Source: http://thomsonreuterslatam.com/2013/02/fallo-del-dia-concesion-de-la-suspension-del-juicio-a-prueba-por-el-delito-de-homicidio/
Timestamp: 2019-06-19 01:58:06
Document Index: 141551472

Matched Legal Cases: ['artículo 293', 'artículo 76', 'Artículo 84', 'Artículo 84', 'in dubio', 'artículo 14', 'artículo 293', 'artículo 76', 'artículo 280', 'artículo 5', 'artículo 26', 'artículo 76', 'artículo 84', 'artículo 76', 'artículo 76', 'artículo 26', 'artículo 84', 'artículo 302', 'artículo 280', 'artículo 76']

Thomson Reuters | Fallo del día: concesión de la suspensión del juicio a prueba por el delito de homicidio
Fallo del día: concesión de la suspensión del juicio a prueba por el delito de homicidio
Por Thomson Reuters En 25 febrero, 2013 · Añadir comentario · En Jurisprudencia
Tribunal: Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 10 de la Capital Federal(TOralCrim)(Nro10)
Partes: González, Mauro Alberto
Publicado en: DJ19/12/2012, 57
Cita Online: AR/JUR/57373/2012
El imputado por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo automotor solicitó la suspensión del proceso a prueba. Ofreció realizar tareas comunitarias y abonar un resarcimiento por el perjuicio ocasionado. Dicha propuesta fue aceptada por el Fiscal y la viuda de la víctima. El Tribunal Oral concedió el beneficio.
1. La suspensión del juicio a prueba solicitada por el imputado por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción de un automotor debe concederse, pues el Fiscal ha mostrado su asentimiento al respecto, y la posible sentencia condenatoria podría ser de ejecución condicional (del voto del Dr. Báez).
2. La aplicación de una pena de inhabilitación conjunta o alternativa a la principal no puede obstar a la concesión del beneficio de la probation en los términos del art. 76 bis, inc. 7°, del Cód. Penal, pues la prohibición se refiere solo a los casos en que dicha penalidad sea impuesta en su modalidad absoluta o exclusiva (del voto del Dr. Báez).
en“Acosta, Alejandro Esteban”, 23/04/2008, LA LEY 20/05/2008, 7, LA LEY 26/05/2008, 9, LA LEY 2008-C, 496, Sup. Penal 2008 (mayo) , 34, ED , 5, LA LEY 13/06/2008, 5, LA LEY 2008-D, 36, DJ 18/06/2008, 481, DJ 2008-II, 481, JA 2009-I, 671, ED 227, 570, AR/JUR/919/2008 sostuvo que el criterio que limita el alcance del beneficio del art. 76 bis del Código Penal a los delitos que tienen prevista una pena de reclusión o prisión consagra una interpretación extensiva de la punibilidad que niega un derecho que la norma reconoce, otorgando una indebida preeminencia a sus dos primeros párrafos sobre el cuarto, al que deja totalmente inoperante.
3. Interpretar que, en los términos del art. 76 bis del Cód. Penal, la probation no alcanza a los delitos de pena privativa de la libertad conjunta con la de inhabilitación es irrazonable, pues ello implicaría que la sanción menor determine la exclusión del instituto, cuando aquéllas mayores lo permiten en ilícitos más graves (del voto del Dr. Báez).
4. La improcedencia de la suspensión del juicio a prueba en los delitos con pena de inhabilitación — art. 76 bis, Cód. Penal — no es óbice para concederla al imputado por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción de un automotor, pues debe prevalecer el principio de igualdad y la naturaleza del citado instituto, que pretende evitar la estigmatización de quien tiene su primer contacto con el sistema penal (del voto del Dr. Bustelo).
5. La exclusión de la suspensión del juicio a prueba en los casos en que la inhabilitación esta prevista como pena conjunta surge como voluntad del legislador, pues son casos en los que existe un especial interés del Estado en esclarecer la responsabilidad del imputado (del voto en disidencia del Dr. Becerra).
Texto Completo: Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012.
Para resolver sobre el pedido de suspensión del proceso a prueba formulado respecto de Mauro Alberto González, en la presente causa N° 3782.
I. Las presentes actuaciones fueron elevadas a juicio respecto del nombrado Mauro Alberto González, en orden al hecho que fuera calificado como constitutivo del delito de homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo automotor, que se le endilgan en calidad de autor (arts. 45 y 84 párrafo 2do. del C.P.).
II. Durante la audiencia que prevé el artículo 293 del CPPN., el Sr. Defensor particular, Dr. L. R., solicitó la suspensión del juicio a prueba de su asistido González, por considerar que su situación legal encuadra en el artículo 76 bis del Código Penal, ya que la escala punitiva del delito que se le imputa y el hecho de que no registra antecedentes penales condenatorios tornan posible la aplicación de una condena condicional, a lo que asocia sus condiciones personales.
Pedido de suspensión a través del cual ofrece realizar tareas comunitarias en la Asociación “Los Bomberos de Bernal”, sita en la calle Dardo Rocha 280, de la citada localidad (tel.: 4252-…).
Asimismo ofrece reparar el perjuicio ocasionado al damnificado, abonando la suma de mil pesos ($1000), en diez cuotas iguales y consecutivas de cien pesos cada una y auto inhabilitarse para manejar transporte público.
Concedida la palabra a la Sra. Mariana Elisa Cañete, viuda de Eralio Arquímedes Cañete, manifestó aceptar la reparación ofrecida.
Propuesta de la que se diera traslado al Sr. Fiscal General, quien manifestó su conformidad con la suspensión del juicio a prueba, dado a que Mauro Alberto González no registra condenas y la que podría recaer en la misma puede ser de ejecución condicional, a lo que asocia la conformidad expuesta por la viuda de la víctima.
En base a lo cual, el Sr. Fiscal General propone que la suspensión del juicio a prueba lo sea por el término de tres años, solicitando asimismo, se lo inhabilite por igual término para el manejo de transportes públicos.
