Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1187883
Timestamp: 2019-05-22 19:46:00
Document Index: 226097551

Matched Legal Cases: ['artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 27', 'artículo 7', 'artículo 10', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 35', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 15', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 22', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 31', 'artículo 40', 'artículo 31', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 33', 'artículo 54', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 53', 'artículo 2', 'artículo 54', 'artículo 67', 'artículo 2', 'artículo 69', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 87', 'artículo 74', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 53', 'artículo 66', 'artículo 65', 'artículo 66', 'artículo 53', 'artículo 66', 'artículo 65', 'artículo 66', 'artículo 69', 'artículo 69', 'artículo 53', 'artículo 66', 'artículo 65', 'artículo 66', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 65', 'artículo 66', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 70']

Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid (BOCAM de 22 de abril de 2019). Texto completo.
Dicha regulación se lleva a cabo en ejercicio de las competencias asumidas por la Comunidad de Madrid en su Estatuto de Autonomía. Concretamente, el artículo 26.1.1 le atribuye competencias exclusivas en materia de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno, el artículo 26.1.3 el procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia, y el artículo 27.1 y 2, en el marco de la legislación básica del Estado, el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de régimen local y régimen jurídico de la Administración pública de la Comunidad de Madrid y los entes públicos dependientes de ella. Al mismo tiempo, el artículo 7 del Estatuto de Autonomía, además de reconocer a los ciudadanos de Madrid como titulares de los derechos y deberes fundamentales establecidos en la Constitución , establece que los poderes públicos madrileños asumen, en el marco de sus competencias, entre otros principios rectores de su política, la promoción de las condiciones necesarias para el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y la igualdad de los individuos y los grupos en que se integran.
Por otra parte, la Ley se ajusta a la legislación básica contenida en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre , de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, pero, al mismo tiempo lleva a cabo su desarrollo, esencialmente en materia de publicidad de la información, en la que partiendo de los mínimos establecidos por aquella, hace una relación pormenorizada de los distintos extremos que deben darse a conocer a todas las personas sin necesidad de una solicitud previa y sin perjuicio de que los mismos se amplíen en función de las demandas ciudadanas o de su relevancia y utilidad para las personas, la sociedad y la actividad económica.
El Título III regula el derecho de acceso a la información pública, regulado y garantizado por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre , de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que tiene el carácter de legislación básica estatal.
Por su parte, en el Capítulo III, se protege y regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, recogiendo la posibilidad de reclamar potestativamente, de acuerdo con lo establecido en la mencionada Ley 19/2013, de 9 de diciembre , ante el Consejo de Transparencia y Participación, salvo en el caso de las resoluciones adoptadas por los órganos competentes de la Asamblea de Madrid y la Cámara de Cuentas, en los que únicamente cabrá la vía contencioso-administrativa.
La Sección 1.a del Capítulo I, establece la facultad de las Administraciones públicas de la Comunidad de Madrid de impulsar y fomentar la participación de la ciudadanía a través de instrumentos o mecanismos adecuados que garanticen la interrelación mutua, ya sea a título individual o a través de las entidades ciudadanas en las que se integre la ciudadanía. La Sección 2.a, se ocupa de regular los instrumentos de participación y colaboración ciudadana, que constituyen los mecanismos utilizados por las Administraciones públicas para hacerla efectiva. Se pondrán en marcha los ficheros de participación y colaboración ciudadana con la finalidad de que se inscriba aquella ciudadanía interesada en recibir información sobre materias específicas y poder participar activamente en los instrumentos que se prevean, entre los cuales se encuentran las consultas públicas, los foros de consulta, los paneles ciudadanos y los grupos colaborativos. En la Sección 3.a se contemplan los derechos específicos, tales como el de participación y colaboración en la definición de las políticas públicas, en la evaluación de las políticas públicas y de la calidad de los servicios de la Administración pública, el de participación en la elaboración de disposiciones de carácter general, el derecho a proponer iniciativas reglamentarias, el de formular propuestas o actuaciones de interés público y el de recabar la colaboración de la Administración pública en las actividades ciudadanas. Para el ejercicio de estos derechos debe abrirse el correspondiente procedimiento participativo cuyo resultado deberá plasmarse en un informe.
En lo que se refiere a las sanciones para los altos cargos o asimilados se prevé desde la amonestación o la publicación de la infracción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID para el caso de una infracción leve, hasta la destitución del cargo, en el caso de infracciones muy graves. Por su parte, las sanciones que pueden aplicarse para el resto de los sujetos obligados serán la amonestación, en el caso de infracciones leves, retirada de documentación, inhabilitación para beneficiarse de ayudas públicas o multas, ordenadas en dos tramos para las infracciones graves y muy graves, cuya cuantía oscila hasta un importe máximo de trescientos mil euros.
Finalmente, se prevé que las sanciones que se impongan se hagan públicas en el Portal de Transparencia, sin perjuicio de los supuestos en que deban ser objeto de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y de que puedan hacerse constar en los informes que el Consejo de Transparencia y Participación debe presentar ante la Asamblea de Madrid.
Por último, en las disposiciones finales se procede, en primer término, a la modificación de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid , añadiendo un apartado 4 al artículo 10 de la Ley 14/1995, de 21 de abril, en el que se establece el régimen de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Consejo de Gobierno y de los altos cargos.
a)	La Administración pública de la Comunidad de Madrid.
b)	Los organismos autónomos, empresas públicas, órganos de gestión sin personalidad jurídica y demás entidades de carácter institucional a que se refiere la Ley 1/1984, de 19 de enero , reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid.
c)	Las fundaciones públicas, consorcios, entidades de derecho público con personalidad jurídica propia y demás entes que se integren en el sector público de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre , reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
d)	Las asociaciones constituidas por la Administración pública de la Comunidad de Madrid y por los demás organismos y entidades previstos en este apartado.
e)	Las empresas públicas, que por ejercer una posición dominante, en los términos establecidos en la legislación estatal, hayan sido adscritas al sector público autonómico.
f)	En los términos establecidos en la disposición adicional octava, las entidades que integran la Administración local, las asociaciones, fundaciones y demás entes constituidos por las entidades locales, en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, así como las empresas públicas que por ejercer una posición dominante, conforme a la legislación estatal, hayan sido adscritas al sector público local.
2. Serán también de aplicación las disposiciones de la presente Ley a las universidades públicas y a los organismos o entidades vinculadas o dependientes de ellas, en los términos establecidos en la disposición adicional octava.
3. Asimismo, en la actividad sujeta al Derecho administrativo, será aplicable a:
a)	La Asamblea de Madrid, en los términos de la disposición adicional sexta.
b)	La Cámara de Cuentas, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional séptima.
c)	Las Corporaciones de Derecho público madrileñas.
d)	Las federaciones y clubes deportivos.
1. Los partidos políticos, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales y entidades privadas que perciban ayudas o subvenciones de las Administraciones públicas de la Comunidad de Madrid para la financiación de sus actividades y funcionamiento ordinario, estarán sujetas, además de a las obligaciones de transparencia establecidas en la legislación básica, a las exigencias específicas de publicidad de la información que puedan establecerse, de entre las previstas en el Título II, en las disposiciones de desarrollo de esta Ley y las correspondientes convocatorias, en los supuestos siguientes:
a)	Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales, en todo caso.
b)	Las entidades privadas que perciban dichas ayudas o subvenciones en una cuantía superior 60.000 euros o cuando las ayudas o subvenciones percibidas representen al menos el 30 % del total de sus ingresos anuales, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.
2. Las normas reguladoras de los conciertos y otras formas de participación de entidades privadas en los sistemas públicos de educación, sanidad y servicios sociales establecerán la información que deben publicar estas entidades, de entre la prevista en el Título II, para colaborar en la prestación de los mencionados servicios financiados con fondos públicos. La relación de la información que deben publicar estas entidades incluirá al menos, en los pliegos o documentos contractuales equivalentes que correspondan, los importes básicos de la concesión (canon y/o precio inicial de licitación), las condiciones de la misma, el seguimiento de las infracciones, las modificaciones económicas que se realicen y su justificación, así como las sanciones o informes de seguimiento establecidos.
3. Las personas o entidades obligadas a inscribirse en el Registro de Transparencia que desarrollen su actividad en el ámbito de la Comunidad de Madrid, lo harán en los términos establecidos en el Título IV.
4. El Gobierno de la Comunidad de Madrid publicará anualmente en el Portal de Transparencia un listado de los sujetos incluidos dentro de este artículo, clasificados según el grupo al que pertenezcan.
1. Las personas físicas y jurídicas distintas de las de los artículos anteriores, que presten servicios públicos, ejerzan potestades administrativas o actúen como agentes colaboradores estarán obligadas a suministrar a la Administración, organismo, entidad o sujeto de los previstos en los artículos 2 y 3 al que se encuentren vinculadas, previo requerimiento y en un plazo de 10 días desde el acuse de recibo de la petición, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquellos de las obligaciones establecidas en esta Ley.
2. La obligación prevista en el apartado anterior será exigible a los adjudicatarios de contratos del sector público en los términos recogidos en el respectivo contrato.
3. En las licitaciones públicas en las que resulte de aplicación la obligación de suministro de la información prevista en los apartados anteriores se hará constar la misma en la documentación en la que se establecen las condiciones contractuales. Asimismo, en los pliegos de cláusulas, condiciones o prescripciones técnicas deberán establecerse expresamente la forma en que la información debe ponerse a disposición de la Administración, organismo o entidad adjudicataria y al público en general a través de la web del Perfil del Contratante y el portal o página web propia.
a)	Transparencia: la acción administrativa, proactiva y permanente de los sujetos obligados por esta Ley, del deber de dar a conocer, elaborar, actualizar, copiar, difundir, publicar, y poner a disposición de cualquier persona, también previa solicitud, de manera accesible, la información pública que posean y de dar a conocer el proceso y las decisiones adoptadas prevista en esta Ley, en el ejercicio de sus competencias, sin más limitaciones que las establecidas legalmente.
b)	Información pública: los contenidos o documentos, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados, adquiridos o conservados en el ejercicio de sus funciones.
c)	Acceso a la información pública: derecho subjetivo de carácter universal, que se reconoce a las personas para solicitar y obtener la información veraz que obre en poder de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este Título, sin más requisitos y condiciones que los establecidos en la legislación vigente.
d)	Portal de Transparencia: espacio en el sitio web del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que tiene por objeto, conforme a las definiciones de este artículo, centralizar, publicar, facilitar y poner a disposición de cualquier persona, toda clase de servicios y la información que deba hacerse pública de acuerdo con esta Ley, relacionada con la Comunidad de Madrid. Igualmente tendrá por objeto el ejercicio del derecho de acceso a la información y participación.
e)	Publicidad activa: obligación de difundir la información pública y de garantizar la transparencia de la actividad pública de oficio, de forma permanente y veraz, atendiendo a los criterios establecidos en el Capítulo II del Título II.
f)	Personas o entidades obligadas a inscribirse en el Registro de Transparencia: personas o entidades sea cual sea su estatuto jurídico, que, desarrollando sus actividades en la Comunidad de Madrid, realizan actuaciones de participación activa en políticas públicas o en procesos de toma de decisiones, con la finalidad de influir directa o indirectamente en la elaboración de normas jurídicas y disposiciones generales y en la elaboración y aplicación de las políticas públicas de los sujetos comprendidos en el artículo 2.1 en defensa de intereses propios, de terceras personas, organizaciones o intereses generales.
g)	Datos abiertos: Aquellos que cualquiera es libre de utilizar, reutilizar y redistribuir, sin necesidad de permisos específicos o licencias, con el único límite, en su caso, del requisito de atribución de su fuente o reconocimiento de su autoría, conforme a la legislación vigente.
h)	Participación y colaboración ciudadana: la intervención individual o colectiva de la ciudadanía en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas y actuaciones públicas mediante instrumentos y procesos que permitan su comunicación con las entidades públicas.
a)	Principio de transparencia pública, en virtud del cual toda la información pública, es accesible en los términos y con los límites establecidos en la Ley.
b)	Principio de libre acceso a la información pública, en virtud del cual cualquier persona puede solicitar el acceso a la información pública. Toda información pública es en principio accesible y el acceso sólo puede restringirse, motivadamente, en los supuestos previstos legalmente.
c)	Principio de veracidad, en virtud del cual la información pública ha de ser cierta, exacta y trazable.
d)	Principio de accesibilidad, en virtud del cual la información estará a disposición de todas las personas, con independencia de si tienen o no algún tipo de discapacidad, de modo que se proporcionará por medios o formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensible, facilitando su identificación y su búsqueda, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos.
e)	Principio de gratuidad, en virtud del cual el acceso a la información y las solicitudes de acceso serán gratuitos, sin perjuicio de las tasas previstas legalmente por la expedición de copias o la transposición de la información a formatos diferentes del original.
f)	Principio de reutilización, en virtud del cual se promoverá que la información sea publicada en formatos y bajo condiciones y licencias que permitan su redistribución, reutilización y aprovechamiento, debiendo utilizarse estándares de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente.
g)	Principio de participación ciudadana, en virtud del cual se promueve y garantiza la implicación de la ciudadanía en la planificación, el diseño y la evaluación de las políticas públicas, así como en la toma de decisiones.
h)	Principio de inscripción única, en virtud del cual:
1.o	Se facilitará que los ciudadanos puedan realizar las gestiones establecidas en esta Ley a través de la Administración que le sea más cercana.
