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Timestamp: 2017-07-22 21:28:49
Document Index: 93692873

Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 86', 'Artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo\n19', 'artículo 10', 'artículo 21', 'artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 1', 'Artículo 10', 'Artículo 9', 'Artículo 11', 'artículo 22', 'artículo 3', 'artículo 131', 'artículo 6', 'artículo 1']

REAL DECRETO-LEY 1/1998 de 27 de febrero by ondatel.com - issuu
BOE núm. 51Sábado 28 febrero 1998I.Disposiciones generalesJEFATURA DEL ESTADO
47697071REAL DECRETO-LEY 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOSLa constante evolución de las telecomunicaciones
hace necesario el desarrollo de un nuevo marco legislativo en materia de infraestructuras comunes para el
acceso a los servicios de telecomunicación que, desde
una perspectiva de libre competencia, permita dotar a
los edificios de instalaciones suficientes para atender
los servicios creados con posterioridad a la Ley 49/1966,
de 23 de julio, sobre antenas colectivas, como son los
de televisión por satélite y telecomunicaciones por cable.
Igualmente, se deben planificar las infraestructuras de
tal forma que permitan su adaptación a servicios de
implantación futura cuyas normas reguladoras ya han
sido adoptadas en el seno de la Unión Europea.
Las tecnologías disponibles actualmente han ampliado notablemente la oferta de programas de televisión
y radiodifusión sonora y de otros servicios de telecomunicación, siendo preciso instrumentar medios para
que los propietarios de pisos o locales sujetos al régimen
de propiedad horizontal y los arrendatarios de todo o
parte de un edificio puedan acceder a estas ofertas, evitando la proliferación de sistemas individuales y cableados exteriores en las nuevas construcciones, que afectarían negativamente a la estética de las mismas. Por
otro lado, se hace necesario facilitar, en el seno de las
comunidades de propietarios, los mecanismos legales
para la implantación de estos sistemas que permitan
la prestación de los nuevos servicios y la introducción
La urgencia en la aprobación de esta norma deriva,
precisamente, de la necesidad de dotar a los usuarios,
en un momento en el que es patente la rápida diversificación de la oferta en los servicios de telecomunicaciones, de los medios jurídicos que garanticen la efectividad del derecho a optar entre los diferentes servicios.
Además, se desea remover, con la agilidad requerida
por el desarrollo tecnológico y la diversidad de empresas
prestadoras de servicios concurrentes en el mercado,
las trabas para que éstas puedan actuar en él en condiciones de igualdad. Es imprescindible que todos los
operadores cuenten con las mismas oportunidades de
acceso a los usuarios como potenciales clientes de sus
Además, la urgencia de la norma deriva de la necesidad de facilitar, sin dilación, a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, tanto de radiodifusión y
televisión como interactivos, la eficacia del artículo 20.1.d) de la Constitución, permitiéndoles elegir entre
los distintos medios que les faciliten información. Sedesea suprimir cuantos obstáculos puedan dificultar la
recepción de información plural y, además, permitir que
los ciudadanos puedan beneficiarse, de manera inmediata, de los nuevos servicios de telecomunicaciones que
se les ofrezcan.
Reconociendo la complejidad de la regulación necesaria para lograr este doble objetivo, la finalidad del presente Real Decreto-ley es, únicamente, establecer el marco jurídico que garantice a los copropietarios de los edificios en régimen de propiedad horizontal y, en su caso,
a los arrendatarios, el acceso a los servicios de telecomunicación.
El título prevalente que funda la competencia del Estado para dictar el Real Decreto-ley es el recogido en el
artículo 149.1.21.a de la Constitución Española, que otorga a aquél competencia para la regulación del régimen
jurídico de las telecomunicaciones. Además, el Real
Decreto-ley afecta al marco jurídico establecido por la
Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal,
al regular derechos y obligaciones de los copropietarios
de edificios sujetos a ella, y, por lo tanto, se dicta, también, en ejercicio de la competencia estatal en materia
de legislación civil a la que se refiere el artículo 149.1.8.a de la Constitución.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento,
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión celebrada el día 27 de febrero de 1998 y en uso
de la autorización concedida por el artículo 86 de la
1. Este Real Decreto-ley tiene por objeto establecer
el régimen jurídico de las infraestructuras comunes de
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior
de los edificios y reconocer el derecho de sus copropietarios en régimen de propiedad horizontal y, en su
caso, de los arrendatarios de todo o parte de aquéllos,
a instalar las referidas infraestructuras, conectarse a ellas
o adaptar las existentes.
2. A los efectos del presente Real Decreto-ley, se
entiende por infraestructura común de acceso a servicios
de telecomunicación, la que exista o se instale en los
edificios para cumplier, como mínimo, las siguientes
a) La captación y la adaptación de las señales de
radiodifusión sonora y televisión terrenal, y su distribución hasta puntos de conexión situados en las distintas
viviendas o locales del edificio, y la distribución de las
señales de televisión y radiodifusión sonora por satélite
hasta los citados puntos de conexión. Las señales de
radiodifusión sonora y de televisión terrenal susceptibles
de ser captadas, adaptadas y distribuidas, serán las difundidas, dentro del ámbito territorial correspondiente, por
las entidades habilitadas.7072Sábado 28 febrero 1998b) Proporcionar acceso al servicio telefónico básico
y al servicio de telecomunicaciones por cable, mediante
la infraestructura necesaria para permitir la conexión de
las distintas viviendas o locales del edificio a las redes
de los operadores habilitados.
3. También tendrá la consideración de infraestructura común de acceso a los servicios de telecomunicación la que, no cumpliendo inicialmente las funciones
indicadas en el apartado anterior, haya sido adaptada
para cumplirlas. La adaptación podrá llevarse a cabo,
en la medida en que resulte indispensable, mediante
la construcción de una infraestructura adicional a la
4. Aquellos conceptos que no se encuentren expresamente definidos en el presente Real Decreto-ley tendrán el significado que les atribuye la legislación en materia de telecomunicaciones y, supletoriamente, el Reglamento de Radiocomunicaciones anexo al Convenio de
Las normas contenidas en este Real Decreto-ley se
a) A todos los edificios de uso residencial o no, sean
o no de nueva construcción, que estén acogidos, o deban
acogerse, al régimen de propiedad horizontal regulado
por la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal.
Artículo 3. Instalación obligatoria de las infraestructuras reguladas en este Real Decreto-ley en edificios
1. A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto-ley, no se concederá autorización
para la construcción o rehabilitación integral de ningún
edificio de los referidos en el artículo 2, si al correspondiente proyecto arquitectónico no se une el que prevea la instalación de una infraestructura común propia.
Esta infraestructura deberá reunir las condiciones técnicas adecuadas para cumplir, al menos, las funciones
indicadas en el artículo 1.2 de este Real Decreto-ley,
sin perjuicio de lo que se determine en las normas que,
en cada momento, se dicten en su desarrollo.
2. Toda edificación comprendida en el ámbito de
aplicación de este Real Decreto-ley y que haya sido concluida después de transcurridos ocho meses desde su
entrada en vigor deberá contar con las infraestructuras
comunes de acceso a servicios de telecomunicación indicadas en el artículo 1.2, sujetándose a las previsiones
establecidas en éste.
3. Los gastos necesarios para la instalación de las
infraestructuras que este Real Decreto-ley regula deberán estar incluidos en le coste total de la construcción.
1. Cuando la comunidad de propietarios o el propietario de un edificio incluido en el ámbito de aplicación
de este Real Decreto-ley y que esté concluido, o se concluya antes de transcurridos ocho meses desde su entrada en vigor, decidan la instalación de una infraestructuraBOE núm. 51común de acceso a servicios de telecomunicación o la
adaptación de la existente, lo notificarán por escrito a
los propietarios de los pisos o locales o, en su caso,
a los arrendatarios, al menos con dos meses de antelación a la fecha del comienzo de las obras encaminadas
a la instalación o adaptación. Respecto de la comunidad
de propietarios, el acuerdo en su seno habrá de ser aprobado, en junta de propietarios, por un tercio de sus integrantes que representen, a su vez, un tercio de las cuotas
de participación en los elementos comunes.
2. En caso de que la decisión para la instalación
de la infraestructura común de acceso a servicios de
telecomunicación o para la adaptación de la existente,
se adopte sin consentimiento del propietario o, en su
caso, del arrendatario de un piso o local, la comunidad
de propietarios o, en su caso, el propietario no podrán
repercutir en ellos su coste. No obstante, si, con posterioridad, aquéllos solicitaren el acceso a servicios
de telecomunicaciones cuyo suministro requiera aprovechar las nuevas infraestructuras o las adaptaciones
realizadas en las preexistentes, podrá autorizárseles,
siempre que abonen el importe que les hubiere correspondido, debidamente actualizado, aplicando el correspondiente interés legal.
3. La repercusión del coste de la nueva infraestructura o de la adaptación de la preexistente por el propietario de un edificio o parte de él en los arrendatarios
se realizará, desde el mes siguiente al que se lleven
a cabo, en la cuantía y proporción previstas en el artículo
19 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
Sin embargo, si quienes solicitaren la instalación o
la adaptación de la infraestructura al propietario fueren,
con arreglo a lo previsto en este Real Decreto-ley, los
arrendatarios, será a su costa el gasto que aquéllas representen. En este último caso, al concluir el arrendamiento,
la infraestructura instalada o adaptada quedará en el
edificio a disposición de su propietario.
1. Respecto de la comunidad de propietarios, se
aplicará lo previsto en el artículo 10 de la Ley 49/1960,
de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, en cuanto
al mantenimiento de los elementos, pertenencias y
2. A la conservación de las infraestructuras en edificios arrendados se aplicará el artículo 21 de la Ley
29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, salvo que la instalación se hubiere solicitado por
los arrendatarios, en cuyo caso los gastos que se produzcan serán a cuenta de éstos.
1. Será obligatoria la instalación de la infraestructura regulada en este Real Decreto-ley en las edificaciones ya concluidas antes de su entrada en vigor o
que se concluyan en el plazo de ocho meses desde que
ésta se produzca, si concurre alguna de las siguientes
a) Que el número de antenas instaladas, individuales
o colectivas, para la prestación de servicios incluidos
en el artículo 1.2, sea superior a un tercio del número
de viviendas y locales. En este caso, aquéllas deberán
ser sustituidas, dentro de los seis meses siguientes a
la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, por una
infraestructura común de acceso a servicios de telecomunicaciones. Si se superase el límite referido despuésBOE núm. 51Sábado 28 febrero 1998de la citada entrada en vigor, el plazo de seis meses
se computará desde el día en que se produzca esa
Será a cargo de quienes tengan instaladas las antenas
para la recepción de servicios, el coste de la infraestructura, de su instalación y de la retirada de la preexistente, sin perjuicio de que si se beneficiare de la nueva
infraestructura algún otro propietario de piso o local o,
en su caso, algún arrendatario del edificio, deberán éstos
participar en el coste, en la proporción correspondiente.
b) Que la Administración competente, de acuerdo
con la normativa vigente que resulte aplicable, considere
peligrosa o antiestética la colocación de antenas individuales en un edificio. En este supuesto, quienes deseasen la recepción de los servicios, a los que se refiere
el artículo 1.2 de este Real Decreto-ley, deberán sufragar
el coste de instalación de la infraestructura, sin perjuicio
de repercutir en los propietarios de los demás pisos o
locales o, en su caso, en los arrendatarios el importe
de la inversión, en la proporción correspondiente, si éstos
solicitaren servirse de aquélla.
2. No se tendrá que instalar la infraestructura citada
en aquellos edificios construidos que no reúnan condiciones para soportarla, de acuerdo con el informe emitido al respecto por la Administración competente.
Artículo 7. Consideración de la nueva infraestructura
y retirada de la preexistente.
1. En el caso de que se realice la instalación de
una infraestructura por concurrir alguna de las causas
previstas en los artículos precedentes, ésta pasará a formar parte del edificio, como elemento común del mismo.
La infraestructura instalada deberá cumplir todas las
especificaciones técnicas de calidad y seguridad exigidas
por la normativa vigente sobre construcción y, en especial, por la reguladora de la compatibilidad de aquéllas
con las instalaciones de suministro de agua, gas y electricidad.
2. Una vez finalizada la instalación de la infraestructura y comprobado que permite la recepción de los
servicios para los que ha sido instalada, la comunidad
de propietarios retirará los elementos de los sistemas
individuales de telecomunicación que facilitaban la
recepción de esos mismos servicios. La retirada se realizará en presencia de los propietarios de los citados
elementos, si éstos así lo solicitaren.
Artículo 8. Garantía de continuidad en la recepción de
los servicios.7073caciones distintos de los indicados en el artículo 1.2,
a través de la instalación común realizada con arreglo
a este Real Decreto-ley, si técnicamente resultase posible
su adaptación, o a través de sistemas individuales.
Igualmente, cualquier copropietario de un edificio en
régimen de propiedad horizontal o, en su caso, cualquier
arrendatario de todo o parte de un edificio tendrán derecho, a su costa y en caso de que no exista una infraestructura común en el mismo, a instalar ésta. También
podrán realizar la adaptación de la infraestructura ya existente en el edificio a lo establecido en el artículo 1.2
de este Real Decreto-ley.
Para llevar a cabo lo previsto en este artículo, los
copropietarios o los arrendatarios podrán aprovecharse
no sólo de los elementos privativos, sino también de
los comunes de los inmuebles, siempre que no menoscaben la infraestructura que existiere en los edificios
y no interfieran ni modifiquen las señales correspondientes a servicios que previamente hubiesen contratado
2. En los supuestos establecidos en el anterior apartado, cuando el propietario de un piso o local, o, en
su caso, un arrendatario, desee recibir la prestación de
un servicio de telecomunicación al que pudiera accederse a través de una infraestructura determinada, deberá comunicarlo al presidente de la comunidad de propietarios o, en su caso, al propietario del edificio, antes
de iniciar cualquier obra con dicha finalidad. El presidente
de la comunidad de propietarios o el propietario deberán
contestarle antes de quince días desde que la comunicación se produzca, aplicándose, según proceda, las
a) En caso de que exista ya en el edificio esa infraestructura o, antes de que transcurran tres meses desde
que la comunicación se produzca, se fuese a adaptar
la existente o a instalar una nueva con la finalidad de
permitir el acceso a los servicios en cuestión, no podrá
llevarse a acabo obra alguna por el copropietario o por
b) En el supuesto de que no existiese la infraestructura, no fuese hábil para la prestación del servicio
al que desean acceder el copropietario o el arrendatario
o no se instalase una nueva ni se adaptase la preexistente en el referido plazo de tres meses, el comunicante
podrá realizar la obra que le permita la recepción de
los servicios de telecomunicaciones correspondientes.
Si cualquier otro copropietario o arrendatario solicitase,
con posterioridad, beneficiarse de la instalación de las
nuevas infraestructuras comunes o de la adaptación de
las preexistentes que se llevasen a cabo al amparo de
este artículo, se les podrá autorizar, siempre que cumplan lo previsto en el segundo inciso del artículo 4.2.La comunidad de propietarios o, en su caso, el propietario del edificio, tomarán las medidas oportunas tendentes a asegurar a aquéllos que tengan instalaciones
individuales, la normal utilización de las mismas durante
la construcción de la nueva infraestructura y en tanto
ésta no se encuentre en perfecto estado de funcionamiento. La misma regla se aplicará en caso de que se
produzca la adaptación de la infraestructura preexistente,
a lo establecido en el artículo 1 de este Real Decreto-ley.Artículo 10. Consideración de la infraestructura a efectos de la Ley de Arrendamientos Urbanos.Artículo 9. Derecho de los copropietarios o arrendatarios al acceso a los servicios y garantía del posible
uso compartido de la infraestructura.Artículo 11. Régimen sancionador.1. Los copropietarios de un edificio en régimen de
propiedad horizontal o, en su caso, los arrendatarios tendrán derecho a acceder a los servicios de telecomuni-La instalación o la adaptación de una infraestructura
se considerará como obra de mejora a los efectos de
lo establecido en el artículo 22 de la vigente
Urbanos.1. El incumplimiento por el promotor o el constructor de la obligación que le impone el artículo 3 en los
edificios de nueva construcción será constitutivo de
infracción muy grave y se castigará con multa de
5.000.001 pesetas hasta 50.000.000 de pesetas, gra-7074Sábado 28 febrero 1998duándose su importe conforme a los criterios establecidos en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26
2. Se considerará infracción leve el incumplimiento
por los copropietarios o arrendatarios de lo dispuesto
en el artículo 6 y se sancionará con multa de hasta
5.000.000 de pesetas, graduándose su importe conforme a los criterios indicados en el apartado anterior.
3. Corresponde la imposición de las sanciones previstas en los apartados precedentes al Secretario general
de Comunicaciones del Ministerio de Fomento. La actuación administrativa se iniciará de oficio o mediante
denuncia, resolviéndose, previa comprobación de los
hechos por los servicios de inspección del Ministerio
de Fomento e instrucción del correspondiente procedimiento.
4. En lo no previsto en este Real Decreto-ley, se
estará, en lo relativo al régimen sancionador, a lo establecido en la legislación de telecomunicaciones y en la
Queda derogada la Ley 49/1966, de 23 de julio,
sobre Antenas Colectivas, y cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este
Real Decreto-ley.BOE núm. 5123; 23 bis y 23 ter.1, 2 y 4 de la Ley 4/1989, y contra
las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera,
quinta y séptima, y disposición final segunda de la Ley
Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secretario de
Justicia.4771RECURSO de inconstitucionalidad número
469/1998, promovido por las Cortes de Aragón contra la Ley 41/1997, de 5 de noviembre, que modifica la Ley 4/1989, de 27 de
marzo.El Tribunal Constitucional, por providencia de 18 de
febrero de 1998, ha admitido a trámite el recurso de
inconstitucionalidad número 469/1998, promovido por
las Cortes de Aragón, contra la Ley 41/1997, de 5 de
noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989, de
27 de marzo, de conservación de los espacios naturales
y de la flora y fauna silvestres, y, concretamente, su
artículo único, apartados 1.o, 2.o y 6.o, que dan nueva
redacción a los artículos 19.3 y 7; 23; 23 bis y 23 ter,
y disposición adicional primera de la Ley 4/1989, así
como contra la disposición adicional cuarta y la disposición final segunda de la citada Ley.
Justicia.Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Se autoriza al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y la aplicación
Este Real Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ4772CUESTIÓN de inconstitucionalidad número
402/1998.El Tribunal Constitucional, por providencia de 18 de
febrero de 1998, ha admitido a trámite la cuestión de
inconstitucionalidad número 402/1998, promovida por
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Calahorra, respecto del párrafo segundo del artículo 1, así como de los apartados 1 y 7 del punto
primero del anexo, de la Ley 122/1962, de 24 de diciembre, de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación
de Vehículos a Motor, según la redacción dada por la
disposición adicional octava de la Ley 30/1995, de 8
de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, por poder vulnerar los artículos 14, 15,
24.1 y 117.3 de la Constitución.
Justicia.TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
4770RECURSO de inconstitucionalidad número
483/1998, promovido por la Diputación
General de Aragón contra la Ley 41/1997,
de 5 de noviembre, que modifica la Ley
4/1989, de 27 de marzo.El Tribunal Constitucional, por providencia de 18 de
inconstitucionalidad número 483/1998, promovido por
el Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón, contra la Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por
la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo,
de conservación de los espacios naturales y de la flora
y fauna silvestres, y, concretamente, su artículo único
que da nueva redacción a los artículos 19.1, 3 y 7; 22.3;CUESTIÓN de inconstitucionalidad número
48/1998.El Tribunal Constitucional, por providencia de 18 de
inconstitucionalidad número 48/1998, promovida por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Santa Cruz
de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
respecto de la Ley 2/1992, de 26 de junio, del Parlamento de Canarias, sobre declaración de utilidad pública de la expropiación forzosa de determinados edificios
para proceder a la ampliación del Parlamento, por su
posible contradicción con los artículos 24.1 y 33.3 de
Justicia.All pages:1234InfoSaveLikeShareDownloadMoreREAL DECRETO-LEY 1/1998 de 27 de febrero Published on Jun 2, 2010 sobre infraestructuras comunes en los edificios
para el acceso a los servicios de telecomunicación.ondatel.comFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore