Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/588704814
Timestamp: 2019-02-23 09:15:35
Document Index: 244833691

Matched Legal Cases: ['artículo 95', 'artículo 7', 'artículo 70', 'artículo 21', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 40', 'artículo 42', 'artículo 80', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 13', 'artículo 7', 'artículo 70', 'artículo 21', 'artículo 25', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 23', 'artículo 1']

Sentencia de Tutela nº 660/15 de Corte Constitucional, 23 de Octubre de 2015 - Jurisprudencia - VLEX 588704814
Actor: CONSEJOS COMUNITARIOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS Y AFROCOLOMBIANAS DE GUACAMAYAL Y OTROS
Expediente: T-4520563
DERECHO A LA CONSULTA PREVI. ESPACIOS DE PARTICIPACION Y CONCERTACION EN EL DISEÑO Y DESARROLLO DE MEGAPROYECTOS -FENOCO- Los accionantes, en su condición de representantes legales de varios Consejos Comunitarios de las Comunidades Negras y Afrocolombianas del departamento del Magdalena, aducen que las entidades demandadas vulneraron sus derechos fundamentales al haber construido una línea férrea en cercanía a sus lugares de residencia para el transporte de carbón y, por haber iniciado una segunda vía sin que se hubiera llevado a cabo la consulta previa. Se analiza temática relacionada con el derecho fundamental a la consulta previa y el derecho a la participación y concertación en el diseño y desarrollo de megaproyectos. Para la Corte, Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A., FENOCO S.A. y sus socios explotadores del carbón, vulneraron el derecho a la participación de las comunidades demandantes y de las personas habitantes en la zona de influencia del proyecto, por cuanto dichas empresas llevaron a cabo la construcción de una primera vía férrea que atraviesa los territorios de las accionantes, e inició obras para la segunda vía paralela a esa, sin garantizar espacios de participación, impidiendo que la comunidad afectada tomara parte en la realización del megaproyecto mencionado. Precisa que, con lo anterior no se tuvo en cuenta que tales comunidades y sus familias, al encontrarse asentadas en dichas zonas, se verían afectadas por las consecuencias del paso de los trenes, específicamente en su derecho al medio ambiente. Se CONCEDE el amparo solicitado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados.
Sentencia T-660/15
Acción de tutela interpuesta por los Consejos Comunitarios de las Comunidades Negras y Afrocolombianas de Guacamayal[1],S.G.A.N.[2] de Guacamayal, de Prado[3] Sevilla, 16 de Julio[4] de Sevilla, Tucurinca[5], jurisdicción del Municipio de Zona Bananera-Magdalena, Santa Rosa de Lima en Fundación[6] y Algarrobo[7], contra los Ministerios del Interior, Medio Ambiente, Vivienda, Ciudad y Territorio y Transporte; de las Agencias Nacionales de Licencias Ambientales e Infraestructura, y de los Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A. –Fenoco S.A.- y sus socios explotadores del carbón, D., Prodeco (GlencoreXstrata) y Vale.
Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil quince (2015)
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados J.I.P.C. -quien la preside-, A.R.R. y L.E.V.S. en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente de las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, ha proferido la siguiente
En el trámite de revisión del fallo adoptado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 6 de agosto de 2014 en el proceso de tutela promovido por los Consejos Comunitarios de las Comunidades Negras y Afrocolombianas de Guacamayal[8],SUTO GENDE ASE NGANDE[9] de Guacamayal, de Prado[10] Sevilla, 16 de Julio[11] de Sevilla, Tucurinca[12], jurisdicción del Municipio de Zona Bananera-Magdalena, Santa Rosa de Lima en Fundación[13] y Algarrobo[14], contra los Ministerios del Interior, Medio Ambiente, Vivienda, Ciudad y Territorio y Transporte; de las Agencias Nacionales de Licencias Ambientales e Infraestructura, y de los Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A. –Fenoco S.A.- y sus socios explotadores del carbón, D., Prodeco (GlencoreXstrata) y Vale.
Los accionantes, quienes afirman ser los representantes legales de los Consejos Comunitarios de las Comunidades Negras y Afrocolombianas de Guacamayal[15], SUTO GENDE ASE NGANDE[16] de Guacamayal, de Prado[17] Sevilla, 16 de Julio[18] de Sevilla, Tucurinca[19], jurisdicción del Municipio de Zona Bananera-Magdalena, Santa Rosa de Lima en Fundación[20] y Algarrobo[21], todos ubicados en el departamento del M., instauraron acción de tutela en contra de los Ministerios del Interior, Medio Ambiente, Vivienda, Ciudad y Territorio y Transporte; de las Agencias Nacionales de Licencias Ambientales e Infraestructura, y de los Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A. –Fenoco S.A.- y sus socios explotadores del carbón, D., Prodeco (Glencore Xstrata) y Vale, por considerar que están vulnerando sus derechos fundamentales a la consulta previa, a la participación en beneficios de explotación, a la integridad territorial, a la autonomía, a un medio ambiente sano, a la protección especial como grupos vulnerables y a la diversidad étnica y cultural, todo ello, con fundamento en los siguientes:
1.2.1. Señalan que las comunidades que representan están asentadas en la vía férrea que opera el concesionario Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A., junto con sus socios explotadores (Drummond, Vale y Prodeco), tramo que va desde Chiriguaná -Cesar- hasta S.M. -Magdalena-.
1.2.4. Partiendo de que el artículo 95 del Código de Minas establece que el acopio de material extraído hace parte del proceso de explotación, los accionantes resaltan que las empresas demandadas realizan acopio tanto en las minas como en los puertos de Ciénaga y Santa Marta, no obstante, antes de llegar a ellos, atraviesan su territorio. Para demostrar esto, traen a colación la demanda interpuesta por Fenoco S.A. contra el municipio de la Zona Bananera, que cursa en el Tribunal Administrativo del M., en la cual, a folios 10, 11 y 12, la empresa reconoce que es explotador minero.
1.2.5. En vista de la afectación que consideran están padeciendo por causa de la actividad de las empresas demandadas, solicitaron a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior que oficiara a Fenoco S.A., D., Prodeco S.A. y Vale, para que realizaran el proceso de consulta previa con los consejos comunitarios que representan. Sin embargo, afirman que en respuesta del 3 de diciembre de 2013, la entidad pública les manifestó que no les asiste el derecho a la consulta previa al no existir presencia de comunidades negras.
1.2.6. Indican que el 1º de octubre de 2013 elevaron igual petición al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Territorio, solicitándole, además, que oficiara a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales con el fin de que no expidiera más licencias para la nueva línea férrea o, en su defecto, que no renovara la licencia de la antigua línea, hasta tanto no se realizara el proceso de consulta previa. No obstante, hasta la fecha no han obtenido respuesta alguna.
1.2.7. En el mismo sentido, aducen que solicitaron a las empresas accionadas que iniciaran el proceso de consulta previa, pero solo D. respondió manifestando que ello era competencia de las autoridades ambientales y del Ministerio del Interior.
1.2.8. En suma, afirman que los ministerios del Interior, Ambiente y Transporte son las entidades públicas encargadas de garantizar a los grupos étnicos sus derechos en todos los niveles territoriales, según lo sostuvo la Corte Constitucional en sentencia T-129 de 2011. Anotan igualmente que en el mismo fallo, esta Corporación fijó la línea jurisprudencial sobre la obligación que tienen las empresas dedicadas a la explotación de carbón, de garantizar que los beneficios que conlleven la ejecución de la obra o la extracción de recursos sean compartidos de manera equitativa, al igual que el cumplimiento de medidas de mitigación e indemnización por los daños ocasionados.
Al Ministerio de Transporte que ordene a FENOCO S.A. como su CONCESIONARIO QUE suspenda cualquier obra que esté realizando para la ampliación o construcción de la segunda línea férrea.
Al Ministerio del Medio Ambiente que ordene a la autoridad nacional de Licencias Ambientales que suspenda cualquier licencia que se haya otorgado A FENOCO S.A. para la nueva LINEA FERREA de explotación de Carbón SOBRE NUESTROS TERRITORIOS.
Se vincule al proceso de la Procuraduría delegada para asuntos Étnicos de Bogotá D.C. y a la Dirección de Comunidades Negras del Ministerio del Interior”.
La acción de tutela correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo del M., quien mediante Auto calendado el 4 de abril de 2014, la admitió y ordenó correr traslado de la misma a Vale, Prodeco S.A., Fenoco S.A., a los ministerios del Interior, de Transporte, y de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
1.3.1.1. Mediante OFI0624075-DET-1000, la anterior Dirección de Etnias del entonces Ministerio del Interior y de Justicia, certificó que una vez revisadas las bases de datos sobre comunidades negras existentes, no encontró ninguna comunidad en el área de intervención del proyecto denominado “Construcción segunda línea férrea corredor La Loma-Santa Marta, municipio de El Paso, Bosconia y El Copey, Departamento del Cesar, y Algarrobo, Fundación, Aracataca, Zona Bananera y Ciénaga, Departamento del M.”. El argumento central por el cual se determinó lo anterior obedeció a que en el año 2006 no existía registro en la base de datos de la Dirección de ninguna de las comunidades accionantes. En todo caso, advierte que ello fue así porque ellos solo se registraron a partir del año 2010, es decir, cuatro años después de expedida la certificación general para el proyecto mencionado.
1.3.1.3. En el año 2014, mediante certificación No. 414 del 6 de marzo de 2014, la Dirección de Consulta Previa estableció que no se registraba presencia de comunidades étnicas en el área del proyecto, con fundamento en la siguiente consideración técnica: “Que el trazado del proyecto en los sectores de Guamachito, V. y Río Frío tiene como actividad readecuación de una obra preexistente que no involucra una nueva área de intervención diferente a las del corredor férreo en uso, toda vez que se trata de una segunda línea paralela, que ocupa el mismo derecho de vía sobre la franja o corredor(…)”.
Además, señala que las comunidades negras de Tucurinca, Guacamayal, Sevilla, S.R., Algarrobo y Fundación, no se encuentran en el área de intervención del proyecto toda vez que los tramos objeto de la mencionada certificación solo abarcan los corregimientos de Guamachito, V. y Río Frío, del municipio de Zona Bananera (Magdalena).
1.3.2. Prodeco S.A.
En cuanto al acopio de carbón en los puertos de Ciénaga y Santa Marta, la empresa aclaró que sólo puede pronunciarse respecto de los lugares donde opera, conocidos como “Puerto Zuñiga” o “Puerto Prodeco”, localizados en el kilómetro 17 de la vía Ciénaga-Santa M., los cuales cesaron su actividad el 1º de mayo de 2013 por expresa disposición de la Agencia Nacional de Infraestructura, mediante resolución No. 273 del 14 de marzo de 2013.
1.3.3. Ferrocarriles Nacionales de Colombia –Fenoco S.A.-
1.4.1. Copia de certificación del 13 de diciembre de 2014, emitida por la Alcaldía Municipal de la zona bananera, mediante la cual se acredita el registro del acta de constitución y de restructuración del Consejo Comunitario de Comunidades negras de Tucurinca, jurisdicción del Municipio de Zona Bananera[22].
1.4.2. Copia de certificación proferida por la Alcaldía Municipal de Algarrobo mediante la cual se indica que “el Municipio de A.M. se encuentra registrado por medio de Resolución 1331 de 14 de Diciembre de 2010, el Consejo Comunitario de Comunidades Negras Afro colombianas, R. y Palenqueras del Municipio de Algarrobo la cual su representante legal es la señora E.I.B.S. identificada con cédula de ciudadanía 57.446.967 expedida en Fundación.”[23]
1.4.3. Copia de la certificación emitida por la Alcaldía Municipal de Fundación, por medio de la cual se señala que en el libro de registro de Consejos Comunitarios, se encuentra el acta de constitución del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Fundación Magdalena, ubicada en el Corregimiento de Santa Rosa de Lima de tal Municipio[24].
1.4.4. Copia de las certificaciones proferidas por la Alcaldía Municipal de la Zona Bananera en las cuales se acredita que en el libro de registro de tal Municipio se encuentran registradas las actas de constitución y de restructuración de los Consejos Comunitarios de (i) la Comunidad negra de Estación 16 de julio de Sevilla, (ii) Comunidades negras de Guacamayal, y (iii) Comunidad negra del Corregimiento de Sevilla[25].
1.4.5. Copia de la respuesta emitida por el Ministerio del Interior a la petición presentada por los Consejos Comunitarios de Comunidades Negras y Afrocolombianas del Departamento del M.. En tal contestación, se indica que una vez realizada la revisión de datos por parte de los profesionales del Grupo de Cartografía de la Dirección de Consulta Previa, se concluyó que no existe presencia de comunidades negras, afrocolombianas, raizales o palenqueras dentro del área del proyecto, razón por la cual, se informó, que no existe la obligatoriedad de realizar procesos de consulta previa[26].
1.4.6. Copia de las peticiones presentadas por las Comunidades accionante a las empresas Fenoco S.A., D., Prodeco S.A., VALE, en las cuales solicitan que se lleve a cabo el proceso de consulta previa respecto de las dos vías férreas[27].
1.4.7. Copia de la petición presentada por las comunidades accionantes al Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en la cual solicitan se ordene a las accionadas llevar a cabo los procesos de consulta previa respecto de las dos vías férreas[28].
- A la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras de esta misma entidad que, “allegue información sobre las prácticas tradicionales y las características de los pueblos afrodescendientes del departamento del M., especialmente aquellos asentados en los municipios de Fundación, Algarrobo y Zona Bananera.”
De igual manera, ordenó a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales remitir copia del expediente administrativo que dio lugar a la Resolución 1064 de 2013, en donde, según F.S.A., fue autorizada a construir y operar el proyecto “Construcción segunda línea férrea corredor La Loma-Santa Marta, Municipio El Paso, Bosconia y El Copey, Departamento del Cesar, y Algarrobo, Fundación, Aracataca, Zona Bananera y Ciénaga, departamento del M.”.
1.5.2. En escrito presentado el 12 de febrero de 2015, el Ministerio del Interior indicó que no se registra la presencia de comunidades negras en el Municipio de El Paso, Bosconia, El Copey, Departamento del Cesar y Algarrobo, Fundación, Aracataca, Zona Bananera y Ciénaga, Departamento del M..
De tal manera, explicó que para los proyectos (i) Construcción Segunda Línea Férrea Corredor La Loma – Santa Marta, Municipios de El Paso, Bosconia y El Copey, Departamento del Cesar, y Algarrobo, Fundación Aracataca, Zona Bananera y Ciénaga, Departamento del M., (ii) Construcción de la segunda Línea Férrea Corredor La Loma –Santa Marta, en los sectores de: Loma Colorada, A. y L., y (iii) construcción segunda línea férrea paralela a la existente en el corredor La Loma- Puerto Drummond en el sector de los corregimientos G., V. y Río Frío, no se requiere el agotamiento del proceso de consulta previa, por cuanto se determinó que no se registra presencia de comunidades étnicas.
Señaló igualmente las normas que protegen los derechos fundamentales de las comunidades Negras, Afrocolombianas, R., y Palanqueras, específicamente en lo atinente a su identidad cultural, al fomento de su desarrollo económico y social, a sus recursos naturales y del ambiente, entre otros.
1.5.5. La Autoridad Nacional De Licencias Ambientales- ANLA, mediante escrito de contestación presentado el 20 de febrero de 2015, manifestó que en lo referente a el otorgamiento de licencias ambientales solicitadas por Fenoco para la construcción de vías férreas en diversas municipalidades de los departamentos de Cesar y M., la entidad ha actuado en el marco de sus funciones y que las decisiones adoptadas han correspondido al rigor técnico requerido.
Igualmente, dicha empresa aportó concepto técnico, rendido por el Ingeniero C.M., especialista en ingeniería Ambiental, en el cual se concluye que en este caso no se presenta riesgo de disminución de la capacidad auditiva con el paso de los trenes, pues los niveles de ruido se encuentran dentro de los niveles aceptados tanto nacional como internacionalmente.
Del mismo modo, puso de presente que la construcción de la segunda línea solamente se ha iniciado en los centros poblados de Loma Colorada, Algarrobo y L., lugares en los cuales la entidad accionada procedió a solicitar certificaciones del Ministerio del Interior, prueba idónea para demostrar o no la presencia de comunidades en la zona, obteniendo certificación sobre la inexistencia de las mismas. Además, indicó, no se han iniciado obras en los demás centros poblados como Fundación o Zona Bananera, municipios a los cuales se circunscribe la acción constitucional bajo estudio.
Aseveró igualmente, que la Corte adoptó equivocadamente la medida de suspensión de actividades en el corredor férreo trayendo a colación lo establecido en sentencia T-672 de 2014[29], pues en dicha providencia no se coligió que efectivamente el paso de tren generara la emisión de polvillo de carbón. Por ello, Prodeco consideró ilógico que la Corte haya decretado la medida provisional para prevenir la ocurrencia de un perjuicio que no fue probado en el caso citado.
1.6.3.Escrito presentado por la sociedad Colombian Natural Resources
1.6.4.Escrito presentado por los representantes y presidentes de la JACS de los barrios San Fernando, Altamira, F., L.F., Cordobita y J.X., del municipio de Fundación.
Mediante escrito presentado el 10 de julio de 2015 los representantes y presidentes de la JACS de los barrios San Fernando, Altamira, F., L.F., Cordobita y J.X., del Municipio de Fundación solicitaron el levantamiento de las medidas cautelares decretadas.
1.6. FALLOS DE INSTANCIA
1.6.3. El Tribunal Administrativo del M., mediante sentencia del 22 de abril de 2014, negó el amparo solicitado por los accionantes.
Luego de cotejar el acervo probatorio allegado al expediente, el Tribunal encontró que no era procedente acceder a la protección solicitada ante la presunta vulneración del derecho fundamental a la consulta previa, al no existir evidencia de que con la construcción del proyecto se le cause algún perjuicio irremediable a las comunidades demandantes. En tal sentido, explicó que de las certificaciones[30] expedidas por la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, era posible advertir que en el área del proyecto de la segunda línea férrea, paralela a la existente en el corredor de La Loma-Puerto Drummond en los sectores de Guamachito, V., Río Frío, L.C., Algarrobo, L., Municipio de Bosconia, en el departamento del Cesar, no se encuentran registros de Consejos Comunitarios de Comunidades Negras, adjudicación de títulos colectivos ni inscripción en el Registro Único de Consejos Comunitarios para el proyecto en mención.
Además, resaltó que para la fecha de expedición de su sentencia, no había sido proferido el acto administrativo de certificación por parte del Ministerio del Interior, respecto de la presencia o no de comunidades indígenas o negras en los sectores de Tucurinca, Guacamayal y P.S.. Lo anterior le permitió concluir al Tribunal que “al no existir una medida u actuación administrativa definitiva infractora sobre algún derecho fundamental respecto de los aquí actores, o dado el caso de haber esgrimido estos que el ente encausado omitió alguna pauta o etapa dentro del trámite atribuible antes de proferir la requerida certificación, respecto a este punto esta colegiatura encuentra que la pretensión no está llamada a prosperar, máxime si se tiene en cuenta que esta fue solicitada por la empresa FERROCARRILES DEL NORTE DE COLOMBIA S.A. a través de escrito recepcionado por el encausado Ministerio en fecha cuatro (4) de abril del año en curso, es decir, durante la etapa de admisión de la presente tutela”.
1.6.4. Impugnada la decisión anterior, el proceso correspondió en segunda instancia a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, quien mediante sentencia del 6 de agosto de 2014, confirmó el fallo del a quo.
En efecto, tales comunidades, que son culturalmente diferenciadas son titulares del tal derecho fundamental, el cual, hace parte del derecho a la participación[31], cuando se intervienen sus territorios ancestrales o se toman otras decisiones administrativas o legislativas que puedan afectarlas directamente[32]. El carácter fundamental de la consulta previa es consecuencia de su vinculación con la defensa de la integridad cultural de dichas comunidades, así como de las condiciones que permiten su supervivencia como pueblos diferenciados[33].
Específicamente en materia ambiental, la Corte Constitucional ha establecido[34]que en el caso de un proyecto de exploración o explotación de recursos naturales que pueden generar una afectación directa o indirecta, como requisito sine qua non, se debe consultar a las comunidades indígenas y afrodescendientes antes de expedirse una licencia ambiental[35]. Por ende, en estos casos, la consulta previa resulta ser un requisito sin el cual la autoridad estatal competente no puede autorizar la realización del proyecto.
La Constitución Política definió un modelo de relación con los grupos étnicos – indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras, raizales y pueblo ROM - basado en el reconocimiento de su diferencia cultural, como un componente de su identidad, digno de respeto y valoración. Del mismo modo, el constituyente reconoció que la construcción de tal diversidad étnica y cultural ha sido en gran medida resultado de intensos, y en muchos casos violentos, procesos de dominación colonial, como resultado de los cuales algunas de estas maneras de comprender y relacionarse con el mundo y con los otros han llegado a identificarse como propias de la sociedad “mayoritaria”, y han logrado imponerse sobre las de otros grupos humanos que, como consecuencia de esta asimetría, son asumidos como “minorías”[36].
Dicha visión de los grupos étnicos, establecida en la Carta Política, y consolidada tras la ratificación e incorporación al derecho interno del Convenio 169 de 1989 de la OIT “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”, se asienta sobre un enfoque de diversidad y autonomía que da lugar a la consagración de una serie de derechos, los cuales buscan, entre otras: (i) garantizar las condiciones para su existencia como pueblos culturalmente diversos; (ii) reconocer espacios de autonomía con el fin de definir sus prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo y controlar, en la mayor medida posible, su propio desarrollo económico, social y cultural; (iv) asegurar su participación no solamente en los ámbitos en los cuales se toman decisiones susceptibles de afectarles de manera directa, sino además en aquellos donde se definen, con carácter general, las reglas del juego social.[37]
En virtud del derecho en comento, existe la obligación de adelantar procesos de consulta con los pueblos indígenas y tribales con anterioridad a la adopción y ejecución de decisiones que puedan afectarles directamente, deber que configura una expresión y desarrollo, no sólo de las disposiciones generales de participación ciudadana, sino también de los preceptos constitucionales específicos que protegen a estas comunidades[38], tales como el artículo 7º Superior que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural, el artículo 70 que considera la cultura fundamento de la nacionalidad, entre otros.
En primer lugar, debe indicarse que, inicialmente el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales No. 169 de junio de 1989[39], ratificado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991, se basa en el respeto de las culturas, formas de vida, tradiciones y costumbres propias de las comunidades étnicas
En el mismo sentido, el Convenio 169 de 1989 “asume que [los] pueblos [originarios] pueden hablar por sí mismos, que tienen derecho a participar en el proceso de toma de decisiones que los afectan, y que su contribución, además, será beneficiosa para el país en que habitan”, reivindicando la capacidad y derecho de los pueblos indígenas de interactuar en condición de igualdad con el grupo mayoritario y aportar de esa forma a la construcción del Estado[40].
De otro lado, la Corte IDH ha señalado que cuando se trate de planes de desarrollo a gran escala que tengan un mayor impacto dentro del territorio de comunidades indígenas tribales o étnicas, el Estado tiene la obligación, no sólo de consultarlas, sino también de obtener el consentimiento libre, informado y previo de éstas, según sus costumbres y tradiciones[41].
De igual modo, la consulta previa debe ser adelantada de buena fe, y realizada de manera adecuada y accesible. Asimismo, es necesario que se cuente con un estudio de impacto ambiental y social, existiendo la finalidad de llegar a un acuerdo con las comunidades presuntamente afectadas[42]. Sin embargo, la Corte IDH ha resaltado que:
“(…) el artículo 21 de la Convención no prohíbe per se la emisión de concesiones para la exploración o explotación de los recursos naturales en territorios indígenas o tribales. Sin embargo, si el Estado quisiera restringir, legítimamente, los derechos a la propiedad comunal de los miembros del pueblo Saramaka, debe consultar con las comunidades afectadas respecto de los proyectos de desarrollo que se lleven a cabo en los territorios ocupados tradicionalmente, compartir los beneficios razonables con ellas, y realizar evaluaciones previas de impacto ambiental y social”[43]
Como ya se indicó, la consulta previa, es el derecho fundamental de las comunidades indígenas, tribales y afrocolombianas a ser consultadas sobre cualquier decisión que pueda afectarles directamente, como expresión del derecho a la libre determinación de los pueblos y a la participación. Correlativamente, es una obligación estatal que se concreta en consultar previamente a los grupos étnicos cada vez que se vayan a adoptar medidas legislativas o administrativas que los afecten, con el fin de garantizarles un espacio de participación especial en el que puedan decidir sobre las prioridades que influyen en sus procesos de desarrollo[44].
“(i) dotar a las comunidades de conocimiento pleno sobre los proyectos y decisiones que les conciernen directamente -como los proyectos destinados a explorar o explotar los recursos naturales en los territorios que ocupan o les pertenecen, así como los mecanismos, procedimientos y actividades requeridos para ponerlos en ejecución; (ii) ilustrar a las comunidades sobre la manera como la ejecución de los referidos proyectos puede conllevar una afectación o menoscabo a los elementos que constituyen la base de su cohesión social, cultural, económica y política y, por ende, el sustrato para su subsistencia como grupo humano con características singulares; (iii) brindar la oportunidad a las comunidades para que libremente y sin interferencias extrañas, mediante la convocatoria de sus integrantes o representantes, valoren conscientemente las ventajas y desventajas del proyecto; sean oídas en relación con las inquietudes y pretensiones que tengan en lo que concierne a la defensa de sus intereses y puedan pronunciarse sobre la viabilidad del proyecto.”[45]
Por otro lado, para que la consulta previa cumpla sus finalidades y sea un verdadero mecanismo de participación que garantice los derechos a la libre determinación y la identidad cultural de los pueblos indígenas y tribales, es necesario que en su adelantamiento se adopten procedimientos apropiados y se observen determinados requisitos, con el fin de que se generen espacios adecuados de diálogo. De tal forma, el proceso de consulta previa debe observar ciertas características esenciales para que sea adelantado conforme a los estándares exigidos en la normativa internacional e interna, y además, se logre un espacio de participación efectivo[46]:
En primer lugar, uno de los elementos esenciales de la consulta previa es el consentimiento de las comunidades frente a las medidas que afectarán sus intereses, el cual debe ser libre e informado. No obstante, ello no quiere decir que las comunidades tengan poder de veto[47], pero el consentimiento de las comunidades es imprescindible para determinar la alternativa menos lesiva sobre la medida administrativa o legislativa a realizar conforme el principio de interpretación pro homine.[48]
En segundo lugar, la consulta previa debe ser un proceso de concertación o de acuerdo con la comunidad. Así, no es suficiente la mera información o notificación a la comunidad sobre el proyecto que se realizará; es decir, que a los representantes o autoridades tradicionales de las comunidades se les debe dar la oportunidad de pronunciarse[49].
En tercer lugar, antes de realizarse la consulta, es necesario que existan conversaciones preliminares con la comunidad o comunidades[50].
En sexto lugar, debe garantizarse el acompañamiento y apoyo a las comunidades en el proceso de consulta por autoridades como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, para asegurar que estén informadas de las propuestas del proyecto y sus implicaciones[51].
En séptimo lugar, las decisiones que se tomen conjuntamente y las medidas de compensación acordadas, deben tener efectos sobre la decisión del proyecto[52].
En octavo lugar, la consulta debe ser un proceso que no se agota con meros “acercamientos” o con la simple socialización de las decisiones con las comunidades afectadas, sino que exige un verdadero diálogo, en el cual se identifiquen las ventajas y desventajas de la ejecución de las decisiones que se tomarán y las medidas de compensación y mitigación más adecuadas[53].
En efecto, la afectación directa puede derivarse de diferentes tipos de decisiones, entre ellas: a) medidas legislativas[54] b) presupuestos y proyectos de inversión financiados con recursos del presupuesto nacional[55], c) decisiones sobre la prestación del servicio de educación que afecten directamente a las comunidades[56], d) decisiones administrativas relacionadas con proyectos de desarrollo, como licencias ambientales, contratos de concesión y concesiones mineras, entre otros.
Al respecto, vale hacer referencia a lo establecido por la Corte en la sentencia SU-039 de 1997[57], en la cual se estudió la acción de tutela presentada por el Defensor del Pueblo en la que solicitaba la protección de la identidad étnica, cultural, y la vida, entre otros, de la comunidad indígena U´WA, del departamento de Arauca, al verse afectada por la exploración y explotación de petróleo en los territorios ancestrales de la comunidad. Dicha afectación provenía de la acción de una empresa privada que había obtenido la licencia ambiental sin la realización de una consulta previa, y acudiendo a simples “acercamientos” que no fueron suficientes para proteger los derechos de los indígenas. En esa oportunidad, la Corte protegió el derecho fundamental de participación y ordenó a la empresa demandada efectuar una consulta al pueblo indígena. Asimismo, estableció que no tiene valor de consulta la mera información o notificación que se le hace a la comunidad sobre un proyecto de exploración y explotación de sus recursos.
En el mismo sentido, y reiterando la importancia del derecho a la consulta previa, la Corte indicó, en sentencia C-030 de 2008[58], que la afectación directa a la que hace referencia el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, es el criterio esencial para evidenciar la necesidad de una consulta previa.
De la misma manera, debe hacerse alusión a lo decidido por la Corte en sentencia T- 547 de 2010[59], en la cual se estudió un caso en el que la empresa accionada, luego de solicitar ante el Ministerio del Medio Ambiente el otorgamiento de una licencia ambiental para la construcción y operación de un puerto multipropósito en el departamento de la Guajira, obtuvo certificación, en la que el Ministerio del Interior le informó que no existía presencia de comunidades indígenas ni afrodescendientes en el lugar. Así, el Ministerio del Medio Ambiente otorgó la licencia ambiental pedida, aun cuando en la zona del proyecto se encontraban efectivamente asentadas dichas comunidades. Sin embargo, en la resolución de la licencia se dispuso que, independientemente de lo dispuesto por el Ministerio del Interior, era necesario adelantar un proceso de concertación con las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, de acuerdo con los criterios y mecanismos que dichas comunidades tienen definidos como legítimos para estos efectos.
En dicha oportunidad, las autoridades indígenas interpusieron acción de tutela para buscar la protección de sus intereses, alegando que el área en donde se desarrollaría el proyecto forma parte del territorio ancestral de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de S.M., y que allí se encuentra el cerro sagrado J. que se utiliza para ceremonias de pagamento. La Corte ordenó suspender la ejecución del proyecto y realizar la consulta previa correspondiente con los estudios de impacto en los territorios afectados de las comunidades accionantes, pues afirmó que a pesar de que la licencia ambiental ya se había emitido, debía realizarse una consulta en relación con los impactos y la manera de evitarlos o mitigarlos.
Del mismo modo, en la sentencia T-129 de 2011[60], la Corte estudió el caso de una comunidad indígena Embera del municipio de Acandi en el departamento del Chocó, que presentó acción de tutela, aduciendo que en su territorio existían actividades que ponían en riesgo su autonomía territorial, entre las cuales se refirió a: a) la construcción de una carretera que atravesaría los resguardos, b) el proyecto de interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá, c) los trámites de concesión minera para explotación de oro en Acandi y la invasión ilegal del territorio.
En aquella ocasión, la Corte estableció que los proyectos de desarrollo u obras que se planifiquen y pretendan ejecutarse en un territorio en el que habite una comunidad étnica o sea utilizado para su subsistencia, deben respetar sus usos y costumbres, en virtud del principio de pluralismo étnico reconocido en la Carta Política. Al respecto, puntualizó que“se reconoce un ámbito esencial del pluralismo y de la diversidad étnica y cultural propia de los pueblos indígenas y de otras comunidades étnicas, que no puede ser objeto de disposición por parte del ius imperium del Estado, ya que se pondría en peligro su preservación y se quebrantaría su riqueza, la que justamente reside en el mantenimiento de la diferencia cultural y la necesidad del reconocimiento del otro”.
“la Corte encuentra necesario que la consulta previa y el consentimiento informado de las comunidades étnicas en general pueda determinar la alternativa menos lesiva en aquellos eventos que: (i) impliquen el traslado o desplazamiento de las comunidades por la obra o el proyecto; (ii) estén relacionados con el almacenamiento o vertimiento de desechos tóxicos en las tierras étnicas; y/o (iii) representen un alto impacto social, cultural y ambiental en una comunidad étnica, que conlleve a poner en riesgo la existencia de la misma, entre otros”[61].
Posteriormente, en la sentencia T-993 de 2012[62], la Corte revisó la acción de tutela interpuesta por el Gobernador del Cabildo Indígena La Luisa del Pueblo Pijao por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la consulta previa, entre otros, por la construcción de una variante en su territorio ancestral que afectaba su patrimonio arqueológico y ecológico. Resaltó la Corporación que la obligación de realizar consulta previa se predica tanto de comunidades étnicas ubicadas en zonas tituladas como no tituladas pero habitadas de manera permanente.
De lo expuesto, puede concluirse que la consulta previa es un derecho fundamental y autónomo que se desprende de la libre autodeterminación de los pueblos indígenas y tribales[63]. Según los instrumentos internacionales y la jurisprudencia constitucional, el derecho de los pueblos indígenas y tribales a ser consultados protege su facultad de determinar sus propias instituciones y estructuras de gobierno, conservar sus normas, costumbres, visión del mundo y opción de desarrollo y proyecto de vida, así como de adoptar las decisiones que se muestren más acordes con su cosmovisión[64].
Adicionalmente, la consulta debe garantizarse siempre que exista una afectación directa sobre los intereses de la comunidad de que se trate, es decir, cuando la misma vaya a sufrir una intromisión intolerable en sus dinámicas sociales, económicas y culturales. Tal afectación no se determina únicamente porque la comunidad y el proyecto compartan la misma área geográfica, sino también debe evaluarse con relación a sus impactos y secuelas generados por la misma operación y funcionamiento. Así pues, la jurisprudencia de la Corte ha fijado criterios para identificar la existencia de una afectación directa: a) cuando la medida administrativa o legislativa altera el estatus de las comunidades porque impone restricciones o concede beneficios[65], b) cuando las medidas son susceptibles de afectar específicamente a las comunidades indígenas como tales y no aquellas decisiones que son generales y abstractas[66], c) cuando se trata de aplicar las disposiciones o materias del Convenio 169, por ejemplo la regulación de explotación de yacimientos de petróleo ubicados dentro de los territorios indígenas[67], d) cuando se va a regular materias vinculadas con la definición de identidad étnica de los pueblos indígenas[68], y e) cuando las medidas a implementar se tratan sobre la explotación y aprovechamiento de recursos naturales en territorios indígenas[69].Como ejemplos y desarrollo de estos criterios pueden mencionarse las medidas que regulen la participación política de los pueblos indígenas[70]y las medidas que regulan el sistema de educación en las comunidades respetando sus costumbres, tradiciones y lenguajes[71].
2.4. EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN EN EL DISEÑO Y DESARROLLO DE MEGAPROYECTOS – Reiteración Sentencia T-348 de 2012[72]-
El derecho a la participación se encuentra previsto en la Constitución para todos los colombianos, como una manifestación del principio democrático del Estado Social de Derecho. Asimismo, es derivado del artículo 2º de la Constitución, según el cual, entre los fines esenciales del Estado, se encuentra el de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. De la misma manera, tal derecho es también una manifestación de lo establecido en el artículo 40 de la Carta, que consagra, para todo ciudadano, el derecho de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político[73].Igualmente, el derecho a participar de las decisiones de la administración que les interesan a los ciudadanos, se encuentra reconocido en el ámbito internacional por varios instrumentos[74].
En efecto, la participación ha sido definida como la posibilidad de que los individuos puedan sentirse parte de una comunidad política a través del libre ejercicio de derechos y deberes. La Constitución de 1991, consagra la participación como un principio, un derecho, un deber y un mecanismo para ejercer la ciudadanía. Se trata de un principio ligado al carácter pluralista del Estado, en la medida en que uno de sus fines esenciales, es el de garantizar la efectividad de los mecanismos de participación de todos los asociados[75].
En efecto, dentro del sistema democrático, el derecho a la participación ha sido concebido, para diversos ámbitos, entre ellos, aquellos en los cuales las decisiones de la administración tienen relevancia para los ciudadanos en materias económicas, sociales, rurales, familiares y ambientales, entre otras[76].
Así, el derecho analizado, en el caso de las acciones estatales encaminadas a recuperar el espacio público, es aquél que garantiza que sean involucradas todas las personas que resultan afectadas con las medidas a adoptar por la administración, como en el caso de la construcción de una mega obra. De tal forma, este derecho se traduce en la facultad que tienen los ciudadanos de escuchar y conocer las propuestas de las entidades estatales que les puedan afectar de alguna forma, e intervenir, informarse y comunicar sus intereses frente a ellas[77].
En este orden de ideas, la participación no se reduce a que la autoridad competente organice reuniones de información, de concertación o audiencias, sino que en coordinación con la comunidad garantice la participación y asuma la protección de las personas en situación de vulnerabilidad que van a ser afectadas negativamente por las decisiones administrativas municipales.[78] De tal manera, la participación también significa darle efecto a las opiniones expresadas[79].
En consonancia con lo anterior, esta Corporación ha desarrollado lo atinente al derecho en mención, entre otros, en los casos en que tiene lugar el diseño de megaproyectos. En efecto, la Corte ha estudiado específicamente el derecho a la participación de los grupos de población que potencialmente pueden verse afectados por la realización de un proyecto de tal índole, lo cual constituye una de las maneras en las cuales el Estado puede y debe prevenir que visiones del “interés general” impliquen graves afectaciones en los derechos de las personas. De tal manera, la protección de los derechos fundamentales de los grupos vulnerables en estos casos debe ser garantizada y su plena participación en el proyecto que impactará diversas formas de vida, asegurada.[80]
A ese respecto, vale la pena referirse a lo establecido en la sentencia C-180 de 1994[81], en la que la Corte advirtió que el principio de participación democrática implica un modelo de comportamiento social y político de los ciudadanos en la definición del destino colectivo. Asimismo señaló que:
Asimismo, entre otras providencias, puede hacerse alusión a la sentencia T-348 de 2012, en la cual se protegió el derecho a la participación al estudiarse la acción de tutela presentada por la Asociación de Pescadores de las Playas de Comfenalco. En aquella oportunidad los actores consideraron vulnerados sus derechos fundamentales al trabajo y a la protección especial de las minorías étnicas y a la diversidad cultural, entre otros, por el diseño y construcción del anillo vial de C., llevado a cabo por Consorcio Vía al Mar, pues con el proyecto se encerraba el lugar en el cual los pescadores parqueaban sus botes de madera y realizaban su labor de pesca. En dicha ocasión, la Corte indicó que en los espacios de concertación y de participación no se había tenido en cuenta a toda la población de pescadores afectados. Por ello, se consideró que los derechos invocados habían sido vulnerados por la accionada, razón por la cual se ordenó garantizar los espacios de participación a los actores.
Del mismo modo, en la sentencia T-244 de 2012[82], se analizó el caso de un grupo de vendedores informales de la zona de Bazurto de la ciudad de Cartagena, quienes consideraron vulnerados sus derechos al trabajo, a la igualdad y a la dignidad humana, entre otros, por parte de la Alcaldía de esa ciudad, al no haber sido incluidos en la ejecución de obras para la implementación del sistema de transporte masivo. Al establecer que en este tipo de megaproyectos se deben considerar, en los estudios de impacto, a todas las personas que probablemente se verán afectadas, y al hallar acreditado que en esa ocasión no había tenido lugar un estudio socio económico que involucrara a los actores, la Corte ordenó, entre otras, que el derecho a la participación les fuera garantizado a los accionantes.
Igualmente, en sentencia T-135 de 2013[83] la Corte también amparó el derecho a la participación, al estudiar el caso de un grupo de personas dedicadas a diversas actividades, entre ellas pescadores y maestros de construcción, quienes laboraban en la zona donde se estaba construyendo la hidroeléctrica “El Quimbo”. En esa ocasión, los actores consideraron vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida digna por causa de la ejecución de la obra. Al determinar que en esa oportunidad no se había dado lugar a espacios de participación efectiva a los habitantes de la zona, quienes se encontraban afectados por la construcción, se ordenó a la accionada hacer efectivos los procesos de participación de manera continua con los actores.
En la misma providencia se señaló que, al ejecutar un megaproyecto determinado, el campesino, el jornalero o el tradicional habitante de una región afectada, entre otros, se encuentran en un verdadero estado de indefensión frente al empresario o dueño del proyecto. Así, el adecuado ejercicio de la participación podrá evitar que se lesionen sus derechos[84]. Por ello, se puede afirmar que la participación es fundamental en la relación entre las autoridades estatales y los ciudadanos, y en el intervenir de estos en la gestión pública. Por tal razón, la participación “puede ser entendida como una acción incluyente, es decir, una acción que integra y articula a los partícipes de las dinámicas sociales”[85]
Tal como se señaló en sentencia T-348 de 2012[86], la importancia de garantizar los espacios de participación de la comunidad en el diseño y ejecución de megaproyectos que intervienen recursos del medio ambiente, “se fundamenta además en que el medio ambiente es un bien jurídico constitucionalmente protegido en el que concurren varias dimensiones: es un principio que irradia todo el orden jurídico en cuanto se le atribuye al Estado la obligación de conservarlo y protegerlo, procurando que el desarrollo económico y social sea compatible con la protección de los recursos naturales, es un derecho[87] constitucional de cada individuo como ciudadano y puede ser exigido por vía judiciales, es origen de la obligación a cargo del Estado de prestar saneamiento ambiental como un servicio público, como la salud, la educación y el agua, cuya protección garantiza al mismo tiempo la calidad de vida de los habitantes, y finalmente, es “una prioridad dentro de los fines del Estado, comprometiendo la responsabilidad directa del Estado al atribuirle los deberes de prevención y control de los factores de deterioro ambiental y la adopción de las medidas de protección”[88].”
Asimismo, en sentencias y C-593 de 1995[89], C-535 de 1996[90] y C-328 de 2000[91], la Corte Constitucional estudió la participación ciudadana y comunitaria en los procesos de licenciamiento ambiental, y en general, en las decisiones y procesos de planificación de políticas que puedan afectar el ambiente sano. En la última providencia mencionada, esta Corporación resaltó que “la participación comunitaria debe ser previa, pues es la mejor forma de armonizar ambas obligaciones estatales, lo cual justifica la existencia de figuras como la licencia ambiental, regulada por la Ley 99 de 1993, la cual prevé en su trámite una importante participación de la sociedad civil”.
En la misma providencia, se señaló que el derecho a la participación adquiere mayor relevancia en los eventos en que la actividad pueda ocasionar un daño considerable o irreversible al medio ambiente, para concertar medidas de compensación y de reparación acordes con la naturaleza de la comunidad afectada[92].
En ese sentido, vale indicar que, como se estableció en sentencia T-348 de 2012[93] “cada vez que se vaya a realizar la ejecución de una obra que implica la intervención de recursos naturales, los agentes responsables deben determinar qué espacios de participación garantizar según los sujetos que vayan a verse afectados; si se trata de comunidades indígenas o afrodescendientes, o si se trata de una comunidad, que a pesar de que no entra en dichas categorías, su subsistencia depende del recurso natural que se pretende intervenir, y en esa medida, también será obligatoria la realización de espacios de participación, información y concertación, que implican el consentimiento libre e informado”. (Énfasis fuera del texto)
D. mismo modo, cuando se trata de megaproyectos, la participación es absolutamente necesaria para el diseño de las medidas de compensación y corrección[94], pues las mismas deben provenir de una concertación con las comunidades locales afectadas, según sus intereses.
A ese respecto, vale indicar que dichas medidas varían, dependiendo si se trata de una comunidad indígena o de una comunidad campesina, toda vez que las cualidades de ambos grupos y su relación con los recursos naturales son diferentes aunque de igual importancia, pues las significaciones culturales que se establecen entre los grupos indígenas y el territorio sobre el cual se va a construir una mega obra, pueden tener lugar igualmente en otros contextos diferentes, en los cuales, se evidencia la importancia del entorno en el sostenimiento del proyecto de vida de la persona[95]. Esto es, el significado que le otorga una persona al espacio en donde desarrolla una actividad[96].
Adicionalmente, es necesario indicar que para garantizar el derecho a la participación, hay múltiples mecanismos, según el ámbito en el que se vaya a presentar la intervención estatal. Así, en materia ambiental, existen otros mecanismos de participación administrativa, dentro de los cuales está la consulta previa, la audiencia pública ambiental, la intervención en los procedimientos administrativos ambientales, el derecho de petición, las veedurías ciudadanas en asuntos ambientales y la participación en los procesos de planificación ambiental[97], entre otros.
3.1.1. Los accionantes, representantes legales de los Consejos Comunitarios de las Comunidades Negras y Afrocolombianas de Guacamayal[98], SUTO GENDE ASE NGANDE[99] de Guacamayal, de Prado[100] Sevilla, 16 de Julio[101] de Sevilla, Tucurinca[102],jurisdicción del Municipio de Zona Bananera-Magdalena, Santa Rosa de Lima en Fundación[103] presentaron acción de tutela al considerar que, al encontrarse asentados en zonas aledañas a la vía férrea que opera el consorcio Fenoco -Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A.- junto con sus socios exportadores (D., Vale y Prodeco), tienen derecho a que se lleve a cabo la consulta previa correspondiente. Por dicha vía férrea, la cual va desde Chiriguaná, C., hasta Santa Marta, M., se transporta carbón.
3.1.2. Actualmente, la empresa Fenoco se encuentra realizando las obras de uno de los tramos[104] del proyecto denominado “Construcción de la segunda línea férrea, corredor La Loma-Santa Marta”, el cual se divide en sectores y subsectores, y es paralelo a la primera vía, ya referida, en los municipios de Zona Bananera, Fundación y Algarrobo.
- Resolución 1064 del 24 de octubre2013de la ANLA, en la cual tal entidad otorgó Licencia Ambiental para la construcción de la segunda línea férrea, las obras complementarias y la implementación del reasentamiento para las comunidades del municipio de Algarrobo, Loma Colorada y Lleras. Asimismo, dicha resolución modificó el artículo primero de la Resolución No. 2351 de 28 de diciembre de 2007, a través de la cual se otorgó Licencia Ambiental para la primera línea.
- Resolución 326 y Resolución 735 de 2015 de la ANLA, mediante la que se otorgó Licencia Ambiental para construir la segunda línea férrea adyacente a la actual en el corregimiento de Guamachito.
- Resolución70 de 2015, en la que se otorga Licencia Ambiental para la construcción de la segunda línea férrea, las obras complementarias y la implementación el reasentamiento poblacional de las familias asentadas en el corredor férreo, para los corregimientos de V., R. y G..
- El día 25 de junio de 2009, mediante oficio No. OFI109-21164-GCP-0201, el Ministerio del Interior certificó la no presencia de comunidades indígenas, negras, ni concejos comunitarios de comunidades afrodescendientes en los centros poblados de Loma Colorada, Algarrobo y L., ubicados en la jurisdicción del municipio de Algarrobo, Departamento del M..
- En la certificación No. 543 del 28 de marzo de 2012, el Ministerio de Interior determinó que en la zona de Algarrobo no se identifica la presencia de Comunidades Negras, Afrocolombianas, R., y Palenqueras en la zona de influencia directa.
- Mediante certificación No. 414 del 6 de marzo 2014, el Ministerio del Interior informó que en la Zona Bananera- Vereda Guamachito, V. y Río Frío no se registra presencia de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en el área del proyecto.
- Mediante certificación No. 542 del 28 de marzo de 2012, expedida por el Ministerio del Interior, se señaló que no se identificaron comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto en la Zona Bananera y en Ciénaga en el Departamento de M..
- A través de las certificaciones EXTMI11-0011320 y EXTMI-0012299 del 20 de febrero de 2012, el Ministerio del Interior determinó que en la construcción de segunda línea férrea en el Corredor de La Loma-Santa Marta, en los sectores de Loma Colorada, Algarrobo y L., no se registran resguardos de comunidades indígenas ni se identifica presencia de grupos étnicos.
3.1.5. De tal manera, luego de que Fenoco se cerciorara de la no presencia de comunidades afrodescendientes en las zonas referidas, al contar con las certificaciones mencionadas, continuó sus actividades para la construcción de la segunda vía férrea, sin llevar a cabo consulta previa alguna.
Lo mismo se afirmó con referencia al Consejo Comunitario S.G.A.N. de Guacamayal. De igual forma, se señaló que el Consejo Comunitario de P. en Sevilla, se encuentra dentro del área de influencia del proyecto de la doble línea férrea, pues se observó que el mismo se ubica entre la línea férrea y la carretera troncal del C., por lo que varios de sus miembros habitan ocupando el corredor férreo a distancias incluso cercanas a los 10 metros.
Es necesario indicar que el artículo 42 del decreto 2591 de 1991 dispone que la tutela procede contra particulares que presten un servicio público, como son las empresas prestadoras de servicios de transporte férreo, según lo establece el artículo 80 de la Ley 336 de 1996, en concordancia con lo estipulado en el artículos 86 de la Carta, la sociedad FENOCO S.A. y sus socios explotadores del carbón, D., Prodeco (GlencoreXstrata) y Vale se encuentran legitimados por pasiva para ser demandados en este caso, pues son particulares que prestan un servicio público, razón por la cual pueden ser demandadas en sede de tutela cuando se considera que sus actuaciones configuran violaciones a derechos fundamentales.
De igual manera, debe indicarse que la jurisprudencia de la Corte ha señalado que la acción de tutela es el mecanismo idóneo para la protección del derecho fundamental a la consulta previa[105].
Esta Corporación debe pronunciarse sobre la posible vulneración de los derechos fundamentales a la consulta previa, a la integridad territorial, a la autonomía, al medio ambiente sano, y a la diversidad étnica y cultural de los Consejos Comunitarios de las Comunidades de Guacamayal[106], SUTO GENDE ASE NGANDE[107] de Guacamayal, de Prado[108] Sevilla, 16 de Julio[109] de Sevilla, Tucurinca[110], jurisdicción del Municipio de Zona Bananera-Magdalena, Santa Rosa de Lima en Fundación[111] y Algarrobo[112], por parte de las entidades accionadas, al no haberse llevado a cabo consulta previa para (i) la construcción de la vía férrea que opera actualmente en el tramo que va desde Chiriguaná, C., hasta S.M., M.; (ii) la construcción de la segunda línea férrea, corredor La Loma-Santa Marta.
Así, vale recordar lo decidido en sentencia T-693 de 2011[113], en la cual se estudió la acción de tutela interpuesta por la comunidad indígena Achagua del Municipio de Puerto López, con ocasión de la licencia que le fue otorgada a la empresa Meta Petroleum Limited para la realización del Proyecto Oleoducto Los Llanos. La accionante consideró tener derecho a la consulta previa, pero, al igual que en el presente caso, el Ministerio del Interior no certificó la existencia de tal comunidad en la zona de influencia del proyecto. Sin embargo, se probó durante el proceso, por medio de conceptos técnicos y de diagnósticos ambientales, que la comunidad que interpuso la acción, era culturalmente diferenciada y se encontraba efectivamente asentada en el territorio referido, por lo cual se amparó el derecho fundamental a la participación de la referida comunidad.
Al respecto, la Corte indicó que “El Ministerio del Interior alega que certificó que no existían comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto con fundamento en una comunicación que indicaba esto, proveniente de la alcaldía de P.L.. Para la Sala este no es un argumento de recibo, pues la función del Ministerio es verificar la presencia de comunidades en el área de influencia de un proyecto, lo que significa, como bien lo señala el profesor H.G. de la Universidad del Cauca, “una constatación empírica que debe desarrollarse en campo con el fin de establecer de la manera más directamente posible la existencia o no de tales comunidades.”Además, como también afirma el profesor, esa verificación no se debe agotar “en la presencia física o en la residencia, sino en el desarrollo actual y regular de prácticas tradicionales de supervivencia o simbólicas, tales como la caza, la pesca, la recolección de frutos, la práctica de rituales, entre otras más.”[114]
En el mismo sentido, en la sentencia T-993 de 2012[115], la Corte revisó la acción de tutela interpuesta por el Gobernador del Cabildo Indígena La Luisa del Pueblo Pijao, contra varias entidades estatales por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la consulta previa, a la integridad étnica y al debido proceso con ocasión de la construcción de una variante en su territorio ancestral. La Corte señaló que el derecho a la participación, específicamente a la consulta previa, se predica tanto de comunidades étnicas ubicadas en zonas tituladas como no tituladas pero habitadas de manera permanente. En esa oportunidad se recordó que la presencia de las comunidades indígenas en el área de intervención de las obras del caso concreto era evidente, y por tal razón, ordenó suspender la ejecución del proyecto mientras se agotaba el proceso de consulta. Esta orden la sustentó en el Decreto 1320 de 1998, el cual dispone que aún en el evento en que no se haya certificado la presencia de comunidades indígenas en la zona de influencia de un proyecto, si durante la realización del estudio se constata la presencia de las mismas, debe garantizarse su derecho a ser consultadas.
De tal manera, en sentencia C-030 de 2008[116], la Corte indicó que la afectación directa a la que hace referencia el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, es el criterio esencial para evidenciar la necesidad de una consulta previa.
En efecto, vale la pena recordar que la Corte revisó, mediante sentencia T-672 de 2014[117], un caso similar al aquí estudiado, en el cual 139 demandantes, no diferenciados culturalmente, alegaban estar siendo afectados por causa de la cercanía de una línea férrea a sus lugares de vivienda. Indicaron que, como en el asunto bajo análisis, el paso de trenes, operados por Fenoco, era frecuente, tenían que soportar un ruido permanente y que, como se transportaba carbón, las partículas de este elemento se dispersaban en el aire contaminándolo, lo cual los afectaba en su salud y causan severos daños al medio ambiente.
Al respecto, es necesario recordar que la consulta previa tiene la finalidad de asegurar los derechos de los pueblos indígenas y tribales en sus territorios, y de proteger sus valores culturales sociales, económicos, entre otros, cuando efectivamente se estén viendo perjudicados por la actividad del Estado en situaciones de obras de infraestructura o proyectos de explotación[118]. Al tener esto claro, y toda vez que las afectaciones que surgen del paso del tren en el caso examinado, no tienen la virtualidad de afectar a las comunidades accionantes como grupo cultural diferenciado -en tanto no afectan sus creencias, instituciones, ni bien estar espiritual- no se avizora la presencia de una afectación directa que haga viable el recurrir a la consulta previa, pues dicha circunstancia es requisitos sine qua non para que el derecho fundamental en comento sea amparado.
Así las cosas, es necesario tener en cuenta que, como se señaló en la parte considerativa de esta sentencia, como consecuencia de la implementación del Estado Social de derecho, surge la obligación constitucional del Estado de garantizar la participación de todos los colombianos en las decisiones que son susceptibles de afectarlos[119].
A ese respecto, resulta necesario resaltar que una gestión ambiental participativa es la alternativa mediante la cual se garantizan efectos de sostenibilidad ambiental y de calidad de vida para los individuos[120]. En virtud de ello, la participación ha sido uno de los pilares de la gestión ambiental, pues en la medida en que las personas toman parte de los procesos en los que se toman decisiones sobre el ambiente se pueden garantizar soluciones adecuadas a sus necesidades. Así, es necesario que se recurra a escenarios que sirvan como base para el ejercicio de oportunidades concretas de participación, pues como lo ha señalado la Corte, las autoridades estatales deben asumir la promoción, creación y fomento de dichos espacios.
3.4.1.4. En ese orden, es necesario especificar la manera en que debe ser garantizado tal derecho, teniendo en cuenta que se trata de dos vías férreas: la primera de ellas, que ya fue construida sin que se consultaran los intereses de las comunidades, y la segunda, que no ha sido finalizada hasta el momento y respecto de la cual no se ha iniciado proceso alguno de participación.
3.4.1.5. Con referencia a los procesos de participación que deben ser llevados a cabo, la Sala advierte que la participación de la comunidad en esta clase de asuntos no se puede reducir a que la autoridad competente organice reuniones de información o de socialización del proyecto, pues éstas deben realizarse en coordinación con la comunidad, y deben contener espacios que garanticen efectivamente la participación, en cuanto a los efectos sociales, ambientales, económicos y de seguridad[121].
En el mismo sentido, en tales espacios es preciso que la comunidad afectada en general tenga conocimiento claro e integral de las implicaciones del proyecto, es decir, de las consecuencias tanto positivas como negativas del mismo, no sólo en cuanto al medio ambiente, sino respecto de la seguridad, los efectos económicos y sociales, para que de tal forma, puedan aportar sus opiniones en cuanto las medidas de mitigación y compensación a que haya lugar[122], pues las mismas deben ser concertadas con las comunidades.
Al respecto, resulta pertinente hacer referencia a lo establecido en la ya mencionada sentencia T- 348 de 2012[123], respecto de la manera de llevar a cabo los espacios de participación. En tal providencia, en el cual no se amparó el derecho a la consulta previa, por cuanto se estableció que los accionantes no cumplían con los requisitos para acceder a ello, se tuteló el derecho a la participación de los grupos de pescadores demandantes, quienes se vieron afectados con ocasión del proyecto Anillo Vial Malecón de C., ejecutado por el Consorcio Vía al Mar, en el lugar donde trabajan los actores. En dicha oportunidad, se señaló que “la única forma como las medidas serán eficaces y adecuadas, es que sean el resultado de una evaluación, no sólo de los efectos negativos en el medio ambiente, sino de su impacto en la comunidad, teniendo en cuenta sus características especiales y su relación con el entorno ambiental (…)”
En suma, la Sala concluye que en este caso, Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A. –Fenoco S.A.- y sus socios explotadores del carbón, D., Prodeco (GlencoreXstrata) y Vale vulneraron el derecho a la participación de las comunidades demandantes y de las personas habitantes en la zona de influencia del proyecto, por cuanto dichas empresas llevaron a cabo la construcción de una primera vía férrea, que atraviesa los territorios de las accionantes, e inició obras para la segunda vía paralela a esa, sin garantizar espacios de participación, impidiendo que la comunidad afectada tomara parte en la realización del megaproyecto mencionado.
En consecuencia, la Sala revocará la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 6 de agosto de 2014, que negó el amparo solicitado y tutelará el derecho fundamental a la participación de las Comunidades Negras y Afrocolombianas de Guacamayal[124], SUTO GENDE ASE NGANDE[125] de Guacamayal, de Prado[126] Sevilla, 16 de Julio[127] de Sevilla, Tucurinca[128], jurisdicción del Municipio de Zona Bananera-Magdalena, Santa Rosa de Lima en Fundación[129] y Algarrobo[130] y de la población afectada por el proyecto aquí estudiado.
Tales reuniones serán garantizadas no solo por Fenoco, empresa ejecutora del proyecto, sino por las Alcaldías de la Zona Bananera, de Fundación, de Algarrobo, la Defensoría del Pueblo y la Corporación Autónoma Regional del M. –Corpamag-.
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 6 de agosto de 2014, que negó el amparo solicitado y, en su lugar, CONCEDER el amparo del derecho fundamental a la participación de las Comunidades Negras y Afrocolombianas de Guacamayal, SUTO GENDE ASE NGANDE de Guacamayal, de P.S., 16 de Julio de Sevilla, Tucurinca, jurisdicción del Municipio de Zona Bananera-Magdalena, Santa Rosa de Lima en Fundación y Algarrobo.
SEGUNDO: ORDENAR a la empresa accionada, Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A. –Fenoco S.A., que en un plazo máximo de dos (2) meses contados a partir de la notificación de este fallo, realicen las reuniones que sean necesarias para garantizar el derecho a la participación de la comunidad afectada, y en el marco de estos espacios, diseñar en conjunto con tales grupos, las medidas de compensación de los efectos sociales, de seguridad y en el medio ambiente, causados por el paso de los trenes, y discutir necesariamente lo atinente a (i) los horarios del paso de los trenes, (ii) una posible suspensión del transporte de carbón en determinadas horas, (iii) la viabilidad de la instalación de barreras que disminuyan las molestias por el ruido, (iv) los mecanismos de seguridad para el control del desplazamiento de personas de un lado de las vías al otro, entre otras discusiones que interesen a la comunidad perjudicada para lo cual deberán llevarse a cabo convocatorias públicas.
TERCERO.- ENVIAR copia de esta providencia a cada una de las partes, especialmente a las autoridades estatales vinculadas y que se pusieron en conocimiento del caso concreto. De igual forma, PREVENIR a la Defensoría del Pueblo para que realice el seguimiento de las órdenes impartidas en esta sentencia.
[1] J.L.G..
[2] F.B..
[3] A.S.B..
[4] J.B.M..
[5]E.M..
[6] A.S.A..
[7] E.B.S..
[8] J.L.G..
[9] F.B..
[10] A.S.B..
[11] J.B.M..
[12]E.M..
[13] A.S.A..
[14] E.B.S..
[15] J.L.G..
[16] F.B..
[17] A.S.B..
[18] J.B.M..
[19] E.M..
[20] A.S.A..
[21] E.B.S..
[22] Folio 7, Cuaderno de Primera Instancia
[23] Folio 8, Cuaderno de Primera Instancia.
[24] Folio 9, Cuaderno de Primera Instancia.
[25] F. 10, Cuaderno de Primera Instancia.
[26] Folio 11, Cuaderno de Primera Instancia.
[27] Folios 19-28, Cuaderno de Primera Instancia.
[28] Folio 29, Cuaderno de Primera Instancia.
[29] M.P.J.I.P.P.
[30] No. 414 del 6 de marzo de 2014, No. 543 del 28 de marzo de 2012 y No. 404 del 13 de marzo de 2012.
[31] Sobre el particular, en la Sentencia C-175 de 2009 se puntualizó que “[e]l carácter participativo del modelo democrático de ejercicio del poder político, encuentra un ámbito de protección reforzada para el caso particular de las decisiones estatales que inciden en los intereses de las comunidades indígenas y afrodescendientes …”, en la medida en que “… la Carta Política reconoce que la Nación colombiana es una entidad compleja, conformada por comunidades diferenciadas, con concepciones disímiles de la vida social y política (…) y (…) acepta que cada una de esas comprensiones es intrínsecamente valiosa, pues concurre activamente en la construcción de dicha nacionalidad (…)”, razón por la cual deben ser protegidas”. Criterio reiterado en la sentencia T-547 de 2010 M.P.G.E.M.M..
[32] Cfr. Sentencia T-547 de 2010 M.P.G.E.M.M.. Entre otras, sentencias C-169 de 2001 M.P.C.G.D., C-891 de 2002 M.P.J.A.R., C-030 de 2008 M.P.R.E.G. y T-154 de 2009 M.P.N.P.P..
[33] Ver sentencias SU-383 de 2003 M.P.Á.T.G. y T-547 de 2010 M.P.G.E.M.M., entre otras.
[34]Ver sentencias SU-039 de 1997 M.P.A.B.C., T-880 de 2006 M.P.Á.T.G., T-769 de 2009 M.P.N.P.P., entre otros.
[35]En la sentencia C-030 de 2008[25], la Corte Constitucional puntualizó que la afectación directa a la que hace referencia el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, era el criterio esencial para evidenciar la necesidad de una consulta previa, y sobre ello señaló que no se limitaba a identificar que la zona de influencia afectaba la ubicación geográfica, sino que, debía mirarse al mismo tiempo, si las “secuelas recaen de forma particular sobre la comunidad, su nicho y los recursos que le constituyen, dado que los elementos que representan sus cosmovisión son efectivamente y representativamente limitados por las consecuencias que resultan del proyecto.” (resaltado fuera de texto).
[36]Al respecto, ver Sentencia T-294 de 2014, M.P.M.V.C.C..
[37] Este modelo de relación con los grupos étnicos representa la concreción de diversos mandatos, principios y valores constitucionales, entre los que cabe destacar: “la concepción de la democracia acogida por el Constituyente, a la vez participativa y pluralista, visión que reivindica la coexistencia de diversas formas de ver el mundo y propicia la activa intervención de todas las culturas para la construcción del Estado (artículos 1º y 2º, CP); el principio de igualdad que, de una parte, se concreta en el carácter general de la ley y la prohibición de discriminación; y, de otra, ordena la adopción de medidas especiales, de carácter favorable, frente a grupos vulnerables o personas en condición de debilidad manifiesta (artículo 13 CP); la diversidad étnica (artículo 7º CP) que prescribe el respeto y conservación de las diferencias culturales como elemento constitutivo de la Nación; el principio de igualdad de culturas (artículo 70 CP) que prohíbe imponer las formas de vida mayoritarias como las únicas válidas o como opciones prevalentes sobre la visión del mundo de los pueblos originarios, y diversos compromisos adquiridos por el Estado en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.Sentencia T-376 de 2012 (MP. M.V.C. Correa), citado en Sentencia T- 294 de 2014, M.P.M.V.C. Correa
[38] Uno de sus primeros fallos donde se puntualizó este tema fue en la sentencia T-380 de 1993 M.P.E.C.M.. En este caso la Organización Indígena de Antioquia interpuso acción de tutela contra la Corporación Nacional de Desarrollo del Chocó (CODECHOCÓ) y la Compañia de M. delD., por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, al trabajo, a la propiedad, a la integridad étnica, entre otros, debido a la explotación forestal en una zona de reserva sobre la cual se había asentado un resguardo indígena, provocando graves daños a la comunidad. La Corte, una vez probada la omisión de las autoridades en la vigilancia y desarrollo de la explotación maderera, consideró que: “Las externalidades del sistema económico capitalista - o por lo menos de una de sus modalidades -, en cierto modo secuelas de su particular concepción de sometimiento de la naturaleza y de explotación de los recursos naturales, quebrantan esta ecuación de equilibrio en la medida en que desconocen la fragilidad de los ecosistemas y la subsistencia de diferentes grupos étnicos que habitan en el territorio. Consciente de esta situación, el Constituyente no sólo prohijó el criterio de desarrollo económico sostenible, sino que condicionó la explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas a que ésta se realice sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas (CP art. 330). La explotación maderera indiscriminada, con o sin autorización estatal, atenta contra el ecosistema, agota los recursos primarios propios de una economía de subsistencia de las comunidades étnicas en las que priman los valores de uso y simbólico sobre el valor de cambio y destruye el estrecho vínculo de los indígenas con la naturaleza”. La Corte ordenó a la autoridad estatal demandada, la restauración de los recursos naturales afectados por el aprovechamiento forestal ilícito e iniciar las acciones judiciales dirigidas a exigir las medidas de reparación necesarias que beneficiaran el resguardo indígena perjudicado.
[39] Al respecto puede verse el Manual de aplicación del Convenio 169 sobre comunidades indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, 2003. Disponible en: http://www.ucm.es/info/IUDC/img/biblioteca/Manual_c169.pdf
[40] Al respecto, ver Sentencia SU- 383 de 2003, M.P.Á.T.G. y T-376 de 2012, M.P.M.V.C.C..
[41] Al respecto, ver Sentencia T- 462ª de 2014, M.P.J.I.P.C.
[42] “En el caso S., la Corte interamericana dio ejemplos de la gama de medidas estatales que requieren consulta previa, cuando ordenó al Estado de Surinam que consultara con el pueblo S. “al menos acerca de los siguientes seis asuntos”: a) el proceso de delimitación, demarcación y otorgamiento de título colectivo sobre el territorio del pueblo Saramaka; b) el proceso de otorgamiento a los miembros del pueblo S. del reconocimiento legal de su capacidad jurídica colectiva, correspondiente a la comunidad que ellos integran; c) el proceso de adopción de medidas legislativas, administrativas o de otra índole que sean necesarias para reconocer, proteger, garantizar y dar efecto legal al derecho de los integrantes del pueblo S. al territorio que tradicionalmente han ocupado y utilizado; d) el proceso de adopción de medidas legislativas, administrativas u otras requeridas para reconocer y garantizar el derecho del pueblo S. a ser efectivamente consultado, de conformidad con sus tradiciones y costumbres; e) en relación con los estudios previos de impacto ambiental y social; y f) en relación con cualquier restricción propuesta a los derechos de propiedad del pueblo Saramaka, particularmente respecto de los planes de desarrollo o inversión propuestos dentro de, o que afecten, el territorio Saramaka”. Tomado del Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre “Los derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales”, párr. 279, citado en la Sentencia T-462A de 2014, M.P.J.I.P.C.
[43] Ver Corte IDH. Caso Saramaka contra S.. Sentencia del 28 de noviembre de 2007, párr. 129.
[44] Ver entre otras sentencia T-1080 de 2012 M.P.J.I.P.C..
[45] Ver la sentencia SU-039 de 1997, M.P.A.B.C.. Criterios reiterados posteriormente en las sentencias T-693 de 2011 M.P.J.I.P.C., T-1080 de 2012 M.P.J.I.P.C. y T-462A de 2014, M.P.J.I.P.C..
[46] Al respecto, ver Sentencia T-462A de 2014, M.P.J.I.P.C.
[47] Ver sentencia SU-039 de 1997 M.P.A.B.C. reiterada en la sentencia T-1080 de 2012 M.P.J.I.P.C..
[48] Ver al respecto la sentencia T-129 de 2011 M.P.J.I.P.P. y T-462A de 2014, M.P.J.I.P.C..
[49] Ver sentencias SU-039 de 1997 M.P.A.B.C. y C-175 de 2009 M.P.L.E.V.S..
[50] Ver sentencia C-461 de 2008 M.P.M.J.C.E. y T-462A de 2014, M.P.J.I.P.C..
[51] Ver sentencia C-461 de 2008 M.P.M.J.C.E..
[52] Ver sentencia T-175 de 2009 M.P.L.E.V.S..
[53] Ver sentencias SU-039 de 1997 M.P.A.B.C., T-652 de 1998 M.P.C.G.D. y T-769 de 2009 M.P.N.P.P., entre otras.
[54] Ver entre otras, sentencias C-030 de 2008 M.P.R.E.G., C-175 de 2009 M.P.L.E.V.S., C-702 de 2010 M.P.J.I.P.C., C-366 de 2011 M.P.L.E.V.S., C-331 de 2012 M.P.L.E.V.S..
[55] Ver entre otras, sentencia C-461 de 2008 M.P.M.J.C.E..
[56] Ver entre otras, sentencias C-208 de 2007 M.P.R.E.G., T-907 de 2011 M.P.J.I.P.C., T-801 de 2012 M.P.J.I.P.P. y T-049 de 2013 M.P.L.E.V.S..
[57] M.P.A.B.C..
[58] M.P.R.E.G.. En esta providencia se revisó una demanda contra la Ley General Forestal, debido a que en el proceso legislativo se había omitido el trámite de consulta previa de las comunidades indígenas y afrodescendientes. La Corte declaró la inexequibilidad de la Ley con base en las siguientes consideraciones:“En cuanto tiene que ver con el derecho general de participación cabe señalar que el Convenio se orienta a obtener que se garanticen a los pueblos interesados unas oportunidades de participación que sean, al menos, equivalentes a las que están a disposición de otros sectores de la población, en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan. De manera específica ese derecho general de participación se manifiesta, en el ámbito de las medidas legislativas que conciernan a los pueblos indígenas, y tribales (…)”.
[59] M.P.G.E.M.M..
[60] M.P.J.I.P.P..
[61] Cfr. T-129 de 2011 M.P.J.I.P.P..
[62] M.P.M.V.C.C..
[64] Ver sentencia C-882 de 2011 M.P.J.I.P.C. y T-693 de 2011 M.P.J.I.P.C..
[65] Ver sentencia C-030 de 2008 M.P.R.E.G..
[66] Ver sentencia C-030 de 2008 M.P.R.E.E.G..
[67] Ver sentencias C-030 de 2008 M.P.R.E.E.G. y C-196 de 2012 M.P.M.V.C.C..
[68] Ver sentencia C-175 de 2009 M.P.L.E.V.S..
[69] Ver sentencias C-030 de 2008 M.P.R.E.E.G., C-175 de 2009 M.P.L.E.V.S., C-366 de 2011 M.P.L.E.V.S., C-196 de 2012 M.P.M.V.C.C. y C-317 de 2012 M.P.M.V.C.C..
[70] Ver sentencias C-169 de 2001 M.P.C.G.D., C-702 de 2010 M.P.J.I.P.C. y C-490 de 2011 M.P.L.E.V.S..
[71] Ver sentencias C-208 de 2007 M.P.R.E.G., T-507 de 2010 M.P.M.G.C., T-907 de 2011 M.P.J.I.P.C. y T-871 de 2013 M.P.J.I.P.C..
[72] M.P.J.I.P.C.
[73] Entre otros artículos de la Constitución Política en los que puede identificarse el derecho a la participación se encuentran; 3° (soberanía popular), 20 (libertad de opinión, prensa e información), 23 (derecho de petición), 37 (derecho de reunión), 38 (derecho de asociación), 49 (participación en los servicios de salud), 74 (libre acceso a los documentos públicos), 103 (mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de la soberanía), 270 (sistemas de participación ciudadana para la vigilancia de la gestión pública) y 369 (participación de usuarios de servicios públicos). Ver sentencias T-814 de 1999 M.P.A.B.C., T-473 de 2003 M.P.J.A.R., T-127 de 2004 M.P.J.G.H.G. y T-348 de 2012, M.P.J.I.P.C..
[74] El derecho a la participación está concebido desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en el artículo 21, en el que se dispone que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes directamente elegidos. A su turno, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala en su artículo 25 que todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, del derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por representante libremente elegidos, a votar y ser elegido en elecciones públicas, y a tener acceso a las funciones públicas[74]. En la Organización de Estados Americanos se encuentran la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la cual consagra en los artículos 13, 20, 21 y 22, los derechos a ser parte de las decisiones de quienes gobiernan, el derecho a reunirse y asociarse y a presentar peticiones respetuosas. Por su parte, la Carta Democrática en su artículo 6 reconoce la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo; y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 23 reconoce varios derechos políticos entre los cuales se encuentra el derecho de todo ciudadano a participar en los asuntos públicos.
[75] La participación en la gestión ambiental. Un reto para el nuevo milenio, G.A.R. y L.M.M.Á.. Colección Textos de Jurisprudencia. Editorial Universidad del Rosario.Bogotá, 2009.
[76] El derecho a la participación ciudadana indica la posibilidad que tienen el individuo de hacer parte de la vida social, no sólo como miembro de la comunidad, sino como titular de derechos y deberes que implican un ejercicio consciente y responsable. La ley debe disponer mecanismos de participación en los que cada ciudadano pueda ejercer adecuadamente su participación dentro del medio social. Ver “La Participación en la Gestión Ambiental. Un reto para el nuevo milenio” R., G.A. y M.Á., L.M.. Colección de textos de jurisprudencia, Ed. Universidad del Rosario (2009).
[77] “(…) la participación puede darse tanto en el ámbito particular como en el colectivo y que puede concebirse como un proceso social cuyo fin es influir en la toma de decisiones que, de alguna manera, se vinculan a los intereses de los participantes”. Sobre esta definición puede verse el libro “La Participación en la Gestión Ambiental. Un reto para el nuevo milenio” R., G.A. y M.Á., L.M.. Colección de textos de jurisprudencia, Ed. Universidad del Rosario (2009). Por su parte la Corte Constitucional en sentencia T-123de 2009 M.P.C.I.V.H.: “La participación ciudadana en escenarios distintos del electoral alimenta la preocupación y el interés de la ciudadanía por los problemas colectivos; contribuye a la formación de unos ciudadanos capaces de interesarse de manera sostenida en los procesos gubernamentales y, adicionalmente, hace más viable la realización del ideal de que cada ciudadano tenga iguales oportunidades para lograr el desarrollo personal al cual aspira y tiene derecho”. Citado en Sentencia T-348 de 2012, M.P.J.I.P.C..
[78] Corte Constitucional, sentencia T-129 del 3 de marzo de 2011. M.P.J.I.P.P.
[79] Al respecto, ver Sentencia T- 244 de 2012, M.P.J.I.P.C.
[81] M.P.H.H.V..
[82] M.P.J.I.P.C..
[83] M.P.J.I.P.C..
[84] Al respecto, ver Sentencia t-135 de 2013, M.P.J.I.P.P..
[85] Ver “La Participación en la Gestión Ambiental. Un reto para el nuevo milenio” R., G.A. y M.Á., L.M.. Colección de textos de jurisprudencia, Ed. Universidad del Rosario (2009).
[86] M.P.J.I.P.C..
[87] Bajo ese entendido, el derecho al medio ambiente a pesar de ser colectivo, también ha adquirido el carácter de derecho fundamental desde la sentencia T-092 de 1993, por su relación íntima con los derechos a la vida y a la salud de las personas, toda vez que los daños ambientales afectan al mismo tiempo la calidad de vida de los seres humanos que están permanentemente en contacto con cada uno de sus componentes y que hacen parte del ecosistema. Ver sentencias T-092 de 1993 M.P.S.R.R.C.-293 de 2002 M.P.A.B.S. y T-851 de 2010 M.P.H.A.S.P., entre otras.
[88] Cfr. Sentencia C-632 de 2011 M.P.G.E.M.M..
[89] M.P.F.M.D..
[90] M.P.A.M.C..
[91] M.P.E.C.M..
[92] “La participación comunitaria debe ser previa, pues es la mejor forma de armonizar ambas obligaciones estatales, lo cual justifica la existencia de figuras como la licencia ambiental, la cual prevé en su trámite una importante participación de la sociedad civil (…) en aquellos eventos en que la actividad pueda ocasionar un daño considerable o irreversible al medio ambiente o, en tratándose de las comunidades indígenas, a la identidad y existencia de las mismas, la ley y el gobierno deben asegurar un mecanismo previo de participación comunitaria, pues los costos de la decisión pueden ser muy altos en términos económicos, sociales y humanos”. Sentencia C-535 de 1996 M.P.A.M.C. y T-348 de 2012, M.P.J.I.P.C..
[93] M.P.J.I.P.C..
[94] El decreto 2820 de 2010 en su artículo 1 dispone que las medidas de compensación “son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos”. Las de corrección son “las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad”.
[95] Al respecto, ver Sentencia T-244 de 2012, M.P.J.I.P.C.
[97] Ver “La Participación en la Gestión Ambiental. Un reto para el nuevo milenio” R., G.A. y M.Á., L.M.. Colección de textos de jurisprudencia, Ed. Universidad del Rosario (2009).
[98] J.L.G..
[99] F.B..
[100] A.S.B..
[101] J.B.M..
[102]E.M..
[103] A.S.A..
[104] Se han construido 145 kms de la segunda vía férrea en las zonas del Paso, Bosconia, El Copey, Algarrobo, Fundación, Guamachito, Iberia, Río Frío y Ciénaga.
[105] Al respecto, ver sentencia T-693 de 2011, M.P.J.I.P.C.
[106] J.L.G..
[107] F.B..
[108] A.S.B..
[109] J.B.M..
[110]E.M..
[111] A.S.A..
[112] E.B.S..
[113] M.P.J.I.P.C.
[114] Para la Sala también es importante resaltar los elementos que el profesor H.G. indica deben guiar la verificación de la presencia de comunidades étnicas en el área de influencia de proyectos de desarrollo: “Puede existir Presencia de comunidades étnicas dentro de un área definida por situaciones muy diversas que deben ser objeto de identificación y de justa valoración. Dichas situaciones pueden ser: 1. La realización histórica y regular de prácticas colectivas tradicionales de orden económico (agricultura, caza, pesca, recolección), cultural (prácticas sagradas, ceremoniales y ritos especiales) y funcional (acceso o tránsito). 2. La existencia de una propiedad colectiva de tierras o terrenos de la comunidad étnica. 3. La posesión de hecho de tierras o terrenos. No obstante se puede presentar otra serie de situaciones que eventualmente las comunidades étnicas pueden argumentar como presencia efectiva dentro del área de influencia, tales como: (a) Residencia de varias familias y/o personas pertenecientes a una comunidad étnica. (b) Existencia de compromisos institucionales con el Estado tendientes a satisfacer aspiraciones territoriales de una comunidad o pueblo étnico. (c) Área de territorio ancestral, reclamado políticamente. (d) Cercanía rel.ativa al área de influencia por residencia, propiedad, posesión o realización de prácticas tradicionales. (e) Interdependencia sistémica por razones ambientales, sociales o económicas con lugares ubicados dentro del área de influencia.”
[115] M.P.M.V.C. Correa
[116] M.P.R.E.G.. En esta providencia se revisó una demanda contra la Ley General Forestal, debido a que en el proceso legislativo se había omitido el trámite de consulta previa de las comunidades indígenas y afrodescendientes. La Corte declaró la inexequibilidad de la Ley con base en las siguientes consideraciones:“En cuanto tiene que ver con el derecho general de participación cabe señalar que el Convenio se orienta a obtener que se garanticen a los pueblos interesados unas oportunidades de participación que sean, al menos, equivalentes a las que están a disposición de otros sectores de la población, en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan. De manera específica ese derecho general de participación se manifiesta, en el ámbito de las medidas legislativas que conciernan a los pueblos indígenas, y tribales (…)”.
[117] M.P.J.I.P.P..
[118] La participación en la gestión ambiental. Un reto para el nuevo milenio, G.A.R. y L.M.M.Á.. Colección Textos de Jurisprudencia. Editorial Universidad del Rosario. Bogotá, 2009.
[119] La participación en la gestión ambiental. Un reto para el nuevo milenio, G.A.R. y L.M.M.Á.. Colección Textos de Jurisprudencia. Editorial Universidad del Rosario. Bogotá, 2009.
[120] La participación en la gestión ambiental. Un reto para el nuevo milenio, G.A.R. y L.M.M.Á.. Colección Textos de Jurisprudencia. Editorial Universidad del Rosario. Bogotá, 2009, tomado de Mesa, C. y otros. Herramientas para la participación en gestión ambiental, FESCOL/DNP Bogotá, D.C., 2000, P.272,
[121] Al respecto, ver sentencias T-129 del 3 de marzo de 2011. M.P.J.I.P.P. y T-348 de 2012, M.P.J.I.P.C..
[122] Ver sentencia T-244 de 2012 M.P.J.I.P.C. y T-348 de 2012, M.P.J.I.P.C..
[123] M.P.J.I.P.C..
[124] J.L.G..
[125] F.B..
[126] A.S.B..
[127] J.B.M..
[128]E.M..
[129] A.S.A..
[130] E.B.S..
Sentencia nº 11001-03-06-000-2015-00116-00 de Consejo de Estado - Sala de Consulta, de 10 de Septiembre de 2015
Tutela de Corte Suprema de Justicia - nº 110010203000200401263 de 18 de Noviembre de 2004