2.o	Las Administraciones públicas facilitarán la interconexión e interoperabilidad de todas aquellas gestiones que aun afectando a distintos departamentos tienen un mismo objetivo, con salvaguardia de las competencias en la gestión de cada uno de ellos.
i)	Principio de neutralidad tecnológica, que impone la utilización y promoción de software de código abierto en su funcionamiento y el uso de estándares abiertos y neutrales en materia tecnológica e informática.
1. Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior, los sujetos incluidos en el artículo 2 deberán:
a)	Elaborar, mantener actualizada y difundir, preferentemente por medios electrónicos, a través de sus respectivas sedes electrónicas, páginas web o portales propios, un directorio de la información relativa a la organización, los responsables, las materias y actividades de su interés, ordenada por tipos y categorías para facilitar su comprensión y accesibilidad, así como aquella información cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia, con indicación expresa de la fecha en que se actualizó por última vez y, si es posible, de la fecha en que ha de volver a actualizarse.
b)	Elaborar y difundir en su página web o portal propio un índice de información pública que obre en su poder, con indicaciones claras de dónde puede encontrarse dicha información.
c)	Establecer y mantener medios de consulta de la información solicitada, incluyendo en todo caso un buscador que permita acceder de forma rápida a cualquier archivo y que incorpore mecanismos de alerta sobre datos que se han actualizado.
d)	Establecer mecanismos de gestión de información adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad, la geolocalización, la reutilización y la divulgación de la información pública.
e)	Publicar la información sujeta a la obligación de transparencia haciendo uso de un lenguaje no sexista ni discriminatorio.
f)	Publicar y difundir la información relativa al contenido del derecho de acceso a la información, al procedimiento para su ejercicio y al órgano competente para resolver.
g)	Difundir los derechos que reconoce esta Ley a las personas, asesorar a las mismas para su correcto ejercicio y asistirles en la búsqueda de información.
h)	Facilitar la información solicitada en los plazos máximos y en la forma y formato elegido de acuerdo con lo establecido en esta Ley.
2. Toda la información prevista en esta Ley estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad accesible, entendiendo por tal aquella que sea suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos.
3. Cada sujeto obligado es responsable de la información que incluye en su página web, portal de transparencia y de la que incorpora al Portal de Transparencia de la Comunidad, en cumplimiento de lo establecido en la presente Ley.
1. A la información sujeta a publicación de acuerdo con lo establecido en el presente Título le serán de aplicación los límites del derecho de acceso a la información pública previstos en la legislación de la protección de datos de carácter personal. La interpretación de este límite se adaptará, a los sucesivos criterios establecidos por el Consejo de la Transparencia y Participación, el cual los llevará a cabo de conformidad con el criterio conjunto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos.
2. Cuando la información contuviera datos especialmente protegidos, a criterio del Consejo de la Transparencia y Participación, la publicación sólo se llevará a efecto previa anonimización, en su caso, de los mismos, ya sea por disociación o por agregación estadística.
1. Los sujetos incluidos en el artículo 2, en lo que les sea aplicable, facilitarán y mantendrán actualizada la información general, en la que se ofrecerá la información institucional y aquella otra que se considere relevante.
2. En la información de carácter institucional, se recogerá de forma que sea accesible a todas las personas:
a)	El Estatuto de Autonomía y las normas que les sean de aplicación y, en particular, los estatutos y normas de organización y funcionamiento.
b)	La estructura organizativa de sus instituciones, detallando su composición, sus funciones y competencias, así como las reglas básicas de funcionamiento.
c)	La composición, funciones y funcionamiento básico de su gobierno.
d)	En el caso de la Comunidad de Madrid, los enlaces a las páginas web de todos los sujetos comprendidos en el artículo 2.
e)	Las agendas completas de trabajo y de reuniones de los responsables públicos en los términos desarrollados en el apartado 4 de este artículo.
3. Asimismo, y sin perjuicio del secreto o reserva de las deliberaciones de sus órganos de gobierno, se harán públicos todos sus acuerdos, así como los acuerdos suscritos con los sindicatos y organizaciones empresariales. Se adjuntarán en la misma publicación los documentos aprobados que desarrollen los acuerdos suscritos.
4. A los efectos señalados en el apartado 2.e) de este artículo se deberán seguir los siguientes criterios interpretativos:
a)	En caso de que esta información pudiera contener datos personales de categoría especial, en particular en atención a la naturaleza de las entidades participantes en la reunión, habrá de estarse a lo establecido en el artículo 35.1.
b)	Si la información no contuviera datos personales de categoría especial y se refiriese a miembros del gobierno, altos cargos, directivos públicos, profesionales, empleados públicos o personal de sujetos obligados por esta Ley, se facilitarán únicamente los datos personales identificativos de los participantes que tuvieran, al menos, la condición de titulares de responsabilidades administrativas hasta el nivel de subdirecciones generales o unidades asimiladas, los titulares de los organismos directivos de las entidades de carácter institucional, las fundaciones públicas, consorcios, entidades de derecho público con personalidad jurídica propia y demás entes que se integren en el sector público de su Administración pública, que tengan atribuida la condición de directivos en los estatutos o normativa reguladora de éstos así como el personal eventual que desarrolle funciones que incidan en el proceso de toma de decisiones de la entidad.
c)	En los restantes supuestos, la información del personal estatutario se limitará a la identificación de los sujetos por razón de su cargo y la condición en la que asisten.
d)	Si la agenda de trabajo o reunión hiciese referencia a los sujetos inscritos en el Registro de Transparencia, la información identificativa se limitaría al documento que acredite su identificación y la materia a tratar.
e)	Cuando las reuniones se celebren con personas físicas no obligadas a inscribirse en el Registro de Transparencia deberá ponderarse en cada caso la procedencia del otorgamiento del acceso atendiendo a la condición de dicha persona y la condición en que asiste a la reunión (persona experta, particular, etc.), sin que sea posible establecer un criterio general de ponderación en estos casos.
f)	Igualmente podrá facilitarse la información referida a otras personas, no incluidas en los anteriores criterios, si las mismas cumplen con las bases legitimadoras establecidas para las Administraciones públicas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, general de protección de datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre , de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
g)	En todo caso, los criterios anteriores se adaptarán a las nuevas interpretaciones que de los mismos pudieran adoptar conjuntamente el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos, conforme establece la disposición adicional quinta de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre , de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
5. La información institucional ofrecida en las diferentes webs referidas en este artículo deberá mostrarse durante al menos 4 años, incluyendo cuando sea posible el histórico de cambios que haya podido sufrir durante este período y poniendo a disposición la información anterior.
1. Los sujetos incluidos en el artículo 2 y los apartados 1 y 2 del artículo 3, en materia organizativa, harán pública y mantendrán actualizada la información que les afecte sobre los siguientes extremos:
a)	Los departamentos, concejalías o consejerías, detallando las áreas funcionales que le corresponden, los órganos superiores, territoriales y colegiados, así como los organismos y entidades públicas adscritas, las competencias y funciones de sus órganos, las personas titulares de los mismos y la relación de puestos de trabajo de los departamentos, concejalías o consejerías con carácter semestral.
b)	Los organismos autónomos, empresas públicas, órganos de gestión sin personalidad jurídica y demás entidades de carácter institucional, especificando las funciones y competencias, los recursos que financian sus actividades, régimen presupuestario y contable, los órganos de dirección y su composición, y personas titulares de los mismos.
c)	Las unidades administrativas a nivel de servicio, de cada uno de los órganos superiores, territoriales o directivos, especificando su responsable y las funciones que tiene atribuidas.
d)	Las fundaciones públicas, consorcios, entidades de derecho público con personalidad jurídica propia y demás entes que se integren en el sector público de la Administración pública en la que participe, especificando el objeto social, fin fundacional o funciones de los mismos, estatutos, normas de organización y funcionamiento, capital social, dotación fundacional o participación, los recursos que financian sus actividades, sus órganos y composición, las personas titulares de los órganos de dirección, y el número de personas que prestan servicios en la entidad.
2. Serán objeto de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID los acuerdos del gobierno en los que se disponga la creación, modificación, participación o extinción de las fundaciones públicas, consorcios, entidades de derecho público con personalidad jurídica propia y demás entes que se integren en el sector público de la Administración pública en la que participe, así como los estatutos por los que han de regirse, y sus modificaciones. Asimismo, dichos acuerdos y los estatutos estarán a disposición de todas las personas en la página web de la entidad.
3. Será también objeto de publicación el organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos de decisión, consultivos o de participación, con indicación de su composición, sede, dirección electrónica de contacto y las competencias que ejercen, salvo que la publicidad de alguno de estos datos pudiera afectar a personas especialmente protegidas.
Información relativa a altos cargos y personal directivo
1. Los sujetos incluidos en el artículo 2 y los apartados 1 y 2 del artículo 3, harán pública y mantendrán actualizada la información relativa a sus altos cargos y personal directivo siguiente:
a)	Personas que desempeñan altos cargos en los departamentos, concejalías o consejerías, especificando lo siguiente:
1.o	Identificación, nombramiento y datos de contacto.
2.o	Perfil y trayectoria profesional completa.
3.o	Funciones.
4.o	Órganos colegiados administrativos o sociales de los que es miembro.
5.o	Actividades públicas y privadas para las que se le ha concedido la compatibilidad.
b)	Personal directivo de los organismos y entidades públicas, así como de las sociedades mercantiles, fundaciones públicas y consorcios integrantes del sector público de su Administración pública, especificando:
2. Asimismo, se hará pública la información relativa a las declaraciones anuales de bienes y actividades de los miembros de sus órganos de gobierno y demás altos cargos de su Administración pública, en los términos previstos legalmente. En materia de retribuciones se estará a lo dispuesto en el artículo 15.
Información relativa a personal eventual
1. Los sujetos incluidos en el artículo 2 harán públicos y mantendrán actualizados, desagregados por género, y a disposición de todas las personas, sus relaciones de puestos de trabajo, catálogos de puestos, plantillas de personal o instrumentos similares, cualquiera que sea su denominación.
2. Los sujetos del apartado anterior, respecto de su personal y el de los organismos y entidades vinculadas o dependientes de los mismos, harán pública y mantendrán actualizada la información siguiente:
a)	Número de empleados públicos y su distribución por grupos de clasificación, especificando el tipo de relación estatutaria, así como, en el caso del personal funcionario, los de carrera y los interinos, y para el personal laboral, los fijos, los indefinidos y los temporales.
b)	Número de empleados desagregados según su estructura orgánica.
c)	El número de liberados sindicales existentes en los distintos departamentos de su Administración pública, así como en sus organismos autónomos y demás entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma, identificando el sindicato al que en cada caso pertenece. Asimismo se dará información sobre el número de horas sindicales utilizadas.
d)	La oferta de empleo público, las convocatorias y los resultados de los procesos selectivos de acceso.
e)	Las convocatorias de selección temporal de sus empleados, interinos o laborales, y los integrantes de las bolsas de trabajo constituidas.
3. La concesión de autorizaciones de compatibilidad para actividades públicas o privadas del personal al servicio del sector público de su Administración se hará pública mediante su publicación en el Portal de Transparencia, página web o portal propio, especificando, además de la identificación personal, el puesto de trabajo que desempeña y la actividad o actividades para la que se autoriza la compatibilidad.
a)	Información de las retribuciones anuales de los representantes locales, de los altos cargos de la Administración y del personal directivo, articulada en función de la clase o categoría del órgano, así como de los gastos de representación que tienen asignados. Asimismo se harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo.
b)	Información de las retribuciones anuales del personal de confianza o asesoramiento especial, articulada en función de la clase y/o categoría.
c)	Información de las retribuciones anuales del personal estatutario, articulada en función de los niveles y cargos existentes.
d)	Información sobre las condiciones para el devengo y las cuantías de las indemnizaciones que corresponden por razón del servicio en concepto de viajes, manutención, alojamiento y asistencia a órganos colegiados o sociales.
e)	La declaración inicial, complementaria y final de bienes y actividades de los consejeros, altos cargos, representantes locales y órganos directivos, con omisión de los datos relativos a la localización concreta de los bienes inmuebles, garantizando la privacidad y seguridad de sus titulares. Asimismo, se publicará como parte de las declaraciones de bienes la información relativa a la liquidación de sus declaraciones de la renta, patrimonio y, en su caso, sociedades.
f)	Los gastos protocolarios, indicando medio de pago, las dietas y gastos de viaje de la presidencia, consejeros, representantes locales, titulares de los órganos directivos y máximos responsables de las sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios sujetos a la Ley, así como del personal al servicio de las entidades comprendidas en el artículo 2, hasta el nivel de subdirección general, con indicación del motivo, identificación y cargo de quien efectúa el pago.
a)	Los anteproyectos de ley en el momento en el que se aprueban, cuando, tras la preceptiva elevación por la Consejería competente, sean conocidos por el Consejo de Gobierno. Asimismo, los anteproyectos de ley y los proyectos de decretos legislativos se publicarán cuando se solicite el dictamen, en su caso, de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid. Y, finalmente, los proyectos de ley tras su aprobación por el Consejo de Gobierno.
b)	Los proyectos de reglamento cuya iniciativa les corresponda se harán públicos en el momento en que, en su caso, se sometan al trámite de audiencia o información pública. Asimismo, se publicarán cuando se solicite, en su caso, el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid. La publicación de los proyectos reglamentarios no supondrá, necesariamente la apertura de un trámite de audiencia.
c)	Las memorias, informes y dictámenes que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos, incluidos los señalados en los apartados anteriores, con ocasión de la publicidad de los mismos.
d)	Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un período de información pública durante su tramitación.
e)	El resultado de la participación en los proyectos reglamentarios y demás documentos que estén sujetos a participación pública, o en aquellos casos en que no siendo preceptiva la misma se haya acordado someterlos a información pública.
f)	La relación actualizada de las normas que estén en curso, indicando su objeto y estado de tramitación.
g)	La relación de su normativa vigente, que se mantendrá permanentemente actualizada y a disposición de la ciudadanía.
h)	La relación de las competencias y traspasos de funciones y servicios asumidos por su Administración.
a)	Los servicios que presta cada unidad administrativa.
b)	Los requisitos y condiciones de acceso a los mismos, incluyendo horario y, en su caso, las tasas, tarifas o precios que se exigen.
c)	Las listas de espera existentes para el acceso a cualquiera de los servicios que preste su Administración pública, sin perjuicio de las singularidades que se puedan establecer en diferentes ámbitos. En el ámbito social, sanitario y educativo la actualización de las listas de espera se realizará semanalmente, informando a los usuarios de los servicios de la situación en la que se encuentra su petición, sin perjuicio de que la información agregada del número de personas y tiempo de espera sea público de forma abierta para cualquier ciudadano.
d)	Las cartas de servicios elaboradas.
e)	El catálogo de procedimientos administrativos, con la información básica necesaria sobre los requisitos y los trámites de gestión.
f)	El procedimiento para la presentación de quejas y reclamaciones sobre el funcionamiento del servicio.
g)	El número de reclamaciones presentadas y el número o proporción de las aceptadas o resueltas a favor de los interesados, así como el listado de quejas y reclamaciones habituales.
a)	Información presupuestaria y contable.
1.o	El límite de gasto no financiero aprobado para el ejercicio.
2.o	El proyecto de Presupuestos y los presupuestos, con la descripción de las partidas presupuestarias anuales y los datos de su ejecución.
3.o	Las cuentas anuales que deban rendirse.
4.o	La ejecución trimestral de los presupuestos, con los datos al mismo nivel de detalle que en los propios presupuestos.
5.o	Los créditos extraordinarios, suplementos y modificaciones de créditos, relativos a los Presupuestos y su justificación.
6.o	Los presupuestos de los entes y organismos del sector público (empresas públicas, agencias, sociedades mercantiles, fundaciones públicas, y demás entidades).
7.o	Las cuentas anuales de las entidades del sector público.
8.o	Los Informes de auditoría y de fiscalización de la Cámara de Cuentas que sobre ellos o sus entidades del sector público se emitan.
9.o	Los informes sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
10.o	Los planes económico-financieros aprobados para el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto.
11.o	Los planes de reequilibrio aprobados para los supuestos de déficit estructural.
12.o	Los planes de ajuste aprobados por medidas de apoyo a la liquidez.
13.o	Los informes de seguimiento de los planes relacionados en los apartados 10.o, 11.o y 12.o anteriores.
14.o	Las razones de desviación en todas aquellas partidas reales comparadas con presupuesto que excedan el 10 % de la cantidad prevista.
b)	Información de los ingresos y gastos:
1.o	La información básica sobre la financiación de su Administración: tributos propios, tributos cedidos, Fondo de Garantía de servicios públicos fundamentales, Fondo de suficiencia global de convergencia.
2.o	En el caso de la Comunidad de Madrid, la proporción que representa el déficit/superávit público de la Comunidad Autónoma sobre el PIB regional; los ingresos fiscales por habitante: Capítulos I, II y III de Ingresos/Número de habitantes; el gasto por habitante en la Comunidad Autónoma; La inversión realizada por habitante en la Comunidad Autónoma.
3.o	Los gastos de personal y su porcentaje sobre el gasto total. Asimismo, se especificarán los gastos derivados del personal directivo y eventual, así como los derivados de los liberados sindicales, expresando en todos los casos su porcentaje sobre el gasto de personal y sobre el gasto total.
4.o	El gasto efectuado en concepto de arrendamiento de bienes inmuebles.
5.o	Los gastos realizados en campañas de publicidad o comunicación institucional, los contratos celebrados incluyendo la información a que se refiere el artículo 22, así como los planes de medios correspondientes en el caso de las campañas publicitarias, incluyendo el desglose de gastos por campaña y presupuesto asociado por medios de comunicación y los criterios para ese reparto. Será de aplicación lo dispuesto en la legislación que regula estas materias.
6.o	El gasto realizado en concepto de patrocinio.
7.o	El gasto total efectuado en concepto de ayudas o subvenciones para actividades económicas.
8.o	Gastos en las distintas políticas y su porcentaje sobre el gasto total.
c)	Información sobre endeudamiento.
1.o	El importe de la Deuda pública actual de su Administración y su evolución a lo largo de los cinco ejercicios anteriores, recogiendo, en el caso de la Comunidad de Madrid el endeudamiento público por habitante y el endeudamiento relativo (Deuda de la Comunidad de Madrid/Presupuesto total de la Comunidad de Madrid).
2.o	Las operaciones de préstamo, crédito y emisiones de deuda pública, así como las entidades con las que se realizan estas operaciones en todas sus modalidades, realizadas por los entes del sector público de la Administración pública a la que pertenecen.
3.o	Los avales y garantías prestados en cualquier clase de crédito por las entidades del sector público de su Administración pública.
4.o	Las operaciones de arrendamiento financiero por las entidades del sector público de su Administración pública.
1. Los sujetos incluidos en el artículo 2, en relación con su respectivo patrimonio, harán pública y mantendrán actualizada la información siguiente:
a)	La relación de bienes demaniales afectos al uso general o servicio público.
b)	La relación de bienes inmuebles de que sean titulares o sobre los que se ostente algún derecho real, especificando si están ocupados o no por las dependencias de sus órganos o servicios, así como los cedidos a terceros por cualquier título y, en su caso, la persona o entidad beneficiaria y el destino de la cesión, así como la cuantía.
c)	La relación de bienes inmuebles arrendados y cedidos, y en su caso, el destino de uso o servicio público de los mismos, así como la cuantía del arrendamiento individual de cada uno.
d)	El número de vehículos oficiales de los que sean titulares y los arrendados, y la función para la que están reservados.
2. Sin perjuicio de lo anterior, cualquier persona tendrá acceso al Inventario de Bienes y Derechos de todos los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley, preferentemente por vía electrónica.
3. En relación a los negocios jurídicos que tengan por objeto bienes inmuebles y derechos patrimoniales, se hará pública la información relativa a los objetivos o finalidades de las operaciones, el procedimiento desarrollado al efecto, la identidad de los participantes en el procedimiento, las ofertas presentadas, el importe o beneficio finalmente alcanzado y la identidad de los adjudicatarios finales.
a)	Los proyectos de planes y programas anuales y plurianuales, generales o sectoriales, departamentales o interdepartamentales, cuya tramitación se haya iniciado.
b)	Los planes y programas anuales y plurianuales, generales o sectoriales, departamentales o interdepartamentales, aprobados, con indicación para cada uno de ellos de los objetivos estratégicos perseguidos, las actividades y medios necesarios para alcanzarlos, una estimación temporal para su consecución, la identificación de los órganos responsables de su ejecución, así como los indicadores que permitirán su seguimiento y evaluación.
c)	El grado de cumplimiento de los planes y programas y, en su caso, de las modificaciones introducidas o que pretenden introducirse respecto de lo planificado.
d)	La evaluación de los resultados de los planes y programas.
1. Los sujetos incluidos en el artículo 2 publicarán y mantendrán actualizada, desde la fecha de licitación, una relación de la totalidad de contratos de obras públicas desde la entrada en vigor de esta Ley. Esta relación permanecerá en la web de transparencia sin caducidad.
2. Para cada una de las obras públicas a que se refiere el apartado anterior en fase de adjudicación deberá hacerse pública y mantenerse actualizada, la siguiente información:
a)	Presupuesto, pliegos y criterios de adjudicación, incluyendo las actas de adjudicación anonimizadas, las valoraciones de cada oferta y la composición de las mesas de contratación y cargos de sus miembros.
b)	Número de empresas que han concurrido a la licitación.
c)	Empresa o empresas adjudicatarias.
a)	Denominación y descripción de la obra.
b)	Importe de su ejecución, diferenciando el presupuesto inicial de cada una de las revisiones posteriores, sean por modificaciones de la obra o por revisión de precios.
c)	Administraciones, organismos o entidades que la financian, incluyendo el importe que les corresponde.
d)	Persona o entidad adjudicataria.
e)	Persona o entidad subcontratada.
f)	Fecha de inicio y conclusión, así como, en su caso, las prórrogas o ampliaciones del plazo de ejecución que se hayan concedido.
g)	Penalizaciones impuestas por incumplimientos del contratista.
h)	Administración titular de la obra ejecutada y, en su caso, del mantenimiento posterior de la misma.
1. Los sujetos incluidos en el artículo 2, en relación con su actividad contractual, publicarán y actualizarán la información siguiente, que les sea de aplicación:
a)	La información general de las entidades y órganos de contratación.
b)	La información sobre los contratos programados, los contratos adjudicados, las licitaciones anuladas, incluyendo las razones detalladas y cualquier otra que se considere necesaria o conveniente para la adecuada gestión de la contratación.
c)	La información sobre las licitaciones en curso, con acceso a la totalidad de las condiciones de ejecución del contrato y, en su caso, la restante documentación complementaria.
d)	La composición y convocatorias de las mesas de contratación, con los cargos, y las actas anonimizadas completas de adjudicación que firman.
e)	La información sobre preguntas frecuentes y aclaraciones relativas al contenido de los contratos.
2. Asimismo, respecto de los contratos formalizados, y sin perjuicio de la información que deba hacerse pública en el perfil del contratante y de la que ha de inscribirse en el Registro de Contratos del Sector Público, deberán publicar y mantener actualizada la información siguiente:
a)	Los contratos formalizados, con indicación del objeto, la duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado, los motivos que justifican el procedimiento seguido, los instrumentos a través de los que en su caso se haya publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad de los adjudicatarios, las ofertas económicas y, en su caso, porcentaje de baja de su oferta y relación con el resto de licitadores y resultados de las evaluaciones.
b)	Los datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público.
c)	Información de los contratos menores formalizados, trimestralmente, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. Se especificará también el importe global de los mismos y el porcentaje que representan respecto de la totalidad de contratos formalizados.
d)	Las modificaciones de los contratos formalizados, así como las prórrogas y variaciones del plazo de duración o ejecución.
e)	Las penalidades impuestas, en su caso, por incumplimiento de los contratistas.
f)	La relación de contratos resueltos. Específicamente, se harán públicas las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos.
Información de los convenios, encomiendas de gestión y encargos a medios propios
1. Los sujetos incluidos en el artículo 2 harán pública y mantendrán actualizada la relación de convenios celebrados por sus órganos y por los organismos y entidades dependientes de la misma con otras Administraciones públicas y otros sujetos, públicos o privados, incluyendo:
a)	Las partes firmantes.
b)	El objeto, con indicación de las actuaciones o actividades comprometidas y los órganos o unidades encargados de la ejecución de las mismas.
c)	Obligaciones económicas, con indicación de las cantidades que corresponden a cada una de las partes firmantes.
d)	El plazo y condiciones de vigencia.
e)	El objeto y la fecha de las distintas modificaciones realizadas durante su vigencia.
f)	El Boletín Oficial en que fue publicado y el Registro en el que está inscrito.
2. Los convenios que se celebren por los órganos de su Administración pública y de los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la misma, con otras Administraciones públicas y otros sujetos, públicos o privados, así como las modificaciones, prórrogas y anexos o adendas a los mismos, deberán publicarse en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, dentro de los veinte días siguientes a su firma.
3. Asimismo se hará pública y mantendrá actualizada la relación de encargos a medios propios y encomiendas de gestión efectuadas por su Administración pública y de los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la misma, incluyendo:
a)	La entidad a la que se realiza la encomienda o encargo.
b)	Número y categorías profesionales de las personas, en su caso, incluidas en cada encomienda o encargo, así como el importe total destinado a gastos de personal.
c)	Medios materiales que la entidad encomendante haya acordado poner a disposición de la encomendada o encargada para la realización del trabajo.
d)	Los motivos que justifican que no se presten los servicios con los medios personales con que cuenta el órgano o entidad encomendante.
e)	El objeto y el presupuesto de la encomienda o el encargo.
f)	Las tarifas o precios fijados.
g)	Las modificaciones y revisiones del presupuesto y los precios, así como, en su caso, la liquidación final de la encomienda o encargo.
h)	Porcentajes de las encomiendas o los encargos a medios propios.
i)	Las subcontrataciones efectuadas, en su caso, con indicación del procedimiento seguido para ello, la persona o entidad adjudicataria y el importe de la adjudicación.
a)	El servicio público objeto de la concesión administrativa.
b)	La identificación del concesionario.
c)	El plazo de la concesión, régimen de financiación y condiciones de prestación del servicio.
d)	Los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas que rijan dicha concesión.
e)	Los estándares mínimos de calidad del servicio público que rija dicha concesión.
f)	Cargo de la persona responsable del contrato.
g)	Las direcciones electrónicas a las que pueden dirigirse las reclamaciones de responsabilidad patrimonial y las quejas.
h)	Número, categoría y titulación del personal adscrito.
i)	Las evaluaciones de servicio llevadas a cabo por las entidades responsables.
j)	Las sanciones firmes.
k)	Los acuerdos de modificación del contrato de concesión.
