Source: https://www.derechoecuador.com/registro-oficial/2004/12/registro-oficial-3-de-diciembre-del-2004-suplemento
Timestamp: 2020-07-13 18:39:05
Document Index: 249549

Matched Legal Cases: ['artículo 84', 'artículo 54', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 5', 'artículo 37', 'artículo 54', 'artículo 74', 'artículo 74', 'artículo 73', 'artículo 46', 'artículo 47', 'artículo 48', 'artículo 47', 'artículo 37', 'artículo 49', 'artículo 50', 'artículo 51', 'artículo 52', 'artículo 55', 'artículo 50', 'artículo 54', 'artículo 54', 'artículo 54', 'artículo 54', 'artículo 98', 'artículo 125', 'artículo 81', 'artículo 83']

Registro Oficial. 3 de DICIEMBRE del 2004 Suplemento
Viernes, 3 de diciembre del 2004 - R. O. No. 475
76-RO-2003\n Recurso por\n omisión interpuesto por la República del Perú\n contra la Secretaría General de la Comunidad Andina por\n no haber emitido pronunciamiento sobre la Resolución No\n 145 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones de la República\n del Ecuador.
86-IP-2003 Interpretación Prejudicial\n de los artículos 71, 73 literales a), d) y e) de la Decisión\n 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada\n por el Consejo de Estado de la República de Colombia,\n Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.\n Proceso Interno No 5394. Actor: WARNER-LAMBERT COMPANY. Marca:\n DERMALUB.
88-IP-2003 Interpretación Prejudicial\n de los artículos 81, 83 literal a) y 102 de la Decisión\n 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada\n por el Consejo de Estado de la República de Colombia,\n Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.\n Interpretación, de oficio, del artículo 84 de\n la misma Decisión. Actor: SOCIEDAD PAPELES NACIONALES\n S.A.; Marca: "LOTO". Proceso interno No 6495.
96-1P-2003\n Interpretación\n Prejudicial de las normas previstas en los artículos 81,\n 82, literal d), y 83, literal a), de la Decisión 344 de\n la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el\n Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de\n lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Parte\n actora: señor ALBEIRO RESTREPO SALAZAR. Caso: marca "BODY\n GEAR PETROLERO mixta". Expediente Interno No 6123.
87-IP-2003 Interpretación Prejudicial\n de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión\n 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada\n por el Consejo de Estado de la República de Colombia,\n Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.\n Proceso Interno No 6303. Actor: ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS\n S.A. Marca: SUPER-VIDA.
92-IP-2003\n Interpretación\n Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la\n Decisión 344, solicitada por el Consejo de Estado de la\n República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,\n Sección Primera. Marca: STAVIR. Actor: DIEGO FELIPE ECHEVERRI\n ZAJIA. Proceso interno No 6885.
94-IP-2003 Interpretación Prejudicial\n de los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión\n 344, solicitada por el Consejo de Estado de la República\n de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección\n Primera. Marca: + MUSIC (mixta). Actor: MUNDO ESTRATÉGICO\n LIMITADA. Proceso interno No 6943.
98-IP-2003 Interpretación Prejudicial\n de los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal\n a) de la Decisión 344, solicitada por el Consejo de Estado\n de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,\n Sección Primera. Marca: TINOX. Actor: SYNTHELABO. Proceso\n interno No 6863.
-\n Cantón El Pangui: Que\n reforma a la Ordenanza que establece el cobro de la tasa por\n el servicio de recolección de basura y aseo público.\n \n
No\n 76-RO-2003
Recurso por omisión interpuesto por la República\n del Perú contra la Secretaría General de la Comunidad\n Andina por no haber emitido pronunciamiento sobre la Resolución\n No 145 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones de la República\n del Ecuador.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco\n de Quito, el seis de octubre de dos mil tres.
El oficio No 218-2003-MINCETUR/VMCE de 4 de agosto del 2003,\n recibido en este Tribunal el 13 de agosto del 2003, por el cual\n el Vice Ministro de Comercio Exterior de la República\n del Perú interpone Recurso por Omisión en contra\n de la Secretaría General de la Comunidad Andina por no\n haber emitido la resolución a que estaba obligada.
El auto de cuatro de septiembre del 2003, por el cual el Tribunal\n admitió a trámite el recurso y ordenó su\n notificación a la Secretaría General para que en\n el término de 10 días presente las explicaciones\n sobre su conducta omisiva.
El escrito SG-C/0.5/1660/2003 de 17 de septiembre del 2003,\n por el cual la Secretaría General de la Comunidad Andina,\n presentó sus explicaciones sobre su conducta.
1.1. Las partes
Es parte demandante la República del Perú en\n su condición de País Miembro de la Comunidad Andina,\n y demandada la Secretaría General de la Comunidad Andina.
Por oficio No 218-2003-MINCETUR/VMCE de 4 de agosto del 2003,\n la República del Perú interpone Recurso por Omisión\n en contra de la Secretaría General de la Comunidad Andina,\n basándose en los siguientes fundamentos de hecho y\n de derecho:
La actora indica que el 2 de octubre del 2002 mediante oficio\n No 63-2002-MINCETUR/VMCE/DNINCI presentó ante la Secretaría\n General, "una denuncia contra el Gobierno ecuatoriano al\n haber expedido la Resolución No 145 del Consejo de Comercio\n Exterior e Inversiones del Ecuador- COMEXI ... mediante la cual\n se establece la correlación de la nómina de mercaderías\n de prohibida importación y de aquellas que requieren de\n autorización previa para su importación",\n solicitud que fue admitida a trámite por la Secretaría\n General por nota SG-X/4.2.1/00132/2002 de 14 de octubre del 2002,\n otorgando a la República del Ecuador 20 días hábiles\n para emitir los descargos pertinentes.
\n En fecha 22 de noviembre del 2002 por facsímil No 342-2002MINCETUR/VMCE/DNINCI\n el Gobierno de Perú amparado en el artículo 54\n de la Decisión 425 solicitó el pronunciamiento\n de la Secretaría General "toda vez que el plazo concedido\n al Gobierno ecuatoriano había vencido en exceso sin haberse\n obtenido respuesta alguna por parte de dicho País Miembro\n ".
