Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2006sp/Brasil555.01sp.htm
Timestamp: 2017-07-22 02:43:27
Document Index: 174943142

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 21', 'artículo 25', 'artículo 26', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 32', 'artículo 20', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 32', 'artículo 31', 'artículo 2', 'artículo 68']

II. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN 4. El 20 de agosto de 2001, la CIDH recibió una solicitud de los peticionarios para que se reconociera la competencia de la Comisión, en la solución del presente caso. La CIDH remitió la información recibida al Estado del Brasil el 28 de agosto de 2001. 5. El 28 de noviembre de 2001, el Estado contestó la petición presentada por los peticionarios.
12. Los peticionarios alegan que el Estado del Brasil violó lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el sentido de que no observó la obligación de respetar y garantizar los derechos en ella establecidos (artículo 1.1), entre los cuales se encuentran, las garantías judiciales (artículo 8), la libertad de asociación (artículo 16), la protección de la familia (artículo 17), la propiedad privada (artículo 21), la circulación y residencia (articulo 22), así como la protección judicial (artículo 25.1), además, se aduce fue violada la protección de los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 26). 13. De acuerdo con los peticionarios, las comunidades tradicionales de que trata la petición están localizadas en el municipio de Alcântara, a 22 Km de São Luís (capital del Estado de Maranhão), en la región Nordeste del Brasil. El municipio está enclavado en una gran zona de protección ambiental, que circunscribe la región amazónica. En razón de su ubicación privilegiada, éste es considerado como una zona estratégica de investigación y desarrollo de tecnología aeroespacial. En opinión de los peticionarios, la instalación del “Centro de Lanzamiento de Alcântara” en la región, produjo un grave impacto social y cultural en las comunidades tradicionales que allí vivían o viven.
15. Los peticionarios explican que, a través de un decreto[3], el Gobierno del Brasil delegó a la "Fundación Palmares" la competencia de identificar, demarcar y titular las áreas pertenecientes a comunidades remanentes de quilombos. Sin embargo advierten que, aunque el Brasil cuenta con más de 1000 comunidades remanentes de quilombos, desde octubre de 1988, la aludida Fundación efectuó la titulación de sólo 18 comunidades. Para los peticionarios, el hecho se agrava cuando se explica que, de las 18 comunidades tituladas, solo cerca de 3 pudieron inscribir en el Registro de Inmuebles el título que recibieron de la Fundación en cuestión, en razón del no reconocimiento por la estructura judicial brasileña de los documentos expedidos en perjuicio de las antiguas haciendas e ingenios registrados, y en favor de las comunidades, inclusive pese a estar éstas en el lugar por más de un siglo. 16. Informan que en 1983, se creó el Centro de Lanzamiento de Alcântara (CLA)[4], que tenía por objetivo inicial la ejecución y el apoyo de las actividades tanto de lanzamiento como de rastreo de ingenios aeroespaciales, así como las pruebas y experimentos de interés del Ministerio de Aeronáutica. En 1980, para viabilizar tal proyecto, el Gobierno del Estado de Maranhão declaró[5] de utilidad pública, para fines de expropiación, la zona de tierras necesaria para la ejecución del proyecto. Ocurre que en esta zona que sería expropiada había diversas comunidades de quilombos.
19. Informan, que la situación de las comunidades que viven en el territorio de Alcântara es extremadamente compleja. Para los peticionarios, es un tema relevante la desposesión de las tierras colectivas y ancestrales, así como la ingerencia sufrida por las comunidades en lo que se refiere a aspectos económicos, familiares, culturales y religiosos de sus vidas, entre los que se destacan: los impedimentos para la práctica de la pesca, la imposibilidad de expansión familiar, y la interdicción del acceso a los cementerios donde yacen los parientes de algunos habitantes de las comunidades. 20. A los fines de la presente petición, los peticionarios dividieron las comunidades tradicionales de Alcântara en tres grupos distintos: comunidades amenazadas de desplazamiento, comunidades amenazadas de desestructuración y comunidades desplazadas. La zona que está en vías de expropiación se divide en dos áreas, según los peticionarios: Área I y Área II. El Área I se refiere a la superficie en que se ubican las instalaciones del CLA, y el Área II corresponde al resto del territorio que el Gobierno del Brasil procura expropiar. El CLA posee un cronograma de actividades en que pretende reubicar a casi 400 familias, en dos etapas[7]. Aducen los peticionarios, que es notoria la situación de miedo e inseguridad de las comunidades amenazadas de desplazamiento. 21. Para los peticionarios, los desalojos ya concretados fueron efectuados en forma compulsiva y simplista, trasladando a los habitantes hacia zonas distantes del mar y de los arroyos. No se realizó ningún diagnóstico con análisis sistematizados que permitiera una evaluación de la realidad socioeconómica y cultural de esas familias, ni del interés, las especificidades, las prácticas agrícolas, las actividades económicas desarrolladas, la fuerza de trabajo utilizada, la apropiación de los recursos naturales, etc. De esta forma, los peticionarios argumentan que no se respetó el mantenimiento de las condiciones que aseguren una continuidad de las actividades económicas[8].
