Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Codigo%20de%20Policia.php
Timestamp: 2018-08-18 21:44:36
Document Index: 255252504

Matched Legal Cases: ['Artículo 140', 'artículo 140', 'artículo 140', 'artículo 28', 'artículo 32', 'Artículo 163', 'artículo 163', 'artículo 163', 'Artículo 220', 'artículo 220', 'artículo 222', 'artículo 8', 'Artículo 222', 'artículo 222', 'artículo 191', 'artículo 90', 'artículo 90', 'Artículo 191', 'artículo 191', 'artículo 41', 'Artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 149', 'artículo 163', 'artículo 149', 'artículo 163', 'artículo 163', 'artículo 149', 'artículo 155', 'artículo 162', 'artículo 223', 'artículo 223', 'Artículo 223', 'artículo 223', 'artículo 223', 'Artículo 155', 'artículo 29', 'Artículo 150', 'artículo 150', 'artículo 37', 'artículo 28', 'artículo 152', 'artículo 162', 'artículo 15', 'artículo 53', 'artículo 53', 'artículo 53', 'artículo 54', 'artículo 3', 'artículo 134', 'artículo 134', 'artículo 134']

Expediente: D-11638 Sentencia: C-211/17
Tema: La Corte considera que el conflicto jurídico planteado ubica en un extremo a las normas impugnadas que protegen la integridad del espacio público, tipifican una contravención y le señalan medidas correctivas, mientras que en el otro extremo se encuentran los derechos al trabajo, al mínimo vital, al debido proceso de los trabajadores informales que se encuentran amparados bajo el principio de la confianza legítima. Cuidado e integridad del espacio público. Reincidencia de comportamiento en contra de ese cuidado, puede implicar decomiso o destrucción del bien por ocupación indebida.
Norma demandada: Artículo 140 numeral 4 y parágrafo 2 numeral 4 y parágrafo 3
Decisión: Primero.- Declarar EXEQUIBLE, por el cargo examinado, el artículo 140, numeral 4, de la Ley 1801 de 2016, por las razones expuestas en esta providencia. Segundo.- Declarar EXEQUIBLE, por el cargo examinado los parágrafos 2º (numeral 4) y 3º del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016, EN EL ENTENDIDO que cuando se trate de personas en situaciones de debilidad manifiesta o pertenecientes a grupos de especial protección que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional se encuentren protegidas por el principio de confianza legítima, no se les aplicarán las medidas correccionales de multa, decomiso o destrucción, hasta tanto se les haya ofrecido por las autoridades competentes programas de reubicación o alternativas de trabajo formal, en garantía de los derechos a la dignidad humana, mínimo vital y trabajo.
Expediente: D-11630 Sentencia: C-212/17
Tema: Los demandantes consideran que la norma acusada al permitir a la Policía penetrar en domicilios, sin que sea necesario un mandamiento judicial escrito y previo, en las hipótesis allí consagradas, desconoce el artículo 28 de la Constitución Política relativo a la reserva judicial en la materia. También alegan trasgresión del artículo 32 Superior, que sólo excepciona el requisito de orden judicial cuando se trate de capturar a una persona en estado de flagrancia. Así mismo, del 250 de la Carta que exige de la Fiscalía el cumplimiento de deberes previos, y en algunos casos posteriores, frente al juez con función de control de garantías para la adopción de medidas tales como la privación de la libertad, los registros y los allanamientos.
Norma demandada: Artículo 163 (parcial)
Decisión: Primero.- Declarar exequibles el enunciado y los numerales 1 al 6 del artículo 163 de la Ley 1801 de 2016, por los cargos examinados. Segundo.- Declarar exequibles los apartes demandados del parágrafo 1 del artículo 163 de la Ley 1801 de 2016, en el entendido de que el cumplimiento de las garantías allí previstas no excluye la realización de un control judicial posterior de la actuación policial. Tercero.- Exhortar al Congreso de la República para que, de acuerdo con la parte motiva de esta sentencia, en un término no superior al agotamiento de las siguientes dos legislaturas, es decir, antes del 20 de junio de 2019, expida una ley que defina: (i) la jurisdicción y el juez competente para realizar el control posterior y rogado del acceso al domicilio sin orden judicial previa por parte de autoridades administrativas, (ii) los términos y condiciones para solicitarlo y para su realización, (iii) los aspectos procesales del control y (iv) los poderes del juez en la materia. Cuarto.- En el caso en el que al vencimiento del plazo previsto en el numeral anterior, dicha ley no haya sido promulgada, el control judicial del acceso al domicilio sin orden judicial previa deberá ser realizado, previa solicitud del interesado, por el juez de control de garantías.
Expediente: D-11648 Sentencia: C-225/17
Tema: Los demandantes alegan que las presunciones de dolo y culpa contempladas en la norma cuestionada desconocen los artículos 29 y 83 de la Constitución, los cuales contemplan que se presume la inocencia en toda actuación judicial y administrativa, al igual que la buena fe de los particulares en las gestiones que adelanten ante las autoridades públicas. La Sala Plena considera que la norma bajo examen no genera una afectación desproporcionada al beneficio obtenido. A su juicio, la presunción de dolo y culpa que se analiza, la cual resulta de la lógica y la experiencia, tiene naturaleza iuris tantum. Es decir, que se trata de un traslado de la carga probatoria que no limita las posibilidades de defensa del investigado, quien dispone de libertad probatoria para demostrar que en la realización del acto imputado, actuó con ausencia de culpabilidad. Se trata de una medida proporcionada ya que requiere la previa demostración, por parte de la entidad pública, de la tipicidad e imputabilidad del comportamiento, respecto de la persona investigada. Con esta distribución razonable de las cargas probatorias, el legislador otorga a las autoridades administrativas correspondientes un instrumento adecuado para la protección de intereses superiores vinculados con el orden público, necesario para la convivencia pacífica, tales como el medio ambiente y la salud pública.
Norma demandada: Artículo 220
Decisión: Declarar exequible, por el cargo analizado, el artículo 220 de la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”, salvo la expresión “a quién le corresponde probar que no está incurso en el comportamiento contrario a la convivencia correspondiente” que se declara inexequible.
Expediente: D-11667 Sentencia: C-282/17
Tema: Procedencia del recurso de apelación contra la orden de policía o la medida correctiva en el efecto devolutivo. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 222 (parcial) de la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. El actor considera que el efecto devolutivo en el que se concede el recurso de apelación cuando se impone la medida correctiva de suspensión temporal de actividad, en desarrollo del proceso verbal inmediato de policía, es contrario al derecho al debido proceso, en lo que corresponde al efecto útil de dicho recurso o medio de impugnación. La Corte resalta que la medida que se impone es de carácter temporal, lo que le permite al interesado volver a realizar la actividad frente a la cual se dispuso el cese, bajo la lógica de que acredite plenamente el cumplimiento de las normas de convivencia. A lo anterior agrega que, incluso desde la óptica procedimental, su imposición supone el desarrollo de un proceso, en el que se dota al presunto infractor de la posibilidad de ser oído, de realizar descargos e incluso de llegar a un acuerdo mediante el ejercicio de la mediación policial, lo que reduce la posibilidad de que exista un actuar arbitrario, más aún cuando para la imposición de la medida, la autoridad se debe sujetar a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, a los cuales refiere el artículo 8 del Código Nacional de Policía y Convivencia.
Norma demandada: Artículo 222 (Parcial)
Decisión: En relación con el cargo expuesto y examinado en esta sentencia, declarar EXEQUIBLE la expresión: “el cual se concederá en el efecto devolutivo”, prevista en el parágrafo 1 del artículo 222 de la Ley 1801 de 2016, “Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”.
Expediente: D-11669 Sentencia: C-286/17
Tema: Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 2º del artículo 191 de la Ley 1801 de 2016, por medio de la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. El demandante considera que la norma acusada prevé una excepción al régimen de responsabilidad estatal. Aduce, que esa excepción a la posibilidad de imputar daños antijurídicos al Estado, cuando éstos sean causados por la facultad de inutilizar bienes que se usen en actividades ilícitas en contra del ambiente, desconoce que en muchos casos los agentes de policía pueden incurrir en actuaciones que generan cargas que no son soportables por los ciudadanos. Por ello, considera que limitar la posibilidad de buscar una reparación por tales daños, contraviene abiertamente el artículo 90 Superior. La Corte considera que la excepción consagrada en la norma demanda presenta un problema de compatibilidad con el artículo 90 de la Constitución, pues con ella el Legislador limita la cláusula general de responsabilidad y los derechos de los ciudadanos derivados de ella. Es decir, que con ella se impide “ex ante” a las personas reclamar por la eventual causación de daños antijurídicos ante la jurisdicción contenciosa administrativa y exponer ante la autoridad competente los motivos por los cuales se piensa que el daño causado debe o no ser indemnizado.
Norma demandada: Artículo 191 (Parcial)
Decisión: Declarar inexequible el inciso 2º del artículo 191 de la Ley 1801 de 2016.
Expediente: D-11788 Sentencia: C-312/17
Tema: Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 3º. Del artículo 41 de la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. La demandante considera que la disposición cuestionada quebranta los artículos 1, 13, 28 y 29 de la Constitución Política, por cuanto contiene una norma que discrimina a un grupo poblacional, este es el conformado por habitantes de calle, con fundamento en estereotipos. Igualmente, porque prevé una restricción al ejercicio de los derechos a la libertad y al debido proceso, en tanto dicho traslado no está acompañado de garantías de control previo y/o posterior a la actuación de la Policía. La Sala Plena encontró acreditada la configuración de la cosa juzgada formal y absoluta, toda vez que el parágrafo demandado fue declarado inexequible mediante decisión previa de la Corporación.
Norma demandada: Artículo 41
Decisión: Estarse a lo resuelto en la sentencia C-281 de 2017, que declaró inexequible el parágrafo 3º del artículo 41 de la Ley 1801 de 2016, “por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”.
Expediente: D-11717 Sentencia: C-334/17
Tema: Medios de policía. Situaciones en las que la policía puede ingresar a un inmueble con y sin orden escrita. Traslado por protección. En términos generales los demandantes coinciden en afirmar que el conjunto de disposiciones acusadas contravienen los derechos a la libertad personal y a la inviolabilidad de domicilio, consagrados en la Constitución Política. De manera particular un actor aduce que se infringe también la restricción de éstos derechos, únicamente en virtud de orden de autoridad judicial. Así mismo, que se trasgrede los derechos a la intimidad familiar y personal, al igual que al buen nombre de las personas.
Norma demandada: Artículos 149 (parcial), 155, 162 y 163
Decisión: PRIMERO.- DECLARAR INEXEQUIBLE la expresión “8. Ingreso a inmueble con orden escrita”, contenida en el artículo 149 de la Ley 1801 de 2016, “[p]or la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”. SEGUNDO.- INHIBIRSE de emitir pronunciamiento de fondo, dentro del Expediente D-11717, en relación con el cargo formulado contra los parágrafos 1º y 2º, artículo 163, de la Ley 1801 de 2016, “[p]or la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”. TERCERO.- INHIBIRSE de emitir pronunciamiento de fondo, dentro del Expediente D-11760, en relación con la acusación por inconstitucionalidad de la expresión “9. Ingreso a inmueble sin orden escrita”, prevista en el artículo 149 de la Ley 1801 de 2016, y contra el parágrafo 2º, artículo 163, de la misma Ley. CUARTO.- ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-212 de 2017, respecto al cargo contra el artículo 163 de la Ley 1801 de 2016, “[p]or la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”. QUINTO.- ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-281 de 2017, en relación con el cargo contra la expresión “1. Traslado por protección”, prevista en el artículo 149 de la Ley 1801 de 2016, “[p]or la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”, y contra el artículo 155 de la misma Ley. SEXTO.- ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-223 de 2017, en lo relativo al cargo contra el artículo 162 de la Ley 1801 de 2016, “[p]or la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”.
Expediente: D-11742 Sentencia: C-349/17
Tema: Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 1º del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. Los demandantes consideran que el precepto acusado deber ser declarado inexequible, por vulnerar los derechos constitucionales de toda persona a no ser obligada a autoincriminarse y a la presunción de inocencia. La Corte declara la exequibilidad condicionada del parágrafo demandado, en el entendido que en caso de inasistencia a la audiencia, el procedimiento se suspenderá por un término máximo de tres (3) días, dentro de los cuales el presunto infractor deberá aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa de inasistencia, la cual, de resultar admisible por la autoridad de policía, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia.
Norma demandada: Artículo 223
Decisión: Declarar exequible el parágrafo 1º del artículo 223, Ley 1801 de 2016 ‘Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia’ en el entendido que en caso de inasistencia a la audiencia, el procedimiento se suspenderá por un término máximo de tres (3) días, dentro de los cuales el presunto infractor deberá aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa de inasistencia, la cual, de resultar admisible por la autoridad de policía, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 del Código Nacional de Policía y de Convivencia.
Expediente: D-11789 Sentencia: C-388/17
Tema: La demandante aduce que la norma cuestionada vulnera los artículos 24 y 28 de la Constitución Política, porque le otorga facultades excesivas a los agentes de policía para que ordenen el traslado de protección de una persona que está involucrada en una riña o que ha desplegado un trato agresivo o temerario. Tras verificar la configuración del fenómeno de la cosa juzgada constitucional formal, en virtud de la expedición de providencia previa que declaró la inexequibilidad de la misma norma ahora cuestionada, la Sala Plena de la Corporación decidió estarse a lo resuelto en la Sentencia C-281/17.
Norma demandada: Artículo 155 Parag. 1
Decisión: Declarar estarse a lo resuelto en la sentencia C-281 de 2017
Expediente: D-11744 Sentencia: C-391/17
Tema: ORDEN DE POLICIA. Conminación cuando se omite darle cumplimiento inmediato. El accionante considera que el aparte acusado, mediante el cual el legislador confirió a la autoridad la potestad de determinar el periodo para el cumplimiento de la orden de policía cuando no sea de inmediato cumplimiento, resulta violatorio de lo dispuesto en el artículo 29 de la Carta Política sobre debido proceso administrativo sin dilaciones injustificadas: Lo anterior, porque dicha indeterminación puede llevar a la arbitrariedad en tanto que el operador de la norma contará con un plazo, que siendo ilimitado, puede significar un atentado para los derechos de otras personas.
Norma demandada: Artículo 150 (Parcial)
Decisión: Declarar EXEQUIBLE, por el cargo examinado, la expresión: “Si la orden no fuere de inmediato cumplimiento, la autoridad conminará a la persona para que la cumpla en un plazo determinado, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes”, contenida en el artículo 150 de la Ley 1801 de 2016, por medio de la cual se expidió el Código Nacional de Policía y Convivencia.
Expediente: D-11604 y D-11611 Sentencia: C-223/17
Tema: DERECHO DE REUNIÓN. TIPOS DE AGLOMERACIONES DE PÚBLICO. REQUISITOS PARA REUNIONES Y MANIFESTACIONES EN ESPACIOS PÚBLICOS. INGRESO A INMUEBLE CON ORDEN ESCRITA DE LOS ALCALDES. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 47, 48, 53 (parcial), 54, 55 y 162 de la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. En dos demandadas formuladas de manera separada se formularon tres cargos. Uno, por la violación de reserva de ley estatutaria sobre derechos fundamentales dispuesta en los artículos 152 y 153 de la Constitución. . Otro, por la reserva de ley establecida en el artículo 37 Superior y, el tercero, por la violación del artículo 28 ibídem. Los mayores reparos de la norma se hicieron a la regulación del derecho de la reunión y manifestación pública pacífica y a la autorización que le permite a los alcaldes dictar mandamiento escrito para el registro de domicilios o de sitios abiertos al público. Frente a este último tema alegaron el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, específicamente, a la garantía de la reserva judicial establecida en favor de éste, de acuerdo con la cual, no puede ser registrado “sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente”.
Norma demandada: Artículos 47, 48, 53 (parcial), 54, 55 y 162
Decisión: Primero.- Declarar INEXEQUIBLES los artículos 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 y 75, contenidos en el Título VI del Libro Segundo de la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”, por violación de la reserva de Ley Estatutaria establecida en el literal a) el artículo 152 de la Constitución Política. Los efectos de la anterior declaración de INEXEQUIBILIDAD se difieren en un término no mayor al agotamiento de las siguientes dos legislaturas, es decir, hasta antes del 20 de junio de 2019. Segundo.- Declarar INEXEQUIBLE el artículo 162 de la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”.
Expediente: D-11747 Y OTROS Sentencia: C-009/18
Tema: DERECHO DE REUNIÓN. REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS. ACTUACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICÍA EN MOVILIZACIONES. Demandas de inconstitucionalidad contra los artículos 53 a 57 de la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana. Se atribuye a las disposiciones acusadas la vulneración de los artículos 37, 152 y 153 de la Constitución y del artículo 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Aduce un demandante que al regular aspectos estructurales y esenciales del derecho fundamental a la reunión y a las manifestaciones en el espacio público, debieron ser tramitados mediante una ley estatutaria. Los otros actores alegaron que dichas disposiciones se expidieron con vicios tanto de forma como de fondo.
Norma demandada: Artículos 53, 54, 55, 56 y 57
Decisión: Primero.- LEVANTAR la suspensión de términos ordenada por la Sala Plena de la Corte Constitucional en el Auto 305 del 21 de junio de 2017. Segundo.- ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-223 de 2017 que declaró inexequibles los artículos 53, 54, 55, 56 y 57 de la Ley 1801 de 2016 con efectos diferidos hasta el 20 de junio de 2019, por la vulneración a la reserva de ley estatutaria. Tercero.- ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-281 de 2017 que declaró exequible el inciso cuarto del artículo 53 de la Ley 1801 de 2016, que establece: “toda reunión y manifestación que cause alteraciones a la convivencia podrá ser disuelta”, en el entendido de que “(i) la alteración deberá ser grave e inminente y (ii) no exista otro medio menos gravoso para el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación pública y pacífica”. Cuarto.- Declarar EXEQUIBLE la expresión “cualquier otro fin legítimo” contenida en el artículo 53 de la Ley 1801 de 2016, por el cargo analizado, en el entendido de que no es un fin legítimo: (i) la propaganda de la guerra; (ii) la apología al odio, a la violencia y el delito; (iii) la pornografía infantil; (iv) la instigación pública y directa a cometer delitos; y (v) lo que el Legislador señale de manera expresa. Quinto.- Declarar EXEQUIBLE, por el cargo analizado, la expresión “con tales fines debe darse aviso por escrito presentado ante la primera autoridad administrativa del lugar o mediante correo electrónico” contenida en el inciso segundo del artículo 53 de la Ley 1801 de 2016. Sexto.- Declarar EXEQUIBLE, por el cargo analizado, la expresión “salvo circunstancias excepcionales o de fuerza mayor” contenida en el artículo 54 de la Ley 1801 de 2016, en el entendido de que la no autorización debe motivarse y hacer explícitas las razones que la fundamentan.
Tema: CANINOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS. CARGAS EXCESIVAS PARA LOS PROPIETARIOS DE ESTAS RAZAS. Demanda de inconstitucionalidad contra el Título XIII, Capítulo IV (artículos 126 a 134 parciales) de la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. Las demandantes consideran que las normas acusadas establecen unos deberes y requerimientos extremadamente desproporcionados para los dueños de los caninos comprendidos en la clasificación de potencialmente peligrosos, en relación con los que se exigen a propietarios de cualquier otra raza de perros, los cuales según ellas, pueden llegar a ser igual o más peligrosos que los contenidos en la ley. Alegan la vulneración de los derechos a la igualdad y el debido proceso contemplados en la Carta Política, así como la trasgresión de la jurisprudencia constitucional relacionada con la protección de la naturaleza animal como la sentencia C-666/10 y, el artículo 3º de la Ley 1774 de 2016. La Corte considera que las medidas adoptas en relación con los perros considerados potencialmente peligrosos se basan en una finalidad constitucionalmente legítima, como lo es la protección de la vida e integridad de las personas, animales y bienes. Se declara la EXEQUIBILIDAD de las disposiciones acusadas, a excepción de la expresión “y privado” contenida en el numeral 1º del artículo 134 de la Ley 1801 de 2016, la cual se declara INEXEQUIBLE, por considerar que dejar deambular este tipo de caninos en sitios privados del tenedor o propietario no tiene un fin constitucionalmente legítimo, ni es una medida adecuada para el objetivo de proteger la vida, seguridad e integridad de las personas y otro tipo de animales, y porque este tipo de perros necesita de lugares de esparcimiento y juego para su menor bienestar.
Norma demandada: Título XIII, Capítulo IV, Artículos 126 a 134 (Ps.)
Decisión: Primero: LEVANTAR la suspensión de términos ordenada en el Auto 305 de junio 21 de 2017. Segundo: Declarar EXEQUIBLES los artículos 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133; y los numerales 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º y 9º, además de los parágrafos 1º, 2º, 3º y 4º del artículo 134 de la Ley 1801 de 2016 por los cargos analizados en esta providencia. Tercero: Declarar la INEXEQUBILIDAD de la expresión “y privado” contenida en el numeral 1º del artículo 134 de la Ley 1801 de 2016.