Source: https://www.scribd.com/document/123654948/T-414-09
Timestamp: 2019-01-20 21:59:44
Document Index: 348436733

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Sentencia T-414/09 DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL-Fundamental El derecho a la seguridad es un verdadero derecho fundamental cuya efectividad y garantía se deriva
de (i) su carácter irrenunciable, (ii) su reconocimiento como tal en los convenios y tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano en la materia y (iii) de su prestación como servicio público en concordancia con el principio de universalidad. Sin embargo, el carácter fundamental del derecho a la seguridad social no puede ser confundido con su aptitud de hacerse efectivo a través de la acción de tutela. En este sentido, la protección del derecho fundamental a la seguridad social por vía de tutela solo tiene lugar cuando (i) adquiere los rasgos de un derecho subjetivo; (ii) la falta o deficiencia de su regulación normativa vulnera gravemente un derecho fundamental al punto que impide llevar una vida digna; y (iii) cuando la acción satisface los requisitos de procedibilidad exigibles en todos los casos y respecto de todos los derechos fundamentales. De ahí que las situaciones del orden sustancial deban ser diferentes de las consideraciones de orden procesal que permiten analizar la procedibilidad de la acción y que, para efectos de determinar su prosperidad, no dependen de la verificación de la transmutación del derecho en el caso concreto o de su conexidad con otro derecho fundamental. DERECHOS PENSIONALES-Procedencia de la acción de tutela para exigirlos En virtud del principio de subsidiariedad, en principio, la acción de tutela es improcedente para proteger el derecho fundamental a la seguridad social cuando su afectación se circunscribe al reconocimiento de derechos pensionales. Sin embargo, la Corte ha estimado que dada la necesidad de garantizar la prevalencia de los derechos fundamentales, se deben considerar las siguientes excepciones a la subregla de la improcedencia: (i) cuando no existe otro medio judicial de protección o si, de acuerdo con las circunstancias especiales que fundamentan el caso concreto, se concluye que éste no es idóneo o eficaz para garantizar la protección constitucional reclamada; (ii) a pesar de existir un medio ordinario de protección idóneo y eficaz, se hace necesario evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales del actor; (iii) el asunto puesto a consideración del juez de tutela supone un problema de relevancia constitucional; y (iv) existe prueba, al menos sumaria, de la titularidad del derecho exigido y de que se ha desplegado cierta actividad administrativa o judicial tendiente a obtener la protección invocada.
DEBIDO PROCESO Y SEGURIDAD SOCIAL-Vulneración por falta de aplicación del régimen de transición VIA DE HECHO ADMINISTRATIVA POR DESCONOCIMIENTO DEL REGIMEN DE TRANSICION DE PENSIONES/PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN REGIMEN DE TRANSICION DE PENSIONES En los casos de indebida o falta de aplicación de las normas previstas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la protección en sede de tutela se justifica en la necesidad de no hacer nugatorios los beneficios que se derivan del régimen de transición y, en consecuencia, del régimen anterior al cual se encuentre afiliado el accionante. De ahí que, en principio, se entienda que la acción de tutela orientada a obtener el reconocimiento de una pensión de vejez en concordancia con los beneficios del régimen de transición, sea procedente y, de comprobarse la configuración de una vía de hecho administrativa y la afectación del principio de favorabilidad, deba prosperar. PENSION DE VEJEZ PREVISTA EN EL ARTICULO 1 DE LA LEY 33 DE 1985-Caso en que medios ordinarios de defensa judicial no son idóneos ni eficaces frente al derecho del demandante a pensionarse a los 55 años y haber prestado sus servicios por más de 21 años en el sector público La Sala estima que los medios ordinarios de defensa judicial de los cuales puede hacer uso Luis Alberto Niño para solicitar el reconocimiento de la pensión de vejez prevista en el artículo 1° de la Ley 33 de 1985, no son idóneos y eficaces frente a su derecho de pensionarse a los 55 años de edad. En sentir de la Sala, someter al accionante a un proceso ordinario en el que se defina si tiene o no derecho al reconocimiento de la pensión de vejez dispuesta en el artículo 1° de la Ley 33 de 1985, resulta desproporcionado y contrario a la jurisprudencia de esta Corporación. En primer lugar, la Sala encuentra que el presente caso plantea un problema de relevancia constitucional. En efecto, en concordancia con lo sostenido por el accionante durante el trámite de la acción, él y su esposa -quien tiene 61 años-, se encuentran en una precaria situación económica debido a que él carece de un ingreso permanente para satisfacer las necesidades básicas de su núcleo familiar. En este sentido, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación1, su clasificación en el nivel uno (1) del SISBEN, permite presumir que se encuentran en situación de pobreza y que carecen de medios económicos suficientes para garantizar todas sus necesidades. Así, es razonable concluir que la decisión del Instituto de Seguro Social frente a la solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez prevista en el artículo 1° de la Ley 33 de 1985, no sólo afecta el derecho fundamental a la seguridad social del accionante, sino también sus derechos fundamentales a la vida digna y al mínimo vital. Igualmente, con relación al requisitito relativo a la
1 Sobre esta presunción se pueden consultar las sentencias T-371 de 2008, T-220 de 2008, T-314 de 2005, T1069 de 2004.
relevancia constitucional del asunto, esta Sala encuentra que la decisión del Instituto de Seguro Social frente a la solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez prevista en la Ley 33 de 1985 y la aplicación del régimen de transición dispuesto en la Ley 100 de 1993, es lesiva del principio de favorabilidad y constituye una vía de hecho administrativa por defecto sustantivo. En efecto, como ya se explicó, a diferencia de lo estimado y decidido por el Instituto de Seguro Social en las resoluciones 06297 de 2008 y 016242 de 2007, Luis Alberto Niño satisface los requisitos exigidos para ser incluido en el régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Por esta razón, tiene derecho a pensionarse una vez cumpla los requisitos relativos a la edad y el tiempo de servicio previstos en el régimen anterior al cual se encontraba afiliado. Régimen anterior que, como se dijo anteriormente, en su caso corresponde al regulado en el artículo 1° de la Ley 33 de 1985, pues tiene más de 55 años de edad y prestó sus servicios en el sector público por más de 21 años. Así, contrariamente a lo expuesto por el Instituto de Seguro Social en dichas resoluciones, Luis Alberto Niño tiene derecho a que de conformidad con las normas señaladas, el Instituto de Seguro Social, reconozca y pague a su favor una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio. Referencia: expediente T-2171772 Acción de tutela instaurada por Luis Alberto Niño contra el Departamento de Atención al Pensionado del Instituto de Seguro Social, Seccional Valle, con vinculación oficiosa de EMSIRVA E.S.P. Magistrado Ponente: Dr. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil nueve (2009). La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los Magistrados LUIS ERNESTO VARGAS SILVA, MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO y GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente: SENTENCIA
3 Afirma que en consideración de lo anterior y dado que en su criterio satisface los requisitos señalados en el régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.4 Indica que. Fundamentó su acción en los siguientes: 1. señala que de acuerdo con esta disposición.1 El accionante sostiene que trabajó en la Caja Nacional de Previsión Social. pues al 1 de abril de 1994 -fecha en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993. Seccional Valle. Hechos: 1. En tal sentido. sin embargo. Seccional Valle. “El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio. Al respecto. desde el 23 de julio de 1968 hasta el 13 de diciembre de 1971. es el contemplado en el artículo 1° de la Ley 33 de 1985. 016242 de 2007. mediante la Resolución No. solicitó ante el Departamento de Atención al Pensionado del Instituto de Seguro Social. 1.tenía 42 años de edad y había prestado sus servicios a entidades del Estado por más de 21 años. Seccional Valle. 1.4 Dentro del proceso de revisión de los fallos dictados por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. y en la empresa de servicios públicos EMSIRVA desde el 16 de noviembre de 1975 hasta el 31 de diciembre de 1994.2 Señala que el 17 de noviembre de 2006 cumplió 55 años de edad. Luis Alberto Niño interpuso acción de tutela ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali contra el Departamento de Atención al Pensionado del Instituto de Seguro Social.” 1. En este orden. I. ANTECEDENTES El 23 de octubre de 2008. explica que en su caso el “régimen anterior” al que hace referencia el artículo 36 de le Ley 100 de 1993. CAJANAL. por considerar vulnerado su derecho fundamental a la vida digna. precisa que satisface los requisitos previstos en el régimen de transición. que resolvieron la acción de tutela promovida por Luis Alberto Niño contra el Departamento de Atención al Pensionado del Instituto de Seguro Social. el reconocimiento y pago a su favor de la pensión de vejez prevista en el artículo 1° de la Ley 33 de 1985. el . el 22 de enero de 2007.
no puede reconocer una pensión de vejez con fundamento en el artículo 1° de la Ley 33 de 1985.S. la entidad concluyó que “si bien es cierto que cumple con los requisitos del Art.S.” 1. vejez y muerte y nunca para la pensión de servidor público. 06297 del 30 de abril 2008. 016242 de 2007 expedida por el Departamento de Atención al Pensionado del Instituto de Seguro Social. los 18 años de servicios prestados a EMSIRVA E. porque en consideración de dichas normas. Señala que en su decisión. los tiempos cotizados en estas circunstancias tienen el carácter de privados. Seccional Valle. Adicionalmente. se asimilan a empleadores del sector privado.6 Señala que mediante la Resolución No. por el hecho de que los hubiese cotizado al I. ascienden a 10. 36 de la Ley 100/93”. “los empleadores del sector público afiliados al I. de acuerdo con el concepto DJN – US 09665 de 2004 de la Dirección Jurídica Nacional del Instituto y el parágrafo 2 del artículo 3 y el artículo 45 del Decreto 1748 de 1995. y por tanto. Esto por cuanto. según los reglamentos de invalidez. ciñéndose a las reglas establecidas en el artículo 5 del Decreto 813 de 1994 modificado por el artículo 2 del Decreto 1160 de 1994. aclaró que en dicha resolución se resolvió: “Contra la presente Resolución procede el recurso de apelación solicitado subsidiariamente.S.” Sostiene que debido a que en criterio del Instituto no es posible dar aplicación a lo previsto en el artículo 1° de la Ley 33 de 1985.694 días.S. toda vez que dichas cotizaciones se efectuaron para la pensión del I. por consiguiente una vez notificado el presente Acto Administrativo se enviará el expediente al área de apelaciones para ser resuelto.S.5 Departamento de Atención al Pensionado del Instituto de Seguro Social. denegó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez solicitada.S. 016242 de 2007.5 Afirma que el 11 de diciembre de 2007.P. Al respecto. el Instituto “no tiene por qué convalidar y asumir bonos o cuotas partes correspondientes a tiempos públicos anteriores a la vigencia del Sistema General de Pensiones (01-04-94) para una pensión de Ley 33 de 1985. presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra la Resolución No.S. debe esperar a cumplir 60 años de edad “y de esta forma reavivar su solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez.. para lo cual reiteró los argumentos expuestos en la Resolución No. 1. explica que de acuerdo con dicha decisión. Seccional Valle. de acuerdo con la resolución en comento.” Así mismo. el Instituto le manifestó que aunque “el tiempo total laborado a entidades del Estado y el cotizado al I.S.” y que tiene 56 años. es decir 1527 semanas.” . en atención a lo contemplado en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 que modificó el numeral 1° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993. el Instituto confirmó la decisión impugnada.S. no pueden ser tenidos en cuenta para conceder su solicitud.
cuaderno 2). Seccional Valle (Folios 3 a 5. Seccional Valle (Folio 9. 06297 de 2008 “Por medio de la cual se resuelve recurso de reposición”. Pruebas relevantes que obran en el expediente 4.2 Sin embargo. 016242 de 2007 “Por medio de la cual se resuelve una solicitud de prestaciones económicas en el Sistema General de Pensiones . expedida por el Departamento de Atención al Pensionado del Instituto de Seguro Social.3 Copia del recurso de reposición interpuesto el 11 de diciembre de 2007 por Luis Alberto Niño contra la Resolución No. la clasificación de los trabajadores de EMSIRVA”.4 Copia del Acuerdo No. 113 del 21 de abril de 1987. Luis Alberto Niño solicitó ante el juez de instancia ordenar al Departamento de Atención al Pensionado del Instituto de Seguro Social. cuaderno 2). cuaderno 2). Trámite de instancia 3. 4. cuaderno 2).Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida”. expedida por el Departamento de Atención al Pensionado del Instituto de Seguro Social. el cual mediante auto del día 30 de octubre de 2008 ordenó su notificación a la entidad accionada.2 Copia de la Resolución No. Seccional Valle. 3. 3. cuaderno 2). 4. el Departamento de Atención al Pensionado del Instituto de Seguro Social. Seccional Valle (Folios 6 a 8. 4.5 Copia de la cédula de ciudadanía de Luis Alberto Niño (Folio 15.1 La acción de tutela fue tramitada ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali.1 Copia de la Resolución No. 4. Solicitud de tutela Por lo anterior. guardó silencio sobre los hechos y consideraciones que fundamentan la presente acción de tutela. Seccional Valle. 4.6 2. proferido por el Concejo Municipal de Cali (Folios 10 a 14. 08 del 11 de octubre de 1994 “Por medio del cual se incorpora el artículo décimo octavo (18) del Acuerdo No. . expedida por el Departamento de Atención al Pensionado del Instituto de Seguro Social. el reconocimiento y pago a su favor de la pensión de vejez prevista en el artículo 1° de la Ley 33 de 1985. 016242 de 2007 “Por medio de la cual se resuelve una solicitud de prestaciones económicas en el Sistema General de Pensiones – Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida”.
el asegurado contaba con 56 años de edad. el magistrado sustanciador dispuso que la Secretaría General de esta Corporación solicitara al Departamento de Atención al Pensionado del Instituto de Seguro Social.”. ascienden a 10.7 4. que “el tiempo total laborado a entidades del Estado y el cotizado al I. el auto admisorio de la presente acción de tutela. Cuál es la entidad responsable del reconocimiento y pago de la pensión de vejez reclamada. según su clasificación en el nivel uno (1) del SISBEN (Folio 34. cuaderno 2).7 Copia de los carnés de afiliación de Luis Alberto Niño y Ana Lucía Franco a Calisalud E.P.S. Integración del contradictorio y pruebas practicadas por la Corte Constitucional 5. y (ii) las razones con fundamento en las cuales afirma que no podrá acceder al reconocimiento de la pensión de vejez consagrada en el artículo 1° de la Ley 33 de 1985. mediante auto del 18 de mayo de 2009. y que al momento de su solicitud. y no a EMSIRVA E. Seccional Valle. adjuntando copia de ésta y sus anexos. si. Igualmente.P. 016242 de 2007. 06297 de 2008 y 016242 de 2007 el Instituto de Seguro Social tenga en cuenta el tiempo de servicio prestado por ese afiliado a CAJANAL. 06297 de 2008 y 016242 de 2007.6 Copia de la cédula de ciudadanía de Ana Lucía Franco (Folio 33. dispuso que la Secretaría General de esta Corporación notificara a EMSIRVA E. como lo aceptó en las resoluciones No. cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993 el accionante se encontraba afiliado al Instituto de Seguro Social. Si ya resolvió el recurso de apelación interpuesto el 11 de diciembre de 2007 por Luis Alberto Niño contra la Resolución No. . en las resoluciones No. En el evento en que el Instituto de Seguro Social hubiese confirmado su decisión.S. Particularmente. 3. informar a este Despacho judicial: 1.S. las razones que justifican su negativa frente a la solicitud de reconocimiento y pago de una pensión de vejez a favor del actor. del Régimen Subsidiado de Salud.1 Por encontrar necesario practicar algunas pruebas con el fin de contar con mayores elementos de juicio al momento de proferir el fallo. 4. (i) las razones que justifican que para efectos de reconocer y pagar la pensión de vejez reclamada en virtud del artículo 1° de la Ley 33 de 1985. 2.P. aunque en dichas resoluciones acepta que el actor está cobijado por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 5. cuaderno 2).S. es decir 1527 semanas.S. a fin de que se pronunciara sobre su responsabilidad en el pago de la pensión de vejez reclamada por Luis Alberto Niño.694 días.
P. Sentencia de primera instancia 1. toda vez que “Si bien es cierto que existe reiterada jurisprudencia en la que transitoriamente lo puede hacer. el juez de instancia sostuvo que en atención a que la vida digna es el único derecho fundamental invocado. precisó: “Una vez identificado el derecho fundamental reclamado. bien sea la pensión de jubilación o bien sea la pensión de vejez.P. el accionante solicitó ante . y teniendo en cuenta que no existe otro derecho fundamental en estudio. afirmó que no es posible conceder la acción de tutela como mecanismo transitorio de protección para evitar un perjuicio irremediable. LAS SENTENCIAS QUE SE REVISAN 1.S. debe advertir este juzgador que la vía adecuada para demandar el reconocimiento de la pensión de vejez. el Departamento de Atención al Pensionado del Instituto de Seguro Social.] hizo los aportes correspondientes a la mencionada caja de previsión durante todo el tiempo de servicios que prestó el accionante a EMSIRVA E. es a la caja de previsión que no es otra que el Instituto de Seguros Sociales.8 5.P.S. EN LIQUIDACIÓN.1 Mediante escrito del 25 de noviembre de 2008. no se abisma un peligro inminente a la vida del actor ya que no allega prueba que denote padecer o circunstancia que amerite actuar en instancia. informó que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 1° de la Ley 33 de 1985.3 De otro lado. 5.S. es la acción laboral ordinaria tomando en cuenta que la reclamación se intentó ante el Instituto de Seguro Social con fundamento en el cumplimiento de requisitos causados en desarrollo de una relación laboral de carácter privado derivada de un contrato de trabajo. el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali denegó el amparo invocado.3 Por su parte.P. hoy EMSIRVA E. guardó silencio sobre el informe solicitado por este Despacho. “[E]s claro que a quien le corresponde reconocer al señor Luis Alberto Niño.1 En sentencia del día 13 de noviembre de 2008. la presente acción de tutela es improcedente pues existen otros medios de defensa judicial para obtener el amparo de la pretensión de reconocimiento y pago de la pensión de vejez en comento.” 1. en virtud del numeral 1° del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991.2 Para fundamentar su decisión.2 Sin embargo. Impugnación de Luis Alberto Niño 2.” II.” 2. 1. EMSIRVA E. negada en la actuación administrativa.S. Seccional Valle. Al respecto. por cuanto [EMSIRVA E. mediante escrito recibido en la Secretaría General de esta Corporación el 29 de mayo de 2009.
como es poder gozar de un bienestar en salud. 3.2 Al sustentar la impugnación. conceder la tutela interpuesta. en el presente caso resulta inaceptable la prolongación en el tiempo y la dilación injustificada de la aprobación definitiva de una pensión de vejez adquirida.9 el juez de instancia revocar el fallo adoptado. sin protección alguna.” Por último. sometido a toda clase de riesgos. Competencia De conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y con la selección y el reparto efectuados el 3 de abril de 2009. esta Sala es competente para revisar las decisiones judiciales mencionadas. servicios básicos sociales. entre otros derechos indispensables para nuestro vivir diario. por lo tanto. el mínimo vital. la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali confirmó la decisión adoptada el 13 de noviembre de 2008 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali. sin ninguna seguridad. sobre la procedibilidad de la acción de tutela interpuesta precisó: “La acción de tutela está prevista para establecer si frente a la Constitución una determinada conducta administrativa es lesiva de los derechos humanos fundamentales. y en especial. mediante la cual no se concedió el amparo de tutela. III. y/o por carecer de conocimientos académicos y técnicos. Problema jurídico . el actor señaló: “En la era actual. que me asegure junto a mi esposa (de 61 años de edad sin expectativa cercana de pensión). la alimentación diaria. seguridad social. sin profesión alguna definida que me permita obtener un mejor salario digno y permanente. 2. que no es una expectativa. y que sí tiene el carácter de derecho constitucional y fundamental”.2 Para el efecto. 2. Sentencia de segunda instancia 3. en el sentido de señalar que la presente acción de tutela es improcedente por incumplimiento del requisito de subsidiariedad. y por las dolencias naturales que causa ésta. asistencia médica completa. la tecnocracia y la misma sociedad me han estigmatizado a causa de la edad. y en su lugar. me desempeño en oficios varios y eventualmente (15 días al mes como máximo) con una remuneración que no llega a superar la mitad del mínimo legal. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE 1. el juez de segunda instancia reiteró los argumentos expuestos por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali.1 En sentencia del 4 de diciembre de 2008. 3.
los medios ordinarios de defensa judicial son idóneos y eficaces para garantizar la protección constitucional invocada.2 Dado lo anterior. el problema de relevancia constitucional implica establecer si el Instituto de Seguro Social incurrió en una vía de hecho administrativa y actuó de manera contraria al principio de favorabilidad. vulneran los derechos fundamentales del accionante al debido proceso y a la seguridad social. el 22 de enero de 2007 el accionante solicitó ante el Departamento de Atención al Pensionado del Instituto de Seguro Social.10 2.1 De acuerdo con los hechos expuestos. Igualmente. . esta Sala encuentra que en el presente caso el problema jurídico se contrae a examinar si las resoluciones 06297 de 2008 y 016242 de 2007 expedidas por el Departamento de Atención al Pensionado del Instituto de Seguro Social. el Departamento de Atención al Pensionado del Instituto de Seguro Social. sino también que ha cotizado a esta entidad 1527 semanas y que el 17 de noviembre de 2006 cumplió 56 años de edad. deberá determinar si de conformidad con los hechos expuestos. Seccional Valle. en tanto omitió dar aplicación a las normas correspondientes según los supuestos fácticos del caso. luego de afirmar que no puede reconocer una pensión de vejez con fundamento en el artículo 1° de la Ley 33 de 1985. Sin embargo. la Sala se pronunciará sobre los siguientes temas: (i) el carácter fundamental del derecho a la seguridad social. En este sentido. 2. dado que desconocen su derecho a la aplicación del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. y de sostener no sólo que el actor está cobijado por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En este último apartado se reiterará el precedente jurisprudencial relativo a los supuestos fácticos y jurídicos que dan lugar a la configuración de una vía de hecho administrativa en estos casos.3 Para dar solución al problema jurídico planteado. Seccional Valle. la Corte deberá determinar si la presente acción de tutela satisface los requisitos de procedibilidad definidos por la jurisprudencia para el efecto. (ii) la procedencia de la acción de tutela para garantizar su protección en el caso de la exigencia de derechos pensionales. 2. esta Sala de Revisión estimará si se debe conceder la acción de tutela interpuesta por Luis Alberto Niño y. 2. y (iii) la violación de los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social por falta de aplicación del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. el reconocimiento y pago a su favor de la pensión de vejez prevista en el artículo 1° de la Ley 33 de 1985. en consecuencia. mediante las resoluciones 06297 de 2008 y 016242 de 2007 denegó la solicitud referida. mediante las cuales se negó la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de vejez definida en el artículo 1° de la Ley 33 de 1985. De manera específica.4 Con base en lo anterior. Seccional Valle.
3. la seguridad social “cumple con los tres postulados básicos para categorizar a una actividad como de servicio público. la seguridad social como bien jurídico objeto de protección en el ordenamiento colombiano. en concordancia con el inciso segundo del artículo en cita. // Los derechos y deberes consagrados en esta Carta. En primer lugar. “es esencial en lo relacionado con el Sistema General de Seguridad Social en Salud” y “en aquellas actividades directamente vinculadas con el reconocimiento y pago de las pensiones. procesales y de organización. la Corte estableció que la seguridad social como derecho implica. normas y procedimientos” orientados a garantizar “la cobertura integral de las contingencias. de un lado.” 3 Sobre el particular. pretende garantizar “el bienestar individual y la integración de la comunidad. permitan mantener el equilibrio del sistema.” . las personas de la tercera edad (Art. que lo hagan viable y.”.1 De conformidad con el texto de la Constitución Política de 1991. se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. En efecto. los trabajadores (Art. que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción. y además. coordinación y vigilancia del Estado2.” En igual sentido. para su efectiva realización. 3. permanente y obligatorio de toda la colectividad a su prestación. especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica de los habitantes del territorio nacional”. Reiteración de jurisprudencia 3. de acuerdo con su artículo 48. 46). los niños (Art. de los artículos en comento. en la citada sentencia. siendo necesario e indispensable para preservar la vigencia de las garantías fundamentales en el Estado Social de Derecho. además. de acuerdo con lo allí previsto. 54). dentro del presente trámite. exigiendo el acceso continuo. prevalecen en el orden interno.3 Ahora bien. la seguridad social en su condición de sistema que comprende “el conjunto de instituciones. que adquiere especial importancia y deriva en obligaciones puntuales para el Estado en el caso de las mujeres durante el embarazo y después del parto (Art. ya que está encaminada a la satisfacción de necesidades de carácter general. y por otro. es un “derecho irrenunciable” en cabeza de todos los habitantes del territorio nacional3.” 3. bajo la dirección. Artículo 365 de la Constitución Política. “la sujeción a normas presupuestales. tiene una doble configuración. Carácter fundamental del derecho a la seguridad social. En segundo lugar. 43). la posibilidad de exigir al Estado “la realización de un hecho positivo o negativo (…) consistente en dar. en concordancia con el artículo 93 de la Constitución4.2 Estas disposiciones se ven reforzadas con lo definido en el preámbulo y en los artículos 3 y 4 de la Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”. hacer o no hacer alguna cosa.11 revocar las sentencias de tutela proferidas el 4 de diciembre de 2008 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el 13 de noviembre de 2008 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali. 44). universalidad y solidaridad.” 4 “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso. 53) y las personas discapacitadas (Art. en 2 Cfr. se desprende que la seguridad social en su condición de derecho irrenunciable y servicio público. es un servicio público “de carácter obligatorio” que se presta con sujeción a los principios de eficiencia. En atención a la sentencia C-623 de 2004.
