Source: http://www.onnet.es/ley0038.htm
Timestamp: 2017-10-23 08:05:47
Document Index: 347870618

Matched Legal Cases: ['artículo 33', 'artículo 16', 'artículo 149', 'Artículo 4', 'artículo 11', 'artículo 11', 'Artículo 5', 'artículo 10', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 1', 'artículo 16', 'Artículo 11', 'Artículo 12']

Programación audiovisual por cable
LEY 8/1996, de 5 de julio de regulación de la programación audiovisual distribuida por cable.
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente "Ley 8/1996, de 5 de julio, de regulación de la programación audiovisual distribuida por cable."
El artículo 16 del Estatuto de autonomía de Cataluña atribuye a la Generalidad, como competencia exclusiva, el desarrollo legislativo y la ejecución del régimen de radiodifusión y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, en el marco de las normas básicas del Estado, y el artículo 149 de la Constitución española determina como competencia exclusiva del Estado las telecomunicaciones.
Con la presente Ley, la Generalidad regula, partiendo de la normativa básica estatal y, principalmente, de la Ley del Estado, 42/1995, de 22 de diciembre, de las telecomunicaciones por cable, dos aspectos principales.
Así, la Generalidad incorpora la Ley del Estado 25/1994, de 12 de julio, de transposición de la directiva de televisión sin fronteras, y la Ley de Cataluña 8/1995, de 27 de julio, de atención y protección de los niños y, los adolescentes, como obligaciones del concesionario para todos los canales de televisión.
La presente Ley determina, en el ámbito territorial de Cataluña, el régimen jurídico de la oferta audiovisual distribuida por cable, sin perjuicio de lo que establecen la normativa básica y la sectorial.
La presente Ley se aplica a las entidades que prestan el servicio público de televisión por cable.
Las emisiones de las entidades que prestan el servicio público de televisión por cable deben ajustarse a los siguientes principios:
f) La promoción de la cultura y la normalización de la lengua catalana, así como la de la lengua aranesa.
Los operadores de cable
Artículo 4. Obligaciones del concesionario.
1. Sin perjuicio de las obligaciones que establece el artículo 11 de la Ley del Estado 42/1995, de 22 de diciembre, de las telecomunicaciones por cable, el operador de cable tiene las siguientes obligaciones:
Primero.-Los servicios de radiodifusión, de gestión directa.
Segundo.-Los servicios de radiodifusión de titularidad municipal que pertenezcan a la misma demarcación, si sus titulares lo solicita.
Tercero.-Todos los servicios de radiodifusión y televisión que la Generalidad califique de interés público.
b) Reservar, como mínimo , el 40 por 100 de la oferta audiovisual distribuida por su red a programadores independientes. Excepcionalmente, y únicamente en el supuesto de que no exista suficiente oferta audiovisual, el órgano competente de la Generalidad que se establezca por reglamento puede autorizar la reducción del citado porcentaje de reserva, previa solicitud del operador y siempre que éste acredite la falta de disponibilidad de programación ajena. Dicha autorización tiene una duración máxima de un año, si bien puede ser prorrogada, previa nueva solicitud del interesado y la acreditación de que subsisten las circunstancias que motivaron la anterior reducción. La autorización de prórroga puede adecuar, en más o en menos, el porcentaje establecido en la anterior resolución.
2. Las tarifas a abonar por parte de las personas usuarias finales de los servicios de telecomunicaciones por cable, deben ser transparentes y no discriminatorias, y deben ser comunicadas a la autoridad concesionario, con carácter previo a la entrada en vigor. Las contraprestaciones económicas entre los operadores de redes de cable y los gestores de los servicios citados en las letras e), f) y g) del artículo 11.1 de la Ley del Estado 42/1995, deben ser acordadas libremente entre las partes, en el marco de la normativa que dicte la Generalidad.
Artículo 5. Los programadores independientes.
1. Sin perjuicio de lo que establece el artículo 10 de la Ley del Estado 42/1995, los operadores de cable deben comunicar al órgano competente de la Generalidad, en la forma que se establezca por reglamento, los contratos que suscriban con los programadores independientes o la constitución con los mismos de sociedades para la comercialización de programas audiovisuales, y las modificaciones contractuales o societarias que puedan producirse.
3. El órgano competente que se establezca por reglamento debe adoptar las medidas reguladores y de arbitraje que garanticen a los usuarios una oferta variada de servicios competitivos en los supuestos de situación de dominio del mercado. Dichas medidas deben ser proporcionales, transparentes y no discriminatorias.
La programación audiovisual
Artículo 6. Límites a los contenidos de la programación audiovisual.
La programación de la oferta audiovisual distribuida por cable debe atenerse a los límites que siguen:
Artículo 7. Pluralidad lingüística.
1. Las entidades que prestan el servicio público de radiodifusión televisiva deben dedicar el 50 por 100 del tiempo de reserva destinado a la difusión de obras europeas, a la emisión de obras de expresión originaria en cualquier lengua oficial de Cataluña. Debe garantizarse que, como mínimo, el 50 por 100 de estas obras sean en lengua catalana.
5. El operador debe distribuir a los abonados conectados a la red, los servicios de difusión de televisión que se emitan principalmente en catalán y, en la Vall d'Aran, en aranés.
Artículo 8. Comunicaciones de interés público.
Las entidades que prestan el servicio público de radiodifusión televisiva por cable están obligadas a difundir, gratuitamente y con indicación de su origen, los comunicados o declaraciones que, en cualquier momento, y por razones de interés público, el Gobierno estime convenientes.
Artículo 9. Declaración de autorregulación.
1. El titular del servicio debe aportar, trimestralmente, ante el órgano administrativo competente, la declaración justificativa del cumplimiento de los requerimientos establecidos por los artículos 6, 7 y 8.
2. A, los efectos de la comprobación e inspección del órgano competente, el titular del servicio debe conservar toda la programación emitida, como mínimo, en los últimos doce meses.
Artículo 1 0. El Consejo Audiovisual de Cataluña.
1. Se crea el Consejo Audiovisual de Cataluña, órgano asesor y consultivo del Gobierno de la Generalidad, en las funciones que le corresponda de desarrollo legislativo y ejecutivo, según el artículo 16.1 del Estatuto de autonomía de Cataluña. Este Consejo estará adscrito al departamento de la Generalidad que se establezca por reglamento.
2. El Consejo Audiovisual de Cataluña ejerce sus funciones con autonomía orgánica y funcional y goza de independencia con respecto a los órganos legislativos.
Artículo 11. Estructura y composición.
1. El Consejo Audiovisual está integrado por el Presidente, que ostenta su representación legal, y por 1 2 vocales, nombrados entre personas de reconocida competencia técnica y profesional.
2. El Presidente y cuatro vocales del Consejo Audiovisual son nombrados por el Gobierno de la Generalidad, cuatro lo son por el Parlamento de Cataluña y los cuatro restantes por las entidades representativas de los municipios de Cataluña.
3. El Presidente y los vocales del Consejo Audiovisual son nombrados por un período de cinco años, y pueden ser renovados por un período de la misma duración.
4. El Presidente y los vocales del Consejo Audiovisual cesan por las siguientes causas:
a) Renuncia acreditada por la institución que les propuso.
Artículo 12. Funciones del Consejo Audiovisual.
El Consejo Audiovisual cumple las siguientes funciones:
1. De asesoramiento y consultivas.
a) Asesorar al Gobierno de la Generalidad en materias relacionadas con la legislación y regulación del sistema audiovisual y de radiodifusión.
b) Informar, con carácter preceptivo no vinculante, sobre los proyectos de ley relacionados con la materia de radiodifusión y televisión.
c) Elaborar informes y dictámenes, tanto por iniciativa propia como a petición del Gobierno o del Parlamento, en las materias que son propias del Consejo.
2. De vigilancia y control.
a) Velar por el cumplimiento de lo que establecen la presente Ley las otras regulaciones relativas a la programación y publicidad audiovisuales, en especial la Ley del Estado 25/1994, y denunciar ante la Administración competente las infracciones de la legislación.
b) Proteger los derechos básicos de las minorías, los niños y jóvenes y la dignidad de las personas, en lo que se refiere a la programación y los contenidos publicitarios.
c) Solicitar al órgano administrativo competente el cese o la rectificación de la publicidad ilícita o prohibida.
d) Ser informado de las concesiones y adjudicaciones que efectúe el Gobierno; en la gestión indirecta de radiodifusión y televisión que tenga delegada.
3. De comunicación con la sociedad: recoger las demandas y sugerencias de los usuarios de los medios y mantener una relación constante y fluida con el ciudadano, los profesionales del sector audiovisual, las empresas y las diferentes asociaciones y entidades interesadas.
4. De apoyo al proceso de normalización lingüística.
1. Son infracciones leves el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones o deberes derivados de la presente Ley que no esté calificado de infracción grave.
1. Las infracciones son sancionadas de la siguiente forma:
1. La imposición de las sanciones debe ajustarse al procedimiento sancionador regulado por el Decreto 278/1993, de 9 de noviembre. Asimismo, el sistema de recursos es el establecido en el citado Decreto.
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley, cooperen en su cumplimiento y que los Tribunales y autoridades a los que corresponda, la hagan cumplir.
JORDI PUJOL XAVIER TRIAS I VIDAL DE LLOBETERA
Presidente Consejero de la Presidencia
(Publicada en e/ «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 2232 de 19 de julio de 1996)