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Timestamp: 2017-04-30 22:28:35
Document Index: 335218293

Matched Legal Cases: ['artículo 849', 'artículo 138', 'artículo 849', 'artículo 138', 'artículo 138', 'artículo 11', 'artículo 14', 'artículo\n16', 'artículo 10', 'artículo 18', 'artículo 9', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo\n11', 'artículo 11', 'artículo 39', 'artículo 110', 'artículo 23', 'artículo 21', 'artículo 9', 'artículo 66', 'artículo 21', 'artículo 66']

SENTENCIA IMPLICACION ETICO RELIGIOSAS by undefined - issuu
Roj: STS 4567/1997
Id Cendoj: 28079120011997103703
Nº de Recurso: 3248/1996
Nº de Resolución: 950/1997
Tipo de Resolución: SentenciaSENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintisiete de Junio de mil novecientos noventa y siete.
En el recurso de casación por infracción de Ley que ante Nos pende, interpuesto por el Ministerio Fiscal,
contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Huesca que absolvió a Javier y Ángela del delito de
homicidio de que eran acusados, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen
se expresan se han constituido para la votación y fallo bajo la Presidencia del primero de los indicados y
Ponencia del Excmo. Sr. D. Carlos Granados Pérez, siendo parte recurrente el Ministerio Fiscal, y estando
como recurridos los acusados antes citados representados por la procuradora Sra. González Diez.I. ANTECEDENTES
1.- El Juzgado de Instrucción de Fraga instruyó con el número 2/05, y una vez concluso fue elevado a
la Audiencia Provincial de Huesca que, con fecha 20 de noviembre de 1996, dictó sentencia que contiene los
siguientes HECHOS PROBADOS: "Los acusados Javier , agricultor, y su esposa Ángela , ambos mayores
de edad y sin antecedentes penales, mejor circunstanciados en el encabezamiento de esta resolución, en el
mes de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro venían residiendo en Ballobar (Huesca) junto con su
hijo Augusto , quien entonces tenía trece años de edad. Pues bien, el menor Augusto tuvo una caída con su
bicicleta el día tres de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, ocasionándose lesiones en una pierna,
sin aparente importancia, tres días después, el día seis, sangró por la nariz, siendo visto, a petición de sus
padres, por un ATS que no le dió tampoco más importancia; y el jueves día ocho lo hizo más intensamente,
poniéndose pálido, por lo que su madre lo llevó a la Policlínica que sanitariamente les correspondía, la de Fraga
(Huesca) donde aconsejaron el traslado del menor al hospital Arnau de Lérida, traslado que ambos acusados
hicieron con su hijo ese mismo jueves, llegando a dicho centro alrededor de las nueve o las diez de la noche.
Los médicos del centro, tras las pruebas que estimaron pertinentes, detectaron que el menor se encontraba en
una situación con alto riesgo hemorrágico prescribiendo para neutralizarla una transfusión de seis centímetros
cúbicos de plaquetas, manifestando entonces los padres del menor, los dos acusados, educadamente, que su
religión no permitía la aceptación de una transfusión de sangre y que, en consecuencia, se oponían a la misma
rogando que al menor le fuera aplicado algún tratamiento alternativo distinto a la transfusión, siendo informados
por los médicos de que no conocían ningún otro tratamiento, por lo que entonces solicitaron los acusados el
alta de su hijo para ser llevado a otro centro donde se le pudiera aplicar un tratamiento alternativo, petición
de alta a la que no accedió el centro hospitalario por considerar que con ella peligraba la vida del menor, el
cual también procesaba activamente la misma religión que sus progenitores rechazando, por ello, consciente
y seriamente, la realización de una transfusión en su persona. Así las cosas, el centro hospitalario, en lugar
de acceder al alta voluntaria solicitada por los acusados, por considerar que peligraba la vida del menor si no
era transfundido, solicitó a las cuatro horas y treinta minutos del día nueve autorización al Juzgado de guardia
el cual, a las cinco de la madrugada del citado día nueve de Septiembre, autorizó la práctica de la transfusión
para el caso de que fuera imprescindible para salvar la vida del menor, como así sucedía, pues la misma
era médicamente imprescindible para lograr a corto plazo la recuperación del menor, neutralizando el alto
riesgo hemorrágico existente, y poder así continuar con las pruebas precisas para diagnosticar la enfermedad
padecida y aplicar en consecuencia el tratamiento procedente. -1Una vez dada la autorización judicial para la transfusión, los dos acusados acataron la decisión del
Juzgado, que les fue notificada, de modo que no hicieron nada para impedir que dicha decisión se ejecutara,
aceptándola como una voluntad que les era impuesta en contra de la suya y de sus convicciones religiosas;
es más, los acusados quedaron completamente al margen en los acontecimientos que seguidamente se
desarrollaron. Haciendo uso de la autorización judicial los médicos se dispusieron a realizar la transfusión,
pero el menor, de trece años de edad, sin intervención alguna de sus padres, la rechazó con auténtico
TERROR, reaccionando agitada y violentamente en un estado de gran excitación que los médicos estimaron
muy contraproducente, pues podía precipitar una hemorragia cerebral. Por esa razón, los médicos desistieron
de la realización de la transfusión procurando repetidas veces, no obstante, convencer al menor para que la
