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Timestamp: 2019-09-23 02:30:12
Document Index: 217662295

Matched Legal Cases: ['artículo 104', 'artículo 106', 'artículo 1177', 'artículo 60', 'artículo 34', 'artículo 42', 'artículo 106']

Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 3 de Agosto de 1993 - Jurisprudencia - VLEX 31804908
Ponente: CARLOS LUCAS LÓPEZ T
Mediante auto del 24 de junio del presente año, esta Sala de Casación Civil de la Corte declaró admisible el recurso de casación, en el fondo, interpuesto por la firma forense ICAZA, G.R. y ALEMÁN en su condición de apoderada judicial de los liquidadores oficiales del BANK OF CREDIT AND COMMERCE INTERNATIONAL (OVERSEAS) L.T.D., de Grand Cayman, Cayman Islands, B.W.I., contra el auto proferido por el Primer Tribunal Superior de Justicia el día dieciséis (16) de febrero de 1993.
Precluido el término de alegatos en cuanto al fondo, el negocio se encuentra en estado de decidir, a lo cual se procede previas las siguientes consideraciones:
Mediante escrito que corre de fojas 42 a fojas 48 de este expediente, la firma forense ICAZA, GONZÁLEZ-RUIZ y ALEMÁN, apoderada legal de los Liquidadores Oficiales del BANK OF CREDIT AND COMMERCE INTERNATIONAL (OVERSEAS) LTD., ubicado en A.H., Fort Street, Grand Cayman, Cayman Islands, B.W.I. presentó, ante el Juzgado Cuarto del Circuito del Primer Circuito Judicial, Ramo Civil, petición para que se le pagara la suma de US$ 66,124,189.00 (incluye intereses al 5 de julio de 1991), suma ésta que, según los solicitantes, se encuentra depositada en el BANK OF CREDIT AND COMMERCE INTERNATIONAL (OVERSEAS) LTD., Sucursal Panamá, a nombre de Bank Of Credit and Commerce Internacional (OVERSEAS) LTD, C.M., mas intereses acumulados, es decir, la petición va encaminada a que se le reconozca la calidad de depositante del BANK OF CREDIT AND COMMERCE INTERNATIONAL (OVERSEAS) LTD, Sucursal Panamá, por la cantidad señalada anteriormente; y, como consecuencia de ello, se le dé la debida prelación que establece nuestra legislación a un depositante extranjero.
Como fundamento de derecho de dicha petición se señalan los siguientes artículos: 106 del Decreto de Gabinete No. 238 de 2 de julio de 1970, 6 del Código Civil, 284 del Código de Comercio y 415 del Código Civil.
Mediante auto de 30 de marzo de 1992, el Juzgado Cuarto de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, NEGÓ la solicitud presentada por los Liquidadores Oficiales del BANK OF CREDIT AND COMMERCE INTERNATIONAL (OVERSEAS) LTD. de Grand Cayman, Cayman Islands y ORDENO al señor Liquidador del Bank of Credit and Commerce International (OVERSEAS) Limited, Sucursal de Panamá, "pagar las cuentas, depósitos y demás transacciones análogas que se encontraban listas para ser canceladas el pasado 15 de febrero de 1992, fecha en que se presentó la solicitud de la Casa Matriz antes mencionado, ubicada en las Islas Cayman".
Mediante memorial del 2 de abril d 1992, la representación judicial del recurrente interpuesto recurso de apelación contra el citado auto y solicitó, asimismo, que el proceso se abriera a pruebas en la segunda instancia. El recurso fue concedido en el efecto devolutivo y contra dicho efecto recurrió de hecho ante el Tribunal Superior de Justicia la firma que apodera los intereses de los liquidadores oficiales del BANK OF CREDIT AND COMMERCE INTERNATIONAL (OVERSEAS) LTD., de Grand Cayman.
Mediante resolución de 22 de junio de 1992, el Tribunal Superior de Justicia acogió el recurso de hecho y concedió el recurso de apelación en el efecto diferido.
La apelación interpuesta provocó el pronunciamiento del Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, exteriorizada en el auto de 16 de febrero del presente año que considera prudente confirmar el auto apelado. Contra dicho acto jurisdiccional interpuso el solicitante recurso extraordinario de casación y el cual ocupa la atención de la Corte en este momento.
Se trata de un recurso extraordinario de casación, en el fondo, cuya causal única es la "Infracción de normas sustantivas de derecho, por violación directa de las mismas normas, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del auto recurrido".
De los tres motivos que sustentan la causal, la Sala considera que los cargos de injuricidad fundamentales los contienen los hechos 2o. y 3o., los cuales se exponen así:
"... 2. Para tal decisión el Auto impugnado sentó la conclusión que no hay ningún tipo de "división o separación jurídica" entre el patrimonio de una Casa Matriz extranjera y su Sucursal en Panamá, negando la posibilidad de toda relación contractual u obligacional entre la Casa Matriz y su Sucursal.
Para llegar a tal conclusión el Auto impugnado ignoró la existencia de varias normas de nuestro ordenamiento jurídico que reconocen la separación del patrimonio de la casa matriz del de su sucursal y la posibilidad de la relación contractual entre una y otra".
De los cargos transcritos, el casacionista hace derivar la infracción de los artículos 34,42,50 y 68 del Decreto de Gabinete No. 238 de 2 de julio de 1970.
Según se colige de lo planteado, el recurso extraordinario de casación, en el fondo, que ocupa la atención de la Sala se endereza contra el auto del 16 de febrero de 1993 proferido por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, confirmatorio del No. 410 de fecha 30 de marzo de 1992 emitido por el Juzgado Cuarto del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.
Así las cosas, resulta prudente transcribir los dos puntos sobre los cuales el tribunal del fallo consideró que giraba la controversia planteada.
"1.- Si la entidad bancaria cuyo proceso de liquidación forzosa se tramita actualmente en el juzgado Cuarto del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá ha de ser considerada jurídicamente como una prolongación de su Casa Matriz, como se sostiene en el auto apelado o, si como lo alegan los recurrentes, tal entidad bancaria ha de ser entendida como una persona jurídica distinta a la de su casa matriz; y
- Si los dineros que se mantienen en el banco intervenido a nombre de BANK OF CREDIT AND COMMERCE INTERNATIONAL (OVERSEAS) LTD. de Grand Cayman, Cayman Islands provienen de un contra de depósito a plazo fijo entre las entidades bancarias meritadas o bien, ellos son el resultado de una contratación de préstamos entre la Sucursal del Banco en Panamá y su Casa Matriz cuya sede es Grand Cayman, Cayman Islands".
Examinados los puntos controvertidos, el Primer Tribunal Superior de Justicia arriba a la conclusión de que se impone la confirmación de la resolución venida en apelación, como ya hemos anotado. Por revestir caracteres de suma importancia y para una mejor comprensión de la materia objeto del recurso interpuesto se anotan los hechos mas relevantes del aludido pronunciamiento.
Que el artículo 104 del Decreto de Gabinete No. 238 de 2 de julio de 1970 (sobre Régimen del Sistema Bancario y de la Comisión Bancaria Nacional) da pie para sostener que la legislación bancaria Nacional entiende a la sucursal de un banco como un todo de su Casa Matriz.
Que tocando aspectos relativos a la materia fiscal, concretamente en lo relacionado con la retención del impuesto sobre la renta proveniente del pago de intereses hacia el extranjero existe pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia (Sala Tercera de lo Contencioso- Administrativo) que ha establecido que la sucursal de un banco y su Casa Matriz son un solo ente jurídico.
Que la persona jurídica denominada BANK OF CREDIT AND COMMERCE INTERNATIONAL (OVERSEAS) LTD., Sucursal de Panamá, (en liquidación) constituye parte integral del BANK OF CREDIT AND COMMERCE INTERNATIONAL (OVERSEAS) LTD., de Grand Cayman, C., Islands.
Que la determinación de si las sumas que aparecen registradas en el BANK OF CREDIT AND COMMERCE INTERNATIONAL (OVERSEAS) LTD., de Grand Cayman, Cayman Islands entraron a dicha entidad bancaria (en liquidación) como depósito a plazo o como préstamo otorgado por la Casa Matriz a su Sucursal carece de transcendencia jurídica en el presente caso, puesto que aún cuando se aceptara en vías de discusión que tal suma ingresó a la Sucursal de Panamá en calidad de depósito a plazo fijo, ello de ninguna manera permitiría que a dicho depósito se le tenga para los efectos de la prelación contenida en el acápite b) del artículo 106 del Decreto de Gabinete No. 238 del 2 de julio de 1970 "como depósito que físicamente entraron al territorio de la República de Panamá y a las arcas del banco, perteneciente a personas con domicilio en el exterior", como alega la recurrente, pues, al no existir división o separación jurídica entre la casa matriz y su sucursal en Panamá, de consiguiente la acreencia del Bank of Credit and Commerce International (OVERSEAS) LTD. de Grand Cayman no se le puede incluir en el plan de pago de depositantes extranjeros.
EL CARGO DE INJURICIDAD Y LA OPINIÓN DE LA CORTE
En primer lugar, cabe destacar que la causal invocada por el casacionista también se le conoce como "error contra ius in thesi clarum" y se produce cuando una norma de derecho explícita deja de ser aplicada al caso pertinente o cuando se aplica desconociendo un derecho en ella consagrado en forma perfectamente clara, independientemente de toda cuestión de hecho.
En segundo lugar que, pese a que se citaron como violentados los artículos 34, 42, 50 y 68 del Decreto de Gabinete No. 238 de 2 de julio de 1970, para lograr una mayor profundidad en el tema resulta conveniente estudiar lo establecido en los artículos: 82 del Código Civil, 10, 11, 60, 60a, 283 y 284 del Código de Comercio, y 90 de la Ley No.32 de 26 febrero de 1927 sobre Sociedades Anónimas puesto que dichas normas legales regulan lo concerniente a sucursales de sociedades comerciales extranjeras en nuestra legislación.
En tercer lugar que, la Sala no ha perdido de vista lo que dispone el artículo 1177 del Código de Procedimiento cuando dice: "La Corte, en la decisión que pronuncie, examinará con la debida separación cada una de las causales y sus fundamentos".
El conjunto de normas del Decreto de Gabinete No. 238 de 2 de julio de 1970 consideradas infringidas resultaran esclarecidas si se llega a determinar que de las normas que desarrollan el tema de las sociedades extranjeras y sus sucursales o agencias en nuestro ordenamiento jurídico se reconoce la separación del patrimonio de la Casa Matriz del de su Sucursal y la posibilidad de la relación contractual u obligacional entre una y otra, que es en resumidas cuentas, el cargo de injuricidad que se le endilga al auto impugnado habida cuenta, que el mismo sienta la conclusión de que no hay ningún tipo de división o separación jurídica entre Casa Matriz y Sucursal.
Tanto de la norma del Código Civil como las normas de derecho que rige la materia controvertida en el Código de Comercio y en la Ley de Sociedades Anónimas se pone de manifiesto lo siguiente:
Que el domicilio de las personas jurídicas está en el lugar donde tiene su dirección o administración, pero, también en el lugar donde esté ubicada la sucursal o agencia;
Que las sociedades legalmente constituidas en el extranjero que establecen sucursales o agencias no pueden realizar otra operación que no sea a la que tenga derecho en el país de su domicilio.
Que las sucursales o agencias quedan sometidas para todos los efectos legales a las leyes de orden público de la República, aún cuando en lo que respecta a su estatuto personal continúen rigiéndose por las leyes del país donde fueron creadas.
Que no se pretende que la sucursal o agencia establezca un patrimonio diferente al de su Casa Matriz cuando se señala: "Copia del último balance acompañado de una declaración de la parte de capital social que se utiliza o se propone utilizar", simplemente se trata de una formalidad para que los terceros conozcan la parte de su capital que se propone utilizar en sus operaciones locales.
El tenor literal de las normas legales que consagran los principios que hemos expuesto se reproducen a continuación para una mayor ilustración.
"ARTICULO 82: El domicilio de las personas jurídicas está en el lugar donde tiene su dirección o administración, salvo lo que se dispusiere por sus estatutos o por leyes especiales. Cuando tengan agentes o sucursales permanentes en lugares distintos de aquel en que se halle la dirección o administración, se tendrá también como su domicilio el lugar de la sucursal o agencia respecto a los actos o contratos que ejecuten o celebren por medio del agente".
"ARTICULO 10: Las sociedades legalmente constituidas en el extranjero que establezcan sucursales o agencias de la República, no podrán hacer en ella operaciones que no tengan derecho en el país de su domicilio".
"ARTICULO 11: Las sociedades que aunque constituidas en el extranjero, tengan en Panamá el objeto principal de su empresa, estarán sometidas aun para la norma, validez y registro de sus escrituras constitutivas a las disposiciones del presente Código".
"ARTICULO 60: Las sociedades comerciales extranjeras que quieran establecer a crear sucursales en la República, presentarán al Registro para su inscripción, además del testimonio de la protocolización de sus estatutos, contratos y demás documentos referentes a su constitución, el último balance de sus operaciones un certificado de estar constituidas y autorizadas con arreglo a las leyes del país respectivo, expedido por el Cónsul de la República en dicho país, y en su defecto por el de una nación amiga".
"ARTICULO 60a.: Las sociedades extranjeras, que con arreglo a las leyes del país en que fueron creadas, estén autorizadas para transferir su sede social a otros países, podrán transferir al territorio de la República de Panamá sus respectivas sedes sociales después de haber presentado al Registro Mercantil, para su inscripción, los siguientes documentos:
Copia del Pacto Social y de sus modificaciones, si las hubiere,
Certificado de estar constituidas y autorizadas con arreglo a las leyes del país respectivo, expedido por un Cónsul de la República en este país o en su defecto por el de una nación amiga,
Certificado del acuerdo que autoriza la transferencia de la sede social a la República de Panamá;
Una relación que contenga los nombres y apellidos de las personas que integran la Junta Directiva y de los dignatarios o funcionarios de la sociedad".
"ARTICULO 283: Las sociedades legalmente constituidas en país extranjero serán reconocidas en la República una vez que hayan llenado los requisitos señalados en el artículo 60, pudiendo desde entonces ejercitar en ella derechos civiles conforme a la respectiva escritura social; mas para el ejercicio de los actos de comercio comprendidos en el objeto de su institución, deberán sujetarse a las disposiciones de la ley panameña y a la jurisdicción de los tribunales nacionales por las controversia a que dieren lugar las operaciones que ejecutaren".
"ARTICULO 284: Las sucursales o agencias constituidas en la República por una sociedad radicada en el extranjero, se considerarán domiciliadas en el país y sujetas a la jurisdicción y leyes panameñas en lo concerniente a las operaciones que practicaren".
"ARTICULO 90: Una sociedad anónima extranjera podrá tener oficinas o agencias y hacer negocios dentro de la República, después de haber presentado al Registro Mercantil para su inscripción los siguientes documentos:
1o. Escritura de protocolización del pacto social;
2o. Copia del último balance acompañado de una declaración de la parte del capital social que utiliza o que se propone utilizar en negocios de la República;
3o. Certificado de estar constituida y autorizada con arreglo a las leyes del país respectivo, expedido y autenticado por el Cónsul de la República en ese país; y en su defecto por el de una nación amiga".
Salta a la vista, que los planteamientos que se recogen de los cargos de injuricidad y de la explicación de cómo han sido infringidas las normas citadas al ser analizados frente a los principios que contienen las normas antes transcritas no encuentran sustento jurídico, puesto que, los mismos (principios) nos demuestran que el Bank of Credit and Commerce International (OVERSEAS) Limited, Sucursal de Panamá (B.C.C.I.) viene a ser parte integrante de un mismo ente jurídico que es el Bank of Credit and Commerce International (OVERSEAS) LTD, de Grand Cayman, Cayman Islands, B.W.I. Ello, porque, las agencias o sucursales establecidas en Panamá, de sociedades constituidas en el extranjero no constituyen persona jurídica distinta de la propia sociedad o entidad a la que la agencia o sucursal pertenece.
Aclarado este punto, precisa reconocer que la Ley Bancaria a pesar de la identidad jurídica existente entre la Casa Matriz y su Sucursal en Panamá, prevé la posibilidad de que determinados aportes o colocaciones de capital hechas por la primera en la segunda, sean considerados, ya como créditos (entre los que merece especial tratamiento el crédito de contingencia a que alude el artículo 34 de la Ley Bancaria), ya como depósitos.
Sin embargo, conviene aclarar que tales créditos o depósitos en alguna forma difieren de los créditos (v. gr. los préstamos que terceras personas hacen a la sucursal) y de los depósitos o consignaciones hechas en la Sucursal por personas ajenas a la Casa Matriz o la propia Sucursal.
En prueba de lo anterior cabe mencionar lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Bancaria a letra dice:
"ARTICULO 42.- Todo Banco que efectúe el negocio de Banca en Panamá, deberá mantener en todo momento, un saldo mínimo de "activos líquidos", equivalente al porcentaje del total bruto de sus depósitos que periódicamente fije la Comisión. Dicho porcentaje no excederá del treinta y cinco por ciento (35%), a excepción de los bancos hipotecarios para los cuales no excederá del doce por ciento (12%). Salvo dicha excepción, el porcentaje será igual para todos los bancos.
Parágrafo: Si un Banco que opera en Panamá recibe créditos o depósitos de su Casa Matriz, Sucursal, Sociedad Subsidiaria o Afiliada en el extranjero, tales créditos o depósitos se excluirán del cómputo del total bruto de sus depósitos para efectos de calcular el porcentaje de liquidez".
Tal como se observa, esta norma pretende que los Bancos del sistema mantengan en todo momento una liquidez satisfactoria que permita hacerle frente a sus depósitos con los activos líquidos que posea. Para tal efecto, se establece una proporción entre unos y otros, la cual debe mantenerse en todo momento. Es significativo que para calcular el porcentaje de liquidez preestablecido en la ley, se excluyan expresamente los créditos o depósitos que la Sucursal de Panamá reciba de su Casa Matriz. De haber existido una equiparación o igualdad de trato entre los depósitos que haga la Casa Matriz en su Sucursal de Panamá y los que hayan hecho terceras personas con residencia local o en el extranjero, no se comprende que la ley haga semejante distinción.
Por otra parte, en su artículo 106, al tratar de la prelación o preferencia que debe respetarse en el proceso de liquidación de un banco, la Ley Bancaria se refiere en primer lugar a los "depósitos locales de personas naturales o jurídicas domiciliadas dentro del territorio bajo la jurisdicción de las autoridades panameñas" y en segundo lugar "a los depósitos que físicamente entraron al territorio de la República y a las arcas del Banco, pertenecientes a personas con domicilio en el exterior". Por último se atenderá, a los depósitos "provenientes del exterior que no hayan entrado físicamente al territorio de Panamá".
Para la Sala, la forma explícita que utiliza el Legislador para referirse a los depósitos que merecen ser tratados con preferencia y la exigencia expresa de que no se trate de un simple operación contable, sino de que se haya constatado que efectivamente las personas allí mencionadas consignaron físicamente el depósito que reclaman, y de que éstos entraron a las arcas del Banco, coloca a la Casa Matriz ante la imperiosa necesidad de comprobar fehacientemente y sin ninguna duda de que su acreencia contra la Sucursal que se encuentra en proceso de liquidación no ofrece ninguna duda de que ingresó a la Sucursal como depósito y que en calidad de tal fue contabilizado en los libros de la referida sucursal. Únicamente así podría reclamar el tratamiento preferencial que la ley le concede a los demás depósitos al momento de la liquidación.
Hecha esta aclaración necesaria la Sala ha podido constar que con relación a la suma de US$66.124.189,00, que la Casa Matriz aportó o tenía colocada en BANK OF CREDIT COMMERCE INTERNATIONAL (OVERSEAS) Sucursal de Panamá, existen serias dudas de que la misma haya sido contabilizada o aparecía en los libros de la Sucursal como depósito, sino como un préstamo hecho por la Casa Matriz a la referida sucursal.
Sobre el particular, la Sala, considera conveniente transcribir aquí un punto del informe presentado por el Liquidador del BANK OF CREDIT AND COMMERCE INTERNATIONAL (OVERSEAS) Limited, Sucursal de Panamá, ante interrogantes formulados por el Juez Cuarto del Circuito de lo Civil del Primer circuito Judicial con el objeto de dar respuestas adecuadas a las afirmaciones contenidas en la solicitud que ocupa nuestra atención. Lo pertinente se lee así:
"4. ¿Cómo aparece registrado el ingreso de tales dineros en la contabilidad del BCCI (Overseas Panamá)?
En la contabilidad de la sucursal del BCCI en Panamá, éstos ingresos aparecen contabilizados como préstamos adeudados a una entidad relacionada (BCCI Cayman)" (fs. 135) (El énfasis es de la Sala).
Frente a la categórica respuesta dada por el Liquidador, la cual no ha sido desvirtuada a satisfacción de la Sala, no cabe otra alternativa que concluir que en el caso que nos ocupa no existe la prueba necesaria que acredite que la suma alegada por la casa matriz deba merecer la condición de depósito, en los términos en que lo solicita el recurrente en casación.
En razón de todo lo expuesto, resulta obvio que no se ha dado la violación alegada por el casacionista en vista de que el auto fue dictado conforme a derecho. De allí, pues, que el cargo de ilegalidad que se le endilga a la resolución atacada no prospera.
R. sumo interés destacar además, que en estricta técnica casacionista los motivos primero y segundo que sustentan la causal invocada mas que cargos contiene afirmaciones, y ha sido reiterada la jurisprudencia de esta S. al señalar que los motivos son hechos precisos que le sirven de fundamento al recurso, es decir, cada uno de los mismos (motivos) debe hacer una impugnación concreta a la sentencia atacada.
En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA el auto del 16 de febrero de 1993, proferido por el Primer Tribunal Superior de Justicia.
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO