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Timestamp: 2015-05-04 23:12:22
Document Index: 20484949

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 15', 'artículo 21', 'artículo 22']

Reporte Especial | Ley Penal del Ambiente
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En la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.913 de fecha 2 de mayo de 2012 se publicó la nueva Ley Penal del Ambiente, la cual tiene por objeto fundamental tipificar como delito los hechos que atentan contra los recursos naturales y el ambiente, así como imponer las sanciones penales.
De acuerdo con lo señalado en el artículo 2, la Ley es aplicable a las personas naturales y jurídicas por los delitos cometidos tanto en el espacio geográfico de la República como en país extranjero, si los daños o riesgos del hecho se producen en Venezuela. En este caso será necesario (i) que el investigado haya venido al territorio de la República (ii) que se inicie la investigación por el Ministerio Público y (iii) que el investigado no haya sido juzgado por tribunales extranjeros, a menos que habiéndolo sido hubiere evadido la condena.
Responsabilidad penal Una de las modificaciones de mayor relevancia incluidas en la Ley es la referida a la responsabilidad penal, ya que de acuerdo con el artículo 3, la responsabilidad penal derivada de la comisión de delitos ambientales será de carácter objetivo, por lo que bastará sólo con comprobar la violación de la norma para aplicar la sanción, eliminándose la necesidad de demostrar la culpabilidad del agente.
2.1. Responsabilidad penal de las personas jurídicas
Las personas jurídicas serán responsables por sus acciones u omisiones en los casos en que el delito sea cometido con ocasión de la contravención de normas o contenidas en leyes, decretos, órdenes, ordenanzas, resoluciones y otros actos administrativos de carácter general o particular de obligatorio cumplimiento.
La Ley las separa en principales y accesorias. Las principales son las siguientes:
La disolución de la persona jurídica (nueva sanción agregada en esta Ley).
El desmantelamiento de la instalación, establecimiento o construcción (nueva sanción agregada en esta Ley).
Las sanciones accesorias son:
La clausura definitiva de la instalación o establecimiento.
La clausura temporal de la instalación o establecimiento hasta por un año.
La prohibición definitiva de la actividad contaminante o degradante del ambiente.
La reordenación de los sitios alterados.
La suspensión de las actividades de la persona jurídica hasta por seis meses.
La inhabilitación para el ejercicio de funciones o empleos públicos, hasta por dos años después de cumplirse la pena principal, cuando se trate de hechos punibles cometidos por funcionarios públicos o funcionarias públicas.
La inhabilitación para el ejercicio de la profesión, arte o industria, hasta por un año después de cumplida la sanción principal cuando el delito haya sido cometido por el condenado o condenada con abuso de su industria, profesión o arte, o con violación de alguno de los deberes que le sean inherentes o conexos.
La publicación especial de la sentencia, a expensas del condenado, en un órgano de prensa de circulación nacional y del municipio donde se cometió el delito y con la colocación de dicha publicación a las puertas del establecimiento, dentro de los treinta días siguientes a la decisión.
La obligación de destruir, neutralizar o tratar las sustancias, materiales, instrumentos u objetos fabricados, importados u ofrecidos en venta, en contravención a las normas nacionales sobre la materia y capaces de ocasionar daños al ambiente o a la salud de las personas.
La suspensión del ejercicio de cargos directivos y de representación en personas jurídicas hasta por tres años, después de cumplida la pena principal.
La prohibición hasta por dos años, de contratar con órganos y entes de la Administración Pública Nacional Estadal y Municipal, y recibir beneficios fiscales.
La ejecución de servicios ambientales a la comunidad afectada, que podrán consistir en trabajos ambientales de acuerdo a formación y habilidades; financiamiento de programas, proyectos o publicaciones ambientales, contribución a entidades ambientales bajo la coordinación y supervisión de la Autoridad Nacional Ambiental; ejecución de obras de recuperación en áreas degradadas o mantenimiento de espacios públicos.
La asistencia obligatoria a cursos, talleres o clases de educación y gestión ambiental.
Es importante destacar que otra de las modificaciones incluidas en la ley es que anteriormente se diferenciaban las sanciones a personas jurídicas y a personas naturales, mientras que en esta nueva ley se tratan de forma indistinta. Medidas precautelativas
El artículo 8 de la Ley señala que el juez competente podrá adaptar, de oficio o a solicitud del Ministerio Público, en cualquier estado o fase del proceso, las medidas precautelativas necesarias para eliminar un peligro, interrumpir la producción de daños al ambiente o a las personas, impedir la continuación o reaparición del daño o peligro, evitar las consecuencias degradantes del hecho que se investiga o asegurar el restablecimiento del orden. Tales medidas podrán consistir en:
Prohibición de funcionamiento de instalaciones o establecimientos hasta tanto se corrija o elimine la causa de la alteración o se obtengan las autorizaciones correspondientes.
Interrupción de la actividad origen de la contaminación o deterioro ambiental sujeta a control del Ejecutivo.
Ocupación temporal, total o parcial, de las fuentes contaminantes hasta tanto se corrija o elimine la causa degradante o se otorguen las garantías necesarias para evitar la repetición de los hechos.
La ejecución de trabajos a fin de eliminar o impedir el resurgimiento de daños al ambiente, por parte del infractor o infractora, o de oficio, a costa del responsable de los riesgos o daños.
La retención de substancias, materiales, recursos naturales u objetos sospechosos de estar contaminados, causar contaminación o estar en mal estado.
La destrucción o neutralización de substancias, recursos naturales o productos comprobadamente contaminantes o contaminados.
El retiro o retención de vehículos u objetos abandonados en lugares donde su sola presencia alteren el ambiente.
La ocupación o eliminación de obstáculos, aparatos, objetos o elementos cualesquiera que alteren el aspecto o el aprovechamiento racional de los recursos naturales, medio marino o zonas bajo régimen de administración especial.
La ocupación o eliminación de obstáculos, aparatos, objetos u elementos cualesquiera que trastornen el funcionamiento adecuado de vehículos, establecimientos, instalaciones, plantas de tratamientos o fuentes emisoras de contaminantes.
La prohibición de movilización de vehículos terrestres, fluviales, marítimos o aéreos.
La instalación de dispositivos necesarios para evitar la contaminación o degradación de los recursos naturales o el ambiente.
Cualquier otra medida tendiente a conjurar un peligro o evitar la continuación de actos perjudiciales al ambiente.
Es importante destacar que conjuntamente con las sanciones y las medidas restitutivas y reparatorias, el juez podrá acordar en las sentencias la obligación de realizar experticias, a costa del condenado cada año y hasta por diez veces, a fin de determinar la efectiva eliminación de los riesgos ambientales, cuando se sospeche su aparición futura o no sea posible su eliminación inmediata.
Con respecto a la responsabilidad civil, el artículo 9 de la Ley señala que luego de la sentencia condenatoria por delitos en los cuales resulten datos o perjuicios contra el ambiente, el juez se pronunciará sobre la responsabilidad civil, ordenando en caso de ser necesario una experticia complementaria de valoración de datos e impondrá al o los responsables la obligación de ejecutar las medidas restitutivas correspondientes, reparar los daños causados por el delito e indemnizar los perjuicios.
Ahora bien, para la determinación de las sanciones aplicables en cada caso, se seguirán las siguientes reglas:
Cuando en un mismo artículo aparezcan en forma disyuntiva una pena privativa de libertad y una de multa, en todo caso las primeras serán para las personas naturales y las segundas para las personas jurídicas.
Independientemente de la responsabilidad de las personas jurídicas, los propietarios, presidentes y administradores responderán penalmente por su participación culpable en los delitos cometidos por sus empresas.
Sin perjuicio de las reparaciones, restituciones e indemnizaciones a que haya lugar, la aplicación de las penas principales aparejan también, en todo caso:
El comiso de los equipos, instrumentos, substancias u objetos con los cuales se hubiere cometido el hecho punible y los efectos que de él provengan, a no ser que pertenezcan a un tercero ajeno al hecho;
La inhabilitación para obtener nuevos permisos, autorizaciones aprobaciones, licencias, concesiones u otro acto administrativo autorizatorio para aprovechar recursos naturales por un lapso de dos años después de cumplida la sanción principal.
De igual forma, se aumentó el catálogo de agravantes y atenuantes genéricas, quedando establecidas de la siguiente manera:
Haber cometido el hecho punible con fines de subsistencia personal o familiar.
Haber reparado de manera espontánea el daño o disminuir significativamente la degradación ambiental.
Haber informado previamente del peligro inminente.
Haber colaborado con los agentes encargados de la vigilancia o control ambiental en la cesación del hecho.
Detentar la condición de funcionario público o funcionaria pública el sujeto activo del hecho punible, en aquellos casos en que el tipo no lo requiera y siempre que actuare en ejercicio de sus funciones.
Constreñir a otro para la realización del hecho.
Poner en peligro la salud pública.
Cometer el hecho en día domingo o feriado.
Cometer el hecho en época de inundación o sequía.
Cometer el hecho mediante abuso de actos “autorízatenos.”(tomado textualmente de la ley).
Cometer el hecho con nocturnidad o en descampado.
Adicionalmente, a través de lo señalado en el artículo 15, se enumeran todos los posibles aumentos de penalidad y se agregan nuevos supuestos, señalando lo siguiente:
Cuando con la comisión de algún delito de peligro contemplado en la presente Ley se produzca efectivamente el daño. Si el daño fuese de carácter irreversible el aumento podrá ser de las dos terceras partes.
Cuando el delito se cometiere en lugares, sitios o zonas pobladas o en sus inmediaciones y pusieren en peligro la vida o la salud de las personas.
Cuando el delito se cometiere en áreas sometidas a régimen de administración especial, si no se hubiera previsto sanción especial.
Cuando los agentes degradantes, contaminantes o nocivos fuesen cancerígenos, mutagénicos, teratogénicos o radiactivos.
Cuando el delito se cometiere con fines de lucro o para aumentar los beneficios económicos del culpable o un tercero.
Cuando el delito se hubiere cometido por el ejercicio abusivo de una profesión directamente relacionada con el ambiente o los recursos naturales, conllevará la inhabilitación para el ejercicio de la profesión, arte o industria, hasta por un año después de cumplida la sanción principal.
Responsabilidad solidaria y por dependientes La responsabilidad solidaria señalada en la Ley implica que cuando dos personas jurídicas celebren un acuerdo para que una ejecute un determinado trabajo en beneficio o provecho de la otra, y cuya realización cause riesgos o daños al ambiente o los recursos naturales, ambas responderán solidariamente. De igual forma, quien permita la comisión de alguno de los delitos tipificados en la Ley por parte de aquellas personas naturales o jurídicas que estén bajo su dirección o dependencia, estando en conocimiento y capacitado para impedirlo, será castigado con igual pena a la del delito cometido, rebajada en una tercera parte.
En primer lugar, se aclara a través del artículo 21 que todo delito contra el ambiente nacerán tanto acciones penales como civiles, a diferencia de la ley anterior en la que sólo nacían penales y podían nacer civiles. La acción penal será pública y surgirá de oficio o por denuncia.
Con respecto a los órganos competentes, el artículo 22 establece que la investigación penal puede ser realizada por los funcionarios que señalan en la Ley del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, al igual que los funcionarios del Ministerio con competencia en materias de ambiente (en todos los asuntos ambientales), y del Ministerio con competencia en energía, petróleo, minas, salud, agricultura, vivienda, obras públicas, y transporte en las áreas de su competencia (Art. 22).
Es importante destacar que la jurisdicción especial penal ambiental tendrá competencias tanto para las acciones penales como las civiles derivadas de aquellas por lo que luego de la sentencia condenatoria, el juez se pronunciará sobre la responsabilidad civil del enjuiciado, e impondrá la obligación de ejecutar las medidas restitutivas correspondientes.
En el título III de la Ley se crea una nueva estructura en la cual se clasifican los tipos de delitos a ser sancionados en cual se establece de la siguiente manera:
9.1. Delitos contra la administración ambiental: dentro de los cuales se incluye (i) la autorización de actividades tipificadas como delitos, (ii) obstrucción de justicia por funcionarios públicos y (iii) presentación de información falsa.
9.2. Delitos contra la ordenación del territorio: se incluye (i) el otorgamiento de actos autorizatorios para actividades no permitidas, ejecución de actividades no permitidas (UT 600 a 1000), contravención de planes de ordenación del territorio con multa de (UT 300 a 900), contravención de planes de ordenación del territorio en zonas montañosas con multa de (UT 1000 a 2000), ocupación ilícita de áreas naturales protegidas con multa de (UT 200 a 1000), modificación o destrucción de bienes protegidos con multa de (UT 200 a 1000), edificación de terrenos no edificables con multa de (UT 400 a 2000).
9.3. Delitos contra la diversidad biológica: se sancionará a la persona natural o jurídica que:
Realice transacciones sobre derechos de propiedad intelectual ya reconocidos en materia de diversidad biológica, será sancionada con prisión de uno a dos años o multa de (1.000 U.T.) a (2.000 U.T.). Las transacciones realizadas serán nulas de nulidad absoluta, sin perjuicio de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados.
Realice actividades de acceso a los recursos genéticos sin contar con la correspondiente autorización, en los términos previstos en la ley que rige la materia, será sancionada con prisión de dos a cuatro años o multa de (2.000 U.T.) a (4.000 U.T.) y la inhabilitación por un año para suscribir contratos de acceso. Realice transacciones relativas a productos derivados o de síntesis provenientes de los recursos genéticos, o al componente intangible asociado en contravención a los términos de los contratos de acceso exigidos en la ley, será sancionada con prisión de dos a cuatro años o multa de (2.000 U.T.) a (4.000 U.T.). Las transacciones realizadas serán nulas de nulidad absoluta, sin perjuicio de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados.
Introduzca al país o libere al ambiente material genético modificado sin el acto autorizatorio correspondiente, será sancionada con prisión de dos a cuatro años o multa de (2.000 U.T.) a (4.000 U.T.). Si se causare daño a la salud humana, la sanción será aumentada al doble.
Que en la realización de actividades de investigación científica, innovación o desarrollo tecnológico, causare daños irreversibles a la diversidad biológica o a sus componentes, será sancionada con prisión de uno a dos años o multa de (1.000 U.T.) a (2.000 U.T.). Si se causare daños a la salud humana, la sanción será aumentada al doble.
