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Timestamp: 2017-11-22 13:03:29
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Periodismo en Redacción: Opinión. Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Periodismo en Redacción recorrió las calles puntaltenses con el propósito de dialogar con los vecinos respecto a un tema de suma importancia para el desarrollo profesional periodístico y la promoción de nuevas voces en nuestro país: la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y su implementación definitiva a partir del 7 de diciembre.
Nuestros cronistas recogieron distintas opiniones, en su mayoría pensadas desde "el sentido común", como síntesis de las distintas campañas mediáticas que se emiten tanto a favor, como en contra de la mencionada ley.
Este medio publica a continuación las notas producidas e invita a los lectores a conocer más a fondo la Ley 26.522 -que puede encontrarse en el link ubicado líneas arriba- y comentar la presente entrada.
Por Yamila Acuña
En el año 2009 el gobierno actual de Cristina Fernández de Kirchner lanzó el proyecto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N°26.522. La misma, pasó por la Cámara de Diputados de la Nación para reemplazar a la vieja Ley de Radiodifusión que había sido promulgada en la última dictadura militar. Fue aprobada después de realizarle más de 100 modificaciones, y luego llegó hasta la Cámara de Senadores de la Nación donde se aprobó por 44 votos a favor y 24 en contra.
El nuevo proyecto responde a los nuevos avances tecnológicos de los últimos años y democratiza el acceso a la información como un “derecho a la comunicación”.
La ley considera que las actividades que realizan los medios son de interés público como así también esenciales para el desarrollo de la sociedad, la cual tiene derecho a expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas u opiniones.
Este medio salió en búsqueda de la opinión ciudadana acerca de este tema. Las mismas, resultaron muy variadas dado que por un lado hubo gente que manifestó estar a favor de la ley siempre y cuando sea para todos iguales y se deje opinar libremente a los periodistas con información actualizada. También objetaron no ir en contra de algún medio en particular, sino alentar a la pluralidad de opiniones y acabar con los monopolios de la comunicación.
Hubo otra parte que afirmó estar a favor pero con algunos puntos de la ley en desacuerdo. Resaltaron que lo polémico acerca de la norma son unos artículos que agregó el oficialismo, ya que consideran que tienen mala intención porque no miden la misma cantidad de medios que deben tener los inversores. Por otro lado, la pregunta que plantearon es “¿qué sería de un país que controla la libre expresión? Un periodista de 678 no puede criticar cualquier acción del gobierno sino los echan de su trabajo. Sin embargo, un periodista de un medio independiente se cotiza mejor y es más creíble, porque puede manejar las noticias y ejercer el periodismo. Como dijo Lanata, el periodista busca la información, la chequea y una vez que está bien analizada la difunde”, cuestionó un vecino.
Con respecto al 7 de diciembre –el 7D- declararon que más allá de terminar con los monopolios, lo que se observa es una pelea de poder entre los oficialistas y opositores del gobierno.
La ley de medios tiene como objetivos buscar la igualdad en el acceso de la información, terminar con la hegemonía de los monopolios y fomentar la producción nacional, entre otras propuestas.
Por ejemplo, los prestadores de radiodifusión pueden ser de tres tipos: A) de gestión privada con fines de lucro -Privados-; B) de gestión estatal -Públicos-, C) de gestión privada sin fines de lucro -ONG-. En ninguno de los casos deben ocupar más del 33% de las señales emitidas.
Esta distribución constituye una pluralidad de opiniones sin que se llegue al monopolio de las comunicaciones mediante la concentración de opiniones de pocos actores. Esto garantiza un país regido por diversas corrientes de opinión sin atentar contra el libre pensamiento de las personas, o mejor dicho, de aquellos que trabajan en el ámbito de la comunicación social.
La nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº26.522, fue promulgada el 10 de octubre 2009 en reemplazo de la ley Nº 22.285 difundida por la Dictadura Militar en 1980. Sin duda, esta nueva normativa marcó un hito en la historia de los medios de comunicación, el acceso a la información y la comunicación social en la Argentina.
Desde su promulgación, esta ley ha generado los más diversos y enriquecedores debates entre quienes están a favor de su aplicación y aquellos que la consideran “un apriete” del gobierno nacional para desmembrar los monopolios y oligopolios que actualmente funcionan en el país, que les permita estatizar aquellos medios expropiados a quienes no cumplan con dicha ley.
Los monopolios en sí mismos no son malos, sino que deben estar distribuidos en su justa manera, de forma tal que todo ciudadano que decida ponerse al frente de un medio de comunicación audiovisual pueda hacerlo sin sentir la presión que un monopolio representa. Actualmente, el 77% de los medios están en manos de un solo grupo.
A pesar del incesante avance de la tecnología de los medios de comunicación en general, y particularmente de los audiovisuales, aún existen ciudades del interior del país que no tienen posibilidad de acceder a la comunicación audiovisual ya que, al pertenecer a empresas privadas, deben pagar un abono a cambio del servicio, que muchas familias no están en condiciones de afrontar. Por ello, y a través de la aplicación de esta nueva ley, el gobierno pretende que todos los ciudadanos argentinos tengan acceso a los servicios de radiodifusión y comunicación audiovisual.
En consecuencia, y con el fin – además – de impedir la formación de monopolios y oligopolios, el gobierno busca – mediante la aplicación de esta ley – poner límites a la concentración, fijando topes a la cantidad de licencias y por tipo de medios. Por ello, un mismo concesionario sólo puede tener una licencia de servicios de comunicación audiovisual sobre soporte satelital; hasta 10 señales sonoras de televisión abierta o cable, y hasta 24 licencias de radiodifusión por suscripción. Además, a ningún operador se le permite que de servicios a más del 35% del total de la población del país.
Por otra parte, quien maneje un canal de televisión abierta no podrá ser dueño de una empresa de distribución de televisión por cable en la misma localidad, y viceversa. También se impide que las compañías telefónicas brinden servicios de televisión por cable.
Claramente, la aplicación de la nueva ley permitirá que exista una mayor diversidad de medios que apunten a distintos objetivos, que sean poseedores de diferentes ideologías y que difundan distintas culturas como producto del lugar en que se desarrollan. Y, sobre todo, que se ponga fin a esa “red de medios” distribuido en más de la mitad del territorio nacional, que difunden en la totalidad de sus medios audiovisuales la misma información, censurando a quienes no estén de acuerdo con su forma de pensar y mostrando una fuerte oposición al gobierno de turno.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y el famoso “7D” (el 7 de diciembre entra en vigencia, por un fallo de la Corte Suprema, el artículo 161 de la ley Nº 26522, que fija un máximo de licencias por grupo empresario), resultan temas poco frecuentes en la sociedad. Si bien han generado plenos debates, éstos no se originaron en el común de la gente que consume los medios de comunicación. Mayormente, el ciudadano atribuye la ley a conflictos entre el Gobierno Nacional y el Grupo Clarín. Otros, sólo la atribuyen a una manera de reglamentar el trabajo de los medios, como otras tantas normas que se aplican en el país. Algunos pocos conocen realmente cuál es el objetivo de la ley y por qué el Grupo Clarín aparece en cada debate que surge cuando se menciona esta norma, desde su promulgación.
Debido a que se considera a la comunicación audiovisual en cualquiera de sus soportes como una actividad social de interés público, de carácter esencial para el desarrollo sociocultural de la población, por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones sin ningún tipo de censura, es que la aplicación de esta ley resultará el medio más efectivo para que tanto concesionarios de medios como ciudadanos tengan un acceso justo – como prestadores de servicios y consumidores respectivamente - a los medios audiovisuales de comunicación.
