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Timestamp: 2018-02-26 03:40:32
Document Index: 349375524

Matched Legal Cases: ['artículo 60', 'artículo 55', 'artículo 48', 'artículo 12', 'artículo 21', 'artículo 66', 'artículo 80', 'artículo 84', 'artículo 13']

Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, la Universidad de Oviedo y el Colegio de Abogados de Oviedo para el desarrollo de un Programa de Mediación Intrajudicial en el ámbito penal.
Madrid, a 3 de octubre de 2016.
De una parte, el Excmo. Sr. don Carlos Lesmes Serrano, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, según el Acuerdo (núm. 2) del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 9 de diciembre de 2013 y el Real Decreto 979/2013, de 10 de diciembre (BOE de 11 de diciembre de 2013).
De otra parte, el Rector Magnífico de Universidad de Oviedo, Excmo. Sr. D. Santiago García Granda, en virtud del Decreto 15/2016 de 11 de mayo de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias, por el que se dispone su nombramiento y con las atribuciones que le confiere la letra l) del artículo 60 del decreto 12/2010 de 3 de febrero de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Oviedo (BOPA n.º 34 de 11 de febrero 2010).
Y, el Excmo. Sr. D. Ignacio Cuesta Areces, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, en virtud de lo que dispone el artículo 55 de los Estatutos del Colegio de Abogados de Oviedo y el artículo 48 del Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio (BOE 164 de 10 de julio de 2001).
Intervienen en función de sus respectivos cargos y en el ejercicio de las facultades que para convenir en nombre de las entidades que representan tienen conferidas.
Primero.—Las partes en este Convenio tienen interés común en la promoción y desarrollo de la mediación como vía complementaria de solución de conflictos que pone al alcance de los implicados nuevas herramientas que les permiten lograr soluciones satisfactorias a sus pretensiones.
Segundo.—La mediación penal consiste en la participación voluntaria del imputado por un delito y de la víctima —o persona perjudicada— en un proceso de diálogo y comunicación conducido por un mediador imparcial, con el objeto fundamental de conseguir la reparación adecuada al daño causado y la solución del conflicto, desde una perspectiva justa y equilibrada para los intereses de las partes.
Tercero.—La mediación en el ámbito del proceso penal es una realidad y una necesidad en la sociedad en la que vivimos, y ante situaciones de grave quebrantamiento de las normas de convivencia presenta indudables singularidades que complementan eficazmente el propio sistema de justicia penal, proporcionando instrumentos de control y reacción ante el fenómeno criminal, desde el importante papel que las víctimas desarrollan en la denuncia y conocimiento de los delitos, como fuente alternativa de conocimiento de la criminalidad, hasta su importancia en el terreno de la prevención y las políticas de seguridad ciudadana.
Cuarto.—El fundamento de la mediación penal descansa en la aplicación de la normativa penal con fines de política criminal restaurativa:
• La mediación toma en consideración las causas reales del conflicto y las consecuencias del mismo, buscando la fórmula más idónea para satisfacer las necesidades personales de víctima e infractor.
• Responsabiliza al infractor acerca de las consecuencias de su ilícito, al tiempo que disminuye la severidad de la respuesta penal mediante la apreciación de circunstancias que la atenúan, y le procura medios para la normalización de su vida.
• Asegura una efectiva protección de la víctima mediante la reparación o disminución del daño causado por el delito. Si no existe víctima, la reparación puede tener un carácter simbólico ante la comunidad social u organismo que la represente.
• Restablece la vigencia de la norma y el diálogo comunitario, devuelve el protagonismo a la sociedad civil reconstruyendo la paz social quebrada por el delito y minimiza el rigor del sistema penal.
Quinto.—El marco jurídico actual de la mediación penal tiene su sustento en la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, cuyo artículo 12 contempla el “Derecho a garantías en el contexto de los servicios de justicia reparadora”. Su trasposición a nuestro derecho interno ha tenido lugar mediante la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito, y las normas reglamentarias que lo desarrollen.
Su encaje en el proceso penal de adultos se ubica, esencialmente, en la apreciación de la atenuante de reparación del daño del artículo 21.5 del Código penal, en el grado que se determine atendido el desarrollo del proceso y demás circunstancias concurrentes, determinándose la pena a imponer conforme a las reglas generales establecidas en el artículo 66.1.1.º y 2.º del Código Penal.
La reparación del daño causado a la víctima, singularizado en la satisfacción de las responsabilidades civiles, está, asimismo, contemplada como condición necesaria para la concesión de la suspensión de la ejecución de la pena (artículo 80 del Código Penal) y el cumplimiento del acuerdo alcanzado por las partes en virtud de mediación, asimismo, está contemplado en el artículo 84.1.l.ª del Código Penal como prestación o medida para, en su caso, acordar la suspensión de la ejecución de la pena.
Como norma complementaria, hay que mencionar la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en asuntos civiles y mercantiles y las disposiciones reglamentarias dictadas en su desarrollo.
Sexto.—Las partes firmantes consideran esencial la colaboración mutua en la realización de acciones tendentes al fomento de la mediación intrajudicial penal. Por ello, acuerdan suscribir este Convenio, que se regirá por las siguientes,
El objeto del presente Convenio es establecer las condiciones por las que se regirá la colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, la Universidad de Oviedo y el Colegio de Abogados de Oviedo para la implantación y desarrollo de un proyecto de mediación intrajudicial en las distintas fases del proceso penal en Asturias.
Segunda.—Objetivos.
Este Convenio tiene como objetivos concretos:
— Introducir en el marco de un proceso judicial penal mecanismos de justicia restaurativa —en concreto, la mediación— como instrumentos de complemento y mejora de la respuesta judicial.
— Restablecer la vigencia de la norma y reconstruir la paz social quebrada por el delito.
— Afrontar las causas reales del conflicto y sus consecuencias, y generar un espacio de comunicación idóneo para satisfacer las necesidades personales de la víctima y el infractor.
— Posibilitar que la víctima sea y se sienta protagonista tanto del procedimiento penal como del modo de resolverlo, asegurando su efectiva protección mediante la reparación o disminución del daño causados por el delito.
— Posibilitar que el infractor se responsabilice de las consecuencias del delito mediante un mecanismo, la mediación, que se ha constatado útil y eficiente para el cumplimiento de uno de los fines constitucionales de las penas y, por ende, del derecho penal: la reinserción social del delincuente.
— Establecer instrumentos de colaboración entre los operadores jurídicos implicados (órganos judiciales, fiscalía, abogados, mediadores, etc.).
Tercera.—Principios básicos de la mediación.
El programa de mediación penal se ajustará a los principios básicos de la mediación:
1.—Voluntariedad.
2.—Igualdad de las partes e imparcialidad de los mediadores.
3.—Neutralidad.
4.—Confidencialidad.
Cuarta.—Compromisos asumidos por las partes.
A. Corresponde al CGPJ:
1. Promover e impulsar la mediación intrajudicial entre los jueces y magistrados y contribuir a dotarles de herramientas para su implementación en el proceso durante el ejercicio de su labor jurisdiccional.
2. Remover obstáculos para la colaboración institucional o corporativa necesaria para la puesta en marcha de la iniciativa.
3. Analizar el resultado de la experiencia, e incluir los datos suministrados en el documento que recoge la experiencia correspondiente a la mediación intrajudicial de todo el territorio español y que publica anualmente el Consejo General del Poder Judicial en la extranet de su página web.
4. Velar para que la mediación que se desarrolle en los juzgados sea de calidad.
B. Corresponde al Colegio de Abogados de Oviedo:
1. Dirigir y coordinar con el Consejo General del Poder Judicial el desarrollo del presente proyecto.
2. Garantizar que quienes vayan a integrar los equipos de mediación conforme a lo preceptuado en la Ley 5/2012 y a las disposiciones reglamentarias que la desarrollen, cuenten con la formación necesaria.
3. Garantizar la adecuada composición de los equipos de mediación, los cuales estarán integrados por mediadores profesionales que cumplirán los requisitos o estén inscritos en el Registro del Ministerio de Justicia regulado por el Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012, de Mediación. Los equipos estarán constituidos por mediadores formados en mediación general y con formación específica acreditada en el ámbito penal.
4. El servicio de mediación intrajudicial penal, será gratuito sin perjuicio de las posibles ayudas o subvenciones que se puedan recibir.
5. Enviar semestralmente la ficha de recogida de datos al CGPJ.
6. Fomentar e impulsar la mediación intrajudicial entre sus colegiados contribuyendo a crear una “cultura de la mediación” colaborando a tal fin con los diversos operadores jurídicos.
7. Impulsar la difusión, la formación e investigación en Mediación como sistema complementario de resolución de conflictos.
C. Corresponde a la Universidad de Oviedo:
1. Colaborar con el Consejo General del Poder Judicial y el ICAO en la dirección y coordinación del desarrollo del presente proyecto.
2. Impulsar la difusión, la formación e investigación en Mediación como sistema complementario de resolución de conflictos.
3. Colaborar con el ICAO en cuantas acciones formativas se realicen para el desarrollo del proyecto.
4. Asegurar, junto con el ICAO, la adecuada formación de los equipos de mediación, los cuales estarán integrados por mediadores profesionales que cumplirán los requisitos o estén inscritos en el Registro del Ministerio de Justicia regulado por el Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012, de Mediación. Los equipos estarán constituidos por mediadores formados en mediación general y con formación específica acreditada en el ámbito penal.
5. Dirigir, coordinar e impulsar los proyectos de investigación en relación a las diversas cuestiones y resultados que se vayan planteando con la puesta en funcionamiento de los proyectos que surjan del presente Convenio.
Quinta.—Protocolo de actuación.
• El programa de mediación penal intrajudicial se organizará y llevará a cabo de conformidad con lo establecido en los Protocolos aprobados por el Consejo General del Poder Judicial adaptados de común acuerdo por los jueces y mediadores involucrados en este proyecto a las concretas necesidades de la localidad donde se preste el servicio.
• Los partícipes en el proceso mediador podrán cumplimentar de forma voluntaria una encuesta sobre el grado de satisfacción del servicio de mediación.
• En la publicidad, difusión y servicio que se haga del objeto de este Convenio deberán hacerse constar en sitio visible los logos de las instituciones firmantes.
Sexta.—Gastos.
El presente Convenio no genera gastos para el Consejo General del Poder Judicial.
Séptima.—Incompatibilidades.
Serán motivos de incompatibilidad que obligarán a renunciar a la realización de la mediación, además de las circunstancias previstas en el artículo 13.5 de la Ley 5/2012, de 6 de julio, los siguientes:
a) Tener vínculo de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con alguna de las partes intervinientes en la mediación, o con sus asesores, representantes legales o mandatarios, así como compartir el despacho profesional o estar asociado con estos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
b) Haber intervenido profesionalmente con anterioridad en el asunto objeto de mediación.
c) Tener interés directo, de cualquier tipo, en el asunto objeto de su actuación, o una manifiesta vinculación —directa o indirecta— económica, profesional, laboral o de otro tipo que pueda comprometer su independencia profesional.
d) Cualquier otro supuesto establecido legal o reglamentariamente.
Los integrantes de los equipos de mediación se comprometen a garantizar la total confidencialidad de los datos personales a los que tengan acceso como consecuencia de las actividades realizadas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Igualmente se comprometen a observar lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en lo que se refiere al acceso limitado a los propios interesados en relación con los documentos que contengan datos referentes a la intimidad de las personas.
Novena.—Comisión de seguimiento del Convenio.
Para el seguimiento de la ejecución y desarrollo del presente Convenio se crea una Comisión de Seguimiento, compuesta de tres miembros e integrada por un representante de cada una de las partes. Corresponde a esta Comisión velar por el cumplimiento de lo pactado y de la buena marcha de este Convenio, sin perjuicio de que en su seno pueda tratarse de cualquier otro asunto relacionado con la mediación y la Administración de Justicia, vinculado con su objeto. Las controversias sobre la interpretación y ejecución del presente Convenio serán resueltas de mutuo acuerdo entre las partes en el seno de la Comisión.
La Comisión se reunirá, al menos, una vez al año y cuantas veces lo precise la buena marcha de la ejecución del Convenio, a juicio de cualquiera de las partes.
Décima.—Vigencia del Convenio.
El presente Convenio tendrá efecto de un año a partir del día de su firma, y será prorrogable a su término mediante acuerdo expreso por igual período.
Décimo primera.—Naturaleza jurídica y cuestiones litigiosas.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se regirá por las cláusulas establecidas en él, y en su defecto, por lo regulado en el Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
La Administración gozará de todas las prerrogativas inherentes a la naturaleza administrativa del Convenio.
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes, conforme a lo establecido en los artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.
En todo caso y antes de acudir a la jurisdicción las partes se comprometen a acudir a los sistemas alternativos de resolución de conflictos para resolver estas cuestiones.
Décimo segunda.—Resolución del Convenio.
El presente Convenio se considerará extinguido por expiración del tiempo convenido sin ser prorrogado.
Además, será causa de resolución del presente Convenio el incumplimiento por una de las partes de cualquiera de las obligaciones contraídas y/o cláusulas establecidas en él, así como el incumplimiento de la normativa vigente en la materia, lo que facultará a la otra parte para la resolución del mismo, quedando automáticamente anulados todos los derechos derivados, pero no así las obligaciones inherentes. También serán causas de extinción el mutuo acuerdo de las partes, o la concurrencia de causa de fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de la mediación intrajudicial.
Décimo tercera.—Obligación de cumplimiento de los compromisos.
En caso de finalización del presente Convenio, cualquiera que sea la causa, las partes se comprometen a concluir las obligaciones y compromisos pendientes asumidos con anterioridad a la fecha de finalización del mismo.
La firma del presente Convenio no es óbice para el establecimiento o ampliación de relaciones de colaboración en el ámbito de la mediación con otras entidades o instituciones, ni excluye la firma de cualquier otro Convenio de similar naturaleza.
Y en prueba de conformidad, se firma el presente documento por triplicado ejemplar en el lugar y fecha ut supra.
Madrid, a 3 de octubre de 2016.—El Rector.—Cód. 2017-04916.