Source: http://habeas-corpus-colombia.blogspot.com/2015/01/
Timestamp: 2018-01-21 20:16:50
Document Index: 384411384

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 30', 'artículo 86', 'artículo 25', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 25', 'artículo 317', 'artículo 317', 'artículo 294', 'artículo 175', 'artículo 317', 'artículo 317', 'artículo 30', 'artículo 8']

HABEAS CORPUS: enero 2015
Tribunal dice que Hábeas Corpus procede por vencimiento de términos generado como consecuencia del paro judicial - La morosidad judicial y la imposibilidad de acceso a la administración de justicia son cargas que no debe asumir un procesado
El Tribunal Superior de Bogotá consideró que "el hábeas corpus se erige en instrumento adecuado para impedir que se mantenga vigente la privación de la libertad, porque su prolongación resulta contraria a las reglas fijadas para el cumplimiento de los ritos procesales, de modo que el juez constitucional se erige así en defensor de los derechos fundamentales y garante de la vigencia de la Convención Americana de Derechos Humanos".
Agregó que "el procesado -aquí accionante- no está obligados a soportar la carga que deviene de la inoperancia y morosidad del aparato estatal en general, que en el presente asunto se evidencia con el inadecuado y deficiente funcionamiento de entidades que deben procurar -en todo momento- la realización de los fines supremos previstos en el canon 2º de la Carta".
También indicó el Tribunal que "Dada la situación de anormalidad que desde el 9 de octubre de 2014 ha impedido el funcionamiento de los Despachos judiciales de la Capital de la República y otras regiones del país, se dispone requerir al Gobierno Nacional -por intermedio de los Ministros de Interior y de Justicia-, y al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, para que coordinadamente tomen las medidas adecuadas, necesarias, suficientes y respetuosas del Estado de Derecho, sin desconocer las garantías sindicales y el derecho a la protesta, pero que garanticen efectivamente el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia del que son titulares todas las personas".
Aprobado Acta N° 117
HÁBEAS CORPUS SEGUNDA INSTANCIA
Bogotá, D.C., viernes, (26) de diciembre de dos mil catorce (2014).
2014-00003-01
Manuel Fernando Murcia Molina
Juzgado 1º Penal Municipal de Garantías de Soacha, Centro de Servicios Judiciales de Soacha y Fiscalía 5ª Seccional de Soacha
Juzgado 3º Penal del Circuito para Adolescentes con función de conocimiento de Bogotá
1. Se resuelve la impugnación presentada por el apoderado de Manuel Fernando Murcia Molina contra la decisión de 19 de diciembre de 2014, proferida por la titular del Juzgado 3º Penal del Circuito para Adolescentes con función de conocimiento de Bogotá, que declaró improcedente la petición de hábeas corpus.
2. Dice el accionante que el 12 de agosto de 2014 le fue imputado el cargo de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, y que desde dicho momento han transcurrido más de 60 días sin que se haya radicado escrito de acusación en su contra, circunstancia prevista como causal de libertad provisional sin que la mora le sea imputable.
III. LA DECISIÓN IMPUGNADA:
3. La funcionaria a quo, una vez resumió la demanda, reseñó la actividad procesal, las pruebas recaudadas y describió las características de la acción constitucional libertaria, consideró que se satisfacían los requisitos legales para negar la acción pública de hábeas corpus, porque (i) el accionante se encuentra legalmente privado de la libertad, (ii) no hizo uso de la petición de libertad por vencimiento de términos ante el Juez de Control de Garantías y, (iii) no ha transcurrido el plazo de 180 días que tiene previsto la ley para hacer germinar la causal de libertad cuando se trata de asunto en el que figuran tres (3) o más procesados.
IV. DE LA IMPUGNACIÓN:
4. El accionante presentó escrito de impugnación en el que indicó estar demostrado que el vencimiento de términos para presentar el escrito de acusación es atribuible al Estado en cabeza de la Rama Judicial y agregó que sus defendido llevan más de 90 días detenidos sin que se haya ni siquiera presentado el escrito de acusación. Aludió que si el paro judicial continúa cuánto tiempo deben esperar sus defendidos para poder acudir ante un juez de control de Garantías en aras de que reconozca que se presentó un vencimiento de términos.
5. Competencia: De conformidad con lo preceptuado en el artículo 7-1 de la Ley 1095 de 2006, el suscrito Magistrado es competente para conocer de la impugnación presentada por los apoderados de Manuel Fernando Murcia Molina, contra la decisión del 19 de diciembre de 2014, proferida por la titular del Juzgado 3º Penal del Circuito para Adolescentes con función de conocimiento de Bogotá.