1. Los sujetos incluidos en el artículo 2 , respecto de las ayudas y subvenciones de sus órganos y de los órganos de los organismos y entidades vinculadas o dependientes, harán pública y mantendrán actualizada la información de las ayudas y subvenciones incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, siguiente:
a)	Los planes estratégicos de ayudas y subvenciones aprobados. Asimismo, dichos planes deberán ser publicados en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, dentro de los veinte días siguientes a su aprobación.
b)	La relación de las líneas de ayudas o subvenciones que tenga previsto convocar durante el ejercicio presupuestario, con indicación de los importes que se destinen, el objetivo o la finalidad y la descripción de los posibles beneficiarios.
c)	La relación de ayudas y subvenciones concedidas a lo largo de cada ejercicio, indicando su importe, así como la fórmula empleada para hacer el cálculo y los resultados de los mismos que lleven a ese importe, objetivo o finalidad y beneficiarios. Además, la relación de subvenciones concedidas sin promover la concurrencia, especificando la persona o entidad beneficiaria, el importe, el destino y las motivaciones para su concesión, se publicará trimestralmente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, dentro del mes siguiente a la finalización de cada trimestre natural.
2. La publicación de la información pública descrita en el apartado anterior detallará: el plazo de ejecución, pagos anticipados o a cuenta, importe justificado, cuantías pagadas, resoluciones de reintegro y sanciones impuestas.
3. La publicación de los beneficiarios de las ayudas y subvenciones concedidas prevista en el apartado 1 del presente artículo no se realizará cuando la publicación de los datos del beneficiario en razón del objeto de la subvención pueda ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo , de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
a)	La estructura general de cada municipio.
b)	La clasificación y calificación del suelo.
c)	La ordenación prevista para el suelo, con el grado de detalle adecuado.
d)	Las infraestructuras planteadas en cada localidad.
e)	Su estado de tramitación y desarrollo, incluyendo las fechas de aprobación de los diferentes instrumentos de planeamiento y gestión, así como los informes sectoriales emitidos por las Administraciones y organismos competentes.
f)	Las modificaciones y revisiones aprobadas con indicación de las fechas de publicación de las mismas.
g)	La información geográfica, económica y estadística de elaboración propia cuya difusión permita el conocimiento general, facilitando las fuentes, notas metodológicas y modelos utilizados.
h)	La información medioambiental ha de hacerse pública de conformidad con la normativa vigente.
i)	Las resoluciones judiciales firmes que afecten a la vigencia de cualquiera de sus determinaciones.
Organización y coordinación de la transparencia
Órganos responsables de la información pública
1. En el ámbito de la Administración pública de la Comunidad de Madrid y de su sector público, se creará la Oficina de Coordinación de la Transparencia, dependiente de la Consejería competente en materia de información pública, que ejercerá las siguientes funciones:
a)	Coordinación de la acción de todas las Consejerías para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley.
b)	Elaboración y aprobación de las directrices aplicables a la publicación de la información.
c)	Gestión del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid.
d)	Seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la información.
e)	Apoyo y asesoramiento técnico a todas las Consejerías.
f)	Elaboración de un informe anual sobre el cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad activa y de derecho de acceso en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Madrid.
g)	Las demás que le atribuya el ordenamiento jurídico.
2. En el ámbito de cada Consejería y adscrita a la Secretaría General Técnica, existirán unidades de transparencia con las siguientes funciones:
a)	Coordinar la acción de todos los órganos y entidades dependientes de la Consejería para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley.
b)	Requerir de los órganos y entidades dependientes de su Consejería la elaboración, puesta a disposición y actualización de información que deba de hacerse pública en sus respectivos ámbitos.
c)	Seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la información, y, en su caso, de las reclamaciones que se interpongan, de acuerdo con las resoluciones del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid.
d)	Apoyo y asesoramiento a las unidades de la Consejería.
e)	Asesoramiento y orientación ciudadana en materia de transparencia.
f)	Elaboración de una memoria anual sobre el cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad activa en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Madrid.
3. El resto de los sujetos obligados por esta Ley deberán establecer el órgano o unidad responsable del cumplimiento de las siguientes funciones:
a)	Coordinación de la acción de todas las áreas de gestión para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley.
c)	Gestión de su página web o portal.
e)	Apoyo y asesoramiento técnico a sus órganos de gestión.
f)	Elaboración de un informe anual sobre el cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad activa y derecho de acceso.
1. Para facilitar el acceso a la información pública, los sujetos obligados por esta Ley dispondrán de un sistema integral de información y conocimiento en formato electrónico que garantice la transparencia de la información pública. El sistema integral se fundamenta en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid y en los portales, sedes electrónicas o sitios web que corresponda, cuyos enlaces han de estar disponibles en el Portal de Transparencia de la Comunidad.
2. El Portal de Transparencia, ya sea mediante el alojamiento de la información en el mismo o mediante enlaces electrónicos a su ubicación, permitirá a cualquier usuario el acceso libre y gratuito desde un único punto a toda la información que es responsabilidad de la Comunidad y del resto de los sujetos obligados a publicar, de forma actualizada y de modo proactivo en los términos contemplados en esta Ley. Además de permitir el acceso a esta información, el Portal deberá incluir el Registro de acceso y reclamaciones, en los términos previstos en el Título III, y los instrumentos de participación y colaboración ciudadana y el Registro de Transparencia conforme establece el Título IV, así como el procedimiento de reclamaciones ante el Consejo de Transparencia y Participación y su enlace.
3. El Portal de Transparencia funcionará como un contenedor que enlaza toda la información de modo ordenado, con un catálogo indexado al menos por sujetos obligados y tipo de información clasificada según el presente Título.
4. Son objetivos del Portal:
a)	Ofrecer el acceso a toda la información obligada por este Título y proveniente de cualquiera de los sujetos obligados.
b)	Facilitar la identificación de la información en el documento o documentos que se puedan encontrar en el mismo Portal.
c)	Localizar la información de obligada publicación.
d)	Ofrecer el derecho de acceso por vía electrónica y la información adecuada para ejercerlo, así como los procedimientos de reclamación.
e)	Ofrecer la información en las condiciones que permitan utilizarla para su fin (consulta, análisis comparativo, difusión o procesado para que el usuario obtenga otros datos).
f)	Informar trimestralmente, con estadísticas, de las solicitudes más frecuentes, los indicadores y los temas más consultados y solicitados a través del derecho de acceso por los ciudadanos.
g)	Facilitar los mecanismos de participación ciudadana conforme al Título IV.
5. Para el cumplimiento de los objetivos del Portal:
a)	Se ofrecerá la información en formatos abiertos y reutilizables, atendiendo a normas de estandarización aprobadas por la legislación española y europea, facilitando su integración en bases de datos de ámbito superior al autonómico y siguiendo los criterios marcados por los Consejos de Transparencia nacional y autonómico.
b)	El catálogo de la información será reutilizable y permitirá la interoperabilidad con otros catálogos de información pública conforme a las normas técnicas del Esquema Nacional de Interoperabilidad.
c)	El Portal dispondrá de un buscador que permita un acceso rápido, fácil y comprensible a su contenido.
d)	El Portal incorporará mecanismos de alerta sobre la información que se ha actualizado o incorporado.
e)	La información se actualizará, con carácter general, de forma continua y en los términos establecidos en esta Ley cuando así se especifique. Se indicará en todo caso la fecha de actualización de cada información por última vez y, si es conocida o previsible, la fecha en que volverá a actualizarse.
f)	La información catalogada e indexada se organizará de acuerdo con las prescripciones técnicas establecidas reglamentariamente y no tendrá caducidad.
6. El resto de los sujetos obligados por esta Ley facilitarán la información que están obligados a publicar a través de sus propios portales, sedes electrónicas o páginas web. En este caso, se ha de garantizar el enlace electrónico a su ubicación a través del Portal de Transparencia.
Titulares del derecho de acceso
Registro de solicitudes de acceso y reclamaciones
1. La Administración de la Comunidad de Madrid contará con un Registro de solicitudes de acceso y reclamaciones que será público, salvo en aquello que afecte a los datos de carácter personal protegidos por ley, en el que se inscribirán y podrán ser consultados todas las solicitudes y reclamaciones que se presenten, haciendo constar los siguientes datos:
a)	La fecha de presentación de la solicitud o reclamación.
b)	La identidad del solicitante o reclamante.
c)	La descripción concisa de la información solicitada o reclamada y la motivación si la hubiera.
d)	En su caso, la forma o formato de acceso.
e)	Datos de contacto, a efectos de comunicación con el interesado.
f)	El tiempo en que se ha atendido la solicitud, y, en caso de que la respuesta se haya realizado fuera del plazo, las razones que han motivado la demora.
g)	El tipo de respuesta que se ha dado a la solicitud, y, en caso de denegación, los motivos de la misma.
h)	Los demás que puedan establecerse en el reglamento de organización y funcionamiento del Registro.
2. El Registro dependerá del órgano competente del Departamento que tenga atribuidas las competencias en materia de información pública y se accederá a él a través del Portal de Transparencia, salvo los datos correspondientes al apartado 1.b) y e) que podrán ser publicados si el solicitante o reclamante así lo expresa.
3. El resto de los sujetos relacionados en el artículo 2 y en los apartados 1 y 2 del artículo 3 podrán contar con sus propios registros de solicitudes de acceso y reclamaciones o adherirse expresamente al Registro de la Comunidad. En estos registros se inscribirán y podrán ser consultadas todas las solicitudes y reclamaciones que se les presenten, haciendo constar los datos a que hace referencia el apartado 1 de este artículo, salvo los datos correspondientes a los apartados 1.b) y 1.e) que podrán ser publicados si el solicitante o reclamante así lo expresa. Estos registros estarán disponibles en sus respectivas sedes electrónicas, portales o páginas web.
a)	En el ámbito de la Administración pública y demás organismos o entidades incluidos en el artículo 2 será competente para resolver el titular del órgano o de la entidad que posea la información solicitada.
b)	En el caso de que se solicite información de las personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, así como de los sujetos comprendidos en los apartados 1 y 2 del artículo 3, será competente para resolver el órgano que tenga atribuidas las competencias del servicio o en la materia.
1. En el ámbito de acceso a la información pública, las personas tienen los siguientes derechos:
a)	Acceder a la información pública de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
b)	Ser informadas de si los documentos que contienen la información solicitada o de los que puede derivar dicha información obran o no en poder del órgano o entidad.
c)	Ser asistidas en su búsqueda de información.
d)	Recibir el asesoramiento adecuado y en términos comprensibles para el ejercicio del derecho de acceso.
e)	Recibir la información solicitada dentro de los plazos y en la forma o formato elegido de acuerdo con lo establecido en esta Ley.
f)	Conocer las razones en que se fundamenta la denegación del acceso a la información solicitada y, en su caso, el otorgamiento del acceso en una modalidad o formato distinto al elegido.
g)	Obtener la información solicitada de forma gratuita, sin perjuicio del abono, en su caso, de las tasas que correspondan por la expedición de copias y la transposición a formatos diferentes del original.
h)	Usar, reutilizar y compartir la información obtenida sin necesidad de autorización previa y sin más limitaciones que las impuestas por la legislación vigente.
a)	Realizar el acceso a la información concretando lo más precisamente posible la petición.
b)	Ejercer el derecho de acceso conforme a los principios de buena fe e interdicción del abuso de derecho.
c)	Cumplir las condiciones que se hayan señalado en la resolución que conceda el acceso directo a las fuentes de información y el acceso a la dependencia pública o archivo donde la información esté depositada.
d)	Respetar las obligaciones establecidas en la licencia y condiciones de uso de la información obtenida y en la normativa básica para la reutilización. Dichas obligaciones serán explicadas de forma clara por el suministrador de la información.
e)	Abonar las tasas que pudieran establecerse para la obtención de copias y la transposición de la información a un formato diferente al original.
1. El derecho de acceso a la información pública sólo podrá ser limitado o denegado en los supuestos previstos en la normativa de la Unión Europea y en la legislación básica del Estado.
1. Las solicitudes de acceso a información que contenga datos personales de categoría especial se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, general de protección de datos, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre , de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en la legislación básica reguladora del derecho de acceso a la información pública.
4. No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa previa disociación o anonimizando de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas.
1. En los casos en que la aplicación de alguno de los límites previstos en el artículo anterior no afecte a la totalidad de la información, se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido.
2. Si la limitación está ocasionada por la normativa de la Unión Europea o la legislación básica del Estado de datos personales, los sujetos obligados deberán, en todo caso, anonimizar la información y facilitar el acceso a la misma.
a)	La identidad del solicitante, sin necesidad de acreditación electrónica. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 31, el solicitante tendrá derecho a hacer pública su identidad en el Registro de solicitudes de acceso y reclamaciones, debiéndolo hacerlo constar de manera expresa.
b)	La información que se solicita.
c)	La dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de las comunicaciones a propósito de la solicitud.
d)	En su caso, la modalidad preferida de acceso a la información solicitada.