23. Los peticionarios sostienen, que para atenuar los impactos y perjuicios sufridos, las diversas comunidades que fueron desalojadas de sus territorios solicitaron varias medidas al Ministerio de Aeronáutica, el cual se comprometió a acceder a la mayor parte de lo solicitado. De acuerdo con los peticionarios, a casi tres años de ese compromiso, no fue atendido ninguno de los reclamos. 24. Los peticionarios afirman, que un número superior a 30 comunidades desplazadas[10] fueron asentadas en siete distritos agrícolas o "agrovillas". De acuerdo con los peticionarios, en algunas de esas "agrovillas", más de una comunidad fue arbitrariamente reunida en un mismo lugar, y recibieron la denominación de sólo una de ellas, hecho que genera situaciones de conflicto en el interior del territorio y caracteriza una absoluta falta de respeto por la formación cultural original de tales comunidades[11]. Para los peticionarios, la mudanza a los distritos agrícolas agravó la supervivencia de los que fueron reasentados, en razón de que la tierra es de pésima calidad, los recursos materiales son escasos, no hay lugares de pesca, la caza se tornó difícil, las playas y ríos quedaron distantes y el acceso a los recursos naturales es limitado por el CLA. 25. En cuanto al agotamiento de los recursos internos, los peticionarios alegan que la legislación brasileña no admite que en las acciones de expropiación por utilidad pública se cuestione el mérito del decreto expropiatorio, entendiéndose que ese análisis es parte del poder discrecional del Ejecutivo. Argumentan que las comunidades expropiadas quedan desamparadas, en razón de no existir una legislación interna en el Brasil para impugnar el mérito de éste proceder – la existencia real de utilidad pública (excepción prevista en el artículo 31.2.a del Reglamento de la Comisión Interamericana). Por otro lado, los peticionarios sostienen que la demora de más de 10 años en el dictamen en torno a las acciones de expropiación y discriminación, así como la demora de casi 13 años en el proceso de titulación de las comunidades remanentes de quilombos, constituyen una demora injustificada en el sentido contemplado en el artículo 31.2.c del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
30. El Estado, afirma que no ha estado omiso en relación con la situación de las comunidades rurales instaladas en la zona del CLA, sino que, por el contrario, el gobierno federal ha adoptado continuamente una serie de medidas para garantizar el ejercicio de los derechos humanos, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales, por los miembros de estas comunidades. Por intermedio de la Agencia Espacial Brasileña, (AEB), de INFRAERO (Aeropuertos Brasileños) y de otros organismos estatales, el Estado alega haber implementado medidas atenuantes en favor de las comunidades locales, tales como: el pago de indemnizaciones mediante beneficios a los ocupantes, el mejoramiento y la revitalización de la infraestructura de las "agrovillas", el desarrollo sostenible de las poblaciones afectadas por la construcción del CLA, tanto como la titulación de las tierras y casas de 312 familias transferidas para dichas "agrovillas", a razón de consecuencia de la construcción del CLA. 31. El Gobierno Federal del Brasil estableció un programa específico en el Plan Plurianual (PPA) de 2004-2007 para el desarrollo de las comunidades remanentes de quilombos, con la definición de responsabilidades y plazos de ejecución. El Programa Brasil Quilombola reúne medidas de diversas áreas gubernamentales orientadas al desarrollo sostenible de las comunidades quilombolas en concordancia con sus especificidades históricas y contemporáneas.
