Source: https://es.scribd.com/document/66551352/Peru-Informe-Alternativo-sobre-el-cumplimiento-del-Convenio-169-de-la-OIT-2011
Timestamp: 2018-10-15 08:04:53
Document Index: 201011205

Matched Legal Cases: ['in fine', 'artículo 8', 'artículo 8', 'Artículo 8', 'artículo 6', 'Artículo 8', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 10', 'artículo 5', 'artículo 5', 'Artículo 2', 'Artículo 33', 'artículo 4', 'artículo 17', 'artículo 2', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 14', 'artículo 17', 'artículo 2', 'artículo 89', 'artículo 4', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 286', 'artículo 305', 'artículo 304', 'artículo 306', 'artículo 313', 'artículo 6', 'artículo 5']

Informe Alternativo sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT en el Perú - 2011
Perú: Informe Alternativo sobre el cumplimiento de...
Perú: Informe AlternAtIvo 2011 Sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT Elaborado por: Organizaciones Indígenas y de la Sociedad Civil Presentado por: Confederación General de Trabajadores del Perú-CGTP Fotos de portada: Graham Gordon Diseño e impresión: Sonimágenes del Perú S.C.R.L Av. 6 de agosto 968, Jesús María. Lima Teléfono: 652 3444 / 652 3445 Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2011-10914 Lima – Perú Setiembre 2011
PReSeNTACIóN...................................................................................................................5 1. HOJA De RuTA ............................................................................................................10 2. TeRRITORIO .................................................................................................................13 2.1 Minería ...................................................................................................................13 2.1.1 Otorgamiento de concesiones ....................................................................13 2.1.2 Pasivos ambientales.....................................................................................16 2.1.3 Aprobación de estudios de Impacto Ambiental (eIA)....................................17 2.2 Hidrocarburos ........................................................................................................18 2.3 Centrales Hidroeléctricas ........................................................................................23 2.3.1 Acuerdo energético Perú-Brasil ...................................................................23 2.3.2 Central Hidroeléctrica Inambari ..................................................................23 2.3.3 Centrales Hidroeléctrica en el Marañón ......................................................24 2.4 Pueblos Indígenas Aislados .....................................................................................24 3. CONSuLTA ...................................................................................................................26 4. INSTITuCIONALIDAD..................................................................................................30 5. CRIMINALIzACIóN De LOS PueBLOS INDíGeNAS ...................................................34 6. SALuD ...........................................................................................................................41 7. eDuCACIóN ................................................................................................................44 8. SeGuRIDAD y SOBeRANíA ALIMeNTARIA ..................................................................48 9. CASOS eMBLeMáTICOS...............................................................................................51 9.1 Majes Siguas ...........................................................................................................51 9.2 Centrales Hidroeléctricas de Pakitzapango y Tambo 40 ............................................53 9.3 ecoamérica .............................................................................................................55 9.4 Compañía Minera Caudalosa .................................................................................57 9.5 Reserva Territorial del estado a favor de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial Kugapakori, Nahua y Nanti, y pueblo indígena aislado Cacataibo ...................................................................................................61 ReCOMeNDACIONeS .......................................................................................................66
 Organizaciones involucradas en la elaboración del Informe Alternativo Perú-2011
el presente Informe ha sido elaborado gracias a la colaboración de Oxfam América y el aporte de las siguientes organizaciones indígenas e instituciones de la sociedad civil1, quienes lo suscriben: •	Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana–AIDeSeP •	Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería– CONACAMI •	Confederación Nacional Agraria–CNA •	Confederación Campesina del Perú–CCP •	Central Asháninka del Río ene–CARe •	Asociación Paz y esperanza •	Asociación Pro Derechos Humanos–APRODeH •	Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica–CAAAP •	CooperAcción •	Coordinadora Nacional de Derechos Humanos–CNDH •	Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas •	Derecho, Ambiente y Recursos Naturales–DAR •	Fundación ecuménica para el Desarrollo y la Paz–FeDePAz •	Instituto de Defensa Legal–IDL •	Instituto del Bien Común–IBC •	Servicios en Comunicación Intercultural–SeRVINDI
Las ONG que participaron en la elaboración del Informe forman parte del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
este es el cuarto año consecutivo en el que las organizaciones indígenas amazónicas y andinas del Perú, con el apoyo de diversas instituciones de la sociedad civil y el respaldo de la Confederación General de Trabajadores del Perú-CGTP elaboramos un Informe , que actualiza al 15 de julio del 2011, la situación del cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo-OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. el primer Informe alternativo, presentado el 2008, dio lugar a que la Comisión de expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT-CeACR alcance sus observaciones al estado peruano y lo invite a que responda de manera detallada sus comentarios el 2009. A partir de allí, los informes alternativos 2009 y 2010 han incluido aportes respecto de las mencionadas observaciones. estos nuevos aportes han sido recogidos por la CeACR, reiterando su invitación al estado peruano para que responda los comentarios el 2010 y 2011; respectivamente. el documento “Situación del cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en el países independientes, Informe Alternativo Perú” se elabora paralelamente a la memoria que presenta el estado peruano a la OIT. Tiene por finalidad: i) Brindar elementos de análisis a la OIT sobre la situación de los pueblos indígenas en el Perú y el respeto a nuestros derechos desde la perspectiva de las mismas organizaciones indígenas y organizaciones de la sociedad civil, además de pedir su intervención; ii) Denunciar el incumplimiento del estado peruano del Convenio 169/OIT en torno a los derechos que garantiza; iii) Ofrecer propuestas concertadas al estado peruano para la implementación de políticas públicas que respeten los derechos de los pueblos indígenas; y, iv) Servir como instrumento de información e incidencia a nivel local, regional y nacional. Cabe señalar que los informes alternativos se ponen en conocimiento del estado peruano para que se tomen en cuenta al momento de elaborar su memoria. en esta oportunidad nos interesa resaltar que, a dieciséis años de vigencia del Convenio 169/OIT en el Perú; y, muy a pesar de los esfuerzos realizados para hacer respetar sus derechos, no se han llevado a cabo cambios estructurales y es poco significativo lo avanzado a favor de los pueblos indígenas. Destacando incluso, violaciones contra la integridad física y cultural de nuestros pueblos. en tal sentido, es importante hacer un balance del gobierno presidido por Alan García Pérez (2006-2011) que está por culminar. Al concluir el mandato presidencial de Alejandro Toledo (2006), la Defensoría del PuebloDP presentó su vigésimo noveno reporte sobre conflictos sociales entre población, autoridades de diferentes entidades públicas y empresas, con información actualizada al 31 de julio de 2006, dando cuenta de 84 conflictos a nivel nacional, de los cuales ocho permanecían activos (10%), 74 se encontraban en estado latente (88%) y dos fueron resueltos (2%)2. en el mismo sentido, hasta el 31 de mayo del 2011 - a dos meses de concluir el gobierno de Alan García - la Defensoría del Pueblo presentó su octogésimo séptimo reporte sobre conflictos sociales dando cuenta de 227 conflictos sociales, de los cuales 142 se encuentran activos (63%) y 85 en estado latente (37%)3.
2 3 Disponible en: http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/conflictos_sociales29.pdf Disponible en: http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2011/Reporte-87-mayo-2011.pdf
Según Otra Mirada4, “el salto cuantitativo del número de conflictos sociales se da entre 2008 y 2009, cuando aumentó en más del 100% la cantidad de conflictos a nivel nacional. en tanto, desde 2009 en adelante, la cifra de conflictos activos duplica o triplica el número de conflictos latentes”5. Además, “en ese mismo lapso de tiempo, la presencia de conflictos socioambientales se cuadruplicó. Actualmente, el 51% de los conflictos reportados por la Defensoría del Pueblo son de este tipo”6. Veamos el siguiente cuadro: Evolución de los conflictos sociales durante el segundo gobierno de Alan García
N° de conflictos May-11 May-10 May-09 May-08 May-07 227 255 268 116 77 Activos 142 172 212 65 32 Latentes 85 83 56 51 45 Socio-ambientales (117) 51% (132) 51% (133) 50% (31) 48% (30) 39%
Fuente: Defensoría del Pueblo-DP Elaboración: Otra Mirada
Por su parte, el Poder ejecutivo implementó una unidad de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros-PCM que sólo se encarga de resolver conflictos relacionados con el ejecutivo, pero no incluye conflictos con gobiernos regionales o locales. No hay una acción articulada desde el gobierno que pueda prevenir los conflictos, sólo se actúa cuando ya estalló la crisis.7 Asimismo, cabe indicar que esta unidad no ha utilizado un enfoque intercultural, tampoco ha establecido un protocolo de prevención de conflictos con los pueblos indígenas, ni ha incorporado la cosmovisión indígena para desarrollar sus actividades. Consideramos que el gobierno de García ha sido adverso al cumplimiento del Convenio 169/OIT. Lo ocurrido en Bagua (junio 2009) nos dejó como lección que es necesario e impostergable un diálogo intercultural de buena fe antes de que el estado tome decisiones que pueda afectar a los pueblos indígenas. Luego de los lamentables sucesos y tras la conformación de las mesas de diálogo, se han emitido cuatro informes que han investigado los sucesos ocurridos. el Congreso ha aprobado uno, que no encuentra responsabilidad penal ni política en los representantes del ejecutivo que se encargaron del operativo de desalojo; asimismo, hasta el momento el Poder Judicial no ha sancionado a ninguno de los mandos policiales a cargo del mencionado operativo, ni se han establecido responsabilidades penales y políticas para los funcionarios que ordenaron el uso de la fuerza pública en Bagua. Cabe recordar que en el 2007 y 2008, el presidente García publicó tres artículos de opinión “el síndrome del perro del hortelano”, “Receta para acabar con el perro del hortelano” y “el perro del hortelano contra el pobre”. en ellos propone la puesta en valor de las tierras
4 5 6 7 “Otra Mirada” es una entidad sin fines de lucro que nace con su primer informe de análisis el 12 de febrero del 2009, tiene como propósito influir positivamente en el debate y la construcción de la agenda pública del país, mostrando un punto de vista alternativo al dominante en los últimos años. Ver: http://www.otramirada.pe/node/1 Informe N° 505, 11/07/2011. Disponible en: www.otramirada.com.pe Informe N° 505, 11/07/2011. Disponible en: www.otramirada.com.pe Disponible en: http://biznews.pe/noticias-empresariales-nacionales/estado-carece-estrategia-nacional-resolver-conflictos-sociales-afi y http://cendoc.cepes.org.pe/cendoc/node/109
“ociosas” ubicadas en los andes y la amazonía, otorgándolas a grandes inversionistas, sin tomar en cuenta la visión de desarrollo de los pueblos indígenas. Como ya señalamos, las políticas y medidas implementadas durante el gobierno de García no han generado ningún cambio estructural en el estado, ni en la situación de los pueblos, por el contrario, se ha implementado aceleradamente la política descrita en el “perro del hortelano” y el propio García ha exacerbado la discriminación racial entre peruanos con sus diversas declaraciones en los medios de comunicación. A fines del 2007, mediante la Ley N° 291578, el Congreso delegó al Poder ejecutivo la facultad de legislar sobre materias específicas para facilitar la implementación del TLC Perú–euA y su Protocolo de enmienda. Así, entre enero y junio del 2008, el ejecutivo aprobó 99 decretos legislativos de carácter general cuya materia y contenido no forma parte de los alcances del TLC. Dichos decretos contienen disposiciones que vulneran los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. el Congreso no ejerció su deber de control político. en agosto del 2008, se llevó a cabo el paro amazónico que logró la derogatoria de los DL 1015 y 10739. La medida se suspendió temporalmente hasta que la Comisión Multipartidaria encargada de estudiar y recomendar la solución a la problemática de los pueblos indígenas del Congreso emitiera su informe. en diciembre del 2008, la Comisión recomendó derogar diez decretos legislativos. Mientras tanto, el ejecutivo acordó crear una mesa de diálogo con las organizaciones indígenas que, en la práctica, fracasó. Después de esperar sin éxito la derogatoria de los decretos pendientes, en abril del 2009, se realizó un nuevo paro nacional. A pesar de que el Presidente del Congreso dio su palabra de debatir en el pleno el Informe de la Comisión Multipartidaria, esto nunca se dio, empeorando la situación. Además, el ejecutivo declaró en emergencia varios distritos localizados en regiones que acataron el paro. Todos los intentos de diálogo entre las organizaciones indígenas y los poderes del estado fracasaron. Como ya hemos informado el 5 de junio del 2009, la Policía Nacional cumplió órdenes de desalojar a los manifestantes que se encontraban en la zona denominada “Curva del Diablo” ubicada en la carretera que conduce a Bagua, región Amazonas. ello concluyó con un serie de violentos sucesos que dejaron 33 personas fallecidas (10 civiles y 23 policías) y una persona desaparecida. A pesar de que la situación empeoraba día a día, los representantes oficialistas y sus aliados en el Congreso no asumieron la responsabilidad de derogar los decretos sino, por el contrario, inventaron una figura jurídica de suspensión que exacerbó aún más los ánimos. Sin otra alternativa, ante la exigencia e indignación generalizada de la ciudadanía y la previsible radicalización de las protestas, recién el 18 de junio, los congresistas no tuvieron otra salida que derogar por los menos los dos decretos más cuestionados del paquete, los DL 1064 y 1090, a solicitud del ejecutivo. Por su parte, el ejecutivo constituyó el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos-GNC10 que integró a las organizaciones indígenas nacionales AIDeSeP y CONAP organizaciones indígenas regionales, representantes del gobierno , central11, de los gobiernos regionales amazónicos, de las iglesias y de la sociedad civil. el
8 Ley que delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre diversas materias relacionadas con la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos, y con el apoyo a la competitividad económica para su aprovechamiento. 9 Estos decretos legislativos reducían la mayoría necesaria para disponer de las tierras en las comunidades campesinas y nativas. 10 Mediante Resolución N° 117-2009-PCM Suprema del 10 de junio del 2009, se creó el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos a cargo de la formulación de un Plan integral de desarrollo sostenible para dichos pueblos, en los ámbitos de educación, salud, titulación, formalización de tierras y demás medidas necesarias. 11 Entre ellos de la Presidencia del Consejo de Ministros y de los ministerios del Ambiente, Agricultura, Energía y Minas, De la Mujer y Desarrollo Social, Salud, etc.
GNC conformó cuatro mesas de trabajo que se reunieron de manera independiente por más de seis meses. una de las mesas trabajó una propuesta legislativa sobre el Derecho a la Consulta. esta propuesta fue tomada como base para consolidar la “Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios” entre organizaciones campesinas y nativas que fue aprobada por el Congreso el 19 de mayo de 2010. No obstante, el ejecutivo bloqueó la promulgación de la citada ley. entre sus principales observaciones señala que: el C169/ OIT no prevé la obligación de consulta respecto de planes, programas y proyectos de desarrollo; la identificación de medidas administrativas y legislativas a consultar implica el riesgo de retrasar o detener el desarrollo del país; la definición de pueblos indígenas y originarios no se debe extender a la comunidad campesina andina y costeña; se establecía la consulta solo en comunidades tituladas de la amazonía; entre otras. Aún se espera la aprobación de la norma tal cual se aprobó en mayo del 2010 y que no se tomen en cuenta las observaciones planteadas por el ejecutivo, como expresamos en nuestro informe previo. Si bien, el Tribunal Constitucional-TC ha comenzado a desarrollar a nivel jurisprudencial el Derecho a la Consulta, ese desarrollo ha sido contradictorio y aún no se ve efectivizado en instrumentos concretos que incorporen lo establecido por el C169/ OIT. Al respecto, el TC emitió una sentencia sobre el expediente N° 05427-2009-PC/ TC, mediante la cual manifiesta que ninguno de los reglamentos emitidos en el sector energético minero ha logrado desarrollar idóneamente el derecho a la consulta previa en los términos establecidos por el C169/OIT. Por ello, se ordenó al Ministerio de energía y Minas- MINeM emitir un reglamento que desarrolle el derecho a la consulta de acuerdo al C169/OIT. es así que en mayo del 2011, mediante Decreto Supremo N° 023-2011-eM se aprobó el Reglamento del Procedimiento para la Aplicación del Derecho de Consulta a los Pueblos Indígenas para las Actividades Minero energéticas que establece como objetivo de la consulta a los pueblos indígenas llegar a un acuerdo; sin embargo, no asegura la realización de procesos de consulta durante el desarrollo de actividades de prospección y extracción de recursos naturales en territorios de los pueblos indígenas. en la práctica este reglamento no garantiza el derecho de consulta, pues no sigue los principios establecidos en el C169/OIT, tampoco fue consultado con las organizaciones indígenas, además de que su primera disposición transitoria señala que los procedimientos administrativos iniciados antes de la vigencia de la norma a los cuales excluye de consulta, se regirán por las disposiciones sobre participación ciudadana. De otro lado, es importante recordar que para llevar a cabo la promoción de las inversiones, en febrero del 2009, el ejecutivo presentó un proyecto de ley para modificar el artículo 8 de la Ley sobre los Desplazamientos Internos, Ley N° 2822312. esta propuesta vulnera los derechos de los pueblos indígenas al promover las inversiones a gran escala en territorios
12 RAMOS URRUTIA, Irene y otras. El Desplazamiento Forzado Interno: El caso de los proyectos de desarrollo. Programa Social Indígena de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR. Marzo 2010. Proyecto de Ley N° 3817/2009-PE, presentado el 4 de febrero del 2009 por el Presidente de la República. Propone la modificación del artículo 8° de la Ley 28223 incorporando en el texto el numeral 8.4: “Artículo 8° del Desplazamiento (...) 8.4. Si el desplazamiento se produjese a causa de proyectos de desarrollo en gran escala justificados por un interés público superior o primordial, la autoridad competente para autorizar dicho desplazamiento será el Titular del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social– MIMDES. Para tal efecto, tendrá en cuenta, además de lo preceptuado en los incisos anteriores del presente artículo, que el Titular del Sector del Estado afín a la actividad principal de dichos proyectos haya otorgado la calificación respectiva, para lo cual las entidades correspondientes adecuarán los procedimientos que fuesen necesarios, de manera que las solicitudes de calificación presentadas por los promotores o ejecutores de aquellos proyectos sean resueltas con la mayor celeridad posible. En el caso de desplazamiento de pobladores de comunidades nativas y campesinas, se cumplirá lo dispuesto por las normas nacionales e internacionales sobre la materia.
de los pueblos y, por ende su desplazamiento, cuando es deber del estado proteger a los pueblos del desplazamiento forzado. También, al establecer que se adecúen los procedimientos que fueren necesarios con la mayor celeridad, pues esto contravendría el derecho a la consulta que en este caso particular implicaría obtener el consentimiento de los pueblos afectados. es importante señalar que aumentaron los casos de criminalización de la protesta social; casi 2 mil dirigentes afrontan procesos por manifestarse en defensa de la naturaleza, el territorio y los derechos de las comunidades. Las investigaciones y juicios han recaído sobre los apus y dirigentes más notorios, quienes son víctimas de hostigamiento y persecución judicial. Son 103 los peruanos que han perdido la vida en más de 250 conflictos sociales durante el gobierno de García13. en aplicación a la citada política del “perro del hortelano”, actualmente 18.91% del territorio nacional está concesionado a la minería, teniendo como saldo 5,55114 pasivos ambientales a nivel nacional. Respecto de las actividades de hidrocarburos se han suscrito y aprobado 87 contratos15. Asimismo, en junio de 2010, el gobierno suscribió el tratado bilateral llamado “Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Federativa de Brasil para el suministro de electricidad al Perú y exportación de excedentes al Brasil” afectando territorios indígenas en el Río ene, entre otros. Para cumplir las exigencias del TLC con euA, la bancada oficialista y sus aliados en el Congreso de la República aprobaron la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763 -promulgada por el Presidente de la República y publicada en el Diario Oficial el Peruano con fecha 22 de julio del 2011-, sin aprobar previamente la Ley de Consulta como había sido acordado con los pueblos indígenas. Las organizaciones indígenas que suscribimos el presente informe, cuestionamos la forma en que se ha llevado a cabo el proceso de consulta, pues no ha cumplido lo estipulado por el C169/OIT ni lo desarrollado por el TC, lo cual establece un mal precedente para procesos futuros. Al cierre de su mandato, García no sólo continúa con su política promotora de extracción de recursos naturales en tierras y territorios de los pueblos indígenas, sino que en pleno conflicto con el pueblo aymara en Puno se aprecia que no ha aprendido la lección de Bagua cuando manifiesta: “(…) derrotar las ideologías absurdas panteístas que creen que las paredes son dioses y el aire es Dios. (…) volver a esas formas primitivas de religiosidad donde se dice no toques ese cerro porque es un Apu y está lleno del espíritu milenario no sé de qué cosa”16. Lo dicho por García demuestra el grado de discriminación que existe en el Perú, evidencia también el mismo matiz político que apreciamos cuando ocurrió lo de Bagua y las diversas estrategias que se emplean para despojar a los pueblos indígenas de sus tierras y poder darles en concesión a las empresas extractivas.