consistiera, cosa que no lograron. Al ver que no podían convencer al menor, el personal sanitario pidió a los
acusados que trataran de convencer al niño los cuales, aunque deseaban la curación de su hijo, acompañados
por otras personas de su misma religión, no accedieron a ello pues, como su hijo, consideraban que la Biblia,
que Dios, no autorizaba la práctica de una transfusión de sangre aunque estuviera en peligro la vida.Así las cosas, no logrando convencer al menor, el caso es que los médicos desecharon la posibilidad
de realizar la transfusión en contra de su voluntad, por estimarla contraproducente, por lo que, sin intervención
alguna de los acusados, tras desechar los médicos la práctica de la transfusión mediante la utilización de algún
procedimiento anestésico por no considerarlo en ese momento ético ni médicamente correcto, por los riesgos
que habría comportado, después de "consultarlo" telefónicamente con el Juzgado de guardia, considerando
que no tenían ningún otro tratamiento alternativo para aplicar, en la mañana del día nueve viernes, aunque
pensaban, repetimos, que no existía ningún tratamiento alternativo, accedieron los médicos que lo trataban
a la concesión del alta voluntaria para que el menor pudiera ser llevado a otro centro en busca del repetido
tratamiento alternativo, permaneciendo no obstante el niño en el hospital Arnau de Lérida una horas más pues
los padres, los acusados, pedían la historia clínica par poder presentarse en un nuevo centro, no siéndoles
entregada hasta alrededor de las catorce horas, procediendo los dos acusados, ayudados por personas de su
misma religión, a buscar al que consideraban uno de los mejores especialistas en la materia, siendo su deseo
que el hiño hubiera permanecido hospitalizado hasta localizar al nuevo especialista médico. Nos obstante,
por causas que se ignoran, probablemente por considerar el centro hospitalario que entrega la historia clínica
la presencia del menor dentro del centro ya no tenía ningún objeto si no le podían aplicar la transfusión que
el niño precisaba, por la tarde del día nueve de Septiembre, viernes, los acusados llevaron a su hijo a su
domicilio, continuando con las gestiones para localizar al nuevo especialista, concertando finalmente con él
una cita para el lunes día doce de Septiembre, siempre de mil novecientos noventa y cuatro, en el Hospital
Universitaria Materno-Infantil del Vall D`Hebrón de Barcelona, al que, siendo aproximadamente las diez de la
mañana, se trasladaron los acusados acompañando a su hijo. Una vez en dicho Hospital el niño fue reconocido
en consulta siéndole diagnosticada un síndrome de pancetopenia grave debido a una aplaxia medular o la
infiltración leucémica, considerando urgente, nuevamente, la práctica de una transfusión para neutralizar el
riesgo hemorragia y anemia y proceder, a continuación, a realizar las pruebas diagnósticas pertinentes para
determinar la causa de la pancetopenia e iniciar luego su tratamiento. Los acusados y el mismo menor,
nuevamente, manifestaron que sus convicciones religiosas les impedían aceptar una transfusión, firmando
ambos acusados un escrito en dicho sentido, redactado en una hoja con el membrete del Hospital Universitario
Materno-Infantil del Vall D`Hebrón. Así las cosas, como quiera que en este centro nadie creyó procedente
pedir una nueva autorización judicial para efectuar la transfusión, ni intentar nuevamente realizarla haciendo
uso de la autorización judicial emitida por el Juzgado de Lérida, ni intentar tampoco efectuarla por propia
decisión de los mismos médicos adoptada, en defensa de la vida, por encima de la determinación tomada,
por motivos religiosos, por el paciente y sus padres pues es caso es que los acusados, los padres del
menor, acompañados por personas de su misma religión, pensando que pecaban si pedían o aprobaban la
transfusión, como quiera que deseaban la salvación de su hijo, al que querían con toda la intensidad que es
usual en los progenitores, antes de llevar al menor a su domicilio se trasladaron con él al Hospital General de
Cataluña, centro privado cuyo servicios habrían de ser directamente sufragados por los acusados, en el que
nuevamente, con acierto, reiteraron los médicos la inexistencia de un tratamiento alternativo y la necesidad de
la transfusión, que fue nuevamente rechazada por los acusados y por su hijo, por sus convicciones religiosas,
por considerarla pecado, sin que nadie en este centro tomara nuevamente la determinación de realizar la
transfusión contra la voluntad del menor y de sus padres, por su propia decisión o usando la autorización del
Juez de Lérida, que conocían en el centro, o solicitando una nueva autorización al Juzgado que correspondiera
de la ciudad de Barcelona, por lo que los acusados, no conociendo ya otro centro al que acudir, emprendieron
con su hijo el camino de regreso a su domicilio, al que llegaron sobre la una de la madrugada del martes
día trece de Septiembre donde permanecieron durante todo ese día, sin más asistencia que la visitas del
médico titular de Ballobar, quien por su parte, consideró que nada nuevo podía aportar que no estuviera ya2en los informes hospitalarios, no estimando pertinente ordenar el ingreso hospitalario pues el menor, quien
permanecía consciente, ya provenía de un ingreso de esa naturaleza, según pensó el médico titular de la