El Ministerio Público Fiscal, acepta que las tareas comunitarias sean realizadas en el lugar ofrecido por el imputado y con la carga horaria que el Tribunal estime corresponder.-
III. En ese marco,
El Dr. Bustelo dijo:
Es pacífica la doctrina y la jurisprudencia en la materia, en el sentido de que quien juzga, debe analizar la situación fáctica que se plantea, teniendo en cuenta el instituto materia de juicio, valorándolo en el marco de las reglas de la sana crítica, de sentido común, experiencia de vida, lógica jurídica y los principios generales del derecho, que le permita arribar a un juicio de valor, respecto de la cuestión planteada.
Conforme surge del legajo, el Sr. Fiscal de Instrucción a fs. 312/6, calificó la conducta de Mauro Alberto González, como constitutiva del delito de homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo automotor, con cita de los arts. 45 y 84, 2do. párrafo del C.P.
Artículo 84, párrafo 2do. del C.P., que establece que cuando el ilícito referido hubiese sido ocasionado por la conducción imprudente, negligente, inexperta o antirreglamentaria de un vehículo automotor, la pena mínima se elevará a dos años de prisión.
Artículo 84, párrafo 1ro. del C.P., que reprime además con inhabilitación especial, en su caso, por cinco a diez años, a quien resultare condenado por el ilícito referido.
Conforme se desprende de la audiencia prevista en el art. 293 del CPPN., el Sr. Fiscal General prestó su conformidad para que se concediera a González, el beneficio del instituto de la probation, por las razones expuesta precedentemente, a las que “brevitatis causa” me remito.
Es pacífica la doctrina y la jurisprudencia en la materia, que ante el pedido formulado por el encausado, se debe estar al requerimiento de elevación a juicio del Sr. Fiscal de instrucción y asimismo, en que se debe tener en cuenta el consentimiento del Fiscal al pedido formulado, en tanto y en cuanto el mismo se encuentra fundado y ajustado a las constancias del legajo y los principios generales del derecho en la materia.
Lo normado en el art. 76 bis, 7mo. párrafo del C.P., donde se dice que “no procederá la suspensión del juicio a prueba, respecto de los delitos con pena de inhabilitación”, no obsta a la concesión del beneficio de la suspensión del juicio a prueba.
No obsta a la concesión de ese instituto, porque el mismo debe ser interpretado y comparecerse con el principio de igualdad ante la ley, del debido proceso legal, la defensa en juicio y la congruencia (arts. 16 y 18 C. Nacional) y con el principio “in dubio pro reo” consagrado en el art. 30 del CPCC., que hace “arbitrario” todo fallo donde se desconozcan los mismos (CSJN. 20/12/94, LA LEY, 1995-D -960, N° 1881; idem 14/5/91, LA LEY, 1992-B-673, N° 635; ídem: 13/10/94, LA LEY, 1995-C-797; causa del 12/11/2009, Sala I de la Casación Penal, donde se concediera el beneficio de la probation, con cita del caso “Acosta” y “Norverto”; entre otros).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha dicho que para determinar la validez de una interpretación debe tenerse en cuenta que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra (Fallos: 304: 1820; 314: 1849), a la que no se le debe dar un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, sino que las concilie y conduzca a una integral armonización de sus preceptos (Fallos: 313:1149; 327:769), que no puede ser obviado por los jueces con motivo de las posibles imperfecciones técnicas en la redacción del texto legal, que deben ser superadas en procura de una aplicación racional (Fallos: 306:940; 312:802), cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho (Fallos: 310:937; 313:1484).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha dicho que la observancia de estas reglas generales, no agota la tarea de interpretación de las normas penales, porque el principio de legalidad (art. 18 CN), exige priorizar el limite semántico del texto legal, en consonancia con el principio político criminal que caracteriza al derecho penal, como la última ratio del ordenamiento jurídico y con el principio “pro homine”, que impone privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano.
En ese orden, la interpretación debe orientarse en pos de la finalidad de la resocialización que fluye del citado instituto.
En esa inteligencia la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha dicho que la aplicación inadecuada de una norma de derecho común, que la desvirtúa y la vuelve inoperante, equivale a decidir en contra o con prescindencia de sus términos y constituye una causa definitiva de “arbitrariedad” (Fallos: 295:606; 301:108; 306:1242; 310:927; 311:2548; 323:192; 324:547, entre otros).
Interpretación que se compadece con el principio de igualdad ante la ley (art. 16 C.N.) y la naturaleza del citado instituto, que pretende evitar la estigmatización de quién tiene su primer contacto con el sistema penal, al ser incompatible con el interés social que hace al espíritu del mismo.
En mérito a lo cual entiendo que se debe conceder la suspensión del juicio a prueba a Mauro Alberto González, por el término de tres años, a quien se le deben aplicar por igual plazo, las siguientes reglas de conducta: fijar residencia, someterse al control del Patronato y realizar tareas comunitarias, a razón de ocho horas mensuales, en el lugar propuesto por su defensa técnica, o en caso de no resultar posible, en el lugar donde el Sr. Juez de Ejecución estime corresponder (art. 27 bis, incs. 1° y 8° del Código Penal).
En relación a la suma ofrecida de mil pesos ($1000), de diez cuotas iguales y consecutivas de cien pesos cada una, considero que ante la aceptación por la parte agraviada, debe ser receptada por el Tribunal y abonarse la primera, al día siguiente de quedar firme esta resolución y las subsiguientes cada treinta días.
Conforme el ofrecimiento formulado por el imputado de auto inhabilitarse para manejar transporte público y lo establecido en el art. 27 bis, párrafo 2do. del C.P., corresponde inhabilitar por el término de tres años al nombrado González, debiendo hacerse saber este decisorio a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y requerir la entrega del registro profesional.
Decisorio que se corresponde con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Acosta Alejandro Esteban sobre infracción artículo 14, primer párrafo de la ley 23.737” (Causa 28-005, A.2186.XLI, del 23 de abril de 1008) donde se asentó la doctrina legal imperativa para éste Tribunal “…de que el criterio que limita el alcance del beneficio previsto en el art. 76 bis a los delitos que tiene prevista una pena de reclusión o prisión cuyo máximo no supere los tres años se funda en una exégesis irrazonable de la norma que no armoniza con los principios enumerados, toda vez que consagra una interpretación extensiva de la punibilidad que niega un derecho que la propia ley reconoce, otorgando una debida preeminencia a sus dos primeros párrafos, sobre el cuarto al que deja totalmente inoperante…”.
