Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-2001-00899-45665-de-noviembre-19-de-2015?documento=jurcol&contexto=jurcol_531441beb7f64299ac904da1acf3ec1d&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-21 08:40:18
Document Index: 151277237

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 63', 'artículo 16', 'artículo 129', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 115', 'Artículo 115', 'artículo 230', 'artículo 10', 'artículo 4', 'artículo 18']

﻿ AUTO 2001-00899/45665 DE NOVIEMBRE 19 DE 2015
AUTO 2001-00899 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2015
CONTENIDO:EXCEPCIONES DE LA OBLIGACIÓN DE LOS JUECES DE DICTAR SENTENCIAS EN EL MISMO ORDEN EN QUE SE HAYAN PASADO LOS EXPEDIENTES. LOS CASOS COMO SENTENCIA ANTICIPADA O DE PRELACIÓN LEGAL, ASÍ COMO AQUELLOS QUE EN ATENCIÓN A LA NATURALEZA DE LOS ASUNTOS O A SOLICITUD DEL MINISTERIO PUBLICO EN ATENCIÓN A SU IMPORTANCIA JURÍDICA Y TRASCENDENCIA SOCIAL, COMO LO SON LOS CASOS QUE VERSAN RESPECTO DE LA PROTECCIÓN EFECTIVA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS CIUDADANOS, DADO QUE ES DEBER CONSTITUCIONAL ATENDER LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS Y A SU RECONOCIMIENTO FRENTE A CUALQUIER ACTUACIÓN ESTATAL, ES DE ELLO QUE EL LLAMADA DE LA JUSTICIA SE ENCAMINA A LA GUARDA, PRINCIPALMENTE, DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES CONSTITUCIONALES, PROTEGIENDO DE ESTA MANERA LA VIDA, LIBERTAD E INTEGRIDAD DE LOS CIUDADANOS EN VIRTUD DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO.
TEMAS ESPECÍFICOS:RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, SENTENCIA ANTICIPADA, VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, SOLICITUD DE SENTENCIA ANTICIPADA
Auto 2001-00899/45665 de noviembre 19 de 2015
Rad.: 68001-23-31-000-2001-00899-01(45665)
Actor: Juan Manuel Corzo Román y otros
Demandado: la Nación - Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil - Policía Nacional
Pasa la Sala a considerar la solicitud de prelación de fallo presentada por la parte demandante.
1. Trámite en primera instancia.
1.1. La demanda(1).
El 16 de abril de 2001, los señores Juan Manuel Corso Román y otros, por conducto de apoderado judicial, instauraron acción de reparación directa en contra de la Nación – Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil – Policía Nacional, a fin de que se declararan administrativamente responsables y se les condenara por los perjuicios materiales y morales que le fueron causados con ocasión de los “hechos acaecidos el día 12 de abril de 1999 al ser objeto de secuestro el avión Fokker 50 de Avianca, que cubría el vuelo 9463 entre Bucaramanga y Bogotá por parte de elementos subversivos del ELN, dada la falta de vigilancia y la carencia absoluta de elementos de control de armas y demás elementos peligrosos que facilitaron el secuestro por un buen espacio de tiempo”.
Según se expresó en la demanda, el día 12 de abril de 1999, el avión Fokker 50 de Avianca, que cubría el vuelo 9463 entre Bucaramanga y Bogotá, fue secuestrado junto con la retención ilegal de los tripulantes y pasajeros que se transportaban en el mismo, por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con ocasión de la supuesta falta de control, vigilancia, revisión, prevención y seguridad pertinente por parte del Aeropuerto Palonegro de Santander que no evitó que ingresaran las armas del grupo subversivo al avión.
Fallo de primera instancia(2).
Mediante providencia del 22 de marzo de 2012, el Tribunal Administrativo de Santander accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, mediante el cual declaró administrativamente responsable a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil por los daños que se originaron con ocasión del secuestro del avión Fokker 50 el día 12 de abril de 1999.
1.2. El recurso de apelación(3).
En contra de la decisión anterior, la parte demandada interpuso recurso de apelación, y en dicha oportunidad fundamentó su inconformidad en que no fue responsable de los daños ocasionados a los demandantes, pues la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil cumplió cabalmente con todos los protocolos de seguridad, consistentes en detector de metales de rayos x, requisa y chequeo realizada por la policía aeroportuaria y funcionarios del DAS.
2. Trámite en segunda instancia:
A través de proveído del 17 de enero de 2013 fue admitido el recurso de apelación. Posteriormente, mediante memorial de 24 de enero de 2013, Avianca S.A., llamado en garantía, solicitó recurso de apelación adhesiva, y mediante auto de 17 de febrero de 2013 se admitió.
El 25 de octubre de 2013 se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo.
En esta oportunidad procesal se pronunciaron las partes(4) y el Ministerio Público(5).
2.1. Prelación de fallo.
Mediante escrito que obra en folios 827 a 832 del cuaderno de segunda instancia, la parte actora solicita darle trámite preferente al proceso de la referencia porque considera que:
“Bajo la luz normativa de las disposiciones de carácter supranacional, reconocidas por el Estado colombiano, como lo son los convenios de Ginebra de 1949 y específicamente el protocolo II adicional a los convenios, relativos a la protección de la población civil y las personas civiles, establece que los signatarios están obligados, tanto en la guerra, conflictos armados y en la guerra que no se ha declarado, a estarse a lo preceptuado en ellos. Esta última norma, es mucho más explícita, ahondando en el tema de los terceros no intervinientes, dejando a los civiles por fuera de las acciones de grupos en conflicto.
Los integrantes del grupo armado al margen de la ley, secuestraron en su totalidad la tripulación de la aeronave, para presionar al Gobierno Central en acceder en la pretensión política de la Convención Nacional, y con posterioridad se materializará el “Despeje” del sur de Bolívar. La realización de este hecho violento y terrorista, el cual recae sobre personas civiles que no intervienen en el conflicto armado, por ningún medio, es un crimen de lesa humanidad, por más que los voceros de los subversivos de la época, intenten justificar su actuar atroz, señalando que es por una legítima lucho o como mecanismo forzoso de recursos.
En el presente caso, nos encontramos frente a una situación de carácter excepcional, no sólo por tratarse de un asunto de trascendencia social, sino por la vulneración de los derechos humanos de los actores que fueron sometidos a un secuestro, delito considerado como un crimen de lesa humanidad. (…)”.
Respecto del orden para proferir sentencias, la Ley 446 de 1998 en su artículo 18 consagró que era “obligatorio para los jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse”.
Así mismo, la citada norma estableció excepciones a la regla, en donde amerita alterar el turno para fallo, casos como los de sentencia anticipada o de prelación legal, así como aquellos que en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social.
Ahora bien, cabe señalar que existen unas excepciones consagradas en la ley en las que también se permite alterar dicho orden, pues, además de las excepciones a las que se hizo referencia consagradas en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, están aquellas establecidas en el artículo 63A de la Ley 270 de 1996, adicionada por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 129 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 7º del Decreto-Ley 254 de 2000, modificado por el artículo 7 de la Ley 1105 de 2006, todo esto en concordancia con el artículo 115 de la Ley 1395 de 2010(6) que regula el precedente jurisprudencial.
Igualmente, por disposición de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación, también existe la posibilidad de alterar el turno para fallo en algunos asuntos específicos.
De conformidad con lo antes referido, y teniendo en cuenta que lo más importante en cuanto a la responsabilidad de la administración pública, es la protección efectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos, ya que como lo disponen los artículos 1º, y 2º de la Constitución, al instituirse el Estado social de derecho se dio relevancia a atender los derechos fundamentales de las personas y al reconocimiento de éstos frente a cualquier actuación estatal, es así como el llamado de la justicia se encamina a la guarda, principalmente, de los derechos y libertades constitucionales, protegiendo de esa manera la vida, libertad e integridad de los ciudadanos a la luz del tipo de Estado institucionalizado por la Carta Política de 1991.
Por todo lo anterior, sumado a que el sub examine reviste de características especiales, por tratarse de un caso en el cual existió un conflicto armado y que con ocasión del mismo se produjo un secuestro por parte del ELN (Ejército de Liberación Nacional) al avión Fokker 50 de Avianca que cubría la ruta Bogotá Barranquilla, donde resultaron retenidos ilegalmente los pasajeros que se transportaban en él, es de vital importancia su estudio preferente por ser indiscutible el daño provocado a las víctimas con ocasión de la retención ilegal a la que fueron expuestas, y, como quiera que el presente asunto se enmarca en las normatividad aplicable al tema(7), es procedente acceder a la solicitud formulada.
CONCEDER la solicitud de prelación de fallo solicitada por la parte demandante, de conformidad con lo manifestado en la presente providencia y de acuerdo al turno correspondiente frente a aquellos procesos que, como éste, corresponden al mismo tema –secuestro–.
Magistrados: Hernán Andrade Rincón—Marta Nubia Veláquez Rico—Carlos Alberto Zambrano Barrera.
(1) Folio 1 a 101 del cuaderno de primera instancia.
(2) Folio 312 a 328 del cuaderno principal de segunda instancia.
(3) Folios 330 a 333 del cuaderno principal de segunda instancia.
(4) Folios 776 y 881; 760 a 766; 802 a 815; 817 a 821 del cuaderno de segunda instancia.
(5) Folios 817 a 821 del cuaderno de segunda instancia.
(6) Artículo 115. Facúltese a los jueces, tribunales, altas cortes del Estado, Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales de la Judicatura para que cuando existan precedentes jurisprudenciales, conforme al artículo 230 de la Constitución Política, el artículo 10 de la Ley 153 de 1887 y el artículo 4° de la Ley 169 de 1896, puedan fallar o decidir casos similares que estén al Despacho para fallo sin tener que respetar el turno de entrada o de ingreso de los citados procesos, conforme a lo señalado en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998.
(7) Excepción contemplada en el art. 63 A de la ley 270 de 1996.