Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/decreto-2681-de-2003?documento=legcol&contexto=legcol_75992041e5adf034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-14 06:03:51
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 271', 'artículo 12', 'artículo 29', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 1', 'artículo 29', 'artículo 19']

﻿ DECRETO 2681 DE 2003
DECRETO 2681 DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2003
CONTENIDO:SISTEMA GENERAL DE PENSIONES. SE REGLAMENTA LA ADMINISTRACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL Y EN ESPECIAL LOS MECANISMOS DE FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA DE AUXILIOS PARA ANCIANOS INDIGENTES, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD QUE LOS RIGE. DEROGA EL DECRETO 1135 DE 1994.
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1225 DE OCTUBRE 30 DE 2003, PG.891
Que la Ley 100 de 1993, estableció el programa de auxilios para ancianos indigentes, con el objeto de apoyar económicamente, a aquellas personas que cumplan con los requisitos previstos en la normatividad vigente y de acuerdo con las metas establecidas por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes.
Que la Ley 797 de 2003, modificó la subcuenta de solidaridad y creó la subcuenta de subsistencia del fondo de solidaridad pensional, como mecanismo de financiación del programa de auxilios para ancianos indigentes, de la Ley 100 de 1993.
ART. 1º—El artículo 1º del Decreto 1127 de 1994, quedará así:
“ART. 1º—Naturaleza y objeto del fondo de solidaridad pensional. El fondo de solidaridad pensional es una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de la Protección Social, destinado a ampliar la cobertura mediante un subsidio a las cotizaciones para pensiones de los grupos de población que por sus características y condiciones socioeconómicas, no tienen acceso a los sistemas de seguridad social, así como, el otorgamiento de subsidios económicos para la protección de las personas en estado de indigencia o de pobreza extrema.
— Subcuenta de solidaridad destinada a subsidiar los aportes al régimen general de pensiones de los trabajadores asalariados o independientes del sector rural y urbano que carezcan de suficientes recursos para efectuar la totalidad del aporte, tales como artistas, deportistas, músicos, compositores, toreros y sus subalternos, la mujer microempresaria, las madres comunitarias, los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, los miembros de las cooperativas de trabajo asociado y otras formas asociativas de producción.
ART. 2º—El artículo 4º del Decreto 1127 de 1994, quedará así:
“ART. 4º—Obligaciones del administrador fiduciario del fondo de solidaridad pensional. El administrador fiduciario de los recursos del fondo de solidaridad pensional, deberá cumplir con las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las demás que le corresponda cumplir en desarrollo del respectivo contrato:
a) Establecer mecanismos idóneos para verificar que los recursos del fondo se destinen a beneficiarios que cumplan las condiciones y requisitos para ser beneficiarios de los subsidios, conforme a lo dispuesto en el presente decreto.
a) Crear y mantener una base de datos sobre cada uno de los beneficiarios, con su número de documento de identidad y lugar de residencia, con la estructura y características que defina el Ministerio de la Protección Social.
ART. 3º—Secretaría técnica del comité directivo. La secretaría técnica del comité de que trata el artículo 5º del Decreto 1127 de 1994, modificado por el artículo 1º del Decreto 1049 de 1999, estará a cargo del viceministro técnico del Ministerio de la Protección Social. En los casos en que el ministro delegue en el viceministro técnico la presidencia de este comité, la secretaría técnica estará a cargo del director de la dirección general de seguridad económica y pensiones.
ART. 4º—Funciones del comité directivo. El comité directivo tendrá las siguientes funciones:
ART. 5º—El artículo 6º del Decreto 1127 de 1994, quedará así:
“ART. 6º—Recursos del fondo de solidaridad pensional. Los recursos del fondo de solidaridad pensional son:
a) El cincuenta por ciento (50%) de la cotización adicional del 1% sobre la base de cotización, a cargo de los cotizantes al sistema general de pensiones cuya base de cotización sea igual o superior a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
c) Las donaciones que reciba, los rendimientos financieros de sus recursos y, en general, los demás recursos que reciba a cualquier título.
a) Los cotizantes con ingreso igual o superior a 16 salarios mínimos mensuales legales vigentes, tendrán un aporte adicional, sobre su ingreso base de cotización, así: de 16 hasta 17 smlmv de un 0.2%, de más de 17 hasta 18 smlmv de un 0.4%, de más de 18 hasta 19 smlmv de un 0.6%, de más de 19 hasta 20 smlmv de un 0.8% y superiores a 20 smlmv de 1%.
b) El cincuenta (50%) de la cotización adicional del 1% sobre la base de cotización, a cargo de los cotizantes al sistema general de pensiones cuya base de cotización sea igual o superior a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
c) Los aportes del presupuesto nacional. Estos no podrán ser inferiores a los recaudados anualmente por los conceptos enumerados en los literales a) y b) de este numeral y se liquidarán con base en lo reportado por el fondo en la vigencia del año inmediatamente anterior, actualizados con base en la variación del índice de precios al consumidor, certificado por el DANE.
PAR. 1º—Los rendimientos financieros que generen las subcuentas de solidaridad y de subsistencia se incorporarán a dichas subcuentas.
