Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-I/2013/as201311073.html
Timestamp: 2019-04-24 18:47:23
Document Index: 394760029

Matched Legal Cases: ['artículo 308', 'artículo 310', 'artículo 169', 'artículo 4', 'artículo 400', 'artículo 370', 'artículo 399', 'artículo 370', 'artículo 180', 'artículo 398', 'artículo 394', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 14', 'artículo 169', 'artículo 4', 'artículo 400', 'artículo 169', 'artículo 370', 'artículo 370', 'artículo 370', 'artículo 16', 'artículo 4', 'artículo 370', 'artículo 399', 'artículo 399', 'artículo 370', 'artículo 180', 'artículo 398', 'artículo 42', 'artículo 419', 'artículo 308', 'artículo 310']

as201311073
AUTO SUPREMO Nº 73/2013
Sucre, 20 de marzo de 2013
EXPEDIENTE: Cochabamba 1/2013
PARTES PROCESALES: Ministerio Público, Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Clemente Maire Salvatierra contra Luis Adolfo Pinto Montero
VISTOS: El recurso de casación interpuesto por el acusado Luis Adolfo Pinto Montero (fs. 270 a 276), impugnando el Auto de Vista Ptda. Nro. 84 emitido el 4 de octubre de 2012 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (fs. 252 a 255), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y el acusador particular Clemente Maire Salvatierra representado legalmente por la Casa del Adolescente e Infante, contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de violación de niño, niña o adolescente, previsto y sancionado por el artículo 308 bis del Código Penal, con la agravante del artículo 310 incisos 2) y 4) del mismo cuerpo legal.
Sustanciado el mencionado proceso, el Tribunal de Sentencia Primero de la capital del departamento de Cochabamba, que conoció esa causa, mediante Sentencia Nro. 3/2012 de 8 de marzo de 2012 (fs. 209 a 214), declaró a Luis Adolfo Pinto Montero autor y culpable de la comisión del delito de violación de niño, niña o adolescente, condenándolo a la pena privativa de libertad de veintidós años de presidio, a cumplirlos en el Centro de Rehabilitación San Sebastián (varones) de dicha ciudad, con costas a favor del Estado y de la víctima una vez que la Sentencia adquiera la calidad de firme.
Fallo contra el cual el imputado interpuso recurso de apelación restringida (fs. 223 a 230), y el Tribunal de Alzada mediante Auto de Vista de 4 de octubre de 2012 (fs. 252 a 255), lo declaró improcedente, confirmando la Sentencia apelada; dando con ello origen a la presentación del recurso de casación que es caso de autos.
Que analizado el referido recurso de casación, fue admitido conforme a los argumentos descritos en el Auto Supremo Nro. 6/2013 de 6 de febrero de 2013, a tal efecto la resolución se circunscribirá a la verificación de la posible existencia de defectos absolutos y de la Sentencia que vulneran el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, la tutela judicial efectiva y el principio de impugnación y según los siguientes motivos:
1. Defectos absolutos no susceptibles de convalidación, establecidos en el artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, con relación a los artículos 116 y 123 de la Constitución Política del Estado y a la aplicación de la Ley Nro. 054 de 8 de noviembre de 2010. La Sentencia, en su Considerando III. (Fundamentación Jurídica), citó de manera ilegal y fundó su condena en una norma -con la prohibición del artículo 4 del Código Penal- que por precepto constitucional es inaplicable, al establecer la modificación de la agravante del delito de violación prevista en la Ley Nro. 054 de 8 de noviembre de 2010 de Protección Legal de Niñas, Niños y Adolescentes; toda vez que, de lo relatado en la acusación el presunto hecho delictivo se hubiese cometido el 1 de diciembre de 2007 y sin embargo el Tribunal de Sentencia aplicó la agravante de la pena inobservando lo dispuesto por los artículos 116 y 123 de la Constitución Política del Estado, que establecen que cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible y que la ley sólo dispone para lo venidero, sin tener efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando beneficie al imputado. Por tales motivos, el recurrente alega ilegal aplicación de la Ley Nro. 054 de 8 de noviembre de 2010, al recibir injustamente una pena de veintidós años de presidio; situación que, fue corroborada por el Auto de Vista cuando concluye en el Por tanto que: “(…) la condición agravante establecida en el art. 310 num. 4 del CP incrementa la pena en 5 años más.” y omite determinar expresamente de acuerdo a lo fundamentado en lo concerniente a la sanción sin derecho a indulto, lo que resulta contradictorio a la parte resolutiva, siendo que no puede efectuar la reforma en perjuicio del único apelante, conforme a lo determinado por el artículo 400 del Código de Procedimiento Penal, debiendo disponerse la nulidad de la resolución impugnada y de la Sentencia, más el reenvío al estar frente a defectos absolutos no susceptibles de convalidación.
2. Vicio de Sentencia establecido en el artículo 370 inciso 3), por falta de enunciación del hecho objeto del juicio o su determinación circunstanciada. El Tribunal de Alzada, omitió fundamentar los dos aspectos acusados como vicios de la Sentencia (falta de enunciación del hecho y falta de determinación circunstanciada), así como señalar cuál la aplicación que pretendía; de este modo, actuó en desconocimiento de lo establecido en el artículo 399 del Código de Procedimiento Penal, el cual establece que los requisitos de forma exigidos por los artículos 407 y 408 del adjetivo penal tienden a facilitar a la autoridad superior el conocimiento cabal y objetivo de la pretensión del recurrente, por lo que tiene el plazo de tres días para subsanar omisiones, corregir o complementar su recurso, lo contrario implica vulnerar las normas que garantizan el debido proceso y fundamentalmente el derecho a la defensa irrestricta, entre los que se encuentra el de recurrir o impugnar y contar así con una tutela judicial efectiva.
3. Defecto de la Sentencia establecido en el artículo 370 inciso 6) del Código de Procedimiento Penal, por basarse en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba. Pues el Tribunal de Sentencia concluyó señalando una grave contradicción al manifestar que: “este hecho se ha probado por medio de la declaración de la menor”, afirmación temeraria al basarse en una simple declaración de la presunta víctima que implica desconocer los principios básicos del debido proceso, la presunción de inocencia, su derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva. A su vez, respecto a la valoración defectuosa de la prueba impugnada en apelación restringida, alega que el presunto hecho delictivo data del 1 de diciembre de 2007, empero el Certificado Médico Forense que es del 5 del mismo mes y año establece desgarros antiguos y acceso carnal, con presencia de espermatozoides y de líquido seminal con fosfatasa positivo, a lo que el recurrente pregunta cuál la explicación lógica para dichos desgarros antiguos cuando el presunto hecho se perpetró días antes, cómo descartar su participación en una denuncia temeraria, cuando se sometió a un Dictamen Pericial de Genética Forense, debiendo generarse la duda respecto a su participación, siendo que ese día salió a trabajar, conforme lo manifestado por los testigos de descargo. Por ello acusa que, la fundamentación de la Sentencia es contradictoria al valorar y analizar sólo la declaración de la menor, desnaturalizando y condenando a toda persona que sufre cualquier sindicación por este tipo de hechos, constituyendo una defectuosa valoración probatoria, sin respaldo de otros medios, como ser un Informe Psicológico de la veracidad del testimonio de la menor y otros medios que sustenten la injusta Sentencia; ante ello, el Tribunal de Alzada omite pronunciarse respecto a este motivo, haciendo evidente un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) y en consecuencia, infringe el principio tantum devolutum, quantum apellatum, el deber de fundamentación y el artículo 180 parágrafo I de la Constitución Política del Estado que vulnera el debido proceso, siendo inexistente la respuesta dispuesta por el artículo 398.
Concluye pidiendo se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido y se establezca la doctrina legal aplicable, resolviendo el caso con arreglo a la ley y la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo de Justicia, disponiendo que el Tribunal de Alzada cumpla su labor de garantizar la tutela judicial efectiva, el derecho de impugnar en juicio y las establecidas en la norma procesal adjetiva.
Que conforme el Auto Supremo de Admisión Nro. 6/2013 de 6 de febrero de 2013, el análisis del presente recurso, se circunscribirá a la verificación de las denuncias efectuadas en la citada resolución, la que se encuentra relacionada con la posible existencia de defectos absolutos y de la Sentencia que vulneran el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, la tutela judicial efectiva y el principio de impugnación.
El debido proceso es un principio legal por el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitir la oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez o tribunal, quienes deben observar los derechos fundamentales de las partes, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos; la Constitución Política del Estado, reconoce y garantiza la aplicación del debido proceso al constituirse en fundamento esencial del Estado Plurinacional, que tiene entre sus fines y funciones esenciales garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en ella. Entre uno de los elementos constitutivos del debido proceso se encuentra el derecho a recurrir de los fallos, derecho íntimamente vinculado a la tutela judicial efectiva que supone el derecho de acceso a los órganos de justicia con la posibilidad de reclamar la apertura de un proceso para obtener una resolución motivada y argumentada, que exponga de forma clara, concreta y precisa los fundamentos que llevaron al juez o tribunal a resolver el caso, respondiendo a todos los aspectos demandados o cuestionados sobre una petición, la misma que debe ser coherente con el ordenamiento jurídico; en dicho supuesto, el derecho al debido proceso se tendrá cumplido y con ello el derecho de recurrir y por supuesto la tutela judicial efectiva, derechos garantizados por los artículos 119 y 115 de la Constitución Política del Estado, artículo 394 del Código de Procedimiento Penal y artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por otra parte el Código de Procedimiento Penal (Ley Nro. 1970 de 25 de marzo de 1999), busca garantizar, en forma efectiva, el debido proceso y dentro del mismo, el derecho de impugnar y recurrir, de un fallo adverso por ante Tribunal Superior, garantía fundamental que se halla consagrada por la Constitución Política del Estado así como por el artículo 8, numeral 2, inciso h) del Pacto de San José de Costa Rica, y por el artículo 14, numeral 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Primero.- En lo relativo a la denuncia de defectos absolutos no susceptibles de convalidación, establecidos en el artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, con relación a los artículos 116 y 123 de la Constitución Política del Estado y a la aplicación de la Ley Nro. 054 de 8 de noviembre de 2010, la que se funda en sentido de que la Sentencia, en su Considerando III. (Fundamentación Jurídica), citó de manera ilegal y determinó la condena en una norma -con la prohibición del artículo 4 del Código Penal- que por precepto constitucional es inaplicable, al establecer la modificación de la agravante del delito de violación prevista en la Ley Nro. 054 de 8 de noviembre de 2010 de Protección Legal de Niñas, Niños y Adolescentes; toda vez que, de lo relatado en la Acusación el presunto hecho delictivo se hubiese cometido el 1 de diciembre de 2007 y sin embargo el Tribunal de Sentencia aplicó la agravante de la pena inobservando lo dispuesto por los artículos 116 y 123 de la Constitución Política del Estado, que establecen que cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible y que la ley sólo dispone para lo venidero, sin tener efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando beneficie al imputado; situación que, fue corroborada por el Auto de Vista cuando concluyó en el Por Tanto que: “(…) la condición agravante establecida en el art. 310 num. 4) del CP incrementa la pena en 5 años más.” y omite determinar expresamente de acuerdo a lo fundamentado en lo concerniente a la sanción sin derecho a indulto, lo que resulta contradictorio a la parte resolutiva, siendo que no puede efectuar la reforma en perjuicio del único apelante, conforme a lo determinado por el artículo 400 del Código Penal.
Al respecto es necesario precisar que la denuncia descrita precedentemente no fue considerada por el Tribunal de Alzada a momento de emitir el Auto de Vista impugnado, por cuanto de la revisión del recurso de apelación restringida de fojas 223 a 230 interpuesto por el imputado Luis Adolfo Pinto Montero se evidencia las siguientes denuncias:
a. La infundada denegación del ofrecimiento de la prueba pericial por parte del Tribunal de Sentencia que conlleva a la violación del debido proceso, derecho a la defensa y el principio de igualdad, como defecto procesal absoluto establecido en el artículo 169 del Código de Procedimiento Penal;
b. El defecto de la Sentencia al tenor de los artículos “360 inciso 2)” (sic) y 370 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal;
c. El defecto de la Sentencia previsto en el artículo 370 inciso 5) del Código de Procedimiento Penal;
d. El defecto de la Sentencia establecido en el artículo 370 inciso 6) del Código de Procedimiento Penal, y;
e. El defecto de la Sentencia prescrito en el artículo 370 inciso 8) del Código de Procedimiento Penal.
Consiguientemente, en el contexto señalado, se advierte que el recurrente no acusó oportunamente la denuncia inserta en el punto primero para su consideración por el Tribunal de Alzada, operándose de esta manera el principio de preclusión establecido en el artículo 16 de la Ley Nro. 025 del Órgano Judicial, cuyo fundamento radica en el orden consecutivo del proceso, es decir, en la especial disposición en que se han de desarrollar los actos procesales, siendo uno de los principios que rige el proceso y se sustenta en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, pues conforme al Auto Supremo Nro. 46 de 7 de marzo de 2006 se establece que: “…que para evitar las impugnaciones en casación sobre hechos pasados y derechos precluidos; las partes en las etapas preparatorias, intermedia del juicio oral o de los recursos y en ejecución de sentencia deben ejercer las acciones que en cada acto procesal se encuentran previstos y los recursos que en cada etapa procesal se prevén, la omisión de uno de ellos tiene el efecto jurídico de no retroceder al acto consumado por la preclusión del derecho de la parte que no ha ejercido las acciones o recursos legales oportunamente (…) Que en la etapa preparatoria las partes directamente controlan las actividades de la investigación, cuando consideran que se ha vulnerado un precepto legal o norma constitucional tienen previsto interponer las excepciones o incidentes y los recursos ante el Fiscal y ante el Juez de Instrucción que tiene la facultad de controlar la legalidad y constitucionalidad de las funciones del Fiscal e investigador durante la investigación. En el juicio oral, como en el caso de autos, las partes pueden interponer las excepciones, incidentes, o recursos, o hacer reserva de recurrir contra las resoluciones dictadas durante el juicio oral. En la etapa de los recursos: el de apelación restringida sirve para el control de puro derecho sobre los actos procesales y la actividad jurisdiccional, excepto en el recurso incidental donde se puede acompañar pruebas para que el Tribunal de Alzada pueda valorar las mismas y dictar la resolución respectiva; mientras que el recurso de casación se encuentra diseñado para uniformar la jurisprudencia penal y evitar la interpretación y aplicación contradictoria de normas adjetivas y sustantivas”.
Sin perjuicio de ello, cabe anotar que el sustantivo penal vigente concerniente al ilícito penal por el cual se condenó al imputado en el momento de la supuesta comisión del hecho punible ocurrido el sábado 1 de diciembre de 2007, contenía los siguientes textos:
“ARTICULO 308 BIS.- (Violación de niño, niña o adolescente). Quien tuviera acceso carnal con persona de uno u otro sexo menor de catorce años, penetración anal o vaginal o introdujere objetos con fines libidinosos será sancionado con privación de libertad de quince (15) a veinte años (20), sin derecho a indulto, así no haya uso de la fuerza o intimidación y se alegue consentimiento. Quedan exentas de esta sanción las relaciones consensuadas entre adolescentes mayores de doce años, siempre que no exista diferencia de edad mayor de tres (3 años, entre ambos, y no se haya producido violencia ni intimidación”.
“ARTICULO 310.- (Agravación). La pena será agravada en los casos de los delitos anteriores, con cinco años: … 4) Si el autor estuviere encargado de la educación o custodia de la víctima, o si ésta se encontrara en situación de dependencia o autoridad;…”.
Del análisis de los preceptos legales precedentemente transcritos, sin la modificación de la Ley Nro. 054 de 8 de noviembre de 2010 Ley de Protección Legal de Niñas, Niños y Adolescentes, se establece que la pena del tipo penal por el que se le condenó al recurrente a 22 años de presidio en la Sentencia Nro. 3/2012 de 8 de marzo de 2012 (fs. 209 a 214) se encuentra dentro del quantum de previsibilidad, no obstante de haberse citado de manera errónea la aplicabilidad de las modificaciones insertas en la citada Ley Nro. 054 en el III Considerando de la Sentencia apelada; consecuentemente, ante la falta de demostración del perjuicio irreparable en el vicio procesal denunciado, se constata la intrascendencia de la denuncia de infracción del artículo 4 del Código Penal, más aún cuando con anterioridad se concluyó que la pena del tipo penal por el que se le condenó al recurrente a 22 años de presidio se encuentra dentro del quantum de previsibilidad, sobre el análisis de los preceptos legales precedentemente transcritos que se encontraban vigentes en el momento de la supuesta comisión del hecho punible ocurrido el sábado 1 de diciembre de 2007, sin que tampoco se haya vulnerado las garantías jurisdiccionales consagradas en los artículos 116 parágrafo II y 123 de la Constitución Política del Estado, relativo al principio de legalidad, cuyo fundamento radica en que el Estado no puede castigar una conducta que no esté descrita ni penada por la ley y al principio de irretroactividad de la ley, cuyo fundamento radica en la necesidad de dar estabilidad al ordenamiento jurídico, porque sin el mencionado principio se presentan confusiones sobre la oportunidad de regulación.