Que mediante facsímil No SG-X/2.15.191/561-2002 de\n 27 de noviembre la Secretaría General concedió\n un plazo adicional de 10 días para que el Gobierno del\n Ecuador presente los descargos y la documentación que\n considere necesaria, y que, por facsímil No SG-X/2.15.19/015/2003\n de 14 de enero del 2003 la Secretaría General "actuando\n de manera irregular concedió 30 días hábiles\n adicionales al Gobierno Ecuatoriano... ".
El 22 de abril del 2003 por facsímil No 67-2003-MINCETUR/VMCE/DNINCI,\n el Perú "inició los trámites previos\n para la interposición de la demanda por omisión,\n solicitando el pronunciamiento de la Secretaría General\n al amparo del artículo 37 del Tratado de Creación\n del Tribunal... " sostiene que, habiendo transcurrido treinta\n días desde la solicitud, "la Secretaría General\n no ha cumplido con emitir la resolución que resuelve nuestra\n denuncia de fecha 2 de octubre de 2002. Y que más bien\n mediante facsímil No SG-F/2.15.19/687/2003 de 30 de abril\n de 2003 la Secretaría General solicitó al Gobierno\n del Perú se sirva dar a conocer los productos que pudieran\n estarse viendo afectados con la Resolución No 145 del\n COMEXI".
Argumenta que la Secretaría General "solicitó\n información adicional que debió ser requerida al\n inicio del procedimiento administrativo, y de ninguna manera\n luego de haber transcurrido más de 6 meses de presentada\n nuestra denuncia", información que mediante facsímil\n No 108-2003-MINCETUR/MCE/DNINCI de 3 de junio del 2003, fue remitida\n conforme a lo pedido.
Finalmente, manifiesta que "luego de haber aportado todas\n las pruebas requeridas así como haber transcurrido más\n de nueve (9) meses desde que fue presentada nuestra denuncia,\n la Secretaría General no ha emitido la Resolución\n a que está obligada de conformidad con la Decisión\n 425, poniendo en grave riesgo el prestigio y la imparcialidad\n que debe tener ese Órgano Subregional".
Como fundamentos de derecho la República del Perú\n se ampara en los artículos 28, 49, 52 y 54 de la Decisión\n 425, el artículo 37 del Tratado de Creación del\n Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo\n 131 del Estatuto del Tribunal.
Solicita que se admita a trámite el Recurso por Omisión\n "declarándolo FUNDADO en su momento y ordenando a\n la Secretaría General de la Comunidad Andina emitir la\n Resolución que resuelve nuestra denuncia de fecha 2 de\n octubre de 2002 en contra de la República de Ecuador ".
1.3 Explicaciones de la Secretaría General
Por escrito SG-C/0.5/1660/2003 de 17 de septiembre del 2003\n la Secretaría General acude al Tribunal "con el fin\n de contestar el recurso por omisión interpuesto por la\n República del Perú".
La relación de hechos presentada por la Secretaría\n General es similar a la de la República del Perú,\n a las que se agregan como hechos importantes:
Que, el 18 de marzo del 2003 mediante fax 117, el Gobierno\n del Ecuador "anunció que la Resolución 145\n del COMEXI, materia del reclamo del Perú, fue sustituida\n por la Resolución 183..." que fue remitida a la Secretaría\n General el 2 de julio del 2003 por oficio 03 2892 DININ.
La Secretaría General puso en conocimiento del Perú\n la nueva Resolución 183 a la que el Gobierno del Perú\n no dio respuesta.
Finalmente indica que el 4 de septiembre del 2003, el Gobierno\n del Perú remitió fax 751-2003-MINCETUR/VMCE/DNINCI,\n "a través del cual solicita a la Secretaría\n General que continúe con el trámite administrativo,\n para lo cual aportó ciertas consideraciones que fundamentarían\n su reclamación en, relación son las Resoluciones\n 182 y 183".
Fundamentos de la contestación
Sostiene que "la norma interna adoptada por Ecuador (Resolución\n 145 del COMEXI), que dio origen a la reclamación de la\n República del Perú, fue expresamente derogada",\n por lo que la solicitud, por parte del Perú de emitir\n Resolución "carece de todo fundamento, en razón\n de que con la adopción de las Resoluciones 182 y 183 del\n COMEXI se produjo una sustracción de la materia sobre\n la que versó la reclamación original" y que\n para continuar la investigación solicitada por la República\n del Perú "era necesario que ... confirmara y fundamentara\n su reclamación con base en los nuevos elementos que aporta\n la Resolución 183 ".
Indica que la nueva reclamación por parte del Perú\n respecto de las resoluciones 182 y 183 del COMEXI tuvo "lugar\n el 4 de septiembre pasado, es decir con posterioridad a la interposición\n del recurso por omisión" sobre la cual la Secretaría\n General debió emitir su pronunciamiento una vez agotado\n el procedimiento previsto en la Decisión 425.
La Secretaría General argumenta que sus actuaciones\n "se han guiado por el 'principio de uso de los procedimientos\n y formalidades para lograr el cumplimiento de los objetivos de\n la norma y racionalización de la actividad administrativa',\n conforme al cual la Secretaría General debe asegurarse\n de que las exigencias en materia de procedimientos administrativos\n y de formalidades sean interpretadas en forma razonable y usadas\n sólo como instrumentos para alcanzar los objetivos de\n la norma, conforme lo prevé el artículo 5 del Reglamento\n de Procedimientos Administrativos", razones por las cuales\n otorgó al Ecuador los plazos antes mencionados.
La Secretaría General se "opone a las pretensiones\n de la demanda y solicita que... se declare infundada la pretensión\n de la República del Perú dirigida a obtener un\n pronunciamiento de este órgano comunitario sobre una denuncia\n que se refería a una norma actualmente derogada"\n y solicita "la expresa condena en costas a la parte demandante\n por haber planteado un recurso que carece de fundamento".
