Source: https://www.scribd.com/doc/179049642/Enmienda-a-la-Totalidad-al-proyecto-de-ley-del-Sector-Electrico-presentada-por-la-Izquierda-Plural
Timestamp: 2017-04-30 17:34:38
Document Index: 251164009

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 6', 'artículo 4', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 38']

Enmienda a la Totalidad al proyecto de ley del Sector Eléctrico presentada por la Izquierda Plural
ScribdBrowseInterestsCareer & MoneyPersonal GrowthPolitics & Current AffairsScience & TechHealth & FitnessLifestyleEntertainmentBiographies & HistoryFictionBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinEnmienda a la Totalidad al proyecto de ley del Sector Eléctrico presentada por la Izquierda PluralUploaded by eldiario.esEnergy ConservationSpainPovertyPoverty & HomelessnessEconomies0.0 (0)DownloadEmbedView MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentA LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOSAl amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, presenta la siguiente Enmienda a la Totalidad al PROYECTO DE LEY de del Sector Eléctrico (Núm. expte. 121/000064). Exposición de motivos El proyecto de ley del Sector Eléctrico se enmarca en la llamada reforma energética del Gobierno y consiste en un conjunto más amplio de ordenes ministeriales y decretos que complementan este proyecto de ley y en cuyo análisis deben tenerse en cuenta porque están al servicio de los mismos objetivos. En primer lugar, se debe destacar que el Gobierno plantea el enésimo cambio regulatorio en el sector eléctrico afectando en profundidad a consumidores, administraciones públicas y sectores económicos así como comprometiendo objetivos estratégicos del país sin ofrecer las mínimas garantías de participación, información y transparencia en el proceso de reforma. De hecho la Comisión Nacional de la Energía en su informe preceptivo para informar sobre el Anteproyecto afirma rotundamente el plazo insuficiente para informar y analizar las alegaciones del Consejo Consultivo de Electricidad. A los déficits del proceso previo hay que sumar la presentación del proyecto de ley por trámite de urgencia a las Cortes Generales, violentando de nuevo los mecanismos de participación y debate parlamentario. Es incomprensible que una ley que afecta un sector tan estratégico se haga de espaldas a los sectores afectados y se impida la participación efectiva y el trabajo de los organismos controladores. El déficit democrático de esta reforma se acumula a las anteriores y a la eliminación de instrumentos de control independientes del Gobierno como la eliminación de la CNE . En segundo lugar, los cambios regulatorios que se plantean nada tienen que ver con una reforma energética sino con parches y cambios parciales al sector eléctrico. Es una reforma de carácter presupuestario y reduccionista que no incluye un análisis integral y global de los retos económicos y energéticos de España. Una reforma que sirve para mantener vigente un modelo energético
caduco, caro e insostenible y perpetuar los errores acumulados en una mala regulación del sector eléctrico.
En la exposición de motivos del proyecto se plantea que después de 16 años de la ley 54/1997 se han cumplido los objetivos pero ahora es insuficiente para corregir desequilibrios entre ingresos y costes debido a decisiones políticas. Esto evidencia el claro error de diagnóstico en la propuesta, incluído sobre el origen del déficit tarifario, único problema que pretende resolver. Sólo se centra en el déficit tarifario, pero una vez más se equivoca en el diagnóstico y por lo tanto en las soluciones. La ley del sector eléctrico nació con errores y deficiencias ya que liberalizó el sector eléctrico sin tener en cuenta los múltiples fallos de mercado en un sector que debe garantizar un bien básico y que se ordena a partir de un monopolio natural y la integración vertical de empresas. Además de un conjunto de actividades cuyo precio no depende de la competencia sino de componentes como las reservas de combustible, de la especulación en mercados internacionales y nacionales o de tecnologías que no tienen costes variables adaptados a mercado….Una ley que no ha permitido que los precios reflejen los costes reales ni adaptarse a los cambios tecnológicos en el mix energético. Efectivamente son necesarios cambios en profundidad y llevar a cabo una reforma integral del mercado eléctrico que esta ley no aborda. El proyecto pretende resolver el déficit de tarifa ignorando las cifras y el mal funcionamiento del mercado eléctrico culpando una vez más de los desequilibrios entre ingresos y costes del sistema a las energías renovables. Se establece que el déficit de tarifa se crea durante el periodo 2004-2012 cuando la fórmula contable del déficit tarifario se crea en 2002. Se hace una definición del déficit de tarifa errónea al considerar que es la diferencia entre los costes reales y los ingresos del sistema, pasando por alto que el problema son los costes reconocidos que no son los reales. La propia CNE ya ha advertido, igual que la Comisión Europea que el funcionamiento del mercado provoca sobre retribución de algunas tecnologías como la nuclear y la hidroeléctrica. Estos beneficios caídos del cielo podrían suponer unos 24000 millones de euros que sería el equivalente al 90% del déficit de tarifa acumulado. Esta ley no modifica esta situación y mantiene un sistema marginalista de configuración de los precios que supone beneficios millonarios a las grandes compañías eléctricas. Además muchos componentes de los costes reconocidos tienen que ver con decisiones que se perpetúan y que acaban pagando el conjunto de la ciudadanía. Esta reforma no modifica ni un ápice el modelo eléctrico culpando de todos los desequilibrios a las renovables y al ahorro energético pero la evidencia es que después de múltiples recortes a las energías limpias los
precios y los costes continúan subiendo, llevando una subida de la luz de más del 11% en lo que llevamos de legislatura. . Las CNE señala en distintos informes que las causas han sido múltiples. El origen del enorme denominado “déficit tarifario”, que en el 2012 ascendía aa 26.000 millones de euros y está repercutiéndose a los consumidores, está en los acuerdos entre los distintos gobiernos y las empresas de la patronal eléctrica UNESA para conseguir un incremento permanente de sus costes reconocidos y garantizarse los ingresos del sistema. Los cambios regulatorios no resuelven este problema a pesar de los errores y fracasos acumulados. El propio ministro de industria ha reconocido un déficit de 3000M€ para el 2013 aunque en julio dijo que no habría déficit y a pesar de los múltiples cambios y recortes a las renovables ya introducidos. Después del RDL 14/2010 y del RDL 1/2012 que establecieron la retroactividad y la moratoria para las renovables, se produjeron fuertes subidas de la luz que, según la CNE, se debieron a las ayudas al carbón, las subastas de la tarifa de último recurso, la baja demanda eléctrica, los pagos por capacidad, la sobrecapacidad gasista y los costes extra-peninsulares. Las decisiones llevadas a cabo sólo hacen que empeorar el problema de un modelo insostenible económica y medioambientalmente además de hipotecar el futuro. Las consecuencias de los errores de diagnóstico y de un análisis sesgado de la situación anteponiendo los intereses de las grandes empresas conllevan que las medidas sean equivocadas, irresponsables e incoherentes. El resultado de la reforma es un conjunto de medidas recaudatorias y la penalización de las energías limpias y del ahorro energético. Una receta aplicada desde el 2009 y ahora ampliada en este proyecto de ley que penaliza tres veces al consumidor a través de la subida de la luz, de los impuestos y de la imposibilidad de acceder al autoconsumo. La solución que plantean es que aumente la dependencia de los combustibles fósiles y de energías que no tenemos y los ciudadanos consuman más y paguen más. Este modelo es insostenible económica y ambientalmente por la evolución de los precios a futuro del gas y petróleo, los costes de importación energética en nuestra balanza de pagos y el aumento de emisiones debidas a las energías contaminantes. Una factura que este país no puede pagar y que tendrá repercusiones en términos de competitividad de nuestra economía. Como planteamos al principio, el proyecto de ley plantea cambios parciales pero con un grave impacto en el sector eléctrico y en el conjunto de la economías. Los principales cambios por los que nuestro grupo parlamentario plantea una enmienda a la totalidad son: -­‐ La revisión automática de los peajes o la aplicación de los principios de la ley de estabilidad presupuestaria al sector eléctrico. Esta fórmula
de fijar por ley la prohibición de superar un límite de déficit de 2% y de limitar la deuda acumulada en los desajustes es un deseo del gobierno pero no viene acompañado de soluciones o instrumentos. Esta planteamiento rígido de someter al principio absoluto del equilibrio sin revisar la deuda reconocida puede poner en riesgo objetivos más importantes, a nuestro entender, en un sistema eléctrico que debe garantizar un servicio de interés público. La reducción de déficit tarifario que es una deuda con las empresas eléctricas debe resolverse pero no puede pasar por encima de criterios de sostenibilidad medio ambiental, equidad, eficiencia y desvincularse del impacto del sector en el conjunto de la economía. La obsesión por fijar por ley no sólo no resuelve el problema sino que genera incoherencias y riesgos importantes. La misma CNE señala la miopía de que la ley no prevea poder destinar superávits a nada más que reducir la deuda sin introducir alternativas o la imposibilidad de reducir peajes. Además, el hecho de que los desajustes sean ahora soportados por todos los actores que reciben costes regulados puede suponer una medida insoportable para productores pequeños, aumenta la inestabilidad y amenaza la competencia y equidad efectiva entre los actores. Una medida al servicio de los grandes grupos empresariales. Desde nuestro grupo parlamentario creemos que es una insensatez plantear la revisión automática de los peajes que recaerá en los consumidores o contribuyentes (que vienen a ser los mismos sujetos) sin revisar la deuda acumulada. Una medida que o bien no se cumplirá (como el Gobierno ya ha hecho en reiteradas ocasiones) o que de no corregir los problemas estructurales del sistema incrementará la factura de forma exponencial en los próximos años. -­‐ Una ley para acabar con la inversión en energías renovables. El diagnóstico del proyecto se basa en culpar a las renovables de los desajustes del sistema eléctrico. Esto conlleva el absurdo de demonizar y penalizar las energías limpias mientras exime de responsabilidad y penalización a otras tecnologías. Así este proyecto de ley tacha en pleno s.XXI a las energías renovables de “excepcionales” y las somete a un conjunto de cambios regulatorios retroactivos y a un intervencionismo ilimitado que persigue su ahogo financiero y su exclusión como crecientes competidoras en el mercado eléctrico. El cambio de las reglas de retribución a las energías renovables se suman a los 5 que ya han sufrido y que no han resuelto los problemas. Las previsiones de este proyecto de ley rompen la estabilidad regulatoria de las instalaciones ya existentes y que en muchos casos significará la bancarrota de inversiones ya realizadas por no tener en cuenta o reconocer los costes reales de inversión.
