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Timestamp: 2020-01-17 16:46:06
Document Index: 241663811

Matched Legal Cases: ['artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 99', 'artículo 108', 'artículo 108', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 44', 'ARTÍCULO 44', 'artículo 44', 'artículo 1']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 20, de 24/02/2016
cve: DSCD-11-CO-20
Año 2016 XI LEGISLATURA Núm. 20
Pronunciamiento de la Comisión, a efectos del artículo 44 del Reglamento, sobre las solicitudes de comparecencia de la señora ministra de Empleo y Seguridad Social (Báñez García), para:
- Explicar el informe sobre la evolución del empleo que presentó al Consejo de Ministros el 8 de enero de 2016. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000005)... (Página2)
- Explicar el informe sobre las disposiciones del Fondo de reserva de la Seguridad Social efectuadas en el cuarto trimestre de 2015, en aplicación de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, que presentó al Consejo de Ministros el 29 de enero de 2016. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000007)... (Página2)
- Informar sobre la situación del Fondo de reserva de la Seguridad Social. A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat). (Número de expediente 213/000010)... (Página2)
Delegación en la Mesa de la Comisión de la competencia para adoptar los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, de conformidad con la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983... (Página5)
- Sobre la viabilidad de la planta de Altadis en La Rioja. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000002)... (Página6)
- Relativa al apoyo y mejora de la situación de los trabajadores y las trabajadoras eventuales del campo en Andalucía. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000003)... (Página10)
- Sobre elaboración de un Plan contra la explotación laboral, específicamente en las comunidades autónomas que presentan mayores índices. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000015)... (Página16)
- Sobre el rescate del Plan integral de empleo de Canarias. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000034)... (Página23)
- Sobre la estrategia de emprendimiento y empleo joven (garantía juvenil). Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000040)... (Página28)
- EXPLICAR EL INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO QUE PRESENTÓ AL CONSEJO DE MINISTROS EL 8 DE ENERO DE 2016. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000005).
- EXPLICAR EL INFORME SOBRE LAS DISPOSICIONES DEL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EFECTUADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2015, EN APLICACIÓN DE LA LEY 36/2014, DE 26 DE DICIEMBRE, QUE PRESENTÓ AL CONSEJO DE MINISTROS EL 29 DE ENERO DE 2016. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000007).
- INFORMAR SOBRE LA SITUACIÓN DEL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (DEMOCRÀCIA I LLIBERTAT). (Número de expediente 213/000010).
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión de la Comisión de Empleo y Seguridad Social del día 24 de febrero de 2016.
El primer punto del orden del día es el pronunciamiento de la Comisión, a efectos del artículo 44 del Reglamento, sobre las siguientes solicitudes de comparecencia de la ministra de Empleo y Seguridad Social. Una primera solicitud es para explicar el informe sobre la evolución del empleo que se presentó al Consejo de Ministros el 8 de enero de 2016, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Una segunda es para explicar el informe sobre las disposiciones del Fondo de reserva de la Seguridad Social efectuadas en el cuarto trimestre de 2015, en aplicación de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, presentado al Consejo de Ministros el 29 de enero de 2016, y formulada igualmente por el Grupo Parlamentario Socialista. Y una tercera solicitud de comparecencia de la ministra sería para informar sobre la situación del Fondo de reserva de la Seguridad Social, formulada por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat). ¿Desea la Comisión pronunciarse conjuntamente sobre estas tres solicitudes o desea hacerlo una por una? ¿Las tres? (Asentimiento). De acuerdo. En primer lugar, si alguien quiere intervenir para argumentar a favor o en contra de la comparecencia de la señora ministra, tiene la palabra. Posteriormente, pasaremos a la votación al respecto. (La señora Rodríguez Fernández pide la palabra). Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Diputada doña Luz Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ: Es la primera vez que intervengo en la Comisión de Empleo y Seguridad Social y tengo que decir en este primer minuto que para mí es un gran honor formar parte desde este lado de la Comisión. Intervengo con el mayor de los respetos y también con la mayor de las emociones, porque creo que esta Comisión seguramente está llamada a ser una de las comisiones centrales del debate parlamentario de esta legislatura. Con respeto y emoción anuncio también nuestra
posición al respecto de la comparecencia de la señora ministra de Empleo y Seguridad Social. Hemos solicitado la comparecencia de la ministra por dos cuestiones que para nosotros son muy relevantes: primero, en relación con el informe sobre la situación de empleo en nuestro país que se presentó en el Consejo de Ministros de 8 de enero de 2016 y, segundo, especialmente para pedir explicaciones sobre el informe que se presentó en el Consejo de Ministros del día 29 de enero de 2016 sobre la situación y las aportaciones y disposiciones del Fondo de reserva. A pesar de estar en este momento el Gobierno en funciones -por lo tanto también la propia ministra-, y dado que ella ha dado cuenta al Consejo de Ministros y a toda la ciudadanía a través de una rueda de prensa de temas tan relevantes como la situación del empleo en el país y la situación del Fondo de reserva de la Seguridad Social, sería bueno y conveniente que, lo mismo que lo ha hecho entre sus compañeros del Consejo de Ministros y ante toda la ciudadanía en los medios de comunicación, también diera cuenta de esos dos informes ante esta Comisión de Empleo y Seguridad Social.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: El Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat) ha planteado la petición de comparecencia de la ministra de Empleo en relación con el informe sobre el Fondo de reserva de la Seguridad Social que se presentó el pasado mes de enero en periodo de actividad del Gobierno en funciones. Estoy convencido de que todos los grupos parlamentarios estarán de acuerdo en que sería más que razonable que aquello que afecta a un instrumento fundamental de la sostenibilidad de la Seguridad Social, como es el Fondo de reserva, no solo fuese conocido por esta Comisión a través de los medios de comunicación o de la propia lectura del informe, sino que también hubiese una presentación por parte del Gobierno en el seno de esta Comisión, sobre todo a efectos de tranquilizar al conjunto de los pensionistas.
Durante estos últimos meses muchos ciudadanos han visto con preocupación cómo iba disminuyendo el volumen de recursos que conformaban el Fondo de reserva, con las dudas que eso genera en relación con la sostenibilidad financiera del sistema de la Seguridad Social. No estamos hablando ni mucho menos de una cuestión menor ni intrascendente, sino de uno de los principales instrumentos que da estabilidad al sistema público de pensiones. Por tanto, para tranquilidad del conjunto de los ciudadanos nos parecería bueno que el Gobierno en funciones diese cuenta del estado de este Fondo de reserva. Además, estamos convencidos de que tener este debate en esta Comisión en el inicio de esta legislatura sería extremadamente útil para las nuevas mayorías que se puedan conformar y para el nuevo Gobierno que pueda existir. De ahí, la petición que el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat) ha planteado en el seno de esta Comisión, que esperamos que cuente con el apoyo del resto de los grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: Tras las intervenciones de los dos grupos que han solicitado la comparecencia de la ministra, ¿algún otro grupo desea intervenir? (Pausa). Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Echániz.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Señorías, les saludo en esta primera Comisión de Empleo y Seguridad Social en esta casa, en el Congreso de los Diputados. En esta sesión se solicita, en primer lugar, un pronunciamiento de los grupos parlamentarios sobre la petición de tres comparecencias de los miembros del Gobierno. Si bien es cierto que estas figuras están contempladas en el Reglamento de esta Cámara en situación de normalidad, no es menos cierto que el propio texto que articula la vida parlamentaria de esta casa, especialmente en los artículos 170 y siguientes, pone de manifiesto que, una vez constituido el Congreso de los Diputados, la Cámara debe dedicarse a la investidura del presidente del Gobierno. Así ha ocurrido siempre en todas las legislaturas constitucionales: el primer Pleno de la casa ha sido siempre el de investidura. La primera actividad, el primer debate siempre ha sido el de investidura. La Mesa de la Cámara y la Mesa de las comisiones comunicaron al Gobierno en funciones que los plazos establecidos en el Reglamento quedaban en suspenso hasta la investidura del presidente del Gobierno. Además, el plazo que establece la propia Constitución española en su artículo 99 para la disolución de la Cámara en caso de que no exista esa investidura del candidato es precisamente de dos meses; a nuestro juicio esto confirma sin duda el carácter constitucionalmente primordial de la investidura o, dicho de otra manera, que la ausencia de investidura supone de facto la imposibilidad de continuar con la legislatura.
En segundo lugar, los mecanismos de control, entre las que se encuentran, como es evidente, las comparecencias de los miembros del Gobierno, implican una exigencia de responsabilidad en la medida en que versan sobre materias de índole política que son objeto de juicios, son objeto de responsabilidad por parte de los Diputados solicitantes de las iniciativas; pero, señorías, un Gobierno en funciones no goza por definición de la confianza de la Cámara y, por tanto, no puede ser objeto de responsabilidad política. El Gobierno en funciones, al no haber sido investido su presidente por la nueva Cámara, no goza de la confianza de la misma. Esta ausencia de confianza formal, señorías, es la que impide al presidente en funciones, por ejemplo, disolver la Cámara o solicitar su confianza o remitir proyectos de ley a las Cortes Generales. Los instrumentos de control, entre los que se encuentran las comparecencias del Gobierno en esta Cámara, constituyen formas de juicio, formas de exigencia de una responsabilidad política que, de conformidad con el artículo 108 de nuestra Constitución, suponen precisamente la relación básica entre el Gobierno y el Congreso de los Diputados. Sin embargo, el Gobierno al que alude el artículo 108 de la Constitución, y que es el que responde ante este Congreso de los Diputados, solo puede ser el Gobierno cuyo presidente ha sido previamente investido por esta Cámara y no otro, en la medida en que solo ese Gobierno goza de la confianza de la misma.
Señorías, un Gobierno en funciones que de acuerdo con la Constitución española ha cesado en el momento de la celebración de elecciones no cuenta con esa confianza y, por tanto, no está sujeto a las relaciones que rigen constitucionalmente entre un Gobierno y el Congreso de los Diputados. En consecuencia, repito, un Gobierno en funciones no puede presentar una moción de confianza, no puede ser objeto de una moción de censura y no puede ser, en definitiva, objeto de disolución de las Cortes Generales. Por esa misma razón, al no existir dicha relación de confianza, base esencial de este tipo de iniciativas, que es lo que fundamenta por tanto la responsabilidad solidaria del Gobierno ante la Cámara, el Gobierno en funciones no debe ser sometido a ningún tipo de control por parte del nuevo Congreso en la medida en que todo control supone una exigencia de responsabilidad de tipo político. Además, señorías, se trata -así lo deben conocer los ciudadanos españoles- de un fraude de Constitución. (Rumores). Dicho de otra manera, la Cámara, que en estos momentos es incapaz de elegir a un Gobierno de confianza, trata de paliar su impotencia sometiendo a control al Gobierno que ha cesado y que contaba con la confianza del anterior Congreso; por medios espurios -por no decir poco democráticos- trata, mediante el control a un Gobierno cesante, de controlar una antigua mayoría que ha dejado de existir tras las nuevas elecciones.
Por último, como conocerán sus señorías, existe una limitación, franca -diría yo-, del control a las facultades que otorga la Ley del Gobierno al Gobierno en funciones en su artículo 21. El artículo 21 de la Ley del Gobierno delimita perfectamente las competencias del Gobierno en funciones desde una perspectiva contencioso-administrativa, precisamente para poder determinar qué actuaciones puede llevar a cabo y cuáles pueden ser recurridas ante los tribunales de lo contencioso. Identificar esos límites como propios del control de la responsabilidad política que se ejerce en el Parlamento supone, en primer lugar, ignorar jurídicamente que dicha responsabilidad política está exclusivamente fundamentada en la relación de confianza Gobierno-Cámara establecida por la investidura. En segundo lugar, supone introducir conceptos, el despacho ordinario de los asuntos, que son los esencialmente competentes en este ámbito del Gobierno en funciones, establecido por las normas que tienen sentido dentro de lo contencioso-administrativo, pero que carecen de todo sentido en cuanto a la responsabilidad pública, especialmente en la relación de esa responsabilidad político-constitucional entre el Parlamento y el Gobierno. Por eso, queremos afirmar que las competencias de despacho ordinario no tienen interés alguno para el control político. Se realizan, por definición, sin implicar ni dirección ni orientación política alguna; y en el uso de las competencias extraordinarias, es decir, las de urgencia o las relativas a razones de interés general, la ley solo prevé su valoración, en caso de discrepancia, por el Poder Judicial, es decir, a través del control de legalidad y no del control de responsabilidad política, que es el que ejerce el Parlamento. Por tanto, por muchas ganas que todos tengamos de convertir esta Cámara en una cámara activa lo antes posible, con el objeto de aprovechar las circunstancias por parte de algunos grupos de someter a juicio al anterior Gobierno, que por cierto ha hecho una gestión impecable de una situación terrible en el ámbito de la economía y del empleo de este país (Rumores), y no al nuevo, el Grupo Parlamentario Popular no va a estar de acuerdo y va a defender los preceptos legales que deducen que el control de la responsabilidad política, que es el único que puede ejercer una cámara parlamentaria, solo se puede ejercer sobre el Gobierno cuando existe, respecto de este mismo, una relación de confianza.
Esta intervención, señorías, está relacionada también -voy terminando- por motivos evidentes con el punto 4.º del orden del día, que tiene que ver con la delegación en la Mesa de esta Comisión de las competencias de control referidas y también con el debate de las proposiciones no de ley, como figuras que instan políticamente al Gobierno a actuar en una dirección concreta. Como hemos visto, estos mandatos políticos que suponen las proposiciones no de ley son de imposible cumplimiento por un Gobierno en funciones, que no tiene ninguna competencia en asuntos más que de despacho ordinario, y, si se me permite, dudosamente exigibles a un nuevo Gobierno que aún no existe y que será fruto de acuerdos políticos, de la naturaleza que sea, pero que podrían incluso estar en contra de lo aquí debatido y, en su caso, aprobado. Es un ejercicio, por otra parte, muy loable ocupar el tiempo -voy terminando, señor presidente- en dichas cuestiones, aunque, por la situación, puede convertirse en una acción bastante estéril y frustrante.
Mención aparte -con esto termino- suponen las peticiones de comparecencia de la ministra por el Fondo de reserva. Por ser esta precisamente una información tasada, es uno de los pocos instrumentos de nuestro ordenamiento jurídico que está sometido a un nivel extensivo, no intensivo, de seguimiento y de transparencia y con instrumentos de control político en esta casa y de control social con las reuniones de los agentes sociales. Es un informe que realiza el secretario de Estado a la Cámara en el ámbito del Pacto de Toledo de forma anual y con la participación de todos los agentes sociales; sus inversiones, desinversiones y modificaciones normativas forman parte del informe anual. Por tanto, no parece razonable trastocar ni duplicar una actividad que funciona y funciona bien. Hay que poner de manifiesto que el actual Gobierno en funciones ha comparecido en cuatro ocasiones en los últimos cuatro años para dar cuenta de ese Fondo de reserva. Por cierto, el Partido Socialista no lo hizo en el último año de legislatura, en 2011... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor Echániz.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: El Grupo Popular no va a defender esta posición relativa a la formalidad de las comparecencias.
El señor PRESIDENTE: Les rogaría a futuro que se ajusten al tiempo de intervención, que hemos acordado que será, como máximo, de siete minutos.
En segundo lugar, traslado al conjunto de la Comisión que esta Mesa lo único que hace es dar curso al acuerdo de la Mesa del Congreso, por el que se remite a la Comisión la solicitud para ver si se acepta la comparecencia de la ministra, a efectos del artículo 44 del Reglamento, y la Mesa lo que hace es dar cumplido trámite del mandato que recibe de la Mesa del Congreso.
¿Algún otro grupo desea intervenir? (Pausa). Si no hay inconveniente, procedemos a la votación, que entiendo que no va a ser por asentimiento. Como hay tres solicitudes de comparecencia, sus señorías están de acuerdo en que se agrupen y se sustancien de manera conjunta? (Asentimiento).
Ahora votamos en cuanto a las comparecencias.
DELEGACIÓN EN LA MESA DE LA COMISIÓN DE LA COMPETENCIA PARA ADOPTAR LOS ACUERDOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1983.
El señor PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día es la delegación en la Mesa de la Comisión de la competencia para adoptar los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, de conformidad con la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. En este caso, y tal y como se ha realizado en anteriores legislaturas, dicha delegación se lleva a cabo de forma condicionada, de modo que, si el rechazo de una solicitud de comparecencia por la Mesa no se produce por unanimidad, se entenderá que la Comisión avoca la competencia para pronunciarse sobre la solicitud de comparecencia en cuestión. En los términos planteados, se somete esta propuesta de delegación al voto de la Comisión. ¿Se aprueba por asentimiento? (Asentimiento).
- SOBRE LA VIABILIDAD DE LA PLANTA DE ALTADIS EN LA RIOJA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000002).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día: Debate y votación de proposiciones no de ley. Anuncio a sus señorías que, según ha acordado de la Mesa de la Comisión, las votaciones se producirán no antes de las 18:30 de la tarde. En primer lugar, proposición no de ley sobre la viabilidad de la planta de Altadis en La Rioja, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor Luena.
