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Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 93', 'Artículo 3', 'artículo 29', 'Artículo 4', 'artículo 61', 'Artículo 5', 'artículo 26', 'Artículo 6', 'artículo 17', 'artículo 89', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 29', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'artículo 24', 'Artículo 24', 'artículo 192', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'artículo 139', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'artículo 62', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'artículo 14', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'artículo 66', 'Artículo 37', 'artículo 7', 'Artículo 38', 'artículo 2', 'Artículo 39', 'artículo 65', 'Artículo 40', 'Artículo 1', 'Artículo 11']

PUBLICACIÓN: MODIFICACIONES GENERALES: B.O.C.M. nº 301. Fecha: 18/12/ PDF
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María Elena Poblete Villalobos
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3 Ordenanza nº 1 General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Ingresos Propios de Derecho Público INDICE POR MATERIAS DISPOSICIONES GENERALES NORMAS GENERALES SOBRE GESTION TRIBUTOS GESTION DE TRIBUTOS PERIÓDICOS GESTIÓN DE TRIBUTOS NO PERIÓDICOS CONCESIÓN DE BENEFICIOS FISCALES REVISIÓN EN VIA ADMINISTRATIVA PRECIOS PÚBLICOS OTROS CRÉDITOS NORMAS GENERALES RECAUDACIÓN PARTICULARIDADES RECAUDACIÓN VOLUNTARIA PARTICULARIDADES RECAUDACIÓN EJECUTIVA APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO EXTINCION DE LAS DEUDAS INSPECCIÓN INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS CONCEPTO ARTÍCULOS PÁGINA 1 a 13 4 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 51 OBLIGACIONES Y DEBERES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: DEVOLUCIONES Y REEMBOLSOS 98 a a 52 Página 3 de 205
4 Ordenanza General nº 1 de Gestión, Recaudación e Inspección de los Ingresos Propios de Derecho Público Artículo 1. Objeto. Sección 1ª Subsección 1ª. Disposiciones Generales La presente Ordenanza General dictada al amparo de lo previsto en el artículo de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en el art. 12 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el art. 7 y disposición adicional cuarta de la Ley General Tributaria, contiene normas comunes, tanto sustantivas como procesales, que se considerarán parte integrante de las Ordenanzas Fiscales y de los Reglamentos Interiores que se puedan dictar relativos a la gestión, recaudación e inspección de los ingresos de derecho público municipales. Artículo 2. Régimen Jurídico. 1. Los tributos locales se regirán: a) Por la Constitución. b) Por los tratados o convenios internacionales que contengan cláusulas de naturaleza tributaria. c) Por las normas que dicte la Unión Europea y otros organismos internacionales o supranacionales a los que se atribuya el ejercicio de competencias en materia tributaria de conformidad con el artículo 93 de la Constitución. d) Por la Ley General Tributaria y las disposiciones reglamentarias dictadas en desarrollo de las mismas. e) Por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás leyes que contengan disposiciones en materia de tributos locales. f) Por las normas contenidas en la presente Ordenanza y en las Ordenanzas Fiscales reguladoras de cada tributo. Por Decreto de Alcaldía se podrán dictar disposiciones interpretativas de dichas Ordenanzas. 2. Tendrán carácter supletorio las disposiciones generales del Derecho Administrativo y los Preceptos del Derecho Común. Artículo 3.- Las Obligaciones Tributarias. 1. De la relación jurídico-tributaria pueden derivarse obligaciones materiales y formales para el obligado tributario y para la Administración, así como la imposición de sanciones tributarias en caso de su incumplimiento. 2. Son obligaciones formales las enumeradas en el apartado 1 del artículo 29 de la Ley General Tributaria. Tienen la consideración de obligaciones materiales las de carácter principal, cuyo objeto es el pago de la cuota tributaria, y las accesorias. Las obligaciones accesorias consisten en prestaciones pecuniarias que se deben satisfacer a la Administración Tributaria Municipal, y cuya exigencia se impone en relación con otra obligación tributaria: obligaciones de abonar el interés de demora, los recargos por declaración extemporánea y los recargos del período ejecutivo, así como aquellas otras que imponga la Ley. 3. Los elementos de la obligación tributaria no podrán ser alterados por actos o convenios de los particulares, que no producirán efectos ante la Administración, sin perjuicio de las consecuencias jurídico-privadas. Artículo 4. Interés de Demora. 1. La obligación de satisfacer el interés de demora no requiere la previa comunicación de la Administración ni la concurrencia de un retraso culpable del obligado. Se exigirá, entre otros, en los siguientes supuestos: a) Cuando finalice el plazo establecido para el pago en período voluntario de una liquidación o de una sanción tributaria, sin que el ingreso se hubiera efectuado. b) Cuando finalice el plazo establecido para la presentación de una autoliquidación o declaración sin que se hubieran presentado o presentada incorrectamente, salvo lo dispuesto en el apartado 6.a) del artículo 61 de esta Ordenanza. Página 4 de 205
5 c) Cuando se suspenda la ejecución del acto, a excepción del supuesto de recursos y reclamaciones contra sanciones durante el tiempo que transcurra hasta la finalización del plazo de pago en voluntaria abierto por la notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa. d) Cuando se inicie el período ejecutivo a no ser que se pague la deuda con el recargo ejecutivo o el de apremio reducido. e) Cuando el obligado tributario haya obtenido una devolución improcedente. 2. El interés de demora se calculará sobre el importe no ingresado o sobre la cuantía de la devolución improcedente, y resultará exigible durante el tiempo al que se extienda el retraso del obligado. No obstante, no se exigirán intereses de demora desde el momento en que la Administración Tributaria incumpla, por causa imputable a la misma, alguno de los plazos establecidos para resolver hasta que se dicte dicha resolución o se interponga recurso contra la resolución presunta. En particular, no se exigirán intereses de demora a partir del momento en que se incumplan los plazos máximos para notificar el acto de liquidación o la resolución de los recursos administrativos, siempre, que en este último caso, se haya acordado la suspensión del acto recurrido. Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará al incumplimiento del plazo para resolver las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de pago. 3. Cuando se practique una nueva liquidación como consecuencia de haber sido anulada otra liquidación por una resolución administrativa o judicial, se conservarán íntegramente los actos y trámites no afectados por la causa de anulación, con mantenimiento íntegro de su contenido, y exigencia del interés de demora sobre el importe de la nueva liquidación. En estos casos, la fecha de inicio del cómputo del interés de demora será la que hubiera correspondido a la liquidación anulada, y hasta el momento en que se haya dictado la nueva liquidación, sin que el final del cómputo pueda ser posterior al plazo máximo para ejecutar la resolución. 4. El interés de demora será el interés legal del dinero vigente a lo largo del período en que aquél resulte exigible incrementado en un 25 por 100, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente. No obstante, se aplicará el interés legal en los supuestos de aplazamiento, fraccionamiento o suspensión de deudas garantizadas en su totalidad mediante aval solidario o mediante certificado de seguro de caución. 