Que el Tribunal es competente para conocer del presente Recurso\n por Omisión en virtud de lo previsto en el artículo\n 37 de su Tratado de Creación, concordante con las normas\n del Capítulo IV del Título III de su Estatuto en\n las que se regula lo relativo al Recurso por Omisión;
Que se han observado las formalidades inherentes a dicho recurso,\n sin que exista irregularidad procesal alguna que invalide lo\n actuado; y,
Que el estado de la causa es el de dictar sentencia, para\n lo cual el Tribunal estima necesario referirse a:
1. Naturaleza jurídica del Recurso por Omisión
El Recurso por Omisión o Inactividad persigue hacer\n cesar la inactividad y compeler, ya sea al Consejo de Ministros\n de Relaciones Exteriores, a la Comisión o a la Secretaría\n General cuando se encuentren en situación de incumplimiento\n de una actividad a que estuvieren obligados expresamente por\n el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, a cumplir\n con su conducta de emitir el pronunciamiento. En consecuencia,\n el recurso por omisión está previsto para los casos\n en los que los órganos encargados de cumplir y hacer cumplir\n una disposición de derecho comunitario no lo hacen y de\n esta manera infringen la normativa comunitaria al abstenerse\n de actuar.
El tratadista Guy Isaac, sostiene que: "El Tribunal de\n Justicia no sólo es competente para sancionar los actos\n irregulares adoptados por las instituciones comunitarias sino\n que también lo está para sus inacciones contrarias\n al derecho comunitario". (Isaac Guy, Manual de Derecho Comunitario\n General, Editorial Ariel S.A. Barcelona, 1985, p.285).
Eduardo García de Enterría al hacer referencia\n a "... dos modelos conocidos de recurso contencioso administrativo\n de sistemas nacionales continentales: la técnica del silencio\n administrativo denegatorio que procede del Sistema Francés\n y hoy generalizada, y la técnica de la ... acción\n por inactividad de la administración propia del Derecho\n Alemán, dice, ... en cualquier caso, es notorio que el\n régimen de este recurso permite controlar el\n incumplimiento de las obligaciones impuestas por el Tratado a\n las instituciones comunitarias, lo que es por si solo bastante\n más de lo que permite el sistema español de regulación\n del silencio administrativo, solo muy insuficientemente\n apto para fiscalizar esa inactividad material, lo que nos aproxima\n al régimen alemán de la acción por inactividad"\n (Tratado de Derecho Comunitario Europeo, Editorial Civitas S.A.,\n Madrid 1986, pp. 687-688).
El Recurso por Omisión se encuentra regulado en el\n artículo 37 del Tratado de Creación del Tribunal\n y los artículos 129 y siguientes del Estatuto. Este recurso;\n junto con las acciones laborales y la función arbitral,\n fueron introducidas como competencias del Tribunal mediante el\n Protocolo de Cochabamba a- partir del 25 de agosto de 1999. En\n la exposición de motivos de este recurso se dijo: "Para\n que opere eficazmente el control de la legalidad por parte del\n Tribunal, debe contemplarse no sólo el examen y la sanción\n por el órgano judicial de las conductas positivas contrarias\n al ordenamiento jurídico de los órganos del Acuerdo,\n sino también las omisiones o abstenciones que impliquen\n infracción de la norma comunitaria. El recurso de nulidad\n se refiere sólo a la actividad positiva de los órganos\n del Acuerdo, por lo cual se ha considerado necesario dotar a\n los actores de la integración -Países Miembros,\n Órganos del Acuerdo y personas naturales o jurídicas-\n de un instrumento que les permita reclamar a las autoridades\n del Acuerdo, cuando éstas se hayan abstenido de cumplir\n una actuación a la que estén obligadas por el ordenamiento\n jurídico andino, instándolas a cumplir o acudiendo\n al Tribunal, de Justicia para que éste disponga el cumplimiento\n de la actuación omitida ".
Conforme a dichas normas, tienen legitimación activa\n para presentar el mencionado recurso el Consejo de Ministros\n de Relaciones Exteriores, la Comisión, la Secretaría\n General, los Países Miembros y las personas naturales\n o jurídicas, estas últimas previa comprobación\n de que la omisión o inactividad afectan sus derechos subjetivos\n o sus intereses legítimos.
Para que prospere la acción conforme a lo dispuesto\n en los artículos 37 del Tratado de Creación y 131\n de su estatuto, se exige el cumplimiento previo de una etapa\n administrativa que necesariamente tiene que agotarse ante el\n órgano comunitario correspondiente, en el sentido de que:\n (i) quien pretenda usar este recurso debe, previamente, requerir\n por escrito al órgano correspondiente el cumplimiento\n de la actividad omitiva; y, (ii) que en el plazo de treinta días\n para que el órgano respectivo de respuesta a la solicitud,\n no se pronuncie al respecto. Sólo cumplidos estos requisitos\n se puede hacer uso del recurso por omisión y en consecuencia\n acudir directamente al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Obran en autos, adjuntados a la demanda en calidad de prueba,\n los siguientes documentos: (i) copia del Oficio No 63-2002MINCETUR/VMCE/DNINCI\n de 2 de octubre del 2002 por el que el Gobierno del Perú\n presentó una denuncia en contra del Gobierno de Ecuador\n por haber emitido la Resolución No 145 del COMEXI (folio\n 10, anexo B)I; (ii) copia del facsímil No SG-X/4.2.1/001321/2002\n de 14 de octubre del 2002, mediante el cual la Secretaría\n General decidió admitir a trámite la denuncia en\n contra el Gobierno ecuatoriano (folio 11, anexo C); (iii) copia\n del facsímil No 342-2002-MINCETUR/VMCE/DNINCI por el cual\n el Gobierno del Perú, amparado en el artículo 54\n de la Decisión 425, solicitó el pronunciamiento\n de la Secretaría General (folio 12, anexo D); (iv) copia\n del facsímil No SG-X/2.15.19/1561-2002 de 27 de noviembre\n del 2002 por el cual la Secretaría General concedió\n un plazo adicional de 10 días hábiles al Gobierno\n de Ecuador para que presente los descargos (folio 13, anexo E);\n (v) copia del facsímil No SG-X/2.15.19/015/2003 de 14\n de enero del 2003 por el cual la Secretaría General concedió\n 30 días hábiles al Gobierno de Ecuador (folio 14,\n anexo F); (vi) copia del facsímil No 67-2003-MINCETUR/VMCE/DNINCI\n de 22 de abril del 2003, mediante el cual el Gobierno del Perú\n inició los trámites para la interposición\n de la demanda por omisión, solicitando el pronunciamiento\n de la Secretaría General al amparo del artículo\n 37 del Tratado de Creación (folios 15 y 16, anexo G);\n (vi) copia del facsímil No SG-F/2.15.19/687/2003 de 30\n de abril del 2003, a través del cual la Secretaría\n General solicitó al Gobierno del Perú informe acerca\n de los productos que pudieran estar siendo afectados por la Resolución\n No 145 del COMEXI (folios 17 y 18, anexo H); y, (vii) copia del\n facsímil No 108-2003-MINCETUR/VMCE/DNINCI de 3 de junio\n del 2003, por el cual el Gobierno del Perú remitió\n a la Secretaría General la información requerida\n (folio 19, anexo I).
Igualmente se encuentran en el expediente como anexos de la\n explicación presentada por la Secretaría General\n los siguientes documentos: (i) copia de la Decisión No\n 530 que contiene la elección del Secretario General de\n la Comunidad Andina (folio 40, anexo A); (ii) copia de la comunicación\n SG-4.2.1/001321/2002 de 14 de octubre del 2002, mediante la cual\n la Secretaría General decidió admitir a trámite\n la denuncia en contra el Gobierno ecuatoriano (folios 42 y 43,\n anexo B); (iii) copia del fax 592 DININ de 25 de noviembre del\n 2002 por el que el Gobierno de Ecuador solicitó a la Secretaría\n General una prórroga del plazo (folio 45, anexo C); \n (iv) copia de la comunicación SGF- F/2.15.19/00/2002/1561\n de 26 (sic) de noviembre del 2002, por la cual la Secretaría\n General concedió un plazo adicional de 10 días\n hábiles al Gobierno de Ecuador para que presente los descargos\n (folios 47 y 48, anexo D); (v) copia del correo electrónico\n de 2 de diciembre del 2002 por el que el Gobierno de Ecuador\n presenta justificativos y anexa las leyes nacionales que respaldaban\n la aplicación de la medida (folios 50 a 70, anexo E);\n (vi) copia de la comunicación SG-F/2.15.19/2195-02 de\n 12 de diciembre del 2002, por la que la Secretaría General\n solicita que el Gobierno de Ecuador oficialice los descargos\n presentados (folio 72, anexo F); (vii) copia de la comunicación\n 611 DININ de 16 de diciembre del 2002 a través de la cual\n el Gobierno de Ecuador solicitó una nueva ampliación\n de plazo (folio 74, anexo G); (viii) copia de la comunicación\n 644 DININ donde la República del Ecuador solicita 60 días\n hábiles de ampliación de plazo (folio 76, anexo\n H); (ix) copia de la comunicación SG/F/2.15.19/011/2003\n de 14 de enero del 2003 por la cual la Secretaría General\n concedió 30 días hábiles adicionales al\n Gobierno de Ecuador (folio 78, anexo I); (x) copia del fax 117\n de 18 de marzo del 2003 por el que el Gobierno de Ecuador notifica\n que la Resolución 145 fue sustituida por la Resolución\n 183 (folio 80, anexo J); (xi) copia de la comunicación\n SG/F/2.15.19/465/2003 de 26 de marzo del 2003 por la que la Secretaría\n General solicitó al Ecuador remita la Resolución\n 183 (folio 82, anexo K); (xii) copia del oficio 03-2892 DININ\n de 2 de julio del 2003 mediante el cual el Gobierno de Ecuador\n envía la Resolución 183 (folios 84 a 207, anexo\n M); (xiii) copia de la comunicación SG/C/2.15.19/1240/2003\n 8 de 18 de julio del 2003 en la que la Secretaría General\n puso en conocimiento del Perú la nueva Resolución\n 183 (folios 210 y 211, anexo N); (xiv) copia de la comunicación\n SG/R2.15.19/186/2003 de 24 de julio del 2003 por la que la Secretaría\n General notificó a los gobiernos de Bolivia, Colombia\n y Venezuela de la Resolución 183 (folios 213ª 215,\n anexo Ñ); (xv) copia de la comunicación SG/F/2.15.19/1428/2003\n de 29 de agosto del 2003 por el que la Secretaría General\n concede un plazo adicional al Gobierno del Perú para que\n presente observaciones (folio 217, anexo 0); (xvi) copia del\n facsímil 715-2003-MINCETUR/VMCE/DNINCI por el que el Perú\n solicita que se continúe el procedimiento (folios 219\n a 221, anexo P). No se encuentran en el expediente los siguientes\n anexos: (i) anexo L donde según la Secretaría General\n "dicho País Miembro informó que la Resolución\n 145 del COMEXI fue modificada por la Resolución 182 ...";\n (ii) anexo Q, que contendría las resoluciones 182 y 183\n del COMEXI; y, (iii) anexo R, que contendría la Resolución\n 145 del COMEXI.
Con referencia a las pruebas aportadas, conforme a lo señalado\n por el Tribunal con base en el artículo 74 de su estatuto,\n se estima pertinente reiterar que: "...las pruebas deben\n ofrecerse, decretarse, practicarse e incorporarse al proceso\n en la forma, oportunidades y términos señalados\n en el citado instrumento. Y en la doctrina se ha precisado que\n un documento tendrá validez como prueba si cumple ciertos\n requisitos que 'pueden radicar en el documento o en el procedimiento\n para su aportación al proceso', señalando como\n una de tales exigencias el que los documentos 'hayan sido llevados\n y admitidos al proceso en oportunidad y con los requisitos legales,\n porque si bien su incumplimiento no vicia de nulidad el documento\n en sí mismo, sí invalida su aportación y\n le quita su valor como prueba' (DE VIS ECHANDIA. HERNANDO. "Compendio\n de Derecho Procesal", tomo II, Pruebas Judiciales; séptima\n edición; páginas 411 y 417)" (Sentencia emitida\n en el Proceso 34-AI-2001, publicada en la G.O.A.C. No 839 de\n 25 de septiembre del 2002. Caso: patente de segundo uso). En\n el caso de autos no se encuentra incluidos los anexos L, Q y\n R a los que hace mención la Secretaría General\n por lo que no serán tomados en cuenta. De acuerdo al artículo\n 133 del Estatuto el Tribunal emitirá sentencia con base\n a la documentación técnica existente, los antecedentes\n del caso y las explicaciones suministradas, por lo tanto sólo\n estas pruebas serán apreciadas por este Tribunal con el\n mérito que corresponda.
3. Del procedimiento para la calificación de gravámenes\n o restricciones
Dentro del Programa de Liberación constituido y reglado\n en el Capítulo VI del Acuerdo de Cartagena (codificado\n mediante Decisión 563 de la Comisión), correspondiente\n al anterior Capítulo V del ahora sustituido acuerdo base\n (codificado mediante Decisión 406 de la Comisión),\n el vigente artículo 74 (antes artículo 73) establece\n la potestad de la Secretaría General de determinar si\n una medida adoptada por un País Miembro constituye "gravamen"\n o "restricción".
En el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría\n General de la Comunidad Andina (codificado mediante Decisión\n 425 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores),\n dentro del Título V, Capítulo I, se regula lo relativo\n a "los procedimientos para la calificación de gravámenes\n o restricciones ".
El Tribunal estima necesario realizar un breve análisis\n del procedimiento regulado en las normas antes citadas, a efectos\n de tener un parámetro de comparación con lo acontecido\n en el caso en estudio.
El artículo 46 de la Decisión 425 señala\n los legitimados para acudir a la Secretaría General a\n fin de solicitar su pronunciamiento sobre alguna medida\n aplicada unilateralmente por un País Miembro que consideren\n constituye un gravamen o restricción al comercio intrasubregional.\n El artículo 47 establece los requisitos formales que debe\n contener toda solicitud para la calificación de gravámenes\n o restricciones. El artículo 48 establece el plazo de\n cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción\n de una solicitud para que la Secretaría General analice\n la documentación presentada, y determine si la misma cumple\n con los requisitos exigidos en el indicado artículo 47.\n Sólo en caso de no cumplirse con alguno de dichos requisitos,\n la Secretaría General notificará por escrito al\n solicitante sobre cualquier observación o insuficiencia\n en la solicitud, y le concederá un plazo de quince (15)\n días hábiles para la corrección de las mismas.\n Si trascurrido dicho lapso, el solicitante no aportase los documentos\n exigidos o éstos fueren aún insuficientes, la Secretaría\n General podrá desestimar la solicitud. La desestimación\n se dará mediante una simple providencia a ser emitida\n al vencimiento del plazo concedido cuando los nuevos documentos\n no hayan sido presentados, o dentro de los tres (3) días\n hábiles siguientes a la presentación de los nuevos\n documentos, cuando estos fueren insuficientes. Contra esta providencia,\n los interesados podrán interponer el recurso de reconsideración\n de conformidad con el artículo 37 eiusdem.
Si la Secretaría General encuentra, en los cinco días\n hábiles posteriores a la recepción de la solicitud,\n que ésta cumple con los requisitos formales del artículo\n 47, según lo establece el artículo 49, dará\n inicio a la investigación. El artículo 50 establece\n el plazo de diez (10) días hábiles siguientes al\n inicio de la investigación, para que la Secretaría\n General se dirija por escrito al País Miembro investigado,\n y le informe sobre la medida que se va a analizar, adjuntando\n la información que resulte pertinente, y la identificación\n de la mercancía afectada por la medida de que se trate,\n si corresponde. Además, dependiendo de la urgencia del\n caso, se le deberá otorgar a dicho País Miembro\n un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles,\n para que presente su respuesta. Esta comunicación será\n notificada a los demás Países Miembros y al solicitante,\n a efectos de que, conforme al artículo 51, dentro del\n lapso concedido para la respuesta, éstos presenten los\n elementos de información que consideren pertinentes. Únicamente\n a petición razonada del País Miembro investigado\n o de cualquier otro País Miembro, el plazo concedido podrá\n ser ampliado hasta por diez (10) días hábiles adicionales,\n de conformidad con el artículo 52.
Una vez vencido el plazo concedido para la respuesta del País\n Miembro investigado, según lo dispone el artículo\n 54, la Secretaría General tendrá diez (10) días\n hábiles para emitir una Resolución en que califique\n si la medida constituye o no un gravamen o restricción\n al comercio intrasubregional, la cual deberá contener\n los requisitos establecidos en el artículo 55.
Por tanto, del procedimiento regulado en la Decisión\n 425, brevemente detallado, se puede determinar que a partir de\n la recepción de una solicitud relativa al pronunciamiento\n de la Secretaría General sobre sí una medida aplicada\n unilateralmente por un País Miembro constituye un gravamen\n o restricción al comercio intrasubregional, y en caso\n de extenderse al máximo los plazos allí establecidos\n -sin incluir la posible reconsideración de desistimiento\n de la solicitud-, el procedimiento tiene una duración\n de setenta y tres (73) días hábiles, vencido lo\n cual, deberá ser emitida la resolución que califica\n si la medida constituye o no un gravamen o restricción\n al comercio intrasubregional.
