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Timestamp: 2019-09-15 12:31:51
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Matched Legal Cases: ['artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 7', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 49', 'artículo 8', 'artículo 16', 'artículo 46', 'artículo 2541', 'artículo 2530', 'artículo 68', 'artículo 2530', 'artículo 145']

﻿ Sentencia 23244 de febrero 28 de 2005
SENTENCIA 23244 DE 28 DE FEBRERO DE 2005
CONTENIDO:ACCIDENTE DE TRABAJO. TRABAJADOR NO AFILIADO POR EL EMPLEADOR AL SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES.
PONENTE:VARGAS DÍAZ, ISAURA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:400 DE ABRIL DE 2005, PG.491
Sentencia 23244 de febrero 28 de 2005
TRABAJADOR NO AFILIADO POR EL EMPLEADOR AL SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES
Dra. Isaura Vargas Díaz
Bogotá, D.C., veintiocho de febrero de dos mil cinco.
Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por Zaydi del Carmen Vergara López, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería el 28 de octubre de 2003, dentro del proceso instaurado contra la compañía Agroindustrial del Sinú S.A.
Zaydi del Carmen Vergara López, actuando en representación de su hijo menor Orlando Manuel Hernández Vergara, demandó a la compañía Agroindustrial del Sinú S.A., con el fin de que “le reconozca y cancele pensión de sobreviviente al menor Orlando Manuel Hernández Vergara, hijo de Orlando Manuel Hernández García, víctima en accidente de trabajo (...) a partir de la fecha en que ocurrió el deceso (feb. 15/96) y con los aumentos cada año según el IPC (...) con indexación las sumas adeudadas” (fl. 2).
Pretensiones que fundó, en que el señor Orlando Manuel Hernández García laboró para la demandada en el municipio de Cereté, mediante contrato de trabajo desde el día 27 de enero de 1996 como limpiafibras, con un salario de $ 113.700, que fue “lo que le pagó la primera quincena” (fl. 2, cdno. del juzgado); hasta el 15 de febrero del mismo año, cuando murió a causa de un accidente de trabajo.
Afirmó que después de la muerte del causante en su condición de madre del menor, presentó proceso de filiación de hijo extramatrimonial, en el que se decretó el embargo y secuestro “de todos los derechos prestacionales que le correspondían al finado Orlando Manuel Hernández García, como trabajador que fue de la compañía Agroindustrial del Sinú S.A.” (fl. 3), por lo que la empresa consignó a disposición del juzgado, la suma de $ 1.720.760. Que la compañía está obligada a pagar al menor, pensión de sobreviviente, según el Decreto 1295 de 22 de junio de 1994, reglamentario de la Ley 100 de 1993.
Agroindustrial del Sinú al contestar, se opuso a todas y cada una de las pretensiones; dijo que pagó en su oportunidad y conforme a la ley, las prestaciones sociales y demás emolumentos “derivados del contrato de trabajo” (fl. 105); aceptó que “El día 15 de febrero de 1996, en ejercicio de sus funciones de trabajo murió a causa de un accidente de trabajo”, aun cuando aclaró, “que el accidente se produjo por culpa del trabajador, quien no observó las normas de seguridad para desarrollar su labor” (fl. 106, cdno. 1); así mismo dijo, que “a la fecha del accidente, el entonces trabajador no cumplía con los requisitos que dieran lugar al reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente” (ibíd.), procediendo al pago de la indemnización sustitutiva; aceptó el salario devengado, la existencia de un contrato de trabajo; e interpuso las excepciones de prescripción, pago e inexistencia de la obligación.
Mediante fallo del 26 de julio de 2003, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cereté, declaró “probada la excepción de prescripción de la obligación” (fl. 131), desestimando las pretensiones y absolviendo a la demandada de las pretensiones emprendidas en su contra, e imponiendo costas a la actora.
II.La sentencia del tribunal
Al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, el Tribunal Superior de Montería, revocó el numeral primero del fallo del juzgado en cuanto declaró probada la excepción de prescripción de la acción; y en su lugar, declaró probada la de inexistencia de la obligación, la confirmó en todo lo demás e impuso costas a cargo de la parte apelante.
El tribunal en su razonamiento se fundó en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 para sostener, que para acceder a la pensión de sobrevivientes la norma exige la afiliación del trabajador al sistema de seguridad social y 26 semanas de cotización; por lo que aun cuando en principio la responsabilidad del riesgo pudiera recaer en el empleador, al no encontrarse dentro del proceso la prueba de la afiliación del trabajador; al exigir la norma, las semanas de cotización, “debe entenderse que en el caso materia de estudio como no hubo afiliación del ex trabajador se requiere que éste hubiese laborado un lapso mínimo de las 26 semanas” (fl. 12, cdno. del tribunal).
Según el tribunal, como el accidentado Hernández García, solo laboró al servicio de la demandada, “desde el 27 de enero al 15 de febrero de 1996, es decir durante 2 semanas y 5 días” (fls. 12 y 13, Ibíd.); no se cumplió con el requisito de las semanas de cotización, resultando equívoca la conclusión del juez de primer grado, al declarar probada la excepción de prescripción; por cuanto lo que se presenta, “es una inexistencia de la obligación en cabeza del demandado por carencia de los requisitos ordenados por la ley para reconocer la pensión de sobrevivientes” (fl. 13, ibíd.).
Inconforme con esa decisión, la demandada interpuso el recurso extraordinario (fls. 6 a 11, cdno. 3), que no fue replicado, en el que le pide a la Corte que case la sentencia impugnada, para que en instancia, revoque la decisión de primer grado, y en su lugar condene a la compañía Agroindustrial del Sinú S.A., a reconocer y cancelar la pensión de sobreviviente a favor del menor Orlando Hernández Vergara. Con ese propósito, formula cargo único.
Acusa la sentencia de violar directamente por infracción directa, los artículos 7º, 16 y 21 del Decreto 1295 de 1994” (fl. 8, cdno. de la Corte), que lo llevó a aplicar indebidamente el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, numeral 2º, literal a).
Aduce en la demostración, que según el artículo 7º del Decreto 1295 de 1994, “no supedita su aplicación al tiempo laborado” (fl. 9, cdno. de la Corte); sino que dice es que el trabajador que sufra accidente de trabajo o enfermedad profesional, “tendrá derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones económicas allí señaladas, sin interesar el número de cotizaciones” (ibíd.); pues no importa el tiempo laborado ni las semanas cotizadas, sino que la persona sufra accidente de trabajo o enfermedad profesional, para tener derecho al reconocimiento y pago de dichas prestaciones.
Sostiene el recurrente, que la compañía no cumplió con las obligaciones impuestas por los artículos 16 y 21 del Decreto 1295 de 1994, lo cual la hace responsable del cubrimiento del riesgo, pues sucede que “en caso de que el empleador no cotice a la entidad de seguridad de riesgos profesionales, este asumirá con todos los riesgos” (fl. 11, cdno. de la Corte); y entre otros, la pensión de sobrevivientes; considerando, que el derecho a la pensión surge, del accidente de trabajo o la enfermedad profesional, “sin importar el número de semanas que se haya cotizado, pues en armonía con lo dispuesto en el Decreto 1295 de 1994” (ibíd.).
Salta al ojo la equivocación en que incurrió el ad quem cuando para desatar el recurso de alzada, en relación con la pensión de sobrevivientes en cabeza del empleador, por la falta de afiliación del trabajador fallecido en accidente de trabajo; la niega en aplicación del artículo 46 de la Ley 100 de 1993; con fundamento en que además de la ausencia de afiliación, se requería, que el ex trabajador “hubiese laborado un lapso mínimo de las 26 semanas al servicio del demandado” (fl. 12, cdno. del tribunal); derecho que para él no le asistía al demandante, por cuanto solo laboró, “desde el 27 de enero al 15 de febrero de 1996, es decir 2 semanas y 5 días” (fl. 13, cdno. del tribunal).
Es de observar, que el punto de discusión en el caso bajo examen, radica en que al momento de la ocurrencia del accidente de trabajo que devino en la muerte del trabajador, la empresa demandada, no lo tenía afiliado a la correspondiente entidad administradora de riesgos profesionales; circunstancia que no puede devenir en una exoneración del empleador por el hecho de que el trabajador no había laborado por el término exigido por el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 que hace referencia a la pensión de sobrevivientes diferente a la proveniente por riesgos profesionales.
Pues entratándose de una pensión de sobrevivientes por muerte del trabajador en accidente de trabajo, no afiliado por el empleador al sistema general de riesgos profesionales, como bien lo señala el impugnante, el tribunal debió acudir a las normas pertinentes del Decreto 1295 de 1994, que regulan la materia.
Entre las características que trae el sistema general de riesgos profesionales está la obligación del empleador de afiliar a sus trabajadores; con la consecuencia de que quien no cumpla con la afiliación, deberá además, de las sanciones legales correspondientes, responder por las prestaciones asistenciales y económicas que el mismo estatuto otorga, entre otras, la pensión de sobrevivientes cuando por culpa del accidente de trabajo se ocasionó la muerte del trabajador, que es el verdadero fundamento de la discusión.
En efecto, no estando afiliado el trabajador al sistema general de riesgos profesionales al momento de sobrevenir el accidente que causó la muerte, no existe duda que es el empleador incumplido a quien corresponde cubrir el riesgo que genera la falta de afiliación, en este caso concreto, la pensión de sobreviviente, como lo dispone el artículo 49 del mencionado estatuto sobre riesgos profesionales dispuesto en el Decreto 1295 de 1995.
Esta Sala, reiteradamente ha sostenido entre otras, en las sentencias de 24 de julio y 22 de octubre de 2003, radicación 20332 y 20333 respectivamente, lo siguiente:
“Ciertamente, para que el empleador quede legalmente subrogado por la administradora de riesgos profesionales en la atención de las prestaciones económicas ocasionadas por un accidente de trabajo de sus empleados, es necesario que aquél, como lo dispone el Decreto-Ley 1295 de 1994 (letras c) y d) del art. 4º), afilie a estos a una de dichas entidades y efectúe cumplidamente las cotizaciones definidas en la ley (art. 16), pues, de no proceder así, queda a cargo del empleador la responsabilidad del cubrimiento de los riesgos profesionales.
“... El no pago de dos o más cotizaciones periódicas, implica, además de las sanciones legales, la desafiliación automática del sistema general de riesgos profesionales, quedando a cargo del respectivo empleador la responsabilidad del cubrimiento de los riesgos profesionales. Para la afiliación a una entidad administradora se requerirá copia de los recibos de pago respectivos del trimestre inmediatamente anterior, cuando sea el caso”.
“No se desconoce que el régimen de los riesgos profesionales (D.L. 1295/94, art. 23 y D.R. 1772/94, art. 17) contempla mecanismos efectivos para que las entidades administradoras de tales riesgos cobren a sus afiliados, con sus respectivos intereses de mora, las cotizaciones dejadas de hacer, por lo que no se justificaría que el trabajador destinatario de la seguridad social, quien normalmente desconoce la situación de incumplimiento de su empleador quedara ante un posible desamparo frente a la ocurrencia de un siniestro, ya que el empleador no cuenta con los mismos elementos ni con la misma estabilidad de una entidad de seguridad social, por lo que resulta consecuente colegir que las dichas administradoras cuentan con medios a los que deben acudir en procura de impedir el desequilibrio en lo que significa un régimen contributivo, para que funcione en la forma como ha sido diseñado.
Pero lo anterior no impide aceptar la perentoriedad con que la norma transcrita contempla el traslado de la responsabilidad por la materialización de los riesgos profesionales para ubicarla en cabeza del empleador cuando este incurre en la situación de la mora allí prevista, lo cual resulta más claro en un caso como el presente en el que el incumplimiento patronal no admite ninguna posibilidad de disculpa dado que desde la afiliación de su empleado no realizó ninguno de los pagos a los que estaba obligado.
Es pertinente destacar, que se trata de un sistema, el de riesgos profesionales, en el que se cubren unas contingencias que surgen específicamente del hecho de prestarse el servicio para el cual el trabajador ha sido contratado, por lo que existe un nexo necesario entre la actividad empresarial del empleador y la potencialidad del daño que de la misma pueda resultar para el empleado, lo cual brinda una explicación a la mecánica de cubrimiento que supone ubicar la carga de las cotizaciones exclusivamente en cabeza del empresario, a la vez que le adjudica al mismo la facultad de decisión sobre la administradora a la cual se vincule para que ella atienda a sus trabajadores.
Lo expuesto conduce a aceptar el planteamiento del cargo, pues efectivamente el tribunal derivó de la norma, unos condicionamientos para que la misma opere que ella no contempla, incurriendo así en su equivocado entendimiento, sin que el mismo pueda superarse con base en el artículo 8º del Decreto 1530 de 1996, pues el mismo cubre una situación diferente a la que atiende el artículo 16 del Decreto 1295 de 1994, pues este supone el acaecimiento del accidente o enfermedad después de presentada la mora y aquel se refiere al insuceso ocurrido antes de la misma.
En la forma anterior la Sala recoge el entendimiento que plasmó sobre la disposición analizada en las sentencias dictadas con fechas 2 de noviembre de 2001 y 5 de marzo de 2002, radicaciones 16344 y 17118 consecutivamente”.
Lo anterior, demuestra la equivocación en que incurrió el tribunal al exigir un tiempo de labor de por lo menos 26 semanas con base en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 norma indebidamente aplicada en la sentencia y que hace referencia a la pensión de sobreviviente por riesgo común; y dejando de aplicar las disposiciones pertinentes del Decreto 1295 de 1994, que concretamente tiene que ver con la responsabilidad por riesgos profesionales, accidente de trabajo o enfermedad profesional y en la que sólo se requiere de la muerte del trabajador como consecuencia del accidente de trabajo como es el caso, sin consideración al tiempo laborado, o al mínimo de semanas cotizadas.
En consecuencia, el cargo prospera y por tanto se casará la sentencia impugnada.
V. Consideraciones de instancia
El juzgado para absolver a la demandada de la pretensión reclamada de pensión de sobreviviente debidamente indexada, declaró probada la excepción de prescripción de la acción por cuanto la demanda se presentó por fuera del término prescriptivo contado a partir del reconocimiento del menor reclamante como hijo del causante.
La reclamación de pensión de sobreviviente, aun cuando la peticionada la señora Zaydi del Carmen Vergara López, se observa que lo hace en representación de su hijo menor Orlando Manuel Hernández Vergara, como hijo igualmente del causante Orlando Manuel Hernández García; tal y como se desprende del numeral tercero de la demanda inicial en la que textualmente dice:
“3º. Que la compañía Agroindustrial del Sinú S.A. le reconozca y cancele pensión de sobreviviente al menor Orlando Manuel Hernández Vergara, hijo de Orlando Manuel Hernández García, víctima en accidente de trabajo, quien está representado por su señora madre Zaydi del Carmen Vergara López, a la que tiene derecho por haber muerto en accidente de trabajo su padre cuando se desempeñaba en sus labores como trabajador de la compañía Agroindustrial del Sinú S.A., a partir de la fecha en que ocurrió el deceso (feb. 15/96) y con los aumentos de cada año según el IPC” (fl. 2, cdno. 1).
Para revocar la sentencia del juzgado solo es suficiente anotar, ante el hecho innegable establecido de la obligación del empleador de cubrir la prestación económica reclamada, de pensión de sobreviviente, y lo dicho por la Corte en cuanto a que en materia de pensiones solo prescriben las mesadas pensionales que se vayan causando; el criterio reiterativo expuesto textualmente por esta Sala de Casación en la sentencia de 11 de diciembre de 1998, radicación 11349, respecto de la suspensión de la prescripción de la acción, entratándose de menores accionantes.
“En relación con el tema de fondo que plantea el cargo, la Sala considera:
“La suspensión y la interrupción de la prescripción son dos fenómenos jurídicos distintos, pero como la ley laboral no regula la figura de la suspensión, cabe aplicar, por remisión, las normas del Código Civil sobre el particular, como se indicó en sentencia del 6 de septiembre de 1996, expediente 7565, que se adoptó por mayoría.
“La ley laboral establece una prescripción que frente a la prevista en otras legislaciones, puede considerarse de corto tiempo, que procura la reclamación rápida, consecuente con la necesidad de definir ágilmente las controversias surgidas de una relación de trabajo. Sin embargo, esta proyección cede (sic) en ciertas situaciones especiales en las que el Estado debe especial protección a determinadas personas, entre las cuales están los menores de edad, para quienes no corre el término extintivo de la prescripción, mientras estén en imposibilidad de actuar. Vale decir, que deja de operar en el momento en que alcanzan la mayoría de edad, o cuando su representante ejerce en su nombre el derecho de acción y en desarrollo del mismo presenta la demanda que corresponda.
En el derecho común, aplicable por remisión a los créditos laborales, el artículo 2541 del Código Civil contempla la suspensión de la prescripción extintiva de las obligaciones y remite al artículo 2530 ibídem para identificar las personas en cuyo favor opera tal figura, dentro de las cuales el artículo 68 del Decreto 2820 de 1974, que modificó parcialmente aquella disposición, incluye a “Los menores, los dementes, los sordomudos y quienes estén bajo patria potestad, tutela o curaduría”.
“Si la norma transcrita extiende el beneficio de la suspensión de la prescripción a los menores, los dementes y los sordomudos, y expresamente se refiere a quienes cuentan con representación legal (patria potestad y guarda), es claro que la suspensión opera sin consideración a que exista o no tal representación, por lo que debe entenderse que el modificado artículo 2530 del C.C. contiene un beneficio para determinadas personas a quienes la ley protege sin importar que el sujeto cuente o no con un representante legal eficiente o ineficiente, por lo que el error en que aquel incurra, no puede afectar la situación jurídica del representado.
Se tiene entonces, que en virtud del fenómeno de la suspensión, la prescripción no operó en contra de los derechos reclamados por los menores”.
De lo anterior, deviene que la acción se suspendió desde el 16 de febrero de 1996 (dada la calidad de hijo póstumo como lo acredita el acta de nacimiento fl. 14), hasta cuando su representación materna el 6 de septiembre de 2002 ejerció a su nombre la acción, de donde se concluye que en el sub judice, no ha operado el fenómeno jurídico de la prescripción.
Para efectos de la pensión de sobrevivientes por riesgo profesional, se encuentran acreditadas las siguientes exigencias: a) Orlando Manuel Hernández Vergara, es hijo póstumo-extramatrimonial del causante Orlando Manuel Hernández García, como lo señalan el acta de nacimiento (fl. 14), oficio del Juzgado Promiscuo de Familia de Cereté dirigido al notario de ese círculo, para la corrección en el correspondiente registro de nacimiento, en el que debe constar la paternidad del occiso en el acta de nacimiento del menor; b) el occiso era trabajador de la demandada y falleció como consecuencia de accidente de trabajo, según lo evidencian el acta de defunción (fl. 9), la confesión al dar respuesta al libelo demandatorio (fl. 106), y el salario de $ 113.700 igualmente con la aceptación al responder la demanda.
Ahora bien, dadas las consideraciones de fondo consignadas en casación en cuanto a la obligación del empleador de cubrir la pensión de sobrevivientes por la no afiliación de su trabajador fallecido en accidente de trabajo y establecidas las exigencias legales al respecto, se impone la condena tomando en cuenta el salario mínimo legal fijado para esa anualidad por el Decreto 2310 de 1995, en $ 142.125 (dado que el causante devengaba $ 113.700); a partir del 16 de febrero de 1996 y hasta cuando legalmente esté legitimado para percibirla, la cual será objeto de los incrementos anuales dispuestos por la ley, más las mesadas adicionales.
Además, si bien es cierto en la contestación de la demanda se alude a pago de la indemnización sustitutiva, el acervo probatorio enseña que tal aseveración no tiene respaldo, por cuanto en la documental de folios 45 y 46 se liquida por este concepto $ 2.293.901.70, ello de manera independiente a las prestaciones sociales, sin que figure firma en señal de recibido y solamente el comprobante de egreso de folio 120 se refiere a $ 1.720.760.40 por “Concepto de pago girado como prestaciones sociales $ 1.720.000.40”. En estas circunstancias, no es dable disponer descuento a favor de la demandada por dicho concepto.
