342, 2343, 1613 y 1614 del Código Civil, en cuanto a juicio del juzgador, “(...) ‘la presunción de culpa por el ejercicio de actividades peligrosas (C.C., art. 2356) no opera cuando ambas partes concurren al suceso dañoso al ejercer actividades similares, dado que las presunciones de culpa al aniquilarse mutuamente se neutralizan, cuestión que es la que acá ocurre dado que los dos automotores involucrados en la colisión se hallaban transitando, por lo que al demandante le correspondía acreditar los citado (sic) elementos incluyendo la culpa’ (...)” (fl. 33, cdno. casación y fl. 37, cdno. 2ª instancia).
2. Denota yerro iuris, al inaplicar el régimen de responsabilidad por actividades peligrosas cuando el autor y la víctima las ejercen simultánea o concurrentemente, en tanto, no obstante resultarle clara al sentenciador la causación del daño como resultado de las mismas, dejó de aplicar el régimen pertinente para dar paso al de la culpa probada; dicha postura puramente jurídica sustentada en una interpretación “(...) inicua (...) del régimen consagrado para las actividades peligrosas derrumba los avances logrados en materia de responsabilidad aquiliana con la culpa presunta, resultando inaceptable para neutralizar las presunciones aplicar a la víctima la misma regulación del autor del daño, pues la única exigencia para la aplicación del artículo 2356 del Código Civil atañe a probar “que el daño se produjo como consecuencia de una actividad peligrosa ejercida por el causante del daño” sin exceptuar el ejercicio por la víctima de una actividad de idéntica naturaleza al momento de la lesión; con cita de jurisprudencia de esta corporación recuerda el carácter relativo de la neutralización de las presunciones de culpa y la incidencia de la conducta de la víctima en otros aspectos de la responsabilidad, verbi gratia, la liquidación del daño o la causalidad, pero no en la aplicación de “(...) un tipo especial de responsabilidad (...)” surgido exclusivamente de la conducta del ofensor como el consagrado en el precepto afectado por la sentencia; la tesis del tribunal, anota, desarticularía el régimen en cuestión, pues, el causante del daño podrá exonerarse acreditando la causa extraña y el ejercicio de una actividad peligrosa por la víctima, introduciéndose veladamente una nueva causal de exoneración, precisando la violación por el fallador, porque “(...) habiendo advertido que el daño se produjo cuando el demandado y la víctima ejercían actividades peligrosas, se abstiene de aplicar el régimen conceptual, de exoneración y de prueba de la culpa (...) desplazando el problema al terreno de la culpa probada (...)”.
3. Explica la conculcación recta vía por indebida aplicación del artículo 2341 del Código Civil, pues al verificarse un daño como “(...) consecuencia del ejercicio de una actividad peligrosa bajo la guarda de la demandada y manipulada por su dependiente (...)”, no debió aplicarse la preceptiva de la responsabilidad con culpa probada sobre la de linaje presuntivo y, por lo mismo, probada la lesión sin demostrarse causa de exoneración alguna, debió condenarse a la demandada al pago del daño emergente y del lucro cesante al tenor de los artículos 2342, 2343, 1613 y 1614 ejusdem, aplicables, inaplicados y trasgredidos rectamente.
Cuándo, por qué y de qué se responde, son interrogantes con una dimensión diacrónica variable, “siendo materia de una tormentosa evolución, de contradicciones que denuncian el conflicto de una tradición secular y el desarrollo de teorías y orientaciones jurisprudenciales claramente conectadas con la transformación de los factores económicos y sociales” (Guido Alpa y Mario Bessone, La Responsabilitá Civile, t.1, Prospettiva storica, colpa aquiliana, illecito contracttuale, Giuffré, Milano, 2001, p. 1 ss.).
El daño, entendido en sentido icástico, o sea, la lesión, detrimento o menoscabo de un derecho, interés o, incluso, un valor tutelado por el ordenamiento jurídico, es el primer elemento o presupuesto de la responsabilidad civil. En tal virtud, el artículo 1494 del Código Civil, dentro de las fuentes de la relación obligatoria, entre otras enuncia, el “hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos” y, en consecuencia, la obligación de repararlo, parte de su existencia real u objetiva —presente o futura—, sin la cual, por elementales razones lógicas, el mencionado deber de prestación no surge.
En tiempos inmemoriales, prevaleció la tendencia al castigo, escarmiento, sanción, represión y punición propia de mentalidades barbáricas primitivas, la víctima era juez y verdugo, los daños se estimaron asuntos personales y su reparación se asociaba a la venganza; empero, el Código de Ur-Nammu (probablemente, 2050 a. C), contempló algunas formas de reparación pecuniaria y la posibilidad de una compensación con recursos públicos en daños enormes de imposible cuantificación, ordenada por el Ensi o gobernador local sumerio el Código de Lipit-Ishtar (alrededor de 1860 a. C), estableció en ciertos casos, análogas previsiones pecuniarias y las leyes de Eshnuma extendieron la reparación económica de ciertas ofensas a la dignidad y reputación de una persona (“si un hombre injuria a otro...” o propina una “bofetada en la cara”, pesará y entregará diez shekels de plata”) (Israel Drapkin, “Los códigos pre-hamurábicos”, Anuario de derecho penal y ciencias penales, Madrid, tomo XXXV, fascículo II, mayo-agosto de 1982, pp. 336 ss.).
Ab initio, se sometía al autor de una injuria a idéntica agresión u ofensa a la inferida (Ley del Talión, Código de Hammurabi —aproximadamente 1780 a. C.— y Ley de Israel); después, el ius civile, introduce la compositio para regular el perjuicio y su consecuencia, previéndose en la Ley de las XII Tablas con la pena de muerte y la vindicta (talión, igual mal al infligido), así “[e]l que cortase las plantas industriales o producidas por el cultivo, será ahorcado (...) Si alguno rompiese a otro algún miembro, queda sujeto a la pena del talión, a no ser que pactasen otra cosa el ofensor y el ofendido (...) El que rompiese un diente a un hombre libre, le pagará trescientos ases (...)” (José María Antequera, Historia de la legislación romana desde los tiempos más remotos hasta nuestros días, 3ª ed. Madrid, 1874, pp. 273 ss.), debatiéndose, empero, la consagración de una directriz general de reparación (Tabla VIII, 5, “rupsit (...) sarcito”).
La Lex Aquilia, cuyo origen probable se atribuye a un plebiscito del tribuno Aquilio en el año 286 a. C., manteniendo la sanción electiva de otrora, trató del damnum iniuria datum por lo “que se hizo no según el ius, esto es, contra el ius” (Ulpiano, D. 9.2.5.1: quod non jure factum est, hoc est contra ius; D.47.10.1, pr: Inuiria ex eo dicta est, quod non jure fiat; omne quod non iure fit, iniuria fiere dicitur), “aún por aquel que no quiso causarlo” (etiam ab eo, qui nocere noluit, Ulpiano, 9.2.5.2).
El damnum concernía a la destrucción o deterioro de cosa corporal (corpus laesum), por el golpe inferido (occidere, urere, frangere y rumpere: golpear, quemar, romper y rasgar) en virtud de un acto humano corporal (corpore) del autor sobre la víctima; el significado de iniuria, en la Lex Aquilia, se remitía al daño causado sin justificación, contrario a derecho o antijurídico, pues según autorizada doctrina, solo en la época republicana se confiere relevancia al dolo y a la culpa (Gaio, Institutas, Comentarius Tertius, 211: Impunitus est qui sine culpa et dolo malo casu quodam damnum committit),consagrándose en el periodo de Severo como título de imputación con función sancionatoria y reparatoria en interés del acreedor, en tanto en los orígenes, bastaba la causación del daño y el nexo de causalidad sin referencia al factor subjetivo (Carlo Augusto Cannata, Sul problema della responsabilitá nel diritto privato romano, Materiali per un corso di diritto romano, Catania, 1996, pp. 55 y ss.; Sandro Schipani, Responsabilitá “ex lege Aquilia”, Criteri di imputazione e problema della “culpa”, Giappichelli, Torino, 1969[1996], pp. 82, 90 y 272; id., Lex Aquilia Culpa. Responsabilitá, in illecito e pena privata in etá repubblicana. Atti Convegno Copanello, Napoli, 1992).
El temor a la crueldad y arbitrariedad punitivas características del oscurantismo y la equívoca percepción de la responsabilidad como una pena (venganza, castigo, sanción) derivada de una falta (infracción, crimen, ofensa, delito, culpa), propició una concepción subjetiva, “sentimentalista”, “psicológica” o “espiritualista”, basada en la culpabilidad, intencionalidad, imprudencia, negligencia o falta de cuidado, confirmada con la presunción de inocencia y el apotegma dogmático conforme al cual “no hay responsabilidad sin culpa”, acentuado bajo la égida de la “moral” y del iusnaturalismo racionalista (Hugo Grocio, De jure belli ac pacis, libro II, 1625; Samuel Puffendorf, De iure naturae et gentium, 1672; Christian Thomas o Thomasius, Fundamenta iuris naturae et gentium ex sensu communi deducta [1705], Johann Gottlieb Heinecke —Heineccius o Eineccio— Elementa iuris naturae et gentium [1741], Cristian Wolf, Jus naturae ,Jus gentium, Philosophia moralis, entre otros), con “cierta desviación del principio romano del dammun iniuria datum” previsto en la Lex Aquilia para “determinar y sancionar la conducta de un agente productor del dammun, [pues] no se trata de la ‘culpa moral’ que depende de sus intenciones internas, sino de la apreciación objetiva de cuidados negligentes, que es la que determinará la existencia o no de la iniuria” (Alfredo Di Pietro, El problema de la culpa y de los riesgos en la responsabilidad extracontractual, Acto del coloquio internacional, “La unificación del derecho en América Latina, Principios y reglas comunes en materia de responsabilidad extracontractual”, Roma, 19-20 de junio de 2000, En Revista de derecho de la integración y unificación del derecho en Europa y América Latina, 10/2000, publicaciones de la Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2002, pp. 79, 80 ss.).
Tan influyentes ideas en autorizados expositores franceses como Jean Domat (Les bix dans leur ordre naturel, lib. II, Tít. VIII; Euvres completes, al cuidado de J. Remy, t. I, París, 1835, p. 467 y 472) y Robed Joseph Pothier (Traité des obligations, Bruselas, 1837, p. 141), se proyectaron en el Code Civil Française de 1804 (según evidencia el discurso de Tarrible, ante el Cuerpo Legislativo en la sesión de 18 pluvioso del año XII [18 de enero de 1804]: “El daño, para que pueda ser objeto de reparación - debe ser el efecto de una culpa o de una imprudencia de alguien: si no puede ser atribuido a esta causa, no es más que la obra de la suerte, de la que cada uno debe soportar las consecuencias”, vid. Pierre Antoine Fenet, ‘Recueil complet des travaux préparatoires du Code Civil’, t. XIII, réimpression de la edición de 1827, Otto Zeller, Osnabrück, 1968, pp. 465 ss. y 474 ss), cuyo artículo 1382 consagró el principio general conforme al cual “[c]ualquier hecho de la persona que cause a otra un daño, obligará a aquella por cuya culpa se causó, a repararlo”, previendo también la responsabilidad por el hecho de las personas por quien se responde, de las cosas (art. 1384) o de los animales bajo guarda (art. 1385) y por la ruina de edificios (art. 1386).
Don Andrés Bello, tomó algunas de estas doctrinas para el Código Civil de Chile de 1855, finalmente adoptado para la República (art. 1º, L. 57/887, Código de la Unión sancionado el 26 de mayo de 1873 correspondiente al Código del Estado de Cundinamarca de 1859, similar al de Santander de 1858 y al de ocho de los nueve Estados Unidos de Colombia), introdujo genuinas modificaciones y agregaciones en cuanto a la solidaridad de los autores del daño (art. 2344), la responsabilidad reforzada o agravada por daños causados por animales fieros (art. 2354), colectiva de los moradores de la parte superior del edificio (art. 2355), por actividades de peligro o riesgo (art. 2356), la dosificación del monto de la reparación por concurrencia de la culpa de la víctima (art. 2357), las acciones de daños temidos o contingentes (art. 2359) y populares (art. 2360).
Con esta óptica el artículo 1.101 de los Principios europeos del derecho de daños (Principies of European Tort Law, 2005), consagra por norma fundamental (basic norm) que “[a]quel a quien se pueda imputar jurídicamente un daño está obligado a repararlo. (2) En particular, el daño puede imputarse a la persona (a) cuya conducta culposa lo haya causado; o (b) cuya actividad anormalmente peligrosa lo haya causado; o (c) cuyo auxiliar lo haya causado en el ejercicio de sus funciones”, precisando que, se “es responsable sobre la base de la culpa por la violación dolosa o negligente del estándar de conducta exigible” (art. 4º), para señalar una noción objetiva de culpa consistente en la “conducta exigible” tomando por referente el patrón estándar de “una persona razonable que se halle en las mismas circunstancias” (art. 4:102 (1) PETL), susceptible de variar y adaptarse por las características de la categoría de personas a que se pertenece y en cuya determinación se tendrán en consideración la “naturaleza y valor del interés protegido de que se trate”, entre más importante mayor la exigencia para evitar el daño, “la peligrosidad de la actividad” y la “pericia exigible a la persona” que la desarrolla según un nivel de diligencia superior al corriente, “la previsibilidad del daño” ex ante, la “relación de proximidad o de especial confianza entre las personas implicadas”, “la disponibilidad y coste de las medidas de precaución y de los métodos alternativos” y también “deben tenerse en cuenta las normas que prescriben o prohíben una determinada conducta” (normas de tránsito, construcción, reglamentos); asimismo, el artículo 4.201, contempla la inversión de “la carga de la prueba de la culpa a la luz de la gravedad del peligro que la actividad en cuestión comporta” según “la gravedad del daño que en tales casos pueda producirse” y “la probabilidad de que tal daño llegue a suceder efectivamente”.
Del concepto “ético” se pasa al “social”, de este al normativo y al “económico”; la culpa también, se miró en cuanto ruptura del equilibrio del derecho a la libertad y el respeto de los derechos ajenos, falta de adopción de las medidas de precaución para evitar un daño, ya como una vulneración del deber de cuidado exigible en el tráfico jurídico del cual dimana la exigencia de advertir el peligro, realizar las acciones tendientes a prevenirlo y evitarlo, actuar dentro del riesgo permitido y no exponerse al peligro y, asimismo, desde el punto de vista de la ausencia de medidas preventivas idóneas en la evitación de un daño, considerando su costo económico, la posibilidad de asumirlo o los deberes de cuidado exigibles al autor y a la víctima.
2. Por haberse perpetuado en la conciencia del hombre la ingénita necesidad de recuperar y mantener la equidad y el equilibrio social para obtener la justicia en el diario vivir, la aparición del maquinismo, la proliferación de accidentes asociados al transporte y la circulación de vehículos, la utilización de artefactos, instrumentos, sustancias y el despliegue de actividades riesgosas, repercutieron en la esfera de la responsabilidad civil retomando un papel preponderante su faceta objetiva, pues, exponen Georges Ripert y Jean Boulanger, “[a]unque el Código Civil haya admitido un principio general de responsabilidad, la regla general se ha revelado insuficiente para asegurar la reparación del perjuicio en razón del aumento considerable del número de los daños y principalmente de los accidentes corporales. La gran industria, al desarrollar el maquinismo e imponer la aglomeración de los obreros en las fábricas, ha tenido por consecuencia el accidente de trabajo. Este se ha vuelto frecuente, inclusive en los trabajos agrícolas, con el empleo de las máquinas. El accidente de tránsito es más frecuente aún. El número de accidentes debido a la circulación de los automóviles sobre las rutas está en progresión constante” (Tratado de derecho civil, obligaciones, t. y, 2ª parte, Buenos Aires, Ed. La Ley, 1956, p. 28).