En mérito al re-estudio dado por mi parte al instituto citado,
El Dr. Báez dijo:
Me apresuro a señalar que adhiero al voto que abre el acuerdo; no obstante ello, he de formular algunas consideraciones adicionales en aras de mostrar mi aquiescencia en torno a la concesión del beneficio.-
Para ello, tengo presente lo resuelto por nuestra Corte Federal en cuanto ha proclamado que los jueces no están obligados a considerar todos los argumentos de las partes sino sólo aquellos que estimen conducentes para la correcta solución del conflicto (Fallos 320:5073; 322; 570; 327:4723; 327:525) no trepido en predicar que dos son los ejes donde se gesta mi razonamiento por el cual auspicio mi aquiescencia respecto de la solicitud defensista y estimo que debe concederse la suspensión del juicio a prueba requerida.-
El primero de ellos descansa en los alcances de la venia fiscal para acceder al beneficio; el segundo reposa en la posibilidad de otorgar el mismo ante la aparición de la pena de inhabilitación.-
En la oportunidad procesal prevista en el artículo 293 el Sr. Agente Fiscal prestó expresamente su consentimiento para que se accediera a la requisitoria impetrada por la defensa técnica de González, en razón de estimar que se encontraban alcanzadas las condiciones objetivas y subjetivas del instituto en trato, a lo que se aúna el consentimiento dado por la Sra. Mariana Elisa Cañete.
Estimo que, en la materia, la única forma compatible con la Constitución es interpretar que el dictamen fiscal es, en principio, vinculante cuando solicita la suspensión del juicio a prueba (Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 causa 3764 “Almada Martín Luis Alberto” rta. el l1/11/2011; C.F.C.P, sala II, causa 14.686 “Tortone, Lisandro y otros” rta. El 16/2/2012, voto del juez Slokar; Zaffaroni, Eugenio Raúl; C.F.C.P., sala IV, causa 14.756 ” D Alesandro, Verónica Haydee ” rta. 2/3/2012, voto del juez Slokar; Alagia, Alejandro; Slokar, Alejandro “Derecho Penal. Parte General. Pág. 973 Ediar Bs. As 2002).
Siendo que el proceso criminal se edifica sobre un carácter triangular y que el modelo hacia el cual se conduce nuestra legislación es de cuño adversarial, estimo que el principio de neutralidad de los jueces descansa en la necesidad de resguardar una garantía o resolver una contradicción, extremo que amerita colegir que, en función de la arquitectura normativa que anida al modelo acusatorio con la cual tiende a esculpirse la ordenanza procesal, es inconducente avanzar o proseguir en un conflicto que es, en definitiva, el proceso penal cuando el propio titular de la acción penal, en el caso de autos, ha decidido no instarla más allá de lo acordado tácitamente con la defensa (Granillo Fernández, Héctor – Herbel, Gustavo “Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires” T. II pag.354 La Ley Bs. As. 2009)
Nuestro más alto tribunal, ha reconocido que Juan Baustista Alberdi y los constituyentes de 1853 optaron por el modelo norteamericano – originariamente opuesto por completo al europeo, su antípoda institucional – y que el proceso penal es un sistema horizontalmente organizado que no puede comulgar con otro sistema que no sea el acusatorio (causa 21.923/02 “Sandoval, David Andrés s/recurso de hecho” rta. el 31 de agosto del 2010; considerando 14 del voto del Ministro Zaffaroni).
Dentro de ese paradigma, me parece que resultaría paradojal y apoyado en una alternativa lógicamente falaz, en principio, proseguir este conflicto cuyas características de excepción y de última ratio, amalgaman sensiblemente al enjuiciamiento criminal cuando las partes –a la luz de un modelo que marcha deliberadamente hacia la consagración del principio acusatorio- ya han finiquitado sus diferencias en el marco publicista.
A mayor abundamiento cuadra insistir – a guisa de aburrir- que si las partes han encontrado una solución al escollo suscitado en autos, el propio titular de la acción penal – de manera razonada, fundada, vinculante – ha mostrado su beneplácito para acceder al reconocimiento de un derecho que le viene imbuido al incuso por mandato legal – y dado que el posible pronunciamiento a dictarse en la presente causa podría ser de ejecución condicional me veo obligado a receptar la suspensión del juicio a prueba.
Paso ahora a desbrozar un nuevo tópico, urticante por cierto, que descansa en el binomio expiatorio que recoge la norma por la cual se promociona la acción respecto del encartado el cual, como es sabido, amalgama las penas de prisión e inhabilitación.
Estoy convencido – siempre estabilizando la cuestión guiado por una aplicación expansiva en comunión con el razonamiento efectuado por el Tribunal Cimero en la causa “Acosta” -que la circunstancia de que concurran dos especies de pena no resulta óbice para la concesión del beneficio.
Para ello he de recrear, en este segmento, mi opinión consignada en oportunidad de sufragrar en la causa N° 4050 “Pedrozo, Ramón Agustín s/suspensión de juicio a prueba” resuelta el 14 de de diciembre de 2011 por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2; ya en dicha ponencia había destacado que mi opinión cabalgaba sobre territorios comunes con el criterio recogido por diversas Salas de la Cámara Federal de Casación Penal (causas n° 10.923 “Paván, Natalia Soledad y otra”, Sala III, 13/10/09; n° 10.647 “Mastroberti, Paula Soledad y Mastroberti, María Fernanda”, Sala I, 5/3/09, entre otras) en cuanto sostienen que a partir del fallo “Norverto”, tácitamente, se ha derogado el impedimento legal del que venimos hablando.