4. Objeto del Recurso por Omisión
El objeto del recurso radica y se fundamenta en el hecho de\n que la Secretaría General no emitió la resolución\n a que estaba obligada de conformidad con los artículos\n 28, 49, 52 y 54 de la Decisión 425 del Consejo Andino\n de Ministros de Relaciones Exteriores, y en los artículos\n 37 del Tratado de Creación y 131 del Estatuto.
Al respecto, en el caso de autos se evidencia que el 2 de\n octubre del 2002 el Gobierno del Perú por oficio No 63-2002-MINCETUR/VMCE/DNINCI\n presentó denuncia ante la Secretaría General, contra\n el Gobierno ecuatoriano al haber expedido la Resolución\n 145 del COMEXI, en la cual se establece la correlación\n de la nómina de mercaderías de prohibida importación\n y de aquellas que requieren de autorización previa para\n su importación.
La Secretaría General, mediante comunicación\n SG-X/4.2.1/001321/2002 de 14 de octubre del 2002, se dirigió\n tanto al Gobierno de la República del Perú como\n al Gobierno de la República del Ecuador. Conforme se desprende\n de la primera de las comunicaciones (folio 11), la Secretaría\n General informó al Perú sobre el inicio de la investigación\n y le otorgó un plazo de veinte (20) días a efectos\n de remitir "cualquier otra información que juzgue\n pertinente". En la segunda de las comunicaciones antes aludida,\n dirigida a la República del Ecuador (folio 43), se desprende\n que la Secretaría General informó sobre su decisión\n de iniciar la investigación, y le concedió 20 días\n para que presente los descargos y pruebas que juzgue pertinentes,\n al amparo del artículo 50 de la Decisión 425.
Mediante Facsímil No 342-2002-MINCETUR/VMCE/DNINCI\n de 22 de noviembre del 2002 (folio 12), el Gobierno del Perú\n solicitó nuevamente a la Secretaría General que\n califique "como una restricción al comercio la conducta\n adoptada por Ecuador", advirtiendo que los 20 días\n hábiles otorgados para presentar los descargos se han\n vencido y "no se ha obtenido respuesta alguna por parte\n del Ecuador ".
Por fax 592 DININ de 25 de noviembre del 2002, el Gobierno\n del Ecuador solicitó una ampliación de diez (10)\n días hábiles, que es concedida por la Secretaría\n General mediante comunicación SG-F/2.15.19/00/1561/2002\n de 27 de noviembre de 2002 (folio 48).
De estas actuaciones se desprende que tanto la República\n del Ecuador como la República del Perú dieron respuesta\n a la comunicación inicial de la Secretaría General\n cuando había transcurrido en exceso el plazo concedido\n al respecto. Sin embargo, dicho órgano comunitario concedió\n al Ecuador los diez (10) días adicionales.
Mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre\n de 2002 (folios 50 y 51), el Gobierno del Ecuador presentó\n sus descargos sobre la Resolución 145 del COMEXI; a lo\n que la Secretaría General le solicita, mediante comunicación\n SG/F/2.15.19/2195-02 de 12 de diciembre de 2002 (folio 72), oficialice\n dicha comunicación, y le indica los elementos que deberá\n contener cualquier descargo para desvirtuar una posible medida\n que constituya una restricción. Posteriormente,\n la República del Ecuador por comunicaciones\n 661 DININ de 16 de diciembre del 2002 (folio 74), y 664 DININ\n de 18 de diciembre del 2002 (folio 76), solicitó nueva\n ampliación de plazo por sesenta (60) días hábiles\n más, a lo que la Secretaría General por comunicación\n SG/F/2.15.19/011/2003 de 14 de enero del 2003 respondió\n otorgándole un nuevo plazo adicional de treinta (30) días.
Una vez transcurrida la ampliación del plazo otorgado\n por la Secretaría General, sin que ésta dé\n cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 54 de la Decisión\n 425, recién en fecha 17 de marzo del 2003 por Fax 117\n DININ la República de Ecuador hace conocer que la Resolución\n 145 del COMEXI ha sido derogada por la Resolución 183\n emitida por el mismo órgano.
La República del Perú, al no obtener pronunciamiento\n por parte de la Secretaría General, por oficio No 67-2003-MINCETUR/MCE/DNINCI\n de 22 de abril del 2003 inicia el trámite para la interposición\n del Recurso por Omisión amparada en el artículo\n 37 del Tratado de Creación .del Tribunal observando los\n requisitos previos previstos por dicha norma y por el artículo\n 131 de su Estatuto. Asimismo, la República del Perú\n adjunta como prueba adicional de la conducta del Ecuador, "copia\n de la Resolución No 182 del COMEXI, publicada en el Registro\n Oficial No 57... mediante la cual dicho País Miembro establece\n una nómina adicional de mercaderías de prohibida\n importación", y solicita que "la misma sea\n incluida dentro del pronunciamiento que será emitido por\n la Secretaría General" (folios 15 y 16).
La Secretaría General por comunicación\n SG-F/2.15.19/687/2003. de 30 de abril del 2003, solicita al Gobierno\n del Perú dé a conocer los productos de origen peruano\n que pudieran estar siendo afectados con las medidas establecidas\n por las resoluciones Nos. 145 y 182 del COMEXI, concediéndole\n para tal efecto quince (15) días hábiles (folios\n 17 y 18).
Mediante comunicación 117 DININ de 17 de marzo del\n 2003 (folio 80), la República del Ecuador informó\n a la Secretaría General, que la Resolución 145\n del COMEXI fue derogada por Resolución 183 "la misma\n que será publicada en el Registro Oficial en los próximos\n días". Por comunicación SG/F/2.15.19/465/2003\n de 26 de marzo del 2003 (folio 82), la Secretaría General\n solicitó al Ecuador la remisión de una copia de\n la publicación en el Registro Oficial de la Resolución\n 183 del COMEXI. Mediante oficio 03 2892 DININ de 2 de julio del\n 2003, el Ecuador remitió copia de la publicación\n de la Resolución 183 del COMEXI (folios 84 a 207).