Los avances de la industria y las creaciones tecnológicas reafirmaron la necesidad de ajustar las directrices de la responsabilidad civil, reavivando su carácter relativo, cambiante y su adaptabilidad histórica, en pos de lo cual como hicieran en su momento antiguos jurisconsultos, se postuló la asignación de las cargas propias del beneficio de una actividad (qui sentit commodum, sentire debet et onus) y la asunción de los riesgos inherentes a esta (periculum incurrere nemo tenetur), gestándose soluciones garantizadoras de la equidad y la justicia entre víctima y victimario, bien mediante inversiones de la carga de la prueba, presunciones de culpa, ora el establecimiento legislativo y muchas veces jurisprudencial de precisos eventos en los que el elemento subjetivo carece de trascendencia a efectos de establecer la responsabilidad del agente, esto es, asuntos regulados con criterios objetivos de responsabilidad, tanto en los sistemas del civil law como en los del common law.
Las expresiones, “riesgo creado”, “riesgo beneficio”, “riesgo profesional”, “riesgo empresarial”, conciernen a la creación de un riesgo cuyas consecuencias se asumen en contraprestación a su creación (riesgo creado) o al provecho (riesgo beneficio), el ejercicio de una actividad profesional (riesgo profesional) o empresarial (riesgo empresarial) o a la generación de un peligro y serían diferentes de la “culpa”, aún cuando, se señala que “[e]n la terminología que se refiere al ‘riesgo creado’, según Philolenko, se puede en efecto vislumbrar el significado moral de la culpa, propiamente porque se imputa al sujeto —que con su actividad ha expuesto a terceros al peligro de ser dañados— la responsabilidad derivante de esta “culpa” (...)”. (Guido Alpa, Trattato di diritto civile, tomo IV, La responsabilitá civile, Milano, Dot. A Giuffré, SPA, 1999, nota a pie de página 176, pp. 290-291).
El criterio de imputación de la responsabilidad objetiva, no sería el “riesgo creado”, el “riesgo beneficio”, el “riesgo profesional”, el “riesgo empresarial”, la “creación o exposición al peligro”, el “control de las fuentes del peligro”, sino la “distribución del riesgo” y, particularmente, la asunción del costo de las medidas de prevención de los sujetos, asignando a quien pueda soportarlo de la manera más económica posible (Guido Calabresi, The Costs of Accidents: A Legal and Economic Analysis, New Haven, Yale University Press, 1970; Id., Some Thoughts on Risk Distribution and the Law of Torts, Yale Law Journal, Vol. 68, pp. 499 ss ).
En este contexto, la responsabilidad estaría vinculada a las capacidades de prevención del daño, bajo la mayor aptitud para preverlo y evitarlo con la adopción de las medidas idóneas para impedirlo a un costo menor, o sea, “(...) responde del daño aquel que se encuentra en la posición más adecuada para conducir el análisis costos-beneficios, esto es, a asegurar la conveniencia de evitar el daño comparando los costos relativos y el costo en el cual consiste el daño mismo (...)” (Guido Calabresi, Optimal Deterrence and Accidents, To Fleming James, Jr. II miglior fabbro, 84 Yale L.J., 656, 657, 666; ID., Some Thoughts on Risk Distribution and the Law of Tort”, 70 Yale L.J. 497 (1961); ID., “Transaction Costs, Resource Allocation and Liability Rules- A Comment”, 11 J.L. & Econ. 67 1968).
Para tal efecto, aplicarían directrices de evitación del daño al menor costo (cheapest cost avoider) y la capacidad de asumir el costo de las medidas preventivas (best cost avoider), por esto, “(...) el criterio para determinar la responsabilidad en el sistema de la culpa no es un criterio de mercado puro; sino que para ello intervienen también consideraciones ‘morales’ acerca de las actividades. El objetivo de la decisión ex post no es hallar al sujeto que puede evitar los costes de la forma más económica (the cheapest cost avoider), sino a aquel que pueda hacerlo del mejor modo (the best cost avoider) (...)”, por lo cual, “(...) el efecto de ignorarlos es el de gravar con ellos a la víctima, lo cual puede ser conveniente en algunos casos (...)” (Guido Calabresi, op. cit, pp. 245 y 339).
La responsabilidad “objetiva” (Responsabilitá Oggetiva, Responsabilité objective, Strict liability, Objektive Haftung, Gefáhrdunggshaftungg), por oposición a la “subjetiva” describe hipótesis de imputabilidad sin culpa, donde la culpabilidad carece de relevancia para estructurarla remitiéndose a factores objetivos como el riesgo o el peligro, la capacidad de asumir los costos de evitación o de reparar la lesión, fundándose en la situación del sujeto respecto de las cosas, su posición o relación con sus congéneres o el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa permitida por su utilidad social, verbi gratia, la custodia de una cosa, la propiedad sobre esta, el uso de un animal o el riesgo.
La locución se utiliza también —en forma menos extendida, ciertamente— para designar la responsabilidad “estricta”, “absoluta”, “de derecho” (de droit) o “pleno derecho” (de plein droit), por la simple causación del daño, incluso, descartando el juicio de imputación al contenerse en la descripción fáctica del precepto, ubicándolo por su acaecimiento, a diferencia de la “subjetiva”, donde la culpa, “presunta” o “probada”, y el dolo constituirían los criterios de calificación en el caso concreto.
En este contexto, se contrapone la “responsabilidad objetiva absoluta”, por la sola causación de un daño, simple causalidad material o imputación, sin verificación del nexo causal, con la mal llamada “responsabilidad objetiva relativa”, susceptible de infirmar con la prueba del elemento extraño, lo cual, según se ha señalado, encerraría cierta incoherencia, en tanto se es responsable o no, sin que en términos lógicos pueda sostenerse la responsabilidad y la posibilidad de exonerarse con la demostración de una causa extraña, porque esta, naturalmente, excluye la autoría y, por tanto, la calidad de responsable.
El fundamento y tratamiento de la responsabilidad por actividad peligrosa, es diverso en las legislaciones, v. gr., al tenor del artículo 1913 del Código Civil Federal de México, “[c]uando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, está obligada a responder del daño que cause, aunque no obre ilícitamente, a no ser que demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima”; según el artículo 1970 Código Civil peruano de 1984 en la “Responsabilidad por riesgo”, “[a]quel que mediante un bien riesgoso o peligroso, o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa, causa un daño a otro, está obligado a repararlo”; conforme al artículo 493 [2] del Código Civil de Portugal, “[q]uien cause daños a otro en ejercicio de una actividad, peligrosa por su propia naturaleza o por la naturaleza de los medios utilizados, está obligado a repararlos, salvo que demuestre que utilizó toda las providencias exigidas por las circunstancias con el fin de prevenirlos”; acorde al Código Civil de Bolivia, artículo 988, “[q]uien en el desempeño de una actividad peligrosa ocasiona a otro un daño, está obligado a la indemnización si no prueba la culpa de la víctima”; de acuerdo con el Código Civil de Paraguay, capítulo III, “De la responsabilidad sin culpa”, artículo 1846, “[e]l que crea un peligro con su actividad o profesión, por la naturaleza de ellas, o por los medios empleados, responde por el daño causado, salvo que pruebe fuerza mayor o que el perjuicio fue ocasionado por culpa exclusiva de la víctima, o de un tercero por cuyo hecho no deba responder”; con fundamento en el artículo 1384 del Código Civil francés, “se es responsable no solo del daño causado por hecho propio, sino también por el daño causado por el hecho de las personas de las que se debe responder o de las cosas que se tienen bajo custodia” [precepto consagratorio de la responsabilidad por el hecho de las cosas inanimadas (du fait des choses nanimées) bajo guarda o custodia en la explicación del fallo Jeand''heur de 13 de febrero de 1930]; el artículo 403 del Código Civil ruso de 11 de noviembre de 1922 consagraba un sistema de responsabilidad objetiva (“Aquel que ha causado un daño a la persona o a los bienes de otro, está obligado a reparar el daño. Se libra de esta obligación si prueba que no podía prevenir el daño, o que tenía derecho a infringirlo, o que el daño se ha producido a consecuencia de la premeditación o negligencia grave de la propia víctima”) y se sustituyó por el artículo 88 de la Ley aprobatoria de las Bases de la legislación civil de la URSS (8 de diciembre de 1961, en vigencia el 1º de mayo de 1962), cuyo artículo 90 dispone que “organismos y ciudadanos cuyas ocupaciones están relacionadas con fuentes de peligro acentuado para los que le rodean (organismos de transporte, empresas industriales, construcciones, propietarios de automóviles, etc.), deberán indemnizar los daños causados por las fuentes de peligro acentuado, si no prueban que los daños fueron ocasionarlos por fuerza mayor o por culpa del que los ha sufrido”; Austria, distingue, la responsabilidad por culpa (Verschuldenshaftung), sin culpa (Nichtverschuldenhaftungen) y por equidad (Billigkeitshaftung), situando en la segunda, la responsabilidad “por peligro” (Gefährdungshaftung), imputándose objetivamente el daño a quien controla la fuente del peligro por la ventaja que obtiene de este y, también diferencia la “responsabilidad causal” (Erfolgshaftung o Kausalshaftung) y la “responsabilidad por interferencia” (Eingriffshaftung); en Italia, el artículo 2050 del Codice Civile, prevé específicamente la “responsabilidad por el ejercicio de actividades peligrosas”, disponiendo que “aquel que ocasiona un daño a otro en el desenvolvimiento de una actividad peligrosa, por su naturaleza o por la naturaleza de los medios adoptados, queda obligado al resarcimiento, a no ser que pruebe haber adoptado todas las medidas idóneas para evitar el daño”, donde “la previsibilidad del daño es in re ipsa y el sujeto debe actuar teniendo en cuenta el peligro para los terceros. Los deberes inherentes a la normal diligencia serían, en este caso, insuficientes porque cuando la peligrosidad está insita en la acción, existe el deber de actuar teniendo en cuenta el peligro; el deber de evitar el daño se torna más riguroso cuando se actúa con la neta previsión de su posibilidad” (Relazione del guardasigilli al Codice Civile, no 795; Giovanna Visintini, Tratado de la responsabilidad Civil, t. 2, trad esp. Aida Kelmelmajer de Carlucci, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1999, p. 415); en Inglaterra, la justicia inglesa en Rylands vs. Fletcher (1868), adoptó el criterio de responsabilidad objetiva (strict liability) y se dijo que quien tuviese en su poder un elemento peligroso o desempeñara una actividad de tal índole (dangerous activity) debía mantener indemnes a los demás miembros de la comunidad o de lo contrario indemnizar a quien sufriera daño sin importar su diligencia [criterio reiterado en Powell vs. Fall (1880), Baker vs. Snell (1908), inter alia], eximiéndose de dicha responsabilidad únicamente por la intervención de un agente extraño [Nicholls vs. Marsland (1875)], posición aplicada en los Estados Unidos de América, entre otros casos, en Green vs. General Petroleum Corp. (1928), Madsen vs. East Jordan (1942), Luthringer vs. Moore (1948), Spano vs. Perini Corp. (1969), Siegler vs. Kuhlman (1973), Hulsey vs. Elsinore Parachute Co. (1985), Edwards vs. Post Transportation Co. (1991), esto es, no es indiferente a la responsabilidad objetiva del agente, debatiendo si la actividad desempeñada es peligrosa per se (dangerous activity), inherentemente peligrosa (inherently dangerous activity), ultra-peligrosa (ultrahazardous activity) o anormalmente peligrosa (abnormally dangerous).
De la misma manera, el artículo 5.101 de los Principios europeos del derecho de daños (Principies of European Tort Law, 2005), enuncia una cláusula general de responsabilidad objetiva, prescribiendo: “(1) La persona que lleva a cabo una actividad anormalmente peligrosa responde objetivamente por el daño característico del riesgo que tal actividad comporta y que resulta de ella. (2) Una actividad es anormalmente peligrosa si: a) crea un riesgo previsible y significativo de daño incluso aunque se emplee todo el cuidado debido en su ejercicio y b) no es una actividad que sea objeto de uso común. (3) El riesgo de daño puede ser significativo en atención a la gravedad o a la probabilidad del mismo. (4) Este artículo no se aplica a una actividad sujeta específicamente a responsabilidad objetiva por cualquier otra disposición de estos principios o por cualquier legislación nacional o convención internacional”.
En sentencia de 11 de febrero de 1897 (XII, p. 268), definió la “[c]ulpa civil o cuasidelito” como “un hecho ejecutado o no con voluntad y malicia, que ha inferido daño a otro, quien tiene derecho a indemnización. En esta culpa no se tiene en cuenta la voluntad ni la malicia en la ejecución del hecho; lo indispensable es el daño causado a otro y la indemnización que por el daño se debe”; en fallos de 17 de diciembre de 1897 (XIII, 222) y 14 de mayo de 1917 (XXVI, 63), postuló la carga probatoria de la diligencia a quien incumbe emplearla y para exonerarse de responsabilidad está obligado a demostrar la ausencia de culpa; en sentencia de diciembre 17 de 1927 (XXXV, 64) reiteró que “el artículo 1604 del Código Civil establece el principio de que la prueba de la diligencia y cuidado incumbe al que ha debido emplearla, regla que tiene cabal aplicación en todos los casos de culpa civil, ya se trate de contractual o aquiliana” (may. 16/28, XXXV, 260; feb. 28/33, XLI, 192; mar. 17/32, XXXIX, 556; dic. 12/29, XXXVII, 360; feb. 5/36, XLIII, 1017).
En sentencia de 23 de marzo de 1934 (XL, 835), en relación con la peligrosidad de los artefactos explosivos utilizados para beneficio de la construcción y a los daños por ellos causados, sentó la pauta de la asunción de las consecuencias dañosas por quien usa tales artefactos, en donde “por tratarse de un acto necesario, indispensable, como era el uso de explosivos que desarrollaran gases capaces de romper la roca, explosivos que, no obstante la precaución de ser pequeños, no era posible dominar en sus efectos, es preciso reconocer —se repite— que la naturaleza del medio empleado como necesariamente eficaz para el objeto a que se destinaba y con cuyo uso se produjo el daño, hallándose fuera de todo control, dicho medio precisamente por el uso que de él se hizo en interés y beneficio de la empresa, que quiso aumentar su capacidad constructora y favorecer la economía en su patrimonio, atrae también necesariamente sobre la misma responsabilidad del daño causado, porque, en casos como este, tratándose de un medio fuera de todo control, no puede reconocerse la existencia del cuidado y la autoridad competente de que pueda hacerse uso para impedir las consecuencias dañosas ... y si tales medios se le proporcionaron, siendo esencialmente peligrosos en su utilidad, quien de ellos dispuso es quien debe soportar las consecuencias de su hecho, y en este caso no puede admitirse la existencia de cuidado y autoridad para prevenir, desde luego que por el uso de la dinamita era difícil toda prevención”; luego, en sentencia de noviembre 30 de 1935, indicó: “En los casos en que, como en el presente, permanece desconocida la causa del daño, no es necesaria la prueba de la fuerza mayor o causa extraña, sino que puede ser suficiente la prueba de la ausencia de culpa o de a conducta diligente”.
