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Timestamp: 2017-07-28 00:45:47
Document Index: 256766081

Matched Legal Cases: ['Artículo 32', 'artículo 25', 'artículo 27', 'artículo 24', 'artículo 26', 'Artículo 97', 'artículo 33', 'Artículo 24', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'artículo 63', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'artículo 45', 'Artículo 55', 'artículo 45', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'artículo 54', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63']

Solucion pacifica de controversias internacionales. – Temas de Derecho
Posted in Derecho internacional Publico	Solucion pacifica de controversias internacionales.
Posted on November 19, 2014November 19, 2014 by lacienciadelderecho	Medios del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y la Neutralidad
B)Miembros no permanentes:
Además de los Estados señalados anteriormente, pueden participar del Consejo de Seguridad, cualquiera de los Estados miembros de lasNaciones Unidas que tenga interés en la materia que el Consejo este tratando con Derecho a voz.
Artículo 32: 1-. Cuando el Estado miembro de las Naciones Unidas, parte de la controversia de que conoce el Consejo es invitado.
El Consejo está organizado de modo que pueda funcionar continuamente. En ello media una gran diferencia con respecto al Consejo de la Sociedad de las Naciones, en que era necesario convocarlo solo en momentos de crisis. La sede del Consejo de Seguridad esta en Nueva York, pero puede reunirse en el lugar que estime conveniente en caso de imposibilidad o peligro o por cualquier otra conveniencia, como lo hizo en 1972 al reunirse en la capital del Estado Etíope Addis-Abeba y en 1973 cuando se reunió en Panamá.
 Presidencia: La presidencia recae, por turno en los Estados miembros del Consejo de Seguridad por el orden alfabético en ingles. Cada presidente permanece en sus funciones por el espacio de un mes de calendario. Si el presidente estima que debe abstenerse de desempeñar las obligaciones de su cargo en el examen de una determinada materia que interesa directamente al Estado que representa, debe dar a conocer al Consejo su decisión. En ese caso la presidencia recae, para los fines del examen en cuestión en el representante del Estado miembro que siga en el orden alfabético ingles.
 Acuerdos: Los acuerdos del Consejo de Seguridad se adoptan por la mayoría de votos, lo que para todos los efectos actuales son nueve (cada miembro del Consejo de Seguridad tiene Derecho a un voto, pero la calidad y efecto producido por el voto será diferente según lo siguiente:
1-. Asuntos importantes: dentro de los nueve votos deben estar incluidos los cinco miembros permanentes, la oposición de uno de ellos basta para que no se produzca el acuerdo, y es lo que se denomina veto (referencia luego)
No hay acuerdos secretos en el Consejo de Seguridad, las resoluciones del Consejo son obligatorias no solo para los Estados que votaron favorablemente, sino para todos los Estados miembros de la Organización, como lo señala el artículo 25 de la carta de las Naciones Unidas.
C) El veto: podemos señalar que el consejo es un órgano aristocrático cuyos cinco miembros permanentes ejercen a su arbitrio los supremos poderes en el mantenimiento de la paz y laseguridad
Si no existiera el veto la Organización estaría orientada en su accionar en materia de paz y seguridad por las mayorías de cualquier tipo que pudieran formarse.
Según el artículo 27: “La no participación en la votación e incluso la abstención no se considera veto.”
El Consejo está dotado de muy amplias facultades, tendiendo todas ellas a mantener la paz y la seguridad mundiales.
1-. Mantenimiento de la paz y la seguridad internacional: Tratándose de estos asuntos, desde el momento en que entra a conocer el consejo de Seguridad de un asunto de estos dejan de ser competentes los órganos que lo estuvieran conociendo sin embargo, debido a sus divergencias políticas de fondo, los miembros permanentes no han actuado en conflictos graves como Vietnam y evitan verse envueltos directamente en conflictos como los de Medio Oriente.
Un ejemplo de esto es lo cautos que fueron en la guerra Irán – Irak (1980 a 1988 )
Esta facultad está contemplada en el artículo 24 de la Carta.
3-. Elaboración de planes para regular armamentos: contemplada en el artículo 26 de la Carta, esta disposición no ha tenido mayor utilización practica al igual que lo fue la misma facultad que el pacto la Sociedad de las Naciones entrego a su Consejo. Si bien es cierto que el Consejo de seguridad no ha elaborado ningún plan de regularización de armamentos, la Asamblea General ha debatido extensamente el problema e incluso ha llegado a la enunciación de un programa de acción en la décima asamblea general extraordinaria, dedicada al desarme de 1982.
