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Timestamp: 2020-06-05 09:35:23
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Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 135', 'Artículo 196', 'artículo 1764', 'artículo 1764', 'artículo 27', 'artículo 24', 'artículo 24']

06 | agosto | 2010 | Pensamientos de Derecho Constitucional
Sentencias constitucionales. Proceso de cumplimiento
EXPEDIENTE: 2006-6768
DEMANDANTE: MARITZA UGAZ PONCE
MATERIA:CUMPLIMIENTO
Recursos de apelación interpuestos por ESSALUD LAMBAYEQUE y la Procuraduría Pública del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, contra la sentencia de fecha 17 de octubre de 2008, que DECLARA FUNDADA la demanda de cumplimiento de autos.
Con fecha 11 de agosto de 2006, la recurrente Maritza Isabel Ugaz Ponce interpone proceso de cumplimiento solicitando su reincorporación inmediata en el puesto de trabajo que venía desempeñando como Auxiliar de Servicios Generales en el Hospital Nacional Almanzor Aguinada Asenjo, cargo del que fue irregularmente cesada durante el Gobierno de Alberto Fujimori Fujimori. Ello en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 27803, modificada por Ley 28299 y el artículo 9 del D.S. N° 014-2002-TR, así como en las demás normas legales modificatorias y complementarias.
La entidad demandada por escrito de folios 87 a 119, absuelve el traslado de la demanda, solicitando sea declarada improcedente en mérito a que la pretensión planteada versa sobre asuntos de naturaleza administrativa, la cual debe ventilarse en el proceso contencioso administrativo, en el cual se pueden actuar medios probatorios susceptibles de cuestionamiento. Por su parte, el Procurador Público Ad Hoc del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Seguro Social de Salud – Essalud hacen lo propio en sus escritos de folios 134 a 137 y 170 182, respectivamente.
El Quinto Juzgado Civil de Chiclayo, de folios 287 a 294, declara fundada la demanda, por considerar que la norma acotada es un supuesto de acto administrativo, cuyos alcances ya han sido establecidos oportunamente, conteniendo un mandato lo suficientemente claro, expreso e inobjetable, cuyo cumplimiento debe formularse en forma directa.
La Red Asistencial de Lambayeque – Essalud la Procuraduría Pública del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo interponen recurso de apelación contra lo resuelto por el A-quo (según es de verse de los escritos de folios 311 y 318, respectivamente).
2. A nivel jurisprudencial, el Tribunal Constitucional en la sentencia del proceso de cumplimiento derivada del expediente número 168-2005-PC/TC publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 07 de de octubre de 2005, ha precisado que, para que el cumplimiento de la norma legal o la ejecución de un acto administrativo sean exigibles a través del proceso de cumplimiento, además de la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato contenido en aquellos deberá contar con los siguientes requisitos mínimos comunes:
3. Según el artículo once de la Ley 27803, cuyo cumplimiento se exige, se ordena la reincorporación de aquellos trabajadores que fueron cesados irregularmente a sus puestos de trabajo o su reubicación en cualquier otra entidad del Sector Público y de los Gobiernos Locales estableciendo como únicas condiciones para tal efecto:
4. Asimismo, el artículo noveno del Decreto Supremo N° 014-2002-TR, señala que una vez registrados los ex – trabajadores en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, las entidades con recursos propios podrán ejecutar el Programa (de beneficios entre los cuales se encuentra la reincorporación) de manera inmediata con cargo al reembolso que hará el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo con los fondos transferidos del FEDADOI. Añade el citado dispositivo que para el efecto acotado, el representante de la entidad involucrada deberá solicitar al Registro la relación de los Ex – trabajadores afectados de su respectiva entidad, precisando que ejecutarán la medida directamente y que una vez remitida la relación por dicha dependencia, los ex – trabajadores involucrados quedarán automáticamente excluidos del Programa a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; en tanto que, de acuerdo con su artículo once es requisito fundamental para la ejecución del Programa de acceso a los beneficios, entre otros, de reincorporación, la inscripción de los ex – trabajadores cesados irregularmente inmersos en el ámbito de la ley en el Registro Nacional de Cesados Irregularmente.
5. Debemos tener presente, de la misma forma, que la Ley N° 29059 expedida por el Parlamento Nacional para auspiciar una Cuarta Lista o relación de Extrabajadores Cesados Irregularmente, establece de manera expresa, clara y contundente que: “El acceso y goce a los beneficios del Programa Extraordinario no podrán ser restringidos ni limitados por el cumplimiento de requisitos o supuestos similares, incluyendo la realización de procesos de selección, evaluación o actos análogos, siendo únicamente indispensable encontrarse inscrito en el Registro Nacional de Trabajadores cesados irregularmente..”.
6. En el presente caso, conforme con la Resolución Suprema N° 059-2003-TR, del 26 de marzo de 2003, la demandante ha acreditado encontrarse en la lista de trabajadores cesados irregularmente, ubicada en el número 7304, conforme aparece a folios cuatro y cinco, así como haberse acogido al beneficio de la reincorporación y reubicación laboral (folios seis a siete).
7. Siendo esto así, al concurrir las condiciones impuestas para la materialización de la norma legal cuyo cumplimiento se exige, la renuencia mostrada por la referida justiciable -ESSALUD- a dar cumplimiento a la norma legal invocada carece de la más mínima justificación, por lo que, la pretensión planteada deviene atendible.
8. En consecuencia, al no solo encontrarse la actora inscrita en el Registro Nacional de Ex – Trabajadores Cesados Irregularmente, se determina la renuencia de la emplazada de no acatar la norma legal acotada, más aún si conforme indicamos en el considerando cinco de esta decisión, ya no cabe formular objeción respecto a la disponibilidad de las plazas presupuestales o que no existan plazas suficientes.
9. Bajo esta pauta, las apelaciones de las impugnantes, de folios 311 a 326, no desestiman el argumento de rigor de la Ley 29059, que en suma, implementa los aspectos procedimentales de ejecución de las reincorporaciones de trabajadores cesados irregularmente sin fijar exigencias previas o requisitos a satisfacer.
Por estos fundamentos, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA la sentencia de autos, que DECLARA FUNDADA la demanda.
Sentencias constitucionales. Proceso de habeas data
EXPEDIENTE: 2008-4045
DEMANDANTE: JOSÉ MENDOZA ESQUIVES
DEMANDADO: LUIS MELENDEZ LEON
En Chiclayo, a los 09 días del mes de diciembre de 2009, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los Magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:
Recurso de apelación interpuesto por Luis Meléndez León contra la sentencia de fecha 19 de agosto de 2009, que DECLARA FUNDADA la demanda de autos.
Mediante escrito de fecha 17 de junio de 2009, don José Edilberto Mendoza Esquives interpone demanda de hábeas data contra el Alcalde de la Municipalidad de Reque, a fin de que se le proporcione información consistente en el acta de negociación colectiva de 28 de diciembre de 2008, celebrada entre el Sindicato de Obreros Municipales y la Municipalidad Distrital de Reque, la Resolución N° 207-2008-MDR/A, de fecha 30 de diciembre del mismo año, planillas de pago de los trabajadores municipales en general de los meses de enero, febrero y marzo de dos mil nueve y el acta de sesión ordinaria de Concejo Municipal realizada el 30 de marzo último.
