Source: https://www.escr-net.org/es/caselaw/2018/instituto-derechos-humanos-y-desarrollo-y-otros-c-republica-democratica-del-congo
Timestamp: 2019-08-18 06:58:50
Document Index: 389255190

Matched Legal Cases: ['Artículo 4', 'Artículo 7', 'Artículo 14', 'Artículo 22', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 26']

Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo y Otros c. República Democrática del Congo, Comunicación 393/10 | Red-DESC
La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos concedió una indemnización histórica y reparaciones comunitarias de amplio alcance para las víctimas de la brutal represión estatal de las actividades civiles que afectaron los intereses de una compañía minera. Falló que el gobierno congoleño había violado numerosos derechos humanos, y el caso también progresó en la rendición de cuentas corporativa, ya que la Comisión reprendió públicamente a Anvil Mining Company por brindar apoyo a la acción militar estatal y recomendó el enjuiciamiento de los empleados involucrados.
En 2004, un pequeño número de rebeldes ligeramente armados intentaron tomar el control de Kilwa, un remoto pueblo de pescadores en la República Democrática del Congo (Congo). A unos 50 km de Kilwa hay una mina de cobre y plata donde Anvil Mining Company (Anvil Mining), una pequeña empresa minera australiano-canadiense, tenía operaciones mineras. Precisamente el puerto de Kilwa era el único enlace de transporte para exportar el mineral extraído de la mina a plantas de procesamiento en otros países. La respuesta a los disturbios en Kilwa del ejército congoleño fue brutal: los soldados bombardearon indiscriminadamente y saquearon la ciudad, y detuvieron arbitrariamente, torturaron y ejecutaron sumariamente a numerosos civiles. Más de 70 de ellos resultaron muertos, mientras que otros sufrieron una muerte más lenta como consecuencia de las heridas que les fueron infligidas durante la tortura. Después de una investigación, la ONU determinó que el ejército congoleño había cometido crímenes contra la humanidad. La ONU también determinó que Anvil Mining había proporcionado un amplio apoyo logístico a la operación militar en Kilwa, incluyendo la provisión de transporte, combustible, alimento y tal vez incluso pagos por un grupo de soldados.
Después de las atrocidades, se entablaron procesos judiciales nacionales contra los soldados congoleños y los empleados de Anvil implicados, pero sin éxito. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por la interferencia política en el proceso judicial interno. También se entablaron procesos judiciales contra los empleados de Anvil en Canadá y Australia, donde Anvil Mining tiene oficinas, pero esos esfuerzos también fueron en vano. Finalmente, grupos de derechos humanos presentaron una demanda en nombre de ocho víctimas ante la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Comisión).
En junio de 2016, tras un largo proceso de siete años, la Comisión sentenció que el gobierno congoleño había violado una serie de derechos humanos en virtud de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, incluidos los derechos a la vida (Artículo 4), a un juicio justo (Artículo 7), a los bienes (Artículo 14) y al desarrollo económico, social y cultural (Artículo 22), así como la prohibición de la tortura (Artículo 5), la protección contra la detención arbitraria (Artículo 6) y el deber de garantizar la independencia de los tribunales (Artículo 26). Además, declaró que el Estado había violado también el derecho a la vivienda.
La Comisión reprendió públicamente a Anvil Mining e hizo hincapié en “la necesidad y el imperativo legal de que las entidades dedicadas a las industrias extractivas lleven a cabo sus actividades teniendo debidamente en cuenta los derechos de las comunidades de acogida(...). Esto incluye la no participación o no apoyo en la perpetración de violaciones de los derechos humanos y de los pueblos”. (traducción no oficial del francés e inglés).
La Comisión solicitó al gobierno que tome medidas diligentes para enjuiciar y castigar tanto a los agentes estatales como a los empleados de Anvil Mining involucrados en las violaciones. Otorgó a las víctimas mencionadas en la demanda US$2,5 millones e instó al gobierno a identificar e indemnizar a otras víctimas y sus familias, que no estaban incluidas en la denuncia. La Comisión también recomendó, entre otras medidas propuestas, que el Estado se disculpe formalmente con el pueblo de Kilwa, exhume y entierre con dignidad los cuerpos arrojados a fosas comunes, construya un monumento conmemorativo, reconstruya las escuelas, el hospital y los caminos destruidos durante el ataque y proporcione asesoramiento a los afectados para superar situaciones de trauma.
La Comisión ordenó al Estado asegurar que la implementación de la decisión sea supervisada por un Comité de Monitoreo que incluya a representantes de las víctimas y un miembro de la Comisión a cargo del país. Además, solicitó al gobierno que le informe dentro de un plazo de 180 días sobre los pasos dados para implementar la decisión.
Hasta ahora, el gobierno congoleño no ha hecho nada para hacer cumplir esta decisión. No hay registro de que el gobierno haya enviado ninguna comunicación dentro del plazo de 180 días para informar a la Comisión sobre las medidas adoptadas para su implementación. El comité de monitoreo antes mencionado tampoco ha sido establecido todavía. Las ONG continúan instando al gobierno a actuar. [Entrevista por correo electrónico con Anneke Van Woudenberg, Directora Ejecutiva de Rights and Accountability in Development (RAID), 26 de marzo de 2018]. Aunque las recomendaciones de la Comisión no son formalmente vinculantes, se espera que los Estados cumplan con las decisiones y existe la presión política para que lo haga. En un avance significativo, en diciembre de 2017, el presidente del Grupo de Trabajo de la Comisión sobre Industrias Extractivas, Medio Ambiente y Derechos Humanos envió una carta a Anvil Mining, alentando a la empresa a reconocer su responsabilidad por incumplir su deber de cuidado a través de una declaración pública y contribuir a las reparaciones que la Comisión otorgó a las víctimas de Kilwa.
Tres miembros de la Red-DESC participaron activamente en llevar el caso ante la Comisión: Rights and Accountability in Development (RAID); Action Contre l’Inpunite pour les Droits de l’homme (ACIDH) e Institute for Human Rights & Development in Africa (IHRDA).
En todo el mundo, las comunidades continúan enfrentando abusos corporativos generalizados y sistémicos contra los derechos humanos, y las empresas a menudo actúan en total impunidad. La práctica de usar o apoyar servicios de seguridad pública para actuar en interés de la compañía contra las comunidades locales, y el acto de interferencia judicial, son dos de las características reconocidas del fenómeno más amplio de “captura corporativa”: el medio por el cual las grandes empresas y otros actores económicamente poderosos ​​menoscaban la realización de los derechos humanos y el bienestar ambiental al ejercer una influencia indebida sobre los Estados. Este caso representa un paso clave hacia el avance de la rendición de cuentas corporativa por tales abusos, ya que el Estado recibió indicaciones explícitas para tomar medidas contra los funcionarios de Anvil Mining. Además, las reparaciones recomendadas incluían el monto de compensación más alto otorgado por la Comisión, y medidas colectivas integrales, innovadoras, estructurales y restaurativas dirigidas tanto a las víctimas como a la comunidad en general. La Comisión Internacional de Juristas ha comentado que la decisión constituye “...un paso real hacia el reconocimiento de la rendición de cuentas corporativa del Estado de la República Democrática del Congo y la empresa Anvil Mining(...), las víctimas y sus familias pueden ahora buscar soluciones y reparaciones, incluido el enjuiciamiento contra las autoridades estatales responsables y la empresa Anvil Mining, o al menos cualquier personal responsable y/o funcionarios ejecutivos”.
Los violentos ataques y la consiguiente batalla legal de 13 años por la justicia son indicativos de la continua necesidad de establecer un marco legal internacional integral sobre la rendición de cuentas corporativa, a fin de aclarar las obligaciones del Estado (incluida las extraterritoriales) en la regulación de las actividades empresariales y eliminar las barreras a la justicia. Con este fin, los miembros y aliados de la Red-DESC están trabajando colectivamente para abogar por un contundente tratado de las Naciones Unidas para prevenir y remediar los abusos contra los derechos humanos derivados de la acción de empresas transnacionales y otras empresas. Además, las prácticas de captura corporativa se están analizando y abordando a través del Proyecto de Captura Corporativa de la Red-DESC.