localidad, por lo que así permaneció el niño hasta que el miércoles día catorce de Septiembre el Juzgado
de Instrucción de Fraga (Huesca), en cuyo partido judicial se encuentra Ballobar (Huesca), tras recibir un
escrito del Ayuntamiento de esta última localidad informando sobre la situación del menor, acompañado de un
informe emitido por el médico titular ese mismo día catorce (en el que se constataba que el menor empeoraba
progresivamente por anemia aguda posthemorrágica, que requería con urgencia hemoderivados), tras oir
telefónicamente al Ministerio Fiscal, dispuso mediante Auto de ese mismo día catorce, autorizar la entrada
en el domicilio del menor para que el mismo recibiera la asistencia médica que precisaba, en los términos
que el facultativo y el forense del Juzgado consideraran pertinente, es decir, para que fuera transfundido,
personándose seguidamente la comisión judicial en el domicilio del menor, cuando éste estaba ya con un
gran deterioro psicofísico (respondiendo de forma vaga e incoordinada a estímulos externos), procediendo los
acusados, una vez más, después de declarar sus convicciones religiosas, a acatar la voluntad del Juzgado,
siendo el propio padre del menor quien, tras manifestar su deseo de no luchar contra la Ley, lo bajó a la
ambulancia, en la que el niño, acompañado por la fuerza pública, fue conducido al Hospital de Barbastro donde
llegó en coma profundo, totalmente inconsciente, procediéndose a la realización de la transfusión ordenada
judicialmente, sin contar con la voluntad de los acusados quienes, como siempre, no intentaron en ningún
momento impedirla una vez había sido ordenada por una voluntad ajena a ellos, siendo el niño trasladado, por
orden médica, al Hospital Miguel Servet de Zaragoza, al que llegó hacia las veintitrés horas y treinta minutos
del día catorce de Septiembre con signos clínicos de descerebración por hemorragia cerebral, falleciendo a
la veintiuna horas y treinta minutos del día quince de Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.Si el menor hubiera recibido a tiempo las transfusiones que precisaba habría tenido a corto y a medio
plazo una alta posibilidad de supervivencia y, a largo plazo, tal cosa dependía ya de la concreta enfermedad
que el mismo padecía, que no pudo ser diagnosticada, pudiendo llegar a tener, con el pertinente tratamiento
apoyado por varias transfusiones sucesivas, una esperanza de curación definitiva de entre el sesenta al
ochenta por ciento, si la enfermedad sufrida era una leucemia aguda linfoblástica, que es la enfermedad
que, con más probabilidad, padecía el hijo de los acusados, pero sólo a título de probabilidad pues, al no
hacerse en su momentos las transfusiones, ni siquiera hubo ocasión para acometer las pruebas pertinentes
para diagnosticar la concreta enfermedad padecida que por poder, aunque con menor probabilidad, también
podía tratarse de una leucemia agua en la que, a largo plazo, el pronóstico ya sería más sombrío".
2.- La sentencia de instancia dictó el siguientes pronunciamiento: "FALLAMOS: Que debemos absolver
y absolvemos libremente los acusados Javier y Ángela del delito que se les venía imputando, dejando sin
efecto cuantas medidas, personales y reales, se han acordado en esta causa, y en sus piezas, contra sus
personas y contras sus bienes; declarando de oficio el pago de las costas causadas".
3.- Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por el Ministerio Fiscal por
infracción de Ley, que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala segunda del Tribunal Supremo
4.- El recurso interpuesto se basó en el siguiente MOTIVO DE CASACION: Unico.- En el único motivo
del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se
invoca infracción, por falta de aplicación, del artículo 138 y 11 del Código Penal vigente.
5.- Instruida la parte recurrida del recurso interpuesto, la Sala admitió el mismo, quedando conclusos
6.- Hecho el señalamiento par el fallo, se celebró la votación prevenida el día 19 de junio de 1997.II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
UNICO.- En el único motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por falta de aplicación, del artículo 138 y 11 del Código
El Ministerio Fiscal defiende el recurso, sustancialmente, en base a los siguientes argumentos:
a) El consentimiento del menor -en este caso de trece años de edad- carece de relevancia jurídica en
orden a aceptar o rechazar un determinado tratamiento médico, correspondiendo dicha facultad a los padres,
tutores o guardadores de hecho.3b) En todo momento los padres tuvieron el dominio del hecho. Así actuaron y lo entendieron todos los
que se relacionaron con ellos.
c) Los padres, al no consentir que fuera prestada la asistencia sanitaria necesaria para la vida de su
hijo realizan la conducta prevista en el artículo 138 del Código Penal (homicidio) en la modalidad de comisión
por omisión dolosa por concurrir en ellos la condición de garantes (artículo 11.a del Código Penal) y existir
nexo causal entre la omisión y el resultado.
d) La conducta omisiva descrita en el relato fáctico de la sentencia y atribuida a los procesados vino
motivada por las creencias religiosas de aquellos contrarias al concreto tratamiento médico exigido.
e) La vulneración del derecho a la vida no puede justificarse jurídicamente por la invocación del
también derecho a la libertad religiosa que únicamente podrá tener un valor modificativo-atenuatorio de la
responsabilidad criminal contraida.
