Source: http://tiraniaecuatoguineana.blogspot.com/2016/12/etomba-ndowe-2-la-cuestion-de-las_27.html
Timestamp: 2017-05-26 11:11:28
Document Index: 126698211

Matched Legal Cases: ['Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 12', 'Artículo 25', 'Artículo 12', 'Artículo 17', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 23']

"la tragedia de un DICTADOR azotado por todos los lados.": Êtômbâ â Ndôwé: 2.- La cuestión de las sistemáticas violaciones de los derechos del pueblo ndowé. Fase X- “Limpieza Étnica ndowé”, Etapa (A) Institucionalización de la expropiación de bienes ndowé, párrafos, ll, m, n, del “Informe de los Aspectos Legales y Jurídicos de una inminente Declaración Unilateral de Independencia de Ikùmé- Mbongó (País Ndowé) y el Derecho Internacional/ 2016”
“Informe de los Aspectos Legales y Jurídicos de una inminente Declaración Unilateral de Independencia de Ikùmé- Mbongó (País Ndowé) y el Derecho Internacional/ 2016” 2.- La cuestión de las sistemáticas violaciones de los derechos del pueblo ndowé. Fase X- “Limpieza Étnica ndowé”, Etapa (A) Institucionalización de la expropiación de bienes ndowé, párrafos, ll, m, n.
Con lo que se ha empeorado y atentado con el disfrute de nivel de vida de las personas del clan Bobunja; los habitantes del poblado de Nanda de los clanes Bomwambe y Bodungu y familias de Manji- Corisco afectadas, que violó el Artículo 29 de la Constitución de 1995 y el Artículo 30º.- 1, 2, 3) de la Constitución vigente que prevén: “El Estado reconoce la propiedad de carácter público y privado. 2012 que prevén: “El Estado reconoce la propiedad de carácter público y privado. El derecho a la propiedad queda garantizado y protegido sin más limitaciones que las establecidas por la Ley. La propiedad es inviolable, ninguna persona puede ser privada de sus bienes y derechos, salvo por causas de utilidad pública y correspondiente indemnización”; quebrantado el Artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que prevé: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, y ataques a su honra y su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Ello ha empeorado también el nivel de vida de los ndowé de Manji- Corisco y es contrario a las previsiones del Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. Con premeditación, el Gobierno ha ocasionado graves problemas de salud física y mental a la población ndowé de Manji-Corisco, considerando que de manera totalmente gratuita se ha dejado a la población de unas 500 personas a la intemperie o, pagando irrisorias compensaciones a algunos pocos pobladores de la zona por los desalojos forzosos. m).- En vista de que, con dicha injerencia fue promovida por el mismo Gobierno del Estado, este falló en su responsabilidad de proteger de los Estados (R2P)A/677 del 12 de enero 2009, ratificado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 11 de julio del 2011, garantizando protección por ley contra todas esas injerencias, tal que declara el Artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques” y el Artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece: “Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.”.Todo ello ha supuesto también la destrucción del medio ambiente y socavada la base económica de los pobladores ndowé de la isla de Corisco, porque se han destruido zonas de pesca y caza, privando a estos pobladores ndowé de Corisco de sus medios de trabajo y subsistencia contraviniendo los Artículo 25 y Artículo 26º.-1) de las Constituciones de 1995 y la vigente del 2012 que sostienen: “El trabajo es un derecho y un deber social. El Estado reconoce su función constructiva para el mejoramiento del bienestar y el desarrollo de la riqueza nacional. El Estado promueve las condiciones económicas y sociales para hacer desaparecer la pobreza, la miseria, y asegura con igualdad a los ciudadanos de la República de Guinea Ecuatorial las posibilidades de una ocupación útil que les permita no estar acosados por la necesidad”; atropella el Artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece: “Toda persona tiene derecho al trabajo, en condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.”