Source: https://www.registradoresdemadrid.org/resoluciones/REPRESENTACION-VOLUNTARIA-FORMA-DE-ACREDITARLA-JUICIO-DE-SUFICIENCIA-NOTARIAL-CARACTER-VINCULANTE-DE-LAS-RESOLUCIONES-DE-LA-D-G-R-N-14-11-2007-BOE-30-11-2007-nIdRes440
Timestamp: 2020-08-10 11:10:48
Document Index: 91440387

Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 1257', 'artículo 98', 'artículo 98', 'artículo 18', 'artículo 143', 'artículo 18', 'artículo 98', 'artículo 18', 'artículo 322', 'artículo 19', 'artículo 313']

Resolución de 14 de noviembre de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Madrid don Fernando José Rivero Sánchez-Covisa, contra la negativa del registrador de la propiedad n.º 19 de Madrid, a inscribir una escritura de crédito con garantía hipotecaria.
En el recurso interpuesto por el Notario de Madrid don Fernando José Rivero Sánchez-Covisa contra la negativa del Registrador de la Propiedad número 19 de Madrid, don Rafael Arnáiz Eguren, a inscribir una escritura de crédito con garantía hipotecaria.
I El día 29 de junio de 2007 don Fernando José Rivero Sánchez-Covisa, Notario de Madrid, autorizó una escritura de crédito con garantía hipotecaria concedido por determinada entidad de crédito.
En dicha escritura se expresa que la citada entidad acreedora, cuyas circunstancias identificativas se detallan (entre ellas las relativas a la escritura de constitución y a su inscripción en el Registro Mercantil), está representada por el apoderado cuyas circunstancias de identidad se especifican; que acredita la representación mediante escritura de poder conferido en su favor por dicha entidad (escritura de apoderamiento cuyos datos se reseñan, con indicación del Notario autorizante, fecha de otorgamiento, número de protocolo e inscripción en el Registro Mercantil).
Respecto del apoderado, el Notario Sr. Rivero Sánchez-Covisa expresa que ha tenido a la vista copia autorizada de dicha escritura de poder y añade lo siguiente: «. a mi juicio, las facultades representativas acreditadas son suficientes para el otorgamiento de la presente escritura de crédito con garantía hipotecaria».
II El título se presentó en el Registro de la Propiedad número 19 de Madrid el 29 de junio de 2007, con asiento 2316 del Diario 65.º; fue posteriormente retirado y devuelto para su despacho el 27 de julio de 2007; y fue objeto de calificación negativa que a continuación se transcribe parcialmente: «Calificado el precedente documento, el Registrador que suscribe Suspende su inscripción, lo que se notifica al presentante y al Notario autorizante, no habiéndose tomado anotación de suspensión por no haberse solicitado: . . En el titulo que se califica, la entidad acreedora interviene representada por Don., que hace uso del poder vigente, según asegura, cuyas circunstancias de fecha, Notario y datos de inscripción son objeto de reseña por el Notario autorizante, que además, afirma lo siguiente «.a mi juicio, las facultades representativas acreditadas son suficientes para el otorgamiento de la presente escritura de crédito con garantía hipotecaria.
» Tal y como aparece reseñado el poder, la escritura calificada no puede ser objeto de inscripción puesto que en la dación de fe del Notario sobre las circunstancias del poder, concurren dos defectos subsanables que nacen de los siguientes hechos: I. El Notario autorizante se limita a señalar que el apoderado tiene facultades representativas suficientes «para el otorgamiento de la presente escritura de crédito hipotecario [sic]», si bien no especifica cuáles son esas facultades representativas. Este tipo de redacción, impide que el Registrador de la Propiedad califique la suficiencia del poder alegado en los términos previstos en la legislación hipotecaria.
Fundamentos de Derecho: Primero: Sobre el juicio de suficiencia.
El exclusivo juicio del notario autorizante sobre la suficiencia del poder constituye también defecto subsanable en atención a los siguientes fundamentos de Derecho: A. La constancia del juicio de suficiencia es una formalidad básica (como se ha señalado anteriormente) exigida por el articulo 98 de la Ley 24/2001 de 27 de Diciembre. Decimos que se trata de una formalidad porque de todos modos, si el Notario considera que el poder no es suficiente, debe abstenerse de la formalización de la escritura o denegarla, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 145 inciso 2° del Reglamento Notarial ya citado. Ahora bien, el juicio de suficiencia produce sus efectos en el ámbito propio del contrato formalizado en escritura pública, tal y como resulta de la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 12 de Abril de 2002, cuya doctrina ha sido posteriormente alterada en múltiples resoluciones sobre la base de que se trata de diversas reinterpretaciones. Lo cierto es que supone una «reinterpretación» de tal alcance que implica una revocación de su fallo inicial, que tenía carácter general e interpretativo de una Ley, y que no ha sido declarada lesiva ni revocada expresamente por el Centro Directivo que la dictó.
Este criterio de distinción, entre las funciones que el Estado atribuyo a uno y otro funcionario, aparece nítidamente expresada en la reciente Sentencia de 22 de Noviembre de 2006 de la Sección IV, Civil, de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, dictada por los Magistrados Ilmos. Sres. Don Pablo José Moscoso Torres, Don Emilio Fernando Suárez Díaz y Doña Elvira Alfonso Rodríguez, que señala en su «Considerando » Séptimo lo siguiente: «En primer lugar, se ha de señalar que las presunciones establecidas en la legislación notarial española son las de veracidad e integridad conforme al artículo 17 bis la Ley del Notariado, que además están condicionadas a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley Hipotecaria. Dichas presunciones son exclusivamente las citadas, sin que puedan añadirse otras no previstas, como serían las presunciones de legalidad o de exactitud. Además, con arreglo a una aplastante lógica no podría ser de otra forma, sólo las presunciones de veracidad y exactitud se refieren a hechos (que puedan ser verdaderos o falsos), mientras que los juicios del Notario (legalidad y exactitud) son meras opiniones del notario. En segundo lugar, es clara la separación entre los efectos «inter partes» de la forma notarial, y los efectos «erga omnes» de oponibilidad respecto a terceros y presunciones de exactitud del asiento registral. Los efectos de la escritura frente a terceros son sólo en cuanto al hecho del otorgamiento y en cuanto a la fecha, según el artículo 1.218 del Código Civil, precepto este que es igualmente aplicable al documento notarial extranjero, por lo que la oponibilidad de los derechos reales se produce frente a terceros a partir de la inscripción y no de la escritura, lo que confirma el artículo 1257 del Código Civil, que deja bien claro que los efectos de los contratos -sean o no formalizados en escritura publica notarial española o extranjera, o en documento privado-se producen sólo entre 1os contratantes y sus herederos, no respecto a terceros.
Así mismo, las presunciones de exactitud y de existencia y pertenencia del derecho, así como la salvaguardia judicial de los asientos, se producen como consecuencia de la inscripción en el Registro conforme a los artículos 38, 34 y 1.3° de la LH.
En función de este criterio señalado por dicha Sentencia, la recientemente dictada por la Ilma. Sra. Doña María José Lorena Ochoa Vizcaíno, Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Parla, de fecha 19 de enero de 2007, con idéntico criterio, y tras revocar íntegramente la Resolución dictada con fecha 17 de junio de 2005, por la DGRN, señala en el párrafo quinto de su fundamento de derecho tercero: «.la propia interpretación que efectúa la DGRN en la Resolución recurrida, resulta contraria a su argumentación e impide al mismo Registrador cumplir las funciones encomendadas y que explicita la resolución, sin olvidar el argumento que resulta absurdo que un Registrador que examina una escritura en la que el Notario ha reseñado las facultades aunque sea someramente (lo que no le impide norma alguna y puede suceder a mayor abundamiento), implique que el Registrador a su vez pueda y deba examinarlas y en cambio la DGRN postule en su interpretación que ya con la nueva redacción del artículo 98 desaparece la doble calificación de tales poderes en cuanto a las facultades en sí».
Pues bien, la doctrina general antes expuesta que se concreta en «Considerando séptimo» de la Sentencia citada de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, anteriormente transcrito, se ratifica absolutamente en la citada Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, que señala directamente en su «Considerando» Tercero: «No puede admitirse que el artículo 98 de la Ley 24/2001 de 27 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social pueda haber atribuido de forma exclusiva y excluyente a los Notarios la facultad de valoración de la capacidad legal de los otorgantes, asumiendo una responsabilidad que perfectamente no solo podría privar a los mismos de la confianza en ellos depositada, sino que obviaría las competencias de los Registradores y dejaría sin eficacia alguna, su función calificadora. Al asumir esta postura (ejercicio de la calificación) el Registrador, no está haciendo sino mantener el principio de legalidad y seguridad jurídica en el ámbito de sus atribuciones de acuerdo con el artículo 18 de la Ley Hipotecaria, al decir que -los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase.» Este criterio jurisprudencial ha quedado plenamente ratificado por el artículo 143 del Reglamento Notarial tras la redacción dada por el Real Decreto 45/2007, de 19 de enero, según el cual «Los efectos que el ordenamiento jurídico atribuye a la fe pública notarial sólo podrán ser negados o desvirtuados por los Jueces y Tribunales y por las administraciones y funcionarios públicos en el ejercicio de sus competencias». Precisamente la fe pública notarial en materia de poderes es uno de los aspectos que queda sujeto a la calificación del Registrador en el ejercicio de sus competencias conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria.
c. Por último, introduce un nuevo concepto, desconocido por la Ley 24/01 al señalar que «El registrador limitará su calificación a la existencia de la reseña identificativa del documento, del juicio notarial de suficiencia y a la congruencia de éste con el contenido del título presentado».
En relación a este precepto, cabe sostener dos criterios: a) El primero, de carácter negativo, apoyado en la aparente redacción literal de la norma, puesto que señala que «el Registrador limitará su calificación a la existencia de la reseña identificativa del documento, del juicio notarial de suficiencia y a la congruencia de éste con el contenido del título presentado», de tal forma que dada la redacción de la frase, parece que el término «éste» se refiere al juicio notarial de suficiencia.
Además de todo lo dicho, es necesario añadir el contenido de la Sentencia dictada el día 14 de Marzo de 2.007 por la Ilma. Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia N° 53 de Barcelona, Doña Berta Pellicer Ortiz, que ratifica plenamente la facultad calificadora del Registrador y, especialmente, la que le corresponde respecto de la congruencia del juicio de suficiencia del Notario en relación con el documento presentado, además de señalar expresamente que toda la doctrina posterior a la fundamental Resolución vinculante de 12 de Abril de 2002 resulta ineficaz por las razones que señala Don José Manuel García García, Registrador de la Propiedad de Martorell en el escrito que da lugar a la Sentencia citada.
En tal sentido resulta inexacta la afirmación contenida en las Resoluciones de la DGRN de fechas 14 y 20 de Febrero de 2007, y como consecuencia la negación de la facultad de calificación que por otra parte está recogida de forma expresa en el artículo 98 de la Ley 24/01 modificada por la Ley 24/05, como se argumente suficientemente en la nota de calificación recurrida, y se ratifica por la citada Sentencia del Juzgado de Primera Instancia N° 53 de Barcelona, según la cual, si se siguiera el criterio de la DGRN «conllevaría que el Registrador no pueda cumplir ni la función que literalmente le encomienda el artículo 18 de la Ley Hipotecaria (.) pues no se entiende cómo va a poder el Registrador ese [sic] juicio de congruencia entre el juicio de valor del Notario y el negocio jurídico documentado objeto de inscripción, si no se expresan las facultades en que se basa el Notario para emitir su juicio de valor. De este modo la expresión de fórmulas genérica (ad exemplum «Tiene a mi juicio suficiente capacidad» (.) impiden el Registrador desarrollar sus funciones calificadoras en cuanto al juicio de congruencia sin una mínima expresión de las facultades representativas ».
Contra la precedente calificación puede interponerse recurso en el plazo de . Madrid, 30 de julio de 2007.-El Registrador [Firma ilegible. Existe sello con el nombre y apellidos del Registrador].
III La calificación fue notificada -mediante telefax- al Notario autorizante de la escritura calificada el 31 de julio de 2007, según afirma el Registrador. El Notario recurrente reconoce haber tenido conocimiento de dicha calificación en esa fecha y por ese medio.
Por escrito que tiene fecha de 30 de agosto de 2007, así como un sello del Servicio de Correos de15 de marzo, que causó entrada en el Registro el 31 del mismo mes, dicho Notario interpuso recurso contra la calificación en el que alegó los siguientes argumentos: 1.º La notificación por medio de comunicación por fax no cumple los requisitos establecidos por el artículo 322 de la Ley Hipotecaria.
IV Mediante escritos con fecha 11 y 12 de septiembre de 2007, el Registrador Sr. Arnáiz Eguren emitió informe y elevó el expediente a este Centro Directivo (con registro de entrada el 20 de septiembre de 2007). En dicho informe sostiene la validez de la notificación de la calificación por medio de telefax.
Respecto del juicio de suficiencia de la representación el Notario autorizante expresa que ha tenido a la vista copia autorizada de dicha escritura de poder y añade lo siguiente: «. a mi juicio, las facultades representativas acreditadas son suficientes para el otorgamiento de la presente escritura de crédito con garantía hipotecaria».
Dicho de otro modo, deberá calificar que se ha practicado la reseña de modo adecuado y que se ha incorporado un juicio de suficiencia de las facultades del representante, siendo el contenido de éste y de la calificación que hace el Notario congruente con el acto o negocio jurídico documentado ».
El Notario autorizante de la escritura -y con independencia de quien lo elija-tiene el deber «ex lege» de controlar la legalidad del negocio formalizado.
Entre los terceros protegidos por la actuación notarial en materia inmobiliaria se encuentran las propias Administraciones Públicas y entre ellas, muy especialmente, el Fisco (vgr., si se vende un inmueble situado en España por no residente debe controlar si procede o no que el comprador haya practicado la retención fiscal correspondiente para su ingreso directo en el Erario Público. Debe también controlar la repercusión del impuesto en las operaciones sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido.
5. Examinado el título presentado a calificación se observa que el Notario ha reseñado adecuadamente el respectivo documento auténtico del que nacen las facultades representativas. Y, al expresar el Notario en el título que ha tenido a la vista copia autorizada de la escritura de poder y que a su juicio «. las facultades representativas acreditadas son suficientes para el otorgamiento de la presente escritura de crédito con garantía hipotecaria», resulta evidente que ese juicio de suficiencia contenido en la escritura es congruente y coherente con el negocio jurídico documentado en dicho título y con el mismo contenido de éste, ya que se trata de una escritura de crédito con garantía hipotecaria.
7. Por último, y aunque el presente recurso únicamente puede tener como objeto la calificación del Registrador sustituido («a los efectos de interposición del recurso frente a la calificación del Registrador sustituido », establece la regla 5.ª del artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria), ello debe entenderse sin perjuicio de que, ante la calificación del Registrador sustituto que confirma la calificación emitida por el Registrador sustituido -demostrativa, como ha quedado expuesto, de la actitud injustificada y deliberadamente rebelde del Registrador al cumplimiento no sólo de la propia Ley sino de la doctrina contenida en las numerosísimas Resoluciones de este Centro Directivo-, proceda estimar que por la vía oportuna puedan existir causas que justifiquen la apertura de un expediente disciplinario también contra el Registrador sustituto conforme al artículo 313, apartados B).k) de la Ley Hipotecaria.
BOE número 287, viernes 30 de noviembre de 2007.