Además, el cálculo unilateral por parte del Gobierno de cómo se deben retribuir a través de fijar un coste estándar es un atropello no sólo porque contradice los principios de libertad y competencia del mercado sino que están alejados de la realidad diversa de este tipo de instalaciones. La arbitrariedad que supone esta medida artificial contable excluye la variabilidad de costes en función de los años de la inversión, basándose en la potencia instalada. La rentabilidad fijada no reconoce los costes reales y es ilusoria. Además los mecanismos de retribución están indexados a precio de mercado y en función de los precios de gas y petróleo o de la prima de riesgo del país. El resultado es un sistema de retribuciones anti cíclico, ineficiente - ya que no aprovecha las ventajas comparativas de las energías limpias - y alejado de reflejar los costes reales. Los informes de la CNC y la CNE ponen en evidencia los enormes riesgos del sistema planteado. Por otro lado, se establece la inseguridad regulatoria por ley (revisable cada 6 y 3 años) lo que multiplica los desincentivos a las energías limpias ya que han sido sistemáticamente penalizadas en cada una de las reformas. Esta ley y los decretos previstos aumentan exponencialmente “la prima de riesgo renovable” en el país, dinamitando la posibilidad de nuevas inversiones en el sector, aumentando nuestra dependencia energética y destruirá miles de puestos de trabajo. Impedir el autoconsumo. Este es el objetivo que esconde el conjunto de barreras económicas, administrativas y la articulación del sistema de sanciones que recoge el proyecto de ley. La regulación del autoconsumo en balance neto era una cuestión pendiente y muy esperada para muchos consumidores y pequeñas empresas como una oportunidad de aumentar la competitividad y mejorar la eficiencia energética. La reforma prevista en la ley y los decretos que acompañan supone un conjunto de trabas administrativas (como los contadores que se exigen, la presentación de un proyecto, registro, prohibición del autoconsumo compartido… ) que en el caso de los autoconsumidores domésticos serán insalvables y trabas económicas desproporcionadas. Lo más relevante es la introducción de un peaje de respaldo para toda la energía producida, incluso la de consumo propio y que no es vertida a la red. Esta medida supone que España tendrá una regulación única en el mundo y consiste en discriminar y penalizar el autoconsumo tal y como alerta la CNE en su informe preceptivo. Esta medida supone un auténtico “impuesto al sol” obligando a pagar por conceptos absurdos con el único objetivo de impedir su desarrollo. Conjunto de medidas que protegen a las grandes empresas eléctricas ante el aumento de la competencia y la democratización de un sistema eléctrico que supone el autoconsumo. En lugar de reconocer los beneficos del autoconsumo (ahorro y eficiencia en las redes de transporte, reducción precios de
mercado, descentralización, cambio en la cultura del consumidor, mejora de la balanza comercial y mejora reducción de emisiones….) se establecen barreras efectivas para impedir su desarrollo. Las discriminación hacia las energías limpias se evidencia incluso en el trato diferencial a la cogeneración con gas (excepcionada hasta 2019) respecto a la autoproducción en general. Otro ejemplo del sectarismo y sesgo de estas medidas es el sistema de sanciones desproporcionado que se establece a incumplimientos relativos al autoconsumo tipificando como infracciones muy graves de exigencias muy amplias y cuestiones relacionadas con requisitos técnicos que son completamente desmesuradas en comparación con exigencias a las empresas. Medidas que atentan contra los criterios de proporcionalidad y que no tienen en cuenta que el autoconsumo recae, sobretodo, en ciudadanos individuales y no empresas con volumen de negocios tal y como se establece en el régimen de sanciones. -­‐ Se plantean cambios en el sistema de facturación que afectan muy negativamente a los consumidores domésticos. Ahora el peso del término fijo de la tarifa aumentará y esto tiene importantes implicaciones. En primer lugar, desincentiva cualquier planteamiento de ahorrar energía por parte del consumidor. En segundo lugar, va a generar grandes dificultades a las personas en situación de pobreza energética, o sea, aquella que tiene dificultades para pagar el recibo de la luz y de calefacción, especialmente en invierno. En el informe “Sostenibilidad en España 2012” del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), desaparecido recientemente por decisión gubernamental demuestra que unos 4 millones de personas residentes en España, aproximadamente un 10% de los hogares españoles, tiene dificultades para cubrir sus necesidades energéticas y garantizar las condiciones de habitabilidad de su vivienda. La nueva fórmula tarifaria que es una especie de tarifa plana de la luz (donde cada vez va a dar más igual que consumas mucho o poco, en el sector doméstico), castiga más al que consume menos, bien por ser “pobre energéticamente” o por ser eficiente en el consumo. Una irresponsabilidad económica y ambiental, además de una insensibilidad con un problema creciente en nuestro país. Además, no se prevén medidas que amplíen la figura del consumidor vulnerable, excluyendo a gran parte de la ciudadanía a poder acogerse ni ninguna medida de protección ante un grave problema de desigualdad y de exclusión económica al derecho a la energía. En el proyecto de ley se excluye a las cooperativas de consumidores y de productores como si no fueran parte de la realidad de nuestro país y actores relevantes en nuestro sistema eléctrico en la distribución de electricidad. Los planteamientos de la reforma se establecen de acuerdo a las necesidades y definiciones de las sociedades mercantiles y la
disposición transitoria quinta no resuelve el problema a las barreras planteadas a la economía social. Esto supone un ataque a un modelo de producción distribuida y un retroceso en términos de competencia en el sistema eléctrico. Los pagos por capacidad y por hibernación Todas estas medidas están orientadas a retribuir a ciertos sujetos del sistema aunque no produzcan electricidad. El referente a los pagos por capacidad e hibernación de centrales está destinado a garantizar ingresos a las centrales de gas ante un sistema con exceso de capacidad. Ahora todos los consumidores pagarán la centrales cerradas por falta de planificación mientras se aplican medidas retroactivas y se desincentiva la inversión en energías más limpias y más baratas. Por otro lado se fomenta la interrumpibilidad a pesar de ser un servicio innecesario en una situación de exceso de potencia eléctrica. Impide especialmente la competencia efectiva y el abaratamiento energético en los sistemas extrapeninsulares. Los costes extrapeninsulares forman parte de los costes del sistema y los límites a las energías renovables y al autoconsumo tendrán especial incidencia en estos territorios donde la ventaja comparativa de estas tecnologías y de la generación distribuida es todavía mayor. Un ejemplo es el impacto en el autoconsumo usado para la desalación de agua, intensamente utilizado en Canarias y que se verá encarecido de forma importante.