En sentencia de diciembre 9 de 1936, precisó que el artículo 191 de la Ley 46 de 1923, “por su contexto consagra el sistema del riesgo creado: es decir, el aludido principio de que la responsabilidad por el pago de un cheque falso es el riesgo normal del comercio del banco” y, en casación civil de 5 de agosto de 1937 (XLV, 420) reiteró: “La reparación del daño se basa entonces en la idea de que quien crea un riesgo debe sufrir las consecuencias de su realización, cuando perjudica a otro, abstracción hecha de toda culpa cometida”.
En luminosa sentencia de 14 de marzo de 1938 (XLVI, 1932, 215 ss.), por completo auténtica y creativa, la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil, con fundamento en el artículo 2356 del Código Civil, a cuyo tenor, “[p]or regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por esta. Son especialmente obligados a esta reparación: 1. El que dispara imprudentemente una arma de fuego. 2. El que remueve losas de una acequia o cañería o las descubre en calle o camino sin las precauciones necesarias para que no caigan los que por allí transiten de día o de noche; 3. El que obligado a la construcción o reparación de un acueducto o fuente, que atraviesa un camino, lo tiene en estado de causar daño a los que transitan por el camino”, inició con acierto el proceso de transformación de las bases de la responsabilidad civil, encontrando en el mencionado precepto el fundamento de la responsabilidad por actividades peligrosas, sin necesidad de acudir a doctrinas foráneas ni a concepciones reforzadas.
“La presunción de inocencia en favor de todo imputado y la de buena fe en pro del poseedor, implican, como toda presunción, la carga de la prueba en contrario. [...] A ese mismo principio [...], obedece el artículo 2341 del Código Civil, según el cual la obligación de indemnizar en él mismo impuesta cae sobre el que ha cometido un delito o culpa: tal su categórica redacción.
“El artículo 2356 ibídem, que mal puede reputarse como repetición de aquel, ni interpretarse en forma que sería absurda si a tanto equivaliese, contempla una situación distinta y la regula, naturalmente, como a esta diferencia corresponde. Así es de hallarse desde luego en vista de su redacción y así lo persuaden, a mayor abundamiento los ejemplos que aduce o plantea para su mejor inteligencia, a manera de casos en que especialmente se debe reparar el daño a que esta disposición legal se refiere, que es todo el que ‘pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona’.
“Exige, pues, tan solo que el daño pueda imputarse. Esta es su única exigencia como base o causa o fuente de la obligación que enseguida pasa a imponer.
“Esos ejemplos o casos explicativos corresponden, y hasta sobra observarlo, a la época en que el código se redactó, en la que la fuerza del hombre como elemento material y los animales eran el motor principal, por no decir único en la industria, en las labores agrícolas, en la locomoción, todo lo cual se ha transformado de manera pasmosa en forma que junto con sus indeclinables favores ha traído también extraordinarios peligros. Innecesario expresar el protuberante contraste, por ejemplo, entre la locomoción de hoy y de entonces. Si para aquella edad fueron escogidos ejemplos [...] apenas se podrá imaginar de qué ejemplos se habría valido el legislador en disposición dictada cuando el ferrocarril eléctrico queda a la zaga del automóvil y este parece lento ante el velívolo, y en que los caminos y calles se atestan y congestionan por obra del paralelo crecimiento y desarrollo de la población, de la producción y del intercambio comercial.
“La teoría del riesgo, según la cual al que lo crea se le tiene por responsable, mira principalmente a ciertas actividades por los peligros que implican, inevitablemente anexos a ellas y mira a la dificultad, que suele llegar a la imposibilidad, de levantar las respectivas probanzas los damnificados por los hechos ocurridos en razón o con motivo o con ocasión del ejercicio de esas actividades [...] De ahí que los daños de esa clase se presuman, en esa teoría, causados por el agente respectivo [...] Y de ahí también que tal agente o autor no se exonere de la indemnización, sea en parte en algunas ocasiones, sea en el todo otras veces, sino en cuanto demuestre caso fortuito, fuerza mayor o intervención de elemento extraño [...].
“Porque, a la verdad, no puede menos de hallarse en nuestro citado artículo 2356 una presunción de responsabilidad. De donde se sigue que la carga de la prueba no es del damnificado sino del que causó el daño, con solo poder este imputarse a su malicia o negligencia.
“No es que con esta interpretación se atropelle el concepto informativo de nuestra legislación en general sobre presunción de inocencia, en cuanto aparezca crearse la de negligencia o malicia, sino que simplemente teniendo en cuenta la diferencia esencial de casos, la Corte reconoce que en las actividades caracterizadas por su peligrosidad, de que es ejemplo el uso y manejo de un automóvil, el hecho dañoso lleva en sí aquellos elementos, a tiempo que la manera general de producirse los daños de esta fuente o índole impide dar por provisto al damnificado de los necesarios elementos de prueba [...].
“Entendido, de la manera aquí expuesta nuestro artículo 2356 tantas veces citado, se tiene que el autor de un hecho no le basta alegar que no tuvo culpa ni puede con esta alegación poner a esperar que el damnificado se la compruebe, sino que para excepcionar eficazmente ha de destruir la referida presunción demostrando uno al menos de estos factores: caso fortuito, fuerza mayor, intervención de elemento extraño” (XLVI, pp. 211-217).
El 18 de mayo de 1938, la corporación, manteniendo el criterio esbozado, formula un pronunciamiento en principio equivalente al anterior, pero añade un elemento particular que limita sus alcances a uno de los elementos de la responsabilidad civil, manifestando que “(...) el citado artículo 2356 establece una presunción de responsabilidad que origina y da nacimiento a la presunción de culpa extracontractual (...)” (XLVI, págs. 515-522).
Posteriormente, sin mencionar presunción de culpa alguna, retoma el primer criterio, expresando que “(...) a la verdad, no puede menos que hallarse en nuestro citado artículo 2356 una presunción de responsabilidad (...) en las actividades características por su peligrosidad (...) [e]sos accidentes no son por lo general fruto de una acción maliciosa y voluntaria, sino regularmente contingencias que suelen presentarse con alguna frecuencia (...) [p]ero quien ejercita actividades de este género es el responsable del daño que por obra de ellas se cause (...) [e]l artículo 2356 parte de la base de la imputabilidad de la culpa a quien ejerce una actividad peligrosa, por el solo hecho de ejercerla (...)” (sent. de may. 31/38, XLVI, 560-565, reiterada en sent. de la Sala de Negocios Generales de jun. 17/38, XLVI, 677-694).
Ante el auge del acaecimiento de situaciones que encuadraban dentro del supuesto fáctico contenido en la norma antecitada, la Corte en sentencia de 18 de noviembre de 1940 (L. 437-443) morigeró su doctrina jurisprudencial para indicar que “tampoco ha aceptado, ni podría aceptar la teoría del riesgo porque no hay texto legal que la consagre ni jurisprudencialmente podría llegarse a ella desde que la interpretación del artículo 2536 del Código Civil se opondría a ello. Cuando la Corte ha hablado del riesgo en los fallos ya mencionados no lo ha entendido en el concepto que este vocablo tiene en el sentido de la responsabilidad objetiva, lo cual es claro y obvio si se considera que en tales fallos se ha partido de la doctrina de la presunción de culpabilidad, que por lo ya dicho es opuesta, contraria a la del riesgo creado” (reiterada en sents. de may. 30/41, ago. 18/41 (LI, 188), jun. 19/42).
Poco tiempo tuvo la interpretación considerada en la época acertada del artículo 2356 del Código Civil, cuando otro pronunciamiento señaló una presunción de responsabilidad sin mención de presunción de culpa, alejándose como sus precedentes directos, de la aplicación de la teoría del riesgo. Se dijo: “[e]l artículo 2356, parte, como es obvio, de la base de que no existe vinculación contractual entre la víctima y el responsable del daño sino que deriva la responsabilidad de la malicia o de la negligencia del autor del daño. Basta establecer que este se causó, basta la relación de causalidad, para deducir el perjuicio. [...] no establece la llamada teoría del riesgo, porque en esta no existe exoneración de responsabilidad. [...] se parte de la presunción de responsabilidad, que pesa sobre el autor del daño, pero que puede ser desvirtuada por la fuerza mayor siempre; por el caso fortuito, pero con ciertos requisitos (...) y por la intervención de un elemento extraño (...)” (sent. de jun. 24/42, LIII, 656-662).
Sin embargo, la jurisprudencia nuevamente optó por la presunción de culpa, manteniendo la misma línea argumentativa que justificaba cualquiera de las dos posiciones existentes en el momento (sent. de septiembre 7/48, LXIV, 744-746): “La presunción, en tales casos, es solo de culpabilidad, es decir, que al damnificado le corresponde demostrar plenamente el hecho perjudicial y la relación de causalidad entre este y el daño que originó, los cuales no se presumen” (sent. de jun. 10/52, LXXII, 395).
En fallo de 14 de febrero de 1955, la jurisprudencia civil excluyó del entendimiento del artículo 2356 del Código Civil, la presunción de culpa. Puntualizó: “El criterio de peligrosidad de una actividad no dice relación a la aplicabilidad de la presunción de culpa a la que aluden los artículos 2.347 y 2.349 del Código Civil porque aquel género de actividades caen bajo el dominio de la presunción de responsabilidad —no de culpa— que se halla configurada por el artículo 2.356 del Código Civil. Más claro: no por el hecho de afirmar que una actividad no es peligrosa, no se puede desconocer la existencia de la culpa consignada en los artículos citados por el recurrente. La doctrina y la jurisprudencia han anotado las diferenciaciones precisas entre estas dos situaciones jurídicas: en la primera, la prueba de la propia conducta diligente no es causal eximente de responsabilidad civil; es necesario que el demandado demuestre el caso fortuito, la fuerza mayor o un hecho extraño, dentro del cual se halle la culpa exclusiva de la víctima como causal única del perjuicio. En la segunda, le basta al demandado ofrecer la demostración de su diligencia para exonerarse de la responsabilidad, y desde luego, esa exoneración tiene ocurrencia si demuestra cualquiera de los extremos antes anotados para la presunción de responsabilidad. Es bueno advertir que la locución ‘presunción de peligrosidad’ no tiene perfil técnico, porque lo que se presume es la responsabilidad por actividad peligrosa” (LXXIX, págs. 479-484).
Con posterioridad, la Corte, sostuvo la existencia de una obligación de resultado de no causar daño como fundamento de la responsabilidad, expresando: “En el artículo 2356 el supuesto jurídico de la responsabilidad no es solamente haber faltado al deber general de obrar con una conducta prudente, sino que ese deber se desplaza hacía la obligación específica —de resultado— de no causar daño en el ejercicio de una actividad que peligrosa o no en sí misma, bien por su naturaleza o ya por las circunstancias en que se desarrolla, requiere especiales precauciones” (dic. 14/61, Sala de negocios generales, XCVII, 779); “(...) el artículo 2356 del Código Civil implica la existencia de una obligación legal de resultado que consiste en vigilar dicha actividad (...) la ley presume la culpa de quien beneficiándose de la correspondiente actividad de la que dicha cosa es instrumento, tiene sobre ella un poder efectivo de vigilancia, gobierno y control (...)” (sent. de feb. 22/95, no publicada); “(...) todas las actividades de esa especie, llamadas peligrosas, aparejan la existencia de una obligación de resultado consistente en vigilar dicha actividad” (sent. de may. 5/99, no publicada).
La orientación jurisprudencial a propósito del régimen de responsabilidad por el ejercicio de la actividad peligrosa, invariablemente, con escasas excepciones, ha postulado, de un lado, la presunción de culpa y, de otro, la exoneración del autor con la demostración del elemento extraño, es decir, fuerza mayor o caso fortuito, intervención exclusiva de un tercero o de la víctima [sents. de feb. 28/1956, LXXXII, 107 (“La presunción de responsabilidad de que se trata estriba en la actividad peligrosa, no en la cosa”), abr. 5/62 (XCVIII, págs. 341-344), feb. 13 y may. 8/69, (CXXIX, 112-118 y CXXX, 98-107), abr. 17 y jul. 28/70 (CXXXIV, 36-48 y CXXXV, 54-59), abr. 26/72 (núm. 2352 a 2357 p. 174. “(...) en tales circunstancias se presume la culpa”), may. 18/72 (CXLII, 183-191), feb. 9 y mar. 18/76 (CLII, 26-31 y CLII, 67-75), abr. 30/76 (CLII, 102-110 y 111 a 131), jul. 27/77 (G.J. CLV, 205-218), sept. 5/78 (CLVIII, 191-200), jul. 16,17/85 (CLXXX, 138-151 y 152-159 respectivamente), ago. 29/86 (CLXXXIV,222-238), feb. 25 y ago. 20/87 (CLXXXVIII, 45-52, 136 y siguientes), ago. 25/88 (no publicada oficialmente), may. 26/89 (CXCVI, 143 y siguientes), sept. 18/90 (no publicada oficialmente), feb. 1º y oct. 31/91 (no publicadas oficialmente), oct. 8/92 (CCXIX, 518 y siguientes), abr. 19 y jun. 30/93 (CCXXII, 391 y siguientes, 628 y siguientes), oct. 25 y dic. 15/94 (CCXXXI, 846-901 y 1216-1232), oct. 30/95 (no publicada oficialmente), may. 5 (Exp. 4978) y oct. 25/99 (CCLXI, 874-885), mar. 14/2000 (Exp. 5177), sept. 7/2001 (6171), oct. 23/2001 (“si peligrosa es la actividad que, debido a la manipulación de ciertas cosas o al ejercicio de una conducta específica que lleva ínsito el riesgo de producir una lesión o menoscabo, tiene la aptitud de provocar un desequilibrio o alteración en las fuerzas que —de ordinario— despliega una persona respecto de otra (Cfme.: Cas. Civ., jun. 4/92), la presunción de culpa que, por su ejecución, ha entendido la jurisprudencia de la Corte que consagra el artículo 2356 del Código Civil, únicamente puede predicarse ‘en aquellos casos en que el daño proviene de un hecho que la razón natural permite imputar a la incuria o imprudencia de su autor’ (CLII, pág. 108, reiterada en sent. de mar. 14/2000, Exp. 5177), es decir, de quien tenía el gobierno o control de la actividad, hipótesis esta que ‘no sería aceptable en frente de un tercero, como lo sería el peatón o el pasajero de uno de los automotores’ (LIX, pág. 1101)”, Exp. 6315, no publicada oficialmente), sept. 30/2002 (Exp. 7069), mar. 3/2004 (Exp. 7623), jun. 30/2005 (Exp. 1998-00650-01), dic. 19/2006 (Exp. 2000-00011-01) y may. 2/2007 (Exp. 1997-03001-01), entre otras.
