Source: http://jccrivelliabogados.com/cd/digesto/2005-00287.htm
Timestamp: 2019-02-21 14:51:06
Document Index: 245823418

Matched Legal Cases: ['Artículo 7', 'Artículo 1', 'Artículo 18', 'Artículo 23', 'Artículo 8', 'Artículo 2', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 7', 'Artículo 377', 'artículo 118', 'Artículo 377', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'in fine', 'Artículo 5', 'Artículo 1', 'Artículo 8', 'Artículo 11', 'Artículo 8', 'Artículo 2', 'Artículo 5', 'Artículo 7', 'Artículo 6', 'Artículo 5', 'Artículo 8']

RESOLUCIÓN Nº 287/2005
Regímenes de "Compre Argentino" y "Contrate Nacional". Norma aclaratoria sobre la participación de las Uniones Transitorias de Empresas en un proceso de selección de índole nacional. Cumplimiento con el carácter de empresa local, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 7º de la Ley Nº 18875.
Sancionada: 20/10/2005
Que a través de la Ley Nº 25551, promulgada de hecho el 27 de diciembre de 2001, se estableció el Régimen de COMPRE TRABAJO ARGENTINO, cuyo Artículo 1º dispone que la Administración Pública Nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas, las empresas del ESTADO NACIONAL y las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, en la contratación de provisiones y obras y servicios públicos y los respectivos subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen nacional.
Que el Artículo 18 de la Ley Nº 25551 dio por vencida la suspensión de la aplicación y vigencia del Decreto-Ley Nº 5340 de fecha 1 de julio de 1963, y de la Ley Nº 18875, restableciendo la aplicación de tales normas, en tanto no se opongan a los términos de la nueva ley.
Que las normas cuya vigencia ha sido restablecida dieron origen, en su oportunidad, a los regímenes de "compre Argentino" y de "Contrate Nacional", cuya suspensión fuera dispuesta por el Artículo 23 de la Ley Nº 23697.
Que mediante el Decreto Nº 1600 de fecha 28 de agosto de 2002, el PODER EJECUTIVO NACIONAL aprobó la reglamentación de la Ley Nº 25551 y designó a la ex SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del ex MINISTERIO DE LA PRODUCCION como Autoridad de Aplicación del Régimen de COMPRE TRABAJO ARGENTINO.
Que desde el dictado de la Ley Nº 25551, y el correlativo restablecimiento de la vigencia del Decreto-Ley Nº 5340/63 y de la Ley Nº 18875, se han suscitado algunas divergencias relacionadas con el carácter nacional o internacional que deberían tener ciertos llamados a contratación para la ejecución de obras y servicios regidos por las previsiones contenidas en la Ley Nº 18875 (situación que podría determinar una indebida participación de empresas del exterior en el proceso de selección), sobre la eventual inexistencia de la Resolución ministerial que prevé el Artículo 8º de la Ley Nº 18875 (que exige merituar la existencia de razones excepcionales, para aprobar un llamado a licitación o contratación internacional), así como también respecto a la validez o invalidez de la participación en procesos de contratación de índole nacional de las Uniones Transitorias de Empresas previstas en la Ley Nº 19550 de Sociedades Comerciales (t.o. 1984) y sus modificatorias, u otras figuras de colaboración empresaria, conformadas por UNA (1) o más empresas extranjeras asociadas con una firma de carácter nacional.
Que en virtud de las competencias que le han sido específicamente atribuidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 1600/02, corresponde a la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION dictar aquellas normas aclaratorias e interpretativas que aseguren el correcto cumplimiento, por parte de los sujetos obligados según la normativa vigente, de los regímenes de "compre Argentino" y "Contrate Nacional".
