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Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 4', 'Artículo 6', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 17', 'Artículo 19', 'Artículo 21', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'artículo 58', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 69', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'artículo 70', 'Artículo 75', 'Artículo 83', 'Artículo 84']

Ley de Infogobierno - Wikisource
Publicado en la gaceta oficial Número 40.274 en fecha 17 de octubre de 2013
1 LEY DE INFOGOBIERNO
1.1 TÍTULO I: DISPOSICIONES FUNDAMENTALES
1.1.1 Capítulo I: Normas Generales
1.1.1.1 Objeto de la Ley
1.1.1.2 Ambito de aplicación
1.1.1.3 Finalidad de la ley
1.1.1.4 Interés público y caracter estratégico
1.1.1.5 Definiciones
1.1.2 Capítulo II: Principios y bases del uso de las tecnologías de información
1.1.2.1 Obligatoriedad del uso de las tecnologías de información
1.1.2.2 Principio de igualdad
1.1.2.3 Derecho de las personas
1.1.2.4 Principio de legalidad
1.1.2.5 Principio de conservación documental
1.1.2.6 Repositorio digital de programas informáticos
1.1.2.7 Principio de transparencia
1.1.2.8 Principio de accesibilidad
1.1.2.9 Condiciones de accesibilidad y usabilidad
1.1.2.10 Fomento del conocimiento de las tecnologías de información
1.1.2.11 Formación
1.1.2.12 Portal de Internet
1.1.2.13 Servicios de información
1.1.2.14 Derecho a la participación en la promoción de los servicios y uso de las tecnologías de información
1.1.2.15 Mecanismos de ejercicio de contraloría social
1.1.2.16 Principio de proporcionalidad
1.1.2.17 Principio de seguridad
1.1.2.18 Servicios de certificación y firma electrónica
1.1.2.19 De la protección de datos personales
1.1.2.20 Validez de los archivos y documentos electrónicos
1.1.2.21 Copias impresas de los documentos electrónicos
1.1.2.22 Principio de coordinación
1.1.2.23 Principio de colaboración
1.1.2.24 Interoperabilidad de las tecnologías de información
1.1.2.25 Sistema de consulta
1.1.2.26 Obligación de compartir información
1.1.2.27 Plataforma tecnológica del Estado
1.1.2.28 Del conocimiento libre
1.1.2.29 De las licencias
1.1.2.30 Soberanía e independencia tecnológica
1.2 TÍTULO II: DE LA ORGANIZACIÓN EN EL PODER PÚBLICO PARA EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
1.2.1 Capítulo I: Del Consejo Nacional para el Uso de las Tecnologías de Información
1.2.1.1 Creación del Consejo Nacional para el Uso de las Tecnologías de Información
1.2.1.2 Conformación
1.2.1.3 Competencias
1.2.2 Capítulo II: De la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información
1.2.3 Creación
1.2.3.1 Competencias de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información
1.2.3.2 Patrimonio
1.2.3.3 Dirección de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información
1.2.3.4 Quórum
1.2.3.5 Prohibición para integrar el Consejo Directivo
1.2.3.6 Responsabilidad de los miembros del Consejo Directivo
1.2.3.7 Competencias del Consejo Directivo
1.2.4 Capítulo III: De las atribuciones de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información
1.2.4.1 Atribuciones del Director o Directora General
1.2.4.2 Régimen de los funcionarios y funcionarias
1.2.5 Capítulo IV: De las unidades de apoyo
1.2.5.1 Unidades de apoyo
1.2.5.2 Ente normalizador
1.2.6 Sección primera: normalizador de las tecnologías de información
1.2.6.1 Autoridad competente
1.2.6.2 Competencias
1.2.7 Sección segunda: normalizador en seguridad informática
1.2.7.1 De la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica
1.2.7.2 Competencias
1.2.7.3 Unidades de servicios de verificación
1.2.8 Capítulo V: De los subsistemas que conforman el Sistema Nacional de Protección y Seguridad Informática
1.2.8.1 Subsistemas que integran el Sistema Nacional de Protección y Seguridad Informática
1.2.8.2 De la aprobación, certificación y homologación de los equipos o aplicaciones criptográficas
1.2.8.3 De los registros públicos de homologación y sus fines
1.3 TÍTULO III: DE LOS TRIBUTOS
1.3.1 Capítulo I: De las contribuciones parafiscales
1.3.1.1 De las contribuciones por actividades comerciales
1.3.1.2 Contribución por servicios
1.3.2 Capítulo II: De las tasas y contribuciones especiales
1.3.2.1 Certificación
1.3.2.2 De las tasas por certificación y homologación de los equipos o aplicaciones con soporte criptográfico
1.3.2.3 Procedimiento
1.3.2.4 Contenido de la acreditación
1.3.2.5 Excepción del uso de programas informáticos libres
1.3.2.6 De las contribuciones especiales por la utilización de software privativo
1.3.2.7 Destino de las contribuciones parafiscales y tasas
1.3.3 Capítulo III: Disposiciones comunes
1.3.3.1 Facultades tributarias
1.4 TÍTULO IV: DESARROLLO DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN LIBRES
1.4.1 Promoción de la industria nacional de tecnologías de información libres
1.4.2 Del financiamiento con fondos públicos
1.4.3 Exoneraciones tributarias
1.4.4 Recursos para las tecnologías de información libres
1.5 TÍTULO V: DERECHO Y GARANTÍA DE LAS PERSONAS SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
1.5.1 Naturaleza de la información
1.5.2 Suministro de información
1.5.3 Prohibición de exigir documentos físicos
1.5.4 Protección de la información
1.5.5 Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes
1.5.6 Prohibición de compartir datos personales de niños, niñas y adolescentes
1.6 TÍTULO VI: RÉGIMEN SANCIONATORIO
1.6.1 Responsabilidad de los funcionarios públicos, funcionarias públicas, servidores públicos y servidoras públicas
1.6.2 De las infracciones y multas
1.6.3 Delegación para el inicio y sustanciación del procedimiento administrativo
1.6.4 Inhabilitación
1.6.5 Revocatoria de la acreditación y certificación
1.7 DISPOSICIONES TRANSITORIAS
1.8 DISPOSICIONES DEROGATORIAS
1.9 DISPOSICIONES FINALES
LEY DE INFOGOBIERNO[editar]
TÍTULO I: DISPOSICIONES FUNDAMENTALES[editar]
Capítulo I: Normas Generales[editar]
Artículo 1. Esta ley tiene por objeto establecer los principios, bases que rigen el uso de las tecnologías de información en el Poder Público y el Poder Popular, para mejorar la gestión pública y los servicios que se prestan a las personas; impulsando la transparencia del sector público; la participación y el ejercicio pleno del derecho de soberanía; así como promover el desarrollo de las tecnologías de información libres en el Estado; garantizar la independencia tecnológica; la apropiación social del conocimiento; así como la seguridad y la defensa de la nación.