2. Cuando la solicitud se formule de forma oral, por comparecencia en las unidades administrativas o en las oficinas de información, la misma será recogida en formato electrónico haciendo constar los extremos señalados en el apartado anterior.
4. El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. No obstante, la ausencia de motivación no será por sí sola causa de rechazo de la solicitud.
Solicitudes imprecisas
1. Cuando una solicitud esté formulada de manera que no se identifique de forma suficiente la información a que se refiere, se pedirá al solicitante que la concrete, y se le facilitarán las indicaciones precisas que sean necesarias para ello, dándole para ello un plazo de diez días, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución.
2. El desistimiento y el archivo de la solicitud se acordarán mediante resolución expresa del órgano competente y en ningún caso impedirán la presentación de una nueva solicitud en la que concrete la información demandada.
1. Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes que conforme a la legislación básica en materia de transparencia y acceso a la información pública incurran en causa de inadmisión.
2. En todo caso, en la aplicación de las causas de inadmisión recogidas en la legislación básica a que hace referencia el apartado anterior, se seguirán las siguientes normas:
a)	En las resoluciones de inadmisión porque la información esté en curso de elaboración o publicación general, deberá especificarse el órgano que elabora dicha información y el tiempo previsto para su conclusión.
b)	No podrá considerarse información de carácter auxiliar o de apoyo los informes preceptivos ni aquellos otros documentos que sin serlo hayan servido de forma total o parcial, en su caso, directamente de motivación a resoluciones.
c)	No podrá considerarse como reelaboración que justifique la inadmisión de la información la que pueda obtenerse mediante un tratamiento informatizado de uso corriente.
Remisión de la solicitud al órgano competente
1. Cuando la solicitud se refiera a información que no obre en poder del órgano a la que se dirige, éste la remitirá, en un plazo no superior a cinco días, al competente e informará de esta circunstancia al solicitante.
2. Cuando el órgano al que se dirija la solicitud desconozca el que sea competente para resolver sobre el acceso a la documentación solicitada, procurará averiguarlo. Si lo llegase a conocer deberá darle traslado en el plazo de cinco días, e informará de esta circunstancia al solicitante.
3. Transcurridos cinco días sin haberse conocido el órgano competente, se inadmitirá la solicitud y se informará de esta circunstancia al solicitante.
1. Las resoluciones sobre las solicitudes de acceso se adoptarán y notificarán en el plazo máximo de veinte días desde su recepción. Cuando el volumen o la complejidad de la información solicitada lo justifiquen, el plazo se podrá ampliar por otros veinte días más, informando de esta circunstancia al solicitante.
2. Las resoluciones por las que se inadmitan a trámite las solicitudes por las causas previstas en el apartado 1 del artículo 40 se adoptarán y notificarán lo antes posible, y en todo caso, en el plazo máximo de cinco días hábiles desde su recepción por el órgano competente para resolver.
3. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin haberse notificado resolución expresa, la solicitud de acceso se entenderá desestimada conforme a lo establecido en la legislación básica en materia de transparencia y acceso a la información pública.
1. La resolución que se adopte podrá inadmitir la solicitud, conceder o denegar el acceso total o parcial y, en su caso, fijar la modalidad de acceso a la información solicitada. La ponderación sobre la concurrencia de un interés público o privado superior deberá ser motivada en la resolución de las solicitudes de información de forma clara.
a)	Las que inadmitan a trámite las solicitudes.
b)	Las que denieguen el acceso.
c)	Las que concedan el acceso parcial.
d)	Las que concedan el acceso a través de una modalidad distinta a la solicitada, debiendo motivar las causas de este cambio.
e)	Las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero afectado.
5. Las resoluciones que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero indicarán expresamente al interesado que el acceso sólo tendrá lugar cuando, habiéndose concedido dicho acceso, haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso administrativo sin que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la información.
1. El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando la información se facilite por vía electrónica, los documentos se proveerán en su formato electrónico original.
2. La información se proporcionará en la modalidad solicitada, a menos que no sea técnicamente posible, resulte excesivamente gravosa para el sujeto obligado o exista una alternativa más económica.
Costes de acceso a la información
1. Contra la resolución desestimatoria, total o parcial de la solicitud de acceso a la información dictada por los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley, podrá interponerse reclamación ante el Consejo de Transparencia y Participación, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, quedan excluidos los sujetos comprendidos en la disposición adicional cuarta de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre , de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Forma, plazo y presentación de la reclamación potestativa
2. El escrito de interposición, dirigido al Consejo de Transparencia y Participación, deberá contener:
a)	El nombre y apellido del solicitante, sin necesidad de acreditación electrónica.
b)	La indicación de la resolución expresa contra la que se reclama.
c)	Los motivos por los que se reclama.
d)	La dirección de contacto a la cual puedan dirigirse las comunicaciones a propósito de la reclamación.
3. El solicitante deberá tener la opción de hacer pública su identidad y dirección en el Registro de solicitudes de acceso y reclamaciones, en los extremos determinados en el artículo 31.
4. La reclamación podrá presentarse presencial o telemáticamente en el registro del Consejo de Transparencia y Participación y en cualquiera de los registros públicos previstos para la presentación de escritos dirigidos a las Administraciones públicas de la Comunidad de Madrid. También por correo postal o electrónico a través de una dirección habilitada especialmente para tal fin.
Tramitación, plazo y publicación de la reclamación
Contenido y efectos de la resolución
1. La resolución que se adopte por el Consejo de Transparencia y Participación será en todo caso motivada y podrá estimar o desestimar, en su totalidad o en parte, la reclamación presentada.
Impulso y fomento de la participación y colaboración ciudadana
1. Los sujetos comprendidos en el artículo 2.1 procurarán impulsar la participación y colaboración ciudadana a través de instrumentos o mecanismos adecuados que garanticen la interrelación mutua, ya sea a título individual y en su propio nombre, o a través de las entidades ciudadanas en las que se integre la ciudadanía.
2. Promoverán igualmente la participación y colaboración de cuantas entidades y organismos consideren adecuados atendiendo a las distintas actuaciones promovidas en el ejercicio de sus competencias.
3. Para ello, en el ámbito de sus competencias:
a)	Promoverán y desarrollarán los mecanismos para facilitar y garantizar la participación en proyectos normativos, planes y programas objeto de su competencia.
b)	Impulsarán instrumentos de participación ciudadana mediante canales de comunicación que permitan interactuar y facilitar el diálogo entre ellos y los ciudadanos.
c)	Fomentarán la cultura de la participación, tanto en la ciudadanía como entre los empleados públicos.
4. Los resultados de los procesos de participación y colaboración ciudadana son de naturaleza consultiva y no vinculante.
1. La ciudadanía tendrá derecho a la participación y colaboración ciudadana ya sea directamente o través de entidades ciudadanas.
2. Tienen la consideración de entidades ciudadanas:
a)	Las entidades privadas sin ánimo de lucro:
1.o	Que estén válidamente constituidas, de acuerdo con la normativa que les sea de aplicación.
2.o	Cuya actuación se desarrolle en el ámbito del territorio de la Comunidad de Madrid.
3.o	Que tengan entre sus fines u objetivos, de acuerdo con sus estatutos o norma de creación, la participación ciudadana, o bien la materia objeto del proceso participativo de que se trate.
b)	Las entidades representativas de intereses colectivos cuyo ámbito de actuación se desarrolle en el territorio de la Comunidad de Madrid.
c)	Las agrupaciones de personas físicas o jurídicas que se conformen como plataformas, movimientos, foros o redes ciudadanas sin personalidad jurídica, incluso las constituidas circunstancialmente, cuya actuación se desarrolle en el ámbito del territorio de la Comunidad de Madrid, debiendo designarse una comisión y un representante de la misma. Las personas agrupadas, las que formen parte de la comisión y el representante deberán acreditar su personalidad y el cumplimiento de los requisitos del apartado 1, así como la determinación de intereses, identificación, fines y objetivos concretos respecto al proceso participativo de que se trate, su carácter circunstancial o temporal, en su caso, y el resto de los requisitos que se establezcan reglamentariamente.
d)	Las organizaciones sindicales, empresariales, colegios profesionales y demás entidades representativas de intereses colectivos.
Garantías para la participación y colaboración ciudadana
1. Para promover una participación real y efectiva, los sujetos comprendidos en el artículo 2.1, al establecer o tramitar los procedimientos que resulten de aplicación, velarán por hacer efectivos los derechos reconocidos en el artículo 33, y, además, garantizarán:
a)	La información de forma inteligible, mediante avisos públicos u otros medios apropiados, como los canales de comunicación institucional y los medios electrónicos.
b)	El derecho a expresar observaciones y opiniones en un período abierto de exposición pública, que nunca será inferior a un mes, y que serán tenidas en cuenta con carácter previo a la decisión definitiva.
c)	En todos los procesos regulados en este Título, cuando el órgano competente del gobierno autonómico o local se apartara o asumiera el resultado de un proceso participativo, deberá motivar expresamente cuáles son las razones o intereses públicos que le conducen a seguir o no los resultados del citado proceso en el plazo máximo de treinta días, contados desde la finalización del proceso del que se trate. La motivación deberá publicarse, al menos, en la sede electrónica, portal o página web del órgano que ostenta la iniciativa para la convocatoria del proceso y en los boletines oficiales si se considera oportuno.
d)	La comunicación, a quienes participen, de las observaciones y opiniones y de la publicación del informe del apartado anterior.
2. Lo previsto en este artículo no sustituye en ningún caso ni perjudica a cualquier otra disposición que amplíe los derechos de participación y colaboración ciudadanas reconocidos en esta Ley.
Asuntos excluidos de la participación y colaboración ciudadana
Instrumentos de participación y colaboración ciudadana
1. Los instrumentos de participación y colaboración ciudadana son todos aquellos mecanismos utilizados por la Administración autonómica o local competente, para hacer efectiva la participación y la colaboración ciudadana, sin discriminación, en los asuntos públicos. Y, en concreto todos aquellos que necesitan para su propia eficacia de una mayor implicación ciudadana en el propio proceso participativo.
2. Para hacer efectivos estos instrumentos de participación y colaboración ciudadana, la Administración competente:
a)	Fomentará activamente la implicación de aquellos sectores sociales en los que se haya constatado una mayor dificultad en su participación y colaboración en los asuntos públicos.
b)	Inscribirá en los ficheros de participación y colaboración ciudadana a toda la ciudadanía que voluntariamente quiera implicarse y se haya comprometido a participar y colaborar.
c)	Dará prioridad al uso de las nuevas tecnologías y lo canalizará fundamentalmente a través del portal de transparencia o página web propia, sin perjuicio de promover otros cauces que, en determinados ámbitos, favorezcan la mutua interrelación.
Instrumentos específicos de participación ciudadana
1. Al objeto de hacer efectiva la participación ciudadana en aquellos asuntos sometidos a su consideración, y sin perjuicio de otros elementos de participación que puedan preverse en otras normas, se podrán emplear los siguientes mecanismos de participación:
a)	Consultas públicas, con el fin de recabar la opinión ciudadana a partir de una propuesta de la Administración competente, los ciudadanos interesados en participar, pueden plantear sus opiniones antes de que se adopte una decisión sobre el objeto de la consulta.
b)	Foros de consulta: espacios de debate creados a iniciativa de la Administración competente que tienen por objeto contrastar los efectos de una determinada medida o actuación pública o la percepción que los ciudadanos tienen sobre ella.
c)	Paneles ciudadanos: espacios de información que se crean por la Administración competente con carácter temporal para consulta de cuestiones de interés público.
d)	Grupos colaborativos de trabajo sectoriales: espacios de encuentro entre la Administración competente y sectores específicos afectados por asuntos de interés público especializado.
2. Los órganos competentes que decidan someter a participación ciudadana cualquier asunto de interés público, que no esté excluido por el artículo 54, señalarán el instrumento de participación que mejor se ajuste a la naturaleza de la consulta y el plazo al que se extiende la participación.
Ficheros de participación y colaboración ciudadana
1. Se crean ficheros exclusivamente de participación y colaboración ciudadana al objeto de poder articular de una forma más eficiente la utilización de determinados instrumentos más específicos de participación y colaboración ciudadana.
2. En los ficheros quedarán inscritos las entidades ciudadanas o quienes a título personal estén interesados en recibir información sobre materias específicas de la competencia de los sujetos enumerados en el artículo 2.1, al objeto de tomar parte activa en los instrumentos específicos de participación y colaboración ciudadana previstos en esta Ley o que puedan preverse en otras normas.
3. Las personas y entidades inscritas en el Registro de Transparencia podrán también inscribirse voluntariamente en los ficheros de participación ciudadana.
4. A estos ficheros les será de aplicación el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, general de protección de datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre , de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
5. La gestión de los ficheros dependerá del órgano competente en materia de participación ciudadana.
Derechos de participación y colaboración en la definición de las políticas públicas
1. La ciudadanía tiene derecho a participar y a colaborar en la elaboración de las políticas públicas.
2. A estos efectos, los sujetos comprendidos en el artículo 2.1, de conformidad con lo previsto en el artículo 53, establecerán los medios necesarios para que la ciudadanía pueda colaborar en el diseño y elaboración de planes y programas de carácter general y de programas anuales y plurianuales, en los que se definirán los objetivos concretos a conseguir, las actividades y medios necesarios para ejecutarlos, el tiempo estimado para su consecución y las personas o los órganos responsables de su ejecución.
3. Quedan excluidos en todo caso del ámbito de aplicación de este artículo:
b)	Los que tengan exclusivamente un carácter organizativo, procedimental o análogo.
c)	Los planes y programas de carácter general que tengan como único objetivo la seguridad pública, la protección civil en casos de emergencia o el salvamento de la vida humana.
Derecho de participación y colaboración en la evaluación de las políticas públicas y de la calidad de los servicios de la Administración pública
1. La ciudadanía tiene derecho a ser consultada periódica y regularmente sobre su grado de satisfacción con los servicios públicos y con las actividades gestionadas por la Administración pública competente.
2. Este derecho se ejercerá en los términos recogidos en esta Ley y en la normativa reguladora de la evaluación de las políticas públicas y de la calidad de los servicios de la Administración pública competente.
Derecho de participación en la elaboración de disposiciones de carácter general
1. La ciudadanía tendrá derecho, con carácter previo a la elaboración de un anteproyecto de Ley o de proyectos de reglamentos, a participar y colaborar en su elaboración a través de la correspondiente consulta pública que se convoque al efecto en el espacio web habilitado para ello y en los términos de la legislación básica.
2. La participación ciudadana prevista en el apartado anterior lo será sin perjuicio de los trámites de audiencia pública que procedan legalmente.
3. Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en este artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración autonómica o de entes u organizaciones vinculadas o dependientes de ésta, o cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen.
4. Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes para el destinatario o regule aspectos parciales de una materia, podrá omitirse la consulta previa regulada en este artículo.
Derecho a proponer iniciativas reglamentarias
1. La ciudadanía tendrá derecho a presentar a los sujetos comprendidos el artículo 2.1, en las materias de la competencia de éstos, propuestas de tramitación de iniciativas de carácter reglamentario sobre materias que afecten a sus derechos e intereses legítimos, con las limitaciones del artículo 54.
2. Las propuestas deberán contener necesariamente, para ser valoradas y analizadas, el texto propuesto, acompañado de una memoria justificativa con explicación detallada de las razones que aconsejan la tramitación y aprobación de la iniciativa, y deberán estar respaldadas por las firmas de 10.000 personas para las materias objeto de competencia de la Comunidad de Madrid y por el número de firmas que se determine por sus respectivos reglamentos para las materias objeto de competencia de las entidades locales.
3. El órgano que tenga atribuidas las funciones sobre la materia objeto de la iniciativa, una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos de presentación exigidos, emitirá en el plazo de tres meses un informe que, previa valoración de los intereses afectados y de la oportunidad que para el interés público representa la regulación propuesta, propondrá al órgano competente el inicio o no de su tramitación como proyecto de disposición reglamentaria, tramitación que, en caso de acordarse, se ajustará a lo previsto en la legislación vigente.
4. Contra la resolución emitida por el órgano competente cabrá la interposición de los recursos establecidos en la legislación vigente.
Derecho a formular propuestas o actuaciones de interés público
1. La ciudadanía tiene derecho a formular propuestas o actuaciones de interés público, mejoras o sugerencias en relación con el funcionamiento de los servicios recogidos en el catálogo general de los servicios que presta la Administración pública.
2. La Administración pública habilitará fórmulas para hacer efectivo este derecho a través del propio catálogo y promoverá el reconocimiento público de aquellas iniciativas que hayan posibilitado una mejora de los servicios prestados.
Derecho a recabar la colaboración de la Administración pública en actividades ciudadanas
1. La ciudadanía podrá solicitar la colaboración de la Administración pública autonómica o local para la realización de actividades sin ánimo de lucro que fomenten la participación ciudadana en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
2. La solicitud habrá de dirigirse al departamento competente por razón de la materia y tendrá que incluir necesariamente, entre otros requisitos, una memoria explicativa de la actuación que se pretende realizar y la forma de realizarla.
3. El órgano competente del departamento, a la vista de la solicitud presentada, analizará la conveniencia y viabilidad de la actuación propuesta y resolverá motivadamente, estableciendo, en su caso, la colaboración que prestará para su desarrollo.
4. La solicitud de colaboración no exime a los promotores de recabar las correspondientes autorizaciones para el ejercicio de la actividad cuando ello fuera procedente según la legislación vigente.
5. Las aportaciones de la Administración pública para el establecimiento o desarrollo de la actuación propuesta podrán consistir, entre otras, en el patrocinio de la misma, la cesión temporal u ocasional de bienes públicos, el apoyo técnico para su realización, el apoyo a la difusión y conocimiento de la actuación a través de los distintos canales de comunicación institucional, premios, reconocimientos o menciones, u otras medidas similares.
Informe de participación y colaboración
1. El ejercicio de estos derechos por la ciudadanía obligará a la Administración pública competente a la apertura del correspondiente proceso participativo.
2. El resultado de estos procesos participativos se plasmará, sin perjuicio de lo que pudiera especificarse para cada uno de ellos tanto en esta Ley como en el posterior desarrollo reglamentario, en un informe de participación y colaboración, en el que se recogerán el resultado del proceso participativo, los medios empleados y la evaluación de cómo esa participación ha condicionado o ha influido en la actuación administrativa.
1. El Registro de Transparencia, con adscripción orgánica a la Dirección General competente en materia de calidad de los servicios y atención al ciudadano, tiene como finalidad la inscripción de quienes lleven a cabo cualquier actividad distinta de la contemplada en el artículo 67, con objeto de influir directa o indirectamente en la elaboración de normas jurídicas y disposiciones generales y en la elaboración y aplicación de las políticas públicas de los sujetos comprendidos en el artículo 2.1.
2. En particular, estas actividades comprenden:
a)	Los contactos con cargos, directivos, profesionales, personal estatutario, asesores u otros sujetos de las Administraciones públicas autonómica y local, con la finalidad antes mencionada.
b)	La preparación y difusión de comunicados, material informativo o documentos de debate y toma de posición.
c)	La organización de actos, reuniones, actividades promocionales, conferencias o actos sociales si se envían invitaciones a cargos, directivos, profesionales, personal estatutario u otros sujetos de las Administraciones públicas autonómica y local.
d)	Las contribuciones voluntarias y la participación en consultas oficiales o audiencias sobre disposiciones normativas, políticas públicas u otras consultas abiertas.
e)	La prestación de asesoramiento profesional, mediante la representación y la mediación, y el suministro de material promocional, incluidos la argumentación y redacción, cuando estén destinadas a influir en las Administraciones públicas, sus cargos, directivos, profesionales, personal estatutario, asesores u otros sujetos de las Administraciones públicas autonómica y local.
f)	La prestación de asesoría táctica o estratégica, incluidas cuestiones cuyo alcance y calendario de comunicación estén dirigidos a influir en las Administraciones públicas, cargos, directivos, profesionales, personal estatutario, asesores u otros sujetos de las Administraciones públicas autonómica y local.
3. El Registro es de carácter obligatorio, público y gratuito y su funcionamiento debe respetar los principios de proporcionalidad, igualdad y no discriminación.
Personas y entidades obligadas a inscribirse en el Registro
1. En el Registro de Transparencia se inscribirán todas las personas y entidades, sea cual sea su denominación, naturaleza y estatuto jurídico, que participen, por cuenta propia o ajena, en actividades, tanto en curso como en preparación, cubiertas por el Registro.
2. Deberán también inscribirse en el Registro tanto los intermediarios como sus clientes, cuando lleven a cabo una actividad cubierta por el Registro en virtud de un contrato.
3. Sólo los que se inscriban en el Registro podrán ejercer los derechos previstos en el artículo 69.2.
Actividades excluidas del Registro
1. Quedan excluidas del Registro de Transparencia las actividades relativas a la prestación de asesoramiento jurídico o profesional vinculadas directamente a:
a)	Defender los intereses de las partes afectadas en procedimientos administrativos en tramitación.
b)	Informar a un cliente sobre un asunto particular.
c)	Realizar actividades de arbitraje, conciliación o mediación en el marco de una ley ya existente.
2. Quedarán también excluidas del Registro de Transparencia las actividades de los interlocutores sociales cuando dichos interlocutores desempeñan el papel que les asigna la Constitución y sus normas de desarrollo.
3. Asimismo quedarán excluidas del Registro las actividades que respondan al derecho de petición regulado en la Constitución .
Contenido del Registro de Transparencia
1. El Registro de Transparencia deberá incluir una relación ordenada por categorías de las personas o entidades inscritas conforme a lo previsto en el Anexo I y toda la información requerida a los declarantes conforme al Anexo II.
2. La información requerida para la inscripción establecida en el Anexo II, deberá renovarse cada dos años, actualizando los datos y en concreto los financieros al objeto de hacerlos coincidir con el ejercicio financiero o año natural más reciente. Estos datos financieros deberán cubrir un ejercicio de funcionamiento completo.
3. El Registro de Transparencia publicará en el Portal de Transparencia de la Comunidad las actividades cubiertas por el Registro conforme a lo previsto en el artículo 10.4 d).
Obligaciones y derechos de las personas y entidades inscritas
1. La inscripción en el Registro de Transparencia conlleva las siguientes obligaciones:
a)	Cumplir con las exigencias de transparencia previstas en los Anexos I y II.
b)	Aceptar que la información proporcionada se haga pública, excepto aquella que condicione su entrega a que se mantenga confidencial.
c)	Garantizar que la información proporcionada es completa, correcta y fidedigna y que se mantendrá actualizada de forma periódica, de conformidad con lo previsto en la Ley.
d)	Aceptar de forma expresa el Código ético, como requisito previo a su inscripción en el Registro.
e)	Facilitar el nombre de las personas legalmente responsables de las personas o entidades inscritas en el Registro.
f)	Aceptar la aplicación del régimen de control y fiscalización y las medidas correspondientes, en caso de incumplimiento del Código ético o de lo establecido por la Ley.
2. La inscripción en el Registro de Transparencia conlleva los siguientes derechos:
a)	Actuar en defensa de intereses propios, de terceras personas o entidades o incluso de intereses generales ante los cargos, directivos, profesionales, personal estatutario, asesores u otros sujetos de las Administraciones públicas autonómica y local quienes tendrán la obligación de recibirlos y publicarlo en sus agendas conforme al artículo 10.
b)	Formar parte de la lista de distribución que se puedan crear para recibir avisos automáticos sobre actos públicos y consultas públicas en materia de interés de las personas o entidades inscritas.
c)	Obtener un documento de identificación, haciendo constar la inscripción en el Registro de Transparencia.
d)	Ejercer los derechos de participación establecidos en el Capítulo I de este Título.
a)	No difundir la información de carácter confidencial que pudieran conocer con motivo de las tareas que se ejercen.
b)	Comportarse con integridad y honestidad en el desarrollo de su actividad y en sus relaciones con autoridades, cargos públicos, miembros electos y personal al servicio de las Administraciones públicas y no llevar a cabo ninguna actuación que pueda ser calificada como deshonesta o ilícita.
c)	No influir ni intentar influir de manera deshonesta en la toma de decisiones, ni obtener información a través de un comportamiento inapropiado y, en consecuencia, no ofrecer ningún obsequio ni favor o servicio que pueda comprometer la ejecución íntegra de las funciones públicas.
d)	No vender a terceros copias o documentos obtenidos de las Administraciones públicas.
e)	Aceptar el compromiso y cumplir las medidas adoptadas en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley o por el Código ético.
f)	No tener personal a su servicio incurso en incompatibilidades.
g)	Respetar las instituciones y personas con quienes se relacionan en el ejercicio de su actividad.
h)	Informar a las personas o entidades a quienes representen de la existencia de este Código ético y de las obligaciones que incluye.
i)	No representar intereses contradictorios o adversos sin el consentimiento informado de las personas o entidades afectadas.
j)	No hacer uso abusivo del alta en el Registro para hacerse publicidad, ni dar a entender que éste les otorga una situación de privilegio ante los poderes públicos.
k)	Colaborar con el órgano responsable del Registro para llevar a cabo todas las actuaciones de control y fiscalización.
1. El régimen de infracciones y sanciones por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Capítulo será el establecido en el Título VI.
2. Cualquier persona está legitimada para presentar una reclamación o denuncia fundamentada en hechos materiales, cuando tuviera conocimiento, aun indiciario, de que las personas o entidades comprendidas en este Capítulo incumplen las obligaciones establecidas o el Código ético. A tal efecto se habilitará un buzón electrónico.
3. El Consejo de Transparencia y Participación investigará estas reclamaciones o denuncias, que podrán dar lugar a la incoación e instrucción de un expediente sancionador conforme al Título VI.
Creación del Consejo de Transparencia y Participación
1. El Consejo de Transparencia y Participación es el órgano adscrito orgánicamente a la Asamblea de Madrid para el fomento, análisis, control y protección de la transparencia pública y la participación en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
2. El Consejo de Transparencia y Participación, en ejercicio de las funciones que le atribuye esta Ley y el resto del ordenamiento jurídico, actúa con autonomía y plena independencia orgánica y funcional.
1. La organización y funcionamiento del Consejo de Transparencia y Participación, se regirá por la presente Ley y por su propio reglamento de organización y funcionamiento, que incorporará un código ético, aprobado por la Mesa de la Asamblea, a propuesta del mismo. Dicho reglamento deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
2. Para el ejercicio de las funciones en materia de transparencia y participación, contará con una unidad de apoyo jurídico, técnico, y administrativo de la Asamblea de Madrid, así como de los medios personales y materiales que sean necesarios.
Elección y nombramiento de los Consejeros
1. El Consejo de Transparencia y Participación estará integrado por tres consejeros nombrados por el presidente de la Asamblea, a propuesta del Pleno de la Cámara por mayoría de tres quintas partes, conforme al procedimiento que se establezca por la misma.
2. Los consejeros serán elegidos por un período de seis años no renovable, entre personas de reconocido prestigio con diez años de experiencia profesional acreditada en actividades relacionadas con el sector público, la transparencia y el acceso a la información pública.
3. En los supuestos de vacantes, la Asamblea de Madrid procederá a la provisión de las mismas de acuerdo con lo establecido anteriormente y por el tiempo que reste de mandato.
4. La presidencia del Consejo será ejercida por un período de dos años de forma rotatoria. Los consejeros asumirán la presidencia en el orden establecido por la Asamblea de Madrid en el momento de la votación.
5. En los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad u otro motivo legítimo del presidente, sus funciones pasarán a ser ejercidas temporalmente por el que deba sucederle en el turno de rotación conforme a lo establecido en el apartado anterior.
6. El nombramiento del presidente y los consejeros será publicado en el Boletín Oficial de la Asamblea y en el Boletín Oficial de la Comunidad.
1. El cargo de presidente y consejero será incompatible con todo cargo o empleo en la Administración pública en situación de servicio activo salvo la actividad docente, con el desempeño de cualquier cargo público o político, con todo mandato representativo, con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato, asociación o fundación y con el empleo al servicio de los mismos, con el ejercicio activo de las carreras judicial y fiscal y con cualquier actividad profesional, mercantil o laboral.
2. Tras su nombramiento, los consejeros que sean funcionarios de carrera entrarán en la situación de servicios especiales previstos en el artículo 87 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
1. Los miembros del Consejo de Transparencia y Participación cesarán en su cargo por alguna de las causas siguientes:
a)	Por expiración del mandato. En este supuesto, los consejeros continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesión quienes hubieren de sucederles.
b)	Por renuncia expresa dirigida a la presidencia de la Asamblea.
c)	Por muerte o incapacidad permanente para el ejercicio de su función.
d)	Por haber sido condenado mediante sentencia firme por delito.
e)	Por incompatibilidad sobrevenida.
f)	Por incumplimiento grave de las obligaciones propias de su cargo, incluidas las derivadas del código ético.
2. Las vacantes en el cargo serán declaradas por la presidencia de la Asamblea en los casos de, condena, muerte o incapacidad, renuncia y expiración del mandato. En los demás casos se decidirá por mayoría de las tres quintas partes de los miembros de la Asamblea.
3. Las vacantes producidas por causas distintas a la de la expiración del mandato serán cubiertas de acuerdo con lo establecido en el artículo 74 por el tiempo que reste de mandato.
Funciones del Consejo de Transparencia y Participación
a)	La resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de los sujetos relacionados en el ámbito de aplicación de esta Ley.
b)	El control del cumplimiento de la obligación de publicar la información que se relaciona en el Título II por los sujetos relacionados en el ámbito de aplicación de esta Ley.
c)	La formulación de instrucciones y recomendaciones de cumplimiento e interpretación uniformes de las obligaciones, establecidas en esta Ley, relativas a la transparencia y participación.
d)	El asesoramiento en materia de transparencia y participación.
e)	La evaluación del grado de aplicación y cumplimiento de esta Ley.
f)	La emisión de dictámenes cuando sea requerido por los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley sobre cuestiones referidas a la aplicación de la misma.
g)	La resolución de las reclamaciones en materia de publicidad activa.
h)	La resolución e investigación de las reclamaciones o denuncias establecidas en el Título IV, cuando no den lugar a un expediente sancionador.
i)	La incoación e instrucción de los expedientes sancionadores conforme a lo previsto en el Título VI.
j)	Las demás que se le atribuyan en esta Ley y en el ordenamiento jurídico.
Colaboración con el Consejo de Transparencia y Participación
Informes del Consejo de Transparencia y Participación
1. El Consejo de Transparencia y Participación elaborará anualmente un Informe sobre el grado de aplicación y cumplimiento de esta Ley, en el que deberá recoger:
a)	Las denegaciones de solicitudes de acceso a la información acordadas por los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y los motivos en que se han fundado.
b)	Las reclamaciones presentadas contra las denegaciones de solicitudes de acceso a la información, expresando su número, los motivos de la reclamación y los acuerdos adoptados en las mismas por el Consejo.
c)	Los incumplimientos del deber de publicidad de la información relacionada en el Título II y los requerimientos formulados para su subsanación.
d)	Los procedimientos disciplinarios y sancionadores incoados e instruidos por la comisión de las infracciones prevista en esta Ley.
e)	Las recomendaciones emitidas relativas al cumplimiento e interpretación de la Ley del derecho de acceso a la información pública, de publicidad de la información y de participación.
f)	La actividad de asesoramiento realizada en materia de transparencia y participación.
g)	La evaluación del grado de aplicación y cumplimiento de esta Ley.
h)	Los demás datos, hechos o consideraciones que estime pertinentes el Consejo, y específicamente, la designación de los órganos y autoridades que no han dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en esta Ley.
2. El informe anual se presentará ante el Pleno de la Asamblea de Madrid dentro del primer trimestre del ejercicio siguiente al que se refiera, tal y como establezca la Mesa de la Asamblea de Madrid y se hará público en el Portal de Transparencia.
1. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley se sancionará conforme a lo previsto en este Título, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran concurrir.
2. La potestad sancionadora respecto de las infracciones tipificadas en esta Ley se ejercerá de conformidad con lo dispuesto en ella y en la legislación básica reguladora del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas y del régimen jurídico del Sector público. La potestad disciplinaria se regirá por el procedimiento previsto para el personal estatutario o laboral que resulte de aplicación en cada caso.
Infracciones en materia de transparencia
a)	El incumplimiento de la obligación de publicar la información relacionada en el Título II o de la obligación de suministrar la información a que hace referencia el Título III, cuando se haya desatendido más de tres veces, en un período de dos años, el requerimiento expreso del Consejo de Transparencia y Participación.
b)	El incumplimiento más de tres veces, en un período de dos años, de la obligación de resolver en plazo las solicitudes de acceso a la información pública.
c)	La reincidencia en la comisión de faltas graves. Se entenderá por reincidencia la comisión, en el término de un año, de más de una infracción grave cuando así haya sido declarado por resolución firme.
a)	El incumplimiento reiterado, cuando no constituya reincidencia, de la obligación de publicar la información relacionada en el Título II o de la obligación de suministrar la información a que hace referencia el Título III, cuando se haya desatendido el requerimiento expreso del Consejo de Transparencia y Participación.
b)	El incumplimiento injustificado y reiterado de la obligación de resolver en plazo las solicitudes de acceso a la información pública.
c)	Publicar o suministrar la información incumpliendo las exigencias derivadas de los principios establecidos en el artículo 6.
d)	El incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 4.1.
e)	La reincidencia en la comisión de faltas leves. Se entenderá por reincidencia la comisión, en el término de un año, de más de una infracción leve cuando así haya sido declarado por resolución firme.
a)	El incumplimiento de la obligación de publicar la información relacionada en el Título II o de la obligación de suministrar la información a que hace referencia el Título III, cuando no sea una infracción grave o muy grave.
b)	La ausencia de motivación en la denegación de la información solicitada.
c)	La entrega injustificada de información incompleta, parcial o distinta a la solicitada o reclamada.
d)	El retraso injustificado en el suministro de la información.
Infracciones en materia de participación en los asuntos públicos
a)	El incumplimiento por más de tres veces en dos años de la obligación de motivar a que hace referencia el artículo 53 c).
b)	El ejercicio, por tercera vez en un año, por las personas o entidades mencionadas en el artículo 66, de alguna de las actividades del artículo 65 con la intención de influir directa o indirecta en la elaboración de normas jurídicas y disposiciones generales y en la elaboración y aplicación de las políticas públicas, cuando no hayan cumplido su deber de inscribirse en el Registro de Transparencia.
c)	Autorizar a las personas o entidades mencionadas en el artículo 66, por tercera vez en un año, el ejercicio de las conductas previstas en el apartado anterior, cuando no hayan cumplido su deber de inscribirse en el Registro de Transparencia.
a)	El incumplimiento por más de dos veces en dos años de la obligación de motivar a que hace referencia el artículo 53 c).
b)	El ejercicio por segunda vez en un año, por las personas o entidades mencionadas en el artículo 66, de alguna de las actividades del artículo 65 con la intención de influir directa o indirecta en la elaboración de normas jurídicas y disposiciones generales y en la elaboración y aplicación de las políticas públicas, cuando no hayan cumplido su deber de inscribirse en el Registro de Transparencia.
c)	Autorizar a las personas o entidades mencionadas en el artículo 66, por segunda vez en un año, el ejercicio de las conductas previstas en el apartado anterior, cuando no hayan cumplido su deber de inscribirse en el Registro de Transparencia.
d)	El incumplimiento manifiesto de las obligaciones establecidas en el artículo 69.
e)	Autorizar el incumplimiento manifiesto de las obligaciones establecidas en el artículo 69.
f)	La reincidencia en la comisión de faltas leves. Se entenderá por reincidencia la comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme.
a)	El incumplimiento de la obligación de motivar a que hace referencia el artículo 53 c), cuando no sea infracción grave o muy grave.
b)	El ejercicio, por una sola vez en un año, por las personas o entidades mencionadas en el artículo 66, de alguna de las actividades del artículo 65 con la intención de influir directa o indirecta en la elaboración de normas jurídicas y disposiciones generales y en la elaboración y aplicación de las políticas públicas, cuando no hayan cumplido su deber de inscribirse en el Registro de Transparencia.
c)	Autorizar a las personas o entidades mencionadas en el artículo 66, por una sola vez en un año, el ejercicio de las conductas previstas en el apartado anterior, cuando no hayan cumplido su deber de inscribirse en el Registro de Transparencia.
1. Son responsables de las infracciones, aun a título de simple inobservancia, las personas físicas, jurídicas o entidades, cualquiera que sea su naturaleza, que realicen las acciones u omisiones tipificadas en la Ley.
2. En particular son responsables:
a)	De las infracciones en materia de transparencia:
1.o	La persona que tenga la condición de alto cargo o asimilado en la Comunidad y los municipios, de conformidad con lo establecido en la Ley 4/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid y la Ley 7/1985, de 2 de abril , reguladora de las Bases del Régimen Local.
2.o	El personal al servicio de las Administración pública autonómica o local y de las entidades y organismos recogidos en el artículo 2.1 cuando les sea imputable una acción u omisión tipificada como infracción de acuerdo con las funciones y competencias que tengan atribuidas.
3.o	El resto de los altos cargos y del personal al servicio de las instituciones u organismos a los que se refiere el artículo 2 cuando les sea imputable una acción o una omisión tipificada como infracción, de acuerdo con las funciones y competencias que tengan atribuidas.
4.o	Los sujetos obligados, a los que hace referencia el artículo 3.
5.o	Las personas obligadas a suministrar información, a las que se refiere el artículo 4.
b)	De las infracciones en materia de participación en los asuntos públicos:
1.o	La persona que tenga la condición de alto cargo o asimilado en la Comunidad y los municipios de conformidad con lo establecido en la Ley 4/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid y la Ley 7/1985, de 2 de abril , reguladora de las Bases del Régimen Local.
2.o	El personal al servicio de las Administración pública autonómica y local y de las entidades y organismos recogidos en el artículo 2.1 cuando les sea imputable una acción u omisión tipificada como infracción de acuerdo con las funciones y competencias que tengan atribuidas.
4.o	Los sujetos a los que hace referencia el artículo 3.3, por el incumplimiento de sus deberes de registro o de las obligaciones previstas en el Capítulo II del Título IV.
Sanciones aplicables a altos cargos o asimilados y demás sujetos obligados
1. Las sanciones que pueden aplicarse cuando las infracciones sean imputables a personas que tengan la consideración de alto cargo o asimilado:
a)	Por la comisión de infracciones muy graves, la destitución del cargo.
b)	Por la comisión de infracciones graves:
1.o	La suspensión de funciones y retribuciones durante un período de entre tres a seis meses para el ejercicio de alto cargo o asimilado.
2.o	La declaración de incumplimiento de la Ley y la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
c)	Por la comisión de infracciones leves:
1.o	La amonestación.
2.o	La publicación de la infracción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
2. Las sanciones que pueden aplicarse cuando las infracciones sean imputables a los sujetos o personas obligados a los que hacen referencia los artículos 3 y 4:
a)	Por la comisión de infracciones muy graves:
1.o	Multa comprendida entre 30.001 y 300.000 euros.
2.o	Retirada del documento de identificación y suspensión, durante un período de un año y un día a cinco años de la inscripción en el Registro de Transparencia.
3.o	Inhabilitación para beneficiarse de ayudas públicas o para contratar con las Administraciones públicas durante un período de un año.
1.o	Multa comprendida entre 5.001 y 30.000 euros.
2.o	Retirada del documento de identificación y suspensión durante un período máximo de un año de la inscripción en el Registro de Transparencia.
c)	Por la comisión de infracciones leves, la amonestación.
3. Los criterios aplicables para determinar el tipo y alcance de la sanción de los apartados anteriores, serán los establecidos en la legislación de régimen jurídico del Sector público, así como los derivados de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre , de transparencia acceso a la información pública y buen gobierno.
Sanciones aplicables al personal sometido a régimen disciplinario
1. Cuando las infracciones sean imputables al personal al servicio de las entidades y organismos relacionados en el artículo 2 se les sancionará conforme a lo previsto en la respectiva normativa disciplinaria aplicable al personal, de acuerdo con el régimen estatutario o laboral a que este sujeto el mismo.
2. Si el supuesto de infracción puede quedar incluido en alguna de las infracciones disciplinarias establecidas por la legislación estatutaria o laboral se aplica esta última legislación.
1. Cuando por acuerdo del órgano competente, por propia iniciativa, a petición razonada de otros órganos o por denuncia, se tuviera conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de una infracción tipificada en este Título, el Consejo de Transparencia y Participación iniciará e instruirá el procedimiento sancionador. A tal efecto, corresponderá al Presidente del Consejo la incoación del procedimiento y al pleno del Consejo su instrucción, resolviendo en última instancia el órgano competente.
2. Para la imposición de las sanciones establecidas en el presente Título:
a)	Cuando el presunto responsable sea una persona que tenga la consideración de alto cargo o asimilado de la Administración pública autonómica o local, el procedimiento sancionador se ajustará a lo establecido en la normativa que regule las incompatibilidades de los altos cargos de la Comunidad de Madrid o de las entidades locales y supletoriamente en lo dispuesto en el Título II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre , de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En lo no previsto en la normativa anterior, se aplicarán las normas procedimentales vigentes para la exigencia de la responsabilidad disciplinaria del personal estatutario al servicio de la Administración pública de la Comunidad de Madrid o de los ayuntamientos.
b)	Cuando el presunto responsable sea un alto cargo o asimilado o personal al servicio de una institución u organismo diferente de los previstos en el apartado anterior, el procedimiento sancionador se ajustará a la normativa específica que le sea de aplicación.
c)	Cuando el presunto responsable tenga la consideración de sujeto o persona obligada conforme a los artículos 3 y 4, el procedimiento sancionador se ajustará a lo establecido en la legislación básica del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas y del régimen jurídico del Sector público.
d)	En el caso de infracciones imputables al personal al servicio de las entidades y organismos relacionados en el artículo 2, el procedimiento disciplinario, se ajustará a la normativa reguladora del personal estatutario o laboral que resulte de aplicación en cada caso.
a)	El Consejo de Gobierno cuando el responsable tenga la consideración de alto cargo, salvo que corresponda a la presidencia de la Comunidad.
b)	El alcalde o presidente de los entes locales o el pleno, en el caso de altos cargos al servicio de la Administración local.
c)	El rector, en el caso de universidades públicas.
d)	El titular del órgano competente en materia de Administración pública, en el caso de otras autoridades.
e)	El establecido en la normativa aplicable en cada caso, cuando se trate de personal al servicio de las entidades y organismos incluidos en el artículo 2.
f)	El titular del órgano que otorga la subvención o ayuda pública, o el competente en la materia a la que se refiera el concierto, cuando el responsable sea uno de los sujetos relacionados en el artículo 3.1 y 2.
g)	El titular del órgano que tenga atribuidas las competencias del artículo 65, cuando el responsable sea uno de los sujetos comprendidos en el artículo 66.
h)	El titular del órgano que tenga atribuidas las competencias del servicio o de la materia al que deba suministrar la información, cuando el responsable sea una persona obligada a la que se refiere el artículo 4.
Las sanciones que se impongan por la comisión de infracciones muy graves, graves y leves previstas en esta Ley se harán públicas en el Portal de Transparencia, sin perjuicio de los supuestos en que deban ser objeto de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y de que puedan hacerse constar en los informes del Consejo de Transparencia y Participación.
Regulaciones especiales del derecho de acceso
Adopción de medidas para la ejecución de la Ley
De los registros de solicitudes de acceso y reclamaciones
1. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Consejo de Gobierno de la Comunidad adaptará su Registro de solicitudes de acceso y reclamaciones de la Comunidad, que deberá ser público y accesible a través del Portal de Transparencia.
2. El resto de los sujetos obligados por esta Ley, dispondrán de seis meses para adaptar sus propios registros o adherirse al Registro de la Comunidad.
3. El Consejo de Gobierno determinará reglamentariamente los criterios comunes para facilitar la interconexión y la integración de los diferentes registros de forma que se de publicidad al contenido de estos registros desde un único punto en el Portal de Transparencia.
Del Registro de Transparencia
1. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Consejo de Gobierno de la Comunidad creará el Registro de Transparencia, que actuará como registro de la Administración de la Comunidad, y establecerá los criterios e instrumentos necesarios para facilitar la adhesión, integración e interconexión de los registros de los entes locales y de los demás sujetos a que hace referencia el artículo 2, de acuerdo con el reconocimiento mutuo de las inscripciones y actuaciones recíprocas, dando cumplimiento al principio de inscripción única.
2. Los entes locales y los demás sujetos de derecho público que actúan con independencia funcional o con autonomía especial reconocida por Ley podrán adherirse al Registro de Transparencia de la Comunidad.
3. La Dirección general competente del Registro de Transparencia de la Comunidad de Madrid prestará el apoyo que requiera la Asamblea de Madrid para garantizar el intercambio de información, el reconocimiento recíproco de actuaciones, el principio de inscripción única y la interoperabilidad.
Organización y funcionamiento de los ficheros de participación y colaboración ciudadana
Transparencia de la Asamblea de Madrid
1. La actividad de la Asamblea de Madrid sujeta al derecho administrativo se regirá por la legislación vigente en materia de transparencia. A estos efectos, y en uso de la autonomía que le es propia, corresponderá a los órganos competentes de la Cámara establecer en su Reglamento las medidas específicas necesarias para ajustar, de acuerdo con sus peculiaridades, su actividad a la legislación mencionada.
2. La actividad de la Asamblea de Madrid no sujeta a derecho administrativo se ajustará a las exigencias derivadas del principio de transparencia en los términos y con el alcance que prevea el Reglamento de la Cámara y las disposiciones que lo desarrollen.
Transparencia de la Cámara de Cuentas
1. En la actividad sujeta al derecho administrativo de la Cámara de Cuentas se ajustará a lo establecido en la legislación vigente en materia de transparencia.
2. Son órganos competentes en materia de información pública y para la resolución de las solicitudes de acceso a la información de la Cámara de Cuentas, los que se establezcan en las respectivas normas reguladoras de su organización.
Normas aplicables a las entidades locales y a las universidades públicas
1. Lo dispuesto en esta Ley será de aplicación a las entidades que integran la Administración local, a las asociaciones, fundaciones, corporaciones y demás entes constituidos por las entidades locales en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, a las universidades públicas de la Comunidad de Madrid y a sus entidades u organismos vinculados o dependientes en todo aquello que no afecte a la autonomía local y universitaria reconocida constitucionalmente.
2. Corresponde al Consejo de Transparencia y Participación la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de los ayuntamientos de la Comunidad, de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, y de las entidades vinculadas o dependientes de los mismos.
Apoyo y colaboración a las entidades locales para el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia
1. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, a través del órgano competente en materia de Administración local y en el plazo de seis meses desde la publicación de esta Ley facilitará, en colaboración con la Federación de Municipios de Madrid, a las entidades locales que lo soliciten, la herramienta web para cumplir con las obligaciones que esta Ley les impone en relación con la transparencia de la actividad pública y la participación.
2. Asimismo se prestará la asistencia necesaria a los sujetos reconocidos en el apartado 1. f) del artículo 2 de esta Ley para el cumplimiento de las obligaciones que la misma establece, especialmente a las entidades locales menores y a los municipios de menor población, en particular en materia de publicidad activa.
Plan de Formación del personal del sector público
1. La Comunidad de Madrid incluirá en su Plan de Formación contenidos en materia de transparencia administrativa y ejecutará acciones de formación específicas tendentes a sensibilizar al personal al servicio del sector público de la Comunidad Autónoma en el respeto de los derechos y obligaciones establecidos en la presente Ley.
2. A través de la Federación de Municipios de Madrid, el Plan de Formación en materia de transparencia podrá aplicarse al personal al servicio de las Administraciones locales de la Comunidad de Madrid, impulsando los instrumentos de colaboración que sean oportunos.
Formación, divulgación y difusión institucional
Corporaciones de Derecho público y federaciones y clubs deportivos
Solicitudes de acceso en trámite
1. Las solicitudes de acceso a la información y las reclamaciones contra las resoluciones de denegación de acceso a la información presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley continuarán su tramitación con arreglo a la normativa aplicable en el momento de la presentación.
2. Hasta que no entre en funcionamiento el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, las solicitudes de acceso y las reclamaciones contra las resoluciones de denegación de acceso a la información contra actos de la Comunidad de Madrid, entidades locales y demás sujetos obligados por esta Ley se seguirán rigiendo por lo previsto en el apartado 1 de la disposición transitoria segunda de la Ley 5/2016, de 22 de julio, por la que se modifica la Regulación del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.
3. Una vez que entre en funcionamiento el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid todas las funciones en materia de transparencia previstas en la disposición transitoria segunda de la de la Ley 5/2016, de 22 de julio, por la que se modifica la Regulación del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid pasarán a ser ejercidas por el Consejo de Transparencia y Participación.
Obligaciones de las personas y entidades relacionadas en los artículos 3 y 4 de la Ley
Modificación de la Ley de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Comunidad de Madrid
“4. El contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno y de los altos cargos previstos en el artículo 2 se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en los términos previstos reglamentariamente. En relación con los bienes patrimoniales, se publicará una declaración comprensiva de la situación patrimonial de estos altos cargos, omitiéndose aquellos datos referentes a su localización y salvaguardando la privacidad y seguridad de sus titulares.”
1. Se faculta al Consejo de Gobierno en el ámbito de sus competencias para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de esta Ley, así como para acordar las medidas que garanticen la efectiva ejecución e implantación de la misma.
2. Asimismo, en el plazo de tres meses desde la publicación de la Ley, el Consejo de Gobierno deberá aprobar el contenido, organización y funcionamiento del Registro de Transparencia.
La presente Ley se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y entrará en vigor el 1 de enero de 2020.
2. Entidades sin ánimo de lucro.
a)	Entidades privadas sin ánimo de lucro.
b)	Entidades representativas de intereses colectivos.
c)	Agrupaciones de personas que se conformen como plataformas, movimientos, foros o redes ciudadanas sin personalidad jurídica, incluso las constituidas circunstancialmente.
d)	Organizaciones empresariales, colegios profesionales y demás entidades representativas de intereses colectivos.
e)	Entidades organizadoras de actos sin ánimo lucrativo.
f)	Organizaciones no gubernamentales.
g)	Grupos de reflexión e instituciones académicas y de investigación.
h)	Organizaciones que representan a comunidades religiosas.
i)	Organizaciones que representan a autoridades municipales.
j)	Organizaciones que representan a autoridades regionales.
k)	Organismos públicos o mixtos.
3. Entidades con ánimo de lucro.
a)	Empresas y agrupaciones comerciales, empresariales, y profesionales.
b)	Consultorías profesionales.
c)	Asociaciones comerciales, empresariales y profesionales.
d)	Coaliciones y estructuras temporales con fines de lucro.
e)	Entidades organizadoras de actos con ánimo de lucro.
f)	Cualquier otra entidad con ánimo de lucro.
1. Nombre, apellido, NIF o razón social de la persona o entidad obligada a inscribirse, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico y sitio web si lo tuvieran.
2. Nombre y apellido de la persona legamente responsable dentro de la entidad de la actividad que obliga a la inscripción. Si procede, nombre y apellido de la persona de contacto principal para las actividades contempladas en el Registro.
3. Nombre y apellido de las personas autorizadas para, en nombre y representación de las personas o entidades obligadas a inscribirse, acceder y reunirse en las dependencias públicas o tener contacto con cargos directivos, profesionales, personal estatutario, asesores u otros sujetos de las Administraciones públicas.
4. Miembros de la entidad, si entre los miembros hay otras entidades o personas jurídicas.
1. Actividades cubiertas por el Registro.
2. Categoría a la que pertenecen las personas y entidades obligadas a inscribirse y Registro oficial en el que estén inscritas, en su caso.
3. Ámbito de interés o intereses sectoriales.
4. Pertenencia a algún grupo de trabajo, mesa sectorial o consejo de naturaleza consultiva relacionada con alguna Administración pública.
5. Información financiera relacionada con las actividades cubiertas por el Registro:
a)	Estimación de los costes anuales vinculados a las actividades cubiertas por el Registro.
b)	El importe y la fuente de los fondos públicos recibidos, si procede.
6. Los inscritos en la categoría de entidades con ánimo de lucro deberán además indicar:
a)	Volumen de negocios aproximado imputable a las actividades cubiertas por el Registro.
b)	Relación de los clientes en cuyo nombre se realizan las actividades cubiertas por el Registro.
7. Los inscritos en la categoría de entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, deberán además indicar:
a)	Presupuesto total de la organización.
b)	Desglose de las principales cuantías y fuentes de financiación.
8. Declaración responsable conforme al artículo 70.