Source: http://lalindearqueologia.com/fiscalia/
Timestamp: 2019-07-18 05:44:01
Document Index: 28335856

Matched Legal Cases: ['artículo 323', 'artículo 4', 'artículo 321', 'artículo 322', 'artículo 323', 'artículo 324', 'artículo 31', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 322']

Fiscalía | La Linde Arqueología
ENTREVISTA A JOAQUÍN R. BAÑOS ALONSO SOBRE EL EXPOLIO ARQUEOLÓGICO.
Entrevista realizada por Víctor Algarra Pardo a Joaquín Ramón Baños Alonso. Fiscal Delegado de Medio Ambiente y Urbanismo. Fiscalía Provincial de Valencia.
Pared de la cocina del Palacio del Barón de Vallvert, Valencia. Esta cocina fue expoliada en 2005.
Los ladrones se llevaron la inmensa mayoría de sus azulejos del siglo XVIII, quedando, como residuales, los que pueden apreciarse en esta imagen (Foto: Paloma Berrocal).
En el marco de trabajos sobre el expolio del patrimonio arqueológico que hemos reunido en este número de La Linde, queremos incluir una pequeña entrevista que hemos realizado al fiscal Baños Alonso, de la fiscalía provincial de Valencia. Aunque él es fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo, acaba encargándose también de los casos de expolio arqueológico que se producen en la Comunidad Valenciana. Nos ha recibido y muy amablemente ha accedido a contestar a nuestras preguntas, que son muy de base y que están hechas desde el gran desconocimiento que los profesionales de la Arqueología tenemos, en general, sobre estos temas, ya que, aunque el que más y el que menos, se ha topado alguna vez con algún problema de hurto o destrucción de patrimonio arqueológico por parte de delincuentes, la mayoría de las veces nos enteramos de estos casos por los medios de comunicación, igual que el resto de la población y son pocas, afortunadamente, las ocasiones en las que podemos vernos involucrados de manera directa por ser testigos de primera mano o víctimas de delitos de este tipo. Casi siempre, asistimos como espectadores a los resultados: vemos, por ejemplo, los agujeros de los clandestinos en el campo, el resultado de la extracción de piezas de azulejería en edificios, alguna pieza “de origen dudoso” en un anticuario o en el rastro… entonces, solemos ponernos en contacto con los Servicios de Arqueología o con los Inspectores de Patrimonio, que son los agentes con los que tenemos más contacto. No es común que seamos nosotros mismos los que acudamos a poner una denuncia a la policía, al igual que no es común que tengamos un conocimiento exhaustivo de las competencias de los distintos órganos y fuerzas que actúan contra el expolio.
– ¿Cuál es su cometido dentro de la Fiscalía en relación al Patrimonio Histórico-Arqueológico?
En los últimos años desde la Fiscalía General del Estado se ha apostado por la especialización de los fiscales. Una de las materias donde más se ha hecho hincapié es en la protección del medio ambiente. Ocurre que en nuestro Código Penal, los delitos relativos a la protección del Patrimonio Histórico, se encuadran dentro del Título XVI, que engloba la protección del territorio, el medio ambiente, la flora y la fauna y también del Patrimonio Histórico. En la reforma del año 2007, de la Ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, se estipuló que en todas las Fiscalías Provinciales debería existir una Sección especializada en esta materia, estando al frente de cada una de las Secciones Provinciales un Fiscal Decano o Coordinador. Yo fui designado Fiscal Decano de la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Valencia, y entre las materias que se coordinan desde la Sección, están los delitos contra el Patrimonio Histórico que, recientemente, se han visto ampliados.
– Háblenos del concepto de estos delitos y su ampliación actual.
El concepto de expolio aparece ex novo en la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 1/2015, que ha entrado en vigor el 1 de julio de 2015. Así el párrafo primero del artículo 323 del Código Penal señala:” Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses el que cause daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, o en yacimientos arqueológicos, terrestres o subacuáticos. Con la misma pena se castigarán los actos de expolio en estos últimos”. El Código Penal no define lo que es “expolio”, pero el precepto puede completarse con la definición contenida en el artículo 4 de Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, que señala que “A los efectos de la presente Ley se entiende por expoliación toda acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o algunos de los valores de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español o perturbe el cumplimiento de su función social”. Este concepto es más amplio que el de daño, pues no es menester que se cause la destrucción del yacimiento, sino que bastará por ejemplo la perdida de información, con lo que podrían perseguirse más fácilmente los supuestos de utilización de detectores de metales que localizan las piezas en cuestión, sin que sea necesario una destrucción física del yacimiento.
– ¿Se han tipificado todos los tipos de agresiones al Patrimonio?
El Código Penal tipifica en los artículos 321 a 324 los delitos contra el Patrimonio Histórico:
– En el artículo 321 se castiga con penas de prisión de hasta tres años a quienes derriben o alteren gravemente edificios singularmente protegidos por su interés histórico, artístico, cultural o monumental.
– En el artículo 322 se tipifica una modalidad especial de prevaricación, que castiga a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, informe favorablemente proyectos de derribo o alteración de edificios singularmente protegidos o al que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia.