La defensa de los acusados, que resultaron absueltos por el Tribunal de instancia, impugna el recurso
del Ministerio Fiscal y razona su oposición, entre otras, con las siguientes alegaciones:
a) El Ministerio Fiscal no respeta escrupulosamente los hechos que la sentencia de instancia declara
probados y niega que sus patrocinados impidieran que se atendiera médicamente a su hijo, ya que, como
consta en los hechos probados, acataron la decisión del Juzgado que les fue notificada, de modo que no
hicieron nada para impedir que dicha decisión se ejecutara.
b) Tampoco respeta el Ministerio Fiscal los hechos probados en cuanto trata de encontrar fundamento
a su acusación de homicidio en la modalidad de comisión por omisión, en los sucesivos aconteceres y en la
actitud de los acusados frente a los mismos cuando en los hechos probados se dice taxativamente que "los
acusados quedaron completamente al margen en los acontecimientos que seguidamente se desarrollaron",
por lo que se niega que tuvieran en todo momento el dominio del hecho.
c) Frente a los que se sostiene por el Ministerio Fiscal, insiste la sentencia en los hechos probados
en que el comportamiento de los acusados es ajeno respecto del resultado de muerte, tanto en el momento
en el que inicialmente renuncian los médicos a la transfusión, como en el peregrinaje posterior a diversos
centros hospitalarios buscando la salvación del niño, y que la actitud de los acusados no fué la de oponerse
a la transfusión sino la de salvar la vida de su hijo a toda costa.
d) Si no hay comportamiento relevante, es decir, si los acusados nada hicieron contra la orden de
transfundir la sangre, falta el soporte fáctico para fundamentar el nexo causal, el dolo eventual, la posición de
garante y la irrelevancia del consentimiento del menor.
e) Interesa advertir, frente a las insinuaciones del recurso, que la sentencia recurrida en absoluta se
aparta de la doctrina jurisprudencial expresada en los Tribunales Constitucional y Supremo, sobre la primacía
del valor "vida humana" sobre el resto de valores o bienes jurídicos protegidos por el Derecho.
Expuestos los principales argumentos esgrimidos a favor y en contra del recurso del Ministerio Fiscal,
procede entrar en el exámen del único motivo del mismo que, por los razonamientos que se expresan a
continuación, debe ser estimado.
Son diversas y trascendentes las cuestiones que presenta el supuesto que nos ocupa y antes de entrar
en el estudio de la concurrencia de los elementos que caracterizan al tipo objetivo y subjetivo del delito de
homicidio, en la modalidad de comisión por omisión de que acusa el Ministerio Fiscal, procede hacer unas
La confesión religiosa de los Testigos de Jehová, a la que pertenecen los protagonistas del supuesto
que examinamos, prohibe a sus miembros la práctica de transfusiones sanguíneas, por ser contraria a ciertos
Libros Sagrados, y esa objeción de conciencia a dicho tratamiento médico ha suscitado serias cuestiones en
el ámbito jurídico y más especialmente en el área penal.
Conforme al artículo 14 de la Constitución todos los españoles son iguales ante la Ley, cualquiera sea su
religión. Esta no da origen a ningún privilegio ni a ningún menosprecio. Se protege en plano de igualdad como
creencia y como libertad. Y dentro del amplio cuadro de derechos y libertades que proclama la Constitución,
en un grupo preferente, sólo superado por el derecho a la vida y a la integridad física y moral, su artículo
16.1 garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y comunidades sin más limitación,
en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Se
ha escrito con todo acierto que la mención al orden público no se ciñe a su perturbación material, sino que4tiene un significado jurídico institucional más profundo ya que por tal hay que entender los intereses y los
fines generales y básicos que constituyen el fundamento ético-social de la total ordenación jurídica en el seno
del Estado. El alcance y contenido de la libertad religiosa, acorde con lo que se dispone el artículo 10.2 de
la Constitución, se interpretará de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y
los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España y, entre ellos, el Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos que en su artículo 18, tras proclamar en su apartado 1º que "toda persona tiene
derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión ..", establece en su apartado 3º que "la
libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones
prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral pública, o
los derechos y libertades fundamentales de los demás...". En términos similares se pronuncia el artículo 9º del
Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y la Ley Orgánica
de Libertad Religiosa de 5 de julio de 1980 admite, entre otras limitaciones de dicho derecho, la salvaguardia
de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública.
Por todo lo que se acaba de exponer, resulta evidente que la libertad de conciencia y de religión no
se garantiza de forma absoluta e incondicionada y, en caso de conflicto o colisión, pueden estar limitadas
por otros derechos constitucionalmente protegidos, especialmente cuando los que resultan afectados son los
Sin salir de estas consideraciones generales, si bien adentrándonos más en el supuesto que es objeto de
este recurso, el conflicto entre la objección de conciencia y determinados tratamientos médicos y en concreto
las transfusiones de sangre, adquiere especial relevancia cuando entran en colisión las convicciones religiosas
Este planteamiento de la cuestión requiere, por lo tanto, una ponderación de los derechos en conflicto
en la situación concreta de que se trate.