En la primera hipótesis, la responsabilidad derivaría del simple desarrollo de una actividad riesgosa susceptible de ocasionar un daño o de la asunción de sus consecuencias nocivas por el beneficio, así la “actividad no entrañe verdadera peligrosidad”, situando la “responsabilidad por “riesgo-peligro (comprensiva del “uso de objetos peligrosos” [como las sustancias peligrosas, p. ej., químicos o explosivos; los instrumentos o artefactos peligrosos, v. gr. armas de fuego o vehículos automotores; las instalaciones peligrosas, ad exemplum, redes de conducción de energía eléctrica o de gas domiciliario], el “uso de métodos peligrosos” [daños causados por menores delincuentes reclusos, enfermos mentales o condenados en salida o permiso] y la ejecución de trabajos públicos), la “responsabilidad por riesgo beneficio” (el provecho estatal o de la comunidad por el ejercicio de una actividad riesgosa y no el peligro basa la responsabilidad, p. ej., miembros de la Fuerza Pública, colaboradores ocasionales de la administración, transporte benévolo o forzoso) y la “responsabilidad por álea” (en virtud de la asunción de riesgos emanados de acciones u omisiones vinculadas a la probabilidad de causar un daño, incluso por azar o imprevisión, p. ej., métodos científicos experimentales o de consecuencias no despejadas ni conocidas por completo y, aún de excepcional ocurrencia) y, en la última (daño especial), la ruptura de la simetría ciudadana respecto de las cargas públicas con el desarrollo de una actividad estatal legítima generatriz de un daño especial al margen de un riesgo o de la normalidad o anormalidad del servicio, especies, todas caracterizadas por “la irrelevancia de elemento subjetivo alguno cuya concurrencia deba demostrarse en el proceder de la entidad pública demandada” (C.E., S. de lo Contencioso Administrativo, Sec. Tercera, sent. de mar. 26/2008, rad. 85001-23-31-000-1997-00440-01-16530).
En singular, el Consejo de Estado, ha extendido la responsabilidad estatal, hasta el hecho de un tercero, particularmente, por daños ocasionados a víctimas de violencia calificada, verbi gratia, actos terroristas, población civil, en algunos tipos de responsabilidad objetiva (daño especial, riesgo excepcional), desestimándolo por causa extraña, salvo “cuando este se produzca sin ninguna relación con la actividad administrativa”, más no “en razón de la defensa del Estado ante el hecho del tercero, porque si bien esa defensa es legítima, el daño sufrido por las víctimas ajenas a esa confrontación es antijurídico, en cuanto estas no tenían el deber jurídico de soportar cargas superiores a las que se imponen a todos los demás asociados” y, aún, “sin importar quién sea el autor material del daño que se cause durante la confrontación, es decir, si durante un enfrentamiento armado entre agentes estatales y un grupo al margen de la ley, por ejemplo, se causa una lesión a un particular ajeno a esa confrontación, para efectos de establecer la responsabilidad del Estado no es necesario que la lesión haya sido causada por uno de sus agentes” (sent. de ago. 8/2002, rad. 54001-23-31-000-1989-5672-01-10952, reiterada en sent. de mar. 26/2008, rad. 85001-23-31-000-1997-00440-01-16530).
La jurisdicción contencioso administrativa admite la responsabilidad por “actividad peligrosa” respecto de daños inferidos con armas de fuego, energía eléctrica, gas, conducción de automotores, construcción de obra pública, entre otros casos; así tratándose de la ejecución de una obra o trabajos públicos, inicialmente, preconizó el principio ubi emolumentum ibi onus esse debet —donde está la utilidad debe estar la carga— es responsable de los perjuicios a quien crea la situación de peligro (sent. de nov. 28/2002, Exp. 14397, reiterada entre otras en sents. de jul. 9/2005, Exp. 15059, mar. 1º/2006, Exp. 15284; ago. 30/2007, Exp. 15749) y luego, prohijando la jurisprudencia francesa (C.E., diciembre 15/37, Prefect de la Gironde, Rec. CE p. 1044), diferenció la situación del tercero extraño a la obra y la del obrero u operario (arquitectos, ingenieros, obreros) para aplicar en este último caso, la concepción de la falla del servicio de la entidad pública dueña de la obra, en tanto vinculado a la misma, a los riesgos y a la retribución recibida (sents. de jul. 9/2005, Exp. 15059, ago. 30/2007, Exp. 15749 y de diciembre 3/2007, Exp. 16352), y en punto de los ocasionados por servidores estatales con armas de fuego, el “riesgo excepcional” (sent. de jul. 5/2008, Exp. 17948), distinguiendo cuando es de dotación oficial, se utiliza en horas del servicio o fuera de este; por lo general, preconiza responsabilidad objetiva por daños causados a conscriptos por “daño especial” sin perjuicio del “riesgo excepcional” (sents. de jul. 30/98, Exp. 10891; mar. 2/2000, Exp. 11.401; jun. 6/2007, 05001-23-24-000-1993-01344-01(16064), sept. 20/2007, rad. 880012331000199600063 01; mar. 26/2008, Exp. 16487), utilizando indistintamente las nociones de daño especial, riesgo excepcional y actividad peligrosa.
Ab initio, el Consejo de Estado, definía los asuntos relativos a la responsabilidad por daños derivados de actividades peligrosas, “con fundamento en el régimen de falla presunta del servicio (al respecto ver, p. ej., sent. de ago. 15/96, Exp: 11.071), que es el que invoca la parte demandante, y que fue recogido por la Sala, por considerar que tratándose de daños causados con ocasión del ejercicio de tales actividades, el daño es imputable a la entidad al margen de la existencia de una falla y que solo habrá lugar a la exoneración de responsabilidad cuando se acredite la existencia de una causa extraña, como la culpa exclusiva de la víctima” (C.E., S. Tercera, sent. de jun. 6/2007, Exp. 16.313).
La orientación actualmente predominante, preconiza por regla general que en los eventos dañosos generados “por las cosas o actividades peligrosas (armas de dotación oficial, vehículos automotores, conducción de energía eléctrica, etc.), el régimen aplicable es de carácter objetivo, porque el factor de imputación es el riesgo grave y anormal a que el Estado expone a los administrados. De tal manera, que basta la realización del riesgo creado por la administración para que el daño resulte imputable a ella. Es esta la razón por la cual la corporación ha seguido refiriéndose al régimen de responsabilidad del Estado fundado en el riesgo excepcional, en pronunciamientos posteriores a la expedición de la nueva Carta Política... En dichos eventos (daños producidos por las cosas o las actividades peligrosas), al actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre este y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de una actividad riesgosa. Y la entidad demandada, para exculparse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, que el daño se produjo por fuerza mayor, culpa exclusiva y determinante de la víctima o hecho exclusivo y determinante de un tercero”, (sent. de mar. 15/2001, Exp. 52001-23-31-000-1994-6040-01(11.222), reiterando las sents. de mar. 16/2000, Exp. 11.670; may. 25/2000, Exp. 11.253; jun. 15/2000, Exp. 11.688; jul. 19/2000, Exp. 11.842); enfatizando que “[e]n relación con los daños causados con el ejercicio de actividades peligrosa, como la conducción de vehículos, se aplica el régimen de responsabilidad objetiva, según el cual quien se beneficia de la actividad riesgosa debe responder por los daños que con ella se causen, y solo se exonera si demuestra la existencia de una causa extraña, es decir, la carga de la prueba de la ruptura del vínculo causal entre el ejercicio de la actividad riesgosa y el daño la tiene el responsable” (sent. jul. 25/2002, Exp: 66001-23-31-000-1996-3104-01(14180) y, tratándose de lesiones ocasionadas con el ejercicio de la actividad de conducción de vehículos automotores, prohíja la atribución de responsabilidad “objetiva a la persona jurídica que ejercía la actividad causante del daño, dado que quien cree un riesgo debe asumir las consecuencias de su materialización” (sent. de mar. 26/2008, rad. 76001-23-31-000-1994-00512-01(14780)).
Para el máximo tribunal de justicia contenciosa administrativa, con el propósito de formular directrices de evitación del daño, cualquiera sea el criterio de imputación de la responsabilidad por actividad peligrosa, “siempre que se invoque en la demanda el régimen de falla del servicio, deberá entrarse a estudiar, en primer término, la responsabilidad de la administración bajo ese título de imputación porque de un lado ese criterio es aplicable aún tratándose de daños causados con ocasión de actividades peligrosas, y por otra parte, se cumple con la función consustancial a la jurisprudencia contencioso administrativa de identificar las falencias que se presentan en el ejercicio de la actividad administrativa, con el propósito de que: (i) la definición para un caso concreto se convierta en advertencia para la administración con el fin de que esta procure evitar la reiteración de conductas anormales y (ii) esa decisión sirva para trazar políticas públicas en materia de administración” (sent. de mar. 26/2008, rad. 76001-23-31-000-1994-00512-01-14780-).
Con la tesis de la presunción de culpa en contra del autor o agente y a favor de la víctima por el desarrollo de actividades peligrosas, la doctrina jurisprudencial se enfocó en aquellas situaciones en las que tanto la víctima como el victimario ejercían actividades de tal tipo, frente a lo cual se postuló la neutralización absoluta de presunciones desplazando el asunto al campo de la culpa probada cuando ambas actividades eran equivalentes (Cas. Civ., abr. 30/76, CLII, 2393, pp. 108 ss), o lo que es igual, el perjudicado terminaba siendo afectado por la misma presunción que pretendía aliviarle la dificultad probatoria, pues se afirmó “siendo igualmente peligrosas las actividades (...) la presunción de culpabilidad (...) no rige exclusivamente para la parte demandada sino que se presume en ambas partes la culpa” (LIX, pág. 1062, Cas. Civ., feb. 25/57,CLXXXVIII, 2427, pp. 48 ss; reiterada en sents., feb. 25/87 y abr. 12/91, entre otras).
Ante la iniquidad que dicha inteligencia engendra, la doctrina jurisprudencial cambió señalando en reiteradas oportunidades que en presencia de dos actividades peligrosas “(...) en lugar de colegir maquinalmente la aniquilación de la presunción de culpa que favorece al damnificado, el juez deberá establecer si realmente a ella hay lugar en ese caso concreto, juicio para cuya elaboración deberá tomar en consideración la peligrosidad de ambas, la incidencia de cada una en el percance o la virtualidad dañina de la una frente a la otra. Más exactamente, la aniquilación de la presunción de culpas por concurrencia de actividades peligrosas en la generación de un daño, presupone que el juez advierta, previamente, que en las específicas circunstancias en las que se produjo el accidente, existía cierta equivalencia en la potencialidad dañina de ambas, pues de no darse esa correspondencia, gravitará siempre en favor de la víctima la presunción de que el demandado fue el responsable del perjuicio cuya reparación demanda” (sent. de may. 5/99, Exp. 4978, CCXXXIV, P.260, reiterada en providencias de nov. 26 del mismo año y dic. 19/2006), siendo este el criterio mantenido hasta la fecha.
“... desde un punto de vista jurídico en caso tal de concurrencia, constituye punto esencial determinar la incidencia que el ejercicio de la actividad de cada una de las partes tuvo en la realización del daño, o sea establecer el grado de potencialidad dañina que puede predicarse de uno u otro de los sujetos que participaron en su ocurrencia, lo que se traduce en que debe verse cuál ejercicio fue causa determinante del daño, o en qué proporción concurrieron a su ocurrencia; de modo tal que no dándose una correspondencia o equivalencia entre tales actividades, queda aún el demandante con el favor de la presunción de que el demandado fue el responsable del perjuicio cuya reparación se reclama.
“Según lo anterior, basta determinar, entonces, cuál fue la causa determinante del daño para deducir quién corre con la carga de indemnizar los perjuicios, e inútil será, si ella pesa contra la demandada, como guardián de la actividad peligrosa por cuyo ejercicio realmente se causó el daño, que estos intenten establecer que observaron la diligencia debida; se da así entrada legal a un singular mecanismo de atribución de dicha deuda de reparación, el cual en último término y para los fines que aquí importa tener presentes, consiste en imputarle el resultado dañoso, en virtud del principio de control del peligro y atendidas las características de los riesgos específicos inherentes a determinado tipo de empresa o explotación, al patrimonio de quien tenía la potestad de dominar, de ejercer tales controles y de impedir aquel resultado; de donde se sigue, por obvia inferencia, que su defensa no puede plantearse con éxito en el terreno de la culpabilidad sino en el de la causalidad, rindiendo la prueba de lo que se ha convenido en denominar “la causa externa exoneratoria”, originada en el caso fortuito o fuerza mayor, en el hecho de (a víctima o en el hecho de un tercero” (Cas. Civ. 104, nov. 26/99).
Por su parte, la jurisprudencia contencioso administrativa al tratar el daño causado por la colisión de dos vehículos en movimiento generatrices de riesgos recíprocos, estima menester establecer si “tenían características similares o si, por el contrario, se diferenciaban en su tamaño, volumen o potencial para desarrollar velocidad, etc., de tal manera que uno de ellos representara un mayor peligro, y si el vehículo oficial que intervino en el accidente superaba en esos aspectos al del particular que reclama la indemnización, habrá lugar a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad por riesgo excepcional” (sent. de mar. 16/2008, rad. 76001-23 -31-000-1994-00512-01(14780); sent. de may. 3/2007, Exp. 16180), distinguiendo el quebranto producido “no como consecuencia del ejercicio de la actividad de conducción de vehículos automotores, aunque sí con dichos bienes, por ejemplo, cuando el vehículo se encuentra estacionado al momento de producirse la colisión, caso en el cual la responsabilidad recaerá en la administración, a título de falla del servicio, cuando se estuviera en frente del incumplimiento de normas reglamentarias de transito”, por cuanto “un vehículo en movimiento representa un peligro por su comportamiento, pero un vehículo estacionado no representa ningún peligro desde el punto de vista de su comportamiento y solo será un peligro en su estructura por la posibilidad de su explosión, por ejemplo. Los daños que se generen como consecuencia de la materialización de esos peligros podrán ser resueltos, como ya se señaló con fundamento en el criterio de imputación de riesgo excepcional. Un vehículo estacionado podrá generar un riesgo cuando no se cumpla con las normas reglamentarias de tránsito, de tal manera que no sea visible para los demás conductores o peatones, a una distancia suficiente para evitar una colisión. En tales eventos no es el comportamiento ni la estructura del bien los que generan el peligro sino el incumplimiento de las normas de seguridad, lo cual generaría para la entidad responsable del hecho una responsabilidad a título de falla del servicio” (sent. de mar. 26/2008, rad. 76001-23-31-000-1994-00512-01(14780).
En un comienzo, consideró que la responsabilidad por actividades peligrosas ex artículo 2356 del Código Civil, comporta una presunción de responsabilidad en contra del autor; después, dijo que de esta dimana una presunción de culpa; luego una presunción de peligrosidad, pasando a un sistema de responsabilidad por “riesgo” o “peligrosidad” de la actividad, para retornar a la doctrina de la “presunción de culpa”.
En todas estas hipótesis, es decir, presunción de responsabilidad, presunción de peligrosidad y presunción de culpa, la Corte, sin embargo, ha sido reiterada, uniforme y convergente, en cuanto a que la exoneración solo puede obtenerse con prueba del elemento extraño, esto es, la fuerza mayor, el caso fortuito, la intervención exclusiva de un tercero o de la víctima, más no con la demostración de la diligencia exigible, o sea, con la ausencia de culpa.