” por su parte. celebrada el 2 de junio de 1998.” Así mismo. . Véase también la Resolución 1591 (XXVIII-O/98) proferida por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en la tercera sesión plenaria. de acuerdo con el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos. el Estado colombiano ha asumido la obligación de garantizar el derecho humano a la seguridad social y de interpretar el ordenamiento jurídico interno que desarrolla la materia a la luz del derecho internacional. el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos prevé que “Toda persona. Sociales y Culturales (CDESC). numeral 1. la seguridad social como bien social. mediante el artículo 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos. y el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo.6” 3. el Comité destacó que “El derecho a la seguridad social es de importancia fundamental para garantizar a todas las personas su dignidad humana cuando hacen frente a circunstancias que les privan de su capacidad para ejercer plenamente los derechos reconocidos en el Pacto. 7 Aprobada el 23 de noviembre de 2007. En efecto. la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia. 19 sobre “El derecho a la seguridad social (artículo 9)7”. es preciso tener en cuenta que el Comité de Derechos Económicos.” En consecuencia. 1948. toda persona tiene derecho a la seguridad social como mecanismo de protección frente a las consecuencias de la vejez y de la incapacidad física o mental. En esta oportunidad.” Igualmente. Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”. el Estado reconoce “el derecho de toda persona a la seguridad social. proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad. 6 Adicionalmente. siguiendo la observación en cita. literal e de la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (aprobada mediante la Ley 51 de 1981). a fin de “obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. de la vejez y de la incapacidad que. contiene unos elementos mínimos exigibles 5 Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana en Bogotá. Sociales y Culturales. con independencia del amplio margen de configuración reconocido a los ordenamientos jurídicos internos. en el 39° periodo de sesiones.4 En este sentido. incorporado al ordenamiento interno mediante la Ley 319 de 1996. establece que “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación. se fundamenta en el derecho a la igualdad. incorporado al ordenamiento jurídico colombiano mediante la ley 74 de 1968.12 virtud de la aprobación y ratificación de múltiples convenios y tratados internacionales. el derecho a la seguridad social.” Así. como miembro de la sociedad. el artículo 11. pues “incluye el derecho a no ser sometido a restricciones arbitrarias o poco razonables de la cobertura social existente. emitió la Observación General No. incluso al seguro social. tiene derecho a la seguridad social. se puede consultar el artículo 8 de la Declaración sobre los Derechos Humanos de los Individuos que no son Nacionales del País en que viven. el artículo 16 de la Declaración Americana de los Derechos de la Persona5. órgano encargado de supervisar la aplicación del Pacto. para interpretar adecuadamente el contenido del derecho a la seguridad social.
la participación ciudadana en su administración y el reconocimiento oportuno de las prestaciones. el Estado colombiano tiene obligación de (1) no interferir en el ejercicio del derecho a la seguridad social (obligación de respetar). la garantía de cobertura plena. 3 del Comité8. alimentos y las formas más elementales de educación. los elementos que componen el derecho a la seguridad social imponen al Estado colombiano obligaciones básicas “de efecto inmediato”. dichos elementos comprenden: (1) la existencia de un sistema que garantice las prestaciones y servicios sociales correspondientes a la atención en salud. así como la atención especial y prioritaria a los niños.13 al Estado -generalmente traducibles en la obligación de conceder prestaciones y asistencia social a toda la población-. los discapacitados y los “sobrevivientes y huérfanos”. Tal previsión se fundamenta en el reconocimiento de la seguridad social como elemento inescindible de la dignidad humana y como medio para el ejercicio de los demás derechos consagrados en el Pacto. los accidentes y enfermedades profesionales. las consecuencias derivadas de la vejez. dada su calidad de derecho humano. cuya existencia tiene un defecto “redistributivo”. en tanto permiten “reducir y mitigar la pobreza (…) y promover la inclusión social. (…) b) Asegurar el derecho de acceso a los sistemas o planes de seguridad social sin discriminación alguna. en concordancia con el artículo 2 del Pacto y la Observación General No. promover y garantizar las medidas necesarias para su efectividad (obligación de cumplir). la Observación en cita indica que dicha obligación se concreta en: “a) Asegurar el acceso a un sistema de seguridad social que ofrezca a todas las personas y familias un nivel mínimo indispensable de prestaciones que les permita obtener por lo menos atención de salud esencial. 19. el desempleo. facilitar. específicamente. como se indicó anteriormente en atención a la Observación General No.” En este orden. alojamiento y vivienda básicos. Así. De manera específica. (3) la accesibilidad al sistema. y (3) adoptar. proporcionalidad y transparencia de las condiciones para obtener los beneficios y prestaciones. c) Respetar y proteger los regímenes de seguridad social existentes 8 Aprobada en el 5° período de sesiones. y bajo la advertencia de que el Estado tiene la obligación de asegurar la satisfacción mínima indispensable del derecho a la seguridad social. (2) impedir a terceras personas que interfieran en su ejercicio (obligación de proteger). Ahora bien. . en especial para las personas y los grupos desfavorecidos y marginados. proporcionalidad y suficiencia de las prestaciones en relación con las contingencias que busquen atender. las mujeres en estado de embarazo. la razonabilidad. (2) la razonabilidad. en principio. la incapacidad para trabajar. agua y saneamiento.
Sociales y Culturales. si puede ser considerado como tal. si bien ha sido confiado a entidades específicas que participan en el sistema general de seguridad social fundado por la Ley 100 de 1993. en primer lugar. la Sala Plena de esta Corporación precisó: “[E]l derecho a la seguridad social. T-942 de 2007. T-076 de 1999. T-887 de 2007. T-101 de 2001 y T-059 de 2003). SU-819 de 1999. T-752 de 2008. f) Vigilar hasta qué punto se ejerce el derecho a la seguridad social. por ejemplo.” (Subraya fuera del texto). e) Adoptar medidas para aplicar planes de seguridad social. T919 de 2005 y T-790 de 2005. SU-995 de 1999. Así. el derecho a la seguridad social sólo podía ser considerado un derecho subjetivo de rango fundamental objeto de protección a través de la acción de tutela. T-772 de 2007.5 Así. T-871 de 2007. tales derechos no comportan una pretensión de carácter subjetivo. Adicionalmente. en la sentencia T-911 de 2005. T-658 de 2008. en la medida en que "es de importancia fundamental para garantizar a todas las personas su dignidad humana” (Observación general número 19) es un verdadero derecho fundamental cuyo desarrollo. susceptible por tanto del amparo constitucional. en particular los destinados a proteger a las personas y los grupos desfavorecidos y marginados. se debe aclarar que desde sus primeras sentencias. y que por su propia naturaleza no corresponde a un derecho fundamental. en la sentencia C-1141 de 2008. 3. (2) por su conexidad con otro derecho fundamental. 19 del Comité de Derechos Económicos. en principio. T-527 de 2008. razón por la cual su especificación en el nivel legislativo se encuentra sometida a contenidos sustanciales preestablecidos (sentencias T-658 y T-752 de 2008)” (Subraya fuera del texto original). esta Corporación señaló: “[L]a jurisprudencia de la Corte ha señalado que si bien el derecho a la seguridad social es un derecho prestacional y programático. T-580 de 2007 y T-468 de 2007. T-042 de 1996 y T-207 de 1995.” 11 Véanse las sentencias T-227 de 2003. en la sentencia T-662 de 2008. se pueden consultar entre otras. Al respecto. con el derecho al mínimo vital12. la Corte Constitucional ha afirmado que el derecho a la seguridad social es un derecho fundamental. T-239 de 2008. 10 En la sentencia T-861 de 2007. lo dispuesto en los convenios y tratados internacionales que desarrollan el contenido del derecho a la seguridad social y la Observación General No. en tres casos: (1) por la transmutación del derecho11. la Corte explicó que el derecho a la seguridad social es un derecho prestacional y programático en la medida en que “requiere. y (3) cuando su titular fuese un sujeto de especial protección constitucional13. T-140 de 2000. esta Corporación sostuvo que dada su categoría de derecho prestacional y programático10. En . de desarrollo legal y de la provisión de la estructura y los recursos adecuados para tal propósito (T-662 de 2006). cuando su perturbación ponga en peligro o vulnere el derecho a la vida. esta Corporación ha sostenido que.14 de injerencias injustificadas. Sobre el particular. T1013 de 2008. 9 Al respecto. la Corte explicó: “En relación con la transmutación del derecho prestacional en derecho subjetivo. T-321 de 1999. T-826 de 2006 y T-776 de 2005. en la medida en que estos derechos de concreción progresiva y programática sean objeto de desarrollo legal o reglamentario que cree las condiciones que permitan a las personas exigir del Estado el cumplimiento de una prestación determinada. d) Adoptar y aplicar una estrategia y un plan de acción nacionales en materia de seguridad social.” 12 Véanse las sentencias T-928 de 2008. de manera reciente9. T-691 de 2006. C-177 de 1998. T-729 de 2008. T-952 de 2008. a la integridad personal u otros derechos fundamentales de las personas (SU-430 de 1998 de 1998. se produce la transmutación en un derecho subjetivo. las sentencias T-1213 de 2008. No obstante. para su goce efectivo.” 13 Véanse las sentencias T-180 de 2009. encuentra una configuración normativa preestablecida en el texto constitucional (artículo 49 superior) y en los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad. T-1003 de 2008. con base en la lectura sistemática de las normas constitucionales señaladas. cuerpos normativos que dan cuenta de una categoría iusfundamental íntimamente arraigada al principio de dignidad humana.
Por ello. económicos y culturales – es preciso. la Corte señaló: “Los derechos todos son fundamentales pues se conectan de manera directa con los valores que las y los Constituyentes quisieron elevar democráticamente a la categoría de bienes especialmente protegidos por la Constitución. cuando los titulares de esos derechos son personas de la tercera edad o que por su condición económica. que el Estado adopte un conjunto de medidas y despliegue actividades que implican exigencias de orden prestacional este sentido.indispensables que les permitan elegir con libertad aquello que tienen razones para valorar. En tales eventos.15 Sin embargo. por ser la acción de tutela un procedimiento judicial preferente. civiles. En apoyo a esta tesis. se destacó que frente a todos los derechos. luego de sostener que la distinción entre los derechos fundamentales y los derechos económicos. en la citada sentencia se indicó que a diferencia de la postura según la cual un criterio de distinción entre los derechos sociales y los derechos fundamentales es el tipo de obligaciones del Estado respecto de su protección y satisfacción. puede llegar a afectar los derechos de las personas de la tercera edad al mínimo vital. económica y educativa. lo que permite otorgarles un tratamiento especial y diferencial (T-487 de 2005 y T-083 de 2004. se sostuvo: “[L]a acción de tutela procede para el reconocimiento o reliquidación de pensiones. breve y sumario de protección de derechos fundamentales. también la necesidad de compensar los profundos desequilibrios en relación con las condiciones de partida mediante una acción estatal eficaz (obligaciones estatales de carácter positivo o de acción). física o mental se encuentran en condición de debilidad manifiesta.”. entre otras). se considera que la demora en la definición de los conflictos relativos al reconocimiento y reliquidación de la pensión a través de los mecanismos ordinarios de defensa. en la sentencia T-923 de 2008.” (Subraya fuera del texto). a la salud. en especial. todos los derechos implican obligaciones de dar. también. sociales. en la sentencia T-016 de 2007.de la manera como estos derechos se hacen efectivos en la práctica. Significan. “el Estado ha de abstenerse de realizar acciones orientadas a desconocer estos derechos (deberes negativos del Estado) y con el fin de lograr la plena realización en la práctica de todos estos derechos – políticos. de modo simultáneo. sociales y culturales resulta equivocada si se tiene que “los Pactos Internacionales de Derechos Humanos aprobados y ratificados por Colombia tienden a resaltar el carácter fundamental de todos los derechos” y que “la fundamentalidad de los derechos no depende -ni puede depender.” . hacer y no hacer. a favor de aquellas personas ubicadas en un situación de desventaja social. admitir que en el Estado social y democrático de derecho no todas las personas gozan de las mismas oportunidades ni disponen de los medios – económicos y educativos . De ahí el matiz activo del papel del Estado en la consecución de un mayor grado de libertad. lo que en principio justificaría el desplazamiento excepcional del medio ordinario y la intervención del juez constitucional. Estos valores consignados en normas jurídicas con efectos vinculantes marcan las fronteras materiales más allá de las cuales no puede ir la acción estatal sin incurrir en una actuación arbitraria (obligaciones estatales de orden negativo o de abstención). Así.
condicionar su protección por medio de la acción de tutela a demostrar la relación inescindible entre el derecho a la salud . no despoja al derecho a la salud de su carácter fundamental. económicos.si la pretensión debatida en sede de tutela hace parte de la faceta de defensa o de prestación del derecho. políticos. se agregó: “[D]ebe repararse en que todos los derechos constitucionales fundamentales – con independencia de si son civiles.supuestamente no fundamental . sociales. la aplicación de los argumentos de procedibilidad relativos a la transmutación. de modo que insistimos: resulta equivocado hacer depender la fundamentalidad de un derecho de si su contenido es o no prestacional y.” 15 Este criterio fue retomado en la sentencia T-730 de 2008. se podría predicar la fundamentalidad.16 (deberes positivos del Estado). se precisó que contrariamente a lo sostenido por la jurisprudencia hasta entonces -es decir. 18 Al respecto. así como tampoco será apropiado que recurra al criterio de la conexidad para negar la admisibilidad del amparo. la Corte haya explicado: “Tal como lo establece el artículo 93. cuando la protección del derecho a la seguridad social sea solicitada al juez de tutela. con relación al derecho a la salud. con las exigencias derivadas de los pactos internacionales sobre derechos humanos mediante los cuales se ha logrado superar esta diferenciación artificial que hoy resulta obsoleta así sea explicable desde una perspectiva histórica. Al respecto. identificar –en atención a las circunstancias del caso concreto. de ninguno de los derechos. Sin embargo. culturales.poseen un matiz prestacional de modo que. esta Corporación sostuvo: “En el caso del derecho fundamental a la salud. las sentencias T-1318 de 2005 y T-859 de 2003. ni siquiera del derecho a la vida. sólo a partir del análisis de las circunstancias del caso concreto se podrá determinar si a la luz de su naturaleza constitucional y los requisitos legales y jurisprudenciales definidos para el efecto. relativos al derecho a la seguridad social.” (Subraya fuera del texto original).supuestamente no prestacional-. Corresponderá de acuerdo con lo anteriormente expuesto. no armoniza. 16 Sobre este punto. por ejemplo. el carácter fundamental de un derecho no puede confundirse con su aptitud de hacerse efectivo o con la procedibilidad de la acción de tutela para garantizar su protección15.con el derecho a la vida u otro derecho fundamental . en tal sentido. hacen parte del ordenamiento jurídico interno. al indicar: “Como corolario de lo anterior. frente a la necesidad de sostenimiento que tiene también la garantía de otros derechos dentro de un contexto de recursos escasos. Su connotación prestacional obliga al Estado a racionalizar la asignación de inversión suficiente para que su garantía tenga un alcance integral. la acción de tutela es procedente y debe prosperar16.” 17 Sobre el particular. la conexidad y los sujetos de especial protección constitucional-. Que ello sea así. así como el responsable del cumplimiento de la obligación objeto de protección.” . es decir. si se adopta esta tesis. lo cual impone al operador jurídico el deber de acudir a los “tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia” con el objetivo de concluir la labor de determinación de su contenido. la interpretación de los derechos y obligaciones consagrados en la Constitución –entre los cuales se encuentra el derecho a la seguridad social.14” Adicionalmente. como se dijo anteriormente. De ahí que en la sentencia T-468 de 2007. la Corte Constitucional ha subrayado en múltiples ocasiones que éste no es un derecho cuya protección pueda solicitarse prima facie por vía de tutela. por lo demás.2 superior. cuando existe una norma que prevé la prestación que se solicita y la posición jurídica de su titular18. Restarles el carácter de derechos fundamentales a los derechos prestacionales. para en este último caso limitar su intervención a aquellos supuestos en los cuales se busque la efectividad de un derecho subjetivo previamente definido o en los que pese a la inexistencia de tal definición. entre otras. véanse.desborda las fronteras del texto constitucional. En este sentido. se explicó que aunque un derecho tenga la calidad de fundamental. dicha autoridad no podrá sin más desconocer la procedibilidad del amparo valiéndose del supuesto carácter no fundamental del derecho. se aclaró que “los jueces pueden hacer efectivo su ejercicio por vía de tutela cuando la omisión 14 En este sentido. se debe tener en cuenta que los tratados internacionales suscritos por el Estado. ante la falta de desarrollo legal o ante la indeterminación de los recursos necesarios para garantizar los derechos sociales. mentales o económicas requieren la especial protección del Estado. de medio ambiente . se dijo que se debe tener en cuenta que la protección del derecho a la seguridad social por vía de tutela sólo tiene lugar cuando adquiere los rasgos de un verdadero derecho subjetivo17. la protección constitucional resulte necesaria en atención a las circunstancias de debilidad manifiesta en las que se encuentran sujetos que en razón de sus condiciones físicas. La importancia de esta disposición consiste en que atribuye al operador un inagotable compromiso de actualización del significado de las cláusulas vertidas en el texto constitucional al pulso del ordenamiento internacional.
