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Timestamp: 2018-01-24 03:47:13
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Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 10', 'artículo 29', 'artículo 149', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 8', 'artículo 101', 'artículo 2', 'artículo 101', 'artículo 98', 'artículo 98', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 21', 'artículo 22', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 26', 'artículo 37', 'Artículo 50', 'Artículo 50', 'artículo 69', 'Artículo 69', 'artículo 81', 'artículo 81', 'artículo 81', 'artículo 81', 'artículo 81', 'artículo 81', 'artículo 83', 'Artículo 83', 'artículo 84', 'Artículo 84', 'artículo 21']

Ley del Principado de Asturias 1/2005, de 9 de mayo, de modificación de la Ley del Principado de Asturias 2/2000, de 23 de junio, de Cajas de Ahorro, para adaptarla a disposiciones básicas de las Leyes 44/2002, de 23 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, y 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Publicado en BOPA núm. 113 de 18 de Mayo de 2005 y BOE núm. 139 de 11 de Junio de 2005
Vigencia desde 19 de Mayo de 2005
Disposición adicional Consejería competente
Primera Adaptación de los Estatutos de las Cajas de Ahorro
Sea notorio que la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado, y yo en nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, vengo a promulgar la siguiente Ley de modificación de la Ley del Principado de Asturias 2/2000, de 23 de junio, de Cajas de Ahorro, para adaptarla a disposiciones básicas de las Leyes 44/2002, de 23 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, y 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, en su artículo 10.1.36, atribuye a la Comunidad Autónoma competencia en materia de Cajas de Ahorro e instituciones de crédito corporativo público y territorial, en el marco de la ordenación general de la economía y de acuerdo con las disposiciones que en uso de sus facultades dicte el Estado. En ejercicio de esa competencia, el Principado de Asturias aprobó su Ley 2/2000, de 23 de junio, de Cajas de Ahorro, en el marco de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulación de las normas básicas sobre órganos rectores de las Cajas de Ahorro.
La Ley del Principado de Asturias 2/2000 fue modificada a través de la Ley del Principado de Asturias 16/2002, de 30 de diciembre, para adaptarla a la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, que, por su parte, había modificado, con el fin de ganar en eficiencia y profesionalización, la Ley 31/1985.
No pudo reflejarse entonces en la Ley del Principado de Asturias 16/2002 la previsión del artículo 29 de la Ley 44/2002, de la que se derivaba para las Cajas de Ahorro, en cuanto entidades de crédito, la obligación de dotarse de un departamento o servicio de atención al cliente y la posibilidad de designar un defensor del cliente, figura ésta que, no obstante, ya había anticipado la Ley del Principado de Asturias 2/2000, porque la Ley 44/2002 libraba al Ministerio de Economía el desarrollo reglamentario de los requisitos que habrían de respetarse en la configuración del departamento o servicio de atención al cliente y en la del defensor del cliente, desarrollo reglamentario que llegaría, después de aprobada la Ley del Principado de Asturias 16/2002, de la mano de la Orden del Ministerio de Economía 734/2004, de 11 de marzo, cuya disposición final primera le confiere carácter básico al amparo del artículo 149.1.11.ª de la Constitución. Lo que no pudo hacerse entonces procede hacerlo ahora, adaptando la regulación del defensor del cliente ya contenida en la Ley del Principado de Asturias 2/2000 y añadiendo la relativa al departamento o servicio de atención al cliente, todo ello en aras de reforzar las garantías del usuario.
Asimismo, se aprovecha la oportunidad para tipificar expresamente entre las causas de cese de los Consejeros Generales la declaración de fallecimiento o de ausencia legal, con el fin de acomodar mejor la relación de supuestos de cese de la Ley del Principado de Asturias a la redacción que le dio el artículo 8 sexto de la referida Ley 44/2002 al primer párrafo del artículo 10 de la también citada Ley 31/1985 en punto a irrevocabilidad del mandato. Del mismo modo, se retocan los requisitos de los Consejeros representantes de los impositores, a resultas del artículo 8 cuarto de la Ley 44/2002. Se adecua también el régimen sancionador de la Ley del Principado de Asturias a los cambios introducidos por la Ley 44/2002 en la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, aun cuando no se trate de una regulación específica para las Cajas de Ahorro, sino aplicable a éstas en cuanto entidades crediticias, adecuación que, precisamente por eso, no abordó la Ley del Principado de Asturias 16/2002, concebida para introducir en la legislación autonómica únicamente los cambios que la Ley 44/2002 implantó en la Ley 31/1985.
