Source: https://www.senado.gob.mx/64/frames/consultas.php?ver=minutas&id=167
Timestamp: 2020-01-19 23:02:46
Document Index: 341800566

Matched Legal Cases: ['artículo 72', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 72', 'artículo 131', 'artículo 1347', 'artículo 1347', 'artículo 32', 'artículo 72', 'artículo 32', 'artículo 72', 'artículo 9', 'artículo 89', 'artículo 91', 'artículo 229', 'artículo 1', 'artículo 13', 'artículo 97', 'artículo 35', 'artículo 89', 'artículo 89', 'artículo 100', 'artículo102', 'artículo 108', 'artículo 110', 'artículo 46', 'artículo 89', 'artículo 100', 'artículo 101', 'artículo 246', 'artículo 243', 'artículo 254', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 93', 'artículo 254', 'artículo 191', 'artículo 24', 'artículo 72', 'artículo 12', 'artículo 1395', 'artículo 9', 'artículo 1070']

Propone ampliar el término establecido de 180 días a 18 meses para la entrada en vigor del procedimiento administrativo de ejecución, así como la expedición y reforma de los reglamentos correspondientes.
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.
LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ DE SU TURNO DIRECTO A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL MIÉRCOLES 14 DE MARZO.
Propone establecer que para la tramitación de patentes se tendrá un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisitos, empezando este a partir del día hábil siguiente del vencimiento; señala que cualquier persona física o moral podrá hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en servicios que presten; determina la definición de marca; incluye los signos holográficos en la constitución de una marca; señala los supuestos para la negativa de registro de marca; señala que no será registrable como marca la reproducción, ya sea total o parcial, de obras literarias o artísticas, sin la autorización correspondiente del titular de los derechos de autor, asimismo personajes de ficción o simbólicos, ni los personajes humanos de caracterización que tengan tal relevancia o reconocimiento; establece la protección de las marcas colectivas; señala las disposiciones aplicables a las marcas notoriamente conocidas y famosas; establece certeza jurídica en el procedimiento de declaratoria de una marca notoria o famosa; y modifica el plazo de dos a un mes para oponerse a una solicitud de marca, señalar los casos en que un registro de marca caducará.
Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo Sexto Transitorio al "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio, en materia de juicios orales mercantiles" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2017.
LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ QUE EL MIÉRCOLES 24 DE ENERO SE DIO ENTRADA Y TURNO DIRECTO A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.
Propone adicionar un artículo transitorio para establecer que para todas las Entidades Federativas, el decreto entrará en vigor seis meses después de los plazos previstos en los transitorios segundo, tercero, cuarto y quinto.
Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7 y 127 y se adicionan los artículos 65 Quáter, 65 Quáter 1, 65 Quáter 2, 65 Quáter 3 y 65 Quáter 4 a la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Propone considerar a los particulares que presten servicios educativos como proveedores, estableciendo que dichos servicios se sujetarán a los lineamientos generales que expida la Secretaria de Economía con la participación de la SEP, la SE podrá realizar, a través de la PROFECO, visitas especiales de verificación y vigilancia a los planteles a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas correspondientes. Establecer que los particulares deberán informar, previo a la inscripción para cada ciclo escolar, el costo total de la inscripción, reinscripción, colegiaturas, derechos por incorporación, exámenes extraordinarios, cursos de regularización y demás concepto. Determina que se podrá suspender la prestación de servicios educativos en caso de falta de pago de tres o más mensualidades de colegiatura y la falta de pago de colegiaturas no mensuales que representen el equivalente a tres meses en un periodo de 6 meses. Prohibir el incremento de las colegiaturas durante el ciclo escolar, así como establecer cuotas o aportaciones extraordinarias, donativos en efectivo o en especie.
Oficio con el que remite un proyecto de Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola, devuelta con modificaciones para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA
TURNO A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE PRODUCTIVIDAD.
Propone incluir los conceptos de boleto, pasajero y procuraduría, entendiéndose esta como la Procuraduría Federal del Consumidor. Establece los derechos y las obligaciones de los pasajeros de aerolíneas asimismo, las obligaciones de los concesionarios y permisionarios de servicio al público de transporte aéreo, de tal forma que en caso de incumplimiento se aplicaran las sanciones conforme a ley independientemente de las compensaciones señaladas para el pasajero.
Obliga al permisionario o concesionario a proporcionar servicio de calidad y eficiencia a todos sus pasajeros. Deberán establecer mecanismos para garantizar el transporte para personas con discapacidad. Establece la posibilidad que las personas mayores de edad sin costo alguno puedan llevar a un infante menor de dos años a su cuidado sin derecho a asiento. Determina que los concesionarios o permisionarios proporcionarán información suficiente al pasajero que le permita conocer sus opciones para tomar alternativas en caso de requerirlas. Debe también informar al pasajero de cualquier cambio dentro de las veinticuatro horas previas a la salida programada. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes supervisará que los concesionarios o permisionarios informen de manera oportuna a los pasajeros de los cambios en su itinerario.
En caso de la existencia de cualquier retraso que sea atribuible al concesionario o permisionario el pasajero será indemnizado por el proveedor. En caso de cancelación responsabilidad atribuible al concesionario o permisionario deberá a elección del pasajero retribuirle el precio del boleto, ofrecerle transporte sustituto, con las necesidades que genere dicha sustitución, como alimentación y hospedaje entre otros. O transportarle en fecha posterior. Las indemnizaciones serán pagadas en un término de diez días naturales.
En vuelos nacionales e internacionales el pasajero podrá transportar veinticinco kilogramos de equipaje en vuelos con capacidad de veinte pasajeros o más, y de quince kilogramos cuando sean vuelos de menor capacidad.
Los pasajeros están obligados a brindar información al concesionario o permisionario información y datos veraces en la compra del boleto, presentar documentos oficiales de identificación, acatar las normas de seguridad y operación aeroportuarias, así como ocupar el asiento asignado. El concesionario o permisionario podrá ofrecer servicios adicionales sin condicionarlos a la compra del boleto. La trasportación de animales será realizada por el concesionario o permisionario observando un trato humanitario entendidas como medidas que disminuyan tensión o sufrimiento y eviten producción de traumatismos.
Los concesionarios están obligados a entregar mensualmente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informes, bitácoras, estadísticas, reportes, índices de reclamaciones y todos aquellos datos que transparenten su funcionamiento.
Por el que se adicionan los artículos 65 TER y 65 TER 1 a la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Propone que los permisionarios o concesionarios en su calidad de proveedores, deberán publicar a través de medios electrónicos o físicos, en el área de abordaje y en los módulos de atención al pasajero las causas o razones por las que los vuelos se vean demorados y poner a disposición de los consumidores toda la información relativa para la presentación de quejas o denuncias, en cada una de las terminales en donde operen.
Establece a los permisionarios y concesionarios, en su calidad de proveedores la obligación de informar a los consumidores al momento de la compra, acerca de los términos y condiciones del servicio contratado, las políticas de compensación y el listado de derechos de los pasajeros contenidos en la Ley de Aviación Civil.
Por el que se adiciona un inciso y) a la fracción III y se deroga la fracción II del artículo 7º de la Ley de Inversión Extranjera.
Propone establecer que la inversión extranjera participará hasta en un 49% en el servicio de transporte aéreo nacional regular y no regular; servicio de transporte aéreo internacional no regular en la modalidad de taxi aéreo y servicio de transporte aéreo especializado.
Oficio con el que remite un Acuerdo que exhorta al Senado a explorar y proponer la búsqueda de relaciones comerciales con otros mercados internacionales diferentes al norteamericano.
SE REMITIÓ A LAS COMISIONES DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE RELACIONES EXTERIORES.
Por el que se adiciona la fracción XIV al artículo 7 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.
Propone promover entre los afiliados de las Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, principios éticos que prevengan acciones de corrupción con las dependencias de los tres niveles de gobierno y demás dependencias del sector público.
•	Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registro civil.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE JUSTICIA; DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.
Propone facultar al Congreso de la Unión para expedir la ley general que establezca los principios y bases en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, con excepción de la materia penal; en materia de mejora regulatoria; y en materia de justicia cívica itinerante.
•	Por el que se declara el 3 de octubre de cada año, como “Día Nacional del Emprendedor”.
Propone que el Congreso de la Unión, declare el 3 de octubre de cada año, como “Día Nacional del Emprendedor”.
Oficio con el que se remite el siguiente proyecto de decreto:
•	Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio.
Tiene por objeto simplificar los procedimientos e instaurar totalmente la justicia oral en materia mercantil, con el fin de incentivar el cumplimiento de obligaciones en las transacciones mercantiles mediante procedimientos mucho más eficientes, eficaces y expeditos.
Oficio con el que devuelve el expediente de diversos proyectos, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional:
Para reformar, adicionar y derogar diversos artículos a la Ley de Comercio Exterior.
La minuta propone que el Ejecutivo Federal tenga la obligación de notificar al Congreso la adopción de medidas arancelarias y no arancelarias; así como presentar un informe anual de los resultados y avances de la aplicación de esas medidas. Asimismo, crea la Comisión Mexicana de Prácticas Comerciales Internacionales, órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, para reemplazar a la Unidad de Prácticas Comerciales.
Además crea el Consejo Consultivo de Comercio Exterior y el Consejo Consultivo de Prácticas Comerciales Internacionales que tiene como objetivo formular recomendaciones metodológicas y técnicas en relación con la implementación de medidas arancelarias y no arancelarias; sobre prácticas desleales y medidas de salvaguardia.
Al respecto, la Colegisladora considera que no es viable la propuesta debido a que en el artículo 131 constitucional, el Ejecutivo Federal está facultado por el Congreso de la Unión para determinar medidas arancelarias.
En razón de lo anterior, la Colegisladora determinó desechar la minuta por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior
Artículos a reformar: Reforma los artículos 3, 4 bis, 5, 5 A a 5 F, 6 A, 6 B, 8 A, 8 B, 18, 33, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 62, 64, 70, 81, 82, 83, 89 C, 93, 93 A, 94, 94 A, 95 y 96 de la Ley de Comercio Exterior.
Votación en la Cámara de Diputados: Aprobada por la Cámara de Diputados el 28 de abril de 2016, en votación económica.
Para adicionar un segundo párrafo al artículo 1347 del Código de Comercio.
Propone establecer en materia de embargo, que las partes podrán solicitar el apoyo del Centro de Meditación del Poder Judicial o del Colegio de Corredores Públicos de la entidad federativa o del Distrito Federal donde se substancie la instancia. La solicitud se podrá formular una vez practicado el embargo y hasta antes de que concluya el periodo probatorio. La medicación no suspenderá ni afectará la tramitación del juicio ejecutivo mercantil.
Cabe destacar que la Colegisladora señala que el 27 de enero de 2012 entró en vigor la reforma respecto al juicio oral mercantil; modificación que tiene por objeto, la inmediatez con la que se brinda celeridad en la sustanciación de los juicios ante los tribunales en materia mercantil, ofreciendo con ello justicia expedita. Incluye la figura de embargo como parte de la etapa procesal, e imperan los principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración. Por lo anterior, la Colegisladora desecha la minuta en estudio.
Artículos a reformar: Reforma el artículo 1347 del Código de Comercio.
Oficio con el que remite el proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.
La minuta propone adicionar un párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para establecer que queda prohibido incluir en la información o publicidad en la que se comercialice un producto o servicio, toda leyenda o información que indique que han sido avalados, aprobados, recomendados o certificados por sociedades o asociaciones profesionales, cuando éstas carezcan de la documentación idónea que contenga las pruebas técnico-científicas practicadas, para acreditar las cualidades o propiedades avaladas, aprobadas o certificadas del producto o servicio.
Al respecto, la Colegisladora devuelve la minuta porque considera necesario modificar en lo referente a pruebas técnico-científicas practicadas por evidencia científica, objetiva y fehaciente de las cualidades o propiedades de los productos o servicios.
Oficio con el que remite un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3, 18 y 19 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
La minuta tiene como objeto integrar al presidente del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) en el Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y precisar que el Consejo contará con un secretario técnico a cargo del presidente del Instituto; de la misma manera se propone que en las ausencias del presidente de dicho Consejo, el Presidente del INADEM asuma sus funciones.
Oficio con el que devuelve el expediente del siguiente proyecto de decreto, desechado para efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional:
Uno, para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica.
La minuta proponía darle un mayor alcance al sistema de ponencias y planteaba que las unidades administrativas y el Secretario Ejecutivo deberían obligatoriamente prestar apoyo al Comisionado Ponente, y se le otorgaba una mayor participación a éste último en el estudio y preparación de los asuntos que le fueran turnados. Se establecían facultades a los comisionados, así como requisitos para desempeñar el cargo de Secretario Ejecutivo.
Al respecto, la Colegisladora propone desechar la propuesta en virtud de que con fecha 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley Federal de Competencia Económica, por lo que se abrogó la Ley a la que se pretendían hacer las modificaciones descritas, en razón de ello las reformas han quedado sin materia y por tanto se desechan.
Uno, para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
La minuta proponía incorporar en la Ley General de Sociedades Mercantiles la figura jurídica de sociedades unipersonales bajo las modalidades de Responsabilidad Limitada y Anónima.
Al respecto, la Colegisladora propone desechar la propuesta en virtud de que estima innecesaria la creación de una modalidad especial para las sociedades unipersonales y, en consecuencia, un capítulo que las regule siendo que la alternativa acorde al principio de desregulación es simplemente la modificación del requisito de número de socios para la constitución de la sociedad, por lo que, se desecha la propuesta.
Por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y se adiciona el artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL; DE POBLACIÓN Y DESARROLLO; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN, Y A LAS COMISIONES DE ASUNTOS FRONTERIZOS SUR, ESPECIAL SUR-SURESTE Y ESPECIAL DE PRODUCTIVIDAD PARA EMITIR OPINIÓN.
La ley que se pretende expedir tiene por objeto, en el marco de la planeación nacional del desarrollo, regular la planeación, el establecimiento y la operación de Zonas Económicas Especiales para impulsar el crecimiento económico sostenible, sustentable y equilibrado de las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo social, a través del fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población.
El ordenamiento incorpora el procedimiento para establecer las Zonas Económicas, contempla que el Ejecutivo Federal establecerá los beneficios fiscales en materia de contribuciones que se consideren necesarios para impulsar el establecimiento y desarrollo de la Zona, la creación de Consejos Técnicos que fungirán como una instancia intermedia entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Administrador Integral para dar seguimiento a la operación de la misma.
Se promueve que la Zonas atenderán los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las Áreas de Influencia, se estipula lo relativo a permisos y asignaciones, bienes y derechos necesarios para el establecimiento de las Zonas, de los Administradores Integrales, de los inversionistas, de las autoridades.
De la misma manera, se contempla lo relativo a la transparencia y rendición de cuentas, proponiendo que el Ejecutivo Federal anualmente enviará un informe al Congreso de la Unión sobre la operación de las Zonas y los resultados obtenidos y se incluye un apartado de infracciones y sanciones.
Con la reforma propuesta a la Ley General de Bienes Nacionales se busca establecer que los inmuebles federales en los que se establezcan Zonas Económicas Especiales en los términos de la Ley en la materia, se considerarán comprendidos en el supuesto de dominio público, los inmuebles federales que estén destinados de hecho o mediante un ordenamiento jurídico a un servicio público y los inmuebles equiparados a éstos conforme a la Ley.
Oficio con el que remite el siguiente proyecto de decreto (Minuta): Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
La minuta propone reformar los artículos 58, 87, la fracción I del artículo 89, la fracción V del artículo 91, la fracción IV del artículo 229 y se adicionan un último párrafo al artículo 1°; un artículo 13 Bis y un artículo 97 Bis, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con la finalidad de que México pueda cumplir con los estándares internacionales recomendados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la cual forma parte desde el 18 de mayo de 1994, incorporando al marco regulatorio, modificaciones que prevean los principios y mejores prácticas de gobierno corporativo.
De esa manera, se establece que para los casos de las sociedades anónimas o de
Responsabilidad limitada que se integren por un solo socio o accionista, los contratos celebrados entre el socio o accionista único y la sociedad, deberán constar por escrito o en su caso, bajo la forma documental que exija la ley de acuerdo con su naturaleza, y se transcribirán a un libro de actas que llevará la sociedad para tales efectos, que deberá ser firmado por el propio socio o accionista, dichos contratos deberán inscribirse por la sociedad en el sistema electrónico establecido por la Secretaria de Economía. Además, se señala que dicha inscripción será gratuita.
Por otra parte, con las reformas se establece que del acto que traiga como consecuencia que un socio o accionista pase a ser propietario de todas las acciones, o bien que un socio o accionista deje de ser propietario de todas las acciones, o de la transmisión de un socio o accionista a otro de todas las acciones que integran el capital social, deberá dejarse constancia en el Registro Público de Comercio, a través de los medios electrónicos que al efecto ponga a disposición la
Secretaria de Economía, dentro de los noventa días siguientes a su celebración.
Se añaden a las reformas las definiciones correspondientes a las sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada.
Por el que se reforma el artículo 35, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 90 Bis, 91 y 92 del Código de Comercio. (Uso de mecanismos electrónicos)
La minuta propone establecer que las comunicaciones administrativas electrónicas certificadas, deberán realizarse conforme a los requisitos previstos en la Norma Oficial Mexicana.
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio y del Código Penal Federal.
La minuta tiene como propósito contribuir a que las sociedades mercantiles agilicen y optimicen los procesos de digitalización, almacenamiento y conservación de la diversa documentación generada en el desarrollo cotidiano de sus actividades.
Se reforman los artículos 34 y 38; la definición del concepto prestador de servicios de certificación contenido en el párrafo tercero del artículo 89, señalando que se entenderá como tal a la persona o institución pública que preste servicios relacionados con firmas electrónicas, expide los certificados o presta servicios relacionados como la conservación de mensajes de datos, el sellado digital de tiempo y la digitalización de documentos impresos, en los términos que se establezca en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita la Secretaría.
Reforma el artículo 89 bis estableciendo con ello que no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a cualquier tipo de información por la sola razón de que esté contenida en un Mensaje de Datos. Por tanto, dichos mensajes podrán ser utilizados como medio probatorio en cualquier diligencia ante autoridad legalmente reconocida, y surtirán los mismos efectos jurídicos que la documentación impresa, siempre y cuando los mensajes de datos se ajusten a las disposiciones de este Código y a los lineamientos normativos correspondientes.
Se reforma el segundo párrafo del artículo 100; el primer párrafo, el apartado A y sus fracciones I, II y III del artículo102; la fracción III del artículo 108 y, el artículo 110. Se adiciona un artículo 46 bis con el cual se señala que los comerciantes, podrán realizar la conservación o digitalización de toda o parte de la documentación relacionada con sus negocios, en formato impreso, o en medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, siempre y cuando, en estos últimos medios se observe lo establecido en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita la Secretaría.
Se incorporan las definiciones digitalización y sello digital de tiempo al párrafo tercero del artículo 89, en la que se define a la primera, como la migración de documentos impresos a mensaje de datos, de acuerdo con lo dispuesto en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita la Secretaría, y sello digital de tiempo, se define como el registro que prueba que un dato existía antes de la fecha y hora de emisión del citado sello, en los términos que se establezca en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita la Secretaría.
Se adiciona un Capítulo I Bis denominado “De la Digitalización”, con los artículos 95 bis1, 95 Bis 2, 95 Bis 3, 95 Bis 4 y 95 Bis 5, al Título Segundo; un tercer párrafo al artículo 100 y, las fracciones IV, V, VI al artículo 101, pasando la fracción IV actual a ser la fracción VII, del Código de Comercio.
En forma complementaria, se adiciona una fracción VII, recorriéndose la actual VII a ser VIII, al artículo 246 del Código Penal Federal, para señalar que incurrirá en la pena señalada en el artículo 243 el prestador de servicios de certificación que realice actividades sin contar con la respectiva acreditación, en los términos establecidos por el Código de Comercio y demás disposiciones aplicables.
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Competencia Económica y se reforma el artículo 254 Bis del Código Penal Federal.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, DE FOMENTO ECONÓMICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.
Se expide la Ley Federal de Competencia Económica, reglamentaria del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de libre concurrencia, competencia económica, monopolios, prácticas monopólicas y concentraciones, es de orden púbico e interés social, aplicable a todas las áreas de la actividad económica. Tiene por objeto promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y libre competencia económica, así como prevenir, investigar, combatir, perseguir con eficacia, castigar severamente y eliminar los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas, las barreras a la libre concurrencia y competencia económica y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. Define al Instituto Federal de Telecomunicaciones, como la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones.
Se establece que para la imposición en los términos del artículo 28 constitucional de precios máximos a los bienes y servicios que sean necesarios para la economía nacional o el consumo popular, corresponderá exclusivamente al Ejecutivo Federal determinar mediante decreto los bienes y servicios que podrán sujetarse a precios máximos, siempre y cuando no haya condiciones de competencia efectiva en el mercado relevante de que se trate. La Comisión Federal de Competencia Económica, determinará mediante declaratoria si hay o no condiciones de competencia efectiva, en tanto que la Secretaria de Economía sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias o entidades y previa opinión de la Comisión, fijará los precios que correspondan a los bienes y servicios determinados, con base en criterios que eviten la insuficiencia en el abasto. La Procuraduría Federal del Consumidor será responsable de la inspección, vigilancia y sanción, respecto de los precios que se determinen de acuerdo con lo que disponga la Ley Federal de Protección al Consumidor.
La Comisión Federal de Competencia Económica, se constituye como un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto garantizar la libre concurrencia y competencia económica, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.
En XXVIII fracciones se definen sus atribuciones, entre las que destacan la facultad para ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los Agentes Económicos en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos; practicar visitas de inspección; citar a declarar personas relacionadas con la materia de investigación, requerir los documentos que considere necesarios que comprueben el cumplimento de la esta Ley; formular denuncias y querellas ante el Ministerio Público respecto de probables conductas delictivas en materia de libre concurrencia y competencia económica; ordenar la suspensión de los actos o hechos constitutivos de una probable conducta prohibida por la ley e imponer las medidas cautelares, así como fijar caución para levantar dichas medidas; así como resolver sobre condiciones de competencia, competencia efectiva, existencia de poder sustancial en el mercado relevante u otras cuestiones relativas al proceso de libre concurrencia o competencia económica, entre otras.
Con un Capítulo II de este Título II, se describen la integración y atribuciones del Pleno, describiendo de forma inicial la integración de los comisionados que se realiza a través del Comité de Evaluación referido en el artículo 28 constitucional; las atribuciones del Pleno de la Comisión; las competencias del Comisionado Presidente; las causales de su remoción; así como las prohibiciones a las que se encuentran sujetos los comisionados.
En su Título Tercero, se desarrollan las normas vinculadas a la integración y funcionamiento de la Autoridad Investigadora, en la que se define como el órgano de la Comisión encargado de desahogar la etapa de investigación y es parte en el procedimiento seguido en forma de juicio; sus atribuciones; la designación del titular de la Autoridad Investigadora, su periodo de duración; las responsabilidades así como a las prohibiciones a las que se encuentra sujeto.
En un Título Cuarto, se desarrollan las normas referidas a la Contraloría Interna de la Comisión Federal de Competencia Económica, en el que se encuentran las relativas a su integración, funcionamiento y atribuciones, así como las normas correspondientes a la designación de su titular y las responsabilidades y prohibiciones que se le atribuyen.
El Título V, denominado “De la administración de la Comisión Federal de Competencia Económica”, establece la forma en que la Comisión se sujetará para su tratamiento presupuestario; señala que su patrimonio se compondrá de los bienes muebles e inmuebles que adquiera para el cumplimiento de su objeto, los recursos que anualmente apruebe la Cámara de Diputados, las donaciones que reciba y los ingresos que reciba por cualquier otro concepto; establece que el Comisionado Presidente deberá comparecer anualmente ante la Cámara de Senadores de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 constitucional; de igual forma, deberá presentar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión el programa anual de trabajo y un informe trimestral de los avances de sus actividades, entregándose dentro de los treinta días naturales después de terminado el trimestre de que se trate.
El Libro Segundo se denomina “De las conductas anticompetitivas” y propone que estarán prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas y las barreras que dañen, impidan o condicionen de cualquier forma la libre concurrencia o la competencia económica en la producción, procesamiento, distribución o comercialización de bienes o servicios. Señala qué se debe entender por prácticas monopólicas absolutas y relativas. La Comisión proveerá lo conducente para prevenir y eliminar las barreras a la libre concurrencia y la competencia económica, en las proporciones necesarias para eliminar los efectos anticompetitivos, a través de los procedimientos previstos en la Ley.
Define a la concentración como la fusión, adquisición del control o cualquier acto por virtud del cual se unan sociedades, asociaciones, acciones, partes sociales, fideicomisos o activos en general que se realice entre competidores, proveedores, clientes o cualesquiera otros agentes económicos. La Comisión no autorizará o en su caso investigará y sancionará aquellas concentraciones cuyo objeto o efecto sea disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia respecto de bienes o servicios iguales, similares o sustancialmente relacionados. Señala que no podrán ser investigadas las concentraciones que hayan obtenido resolución favorable por parte de la Comisión, excepto cuando dicha resolución se haya obtenido con base en información falsa o bien cuando la resolución haya quedado sujeta a condiciones posteriores y las mismas no se hayan cumplido en el plazo establecido para tal efecto.
En el Libro Tercero se regulan los procedimientos, es decir, el procedimiento de la investigación; el procedimiento seguido en forma de juicio; y el procedimiento en la notificación de concentraciones.
La investigación de la Comisión iniciará de oficio, a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por conducto de la Secretaría de Economía, de la Procuraduría Federal del Consumidor o a petición de parte y estará a cargo de la Autoridad Investigadora. Cualquier persona en el caso de violaciones a la Ley en materia de prácticas monopólicas absolutas y relativas o concentraciones ilícitas, podrá denunciarlas ante la Autoridad Investigadora. El procedimiento seguido en forma de juicio iniciará con el emplazamiento al o los probables responsables. Son partes en este procedimiento, el Agente Económico en contra de quien se emita el dictamen de probable responsabilidad y la Autoridad Investigadora.
Se establece un Titulo IV, denominado “De los Procedimientos Especiales”; y en su Capítulo I titulado “De las Investigaciones para Determinar Insumos Esenciales o Barreras a la Competencia”, que la Comisión de oficio o a solicitud del Ejecutivo Federal, por si o por conducto de la Secretaría iniciará, el procedimiento de investigación cuando existan elementos que hagan suponer que no existen condiciones de competencia efectiva en un mercado y con el fin de determinar la existencia de barreras a la competencia y libre concurrencia o insumos esenciales que puedan generar efectos anticompetitivos.
Se establece un Capítulo II, denominado “Del Procedimiento para Resolver sobre Condiciones de Mercado”; donde se señala que cuando las disposiciones legales o reglamentarias prevengan expresamente que deba resolverse u opinar sobre cuestiones de competencia efectiva, existencia de poder sustancial en el mercado relevante u otros términos análogos, o cuando así lo determine el Ejecutivo Federal mediante acuerdos o decretos, la Comisión emitirá de oficio, a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por conducto de la Secretaría, a solicitud de la dependencia coordinadora del sector correspondiente o a petición de parte afectada la resolución u opinión que corresponda.
En el Capítulo III, denominado “Del Procedimiento para la Emisión de Opiniones o Resoluciones en el Otorgamiento de Licencias, Concesiones, Permisos y Análogos”, establece que la Comisión, cuando lo determine el Ejecutivo Federal mediante acuerdos o decretos a solicitud de éste por sí o por conducto de la Secretaría, emita opinión o autorización en el otorgamiento de licencias, concesiones, permisos, cesiones, venta de acciones de empresas concesionarias o permisionarias u otras cuestiones análogas, iniciará y tramitará las Disposiciones Regulatorias correspondientes para la presentación de la solicitud.
Se establece un Capítulo IV, denominado “De los Procedimientos de Dispensa y Reducción del Importe de Multas”; donde especifica que antes de que se emita el dictamen de probable responsabilidad, en un procedimiento seguido ante la Comisión por práctica monopólica relativa o concentración ilícita, el Agente Económico sujeto a la investigación, por una sola ocasión, podrá manifestar por escrito su voluntad de acogerse al beneficio de dispensa o reducción del importe de las multas establecidas en esta Ley, siempre y cuando acredite a la Comisión.
Se establece un Título V denominado “De las Reglas Generales Aplicables a los Procedimientos”; y en su Capítulo I titulado “De la Representación”; propone que la representación de los Agentes Económicos ante la Comisión deberá acreditarse mediante testimonio notarial o copia certificada del documento o instrumento que contenga las facultades para ello, de conformidad con las formalidades establecidas en la legislación aplicable; asimismo los Agentes Económicos o su representante legal podrán autorizar a las personas que estimen pertinente para que reciban notificaciones, realicen promociones, ofrezcan medios de prueba, concurran al desahogo de pruebas, formulen alegatos y, en general, lleven a cabo los actos necesarios para la debida sustanciación del procedimiento.
En el Capítulo II, denominado “De los Requisitos de las Promociones ante la Comisión”, establece que las actuaciones y promociones se deben presentar en idioma español y estar firmadas por quienes intervienen en ellas. Cuando alguno de los promoventes o personas que intervengan en una actuación no supieren o no pudieren firmar, pondrán su huella digital en presencia de dos testigos, quienes deberán firmarlas. Se establece un Capítulo III, denominado “De los Plazos”; en donde especifica cuando los plazos fijados por esta Ley y por las Disposiciones Regulatorias sean en días, éstos se entenderán como hábiles. Respecto de los establecidos en meses o años, el cómputo se hará de fecha a fecha, considerando incluso los días inhábiles. Serán días hábiles todos los del año, menos los sábados y domingos, y aquellos que se declaren inhábiles conforme al calendario anual correspondiente, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Los días en que se suspendan labores o cuando las oficinas de la autoridad permanezcan cerradas, serán considerados como inhábiles para todos los efectos legales, salvo en los casos de habilitación expresa para la realización o práctica de diligencias.
En el Capítulo IV, denominado “De las Notificaciones” se establece que quien comparezca a la Comisión, en el primer escrito o en la primera diligencia en que intervenga, deberá designar domicilio para oír y recibir notificaciones en el Distrito Federal o, en su caso, en el domicilio de la delegación de la Comisión que corresponda, si en ella se tramita alguno de los procedimientos de esta Ley. Igualmente deberá señalar el domicilio en que ha de hacerse la primera notificación a la persona que le interese que se notifique por la intervención que deban tener en el asunto.
Se establece un Capítulo V, denominado “De los Procedimientos ante la Comisión por Medios Electrónicos”, donde propone que todos los procedimientos, así como cualquier solicitud se podrán sustanciar por medios electrónicos conforme a las Disposiciones Regulatorias, observando en todo caso los principios de gobierno digital y datos abiertos, así como las disposiciones aplicables en materia de firma electrónica.
En el Capítulo VI, denominado “De la Obligación de Cooperar con la Comisión”, se establece que toda persona que tenga conocimiento o relación con algún hecho que investigue la Comisión o con la materia de sus procedimientos en trámite, tiene la obligación de proporcionar en el término de diez días la información, cosas y documentos que obren en su poder en el medio que le sean requeridos; de presentarse a declarar en el lugar, fecha y hora en que sea citada, y de permitir que se realicen las visitas de verificación.
Se establece un Capítulo VII, denominado “De las Resoluciones de la Comisión”, donde se especifica que la Comisión adoptará sus resoluciones con base en los hechos que tenga conocimiento, la información y medios de convicción disponibles, cuando el Agente Económico emplazado o aquél cuyos hechos sean materia de investigación, así como las personas relacionadas con éstos, se nieguen a proporcionar información o documentos, declarar, facilitar la práctica de las diligencias que hayan sido ordenadas o entorpezcan la investigación o el procedimiento respectivo.
Finalmente se establecen los Capítulos VIII y IX denominados “De la Supletoriedad de esta Ley” y “De las Disposiciones Finales” respectivamente, donde se establece que en lo no previsto por la Ley o en las Disposiciones Regulatorias, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles; también se establece que la Comisión cuidará que los procedimientos no se suspendan ni se interrumpan, para lo cual proveerá lo necesario para que concluyan con la respectiva resolución. Asimismo, dictará todas las medidas necesarias para encauzar legalmente el procedimiento.
Del Título VII, denominado “De las Medidas de Apremio y Sanciones”, se establece que la Comisión podrá aplicar sanciones. Del Título VIII, denominado “De la Reparación”, se establece que aquellas personas que hayan sufrido daños o perjuicios a causa de una práctica monopólica o una concentración ilícita podrán interponer las acciones judiciales en defensa de sus derechos ante los tribunales especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones hasta que la resolución de la Comisión haya quedado firme.
Se reforma el artículo 254 bis del Código Penal Federal, para establecer que se sancionará con prisión de cinco a diez años y con mil a diez mil días de multa, a quien celebre, ordene o ejecute contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea el de intercambiar información con alguno de los objetos a que se refieren las anteriores fracciones.
Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 191 de la Ley de la Propiedad Industrial.
Propone establecer que se desechará la promoción de solicitud de declaración administrativa, cuando el registro, patente, autorización o publicación que sea base de la acción, no se encuentre vigente.
Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL.
Tiene por objeto Garantizar la interconexión en las vías férreas cuando sean vías generales de comunicación y establece las condiciones y las bases de procuración de las condiciones de competencia en el servicio público de transporte ferroviario.
Faculta a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes a garantizar la interconexión de las vías férreas, a establecer las condiciones y las bases de regulación tarifaria cuando no existan condiciones de competencia efectiva, previa resolución de la Comisión Federal de Competencia Económica.
Establece que todas las tarifas que apliquen los concesionarios y permisionarios deberán registrarse previamente ante la SCT para su puesta en vigor y colocarse en lugar visible en las terminales en que presten servicios así como por medios electrónicos y por medio de Internet.
Establece requerimiento de permisos para construir líneas férreas que tengan como objeto únicamente el transporte de carga propia entre dos puntos dentro de la misma propiedad y que no se conecten a una vía general de comunicación ferroviaria, así como para la construcción de vías por parte de las empresas cuando estas se ofrezcan para su explotación a terceros.
En el apartado de concesiones, propone que en caso de no emitir una convocatoria pública para las nuevas licitaciones, conforme al plazo establecido la SCT podrá prorrogar su resolución hasta por 30 días naturales.
Establece que las concesiones podrán ser revocadas en caso de aplicar tarifas que no se encuentren en los rangos tarifarios registrados ante la SCT, así como por ejecutar u omitir acciones que impidan o limiten el uso de los servicios de interconexión o de terminal.
Finalmente, propone que los concesionarios del servicio de transporte ferroviario estarán obligados a garantizar la debida señalización, sistemas de alerta y de obstrucción de tráfico automotor y peatonal, así como los daños que puedan ocasionarse a terceros en su persona y en sus bienes.
Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.
La Minuta de referencia materia del presente dictamen, pretende hacer adecuaciones a la Ley Aduanera, con el fin de impulsar el comercio exterior en México, mediante la incorporación y eliminación al marco normativo de dispositivos que permitirán facilitar y hacer más competitivo dicho comercio.
Modificaciones como: la utilización de medios tecnológicos; la eliminación del segundo reconocimiento; la posibilidad de que los importadores y exportadores realicen directamente el despacho de sus mercancías sin utilizar los servicios de un agente aduanal y, como consecuencia, la eliminación de la figura del apoderado aduanal; la agilización de mercancías al permitir su despacho aduanero por lugar distinto al autorizado por razones de eficiencia y facilitación; el reconocimiento legal del transporte ferroviario; la apertura para que puedan autorizarse recintos fiscalizados estratégicos en todo el territorio nacional; la apertura a la competitividad del servicio de prevalidación de datos de los pedimentos; el otorgamiento de sustento legal al sistema electrónico aduanero; el permitir la autocorrección mediante la rectificación de pedimentos; la regularización de mercancías y el cambio de régimen cuando se cumplan con las condiciones del nuevo régimen; la disminución de multas, y el otorgar mayores facultades a la autoridad aduanera con el objeto de que se coordine de una mejor forma con otras autoridades tanto nacionales, como fiscales y aduaneras de otros países.
Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIII al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor,devuelto con modificaciones, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.
Propone obligar a los proveedores a coadyuvar con las autoridades competentes para salvaguardar los derechos de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas; y para que publiquen, a través de cualquier medio, los productos y servicios que con motivo de sus verificaciones y los demás procedimientos previstos por la Ley sean detectados como riesgosos o en incumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables.
Oficio con el que remite el expediente del siguiente asunto que devuelve por haberlo desechado:
Proyecto de decreto que reformaba diversas disposiciones del Código de Comercio.
La minuta pretendía incluir en la ley como actos de comercio las operaciones de suministro y de distribución, así como los contratos de franquicia de prestación de bienes o servicios. Sin embargo, la Colegisladora desecha la propuesta en razón de que dicha situación debe permanecer regulada en la Ley de la Propiedad Industrial, dada la relación jurídica entre las partes.
Proyecto de decreto que adicionaba un segundo párrafo al artículo 12 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
La minuta proponía obligar al proveedor de bienes o servicios a exhibir las variaciones en el precio que puedan causar las diferentes formas de pago que ésta admita. La Colegisladora reconoce y concluye que es loable la propuesta, sin embargo, encuentran adecuadamente atendida la inquietud en las disposiciones de la Ley vigente y la atribución de la autoridad para verificar que los proveedores atiendan y cumplan con estas disposiciones, por lo que se desecha.
Oficios con el que remite
Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 1395 del Código de Comercio.
La minuta reforma el Código de Comercio, en el tema de bienes muebles con el objetivo de establecer la obligación del actor de demostrar fehacientemente que se realizó una consulta al Registro Único de Garantías Mobiliarias, y establecer en su escrito inicial de demanda el resultado de la misma. Esta acción permitirá garantizar el derecho de audiencia de un probable tercero perjudicado y de ser el caso, el juez deberá realizar la notificación correspondiente.
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Reforman los artículos 7; 10, fracción III; 11, último párrafo y 14, fracción I; y se adiciona el artículo 9, con una fracción V; de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para establecer que la Secretaría de Economía diseñará, fomentará y promoverá la creación de instrumentos y mecanismos de garantía, así como de otros esquemas que faciliten el acceso al financiamiento a las MIPYMES, en igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, con perspectiva de género.
Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código de Comercio.
Reforman los artículos 1390 Bis 42; 1390 Bis 47, primer y tercer párrafos; y 1390 Bis 48 del Código de Comercio para establecer que en el juicio oral mercantil las partes deberán de presentar sus propios testigos para lo cual el juez les entregarán cédulas de notificación con tres días de anticipación; y en caso de ofrecer la prueba testimonial para retrasar el proceso será acreedor de una sanción pecunaria al colitigante.
Asimismo en la prueba pericial cuando ninguno de los peritos acepte el cargo o no exhiba su dictamen en el plazo señalado, se declarará desierta la prueba; y en caso de no asistir a la audiencia los peritos designados por las partes, se tendrá por no rendido su dictamen y, la ausencia injustificada del perito tercero en discordia se le impondrá una sanción pecuniaria equivalente a la cantidad que cotizó por sus servicios, en favor de las partes, en igual proporción.
Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1070 del Código de Comercio.
Establece que cuando se ignore el domicilio de la persona que debe ser notificada, la primera notificación se hará publicando la determinación respectiva gratuitamente en el sistema electrónico administrado por la Secretaría de Economía referido en la fracción XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y tres veces consecutivas en un periódico local del Estado o del Distrito Federal en que el comerciante deba ser demandado.
Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Comercio, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de la Ley de Sociedades de Inversión, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.
Establece mejores condiciones de productividad y competitividad de los sectores productivos del país, mediante la modificación a las disposiciones que rigen la actividad mercantil.
Para ello, simplifica los procesos administrativos que rigen la actividad mercantil, de tal manera que los requisitos como las publicaciones de las sociedades mercantiles, convocatorias a asambleas y estados financieros, entre otros se realicen de manera electrónica; fomenta la libertad contractual entre accionistas y reduce los porcentajes para ejercer derechos minoritarios; elimina las restricciones en la emisión de acciones con características especiales relacionadas con los derechos de voto en beneficio de los accionistas minoritarios; suprime costos de trámites y cargas económicas para la creación de nuevos negocios y la formación de comercios ya existentes; moderniza el régimen de administración y vigilancia de las sociedades mercantiles; moderniza los registros públicos para que operen a bajo costo y sean de fácil consulta un sistema centralizado; fortalece el sistema de garantías mobiliarias con normas claras y sencillas; fomenta la industria del financiamiento y el perfeccionamiento de las figuras crediticias en México.
Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a los artículos 4 y 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Adiciona los artículos 4, fracción II, con los incisos j) y k); y 12, con una fracción XI, a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa para incluir en los objetivos de la ley el promover el acceso al financiamiento y la participación de MIPYMES conformadas por mujeres; así como la vinculación de microempresarias con los centros de comercialización de productos.
Adiciona a las atribuciones de la Secretaría de Economía, el acordar con las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios la celebración de convenios para incentivar fiscalmente a las empresas que utilicen como proveedores a las micro, pequeñas y medianas empresas.