Que para la correcta realización de esta tarea resulta necesario acudir a las pautas establecidas en la tradicional jurisprudencia de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, que determinan que la interpretación de las leyes exige dar "pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional." (conf., por ejemplo, sentencia recaída en autos "Defensor del Pueblo de la Nación c/Poder Ejecutivo Nacional y otro", dictada el 24/05/2005), sin que pueda argüirse, cómo óbice para la realización de esa tarea, eventuales imperfecciones técnicas de instrumentación. Asimismo, ha de tenerse presente que el Máximo Tribunal ha establecido, en reiteradas oportunidades, que "en la interpretación de las leyes, no es recomendable atenerse estrictamente a sus palabras, ya que el espíritu que las informa es lo que debe rastrearse en procura de una aplicación racional, que avente el riesgo de un formalismo paralizante, pues lo que ha de perseguirse es una valiosa interpretación de lo que las normas, jurídicamente, han querido mandar (Fallos 300:417)" (conf. Sentencia de la CSJN, antes citada), y que "debe ponderarse que la inconsecuencia o falta de previsión del legislador no se suponen, por lo que la interpretación debe evitar asignar a la ley un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero el criterio que las concilie y suponga la integral armonización de sus preceptos (Fallos 306:721; 307:518; 307:993; 313:1149)." (conf. Sentencia de la CSJN antes citada).
Que, en consecuencia, para una correcta interpretación de la cuestión bajo examen ha de recordarse, en primer término, que el Artículo 1º del Anexo I del Decreto Nº 1600/02, que reglamenta el Artículo 1º de la Ley Nº 25551, determina que las preferencias establecidas en dicho "Régimen" serán aplicables: a) cuando se trate de servicios, a favor de las ofertas presentadas por una empresa o consultor local, en los términos establecidos por la Ley Nº 18875 (conforme apartado II del inciso a) del citado artículo); y b) cuando se trate de obras, a favor de las ofertas que, en lo que concierne a los servicios de proyecto, dirección y construcción de obra, cumplan con lo establecido precedentemente (conforme apartado III del mismo inciso).
Que asimismo debe recordarse que el Artículo 7º de la Ley Nº 18875 prevé, específicamente, que "Una empresa industrial, de construcción o proveedora de servicios, excluidas las de ingeniería y consultoría, será considerada empresa local si ha sido creada o autorizada a operar de conformidad con las leyes argentinas, tiene su domicilio legal en la República y acredita que el ochenta por ciento (80%) de sus directores, personal directivo y profesionales tiene domicilio real en el país. En todos los casos será factor decisivo para dicha calificación la consistencia y evolución de las inversiones de la empresa en bienes de capital, en los dos años anteriores a la contratación. Las empresas que no cumplan con los requisitos indicados, serán consideradas empresas del exterior".
Que finalmente, para la correcta dilucidación de esta primera cuestión, ha de tenerse presente que la Sección II de la Ley Nº 19550 de Sociedades Comerciales (t.o. 1984), y sus modificatorias, contempla en su Artículo 377 a las Uniones Transitorias de Empresas, previendo -en lo que aquí interesa- que "Las sociedades constituidas en la República y los empresarios individuales domiciliados en ella podrán, mediante un contrato de unión transitoria, reunirse para el desarrollo o ejecución de una obra, servicio o suministro concreto, dentro o fuera del territorio de la República Las sociedades constituidas en el extranjero podrán participar en tales acuerdos previo cumplimiento del artículo 118, tercer párrafo.", y asimismo determina que tales Uniones "No constituyen sociedades ni son sujetos de derecho." (conforme Artículo 377 de la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales, modificada por la Ley Nº 22903, publicada en el Boletín Oficial el 15 de septiembre de 1983).
Que una armónica interpretación de las previsiones legales previamente reseñadas permite concluir que, en los supuestos en los que se lleven a cabo procedimientos de selección de índole nacional para la contratación de obras o servicios regidos por el marco legal bajo análisis (la Ley Nº 18875 y sus normas complementarias y modificatorias), atento que las Uniones Transitorias de Empresas no son, por expresa previsión legal, sujetos de derecho, sólo podrá admitirse su participación cuando estén conformadas por integrantes que cumplan, estrictamente y en forma individual, con el carácter de empresa local, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 7º de la Ley Nº 18875.
Que, por otra parte, cabe destacar que la única modalidad bajo la cual la Ley Nº 18875 admite la participación de empresas del exterior en licitaciones internacionales, es a través de su asociación con empresas locales (conforme Artículo 8º in fine); lo que lleva a concluir que no es admisible que las empresas del exterior integren Uniones Transitorias de Empresas que participen en contrataciones nacionales, pues ello supondría una indebida asimilación de las contrataciones nacionales e internacionales, que resulta ostensiblemente contraria a la letra y espíritu de esa norma.
Que en tal sentido cabe recordar, en primer término, que el Artículo 5º de la Ley Nº 25551 dispone que los sujetos contratantes, definidos en su Artículo 1º, deberán anunciar sus concursos de precios o licitaciones en el Boletín Oficial en la forma que se determine en la reglamentación, de modo de facilitar a todos los posibles oferentes el acceso oportuno a la información que permita su participación en aquéllas.
Que las pautas en materia de publicidad y difusión establecidas en el citado Decreto Nº 1600/02 sólo son aplicables a las contrataciones no incluidas en el Decreto Nº 1023 de fecha 13 de agosto de 2001 -"Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional"- y normativa complementaria y/o modificatoria, pero alcanzadas por el Régimen de COMPRE TRABAJO ARGENTINO.
Que, por otra parte, el Artículo 8º de la Ley Nº 18875 prevé específicamente que "La construcción de obras y la provisión de servicios, salvo casos excepcionales y aprobados previamente por una Resolución del Ministerio competente, en los que se demuestren razones valederas para la licitación o contratación internacional, se contratará exclusivamente con empresas locales. () En el caso de que fuese necesario proceder a una licitación internacional, no podrán incluirse condiciones que explícita o implícitamente pudieran discriminar en contra de las empresas locales. Además, las empresas del exterior que concurran, deberán asociarse con empresas locales y, siempre que sea posible, con las empresas locales de capital interno, definidas en el Artículo 11".
Que en los casos de construcción de obras y provisión de servicios, debe recordarse que el Artículo 8º de la Ley Nº 18875 establece que el carácter internacional de tal llamado sólo podrá disponerse válidamente mediante el dictado, con carácter previo, de una resolución ministerial competente, en la que se demuestre la existencia de razones valederas para la realización de la licitación o contratación internacional.
Que la presente medida se dicta en el marco de las facultades conferidas por el
Artículo 2º del Decreto Nº 1600/02 y por el Artículo 5º del Anexo I de la citada norma.
Interprétase que en los casos en los que se lleven a cabo procedimientos de selección de índole nacional para la contratación de obras o servicios alcanzados por el marco legal establecido por la Ley Nº 18875 y sus normas complementarias y modificatorias, sólo podrá admitirse la participación de las Uniones Transitorias de Empresas u otras figuras de colaboración empresaria cuando las mismas estén conformadas por integrantes que cumplan, estrictamente y en forma individual, con el carácter de empresa local, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 7º de la citada ley.
Sustitúyese el Artículo 6º de la Resolución Nº 57 de fecha 26 de agosto de 2003 de la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, por el siguiente:
"ARTICULO 6º - Para las contrataciones alcanzadas por el Régimen de COMPRE TRABAJO ARGENTINO, y no contempladas por el Decreto Nº 1023 de fecha 13 de agosto de 2001 -Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional -, respecto de las cuales corresponda publicar en periódicos de circulación nacional masiva y en el Boletín Oficial según lo dispone el Decreto Nº 1600 de fecha 28 de agosto de 2002 , establécese lo siguiente:
La información indicada en el inciso a), apartados I y II, también deberá figurar en la página de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES para aquellas contrataciones de bienes, obras y/o servicios contempladas en el apartado II) del inciso d) del Artículo 5º del Anexo I del Decreto Nº 1600/02".
Los procedimientos de selección para la construcción de obras y/o la provisión de servicios que resulten alcanzados por el marco legal establecido por la Ley Nº 18875 y sus normas complementarias y modificatorias, sólo podrán revestir carácter internacional si previamente se dicta la resolución ministerial competente que considere acreditadas las circunstancias excepcionales que menciona el Artículo 8º de la citada Ley.
La presente resolución entrará en vigencia a los DIEZ (10) días hábiles de su publicación en el Boletín Oficial.
Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, y archívese. - Miguel G. Peirano.