13 Diario 16, pág. 7 (viernes, 1.7.2011). 14 Resolución Ministerial N° 096-2010-MEM/DM, Actualizan Inventario Inicial de Pasivos Ambientales Mineros aprobado mediante RM N° 290-2006-MEM/DM. 15 Ver: http://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/perupetro/site/InformacionRelevante/Cont_ContratosyConvenios 16 Disponible en: http://www.losandes.com.pe/Nacional/20110617/51373.html
Frente al escenario adverso, las organizaciones de los pueblos indígenas han planteado una agenda que esperamos atienda el próximo gobierno, la cual busca el respeto a los pueblos y a los tratados internacionales, la aprobación de la ley de consulta, la promoción de una acción coordinada y sistemática a favor de los derechos de los pueblos indígenas, la reforma de la institucionalidad estatal indígena con presencia de los pueblos, la modificación de la ley forestal y de fauna silvestre, el otorgamiento de seguridad jurídica a los territorios indígenas lo cual incluye la demarcación y titulación, la derogatoria de decretos de urgencia y legislativos lesivos, el trato justo en los procesos judiciales, la libertad de los perseguidos y el poder decidir libremente nuestras prioridades de desarrollo. La agenda también evidencia la urgencia de priorizar la promoción y ejecución de políticas públicas en temas prioritarios como salud y educación intercultural, mujer indígena, y seguridad y soberanía alimentaria. es importante resaltar que los pueblos indígenas no han sido, ni son un obstáculo para el desarrollo nacional, sin embargo no se entiende este “desarrollo” como explotación intensiva y desordenada de los recursos naturales. Lo que se busca es un desarrollo inclusivo que beneficie a todos los peruanos y peruanas. este Informe está estructurado en base a las agendas de las organizaciones indígenas representativas de los pueblos indígenas del Perú que lo suscriben. en tal sentido, estos documentos deben ser tomados en cuenta por las autoridades, funcionarios y todos 10
aquellos que interactúan con comunidades campesinas y nativas, puesto que desarrollan temas claves que no han sido abordados de manera adecuada por los distintos gobernantes y actores que hemos tenido en el país. el gobierno que presidirá el señor Ollanta Humala Tasso a partir del 28 de julio del presente año, debe tomar en consideración de manera especial estas propuestas y recomendaciones y, establecer espacios de diálogo intercultural y de buena fe que posibiliten el verdadero entendimiento entre los pueblos indígenas y la sociedad nacional con la finalidad de alcanzar el desarrollo sostenible que es derecho de todos los peruanos y todas las peruanas. Tenemos la esperanza de que el próximo gobierno respete los derechos de nuestros pueblos indígenas y se consagren las normas, instrumentos, procesos y procedimientos necesarios para garantizar que no se sigan vulnerando los derechos establecidos en el C169/OIT y la Declaración de las Naciones unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, normas compatibles que se refuerzan mutuamente. Para ello, no basta con emitir normas consensuadas sino que debe haber un involucramiento real de todos los sectores del estado -principalmente los relacionados a la extracción de recursos naturales-, y una asignación adecuada de recursos para lograr plasmar los acuerdos tomados. Sobre la propuesta de Reforma Constitucional para reintegrar los derechos territoriales indígenas, la Constitución Política de 1993 eliminó el carácter inalienable e inembargable de las tierras comunales que reconoció la Constitución de 1979; asimismo, debilitó su carácter imprescriptible al introducir la figura del “abandono” como causal. Nuestras organizaciones indígenas demandan el restablecimiento de la protección constitucional que otorgaba la Carta Magna de 1979 al derecho colectivo al territorio, fundamento para el desarrollo de la vida e identidad como pueblos indígenas u originarios. Como señalamos en el Informe Alternativo 2008 y reiteramos el 2009 y 2010, existe una ausencia de datos oficiales actualizados sobre la población indígena en el Perú. Las cifras obtenidas en el I y II Censo de Comunidades del 2005 y 2007, respectivamente, no son determinantes ni confiables, puesto que no se han elaborado en base a indicadores sociales o económicos desagregados ni adecuados a la realidad de los pueblos indígenas. Desde los 90, la CeACR, el Comité para la eliminación de la Discriminación Racial-CeRD y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH han solicitado al estado peruano que actualice su información sobre los indicadores sociales sobre los pueblos indígenas, sin embargo, esto no se ha cumplido. Los datos que contamos son los referidos a “población rural” o datos generales de regiones del país que tienen mayor densidad de población indígena. Sin embargo, sin tener información precisa, podemos afirmar que hay una relación directa entre pobreza y condición indígena, pues los departamentos “mayoritariamente indígenas” son los que tienen mayor pobreza17. en tal sentido, es impostergable contar con información fehaciente que proporcione datos reales sobre la situación de los pueblos indígenas en el Perú. Otro punto en la agenda de las organizaciones indígenas es el Cambio Climático y el proceso de Reducción de emisiones por Deforestación y Degradación Plus-ReDD+ con manejo sostenible de recursos, aprobado en la 16° Conferencia de la Partes de la Convención Marco de las Naciones unidas sobre el Cambio Climático-CMNuCC (COP16), llevada a cabo del 29 de noviembre al 10 de diciembre del 2010 en Cancún, México. el proceso ReDD+ puede conducir a un escenario de falsas soluciones a la agresión climática global que dará ganancias en juegos especulativos financieros, pero que no va impedir llegar al límite de más de tres grados de temperatura global donde los desastres climáticos y
17 Según el Mapa de la Pobreza de FONCODES 2006, estos departamentos son: Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco; Loreto y Pasco.
ambientales serán irreversibles. AIDeSeP alerta que, incluso así se conserve la Amazonía, no se detendrá la crisis climática global porque la contaminación continuará. en ese contexto, las comunidades indígenas de la Amazonía vienen siendo objeto de fuerte presión de iniciativas privadas de ReDD+ que atentan a la integridad del derecho territorial de las comunidades indígenas y a su institucionalidad. Los casos más resaltantes son el del pueblo Matsés (región Loreto) y la Comunidad yine Bélgica (región Madre de Dios), donde las empresas pretendieron la firma de contratos con dichas comunidades en términos lesivos que afectan gravemente los derechos colectivos. el estado, si bien tiene conocimiento de estos hechos, hasta hoy no ha tomado medidas orientadas a proteger los derechos de estas comunidades. Respecto de la agenda de la mujer indígena, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas-ONAMIAP la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva , Peruana (AIDeSeP) y la Confederación Nacional de Comunidades del Perú afectadas por la Minería (CONACAMI) son algunas de las organizaciones que vienen trabajando por el desarrollo de la mujer originaria. La ONAMIAP es la voz de numerosas organizaciones indígenas de diez regiones del país. Su agenda señala que los aspectos más urgentes a tratar son: la violencia y discriminación contra las mujeres indígenas; la participación política de las mujeres nativas en los procesos de desarrollo y en los espacios donde se toman decisiones para la conquista de sus derechos; la equidad de género; el respeto a los territorios ancestrales, los bosques y los recursos naturales; la educación e identidad; y, la salud y conocimientos ancestrales. el abordaje de estos temas debe considerar una mirada indígena intergeneracional y con datos estadísticos que determinen con certeza la información necesaria para proponer políticas públicas y priorizar programas a favor del desarrollo de los pueblos indígenas, especialmente, de las mujeres. Las mujeres indígenas avanzan a paso lento pero firme en la reivindicación de sus derechos fundamentales individuales y colectivos. Con esfuerzo, tenacidad y perseverancia ganan visibilidad a nivel local, regional, nacional e internacional, ocupan cargos políticos y conquistan espacios en las organizaciones nativas mixtas.
una de exigencias prioritarias de los pueblos indígenas a nivel nacional es que no se vulneren sus derechos territoriales. Lamentablemente, las iniciativas más importantes del actual gobierno para promover el desarrollo y las inversiones se han dado sin respetar el cumplimiento del C169/OIT. A continuación analizaremos el marco de los sectores Minería, Hidrocarburos y Centrales Hidroeléctricas.
 2.1 Minería
2.1.1 Otorgamiento de concesiones
Hasta mediados del 2011, los únicos mecanismos que se aplicaron durante el proceso de otorgamiento de concesiones eran los de participación ciudadana. Si bien en el 2011 fue publicado el Reglamento del Procedimiento para la Aplicación del Derecho de Consulta a los Pueblos Indígenas para las Actividades Minero energéticas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 023-2011-eM, que prevé un mecanismo de “consulta” para el proceso de 13
otorgamiento de concesiones, en la práctica este reglamento no garantiza el derecho de consulta pues no sigue los principios establecidos en el C169/OIT. en efecto el reglamento establece un proceso de consulta que no se ajusta a los principios de flexibilidad, interculturalidad y plazo razonable, pues no se respetan sus instancias de decisión, se presentan plazos cortos que no les permiten tener el conocimiento y asesoramiento necesarios, generando con ello que los procedimientos les resulten confusos e ineficaces. ello, evidentemente, afecta los derechos territoriales de estos pueblos, imponiendo la presencia de actores externos que compiten por recursos como la tierra y el agua y que, además, generan impactos ambientales serios. Durante el último año, hemos alcanzado un récord histórico de territorio nacional bajo concesiones mineras. el siguiente gráfico muestra que el crecimiento del otorgamiento de concesiones mineras durante el último gobierno ha sido sostenido; mientras que el mapa que sigue grafica que, a junio del 2011, dichas concesiones representan el 18.91% del territorio nacional.
Fuente: Instituto Geológico Minero y Metalúrgico-INGEMMET Elaboración: CooperAcción
Mapa de las Concesiones Mineras del Perú
2.1.2 Pasivos ambientales
uno de los temas más sensibles en torno a la actividad minera son los pasivos ambientales que la misma genera y que implican un riesgo ambiental para las poblaciones cercanas. en el 2006, el MINeM presentó un inventario en el que identificaban apenas la existencia de 850 pasivos ambientales. Al 2010, existen 555118 pasivos ambientales mineros a nivel nacional. esta situación pone en riesgo el derecho al medio ambiente sano y a la salud de los pueblos indígenas que se encuentran cerca a los pasivos ambientales y también afecta directamente sus derechos territoriales. el mapa de la siguiente página presenta esta realidad a nivel nacional. Mapa de Pasivos Ambientales de la Actividad Minera-2010
Fuente: Ministerio de Energía y Minas-MINEM Elaboración: CooperAcción
18 Ver Anexo A. Resolución Ministerial N° 096-2010-MEM/DM, Actualizan Inventario Inicial de Pasivos Ambientales Mineros aprobado mediante RM N° 290-2006-MEM/DM.
2.1.3 Aprobación de Estudios de Impacto Ambiental (EIA)
este es otro de los procedimientos en los que no se consulta a los pueblos indígenas de acuerdo a lo señalado por el C169/OIT. el MINeM es la entidad encargada de promover la inversión minera pero, a la vez, tiene la competencia para aprobar los eIA. Éstos son los que finalmente determinan la viabilidad de los proyectos mineros. el presente análisis evidencia que el MINeM es juez y parte en el mismo proceso. en la aprobación de los eIA, ya sea en etapa de exploración o explotación, no se lleva a cabo la consulta previa a los pueblos indígenas afectados y simplemente se imponen proyectos en sus territorios. el siguiente gráfico representa un recuento de los eIA aprobados para la gran minería en los últimos tres años, en el que apreciamos claramente la tendencia ascendente que han tenido los procesos de aprobación de los eIA que no han seguido ningún proceso de consulta a los pueblos indígenas, conforme lo establece el C169/OIT. Estudios de Impacto Ambiental Aprobados del 2009 al 2011
Explor. Explot. Plan de cierre
Certificaciones Ambientales en Evaluación Periodo del 2009 al 2011
 2.2 Hidrocarburos
A abril del 2011, existen 87 contratos suscritos y aprobados de acuerdo a la información de PeRuPeTRO S.A.19 Asimismo, en el marco de los procesos de participación ciudadana reguladas por el DS 012-2008-eM, se han realizado 36 eventos presenciales en el período de enero a abril del 201020. es importante tener en cuenta que cualquier medida que impacte directa o indirectamente un territorio indígena, debe garantizar el derecho a la consulta. Así, la consulta debe ser entendida como un mecanismo que permita influenciar las decisiones estatales y no tan solo el derecho de la población a estar informada o de que se escuchen sus opiniones sobre proyectos de inversión. Sin embargo, el DS 012-2008-eM regula de manera restrictiva el derecho colectivo a la consulta limitándola a procesos de trasmisión de información, vaciando su contenido como un proceso dinámico y permanente, de diálogo horizontal y constructivo donde las comunidades deben de tener un rol activo para buscar llegar a un acuerdo. Al respecto, el artículo 6 desarrolla metodologías de participación que no han incorporado un enfoque intercultural, ni han tomado en cuenta la dificultad de los documentos consultados, ni el idioma de las poblaciones afectadas, estableciendo como mecanismos de participación la publicación de la información en la página web y las comunicaciones dirigidas a los representantes de los gobiernos locales y regionales, y organizaciones representativas, mecanismos que son insuficientes para un proceso de consulta. en este contexto, el DS 012-2008-eM prevé los Eventos Presenciales y Audiencias con la única finalidad de conocer las percepciones locales respecto al proyecto que se desea ejecutar. PeRuPeTRO ha señalado que los eventos presenciales que llevaron a cabo tuvieron como objetivo dialogar, consultar e informar21. Sin embargo, en el DS 012-2008-eM vigente en ese momento se define a la consulta como: Artículo III.- De los derechos de los pueblos indígenas En el desarrollo de las Actividades de Hidrocarburos, el Estado promueve el pleno ejercicio de los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres, tradiciones y sus instituciones. La Consulta, como forma de participación ciudadana, llevada a cabo por los pueblos indígenas deberá ejercerse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar al mejor entendimiento sobre los alcances del proyecto y sus beneficios, en el marco del artículo II del Título Preliminar del presente Reglamento.
19 Ver Anexo B. Nota de prensa: Récord en la contratación petrolera del país, PERUPETRO, 14 de octubre del 2010; y, “Invertirán US$700 mllns. en catorce lotes petroleros” En: diario Oficial El Peruano, 15 de octubre del 2010. 20 Ver Anexo C. Encarte de PERUPETRO publicado en el Diario Oficial El Peruano. 21 Ver Anexo C. Encarte de PERUPETRO publicado en el Diario Oficial El Peruano.
el citado artículo contempla una visión errónea del derecho a la consulta y en la práctica sólo se realizaron procesos informativos y no verdaderos procesos de diálogo intercultural orientados a lograr el consentimiento de los pueblos indígenas. No se buscó generar un proceso de reflexión interna de las comunidades, ni siquiera se recibieron las preocupaciones o se generó un espacio de diálogo de buena fe. el proceso tal y como estaba diseñado no garantizaba el acceso a información rigurosa y objetiva por parte de los pueblos indígenas y el mismo reglamento orientaba el tipo de información que se le daría a los pueblos, pues indicaba textualmente que lo que busca es dar a conocer los alcances y beneficios del proyecto. ¿Qué pasa entonces con informar sobre los impactos negativos del mismo? esto tiene efectos prácticos claros en torno a las observaciones y opiniones planteadas por los pueblos indígenas y sus organizaciones representativas, pues no se garantizaba que estas observaciones fueran incluidas o tomadas en cuenta en el mismo proceso de negociación de los contratos: Artículo 8.3: “Las observaciones y opiniones planteadas por las poblaciones y sus organizaciones representativas referidas a incidencias en los aspectos sociales, culturales y ambientales, serán remitidas por PERUPETRO S.A. a la DGAAE, a efectos de que sean evaluados y merituados en el proceso de evaluación de los Estudios Ambientales que presenten las contratistas”. Por ello, el 30 de junio del 2010 el TC, mediante Sentencia recaída en el expediente N° 05427-2009-PC/TC señaló que en el Perú ninguno de los reglamentos emitidos en el sector energético minero ha logrado desarrollar idóneamente el derecho a la consulta previa en los términos establecidos por el C169/OIT. esta sentencia ordenó al MINeM que emita un reglamento especial que desarrolle el derecho a la consulta de conformidad con el C169/OIT. Durante el 2010, se suscribieron contratos de licencia para exploración y explotación al amparo de lo señalado por la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley N° 2622122. A la fecha, estos contratos suscritos no han sido aprobados por el MINeM ni por el Ministerio de economía y Finanzas (MeF), debido a lo ordenado en la mencionada sentencia. existe entonces una preocupación por el estado actual de estos lotes del 2010, cuya aprobación ha quedado suspendida y lo óptimo sería que los procesos se retomen siguiendo el proceso de consulta, tal como lo establece el C169/OIT.
22 Ley Orgánica de Hidrocarburos – Ley 26221 Artículo 10.- Las actividades de exploración y de explotación de hidrocarburos podrán realizarse bajo las formas contractuales de: a) Contrato de Licencia, es el celebrado por PERUPETRO S.A. , con el Contratista y por el cual éste obtiene la autorización de explorar y explotar o explotar Hidrocarburos en el área de Contrato; en mérito del cual PERUPETRO S.A. transfiere el derecho de propiedad de los Hidrocarburos extraídos al Contratista, quien debe pagar una regalía al Estado. b) Contrato de Servicios, es el celebrado por PERUPETRO S.A. con el Contratista, para que éste ejercite el derecho de llevar a cabo actividades de exploración y explotación o explotación de Hidrocarburos en el área de Contrato, recibiendo el Contratista una retribución en función a la Producción Fiscalizada de Hidrocarburos. c) Otras modalidades de contratación autorizadas por el Ministerio de Energía y Minas. Artículo 11.- Los contratos a que se refiere el Artículo 10° podrán celebrarse, a criterio del Contratante, previa negociación directa o por convocatoria, aprobándose mediante Decreto Supremo refrendado por los Ministros de Economía y Finanzas y de Energía y Minas, en un plazo no mayor de 60 (sesenta) días de iniciado el trámite de aprobación ante el Ministerio de Energía y Minas por la Entidad Contratante, fijándose en el reglamento el procedimiento correspondiente.
el Reglamento del Procedimiento para la aplicación del Derecho a la Consulta a los pueblos indígenas para las actividades minero energéticas, DS 023-2011-eM aprobado en mayo del 2011, establece que el objetivo de la consulta a los pueblos indígenas es llegar a un acuerdo, sin embargo, no asegura la realización de procesos de consulta durante el desarrollo de actividades de prospección y extracción de recursos naturales en territorios de pueblos indígenas. Por ende, este Reglamento no garantiza el derecho de consulta, incluso en su primera disposición transitoria señala que los procedimientos administrativos iniciados antes de la vigencia de la norma se regirán por las disposiciones sobre participación ciudadana. Por otro lado, según el MINeM, actualmente existen 29 eIA, dos eIA semidetallados (eIAsd) y una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en evaluación en el sector de hidrocarburos, los cuales se tramitan bajo el DS 012-2008-eM. estos procesos contienen débiles mecanismos de participación ciudadana que consisten en la realización de talleres informativos y audiencias públicas como procesos obligatorios; y, buzón de observaciones y sugerencias, visitas guiadas al área o las instalaciones del proyecto, equipo de promotores como procesos complementarios no obligatorios para el titular. en la descripción de estos mecanismos no se contempla las diferencias de idioma, el empleo de metodologías interculturales, el respeto de plazos adecuados teniendo en cuenta la geografía del lugar, entre otros aspectos. De ahí que se pueda expresar que estos mecanismos tienen una vocación meramente informativa y no garantizan la realización de un proceso de consulta conforme con el C169/OIT. Los mapas siguientes muestran los lotes de hidrocarburos y concesiones mineras a nivel nacional que se superponen a comunidades indígenas y áreas naturales protegidas, lotes de hidrocarburos y concesiones mineras a nivel nacional, respectivamente.