Periodismo en Redacción consultó a los ciudadanos de Punta Alta acerca de las opiniones y saberes en cuanto a la Ley de medios; ley tan debatida en el ámbito de la política y la comunicación.
En el año 2009, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522 fue aprobada, pero debido a una serie de medidas cautelares que se apelaron, fue refrenada y no pudo cumplir su plena vigencia.
Esta ley implica el no monopolio de los medios de comunicación, se encuentra totalmente comprometida con la libertad de expresión y establece pautas que rigen el funcionamiento de los medios radiales y televisivos en nuestro país. En dicha norma, se declara principalmente a los medios de comunicación audiovisuales de interés público, siendo que el Estado no podrá ser dueño de la explotación, si no la entidad que lo regule.
En Argentina, el Grupo Clarín es un potenciado monopolio que contiene la mayor concentración de medios de comunicación.
El 22 de mayo de este año, la Corte Suprema de Justicia estableció un plazo para el cumplimiento de la ley: el 7 de diciembre de 2012, el 7D. Ese día, entra en vigencia, a través del fallo judicial, el artículo 161 de la ley, que fija un máximo de licencias por grupo empresario.
Es una fecha clave que provoca desde hace meses diferentes debates y opiniones políticas y sociales.
Periodismo en Redacción, dialogó con los puntaltense acerca de la opinión que les merecía la ley y la situación que se había generado. Lamentablemente, sólo unos pocos estaban informados del tema, pero aquellos que sabían dieron sus puntos de vista de manera satisfactoria.
Aseguraron que en estos momentos es una ley muy conflictiva, ya que por parte de medios oficialistas se dice una cosa y por parte del Grupo Clarín otra, lo que genera confusión e incertidumbre en lo que refiere a los beneficios y perjuicios de su implementación total. También, aconsejaron que deberían fijarse o tener en consideración las opiniones neutrales que pueden surgir por parte de los medios, y que habría que pensar más en los intereses individuales, ya que se encuentran muchas familias detrás de ésta situación.
Por Santiago Matías Vázquez
Hace más de tres años que el campo comunicativo de Argentina se rige con una nueva ley, la 26.522, que derogó a la antigua, dictada por la última dictadura cívico-militar. Si bien fue claramente un avance en esta materia, todavía no se ha implementado en forma total la nueva norma y en especial aquel artículo, el Nº 161, que establece la adecuación de ciertos medios que posean una mayor cantidad de licencias que establece la norma, y que la misma da un plazo de un año para que todos los medios de comunicación se ajusten a los nuevos parámetros. Todos sabemos que el principal “damnificado” es el Grupo Clarín, lo que hace todavía más presente y con más argumentos, por parte de los dos lados, la dualidad y rivalidad latente entre el Oficialismo vs. Clarín.
Lo notorio del caso, es que la ley tiene otros alcances quizá más interesante pero menos conocidos, debido a que los medios se han preocupado más por minimizar a la 26.522 a ese solo fin, sin la opción de ver otros avances gracias a esta nueva legislación. Ejemplo de lo anterior podemos citar que la nueva reglamentación promueve la participación de nuevos actores en el espacio comunicativo: pueblos originarios, universidades, como así también fomenta el fortalecimiento de los medios que tienen una influencia y una llegada dentro de un espacio más pequeño, en otras palabras, permite una democratización tanto en el acceso como en el consumo. Éstos son lo algunos de los ejemplos que podríamos citar.
Desde Periodismo en Redacción, salimos a las calles de Punta Alta para conocer la opinión de las personas con respecto a esta temática. Algunos la ven como una ley positiva, pero a la vez como generadora de conflictos, producto de las opiniones que se vierten desde algunos medios de comunicación. Opiniones distintas de los medios más cercanos al gobierno, y aquellos que se encuentran más alejados. Pero en líneas generales se desconocen los alcances de la ley, y muchos optaron por decir que sólo se guían por lo que dicen los medios.
Este pequeño pantallazo, y ajustado a un espacio y tiempo determinado, permite reconocer un gran vacío de las cualidades de la nueva reglamentación. Lo cierto es que la ley ya ha sido votada y sancionada y por ende, como toda legislación, se ha hecho para que se cumpla. Ahora hay que esperar al 7 de diciembre, fecha en que se estipuló el límite para que aquellos medios que no cumplen el artículo 161, comiencen a ajustarse a los nuevos principios estipulados por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Por Florencia Martínez Romero
El objeto de la Ley 26.522 es la regulación de los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito territorial de la República Argentina y el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
La actividad realizada por los servicios de comunicación audiovisual se considera una actividad de interés público, de carácter fundamental para el desarrollo sociocultural de la población por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones y opiniones.
Periodismo en Redacción salió a la calle en busca de opiniones sobre este tema.
La mayoría de los ciudadanos no saben de qué se trata la ley, pero demuestran un gran disgusto con el Gobierno de turno.
A pesar de eso, nos encontramos con habitantes que sabían sobre la cuestión.
Uno de los entrevistados manifestó que “es una ley que incorpora las entidades sin fines de lucro, como por ejemplo, la Iglesia. Hay que pelear por el artículo 161, el de la desinversión, ése es el secreto.” Además comentó que trabaja para la Cooperativa Eléctrica de Punta Alta; y dijo que han participado de foros en el año 2009/2010 y que eso ha venido muy bien porque es una ley “muy discutida, muy debatida; es una ley que tiene un espíritu antimonopolio”.
“Hoy el grupo Clarín tiene 264 licencias por televisión por cable, cuando se puede tener 24, tiene 10 canales aéreos, infinidades de radios AM, FM… es un verdadero disparate”, sostuvo.
En cuanto al 7D su opinión fue que “ellos (el grupo Clarín) se tienen que ajustar a la ley y adecuar. Ese día se tienen que ajustar a los derechos”.
Otro joven dio su sentir al respecto. Declaró que la Ley de Medios es una nueva ley que está impulsada por “La Cámpora”, es decir, por el partido del gobierno de Cristina, y apunta a sacar el monopolio de Clarín. Respecto al 7D dijo “creo que es el plazo que tiene para desligarse de todo. Igual no va a pasar nada, va a seguir todo igual”.
Otro ciudadano comentó que no sabía mucho, pero le gustaría que haya más libertad. Su opinión sobre el 7D fue “me gustaría que siga todo como está, que el periodismo se exprese con tranquilidad y veracidad, no con sometimientos”.
En este sentido, un vecino señaló que “la ley es necesaria, ningún monopolio es bueno, y esto no sólo es para las empresas sino también lo digo por el Estado, la política. Hace falta una reglamentación de medios pero que sea acorde a las necesidades que se viven en la realidad, tengo entendido que no tiene muy en cuenta a los medios digitales. Creo que el gobierno la está utilizando exclusivamente para ir en contra del grupo "Clarín" y no porque le interese mucho la diversificación de los medios en sí.”
Como puede observarse, lo que busca el gobierno, a través de la ley, es frenar la formación de monopolios y poner fin a la concentración.
Es una ley muy complicada, ya que demuestra un gran altercado de poder, entre los oficialistas y el Grupo Clarín. Esto funda desconcierto, en cuanto a los beneficios y daños de su ejecución.