Ambito de aplicación[editar]
Los órganos y entes que ejercen el Poder Público Nacional.
Los órganos y entes que ejercen el Poder Público Estadal.
Los órganos y entes que ejercen el Poder Público en los Distritos Metropolitanos.
Los órganos y entes que ejercen el Poder Público Municipal y las demás entidades locales previstas en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
Los órganos y entes que ejercen el Poder Público en las Dependencias Federales.
Los institutos públicos nacionales, estadales, de los distritos metropolitanos y municipales.
Las universidades públicas, así como cualquier otra institución del sector universitario de naturaleza pública.
Las demás personas de derecho público nacional, estadal, de los distritos metropolitanos y municipal.
Las organizaciones y expresiones del Poder Popular.
Las personas naturales o jurídicas, en cuanto les sea aplicable de acuerdo con la ley y los reglamentos.
Finalidad de la ley[editar]
Facilitar el establecimiento de relaciones entre el Poder público y las personas a trevés de las tecnologías de información.
Establecer las condiciones necesarias y oportunas que propicien la mejora continua de los servicios que el Poder Público presta a las personas, contribuyendo así en la efectividad, eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos.
Universalizar el acceso de las personas a las tecnologías de información libres y garantizar su apropiacion para el servicio de la sociedad.
Garantizar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de las personas, haciendo uso de las tecnologías de información.
Promover la adquisición, desarrollo, investigación, creación, diseño, formalización, socialización, uso e implementación de las tecnologías de información, en los términos establecidos en la presente ley y otros instrumentos legales que regulen la materia.
Fomentar la independencia tecnológica y con ello fortalecer el ejercicio de la soberanía nacional, sobre la base del conocimiento y uso de las tecnologías de información libres en el Estado.
Interés público y caracter estratégico[editar]
Artículo 4. Son de interés público y estratégico las tecnologías de información, en especial las tecnologías de información libres, como instrumento para garantizar la efectividad, transparencia, eficacia y eficiencia en la gestión pública; profundizar la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, el empoderamiento del Poder Popular y contribuir corresponsablemente en la consolidación de la seguridad, defensa y soberanía nacional.
Actuación electrónica: Capaz de producir efectos jurídicos.
Acceso Abierto: Característica de los documentos públicos que se refiere a su disponibilidad gratuita en la internet pública, que permite a cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o añadir un enlace al texto completo de esos artículos, rastrearlos para su indización, incorporarlos como datos en un software, o utilizarlos para algun otro propósito que sea legal, sin barreras financieras, legales o técnicas, aparte de las que son inseparables del acceso mismo a internet. La única limitación en cuanto a reproducción y distribución, y el único papel del copyright en cuanto a los derechos patrimoniales en este ámbito, debe ser dar a los autores el control sobre la integridad de sus trabajos y el derecho a ser adecuadamente reconocidos y citados.
Conocimiento libre: Es todo el conocimiento que puede ser aprendido, interpretado, aplicando enseñando y compartiendo libremente y sin restricciones, pudiendo ser urilizado para la resolución de problemas o como punto de partida para la generación de nuevos conocimientos.
Documento Electrónico: Documento digitalizado que contiene un dato, diseños o información acerca de un hecho o acto, capaz de causar efectos jurídicos.
Estándares abiertos: Especificaciones técnicas, publicadas y controladas por alguna organización que se encarga de su desarrollo, aceptadas por la industria de las tecnologías de información, y que están a disposición de cualquier usuario para ser implementadas.
Interoperabilidad: Capacidad que tienen las organizaciones dispares y diversas para intercambiar, transferir y utilizar, de manera uniforme y eficiente datos, información y documentos por medios electrónicos, entre sus sistemas de información.
Normas instruccionales: Todas aquellas providencias administrativas de efectos generales, instructivos o circulares, de carácter obligatorio, dictados con el fin de garantizar el efectivo uso de las tecnologías de información y la seguridad informática, en los términos establecidos en esta Ley.
Poder Popular: Es el ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo en lo político, económico, social, cultural, ambiental, internacional, y en todo ámbito del desenvolvimiento y desarrollo de la sociedad, a través de diversas y disímiles formas de organización, que edifican el estado comunal.
Seguridad de la información: Condición que resulta del establecimiento y mantenimiento de medios de protección, que garanticen un estado de inviolabilidad de influencias o de actos hostiles específicos que puedan propiciar el acceso a la información no autorizada, o que afecten la operatividad de las funciones de un sistema de computación, bajo los principios de confidencialidad, integridad, privacidad y disponibilidad de la información.
Software libre: Programa de computación en cuya licencia el autor o desarrollador garantiza al usuario el acceso al código fuente y lo autoriza a usar el programa con cualquier propósito, copiarlo, modificarlo y redistribuirlo con o sin modificaciones, preservando en todo caso el derecho moral al reconocimiento de autoría.
Tecnología de información: Tecnologías destinadas a la aplicación, análisis, estudio y procesamiento en forma automática de información. Esto incluye procesos de: obtención, creación, cómputo, almacenamiento, modificación, manejo, movimiento, transmisión, recepción, distribución, intercambio, visualización, control y administración, en formato electrónico, magnético, óptico, o cualquier otro medio similar o equivalente que se desarrollen en el futuro, que involucren el uso de dispositivos físicos y lógicos.
Usabilidad: Se refiere a los atributos que deben tener los sistemas de información para que sean comprendidos, aprendidos y usados con facilidad por sus usuarios o usuarias.
Capítulo II: Principios y bases del uso de las tecnologías de información[editar]
Obligatoriedad del uso de las tecnologías de información[editar]
Artículo 6. El Poder Público, en el ejercicio de sus competencias, debe utilizar las tecnologías de información en su gestión interna, en las relaciones que mantengan entre los órganos y entes del Estado que lo conforman, en sus relaciones con las personas y con el Poder Popular, de conformidad con esta Ley y demás normativa aplicable.
Derecho de las personas[editar]
Dirigir peticiones de cualquier tipo haciendo uso de las tecnologías de información, quedando el Poder Público y el Poder Popular obligados a responder y resolver las mismas de igual forma que si se hubiesen realizado por los medios tradicionales, en los términos establecidos en la Constitución de la República y la Ley.
Recibir notificaciones por medios electrónicos en los términos y condiciones establecidos en la ley que rige la materia de mensajes de datos y las normas especiales que la regulan.
Acceder electrónicamente a los expedientes que se tramiten en el estado en que éstos se encuentren, así como conocer y presentar los documentos electrónicos emanados de los órganos y entes del Poder Público y el Poder Popular, haciendo uso de las tecnologías de información.
Utilizar y presentar ante el Poder Público y demás personas naturales y jurídicas, los documentos electrónicos emitidos por éste, en las mismas condiciones que los producidos por cualquier otro medio, de conformidad con la presente Ley y la normativa aplicable.
Obtener copias de los documentos electrónicos que formen parte de procedimientos en los cuales se tenga la condición de interesado o interesada.
Disponer de mecanismos que permitan el ejercicio de la contraloría social haciendo uso de las tecnologías de información.
Utilizar las tecnologías de información libres como medio de participación y organización del Poder Popular.
Artículo 9. Las actuaciones que realicen el Poder Público y el Poder Popular, deben sujetarse a la asignación, distribución y ejercicio de sus competencias de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República, la presente Ley y las normas que rigen la materia.
Principio de conservación documental[editar]
Artículo 10. Las comunicaciones, documentos y actuaciones electrónicas que realicen el Poder Público y el Poder Popular se conservarán de conformidad con las condiciones que determine la Ley y la normativa especial aplicable.
==== Repositorio digital del Poder Público y el Poder Popular Artículo 11. El Poder Público debe contar con repositorios digitales en los cuales se almacene la información que manejen, así como los documentos que conformen el expediente electrónico, a fin de que sean accesibles, conservados o archivados, de conformidad con la presente Ley y la normativa que regule la materia.
Repositorio digital de programas informáticos[editar]
Principio de transparencia[editar]
Principio de accesibilidad[editar]
Condiciones de accesibilidad y usabilidad[editar]
Fomento del conocimiento de las tecnologías de información[editar]
Artículo 17. El Poder Público debe proporcionar la formación en materia de tecnologías de información libres de sus respectivos colectivos laborales, para que interactúen con los sistemas y aplicaciones, desempeñando eficientemente sus labores y funciones en la gestión pública. Asimismo debe facilitar la formación de las personas, a fin de garantizar la apropiación social del conocimiento.
Portal de Internet[editar]
Servicios de información[editar]
Artículo 19. Los servicios prestados por el Poder Público y el Poder Popular a través de los portales de internet deben ser accesibles, sencillos, expeditos, confiables, pertinentes y auditables, y deben contener información completa, actual, oportuna y veraz, de conformidad con la ley y la normativa especial aplicable.
Derecho a la participación en la promoción de los servicios y uso de las tecnologías de información[editar]
Mecanismos de ejercicio de contraloría social[editar]
Artículo 21. Los servicios prestados por el Poder Público y el Poder Popular deben contener mecanismos que permitan la promoción, desarrollo y consolidación de la contraloría social como medio de participación de las personas y sus organizaciones sociales, para garantizar que la inversión pública se realice de manera transparente y eficiente, en beneficio de los intereses de la sociedad y que las actividades del sector privado no afecten los intereses colectivos o sociales.
Principio de proporcionalidad[editar]
Principio de seguridad[editar]
Servicios de certificación y firma electrónica[editar]
De la protección de datos personales[editar]
Validez de los archivos y documentos electrónicos[editar]
Copias impresas de los documentos electrónicos[editar]
Principio de coordinación[editar]
Artículo 28. Los proyectos y acciones que desarrollen el Poder Público y el Poder Popular, a fin de consolidar el uso de las tecnologías de información libres en la gestión pública, deben efectuarse de manera coordinada en los términos establecidos en la presente Ley, y están orientados al logro de los fines y objetivos del Estado, sobre la base de las políticas, estrategias, lineamientos y normas en la materia que a tal efecto se dicten.
Principio de colaboración[editar]
Artículo 29. El Poder Público y el Poder Popular colaborarán para alcanzar la consolidación del uso de las tecnologías de información libres en el Estado.
Interoperabilidad de las tecnologías de información[editar]
Artículo 30. Los procesos soportados en las tecnologías de información en el Poder Público y el Poder Popular deben ser interoperables, a fin de apoyar la función y gestión pública que éstos prestan, garantizando la cooperación y colaboración requerida para proporcionar servicios y procesos públicos integrados, complementarios y transparentes, sobre la base del principio de unidad orgánica.
Sistema de consulta[editar]
Artículo 31. El Poder Público debe procurar que el diseño y construcción de sus sistemas, programas, aplicaciones y servicios de información cuenten con facilidades de uso para la consulta electrónica, así como la veracidad y existencia de los documentos electrónicos, circunstancias o requisitos que posean y sean necesarios para realizar una determinada solicitud, trámite o servicio, sin que lo previamente descrito se le transfiera a las personas.
Obligación de compartir información[editar]
Artículo 32. El Poder Público tiene la obligación de compartir entre sí la información pública que conste en sus archivos y repositorios digitales, de conformidad con lo establecido en la ley que regule la materia sobre el intercambio electrónico de datos, información y documentos, salvo las excepciones establecidas en la Constitución de la República y la normativa aplicable.
Plataforma tecnológica del Estado[editar]
Del conocimiento libre[editar]
Artículo 34. El desarrollo, adquisición, implementación y uso de las tecnologías de información por el Poder Público, tiene como base el conocimiento libre. En las actuaciones que se realicen con el uso de las tecnologías de información, sólo empleará programas informáticos en software libre y estándares abiertos para garantizar al Poder Público el control sobre las tecnologías de información empleadas y el acceso de las personas a los servicios prestados.
De las licencias[editar]
Artículo 35. Las licencias para programas informáticos utilizados en el Poder Público, deben permitir el acceso al código fuente y a la transferencia del conocimiento asociado para su compresión, su libertad de modificación, libertad de uso en cualquier área, aplicación o propósito y libertad de publicación y distribución del código fuente y sus modificaciones. Únicamente se adoptarán aquellas licencias que garanticen que los trabajos derivados se licencien en los mismos términos que la licencia original.
El Poder Popular debe garantizar que las licencias de los programas informáticos empleados en la gestión de los servicios públicos transferidos, cumplan con las condiciones y términos establecidos en el presente artículo.
Soberanía e independencia tecnológica[editar]
TÍTULO II: DE LA ORGANIZACIÓN EN EL PODER PÚBLICO PARA EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN[editar]
Capítulo I: Del Consejo Nacional para el Uso de las Tecnologías de Información[editar]
Creación del Consejo Nacional para el Uso de las Tecnologías de Información[editar]
El Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República, en su condición de órgano directo y colaborador del Presidente o Presidenta de la República, y en su condición de Presidente o Presidenta del Consejo Federal de Gobierno, quien lo preside.
El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de planificación.
El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia ciencia tecnología e innovación.
El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de comunas 5. La Procuraduría General de la República.
El Consejo Moral Republicano y;
Promover el adecuado uso y aprovechamiento de las tecnologías de información en el Poder Público y en el Poder Popular.
Establecer lineamientos, políticas y estrategias para el acceso, uso, promoción, adquisición y desarrollo de las tecnologías de información libres.
Impulsar la mejora de la gestión pública y calidad de los servicios públicos que se presten a las personas a través de tecnologías de información.
Promover la transparencia en el Poder Público, a fin de garantizar el derecho fundamental de las personas al acceso a la información pública.
Garantizar que los programas y proyectos que se implementen en el Poder Público, contemplen los requerimientos para su implantación y sustentabilidad, con base en la provisión de las capacidades financieras, institucionales y de talento humano que resulten necesarias.
Proponer ante las autoridades competentes el marco normativo necesario para garantizar el aprovechamiento y uso de las tecnologías de información en el Poder Público y en el Poder Popular, de conformidad con la presente Ley.
Dictar las normas necesarias para su funcionamiento, a través del respectivo reglamento que al efecto se dicte.
Capítulo II: De la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información[editar]
Artículo 40. Se crea la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información, como un instituto público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, distinto e independiente de la República, con competencias financieras, administrativas, presupuestarias, técnicas, normativas y de gestión de recursos, las cuales serán ejercidas de acuerdo con los lineamientos y políticas establecidos por el órgano de adscripción en coordinación con la Comisión Central de Planificación, con los privilegios y prerrogativas de la República; estará adscrito al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de ciencia, tecnología e innovación. Dicho Instituto tendrá su sede en la ciudad de Caracas, y podrá crear direcciones regionales para la consecución de sus actividades en el Territorio Nacional.
Competencias de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información[editar]
Artículo 41. Son competencias de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información las siguientes:
Elaborar el Plan Nacional de Tecnologías de Información para el Estado, alineado con las directrices establecidas en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, y demás planes nacionales en coordinación con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de planificación, de conformidad con la ley aplicable.
Establecer las políticas, estrategias y lineamientos en materia de regulación, acceso, desarrollo, adquisición, implementación y uso de las tecnologías de información en el Poder Público.
Establecer, de manera coordinada con la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica, las políticas, estrategias, lineamientos y regulaciones en materia de seguridad informática en el Poder Público.
Establecer mecanismos de coordinación e intercambio con el Poder Público y con el Poder Popular, así como con instituciones privadas, nacionales e internacionales, especializadas en tecnologías de información y materias afines.
Promover, conjuntamente con el Poder Público y con el Poder Popular, el acceso y uso de las tecnologías de información, a fin de contribuir en la gestión, incrementar la eficiencia, transparencia, y mejorar sus relaciones con las personas.
Establecer las políticas de promoción, fomento y fortalecimiento del sector productivo de las tecnologías de información.
Promover la formulación y ejecución de iniciativas que permitan impulsar la investigación, el desarrollo, adquisición, implementación y uso de las tecnologías de información en el Poder Público y en el Poder Popular.
Administrar el repositorio de programas informáticos libres y de programas informáticos utilizados por el Poder Público y por el Poder Popular, así como la información asociada a éstos.
Participar en nombre de la República ante organismos internacionales en materia de tecnología de información, en coordinación con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones exteriores.
Promover, en corresponsabilidad con el Poder Popular, la innovación de las tecnologías de información, impulsando programas y proyectos de investigación y desarrollo que fomenten la industria nacional de las tecnologías de información y la formación del talento humano.
Autorizar al Poder Público, con carácter excepcional, el uso de tecnologías de información privativas, en los casos y condiciones establecidos en la presente Ley y normativa aplicable.
Otorgar, suspender y revocar la certificación de los programas informáticos, equipos y servicios en materia de tecnologías de información, a ser desarrollados, adquiridos, implementados y usados por parte del Poder Público y del Poder Popular.
Otorgar, suspender y revocar las acreditaciones a las unidades de servicios de verificación sobre programas informáticos, equipos y servicios en materia de tecnologías de información, de conformidad con la normativa aplicable.
Colaborar en la formulación de las políticas, estrategias y lineamientos en materia de regulación, acceso, desarrollo, adquisición, implementación y uso de las tecnologías de información en el Poder Público.
Establecer las políticas, estrategias, lineamientos y regulaciones en materia de seguridad informática en el Poder Público.
Ejecutar los lineamientos, políticas y estrategias para el acceso, uso, promoción, adquisición y desarrollo de las tecnologías de información libres, emanados del Consejo Nacional para el Uso de las Tecnologías de Información en el Poder Público.
Garantizar la mejora de la gestión pública y la calidad de los servicios públicos que se presten a las personas, a través de las tecnologías de la información.
Velar por el cumplimiento de las normas que en materia de tecnologías libres de información y de seguridad de la información se dicten.
Promover la transparencia en el Poder Público, a fin de garantizar a las personas el derecho fundamental al acceso a la información pública.
Garantizar el cumplimiento de las políticas, lineamientos, normas y procedimientos requeridos para el intercambio electrónico de datos, información y documentos con el objeto de establecer un estándar de interoperabilidad.
Garantizar que los programas y proyectos que se implementen en el Poder Público contemplen los requerimientos para su implantación y sustentabilidad, con base en la provisión de las capacidades financieras, institucionales y de talento humano que resulten necesarias.
Dictar las normas y procedimientos instruccionales aplicables en el desarrollo, adquisición, implementación y uso de tecnologías de información, así como los servicios asociados a esas tecnologías.
Inspeccionar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley, así como la normativa en materia de su competencia.
Dictar medidas preventivas y correctivas en el curso de los procedimientos administrativos de su competencia, cuando así lo requiera.
Ejercer acciones administrativas o judiciales de cualquier índole para la salvaguarda y protección de sus derechos e intereses.
Velar por el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y demás actos que dicte, cuya vigilancia le competa.
Los recursos anuales que le sean asignados en la Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal correspondiente;
Otros ingresos y bienes que le puedan ser asignados o transferidos por órganos y entes del Poder Público;
Los bienes provenientes de las donaciones, legados y aportes de carácter lici-to;
Sus ingresos propios, obtenidos por el desarrollo de sus actividades y por los servicios que preste;
Lo recaudado por tributos, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley;
Las multas por las infracciones de acuerdo a la presente Ley;
Los demás bienes que adquiera por cualquier título.
Dirección de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información[editar]
Artículo 43. La Dirección de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información estará a cargo de un Consejo Directivo. El Consejo Directivo estará integrado por un director o directora general, quien presidirá el Instituto, y cuatro directores o directoras, quienes serán de libre nombramiento y remoción del Presidente o Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, cada uno de los cuales tendrá un suplente, designado o designada de la misma forma, quien llenará las faltas temporales. Las ausencias temporales del Director o Directora General serán suplidas por el Director o Directora Principal que éste o ésta designe.
Quórum[editar]
Artículo 44. El Consejo Directivo sesionará válidamente con la presencia del director o directora general, o quien haga sus veces, y dos directores o directoras. Las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de los miembros del Consejo cuando se encuentren presentes todos sus integrantes, y por unanimidad cuando ocurriere el quórum mínimo.
El régimen ordinario de sesiones del Consejo directivo lo determinará el reglamento interno que se dictará de conformidad a lo previsto en esta Ley.
Prohibición para integrar el Consejo Directivo[editar]
Las personas que tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o sean cónyuges del Presidente o Presidenta de la República, del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República o de la máxima autoridad del órgano rector o de algún miembro de la dirección de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información.
Quienes en beneficio propio o de un tercero, directa o indirectamente, hayan celebrado contratos de obra o de suministro de bienes o servicios con la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información y no los hayan finiquitado en el año inmediatamente anterior a sus designaciones.
Las personas que hayan sido declaradas en estado de quiebra, culpable o fraudulenta, y los condenados o condenadas por delitos contra el patrimonio público.
Responsabilidad de los miembros del Consejo Directivo[editar]
Competencias del Consejo Directivo[editar]
Artículo 47. Al Consejo Directivo le corresponden las siguientes competencias:
Someter a la consideración del órgano rector todas las políticas, estrategias y lineamientos en materia de regulación, acceso, desarrollo, adquisición, implementación y uso de las tecnologías de información en el Poder Público al igual que en el Poder Popular, cuando realice gestiones públicas.
Dictar el reglamento interno de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información.
Aprobar la creación, modificación o supresión de direcciones regionales que se consideren necesarias para el cumplimiento de los fines de la Comisión Nacional de Tecnologías de Información.
Aprobar el estatuto de los funcionarios públicos y funcionarias públicas de la Comisión Nacional de Tecnologías de Información.
Autorizar al Director o Directora General para suscribir y actualizar convenios y contratos que tengan por objeto el desarrollo, comercialización, producción y agilización de actividades y proyectos vinculados con las tecnologías de información libres, previa autorización del órgano rector.
Autorizar la suscripción y enajenación de bienes muebles e inmuebles propiedad de la Comisión, de conformidad con lo dispuesto en la ley que rige la materia.
Las demás que le confieren las leyes y sus reglamentos respectivos.
Capítulo III: De las atribuciones de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información[editar]
Atribuciones del Director o Directora General[editar]
Artículo 48. Corresponde al Director o Directora General de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información:
Ejercer la representación del Instituto y emitir los lineamientos para organi-zar, administrar, coordinar y controlar los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto.
Autorizar la realización de inspecciones o fiscalizaciones.
Ordenar la apertura y sustanciación de procedimientos administrativos sancionatorios.
Nombrar, remover o destituir al personal del Instituto y ejercer la potestad disciplinaria, de conformidad con los procedimientos del correspondiente estatuto.
Celebrar en nombre del Instituto, previa aprobación del Consejo Directivo, convenios y contratos con organismos nacionales e internacionales, de conformidad con la ley.
Dictar los lineamientos generales para la elaboración del proyecto de presupuesto, el plan operativo anual y el balance general del Instituto, y someterlo a la aprobación del Consejo Directivo, de conformidad con la ley.
Otorgar poderes para la representación judicial y extrajudicial del Instituto.
Delegar atribuciones para la firma de determinados documentos, en los casos que determine el reglamento interno del Instituto.
Ejercer las competencias del Instituto que no estén expresamente atribuidas a otra autoridad.
Elaborar y presentar el proyecto del reglamento interno del Instituto a la consideración del Consejo Directivo.
Convocar y presidir las sesiones del Consejo Directivo, así como suscribir los actos y documentos que emanen de sus decisiones.
Presentar la memoria y cuenta del Instituto a consideración del Consejo Directivo y del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de ciencia, tecnología e innovación.
Régimen de los funcionarios y funcionarias[editar]
Artículo 49. Los funcionarios públicos y funcionarias públicas de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información se regirán por la Ley del Estatuto de la Función Pública, salvo disposiciones especiales que el Ejecutivo Nacional decida sobre el reclutamiento, selección, ingreso, el desarrollo, la evaluación, los ascensos, los traslados, las suspensiones en el ejercicio de los cargos, la valoración de los cargos, las escalas de remuneraciones y el egreso. Las materias enumeradas en este artículo son de orden público; no pueden renunciarse ni relajarse por convenios individuales o colectivos, ni por actos de las autoridades de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información.
Capítulo IV: De las unidades de apoyo[editar]
Unidades de apoyo[editar]
El ente normalizador del uso de las tecnologías de información.
El órgano normalizador en seguridad informática.
Cualquier otra instancia que esté vinculada con el objeto y fines de esta Ley.
Ente normalizador[editar]
Sección primera: normalizador de las tecnologías de información[editar]
Autoridad competente[editar]
Proponer a la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información las líneas de investigación para el desarrollo de programas y equipos informáticos que apoyen la solución de problemas en el Poder Público y en el Poder Popular.
Solicitar al Poder Público y al Poder Popular la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones, en el ámbito de su competencia.
Colaborar con la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información en la promoción del acceso e intercambio de datos, información y documentos entre los órganos y entes del Poder Público, así como entre éstos y el Poder Popular.
Ejercer las funciones de unidad de apoyo especializado para la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información.
Presentar el informe anual sobre su gestión al órgano rector y a la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información.
Coordinar con el órgano competente los procedimientos, acciones y actividades necesarias para el desarrollo de la gestión del Sistema Venezolano para la Calidad en materia de tecnologías de información en el Poder Público.
Velar por el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y demás actos que se dicten, cuya vigilancia le competa.
Las demás atribuciones que determine la Ley.
Sección segunda: normalizador en seguridad informática[editar]
De la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica[editar]
Desarrollar, implementar y coordinar el Sistema Nacional de Seguridad Informática.
Dictar las normas instruccionales y procedimientos aplicables en materia de seguridad informática.
Establecer los mecanismos de prevención, detención y gestión de los incidentes generados en los sistemas de información y en las infraestructuras críticas del Estado, a través del manejo de vulnerabilidades e incidentes de seguridad informática.
Evaluar los medios de almacenamiento digital, de acuerdo a los criterios de búsquedas establecidos en la solicitud de entes u organismos del Estado que así lo requieran.
Extraer, revisar y analizar las trazas y bitácoras de equipos y herramientas de redes.
Auditar el funcionamiento e integridad de aplicaciones y base de datos donde se presuma inconsistencias incorporadas con el objeto de causar daños.
Prestar asesoría técnica en materia de informática forense a los órganos de apoyo a la investigación penal.
Administrar el registro público de homologación de equipos o aplicaciones con soporte criptográfico.
Ejecutar las funciones de unidad de apoyo especializado de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información en el Poder Público, en el área de su competencia.
Coordinar con el órgano competente los procedimientos, acciones y actividades necesarias para el desarrollo de la gestión del Sistema Venezolano de la Calidad en materia de seguridad informática en el Poder Público y en el Poder Popular.
Unidades de servicios de verificación[editar]
Capítulo V: De los subsistemas que conforman el Sistema Nacional de Protección y Seguridad Informática[editar]
Subsistemas que integran el Sistema Nacional de Protección y Seguridad Informática[editar]
Subsistema de Criptografía Nacional
Subsistema Nacional de Gestión de Incidentes Telemáticos 3. Subsistema Nacional de Informática Forense 4. Subsistema Nacional de Protección de Datos.
De la aprobación, certificación y homologación de los equipos o aplicaciones criptográficas[editar]
De los registros públicos de homologación y sus fines[editar]
TÍTULO III: DE LOS TRIBUTOS[editar]
Capítulo I: De las contribuciones parafiscales[editar]
De las contribuciones por actividades comerciales[editar]
Artículo 60. Todas las personas jurídicas cuyo objeto sea la importación, distribución y comercialización de software privativo al Poder Público, pagarán a la Comisión Nacional de Tecnologías de Información el dos y medio por ciento (2,5%), de la utilidad neta del ejercicio. Lo cancelado por este concepto, se realizará dentro de los noventas días siguientes del cierre del ejercicio fiscal.
Contribución por servicios[editar]
Artículo 61. Toda persona que preste servicios de software privativos al Poder Público, pagará una contribución del uno y medio por ciento (1,5%) de la utilidad neta del ejercicio, a la Comisión Nacional de Tecnologías de Información, dentro de los noventa días siguientes al cierre del ejercicio fiscal.
Capítulo II: De las tasas y contribuciones especiales[editar]
Artículo 62. El Poder Público debe solicitar ante la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información, la certificación del cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y demás normativa aplicable de los programas informáticos por equipos de computación según su tipo o modelo, el cual causa una tasa de cincuenta Unidades Tributarias (50 U.T.).
De las tasas por certificación y homologación de los equipos o aplicaciones con soporte criptográfico[editar]
Artículo 63. La homologación de los equipos o aplicaciones con soporte criptográfico, a que hace mención el artículo 58, tendrá una duración de tres años y su solicitud de tramitación causará una tasa de trescientas Unidades Tributarias (300 U.T.). Las aplicaciones y equipos con soporte criptográfico libre estarán exentos del pago de la tasa prevista en el presente artículo.
Artículo 64. La tramitación de la solicitud de acreditación o renovación como unidad de servicios de verificación y certificación se sustanciará de conformidad con el procedimiento previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y causará el pago de una tasa que no podrá ser mayor de treinta Unidades Tributarias (30 U.T.) ni menor a quince Unidades Tributarias (15 U.T.).
Contenido de la acreditación[editar]
Artículo 65. La acreditación correspondiente contendrá, además de los extremos requeridos por la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y los previstos establecidos en el Registro Nacional de Contratistas los siguientes:
Excepción del uso de programas informáticos libres[editar]
Artículo 66. La Comisión Nacional de las Tecnologías de Información, excepcionalmente podrá autorizar, hasta por tres años, la adquisición y el uso de software que no cumpla con las condiciones de estándares abiertos y software libre, cuando no exista un programa desarrollado que lo sustituya o se encuentre en riesgo la seguridad y defensa de la Nación.
De las contribuciones especiales por la utilización de software privativo[editar]
Destino de las contribuciones parafiscales y tasas[editar]
Capítulo III: Disposiciones comunes[editar]
Facultades tributarias[editar]
Artículo 69. La Comisión Nacional de las Tecnologías de Información ejercerá las facultades y deberes que le atribuye el Código Orgánico Tributario a la Administración Tributaria, en relación con los tributos establecidos en la presente Ley. Igualmente, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de ciencia, tecnología e innovación ejercerá las facultades y deberes a los que se refiere este artículo, por lo que respecta a las tasas correspondientes al Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
TÍTULO IV: DESARROLLO DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN LIBRES[editar]
Promoción de la industria nacional de tecnologías de información libres[editar]
Del financiamiento con fondos públicos[editar]
Artículo 71. El financiamiento con fondos públicos está dirigido a impulsar un sistema económico socio productivo de las tecnologías de información libres, que desarrolle las actividades de investigación, diseño, creación, desarrollo, producción, implementación, asistencia técnica, documentación y servicios relativos tanto al software y como al hardware libres.
Exoneraciones tributarias[editar]
Artículo 72. El Ejecutivo Nacional podrá exonerar, total o parcialmente, el pago del impuesto por enriquecimiento neto a la venta de bienes y prestación de servicios en tecnologías de información libres, de acuerdo a lo establecido en la legislación que rige la materia tributaria.
Recursos para las tecnologías de información libres[editar]
Artículo 73. El Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación destinará, además de los aportes recaudados conforme a los artículos 63 y 64 de la presente Ley, un porcentaje no menor al dos por ciento (2%) de los recursos provenientes de los aportes para la ciencia, la tecnología y la innovación, para el financiamiento de los programas y planes de promoción para consolidar la industria nacional de tecnologías de información libres, conforme a lo establecido en el artículo 70 de esta Ley.
TÍTULO V: DERECHO Y GARANTÍA DE LAS PERSONAS SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN[editar]
Naturaleza de la información[editar]
Suministro de información[editar]
Artículo 75. El Poder Público y el Poder Popular, a través de las tecnologías de información, están obligados a notificar a las personas: 1. Que la información será recolectada de forma automatizada; 2. Su propósito, uso y con quién será compartida; 3. Las opciones que tienen para ejercer su derecho de acceso, ratificación, supresión y oposición al uso de la referida información y; 4. Las medidas de seguridad empleadas para proteger dicha información, el registro y archivo, en las bases de datos de los organismos respectivos.
Prohibición de exigir documentos físicos[editar]
Protección de la información[editar]
Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes[editar]
Prohibición de compartir datos personales de niños, niñas y adolescentes[editar]
TÍTULO VI: RÉGIMEN SANCIONATORIO[editar]
Responsabilidad de los funcionarios públicos, funcionarias públicas, servidores públicos y servidoras públicas[editar]
De las infracciones y multas[editar]
Omitan la elaboración, presentación o implementación del Plan Institucional de Tecnologías de Información, en los términos señalados en la presente Ley y en la normativa aplicable.
Cuando ordenen o autoricen el desarrollo, adquisición, implementación y uso de programas, equipos o servicios de tecnologías de información que no cumplan con las condiciones y términos establecidos en la presente Ley y normativa aplicable a la materia, sin previa autorización de la autoridad competente.
Cuando incumplan las normas instruccionales, normas técnicas y estándares dictados por la autoridad competente de conformidad con la ley.
Cuando en sus actuaciones electrónicas, omitan el uso de certificados y firmas electrónicas.
Cuando usen equipos o aplicaciones con soporte criptográfico sin la correspondiente aprobación, certificación y homologación de la autoridad competente.
Cuando altere un dato, información o documento suministrado por los servicios de información.
Cuando emplee para fines distintos a los solicitados, los datos, información o documentos obtenidos a través de un servicio de información.
Cuando niegue, obstaculice o retrase la prestación de un servicio de información.
Cuando niegue o suministre en forma completa o inexacta información sobre el uso de las tecnologías de información, seguridad informática o interoperabilidad.
Cuando incumplan los niveles de calidad establecidos para la prestación de los servicios de información.
Celebrar, por sí o por intermedio de terceros, acuerdos que tengan por objeto, el intercambio electrónico de datos, información o documentos con otros órganos o entes del Estado, sin la autorización previa de la autoridad competente.
Delegación para el inicio y sustanciación del procedimiento administrativo[editar]
Artículo 83. Sin perjuicio de las demás sanciones que correspondan, la Contraloría General de la República, de manera exclusiva y excluyente, inhabilitará al servidor público o servidora pública, de conformidad al procedimiento correspondiente en los siguientes casos:
Cuando se niegue, obstruya o retrase, de manera injustificada, la prestación de un servicio de información que haya sido ordenado por la autoridad competente conforme a la ley.
Cuando adquiera un software privativo sin haber sido autorizado expresamente por la autoridad competente.
Revocatoria de la acreditación y certificación[editar]
Artículo 84. La Comisión Nacional de las Tecnologías de Información revocará las acreditaciones de las unidades de servicios de verificación y certificación, así como las certificaciones que se otorguen conforme a la presente Ley, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por las causas siguientes:
El incumplimiento de las condiciones establecidas en la norma instruccional correspondiente para el otorgamiento de la acreditación o certificación.
El suministro de datos falsos para obtener la acreditación.
Cuando en la fiscalización, inspección o auditoria de un programa informático, equipo de computación o servicio de información, se hayan incumplido los procedimientos en los términos establecidos en las normas instruccionales correspondientes.
Cuando haya certificado un programa informático, equipo de computación o servicio de información sin cumplir las disposiciones de la presente ley y demás normativa aplicable.
Primera. El Poder Público y el Poder Popular, dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigencia de esta Ley, deben registrar ante la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información los programas informáticos que estén usando o posean, licencias y demás documentación asociada, de conformidad con la normativa instruccional correspondiente.
DISPOSICIONES DEROGATORIAS[editar]
Segunda. Se deroga el Capítulo I del Título III y el Título V del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre Acceso e Intercambio Electrónico de Datos, Información y Documentos entre los Órganos y Entes del Estado, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.945 de fecha 15 de junio de 2012.
Asamblea Nacional Nº 402
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