Que haga uso de jaulas flotantes, encierros o corrales para la crianza o cultivo de especies exóticas acuícolas en el país sin los permisos y autorizaciones correspondientes o en violación a sus términos, será sancionada con prisión de uno a dos años o multa de (1.000 U.T.) a (2.000 U.T.).
Que use la diversidad biológica para el desarrollo de armas biológicas o prácticas de carácter bélico, será sancionada con prisión de ocho a diez años o multa de (8.000 U.T.) a (10.000 U.T.) y la disolución de la persona jurídica.
Que ocasione daños graves o irreversibles a la diversidad biológica por el manejo, uso, transferencia o utilización indebidos de organismos resultantes de la aplicación de biotecnología moderna, será sancionada con prisión de ocho a diez años o multa de (8.000 U.T.) a (10.000 U.T.) y la disolución de la persona jurídica.
9.4. Degradación alteración, deterioro y demás acciones capaces de causar daños a las aguas: dentro de los cuales se incluye los siguientes:
La persona natural o jurídica que modifique el sistema de control o las escorrentías de las aguas, obstruya el flujo o el lecho natural de los ríos, o provoque su sedimentación en contravención a las normas técnicas vigentes y sin la autorización correspondiente, será sancionada con prisión de uno a cinco años o multa de (1.000 U.T.) a (5.000 U.T.). Igualmente, quién ilegalmente interrumpa el servicio de agua a un centro poblado, será sancionada con prisión de dos a cinco años o multa de (2.000 U.T.) a (5.000 U.T.). Así mismo, la persona natural o jurídica que utilice aguas ilícitamente o en cantidades superiores a las que las normas técnicas sobre su uso racional le señalen, será sancionada con arresto de dos a cuatro meses o multa de doscientas unidades tributarias (200 U.T.) a cuatrocientas unidades tributarias (400 U.T.). Si fuese el caso que el uso ilícito o en cantidades superiores a las permitidas impida o entorpezca a centros poblados el aprovechamiento de éstas, la sanción será de arresto de cuatro a seis Meses o multa de cuatrocientas unidades tributarias (400 U.T.) a seiscientas unidades tributarias (600 U.T.). Del mismo modo, si el uso ilícito o en cantidades superiores a las que hubieren sido autorizadas se realiza con motivo de la ejecución de actividades industriales, agrícolas, pecuarias, mineras, urbanísticas o cualesquiera otras de explotación económica, la sanción será de prisión de seis meses a un año o multa de seiscientas unidades tributarias (600 U.T.) a un mil unidades tributarias (1.000 U.T.). Surgimiento de peligro de inundación o desastre
La persona natural o jurídica que rompiendo o inutilizando, en todo o en parte, barreras, esclusas, diques u otras obras destinadas a la defensa común de las aguas, a su normal conducción, o a la reparación de algún desastre, haya hecho surgir el peligro de inundación o de cualquier desastre, será sancionada con prisión de seis meses a dos años o multa de (500 U.T), a (2.000 U.T.). Si efectivamente se hubiere causado la inundación o desastre, se aplicará la pena de prisión de tres a cinco años o la disolución de la persona jurídica y la multa elevada al doble. En todo caso se ordenará al infractor la restauración de las obras o lugares y la publicación especial de la sentencia. 9.5. Degradación, alteración, deterioro y demás acciones capaces de causar daños a los suelos, la topografía y el paisaje Extracción de minerales no metálicos: será sancionada con prisión de cinco a ocho años o multa de (5.000 U.T.) a (8.000 U.T.) la persona natural o jurídica que extraiga minerales no metálicas sin la debida autorización en los siguientes sitios:
- Dentro de la zona protectora de ríos y quebradas.
- A menos de tres mil metros aguas arriba de tomas para acueductos.
- En embalses para dotación de agua a comunidades.
- En embalses para aprovechamiento hidroeléctrico.
- A menos de un mil metros aguas abajo de puentes o de cualquier obra de infraestructura ubicada en el río o sus tributarios.
- A menos de doscientos metros aguas arriba de puentes o de cualquier obra de infraestructura ubicada en el río o sus tributarios.
- A menos de cien metros en el sentido lateral a ambas márgenes del río o quebrada donde estén establecidas obras de infraestructura.
- A menos de quinientos metros aguas arriba y aguas abajo de estaciones hidrométricas.
- A menos de mil quinientos metros de una explotación continua.
- En la confluencia con tributarios.