Comité de expertos: se ocupa de reglas de procedimiento y otros asuntos legales.
 Comité del Estado Mayor: está establecido en conformidad a los artículos 45 – 46 – 47, está integrado por los jefes del Estado Mayor de los miembros permanentes para asistir al Consejo en todas aquellas materias relacionadas con las necesidades militares para el mantenimiento de al paz y el desplazamiento y comando de las fuerzas armadas puestas a disposición por los Estados miembros.
 Comisión de desarme: esta se formo por la fusión de la comisión de energía atómica y la comisión de armamento de tipo corriente, su función es reglamentar en forma general y obtener la reducción de los armamentos y fuerzas armadas, como la formulación de medidas prácticas y eficaces de garantía en conexión con el desarme. Prevenir el empleo de energía con fines de destrucción masiva.
Además se han creado comités especiales, también integrados por todos los miembros, para la consideración de materias particulares.
Un comité especial sobre Namibia en 1970, por resolución 283. Su propósito fue estudiar recomendaciones acerca de las vías más efectivas para llevar a la práctica y ejecutar las decisiones del Consejo a la luz del entonces rechazo de Sudáfrica para retirarse de Namibia.(este se independiza el 21 de Marzo de 1990)
Otro ejemplo de esto es la resolución 661 de 1990, el Consejo de Seguridad junto con establecer medidas coercitivas (embargo económico, militar y financiero) contra Irak por su invasión a Kuwait, estableció un Comité Especial para vigilar su cumplimiento.
En concurrencia con la Asamblea General:
 Recomendar la admisión de nuevos miembros (articulo 4 n° 2)
 Suspender o expulsar miembros. (Articulo 5 – 6)
 Nombrar al Secretario General. (Artículo 97)
 Revisión de la Carta. (Articulo 9 n° 1 – 2)
 Determinar las condiciones en que los Estados no miembros de las Naciones Unidas pueden ser parte del estatuto de la corte internacional de justicia.
Además hay una competencia que es conjunta y debe ejercerse simultáneamente con la Asamblea General: La elección de juez de la Corte Internacional de Justicia, que se realiza simultáneamente, en el mismo momento en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad.
Esta institución corresponde al Derecho internacional público, y dentro de éste, en forma especial, al Derecho internacional público de tiempo de guerra. El Dr. RAÚL AUGUSTO BADARACCO nos da un concepto “que es la situación jurídica de aquel Estado, o de un grupo de Estados, que se mantienen extraños y sin ninguna clase de participación en una guerra producida entre otros Estados”.
La neutralidad es la actitud jurídico política adoptada por un Estado, en virtud de la cual se abstiene expresamente de participar en una contienda bélica que mantienen otros Estados.
Pero también las organizaciones internacionales se abstienen como la Cruz Roja que dicta: “Con el fin de conservar la confianza de todos, el Movimiento se abstiene de tomar parte en las hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de orden político, racial, religioso o ideológico” y abarca tres aspectos:
El propósito de observar el principio de neutralidad es conservar la confianza de todos. Implícitamente, esta observancia del principio de neutralidad es también un factor de eficiencia operacional, que requiere la confianza de todos enmuchos contextos y no sólo en contextos de conflictos armados
El principio de neutralidad prohíbe que un componente del Movimiento participe en hostilidades
Tiene un carácter jurídico en cuanto reconoce derechos e impone obligaciones al estado que la adopta. Tiene también un carácter político en cuanto define su conducta internacional, en ejercicio de su soberanía. Los caracteres específicos de la neutralidad son:
* No participación en la contienda; en el sentido físico material
* Imparcialidad en el trato con los Estados beligerantes.
La Neutralidad en la Carta de Las Naciones Unidas:
La Carta de 1945 no especifica nada sobre la neutralidad, en cambio dice expresamente:
2, par. 5: “los miembros de la organización prestarán a ésta toda clase de ayuda en cualquier acción que ejerza… “.
42: “el Consejo de seguridad… podrá ejercer, por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres, la acción que sea necesaria… etc.”.
43: “Todos los miembros de las Naciones Unidas… se comprometen a poner a disposición del Consejo de Seguridad… las fuerzas armadas… que sean necesarias… “.
Esto significa los miembros de la ONU no pueden ser neutrales. Si ella está en guerra también lo están todos sus miembros. Para poder mantenerse neutral el Estado debe abandonar o no pertenecer a la ONU. Tal es el caso de Suiza.
Ahora bien, producida la controversia, los sujetos de la misma pueden optar discrecionalmente por vías de solución de carácter político o jurídico, aunque excluyan en cualquier caso -a diferencia de lo que ocurría en el Derecho Internacional clásico-, la guerra como ratio final y sujeten su comportamiento durante el proceso de arreglo a dos criterios básicos: la obligación de procurar de buena fe la solución del desacuerdo y la libertad de elección de medios para llegar al arreglo.
Por otra parte, la resolución 2.625 (XXV) de la Asamblea General de Naciones Unidas, de fecha de octubre 24 de 1970, establecía que «el arreglo de controversias internacionales se basaría en la igualdad soberana de los Estados y se hará conforme al principio de la libre elección de medios. El recurso a un procedimiento de arreglo aceptado libremente por los Estados, o la aceptación de tal procedimiento, con respecto a las controversias existentes o futuras en que sean partes, no se considerará incompatible con la igualdad soberana».
En cualquier caso, «las partes en una controversia -señala el artículo 33.1 de la Carta de las Naciones Unidas-, cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales su otros medios pacíficos de su elección».
El arreglo pacífico de controversias consiste en el arreglo de los conflictos internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales. La prohibición del uso de la fuerza es considerada por la Corte Internacional de Justicia un principio básico y estructural del Derecho Internacional contemporáneo. Distinguimos dos tipos de acciones para la solución de conflictos: métodos políticos o diplomáticos y el arbitraje internacional.
Los miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y seguridad internacionales, ni la justicia, (art. 2, párrafos 3_ y 4_).
Los miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de Naciones Unidas, (art. 2, p. 4_).
La Carta de Naciones Unidas, no sólo formula la obligación del arreglo pacífico de las controversias internacionales, sino que dedica todo un capítulo (Cap. VI, Art. 33 a 38) al arreglo pacífico de las controversias internacionales.
La regulación de los procedimientos de arreglo pacífico de las controversias es muy anterior a la Carta de la ONU. Ya se hacía referencia a este tema en las Convenciones de la Haya de 1899 y 1907 para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales; Pacto de la Sociedad de Naciones; Protocolo de Ginebra de 1924, para la solución pacífica de las controversias, que no llegó a entrar en vigor; y el Acta General para el arreglo pacífico de las diferencias internacionales de 1928. Pero como obligación general esta no va a cristalizar en el Derecho Internacional, hasta la Carta de la ONU.
Tres son los principios que inspiran la obligación de los Estados de arreglar pacíficamente las controversias internacionales:
La obligación de comportamiento, que supone que un Estado no puede negarse a arreglar pacíficamente una controversia, ya que si lo hace estaría cometiendo un acto ilícito internacional.
Los Estados deben comportarse de buena fe y con espíritu de cooperación. Deberán encontrar un arreglo pronto y justo, y si no lo alcanzan por el medio inicialmente elegido, deberán tratar de arreglar la controversia por otros medios pacíficos que las partes hayan acordado.
El arreglo pacífico de las controversias internacionales, se basa en la igualdad soberana de los Estados, y se hará conforme a la libre elección de medios. Esto supone que pueden recurrir a la negociación, a los buenos oficios, la mediación, la investigación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, o a Organizaciones Internacionales Regionales o Universales, sin que ninguno prevalezca sobre el otro. Pueden elegir cualquiera de los mecanismos existentes para la solución pacífica de las controversias.
Pueden ser procedimientos de auto solución, cuando se confía el arreglo exclusivamente a las partes en controversia (negociación); y los procedimientos de heterosolución, que suponen la intervención de un tercero (buenos oficios, mediación, investigación, arbitraje, arreglo judicial, recurso a Organizaciones Internacionales, universales o regionales). En función de la naturaleza del tercero que interviene, cabe distinguir entre:
arreglo de controversias en un marco institucional (Corte Internacional de Justicia, Organización Internacional, universal o regional);
y arreglo pacífico de controversias mediante procedimientos no institucionalizados (arbitraje, buenos oficios, mediación, comisión de investigación, comisión de conciliación).
Procedimientos en que la solución se intente mediante la aplicación del Derecho, es decir procedimientos jurisdiccionales (Arbitraje, Arreglo Judicial), y procedimientos en los que la solución de la controversia se busca al margen de la aplicación del Derecho, a través de procedimientos no jurisdiccionales o políticos (buenos oficios, mediación, investigación, conciliación)
Las soluciones alcanzadas a través de procedimientos jurisdiccionales son obligatorias para los Estados partes en la controversia, mientras que las soluciones obtenidas a través de medios políticos o no jurisdiccionales no obligan en principio, a los Estados partes de la controversia.
Procedimientos no jurisdiccionales de arreglo:
La esencia de los procedimientos no jurisdiccionales reside en la aceptación por las partes del resultado del arreglo de la controversia, ya se trate de una solución convenida directamente por ellas en el curso de la negociación o determinada por un tercero. Tanto las partes como el tercero no establecen una solución basada exclusivamente en el Derecho, sino en el conjunto de circunstancias, jurídicas y de hecho, presentes en la controversia. Los procedimientos no jurisdiccionales son los siguientes:
la negociación, los buenos oficios, la mediación, la investigación, la conciliación.
Es un procedimiento no jurisdiccional de auto-solución, en el que el arreglo pacífico se confía exclusivamente a las partes sin intervención de terceros. La negociación diplomática es un excelente medio para el arreglo pacífico de las controversias y de prevención del nacimiento de conflictos potenciales. El recurso a la negociación es una exigencia de los hechos, ya que es difícilmente concebible que los Estados partes no intercambien puntos de vista y manifiesten sus pretensiones, aunque sólo sea para determinar en que discrepan. En la práctica suelen tener carácter previo al recurso a cualquier otro procedimiento de arreglo.
La negociación es un medio flexible aplicable a cualquier tipo de controversia, que permite exponer directamente y con entera reserva puntos de vista y las propuestas de una parte y otra; y a través del compromiso, alcanzar con prontitud un resultado por el cauce del acuerdo internacional. Como consecuencia, todo Estado se ve obligado a aceptar el inicio de las negociaciones que otro Estado le propone para el arreglo de una controversia existente entre los dos. Esto no quita que una de las partes manifieste que no existe tal controversia, o que posea el alcance que la otra le atribuye.
Para que la negociación se desarrolle de buen modo es necesario que se cumplan unos principios:
En la negociación opera el principio de igualdad soberana de los Estados. De este modo una parte no puede utilizar la amenaza ni la coerción sobre la otra parte, ni puede imponer sus propuestas para que la otra parte las acepte.
cada una de las partes debe abstenerse, en el curso de la negociación, de realizar cualquier acción unilateral que agrave la controversia o le haga obtener posiciones de ventaja. Esto es consecuencia del principio de buena fe al que se refiere la Carta de Naciones Unidas.
la buena fe obliga a negociar con vistas a llegar a un acuerdo. Como mínimo deben tener la intención de llegar a un acuerdo.
Los Buenos Oficios y la Mediación:
Este tipo de procedimiento se caracteriza por la intervención de uno o varios Estados, con la finalidad de facilitar el diálogo entre las partes y encontrar fórmulas de entendimiento que sean aceptables para una y otra. Intervención que puede iniciarse a petición de ambas partes o por iniciativa de una potencia amiga que es aceptada por aquellas.
En el caso de los buenos oficios, el tercer Estado trata de establecer o restablecer el contacto entre las partes (bien mediante reuniones conjuntas o visitas a una y a otra) y transmitir las propuestas de una a la otra, sin tomar parte en las negociaciones. Es por tanto un cauce de comunicación entre las partes, aunque ejerce su influencia para que se eliminen los puntos de divergencia entre ellas y puedan negociar un arreglo.
La función del tercer Estado en la mediación va mucho más lejos, pues se haya facultado para proponer a las partes una base de acuerdo, sin carácter obligatorio para estas. Es decir teniendo en cuenta las posiciones de las partes, presenta una propuesta para el arreglo de la controversia sobre la que aquellas tendrán que pronunciarse; y a partir de dicha propuesta, tratará de lograr el acuerdo entre estas. Aunque a nivel teórico la distinción entre buenos oficios y mediación es clara, en la práctica es difícil separa uno y otro medio de arreglo pacífico. Es frecuente que el tercer Estado ejerza las dos funciones al mismo tiempo, reuniendo a las partes a negociar, interviniendo en las conversaciones y proponiendo soluciones de arreglo. Para evitar que el tercer Estado aproveche la ocasión para tutelar sus propios intereses, los buenos oficios y la mediación no son llevados a cabo sólo por los Estados sino también por personalidades distinguidas o representantes de instituciones internacionales. Esta línea de cambio fue abierta por el Tratado de Buenos Oficios y Mediación, hecho en Buenos Aires en 1936 y continuada por el Tratado Americano de arreglo pacífico de o Pacto de Bogotá de 1948.
Un ejemplo de mediación, cabe señalar la del Papa León XII en el asunto de las Carolinas, entre España y Alemania, habiendo sido la primera quien se inclinó por este tipo de arreglo; la de Francia entre España y EE.UU.. tras la guerra de 1898. España también a actuado como mediadora. En lo que se refiere a la práctica más reciente, tenemos que señalar dos casos en los que alcanzó éxito: la mediación de la Santa Sede entre Chile y Argentina en el asunto del Canal del Beagle, convenida por las partes en el asunto de Montevideo de 1979 y la de Argelia entre EE.UU. e Irán.
Éste modo de arreglo de conflictos internacionales es denominado también determinación de los hechos o encuesta. Es una creación original de la Conferencia de Paz de La Haya, a partir de una iniciativa rusa. Y partiendo de los resultados de la comisión de investigación creada en 1904 con ocasión del incidente del Dogger Bank, en el que una escuadra rusa atacó a unos barcos de pesca británicos al confundirlos con torpederos japoneses, la II Conferencia de Paz introdujo disposiciones más elaboradas, que también encontramos en tratados más recientes como es el Pacto de Bogotá de 1948 o el Convenio Europeo para el arreglo pacífico de las controversias de 1957.
Tal como se estableció en el Convenio de La Haya, el procedimiento de investigación posee las siguientes características. Su finalidad es la de esclarecer una cuestión de hecho, en disputa entre las partes, mediante un examen completo, objetivo e imparcial. Se trata de un procedimiento facultativo, pues las comisiones de investigación se constituyen por medio de un convenio especial y su informe, tratándose de un procedimiento no jurisdiccional, no tiene carácter obligatorio. Aunque es de señalar que los EE.UU., a través de una serie de Tratados bilaterales denominados Bryan, concertados a partir de 1913, intentaron perfeccionar el sistema estableciendo el carácter obligatorio del procedimiento. El Tratado americano de soluciones pacíficas (Pacto de Bogotá) se refiere igualmente a la investigación pero combinándola con la conciliación.
Es un procedimiento relativamente reciente en la solución de conflictos internacionales. Aparece en la práctica internacional a partir de 1919, especialmente después de que la Asamblea de la Sociedad de Naciones adoptara una resolución recomendando a los Estados concluir tratados constituyendo comisiones de conciliación. De este modo, en diversos tratados de arreglo de controversias concluidos en el periodo ginebrino, la conciliación fue utilizada como un procedimiento previo, en combinación con el arbitraje o con el arreglo judicial, en función de la distinción entre litigios políticos o litigios jurídicos.
Mientras que el arbitraje y el arreglo judicial se consideraban como los procedimientos más adecuados para las controversias jurídicas, la conciliación parecía ser el procedimiento más idóneo para las controversias políticas.
La conciliación es un procedimiento dirigido a promover la solución de controversias internacionales mediante el examen de la controversia por parte de una comisión compuesta por individuos, la cual busca conducir a las partes a un entendimiento proponiendo términos de acuerdo no vinculantes.
El recurso a la conciliación es facultativo, pero las partes pueden convenir en un tratado o cláusula de un tratado en vigor entre ellas que tenga un carácter obligatorio. Por lo que respecta a la composición de la comisión, la fórmula más comúnmente adoptada es que esté compuesta por cinco miembros, de los cuales cada Estado parte designa uno entre sus propios nacionales, siendo elegidos los tres restantes de común acuerdo entre nacionales de terceros Estados. De todos modos, la práctica nos muestra muchas otras fórmulas. En cuanto a las funciones de la comisión podemos señalar dos: dilucidar las cuestiones en litigio, recabando a este fin la información adecuada y conciliar a las partes, para que estas lleguen a un arreglo. El informe que la comisión debe presentar al finalizar su trabajo es concebido como el instrumento para la conciliación. Respecto a la utilidad de la conciliación, se estima que puede jugar una papel especialmente importante en el sector tradicionalmente reservado al arbitraje y al arreglo judicial – esto es respecto a las controversias jurídicas- al eliminar las reticencias de los Estados ante los procedimientos jurisdiccionales y que terminan con una decisión de carácter obligatorio. Lo que se evidencia, por ejemplo, en la inclusión de la conciliación en ciertos convenios multilaterales generales, como el Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados, el Convenio sobre representación de los Estados en sus relaciones con las Organizaciones Internacionales, los convenios sobre sucesión de Estados o la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982. En cuanto a la práctica reciente sobre este procedimiento, cabe citar, entre otros casos, la actuación de una Comisión de Conciliación franco-marroquí y para la delimitación de la Plataforma Continental en el área entre Italia y Jan Mayen (Islandia-Noruega), en 1981. La conciliación opera hoy en un contexto diferente, el de las Organizaciones Internacionales, universales y regionales, como veremos a continuación, y por consiguiente en un marco institucionalizado de arreglo pacífico de controversias, como muestran las competencias del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de la ONU, así como las de Organizaciones Internacionales regionales.
FUNCIONES y PODERES Artículo 24
VOTACIÓN Artículo 27
PROCEDIMIENTO Artículo 28
Cualquier Miembro de las Naciones Unidas que no sea miembro del Consejo de Seguridad podra participar sin derecho a voto en la discusión de toda cuestión llevada ante el Consejo de Seguridad cuando éste considere que los intereses de ese Miembro están afectados de manera especial./p>
Medios del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y la Neutralidad
los buenos oficios,
El recurso a la conciliación es facultativo, pero las partes pueden convenir en un tratado o cláusula de un tratado en vigor entre ellas que tenga un carácter obligatorio. Por lo que respecta a la composición de la comisión, la fórmula más comúnmente adoptada es que esté compuesta por cinco miembros, de los cuales cada Estado parte designa uno entre sus propios nacionales, siendo elegidos los tres restantes de común acuerdo entre nacionales de terceros Estados. De todos modos, la práctica nos muestra muchas otras fórmulas. En cuanto a las funciones de la comisión podemos señalar dos: dilucidar las cuestiones en litigio, recabando a este fin la información adecuada y conciliar a las partes, para que estas lleguen a un arreglo. El informe que la comisión debe presentar al finalizar su trabajo es concebido como el instrumento para la conciliación.
Respecto a la utilidad de la conciliación, se estima que puede jugar una papel especialmente importante en el sector tradicionalmente reservado al arbitraje y al arreglo judicial – esto es respecto a las controversias jurídicas- al eliminar las reticencias de los Estados ante los procedimientos jurisdiccionales y que terminan con una decisión de carácter obligatorio. Lo que se evidencia, por ejemplo, en la inclusión de la conciliación en ciertos convenios multilaterales generales, como el Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados, el Convenio sobre representación de los Estados en sus relaciones con las Organizaciones Internacionales, los convenios sobre sucesión de Estados o la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982. En cuanto a la práctica reciente sobre este procedimiento, cabe citar, entre otros casos, la actuación de una Comisión de Conciliación franco-marroquí y para la delimitación de la Plataforma Continental en el área entre Italia y Jan Mayen (Islandia-Noruega), en 1981. La conciliación opera hoy en un contexto diferente, el de las Organizaciones Internacionales, universales y regionales, como veremos a continuación, y por consiguiente en un marco institucionalizado de arreglo pacífico de controversias, como muestran las competencias del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de la ONU, así como las de Organizaciones Internacionales regionales.
El arbitraje será internacional cuando se encuentre enmarcado dentro de los criterios que cada legislación haya acogido para tal fin. A manera de ejemplo, existen legislaciones que entienden que se trata de arbitraje internacional, cuando el arbitraje tenga por objeto una controversia derivada de relaciones de comercio internacional (criterio económico – material); ó cuando las partes ó los árbitros sean de nacionalidades diferentes ó cuando el domicilio o residencia de las partes se encuentren en Estados distintos (criterio jurídico – formal); ó cuando así se derive de factores directamente relacionados con la controversia, tales como el lugar de celebración del contrato, lugar de ejecución del contrato, nacionalidad o ubicación de la institución arbitral, lugar en que se llevará a cabo el arbitraje, lugar en donde se hará efectivo el laudo, la ley seleccionada como ley sustantiva, o la ley seleccionada como ley de procedimiento, entre otros.
Solamente los Estados pueden ser parte en los asuntos contenciosos planteados a la Corte Internacional de Justicia. La jurisdicción de la Corte está limitada a los asuntos en los que ambas partes han sometido su disputa a la Corte. Cada parte debe cumplir las obligaciones que le incumban como consecuencia del juicio emitido por la Corte, el Consejo de Seguridad puede ser invitado a “hacer recomendaciones o decidir sobre medidas” si así lo estima pertinente.
Por ejemplo, los Estados Unidos habían aceptado previamente la jurisdicción obligatoria de la Corte desde su creación en 1946 pero retiró su aceptación tras el juicio de 1984 que compelió a los Estados Unidos a “cesar y abstenerse” del “uso ilegal de la fuerza” contra el gobierno de Nicaragua. La Corte afirmó que los Estados Unidos se encontraban incursos “en una infracción de su obligación bajo el Derecho internacional consuetudinario de abstención del uso de la fuerza contra otro Estado” y le fue ordenado pagar compensaciones, aunque nunca cumplió su obligación.
Los dictámenes u consultivas son realizadas en una función de la Corte que solo está abierta a ciertos organismos y agencias de las Naciones Unidas. Al recibir una consulta, la Corte decide acerca de qué Estados y organizaciones pueden proporcionar información útil y les da la oportunidad de presentar declaración de forma oral o escrita. El procedimiento consultivo de la Corte está diseñado con base en el procedimiento contencioso y por lo tanto las fuentes de derecho aplicables son las mismas en ambos procedimientos. A menos que se haya pactado que el fallo sea vinculante, en principio los dictámenes de la Corte son de carácter consultivo y por lo tanto no son vinculantes para las partes que los solicitan. Sin embargo, ciertas normas o instrumentos pueden adelantar a las partes que la opinión resultante será vinculante.
El procedimiento arbitra no obedece a un modelo único, ya que sus reglas fundamentales se encuentran en el compromiso arbitral, y estos difieren entre sí. No obstante existen ciertos principios generales aplicables a los distintos procedimientos arbitrales:
principio de igualdad procesal de las partes,
principio de representación de las partes, por medio de agentes designados por ellas, y que actúan en su nombre en todas las fases del procedimiento.
principio de libertad de las partes en la presentación del litigio ante el órgano arbitral, que asegura que una y otra puedan utilizar todos los medios procesales y de prueba que juzguen necesarios para la mejor justificación de sus tesis respectivas.
principio del idioma, que establece la necesidad de precisar la lengua o lenguas en las que se va a desarrollar el procedimiento y que utilizarán los árbitros para dictar sus resoluciones y la sentencia final.
Las partes tienen derecho a elegir los árbitros o jueces que componen el tribunal; estos serán en número impar, reservándose cada parte el nombramiento de uno o dos árbitros, poniéndose de acuerdo sobre los restantes, o encomendando a un tercero la designación de los restantes árbitros. Serán igualmente las partes las que determinarán en el compromiso el procedimiento a seguir. En su defecto, será el propio tribunal el que determine el procedimiento.
Normalmente el procedimiento tendrá dos etapas diferenciadas: la instrucción escrita y la fase oral.
La instrucción escrita: comprenderá las memorias de las partes sobre los hechos y el derecho aplicable, que se comunicará al tribunal y a la otra parte. A dichas memorias seguirán las contramemorias y réplicas o dúplicas que las partes hubieran decidido, todo ello en los plazos acordados o que decidiera el tribunal arbitral. Además estos estarán acompañados por documentos anexos y otros medios de prueba (por ejemplo cartográficos). Estos son suscritos por el agente de cada Estado parte y comunicados al órgano arbitral -quién los hará llegar a la otra parte-, dentro de los plazos establecidos en el compromiso para cada escrito.
La fase oral o debate: consiste en la exposición verbal de las razones de las partes ente el tribunal. Esto es la exposición oral por los agentes y consejeros de cada parte de los fundamentos de su pretensión y de los medios de prueba aportados; fase que puede incluir el examen de expertos y testigos. Hay que tener en cuenta que los jueces adoptan un papel activo, pudiendo dirigir a las partes cuantas cuestiones estimen pertinentes.
Una vez que los agentes y consejeros de las partes han finalizado sus intervenciones orales y se han practicado las pruebas, el Presidente del tribunal declarará concluido el procedimiento , comenzando la deliberación, votación, y redacción e la sentencia, que tendrá lugar a puerta cerrada y con carácter secreto. La sentencia se adopta por la mayoría de los miembros del órgano arbitral si este es colegiado, aunque los árbitros pueden emitir opiniones individuales o declaraciones y opiniones disidentes exponiendo sus motivos particulares de conformidad o disconformidad, respectivamente, con la fundamentación y el fallo del tribunal.
Estos pronunciamientos personales de los árbitros, son distintos del voto propiamente dicho sobre el fallo, que es el que posee efectos jurídicos. De modo que la validez del voto no queda afectada por la expresión de tales divergencias en una declaración o en una opinión individual.
Capítulo III. Del Procedimiento Arbitral Artículo 51 Con el propósito de fomentar el desarrollo del arbitraje, las Potencias Contratantes han acordado las siguientes reglas, que son aplicables al procedimiento arbitral, en tanto que las Partes no hayan convenido otras reglas.
Artículo 52 Las Potencias que recurran al arbitraje firman un compromiso, en el cual están claramente definidos el objeto de la controversia, el plazo dentro del cual se hará la comunicación prevista en el artículo 63 y la suma que cada Parte tendrá que depositar por concepto de anticipo de las costas.
El compromiso determina igualmente, si procede, la forma de nombramiento de los árbitros, cualesquier poderes especiales que podría tener el Tribunal, el lugar de sesiones, el idioma que utilizará y aquellos cuyo empleo ante sí autorizará y en general todas las condiciones que las Partes hayan convenido.
Artículo 53 La Corte Permanente es competente para establecer el compromiso, si las Partes están de acuerdo en remitirse a ella.
Es igualmente competente, incluso si solo una de las Partes presenta la solicitud, cuando se haya vanamente intentado llegar a un acuerdo por la vía diplomática, y se trate de:
una controversia comprendida en un Tratado general de arbitraje concluido o renovado después que la presente Convención haya entrado en vigor y que prevea, para cada controversia, un compromiso, el cual no excluya ni explícita ni implícitamente la competencia de la Corte. Sin embargo, el recurso a la Corte no procede, si la otra Parte declara, que en su opinión, la controversia no pertenece a la categoría de controversias que puedan someterse a arbitraje obligatorio, a menos que el Tratado de arbitraje confiera al Tribunal arbitral el poder de decisión sobre esta cuestión preliminar;
una controversia que surja de deudas contractuales reclamadas a una Potencia por otra Potencia, como deudas a sus nacionales, y para cuya solución, se haya aceptado la propuesta de arbitraje. No se aplicará esta disposición en caso de que la aceptación haya sido subordinada a la condición de que el compromiso sea establecido de otro modo.
Artículo 54 En los casos previstos por el artículo precedente, el compromiso será establecido por una comisión compuesta de cinco miembros designados en la forma prevista en el artículo 45, párrafos 3 a 6.
El quinto miembro es por derecho Presidente de la comisión.
Artículo 55 Las funciones arbitrales pueden ser conferidas a un árbitro único o a varios árbitros designados por las Partes a su libre albedrío o elegidos por ellas entre los Miembros de la Corte Permanente de Arbitraje establecida por la presente Convención.
En caso de fracasar la constitución del Tribunal por falta de acuerdo de las Partes, se procederá de la manera indicada en el artículo 45, párrafos 3 a 6.
Artículo 56 Cuando un Soberano o un Jefe de Estado es elegido como árbitro, éste regulará el procedimiento arbitral.
Artículo 57 El quinto árbitro ejercerá por derecho las funciones de Presidente del Tribunal.
Si el Tribunal no incluyere un quinto árbitro, éste designa su propio Presidente.
Artículo 58 En caso de que el compromiso sea establecido por una comisión, de la manera prevista en el artículo 54, salvo estipulación contraria, la comisión misma formará el Tribunal arbitral.
Artículo 59 En caso de muerte, dimisión o de imposibilidad por cualquier motivo que sea, de uno de los árbitros, su reemplazo se efectúa de conformidad con el procedimiento aplicable a su nombramiento.
Artículo 60 A falta de designación de un lugar por las Partes, el Tribunal celebra sus sesiones en La Haya.
El Tribunal no puede celebrar sus sesiones en el territorio de una tercera Potencia sino con el consentimiento de ésta.
El lugar de sesiones una vez fijado no puede ser alterado por el Tribunal, salvo con el consentimiento de las Partes.
Artículo 61 Si el compromiso no ha determinado los idiomas que se emplearán, el Tribunal decidirá la cuestión.
Artículo 62 Las Partes tienen derecho a designar ante el Tribunal, agentes especiales para servir de intermediarios entre ellas y el Tribunal.
Están además autorizadas a contratar consejeros o abogados que se hagan cargo de la defensa de sus derechos e intereses ante el Tribunal.
Los Miembros de la Corte Permanente no pueden ejercer las funciones de agentes, consejeros o abogados, salvo en beneficio de la Potencia que les designó como Miembros de la Corte.
Artículo 63 Como regla general, el procedimiento arbitral comprende dos fases distintas: la escrita y los debates.
Los debates consisten en la presentación oral de los alegatos de las Partes ante el Tribunal.
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