Pero la repetida Ley 31/1985, que, en cuanto a legislación básica, sirve de marco a la legislación del Principado de Asturias, ha sido modificada de nuevo, en esta ocasión para ganar en transparencia y profundizar en la aplicación a las Cajas de Ahorro del llamado «buen gobierno corporativo», por la Ley 26/2003, de 17 de julio, a su vez modificada por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, nuevo marco normativo al que, como ya se hiciera con el derivado de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, es preciso adaptar la legislación del Principado de Asturias.
La Ley 26/2003 contiene en punto a Cajas de Ahorro dos regulaciones: de una parte, la que obliga a las Cajas de Ahorro que emitan valores admitidos a negociación en mercados oficiales de valores a hacer público con carácter anual un informe de gobierno corporativo, en los términos y con el contenido detallados por la disposición adicional segunda; y, de la otra, la que impone al Consejo de Administración de las Cajas el deber de constituir en su seno una comisión de retribuciones y otra de inversiones, con la configuración que resulta para ambas de la disposición adicional cuarta, que introduce en la Ley 31/1985 sendos artículos 20 bis (comisión de retribuciones) y 20 ter (comisión de inversiones), a los que ha dado nueva redacción la Ley 62/2003 en su artículo 101.
La Ley 62/2003 incorpora, además, otras previsiones sobre Cajas de Ahorro: la que, añadiendo un nuevo párrafo al artículo 2.3 de la Ley 31/1985, se refiere a la distribución de la representación en la Asamblea General de Cajas que tengan abiertas oficinas en más de una Comunidad Autónoma (artículo 101, complementado por la disposición transitoria cuarta); la que permite que, en las Cajas de Ahorro que emitan valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de valores, las funciones del Comité de Auditoría puedan ser asumidas por la Comisión de Control (artículo 98.Tres); la que regula el régimen fiscal de las cuotas participativas de las Cajas de Ahorro (disposición adicional quinta), y, por último, la que establece, para adaptar la legislación autonómica sobre Cajas de Ahorro a las modificaciones de la Ley 31/1985, un plazo de seis meses (disposición transitoria quinta).
Del conjunto de estas nuevas regulaciones contenidas en las Leyes 26/2003 y 62/2003, no requieren traslación a la legislación del Principado la que, en la Ley 26/2003, obliga a las Cajas de Ahorro que emitan valores admitidos a negociación en mercados oficiales de valores a hacer público un informe anual de gobierno corporativo (disposición adicional 2.ª) y la que, en la Ley 62/2003, permite que, en ese tipo de Cajas de Ahorro, las funciones del Comité de Auditoría puedan ser asumidas por la Comisión de Control (artículo 98.3), por ser ambas propias de la regulación del mercado de valores, materia reservada al Estado (artículos 149.1.11ª y 13.ª de la Constitución), ni tampoco la que, en la Ley 62/2003, disciplina el régimen fiscal de las cuotas participativas de las Cajas de Ahorro (disposición adicional 5.ª), materia igualmente ajena a las competencias autonómicas, ni, en fin, y por razones obvias, la que, en la misma Ley 62/2003, establece el plazo de seis meses en el que las Comunidades Autónomas deben acomodar su legislación (disposición transitoria 5.ª).
De la misma manera que la modificación en 2002 de la Ley del Principado de Asturias 2/2000, ésta de ahora, necesaria como ella para adecuar el ordenamiento autonómico a cambios sobrevenidos en la legislación estatal básica, trae causa de una proposición de ley consensuada por los Grupos parlamentarios de la Junta General del Principado de Asturias, que, al igual que la de entonces, es congruente con las exigencias de profesionalización, transparencia y eficacia de las Cajas de Ahorro, y viene concebida, también como la de entonces, con un criterio de intervención mínima que, respetuoso con la autonomía que las Cajas de Ahorro deben tener en su organización, y en aras de su estabilidad como agentes del tráfico financiero, reduce el alcance de la decisión legislativa todo lo posible con arreglo a los principios de proporcionalidad y subsidiariedad.
Se introducen en la Ley del Principado de Asturias 2/2000, de 23 de junio, de Cajas de Ahorro, las siguientes modificaciones:
Uno. La letra l) del apartado 1 del artículo 19 queda redactada como sigue:
«l) Ratificación, si los estatutos de la entidad así lo prevén, del Reglamento de defensa del cliente y del nombramiento del Defensor del Cliente.»
Dos. El apartado 2 del artículo 19 queda redactado como sigue:
«2. Sin perjuicio de lo que dispongan los Estatutos de las Cajas, las funciones expresadas en las letras a), b), d), e), i), j), k) y l) se ejercerán necesariamente a propuesta del Consejo de Administración.»
Tres. En el artículo 21, se añade un nuevo apartado 1 bis, del siguiente tenor:
«1 bis. Cuando se trate de Cajas de Ahorro con oficinas operativas, además de en el Principado de Asturias, en otra u otras Comunidades Autónomas, la representación en la Asamblea General de los grupos a) y b) del apartado anterior del presente artículo, deberá ser, en observancia del principio de igualdad, proporcional a la cifra de depósitos entre las Comunidades Autónomas en que tengan abiertas oficinas, dentro del porcentaje atribuido a cada uno de dichos grupos.»
Cuatro. El artículo 22 queda redactado como sigue:
«1. Cuando se trate de Cajas de Ahorro con oficinas operativas sólo en el Principado de Asturias, la determinación de los Consejeros Generales representantes de las Corporaciones Municipales se efectuará conforme a las siguientes normas:
d) La elección de Consejeros Generales que representen a Corporaciones Municipales de Comunidades Autónomas que no sean el Principado de Asturias se regirá por sus propias disposiciones reguladoras.»
Cinco. La letra a) del apartado 2 del artículo 23 queda redactada como sigue:
«a) Los compromisarios y sus suplentes se elegirán por sorteo público ante Notario, de entre los impositores de la Caja que reúnan los requisitos establecidos con carácter general para ser Consejero General y no estén incursos en las incompatibilidades establecidas en esta Ley, ostenten la condición de impositor con una antigüedad de, al menos, dos años a la fecha de celebración del sorteo, así como haber mantenido en cuentas de ahorro durante el semestre anterior a esta fecha, indistintamente, un movimiento o un saldo medio superior al salario mínimo interprofesional. El número de compromisarios titulares será el resultante de multiplicar por cinco el número de Consejeros Generales correspondiente a este sector. El número de compromisarios suplentes será el resultante de multiplicar por veinte el número de compromisarios titulares que resultare.»
Seis. La letra e) del apartado 2 del artículo 23 queda redactada como sigue:
«e) Al objeto de garantizar la representación territorial del ahorro, cuando se trate de Cajas de Ahorro con oficinas operativas sólo en el Principado de Asturias, para la elección de Consejeros Generales por este sector, se dividirá en no menos de cinco y no más de ocho circunscripciones electorales, correspondiendo a cada una de ellas un número de compromisarios y de Consejeros Generales proporcional al saldo total de depósitos de cada demarcación electoral con respecto al total de depósitos de la Caja.»
Siete. En el apartado 2 del artículo 23, se añade una nueva letra e bis), del siguiente tenor:
Ocho. La letra c) del apartado 1 del artículo 26 queda redactada como sigue:
«c) Por defunción y por declaración de fallecimiento o de ausencia legal.»
Nueve. En el artículo 37, se añade un nuevo apartado 4 bis, del siguiente tenor:
«4 bis. Corresponde al Consejo de Administración aprobar el Reglamento para la defensa del cliente, designar al titular del Departamento de Atención al Cliente, decidir la creación de un Defensor del Cliente, designarlo en su caso y conocer de los informes anuales de uno y otro, así como determinar si el Defensor del Cliente, caso de que se cree, asume las funciones del Defensor del partícipe de los planes y fondos de pensiones.»
Diez. Se añaden sendos nuevos artículos 50 bis y 50 ter, del siguiente tenor:
«Artículo 50 bis Comisión de Retribuciones
3. El régimen de funcionamiento de la Comisión de Retribuciones será establecido por los estatutos de la Caja de Ahorro y su propio reglamento interno.»
«Artículo 50 ter Comisión de Inversiones
6. El régimen de funcionamiento de la Comisión de Inversiones será establecido por los estatutos de la Caja de Ahorro y su propio reglamento interno.»
Once. Se añade un nuevo artículo 69 bis, del siguiente tenor:
«Artículo 69 bis Departamento de Atención al Cliente
e) Dentro del primer trimestre de cada año, el Departamento de Atención al Cliente presentará ante el Consejo de Administración un informe explicativo del desarrollo de su función.»
Doce. El capítulo cuarto del título IV queda redactado como sigue:
Trece. La letra a) del apartado 2 del artículo 81 queda redactada como sigue:
«a) La realización de los actos que a continuación se relacionan, sin autorización cuando ésta sea preceptiva, sin observar las condiciones básicas fijadas en la misma, o habiéndola obtenido por medio de declaraciones falsas o por otro medio irregular:
4.º La distribución de reservas, expresas u ocultas.»
Catorce. La letra g) del apartado 2 del artículo 81 queda redactada como sigue:
Quince. Se añaden dos nuevas letras k) y l) al apartado 2 del artículo 81 del siguiente tenor:
«k) La adquisición de participaciones significativas o su aumento infringiendo lo previsto en el título VI de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.
l) La concurrencia de deficiencias por parte de la Caja de Ahorro o el grupo consolidable a que pertenezca en la organización administrativa y contable, o en los procedimientos de control interno, incluidos los relativos a la gestión de los riesgos, cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o la viabilidad de la entidad.»
Dieciséis. La letra a) del apartado 3 del artículo 81 queda redactada como sigue:
«a) La realización de actos u operaciones sin autorización, cuanto ésta sea preceptiva, sin observar las condiciones básicas fijadas en la misma, o habiéndola obtenido por medio de declaraciones falsas o por otro medio irregular, excepto en los casos en que ello suponga la comisión de una infracción muy grave de acuerdo con la letra a) del apartado 2 de este artículo.»
Diecisiete. La letra j) del apartado 3 del artículo 81 queda redactada como sigue:
«j) El incumplimiento del deber de veracidad informativa debida a los depositantes, prestamistas y al público en general, así como el incumplimiento del deber de confidencialidad sobre los datos recibidos de la Central de Información de Riesgos, su uso para fines diferentes de los previstos en la Ley reguladora de la misma, o la solicitud de informes sobre personas titulares de riesgos fuera de los casos expresamente autorizados en dicha Ley, cuando no concurran las circunstancias a que se refiere la letra g) del apartado 2 de este artículo».
Dieciocho. Se añaden tres nuevas letras ll), m) y n) al apartado 3 del artículo 81 del siguiente tenor:
«ll) La concurrencia de deficiencias por parte de la Caja de Ahorro o el grupo consolidable a que pertenezca en la organización administrativa y contable, o en los procedimientos de control interno, incluidos los relativos a la gestión de riesgos, una vez haya transcurrido el plazo concedido al efecto para su subsanación por las autoridades competentes, y siempre que ello no constituya infracción muy grave conforme a lo previsto en la letra l) del apartado 2 de este artículo.
n) La efectiva administración o dirección de las Cajas de Ahorro por personas que no ejerzan de derecho en las mismas un cargo de dicha naturaleza.»
Diecinueve. El artículo 83 queda redactado como sigue:
«Artículo 83 Sanciones a las entidades
Veinte. El artículo 84 queda redactado como sigue:
«Artículo 84 Sanciones a los cargos de administración o dirección
4. No obstante lo dispuesto en número anterior, en caso de imposición de la sanción prevista en la letra d) del mismo, podrá imponerse simultáneamente la sanción prevista en su letra c).»
1. En el plazo de seis meses, desde la entrada en vigor de la presente Ley, las Cajas de Ahorro a las que les sea de aplicación adaptarán sus estatutos a lo dispuesto en ella.
2. Si la representación vigente en la Asamblea General a la entrada en vigor de esta Ley fuera distinta de la que resulte de la aplicación de los criterios establecidos en el apartado 1 bis del artículo 21 de la Ley del Principado de Asturias 2/2000, de 23 de junio, de Cajas de Ahorro, en la redacción dada por la presente Ley, deberá adaptarse, redistribuyéndose tal representación. De ser necesaria, la designación de nuevos miembros de la Asamblea General, conservando en todo caso los ya designados la representación hasta que se produzca su correspondiente renovación, se realizará, con observancia de los referidos criterios, de entre los titulares de los diferentes grupos de representación y de entre los suplentes según la última elección, adecuando el orden en que figuran con el fin de realizar la asignación con observancia de tales criterios. Si aún así, no se cubriesen todos los puestos vacantes, los no cubiertos permanecerán vacantes hasta la correspondiente renovación del grupo.