A folios 68 a 75 el emplazado se apersona a la instancia y contesta la demanda solicitando se declare infundada por cuanto en su condición de Alcalde, siempre ha autorizado que los funcionarios de la Municipalidad otorguen la información correspondiente a los regidores; que la demanda planteada contiene un tinte político que trata de entorpecer su labor.
El juez de la causa declara fundada la demanda por considerar que al no haberse proporcionado la información pública solicitada por el demandante, se ha afectado su derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad en el plazo legal.
La apelación de folios 99 a 101 sostiene que prueba de que se ha dispuesto la entrega de los documentos solicitados está en los diez acuerdos de Concejo, indicando además que se está haciendo llegar copia fedateada de tales documentos por intermedio del Juez de Paz.
§ Sobre el proceso de habeas data
1. Desde sus inicios en el modelo norteamericano con el Freedom of Infomation Act de 1966 y la Privacy Act de 1974, pasando por el modelo europeo y llegando al modelo latinoamericano, el habeas data ha ido buscando su propio espacio y posicionándose con carácter autónomo en muchas legislaciones , entre ellas, la peruana.
2. De otro lado, el derecho de acceso a la información puede ser entendido como aquella facultad que tiene toda persona de conocer la información considerada disponible, dentro del contexto de lo que se entiende por información pública y fuera de las excepciones razonablemente establecidas (intimidad personal, seguridad nacional, materias sometidas a reserva legal). Su trascendencia radica en que toda persona puede tener acceso a información que se encuentra en cualquier entidad estatal y de este modo, intervenir en los asuntos públicos, formarse una opinión y participación informada en la actividad estatal, fiscalizar la gestión pública e incluso participar en la toma de decisiones, eliminando de alguna forma, los elementos generadores de corrupción a la par que fomentando el conocimiento en el adecuado manejo de los recursos públicos y la transparencia de la gestión pública.[1]
3. El derecho a la autodeterminación informativa se traduce, por otra parte, en aquella facultad que tiene toda persona para poder preservar y disponer de todo dato concerniente a ella, en resguardo de sus demás derechos constitucionales. Su importancia en lo esencial reside en que a través del mismo no sólo se garantiza que todo individuo sea capaz de controlar el tipo de datos que sobre él se hayan registrados, sino que se impide que bajo determinadas circunstancias no se vean afectados otros derechos constitucionales. En este sentido, podría hablarse del habeas data informativo, como aquella variante que tendría por objeto proporcionar la información requerida por el demandante y que en un inicio le fuera denegada, es decir, serviría para la finalidad del inciso 1) del Código Procesal Constitucional.
4. Debe advertirse, igualmente, que el despacho positivo de la tutela de información conlleva a su vez el cumplimiento de los requisitos procedimentales respectivos, pues en caso contrario, el traslado de los costos respectivos se traslada al Estado, desnaturalizándose en ese sentido el fin del habeas data, pues se tutelaría un derecho a costa de afectar otro, cuales son las arcas fiscales y el patrimonio dinerario de los contribuyentes del Estado.
5. Efectuado el examen de autos y la razonabilidad de los argumentos del A-quo así como de la parte apelante, fluye que la decisión materia de apelación guarda todos los caracteres de legalidad, racionalidad y razonabilidad necesarios, resultando manifiestamente infundada la apelación de autos, pues la petición es muy concreta al requerirse copia de un conjunto de documentos cuya entrega constituye un derecho del solicitante.
6. En ese contexto, resulta falto de argumento, viabilidad y consistencia que la emplazada invoque que ya dispuso la entrega respectiva a través de los acuerdos de Concejo de folios 86 a 98(los cuales por cierto no tienen relación directa con la pretensión incoada), sino que es necesario efectivizar la entrega de información en los términos solicitados. En abstracto bastaría, siguiendo la lógica de la demandada, que se disponga la entrega de determinada información, con lo cual prima facie se habría cumplido el mandato. Sin embargo, es importante materializar el mandato pertinente, verificándose la entrega correspondiente pues en caso adverso, se hace ilusorio el derecho de acceso a la información pública, como componente esencial del proceso de habeas data. Bajo esta premisa, corresponde confirmar en todos sus extremos la decisión del A-quo.
Por estos fundamentos y de conformidad con las normas citadas, la Sala Especializada en Derecho Constitucional, CONFIRMA la sentencia contenida en la resolución número tres, de diecinueve de agosto de dos mil nueve, de folios ochenta a ochenta y dos, que declara Fundada la demanda de hábeas data interpuesta por José Edilberto Mendoza Esquives contra el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Reque, en consecuencia se dispone que éste cumpla con entregar al demandante las copias autenticadas de los documentos solicitados; con lo demás que contiene; consentida o ejecutoriada que sea la presente, dispusieron su publicación en el diario oficial “El Peruano” conforme a ley, y los devolvieron.
CARRILLO MENODZA
[1] PALMA ENCALADA, Leny. El proceso de habeas data en el diseño del Código Procesal Constitucional. Código Procesal Constitucional comentado. Normas Legales Enero 2005.
Sentencias constitucionales. Proceso de habeas corpus
EXPEDIENTE: 2009-01939
AGRAVIADO: RICARDO LUPUCHE BARRANTES
DENUNCIADO: DIVANDRO
En Chiclayo, a los 18 días del mes de mayo de 2009, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los Magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:
Recurso de apelación interpuesto por Giomar Zalón Villacrés, Carlos Bances Benites y Julio Marín Ríos, contra la sentencia de fecha uno de mayo de 2009, que declara fundada la demanda de autos.
Con fecha 30 de abril de 2009 don Pavel Vladimir Bonilla Cáceres, en su calidad de letrado, formula petición verbal de habeas corpus contra la señora Fiscal de la Policía de la Fiscalía Antidrogas de Chiclayo, a favor de su patrocinado Ismael Ricardo Lupuche Barrantes. Indica que el día 29 de ese mes y año, el favorecido fue detenido sin que exista flagrancia o detención judicial, implicándolo en el delito de tráfico ilícito de drogas y que ha sido recluido en los calabozos de la DIRANDRO. A su turno, el Juez de Investigación Preparatoria comprende como coprocesados a los ahora apelantes.
A folios 33 la Dra. María Ana Ley Tokumori, Fiscal de la Fiscalía Antidrogas de Chiclayo, se apersona al proceso y alega que no ha existido acto de detención arbitraria por cuanto el favorecido fue detenido en flagrante delito.
La apelada declara fundada la demanda y centra su razonamiento esencialmente en que: a) No existe documento que demuestre fehacientemente que se puso en conocimiento de manera inmediata a la Fiscalía Antidrogas, tampoco al Juzgado de Garantías de Chiclayo, respecto a la intervención policial contra el favorecido; b) Que existe discrepancia entre el acta de intervención policial, solo suscrita por el instructor con lo descrito en el acta de intervención y registro personal, así como tampoco con el acta de recojo y comiso de droga; c) Que se ha afectado el principio de proporcionalidad y de necesidad al intervenir a una persona cuya acta de registro personal arrojó negativo para drogas, por lo cual no resulta razonable se prive de su libertad al favorecido; d) Que ha existido un exceso de celo policial que conllevó a afectar el derecho fundamental a la libertad del favorecido; e) Que no existe responsabilidad de la Fiscal Antidrogas por tratarse de una actuación eminentemente policial.
