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Timestamp: 2018-10-15 17:32:21
Document Index: 356484869

Matched Legal Cases: ['artículo 40', 'artículo 140', 'artículo 10', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 140', 'artículo 37', 'artículo 4', 'artículo 29', 'artículo 146', 'artículo 16']

Corte suprema de justicia sala de casación civil margarita cabello blanco magistrada ponente atc6038-2015 Radicación n°. 52001-22-13-000-2015-00260-01
Radicación n°. 52001-22-13-000-2015-00260-01
ATC6038-2015
(Aprobado en sesión de trece de octubre de dos mil quince)
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de octubre de dos mil quince (2015).
Sería del caso entrar a decidir la impugnación interpuesta frente la sentencia proferida el 8 de septiembre de 2015, mediante la cual la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto negó la acción de tutela promovida por Liliana Quintero Suárez y Samuel Escrucería Manzi en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil y Registraduría Municipal de Tumaco, actuación a la que fueron vinculados el Consejo Nacional Electoral, Manuel Bitervo Palchucan Chigal, en calidad de representante legal del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia «AICO», Antonio Álvarez Lleras, representante legal de Cambio Radical, Antonio Sosa Escobar, Haiden Otoniel Vergara Quiñones, Jeremías Bisbicus Ortiz, Juan Elio Centeno Cuero y Julio César Rivera Cortes.
1. Demandaron los gestores, a través de apoderado judicial, la protección constitucional de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, «ELEGIR Y SER ELEGIDO», presuntamente vulnerados por la entidad acusada.
2. Señalan, como sustento de su reclamo, en síntesis, que:
2.1 Como ciudadana en ejercicio y sin inhabilidad alguna para ocupar cargos públicos de elección popular, recibió el 20 de abril de 2015, «AVAL para su candidatura a la Alcaldía Municipal de Tumaco – Nariño, por parte del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia AICO», representado por el señor Antonio Sosa Escobar.
2.2. Por lo anterior, a través del ciudadano suscriptor, señor Samuel Alberto Escruceria (aquí también accionante), inscribió su candidatura a la Alcaldía Municipal de Tumaco Nariño, el día 22 de julio de 2015, para tal propósito presentó el AVAL, siendo aceptada por el señor «Registrador Municipal de Tumaco Nariño».
2.3. Mediante Resolución No. 602 expedida el 23 de abril de 2015 por el «Consejo Nacional Electoral, se inscribieron nuevas directivas y un nuevo representante legal del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia AICO», acto que cobró firmeza el 7 de mayo siguiente, es decir que hasta esa fecha, «las directivas y el representante legal del citado movimiento, eran las señaladas en la Resolución No. 0200 del 17 de Febrero de 2015», por ende, su inscripción se dio cuando el señor Antonio Sosa Escobar, aún fungía como representante legal.
2.4. Ulteriormente, «mediante Resolución INTERNA No. 013 de 2 de julio de 2015», emitida por el mencionado movimiento «AICO, las nuevas directivas “DECIDIERON REVOCAR” el AVAL» que le fuera conferido para aspirar a la Alcaldía Municipal de Tumaco Nariño, no obstante que la tales determinaciones, «no obligan ni vinculan a los servidores públicos, (entre ellos los Registradores Municipales), y menos cuando estas contradicen manifiestamente la Constitución y la Ley»; sin embargo, le fue comunicada dicha medida mediante oficio No. E-172-15 de 23 de julio del presente año, requiriéndola para que «allegara en el menor tiempo posible el Aval del partido AICO suscrito por la persona autorizada».
2.5. Por lo anterior, afirma que la «conducta del señor Registrador Municipal de Tumaco – Nariño, mediante la cual deja sin validez [dicha] inscripción, es manifiestamente contraria a la ley, por el cual el funcionario público, pudo haber incurrido en la comisión del delito de prevaricato por acción»; por tanto se desconoció el derecho fundamental de «elegir y ser elegido», consagrado en el numeral 1º del artículo 40 de la Carta Política.
3. Pidieron, en consecuencia, que se le ordene a la Registraduria Municipal del Estado Civil de Tumaco – Nariño y Registraduría Nacional del Estado Civil, revoque por violar la Constitución y la Ley, el «acto administrativo de trámite contenido en el formulario E-6 de fecha 24 de julio de 2015, que aceptó la segunda inscripción de la candidatura a la Alcaldía Municipal de Tumaco, en coalición por el movimiento AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA AICO, y CAMBIO RADICAL, realizada por el señor JULIO CÉSAR RIVERA CORTES…».
Así mismo, aplique las normas atinente al caso, «tener como válida la Primera Inscripción» que realizara como candidata a la Alcaldía Municipal de Tumaco, el 22 de julio del año en curso, por el referido «Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia AICO»
De igual forma, se compulse copias a la Procuraduría General de la Nación, y a la Fiscalía General de la Nación, para que se investigue si el Registrador Municipal de Tumaco, incurrió en «falta disciplinaria y/o delito».
4. El Tribunal Constitucional, mediante providencia de 8 de septiembre de 2015, negó el amparo deprecado, tras descartar que el procedimiento efectuado por el ente municipal enjuiciado sea arbitrario o antojadizo.