32. Informa el Estado, que la "Fundación Cultural Palmares" (FCP)[12] intensificó sus esfuerzos en la zona de Alcântara a partir de 1998, estableciendo una serie de alianzas con órganos del gobierno estadual de Maranhão y del gobierno federal. La FCP tomó la iniciativa de establecer un diálogo con las comunidades remanentes de quilombos de Alcântara, con sus entidades representativas, sus organizaciones de apoyo y sus líderes religiosos. El Estado opina que, aunque el proceso de reconocimiento de esas comunidades todavía no ha concluido, la FCP asigna gran prioridad a la conclusión de esas tareas y a la consiguiente titulación de las tierras. 33. En ese aspecto, el Estado argumenta que se adhiere inequívocamente al consenso internacional sobre la indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos, expresados en la Declaración, y en el Programa de Acción de Viena de 1993. Explica que no obstante, los denominados derechos de segunda generación tienen carácter programático y su realización, especialmente en un país marcado por acentuadas desigualdades regionales como es el caso del Brasil, se hace de manera necesariamente progresiva. 34. Alega el Estado que el fin de utilidad pública a que se destina el "Centro de Lanzamiento de Alcântara" no fue alterado por la celebración, entre Brasil y sus contrapartes tecnológicas, de acuerdos bilaterales para la explotación comercial de ésta base de lanzamientos, incluido el "Acuerdo sobre Salvaguardas Tecnológicas" firmado entre los gobiernos de la República Federativa del Brasil y los Estados Unidos de América, el 18 de abril de 2000. Argumenta que la finalidad social asignada al CLA fue totalmente preservada, toda vez que se mantuvieron y actualizaron los objetivos de desarrollo social, económico y tecnológico fijados en los instrumentos jurídicos que establecieron el centro de lanzamiento de cohetes, tanto como toda la misión espacial brasileña. Por tanto, según el Estado, no existió desvío de la finalidad del CLA por la firma de un acuerdo entre los gobiernos del Brasil y de Estados Unidos de América.
35. En lo que atañe al requisito de agotamiento previo de los recursos, afirma el Estado que la CIDH debe considerar inadmisible la denuncia ya que no fue satisfecho el requisito del artículo 46.1.a de la Convención Americana. Agrega, que tampoco parece aplicable a la materia objeto de consideración el principio de la demora injustificable, o la negligencia en la aplicación de recursos internos, consagrados en el artículo 46.2.c. 36. El Estado aclara, que las acciones instruidas sobre el tema son las siguientes: (a) acción civil pública iniciada por el Ministerio Público Federal[13], la cual tiene por objeto la suspensión, por el "Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables" (IBAMA), de las audiencias públicas relativas al otorgamiento de licencia al CLA, en lo que atañe exclusivamente al impacto ambiental del proyecto; (b) acción civil pública iniciada por el Ministerio Público Federal[14] contra la Unión y la “Fundación Cultural Palmares”, que apunta a obligar a ésta última a proceder al proceso de evaluación de las comunidades como remanentes de quilombos o no, así como a suspender toda actividad de reasentamiento de las mismas; (c) acción colectiva[15] interpuesta por la "Asociación de Comunidades Negras Rurales Quilombolas de Maranhão" – ACONERUQ- contra la Unión y el Estado de Maranhão, por la que se pide el reconocimiento judicial de las comunidades "Só Assim" e "Itamatatiua" como remanentes de quilombos y su exclusión del área de instalación del CLA; y por último, (d) diversas acciones de expropiación iniciadas por la Unión en conjunto con el Estado de Maranhão[16], contra los denominados propietarios y ocupantes, todavía pendientes de sentencia por la justicia federal y estadual.
37. El Estado agrega que las acciones mencionadas se encuentran en trámite y aún contemplan la posibilidad de una serie de recursos judiciales, en caso de dictamen insatisfactorio para los peticionarios[17]. Según el Estado, el propio hecho de que, después de presentada la petición ante la Comisión Interamericana, se hayan iniciado nuevas acciones judiciales relacionadas con las alegadas violaciones, es prueba de que los peticionarios no procuraron satisfacer el requisito de agotamiento previo de los recursos internos y se precipitaron al plantear sus alegaciones ante la Comisión. 38. El Estado impugna la supuesta adecuación al caso, del plazo del artículo 32.1 del Reglamento de la CIDH. Afirma que la decisión final de la justicia brasileña sobre las distintas acciones instruidas todavía no fue tomada, por lo que consiguientemente, debe presumirse el no agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna. El Estado rechaza por tanto, la idea de una violación continuada de los derechos humanos de las comunidades quilombolas de la región de Alcântara, puesto que las acciones tanto civiles como administrativas siguen su curso normal de trámite, y los órganos estatales competentes se encuentran adoptando las medidas pertinentes en relación a los casos.
