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Timestamp: 2019-09-23 02:30:40
Document Index: 392988102

Matched Legal Cases: ['artículo 83', 'Artículo 553', 'artículo 135', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 106', 'artículo 95', 'artículo 95', 'Artículo 95', 'artículo 1545', 'artículo 1919']

Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 22 de Diciembre de 2000 - Jurisprudencia - VLEX 31813043
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 22 de Diciembre de 2000
Ponente: ROGELIO FÁBREGA Z
FIESTA VENTURE, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE QUIEBRA QUE LE SIGUE A BANCO AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PANAMÁ, S. A. (BANAICO)
El licenciado D.E.C.G., apoderado judicial de la persona jurídica FIESTA VENTURE, S.A., en el proceso Universal de Quiebra que le sigue al BANCO AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PANAMÁ (BANAICO), S.A., ha recurrido en casación contra la resolución de 16 de mayo de 2000, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia.
Del recurso presentado se cumplieron las fases de admisibilidad y alegatos de fondo, por lo que, corresponde proferir la decisión de fondo, para lo cual se dejan expuestos, previamente, los antecedentes fácticos del recurso que se sustancia.
El licenciado D.E.C.G., en nombre y representación de FIESTA VENTURE, S.A., presentó solicitud de quiebra en contra de BANCO AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PANAMÁ, S. A. (BANAICO), el cual se encontraba intervenido por la Comisión Bancaria y que dio lugar a la liquidación forzosa del mismo.
En primera instancia conoció de la solicitud presentada, el Juzgado Decimotercero de Circuito, Ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, el cual, mediante Auto Nº 138 de 27 de mayo de 1999, la negó sobre la base de lo dispuesto en el Decreto de Gabinete Nº 238 de 1970, artículo 83, literal e, el cual excluye la posibilidad de que se den procedimientos de quiebra y liquidación paralelos.
La citada resolución fue apelada por la parte demandante y correspondió su sustanciación en segunda instancia al Primer Tribunal Superior de Justicia. Mediante resolución de 16 de mayo de 2000, confirma el Tribunal ad-quem la resolución proferida en primera instancia.
La resolución indicada es la que se impugna en casación, mediante el recurso que se examina.
En el recurso que se presenta se invoca una sola causal de forma, cual es, "Por haberse omitido algún trámite o diligencia considerado esencial por la Ley".
En sustento de la causal se presentan siete (7) motivos en los cuales, en términos concretos, se señalan como trámite o diligencia esencial omitida por el ad-quem, la práctica de las pruebas tendientes a la confirmación del estado de quiebra del banco demandado. El texto de los motivos es el que se deja transcrito:
"PRIMERO: La decisión objetada reconoció que el BANCO AGRO-INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PANAMÁ (BANAICO), S.A. podía ser declarado en quiebra, condicionando esta alternativa a que el requerimiento fuere hecho por el liquidador, con fundamento en la imposibilidad del pago a los acreedores, conforme el avance del proceso de liquidación de los activos del Banco.
El pronunciamiento impugnado no consideró practicar sumariamente las pruebas tendientes a la confirmación del estado de quiebra del banco, pese a que la negativa se sustentó en el desconocimiento del avance de la liquidación. Tampoco ponderó que la normativa vigente no imponía limitaciones al acreedor legítimo para solicitar la quiebra de quien hubiere dejado de honrar sus obligaciones comerciales.
Constituía un hecho público y notorio eximido de prueba por disposición legal, que obra en las autoridades de la Contraloría General de la Nación, de la antigua Comisión Bancaria Nacional e informes oficiales que fueron profusamente difundidos en los medios de comunicación social y públicamente reconocidos por las propias autoridades administrativas y del Ministerio Público, que el BANCO AGRO-INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PANAMÁ (BANAICO), S.A., no podrá cumplir las obligaciones que asumió con sus depositantes, aún después de realizar la totalidad de sus activos.
La decisión objetada creó la exigencia judicial que fuera el liquidador quien solicitara la quiebra, una vez hubiere constatado la imposibilidad del Banco de honrar sus obligaciones comerciales, No obstante, el auto previno practicar diligencias sumarias tendientes a determinar la posición del liquidador con relación al requerimiento hecho por los depositantes del banco ni del avance de la liquidación, aún cuando los procedimientos especiales sobre concurso de acreedores debían prevalecían (sic) sobre los ordinarios.
La presentación de la demanda definía la necesidad de su traslado al liquidador, a fin que procesalmente asumiera la posición que considerara adecuada para resguardar los intereses de los depositantes, conforme los propios elementos materiales determinados en el auto objetado.
La liquidación forzosa del BANCO AGRO-INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PANAMÁ, (BANAICO), S.A., fue decretada mediante auto 1485 de 9 de julio de 1996, por el Juzgado Cuarto del Circuito Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, hace casi cuatro (4) años. El liquidador dejó establecido en resoluciones judiciales incorporadas al expediente la imposibilidad de honrar los pagos adeudados a los depositantes locales, quienes, según se indicó, sólo podían aspirar recibir hasta un 24% de sus depósitos.
El pronunciamiento recurrido negó la tramitación de procedimiento tendiente a que el liquidador del BANCO AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PANAMÁ (BANAICO), S.A., pudiera ejercer y realizar los avances de Ley en la liquidación que le ha sido encomendada". (f.396-398)
En concreto, se desprende de los motivos supra transcritos que la parte recurrente le imputa al ad-quem, con carácter de cargo de injuricidad que, a pesar de haber reconocido la posibilidad de la declaratoria de quiebra del banco, omite, por una parte, la práctica de las pruebas tendientes a la confirmación del estado de quiebra del Banco demandado y, por la otra, de las diligencias tendientes a correr en traslado al liquidador de la demanda de quiebra presentada en contra del Banco por la recurrente, para que asumiera la posición que le correspondía.
En virtud de las omisiones que se le imputan al Tribunal de la alzada, alega el apoderado judicial de la recurrente, incurrió en la infracción de los artículos 1545 Código de Comercio y 1919 del Código Judicial.
La resolución objetada es, como se dijo, la de 16 de mayo de 2000, en la cual resolvió el ad-quem, en relación con la solicitud de quiebra presentada respecto del Banco demandado que, de conformidad con el Decreto de Gabinete Nº 238 de julio de 1970, no procede la declaratoria de quiebra de una institución bancaria que se encuentre en estado de liquidación, salvo que en el curso de la liquidación los liquidadores considerasen que existe insuficiencia de valores para satisfacer totalmente las obligaciones. La resolución impugnada es del tenor siguiente:
"Considera este Tribunal que al tenor de la regulación anterior, no era viable la solicitud de declaratoria de quiebra, puesto que en este momento, -liquidación- lo que se busca es la realización de los bienes del banco a fin de aplicar el producto obtenido, a la devolución de los depósitos y luego el pago de las deudas, para lo cual, el Liquidador, presentará al Juez un plan que incluirá un detalle de los inventarios y balances del banco, lista de depositantes, créditos a cancelar y un plan de pagos, que el Juez de la causa aprobará.
Se desprende de lo anterior que la naturaleza de la Liquidación Bancaria, es hacer líquidos los activos del Banco y así, poder cumplir con los depositantes, y las obligaciones adquiridas, repartiendo el remanente entre los socios, cosa diferente de la quiebra, que se instituye en favor de los acreedores, recuérdese que en el tiempo que el liquidador cumple con su función, puede hacer transacciones y contraer compromisos, y así, evitar el trauma que implica la declaratoria de quiebra.
Empero, si en el curso de la liquidación, "los liquidadores", considerasen que existe insuficiencia de los valores realizables de la sociedad para satisfacer totalmente las obligaciones, no les quedará mas que pedir la declaratoria de quiebra, tal cual lo ordena el Artículo 553 del Código de Comercio; para lo cual será indispensable dar por terminada la etapa de liquidación." (f.386-387)
En primera instancia, para resolver, considera esta Superioridad pertinente dejar señalado que, si bien, mediante Decreto Ley Nº 9, de 26 de febrero de 1998, se modificó el Decreto de Gabinete Nº 238 de 2 de julio de 1970, que regulaba la materia bancaria", es esta última la legislación aplicable al presente caso, por haberse decretado la liquidación del Banco demandado bajo la vigencia del Decreto de Gabinete Nº 238, como lo han dispuesto los juzgadores tanto de primera como de segunda instancia.
Lo anterior reviste particular importancia, en razón de la petición procesal formulada por la parte recurrente, es decir, la declaratoria de quiebra del Banco demandado, el cual, se encuentra en proceso de liquidación. La improcedencia de dicha solicitud, bajo la vigencia del actual Decreto Ley Nº 9, no se discute, por cuanto en el artículo 135 dispone expresamente que no se podrá solicitar la declaratoria de quiebra de los Bancos; sin embargo, el Decreto de Gabinete Nº 238 no establecía nada al respecto, por lo que la doctrina por entonces se preguntaba si procedía o no la quiebra de una institución bancaria.
No obstante, por vía de una interpretación extensiva de la Sala del Decreto de Gabinete Nº 238 ha llegado a establecerse que no resulta viable la declaratoria de quiebra de una institución bancaria, particularmente, en razón de lo que dispone el artículo 90 del referido Decreto de Gabinete Nº 238 de 1970, que sustrae los bienes del Banco intervenido o en proceso de reorganización, de la aplicación de medidas cautelares:
"El Estado al emitir el Decreto de Gabinte Nº 238 procura reglamentar el régimen bancario, con el propósito de proteger la actividad mercantil que se desarrolla en el país y a los depositantes y demás personas que tengan necesidad de hacer uso de los beneficios de estas instituciones financieras. Las disposiciones contempladas en el Decreto de Gabinete no puede ser valoradas en forma aislada, como pretende el recurrente; las mismas constituyen un todo que, por su naturaleza especial deben ser evaluadas en conjunto, a fin de lograr el objetivo perseguido. Es correcto que el proceso de la intervención, reorganización y liquidación voluntaria de los Bancos escapa de la función jurisdiccional a la cual se someta la liquidación forzosa. No obstante, las disposiciones referentes a medidas cautelares normales dentro de la jurisdicción regulada por el Código Judicial sufren la afectación que establezcan las normas especiales sobre la materia. El propósito del artículo 90 del citado Decreto de Gabinete alcanza a los procesos de liquidación forzosa, puesto que esta última no es más que un paso posterior al iniciado con la intervención hecha por la Comisión Bancaria. La liquidación forzosa es una de las consecuencias a las que se ve avocado un Banco luego de ser intervenido por la Comisión Bancaria. Los bienes del Banco, en el proceso de intervención, no puede ser cautelados, conforme al mandato del artículo 90 referido. Esta prohibición se mantiene en la liquidación con el propósito de dar cumplimiento al artículo 106 del Decreto de Gabinete Nº 238," (Subrayado de la Sala; Resolución de 16 de octubre de 1992).
Cabe agregar que, el proceso de liquidación forzosa fue introducido en el Decreto de Gabinete 238 de 1970, señalando un mecanismo distinto a la quiebra para la liquidación de los activos y el pago de los pasivos del Banco, prueba de ello es que, la actual legislación bancaria excluye de la quiebra a los bancos, optando por mantener el mecanismo de liquidación forzosa. Proceso de liquidación forzosa que, de conformidad con el artículo 95 del Decreto de Gabinete ya mencionado, remitió a la normativa de la liquidación y disolución voluntaria, como el mecanismo de liquidación universal aplicable a los Bancos.
El artículo 95 ya citado señala:
"Artículo 95. Si la Comisión decide que procede solicitar la liquidación de un Banco, se lo notificará personalmente a su representante legal y dará aviso a sus accionistas o socios, depositantes y acreedores, mediante la publicación de la resolución que así lo decida por tres (3) días consecutivos en un periódico de circulación general, y solicitará la disolución y liquidación del banco ante el tribunal competente conforme a las disposiciones legales vigentes.". (Subraya la Sala).
A la conclusión anterior también se llega, por vía de la naturaleza característica de ambos procesos. Tanto la liquidación forzosa de un Banco como la quiebra constituyen procesos de ejecución universal que tiene como finalidad la realización de los activos bancarios, como el pago de los pasivos en el orden de prelación que la ley prevé. En el caso de los Bancos, con arreglo a los artículos 90 y 95 del Decreto de Gabinete Nº 238 de 1970, tal procedimiento de ejecución universal es la denominada liqidación forzosa, que se rige, como se ha apuntado, por las normas del Código de Comercio aplicables a la intervención y disolución de las sociedades mercantiles.
En base a las consideraciones anteriores, es obvio que ni tenía que practicar el juzgador las pruebas pertinentes tendientes a la confirmación del estado de quiebra del banco demandado ni de corrérsele en traslado al liquidador de la solicitud de quiebra, la cual era improcedente y, por tanto, no han sido infringidas las disposiciones contenidas en el artículo 1545 del Código de Comercio y el artículo 1919 del Código Judicial.
Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la resolución de 16 de mayo de 2000, expedida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, que confirma el Auto Nº 138 del 27 de mayo de 1999, proferida por el Juzgado Décimo Tercero del Circuito Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá en el proceso Universal de Quiebra, presentado por la recurrente contra BANCO AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL (BANAICO), S. A.
Las obligantes costas de casación se fijan en la suma de CIENTO SETENTA Y CINCO BALBOAS (B/.175.00).
(fdo.) C.P.B.
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 3 de Junio de 2010 (caso Primera instancia de la Corte Suprema de Justicia - Sala Pleno, de 03 de junio de 2010)