Source: https://www.scribd.com/document/255605111/Comite-Contra-La-Tortura-Espana-Prohibicion-de-Confesion-Bajo-Tortura
Timestamp: 2018-12-16 21:05:47
Document Index: 190085276

Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 17', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 12', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 14', 'artículo 4', 'artículo 15', 'artículo 12', 'artículo 14', 'artículo 12', 'artículo 15', 'artículo 14', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 15', 'artículo 12', 'artículo 22', 'artículo 12', 'artículo 22', 'artículo 12', 'artículo 22', 'artículo 12', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 118']

Comite Contra La Tortura - Espana Prohibicion de Confesion Bajo Tortura
Comunicación N.º 453/2011 Decisión adoptada por el Comité en su 48.º período de sesiones, 7 de mayo a 1.º de junio de 2012 Presentada por: Orkatz Gallastegi Sodupe (representado por el Sr. Julen Arzuaga y la Sra. Iratxe Urizar) Presunta víctima: El autor de la queja Estado parte: España Fecha de la queja: 20 de enero de 2011 (presentación inicial) Fecha de la presente decisión: 23 de mayo de 2012 Asunto: Declaración obtenida como resultado de tortura Cuestiones de procedimiento: Ninguna Cuestiones de fondo: Investigación pronta e imparcial, prohibición de invocar como prueba declaraciones obtenidas como resultado de tortura, derecho a reparación
Comite Contra La Tortura - Espana Prohibicion de C...
CAT/C/48/D/453/2011
Comunicación N.º 453/2011
Decisión adoptada por el Comité en su 48.º período de sesiones,
GE.12-43765
Orkatz Gallastegi Sodupe (representado por el Sr.
Julen Arzuaga y la Sra. Iratxe Urizar)
20 de enero de 2011 (presentación inicial)
Declaración obtenida como resultado de tortura
Investigación pronta e imparcial, prohibición de
invocar como prueba declaraciones obtenidas
como resultado de tortura, derecho a reparación
Alega ser víctima de una violación por parte de España de los artículos 12. El autor está representado por los abogados Iratxe Urizar y Julen Arzuaga.º 453/2011. de nacionalidad española. El autor de la queja es Orkatz Gallastegi Sodupe. nacido el 7 de junio de 1982. en el curso de una operación policial en la que fueron también detenidos otros cinco jóvenes. Reunido el 23 de mayo de 2011.º 453/2011 Presentada por: Orkatz Gallastegi Sodupe Presunta víctima: El autor de la queja Estado parte: España Fecha de la queja: 20 de enero de 2011 (presentación inicial) El Comité contra la Tortura.º período de sesiones) relativa a la Comunicación N. Inhumanos o Degradantes (48. presentada al Comité por Orkatz Gallastegi Sodupe en virtud del artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles. Habiendo concluido el examen de la comunicación N. 2. Inhumanos o Degradantes. su abogado y el Estado parte. Decisión a tenor del párrafo 7 del artículo 22 de la Convención contra la Tortura 1. Inhumanos o Degradantes.1 El 24 de octubre de 2002. establecido en virtud del artículo 17 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles. Después de tirarle al suelo y esposarle se llevó a cabo el 2 . 14 y 15 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles. cuando contaba 20 años de edad. Adopta la siguiente decisión a tenor del párrafo 7 del artículo 22 de la Convención. Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado el autor de la queja. el Sr.2 El autor fue detenido violentamente a las 5 de la madrugada en su domicilio por unos policías encapuchados. Los hechos expuestos por el autor 2. en Berango (Bizkaia). Inhumanos o Degradantes. bajo la imputación de delitos relacionados con sabotajes y estragos contra bienes inmuebles de titularidad pública. Gallastegi Sodupe fue detenido por la Ertzaintza (Policía Autónoma Vasca).CAT/C/48/D/453/2011 Anexo Decisión del Comité contra la Tortura a tenor del artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles.
que le enseñó la orden de detención y le informó de que se le imputaba el delito de terrorismo. Los abogados del autor que se personaron ante el juez solicitaron la aplicación del llamado “protocolo Garzón”. Con las manos esposadas a la espalda y escoltado por la policía. 1 2 3 El Comité constata que. El 26 de octubre de 2002. estas conductas. Todo esto. cuándo y qué hacer en cada momento. por lo tanto. según el escrito del autor presentando ante el Juzgado de Guardia de Donostia-San Sebastián. a un abogado y a un médico de confianza. por su motivación política. cómo. entran dentro del ámbito de la legislación antiterrorista. manteniendo música a muy alto volumen y la luz encendida en todo momento. Escuchaba gritos de los detenidos en celdas colindantes y le decían que su hermano también se encontraba detenido y estaba sufriendo el mismo trato por su culpa. A continuación fue introducido en una furgoneta blanca sin distintivos policiales. Pero tenían todo muy bien calculado. El recurso de amparo constitucional presentado por el autor ante el Tribunal Constitucional el 22 de abril de 2004 señala que el autor también recibió amenazas de agresiones sexuales. cuando era llevado a la sala de interrogatorios tenía que bajar la cabeza y cerrar los ojos. Aún y todo me di cuenta que en alguna ocasión se asustaron de mi estado. Fue obligado a estar en posturas incómodas hasta el agotamiento. Cada vez que caía al suelo o perdía el conocimiento. tales como permitir las visitas de un médico de confianza. sufrió tortura psicológica. lo obligaban a beber agua aunque él se negase. de lo contrario le golpeaban contra la pared del pasillo. Se le impedía dormir. Fue golpeado en todo el cuerpo y recibió patadas en los genitales. Asimismo. en el escrito presentado al Juzgado de Instrucción 3 . informar a la familia sobre el estado y paradero del detenido y entrevistarse reservadamente con un abogado. a pesar de que los hechos imputados sólo estaban relacionados con la destrucción de “material urbano” con sustancias inflamables de procedencia casera y. Además. la primera porque tenía la parte de la espalda dolorida y en la segunda tenía la rodilla lesionada […] Me dijeron que me llevarían al hospital pero no fue así.5 El 25 de octubre de 2002. sin explorar al autor ni preocuparse por su estado. que impidió al autor acceder a sus familiares. Sin embargo. le generó un grave estado de ansiedad 2 . lo que implica que se decreta inmediatamente el régimen de incomunicación. aunque estaba deseando que me hicieran algo fuerte para poder ser trasladado al hospital y estar tranquilo mientras pasaran las horas.” Por otro lado.4 En la dependencia policial de Arkaute el autor fue sometido a malos tratos. sin ventanas y sin más mobiliario que una cama de cemento. debido a que lo amenazaron de muerte y con causar daño a su familia. durante el operativo policial llegó la Secretaria Judicial. consistente en una serie de medidas encaminadas a prevenir la práctica de malos tratos o torturas. el autor expuso de nuevo las torturas padecidas al médico forense. Según el autor. Permaneció en un calabozo de cuatro metros por dos. Sentado en una silla. 2. que se alargó por tres horas 1 . el autor relata: “Me llevaron dos veces donde el médico forense. Según el autor. sin conexión directa con organizaciones armadas. el autor fue examinado por un médico forense. por lo que se decretó régimen de incomunicación. El médico se limitó a tomar nota por escrito de esta información. además de la incomunicación durante tres días. a quien informó sobre el maltrato que estaba recibiendo. le tapaban la cabeza con ropa y lo golpeaban hasta perder el conocimiento. el 29 de enero de 2003. Estos tratos se repitieron durante los interrogatorios. fue llevado a la comisaría central en Arkaute. esta solicitud fue denegada 2. En el escrito presentado por el autor al Juzgado de Guardia de Donostia-San Sebastián el 29 de enero de 2003. se determinó que los hechos que se imputaban al autor estaban dentro de los parámetros de la legislación antiterrorista. éste no lo hizo constar en su informe 3 . Cada vez que la policía llamaba a la puerta o entraba en el calabozo le obligaban a colocarse contra la pared y a mantener posturas incomodas y los ojos cerrados.CAT/C/48/D/453/2011 registro del domicilio.3 Una vez en la comisaría. 2. al día siguiente de su detención en las dependencias policiales de Arkaute. Posteriormente empezó el registro de la casa.
Añadió haber informado al médico forense sobre estos malos tratos. La toma de declaración se produjo bajo coacción en tres ocasiones ante el instructor policial. José María Lidón Corbi. en relación con el asesinato del juez de la Audiencia Provincial de Bilbao. el autor tuvo un tercer reconocimiento por un médico forense del Juzgado Central de Instrucción N. ya una vez se vio fuera del alcance de los Ertzainas. realizaba el seguimiento de diferentes autoridades. Después. era golpeado incluso cuando se desmayaba. en concreto. conocido de la infancia. Durante la instrucción del sumario. el autor fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción N. ni si quiera cuando dije que había sido torturado. Un policía le indicó lo que debía declarar y le obligaron a memorizar las declaraciones autoinculpatorias. a petición de un miembro de ETA. incluido el juez Lidón Corbi y suministraba información a la organización. 2. es cuando se atreve a hacerlo. El autor no se ratificó en ninguna de las declaraciones que efectuó durante la detención policial y negó su participación en las acciones que se le imputaron. no se hace referencia a este último examen médico. El autor tuvo que ensayar su testimonio.” . El autor no contó con defensa técnica. De acuerdo a la sentencia de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo. El autor declaró que. Señaló que sólo conocía “de vista” a un miembro de ETA. el 10 de febrero de 2004.10 El 29 de enero de 2003. salvo cuando era obligado.8 El 28 de octubre de 2002. el 7 de noviembre de 2001. encontrándose al momento de presentación de su comunicación al Comité en la prisión de Castellón. el autor relató que durante los tres días de detención en la delegación policial de Arkaute fue obligado a estar de pie mirando la pared y en posturas forzadas. En un ensayo fue sometido a golpes y amenazas porque los agentes policiales no quedaron satisfechos con la manera como asumía los hechos.º 2 de Vitoria-Gasteiz. Solicitó que se requirieran los informes de los médicos a los que fue llevado durante su detención tanto en 4 4 N. Le levantaban del pelo y le obligaban a leer la declaración en voz alta hasta que lo hiciera correctamente. 2. ya que si bien estuvo presente un abogado de oficio. a 686 kilómetros de su lugar de residencia. custodia e interrogatorios. lo sometieron a interrogatorios dirigidos a conseguir declaraciones que le inculparan en los hechos de cuya autoría se le pretendía acusar. y que nunca le pasó información alguna. En el escrito presentado por el autor al Juzgado de Guardia de Donostia-San Sebastián el 29 de enero de 2003.CAT/C/48/D/453/2011 2. durante varios meses. estuvo sin dormir ni comer y sin beber agua. éste no tomó parte activa en ningún sentido durante la diligencia y el autor no tuvo oportunidad de entrevistarse en privado con él e informarle de las condiciones en las que se realizaba la declaración policial 4 . Gallastegi no denuncia ante el médico forense que le visitó en Arkaute el trato que estaba recibiendo por parte de los Ertzainas que lo custodiaban en aquellos momentos. delante del Juez y delante del Médico Forense de la Audiencia Nacional.º 1 de la Audiencia Nacional el 28 de octubre de 2002. y Valdemoro (Madrid). Posteriormente fue trasladado a las prisiones de Alcalá Meco (Madrid). se sostiene “El Sr.9 El autor permaneció en detención provisional en la prisión de Soto del Real (Madrid). perpetrado por miembros de la organización Euskadi Ta Askatasuna (ETA).º 4 de la Audiencia Nacional. y sufrió amenazas. por las torturas y los malos tratos sufridos.” En la comunicación sometida a consideración del Comité.7 Debido a las torturas el autor se autoinculpó como responsable de las acciones de sabotaje urbano y por cooperación necesaria y pertenencia a una organización terrorista. En esa ocasión. 2.6 Durante los tres días en que el autor se encontró detenido e incomunicado. la realización de labores de recolección de información para la organización ETA con el fin de atentar contra la vida de Lidón Corbi. 2. el autor señala que el abogado de oficio “no abrió la boca. el autor interpuso una denuncia ante el Juzgado de guardia de Donostia-San Sebastián contra los agentes de la policía que participaron en su detención. de 4 de diciembre de 2006. el autor se habría negado a desnudarse y alegó no tener nada. Alicante.
más aun cuando podía estar en juego la propia seguridad de los agentes.11 El 27 de octubre de 2003. La decisión del juzgado fue tomada después de aportarse los informes médico-forenses y sin practicar ninguna otra diligencia. y que se requiriera a la Dirección General de la Policía Vasca la identificación de los agentes que realizaron las diligencias o tuvieron contacto con él mientras se encontraba detenido. 5 . El 3 de febrero de 2004. conductas que siendo ciertas deberían ser perseguidas y castigados sus autores.14 El 22 de abril de 2004.º 2 de Vitoria-Gasteiz. el autor interpuso recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por violaciones al derecho a la integridad física y moral. La Audiencia consideró que el sobreseimiento del caso se ordenó después de haberse realizado las diligencias necesarias para avalar las declaraciones de la víctima con corroboraciones periféricas. En consecuencia. la Audiencia Provincial de Álava dispuso desestimar el recurso de apelación sin practicar ninguna otra prueba.º 2 de VitoriaGasteiz. tales como la toma de declaración del autor y de los agentes que participaron en la detención. que los informes médico-forenses. La presunción de inocencia. que ampara a los miembros de las fuerzas de seguridad denunciados debe prevalecer frente a una imputación que no se apoya en indicio alguno que permita siquiera continuar la investigación de los hechos denunciados.CAT/C/48/D/453/2011 las dependencias de la Policía Nacional en Vitoria-Gasteiz como en Madrid. 2. solicitando al autor que formulase alegaciones. La causa fue posteriormente remitida al Juzgado de Instrucción N. ni tampoco solicitaron a la comisaría de Arkaute que informara sobre la identidad de los agentes que participaron en la detención. y otra es el resultado de las diligencias practicadas.º 2 de Vitoria-Gasteiz acordó el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa. El autor cuestionó el valor probatorio de los informes médicos y afirmó que ni el juzgado ni la Audiencia Provincial practicaron diligencias para recibir la declaración del autor. el Juzgado de Instrucción N. derecho a la tutela judicial efectiva y derecho a un procedimiento judicial con todas las garantías y uso de los medios de prueba pertinentes. no establecían ningún indicio con relación a las alegaciones de malos tratos y torturas. y que su valor probatorio no podía ser afectado por el incumplimiento de directivas del Ministerio de Justicia. que se tomara declaración a los médicos forenses. el Juzgado de Instrucción N. el autor presentó un escrito de alegaciones del recurso de apelación en el que solicitaba que se devolvieran las actuaciones a la fase de instrucción a fin de realizar las pruebas necesarias para la determinación de los hechos. Solicitó que se practicaran pruebas no realizadas por el juzgado. custodia y posterior diligencia de declaración policial. esto es los exámenes forenses.13 El 30 de marzo de 2004. Reiteró que tras practicar una única diligencia y con la recepción de los breves informes médico-forenses practicados durante los días de detención. Sostuvo que los informes médico-forenses practicados no cumplían con el protocolo médico para reconocimiento de detenidos prescrito por el Ministerio de Justicia. 2. la Audiencia Provincial consideró que no era necesario oficiar a la policía para que informara sobre la identidad de las personas que participaron en la detención y custodia del autor. por lo que eran insuficientes o inadecuados. El 3 de octubre de 2003. por ser el tribunal competente para conocer las denuncias del lugar donde habrían ocurrido los hechos. incluso el practicado en Madrid. El Juzgado sostuvo que “Una cosa son las supuestas torturas que se relatan en la denuncia.12 El 10 de febrero de 2004. custodia e interrogatorio para que prestaran declaración. de los que se infiere la inexistencia de tortura alguna.” 2.° 2 dictó auto disponiendo el sobreseimiento provisional de la causa. 2. En el recurso afirmaba que la decisión del juzgado no estaba debidamente motivada y no permitía determinar las razones que justificaban el sobreseimiento. que se tomara su declaración en calidad de denunciante. el Juzgado desestimó el recurso de reforma y declaró interpuesto el recurso de apelación. el autor interpuso recurso de reforma y subsidiario de apelación frente al propio Juzgado de Instrucción N.
