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Timestamp: 2019-01-22 04:47:40
Document Index: 295113973

Matched Legal Cases: ['artículo 335', 'artículo 112', 'artículo 151', 'artículo 92', 'artículo 92', 'artículo 27', 'artículo 131', 'artículo 153', 'artículo 153', 'artículo 153', 'artículo 209', 'artículo 5', 'artículo 517', 'artículo 153', 'artículo 153', 'artículo 153', 'artículo 153']

﻿ SENTENCIA 20010128 01 133-13 DE MARZO 26 DE 2003
SENTENCIA 20010128 01 133-13 DE 26 DE MARZO DE 2003
CONTENIDO:HAY FALTA DISCIPLINARIA CUANDO SE AFECTA LA TRANSPARENCIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. LA ILICITUD EN EL DERECHO DISCIPLINARIO SE PRESENTA CUANDO EL COMPORTAMIENTO DEL SERVIDOR PÚBLICO AFECTA EL RECTO Y TRANSPARENTE EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CON INDEPENDENCIA DE SI LA CONDUCTA CAUSÓ O NO DAÑO A INTERESES PARTICULARES
TEMAS ESPECÍFICOS:SERVIDOR PÚBLICO, CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO, FALTAS DISCIPLINARIAS, PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO, PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA
Sentencia 133-13 de marzo 26 de 2003
Rad.: 20010128-01-133-13
Ref.: Proceso disciplinario contra el Juez Primero Civil del Circuito de Ipiales, doctor Sergio Ricardo Guerrero Martínez.
Aprobado según acta de Sala 32 de la misma fecha.
1. El abogado Marcos Isaías Ramírez Luna, en su calidad de apoderado judicial de la señora Germania de los Ángeles Hurtado Deles, a continuación del inicial proceso ejecutivo singular 99-0317 tramitado en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ipiales, presentó de conformidad con el artículo 335 del Código de Procedimiento Civil, demanda ejecutiva contra “Industrias de Aluminios India Ltda.”, en procura de cobrar el pago de las costas procesales en cuantía de $ 5.141.000 más intereses, a que fue condenada la citada sociedad, a favor de su cliente Germania de los Ángeles Hurtados Deles.
2. El señor juez Primero Civil del Circuito de Ipiales doctor Sergio Ricardo Guerrero Martínez, mediante auto de 13 de septiembre de 2000, libró mandamiento de pago por la suma demandada en contra de la entidad comercial Industrias de Aluminios India Ltda. Así mismo mediante providencia de 27 de febrero de 2001, previa solicitud de medidas cautelares por el actor, decretó: a) El embargo del establecimiento comercial Industria de Aluminios India Ltda., y su explotación económica, que figura matriculado en la Cámara de Comercio de Cali bajo el número 017612-02, ubicado en la calle 53 Nº 3-30 de la citada ciudad; b) El embargo y secuestro de los dineros que la entidad demandada Industrias de Aluminio India tenga depositados en las cuentas corrientes o de ahorros en los bancos en sus sedes principales o sucursales en Cali, Banco de Occidente, Bancafé, Agrario, Megabanco, Davivienda, Banco Granahorrar, Banco Popular, AV Villas, Banco Ganadero, Bancolombia, Banco de Bogotá, Colmena y Banco Copatria, oficiando para tal efecto a todos los bancos y corporaciones citados.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer del recurso de apelación, contra las sentencias proferidas en primera instancia por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales.
2. El quejoso según lo reglamenta el parágrafo del artículo 151 de la Ley 200 de 1995 (hoy L. 734/2002, art. 90), está legitimado para recurrir en apelación el fallo absolutorio, por tanto la Sala procederá al examen de los motivos de la impugnación, no encontrando motivo alguno que vicie de nulidad el proceso, pues no obstante observar que el auto de cargos omitió manifestar si la falta era grave o leve, si determinó que la imputación se efectuaba a título de culpa, cumpliendo así la exigencia del numeral 7º del artículo 92 de la Ley 200 de 1995 (norma vigente para la época de los hechos).
Al respecto la Corte Constitucional en Sentencia 982 de 1999 se refirió al tema así: “Por otra parte, en cumplimiento del requisito formal que consagra el numeral 7º del artículo 92 del Código Disciplinario Único, es forzoso concluir, que en la determinación provisional de la naturaleza de la falta, se debe incluir el grado de culpabilidad de la falta, que se atribuye al servidor público, toda vez, que esta constituye el elemento subjetivo de la conducta, y, por ende, debe hacer parte de su descripción. En efecto el artículo 27 de la Ley 200 de 1995, al establecer los criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta, establece entre otros, “el grado de culpabilidad”, lo que conduce que necesariamente, al realizar la calificación de la falta, se evalúe el tipo subjetivo, esto es, si se cometió con dolo o con culpa”.
Sobre las nulidades, el artículo 131 de la Ley 200 de 1995 establecía como causales, la incompetencia del funcionario para fallar, la violación del derecho de defensa, la vaguedad o la ambigüedad en los cargos, la imprecisión de las normas en que se fundamente, así como la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso. En el evento a examen no aparece a juicio de esta Sala, que se haya incurrido en alguno de los anteriores motivos de nulidad, si se tiene en cuenta que: los cargos fueron claramente especificados, con cita de la normatividad pertinente; se determinó el grado de responsabilidad a título de culpa; se notificó al imputado del auto de cargos, quien los controvirtió en la respectiva oportunidad procesal.
Para esta superioridad, en el presente caso, la simple omisión a la calidad de grave o leve de las faltas imputadas no vicia de nulidad el proceso, pues se trata de una irregularidad insustancial, dado que el auto de cargos sí calificó la imputación a título de culpa, no siendo factible por otro lado, invocar una incertidumbre en el tipo de falta, si se considera que en la Ley 200 de 1995, las faltas gravísimas eran taxativas, por tanto al haberse citado como normas vulneradas los numerales 1º y 15 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los artículos 513 y 681 numeral 11 del Código de Procedimiento Civil, se precisaron tanto las normas como las faltas endilgadas.
3. Del examen de la actuación procesal, de las pruebas legalmente producidas y de las razones de la alzada, esta colegiatura encuentra que le asiste razón a la impugnante, motivo por el cual el fallo absolutorio deberá ser revocado parcialmente, para en su lugar proferir sentencia sancionatoria contra el disciplinado Sergio Ricardo Guerrero Martínez, en su condición de juez Primero Civil del Circuito de Ipiales, en conformidad con el siguiente análisis, en el entendido de haber dejado de cumplir la ley como deber inherente a la función judicial prevista en el artículo 153 numeral 1º de la Ley 270 de 1996, en cuanto desconoció los artículos 513 y 681 del Código de Procedimiento Civil.
— Para esta corporación resulta objetivamente innegable, y como lo admite el fallo impugnado, que se presentan a cabalidad los elementos objetivos de las faltas disciplinarias endilgadas en el auto de cargos, pues el funcionario judicial investigado incurrió en incumplimiento del deber establecido en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, mas no respecto del cargo formulado en el auto de cargos y descrito en el numeral 15 del precitado artículo.
— Para el examen de la antijuridicidad de la infracción, la Sala sienta como premisa jurídica que el derecho disciplinario en esencia, no se ocupa de la tutela de bienes de los particulares o sea de aquellos cuya titularidad reposa en una persona natural o jurídica, sino que el objeto de su protección o tutela jurídica es velar por la obediencia, disciplina, celeridad, imparcialidad, moralidad, eficiencia y transparencia en el ejercicio de las funciones públicas (1) ; luego lo que se busca salvaguardar con las previsiones disciplinarias no es tanto, determinados intereses de las personas, sin el recto ejercicio de las funciones que la ley entrega a los servidores públicos; por tanto lo que el Estado pretende por medio del régimen disciplinario, es un control al cumplimiento de los deberes y responsabilidades de quienes desempeñan funciones públicas, para que estos obren con sujeción a los principios establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política (2) .
(1) Corte Constitucional, sentencias C-427 de 1994, C-037 de 1996, C-430 de 1997.
(2) Corte Constitucional, Sentencia C-708 de 1999.
Lo anterior significa que la infracción disciplinaria se concreta con el doloso o culposo incumplimiento de los deberes y prohibiciones, en general, el abuso o extralimitación de las atribuciones funcionales; por tanto, desde la perspectiva antes referida, la ilicitud en el derecho disciplinario se presenta, cuando el comportamiento del servidor público afecta el recto y transparente ejercicio de la función pública, con independencia de si la conducta causó o no daño a intereses particulares.
De esta manera, el principio de ilicitud sustancial, necesario en la estructura y consumación de la falta disciplinaria, no está referido, como lo entiende el fallo recurrido, a la necesidad de que el comportamiento activo u omisivo del disciplinado produzca un daño a bienes jurídicos de las personas actoras en un proceso, sino a la afectación del deber funcional, tal corno lo reglamenta el artículo 5º del estatuto disciplinario vigente. Lo anterior significa que, la conducta infractora de un deber será sustancialmente antijurídica cuando el comportamiento imputado afecte el deber funcional propio del cargo o función; la producción de un daño a bienes jurídicos de personas que han concurrido al proceso, no es necesaria para la existencia del injusto disciplinario, aunque puede incrementar su gravedad.
En el evento a examen le asiste razón a la recurrente, cuando asevera en el escrito sustentatorio de la apelación, que la consecuencia jurídica surgida de la orden de embargo se cumplió, y que por tanto, independientemente de la singular situación que se presentó con el turno de llegada de los oficios de embargo y desembargo, se incurrió en desconocimiento e inaplicación por parte del juez, a lo dispuesto en los artículos 513 y 681 Nº 11 del Código de Procedimiento Civil.
Lo anteriormente referido, no sólo en razón a que el juez investigado inexplicablemente dejó de aplicar claras normas del proceso ejecutivo con medidas cautelares, que le eran conocidas en su condición de Juez Civil del Circuito, al no limitar como era su deber las medidas de embargo y secuestro tal como lo ordenan las disposiciones antes referidas, disponiendo embargo ilimitado de dineros de la sociedad demanda, sino porque, además, no tuvo en cuenta los principios de proporcionalidad y necesidad a que elude el artículo 517, pues también ordenó el embargo del establecimiento comercial y su explotación económica, matriculado en la cámara de comercio de Cali bajo el número 017612-02 ubicado en la calle 53 Nº 3-30, el cual por sí sólo era más que suficiente para garantizar el pago de la acreencia demandada.
Tampoco le asiste razón al a quo cuando afirmó con relación al embargo del establecimiento comercial antes aludido, que por tratarse de un bien indivisible no es posible formular reproche al juez, pues debe considerarse que la ley procesal civil, ordena que las medidas cautelares deben limitarse a lo necesario, y que el valor de los bienes no podrá exceder del doble del crédito cobrado, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas.
Por tanto a juicio de esta corporación, en el caso a examen, el entonces juez Primero Civil del Circuito de Ipiales, doctor Sergio Ricardo Guerrero Martínez, incurrió antijurídicamente en las faltas disciplinarias que le fueron atribuidas en el auto de cargos. Más aún, contrario a lo que advierte la providencia recurrida, también se causó daño a intereses particulares de la parte demandada, pues una vez decretado el embargo, se perfeccionó con la comunicación librada a la entidad bancaria.
En conclusión del anterior análisis, surge nítido y claro que la conducta disciplinaria del investigado fue sustancialmente antijurídica, pues afectó el deber funcional sin justa causa, al inobservarse lo dispuesto en los artículos 513 y 681 numeral 11 del Código de Procedimiento Civil, sino además intensificándose su gravedad, al producir daño al buen nombre y al patrimonio económico de la entidad demandada.
4. Lo anteriormente analizado cobra mayor sustento, si se considera que el fallo recurrido omitió el análisis de uno de los aspectos sustanciales y constitutivo de las infracciones disciplinarias contenidas en el auto de cargos.
En lo que se refiere al cargo endilgado por contravenir el artículo 153 numeral 15 de la Ley estatutaria de la administración de justicia, en el auto de cargos se dijo que fue irregular la condenación en costas a cargo de la inicial parte ejecutante Industrias de Aluminio India Ltda., y a favor de la ejecutada Germania de los Ángeles Hurtado Deles (y que luego sirvió de base para el ejecutivo), pues tal condenación no era pertinente a la luz de los artículos 392, 505, y 509 del Código de Procedimiento Civil, pues no hubo mandamiento de pago, ni excepciones, sino que simplemente se dispuso que los títulos no prestaban mérito ejecutivo. No obstante, ante tal imputación, por ser aquel proceso que originó el ejecutivo en el cual se decretaron las exageradas medidas cautelares ahora objeto de reproche disciplinario, es realmente un campo funcional que debió resolverse ante el Tribunal Superior del respectivo distrito, más aún cuando el auto que fijó las costas no pudo ser conocido en segunda instancia, pues aunque impugnó la sociedad afectada, su incuria frustró dicho trámite ante el ad quem y esto no lo puede subsanar el juez disciplinario, en cuanto no está dentro de sus funciones hacer de juez ordinario para determinar si dicha condena en costas se ajustó o no a la realidad procesal.
5. Finalmente y en relación con la culpabilidad, esta Sala no comparte la conclusión del fallo impugnado cuando asevera, que los errores en que incurrió el juez disciplinado se debieron a un error inculpable, esto es a que actuó en la convicción de hacerlo en forma lícita y ajustada a la norma; añadiendo además, que la quejosa tenía la oportunidad de atacar las decisiones, para hacerle caer en cuenta el error al juez, y que al dejar pretermitir la oportunidad, ello releva al funcionario de su responsabilidad.
En primer lugar, el error invencible sobre el carácter injusto de la acción, constituye motivo de excusa en la responsabilidad disciplinaria, esto es, que no le era dado al funcionario salir de él, ni aun colocando el esfuerzo razonable a su alcance, pues las circunstancias imponderables e insuperables en que obró, le impedían formarse otra convicción.
Y precisamente ello no es predicable en el presente caso, pues nos encontrarnos ante un sujeto activo, experto en derecho, con experiencia y amplio conocimiento de los trámites que debía aplicar, dado que ostentaba la calidad de juez civil del Circuito, cargo para el cual se requiere no sólo experiencia judicial, sino amplios conocimientos en derecho. Por tanto el pretendido error, no resultaba invencible para el acusado, pues este, de haber obrado con el cuidado, estudio y ponderación necesarios podía formarse una apreciación adecuada a derecho, esto es que el error le era vencible, atendida su formación jurídica.
Y es que ante textos legales tan claros y determinantes como los inaplicados por el juez, o sea las previsiones sobre limitación de embargo y secuestro de bienes establecidos en los artículos 513 y 681 numeral 11 del estatuto de procedimiento civil, no resulta fácil ni aceptable racionalmente un error invencible; por el contrario, lo difícil era arribar a una conclusión diferente, o sea llegar a una interpretación contraria al texto legal cuyo contenido, entre otras cosas, no es ni oscuro ni anfibológico.
En segundo lugar, la Sala no puede prohijar la tesis de que la responsabilidad disciplinaria del juez pueda depender de si la parte perjudicada con la decisión equivocada, hace caer en cuenta del error al funcionario judicial, pues ello equivaldría de plano a dejar el derecho disciplinario dependiente de la voluntad de los particulares, y deferir el cumplimiento de los deberes legales y procesales a la voluntad o interés de las partes.
En conclusión, con relación a la falta endilgada y descrita en el artículo 153 numeral 1º de la Ley 270 de 1996, en concordancias con las normas sustanciales de los artículos 513 y 681 numeral 11 del Código de Procedimiento Civil, se presentan a juicio de la corporación, todos los elementos objetivos y subjetivos de las mismas, así como la prueba plena de la responsabilidad a título de culpa del disciplinado, razón que determina la revocatoria del fallo absolutorio.
6. No acontece lo mismo con relación a la falta imputada en auto de cargos y descrita en el numeral 15 del artículo 153 de la ley estatutaria de la administración de justicia, en tanto, examinados el proceso y la prueba recaudada, no se observa mora o incumplimiento de los términos procesales, razón por la cual en este aspecto la conducta del funcionario no se adecuó al tipo disciplinario, situación que determina la absolución.
En aplicación de los artículos 27 y 32 de la Ley 200 de 1996 (vigente para la época de los hechos), teniendo en cuenta que se trató de un hecho culposo por grave descuido e inaplicación de la ley procesal, que se perturbó gravemente la administración de justicia en un proceso civil, con perjuicio de intereses particulares, considerando la calidad de juez del circuito del disciplinado, la falta se considera como grave, razones por las cuales y teniendo en cuenta que el imputado no registra antecedentes disciplinarios, se impondrá sanción multa de once días del salario devengado a la fecha de comisión de los hechos.
REVOCAR PARCIALMENTE la decisión de instancia para en su lugar sancionar al doctor Sergio Ricardo Guerrero Martínez, en su condición de juez Primero Civil del Circuito de Ipiales con 11 días de salario al encontrarlo disciplinariamente responsable de la comisión de la falta descrita en el numeral 153 numeral 1º de la ley estatutaria de la administración de justicia, por incumplimiento de los artículos 513 y 681 del Código de Procedimiento Civil y confirmar la absolución al disciplinado de la falta descrita en el artículo 153 numeral 15 de la Ley 270 de 1996, conformidad con las consideraciones arriba expuestas.
Comuníquese, al tribunal superior respectivo, a la Procuraduría General de la Nación, a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para efectos de la multa impuesta y devuélvase el expediente al seccional de origen quien efectuará la notificación personal.