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Timestamp: 2019-09-16 00:26:51
Document Index: 58773318

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Aceleran para antes de las elecciones el remate de las propiedades decomisadas en la causa de los Cuadernos – FM Acuario 107.3
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (ABBE) le pidió al juez Claudio Bonadio las llaves de los inmuebles que fueron decomisados para avanzar en su remate antes de octubre. Estas propiedades quedaron bajo cautela en la parte de la causa de los cuadernos de las coimas que se centra en operaciones de lavado de dinero encabezadas por Daniel Muñoz (ex secr etario privado de Néstor Kirchner) y su entorno. En total, por ese motivo se rematarán 27 inmuebles en la Argentina y Miami vinculados a esa supuesta red de lavado que se armó en torno a Muñoz.
Entre las propiedades que rematará el Estado -ubicadas en Miami, la Capital Federal, la provincia de Buenos Aires y en la patagonia- se encuentran algunas pertenecientes al financista Ernesto Clarens, al ex contador de Cristina Kirchner, Víctor Manzanares e inmuebles de Carolina Pochetti, viuda de Muñoz.
“Para dar cumplimiento a la manda judicial, se solicita efectuar las presentaciones judiciales correspondientes para obtener las llaves de aquellos inmuebles cuyo decomiso se encuentre firme y que se encuentren a disposición del juzgado”, señaló la ABBE.
Asimismo, el organismo pidió que se “realicen las acciones tendientes a obtener las llaves de aquellos inmuebles cuyo decomiso se encuentre firme y que se encuentren a disposición del juzgado” y se planteó la necesidad de que se instrumenten las acciones “tendientes a obtener las llaves de los inmuebles que aún no se encuentren a su disposición”.
Un cálculo inicial en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas, cuyas investigaciones ya llevan un año, indica que se tomaron “bajo cautela” bienes por unos 20.000 millones de pesos. En ese expediente, Bonadio firmó una serie de decomisos de bienes por unos 20 millones de dólares. La orden se libró sobre 38 propiedades, de las cuales tienen decomiso firme 27.
La lista incluye casas, departamentos con sus cocheras, una farmacia en Tierra del Fuego, un terreno en Mar de las Pampas, otro en Neuquén y varios terrenos y propiedades en Santa Cruz.
Como resultado de los procesamientos por operaciones de blanqueo vinculadas al ex secretario presidencial Muñoz, Bonadio ordenó el “decomiso definitivo” de un extenso listado de bienes que pertenecen a 13 personas imputadas en este expediente, entre las que se incluye a Pochetti, Juan Manuel Campillo (ex ministro de Economía de Santa Cruz), Manzanares , el financista Clarens (el único que puso bienes a disposición del juzgado para su decomiso), entre los más conocidos.
Entre los primeros bienes que se rematarán figuran propiedades en la Capital Federal, Buenos Aires y Santa Cruz, además de una embarcación -“Sea Ray Cummins”- propiedad de Clarens, al igual que una propiedad en Miami que el financista de Néstor Kirchner puso a disposición del juzgado. El listado incluye bienes de la empresa Madaco SA, utilizada para la compra venta de inmuebles y vinculada a Muñoz y el arrepentido Manzanares.
Habrá una segunda etapa para la subaste de inmuebles que están inscriptos a nombre de otras sociedades utilizadas para el lavado de dinero. La Justicia indicó que el entorno de Muñoz creó al menos 17 sociedades con ese fin.
En este tramo de la investigación, el juez sostuvo que parte del dinero proveniente de los ilícitos perpetrados por la asociación ilícita supuestamente dirigida por Néstor y Cristina Kirchner sucesivamente fue recibido por Muñoz, quien lo puso en circulación en el mercado con el fin de aparentar un origen lícito.
“Estamos trabajando en una reglamentación de subasta inmediata para mantener el valor de los activos que se vayan a decomisar y evitar su ruina”, le dijo a este diario Ramón Lanus, titular de la ABBE.