Lo que piden los ciudadanos es más claridad y unión para terminar con estos privilegios.
A partir de Octubre del 2009, fue dictaminada la ley 26522 de servicios de Comunicación Audiovisual en la República Argentina. Desde ése momento fue discutida en todos los ámbitos del país y apelada por un grupo monopólico ante la justicia.
Pero poco se sabe de lo que se aprobó y son muchos los que critican el contenido de lo establecido. En una encuesta realizada en la ciudad, muchos de los consultados no supieron que responder ante la pregunta sobre que opinaban de la nueva reglamentación. Casi unánimemente, la gente cree que sólo perjudica o beneficia a los periodistas o a los medios.
La fuerte pelea mediática que nos muestran entre el Grupo Clarín y el Gobierno, constantemente en la televisión o en los gráficos, confunden al público sobre el objetivo real de la legislación y lo que el ciudadano tendría como garantía.
En los artículos se puede leer muy claramente que no existe la censura que muchos quieren hacernos creer. Garantizan nuestras opiniones, ideas y toda aquella información que tenemos derecho a difundir.
También pone en énfasis aquellos requisitos que se deben llevar a cabo para evitar que unos pocos tengan en sus manos, el poder de transmitir toda la información, restando valor a las pequeñas organizaciones y quintándole al público la diversidad que necesita conocer para el desarrollo sociocultural de nuestra Nación.
Es obligación de los jueces optar por el beneficio de todos.Ninguno de los dos artículos en reclamo (el 45 y el 161) está referido a la libertad de expresión o de prensa, sino a cuestiones patrimoniales, es decir, al negocio y no a los contenidos. Lo que está haciendo el Grupo Clarín es defender su poder ante una comunidad, representada por el Congreso de la Nación, que aprobó una ley para regular el desarrollo monopólico o situaciones dominantes en el mercado por parte de empresas de medios. Estas normas existen en todo el mundo y en algunos países son todavía más estrictas.
Es necesario llegar a una conclusión en conjunto y que tengamos interés de involucrarnos porque nuestro futuro también esta en manos de poderes que sólo quieren obtener ganancias sin invertir en el futuro y en la democracia de nuestra patria.
Si bien la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 que establece las pautas que rigen el funcionamiento de los medios radiales y televisivos en la República Argentina fue sancionada hace ya tres años, hoy genera una guerra judicial entre el gobierno kirchnerista y el Grupo Clarín.
Es muy notable que los avisos publicitarios transmitidos en televisión, sobre la misma, no generen en muchos de los ciudadanos interés por saber del debate. Otros, en cambio, opinaron y Periodismo en Redacción pudo comprobarlo al pedir testimonios en la localidad de Punta Alta.
“Esta ley es muy buena, creo que el llamado 7-D es el día en que Clarín se debe adaptar a la misma, optando por 24 licencias de las 264 que posee, eligiendo por canal aéreo o por cable”, expresó una señora.
Varios residentes enunciaron que esta ley está inducida por “La Cámpora”, pero la gran mayoría se encuentra a favor y señaló que el Grupo Clarín debe cumplirla. Además diferentes pobladores consideraron que el 7 de diciembre es el plazo que le otorgan para escoger todo, pero indudablemente será una ley más que no será cumplida.
Preparándose para este día los distintos espacios políticos kirchneristas que conforman Unidos y Organizados realizaron, en La Plata, una nueva jornada de expansión e información sobre la ley. La misma radicó en repartir material informativo puerta a puerta. Luis D’Elía anticipó que se llevará a cabo una “marcha federal” anterior a la aplicación completa de la ley. Esperando que miles de argentinos salgan a la calle a acompañar a la presidenta para que se ponga en marcha dicha ley.
La Cámara en lo Civil y Comercial Federal escogió al juez Horacio Alfonso como subrogante al frente del Juzgado 1 en lo Civil y Comercial. Este tendrá en sus manos la causa por el artículo 161, evaluando la solicitud de inconstitucionalidad de la ley presentada por Clarín.
Hoy martes, los senadores del bloque oficialista enunciarán el dictamen del proyecto de ley para regular la petición per saltum, donde se puede obtener la última instancia legal sin haber recorrido el camino de la tutela judicial efectiva, conocida por las leyes de procedimientos vigentes. La extensa totalidad oficialista que tiene en la Comisión de Asuntos Constitucionales le avala al Gobierno la obtención del mismo. El jefe del bloque oficialista del Senado, Miguel Pichetto, quien firmó este proyecto, afirmó que ellos creen que el cumplimiento de la Ley de medios es un tema de dificultad institucional, porque hace a la democratización de los medios y a la descomposición de los monopolios.
La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual establece las pautas que rigen el funcionamiento de los medios radiales y televisivos en la República Argentina. Esta legislación fue promulgada el 10 de octubre de 2009 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y reemplazó a la Ley de Radiodifusión 22.285, que había sido promulgada en 1980 por la dictadura militar, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, y se había mantenido vigente desde entonces.
A partir de aquí comienza el debate, el mismo que en estos días está en los principales medios gráficos, digitales, radiales y televisivos.
Salimos a la calle a buscar opiniones y qué sabe el ciudadano sobre el tema. Si le interesa o le es indiferente.
Esther (57), respondió con mucha timidez “No se nada, no estoy muy al tanto”, mientras que su compañero de trabajo Diego (35) dijo: “Sé que es una ley que está para regular los medios y la libertad de expresión, escuche hablar de que el “7D” es la fecha en la que se debe empezar a cumplir la ley, aunque no creo que cambie mucho”.
Facundo (26), dijo: “La ley de medios es solo una guerra entre el gobierno y el Grupo Clarín, basta ver la programación de los canales oficialistas y del grupo para darse cuenta de que es un tema de poder y no de “democratización”, después del “7D” no creo que pase nada, aunque ahora quieren meter a la justicia en el medio”.
Etelvina (41) comentó: “No me parece que Clarín abarque tanto pero tampoco estoy a favor del gobierno porque ellos quieren usar a los medios para su campaña, así como al Fútbol para Todos, metiendo su propaganda en todos los cortes en vez de usar ese dinero en otras cosas, como salud, educación; tantas cosas se pueden realizar”
Muchas personas no entendidas en el tema y sólo tomando en cuenta la guerra vista en las tandas publicitarias, caen en la opinión de ver que detrás de todo esto solo hay una lucha de poder. Esto hace que los mismos pierdan el interés en involucrarse y tratar de generar opiniones más comprometidas, respecto al tema.
En el Concejo Deliberante el concejal “Manija” Mallemaci señaló: “No sé bien del tema, sólo te puedo decir que es una ley para problemas, unos te dicen que está bien y otros que esta todo mal”.
“A pesar de que se votó a favor de la aprobación de la ley, no coincido con algunos artículos que pareciera están más en mostrar una postura del gobierno contra el Grupo Clarín, esas diferencias terminan desvirtuando la esencia de la ley. No debemos olvidar que el mismo gobierno que impulsa hoy la ley es el mismo que le dio la concesión al grupo Cablevisión-Multicanal. Esto de grupo contra grupo hizo que el gobierno vaya formando su propio grupo de “pensamiento” que puede ser tan poderoso o más que el del grupo Clarín”, puntualizó el edil J Cornejo.
