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Timestamp: 2019-08-24 07:52:04
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Matched Legal Cases: ['Artículo 28', 'artículo 30', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'artículo 36', 'Artículo 38', 'artículo 36', 'Artículo 39', 'artículo 36', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'artículo 36', 'Artículo 42', 'artículo 37', 'Artículo 43', 'artículo 37', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'artículo 36', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'artículo 46', 'artículo 43', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'artículo 56', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'artículo 50', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'artículo 71', 'artículo 87', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'Artículo 84', 'Artículo 85', 'Artículo 86', 'Artículo 87', 'Artículo 88', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'artículo 86', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'artículo 7', 'artículo 1358']

﻿ El Consorcio Conyugal Aragonés|Despacho de Abogados en Zaragoza. Somos especialistas en Derecho de Familia.
domingo, 4 abril 2010 | Categoría: Divorcio, Familia, Matrimonio - 53.801 lect.
El régimen económico matrimonial aragonés, denominado Consorcio Conyugal, está regulado en la Ley 2/2003, de 12 de febrero y contempla distintos aspectos del mismo como los bienes comunes y privativos de los cónyuges, lo mismo que sus deudas comunes y privativas, cómo se gestiona ese consorcio conyugal, cómo es su disolución, liquidación y división, qué sucede con la comunidad que continúa tras la disolución del matrimonio, etc.
Antes del matrimonio o después de celebrado éste, la pareja puede convenir capitulaciones matrimoniales mediante las cuales estipulan, modifican o sustituyen el régimen económico de su matrimonio y cualquier otra disposición matrimonial; estas disposiciones deben elevarse a escritura pública para que sean válidas. A falta de capitulaciones matrimoniales, o cuando éstas son ineficaces, el régimen será el de la sociedad de gananciales o el que establezca el derecho foral propio como sucede, entre otros, en Cataluña, Aragón, Navarra, Islas Baleares, País Vasco donde tienen unos regímenes económicos matrimoniales que presentan una serie de particularidades propias, en unas ocasiones similares al régimen de gananciales (por ejemplo, Aragón) y en otras al de separación de bienes (por ejemplo, Cataluña). Las modificaciones del régimen económico matrimonial realizadas por los cónyuges durante el matrimonio, no perjudicarán en ningún caso los derechos ya adquiridos por terceros.
El régimen económico matrimonial generalmente conocido en España se articula en tres sistemas diferentes: la sociedad de gananciales, la participación y la separación de bienes. 1. Por la sociedad de gananciales se hacen comunes para los cónyuges las ganancias o beneficios obtenidos por cualquiera de ellos durante el matrimonio, los cuales les serán repartidos por mitades al disolverse el mismo. 2. En el régimen de participación, cada uno de los cónyuges adquiere el derecho a participar en las ganancias obtenidas por su consorte durante el tiempo en que dicho régimen haya estado vigente. A cada cónyuge le corresponde la administración, el disfrute y la libre disposición tanto de los bienes que le pertenecían antes de contraer matrimonio como de los que pueda adquirir después por donación, herencia, compraventa, etc. 3. En el régimen de separación de bienes, pertenecen a cada cónyuge los bienes que tenía antes del matrimonio y los que adquiera después por cualquier título como donación, herencia, compraventa y, además, corresponderá a cada uno la administración, goce y libre disposición de sus bienes.
El Consorcio Conyugal Aragonés denomina “consorciales” a los bienes comunes de los cónyuges y tiene sus propias raíces en los fueros más antiguos y una configuración doctrinal, judicial y legislativa que le dota de un perfil propio entre los regímenes de comunidad limitada, como los de gananciales, subrayando la libertad de los cónyuges de atribuir en todo momento carácter consorcial o privativo a los bienes que deseen, atendiendo así a las adquisiciones a título oneroso con precio aplazado, a las indemnizaciones por despido, a las cantidades devengadas por pensiones, a las participaciones en fondos de inversión y productos financieros similares, a los derechos del arrendatario o a la adquisición de acciones o participaciones de sociedades, determinando su carácter consorcial en las condiciones en cada caso consideradas, en atención a la fuerte caracterización comunitaria que tiene el consorcio aragonés.
A continuación transcribo los artículos 28 a 88 sobre el consorcio conyugal de la Ley 2/2003, de 12 de febrero:
DEL CONSORCIO CONYUGAL ARAGONÉS
DEL CONSORCIO CONYUGAL.
BIENES COMUNES Y PRIVATIVOS.
Artículo 28. Bienes comunes.
Los adquiridos por título lucrativo cuando así lo disponga el donante o causante.
Los que los cónyuges acuerden que tengan carácter consorcial.
Los bienes adquiridos a título oneroso por cualquiera de los cónyuges a costa del caudal común. Si el precio ha quedado aplazado en todo o en parte, serán comunes, salvo que la totalidad del precio se satisfaga con dinero privativo.
Los bienes que los cónyuges obtienen de su trabajo o actividad.
Las indemnizaciones concedidas a uno de los cónyuges por despido o cese de actividad profesional.
Los frutos y rendimientos de los bienes comunes o privativos, así como el beneficio obtenido de las empresas y explotaciones económicas.
Las cantidades devengadas por pensiones cuya titularidad corresponda a cualquiera de los cónyuges, salvo lo dispuesto en el artículo 30.
La diferencia positiva entre el importe actualizado del valor al ingresar en el patrimonio privativo y el que tengan al producirse el reembolso o disolverse el consorcio conyugal de los productos financieros cuya rentabilidad consiste en la plusvalía obtenida al tiempo de su reembolso, como los fondos de inversión acumulativos.
Los derechos del arrendatario por contratos celebrados durante el consorcio.
Las empresas y explotaciones económicas fundadas por uno cualquiera de los cónyuges durante el consorcio, salvo que sea totalmente a expensas del patrimonio privativo de uno solo de ellos.
Las acciones o participaciones en sociedades de cualquier clase adquiridas a costa del patrimonio común, aunque sea a nombre de uno solo de los cónyuges; pero, en este caso, en las relaciones con el ente social, se estará a lo dispuesto en las normas por que se rija.
Artículo 29. Bienes privativos.
Los que, durante el consorcio, ambos cónyuges acuerden atribuirles carácter privativo.
Los adquiridos por usucapión comenzada antes de iniciarse el consorcio, así como los adquiridos en virtud de títulos anteriores cuando la adquisición se consolide durante su vigencia y los comprados antes con precio aplazado, salvo que la totalidad del precio sea satisfecha con fondos comunes.
Los adquiridos a título lucrativo. Si hubieran sido adquiridos por ambos cónyuges sin designación de partes, corresponderán a cada uno de ellos por mitad, y no se dará el derecho de acrecer salvo que lo hubiera dispuesto el transmitente o que, tratándose de una adquisición por causa de muerte, procediera según la regulación de la sucesión.
Los adquiridos en escritura pública a costa del patrimonio común si en el título de adquisición ambos cónyuges establecen la atribución privativa a uno de ellos.
Los que vienen a reemplazar a otros propios, y ello aunque se adquieran con fondos comunes, así como el dinero obtenido por la enajenación o privación de bienes propios y el resarcimiento de los daños inferidos a los mismos.
Los recobrados en virtud de carta de gracia, así como los adquiridos por derecho de retracto, opción, suscripción preferente o cualquier otro de adquisición preferente o de acceso a la propiedad que pertenezca con carácter privativo a uno de los cónyuges.
Los adjudicados a un cónyuge en la partición o división de cualquier comunidad cuando la cuota que le correspondía fuera privativa, y ello aunque reciba un exceso de adjudicación que se abone con cargo al caudal común.
Las accesiones o incrementos de los bienes propios.
Artículo 30. Bienes patrimoniales de carácter personal.
Los bienes y derechos inherentes a la persona y los intransmisibles inter vivos, mientras conserven estos caracteres.
Pero serán comunes los rendimientos de bienes de esta clase, como el derecho de autor sobre obra propia o el derecho a la propia imagen, devengados durante el consorcio.
El resarcimiento de daños y la indemnización de perjuicios causados a la persona de cualquiera de los cónyuges, tanto si se cobra en forma de capital como de pensión.
Las titularidades de pensiones de cualquier clase y las de los contratos de seguros.
Las cantidades percibidas como capital o como pensión por uno de los cónyuges en concepto de beneficiario de seguros sobre la vida.
Artículo 31. Presunción de privatividad.
Artículo 32. Reconocimiento de privatividad.
Artículo 33. Ampliación o restricción de la comunidad.
Artículo 34. Bienes de origen familiar.
Artículo 35. Presunción de comunidad.
DEUDAS COMUNES Y PRIVATIVAS.
Artículo 36. Deudas comunes.
Las atenciones legítimas de la familia y las particulares de cada cónyuge, incluso la crianza y educación de los hijos de uno solo de ellos que convivan con el matrimonio.
Los réditos e intereses normales devengados durante el consorcio por las obligaciones de cada cónyuge.
Las atenciones de los bienes privativos propias de un diligente usufructuario.
Los alimentos legales entre parientes debidos por cualquiera de los cónyuges, así como la crianza y educación de los hijos de uno solo de los cónyuges no incluida en el apartado a.
Toda deuda del marido o la mujer contraída en el ejercicio de una actividad objetivamente útil a la comunidad, aunque no haya redundado en beneficio común, o en el ejercicio de cualquier otra actividad, pero en este caso sólo hasta el importe del beneficio obtenido con ella por el consorcio. Son actividades objetivamente útiles al consorcio las de la letra a del apartado 1 del artículo siguiente.
Las indemnizaciones debidas por daños a terceros, si bien los causados con dolo o culpa grave, únicamente hasta el importe del beneficio obtenido con la actividad en la que se causó el daño.
Artículo 37. Responsabilidad de los bienes comunes frente a terceros.
De las deudas que cada cónyuge contrae en el ejercicio, incluso sólo aparente, de sus facultades de administración o disposición de los bienes comunes o de administración ordinaria de los suyos propios, así como en la explotación regular de sus negocios o en el desempeño corriente de su profesión.
De las indemnizaciones por daños a terceros causados en el ejercicio de una actividad objetivamente útil a la comunidad, aun por dolo o culpa grave.
2. También responden los bienes comunes frente a terceros por las deudas enunciadas en el apartado 1 del artículo 36 contraídas por uno solo de los cónyuges.
Artículo 38. Responsabilidad de los bienes privativos.
2. En defecto de bienes comunes, de las deudas contraídas por un cónyuge para satisfacer las atenciones señaladas en la letra a del apartado 1 del artículo 36 responde también el patrimonio privativo del otro.
Artículo 39. Contribución en defecto de bienes comunes.
En defecto de bienes comunes, en la relación interna, los cónyuges contribuirán por mitad, o en la proporción pactada, a las deudas de la letra a del apartado 1 del artículo 36 y a aquellas otras que el cónyuge que las contrajo demuestre que proceden de una actividad que, efectivamente, haya redundado en beneficio común.
Artículo 40. Responsabilidad por deudas de adquisición de bienes comunes.
Artículo 41. Deudas privativas.
1. Son privativas las deudas contraídas por un cónyuge cuando no sean de cargo del patrimonio común de acuerdo con el artículo 36.
Artículo 42. Responsabilidad subsidiaria de los bienes comunes.
1. De las deudas contraídas por un cónyuge distintas de las enunciadas en el artículo 37 responden en primer lugar los bienes privativos del cónyuge deudor y, faltando o siendo éstos insuficientes, los bienes comunes, a salvo siempre el valor que en ellos corresponde al otro cónyuge, así como los preferentes derechos de los acreedores por deudas comunes.
Artículo 43. Ejecución sobre bienes comunes por deudas privativas.
1. Cuando en una ejecución sobre bienes comunes, seguida a causa de deudas distintas de las enunciadas en el artículo 37, el cónyuge del deudor quiera, en el procedimiento previsto por la Ley de enjuiciamiento civil para la ejecución en bienes gananciales, hacer valer su derecho a que quede a salvo el valor que en el patrimonio común le corresponde, podrá pedir la liquidación del mismo al exclusivo fin de constatar el valor que ha de quedarle a salvo, sin disolución del consorcio. En este caso, la ejecución proseguirá tan pronto se constate la existencia de bienes que sobrepasen el valor que ha de quedar a salvo y sólo sobre aquellos bienes, alzándose en todo caso el embargo sobre los demás.
Artículo 44. Relaciones entre patrimonios.
De los bienes privativos confundidos en la masa consorcial o empleados en la adquisición de bienes comunes.
De los bienes privativos empleados en el pago de deudas que fueran de cargo de la comunidad.
De los bienes comunes empleados en la adquisición de bienes privativos.
De los bienes comunes empleados en el pago de deudas que fueran de cargo de los patrimonios privativos.
4. Los patrimonios privativos deben indemnizar al común el importe actualizado de los daños y perjuicios que el marido o la mujer le hayan causado por acción dolosa o gravemente negligente.
5. El pago de las obligaciones existentes entre el patrimonio consorcial y los privativos, aunque válido en cualquier momento por acuerdo entre los cónyuges, sólo puede exigirse antes de la liquidación de la comunidad cuando así se hubiera pactado o cuando medie justa causa. Es siempre justa causa la disposición abusiva de capital común en beneficio propio.
GESTION DEL CONSORCIO.
SECCIÓN I. DE LA ECONOMIA FAMILIAR.
Artículo 45. Reglas generales.
Artículo 46. Desacuerdos sobre la gestión de la economía familiar.
SECCIÓN II. GESTION DE LOS BIENES COMUNES.
Artículo 47. Pactos sobre gestión.
Artículo 48. Actuación indistinta de cualquiera de los cónyuges.
Actos de administración ordinaria.
Actos de modificación inmobiliaria de fincas inscritas expresamente para el consorcio conyugal, como agrupaciones, segregaciones, divisiones, declaraciones de obra nueva o constitución de edificios en régimen de propiedad horizontal. Si estuvieran inscritas con carácter presuntivamente consorcial, para su inscripción dichos actos deberán ser otorgados por el cónyuge que las hubiera adquirido.
Actos de defensa, judicial o extrajudicial.
Actos de disposición necesarios para satisfacer las atenciones señaladas en la letra a del apartado 1 del artículo 36. Para justificar la necesidad del acto, será suficiente la declaración, en ese sentido, de la Junta de Parientes del otro cónyuge.
Artículo 49. Ejercicio de profesión o negocio.
Artículo 50. Actuación frente a terceros.
Artículo 51. Actuación conjunta de ambos cónyuges.
Artículo 52. Autorización judicial.
Artículo 53. Falta de consentimiento en actos a título oneroso.
2. El cónyuge cuyo consentimiento se omitió puede prestarlo expresa o tácitamente con posterioridad, pero no se presume en ningún caso.
Mientras no consienta, puede interponer demanda contra el comprador en petición de que se declare que la compraventa en que no ha sido parte le es inoponible, así como exigir la restitución al patrimonio común de la cosa vendida y entregada, salvo que el comprador haya adquirido la propiedad por usucapión o, si es el caso, en virtud de las reglas de protección de terceros de buena fe.
Artículo 54. Rescisión por fraude.
Artículo 55. Actos inter vivos a título lucrativo.
Artículo 56. Disposiciones por causa de muerte.
Si la realizara un cónyuge a favor del otro, éste adquirirá su propiedad directamente al deferirse la herencia de aquél, sin necesidad de liquidación del consorcio.
Si fuera hecha por ambos cónyuges conjuntamente, al deferirse la herencia del que primero fallezca, el legatario tendrá derecho a que en la liquidación del consorcio la mitad indivisa de los indicados bienes se adjudique a la parte correspondiente al causante.
Cuando se realice por uno solo de los cónyuges a favor de persona distinta del otro, sólo producirá sus efectos si al liquidarse el consorcio los bienes fueran adjudicados a la herencia del disponente; en caso contrario, se entenderá legado el valor que tuvieran al tiempo de la delación.
Artículo 57. Adquisiciones por uno solo de los cónyuges.
Artículo 58. Atribución de la gestión a uno solo de los cónyuges.
Artículo 59. Privación de la gestión.
SECCIÓN III. GESTIÓN DE LOS BIENES PRIVATIVOS.
Artículo 61. Gestión de los bienes privativos.
DISOLUCION, LIQUIDACION Y DIVISION DEL CONSORCIO.
SECCIÓN I. DISOLUCION DEL CONSORCIO.
Artículo 62. Causas de disolución de pleno derecho.
Por voluntad de ambos cónyuges expresada en capítulos matrimoniales.
Cuando judicialmente se conceda la separación de los cónyuges.
Haber sido un cónyuge judicialmente incapacitado o declarado ausente, cuando lo pida el otro; también cuando lo pida la persona que represente al incapacitado o ausente, y, en el caso de incapacitado sujeto a curatela, cuando lo pida este con asistencia del curador.
Haber sido el otro cónyuge condenado por abandono de familia.
En los casos de las letras a y b, para que el Juez acuerde la disolución bastará que quien la pida presente la correspondiente resolución judicial.
Llevar separados de hecho más de un año.
Concurrir alguna de las causas a que se refiere el artículo 46.
Haber optado por la disolución del consorcio en caso de ejecución sobre bienes comunes por deudas privativas del otro cónyuge, conforme a lo especialmente dispuesto en el apartado 2 del artículo 43.
Haber optado por la disolución del consorcio en caso de concurso de acreedores del otro cónyuge con inclusión de los bienes comunes en la masa activa, conforme a la legislación concursal.
Artículo 65. Momento de eficacia de la disolución.
Artículo 66. Régimen subsiguiente.
Artículo 67. Disolución por nulidad del matrimonio.
SECCIÓN II. LA COMUNIDAD QUE CONTINUA TRAS LA DISOLUCIÓN.
Artículo 68. Bienes comunes.
Los frutos y rendimientos de los bienes comunes.
Los bienes y caudales procedentes de sustitución o enajenación de bienes comunes.
Los incrementos y accesiones de los bienes comunes, sin perjuicio de los reintegros que procedan.
Artículo 69. Deudas comunes.
Artículo 70. Responsabilidad de los bienes comunes.
Artículo 71. Disolución por muerte.
1. Disuelto el consorcio y hasta tanto no se adjudique su patrimonio, el cónyuge viudo lo administrará, salvo cuando al producirse la disolución se encontrasen ya en trámite los procedimientos dirigidos a obtener la declaración de nulidad del matrimonio, el divorcio, la separación, o la disolución del consorcio.
2. El cónyuge viudo podrá deducir del patrimonio de la comunidad disuelta alimentos para sí y las personas que con el matrimonio convivían y mientras continúen viviendo en casa, pero cuando sea titular del usufructo de viudedad sólo a falta o insuficiencia de frutos de los bienes comunes.
3. El viudo, a expensas de los bienes comunes, y aun de los que fueron privativos del cónyuge finado, mientras unos y otros estén indivisos, puede por sí solo, con ocasión de casarse un hijo o hija de ambos, hacerle donación análoga a la que marido y mujer hayan otorgado a favor de hijo o hija casados en vida de los dos.
5. Habiendo sólo hijos comunes, los bienes consumibles que no aparezcan al tiempo de la división se presumen aprovechados en beneficio del consorcio.
Artículo 72. Disolución por otras causas.
Artículo 73. Disposición por causa de muerte.
La disposición por causa de muerte mientras la masa común no haya sido dividida se regirá por lo dispuesto en el artículo 56.
Artículo 74. Preferencia del derecho de viudedad.
Artículo 75. Régimen supletorio.
SECCIÓN III. LIQUIDACIÓN Y DIVISIÓN.
Artículo 76. Derecho a la división.
2. En caso de disolución por muerte, a la prohibición de división pactada en capítulos o dispuesta en testamento mancomunado por ambos cónyuges y al convenio de indivisión unánimemente acordado por los partícipes se aplicarán las previsiones contenidas en el artículo 50 de la Ley de sucesiones por causa de muerte.
Artículo 77. Modalidades de liquidación y división.
3. El cónyuge viudo que sea fiduciario del premuerto, para realizar la liquidación y división, necesitará la autorización de cualquiera de los legitimarios con plena capacidad de obrar y, si son todos menores o incapaces, de la Junta de Parientes o del Juez competente; y no habiendo legitimarios, precisará de la autorización del Juez.
Dichas autorizaciones no serán necesarias cuando se limite a adjudicar proindiviso todos y cada uno de los bienes a los herederos del cónyuge premuerto y a él mismo en igual proporción en que sean cotitulares del patrimonio.
Artículo 78. Capacidad.
A la liquidación y división voluntaria con cónyuges incapacitados o partícipes en igual situación o menores de edad se le aplicarán las previsiones contenidas en los artículos 51 y 52 de la Ley de sucesiones por causa de muerte.
Artículo 79. Inventario.
Artículo 80. Activo del inventario.
Todos los bienes y derechos que se hallen en poder de los cónyuges o partícipes al tiempo de formalizarlo y que, real o presuntivamente, sean comunes, así como aquéllos de igual naturaleza que se pruebe existían al cesar la comunidad matrimonial, todo ello a salvo de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 71 y en el artículo 87.
Los créditos de la comunidad contra terceros.
Los derechos de reembolso de la comunidad contra los patrimonios privativos de los cónyuges.
Artículo 81. Pasivo del inventario.
Las deudas pendientes de cargo o responsabilidad de la comunidad.
Los reintegros debidos por la comunidad a los patrimonios privativos de los cónyuges.
Artículo 82. Liquidación concursal.
Artículo 83. Liquidación ordinaria.
Compensación de lo debido por la masa común a los patrimonios privativos con lo que éstos, por cualquier concepto, deban a aquélla.
Imputación del saldo acreedor favorable a la comunidad en la respectiva participación en el consorcio del cónyuge deudor, hasta agotar su importe, salvo que opte por el reembolso en metálico o se acuerde su pago mediante dación de bienes de los patrimonios privativos.
Reembolso a la comunidad del saldo acreedor que no haya podido ser objeto de imputación, que también podrá acordarse que se haga mediante dación de bienes de los patrimonios privativos.
Pago a terceros de las deudas vencidas y aseguramiento de las pendientes.
Reintegro a cada uno de los patrimonios privativos del saldo acreedor resultante de la compensación del número 1, que, a falta de metálico suficiente, podrá hacerse mediante dación en pago de bienes consorciales.
Artículo 84. Aventajas.
Artículo 85. División y adjudicación.
Los bienes comunes que hubieran pertenecido a su familia durante las dos generaciones inmediatamente anteriores a la suya.
Los bienes de uso personal o profesional que no constituyan aventajas.
La empresa o explotación económica que dirigiera.
Las acciones, participaciones o partes de sociedades adquiridas exclusivamente a su nombre, si existen limitaciones, legales o pactadas, para su transmisión al otro cónyuge o sus herederos, o cuando el adquirente forme parte del órgano de administración de la sociedad.
Los bienes que hubiera aportado al consorcio.
En caso de muerte del otro cónyuge, la vivienda donde al tiempo del fallecimiento el matrimonio tuviera su residencia habitual.
Artículo 86. Las deudas comunes tras la división.
Artículo 87. Liquidación de varias comunidades.
Artículo 88. Régimen supletorio.
NOTA: A continuación también hago una transcripción de los artículos 11 a 27 de esta Ley 2/2003, de 12 de febrero, relativos a las capitulaciones matrimoniales y al régimen de separación de bienes en el Derecho Civil Aragonés, por ser temas complementarios al Consorcio Conyugal Aragonés.
Artículo 11.- Régimen económico matrimonial: 1. El régimen económico del matrimonio se ordenará por las capitulaciones que otorguen los cónyuges. 2. En defecto de pactos en capitulaciones sobre el régimen económico del matrimonio o para completarlos en tanto lo permita su respectiva naturaleza, regirán las normas del consorcio conyugal regulado en el Título IV. 3. Quienes, por razón de su cargo o profesión, intervengan en todo expediente matrimonial procurarán que se consigne en el Registro Civil el régimen económico de los contrayentes y les informarán sobre las posibilidades y consecuencias en orden al régimen económico matrimonial de acuerdo con la legislación aplicable.
Artículo 12.- Derechos de terceros. La modificación del régimen económico del matrimonio no perjudicará en ningún caso los derechos ya adquiridos por terceros.
De los capítulos matrimoniales
Artículo 13.- Contenido y forma de los capítulos: 1. Los capítulos matrimoniales podrán contener cualesquiera estipulaciones relativas al régimen familiar y sucesorio de los contrayentes y de quienes con ellos concurran al otorgamiento, sin más límites que los del principio standum est chartae. 2. Los capítulos matrimoniales y sus modificaciones requieren, para su validez, el otorgamiento en escritura pública.
Artículo 14.- Idioma de los capítulos: Los capítulos matrimoniales podrán redactarse en cualquiera de las lenguas o modalidades lingüísticas de Aragón que los otorgantes elijan. Si el notario autorizante no conociera la lengua o modalidad lingüística elegida, los capítulos se otorgarán en presencia y con intervención de un intérprete, no necesariamente oficial, designado por los otorgantes y aceptado por el notario, que deberá firmar el documento.
Artículo 15.- Tiempo y eficacia: 1. Los capítulos matrimoniales pueden otorgarse y modificarse antes del matrimonio y durante el mismo. 2. Si se otorgan antes del matrimonio, no producirán efectos hasta la celebración de éste, salvo que prevean un momento posterior para su eficacia. 3. En cualquier caso, los otorgantes pueden someter la eficacia de las estipulaciones a condición o término, incluso darles efecto retroactivo, sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros.
Artículo 16.- Inoponibilidad a terceros: 1. Las estipulaciones capitulares sobre régimen económico matrimonial son inoponibles a los terceros de buena fe. 2. La buena fe del tercero no se presumirá cuando el otorgamiento de los capítulos matrimoniales conste en el Registro Civil.
Artículo 17.- Capacidad: 1. Los mayores de catorce años podrán consentir las estipulaciones que determinen o modifiquen el régimen económico de su matrimonio. Sin embargo: a) Los mayores de catorce años menores de edad, si no están emancipados, necesitarán la asistencia debida. b) Los incapacitados necesitarán la asistencia de su guardador legal, salvo que la sentencia de incapacitación disponga otra cosa. 2. Los demás actos y contratos que pueden otorgarse en capitulaciones requerirán la capacidad que las normas que los regulan exijan en cada caso.
Artículo 18.- Modificación de estipulaciones capitulares: 1. Tanto antes como después de celebrado el matrimonio, la modificación de las estipulaciones que determinan el régimen económico familiar requiere únicamente el consentimiento de las personas que están o han de quedar sujetas a dicho régimen. 2. La modificación del régimen económico matrimonial permite la revocación de los actos y negocios patrimoniales contenidos en los capítulos y que se otorgaron en atención al régimen que ahora se modifica, a no ser que sus otorgantes presten consentimiento para la modificación. El notario que autorice la escritura de modificación notificará su otorgamiento a los que intervinieron en las capitulaciones matrimoniales que se modifican dentro de los ocho días hábiles siguientes. Sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar, la falta de notificación no afectará a la eficacia de la modificación. 3. La revocación unilateral de los pactos sucesorios precisará de los requisitos establecidos en el artículo 86 de la Ley de sucesiones por causa de muerte.
Artículo 19.- Instituciones familiares consuetudinarias: Cuando las estipulaciones hagan referencia a instituciones familiares consuetudinarias, tales como «dote», «firma de dote», «hermandad llana», «agermanamiento» o «casamiento al más viviente», «casamiento en casa», «acogimiento o casamiento a sobre bienes», «consorcio universal o juntar dos casas» y «dación personal», se estará a lo pactado, y se interpretarán aquéllas con arreglo a la costumbre y a los usos locales.
Artículo 20.- Otras situaciones de comunidad: Al disolverse un consorcio entre matrimonios u otra situación permanente de comunidad familiar, como las derivadas de heredamiento o acogimiento, los beneficios obtenidos con el trabajo común se dividirán entre los asociados en proporción equitativa, conforme a la costumbre y atendidas las diversas aportaciones en bienes o trabajo, los beneficios ya percibidos, las causas de disolución y demás circunstancias.
Artículo 21.- Aplicación del régimen: El régimen económico del matrimonio será el de separación de bienes: a) Cuando así lo hayan acordado los cónyuges en capitulaciones matrimoniales. b) En todo caso de exclusión o disolución del consorcio conyugal, si los cónyuges no han pactado otro régimen.
Artículo 22.- Régimen jurídico: El régimen económico de separación de bienes se regirá en primer término por lo convenido por los cónyuges en los capítulos que lo establezcan; en su defecto, por las normas establecidas en el presente Título para este régimen y, subsidiariamente, por las normas del consorcio conyugal en tanto lo permita su naturaleza.
Artículo 23.- Contenido. 1. En el régimen de separación de bienes, pertenecerán a cada cónyuge los que tuviese en el momento inicial del mismo y los que después adquiera por cualquier título. Asimismo, corresponderá a cada uno la administración, goce y libre disposición de tales bienes. 2. Salvo renuncia expresa, ambos cónyuges conservarán el derecho de viudedad.
Artículo 24.- Titularidad de los bienes: 1. La titularidad de los bienes corresponderá a quien determine el título de su adquisición. 2. Cuando no sea posible acreditar a cuál de los cónyuges corresponde la titularidad de algún bien o derecho o en qué proporción, se entenderá que pertenece a ambos por mitades indivisas. 3. Se exceptúan de lo establecido en el apartado anterior los bienes muebles de uso personal o que estén directamente destinados al desarrollo de la actividad o profesión de uno de los cónyuges y que no sean de extraordinario valor, que se presumirá que pertenecen a éste.
Artículo 25.- Gestión con mandato expreso: Cada cónyuge podrá en cualquier tiempo conferir al otro mandato expreso para la administración de sus bienes, así como revocarlo, condicionarlo o restringirlo.
Artículo 26.- Gestión sin mandato expreso: 1. Cuando uno de los cónyuges administra o gestiona bienes o intereses del otro sin su oposición tiene las obligaciones y responsabilidades de un mandatario, pero no está obligado a rendir cuentas del destino de los frutos percibidos, salvo que se demuestre que los ha empleado en su propio beneficio. El propietario de los bienes puede recuperar la administración a su voluntad. 2. El cónyuge que administre bienes del otro contra su voluntad responderá de los daños y perjuicios que ocasione, descontados los lucros que el propietario haya obtenido por la gestión.
Artículo 27.- Responsabilidad por deudas: El régimen de separación de bienes atribuye a cada cónyuge la responsabilidad exclusiva de las obligaciones por él contraídas, salvo en los casos previstos en el artículo 7.
Esta noticia fue publicada el domingo, 4 abril 2010 a la 4:13 pm. Su categoría es Divorcio, Familia, Matrimonio. Puedes ver los comentarios de esta entrada en RSS 2.0. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.
8 comentarios a “El Consorcio Conyugal Aragonés”
1 junio 2012 a las 12:24 pm
25 enero 2011 a las 10:06 am
En el día de ayer se ha publicado en el BOE número 20, de 24 de enero de 2011 (páginas 7267 a 7283), la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de Derecho Civil Patrimonial de la Comunidad Autónoma de Aragón.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-1231
2 diciembre 2010 a las 6:40 pm
En el día de hoy, las Cortes de Aragón avanzan en el Derecho Foral con la aprobación de la Ley de Derecho Civil Patrimonial, que se ha debatido durante la celebración de la sesión plenaria que concluirá mañana.
El Parlamento aragonés ha dado luz verde de forma unánime a una norma que cierra un ciclo importante en el Derecho civil aragonés. Los Diputados han dado el visto bueno al conjunto de la ley de forma unánime. El texto legislativo sobre Derecho Civil Patrimonial, según recoge la exposición de motivos, “cierra el ciclo de algo más de diez años que abrió la Ley de sucesiones por causa de muerte en 1999 y se culmina la entonces anunciada reformulación legislativa del Derecho civil de Aragón contenido en la Compilación. El Derecho civil aragonés, en este trayecto, ha revitalizado sus viejas raíces, se ha adaptado a las nuevas necesidades y deseos de los aragoneses y aragonesas del siglo XXI y ha adquirido mayor presencia en nuestra sociedad”. De tal modo, “la presente Ley, última aprobada en este proceso de reformulación y actualización del Derecho civil aragonés, delega en el Gobierno la aprobación del Código del Derecho Foral de Aragón, refundiendo mediante Decreto Legislativo todas las leyes civiles aragonesas vigentes, incluida ésta”.
La Ley de Derecho Civil Patrimonial actualiza algunos derechos que históricamente han regulado las relaciones de vecindad en Aragón. Regula el uso de los ademprios, que son los terrenos de uso común para pastos o leña, así como el derecho de abolorio, que permite a una familia recuperar un inmueble o una propiedad rústica que haya pertenecido a ésta durante al menos dos generaciones y que vaya a ser vendida por uno de los familiares a una persona ajena.
27 octubre 2010 a las 12:02 pm
[…] El Consorcio Conyugal Aragonés denomina “consorciales” a los bienes comunes de los cónyuges y tiene sus propias raíces en los […]
5 abril 2010 a las 5:44 pm
5 abril 2010 a las 5:31 pm
1º Por lo que se refiere a las pensiones de jubilación, es doctrina consolidada que las generadas después de la disolución de la sociedad de gananciales es un bien de naturaleza privativa, como afirma la sentencia TS de 29 junio 2000 . La Sentencia del TS de 20 diciembre 2003 resolvió un motivo planteado sobre la pensión de jubilación, en el que el recurrente consideró que dicha pensión debería tener carácter ganancial por el “hecho de que la misma surje de la cotización a la Seguridad social durante el tiempo en que estuvo constante la sociedad legal de gananciales, pues esta cotización se realiza con dinero ganancial”; la sentencia desestima el motivo porque la pensión de jubilación controvertida corresponde exclusivamente al esposo de la demandada, que la generó con su actividad laboral, y su nacimiento y su extinción dependen de vicisitudes estrictamente personales del mismo. Así mismo, la sentencia TS de 20 diciembre 2004 consideró que no es ganancial la pensión del marido “ya que se trata de un derecho personal del trabajador al que no le es aplicable el artículo 1358″.
2º Respecto de las pensiones por jubilación anticipada, o con mayor propiedad, la indemnización por extinción de la relación laboral en un plan de bajas incentivadas de la empresa en la que el marido prestaba sus servicios, la sentencia TS de 22 diciembre 1999 entendió que dicha prestación “no retribuye un trabajo precedente ni constituye un complemento de los sueldos percibidos, sino que proviene de la pérdida de dicho trabajo por jubilación anticipada, de manera que la nueva situación laboral de D. […], que ha obtenido después de la separación legal de su esposa, sólo a él afectan, con la consiguiente repercusión, no comunitaria, de la indemnización por prejubilación, que posee una clara proyección de futuro, y en este sentido, es ajena a los principios de la sociedad de gananciales”.
5 abril 2010 a las 3:23 pm
[…] sociedad de gananciales o el que establezca el derecho foral propio (por ejemplo, en Cataluña, Aragón, Navarra, Islas Baleares y País Vasco, los regímenes económicos matrimoniales presentan una […]