6. Problema jurídico: Se debe determinar si la privación de la libertad de Manuel Fernando Murcia Molina constituye una vía de hecho que la haga ilegal, y, en consecuencia, sí los supuestos fácticos y jurídicos que determinan la procedencia del hábeas corpus están presentes en el sub examine.
7. Aproximación conceptual al hábeas corpus: El derecho fundamental y la acción de hábeas corpus, como lo establecen los convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos (Declaración Americana de Derechos Humanos, artículo XXV, Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos 3°, 8°, 9° y 10°, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 1°, 3° y 4°, Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 7°, 8° y 25, Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a Cualquier Detención o Prisión), están instituidos como la máxima garantía normativa dirigida al amparo de la libertad personal y los derechos conexos.
8. En la determinación de la naturaleza jurídica del hábeas corpus se tiene dicho[1] que (i). es un derecho constitucional fundamental (art. 30 de la Const. Pol.) de aplicación inmediata (art. 85, ibídem)[2] no susceptible de limitación durante los estados de excepción (arts. 93 y 214-2 ídem y art. 4° de la Ley Estatutaria 137 de 1994), que se debe interpretar de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (art. 93 de la Const. Pol.)[3] cuya regulación debe ser objeto de una ley estatutaria (art. 152-a, ibídem)[4], y también (ii). es un mecanismo procesal de protección de la libertad personal en tanto en cuanto como acción pública y proceso constitucional trata de hacer efectivo el derecho fundamental de libertad individual y, por ello, se erige en una garantía procesal[5], según lo consagra el artículo primero de la Ley 1095 de 2006, Estatutaria del Hábeas Corpus.
9. Como derecho fundamental el hábeas corpus se caracteriza por ser imprescriptible, inalienable, irrenunciable, intangible, inviolable, universal, efectivo, extrínseco e intrínseco, inmediato, perentorio, interdependiente y complementario, y cuya titularidad se extiende a todas las personas. Como acción constitucional se describe como pública, cautelar, preferente, célere, impugnable, objeto de contradicción, jurisdiccional, informal, breve (sumaria en el sentido de breve), con un procedimiento especial, indivisible, atemporal, irrevocable, intransmisible, sencilla, principal, específica, eficaz, procedente en específicas circunstancias y de efectos correctivo y reparador[6].
10. Las notas definitorias del hábeas corpus permiten ver sus similitudes pero, sobre todo, sus grandes diferencias con la acción de tutela.
11. Si bien es cierto que la jurisprudencia constitucional ha dicho que el derecho consagrado en el artículo 30 de la Constitución puede también interpretarse como una acción, de igual naturaleza a la acción de tutela de que trata el artículo 86 superior, y por tal razón se puede afirmar, en otros términos, que se trata de una ‘acción de tutela de la libertad’, con el fin de hacer efectivo este derecho[7], se puede ver de acuerdo con las características asignadas al hábeas corpus, que una y otra son diferentes, pues la tutela permite alegar ante la jurisdicción la violación o amenaza de los derechos fundamentales en general, y, en cambio, al hábeas corpus se puede recurrir tan sólo contra capturas ilegales o prolongaciones ilegales de la privación de la libertad[8] y en defensa de los derechos conexos[9], como lo ha precisado la jurisprudencia constitucional[10], siguiendo los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos[11].
12. Resulta claro que la acción de tutela y el hábeas corpus se identifican en cuanto son entendidos como acciones constitucionales, hacen parte del listado de derechos fundamentales, se rigen por el principio de informalidad, sus trámites son los más rápidos previstos en el ordenamiento jurídico, las órdenes emitidas son de estricto cumplimiento y quienes las incumplan serán sancionados, se fundamentan en la prevalencia del derecho sustancial, etc.
13. Con todo, al examinar las características del hábeas corpus frente a las que posee la acción de tutela, se pueden observar varias e importantes diferencias, tales como[12]:
14. Si bien la jurisprudencia tradicionalmente ha señalado que el hábeas corpus procede exclusivamente en los supuestos de a) siempre que la vulneración de la libertad se produzca por orden arbitraria de autoridad no judicial; b) mientras la persona se encuentre ilegalmente privada de la libertad por vencimiento de los términos legales respectivos; c) cuando, pese a existir una providencia judicial que ampara la limitación del derecho a la libertad personal, la solicitud de hábeas corpus se formuló durante el período de prolongación ilegal de la libertad, es decir, antes de proferida la decisión judicial; y, d) si la providencia que ordena la detención es una auténtica vía de hecho judicial[21], lo cierto es que dichos eventos de procedencia se pueden reconducir dentro del concepto «vía de hecho»[22], el que representa o resulta explicativo de la existencia de todo tipo acciones u omisiones surgidas del capricho o arbitrariedad de una autoridad pública con franco y ostensible desprecio de normas vinculantes provenientes de los tratados y convenios internacionales, la Constitución y la ley, que garantizan la libertad personal y el derecho a un recurso efectivo para su protección.
15. De lo anterior se sigue que el hábeas corpus no se puede limitar con requisitos de procedibilidad que el legislador estatutario no estableció, como lo es la exigencia del agotamiento de los recursos dentro del proceso, porque en ese caso se está autorizando la acción solamente a las partes e intervinientes del trámite judicial, únicos facultados para promover recursos o hacer peticiones de libertad, siendo que el precepto Supremo concibe la acción como derecho de acceso a la justicia y garantía de obtener una decisión pronta, que milita a favor de toda persona que advierta la ocurrencia de una captura o privación ilegal de la libertad.
16. Adicionalmente, la jurisprudencia de las instancias internacionales encargadas de interpretar tratados constituye un criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido de las normas constitucionales sobre derechos fundamentales[23]. Por ejemplo, la jurisprudencia interamericana señala que cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana de Derechos Humanos, todos sus órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, exegeta último de la Convención Americana[24].
17. De acuerdo con lo anterior, en Colombia los jueces están en la obligación de posibilitar que recursos judiciales efectivos a las personas que aleguen ser víctimas de violaciones de derechos humanos, calificación que se debe dar a toda prolongación ilícita de la privación de la libertad (artículo 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1)[25].
18. No se debe olvidar que, siguiendo la línea jurisprudencial de la Corte IDH[26], para que el Estado cumpla lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención ADH no basta con que los recursos existan formalmente, sino que es preciso que tengan efectividad en los términos de aquel precepto[27]. Dicha efectividad supone que, además de la existencia formal de los recursos, éstos den resultados o respuestas a las violaciones de derechos reconocidos, ya sea en la Convención, la Constitución o la ley[28].
19. El Tribunal ha reiterado que dicha obligación implica que el recurso sea idóneo para combatir la violación y que sea efectiva su aplicación por la autoridad competente[29]. En ese sentido, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios[30].
20. Por lo antes dicho, con atinado apego a los principios pro homine y pro libertate, se ha dicho que
21. Para que se considere demostrada una vía de hecho que haga procedente el hábeas corpus, teniendo en cuenta las características que determinó el Constituyente para la referida acción constitucional, los siguientes son los requisitos que deben cumplirse para que prospere una demanda de libertad con fundamento en la acción constitucional, y que coinciden con las exigencias que se imponen a la tutela cuando se utiliza contra providencias judiciales[32]:
22. Hábeas corpus y vencimiento de términos[41]: A partir de la vigencia de la Ley Estatutaria de Hábeas Corpus son múltiples los desarrollos que ha tenido la jurisprudencia en materia de vencimiento de términos y procedencia del amparo libertario.
23. Por ejemplo, en la radicación 32791[42] se indicó que surge una vía de hecho por violación del plazo razonable durante el cual puede estar privada de la libertad una persona dentro del proceso penal, en tanto se omitió iniciar el juicio oral dentro de los términos previstos en la Ley 906 de 2004.
24. Igualmente, en la radicación 2009-00002[43], se concedió la libertad porque el término para iniciar el juicio oral se había vencido, sin que el estrado de la defensa haya tenido responsabilidad en tal incumplimiento. En esta providencia, adicionalmente se afirma que el juez constitucional sí puede revisar la providencia del juez ordinario que negó la petición de libertad.
25. También, en la radicación 34737[44], se indicó que cuando la persona se encuentra privada de su libertad en razón de una actuación judicial en virtud de una decisión del funcionario competente, las solicitudes de libertad tienen que ser presentadas al interior del mismo proceso, con la posibilidad de interponer los recursos ordinarios contra la providencia que la decide. Pero ¿qué ocurre cuando la solicitud presentada al interior del proceso, no es resuelta oportunamente? Estando de por medio el derecho fundamental a la libertad, en casos excepcionales, el procedimiento arriba señalado resulta nugatorio porque los otros mecanismos legales ordinarios son inanes, en la medida que al no existir decisión tampoco se pueda hacer uso de los recursos. De ese modo cuando los medios dejan de ser idóneos para la protección del derecho que ampara la acción constitucional del hábeas corpus, sin duda, a los interesados no puede obligarse a esperar o insistir en lo que de suyo se muestra ineficaz, por falta de una respuesta oportuna a la posible vulneración del derecho a la libertad por causa atribuible a los funcionarios judiciales que imposibilitan o impiden su resolución. Por ello, y teniendo en cuenta la gravedad del delito imputado, que por eso mismo imponía a los funcionarios judiciales imprimirle la celeridad debida al proceso, no puede convertirse en obstáculo para que obtenga su libertad por causa ajena a su defensor.
26. En otro asunto, correspondiente a la radicación 36631[45], se dejó claro que ni el término que se tomó la judicatura para resolver la impugnación de competencia, como tampoco aquél lapso que transcurrió la actuación en el despacho del funcionario judicial de conocimiento hasta la fecha en que habría de reanudarse la audiencia de formulación de acusación, le es imputable a la defensa, menos aún los días de vacancia judicial o feriado, por cuanto éstos no pueden ser considerados como de aquellos que el reo deba asumir.
27. En otra oportunidad, radicación 37499, se indicó que la posibilidad de la violación de las garantías constitucionales y legales, tratándose del derecho a la libertad de la persona, no sólo puede darse al momento de la captura, sino en cualquier situación posterior en que dure tal privación, como cuando, por ejemplo, a quien se le retiene en flagrancia no es puesto a disposición del juez competente oportunamente, se le mantiene la privación pese a la orden de libertad emitida por la autoridad judicial o cuando el funcionario judicial no atiende una petición de excarcelación. Por ello, se agregó, cuando no se inicia el juicio en el plazo previsto en la ley y no se resuelve oportunamente la petición de libertad, el hábeas corpus debe ser resuelto mediante providencia que declare su procedencia[46].
28. En la radicación 39804[47] se tomó en cuenta el reiterado incumplimiento de términos por parte de algunos funcionarios encargados de velar por las garantías de los ciudadanos, de donde se tiene que el desenvolvimiento de los procesos penales en esas condiciones resulta afectando derechos de los encausados, pues perturban de manera especial los derechos fundamentales al debido proceso y la libertad.
29. En el proceso identificado con la radicación 40175[48], se dijo que no puede válidamente argumentarse que la defensa de la accionante no ha agotado el mecanismo previsto en la normatividad penal para obtener su libertad por vencimiento de términos, porque el mismo ya fue cubierto con la petición respectiva, sin que la no realización de la audiencia pueda atribuírsele al interesado. De tal manera, no hay excusa para que el Juez de Control de Garantías no haya realizado la audiencia preliminar. Ante la conducta omisiva del Juez de Control de Garantías y del fiscal del caso, que apenas emiten excusas para eludir el conocimiento de un asunto trascendente, como que representaba otorgar o no la libertad a una persona, surgiendo así un factor fundamental en la vulneración del derecho reclamado, habilitando, por vía excepcional, la intervención del juez constitucional a través del mecanismo de hábeas corpus, derivado de la vía de hecho. En esas circunstancias, es evidente la prolongación ilícita de la privación de la libertad de la reclamante, en el entendido que los 120 días para la iniciación del juicio oral han sido superados ampliamente, como también los términos para decidir la solicitud de libertad provisional, sin que los funcionarios judiciales que tienen que ver con ella hayan contribuido a su resolución en forma inmediata.
30. Recientemente, y con motivo del vencimiento de términos originado por la imposibilidad de celebrar audiencias debido al paro judicial convocado por un sindicato que agrupa a los empleados y funcionarios de la Rama Judicial, se dijo que el hábeas corpus resultaba procedente dado que los procesados no tienen por qué soportar tales cargas, que en últimas se derivan de problemas que surgen en el funcionamiento del propio Estado[49].
31. Del caso concreto: La pretensión principal del hábeas corpus y lo que buscan los accionantes Roberto Darío Lozano Mora y Diego Andrés Parra Castiblanco, es que se haga efectiva la libertad provisional por cumplimiento de los requisitos previstos para tal fin en el artículo 317-5 de la Ley 906 de 2004.
32. Aquí se tiene establecido con la prueba aportada:
(i). Que Manuel Fernando Murcia Molina y otros sujetos se encuentran privados de la libertad desde el 11 de agosto de 2014.
(ii). Que el 19 de diciembre de 2014 fue radicado escrito de acusación en el Centro de Servicios Judiciales de Soacha, Cundinamarca[50].
(iii). Que el delito que se les imputó es tráfico, fabricación y porte de estupefacientes en cantidad que da competencia a los jueces penales del circuito[51].
33. Pues bien, el numeral 4º del artículo 317 señala como causales de libertad:
Cuando transcurridos sesenta (60) días contados a partir de la fecha de la formulación de imputación no se hubiere presentado el escrito de acusación o solicitado la preclusión, conforme a lo dispuesto en el artículo 294. El término será de noventa (90) días cuando se presente concurso de delitos, o cuando sean tres o más los imputados.
34. De acuerdo con lo demostrado, entre la audiencia de imputación -11 de agosto de 2014- y la fecha de presentación de la solicitud de hábeas corpus habían transcurrieron más de 90 días, sin que se presentara escrito de acusación en contra de los accionante, lo que permite advertir que la pretensión de Manuel Fernando Murcia Molina debe prosperar porque la Fiscalía incumplió la obligación de radicar el escrito de acusación en los términos previstos en la ley procesal penal.
35. Téngase en cuenta que si bien el artículo 175 del Código de Procedimiento Penal establece que se podrá presentar el escrito de acusación dentro de los 90 días siguientes a la imputación, también, por mandato del artículo 317 ibídem, en todo caso la causal de libertad germina cuando se cumple el mismo plazo en asuntos en los que aparecen tres o más imputados y se trata de concurso de delitos.
36. No es posible compartir los argumentos de la a quo porque para el presente asunto no opera la regla referida a la duplicación de términos, prevista en el parágrafo 2º del artículo 317, y que se extiende a los delitos de competencia de los jueces especializados, contra la administración pública, contra el patrimonio sobre bienes del Estado, supuestos que no se dan en el presente asunto, dado que la competencia para conocer y decidir en el proceso que se adelanta contra Murcia Molina y otros corresponde al Juzgado Penal del Circuito de Soacha, Cundinamarca.
37. Tampoco resulta válido señalar que ante la falta de petición de los accionantes de la audiencia preliminar de libertad por vencimiento de términos resulte improcedente el amparo constitucional, porque acudir al mecanismo ordinario dispuesto en el Código de Procedimiento Penal de 2004 no resulta factible debido a que el acceso a la administración de justicia se ha visto restringido por el cese de actividades judiciales de los empleados de la Rama Judicial.
38. Así, de acuerdo con lo que aparece demostrado, en el presente asunto el Estado no ha garantizado -efectivamente- al procesado el acceso a la administración de justicia y el debido proceso.
39. Es inaudito que las autoridades estatales no garanticen el funcionamiento normal, continuo e ininterrumpido de los Despachos judiciales, como ha ocurrido desde el 9 de octubre de 2014, fecha en la que se inició un cese de actividades que ha mantenido bloqueado el acceso a los diferentes edificios en los que desarrollan sus actividades los jueces de la Capital de la República.
40. La mejor muestra de la anormalidad existente la da el juez de garantías de Soacha, cuando refiere que la Fiscalía no ha podido cumplir con su obligación legal -la de presentar en un término el escrito de acusación-, debido a los problemas de acceso que se han presentado por los bloqueos desplegados por los huelguistas.
41. Y si bien el 19 de diciembre de 2014 fue radicado el escrito de acusación ante el Centro de Servicios de Soacha, tal ejecución tardía no subsana el incumplimiento efectivo del plazo que se tenía para agotar dicho rito, que en efecto se venció con anterioridad, el 11 de noviembre de 2014, fecha en la que se cumplieron 90 días contados desde la audiencia de imputación.
42. Finalmente, no sobra destacar que tal y como lo indicó la Corte Suprema de Justicia en decisión de hábeas corpus, el motivo que impidió al Fiscal presentar ante el juez el escrito de acusación, no es atribuible al detenido ni a hechos externos ajenos a la administración de justicia, sino al Estado, es decir, al cese de actividades de sus agentes -funcionarios y empleados- pertenecientes a la Rama Judicial; en esas circunstancias, es evidente que la prolongación de la detención de Manuel Fernando Murcia Molina por un lapso superior a 90 días, es ilegal y violatorio de su derecho fundamental al debido proceso y, con ello, a la libertad, el cual debe ser amparado.
43. La reseña ut supra permite concluir que el hábeas corpus se erige en instrumento adecuado para impedir que se mantenga vigente la privación de la libertad, porque su prolongación resulta contraria a las reglas fijadas para el cumplimiento de los ritos procesales, de modo que el juez constitucional se erige así en defensor de los derechos fundamentales y garante de la vigencia de la Convención Americana de Derechos Humanos.
44. En fin: el procesado -aquí accionante- no está obligados a soportar la carga que deviene de la inoperancia y morosidad del aparato estatal en general, que en el presente asunto se evidencia con el inadecuado y deficiente funcionamiento de entidades que deben procurar -en todo momento- la realización de los fines supremos previstos en el canon 2º de la Carta.
45. De conformidad con lo dicho, en armonía con lo previsto en la norma que reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política, se concederá el hábeas corpus a favor de Manuel Fernando Murcia Molina.
46. Cuestión adicional: Dada la situación de anormalidad que desde el 9 de octubre de 2014 ha impedido el funcionamiento de los Despachos judiciales de la Capital de la República y otras regiones del país, se dispone requerir al Gobierno Nacional -por intermedio de los Ministros de Interior y de Justicia-, y al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, para que coordinadamente tomen las medidas adecuadas, necesarias, suficientes y respetuosas del Estado de Derecho, sin desconocer las garantías sindicales y el derecho a la protesta, pero que garanticen efectivamente el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia del que son titulares todas las personas.
1º-. REVOCAR la providencia impugnada.
2º.- DECLARAR PROCEDENTE la petición de hábeas corpus invocada a favor de Manuel Fernando Murcia Molina, identificado con cédula de ciudadanía número de 1.065.586.927 de Valledupar.
3º-. DECRETAR la libertad inmediata de Manuel Fernando Murcia Molina, detenido en la URI de Puente Aranda, Bogotá.
4º-. Para los efectos anteriores, la Secretaría deberá librar la respectiva boleta de libertad con destino a la URI de Puente Aranda, informándole que dará inmediato cumplimiento a la orden de libertad librada, sin ninguna dilación.
5º-. CONMINAR a los servidores públicos que intervengan en la materialización de la orden de libertad que deben evitar la realización de cualquier maniobra que impida el efectivo restablecimiento del derecho a la libertad (artículo 8º de la Ley 1095 de 2006).
6º-. COMUNICAR el contenido de la presente decisión al Juzgado Cuarenta Penal del Circuito de conocimiento de Bogotá y a la Fiscalía Veinte Seccional de Bogotá.
7º-. DISPONER el requerimiento anunciado.
8º-. Por Secretaría, LIBRAR todas comunicaciones a que haya lugar utilizando el medio más expedido posible.
9º-. ANUNCIAR que contra esta decisión no procede recurso alguno.
Firmado a la 2:50 P.M. del 26/12/2014
[12] Cfr. Hábeas corpus, vías de hecho y proceso penal, segunda edición, Bogotá, Grupo Editorial Ibáñez, 2014, p. 209-213.
[46] C.S.J., S. Penal, Sent. 22 de septiembre de 2011, radicación 37499.
[47] C.S.J., S. Penal, Sent. 30 de agosto de 2012, radicación 39804.
[48] C.S.J., S. Penal, Sent. 19 de octubre de 2012, radicación 40175.
[49] C.S.J., S. Penal, Sent. 19 de octubre de 2012, radicación 40175. Supuestos de vencimiento de términos en los que se ha negado la procedencia del hábeas corpus, son los siguientes: C.S.J., S. Penal, Sents. 14 de noviembre de 2014, radicación 45004 y 12 de diciembre de 2014, radicación 45140.
[50] El Juzgado 1º Penal Municipal con función de garantías de Soacha, mediante oficio 414B 19 de diciembre de 2014, informó que no existía escrito de acusación, lo que pudo ocurrir con motivo del paro judicial que se inició el 9 de octubre de 2014.
[51] A los procesados le fueron incautados 37.855 gramos de marihuana. Cfr. folio 19 de la carpeta de hábeas corpus.
Publicado por DERECHO PENAL en 9:10 1 comentario:
Etiquetas: ASONAL, CESE DE ACTIVIDADES, HABEAS CORPUS, LIBERTAD PROVISIONAL, PARO JUDICIAL, VENCIMIENTO DE TERMINOS, VIA DE HECHO
Tribunal dice que Hábeas Corpus procede por vencim...