Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1996-03361-de-agosto-19-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_ae2b200c1d8e009ae0430a010151009a&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-12-06 06:08:29
Document Index: 216406645

Matched Legal Cases: ['artículo 357', 'artículo 1', 'artículo 31', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 86', 'artículo 7']

﻿ Sentencia 1996-03361 de agosto 19 de 2011
SENTENCIA 1996-03361 DE 19 DE AGOSTO DE 2011
CONTENIDO:EL DAÑO ANTIJURÍDICO SE EXPERIMENTA EN EL ÁMBITO PURAMENTE MATERIAL. EN CADA CASO, HA DE CORRESPONDER AL JUEZ DETERMINAR SI EL DAÑO VA MAS ALLÁ DE LO QUE, NORMALMENTE Y SIN COMPENSACIÓN ALGUNA, DEBE SOPORTAR UNA PERSONA POR EL HECHO DE VIVIR EN UNA COMUNIDAD JURÍDICAMENTE ORGANIZADA Y COMPORTARSE COMO UN SUJETO SOLIDARIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, SERVIDOR PÚBLICO, ACTO ADMINISTRATIVO, FALTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Sentencia 1996-03361 de agosto 19 de 2011
Rad. 25000-23-26-000-1996-03361-01(19830)
Actor: Isabel Borja Alarcón
Estudia la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2000, por el Tribunal Administrativo de Descongestión, Sección Tercera, mediante la cual el a quo se declaró inhibido para fallar de fondo las pretensiones de la demanda. El artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º numeral 175 del Decreto 2282 de 1989, indica: “la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones (...) Cuando se hubiere apelado de una sentencia inhibitoria y la revocare el superior, este deberá proferir decisión de mérito aun cuando fuere desfavorable al apelante”.
De esta manera el principio constitucional consagrado en el artículo 31 de la Carta Política, en virtud del cual “el superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”, no es absoluto, por cuanto como lo ha reiterado esta Sala, “en aquellos casos relacionados con la apelación de los fallos inhibitorios de primer grado, en los cuales el juez de la segunda instancia encuentre que hay lugar a proferir una decisión de mérito, así deberá hacerlo ‘... aun cuando fuere desfavorable al apelante’”(1).
El estudio del caso bajo examen se hará partiendo de los siguientes derroteros:
i) Pruebas recaudadas en el expediente, ii) Acción procedente, iii) Carácter del daño e imputación.
1. Pruebas recaudadas en el expediente.
1. Acuerdos expedidos por el Consejo Superior Universitario de la Universidad Francisco José de Caldas, números 022 de 1989, 024 de 1989, 003 de 1973, 040 de 1990, 046 de 1990, 026 de 1991, 002 de 1992, 003 de 1992, 023 de 1993, 024 de 1993, 004 de 1996 (fls. 37-182 y 234-247, cdno. 2).
2. Acuerdo 026 del 23 de diciembre de 1993, expedido por el Consejo Superior Universitario de la Universidad Francisco José de Caldas (fls. 200-233, cdno. 2). En el artículo 7º transitorio establece:
“ART. TRANS. 7º—Durante los tres (3) años siguientes a la entrada en vigencia del presente estatuto, los profesores vinculados actualmente en la modalidad de profesores de tiempo parcial a la universidad pueden cambiar de dedicación a tiempo completo. El cambio de dedicación es reglamentado por el consejo superior universitario antes del 30 marzo de 1994, sobre la base de la calificación de méritos, la producción académica y la evaluación integral y permanente definida en el presente estatuto”.
3. Copia auténtica de la Resolución 026 de mayo 18 de 1994 “Por la cual se reglamenta el cambio de dedicación de los profesores de medio tiempo a tiempo completo”, del que se resalta:
“Que según el artículo transitorio 7º del Acuerdo 026 de 1993, se fijan como criterios para el cambio de dedicación la calificación de méritos, la producción académica y la evaluación integral y permanente”.
ii) Los artículos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º establecieron la forma de divulgar las plazas docentes sujetas a cambio de dedicación, la convocatoria, el plazo de inscripción, la integración de los jurados, la forma de inscripción de los candidatos y los profesores miembros del jurado.
iii) El artículo 9º señaló los criterios que debían tenerse en cuenta en la selección de los profesores que cambiaban de dedicación:
e. Experiencia docente o profesional calificada”.
iv) Respecto a tales criterios los artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 determinaban la puntuación y valores otorgados conforme a los anteriores criterios.
4. Copia auténtica de la Resolución 031 de 29 de noviembre de 1996 “Por el cual se expide la reglamentación para el cambio de dedicación de docentes de medio tiempo a tiempo completo de la Universidad Distrital en el marco del plan institucional formar universidad y de la estructura académica” (fls. 248-252, cdno. 2).
Que para garantizar condiciones favorables para el desarrollo académico de la Universidad es necesario hacer este tipo de cambios de dedicación mediante un concurso interno de méritos académicos”.
Los artículos 2º, 3º, 4º y 5º establecían la modalidad de proveer los cambios de dedicación en la planta de persona, definió el concurso de méritos, fijó la convocatoria y determinó la composición del jurado.
En tanto que en los artículos 6º a 13 se estableció: los criterios de evaluación y los criterios y puntuación.
5. Resoluciones 0396 del 17 de abril de 1983 y 027 de 1994 expedidas por el Consejo Superior Universitario (fls. 183-199, cdno. 2).
6. Resolución 0465 del 18 de mayo de 1993, por la cual se nombra a Isabel Borja Alarcón como docente de tiempo parcial en el departamento de lingüística y literatura - Universidad Distrital (fls. 2 y 3, cdno. 2).
7. Testimonios rendidos por Carlos Lombana, Rafael Arturo Camerano Fuentes, Jorge Luis Quintero Acevedo, Wilmer Antonio Daza Bohórquez, Jaime Enrique Rodríguez Colmenares, Hugo Aníbal Sierra Gamboa, Fernando Alberto González Aguirre, Milton del Castillo Lesmes Acosta, Carlos Antonio Julio Arrieta, Cecilio Javid Abdala Petro, Jesús Aldemar Puello Rojas, en los cuales se exponen los hechos y circunstancias que han rodeado los trámites realizados por la Universidad Francisco José de Caldas para la promoción de docentes de tiempo parcial a tiempo completo, así como antecedentes personales y laborales de la docente Isabel Borja Alarcón (fls. 10-33, cdno. 2).
8. Certificado del jefe de la oficina de docencia de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas del 21 de abril de 1993, donde consta que Isabel Borja Alarcón estuvo vinculada mediante contrato administrativo de prestación de servicios en la modalidad hora cátedra desde el segundo semestre de 1988 hasta el segundo semestre de 1992 (fls. 1 y 2, cdno. 2).
9. Certificado expedido por la jefe de la división de personal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas del 27 de agosto de 1996, donde consta que Isabel Borja Alarcón desde el 20 de mayo de 1993 se desempeña en el cargo de profesor tiempo parcial, categoría asociado, además se anexa los salarios que percibió durante el periodo comprendido entre 1993 y 1996 (fl. 8, cdno. 2).
10. Certificado expedido por la jefe de la división de personal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas del 16 de marzo de 1998, en la cual consta la hoja de vida de Isabel Borja Alarcón, en la parte final aparece que con la Resolución 042 de 1997, se aceptó la renuncia presentada por la señora Isabel Borja al cargo de profesora medio tiempo, categoría titular (fls. 318-320, cdno. 2).
11. Resolución 315 del 22 de junio de 1999, mediante la cual el rector de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, nombra a Isabel Borja Alarcón como profesora tiempo completo, en la categoría de asistente, adscrita a la facultad de ciencias y educación, por el término de un año (fls. 343-344, cdno. 2).
12. Carta de Isabel Borja Alarcón del 19 de abril de 1999 dirigida a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en la cual manifiesta su intención de participar en el concurso para el cargo de profesor tiempo completo, área: Lenguaje (fl. 302, cdno. 2).
Estudia la Sala la procedencia de la acción de reparación directa en el caso sub examine, toda vez que el problema jurídico que se discute parte del retardo por parte de la administración en la expedición de un acto administrativo que reglamentara cambio de dedicación de profesores de tiempo parcial a tiempo completo, como lo contempla el Acuerdo 026 de 1993 expedido por el Consejo Superior Universitario de la Universidad Francisco José de Caldas.