Dificultad de acceso a playas: La persona natural o jurídica que impida o dificulte el acceso a las playas con muros, barreras u otros obstáculos, será sancionada con arresto de cuatro a ocho meses o multa de (400 U.T.) a (800 U.T.).Se ordenará además al infractor, realizar lo necesario para que pueda ser restablecido el libre acceso a las playas y se señalará un plazo para ello. 9.6. Degradación de suelos aptos para la producción de alimentos: La persona natural o jurídica que provoque la degradación de los suelos o la destrucción de la cobertura vegetal de suelos clasificados como aptos para la producción de alimentos, sin tomar en cuenta sus condiciones agroecológicas específicas, los planes de ordenación del territorio, los planes del ambiente o las normas técnicas o legales que dicte la autoridad competente, será sancionada con prisión de cinco a ocho años o multa de (5.000 U.T.) a (8.000 U.T.). Se ordenará al responsable la ejecución de medidas a fin de impedir la repetición de los hechos y corregir la situación alterada. Para la ejecución de las medidas se fijará un plazo; si vencido el plazo los correctivos no han sido ejecutados, se procederá a la ejecución de astreintes según lo previsto en la presente Ley y se ordenará la prohibición definitiva de la actividad origen de la agresión. Si los correctivos no fuesen posibles por resultar los daños irreparables, se ordenará la reordenación de los lugares alterados. 9.7. Destrucción, alteración y demás acciones capaces de causar daño a la vegetación, la fauna o sus hábitats: La persona natural o jurídica que: - Haya incendiado fondos rústicos, plantaciones, dehesas o sabanas de cría será sancionada con prisión de uno a cinco años o multa de un mil unidades tributarias (1.000 U.T.) a cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T.).
- Que provoque un incendio en selvas, bosques, sabanas o cualquier área cubierta de vegetación natural, será sancionada con prisión de uno a seis años o multa de un mil unidades tributarias (1.000 U.T.) a seis mil unidades tributarias (6.000 U.T). Sí las áreas incendiadas colindan con bosques que surtan de agua a las poblaciones, la pena será de dos a siete años o multa de dos mil unidades tributarias (2.000 U.T.) a siete mil unidades tributarias (7.000 U.T.).
- Quien entorpezca las labores de control de incendios, será sancionada con arresto de quince días a tres meses. Si el entorpecimiento se realiza mediante la sustracción, ocultamiento o inutilización del material destinado a la extinción, la pena será de prisión de seis a treinta meses y el responsable será obligado a reponer los efectos.
- Que realicen u ordenen realizar quemas autorizadas y sean responsables de la propagación del fuego por no haber puesto en práctica las precauciones que se ordenen en los permisos y reglamentos vigentes al respecto, serán sancionadas con arresto de uno a cinco meses o multa de cien unidades tributarias (100 U.T.) a seiscientas unidades tributarias (600 U.T.). Se aplicará esta pena en su grado máximo cuando la quema se transforme en incendio.
- Que ilegalmente deforeste, tale, roce o destruya vegetación donde existan vertientes que provean de agua las poblaciones, aunque pertenezca a particulares, será sancionada con prisión de uno a cinco años o multa de un mil unidades tributarias (1.000 U.T.) a cinco mil unidades tributarias (5000 U.T.).
- Quien provisto de licencia de caza o pesca, amparase animales que hayan sido capturados en forma ilegal, será sancionado con prisión de seis meses a un año o multa de cien unidades tributarias (100 U.T.) a seiscientas unidades tributarias (600 U.T.). Si la licencia fuere para caza con fines comerciales la pena será de prisión de uno a dos años o multa de un mil unidades tributarias (1.000 U.T.) a dos mil unidades tributarias (2.000 U.T.).
- Que realice prácticas de manejo o uso de tecnologías que afecten significativamente las cadenas tróficas y los procesos en los ecosistemas, será sancionada con prisión de uno a tres años o multa de un mil unidades tributarias (1.000 U.T.) a tres mil unidades tributarias (3.000 U.T).
- Que invada predios donde se encuentran poblaciones manejadas, o cuyo uso de la tierra sea la conservación o manejo de fauna silvestre, será sancionada con arresto de tres a seis meses o multa de trescientas unidades tributarias (300 U.T.) a seiscientos unidades tributarias (600 U.T.). El instigador que propicie la invasión será sancionado con pena de prisión de uno a tres años o multa de un mil unidades tributarias (1.000 U.T.) a tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.).
- Que sin permiso de la autoridad competente o infringiendo las normas sobre la materia, introduzca, utilice o propague en el territorio de la República especies vegetales, animales o agentes biológicos o bioquímicos capaces de alterar significativamente a las poblaciones animales o vegetales o de poner en peligro su existencia, será sancionada con prisión de uno a tres años o multa de un mil unidades tributarias (1.000 U.T.) a tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.).
Pesca y caza ilícita: será sancionado con prisión de tres a cinco años o multa de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.) a cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T.): - Quien practique la pesca o la caza de ejemplares de la fauna silvestre, comercialice, destruya o cause daños a los recursos que les sirvan de alimento o abrigo dentro de los parques nacionales, monumentos naturales, refugios o santuarios de fauna.
- Quien practique la pesca o la caza de ejemplares de la fauna silvestre, comercialice, destruya o cause daños a los recursos que les sirvan de alimento o abrigo por medio de incendios, sustancias químicas, armas de pesca o caza no permitidas o cualquier otro método o arte que aumente el sufrimiento de las presas.