En lo que hace relación a la pretensión por indexación de las sumas adeudadas, en un asunto similar al hoy estudiado en donde se discutió la procedencia o no de la indexación de la mesada pensional por incumplimiento o mora en el pago de la prestación social en comento, mediante sentencia del 23 de junio de 2004, Radicación 22973, sostuvo la Sala lo siguiente:
“De lo anterior se desprende, de manera nítida, que el juez de segunda instancia lo que tuvo en cuenta para imponer la indexación fue la mora en el pago de las mesadas, lo que coincide con lo sostenido por esta corporación en lo que concierne a la procedencia de la indexación de sumas debidas y no canceladas oportunamente.
En efecto se ha dicho:
“Evidentemente uno de los objetivos perseguidos por la indexación es el que las acreencias laborales susceptibles de tan equitativa figura se solucionen actualizadas, para que no se presente ninguna mengua en su poder adquisitivo. Por ello se ha aceptado jurisprudencialmente que en tales casos la corrección monetaria es procedente, según algunos, como factor de daño emergente por el perjuicio que sufre el titular del derecho por el no cumplimiento oportuno del deudor de la obligación a su cargo, y según otros como actualización dineraria” (Rad. 16476, nov. 21/2001)”.
Ahora bien, se impone distinguir y precisar que el sistema de reajustes pensionales obedece a la necesidad de mantener el poder adquisitivo de las pensiones, en tanto que, la indexación por tardanza en el cumplimiento de la obligación es el correctivo adecuado a las situaciones de pago retardado de algunos créditos laborales.
Es por lo anterior que advierte la Corte que en el sub judice, es palmario que la circunstancia de ordenar la actualización de las mesadas pensionales adeudadas a la parte actora, no quiere decir que con la condena se afecte el monto o la cuantía de la prestación, habida consideración que no se trata de la indexación del ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación o de la primera mesada pensional. Así las cosas, dada la tardanza en el cubrimiento de la obligación causada, sale avante la condena por indexación desde que cada mesada se hizo exigible hasta cuando se verifique el pago.
Para concretar las condenas, se tiene en cuenta el salario mínimo fijado por el gobierno para cada anualidad a partir de 1996; en lo que atañe con la indexación por la mora en el pago que se hace con base en el índice de precios al consumidor, como hecho notorio, al tenor de lo establecido en la Ley 794 de 2003, aplicable al procedimiento laboral por remisión analógica del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia del 28 de octubre de 2003, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, dentro del proceso instaurado por Zaydi del Carmen Vergara López en representación de su hijo menor Orlando Manuel Hernández Vergara contra la compañía Agroindustrial del Sinú S.A.; en instancia, REVOCA la sentencia del Juzgado Primero Civil del Circuito de Cereté, fechada el 26 de junio de 2003; y en su lugar, CONDENA a la demandada a pagar a favor del menor demandante representado por su señora madre, una pensión de sobrevivientes a partir del 16 de febrero de 1996 y hasta cuando legalmente esté legitimado para percibirla en cuantía inicial de $ 142.125 para esa anualidad y para el año 1997 en $ 172.005; en 1998 $ 203.826; en 1999 $ 236.460; para el año 2000 en $ 260.106; para el año 2001 en $ 286.000; para el 2002 en $ 309.000; para el año 2003 en $ 332.000; para el año 2004 en $ 358.000; para el año 2005 en $ 381.500 más las mesadas adicionales; al pago de $ 32.670.621 por concepto de mesadas atrasadas incluyendo las adicionales, hasta el 31 de enero de 2005; y a la suma de $ 10.984.000 por concepto de indexación calculada desde que cada mesada se hizo exigible y hasta el 31 de enero de 2005; o hasta cuando se verifique el pago. Las excepciones invocadas no prosperan.
Sin costas en el recurso extraordinario, en las instancias a cargo de la sociedad demandada.
Magistrados: Isaura Vargas Díaz—Gustavo José Gnecco Mendoza—Carlos Isaac Náder, (con excusa justificada)—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego.