Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43556815
Timestamp: 2020-07-07 02:14:57
Document Index: 309904102

Matched Legal Cases: ['artículo 435', 'artículo 435', 'artículo 23', 'artículo 27', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 29', 'artículo 8', 'artículo 29']

Sentencia de Tutela nº 490/92 de Corte Constitucional, 13 de Agosto de 1992 - Jurisprudencia - VLEX 43556815
Actor: P.R.G. PINTOR
En el proceso de tutela T-1973 adelantado por el señor P.R.G. PINTOR contra las Resoluciones número 020 del 13 de febrero y 052 del 22 de febrero de 1992, proferidas por la Alcaldía Municipal de Sasaima.
El Alcalde Especial de Sasaima, Cundinamarca, mediante Resolución 020 del 13 de febrero de 1992, con fundamento en el Decreto 1889 de 1986, expedido por la Gobernación de Cundinamarca, decidió "imponer (...) al señor P.R.G. PINTOR como medida correctiva multa equivalente a la suma de DOS MIL PESOS ($ 2.000.oo), o arresto hasta de seis (6) días", por irrespeto a la autoridad.
Según la autoridad local:
"El día Domingo 19 de enero de 1992 hacia las 5:30 p.m. se presentaron algunos hechos de irrespeto a la Autoridad en mi calidad de Alcalde Especial de esta localidad por parte del señor P.R.G.P., al encontrarme parado en la puerta del establecimiento o negocio de mi propiedad ubicado en el perímetro urbano de Sasaima calle principal y al pasar dicho individuo en su vehículo y al verme me lanzó un improperio diciéndome "Alcalde Hijueputa" y continúo su marcha. Horas más tarde en el negocio de cantina de propiedad de la señora MERCEDES ARAQUE DE PICO procedió a hacer dos (2) disparos al aire y se retiró".
La sanción se basó en la declaración de la señorita ARGELIA RAMOS LEON y en la declaración del C. de la policía de la localidad a quien el Alcalde informó personalmente de lo sucedido.
El señor P.R.G.P. interpuso recurso de reposición contra la Resolución, negando la ocurrencia de los hechos y cuestionando el valor de las pruebas aportadas para sustentarla. Afirmó el recurrente que:
El 3 de marzo del año en curso, el afectado ejerció acción de tutela contra la Resolución sancionatoria, por considerar que con ella se amenazaba su derecho fundamental de la libertad de locomoción y se vulneraban los artículos 29 y 15 de la Constitución. El petente solicitó declarar la ilegalidad de la resolución No. 052 de 1992, que culminó la actuación administrativa, y ordenar al Alcalde abstenerse de ejecutar el mencionado acto.
El Juzgado Civil Municipal de Sasaima, mediante providencia del 13 de marzo de 1992, denegó la tutela impetrada. Sostiene el Juzgado:
El accionante aduce la vulneración producida a su derecho al buen nombre, al debido proceso y la amenaza de su derecho a la libertad de locomoción por parte del Alcalde Especial de Sasaima, quien mediante resolución le impuso multa de dos mil pesos o arresto hasta por seis días, por irrespeto a la autoridad.
El Código de Policía de Cundinamarca (Decreto 1889 de 1986, artículo 435) otorga a los Alcaldes la atribución de imponer multa o arresto hasta por seis (6) días, a las personas que les desobedezcan, no cumplan sus órdenes o les falten al respeto debido. El numeral segundo del artículo 435 establece:
Los alcaldes municipales con multas o con arresto hasta de seis (6) días;
La distinción conceptual entre las diversas manifestaciones del poder de policía permite fijar con precisión los límites de las competencias estatales que pueden llegar a restringir los derechos y las libertades públicas. Tradicionalmente, la doctrina ha entendido por poder de policía la atribución o facultad de expedir normas, - leyes o reglamentos -, que limitan o restringen los derechos individuales con la finalidad de conservar el orden público interno y salvaguardar la seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad públicas. Esta potestad normativa reposa en el legislativo (CP art. 150-1, 150-2 y 152-a.) y, residualmente, en las Asambleas Departamentales, a las cuales corresponde dictar normas de policía en todo aquello que no sea materia de disposición legal (CP art. 300 num. 8).
Las normas Nacionales y Departamentales que facultan a los Alcaldes para imponer multas o arrestos a las personas que desobedezcan o no cumplan sus órdenes y les falten al debido respeto, deben interpretarse y aplicarse con arreglo a la Constitución política vigente. En este campo, la intervención estatal sólo será legítima si con ella no se vulneran o amenazan los derechos fundamentales. Esta exigencia constituye una mínima garantía en favor de la libertad y del Estado de Derecho, que contribuye a evitar la arbitrariedad y el autoritarismo.
La imposición de penas de multa o arresto por parte de la administración tenía sustento bajo la Carta de 1886. El artículo 23 de la antigua Constitución no precisaba la autoridad competente en virtud de cuyo mandamiento escrito una persona podía ser detenida o arrestada. A su vez, el artículo 27 de la misma consagraba excepciones al principio nemo poena sine legale iudicium al permitir, entre otros casos, a los funcionarios que ejercen autoridad o jurisdicción "penar con multas o arrestos a cualquiera que los injurie o les falte al respeto en el acto en que estén desempeñando las funciones de su cargo". Finalmente, el artículo 28 de ese Estatuto fundamental contemplaba la aprehensión y retención administrativas por parte del gobierno nacional de personas contra quienes pesaran graves indicios de que atentaban contra la paz pública.