“Concierne al Estado Nacional garantizar en forma permanente y de manera prioritaria al derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional de la población de la República Argentina, según lo establece la Ley 25.724 que crea el Programa de Alimentación y Nutrición Nacional”, sostiene el artículo 2° del proyecto de ley.
El artículo 3° agrega que “el derecho humano a una alimentación adecuada se asume como una política de Estado que respetará, protegerá y promoverá un enfoque integral dentro de un marco de políticas públicas contemplada en cada ‘Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional’ que apruebe el Congreso de la Nación”.
Para sostener en el artículo 4°: “Dispóngase un incremento de emergencia como mínimo del cincuenta por ciento (50%) de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición”.
“Facúltese, a partir del 1 de enero del año 2020, y hasta que dure la emergencia declarada en el artículo 1°, al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación a actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, tomando como referencias mínimas el aumento de la variación procentual del rubro ‘alimentos y bebidas no alchólicas’ del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)”, se afirma en el artículo 5°.
Y continúa: “Facúltese al Poder Ejecutivo Nacional a disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional. Las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad ‘Servicios Sociales'”.
“La Sindicatura General de la Nación en orden de auditor interno del Poder Ejecutivo Nacional instrumentará de manera anual un control periódico respecto de la aplicación de recursos y gastos conforme artículo 3° de la presente ley”, asegura.
En los fundamentos sostiene que “el presente proyecto parte de la convicción que comer bien y barato es un derecho y no un privilegio. Garantizar la seguridad alimentaria y nutricional se debe transformar en un primer consenso básico y en una política de Estado prioritaria de una nueva etapa de unidad nacional de la Argentina”.
Y agrega que “la situación de emergencia alimentaria y nutricional es una cuestión social concreta, medible y objetiva que ha sido señalada por diversos informes de organismos públicos nacionales, por organismos internacionales, y por Universidades y Centros de Estudios, vinculada al creciente aumento de la inseguridad alimentaria y nutricional; de la pobreza y de la indigencia; de la desocupación, de la subocupación y del trabajo informal; del costo de los productos de la canasta básica de alimentos; de la pérdida del poder adquisitivo de salarios, asignaciones, jubilaciones y pensiones; entre otras variables sociales”.
“El Gobierno debería tener la responsabilidad de hacerse cargo de este problema que ellos generaron y tomar medidas urgentes antes del jueves, de no ser así avanzaremos con la sesión especial para darle media sanción”, aseguró el diputado del Movimiento Evita Leonardo Grosso, uno de los impulsores de la unidad de los bloques para presentar un solo proyecto.
El juicio oral por las presuntas irregularidades en la obra pública ingresará desde hoy en una etapa clave: las indagatorias de los 13 acusados en la que tendrán la posibilidad de declarar o no. Desde las 9:30, en los tribunales de Comodoro Py se prevé que estas declaraciones se extiendan durante varios meses. No estarán presentes la ex presidente y candidata a vicepresidente Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López.
Este lunes serán las indagatorias de Héctor Garro, ex jefe del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad, y de Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, informaron a Infobae fuentes judiciales.
Nelson Periotti, ex director de Vialidad Nacional, que declarará el lunes
En la audiencia de hoy no estarán presentes Cristina Kirchner, De Vido, López, Báez y Raúl Daruich, Raúl Daruich, ex jefe del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad. Todos fueron autorizados a no ir a las audiencias de la etapa de las indagatorias, excepto cuando sea su turno. También fue autorizado Garro que el lunes deberá estar porque es su indagatoria.
No hay certeza de cuando finalizarán las indagatorias. Todo dependerá del tiempo que lleve cada una -en el caso de los que no declaran se lee lo que dijeron en primera instancia si eso ocurrió- y la cantidad que se hagan por audiencia. La expectativa está puesta en si la indagatoria de Cristina Kirchner será antes o después de las elecciones del 27 de octubre próximo, ya como vicepresidente de la nación electa teniendo en cuenta la diferencia de casi 17 puntos que en las primarias la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner le sacó a la de Mauricio Macri-Miguel Angel Pichetto. Fernández será testigo del juicio.