40. Aduce que la interposición de la Acción Civil Pública N° 1999.37.00.007382-0, la Acción Civil Pública N° 2003.8868-2 y la Acción Colectiva N° 2003.7826 son de un tiempo anterior a la creación del Grupo Ejecutivo Interministerial (GEI). En cuanto al primer proceso de referencia, sostienen que la Abogacía General de la Unión requirió su extinción atendiendo a la pérdida del objeto. En relación a la Acción Civil Pública N° 2003.8868-2, alegan que el Ministerio Público solicitó la revocación de la tutela anticipada que fuera conferida en el sentido de concluir con la titulación de las tierras ocupadas por las comunidades afectadas, solicitando que la Unión y la Agencia Espacial Brasileña se abstengan de dar tramite a los actos de prosecución tendientes a la implantación del Centro Espacial de Alcantara, hasta la conclusión del proceso administrativo de titulación, lo cual le lleva a entender que existe una voluntad de las partes a poner término a la acción. En cuanto a la Acción Colectiva Nº 2003.7826, refieren que ésta persigue el reconocimiento de las comunidades afectadas por el Centro de Lanzamiento de Alcantara, como remanentes de quilombos, pero que en septiembre del corriente año, algunos Mandados de Seguranca fueron interpuestos ante la Justicia Federal, requiriendo el reconocimiento del derecho al uso de la tierra ya expropiada, sobre administración del CLA, en relación a los cuales se concedió una tutela preliminar que garantiza el uso de la tierra a los afectados. En virtud de lo expuesto, reiteran que la petición debe ser rechazada por no haberse agotado los recursos internos. 41. Concluye afirmando que en consonancia con el Decreto N° 4887/2003, se ha iniciado un proceso de elaboración de un "Relatorio Tecnico de Identificacao e Delimitacao (RTID)", para las comunidades remanentes de quilombos de Alcantara. En marzo de 2006, se inició un proceso de catastro de la propiedad, el cual se encuentra paralizado, pero que a la larga será conseguida la total titulación de las tierras afectadas, para las comunidades de quilombos, todo lo cual les lleva a entender que aún restan por agotarse los remedios internos.
42. De acuerdo con los artículos 44 de la Convención Americana y 23 del Reglamento de la CIDH, los peticionarios, como entidades no gubernamentales legalmente reconocidas, son partes legítimas para presentar peticiones ante la Comisión en relación con presuntas violaciones de los derechos consagrados en la Convención Americana. Por otro lado, el Brasil es parte de la Convención y, de tal manera, responde en la esfera internacional por las violaciones de ese instrumento. 43. La Comisión considera como supuestas víctimas a los miembros de las siguientes comunidades: Mamuna, Águas Belas, Caiuaua, Baracatatiua, São Francisco, Barbosa, Pacoval, Corre Prata, Brito, Itapera, Mamuninha, Folhau, Santa Maria, Tacaua, Bom Viver, Uru-Grande, Uru Mirim, Arapiranga, Canelatiua, Retiro, Vista Alegre, Rio Verde, Centro Alegre, Mato Grosso, Itapuaua, Perizinho, Esperança, Cajitiua, Murari, Ladeira, Iririzal, Samucangaua, Espera, Barro Alto, Ponta Seca, Curuçá, Laje, Pepital, Cajueiro, Só Assim, Boa Vista, Norcasa, Sozinho, Baracatatiua, São Raimundo, Jabaquara, Jardim, Santa Cruz, Titica, Porto, Santa Rosa, Pirarema, Marudá, Santo Antonio, Ponta, Jenipaúba, Camarajó, Capijuba y Ladeira. Esas comunidades corresponden a las desplazadas y amenazadas de desplazamiento, así como a las que se encuentran amenazadas de desestructuración desde el año de 1980, cuando fue firmado el decreto estadual nº 7.820, el cual declaró la zona del CLA de utilidad pública para fines de expropiación.