En lo atinente a la colisión de actividades peligrosas planteó la compensación de “culpas” sin atender el grado de participación del agente y la víctima (sent. de mar. 29/62, XCVII, 739); la absorción de la actividad más peligrosa respecto de la que no lo es tanto, donde la prevalente o mayor absorbe la menor (abr. 30/76; oct. 25/94, Exp. 3000, feb. 22/95); la paridad (mar. 1º/54, LXXXVII, 57) entre una u otra, aplicándose la equidad (jul. 17/85), su compensación o reducción de acuerdo con el grado de las culpas (feb. 27/87, abr. 21/91) e incluso, la aplicación del artículo 2341 del Código Civil, pasándose de una concepción absoluta a una relativa, para finalmente postular la ausencia de la neutralización.
Por estar el artículo 2356 citado en el título XXXIV del Código Civil, titulado “Responsabilidad común por los delitos y las culpas”, y exigir para la reparación del daño su imputación “a malicia o negligencia” enunciando hipótesis típicas concernientes a la imprudencia, ausencia de precauciones necesarias o tener el camino en estado de causar daño, alguna doctrina lo entiende en consonancia con el artículo 2341, ibídem, a cuyo tenor, “[e]l que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido”, concebidos estos conforme al artículo 2302, [2 y 3] ibídem, subrogado por el artículo 34 de la Ley 57 de 1887, según el cual, “[s]i el hecho es ilícito y cometido con intención de dañar, constituye un delito. Si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, constituye un cuasidelito o culpa”, para concluir que la responsabilidad por actividad peligrosa es de naturaleza subjetiva con presunción de culpa que la norma consagraría “en aquellos casos en que el daño proviene de un hecho que la razón natural permite imputar a la incuria o imprudencia de su autor” (CLII, p. 108, reiterada en sent. de mar. 14/2000, Exp. 5177), donde la “malicia” o “negligencia” se desprende inequívocamente de la causación de daños en tales supuestos y, en general, por simple ejercicio de tales actividades (sents. de may. 31/38, XLVI, pp. 560- 565, reiterada en sent. de la Sala de Negocios Generales de jun. 17 del mismo año, XLVI, pp. 677-694), a punto que no existe responsabilidad sin dolo o culpa, sea probada, sea presunta.
Empero, precisando dicha orientación, de antaño para la corporación, “[e]l artículo 2356 ibídem, que mal puede reputarse como repetición de aquel (art. 2341) ni interpretarse en forma que sería absurda si a tanto equivaliese, contempla una situación distinta y la regula, naturalmente, como a esta diferencia corresponde”. (XLVI, pág. 215), “[e]xige, pues, tan solo que el daño pueda imputarse (...) única exigencia como base o causa o fuente de la obligación que enseguida pasa a imponer” (sent. de mar. 14/38, XLVI, 211-217).
Por otra parte, la exigencia de imputación del daño a “malicia” o “negligencia”, para excluir la reparación del detrimento ajeno al dolo o culpa es francamente insostenible. A este razonamiento se ha replicado, mutatis mutandis, que no es ni puede ser la ratio legis de la disposición, pues, tesis de tal naturaleza conduciría al inadmisible por absurdo reconocimiento de una justificación jurídica para causar daños en ejercicio de una actividad peligrosa, los que no serían reparables al no imputarse a la malicia o negligencia, dolo o culpa del sujeto. Postura como esta, se ha expresado, en estrictez, dejaría impune el daño causado en virtud de una actividad peligrosa cuando no provengan de una conducta dolosa o culposa, tanto más que debe partirse por elementales reglas de experiencia que quien la ejerce, de ordinario, adopta toda la diligencia y cuidado exigible, pues sería absurdo partir de la hipótesis diversa, es decir, de una actuación negligente, imprudente, errónea o contraria a las reglas o estándares objetivos de conducta exigibles a la empresa, profesión, actividad u oficio.
En rigor, en estas hipótesis, no se trata de una responsabilidad subjetiva, por culpa presunta o probada, ni opera una presunción iuris tantum o iuris et de iuris, de culpabilidad, responsabilidad o peligrosidad, pues la norma en su estructura legis no establece expressis verbis (C.C., art. 66) presunción alguna, exigiendo tan solo la probanza plena de una actividad peligrosa, el daño y el nexo causal, desde luego que, en afán de exactitud, una actividad peligrosa puede desarrollarse con la adopción de toda la diligencia o sin esta, de donde, no es coherente, deducir en todo caso, per se y de suyo, una culpa por el simple ejercicio de una actividad de esta clase y, análogamente, tal postura encuentra un escollo insalvable en la exigencia del elemento extraño para la exoneración y envuelve una contradicción entre autoría y la calificación subjetiva de la conducta, porque presumida la culpa, la responsabilidad o peligrosidad, en términos lógicos, la prueba contraria eximiría de responsabilidad, pero la jurisprudencia con acierto, no la admite.
Consecuentemente, la culpa, no estructura esta responsabilidad, tampoco su ausencia demostrada la excluye ni exime del deber de reparar el daño, esto es, no es que el legislador la presuma, sino que carece de relevancia para estructurarla o excluirla, en cuanto, el deber resarcitorio surge aún sin culpa y por el solo daño causado en ejercicio de una actividad peligrosa en consideración a esta, a los riesgos y peligros que comporta, a la lesión inferida y a pesar de la diligencia empleada.
Ad exemplum, se considera objetiva la responsabilidad por daños al medio ambiente (C.N., art. 88, Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo, L. 23/73, art. 16), derivada de residuos y desechos peligrosos (art. 4º, “Responsabilidad objetiva, Protocolo de Basilea sobre responsabilidad e indemnización por daños resultantes de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación”, concluido en Basilea el 10 de diciembre de 1999, aprobado por Ley 945 de 2005 [exequible, Sent. 1151/2005, nov. 11/2005]); la relativa a riesgos profesionales y accidentes laborales (CST, art. 199; D. 1295/94, art. 9º ( cas. lab., Sec. Segunda, sent. de jul. 13/93; ago. 29/2005, rad. 23.202; feb. 22/2006, Exp. 25.390), donde el “Legislador acoge en esta materia la teoría del riesgo creado en la que no se toma en cuenta la culpa del empleador sino que se establece una responsabilidad objetiva por cuya virtud resulta obligado a reparar los perjuicios que sufre el trabajador al desarrollar su labor en actividades de las que el empresario obtiene un beneficio” (C.N., Sent. C-453/2002); causados por una cosa que cae de un edificio (C.C., art. 2355); la prevista en el artículo 1391 del Código de Comercio, en torno del cual “ha enseñado la Corte: ‘(...) como la medida de responsabilidad de un banco por el pago de un cheque falso no se detiene en la culpa sino que alcanza el riesgo creado, no le basta el lleno de las precauciones habituales, sino que es preciso probar algún género de culpa en el titular de la cuenta corriente para que el banco quede libre’ (G.J. 1943, Pág. 73; G.J. T. CLII, pág. 28). No interesa entonces la presencia o no de culpa del banco girado, pues por imposición legal este debe correr con el riesgo de esa actividad y concretamente con los riegos derivados del pago de cheques falsificados o alterados, la que se reitera, es una responsabilidad objetiva, que se modera o elimina en los casos atrás mencionados”, basada en el “riesgo creado”, “riesgo beneficio” o “riesgo profesional”, si bien no absoluta (Cas. Civ., Sent. 147, jul. 31/2001, Exp. 5831, resaltado fuera de texto; sents., dic. 9/36, jul. 15/38, XLVII, 68; mar. 11/43, LV, 48; nov. 29/76, oct. 24/94 (CCXXXI, 830); sept. 8/2003 (CCLXXXIV, 2524), jun. 15/2005, sept. 29/2006 , oct. 17/2006 y jun. 16/2008, Exp. 01394-01); la de los productores respecto de los consumidores en determinados casos, particularmente por productos defectuosos (C.N., art. 78 y D. 3466/82, arts. 26 y 36, C. Const., Sent. C-1141, ago. 30/2000), la cual, la Corte de vieja data, calificó como una responsabilidad “especial” con desarrollos que la sitúan más exactamente en la objetiva (Cas. Civ. jul. 28/2005, Exp. 00449-01 y feb. 7/2007, Exp. 23162-31-03-001-1999-00097-01, [SC-016-2007]), y diversos eventos de responsabilidad civil derivados del transporte aéreo, tales como los consagrados en los artículos 1827, 1842, 1880, 1886 y 1887 del Código de Comercio, entre otras hipótesis.
Mas, como ha señalado de antaño la Corte, comprendiendo esta especie de responsabilidad hipótesis diferenciales por la clase o tipo de actividad peligrosa, en atención a su naturaleza, contenido y proyección es menester auscultar la normatividad para verificar la existencia de un régimen jurídico singular.
En especial, tratándose de daños causados con vehículos o en accidentes de tránsito, no debe soslayarse que con arreglo al otrora vigente artículo 261 del Decreto-Ley 1344 de 1970 modificado por el artículo 117 de la Ley 33 de 1986, “[el la responsabilidad por el hecho ajeno cometido en ejercicio de actividades peligrosas, el demandado solo se libera mediante la prueba de una causa extraña. No están exoneradas de esta responsabilidad las personas de derecho público o privado”; asimismo, la Ley 769 de julio 6 de 2002 (Código Nacional de Tránsito Terrestre), impone a las autoridades el deber de velar “por la seguridad de las personas y las cosas en la vía pública y privadas abiertas al público” (art. 7º); la sujeción de los peatones, conductores y vehículos a las normas de tránsito y el acatamiento “de los requisitos generales y las condiciones mecánicas y técnicas que propendan a la seguridad, la higiene y comodidad dentro de los reglamentos correspondientes” (art. 27); en la circulación de vehículos se debe “garantizar como mínimo el perfecto funcionamiento de frenos, del sistema de dirección, del sistema de suspensión, del sistema de señales visuales y audibles permitidas y del sistema de escape de gases; y demostrar un estado adecuado de llantas, del conjunto de vidrios de seguridad y de los espejos y cumplir con las normas de emisión de gases que establezcan las autoridades ambientales” (art. 28), portar un equipo mínimo de prevención y seguridad (art. 30), tener vigente un seguro obligatorio de accidente de tránsito (art. 42); mantener el vehículo “en óptimas condiciones mecánicas y de seguridad” (art. 50), efectuar su revisión técnico-mecánica, en la conducción comportarse en “forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demás y debe[n] conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que les den las autoridades de tránsito” (art. 55), “abstenerse de realizar o adelantar acciones que afecten la seguridad en la conducción del vehículo automotor, mientras este se encuentre en movimiento” (art. 61).
Con el mismo propósito, desde la Ley 33 de 1986 (arts. 115 y 116 modificatorios de los arts. 259 y 260 del D.L. 1344 de 1970, declarados exequibles por la S. Plena de la CSJ en sent. de ene. 29/87, Exp. 1499), se estableció el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT), exigible a partir del 1º de abril de 1988, negocio jurídico forzado, impuesto y de contenido regulado (D. 3990/2007 y arts. 192 y ss del EOSF) para cubrir los daños corporales causados a las personas, y el artículo 11 del primer anteproyecto disponía que “[e]n el seguro obligatorio de responsabilidad civil el pago del siniestro se hará sin investigación de culpabilidad, con la sola demostración del accidente y sus consecuencias (...)” previsión reiterada en el artículo 1º del segundo anteproyecto conforme al cual “todo pago de indemnizaciones se hará sin investigación previa de culpabilidad imputable al conductor del vehículo (...)”.
Para dar cuenta cabal de la orientación seguida por el legislador, las disposiciones jurídicas reguladoras de los daños causados con vehículos y derivados del tránsito automotor, actividad lícita y permitida, claramente se inspira en la tutela de los derechos e intereses de las personas ante una lesión in potentia por una actividad per se en su naturaleza peligrosa y riesgosa (Cas. Civ., sent. oct. 5/97; oct. 25/99; dic. 13/2000), donde el factor de riesgo inherente al peligro que su ejercicio comporta, fija directrices normativas específicas.
En esta materia, el ordenamiento jurídico impone una obligación permanente de garantía mínima respecto de las “óptimas condiciones mecánicas y de seguridad” del automotor a quien ejerce esta actividad peligrosa (L. 769/2002, arts. 28 y 50) y un deber de seguridad apreciable en su conducta en “forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demás” (art. 55), justificado por la peligrosidad y el riesgo inherente.
Con estas premisas, para la Sala, el régimen de responsabilidad por las actividades peligrosas es singular y está sujeto a directrices específicas en su etiología, ratio y fundamento. Por su virtud, el fundamento y criterio de imputación de la responsabilidad es el riesgo que el ejercicio de una actividad peligrosa comporta por el peligro potencial e inminente de causar un daño a los bienes e intereses tutelados por el ordenamiento. La culpa no es elemento necesario para estructurar la responsabilidad por actividades peligrosas ni para su exoneración; no es menester su demostración, ni tampoco se presume; el damnificado tiene la carga probatoria exclusivamente de la actividad peligrosa, el daño y la relación de causalidad; y, el autor de la lesión, la del elemento extraño, o sea, la fuerza mayor o caso fortuito, la participación de un tercero o de la víctima que al actuar como causa única o exclusiva del quebranto, desde luego, rompe el nexo causal y determina que no le es causalmente atribuible, esto es, que no es autor. En contraste, siendo causa concurrente, pervive el deber jurídico de reparar en la medida de su contribución al daño. Desde este punto de vista, tal especie de responsabilidad, por regla general, admite la causa extraña, esto la probanza de un hecho causal ajeno como la fuerza mayor o el caso fortuito, la intervención exclusiva de un tercero o de la víctima, sin perjuicio de las previsiones normativas; por ejemplo, en el transporte aéreo, la fuerza mayor no es susceptible de desvanecerla (C. Co., art. 1880), más si el hecho exclusivo de un tercero o de la víctima (Cas. Civ., abr. 14/2008, rad. 2300131030022001-00082-01).
No es que las actividades peligrosas encarnen de suyo la “culpa”. El ejercicio de una actividad de esta naturaleza podrá desplegarse, aún con todo el cuidado o diligencia exigible y también sin esta.
Puede acontecer, que la conducta aún culposa de la víctima, concurra en el daño y sea absolutamente irrelevante, precisamente porque “la jurisprudencia no ha tomando en cuenta, como causa jurídica del daño, sino la actividad que, entre las concurrentes, ha desempeñado un papel preponderante y trascedente en la realización del perjuicio” (CLII, 109); así, por ejemplo, cuando en el ejercicio de la actividad peligrosa concurrente se presenta la infracción de una norma de tránsito por ambos conductores de automotores, el juzgador, apreciará esa circunstancia en la conducta del agente y de la víctima, para determinar la relevancia objetiva del comportamiento “en la producción del hecho dañino”, en tanto sea “la causa determinante del mismo” o “hubiere contribuido a su ocurrencia”, es decir, aún la víctima del accidente podrá incurrir en una infracción, más ello debe valorarse para precisar la incidencia de su conducta apreciada objetivamente en la lesión (Cas. Civ., mayo 2/2007, Exp. 73268310030021997-03001-01).
Así, “tratándose de la actividad de la víctima, esta puede influir en el alcance de la responsabilidad haciendo irrelevante total o parcialmente la conducta de la persona a quien se hace la imputación. La primera situación, que conduce a la exoneración total, se presenta cuando esa actividad, dadas las circunstancias particulares de cada caso, rompe la relación de causalidad porque el daño se atribuye a la culpa exclusiva de la víctima. El segundo evento implica una atenuación de responsabilidad, por la aparición de concausas, (...) De ahí que para esos casos, la Sala haya dicho, que mediando pluralidad de causas ‘y si se trata concretamente de supuestos donde en este plano concurren el hecho ilícito del ofensor y la conducta de la víctima, fundamental es establecer con exactitud la injerencia de este segundo factor en la producción del menoscabo habida cuenta que una investigación de esta índole viene impuesta por dos principios elementales de lógica jurídica que dominan esta materia, a saber: Que cada quien debe soportar el daño en la medida en que ha contribuido a provocarlo, y que nadie debe cargar con la responsabilidad y el perjuicio ocasionado por otro. Por eso, en la estimación que a los juzgadores de instancia les corresponde hacer de la forma como el hecho de la parte lesionada puede afectar el ejercicio de una acción civil de reparación, nunca deben perder de vista que existe allí involucrado un problema de causalidad y que, por consiguiente, su tarea empieza por discernir - atendiendo naturalmente a las circunstancias específicas de cada caso y en ejercicio de un amplio poder de razonable apreciación fáctica que la jurisprudencia de casación les ha reconocido reiteradamente (v. G.J. tomos LXI, pág. 60, LXXVII, pág. 699 y CLXXXVIII, pág 186, entre otras), el segmento de causalidad que le cabe a cada partícipe en el daño cuyo resarcimiento se pretende; entonces y por principio, a cada cual se procurará hacerle soportar las secuelas del daño en la medida y proporción en que su conducta se identifique como causa de dicho resultado dañoso, lo que equivale a afirmar, en tesis general por supuesto, que la distribución del daño entre ofensor y ofendido procede hacerla de acuerdo con el criterio de la influencia causal de las respectivas actividades, vale decir observando a manera de factor preponderante el grado de causalidad imputable al obrar de cada uno frente a aquel acontecimiento’ (G.J. 2443, págs. 64 y s.s.). En orden a regular la proporción de la indemnización en consideración a la incidencia o relevancia de cada una de las intervenciones culposas, el artículo 2357 del Código Civil, teniendo en cuenta la concurrencia (...) o sea la del agente del daño y la del que lo padece, establece que en estos casos la apreciación ‘está sujeta a reducción’; reducción que se ha dejado al razonable arbitrio judicial, atendidas las circunstancias particulares de cada caso y por supuesto de la información ofrecida por el acervo probatorio obrante en el expediente, pues solo así se puede llegar a una justa proporcionalidad en la distribución de la responsabilidad”, cuestión fáctica “que debe fijar el fallador de acuerdo con las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso (CPC, art. 174), para luego, sobre la base de hechos comprobados a satisfacción y no en gracia de meros artificios en no pocas veces fruto de soluciones dogmáticas preconcebidas, determinan de modo matemático las proporciones en que debe efectuarse la división y de consiguiente, mitigar las prestaciones de reparación en el sentido y cuantía que proceda, cometido en el que ha de prevalecer ante todo la virtud de la prudencia y en cuyo desarrollo es en donde se hacen actuales, adquiriendo la plenitud de su vigencia, los poderes de ejercicio discrecional que a los jueces de instancia les reconoce la doctrina jurisprudencial rememorada en el párrafo precedente (...)” (Sent., feb. 21/2002, [SC-021-2002], Exp.6063).
Ello es tanto más cierto en cuanto que, itera la Corte, “[c]oncurriendo la actividad del autor y de la víctima, menester analizar la incidencia del comportamiento adoptado por aquel y esta para determinar su influencia decisiva, excluyente o confluyente, en el quebranto; cuando sucede por la conducta de ambos sujetos, actúa como concausa y cada cual asume las consecuencias en la proporción correspondiente a su eficacia causal, analizada y definida por el juzgador conforme a las pruebas y al orden jurídico, desde luego que, si el detrimento acontece exclusivamente por la del autor, a este solo es imputable y, si lo fuere por la de la víctima, únicamente a esta. Justamente, el sentenciador valorará el material probatorio para determinar la influencia causal de las conductas concurrentes y, si concluye la recíproca incidencia causal contribuyente de las mismas, la reparación está sujeta a reducción al tenor del artículo 2357 del Código Civil de conformidad con la intervención o exposición de la víctima. Solo el elemento extraño que sea causa única o exclusiva del daño, exonera de responsabilidad; si contribuye, presentándose como concausa, por supuesto, no diluye pero si atenúa la responsabilidad. No se trata, de compensación; cada quien es responsable en la medida de su participación en el daño y cada quien asume las consecuencias de su propia conducta, naturalmente, en cuanto el menoscabo acontezca única y exclusivamente por la víctima, a esta resulta imputable” (Cas. Civ., dic. 19/2008, [SC-123-2008], Exp. 11001-3103-035-1999-02191-01).
Ni el asunto se desplaza hacia la regla general consagrada en el artículo 2341, sino que se gobierna por el artículo 2356 del Código Civil, aplicado a las actividades peligrosas concurrentes y, en su caso, por las reglas específicas de la concreta actividad. Así, por ejemplo, tratándose de la colisión de dos vehículos, ex artículo 2054 del Codice Civile it., norma especial, consagratoria de la responsabilidad por daños en la circulación de vehículos, “[el] conductor de un vehículo que no circule sobre rieles, está obligado a reparar el daño producido a las personas o a las cosas, por la circulación del vehículo, si no prueba haber hecho todo lo posible para evitar el daño. En caso de colisión de vehículos se presume, salvo prueba en contrario, que cada uno de los conductores ha contribuido en un grado igual a causar el daño sufrido por cada vehículo. El propietario del vehículo, o, en su lugar, el usufructuario, o el adquirente con pacto de reserva de dominio, es responsable solidariamente con el conductor, a menos que pruebe que el vehículo ha circulado contra su voluntad. En todo caso, las personas indicadas en los incisos precedentes son responsables de los daños derivados de vicios de construcción o de defecto de mantenimiento del vehículo” (la Providencia 205 de 29/12/72 de la Corte Constitucional italiana declaró la “ilegitimidad constitucional” del segundo párrafo en la parte excluyente de la recíproca presunción cuando uno solo de los vehículos presenta daños, por tratarse de una disciplina unitaria), precepto explicado por un sector doctrinario como una hipótesis de responsabilidad “de naturaleza objetiva, en la que el criterio de imputación está dado por la conexión del daño a una actividad de por sí peligrosa”, por cuanto “el contenido de la prueba liberatoria regularmente se identifica con la inevitabilidad del hecho dañoso [cualquiera sea la medida y precaución del conductor]. Y no solo esto, la prueba de la evitabilidad del hecho dañoso se considera alcanzada cuando el conductor está en condiciones de demostrar una causa ajena a la producción del evento y, sobre todo, la culpa exclusiva del otro conductor”, haciendo impropia la “presunción de culpa”, porque el juicio no es llevado nunca al terreno de la valoración de una conducta diligente en el manejo, sino en el campo del hecho de un tercero o de la víctima y la relación causal entre estos hechos y el daño y, de cuya ordenación destácase la liberación del conductor con la prueba de “haber hecho todo lo posible para evitar el daño”, y asimismo, “[l]a responsabilidad del conductor no cambia de naturaleza cuando los daños se producen en ocasión de la colisión entre vehículos”, la responsabilidad del propietario del vehículo se sustenta en su calidad o relación entre el automotor y el sujeto que tiene efectivamente su disponibilidad jurídica efectiva que se traduce en la posibilidad de prohibir su circulación (Giovanna Visintini, Tratado de la responsabilidad civil, t. 2, trad. esp. Aida Kelmelmajer de Carlucci, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1999, pp. 400 ss; ID., La responsabilitá civile nella giurisprudenza, p. 546; Rodotá, II problema della responsabilitá civile, op. cit. p. 161; M. Franzoni, Fatto Illeciti, op.cit. p. 650).
a) Es una responsabilidad cuyos elementos estructurales se reducen al ejercicio de una actividad peligrosa, el daño y la relación causal entre este y aquella.
Se trata del reconocimiento de la existencia de actos ejecutados, sin torcida, oculta o dañina intención, aún sin culpa, pero que por la actividad peligrosa o riesgosa y, en virtud de esta, hacen responsable al agente y conducen a la obligación de resarcir al ofendido; en ella “[n]o se requiere la prueba de la culpa para que surja la obligación de resarcir, no porque la culpa se presuma sino porque no es esencial para fundar la responsabilidad, y por ello basta la demostración del daño y el vínculo de causalidad” (Sent, ago. 31/54, LXXVII I, 425 y siguientes).
La problemática, en tales casos, no se desplaza, convierte o deviene en la responsabilidad por culpa, ni tampoco se aplica en estrictez su regulación cuando el juzgador encuentra probada una culpa del autor o de la víctima, en cuyo caso, la apreciará no en cuanto al juicio de reproche que de allí pudiere desprenderse sino en la virtualidad objetiva de la conducta y en la secuencia causal que se haya producido para la generación del daño, para determinar, en su discreta, autónoma y ponderada tarea axiológica de evaluar las probanzas según las reglas de experiencia, la sana crítica y la persuasión racional, cuando es causa única o concurrente del daño, y, en este último supuesto, su incidencia, para definir si hay lugar a responsabilidad o no.
Todo lo dicho en precedencia, pone de presente que en la estructuración de la responsabilidad por actividad peligrosa y en su exoneración, existen directrices diferenciales concretas, pues, de otra manera, no existiría fundamento plausible para entender por qué de acuerdo con el marco de circunstancias y la valoración probatoria del juzgador, se tipifica a pesar de un comportamiento diligente ni tampoco por qué subsiste aún en circunstancias de una “culpa” concurrente de la víctima.
1. Infirmada en su integridad la sentencia del ad quem por la prosperidad del recurso, compete proferir la sustitutiva decisoria de los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada y la llamada en garantía contra la de 20 de octubre de 2005 dictada en primera instancia por el Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogotá (fls. 218 a 237, cdno. 1).
En la primera instancia quedó plenamente establecido de conformidad con la demanda, su contestación y el material probatorio, la colisión entre los automotores (informe del accidente levantado por el inspector de policía del lugar, fls. 3 y 4, cdno. 1), la propiedad de las partes demandante y demandada (hechos sexto y séptimo, fls. 59, 99 y 100 del cdno. 1) y los daños a ambos; al del primero, por el estado del tractocamión después del choque (fotografías del accidente obrantes a fls. 46 a 56 del cdno. 1) e informe de la autoridad policiva indicando expresamente que quedó “totalmente destruido” (fl. 4), así como los dictámenes periciales (fls. 78 a 82 y 143 a 144, cdno. 2).
De esta forma, el daño a los bienes de la demandante está probado, al igual que su causación en ejercicio de una actividad peligrosa, pues, abundante es la jurisprudencia de esta corporación, señalando la circulación de automotores de tal linaje [sents. de feb. 9 (CLII, págs. 26-31) y abr. 30 (CLII, págs. 102-110) de 1976, mayo 26/89 (CXCVI, págs. 143 y siguientes)].
Dicha responsabilidad singular o sujeta a directrices propias, gravita, usualmente, sobre quien ejerce la actividad peligrosa y en quien al instante del daño, ostenta su gobierno, dirección, administración o control, siéndole admisible, empero, demostrar que no lo tenía, sea por la transferencia antelada de su dominio, posesión o tenencia, sea por su privación o despojo, esto es, con la demostración que el daño no está en la órbita del ejercicio de la actividad peligrosa, responsabilidad derivada de esta y por esta, valiéndose de ciertas cosas y no de la cosa misma, esto es, de la titularidad o poder respecto de la actividad peligrosa.
A la luz de lo expresado, la excepción según la cual “la sociedad Bavaria no ha inferido daño alguno a los demandantes”, no es de recibo, pues la demandada no solo es titular del derecho real de propiedad de la cosa con la cual ejerció una actividad calificada de peligrosa en el estado actual como es la circulación o conducción de vehículos, dominio probado mediante la certificación expedida por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga (fl. 21, cdno. 1) y, no acreditó una causa extraña, que desvirtuara su responsabilidad, limitándose a manifestar que quien conducía su automotor, por demás empleado suyo, no fue autorizado para retirarlo del lugar donde habitualmente desempeñaba sus actividades laborales.
La excepción denominada “ausencia de culpa aquiliana o responsabilidad civil extracontractual de la sociedad Bavaria S.A.”, basada en no haber obrado con negligencia o malicia, ni encontrarse dentro de su objeto social principal la actividad peligrosa enunciada, no resulta prospera, de una parte, por la irrelevancia de relación causal entre el objeto social de una persona jurídica y el ejercicio de la actividad peligrosa inherente a la circulación o conducción de un automotor que puede ser permanente, transitoria o esporádica y, de otra parte, por ausencia de acreditación de un elemento extraño con entidad suficiente para exonerarse de responsabilidad, verbigracia la fuerza mayor —o caso fortuito—, la intervención exclusiva de los damnificados o el hecho de un tercero (CLII, p. 108; CCXL, pp. 871 y 872 y Cas. Civ., jun. 23/2000; Exp. 5475).
En lo atañedero, a la excepción de “imprudencia del conductor y de los propietarios del vehículo tka-271”, no está acreditada la reclamada imprudencia y falta de previsión del conductor del citado tractocamión, siendo pertinente la argumentación propuesta en lo relativo a las conclusiones del croquis del accidente.
4. En lo tocante con el llamamiento en garantía, encuentra el despacho que efectivamente tal y como lo señala el llamado en su apelación y en una de las excepciones al llamamiento en garantía, en el contrato de seguro base del amparo por el cual se le vinculó al proceso, se pactó un deducible del 10%, no tenido en cuenta por el fallador de primera instancia y, por esto, su providencia será modificada en lo pertinente, esto es, se reducirá la suma de $ 30.000.000 contenida en el numeral quinto a $ 27.000.000.00 resultante de aplicar el citado deducible al valor amparado por concepto de daños a terceros.
1. Confirmar los numerales primero, segundo, tercero, cuarto y sexto de la sentencia apelada pronunciada por el Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito del 20 de octubre de 2005.
2. Modificar el numeral quinto de la citada providencia, el cual quedará así:
“5. Declarar fundado el llamamiento en garantía realizado a la compañía Aseguradora Colseguros S.A. y por tanto compelerla al pago de las sumas en que se condenó a Bavaria S.A. por concepto de daño emergente, hasta la suma de $ 27.000.000.00 debidamente indexada, desde el 12 de marzo de 1999 y hasta cuando se verifique el pago”.
3. Condenar en costas de primera y segunda instancia a la demandada.
4. Sin costas en casación por la rectificación doctrinaria.
Magistrados: William Namén Vargas—Jaime Alberto Arrubla Paucar—Ruth Marina Díaz Rueda, con aclaración de voto—Pedro Octavio Munar Cadena, magistrado impedido—Arturo Solarte Rodríguez— Cesar Julio Valencia Copete, con aclaración de voto—Edgardo Villamil Portilla, con aclaración de voto.
1. Ciertamente, en el fallo objeto de esta aclaración de voto se sostiene, en compendio, que los elementos estructurales de la responsabilidad por actividades peligrosas se reducen al ejercicio de una empresa de esa índole, al daño y a la relación causal entre este y aquella; que tal es objetiva porque no opera presunción de responsabilidad, de culpa o de peligrosidad, ni se basa en la culpabilidad y sí, en cambio, en el riesgo o peligro que su ejercicio comporta para los demás, de donde la noción de culpa es ajena a su estructura, o sea, que es su carácter peligroso o riesgoso el que hace responsable al agente y engendra la obligación de resarcir al ofendido; que ella recae en quien desarrolla una tarea generadora de riesgos o peligros para la comunidad, en cuanto incrementa aquellos a los que esta se encuentra expuesta; que al agresor lo exonera solo el elemento extraño; que en caso de concurrencia, el régimen aplicable es el previsto en el 2356 del Código Civil y, en su caso, las normas de la actividad concreta, eventualidad en torno de la cual el juez tendrá que ponderar las circunstancias en que se haya producido el daño, sus condiciones de modo, tiempo y lugar, la naturaleza, equivalencia de las actividades peligrosas concurrentes, sus características, complejidad, grado o magnitud de riesgo o peligro, los riesgos específicos, las situaciones concretas de especial riesgo y peligrosidad, y la incidencia causal de la conducta de los sujetos, precisando cuál es la determinante del quebranto; y que el ad quem erró por cuanto decidió este caso bajo la óptica de la culpa probada, siendo debió aplicar el artículo 2356 del Código Civil, el cual no hizo actuar.
2. Como se aprecia, el fallo puntualiza que dentro de los elementos estructurales de la particularizada responsabilidad no se cuenta el elemento subjetivo, es decir, el carácter doloso o culposo con el que el agente haya concurrido a la realización del daño, ya que —según dice— el establecimiento de tal especie se circunscribe a demostrar el ejercicio de una actividad peligrosa, el daño así como el nexo causal entre la primera y el segundo; en suma, que como en ella no opera presunción de responsabilidad, de culpa o de peligrosidad, ni se basa en la culpabilidad, sino en el riesgo o peligro que su ejercicio comporta para la comunidad en general, la noción de culpa es ajena a su estructura.
3. Aunque emerge loable el propósito de otorgarle a tal especie de responsabilidad el carácter objetivo, porque se considere que la misma se basa propiamente en el riesgo o peligro que per se incorpora la ejecución de la actividad productiva de aquella naturaleza, mas no en la forma dolosa o culposa mediante la cual su autor la desplegase, así como ampliamente ilustrativo el profundo y detallado estudio implementado alrededor del desarrollo jurisprudencial al igual que doctrinal de la institución en referencia, lo cierto es que en el régimen jurídico patrio tal postulado no puede tener cabida, toda vez que, como en la misma sentencia de la que me aparto alcanza a advertirse, el ámbito atinente a la responsabilidad civil derivada de las mentadas actividades figura regulado a través del precepto normativo últimamente citado, el cual, sin ningún asomo de duda, incorpora como estructural el elemento subjetivo, al prescribir, ciertamente, que “todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por esta”, a lo que añade, a modo enunciativo y no limitativo, que en especial “son... obligados a esta reparación... el que dispara imprudentemente un arma de fuego”, “el que remueve las losas de una acequia o cañería, o las descubre en calle o camino, sin las precauciones necesarias para que no caigan los que por allí transitan de día o de noche”, “el que obligado a la construcción o reparación de un acueducto o fuente, que atraviesa un camino, lo tiene en estado de causar daño a los que transitan por el camino” (subrayas fuera de texto). Por tanto, si es el propio legislador el que le entregó a la responsabilidad civil que aflora como consecuencia de la ejecución de una labor catalogada como peligrosa la naturaleza subjetiva, en tanto la envuelve en el manto de la culpabilidad, no resulta acorde con las disposiciones legales sacarla de ese ámbito para ponerla en el de la responsabilidad objetiva.
Precisamente por ello la doctrina jurisprudencial de la corporación ha venido sosteniendo, en el punto, que “quien por sí o por medio de sus agentes cause a otro un daño, originado en hecho o culpa suya, está obligado a resarcirlo; y quien demande la indemnización ha de comprobar, en principio, el daño padecido, el hecho intencional o culposo del demandado, y la relación de causalidad entre el proceder o la omisión negligente de este y el perjuicio sufrido. Cuando el daño se cause, empero, en el desarrollo de una actividad de las que la jurisprudencia ha calificado como peligrosas, porque con ellas se pone a los demás asociados en inminente peligro de recibir lesión aunque se desarrolle empleado toda la diligencia y el cuidado que por su naturaleza exige, entonces la víctima que reclama indemnización no tiene que demostrar la culpa del demandado, pues esta se presume en tal evento por ser él quien con su obrar ha creado la inseguridad de sus conciudadanos”, es decir, “que en el estado actual de la jurisprudencia, los daños ocasionados en el ejercicio de una actividad peligrosa, cual es la de conducir vehículos automotores, se presumen causados por culpa del conductor”, quien “puede liberarse de ella acreditando que el perjuicio provino de culpa exclusiva de la víctima, de fuerza mayor o de la intervención de un elemento extraño” (G. J., t. CLII, págs. 28-29).
4. Desde otra perspectiva, ha de notarse cómo el artículo 2341 del Código Civil, que abre la puerta al examen de la responsabilidad extracontractual, hace una clarísima alusión a la que cabe por los delitos y las culpas, dejando de esa manera sentado, a modo de fundamento basilar, el principio de la culpabilidad, por lo menos en términos de generalidad, el cual, dada precisamente esa condición, debe ser aplicado en todos los eventos que caigan dentro de la categoría específica comentada; mas, cual acontece con todas las reglas jurídicas arropadas por ese carácter, admite, como es obvio, excepciones, en virtud del reconocimiento de la existencia de hechos diversos a los que de manera ordinaria se producen. Sin embargo, es también apodíctico que las salvedades adquieren respaldo en el ordenamiento en la medida que cuenten con normas consagratorias expresas, como que si así no sucede será siempre imponible la solución diseñada por la ley con criterio totalizador. En consecuencia, si, cual en el presente tema sucede, la ley tiene dispuesta una normativa que irriga todos los casos de responsabilidad extracontractual, únicamente puede dejarse de tener en cuenta cuando otra de estirpe excepcional y expresa muestre con toda contundencia su inaplicabilidad, circunstancia que en la temática tratada no aparece, por cuanto, como atrás se dijo, el precepto 2356 no solo no excluye la culpa sino que, por el contrario, se afirma en ella, junto al daño y al nexo causal, para blandir el juicio de reproche, al punto que coincide con el 2341, en lo que le es pertinente, y bajo ningún aspecto lo desmiente o contradice.
En los términos anteriores dejo expuesta esta aclaración de voto, desde luego que en lo restante estoy de acuerdo con la Sala.
Como se recuerda, la providencia adoptada mayoritariamente por la Sala, deja entrever que en tratándose de actividades peligrosas “la culpa carece de toda relevancia para el surgimiento de responsabilidad... y, también, para romper la relación de causalidad”, para luego afirmar que en esos eventos se estructura “una responsabilidad objetiva en la cual no opera presunción alguna de responsabilidad, de culpa, de peligrosidad, ni se basa en la culpabilidad, sino en el riesgo o grave peligro que el ejercicio de estas actividades comporta para los demás. La noción de culpa está completamente excluida de su estructura nocional, no es menester para su constitución, tampoco su ausencia probada la impide, ni basta para exonerarse”, de modo que solo puede haber exoneración de responsabilidad si se demuestra alguno de los fenómenos constitutivos de causa extraña, esto es, fuerza mayor, caso fortuito, hecho de un tercero o culpa exclusiva de la víctima.
Sin embargo, el cambio de jurisprudencia que así se propone, parece desconocer que el artículo 2356 del Código Civil, que la jurisprudencia vernácula ha tenido como el hito normativo a partir del cual surge la teoría de las actividades peligrosas, precisa que “por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por esta. Son especialmente obligados a esta reparación: 1. El que dispara imprudentemente un arma de fuego. 2. El que remueve las losas de una acequia o cañería, o las descubre en calle o camino, sin las precauciones necesarias para que no caigan los que por allí transiten de día o de noche. 3. El que obligado a la construcción o reparación de un acueducto o fuente, que atraviesa un camino, lo tiene en estado de causar daño a los que transitan por el camino” (las negrillas no son originales).
Ese precepto no deja la menor duda de que en la mente del legislador civil es imprescindible como criterio de imputación el elemento culpa —traducido en negligencia, imprudencia, falta de precaución o descuido—, para que se configure la responsabilidad civil por actividades peligrosas, culpa que, desde otra perspectiva, tiene diferentes graduaciones posibles.
Es más, en su encabezado y en las tres hipótesis que contempla la norma, el legislador no trajo a colación casos en los cuales prescindiera de la culpa, como para dejar de lado el aspecto subjetivo de la responsabilidad, esto es, que ni tomando aisladamente los eventos allí descritos, ni mirándolos en conjunto, podría dejarse de lado la necesidad de predicar del demandado —aunque fuere por vía de presunción— alguno de los epítetos que ad examplum allí se mencionan.
Ante ese escenario, creo que la Corte no debe emprender ahora un ejercicio de interpretación modificatoria, para hacer decir a la norma algo ajeno a su naturaleza, a su fisonomía y a su mismo contenido, para matricular así las actividades peligrosas en el campo de la responsabilidad objetiva. En mi opinión, no hay cómo escapar al sentido natural y obvio que tiene la normatividad que gobierna la materia, máxime cuando según reza el aforismo latino, la ley no omitió inconsideradamente, sino porque no quiso que fuese dicho, (lex non omití incaute, sed quia dictum noluit), por manera que si el legislador hubiera tenido en mente prescindir del elemento culpa en la responsabilidad extracontractual por actividades peligrosas, habría hecho distinciones expresas y bien definidas en el artículo 2356 del Código Civil, en vez de apelar de modo general a diversos adjetivos calificativos susceptibles de imputación.
Recuérdese que ni siquiera se ha entendido que existe responsabilidad objetiva en el caso del artículo 2354 del Código Civil, que consagra la responsabilidad por la tenencia de un animal fiero que no reporta utilidad y en la que no se admite al demandado alegar la imposibilidad de evitar el daño. Por el contrario, la Sala Plena de la Corte, cuando cumplía funciones de control constitucional, analizó el precepto y explicó cómo “esta responsabilidad, como en general la de los demás casos que contempla el citado título del Código Civil se cimenta en la culpa del tenedor; y a pesar de que se aproxima o penetra de cierto modo en la esfera de la responsabilidad objetiva, no logra sin embargo adquirir naturaleza de esta en vista de que la culpa presunta que consagra el canon aludido, es su fundamento”, a lo cual añadió: “... la presunción tal como se configura en el canon que se analiza, se refiere únicamente al elemento subjetivo de la responsabilidad, esto es decir, a la culpa de quien tiene la cosa...”.
Y es que si el artículo 2354 del Código Civil regula comportamientos que para el legislador son de gravedad superlativa, donde el riesgo de producir daños es indiscutible, al punto que ni siquiera se admiten las exculpaciones del demandado, y pese a ello se entiende que allí hay responsabilidad subjetiva, no hay cómo entender que la responsabilidad prevista en el artículo 2356 es objetiva, pues en la redacción de esta última norma no hubo una estrictez por lo menos semejante a la utilizada en la disposición precedente, que autoriza “no oír” al causante del daño.
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que las normas antes mencionadas, hallan asiento en el título XXXIV del Código Civil, titulado “responsabilidad común por los delitos y las culpas”, esto es, la responsabilidad originada por el dolo o, en general, por las diferentes criterios de imputación que prevé el artículo 63 ibídem, lo que sugiere que visto el artículo 2356 en su contexto y de manera sistemática, no otra cosa puede inferirse que la necesidad de que exista culpa en el sujeto demandado, así sea que en esos eventos, por razones sobre las cuales se ha fraguado una copiosa jurisprudencia, esta se presuma.
Entender otra cosa, incluso, sería negar el poder normativo que tiene la nomenclatura utilizada por el legislador para designar el título en mención, así como su fuerza vinculante a la hora de interpretar las normas que en él hallan refugio. Se repite, “responsabilidad común por los delitos y las culpas”, referencia que no aparece como un accidente normativo, sino que refuerza la idea de que la columna vertebral del régimen general de responsabilidad extracontractual es la posibilidad de imputar culpa o dolo a un sujeto determinado, tal y como sucede en el Código Civil chileno, que prevé en su artículo 2284 que “si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, constituye un cuasidelito” y agrega en el 2314 que “el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito”. En igual sentido, el artículo 1382 del Código Civil francés prevé que “cualquier hecho del hombre que cause daño a otro obliga a aquel por cuya culpa sucedió, a repararlo”, todo lo cual deja ver que las legislaciones que sirvieron de base a la codificación nacional, consagraron regímenes de responsabilidad subjetiva que —en lo fundamental— no han sido objeto de modificaciones sustantivas.
A la postre, para aceptar la tesis de que las actividades peligrosas deparan siempre una responsabilidad objetiva, la Corte tendría que haberse apartado tajantemente del artículo 2356 del Código Civil y, en ese propósito, ha debido buscar un basamento en normas que hicieran caso omiso del elemento subjetivo, porque de otra manera se incurriría en una contradicción insalvable. Decir que a partir del artículo 2356 del Código Civil se estructura una responsabilidad objetiva y, al mismo tiempo, tener que admitir que ese canon se halla enclavado en un sistema coherente y armónico que a gritos demanda la existencia de la culpa —ya sea presunta o probada—, es una inferencia que no parece sostenible.
En lo que a mi parecer concierne, creo que una cosa es presumir la culpa, como elemento necesario de la responsabilidad subjetiva, conforme ha sentado la jurisprudencia con ahínco, y otra, muy diferente, es prescindir de ese elemento subjetivo y entender que lo que se presenta es una responsabilidad objetiva, porque esta última solución riñe con el sistema integral y armónico de responsabilidad que consagró el Código Civil. La presunción de culpa se da, justamente, porque se entiende que hubo imprudencia, impericia, negligencia o falta de cuidado, al punto que se perdió el control de la actividad y no se logró evitar la consumación del daño, de donde se sigue que, indispensablemente, ese elemento subjetivo se halla implícito en la responsabilidad extracontractual por actividades peligrosas. De ahí que se hubiera considerado que “todas las actividades de esa especie, llamadas peligrosas, aparejan “la existencia de una obligación legal de resultado consistente en vigilar esa actividad e impedir que ella, por su propio dinamismo o debido a circunstancias anormales que la rodearon en un momento dado, escape al control de quien de la aludida actividad se sirve o reporta beneficio”...” (Sent. Cas. Civ., mayo 5/99, Exp. 4978).
Por eso, vale la pena memorar lo que la Corte ya había sentado sobre esta materia: “a partir de los años treinta (sents., nov. 30/35, mar. 14 y mayo 31/38), la Corte Suprema de Justicia empezó a precisar el alcance del artículo 2356 del Código Civil y a elaborar en el medio colombiano la teoría de las actividades peligrosas como forma de incurrir en responsabilidad civil cuando con ocasión de su ejercicio se causa un daño, es decir, como lo ha dicho la jurisprudencia, cuando el hombre para desarrollar una labor adiciona a su fuerza una “extraña”, que al aumentar la suya rompe el equilibrio que antes existía con los asociados y los coloca “en inminente peligro de recibir lesión”, aunque la tarea “se desarrolle observando toda la diligencia que ella exige” (sent., abr. 30/76).
Como se declaró, la fuente positiva de esta teoría se localiza en el artículo 2356 del Código Civil, cuyo texto permite presumir la culpa en el autor del daño que a su vez genera la actividad peligrosa, sin que ello implique modificar la concepción subjetiva de la responsabilidad, pues aún dentro del ejercicio de la actividad peligrosa esta se sigue conformando por los elementos que inicialmente se identificaron, pero con una variación en la carga probatoria, porque demostrado el ejercicio de la actividad peligrosa ocasionante del daño, la culpa entra a presumirse en el victimario. “A la víctima le basta demostrar —ha dicho la Corte— los hechos que determinan el ejercicio de una actividad peligrosa y el perjuicio sufrido y será el demandado quien debe comprobar que el accidente ocurrió por la imprudencia exclusiva de la víctima, por la intervención de un elemento extraño, o por fuerza mayor o caso fortuito, ya que el ejercicio de una actividad peligrosa, por su naturaleza, lleva envuelto el de culpa en caso de accidente”...” (Sent. Cas. Civ., oct. 25/99, Exp. 5012).
La reflexión que ese aspecto merece, tiene como soporte el hecho —por demás simple— de que en la responsabilidad objetiva, como se sabe, para nada importa el error de conducta del agente a quien se atribuye el hecho generador del daño, pues apenas si basta que el resultado pueda endilgarse a un sujeto de derecho y que se produzca un agravio, para que surja la obligación de indemnizar, es decir, es suficiente la simple atribución causal, desligada de todo elemento subjetivo.
Ha sido grande el esfuerzo de la jurisprudencia por despejar cualquier duda sobre la aplicación del artículo 2357 del Código Civil y, en ese cometido, ha recalcado que “en el examen de la causa del daño que debe hacerse para deducir si esta proviene del ejercicio de la actividad peligrosa o del hecho o culpa de la víctima, debe guardarse el sentenciador de establecer, según un cuidadoso estudio de las pruebas, la incidencia de una u otra, para ver cuál se excluye o si ambas concurren en la realización de aquel, En dicha tarea evaluativa no se puede pasar por alto, entonces que para que se configure la culpa de la víctima, como hecho exonerativo de responsabilidad civil, debe aparecer de manera clara su influencia en la ocurrencia del daño, tanto como para que, no obstante la naturaleza y entidad de la actividad peligrosa, esta deba considerarse irrelevante o apenas concurrente dentro del conjunto de sucesos que constituyen la cadena causal antecedente del resultado dañoso.
Tratándose de la concurrencia de causas que se produce cuando en el origen del perjuicio confluyen el hecho ilícito del ofensor y el obrar reprochable de la víctima, deviene fundamental establecer con exactitud la injerencia de este segundo factor en la producción del daño, habida cuenta que una investigación de esta índole viene impuesta por dos principios elementales de lógica jurídica que dominan esta materia, a saber: Que cada quien debe soportar el daño en la medida en que ha contribuido a provocarlo, y que nadie debe cargar con la responsabilidad y el perjuicio ocasionado por otro. (v. G. 1 tomos LXI, pág. 60, DA/VII, pág. 699, y CDCO (VIII, pág. 186, primer semestre, entre otras); principios en los que se funda la llamada “compensación de culpas”, concebida por el legislador para disminuir, aminorar o moderar la obligación de indemnizar, en su expresión cuantitativa, hasta o en la medida en que el agraviado sea el propio artífice de su mal, compensación cuyo efecto no es otro distinto que el de “repartir” el daño, para reducir el importe de la indemnización debida al demandante, ello, desde luego, sobre el supuesto de que las culpas a ser “compensadas” tengan virtualidad jurídica semejante y, por ende, sean equiparables entre sí.
Es así como esta corporación, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 2357 del Código Civil, ha predicado que “... La reducción del daño se conoce en el derecho moderno como el fenómeno constituido por la compensación de culpas, lo cual quiere decir que cuando el coautor del daño comete una culpa evidente, que concurre con la conducta igualmente culpable de la víctima, el juez debe graduar cuantitativamente la relación de causalidad entre las culpas cometidas de manera concurrente, y la cuantía del daño, a fin de reducir la indemnización mediante el juego de una proporción que al fin y al cabo se expresa de manera matemática y cuantitativa...”, (G.J. tomo CLXXXVIII, pág. 186, antes citada)...” (Sent. Cas. Civ., nov. 25/99).
Baste un ejemplo para demostrar el anterior aserto. En la sentencia de casación de 19 de diciembre de 2006, se puso en consideración de la Corte —en sede de instancia— la ocurrencia de un choque entre una buseta de servicio público y una motocicleta, habiéndose hallado que los conductores de ambos vehículos tuvieron culpa en el accidente, razón por la cual “sopesando ambas conductas” la Corte encontró “que la culpa estuvo en mayor grado, en un 70%, conforme a las elucidaciones que siguen, en el chofer de la buseta”. Si a ese caso se le hubiere dado el tratamiento de una responsabilidad objetiva, como ahora lo sugiere la Corte frente a una actividad peligrosa, una graduación de esa naturaleza no habría sido posible, porque no se podría auscultar la culpa de las partes y su incidencia en la ocurrencia de los hechos. La atribución de una responsabilidad objetiva indicaría —a primera vista— que cada uno de los sujetos en contienda, al ejercer actividades de esa especie, tendría que sufragar, sin más, los daños causados a la otra, solución que parece reñir con la lógica y la justicia del caso. Ese, pues, es un vacío que deja la aplicación de la responsabilidad objetiva, que más que aclarar, siembra incertidumbres que hasta ahora no se tenían, o que a lo sumo eran menores.
Pero a más de ello, también quedaría en ciernes otro inconveniente, y es el relativo a lo que la doctrina de la Corte ha denominado “neutralización de las actividades peligrosas”. Como se recordará, la Corte ha sido de la idea de que en los casos en que “el daño alegado encuentra su venero en la convergencia de sendas actividades peligrosas... las respectivas presunciones de culpa que cobijan a los implicados, pueden aniquilarse mutuamente, forzando al demandante a demostrar la culpa del encausado; por supuesto que, como lo tiene dicho esta corporación: “Varias son las soluciones que la doctrina propone para solucionar el enfrentamiento de las presunciones de culpa, pero el problema prácticamente desaparece cuando solo una de las partes reclama daño, demostrando culpa exclusiva del demandado. Esa prueba de culpa hace desaparecer el interés de las presunciones en juego.
Así lo entendió... la Corte, cuando en fallo de 25 de febrero de 1987, dictado dentro del proceso ordinario de Lisandro Sánchez contra Darío Maya Botero, dijo: ‘Como ambos automotores se hallaban transitando, ambas partes están bajo la presunción de culpa que determina el ejercicio de actividades peligrosas frente al daño causado. Siendo esto así, se hallan demandante y demandado en idénticas condiciones, es decir, ambas fueron causa por culpa del daño sufrido mientras no se demuestre otra cosa. Dicho de otra manera, se vuelve a la situación inicial o sea, que quien pretende Indemnización debe demostrar los cuatro elementos dichos, incluyendo el subjetivo o culpa’...” (Sent. Cas. Civ., abr. 12/91)” (Sent. Cas. Civ., mayo 5/99, Exp. 4978).
Criterio que enseguida se matizó cuando dijo la Corte, en esa misma providencia, que “tal regla no puede formularse en los términos tan genéricos e indiscriminados en los que se ha venido planteando, toda vez que en lugar de rendir tributo a los imperativos de justicia en los que está inspirada, puede llegar a constituirse en fuente de graves iniquidades, socavando de ese modo los cimientos cardinales de la responsabilidad civil extra contractual; por supuesto que cuando un daño se produce por la concurrencia de sendas actividades peligrosas (la de la víctima y la del agente), en lugar de colegir maquinalmente la aniquilación de la presunción de culpa que favorece al damnificado, el juez deberá establecer si realmente a ella hay lugar en ese caso concreto, juicio para cuya elaboración deberá tomar en consideración la peligrosidad de ambas, la incidencia de cada una en el percance o la virtualidad dañina de la una frente a la otra. Más exactamente, la aniquilación de la presunción de culpas por concurrencia de actividades peligrosas en la generación de un daño, presupone que el juez advierta, previamente, que en las específicas circunstancias en las que se produjo el accidente, existía cierta equivalencia en la potencialidad dañina de ambas, pues de no darse esa correspondencia, gravitará siempre en favor de la víctima la presunción de que el demandado fue el responsable del perjuicio cuya reparación demanda.
Agregase a lo anterior, que la consagración de responsabilidades objetivas no corresponde al juez —ni siquiera al de casación—, sino al legislador, máxime cuando su tratamiento supone menores posibilidades de defensa para el demandado, cuyos derechos —incluso fundamentales— no tienen por qué verse afectados por vía de interpretación judicial. Por ello que, solo una consagración legal puede atribuir este tipo de responsabilidades, que por sus precisos contornos, han de ser del todo excepcionales y de aplicación restrictiva en materia civil, sin contar con que en el campo penal y disciplinario, han sido proscritas en forma contundente.
Muestra de lo que viene de decirse, es la cláusula de reserva de competencia que el artículo 88 de la Constitución otorgó al legislador para reglamentar aquellos casos en que se configure la responsabilidad objetiva por la vulneración de derechos e intereses colectivos. Precisamente, ese precepto suscita una reflexión obligada: si los derechos colectivos tienen una importancia superlativa en el diseño constitucional, si van de la mano de la idea de un Estado social de derecho y son considerados como un desarrollo de los derechos humanos de tercera generación, y si para ellos el propio constituyente tuvo el cuidado de exigir una regulación legal para establecer los casos de responsabilidad objetiva, difícil es explicar por qué, en eventos en que se discuten asuntos de carácter patrimonial e individual —por supuesto, de menor relevancia constitucional—, podría establecerse pretorianamente esa forma de responsabilidad objetiva.
Estoy persuadido de que siempre hay un motor de las acciones humanas: la intención, el deseo, el propósito; fines inconfesables unos, sublimes otros, impulsan los actos de los mortales. Estos, con abstracción de la bondad de los móviles pueden obrar con toda prudencia o con máxima desidia. La verdad es que entre los hombres hay unos prudentísimos, otros pigros en extremo; esa es la naturaleza humana, a la que no puede sustraerse el derecho. La fuerza cultural de la culpa vive fuera de los tribunales, y ellos no pueden ser ajenos a ese producto sociológico.
Una coda para cerrar. La jurisprudencia relativa a la responsabilidad derivada de las actividades peligrosas había tenido un recorrido sin tropiezos, había logrado ser entronizada por la judicatura y la academia y era suficiente para dar respuesta a las problemáticas que hasta ahora se habían ofrecido, de manera que si no ha habido una variación significativa de las circunstancias, ni un movimiento cultural, técnico o legal que amerite apartarse del camino recorrido, pareciera que poca utilidad tiene cambiar de paradigma y emprender una nueva ruta que, aunque bienintencionada y admirablemente documentada, podría generar dificultades que en buena medida estaban superadas.
Dejo así plasmada mi aclaración.
“La culpa no es elemento necesario para estructurar la responsabilidad por actividades peligrosas ni para su exoneración; no es menester su demostración, ni tampoco se presume; el damnificado tiene la carga probatoria exclusivamente de la actividad peligrosa, el daño y la relación de causalidad; y, el autor de la lesión, la del elemento extraño, o sea, la fuerza mayor o caso fortuito, la participación de un tercero o de la víctima que al actuar como causa única o exclusiva del quebranto, desde luego, rompe el nexo causal y determina que no le es causalmente atribuible, esto es, que no es autor (...) Por el contrario, se regula por la disciplina que le es propia, gobernándose por regla general, por el artículo 2356 del Código Civil y por las normas jurídicas singulares de la actividad existente, esto es, la disciplina específica que le es propia. Por ejemplo, si se trata de daños derivados de la circulación de vehículos, aplican reglas propias de su regulación normativa (...) La “presunción de culpa”, como se dijo, cae en el vacío, de un lado por no avenirse a la lógica, al sentido común y a elementales reglas de experiencia, sentarla per se, de suyo, ante sí por el solo ejercicio de una actividad peligrosa, de ordinario lícita y permitida por el ordenamiento y, de otro lado, porque presumida, la prueba de su ausencia o de la diligencia y cuidado, impediría constituir la responsabilidad o bastaría cuando menos para exonerarse. Además, no se observa la utilidad de la presunción en el plano probatorio, so pretexto de dispensar a la víctima de la prueba de lo que no es elemento estructural de dicha responsabilidad o cuya probanza inversa es insuficiente romper el nexo de causal. La contradicción que envuelve esta concepción, aparece con todo relieve, cuando la reiterada e inalterada jurisprudencia civil, acertadamente exige la prueba del elemento extraño para demostrar que el evento dañoso no es imputable a la actividad y conducta del sujeto. En rigor, la culpa carece de toda relevancia para el surgimiento de la responsabilidad por actividades peligrosas y, también, para romper la relación de causalidad (...) Tampoco el asunto se desplaza a la denominada responsabilidad por “culpa probada”, desde luego que se trata de un régimen jurídico singular, concreto y específico gobernado por reglas propias (...) No es que las actividades peligrosas encarnen de suyo la “culpa”. El ejercicio de una actividad de esta naturaleza podrá desplegarse, aún con todo el cuidado o diligencia exigible y también sin esta (...) La Sala, por tanto, en su labor de unificación, respecto de la responsabilidad civil por actividades peligrosas, reiterando en lo pertinente la jurisprudencia expuesta desde las sentencias de 14 de marzo de 1938 y de 31 de agosto de 1954, con las precisiones y complementaciones antedichas, puntualiza su doctrina y concluye, en síntesis (...) a) Es una responsabilidad cuyos elementos estructurales se reducen al ejercicio de una actividad peligrosa, el daño y la relación causal entre este y aquella (...) b) Es una responsabilidad objetiva en la que no opera presunción alguna de responsabilidad, de culpa, de peligrosidad, ni se basa en la culpabilidad, sino en el riesgo o grave peligro que el ejercicio de estas actividades comporta para los demás. La noción de culpa está totalmente excluida de su estructura nocional, no es menester para su constitución, tampoco su ausencia probada la impide ni basta para exonerarse”.
Es inequívoco que la Sala, luego de algunas posiciones diferentes, optó por encuadrar el ejercicio de las actividades peligrosas, como por ejemplo la de conducción de vehículos automotores, bajo el alero de la llamada presunción de culpabilidad en cabeza de su ejecutor o del que jurídicamente es su titular, en condición de guardián jurídico de la cosa, escenario en el que se protege a la víctima relevándola de demostrar quién tuvo la responsabilidad en el hecho causante del daño padecido cuyo resarcimiento reclama por la vía judicial, circunstancia que se explica de la situación que se desprende de la carga que la sociedad le impone a la persona que se beneficia o se lucra de ella y no por el riesgo que se crea con su empleo. El ofendido únicamente tiene el deber de acreditar la configuración o existencia del daño y la relación de causalidad entre este y la conducta del autor, pudiéndose exonerar solamente con la demostración de la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o la intervención de un tercero.
La interpretación judicial de la Sala que defiendo y prohíjo emana, como ha tenido oportunidad de consignarse en innúmeros fallos de la Corte, del propio texto mismo del artículo 2356 del Código Civil cuando dispone que “por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por esta”, lo que significa sin lugar a dudas que los calificativos de la conducta del actor enmarcan dentro del sentido más amplio de lo que debe entenderse por el accionar culposo de una determinada persona en su vida social y en las relaciones con sus semejantes cuando excediendo sus derechos y prerrogativas en el uso de sus bienes o las fuerzas de la naturaleza causa menoscaba en otras personas o en el patrimonio de estas.