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Timestamp: 2019-07-18 19:59:41
Document Index: 113342216

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Derecho separación socios por falta reparto dividendos sociedad | Bufete Figueras
Derecho separación socios por falta reparto dividendos sociedad
6 febrero, 2017 - 5 minutes read
El artículo 348 bis del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, LSC), introduce una causa especial de separación del socio de la compañía mercantil ante la falta de reparto de dividendos, supuesto únicamente aplicable a las sociedades no cotizadas, dando por finalizada la prolongada e inédita suspensión de este polémico precepto.
Cabe recordar que el artículo 348 bis LSC fue originalmente introducido en la reforma de la Ley de Sociedades de Capital operada mediante la Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades no cotizadas, estando en vigor únicamente durante un reducido plazo de tan solo nueve meses, arrojando, no obstante, un sensible número de litigios a su amparo. La previsión era que, antes de alcanzarse el 1 de enero de 2017, se hubiera aprobado el aún pendiente Código Mercantil, y que en el mismo se regulara finalmente el derecho al dividendo del accionista y las consecuencias del incumplimiento de no distribuirlo en los supuestos de distribución obligatoria.
El precepto, sin antecedente alguno en nuestro Derecho de sociedades, supone un refuerzo del derecho del socio minoritario al dividendo, permitiéndole separarse cuando la sociedad no reparta al menos un tercio de los beneficios obtenidos en la explotación del objeto social, obligando entonces a la sociedad a abonarle su correspondiente cuota de liquidación.
Con este artículo, el legislador trataba de solventar una situación claramente abusiva contra el socio minoritario cuando se ve privado de los dividendos por la mayoría de accionistas. Hasta entonces, su única salida era, o bien litigar vía abuso de derecho, o proceder a la venta de sus títulos, lo que no siempre permitía la obtención de un rédito, agravado además con la dificultad de encontrar a un comprador dispuesto a adquirir una participación minoritaria de una sociedad no cotizada.
No obstante, siguen siendo plenamente vigentes las críticas que se efectuaron a la rígida redacción del artículo 348 bis LSC, dado que configura este derecho de separación de forma automática y objetiva, obligando a la sociedad repartir un tercio de los beneficios anualmente a partir del quinto ejercicio desde su constitución, con independencia de la concreta situación económica en que se encuentre la compañía y bajo la espada de Damocles consistente en el derecho de separación que asiste al socio que hubiera votado a favor del reparto.
Esta circunstancia es la que permite que sea entonces el socio minoritario quien, vía artículo 348 bis LSC, fuerce a la empresa a distribuir, ya sea mediante la efectiva obtención del dividendo o mediante la amortización al socio que vota a favor del reparto, en perjuicio del interés social. Este posible ejercicio abusivo por el minoritario fue el que motivó la suspensión del artículo 348 bis LSC durante los años de mayor severidad en tiempo de crisis, tratando así de asegurar la viabilidad de las empresas en graves dificultades económicas que no pudieran ni asumir el reparto ni el reembolso de la participación, o que afectara a su relación con terceros acreedores de la compañía, especialmente en el caso de entidades financieras.
A falta de una nueva suspensión a última hora (sería la tercera), el retorno del artículo 348 bis LSC se prevé intenso en su vertiente litigiosa, siendo nuevamente nuestros tribunales quienes deban ponderar entre las reclamaciones de accionistas contra sociedades que abusivamente impidan el derecho a la distribución de dividendos, de aquellas otras acciones que supongan un ejercicio igualmente arbitrario por parte del accionista frente al interés de la empresa. Es deseable que, para evitar aumentar la carga de trabajo de los saturados juzgados mercantiles, el legislador aúne finalmente en su ambicioso proyecto de reforma, tanto los intereses de la sociedad como de los accionistas, evitando en cualquier caso una aplicación rígida y objetiva del supuesto contemplado en el actual redactado del artículo 348 bis LSC. Leer original