El objetivo de la ley es la regulación de los servicios de comunicación audiovisual en todo el territorio y también el abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Uno de los artículos en discusión es el 161. En ese sentido, dispone textualmente que "los titulares de licencias de los servicios y registros regulados por esta ley, que a la fecha de su sanción no reúnan o no cumplan los requisitos previstos por la misma, o las personas jurídicas que al momento de entrada en vigencia de esta ley fueran titulares de una cantidad mayor de licencias, o con una composición societaria diferente a la permitida, deberán ajustarse a las disposiciones de la presente en un plazo no mayor a un (1) año desde que la autoridad de aplicación establezca los mecanismos de transición. Vencido dicho plazo serán aplicables las medidas que al incumplimiento —en cada caso— correspondiesen".
Lo anterior es lo que debería empezarse a cumplir a partir del “7 de Diciembre”, veremos si la Justicia puede llegar a dictaminar una solución al respecto sin ninguna intervención de poder, por ninguno de los dos principales “grupos” enfrentados e interesados.
El pasado 10 del corriente se cumplieron tres años de la sanción y promulgación de la Ley 26.522 a través de la cual se regulan los Servicios de Comunicación Audiovisual en todo el ámbito territorial de la República Argentina. El próximo 7 de diciembre, se cumplirá el plazo para que todos se enmarquen en los ejes temáticos de la normativa. Clarín logró una medida cautelar. Este recurso de amparo ha generado una suerte de dualismo donde se encuentran enfrentados dos sectores en forma antagónica. Cada uno con su postura, sus convicciones, reflexiones.
Periodismo en Redacción quiso saber cuál es la percepción de la gente, qué opinan, para lo cual el equipo salió a la calle y la gente nos dijo:
“En realidad hay un artículo, el 161 que regula a los medios que posean mayor cantidad de licencias que establece la norma. El Grupo Clarín al no estar de acuerdo lo elevó a la justicia. El juez de primera instancia puso un amparo a su favor. Pasaron los años y la Corte el 7 de diciembre pasado dijo que se debía fallar sobre el fondo de la cuestión. En el juzgado que se lleva adelante esto no hay juez, el gobierno quiere poner en ese lugar a uno de los suyos. El consejo de la magistratura no lo nombró”, nos comentó Manuel (66), cuando le preguntamos si sabía lo que significaba 7D.
De esta manera nos intentó explicar cómo el poder judicial se sostiene con escasa independencia, ante un gobierno interesado en colocar un magistrado, afín con sus intenciones y de esta manera asegurar el fallo a su favor de la plena vigencia de la ley. Manuel representa una de las voces que ve al gobierno con una clara intención de ser el único ente regulador de los medios de comunicación. Esto conllevaría a apagar aquellas voces opositoras o serían escuchadas con menor atención. Así lograría que sea nula la posibilidad de disenso, debate o posible desacuerdo, con los fines del régimen político actual.
Al consultarle ¿Qué cree que mejorará en el futuro la Ley?, Manuel aseguró: “No creo que mejore nada dado que ahora ellos están comprando todas las radios y televisiones así que solo los vamos a escuchar a los del gobierno y el único noticiero será 678”, y finalizó diciendo: “Me parece que si ponen esa ley esto va a estar más parecido a Cuba que a cualquier otro país de la tierra”.
Según Erika, “Se quiere democratizar un poco, y que no esté la mayoría de los medios en poder de un solo grupo, que haya más voces. A mí me parece bien que exista una ley para que haya libertad de prensa pero supongo que no debe ser perfecta”, concluyó al comentar que se encontraba a favor.
Por su parte, Julio (38), nos comentó que veía los pros y las contras de la normativa: “Lo bueno es que no se monopoliza y lo malo es que el gobierno con esto, veda la libertad de expresión y creo que se fortalece”. Julio resalta este aspecto como una maniobra política concreta, que consiste en el dominio de los medios de comunicación, y lo que ello significa ante el poder del mismo.
El ciudadano común recibe la impresión final de grandes monopolios económicos y políticos enfrentados, envueltos en una guerra por obtener o mantener el poder absoluto sobre los medios de comunicación a fin de utilizarlos en pos del sector de interés que representan. Estos medios, alguna vez llamados “el cuarto poder”, al llevarlos a la pantalla grande, dejan en claro el peso y la impronta que imprimen en la conciencia colectiva en los diferentes ámbitos y temáticas.
No debemos olvidar que los medios masivos de comunicación en su figura de actores políticos son grandes aliados y también poderosos adversarios según aquel que ejerza su dominio. Hoy el periodismo independiente, con tendencia objetiva en la realidad planteada, es casi una utopía.
La nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26.522 despierta los más acalorados debates tanto en el ámbito político como en el de la sociedad civil. Promulgada el 10 de Octubre de 2009, en remplazo de la ley Nº 22.285 sancionada en 1980 durante la última dictadura militar, la comúnmente denominada ley de medios tiene como objeto: “…la regulación de los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito territorial de la República Argentina y el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación”.
Ya sea en la calle, hablando con la gente común, por los distintos canales de televisión o el dial de radio, se puede percibir la polarización de opiniones reinante respecto a este tema. De todas maneras siempre hay matices, y en un mismo discurso podemos encontrar tanto críticas como valoraciones positivas de un mismo tema.
Desde Periodismo en Redacción nos propusimos averiguar en las calles de Punta Alta cuanto se sabe realmente acerca de la ley en cuestión, y qué consecuencias se cree que tendrá una vez que entre en vigencia.
Consultados acerca de lo que se conocía de la ley, la mayoría de los entrevistados respondió que no sabía nada, y frente a nuestra insistencia se arriesgó que la ley era buena, porque “busca la democratización del acceso a la información” o porque buscaba “pluralizar” los contenidos ofrecidos en los medios. O bien, que era una forma encubierta de “embestir contra la oposición” desalentando la inversión de grupos económicos contrarios al gobierno y reduciendo la cantidad de licencias a las que pueden acceder.
Frente a la presentación de amparo interpuesta por el grupo Clarín, la Corte Suprema de Justicia de la Nación puso como plazo el 7 de Diciembre del corriente año para la entrada en vigencia de la totalidad de la norma, incluidos los artículos más discutidos como el 161, y al respecto la opinión también fue diversa. Algunas de las personas consultadas, opino que “después del 7 de Diciembre no va a cambiar nada, ya que el grupo Clarín es muy poderoso, y el gobierno no puede hacer nada contra eso”. Otros sin embargo, opinaron que “la ley es clara, y si se dispuso esa fecha para su entrada en vigencia por la justicia, a Clarín o a cualquiera no le va a quedar más opción que ajustarse a lo que dicta la ley”.
La Ley de Servicios de Comunicación audiovisual posee un espíritu que apunta a defender el pluralismo y la libertad de expresión, términos ambos tan caros a la cultura Argentina actual. Lamentablemente, por el ambiente de confrontación en que nos vemos inmersos, carecemos de la amplitud de visión necesaria para comprender y aceptar que como todo la ley es perfectible, pero que al mismo tiempo era una deuda para con la sociedad. Que se le está dando un uso con fines políticos, pero que al mismo tiempo responde a pretensiones de democratización en el acceso y la difusión de información. Y por último, que no importa qué sector haya sido el impulsor de la ley sino su espíritu y finalidad.
La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual intentará formar una red de sistemas de medios más equitativo, plural y abarcativo, desarrollando la cultura social e imponiendo nuevas reglas que posibilitaran el acceso a la comunicación de aquellos sectores menores que habían sido relegados por las grandes corporaciones mediáticas.
Sancionada y promulgada el 10 de octubre de 2009 y compuesta por 161 artículos, viene a remplazar a la antigua Ley de Radiodifusión N° 22.285 creada en el año 1980 durante el gobierno de facto.
En cuanto a los objetivos -artículo 3°-, la ley apoya a “la promoción y garantía del libre ejercicio del derecho de toda persona a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura, en el marco del respeto al Estado de Derecho democrático…”. En los siguientes apartados se especifican la promoción del federalismo, la difusión de las garantías y derechos fundamentales, la defensa de la persona humana, la promoción de la expresión de la cultura popular y el desarrollo educativo y social. A su vez, promueve el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, el acceso a la información y a los contenidos de las personas con discapacidad y la preservación y promoción de la identidad y de los valores culturales de los Pueblos Originarios.
A todas luces esta ley procura ser amplia y de un carácter humanitario, social y cultural que se vislumbra en todo el desarrollo. Es importante la inclusión del tratamiento de la discriminación, ambicionando la máxima inclusión y respeto a la persona. Merece una mención la inserción de los Pueblos Originarios fomentando la necesidad del pueblo argentino de conocer sus raíces y su cultura, valorizando la identidad de quienes fueron dueños primeros de esta tierras.
Los ciudadanos han sido bombardeados con información incompleta sobre los fundamentos y objetivos que este código procura. Mucho se ha hablado del enfrentamiento Clarín- Poder Ejecutivo, hasta llegar al punto de hacer creer que su único fin es destruir al más poderoso. Mucha gente se esta informando y esta opinando. María Rosana es periodista y el tema le toca de cerca. Ella siente que quedan muchos temas importantes afuera: “se realizó según la conveniencia del gobierno, habría que ver si estas licencias no son tomadas luego por grupos afines al poder. Los profesionales de los medios deberíamos observar con detalle esto. También tengamos cuidado con la manipulación de la información y apoyemos la pluralidad de voces”.
En general saben que es antimonopólica, algunos están preocupados por su implementación, saben que ninguna regulación funciona si no se aplica correctamente. A pesar de los recelos, la aceptación de la población es buena. Es sustancial comprender toda la ley en conjunto para saber que será una buena reguladora del espectro audiovisual en la Argentina.
El 10 de octubre de 2009 fue promulgada, durante el segundo gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina. La misma, pasó a remplazar la establecida en 1980, durante la dictadura cívico-militar que atravesó el país. Ya en los mandatos de Ricardo Alfonsín (1983-1989) y de Fernando de la Rúa (1999-2001) había sido presentado el proyecto, pero, debido a las fuertes presiones por parte de aquellos a los que la ley perjudicaba, quedó sin efecto.
La ley busca democratizar los medios de comunicación argentinos, de manera que dejen de existir los llamados “monopolios de la información”, es decir, empresas dueñas de muchas licencias que manejan una gran cantidad de las opciones que tiene el ciudadano a su alcance a la hora de informarse, y de esta manera otorgarle a las personas más y variados modos de recibir la información.
Como la mayoría de los textos que se encuentran en la Constitución Nacional, es muy ideal y con aspectos complejos de realizar. Si se pudiesen implementar todos los artículos, de los modos y con los fines con los que se ha escrito, es decir, democratizar los medios y a su vez la opinión del pueblo, sería un enorme paso para Argentina como república democrática.
Desde que entró en vigencia hace tres años, todos los dueños de entes comunicadores regularizaron y adaptaron sus empresas a las condiciones que exige la nueva ley, salvo el grupo Clarín, el cual no ha cumplido hasta el momento con el Artículo 161, que establece que: “Los titulares de licencias de los servicios y registros regulados por esta ley, que a la fecha de su sanción no reúnan o no cumplan los requisitos previstos por la misma, o las personas jurídicas que al momento de entrada en vigencia de esta ley fueran titulares de una cantidad mayor de licencias, o con una composición societaria diferente a la permitida, deberán ajustarse a las disposiciones de la presente en un plazo no mayor a un (1) año desde que la autoridad de aplicación establezca los mecanismos de transición”.
La fecha indicada por la Suprema Corta Nacional es el 7 de diciembre, y, según Martín Sabatella, titular del AFSCA, “el 8 de diciembre, al que esté fuera de la ley, se le van a concursar las licencias”.
Periodismo en Redacción salió a las calles de Punta Alta para buscar la opinión de las personas con respecto a este tema tan debatido. Algunos prefirieron no hablar ya que no sabían de qué se trataba. Otros, opinaron que ven a esta ley como positiva, pero tampoco demostraron gran interés ni conocimiento. Por otro lado, una minoría, culpó al gobierno de fijar la aplicación de la ley sólo en el artículo 161 y contra el grupo Clarín, y dejar de lado el resto de los cambios planteados.
El licenciado en Historia, periodista gráfico y radial, y jefe de Prensa de la Universidad Nacional del Sur, Marcelo César Tedesco, opinó acerca de la temática. “Es un avance grandísimo en materia de democratización de la comunicación en la Argentina. Todavía teníamos una ley de la dictadura que era terrible. Es una ley admirada en todo el mundo. Es una lástima que no se aplique en su totalidad, no sólo en lo que hace al artículo 161, sino también creo que el Estado está en falta en algunas cuestiones y podría haber avanzado más en aplicarla”. A su vez advirtió que “no se puede sancionar una ley tan importante y compleja de un día para otro. Me parece que esto va a llevar tiempo, pero me parece un avance importantísimo”.
Es un gran desafío el que está planteando esta ley: darle oportunidad a diferentes grupos de la nación, como las universidades, las empresas privadas, el mismo estado, las comunidades originarias, de participar de la agenda de los medios, y a su vez, de educar a los ciudadanos mediante la comunicación. Esperemos que este 7 de diciembre o 7D, se cree un antes y un después en la comunicación nacional.
Por América Quiroga
En este último tiempo, la preocupación por el 7 D es un tema para polemizar. La gente en las calles de Punta Alta no emite opiniones, basándose en que desconoce la problemática o bien elude las preguntas. Son muy pocos los que tienen una opinión formada. ¿Será que estamos un poco cansados de esta controversia que no sabemos adónde nos conduce?
La Ley de Medios nos compete a todos los argentinos, porque tenemos derecho a tener pluralidad de voces, libertad de expresión y diversidad de medios. Muchos afirman que la que rige en la Argentina es una de las mejores, viniendo de personas que tienen parte de las acciones en el Grupo Clarín, que es uno de los factores en esta cuestión.
En este sentido, el relator especial de Naciones Unidas para la Libertad de opinión y Expresión, Frank Larue, destacó que la Argentina “es un modelo para el continente y otras regiones del mundo”.
El tema está candente, es evidente que debemos apoyar esta ley. Es una ley antimonopolio, que establece que las empresas no pueden tener más de diez licencias.
El grupo Clarín es un grupo económico importante, que decidió expandirse sin sujetarse a lo que esta medida estipula, por lo tanto el 7 de diciembre deberá acomodarse al artículo 161 y presentar un plan de desinversión que le permitirá adecuarse a esta Ley de Comunicación Audiovisual.
Un transeúnte dijo que “hay que apoyar esta ley porque permite incorporar a las entidades sin fines de lucro, como las iglesias, las universidades, las comunidades aborígenes y cooperativas. Nosotros participamos en los foros durante el 2009/ 2010 y es una ley muy discutida”.
Cabe recordar que fue presentada en marzo del 2009 por el oficialismo. Hay dos temas importantes a tener en cuenta: la cuestión técnica y la política.
La actual ley 22285 es antigua, está vigente desde el período dictatorial, y viene sufriendo numerosas modificaciones. La tecnología, por su parte, fue avanzando. En 1980 no contábamos con banda ancha, Internet, cable privado y telefonía celular, por lo tanto es necesario modificarla.
El Grupo Clarín lanzó una campaña donde defiende sus derechos, mientras el oficialismo lo hace por otro lado. Lo que debemos comprender es que los monopolios deben erradicarse y los grandes grupos económicos tienen que acatar las leyes, como cualquier otro ciudadano.
La ley lleva el número 26522 y se denomina formalmente Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Qué cambió? Es una buena pregunta para comenzar esta nota. Uno de los ítems más importantes de la misma es el artículo que establece tres tipos de prestadores, el comercial, estatal y sin fines de lucro.
Esto implicó que la ley sancionada reconoce otras formas de hacer comunicación. Le da la oportunidad a las organizaciones sociales que puedan ejercer la comunicación, ya que reservó un porcentaje del espectro radiofónico para este tipo de medio, así una de cada tres radios pueden ser de organizaciones sociales y entidades sin fines de lucro. Le da la oportunidad a las estructuras sociales y entidades sin fines de lucro.
Otros de los temas relevantes es el monopolio que se da en los medios en cuatro formas: la primera en la concentración de la propiedad, la segunda que unas pocas empresas manejan muchos medios, la tercera la concentración de pautas publicitarias y la última la concentración geográfica. Esto se dio durante el gobierno del Presidente Menem donde se modificó el artículo que limitaba la cantidad de licencias de un mismo propietario, así le dio la oportunidad de multiplicar por seis, permitiendo que en algunos casos un mismo dueño tuviera 24, por ejemplo el Grupo Clarín y en su momento Telefónica, el Grupo Vila-Manzano, que se hicieron muy fuerte después del 2001.
Ahora la nueva ley plantea claramente y con buen atino que tiene que haber un proceso de desconcentración planteado en algunas pautas. Establece un límite en las licencias de radio y les impide llegar a más de 35 por ciento de la audiencia nacional y no podrá el mismo dueño tener más de 3 licencias de cualquier tipo (art 38).
También la ley pone los puntos en los músicos, cineastas y actores, establece que un porcentaje de música que se pasa por radio tiene que ser nacional, de la cual la mitad tiene que ser independiente, para favorecer la difusión de grupos argentinos. Y hay artículos dedicados al uso de la imagen femenina, los programas para los sectores más vulnerables como la niñez y artículos contra la discriminación que contemplan mecanismos para la inclusión.
Éstos y varios artículos son indispensables para regularizar la situación de los distintos medios de comunicación del país, y es importante conocerlos para poder tener formada una opinión. En una breve encuesta callejera, hay muchos que no quieren opinar sobre la ley, y un alto porcentaje no sabe muy bien de qué se trata. Lo cierto es que todos esperamos el 7D, aunque no sepamos con certeza si algo va a cambiar.
Dentro de un clima bastante controvertido a nivel político y jurídico sigue la polémica por la ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual o más conocida como Ley de Medios. Esta norma, que por el momento lleva tres años de su promulgación, sería de aplicación normal sino fuera por el tan discutido artículo 161 de la misma.
El mencionado anteriormente indica que aquellos titulares de licencias de los servicios y registros regulados por la ley y que a la fecha de su sanción no cumplan con los requisitos previstos por la misma o las personas jurídicas que al momento de entrada en vigencia de esta ley fueran titulares de una cantidad mayor de licencias, o con una composición societaria diferente a la permitida, deberán ajustarse a las disposiciones de la presente en un plazo no mayor a un (1) año.
Esto lleva a Grupos como “Clarín” a tener que rever su situación debido a que excede la cantidad de licencias permitidas. De no adecuarse a la ley, el gobierno deberá llamar a concurso público para readjudicar aquellas que representen el excedente, “preservando las fuentes de trabajo”.
Dentro de las declaraciones obtenidas en la calles de Punta Alta hubo variadas opiniones, algunas personas manifestaron estar preocupada por la situación con respecto a la ley de medios como así también hicieron referencia a medidas tomadas por el gobierno con respecto a otras situaciones relacionadas.
“Esta medida se podría comparar con quitarle a cualquier persona que hubiera conseguido tener una estabilidad económica o tener una cierta cantidad de bienes y que alguien por ver que le sobran los bienes se los quita, usurpa o expropia. O como tener una vivienda y como no está ocupada por el momento viene cualquier persona y se queda a vivir en ella. Quizás es una comparación a grandes rasgos pero seria algo similar” dijo un joven encuestado.
Otra persona hizo un pequeño análisis de la situación con respecto a los medios de comunicación e imaginó cual hubiese sido la situación de “Clarín” si este no fuera un medio opositor del gobierno.¿Cuales hubieran sido las medidas a tomar por parte del poder con respecto al grupo mencionado?¿Se hubiese llegado hasta donde se llegó hasta el momento? O la situación sería la misma que se espera suceda para el 7 de diciembre (7D) demostrando que el gobierno es imparcial en todos los ámbitos.
En su mayoría el grueso de la gente consultada dijo estar en desacuerdo con esta medida y otras tomadas por el gobierno actual. Otros no mostraron ningún interés pero si hicieron hincapié en cuestiones que preocupan como la inseguridad. También hubo quienes dijeron estar de acuerdo ya que como todo aquello que nació en una etapa de controversia como fue la ultima dictadura militar se debe cambiar.
El 7D, momento clave para la aplicación de la ley. Fecha que sería marcada como “un día importante en el calendario, en referencia a la fecha que fijó la Corte Suprema de Justicia para que se apliquen todos los artículos de la Ley de Medios. Este momento será clave para la historia de los medios en la Argentina
Por eso todo aquello que apunte a una mejora en cualquier ámbito se debe poner en práctica y debe ser puesto en marcha como la ley lo indica, también se debe tener en cuenta que todo aquello que rige una norma debe ser cumplido por todos los ciudadanos de este país sin distinción alguna de raza, credo religión e inclusive partido político.
La ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, popularmente llamada Ley de Medios fue sancionada y promulgada hace 3 años por el actual gobierno, en remplazo de una ley que fue decretada durante la última dictadura cívico-militar, que favoreció los intereses de los medios allegados a éstos.
La misma tiene como objetivos crear en los medios, mayor pluralidad de voces, promoción y desarrollo de la cultura popular y la educación, entre otros.
Hay que destacar los artículos, en los cuales se incluyen a los pueblos originarios dentro del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual -art.16 i- y autorizarlos a instalar radios AM y FM y canales de televisión abierta -art.151-.
Asimismo, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual –AFSCA-, actualmente dirigida por Martín Sabbatella, fue creada a partir del artículo 10 de la mencionada legislación y será la encargada de hacerla cumplir.
El próximo 7 de diciembre entra en vigencia el artículo 161, en el cual cada licenciatario debe adecuarse a la ley en un plazo no mayor a un año. Esta fecha ha generado en los últimos días un intenso debate por los spots publicitarios del gobierno nacional y del grupo Clarín -en el que cada uno defiende su postura- creando cierta confusión en la gente.
Es por ello que Periodismo en Redacción salió a las calles de Punta Alta en busca de la opinión de los vecinos. El resultado: la mayoría desconoce o no le interesa el tema; y aquellos que expresaron conocimiento, el mismo se relacionó al contenido de la publicidad de Clarín.
Al preguntar por el 7D, un transeúnte respondió “es el día que 1.000.000 de personas se reúnen en el obelisco para protestar contra el gobierno”. Esta persona confundió esa fecha con el famoso 8N (8 de noviembre) que circula en las redes sociales.
En definitiva, se observa que la gente está mal informada o desinformada y en cierta manera algunos medios no ayudan, ya que al asunto en cuestión, lo presentan como una batalla entre el grupo monopólico y el oficialismo.
La ley de medios debería interesarle al pueblo, ya que en su contendido integra también a las universidades y municipios, entre otros, y su aplicación total generará un cambio positivo en la sociedad argentina.
Por Candela Sandoval
El 10 de octubre del 2009 se aprobó en la Cámara de Senadores de la Nación la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26.522 -o comúnmente conocida como “Ley de Medios”- que reemplazó la, hasta ese año vigente, Ley de Radiodifusión Nº 22.285, promulgada en 1980 por la última dictadura cívico-militar. Durante estos tres años, su total aplicación se encontró suspendida por las medidas cautelares presentadas por el Grupo Clarín, el cual se resiste a cumplir con el Art. 161 de la ley, que exige la adecuación de todos los titulares de licencias a las cifras allí expresas, con el objetivo de eliminar la concentración en manos de pocos concesionarios y “garantizar los principios de diversidad, pluralidad y respeto por lo local”.
El 22 de mayo del 2012, la Corte Suprema de Justicia definió el 7 de diciembre (el 7D) del corriente año como fecha concreta para el cumplimiento de los artículos de la ley. Tras este fallo, el Grupo Clarín deberá adecuarse a las exigencias, y podrá mantener sólo 24 licencias de las, aproximadamente, 300 que actualmente posee. De no ser así, este artículo expresa: “Serán aplicables las medidas que al incumplimiento -en cada caso- correspondiesen”.
Este año el debate se intensificó debido a la cercanía de las fechas y la “guerra de spots”, presentada al público a través de los medios masivos de comunicación, entre el Gobierno y el Grupo Clarín. La población también opina, y es por ello que Periodismo en Redacción interrogó a los ciudadanos para escuchar sus voces. Muchos de ellos se mostraron a favor, considerando esta ley como el motor que impulsa la democratización e igualdad de voces.
“La disputa de la opinión pública es la razón por la que esta ley nace. Principalmente porque las noticias no son la verdad, sino la opinión de un grupo de periodistas que responden a determinados intereses político-económicos. La invasión del imperialismo ya no es de forma armada, sino a través de la información audiovisual que todos los días nos llega a nuestras casas en formas de diarios, televisión o radio. Yo estoy a favor de esta ley y creo que es una ley más, como la de matrimonio igualitario, nacionalización de YPF o AFJP...Leyes en donde el Estado está presente, pensando y proyectando políticas para las mayorías”, sostiene Mauro Salerno.
Otros, en cambio, analizaron esta sanción como un peligro para la libertad de expresión, y cuestionaron sus fines, aduciendo que su objetivo final será el de controlar, por parte del Gobierno, todos los medios de comunicación, creando un monopolio de la información que represente los intereses del kirchnerismo e influya de forma directa en la sociedad.
“Yo estoy en contra de la ley, porque creo que va a estar mal aplicada, como la mayoría de las leyes. Me parece que no quieren conseguir distribuir las licencias, sino más bien agruparlas donde al Gobierno le convenga. No estoy de acuerdo con que gasten millones en esas campañas, cuando hay muchísimas más prioridades”, comentó Camila Ramallo.
Sin embargo, otros, que se mostraron a favor de la sanción de la ley, plantearon críticas con respecto a su origen. “La ley me parece muy interesante. Tiene errores, cosas perfectibles, pero en esencia era necesaria. No me gusta que haya sido diseñada en contra de un grupo periodístico en particular, eso denota absoluta carencia de responsabilidad cívica y de calidad de estadistas, ni que comprometan a muchas productoras locales, sobre todo del interior, a tener que producir contenidos propios cuando apenas tienen recursos. Pero si me gusta que plantee la necesidad de que no haya monopolios u oligopolios en una industria que definitivamente puede torcer voluntades muy fácilmente”, opinó Papu Sith. “La guerra Clarín/Gobierno termina separando a la población terriblemente”, concluyó Clara Hipedinger.
En conclusión, es evidente el avance, en materia comunicacional y democrática, que implica la sanción de esta nueva ley. Especialmente si se considera que, en nuestro país, este ámbito aún se regía por la legislación planteada en la última dictadura, que establecía limitaciones al derecho a la libertad de expresión, con la justificación de mantener y satisfacer las necesidades de seguridad nacional; eximía de la posibilidad de obtener licencias a aquellas organizaciones no comerciales; y exigía la privatización masiva de las señales, las cuales eran, a su vez, controladas por el COMFER, cuyo directorio estaba compuesto, en su mayoría, por integrantes de las Fuerzas Armadas.
Por ello, se considera fundamental esta nueva legislación, esta nueva percepción de la información y los informadores, para que no sólo la gente pueda elegir a quiénes oír, sino que otros puedan acceder al derecho de contar su mirada.
¿Es necesaria en Argentina una nueva ley de radiodifusión? Es una de las preguntas que nos deberíamos hacer en los tiempos que corren. La Ley 26.552 de Servicios de Comunicación Audiovisual regirá las pautas del funcionamiento de los medios radiales y televisivos de la Argentina, legislación promulgada por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en octubre del 2009 y viene en reemplazo de la Ley 22.285, que había sido promulgada en 1980 por la dictadura cívico militar vigente desde entonces.
Este medio consultó a personas en la vía pública y en su mayoría sabían del tema pero carecían de la información y fundamentos para dejar una opinión sobre el tema, si bien coincidían en una puja entre el Gobierno Nacional y el Grupo Clarín. Un comerciante tuvo la siguiente reflexión: “quizás el interés gubernamental en su conflictiva relación con un Grupo (Clarín) genera atenciones en temas que al común de la gente no le interesa, a la gente le preocupan la inseguridad, la inflación, la educación, generación de empleos entre otras cosas”.
Anteriormente los gobiernos de Alfonsín y De la Rúa intentaron derogar la Ley de la Dictadura, pero no lo lograron por la presión por parte de los intereses de los titulares de los multimedios y sectores políticos opositores (peronismo).
En Agosto del 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se sancionó la ley 26.053 para permitir a las Cooperativas de Electricidad del interior del país acceder a licencias, tal es el caso de la Cooperativa Eléctrica de Punta Alta que brinda servicio de TV por Cable.
Esta nueva ley permite a las Universidades que tengan emisoras de televisión y radio, fomentar los contenidos de carácter educativo, cultural e infantil, también permite que eventos deportivos relevantes puedan verse por TV abierta. Esto implica la pluralidad de voces, la participación, la universalización, y sobre todo la democratización de la información, considerada un bien público y un derecho fundamental de la persona humana.