- Quien practique la pesca o la caza de ejemplares de la fauna silvestre o comercialice ejemplares vedados o poblaciones de especies vulnerables, amenazadas o en peligro de extinción, o que sin estarlo, sean puestas en tales condiciones, cualquiera fuere la zona de la perpetración.
- Quien practique la caza de ejemplares de la fauna silvestre sin estar provisto de la licencia respectiva o violare sus términos, o destruya o cause daños a los recursos que les sirvan de alimento o abrigo, con fines comerciales o industriales.
- Quien ejerza la pesca o la caza ilegal en predios donde se encuentran poblaciones objeto de manejo será sancionado con arresto de tres a seis meses.
Negativa a informar Los medios de comunicación social que no cumplan con la obligación de transmitir con carácter de urgencia las noticias que recibieren sobre incendios forestales serán sancionados con multa de cien unidades tributarias (100 U.T.) a quinientas unidades tributarias (500 U.T.). Cuando la negativa proviniere de un organismo oficial se sancionará a la persona natural que resultare responsable con arresto de uno a seis meses.
Transacción ilícita de guías de circulación La persona natural o jurídica que por cuenta propia o ajena comercie o facilite en préstamo guías de circulación con el fín de amparar de productos vegetales de procedencia o especies distintas será sancionada con arresto de uno a seis meses o multa de cien unidades tributarias (100 U.T) a seiscientas unidades tributarias (600 U.T.). Si la guía fuere para amparar productos con fines comerciales la pena será de prisión de uno a dos años o multa de un mil unidades tributarias (1.000 U.T.) a dos mil unidades tributarias (2.000 U.T.).
Aprovechamiento de especies del patrimonio forestal Quien aproveche ilegalmente especies del patrimonio forestal prohibidas será sancionado con prisión de uno a cinco años o multa de un mil unidades tributarias (1.000 U.T.) a cinco mil unidades tributarias (5.000U.T.).
Falsificación de instrumentos identificatorios La persona natural o jurídica que falsifique martillos forestales, guías de circulación y cualesquiera otros instrumentos, marcas, o precintos destinados a establecer la autenticidad de actos administrativos relativos a la vegetación, la fauna o sus hábitats, será sancionada con prisión de seis a diez años o multa de seis mil unidades tributarias (6.000 U.T.) a diez mil unidades tributarias (10.000 U.T.). Quien hubiere hecho uso de los objetos falsos, aun cuando la falsificación sea obra de un tercero, se le aplicarán las mismas penas. Así mismo, aquella persona que sin haber contribuido a la falsificación, ponga en venta, detente o transporte los productos que lleven la impresión o que pretendan ampararse con el objeto falsificado, se le impondrán también las mismas penas. Igualmente, el responsable de las falsificación de los moldes o matrices de los objetos previamente indicados será sancionada con prisión de seis a diez años o multa de seis mil unidades tributarias (6.000 U.T.) a diez mil unidades tributarias (10.000 U.T.).
Uso indebido de instrumentos identificatorios La persona natural o jurídica que habiéndose procurado los verdaderos martillos forestales, sellos, timbres, precintos y demás instrumentos oficiales destinados a establecer la autenticidad de actos relativos a los recursos naturales, hubiese hecho uso indebido de ellos será sancionada con prisión de tres a cinco años o multa de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.) a cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T).
9.8. Delitos contra la calidad ambiental. Envenenamiento, contaminación y demás acciones capaces de alterar la calidad de las aguas: Toda persona natural o jurídica que: Contamine o envenene las aguas destinadas al uso público o a la alimentación pública, poniendo en peligro la salud de las personas, será sancionada con prisión de dieciocho meses a cinco años o multa de un mil ochocientas unidades tributarias (1.800 U.T.) a cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T.).
Que vierta o arroje materiales no biodegradables, sustancias, agentes biológicos o bioquímicos, efluentes o aguas residuales no tratadas según las disposiciones técnicas dictadas por el Ejecutivo Nacional, objetos o desechos de cualquier naturaleza en los cuerpos de aguas, sus riberas, cauces, cuencas, mantos acuíferos, lagos, lagunas o demás depósitos de agua, incluyendo los sistemas de abastecimiento de aguas, capaces de degradarlas, envenenarlas o contaminarlas, será sancionada con prisión de uno a dos años o multa de un mil unidades tributarias (1.000 U.T.) a dos mil unidades tributarias (2.000 U.T.).
Que realice trabajos que puedan ocasionar daños, contaminación o alteración de aguas subterráneas o de las fuentes de aguas minerales, será sancionada con prisión de dos a cuatro años o multa de dos mil unidades tributarias (2.000 U.T.) a cuatro mil unidades tributarias (4.000 U.T.).
Que provoque la alteración térmica de cuerpos de agua por verter en ellos aguas utilizadas para el enfriamiento de maquinarias o plantas industriales, en contravención a las normas técnicas que rigen la materia, será sancionada con prisión de tres meses a un año o multa de trescientas unidades tributarias (300 U.T.) a un mil unidades tributarias (1.000 U.T.).
Que descargue al medio marino [i], fluvial, lacustre o costero en contravención a las normas técnicas vigentes, aguas residuales, efluentes, productos, sustancias o materias no biodegradables o desechos de cualquier tipo, que contengan contaminantes o elementos nocivos a la salud de las personas o al medio marino, fluvial, lacustre o costero, será sancionada con prisión de dos a cuatro años o multa de dos mil unidades tributarias (2.000 U.T.) a cuatro mil unidades tributarias (4.000 U.T.). El tribunal deberá ordenar la instalación de los dispositivos necesarios para evitar la contaminación y fijará un plazo para ello.
Que vierta hidrocarburos o mezcla de hidrocarburos o sus derivados, directamente en el medio marino, con ocasión de operaciones de transporte, exploración o explotación de la Plataforma Continental y Zona Económica Exclusiva que pueda causar daños a la salud de las personas, a la fauna o flora marina o al desarrollo turístico de las regiones costeras, será sancionada con prisión de uno a tres años o multa de un mil unidades tributarias (1.000 U.T.) a tres mil unidades tributarias (3.000U.T.). Que sin las autorizaciones o en contravención a las normas técnicas que rigen la materia construya obras o utilice instalaciones capaces de causar contaminación grave del medio fluvial, lacustre, marino o costero será sancionada con arresto de tres a seis meses o multa de trescientas unidades tributarias (300 U.T) a seiscientas unidades tributarias (600 U.T).
El capitán de un buque sometido a las disposiciones de las convenciones internacionales para prevenir la contaminación de las aguas por los buques, sus anexos y sus modificaciones, que sea declarado culpable de infracciones a dichas disposiciones, relativas a las prohibiciones de descargas de hidrocarburos o mezclas de hidrocarburos al mar, será sancionado con prisión de tres a cinco años.
Sin perjuicios de las penas previstas para el capitán del buque, si la infracción ha sido cometida bajo la orden del propietario o explotador del buque, estos serán castigados con la pena aumentada al doble.
El capitán del buque, propietario a explotador que por imprudencia, negligencia o inobservancia de leyes y reglamentos haya provocado, o no dominado o evitado un accidente que haya ocasionado una contaminación de las aguas territoriales venezolanas, será sancionado con prisión de uno a tres años.
El capitán de buque que no diere aviso de un accidente de mar en que haya participado su navío de aguas interiores de la República o en su medio lacustre, marino o costero capaz de causar contaminación, será sancionado con arresto de cuatro a ocho meses.
9.9. Envenenamiento, contaminación y demás acciones capaces de alterar la atmósfera: Toda persona natural o jurídica que: Emita o permita escape de gases, agentes biológicos o bioquímicos o de cualquier naturaleza, en cantidades capaces de deteriorar o contaminar la atmósfera o el aire, en contravención a las normas técnicas que rigen la materia, será sancionada con prisión de seis meses a dos años o multa de seiscientas unidades tributarias (600 U.T.) a dos mil unidades tributarias (2.000 U.T.).
Que viole con motivo de sus actividades económicas las normas nacionales o los convenios, tratados o protocolos internacionales, suscritos por la República para la protección de la capa de ozono del planeta, será sancionada con prisión de uno a dos años o multa de un mil unidades tributarias (1.000 U.T.) a dos mil unidades tributarias (2.000 U.T.).
9.10. Residuos y desechos sólidos: Toda persona natural o jurídica que: Infiltre o entierre en los suelos o subsuelos, sustancias, productos o materiales no biodegradables, agentes biológicos o bioquímicos, agroquímicos, residuos o desechos sólidos o de cualquier naturaleza que no sean peligrosos, en contravención a las normas técnicas que rigen la materia, que sean capaces de degradarlos, esterilizarlos, envenenarlos o alterarlos nocivamente, será sancionada con arresto de uno a tres años o multa de trescientas unidades tributarias (300 U.T.) a un mil unidades tributarias (1000 U.T.).
Que introduzca desechos peligrosos al país, será sancionada con prisión de seis a diez años y multa de seis mil unidades tributarias (6.000 U.T.) a diez mil unidades tributarias (10.000 U.T) más el monto correspondiente a la repatriación de los desechos y la reparación total del daño causado al ambiente o a terceros.
9.11. Disposición indebida de residuos o desechos sólidos peligrosos
Serán sancionados con arresto de uno a tres años o multa de (300 U.T.) a t (1.000 U.T.) quienes:
Introduzcan en los servicios de manejo integral de residuos y desechos no peligrosos otras sustancias, materiales y desechos peligrosos.
Mezclen en los servicios de manejo integral de residuos y desechos no peligrosos con desechos peligrosos y los descarguen en rellenos sanitarios o sitios de disposición final no construidos especialmente para tal fín.