El señor LUENA LÓPEZ: Señor presidente, señorías, el próximo 14 de junio la fábrica de Altadis en La Rioja va a celebrar el aniversario más triste que ustedes puedan imaginarse. Ese día esta factoría cumplirá ciento veintiséis años de historia sin saber aún si habrá más celebraciones, es decir, sin saber si quizá -si no lo remediamos entre todos- esta sea la última. Altadis, la antigua Tabacalera, es mucho más que una fábrica. Fue siempre un símbolo industrial para nuestra comunidad, para La Rioja, y ahora se ha convertido en un ejemplo de lucha, de resistencia contra su cierre, que en principio fue anunciado para el mes de junio y después fue prorrogado por la empresa hasta diciembre, por cierto, gracias a la presión, al esfuerzo y a la tenacidad de sus trabajadores, que han contado desde el primer día con un amplísimo respaldo social, sindical y político en La Rioja. Extender ese apoyo, ese esfuerzo conjunto de la sociedad riojana, a esta Cámara, en su defensa de Altadis, es el propósito del Grupo Socialista y mi propósito esta tarde como parlamentario socialista por La Rioja. Como decía, desde el principio toda La Rioja se ha volcado con esta factoría, con Altadis, y los socialistas también, defendiendo el empleo de las 471 personas afectadas de forma directa -repito, 471-, así como el de todos los trabajadores afectados de forma indirecta en numerosas industrias auxiliares. Desde el primer momento, los socialistas hemos permanecido en contacto con todos los actores implicados en la resolución de este conflicto, comenzando por los representantes de los trabajadores, a quienes quiero trasladar desde esta Comisión del Congreso de los Diputados no solo nuestro respaldo sino también nuestro agradecimiento por su implicación y por su responsabilidad a la hora de plantear soluciones de viabilidad a la factoría.
Un poquito de historia nada más, señorías. La fábrica de Altadis nació en 1890 en La Rioja como una de las más modernas plantas de transformación de tabaco de Europa, gracias al impulso entre otros de un riojano ilustre, Práxedes Mateo Sagasta, entonces presidente del Consejo de Ministros. Desde entonces la factoría ha sido testigo vivo de la historia de nuestra comunidad, ha dado empleo a varias generaciones de riojanos, que la han convertido en una fábrica innovadora y pujante, paradójicamente una de las más competitivas de Europa. Tanto es así -anoten- que por su elevado nivel tecnológico la planta de Altadis en La Rioja destina a la exportación una parte significativa de su producción y además es la enseña de Altadis, según la multinacional. Por tanto, señorías, si no lo evitamos, su cierre sería un nuevo mazazo para el sector industrial en nuestra comunidad. La Rioja, como toda España, tiene un grave problema de empleo. Cada vez hay menos oportunidades de empleo, cada vez hay menos población ocupada. Añadir a esta situación un nuevo drama sería un fracaso para La Rioja que no podemos ni debemos permitir. El Partido Socialista, al igual que los trabajadores de la empresa, es consciente de la dificultad de la situación y de la gravedad de la amenaza que se cierne sobre medio millar de familias directa o indirectamente afectadas. Creemos, como creen también los trabajadores, que hay vías, formas e instrumentos para negociar con la empresa y explorar la viabilidad de la fábrica y el futuro de sus empleos. Como les decía al principio, la empresa ha dicho que hasta finales de año puede permanecer abierta. Me gustaría que esta tarde le diéramos a la empresa un mensaje unánime desde el Congreso de los Diputados: Negocie, porque Altadis es viable y puede permanecer en La Rioja. Queremos que el Gobierno en funciones y el que venga -insisto, en funciones y el que venga- se implique de forma directa y efectiva en la apertura de un proceso de diálogo en paralelo con la empresa Altadis y con los representantes de sus trabajadores para buscar juntos una solución, que solo puede ser una, impedir que se cierre la factoría Altadis en La Rioja. Esa debe ser la solución.
Señorías, voy terminando. En los últimos años La Rioja ha visto desaparecer -atención- más de mil empresas; desaparece nuestra industria y también con ella, por tanto, parte del futuro de nuestra comunidad. Por ese motivo el Grupo Socialista quiere que el Gobierno de España, además de las gestiones para el mantenimiento de Altadis, impulse con el resto de administraciones públicas la elaboración de un plan de reindustrialización en La Rioja que favorezca la creación de empleo y el desarrollo empresarial.
Esta tarde tan importante es defender a Altadis como hacerlo desde la unidad y la unanimidad. No hay consenso en esta parte. El Grupo Popular cree que debe tener mayor competencia o protagonismo el Gobierno de La Rioja; el Grupo de Ciudadanos cree que, por lo menos en este punto, esta propuesta no debe formar parte de la decisión de la Cámara esta tarde. Por eso, acepto -y presentaré a la Mesa, señor presidente, una transaccional- retirar esta parte para que en el futuro podamos abordar este plan de reindustrialización necesario para España y para La Rioja, pero lo importante es defender a Altadis y hacerlo desde la unidad.
Termino. Todos estamos llamados a sumar fuerzas, a no perder un minuto para que muchas familias no pierdan su empleo. Lo peor que podría hacer cualquier Gobierno -me da igual si es el central o el riojano- es darse por vencido. La Rioja, Altadis, las familias, los trabajadores merecen algo más que resignación. Si el Gobierno pierde el tiempo, muchas personas pueden perder su trabajo, y eso es algo que los socialistas no vamos a admitir. Por eso, instamos al Gobierno a estar a la altura demostrada por los trabajadores de Altadis en La Rioja. Una comunidad entera -no solo una factoría o las familias- espera nuestra respuesta. Cientos de familias, además de esperarla, la necesitan para seguir teniendo un futuro que ahora es incierto. Por eso, señorías, les pido que apoyen esta primera iniciativa del Grupo Socialista en esta Comisión, y creo que de las Cortes Generales de esta legislatura, que tiene como objetivo impedir -porque se puede lograr- que se cierre y se vaya a otros países la producción de Altadis en La Rioja, y que lo podamos hacer desde esta Cámara, desde este Congreso, desde la unidad y con el mayor consenso.
El señor PRESIDENTE: Tienen la palabra ahora los portavoces de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas por un tiempo no superior a cinco minutos, comenzando por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Tiene la palabra la Diputada Elena Faba.
La señora FABA DE LA ENCARNACIÓN: En relación con la PNL sobre el cierre de Altadis en La Rioja, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos se opone a la destrucción de un solo puesto de trabajo, así como al cierre de cualquier empresa, siguiendo los procedimientos legal y reglamentariamente establecidos. Por lo tanto, este grupo defenderá siempre que no se proceda a un proceso de reestructuración por parte de una empresa sin que se hayan llevado a cabo los procedimientos administrativos fijados legalmente, donde se incluye la negociación previa de la empresa con los representantes legales de los trabajadores. No podemos admitir una propuesta caracterizada por la imprecisión y regionalización sin que se definan el alcance, las medidas, la dotación y el contenido de un plan específico de un sector tan sensible como la industria en España. De todas maneras, basándonos en la exposición y en la enmienda transaccional que presentará el Grupo Parlamentario Socialista, nos sumaremos a la misma.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, la Diputada Ana Marcello.
La señora MARCELLO SANTOS: Aceptamos la enmienda presentada por el Grupo Socialista sobre el cierre de Altadis. Queremos dejar claro que Altadis es un ejemplo más de deslocalización industrial que sufre nuestro país, que los trabajadores y las trabajadoras sostienen que este cierre es provocado no por la falta de beneficios de la empresa sino por la clara intención de concentrar las producciones en las fábricas de Polonia y de Alemania. Queremos dejar claro también en la segunda enmienda que presentamos que, en el caso de que el cierre de la fábrica se produzca, se facilite la empleabilidad de los trabajadores y las trabajadoras.
Quería apuntar una cosa más respecto a la intervención del compañero del PSOE. Si quieren trasladar y dejar claro el respaldo a los trabajadores, si de verdad quieren apoyar a los trabajadores y las trabajadoras, apuesten por la derogación de las dos reformas laborales. Es un mensaje que nos han mandado directamente los trabajadores y las trabajadoras de Altadis. Estas serían las dos enmiendas que presentamos a la propuesta.
El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el Diputado Emilio del Río.
El señor DEL RÍO SANZ: Como Diputado del Partido Popular por La Rioja, me siento especialmente implicado en esta cuestión. Altadis es una de las señas de identidad de nuestra comunidad desde que el
entonces primer ministro del Gobierno de España, Sagasta, riojano, decidió que la entonces Tabacalera iba a tener una de sus sedes en La Rioja hace ciento veintiséis años. Es algo que va más allá -que ya es suficiente- de esos casi quinientos puestos de trabajo directos, otros quinientos indirectos y más de mil familias que tienen que ver con Altadis en La Rioja. Tiene que ver con la historia, con las señas de identidad de mi comunidad. Por eso desde el Partido Popular lamentamos profundamente la decisión de la empresa y mostramos nuestro firme apoyo a los trabajadores de la planta de Altadis en La Rioja.
El Partido Popular ha propuesto una enmienda, que se ha acordado con el ponente y con otros grupos parlamentarios, para que tanto el Gobierno de España como el Gobierno de La Rioja sigan -porque no es un proceso que comienza ahora, ya ha habido numerosas gestiones y reuniones que alguna consecuencia positiva han tenido- trabajando para evitar que Altadis se cierre. De hecho, una de las decisiones que ha tomado la empresa y que favorece que siga la negociación es que se va a mantener abierta hasta el 31 de diciembre, cuando en principio la fecha que se anunció, ese hachazo que se anunció en su momento, era finales de junio. Este aplazamiento favorece la negociación, lo cual no quiere decir que haya que resignarse al 31 de diciembre, sino que hay más meses para seguir trabajando y negociando. Desde el Partido Popular estamos comprometidos con el diálogo y la concertación como el mejor camino para llegar a acuerdos. De ahí el propósito de que esta proposición no de ley saliera con el máximo apoyo posible de esta Comisión. Se trataba de que la unidad de acción que administraciones, trabajadores, agentes económicos y sociales en La Rioja están teniendo al respecto se trasladara también al Congreso de los Diputados. El objetivo tiene que ser trabajar conjuntamente con el comité de empresa para favorecer el acuerdo y buscar el mantenimiento de una planta que entendemos -ahí están los datos- que es productiva dentro de Imperial Tobacco.
Se está trabajando ahora mismo en tres líneas. En primer lugar, establecer una política de alianzas locales, regionales, nacionales y europeas que permitan sumar voluntades y hacer más fuerte y más nítida la voz de los trabajadores de Altadis. En segundo lugar, garantizar la protección social de los trabajadores. El objetivo fundamental es garantizar la continuidad de los puestos de trabajo. Esa tiene que ser la ocupación de todos los que tenemos alguna responsabilidad pública en nuestra comunidad y entiendo que fuera -de ahí el compromiso de esta Cámara-. Y en tercer lugar, minimizar el impacto de esta decisión en la economía de La Rioja. De ahí el trabajo que se está haciendo en el plan de industrialización de nuestra comunidad.
Cualquiera que hubiese oído al portavoz socialista en la Comisión pensaría que está gobernando el Partido Socialista en La Rioja. Pues no es así. La Rioja está 10 puntos por encima del porcentaje de industrialización de España. Ahora mismo estamos en el 27,6 %. Es la comunidad en la que más ha bajado el paro con respecto a 2015. Llevamos veintiocho meses consecutivos de descenso interanual del desempleo. Estamos 4 puntos por debajo de la media nacional, el 14,38 %. Estos datos son una muestra de que el Gobierno del Partido Popular en La Rioja apuesta, como ha apostado el Gobierno del Partido Popular en España, por el empleo como principal objetivo. De ahí los datos positivos que puede presentar no solamente el Partido Popular en La Rioja, sino en España, frente a políticas anteriores fracasadas desde el punto de vista económico y de destrucción de empleo, con esos más de 600.000 puestos de trabajo creados en el último año. Dicho esto, se trata de seguir uniendo voluntades en la viabilidad de la planta de Altadis. Hay muchos puestos de trabajo, hay muchas personas, hay muchas familias que tienen su futuro y su esperanza puestos en Altadis y el hecho de que hayamos conseguido llegar a esta enmienda transaccional conjunta es algo extraordinariamente positivo.
Por último, querría poner una muestra de lo que es la apuesta del Partido Popular no solamente en la creación de empleo sino en el mantenimiento del mismo, a veces con consecuencias no deseables dentro de lo que tiene que ser, más allá del debate político, el ambiente social en nuestro país. Por mantener 5.000 puestos de trabajo en Galicia, en Pontevedra, al presidente del Gobierno de España le han declarado persona non grata en su municipio. (Una señora Diputada: Y a Zapatero). Fíjese hasta dónde llega el compromiso con el mantenimiento, con la creación de empleo del Partido Popular en nuestro país. El Grupo Popular se va a implicar de forma prioritaria en el mantenimiento de los puestos de trabajo de Altadis, en la creación de empleo. Es nuestra prioridad, es nuestro primer objetivo y la continuidad de Altadis va a seguir siendo prioritaria en todas las administraciones en las que gobierne el Partido Popular. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Tienen la palabra los portavoces de los distintos grupos parlamentarios que no hayan presentado enmienda pero que deseen participar. Tal y como se acordó en la reunión de Mesa y portavoces, el orden de intervención será de menor a mayor representación parlamentaria.
La señora Oramas tiene la palabra.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Vamos a apoyar esta moción porque además en Canarias tenemos una historia larga de lucha de la gente, del sector del tabaco; una industria muy importante en su momento. El tipo de empleo que crea el sector industrial es un trabajo permanente, con mayor calidad de salarios, con formación y competitivo. Sufrimos esa guerra y al final pasó lo que pasó, y ya es prácticamente una industria artesanal o residual, sin la importancia que tuvo en su momento, desgraciadamente. En ese sentido, quiero manifestar nuestro apoyo a esta moción planteada por don César Luena y por el Partido Socialista, deseando que tenga el apoyo de toda la Cámara porque hay que trabajar por defender los puestos de trabajo estables de industrias competitivas. No con este tipo de deslocalización. Habrá que investigar también dentro de la Unión Europea qué tipo de ayudas está habiendo para ese tipo de deslocalización.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Vasco.
El señor BARANDIARAN BENITO: En primer lugar, tras saludar a todos los miembros de la Comisión, puesto que también es mi primera ocasión de intervenir en este lado de la mesa -en el otro no he tenido tampoco la experiencia-, quiero decir que es un orgullo estar aquí, es una experiencia que espero que sea positiva para todos e intentaré contribuir en la medida de mis posibilidades a que las cosas puedan ser todavía un poco mejor, o hacerlas bien simplemente.
Esta es una de esas ocasiones en las que es fácil sumarse a la corriente general, puesto que esta es una causa justa. A todos nos preocupa el mercado de trabajo, a todos nos preocupa que se pierdan determinados empleos, pero también hay algunas cuestiones que me gustaría destacar. Primero, mi apoyo a la iniciativa que se ha presentado; segundo, mi felicitación porque se haya producido una transacción o un acuerdo entre diferentes fuerzas políticas y, sobre todo, destacar que en este caso nos estamos enfrentando a un concreto supuesto y, con carácter general, al fenómeno de las deslocalizaciones. Eso es algo que en algún momento esta Comisión va a tener que abordar de otra forma más reflexiva, más continua y supongo que más intensa. Simplemente quiero decir que cuenten con mi apoyo y agradecer a todos su comprensión.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo de Democràcia y Llibertat.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Simplemente para informar del apoyo del Grupo Catalán de Democràcia y Llibertat a la iniciativa del Grupo Socialista y congratularnos del acuerdo que se pueda alcanzar con esa transacción.
El señor SALVADOR I DUCH: El Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya, como partido republicano, de izquierdas e internacionalista, siempre, siempre apoyará cualquier medida que sirva o pueda servir a los intereses de las clases trabajadoras, sean de donde sean y hablen la lengua que hablen. Por tanto, todo nuestro soporte a los compañeros de Altadis. Votaremos sí a la proposición no de ley del Grupo Socialista de un plan de viabilidad para Altadis en La Rioja y sus trabajadores y trabajadoras, pero reclamamos ir más allá y decir sí a un plan de industrialización y empleo para todo el Estado y no solo para una comunidad autónoma. En el resto del Estado español hay muchas Altadis. Concretamente, de donde yo vengo, Tarragona, tenemos también Ercros, que tiene más de cien años y también va a cerrar; tenemos Covestro, que también va a cerrar, etcétera, etcétera. Todos sabéis que hay muchos Altadis, fruto de las reformas laborales y de las políticas de los anteriores Gobiernos en diferentes ámbitos y, en particular, debido a las prácticas y políticas del Partido Popular y su nefasta política de ocupación, infraestructuras, regulación de costes energéticos, etcétera. Hay responsables y los tenemos cerca.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del grupo proponente para manifestarse sobre las enmiendas.
El señor LUENA LÓPEZ: Como han dicho los distintos portavoces, he presentado una transaccional a la Mesa. Básicamente es el petitum presentado acabando en "cierre", es decir, dejando para otra sesión el plan de reindustrialización, e incorporando la primera parte de la enmienda del Grupo de Podemos al final de la exposición de motivos.
El señor PRESIDENTE: Antes de proceder a la votación, concretaremos el texto y procederemos a su redacción final para la votación.
- RELATIVA AL APOYO Y MEJORA DE LA SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS EVENTUALES DEL CAMPO EN ANDALUCÍA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000003).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la discusión de la segunda proposición no de ley, relativa al apoyo y mejora de la situación de los trabajadores y trabajadoras eventuales del campo en Andalucía, que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y que va a defender la Diputada María de la Paz del Moral.
La señora DEL MORAL MILLA: Quiero saludar a todos los miembros de esta Comisión. Soy nueva en esta Cámara y espero que esta sea una etapa apasionante, parece que sí por lo que estamos viendo.
El Partido Socialista Obrero Español plantea esta proposición no de ley relativa al apoyo y mejora de la situación de los trabajadores y trabajadoras eventuales del campo en Andalucía. Con esta iniciativa ponemos de manifiesto una vez más la difícil situación que atraviesan trabajadores y trabajadoras eventuales del campo andaluz para poder hacer frente al requisito de reunir las 35 peonadas necesarias y así poder tener derecho al cobro del subsidio agrario y renta agraria, dadas las circunstancias derivadas tanto de la crisis económica global como de la crisis del medio rural y de la agricultura que, dicho sea de paso, el Gobierno del PP -ahora en funciones- se ha encargado de agravar con el recorte brutal de las ayudas a la agroindustria andaluza y un nefasto reparto de la PAC que ha supuesto un hachazo de más de 400 millones de euros entre fondos de desarrollo rural y pagos directos. Por si fuera poco, el Gobierno de Rajoy ha excluido a los pequeños municipios de los fondos Feder, lo que ha supuesto un auténtico mazazo para los pueblos de menos de 20.000 habitantes, que no podrán acceder como hasta ahora a estas ayudas europeas. A todo esto hay que sumar las altas temperaturas del verano, un otoño e invierno de sequía, los problemas de los costes de producción, la factura eléctrica y el coste de las materias primas, así como un grado de mecanización cada vez mayor de las tareas agrícolas que determinan una disminución de la actividad como consecuencia de la pérdida de rentabilidad de muchos productos.
Todo esto ha supuesto una merma en la contratación de trabajadores eventuales del campo y sobre todo de manera sangrante de las trabajadoras eventuales del campo. Una vez más, cuando se habla de empleo las mujeres somos las grandes perjudicadas y en el mundo rural de manera mucho más evidente. Prueba de ello han sido las protestas protagonizadas en distintas comarcas de la provincia de Jaén, como la comarca de El Condado, donde mujeres de Navas de San Juan o Santisteban del Puerto han llevado a cabo distintas movilizaciones pacíficas para denunciar públicamente que no las contrataban para trabajar en el campo y que no solamente no podían llevar dinero a su casa en plena campaña agrícola, sino que, además, si no trabajaban en la campaña quedaban excluidas del sistema de protección por desempleo al no poder reunir los jornales necesarios para cobrar el subsidio agrario o renta agraria. La situación es todavía más dramática para estas mujeres, ya que además de no poder acceder al subsidio agrario, no pueden seguir cotizando a la Seguridad Social y, por tanto, pueden ver peligrar su futura pensión. No son casos aislados de una provincia. Es una situación generalizada en toda Andalucía. Yo soy de un pueblo de poco menos de 4.000 habitantes, Valdepeñas de Jaén, y le puedo asegurar que son muchas las mujeres que me trasladan a diario la desesperación y la angustia que sienten por no poder reunir esas 35 peonadas. Por tanto, y dada la gravedad de esta circunstancia, pedimos el apoyo de todos los grupos parlamentarios a esta PNL, porque la adopción de medidas extraordinarias ante determinadas situaciones de crisis no es algo excepcional. Lo que estamos pidiendo lo han hecho siempre Gobiernos anteriores al de Rajoy y de diferentes signos políticos anticipándose a los acontecimientos, y también se han tomado medidas extraordinarias para otros territorios en circunstancias de crisis como, por ejemplo, reconversiones en zonas industriales de la minería y del carbón o el mantenimiento de la industria del automóvil.
Siempre que el Gobierno del PP, ahora en funciones, ha puesto en marcha alguna medida excepcional para los trabajadores eventuales del campo, lo ha hecho tarde, mal y a regañadientes. Como ejemplo,
cabe recordar la última vez que redujeron las peonadas tras una intensa campaña de movilizaciones protagonizadas por alcaldes, alcaldesas, Diputados y Diputadas socialistas, que terminó con un grupo de alcaldes y alcaldesas -entre los que, por cierto, me encontraba- y con el presidente de la Diputación Provincial de Jaén durmiendo al raso a las puertas de La Moncloa hasta que arrancamos la reducción de las peonadas. Ningún trabajador eventual del campo se quedará sin subsidio por no llegar a las peonadas. Estas, señorías, son palabras textuales de la señora ministra, ahora en funciones, y que, a la vista está, se han incumplido por parte de la ministra y por parte del Gobierno del PP.
Desde el Partido Socialista, y con esta proposición no de ley, estamos dando al Grupo Popular la oportunidad de reconciliarse con el mundo rural y con el campo andaluz, y de quitarse de encima el más que merecido título de ser la peor plaga que ha tenido el campo andaluz en estos cuatro años. Tienen la oportunidad de hacer las paces con el medio rural apoyando esta PNL, que tiene cuatro puntos muy concretos: Eliminar de forma inmediata, o reducir en su caso, las peonadas necesarias como requisito para acceder a la prestación del subsidio agrario y renta agraria por parte de los trabajadores y trabajadoras eventuales del campo hasta tanto persistan los motivos que provocaron su reducción; poner en marcha de manera urgente un programa extraordinario de fomento de empleo agrario especial, así como aumentar los fondos del ordinario para atender las necesidades de Andalucía en la demanda de jornales para los eventuales del campo; que de manera extraordinaria y mientras persista esta situación, se permita que los trabajos y los jornales que dan los programas de ayuntamientos y diputaciones computen para percibir el subsidio y renta agraria de estos trabajadores, y que las peonadas realizadas en el ámbito del PFEA computen como requisito para acceder a la renta agraria.
En nuestras manos está paliar la angustia de miles de trabajadores y trabajadoras eventuales del campo que hoy tienen su mirada puesta en dos direcciones. En primer lugar, miran al cielo pidiendo que llueva y que las campañas agrícolas venideras sean mejores, pero también tienen hoy su mirada puesta en este Parlamento para ver de qué manera sus representantes políticos dan respuesta a sus necesidades. Señorías, ninguno de nosotros puede hacer que llueva o que no haya olas de calor, pero hay algo que sí está en nuestras manos, que es dar soluciones a los problemas de estas personas y no abandonarlas a su suerte. Es nuestra responsabilidad y nuestra obligación, y si no se toman medidas urgentes este problema irá en aumento, ya que si la sequía persiste la situación se verá agravada seriamente. Por todo esto, solicitamos el apoyo de todos los grupos políticos aquí representados. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: A continuación, tienen la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas. Nuevamente por un tiempo no superior a cinco minutos cada uno.
Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra el Diputado José Cano Fuster.
El señor CANO FUSTER: Señor presidente, señorías, es un placer poder formar parte de una comisión tan importante como la Comisión de Empleo, que espero que obtenga grandes resultados que sean motivo de alegría para todos los Diputados.
Ante esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, presentamos dos enmiendas: una de modificación, en la que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos apoya la flexibilización de las condiciones de acceso a las prestaciones señaladas, como la reducción del número de jornadas reales cotizadas, lo cual no justifica la eliminación de dicho requisito legal, dada la transitoriedad de las circunstancias objetivas que lo motivan. Por otro lado, se entiende que el ámbito territorial de aplicación, tanto del subsidio agrario como de la renta agraria, es la Comunidad Autónoma de Andalucía y la de Extremadura, por lo que dicha medida debería ser de aplicación a ambos territorios. El texto que proponemos sería el siguiente: punto 1, reducir las jornadas reales necesarias como requisito para acceder a la prestación del subsidio agrario y renta agraria por parte de los trabajadores y trabajadoras eventuales del campo de Andalucía y Extremadura de forma transitoria hasta tanto persistan las condiciones objetivas que justifican la reducción y siempre que los mismos estén debidamente acreditados. Esta sería la enmienda primera, de modificación. La segunda enmienda a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sería la enmienda de supresión de los puntos 2, 3 y 4 de la misma. La supresión de dichos puntos se justifica por la falta de adecuación del ámbito territorial propuesto y la indeterminación de la dotación económica requerida por falta de proposición de medidas de lucha contra el fraude en este sector económico.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra ahora, por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, la Diputada Isabel Franco.
La señora FRANCO CARMONA: Quería dar las gracias también a los trabajadores y trabajadoras del campo que han ayudado a nuestro grupo parlamentario a presentar estas enmiendas.
Desde el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, celebramos esta PNL y lamentamos la incapacidad de encontrar soluciones en las legislaturas anteriores en esta Cámara y desde el Ejecutivo andaluz, ya que, como bien dice la introducción de esta proposición no de ley, se tiene que presentar de nuevo esta misma PNL un año más sin haber conseguido soluciones. Hace justo un año que el Consejo de Ministros aprobó la reducción de 35 a 20 peonadas para poder acceder al desempleo agrario o renta agraria. Esta medida se presentó tarde y resulta insuficiente, ya que las dificultades para reunirlas son enormes, especialmente para las mujeres; incluso para los jóvenes menores de veinticinco años sin cargas familiares esta reducción fue ineficaz, ya que para poder percibir seis meses de renta agraria se necesitan cincuenta y tres días de trabajo en el campo, algo muy difícil de conseguir en algunas zonas rurales de Andalucía. Esta PNL propuesta por el Partido Socialista reconoce la grave situación por cuestiones climatológicas que aún persisten en el campo andaluz, como sequías e inundaciones, pero no son estas las únicas causas de los problemas del sector agrario andaluz y, en concreto, de los eventuales agrícolas. Las causas se deben muy especialmente al latifundismo, que provoca que el 50 % de la tierra esté en manos de un 2 % de propietarios y, además, esta circunstancia está favorecida por la política agraria común, que privilegia al que más tiene pagando por hectáreas en vez de fomentar y proteger a los pequeños agricultores. Esta PAC fue diseñada en Bruselas y Madrid, no tuvo apenas intervención por parte de Extremadura ni de Andalucía y está provocando acaparamiento de tierras. Existen márgenes de maniobra dentro de la política agraria comunitaria para poder diseñarla y ejecutarla desde Andalucía.
En la agricultura hay periodos en los que no hay empleo, bien por los cultivos de temporada, bien por el descanso de la tierra, etcétera. En estos periodos los trabajadores y trabajadoras del campo se encuentran totalmente desamparados y es fundamental que las ayudas públicas estén íntimamente ligadas a favorecer el empleo y que con ello se cree riqueza en vez de seguir incidiendo en crear agricultores de sillón. Para hablar de la mejora de la situación de los trabajadores agrarios eventuales hay que hablar de otro modelo de agricultura, un modelo más sostenible social y medioambientalmente. El modelo productivo actual necesita mano de obra barata para poder seguir siendo rentable. El coste de materias primas, la pérdida de rentabilidad de muchos productos y la competitividad con otros países hace que el trabajo en el campo se esté convirtiendo en una verdadera selva en la que no se respetan los convenios, se impone el destajo, se agudiza la discriminación de las mujeres trabajadoras y se hace dificilísimo el acceso a la renta agraria por el requisito de las peonadas.
Para defender a Andalucía y a los trabajadores y trabajadoras del campo andaluz es una necesidad urgente eliminar el requisito de las peonadas para apoyar y mejorar la situación de los eventuales agrícolas y la puesta en marcha urgente de un programa extraordinario de empleo, pero también se necesitan otras muchas medidas, y por ello presentamos las siguientes enmiendas. En primer lugar, la eliminación definitiva de las peonadas para conseguir llegar a la renta agraria. En segundo lugar, equiparar el concepto para poder acceder a la renta agraria de los mayores de cincuenta y dos años al recogido en el desempleo agrario. En tercer lugar, unificar la renta agraria y subsidio agrario en una única y nueva prestación. En cuarto lugar, que esa prestación no sea nunca inferior al 75 % del salario mínimo interprofesional. En quinto lugar, modificar la sanción de un mes de prestación por no realizar la renovación de la demanda de empleo en la fecha indicada y cambiarla por la suspensión de la prestación exclusivamente durante el tiempo de no renovación. En sexto lugar, poner en marcha un plan urgente de políticas públicas para favorecer la incorporación a la agricultura, aplicando la Ley de Reforma Agraria de la Comunidad Autónoma andaluza en vigor, y, por supuesto, establecer también un impuesto para las fincas infrautilizadas, instando a la Junta de Andalucía al mantenimiento y ampliación del patrimonio agrario andaluz. Y en séptimo y último lugar, solicitar que las políticas públicas de acceso a la tierra por vía de subvenciones o de cesión de tierra pública se acompañen de políticas agrarias integrales, créditos, comercialización, maquinaria, transformación, fomento agroecológico, circuitos cortos y desde la soberanía alimentaria.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Diputado señor Candón.
El señor CANDÓN ADÁN: Después de haber escuchado atentamente a todos y cada uno de los portavoces, a mí me gustaría que quedaran patentes los compromisos, la sensibilidad y el trabajo realizado por el Gobierno la pasada legislatura con los trabajadores eventuales del campo de Andalucía en relación precisamente con la proposición no de ley que presenta hoy el Grupo Parlamentario Socialista. Creo
-y es así- que nunca ha habido un apoyo mayor en términos cualitativos y cuantitativos, como voy a poner de manifiesto en mi intervención.
En el marco general, como ya es conocido por sus señorías, hay dos reales decretos, el 5/1997, de 10 de enero, y el 426/2003, de 11 de abril, que regulan el subsidio por desempleo y la renta agraria, y establecen dos tipos de prestación de nivel asistencial de los que únicamente pueden ser beneficiarios los trabajadores residentes en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura. Se establece un sistema específico, como bien se ha comentado, de protección para el desempleo más favorable de 35 jornadas y que estén cotizadas en el régimen especial agrario de manera general. Pues bien, en la X Legislatura el Gobierno del Partido Popular rebajó a 20 el número de jornadas para poder acceder a la renta o subsidio agrario ante la sequía del olivar mediante la aprobación de dos reales decretos: el primero, el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para el empleo y protección social de las personas desempleadas. Esta decisión de este real decreto fue fruto del consenso con los principales agentes implicados y del análisis llevado a cabo en sucesivas reuniones con las organizaciones agrarias COAG, Asaja y los sindicatos de UGT y Comisiones Obreras. Esta norma además contempla la prórroga del programa Prepara, que, como ustedes saben, será automática mientras la tasa de desempleo sea superior al 20 %. El segundo es el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismos de segunda oportunidad, reducción de cargas financieras y otras medidas de orden social. Lo que persigue la norma es facilitar el desendeudamiento de la economía española, al tiempo que se amplía la protección de aquellos colectivos más vulnerables por la crisis. Aquí también se prevé esa reducción de 35 a 20 del número de jornales. La medida tiene efecto retroactivo desde el 1 de septiembre de 2014, con lo cual más de 52.200 andaluces se han beneficiado, y el gasto de ayudas destinadas a Andalucía en este periodo fue de 179 millones de euros. El Gobierno también ha mantenido desde 2012 los recursos destinados al Profea, una dotación de 216 millones de euros, de los que 186,9 se han destinado a Andalucía. Esto supera la dotación media anual dedicada al Profea en los ocho años anteriores, o sea en la época del Gobierno socialista, en un 6,5 %. En definitiva, corresponde al Gobierno la adopción de este tipo de medidas con carácter extraordinario y urgente, previa la constatación de la situación por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, órgano que dispone de la competencia y medios para efectuarlo, cuando se producen pérdidas de tal magnitud que las aconsejan y que no pueden ser paliadas en el marco obligado del seguro agrario o líneas de ayuda para la reconstitución de la capacidad productiva establecida por el programa de desarrollo rural.
Por lo que respecta al apartado 2 de esta proposición sobre "poner en marcha de manera urgente un programa extraordinario de fomento del empleo agrario especial, así como aumentar los fondos del ordinario para atender las necesidades de Andalucía en la demanda de jornales para los y las eventuales del campo", hay que tener en cuenta que ya los presupuestos del año 2016 aprobados por estas Cortes contemplan una dotación para la ejecución del programa de fomento de empleo agrario en este año de 216,10 millones de euros. Por tanto, la modificación o aplicación de nuevos créditos en este programa, como se solicita, sería una cuestión que correspondería valorar al nuevo Gobierno que se forme después de las negociaciones que se están llevando a cabo en los últimos días, y no a un Gobierno que está en funciones, como es el actual. No obstante, también se indica en una orden ministerial donde se amplia con carácter extraordinario el plazo de finalización de las obras y servicios de interés general y social iniciadas en el ejercicio 2014, en el marco del programa de fomento del empleo agrario para las comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura y las zonas rurales deprimidas hasta el 30 de septiembre de 2015. Yo creo que se ha desarrollado un trabajo intenso, aunque he escuchado decir que hemos llegado tarde y mal, que son una plaga, etcétera. Dejemos ese tipo de afirmaciones para otros foros.
Como consecuencia de lo expuesto, hemos presentado también una enmienda al petitum que tienen ustedes y que no voy a leer para no entretenerles más y hacer más ágil este debate.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Intervengo exclusivamente para apoyar la propuesta.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Bariandaran tiene la palabra.
El señor BARIANDARAN BENITO: En mi inexperiencia -ya les he dicho que soy nuevo- si hay una cosa que me llama la atención de este tipo de foros es precisamente escuchar aquello de la culpa la tienes tú, la culpa la tiene el otro, yo más y tú menos, y lo digo precisamente en este supuesto porque si existe
un caso en el que hay un problema que no es nuevo ni transitorio, sino que es crónico -porque lleva muchísimo tiempo y ha afectado no a un Gobierno sino a todos los Gobiernos-, es este específico de los trabajadores eventuales del sector agrario, tanto de Andalucía como de Extremadura. Antes de empezar la sesión he estado comentando con la portavoz del Grupo Socialista una cuestión y me decía -y coincido con ella- que precisamente por eso este es un problema que merece un tratamiento específico y no este tipo de tratamientos que son coyunturales y derivados de problemas o situaciones transitorias -como las que se nos están dando-, y que lo que merece en cualquier caso es una solución. Además no solo merece una solución, en este caso lo que estamos abordando es una propuesta concreta, una PNL concreta a la que nos es imposible negar el apoyo porque pretende paliar una situación de precariedad y desde ningún punto de vista podemos negar ese apoyo. También queremos insistir en lo que acabo de decir, que creemos que se debe abordar desde otra óptica, no desde la óptica del enfrentamiento político, no desde la óptica de la situación o del número de cotizaciones, sino desde una visión mucho más labrada, objetiva, seria y más dotada de información, porque, entre otras cosas, esta cuestión, la de las peonadas, ha dado lugar a tópicos en muchos lugares que son indeseables para todos. Por eso, es necesario dotarnos, en primer lugar, de información y, en segundo lugar, de formación para hablar de este tema -y seguramente yo soy uno de los que menos tiene en esta cuestión-; pero sobre todo hay que intentar abordarlo desde otra óptica. En este sentido, he de adelantar que he abordado a la portavoz del Grupo Socialista en su momento en esta Comisión para transmitirle una transacción en la que simplemente se da una redacción diferente a los primeros puntos que se plantean y en el último se pide determinada información de carácter económico sobre las consecuencias y las causas de esta situación concreta. Lo hago, se lo digo de corazón, con la mejor voluntad y con la mejor intención. En cualquier caso, reitero, este es un problema serio y necesita otra perspectiva, otro tipo de medidas. Esta concreta cuenta con nuestro apoyo porque aborda una situación de precariedad, pero sería bueno que fuéramos avanzando en otro tipo de soluciones.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz de Democràcia i Llibertat.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Efectivamente, esta no es una cuestión nueva, ya se ha debatido en distintas ocasiones a lo largo de los últimos años. Singularmente, medidas para flexibilizar el acceso a la prestación ya se han discutido en la pasada legislatura, dando respuesta a problemas puntuales que se planteaban en Andalucía. Lo fácil para el Grupo Parlamentario de Democràcia i Llibertat sería votar hoy a favor de esta iniciativa, como hemos hecho en anteriores ocasiones, pero lo cierto es que desde importantes sectores de la opinión pública catalana el régimen especial agrario existente en Andalucía y en Extremadura -insisto, desde importantes sectores de la sociedad catalana- es difícil de entender. La percepción de que la economía andaluza en el campo está subsidiada desde hace demasiado tiempo forma parte no sé si de los tópicos de los que hablaba el portavoz del Grupo Nacionalista Vasco, pero desde la percepción de la sociedad catalana el esfuerzo que se debería haber realizado para garantizar un sistema no subsidiado de empleo en Andalucía ha quedado aplazado eternamente. Por tanto, acorde con la opinión pública catalana, insisto, quizá lo prudente sería no apoyar esta iniciativa -tampoco votaremos en contra de la misma-, pero, en línea con el texto que el Grupo Vasco ha trasladado al Grupo Socialista, vamos a solicitar que este tipo de medidas vayan acompañadas de informes y de estudios que acrediten si, efectivamente, la metodología justifica la flexibilidad del sistema. Quizá fuésemos capaces de abordar un debate a fondo sobre si tiene sentido que en el año 2016 continúe existiendo un régimen de este tipo. Lo decimos con toda la prudencia del mundo, intentando que nuestra intervención de esta tarde no sea malinterpretada por ningún Diputado andaluz, pero siendo conscientes de que si se quiere generar confianza en relación con la existencia del régimen especial agrario en Andalucía y Extremadura, tiene que haber un esfuerzo de transparencia, de información y de compartir por qué se sigue manteniendo un sistema que al parecer tenía que ser excepcional y transitorio y que se ha convertido en estructural, y que los problemas estructurales del campo andaluz, al parecer, sigan sin abordarse. Desde esta prudencia, insisto, mi grupo se va a abstener hoy en relación con esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR I DUCH: Como dije en mi anterior intervención, el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya siempre apoyará cualquier iniciativa que favorezca a las clases trabajadoras del Estado. También votaremos a favor de esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, en este caso
para mejorar la situación laboral de los trabajadores y trabajadoras eventuales del campo andaluz, pero, siguiendo el análisis del Grupo Parlamentario Vasco -en este caso en Andalucía-, pensamos que es tratar al enfermo -cosa obviamente imprescindible y por ello votaremos a favor- pero no atacar la enfermedad. Como decíamos antes, atacar la enfermedad pasa por un verdadero plan estatal para el empleo y por la derogación de las dos reformas laborales contra las cuales los sindicatos con buen criterio -sobre todo vistos los resultados que predijeron- hicieron tres huelgas generales. En definitiva, sin un plan estatal de empleo -también para Andalucía, que tiene unos índices de paro y de precariedad inaceptables- no hay ninguna salida.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la portavoz del grupo proponente por si desea manifestarse sobre las enmiendas que se han planteado en las intervenciones.
La señora DEL MORAL MILLA: Voy a intentar seguir el orden de los grupos que han intervenido. He tomado nota y espero no variarlo, pero si lo varío ruego me perdonen.
En primer lugar, con respecto a las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la primera propone una modificación y tenemos que decir que en ningún momento la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista excluye a Extremadura. Se habla solamente de trabajadores eventuales del campo y no se cita expresamente a Andalucía en el punto 1. Pensamos que tenemos que seguir manteniendo la expresión "eliminar o reducir", porque hay trabajadores que están en distinta casuística; unos necesitan que se reduzca y otros necesitan que se suprima. En cuanto a la segunda enmienda, no la aceptamos porque supone modificar toda nuestra proposición no de ley y el espíritu de la misma. Sí quiero decirles una cosa: cuando hablan de fraude, parece ser que el fraude solo se da en el campo; en todos los sectores hay fraude y la obligación de los Gobiernos de turno es combatirlo.
En cuanto al Grupo Parlamentario Podemos, la primera enmienda básicamente recoge lo que nosotros estamos planteando. Decimos "eliminar o reducir en su caso". Entendemos que no cabe "reducir" solamente porque hay diferentes casuísticas. Respecto al resto de enmiendas, como le he trasladado antes de empezar a la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, entendemos que plantean una modificación total del régimen especial agrario y, coincidiendo a lo mejor con algunos de los intervinientes, creo que sería cuestión de tratarlo en profundidad a través de una iniciativa propia de ese tema, pero no entendemos que se pueda tratar como una enmienda a una proposición no de ley.
Por lo que se refiere al Grupo Parlamentario Popular, en primer lugar quiero decirle que no sé si se ha leído la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, porque al final nos ha soltado un discurso político mitinero que no tiene nada que ver con la proposición no de ley que les hemos presentado. (Rumores). También quiero decirle que por supuesto no vamos a aceptar esa enmienda, porque parece ser que ustedes no se leen las proposiciones del Grupo Parlamentario Socialista, porque una vez más hablan solamente de olivar y no entienden que en Andalucía hay muchos más sectores aparte del olivar; por ejemplo, la vid. Sé que algunos no conocen el territorio y les invito a que vengan a conocerlo. Otra cosa le voy a decir al representante del Grupo Parlamentario Popular: siento muchísimo que le moleste mi forma de hablar, pero soy alcaldesa con mucho orgullo de un pueblo de 4.000 habitantes, Valdepeñas de Jaén, y la gente de los pueblos hablamos claro, sencillo y para que nos entiendan. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Un segundo, señora del Moral.
La señora DEL MORAL MILLA: Señor presidente, es que se ha metido con mi forma de hablar y espero que no le moleste porque tenemos que seguir viéndonos en esta Comisión. (El señor Echániz Salgado: Abrirá turno a todos los grupos parlamentarios.-Rumores).
El señor PRESIDENTE: Usted debe posicionarse sobre las enmiendas y no responder a los discursos de los enmendantes.
La señora DEL MORAL MILLA: Presidente, se me ha dicho que ese tipo de expresiones no caben en esta Comisión. Creo que tengo derecho a decir que hablo de la forma más sencilla para que se me entienda.
El señor PRESIDENTE: Si no caben, trataremos de que no vuelvan a ocurrir, pero no sea usted quien las responda. Por favor, conteste sí o no a las enmiendas y avanzamos.
La señora DEL MORAL MILLA: Por lo demás, agradezco el voto a favor tanto del Grupo Parlamentario Vasco como de Coalición Canaria y de Esquerra Republicana.
Para terminar, quiero decir que sí, que nosotros, los andaluces, estamos muy cansados de los estereotipos, que el subsidio es una prestación, una protección por desempleo, como la hay en el régimen general, y que invito al representante de Democràcia i Llibertat a venir a Andalucía y conocer lo que significa el subsidio agrario y el Plan de empleo rural. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Tratemos de ajustarnos a la estructura del debate y de la Comisión. (El señor Candón Adán pide la palabra).
Por alusiones, tiene un minuto.
El señor CANDÓN ADÁN: Voy a ser rápido, señor presidente.
A mí no me molesta el tono que ha empleado la señora portavoz del Grupo Socialista. Para mitinera ella, porque es la que ha hecho aquí una retahíla que no veas. Por otra parte, yo sí conozco el territorio, soy andaluz, soy de Cádiz, no tengo ningún problema. Entonces, no confundamos los términos, aquí estamos para lo que estamos, para trabajar por el bien común, por el interés general. No pasa nada porque no coincidamos en los posicionamientos, pero respéteme usted a mí como yo le he respetado a usted; simplemente eso. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Yo le agradezco el tono.
- SOBRE ELABORACIÓN DE UN PLAN CONTRA LA EXPLOTACIÓN LABORAL, ESPECÍFICAMENTE EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS QUE PRESENTAN MAYORES ÍNDICES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000015).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la discusión de la proposición no de ley sobre la elaboración de un plan contra la explotación laboral, específicamente en las comunidades autónomas que presentan mayores índices. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y va a ser defendida por la Diputada doña María Luz Rodríguez.
Antes de entrar en el debate, como en el caso de la proposición anterior, debo advertirles de que, de acuerdo con la Mesa del Congreso de los Diputados, por la que se remitió a esta Comisión esta proposición no de ley, se hizo constar en la misma que en caso de su eventual aprobación se entendería que iba dirigida al Gobierno que se constituya. Esto ocurre en la anterior -en la segunda-, en esta y en la quinta; sin embargo, en la primera y en la cuarta no aparece esa constatación.
La señora RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ: Después de algo más de cuatro años desde que el Partido Popular llegara al Gobierno diciendo que sabía cómo afrontar el principal problema que tenía nuestro país, que claramente era y sigue siendo el del desempleo, las cifras del empleo son claramente preocupantes. Cuatro años después de aquella promesa tenemos menos empleo y menos afiliados a la Seguridad Social. Es verdad que tenemos menos parados, según la encuesta de población activa, pero también lo es que prácticamente coincide la rebaja del número de personas en situación de desempleo con la rebaja de la población activa, es decir, que tenemos menos parados porque ha habido más personas que han abandonado la búsqueda activa en el mercado de trabajo. Cuatro años después de aquella promesa de que el Partido Popular sabía cómo acabar con el principal problema del país, si miramos y medimos cuántas horas de trabajo se cumplen en nuestro país, todavía nos faltan más de 32 millones de horas a la semana, lo que aproximadamente supone que desde entonces a hoy todavía nos faltan cerca de 900.000 ocupados a tiempo completo. Tenemos menos empleo, tenemos menos afiliación a la Seguridad Social y tenemos también un problema muy importante de desprotección de las personas en situación de desempleo. A pesar de aquella promesa que hacía el presidente del Gobierno hoy en funciones, don Mariano Rajoy, en un debate electoral, que mirando a la Cámara decía: no tocaré la protección por desempleo, no abordaremos la protección por desempleo, hoy tenemos a 3,5 millones de personas en situación de desempleo que no perciben ningún tipo de protección económica por desempleo. Esta es la situación del empleo de nuestro país, pero además de la situación del empleo en nuestro país -claramente peor que hace cuatro años y que no se corresponde con un momento económico de recuperación, de salida de la situación de crisis económica-, cuatro años después ha cambiado algo sustancialmente, y es el paradigma, el modelo de empleo. Hoy el paradigma, el modelo de empleo, eso que en otras ocasiones
hemos llamado la marca España de creación de empleo de nuestro país, está marcada por la precariedad laboral, por la desigualdad y por la precariedad laboral. Quiero centrarme en la precariedad laboral. Somos el segundo país de la Unión Europea con la tasa de temporalidad más alta; solo nos supera Polonia. Es verdad que la temporalidad había ido rebajándose a medida que se iban extinguiendo millones de contratos de trabajo temporales durante la situación de crisis, pero también lo es que a partir del año 2012 empieza nuevamente a repuntar la temporalidad y hoy tenemos en torno al 26 % de precariedad en el empleo; repito, la segunda tasa más alta de temporalidad de toda la Unión Europea. En el año 2012 se hicieron más de 12 millones de contratos temporales, en el año 2013 más de 13 millones, en el año 2014 más de 15 millones y en el año 2015 hemos batido todos los récords de contratación precaria: tenemos más de 17 millones de contratos temporales. Estoy segura de que tendremos un nuevo presidente del Gobierno dentro de muy poco tiempo, pero también de que tendremos algunas herencias muy importantes -tantas veces que hemos hablado de la herencia de los socialistas-, y una de ellas será que el presidente Rajoy en funciones nos deja 17 millones de contratos temporales. Nueve de cada diez contratos que se celebran en nuestro país tienen carácter temporal; por cierto, temporal y corto, porque la media de duración de los contratos temporales en nuestro país en este momento es de cincuenta y tres días, y uno de cada cuatro contratos de trabajo que se firman en nuestro país en este momento dura menos de una semana. Sé que para la EPA y a efectos de eslogan político tener un trabajo de tres días es tener un empleo, pero no creo que la ciudadanía, los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, considere que tener un empleo es tener un trabajo de tres días a lo largo de todo un año. Nueve de cada diez contratos son temporales, pero ha aumentado también esa otra forma de precariedad que es el trabajo a tiempo parcial y de carácter temporal. Hemos sustituido empleo estable y de jornada completa por empleo temporal y de jornada a tiempo parcial. Hoy tenemos el récord de que más de un millón de trabajadores de nuestro país tienen una doble precariedad en su contrato de trabajo: es una contratación temporal y es una contratación a tiempo parcial.
Antes de pasar a exponer qué es lo que pedimos a través de esta iniciativa legislativa, quisiera poner el foco en un tercer elemento: el número de horas extraordinarias. Todos sabemos cómo se ha ido incrementando el número de horas extraordinarias en nuestro país y también sabemos, por cierto, que la mayor parte de las horas extraordinarias ni siquiera se cobran por parte de los trabajadores. Todos sabemos que en este momento en nuestro país se realizan casi nueve millones de horas extraordinarias a la semana al margen de la ley. Si fuéramos capaces de controlar y convertir esas horas en puestos de trabajo, probablemente tendríamos 300.000 personas menos en situación de desempleo. Esta situación de precariedad tiene que cambiar, y probablemente la derogación de las reformas laborales de la crisis y la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores para nuestro país tengan mucho que decir sobre esta situación de precariedad. Pero, mientras tanto, el Gobierno, aunque esté en funciones, tiene la capacidad de poner freno a esta situación que se está produciendo, y lo tiene a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Si uno analiza qué hace la Inspección de Trabajo -y esta mañana hemos estado reunidos con la propia organización de la Inspección de Trabajo- se puede ver que su actividad está focalizada en el control de la economía sumergida e informal y en la protección por desempleo. Su actividad no es un problema de la Inspección de Trabajo o de su personal, que no son los que deciden qué controla, sino que es un problema de voluntad política, que es la que decide dónde dirige la inspección de trabajo de nuestro país. Su actividad está centrada -perdónenme que lo diga así- en controlar la protección por desempleo, en pretender convertir más o menos a la Inspección de Trabajo en una policía de parados y no en controlar la degradación de las condiciones de trabajo. Solo pondré un ejemplo para ilustrar lo que estoy diciendo. Según la última memoria de la Inspección de Trabajo presentada y que se refiere a datos del año 2014, la Inspección de Trabajo ha hecho casi 1.200.000 actuaciones, de las cuales ha dedicado 25.000 al control de los contratos fraudulentos; asimismo, en esta materia ha revisado 286.000 de un total de 16 millones de contratos temporales. Por eso, la petición del Grupo Parlamentario Socialista a través de esta iniciativa es que el Ministerio de Empleo dirija la Inspección de Trabajo al control del fraude en la contratación temporal, en el trabajo a tiempo parcial y en las horas extraordinarias y elabore dos planes específicos de control de la precariedad laboral y de la explotación laboral en tanto podemos poner fin, mediante la derogación de las reformas laborales, a la situación de precariedad laboral en nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Del Campo.
El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Quería sumarme a lo dicho por mi compañero José Cano respecto al hecho de pertenecer a esta Comisión. Para mí es un honor pertenecer a la misma, pero a la vez una gran responsabilidad, sobre todo teniendo en cuenta el momento por el que pasa nuestro mercado laboral y nuestro sistema de Seguridad Social. Por eso, y antes de nada, deseo que en la misma seamos capaces de llegar a grandes consensos y que entre todos hagamos que mejore el mercado laboral y el sistema de Seguridad Social a los que me refiero.
En relación con la proposición no de ley, mi grupo ha presentado una enmienda de modificación. En este sentido, y a la vista de la enmienda de modificación presentada por el Grupo Popular, nos gustaría presentar una enmienda transaccional -no sé si es técnicamente correcto el término- y sumarnos a lo expresado por el Grupo Parlamentario Popular. La justificación es la siguiente: desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos vamos a respaldar siempre decididamente la actuación de la Inspección de Trabajo, pero debemos precisar que los artículos 1 y 12 de la Ley 23/2015, ordenadora del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que sustituye a la Ley de 1997 -no es de ahora, hace tiempo que se hace-, ya contemplan como una de las funciones principales de la Inspección de Trabajo el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias, acuerdos y convenios colectivos relativos a las relaciones laborales, donde podríamos incluir los falsos contratos a tiempo parcial, las horas extraordinarias y los contratos temporales, así como el sistema de Seguridad Social, donde podríamos hablar de los falsos autónomos y de la situación fronteriza con los trabajadores por cuenta ajena. Nosotros proponemos adicionalmente que se inste al Gobierno a prever una mayor dotación de medios humanos y materiales a nivel nacional para luchar contra el fraude, pero no limitándose exclusivamente el ejercicio de la actuación inspectora al ámbito de la Comunidad de Madrid.
Señorías, hasta hace apenas un mes y medio yo pertenecía a la Inspección de Trabajo, conozco muy bien el tema, por tanto soy consciente de que la Inspección de Trabajo en la actualidad cuenta con una programación anual de planes específicos de actuación destinados tanto al control del trabajo no declarado y de los falsos autónomos como de la contratación temporal y del trabajo a tiempo parcial, una realidad que se lleva a cabo a nivel estatal y que creemos que debe seguir haciéndose así. En nuestra opinión, la solución debería pasar por incrementar el número de personal inspector hasta alcanzar los niveles correspondientes a la ratio europea, como decían los compañeros del Grupo Popular, entre personal inspector y número de trabajadores.
El señor PRESIDENTE: Señor Del Campo, le rogaría que hiciera llegar a la Mesa la enmienda transaccional a la que se ha referido antes de la votación.
El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Perfecto.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Vidal.
El señor VIDAL GÓMEZ: Me gustaría empezar diciendo que la PNL que nos presenta el Grupo Socialista y que ha defendido su portavoz en esta Comisión en el primer párrafo habla de las dramáticas consecuencias que ha tenido la reforma laboral en nuestro mercado de trabajo, centrándose solo en la reforma del Partido Popular. Supongo que se debe a un error o a un olvido el hecho de que no hayan incluido las dramáticas consecuencias que también tuvo la reforma laboral del Partido Socialista de 2010, que lo que hizo fue abaratar el despido improcedente, es decir, el ilegal, el que no se ajusta a derecho, y permitir la concatenación de contratos temporales de manera infinita, por decirlo de alguna forma. Además, es sorprendente -aún más si cabe con la intervención que ha hecho- que la portavoz del Grupo Socialista se haya centrado en la precariedad laboral como el elemento que más les preocupa. Creo que estaremos de acuerdo en que la reforma laboral del Partido Socialista de 2010 contribuyó a generar toda esa precariedad y explotación laboral que hoy tenemos en nuestro mercado de trabajo. Por tanto, consideramos desde el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea que para mejorar el mercado laboral es fundamental derogar las dos reformas laborales, tanto la del Partido Socialista como la del Partido Popular, y en ese sentido brindaremos la oportunidad a todos los grupos de esta Cámara -incluido el Partido Socialista- de posicionarse cuando presentemos las iniciativas que vayan encaminadas en esa dirección.
Por otro lado, en cuanto al mercado laboral que tenemos ahora, consideramos que, aparte de precariedad y explotación, habría que señalar cosas que no recoge el texto de la proposición no de ley del
Grupo Socialista, como que es un mercado laboral de baja cualificación -en el que tenemos a los trabajadores y a las trabajadoras atemorizadas por la posibilidad de ser despedidos por dos duros, como aquel que dice, y casi sin motivos- y carente totalmente de derechos laborales. Además, en este caso especialmente la reforma del Partido Popular atacó gravemente la negociación colectiva, herramienta fundamental para la consecución, desarrollo y mantenimiento de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Ese es, por tanto, el sentido de la primera enmienda que planteamos como grupo, impulsar los mecanismos y las iniciativas legislativas que sean necesarias para reforzar y reimpulsar la negociación colectiva como herramienta fundamental de los trabajadores. Cabe recordar en este punto que es la negociación colectiva la herramienta a través de la cual los trabajadores y las trabajadoras históricamente han conseguido mayores beneficios en sus salarios y en sus derechos laborales. Por lo tanto, consideramos fundamental que esta herramienta se reimpulse y celebramos -como me ha confirmado la portavoz del Grupo Socialista- que acepten la enmienda de adición que proponemos desde el Grupo de Podemos-En Comú Podem-En Marea.
No obstante, nos llama la atención, vistos los acontecimientos de hoy en concreto, el hecho de que hablen ustedes de la negociación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, a la vez que firman un acuerdo para un supuesto Gobierno con un partido como Ciudadanos en el que para la estabilidad del empleo -me parece que así lo llaman ustedes- proponen nada más y nada menos que seguir reduciendo las indemnizaciones por despido, tanto del procedente como del improcedente, es decir, del que es ilegal, repito, del que no se ajusta a derecho. Están ustedes proponiendo reducir aún más la indemnización por despido improcedente. Por tanto, si van ustedes a negociar un nuevo Estatuto de los Trabajadores creo que van en el camino contrario de lo que necesita nuestro mercado de trabajo y también de lo que ha votado la mayoría de la ciudadanía el 20 de diciembre, que ha votado por un Gobierno de cambio y no por un Gobierno inmovilista que continúe con las políticas de recortes de derechos laborales que nos han traído hasta esta situación.
Por otro lado, hemos presentado enmiendas encaminadas a poner el foco en la precariedad laboral que se da en el entorno rural y que habitualmente se olvida porque, a la explotación laboral y a la precariedad que se da en el ámbito rural, además hay que sumarle la ineficacia de las políticas públicas para luchar contra la despoblación y la emigración en el entorno laboral. Las oportunidades son esenciales para evitar la sangría de gente, especialmente de jóvenes, que estamos viviendo actualmente en nuestro país, sangría que se traduce en migraciones internas y externas, que son elementos fundamentales que luego permiten la precarización del mercado de trabajo y que los jóvenes en nuestro país o bien no encuentren trabajo o bien -como decía usted, señora portavoz del Grupo Socialista- encuentren trabajos de tres días que no sirven para absolutamente nada más que para los datos macroeconómicos, que luego venderán como superbonitos.
Siguiendo la fuente y el periodo en el que usted toma los datos, hemos querido poner como ejemplo la Comunidad Autónoma de Castilla y León, donde hay 190.800 personas desempleadas, que equivale a un 17 % de paro, mientras el empleo temporal y precario crecía cinco veces más que el indefinido. Además, el indefinido no constituye ninguna mayoría tras las últimas reformas laborales. La precariedad y la explotación laboral están engrasadas por factores como la despoblación, con situaciones como la de Castilla y León, donde entre el 1 de enero de 2009 y el 1 de enero de 2015 se han perdido más de 93.000 habitantes...
El señor VILA GÓMEZ: ... y en provincias como Burgos perdemos anualmente 4.000 personas.
Lamentamos que no haya aceptado estas enmiendas que proponemos desde Podemos y esperamos que antes de que finalice la Comisión tenga a bien aceptarlas y las incluyan en su texto porque creemos que lo mejora.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor Echániz.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Señorías, la Diputada socialista ha defendido en su intervención -y además el Grupo Parlamentario Socialista las ha incorporado al escrito- afirmaciones desde el punto de vista laboral falsas, afirmaciones que faltan gravemente a la verdad y que solo pretenden llevar a engaño a quien las lea o las escuche. Quizá por eso ha recibido el rapapolvo del resto de los grupos políticos. Sin embargo, sí estoy de acuerdo con lo que ha comentado en su intervención respecto del
cambio de paradigma. Es verdad que el paradigma ha cambiado; ha cambiado la foto, ha cambiado la tendencia, ha cambiado el cuento, ha cambiado el panorama, ha cambiado la realidad laboral, pero no en el sentido que decía su señoría. Ha cambiado porque antes se destruía empleo y ahora se crea empleo, porque antes liderábamos la destrucción de empleo de la Unión Europea con el Gobierno del Partido Socialista y ahora lideramos la creación de empleo, porque antes éramos el farolillo rojo de todo el continente y en este momento somos líderes y ejemplo en materia laboral. No es nuevo para el Partido Socialista. Recuerdo muy bien cuando era casi un adolescente los 800.000 puestos de trabajo de Felipe González, los contratos basura de Almunia, los 3,5 millones de parados que su señoría, con su Gobierno, dejó en la anterior legislatura y, como ha comentado el portavoz de otro de los grupos, la reforma laboral del año 2010. Por tanto, no es nuevo.
Pero la Diputada socialista parte de la afirmación de que el Gobierno actual ha disminuido el empleo y ha aumentado el paro, y esas afirmaciones son sencillamente una falsedad que debería producir sonrojo a su señoría si le importase lo más mínimo la congruencia con los datos reales de todas las agencias estadísticas nacionales e internacionales, de la Unión Europea, de los institutos laborales y sociales, que ponen de manifiesto los datos reales de empleo. Por lo tanto, señoría, gracias a las reformas realizadas en la pasada legislatura, hoy hay 900.000 parados menos en nuestro país que cuando usted dejó su responsabilidad, hay 330.000 personas más trabajando y el 75 % de las personas que trabajan tienen un contrato indefinido, porque en el año 2011 eran el 68 %; por tanto, hemos aumentado un 7 %. Espero que usted esté suficientemente satisfecha y contenta de que hayamos avanzado 7 puntos a lo largo de estos últimos cuatro años.
En cuanto a los nuevos contratos, con el Partido Socialista eran del 4 % en el año 1996, y en el año 2004, cuando el Partido Popular abandonó el Gobierno, ya eran del 8,7 %, y en este momento son otra vez del 8 % en términos anuales. Por lo tanto, el avance que se ha producido en los últimos años es realmente muy importante. Pero lo curioso y llamativo es que lo exprese una de las responsables del partido que, con Rodríguez Zapatero a la cabeza, tuvo la honra de batir todos los récords de paro de este país en el mundo conocido en una sola legislatura. Fue un desempleo, señorías, que deterioró el bienestar de nuestro país, que deterioró la calidad de vida de las familias españolas, que deterioró los ingresos fiscales y de la Seguridad Social y que, por lo tanto, aumentó las desigualdades entre los que trabajaban y los que no tenían empleo a un ritmo terrible durante esos cuatro años. Hoy nos trae una proposición no de ley en la que la Comunidad de Madrid desde luego no se reconoce -es una de las más avanzadas en el crecimiento de la economía y del empleo-, que pinta un panorama que no soporta, repito, ningún instituto independiente de estudios, salvo las posiciones de quienes fueron responsables o protagonistas de la historia de paro, de despidos, de quiebra o de desolación en esta sociedad.
Agradezco enormemente la intervención del portavoz de Ciudadanos, que pone de manifiesto su profesionalidad en la inspección y su conocimiento de la materia. Me parece una intervención ponderada y razonable, y agradezco el apoyo. Como en el petitum el Grupo Socialista solicita un nuevo plan de la Inspección de Trabajo, quisiera recordar a su señoría que el artículo 1.2 de la nueva Ley ordenadora del sistema de Inspección de Trabajo de este país, de julio del año pasado, exige la elaboración por parte de la inspección de un plan integrado de actuación en el que se integran las actuaciones de las comunidades autónomas y del resto de las administraciones territoriales -por tanto, tiene una estructura de programación consensuada-, y esos planes territoriales son informados por los interlocutores sociales en las distintas comisiones consultivas y también en la Comisión Consultiva Tripartita de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como órgano consultivo y de participación de las asociaciones empresariales y de los sindicatos más representativos. Por lo tanto, no se invente usted que este es un plan del Gobierno porque es un plan fruto del consenso, repito, de las administraciones territoriales y de la tripartita.
El plan integrado de actuación para el año próximo, señoría, para una mejor programación agrupa sus actuaciones en la prevención de riesgos laborales, en el empleo, en la Seguridad Social y también en la economía irregular y en el trabajo de extranjeros. Los objetivos que persigue son garantizar las condiciones de trabajo de las personas que han caído en una situación de trabajo no declarado, la efectiva aplicación de la normativa en seguridad y salud del trabajo y verificar con carácter prioritario el cumplimiento de la normativa de trabajo.
Las actuaciones previstas para este año son 544.000 inspecciones en todas las materias, para lo que España va a contar a lo largo de este ejercicio con cerca de 3.000 profesionales entre inspectores, subinspectores y funcionarios adscritos para apoyo al trabajo realizado por los mismos. Desde el inicio de esta legislatura se han incorporado 201 nuevos efectivos de la inspección. Por cierto, conozco muy bien
a los inspectores y desde luego no se dejan manipular ni por este ni por ningún otro Gobierno porque son unos magníficos profesionales y funcionarios. Además de esos 201 nuevos efectivos de la inspección, se encuentran en selección o ultimando su proceso de formación 60 nuevos efectivos. También debe destacarse que la OPE de 2015 ha previsto la selección de hasta 123 nuevos efectivos entre inspectores -43- y subinspectores -80-, de tal suerte que en total desde el inicio de esta legislatura y hasta el año 2016 la Inspección de Trabajo y Seguridad Social española habrá reforzado sus medios con 384 nuevos efectivos, más de un 10 % en solo cuatro años. Por otra parte, la nueva ley ordenadora ha mejorado el control, la capacidad técnica de inspección contra la siniestralidad y las estructuras especializadas en el análisis y en la investigación del fraude laboral a la Seguridad Social mediante la puesta en marcha de una oficina nacional de lucha contra el fraude.
Para terminar, les daré brevemente unas cifras de la labor encomiable que las administraciones responsables, con el Gobierno de España al frente, y los funcionarios han desarrollado. En contratos a tiempo parcial, en el año 2012 hubo 1.900 actuaciones, 213 infracciones detectadas, expedientes liquidatorios por 368.000 euros y 452 empleos aflorados. En el año 2015, cuatro años después, el número de actuaciones fueron 7.134 -lo que supone cuatro veces más-, el número de infracciones 1.130 -cinco veces más-, el total de expedientes liquidatorios 2.800.000 y 3.500 nuevos empleos aflorados.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Se multiplica por ocho la labor que desarrollaban ustedes en el año 2011.
El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Echániz.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: En cuanto a falsos autónomos podría decir lo mismo, así como en cuanto a falsos becarios o en las condiciones de trabajo. Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular, a la vista de la iniciativa presentada por el Grupo Socialista, ha ofrecido un texto alternativo. De ser aceptado por el grupo proponente, votaremos a favor porque hay cuestiones del espíritu con las que podríamos estar de acuerdo, pero el petitum presentado por su grupo está desenfocado y sobre todo la exposición de motivos es absolutamente inasumible por este grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la portavoz del Grupo Mixto.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Apoyamos la propuesta.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco.
El señor BARANDIARAN BENITO: Apoyamos la propuesta, si bien la explicación de mi voto va a corresponder en parte también al representante del Grupo Catalán.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Democràcia i Llibertat.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Nuestro grupo comparte la cuestión de fondo que ha defendido la señora Rodríguez. En el contexto de la intensa creación de empleo que ha habido en los últimos tiempos se ha constatado un incremento de la precariedad del mercado de trabajo que, entre otras expresiones, tiene que ver con ese aumento de falsos contratos a tiempo parcial, con la existencia de falsos autónomos, con el abuso de la figura de los becarios y con el abuso de las horas extraordinarias. En los últimos tiempos diversos informes han puesto de manifiesto este tipo de situaciones. A quienes defendemos un mercado de trabajo que sea flexible para garantizar una mejor posición competitiva de las empresas, que precisamente estos instrumentos que se han introducido para ganar flexibilidad se conviertan en abusos y abran, por tanto, también la vía a retroceder en la flexibilidad del mercado de trabajo nos preocupa. Por tanto, coincidimos en la necesidad de que, frente a los abusos que se producen de esas figuras legales, la Inspección de Trabajo actúe de manera decidida.
Por ejemplo, mi grupo fue favorable a hacer más flexible el tiempo parcial. Estamos convencidos de que nuestra economía necesita más trabajo a tiempo parcial, pero tiempo parcial efectivo. Mi grupo también cree necesario introducir fórmulas que permitan a los jóvenes tener una primera oportunidad de empleo. Las becas podrían constituir un buen instrumento, pero si la beca se convierte en un abuso y en mano de obra no pagada no tiene ningún sentido continuar manteniendo ese tipo de figuras. Por tanto, en
cuanto a reforzar la Inspección de Trabajo, insisto en que hay plena coincidencia con la propuesta que nos formulaba la señora Rodríguez. Ahora bien, en el caso de Cataluña y del País Vasco es evidente que una parte sustancial de las competencias en materia de inspección de trabajo fueron transferidas hace unos pocos años, de tal manera que incluso la Ley de Inspección de Trabajo que se aprobó en la pasada legislatura responde también a la nueva arquitectura que se deriva de esas transferencias de competencias al País Vasco y a Cataluña, que, por cierto, son las únicas comunidades autónomas del Estado español que tienen competencias en esa materia. Tanto el Grupo de Esquerra Republicana como el Grupo Vasco como nosotros hemos señalado a la señora Rodríguez que en el contexto de una posible transacción que se plantease al conjunto de los grupos de la Cámara se incorporase expresamente la necesidad de que este plan que se mandatará hacer al nuevo Gobierno respetase las competencias en materia de inspección de trabajo que ostentan tanto el País Vasco como Cataluña. La nueva arquitectura legal que se ha construido de acuerdo con la ley de inspección, que es compleja y difícil, tiene en cuenta precisamente que hay determinadas reglas que no se aplican en Cataluña ni en el País Vasco, que tienen, efectivamente, en esta materia y en materia de empleo plena competencia para actuar. Por tanto, esperamos que la señora Rodríguez incorpore ese párrafo en su transacción y que lo podamos votar favorablemente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo de Esquerra Republicana.
El señor SALVADOR I DUCH: Estamos absolutamente de acuerdo con la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista; la votaremos a favor e instamos también al Gobierno a un plan contra la explotación laboral no solo en las comunidades autónomas que presentan mayores índices, sino en todas. La explotación es una lacra que afecta a todo el Estado español y lo digo con conocimiento de causa por mi anterior responsabilidad sindical que he realizado durante los últimos años. En cuanto a este plan para el empleo -estamos absolutamente de acuerdo con el compañero de Podemos que ha hecho una radiografía magnífica de la explotación, y no voy a repetirme-, simplemente he de decir que es imprescindible para evitar la explotación empezar por la derogación de las dos reformas laborales, tanto la del Partido Socialista como la del Partido Popular, pero añadimos otras medidas como convertir en delito grave algunas actuaciones empresariales -y no solo aplicar sanciones administrativas- y combatir la economía sumergida. Escuchando a según qué grupos parlamentarios parece que viven en el mundo de Yupi. Yo vengo de la Costa Dorada y en ella, por ejemplo, hay un tercio de economía sumergida y eso es así año sí y año también. Se aplica una cosa que nosotros en el mundo sindical llamábamos el quince-treinta-sesenta de contrato: te pagamos quince horas a la Seguridad Social, te pagamos treinta y trabajas sesenta. Esto existe, es una realidad. Esto es una lacra que se debe afrontar no solamente de manera puntual en esta proposición no de ley, sino que es una lacra que espero que abordemos en próximas sesiones en esta misma Comisión e incluso pediría que en el primer plenario. Evidentemente hay que mejorar la eficacia y los recursos de la Inspección de Trabajo, eliminar las empresas de servicios integrales y un largo etcétera en el que pudiera estar alargándome horas y horas. Pero votaremos a favor; creo que es un paso importante para luchar contra esta lacra y hacer que en este país se viva un poco mejor.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la portavoz del grupo proponente para manifestarse sobre las enmiendas y no sobre el contenido de los discursos y de las intervenciones.
La señora RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ: Estoy a la espera de ver qué hace el Grupo de Ciudadanos, si elabora una enmienda transaccional con la que ha presentado el Grupo Popular o no, antes de pronunciarme sobre el tema. Pero, como ya he tenido ocasión también de hablar con los distintos portavoces, en relación con las demás, por el orden de intervención, de las que ha presentado Podemos vamos a aceptar dos de los textos que nos proponen. Uno es elevar el texto de esta PNL, de esta iniciativa legislativa, no solamente en la Comunidad de Madrid, sino en el resto de las comunidades autónomas; y dos, el que tiene que ver con el hecho -que compartimos claramente- de que la negociación colectiva puede ser un instrumento también de combate contra la precariedad laboral. El resto no las aceptamos, no porque no creamos que están en la línea correcta sino porque es descender a cuestiones de cada una de las comunidades autónomas y pensamos que si aceptamos la enmienda que tiene que ver con elevar a todo el territorio los planes de lucha contra la explotación laboral parece que volver a descender a cada una de las comunidades autónomas puede tener una cierta contradicción.
En relación con lo que decía el representante del Grupo Popular sé que este turno de réplica es para posicionarnos con respecto a las enmiendas y por eso digo claramente que nuestra posición con respecto
a su enmienda es no, no la vamos a aceptar. Solamente voy a dedicar diez segundos a decir que este país alcanzó 6 millones de personas en situación de desempleo y el 30 % de tasa de desempleo con el Partido Popular. Punto. Sigo con las enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Señora Rodríguez, si entramos en esta dinámica, no vamos a terminar nunca. En este turno no se trata de discutir las intervenciones de los anteriores grupos parlamentarios, sino de posicionarse respecto a sus enmiendas. Luego usted ya en el café...
El señor RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ: Perdone, señor presidente. Creo que he dedicado cinco milésimas de segundo a decir algo que está en la encuesta de población activa.
El señor PRESIDENTE: Como está al alcance de todos, no es necesario que lo remarquemos.
La señora RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ: En cuanto a la enmienda transaccional que presentan el Grupo Vasco y Democràcia i Llibertat, vamos a aceptarla por razones evidentes. Efectivamente, la inspección de trabajo está ya transferida al País Vasco y a Cataluña. Yo fui quien firmó en su momento la transferencia de la inspección de trabajo a estos dos territorios. Por tanto, en este ámbito de la planificación de la actuación inspectora para controlar la precariedad laboral les corresponde plena autonomía a las dos inspecciones de trabajo. (El señor Echániz Salgado: Cinco milésimas).
El señor PRESIDENTE: Si entramos en la cuestión de milésimas, no vamos a terminar nunca. Prefiero que si va a ser algo que ya está dicho...
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Efectivamente, los datos fueron de 2011 y 2012, con leyes del Partido Socialista, hasta que entraron en vigor las reformas del Partido Popular, empezaron a funcionar y a dar resultados.
El señor PRESIDENTE: Todo eso está al alcance de cualquier ciudadano, como le decía a la portavoz socialista.
- SOBRE EL RESCATE DEL PLAN INTEGRAL DE EMPLEO DE CANARIAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000034).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la cuarta proposición no de ley sobre el rescate del Plan integral de empleo de Canarias, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra doña Ana María Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Uno, de pronto, tiene un déjà vu porque empecé la legislatura anterior pidiendo el mantenimiento y la prioridad del Plan integral de empleo de Canarias y acabé la legislatura reclamando la necesidad del Plan integral de empleo de Canarias.
El señor PRESIDENTE: Eso habla de su constancia. (Risas).
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Sí, claro, por eso cometí un error que, gracias a Ciudadanos, se ha corregido.
Lo que quería decir es que Canarias es un territorio alejado, fragmentado, es una región ultraperiférica y, como bien ha reconocido Europa, las regiones ultraperiféricas europeas son las que tienen los mayores índices de paro de la Unión Europea. Esto tiene que ver con la lejanía, con la insularidad, con la fragmentación y, sobre todo, con que es muy difícil tener un tejido industrial -que es el que da estabilidad y empleo-, también es muy difícil la competencia en el sector agrario por la exportación e importación, se vive fundamentalmente del turismo en muchas de las islas. Eso implica una precariedad e influye en la calidad del empleo. En ese sentido, en el régimen económico y fiscal, con directrices propias de la Unión Europea se ha instado a los Gobiernos a tener políticas de empleo específicas para esas regiones ultraperiféricas. Había un plan independiente de los fondos generales del país que se reparten en la comisión sectorial, había un Plan integral de empleo para Canarias para acometer políticas de empleo distintas. No es lo mismo el parado de La Gomera que el de Lanzarote que el de Fuerteventura. Los sistemas de formación, de recualificación e incluso de movilidad en Canarias son distintos. A veces se crean puestos de trabajo en la isla de Lanzarote o Fuerteventura, pero para el trabajador que vive en Tenerife es inasumible económicamente ir adonde está el puesto de trabajo. Tenemos unos déficits de
formación crónicos en Canarias. También estaba el Plan de infraestructura educativa, para poder crear centros de formación profesional que se necesitaban. En Canarias tuvimos el problema de que la crisis llegó antes que al territorio peninsular, perdimos 4 millones de turistas. Eso provocó una caída de empleo muy importante en el sector servicios. Se produjo una crisis en el sector de la construcción e incluso tuvimos un problema, una crisis en el sector del tomate, que perdió el 50 % en las exportaciones, por lo que teníamos esa necesidad de políticas de empleo especiales, con parados de larga duración y falta de cualificación. Cuando se empieza a crear empleo en Canarias, al final siempre ocurre lo mismo: En determinados sectores, como el del turismo, vienen trabajadores de fuera para cubrirlo y los canarios no pueden competir en igualdad de condiciones.
El trabajo que se ha hecho en los últimos años ha sido muy difícil por las restricciones presupuestarias, por la eliminación de los dos planes de empleo específicos con Canarias pero, así y todo, puedo decirles -con esa coletilla de que se gestionaban mal los fondos- que en la última evaluación -tengo aquí el informe del ministerio y saben que se prima en los fondos de la siguiente convocatoria a las comunidades que mejor gestionen- el ranquin en la efectividad de la gestión de los fondos de empleo lo tiene Canarias. En el general, es la número 1 e incluso, si este general se desglosara en objetivos estructurales, seguiría siendo la número 1 y, en los estratégicos, es la número 3, pero solo a 0,86 puntos de la primera. ¿Eso qué quiere decir? Que se está gestionando. Canarias, durante el último año, a pesar de lo que estamos diciendo, a pesar de estar el turismo al cien por cien, a pesar de la reactivación económica, a pesar de ser la comunidad que más ha crecido en el último año y de que ha optimizado los mejores datos de empleo, sigue teniendo un 26,75, casi un 27 % de paro. Esa es la realidad. Nosotros siempre tendremos entre 8 y 9 puntos de forma estructural superior a la media nacional. Por eso es necesario este plan de empleo, más el de infraestructura educativa, que hemos presentado en la Comisión de Educación, porque tenemos que seguir trabajando para que Canarias tenga unos índices de paro similares a la media nacional. Creo que el trabajo que se ha hecho en los últimos años es bueno -ahí están los ránquines comparativos con el resto de las comunidades autónomas-, pero seguimos teniendo esos problemas estructurales y el gran reto es la recualificación, la formación, así como poder luchar por la movilidad de los trabajadores dentro del territorio insular.
Quiero agradecer la enmienda presentada por Ciudadanos porque, con las modificaciones que se hicieron en 2015, los términos exactos son los que ha planteado Ciudadanos. Asimismo, me parece muy adecuada la enmienda presentada por Podemos para continuar con una evaluación e implantar sistemas de control para verificar si son efectivas las políticas de empleo o hay que introducir modificaciones. En ese sentido, las he fusionado en la transaccional que he presentado a la Mesa, que ya tienen todos los grupos, y que ha sido firmada por los dos grupos que habían enmendado la propuesta.
Termino con una cuestión importante, sobre todo, porque hay Diputados nuevos. Decía Aristóteles que se piensa que lo justo es lo igual, y así es, pero no para todos, sino para los iguales. Se piensa, por el contrario, que lo justo es lo desigual, y así es, pero no para todos, sino para los desiguales. Es necesario recuperar las políticas de empleo específicas para Canarias porque lo único que queremos los canarios es estar en igualdad de condiciones con el resto de los españoles. Para ello necesitamos políticas específicas porque, desgraciadamente, en el peor momento de la crisis económica, se dejó a su suerte a la Comunidad Autónoma de Canarias, teniendo el índice de paro más alto de este país. Tenemos los datos sobre qué se ha hecho desde el año 2011 y cómo se dejó hacer. Pido igualdad para un territorio alejado, con 2 millones de habitantes, pero con casi un 27 % de paro. La crisis en Canarias es todavía importante porque la gente sufre de exclusión, pobreza y sobre todo, no tiene trabajo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra don Saúl Ramírez.
El señor RAMÍREZ FREIRE: En primer lugar, quiero unirme a las palabras de mis compañeros del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Para nosotros es también la primera vez que estamos en esta Comisión y en las demás; es un orgullo y mucho más porque es la de Empleo y Seguridad Social por la importancia de la situación actual por la que pasa el país. Creemos que es el momento de dar un paso adelante y poner nuestro granito de arena para que de alguna forma podamos cambiar la situación dentro de nuestras posibilidades.
Los datos que acaba de relatar la señora Oramas son, tal cual, los que conozco yo como Diputado canario. Tenemos una tasa de desempleo general que supera el 26,7 % y la tasa de desempleo juvenil roza casi el 50 %; somos un territorio ultraperiférico y reconocido como tal en los tratados de la Unión Europea y también en la Constitución y, vamos a apoyar este Plan integral de empleo no como un privilegio,
sino como un elemento para igualarnos, para hacer que todos los canarios tengan una posibilidad para cerrar esa brecha que se está produciendo, que cada vez se acrecienta más entre la tasa de desempleo de la media nacional y la del territorio canario. Lo único que hemos hecho en nuestra enmienda ha sido aclarar un lapsus técnico que había tenido la señora Oramas en su presentación y, junto con la enmienda que ha presentado Podemos -que nos parece muy correcta porque además creemos que hay que establecer siempre mecanismos de control y de evaluación, sobre todo, cuando se trata de planes integrales que suponen un alto montante de fondos y que, por tanto, tiene que haber eficacia y eficiencia de los mismos-, vamos a aprobarla, como no puede ser de otra manera.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra ahora, por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, el Diputado Alberto Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Buenas noches a todos y a todas en esta Comisión a la que asistimos por primera vez. El feminismo me ha enseñado que hay que respetar los tiempos y las vidas de los demás y, por tanto, no me voy a extender mucho y no voy a repetir análisis que se han hecho aquí ya maravillosamente. Coincidimos en la radiografía y las consecuencias que ha tenido tanto la barbaridad de fulminar el plan como el modelo productivo y las reformas legislativas; coincidimos en la radiografía que hace la PNL de Coalición Canaria, del Grupo Mixto, pero no coincidimos en las causas. Esto no ha pasado por designios divinos del Espíritu Santo, esto ha pasado por la implementación de un modelo de desarrollo casi colonial basado en el monocultivo del turismo en el que se ha premiado el piche y el cemento, en el que se han premiado las grandes infraestructuras -todo eso acompañado de numerosos casos de corrupción, por supuesto, no hace falta que lo diga- y se ha condenado a la población, como ya han comentado los compañeros, a una tasa de precariedad, de temporalidad y de desempleo brutal y gigantesco, casi sin parangón en el resto de la Unión Europea. Por supuesto, a esto también ha ayudado no solo el modelo de desarrollo -un modelo de desarrollo, sobra decir, implementado por tres décadas de Gobiernos ininterrumpidos del Partido Popular, del Partido Socialista y de Coalición Canaria-, sino que hay que añadir las reformas legislativas, las diferentes reformas laborales que han ido aprobando los Gobiernos del sufrimiento desde aquí, desde el Congreso de los Diputados, y desde Madrid, desde la Moncloa.
Como ya dije, no voy a entrar en hacer radiografías de ese tipo que ya han hecho excelentemente los compañeros y compañeras y, más allá de que no coincidamos en las causas pero sí en la radiografía y en el análisis que hacen la compañera y los compañeros de Ciudadanos de las consecuencias, vamos a apoyar esta proposición porque es fundamental en un territorio como Canarias este Plan de empleo integral, aunque es completamente insuficiente. Tenemos que ir a cambiar el modelo productivo y el modelo económico y eso es responsabilidad única y exclusiva del Gobierno de Canarias. Vamos a apoyar la proposición y nuestra enmienda va en el sentido de evaluar qué es lo que pasa con estos planes, dónde va el dinero público que destinamos, porque destinamos grandes caudales de dinero que en muchos casos se quedan por el camino y nos gustaría saber, no solo a nosotros y nosotras sino a la ciudadanía canaria en general, la efectividad de todos estos planes.
Acabo. Desde nuestro grupo vamos a apoyar esta iniciativa, que saludamos, y a ver si acabamos con la barbaridad de que se haya suspendido de forma unilateral por el Gobierno del Partido Popular el Plan de empleo integral para Canarias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, la Diputada doña Matilde Asian.
La señora ASIAN GONZÁLEZ: Se ha hablado ya en esta Comisión -por ello creo necesario no insistir- de que el Gobierno en funciones no puede adoptar decisiones de carácter político que puedan comprometer la actuación del futuro Gobierno y de que, por tanto, las labores del Gobierno en funciones tienen que limitarse a desarrollar lo que se denomina el despacho ordinario de los asuntos públicos. Puedo comprender perfectamente que a veces sea difícil distinguir un tipo de actuaciones de otras, pero lo que sí está muy claro, porque expresamente la Ley de Gobierno lo excluye de las labores del Gobierno en funciones, es la materia presupuestaria. La proposición no de ley que aquí se ha presentado se refiere a materia presupuestaria y, como bien saben sus señorías, el presupuesto de 2016 está aprobado y no se puede modificar presupuestariamente. Entiendo que aún estando conformes con que el paro en Canarias
es un problema muy importante para todos, no se pueda aprobar en estos términos porque la materia presupuestaria está expresamente excluida de las competencias del Gobierno en funciones.
Asimismo, quiero aprovechar, por cortesía parlamentaria y por respeto al trabajo desarrollado por todas las personas de esta Comisión, para comentar cuál ha sido la evolución del paro en Canarias. En particular, yo he llegado a la conclusión de que en términos de bienestar de todos los canarios y en materia de empleo, a Canarias le ha ido muchísimo mejor cuando ha gobernado el Partido Popular en el Gobierno de la nación que cuando ha estado el Grupo Socialista. Para este análisis he utilizado tres elementos: el número de parados total en Canarias, el número de parados jóvenes y las mujeres canarias en paro. Señorías, en 2007, en Canarias había 98.400 personas en paro, en situación de desempleo; al finalizar la legislatura, en diciembre de 2011, había 329.500, luego el desempleo en Canarias se había multiplicado por 3,3, es decir, se había incrementado en un 334 %; fueron 231.100 canarios los que se fueron al desempleo. Bien es verdad que en los primeros años de la etapa del Gobierno del Partido Popular, el año 2012 fue muy duro -como aquí se ha comentado-, pues las reformas tardaron en hacer efecto, pero la legislatura ha terminado con 86.400 parados menos desde febrero de 2013, y 32.400 parados menos que en diciembre de 2011. Debemos seguir trabajando porque es intolerable que en Canarias existan 297.100 personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo.
En cuanto a los jóvenes parados en Canarias, al final de 2007 había 25.600 y la legislatura acabó con 42.400 jóvenes menores de veinticinco años parados en Canarias. Cuando terminó la legislatura del Partido Popular había 3.200 parados menos que cuando terminó la legislatura anterior, y 22.000 parados jóvenes menos que desde diciembre de 2012. Es intolerable que tengamos este nivel de desempleo juvenil y tenemos que seguir trabajando.
Sin embargo, las verdaderas damnificadas de la actuación del Partido Socialista a nivel nacional fueron las mujeres canarias. En la etapa de Gobierno socialista el paro en el caso de las mujeres pasó de 55.000 desempleadas a 151.000; se incrementó el paro, se multiplicó por 3 en el caso de las mujeres Canarias; se incrementó un 275 % y 96.000 canarias fueron al paro en la etapa del Gobierno socialista en Canarias. En la etapa del Gobierno del Partido Popular la situación si bien ha mejorado, hay 11.300 paradas menos que en diciembre de 2011 y 30.900 paradas menos que en 2013, pero sigue siendo intolerable que existan 140.000 mujeres en Canarias que quieren trabajar y no pueden hacerlo. Estamos de acuerdo con el fondo del asunto.
Estoy perfectamente de acuerdo con lo que ha dicho la Diputada de Coalición Canaria respecto a que le preocupa la pobreza en Canarias. A mí también me preocupa, al Grupo Popular le preocupa mucho la pobreza en Canarias, y más cuando hemos leído en un reciente informe de Funcas que del total de las medidas que se destinan a combatir la pobreza, el País Vasco, que es una región con 2 millones de habitantes -una población muy parecida a la de Canarias-, reparte el 38 % de todas las partidas contra la pobreza. ¿Qué reparte el Gobierno de Canarias? El 2,3 % solamente. Nos preocupa mucho esta situación. También el último informe de la OCDE, donde se habla de la calidad de las regiones que integran, que son 362 regiones, habla de que la calidad ambiental en Canarias es la más alta de España, y además superior a la media planetaria.
Estoy muy contenta de esto, me alegro muchísimo del aire que respiramos en Canarias, pero no quiero que el aire que respiramos sea lo único que tengamos bueno en Canarias, porque en los demás temas, en los demás indicadores de ese informe de la OCDE, estamos a la cola, tanto en asuntos educativos como en económicos. Por ello creo que la situación del paro en Canarias es estructural, y tenemos que abordarla de esta manera, es una cuestión de cambio del modelo en Canarias y por eso se han introducido profundas reformas en materia fiscal en 2015, pendientes de surtir efecto; una reforma del régimen fiscal -el más social que ha tenido nunca Canarias- por la que se permite materializar en empleo la reserva para inversiones y se ha potenciado la zona especial Canaria. Además estamos en conversaciones con el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias para renovar nuestro régimen económico específico, en el cual se toca no solamente la materia de empleo -son importantísimas las políticas activas de empleo-, sino otros aspectos mucho más amplios, así como todos los efectos adversos que tiene Canarias: la compensación de la lejanía e insularidad; la financiación de la zona franca; la financiación de los sobrecostes del transporte de mercancías; incluso la eliminación de residuos -que en Canarias es un problema importante-; un régimen específico para energía, etcétera. Se está trabajando de manera conjunta y debemos continuar haciéndolo. Coincidimos en el fondo del asunto, la preocupación por el desempleo en Canarias que es muy superior a la media nacional, pero hemos formulado una enmienda con la cual se pretende seguir luchando para combatir el paro en Canarias sin
alterar las partidas presupuestarias y, por supuesto, enfocar todas las medidas necesarias cuando haya un nuevo Gobierno que ejecute todas las funciones que le son atribuidas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, pero no está presente.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo de Democràcia i Llibertat.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Simplemente quiero manifestar el apoyo a la iniciativa de la señora Oramas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya.
El señor SALVADOR I DUCH: Nos parece correcta la apelación a la disposición adicional quinta de la Ley de Empleo, y vamos a dar nuestro apoyo a la propuesta del Grupo de Coalición Canaria.
La señora RAYA RODRÍGUEZ: Que Canarias es una región ultraperiférica y que ha tenido unas tasas de paro por encima de la media nacional ya nadie lo pone en duda. Ha sido una situación francamente grave, hemos superado una tasa por encima del 30 % en algún que otro periodo. Celebro que la portavoz del Grupo Popular quiera revisar el régimen económico, pero tuvo oportunidad de hacerlo en enero del pasado año y no lo hizo. El REF en Canarias es una cuestión muy, muy seria que nos hace estar en igualdad de condiciones con el resto de integrantes del territorio nacional. La desaparición del PIEC ha tenido un efecto importante sobre las políticas activas de empleo puestas en marcha por la Comunidad Autónoma de Canarias, y ha mermado los derechos de miles de ciudadanos que viven en el Archipiélago, no solo por el descenso más que considerable de la aportación establecida en el convenio, sino por el no libramiento de los 10.000 millones de euros consignados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013, que hasta el pasado mes de diciembre no se han liberado en la comunidad autónoma, a pesar de haber sido certificados en tiempo y forma y haber sido reiterado su libramiento y su abono en diferentes ocasiones.
La aportación que se tenía que hacer en los Presupuestos Generales del Estado fue de 42 millones de euros, que se hizo en 2011 y 2012; en 2013 pasó de 42 a 10 millones, y en 2014 y en 2015 esta dotación fue de cero euros. La Comunidad Autónoma de Canarias en estos últimos cuatro años, con el Gobierno del Partido Popular, ha sufrido un maltrato más que considerable y una falta de sensibilidad hacia una comunidad autónoma que ha sufrido los niveles de paro de los que hablaba al principio. Es más, ninguno de estos recortes fue comunicado previamente por el Gobierno de España al Gobierno de Canarias, que se enteró una vez presentados los presupuestos en las Cortes. Desde el primer recorte en los Presupuestos Generales del Estado en 2013, en su tramitación, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, en atención a la alta tasa de paro en Canarias, ha venido presentando una enmienda para dotar al PIEC con cargo a la compensación que abonaba Canarias hasta este año por el extinto ICTE. Lo que proponíamos es que Canarias no devolviera los más de 185 millones de euros que tenía que pagar al Estado, siempre y cuando acreditara que los fondos se destinaban a políticas activas de empleo.
El Partido Popular siempre se negó a mantener la dotación de los 42 millones de euros y a admitir nuestra enmienda como solución alternativa. El argumento era que Canarias gastaba mal los fondos de empleo. Hoy, como bien recordaba la señora Oramas, según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social que elabora un ranquin a efectos de distribución de más recursos -sistema perverso que el PSOE ha denunciado-, Canarias es la comunidad autónoma que con diferencia mejor gestiona los recursos de empleo, conforme a los criterios que elabora el ministerio. Y miren por dónde, la solución que veníamos planteando los y las socialistas, vía enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, para no devolver el 50 % del ICTE ha sido objeto de un acuerdo institucional entre ambas administraciones que va a permitir desarrollar un plan de infraestructuras en las islas durante los próximos diez años. La falta de sensibilidad del Partido Popular no solo la hemos sufrido con el PIEC, sino también con la falta de dotación a proyectos tan importantes para el desarrollo de las islas como los planes de infraestructuras y el convenio de carreteras. Por tanto, el Grupo Socialista va a apoyar la proposición no de ley que ha presentado Coalición Canaria.
El señor PRESIDENTE: Intervención de la portavoz de Coalición Canaria para manifestarse sobre las enmiendas, solo sobre las enmiendas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Con respecto a la de Podemos y a la de Ciudadanos, están asumidas en la enmienda transaccional; en cuanto a la del Grupo Popular, después de esa exposición tan importante sobre el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, aunque hoy se trataba del Plan integral de empleo de Canarias, y sobre todo tras esa justificación de que hoy en esta Comisión no se podía debatir esto -déjeme usted un minuto, como dejó a los otros portavoces-, la excusa es que hoy tenemos un Gobierno en funciones. La excusa durante cuatro años es que Canarias no tenía que tener un plan de empleo, sino los planes generales del resto de las comunidades. Somos distintos y el Partido Popular ha buscado una excusa distinta cada vez. Por tanto, no voy a aceptar la enmienda que usted ha presentado; no, no la voy a aceptar.
- SOBRE LA ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO JOVEN (GARANTÍA JUVENIL). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000040).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la quinta proposición no de ley, sobre la estrategia de emprendimiento y empleo joven, del Plan de garantía juvenil, presentada nuevamente por el Grupo Parlamentario Mixto. No como en el caso anterior, sino como en el caso de las proposiciones no de ley segunda y tercera presentadas hoy, se entiende que está dirigida al Gobierno que se constituya próximamente.
Tiene la palabra la Diputada Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Este no es un asunto canario, pero afecta a Canarias más que al resto de las comunidades. El paro juvenil en España es del 46,6 %; sin embargo, en Canarias más del 62 % de los activos menores de veinticinco años se encuentran en situación de desempleo. Teníamos una gran esperanza puesta en el Plan de garantía juvenil propugnado por la Unión Europea, con fondos europeos, por una cuestión: porque Europa repartió los fondos en función del índice de paro de los países -no de la población, sino del índice de paro juvenil de los países- y pensábamos que el Gobierno de España iba a aplicar ese criterio, ¿verdad? Si Europa reparte a los países no en función del número de jóvenes parados ni de población, sino en función del índice de paro, que es lo dramático, el Gobierno de España tenía que haber hecho eso. Pues no; no se hizo en función del índice de paro, pero ese no es hoy el objeto de la discusión que traigo aquí. El problema es que se avecinaba una campaña electoral y había que justificar que el Partido Popular estaba haciendo planes de empleo para los jóvenes. Como la gestión de las políticas activas de empleo son de las comunidades, que las comunidades adelanten el dinero, pero, cuidado, para ser beneficiarios los jóvenes tenían que estar inscritos en un fichero que se creaba, pero se creaba centralizado y la única forma de acceder es a través de un ordenador, por Internet, con bloqueos del sistema. Además, si en mitad de la operación el ordenador se caía se perdía todo; y se tenía que contestar a ese ordenador y correo, cuando se dirigía a chicos en situación de exclusión social. Por tanto, lo primero que tenían que tener era un ordenador; lo segundo, conocimientos informáticos; y, lo tercero, que no estuviera el sistema saturado y estar pendiente para no cometer ningún error para no tener que volver a empezar.
Al final, ¿qué pasó? Que de 40.000 chicos que se podrían haber acogido a esto en Canarias, solo lo hicieron 7.000. ¿Qué ha pasado? Que España va a tener que devolver dinero de los fondos del Plan de empleo de garantía juvenil porque no los ha podido gastar. Esto es absurdo. Primero, tenemos que saber qué ha fallado para no haber hecho las coberturas y no haber gastado el dinero que teníamos. Segundo, debemos establecer de qué forma los chicos y chicas de este país pueden acogerse a ese plan tan importante para tener una formación, unas prácticas o un puesto de trabajo. Y, sobre todo, debemos saber qué chicos que están en la situación de mayor exclusión social, que ni estudian ni trabajan, pueden tener una oportunidad como se tiene en Europa o en otras comunidades. La Comunidad Autónoma de Canarias ha estado recientemente en el País Vasco viendo la experiencia en el aspecto formativo, porque nuestro gran reto es la formación profesional. El proyecto Bosco está trabajando en Canarias muy bien, pero necesitamos los recursos; y no se van a poder gastar los recursos no porque no se gestionen por la comunidad, sino porque no se pueden inscribir y no se puede ser beneficiario.
He visto las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, que son muy interesantes. La que ha planteado Podemos también es muy importante para que al final este Plan de empleo de garantía juvenil
no produzca una precarización del trabajo ni cree un trabajo casi de fraude de ley si, aprovechando el Plan de empleo de garantía juvenil, no se crean puestos de trabajo estables, sino becarios. El análisis y la auditoría posterior también son importantes. Por eso, hemos presentado una transaccional donde se incorpora la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista y las dos aportaciones que ha hecho el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea. Voy a suprimir el párrafo que hacía referencia al incremento hasta los treinta y cinco años -que tiene una justificación en Canarias, pero por los tiempos que tenemos y para que haya consenso no voy a entrar ahora en ello, aunque se refiera a cuándo empezó la crisis y al perfil de baja cualificación de la gente que se fue al sector de la construcción y queríamos volverlos a incorporar al sistema educativo usando el Fondo de garantía juvenil- en aras del consenso.
Sea el que sea el que gobierne en este país, es importante que de forma inmediata se busque una solución para no tener que devolver dinero a Europa. Seremos la vergüenza de Europa si, con el paro juvenil que tiene este país, al final tenemos que devolver fondos como ya nos ha advertido la Comisión Europea. Tenemos que trabajar todos y hacer aportaciones para usar ese dinero en la juventud de todo el país y en la de Canarias, que tiene que volver a tener esperanza de un trabajo, de una formación o de unas prácticas en determinadas empresas para tener futuro y sueños como tuvimos otras generaciones.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, la Diputada doña Aina Vidal.
La señora VIDAL SÁEZ: Lo cierto es que antes de la crisis los jóvenes ya éramos precarios, pero con la llegada de esta y con las diversas reformas laborales que se han acometido en nuestro mercado de trabajo a día de hoy los jóvenes tenemos cuatro alternativas: la precariedad, el paro, el exilio y, por supuesto, lo que nosotros llamamos el neoesclavismo, que es el nombre que tiene trabajar sin cobrar. Es cierto que la garantía juvenil nace al amparo del norte de Europa y es una propuesta que tiene su origen en los sindicatos y en el European Youth Forum. Es una propuesta que nacía para intentar atacar un problema gravísimo que tenemos en nuestro país y que es que la inmensa mayoría de las personas jóvenes no tienen trabajo o tienen un trabajo terriblemente precario. Por tanto, es un plan para hacer frente a unas necesidades imperiosas en nuestro país; un plan para hacer frente a la calidad del empleo que tenemos en este país, porque es ampliamente precario. Lo cierto es que, como tantas otras cosas que pasan por las manos del Partido Popular, una vez llegó a España un mandato claro de calidad, de mejora y de desprecarización, pero, repito, una vez pasado por las manos del Partido Popular eso se convirtió en una herramienta de precarización y desgraciadamente en una nueva oportunidad perdida. Es una garantía que degrada, deforma y precariza; una garantía que se queda muy lejos de las necesidades que teníamos en nuestro país. A día de hoy la Garantía Juvenil no es garantía de nada más allá de la frustración de la mayoría de los jóvenes que viven en España, sea cual sea el territorio en el que habiten y en el que intenten trabajar. La experiencia establece que son las prácticas no laborales la forma habitual de la gente joven para entrar en el mercado de trabajo cuando debería ser un contrato, que es lo que nosotros pedimos. En ningún caso se contempla la calidad del empleo, cosa que aparecía en el mandato de la Comisión Europea. Por supuesto hay un trato de sospechosos habituales, incluso de criminalización hacia las personas jóvenes de nuestro país.
Nosotros compartimos la proposición no de ley que hace Coalición Canaria y también la enmienda que comentaba la compañera en tanto en cuanto reivindicamos soluciones políticas a la dramática situación en la que nos encontramos a día de hoy. Por supuesto, necesitamos aumentar la calidad de nuestro empleo; por eso precisamos de medidas concretas alrededor de esto, un plan de desprecarización del mercado de trabajo en el que se promueva -eso es lo que nosotros entendemos que debería promover la Garantía Juvenil- la igualdad de oportunidades y, por supuesto, una dotación presupuestaria suficiente para atacar un problema de tamaña envergadura. Lo cierto es que -con esto termino- llevamos desde 2012 -y estamos en 2016- hablando de la Garantía Juvenil. Se les debería caer la cara de vergüenza por este hecho, ya que en un fin de semana ustedes fueron capaces de salvar la banca, en un fin de semana aprobaron un montón de artículos, como el 135, que impide tantas cosas; pero cuatro años después seguimos sin poder implantar una Garantía Juvenil tan necesaria y tan demandada, no solo por los jóvenes de España sino también desde muchas instancias europeas. Además no hay Garantía Juvenil posible sin las derogaciones de las dos reformas laborales.
Termino agradeciendo a los compañeros de Coalición Canaria la proposición no de ley. Anuncio nuestro voto favorable a la misma.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Diputada Esther Peña.
La señora PEÑA CAMARERO: La verdad es que para mí es una satisfacción estrenarme en esta Comisión, porque hace escasos dos meses, en mi puesto de trabajo como integradora laboral, trabajaba con jóvenes en peligro de exclusión con el programa de Garantía Juvenil y hoy es un placer poner voz en las instituciones a todas sus demandas. Por eso desde el Grupo Socialista entendemos que es fundamental que se convoque a los grupos, consejos, comisiones y demás órganos de evaluación y seguimiento contemplados en la estrategia de Emprendimiento y en el programa de Garantía Juvenil. Ponemos además especial relieve en que se reúna el grupo de trabajo en el que se integran los interlocutores sociales, pues no ha sido convocado casi dos años después de la puesta en marcha del programa. Entendemos que esta es una labor urgente y necesaria para comprobar la idoneidad de las acciones realizadas hasta el momento en el marco de este programa y avanzar así en la corrección de sus disfuncionalidades y en la mejora de su implantación, para de este modo poder proponer actuaciones que se demandan desde distintas comunidades autónomas, tal y como queda reflejado en la propia proposición no de ley, así como desde los propios usuarios. Un 10 % de la juventud española menor de treinta años está en peligro de exclusión, casi la mitad de los jóvenes demandantes de empleo lo hacen desde hace más de dos años; la tasa de abandono escolar dobla la de la Unión Europea; los contratos temporales suponen ocho de cada diez contrataciones y son casi un millón y medio de desempleados los menores de treinta años; 30 puntos por encima de la zona euro.
Pese a lo dramático de estos datos, el Gobierno del Partido Popular solo se ha preocupado del número de jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil sin prestar atención a qué pasa realmente con ellos. La ministra solo habla de inscritos. ¿Acaso todavía estamos en fase de inscripción? ¿Cuándo vamos a empezar a trabajar con los inscritos? Para el Gobierno del Partido Popular es un éxito interpretar una estadística. Pretenden ocultar y no solucionar el drama del desempleo juvenil. El equipo de Gobierno no tiene respuestas a las necesidades de la juventud española. La juventud española que está en desempleo no necesita una web, que, por cierto, es el inicio del fracaso de este programa, pues han creado una plataforma gestionada por el Ministerio de Empleo a espaldas de los servicios públicos de empleo estatales y de las comunidades autónomas. No compartimos, por tanto, la estrategia del Gobierno del Partido Popular de trampear y reducir los datos de paro con la creación de un registro paralelo y opaco al margen de los servicios públicos de empleo.
La juventud española que está en desempleo necesita una respuesta integral a sus necesidades, y el Partido Popular tampoco tiene respuestas a esto. Un programa de Garantía Juvenil debería comprender actuaciones en el ámbito educativo, laboral y social. Necesitan políticas activas de empleo que, a través de un itinerario de especialización para la inserción, puedan mejorar sus competencias, acreditar la experiencia profesional y no solo estar a expensas de lo único que se les ofrece hasta ahora: una inscripción, un teléfono genérico de información y las bonificaciones a las empresas de toda la vida. La juventud española que está en desempleo necesita, por tanto, un empleo digno y de calidad, no bonificaciones a la contratación indefinida; por cierto, indefinida de seis meses como plantea este programa. Esto está suponiendo un rotundo fracaso. A esto hay que sumar además el recorte en políticas activas de empleo que el Partido Popular ha desarrollado en los últimos cuatro años, que podemos cifrar en 3.000 millones de euros, y también su reforma laboral, que ha sido y sigue siendo tan perniciosa para los derechos de los trabajadores como, fundamentalmente, para los de los jóvenes y las mujeres. El Gobierno del Estado está demostrando una ineptitud en su gestión y una despreocupación inexplicable ante este suspenso evidente, por mucho que en su momento quisieran disimular su fracaso ampliando hasta los treinta años la edad de los participantes. La acción de este Gobierno parece que tiene como único objetivo tener entretenidos un rato a los jóvenes metiéndolos en un cajón de sastre, como es a día de hoy la Garantía Juvenil. La transparencia brilla por su ausencia, la comunicación también. No podemos esperar a que la ministra, como sucedió la semana pasada, vaya a Europa para poder conocer los últimos datos del programa; por cierto, muy negativos: solo un 11 % de los potenciales demandantes de este sistema están dentro. Queremos saber qué se está haciendo en este programa y qué impacto real está teniendo. Esto no lo dice solo este grupo parlamentario sino los agentes sociales, la Comisión Europea, el Tribunal Europeo de Cuentas y el Consejo Europeo de Juventud, que dudan de la eficacia de un sistema que se limita a contar jóvenes inscritos en un programa sin salida.
Tenemos, por tanto, un objetivo muy claro. Tenemos que evitar el desperdicio de capital humano, la emigración forzada. Tenemos que romper con la dualidad del mercado laboral para evitar la precariedad. Es urgente cambiar la regulación laboral y reestructurar el sistema educativo que priorice la calidad y la equidad para dar respuesta a sus casi 4 millones de españoles que están esperando a que entre todos corrijamos este Sistema de Garantía Juvenil. Por tanto, visto que la transaccional del partido proponente atiende a estas consideraciones, estamos de acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario Popular, la Diputada Matilde Asian. Le rogaría que esta vez se ciñera al tiempo y, por tanto, no la tuviera que mirar con ojos inquisidores.
La señora ASIAN GONZÁLEZ: Lo voy a hacer, señor presidente.
Quiero comenzar mi intervención diciendo que el Gobierno de España estableció una estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, 2013-2016, en la cual se pretende abordar de raíz todos los problemas que tiene el paro juvenil en nuestro país. En ella se contienen más de cien medidas, y gracias a esta estrategia 432.000 menores de treinta años se han beneficiado de algunas de ellas (tarifa plana, bonificaciones, inserciones, posibilidad de compatibilizar la percepción de desempleo con la realización de actividades económicas, etcétera). También tenemos que poner en valor que, afortunadamente, tenemos una formación profesional dual que funciona. Tenemos 150.000 jóvenes con un contrato de formación y aprendizaje. En este marco de la estrategia para el Emprendimiento y el Empleo Joven, que se inicia un año antes, se ofrece el Plan de implantación de Garantía Juvenil del Gobierno, que se presentó en diciembre de 2013 y que viene a reforzar estas cien medidas de actuaciones en la estrategia de lucha para favorecer el emprendimiento y el empleo juvenil. Las competencias de la Administración General del Estado son las de coordinación. La Secretaría de Estado de Empleo coordina, pero las actuaciones corresponden a las comunidades autónomas y a los organismos intermedios. El principal centro de debate es la Comisión delegada del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, emanada de la Conferencia Sectorial de Empleo.
Con esto quiero decir que todas las reflexiones que se han hecho aquí sobre deficiencias del sistema, que pueden ser ciertas -cada uno tiene sus experiencias personales, que por supuesto son aportaciones muy interesantes-, deben ser referidas a la totalidad de los agentes implicados, comunidades autónomas y demás organismos que intervienen en la implantación de la Garantía Juvenil. Además existen grupos de trabajo, pero son de carácter técnico, entre las distintas comunidades autónomas y la Administración central, en los que se intercambian las experiencias. En cuanto a los aspectos concretos de la PNL y de las enmiendas presentadas, la dotación es bastante elevada, 2.300 millones de euros -aunque nunca es suficiente el dinero para enfrentarse a un problema de estas características-, y se puede gastar hasta 2018. Afortunadamente todavía tenemos plazo para hacer efectivo este importe financiado en un 92 % con fondos europeos. Su distribución se hizo también de acuerdo con las comunidades autónomas y se han tenido en cuenta muchísimos elementos -por supuesto el nivel de desempleo juvenil es esencial-, así como la capacidad de gestión de las propias comunidades autónomas, respetando que esta es una competencia suya y que tienen libertad total de actuación.
En cuanto a la retirada de la petición de que se elevara el tramo de edad a los treinta y cinco años, también la vemos razonable, toda vez que en este tramo de edad el nivel de desempleo es de un 20,3 % -la media nacional es del 20 por ciento- y el empleo por debajo de los veinticinco años es muy superior. Luego, nos parece razonable que se retire esta petición, sin perjuicio de que se aprueben medidas específicas para personas entre treinta y treinta y cinco años, aunque esto supondría desnaturalizar la propia esencia del plan.
En lo referente a habilitar registros autonómicos, ya se está haciendo. El hecho de que haya una plataforma on line en principio es algo bueno. Por primera vez en España todos los datos se ponen en común entre la Administración General del Estado y las administraciones autonómicas. El sistema no puede ser opaco, puesto que se trata de una plataforma común en la que intervienen todos los actores de la implantación de la Garantía Juvenil.
En cuanto a Canarias, actualmente hay 8.026 jóvenes inscritos. Es bajo, es un 4 % del total de los jóvenes inscritos; son 192.503 inscripciones. En Canarias tenemos el 20 % del desempleo juvenil. Es un porcentaje bajo; hay que buscar las razones de la poca implantación del plan y por qué hay tan pocas inscripciones. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué en Canarias se han inscrito solo el 20 % de los 39.200 parados menores de veinticinco años? ¿Cuáles son las razones? ¿Son de tipo
administrativo, como se ha apuntado? Me temo que no, porque se han resuelto un 95 % de los expedientes y solo se han denegado 410 solicitudes. ¿El problema es que se utilice Internet? Tampoco parece que sea así, porque en Canarias solo se han presentado 50 instancias en papel; 2.729 inscripciones se han hecho mediante certificado y 5.247 han sido inscripciones directas. ¿Hay falta de conocimiento en cuanto a la difusión? Esto es algo muy razonable. Tenemos que hacerlo. En esta línea se están iniciando acuerdos con las cámaras de comercio y con el Injuve. En este sentido hemos presentado una enmienda con la cual pretendemos, como no puede ser de otra manera, ante la falta de inscripciones en Canarias, para todas aquellas comunidades que quieran conocer el sistema, que se hagan campañas de divulgación para que no exista ningún joven que, reuniendo los requisitos para estar inscrito en el sistema, no lo haga por falta de conocimiento de las ventajas que se pueden derivar de su inscripción.
El señor PRESIDENTE: ¿Desea intervenir el portavoz del Grupo Vasco? (Denegación). Tiene la palabra el portavoz de Democràcia i Llibertat.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: La iniciativa que nos plantea Coalición Canaria, señora Oramas, es acertada y necesaria. Compartimos la preocupación de que el programa de Garantía Juvenil termine siendo una oportunidad perdida para hacer frente al gravísimo problema del desempleo juvenil. Es evidente que existe un problema de diseño del programa en España, que fundamentalmente es responsabilidad de la Administración General del Estado y del Gobierno central. Se trata de un programa que, tal como está diseñado, obliga a los jóvenes a inscribirse en él, y que está dificultando que muchos jóvenes susceptibles de participar del mismo puedan ser beneficiarios de las medidas que el plan contempla. Es inflexible, porque cualquier joven que en los cuatro meses anteriores haya tenido un día de empleo no puede acogerse a él. Excluye a los jóvenes que se encuentran en mayor riesgo de exclusión social, como son los de origen extranjero sin documentación legal. Además, el 50 % del gasto del programa está centralizado, a través de las bonificaciones a la Seguridad Social, que se gestionan desde el SEPE y no desde las comunidades autónomas, y con todas las críticas que hemos hecho todos a las medidas de bonificación al empleo como instrumento de política activa. El programa no aborda los problemas estructurales del desempleo juvenil que en parte se explican -más allá de las cuestiones vinculadas al sistema de formación- por la debilidad de la transición de la formación al empleo, de la transición del sistema educativo al mercado de trabajo. No parece que los programas que se están desarrollando en relación con la Garantía Juvenil respondan a este planteamiento. Por tanto, la advertencia que nos formulaba la señora Oramas no es menor. Es importante y, por tanto, va a contar con el apoyo del Grupo de Democràcia i Llibertat esta tarde.
Anuncio también que mi grupo ha planteado la creación de una subcomisión en el seno de esta Comisión de Empleo para finalizar los trabajos que la subcomisión sobre desempleo juvenil desarrolló en la pasada legislatura, y que fueron intensos e interesantes, pero, por razones que no vienen al caso ahora, terminaron en nada. Sería bueno que en el inicio de esta actividad se pusiese de nuevo en marcha esa subcomisión y fuésemos capaces de definir un diagnóstico y una agenda compartidos frente al problema de desempleo juvenil. Espero, señor presidente, que en una próxima reunión de esta Comisión podamos discutir esta propuesta del Grupo Parlamentario Catalán de Democràcia i Llibertat y que cuente con el apoyo de todos los grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya, el señor Salvador.
El señor SALVADOR I DUCH: Como no puede ser de otra manera, vamos a dar apoyo a esta proposición no de ley de Coalición Canaria, pero, como he dicho en otras intervenciones, estamos hablando de parches porque el desempleo juvenil es una lacra que afecta prácticamente a todas las comunidades. Punto arriba, punto abajo estamos al 50 %, lo cual quiere decir que la cosa no funciona. Los parches son importantes, hay que ponerlos, por eso votamos a favor; pero hay que derogar todas las leyes contra las clases trabajadoras de estos últimos años. Hay cosas que son difíciles de entender. Por ejemplo, debemos volver a bajar la jubilación a los sesenta y cinco años porque no se puede entender de ninguna manera que, habiendo tasas de desempleo juvenil del 50 %, se alargue la edad de jubilación. Aquí hace falta un plan de empleo juvenil serio, de verdad, porque las tasas son las que son y las cosas que se han hecho hasta ahora no han funcionado en los últimos años.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Ciudadanos, el señor Rodríguez Vázquez.
El señor RODRÍGUEZ VÁZQUEZ: El Grupo Ciudadanos tiene una especial preocupación por el paro de larga duración y en particular también por el desempleo juvenil. Por ello, nuestro propósito es favorecer todo tipo de políticas para que los jóvenes puedan acceder al mercado laboral. Consideramos importante llevar a cabo una reforma integral de las políticas activas de búsqueda de empleo, erradicar o al menos reducir el abandono escolar y apostar por la formación dual para los más jóvenes. Abogamos por aplicar un plan de choque para promover la formación de los trabajadores y de sus competencias básicas de empleo, y todo ello sin olvidar la necesaria reforma integral del Servicio Público de Empleo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la portavoz del grupo proponente.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Quiero agradecer las intervenciones. No voy a aceptar la enmienda del Grupo Popular. Quiero decir que qué gustazo después de cuatro años que se vuelva a aprobar una proposición no de ley, y que además se haga con consenso y aportaciones de un montón de grupos de la izquierda y de la derecha. De verdad que es un gustazo. No sé lo que va a durar esta legislatura pero ha sido espectacular. (Risas.-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Si les parece, vamos a suspender unos minutos la sesión para conocer los textos de las enmiendas transaccionales y realizar las votaciones. (Pausa).
Procedemos a las votaciones de las distintas proposiciones no de ley con las enmiendas transaccionales que en su caso se hayan aprobado.
En primer lugar, la proposición no de ley sobre la viabilidad de la planta de Altadis en La Rioja, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, se somete a votación con el texto de la enmienda transaccional presentada por todos los grupos parlamentarios, y que el letrado procede a leer.
El señor LETRADO: La exposición de motivos sería el texto de la proposición no de ley con la adición como último párrafo del apartado 1 de la enmienda del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem- En Marea. El petitum de la proposición no de ley sería el texto de la proposición no de ley, pero terminando en la frase: y para impedir su cierre.
Procedemos a la votación de la segunda proposición no de ley relativa al apoyo y mejora de la situación de los trabajadores y las trabajadoras eventuales del campo en Andalucía, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Se somete a votación la proposición no de ley en los propios términos, porque el Grupo Parlamentario Socialista no ha aceptado la incorporación de enmiendas al respecto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 20; abstenciones, 1.
En tercer lugar, procedemos a la votación de la proposición no de ley sobre elaboración de un plan contra la explotación laboral, específicamente en las comunidades autónomas que presentan mayores índices, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Se somete a votación con el texto de la enmienda transaccionada y apoyada por los grupos parlamentarios Socialista, Podemos-En Comú Podem- En Marea, Esquerra Republicana de Catalunya, Democràcia i Llibertat, Grupo Vasco y Grupo Mixto.
En cuarto lugar, procedemos a la votación sobre la proposición no de ley sobre el rescate del Plan integral de empleo de Canarias, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, que se somete a votación con el texto de la enmienda transaccional de los grupos parlamentarios Mixto, Socialista, Podemos-En Comú Podem- En Marea y Ciudadanos.
En último lugar, se somete a votación la proposición no de ley sobre la estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, Garantía Juvenil, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. Se somete a votación con el texto de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, el Grupo Socialista y el Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El presidente levanta la sesión.