Y esa ponderación varía sustancialmente si la vida que corre peligro por la negativa u oposición a
la necesaria transfusión sanguínea es la de un menor. El adulto capaz puede enfrentar su objección de
conciencia al tratamiento médico, debiéndose respetar su decisión, salvo que con ello ponga en peligro
derechos o intereses ajenos, lesione la salud pública u otros bienes que exigen especial protección. Muy
distinta es la situación cuando la persona que requiere el tratamiento para salvar la vida o evitar un daño
irreparable es un menor. En este caso es perfectamente legítimo y obligado ordenar que se efectúe el
tratamiento al menor aunque los padres hayan expresado su oposición. El derecho a la vida y a la salud del
menor no puede ceder ante la afirmación de la libertad de conciencia u objección de los padres. Si éstos dejan
morir a su hijo menor porque sus convicciones religiosas prohiben el tratamiento hospitalario o la transfusión
de sangre se genera una responsabilidad penalmente exigible.
Hechas las anteriores consideraciones generales, procede ya entrar a examinar si los acusados son
criminalmente responsables del delito de que les acusa el Ministerio Fiscal por la muerte de su hijo Augusto
, ocurrida cuando tenía trece años de edad.
Es cierto, como se alega por la defensa de los padres, que el cauce procesal utilizado por el Ministerio
Fiscal para formalizar el presente recurso, exige el más riguroso respeto al relato histórico de la sentencia
Son totalmente opuestas las lecturas que el Ministerio Fiscal y la defensa hacen del contenido del relato
de hechos que se declaran probados. Y a ello puede haber contribuido los distintos momentos en los que se
desarrolla el proceso que culmina con el fallecimiento del niño.
Estos distintos tiempos, cuya narración es de especial importancia, se produjeron de la siguiente
Se declara como cierto que el día 8 de septiembre de 1994 los médicos detectaron que el menor se
encontraba en una situación de alto riesgo hemorrágico prescribiendo para neutralizarla una transfusión de
seis centímetros cúbicos de plaquetas, manifestando entonces los padres del menor que su religión no permitía
la aceptación de una transfusión de sangre y que en consecuencia se oponían a la misma, siendo informados
por los médicos de que no conocían ningún otro tratamiento, solicitando los padres el alta de su hijo para ser
llevado a otro centro donde se le pudiera aplicar un tratamiento alternativo.
Se declara como cierto que a las cinco horas del día 9 de septiembre el Juzgado de Guardia autoriza
la práctica de la transfusión para el caso de que fuera imprescindible para salvar la vida del niño, como así
sucedía, y cuando los médicos se dispusieron a realizar la transfusión el menor la rechazó con auténtico5terror, reaccionando agitada y violentamente en un estado de gran excitación que los médicos estimaron
muy contraproducente, pues podía precipitar una hemorragia cerebral, desistiendo de su realización, sin que
consiguieran convencer al menor para que la consintiera por lo que pidieron a los acusados que trataran de
convencer al niño los cuales no accedieron a ello.
Se declara como cierto que tras esta situación, los médicos autorizaron el alta médica que anteriormente
habían solicitado los padres, que llevaron al hijo a su casa donde permaneció hasta el día 12 del mismo mes,
fecha en la que trasladaron al niño al Hospital Universitario Materno-Infantil del Vall D`Hebrón de Barcelona,
donde le fue diagnosticado un síndrome de pancetopenia grave debido a una plaxia medular o a infiltración
leucémica, considerándose urgente, nuevamente, la práctica de una transfusión para neutralizar el riesgo de
hemorragia y anemia y proceder a continuación a realizar las pruebas diagnósticas pertinentes para determinar
la causa de la pancetopenia e iniciar luego su tratamiento. Los acusados y el mismo menor, nuevamente,
manifestaron que sus convicciones religiosas les impedía aceptar una transfusión, firmando ambos acusados
un escrito en dicho sentido.
Se declara como cierto, que los padres, desde el Hospital del Vall D`Hebrón, trasladaron al niño al
Hospital General de Cataluña, donde los médicos reiteraron la inexistencia de un tratamiento alternativo y la
necesidad de la transfusión, que fue nuevamente rechazada por los acusados y por su hijo, regresando a su
domicilio, al que llegaron a la una de la madrugada del día 13 de septiembre, y donde permanecieron hasta que,
al día siguiente, el Juzgado de Instrucción de Fraga, tras recibir un informe médico en el que se hacía constar
que el menor empeoraba progresivamente por anemia aguda posthemorrágica que requería con urgencia
hemoderivados, dispuso autorizar la entrada en el domicilio del menor para que recibiera la asistemncia médica
que precisaba, es decir para que fuera transfundido, personándose seguidamente la comisión judicial en el
domicilio del menor, cuando éste ya padecía un grave deterioro psicofísico, respondiendo de forma vaga e
incordinada a estímulos externos. Por orden médica se procedió al traslado al Hospital de Barbastro donde
llegó en estado de coma profundo, realizándose la transfusión sanguínea ordenada judicialmente, siendo
luego el niño traladado, por orden médica, al Hospital Miguel Servet de Zaragoza, al que llegó hacia las 23,30
horas del mismo día 14 con signos clínicos de descerebración por hemorragia cerebral falleciendo a las 21,30
horas del día 15 de septiembre de 1994.
Hecho el precedente relato cronológico, es importante dejar consignado que, igualmente, se declara
como cierto que si el menor hubiera recibido a tiempo las transfusiones de sangre que precisaba habría tenido
a corto y a medio plazo una alta posibilidad de supervivencia y a largo plazo tal cosa ya dependía de la
concreta enfermedad que el mismo padecía, que no pudo ser diagnosticada, pudiendo llegar a tener, con
el pertinente tratamiento apoyado por varias transfusiones sucesivas, una esperanza de curación definitiva
de entre el sesenta y el ochenta por ciento, si la enfermedad sufrida era una leucemia aguda linfoblástica,
que es la enfermedad que, con más probabilidad padecía el hijo de los acusados, pero sólo a título de
probabilidad pues, al no hacerse en su momento las transfusiones, ni siquiera hubo ocasión para acometer
las pruebas pertinentes para diagnosticar la concreta enfermedad padecida que por poder, aunque con menor
probabilidad, también podía tratarse de una leucemia aguda en la que, a largo plazo, el pronóstico ya sería
Y, por último, no cabe duda de que se declara como cierto que las transfusiones de sangre eran el único
tratamiento para salvar la vida del niño, sin que existiera ninguna otra alternativa.
Efectuadas las anteriores consideraciones previas, procede examinar si los elementos del hecho que
se dejan expresados se subsumen en el tipo penal de que acusa el Ministerio Fiscal que lo es el delito de
homicidio en su modalidad de comisión por omisión, previsto en los artículos 138 y 11 del vigente Código Penal.
El nuevo Código Penal contiene en su artículo 11 una regulación expresa de la comisión por omisión
mediante una cláusula general.
La estructura del delito de comisión por omisión que ha venido precisando la doctrina de esta Sala
(cfr., entre otras muchas, sentencia de 19 de enero de 1994) no se ve desautorizada por el artículo 11 del
nuevo Código Penal. El tipo objetivo se integra por las siguientes notas: a) que la no evitación del resultado
que implica la omisión sea equivalente a su causación; b) que el resultado que no se ha evitado sea típico
y c) que se haya infringido un especial deber jurídico que le era exigible para la evitación del resultado por
su posición de garante. Y las fuentes de esa posición de garantía vienen concretadas en el citado artículo
11, en una doble alternativa, en los siguientes términos: "a) cuando exista una específica obligación legal o
contractual de actuar" y "b) cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente
protegido mediante una acción u omisión precedente". Se afirmará la imputación objetiva del resultado cuando6el sujeto que se hallaba en posición de garante hubiese podido evitarlo mediante la acción que le era exigible
y ha omitido.
No plantea cuestión que los padres tienen respecto a sus hijos menores la específica obligación legal a
la que se refiere el citado apartado a) del artículo 11 del Código Penal, por venir así exigido por el ordenamiento
jurídico. El artículo 39.1 de la Constitución consagra el deber que tienen los padres de prestar asistencia de
todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio durante su minoría de edad y el artículo 110
del Código Civil dispone que los padres están obligados a velar por los hijos menores, incluso aunque no
ostenten la patria potestad.
En el supuesto que examinamos, resulta bien evidente que los padres, que se encontraban en el
ejercicio de la patria potestad, estaban en posición de garantes de la salud de su hijo, correspondiéndoles
el deber moral y legal de hacer todo lo que fuere preciso para hacer efectivo dicho deber, en aras de evitar
cualquier situación que ponga en peligro su salud o su vida, estando obligados a proporcionar a su hijo la
asistencia médica que hubiere precisado.
No se comparte el criterio sustentado por el Tribunal de instancia de que, en este caso, los padres
habían perdido su condición de garantes una vez que habían reclamado la asistencia médica por los cauces
convencionales, dando a la sociedad la oportunidad efectiva de sustituirles y dando entrada a los mecanismos
de sustitución que nuestra sociedad tiene previstos para actuar al amparo de los menores. De la lectura del
relato histórico de la sentencia de instancia, queda constatado que los padres no hicieron entrega de las
funciones y deberes que lleva aparejado el ejercicio de la patria potestad y que las continuaron ejerciendo
en los momentos y tiempos que fueron cruciales para la vida del niño como lo evidencia su negativa a la
transfusión, que llegaron a hacer constar por escrito, ante los médicos del Hospital del Vall D`Hebrón de
Barcelona, cuando éstos les informaron de la urgencia de la transfusión, y que nuevamente rechazaron ante
los requerimientos de los médicos del Hospital General de Cataluña cuando les reiteraron la inexistencia de
un tratamiento alternativo y la necesidad de la transfusión, hechos que confirman la vigencia de su posición de
garantes en momentos que podrían salvar la vida de su hijo, y que igualmente ejercieron cuando trasladaron
a su hijo a su domicilio, donde permaneció desde el día 9 hasta el día 12 de septiembre, fecha en la que lo
llevaron a Barcelona.