Todas estas medidas adoptadas en la reforma eléctrica nos llevan a consecuencias dramáticas en un sector estratégico además de incumplir con los compromisos internacionales que tiene España. El impacto normativo de esta reforma y el acumulado a las reformas emprendidas anteriormente tendrá como resultado: -­‐ Infracción de directivas europeas : la normativa no menciona los aspectos medio ambientales y plantea una falta de compromiso con los objetivos de ahorro energético y reducción de emisiones además de incumplir la Directivas europea de fomento de las energías renovables y la directiva de eficiencia energética. De hecho España no ha cumplido todavía con los objetivos 20 20 20 y el estudio de la Comisión Europea que estima el cumplimiento de estos objetivos de reducción emisiones e implantación de renovables prevé que España va a incumplirlos claramente. Inseguridad jurídica e inestabilidad regulatoria. La nueva normativa, como las anteriores aplica medidas retroactivas y recortes al sector de las energías renovables generando más inseguridad jurídica y dinamitando la credibilidad del país como potencial inversión. La ruptura
de las reglas del juego sumado a la instauración cíclica de la inseguridad regulatoria acentúan la conflictividad en el sector a nivel nacional e internacional. Hundimiento de las inversiones en el sector de las energías renovables, especialmente pequeños inversores que habían apostado por instalaciones y ahora no podrán hacer frente a los pagos de los costes fijos que tienen que afrontar. Este además puede ser un nuevo agujero en el sistema financiero, ya que se calculan que se puede generar un agujero de impagos de miles de millones de Euros. Impulso de los privilegios de las grandes empresas frente a los consumidores y los pequeños productores e involución democrática. La reforma está diseñada para mantener la posición de dominio del oligopolio en el mercado eléctrico y expulsar elementos de competencia y de autonomía respecto a las grandes empresas. Esto tiene como consecuencia perpetuar un sistema de precios opaco y basado en la especulación y las sobre retribuciones perjudicando al conjunto de la ciudadanía y su derecho a elegir y apostar por otro modelo energético. Impedir el cambio hacia la soberanía energética y la generación distribuida. Un punto clave en la transformación del actual modelo energético es el autoconsumo descentralizando el suministro de electricidad y ahorrando en transporte. Esta reforma aumenta la dependencia y la ineficiencia energética impidiendo esta transición. Una reforma negacionista del cambio climático y que aumentará las emisiones. España es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático y su modelo energético se consolidará como uno de los más irresponsables de la UE, favoreciendo el petróleo, el gas y el carbón mientras se penalizan las energías limpias y el ahorro y la eficiencia energética. Ineficiencia económica. La propia CNE ha afirmado que la reforma sacrifica la eficiencia económica a medio y largo plazo en aras de la sostenibilidad económica a corto plazo, entendida como recuperación de costes en gran parte hundidos que preceden en el tiempo al autoconsumo y no son achacables a él. No se tiene en cuenta que las renovables disminuyen el precio mayorista de la electricidad tal y como ha afirmado la Comisión Europea en su informe al Consejo Europeo de 22 de mayo de 2013. La fuerte dependencia energética de España es una fuente de ineficiencia económica. En el 2012, las renovables evitaron la importación de entre 40 y 45 millones de barriles de petróleo, o lo que es lo mismo, el equivalente al consumo nacional de petróleo durante un mes, unos 5.000 millones de euros.
El año pasado, la factura española por importaciones energéticas fue de 46.608 millones de euros: 35.955 millones por petróleo y 10.653 millones por gas, según datos de la Dirección General de Aduanas, más del 4% del PIB español, lo que condujo a un nuevo récord de déficit energético en la balanza comercial. -­‐ Destrucción de empleo y conocimiento. El impacto sobre el empleo de la reforma no se ha valorado como es debido; el sector de las renovables genera 118.000 empleos, directos e indirectos, que peligran si la reforma sigue adelante con el desmantelamiento de las renovables. Se olvida también la contribución de este sector al PIB, valorado en 10.244 millones de euros en 2011, lo que representa cerca del 1% del PIB español. Además, este es un sector que innova e invierte 3 veces más que la media de empresas en I+D y genera empleo de valor añadido. España es el segundo país del mundo con más patentes de energías renovables por habitante, solo por detrás de Alemania y por delante de Estados Unidos, y destaca especialmente por su innovación en el ámbito solar, en el que concentra el 43% del total. Desigualdad y exclusión. En el marco del aumento de la tarifa eléctrica de un 80% desde el 2004, y de la crisis económica, la reforma no aborda la necesidad de proteger a los sectores más vulnerables y asegurarles un suministro básico de energía, lo que va a generar más desigualdad y exclusión social. La electricidad y el gas son un servicio público básico y solo el control público permite garantizar la universalidad del servicio, la equidad y la progresividad de las tarifas. Sin embargo, la reforma del sector eléctrico impulsada por el Gobierno va a ser un nuevo obstáculo para la accesibilidad a la energía de los consumidores en condiciones de justicia y equidad porque tiene como único objetivo perpetuar el oligopolio de las eléctricas y que los consumidores soporten el déficit de tarifa generado por una mala regulación y gestión, hecho que además de no solucionarse con esta reforma va a seguir acumulando más deuda. La reforma del sector eléctrico reduce a la mitad los beneficiarios del bono social porque añade requisitos de rentas a los criterios personales que ya existían y no aprovecha la oportunidad para establecer una legislación sobre pobreza energética, que incluya el derecho a la energía y a los consumidores vulnerables. La reforma, que cambia los criterios para acceder al bono social, no solo no garantiza que no se corte la luz a los consumidores en situación de vulnerabilidad, sino que propone la posibilidad de que las empresas suministradoras de electricidad corten la luz a aquellos servicios esenciales que no puedan pagar su factura.
La grave situación energética de España, de elevada dependencia exterior, ineficiencia y crecientes emisiones de gases de efecto invernadero, de un 38% en los dos últimos años, requieren de un cambio radical en las políticas del país. La ineficiencia del modelo energético se refleja en la intensidad energética de España, un 26% mayor que la de la Unión Europea. Mejorar la eficiencia es uno de los factores clave, que pasan necesariamente por aplicar medidas efectivas y por la transposición de la Directiva de Eficiencia Energética, que se aborda en esta Ley. Bajo el objetivo de fomentar el ahorro y mejorar la eficiencia energética, se crea la Agencia para el Ahorro y las Energías Renovables a través de los instrumentos que se recogen en en Título I. El nivel de dependencia energética de España respecto al exterior sigue siendo muy alto, superior al 84%, muy por encima de la media europea, del orden del 50%, empeorando en 2011 por la mayor importación de carbón. Además, estas cifras no tienen en cuenta al uranio, cuyo suministro proviene del exterior al 100%. La dependencia energética del exterior no sólo nos hace vulnerables geoestratégicamente, sino que además implica un serio quebranto económico para nuestra balanza comercial: el gasto en importación de petróleo y gas en 2011 ascendió a 55.821 millones de euros. Hay un importante riesgo para nuestra economía derivado de la evolución del precio de estos combustibles, que tiende a ser fuertemente al alza debido al peak oil. Así el repunte de los precios internacionales del gas y el petróleo ha vuelto a encarecer en 2012 nuestra factura energética. En 2004 el barril Brent se situaba en torno a los 30 dólares y en septiembre de 2013 a más de 100 dólares. Las previsiones de los analistas es que de aquí a 10 años vista se sitúe en torno a los 250 dólares el barril. La extracción de gas mediante fractura hidráulica no soluciona el problema de la dependencia, ya que conlleva una serie de impactos en el medio ambiente que desaconseja rotundamente su uso. Tiene un consumo intensivo de agua, de dos órdenes de magnitud mayor que en un pozo convencional, y libera substancias químicas que pueden contaminar las aguas freáticas y superficiales.