a pesar de que el miembro de ETA que habría recibido esta información negó toda relación con el autor. si no decía lo que los agentes policiales querían. 2.19 El 4 de diciembre de 2006. Cuestionó la validez de las declaraciones de los agentes que le habían interrogado en sede policial. se celebró el proceso penal en contra del autor en la Audiencia Nacional bajo la acusación de asesinato terrorista. el autor fue declarado culpable y condenado a 26 años de prisión. el Tribunal Supremo destaca la validez de la declaración autoinculpatoria toda vez que la 5 6 La sentencia afirma: “Como recoge con fidelidad la sentencia recurrida. limitándose a presentar escritos en los que pedía más plazo. Afirmó que. en los escritos relativos a sus declaraciones ante la policía aparecían afirmaciones que él no había realizado. El autor estima que la condena se basó en sus declaraciones autoinculpatorias y en el testimonio de los agentes policiales que participaron en los interrogatorios. era golpeado y obligado a ponerse en posturas forzadas.15 El 23 de junio de 2005. que todo se lo comentó al médico forense […] y en el juicio oral tampoco admitió los hechos confesados”. Dichas pruebas eran la declaración del acusado ante la policía y el informe policial admitido durante el juicio oral. lo que no permitía identificarlos como testigos. 2. ya que las pruebas de cargo no habían sido obtenidas con todas las garantías constitucionales. la cual requiere que el Secretario Judicial constate la equivalencia de números reales y ficticios. dada la irregular aplicación de la Ley Orgánica 19/1994. señala que las autoridades tenían interés en encontrar un culpable y que el caso no quedara impune. El autor no ratificó sus declaraciones iniciales ante la policía y sostuvo que éstas habían sido realizadas bajo amenazas psicológicas. el Tribunal Constitucional acordó la inadmisión del recurso. 3 de junio y 19 de julio de 2004 para que su procurador presentara el poder para pleitos que acreditara la representación en favor del autor. aunque luego siguieron los malos tratos y amenazas. Según el autor. aunque nunca le dejaron marcas. de protección a testigos y peritos en causas criminales. por violación del derecho fundamental a la defensa y a un juicio con todas las garantías.17 El 12 de diciembre de 2005.16 En noviembre de 2005. en concepto de autor por cooperación necesaria. sin cometer prevaricación o dejar de ser independiente. que no correspondía a su número de filiación profesional.CAT/C/48/D/453/2011 2. 2. Asimismo. el Tribunal Supremo desestimó el recurso y confirmó la sentencia de la Audiencia Nacional. viniendo a manifestar que al ser detenido se utilizó la violencia psíquica y física contra su persona. . Además. Además. y negaron los actos de tortura. el autor les ofreció decir todo los que los policías le pidieran. establecía la vinculación entre las tareas de recogida de información con el atentado que causó la muerte de Lidón Corbi. incorporado a la causa por el Ministerio Fiscal. Le amenazaron con detener a su madre y hermano y nunca le presentaron un abogado. policiales y la opinión pública. toda vez que era especialmente relevante para ciertos sectores políticos.18 El autor interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Esta medida no se había tomado de acuerdo a la normativa de protección de testigos. El recurso también planteó la vulneración del derecho a la presunción de inocencia. sin acreditar fehacientemente cuál era la causa que imposibilitaba el cumplimiento del requisito de presentación del poder. toda vez que éstos intervinieron en el juicio mediante un número de identificación ficticio. el tribunal pudo haber tenido un sentimiento corporativista ya que se trataba de un delito muy grave cuya víctima era un juez. el Tribunal Supremo dio su apoyo argumental a la Audiencia Nacional para considerar pruebas suficientes sus declaraciones autoinculpatorias en sede policial y bajo régimen de incomunicación 5 . 2. En su sentencia. El Tribunal señaló que el autor no cumplimentó los requerimientos del Tribunal formulados el 28 de abril. El autor señala que el informe de la Unidad de Informaciones y Análisis de la Policía Autónoma Vasca. de fecha 21 de enero de 2005. entre otros motivos. Al no poder más. el imputado se desdijo en su declaración ante el juez de instrucción […]. presiones y malos tratos físicos.
CAT/C/48/D/453/2011 denuncia de tortura y malos tratos del autor fue investigada judicialmente sin encontrarse delito alguno y. en particular los testimonios de los policías que actuaron en los interrogatorios en sede policial. El primer voto cuestionó la consideración como prueba hábil de las declaraciones autoinculpatorias expresadas en un atestado policial. pero no son medio probatorio de los hechos enjuiciados. El segundo voto particular igualmente concluyó que las declaraciones policiales de los acusados no pueden ser introducidas en el proceso por vía del testimonio de los funcionarios que la recibieron. Por otro lado. del abogado asignado al autor. y ratificó la validez del informe policial elaborado por la Policía Autónoma Vasca sobre la confirmación de los hechos periféricos relacionados con lo declarado por el autor. que puede ampliarse por ocho días adicionales. La actuación de los tribunales ante su denuncia de tortura y malos tratos fue insatisfactoria. A pesar de que el autor sostuvo en varias oportunidades que fue objeto de malos tratos y torturas durante su detención en régimen de incomunicación. el voto señala que las declaraciones en sede policial no pueden introducirse en el juicio a través de las declaraciones de los funcionarios policiales que las recibieron. Igualmente. realizadas en condiciones de legalidad. del coimputado miembro de la ETA que confirmó conocer al autor y de la viuda del juez Lidón Corbi. El 31 de marzo de 2008. el Tribunal no encontró una aplicación irregular de la Ley Orgánica 19/1994 y constató que los testigos policiales declararon en el juicio oral a instancia del Ministerio Fiscal con el número de identificación provisional o de protección asignado por la policía al instruir el atestado y en virtud del acuerdo de la Audiencia Nacional de otorgar medidas legales de protección para preservar su derecho a la vida. el Comité de Derechos Humanos y otras instancias internacionales que han recomendado su 6 El autor se refiere a las observaciones finales del Comité sobre los informes periódicos cuarto (CAT/C/CR/29/3) y quinto (CAT/C/ESP/CO/5) de España. a pesar de que el autor alegó ante el juez instructor de la Audiencia Nacional haber sido sometido a malos tratos y torturas durante el régimen de incomunicación.20 Dos miembros del Tribunal Supremo adjuntaron votos particulares a la sentencia. El régimen de incomunicación durante cinco días permitido por la legislación del Estado parte. como el hecho mismo de la confesión y la circunstancia en la que la declaración tuvo lugar. del médico forense que le reconoció. sino únicamente sobre los datos y elementos fácticos de que hayan sido testigos. éste no ordenó ninguna investigación. archivándose la denuncia sin realizar ninguna diligencia de investigación. corroboraban las declaraciones autoinculpatorias del autor. independiente e imparcial. existió una total inactividad por parte de los órganos jurisdiccionales competentes que imposibilitó el esclarecimiento de los hechos denunciados. No debe atribuírsele valor probatorio de tipo incriminatorio.1 El autor alega que el Estado parte violó el artículo 12. no ratificadas en el procedimiento judicial ni en el juicio oral. ya que esto afectaba el derecho de acusado a no declarar contra sí mismo o a guardar silencio. No se llevó a cabo una investigación pronta. pueden y deben ser objeto de investigación y los datos obtenidos pueden ser fuente de prueba. Concluyó que las declaraciones autoincriminatorias de un imputado en sede policial. 2. Señaló que estos funcionarios policiales no pueden suplantar al autor de la declaración si éste se encuentra a disposición del tribunal.21 El autor interpuso recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional con respecto a la sentencia del Tribunal Supremo. La queja 3. las pruebas actuadas en la etapa de instrucción y ante la propia Audiencia Nacional. La sentencia afirma que la defensa del autor ejerció con normalidad el derecho a interrogar a los testigos. el Tribunal Constitucional acordó inadmitirlo debido a que carecía manifiestamente de contenido que justificara una decisión sobre el fondo. por otro lado. ha sido cuestionado reiteradamente por el Comité contra la Tortura 6 . 2. conjuntamente con el artículo 16 de la Convención. 7 . Además.
aclara que el recurso de amparo fue inadmitido por el Tribunal Constitucional el 23 de junio de 2005. Sus declaraciones autoinculpatorias rendidas bajo tortura en sede policial sirvieron como prueba para su condena por el delito de asesinato terrorista. incumpliendo las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Convención 7 . Adicionalmente el autor alega violaciones al artículo 7. realice una investigación pronta e imparcial sobre sus denuncias de torturas y malos tratos. Sostiene que el proceso y condena están basados en estas declaraciones autoinculpatorias que las autoridades judiciales introducen formalmente en el juicio oral por medio de la declaración en calidad de testigos de los funcionarios que participaron en las diligencias. el párrafo 3 del artículo 9 y los párrafos 1 y 2 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. en primer lugar. el autor sostiene que el proceso mediante el que fue condenado se realizó sin las debidas garantías. garantías de no repetición. la rehabilitación. 3. el autor sostiene que interpuso todos los recursos disponibles ante los tribunales nacionales de conformidad con la legislación española. 3. debido a que el autor no compareció representado por un procurador. 3. éstas omitieron su deber de investigación quedándose inactivas u oponiéndose a las solicitudes presentadas. incluidos dos recursos de amparo constitucional para. así como la prevención. Según el autor. En consecuencia.2 A pesar de las denuncias de tortura y malos tratos y las reiteradas solicitudes del autor a las autoridades judiciales para que se practicaran pruebas y diligencias de investigación.5 El autor solicita que el Estado parte repare todos los daños sufridos. en segundo lugar. impugnar la sentencia condenatoria por el delito de homicidio terrorista. 3. El Estado parte no ha tomado las medidas necesarias para impedir eficazmente los actos de tortura en todo el territorio que está bajo su jurisdicción. . incluyendo una compensación económica de 30. dirimir la denuncia de tortura y. la compensación.4 El autor alega que el derecho a la tutela judicial efectiva es afectado toda vez que el recurso de casación interpuesto ante el Tribunal Supremo no constituye una doble instancia penal. 4. medidas de satisfacción.3 Con relación al artículo 15 de la Convención. Sostiene que el autor no recurrió a ninguna instancia internacional ni ante el Comité contra la 7 8 El autor se refiere a las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre los informes periódicos cuarto (CCPR/C/79/Add.2 Con relación a la denuncia interpuesta por el autor por tortura y el proceso seguido ante los tribunales nacionales. Observaciones del Estado parte 4. La declaración de autoinculpación brindada en sede policial sólo podía tener carácter de indicio o fuente de prueba.CAT/C/48/D/453/2011 supresión.61) y quinto (CCPR/C/ESP/CO/5) de España. las medidas de reparación comprenden todos los daños sufridos por la víctima. investigación y castigo de los responsables. debido a que no se produce una nueva revisión íntegra de la prueba y de los hechos probados. medidas relacionadas con la restitución. se violó el artículo 14 de la Convención.6 Con relación al agotamiento de recursos internos. no obstante reiterados requerimientos del tribunal.1 Mediante nota verbal de 5 de septiembre de 2011 el Estado parte presentó sus observaciones. revise la sentencia condenatoria basada en la autoinculpación obtenida bajo tortura y garantice que ninguna declaración hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento. 3.000 euros. Concluye que las pruebas directas o indirectas obtenidas en violación de derechos fundamentales no pueden ser utilizadas en el proceso penal. ya que el Estado parte debió reparar al autor el perjuicio sufrido como víctima de tortura y tomar medidas para evitar que los actos de tortura se repitan.
El régimen de incomunicación impuesto de acuerdo con la legislación del Estado parte. Sin embargo.º 1 de la Audiencia Nacional. La Sala tomó nota de que el autor no ratificó esta declaración ante las autoridades judiciales. de lo contrario lo hubiera hecho constar así. limitándose a alegar que el Estado parte no investigó diligentemente la denuncia de tortura.5 La propia Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional analizó si la declaración realizada por el autor ante la policía vasca fue obtenida bajo tortura. incluyendo el de redactar o dictar la declaración o algunas de sus contestaciones. No formuló quejas sobre malos tratos o actos de tortura entre declaración y declaración. manteniéndolo en posturas incómodas que le produjeron mareos. El abogado que ejerció la asistencia legal al autor en sede policial los días 26 y 27 de octubre de 2002. en la práctica su detención era conocida por sus familiares. 4. bajo el control de una autoridad judicial. Las alegaciones del autor con relación al interés de sectores políticos y de la opinión pública y al sentimiento corporativo de los jueces que motivaron el proceso penal y posterior sentencia carecen de sustento ya que éste nunca recusó a los jueces que habían de enjuiciarle. Todas estas actuaciones en la Audiencia Nacional se realizaron con plena participación de la defensa del autor. en tres declaraciones. Asimismo. señalaron que el autor contó con un abogado y fue informado de sus derechos. señaló que no observó ninguna anormalidad. El informe médico de fecha 25 de octubre de 2002 recogió las alegaciones del autor en cuanto a que en el momento de la detención le había tirado al suelo y pisado varias veces la cabeza. 4. Es más.3 La queja del autor se basa en imprecisiones sobre los hechos.1 de la Ley Orgánica 19/1994. al amparo del artículo 4. después de la detención policial. Procedió a constatar que se había realizado una investigación y depuración judicial y corroboró la inexistencia de datos o indicios de que se produjera este delito. 4.6 Los dos votos particulares en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en casación de 4 de diciembre de 2006 no sostienen que la declaración del autor fue obtenida 9 . entre el 24 y 28 de octubre de 2002. tomados individualmente. no haciendo constar ninguna observación. mediante técnicas de detención ordinarias. el propio informe consignó que no se apreciaban “señales de pisadas en la región posterior del cuello ni otros signos traumáticos en la superficie corporal”. sobre la información recolectada con relación a la rutina del juez Lidón Corbi. Asimismo. solamente restringió el derecho a elegir el abogado que lo asiste en el primer momento en las dependencias policiales y el derecho de comunicar la detención a las personas de su elección. Los testimonios de cinco agentes policiales. el autor no aporta ninguna prueba ni siquiera indiciaria o indirecta de que la declaración se realizó como resultado de tortura.CAT/C/48/D/453/2011 Tortura después de esta fecha y sólo lo hizo una vez el Tribunal Constitucional inadmitió su recurso de amparo contra la sentencia condenatoria emitida en el marco del proceso penal. entiende que las referencias al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del autor son mero argumento discursivo. en todo momento. de protección a testigos y peritos en causas criminales. el autor respondía con detalles. que en la tercera declaración. 4. Sin embargo. el autor se negó a desnudarse para ser reconocido e informó “que no tenía nada”. Durante la detención fue sometido al uso de fuerza necesario para inmovilizarlo.4 Con relación a las alegaciones de violación del artículo 15 de la Convención. y que al final ambos leyeron la declaración y la firmaron. durante el reconocimiento realizado el 28 de octubre de 2002 por el médico forense del Juzgado Central de Instrucción N. El régimen de incomunicación se impuso por un corto período. mostrándose tranquilo y orientado. se verificó que los agentes policiales intervinieron en el proceso identificados con un “número cautelar”. Las declaraciones fueron leídas por el abogado y el detenido. día en que fue puesto a disposición judicial. El informe médico-forense del día 26 de octubre tampoco recogió síntoma alguno de malos tratos o lesiones. Fue detenido por orden judicial y estuvo. que las respuestas del detenido eran voluntarias y espontáneas.
no forma parte de las atribuciones del Comité la fijación de una indemnización a favor del denunciante. sino que las descartan los informes de los médicos forenses”. en ningún momento propuso al Juzgado de Instrucción N. Sin embargo. pero no propuso ninguna prueba destinada a corroborar su alegación. 4. archivando posteriormente la denuncia. En sus votos los jueces determinan en general si las declaraciones en sede policial de las que se retracta el declarante en la fase de enjuiciamiento constituyen o no prueba de cargo suficiente para la condena del acusado.2 Las violaciones a los artículos 12 y 15 de la Convención se plantean de manera conjunta. Por otro lado. aún en la hipótesis de declararse la existencia de una vulneración a la Convención.3 Con relación a las violaciones al artículo 12 de la Convención. según la legislación.8 El autor no explica en qué medida se ha violado el artículo 14 de la Convención. a pesar de que. 5. 8 10 La Audiencia Provincial de Álava sostuvo que las declaraciones de la víctima podían “ser consideradas como pruebas de cargo. pero también hemos de recordar que sus manifestaciones deben venir avaladas por corroboraciones periféricas. La Audiencia Provincial de Álava señaló que las manifestaciones del autor sobre las torturas debían avalarse por corroboraciones periféricas. Por otro lado. Sin embargo. No obstante. alega que recurrió diligentemente a toda las vías jurisdiccionales disponibles en el Estado parte para investigar y castigar a los responsables de actos de tortura. el archivo de un procedimiento penal no es un obstáculo para el ejercicio de las acciones civiles o administrativas para reclamar una indemnización. la Audiencia Nacional realizó un nuevo examen de las circunstancias en las que el autor fue interrogado. Fue sólo a pedido del autor que el Juzgado de Instrucción N. La falta de investigación de la denuncia de tortura no es una cuestión instrumental o incidental.1 El 29 de noviembre de 2011.º 2 de Vitoria-Gasteiz actuó pruebas incorporando los informes forenses. El abogado del autor.7 Con relación a las violaciones alegadas al artículo 12. No pudo elegir un abogado de su confianza durante el primer momento de la detención debido a que la legislación antiterrorista no lo permitía. los tribunales nacionales realizaron las diligencias necesarias y examinaron los informes médicos realizados durante la detención. Los artículos 12 y 15 fueron vulnerados en tracto sucesivo. participó de los interrogatorios. el autor presentó comentarios sobre las observaciones del Estado parte. elegido por él. La asistencia del abogado de oficio asignado por el Estado parte durante la declaración policial fue meramente formal. 4. Comentarios del autor sobre las observaciones del Estado parte 5. Dentro del enjuiciamiento del delito del que era acusado el autor. 5. . leído conjuntamente con el artículo 15 de la Convención. “no se hace preciso que se oficie a la Ertzaintza para que informe a las personas que participaron en la identidad del denunciante. y en este supuesto no sólo no existen. Nunca ha solicitado a las autoridades del Estado parte reparación o indemnización. el Juzgado no atendió la solicitud del autor de tomar su declaración e identificar y llamar a declarar a los agentes policiales implicados en los hechos. llama la atención el hecho de que el autor presentó la denuncia de tortura tres meses después de su detención y no recurrió a ninguna instancia internacional hasta que fue condenado por el delito de terrorismo.CAT/C/48/D/453/2011 bajo tortura. En consecuencia. La conclusión del Estado parte respecto a la falta de indicios suficientes de la comisión del delito de tortura sólo se explican por la inactividad judicial para investigar los hechos denunciados. no encontraron indicios suficientes sobre la comisión del delito denunciado.º 2 de VitoriaGasteiz que las practicase o propagasen medio de prueba para realizar dichas corroboraciones 8 .
de que la misma cuestión no ha sido ni está siendo examinada según otro procedimiento de investigación o solución internacional. Constatan que no existía otra prueba que su declaración autoinculpatoria para condenar al autor.º 4 de la Audiencia Nacional. debido a que el procurador no cumplió con el requisito legal de presentación de poder para pleitos que acreditara su representación en favor del autor. de haberse autoinculpado debido a las torturas a que había sido sometido en sede policial. durante el juicio ante la Audiencia Nacional y en su recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Este recurso fue inadmitido por el Tribunal Constitucional con fecha 23 de junio de 2005. cuando puede estar en juego la propia seguridad de los agentes. En el presente caso. en virtud del artículo 14 de la Convención. el Comité toma nota de la denuncia por tortura interpuesta por el autor con fecha 29 de enero de 2003.CAT/C/48/D/453/2011 5. el Comité toma nota de la sentencia condenatoria dictada por la Audiencia Nacional con fecha 12 de diciembre de 2005. fuera considerada por el Tribunal Supremo como insuficiente para condenar a esta otra persona. que esta declaración podía ser fuente de prueba.4 El Comité observa que el autor no agotó los recursos de la jurisdicción interna en relación con su denuncia de tortura. los posteriores recursos interpuestos contra esta decisión y la decisión de 30 de marzo de 2004 mediante la cual la Audiencia Provincial de Álava dispuso desestimar el recurso de apelación. y de la sentencia de casación del Tribunal Supremo de 4 de diciembre de 2006. 6. es contradictorio que las declaraciones del autor y su supuesta relación con el miembro de ETA. El Comité se ha cerciorado. reiteramos. 6.3 Respecto al proceso penal seguido contra el autor. La jurisprudencia del Tribunal Supremo niega la suficiencia de prueba única a las declaraciones prestadas por el detenido en sede policial. a quién le habría entregado la información de seguimiento al juez Lidón Corbi. incluyendo una indemnización. 6. el 31 de marzo de 2008 el Tribunal Constitucional acordó inadmitir el recurso de amparo interpuesto con respecto a la sentencia del Tribunal Supremo.5 El autor solicita al Comité que declare su derecho a una reparación justa. la decisión declarando el sobreseimiento provisional de la causa.1 Antes de examinar toda reclamación formulada en una queja. Deliberaciones del Comité Examen de la admisibilidad 6. pero no era un medio probatorio de los hechos enjuiciados y que no podía ser introducida en el juicio por la vía de los testimonios de los funcionarios que las recibieron o las escucharon durante la confección del atestado. El autor no explica las razones por las que no cumplió con este requisito. y también los intereses de estas personas han de ser tutelados por los tribunales”.2 De conformidad con el inciso b) del párrafo 5 del artículo 22 de la Convención. pero tampoco lo niegan. Asimismo. ya que no cumplió con los requisitos legales necesarios máxime. 11 . al derecho a la integridad física y moral interpuesto por el autor con fecha 22 de abril de 2004. el Comité contra la Tortura debe decidir si ésta es o no admisible en virtud del artículo 22 de la Convención. Por otro lado. en cumplimiento del inciso a) del párrafo 5 del artículo 22 de la Convención. las cuales indican que el autor se quejó ante el juez de instrucción n. el Comité no examina ninguna queja a no ser que se haya cerciorado de que el autor ha agotado todos los recursos de la jurisdicción interna de que podía disponer.4 En relación con las violaciones alegadas del artículo 15 de la Convención. El Comité toma nota igualmente del recurso de amparo por violaciones. es cierto que los magistrados que tuvieron votos particulares en la sentencia del Tribunal Supremo no establecen que la autoinculpación fue el resultado de las torturas a las que se sometió al autor. 5. entre otros.
el Comité declara la comunicación admisible y procede a su examen sobre el fondo. ya que aunque en regla general los informes médico-forenses son importantes para probar la existencia de tortura. el Juzgado dispuso el sobreseimiento de la causa. Los demás requisitos de admisibilidad habiendo sido cumplidos. conforme al artículo 12 de la Convención. vol. Véase tamabién la Observación general N. I [A/62/40 (Vol. Posteriormente. I)]. a fin de determinar la responsabilidad del autor en los hechos que se le imputaban. sobre el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia (art. de conformidad con el párrafo 4 del artículo 22 de la Convención.2 El autor alega haber sido víctima de una violación del artículo 12 de la Convención en cuanto que las denuncias de haber sido sometido a tortura y malos tratos mientras se encontraba incomunicado.º 40. Siendo la tortura un delito que debe perseguirse de oficio. ni la información contenida en el expediente ante el Comité ni las observaciones del Estado muestran que estas instancias hayan tomado medidas dirigidas a efectuar una investigación sobre las alegaciones del autor. pero no encontraron indicios suficientes sobre la existencia de tortura. de velar por que las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial siempre que haya motivos razonables para creer que se haya cometido un acto de tortura. por consiguiente. Examen de la cuestión en cuanto al fondo 7. el Comité considera que no existen obstáculos bajo el inciso b) del párrafo 5 del artículo 22 de la Convención que se opongan a la admisibilidad de la comunicación.8. El Comité observa igualmente que durante la instrucción del sumario contra el autor por el Juzgado de Instrucción N. el Comité observa que el autor planteó haber sido objeto de tortura ante las autoridades judiciales competentes en el proceso penal seguido contra él. 14 del Pacto) (Documentos oficiales de la Asamblea General. El Comité considera que dichas pruebas adicionales eran pertinentes. independiente e imparcial. Sin embargo. que formuló ante los tribunales. 7. anexo VI). párrafo 8. que los 9 12 Véase la comunicación n. al considerar los referidos órganos judiciales que dicha práctica era innecesaria.CAT/C/48/D/453/2011 para formalizar el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. . no dieron lugar a una investigación pronta. la Audiencia se limitó a evaluar las pruebas que tenía ante sí. sexagésimo segundo período de sesiones. El Estado parte señala que los tribunales realizaron las diligencias necesarias y examinaron los informes médicos realizados durante la detención. Suplemento N. en el expediente que tiene ante sí. una justificación suficiente para que las autoridades judiciales no hayan practicado pruebas adicionales al examen de los informes médico-forenses. bajo el artículo 12 de la Convención.1 El Comité ha examinado la comunicación a la luz de toda la información que le han presentado las partes interesadas. a menudo son insuficientes y deben ser comparados con información obtenida por otros medios 9 . decisión de 14 de mayo de 1998. España. párr. 7. El Comité observa también que el autor solicitó se practicaran otras pruebas. el autor manifestó haberse autoinculpado como resultado de la tortura y malos tratos sufridos.3 El Comité considera que los elementos destacados en el párrafo anterior muestran una ausencia de actividad investigativa por parte de las autoridades mencionadas que resulta incompatible con la obligación del Estado.º 59/1996.º 4 de la Audiencia Nacional y el juicio posterior en esta Audiencia. El Comité no encuentra. En particular. incluida la declaración autoinculpatoria. El Comité concluye. Tampoco el Tribunal Supremo tomó ninguna medida en relación con la queja de tortura formulada por el autor como parte de su recurso de casación. la Audiencia Provincial de Álava desestimó el recurso de apelación apoyándose igualmente en los informes médico-forenses. El Comité observa que el autor interpuso una denuncia por tortura y malos tratos que fue examinada por el Juzgado de Instrucción N. pero esta solicitud no fue atendida.º 2 de Vitoria-Gasteiz. Blanco Abad c. 41. Sobre la base de los informes médico-forenses que no corroboraban las alegaciones del autor.º 32 (2007) del Comité de Derechos Humanos. Sin embargo.
10. que le permitan concluir que la declaración autoinculpatoria fue. De la lectura de las sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo se desprende.º 219/2002. actuando en virtud del párrafo 7 del artículo 22 de la Convención. el Comité insta al Estado parte a que le informe. realizada como resultado de tortura 10 . [Adoptada en inglés. 13 .CAT/C/48/D/453/2011 hechos que tiene ante sí ponen de manifiesto una violación por el Estado parte del artículo 12 de la Convención. 7. siendo la versión original el texto español. Posteriormente se publicará también en árabe y chino como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General. El Comité considera.K. es insuficiente para permitirle concluir que la declaración autoinculpatoria fue. En consecuencia. 6. el Comité considera que el autor no ha presentado información. c. El Comité considera que el Estado parte tiene la obligación de proporcionar al autor una reparación efectiva que incluya la investigación plena y exhaustiva de las denuncias del autor. 8. en el plazo de 90 días a partir de la notificación de esta decisión. que la información que tiene ante sí no pone de manifiesto una violación del artículo 15 de la Convención. 7. por ejemplo en forma de certificados médicos adicionales resultantes de exámenes solicitados por él. realizada como resultado de tortura. o declaraciones de testigos. como se señala en el párrafo anterior. con mucha probabilidad. inglés y ruso. el Estado parte debe asegurar que ninguna declaración que se demuestre haber sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento.4 El autor alega ser víctima de una violación del artículo 15 de la Convención en cuanto que sus declaraciones autoinculpatorias realizadas en sede policial como resultado de haber sido sometido a tortura sirvieron como prueba para su condena.5 El autor alega ser víctima de una violación del artículo 14. conforme a dicha disposición. párr.11. que la declaración autoinculpatoria del autor tuvo un peso importante en el proceso seguido contra él. El Estado parte tiene también la obligación de evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro. en opinión del Comité. con mucha probabilidad. el Comité considera que la información que tiene ante sí no pone de manifiesto la existencia de una violación del artículo 14 de la Convención. estima que los hechos que tiene ante sí ponen de manifiesto una violación del artículo 12 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles. Sin embargo. conforme al artículo 12 de la Convención. 9. decisión de 7 de mayo de 2003. En virtud del párrafo 5 del artículo 118 de su Reglamento interno. sobre las medidas tomadas en relación con la misma. Inhumanos o Degradantes. Suiza. El Comité contra la Tortura. En relación con esta queja el Comité considera igualmente que la información proporcionada por el autor. francés. G. por consiguiente.] 10 Véase la comunicación n. ya que el Estado parte debió adoptar medidas de reparación por el perjuicio que ha sufrido como víctima de tortura. El Comité recuerda que.
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