esta Corporación aclaró: “La necesidad del desarrollo político. en todas las etapas de la vida”. Este criterio de fundamentalidad del derecho a la seguridad social a partir de los principios consagrados en el artículo 48 superior. de acuerdo con el literal b del artículo 2 de la Ley 100 de 1993. (ii) Respecto del objeto. De ahí que el argumento expuesto en la sentencia C-436 de 2008 sobre el carácter fundamental del derecho a la salud a partir del contenido de dicho principio. 3. el carácter fundamental del derecho a la seguridad social no puede ser confundido con su aptitud de hacerse efectivo a través de la acción de tutela. reglamentario y técnico no determina que estos derechos pierdan su carácter fundamental. no sólo el criterio jurisprudencial anterior refuerza la caracterización del derecho a la seguridad social como derecho fundamental. como se señaló al comienzo. la capacidad económica y en general las condiciones de vida de toda la población. de conformidad con el artículo 48 de la Constitución. la prestación de los servicios de salud en general.6 Ahora bien. 21 Adicionalmente. quien es el titular y cual es el contenido prestacional constitucionalmente determinado. entre otros. se soporta sobre el principio de universalidad20. esto es. (ii) la falta o deficiencia de su regulación normativa 19 Sobre el mismo punto. el derecho a la seguridad es un verdadero derecho fundamental cuya efectividad y garantía se deriva de (i) su carácter irrenunciable. bien sea para la prevención o promoción de la salud. en esa oportunidad.21” (Subraya fuera del texto). (i) Respeto del sujeto. en un caso concreto.” .” 20 Igualmente. razón por la cual deben estar cubiertos todos estos servicios dentro de los riesgos derivados del aseguramiento en salud. en su calidad de tales. el principio de universalidad hace referencia a “la garantía de la protección para todas las personas. esto es. en la sentencia T-090 de 2009. el principio de universalidad implica que todas las personas habitantes del territorio nacional tienen que estar cubiertas. quien es el sujeto obligado. pero sí tiene repercusiones en la posibilidad de protegerlos mediante la acción de tutela pues la indeterminación de algunas de sus facetas prestacionales dificulta establecer con exactitud. o bien para la protección o la recuperación de la misma. de seres humanos con dignidad. del destinatario de la seguridad social en salud. la protección del derecho fundamental a la seguridad social por vía de tutela solo tiene lugar cuando (i) adquiere los rasgos de un derecho subjetivo. En efecto.7 En suma. este principio implica que todos los servicios de salud. la Corte explicó: “Para la Sala es claro entonces que el principio de universalidad en salud conlleva un doble significado: respecto del sujeto y respecto del objeto del sistema general de salud.”. amparadas o protegidas en materia de salud.17 de las autoridades públicas termina por desconocer por entero la conexión existente entre la falta de protección de los derechos fundamentales y la posibilidad de llevar una vida digna y de calidad. (ii) su reconocimiento como tal en los convenios y tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano en la materia y (iii) de su prestación como servicio público en concordancia con el principio de universalidad. en cuanto el rasgo primordial de la fundamentabilidad de un derecho es su exigencia de universalidad. también pueda predicarse del derecho la seguridad social: “Del principio de universalidad en materia de salud se deriva primordialmente el entendimiento de esta Corte del derecho a la salud como un derecho fundamental. sin ninguna discriminación. Para este efecto cada quien contribuirá según su capacidad y recibirá lo necesario para atender sus contingencias amparadas por esta Ley. especialmente de personas colocadas en situación evidente de indefensión. En este sentido. la seguridad social como sistema de protección y asistencia social. Sin embargo. el hecho de ser un derecho predicable y reconocido para todas las personas sin excepción. se ve reforzado con el principio de Integralidad definido en el literal d del mismo artículo: “Es la cobertura de todas las contingencias que afectan la salud.19” 3. esto es.
en la sentencia T-184 de 2007. ante la existencia de medios ordinarios de defensa judicial para obtener el amparo de esa pretensión. T-973 de 2005. para efectos de determinar su prosperidad. Por el contrario. la jurisprudencia tampoco ha consentido el ejercicio de la acción de tutela como el último recurso de defensa judicial o como una instancia adicional para proteger los derechos presuntamente vulnerados (sentencias T-1029 de 2008. Bajo este criterio. T-372 de 2007 y T-275 de 2004). dicha acción es improcedente para proteger el derecho fundamental a la seguridad social cuando su afectación se circunscribe al reconocimiento de derechos pensionales23. T-565 de 2008. alcance y efectos de sus decisiones en este sentido. T-184 de 2007. T-996 de 2005. la acción de tutela no puede ser ejercida como un medio de defensa judicial alternativo o supletorio de los mecanismos ordinarios previstos por el legislador para el amparo de los derechos.1 Ahora bien. T203 de 2006. a través de la acción de amparo no es admisible la pretensión orientada a revivir términos concluidos u oportunidades procesales vencidas por la negligencia o inactividad injustificada del actor (sentencias T-080 de 2009. T-344 de 2008. en la sentencia T-658 de 2008. T-691 de 2005. al abordar el tema de la procedibilidad de la acción de tutela para reconocer prestaciones relacionadas con el derecho a la seguridad social. se debe concluir prima facie que no resulta imperiosa la intervención del juez constitucional. de acuerdo con la jurisprudencia constitucional. en virtud del principio de subsidiariedad22. De hecho. dadas las previsiones anteriores relativas al carácter fundamental del derecho a la seguridad social y su aptitud de hacerse efectivo a través de la acción de tutela. la Corte estimó: “[E]l juez de tutela no puede indicarle a una entidad encargada del reconocimiento de una pensión. 4. 24 Al respecto. el contenido. de acuerdo a la regla 22 Sobre el principio de subsidiariedad. T-937 de 2008 y T-421 de 2008). a la luz del principio de subsidiariedad.18 vulnera gravemente un derecho fundamental al punto que impide llevar una vida digna. la Corte explicó: “En este punto resulta oportuno indicar que. esta Corporación ha precisado que de conformidad con el artículo 86 de la Constitución y el numeral 1° del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991. su competencia se circunscribe a verificar que la entidad responsable de respuesta oportuna y de fondo a las solicitudes presentadas por los presuntos beneficiarios del derecho pensional (sentencias: T-848 de 2006. T-413 de 2008. T-443 de 2005 y T-425 de 2004. y (iii) cuando la acción satisface los requisitos de procedibilidad exigibles en todos los casos y respecto de todos los derechos fundamentales. en la sentencia T-297 de 2009. T-990 de 2005. este Tribunal reiteró: “Así.” . De ahí que las situaciones del orden sustancial deban ser diferentes de las consideraciones de orden procesal que permiten analizar la procedibilidad de la acción y que. así como las autoridades y jueces competentes. pues con ese propósito el legislador dispuso los medios y recursos judiciales adecuados. T-685 de 2006. En efecto. la jurisprudencia ha entendido que la acción de tutela no puede ser tramitada para decidir conflictos sobre el reconocimiento de una pensión24. Procedencia de la acción de tutela para proteger el derecho fundamental a la seguridad social cuando su afectación se deriva del reconocimiento de una pensión. Reiteración de jurisprudencia 4. De ahí que -ha dicho la Corte-. no dependen de la verificación de la transmutación del derecho en el caso concreto o de su conexidad con otro derecho fundamental. Igualmente.” 23 Véanse las sentencias T-015 de 2009. T-917 de 2005 y T-627 de 2005).
la acción de tutela será procedente si no existe otro medio judicial de protección.” (Subraya fuera del texto). ordenar el reconocimiento de la pensión de que se trate26. de debe advertir que a la luz de la consideración de que el derecho a la seguridad social es fundamental. desvirtúan la presunción de legalidad que recae sobre las actuaciones de la administración pública (Sentencia T-851 de 2006). en los casos en que: i) El mecanismo judicial ordinario de que dispone el interesado resulta ineficaz. con relación a la procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de acreencias laborales. T-1064 de 2006. Así las cosas.2 Sin embargo. la Corte estimó: “Así. De este modo. ha recibido el alto encargo de garantizar protección al derecho fundamental a la seguridad social.en principio. y iv) la falta de reconocimiento y pago de la pensión se origina en actuaciones que. desde sus primeras sentencias. T-021 de 2009. las razones por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados.” Igualmente. para ser considerado sujeto especial de protección.19 descrita en el inciso 3° del artículo 86 superior -principio de subsidiariedad. T-826 de 2008. T681 de 2008. por ejemplo.2. como por ejemplo la conexidad con el derecho fundamental al mínimo vital. . en la sentencia T-610 de 2008.” Sin embargo. por cuanto no resuelve el conflicto planteado de manera integral o no es lo suficientemente expedito frente a la exigencia de protección inmediata de los derechos amenazados (Sentencia T-851 de 2006). (ii) que la falta de pago de la prestación o su disminución. de manera previa deberá verificar que en el caso concreto concurran ciertos requisitos a saber: (i) que se trate de una persona de la tercera edad. el juez constitucional. 25 Así. Como se indicó anteriormente. T-007 de 2009. ii) el desconocimiento del derecho a la seguridad social en pensiones amenaza por conexidad derechos fundamentales como el mínimo vital y la vida digna. no corresponde al juez de tutela resolver este tipo de controversias en la medida en que el ordenamiento jurídico ha dispuesto un cauce procedimental específico para la composición de esta suerte de litigios. se deben considerar excepciones a la subregla de la improcedencia25. la jurisdicción laboral y de seguridad social es la encargada de dar aplicación a dicha normatividad y. en la sentencia T-249 de 2006. en consecuencia. Las excepciones referidas pueden ser resumidas de acuerdo con el tipo de protección que se concede (definitiva o transitoria) y con otros aspectos más cercanos al análisis de la prosperidad de la acción: 4. T-634 de 2008. resulta innecesaria. 26 Véanse las sentencias T-229 de 2009. deberá analizarse en cada caso concreto si se verifican estos requerimientos a fin de declarar la procedencia del amparo. iii) la acción de tutela resulta necesaria para evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. particularmente cuando estas corresponden a pensiones de jubilación.1 En primer lugar. T-628 de 2007. en consecuencia. Así lo recomienda el experticio propio de las autoridades judiciales que hacen parte de la jurisdicción laboral y la idoneidad que prima facie ostentan los procedimientos ordinarios. en principio. en particular del derecho al mínimo vital. la Corte ha estimado que dada la necesidad de garantizar la prevalencia de los derechos fundamentales. esta Corporación concluyó: “[L]a Corte Constitucional ha avanzado en el reconocimiento de la procedencia de la acción de tutela en relación con pretensiones de naturaleza prestacional en materia de pensiones. T-389 de 2007. 4. T-701 de 2006 y T-860 de 2005. genere un alto grado de afectación de los derechos fundamentales. T-938 de 2008. y (iv) que se acredite siquiera sumariamente. la verificación de algunos de tales requisitos. T-854 de 2007. En este punto es pertinente advertir que aunque teóricamente tales excepciones se han enmarcado en el estudio de procedibilidad de la acción de tutela. (iii) que se haya desplegado cierta actividad administrativa y judicial por el interesado tendiente a obtener la protección de sus derechos. en la práctica también han permitido analizar la prosperidad del amparo invocado y. prima facie.
permiten presumir que los medios ordinarios de defensa judicial no son idóneos28. En aplicación de esta subregla. cuando la pretensión de tutela consiste en obtener el reconocimiento de una pensión en virtud del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 199331. comprobación da lugar a que la acción de tutela sea concedida como mecanismo definitivo27. si el de la Ley 71 de 1988 como afirma la entidad accionada. T-149-07 y T-229-06. de manera reiterada. en consecuencia. Sin embargo. entre otras. puede ocurrir que aunque dicho medio exista. en concordancia con el carácter fundamental del derecho a la seguridad social. así como la circunstancia de debilidad manifiesta en la que se encuentre el accionante. En relación con este requisito. este Tribunal concluyó: “En el caso del demandante. 30 Sentencia T-090 de 2009. T-621 de 2006. la Corte ha estimado que los mecanismos judiciales ordinarios no son idóneos y. que de solución al conflicto suscitado con el Instituto de Seguros Sociales. se debe indicar que la condición de sujeto de especial protección constitucional refuerza la necesidad de conceder la protección invocada de manera definitiva y de ordenar las medidas requeridas para la efectividad del derecho. luego de determinar que dadas las exigencias del régimen de transición. la Corte ha considerado que la condición de sujeto de especial protección constitucional -especialmente en el caso de las personas de la tercera edad y de los discapacitados-. 29 Sentencias T-239-08. pero no constituye un criterio para examinar la procedibilidad de la acción de tutela. De ahí que. T-090 de 2009. el accionante tenía derecho a que el Instituto de Seguro Social reconociera a su favor una pensión de vejez de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 33 de 1985. las sentencias T-099 de 2009. en la sentencia T-052 de 2008. Así. T-284-07. T-681 de 2008 y T-607 de 2007. . se estime que “el mecanismo ordinario resulta ineficaz si es probable que la persona no exista para el momento en el que se adopte un fallo definitivo tomando en cuenta el tiempo considerable que demora un proceso de esta índole y la edad del actor29. Sin embargo es conocida la prolongada duración de este tipo de procesos y teniendo en cuenta 27 Véanse las sentencias T-090 de 2009 y T-621 de 2006. y defina que régimen pensional es aplicable a su situación. cuando la pretensión se ciñe al reconocimiento de la pensión de vejez. luego de analizar las circunstancias especiales que fundamentan el caso concreto se concluya que éste no es idóneo o eficaz para garantizar la protección constitucional reclamada. por ejemplo. 28 Véanse las sentencias T-702 de 2008.30” En este sentido. así como las autoridades y jueces competentes. 31 Véanse. T-924 de 2003 y T-571 de 2002. ha concedido la acción de tutela como mecanismo judicial definitivo. es claro que cuenta con las acciones laborales ordinarias para solicitar al juez de esa jurisdicción. o el de la Ley 33 de 1985 como afirma el actor. por ejemplo.20 respecto de las prestaciones que se derivan del derecho a la seguridad social el legislador dispuso los medios y recursos judiciales adecuados.
En tal sentido. la Sala advierte que el precedente jurisprudencial aplicable a la materia demuestra que la negativa injustificada de la administración de reconocer una prestación social. en todo caso el conflicto jurídico generado por esta situación debe resolverse a través de los procedimientos propios de la jurisdicción contenciosa. no puede perderse de vista que dichos procesos tienen una duración aproximada de 10 años. Igualmente. la acción de tutela promovida resulta procedente. Por tanto esta Sala encuentra que las acciones ordinarias de protección de derechos del actor. razón por la que la acción de tutela en el presente asunto es improcedente. estas Corporación afirmó: “[P]odría argumentarse que si bien está comprobada la indebida aplicación de la ley por parte de la entidad demandada.S.” (Subraya fuera del texto original).21 que la pretensión del actor es pensionarse con la edad de 55 años y comenzar a disfrutar de su pensión de jubilación. esta Sala de Revisión considera que el mecanismo judicial con que cuenta la accionante para controvertir la decisión administrativa que le negó la pensión de vejez. al resolver un asunto con supuestos de hecho análogos a los indicados. en la sentencia T-019 de 2009. resulta desproporcionado y violatorio de su derecho fundamental al acceso a la seguridad social. que negó la pensión de vejez y lograr su reconocimiento y liquidación. cual es la posibilidad de pensionarse con la edad estipulada en el régimen pensional al que estaba afiliada al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993. cuando se produzca una decisión judicial que defina el conflicto y que eventualmente acceda a su solicitud. vulnera los .” (Subraya fuera del texto original).S. que en los dos regímenes le permitiría acceder al derecho reclamado. en los casos en que están acreditados suficientemente los requisitos legales exigibles. consideradas en concreto resultan innocuas e ineficaces para conseguir el fin perseguido por el demandante y que por consiguiente someter al actor a un proceso laboral ordinario en el que se defina la edad a la que puede pensionarse. la Corte estimó: “[S]i bien la accionante puede acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa para obtener la nulidad de la resolución del I. carecería de eficacia en el caso concreto porque de cualquier forma el accionante ya habría cumplido la edad. Al estudiar un caso similar. de modo que someter a la accionante a un proceso ordinario o administrativo llevaría a hacerle perder uno de los beneficios a que tiene derecho por pertenecer al régimen de transición. por consiguiente. Ante este cuestionamiento. no es idóneo ni eficiente para obtener la efectiva garantía de sus derechos fundamentales invocados y. 60 años. en la sentencia T-621 de 2006.
” (Subraya fuera del texto original. se repite.2. frente al derecho adquirido de pensionarse a una edad determinada. 4. constituye una carga desproporcionada. formulan la correspondiente solicitud a los 50 o a los 55 años de edad. De ahí que. el juez de tutela debe abstenerse de conceder la tutela como mecanismo definitivo cuando exista duda. de reunirse los requisitos que a continuación de indican respecto de la configuración de un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales del actor. como sucede en el presente evento. es ostensible el error en que incurre la entidad demandada. debe estar demostrado. en su caso la utilización de la acción de tutela tiene amplia justificación. sea procedente y. el tiempo de servicio. puesto que les impide acceder a los ingresos económicos que garantizarán su subsistencia. la consideración esencial que fundamenta dicha argumentación obedece al reconocimiento de la prolongada duración de los procesos ordinarios previstos para obtener el reconocimiento de la pensión de vejez. al menos de manera sumaria. la entidad responsable del reconocimiento de la pensión o las normas legales aplicables al caso concreto. que el accionante tiene derecho a los beneficios establecidos en el régimen de transición. se entienda que la acción de tutela orientada a obtener el reconocimiento de una pensión de vejez en concordancia con los beneficios del régimen de transición. En ese sentido. se hace necesario evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales del actor. Así las cosas. quien se ha retirado por haber cumplido los 65 años que. En consecuencia. En estos casos. obligar a hacer uso de los trámites contenciosos ordinarios. de comprobarse la afectación de derechos fundamentales. por consiguiente. entonces. en principio.2 En segundo lugar. En estos eventos. De este modo. Esta situación se hace más gravosa para los ciudadanos que reclamaban la pensión de jubilación. por ejemplo. del régimen anterior al cual se encuentre afiliado el accionante32. la protección definitiva en sede de tutela debe partir de la certeza sobre el derecho que se alega. sobre si el peticionario está cobijado por dicho régimen. su edad. el juez solo podrá conceder la acción de tutela como mecanismo transitorio. es la edad de retiro forzoso. se debe resaltar que en estos eventos.” . se puede concluir que en estos casos. la Corte concluyó: “Distintas Salas de Revisión de esta Corporación han estimado que el medio judicial ordinario carece de eficacia cuando se trata del reconocimiento de la pensión de jubilación a personas que. la jurisprudencia ha sostenido que la acción de tutela es procedente cuando a pesar de existir un medio ordinario de protección idóneo y eficaz. que para el caso colombiano son engorrosos y de larga duración. en la sentencia T-008 de 2009. de conformidad con disposiciones especiales aplicables en virtud del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993.22 derechos fundamentales del afectado. ello en consideración que. Es decir.) De conformidad con el precedente señalado. En todo caso. deba prosperar. la protección definitiva en sede de tutela encuentra justificación en la necesidad de no hacer nugatorios los beneficios que se derivan del régimen de transición y. dicha comprobación da lugar a que la acción de tutela sea concedida como mecanismo transitorio hasta tanto la jurisdicción competente resuelva el 32 Al resolver un caso similar a los casos expuestos. cuenta con menos posibilidades de obtener eficazmente la satisfacción de su derecho en ejercicio de los medios ordinarios de defensa y. por tanto.
la Corte destacó: “[L]a definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan una relación directa con los derechos fundamentales de las partes o que no revistan un interés constitucional claro.P. por sí sola. En igual sentido. su estado de salud.2. “es necesario que la controversia planteada suponga un problema de relevancia constitucional”37. la relevancia constitucional se deriva de la necesidad de garantizar la efectividad del derecho a la igualdad y el acceso al Sistema de Seguridad Social sin ningún tipo de discriminación42. su precaria situación económica40. se entenderá que el hecho al que se refiere la negación se encuentra plenamente probado”. sin ningún tipo de . los Estados Partes deben tomar medidas efectivas y revisarlas en caso necesario. la protección invocada debe concederse de manera urgente e impostergable36. Sin embargo. el perjuicio irremediable debe ser inminente y grave y. Al respecto. 4. De conformidad con la jurisprudencia. 36 Sentencia T-225 de 1993. Observación General No. T-169 de 2003 y T-631 de 2002. 41 Sobre el particular. es menester considerar que las circunstancias especiales que dan lugar a la configuración de un perjuicio irremediable deben ser analizadas por el juez de tutela a la luz de las especificidades del caso concreto. 19 del CDESC: “De conformidad con el párrafo 1 del artículo 2 del Pacto. se requiera la adopción de medidas que tornen posible una igualdad real y efectiva. las sentencias T-217 de 2009. 37 Sentencia T-658 de 2008. véanse. T651 de 2004. (ii) se 33 Véanse las sentencias T-174 de 2008. 35 Sentencia T-007 de 2009.23 litigio33. hasta el máximo de los recursos de que dispongan. T-857 de 2004. en concordancia con la jurisprudencia. es decir. se pueden consultar las sentencias T-614 de 2007 y T-124 de 2007.” 42 Cfr. se concluye que se encuentra en una circunstancia de debilidad manifiesta41. basta que dicha posibilidad esté abierta al interponer la demanda de tutela. pues si el accionante ha dejado vencer la oportunidad para iniciar el trámite del proceso ordinario. las sentencias T-871 de 1999. entre otras. entre otras. En este punto. que transcienda del ámbito de un conflicto del orden legal y tenga relación directa con el contenido normativo superior38. para realizar plenamente el derecho de todas las personas. En todo caso. la Corte ha indicado que se invierte la carga de la prueba.” 40 Al respecto.34”35. en la sentencia T-730 de 2008. T-1030 de 2008. Igualmente. 177 C.pues de no hacerlo. en la sentencia T-923 de 2008. se debe tener en cuenta que “la Corte ha señalado que no existe la obligación de iniciar el proceso ordinario antes de acudir a la acción de tutela.” 39 Al respecto. su edad avanzada39. no puede ser planteada ante la jurisdicción constitucional. T-529 de 2007. la Corte ha sostenido que para que la acción de tutela interpuesta con el objeto de obtener el reconocimiento de una pensión sea procedente y deba prosperar. correspondiendo en este caso a la entidad demandada demostrar lo contrario –art. Ante esta situación. por ejemplo. T-108 de 2007. T-826 de 2008. la tutela no procede como mecanismo transitorio. T-812 de 2000. T-251 de 2007. 38 En la sentencia T-335 de 2000. física o mental. la Corte señaló: “(…) en algunos casos las personas que no han recibido el pago de sus prestaciones formulan una negación indefinida en el sentido de no contar con recursos diferentes a la prestación económica adeudada para su subsistencia. se precisó: “No sobra aclarar que la condición de persona de la tercera edad no es. la Corte afirmó: “[La] posibilidad de intervención [del juez de tutela] adquiere particular importancia en aquellas hipótesis en las cuales de conformidad con el mandato contenido en el artículo 13 superior. T-567 de 2007.C.. en consecuencia. razón suficiente para definir la procedencia de la acción de tutela (Sentencia T-463 de 2003).3 En tercer lugar. en especial cuando la protección se torne imperiosa en atención a las circunstancias de debilidad manifiesta de sujetos tradicionalmente discriminados o marginados en razón de su condición económica. en la sentencia T-1206 de 2005. 34 Ver. el reconocimiento de una pensión adquiere relevancia constitucional cuando: (i) del conjunto de condiciones objetivas en las cuales se encuentra el accionante.
grupos. ya sean contributivos o no contributivos. o basados en la autoayuda. T-169 de 2003. los Estados Partes conservan la responsabilidad de administrar el sistema nacional de seguridad social y asegurar que los agentes del sector privado no pongan en peligro un sistema de seguridad social en condiciones de igualdad. tradicionales. por ejemplo. Sobra advertir que este criterio no puede ser confundido con el requisito de la conexidad. 47 “44. más no constituye un criterio para examinar la procedibilidad de la acción de tutela. T-621 de 2006. una supervisión independiente. se puede concluir que el reconocimiento de una pensión tiene relevancia constitucional y. // 46. empresas y otras entidades. a la seguridad social. Para impedir estos abusos. este Tribunal concluyó: “La jurisprudencia constitucional ha reiterado.24 verifica la grave afectación de otros de derechos fundamentales como la vida digna. interfiera arbitraria o injustificadamente en los sistemas de seguridad social consuetudinarios. de conformidad con la Observación General No. entre otras cosas. Esta obligación incluye. Adicionalmente. al alcance de todos y accesible. T-524 de 2008 y T-920 de 2006. Por el contrario. son administrados o controlados por terceras partes. deben garantizar a toda persona un disfrute mínimo de este derecho humano. o no paguen al sistema de seguridad social las cotizaciones exigidas por la ley a los empleados u otros beneficiarios del sistema de seguridad social. las referidas a la faceta de respeto47 y de protección48 del derecho humano a la discriminación. que incluya una legislación marco. debe establecerse un sistema regulador eficaz. entre otras cosas. Así. La formulación del artículo 9 del Pacto indica que las medidas que se utilicen para proporcionar las prestaciones de seguridad social no pueden definirse de manera restrictiva y. en numerosas ocasiones (Sentencias T-158 de 2006. la comprobación de la afectación de otros derechos fundamentales refuerza la necesidad de conceder la protección invocada. así como los agentes que actúen bajo su autoridad. y (iii) se constata la afectación de principios constitucionales como el principio de favorabilidad en la interpretación y aplicación de la ley. las sentencias T-997 de 2007. . interfieran arbitraria o injustificadamente en los sistemas de seguridad social consuetudinarios. el abstenerse de toda práctica o actividad que.” 48 “45. que la aplicación del principio constitucional de favorabilidad en la interpretación de las normas relativas a los requisitos para adquirir la pensión es obligatoria para las entidades del sistema de seguridad social. y para las autoridades judiciales. Esta obligación supone. de manera general. este requisito debe ser entendido “en tanto enlace estrecho entre un conjunto de circunstancias que se presentan en el caso concreto y la necesidad de acudir a la acción de tutela en cuanto vía para hacer efectivo el derecho fundamental. en consecuencia. La obligación de respetar exige que los Estados Partes se abstengan de interferir directa o indirectamente en el ejercicio del derecho a la seguridad social.4 de esta sentencia. la salud.” 46 Fundamento jurídico 3. pues a la luz del carácter fundamental del derecho a la seguridad social. deniegue o restrinja el acceso en igualdad de condiciones a una seguridad social adecuada. T-871 de 2005 y T-545 de 2004). el mínimo vital y el debido proceso43. 44 Sentencia T-016 de 2007. de forma tal que su omisión configura una vía de hecho que viola los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social. T-631 de 2002 y T800 de 1999. incluido el seguro social. por ejemplo. sean públicas o privadas. suficiente. por ejemplo. 45 Véanse. 19 del CDESC46. cuando en el caso concreto se observa que el Estado no cumplió sus obligaciones de efecto inmediato.44”. La obligación de proteger exige que los Estados Partes impidan a terceras personas que interfieran en modo alguno en el disfrute del derecho a la seguridad social. la de adoptar las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias y eficaces. el principio de primacía de lo sustancial sobre lo formal y el principio de irrenunciabilidad de las prestaciones establecidas en las normas que dan contenido al derecho a la seguridad social45. tradicionales o basados en la autoayuda que sean compatibles con el derecho a la seguridad social. particularmente. justifica la intervención del juez de tutela.” 43 Véanse las sentencias T-019 de 2009. Por terceras partes se entienden los particulares. Cuando los planes de seguridad social. para impedir que terceras partes denieguen el acceso en condiciones de igualdad a los planes de seguridad social administrados por ellas o por otros y que impongan condiciones injustificadas de admisibilidad. en todo caso. en la sentencia T-090 de 2009. o interfiera arbitraria o injustificadamente en las instituciones establecidas por personas físicas o jurídicas para suministrar seguridad social.
T-597 de 2007. quien alega una vulneración de este derecho como consecuencia de la falta de reconocimiento de su pensión. Y. T-729 de 2008.” 49 Véanse las sentencias T-019 de 2009. al menos sumaria. T-169 de 2003 y T-571 de 2002. de manera especial. Así.2. no ha actuado en consecuencia 49. T-702 de 2008. frente a su deber de: (i) “Asegurar el acceso al sistema de seguridad social (…) sin discriminación alguna. T052 de 2008. T-529 de 2007 y T-432 de 2005. y (ii) de “respetar y proteger los regímenes de seguridad social existentes de injerencias injustificadas. no ha visto atendida su solicitud de acuerdo a la normatividad aplicable y a las condiciones fácticas en las que apoya su petición. . T-099 de 2009. cuya procedencia está acreditada. el juez de amparo debe emplear las facultades probatorias conferidas por el Decreto 2591 de 1991. en segundo lugar. este requisito traza un claro límite a la actuación del juez de tutela. de la titularidad del derecho exigido y de que ha desplegado cierta actividad administrativa o judicial tendiente a obtener la protección de sus derechos -salvo que haya resultado imposible hacerlo por motivos ajenos a su voluntad-50. En este sentido. en especial para las personas y los grupos desfavorecidos y marginados”. luego de la solicitud respectiva. busca asegurar la eficacia de los derechos fundamentales del sujeto que a pesar de encontrarse en una grave situación originada en el no reconocimiento de su derecho pensional. 50 Sobre este aspecto se puede consultar las sentencias T-567 de 2007.4 En cuarto lugar. De ahí que también se pueda concluir que el juez constitucional debe intervenir en estos casos cuando. Antes bien.” (Subraya fuera del texto original). en la sentencia T-836 de 2006. para admitir la procedibilidad de la acción de tutela en estos casos. esta Corporación ha afirmado que la acción de tutela procede cuando se encuentra debidamente probado que el accionante tiene derecho al reconocimiento de la pensión y. sin embargo. la entidad encargada. quien sólo puede acudir a esta actuación excepcional en los precisos casos en los cuales esté demostrada la procedencia del reconocimiento.” una auténtica participación pública y la imposición de sanciones en caso de incumplimiento. se debe tener en cuenta que “en aquellos eventos en los cuales la situación fáctica que rodea la acción no resulte del todo clara. 4. advierte que el Estado no cumplió su obligación de asegurar la satisfacción mínima indispensable del derecho a la seguridad social en el marco del reconocimiento de una pensión. 51 Sentencia T-1213 de 2008. la Corte explicó: “El mencionado requisito probatorio pretende garantizar dos objetivos: en primer lugar. debe acompañar su afirmación de alguna prueba.25 seguridad social. dada la relevancia constitucional del asunto.51” Sobre este requisito. en la medida en que la eventual indeterminación probatoria dentro del proceso de tutela no puede emplearse de manera legítima como justificación para dar respaldo a decisiones judiciales contrarias a los accionantes. dicha oscuridad probatoria debe ser remediada de manera perentoria por parte del juez de amparo en su calidad de garante de los derechos fundamentales que se vean comprometidos en la controversia. T-752 de 2008.
Sin embargo.3 En síntesis. serán los establecidos en el régimen anterior al previsto en la Ley 100 al cual se encuentren afiliados.tenían 35 o más años de edad en el caso de las mujeres. de acuerdo con las circunstancias especiales que fundamentan el caso concreto. cuando. 5. de la titularidad del derecho exigido y de que se ha desplegado cierta actividad administrativa o judicial tendiente a obtener la protección invocada. 4. etc.1 En concordancia con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Vía de hecho por desconocimiento del régimen de transición.26 (Subraya fuera del texto). (ii) a pesar de existir un medio ordinario de protección idóneo y eficaz. la jurisprudencia ha estimado que el régimen de transición de pensiones contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Reiteración de jurisprudencia 5. o 40 o más años de edad en el caso de los hombres. y (iv) existe prueba. o 15 o mas años de servicios cotizados. Principio de favorabilidad. los requisitos relativos a la edad para acceder a la pensión de vejez. se fundamenta en la necesidad de garantizar la efectividad del principio de favorabilidad en la interpretación y aplicación de la ley laboral53 durante los cambios legislativos 52 Sentencia T-997 de 2007. al menos sumaria. se deben considerar las siguientes excepciones a la subregla de la improcedencia: (i) cuando no existe otro medio judicial de protección o si. la Corte ha estimado que dada la necesidad de garantizar la prevalencia de los derechos fundamentales. costumbre. 5. la acción de tutela es improcedente para proteger el derecho fundamental a la seguridad social cuando su afectación se circunscribe al reconocimiento de derechos pensionales. convención colectiva.3 En efecto. 5. 52” (Subraya fuera del texto original). quien aplica o interpreta las normas debe . inaplican o se aplican parcialmente las normas del régimen que ampara a un trabajador que se encuentra cobijado por los supuestos de hecho que dispone el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la ley 100 de 1993. (iii) el asunto puesto a consideración del juez de tutela supone un problema de relevancia constitucional. esta Corporación ha sostenido que “existe vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y seguridad social.) o en una misma fuente. en principio. 53 La jurisprudencia constitucional ha entendido que el principio de favorabilidad en materia laboral implica por lo menos dos deberes para la autoridad que aplica e interpreta la ley (sentencia C-168 de 1995): (i) En los casos en que una misma situación jurídica se encuentre regulada en distintas fuentes formales del derecho (ley. se concluye que éste no es idóneo o eficaz para garantizar la protección constitucional reclamada. el tiempo de servicio y el monto de la pensión de las personas que para el 1° de abril de 1994 -fecha en que entró en vigencia el Sistema de Pensiones. en perjuicio del principio de favorabilidad previsto en el artículo 53 de la Constitución y 21 del Código Sustantivo del Trabajo.2 En este sentido. en virtud del principio de subsidiariedad. en un caso de reconocimiento de pensión de jubilación se desconocen. se hace necesario evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales del actor.
en concordancia con otras normas de la misma ley. que les permitiera acceder a la prestación económica en los términos y condiciones del régimen anterior al propuesto por la Ley 100 de 1993. En esa oportunidad. o entre dos normas de idéntica fuente. en el momento en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993 y haber estado. este precedente parte de considerar que la presencia en el sistema general de pensiones de un régimen de transición encuentra justificación constitucional en la necesidad de garantizar el principio de favorabilidad en materia laboral. la Corte concluyó: “[P]ara ser beneficiario del régimen de transición es necesario estar en uno de los siguientes supuestos. por resultar importante para resolver el presente caso. los servidores públicos que.” 5. sino también cuando existe una sola norma que admite varias interpretaciones. si se es hombre. en ese momento. también establece el principio de favorabilidad. afiliado a un régimen pensional. en el sentido en que en virtud de dicha expresión. también en ese momento. exceptivo en relación con el principio de universalidad. ahora bajo examen.4 Ahora bien. a un régimen pensional. contenida en el inciso 2 del artículo 36 de la Ley 100 de 199355. 15 o más años de servicio cotizados. ya que de acuerdo con la legislación laboral pertinente. Además. se debe tener en cuenta que mediante la sentencia C-596 de 1997. (…) No obstante. la lectura armónica del inciso segundo del artículo 36. debía prodigarse un tratamiento distinto.27 que se susciten en materia de seguridad social54. la Corte precisó que “El artículo 36 de la ley 100 de 1993 es una norma de orden público. al determinar el sentido y alcance de la norma demandada. la Corte resolvió una demanda de inconstitucionalidad presentada contra la expresión “al cual se encuentren afiliados”.” 55 La exequilibilidad de este inciso ha sido estudiada por la Corte Constitucional en las sentencias C-754 de 2004. pues se estaría supliendo al legislador su función esencial. la Corte advirtió: “En líneas generales. Al respecto. y (ii) La norma escogida bajo el criterio anterior debe ser aplicada en su integridad. la ley 100 Art. y estar afiliado. el principio de favorabilidad opera no sólo cuando existe conflicto entre dos normas de distinta fuente formal que regulan de manera diferente un caso concreto. la Corte analizó la presunta violación del artículo 13 de la Constitución. (…) permiten concluir que (…). C-596 de 1997. en la sentencia T-631 de 2002. 11. pierden el tiempo de servicio prestado anteriormente para alguna entidad oficial. C-168 de 1995 y C-410 de 1994. Primero: haber tenido 35 o más años. C-1056 de 2003. o 40 o más.” Así. elegir de cada norma lo más ventajoso y crear una tercera. no le está permitido al juez o a la autoridad respectiva. cumpliendo los mencionados requisitos de edad no estaban afiliados a ningún régimen pensional en el momento de entrar a regir la escoger aquella que resulte más beneficiosa para el trabajador. Desde esa perspectiva. para el caso de las personas que al momento de entrada en vigencia del sistema habían recorrido buena parte de su vida laboral. Segundo: tener. al igual que los derechos adquiridos de los trabajadores. Así. 54 En la sentencia T-251 de 2007. aparentemente “los servidores públicos que por edad corresponden al régimen de transición y que al momento de entrar a regir la mencionada ley no tuvieran vinculación laboral con el Estado. . si se es mujer. en el momento de la entrada en vigencia de la Ley 100. [que] desarrolla el principio de favorabilidad reconocido en el artículo 53 de la Constitución que penetra en todo el ordenamiento laboral por ser su hilo conductor.
se jubilarán a los 55 o 60 años de edad. en su literal f) señala que para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en cualquiera de los dos regímenes pensionales. respectivamente. si se trata de hombres. (…) indica que es necesario haber cotizado un mínimo de mil semanas en cualquier tiempo. aquellos servidores públicos que tenían en el momento de entrar en vigencia la nueva ley las edades mencionadas. tiempo de servicio y monto de la pensión correspondientes al régimen al que alguna vez estuvieron afiliados. se tendrán en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la nueva ley. se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la ley. . a las Cajas. fondos o entidades de seguridad social del sector público o privado. y no pierden el tiempo de servicio ni las semanas de cotización que hayan acumulado con anterioridad a tal fecha. caso que proponen los demandantes. entre otros. o el tiempo de servicio como servidores públicos. señalando que para el cómputo de dichas semanas se tendrá en cuenta.” (Subraya fuera del texto original). siempre se les tendrá en cuenta. (…) expresamente menciona que para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de tales personas. el artículo 13 de la Ley 100. y el tiempo de servicio que como servidores públicos hayan trabajado en cualquier tiempo. según se trate de mujeres o de hombres.28 nueva ley. por estar desempleados. o el tiempo de servicio como servidores públicos. En segundo lugar. que describe las características del nuevo sistema. fondo o entidad del sector público o del sector privado. En tercer lugar. Pero si al momento de entrar a regir la nueva ley no estaban afiliados a un sistema pensional. o de 60. “al Instituto de Seguros Sociales. que analizadas en su conjunto conducen a la conclusión anteriormente señalada: En primer lugar. el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. cualquiera que sea el número se semanas cotizadas o el tiempo de servicio. sin importar si dicha cotización se hizo al ISS o a cualquier caja. “el tiempo de servicio como servidor público”.” En conclusión. perderán el beneficio consistente en pensionarse según los requisitos de edad. En efecto. son varias las normas contenidas en el Régimen General de Pensiones que se refieren a los servidores públicos que se encuentran en esta situación. el artículo 33 de la ley en comento. tienen la posibilidad de pensionarse a la edad de 55 años si se trata de mujeres. cualquiera que sea el número de semanas cotizadas o el tiempo de servicios.
los requisitos relativos a la edad para acceder a la pensión de vejez.//Para los efectos previstos en este artículo. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio. cuando se trate de entidades del orden departamental. 56 “El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.29 5.6 En este punto se debe agregar que para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez prevista en el artículo 1° de la Ley 33 de 198556. de manera general57. se continuarán rigiendo por las normas anteriores a esta Ley. a jubilarse antes de la edad de sesenta años (60). // Quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como empleados oficiales. con cargo a los giros que les correspondan a los organismos o Cajas. las que regulan el régimen pensional de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y el Ministerio Público (sentencias T651 de 2004 y T-631 de 2002). dicho servidor debe pensionarse una vez satisfaga los requisitos fijados en la Ley 100 de 1993. (ii) o 15 o mas años de servicios cotizados. 5. estableció la responsabilidad del pago de la pensión de jubilación en el sector público a cargo de la caja de previsión. Sobre el particular. a prorrata del tiempo que el pensionado hubiere servido o aportado a ellos. continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley. 58 El artículo 2 de dicha ley. tendrán derecho cuando cumplan los cincuenta (50) años de edad si son mujeres o cincuenta y cinco (55) sin son varones. sin su consentimiento expreso y escrito. el legislador. T-567 de 2007. En consecuencia. sólo se computarán con jornadas completas de trabajo las de cuatro (4) o más horas diarias. la Corte precisó: “[C]abe afirmar que a través de la Ley 33 de 1985. en caso de no cumplir los requisitos señalados o de que no haya estado vinculado laboralmente el 1° de abril de 1994. la compensación anual se efectuará con cargo a las correspondientes transferencias de imputes nacionales”.5 Entonces. el Ministerio de Hacienda y Crédito Público efectuará anualmente las compensaciones a que haya lugar. serán los establecidos en el régimen anterior al cual se encuentre afiliados en esa fecha. la Corte ha estimado que el servidor público cobijado por el régimen de transición. salvo las excepciones que. intendencial. actualmente se hallen retirados del servicio. municipal o del Distrito Especial de Bogotá. // PARAGRAFO 2o. por vía general. // En todo caso. ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones. // No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente. T-052 de 2008. reconozca y pague a su favor una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio59. ningún empleado oficial. Para calcular el tiempo de servicio que da derecho a la pensión de jubilación o vejez. Si las horas de trabajo señaladas para el respectivo empleo o tarea no llegan a ese límite. a . establezca el Gobierno. luego de cumplir los requisitos de edad (55 años) y tiempo de servicios (20 años continuos o discontinuos). 59 Véanse las sentencias T-529 de 2008. el resultado que así se obtenga se tomará como el de días laborados y adicionará con los de descanso remunerado y de vacaciones. tendrá derecho a que la respectiva caja de previsión a la cual se encuentre afiliado en ese momento58. La Caja de Previsión obligada al pago de pensión de jubilación. hayan cumplido los requisitos para obtener pensión de jubilación. el tiempo de servicio y el monto de la pensión del servidor público que para el 1° de abril de 1994 -fecha en que entró en vigencia el Sistema de Pensiones-: (i) tenía 35 o más años de edad en el caso de las mujeres. podrá ser obligado. por concepto de aportes del Presupuesto Nacional. el cómputo se hará sumando las horas de trabajo real y dividiéndolas por cuatro (4). en la sentencia C-657 de 2000. conforme a la ley. a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones que regían en el momento de su retiro. // PARAGRAFO 1o. o 40 o más años de edad en el caso de los hombres. tendrá derecho a repetir contra los organismos no afiliados a ellas.” 57 Para el efecto se debe tener en cuenta la aplicación de otras disposiciones. // PARAGRAFO 3o. En todo caso los empleados oficiales que a la fecha de vigencia de esta Ley. comisarial. a partir de la fecha de vigencia de esta Ley. por ejemplo. o contra las respectivas Cajas de Previsión. la cual puede repetir contra las respectivas cajas a prorrata del tiempo que se hubiere aportado a ellas (sentencia T-567 de 2007):“ARTICULO 2o.
tiene un derecho a percibirla sin que se le sean impuestos obstáculos y con la inclusión de la totalidad de condiciones y beneficios contemplados en el régimen pensional al que pertenece. T-631 de 2002 y T-571 de 2002. T-871de 2005 y T-545 de 2004). En efecto. en numerosas ocasiones (Sentencias T158 de 2006.” 62 Con relación al desconocimiento del principio de favorabilidad como consecuencia del desconocimiento de los derechos que se derivan del régimen de transición pensional de la Ley 100 de 1993. T-169 de 2003. cuando constata que la entidad encargada del reconocimiento de la pensión de vejez ha desconocido las normas del régimen aplicable a quien satisface los supuestos de hecho previstos en el régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Cuando en el acto administrativo por medio del cual se define el reconocimiento de una pensión de jubilación se declara que el peticionario cumple con los requisitos establecidos por la ley para acceder al status de pensionado pero se le niega el reconocimiento del derecho por razones de trámite administrativo. pues sin un sustento objetivo y jurídico razonable. en la sentencia T090 de 2009 se dijo: “La jurisprudencia constitucional ha reiterado. se entiende que se configura una vía de hecho. esta Corporación precisó: “[E]s posible identificar en la jurisprudencia de la Corporación dos eventos en los cuales podrían configurarse vías de hecho en el acto administrativo proferido con ocasión de la solicitud pensional: i. T-651 de 2004. en la sentencia T-008 de 2009. de un lado. que la aplicación del principio constitucional de favorabilidad en la interpretación de las normas relativas a los requisitos para adquirir la pensión es obligatoria para las entidades del sistema de seguridad social. y para las autoridades judiciales. se señaló: “La ocurrencia de una vía de hecho por defecto sustantivo en las decisiones administrativas que sobre reconocimiento y liquidación de pensiones expiden las administradoras de esos fondos. las sentencias T-524 de 2008 y T-806 de 2004.T-174 de 2008. T-008 de 2009. y (ii) modificar el régimen general de seguridad social del sector público procurando. en igualdad de condiciones. genera la vulneración del derecho al debido proceso del trabajador. de forma tal que su omisión configura una vía de hecho que viola los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social. T-702 de 2008. T-857 de 2004. T-251 de 2007. T529 de 2008. el derecho de los trabajadores públicos a disfrutar de una pensión de jubilación. la jurisprudencia ha considerado que dicho desconocimiento no sólo resulta contrario al principio de favorabilidad62. persiguiendo dos objetivos fundamentales: (i) resolver los problemas financieros por los que estaba atravesando la Caja Nacional de Previsión Social la cual.” 63 Véanse. venía soportando todo el costo de las pensiones canceladas a los empleados estatales a quienes les había reconocido ese derecho. se adopta una decisión que no tiene en cuenta las normas aplicables al caso. T-1309 de 2005. En estos eventos. con dineros del Presupuesto Nacional.7 Ahora bien. en reiteradas oportunidades60. T-567 de 2007. quien una vez reúne los requisitos para obtener su pensión según el régimen de transición. sean públicas o privadas. del otro. aliviar la carga económica que en materia pensional se asumía directamente con los presupuestos de las entidades territoriales y. . adoptó algunas medidas relacionadas con las cajas de previsión y con las prestaciones sociales de los empleados del sector público. 61 Sobre la violación del derecho fundamental al debido proceso en estos casos.” 60 Véanse las sentencias T-099 de 2009.30 5. iniciativa del Gobierno nacional. T-529 de 2007. la Corte Constitucional ha concedido la tutela de los derechos fundamentales a la seguridad social y al debido proceso61. ha dicho la Corte. T-248 de 2008. por ejemplo. T-621 de 2006.T-090 de 2009. T-019 de 2009. en la sentencia T-571 de 2002. unificar criterios que permitan garantizar. con base en lo anterior. T-052 de 2008. sino también constituye una vía de hecho administrativa por defecto sustantivo63. En este sentido.
Se configura la vía de hecho por omisión manifiesta en la aplicación de las normas porque al tratarse de derechos provenientes de la seguridad social son irrenunciables y si la persona cumple con los requisitos previstos por la ley para que le sea reconocido su derecho de pensión conforme a un régimen especial o de transición.8 Es por esto que la jurisprudencia ha estimado que el derecho a obtener el reconocimiento de la pensión de vejez en aplicación del régimen de transición.9 Adicionalmente.” . Sobre el particular. En ese sentido. admitir que la interpretación indebida de las normas legales aplicables afectara el derecho a acceder a esa prestación. habida cuenta la aludida relación entre éste derecho y la protección de la subsistencia en condiciones dignas. en franca contradicción con la orden constitucional del principio de favorabilidad. y (ii) el Texto Constitucional reconoce carácter irrenunciable a la seguridad social. en la sentencia T-529 de 2008. en 64 Al respecto. la Corte aclaró: “[E]sta Corporación ha sostenido de manera reiterada que. cuando se desconoce la aplicación de un régimen especial o se omite aplicar el régimen de transición previsto en el sistema general de pensiones. 5. adquieren el estatus de jubilados. pues le da a su titular la posibilidad del reconocimiento de la prestación en las condiciones prescritas en la normatividad anterior y la de acudir al Estado a través de la jurisdicción para que le sea protegida en caso de desconocimiento. Este criterio también fue expresado en la sentencia T-631 de 2002. El derecho se adquiere no solo con base en la actual normatividad de la ley 100 de 1993. Reclamable ante los funcionarios administrativos. siempre que se den algunas circunstancias que la ley exija. constituye un derecho subjetivo en el marco del derecho fundamental a la seguridad social64. en estos casos la no afectación del derecho fundamental al mínimo vital no constituye un argumento para negar la protección constitucional invocada. ii. contradice dicho carácter. 65” 5. La posición de quien cumple con lo exigido por la ley configura un auténtico derecho subjetivo exigible y justiciable. vínculo que resulta manifiesto en aquellas personas que culminada su vida laboral y ante el cumplimiento de los requisitos legales aplicables. así: “El derecho a la seguridad social en pensiones es un derecho subjetivo. en la sentencia T-251 de 2007. cuando se satisfacen los requisitos para el efecto. El aspirante a pensionado tiene el derecho a que se le resuelva su situación dentro del marco normativo correspondiente.” 65 Sentencia T-169 de 2003. esta es una situación jurídica concreta que no puede ser menoscabada. preferenciándose el derecho sustancial. se debe señalar que a juicio de esta Corporación. y también ante los funcionarios judiciales porque la justicia es una función pública y los ciudadanos tienen acceso a ella. que “no puede ser desconocido por ningún motivo.” (Subraya fuera del texto original). sino también de acuerdo con los regímenes pensionales anteriores. la Corte afirmó: “[L]a jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido reiteradamente que la controversia objeto de estudio [tiene] raigambre constitucional debido a que (i) existe una relación inescindible entre la eficacia del derecho a la seguridad social en pensiones y la protección de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la igualdad. condición que no puede ser desconocida sin poner en riesgo cierto su subsistencia.31 por ejemplo la expedición del bono pensional. Por ejemplo. Cuando en el acto administrativo por medio del cual se define el reconocimiento de la pensión de jubilación se incurre en una omisión manifiesta al no aplicar las normas que corresponden al caso concreto o elige aplicar la norma menos favorable para el trabajador. por permitirlo.
en la sentencia T-174 de 2008. Además. A juicio de la Sala. La Sala advierte que el precedente jurisprudencial. en la necesidad de proteger al ciudadano de determinaciones abiertamente contrarias al ordenamiento constitucional y. en la protección de los derechos al debido proceso. El Instituto de Seguros Sociales consideró al actor como beneficiario del régimen de transición. en segundo término. la Corte analizó el caso de un ciudadano que había solicitado ante el Instituto de Seguro Social el reconocimiento de su pensión de vejez de acuerdo con el artículo 1° de la Ley 33 de 1985. de los cuales más de veinte habían sido cotizados como empleado oficial. en primer lugar. También probó que en el momento en que entró a regir la Ley 100 de 1993. esta Corporación concluyó: “El accionante acreditó que cumplía con las condiciones fijadas en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985. pero le negó el reconocimiento de la prestación al estimar que no le era aplicable la Ley 33 de 1985 sino el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. igualdad. demuestra que la negativa injustificada de la administración de reconocer una prestación social. satisfacía los requisitos previstos en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993. vulnera los derechos fundamentales del afectado. resulta evidentemente arbitraria e infundada al punto de que se configura una vía de hecho administrativa. y el principio de dignidad humana de los afectados. por ejemplo.” En virtud de lo expuesto. aplicable a este caso. toda vez que cuenta con 57 años de edad y más de veintisiete años de servicio. configura una de las hipótesis fácticas de procedibilidad de la acción de tutela contra los actos administrativos y la existencia de vía de hecho administrativa.32 ciertos casos. toda vez que en estos casos la procedencia de la acción de tutela se fundamenta. el mecanismo de amparo resulta procedente aún cuando no se demuestre la afectación del mínimo vital. pues en su criterio. tal como lo ha previsto la jurisprudencia . el Instituto aceptó que el actor se encontraba cobijado por el régimen de transición. la no aplicación de la norma favorable en materia laboral genera una vía de hecho. Al advertir que en los actos administrativos mediante los cuales se negó dicho reconocimiento. tenía más de 40 años de edad y había laborado 15 años en el sector público. la negación de una pensión de jubilación a partir de la inaplicación injustificada de las normas que regulan el régimen pensional de la Ley 33 de 1985. cuando la conducta desplegada por las entidades responsables del reconocimiento de derechos pensionales. en los casos en que están acreditados suficientemente los requisitos legales exigibles.
se señaló que la indebida o la falta de aplicación de las normas previstas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. del régimen anterior al cual se encuentre afiliado el accionante.10 En conclusión. vulneran los derechos fundamentales del accionante. De ahí que. en principio. se precisó que en estos casos. en las consideraciones generales de esta sentencia. la protección en sede de tutela se justifica en la necesidad de no hacer nugatorios los beneficios que se derivan del régimen de transición y. en principio. de la titularidad del derecho reclamado y de que se ha desplegado cierta actividad administrativa o judicial tendiente a obtener el reconocimiento de la pensión. 6. cuya protección se puede hacer efectiva por vía de tutela cuando adquiere los rasgos de un derecho subjetivo y la acción satisface los requisitos de procedibilidad exigibles. a continuación la Sala de Revisión determinará si las resoluciones 06297 de 2008 y 016242 de 2007. la Sala concluyó que el derecho a la seguridad es un verdadero derecho fundamental. la protección en sede de .1 Con base en las consideraciones y fundamentos expuestos.33 de este Tribunal. Seccional Valle. al menos sumaria. los medios ordinarios de defensa judicial son idóneos y eficaces para garantizar la protección constitucional invocada. de comprobarse la configuración de una vía de hecho administrativa y la afectación del principio de favorabilidad. analizará si la presente acción de tutela satisface los requisitos de procedibilidad definidos por la jurisprudencia para el efecto. sea procedente y. (ii) el asunto puesto a consideración del juez de tutela suponga un problema de relevancia constitucional y (iii) exista prueba. En este orden. se precisó que en virtud del principio de subsidiariedad. mediante las cuales se negó el reconocimiento de la pensión de vejez definida en el artículo 1° de la Ley 33 de 1985 y la aplicación del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Igualmente. establecerá si de conformidad con los supuestos fácticos del caso. la acción de tutela es improcedente para proteger el derecho fundamental a la seguridad social cuando su afectación se circunscribe al reconocimiento de derechos pensionales. en consecuencia. en los casos de indebida o falta de aplicación de las normas previstas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. expedidas por el Departamento de Atención al Pensionado del Instituto de Seguro Social. 6. salvo que (i) los medios ordinarios de defensa judicial no sean idóneos y eficaces para conceder el amparo constitucional invocado. Por último. 5.” (Subraya fuera del texto original). se entienda que la acción de tutela orientada a obtener el reconocimiento de una pensión de vejez en concordancia con los beneficios del régimen de transición. deba prosperar.2 Para resolver el presente caso. De manera específica. Al respecto. constituyen una grave afectación de los derechos fundamentales a la seguridad social y al debido proceso. Estudio del caso concreto 6.
ascienden a 10. Igualmente. 66 Cfr. 6. en principio. Fundamentos jurídicos 5. el actor tiene derecho a que la caja de previsión a la cual se encontraba afiliado en el momento en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993. tenía 42 años de edad y más de 21 años de servicios prestados a entidades del Estado68 y que.S. Folio 3. como se dijo anteriormente. la acción de tutela debe satisfacer los requisitos de procedibilidad y prosperidad definidos por la jurisprudencia73. en consecuencia. 68 Ibídem. esta Sala abordará dicho análisis y determinará si se debe revocar las decisiones adoptadas el 4 de diciembre de 2008 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el 13 de noviembre de 2008 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali. dentro del presente trámite.5 En consecuencia. reconozca y pague a su favor una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio71.5 de esta sentencia. se encuentra acreditado que satisface los requisitos exigidos para ser incluido en el régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. el “régimen anterior” al que hace referencia el artículo 36 de la Ley 100 de 1996. Por ello. es decir 1527 semanas67”. toda vez que para el 1° de abril de 1994 -fecha en que entró en vigencia esa ley-. corresponde al regulado en el artículo 1° de la Ley 33 de 1985 70. cuaderno 2. 72 Cfr. es decir. 69 Cfr. En este sentido. Fundamento jurídico 4 de esta sentencia. Folio 15. 6. está demostrado que el actor tiene 57 años de edad66 y que el “tiempo total laborado a entidades del Estado y el cotizado al I. 67 Cfr. lo anterior no es suficiente para conceder la acción de tutela interpuesta por Luis Alberto Niño. tiene derecho a pensionarse una vez cumpla los requisitos relativos a la edad y el tiempo de servicio previstos en el régimen anterior al cual se encontraba afiliado69.6 de esta sentencia. en aplicación de los fundamentos jurídicos de esta sentencia. . de acuerdo con los hechos y pruebas que fundamentan la presente acción de tutela.8 de esta sentencia. 70 Cfr. cuaderno 2. 6.S.694 días. aunque el derecho a obtener el reconocimiento de la pensión de vejez en aplicación del régimen de transición -cuando se satisfacen los requisitos exigidos. 73 Cfr.4 Sin embargo. En efecto. constituye un derecho subjetivo en el marco del derecho fundamental a la seguridad social72. el Instituto de Seguro Social. En este orden.3 Ahora bien. como en este caso-. Fundamento jurídico 5. 71 Ibídem. la Sala encuentra que dados los supuestos fácticos del presente caso. Fundamento jurídico 5.1 y 5.34 tutela obedece a la necesidad de hacer efectivos los beneficios que se derivan del régimen de transición y del régimen anterior al cual se encuentre afiliado el accionante. Luis Alberto Niño tiene más de 55 años de edad y prestó sus servicios en el sector público por más de 21 años.
En efecto. se encuentran en una precaria situación económica debido a que él carece de un ingreso permanente para satisfacer las necesidades básicas de su núcleo familiar. En efecto. Folio 34.5. ante la prolongada duración de ese tipo de procesos y su derecho de pensionarse a los 55 años de edad. resulta desproporcionado y contrario a la jurisprudencia de esta Corporación. 76 Sobre esta presunción se pueden consultar las sentencias T-371 de 2008.2. T-220 de 2008. es razonable concluir que la decisión del Instituto de Seguro Social frente a la solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez prevista en el artículo 1° de la Ley 33 de 1985. ya habrá cumplido 60 años. su clasificación en el nivel uno (1) del SISBEN77. entre otras.2 Ahora bien. 77 Cfr. la jurisdicción ordinaria declarará la existencia de ese derecho cuando dicho beneficio ya resulte inocuo.1 A juicio de esta Sala. T-1069 de 2004. edad que en cualquiera de los dos regímenes -el de la Ley 33 de 1993 y el de la Ley 100 de 1993. . no son idóneos y eficaces frente a su derecho de pensionarse a los 55 años de edad. de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación76. En sentir de la Sala. en concordancia con lo sostenido por el accionante durante el trámite de la acción. Así. la Sala también considera que la presente acción de tutela debe prosperar.35 6. en las sentencias T-019 de 2009. En primer lugar.le permite acceder al reconocimiento de una pensión de vejez. cuaderno 2. T-052 de 2008 y T-621 de 2006. aunque en principio cuenta con las acciones judiciales ordinarias para solicitar el reconocimiento de la pensión de vejez prevista en el artículo 1° de la Ley 33 de 1985.1 de esta sentencia. dicha decisión carecerá de sentido y eficacia. 74 Cfr. En este sentido. Por tanto.5. Folio 33. sino también sus derechos fundamentales a la vida digna y al mínimo vital. Bajo esta circunstancia. permite presumir que se encuentran en situación de pobreza y que carecen de medios económicos suficientes para garantizar todas sus necesidades. él y su esposa -quien tiene 61 años75-. cuaderno 2. T-314 de 2005. Fundamento jurídico 4. es razonable concluir que cuando el juez ordinario adopte una decisión al respecto. someter al accionante a un proceso ordinario en el que se defina si tiene o no derecho al reconocimiento de la pensión de vejez dispuesta en el artículo 1° de la Ley 33 de 1985. no sólo afecta el derecho fundamental a la seguridad social del accionante. la presente acción de tutela es procedente para proteger los derechos fundamentales de Luis Alberto Niño74. la Sala estima que los medios ordinarios de defensa judicial de los cuales puede hacer uso Luis Alberto Niño para solicitar el reconocimiento de la pensión de vejez prevista en el artículo 1° de la Ley 33 de 1985. la Sala encuentra que el presente caso plantea un problema de relevancia constitucional. pues a pesar de que el actor tiene derecho a disfrutar de su pensión de vejez desde los 55 años de edad. en aplicación de los enunciados normativos de esta sentencia. 6. de conformidad con el precedente jurisprudencial aplicado. 75 Cfr.
reconozca y pague a su favor una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio. De modo que en el presente caso. como se dijo anteriormente. .S. “no tiene por qué convalidar y asumir bonos o cuotas partes correspondientes a tiempos públicos anteriores a la vigencia del Sistema General de Pensiones (01-04-94) para una pensión de Ley 33 de 1985”. esta Sala estima inadmisible el argumento del Institutito según el cual. como ya se explicó. contrariamente a lo expuesto por el Instituto de Seguro Social en dichas resoluciones. Régimen anterior que. justamente es esa institución la responsable de reconocer y pagar a su favor la pensión de vejez contemplada en la Ley 33 de 1985. pues tiene más de 55 años de edad y prestó sus servicios en el sector público por más de 21 años. tiene derecho a pensionarse una vez cumpla los requisitos relativos a la edad y el tiempo de servicio previstos en el régimen anterior al cual se encontraba afiliado. pues de acuerdo con lo establecido en los artículos 1 y 2 de esa Ley. y por tanto. con relación al requisitito relativo a la relevancia constitucional del asunto. los tiempos cotizados en estas circunstancias tienen el carácter de privados. el Instituto de Seguro Social.36 Igualmente. a diferencia de lo estimado y decidido por el Instituto de Seguro Social en las resoluciones 06297 de 2008 y 016242 de 2007. Por esta razón. esta Sala encuentra que la decisión del Instituto de Seguro Social frente a la solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez prevista en la Ley 33 de 1985 y la aplicación del régimen de transición dispuesto en la Ley 100 de 1993. Luis Alberto Niño satisface los requisitos exigidos para ser incluido en el régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. en su caso corresponde al regulado en el artículo 1° de la Ley 33 de 1985. Al respecto. Luis Alberto Niño tiene derecho a que de conformidad con las normas señaladas. En efecto. régimen que en el caso del accionante corresponde al definido en el artículo 1° de la Ley 33 de 1985 y 78 Cfr. la afectación del principio de favorabilidad y la configuración de una vía de hecho administrativa por defecto sustantivo son el resultado del desconocimiento del derecho de Luis Alberto Niño a que se le reconozca y pague la pensión de vejez dispuesta en el artículo 1° de la Ley 33 de 1985. dado que el actor se encontraba afiliado a ese Instituto en el momento en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993. es lesiva del principio de favorabilidad y constituye una vía de hecho administrativa por defecto sustantivo78. esta Sala considera que el argumento referido a que “los empleadores del sector público afiliados al I.S. se asimilan a empleadores del sector privado. en tanto es el régimen que lo cobija como consecuencia de su derecho a la aplicación del régimen de transición previsto en la ley 100 de 1993.7 de esta sentencia. Así.” carece de sentido si se observa que una de las exigencias para ser beneficiario del régimen de transición es haber estado afiliado el 1° de abril de 1994 a un régimen pensional. Así mismo. Fundamento jurídico 5.
el reconocimiento y pago a su favor de la pensión de vejez prevista en el artículo 1° de la Ley 33 de 198579. Igualmente. el 11 de diciembre de 2007. Igualmente. esta Corporación dejará sin efectos las resoluciones 06297 de 2008 y 016242 de 2007 y ordenará al Departamento de Atención al Pensionado del Instituto de Seguro Social. de conformidad con el folio nueve (9) del cuaderno dos (2) del expediente. “hizo los aportes correspondientes a la mencionada caja de previsión durante todo el tiempo de servicios que prestó el accionante a EMSIRVA E. si se tiene que de acuerdo con el escrito de contestación de la acción de tutela de esa empresa. DECISIÓN 79 Cfr.S.”. Así mismo. Seccional Valle.. Folio 6.6 En virtud de lo expuesto. . en sentir de esta Sala. En segundo lugar. 6. es decir. que dentro las 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia.P. que la presente acción de tutela satisface los requisitos de procedibilidad definidos por la jurisprudencia para el efecto. interpuso recurso de reposición “y en subsidio el de apelación” contra la Resolución No. el Instituto de Seguro Social afirme que para efectos de la solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez presentada por el actor. expida la resolución correspondiente al reconocimiento de la pensión de jubilación de Luis Alberto Niño. al mínimo vital y a la vida digna. IV. se encuentra acreditado que el accionante adelantó las actuaciones pertinentes para obtener la protección de sus derechos.P. durante más de 18 años. dado que el 22 de enero de 2007. al debido proceso. los medios ordinarios de defensa judicial no son idóneos y eficaces para garantizar la protección constitucional invocada. por medio de la cual se negó su derecho a la pensión aludida. respecto de los requisitos de procedibilidad y prosperidad de la acción de tutela en estos casos. 06297 de 2008. 06297 de 2008 y 016242 de 2007. negó la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de vejez definida en el artículo 1° de la Ley 33 de 1985 y la aplicación del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993. cuaderno 2. pues mediante las resoluciones 06297 de 2008 y 016242 de 2007. no es posible tener en cuenta el tiempo cotizado por el actor en razón a su relación laboral con EMSIRVA E. Seccional Valle.S.37 que precisamente se deriva de la prestación de sus servicios a entidades del Estado por más de 21 años y de su condición de ex servidor público. En consecuencia. dado que en consideración de los supuestos fácticos del caso. esta Sala encuentra demostrado que el Instituto de Seguro Social vulneró los derechos fundamentales del accionante a la seguridad social. con fundamento en su derecho a la aplicación del régimen de transición previsto la Ley 100 de 1993 y en concordancia con los requisitos establecidos en el inciso 1° del artículo 1° de la Ley 33 de 1985. solicitó ante el Departamento de Atención al Pensionado del Instituto de Seguro Social. resulta inconducente que en las resoluciones No.
y.ORDENAR al Departamento de Atención al Pensionado del Instituto de Seguro Social. en su lugar. con fundamento en su derecho a la aplicación del régimen de transición previsto la Ley 100 de 1993 y en concordancia con los requisitos establecidos en el inciso 1° del artículo 1° de la Ley 33 de 1985. expedidas por el Departamento de Atención al Pensionado del Instituto de Seguro Social.REVOCAR la decisión adoptada el día cuatro (4) de diciembre de 2008 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el trece (13) de noviembre de 2008 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali.. comuníquese. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA Magistrado Ponente . Segundo. mediante las cuales se denegó el amparo invocado dentro del trámite de la acción de tutela instaurada por Luis Alberto Niño contra el Departamento de Atención al Pensionado del Instituto de Seguro Social..38 En mérito de lo expuesto. al debido proceso. y por mandato de la Constitución Política. publíquese en la gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. al mínimo vital y a la vida digna.P. mediante las cuales se negó la solicitud de reconocimiento de una pensión de vejez a favor de Luis Alberto Niño. con vinculación oficiosa de EMSIRVA E.DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. RESUELVE: Primero. CONCEDER la tutela de los derechos fundamentales a la seguridad social. Notifíquese. Cuarto.. que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia. administrando justicia en nombre del pueblo.S. Seccional Valle.DEJAR SIN EFECTOS las resoluciones 06297 de 2008 y 016242 de 2007. Tercero.. la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional. Seccional Valle. expida la resolución correspondiente al reconocimiento de la pensión de jubilación de Luis Alberto Niño. Seccional Valle.
39 MAURICIO GONZALEZ CUERVO Magistrado GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO Magistrado Ausente en Comisión MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO Secretaria General .
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