La posición de garante, presente en los padres, no se ve afectada por el hecho de que el hijo, miembro
de la misma confesión religiosa, también se opusiera a la transfusión de sangre. Como destaca el Ministerio
Fiscal, en los razonamientos de su recurso, el derecho positivo aporta expresivos ejemplos acerca de la
irrelevancia del consentimiento u oposición de un niño de trece años de edad, máxime cuando, como en este
caso, está en juego su propia vida.
Los padres, al no autorizar la transfusión de sangre, no evitaron, como les era exigido, un resultado
de muerte que de haber prestado su consentimiento no se hubiera producido. Con esa omisión se generaba
una situación equivalente a la causación del resultado típico. Todo ello permite afirmar la presencia de la
imputación objetiva del resultado de muerte en cuanto los padres que se hallaban en posición de garantes,
con su oposición al tratamiento transfusional, incrementaron la situación de peligro para la vida de su hijo que
se concretó en su fallecimiento, que hubiesen podido evitar mediante la acción que les era exigible y omitieron.
El dolo en los delitos de omisión ha sido objeto de especial consideración en la doctrina de esta Sala.
Así la sentencia de 19 de enero de 1994, haciendo referencia a otra de 30 de junio de 1988, destaca que en los
delitos de omisión el dolo "se debe apreciar cuando el omitente, a pesar de tener conocimiento de la situación
de hecho que genera el deber de actuar y de su capacidad de realizar la acción no actúa. Y en el caso de los
delitos de comisión por omisión o delitos impropios de omisión, el conocimiento del omitente se debe referir
también a las circunstancias que fundamentan su obligación de impedir la producción del resultado.
Los acusados tuvieron pleno conocimiento de la situación que generaba su deber de actuar, no se les
ocultaba el deber de prestar a su hijo la asistencia médica que era exigida para salvarle la vida. Asimismo, no
cabe duda de que los acusados estaban impuestos y tenían conocimiento de su capacidad de acción, es decir
la posibilidad de autorizar una transfusión que hubiera evitado la muerte de su hijo y, por último, no ofrece
tampoco la menor duda que los acusados tuvieron conocimiento de las circunstancias que fundamentaban su
posición de garante, a las que antes nos hemos referido, es decir, de las circunstancias de las que surgía su
deber de impedir la producción del resultado.
Es cierto que los padres no querían la muerte de su hijo haciendo denodados esfuerzos para buscar
alternativas a la rechazada transfusión de sangre, a pesar de que se les había informado, reiteradas veces, que
tales alternativas no existían. Pero en cuanto con su negativa a la transfusión impedían que se pudiera prestar7a su hijo el único tratamiento médico que podía salvarle la vida, forzosamente se tuvieron que representar
un máximo peligro para su vida, con una muerte casi segura, que no les impidió mantener su oposición a la
transfusión en momentos en que de haberla prestado se hubiera salvado la vida de su hijo. El conocimiento
y conciencia del máximo grado de probabilidad de que realmente se produjera la muerte de su hijo supone
tanto como aceptarla, al rechazar la única alternativa salvadora que existía aunque les estuviera prohibida por
sus convicciones religiosas, rechazo que mantuvieron cuando la vida de su hijo aún podía ser salvada. Así
las cosas, debe afirmarse la presencia del dolo eventual que no queda excluido por el deseo vehemente de
que no se hubiese producido el resultado de muerte.
Presentes los elementos que caracterizan el tipo objetivo y subjetivo del delito de homicidio en su
modalidad de comisión por omisión de que acusa el Ministerio Fiscal, debe examinarse la concurrencia
de la agravante de parentesco del artículo 23 del Código Penal y la circunstancia atenuante de obrar por
estímulos tan poderosos que produzcan obcecación, prevista en el artículo 21.3 del vigente Código Penal,
cuya apreciación como muy cualificada, igualmente interesa el Ministerio Fiscal.
Ciertamente, la capacidad de culpabilidad de los acusados se ha visto seriamente mermada por el
conflicto de conciencia que se les presentó al tener que optar entre el respeto a sus convicciones religiosas,
que les prohiben la practica de transfusiones de sangre, y la vida de su hijo cuya salvación estaba supeditada
a la aplicación de un tratamiento hemotransfusional. Esta Sala, en sentencia de 27 de marzo de 1990, apreció
la circunstancia atenuante del número 8º del artículo 9º del anterior Código Penal -hoy 21.3- como muy
cualificada, en un supuesto de Testigos de Jehová, en la que se declara que "el dogmatismo y la rigidez
de los esquemas morales que da, en la indicada opción religiosa, un valor absoluto al consentimiento, con
preeminencia de la libertad de conciencia sobre el derecho a la vida, y un ferviente y radical altruismo,
conformado por dichas creencias, que autoriza a poner en riesgo o a sacrificar la vida de los fieles por razones
trascendentes que surgen de un particular exégesis de los Textos Sagrados, pueden conducir y de hecho
conducen, a una ofuscación del raciocinio y la pérdida del pleno dominio de la voluntad, a un estado pasional
caracterizado por el disturbio psicológico derivado del aludido orden de valores que merman o recortan la
capacidad de culpabilidad del sujeto... ". La doctrina que se deja expresada es perfectamente aplicable al
supuesto que examinamos, máxime cuando la perturbación es aún más intensa al estar en juego la vida de un
hijo, cuya muerte de ningún modo deseaban como se patentiza por los denodados esfuerzos que hicieron para
encontrar soluciones alternativas, a pesar de que se les había informado que no existían. La seria afectación
de su capacidad para conocer lo injusto del hecho y para conducir su comportamiento hacia esa comprensión
determina que esta circunstancia deba ser apreciada igualmente como muy cualificada, acorde con lo que se
dispone en el artículo 66 del vigente Código Penal, por lo que procede imponer la pena inferior en dos grados
a la señalada por la Ley.
En orden a la agravante mixta de parentesco, a pesar del criterio sustentado por esta Sala de que
suele operar con carácter agravatorio en los delitos contra las personas, las razones que se dejan expresadas
para apreciar, en este caso, como muy cualificada la atenuante de obcecación aconsejan que el elemento
objetivo de parentesco resulte, a estos efectos, irrelevante, como ha estimado esta Sala en otras ocasiones
cuando concurren estímulos poderosos que impulsan el hecho delictivo -cfr. sentencias de 22 de marzo y 10
de octubre de 1988- en las que la relación de parentesco no es expresión de mayor culpabilidad del agente.
Por último, la apreciación de la atenuante como muy cualificada y las muy especiales razones que se
han dejado expresadas para su aplicación en el presente caso, determina que se imponga la pena inferior en
dos grados, que se concreta en la mínima de dos años y seis meses de prisión, y por las mismas excepcionales
situaciones de este caso, esta Sala está en predisposición de informar favorablemente un indulto parcial caso
de que así se solicitara por los acusados.
Con este alcance, procede estimar el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal.III. FALLO
QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION por
infracción de Ley interpuesto por el ministerio Fiscal, contra sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca,
de fecha 20 de noviembre de 1996, en causa seguida por delito de homicidio, que casamos y anulamos,
declarando de oficio las costas causadas. y remítase certificación de esta sentencia y de la que a continuación
se dicta a la mencionada Audiencia a los efectos procesales oportunos.
y firmamos8SEGUNDA SENTENCIA
En la causa incoada por el Juzgado de Instrucción de Fraga con el número 2/95 y seguida ante la
Audiencia Provincial de Huesca por delito de homicidio, contra Javier Y Ángela y en cuya causa se dictó
sentencia por la mencionada Audiencia con fecha 20 de noviembre de 1996, que ha sido casada y anulada por
la pronunciada en el día de hoy por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres.
expresados al margen y bajo la Ponencia del Excmo. Sr. D. Carlos Granados Pérez, hace constar lo siguiente:I. ANTECEDENTES
UNICO.- se aceptan y reproducen los fundamentos fácticos de la sentencia dictada por la Audiencia
Provincial de Huesca.II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida quedan sustituidos por el único
fundamento jurídico de la sentencia de casación, que se da por reproducido.
SEGUNDO.- Los hechos que se declaran probados son legalmente constitutivos de un delito de
homicidio, previsto y penado en los artículos 138 y 11 del Código Penal, por las razones que se dejan expuestas
en el único fundamento jurídico de la sentencia de casación, que se dan por reproducidas.
TERCERO.- Que del expresado delito son criminalmente responsables en concepto de autores los
acusados Javier y Ángela (artículos 27, 28 y 11 del Código Penal).
CUARTO.- Que por las razones que se dejan expuestas en el único fundamento jurídico de la sentencia
de casación, que se dan por reproducidos, debe apreciarse la concurrencia de la atenuante de obrar por
causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad
semejante, prevista en el número 4º del artículo 21 del Código Penal, como muy cualificada, y, por tanto con
los efectos penológicos de la regla 4ª del artículo 66 del Código Penal, concretándose en el límite mínimo de
la pena inferior en dos grados.
No procede, por el contrario y por las razones que se dejan expresadas en la sentencia de casación,
que se dan por reproducidas, la agravante de parentesco solicitada por el Ministerio Fiscal.III. FALLO
QUE DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS a los acusados Javier y Ángela como autores
responsables de un delito de homicidio, con la concurrencia, con el carácter de muy cualificada, de la atenuante
de obcecación o estado pasional, a la pena de dos años y seis meses de prisión, y al pago de las costas
PUBLICACIÓN.- Leidas y publicadas han sido las anteriores sentencias por el Magistrado Ponente
Excmo. Sr. D. Carlos Granados Pérez, mientras se celebraba audiencia pública en el día de su fecha la Sala
Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.9All pages:123456789InfoSaveLikeShareDownloadMoreSENTENCIA IMPLICACION ETICO RELIGIOSAS Published on Mar 21, 2012 SENTENCIA IMPLICACION ETICO RELIGIOSASformacionaxarquiaFollowAdvertisementRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore