Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sp5399-2015-44850-de-mayo-6-de-2015?documento=jurcol&contexto=jurcol_80c5bfdbbbc04e25aabff6224911131d&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-19 22:25:41
Document Index: 110603872

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 192', 'artículo 381', 'artículo 29', 'artículo 32', 'artículo 139', 'artículo 346', 'artículo 344', 'artículo 139', 'artículo 12', 'artículo 9', 'artículo 21', 'artículo 230', 'artículo 192', 'artículo 89']

SENTENCIA SP5399-2015 DE 06 DE MAYO DE 2015
CONTENIDO:DECRETAR PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN PROCESOS EJECUTORIADOS CONSTITUYE PREVARICATO. SEGÚN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN ESTOS CASOS SOLO PROCEDE ORDENAR, SI SE CUMPLEN LOS REQUISITOS, EL FENECIMIENTO DE LA PENA. EN CRITERIO DE LA SALA PENAL, LA TESIS ALREDEDOR DE LA COMISIÓN DE LA CONDUCTA SE REFUERZA SI LA DECISIÓN EN TORNO A LA PRESCRIPCIÓN NO FUE TOMADA POR LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE DISTRITO O LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, QUE SON LOS ORGANISMOS COMPETENTESESTO PORQUE SI SE ADELANTA UNA CAUSA QUE SE ENCUENTRE PRESCRITA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192-2 DE LA LEY 906 DEL 2004, SE ESTÁ ANTE UNA CAUSAL DE REVISIÓN, AJENA A UN JUEZ DE INSTANCIA. ASÍ, ACTUAR EN CONTRA DE ESTOS PRINCIPIOS, EVIDENCIA LA CONCRECIÓN DEL PREVARICATO, POR CONTRARIAR LOS ARTÍCULOS 83, 84, 86 Y 89 DEL CÓDIGO PENAL, RELATIVOS A LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y DE LA SANCIÓN.
Sentencia SP5399-2015/44850 de mayo 6 de 2015
SP5399-2015
Rad. 44850
Aprobado Acta Nº 159
Resuelve la Sala los recursos de apelación interpuestos por el doctor LGAB y su defensor contra la sentencia del 17 de septiembre de 2014, por cuyo medio el Tribunal Superior de Villavicencio lo condenó a cincuenta y cinco (55) meses de prisión, multa de setenta (70) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ochenta y siete (87) meses, al hallarlo responsable del delito de prevaricato por acción agravado.
El 31 de enero de 2002 la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio condenó a HPB a trece años de prisión como autor del delito de homicidio, sentencia mediante la cual revocó el fallo absolutorio proferido en primera instancia el 14 de abril de 2000 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Martín (Meta), a cargo del doctor LGAB.
El 5 de noviembre de 2003 esta corporación desestimó la demanda de casación incoada por la defensa y casó oficiosamente el fallo en lo relativo a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, la cual fijó en 10 años.
El 3 de marzo de 2011 el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Martín, cuyo titular aún era el doctor LGAB, previa solicitud del defensor de HPB, declaró prescrita la acción penal y dejó sin efecto la sentencia emitida en su contra el 31 de enero de 2002. Esa determinación fue revocada el 11 de mayo de 2011 por el Tribunal Superior de Villavicencio que, además, dispuso expedir copias para investigar penal y disciplinariamente al funcionario.
El 25 de enero de 2013 la Fiscalía imputó al doctor LGAB la comisión del punible de prevaricato por acción agravado y el 1º de marzo siguiente radicó escrito de acusación ante el Tribunal Superior de Villavicencio.
La audiencia de acusación se llevó a cabo el 16 de abril y el 7 de noviembre de 2013(1); la diligencia preparatoria se surtió el 20 de marzo y el 29 de abril de 2014; el juicio se realizó en sesiones del 22 de julio, 1º, 19, 25 y 29 de agosto a cuyo término se profirió sentido de fallo condenatorio. La sentencia se emitió el 17 de septiembre de 2014.