No obstante, de que ya se encontraba en trámite la\n fase previa del Recurso por Omisión, el Gobierno del Perú,\n protestando por el tardío requerimiento contenido en la\n comunicación SGF/2.15.19/687/2003 de 30 de abril del 2003\n de la Secretaría General, el 3 de junio del 2003 le remitió\n la información requerida.
Finalmente, y pese a que la Secretaría General recibió\n dicha información aún dejó pasar el plazo\n para pronunciarse incumpliendo nuevamente lo dispuesto en el\n artículo 54 de la citada Decisión 425.
Sin embargo, el Tribunal estima de importancia tener en cuenta\n lo relativo al "incumplimiento continuado" en el que\n pueden incurrir los Países Miembros durante una investigación\n administrativa por un supuesto incumplimiento de\n sus compromisos comunitarios, o incluso durante el trámite\n jurisdiccional. Dicha figura se presenta cuando "la norma\n legal comprometida solamente es un instrumento para materializar\n determinadla conducta que puede ser contraria o no a lo previsto\n en el orden comunitario... si tal norma se deroga o sí\n se modifica, pero la conducta persiste o se transforma, haciéndose\n más gravosa o atemperándose en sus efectos, el\n incumplimiento subsiste con las características, se insiste,\n de un incumplimiento continuado" (Sentencia emitida dentro\n del Proceso 07-AI-98, publicada en la Gaceta Oficial No 490 de\n 4 de octubre de 1999).
La Secretaría General en sus explicaciones al Recurso\n por Omisión interpuesto por el Perú, sostiene que\n al haberle emitido las resoluciones 182 y 183 del COMEXI derogando\n la segunda la Resolución 145, se habría producido\n sustracción de la materia y por consiguiente que la pretensión\n del Gobierno del Perú carece de fundamento. Al respecto,\n considera este Tribunal que de acuerdo a la petición del\n Gobierno del Perú en su Recurso por Omisión, se\n pretende que la. Secretaría General emita la Resolución\n "que resuelve nuestra denuncia de fecha 2 de octubre de\n 2002". Si bien las resoluciones 182 y 183 no son materia\n del presente Recurso y merecerán oportuno pronunciamiento\n por parte de la Secretaría General, esta acción\n se sustenta en el hecho de no haberse dictado la resolución\n a la que estaba obligada sobre la materia contenida en la Resolución\n 145 del COMEXI conforme lo prescribe el artículo 54 de\n la Decisión 425, sin perjuicio de examinar si las medidas\n adoptadas por el Ecuador a través de las citadas resoluciones\n 182 y 183 hayan posteriormente superado o- no el supuesto incumplimiento\n originalmente denunciado por la República del Perú,\n por tanto, el presente caso no supone sustracción de la\n materia, y no sustituye ni menos libera a la Secretaría\n General de la obligación de dictar resolución en\n los plazos previstos.
Con fundamento en las consideraciones anteriores:
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en ejercicio\n de la competencia que le asigna la Sección Segunda, del\n Capítulo III, de su Tratado de Creación.
PRIMERO: Declarar procedente el Recurso de Omisión\n presentado por la República del Perú contra la\n Secretaría General de la Comunidad Andina, por haber incurrido\n en una conducta omisiva al no haber dictado la resolución\n a que estaba obligada conforme a lo dispuesto por el artículo\n 54 de la Decisión 425 del Consejo Andino de Ministros\n de Relaciones Exteriores.
SEGUNDO: Compeler a la Secretaría General de la Comunidad\n Andina para que en el plazo de diez (10) días a partir\n de la notificación de la presente sentencia, emita la\n resolución que contenga el pronunciamiento sobre el objeto\n de la demanda, en estricto cumplimiento de lo dispuesto por el\n artículo 54 de la Decisión 425.
\n TERCERO: Abstenerse de condenar al pago de las costas judiciales,\n toda vez que no fueron solicitadas expresamente por la demandante.
Notifíquese la presente sentencia conforme a lo dispuesto\n en el artículo 98 del Estatuto del Tribunal, y remítase\n copia certificada a la Secretaría General de la Comunidad\n Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo\n de Cartagena, de conformidad con lo previsto en el artículo\n 37 del Tratado de Creación del Tribunal.
\n MAGISTRADO
\n SECRETARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia\n que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente\n de esta Secretaría. CERTIFICO.
No\n 86-IP-2003
Interpretación Prejudicial de los artículos\n 71, 73 literales a), d) y e) de la Decisión 313 de la\n Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo\n de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso\n Administrativo, Sección Primera. Proceso Interno No 5394.\n Actor: WARNER-LAMBERT COMPANY. Marca: DERMALUB.
A esta solicitud, "El 22 de septiembre de 1993 la sociedad\n demandante presentó escrito de observación con\n base en la solicitud prioritaria del registro de... DERMALUB\n ... fundamentada en la existencia previa de la marca LUBRIDERM\n ...".
Esta observación fue declarada infundada y en consecuencia\n se concedió el registro de la marca comercial DERMALUB\n para distinguir productos pertenecientes a la clase No 5. Para\n esta concesión se consideró que "... el estudio\n de confundibilidad implica comparar las marcas en conjunto, evitando\n el fraccionamiento de los signos distintivos, pues considera\n que entre la expresión ... DERMALUB y la marca ... LUBRIDERM\n no existen semejanzas gráficas, fonéticas ni conceptuales\n que puedan inducir al consumidor en error
ANDINA, San Francisco de Quito, a los ocho días del\n mes de octubre del año dos mil tres.
La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos\n 81 y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la\n Comisión del Acuerdo de Cartagena contenida en el Oficio\n No 1644, remitido por el Consejo de Estado de la República\n de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección\n Primera, con motivo del Proceso Interno No 5394, oficio que fue\n recibido el 4 de septiembre del 2003.
Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos\n de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33\n del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la\n Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125\n de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite\n mediante auto dictado el 24 de septiembre del 2003.
La demandante es la sociedad WARNER-LAMBERT COMPANY. Se demanda\n a la República de Colombia representada por la Superintendencia\n de Industria y Comercio. Como tercero interesado interviene la\n sociedad NOBEL FARMACÉUTICA S.A.
2. Determinación de los hechos relevantes
La sociedad NOBEL FARMACÉUTICA S.A., el 20 de febrero\n de 1992, presentó solicitud de registro del signo DERMALUB,\n para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios\n e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico,\n alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos;\n material para empastar dientes y para moldes dentales; desinfectantes;\n productos para la destrucción de animales dañinos;\n funguicidas, herbicidas, comprendidos en la clase número\n 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
La demandante es titular de la marca LUBRIDERM (Nominativa)\n con Nos. de Registro 106.920 y 106.921 correspondientes a la\n clase 5, ya citada, y clase 3 (A saber, preparaciones para blanquear\n y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar,\n pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites\n esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentríficos)\n respectivamente.
La sociedad WARNER LAMBERT COMPANY interpone la acción\n de nulidad que da origen al presente proceso de interpretación\n prejudicial, a fin de solicitar al Consejo de Estado de la República\n de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección\n Primera, la nulidad del acto administrativo expedido por la Superintendencia\n de Industria y Comercio, mediante las resoluciones No 004769\n de fecha 24 de febrero de 1997, 27823 de fecha 31 de octubre\n de 1997 y 3110 de fecha 2 de septiembre de 1998.
La demandante señala, según el consultante,\n que debe declararse la nulidad de dichas resoluciones, por cuanto\n con su expedición se han violado el artículo 81\n y los literales a), d) y e) del artículo 83 de la Decisión\n 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, como consecuencia\n de dicha declaratoria de nulidad se restablezca el derecho de\n la demandante, declarando fundada la observación presentada\n a la solicitud de registro de DERMALUB y se ordene a la Superintendencia\n de Industria y Comercio, cancelar la inscripción de dicha\n marca.
En la consulta se indica que la parte demandante considera\n que "... la entidad accionada no podía conceder el\n registro de la marca DERMALUB a la sociedad NOBEL FARMACÉUTICA\n S.A. para identificar productos de la clase 5a, por ser confundible\n con la marca LUBRIDERM, previamente registrada para distinguir\n los mismos productos, puesto que al conceder dicho registro violó\n la prohibición tipificada por el literal a) del artículo\n 83 de la Decisión 344 de la Comisión de Acuerdo\n de Cartagena esto es, que concede el registro de una marca idéntica\n o semejante a una anteriormente registrada para identificar los\n mismo productos al punto de inducir a error".
2.3.1. De la Superintendencia de Industria y Comercio
Mediante apoderado contesta la demanda señalando que\n "...con la expedición de los .actos administrativos\n acusados ésta no incurrió en violación alguna\n de las normas invocadas... que los mismos se profirieron de conformidad\n con las atribuciones legales otorgadas... que al efectuar el\n examen sucesivo y comparativo de las marcas en cotejo, se evidencia\n que no se presentan similitudes que las hagan confundibles e\n impidan su coexistencia en el mercado... ".
2.3.2. De la sociedad NOBEL FARMACÉUTICA S.A.
Según el consultante, considera que "...\n la Superintendencia de Industria y Comercio al comprobar que\n la marca DERMALUB es diferente desde los puntos de vista gráfico,\n fonético y visual con la marca registrada con anterioridad\n LUBR1DERM, aplicó correctamente los artículos 81\n y 83, literales a) d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión\n del Acuerdo de Cartagena... " y que con este registro de\n marca, no se induciría al público a error.
Además en su escrito de contestación señala\n que "Es claro que el signo que se pretende registrar no\n presenta semejanzas o identidad con otro previamente solicitado\n para registro o efectivamente registrado por un tercero para\n los mismos productos o productos respecto de los cuales el uso\n de la marca pueda inducir al público a error (productos\n relacionados), pues conserva su capacidad distintiva y por ello\n se hace perfectamente registrable, ya que las semejanzas que\n se pretende argumentar son insuficientes para impedir su registro\n y declarar su notoriedad".
Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía\n prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico\n de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de\n un Juez Nacional también con competencia para actuar como\n Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución\n del proceso interno;
Que, la solicitud de interpretación prejudicial se\n encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos\n 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia\n de la Comunidad Andina;
Que, en el presente caso, se solicita la interpretación\n de artículos correspondientes a la Decisión 344\n del Acuerdo de Cartagena. Sin embargo, dicha decisión\n no se encontraba vigente a la fecha de la solicitud de la inscripción\n de la marca, por lo que el Tribunal, en uso de las facultades\n otorgadas por el tratado y estatuto del mismo, considera que\n deben interpretarse los artículos correspondientes a la\n Decisión 313, vigente en ese momento. Estos artículos\n son los siguientes: 71, 73 literales a), d) y e) de la Decisión\n 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
El texto de las normas objeto de la interpretación\n prejudicial se transcribe a continuación:
"Podrán registrarse como marcas los signos que\n sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles\n de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz\n de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos\n o comercializados por una persona de los productos o servicios\n idénticos o similares de otra persona ".
"Asimismo, no podrán registrarse como marcas los\n signos que en relación con derechos de terceros, presenten\n algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan\n inducir al público a error, a una marca anteriormente\n solicitada para registro o registrada por un tercero, para los\n mismo productos o servicios, o para productos o servicios respecto\n de los cuales el uso de la marca puede inducir a error:
d) Constituyan la reproducción, la imitación,\n la traducción o la transcripción, total o parcial,\n de un signo distintivo notoriamente conocido en el país\n en el que solicita el registro o en el comercio subregional,\n o internacional sujeto a reciprocidad: por los sectores interesados\n y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será\n aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos\n en los que el uso del signo se destine a los mismos productos\n o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como\n en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios\n distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el\n peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente\n conocida
e) Sean similares hasta el punto de producir confusión\n con una marca notoriamente conocida, independientemente de la\n clase de los productos o servicios para los cuales se solicita\n el registro. Esta disposición no será aplicable\n cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca\n notoriamente conocida:
\n\n <