5. Se practicará la liquidación por intereses de demora en el procedimiento de apremio, sea cual fuera la cantidad resultante por este concepto. Artículo 5. Derechos de los Obligados Tributarios. Constituyen derechos de los obligados tributarios, entre otros, los siguientes: a) Derecho a ser informado y asistido por la Administración tributaria sobre el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. b) Derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo y las devoluciones de ingresos indebidos que procedan, con abono del interés de demora previsto en el artículo 26 de la Ley General Tributaria, sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto. c) Derecho a ser reembolsado del coste de los avales y otras garantías aportados para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda, si dicho acto o deuda es declarado total o parcialmente improcedente por sentencia o resolución administrativa firme, con abono del interés legal sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto, así como a la reducción proporcional de la garantía aportada en los supuestos de estimación parcial del recurso o de la reclamación interpuesta. d) Derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma, de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jurídico. e) Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte. f) Derecho a conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de la Administración tributaria bajo cuya responsabilidad se tramitan las actuaciones y procedimientos tributarios en los que tenga la condición de interesado. g) Derecho a solicitar certificación y copia de las declaraciones por él presentadas, así como derecho a obtener copia sellada de los documentos presentados ante la Administración, siempre que la aporten junto a los originales para su cotejo, y derecho a la devolución de los originales de dichos documentos, en el caso de que no deban obrar en el expediente. h) Derecho a no aportar aquellos documentos ya presentados por ellos mismos y que se encuentren en poder de la Administración actuante, siempre que el obligado tributario indique el día y el procedimiento en el que los presentó. i) Derecho, en los términos legalmente previstos, al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria, que sólo podrán ser utilizados para la aplicación de los tributos o recursos Página 5 de 205
6 cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de sanciones, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos en las leyes. j) Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal al servicio de la Administración tributaria. k) Derecho a que las actuaciones de la Administración tributaria que requieran su intervención se lleven a cabo en la forma que le resulte menos gravosa, siempre que ello no perjudique el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. l) Derecho a formular alegaciones y a aportar documentos que serán tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente propuesta de resolución. m) Derecho a ser oído en el trámite de audiencia. n) Derecho a ser informado de los valores que los bienes inmuebles que vayan a ser objeto de adquisición o transmisión. o) Derecho a ser informado, al inicio de las actuaciones de comprobación o inspección sobre la naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que las mismas se desarrollen en los plazos previstos en la Ley General Tributaria. p) Derecho al reconocimiento de los beneficios o regímenes fiscales que resulten aplicables. q) Derecho a formular quejas y sugerencias en relación con el funcionamiento de la Administración tributaria. r) Derecho a que las manifestaciones con relevancia tributaria de los obligados se recojan en las diligencias extendidas en los procedimientos tributarios. s) Derecho de los obligados a presentar ante la Administración tributaria la documentación que estimen conveniente y que pueda ser relevante para la resolución del procedimiento tributario que se esté desarrollando. t) Derecho a obtener copia a su costa de los documentos que integren el expediente administrativo en el trámite de puesta de manifiesto del mismo. Este derecho podrá ejercitarse en cualquier momento en el procedimiento de apremio. Subsección 2ª. La Aplicación de los Tributos. Artículo 6. Deber de Información y Asistencia a los Obligados Tributarios. 1. Este deber se instrumentalizará, entre otros, a través de las siguientes actuaciones: a) Publicación de las Ordenanzas en los términos del artículo 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y difusión periódica de las contestaciones a consultas y, en su caso, las resoluciones económicoadministrativas que el Ayuntamiento considere de mayor trascendencia y repercusión. b) Comunicaciones y actuaciones de información efectuadas por los servicios destinados a tal efecto. En particular, se deberá suministrar a petición de los interesados, el texto íntegro de consultas o resoluciones concretas, suprimiendo toda referencia a los datos que permitan la identificación de las personas a los que afecten. c) Asistencia a los obligados en la realización de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones tributarias. d) Contestaciones a consultas escritas que los obligados puedan formular al Ayuntamiento respecto al régimen, la clasificación o la calificación tributaria que en cada caso corresponda. El órgano competente para emitirlas será el Concejal Delegado de Hacienda. Dichas contestaciones tendrán efectos vinculantes, en los términos previstos en el artículo 89 de la Ley General Tributaria, para los órganos y Entidades de la Administración Tributaria encargados de la aplicación de los tributos en su relación con el consultante. Artículo 7. Carácter Reservado de los Datos de Trascendencia Tributaria. 1. Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto: a) La colaboración con los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Fiscal en la investigación o persecución de delitos que no sean perseguibles únicamente a instancia de persona agraviada. b) La colaboración con otras Administraciones tributarias a efectos del cumplimiento de obligaciones fiscales en el ámbito de sus competencias. c) La colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y con las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social en la lucha contra el fraude en la cotización y recaudación de las cuotas del sistema de Seguridad Social, así como en la obtención y disfrute de prestaciones a cargo de dicho sistema. d) La colaboración con las Administraciones públicas para la lucha contra el delito fiscal y contra el fraude en la obtención o percepción de ayudas o subvenciones a cargo de fondos públicos o de la Unión Europea. e) La colaboración con las comisiones parlamentarias de investigación en el marco legalmente establecido. Página 6 de 205
7 f) La protección de los derechos e intereses de los menores e incapacitados por los órganos jurisdiccionales o el Ministerio Fiscal. g) La colaboración con el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. h) La colaboración con los jueces y tribunales para la ejecución de resoluciones judiciales firmes. La solicitud judicial de información exigirá resolución expresa en la que, previa ponderación de los intereses públicos y privados afectados en el asunto de que se trate y por haberse agotado los demás medios o fuentes de conocimiento sobre la existencia de bienes y derechos del deudor, se motive la necesidad de recabar datos de la Administración tributaria. i) La colaboración con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, con la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo y con la Secretaría de ambas comisiones, en el ejercicio de sus funciones respectivas. j) La colaboración con órganos o entidades de derecho público encargados de la recaudación de recursos públicos no tributarios para la correcta identificación de los obligados al pago. k) La colaboración con las Administraciones públicas para el desarrollo de sus funciones, previa autorización de los obligados tributarios a que se refieran los datos suministrados. 2. En los casos de cesión previstos en el apartado anterior, la información de carácter tributario deberá ser suministrada preferentemente mediante la utilización de medios informáticos o telemáticos. Cuando las Administraciones públicas puedan disponer de la información por dichos medios, no podrán exigir a los interesados la aportación de certificados de la Administración tributaria en relación con dicha información. 3. La Administración tributaria adoptará las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la información tributaria y su uso adecuado. Cuantas autoridades o funcionarios tengan conocimiento de estos datos, informes o antecedentes estarán obligados al más estricto y completo sigilo respecto de ellos, salvo en los casos citados. Con independencia de las responsabilidades penales o civiles que pudieran derivarse, la infracción de este particular deber de sigilo se considerará siempre falta disciplinaria muy grave. Cuando se aprecie la posible existencia de un delito no perseguible únicamente a instancia de persona agraviada, la Administración tributaria deducirá el tanto de culpa o remitirá al Ministerio Fiscal relación circunstanciada de los hechos que se estimen constitutivos de delito. También podrá iniciarse directamente el oportuno procedimiento mediante querella a través del Servicio Jurídico competente. 4. Los retenedores y obligados a realizar ingresos a cuenta solo podrán utilizar los datos, informes o antecedentes relativos a otros obligados tributarios para el correcto cumplimiento y efectiva aplicación de la obligación de realizar pagos a cuenta. Dichos datos deberán ser comunicados a la Administración tributaria en los casos previstos en la normativa propia de cada tributo. Salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, los referidos datos, informes o antecedentes tienen carácter reservado. Los retenedores y obligados a realizar ingresos a cuenta quedan sujetos al más estricto y completo sigilo respecto de ellos. Subsección 3ª. Normas comunes sobre Actuaciones y Procedimientos Tributarios. Artículo 8. Fases de los Procedimientos Tributarios. 1. Las actuaciones y procedimientos tributarios podrán iniciarse de oficio o a instancia del obligado tributario, mediante autoliquidación, declaración, comunicación, solicitud o cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria. 2. En el desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios, la Administración facilitará en todo momento a los obligados tributarios el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Para la práctica de la prueba no será necesaria la apertura de un período específico ni la comunicación previa de las actuaciones a los interesados. Las actuaciones de la Administración en los procedimientos de aplicación de los tributos se documentarán en comunicaciones o requerimientos, diligencia para hacer constar hechos o manifestaciones de los interesados, informes y otros documentos previstos en la normativa específica de cada procedimiento. 3. Pondrá fin a los procedimientos tributarios la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se fundamente la solicitud, la imposibilidad material de continuarlas por causas sobrevenidas, la caducidad, el cumplimiento de la obligación que hubiera sido objeto de requerimiento o cualquier otra causa prevista en el ordenamiento tributario. Página 7 de 205
8 4. Las variaciones en los plazos establecidos por este Ayuntamiento, en el ejercicio de su potestad normativa, en los distintos procedimientos de gestión, serán aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento. Artículo 9. Liquidaciones Tributarias. 1. La liquidación tributaria es el acto resolutorio mediante el cual el órgano competente de la Administración realiza las operaciones de cuantificación necesarias, y determina el importe de la deuda tributaria o de la cantidad que, en su caso, resulte a devolver o a compensar de acuerdo con la normativa tributaria. La Administración no estará obligada a ajustar las liquidaciones a los datos consignados por los obligados tributarios en las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones, solicitudes o cualquier otro documento. 2. Las liquidaciones tributarias serán provisionales o definitivas. Tendrán este carácter: a) Las practicadas en el procedimiento inspector previa comprobación o investigación de la totalidad de los elementos de la obligación tributaria, salvo cuando proceda formular distintas propuestas de liquidación en relación con una misma obligación. b) Las demás a las que la normativa tributaria así los declare. En todos los demás casos, las liquidaciones serán provisionales. 3. Las liquidaciones se notificarán con expresión de: a) La identificación del obligado tributario. b) Los elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria. c) La motivación de las mismas cuando no se ajusten a los datos consignados por el obligado tributario o a la aplicación o interpretación normativa realizada por el mismo, con expresión de los hechos y elementos esenciales que los originen, así como de los fundamentos de Derecho. d) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, órgano ante el que hayan de presentarse y plazo para su interposición. e) El lugar, plazo y forma de pago. f) Su carácter de provisional o definitiva. Artículo 10. Obligación de Resolver y Plazos de Resolución. 1. La Administración Tributaria está obligada a resolver expresamente todas las cuestiones que se planteen en los procedimientos de aplicación tributaria, así como a notificar dicha resolución. No existirá tal obligación en los procedimientos que terminen por desistimiento, renuncia, pérdida sobrevenida del objeto, caducidad, y en que aquellos relativos a ejercicios de derechos que sólo deben ser comunicados. 2. El plazo máximo para notificar la resolución expresa, a excepción del procedimiento de apremio, no podrá exceder de seis meses, salvo que esté establecido por Ley o por norma comunitaria europea. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen plazo máximo, éste será de seis meses. El plazo se contará desde la notificación del acuerdo de inicio o desde la fecha de entrada de los documentos en el registro del órgano competente, según si el procedimiento se haya iniciado de oficio o a instancia del obligado. A estos efectos, no se computarán las dilaciones imputables al contribuyente y las causas de interrupción justificada que establezcan las disposiciones reglamentarias. Para acreditar el cumplimiento de la obligación de notificar en plazo la resolución expresa, bastará que conste fehacientemente un intento de notificación que contenga el texto íntegro del acuerdo. Artículo 11. Efectos de la Falta de Resolución Expresa. 1. En defecto del régimen de actos presuntos establecido por la normativa específica del procedimiento tributario, los interesados podrán entender estimadas sus solicitudes por silencio administrativo, salvo las formuladas en los procedimientos de ejercicio del derecho de petición a que se refiere el artículo 29 de la Constitución; en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones, y en los de solicitud de beneficios fiscales, en los cuales el silencio tendrá efecto desestimatorio. Página 8 de 205
9 Cuando se produzca la paralización del procedimiento por causa imputable al obligado tributario, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses podrá declarar la caducidad del mismo. 2. De la misma manera, en los procedimientos iniciados de oficio, a falta de regulación expresa, se producirán los siguientes efectos: a) Si se trata de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas, los obligados tributarios podrán entender desestimados por silencio administrativo los posibles efectos favorables derivados del procedimiento. b) En los procedimientos susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad del procedimiento. La caducidad será declarada de oficio o a instancia del interesado, ordenándose el archivo de las actuaciones. Las actuaciones realizadas, y las pruebas obtenidas en los procedimientos caducados, tendrán validez en otros que se inicien con posterioridad. La caducidad no produce, por sí sola, la prescripción de los derechos de la Administración, pero las actuaciones realizadas no interrumpirán el plazo de prescripción, ni se considerarán requerimientos administrativos a los efectos de los recargos por declaración extemporánea. En aquellos impuestos, en los cuales la resolución del procedimiento tributario dependa de una actuación censal (Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Actividades Económicas y Plusvalía), el cómputo del plazo de resolución del mismo, a efectos de determinar su caducidad, se iniciará en el caso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y Plusvalía a partir del día siguiente a la fecha en que se notifique a este Ayuntamiento el acto censal necesario para resolver el procedimiento tributario; y en el supuesto del Impuesto sobre Actividades Económicas, al tener delegada este Ayuntamiento la gestión censal, el plazo se computará a partir del día siguiente al de la resolución del acto censal. Artículo 12. Notificaciones en Materia Tributaria. 1. Se regirán por las normas administrativas con las especialidades contenidas en este artículo y en el siguiente. 2. Las notificaciones se practicarán: a) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el lugar de notificación será el señalado a estos efectos por el obligado tributario o su representante, o en su defecto, el domicilio fiscal de uno u otro. b) En los procedimientos iniciados de oficio, podrá practicarse en el domicilio fiscal del obligado tributario o su representante, en el centro de trabajo, en el lugar donde se desarrolle la actividad económica o en cualquier otro adecuado a tal fin. 3. Cuando la notificación se practique en el lugar señalado al efecto por el obligado tributario o su representante, o en el domicilio fiscal de uno o de otro, de no hallarse presente en el momento de la entrega, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en dicho lugar o domicilio y haga constar su identidad, así como los empleados de la comunidad de vecinos o de propietarios donde radique el domicilio de notificación. El rechazo de la notificación por el obligado o su representante implicará que se tenga por efectuada la misma. Artículo 13. Notificación por Comparecencia. 