44. La competencia rationae materiae se refiere a la denuncia de violación de los derechos humanos protegidos por la Convención Americana en sus artículos 1.1, 8, 17, 21, 22, 25, 26. La Comisión tiene competencia racionae loci porque los hechos alegados ocurrieron en el territorio de la República Federativa del Brasil, país que ratificó la Convención Americana. 45. Los hechos descritos ocurrieron a partir de 1980[18], época en que el Estado del Brasil no había ratificado la Convención Americana. Sin embargo, todos los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos están sujetos a la jurisdicción de la Comisión, que en los términos del artículo 20 de su Estatuto, deberá examinar las comunicaciones que traten de supuestas violaciones de la Declaración Americana. Sobre esta base, la Comisión tiene jurisdicción rationae temporis para determinar si, en el período anterior al 25 de septiembre de 1992 -fecha de ratificación de la Convención por el Estado, existió violación de los artículos VI, VIII, XII, XIII, XIV, XVIII, XXII y XXIII de la Declaración Americana. 46. Queda confirmada la competencia rationae temporis a partir del 25 de septiembre de 1992, puesto que los hechos ocurrieron cuando ya estaba en vigor para el Brasil la obligación de respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención.
47. De conformidad con el artículo 46.1 de la Convención Americana, para que una petición sea admitida por la Comisión, es necesario que sean agotados los recursos de la jurisdicción interna, de acuerdo con los principios del derecho internacional generalmente reconocidos. No obstante, en el párrafo 2 del mismo artículo, se establece que esas disposiciones no se aplicarán cuando no exista en la legislación interna el debido proceso legal para la protección del derecho en cuestión, si la supuesta víctima no tuvo acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o si existió atraso injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. 48. El requisito del agotamiento previo de los recursos internos se relaciona con la posibilidad que tiene el Estado de investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos cometidas por sus agentes, por intermedio de sus órganos judiciales internos, antes de verse expuesto a un proceso internacional. Ello presupone, no obstante, que exista a nivel interno el debido proceso judicial para investigar esas violaciones y que esa investigación sea eficaz, puesto que, de lo contrario, la Comisión Interamericana, de conformidad con el artículo 46.2.a de la Convención, puede conocer del caso antes de agotados los recursos internos.
49. La CIDH considera, que los recursos internos pertinentes para el cese de las supuestas violaciones alegadas, son los relacionados con el no reasentamiento de las comunidades de la región que fue declarada de utilidad pública, mediante la posterior y gradual expropiación. 50. Los peticionarios invocaron las excepciones al agotamiento de los recursos internos previstas, en el artículo 31.2.a del Reglamento de la CIDH, en virtud de la falta de un recurso adecuado en el ordenamiento jurídico interno brasileño para cuestionar el mérito del decreto de expropiación, y en el artículo 31.2.b del Reglamento de la CIDH, en razón de la demora injustificada para solucionar los procesos en la jurisdicción brasileña.
53. En ese sentido, la Comisión considera que, aunque se emprendan acciones judiciales, la decisión de expropiación por utilidad pública no será revertida, por existir una ley específica sobre el tema en el ordenamiento jurídico brasileño. 54. Además, la Comisión entiende que, para saber si fueron agotados los recursos de la jurisdicción interna, debe tenerse en cuenta la situación existente en el momento de decidir sobre la admisibilidad. Por tanto, aunque los peticionarios hayan intentado acciones posteriores a la apertura del caso ante la CIDH, debe ser analizada la situación actual de los procesos judiciales iniciados.