Teniendo en cuenta los principios de prevención y precaución que se deberían aplicar ante nuevas actividades no suficientemente estudiadas en sus impactos y de las que no se conocen los efectos a medio y largo plazo, así como la no existencia de medidas de prevención de impactos ambientales lo suficientemente desarrolladas, se establece la prohibición de la extracción de gas mediante fractura hidráulica.
Así, seguir basando nuestro consumo energético en combustibles fósiles y en la energía nuclear, en lugar de centrarlo en el ahorro y la eficiencia y en energías renovables, que son recursos verdaderamente autóctonos y limpios, nos hace vulnerables, económicamente ineficientes y nos obliga a transferir una enorme cantidad de dinero al extranjero por este concepto.
España, como miembro de la Unión Europea, tiene una serie de compromisos que cumplir con la UE, plasmados en diferentes directivas de necesario cumplimiento, que nos obligan a llevar a cabo una reducción del 20% del consumo energético que teníamos en 2007 para el 2020, a que en 2020 el 20% de nuestra energía primaria provenga de energías renovables, todo ello encaminado a que la UE logre una reducción de al menos el 20% de sus emisiones de CO2 para 2020 con respecto a los niveles de 1990. Los enormes retos que debe afrontar el pais exigen un cambio de modelo energético basado en el ahorro, la eficiencia energética y las energías renovables, que son las únicas que reducen la dependencia energética, disminuyen las emisiones de CO2, son una fuente de reactivación económica y de creación de empleo y una clara oportunidad de salida a la crisis económica. Se establece la creación de una ley de fomento de las energías renovables así como la suspensión de aquella regulación que ha supuesto el desmantelamiento de las renovables, como el Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico y del Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos que establecieron la retroactividad y la moratoria para las renovables o del Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero, que a la práctica sacaba a las renovables del mercado y del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, que establecía una rentabilidad que llevaba a la ruina la operación y mantenimiento de las
instalaciones renovables. También se deroga la imposibilidad de que las CCAA puedan gravar aquellas actividades o instalaciones contaminantes destinadas al suministro eléctrico. El cambio de modelo también pasa necesariamente por la promoción del autoconsumo, que generaría enormes beneficios a la sociedad en su conjunto. De hecho, el Consejo Europeo del 22 de mayo de 2013 hacía énfasis en incrementar el rol y los derechos de los consumidores mediante el autoconsumo de energía. Además de reducir las emisiones contaminantes y de CO2, mejorar la balanza comercial al tener que importar menos petróleo y gas, disminuir la dependencia energética y asegurar el suministro energético en el marco del peak oil, el autoconsumo de energía con balance neto supondría una clara mejora en la eficiencia energética al generar la energía en el punto de consumo, logrando una producción descentralizada; y a medio plazo supondría una reducción de los costes medios del kilowatio, democratizaría el sistema energético y fomentaría el desarrollo local, generando empleos en el sector. En este sentido, la Plataforma para el Impulso de la Generación Distribuida y el Autoconsumo Energético ha elaborado un estudio macroeconómico prospectivo sobre las posibilidades de desarrollo del autoconsumo con balance neto y los resultados son muy esperanzadores: atendiendo a un volumen de instalación de 400 MW al año, se podrían crear unos 5.700 puestos de trabajo directos en apenas cinco años. Junto a esta creación de empleo neta en cinco años, el Estado obtendría unos retornos por la actividad económica generada (recaudación de impuestos y ahorro por desempleo) de 300 millones, evitándose además, el desembolso de más de 130 millones en importaciones energéticas. La Ley regula el autoconsumo de energía con balance neto para consumidores domésticos y pequeñas empresas, con la posibilidad de verter a la red los excedentes y poderlos recuperar sin coste en el plazo de un año. Así, no se trata de realizar una nueva actividad económica, sino de facilitar al pequeño consumidor que pueda consumir la energía que genera con balance neto.
Además, España es el tercer país con la electricidad más cara de la UE, después de Malta y Chipre. Su precio ha aumentado un 80% desde el 2004, lo que, unido a la crisis económica, agrava la dificultad de afrontar la factura energética de las personas más vulnerables, haciendo crecer con fuerza la pobreza energética y los cortes de suministro. En España, uno de cada diez hogares no tiene el dinero suficiente para mantener su casa en invierno por encima de los 18 grados centígrados. Cruz Roja ha denunciado que este problema sigue creciendo en nuestro país como
consecuencia del paro y el encarecimiento de los precios de la energía. Según sus cálculos, en los últimos dos años el gas ha subido un 22%, la bombona de butano un 23%, la luz un 34% y el agua el 8.5%. Según el último informe del Observatorio Español de la Sostenibilidad (OSE), basado en datos de la Comisión Europea, en nuestro país la pobreza energética provoca ya entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras en invierno, y más muertes prematuras que los accidentes de tráfico afectando, sobre todo, a las personas de mayor edad. Para evitar la pobreza energética la Ley regula el sistema de suministros básicos del hogar para incluir un mecanismo en que se prime el ahorro y se penalice el consumo ineficiente, garantizando que las tarifas no sean objeto de mercado, estableciendo precios sociales y elementos de fiscalidad energética favorables para las familias con bajos ingresos económicos.
El mal funcionamiento estructural del mercado eléctrico permite fenómenos como la convivencia de un déficit tarifario de 29.000 millones de euros con unos beneficios de las compañías eléctricas que doblan los de las europeas, o la existencia de los beneficios caídos del cielo, criticados por la propia Comisión Europea en su informe SWD(2012)310 final, de evaluación del programa nacional de reforma y del programa de estabilidad de España para 2012. El informe asímismo describía la falta de competencia que perpetúa un sistema en régimen de oligopolio. La única solución para subsanar los problemas estructurales del mercado pasan por una reforma del mismo basada en una auditoría independiente de la composición del déficit tarifario, lo que se aborda en las Disposiciones Adicionales Primera y Segunda. Se devuelve a la Comisión Nacional de la Energía y la Comisión Nacional de la Competencia el carácter de organismo regulador independiente que se merecen y que el sistema necesita, mediante la derogación de algunos artículos de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Así, la ley pretende asentar las bases para un cambio de modelo energético basado en el ahorro y la eficiencia, las energías renovables, la racionalidad, la democratización y la soberanía energética; y para ello se introduce en la ley la regulación del autoconsumo, la reforma del mercado eléctrico, la garantía del suministro a la población más vulnerable, así
como la derogación de aquellas normas que atentan contra la consecución de este modelo.
El Título I, sobre ahorro y eficiencia energética, crea la Agencia para el Ahorro y las Energías Renovables (AEER), como entidad pública empresarial con la finalidad de fomentar el ahorro, conseguir una mejora de la eficiencia energética y para asegurar que el sistema energético español se encamine hacia la máxima participación de energías renovables. Como órgano de participación social, económica y ciudadana se crea también el Consejo Consultivo de Ahorro y Uso Eficiente de la Energía. El Título II, de autoconsumo, introduce en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico el autoconsumo de energía con balance neto, para consumidores domésticos y pequeñas empresas, con la posibilidad de verter a la red los excedentes y poderlos recuperar sin coste en el plazo de un año.
El Título III, de energías renovables, suspende el impuesto del 7% establecido en la Ley 15/2012, de 2 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética a las energías renovables para facilitar su desarrollo a gran escala.
El Título IV, sobre pobreza energética, establece medidas para que todos los hogares puedan mantener unas condiciones adecuadas de temperatura así como de disponer de otros servicios energéticos esenciales a un precio justo. Se crea el bono social para aquellos hogares con poder adquisitivo reducido o en riesgo de exclusión social, impidiendo el corte de suministro a estas familias.
En cuanto a la parte final, la ley se completa con cinco Disposiciones Adicionales, siete Disposiciones derogatorias y una Disposición Final.
TITULO I. AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA Artículo 1. Agencia para el Ahorro y las Energías Renovables 1. Se crea la Agencia para el Ahorro y las Energías Renovables (AAER) como entidad pública empresarial, con personalidad jurídica propia, para fomentar el ahorro, conseguir una mejora de la eficiencia energética y para asegurar que el sistema energético español se encamine hacia la máxima participación de energías renovables. 2. La AAER tendrá las siguientes funciones y actividades:
Proponer, adoptar y ejecutar, en su caso, las directrices, medidas y estudios que sean precisos para obtener el nivel idóneo de ahorro, eficiencia energética y uso de energías renovables en los sectores industriales, agrícola o de servicios, pudiendo, a tales efectos, realizar cualquier clase de actividades y servicios tanto en relación con las Administraciones y Empresas públicas, como con cualesquiera Entidades, Empresas y personas privadas. Analizar, determinar, proponer y ejecutar las medidas necesarias para obtener políticas sectoriales eficaces, fomentar la utilización de tecnologías eficientes en equipos y proyectos e incentivar el uso de nuevas fuentes de energía renovables y la racionalización del consumo energético. Contribuir con otros organismos públicos para la regulación de estándares de consumo eléctrico de maquinaria y electrodomésticos y condiciones de construcción de viviendas y locales. Analizar, definir, proponer y aplicar programas tendentes a investigar las fuentes de energías renovables. La asignación y control de cualesquiera subvenciones e incentivos financieros para fines de ahorro, eficiencia energética y energías renovables. Igualmente podrá ejercer funciones de mediación o creación de cauces de financiación a Empresas o a Entidades en general que sean adecuados para la consecución de los objetivos definidos. A los efectos previstos en los apartados anteriores, la AAER podrá desarrollar actividades de asistencia técnica, ingeniería de servicios, consultoría, dirección o ejecución de obra, asesoramiento y comercialización, en general, de productos, patentes, marcas, modelos y diseños industriales, realizar inversiones, directa o indirectamente, en proyectos de interés energético y en Sociedades ya constituidas o de nueva creación. Asesorar al Gobierno en el diseño de planes energéticos, según los principios de la planificación integrada de recursos.
Dinamizar el mercado de la eficiencia energética, de manera que el mayor número posible de agentes económicos colaboren en la consecución de los objetivos marcados. h. Informar a los usuarios y a los agentes sociales de las posibilidades de ahorro y sus ventajas económicas, sociales y ambientales, para lo que realizarán actividades de promoción y demostración. i. Elaborar programas tipo de gestión de la demanda a desarrollar por las distintas administraciones públicas. j. Evaluar y aprobar, en su caso, los programas de gestión de la demanda presentados por las compañías comercializadoras de energía y/o servicios energéticos para el reconocimiento de sus costes en las tarifas de acceso. k. Realizar, en general, cuantas funciones y actividades afecten a la promoción y gestión del ahorro energético, la eficiencia energética y las energías renovables.
3. La AEER establecerá programas especiales, económicamente más favorables, dirigidos a sectores sociales específicos con menor nivel de renta. 4. La AEER dispondrá de recursos económicos y financieros suficientes para realizar sus funciones, que provendrán fundamentalmente de: a) Los productos y rentas de su patrimonio, así como los que a partir de esta fecha puedan ser incorporados y adscritos por cualquier persona o Entidad y por cualquier título. b) Los productos y rentas derivados de sus participaciones en otras Sociedades. c) La aportación del Estado para gastos de inversión y funcionamiento que se asigne a la Agencia en los Presupuestos Generales del Estado. d) Los ingresos ordinarios y extraordinarios generados por el ejercicio de sus actividades y la prestación de sus servicios. e) Los créditos, préstamos, empréstitos y demás operaciones financieras que pueda concretar. f) Las subvenciones y aportaciones que, por cualquier título, sean concedidas a su favor por Entidades públicas o privadas, o particulares. g) Los recursos provenientes de lo establecido en las disposiciones adicionales primera y segunda, que lo serán en función del ahorro energético total conseguido. 5. La AEER colaborará con las entidades autonómicas, provinciales, locales, comarcales e insulares que persigan fines similares. Asímismo, la AEER contribuirá a la creación de agencias territoriales con fines similares allí donde no existan.
6. La AEER dispondrá de los recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones.
Artículo 2. Auditorías energéticas 1. El Gobierno y la Agencia para el Ahorro y las Energías Renovables asegurarán la existencia de sistemas de auditorías energéticas eficientes y de calidad, elaborados para determinar potenciales medidas de mejora del ahorro y la eficiencia energética y que se lleven a cabo de manera independiente, a disposición de todos los consumidores finales, incluidos los clientes de menor entidad de los sectores industrial (pequeños y medianos), comercial y doméstico. 2. Se podrán aplicar a aquellos segmentos del mercado que tengan costes de transacción más elevados e instalaciones no complejas otras medidas, como cuestionarios y programas de ordenador facilitados por medio de Internet o enviados a los clientes por correo. 3. La certificación energética de edificios sobre el rendimiento energético de los edificios, tendrá la consideración equivalente a una auditoría energética. Artículo 3. Personal con funciones inspectoras 1. Corresponde a las Comunidades Autónomas las competencias sobre las medidas de control e inspección necesarias para garantizar el cumplimiento de esta Ley. 2. El personal designado para la realización de las inspecciones y comprobaciones previstas en esta Ley y en el resto de la normativa aplicable en materia de energía y eficiencia energética, tendrá la consideración de agentes de la autoridad, a los efectos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Se prestará toda la colaboración que sea necesaria a fin de permitirles realizar los exámenes, controles, mediciones y labores de recogida de información que sean pertinentes para el desempeño de sus funciones. 3. El personal en funciones de inspección tendrá, entre otras, las siguientes facultades: a) Acceder, previa identificación y sin necesidad de notificación anterior, a las instalaciones o ámbitos sujetos a inspección. b) Requerir información y proceder a los exámenes y controles necesarios que aseguren el cumplimiento de las disposiciones vigentes y de las condiciones de las autorizaciones, licencias y permisos. c) Comprobar la existencia y puesta al día de la documentación exigible.
d) Requerir, en el ejercicio de sus funciones, el auxilio de los cuerpos y fuerzas de seguridad. 4. Los resultados de las actuaciones de control e inspección deberán ponerse a disposición del público, sin más limitaciones que las establecidas en la legislación sobre el derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente.
Artículo 4. Creación del Consejo Consultivo de Ahorro y uso eficiente de la energía 1. Se crea el Consejo Consultivo de Ahorro y uso eficiente de la energía que será presidido por el Ministro competente en materia de energía. como órgano de asesoramiento en las materias que su propio nombre indica. 2. Son funciones de este Consejo: a) Participar mediante propuesta o informe, en el proceso de elaboración de disposiciones generales que afecten al ahorro y uso eficiente de la energía y, en particular, en el desarrollo reglamentario de la presente Ley. b) Participar mediante propuesta o informe, en el proceso de planificación energética. c) Participar mediante propuesta o informe, en el proceso de elaboración de los proyectos sobre determinación de tarifas, peajes y retribución de las actividades energéticas. d) Emitir los informes que le sean solicitados por las CC.AA. cuando lo consideren oportuno en el ámbito de sus competencias en materia energética. e) Elevar, a iniciativa propia, los informes al Gobierno que considere necesarios relacionados con el uso de la energía. 3. El Consejo Consultivo se reunirá al menos una vez año y será presidido por el Ministro competente en materia de energía. En él participarán los agentes económicos concernidos y las organizaciones de consumidores, sindicales y medioambientales. 4. El Consejo Consultivo dispondrá de un presupuesto para su funcionamiento, asignado por el Ministerio competente en materia de energía.
TÍTULO II. AUTOCONSUMO
Artículo 5. Modificación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico Con efectos a partir de la entrada en vigor de esta Ley, la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, se modifica en los siguientes términos: Uno. Se introduce un nuevo Capítulo III en el Título IV, de Producción de Energía Eléctrica, que queda redactado como sigue: Capítulo III. Régimen de autoconsumo Artículo 32. Definiciones 1. Se entenderá por autoconsumo la producción individual de electricidad a partir de fuentes de energía renovable para el propio consumo. Esta práctica puede ser llevada a cabo desde consumidores domésticos, centros públicos y pequeñas empresas. 2. Se entenderá por autoconsumo de energía en balance neto al sistema de compensación de saldos de energía de manera instantánea o diferida, que permite a los consumidores la producción individual de energía para su propio consumo, compatibilizando su curva de producción con su curva de demanda. Artículo 33. Balance neto 1. El consumidor podrá ceder los excedentes de energía a la red eléctrica, lo que le generará unos derechos de consumo diferido con una vigencia de 12 meses desde la fecha de generación del derecho. 2. La compañía eléctrica que proporcione la electricidad cuando la demanda sea superior a la producción del sistema de autoconsumo, descontará en el consumo de la red de la factura los excesos vertidos a la misma. 3. La tarifa que pagará el consumidor por la energía que necesite, fuera de los derechos de consumo diferido, será la misma que si no contara con el autoconsumo de energía en balance neto.
Artículo 34. Potencia instalada Se podrán acoger consumidores con diferentes potencias instaladas, desde domésticos hasta centros públicos o pequeñas empresas. Reglamentariamente se establecerá la potencia máxima que se podrá acoger al autoconsumo, que serán crecientes en el tiempo, con la finalidad de permitir una implantación progresiva, así como el autoconsumo compartido.
Artículo 35. Peajes de acceso 1. Consumo instantáneo. No se computará ningún tipo de peaje o régimen económico asociado a la cobertura de los costes y servicios del sistema para la energía autoconsumida de manera instantánea. 2. Consumo diferido. Los peajes o costes vinculados a la energía intercambiada se establecerán en términos análogos a los demás sujetos consumidores.
TÍTULO III. ENERGÍAS RENOVABLES Artículo 6. Modificación de la ley 15/2012, de 2 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética Con efectos a partir de la entrada en vigor de esta Ley, la Ley 15/2012, de 2 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, se modifica en los siguientes términos:
Uno. Se añade un nuevo apartado 4 en el artículo 4 con la siguiente redacción: 4.4 Estarán exentas de este impuesto todas las tecnologías renovables en régimen especial y las renovables destinadas al autoconsumo.
TÍTULO IV POBREZA ENERGÉTICA Artículo 7. Pobreza energética Se entiende pobreza energética como la dificultad o la incapacidad de mantener la vivienda en unas condiciones adecuadas de temperatura así como de disponer de otros servicios energéticos esenciales a un precio justo. Artículo 8. Bono social 1. Los suministros básicos de electricidad, gas natural y gas butano se regularán mediante un sistema público de precio social para todos los hogares con poder adquisitivo reducido y, en particular para las familias en riesgo de exclusión social. 2. Su concesión se basará en la renta familiar a través de unos criterios claros, transparentes y homogéneos.
3. Se fijarán unos consumos mínimos vitales en cómputo mensual, en función del número de miembros del hogar y de las estaciones del año, de forma que se fijen consumos mínimos diferentes, en funciones de la climatología, correspondiente –como mínimo a dos periodos anuales: de abril a septiembre y de octubre a marzo. 4. Este precio social no implicará un gasto presupuestario extraordinario para las administraciones públicas competentes y tampoco se podrá repercutir sobre el resto de usuarios, corriendo a cargo de las compañías suministradoras de energía. Artículo 9. Garantía de suministro 1. Las empresas suministradoras no podrán interrumpir el servicio ni excluir a nadie por razón de retraso o impago del recibo siempre y cuando reúnan las condiciones de renta familiar que se determinen o cuando vaya acompañado del informe del órgano competente en materia de servicios sociales. 2. Los servicios esenciales mantendrán la condición de esenciales independientemente de si abonan las facturas de los suministros o no, y ello no podrá ser motivo de corte en el suministro. 3. Los casos de necesidad vital de suministro eléctrico al hogar se contemplarán también como servicios esenciales.
Artículo 10. Plan contra la pobreza energética El Gobierno elaborará un plan contra la pobreza energética, con el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía a los suministros básicos del hogar. Para ello contará con la participación de la Administración local y autonómica, asociaciones de consumidores, asociaciones ecologistas, entidades sociales, expertos en la materia y empresas suministradoras.
Artículo 11. Transparencia Las empresas suministradoras publicarán trimestralmente los datos del número de consumidores que no pueden abonar la factura así como del número de consumidores que se ven afectados por los cortes de suministro. Disposición Adicional Primera. Auditoría energética
En el plazo máximo de 3 meses, el Gobierno llevará a cabo una auditoría energética independiente de la composición del déficit tarifario revisando aquellos conceptos prescindibles en un mercado competitivo y basado en la eficiencia, la independencia energética y las energías limpias, así como la metodología de retribución de la producción, transporte y distribución. Se establecerá el mecanismo adecuado para recuperar los Costes de Transición a la Competencia cobrados de más por las eléctricas, y cifrados en 3.400M€ por la CNE. Se establecerá una quita de la deuda contraída por el déficit tarifario.
Disposición Adicional Segunda. Reforma del mercado eléctrico En el plazo máximo de 6 meses, el Gobierno llevará acabo una reforma del mercado eléctrico, teniendo en cuenta los resultados de la auditoría energética independiente, revisando el funcionamiento de las subastas de energía, excluyendo las instalaciones ya amortizadas del pool, y garantizando una retribución justa según el coste de producción efectivo con el objetivo de reducir el déficit tarifario, garantizar un sistema transparente, equitativo y de fomento de las energías limpias.
Disposición Adicional Tercera. Proyecto de ley de Energías Renovables En el plazo máximo de 6 meses, el Gobierno aprobará un proyecto de Ley de Renovables que sea la transposición completa de la Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, y que establezca un marco regulatorio estable, con simplificación administrativa, normas públicas de conexión y que reconozca las externalidades positivas de las energías renovables, facilitando el acceso de las renovables en hogares, empresas y ciudades y garantizando el desarrollo de la biomasa. Se asegurará el mantenimiento de las primas del régimen especial de acuerdo a una rentabilidad razonable y al nivel de inversión realizada para cada tecnología permitiendo un crecimiento sostenido de las energías limpias.
Disposición Adicional Cuarta. Prohibición de la extracción de gas mediante fractura hidráulica Queda prohibida, en todo el territorio del Estado Español, la realización de actividades de prospección, exploración, investigación o explotación de hidrocarburos y gases de roca y no convencionales, que supongan -en todo el proceso o en parte- la utilización de las técnicas de fractura hidráulica con inyección de agua y/o de otros aditivos químicos.
Disposición Adicional Quinta. Transposición de la Directiva de Eficiencia Energética
En el plazo máximo de 6 meses, el Gobierno realizará la transposición completa de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE.
Disposición Derogatoria Primera Se suspende el Real Decreto-Ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico. Disposición Derogatoria Segunda Se suspende el Real Decreto-Ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos.
Disposición Derogatoria Tercera Se suspende el artículo 38 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
Disposición Derogatoria Cuarta Se suspende el Real Decreto-Ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero.
Disposición Derogatoria Quinta Se suspenden los artículos 5, 12.1.b, 25.a, 25.c, la Disposición Adicional 2ª y la Disposición Adicional 8ª de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
Disposición Derogatoria Sexta
Se suspende el Real Decreto-Ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. Disposición Derogatoria Séptima Quedan derogadas cuantas disposiciones legales de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta Ley.
Disposición final. Entrada en vigor. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Palacio del Congreso de los Diputados Madrid a 24 de octubre de 2013
Laia Ortiz Castellví Diputada G.P. IU, ICV-EUiA, CHA LA IZQUIERDA PLURAL
Joan Coscubiela Conesa Portavoz Adjunto G.P. IU, ICV-EUiA, CHA LA IZQUIERDA PLURAL
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