ART. 6º—Recaudo de los recursos del fondo de solidaridad pensional. Serán recaudadores de los recursos del fondo de solidaridad pensional:
a) Las administradoras del sistema general de pensiones. Las administradoras del sistema general de pensiones, a que se refiere el artículo 6º del Decreto 692 de 1994, recaudarán en los plazos establecidos para el pago de las cotizaciones, los recursos del fondo de solidaridad pensional a cargo de los afiliados al sistema general de pensiones, de sus propios trabajadores y empleados, así como, la contribución a cargo de los pensionados cuya mesada pensional se encuentre entre los rangos señalados en el artículo anterior.
b) Las empresas y entidades pagadoras de pensiones de cualquier origen. Estas empresas y entidades recaudarán la contribución a cargo de los pensionados cuya base de cotización se encuentre entre los rangos señalados en el artículo anterior. Estos recursos serán transferidos dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que la entidad realiza el pago de la mesada pensional, a la entidad que administre los recursos del fondo de solidaridad pensional.
c) Las entidades que cuentan con regímenes exceptuados. Las entidades que administran regímenes exceptuados, tales como la de los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional, el personal regido por el Decreto 1214 de 1990, los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y los servidores públicos de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, cuya base de cotización se encuentre dentro de los rangos de cotización fijados en la Ley 797 de 2003, serán recaudados por las entidades a las cuales están vinculados laboralmente. Estos recursos serán transferidos dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, a la entidad que administre los recursos del fondo de solidaridad pensional.
Los recursos de las sanciones a las que se refiere el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, deberán ser girados a la entidad que administre el fondo de solidaridad pensional por parte del sancionado, en un plazo no superior a diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo que impuso la sanción.
PAR. 1º—El cobro coactivo deberá efectuarlo el Ministerio de la Protección Social, previas las gestiones de cobro y los informes que rinda al administrador fiduciario.
PAR. 2º—Los recursos correspondientes a cada subcuenta deberán manejarse en cuentas independientes, por parte del administrador fiduciario, con base en los reportes de los administradores de los fondos de pensiones y las entidades que cuentan con regímenes especiales.
ART. 7º—Pago anticipado de cotizaciones. Los afiliados al fondo de solidaridad pensional podrán pagar hasta 6 meses de aportes anticipados en un solo pago, para lo cual deberán utilizar los seis comprobantes del talonario, sin perjuicio de que la causación de estas obligaciones se efectúe de manera mensual.
ART. 8º—El artículo 12 del Decreto 1127 de 1994, quedará así:
“ART. 12.—Devolución del subsidio. La entidad administradora del fondo de solidaridad pensional, deberá controlar y hacer exigibles en los sesenta (60) días siguientes, a la fecha en que el administrador fiduciario, verifique que se presentan las circunstancias previstas en el inciso primero del artículo 29 de la Ley 100 de 1993, las devoluciones de los aportes subsidiados de la subcuenta de solidaridad con los respectivos rendimientos financieros.
La devolución de los subsidios no cobrados por los beneficiarios de la subcuenta de subsistencia deberá ser reintegrada al fondo de solidaridad pensional a los tres (3) meses”.
ART. 9º—Requisitos para ser beneficiario de los subsidios de la subcuenta de solidaridad. Son requisitos para ser beneficiarios de los subsidios de la subcuenta de solidaridad:
PAR.—Los beneficiarios del fondo de solidaridad pensional afiliados antes de la vigencia de la Ley 797 de 2003, con edad inferior a la prevista en el presente artículo, continuarán recibiendo el subsidio en las mismas condiciones y durante el tiempo que se les había establecido antes de entrar en vigencia la citada ley, siempre y cuando, no incurran en causal de pérdida del subsidio.
ART. 10.—(Modificado).* Habilitación de la condición de beneficiario. Quienes hayan perdido la calidad de beneficiarios del fondo de solidaridad pensional, por haber incurrido en mora, entre cuatro (4) y quince (15) meses, anteriores a la vigencia del presente decreto, podrán realizar el pago de las cotizaciones adeudadas para reactivar su condición de beneficiario.
*(Nota: Modificado por el Decreto 3272 de 2003 artículo 1º del Ministerio de la Protección Social)
ART. 11.—Pérdida del derecho al subsidio. El literal e) del artículo 9º del Decreto 1858 de 1995 modificado por el artículo 1º del Decreto 2414 de 1998, quedará así:
“e) Cuando deje de cancelar seis (6) meses continuos del aporte que le corresponde.
La entidad administradora de pensiones a la cual se encontraba afiliado el trabajador mantendrá vigente la historia laboral donde consten las semanas cotizadas o la cuenta de ahorro individual, según sea el caso, para los efectos del artículo 29 de la Ley 100 de 1993.
La pérdida del derecho al subsidio por esta causal será por el término de un (1) año, contado a partir del momento de la suspensión del pago del subsidio. Vencido este término, quien fuera beneficiario podrá efectuar una nueva solicitud de ingreso al fondo de solidaridad pensional, siempre y cuando, cumpla la edad requerida por la Ley 797 de 2003 para ser beneficiario del mismo”.
PAR.—La entidad territorial identificará los beneficiarios previa verificación del cumplimiento de los requisitos.
1. Un subsidio económico directo, esto es, al beneficiario que no reside en los centros de bienestar del adulto mayor, hasta por el (50%) del salario mínimo legal mensual vigente, de acuerdo con las metas que el Conpes establezca.
2. Un subsidio económico indirecto, esto es, para los beneficiarios que residen en centros de bienestar del adulto mayor, hasta por el (50%) del salario mínimo legal mensual vigente, de acuerdo con las metas que el Conpes establezca.
PAR. 1º—El valor del subsidio económico será definido por el Conpes y la modalidad de subsidio a entregar será establecida en el proyecto presentado por el ente territorial.
PAR. 2º—El subsidio económico, siempre estará representado en dinero y en servicios sociales complementarios.
ART. 15.—Presentación de proyectos. El municipio, el distrito o la autoridad indígena específica de la respectiva área, diseñarán y presentarán un (1) proyecto al centro zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, de acuerdo con los recursos asignados por el Conpes y que puede contemplar una o las dos modalidades de beneficios de que trata el artículo anterior. Dicho centro zonal, lo estudiará y lo remitirá a la regional del instituto a la que corresponde el municipio, para su aprobación, la cual dará traslado al administrador fiduciario para el giro de los recursos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 del presente decreto. El mismo trámite se surtirá una vez sean identificados los beneficiarios de dicho proyecto.
ART. 16.—Criterios de priorización de beneficiarios. En el proceso de selección de beneficiarios que adelante la entidad territorial, esta deberá aplicar como mínimo los siguientes criterios de priorización:
PAR.—Las bases de la ponderación de cada uno de los criterios de priorización de beneficiarios, serán las que se establezcan por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes.
ART. 17.—Cofinanciación. Para la ejecución del programa de auxilios para ancianos indigentes, que se financiará con los recursos de la subcuenta de subsistencia del fondo de solidaridad pensional, se podrá utilizar la modalidad de cofinanciación entre la Nación y los entes territoriales. Para tal efecto, el Conpes, establecerá los criterios con los cuales se determinará el porcentaje de los recursos de cofinanciación por cada beneficiario, que deberán aportar los entes territoriales. Este monto, se adicionará al valor del subsidio establecido por el Conpes para cada beneficiario.
ART. 18.—Centros de bienestar del adulto mayor. Estos centros deberán ser instituciones sin ánimo de lucro, de naturaleza pública, privada o mixta de cualquier nivel, que mediante convenios suscritos entre el administrador fiduciario, el municipio y la institución correspondiente estarán obligadas a:
1. Subsidio económico directo en municipios donde existen entidades bancarias
• La parte del subsidio económico, representada en dinero se girará directamente al beneficiario, por intermedio de la red bancaria.
• Los recursos para atender la parte del subsidio económico que se otorgará en servicios sociales complementarios, se girarán al prestador del servicio, una vez se haya suscrito el convenio entre el administrador fiduciario, el municipio y el prestador del servicio, para el desarrollo del proyecto. Este convenio incluirá los recursos de cofinanciación del municipio, en caso que estuvieren contemplados en el proyecto aprobado por la regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.
2. Subsidio económico directo en municipios donde no existen entidades bancarias
• La parte del subsidio económico representada en dinero, será transferida al ente territorial a nombre del beneficiario, quien se encargará de entregarlo a cada uno de los beneficiarios.
• Los recursos para atender la parte del subsidio que se otorgará en servicios sociales complementarios, se girarán al municipio a la cuenta que se abra para la administración de los mismos, una vez se haya suscrito el convenio entre este y el administrador fiduciario para el desarrollo del proyecto. Con estos recursos y los de cofinanciación del municipio, en caso que estuvieren contemplados en el proyecto, este contratará la prestación de los servicios sociales complementarios, previstos en el proyecto aprobado por la regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.
3. Subsidio económico indirecto
PAR.—El proyecto presentado por el municipio y aprobado por la regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, deberá consignar la opción a través de la cual se entregarán los recursos.
ART. 20.—Pérdida del derecho al subsidio. El beneficiario del subsidio lo perderá cuando deje de cumplir los requisitos establecidos en el presente decreto y en la Ley 100 de 1993, a saber:
ART. 21.—Comité municipal de apoyo a los beneficiarios. Todo municipio deberá integrar un comité municipal de apoyo a los beneficiarios de la subcuenta de subsistencia del fondo de solidaridad pensional, el cual puede ser el mismo que hace parte del consejo municipal de política social. Estará conformado por un grupo base integrado por: El centro zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, la entidad territorial, organizaciones de base comunitarias, consejos comunitarios y cabildos indígenas, el sector salud, el sector educativo, los beneficiarios, las autoridades locales y entidades privadas y demás que puedan intervenir en la ejecución de la subcuenta.
ART. 22.—Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga los artículos 7º, 8º, 9º del Decreto 1127 de 1994, el Decreto 1135 de 1994, y las demás disposiciones que le sean contrarias.
Dado en Bogotá, D.C., a 23 de septiembre de 2003.