58. Del análisis de la información remitida por los peticionarios y por el Estado, no se colige que ninguna de las acciones individualizadas hayan dado algún resultado eficaz tendiente a poner término y reparar las violaciones denunciadas. Como los remedios que proporciona la legislación interna hasta la fecha no han dado visos de efectividad, es permitido a la CIDH considerar que se aplica la excepción al agotamiento de los recursos internos. 59. La CIDH entiende que la invocación de las excepciones a la norma del agotamiento de los recursos internos prevista en el artículo 46.2 de la Convención está estrechamente vinculada a la determinación de posibles violaciones de ciertos derechos en ella consagrados, como la garantía del acceso a la justicia. No obstante, el artículo 46.2 de la Convención Americana, en razón de su naturaleza y objeto, es una norma de contenido autónomo respecto de las normas sustantivas del mismo instrumento. Por tanto, la determinación sobre las excepciones al agotamiento de los recursos internos prevista en esta norma resulta aplicable al caso en cuestión de manera previa y separada del análisis del fondo de la cuestión, ya que depende de una apreciación distinta de la utilizada para determinar la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención. La Comisión aclara que las causas y los efectos que impidieron el agotamiento de los recursos internos en el presente caso serán analizados en el informe que adopte la Comisión sobre el fondo de la controversia, a fin de comprobar si efectivamente configuraron violaciones a la Convención Americana. 60. Por los argumentos que anteceden, la CIDH considera que existen suficientes elementos de juicio para eximir al peticionario del requisito previo de agotar los recursos internos, en aplicación del artículo 46.2 de la Convención Americana. B. Plazo para presentar la petición
61. El artículo 32 del Reglamento de la CIDH prevé que, en los casos en que resulten aplicables las excepciones al requisito del agotamiento de los recursos internos, la petición deberá ser presentada dentro de un plazo razonable. En el presente caso, las excepciones previstas en el artículo 31.2 del reglamento de la CIDH ya fueron examinadas al tratar los requisitos de agotamiento de los recursos internos. 62. La CIDH considera que el análisis de la fecha en que ocurrieron los hechos alegados[23] conjuntamente con la posibilidad de hallarse ante una violación de naturaleza continuada de derechos humanos, así como la situación de los diversos procesos judiciales pendientes de decisión en el Brasil, permiten que la Comisión concluya que la petición en estudio fue presentada en un plazo razonable. 63. La supuesta violación inicial de derechos humanos ocurrió con el decreto Nº 7.820 del 12 de septiembre de 1980, por el que se declaró la zona del CLA de utilidad pública para fines de expropiación. Las posibles violaciones posteriores, conforme lo denunciado, ocurrieron gradualmente con la transferencia de determinadas familias a las "agrovillas", y en relación con la amenaza de expropiación que afectó a diversas familias.
64. La CIDH considera que, cuando las violaciones de un caso concreto son caracterizadas como continuadas, no hay una fecha determinada a partir de la cual se pueda medir la razonabilidad. Las expropiaciones ocurrieron en momentos distintos y la amenaza de expropiación podría ser calificada como una violación continuada. De esta manera, la Comisión afirma que la presente petición fue interpuesta en un plazo razonable, en virtud de que las violaciones iniciales perduran hasta el momento del presente informe. C. Duplicación de procedimientos y cosa juzgada
67. Por otra parte, la Comisión decide admitir igualmente la presente petición con respecto a las eventuales violaciones del artículo 2 de la Convención Americana, puesto que, como ya se indicó en el marco del análisis de los recursos internos, decidió decretar la admisibilidad de la petición, por considerar la posibilidad de que la legislación brasileña no ofrezca un efectivo proceso legal para impugnar el decreto de utilidad pública en el trámite de expropiación. 68. Debe igualmente declararse admisible la petición en relación a los artículos VI, VIII, XII, XIII, XIV, XVIII, XXII y XXIII de la Declaración Americana, para los hechos ocurridos con anterioridad al 25 de septiembre de 1992.
[8] Datos extraidos del informe de la Asesoría Antropológica del Ministerio Público Federal, de fecha 6 de octubre de 1999.
Es la situación de la “agrovilla” Só Assim, que fue constituída por la unión forzada de las comunidades de Só Assim, Boa Vista y Norcasa. La “agrovilla” Marudá, de la misma manera, fue formada por el agrupamiento compulsivo de 20 comunidades distintas.
Organo responsable de la identificación y titulación de las tierras de los remanentes de las comunidades de los quilombos en los términos del artículo 68 del Acto de las Disposiciones Constitucionales Transitorias (ADCT).
[13] Procedimiento ante la Justicia Federal: nº 1999.37.00.007382-0. Aguarda sentencia en el ámbito de la Justicia Federal. [14] Procedimiento ante la Justicia Federal: Nº 2003.8868-2. Aguarda sentencia desde 26 de septiembre de 2003, en el 5o Distrito Federal del Estado do Maranhão.
[19] Art. 9o En el proceso de expropiación, el Poder Judicial no puede decidir sobre la pertinencia o no de los casos de utilidad pública. [20] Decreto Estadual Nº 7.820/80.