Mapa de Lotes de Hidrocarburos y Concesiones Mineras
Mapa de Áreas Naturales Protegidas, Lotes de Hidrocarburos y Concesiones Mineras
Fuente: Varias. Elaborado por: Instituto del Bien Común-IBC Sistema de Información sobre Comunidades Nativas de la Amazonía Peruana-SICNA
 2.3 Centrales Hidroeléctricas
2.3.1 Acuerdo Energético Perú–Brasil
en aras de asegurar la exportación de electricidad a Brasil, el actual gobierno suscribió con fecha 16 de junio del 2010, el tratado bilateral “Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Federativa de Brasil para el Suministro de electricidad al Perú y exportación de excedentes al Brasil”23. este acuerdo no ha sido ratificado aún por el Perú, ya que antes se necesita la aprobación del Congreso de la República, porque modificará el marco normativo del subsector eléctrico para cumplir con su objetivo. el objetivo del tratado es generar un marco legal que facilite la construcción y operación de centrales hidroeléctricas en la Amazonía peruana para vender electricidad al mercado peruano y para la exportación al Brasil. Según el MINeM24, las hidroeléctricas con potencial de exportación al Brasil serían: Tambo 40, Tambo 60, Pakitzapango, Inambari y Mainique 1.
2.3.2 Central Hidroeléctrica Inambari
el megaproyecto de Inambari, de concesionarse, se instalaría en el límite entre los departamentos de Cusco, Puno y Madre de Dios. es el proyecto más avanzado de los cinco, ya que cuenta con un estudio de factibilidad, presentado al MINeM en octubre del 2010. Inambari es promovido por la empresa de capitales brasileños empresa de Generación eléctrica Amazona Sur-eGASuR que invertiría uSD 4,179.9 millones para construir una represa de 203 metros de alto y que inundaría una superficie de más de 300 kilómetros cuadrados25. el Ministerio del Ambiente, MINAM, a través de la Dirección General de evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural, elaboró el Documento de Trabajo “Valoración económica de los Bienes y Servicios Ambientales en el área del embalse del proyecto Central Hidroeléctrica Inambari” (2010) concluyendo que el valor económico parcial de los bienes (forestal, fauna silvestre, agua, suelos y recursos hidrobiológicos) y servicios ambientales (belleza escénica, captura de carbono, contribución hídrica por interceptación, etc.) en el área del embalse del proyecto Inambari (35,447 has.) ascendería a un total de uSD 73´353,419 millones por año. Según el Resumen de la evaluación Ambiental del Proyecto Inambari, los principales impactos del proyecto serían: •	Desplazamiento de 3,300 personas y sus medios de vida, y una afectación indirecta de un total de 7,700 personas de poblaciones de Madre de Dios, Cusco y Puno. •	Inundación de 35,447 hectáreas de bosque. •	Inundación de más de 100 km de la recién construida carretera interoceánica sur (Tramo 2 y 4). •	Ocupación del 3% de la zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene y de parte del corredor de Conservación Vilcabamba Amboró.
23 Ver Anexo D. ¿Por qué el Perú cede su potencial energético y maltrata su Amazonía?. Infografía elaborada por SPDA, DAR, WCS, WWF, SER, ProNaturaleza y Central Asháninka Río Ene-CARE. También ver: Cartilla Informativa “El Acuerdo Energético Perú-Brasil”. Los casos Inambari y Pakitzapango. DAR, SER y CARE. 24 Presentación del Viceministro Daniel Cámac Gutiérrez en el Seminario de Integración Energética Perú-Brasil, enero del 2010. 25 Resumen del Proyecto Estudio de Factibilidad de la Central Hidroeléctrica Inambari, entregado al Ministerio de Energía y Minas el 7 de octubre de 2010.
Para el caso de este megaproyecto, la elaboración de un eIA no sería suficiente para determinar los impactos sociales y ambientales indirectos sinérgicos y acumulativos relacionados a la disminución de la calidad de vida, la migración desordenada, desempleo, etc.). Los eIA tienen alcance limitado por lo que antes de tomar una decisión sobre este proyecto se requiere realizar investigaciones exhaustivas e independientes sobre las opciones de desarrollo sostenible de las poblaciones. Luego de las fuertes protestas de pobladores de Carabaya (provincia de Puno donde se ubicaría el proyecto), el Poder ejecutivo declaró concluida y extinguida definitivamente la concesión temporal otorgada a favor de la empresa de Generación eléctrica Amazonas Sur S.A.C. para el Proyecto Hidroenergético Inambari, a través de la Resolución Ministerial N° 265-2011-eM. Dicha resolución señala además que para que se solicite cualquier derecho eléctrico en relación al Proyecto Central Hidroeléctrica Inambari, este deberá realizar la Consulta previa de acuerdo a lo previsto en el C169/OIT y en el observado Reglamento del Procedimiento para la Aplicación del Derecho de consulta a los pueblos indígenas para las Actividades Minero energéticas (aprobado por DS 023-2011–eM). Cabe señalar que si bien se ha anulado la concesión temporal a la empresa eGASuR, en el futuro se puede otorgar una nueva concesión.
2.3.3 Centrales Hidroeléctricas en el Marañón
el 20 de abril del 2011 se publicó el Decreto Supremo N° 020-2011-eM sobre construcción de 20 centrales hidroeléctricas en el Marañón. Mediante este decreto se declara de interés nacional y social para el largo plazo el desarrollo de 20 centrales hidroeléctricas en la cuenca del río Marañón, con un potencial aproximado de 12,430 megavatios, a fin de facilitar su implementación progresiva para atender la demanda nacional. Se encarga la elaboración de los estudios técnicos-económicos que permitan su implementación en el marco del Decreto Legislativo N° 1012 y sus normas modificatorias al Ministerio de energía y Minas, en coordinación con PROINVeRSIóN y la Comisión para el Desarrollo energético y Agrario del río Marañón, creada por Resolución Suprema N° 342-2010PCM; afectando de esta manera territorios que corresponden a poblaciones indígenas.
 2.4 Pueblos Indígenas Aislados
Desde 1999, el estado peruano ha creado Reservas Territoriales para proteger a los pueblos indígenas aislados. A la fecha, en el Perú existen cinco reservas territoriales para pueblos en aislamiento: Kugapakori-Nahua, Madre de Dios, Mashco Piro, Murunahua e Isconahua; y, también hay seis propuestas en trámite para más pueblos: Cacataibo (Sur y Norte), Kapanawa, yavarí-Tapiche, yavarí-Mirim y Napo Tigre. Posteriormente, con la promulgación de la “Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial” (Ley Nº 28736) en el 2006, se desarrolló la definición de “Reservas Indígenas” y estableció el procedimiento para la adecuación de las reservas existentes y la creación de las nuevas. De acuerdo a la mencionada ley, las Reservas Indígenas son tierras delimitadas por el estado peruano, de intangibilidad transitoria, a favor de los pueblos indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial, y en tanto mantengan tal situación, para proteger sus derechos, su hábitat y las condiciones que aseguren su existencia e integridad como pueblos. en suma, las Reservas Territoriales cambiarían de nombre por las de Reservas Indígenas, debiéndolas adecuar al procedimiento establecido en la ley. 24
en el marco de la implementación de dicha ley, en marzo del 2009 y en enero del 2010, el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDePA) convocó a la Comisión Multisectorial encargada de revisar los expedientes de las Reservas Territoriales creadas y las propuestas de Reservas. No obstante ello, a la fecha ninguna de las reservas creadas ha sido adecuada como reserva indígena, así como tampoco se ha cumplido con evaluar las propuestas presentadas para lograr su reconocimiento y categorización. De otro lado, si bien el artículo 5 de la Ley Nº 28736 señala que las Reservas Territoriales e Indígenas son intangibles, su inciso c) de manera contradictoria, faculta la exploración y explotación de recursos naturales dentro de las Reservas Territoriales e Indígenas, dejándolas fuera de toda protección. esta situación se torna más gravosa en tanto el INDePA se encuentra impulsando dos propuestas de anteproyecto: “Reglamento de supervisión de actividades exploratorias y extractivas al interior de las reservas territoriales e indígenas del estado” y “Reglamento de autorización y control de acceso físico a las reservas territoriales e indígenas del estado”26. Al respecto, corresponde mencionar que en el 2007 la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, y Afroperuanos, Ambiente y ecología del Congreso (CPAAAAe), aprobó por unanimidad modificar el artículo 5 de la Ley Nº 28736 de modo que se respete la intangibilidad de las Reservas. Sin embargo, el dictamen que aprueba la modificación nunca se llegó a discutir en el pleno del Congreso. Finalmente, como se podrá apreciar en los casos emblemáticos que se exponen en el punto 9, los pueblos indígenas aislados y en situación de contacto inicial enfrentan cada vez mayores amenazas tales como la superposición de lotes de hidrocarburos sobre el mismo territorio en el que existen los mencionados pueblos.
26 Ver anexo E. Anteproyecto de Reglamento de supervisión de actividades exploratorias y extractivas al interior de las reservas territoriales e indígenas del Estado”.
el 19 de mayo del 2010, el Congreso de la República aprobó la autógrafa que implementaría y facilitaría los procesos de consulta. es sabido que dicha iniciativa fue frenada por el ejecutivo quien planteó una serie de observaciones de corte político que incluso eran contrarias al Convenio 169/OIT. Además, como hemos señalado en informes anteriores, la mala fe del gobierno se evidenció cuando en la Conferencia General del Trabajo del 2010 anuncio la aprobación de la norma, para días después observar su contenido, frenar la iniciativa y vulnerar la eficacia del derecho. Han pasado más de catorce meses desde que el Congreso aprobó la autógrafa sobre el Derecho a la Consulta en el Perú que observó el ejecutivo. Cabe resaltar que la citada norma contó con el consenso de las organizaciones indígenas nacionales AIDeSeP CCP , , CNA, CONACAMI y CONAP Actualmente, existen dos propuestas a ser debatidas en . el Pleno del Congreso, una de ellas que aboga por la insistencia de la ley en los términos que asegure el consenso con las organizaciones indígenas y lo aprobado inicialmente por el Congreso y, otra propuesta que recoge las observaciones políticas del ejecutivo, las cuales fueron expresadas en el Informe Alternativo 2010 presentado ante la OIT. Algunas de estas observaciones plantean: la exclusión de las comunidades campesinas del proceso; la consulta sólo sobre territorios titulados; el carácter unitario y soberano del estado que pareciera no estar limitado ni por el derecho internacional; la disminución de los resultados de la consulta a un mero proceso que pudiera ser compensado con una indemnización como si las obligaciones del estado respecto de los pueblos indígenas se agotaran con la realización de un proceso de consulta. 26
Por su parte, en los últimos meses se ha dado un desarrollo jurisprudencial por parte del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la consulta que, con avances y retrocesos, pone en evidencia la poca voluntad política del gobierno central para abordar este tema, generando una proliferación de metodologías de consulta dadas por diversos sectores del estado que en el fondo restringen o disminuyen el alcance del derecho a la consulta de acuerdo a las normas internacionales que forman parte del derecho interno del Perú, pues este no se plasma eficazmente en su ejecución. Si bien el C169/OIT ostenta rango constitucional, pareciera que este hecho no se refleja en el desarrollo de políticas públicas y decisiones estatales sino que, por el contrario, se avanza en el otorgamiento de concesiones sin consulta y del mismo modo se aprueban normas que afectan derechos de los pueblos indígenas sin la debida consulta. el Ministerio de energía y Minas ha emitido el “Reglamento del Procedimiento para la aplicación del Derecho de Consulta a los pueblos indígenas para las Actividades Minero energéticas”, aprobado por DS 023-2011-eM y publicado el 12 de mayo del 201127. en respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional N° 05427-2009-PC/TC, que le obliga a emitir un reglamento especial de consulta a los pueblos indígenas. Si bien este hecho podría ser considerado como positivo por cuanto se cumplió con una obligación derivada de una sentencia, resulta lamentable que ese esfuerzo termine por reducir el alcance del derecho a la consulta y violentar otros derechos que están recogidos en el C169/OIT, tal como veremos a continuación: a. excluye a los pueblos indígenas de la decisión de determinar cuáles son las medidas normativas y administrativas que deben ser consultadas por afectarles directamente, atribuyendo esta responsabilidad exclusivamente al gobierno y no dejando posibilidad de invocar el derecho a pedido de parte, lo cual no asegura procedimientos especiales para la protección de sus derechos. b. Aplica sesgadamente los principios de flexibilidad, transparencia y buena fe que deben guiar los procesos de consulta. Al establecer sólo 20 días hábiles como plazo máximo para que los pueblos indígenas evalúen la medida, el MINeM no considera que existen factores que pueden demandar razonablemente un plazo mucho mayor, tales como la complejidad de la medida, el grado de afectación, la lejanía, la falta de medios de comunicación, la situación social, cultural y económica en la que viven los pueblos indígenas, y la exigencia de una asesoría técnica culturalmente adecuada. c. No permite a los pueblos indígenas suspender el proceso de consulta si éste carece de garantías para su realización. No establece mecanismos para que los pueblos indígenas puedan exigir el cumplimiento de los acuerdos o impugnar las decisiones a nivel administrativo y/o judicial. d. establece expresamente que el uso de la violencia va en contra del principio de buena fe, lo cual no favorece un proceso de diálogo pues presupone que los pueblos indígenas son violentos. e. Atribuye la responsabilidad de supervisar el proceso de consulta a la misma institución encargada de llevarlo a cabo, lo cual no ofrece garantías de imparcialidad. Conforme a su ley de creación, corresponde al Ministerio de Cultura señalar si el proceso de consulta fue adecuado y conforme al C169/OIT. f. No respeta el derecho a la representación de los pueblos indígenas en tanto dispone que las medidas normativas sólo se consulten a las organizaciones representativas indígenas de nacional, desconociendo a las organizaciones indígenas regionales y locales.
27 http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/LEGISLACION/2011/DS%20N%C2%BA%20023-2011-EM.pdf
g. equipara el derecho a la consulta con el derecho a la participación al señalar que se aplicarán de manera supletoria las normas de participación ciudadana para cada subsector. Corresponde aclarar que se trata de dos derechos diferentes: mientras que el derecho a la consulta es un derecho colectivo exclusivo de los pueblos indígenas que implica un diálogo intercultural de buena fe con la finalidad de llegar al consenso, el derecho a la participación es un común a todos los ciudadanos y tiene como fin legitimar un proceso. h. en el sector energía, se exime del proceso de consulta a las concesiones definitivas cuando la misma área haya sido materia de consulta para obtener una concesión temporal, con lo cual se entiende la consulta como un acto único y no permanente, aun cuando el desarrollo de esta actividad implica distintas decisiones y actos administrativos que deben ser consultados en momentos diferenciados. i. A pesar de que afecta directamente a los pueblos indígenas, el reglamento no ha sido consultado, contraviniendo así directamente el derecho que pretende regular. Asimismo, no ha habido un adecuado proceso de participación ciudadana que permita a la sociedad civil conocer las observaciones presentadas al proyecto del presente reglamento y la motivación del MINeM para adoptar estas medidas. Lo anteriormente descrito evidencia que esta norma afecta derechos fundamentales de los pueblos indígenas, por tanto, es importante adecuar dicho reglamento a lo establecido por el C169/OIT y la Declaración de Naciones unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. REGLAS VINCULANTES SOBRE EL DERECHO A LA CONSULTA DESARROLLADAS JURISPRUDENCIALMENTE POR EL TC
Regla establecida La observancia del principio de buena fe. Al respecto, este Tribunal ha señalado que a través de este principio se busca evitar actitudes o conductas que pretendan la evasión de lo acordado o interferir u omitir cooperar con el desarrollo de la otra parte. En tal sentido, ha precisado que dicho principio debe ser observado en las tres etapas del proceso de consulta, a saber: i) la determinación de la afectación directa; ii) la consulta en sentido estricto; y iii) la implementación de la medida La flexibilidad. Es decir, la consulta debe ser llevada a cabo de manera “apropiada a las circunstancias”, razón por la cual debe tomarse en cuenta la diversidad de los pueblos indígenas y sus costumbres. El objetivo de alcanzar un acuerdo. Debiendo entenderse que la finalidad de la consulta no se circunscribe o limita a obtener acuerdos que signifiquen garantizar los legítimos intereses de los pueblos indígenas, sino que también debe prestarse atención al concepto de coparticipación en el disfrute de la riqueza obtenida por la industria correspondiente. Fundamento jurisprudencial STC 0022-2009-PI/TC Fundamento 27
STC 0022-2009-PI/TC Fundamento 31
STC 0022-2009-PI/TC Fundamento 33
Regla establecida El contenido constitucionalmente protegido del derecho a la consulta importa: i) el acceso a la consulta; ii) el respeto de las características esenciales del proceso de consulta; y iii) la garantía del cumplimiento de los acuerdos arribados en la consulta. En tal sentido, no forma parte del contenido de este derecho el veto a la medida legislativa o administrativa, ni la negativa de los pueblos indígenas a realizar la consulta. Etapas de la consulta. •	En	primer	lugar,	el	inicio	del	proceso	debe	ser	la	determinación	de la medida legislativa o administrativa que puede afectar directamente a un pueblo indígena, tarea que debe ser realizada por la entidad que está desarrollando la medida. •	En	segundo	lugar,	se	deben	determinar	todos	los	pueblos	indígenas que pueden ser afectados, a fin de notificarles de la medida y de la posible afectación. •	En	tercero	lugar,	se	debe	brindar	un	plazo	razonable	para	que	los pueblos indígenas puedan formarse una opinión respecto a la medida a implementar, tras lo cual se pasará a la etapa de negociación propiamente dicha. •	En	cuarto	lugar,	si	el	pueblo	indígena	involucrado	se	encuentra	de acuerdo con la medida consultada, entonces concluye la etapa de negociación. •	De	lo	contrario,	si	es	que	el	pueblo	indígena	rechaza	la	medida	propuesta, precluye la primera etapa de negociación, con lo cual se pretende hacer visible los puntos sobre los cuales existe desacuerdo. En este punto, la medida no podrá ser implementada. Para poder lograr ello, se tendrá que iniciar una segunda etapa de negociación dentro de un plazo razonable. Si es que a pesar de los esfuerzos realizados por las partes, no se alcanza consenso alguno, sólo entonces el Estado podrá implementar la medida, atendiendo en lo posible a las peticiones del pueblo afectado
Elaboración: Instituto de Defensa Legal-IDL
Fundamento jurisprudencial STC 0022-2009-PI/TC Fundamento 37
STC 0022-2009-PI/TC Fundamento 41.
Aun cuando el Tribunal Constitucional viene desarrollando jurisprudencia sobre el Derecho a la Consulta, este proceso ha sido inicialmente contradictorio y todavía no ha sido efectivizado en instrumentos concretos que incorporen lo establecido por el C169/OIT.
institucionalidad28
28 C169/OIT Artículo 2 1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. 2. Esta acción deberá incluir medidas: a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población; b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida. Artículo 33 1. La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que abarca el presente Convenio deberá asegurarse de que existen instituciones u otros mecanismos apropiados para administrar los programas que afecten a los pueblos interesados, y de que tales instituciones o mecanismos disponen de los medios necesarios para el cabal desempeño de sus funciones. 2. Tales programas deberán incluir: a) la planificación, coordinación, ejecución y evaluación, en cooperación con los pueblos interesados, de las medidas previstas en el presente Convenio; b) la proposición de medidas legislativas y de otra índole a las autoridades competentes y el control de la aplicación de las medidas adoptadas en cooperación con los pueblos interesados.
La Comisión observa la marcada inestabilidad institucional que afecta al INDEPA desde hace años, el cuál ha cambiado en varias ocasiones de jerarquía y ha dependido en el tiempo de ministerios y autoridades diversas. La Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar la participación efectiva de las instituciones representativas de los pueblos indígenas en la reforma institucional del INDEPA, en la conformación de su consejo directivo y en la revisión de su reglamento de organización de funciones, a fin de asegurar su legitimidad y su auténtica capacidad de acción29. el 22 de julio del 2010, el estado Peruano publicó la Ley de creación del Ministerio de Cultura. Según esta norma, es esta entidad la que tiene como prioridad promover la cultura en el país; la responsable a partir de la fecha de concertar, coordinar y articular con los diversos niveles de gobierno, actividades de fomento, asistencia técnica, apoyo y consulta popular para el desarrollo integral de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos; y, coordinar las acciones para el saneamiento físico legal en el marco de la Constitución Política del Perú y los tratados internacionales sobre pueblos indígenas. esta medida fue tomada sin haber de por medio ningún proceso de consulta previa con los pueblos indígenas, lo que evidencia el desinterés del estado por la defensa de los derechos de estos pueblos, además del hecho de establecer como autoridad tutora de dichos derechos al Ministerio de Cultura, cuyo interés prioritario no son los pueblos indígenas sino, en todo caso, sólo su cultura y no la defensa de sus derechos. el 24 de setiembre del 2010, mediante DS 001-2010-MC, se aprobó la fusión por absorción del INDePA -hasta entonces autoridad en materia de pueblos indígenas-, al Ministerio de Cultura. el INDePA, según esta norma, culminó sus funciones el día 31 de diciembre del 2010. De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio de Cultura, aprobado mediante DS 001-2011-MC publicado el 17 de mayo del 2011, debiera ser actualmente el Viceministerio de Interculturalidad y, en estricto, la Dirección General de Interculturalidad y Derechos de los Pueblos, los responsables de “garantizar el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales de protección de los derechos de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos”. el problema es que, al ser emitido el ROF del Ministerio de Cultura recién en mayo del 2011, el presupuesto para el funcionamiento de las oficinas y la contratación del personal no fue incluido en el presupuesto público aprobado el 2010. Al respecto hay que decir que el artículo 4 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2011, Ley N° 29626, señala que todo acto administrativo que autorice gastos no será eficaz, “si no cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o condicionan la misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios”, lo que no es
29 Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones-OIT-CEACR, de fecha 16 de febrero de 2011, pág. 871. Ver informe completo: http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/100thSession/lang--es/docName--WCMS_151559/index.htm
viable cuando se habla de un presupuesto de transferencia que cubrirá el último año de la presente gestión presidencial y el inicio de la siguiente. es por ello que el Ministerio de Cultura no cuenta con el presupuesto para poner en funcionamiento las oficinas del organismo responsable de asumir el rol tuitivo de los pueblos indígenas y, más bien, sólo cuenta con personal del INDePA, órgano que en estricto dejó de existir el 31 de diciembre del 2010, como ya indicamos. en la práctica, según el ROF indicado, el INDePA funcionará como una unidad meramente ejecutora30, pero sin personal especializado en materia indígena y sin una Comisión Consultiva con presencia oficial de pueblos indígenas. en el tiempo que viene funcionando el INDePA al interior del Ministerio de Cultura no se ha conformado una Comisión Consultiva compuesta por representantes de pueblos indígenas. Sólo se ha integrado representantes indígenas a fin de administrar el denominado “Fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas”, el cual está vinculado con la Ley N° 27811, Ley que estableció el régimen de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas asociados a la biodiversidad, es decir, sobre recursos genéticos vinculados a la medicina tradicional. en tal sentido, la realidad nos dice que el Perú no cuenta, en este momento, con ningún organismo que asuma la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y será el próximo gobierno el que deba asumir las medidas administrativas necesarias para que éste se implemente adecuadamente. Pese a esta lamentable situación que el actual gobierno no supo prever, el Ministerio de Cultura -a fines del 2010-, inició una serie de reuniones con las organizaciones nacionales de pueblos indígenas y las instituciones especializadas que acompañan esta temática, con el fin de establecer nexos e impulsar la concertación de una agenda común. el hecho es que la buena voluntad de los profesionales y especialistas que se han integrado a la nueva institucionalidad, no ha implicado mayores avances en el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, debido a que las autoridades no cuentan con las atribuciones necesarias en la normatividad vigente, ni con los recursos suficientes para llevar adelante sus funciones, lo que denota una clara ausencia de voluntad del estado peruano de cumplir con sus obligaciones. esa poca voluntad del estado, se refleja también en las decisiones contradictorias del gobierno sobre los derechos de los pueblos indígenas, que incluso afectan la institucionalidad que ha creado el propio estado, es el caso del Reglamento del “Procedimiento para la aplicación del Derecho de Consulta a los Pueblos Indígenas para las Actividades Minero energéticas” (DS 023-2011-eM publicado el 12 de mayo del 2011). esta norma afecta seriamente la institucionalidad en materia de pueblos indígenas al atribuir la responsabilidad de supervisar el proceso de consulta previa a la misma institución encargada de llevarlo a cabo, en este caso el propio MINeM, lo cual no ofrece garantías de imparcialidad. Conforme a su ley de creación, el Ministerio de Cultura es el organismo técnico especializado en materia indígena, a quien le corresponde señalar si el proceso de consulta fue adecuado y conforme al C169/OIT. Pese a lo señalado, debemos destacar que a nivel de los gobiernos regionales, si se han producido avances en materia de institucionalidad. Podemos señalar el ejemplo de la Oficina Regional de Desarrollo de Pueblos Indígenas de la Región San Martín (ORDePISAM), que ha logrado consensuar un trabajo con las pueblos shawi, awajún y kishwa.
30 Resolución Ministerial N° 006-2011-MC, de fecha 10 de enero del 2011, que aprueba el Manual Operativo de la Unidad Ejecutora 1368 MC-Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano.
Por su parte, el nuevo Gobierno Regional de Piura ha organizado una Oficina de Rondas Campesinas vinculada con su rol de seguridad y justicia. Tanto el Gobierno Regional de Piura como el de Cajamarca vienen coordinando con representantes de las comunidades campesinas y nativas locales el establecimiento de oficinas que cumplan un rol tuitivo de los derechos de los pueblos indígenas. es así que a nivel de los gobiernos regionales que se vienen dando éstas prácticas de cercanía y reconocimiento de los pueblos indígenas, que hasta la fecha el gobierno nacional no ha asumido. Cabe mencionar que, la Comisión de Constitución y Reglamento (CCR) del Congreso de la República elaboró un predictamen recaído en los Proyectos de Resolución Legislativa N° 3344/2009-CR y 3749/2009-CR, por los que propuso modificar el Reglamento del Congreso a fin de incorporar disposiciones sobre la consulta previa a los pueblos indígenas. este instrumento no ha sido concretado. Por todo lo indicado, ponemos en conocimiento que el estado peruano -pese a los cambios realizados en la institucionalidad-, no ha cumplido con un verdadero proceso de reformas que permitan la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas en el país, generando confusión al no existir un organismo responsable de la defensa de estos derechos y al establecer diversas instancias que empiezan a asumir responsabilidades en materia de consulta previa, desvirtuando con ello la esencia de los derechos contemplados en el C169/OIT.
5. criminalización de los
la criminalización de los pueblos indígenas continúa siendo utilizada como herramienta de asimilación en el Perú. el estado sigue desplegando su aparato propagandístico para presentar a los pueblos indígenas como atrasados y delincuentes, buscando legitimar así la intervención punitiva de las fuerzas del orden y la administración de justicia para acallarlos. La criminalización viene afectando a los pueblos indígenas en dos ámbitos fundamentales, inherentes a su posibilidad de exigir y defender los derechos reconocidos en el C169/OIT y, en especial, el derecho a los territorios ancestrales: •	El ejercicio de la libertad de expresión a través de la protesta social.- en nuestro país los pueblos tienen un acceso muy limitado a los medios de comunicación masivos, y las vías institucionales que deberían servir para salvaguardar sus derechos, no funcionan. Por ello la protesta constituye para los pueblos un canal esencial, sino el único, para ejercer su libertad de expresión y reivindicar sus derechos. •	El ejercicio de la justicia indígena.- La jurisdicción especial indígena se encuentra expresamente reconocida en la Constitución peruana y tiene competencias para conocer incluso actos de terceros ajenos a los pueblos dentro de territorios indígenas. es por ello que en los últimos tiempos está siendo cada vez más usada para la preservación de los territorios ancestrales frente a las actividades que los vulneran, por parte de las industrias extractivas. Como elementos que configuran la estrategia de criminalización de los pueblos indígenas en el Perú podemos referir los siguientes: 1. Normas que sobrepenalizan prácticas asociadas a la protesta social.- el gobierno de Alan García ha promulgado un paquete de decretos que sobrepenalizan prácticas asociadas a la protesta social (982, 983, 988, 989). A título de ejemplo, se aplica el tipo de extorsión al bloqueo de carreteras, con sanciones de hasta 25 años de cárcel. 34
2. Persecución judicial. -Los efectos nocivos de la normativa mencionada se magnifican por una serie de prácticas habituales en los operadores de justicia: •	La	distorsión	de	la	figura	de	autoría	mediata,	imputando	responsabilidad	a	los	dirigentes	indígenas respecto a conductas en las que no han tenido ninguna intervención. •	La	imposición	arbitraria	de	medidas	privativas	de	libertad	sin	sentencia. •	La	imposición	de	cauciones	excesivas	o	reglas	de	conducta	que	dificultan	el	ejercicio	de roles dirigenciales, debilitando las organizaciones indígenas. estas medidas resultan con frecuencia desproporcionadamente gravosas para los procesados indígenas, por sus escasos recursos económicos y aislamiento geográfico. •	La	vulneración	del	derecho	a	contar	con	intérprete.	Aun	en	los	casos	en	que	los	procesados cuentan con esta asistencia no se garantiza que ésta sea óptima ya que en el país no existe un cuerpo oficial de intérpretes en lenguas indígenas. •	El	procesamiento	a	quienes	participan	en	el	ejercicio	de	la	justicia	indígena,	frecuentemente bajo los tipos de secuestro, o usurpación de funciones. Aunque en la mayoría de los casos los procesos terminan archivándose o las sentencias no imponen prisión efectiva, el mero hecho de ser sometido a un proceso tiene efectos sumamente perjudiciales a nivel económico, emocional, y organizacional. Por ejemplo, los indígenas awajún procedentes de Condorcanqui que han resultado procesados a raíz el paro amazónico del 2009 deben viajar un promedio de tres días y gastar un promedio de trescientos nuevos soles (S/.300.00) para participar en diligencias judiciales en Bagua. esta cantidad resulta muy onerosa si consideramos que el ingreso familiar promedio en Condorcanqui es de ciento ochenta y tres nuevos soles (S/.183.00)31. el daño que se ocasiona a los procesados, sus familias y sus organizaciones es aún mayor si consideramos la lentitud con la que se desarrollan los procesos. Por otra parte la reducida proporción de procesados sobre los que finalmente acaba recayendo una condena es un claro indicador de la extrema fragilidad de las imputaciones. Así por ejemplo, de las 248 personas procesadas penalmente a raíz del paro amazónico desarrollado en el 2009, 61% continúan siendo procesadas dos años después, 37% han sido absueltas, y menos de 2% tienen una sentencia condenatoria. Ver el siguiente gráfico: Situación de los Criminalizados por el Paro Amazónico (Junio 2011)
Fuente: Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana-AIDESEP Comisión Episcopal , de Acción Social-CEAS, Instituto de Defensa Legal-IDL Elaboración: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos-CNDDHH
31 Disponible en: http://www.pnud.org.pe/frmDatosIDH.aspx
Pese a todo ello, debemos mencionar como avances muy positivos el establecimiento en el 2011 de la Comisión de Trabajo sobre Justicia Indígena y Justicia de Paz32 al interior del Poder Judicial, y la dación a fines del 2010 del Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116 sobre “Rondas campesinas y Derecho Penal33” que desarrolla los argumentos sobre la legitimidad y ámbito de aplicación del ejercicio de justicia indígena por parte de las rondas. Lamentablemente, hasta la fecha no se aprobado una ley de coordinación entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial indígena, ni se ha establecido una vía procedimental especial adecuada para la revisión de las decisiones de la justicia indígena, y este cometido sigue siendo llevado a cabo por la justicia ordinaria, generando el procesamiento indebido de centenares de indígenas, especialmente dirigentes, a nivel nacional. esta circunstancia es sobradamente conocida y capitalizada por quienes pretenden acceder a los territorios ancestrales sin el consentimiento de los pueblos. De esta forma, es común que personas vinculadas a las industrias extractivas insten procesos judiciales como una estrategia para socavar la resistencia indígena y quebrantar sus organizaciones. PROCESOS PENALES INICIADOS A RAÍZ DEL PARO AMAZÓNICO
Proceso Yurimaguas Investigados/ Procesados 43 Proceso concluido SI Condenados 1 Privados de libertad 0 Delitos imputados Motín, interrupción de vías de comunicación. Disturbios. Homicidio calificado. Lesiones graves. Disturbios. Homicidio calificado.
Exp. 194-2009 “Curva del Diablo” Caso “Desaparición del Mayor Bazán” Exp. 281-2009 Caso “Estación 6” Exp. 189-2009 Caso Mototaxistas
Agravado, extorsión, disturbios, arrebato de armamento o municiones de uso oficial. Disturbios. Violencia y resistencia a la autoridad en su figura específica de violencia contra funcionario público.
32 Ver Anexo F. Resolución Administrativa N° 202-2011-P-PJ que creó la Comisión de Trabajo sobre Justicia Indígena y Justicia de Paz (11.05.11). Ver: http://historico.pj.gob.pe/CorteSuprema/Presidencia/documentos/RA_N_202_2011_P_PJ.pdf 33 Ver: http://historico.pj.gob.pe/CorteSuprema/SalasSupremas/..%5C..%5CCorteSuprema%5CSalasSupremas%5CSPP%5Cdocumentos%5 CACUERDO_PLENARIO_01-2009-CJ-116_301209.pdf
Proceso Exp. 224-2009 Caso “Adolescentes” Exp. 178-2009 Caso “Corral Quemado”
Investigados/ Procesados 3
Proceso concluido SI
Privados de libertad 0
Delitos imputados Tenencia ilegal de armas.
Contra los medios de transporte y comunicación y otros servicios públicos en su figura de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos. Instigación a la rebelión, contra los medios de transporte y en contra de la tranquilidad pública. Se solicitó doce años de prisión y la expulsión del país. Contra la tranquilidad pública, sedición y motín. Motín, interrupción de vías de comunicación. Disturbio. Apología al delito, entorpecimiento de servicios públicos e interrupción de vías de comunicación. Entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos.
Caso “Dirigentes de AIDESEP”34 Caso Quillabamba Exp. Nº 1962009 Caso Atalaya San Martín
Fuente: Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana-AIDESEP Comisión Episcopal de Acción Social-CEAS, , Instituto de Defensa Legal-IDL343536 Elaboración: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos-CNDDHH
3. el papel de las fuerzas del orden.- Durante el gobierno de Alan García se han acentuado varias tendencias preocupantes que convierten a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en una amenaza para los derechos de los pueblos indígenas:
34 Dirigentes procesados: Alberto Pizango, Presidente de AIDESEP; Marcial Mudarra Taki, líder indígena; Saúl Puerta Peña, Secretario General de AIDESEP; Cervando Puerta Peña, Presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía del Norte del Perú (ORPIAN-P), actualmente es Consejero Regional de Cajamarca; y, Teresita Antazú López, lideresa indígena. 35 Cinco directivos de la organización nacional, tres de las diferentes regiones y diez jefes de comunidades. 36 Entre los procesados se encuentra Daisy Zapata Fasabi, Vicepresidenta de AIDESEP .
•	La	ampliación	del	marco	de	intervención	de	las	fuerzas	armadas a través del Decreto Legislativo 1095, que faculta a las fuerzas armadas a controlar por sí mismas las protestas sociales, rigiéndose el uso de la fuerza por las normas del derecho internacional humanitario, aplicable en situaciones de guerra. el decreto permite también la intervención del ejército en respaldo de la policía sin precisar requisitos para ello. •	Policía	y	Ejército	prestando	servicios	privados	a	empresas. el DS 004-2009-IN permite que los efectivos policiales sean asignados a funciones de seguridad privada incluso cuando se encuentran de servicio, utilizando su uniforme y armamento reglamentario. En abril del 2011 se hizo público un convenio celebrado entre la empresa minera Afrodita, de capitales mayoritariamente canadienses, y el Ejército peruano. En virtud de este convenio, El Ejército se compromete a brindar servicios privados de seguridad y transporte dentro del territorio awajún a cambio de 80 mil soles al año (aproximadamente USD28,000)37. •	Ejecuciones	extrajudiciales,	torturas,	y	uso	desproporcionado	de	la	fuerza.	Desde que Alan García asumió la presidencia en el 2006, 64 civiles han perdido la vida como resultado de la intervención de las fuerzas del orden en situaciones de protesta social; 40 de estas muertes, es decir, 62 %, se produjeron en conflictos relacionados con la reivindicación de derechos indígenas38. •	Impunidad	de	vulneraciones. Las 65 muertes mencionadas permanecen en la impunidad. Se han dictado diversas normas para facilitar la elusión de responsabilidad por parte de los funcionarios del orden, estableciendo su inimputabilidad (DL 1095, 1094, y 982). •	Falta	de	reparación	a	los	afectados. Centenares de indígenas han quedado gravemente discapacitados como consecuencia de la represión de las fuerzas del orden. Centenares de mujeres, niños y niñas indígenas afrontan serios problemas económicos y psicológicos al haber perdido a sus esposos y padres, sin recibir ninguna reparación del estado. Más aún, las personas que son heridas por las fuerzas del orden se ven obligadas a sufragar su tratamiento porque el Sistema Integral de Salud que atiende a personas sin recursos no tiene cobertura cuando se trata de lesiones infringidas por terceros. 4. Hostigamiento administrativo.- También el derecho administrativo es utilizado para perseguir a las organizaciones indígenas y a quienes las apoyan. Así, por ejemplo, a raíz del paro amazónico desarrollado en el 2009 se iniciaron nueve procesos administrativos, tres de ellos contra medios de comunicación, tres contra líderes y organizaciones indígenas y tres contra otros actores sociales que los respaldaron.
37 Disponible en: http://servindi.org/pdf/ConvenioFFAA_Afrodita_mayo2010.pdf 38 Ver Anexo G. Número de casos de civiles muertos en situaciones de protesta social en el segundo gobierno de Alan García. Fuente y elaboración: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos-CNDDHH.
PROCESOS ADMINISTRATIVOS TRAS EL PARO AMAZÓNICO
Autoridad Ministerio de Transporte y Comunicaciones Ministerio de Transporte y Comunicaciones Ministerio de Transporte y Comunicaciones Gobierno Regional de Amazonas SNIP Investigados/Procesados/ Sancionados Radio Oriente (Yurimaguas) Expediente/Infracción atribuida/ Sanción impuesta Cancelación de licencia de funcionamiento el 14 de enero de 2010, mediante Resolución Viceministerial N° 025-2010MTC/03 23 de octubre del 2009 se produce el descerraje, incautación de equipos y cierre de la emisora. Cierre de la emisora el 8 de Junio del 2009, mediante Resolución Viceministerial N° 211-2009-MTC/03. A raíz de su apoyo a los indígenas, el gobierno regional empezó a monitorear estrechamente sus actividades diarias. Rechazo de siete proyectos, tres de los cuales contaban ya con declaración de viabilidad. Mediante Resolución Ministerial N° 05712010-IN/1601 se proponía la cancelación de residencia, argumentando que el padre estaría afectando el orden público por haber participado en una protesta pacífica. Se pretendía su disolución por considerarse que atenta contra el orden público. Intervención de sede institucional para “revisar documentos contables” (3 de junio del 2009). A raíz de su participación en una de las mesas de diálogo post Bagua, la UGEL le inició un procedimiento administrativo por el supuesto incumplimiento de sus obligaciones como docente.
Radio Horizonte (Chachapoyas) Radio La Voz (Bagua)
Municipalidad Imaza
Padre Paul Michael John Thomas Mac Auley
Ministerio Público Procuradoría del Estado APCI
UGEL Amazonas
Fuente y elaboración: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos-CNDDHH
Complementariamente, se ha desplegado una estrategia de hostigamiento contra periodistas y medios de comunicación independientes, especialmente pequeñas emisoras de radio locales. Así ha ocurrido por ejemplo con las emisoras La Voz (Bagua), Radio Horizonte (Chachapoyas) y Radio Oriente (yurimaguas) a raíz del paro amazónico. No sólo se han iniciado procedimientos administrativos para cerrarlas, sino que se ha perseguido penalmente a comunicadores que trabajan en ellas. 39
5. estigmatización.- Durante el gobierno de Alan García, el estado se ha servido de los medios de comunicación adeptos al régimen para presentar a los pueblos indígenas como atrasados, enemigos del desarrollo, y delincuentes. Incluso altos funcionarios del gobierno han realizado declaraciones públicas en este sentido, destacando las vertidas por el propio presidente de la República a raíz de las protestas sociales: “Estas personas no tienen corona, no son ciudadanos de primera clase. 400 mil nativos no pueden decirnos a 28 millones de peruanos: tú no tienes derecho de venir por aquí. (…) Quien piense de esa manera quiere llevarnos a la irracionalidad y al retroceso primitivo en el pasado39”. “En fin, volver a esas formas primitivas de religiosidad donde se dice no toques ese cerro porque es un Apu y está lleno del espíritu milenario (…) Volvemos a este animismo primitivo ¿no? yo pienso que necesitamos más educación (…)40”.
39 Declaraciones de Alan García Pérez respecto al paro amazónico del 2009. 40 Declaraciones de Alan García Pérez sobre la protesta del pueblo aymara en el 2011.
en la última década, el gobierno ha impulsado diversas medidas para garantizar el acceso a los servicios de salud de la población indígena. No obstante, estas disposiciones son el resultado de iniciativas aisladas, y la presión de organismos internacionales y de las comunidades nativas, antes que del propio estado. La falta de voluntad política se evidencia en la falta de presupuesto y recursos humanos en la promoción de la salud intercultural, así como en la ausencia de un enfoque transversal que considere las necesidades particulares de los pueblos indígenas. A nivel normativo, la estrategia Sanitaria Nacional Salud de los Pueblos Indígenas (2004) posibilitó un ligero avance en la búsqueda de implementar servicios de salud con pertinencia cultural. entre sus logros, figuran la “adecuación” de los servicios de salud para la atención del parto vertical, la implementación de casas de espera para facilitar el acceso a la atención del parto institucional y por profesional de la salud; la norma de la transversalización del enfoque de género, interculturalidad y derechos en salud o la Guía de Salud Reproductiva con enfoque Intercultural. Asimismo, se recopilaron evidencias de las brechas sanitarias de los pueblos originarios a través de los Análisis de Situación de Salud (ASIS), a cargo de la Dirección General de epidemiología. en tanto, el Centro Nacional de Salud Intercultural (CeNSI)41 suscribió acuerdos con organizaciones indígenas de 12 regiones42, que contemplan aspectos relacionados con sensibilización de los profesionales de salud y su capacitación en salud intercultural, así como la elaboración de investigaciones en materia de salud indígena43.
41 El CENSI fue creado en el 2002 como parte del Instituto Nacional de Salud (INS). 42 Ver: http://www.minsa.gob.pe/portal/03Estrategias-Nacionales/08ESN-Indigena/esn-indacuerdos.asp# 43 En el contexto de la descentralización, las instancias locales y regionales, son actores claves en la toma de decisiones e implementación de acciones que beneficien a los pueblos originarios de la Amazonía y el Ande, generando mecanismos de inclusión participativa.
el CeNSI logró también la aprobación de la Norma Técnica Salud y dos Guías Técnicas para la protección, relacionamiento y atención a pueblos indígenas en aislamiento, en contacto reciente o indígenas en contacto inicial con alto riesgo de morbimortalidad. Actualmente, elabora una propuesta de política pública intercultural en salud en coordinación con la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDeSeP), entre otras acciones. Cabe destacar la labor de los equipos itinerantes de atención sanitaria: la Atención Integral de Salud para Poblaciones excluidas y Dispersas-AISPeD44 en la atención a las comunidades nativas (al 2006 atendían a 706 comunidades). No obstante, el servicio que brindan es limitado por las dificultades geográficas y pocos recursos presupuestales disponibles (en el 2008 se redujeron a la mitad). Luego de cuatro años de aprobado el dispositivo, fuentes oficiales45 reconocieron que “no han logrado un posicionamiento importante en las diversas decisiones del sector que les permita institucionalizar la interculturalidad como la base en la que se sustentarían las intervenciones de salud en los pueblos indígenas”. Se observa además, que el concepto e implementación de la interculturalidad en salud ha sido limitada al área de salud materna46. Al respecto, a través del Informe Defensorial 134: “La salud de las Comunidades Nativas: un reto para el estado”47 (2008), la Defensoría del Pueblo refiere: “La política de salud intercultural en el Sector Salud ha sentado las bases para un progresivo cambio de paradigma en la medicina. Sin embargo, su implementación se desarrolla con una débil articulación con el Centro Nacional de Salud Intercultural. Además, éste órgano especializado en la materia carece de funciones normativas y capacidad para dirigir e incorporar el enfoque intercultural en la política integral de salud”. el Informe menciona que la estrategia Sanitaria de los Pueblos Indígenas no es conocida por el personal de los establecimientos de salud en las comunidades nativas, lo cual resta eficacia al cumplimiento de sus objetivos; y, que el estado no logra cumplir con su obligación de garantizar la disponibilidad, la accesibilidad y la adecuación cultural del servicio a la población de las comunidades nativas. Por otra parte, el Plan Nacional Concertado de Salud (2007) y la nueva política de aseguramiento universal del 2009, no han previsto estrategias específicas para mejorar el acceso de los servicios de salud a las poblaciones indígenas dispersas de la selva. Aunque se ha incorporado la población indígena al Seguro Integral de Salud (SIS), solo un 41% de dicha población estaría haciendo algún uso de ese sistema, según el CeNSI. el problema de la atención en salud a las comunidades indígenas se agudiza debido a las dificultades que éstas afrontan para acceder a un servicio de salud, de calidad y oportuno. A ello, se suma los pocos establecimientos de salud (mal implementados y con insuficientes medicinas); y la escasez de personal sanitario, por la falta de políticas e incentivos gubernamentales, así como la respectiva capacitación que hoy es mínima. Otro de los temas preocupantes es la ausencia de sistemas de registro que muestren con especificidad la situación y retos de salud de las distintas etnias, a fin de desarrollar y priorizar estrategias más eficaces para mejorar su salud. Además de desglosar por etnia
44 La Dirección General de Salud de las Personas formuló la Norma Técnica sobre la AISPED. Este dispositivo establece una serie de mecanismos dirigidos a garantizar y mejorar la atención de salud de las poblaciones con inaccesibilidad geográfica en situación de pobreza o pobreza extrema. 45 Plan General de la Estrategia 2009-2012, elaborado por el equipo técnico del Centro Nacional de Salud Intercultural –ente coordinador nacional de la Estrategia Sanitaria- y de los miembros de su Comité Técnico Permanente. 46 Casas de espera y atención del parto vertical. 47 Disponible en: http://www.defensoria.gob.pe/inform-defensoriales.php
los datos, es preciso modificar las condiciones y criterios de registro48, garantizando su adecuación cultural, a fin de superar los registros inadecuados que se vienen produciendo. Para un impulso real de la salud intercultural, urge que el Gobierno comience a reconocer y revalorar la medicina tradicional y a los agentes tradicionales de la salud (como la partera y el curandero); y que promueva la participación de las comunidades originarias y sus organizaciones en el tema. en ese sentido, debería tomar en cuenta las recomendaciones en materia de salud contenidas en el “Plan de Acción para los asuntos prioritarios de las comunidades indígenas49 (2001); así como los especificados en la Propuesta Nacional de Desarrollo Amazónico50 (2009). estos documentos cobran relevancia considerando que las poblaciones indígenas de la Amazonía presentan los más altos índices de mortalidad en el país. Según el estudio “Características Sociodemográficas de los Grupos Étnicos de la Amazonía Peruana y del espacio Geográfico en el que residen51”, la tasa de mortalidad infantil –que representa la tasa de menores de un año fallecidos por cada mil nacidos vivos– en las comunidades nativas amazónicas fue de 49,2 por cada mil nacidos vivos en el 2007, mientras que a nivel nacional fue de 18,5 por cada mil nacidos vivos. en ese mismo año, el índice de mortalidad en la niñez –que es la tasa de niños menores de cinco años fallecidos por cada mil nacidos vivos– en las comunidades nativas amazónicas fue de 64 por cada mil nacidos vivos, mientras que a nivel nacional, ese mismo indicador fue de 27 por cada mil nacidos vivos Se sabe que las altas tasas se deben principalmente a la falta de establecimientos de salud cercanos a estas comunidades nativas pues en muchos casos, los indígenas deben caminar varias horas para acceder a un establecimiento de salud y recibir atención médica. Por su parte, las mujeres indígenas señalan que es necesario garantizar el acceso a una salud intercultural de calidad. esto implica, abordar el tema con una mirada que integre las medicinas tradicional (yerbas, vaporizaciones, etc.) y occidental (médico y medicamentos). Se trata de complementar y adecuar los servicios de salud a las posibilidades y cultura de las mujeres indígenas. No se está en contra de iniciativas como “las casas de espera” que exigen dar a luz en esos sitios o los centros de salud a fin de que los niños y niñas tengan su ficha de nacimiento, pero se aspira que llegue la información de forma respetuosa a las comunidades, sin imposición ni atentar contra las costumbres y cosmovisión propias. Si las mujeres indígenas tienen más fácil acceso a las plantas medicinales que ya conocen, sería recomendable capacitar y perfeccionar sus conocimientos para que en caso de no poder solucionar el problema recién se derive el caso a un centro de salud.
48 Ver OGE: Análisis de la situación de salud del Pueblo Shipibo-Konibo. 2002. Disponible en: http://www.oge.sld.pe/publicaciones/pub_asis/asis07.pdf 49 El Plan fue el resultado del trabajo conjunto de organizaciones indígenas y de otras organizaciones que les apoyan, junto con representantes del Estado, constituyendo la Mesa de Diálogo y Cooperación para las Comunidades Nativas constituida en el 2001, durante el Gobierno de Transición de Valentín Paniagua. Pese a que se establecieron acuerdos y compromisos, con el cambio de gobierno, estos se disolvieron. 50 Este documento fue elaborado por el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, que se formó tras los lamentables sucesos de Bagua en junio del 2009. Conformaban el Grupo representantes del Ejecutivo, y de organizaciones indígenas amazónicas acreditadas, que contaron con el apoyo técnico del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP). 51 La investigación fue realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI y el Fondo de Población de las Naciones UnidasUNFPA. Fue elaborado en base a los Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda, y el II Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana del 2007.
en el Perú, la educación Intercultural Bilingüe-eIB se fundamenta a nivel normativo en la Constitución Política del Perú (artículo 17); la Ley General de la educación-Ley N° 28044; la Ley para la educación Intercultural Bilingüe, Ley N° 27818; el Proyecto educativo Nacional al 2021 (2007), la Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, Ley N° 28983; y la Ley de Fomento de la educación de las Niñas y Adolescentes Rurales, Ley N° 27558; entre otras normas. Pese al marco legal existente, en el país se vulnera el derecho fundamental de acceso a una educación intercultural bilingüe de calidad de más de un millón de niños, niñas y adolescentes indígenas52. esto obedece a que la práctica de la política de eIB –desde la propuesta estatal– se restringe a las instituciones educativas primarias rurales, excluyendo a los niños y niñas que no acceden a una institución educativa, a los que tienen lengua materna originaria que asisten a centros de educación inicial escolarizada y no escolarizada (118,281), y secundaria (264,652); así como a los 113,258 estudiantes indígenas de primaria que residen en zonas urbanas53. Además de la baja cobertura, la problemática se agrava por las deficiencias en la contratación de profesores bilingües y especializados en educación Intercultural Bilingüe, entre los que figuran la falta de determinación de plazas docentes eIB, la no publicación y difusión del consolidado regional de plazas eIB, y el incumplimiento en la verificación del bilingüismo
52 Según el Censo Nacional 2007 del INEI, los niños, niñas y adolescentes de 3 a 17 años que tienen una lengua materna originaria son 1’046,639, representando el 26% del total de la población indígena. Cabe destacar que en todas las fuentes oficiales se considera la lengua materna, distinta del castellano, aprendida en la niñez como único criterio para definir o reconocer a los indígenas. 53 BENAVIDES, Martín; MENA, Magrith y PONCE, Carmen. “Estado de la Niñez Indígena en el Perú”. Lima: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 2010. 156 p.
y de la especialización en eIB en los profesores aspirantes a esas plazas. Así, lo evidenció el Informe Defensorial N°152 realizado por la Defensoría del Pueblo54, del 2008 al 2010. el informe en mención comprobó que solo doce unidades de Gestión educativa-uGeL, de las 50 supervisadas, contaban con docentes con formación especializada (de pregrado) en eIB. Se reportó además que en el 2010 nueve uGeL contrataron -en conjunto- a 530 docentes sin formación en eIB y sin capacitación en esa especialidad, y 87 docentes sin título pedagógico. Respecto a la disponibilidad de docentes eIB, el DS 006-2007-eD que estableció la nota 14 como mínimo aprobatorio para el ingreso a la carrera docente de los Institutos Superiores Pedagógicos-ISP perjudicó la formación de profesores especializados en eIB. , A causa de la norma, en el 2007 solo ingresaron cuatro estudiantes a instituciones que forman profesores en educación primaria intercultural bilingüe; en el 2008, ocho; y en el 2009, cuatro. Ninguno siguió la especialidad porque no hubo apertura de cursos por falta de alumnos. La nota 14, cuya justificación inicial era elevar la calidad educativa, evidencia que la política del Ministerio de educación-MINeDu no respeta las particulares condiciones de la educación intercultural bilingüe. en informes alternativos anteriores ya se denunció que los procesos para ingresar a los institutos pedagógicos no consideraron las diferencias culturales, ni valoraron en los exámenes los saberes interculturales de los postulantes indígenas. en el 2010, el MINeDu dispuso que los postulantes a la especialidad de eIB que obtuvieran entre 11 a 13.99 puntos, siguieran un ciclo de nivelación académica de ocho meses, luego del cual solo ingresaban quienes obtuvieron un promedio mínimo de 14. Como resultado, ese año ingresaron 79 postulantes. en mayo del 2011 se promulgó la Resolución Ministerial N° 0184-2011-eD, que dispone que al término de la nivelación académica, podrán aprobar con nota 11 los postulantes que residen y hayan culminado la educación básica en una zona rural, y se presenten al proceso de admisión convocados por los ISP ubicados en esas zonas. Para la implementación progresiva de esta modificatoria, se estableció un plan piloto en áncash. este año se registraron 127 ingresantes a las carreras eIB. Cabe señalar que en diciembre del 2010, la Comisión de educación, Ciencia, Tecnología, Cultura, Patrimonio Cultural, Juventud y Deporte del Congreso aprobó por unanimidad dos proyectos de ley que buscan derogar esa nota mínima para el ingreso a la especialidad de educación intercultural bilingüe en los institutos superiores pedagógicos. Sin embargo, pese a la urgencia del tema, los Proyectos de Ley números 4306/2010-CR y 3949/2009CR, aún esperan a ser debatidos. Las deficiencias en la eIB se expresan en su poca cobertura. De acuerdo a lo señalado por los directores de las instituciones educativas en el Censo escolar 2008, del total de estudiantes de educación primaria pública que tienen una lengua materna originaria, solo el 38% asistió a una institución educativa eIB ese año. Se sabe también que las escuelas donde estudian en su mayoría indígenas presentan más problemas de infraestructura y menor acceso a servicios básico de electricidad, agua y desagüe conectados a una red pública.
54 El Informe Defensorial N°152 se efectuó en base a la supervisión a diversas entidades del sector educación a fin de identificar los principales problemas de la implementación de la política pública de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en el Perú. La supervisión se inició en el año 2008 y concluyó en el 2010. El documento se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: http://www. defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/Informe-Defensorial-152.pdf
La situación educativa crítica de la niñez indígena se aprecia en la evaluación Censal de estudiantes en Lenguas Originarias eCe-LO 2008, cuyos resultados indican que el 96% de los alumnos no logró los aprendizajes esperados para el grado que cursa en comprensión de textos escritos en la propia lengua. un aspecto a evaluar en la eIB es el grado de avance en la recuperación de las lenguas originarias55. en ese sentido, la encuesta Nacional de Hogares del 2007 del INeI, señala que se retrocedió en un 3.3% en el aprendizaje del Quechua y un 0.5% en el aprendizaje del Aymara, con relación al censo de 1993. estos porcentajes son absolutos (del total de la población peruana); pero representan cerca del 20% de la población quechua y aymara que han dejado de aprender su idioma56. estos datos confirman un informe de la uNeSCO que establece que ambos idiomas están en peligro de desaparecer a largo plazo. en tanto, en la región amazónica, se incrementó del 0,1% al 0,2% las personas que aprendieron lenguas nativas durante la niñez. esto muestra el aporte del trabajo efectuado por el Instituto	Superior	Pedagógico	de	Loreto-ISPPL y por el programa Formación de Maestros Bilingües de la Amazonia Peruana-FORMABIAP impulsado por AIDeSeP que, , desde hace dos décadas, forman maestros bilingües que cubren más de diez lenguas amazónicas. Otros problemas en la eIB son la capacitación escasa y homogenizada de los docentes eIB57; la falta de estadísticas e información oficial sobre la gestión educativa eIB a nivel nacional; la poca producción de material educativo58, y la carente asignación de recursos para los programas de eIB, que no es priorizada en las iniciativas para mejorar la calidad del gasto, como el Presupuesto por Resultados. La problemática de la eIB es un tema complejo. No se trata solo de una dificultad sectorial sino también de un tema social, puesto que una adecuada implementación de la eIB ayuda a afirmar la identidad cultural de los pueblos; mientras que una deficiente puesta en práctica de la misma fomenta la discriminación y acrecienta las desigualdades sociales. Por su parte, las mujeres indígenas demandan el acceso a una eIB de calidad real que no sólo exista en los papeles. No se puede hablar de eIB, si sólo se traducen los textos de un idioma a otro pero los contenidos no son acordes a la realidad de la comunidad, o si se piensa en eIB inicial y primaria –ya de por sí de pésima calidad– pero no en una secundaria o técnica. en ese sentido, esfuerzos como el FORMABIAP resultan loables pero insuficientes cuando el gobierno emite normas que atentan la formación docente especializada como la cuestionada nota 14. Preocupa también la progresiva pérdida de las lenguas maternas quizás por temor a la discriminación. Si bien el idioma es un medio de comunicación, también es fuente de conocimientos. No es lo mismo narrar una sabiduría en idioma indígena que en castellano, donde pierde mucho de su esencia. Finalmente, el análisis de la práctica del derecho a la educación intercultural en las comunidades campesinas y nativas no sólo implica examinar la enseñanza impartida en el centro educativo y políticas educativas existentes sino también involucra evaluar cómo la
55 Establecidos en el artículo 2.19 de la Constitución Política del Perú; y en la Ley de Reconocimiento, Preservación, Fomento y Difusión de Lenguas Aborígenes (N° 28106) que tiene por objeto reconocer como idiomas oficiales, en las zonas donde predominen, además del castellano, el quechua y el aymara, las lenguas aborígenes consideradas en el Mapa del “Patrimonio Lingüístico y Cultural del Perú, Familias Lingüísticas y Lenguas Peruanas” y declarar de interés nacional su preservación, fomento y difusión. 56 Según el censo de 1993; 16.6% de la población peruana aprendía el quechua en su niñez; según la ENAHO del 2007, solo un 13.3% con relación al aymara, se ha pasado de un 2.3% a 1.8% en el mismo período. 57 Según el Informe Defensorial N°152, hasta diciembre del 2010, los docentes EIB de la amazonía no han recibido capacitación especializada en EIB. Se han implementado programas solo para las zonas andinas en quechua y aimara. 58 La DIGEIBIR solo ha producido materiales educativos para 15 de las 55 lenguas amazónicas entre los años 2005 y 2010. La producción de materiales en quechua y aimara es mayor (proporción 2 a 1).
sociedad influye en la práctica de este derecho. en gran medida, la discriminación estructural que existe contra el poblador indígena se refleja en la práctica educativa ocasionando que este poblador utilice a la educación como una herramienta para evitar la discriminación. Así, el poblador discriminado en lugar de exigir una práctica educativa que busque el desarrollo de las capacidades del estudiante, exige en muchos casos una práctica que se limita a su castellanización y aculturación. Considerando esto creemos que la mejora de la práctica educativa no debe ser abordada desde un análisis meramente sectorial sino desde uno social que busque la eliminación de prácticas discriminatorias y brinde las condiciones para una plena efectividad de la educación intercultural.
8. seguridad y soberanÍa
Seguridad y soberanía alimentaria son temas transversales en los derechos humanos y, por tanto, en los derechos de los pueblos indígenas, pues se relacionan con la misma condición humana, la alimentación, la salud, la vida. Sin embargo, desde la visión indígena la seguridad y soberanía alimentaria atañen también a los derechos de la Madre Tierra. Para los pueblos indígenas, la agricultura no es una práctica extractiva, es la actividad que fortalece el vínculo con la tierra: un trabajo colaborativo mediante el que se producen los alimentos. este es un enfoque ausente en las actuales políticas del estado. Al no tenerse un enfoque holístico de la alimentación, se legisla en materia de tierras, agua, bosques, semillas, biodiversidad por separado y como si fueran elementos que no interactúan entre sí, afectando directa o indirectamente a la cultura agrícola de nuestros pueblos y en consecuencia a nuestra seguridad y soberanía alimentaria. el artículo 19° del C169/OIT se refiere específicamente a que los programas agrarios deberán garantizar a los pueblos indígenas condiciones equivalentes a las que disfrutan otros sectores de la población a efectos de la asignación de tierras adicionales y el otorgamiento de medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya poseen. Sin embargo, en este último año ambas disposiciones han sido amenazadas por el gobierno peruano al no disponer las medidas adecuadas y pertinentes para estar en cabal cumplimiento de estos artículos, y por la promulgación de normas que atentan directamente en contra de ellos 48
en tal sentido, el gobierno aprobó los Decretos Legislativos 1059, 1060, 1075 y 1080, paquete de normas legales que favorecen la introducción de los productos transgénicos, la apropiación de la biodiversidad y el acceso a los recursos genéticos a favor de la inversión privada. este nuevo régimen permite patentar los genes afectando la megadiversidad de la Amazonía y el patrimonio nacional, poniendo en riesgo la bioseguridad del país y violando compromisos y principios internacionales de protección a la biodiversidad y a los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas asociados a la biodiversidad. Sobre este mismo tema, el DS 003-2011-AG del Ministerio de Agricultura emitido el 15 de abril último, aprobó el reglamento que permitía el ingreso de semillas transgénicas. este decreto tuvo un rechazo generalizado debido a que fue aprobado sin consulta y a espaldas de las organizaciones indígenas que venimos advirtiendo los riesgos del ingreso de las semillas transgénicas al país. Posteriormente, el pasado 7 de junio ante la presión de la sociedad civil y la alerta de los peligros del ingreso de las semillas transgénicas, fue aprobado por mayoría en el Congreso de la República el dictamen de proyecto de ley que establece una moratoria de 10 años para el ingreso de Organismos Vivos Modificados (OVM). La norma dispuso como autoridad competente del tema al MINAM y la creación de una Comisión Técnica de evaluación y Prevención de Riesgos de OVM, la que deberá emitir un informe cada dos años. Las organizaciones indígenas demandamos que se agilice la conformación de dicha comisión y que tengamos representatividad y opinión, especialmente en lo que se refiere a la elaboración del Reglamento de Bioseguridad que debe regir. No obstante, la autógrafa de ley ha sido observada por el ejecutivo el 7 de julio último, pese a los esfuerzos de las organizaciones indígenas y la sociedad civil, quienes mantenemos una posición clara sobre la necesidad de proteger la pequeña agricultura, la biodiversidad y la alimentación. el documento que observa la norma cuenta con nueve conclusiones que congelan la moratoria aprobada, entre ellas se argumenta que el Perú tiene que aumentar la producción de alimentos para su creciente población y se hace una clara alusión a que la agricultura orgánica es inviable. Se promueve, en cambio, la agricultura de gran escala que, como sabemos, es la que atenta más contra el ambiente y genera el uso irracional de los recursos59. Retomando el artículo 19 del C169/OIT, referido a la promoción de programas agrarios para los pueblos indígenas, debemos señalar que no existen en la actualidad políticas dirigidas a este sector que atiendan los problemas centrales vinculados a la actividad agrícola. Como ha señalado Fernando eguren, se tiene a la fecha dos problemas que incrementan la vulnerabilidad de productores indígenas y campesinos: el decrecimiento de los rendimientos físicos de las tierras cultivables y los impactos del cambio climático sobre la producción de alimentos60. Sobre estos problemas no existe una política de estado clara y eficiente. Por otro lado, no contamos aún con una Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria. La ley que ha promovido el gobierno saliente es obsoleta, asistencialista y responde a la consigna del Presidente Alan García para quien basta exportar nuestro gas e importar alimentos para asegurar la alimentación en el país, según declaró al diario expreso. esto no es coherente con la creciente preocupación de los gobiernos del mundo por el alza de los precios de los alimentos y el crecimiento poblacional no se correlacionan con la capacidad de producción de alimentos.
59 Disponible en: http://es.scribd.com/doc/59533149/Norma-sobre-moratoria-para-transgenicos-observada-por-el-Ejecutivo 60 Ver: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas/agricultura-sostenible-y-seguridad-alimentaria_89255.html
Otro factor que atenta contra la seguridad y soberanía alimentaria es la cada vez mayor pérdida de tierras nuevas para el cultivo de productos que abastezcan el mercado interno. en el Perú, la expansión de la frontera agrícola se encuentra supeditada a la inversión pública en grandes obras de irrigación que conviertan las tierras desérticas de nuestro litoral en tierras cultivables. Las tierras nuevas, sin embargo, son inaccesibles para pequeños productores o para la población indígena -proveedores del 60% de los productos alimenticios del país- ya que es vendida por el estado en grandes lotes y a precios a los que solo la gran industria de la agroexportación puede acceder. en efecto, en el Perú, el sector que sí goza del apoyo estatal es el de la agricultura de exportación, la misma que está en manos de monopolios y acapara la posesión de tierras y el recurso hídrico, y a la cual especialmente este último año, se le ha dado un fuerte impulso. Las grandes inversiones públicas como los proyectos hidroenergéticos están pensadas para satisfacer precisamente las demandas de los grandes posesionarios, como es el caso de Olmos (al norte del país). Los estudios constatan que existen problemas generalizados a causa de la expansión de las empresas agroexportadoras en muchas zonas del país. uno de ellos es el de las altas tasas de extracción de agua que requieren las empresas para la irrigación de sus tierras y que exceden las tasas de recuperación. De otro lado, hay una fuerte dependencia de la energía derivada de combustible fósil para producir fertilizantes nitrogenados y pesticidas para la gran agricultura. Además, los sistemas de producción de alimentos emiten frecuentemente cantidades significativas de gases de efecto invernadero y liberan otros contaminantes que se acumulan en el ambiente. en conclusión, se trata de una agricultura no sostenible. Los pueblos indígenas creemos que es urgente pensar en una agricultura no agresiva con los recursos naturales y el ambiente y con un mayor uso de fuentes de energía renovables. De ese modo, estaremos garantizando no solo la calidad de los alimentos sino la protección de la tierra y evitando el hambre; recordemos que la crisis alimentaria no se debe a la incapacidad de producir alimentos para todos, sino a que el sistema responde a una serie de intereses corporativos61. Sobre el particular, la ONAMIAP señala que se debe abordar el tema de la seguridad y soberanía alimentaria incorporando la mirada indígena e intergeneracional, y apuntar así a políticas con una visión compartida.
61 Entre 300 y 500 empresas controlan el 70% de las decisiones que afectan al sistema alimentario a nivel global, incluyendo aquellas relacionadas con recursos clave como tierras, agua, semillas, tecnologías e infraestructura. Disponible en: http://www.intermonoxfam.org/UnidadesInformacion/anexos/12289/factsandstatsfinalspanish.pdf
9. casos emblemáticos
 9.1 Majes Siguas
el Proyecto especial Majes Siguas II etapa busca “maximizar y optimizar el uso de la infraestructura hidráulica mayor existente y su complementación con las siguientes obras: •	•	•	•	Presa de Angostura (1140 Hm3) [equivalente a 1’140, 000,000 metros cúbicos] Derivación Angostura - Colca (16.5 km y Q=30m3/s) Derivación Siguas hacia Pampas de Siguas Red de Distribución e Infraestructura de Riego para habilitar y desarrollar 38 mil has. de tierras nuevas en las Pampas de Siguas y 8 mil ha en las Pampas de Majes •	Central Hidroeléctrica de Lluta (274 MW) •	Central Hidroeléctrica de Lluclla (316 MW) •	Carreteras y Servicios”62 La construcción de la Presa (represa) de Angostura, de 1140 Hm3 [1’140, 000,000 metros cúbicos] de capacidad neta, prevé contar con la regulación del río Apurímac como el recurso hídrico más importante, que permitiría incorporar al proyecto 38.500 hectáreas agrícolas y la producción de 530 MW de energía63.
62 Ver:http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaFichaHijo.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=240 (consultada el 2 de marzo de 2011). 63 Ver: Gobierno Regional de Cusco y Gobierno Regional de Arequipa, Estudio de impacto ambiental de la Represa Angostura y gestión ambiental a nivel definitivo-Resumen Ejecutivo, Cesel Ingenieros, julio de 2010, págs. 3 y 4.
Aunque la represa de Angostura quedaría ubicada en la región Arequipa, “sus impactos han de sentirse en la provincia cusqueña de Espinar, particularmente en sus distritos de Suyckutambo, Coporaque y Espinar”64.en ese sentido, el estudio de Impacto AmbientaleIA “estima que el caudal evacuado presenta a futuro una limitación para el desarrollo de las poblaciones asentadas aguas abajo de la presa en el eje del río Apurímac”65. en la provincia de espinar, en la parte alta de la cuenca del río Apurímac, con la construcción de la represa “se prevé una menor oferta hídrica a causa del trasvase de las aguas hacia la cuenca del Colca”66. Para esta provincia, la construcción de la represa generaría un déficit de 12 millones de metros cúbicos durante los meses de sequía67. La construcción y operación de la represa tendrá impactos ambientales y sociales que afectarán a las comunidades campesinas de espinar. La represa ocasionará “cambios en los componentes bióticos, físicos y socioeconómicos, asociados principalmente a la modificación del régimen de caudales del río Apurímac”68. uno de los impactos potenciales está asociado principalmente a la reducción de la oferta de agua en relación con la demanda de las comunidades para la ganadería durante las épocas de sequía. La realización del proyecto prevé una reducción tal del recurso hídrico que el eIA afirma que “[c]on dicho caudal, no estarían garantizados los requerimientos hídricos del proyecto Cañón del Apurímac y la sostenibilidad de la trucha arcoíris”69. en la parte alta de la cuenca del río Apurímac están ubicadas trece comunidades campesinas pertenecientes a la provincia de espinar que conforman el “área social de influencia directa” del proyecto. estas comunidades son: “Sepillata, Anansaya, Collana, Chisicata y Suero y Cama en el distrito de Espinar, Hanccamayo, Apachacco Puente Central, Apachillanca, Mamanihuayta, Hanccocahua, Manturca, Cotahuasi, HatunAyraCollana en el distrito de Coporaque y las comunidades campesinas de Echoccollo, Cerritambo y Chaupimayo en el distrito de Suyckutambo”70. Las citadas comunidades pertenecen a la cultura kana, son quechua hablantes y tienen costumbres sociales que las vinculan directamente con la tierra y con el río Apurímac, que consideran sagrado. en el territorio ancestral de estas comunidades, concretamente en el área para la construcción de la represa de Angostura, se encuentran restos arqueológicos. Las trece comunidades campesinas derivan su sustento alimenticio y económico de las aguas del río Apurímac. La base de su subsistencia está i) en la ganadería y la crianza de llamas y alpacas y, recientemente, también en la ganadería de vacunos71, ii) en la agricultura de autoconsumo y para pasto de ganado72 y iii) en la pesca de trucha73. Dado que el río Apurímac es su única fuente de agua para consumo y para las actividades de subsistencia,
64 65 66 67 Ibídem, pág. 21. Ibídem, pág. 31. Ibídem, pág. 8. El gerente del proyecto Majes Siguas II, Ronald Arenas Córdoba señaló que la construcción de la represa de Angostura generaría un déficit de 12 millones de metros cúbicos de agua durante los 9 meses de estiaje. Ver: http://sicuaninoticias.blogspot.com/2010/02/12-millones-de-m3-de-deficit-de-agua.html. En el mismo sentido, en un boletín de la Comisión Andina de Juristas, que contiene la cronología del conflicto derivado de la construcción de la represa de Angostura se señala que, el 21 de septiembre de 2010, el Ministro de Agricultura indicó que “en la cuenca del Apurímac hay 150 millones de metros cúbicos de agua, y que el déficit que podría tener Espinar en los próximos 20 años es de 12 millones de metros cúbicos”. 68 Ver: Gobierno Regional de Cusco y Gobierno Regional de Arequipa, Estudio de impacto ambiental de la Represa Angostura y gestión ambiental a nivel definitivo-Resumen Ejecutivo, Cit., pág. 38. 69 Ibídem, pág. 41. 70 Ibídem, pág. 22. 71 Ibídem, págs. 21 y 23. 72 Ibídem, pág. 23. 73 Ibídem, pág. 40.
éstas dependen directamente de las condiciones hidrológicas naturales de la cuenca del río Apurímac. el proyecto de construcción de la represa “registra una total oposición entre las comunidades campesinas, distritos y centros poblados de la provincia de Espinar, ubicados dentro del área de influencia del proyecto”74. el eIA señala que “la percepción de la población es que la represa de Angostura va a modificar el caudal del río Apurímac y por lo tanto esto va a afectar el equilibrio ambiental en la producción y en las posibilidades de desarrollo de la provincia, con los consiguientes problemas sociales que acarrearía. Para los pobladores de Espinar resulta inaceptable que se priorice el uso del agua para la agroindustria en desmedro de su uso para consumo humano en su territorio”75. el proyecto de la represa de Angostura no ha sido consultado con las comunidades campesinas de espinar y éstas no han otorgado su consentimiento para la realización de ninguno de los proyectos mencionados. en efecto, la Ley 28670 de 26 de enero del 2006, mediante la cual se declaró de necesidad pública e interés nacional, entre otros, el proyecto de “Construcción de la Represa de Angostura”76, no fue consultada con las comunidades campesinas de espinar; y tampoco la decisión de declarar de “necesidad nacional y de ejecución prioritaria por parte de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada [los procesos] vinculados con la concesión de los siguientes proyectos: […] Proyecto Especial Majes-Siguas”77, tomada mediante el Decreto de urgencia 047-2008, expedido por la Presidencia del Consejo de Ministros, y reiterada mediante el Decreto de urgencia 1212009, expedido por el Presidente de la República.
 9.2 Centrales Hidroeléctricas de Pakitzapango y Tambo 40
en junio del 2010, Perú y Brasil firmaron el tratado bilateral llamado “Acuerdo entre el Gobierno	de	la	República	del	Perú	y	el	Gobierno	de	la	República	Federativa	de	Brasil	para	el	Suministro	de	Electricidad	al	Perú	y	Exportación	de	Excedentes	al	Brasil”. el Acuerdo propone viabilizar la interconexión eléctrica entre Perú y Brasil, facilitando un marco legal para la construcción y operación de centrales hidroeléctricas y líneas de transmisión en territorio peruano, que sería ejecutado por empresas y capitales brasileños. en el proceso de negociaciones de la firma del Acuerdo energético, el gobierno peruano fue otorgando concesiones temporales a empresas de capitales brasileños para realizar estudios de factibilidad para la construcción de centrales hidroeléctricas. entre estas concesiones temporales otorgadas, dos de ellos se encuentran sobre territorios indígenas: Concesión Temporal de Pakitzapango y Concesión Temporal de Tam 40. en diciembre del 2008, mediante Resolución Ministerial N° 546-2008-MeM/DM, el Ministerio de energía y Minas del Perú otorgó la Concesión temporal a favor de la empresa Paquitzapango energía SAC (de capitales brasileños como la empresa eNGVIX eNGeNHAIRA) destinada a desarrollar estudios a nivel de factibilidad relacionados a la actividad de generación de energía eléctrica en la futura Central Hidroeléctrica Pakitzapango por un plazo de 20 meses. el plazo de dicha concesión venció en agosto del 2010 y la empresa concesionaria no culmino los estudios de factibilidad ni los eIA. Tampoco se llevó a cabo ningún proceso de información y consulta previa al pueblo asháninka del ene antes de otorgar la concesión.
74 75 76 77 Ibídem, pág. 37. Ibídem, pág. 24. Ley 28670, art. 1. Decreto de Urgencia 047-2008, art. 2.
en noviembre del 2010, mediante Resolución Ministerial N° 453-2010-MeM/DM el Ministerio de energía y Minas del Perú otorgó a la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C. (de capitales brasileños) la Concesión Temporal para estudios de factibilidad de la Central Hidroeléctrica de Tambo 40, denominado “Tam40”. este proyecto se encuentra ubicado en el río Tambo (formado por la unión del río ene y Perené) afectando a comunidades asháninkas de las cuencas del Tambo y del ene (hasta el cañón de Pakitzapango). el plazo de la concesión es de dos años. esta concesión temporal se superpone sobre comunidades nativas asháninkas de la cuenca del Río Tambo y del Río ene, abarcando incluso parte de la Reserva Comunal Asháninka78 y, al igual que el caso de la concesión de Pakitzapango, tampoco se ha realizado un proceso de información y consulta previa a los pueblos indígenas involucrados. esta concesión abarca un área más grande y comprende también el Pongo de Pakitzapango en la Cuenca del ene. Si bien es una nueva concesión en esta se incluye, una vez más, comunidades de la cuenca del ene que iba a ser afectadas por la concesión de Pakitzapango. Ambas concesiones temporales fueron otorgadas sin la información y consulta previa de la población asháninka sobre cuyos territorios se superpone el área de concesión temporal y pese a los reclamos de estas comunidades representado por su organización indígena Central Asháninka del Río ene (CARe), el gobierno peruano no ha cumplido con este proceso. De otro lado, cabe observar que si bien es cierto que a la fecha al menos una de estas concesiones temporales ya venció (Pakitzapango), el MINeM aún mantiene en oferta la posibilidad de otorgar nuevas concesiones para este mismo proyecto como se puede apreciar en su página web79, viéndose aún amenazados los territorios del pueblo asháninka. Como parte de la defensa de sus territorios, en el mes de septiembre 2009, CARe presentó a través de la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP) una reclamación contra el estado peruano por incumplimiento del C169/OIT. La OIT dio trámite a su reclamación y notificó al estado peruano, derivando al MINeM para que responda los cuestionamientos. La respuesta del MINeM, en el mes de junio del 2010, contiene información falsa y engañosa a fin de justificar que si se estaría cumpliendo el C169/OIT. La población asháninka de la cuenca del ene ha sufrido un proceso de desplazamiento forzado y con violencia durante la época del conflicto armado y violencia social interno en el Perú (durante el período de 1980 y 2000), como se indica en los Informes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional (CVR), además fueron víctimas de desapariciones forzadas, violación sexual, torturas, entre otros. Frente a ello, se organizaron en Comités de Autodefensa, reconociéndoseles como parte importante de la pacificación durante el conflicto armado. Desde hace algunos años, esta población indígena se encuentra en proceso de repoblamiento de los territorios de los cuales habían sido desplazados; sin embargo, aún viven las secuelas de la época de violencia, por lo que la construcción de estas centrales hidroeléctricas supondrían un desplazamiento forzado, agravando la situación de vulnerabilidad de un pueblo que ya ha sido desplazado producto de la violencia social. Preocupados por esta situación, CARe se pronunció el 17 de abril de 2011 para manifestar su respaldo a las comunidades del Río Tambo y su rechazo al proyecto, exigiendo la anulación de la concesión temporal que se otorgó sin la previa información y consulta a la
78 Cabe observar que las comunidades nativas de la cuenca del Ene y Tambo conforman la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Asháninka y el Parque Nacional Otishi. 79 Ver:http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Electricidad/promocion%20electrica/Centrales%20hidroel%C3%83%C2%A9ctricas%20 con%20potencial%20para%20la%20exportacion%20a%20brasil.pdf
población indígena involucrada. Asimismo, demandaron al gobierno peruano el respeto y cumplimiento irrestricto de sus derechos humanos consagrados en el C169/OIT, la Declaración de la Naciones unidas y la Convención Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Respecto al Acuerdo energético Perú-Brasil señalaron que está relacionado a la soberanía nacional, sus recursos y a territorios indígenas, por lo que solicitaron al Congreso de la República convocar a la sociedad civil y otras instituciones con el fin de que se realice un análisis más amplio en la decisión de ratificar o no dicho acuerdo80.
 9.3 Ecoamérica
en octubre del 2010, líderes de las comunidades nativas de la etnia shawi y kichwa, ubicadas en el distrito de Papaplaya (provincia y región San Martín), tomaron conocimiento de la superposición territorial de un predio de la empresa eCOAMÉRICA que afecta los territorios de tres comunidades indígenas81. eCOAMÉRICA solicitó la titulación e inscripción de un predio rústico denominado yúrac82, alegando que está en posesión y viene efectuando actividades agrícolas en tierras de libre disposición del estado83. De acuerdo a lo señalado por los líderes indígenas, este predio se superpone sobre territorios de la región San Martín, donde se encuentran poblados y comunidades nativas. el procedimiento administrativo iniciado el 2006 ante el Programa especial de Titulación de Tierras-PeTT (ahora COFOPRI – Loreto) cuenta con informes técnicos de inspección ocular y georeferenciación favorables a la empresa en los que se señala que no habría ningún asentamiento humano o comunidad nativa en el lugar84, sin embargo, el procedimiento no ha concluido con una respuesta positiva de COFOPRI - Loreto. en el 2009, eCOAMÉRICA interpuso ante una acción de cumplimento por no tener respuesta a su petición administrativa de titulación e inscripción del predio solicitado a su favor, contra COFOPRI y Registros Públicos-SuNARP de Loreto. en esta instancia judicial, la sentencia resultó favorable a la empresa85; sin embargo, es apelada por el procurador público del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en representación de COFOPRI, ante la Sala Mixta Descentralizada de Tarapoto86. en enero del 2011, esta sala revoca la primera sentencia.87 Ante este resultado, en febrero del 2011, el expediente fue elevado ante el TC, encontrándose pendiente de resolver.
80 Ver: http://indigenouspeoplesissues.com/attachments/article/10372/PRONUNCIAMIENTO-ASHANINKA.pdf 81 De acuerdo a la Carta remitida por la Federación Regional Indígena Shawi de San Martín–FERISHAM al Gobierno Regional San Martín (27.04.11), se encuentran afectadas las comunidades nativas San Manuel de Nashatauri (Quebrada Apagüeño) y Santa Rosa (Quebrada Matador), pertenecientes al grupo etnolingüístico shawi; y Santa Sofía, perteneciente al grupo etnolingüístico kichwa; ubicadas en el distrito Papaplaya (provincia y región San Martín). 82 Predio rústico ubicado entre los distritos de Teniente César López (provincia de Alto Amazonas), Sarayacu (provincia de Ucayali), y de Puinahua (provincia de Requena), correspondientes a la regiones Loreto y Ucayali, con una extensión superficial de 72,654 has. (4806 m2.). 83 Solicitud inscripción de derecho de posesión ante COFOPRI - Loreto, Yurimaguas, 20.12.2008. 84 Informe Técnico N° 02-2007-AG-PETT-OPER-LORETO/OVS, Iquitos, de fecha 24 de enero de 2007. Informes Técnicos N° 012-2007-AGPETT-OPER-LORETO/HGC y 013-2007-AG-PETT-OPER-LORETO/HGC, ambos del 10 de mayo del 2007. 85 Resolución Nº 12, Expediente Judicial N° 2009-00016-221602-JX-01-PC, Primer Juzgado Mixto Alto Amazonas-Yurimaguas, 24.05.2010. 86 Apelación de COFOPRI-Lima (09.07.2010) indica que el procedimiento solicitado era para determinar área de libre disponibilidad del Estado y no de adjudicación o de posesión, por lo tanto no cumple con la prueba de la posesión (art. 2 de la Ley N° 26838, modificada por el art. 1 de la Ley N° 27161 y en concordancia con el art. 1 y 27 sobre prueba de la explotación económica, del DS 018-98-AG). 87 Resolución N° 25, Expediente Judicial 2010-00410-2208-SP-CL-01, Primera Sala Mixta de Tarapoto (15.11.2010).
Durante una movilización de las federaciones indígenas de la región San Martín los días 25 y 26 de mayo del presente, se sostuvo un diálogo con funcionarios del Gobierno Regional San Martín (GOReSAM), en donde se informó que el predio solicitado por eCOAMÉRICA se superpone aproximadamente entre 21 mil y 31 mil hectáreas al territorio de la región, afectando el territorio de la comunidad nativa Santa Rosa88, sin determinarse la afectación de otras comunidades por falta de delimitación y georeferenciación89. La zona en pretensión se encuentra sobre una zonificación especial para protección de bosques que no es compatible con las actividades agrícolas desarrolladas por la empresa90, existiendo dificultad para el saneamiento de los límites entre la región San Martín y Loreto91. Además, se acordó solicitar la inmatriculación de la zona en conflicto ante SuNARP la incorporación , al proceso seguido en el TC por parte del GOReSAM y una reunión para buscar una solución en el distrito de Papaplaya92. La mencionada reunión en el distrito de Papaplaya se realizó el 23 de junio del presente. Los líderes indígenas manifestaron estar en desacuerdo con la inmatriculación a favor del estado y no del territorio indígena. Se informó que, de acuerdo a informe técnico, la zona en pretensión se superpone sobre títulos de bosques de producción permanente (BPP) y zonificación económica ecológica (zee), señalándose que no se puede titular la comunidad sino sólo darse en concesión93. Sin arribar a acuerdo alguno, se quedó que el tema se trataría en la Mesa de Diálogo de Pueblos Indígenas del GOReSAM94. De acuerdo al C169/OIT, se vulnera el derecho de posesión sobre los territorios ancestrales que ocupan los pueblos indígenas shawis, además de no haber tomado medida alguna para salvaguardar las tierras que tradicionalmente ocupan o a las que han tenido acceso y son de subsistencia de los pueblos (artículo 14). Por su parte, las acciones de la COFOPRI Loreto -que realiza una inspección ocular irregular sin constatar la presencia de comunidades nativas y la existencia de una superposición en territorios de la región San Martín-, y del Juzgado Mixto de yurimaguas -que concede una sentencia favorable a la empresa sin reunir los requisitos legales establecidos-, constituyen una vulneración del inciso 3, artículo 17 que exige al estado establecer medidas o acciones contra terceros que puedan aprovecharse de las costumbres o el desconocimiento de las leyes para irrogarse la propiedad. en el caso del Gobierno Regional de San Martín, no se han adoptado las medidas oportunas que aseguren la protección jurídica de los territorios indígenas, culminando la delimitación
88 Informe Técnico N° 014-2010-GRSM/GRPPAT-DGLP Subgerencia de Administración Territorial GORESAM sobre evaluación del área , denominada Yúrac con límites departamentales San Martín-Loreto. 89 Las comunidades nativas que se encontrarían afectadas tienen reconocimiento como personas jurídicas, pero no cuentan con títulos comunales. El proceso de titulación y reconocimiento territorial solo llega a establecer algunos puntos georeferenciales de sus límites con respecto a la comunidad nativa Santa Rosa sin culminar el proceso por término del proyecto, situación que puede acreditar legalmente la posesión física. 90 Informe Técnico N° 014-2010-GRSM/GRPPAT-DGLP La ZEE que identifica las potencialidades y limitaciones del territorio de San Martín, . pretende inscribir a favor de un privado para uso agrícola y pecuario el territorio señalado. Éste está constituido por zonas para producción forestal con potencial maderero excelente a muy bueno, también existe un área intervenida que la califica como de recuperación de tierras forestales, potencial que no cambiará por ratificarse en una jurisdicción o cambiar de jurisdicción no siendo factible su uso para fines agropecuarios de conformidad con Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 91 Es necesario indicar que las regiones Loreto y San Martín comparten 150 km. de longitud de frontera común, de los cuales sólo se ha logrado firmar un acta de acuerdo de límites por 75 km. en el 2008, estando pendiente la delimitación de los 75 kms. restantes. 92 Acta de reunión con el Vicepresidente Regional, funcionarios del GORESAM y representantes de las comunidades nativas de la región San Martín, llevada a cabo el 26 de mayo del 2011. 93 Asimismo, es necesario conocer que al sur del área de uso ancestral de la comunidad nativa Santa Rosa, el Estado ha inscrito a su favor como patrimonio forestal un Bosque de Producción Permanente (BPP) en la región San Martín, ubicándose al sur oeste del BPP el núcleo poblacional de la comunidad nativa San Manuel de Nashatauri (RD N° 395-2008-GRSM/DRASAM, de fecha 11.12.2008). Esta comunidad tampoco tiene área comunal titulada porque su área de uso ancestral presenta superposición con el BPP . 94 Ordenanza Regional Nº 041-2009-GRSM/CR (23.12.09) creó la Mesa de Diálogo de Pueblos Indígenas, a consecuencia de las acciones de protesta por la derogatoria de los decretos legislativos que emito del gobierno central a favor del TLC. Referencia: Acta de Cacatachi (15.05.2009).
y titulación de sus territorios; además de establecer como BPP sobre pueblos indígenas, pretendiendo la inmatriculación de territorios indígenas como bienes del estado para ofrecerlos como concesiones. en el presente caso, apreciamos como las instituciones estatales vulneran el derecho de posesión de las tierras por parte de los pueblos indígenas y el derecho a la consulta cuando se afectan territorios indígenas y recursos naturales para su subsistencia. (artículos 14 y 15 del C169/OIT).
 9.4 Compañía Minera Caudalosa S.A.
Caudalosa desarrolla sus actividades en el departamento de Huancavelica, zona centro sur del Perú, que a pesar de ser considerada una región minera, tiene uno de los mayores índices de pobreza económica en el país. Su población está compuesta mayoritariamente por indígenas organizados en comunidades campesinas95. La fuente principal para las actividades agrícolas y ganaderas de los pobladores de la zona es el agua que, al verse afectada por desechos tóxicos o contaminantes pone en riesgo la supervivencia física de las comunidades. Ante esta situación, el estado tiene la obligación de proteger las tierras y los recursos que las comunidades usan tradicionalmente para prevenir su extinción como pueblos. en este contexto, desde 1989, en las proximidades de las nacientes de la quebrada escalera, zona de Huachocolpa, viene operando Caudalosa. Aquí tiene su Planta Concentradora de minerales que produce material de desecho que se deposita en los relaves A y B. este depósito en operación tiene el talud externo expuesto cerca al río escalera. Como se puede constatar en el Informe emitido por el MINAM96, el 25 de junio del 2010, “se produjo el deslizamiento de relaves producto del colapso del dique “A”, una de las tres canchas relaveras de la Unidad Económica Administrativa–UEA de Huachocolpa de propiedad de la Compañía Minera Caudalosa S.A, como consecuencia de este hecho se produjo el derrame de aproximadamente 22,615m³ de material de relave compuesto por plomo, zinc, cobre, plata y otros materiales sobre las aguas del río Escalera y, posteriormente, las aguas de los ríos Tororapampa, Huachocolpa, Opamayo, Sicras, Urubamba y el río Mantaro”. este derrame afectó a más de 400 habitantes. el mismo informe sugiere que: “debido a la visualización de una alta concentración de sólidos en suspensión, que afectarán a la ganadería de camélidos sudamericanos, así como a la agricultura de las partes media y baja de la cuenca, declarar en estado de emergencia Ambiental, a la cuenca conformada por los ríos escalera, Huachocolpa, Lircay, Opamayo”97. Luego de ocurridos los hechos, se aprobó la Declaratoria de Emergencia Ambiental del área afectada por el derrame de relaves mineros de Caudalosa por un plazo de 90 días, seguido del “Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo”, mediante los que se buscaba la recuperación de la zona contaminada. este plan implicaba el trabajo coordinado de distintas entidades del estado como: el Instituto de Defensa Civil (INDeCI), el Ministerio de Salud (MINSA), el Gobierno Regional de Huancavelica, el Ministerio de energía y Minas (MINeM) y el Organismo de evaluación y Fiscalización Ambiental (OeFA). De acuerdo con
95 El artículo 2°, inciso 22, de la Constitución Política de Perú señala que: “Toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación”. Además, el artículo 89° de la Carta Magna establece “Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior. El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas.” 96 Informe N° 00003-2010/DGCA-jevc/MINAM (25.06.10). 97 Primera recomendación del Informe Nº 00003-2010-/DGCA-jevc/MINAM.
el artículo 4° de la Ley que regula la Declaratoria de emergencia Ambiental, al aprobarse esta medida el Gobierno Regional de Huancavelica, en coordinación con el MINAM y las municipalidades de las zonas afectadas, debían cumplir con la implementación de acciones para asegurar la atención médica de los pobladores afectados por la emergencia ambiental98. De acuerdo a la información recogida en las zonas afectadas y en medios periodísticos, el 26 de junio -24 horas después del derrame-, el Ministerio Publico a través Fiscalía de Prevención del Delito y Medio Ambiente reunió a la población del distrito de Huachocolpa a fin de establecer medidas de prevención y restringir el uso del agua de los mencionados ríos, disponiendo el desarrollo de diligencias a nivel de investigación preliminar, para determinar el alcance del desastre ecológico. Más grave aún, recién el 27 de junio, las autoridades locales y algunos directores regionales acordaron comunicar a la población aledaña a los ríos contaminados, la prohibición del uso de las aguas y el establecimiento de mecanismos para cautelar la salud de los ciudadanos. es decir que durante 48 horas los pobladores estuvieron totalmente expuestos a que su salud se vea perjudicada y a pesar que las autoridades locales conocían los hechos, no se les comunicó oportunamente ninguna medida a los posibles afectados, mostrando con esta actitud un desinterés total por sus derechos a la vida y a la salud. Posteriormente, el 30 de junio, el Gobierno Regional de Huancavelica emitió un comunicado informando que el Puesto de Salud de Huachocolpa tomaría muestras de las aguas, prueba que se llevaría a cabo en presencia de las diferentes autoridades como la Fiscalía de Prevención del delito de Huancavelica. Asimismo, se dispuso la presencia de brigadas en la zona que, de acuerdo al MINAM, tenían que cumplir con lo siguiente: •	el MINSA Salud entregaría a todos los puestos y/o centros de salud de la cuenca los implementos sanitarios necesarios para prevenir cualquier daño posterior, priorizando la atención en casos de conjuntivitis e infecciones respiratorias. •	el INDeCI se constituiría en la zona para seguir realizando la evaluación de daños y análisis de necesidades, entregando bidones de agua adecuados para el consumo humano. •	La Oficina de Recursos Naturales y Agricultura realizaría la evaluación de los daños que corresponde a su sector y entregaría abrigo a la población afectada por el friaje. •	La Dirección Regional del MINeM coordinaría con la sede central y el Organismo Supervisor de la Inversión en energía y Minería (OSINeRGMIN) los procedimientos de sanción u otros que correspondan. •	el Gobierno Regional de Huancavelica coordinaría con Caudalosa para que ejecute las labores de limpieza y contención en forma inmediata. ese mismo día, la Administración Local de Agua (ALA-Huancavelica) emitió un informe técnico99 en el que indica el colapso del Dique de la Cancha y, mediante una notificación100 de fecha 30 de julio, pone en conocimiento a Caudalosa, ueA Huachocolpa uno, el inicio del procedimiento sancionador por contaminación de los cuerpos de agua como consecuencia del derrame de la relavera. Después de haber realizado diversas inspecciones, toma de muestras y haber emitido una serie de informes101, se establece la
98 Al respecto, el referido artículo establece lo siguiente: “Los gobiernos regionales, en coordinación con el Consejo Nacional del AmbienteCONAM, a través de las Comisiones Ambientales Regionales-CAR y los gobiernos locales de las áreas afectadas, están encargados de diseñar y ejecutar las políticas y estrategias necesarias para enfrentar la emergencia ambiental, con la participación económica y técnica de los responsables de la contaminación. 99 Informe Técnico N° 143-2010-ANA-/ALA-HVCA/IA-JAMA 100 Notificación N° 343-2020-ANA-ALA-HVCA 101 Notificación N° 343-2010-ANA-ALA.HVCA, Informe Técnico 150-2010-ANA-ALA/HVCA-TC/WGB, Informe Técnico N° 013-2020-
sanción más emblemática dada en el Perú, multando a la empresa con una multa de diez mil unidades Impositivas Tributarias (uIT) equivalentes a treinta y seis millones de nuevos soles (S/.36´000,000.00), por los daños ocasionados al río escalera y a sus afluentes, suma máxima que es impuesta por infringir la Ley de Recursos Hídricos. La Resolución Administrativa N° 308-2010-ALA-HCVA que sanciona a Caudalosa concluyó que el 100% del caudal de agua que discurre por los ríos escalera, Tinquicorral, Huachocolpa, Opamayo y Lircay fueron afectados, superando su capacidad de dilución, y limitando las posibilidades de uso primario y riego especialmente. Asimismo, se impuso la obligación de presentar un plan de mitigación y restauración de la calidad del agua de los cuerpos de agua natural afectados. esta sanción administrativa se considera la multa emblema, sin embargo, a la fecha se encuentra en estado de apelación por parte de la empresa minera, bajo el argumento de que no es esa entidad del estado la legalmente reconocida para multarla, sin que se objeten los argumentos de contaminación por los que se le ha sancionado, reconociendo implícitamente el daño causado. en observancia del citado informe, el 5 de julio de 2010, mediante RM N° 117-2010-MINAM, se declaró en “emergencia Ambiental el área afectada por el derrame de relaves mineros de la Compañía Minera Caudalosa S.A. en el distrito de Huachocolpa, provincia de Huancavelica y distrito de Lircay, provincia de Angaraes, ambos en el departamento de Huancavelica; por un plazo de noventa (90) días”102. Además, se aprobó el Plan de acción inmediato y de corto plazo para la recuperación de la zona señalada, de conformidad con el DS 024-2008-PCM103. el 13 de julio del 2010, mediante un “Acta Medida de Seguridad”, el MINeM ordenó la paralización de actividades minero-metalúrgicas de Caudalosa y la adopción de acciones necesarias e inmediatas para garantizar la estabilidad física de sus relaveras, a fin de evitar un nuevo derrame. Al día siguiente, se publicó en el Diario Oficial el Peruano la RM N° 122-2010-MINAM, mediante la cual se aprobó las precisiones al Plan de acción inmediato y de corto plazo de la Declaratoria de emergencia Ambiental. en él se establece un plazo de 50 días calendario para que Caudalosa realice el recojo de relaves mineros y suelos afectados y su disposición adecuada y segura. Además, se otorgó a la empresa el plazo de 70 días calendario para realizar la rehabilitación de suelos y pastizales afectados. También se amplío el ámbito de la emergencia, precisando que “el ámbito de influencia de la emergencia ambiental comprende el distrito de Huachocolpa, provincia de Huancavelica, los distritos de Ccochaccasa, Lircay, Huayllay Grande, Anchonga, Callanmarca, Chincho, Congalla, Huanca Huanca y Julcamarca, de la provincia de Angaraes; y los distritos de Anta, Acobamba, Caja, Pomacocha y Marcas, de la provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica”104. Con fecha 23 de julio de 2010 -es decir, casi un mes después de ocurrida la emergencia ambiental- el Gobierno Regional de Huancavelica aprobó la RDR N° 587-2010/GOB. ReGHCVA/ DIReSA, mediante la que aprobó el “Plan de intervención de salud frente al derrame de relave de la empresa minera Caudalosa S.A. del Distrito de Huachocolpa”, pero a la fecha no se ha cumplido con capacitar al personal, evaluar e informar a la población sobre la situación real, pues se sigue consumiendo el agua de los ríos contaminados. el 23 de septiembre del 2010, en una reunión en la que participaron miembros de la CPAAAAe del Congreso y el Jefe de Supervisión de la OeFA se indicó que el 27 de
ANA/ALAHVCA/FSGT, Informe Técnico N°119-2010-ANA/ALA-HVCA/-T.C/F.R.B, Informe Técnico N° 006-2010-ANA-ALAAYACUCHO, Memorando N° 003-2010-ANA-DGCRH, Informe Técnico N° 001-2010-ANA-DGCRH/BCT 102 Artículo 1° de la Resolución Ministerial Nº 117-2010-MINAM. 103 Artículo 2° de la Resolución Ministerial Nº 117-2010-MINAM. 104 Artículo 2° de la Resolución Ministerial Nº 122-2010-MINAM.
septiembre del mismo año -como máximo-, se debía presentar el informe de evaluación final sobre el cumplimiento de la remediación en el marco de la emergencia ambiental; sin embargo, a la fecha no se ha emitido ningún informe. Por su parte, los pobladores de Angaraes han denunciado penalmente a los funcionarios de la empresa por los delitos de contaminación de aguas o sustancias destinadas al consumo (artículo 286 del Código Penal-CP), contaminación del ambiente en forma agravada (artículo 305 CP), contaminación del ambiente (artículo 304 CP), incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos sólidos (artículo 306 CP), y alteración del ambiente o paisaje (artículo 313 CP). estas normas sancionan el hecho de que la compañía minera es responsable de la contaminación que ocasionan sus actividades mineras por lo que debió haber contado con un Plan de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA) o un eIA, documentos que no se encuentran en la página web del MINeM. Caudalosa ha incumplido todas las normas que regulan la actividad extractiva minera, y el estado no tiene la fuerza, ni las ganas de ejercer su poder para hacer que esta empresa responda socialmente a la población afectada. Las instituciones involucradas solo elaboran informes teniendo en cuenta al distrito de Huachocolpa, cuando la emergencia ambiental abarca muchas más zonas. en lo que corresponde al Ministerio Publico, denunció de oficio a Caudalosa, pero a la fecha solo se ha logrado que se recuse al fiscal bajo acusaciones infundadas por haber actuado transparentemente. Los hechos producidos no son hechos aislados ni ajenos para Caudalosa, ya que es de conocimiento público que desde sus inicios incumplió con las normas ambientales y sectoriales, afectando por muchos años con vertimientos de aguas residuales al río escalera sin contar con la respectiva Autorización Sanitaria, por lo que en el 2006 la Dirección General de Salud (DIGeSA) emitió RD N° 1222/2006/DIGeSA/SA de fecha 20 de julio de 2006, multándolo a pagar la suma de 40 uIT. en esa oportunidad, los desechos tóxicos vertidos en el principal rio de Huancavelica (Huachocolpa, escalera, Opamayo), pusieron en riesgo la seguridad e integridad física de las personas. La nota de prensa emitida por la DP luego de realizar las supervisiones a las zonas afectadas expresa que se verificó la falta de atención en salud y que no existen las condiciones adecuadas para que los trabajadores realicen labores de remediación en los ríos; a lo que señalamos que el Perú cuenta con una legislación especial para trabajadores expuestos tanto a actividades mineras que tampoco se ha respetado, y el estado poco ha hecho en la búsqueda de protección y de hacer cumplir con estos mandatos a la empresa. el derecho al trabajo -y a condiciones adecuadas- es un derecho protegido en el artículo 6 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos económicos, Sociales y Culturales; sin embargo, el estado peruano al exponer a sus trabajadores a las labores de recojo de relaves, sin darles las medidas necesarias para protegerlos y exponerlos, no sólo viola este derecho sino también conjuntamente el derecho a la salud y a un trabajo digno, pues siendo Huancavelica el departamento más pobre; muchos pobladores se ven obligados a aceptar esas condiciones y exponerse a riesgos, situación de la cual se vale la empresa para imponer sus reglas.
 9.5 PUEBLOS INDÍGENAS AISLADOS
Reserva Territorial del Estado a Favor de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial Kugapakori, Nahua y Nanti
La Reserva Territorial a favor de los pueblos indígenas aislados Kugapakori, Nahua y Nanti se creó en 1990105. ella se ubica en los distritos de echarate y Sepahua, provincias de la Convención y Atalaya, regiones de Cusco y ucayali, respectivamente; con una extensión territorial de cuatrocientas cincuenta y seis mil seiscientas setenta y dos hectáreas (456,672 has.). Al interior de la reserva habitan poblaciones en distintos grados de contacto existiendo comunidades asentadas como el caso de Marenkiato y Montetoni del pueblo nanti, Santa Rosa de Serjali del pueblo nahua, y otras aisladas voluntariamente como es el caso de Martentari, Piriasentoni, Kuria, Inaroato, Kipatsiari, Manyokiari, entre otras. en la década del 80, a raíz de un contacto no voluntario con trabajadores de la empresa Shell, murió casi la mitad del pueblo nahua, como resultado del contagio de enfermedades. A pesar de ello, en el 2000, el estado peruano otorgó al Consorcio Camisea la concesión del Lote 88, el cual se superpone a dos terceras partes de la reserva territorial. esta concesión pone en serio riesgo a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial, ya que es muy probable que durante los 33 años siguientes que dure el proyecto puedan ocurrir contactos no deseados con dichas poblaciones. Actualmente, la situación se agrava debido a la decisión del Consorcio Camisea y del estado peruano de ampliar las operaciones del proyecto106, internándose para ello significativamente sobre la reserva territorial, a pesar que el DS 028-2003-AG prohíbe el desarrollo de actividades económicas dentro de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua y Nanti. Además de la infracción a este dispositivo legal, se estaría vulnerando derechos reconocidos en la Constitución Política del Perú y el derecho internacional, tales como: •	Derecho a la Vida: cuanto más amplía el Proyecto Camisea sus operaciones sobre la reserva territorial, más aumentan las probabilidades de contacto y transmisión de enfermedades. •	Derecho al Territorio: el territorio es el espacio que permite a los pueblos indígenas a mantener sus formas de vida y manifestaciones culturales, así como la provisión de los medios para su subsistencia. Con la ampliación del proyecto sobre el territorio de la reserva, se reduce su posibilidad de dotación de recursos peligrando su vida y su cultura. •	Derecho	a	la	Libre	Determinación:	el estado debe respetar la voluntad de estos pueblos de decidir vivir aislados del resto de la sociedad peruana. La decisión de integrarse formalmente a la sociedad nacional depende de ellos, por lo que el estado debe evitar cualquier tipo de medida que posibilite un encuentro forzado con estos pueblos y, en ese sentido, no correspondería la ampliación del Proyecto Camisea. en aras de salvaguardar la vida y la cultura de estos pueblos se recomienda que el estado peruano consagre en su marco legal el principio de intangibilidad de las reservas creadas a favor de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial, así como establecer áreas de amortiguamiento para las reservas y medidas de prevención y contingencia adecuadas.
105 Establecida mediante Resolución Ministerial N° 046-90-AG/DGRAAR. Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 028-2003-AG se le da un mayor nivel de protección y se establece con mayor claridad las medidas de control y limitaciones al desarrollo de actividades en dicha zona. 106 El Consorcio Camisea ha presentado el EIA para su revisión a la autoridad competente, Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del MINEM. Una vez aprobado, se permitirá actividades extractivas sobre territorio de los Kugapakori y Nahua.
Mapa de Superposición del Lote 88 del Proyecto Camisea Sobre la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua y Nanti
Pueblo Indígena Aislado Cacataibo
Los Cacataibo se ubican en las cuencas de los ríos Aguaytía, zungaruyacu, San Alejandro y Pisqui, ubicados en las regiones de ucayali y Huánuco. Algunos cacataibos están asentados en comunidades nativas, mientras que otros se encuentran en situación de aislamiento. La Federación Nativa de Comunidades Cacataibo (FeNACOCA) y el Instituto del Bien Común (IBC) han trabajado conjuntamente en la identificación de las áreas de tránsito de estos grupos aislados. La considerable evidencia sobre encuentros, avistamientos y/o indicios de la existencia de los indígenas aislados fue obtenida a partir de testimonios de los habitantes de las comunidades nativas, otros pobladores locales y funcionarios públicos. Hasta la fecha, el IBC ha registrado 136 avistamientos de indígenas aislados. Los sitios de avistamiento y encuentro de indígenas aislados han sido georeferenciados y debidamente ubicados sobre una base cartográfica confiable. en 1999, AIDeSeP y FeNACOCA presentaron a la Dirección Regional Agraria de ucayali la primera solicitud de creación de la Reserva Territorial Cacataibo. Posteriormente, en el 2005, FeNACOCA reiteró su solicitud y presentó un expediente técnico para la creación de las Reservas Territoriales Cacataibo Sur y Norte, la Sur en las cabeceras de los ríos Aguaytía, zungaruyacu y San Alejandro, y la Norte en la cabecera del Pisqui (entre el límite del Parque Nacional Cordillera Azul y el límite de las comunidades nativas). en setiembre de 2005, el estado peruano suscribió un contrato de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Lote 107 con la empresa Petrolífera Petroleum del Perú S.A.C. Dicho lote se superponía en un 50% al área de la propuesta Reserva Territorial Norte, afectando mediante las actividades hidrocarburíferas realizadas, los derechos a la vida, salud, territorio, libre determinación, territorio de este pueblo no contactado. en mayo del año 2006, se aprobó la Ley para la Protección de los Pueblos Indígenas y Originarios. Con la finalidad de acelerar la revisión del expediente técnico presentado y conforme a la nueva ley, en junio de ese mismo año la FeNACOCA lo presentó al INDePA. en la medida que las actividades hidrocarburíferas continuaron realizándose en la zona, en diciembre del 2007, FeNACOCA, IBC y el Centro Internacional para el Derecho Ambiental solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. en abril del 2009, el gobierno peruano modificó y dividió el lote 107, dejando libre la Propuesta de Reserva Territorial Cacataibo Norte. Sin embargo, el pueblo indígena en situación de aislamiento Cacataibo de la zona Sur quedó totalmente desprotegido pues el Lote 107-B continuó superponiéndose a la Propuesta Reserva Territorial Cacataibo Sur y el gobierno concedió a la empresa Petrolífera Petroleum del Perú S.A.C el lote de hidrocarburos 133, que se superpone casi enteramente a la propuesta Reserva Territorial Cacataibo Sur, situación que se mantiene hoy. este caso fue presentado como un caso emblemático del Informe Alternativo de dicho año. el día 21 de junio de 2011, cinco años después de publicada la Ley N° 28736, el INDePA convocó a la tercera reunión de la Comisión Multisectorial para analizar algunos de los expedientes presentados, dentro de los que se encontraba el expediente para la creación de las Reservas Cacataibo Sur y Norte. Sin embargo, esta reunión fue cancelada a último momento. Advertimos que el pueblo indígena aislado Cacataibo se encuentran totalmente desprotegido, en tanto INDePA y la Comisión Multisectorial encargada de revisar las solicitudes de los expediente presentados, aún no evalúan el expediente técnico presentado. 63
Respecto de los pueblos indígenas aislados consideramos que es tarea fundamental del gobierno que inicia su mandato, lo siguiente: •	Crear reservas territoriales intangibles para garantizar la protección de la vida y salud de los pueblos indígenas en aislamiento de afectaciones a su supervivencia y para asegurar el respeto de su territorio. •	Disponer la inmediata creación y categorización de las propuestas de reservas presentadas así como la adecuación de las reservas territoriales creadas. •	Ordenar el cese de la extracción de recursos naturales en los territorios y áreas de tránsito de los pueblos indígenas aislados. •	Modificar el artículo 5 de la Ley N° 28736, Ley para la protección de los pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y situación de contacto inicial, consagrando en su marco legal el principio de intangibilidad de las reservas creadas a favor de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. •	establecer áreas de amortiguamiento para las reservas, así como medidas de prevención y contingencia adecuadas.
Mapa de Superposición de los Lotes 107-B y 133 Sobre la Propuesta de Reserva Territorial Cacataibo
•	Declarar la moratoria de nuevas concesiones mineras y que no se suscriban nuevos contratos de licencia para exploración y explotación de hidrocarburos, hasta que no se promulgue la Ley de Consulta o se garantice el derecho a la consulta, -la misma que fuera aprobada el 19 de mayo de 2010 por el Congreso de la República y observada por el Poder ejecutivo- y no se haya establecido una metodología para su adecuada implementación. •	Implementar la consulta en cada etapa del procedimiento minero e hidrocarburífero de manera previa al otorgamiento de concesiones y al proceso de aprobación de las evaluaciones ambientales correspondientes. •	Definir responsabilidades sobre los 5551 pasivos ambientales que existen en todo el territorio nacional, para que sean remediados y minimizar así el riesgo potencial que representan para la salud de la población y el ambiente. •	establecer e implementar estudios que permitan determinar los impactos sociales y ambientales indirectos sinérgicos y acumulativos relacionados a la disminución de la calidad de vida, la migración desordenada y el desempleo, en el marco de la construcción de las centrales hidroeléctricas que estarían priorizadas por el Acuerdo energético Perú-Brasil. es importante señalar que los eIA tienen alcance limitado, por lo que antes de tomar una decisión sobre cualquiera de estos proyectos, se requiere realizar investigaciones exhaustivas e independientes sobre las opciones de desarrollo sostenible de las poblaciones. •	establecer procedimientos administrativos adecuados para dar solución a las reivindicaciones territoriales y deber de protección del patrimonio forestal y fauna silvestre.
•	el nuevo gobierno debe efectuar una consulta previa, de acuerdo a lo establecido en el C169/OIT y definir qué instancia estatal asumirá en definitiva la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, en lugar de imponerla. •	Revisar y modificar el “Reglamento del procedimiento para la aplicación del derecho de consulta a los pueblos indígenas para las actividades minero energéticas”, aprobado por DS 023-2011-eM que fue publicado el 12 de mayo del 2011, en tanto no recoge el espíritu del C169/OIT.
 Institucionalidad
•	Conformar una nueva autoridad en materia de pueblos indígenas que cuente con las atribuciones necesarias en la normatividad vigente, con los recursos suficientes, el personal necesario e idóneo para llevar adelante sus funciones y la participación de los pueblos indígenas. •	La nueva autoridad ambiental debe garantizar la participación efectiva de las instituciones representativas de los pueblos indígenas en su nivel directivo y tener una funcionalidad adecuada, a fin de asegurar su legitimidad y capacidad de acción. 66
 Criminalización de los Pueblos Indígenas
•	Derogar las normas que criminalizan la protesta social y reparar a las personas afectadas por el uso excesivo de la fuerza en situaciones de protesta social, incluyendo reparaciones económicas y simbólicas. •	Revisar los procesos en curso para que sean rápidamente cerrados los que se están llevando a cabo sin un sustento fáctico y jurídico suficiente, y establecer un cauce procesal apropiado para sustraer la revisión de la justicia indígena a la jurisdicción ordinaria.
•	Incorporar el enfoque intercultural en la política dirigida a pueblos indígenas y en el servicio de salud a nivel nacional, regional y local, a través de la implementación efectiva de la estrategia Sanitaria de los Pueblos Indígenas, contemplando mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación. •	Diseñar e incorporar una política de salud intercultural; fortalecer los servicios de salud para las poblaciones originarias con recursos humanos, logísticos y financieros; y, promover la participación de los actores vinculados a la prestación de servicios de salud, considerando en el proceso las propuestas de las organizaciones indígenas.
•	Fortalecer la Dirección General Intercultural, Bilingüe y Rural-DIGeIBIR del Ministerio de educación, con presupuesto y personal suficiente a nivel nacional y local para el desarrollo de mecanismos necesarios que permitan implementar la Política Nacional de educación Intercultural Bilingüe y el enfoque intercultural en todo el sistema educativo, rural y urbano, indígena y no-indígena. •	establecer mecanismos de evaluación diferenciados, con perspectiva intercultural, para los profesores bilingües. esta medida debe implementarse en el marco de programas integrales orientados a aumentar el número y mejorar la calidad de docentes de eBI. •	Priorizar la calidad de la educación bilingüe, medida comparativamente con otros procesos educativos como un criterio permanente en el presupuesto por resultados.
Este informe ha sido impreso gracias al apoyo de:
Agradecemos a la Comisión Europea y a ICCO por su aporte para la impresión del Informe.
Documents Similar To Perú: Informe Alternativo sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT - 2011