En primer lugar el a quo encontró que la demanda es inepta sustantivamente, razón por la cual se inhibe el tribunal para pronunciarse sobre el contenido de las pretensiones, pues considera que el asunto objeto de conflicto es de naturaleza laboral administrativa y que debió ser enjuiciada por medio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Sobre este tema, la jurisprudencia de esta sección al respecto ha dicho:
“Ahora bien, la acción de reparación directa, consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, si bien coincide en su naturaleza reparatoria con la de nulidad y restablecimiento del derecho, difiere de esta última en cuanto corresponde a la causa del daño.
Así, la primera solo será procedente, por regla general, en los casos en los cuales el perjuicio haya sido causado por un hecho, una omisión, una operación administrativa, la ocupación temporal o permanente de un inmueble, mientras que la de nulidad y restablecimiento del derecho será la procedente cuando el origen del daño hubiere consistido en un acto administrativo viciado de algún tipo de ilegalidad, salvo que, como también lo ha precisado la Sala, se trate de casos en los cuales no se cuestione la legalidad del acto administrativo sino que, por el contrario, se parta del supuesto de su validez para situar la causa del daño en los efectos que dicho acto produjo, pues en tales eventos —que en modo alguno resultan constitutivos de la regla general—, sí resultaría procedente la acción de reparación directa”(2).
“... si el daño alegado tiene como causa una decisión administrativa que el actor estima ilegal, la acción pertinente es la de nulidad y restablecimiento del derecho.
En efecto, en jurisprudencia reiterada ha dicho que solo puede entenderse por operación administrativa los hechos relacionados con la ejecución material de una decisión administrativa, para efecto de interposición de una acción de reparación directa. El demandante podía demandar el acto administrativo que le negó el nombramiento en el cargo para el cual concursó, ese es el centro de la controversia y de él se derivan los perjuicios reclamados. Era menester demandar le ilegalidad del acto y solicitar, en consecuencia, la indemnización de los perjuicios ocasionados por la decisión. Siendo que el daño que se reclama en la demanda tiene como causa una decisión administrativa, la acción idónea no podía ser otra que la de nulidad y restablecimiento del derecho. Se equivoca el apoderado del demandante el negarle a dicha acción su carácter indemnizatorio”(3).
Así las cosas, tenemos que la operación administrativa constituye el “conjunto de actuaciones materiales o hechos tendientes a la ejecución de una decisión administrativa. La operación administrativa es la actividad material de una entidad pública o persona privada en ejercicio de funciones administrativas, que tiene por objeto le ejecución de los actos administrativos”(4).
La Sala al respecto se ha pronunciado en los siguientes términos:
“La operación administrativa es comprensiva de las medidas de ejecución de una o varias decisiones administrativas, sin que aquellas puedan considerarse desligadas de estas, ni en su legalidad ni en sus alcances o contenidos. Pero es claro, no se repite, que cuando el perjuicio nace de la ilegalidad de la decisión administrativa (acto administrativo) y su ejecución no hace sino acatarla, la acción deberá ser de restablecimiento; cuando el daño proviene de la irregular ejecución de un acto que no se cuestiona en su legalidad, la acción será de reparación directa y deberá centrarse su cuestionamiento en los actos materiales de ejecución de la decisión administrativa, pero sin omitir en esa evaluación el alcance de dicha decisión, por ser, en definitiva, la que delimita los poderes de ejecución de la administración; como será de reparación directa también cuando el acto, en sí, no es ilegal pero es la fuente del perjuicio por implicar rompimiento del principio de igualdad ante las cargas públicas. La responsabilidad por la operación administrativa, concebida esta como el conjunto de actuaciones cumplida dentro de un procedimiento administrativo dado que culmina irregularmente o no culmina, no es nueva en la jurisprudencia de la Sala”(5).
Bajo este punto de vista el caso que se examina constituye sin lugar a dudas una operación administrativa como consecuencia de la ejecución tardía de la reglamentación del cambio de dedicación de profesores de tiempo parcial a tiempo completo por parte de la entidad demandada, ordenada en el Acuerdo 026 de 1993, expedido por el Consejo Superior Universitario de la Universidad Francisco José de Caldas, lo cual no fue reglamentado en el término establecido, lo que supone que no haya sido posible la participación de la demandante oportunamente en el proceso de promoción o cambio de dedicación docente como quedó demostrado en el expediente, así como la posterior reglamentación imposibilitó o dificultó el acceso del docente demandante a dicho proceso.
Por lo anterior la Sala considera que la acción formulada si es procedente y no como lo estimó el a quo al considerar que el asunto en estudio es de naturaleza laboral administrativa y por lo tanto procederá a estudiar los elementos de la responsabilidad para saber si es pertinente su declaratoria en relación con la universidad demandada.
3. Carácter del daño e imputación.
Encuentra la Sala del estudio de la demanda que lo que la parte actora pretende que se le resarzan son los perjuicios causados por la abstención en que incurrió la Universidad Distrital al no reglamentar a tiempo (antes de mar. 30/94) el cambio de dedicación de profesores de tiempo parcial a tiempo completo, impidiéndole de esta manera su ascenso pues se constituyó en una forma de limitación a su aspiración.
La Sala con el objetivo de cumplir con la congruencia y la coherencia en las decisiones judiciales adoptadas en materias similares, tiene en cuenta el precedente de la Sección Segunda en la materia. En este sentido se viene afirmando, que cuando se trata de la promoción de profesores de tiempo parcial a tiempo completo, que para nuestro caso ajusta en los supuestos de hecho, debe tener en cuenta,
En el caso sub júdice, se acreditó que el Ricardo de la Ossa tomó posesión del cargo de docente de tiempo parcial el 23 de noviembre de 1987 de la Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”, pero no se prueba en forma alguna que hubiera participado [en] un concurso de méritos, que hubiera superado en forma satisfactoria y que le permitiera aspirar a la promoción de docente de tiempo completo.
De lo anterior se colige, que la promoción como docente de tiempo parcial a tiempo completo no era automática, sino que estaba sujeta a que quien aspirara a ella, participara en un proceso de selección que le permitiera obtener el puntaje necesario para obtener una plaza existente, y que fuera posible proveer de acuerdo a las posibilidades presupuestales de la universidad”(6).
Dicho precedente ha tenido continuidad, ya que en reciente sentencia de la Sección Segunda se dijo:
“Observa esta corporación, que si bien existió un incumplimiento en los plazos previstos pare la selección de cambio de destinación a tiempo completo, la acción judicial invocada en el sub examine resultaría carente de efectividad, pues se trata de la conducta de unos servidores públicos que omitieron aplicar dichas normas legales dentro de los plazos previstos.
La normatividad transcrita en párrafos precedentes establece que efectivamente la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, estableció a través del artículo 7º transitorio del Acuerdo 026 diciembre 23 de 1993, estatuto del personal docente del ente universitario, la posibilidad que de los docentes de tiempo parcial se puedan cambiar de modalidad a tiempo completo, siendo sujeta dicha promoción a la participación en un concurso de méritos.
La promoción o cambio de dedicación no era automática, sino que estaba sujeta a que quien aspirara a ella, participara en un proceso de selección que le permitiera obtener el puntaje necesario para obtener una plaza existente, y que fuera posible su provisión de acuerdo a las posibilidades presupuestales del ente universitario, sin que, como se dijo antes, se haya demostrado la participación de la actora en dicho concurso”(7) (...).
El daño antijurídico alegado en este caso, se ajusta al precedente de la Sala según el cual,
“Entre las consideraciones acerca de la naturaleza del daño antijurídico se ha sostenido que, en cada caso, ha de corresponder al juez determinar si el daño va más allá de lo que, normalmente y sin compensación alguna, debe soportar una persona por el hecho de vivir en una comunidad jurídicamente organizada y comportarse como un sujeto solidario. En ese orden de ideas, no pocas veces se ha concluido que constituye daño antijurídico aquel que se experimenta en el ámbito puramente material, por vía de ejemplo, cuando se devalúa un bien inmueble por la proximidad de un puente vehicular que ha sido construido y puesto en funcionamiento para el bienestar de toda la colectividad (...) El umbral de resistencia de los ciudadanos ha de ser mayor cuando se trata de cargas públicas cuya asunción se hace necesaria para garantizar la sostenibilidad de la existencia colectiva, pero deberá analizarse la magnitud de tales cargas con un escrutinio más estricto y comprensivo —siempre desde la perspectiva de la víctima— allí en donde estén involucrados aspectos que tocan en toda su plenitud la esfera de derechos fundamentales del individuo, al punto de, incluso, poder llegar a hacer inviable su proyecto personal de vida”(8)”(9).
Si bien en el caso bajo análisis, se encuentra acreditada la existencia del daño antijurídico, toda vez que este se produjo con ocasión de la ejecución tardía de la reglamentación del cambio de dedicación de profesores de tiempo parcial a tiempo completo por parte de la entidad demandada, el proceso de promoción o cambio de dedicación docente no opera de manera automática, ni se constituye en un derecho concreto, cierto y exigible para un determinado docente, dado que dicha reglamentación no significa que la demandante accedería de manera inmediata a los beneficios salariales o prestacionales a los que se refiere en la demanda, pues para llegar a ese punto, la demandante debía superar un proceso de promoción, en igualdad de condiciones que sus colegas docentes, y una vez culminado este, existiría a su favor una situación jurídica consolidada, pero en este punto, la Sala no percibe la materialización de un perjuicio cierto e indemnizable que deba ser resarcido.
Por lo tanto, no es posible la reparación de perjuicio alguno a favor de la señora Isabel Borja Alarcón, pues el daño no cumple el requisito de certeza que se necesita para poder proceder a su reparación.
Como se dijo anteriormente en el presente caso se encuentra que la entidad demandada incumplió con su deber jurídico de actuar en el plazo razonable estipulado por el Acuerdo 23 de 1993, lo cual resultó produciendo un daño antijurídico que no estaba llamado a soportar el docente actor, situación que es constitutiva de una falla en el servicio, puesto que para la Sala es inadmisible la mora en el cumplimiento del deber de reglamentar el mencionado acuerdo.
“Para el caso en concreto, se encuentro que la demandada incumplió e hizo con retardo la reglamentación del Acuerdo 23 de 1993, que singularmente podía permitir al aquí actor participar y lograr la promoción de su condición de docente a tiempo parcial a docente de tiempo completo, lo que no se materializó en la ejecución de aquella decisión administrativa, lo que impone encuadrar dicha situación como una falla en el servicio, puesto que resulta inaceptable que se pretenda justificar la mora en el cumplimiento de su deber de reglamentar el mencionado acuerdo, en el hecho según el cual el actor ante la omisión o retardo debía hacer uso de los recursos judiciales respectivos pera exigir el cumplimiento de tal norma, constituyéndose la entidad demandada en responsable de dicho retardo como quedó acreditado en el proceso”.
“Por lo tanto, los elementos que perfilan la responsabilidad de la administración por falla administrativa derivada del retardo y de cuya concurrencia surge el deber de reparar los daños que se ocasionen, se pueden resumir en los siguientes: i) la existencia para la administración de un deber jurídico de actuar, es decir, la obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de ejercitar sus competencias y atribuciones en un plazo determinado por la propia ley o el reglamento, o en un tiempo razonable y determinable cuando se satisface el supuesto de hecho de las normas que regulan la actividad del órgano, acción con la cual se habrían evitado los perjuicios; ii) el incumplimiento de esa obligación, es decir, la expedición tardía de un acto administrativo que finalice la actuación, por la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso. La demora debe ser injustificada, pues el solo transcurso del tiempo o incumplimiento de los plazos procesales para resolver no genera automáticamente un derecho a la indemnización; iii) un daño antijurídico, esto es la lesión real y evaluable económicamente de un derecho o de un bien jurídico protegido al interesado o a un grupo de ellos, que no están en el deber jurídico de soportar; y iv) la relación causal entre la demora (funcionamiento anormal del servicio) y el daño.
En síntesis, para resolver si en un caso concreto hay lugar a la responsabilidad del Estado por fallas del servicio de la administración derivadas del retardo en adoptar decisiones, debe decidirse si ese retardo estuvo o no justificado, conclusión a la cual se llegará luego de señalar la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora, ya que este es un asunto que hay que tratar no desde un Estado ideal sino desde la propia realidad de una administración”(10)(...).
Si bien se acreditó el daño antijurídico ocasionado al actor docente como consecuencia del retardo injustificado en la reglamentación del Acuerdo 23 de 1993, esto no se concreta en un perjuicio cierto indemnizable, sino que se sustenta en un perjuicio hipotético, ya que la reglamentación del mencionado acuerdo solo garantizaba la realización de un proceso de promoción, sin que fuera automático, al que podía acceder tanto el actor docente, como cualquier otro docente en igualdad de condiciones, pero no implicaba o significaba la aplicación inmediata de los beneficios salariales o prestacionales a los que se refiere el actor docente en su pretensión indemnizatoria. Estos, los beneficios salariales o prestaciones, solo se habrían revelado y concretado, una vez se haya surtido el proceso o concurso para la promoción de la dedicación docente, y esta haya sido alcanzada por el actor docente, la que debe haber sido objeto de desconocimiento por la administración pública, pese a haberse surtido el trámite y reconocido una situación jurídica consolidada, pero no puede construirse el sustento de la reparación del daño antijurídico (acreditado) en unos perjuicios derivados de beneficios salariales y prestaciones hipotéticos, inciertos y eventuales.
Incluso, en gracia de discusión, si en la hipotética situación el actor docente hubiera ganado el proceso de promoción docente, esta le habría permitido solo en ese momento establecer las condiciones salariales y prestaciones a las que se sujetaba, no así que de la posibilidad de participación en igualdad de condiciones y respetando la oportuna reglamentación surja un derecho, sino apenas una posibilidad para participar en el procedimiento de promoción, pero no ya lleva aparejado, o es asimilable a un reconocimiento automático y directo de los beneficios salariales o prestacionales que podía haber logrado, cuando aún no se había presentado, surtido el procedimiento y decidido este. Por lo tanto, y en las condiciones señaladas, el docente actor no se encuentra en la posibilidad de exigir reparación alguna por los perjuicios derivados de la no realización del procedimiento de promoción docente, los cuales resultan hipotéticos, inciertos y eventuales a los beneficios que realmente se habría de percibir”(11).
Conforme a la anterior argumentación, la Sala revocará la sentencia del a quo, que se declaró inhibido para resolver las pretensiones, y en su lugar denegará las súplicas de la demanda.
1. Revócase la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2000, por el Tribunal Administrativo de Descongestión de Bogotá, Sección Tercera.
4. Reconózcase al doctor Germán Armando González Bustamante, identificado con la cédula de ciudadanía 19.265.834 de Bogotá D.C., abogado titulado con tarjeta profesional Nº 59289 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la parte demandada Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”, en los términos y para los efectos a que alude el poder conferido (fl. 229, cdno. ppal.).
(1) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia de 23 de abril de 2009; Radicación 17160. Adicionalmente, sobre el alcance y aplicación del principio de no reformatio in pejus ver, entre otros pronunciamientos del Consejo de Estado, los siguientes: expedientes 17160 del 23 de abril de 2009; 19700 del 18 de julio de 2002; 12648 del 10 de agosto de 2000; 16620 del 22 de abril de 2009. En igual sentido, las siguientes providencias de la Corte Constitucional: C-583 de 1997; C-055 de 1993; T-233 de 1995; T-400 de 1996; T-474 de 1992.
(2) C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Bogotá, D.C., veinte (20) de mayo de dos mil nueve (2009).
(4) Sentencia de 11 de febrero de 2009, Expediente 15036. En otro precedente se dijo: “En los eventos en los cuales el daño es causado como consecuencia de un conjunto de omisiones o actuaciones, aunque algunas de ellas hayan sido formalizadas a través de un acto administrativo, la acción procedente es la de reparación directa y no la de nulidad y restablecimiento porque se está frente a lo que la jurisprudencia ha denominado como operación administrativa, respecto de la cual la legislación ha previsto la primera acción mencionada (CCA, art. 86, tal como fue modificado por la L. 446/98, art. 31)” sentencia de 12 de septiembre de 2002, Expediente 13395.
(5) Sentencia de 17 de agosto de 1995, Expediente 7095.
(6) Sección Segunda, sentencia de 1º de agosto de 2002, Radicación 1997.4669.
(7) Sección Segunda, sentencia de 24 de abril de 2008, Expediente 4304-04.
(8) Sentencia de 4 de diciembre de 2006, Expediente 13168.
(9) Sentencia del 25 de julio de 2011, Expediente 18622.
(10) Sentencia de 16 de abril de 2007, Expediente 2002-00025 (AG). Puede verse también sentencias de 24 de junio de 1965; de 17 de agosto de 1995, Expediente 7095; de 26 de marzo de 1992, Expediente 6255; de 23 de mayo de 1994, Expediente 7616; de 26 de septiembre de 2002, Expediente 14.122; de 15 de febrero de 1996, Expediente 9940.
(11) Sentencia del 25 de julio de 2011, Expediente 18622.