Del relato fáctico expuesto en el escrito de tutela, advierte la Sala que si bien la acción se instauró, entre otras, frente a la Registraduría Nacional del Estado Civil lo cierto es que no se evidencia acusación alguna en su contra, pues la entidad que expidió la resolución, mediante la cual «le revocó el aval a la querellante», como aspirante a la «Alcaldía Municipal por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia AICO» fue la «Registraduría Municipal del Estado Civil de Tumaco – Nariño».
En tal sentido, como la Registraduría Nacional del Estado Civil es un organismo de orden Nacional, cuya estructura, de un lado, está diseñada por un «nivel central», y otro descentralizado, compuesto este último por «las dependencias cuyo nivel de competencias está circunscrito a una circunscripción electoral específica o dentro de los términos territoriales que comprendan el ejercicio de funciones inherentes a la Registraduría Nacional y se configura con observancia de los principios de la función administrativa», (art. 10 Decreto 1010 de 2000), y el reclamo está direccionado frente a este ente que integra el nivel desconcentrado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto no es el competente para conocer en primer grado de la referida súplica.
La jurisprudencia de esta Corporación al resolver un caso de similar temperamento al que ahora ocupa su estudio, puntualizó:
Es así, entonces, que se incurrió en la causal de nulidad prevista en el numeral 2 del artículo 140 Código de Procedimiento Civil, esto es, falta de competencia, toda vez que habiendo establecido el decreto 1382 en su art. 1º numeral 1º inciso 2º, entre otras cosas, que las acciones de tutela contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad pública del orden departamental, serán repartidas para su conocimiento en primera instancia a los jueces de circuito o con categorías de tales (num. 1, art.1), es evidente que esta acción debió ser tramitada ante ellos, y no en el tribunal superior de distrito judicial de la misma ciudad, sala civil-familia, ya que va dirigida realmente contra el Registrador Municipal de Córdoba y los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, en cuyo caso el reparto se hace por la de mayor jerarquía, o sea los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, que son de esa naturaleza.
En efecto los delegados departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, conforme al artículo 10 del decreto ley 1010/2000, pertenecen al nivel desconcentrado; constituido por las dependencias de la Registraduría Nacional cuyo nivel de competencias está limitado a una circunscripción electoral específica, o dentro de los términos territoriales que comprendan el ejercicio de funciones inherentes a la misma, y se configura con observancia de los principios de la función administrativa. En dicho nivel se radican las competencias y funciones determinadas en las disposiciones legales y en ese decreto.
De lo anterior se colige que el término desconcentrado utilizado en la norma citada en el párrafo anterior se equipara al de descentralizado por servicios del orden nacional referido en el inciso 2º numeral 1º del artículo 1º del decreto 1382 de 2000» (ATC, 11 dic. 2003, reiterado en ATC, 11 sep. 2013, rad. 00068, ATC 1262-2014, 17 mar. rad. 00007-01, ATC2531-2015, 15 may. rad 00058-01, y ATC 5385 – 2015, 18 Sep. rad, n° 00131-01).
Así las cosas, advierte la Sala que, atendiendo la naturaleza de la Registraduría Municipal de Tumaco – Nariño, la competencia para conocer en primera instancia de la presente solicitud de amparo corresponde a los Jueces municipales de esa localidad y no al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto.
En consecuencia, se invalidará lo actuado y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, en concordancia con el numeral 2° del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, se enviará el expediente a la Oficina de reparto de la ciudad de Tumaco – Nariño para lo de su competencia
En torno a la facultad para decretar «nulidades», esta Corporación fijó el siguiente criterio:
[L]a Sala hace suya la preocupación de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilación en el trámite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales…
Empero, no comparte su posición respecto a que los jueces ‘no están facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000.
En efecto, el Decreto 1382 de 2000, reglamenta el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acción de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes. Pero también, dispone directrices concretas para el conocimiento; ad exemplum, ‘[l]o accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, será repartido a la misma corporación y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 4° del presente decreto’, siendo inadmisible su conocimiento por otro juez, por supuesto, en las hipótesis en que eventual y teóricamente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones de Justicia, que serían las mismas en las cuales procederían frente a la Corte Constitucional, naturalmente ajenas al ejercicio de sus funciones constitucionales o legales privativas por otras autoridades…
Por otra parte “aunque el trámite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez está indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (artículo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administración de justicia, de donde, ‘según la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constatación de la misma no puede pasarse por alto, por más urgente que sea el pronunciamiento requerido… (CSJ ATC 7 Sep. 2009, Rad. 00021-01, ratificado, entre otros, 11 Mar. 2011, Rad. 00327-01).
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, dispone:
1.- Declarar la nulidad de todo lo actuado en la presente acción de tutela, sin perjuicio de la validez y eficacia de las pruebas aportadas, en los términos del inciso 1° del artículo 146 del C. P. C.
2.- Disponer que por Secretaría se remita el expediente a la oficina de reparto de los Juzgados Civiles Municipales de Tumaco o con categoría de tales, para lo de su competencia. Ofíciese.
3.- Comunicar esta decisión a los interesados y al tribunal constitucional de origen, en la forma prescrita por el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991.
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