La opción por la libertad que llevó a consagrar el monopolio de las penas privativas de la libertad en cabeza de los jueces, se basa en el principio de la separación de poderes, propio del régimen democrático y republicano. Los jueces son, frente a la administración y al propio legislador, los principales defensores de los derechos individuales. Por ello su protección inmediata ha sido confiada a la rama judicial, como garantía de imparcialidad contra la arbitrariedad, impidiendo así que la autoridad acusadora acabe desempeñando el papel de juez y parte. Si la autoridad administrativa tuviere la potestad de imponer penas de arresto, sin intervención judicial que las autorice (CP art. 28), la protección del derecho a la libertad personal confiada a ésta última se tornaría innecesaria y carecería de efectividad para cumplir su cometido. El reconocimiento de los derechos fundamentales y su limitación o restricción en la práctica, suponen la intervención de una instancia imparcial, que mediante una decisión motivada, proporcional y razonada, concilie los valores e intereses en pugna, permitiendo la judicialización del conflicto social y evitando la exacerbación de la violencia mediante el uso exclusivo de la coacción.
Las anteriores consideraciones serían suficientes para deducir la inconstitucionalidad de la imposición de penas de arresto por parte de autoridades de policía. No obstante, el fundamento temporal de dicha facultad deriva de lo señalado en el artículo 28 transitorio de la Constitución, el cual establece:
No obstante lo anterior, el constituyente tampoco ignoró al momento de definir la Carta Política colombiana que no se puede tener libertad sin seguridad. Prescindir del ejercicio legítimo de la autoridad es contrario a la conservación misma de la democracia y equivale a la claudicación ingenua ante las fuerzas violentas que pretenden desestabilizar y destruir las instituciones. En tal sentido, la Constitución impone a toda persona el deber de respetar y apoyar a las autoridades legítimamente constituidas (CP arts. 95 y 6).
El artículo 29 de la Constitución obliga al respeto del debido proceso en toda clase de actuaciones administrativas. La imposición de penas o medidas correccionales por la autoridad de policía debe sujetarse, por tanto, a las garantías procesales del derecho de defensa y contradicción y, en especial, al principio constitucional de la presunción de inocencia.
El arresto supletorio por el incumplimiento en el pago de una multa de carácter correctivo es una institución del derecho de policía contraria al precepto constitucional que prohibe la detención, prisión o arresto por deudas (CP art. 28 inc. 3), además de ser un medio desproporcionado de privación de la libertad respecto de la finalidad buscada, cual es la de garantizar el pago de la obligación pecuniaria pública originada en la sanción de un supuesto contravencional. En efecto, la metamórfosis de la deuda para con el erario público (pago de la multa) en arresto (privación de la libertad) no se compadece con el valor otorgado a la libertad física en el orden constitucional, amén de prescindir, y por tanto tornar ineficaz, el régimen de la jurisdicción coactiva instituido precisamente para exigir el cumplimiento de las obligaciones y cuya actuación permite despojar a la sanción del carácter vindicativo que, aparte de innecesario, no se aviene con su función esencial.
En el caso sub-examine es palmario que una autoridad administrativa en ejercicio de la función de policía impuso una multa conmutable en arresto a un particular por la supuesta conducta de irrespeto a la autoridad y, luego, confirmó su decisión, sin abundar en otros argumentos ni dar lugar al ejercicio del derecho de defensa. Lo expuesto en los numerales anteriores es suficiente para proceder a revocar dicha resolución, e inaplicar parcialmente los artículos 435 y 436 del Decreto 1889 de 1986, expedido por el Gobernador de Cundinamarca en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8o. de la ordenanza No. 27 de 1985, que facultan a los alcaldes para imponer sanciones de multa o arresto a las personas que incurran en actos de irrespeto a la autoridad, con base en una simple certificación del secretario o la declaración de dos o más testigos presenciales. La sanción de plano establecida en el mencionado artículo es manifiestamente contraria al artículo 29 de la Constitución. Es así mismo evidente la vulneración de los derechos al debido proceso y al derecho de defensa del petente sancionado, habida cuenta que la norma ni siquiera le otorgaba la posibilidad de controvertir las pruebas aducidas por el Alcalde presuntamente agraviado, ni éstas se ajustaban a los requisitos legales exigidos para imponer la mencionada sanción. Igualmente, la eventual conversión de la multa impuesta en arresto es contraria a la prohibición constitucional de la imposición de penas de prisión, arresto o detención por deudas. Las anteriores razones justifican la revocatoria de la sanción impuesta por el Alcalde Especial de Sasaima, mediante resolución 020 del 13 de febrero, confirmada por resolución 052 del 22 de febrero de 1992.
El Juzgado Civil Municipal de Sasaima, en providencia del 13 de marzo de 1992, denegó la tutela solicitada aduciendo la existencia de otros medios de defensa judicial, en particular, las acciones contencioso-administrativas a disposición de la persona agraviada para hacer valer sus derechos fundamentales. No obstante, las decisiones mediante las cuales se imponen por los alcaldes, al término de un juicio penal de policía, sanciones o penas correccionales, están excluidas expresamente de la competencia de la jurisdicción contencioso- Administrativa por los artículos 1 y 82 del Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo).
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia del 13 de marzo de 1992, proferida por el Juzgado Civil Municipal de Sasaima, mediante la cual se denegó la tutela solicitada por el señor P.R.G.P..
SEGUNDO.- CONCEDER la tutela solicitada por el señor P.R.G.P. y, con el objeto de dar protección inmediata a sus derechos fundamentales de libertad personal, defensa y debido proceso, INAPLICAR PARCIALMENTE los artículos 435 y 436 del Código de Policía de Cundinamarca (Decreto 1889 de 1986), y REVOCAR las resoluciones número 020 del 13 de febrero y 052 del 22 de febrero de 1992, proferidas por el Alcalde especial de Sasaima.
Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 45556 de 19 de Enero de 2010