También se procura el fomento del cine nacional, un porcentaje de la música difundida por los medios debe ser nacional y/o por autores independientes, asimismo las licencias otorgadas a las provincias, municipalidades deben tener contenidos locales en su programación. Se otorga un espacio a los pueblos originarios para que tengan medios radiales y televisivos sustentados por el Estado. Además se crea la figura del Defensor Público, destinado a que reciba reclamos, denuncias, etc., por parte de oyentes y televidentes.
Lo cierto es que el tema entra en su etapa definitiva y cada vez mayor espacio en los medios está destinado a la esencia de la Ley 26.522, o más conocida como ley de medios, cuyo objetivo es la aniquilación de monopolios existentes hasta hoy en Argentina.
La Corte Suprema de Justicia estableció un plazo concreto para el cumplimiento de artículos de la ley que se encuentran suspendidos por medidas cautelares solicitadas por el grupo Clarín. El 7 de diciembre próximo vence el plazo de estas medidas.
Entonces, respondiendo a la pregunta ¿Es necesaria en Argentina una nueva ley de radiodifusión?, la respuesta es sí, ya que el derecho a la información consiste en informar y ser informado por medios neutrales con el acceso libre a las diversas fuentes, la posibilidad de recoger noticias y transmitirlas y difundirlas, y sobre todo, poder preguntar y obtener respuestas de la clase dirigente, que a la fecha no tiene la menor intención de hacerlo.
Por Stéfano Puliafito
“Parece una buena ley, aunque presiento que vamos a pasar a ser taladrados por el gobierno, en vez de por el Grupo Clarín o alguno de esos grupos grandes”. Así explica Brian, un joven de 20 años oriundo de Punta Alta, la ley de medios. Es que esta normativa ha despertado toda clase de críticas, desde los que la ven como una maniobra del oficialismo, hasta los que creen todo lo contrario. Ejemplo de esto es la opinión de Daniel, otro ciudadano puntaltense, quién explicó: “Como periodista siento que si en un determinado medio me rajan por hablar mal de algo, tengo que tener la posibilidad de tocar otras puertas y conseguir otro empleo. Por eso creo que es buena la ley; va a abrir más puertas”.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 fue promulgada y sancionada el 10 de octubre del año 2009, derogando a la antigua Ley de Radiodifusión promulgada en el año 1980. Para darse una idea de lo obsoleta que resultaba ésta, vale la pena decir que las radios FM eran concebidas como “nuevas tecnologías”. Además, el encargado de aplicarla era el COMFER (Comité Federal de Radiodifusión), dirigido por un representante de cada fuerza militar, otro de la SIDE y otros de las empresas.
La nueva ley de medios establece que el organismo encargado de aplicar y controlar su cumplimiento será la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFSCA, integrada por 1 presidente y 1 director designados por el Poder Ejecutivo; 3 directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, que serán seleccionados por ésta a propuesta de los bloques parlamentarios, correspondiendo uno a la primer minoría, uno a la segunda minoría y uno a la tercer minoría parlamentarias (o sea que la oposición también tendrá la oportunidad de formar parte del organismo); y 2 directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, debiendo uno de ellos ser un académico representante de las facultades o carreras de ciencias de la información, ciencias de la comunicación o periodismo de universidades nacionales.
Otro de los aspectos a resaltar es el tema de las licencias. Se limita la cantidad de licencias que puede tener una misma persona, además se podrán tener hasta 10 señales sonoras, de televisión abierta o cable y hasta 24 licencias de radiodifusión por suscripción. Ningún operador podrá dar servicios a más del 35 % del total de la población del país o de los abonados, en el caso que corresponda. Inclusive, quien maneje un canal de televisión abierta no podrá ser dueño de una empresa de distribución de TV por cable en la misma localidad, y viceversa.
Las licencias durarán diez años (antes eran por 15) y se podrán prorrogar por diez años más, previa realización de audiencias públicas; y quienes hayan obtenido una renovación o prórroga, no podrán solicitar una nueva extensión de plazo por ningún título, e irán a sorteo. Las licencias serán controladas cada dos años, para evitar que con la incorporación de nuevas tecnologías un licenciatario multiplique sus señales, generando un nuevo modo de concentración.
Si bien esta ley se alzó con varios oponentes, uno de los principales es el Grupo Clarín, quién en su último spot publicitario asegura que no hace falta una ley para que deje de existir Clarín, solo basta con que la gente elija no consumir ninguna propuesta de ese medio.
Vale la pena resaltar que la nueva ley en ningún momento establece que Clarín debe desaparecer, simplemente apunta a la “desconcentración y fomento de la competencia teniendo como fines el abaratamiento, la democratización y la universalización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación”. Actualmente, este grupo cuenta con 264 medios de comunicación, lo que permite dudar si en el fondo su ferviente oposición a la ley no se sustenta principalmente por razones económicas.
En vistas de la pluralidad de voces en los medios, la ley resulta un claro ejemplo de una normativa apuntada a la democratización de la información. Si bien puede que algunos aspectos deben ser pulidos -como la situación de las publicaciones culturales gráficas y de Internet, independientes y autogestivas- claramente demuestra un avance en la lucha por la desconcentración del poder en los medios de comunicación
Luego de una lectura acabada de la nueva ley de medios, surge como “caballo de batalla” de los pensadores detrás de esta ley la pluralidad de ideas, producciones y realizaciones de producción local y nacional. Cabe acotar que, más allá de una evidente suspicacia que surge de una supuesta pelea entre la presidencia actual y el emporio Clarín, el fin último perseguido por la ley misma es quitar el poder que los grupos empresariales ejercen sobre las masas de espectadores, lectores y oyentes.
Resulta evidente que quienes sancionan nuestras leyes han llegado a la correcta conclusión que los medios llevan adelante gran parte de la carga socializadora, siendo éstos “portadores de la imagen”.
El hecho real de que las personas vivimos con los medios y entendemos el mundo a través de ellos, hace notorio que tanto las grandes empresas (por cuestiones económicas) o las clases poderosas (para perpetuarse en el poder) procuren hacerse del control de las mismas. Dejando de lado cualquier hipótesis o especulación en torno a disputas gobierno-Clarín, la nueva ley de medios apunta claramente a lograr una independencia cultural a través del fomento de nuevos espacios a ser explotados por medios locales, buscando asegurar puestos de trabajo y generando nuevos productos zonales.
A pesar de que, en principio, la nueva ley de medios audiovisuales parezca un paso desinteresado por parte del gobierno, es indudable que forma parte de una guerra declarada entre la presidente y el grupo Clarín. No es menos cierto que la aplicación de la misma beneficia de manera clara el crecimiento de una pluralidad ideológica y una independencia cultural de los grandes medios capitalinos.
En cuanto a la producción audiovisual en nuestra zona, claramente en un tiempo, y a fin de cumplir con la ley, se presentarán oportunidades laborales y emprendimientos locales que incentivarán a futuras generaciones.
Sólo el tiempo dirá si la apuesta por esta nueva legislación redituará fehacientemente en logros y crecimiento del sector audiovisual. Puesto que nuestro sistema capitalista funciona en pro de la ganancia económica y que nadie ha reparado en pensar que la relación costo-beneficio para los pequeños productores pueda no ser la deseada, cabe preguntarse sí, tristemente, la implementación de la norma no degenere en el cierre de pequeños y medianos emprendimientos, puesto que aunque el común de la gente no quiera aceptarlos, lamentablemente se crean leyes pensadas sólo para Capital Federal y para el interior del país sólo se hace lo que se puede…
Publicado por Redacción Periodismo UPSO en 6:11
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