Sentado ello, y de manera preliminar, resulta atinado acudir al relevamiento efectuado por Almeyra (Tratado Jurisprudencial y Doctrinario. Derecho Penal. Parte General . T. I Volumen I pags.555/ 641) quien, en su enjundiosa obra, recopila diversos pronunciamientos consagrados por sendas colegiaturas – nacionales y provinciales – que se han afiliado en la doctrina de Norverto, por la cual, para este tipo de delitos, se accede a la concesión del beneficio impetrado ( conf. C.N.C.P., sala III, “Caruso, Tamara” rta. 19/5/2009; C.C.C., sala V, ” B.M ” rta. 21/10/2009, fallo publicado en La Ley Online; Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, sala III, ” Bolo, Marta Liliana ” rta. 13/05/2005, fallo publicado en La Ley Online; C Apelaciones y Garantías de Junín ” Trapaga, María Carolina ” rta. LLBA, 2010-188;Superior Tribunal del Chaco, sala II en lo Criminal y Correccional ” Rojas, Omar R ” rta.24/11/2005, fallo publicado en La Ley Online; Superior Tribunal de Córdoba, sala penal,”Fernández, Sergio ” LLCA 2008-519; C.C.C, Río Tercero, sala unipersonal, ” Ferrero, Delvis ” rta. 25/8/2003 LLC, 2002-1237; Superior Tribunal de Jujuy “Ali, Manuel E. ” rta. 6/10/2004 LLNOA 2005-309; Cámara de Apelaciones y Garantías de Río Grande, sala penal, Vilches, Andrés ” rta. 19/8/2004, entre muchos otros).-
De esa constelación de pronunciamientos se desprende que la interpretación que se impone para estos supuestos es aquella que no considera un obstáculo a la procedencia de la suspensión del juicio a prueba que el delito de que se trate tenga prevista pena de inhabilitación, a menos que lo sea en la modalidad absoluta (C.F.C.P., sala IV, causa 14207 “Barroso, Ramón Valentín” rta. el 18/4/2012; voto del juez Hornos)
La interpretación progresiva – cultivada en función de la doctrina conglobada que dimana de los precedentes “Acosta” y “Norverto” – permite edificar sustanciales criterios interpretativos remarcados por la Corte Federal entre los cuales adquiere particular relevancia el propósito de cuidar que la inteligencia que se le asigne a la ley no pueda llevar a la pérdida de un derecho, a la luz del principio constitucional de legalidad; por ello, a guisa de reiteración, es dable predicar en la especie la posibilidad de suspender el proceso a prueba en los casos en que la norma criminal contemple de manera alternativa la pena de prisión e inhabilitación , restringiendo su rechazo sólo a los supuestos en que la penalidad de inhabilitación sea en su modalidad absoluta o exclusiva (C.F.C.P. , sala VI causa 8400, “Arnaldi, Mariano s/recurso de casación ” rta. el 8/10/2008; causa 9839, “Claure, Lucia Isabel s/recurso de casación” rta. el 28/11/2008, votos del juez Hornos).
Recuérdese que cuando nuestro tribunal cimero abordó el precedente ” Norverto “, al remitirse en lo pertinente a lo predicado en “Acosta” importó trasladar la doctrina de este último a los supuestos del primero; de modo tal que la posibilidad de aplicar una pena de inhabilitación conjunta o alternativa a la principal no puede obstar a la concesión del beneficio de la probation (C.F.C.P. sala IV, causa 14.921 “Romero, Elizabeth” rta.3/8/2012, voto del juez Hornos).
Por esa banda es dable acudir, para este segmento, a dos pronunciamientos que dimanan de nuestro Supremo Tribunal de Garantías los cuales – si bien no se ha expedido en función de una mayoría consolidada sino que se ha manifestado por intermedio del sufragio disidente del Ministro Zaffaroni (1) – apontocó que la manda del artículo 76 bis no especifica, en torno a su viabilidad, que ella sea aplicada en su calidad de pena única o de pena accesoria; de allí que una interpretación literal de la norma resultaría irracional ya que permitiría la aplicación del instituto de la suspensión del juicio a prueba a quienes se les imputan delitos dolosos, los que en términos generales contemplan conductas de mayor nivel de gravedad, y la impediría en todos los casos de delitos culposos donde la producción del resultado, lejos de ser el querido por el autor, sobreviene por la violación de cuidado (CSJN, “Delillio, Karina Claudia s/recurso de hecho”, S411. XLIV, causa 8260, rta. 3/8/2010; causa 7862 R. 193 XLIV Rosemblatt, Víctor s/Recurso de hecho rta. 24/82010; conf. C.F.C.P., sala II, 15.288 ” Montero, Olga ” rta. 19/79/2012, voto de la juez Figueroa).
Necesario es recordar que en ambos casos el Alto Tribunal resolvió, por mayoría, rechazar por inadmisible el remedio federal intentado, con apoyo en el artículo 280 de la ordenanza procesal civil. Por ello, entiendo que no es posible derivar una conclusión unívoca respecto de la doctrina emergente de tales precedentes puesto que lo Corte no efectuó – ni siquiera tácitamente – análisis alguno que permita inferir un cambio de criterio respecto de los prcedentes ” Acosta ” y “Norverto”. Ningún indicio hay que el rechazo no pueda haberse fundado en defectos formales de sendas presentaciones recursivas. Tal ambigüedad, entiendo, imposibilita fundamentar una toma de postura en uno u otro sentido (C.F.C.P., sala IV, causa 14.756 “D Alessandro, Verónica H.” rta. 2/3/2012, voto del juez Hornos).
De allí que la mejor doctrina haya profetizado que la exclusión de la suspensión del proceso a prueba con pena de inhabilitación debe ser interpretada como referida exclusivamente con esa clase pena. Esto se explica porque los delitos que tienen pena carcelaria e inhabilitación no podrían estar legítimamente excluidos del régimen de la suspensión del proceso a prueba debido a la pena de menor gravedad. Si se admite la suspensión de penas para caso más graves no es razonable entender excluidos de ese régimen a esos mismos casos pero en razón de la penas más leves que la acompañan (Vitale, Gustavo L “Suspensión del proceso penal a prueba” pág. 182 Del Puerto Bs. As. 2010)
Es cierto que muchos delitos culposos revisten una enorme importancia criminológica y suelen adquirir una significativa gravedad. Sin embargo, la exclusión de la pena de inhabilitación resulta irrazonable pues no existe razón valida alguna que explique la obligación legal de continuar el trámite del proceso penal sólo por estar en juego una pena mucho más leve que aquélla cuya aplicación se pretende evitar con el instituto (Vitale, Gustavo L ” Suspensión del proceso penal a prueba ” pág. 191 Del Puerto Bs. As. 2010).
El principio constitucional de racionalidad de los actos de gobierno (art. 1 C.N.) impone que los imputados de los delitos reprimidos con penas más leves no sean tratados de un modo más severo que aquellos a quienes se atribuyen delitos sancionados con pena de mayor gravedad. Una elemental existencia de racionalidad lleva a que a menor gravedad del delito imputado corresponda un trato penal menos severo (Vitale, Gustavo L ” Suspensión del proceso penal a prueba ” pág. 191 Del Puerto Bs. As. 2010).
Así las cosas, a modo de ejemplo, la posibilidad de acceder al criterio de oportunidad que vengo despuntado en delitos contra la vida de carácter doloso – tales como el homicidio en estado de emoción violenta, el homicidio preterintencional o el homicidio en riña – y no consagrarlo para la comisión de un posible homicidio culposo – donde la calidad de la infracción reposa en la violación de un deber de cuidado – se sustenta en una alternativa que no se amolda a los dictados de la lógica.
Lleva la razón Alagia (“Probation y pena de inhabilitación ” en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal Ad Hoc Bs. As. 1997 año 3 N° 7) y gran parte de la doctrina (Bruzzone, Gustavo ” Probation: El plenario Kosuta de la Cámara Nacional de Casación Penal o el triunfo de la tesis restritiva (de la libertad)” LA LEY, 1999-B, 828; Romero Villanueva, Horacio ” La suspensión del proceso a prueba ¿Una oportunidad perdida? ” J.A. 1999-III- 630; Tamini, Adolfo – Freedlan Lopez Lecube, Alejandro ” La probation y la suspensión del juicio a prueba. Comentarios a la ley 24.316 pág. 3 LA LEY, 1994-D, 854; Chaira Díaz, Carlos Alberto – Grisetti, Ricardo – Obligado, Daniel Horacio ” La acción procesal penal. El rol del Ministerio Público Fiscal y las víctimas en el debido proceso ” págs 335/338 La Ley Bs. As 2012 ) al propiciar el acceso al beneficio ya que los delitos dolosos que alcanza la pena de inhabilitación se tratan de injustos menos relevantes considerados desde la reacción punitiva al excluirse la pena más grave , es decir, la prisión, no debiéndose admitir el impedimento so pena de incurrir en una falta de racionalidad en la decisión que ocurre cuando se suspende el juicio en delitos reprimidos con privación de la libertad.
Por ese andarivel, no resulta ocioso recoger un pronunciamiento del Superior Tribunal de Entre Ríos (causa “Comparin, Daniel ” rta. 4/6/1997 fallo publicado en LL litoral 1997,1109 cita on line AR/JUR/2012/1997) en cuanto predicó que hay una suerte de escalón punitivo en el artículo 5 del Código Penal, de menor a mayor, donde la más importante pena es la de reclusión – excluida la condena condicional del artículo 26 del mismo cuerpo legal sustantivo – y la de menos resulta ser la inhabilitación. No obstante, el artículo 76 bis incorporado por la ley 24.316/94 incluye dentro de la posibilidad de la probation a quien fuera imputado de un delito de acción pública reprimido con sanción de reclusión o prisión mientras excluye de la suspensión a los ilícitos castigados con sanción de inhabilitación. Esto obliga a recurrir al método sistemático teleológico para obtener los verdaderos alcances del texto literal en examen, evitando la consagración de situaciones irrazonables, inequitativas y desigualitarias a consecuencia de un positivismo arcaico en perjuicio del acusado.
Resulta irrazonable –prosigue esa colegiatura- pensar que la llamada probation no alcance a los delitos de pena privativa de la libertad (reclusión o prisión conjunta con la de inhabilitación como acaece en el artículo 84 del Código Penal) porque sería entonces la sanción menor la que determina la exclusión, cuando aquéllas mayores la permiten en otros ilícitos más graves. Precisamente por esto ha sido distinta la solución en el supuesto de ser la multa pena conjunta o alternativa (párrafo quinto del artículo 76 del Código Penal) y es tan ilógico no extenderla también a la inhabilitación que seguramente muchos imputados se verán obligados a presentar su caso como intencional para poder alcanzar la suspensión, que les estaría objetivamente vedada si aquéllas no fueren queridas. El simple enunciado de semejante consecuencias nos alerta sobre el despropósito e irrazonabilidad consecuente de una interpretación literal y sin distinciones del artículo 76 del Código Penal (Superior Tribunal de Entre Ríos causa “Comparin, Daniel” rta. 4/6/1997 fallo publicado en LL litoral 1997, 1109 cita on line AR/JUR/2012/1997).
No cabe duda que la paupérrima técnica legislativa no define decididamente el problema de la pena de inhabilitación (Chaira Díaz, Carlos Alberto – Grisetti, Ricardo – Obligado, Daniel Horacio” La acción procesal penal. El rol del Ministerio Público Fiscal y las víctimas en el debido proceso” pás 335/338 La Ley Bs. As 2012).
Me permito traer a colación un interrogante planteado por Bruzzone (Probation: El plenario “Kosuta” de la Cámara Nacional de Casación Penal o el triunfo de la tesis restrictiva (de la libertad) LA LEY, 1999-E, 828: ¿no será que el legislador, en este caso, deliberadamente, sancionó una norma imperfecta por contradictoria e indeterminada para generar el efecto que generó pero no quiso asumir el costo, frente al reclamo social de mayor represión, de ser tildado de blando y, así achacarle esa responsabilidad a los miembros del Poder Judicial?
Por fuera que no es sencillo encontrar una respuesta a tal interrogante –ni la tengo tampoco- estimo que lo jurídica que dimana de la edificación de la norma no puede desembocar, en un estado republicano, en una construcción que perjudique a quien resiste la persecución criminal desentrañando la ley en el binomio que alcanza a la pena de inhabilitación como pena única o conjunta.
En este punto, es dable señalar que el propósito de armonización de los preceptos de la ley no pueden ser obviado por los jueces con motivo de posibles imperfecciones técnicas en la redacción del texto legal, las que deben ser superadas en procura de una aplicación racional (C.S.J.N. Fallos 310:940; 312:802). Dicha aplicación racional del texto legal debe hacerse cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la perdida de un derecho (C.S.J.N, Fallos 310:937; 312:1484; Ledesma, Guillermo “Principio pro homine y otros criterios de interpretación” LA LEY, 2008-E, 1034)
Estoy persuadido que, para despejar la oscuridad que vengo despuntado, evitando que se consagren diferencias axiales incompatible con el debido servicio de justicia y extender de manera ensanchada la consagración de un instituto superador del escollo penal, debe acudirse, sin duda, al principio “pro homine” el cual es prístino en consagrar que nuestro programa constitucional nos conduce a acudir a una interpretación lo más amplia posible cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, restringir aquélla cuando limiten su ejercicio (Díaz Canton, Fernando “Principio pro homine” y suspensión del juicio a prueba “en Jurisprudencia Penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, T. 6, págs. 189/190 Hammurabi Bs. As. 2009).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha preocupado en subrayar que entre varias opciones para alcanzar un objetivo debe escogerse aquella que restringa en menor escala el derecho protegido (C.I.D.H. Opinión Consultiva OC 5/85 del 13 de noviembre de 1985, Serie A, n° 546, párrafo 46; Pinto, Mónica “Temas de derechos humanos” pág. 98 Del Puerto Bs. As. 2009)
La propia Corte Federal, ha recogido al mismo en el reiteradamente mencionado precedente ” Acosta ” en el que ha profetizado respecto de la conveniencia de priorizar una exégesis restrictiva dentro del límite semántico del texto legal, en consonancia con el principio político criminal que caracteriza al derecho penal como la ultima ratio del ordenamiento jurídico, y con el principio pro homine que impone privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal.
Infiero entonces que la forma más sosegada de consagrar un derecho que le viene al imputado por mandato en consonancia – con el precedente señalado y el principio aludido – es despuntar que la imposibilidad para conceder la suspensión del juicio a prueba – ante la aparición de la pena de inhabilitación – sólo puede tener vigencia cuando se trate de pena principal o en su modalidad absoluta más no cuando se encuentra regulada como alternativa o conjunta.-
Desde ese espigón, finalizo el presente tópico destacando – en abono del enfoque suministrado por mi distinguido colega – que la norma sancionada por el parlamento, en lo lindante a los alcances que abraza la consagración del instituto para los casos de pena de inhabilitación lejos esta de ser cristalina. Por el contrario, la dilogía con que se encuentra abrazada es tan prístina que ha germinado en una prolífica familia de interpretaciones.
No es ocioso retornar, en este aspecto, al excelso estudio efectuado por Almeyra y que ya fuera consignado en este desarrollo donde ese reconocido jurista recopilara un universo de pronunciamientos que consagrados por diversos órganos de nuestra nación a lo largo y a lo ancho de la misma donde, precisamente, se ha otorgado en beneficio que hoy se impetra en circunstancias análogas a la presente.
Ahora bien, delineada como se encuentra la cuestión he de penetrar en la latitud de la posible reacción penal.
Por fuera de la diversidad de razones explicadas, lo cierto es que la penalidad con la que la ley reprime el injusto en trato permite estimar, sin lugar a dudas, que la posible admonición que pudiera recalar en la presente causa podría ser de suspendido cumplimiento.
Desde esa senda, colijo que ante la posibilidad cierta de que el encartada pueda ser pasible de una condena de ejecución condicional, la propia ley sustantiva nos inclina a aplicar el instituto que vengo despuntando de manera ensanchada.
Existe una relación simbiótica entre penalidad de ejecución condicional y suspensión del juicio a prueba. Estoy persuadido de que ambas se encuentran unidas como el valle a la montaña; a partir que se gesta la posibilidad en el imputado de que pueda ser condenado condicionalmente nace, para el mismo, un derecho que germina del marco normativo en vigor que es, justamente, de que su proceso se detenga al sol de un criterio de oportunidad (conf. Zaffaroni, Eugenio Raul – Alagia, Alejandro – Slokar, Alejandro “ob cit” pág. 928) el cual sólo puede verse ausente en casos de excepción y mediante una apreciación restrictiva de los motivos que lleven a no acceder a su concesión.
Pero el proceso volitivo o gnoseológico enderezado a determinar cuales sucesos son graves o no y cuales pueden ser alcanzados o alejados del instituto en trato, sin duda, se superpone con una decisión de neto corte de política criminal (conf. Zaffaroni, Eugenio Raúl – Alagia, Alejandro – Slokar, Alejandro “ob cit ” pág. 928).
No debe perderse de vista, ni por un instante, que no son los jueces los encargados de delinear la política criminal estadual la cual cobija valores sensibles y preciados para una sociedad.
De manera invertida, a poco que se analice el programa constitucional, me permito inferir, que la construcción de la política criminal ha sido conferida al parlamento nacional siendo este órgano el que posee una aptitud específica para fijar o trazar sus grandes lineamientos.
El acierto o el error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que el poder judicial quepa pronunciarse ( ” Cook Carlos Alberto Vocal Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay s/amparo, Fallos 313 : 410; C.N.C.P. sala II, causa 2845 ” Carnovali, Alfredo ” rta. 23/11/2000, voto del juez David).
Lleva dicho la Sala II del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires (causa 41.017 ” Pagnotta, Juan José y otros ” rta. 13/12/2011, voto del juez Mahiques con cita de Fallos 257:127; 293:163; 300: 642; 301:341) que el único juicio que corresponde emitir a los tribunales es el referente a la constitucionalidad de las leyes a fin de discernir si existe restricción del los principios consagrados en la Carta Fundamental; sin inmiscuirse en el examen de la oportunidad, conveniencia acierto o eficacia del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones.
La interrelación entre la norma y la decisión concreta del juez no puede conducir a que se ignoren los criterios legislativos generales excepto en el caso que lesionen garantías fundamentales reconocidas en la Constitución Nacional o en los tratados internacionales en que la República es parte (C.N.C.P., sala II, causa 2845 ” Carnovali, Alfredo ” rta. 23/11/2000, voto del juez David)
Se trata pues, de las llamadas cuestiones o actos políticos propios de los poderes del Estado – Legislativo y Ejecutivo – y que por tanto no son justiciables por ser actos discrecionales de aquéllos. Sostener que todos los actos o cuestiones – aun las políticas – son justiciables sería establecer el gobierno de los jueces, cosa inaceptable para el sistema republicano que nos rigen (C.F.C.P., sala II, causa 14.288 ” Ortuño Saavedra, Fabiana Nair s/recurso de casación ” rta. 18/5/2012; voto de la juez Figueroa).
Si tomamos como factor de empalme que ha sido el propio legislador – aun denotando un déficit de técnica legislativa – el que ha consagrado la aplicación de la emergencia en trato para los supuestos de penas de suspendido cumplimiento, resultaría paradojal que los magistrados se alzaran contra las disposiciones consagradas por los representantes del pueblo y de las provincias, cuando éstas no atesoren una confrontación manifiesta e insalvable con la Carta Suprema o aparezcan extremos fácticos – apreciados de manera limitativa – que conspiren contra el otorgamiento del beneficio.
Creo que es una labor privativa de los jueces canalizar sus esfuerzos en aras de bucear acabadamente en las cuestiones dogmáticas siendo ajeno a los mismos bucear respecto de la simiente que tuvo el legislador al escoger un lineamiento específico de política criminal.
Lo expuesto barrunta a considerar que si el propio legislador – aun anidando una pésima técnica legislativa – ha querido consagrar, en situaciones superpuestas a la presente, la posibilidad de adoptar el criterio de oportunidad que vengo desbrozando sería una extralimitación de la función jurisdiccional contradecir o limitar los postulados de aquélla, cuando no median en autos circunstancias obsten la aplicación de dicho instituto.
No me pasa desapercibido, ciertamente, que por fuera de la escala penal aplicable, con los alcances ya explicados en los apartados anteriores, el pretenso al beneficio carece de antecedentes criminales, posee un arraigo definido y no se observan, a priori, circunstancias que permitan avizorar que el mismo vaya a incumplir las obligaciones extremo que, en mi modo de ver las cosas, alienta que suspenda el juicio a prueba.
El Dr. Becerra dijo:
Sellada ya la suerte del acuerdo como consecuencia de las posturas adoptadas por mis distinguidos colegas en favor de la concesión de la suspensión del juicio a prueba respecto de Mauro Alberto González, he de volcar unas breves consideraciones en aval del rechazo que he de sostener en relación con la aplicación de dicho instituto en el presente caso.
Es cierto que la imputación que ha recaído sobre el encausado, a la luz de la escala punitiva resultante, lo establecido en el artículo 26 del Código Penal y la doctrina emanada del fallo “Acosta” (Fallos 331:858), del 23/4/08 de la CSJN, permitiría inclinarse por la postura mayoritaria en la medida en que, a la luz de las circunstancias del caso, la eventual pena que pudiera recaer en la causa podría ser dejada en suspenso. A ello se suma que el ofrecimiento de reparación económica, que ha sido aceptado por la esposa de la víctima, resulta, en principio, razonable.
Empero, el mismo artículo veda la procedencia de la “probation” en supuestos como el presente en que está prevista también pena de inhabilitación (ver, al respecto, lo establecido en el artículo 84 del Código Penal).
Si bien es cierto que el suscripto ha aceptado la aplicación del instituto en casos en que la inhabilitación estaba prevista como pena conjunta, ello ha tenido lugar en supuestos distintos del presente. Es que, tal como lo dijera en los autos nros. 2943 “Lombardo, Luis Alejandro”, resueltos el 29/10/08, y 3313 “Pirosanto, Elizabet Elena”, del 1/6/10, en oportunidad de subrogar en el TOC 4, “…la exclusión del instituto cuando esté prevista tal tipo de sanción surge como voluntad del legislador sólo para…supuestos en los que…se trate de actividades reglamentadas por el Estado relativas al desempeño de determinadas profesiones, oficios o funciones”. Se trata entonces en el presente caso de supuestos en los que, según entiendo “…existe un especial interés del Estado en esclarecer la responsabilidad del imputado, para adoptar prevenciones al respecto” (conforme exposición del Diputado Antonio M. Hernández, Antecedentes Parlamentarios de la ley 24.316, La Ley 1994, n° 2, pág. 40).
Tales los motivos en los que baso mi disidencia, a lo que cabe agregar que no es cierto que la CSJN, en los autos “Norverto, Jorge Braulio s/infracción artículo 302 del CP” (N.326 XLI) haya dictado doctrina en el sentido de que tal tipo de pena no resulta óbice para la concesión del instituto, como fuera interpretado, cabe reconocer, por distintas salas de la Cámara Nacional de Casación Penal (Sala I, causa 10647 “Mastroberti, Paula Soledad y otra s/recurso de casación”, rta. el 5/3/09; Sala III en autos 10923 “Pavan, Natalia Soledad y otro s/recurso de casación”, rta. el 13/10/09; y Sala IV en causa n° 11503 “De Gaetano, Sebastián Alejandro s/recurso de casación”, rta. el 15/2/10). Como ya lo he sostenido (causa n° 3038 “Saavedra, Raúl Luis”, del 11/11/09), la resolución que recayera en aquellos autos no incluyó la cuestión entre los agravios a tratar, sin perjuicio de que se aprecia un criterio generalizado en la dirección contraria, a la luz de la doctrina emanada de “Acosta”, que exige respetar el principio “pro homine” que impone privilegiar la interpretación que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal.
Esta última doctrina, empero, no alcanza para variar aquel criterio de orden normativo que expusiera y que, como adelanté, impide se acceda al beneficio impetrado en casos como el presente.
El criterio que dejo expuesto ha sido, por lo demás, volcado en distintas ocasiones. Para citar algunas, cabe aludir a los autos 10291 “Galván, Norma Beatriz s/recurso de casación”, de la Sala II de la CNCP, resueltos el 30/8/10, en tanto, con razón, se sostuvo que la normativa en cuestión no adolece de problemas de interpretación literal y tampoco “…se demuestra ningún problema de inconsecuencia sistemática, sino que en verdad, se persigue justificar una interpretación restrictiva sobre la base de valoraciones del tribunal acerca del alcance que debería tener el instituto de la suspensión del juicio a prueba”. No se advierten, se dijo, lagunas normativas que podrían legitimar acudir “…a la indagación de los antecedentes y discusión parlamentaria…”. Critica el fallo que se recurra a los antecedentes parlamentarios no para confirmar el sentido objetivo del texto sino para arribar a una interpretación que directamente establece excepciones no expresas.
Interesante resulta hacer referencia a dicha sentencia en relación con la interpretación que efectúa del fallo “Norverto” en la misma línea que he venido sosteniendo. Es que allí se señala que ya la Sala había descartado que allí la CSJN hubiera sentado doctrina en algún sentido sobre el tópico. En tal dirección se citaron los autos 11334 “Balenzuela, Graciela Susana s/recurso de casación” (rta. el 17/9/2009, Reg. 15.155) en los que el Tribunal sostuvo que “…ni de modo expreso en el caso ‘Norverto’, ni por remisión al caso ‘Acosta’ resuelto en la misma fecha, se ha abordado de ningún modo el alcance del último párrafo del art. 76 bis C.P. A esta conclusión concurre el lenguaje utilizado por la Corte, que declaró que lo decidido en ‘Acosta’ se aplicaba al caso ‘Norverto’ ‘en lo pertinente’. En esos términos, cabe entender que la Corte no ha decidido ninguna cuestión de derecho común como lo es la del alcance del último párrafo, 76 bis C.P., y que la revocación y reenvío debe entenderse en el sentido de que los tribunales de la causa debían pronunciarse sobre ese alcance, contestando las pretensiones del recurrente”, para agregar que “…la Corte no sólo no ha derogado ningún óbice legal, y no podría hacerlo porque el art. 116 C.N. no le da tal poder abrogatorio; tampoco ha sentado una clara doctrina en el sentido de (las) pretensiones (de la defensa), que debiese ser seguida por los tribunales inferiores, en términos de leal acatamiento de sus fallos”.
Ha de hacerse notar que la misma Sala, ahora integrada por tres jueces distintos, falló de similar manera recientemente (causa 14572 “Montiel, Atanasio s/recurso de casación”, rta. el 10/11/2011). Así, la preopinante Dra. Catucci sostuvo que, efectivamente, en “Norverto”, fallo en el que se trataba la cuestión en relación con un delito que prevé pena de inhabilitación en forma conjunta con la de prisión y que se remitiera, como se dijo, a “Acosta”, no había dicho que aquel tipo de sanción no fuera un obstáculo para la concesión del instituto. Luego de aludir a la mención que hiciera la Corte sobre que la remisión lo era “en lo referente”, concluye que la única solución posible es la plena vigente del plenario “Kosuta” en dicho aspecto, para lo cual hace referencia a dos fallos del Alto Tribunal (“Delillo, Karina Clausia s/causa 8260”, D. 411, XLIV, y “Magisano, Carlos Alberto s/causa n° 8175”, ambos resueltos el 3/8/10) en los que el “…fundamento de la imposibilidad del beneficio radicaba en que el delito en cuestión preveía en forma conjunta una pena de inhabilitación”, por lo que se aplicó el artículo 280 del CPCyC, con la única disidencia del Dr. Zafaroni. Y ello, a pesar de la opinión del Procurador que entendió que los recursos en ambas causas debían declararse procedentes y dejarse sin efecto las sentencias recurridas.
Por último, el voto, que contó con la adhesión de los Dres. Slokar y David, puntualiza que, aun cuando se interpretara, a modo de hipótesis, que la CSJN hubiera querido extender al caso la llamada “tesis amplia”, de manera alguna podría interpretarse esa decisión como “doctrina”, habida cuenta que, contrariamente a lo que ocurre en el presente supuesto, ésta debe ser entendida “…como una ‘reiterada aplicación…durante un dilatado espacio de tiempo’ de determinada posición, que le confiere generalidad, requisito sin el cual ‘los fallos están referidos tan sólo a la causa en que fueron dictados’” (Julio Oyhanarte, “Recopilación de sus obras”, La Ley, Buenos Aires, 2001, pág. 743).
Por lo demás, tampoco coincido con el criterio sustentado en el voto que antecede acerca de que la opinión favorable del Fiscal obliga por sí misma al Tribunal a acceder a la concesión del instituto. Es que la letra de la ley es absolutamente clara cuando señala (artículo 76 bis del Código Penal, párrafo cuarto) que si “…las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimento de la condena aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal, el tribunal podrá suspender la realización del juicio”. El texto indica sin margen de duda que la oposición del Ministerio Público veda la decisión favorable, tal como se ha sostenido reiteradamente (causas n° 11.553 “Centeno, Miguel s/recurso de casación”, de la Sala II de la CNCP, rta. el 15/2/10 y n° 13931 “Tejerina, Fabián s/recurso de casación”, de la Sala I de la CNCP, del 7/12/10, entre otras), mientras que para el caso contrario el tribunal se encuentra facultado a no seguir su criterio.
Por lo expuesto el Tribunal: resuelve:
I.- Suspender el juicio a prueba por el término de tres años, respecto de Mauro Alberto González (art. 76 bis y 76 ter del Código Penal).
II.- Imponer a Mauro Alberto González, por el término de tres años y como condición de la suspensión, las obligaciones de: fijar residencia, someterse al control del Patronato, realizar tareas comunitarias, a razón de ocho horas mensuales, en la Asociación “Los Bomberos de Bernal”, sita en la calle Dardo Rocha 280, de la citada localidad (tel.: 4252-2222), o en caso de no resultar posible, en el lugar donde el Sr. Juez de Ejecución estime corresponder; e inhabilitar para manejar transporte público y hacer entrega de su registro profesional a este Tribunal (art. 27 bis, incs. 1° y 8° y párrafo 2do. del Código Penal).
III.- Hacer saber a la Comisión Nacional de la Regulación del Transporte (C.N.R.T.), lo aquí resuelto (art. 27 bis, párrafo 2do. del C.P.).-
IV.- Declarar razonable la suma ofrecida de mil pesos ($1000) a la damnificada, en diez cuotas iguales y consecutivas de cien pesos cada una, debiendo abonarse la primera, al día siguiente de quedar firme esta resolución y las subsiguientes cada treinta días.
V.- Citar a Mauro Alberto González, para el día 19 del corriente mes y año, a fin de notificarse personalmente y por secretaría, de la presente resolución, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de revocar el beneficio concedido.-
Notifíquese, regístrese, comuníquese, dése intervención al Sr. Juez de Ejecución que por sorteo corresponda y oportunamente resérvense las actuaciones en Secretaría. — Bustelo. — Báez. — Becerra.
Etiquetado con → homicidio • homicidio culposo • pena accesoria • pena de inhabilitacion • probation • procedimiento penal