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Timestamp: 2017-11-18 06:20:04
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Matched Legal Cases: ['Artículo 31', 'artículo 31', 'Artículo 31', 'artículo 31', 'Artículo 31', 'artículo 31', 'Artículo 68']

Apuntes 4 [123995] | Derecho Administrativo I (UMA) | Unybook
Apuntes 4 (2015)
Apuntes 4 El procedimiento es una pauta de actuación normativamente preestablecida; el procedimiento está formado por actos trámite. Contiene una sucesión ordenada de trámites.
El procedimiento genera una dinámica relacional; el procedimiento es una relación jurídica que sirve para relacionar sujetos. Es pues, una relación jurídica.
Cómo es el sujeto determina cómo el sujeto actúa.
El elemento protagonista del Derecho de la organización administrativa es la competencia del órgano.
El sujeto actúa a través de los órganos competentes.
El ejercicio de la competencia por parte del órgano se materializa en los actos administrativos o resoluciones.
Cuando el órgano actúa, el sujeto está ejerciendo una potestad.
La emisión de una resolución por parte del órgano constituye el ejercicio de una potestad por parte del sujeto.
El Derecho administrativo es asombrosamente difícil, pero asombrosamente sencillo. En ocasiones, la dificultad es debido a la sencillez.
A pesar de que una administración pública quiera realizar su potestad con unos fines ‘’malos’’, debe hacerlo a través del procedimiento legal establecido.
La administración está sujeta a una actuación pautada procedimentalmente.
La actuación del órgano tiene un soporte procedimental como medio necesario.
Una actuación administrativa sin procedimiento o con un procedimiento dañado es una administración pública viciada constitutivamente.
Una actuación administrativa sin procedimiento es una actuación ‘’ultra vires’’. Por tanto, una actuación ‘’ultra vires’’ es una actuación sin procedimiento o sin competencia o potestad.
La actuación ‘’ultra vires’’ podemos clasificarla como la más grave.
‘’Ultra vires’’ significa ‘’más allá de la fuerza’’.
La actuación ‘’ultra vires’’ es una vía de hecho.
Una vía de hecho es una actuación material de una administración pública despojada de sus elementos fundamentales. Es una noción propia del Derecho administrativo.
Las connotaciones propias de la vía de hecho son que es una actuación material y que posee unas carencias procedimentales severas.
La actuación ‘’ultra vires’’, a diferencia de la vía de hecho, no se aplica necesariamente sólo a actuaciones materiales.
Cuando la administración pública incurre en una vía de hecho, esta se ve despojada de sus privilegios procesales, viéndose sometida a las actuaciones procesales del mismo modo que las personas físicas (interdictos).
Los interdictos son instrumentos procesales sumarios de defensa posesoria (tutela procesal sumaria).
Las administraciones públicas no pueden actuar al margen del procedimiento legalmente establecido.
Cuando la administración actúa, su actuación es susceptible de ser controlada por la jurisdicción contenciosoadministrativa. Así, el orden jurisdiccional competente es el contencioso-administrativo.
La jurisdicción contencioso-administrativa se ha ido pareciendo cada vez más a una jurisdicción ordinaria.
El procedimiento es un conjunto ordenado temporalmente de actuaciones; es una pauta de acción. Está sometido a una disciplina; es una pauta normativamente reglada. Además, esas actuaciones van encaminadas a la resolución ultimatoria, y hacen que el sujeto actúe.
El procedimiento es un instrumento de relación jurídica entre sujetos que posiciones jurídicas extra e intraprocedimentales; es un instrumento relacional y, por tanto, es una relación jurídica.
El procedimiento en sí mismo genera e instrumenta posiciones jurídicas subjetivas.
El procedimiento es un instrumento de dinámica de posiciones jurídicas subjetivas en sí mismo.
La administración pública tiene como posición jurídicosubjetiva su potestad.
Los sujetos necesitan tener una posición jurídico-subjetiva para poder entrar en la dinámica del procedimiento.
Los sujetos poseen unas posiciones jurídico-subjetivas antes del procedimiento, adquieren nuevas dentro de este y pueden tener otras nuevas después de dicho procedimiento.
Por eso, el procedimiento dinamiza posiciones jurídicosubjetivas. También hay posiciones jurídico-subjetivas que se mantienen antes, durante y después del procedimiento.
El interés es una posición jurídico-subjetiva relevante. Además, es la posición jurídico-subjetiva preliminar y más común.
Se dice que el interesado tiene un interés legítimo.
La noción de interés legítimo abarca posiciones jurídicosubjetivas diferentes (en el Derecho administrativo): incluye la noción común de interés (asociada a la noción de expectativa), los derechos, las obligaciones u cualesquiera otras posiciones jurídico-subjetivas consolidadas.
Se le da a la noción de interés legítimo un alcance muy amplio.
La noción de interés es omnipresente.
El apellido ‘’legítimo’’ del interés tiene una doble connotación: primero, debe tratarse de posiciones jurídicosubjetivas (incluso cuando es expectante) razonables, aceptables, no abusivas, no impertinentes, coherente, dotadas de consistencia y conexión con el procedimiento; segundo, confiere al sujeto que tiene ese interés un ‘’locus standi’’, un lugar donde estar, una posición en el procedimiento. Se tiene legitimación para pedirlo (stakeholder), pero no para que te lo den.
Así pues, el interés legítimo se convierte en un mecanismo de exclusión. Permite reconocer quiénes pueden ser parte en el procedimiento (el interés legítimo confiere al sujeto la consideración de parte como relación jurídica).
Una administración pública no tiene interés, solo potestades.
Solo los titulares del interés legítimo pueden ser parte de la relación jurídica.
Con el interés legítimo se anticipan los posibles efectos del procedimiento, una vez iniciado y como consecuencia del mismo.
La noción de interés legítimo permite definir quién puede ser parte en la relación jurídica, por tanto sirve para definir un ámbito importantísimo.
Hay un sujeto que no tiene interés y sin embargo es parte del proceso, se trata de la administración pública competente para ejercer la potestad.
Hay administraciones públicas que tienen un interés legítimo, pero no propio sino ajeno. En este caso, la administración pública intervendría como parte interesada en el proceso pero no debido al soporte potestativo.
En el interés legítimo también cabe la defensa por parte de una administración pública de un interés ajeno.
En supuestos de competencias o potestades concurrentes puede haber más de una administración pública competente; se tratan de administraciones públicas con potestades concurrentes.
También existen supuestos de competencias o potestades complementarias en los que puede haber más de una administración pública competente.
En estos casos, la administración pública que tiene la potestad principal es quien instruye el procedimiento.
Las potestades complementarias no tienen el alcance ni el vigor jurídico que tienen las concurrentes.
La intervención de las administraciones públicas en el proceso posee una amplia gama de variedades y posibilidades.
Artículo 31.1 Ley 30/92: se consideran interesados en el procedimiento administrativo: quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos; los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte; aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.
El procedimiento solo puede iniciarse por aquellas personas a las que les pueda afectar.
El artículo 31.3 ofrece una perspectiva dinámica del procedimiento.
No es solo el estado de cosas que tenemos cuando el procedimiento se inicia, sino que también es lo que pueda pasar.
El procedimiento administrativo recibe incidencias, no es algo impermeable en el tiempo, puesto que es una secuencia de cosas.
La noción de interés legítimo puede llevar a una obligación de publicidad y a una obligación de notificación.
Dar publicidad es ponerlo en público conocimiento, mientras que dar notificación es ponerlo en conocimiento de personas concretas. En ocasiones, la publicidad se convierte en un instrumento de notificación.
Las expectativas también pueden dar lugar a un interés legítimo.
Si el procedimiento ha recaído en una resolución definitiva, el interesado ya no podrá formar parte de este.
El procedimiento está concebido de manera ‘’hop-on, hopoff’’, la gente entra y sale de él.
Los que promueven el procedimiento son los iniciadores de este.
El procedimiento provoca un hecho final.
Artículo 31.2 Ley 30/92: las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la ley reconozca.
Una organización o asociación solo posee interés legítimo cuando la ley lo establece expresamente y en los términos en los que lo establece.
La diferencia fundamental entre el 31.1 y el 31.2 es que el segundo habla de personas jurídicas, mientras que el primero no diferencia si son personas físicas o jurídicas.
En el 31.2 es un interés colectivo referido al ámbito de la legitimación corporativa. Refleja la resistencia del Derecho Administrativo respecto a las organizaciones intermedias.
Nuestro Derecho Administrativo está pensado para que la relación sea inequívoca entre el ciudadano y la administración, sin ningún intermediario. Se rechaza en todo caso a cualquier intermediario.
El ciudadano se relaciona directamente con la administración.
Reconocer algún tipo de corporación aglutinada es rivalizar en cierta medida a la administración.
El 31.2 es una consideración restrictiva hacia intereses legítimos colectivos corporativizados.
En el 31.1 se encuentran también intereses legítimos colectivos pero no corporativizados.
En realidad, la tendencia es la del reconocimiento de un interés colectivo independientemente del carácter corporativo. Esto quiere decir que las personas jurídicas comienzan el procedimiento a través del artículo 31.1 y no del 31.2.
Artículo 31.3 Ley 30/92: cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derechohabiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.
El derechohabiente es el que se convierte sobrevenidamente en el titular del derecho (por ejemplo, los herederos). Un sinónimo sería el de causahabiente.
La noción de interés legítimo es muy empleada, es la clave para definir las partes que formarán la dinámica del procedimiento.
El inicio del procedimiento es el comienzo de una relación jurídica y el punto de arranque de un protocolo de actuaciones.
Hay procedimientos que no se han iniciado pero se tienen por iniciados.
La iniciación del procedimiento produce efectos jurídicos por sí misma (ya sea formal o no).
Podemos distinguir dos formas: la iniciación formal del procedimiento y los procedimientos que se tienen por iniciados.
La iniciación formal del procedimiento puede ser de oficio o a solicitud de interesado.
La iniciación formal de oficio la realiza la administración competente, y se realiza mediante una resolución (un acto trámite) denominada acto trámite de iniciación, acto trámite de incoación o incoación del procedimiento. No siempre coincide que la entidad que dicta el acto trámite de iniciación sea también el órgano competente para realizar la resolución ultimatoria del procedimiento.
Antes de la iniciación del procedimiento podrían haberse realizado otros actos del procedimiento, pero solo sería correcto en parte, pues el procedimiento no estaba iniciado.
Hay muchos supuestos en los que el acto formal de incoación del procedimiento no existe como tal, sino que es otro acto distinto el que hace que el procedimiento se entienda dictado.
Al iniciar formalmente un procedimiento se fija un momento temporal (es fundamental). Cuando se resuelve cómo se hace algo se resuelve cómo se hace.
La regla del artículo 31.2 parece estar desconectada con lo pronunciado en el 31.1. Es una regla postiza e inconexa.
La iniciación del procedimiento es fundamental pues produce efectos jurídicos.
No es necesario el fin del procedimiento para que se empiecen a producir efectos.
El inicio del procedimiento es enormemente relevante por dos razones: porque produce efectos y porque determina un momento temporal.
La iniciación de un procedimiento administrativo supone una relación jurídica nueva.
La incoación del procedimiento administrativo conlleva la interrupción de la prescripción de las infracciones administrativas. Además, permite tanto la consolidación como la evitación de la pérdida de posiciones jurídicas preexistentes al procedimiento.
La Ley 30/92 distingue entre si el procedimiento se ha iniciado de oficio (mala expectativa) o a solicitud de interesado (buena expectativa).
El procedimiento es una pauta y ordenación de actuaciones, y no puede durar eternamente (está sujeto a un límite temporal).
La ley fija un plazo máximo para resolver y notificar una resolución ultimatoria.
La presentación de solicitud para iniciar un procedimiento fija una referencia temporal para computar plazos.
Artículo 68 Ley 30/92: los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud de persona interesada.
Cuando un procedimiento se inicia de oficio se realiza a través de la resolución de incoación, que es un acto trámite.
Este acto trámite contiene la determinación de los sujetos, el objeto y los hechos. Además, la resolución de incoación la realiza un órgano o instancia funcional de la administración competente.
Cuando un procedimiento se inicia a solicitud de persona interesada se realiza a través de una solicitud presentada por el interesado a la administración competente.
Tras presentada una solicitud, la administración competente realiza una resolución de incoación, acto que formaliza el inicio del procedimiento.
Por otro lado, al presentar la solicitud, si no se realiza una resolución de incoación, el procedimiento se entiende por iniciado.
El ‘’dies a quo’’ del procedimiento es el día de la resolución de incoación o el día en el que se tiene por iniciado.
Como regla general, si existen una solicitud de incoación y una resolución de incoación, el ‘’dies a quo’’ del procedimiento es la fecha de la solicitud.