1. Cuando no sea posible efectuar la notificación al obligado tributario o a su representante por causas no imputables a la Administración e intentado al menos dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el interesado si se trata de procedimiento iniciado a instancia del mismo, se harán constar en el expediente las circunstancias de los intentos de notificación. Será suficiente un solo intento cuando el destinatario conste como desconocido en el domicilio fiscal declarado o en el lugar que designó a efectos de notificaciones en los procedimientos a instancia de parte. 2. En este supuesto, se citará al obligado o a su representante para ser notificados por comparecencia por medio de anuncios que se publicarán en la Sede electrónica del Ayuntamiento de Alcobendas, una sola vez para cada interesado. Dicha publicación se efectuará los días 5 y 20 de cada mes, o, en su caso, el día inmediato hábil posterior. La dirección electrónica de referencia de la sede electrónica del Ayuntamiento de Alcobendas es 3. En la publicación en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Alcobendas, constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que lo motiva, el órgano competente de su tramitación y el lugar y plazo en el que deberá comparecer para ser notificado. En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación Página 9 de 205
10 del anuncio. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al de vencimiento del plazo señalado para comparecer. Cuando el inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entienda notificado por comparecencia, se le tendrá por notificado en las sucesivas actuaciones y diligencias del procedimiento, y se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento. No obstante, las liquidaciones y los acuerdos de enajenación deberán ser notificados. Artículo 14. La Gestión Tributaria. Sección 2ª Normas sobre Gestión Subsección 1ª Gestión de los Tributos CAPITULO I NORMAS GENERALES Consiste en el ejercicio de las funciones administrativas dirigidas a: a) La recepción y tramitación de declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de datos y demás documentos con trascendencia tributaria. b) La comprobación y realización de las devoluciones previstas en la normativa tributaria. c) El reconocimiento y comprobación de la procedencia de los beneficios fiscales. d) La realización de actuaciones de control del cumplimiento de la obligación de presentar declaraciones tributarias y otras obligaciones formales. e) La realización de actuaciones de verificación de datos y de comprobación limitada. f) La práctica de liquidaciones tributarias derivadas de las actuaciones del apartado anterior. g) La emisión de certificados tributarios. h) La elaboración y mantenimiento de los censos tributarios. i) La información y asistencia tributaria. j) Las demás actuaciones de aplicación de los tributos no integrados en las funciones de inspección y recaudación. Artículo 15. Formas de Iniciación de la Gestión Tributaria. 1. De acuerdo con lo previsto en la normativa tributaria, la gestión de los tributos se iniciará: a) Por una autoliquidación, por una comunicación de datos o por cualquier otra clase de declaración, o por una solicitud del obligado tributario. b) De oficio por la Administración Tributaria. 2. Se considerará declaración tributaria todo documento presentado ante la Administración Tributaria donde se reconozca o manifieste la realización de cualquier hecho relevante para la aplicación de los tributos. La presentación de una declaración no implica aceptación o reconocimiento por el obligado tributario de la procedencia de la obligación tributaria. 3. Las autoliquidaciones son declaraciones en las que los obligados tributarios, además de comunicar a la Administración los datos necesarios para la liquidación de tributos y otros de contenido informativo, realizan por sí mismas las operaciones de calificación y cuantificación necesarias para determinar e ingresar el importe de la deuda tributaria. 4. Por comunicación de datos se entenderá la declaración presentada, para que la Administración Tributaria determine la cantidad que, en su caso, resulte a devolver. Artículo 16. Impuesto sobre Bienes Inmuebles. CAPÍTULO II GESTIÓN DE TRIBUTOS PERIÓDICOS 1. El padrón fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles se elabora en base al padrón catastral formado por la Gerencia Territorial de Madrid Provincia, al que se incorporarán las alteraciones consecuencia de hechos o actos conocidos por el Ayuntamiento y en los términos convenidos con la Gerencia Territorial. Página 10 de 205
11 2. Las variaciones de orden físico, económico o jurídico que se produzcan en los bienes gravados surtirán efecto en el período impositivo siguiente a aquél en que tuvieran lugar, sin que dicha eficacia quede supeditada a la notificación de los actos administrativos correspondientes, incorporándose en el padrón correspondiente a dicho período si de los mismos no ha derivado modificación de la base imponible. 3. A efectos de determinar las cuotas tributarias que deben figurar en el padrón, se aplicarán los tipos impositivos aprobados por el Ayuntamiento y, en su caso, el coeficiente de actualización de valores catastrales aprobado por Ley de Presupuestos Generales del Estado. No será preciso proceder a la notificación individualizada de tales modificaciones puesto que las mismas proceden de la Ordenanza Fiscal reglamentariamente tramitada y de una ley estatal de general y obligatoria aplicación. Artículo 17. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 1. El padrón fiscal del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica se formará en base al padrón del año anterior, incorporando las altas y los efectos de otras modificaciones (transferencias, cambios de domicilio y bajas) sucedidas en el ejercicio inmediatamente anterior, y de las que el Ayuntamiento tenga conocimiento. 2. No será preciso proceder a la notificación individualizada de las modificaciones originadas por variación del coeficiente de incremento, o del cuadro de tarifas por Ley de Presupuestos Generales del Estado, ya que las mismas proceden de la Ordenanza Fiscal reglamentariamente tramitada y de una Ley Estatal de general y obligatoria aplicación. Artículo 18. Impuesto sobre Actividades Económicas. 1. El padrón fiscal del Impuesto sobre Actividades Económicas se elaborará en base a la matrícula de contribuyentes formada por el Ayuntamiento, en virtud de la asunción de la delegación de la gestión censal del impuesto efectuada por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 19 de diciembre de A esta matrícula de contribuyentes se incorporarán las alteraciones que se produzcan a consecuencia de hechos o actos conocidos por el Ayuntamiento, según lo establecido en el Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero por el que se dictan normas para la gestión del IAE y se regula la delegación de competencias en materia de gestión censal del Impuesto. 2. Sobre las cuotas municipales fijadas en las tarifas del impuesto se aplicará, en todo caso, el coeficiente de ponderación determinado en función del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo, y sobre la cuota resultante se aplicará el coeficiente de situación en los términos fijados en los artículos 86 y 87 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. 3. Las variaciones en la cuota tributaria originadas por modificaciones de los coeficientes referidos en el punto anterior, o por variación de las tarifas del impuesto aprobadas por Ley de Presupuestos Generales del Estado, no precisarán de notificación individualizada, ya que las mismas proceden de la Ordenanza Fiscal reglamentariamente tramitada y de una Ley estatal de general y obligatoria aplicación. Artículo 19. Tasas. 1. Los padrones se elaborarán en base al padrón del ejercicio anterior, incorporando las modificaciones derivadas de la variación de tarifas aprobadas en la Ordenanza Fiscal, así como otras incidencias que no constituyan alteración de los elementos esenciales determinantes de la deuda tributaria y que fueran conocidas por el Ayuntamiento. 2. Las variaciones en la cuota tributaria originadas por modificación de las tarifas contenidas en la Ordenanza Fiscal no precisan de notificación individualizada, en cuanto dicha Ordenanza ha sido expuesta al público y tramitada reglamentariamente. Artículo 20. Aprobación de Padrones. Los padrones se someterán cada ejercicio a la aprobación del Alcalde-Presidente, y, en caso de delegación expresa, del Teniente-Alcalde Delegado de Hacienda. Artículo 21. Calendario fiscal. 1. Con carácter general, se establece que los períodos para pagar los tributos de carácter periódico serán los siguientes: Página 11 de 205
12 a) Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Tasa de Entrada de Vehículos y Tasa por aparcamiento con tarjeta de residentes (respecto de esa última tasa, sólo se incluyen en el padrón aquellos recibos cuyo pago esté domiciliado): desde el 1 de marzo hasta el 1 de mayo. b) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y Tasas por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del dominio público local mediante quioscos, ocupaciones y anuncios permanentes: desde el 15 de abril hasta el 15 de junio. c) Impuesto sobre Actividades Económicas y Tasa de Gestión de Residuos Urbanos: desde el 15 de septiembre hasta el 15 de noviembre. 2. Las variaciones en los períodos de pago reseñadas en el punto anterior serán aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento, no admitiéndose la prórroga de los mismos salvo que concurran circunstancias excepcionales. Cuando el inicio o el fin de los plazos señalados en el apartado 1 coincidan con días festivos, el período de pago se prorrogará tantos días como festivos hayan coincidido. Artículo 22. Exposición Pública. 1. Establecido el calendario fiscal y, a la vista del mismo, el órgano competente para su aprobación ordenará su publicación en el B.O.C.M. y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de su exposición al público. 2. Los padrones fiscales, conteniendo la identificación de los sujetos pasivos, cuotas tributarias y los elementos determinantes de las mismas, se expondrán al público en la Oficina del Servicio de Atención Ciudadana por un período de quince días y sus datos sólo se facilitarán al obligado tributario o su representante en aplicación del deber de confidencialidad de la información tributaria. 3. Los datos tributarios y demás elementos tributarios de los tributos periódicos, salvo las altas en los respectivos registros, serán notificados colectivamente al amparo de lo establecido por el artículo de la Ley General Tributaria. Artículo 23. Anuncio de cobranza. El anuncio del calendario fiscal regulado en el artículo anterior podrá cumplir, además de la función de dar a conocer la exposición pública de padrones, la función de publicar el anuncio de cobranza a que se refiere el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación. Para que se cumpla tal finalidad junto con el plazo de ingreso determinado en el calendario fiscal, deberán constar también los siguientes extremos: la modalidad de cobro, los lugares de pago, días y horas de ingreso, y la advertencia de que, transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio, y se devengarán los correspondientes recargos del período ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan. CAPÍTULO III GESTIÓN DE TRIBUTOS NO PERIÓDICOS Artículo 24. Procedimiento Iniciado Mediante Declaración. 1. Cuando la normativa del tributo así lo establezca, la gestión del mismo se iniciará mediante la presentación de una declaración. No obstante, la Administración podrá iniciarlo de nuevo dentro del plazo de prescripción, en el supuesto de que el procedimiento iniciado mediante declaración hubiera terminado por caducidad. 2. La liquidación deberá notificarse en un plazo de seis meses desde el día siguiente al de finalización del plazo para la presentación de la declaración o desde el siguiente al de comunicación administrativa de inicio del procedimiento de oficio, y, en el caso de la presentación de declaraciones extemporáneas, desde el día siguiente al de su presentación. 3. Para la práctica de la liquidación la Administración Tributaria podrá utilizar los datos consignados por el obligado tributario en su declaración o cualquier otro que obre en su poder, podrá requerir al obligado para que aclare los datos consignados en su declaración o presente justificante de los mismos. Cuando se hayan realizado las actuaciones mencionadas y los valores o datos tenidos en cuenta por la Administración Tributaria no se correspondan con los consignados por el obligado en su declaración, deberá hacerse mención expresa de esta circunstancia en la propuesta de liquidación, que deberá notificarse, con una referencia sucinta a Página 12 de 205
13 los hechos y fundamentos de Derecho que lo motiven, para que el obligado alegue lo que convenga a su derecho, en el plazo de quince días. No se exigirán intereses de demora desde la presentación de la declaración hasta la finalización del plazo para el pago en período voluntario, sin perjuicio de las sanciones que procedan conforme al artículo 192 de la Ley General Tributaria. 4. El procedimiento terminará por alguna de las siguientes causas: a) Por liquidación provisional practicada por la Administración Tributaria. b) Por caducidad una vez transcurrido el plazo del apartado 2 sin haberse notificado la liquidación, pudiendo la Administración iniciar de nuevo el procedimiento dentro del plazo de prescripción. Artículo 25. Procedimiento Iniciado Mediante Autoliquidación. 1. Cuando así lo establezca la Ordenanza del tributo, su gestión podrá iniciarse mediante la presentación por el obligado tributario de una autoliquidación. Dicha autoliquidación podrá ser objeto de verificación y comprobación por la Administración, que practicará, en su caso, la liquidación que proceda de acuerdo con la normativa reguladora de dichos procedimientos. 2. Si el obligado tributario considera que una autoliquidación ha perjudicado de cualquier modo sus intereses legítimos podrá instar la rectificación de la misma conforme al procedimiento establecido por los artículos 126 a 129 del Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio. La rectificación de la autoliquidación podrá dar lugar a una devolución derivada de la normativa del tributo o a un ingreso indebido, debiendo abonar intereses de demora en los términos de los artículos 31 y 32, de la Ley General Tributaria, respectivamente. 3. Los obligados tributarios podrán presentar autoliquidaciones complementarias, o declaraciones o comunicaciones complementarias o sustitutivas, dentro del plazo establecido para su presentación o con posterioridad a la finalización de dicho plazo siempre que no haya prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda. Las autoliquidaciones complementarias se podrán presentar cuando de ellas resulte un importe a ingresar superior al de la autoliquidación anterior o una cantidad a devolver o compensar inferior a la anteriormente autoliquidada. Artículo 26. Procedimiento de Verificación de Datos. 1. La Administración podrá iniciar este procedimiento en los supuestos siguientes: a) Cuando la declaración o autoliquidación adolezca de defectos formales o incurra en errores aritméticos. b) Cuando los datos declarados no coincidan con los contenidos en otras declaraciones presentadas por el mismo obligado o con los que obren en poder de la Administración Tributaria. c) Cuando se aprecie una aplicación indebida de la normativa que resulte patente en la propia declaración presentada o de los justificantes aportados. d) Cuando se requiera la aclaración o justificación de algún dato relativo a la declaración o autoliquidación presentada, siempre que no se refiera al desarrollo de actividades económicas. 2. Se podrá iniciar mediante requerimiento de la Administración para que el obligado aclare o justifique la discrepancia observada o los datos de la propia declaración o autoliquidación. También mediante la notificación de la propuesta de liquidación cuando la Administración cuente con datos suficientes. Con carácter previo a la práctica de la liquidación provisional, la Administración deberá notificar al obligado la propuesta de liquidación para que alegue lo que corresponda a su derecho; dicha propuesta será motivada con una referencia sucinta a los hechos y fundamentos de Derecho que la sustenten. 3. El procedimiento terminará: a) Por resolución en la que se indique que no procede practicar liquidación provisional o en la que se consignen los defectos advertidos. b) Por liquidación provisional. c) Por caducidad. Página 13 de 205
14 d) Por subsanación, aclaración o justificación de la discrepancia o del dato objeto de requerimiento. e) Por inicio de un procedimiento de comprobación limitada o de inspección. Artículo 27. Procedimiento de Comprobación Limitada. En dicho procedimiento la Administración Tributaria podrá comprobar los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones y demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria. Para efectuar la comprobación solo se podrán utilizar las actuaciones siguientes: a) Examen de los datos consignados en las declaraciones y los justificantes presentados o requeridos. b) Examen de los registros y documentos exigidos por las normas tributarias, y cualquier libro oficial, salvo la contabilidad mercantil, así como las facturas y documentos justificativos de las operaciones incluidas en dicho libro, registro o documento. c) Requerimientos a terceros para que aporten o ratifiquen la información que están obligados a suministrar con carácter general, no pudiendo ser extensiva a movimientos financieros. No obstante, podrá solicitarse al obligado tributario la justificación documental de operaciones financieras que tengan relevancia en la base o en la cuota. Las actuaciones no podrán realizarse fuera de las oficinas de la Administración, salvo en los supuestos establecidos reglamentariamente, al objeto de realizar comprobaciones censales o relativos a la aplicación de métodos objetivos. Artículo 28. Iniciación, Tramitación y Terminación del Procedimiento de Comprobación Limitada. 1. El Procedimiento se iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente, y deberá ser notificado a los obligados tributarios mediante comunicación. Si los datos obrantes en poder de la Administración fueran suficientes, podrá iniciarse mediante la notificación de la propuesta de liquidación. 2. Con carácter previo a la práctica de la liquidación provisional, la Administración deberá comunicar al obligado tributario la propuesta de liquidación para que alegue lo que convenga a su derecho. 3. La duración máxima es de seis meses. Si vence dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, se produce su caducidad. También podrá terminar por inicio de un procedimiento inspector que incluya el objeto de comprobación limitada. De recaer resolución expresa su contenido se ajustará a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 139 de la Ley General Tributaria. 4. Finalizada la comprobación no se podrá efectuar una nueva regularización en relación con el objeto comprobado, a no ser que, en un procedimiento de comprobación limitada o inspección posterior se descubran nuevos hechos o circunstancias que resulten de actuaciones distintas de los realizados y especificados en dicha resolución. Artículo 29. Solicitud. CAPITULO IV CONCESIÓN DE BENEFICIOS FISCALES 1. La concesión o denegación de exenciones, reducciones o bonificaciones se ajustara a la normativa específica de cada tributo, sin que en ningún caso pueda admitirse la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito de las exenciones o bonificaciones. 2. Con carácter general, no se otorgaran otras exenciones, bonificaciones o reducciones que las concretamente establecidas o autorizadas por la Ley, Pactos o Tratados internacionales. La Ordenanza fiscal de cada tributo deberá regular los supuestos de concesión de beneficios tributarios. 3. Sin perjuicio de lo establecido en la normativa reguladora de cada tributo, en los casos en que el beneficio fiscal haya de concederse a instancia de parte, la solicitud deberá presentarse: a) Cuando se trate de tributos periódicos gestionados mediante padrón o matrícula, en el plazo establecido en la respectiva Ordenanza para la presentación de las preceptivas declaraciones de alta o modificación. b) Una vez otorgado, el beneficio fiscal se aplicará en las sucesivas liquidaciones en tanto no se alteren las circunstancias de hecho o de derecho que determinaron su otorgamiento. Página 14 de 205
15 c) Cuando se trate de tributos en los que se encuentre establecido el régimen de autoliquidación, en el plazo de presentación de la correspondiente autoliquidación o declaración-liquidación. d) En los restantes supuestos, en los plazos de presentación de la correspondiente declaración tributaria o al tiempo de la presentación de la solicitud del permiso o autorización que determine el nacimiento de la obligación tributaria, según proceda. Si se solicita en los plazos a que se refiere el párrafo anterior y resultare procedente, se aplicará a las obligaciones tributarias devengadas por los actos o negocios jurídicos objeto de declaración o autoliquidación, en los demás casos, la bonificación se aplicará a las obligaciones tributarias devengadas con posterioridad a su solicitud. 4. Cuando se trate de beneficios fiscales que han de otorgarse de oficio, se aplicaran en el momento de practicar la liquidación por el interesado, o desde la fecha de la concurrencia de los requisitos que habiliten para su disfrute, siempre que se disponga de la información acreditativa de los mismos. 5. La prueba de la concurrencia de los requisitos establecidos por la normativa de cada tributo, para el disfrute de los beneficios fiscales, corresponderá al sujeto pasivo. Artículo 30. Beneficios fiscales. 1. Recibida en el Ayuntamiento solicitud de beneficios fiscal, su contenido será analizado por el Departamento de Rentas, que formulará propuesta de resolución. El acuerdo de concesión o denegación se podrá adoptar en el plazo de seis meses contados desde la fecha de la solicitud. La no resolución en este plazo producirá el efecto de desestimación de la solicitud formulada. 2. Los actos de concesión o reconocimiento de beneficios fiscales que estén condicionados al cumplimiento de ciertas condiciones futuras o a la efectiva concurrencia de determinados requisitos no comprobados en el procedimiento en que se dictaron tendrán carácter provisional. La Administración tributaria podrá comprobar en un posterior procedimiento de aplicación de los tributos la concurrencia de tales condiciones o requisitos y, en su caso, regularizar la situación tributaria del obligado sin necesidad de proceder a la previa revisión de dichos actos provisionales conforme a los procedimientos de revisión establecidos al efecto. CAPITULO V REVISION EN VIA ADMINISTRATIVA Artículo 31. Normas comunes y procedimientos especiales de revisión. 1. NORMAS COMUNES: Los actos y actuaciones de aplicación de los tributos y los actos de imposición de sanciones tributarias podrán revisarse, mediante: Los procedimientos especiales de revisión. El recurso de reposición. Cuando haya sido confirmados por sentencia judicial firme, no serán revisables en ningún caso los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones. En los procedimientos de revisión, se aplican las normas generales establecidas en la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, sobre capacidad, representación, prueba y notificaciones; así como las normas sobre cómputo de plazos. La resolución de los procedimientos especiales de revisión, recurso de reposición y actos enumerados en el art de la L.G.T., deberán ser motivados, con sucinta referencia a los hechos y fundamentos de derecho. 2. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE REVISION: Son procedimientos especiales de revisión: Revisión de actos nulos de pleno derecho. Declaración de lesividad de actos anulables Revocación. Página 15 de 205
16 Rectificación de errores. Devolución de ingresos indebidos. Artículo 32. Recurso de reposición. 1. Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y demás ingresos de derecho público de las entidades locales, solo podrá interponerse recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto, dentro del plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se solicita o al de finalización del período de exposición pública de los padrones correspondientes. 2. La resolución dictada será congruente con las peticiones formuladas por el interesado, sin que en ningún caso se pueda agravar su situación inicial. No obstante, se podrán examinar todas las cuestiones que ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas en el recurso. Si el órgano competente para resolver estima pertinente extender la revisión a cuestiones no planteadas por los interesados, las expondrá a los que estuvieren personados en el procedimiento y les concederá un plazo de cinco días para formular alegaciones. 3. Contra la denegación del recurso de reposición, puede interponerse recurso contencioso-administrativo en los plazos siguientes: a) Si la resolución ha sido expresa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de notificación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición. b) Si no hubiese resolución expresa, el recurso de reposición se entenderá desestimado de no recaer resolución en el plazo de un mes contado desde la fecha de interposición, y podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo en el plazo de seis meses contado desde el día siguiente a aquel en que haya de entenderse desestimado el recurso de reposición 4. La interposición del recurso regulado en el punto 1 no requiere el previo pago de la cantidad exigida; no obstante, la interposición del recurso no detendrá en ningún caso la acción administrativa, a menos que el interesado solicite dentro del plazo para interponer el recurso la suspensión del procedimiento y acompañe garantía que cubra el total de la deuda tributaria, en cuyo supuesto se otorgará la suspensión. La cuantía de la garantía cubrirá el principal más los intereses de demora, y los recargos que procederían en caso de ejecución de la garantía a la que se sumará el 25 % de dicho importe cuando la deuda se encuentre en período ejecutivo Si la impugnación afectase a una sanción tributaria, su ejecución quedará suspendida automáticamente sin necesidad de aportar garantía. Asimismo, a solicitud del interesado, se suspenderá la ejecución del acto impugnado sin necesidad de aportar garantía, cuando al dictarlo se ha podido incurrir en error aritmético, material o de hecho. Si el recurso afecta a un acto censal relativo a un tributo de gestión compartida, no se suspenderá en ningún caso, el procedimiento de cobro de la liquidación que pueda practicarse. 5. La garantía a constituir por el recurrente, para obtener la suspensión, podrá consistir en: a) Depósito en dinero efectivo o en valores públicos en la Caja Municipal. b) Aval o fianza solidaria prestada por un banco oficial o privado o por una caja de ahorros. c) Fianza personal y solidaria prestada por dos personas físicas o jurídicas de reconocida solvencia, para débitos inferiores a d) Otros medios que se consideren suficientes cuando se pruebe las dificultades para aportar garantías en cualquiera de las formas señaladas. La suficiencia de la garantía en este caso deberá ser valorada por la Tesorería Municipal. 6. Las garantías se constituirán, de acuerdo con los modelos oficiales recogidos en los anexos I y III de la presente Ordenanza. Los avales extendidos de conformidad con los citados modelos se considerarán admisibles y válidos para surtir efectos como garantía, siempre que sean emitidos por Bancos oficiales o privados inscritos en el Registro General de Bancos y Banqueros y Cajas de Ahorros sometidas a la Inspección del Banco de España; y siempre que sean solidarios con expresa renuncia al beneficio de excusión y autorizados por apoderados de la entidad avalante que tengan poder suficiente para obligarla plenamente. El derecho a la devolución de las garantías constituidas prescribirá a los veinte años de su constitución, de no practicarse gestión alguna por los interesados que implique el ejercicio de su derecho de propiedad. La devolución se podrá realizar de oficio o a instancia de parte. En todo caso, deberá ser informada favorablemente por el órgano de gestión y a continuación por la Intervención General con carácter previo a la adopción del acuerdo de Página 16 de 205
17 devolución. La Administración Municipal no reembolsará al depositante en ningún caso, el coste de las garantías depositadas, salvo en aquellos supuestos en que así se disponga por norma con rango legal. 7. Resuelto el recurso interpuesto en período voluntario de pago, habiéndose concedido la suspensión de pago, tanto si el acuerdo no anula ni modifica el acto administrativo impugnado, como si se modifica el mismo o se ordena la retroacción del procedimiento, la deuda deberá pagarse en los plazos generales previstos por el artículo 62-2º de la Ley General Tributaria. No obstante, cuando la ejecución del acto hubiese estado suspendida en vía administrativa, los órganos de recaudación no iniciarán o en su caso, no reanudarán las actuaciones del procedimiento de apremio mientras no concluya el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo, siempre que la vigencia y eficacia de la caución inicialmente aportada se mantenga hasta entonces. Si durante ese plazo el interesado comunicase la interposición del recurso con petición de suspensión y ofrecimiento de caución para garantizar el pago de la deuda, se mantendrá la paralización del procedimiento en tanto conserve su vigencia y eficacia la garantía aportada en vía administrativa. El procedimiento se reanudará o suspenderá a resultas de la decisión que adopte el órgano judicial en la pieza de suspensión. Artículo 33. Declaraciones de nulidad de pleno derecho y lesividad de actos anulables. 1. DECLARACION DE NULIDAD: Podrá declarase la nulidad de pleno derecho de los actos dictados en materia tributaria, que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los siguientes supuestos: a) Que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. b) Que hayan sido dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. c) Que tengan un contenido imposible. d) Que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta. e) Que hayan sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieran facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal. El procedimiento para declarar la nulidad, podrá iniciarse: por acuerdo del órgano que dicto el acto o de su superior jerárquico; o a instancia del interesado. En el procedimiento se solicitará al órgano que dictó el acto la remisión de una copia cotejada del expediente administrativo y de un informe sobre los antecedentes del procedimiento que fuesen relevantes para resolver. Se dará audiencia al interesado y serán oídos aquellos a quienes reconoció derechos el acto o cuyos intereses legítimos resultaron afectados por el mismo. La declaración de nulidad requerirá dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano equivalente de la respectiva Comunidad Autónoma, si lo hubiere. La resolución de este procedimiento corresponderá al Pleno del Ayuntamiento. El plazo máximo para notificar resolución expresa será de un año desde que se presente la solicitud por el interesado o desde que se le notifique el acuerdo de iniciación de oficio del procedimiento. El transcurso del plazo previsto, sin que se hubiera notificado resolución expresa, producirá el efecto de caducidad, si se inicio de oficio o desestimación por silencio administrativo, si se inicio a instancia del interesado. La resolución expresa o presunta o el acuerdo de inadmisión a trámite de la solicitud del interesado pone fin a la vía administrativa. 2. DECLARACION DE LESIVIDAD DE ACTOS ANULABLES: La Administración Tributaria podrá declarar lesivos para el interés público sus actos y resoluciones favorables a los interesados que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, a fin de proceder a su posterior impugnación en vía contencioso administrativa. Formulada la propuesta de resolución, se solicitará informe de la Asesoría jurídica municipal sobre la procedencia de que el acto sea declarado lesivo. La declaración de lesividad corresponderá al Pleno del Ayuntamiento. Página 17 de 205
18 La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se notificó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el procedimiento. Transcurrido el plazo de tres meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad se producirá la caducidad del mismo. Una vez declarada la lesividad se abre la vía de la jurisdicción contencioso-administrativa. Artículo 34. Revocación, rectificación de errores y devoluciones de ingresos indebidos. 1. REVOCACION: La Administración tributaria podrá revocar sus actos en beneficio de los interesados cuando se estime que infringen manifiestamente la Ley, cuando circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado, o cuando en la tramitación del procedimiento se haya producido indefensión a los interesados. La revocación, no podrá constituir en ningún caso, dispensa o exención no permitida por las normas tributarias, ni ser contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. La revocación solo será posible mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción. El procedimiento de revocación se iniciará exclusivamente de oficio, sin perjuicio de que los interesados o el órgano que dictó el acto, puedan promover su iniciación y será competente para declararla el Pleno Municipal. En el expediente se da audiencia a los interesados y deberá incluirse un informe del órgano con funciones de asesoramiento jurídico sobre la procedencia de la revocación del acto. El plazo máximo para notificar resolución expresa será de seis meses desde la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento. Transcurrido el plazo establecido sin que se hubiera notificado resolución expresa se producirá la caducidad del procedimiento. Las resoluciones que se dicten en este procedimiento pondrán fin a la vía administrativa. 2. RECTIFICACION DE ERRORES: El órgano u organismo que hubiera dictado el acto o resolución, rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, los errores materiales, de hecho o aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción. Asimismo, podrá suspenderse su ejecución sin necesidad de aportar garantía. Cuando el procedimiento se inicie de oficio se notificará la propuesta de rectificación para que el interesado pueda formular alegaciones en el plazo de 15 días. Si la rectificación se realiza en beneficio de los interesados, o bien se ha iniciado a instancia de los mismos y no son tenidos en cuenta en la resolución otros hechos, alegaciones o pruebas que los presentados por ellos, se podrá notificar directamente la resolución del procedimiento sin trámite de alegaciones. La resolución, corregirá el error en la cuantía o en cualquier otro elemento del acto o resolución que se rectifica. El plazo máximo para notificar resolución expresa será de seis meses desde que se presente la solicitud por el interesado o desde que se le notifique el acuerdo de iniciación de oficio del procedimiento. El transcurso del plazo máximo previsto, sin que se hubiere notificado resolución expresa, producirá el efecto de caducidad del procedimiento en procedimientos iniciados de oficio; sin que ello impida que pueda iniciarse de nuevo otro procedimiento con posterioridad; y la desestimación por silencio administrativo, si se hubiere iniciado a instancia del interesado. Las resoluciones que se dicten en este procedimiento serán susceptibles de recurso de reposición. Página 18 de 205
19 3. DEVOLUCIONES DE INGRESOS INDEBIDOS: Tendrán derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos y a obtener la devolución de los ingresos declarados como tales las personas o entidades a que se refiere el artículo 14 del RD 520/2005 de 13 de mayo de revisión en vía administrativa. El derecho a obtener la devolución de ingresos indebidos podrá reconocerse: a) Cuando se haya producido una duplicidad en el pago de las deudas o sanciones. b) Cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe a ingresar resultante de un acto administrativo o de una autoliquidación. c) Cuando se hayan ingresado cantidades correspondientes a deudas o sanciones después de haber transcurrido los plazos de prescripción. d) En virtud de la resolución de alguno de los procedimientos especiales de revisión, de la resolución de un recurso o reclamación administrativa, o en virtud de una resolución judicial firme. e) En un procedimiento de aplicación de los tributos o de rectificación de autoliquidación a instancia del obligado o de otros obligados. f) Cuando así lo establezca la legislación vigente. La cantidad a devolver como consecuencia de un ingreso indebido estará constituida por el importe del ingreso indebidamente realizado, las costas satisfechas cuando el ingreso indebido se hubiera realizado durante el procedimiento de apremio, y el interés de demora vigente sobre las cantidades indebidamente ingresadas, calculado desde el día en que se hizo el ingreso hasta la fecha en que se ordene el pago de la correspondiente devolución. La devolución se efectuará mediante transferencia en la cuenta corriente indicada, dentro de los dos meses siguientes a la fecha de notificación del acuerdo de devolución, o de la aportación, en su caso, de los documentos necesarios. De no hacerlo así, el Ayuntamiento abonará el interés de demora devengado a partir del vencimiento de dicho plazo. El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución en los supuestos del art de la L.G.T. se iniciará de oficio o a instancia de parte. Con carácter previo a la resolución, la Administración deberá notificar al interesado la propuesta de resolución para que en un plazo de diez días presente alegaciones. Se podrá prescindir de dicho trámite cuando en la resolución no se tengan en cuenta otros hechos o alegaciones que los efectuados por el obligado, o cuando la cuantía a devolver sea igual a la solicitada, excluidos los intereses de demora. El plazo máximo para notificar la resolución expresa del procedimiento será de seis meses a contar desde la iniciación del mismo. El transcurso del plazo previsto sin que se hubiese notificado la resolución producirá la caducidad del procedimiento iniciado de oficio, sin que ello impida que pueda iniciarse otro con posterioridad; o la desestimación por silencio administrativo de la solicitud formulada por el interesado. Cuando el acto hubiera adquirido firmeza, únicamente se podrá solicitar la devolución instando o promoviendo la revisión del mismo mediante alguno de los procedimientos especiales de revisión. Cuando un obligado considere que la presentación de una autoliquidación ha dado lugar a un ingreso indebido, podrá instar su rectificación de acuerdo con lo dispuesto en el art º de la LGT. Acordada la devolución de un ingreso indebido, si el interesado tuviera deudas pendientes en vía ejecutiva de apremio, se procederá a su compensación, en los términos establecidos por el Reglamento General de Recaudación. Las resoluciones que se dicten en este procedimiento serán susceptibles de recurso de reposición. Subsección 2ª Gestión de Créditos no tributarios CAPITULO I Artículo 35. PRECIOS PUBLICOS La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicia la prestación del servicio o la realización de la actividad, si bien puede exigirse el depósito previo de su importe total o parcial, a cuyo efecto podrá establecerse el régimen de autoliquidación o bien practicarse liquidación individualizada que se notificará conforme establecen los artículos 12 y 13 de esta Ordenanza. Para regular la gestión y recaudación de los precios públicos, el Pleno aprobará las Ordenanzas correspondientes, que se habrán tramitado con el procedimiento siguiente: Página 19 de 205
20 Aprobación provisional por el Pleno. Exposición pública en el tablón de anuncios municipal, durante treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar reclamaciones. Aprobación definitiva por el Pleno. Publicación en el B.O.C.M. Artículo 36. Inicio del período ejecutivo y procedimiento de apremio. El inicio del período ejecutivo y del procedimiento de apremio tendrá lugar en los mismos términos de los artículos 65 y artículo 66 de esta Ordenanza. Artículo 37. Repercusiones de IVA. En las liquidaciones de precios públicos se repercutirá el IVA conforme a los supuestos de sujeción y de no sujeción al impuesto, establecidos por el artículo 7 apartado 8 de la Ley 37/92 de 28 de diciembre reguladora de dicho tributo. Artículo 38. Otros créditos no tributarios. CAPÍTULO II OTROS CRÉDITOS 1. Además de los precios públicos, el Ayuntamiento es titular de otros créditos de derecho público, para cuya realización se dictan algunas reglas en el presente capítulo. 2. Para la cobranza de estas cantidades, el Ayuntamiento ostenta las prerrogativas establecidas legalmente y podrá aplicar el procedimiento recaudatorio fijado en el Reglamento General de Recaudación; todo ello, en virtud de lo previsto en el artículo 2.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con lo que dispone la Ley General Presupuestaria para la realización de los derechos de la Hacienda Pública. 3. La recaudación de los ingresos de Derecho Público no tributarios se realizará conforme a lo previsto en el Reglamento General de Recaudación, excepto cuando la normativa particular del ingreso regule de modo diferente los plazos de pago, u otros aspectos del procedimiento. En este caso, las actuaciones del órgano recaudatorio se ajustarán a lo previsto en dichas normas. Artículo 39. Ingresos por actuaciones urbanísticas, mediante el sistema de cooperación. 1. Los propietarios de terrenos afectados por una actuación urbanística están obligados a sufragar los costes de urbanización, a cuyo efecto el Ayuntamiento liquidará cuotas de urbanización. 2. La exacción de las cuotas de urbanización se llevará a cabo por la vía de apremio, según prevé el artículo 65 del Reglamento de Gestión Urbanística. 3. Los procedimientos de ejecución y apremio se dirigirán contra los bienes de los propietarios que no hubieran cumplido sus obligaciones y, en caso de insolvencia de los mismos, contra la Asociación administrativa de propietarios. 4. Si la Asociación de contribuyentes los solicita y el Ayuntamiento lo considera conveniente, se podrán ejercer las facultades referidas en el punto anterior a favor de la Asociación y contra los propietarios que incumplieran los compromisos contraídos con ella. Artículo 40. Ingresos por otras actuaciones urbanísticas. 1. Cuando la ejecución de la unidad de actuación se realice por el sistema de compensación, la Junta de Compensación será directamente responsable frente al Ayuntamiento de la realización de las obras de urbanización. Las cantidades adeudadas a la Junta de Compensación por sus miembros, serán exigibles en vía de apremio por el Ayuntamiento si media petición de la Junta. 2. Si se hubieran constituido entidades de conservación urbanística, el Ayuntamiento en su condición de titular de los terrenos de dominio público, exigirá por la vía de apremio las cuotas que se adeudan a la Entidad de conservación, a solicitud de la misma. Página 20 de 205
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