Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-207-de-marzo-23-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_8496cc0dc3d48098e0430a0101518098&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-23 17:00:31
Document Index: 294540112

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 11', 'artículo 2', 'artículo 69', 'artículo 16', 'artículo 4', 'artículo 45']

﻿ Sentencia T-207 de marzo 23 de 2010
SENTENCIA T-207 DE 23 DE MARZO DE 2010
CONTENIDO:SE LESIONA EL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA, POR CONTRARIAR LA JUSTA EXPECTATIVA, EN DESARROLLO DE LA BUENA FE. RECUENTO NORMATIVO DE LA PROFESIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE LA BUENA FE, DERECHO A ESCOGER PROFESIÓN, EDUCACIÓN SUPERIOR, PROFESIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Sentencia T-207 de marzo 23 de 2010
Sentencia T-207 de 2010
Ref.: Exp. T-2416667
Acción de tutela instaurada Diego Hernán Murillo Penagos, contra el Consejo Profesional de Administración de Empresas “CPAE”
El expediente arribó a la Corte Constitucional por remisión efectuada por dicha Sala, en virtud de lo ordenado por los artículos 86 inciso 2º de la Constitución Política y 31 del Decreto 2591 de 1991; el 20 de noviembre de 2009, la Sala 11 de Selección lo eligió para revisión.
1. Cursó y aprobó el programa de Administración Empresarial sectores privado y público en la Universidad Sergio Arboleda, obteniendo el título de Administrador de Empresas sectores privado y público, en la fecha citada. Solicitó al Consejo Profesional de Administración de Empresas (CPAE) “expedir la respectiva matrícula profesional”, adquiriendo respuesta negativa en agosto 18 de 2006 mediante oficio CPAE-08-891, argumentando “incompetencia” para ello.
4. Por ello, elevó al ICFES derecho de petición en diciembre 26 de 2008, obteniendo respuesta negativa en enero 13 de 2009, indicándosele que “no era competencia de este la convalidación de títulos, ya que es ahora competencia del Ministerio de Educación Nacional, por lo que remiten la solicitud a dicho ministerio” (fl. 2, cdno. inicial).
Pese a lo anterior, dicho Ministerio a través de Oficio 2009EE4205, de febrero 3 de 2009, suscrito por la subdirectora de aseguramiento de la calidad, indicó que la solicitud es improcedente, toda vez que el programa que cursó “en la Universidad Sergio Arboleda se ‘encuentra registrado en el sistema nacional de información de la educación superior, SNIES, bajo el código 1871”.
1. Certificado suscrito por el secretario general de la Universidad Sergio Arboleda, indicando que “el estudiante Diego Hernán Murillo Penagos... documento de identidad 2230559, código estudiantil 9811033, cursó y aprobó en esta universidad de primero (I) a décimo (X) semestre en la Escuela de Negocios y Ciencias Empresariales, programa de Administración de Empresas, sectores privado y público, registrado ante el ICFES con el código 172846580001100111100, durante los períodos académicos correspondientes al primer semestre de 1998 y el segundo semestre de 2002” (fl. 11, cdno. inicial).
2. Fotocopia del diploma expedido por la Universidad Sergio Arboleda a Diego Hernán Murillo Penagos, en cuanto “cursó y aprobó satisfactoriamente todos los estudios y cumplió los requisitos establecidos por la universidad y las disposiciones legales para el grado en Administración Empresarial Sectores Privado y Público”, otorgándosele el correspondiente título (fl. 12, ib.).
"i) Fotocopia auténtica de la cédula de ciudadanía o extranjería, según el caso.
iv) Recibo de pago de los derechos correspondientes para la expedición de la matrícula profesional, acorde con el valor que fije el reglamento interno del Consejo Profesional de Administración de Empresas".
También indica que solo podrá ejercer la profesión en cuestión quien cumpla los siguientes requisitos (D. 2718/84, reglamentario de L. 60/81):
“i) Haber obtenido título profesional en Administración de Empresas, otorgado por institución de educación superior debidamente aprobada por el Gobierno Nacional.
iii) Haber obtenido la matrícula profesional en Administración de Empresas“.
Se responde que “estudiado su caso y el de otras solicitudes de la Universidad Sergio Arboleda, el Consejo Profesional de Administración de Empresas, en reunión del 3 de junio de 2005, según consta en Acta 097 consideró que no es competencia de este consejo expedir la matrícula profesional a los egresados del programa de Administración Empresarial sectores público y privado, hasta tanto este no se adecue a las exigencias señaladas en la Ley 60 de 1981 y su Decreto Reglamentario 2718 y Ley 20 de 1988, por cuanto el Consejo Profesional de Administración de Empresas solo deberá ejecutar aquellas funciones que por ley le fueron otorgadas” (fls. 13 a 14, ib.).
También indicó que no especifica cuál es la causa para denegar la inscripción de la matrícula y posterior entrega de la tarjeta, sino que transcribió una serie de normas sin explicar cuál es la que fundamenta la negación; no tuvo en cuenta que adjuntó el certificado expedido por la Universidad Sergio Arboleda, donde indica el registro ante el ICFES de la carrera de Administración de Empresas, sectores privado y público, lo que demuestra que el título ha sido otorgado por una institución de educación superior debidamente aprobada por el gobierno nacional (fls. 15 a 16, ib.).
5. Respuesta del Consejo Profesional de Administración de Empresas (CPAE) al derecho de petición, reiterando la respuesta dada anteriormente sin ninguna explicación adicional (fls. 17 a 18, ib.).
6. Solicitud de matrícula y tarjeta profesional ante el Consejo Profesional de Administración de Empresas en marzo 13 de 2008, junto con la fotocopia de la cédula de ciudadanía, el diploma de grado expedido por la Universidad Sergio Arboleda y el acta de grado (fls. 20 a 23, ib.).
7. Copia del Acuerdo 093 de agosto 4 de 1988 por el cual el ICFES “concede licencia de funcionamiento al programa de Administración Empresarial y Pública de la Institución Sergio Arboleda, con domicilio en Bogotá”, hasta julio 31 de 1993 (fls. 71 y 72, ib.).
8. Copia de la respuesta dada por el subdirector (e) de vigilancia administrativa del Ministerio de Educación Nacional, viceministerio de Educación Superior, a la directora ejecutiva del Consejo Profesional de Administración de Empresas, que indica “el programa que expidió la Universidad Sergio Arboleda de ‘Administración de Empresas sectores privado y público’ corresponde a la formación profesional en Administración de Empresas, según concepto del doctor José Armando Guarnizo, coordinador de la sala de Ciencias Económicas y Administrativas, Conaces”, al indicar que:
“— El plan curricular desarrollado por los estudiantes de la Universidad Sergio Arboleda, que han solicitado su tarjeta profesional al Consejo respectivo que regula dicho procedimiento sí corresponde a la formación profesional en Administración de Empresas.
— El nombre de Administración de Empresas sectores privado y público corresponde a la denominación académica por actividad económica. (art. 1º par. 1.1, denominación académica por tipo de gestión par. 1.2 de Res. 2767 de nov. 10/2003).
— Tanto el perfil profesional como el ocupacional corresponde al profesional en Administración de Empresas.
El concepto anterior, lo acoge en su totalidad esta subdirección para efectos de expedición de matrícula profesional y adjunta constancia de vigencia del programa de Administración Empresarial y Pública de la Universidad Sergio Arboleda” (fl. 73, ib.).
9. Respuesta del Consejo Profesional de Administración de Empresas a la Universidad Sergio Arboleda indicando que la Ley 60 de 1981, por la cual se reconoce tal profesión, solo le permite a ese consejo “expedir matrícula y tarjeta profesional a posgraduados a nivel universitario con título de Administrador de Empresas o Administrador de Negocios, siendo el segundo declarado equivalente al primero por la Ley 29 de 1988”.
En el caso de la universidad, en el SNIES del ICFES figuran registrados los títulos de “Administrador Empresarial” y “Administrador Empresarial y Público” para las sedes Bogotá y Santa Marta, y “ninguno de ellos corresponde a lo establecido por la citada ley, y al consejo profesional no le es posible interpretarla ni ir más allá de lo que ella le definió” (fl. 74, ib.).
10. Copia de la decisión proferida el 19 de agosto de 2008 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta Subsección B, considerando improcedente la acción de tutela interpuesta por Diego Hernán Murillo Penagos contra el Consejo Profesional de Administración de Empresas, inscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por estimar que le violó sus derechos a la igualdad, trabajo, libertad de escogencia de arte y oficio y al debido proceso (fls. 16 a 27, ib.).
El representante legal de dicho centro académico, tercero con interés legítimo, indicó que “la Universidad cuenta desde 1988, según el Acuerdo 093 del 4 de agosto del mencionado año, como se denominó en su momento, la licencia de funcionamiento del Programa de la Administración Empresarial y Pública, la cual fue concedida hasta el 31 de julio de 1993”. Aclaró que cumplido ese término y según lo dispuesto por la Ley 30 de 1992, la institución de educación superior estaba facultada, en desarrollo de la autonomía universitaria, para renovar sus programas en funcionamiento.
Nombre de la Institución Universidad Sergio Arboleda
Origen Privada
Nombre del programa Administración empresarial sectores público y privado
Código SNIES 1871
Pro-código 172846583501100111100
Título Administrador de empresas sectores privado y público
Duración promedio 10 semestre(s)
Área de conocimiento Economía, administración, contaduría y afines
Núcleo básico de conocimiento Administración
Municipio Santa fe de Bogotá
Indicó también que el CPAE, en abril 28 de 2003, le informó a la Universidad que la denominación de los programas, para el caso Administración Empresarial y Pública (Administración Empresarial para los sectores público y privado) no corresponden con las facultades entregadas a ese consejo respecto de los programas de la Administración de Empresas (fls. 67 a 70, ib.).
Tanto el perfil profesional como el ocupacional corresponden al profesional en Administrador de Empresas. Por lo tanto es válido otorgar la tarjeta profesional a dichos estudiantes”.
D. Intervención del Instituto Colombiano para el Fenómeno (sic) de Educación Superior (ICFES).
Posteriormente, de conformidad con lo establecido en los Decretos 4675 de diciembre 28 de 2006 y 2232 agosto 8 de 2003, por medio de los cuales fueron reestructurados el Ministerio de Educación y la entidad que representa, trasladaron las funciones de “decidir sobre los asuntos relacionados con la Educación Superior, sus instituciones, y ejercer la inspección y vigilancia sobre las mismas”. De lo anterior concluye que “a partir de la expedición y vigencia de los citados Decretos..., el ICFES perdió competencia para atender cualquier trámite relacionado con la educación superior, sus instituciones y programas, los cuales corresponden en su integridad al Ministerio de Educación”.
Frente a la competencia para expedir la matrícula profesional de Administrador de Empresas, indicó que según el artículo 4º de la Ley 60 de 1981, la tiene el Consejo Profesional de Administración de Empresas, órgano que expide la matrícula y la tarjeta profesional de Administrador de Empresas, previo cumplimiento de los requisitos que en ella se establecen.
Por último, solicita excluir al ICFES de cualquier efecto de la decisión, debido a que carece de competencia para expedir lo solicitado (fls. 103 a 105, ib.).
Realizó un recuento de la Ley 60 y sus decretos reglamentarios, para indicar que la profesión de Administrador de Empresas se encuentra regulada conforme a la Ley 60 de 1981 y el Decreto Reglamentario 2718 de 1984, y que lo que pretende el actor es que se “le entregue por parte de dicho organismo la tarjeta profesional de Administrador de Empresas”, a lo cual no puede acceder el citado consejo por ser un acto “a todas luces contrarío a la ley” (fls. 78 a 82, ib.).
Mediante la Resolución 2767 de 2003, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, se definen las características específicas de calidad para el ofrecimiento y desarrollo de los programas de formación profesional de pregrado, aplicables en el área de administración. Las denominaciones académicas de los programas son de tres tipos: básicas, integración de dos o más básicas y otras, que corresponden a los programas que deriven su actividad de un campo básico de la administración, tomando en cuenta la actividad y el tipo de gestión, que es donde se ubica la administración de empresas (fl. 140, ib.).
Aclaró que el ICFES es el órgano encargado de convalidar los títulos otorgados por instituciones de educación superior extranjeras; al Consejo Profesional de Administración de Empresas le corresponde efectuar la valoración, de acuerdo con el marco normativo, para determinar si concede o no matrícula y tarjeta profesional de Administración de Empresas, sector privado y público (fl. 141, ib.).
Respalda lo anterior en el hecho de que el estudio que cursó el actor “se encontraba, y encuentra, registrado en el sistema nacional de información de la educación superior (1871), contaba con la licencia previa del ICFES (fl. 71 del cdno. o.), y con el aval de MEN, quien en concepto inconcuso de fecha 09 de marzo de 2005 reconoció expresa e inequívocamente que la susodicha carrera cuenta con un plan curricular que ‘...sí corresponde a la formación profesional en Administración de Empresas...’ (fl. 73, cdno. o.)”.
Afirmó que no cabe duda que la autoridad accionada le ha venido vulnerando al actor los derechos fundamentales de manera manifiesta, al negarse a expedirle la matrícula profesional, razón por la cual procede su tutela, librando la orden ya citada (fl. 238, cdno. inicial).
“1. Se desconoció una acción de tutela similar que fuera impetrada por el accionante ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la que estuvo radicada con el 2008-00841, la que concluyó con sentencia a favor de la Nación.
2. No se probó la vulneración al derecho fundamental trabajo: el actor desempeña su profesión sin que para ello, haya requerido de la formalidad del registro.
3. En relación con la protección a la libertad de escogencia de arte u oficio: no aplica para el presente evento...”.
Por lo anterior, consideró que la sentencia debe ser revocada, por cuanto la adopción de políticas y medidas relacionadas con la educación y seguimientos de programas tanto de bachillerato como de educación superior, no le corresponde al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (fls. 155 a 156, cdno. inicial).
El 28 de mayo de 2009, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, consideró que “existe duplicidad en la acción de tutela, pues... los hechos y las pretensiones invocadas a través de este mecanismo jurídico en la anterior acción y en esta oportunidad son iguales”, por lo cual revocó el fallo impugnado y en su lugar declaró “la improcedencia, dada la temeridad advertida” (fl. 20, cdno. 2).
Esta corporación es competente para decidir, en Sala de Revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Corresponde a esta Sala de Revisión establecer si los derechos fundamentales de Diego Hernán Murillo Penagos a la igualdad, al trabajo, a la libertad de escogencia de arte y oficio y al debido proceso, fueron realmente conculcados por el Consejo Profesional de Administración de Empresas (CPAE), al negarle la matrícula y la tarjeta profesional de Administrador de Empresas, argumentando que solo puede ejecutar aquellas funciones que legalmente le fueron otorgadas y, por ende, no es competente para expedir “matrícula profesional a los egresados del programa de Administración Empresarial sectores privado y público, hasta tanto este no se adecue a las exigencias señaladas en la Ley 20 de 1988”.
3. Recuento normativo acerca de la Administración de Empresas.
De acuerdo con el artículo 1º de la Ley 60 de noviembre 4 de 1981, se entiende por Administración de Empresas “la implementación de los elementos en procesos encaminados a planear, organizar, dirigir y controlar toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios”.
El artículo 2º de la citada ley la reconoce como una profesión a nivel superior universitario y de carácter científico, cuyo ejercicio en el país está autorizado y amparado.
El artículo 4º de la ley referida establece los siguientes requisitos para ejercer esta profesión en Colombia:
b) Matrícula profesional, expedida por el Consejo Profesional de Administración de Empresas”.
Por otra parte, el artículo 5º hace referencia a la expedición de la matrícula profesional e indica como condiciones de estricto cumplimiento, que el diploma correspondiente esté plenamente refrendado y registrado por la universidad respectiva, autenticado por la autoridad competente y legalizado e inscrito en el Ministerio de Educación Nacional.
El artículo 6º determina que, además del título conferido conforme al literal a) del artículo 4º de la presente ley, tendrán validez y aceptación legal:
El artículo 7º estatuye que las facultades o escuelas universitarias, oficialmente aprobadas por el Gobierno Nacional, deberán adoptar para la otorgación de certificados, constancias, diplomas o títulos, denominaciones específicas que indiquen el nivel de estudios del titular del respectivo documento.
Esta ley creó el Consejo Profesional de Administración de Empresas, el cual es el encargado, entre otras funciones, de “expedir la matrícula a los profesionales que llenen los requisitos y fijar los derechos correspondientes”.
Finalmente, el artículo 11 hace referencia a que el Gobierno Nacional, por virtud del decreto reglamentario de la presente ley, definirá las áreas específicas de la actividad de los Administradores de Empresas, a ejercer en forma individual o asociada.
3. Haber obtenido la matrícula profesional expedida por el Consejo Profesional de Administración de Empresas”.
Posteriormente el Ministerio de Educación Nacional(1), por medio de la Resolución 2767 de noviembre 13 de 2003, definió las características específicas de calidad aplicables a los programas de formación profesional de pregrado en Administración, con la participación activa de la comunidad académica nacional de la respectiva área de conocimiento.
PAR.—En los casos previstos en este artículo, la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, Conaces, deberá emitir concepto sobre la correspondencia de la denominación académica de los programas a los parámetros de esta resolución”.
El currículo es el plan de estudios y prácticas destinadas a que el alumno desarrolle plenamente sus posibilidades; en virtud de esto el artículo 2º indica que el programa debe guardar coherencia con la fundamentación teórica, práctica y metodológica de la administración y con los principios y propósitos que orientan su formación desde una perspectiva integral, considerando, entre otros aspectos, las competencias y saberes que se espera posean los profesionales.
Área de formación profesional: Incluye los siguientes componentes: 1. Componente de la administración y de las organizaciones: Orientado a formar al estudiante en la comprensión de las organizaciones, el contexto en el que operan y la gerencia de las mismas. Debe hacer énfasis en la capacidad para comprender el cambio como factor inherente a las organizaciones y en la formación de las competencias necesarias para responder de forma oportuna a un contexto cambiante, de manera que se logre su viabilidad, eficiencia y sostenibilidad. 2. Componente de economía y finanzas: Dirigido a formar en la comprensión de las fuentes, usos y gerencia de las finanzas; en las especificidades de las relaciones económicas y monetarias; en el uso de la contabilidad y otras fuentes de información como soporte de las decisiones gerenciales, con objeto de asegurar el desarrollo económico y social de las organizaciones. 3. Componente de producción y operaciones: Orientado a formar al estudiante en la comprensión de los procesos de producción y de servicio, como resultantes del proceso científico y tecnológico para la integración eficiente de los recursos en el logro de los objetivos organizacionales. 4. Componente de mercadeo: Orientado a ofrecer al estudiante formación en los conocimientos y competencias para comprender la complejidad del entorno y sus oportunidades para que este relacione dinámicamente las organizaciones con los mercados específicos, en condiciones de calidad y competitividad económica y social, de tal manera que se atienda a las necesidades de los actores del mercado. 5. Componente de informática: Dirigido a dotar al estudiante de habilidades para el desarrollo, gerencia y explotación de sistemas de información, así como para la comprensión de su impacto en las organizaciones.6. Componente de gerencia de personal: Tiene por objeto despertar en el estudiante la conciencia del valor central del talento humano en las organizaciones, así como el desarrollo de las competencias necesarias para dirigir grupos humanos, promover su desarrollo y alcanzar un adecuado desempeño organizacional.
4. Autonomía universitaria. Reiteración de jurisprudencia.
La Constitución Política instituye la autonomía universitaria, indicando en el inciso 1º del artículo 69: “Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”, postulado desarrollado por la Ley 30 de 1992, cuyo artículo 16 diferencia tres tipos de instituciones de educación superior: i) Técnicas profesionales, ii) Universitarias o escuelas tecnológicas, y iii) Universidades, reconociendo autonomía para todas, e implicando “consagración de una regla general que consiste en la libertad de acción de los centros educativos superiores”(2).
De esa forma, tales instituciones tienen la facultad de definir su organización interna, dentro de la cual los centros educativos se autodeterminan en diversos aspectos, como el administrativo, disciplinario, académico, ideológico y filosófico, entre otros. No obstante, la Corte Constitucional ha analizado que dicha garantía no es absoluta, ante la evidencia de que las disposiciones y actuaciones de las universidades deben ajustarse a la Constitución y a las leyes(3). Así ha determinado el alcance de la autonomía universitaria(4):
“... la autonomía universitaria encuentra límites claramente definidos por la propia Constitución, a saber: a) la enseñanza está sometida a la inspección y vigilancia del Presidente de la República (C.P., arts. 67 y 189-21); b) la prestación del servicio público de la educación exige el cumplimiento estricto de la ley (C.P., art. 150-23). Por ende, la autonomía universitaria no excluye la acción legislativa, como quiera que esta ‘no significa que haya despojado al legislador del ejercicio de regulación que le corresponde’(5), c) el respeto por los derechos fundamentales también limita la autonomía universitaria. A modo de ejemplo encontramos que los derechos laborales(6), el derecho a la educación(7), el debido proceso(8), la igualdad(9), limitan el ejercicio de esta garantía...’”(10).
Con fundamento en ese precepto constitucional, la jurisprudencia de esta corporación ha indicado que las relaciones con la comunidad han de ceñirse a este principio, lo que implica, de una parte, el deber de proceder con lealtad en las relaciones jurídicas y, de otra, el derecho a esperar que los demás procedan de la misma forma(11). Esta exigencia, que se predica de todas las relaciones de derecho, asume especial relevancia en aquéllas en las que participa la administración, dado el poder del que se encuentra investida. De tal manera, este principio irradia toda la actividad del Estado y de él se derivan otros, como el respeto por el acto propio y la confianza legítima.
La jurisprudencia de esta Corte ha ubicado el principio de confianza legítima, básicamente en que las autoridades públicas no pueden alterar, en forma inopinada, las reglas que gobiernan las relaciones del Estado con los asociados(12).
No obstante, de este principio no se puede derivar intangibilidad e inmutabilidad en las relaciones jurídicas que generan expectativas para los administrados; respetando los derechos adquiridos y frente a situaciones susceptibles de modificación, el cambio de enfoques y entendidos no puede suceder de forma abrupta e intempestiva, debiendo la administración asumir medidas para que la variación que sea justa e indispensable, suceda de la forma menos traumática para los afectados(13).
6.2. Hay que analizar, en principio, lo aducido por el apoderado del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, sobre la anterior interposición por el mismo demandante de otra acción de tutela, presuntamente por los mismos hechos. En efecto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta Subsección B, rechazó una acción anterior al considerar que existían “otras vías judiciales y administrativas de defensa” (fl. 36, cdno. inicial), anotando que “le corresponde al ICFES, la expedición de la convalidación del título de Administrador de Empresas al actor, y al legislador la expedición de la norma que equipare los programas académicos descritos”.
Teniendo en cuenta lo referido con antelación, al igual que los precedentes constitucionales ya citados, no existe temeridad en este asunto, dado que el actor acudió al ICFES (fl. 38, ib.) siguiendo lo indicado por el referido tribunal, pero el resultado le fue también desfavorable, generándose novedad por la nueva denegación, de parte del Instituto que, según la idea judicial, determinaría la matrícula del profesional que apropiadamente aspira a ella. Además y en todo caso, quedó realzada la ausencia de definición judicial, para que se produzca el amparo a derechos fundamentales legítimamente reclamados.
Han de ser dilucidadas, entonces, las condiciones concretas que rodean a Diego Hernán Murillo Penagos, quien cursó y aprobó el programa “Administración Empresarial para los sectores público y privado” en la Universidad Sergio Arboleda, programa adscrito a la Escuela de Negocios, registrado bajo el número 1871 en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES)(14).
Recuérdese que la Ley 60 de 1981, en su artículo 4º, consagra como requisitos para ejercer la profesión de Administrador de Empresas:
i) “Título profesional, expedido por institución de educación superior aprobada por el gobierno nacional”, exigencia cumplida a cabalidad por el señor Diego Hernán Murillo Penagos, pues el título que adquirió fue otorgado por la Universidad Sergio Arboleda, que cuenta con reconocimiento mediante resoluciones 16377 de octubre 29 de 1984 y 3472 de agosto 8 de 1996, expedidas por el Ministerio de Educación Nacional.
ii) “Matrícula Profesional expedida por el Consejo Profesional de Administración de Empresas”, siendo precisamente este requisito el que, según el CPAE, no cumple el accionante, toda vez que la Universidad lo graduó como “Administrador de Empresas sector privado y público” (fl. 12, cdno. inicial), pero aduce que la razón para no expedirle la matrícula profesional, es que “no es competencia de este consejo”, hasta que “no se adecue a las exigencias señaladas en la Ley 60 de 1981”.
Tal interpretación es contraria a lo manifestado por la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Conaces), creada mediante Decreto 2230 de 2003 en los términos del artículo 45 de la Ley 489 de 1998, e integrada por el Ministro de Educación Nacional, el director del Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales “Francisco José de Caldas”, Colciencias y por representantes de los organismos asesores del Gobierno Nacional en materia de Educación Superior y de academia, de conformidad con la reglamentación vigente, para la coordinación y orientación del aseguramiento de la calidad de la educación superior, la evaluación del cumplimiento de los requisitos para la creación de instituciones de educación superior, su transformación y redefinición, sus programas académicos y demás funciones que le sean asignadas por el Gobierno Nacional. Lo anterior sin prejuicio del ejercicio de las funciones propias de cada uno de sus miembros, al indicar el coordinador de sala de Ciencias Económicas y Administrativas que:
“... el plan curricular desarrollado por los estudiantes de la Universidad Sergio Arboleda, que han solicitado su tarjeta profesional al consejo respectivo que regula dicho procedimiento si corresponde a la formación profesional en Administración de Empresas.
Lo anterior se suma a que le corresponda al “Ministerio de Educación Nacional, con el apoyo de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior —Conaces— y de pares académicos” evaluar y emitir un concepto sobre la correspondencia de la denominación académica de los programas, en denominaciones académicas que integren dos o más aéreas básicas de la administración.
6.4. Obsérvese que el plan de estudios es acorde con los parámetros establecidos en la Resolución 2767 de noviembre 13 de 2003, donde se definen las características especificas de calidad para los programas de pregrado en Administración.
De otra parte, para evitar la repetición de similares omisiones (D. 2591/91, art. 24, inciso final) y consecuenciales quebrantamientos de derechos fundamentales, como los aquí protegidos y en igualdad ante Diego Hernán Murillo Penagos, se prevendrá al CPAE para que tome las medidas que permitan la homologación del título de Administrador de Empresas con otros autorizados de similar denominación, igual objetivo y equiparables contenidos académicos.
1. REVOCAR el fallo proferido en mayo 28 de 2009 por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, que revocó el dictado en abril 15 de 2009 por la respectiva Sala del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca. En su lugar, se dispone TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad y el ejercicio cabal de su profesión, en conexidad con el derecho al trabajo, invocados por Diego Hernán Murillo Penagos.
2. En consecuencia, ORDENAR al Consejo Profesional de Administración de Empresas (CPAE), por conducto de su representante legal o quien haga sus veces, que si aún no lo ha realizado, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta sentencia, matriculen a Diego Hernán Murillo Penagos como profesional de Administración de Empresas y le expidan la correspondiente tarjeta profesional.
2. PREVENIR al Consejo Profesional de Administración de Empresas (CPAE), para que tome las medidas que permitan la homologación del título de Administrador de Empresas con otros debidamente autorizados, del mismo objetivo, similar denominación y equiparables contenidos académicos.
Magistrados: Nilson Pinilla Pinilla—Jorge Ignacio Pretelt Chaljub—Humberto Antonio Sierra Porto, Aclaración de voto—Martha Sáchica de Moncaleano, Secretaria general.
Ref.: acción de tutela instaurada por Diego Hernán Murillo Penagos, contra el Consejo Profesional de Administración de Empresas “CPAE”.
Con el acostumbrado respeto, paso a explicar las razones por las cuales aclaro mi voto en relación con las consideraciones expuestas respecto del principio de confianza legítima en la Sentencia T-207 de 2010, mediante la cual la Sala Sexta de Revisión resolvió “REVOCAR el fallo proferido en mayo 28 de 2009 por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, que revocó el dictado en abril 15 de 2009 por la respectiva Sala del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca. En su lugar, se dispone TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad, y el ejercicio cabal de su profesión, en conexidad con el derecho al trabajo, invocados por Diego Hernán Murillo Penagos”.
Se considera que no hay lugar a la aplicación del principio de la confianza legítima toda vez que no se cumple con los presupuestos de hecho para darle aplicación a esta figura. El principio de confianza legítima supone el retorno al ordenamiento jurídico de los ciudadanos que se encuentran gozando de la mera expectativa originada por la omisión del Estado y pretende protegerlos frente a los cambios bruscos e intempestivos de las autoridades. En el caso particular no se presentó un cambio o regulación al régimen jurídico porque la misma Ley 60 de 1981 ya venía reglamentando la profesión de Administrador de Empresas; tanto es así que el programa de Administración Empresarial sector público y privado está registrado en el sistema nacional de información de superior con aprobación del ICFES y aval del Ministerio de Educación.
El mencionado principio pretende proteger a los ciudadanos que no gozan de derechos adquiridos. En el caso concreto no se cumple con este presupuesto teniendo en cuenta que el accionante goza de un derecho adquirido que es su título profesional, el cual fue expedido por la Universidad Sergio Arboleda que está facultada para ello mediante licencia expedida por el ICFES y registrada ante el SNIES registro 1871.
Humberto Antonio Sierra Porto, Magistrado.
(1) Conforme a lo dispuesto en los artículos 1º y 4º del Decreto 2566 de septiembre 10 de 2003, le corresponde al Ministerio de Educación Nacional fijar las características específicas de calidad para cada programa con el apoyo de las instituciones de educación superior, y las asociaciones de facultades, profesionales o pares académicos.
(2) T-669 de junio 9 de 2000, M.P. Alejandro Marínez Caballero.
(3) T-299 de abril 7 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(4) T-310 de mayo 6 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero; en igual sentido, T-234 de marzo 6 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(5) C-188 de enero 18 de 1996, M.P. Fabio Morón Díaz.
(6) “Sentencia C-006 de 1996“.
(7) “Sentencia T-425 de 1993".
(8) “Sentencias T-492 de 1992 y T-649 de 1998“.
(9) “Sentencia T-384 de 1995“.
(10) "Sentencia T-310 de 1999".
(11) Crf. C-544 de 1994 y C-496 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía.
(12) Crf. T-689 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(13) Crf. C-130 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas.
(14) "... fuente oficial de información de la educación superior que consolida y suministra datos, estadísticas e indicadores relevantes del sector, que permiten a sus usuarios tomar decisiones que alcancen sus expectativas. El objetivo es mantener y divulgar información confiable, oportuna y relevante de las instituciones y de los programas de educación superior aprobados por el Ministerio de Educación Nacional".