– En el artículo 323, como ya he señalado, se castiga al que cause daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, o en yacimientos arqueológicos, terrestres o subacuáticos, así como los actos de expolio en yacimientos arqueológicos. La pena puede llegar hasta los cuatro años y medio de prisión si se causan daños de especial gravedad o que hubieran afectado a bienes cuyo valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental fuera especialmente relevante.
– Por último, el artículo 324 castiga los daños cometidos por negligencia, en un archivo, registro, museo, biblioteca, centro docente, gabinete científico, institución análoga o en bienes de valor artístico, histórico, cultural, científico o monumental, así como en yacimientos arqueológicos.
La pared desnuda tras el expolio. Cocina del Palacio del Barón de Vallvert, Valencia (Foto: Paloma Berrocal).
– ¿Están correlacionadas y coordinadas la Ley de PHE y la Leyes Autonómicas?
El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, en su artículo 31, atribuye a la Generalitat competencia exclusiva sobre el patrimonio histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico y científico y sobre los archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas y demás centros de depósito cultural que no sean de titularidad estatal, sin perjuicio de la reserva de competencia en favor del Estado sobre la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental contra la exportación y la expoliación, establecida por el artículo 149.1, 28.a de la Constitución Española. El Estado, basándose en esta reserva y en el título competencial del artículo 149.2 de la Constitución, promulgó la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. La comunidad Valenciana en el ejercicio de sus competencias promulgó la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificada por la Ley 7/2004, 5/2007 y el Capítulo IX de la Ley 10/2012).
Todo ejercicio compartido de competencias plantea dificultades, pero en general creo que hay un buen encaje entre la normativa estatal y la autonómica.
– ¿Es suficiente este actual marco legislativo para abarcar todos los delitos contra el patrimonio arqueológico?
Con la última reforma del Código Penal se ha producido un significativo avance en la persecución penal de los atentados contra el Patrimonio Histórico. Aunque el mayor problema no es el marco normativo, por lo menos el penal, sino la carencia de medios para la persecución de los delitos.
Alquería de Nel·lo el Xurro (S. XV), antigua Partida del Pouet de Campanar, Valencia (foto: Víctor Algarra). Se salvó de la piqueta a finales de la década de 1990 tras la desaparición del conjunto patrimonial de alquerías medievales del Pouet; fue declarada Bien de Relevancia Local en 2011 y fue demolida en 2012. El artículo 322 del Código Penal tipifica esta agresión contra el Patrimonio Histórico.
–¿Quienes se encargan de investigar y perseguir estos delitos?
En España la investigación de los delitos corresponde a las unidades Orgánicas de Policía Judicial de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. En la Comunidad Valenciana corresponde a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía, que se distribuyen geográficamente sus competencias, correspondiendo las aéreas urbanas al C.N.P. y las rurales a la Guardia Civil.
Esto sería en la fase de investigación prejudicial. Una vez identificados o detenidos los sospechosos, la investigación corresponderá al Juzgado de Instrucción del lugar donde se hubiere cometido el delito.
La ley prevé que el Fiscal dirija la fase de investigación prejudicial y debe coadyuvar al Juez de Instrucción ya en la fase judicial.
– ¿Existe una correcta dotación de medios?
Nunca son suficientes los medios de que se disponen, y menos con la riqueza y dispersión de nuestro patrimonio arqueológico.
– ¿Se encuentran bien coordinadas las distintas fuerzas del Estado?
Desgraciadamente este es uno de los problemas al que lleva la existencia de dos cuerpos policiales separados con competencia para investigar delitos. Se dispersan los medios, se solapan las investigaciones y en casos extremos llegan a entorpecerse.
– ¿Podría decirse que existe un perfil tipo de delincuente del patrimonio arqueológico o histórico?
En la Comunidad Valenciana y a tenor de las sentencias dictadas, es difícil hacer un perfil, pues son muy pocos los delitos esclarecidos con autor conocido. En la provincia de Valencia desde el año 2003 solo se han dictado 4 sentencias por delitos contra el patrimonio. De las mismas dos fueron por actos de vandalismo, una por imprudencia en unas obras de remodelación de la Sala Escalante [Diario El País] y otra fueron daños al arrancar la azulejería del siglo XVIII del Convento de san José y Santa Teresa de la Plaza del Portal Nou [Levante-emv; ABC; Levante-emv].
Pero es evidente que existen aficionados a la arqueología que expolian yacimientos, así como un mercado negro que se nutre de profesionales del expolio, pero son muy difíciles de perseguir, puesto que salvo que se les sorprenda in fraganti, el mero hecho de poseer piezas arqueológicas no es suficiente para imputar un expolio.
Izqu. Panel expoliado del Convento de San José y Santa Teresa de Valencia (Fuente: Levante-emv). Decha. Imagen del momento del traslado de los materiales expoliado del Convento de San José y Santa Teresa de Valencia, depositados en el Museo San Pío V. (Fuente: Levante-emv).
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