Construyan, operen o mantengan lugares para la disposición de desechos peligrosos, sin autorización de las autoridades correspondientes.
Operen, mantengan o descarguen desechos peligrosos en sitios no autorizados.
Exporten desechos peligrosos en contravención con las disposiciones de la Ley.
Incumplan la normativa técnica o los planes de gestión del manejo integral de los desechos peligrosos.
9.12. Substancias y materiales peligrosos: serán sancionadas con prisión de cuatro a seis años y multa de (4.000 U.T) a (6.000 U.T.), las personas naturales o jurídicas que en contravención a las disposiciones de la reglamentación técnica sobre la materia: - Desechen o abandonen sustancias o materiales peligrosos, en forma tal, que puedan contaminar la atmósfera, las aguas superficiales o subterráneas, los suelos o el ambiente en general.
- Generen o manejen sustancias o materiales peligrosos provocando riesgos a la salud y al ambiente.
- Omitan las acciones previstas en los planes para el control de emergencias.
- Instalen plantas, fábricas, establecimientos o instalaciones que procesen, almacenen o comercialicen sustancias o materiales peligrosos contra viniendo normas legales expresas sobre la materia.
- Incumplan las normas que rigen la materia sobre traslado o manipulación de sustancias o materiales peligrosos.
9.13. Generación de epidemia: la persona natural o jurídica que ocasionare una epidemia mediante la difusión de gérmenes patógenos, será sancionada con prisión de seis a diez años. Si se tratare de una persona jurídica la sanción será de multa de (6.000 U.T.) a (10.000 U.T.) y su disolución. 9.14. Propagación de enfermedad en animales o en plantas: La persona natural o jurídica que difunda una enfermedad en animales o en plantas, será sancionada con prisión de seis meses a dos años o multa de (600 U.T.) a (2.000 U.T). El propietario o tenedor de vegetales, animales o de sus procesos respectivos, que tenga conocimiento de que uno u otros están atacados de enfermedades contagiosas o plagas y no haya denunciado el hecho ante la autoridad competente en la materia, será sancionado con arresto de cuatro a ocho meses o multa de cuatrocientas unidades tributarias (400 U.T) a ochocientas unidades tributarias (800 U.T). Materiales radiactivos: la persona natural o jurídica que: Detente, importe, fabrique, transporte, distribuya, almacene, comercialice, ceda a título oneroso o gratuito, facilite la recepción, trafique o emplee con fines industriales, comerciales, científicos, médicos o cualquier otro, aparatos o sustancias capaces de emitir radiaciones ionizantes, electromagnéticas o radiactivas, que puedan ocasionar daños a la salud humana o al ambiente, con violación de las normas sobre la materia, será sancionada con prisión de uno a tres años o multa de un mil unidades tributarias (1.000 U.T.) a tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.).
Que libere energía nuclear poniendo en peligro la vida o la salud de las personas o sus bienes, aunque no se produzca explosión, será sancionada con prisión de cuatro a seis años. Si se tratare de una persona jurídica, la sanción será de multa de cuatro mil unidades tributarias (4.000 U.T) a seis mil unidades tributarias (6.000 U.T.) y su disolución.
Que perturbe el funcionamiento de una instalación nuclear o altere el desarrollo de actividades en las que se empleen sustancias, materiales o equipos capaces de generar radiaciones ionizantes, creando una situación de grave peligro para el ambiente, la vida o salud de las personas, será sancionada con prisión de seis a diez años. Si se tratare de una persona jurídica, la sanción será de multa de seis mil unidades tributarias (6.000 U.T.) a diez mil unidades tributarias (10.000 U.T.) y su disolución.
Molestias sónicas
Se deroga la Ley Penal del Ambiente publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Extraordinario N° 4.358 de fecha tres de enero de mil novecientos noventa y dos; y los artículos 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, y 85 de la Ley de Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinario N° 5.554 de fecha trece de noviembre de dos mil uno, los artículos 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 y 129 del Decreto N° 6.070 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Bosques y Gestión Forestal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.946(Sic) de fecha cinco de junio de dos mil ocho y los artículos 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 y 143 de la Ley de Gestión de la Diversidad Biológica, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.070 de fecha primero de diciembre de dos mil ocho, y cualquier otra disposición contraria a lo establecido en la presente Ley.
Primera. Las disposiciones de los Códigos Penal, Civil, Orgánico Procesal Penal y de Procedimiento Civil, se aplicarán supletoriamente en cuanto no colidan con la presente Ley.
La presente Ley entrará en vigencia a los noventa días contados a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
[i] Para los efectos de esta Ley, el medio marino o costero comprende las playas, mar territorial, suelo y subsuelo del lecho marino y zona económica exclusiva.
Última actualización el Viernes 11 de Mayo de 2012 13:37	CARACAS 1060 - VENEZUELA