Segundo.- En lo referido a la denuncia de vicio de Sentencia establecido en artículo 370 inciso 3), por falta de enunciación del hecho objeto del juicio o su determinación circunstanciada, la que se funda en que el Tribunal de Alzada, omitió fundamentar los dos aspectos acusados como vicios de la Sentencia (falta de enunciación del hecho y falta de determinación circunstanciada), así como señalar cuál la aplicación que pretendía; de este modo, actuó en desconocimiento de lo establecido en el artículo 399 del Código de Procedimiento Penal, el cual establece que los requisitos de forma exigidos por los artículos 407 y 408 del adjetivo penal tienden a facilitar a la autoridad superior el conocimiento cabal y objetivo de la pretensión del recurrente, por lo que tiene el plazo de tres días para subsanar omisiones, corregir o complementar su recurso, lo contrario implica vulnerar las normas que garantizan el debido proceso y fundamentalmente el derecho a la defensa irrestricta, entre los que se encuentra el de recurrir o impugnar y contar así con una tutela judicial efectiva.
Sobre la denuncia descrita precedentemente, de la lectura del Auto de Vista recurrido y en especial de la parte I.1 del Considerando, se verifica que el Tribunal de Alzada se pronunció sobre la denuncia de defecto de la Sentencia al tenor de los artículos 360 inciso 2) y 370 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, cuando textualmente expuso: “… En lo que atañe a la alegación de la existencia del defecto de sentencia previsto en el num. 3) del Art. 370 del CPP en sentido de que la menor de 12 años en ningún momento hizo referencia a que el supuesto violador se hubiera colocado o hubiera utilizado preservativo que constituyó uno de los fundamentos para anular la prueba de ADN que dio resultado negativo y que el Tribunal no relacionó adecuadamente las circunstancias relatadas por la víctima con el informe de genética forense el apelante únicamente señala ese aspecto pero sin señalar la aplicación que pretende toda vez que la solicitud de anularse la sentencia como pretensión del apelante no puede considerarse como una expresión de aplicación de las normas vulneradas, previstas en los Arts. 360-2) y 370-3) del CPP, omisión esta que no puede ser subsanada por este Tribunal de Apelación. Al margen de ello, corresponde señalar que este defecto de sentencia se refiere a dos aspectos la falta de enunciación del hecho y la falta de su determinación fundamentada, aspecto que tampoco fueron fundamentados por el apelante, por lo que su impugnación carece de mérito”, no siendo entonces evidente que no exista pronunciamiento al respecto.
Ahora, con relación al supuesto desconocimiento por el Tribunal de Alzada de la norma legal contenida en el artículo 399 del Código de Procedimiento Penal, es menester destacar que la inteligencia del citado artículo está referido a la existencia de defectos u omisiones de forma –y no de fondo- en la interposición del recurso de apelación restringida; en ese sentido, una vez agotado el apercibimiento si correspondiere, cuando el recurso es inadmisible el Tribunal de Alzada lo rechazará sin pronunciarse sobre el fondo. En autos, de la revisión del Auto de Vista Ptda. Nro. 84 emitido el 4 de octubre de 2012, se advierte que el Tribunal de Alzada se pronunció sobre el fondo de la denuncia de defecto de la Sentencia al tenor de los artículos 360 inciso 2) y 370 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, toda vez que el Auto de Vista impugnado declaró improcedente el recurso de apelación restringida y no inadmisible; consecuentemente, no se evidencia la supuesta vulneración de la garantía constitucional del debido proceso, en su elemento derecho a la defensa, máxime si el recurrente ejercitó su derecho a la defensa con la amplitud debida en la audiencia de fundamentación oral del recurso de apelación restringida de fecha 6 de septiembre de 2012, ya que dicha audiencia tiene como fundamental objeto ampliar bajo los principios generales del juicio oral los elementos de juicio del Tribunal que resuelve el recurso.
Consiguientemente, no resultan evidentes los motivos que se alegan en el recurso de casación.
Tercero.- En lo concerniente a la denuncia de defecto de la Sentencia establecido en el artículo 370 inciso 6) del Código de Procedimiento Penal, por basarse en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, la que se funda en que el Tribunal de Sentencia concluyó señalando una grave contradicción al manifestar que: “este hecho se ha probado por medio de la declaración de la menor”, afirmación temeraria al basarse en una simple declaración de la presunta víctima que implica desconocer los principios básicos del debido proceso, la presunción de inocencia, su derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva. A su vez, respecto a la valoración defectuosa de la prueba impugnada en apelación restringida, alega que el presunto hecho delictivo data del 1 de diciembre de 2007, empero el Certificado Médico Forense que es del 5 del mismo mes y año establece desgarros antiguos y acceso carnal, con presencia de espermatozoides y de líquido seminal con fosfatasa positivo, a lo que el recurrente pregunta cuál la explicación lógica para dichos desgarros antiguos cuando el presunto hecho se perpetró días antes, cómo descartar su participación en una denuncia temeraria, cuando se sometió a un Dictamen Pericial de Genética Forense, debiendo generarse la duda respecto a su participación, siendo que ese día salió a trabajar, conforme lo manifestado por los testigos de descargo. Por ello acusa que, la fundamentación de la Sentencia es contradictoria al valorar y analizar sólo la declaración de la menor, desnaturalizando y condenando a toda persona que sufre cualquier sindicación por este tipo de hechos, constituyendo una defectuosa valoración probatoria, sin respaldo de otros medios, como ser un Informe Psicológico de la veracidad del testimonio de la menor y otros medios que sustenten la injusta Sentencia; ante ello, el Tribunal de Alzada omitió pronunciarse respecto a este motivo, haciendo evidente un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) y en consecuencia, infringe el principio tantum devolutum, quantum apellatum, el deber de fundamentación y el artículo 180 parágrafo I de la Constitución Política del Estado que vulnera el debido proceso, siendo inexistente la respuesta dispuesta por el artículo 398 de la ley adjetiva penal.
En cuanto a la denuncia descrita precedentemente, corresponde advertir que el Tribunal de Alzada, en resolución de vista Ptda. Nro. 84 emitido el 4 de octubre de 2012, consideró dicho extremo en los párrafos seis, siete, ocho y nueve de la parte I.1 del Considerando, argumentando que la parte apelante no puede pretender que el Tribunal de Alzada vuelva a valorar las pruebas testificales y documentales que se produjeron en el juicio oral, sino que tendría que atacar la logicidad de la Sentencia impugnada en lo que atañe a la actividad probatoria y su relación con la vulneración de las reglas de la sana crítica racional, las que están constituidas por los principios de la lógica (de no contradicción, tercer excluido, razón suficiente y de identidad), la experiencia común y de la psicología, aludiendo los Autos Supremos Nros. 111 del 31 de enero de 2007, 151 del 2 de febrero de 2007 y 214 del 28 de marzo de 2007, dentro del marco de razonabilidad previsto en los artículos 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal y en sujeción a los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad, no siendo exigible que la misma sea ampulosa o extensa, sino más bien clara y precisa en sus razonamientos lógico - jurídicos que son la base de su decisorio, conforme al principio de la razón suficiente, evitando dejar al justiciable en estado de incertidumbre respecto a sus pretensiones y sin vulnerar derechos fundamentales y garantías constitucionales, añadiendo que la Sentencia se encuentra fundamentada al contener la fundamentación descriptiva e intelectiva en la que basa su decisión, así como el valor otorgado a los medios de prueba, contenido que conlleva la relación del hecho histórico, conforme a lo previsto en los artículos 359 y 360 del citado adjetivo penal, toda vez que conforme a la DOCTRINA LEGAL APLICABLE, establecida en el Auto Supremo Nro. 046/2010 de 9 de marzo de 2010: “Para una decisión de condena no es necesario que la culpabilidad del imputado deba establecerse sobre la base de la totalidad de pruebas de cargo presentadas, sino que por la evaluación del conjunto expuesto, incluyendo indicios y presunciones, puede quien juzga llegar a la certeza moral de una plena convicción más allá de toda duda razonable. La absolución sólo debe surgir de una imparcial consideración de toda la evidencia del caso de la falta de suficiente prueba en apoyo de la acusación”.
Por lo expuesto y efectuado el análisis respectivo, éste Tribunal Supremo no advierte la posible existencia de defectos absolutos y de la Sentencia que vulneran el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, la tutela judicial efectiva y el principio de impugnación.
POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación del artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el acusado Luis Adolfo Pinto Montero (fs. 270 a 276), impugnando el Auto de Vista Ptda. Nro. 84 emitido el 4 de octubre de 2012 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (fs. 252 a 255), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y el acusador particular Clemente Maire Salvatierra representado legalmente por la Casa del Adolescente e Infante, contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de violación de niño, niña o adolescente, previsto y sancionado por el artículo 308 bis del Código Penal, con la agravante del artículo 310 incisos 2) y 4) del mismo cuerpo legal.