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Timestamp: 2017-11-23 19:23:29
Document Index: 11743155

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 4', 'artículo 78', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'Artículo 4']

La mayoría de las acciones que integra este programa están incluidas en otros programas de salud púbica. - PDF
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Carmelo Carrasco Pérez
1 QUE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA GONZÁLEZ CARRILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN La que suscribe, Adriana González Carrillo, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de conformidad con las siguientes Consideraciones La atención a personas con discapacidad tradicionalmente se ha enfocado en el aspecto de salud de los individuos, a través de la prevención, el tratamiento y la rehabilitación. Sin embargo, Naciones Unidas hace ya varios años propuso un enfoque distinto al poner en el centro del debate la inclusión social de este grupo de la población. Con ello, se genera una visión más amplia de lo que deben incluir las políticas dedicadas a las personas con discapacidad, las cuales además de los servicios de salud y rehabilitación incluyen el acceso a asistencia social, educación y empleo. Asimismo, dentro de este concepto se incluye a todos los actores involucrados en la inclusión efectiva de las personas con discapacidad a la ciudad. Busca empoderar a las personas que sufren esta condición poniéndolas como actores fundamentales de las decisiones que los involucran, tanto a nivel privado como público. Por otro lado, se reconoce a la familia tanto como medio de soporte económico como de apoyo en el cuidado y la rehabilitación. Las redes sociales conforman el siguiente círculo de apoyo que muchas veces son vínculos informales y otras son instituciones establecidas dentro de la sociedad civil. La sociedad en su conjunto tiene un papel muy importante para la inclusión de este grupo de la población al evitar la discriminación y favorecer una efectiva inclusión en los distintos ámbitos sociales como son los espacios públicos y de esparcimiento así como escuelas y centros de trabajo. Como reconoce la Organización Mundial de la Salud en el Informe Mundial sobre la Discapacidad, esta condición genera costos económicos y sociales para las personas, familias, comunidades y naciones. Por ello resulta fundamental trabajar en los dos frentes: el económico buscando compensar a las familias por los costos adicionales que enfrentan y el social buscando mayor conciencia en la población para evitar la discriminación y favorecer la inclusión en la sociedad. En dicho informe una de las propuestas que se hacen es apoyar a este grupo de la población a través de programas de transferencias monetarias condicionadas. La Organización Mundial de la Salud reconoce que las personas con discapacidad pueden realizar productivamente casi cualquier tipo de trabajo, en un ambiente adecuado. Sin embargo, las personas con discapacidad en edad de trabajar registran tasas de ocupación considerablemente menores. Ello se debe a numerosos factores como la falta de acceso a la educación y capacitación profesional, la falta de acceso a recursos financieros, la falta de accesibilidad en el lugar de trabajo y la percepción de los empleadores acerca de la discapacidad. Éstos son puntos que retoman las recomendaciones del documento para promover la inclusión de las personas con discapacidad. Por ejemplo, el informe defiende a la educación inclusiva como esquema más adecuado para prestar asistencia a la mayoría de los niños con discapacidad y evitar que queden aislados de sus familias y comunidades. La clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud elaborada por la Organización Mundial de la Salud ha permitido clasificar a las personas en 5 grupos de discapacidad además de incluir en cada uno de ellos el grado de independencia que pueden tener estas personas de acuerdo a la severidad del problema. En varios países esta clasificación además de ser una herramienta para los servicios de salud se ha empleado en compañías de seguros, esquemas de seguridad social, sistemas laborales, educación, política social, legislación y modificaciones urbanas. En México, a pesar de que la Ley General para Inclusión de las Personas con Discapacidad instruye al gobierno federal para que se expidan cédulas que contengan esta clasificación en la práctica no se ha llevado a cabo.
2 La información de las personas con discapacidad en el mundo es muy variada tanto por las distintas formas de clasificar a este grupo poblacional como por los procesos demográficos y sociales de cada país. Un porcentaje elevado de esta población es mayor a 60 años, por lo que en los países con mayor envejecimiento también hay más personas con discapacidad, como es el caso de Canadá, Estados Unidos, Alemania y España donde entre 8.5 y 15 por ciento de la población se encuentra en esta situación. En México, este porcentaje es de alrededor de 5 por ciento de la población y se incrementará a medida que aumente la edad promedio de la población. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 el porcentaje de personas con discapacidad en México era de 5.1 por ciento de la población. La discapacidad que se presenta con mayor frecuencia es la imposibilidad de caminar o moverse (58 por ciento), seguida de la discapacidad visual (27 por ciento) y la incapacidad de comunicarse o escuchar (21.3 por ciento). Las principales causas de la discapacidad son las adquiridas ya sea por alguna enfermedad, por edad avanzada o accidente mientras que las provocadas desde el nacimiento sólo representan el 16.3 por ciento de los casos. La distribución por edad de las personas con discapacidad es muy importante ya que la intervención requerida es distinta. En 2010, el 41 por ciento de las personas con discapacidad tenía más de 60 años y otro 33 por ciento tiene entre 30 y 59. Este fenómeno obliga a que la atención se concentre en la prevención de enfermedades y accidentes así como en la readaptación social y laboral de estas personas. Al analizar la incidencia de pobreza entre las personas con discapacidad se observa que en los hogares donde se encuentran estas personas aumenta la probabilidad de estar en situación en pobreza en 4 por ciento respecto a las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad. Quienes tienen mayor porcentaje de personas en pobreza son los hogares con presencia de alguna persona que no puede poner atención o aprender, seguido de los que no pueden escuchar y quienes no pueden atender su propio cuidado personal, estos grupos tienen a más del 59 por ciento de los hogares en situación de pobreza. Por un lado, la situación de discapacidad genera gastos adicionales en las familias de este grupo de la población además de demandar mayor tiempo de cuidado, lo que a su vez provoca que tanto ellos como sus familiares dediquen menor tiempo a trabajar lo que reduce aún más el ingreso disponible de las familias. El promedio de horas destinado al cuidado de familiares cuando los hogares tienen algún miembro con discapacidad puede llegar a ser igual que cuando hay niños menores de 6 años (34 horas semanales) o adultos mayores (24 horas semanales). En cambio, en hogares donde no hay ni niños menores a 6 años ni personas mayores a 65 el promedio de horas semanales dedicado al cuidado es sólo de 18. Por otro lado, el acceso a empleos de estas personas es muy escaso. La población económicamente activa sin ningún tipo de discapacidad es de 47 por ciento, mientras que este porcentaje es entre 8 por ciento y 36 por ciento dependiendo el tipo de discapacidad. Una de las causas fundamentales de esta situación es la menor, ya que las personas entre 6 y 59 años de edad con discapacidad que no tienen instrucción oscila entre el 8 por ciento y el 53 por ciento, mientras que para el resto de la población este porcentaje es sólo de 3 por ciento. Los aspectos que dificultan la inclusión de estas personas son tanto físicos como sociales. La falta de adaptación física y tecnológica de los espacios públicos, recreativos, educativos y laborales dificulta la inserción en actividades productivas. Asimismo, la discriminación es una constante que sufre este grupo de la población tanto por parte de autoridades y empleadores como por compañeros escolares y laborales. En México, al igual que en el resto del mundo, en la atención a personas con discapacidad ha predominado la visión de la salud y la rehabilitación. Los años ochenta marcan el inicio formal de la atención a las personas con discapacidad a partir de la promulgación de la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social y la creación del Programa de Rehabilitación siendo el Sector Salud el responsable de esta atención.
3 A partir del 2001 comienza la transformación hacia un criterio de inclusión social con la creación del Consejo Nacional Consultivo para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis) y la promulgación de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, sin embargo, esta visión no se ha consolidado ya que orgánicamente el tema siguió siendo parte de la Secretaría de Salud. Con la aparición del Conadis se buscó ampliar el ámbito de acción al designarle la tarea de coordinación interinstitucional en la materia, velando por la no discriminación y el acceso a políticas sociales, educativas y laborales. Sin embargo, esta coordinación ha sido escasa, en parte por estar adscrito a la Secretaría de Salud y en parte a la falta de recursos financieros y humanos. La política del Conadis de 2007 a 2012 se basó en dos programas: Programa de Tamiz Auditivo Neonatal e Intervención Temprana. Este programa ha tenido algunos avances para la atención de este grupo de la población, sin embargo, no se hicieron programas similares para otro tipo de discapacidades. Programa de Atención Integral a la Salud de Personas con Discapacidad La mayoría de las acciones que integra este programa están incluidas en otros programas de salud púbica. El enfoque de ambos programas ha sido de salud, por lo que puede decirse que el Conadis no cumplió los objetivos para los que fue creado que estaban basados en el concepto de inclusión social. Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Social ha considerado a las personas con discapacidad como un grupo vulnerable más dentro de sus programas ordinarios sin tomar en cuenta las necesidades particulares de estas personas. Hoy en día existen programas de asistencia social para distintos grupos de la población donde las personas con discapacidad quedan fuera. Para fomentar la permanencia escolar y la prevención en materia de salud de las personas en pobreza Oportunidades otorga transferencias en efectivo condicionadas. Las personas mayores de 65 años reciben asistencia económica regular para ayudar a su cuidado y manutención. Las madres trabajadores reciben apoyo para mandar a sus hijos pequeños a estancias infantiles mientras ellas trabajan. Sin embargo, para las personas con discapacidad y sus familias no existe ningún programa que permita compensar los gastos adicionales en los que incurren estas familias ni el tiempo destinado a su cuidado. La Organización Mundial de la Salud conjuntamente con el Banco Mundial en el Informe Mundial Sobre la Discapacidad propone a los países la creación de programas de transferencias monetarias condicionadas para las personas con discapacidad. En México este tipo de programas han sido ejemplo a nivel internacional, sin embargo, las personas con discapacidad no han sido consideradas dentro de ellos. Por ello se propone que el gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social lleve a cabo un programa con estas características. Si bien cada tipo de discapacidad necesita cosas distintas, en todos los casos las familias incurren en gastos adicionales. En algunos casos se necesitan terapias físicas o aprendizaje de elementos particulares; en otros se requiere acceso a herramientas tecnológicas o de apoyo físico; en otros más es necesario el cuidado profesional o familiar. Estos aspectos son variables de acuerdo a la edad de las personas con discapacidad, el tipo de discapacidad, el arreglo familiar e incluso la localidad en la que habitan. Lo que es común es que en todos los casos existen gastos adicionales que disminuyen el poder adquisitivo de las familias. Las transferencias monetarias para las personas con discapacidad ayudarían a compensar los gastos adicionales que realizan estas familias y permitiría que fueran los propios afectados quienes decidieran el mejor destino de estos recursos de acuerdo a sus necesidades más urgentes. Algunas de las cosas a las que podría contribuir este beneficio son:
4 Acceso a bienes, tecnología y servicios específicos para cada tipo de discapacidad. Compensar los gastos de cuidado derivados de la disminución de las actividades laborales de los familiares que realizan estas actividades. Pago de personas encargadas del cuidado o instituciones de apoyo. Terapias de rehabilitación o para el aprendizaje de habilidades especiales. Aprendizaje de herramientas que faciliten el acceso a educación regular. Acceso a programas de capacitación laboral especializados. Apoyo en el gasto en transporte. Un aspecto importante de los programas de transferencias monetarias es la corresponsabilidad que adquieren los beneficiarios al momento de recibir el apoyo. Se considera que en este caso también deben existir elementos de corresponsabilidad, como son: Asistencia a pláticas de nutrición y cuidado de la salud, así como a consultas médicas. Si bien esto puede considerarse que no es un elemento particular del tipo de condición, se ha visto que este grupo poblacional recibe menor atención médica en general, por lo que se considera relevante que tengan un cuidado integral de salud. Asistencia a terapias físicas o aprendizaje de elementos particulares ya sea en instituciones de salud, del DIF, organizaciones de la sociedad civil u otros. Asistencia a escuelas regulares. La Ley General de Educación establece que las escuelas deben ser inclusivas, permitiendo la entrada de personas con cualquier tipo de discapacidad con la finalidad de que estas personas se integren a la sociedad y se fomente la tolerancia por parte de compañeros y autoridades escolares. Se reconoce que este aspecto requiere capacitación específica para los docentes así como herramientas pedagógicas especiales, sin embargo se debe presionar para que el espíritu de la ley se cumpla. Asistencia a cursos específicos para la utilización de herramientas tecnológicas, metodológicas o físicas que faciliten la incorporación a escuelas regulares o a otros cursos de capacitación. Asistencia a cursos de capacitación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Uno de los programas que han sido evaluados positivamente por el Coneval ha sido el de capacitación e inclusión laboral del gobierno federal, por ello, se sugiere que las personas con discapacidad accedan a estos cursos. Asistencia tanto de las personas con discapacidad como de sus familiares a grupos de ayuda de la secretaría de salud, DIF, organizaciones de la sociedad civil u otros. Se sugiere que el programa tenga dos vertientes de apoyo monetario: 1. Apoyo monetario bimestral de compensación a los gastos recurrentes y periódicos. Por razones de equidad en la seguridad social se sugiere que este monto sea igual al que reciben las personas del programa 65 y más (1,050 pesos bimestrales). 2. Apoyo de una única vez para la adquisición de herramientas físicas o tecnológicas que faciliten la movilidad en los espacios públicos así como la inserción de los individuos en las escuelas y centros de trabajo. Se sugiere que este monto sea variable para cada tipo de discapacidad y exista una lista de productos a los que se puede acceder como son el software para personas invidentes, sillas de ruedas, aparatos auditivos, entre otros.
5 El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conadis) es el instrumento coordinador intersecretarial e interinstitucional que tiene por objeto contribuir al establecimiento de una política de Estado en la materia. Sin embargo, a partir de su creación ha estado adscrito a la Secretaría de Salud y ha tenido tanto una estructura orgánica como presupuesto raquítico, lo cual le ha impedido cumplir sus funciones de coordinación. Se exhorta al gobierno federal a resectorizar este Consejo a la Secretaría de Desarrollo Social, institución que de acuerdo a Ley Orgánica de la Administración Pública Federal tiene la atribución de fomentar las políticas públicas y dar seguimiento a los programas que garanticen la plenitud de los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, se exhorta a reforzar este organismo con una estructura humana y recursos suficientes para poder llevar a cabo su encargo de forma adecuada. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad prevé la creación de un sistema de Clasificación Nacional de Discapacidades que no ha sido realizado. Sin embargo, para la operación de este programa será necesario implementar dicho sistema con el fin de identificar a los beneficiarios del Programa. Se sugiere que el Conadis cree procedimientos adecuados para que distintas instituciones puedan proveer estos certificados ya sea que dependan del DIF, de la Secretaría de Salud o de Organizaciones de la Sociedad Civil especializadas en la atención de personas con discapacidad. Este programa deberá proveer vínculos entre las personas con discapacidad y los centros de rehabilitación, instituciones de salud u organizaciones de la sociedad civil. Para ello, se exhorta al gobierno federal a tener actualizado un directorio de estas instituciones y promover su vinculación con el fin de generar esquemas de atención integral y complementaria entre las distintas instituciones. Esta vinculación será indispensable para poder promover una inclusión efectiva de las personas con discapacidad a las escuelas regulares así como a los centros de trabajo. El programa deberá mantener una estrecha relación con el Consejo Nacional para prevenir la Discriminación (Conapred) para promover el respeto de los derechos de las personas con discapacidad y evitar la discriminación en la prestación de servicios. Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo Único. Se reforman el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo 4o El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.... Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. El Estado garantizará los derechos de los adultos mayores; y de las personas con discapacidad; velará por que reciban servicios de salud; y promoverá su integración social y participación en las actividades económicas y culturales de su comunidad. Establecerá mecanismos de prevención y sanción de todo tipo de violencia o discriminación en su contra. Los adultos mayores y las personas con discapacidad tendrán el derecho a recibir una pensión para apoyar sus gastos básicos de manutención durante la vejez, las personas incluidas en el Registro Nacional de Discapacidad tendrán derecho a una pensión según la clasificación de su discapacidad, en los términos que determinen las leyes que expida el Congreso de la Unión.
6 Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 7 de enero de Diputada Adriana González Carrillo