El tribunal inicia su disertación desvirtuando la nulidad propuesta por la defensa material y técnica en tanto la compulsa de copias se produjo en ejercicio de las funciones jurisdiccionales. Igual criterio expresa sobre la negativa a decretar pruebas sobrevinientes, pues con antelación a la audiencia preparatoria se conocía de su existencia, no obstante lo cual no fueron postuladas oportunamente. Además, carecían de utilidad respecto del tema de prueba del proceso.
Encuentra demostrada la calidad de servidor público del procesado en tanto fue estipulada y respaldada con el decreto de nombramiento y el acta de posesión como juez promiscuo del circuito de San Martín (Meta).
Señala la configuración del tipo objetivo del prevaricato por cuanto LGAB profirió una decisión manifiestamente contraria a la ley al decretar la prescripción de la acción penal, pues el proceso feneció el 5 de noviembre de 2003 con el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia y la sanción penal tan solo prescribirá en noviembre de 2016.
Desestima la teoría del error propuesta por la defensa por cuanto la experiencia y conocimiento jurídico del acusado la dejan sin soporte en tanto la lectura de las normas permitía establecer la improcedencia de la prescripción invocada, situación evidente para un funcionario de más de 37 años en el ejercicio judicial, la mayor parte como juez promiscuo del circuito con calificaciones satisfactorias.
Fija la pena en 55 meses de prisión porque se trata del punible de prevaricato por acción agravado conforme al canon 415 del Código Penal, por haberse cometido respecto de actuación relacionada con el delito de homicidio. La multa la ubica en 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas en 87 meses. Finalmente, concede la prisión domiciliaria, previo pago de caución.
1. La defensa técnica pide revocar el fallo y, en su lugar, absolver al doctor LGAB por cuanto el artículo 381 de la Ley 906 de 2004 exige para condenar que el fallador adquiera conocimiento más allá de toda duda sobre el delito y la responsabilidad del acusado, presupuesto ausente porque en la página 16 de la sentencia el tribunal señaló que “No obstante lo anterior, el señor juez promiscuo del circuito de San Martín (Meta), por razones que aún no se explica esta colegiatura (...)”, expresión que denota duda sobre el compromiso del procesado.
Por ello, afirma, el tribunal declaró la responsabilidad objetiva de LGAB por el simple hecho de suscribir la determinación, sin analizar si esta era manifiestamente contraria a la ley y si el procesado actuó con dolo.
De otra parte, opina, declarar la prescripción de la acción penal respecto de un proceso que ya ha fenecido no configura el punible de prevaricato porque sería tanto como afirmar la comisión del delito de homicidio cuando se le dispara a un cadáver.
Cuestiona que el tribunal haya deducido el dolo del fallo absolutorio dictado once años atrás por cuanto en esa oportunidad no se compulsaron copias para investigar la actuación del funcionario, resultando errado fincar el desvalor en esa decisión en tanto LGAB no sabía que mucho tiempo después estaría vivo, seguiría siendo juez y se le presentaría una petición de prescripción en el mismo expediente.
Encuentra errada la valoración dada a las calificaciones satisfactorias de LGAB en los años 2011 y 2012, pues de ellas no se deduce su infalibilidad, por manera que podía equivocarse como cualquier ser humano.
Insiste en la vulneración del debido proceso y el derecho defensa por la realización del juzgamiento por los mismos magistrados que compulsaron las copias generadoras de la investigación, circunstancia que les resta imparcialidad pues ostentan el doble rol de denunciantes-juzgadores y no pueden desprenderse de las ideas preconcebidas que los llevaron a disponer la investigación oficiosa.
También considera contrario al debido proceso que rechazaran de plano las pruebas sobrevinientes solicitadas, pues no hicieron un ejercicio reflexivo sobre el asunto e impidieron que la defensa consultara sus notas e interpusiera recursos.
2. El doctor LGAB insiste en la nulidad desde la audiencia de formulación de acusación por la flagrante vulneración del principio de imparcialidad contenido en el artículo 29 Superior, en tanto la Sala Penal del Tribunal de Villavicencio lo prejuzgó al plasmar en el auto que dispuso la expedición de copias varias afirmaciones que lo condenaban de antemano en las que analizó el tipo objetivo y subjetivo del punible de prevaricato.
De esta manera, lo condenaron sin garantizarle un juicio justo e imparcial, amén de que en la sentencia se resolvió de manera escueta el tema repitiendo los motivos planteados por los conjueces que resolvieron la recusación.
1. La Fiscalía solicita ratificar la decisión por cuanto el principio de preclusividad de los actos procesales imponía al tribunal adelantar el juicio en tanto la recusación fue declarada infundada por la Sala de conjueces.
Destaca que la colegiatura a quo rechazó de plano la petición probatoria por considerarla dilatoria en la medida que los nombres de los funcionarios se encontraban en el expediente desde el inicio de la actuación y su práctica no fue solicitada en el momento indicado en la ley sino en los alegatos finales.
La decisión del 3 de marzo de 2011 por cuyo medio se decretó la prescripción de la acción penal, aduce, es manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico, pues la sentencia que condenó a HPB quedó en firme el 5 de noviembre de 2003. Por ende, lo que el funcionario debió verificar fue la prescripción de la pena, la cual ocurrirá en el año 2016.
Además, apunta, la tesis defensiva de la inexistencia del prevaricato es inaceptable porque la decisión vulneró la recta administración de justicia al dejar sin efecto una sentencia en firme sin razón jurídica para ello.
2. La representación del Ministerio Público pide confirmar el fallo confutado dada la ilegalidad manifiesta de la decisión por cuyo medio LGAB decretó la prescripción de la acción penal, sin que hubiera operado aquella ni fenecido la oportunidad para ejecutar la pena impuesta, análisis que no comportaba mayor complejidad jurídica.
No basta postular la ruptura del principio de imparcialidad para obtener la anulación del proceso. Debe demostrarse la tendencia sesgada e indebida del juzgador en desmedro de los intereses del procesado, aspecto no evidenciado en este caso donde el tribunal, al expedir las copias, solo reseñó la objetividad de la conducta desvalorada.
Como la acción penal es ejercida contra el juez promiscuo del circuito de San Martín (Meta), juzgado en primera instancia por el Tribunal Superior de Villavicencio, por actos realizados con ocasión del cargo desempeñado, la Sala es competente para resolver la alzada de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004.
Para mejor comprensión de la decisión, dado que las impugnaciones postulan la nulidad de la actuación por afectación de garantías fundamentales y la inexistencia del delito de prevaricato por acción imputado, la Sala revisará en primer orden el relativo a la invalidez del proceso, porque de prosperar tornaría innecesario revisar los otros temas.
i) De las nulidades invocadas.
a) Principio de imparcialidad y compulsa de copias.
La defensa (material y técnica) postula la afectación del debido proceso y del derecho de defensa por la vulneración del principio de imparcialidad por cuanto la colegiatura que adelantó el juzgamiento y profirió el fallo de condena fue la misma que dispuso expedir las copias generadoras de la actuación penal, oportunidad en la cual plasmó afirmaciones sobre la configuración de la conducta punible que evidencian su predisposición respecto del comportamiento del acusado.
Sobre el tema se advierte que la actuación procesal seguida contra el doctor LGAB surgió de las copias ordenadas el 4 de mayo de 2011 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio integrada por los doctores Joel Darío Trejos Londoño, Alcibíades Vargas Bautista y Fausto Rubén Díaz Rodríguez, oportunidad donde se hicieron las siguientes afirmaciones:
“3.4. No habiendo entonces dudas que la sentencia que declaró la responsabilidad de HPB hizo tránsito a cosa juzgada dentro del término otorgado por la ley para tal efecto, era absolutamente improcedente la declaratoria de la prescripción de la acción penal, por lo que en este sentido la decisión del juez promiscuo de San Martín. Meta, resulta falta de lógica y desconoce plenamente el ordenamiento jurídico, debiendo por ello ser revocada.
3.5. Finalmente, ante la ilegalidad que de bulto emerge de la decisión revisada, la Sala dispone la compulsa de copias de la presente actuación al Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, así como a la Fiscalía General de la Nación de la actuación, para que se investigue disciplinaria y penalmente la conducta del doctor LGAB, en razón de la emisión del ilegal auto aquí revocado”.
En atención a esta orden, la Fiscalía inició indagación y el 25 de enero de 2013 imputó al doctor LGAB la comisión de punible de prevaricato por acción agravado. Posteriormente radicó escrito de acusación y en desarrollo de la audiencia respectiva, la defensa recusó a los miembros de la Sala Penal del tribunal mencionado por considerarlos carentes de imparcialidad, recusación resuelta el 2 de agosto siguiente por una sala de conjueces que la declaró infundada, en tanto la expedición de copias respondía al ejercicio de una función legal.
En razón de lo anterior, la Sala de Decisión del citado tribunal, conformada por los mismos magistrados que dispusieron emitir las copias, adelantó el juicio y profirió sentencia condenatoria el 17 de septiembre de 2014.
Pues bien, consecuente con los precedentes de la corporación, cuando un operador jurídico expide copias para que se investigue la presunta comisión de una conducta punible, actúa en cumplimiento del deber legal impuesto en los artículos 27 de la Ley 600 de 2000, 67 de la Ley 906 de 2004 y 153-6 de la Ley 270 de 1996 de denunciar los hechos punibles que lleguen a su conocimiento y, por ello, no incurre en motivo que afecte su imparcialidad para resolver el asunto.
Excepcionalmente la Corte, al definir recusaciones e impedimentos, ha aceptado que si el servidor judicial en el desempeño de sus funciones al compulsar copias anticipa conceptos sobre aspectos puntuales que comprometen su criterio, resulta sensato y razonable separarlo del conocimiento del asunto a fin de preservar la garantía fundamental de la imparcialidad del juzgador. (CSJ, AP del 19/10/00, Rad. 17703; 29/11/00, Rad. 17843; 13/7/05, Rad. 23878; 17/9/08, Rad. 29068; 19/11/09, Rad. 32777).
Tal deber se desborda cuando al expedir copias se hacen manifestaciones concretas sobre la responsabilidad o cualquier otro elemento del delito. Ello no ocurre en este caso por cuanto el tribunal no mencionó ningún tipo penal en particular ni emitió juicios de valor en torno al compromiso penal del doctor LGAB ni se adentró a analizar los componentes del delito, limitándose a afirmar, desde el punto de vista objetivo, su alejamiento del ordenamiento jurídico como razón para disponer su revocatoria.
Cuando se postula la nulidad, acorde con el principio de trascendencia, debe demostrarse que en el curso de la actuación se concretó la afectación, esto es, que el funcionario actuó de manera sesgada, parcializada, con el claro propósito de desfavorecer la postura de la parte afectada.
A pesar de lo anterior, los impugnantes no suministraron ningún argumento que haga patente esa irregularidad por cuanto se limitaron a pregonar la afectación de la garantía por la simple identidad del tribunal que expidió las copias y adelantó el juzgamiento, razón insuficiente para evidenciar el sesgo denunciado, máxime cuando el examen de los audios de las audiencias de juzgamiento no evidencian tendencia de los magistrados orientada a demeritar gratuitamente las posturas procesales de la defensa. Por el contrario, la Sala observa respeto pleno a las garantías de las partes e intervinientes, situación que desvirtúa la irregularidad denunciada.
b) Nulidad por el no decreto probatorio.
La defensa técnica impetra la anulación de la actuación porque en su opinión el tribunal a quo violentó el debido proceso al rechazar de plano las pruebas sobrevinientes solicitadas e impedirle leer el documento que había preparado, situación que adicionalmente impidió la interposición de recursos.
En sesión del 25 de agosto de 2014, al concluir el recaudo probatorio y antes de iniciarse las alegaciones finales, el defensor(2) incoó la recepción de los testimonios de los magistrados de la Sala, del fiscal y del procurador que actuaron en el proceso de homicidio con el propósito de establecer las razones de la compulsa de copias.
La Sala de Decisión, previo traslado a los sujetos procesales, con fundamento en el artículo 139-1 de la Ley 906 de 2004 rechazó de plano la petición por (i) extemporánea, (ii) no incluir pruebas sobrevinientes porque la identidad de los testigos era conocida desde la formulación de la acusación, (iii) su recaudo no ostenta la trascendencia exigida y (iv) enmascara una estrategia dilatoria, pues la expedición de copias no convierte a los jueces en testigos de los hechos que la motivaron.
A efectos de materializar la igualdad de los intervinientes en el juicio, los artículos 344, 356 y 374 de la Ley 906 de 2004 regulan la oportunidad procesal para que la Fiscalía y la defensa efectúen el descubrimiento probatorio que permita a la contraparte ejercer a cabalidad la contradicción.
El correcto y oportuno descubrimiento probatorio constituye condición sine qua non para la admisibilidad de la prueba porque, según el artículo 346 ibídem, el juez tiene la obligación de rechazar todas aquellas evidencias o elementos probatorios respecto de los cuales no se haya cumplido el deber de revelar información durante el procedimiento de descubrimiento. En consecuencia, los medios de convicción que no sean descubiertos en la oportunidad legalmente establecida, no pueden aducirse al proceso, controvertirse, ni practicarse durante el juicio oral.
Con todo, el inciso final del artículo 344 ibídem prevé la posibilidad excepcional de que durante el juicio se descubra algún elemento material probatorio o evidencia física muy significativos cuya existencia se desconocía en el momento procesal oportuno:
“ART. 344.—Inicio del descubrimiento. (...) El juez velará porque el descubrimiento sea lo más completo posible durante la audiencia de formulación de acusación.
Siendo ello así, corresponde a la parte que pretende su decreto la carga de demostrar con suficiencia la presencia de los citados elementos y, además, explicar su pertinencia, conducencia y utilidad, en los términos de los artículos 357, 359 y 375 ibídem. Lo anterior porque la prueba sobreviniente no está diseñada para habilitar un nuevo periodo de descubrimiento orientado a remediar las omisiones de las partes en el trabajo investigativo que deben realizar para sustentar su teoría del caso.
Por ello, dentro de este concepto no ingresan los medios de convicción que racionalmente pudieron ser conocidos y obtenidos de manera oportuna por las partes con el despliegue de mediana diligencia en la ejecución de los deberes que su rol les impone, como ocurre en este evento donde la defensa conocía desde la audiencia de imputación que el reproche se fundaba en las copias expedidas por el Tribunal Superior de Villavicencio.
Si para su teoría del caso era importante oír a los funcionarios que intervinieron en ese trámite, tenía la carga procesal de incoar su recaudo en la audiencia preparatoria y no al finalizar el debate probatorio, so pena del rechazo de su pretensión, entre otras cosas, porque esa actitud infringe la transparencia y lealtad con que deben proceder los sujetos procesales.
Entonces, ante la evidente insensatez de la petición, el tribunal a quo no tenía opción distinta de rechazar de plano la solicitud en cumplimiento del deber impuesto en el artículo 139-1 de la Ley 906 de 2004, para evitar las maniobras dilatorias que pretendían posponer sin justificación la actuación pretextando el surgimiento de pruebas sobrevinientes que no ostentaba esa connotación.
Y aunque el tribunal, en aplicación del principio de oralidad, no autorizó al defensor a leer el extenso documento que había preparado, sí permitió que expusiera y sustentara su pretensión al punto que corrió traslado a los restantes sujetos procesales y la decidió negativamente. En ese orden, el yerro denunciado no se configuró resultando improcedente la nulidad invocada.
ii) Del prevaricato por acción.
Conforme al artículo 12 del Código Penal, “Solo se podrá imponer penas por conductas realizadas con culpabilidad. Queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva”. De esta manera, el ordenamiento jurídico nacional proscribe la imposición de sanciones basadas en el simple acontecer fáctico alejado del querer, de la voluntad de las personas.
Así mismo, debe tenerse presente que, de acuerdo con el artículo 9º de la Ley 599 de 2000, “para que la conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable”, texto del cual se desprende que la conducta (activa u omisiva) debe pasar por el tamiz de las referidas categorías dogmáticas para que revista condición delictiva.
En cuanto al componente tipicidad, la corporación ha indicado que, de una parte, la conducta debe adecuarse a las exigencias materiales definidas en el respectivo precepto de la parte especial del estatuto penal (tipo objetivo), tales como sujeto activo, acción, resultado, causalidad, medios y modalidades del comportamiento, y de otra, debe cumplir con la especie de la conducta (dolo, culpa o preterintención) establecida por el legislador en cada norma especial (tipo subjetivo), en el entendido de que, acorde con el artículo 21 del Código Penal, todos los tipos de la parte especial corresponden a conductas dolosas, salvo cuando se haya previsto expresamente que se trata de comportamientos culposos o preterintencionales.
De otra parte, la Sala deja sentado que el delito de prevaricato por acción precisa de una resolución, dictamen o concepto ostensiblemente contraria a la legislación, es decir, que su contenido torna notorio, sin mayor dificultad, la ausencia de fundamento fáctico y jurídico, y su contradicción con la normatividad, rompiendo abruptamente la sujeción que en virtud del “imperio de la ley” del artículo 230 de la Carta Política deben los funcionarios judiciales al texto de la misma.
Tal ocurre, por ejemplo, cuando las decisiones se sustraen sin argumento alguno del texto de preceptos legales claros y precisos, o cuando los planteamientos invocados para ello no resultan de manera razonable atendibles en el ámbito jurídico, verbi gratia por responder a una palmaria motivación sofística grotescamente ajena a los medios de convicción o por tratarse de una interpretación contraria al nítido texto legal.
Con un tal proceder debe advertirse la arbitrariedad y capricho del servidor público que adopta la decisión, en cuanto producto de su intención de contrariar el ordenamiento jurídico, sin que, desde luego, puedan tildarse de prevaricadoras las providencias por el único hecho de exponer un criterio diverso o novedoso y, de manera especial, cuando abordan temáticas complejas o se trate de la aplicación de preceptos ambiguos, susceptibles de análisis y opiniones disímiles.
Es también necesario indicar que respecto de la apreciación de las pruebas no es suficiente con la posibilidad de hallar otra lectura de ellas, en cuanto es menester que la tenida como prevaricadora resulte contundentemente ajena a las reglas de la sana crítica al momento de ponderar los medios probatorios, de manera que denote capricho y arbitrariedad de quien así procede.
Como son varios los cuestionamientos de la defensa técnica, la Sala se referirá por separado a cada uno de ellos.
a) El apelante considera imposible la materialización del punible de prevaricato por cuanto la prescripción de la acción penal se declaró respecto de un proceso fenecido lo cual equivale a pregonar la comisión del delito de homicidio cuando se le dispara a un cadáver.
Esa tesis resulta inaceptable por entrañar la falacia de equiparar situaciones de naturaleza disímil no susceptibles de tratarse en igualdad de condiciones.
En efecto, el tipo objetivo de prevaricato por acción se configurará cuando se emite una decisión manifiestamente contraria a la ley, condición que reúne la determinación examinada porque desconoce ostensiblemente el diseño procesal previsto en el Código Penal, acorde con el cual frente a la sentencia en firme solo procede la prescripción de la pena o la acción de revisión, según el caso.
Lo anterior con mayor razón cuando la defensa impetró la prescripción de la pena, la cual no se había concretado en tanto la sentencia adquirió firmeza el 5 de noviembre de 2003 y la sanción fue fijada en 13 años. Por tanto el fenómeno extintivo ocurriría en noviembre de 2016.
Aún más, acorde con el artículo 192-2 de la Ley 906 de 2004, constituye causal de revisión de las sentencias ejecutoriadas “cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria en proceso que no podía iniciarse o proseguirse por prescripción de la acción, falta de querella o petición válidamente formulada, o por cualquier otra causa de extinción de la acción penal”.
Esta disposición reafirma la ilegalidad de la decisión al evidenciar adicionalmente la ausencia de competencia del procesado para resolver la solicitud de prescripción frente a una sentencia ejecutoriada por cuanto el precepto transcrito atribuye esa decisión a la Corte Suprema de Justicia y a los tribunales superiores de distrito judicial, previo trámite de la acción de revisión.
Entonces, el proceder del doctor LGAB materializa el tipo objetivo del prevaricato por acción por resultar absolutamente improcedente decretar la prescripción de la acción penal en relación con un proceso culminado con sentencia de condena ejecutoriada, evento en el que solo procede aducir y ordenar, si se cumplen los requisitos de ley, el fenecimiento de la pena.
b) Según el impugnante, los falladores aplicaron un criterio de responsabilidad objetiva al condenar a LGAB por el solo hecho de suscribir la determinación censurada. Lo anterior porque en la página 16 de la sentencia señalaron no encontrar explicación a la decisión investigada, de lo cual deduce que tenían duda sobre el compromiso penal del procesado.
Pues bien, este reproche tergiversa los argumentos consignados en el fallo por cuanto el tribunal nunca afirmó tener incertidumbre sobre la materialidad del delito o sobre la responsabilidad del acusado; por el contrario, a lo largo de la providencia señaló haber obtenido del material probatorio acopiado en el juicio conocimiento más allá de toda duda sobre esos aspectos y precisamente por esa situación emitió fallo de condena.
Y aunque la colegiatura a quo adujo no explicarse las razones por las cuales se emitió la determinación cuestionada(3), lo hizo para evidenciar asombro por su evidente contradicción con el ordenamiento jurídico, es decir, utilizó la frase como recurso argumentativo para reforzar su conclusión.
De otra parte, la Sala ha decantado cómo el delito de prevaricato por acción no precisa de un móvil específico, pues, incluso, tratándose de una prevaricación con un fin jurídicamente irrelevante, el delito no desaparece. Ello porque el tipo penal no incluye ingredientes adicionales en lo que toca con la demostración del dolo, por ejemplo simpatía o animadversión hacia una de las partes. Solo es fundamental que se tenga conciencia de que el pronunciamiento se aparta ostensiblemente del derecho, sin que importe el motivo específico del servidor público para actuar de esa manera.
Siendo ello así, la censura no desvirtúa la configuración del prevaricato porque la inquietud del tribunal sobre las razones que pudo tener el doctor LGAB para emitir la decisión cuestionada no se refiere a los elementos del tipo penal sino a los motivos del funcionario, tópico ajeno a ese delito.
c) El defensor considera ausente el elemento subjetivo del delito porque aunque el juez pudo equivocarse, no actuó con dolo, el cual no puede deducirse del fallo absolutorio proferido once años antes ni de las calificaciones de los años 2011 y 2012 por cuanto ellas no muestran su infalibilidad sino que podía equivocarse como cualquier ser humano.
En este caso, a pesar de que la defensa aduce que el doctor LGAB no tuvo la intención de contrariar la ley, la Sala observa que actuó con conocimiento y voluntad de apartarse del ordenamiento jurídico por cuanto en el auto del 3 de marzo de 2011, sin argumento alguno, se sustrajo del claro mandato legal contenido en los artículos 83, 84, 86 y 89 del Código Penal, relativos a la prescripción de la acción y de la sanción.
Incluso, desatendió la petición de la defensa de HPB que había incoado el decreto de la prescripción de la pena, no de la acción como lo decidió el acusado, situación que deja sin sustento la tesis defensiva sobre la inducción en error de parte del litigante.
En ese comportamiento se observa el capricho y la arbitrariedad del funcionario porque estando obligado a acatar la ley, se abstuvo de aplicar el canon legal llamado a regular el caso, esto es, el referido a la prescripción de la sanción, acorde con el cual “la pena privativa de la libertad, salvo lo previsto en tratados internacionales debidamente incorporados al ordenamiento jurídico, prescribe en el término fijado para ella en la sentencia o en el que falte por ejecutar, pero en ningún caso podrá ser inferior a cinco años contados a partir de la ejecutoria de la correspondiente sentencia” (negrillas fuera de texto).
La simple lectura del texto normativo le indicaba el término que debía contabilizar (13 años impuestos en la sentencia) y el momento desde el cual debía hacerlo, esto es, a partir de la ejecutoria de la sentencia (nov. 5/2003). De esta forma, ninguna complejidad comportaba la solicitud defensiva, la cual debió resolver negativamente por ausencia del requisito temporal establecido en la ley.
En ese contexto, la trayectoria laboral del funcionario en el sector judicial por más de 22 años como juez promiscuo del circuito de San Martín (Meta)(4), indica que no se trataba de un neófito en la materia sino de un servidor con amplio conocimiento del ordenamiento penal y procesal que no ignoraba la existencia del artículo 89 de estatuto adjetivo penal ni su correcta interpretación, máxime cuando el tema de la prescripción de la pena no suscita mayores controversias jurídicas.
Ahora, la alusión del tribunal a quo al fallo absolutorio proferido por LGAB el 14 de abril de 2000 en favor de HPB, tuvo como finalidad resaltar el conocimiento del procesado sobre los antecedentes de la solicitud prescriptiva y no fincar en esa determinación el dolo, pues le resultaba claro que no era la decisión cuestionada. Por tanto, el argumento carece de fundamento, dada la tergiversación señalada.
En punto de las calificaciones de servicio el tribunal señaló que “el propio acusado (...) dio a conocer la excelente calificación de servicios efectuada por el Consejo Superior de la Judicatura - seccional Meta para los años 2011 y 2012, lo que de suyo se contrapone con evidente fuerza probatoria, para predicar que un funcionario tan bien calificado como el doctor LGAB, no solo se encontraba en su cabal comprensión y capacidad jurídica de toma de decisiones, sino que de acuerdo a ello debió adecuar su comportamiento”(5).
De esta manera, la colegiatura a quo se pronunció sobre el aludido aspecto, no para pregonar la infalibilidad del doctor LGAB, como lo postula el defensor, sino para destacar su capacidad jurídica en la toma de decisiones, pues la defensa había planteado en los alegatos la disminución de su posibilidad de comprensión por el exceso de carga laboral y el estrés que lo agobiaba, situación desestimada porque la buenas calificaciones revelan que esas circunstancias no alteraron la calidad de su trabajo.
En consecuencia, el impugnante no otorga argumentos sólidos que desvirtúen las razones suministradas por el Tribunal Superior de Villavicencio para condenar al doctor LGAB, situación que impone confirmar el fallo impugnado.
1. No decretar las nulidades propuestas.
2. CONFIRMAR la sentencia del 17 de septiembre de 2014 proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio.
Contra esta providencia no procede recurso alguno; comuníquese y devuélvase al tribunal de origen.
Magistrados: José Luis Barceló Camacho—José Leonidas Bustos Martínez—Fernando Alberto Castro Caballero—María del Rosario González Muñoz—Gustavo Enrique Malo Fernández—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuellar—Luis Guillermo Salazar Otero.
Nubia Yolanda Nova, Secretaria.
(1) El 2 de agosto de 2013, la Sala de Conjueces de ese tribunal declaró infundada la recusación instaurada por la defensa contra los tres magistrados de la Sala de conocimiento.
(2) Cfr. Minuto 51 audio 24 de agosto de 2004.
(3) Cfr. Fl. 16, Sent. de sept. 17/2014. La frase utilizada es del siguiente tenor: “No obstante lo anterior, el señor juez promiscuo del circuito de San Martín (Meta), por razones que aún no se explica esta colegiatura (...)”.
(4) Cfr. Fl. 218, cdno. estipulaciones probatorias.
(5) Cfr. Fl. 18, Sent. de sept. 17/2014.