La apelación de folios 94 a 101 centra sus fundamentos, sustancialmente, en que: a) El juez no señala con claridad en qué consisten las incoherencias entre los documentos reseñados; b) Que por acciones de inteligencia operativa policial se tuvo conocimiento que dos personas estarían dedicándose a la microcomercialización de drogas en Pomalca, y constituida la Policía en dicho lugar, uno de las personas ubicadas- quien resultó ser el favorecido- se dio a la fuga al notar la presencia policial, arrojando las especies que portaba en distintas direcciones; c) Que sí se dio cuenta a la Fiscal Antidrogas telefónicamente respecto a la intervención producida; d) Que la intervención de la Policía se ha producido en forma regular al existir un caso de flagrancia delictiva.
§ Pasos para una evaluación procedimental de los procesos de habeas corpus
1. El Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia 06218-2007-PHC/TC caso Víctor Esteban Camarena, en relación a los pasos de evaluación conjunta del proceso de habeas corpus, lo siguiente:
“ F.J. 3. (…) Este Tribunal considera que la aplicación de la causal de improcedencia (…) debe ser examinada en tres pasos de evaluación conjunta:
a. E primer lugar, el juez constitucional debe identificar el derecho o derechos que expresa o implícitamente podrían verse afectados por los actos arbitrarios que son demandados. En esta actividad el juez, conforme a la obligación constitucional de protección de los derechos fundamentales, debe dejar de lado aquellas interpretaciones formalistas y literales sobre los derechos presuntamente afectados para dar paso a la búsqueda e identificación de aquellos otros derechos fundamentales, que si bien no hubiesen sido mencionados expresamente en la demanda, son plenamente identificables desde una lectura atenta de los hechos contenidos en la demanda.
b. En segundo lugar, el juez constitucional debe identificar la verdadera pretensión del demandante. Para ello debe tenerse presente no solo el petitorio sino también todos los hechos alegados en la demanda, es decir, que la demanda debe ser examinada en su conjunto.
c. En tercer lugar, el juez constitucional deberá analizar si la verdadera pretensión del demandante forma parte del contenido constitucionalmente protegido de algunos de los derechos fundamentales que son objeto de tutela del proceso de hábeas corpus. Si la pretensión no busca proteger tal contenido, la demanda debe ser declarada improcedente.”
§ Restricciones constitucionales respecto a la libertad personal
2. El Tribunal Constitucional ha señalado en la STC 02141-2007-HC/TC caso Franz García, lo siguiente:
“F.J. 3. El derecho a la libertad personal, como todo derecho fundamental, no es absoluto; el artículo 2º, inciso 24), ordinales “a” y “b”, establece que está sujeto a regulación, de modo que puede ser restringido o limitado mediante ley. A tal efecto, los límites que puede imponérsele son intrínsecos y extrínsecos; los primeros se deducen de la naturaleza y configuración del derecho en cuestión, mientras que los segundos provienen del ordenamiento jurídico, cuyo fundamento se encuentra en la necesidad de proteger o preservar otros bienes, valores o derechos constitucionales.
4. Al respecto, este Tribunal ha sostenido en reiterada jurisprudencia que la detención judicial preventiva es una medida provisional que limita la libertad física, pero no por ello es, per se, inconstitucional, en tanto no comporta una medida punitiva, ni afecta la presunción de inocencia que asiste a todo procesado y, legalmente, se justifica siempre y cuando existan motivos razonables y proporcionales para su dictado. En tal sentido, tanto la resolución que decreta el mandato de detención como su confirmatoria deben cumplir con la exigencia de la motivación de las resoluciones judiciales.
5. En este orden de ideas, resulta imprescindible destacar, como se hizo anteriormente en la sentencia recaída en el expediente N.° 1291-2000-AA/TC, fundamento 2, que “[l]a Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y que, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si ésta es breve o concisa o se presenta el supuesto de motivación por remisión”.
6. El artículo 135º del Código Procesal Penal establece que para el dictado de la medida cautelar de detención es necesaria la concurrencia simultánea de tres presupuestos: a) que existan suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito doloso que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo (…); b) que la sanción a imponerse sea superior a los cuatro años de pena privativa de libertad (dispositivo legal vigente al momento de haberse dictado la medida coercitiva cuestionada en los autos), y c) que existan suficientes elementos probatorios para concluir que el imputado intenta eludir la acción de la justicia o perturbar la actividad probatoria.
7. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia recaída en el expediente N.° 1091-2002-HC/TC, caso Vicente Ignacio Silva Checa, que la justicia constitucional no es la competente para determinar la configuración de cada presupuesto legal que legitima la adopción de la detención judicial preventiva, lo cual es tarea que compete a la justicia penal ordinaria; sin embargo, sí es su atribución verificar si estos presupuestos concurren de manera simultánea y que su imposición sea acorde a los fines y el carácter subsidiario y proporcional de dicha institución, lo que debe estar motivado en las resoluciones que se cuestiona.”
§ Sobre la relevancia de la prueba en materia penal
3. A juicio de este Colegiado, la prueba penal no debe cumplir solo una función de persuasión, sino un enfoque fundamentalmente dialógico, es decir, que permita verificar los criterios de racionalidad que la misma involucra. En tal sentido, las premisas fácticas de un contexto penal exigen no solo la configuración de la prueba como tal, sino que no existan problemas de calificación de la misma. Habilitada la premisa fáctica, la proposición normativa podrá cumplir eficazmente su papel en el rango de una validez formal, es decir, si la regla es aplicable al caso de autos, o bien en el rango de la concurrencia de principios, salvando los necesarios problemas de colisión que usualmente el conflicto jurídico complejo genera.
4. Lo antes expuesto nos conduce, en el plano judicial de resolución de conflictos penales, a que la prueba deba resultar convincente, que su examen no debe resultar aislado y que las razones que sustentan la resolución, sean sólidas. Dicho exigible ejercicio de coherencia no solo deviene imputable al juzgador, sino también a las partes que postulan las pretensiones. Bajo esta reflexión, si la parte que postula la pretensión no aporta elementos de juicio convincentes, indefectiblemente se deberá declarar infundada la pretensión.
§ La ponderación de intereses
5. La ponderación, como método de resolución de controversias en sede constitucional, presupone un conflicto o una colisión entre derechos fundamentales. Al respecto debemos precisar, conforme señala Carlos Bernal Pulido[1]: “Que los ordenamientos jurídicos no están compuestos exclusivamente por reglas, como señalaba Kelsen, para quien la única manera de aplicar el derecho era la subsunción (…) A partir de las investigaciones de Dworkin en el mundo anglosajón y de Alexy en el germánico, se suman los principios y la ponderación. La ponderación es la manera de aplicar los principios y de resolver las colisiones que pueden presentarse entre ellos y los principios o razones que jueguen en sentido contrario.”
6. Prosigue el mismo autor: “Dworkin señala que los principios están dotados de una propiedad que las reglas no conocen: el peso. Al ponderarse, se establece cuál principio pesa más en el caso concreto. El principio que tenga un mayor peso será el que triunfe en la ponderación y aquel que determine la solución par el caso concreto. (…) La ponderación es entonces la actividad consistente en sopesar dos principios que entran en colisión en un caso concreto para determinar cuál de ellos tiene un peso mayor en las circunstancias específicas. La estructura de la ponderación queda así integrada por la ley de ponderación, la fórmula del peso y las cargas de argumentación. “(Énfasis agregado).
7. Por la ley de la ponderación, asumimos que: “Cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro”. A su vez, con la fórmula del peso, Robert Alexy refiere que a los principios se les puede atribuir un valor en la escala triádica: leve, medio, intenso. Ejemplo: en un caso de transfusión urgente de sangre, el peso del derecho a la vida es mayor que la convicción religiosa de no recibir una transfusión.
8. Finalmente, las cargas de argumentación operan cuando existe un empate entre los valores que resultan de la aplicación de la fórmula del peso. En relación a los límites de la ponderación, debemos señalar que no existe un criterio objetivo para determinar los valores determinantes del peso que tienen los principios en la ley de ponderación y que conforman la fórmula del peso. El peso abstracto es una variable muy singular, que remite siempre a consideraciones ideológicas y hace necesaria una toma de postura por parte del intérprete.
9. La propuesta doctrinal entonces involucra objetivamente que el intérprete constitucional aprecie una colisión de derechos y que uno de ellos prevalezca sobre el otro.
§ Desarrollo jurisprudencial del principio de proporcionalidad
10. Señala el Tribunal Constitucional en la STC 0579-2008-PA/TC caso Becerra Leyva lo siguiente:
“Aplicación del test de proporcionalidad
F.J. 25. Tal como lo ha establecido este Colegiado, el test de proporcionalidad incluye, a su vez, tres subprincipios: idoneidad, necesidad y ponderación o proporcionalidad en sentido estricto. En cuanto al procedimiento que debe seguirse en la aplicación del test de proporcionalidad, hemos establecido que la decisión que afecta un derecho fundamental debe ser sometida, en primer término, a un juicio de idoneidad o adecuación, esto es, si la restricción en el derecho resulta pertinente o adecuada a la finalidad que se busca tutelar; en segundo lugar, superado este primer análisis, el siguiente paso consiste en analizar la medida restrictiva desde la perspectiva de la necesidad; esto supone, como hemos señalado, verificar si existen medios alternativos al adoptado por el legislador. Se trata del análisis de relación medio-medio, esto es, de una comparación entre medios; el medio elegido por quien está interviniendo en la esfera de un derecho fundamental y el o los hipotéticos medios que hubiera podido adoptar para alcanzar el mismo fin. Finalmente, en un tercer momento y siempre que la medida haya superado con éxito los test o pasos previos, debe proseguirse con el análisis de la ponderación entre principios constitucionales en conflicto. Aquí rige la ley de la ponderación, según la cual “cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de la afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro.”
11. Resulta importante advertir entonces que en tanto la ponderación concierne a la dilucidación de derechos fundamentales en perspectiva general, la técnica del test de proporcionalidad, asumiendo características similares, alude necesariamente a involucrar a un órgano público en tanto supuesto de desproporción respecto de las facultades del poder público frente a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
12. Resulta importante, en el análisis del caso específico sometido a nuestro conocimiento, delimitar el contexto del fallo a emitir en la medida que la decisión del juez constitucional tiene por objeto, en cualesquiera condiciones de supuesta afectación de la libertad personal, específicamente en los procesos de habeas corpus, determinar la incidencia de la imputada afectación a la libertad personal desde el ámbito del Derecho Constitucional y no del Derecho Penal, y éste es propiamente el baremo de acción para decidir la presente controversia. En tal sentido, no puede el juez constitucional pronunciarse sobre los elementos de determinación probatoria a aplicarse propiamente en el ámbito penal, sino circunscribirse a los elementos interpretativos que brinda el Derecho Constitucional en todo su ámbito interpretativo de valoración de los derechos fundamentales de las personas, más aún en el caso de la libertad personal y a este efecto tendremos en cuenta los supuestos de la sentencia 06218-2007-PHC/TC, reseñada en el acápite 1 de esta decisión.
13. En el caso sub judice, resulta un elemento de valoración trascendente determinar si la acción de la Policía Antidrogas en la detención del favorecido se ha producido dentro de un contexto regular y respetuoso de los derechos fundamentales. Y si así no fuere, entonces podríamos interpretar que ha habido afectación de la libertad personal y correspondería confirmar la apelada, más aún si el accionar de la Policía se inscribiera dentro de una arbitrariedad manifiesta y sin observancia del derecho a la libertad personal.
14. En esa línea de razonamiento ¿puede calificarse que la inobservancia de ciertos requisitos en la detención policial, implique calificar una detención como arbitraria? A juicio de nosotros, no. En el devenir incesante de la doctrina constitucional de los derechos fundamentales y propiamente en cuanto se refiere a la necesaria ponderación de derechos, el estudio interpretativo impugnado por Robert Alexy, según referencia anterior, así como la doctrina establecida por el supremo intérprete de Karlsruhe, ha permitido discernir los grados de afectación de los principios involucrados en un examen constitucional de la ponderación de intereses, o bien del test de proporcionalidad en la medida que se valore el grado de intervención de un ente representativo del poder estatal.
15. Nos explicamos. A juicio de este Colegiado, la libertad personal del favorecido constituye un bien jurídico cuya tutela no podemos excluir a la luz de cualquier intensidad de intervención de su manifestación subjetiva y objetiva. De otro lado, el principio de autoridad y en especial, la potestad de intervención de la Policía Antidrogas, constituye una expresión de la potestas del Estado para reprimir las conductas de contenido penal contrarias al ordenamiento jurídico.
16. En consecuencia, deviene necesaria la ponderación de estos principios pues en pugna se encuentran, a juicio nuestro, situaciones que involucran la afectación de principios y no reglas. Si el presente asunto se circunscribiera a una formulación normativa de tipo positivista o a un esquema de validez formal, que implicara la subsunción del problema en una o varias reglas o normas, con certeza la solución del problema sería inmediata, sin mayor connotación de caso difícil, conforme define Dworkin[2].
17. De cara a un caso difícil, entonces, tiene lugar un análisis ponderativo que es necesario enunciar en términos de valoración de la conducta del cuerpo policial que intervino en la conducta que ahora se juzga, bajo los subexámenes de idoneidad, necesidad y ponderación en sentido estricto.
18. Examen de idoneidad: En el análisis sub litis debemos determinar, como hemos señalado, si la restricción en el derecho resulta pertinente o adecuada a la finalidad que se busca tutelar. Así debemos cuestionar: ¿Era idónea una intervención policial frente a un posible accionar de microcomercialización de drogas? A juicio de este Ad-quem sí era idónea la intervención de la autoridad policial, o restricción en el derecho de libertad del favorecido, pues se busca tutelar el bien jurídico seguridad pública. Más aún, la conducta de la Policía se adecúa a la lucha contra la delincuencia en todas sus formas.
19. Examen de necesidad: Corresponde aquí verificar si existen medios alternativos al adoptado en la conducta sometida a control, es decir, ¿era necesaria una medida menos lesiva que la detención del favorecido en un contexto en el cual previsiblemente pudiera éste, asumiendo como cierto su intento de fuga como tal, que lanzara la droga que fue objeto de intervención? La única medida menos lesiva pudo haber consistido en una medida menos coercitiva que la detención. Sin embargo, dada la concurrencia de ciertas agravantes- intento de fuga, desapoderamiento de la droga antes de la intervención y antecedentes policiales- estimamos que la disposición aplicada por la Policía se ciñó a las circunstancias ocurridas. Entonces, el accionar policial sometido a control supera el examen de necesidad.
20. Examen de ponderación en sentido estricto. Corresponde aquí medir los grados de afectación de los derechos en pugna, exigiéndose que la afectación del derecho a ponderar mejor, sea mayor que el derecho con menor ponderación. Aquí resulta conveniente precisar, a juicio de esta Sala de Derechos Fundamentales, que sí existe afectación de la libertad personal del favorecido pero no en grado elevado sino medio, pues concurre de un lado, un conjunto de circunstancias que en apariencia denotan una aclaración de su presunta responsabilidad. Pero a su vez, tanto mayor sería la afectación al principio de la potestad de intervención de la Policía frente a conductas eventualmente sancionables, si amparamos la demanda, más aún cuando podemos presumir a priori que la autoridad cumple sus responsabilidades con seriedad y responsabilidad.
21. Convenimos con el A-quo con relación a que efectivamente pueda no existir documento que demuestre fehacientemente que se puso en conocimiento de manera inmediata a la Fiscalía Antidrogas, tampoco al Juzgado de Garantías de Chiclayo, ( argumento materia de contradicción por los emplazados), respecto a la intervención policial contra el favorecido, o bien que existan discrepancias entre el acta de intervención policial, solo suscrita por el instructor con lo descrito en el acta de intervención y registro personal, así como con el acta de recojo y comiso de droga. Sin embargo, ¿no son estos elementos de valoración penal los que deberán definirse al interior del proceso penal y que en su oportunidad acarrearán, de verificarse así, la improcedencia de la demanda o que la misma resulte infundada? ¿Debe acaso el juez constitucional entrar a analizar elementos de valoración contextual definitivamente de orden penal? Estimamos que no en la medida que el tema de relevancia de la prueba penal generada en este caso, bajo la perspectiva de los derechos fundamentales, no involucra un problema de relevancia sino que razonablemente conduce a estimar que la coerción de libertad personal se ha aplicado en un contexto de represión penal, quedando el favorecido en la opción de ejercitar los recursos penales contradictorios a que hubiera lugar.
22. De otro lado, reviste cierta razonabilidad que el A-quo observe que se ha afectado el principio de proporcionalidad y de necesidad al intervenir a una persona cuya acta de registro personal arrojó negativo para drogas, o bien en su criterio mejor argumentado, que ha existido un exceso de celo policial. No obstante lo acotado y conforme a las interrogantes anteriores así como las circunstancias concurrentes de responsabilidad en la intervención del favorecido, ¿no son igualmente estos criterios de valoración definibles y estimables en la sede penal donde con propiedad se desarrollarán los exámenes de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad? Este Colegiado estima que sí en tanto la restricción de libertad del favorecido observa de modo mínimo pero suficiente los lineamientos de la sentencia STC 02141-2007-HC/TC antes acotada respecto a las intervenciones de control que no resultan sustancialmente violatorias de la libertad personal.
23. Son nuestras conclusiones, entonces, que los argumentos de valoración desarrollados por el A-quo revisten un margen de razonabilidad pero con propiedad, ellos han de determinarse más propiamente en el ámbito penal propiamente dicho y no en la vía constitucional del habeas corpus. Hacerlo en esta vía, a juicio nuestro, implica una afectación de mayor grado al principio de autoridad que en conjunto proyecta su radio de acción a favor de toda la colectividad. Es nuestra posición que las conductas contrarias al ordenamiento penal deben ser objeto de sanción con observancia del principio de legalidad pero a su vez también de otros principios y derechos fundamentales que razonablemente exigen protección.
24. En la línea de lo expuesto, corresponde desestimar la demanda y no porque convengamos en que pudiera eventualmente acogerse un accionar policial arbitrario, lo que sin duda debe ser objeto de represión. Sin embargo, en el caso de autos, no se forma suficientemente una afectación evidente, manifiesta y sustancial de la libertad personal del favorecido, por lo cual no cabe emitir decisión de tutela urgente.
Por estos fundamentos, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, REVOCA la sentencia que declara fundada la demanda de autos; REFORMÁNDOLA, DECLARA INFUNDADA la demanda.
[2] DWORKIN, Ronald. “Los derechos en serio”. Editorial Ariel S.A. Pág. 146.
EXPEDIENTE: 2009-590
DEMANDANTE: VICTOR SALAZAR CUSTODIO
En Chiclayo, a los 06 días del mes de julio de 2009, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los Magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:
Recurso de apelación interpuesto por la SUNAT contra el auto de fecha 06 de marzo de 2009, que DECLARA FUNDADA la solicitud cautelar de autos.
Con fecha 03 de marzo de 2009, el accionante Víctor Wilfredo Salazar Custodio, solicita medida cautelar a fin de ser reincorporado a sus labores habituales, alegando que ha sido despedido fraudulentamente, al haberse desnaturalizado los contratos de trabajo para servicio específico celebrados con la demandada.
El Noveno Juzgado Civil de Chiclayo, a folios 47, declara fundada la solicitud cautelar, alegando que las labores del demandante, calificadas como servicio especifico, han correspondido a actividades cotidianas e imprescindibles para la entidad, calificándolas como permanentes.
La apelación de folios 60 a 62 sustenta, principalmente, que desde la suscripción del contrato, el actor sabía que dicho instrumento se extinguiría. Por otro lado, conceptúa que hay una flagrante violación del principio de congruencia y que el juez no se ha atenido el límite de irreversibilidad de la medida concedida.
2. Una medida cautelar, igualmente, importa un prejuzgamiento y es provisoria, instrumental y variable; bajo ese supuesto, de acuerdo con Juan Monroy Palacios, la instrumentalidad representa una ligazón o vocación de servicio entre el pronunciamiento cautelar y el proceso que está destinado a proteger, en la medida en que el resultado positivo y oportuno garantiza la posibilidad de la decisión final emitida en el segundo pueda desplegar plenamente sus efectos materiales y jurídicos y con ello asegurar la eficacia de la tutela procesal; la provisionalidad significa que mantiene su firmeza en tanto no varía la situación que se intente proteger, si la situación cambia, entonces esta medida podría cambiar ya sea por intermedio de una nueva medida cautelar o la revocatoria de la anterior…; es variable …la variabilidad está referida al contenido de la medida cautelar a su relación con el objeto del proceso principal que intenta proteger. Es decir, a diferencia del carácter provisional que es propio de toda medida cautelar, la variabilidad es un evento que puede darse en dos supuestos, a.- cuando exista una alteración de las circunstancias en la relación material tornándose injusta la medida cautelar y b.- cuando exista una alteración de las circunstancias en la relación procesal, es decir, cuando del desarrollo de la discusión procesal desaparezcan o se alteren los presupuestos procesales que dieron lugar a la medida antes dictada…[1] No satisfechos dichos requisitos, el Ad quo deberá determina la improcedencia de la medida cautelar.
4. Conforme al artículo quince del Código Procesal Constitucional, se pueden conceder medidas cautelares y de suspensión del acto violatorio en el proceso de amparo, exigiéndose para su concesión apariencia del derecho, peligro en la demora y que el pedido cautelar sea adecuado para garantizar la eficacia de la pretensión.
§ Sobre la carga de la prueba
5. En relación a la carga de probar, el Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente a este proceso constitucional, señala:
“Artículo 196.- Carga de la prueba.-
Todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión.”
6. Este Colegiado estima pertinente señalar que los caracteres de provisoria, instrumental y variable de una decisión cautelar precisamente implican un juicio valorativo sobre la fundabilidad de la pretensión, el cual puede modificarse por la decisión de fondo o porque desaparecen los caracteres que le confieren la propia verosimilitud del derecho a la medida.
7. Ahora bien, concierne al análisis de fondo objetivamente determinar si ha existido una desnaturalización de los contratos de servicio específico del actor, más aún cuando efectivamente es exigible determinar la naturaleza del cargo de fiscalizador que alega el actor y qué exigencias laborales implicaba el mismo. Por ende, de modo liminar este primer requisito del fumus bonus iuris es cumplido.
8. Esta Tribunal estima, de igual forma, que los requisitos de peligro en la demora y la pertinencia de la medida cautelar se hayan suficientemente garantizados en la medida que se trata de una plaza laboral de la cual depende el actor en cuanto a su subsistencia así como podemos observar que la medida dispuesta se adecúa a los fines de tutela del derecho cuya violación se alega. Bajo esta pauta, hay una carga mínima probatoria suficientemente aportada.
9. Por consiguiente, hay congruencia entre la pretensión propuesta y el derecho concedido. De otro lado, la propia naturaleza variable de la medida, garantiza que pueda revertirse la medida cautelar de reposición a las labores, esto es, de no ampararse la pretensión de fondo, procede la extinción plena de la actividad laboral del actor.
Por estas consideraciones y de conformidad con las normas citadas, la Sala Especializada de Derecho Constitucional: CONFIRMA la resolución número uno, de 06 de marzo de 2009, de folios 47 A 49, que admite a trámite la solicitud cautelar presentada por Víctor Wilfredo Salazar Custodio, en consecuencia ordena la reposición provisional del actor en su puesto de trabajo, en el mismo cargo y con la misma remuneración; con lo demás que contiene; y los devolvieron.
[1] Juan Monroy Palacios. Bases para la formación de una Teoría Cautelar, pág. 151 y siguientes. Editorial Comunidad. Lima- Perú 2002.
Sentencias constitucionales. Proceso de amparo
EXPEDIENTE: 2009-398
DEMANDANTE: ESTEBAN LORENZO CORONADO
En Chiclayo, a los 18 días del mes de junio de 2009, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los Magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:
Recurso de apelación interpuesto por EPSEL S.A. contra la sentencia de fecha 08 de abril de 2009, que DECLARA FUNDADA la demanda de autos.
Con fecha 19 de enero de 2009, Esteban Lorenzo Coronado interpone proceso de amparo contra su empleadora EPSEL S.A., a fin de que se deje sin efecto su despido laboral y se ordene su reincorporación a sus labores habituales como operador guardián de la cámara de bombeo de desagüe en Santa Rosa por haberse producido afectación de su derecho constitucional al trabajo.
La emplazada se apersona al proceso a folios 116 y contesta la demanda alegando que ésta debe ser declarada improcedente y que la contratación en locación de servicios no genera ningún tipo de vínculo laboral. Acota que solo se han suscrito contratos de naturaleza civil, típicos y nominados.
El Noveno Juzgado Civil de Chiclayo expide sentencia de folios 128 a 131, invocando a este efecto, que las labores desarrolladas por el actor eran imprescindibles para el funcionamiento de la emplazada y que por consiguiente se ha producido una desnaturalización de la contratación civil.
La apelación de folios 136 a 153 señala, fundamentalmente, que los servicios del actor no forman parte de las actividades que cotidiana y objetivamente realiza la empresa, que el actor no ha estado sujeto a subordinación, y que en suma se han producido hechos controvertidos que dan lugar a la improcedencia de la demanda. Acota que no era necesario la justa causa de despido pues la contratación del caso era de naturaleza civil así como que nunca existió relación laboral.
§ Sobre la previsión de contratación laboral
§ Sobre la locación de servicios y los contratos no personales
10. Apreciada la carga probatoria adjunta a la demanda, tenemos que conforme a los instrumentos de folios 6 a 7, el servicio del actor no solo consistía en tareas de guardianía, sino también en servicios de limpieza y mantenimiento de pozo. Esto puede merecer interés con relación al fondo de la causa en tanto las tareas de guardianía por sí solas constituyen un régimen de naturaleza especial mas en conjunción con tareas de limpieza y mantenimiento, asumen de plano otro perfil.
11. En adición a esta particularidad, verificamos de la misma forma que de folios 49 a 51 obran diversas comunicaciones a manuscrito, e inclusive la de folios 50 parte inferior, dirigida al actor, indica que el no apersonamiento a una tarea(o servicio), sería sancionada con suspensión. Estos documentos no han sido objeto de planteamiento alguno de disconformidad por la demandada, por lo cual su mérito probatorio puede ser objeto de estimación. En ese sentido, una amenaza de suspensión en definitiva no se condice con un régimen de locación de servicios, máxime si éste, conforme al artículo 1764 del Código Civil, involucra una previsión de contratación en la cual no pueden confluir elementos típicos de una contratación laboral, como en el caso de autos.
12. Debemos tener en cuenta, en el orden de ideas señalado, que la conducción de la relación entre el actor y la emplazada, a través de los documentos antes referidos, resulta de plano incongruente con la previsión de una contratación en locación de servicios, produciendo su desnaturalización, fundamentalmente porque no se niega el derecho de la emplazada a establecer el régimen legal que considere conveniente según sus necesidades, sino resulta desestimable aplicar erróneamente un régimen de contratación que no corresponde a tenor de la prueba aportada. Bajo este razonamiento, ¿puede fijarse una amenaza de suspensión a un servidor en locación de servicios? ¿Podríamos juzgar acaso que el actor prestó servicios de guardianía y mantenimiento por horas y en forma esporádica? ¿O podría argüirse que el actor desempeñaba una labor altamente especializada y no sujeta a una relación laboral al prestar servicios de mantenimiento de pozo? Este Colegiado estima que no.
13. Los agravios expresados por la apelante, en su conjunto, resultan de plano insuficientes para formar convicción en este Colegiado respecto a que se produjo una contratación de locación de servicios conforme a los estándares del artículo 1764 del Código Civil, supuesto, insistimos, que resultaría legítimo, si no se hubiera producido expresiones típicas en relación de subordinación, conforme a la carga probatoria aportada. Sin embargo, es de observar que la demandada ha contratado al actor en un régimen civil cuya distorsión ha sido acreditada en este proceso conforme a la prueba antes verificada.
14. La distorsión acotada no solo es incompatible con el artículo 27 de la Constitución, sino con el propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos[2], cuyas líneas de tutela precisamente buscan evitar que se produzcan graves afectaciones a los derechos fundamentales de las personas en el ámbito de la prestación de trabajo, imponiendo al empleador obligaciones mínimas de protección para un empleo decente. En tal sentido, corresponde confirmar la tutela de urgencia dispuesta por el A-quo.
Por estos fundamentos, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA la sentencia de autos; con lo demás que contiene
EXPEDIENTE NÚMERO: 55-09
DEMANDANTE: POMALCA S.A.A.
DEMANDADO: VOCALES DE LA SALA LABORAL
En Chiclayo, a los 24 días del mes de marzo de 2009, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los Magistrados Huangal Naveda, Figueroa Gutarra y Chávez Martos, pronuncia la siguiente resolución:
Demanda de amparo contra resolución judicial interpuesta por Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A. contra los señores Jueces Superiores de la Sala Laboral de Lambayeque, doctores Lucía Esther Deza Sánchez y Juan de la Cruz Ríos, por afectación del derecho al debido proceso sustantivo y adjetivo.
En el presente caso, la Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A. interpone proceso de amparo contra los Señores Jueces Superiores de la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Doctores Lucía Esther Deza Sánchez y Juan De la Cruz Ríos, contra don Magno Enrique Ríos Rivera y el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Justicia, con el objeto de que se declare inaplicable a ella la decisión judicial contenida en la resolución número veintinueve, de fecha 24 de abril último.
2. La efectividad de las sentencias, de otro lado, constituye un principio del Estado Democrático y Social de Derecho, pues la misma constituye que la decisión y mandato del Juzgador, agotadas las instancias respectivas, se plasme en un resultado tangible de consecución del derecho pretendido. En ese sentido, el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales que han pasado en autoridad de cosa juzgada, es una manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional, partiendo de la misma base constitucional que contempla el inciso dos de la Constitución de mil novecientos noventa y tres, al prever que” ninguna autoridad puede (…) dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada (…) ni retardar su ejecución.”
3. En adición a ello, como lo ha sostenido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el arret “Hornsby c/ Grecia”, sentencia del trece de marzo de mil novecientos noventa y siete, el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales “forma parte de las garantías judiciales”, pues “sería ilusorio” que “el ordenamiento jurídico interno de un Estado contratante permitiese que una decisión judicial, definitiva, y vinculante quedase inoperante, causando daño a una de las partes (…)”. Resulta pues así difícil que puede hablarse de la existencia de un Estado de Derecho cuando las sentencias y las resoluciones judiciales firmes no se cumplen.
4. Sin perjuicio de lo señalado: ¿deben cumplirse todas las sentencias? ¿O contempla el ordenamiento jurídico excepciones? Debemos advertir que, sin perjuicio del principio de efectividad de las decisiones judiciales, el ordenamiento sí admite excepciones y ello ocurre siempre que se configure una incompatibilidad por vía de excepción o una antinomia de rango similar al de una concurrencia de normas que exige una solución del decisor.
5. Lo antes acotado tiene relación directa con la concepción de que los derechos fundamentales no pueden ser considerar absolutos. A este respecto, anota Zagrebelsky[1]:
6. Es posible afirmar, bajo esta premisa, que aún la sentencia que reconociera una prestación determinada, pudiera relativizar su mandato de ejecución si identificamos un grado de vulneración ostensible a un derecho fundamental, con lo cual un mandato perdería efectividad.
§ Las antinomias en el ordenamiento jurídico
7. Una antinomia puede definirse en uno u otro de los modos siguientes: a) En un sistema jurídico existe una antinomia siempre que un determinado comportamiento esté deónticamente calificado de dos modos incompatibles en dos diversas normas pertenecientes al sistema, o b) En un sistema jurídico siempre que para un determinado supuesto de hecho estén previstas dos consecuencias jurídicas incompatibles por dos normas diversas pertenecientes al sistema.
§ La cosa juzgada
9. La autoridad de cosa juzgada reside en la sentencia y sus caracteres son la inmutabilidad y la coercibilidad, es decir, que proyecta sus efectos hacia el pasado y hacia el futuro, y las partes se encuentran obligadas a cumplir y hacer cumplir el pronunciamiento judicial sobre el caso juzgado. Sin perjuicio de ello, la ejecución de un mandato judicial puede verse impedida temporalmente por ley autoritativa expresa para tal fin, sin implicar ello una afectación del principio de la cosa juzgada.
11. En relación a lo señalado, debe determinarse que las acciones de garantía no proceden contra resoluciones judiciales emanadas de un procedimiento regular, constituyendo supuesto de excepción que exista una objetiva afectación de la tutela procesal efectiva, supuesto legitimador que sí se configura de presentarse los supuestos establecidos por el artículo cuatro del Código Procesal Constitucional, constituyendo premisa esencial en esta verificación de afectación de derechos constitucionales si se han afectado los derechos invocados por un afectado y si se ha producido una sustancial afectación al debido proceso en su dimensión sustantiva y adjetiva.
§ La Ley de Protección Patrimonial en el Perú
12. Conforme al artículo cuatro punto uno de la Ley 28027, Ley de la Actividad Empresarial de la Industria Azucarera, a partir de la vigencia de referida Ley y por el lapso de doce (12) meses, quedan suspendidas la ejecución de medidas cautelares, garantías reales o personales y similares sobre los activos de las empresas agrarias azucareras en las que el Estado tiene participación accionaria y que, a la fecha de entrada en vigencia de la referida Ley, no hayan transferido más del cincuenta por ciento (50%) del capital social ya sea mediante venta de acciones o emisión de nuevas acciones. Los embargos preventivos o definitivos en forma de inscripción sobre los bienes inmuebles o muebles registrables, así como las garantías reales continuarán inscritas pero no podrán ser materia de ejecución. Durante el referido período, los acreedores no podrán iniciar contra las empresas agrarias azucareras ninguno de los procedimientos concursales establecidos en la Ley Nº veintisiete mil ochocientos nueve. En adición a ello y de conformidad con el artículo primero de la Ley N° 28885, publicada el 23 de setiembre de 2006, se amplia hasta el 31 de diciembre de 2008, el plazo establecido en la norma referida. Asimismo, se establece que las empresas azucareras procederán a presentar ante el Ministerio de Agricultura un Programa de Reflotamiento Empresarial que incluirá un Plan de Inversiones, asimismo un Programa de Reconocimiento y Cronograma de Pagos, según las obligaciones que tienen contraídas con el Estado y con terceros. Por último, quedan suspendidos en el estado en que se encuentren los procesos concursales iniciados después de la entrada en vigencia del Decreto de Urgencia Nº 058-98.
16. Por la ley de la ponderación, según Bernal Pulido[3], asumimos que: “Cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro”. A su vez, con la fórmula del peso, Robert Alexy refiere que a los principios se les puede atribuir un valor en la escala triádica: leve, medio, intenso. Ejemplo: en un caso de transfusión urgente de sangre, el peso del derecho a la vida es mayor que la convicción religiosa de no recibir una transfusión. Finalmente, las cargas de argumentación operan cuando existe un empate entre los valores que resultan de la aplicación de la fórmula del peso.
17. En relación a los límites de la ponderación, debemos señalar que no existe un criterio objetivo para determinar los valores determinantes del peso que tienen los principios en la ley de ponderación y que conforman la fórmula del peso. El peso abstracto es una variable muy singular, que remite siempre a consideraciones ideológicas y hace necesaria una toma de postura por parte del intérprete.
18. El Tribunal Constitucional peruano ha desarrollado en varias de sus sentencias la técnica de la ponderación. Una sentencia emblemática al respecto es la referida al caso Magaly Medina[4], proceso de habeas corpus en el cual se construye propiamente cómo trabaja la ponderación. Resultaba necesario, en tal caso, determinar el peso de derechos fundamentales, uno de ellos referido a la vida privada de una persona y el otro derecho fundamental, referido a la libertad de información. ¿Cómo determinar la prevalencia de uno sobre otro derecho en ese caso concreto? El Tribunal Constitucional refiere:
(…) es un derecho fundamental, razón por la cual las leyes que pretendan limitarlo han de contar con una muy sólida justificación. Deben ser necesarias para satisfacer un imperioso interés estatal.[5]
50. A través de la proporcionalidad se procura que cada solución a la cual se arribe responda a una conveniencia constitucional o finalidad de la determinación de contenidos de cada uno de los derechos que están en juego. Es decir, busca que el resultado del acto interpretativo responda al objeto perseguido por la ponderación realizada. (…)”
19. Apreciada y valorada la fundamentación que antecede, respecto de la cual hemos tenido que hacer un necesario ejercicio de sumilla, podemos concluir que efectivamente el esquema de ponderación propuesto por Carlos Bernal Pulido, sobre la idea base de Robert Alexy, es en gran medida asumido por el Tribunal Constitucional peruano, para el cual el ejercicio de ponderación implica la prevalencia de un derecho sobre otro bajo una óptica de jerarquía móvil, es decir, un derecho prevalecerá sobre otro solo en el caso concreto de las circunstancias x.y,z específicamente predeterminadas. Esto es sumamente relevante en la medida que no afirmamos que un derecho sea superior en jerarquía sobre otro sino que solo estimamos la necesaria determinación de prevalencia móvil de uno respecto a otro. Y a su vez, en la interpretación del Tribunal Constitucional peruano, la ponderación exige juicios de idoneidad, necesidad y de proporcionalidad a través de los cuales podamos determinar cuál es el criterio valorativo concurrente, a fin de hacer prevalecer temporalmente un derecho sobre otro.
21. Consideramos, con prudencia, que el ejercicio de ponderación que desarrolla el Tribunal Constitucional resulta ser adecuado en la medida que no se produce una infravaloración de un derecho fundamental respecto de otro. No creemos que ello suceda. Sí nos parece que se produce un juicio de valoración del juez constitucional, a efectos de que uno de los derechos fundamentales, sin perder su esencia, contenido y vigencia, deba ceder temporalmente, en una figura de jerarquía móvil, ante el resultado de la ponderación que efectúe el intérprete constitucional. La ponderación genera que, efectivamente, se conceda mayor peso a un derecho fundamental respecto de otro, pero no resulta en modo alguno limitativa de la vigencia del derecho fundamental con menor peso ponderativo, ni resulta tampoco conculcado.
22. Resulta relevante en el caso de autos, examinado el petitorio de folios cuarenta y siete, y los actuados a lo largo del proceso, si corresponde declarar la violación de los derechos constitucionales de la parte demandante al debido proceso sustantivo y adjetivo por parte de los señores Vocales Lucía Deza Sánchez y Juan de la Cruz Ríos, a raíz del proceso 2006-220, sobre pago de remuneraciones, seguido por Magno Enrique Ríos Rivera contra Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A., proceso en el cual mediante resolución número veintinueve, de fecha veinticuatro de abril de dos mil nueve, se resuelve revocar la resolución número veinticinco, de fecha veintitrés de enero de dos mil nueve, que rechaza la solicitud de embargo formulada por el demandante. En esa idea, reformando la resolución apelada, despachan ejecución.
23. En relación a lo expuesto, la actora, afectada con el embargo de los emplazados, invoca que se ha infringido su derecho constitucional al debido proceso sustantivo y adjetivo al disponer el Ad-quem la revocatoria impugnada, no obstante el marco de protección patrimonial dispuesto por las normas invocadas.
24. En su apersonamiento de folios 83, el Procurador Público Dr. José Manuel Espinoza Hidalgo, pide que la demanda sea declarada improcedente, en vista de que no ha existido afectación alguna al debido proceso.
26. Las normas constitucionales, es pertinente señalarlo, observan diversas gradaciones en su efectividad, es decir, no pueden aplicarse tal cual en todos los casos; en concreto, las mismas no resultan absolutas. En el caso sub judice, este Ad-quem estima que sí ha existido una afectación sustancial del derecho de la actora en los términos expuestos en la demanda, en la medida que ha sido preterida una norma especial, cuyo mandato de protección patrimonial resultaba específico, frente a una norma general, sin un nivel de eficacia normativa vinculante, únicamente vinculada a la efectividad de una resolución.
27. En términos de ponderación, debe pues estimarse que mayor es el peso de una norma especial de protección patrimonial frente a una disposición general de efectividad de resolución judicial, precisamente por la concurrencia de un mandato específico de protección patrimonial. En la sistemática antes aludida de Robert Alexy[7], debe pues establecerse que ambos derechos- a la propiedad (que es lo que en concreto pretende la emplazante) y a la efectividad de las resoluciones judiciales, sufren un nivel de intervención; sin embargo, cuanto mayor es el nivel de afectación o lesión del derecho a la efectividad de una decisión judicial, tanto mayor es el grado de satisfacción del derecho a la propiedad.
30. En ese orden de ideas, corresponde estimar la demanda, concediendo tutela a la pretensión principal solicitada en el sentido de estimar inaplicable la decisión de la Sala Laboral. A su vez, estando a que el órgano judicial emplazado ya emitió decisión, corresponde desestimar la pretensión accesoria de que se emita nueva resolución, pues la condición de resolución judicial inaplicable surte sus efectos en forma inmediata, consentida o ejecutoriada que resulte esta decisión.
31. En adición a lo señalado, y en la vía de precisión que comprende el principio iura novit curia, del cual está investido este órgano constitucional, la afectación del derecho al debido proceso que alega la parte actora, debe entenderse como afectación al derecho a la propiedad.
33. En atención a lo expresado y sin perjuicio del criterio de independencia que implica el derecho de los emplazados a expresar un juicio de valor en forma distinta al del suscrito, muy respetuosamente estima este Ad quem que se ha producido una afectación constitucional al derecho de propiedad de la emplazada. Por tanto, corresponde estimarse la pretensión formulada.
Por estos fundamentos, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, de conformidad con los artículos 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado, II del Título Preliminar y 4 del Código Procesal Constitucional, la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, administrando Justicia a nombre de la Nación, FALLA DECLARANDO FUNDADA EN PARTE la acción de amparo interpuesta por la EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A. contra los JUECES SUPERIORES DE LA SALA LABORAL DE CHICLAYO, DOCTORES LUCÍA ESTHER DEZA SÁNCHEZ Y JUAN DE LA CRUZ RÍOS, contra el PROCURADOR PÚBLICO A CARGO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DEL PODER JUDICIAL y contra MAGNO ENRIQUE RÍOS RIVERA, en consecuencia INAPLICABLE la resolución a la demandante la resolución número veintinueve de fecha veinticuatro de abril de dos mil nueve, emitida en el Proceso 2006-220, sobre Pago de Remuneraciones, seguido por Magno Enrique Ríos Rivera contra la Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A.; DECLARA IMPROCEDENTE la petición de que se ordene a los Magistrados demandados, emitan nueva resolución; consentida o ejecutoriada que sea la presente, publíquese en el diario oficial “El Peruano” conforme a ley.
VOTO SINGULAR DEL SEÑOR HUANGAL NAVEDA, es como sigue:
Por los fundamentos del voto del Señor Ponente, y considerando además:
1. El caso materia de pronunciamiento propone que existe una norma constitucional como la contenida en el artículo 24 de la Constitución que establece como derecho del trabajador “El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tienen prioridad sobre cualquier obligación del trabajador”. Esta norma debe prevalecer frente a la normatividad protectora de las empresas agrarias azucareras que se viene prologando durante varios años y que también ha sido extendida hasta el 31 de de diciembre de 2010.
2. El Tribunal Constitucional en la STC Exp. N° 579-2008-PA/TC ha advertido y mostrado su preocupación sobre las afectaciones que se vienen produciendo con las sucesivas e indeterminadas prórrogas de la Ley de Protección Patrimonial, como lo expone en sus fundamentos 28 y 29, cuyo texto se glosa:
3. El artículo tercero de la Ley 29299, que concede la última prórroga considera la obligación empresarial de presentar un cronograma que priorice los pagos de remuneraciones y beneficios sociales, de conformidad con el artículo 24 de la Constitución del Estado.
Por las razones expuestas, me adhiero al voto que declara Fundada la demanda de amparo propuesta.
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