Source: http://med.se-todo.com/pravo/23097/index.html
Timestamp: 2020-02-22 15:55:23
Document Index: 105990824

Matched Legal Cases: ['artículo 253', 'artículo 254', 'artículo 254', 'artículo 23', 'artículo 53', 'artículo 54']

Documento original valor probatorio / copia simple valor probatorio / copia autentica valor probatorio / autenticacion de copias particular. Improcedente
título Documento original valor probatorio / copia simple valor probatorio / copia autentica valor probatorio / autenticacion de copias particular. Improcedente
INFRAESTRUCTURA VIAL - Mantenimiento / CARRETERAS - Conservación. Mantenimiento / MANTENIMIENTO VIAL - Responsabilidad por omisión
La responsabilidad del Estado por omisiones en el deber de mantenimiento de las carreteras ha sido deducida por la Sala, para cuando se demuestra, por ejemplo, que las condiciones naturales del terreno, conocidas con anterioridad por las entidades demandadas, hacían previsible el desprendimiento de materiales de la montañas aledañas a las carreteras y éstas no tomaron las medidas necesarias para evitar una tragedia, o se demuestra que habiéndose dado aviso a la entidad sobre un daño en la vía, que impide su uso normal, no es atendida la solicitud de arreglarlo, ni se ha encargado de instalar las correspondientes señales preventivas, o cuando se demuestra que unos escombros permanecieron abandonados en una carretera durante varios meses, sin que fueran objeto de demolición por INVIAS para el restablecimiento de la circulación normal de la vía. En síntesis, la sola demostración de la ocurrencia de un derrumbe o caída de piedras en una vía, por sí sola no es suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, por los daños que con tal situación se causan, a esa prueba debe unirse la de la imputabilidad del daño al Estado, que no es otra que la demostración de que el hecho que causó el daño se produjo como consecuencia de la omisión en que incurrió la entidad, en su deber de mantenimiento de las vías, o de alguna actuación con la cual se haya causado el daño. Nota de Relatoría: Ver Sentencia del 11 de abril de 2002, exp: 73001-23-31-000-1994-1578-01(12500)- sentencia del 9 de noviembre de 1995. Señales preventivas: Sentencia de 6 de septiembre de 2001, expediente 13.232-15.646. Sentencia de 30 de marzo de 2000, expediente 11877. Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia de 24 de febrero de 2005, M.P. Dra. Ruth Stella Correa Palacio, Exp. 14335, Actor: María Mercedes Gallego y otros. Sentencia de 24 de febrero de 2005, Exp. 14335, Actor: María de las Mercedes Gallego y otros contra el Instituto Nacional de Vías “INVIAS” con ponencia de la Dra. Ruth Stella Correa Palacio
DOCUMENTO ORIGINAL - Valor probatorio / COPIA SIMPLE - Valor probatorio / COPIA AUTENTICA - Valor probatorio / AUTENTICACION DE COPIAS - Particular. Improcedente
El artículo 253 del C. de P. Civil establece que los documentos deben ser aportados al proceso en original o en copias, sin presentarse ningún inconveniente frente a los documentos originales, cosa que no dio en el presente caso, pues su condición los exime del cumplimiento de cualquier formalidad adicional para su valoración probatoria. Contraria es la apreciación frente a los documentos allegados a través de copias informales o simples, los cuales por determinación de la ley procesal (artículo 254 del C. de P. Civil) sólo podrán adquirir el mismo valor probatorio que el documento original, al cumplir con la exigencia de la autenticidad de los mismos, la cual se adquiere ya sea por “provenir de la autorización del funcionario ante quien reposa el original, ora por la autenticación del notario previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente, ya por la reproducción del original o de copia auténtica que se ordene en el curso de una inspección judicial”, lo que genera seguridad al juzgador frente a su producción. Un principio elemental que siempre ha regido en los ordenamientos es el de que las copias, para que tengan valor probatorio, tienen que ser auténticas, más aún cuando las copias simples de documentos privados son aportadas por un tercero, tal y como ocurrió en el asunto que ahora se estudia. Ese es el principio consagrado en las normas del Código de Procedimiento Civil que regulan lo relativo a la aportación de copias de documentos. Por último, es de anotar que, tal y como se dijo en el fallo proferido dentro del Proceso 14335, los particulares no tienen la aptitud para certificar la autenticidad de las copias, debiéndose haber acudido al mecanismo de autenticar las copias ante notario, previo su cotejo con el original o copia autenticada, tal y como expresamente lo señala el numeral 2 del artículo 254 del C.P.C. Por lo tanto, al no cumplirse con dicho requisito, los estudios aportados por la firma de ingenieros AQUATERRA no pueden ser valorados. Nota de Relatoría: Sentencia de 26 de enero de 2006. Exp. No. AP-2180-2004, Ponente: Ruth Stella Correa Palacio
INFORMACION EN PRENSA - Valor probatorio / INFORMACION EN PRENSA - Prueba documental
En cuanto a las publicaciones que del hecho fueron realizadas en El Diario del Otún, la Sala en dicha oportunidad advirtió, como ahora también se hace, que carecían de valor como medio probatorio, dado que su contenido no podía ser apreciado como testimonio porque no fue rendido ante autoridad competente, ni con el cumplimiento de los requisitos que para la legalidad de la prueba exige la normatividad procesal civil, ni mucho menos se cumplía con el principio de contradicción, además de desconocerse las fuentes de su información. Tampoco se tiene certeza de la idoneidad científica o técnica de quienes realizan las informaciones, lo cual se requiere en todo testimonio técnico para valorar sus apreciaciones. Estas publicaciones pueden ser consideradas como pruebas documentales, que sólo demuestran la existencia de informaciones periodísticas sobre el deslizamiento ocurrido el 19 de junio de 1995, en la carretera Santa Rosa de Cabal -Pereira, pero que ningún valor tienen sobre la veracidad de su contenido.
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL - Naturaleza jurídica / CORPORACION AUTONOMA REGIONAL - Aporte de documentos al proceso. Valor probatorio
Es de anotar que la Corporación Autónoma Regional de Risaralda es un ente corporativo de carácter público creada por la Ley 66 de 1981, integrada por las entidades territoriales que conforman el Departamento de Risaralda, responsable de ejecutar las políticas, planes y programas definidos por la ley para la protección del medio ambiente. Sobre la naturaleza jurídica de las Corporaciones Autónomas Regionales, la Ley 99 de 1993 estableció en su artículo 23 que éstas eran entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrado por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. De acuerdo con esta normatividad, vigente a la fecha de los hechos, la Sala puede valorar probatoriamente los estudios allegados por la CARDER mediante oficio de 13 de junio de 1997 visible a folio 112 del cuaderno No. 6 de pruebas, toda vez que por haber sido enviados por una entidad de carácter público se presume su autenticidad.
INVIAS - Mantenimiento vial / INFRAESTRUCTURA VIAL - Mantenimiento. Responsabilidad
El artículo 53 del Decreto 2171 de 1992, norma vigente para la época en que ocurrieron los hechos, dispone que corresponde al Instituto Nacional de Vías ejecutar las políticas y proyectos relacionados con la infraestructura vial a cargo de la Nación en lo que se refiere a carreteras. De igual forma, el artículo 54 de dicha norma señaló que le correspondía “ejecutar la política del Gobierno Nacional en relación con la infraestructura vial de su competencia, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Ministro de Transporte”, competencia que incluye la construcción, conservación, mejoramiento, rehabilitación y atención de emergencias de las obras de infraestructura vial, las cuales deberá realizar a través de terceros, mediante actos de contratación, según lo dispone el Decreto 2663 de 1993, “Por el cual se adoptan los Estatutos, la Estructura Interna y se determinan las Funciones de las Dependencias del Instituto Nacional de Vías -I.N.V.”- Teniendo en cuenta lo señalado en dicha normatividad, ni al Ministerio del Transporte ni al INVIAS le correspondía llevar a cabo el desalojo de las invasiones, son los entes territoriales a quienes les corresponde iniciar dicho procedimiento en zonas que involucren riesgo para la población. Sin embargo, en el presente proceso no se puede realizar ningún juicio de responsabilidad en su contra, pues, aunque fueron vinculados a esta litis a través de la figura del llamamiento en garantía, no fueron demandados y el libelo no hizo consistir la falla del servicio en la omisión o retardo por parte de las autoridades correspondientes para llevar a cabo el desalojo de la población involucrada, por lo tanto, no le es dable al juez cambiar la causa que se alegó en la demanda, con la finalidad de proferir una condena favorable a las pretensiones.
El recibo de caja es el único documento que acredita valor recaudado
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El valor de g”