Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0242_ES.html
Timestamp: 2019-11-12 17:01:32
Document Index: 165730686

Matched Legal Cases: ['artículo 287', 'artículo 287', 'artículo 14', 'artículo 66', 'artículo 14', 'artículo 19', 'artículo 67', 'artículo 67', 'artículo 318', 'artículo 63', 'artículo 247', 'artículo 318', 'artículo 2', 'artículo 61', 'artículo 7', 'e contrario', 'artículo 11']

Textos aprobados - Aprobación de la gestión 2017: Presupuesto general de la UE - Comisión y agencias ejecutivas - Martes 26 de marzo de 2019
Procedimiento : 2018/2166(DEC)
Ciclo relativo al documento : A8-0110/2019
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1. Decisión del Parlamento Europeo, de 26 de marzo de 2019, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017, sección III – Comisión y agencias ejecutivas (2018/2166(DEC))
– Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2017 (COM(2018)0521 – C8‑0318/2018)(2),
– Visto el Informe anual de gestión y rendimiento del presupuesto de la UE para 2017 (COM(2018)0457),
– Vistos el Informe anual de la Comisión a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas realizadas en 2017 (COM(2018)0661) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a dicho informe (SWD(2018)0429),
– Vistos el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2017, acompañado de las respuestas de las instituciones(3), y los informes especiales del Tribunal de Cuentas,
– Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes(4), presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2017 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;
– Vista la Recomendación del Consejo, de 12 de febrero de 2019, sobre la aprobación de la gestión de la Comisión relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2017 (05824/2019 – C8‑0053/2019),
– Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(5), y en particular sus artículos 62, 164, 165 y 166,
– Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012(6), y en particular sus artículos 69, 260, 261 y 262,
– Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las comisiones interesadas (A8-0110/2019),
1. Aprueba la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017;
2. Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017, sección III – Comisión y agencias ejecutivas, así como en su Resolución, de 26 de marzo de 2019, sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2017(7);
3. Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que forma parte integrante de ella al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, así como a las entidades fiscalizadoras nacionales y regionales de los Estados miembros, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).
(1) DO L 51 de 28.2.2017, p. 1.
(7) Textos Aprobados, P8_TA-PROV(2019)0243.
2. Decisión del Parlamento Europeo, de 26 de marzo de 2019, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) para el ejercicio 2017 (2018/2166(DEC))
– Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural relativas al ejercicio 2017(3),
– Vistos el informe de la Comisión sobre el seguimiento en relación con la aprobación de la gestión presupuestaria del ejercicio de 2016 (COM(2018)0545) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a dicho informe,
– Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural relativas al ejercicio 2017, acompañado de la respuesta de la Agencia(4),
– Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes(5), presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2017 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;
– Vista la Recomendación del Consejo, de 12 de febrero de 2019, sobre la aprobación de la gestión de las agencias ejecutivas relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2017 (05826/2019 – C8‑0054/2019),
– Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012(7), y en particular sus artículos 69, 260, 261 y 262,
– Visto el Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(8), y en particular su artículo 14, apartado 3,
– Visto el Reglamento (CE) n.º 1653/2004 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento financiero tipo de las agencias ejecutivas al amparo del Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(9), y en particular su artículo 66, párrafos primero y segundo,
– Vista la Decisión de Ejecución 2013/776/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, por la que se crea la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural y se deroga la Decisión 2009/336/CE(10),
1. Aprueba la gestión del director de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural en la ejecución del presupuesto de dicha Agencia para el ejercicio 2017;
2. Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017, sección III – Comisión y agencias ejecutivas, así como en su Resolución, de 26 de marzo de 2019, sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2017(11);
3. Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión, la Decisión relativa a la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017, sección III – Comisión y la Resolución que forma parte integrante de estas Decisiones al director de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).
(3) DO C 413 de 14.11.2018, p. 2.
(4) DO C 434 de 30.11.2018, p. 16.
(5) DO C 434 de 30.11.2018, p. 209.
(8) DO L 11 de 16.1.2003, p. 1.
(9) DO L 297 de 22.9.2004, p. 6.
(10) DO L 343 de 19.12.2013, p. 46.
(11) Textos Aprobados, P8_TA-PROV(2019)0243.
3. Decisión del Parlamento Europeo, de 26 de marzo de 2019, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (EASME) para el ejercicio 2017 (2018/2166(DEC))
– Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas relativas al ejercicio 2017(3),
– Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas relativas al ejercicio 2017, acompañado de la respuesta de la Agencia(4),
– Vista la Decisión de Ejecución 2013/771/UE de la Comisión, de 17 de diciembre de 2013, por la que se establece la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas y se derogan las Decisiones 2004/20/CE y 2007/372/CE(10),
1. Aprueba la gestión del director de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas en la ejecución del presupuesto de dicha Agencia para el ejercicio 2017;
3. Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión, la Decisión relativa a la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017, sección III – Comisión y la Resolución que forma parte integrante de estas Decisiones al director de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).
(3) DO C 413 de 14.11.2018, p. 11.
(5) DO C 434 de 30.11.2018, p. 213.
(10) DO L 341 de 18.12.2013, p. 73.
4. Decisión del Parlamento Europeo, de 26 de marzo de 2019, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud y Alimentación (Chafea) para el ejercicio 2017 (2018/2166(DEC))
– Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2017(COM(2018)0521 – C8‑0318/2018)(2),
– Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud y Alimentación relativas al ejercicio 2017(3),
– Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación relativas al ejercicio 2017, acompañado de la respuesta de la Agencia(4),
– Vista la Decisión de Ejecución 2013/770/UE de la Comisión, de 17 de diciembre de 2013, por la que se crea la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural y se deroga la Decisión 2004/858/CE(10),
– Vista la Decisión de Ejecución 2014/927/UE de la Comisión, de 17 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 2013/770/UE con objeto de transformar la «Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud y Alimentación» en la «Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación»(11);
1. Aprueba la gestión de la directora de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación en la ejecución del presupuesto de dicha Agencia para el ejercicio 2017;
2. Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017, sección III – Comisión y agencias ejecutivas, así como en su Resolución, de 26 de marzo de 2019, sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2017(12);
3. Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión, la Decisión relativa a la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017, sección III – Comisión y la Resolución que forma parte integrante de estas Decisiones a la directora de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).
(5) DO C 434 de 30.11.2018, p. 229.
(10) DO L 341 de 18.12,2013, p. 69.
(11) DO L 363 de 18.12.2014, p. 183.
(12) Textos Aprobados, P8_TA-PROV(2019)0243.
5. Decisión del Parlamento Europeo, de 26 de marzo de 2019, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación (ERCEA) para el ejercicio 2017(2018/2166(DEC))
– Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación relativas al ejercicio 2017(3),
– Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación relativas al ejercicio 2017, acompañado de la respuesta de la Agencia(4),
– Vista la Decisión de Ejecución 2013/779/UE de la Comisión, de 17 de diciembre de 2013, por la que se crea la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación y se deroga la Decisión 2008/37/CE(10),
1. Aprueba la gestión del director de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación en la ejecución del presupuesto de dicha Agencia para el ejercicio 2017;
3. Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión, la Decisión relativa a la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017, sección III – Comisión y la Resolución que forma parte integrante de estas Decisiones al director de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).
(3) DO C 413 de 14.11.2018, p. 9.
(5) DO C 434 de 30.11.2018, p. 217.
(10) DO L 346 de 20.12.2013, p. 58.
6. Decisión del Parlamento Europeo, de 26 de marzo de 2019, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva de Investigación (REA) para el ejercicio 2017 (2018/2166(DEC))
– Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia Ejecutiva de Investigación relativas al ejercicio 2017(3),
– Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva de Investigación relativas al ejercicio 2017, acompañado de la respuesta de la Agencia(4),
– Vista la Decisión de Ejecución 2013/778/UE de la Comisión, de 13 de diciembre de 2013, por la que se crea la Agencia Ejecutiva de Investigación y se deroga la Decisión 2008/46/CE(10),
1. Aprueba la gestión del director de la Agencia Ejecutiva de Investigación en la ejecución del presupuesto de dicha Agencia para el ejercicio 2017;
3. Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión, la Decisión relativa a la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017, sección III – Comisión y la Resolución que forma parte integrante de estas Decisiones al director de la Agencia Ejecutiva de Investigación, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).
(3) DO C 413 de 14.11.2018, p. 12.
(5) DO C 434 de 30.11.2018, p. 225.
(10) DO L 346 de 20.12.2013, p. 54.
7. Decisión del Parlamento Europeo, de 26 de marzo de 2019, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) para el ejercicio 2017 (2018/2166(DEC))
– Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes relativas al ejercicio 2017(3),
– Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes relativas al ejercicio 2017, acompañado de la respuesta de la Agencia(4),
– Vista la Decisión de Ejecución 2013/801/UE de la Comisión, de 23 de diciembre de 2013, por la que se crea la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes y se deroga la Decisión 2007/60/CE, modificada por la Decisión 2008/593/CE(10),
1. Aprueba la gestión del director de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes en la ejecución del presupuesto de dicha Agencia para el ejercicio 2017;
3. Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión, la Decisión relativa a la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017, sección III – Comisión y la Resolución que forma parte integrante de estas Decisiones al director de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).
(5) DO C 434 de 30.11.2018, p. 221.
(10) DO L 352 de 24.12.2013, p. 65.
8. Decisión del Parlamento Europeo, de 26 de marzo de 2019, sobre el cierre de las cuentas del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017, sección III – Comisión (2018/2166(DEC))
– Visto el Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(7), y en particular su artículo 14, apartados 2 y 3,
1. Aprueba el cierre de las cuentas del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017;
2. Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017, sección III – Comisión y agencias ejecutivas, así como en su Resolución, de 26 de marzo de 2019, sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2017(8);
3. Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al Tribunal de Cuentas y al Banco Europeo de Inversiones, así como a los Parlamentos nacionales y a las entidades fiscalizadoras nacionales y regionales de los Estados miembros, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).
(7) DO L 11 de 16.1.2003, p. 1.
(8) Textos Aprobados, P8_TA-PROV(2019)0243.
9. Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de marzo de 2019, que contiene las observaciones que forman parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017, sección III – Comisión y agencias ejecutivas (2018/2166(DEC))
– Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017, sección III – Comisión,
– Vistas sus Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución de los presupuestos de las agencias ejecutivas para el ejercicio 2017,
A. Considerando que el presupuesto de la Unión desempeña un importante papel en la consecución de los objetivos de las políticas de la Unión, a pesar de no representar más que el 1 % de la renta nacional bruta de la Unión;
B. Considerando que, cuando el Parlamento aprueba la gestión de la Comisión, comprueba que los fondos se hayan utilizado correctamente y que se hayan alcanzado los objetivos de las políticas;
Ejecución del presupuesto de 2017 y resultados obtenidos
1. Observa que en 2017, que fue el cuarto año de aplicación del actual marco financiero plurianual (MFP), el presupuesto de la Unión ascendió a 159 800 millones de euros, incluidos seis presupuestos rectificativos, y que las asignaciones en los diferentes ámbitos fueron de:
a) 75 400 millones de euros para un crecimiento inteligente e integrador;
b) 58 600 millones de euros para ayudas al sector agrícola europeo;
c) 4 300 millones de euros para reforzar las fronteras exteriores de la Unión y hacer frente a la crisis de los refugiados y a la migración irregular;
d) 10 700 millones de euros para actividades fuera de la Unión;
e) 9 400 millones de euros para la administración de las instituciones de la Unión;
2. Subraya que el presupuesto de la Unión apoya la ejecución de las políticas de la Unión y el logro de sus prioridades y objetivos, complementando los recursos de los Estados miembros dedicados a los mismos fines; señala, a este respecto, que se alcanzaron los siguientes resultados:
a) en 2017, Horizonte 2020 aportó 8 500 millones de euros de financiación que movilizaron inversiones directas adicionales hasta alcanzarse un total de 10 600 millones de euros, lo que permitió la financiación de 5 000 proyectos;
b) al terminar 2017, COSME había aportado financiación a más de 275 000 pequeñas y medianas empresas (el 50 % de las cuales eran empresas emergentes) en 25 países, empresas que, de otro modo, habrían tenido dificultades para procurarse financiación privada debido a su perfil de alto riesgo;
c) en cuanto a los logros de los programas comunicados por los Estados miembros hasta el final de 2016, los proyectos ejecutados en el marco del Fondo de Cohesión (FC) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) ya habían obtenido los siguientes resultados:
– ayudas a 84 579 empresas, de las cuales más de 36 000 reciben apoyo de instrumentos financieros;
– 10 300 puestos de trabajo creados junto con la contratación de 636 nuevos investigadores;
– 41 800 hogares que mejoraron su clasificación de consumo de energía y una reducción de 14,9 millones de kWh/año en el consumo anual de energía primaria de los edificios públicos;
– 2,7 millones de personas que han podido acceder a servicios de asistencia sanitaria mejorados; 156 000 personas más cuyo suministro de agua ha sido objeto de mejoras, y 73 000 personas que disfrutan ahora de un mejor tratamiento de las aguas residuales;
– acceso de banda ancha para un millón de hogares más;
d) al acabar 2016, los programas de desarrollo rural habían contribuido a la reestructuración y modernización de casi 45 000 explotaciones agrícolas;
e) en 2017, el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) apoyó la creación de más de 7 000 nuevas plazas en centros de acogida; el número de plazas adaptadas para menores no acompañados, un grupo de migrantes especialmente vulnerable, también aumentó de tan solo 183 plazas en 2014 a 17 070 plazas en 2017; al acabar 2017, 1 432 612 nacionales de terceros países habían recibido ayuda para la integración;
f) la Unión proporcionó más de 2 200 millones de euros en ayuda humanitaria en 80 países diferentes; la financiación humanitaria de la Unión apoyó la educación de más de 4,7 millones de niños atrapados en situaciones de emergencia en más de 50 países;
La declaración de fiabilidad del Tribunal de Cuentas
3. Acoge con satisfacción el hecho de que el Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «Tribunal») haya emitido un dictamen favorable sobre la fiabilidad de las cuentas de la Unión Europea para 2017, tal como ha venido haciendo desde 2007, y de que el Tribunal haya llegado a la conclusión de que los ingresos del ejercicio de 2017 correspondientes a estas cuentas son, en todos sus aspectos significativos, legales y regulares;
4. Observa que, para 2017, el Tribunal ha emitido por segundo año consecutivo un dictamen con reservas sobre la legalidad y la regularidad de los pagos correspondientes a las cuentas, lo que, según el Tribunal, indica que una parte significativa de los gastos de 2017 auditados por él no contenía errores significativos y que el nivel de irregularidades en el gasto de la Unión ha seguido disminuyendo;
5. Acoge con satisfacción la tendencia positiva de descenso continuado del porcentaje de error más probable en los pagos determinado por el Tribunal en los últimos años, que, con un 2,4 %, ha llegado en 2017 a su nivel más bajo hasta la fecha y que, aun cuando, por desgracia, siga situándose por encima del umbral del 2 %, experimenta una reducción de casi dos tercios con respecto al porcentaje de error más probable estimado por el Tribunal para el ejercicio 2007, que se situó en el 6,9 % para los pagos; observa, no obstante, que se siguen registrando errores en los pagos debido a que la eficacia del sistema de control y supervisión es solo parcial;
6. Observa que, cuando los pagos se efectuaron sobre la base del reembolso de los gastos (cuando la Unión reembolsa costes subvencionables para actividades subvencionables), el Tribunal estima el nivel de error en el 3,7 % (4,8 % en 2016), mientras que el porcentaje de error para los pagos de derechos (que se basan en el cumplimiento de determinadas condiciones) se situaba por debajo del umbral significativo del 2 %;
7. Toma nota de que el Tribunal fiscalizó transacciones por un valor total de 100 200 millones de euros, lo que representa menos de dos tercios del presupuesto total para 2017, y que el ámbito «Recursos naturales» representa la mayor parte del total (57 %), mientras que, a diferencia de años anteriores, el volumen del ámbito «Cohesión económica, social y territorial» es relativamente reducido (alrededor del 8 %);
8. Lamenta que el Tribunal no haya examinado el nivel de error para los gastos de la rúbrica 3 «Seguridad y ciudadanía» y la rúbrica 4 «Europa global»; considera que, si bien las cifras de estas rúbricas son relativamente modestas, revisten una especial importancia política; subraya que la fiscalización de una muestra representativa de estas dos rúbricas es esencial para una evaluación rigurosa e independiente de las transacciones financieras, así como para un mejor control del Parlamento Europeo sobre el uso de los fondos de la Unión, y pide al Tribunal que facilite datos sobre el porcentaje de error en los pagos de estas rúbricas en sus próximos informes anuales;
9. Señala que la propia Comisión ha indicado que la mejora del porcentaje de error correspondiente a 2017 se debe en gran medida a la puntuación del ámbito «Recursos naturales»(1);
10. Insta al Tribunal a que, en sus informes futuros, presente los porcentajes de error en el ámbito de la pesca por separado de los porcentajes de error en el ámbito de medio ambiente, desarrollo rural y salud, y no de forma agregada; señala que esa agregación impide conocer el porcentaje de error correspondiente a la política pesquera; señala que el ámbito de los asuntos marítimos y de la pesca no está suficientemente detallado en el informe anual del Tribunal, lo que dificulta una evaluación correcta de la gestión financiera; considera que, en el futuro, el informe anual del Tribunal debería desglosar por separado las cifras relativas a la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE) con objeto de mejorar la transparencia;
11. Lamenta que para el ámbito «Competitividad para el crecimiento y el empleo», al que pertenece el transporte, el Tribunal no facilite información exhaustiva sobre las auditorías efectuadas en el sector del transporte, especialmente en lo que se refiere al Mecanismo «Conectar Europa» (MCE);
12. Señala que, en 2017, la Unión dispuso de recursos propios por valor de 115 4000 millones de euros y otros ingresos por valor de 17 200 millones de euros, y que el superávit prorrogado de 2016 fue de 6 400 millones de euros;
13. Toma nota con satisfacción de la conclusión del Tribunal de que en 2017 los ingresos estaban exentos de errores significativos y de que los sistemas relacionados con los ingresos examinados por el Tribunal eran, en general, eficaces, aunque algunos controles de los recursos propios tradicionales solo lo eran parcialmente;
14. Observa con preocupación que, en opinión del Tribunal, resulte necesario mejorar las acciones de la Comisión de salvaguardia de los ingresos de la Unión con el fin de subsanar las deficiencias en su gestión del riesgo por importaciones infravaloradas en relación con los recursos propios tradicionales y en sus verificaciones del recurso propio del IVA;
15. Manifiesta su profunda preocupación por que estas deficiencias puedan afectar a las contribuciones de los Estados miembros al presupuesto de la Unión; pide a la Comisión, a este respecto, que:
a) mejore su supervisión de los flujos de importaciones, en particular utilizando en mayor medida técnicas razonables y legales de explotación de datos para analizar las pautas inusuales y sus razones subyacentes, y actúe con rapidez para garantizar que se pongan a disposición los importes adeudados de los recursos propios tradicionales;
b) revise el marco de control existente y documente mejor su aplicación a la hora de verificar los cálculos de los Estados miembros del tipo medio ponderado presentado por los Estados miembros en sus declaraciones del IVA y que la Comisión emplea para obtener las bases del IVA armonizadas;
16. Señala que, por segundo año consecutivo, la Dirección General de Presupuestos (DG BUDG) emitió una reserva sobre el valor de los recursos propios tradicionales recaudados por el Reino Unido, debido a que este no aportó al presupuesto de la Unión los derechos de aduana eludidos en las importaciones de textiles y calzado;
17. Acoge con satisfacción el procedimiento de infracción incoado por la Comisión el 8 de marzo de 2018 en el marco del caso del fraude aduanero en el Reino Unido, pero —habida cuenta, en especial, de la decisión del Reino Unido de retirarse de la Unión Europea y de las mayores dificultades que supondrá para el proceso de recaudación— lamenta que la Comisión haya tardado más de siete años en poner en marcha este procedimiento desde que en 2011 pidiera al Reino Unido que estableciera perfiles de riesgo para las importaciones infravaloradas de productos textiles y de calzado procedentes de China; señala que en otros Estados miembros actúan redes de fraude similares, lo que ha llevado a la elusión de al menos 2 500 millones de euros en derechos de aduana desde 2015; pide a la Comisión que en el futuro aborde estos casos sin titubeos ni retrasos innecesarios; reafirma la manifiesta necesidad de una mayor cooperación entre los servicios aduaneros de los Estados miembros para evitar el perjuicio a los presupuestos nacionales y de la Unión y a las normas de productos de la Unión; exige que la Comisión facilite información sobre los productos que llegan al mercado interior sin cumplir las normas de productos de la Unión;
18. Lamenta las discrepancias observadas en el nivel de control aduanero entre los distintos Estados miembros; resalta la importancia de armonizar los controles en todos los puntos de entrada en la Unión aduanera y pide a los Estados miembros que apliquen de forma coordinada, uniforme y eficiente el sistema de fronteras, desalentando las prácticas divergentes entre Estados miembros a fin de reducir las lagunas existentes en los sistemas de control aduanero; pide a la Comisión que examine, a este respecto, las distintas prácticas de control aduanero en la Unión y su repercusión en la desviación de los flujos comerciales, centrándose en particular en las prácticas aduaneras de la Unión en las fronteras exteriores, y que genere análisis de referencia e información sobre las operaciones aduaneras y los procedimientos empleados en los Estados miembros;
19. Señala que en 2017 se ejecutó el 99,3 % del importe disponible para compromisos (158 700 millones de euros), pero destaca que los pagos ejecutados ascendieron solo a 124 700 millones de euros, considerablemente inferiores a lo presupuestado y a los del año correspondiente del período de programación plurianual 2007-2013, debido principalmente a que los Estados miembros presentaron menos solicitudes de lo previsto para los programas plurianuales de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 2014-2020 (Fondos EIE), así como a la tardía adopción del MFP y la legislación sectorial; señala que esto podría crear en el futuro riesgos para la ejecución del presupuesto si se registra un gran número de pagos atrasados al final del período de programación; pide a la Comisión que preste a los Estados miembros el máximo apoyo para mejorar sus tasas de absorción;
20. Expresa su profunda preocupación por el hecho de que, en 2017, la combinación de un elevado nivel de compromisos y un bajo nivel de pagos incrementara los compromisos presupuestarios pendientes hasta alcanzar un nuevo máximo de 267 300 millones de euros (238 800 millones de euros en 2016), y de que las previsiones del Tribunal indiquen que este importe aumentará aún más al final del actual MFP, lo que puede dar lugar a un riesgo mucho mayor de insuficiencia de los créditos de pago, pero también a un riesgo de error debido a la presión por absorber los fondos con rapidez ante la posible pérdida de financiación de la Unión; destaca que no se permite que el presupuesto de la Unión presente un déficit y que el creciente retraso en los pagos representa de hecho una deuda financiera;
21. Pide a la Comisión que presente un análisis pormenorizado de las razones por las que algunas regiones siguen mostrando bajos porcentajes de absorción y que evalúe vías específicas para solucionar los problemas estructurales que subyacen a estos desequilibrios; pide a la Comisión que aumente la asistencia técnica sobre el terreno para mejorar la capacidad de absorción por parte de los Estados miembros que encuentran dificultades en este sentido;
22. Recuerda que el Tribunal informó de que todavía no se ha resuelto la cuestión de si los instrumentos especiales deben contabilizarse dentro de los límites máximos de créditos de pago; considera que esta circunstancia podría representar un riesgo adicional de retrasos en los pagos;
23. Pide a la Comisión que mejore la precisión de las previsiones de pagos y que aproveche la experiencia adquirida en el anterior período de programación para hacer frente al retraso acumulado en los pagos y evitar su efecto negativo en el próximo MFP, y que presente el Plan de acción para la reducción del retraso de pagos durante el marco financiero plurianual 2021-2027;
24. Pone de relieve su profunda preocupación por el aumento de la exposición financiera general del presupuesto de la Unión, con considerables pasivos, garantías y obligaciones legales a largo plazo que requerirán una gestión diligente en el futuro; pide, por lo tanto, a la Comisión que, cuando presente propuestas legislativas que incluyan la creación o adición de pasivos contingentes considerables, las acompañe de una síntesis del valor total de los pasivos contingentes respaldados por el presupuesto y de un análisis de hipótesis de pruebas de resistencia y de su posible impacto en el presupuesto;
25. Lamenta que la Unión no lograse gestionar y responder adecuadamente a la crisis financiera y socioeconómica de 2008 (siendo un ejemplo el caso de Grecia, a la vista de las disculpas presentadas recientemente por la Comisión a este Estado miembro) y la crisis de los refugiados de 2015, que dieron lugar a una mayor profundización de las divisiones dentro de la Unión entre norte y sur y este y oeste, al aumento de las desigualdades y a una creciente desconfianza entre los Estados miembros;
26. Reitera su petición de que en los futuros presupuestos de la Unión se añada una línea presupuestaria dedicada al turismo para garantizar la transparencia de los fondos de la Unión utilizados para apoyar acciones en favor de este sector;
27. Toma nota de que, según el Tribunal, se han realizado avances en la reducción del porcentaje de error en los ámbitos de gasto «Recursos naturales» (2,4 %) y «Cohesión económica, social y territorial» (3 %), que entran en el ámbito de la gestión compartida entre la Comisión y los Estados miembros;
28. Observa que, en 2017, el Tribunal auditó menos gastos que el año anterior en el ámbito de la «Cohesión económica, social y territorial» que incluye pagos por un valor de 8 000 millones de euros;
29. Señala que de manera similar a 2016, los errores relativos a la subvencionabilidad (es decir, costes no subvencionables en las declaraciones de gastos, incumplimiento de compromisos climáticos agroambientales, y proyectos, actividades o beneficiarios no subvencionables) son los que más contribuyeron al nivel de error estimado en 2017;
30. Toma en consideración que en el sector agrícola, los importes recibidos por los beneficiarios son relativamente modestos en comparación con otros proyectos de la Unión, por lo que la carga administrativa necesaria para verificar la correcta utilización del dinero es proporcionalmente más elevada;
31. Pone de relieve un estudio reciente de la Comisión que demuestra que entre 2014 y 2017 la gran mayoría de las autoridades de gestión de los Fondos EIE utilizaron las opciones de costes simplificadas (el 64 % de los programas de desarrollo rural del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), el 73 % de los programas operativos del FEDER-Fondo de Cohesión y el 95 % de los programas operativos del Fondo Social Europeo (FSE)); en cuanto a los proyectos, los que utilizan opciones de costes simplificadas suponen el 19 % para el Feader, el 65 % para el FSE, el 50 % para el FEDER y el 25 % para el Fondo de Cohesión; considera que el empleo de las opciones de costes simplificados podría contribuir a reducir los errores relativos a la subvencionabilidad;
32. Subraya que en el futuro deberá continuarse el proceso de simplificación de la legislación de la Unión y de reducción de la carga administrativa para los agricultores y demás beneficiarios;
33. Señala que es muy importante de cara al futuro tener acceso a los datos y efectuar un correcto seguimiento, en especial de los aspectos ambientales, habida cuenta de que ciertos recursos naturales, como el suelo y la biodiversidad, son la base de la productividad agrícola a largo plazo;
34. Observa que en 2017 el Tribunal detectó muy pocos errores en la contratación pública: menos del 1 % (frente a 18 % en 2016), pero señala que la razón podría ser el nivel relativamente bajo de gastos aceptados por el FEDER y el Fondo de Cohesión, que solían ser más proclives a errores en la contratación pública; pide a la Comisión y a los Estados miembros que no relajen su vigilancia sobre la correcta aplicación de las normas en materia de contratación pública, sino que la sigan reforzando;
35. Considera necesario precisar en mayor medida los procedimientos de contratación pública y las relaciones con los licitadores en los Estados miembros, puesto que los procedimientos de licitación pueden haberse convertido en procedimientos semilegales que impiden una competencia leal y, posiblemente, permitan el fraude; acoge con satisfacción el estudio de la Comisión sobre los licitadores únicos el análisis en profundidad «Gaps and Errors in the TED database» (Lagunas y errores en la base de datos TED) solicitado por la Comisión CONT; observa con preocupación sus conclusiones en el sentido de que la calidad y la fiabilidad de los datos de TED son muy problemáticas, lo que limita el valor analítico de un análisis de los datos de contratación pública; pide a los Estados miembros que mejoren significativamente su forma de publicar la información sobre contratación pública en TED; pide, además, que se establezca un mecanismo de seguimiento periódico de las ofertas individuales;
36. Respalda plenamente la posición del Tribunal de que su mandato no implica informar sobre los distintos Estados miembros, sino presentar un dictamen de auditoría sobre la legalidad y regularidad de la ejecución del presupuesto de la Unión en su conjunto;
37. Desea llamar la atención, no obstante, sobre las reservas formuladas por los servicios de la Comisión durante los procedimientos anuales habituales de aprobación de la gestión presupuestaria, y sobre el hecho de que todos los Estados miembros muestran comportamientos diferentes en el uso de los diversos fondos de la Unión y que siempre hay ámbitos en que se requieren mejoras; señala, en este sentido, que las reservas en relación con 2017 fueron formuladas por:
— la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural (DG AGRI) en relación con: Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chequia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y el Reino Unido;
— la DG MARE en relación con: Bulgaria, Chequia, Italia, los Países Bajos y Rumanía;
— la Dirección General de Política Regional y Urbana (DG REGIO) en relación con: Bulgaria, Croacia, Chequia, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Letonia, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia y el Reino Unido;
— la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión (DG EMPL) en relación con: Austria, Chequia, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y el Reino Unido;
— la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior (DG HOME) en relación con: Finlandia, Alemania, Grecia y el Reino Unido;
38. Señala, en este sentido, que, aunque los servicios de la Comisión no formularon reservas en 2017 en relación con Irlanda, Luxemburgo, Malta, Chipre y Lituania, en 2016 formularon reservas la DG AGRI respecto de Irlanda, Lituania, Malta y Chipre, la DG EMPL respecto de Chipre, y la DG REGIO respecto de Irlanda;
39. Acoge con satisfacción los avances en la ejecución de los 181 proyectos prioritarios en Grecia:
a) 119 proyectos con un gasto de 7 100 millones de euros se han consignado como finalizados;
b) 17 proyectos con un gasto de 500 millones de euros van a completarse en marzo de 2019 con fondos nacionales (se calcula que se necesitarán 530 millones de euros adicionales);
c) 24 proyectos (800 millones de euros) se escalonan en el período 2014-2020, para los que se calcula que serán necesarios otros 1 100 millones de euros de financiación;
d) 21 proyectos con un presupuesto estimado de 1 100 millones de euros fueron cancelados;
considera un éxito la forma en que la Comisión apoyó a Grecia en la ejecución y finalización de los proyectos de la Unión;
40. Observa con gran pesar que, a pesar de las múltiples advertencias del Parlamento Europeo, la Comisión no reaccionó a la cuestión del conflicto de intereses del primer ministro de la República Checa hasta que Transparencia Internacional de la República Checa presentó una denuncia contra él en junio de 2018; muestra su profunda preocupación por que un documento jurídico de la Unión, fechado el 19 de noviembre de 2018, señalase que la situación de dicho primer ministro constituye un conflicto de intereses, ya que podía influir en decisiones sobre el uso de fondos de la Unión de los que han sido beneficiarias empresas vinculadas a él(2);
41. Pide a la Comisión, a este respecto, que investigue exhaustivamente el conflicto de intereses del primer ministro checo, como se exigía en la Resolución del Parlamento Europeo de diciembre de 2018, que actúe con firmeza a partir de los resultados de la investigación sin demora, que investigue también su situación como propietario de medios de comunicación y que extraiga las conclusiones que se impongan en este caso;
42. Recuerda que los servicios de la Comisión han pedido a la autoridad nacional responsable de la coordinación de los fondos de la Unión (Ministerio de Desarrollo Regional) que facilite la información necesaria(3) con respecto a la financiación de empresas que forman parte de este conglomerado empresarial;
43. Celebra que el Ministerio de Desarrollo Regional checo haya recopilado la información solicitada entre las distintas autoridades de gestión de que se trata y la haya remitido a la Comisión; pregunta a la Comisión qué medidas tiene previsto tomar a la luz de la reciente valoración jurídica de la situación;
44. Recuerda que el Parlamento Europeo pidió el año pasado a la Comisión que acelerase el procedimiento de liquidación de conformidad abierto el 8 de enero de 2016 para obtener información detallada y precisa sobre el riesgo de conflictos de intereses relacionados con el Fondo Estatal de Intervención Agrícola de la República Checa;
45. Toma nota de los avances en la selección de proyectos y de que en enero de 2018 se habían seleccionado 673 800 proyectos en apoyo del FEDER, el Fondo de Cohesión, el FSE y la Iniciativa de Empleo Juvenil, por un importe de 260 000 millones de euros, es decir, el 54 % de la financiación total disponible para el período 2014-2020; observa que la tasa de selección de proyectos ha alcanzado el 70 % de la financiación total disponible a finales de 2018 y es similar a la tasa de selección en el mismo momento del anterior período;
46. Se congratula de que se hayan completado ya 84 500 de los 450 000 proyectos seleccionados hasta finales de 2016 para apoyar a las pymes, contribuyendo así a la productividad y la competitividad de las empresas;
47. Celebra asimismo que, hasta finales de 2017, se seleccionaran alrededor de 5 500 proyectos sobre el terreno para apoyar la consecución de un mercado digital único conectado, lo que corresponde a una inversión total de 9 100 millones de euros;
48. Observa con satisfacción que, en el ámbito de la eficiencia energética y de las energías renovables, se creara una capacidad adicional de más de 2 000 MW de producción de energía renovable, y que, al acabar 2016, las emisiones de gases de efecto invernadero se habían reducido en cerca de 3 millones de toneladas equivalentes de CO2; recalca, sin embargo, que se requiere un mayor esfuerzo para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París sobre el clima de 2015;
49. Observa que, al terminar 2017, se había completado el 99 % de los planes de acción relativos a las condiciones ex ante que afectan al FSE, al Fondo de Cohesión y al FEDER;
50. Acoge con satisfacción en particular, con respecto a los fondos estructurales, el trabajo de auditoría del Tribunal sobre las medidas preventivas y las correcciones financieras, las condiciones ex ante, la reserva de rendimiento y la absorción;
51. Observa con satisfacción que las realizaciones y los resultados descritos para el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD) estén en vías de alcanzarse y que este instrumento complementa los esfuerzos nacionales para erradicar la pobreza y promover la inclusión social;
52. Observa que, en la revisión por el Tribunal de Cuentas de 113 proyectos finalizados en el ámbito de gasto «Cohesión económica, social y territorial», se advirtió que el 65 % de ellos tenía un sistema de medición del rendimiento con indicadores de realizaciones y resultados vinculado a los objetivos del programa operativo, lo que representa una mejora en comparación con años anteriores; observa con preocupación que el 30 % de los proyectos no presentaban indicadores ni objetivos de resultados, lo que hace imposible evaluar la contribución específica de estos proyectos a los objetivos generales del programa;
Cuestiones críticas que deben mejorar
53. Lamenta que el Tribunal detectara y cuantificara 36 errores en su muestra de 217 operaciones para 2017 que las autoridades de auditoría de los Estados miembros no habían detectado, y que el número y el impacto de estos errores apuntaran a deficiencias persistentes en la regularidad de los gastos declarados por las autoridades de gestión; lamenta asimismo que el Tribunal constatara deficiencias en los métodos de muestreo de algunas autoridades de auditoría; pide a la Comisión que estreche aún más su colaboración con las autoridades de gestión y auditoría de los distintos Estados miembros en la detección de estos errores, centrándose específicamente en los más frecuentes;
54. Lamenta que en 2017, como señaló el Tribunal, la Comisión presentara al menos 13 tasas de error diferentes en el ámbito de la cohesión económica, social y territorial para los períodos de programación 2007-2013 y 2014-2020, lo que hace que los informes sean confusos y poco claros y dificulta la evaluación de los datos;
55. Observa que las autoridades de auditoría de los Estados miembros no comunican a la DG REGIO los porcentajes de error correspondientes a los Fondos Estructurales hasta haber deducido las correcciones, lo que no da una idea veraz de la situación de los proyectos de la Unión sobre el terreno ni de la tasa de error de los pagos reales;
56. Manifiesta su preocupación por el hecho de que, a pesar del aumento significativo de la tasa media de absorción relativa a los pagos por parte de la Comisión del 3,7 % en 2016 al 16,4 % en 2017, la absorción sigue siendo inferior, incluso, a la del año correspondiente del anterior MFP, 2010, en que fue del 22,1 %;
57. Observa con preocupación que en septiembre de 2018 aun había siete planes de acción sin finalizar relacionados con las condiciones ex ante, que se ha aprobado una suspensión de los pagos intermedios y que otros dos son objeto de una consulta interservicios para su aprobación; lamenta que el cumplimiento de las condiciones ex ante haya resultado gravoso desde el punto de vista administrativo para las autoridades de gestión y sea una de las razones del retraso en la absorción; valora, en particular, el apoyo selectivo prestado a las autoridades de los programas y el mayor nivel de aplicación alcanzado gracias a la iniciativa para las regiones en vías de recuperación y a la iniciativa del Grupo de Trabajo para la Mejora de la Ejecución, ambas emprendidas por la Comisión; pide a la Comisión que garantice que, en el próximo período de programación, se aborden adecuadamente las deficiencias y problemas detectados en relación con el cumplimiento de las condiciones favorables, que sustituirán a las condiciones ex ante;
58. Muestra su preocupación por la falta de transparencia en el gasto de los instrumentos financieros, habida cuenta de que en el actual MFP se han cuadruplicado los fondos disponibles para dichos instrumentos; observa que, al acabar 2017, 24 Estados miembros utilizaban los instrumentos financieros, y que las contribuciones totales del programa a los instrumentos financieros fueron de casi 18 800 millones de euros (13 300 millones de euros a finales de 2016), de los cuales 14 200 millones procedían de los Fondos EIE; observa asimismo que se habían pagado a los instrumentos financieros un total de 5 500 millones de euros (alrededor del 29 %) de esos importes comprometidos (3 600 millones de euros a finales de 2016), incluidos 4 400 millones de euros procedentes de los Fondos EIE; expresa su preocupación, no obstante, por el hecho de que a tres años del comienzo del presente MFP se hubieran pagado a los beneficiarios finales 1 900 millones de euros (solo el 10,1%) (1 200 millones de euros a finales de 2016), de los cuales 1 500 millones de euros (10,5 %) procedían de los Fondos EIE;
59. Coincide con el Tribunal en la necesidad de que se presente información más detallada sobre los instrumentos financieros, y pide a la Comisión que mejore significativamente la información sobre los resultados de esos instrumentos para los períodos 2007-2013 y 2014-2020;
60. Pide a la Comisión que presente información completa y precisa sobre los instrumentos financieros en gestión compartida tras el cierre del período del MFP 2007-2013, indicando las cantidades devueltas al presupuesto de la Unión y las que se han quedado en los Estados miembros;
61. Lamenta profundamente que, en el contexto de los instrumentos financieros, los auditores no fueran capaces de verificar la selección y ejecución de las inversiones a nivel del intermediario financiero, en el que se produjeron diversas irregularidades que representan el 1 % del nivel de error estimado en el ámbito «Cohesión económica, social y territorial»;
62. Destaca que, a diferencia de lo que se hizo para 2016, el nivel estimado de error correspondiente a la cohesión no incluye una cuantificación de los desembolsos a instrumentos financieros en 2017; recuerda que, puesto que la subvencionabilidad de los gastos en los fondos estructurales para el período 2007-2013 se pospuso hasta finales de marzo de 2017, los desembolsos a los instrumentos financieros durante los tres primeros meses de 2017 deberían haberse incluido en el cálculo del porcentaje de error; lamenta, no obstante, que el Tribunal no haya mencionado de forma clara el porcentaje de error en dichos desembolsos en alguna parte de su informe anual, sino únicamente en un cuadro; pide al Tribunal que tenga en cuenta todas las irregularidades con impacto financiero a la hora de determinar el porcentaje de error más probable, y que mencione con claridad el porcentaje de los fondos afectados; pide a la Comisión que presente la propuesta legislativa oportuna para poner fin a futuras decisiones unilaterales sobre la ampliación de la subvencionabilidad de los gastos en los fondos estructurales mediante actos de ejecución;
63. Pide a la Comisión que facilite información precisa y completa sobre el cierre de los instrumentos financieros en el MFP 2007-2013, incluidos los importes finales devueltos al presupuesto de la Unión y los importes pertenecientes a los Estados miembros;
64. Pide a la Comisión que tenga en cuenta, en el caso de proyectos de infraestructuras de gran magnitud, todos los riesgos de impacto ambiental pertinentes y que financie solo los proyectos que hayan demostrado un valor añadido real para la población local y desde los puntos de vista medioambiental, social y económico; resalta la importancia de un seguimiento riguroso de los posibles riesgos de corrupción y fraude en este contexto, así como la necesidad de realizar evaluaciones ex ante y ex post exhaustivas e independientes de los proyectos financiados;
65. Señala que, según la Comisión, fueron escasas las evaluaciones realizadas por los Estados miembros en relación con el Fondo Social Europeo más allá de la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ); pide a los Estados miembros que evalúen sistemáticamente el Fondo Social Europeo para permitir la definición de políticas basada en datos contrastados, y pide a la Comisión que promueva esa evaluación sistemática;
66. Recuerda que, en su Informe Especial n.º 5/2017 sobre el desempleo juvenil, el Tribunal constató que, si bien se habían realizado algunos progresos en la aplicación de la Garantía Juvenil y se habían alcanzado algunos logros, el resultado era inferior a las expectativas iniciales suscitadas con el lanzamiento de la Garantía Juvenil; subraya, no obstante, que la IEJ y la Garantía Juvenil siguen siendo una de las respuestas políticas más innovadoras y ambiciosas al desempleo juvenil tras la crisis económica, y que, en consecuencia, su ejecución debe seguir contando con el apoyo financiero y político de las instituciones regionales, nacionales y de la Unión;
67. Destaca que la única forma de comprobar que el presupuesto de la IEJ está bien empleado y que se alcanza el objetivo último de la IEJ —a saber, ayudar a los jóvenes desempleados a acceder a un empleo sostenible— es someter las operaciones a un seguimiento estrecho y transparente basado en datos fiables y comparables y adoptar una posición más ambiciosa respecto de los Estados miembros que no han logrado avances; insiste por ello en que los Estados miembros mejoren el seguimiento, los informes y la calidad de los datos con carácter de urgencia y garanticen la recopilación y puesta a disposición de datos y cifras comparables y fiables sobre la ejecución en curso de la IEJ en el momento oportuno y con más frecuencia de la exigida en el marco de su obligación de presentar informes anuales, tal como se establece en el artículo 19, apartado 2, del Reglamento relativo al FSE; pide a la Comisión que revise sus orientaciones sobre recopilación de datos en consonancia con las recomendaciones del Tribunal, a fin de minimizar el riesgo de sobrevaloración de los resultados;
68. Insiste en que todo programa de prácticas o de formación de aprendices debe ofrecer colocaciones remuneradas que no conduzcan en ningún caso a la sustitución de puestos de trabajo y se basen en un contrato escrito de prácticas o de formación de aprendices, de conformidad con el marco normativo aplicable, con los convenios colectivos aplicables, o con ambos, del país de que se trate, y que debe seguir los principios expuestos en la Recomendación del Consejo, de 10 de marzo de 2014, sobre un marco de calidad para los períodos de prácticas(4);
69. Acoge con satisfacción la evolución positiva de la tasa de error en el ámbito «Recursos naturales» en 2017, que es del 2,4 % (frente al 2,5 % en 2016, el 2,9 % en 2015 y el 3,6 % en 2014), así como el hecho de que, en las tres cuartas partes del presupuesto agrícola correspondiente al «Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) — pagos directos», el Tribunal estimara un nivel de error inferior al umbral significativo del 2 %;
70. Celebra que el nivel de error global establecido por el Tribunal sea muy similar al índice de error global para la PAC consignado en el informe anual de actividades de 2017 de la DG AGRI, lo que demuestra la eficacia de los planes de acción correctores aplicados por los Estados miembros en años anteriores;
71. Subraya que los resultados positivos en el ámbito de los pagos directos del FEAGA se debieron principalmente a la calidad del sistema integrado de gestión y control (SIGC) y al sistema de identificación de parcelas agrícolas (SIP), así como a la introducción progresiva de la Aplicación de ayuda geoespacial y de nuevos controles cruzados preliminares de las solicitudes de los agricultores, lo que dio lugar a una reducción del tiempo de elaboración de las solicitudes de ayuda por parte de los beneficiarios y se espera que evite errores y ahorre tiempo en la tramitación de las solicitudes;
72. Observa que los pagos directos del Fondo Europeo Agrícola de Garantía representan alrededor de las tres cuartas partes del gasto y no presentan errores sustanciales; subraya que los pagos directos a los agricultores están basados en derechos y se han beneficiado de una simplificación de las normas sobre admisibilidad de superficies y de un sistema eficaz de control ex ante (SIGC) que permite realizar controles cruzados automatizados entre las distintas bases de datos; expresa su preocupación por el hecho de que el nivel de error siga siendo elevado en los demás ámbitos de gasto (desarrollo rural, medio ambiente, acción por el clima y pesca); observa, por otra parte, que debido a los objetivos más amplios que persiguen, los proyectos de desarrollo rural son, de por sí, más complejos, que el gasto en los otros tres ámbitos se cofinancia o liquida mediante el reembolso de costes, y que dos terceras partes del nivel de error estimado en esta línea del MFP corresponden a casos de beneficiarios, actividades, proyectos o gastos que no eran subvencionables;
73. Manifiesta su satisfacción por el hecho de que el Tribunal, tras examinar un total de 29 proyectos de inversiones en desarrollo rural, haya constatado que 26 de ellos respondían a las prioridades y los ámbitos de interés determinados en los programas de desarrollo rural y que los Estados miembros habían aplicado procedimientos de selección adecuados; celebra asimismo que, en la mayoría de los casos evaluados, los beneficiarios ejecutaron los proyectos según lo planificado, y que los Estados miembros realizaron comprobaciones para verificar la adecuación de los costes; estima, por tanto, que, en el futuro, el enfoque del desarrollo rural debe seguir siendo un elemento básico, significativo y plenamente respaldado de los planes estratégicos de la PAC;
74. Acoge con satisfacción de que, en su informe anual de actividad de 2017, el director general de la DG AGRI aludiera a un ligero aumento de la renta de los agricultores, recordando que en los últimos cuatro años se había registrado un ligero descenso;
75. Señala que la capacidad correctora de las correcciones financieras y las recuperaciones se ha incrementado hasta el 2,10 %, frente al 2,04 % en 2016, lo que ha permitido reducir en 2017 la cuantía de los importes expuestos a riesgo en la PAC;
76. Observa que los pagos directos por hectárea han disminuido al aumentar el tamaño de las explotaciones, mientras que los ingresos por trabajador han aumentado, y que, según la Comisión, las explotaciones muy pequeñas, de menos de 5 ha, representan más de la mitad de los beneficiarios; observa con preocupación que, según el informe anual de actividades de la DG AGRI, las grandes explotaciones que gestionan más de 250 ha representan el 1,1 % de las explotaciones, gestionan el 27,8 % de las tierras agrícolas totales y reciben el 22,1 % de la ayuda directa total, y que entre estas «grandes explotaciones», la mayoría tiene entre 250 y 500 ha; insta a la Comisión a que cambie este trato desigual e injustificable;
77. Observa un rápido aumento de las desigualdades en los pagos directos en algunos Estados miembros, principalmente en Eslovaquia y la República Checa, donde el 7 % de los beneficiarios recibe actualmente más del 70 % de todos los pagos directos, y en Estonia, Letonia, Hungría, Rumanía, Bulgaria y Dinamarca, donde en los últimos diez años un porcentaje creciente de beneficiarios ha recibido más de 100 000 EUR; pide a la Comisión y a las autoridades nacionales que adopten medidas adecuadas para corregir el aumento de las desigualdades e informen sobre tales medidas;
78. Observa con gran preocupación que el Tribunal detectó un nivel de error persistentemente elevado en sectores que representan la cuarta parte del presupuesto correspondiente a «Recursos naturales», en los que se incluyen los gastos relativos a medidas de mercado en el marco del FEAGA, desarrollo rural, medio ambiente, acción por el clima y pesca; observa, además, que las principales fuentes de error eran el incumplimiento de las condiciones de subvencionabilidad, la presentación de información inexacta sobre las superficies y el incumplimiento de los compromisos agroambientales; destaca que las autoridades de gestión de los distintos Estados miembros deben detectar mejor dichos errores o, en los casos en que son señalados por las auditorías ex post, las muestras para futuras auditorías y controles sobre el terreno deben actualizarse para mejorar los controles;
79. Pide a la Comisión que continúe su labor de evaluar la eficacia de las acciones de los Estados miembros para abordar las causas subyacentes de estos errores y que, en caso necesario, formule nuevas orientaciones o preste ayuda directa;
80. Pide a la Comisión que proceda a una simplificación real del procedimiento, en particular en lo que atañe a la documentación requerida para acceder a la financiación, sin perder de vista los principios de control y seguimiento; pide que se preste especial atención al apoyo administrativo para los pequeños productores;
81. Observa con gran preocupación que los resultados en cuanto a la condicionalidad de los controles sobre el terreno efectuados por la DG AGRI son preocupantes y, en particular, que el 47 % de todos los controles sobre el terreno ha dado lugar a sanciones; insta a la Comisión a que compruebe la aplicación de las medidas correctoras adoptadas por las autoridades de los Estados miembros cuando haya constatado que la fiabilidad del trabajo del organismo de certificación era limitada o nula;
82. Recomienda que:
a) el Tribunal publique porcentajes de error separados relativos, respectivamente, a los pagos directos, a las operaciones de mercado y al gasto en desarrollo rural de la PAC, como hace el director general de la DG AGRI en su informe anual de actividades;
b) la Comisión evalúe la eficacia de las acciones de los Estados miembros para abordar las causas subyacentes de esos errores y, en caso necesario, formule nuevas orientaciones;
c) los Estados miembros aprovechen plenamente las posibilidades que ofrece el sistema de opciones de costes simplificados en el desarrollo rural;
d) la Comisión tenga en cuenta en sus propuestas para la futura PAC que los ingresos de las explotaciones más grandes no requieren necesariamente el mismo nivel de ayuda para estabilizar las rentas agrícolas que las explotaciones pequeñas en momentos de crisis de volatilidad, puesto que pueden beneficiarse de las posibles economías de escala que probablemente las hagan más resilientes;
e) la DG AGRI defina un nuevo objetivo clave de rendimiento, acompañado de indicadores, con el fin de mitigar las desigualdades de ingresos entre agricultores;
f) la Comisión examine con más detenimiento la calidad de las verificaciones de las operaciones realizadas por los organismos de certificación;
g) la PAC se mantenga como mínimo en los niveles actuales, cumpla el cometido para el que fue diseñada y apoye a los productores para que tengan una vida sostenible, garantizando al mismo tiempo un suministro de alimentos asequibles de alta calidad a los ciudadanos de la Unión;
h) la Comisión adopte medidas para velar por que los fondos de la PAC se distribuyan de manera ponderada, de modo que los pagos por hectárea decrezcan según aumente el tamaño de la explotación;
83. Considera que la Comisión debe exigir que los planes de acción de los Estados miembros incluyan medidas correctoras que aborden las causas de error más frecuentes;
84. Pide a la Comisión, teniendo en cuenta que los objetivos medioambientales de la «ecologización» no han cumplido ninguna de las expectativas planteadas y que provocaron un aumento considerable de la carga administrativa tanto para los agricultores como para las administraciones públicas, que vele por que la estructura ecológica de la nueva propuesta de PAC y su llamado régimen ecológico logren mejores resultados medioambientales recompensando los esfuerzos que superen la condicionalidad reforzada de la nueva propuesta;
85. Recuerda, en particular, que el director general de la DG AGRI se remite a un análisis realizado por un contratista externo, que constató lo siguiente: «en su conjunto, las medidas de ecologización solo han producido pequeños cambios en las prácticas de gestión de los agricultores, excepto en algunos ámbitos específicos. Tanto para los Estados miembros como para los agricultores, la principal preocupación, en lugar de las prioridades medioambientales, tendía a consistir en minimizar la carga administrativa de la aplicación y evitar errores, puesto que los controles y las medidas de corrección pueden dar lugar a una reducción de los pagos de la PAC»;
86. Pide a la Comisión que facilite datos estructurales sobre los veinte mayores receptores de pagos directos en los Estados miembros;
87. Expresa su preocupación por que los Informes Especiales 10/2017 y 21/2017 del Tribunal sobre los jóvenes agricultores y la ecologización, que fueron sumamente críticos y mostraban la ausencia casi total de resultados, no tuvieran consecuencias financieras; critica que se mantenga sin más la financiación de esos ámbitos de actuación como si nada hubiese pasado;
88. Subraya que el índice de ejecución del FEMP 2014-2020, cuatro años después de su adopción el 15 de mayo de 2014, sigue siendo insatisfactorio, dado que en octubre de 2018 solo se había utilizado un 6,8 % de la dotación de 5 700 millones de euros disponible para el sistema de gestión compartida;
89. Señala que los recursos asignados en 2014-2020 al FAMI (Fondo de Asilo, Migración e Integración) aumentaron de 2 752 millones de euros a 5 391,5 millones de euros a finales de 2017, que entre 2014 y 2017 el número de personas que recibieron asistencia (en los sistemas de acogida y asilo) aumentó de 148 045 a 297 083, y que, de estas, el porcentaje de personas que se beneficiaron de asistencia jurídica ha pasado de 18 395 (12,4 %) a 56 933 (19,1 %);
90. Subraya que se considera que el principal beneficio a escala de la Unión se deriva de la dimensión transnacional de acciones como la Red Europea de Migración, pero también del reparto de las cargas, apoyado en particular por la ayuda de emergencia y el mecanismo de reubicación;
91. Observa que el número de retornados cofinanciados por el FAMI fue de 48 250 en 2017, frente a 5 904 en 2014, y que de estos retornados, el porcentaje de retornos no voluntarios aumentó de una cuarta parte (25 %) en 2014 a la mitad (50 %) en 2017, mientras que el número de personas que retornaron voluntariamente fue de 17 736 en 2017; observa asimismo que no existen indicadores clave de rendimiento para medir lo que se está haciendo para proteger a los migrantes —legales e ilegales— que más protección requieren, las mujeres y los niños;
92. Señala que el Tribunal lamentó que en las cuentas de los programas nacionales del FAMI y del Fondo de Seguridad Interior (FSI) liquidadas por la Comisión en 2017 no se distinguía entre los pagos de prefinanciación (anticipos) a los beneficiarios finales por parte de los Estados miembros y los pagos efectuados para reembolsar los gastos realmente efectuados, lo que no permite a la Comisión obtener información sobre el importe realmente gastado;
93. Pide a este respecto a la Comisión que exija a los Estados miembros que, en las cuentas anuales de sus programas nacionales del FAMI y del FSI, desglosen los importes notificados según su naturaleza, a saber: recuperaciones, prefinanciación y gastos realmente efectuados, y que, a partir de 2018, facilite información sobre el gasto real por fondo en su informe anual de actividades;
94. Señala que, en el caso del Fondo de Asilo, Migración e Integración y para el Fondo de Seguridad Interior, la DG HOME solo indica un porcentaje de error del que ya se han deducido las correcciones financieras, lo que deja sin aclarar las correcciones efectuadas y el porcentaje real de error en 2017;
95. Toma nota de la observación del Tribunal de que la excesiva complejidad de la burocracia podría ser una de las razones del aumento del número de créditos de compromiso pendientes y recomienda a la Comisión que simplifique los requisitos reglamentarios introducidos para las autoridades nacionales que intervienen en la gestión del FAMI y el FSI, a fin de facilitar un uso más rápido de los fondos disponibles y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de los gastos del FAMI y el FSI;
96. Señala que el Tribunal detectó incoherencias en la forma en que los Estados miembros trataron la admisibilidad del impuesto sobre el valor añadido declarado por los organismos públicos, y pide a la Comisión que proporcione orientaciones a los Estados miembros en relación con la ejecución del FAMI/FSI, especificando que, cuando los organismos públicos ejecutan las acciones de la Unión, la cofinanciación de esta no puede superar el gasto total subvencionable sin IVA;
97. Recomienda que:
a) la Comisión defina y aplique una política migratoria equilibrada e integral basada en los principios de solidaridad y asociación en lugar de considerarla una cuestión de gestión de crisis;
b) la DG HOME introduzca un indicador clave del rendimiento relacionado con la situación de los migrantes más vulnerables, y en particular los niños migrantes y las mujeres y niñas refugiadas, para prevenir y evitar los abusos y la trata;
c) la DG HOME facilite sistemáticamente porcentajes de error en el momento del pago y el porcentaje de error residual;
d) la Comisión exija a los Estados miembros que, en las cuentas anuales de sus programas nacionales del FAMI y el FSI, desglosen los importes notificados según su naturaleza, a saber: recuperaciones, prefinanciación y gastos realmente efectuados; y notifique el gasto real por fondo en sus informes anuales de actividades a partir de 2018;
98. Expresa su profunda preocupación por las deficiencias detectadas en la gestión y el control de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO); considera inaceptable que la Comisión no haya procedido a una supervisión eficaz ni haya intervenido con prontitud para resolver la situación; pide a la Comisión un seguimiento constante de las agencias que operan en el marco de la rúbrica 3;
99. Señala que los fondos de la Unión previstos para el desarrollo corren el riesgo de ser utilizados para otros fines, como la lucha contra la migración ilegal o acciones militares;
100. Señala que, respecto de 2017, el Tribunal halló el máximo nivel de error estimado en el gasto correspondiente al ámbito «Competitividad para el crecimiento y el empleo», con un 4,2 %; señala que se trata de gastos gestionados directamente por la Comisión, y de los que la Comisión es la responsable única y directa; espera que la Comisión adopte un plan de acción urgente para mejorar la situación y aplique todas las medidas a su disposición para rebajar el nivel de error en el gasto;
101. Lamenta que, de las 130 operaciones examinadas por el Tribunal, 66 (el 51 %) presentaran errores, y que en 17 casos de errores cuantificables cometidos por los beneficiarios, la Comisión o el auditor independiente contaran con suficiente información en la solicitud de reembolso (por ejemplo, un tipo de cambio incorrecto o un coste incurrido fuera del periodo de declaración), para evitar el error, o bien detectarlo y corregirlo, antes de aceptar el gasto; destaca que si la Comisión hubiese utilizado adecuadamente toda la información de que disponía, el nivel de error estimado en este capítulo habría sido 1,5 puntos porcentuales menor;
102. Insta a la Comisión a que tome todas las medidas necesarias para mejorar el uso de la información de que dispone para evitar y subsanar errores antes de proceder al pago, a fin de volver a la tendencia positiva de reducción del porcentaje de error registrada en ejercicios anteriores (del 5,6 % en 2014, al 4,4 % en 2015 y al 4,1 % en 2016);
103. Observa que el Tribunal no ha facilitado un porcentaje de error separado para seguridad y ciudadanía, pues solo una pequeña parte (2 %) de los pagos presupuestarios de 2017 se refieren a este ámbito, pero señala que la DG HOME presentaba los siguientes porcentajes de error en su informe anual de actividades, y que el Tribunal no los comprobó:
a) Solidaridad y gestión de los flujos migratorios (SOLID): porcentaje de error detectado del 2,26 % y porcentaje de error residual del 0,75 %;
b) Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), Fondo de Seguridad Interior (FSI): porcentaje de error detectado del 0 % y porcentaje de error residual del 1,54 %;
c) gestión indirecta de agencias descentralizadas: porcentaje de error residual inferior al 2 %;
104. Toma nota de que para 2017, el Tribunal no ha calculado un porcentaje de error para los fondos de la Unión gastados en la rúbrica 4 del MFP «Europa global» y que esta decisión se tomó a raíz de la estrategia general del Tribunal de reducir sus pruebas sustantivas y recurrir en parte al denominado «trabajo de otros»;
105. Toma nota de la evolución positiva del porcentaje de error residual determinado por los estudios del porcentaje de error residual encargados por la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo (DG DEVCO) y la Dirección General de Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación (DG NEAR), y toma nota de que la estimación más probable del porcentaje de error residual para las operaciones de la DG DEVCO era del 1,18 %, frente al 1,67 % de 2016 y el 2,2 % de 2015, mientras que en el caso de las operaciones de la DG NEAR el porcentaje de error residual fue del 0,67 %;
106. Observa, no obstante, que el porcentaje de error residual de la DG DEVCO y la DG NEAR no se refiere a una muestra de todos los pagos relativos a los proyectos en curso, sino que se ha calculado únicamente a partir de los contratos cerrados a los que ya se han aplicado todos los controles y comprobaciones, con la consecuencia de que solo se han analizado pagos anteriores a 2017, pero no el porcentaje real de error en 2017;
107. Toma nota de que el Tribunal consideró que los estudios del porcentaje de error residual eran en general adecuados a su finalidad, aunque se mostraba muy preocupado por la calidad de dichos estudios;
108. Toma nota con preocupación de que, a pesar de los buenos resultados en términos de porcentaje de error, el único ámbito de gasto con un porcentaje de error indicativo superior al 2 % es «Gestión directa - Subvenciones», con unos porcentajes de error del 2,80 % para la DG NEAR y del 2,12 % para la DG DEVCO;
109. Pide a la Dirección General de Investigación e Innovación (DG RTD) que publique sus recomendaciones específicas por país en su informe anual de actividades;
110. Pone de relieve las conclusiones muy negativas del Tribunal de Cuentas Europeo sobre las asociaciones público-privadas(5) (APP) y la recomendación del Tribunal de que no se promueva un uso más intensivo y generalizado de estas en la Unión; pide a la Comisión que tenga plenamente en cuenta esta recomendación en relación con las APP en los países en desarrollo, en los que el entorno para una aplicación satisfactoria de las APP es aún más difícil que en la Unión;
111. Acoge favorablemente los resultados obtenidos con los tres ejes del Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social (EaSI) en 2017; pone de relieve la importancia del apoyo del EaSI y, en particular, de sus ejes «Progress» y «Red europea de servicios de empleo (EURES)», para la aplicación del pilar europeo de derechos sociales; observa con preocupación, no obstante, de que la sección temática de emprendimiento social dentro del eje «Microfinanciación y emprendimiento social» del EaSI sigue registrando resultados poco satisfactorios; valora positivamente que la Comisión esté colaborando estrechamente con el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) para garantizar su compromiso con la plena utilización de los recursos de la sección temática de emprendimiento social;
112. Toma nota con satisfacción de que, con la cofinanciación de la Unión en el marco de Horizonte 2020, Gérard Mourou ganó junto con otros investigadores el premio Nobel de Física por su investigación sobre rayos láser ultracortos y ultranítidos que facilitan la cirugía ocular refractiva, y asimismo de que el Consorcio Internacional de Investigación de Enfermedades Raras (IRDIRC) logró su objetivo de presentar 200 nuevas terapias para enfermedades raras tres años antes de lo previsto;
113. Toma nota además de que a través de las acciones Marie Skłodowska-Curie, Horizonte 2020 ha financiado a 3 600 investigadores en todas las fases de su carrera profesional, con independencia de su edad y su nacionalidad, y que dos de los tres investigadores a los que se concedió el premio Nobel de Química de 2017 por optimizar los microscopios electrónicos han participado en acciones Marie Skłodowska-Curie y otros proyectos de investigación financiados por la Unión;
114. Acoge con satisfacción el lanzamiento de la primera fase del proyecto piloto del Consejo Europeo de Innovación en octubre de 2017 como parte del programa de trabajo de Horizonte 2020 para 2018-2020, con una dotación de 2 700 millones de euros, cuyo objetivo es ayudar a innovadores, empresas emergentes, pequeñas empresas e investigadores de excelencia que aporten ideas brillantes radicalmente distintas de los productos, servicios o modelos de negocio existentes, supongan un riesgo elevado y tengan potencial de extenderse a escala internacional;
115. Toma nota de que la Comisión está examinando la posibilidad de extender aún más el uso de la opción de costes simplificados, en particular mediante la financiación a tanto alzado;
116. Toma nota de que, según el cuadro europeo de indicadores de la innovación, los resultados de la Unión en innovación han mejorado en un 5,8 % desde 2010; observa, sin embargo, que no ha habido convergencia entre los Estados miembros de la Unión; observa que los siguientes países son los que más se benefician de los fondos de Horizonte 2020 (Contribución neta solicitada por los participantes de la Unión en euros): Alemania 5 710 188 927,80 / Reino Unido 5 152 013 650,95 / Francia 3 787 670 675,13; pide a la Comisión que dedique más atención al reparto geográfico de los fondos destinados a la investigación con miras a contribuir a la igualdad de condiciones para el crecimiento y el empleo en el espacio europeo de la investigación;
117. Toma nota de que la Comisión admite que hay algunas deficiencias en el marco de rendimiento de Horizonte 2020 que hacen difícil evaluar los progresos del programa en relación con todos sus objetivos en un momento determinado; confía en que las propuestas para el programa Horizonte Europa en el próximo MFP aborden estas deficiencias, y lamenta que no se hayan tomado en consideración medidas para mejorar el marco de rendimiento en el periodo actual;
118. Observa que el informe anual de actividades de la DG RTD menciona seis porcentajes de error diferentes, tres para el Séptimo Programa Marco y tres para Horizonte 2020; destaca que un enfoque de este tipo no facilita la transparencia y la rendición de cuentas y debe mejorarse inmediatamente; admite, no obstante, que se trata de dos programas diferentes en dos periodos de financiación diferentes;
119. Destaca que la DG HOME ha gestionado un presupuesto de 1 831 millones de euros para migración y 313,75 millones de euros para seguridad y que el presupuesto total de 6 900 millones de euros en el marco financiero plurianual 2014-2020 se ha visto reforzado sustancialmente de 2015 a 2017, con 3 900 millones de euros;
120. Toma nota de que el presupuesto gestionado por la DG HOME y su dotación de personal se han incrementado a fin de hacer frente al aumento de las actividades en el contexto de la crisis de la migración y las amenazas a la seguridad interior; observa que en términos de recursos humanos, al finalizar 2017 el personal de la DG HOME contaba con 556 miembros, frente a 480 en 2016;
121. Observa con preocupación que el ritmo de utilización de los recursos gestionados por la DG HOME dio lugar a un incremento del 24 % del total de los compromisos pendientes de pago al acabar 2017 y que la buena tasa de utilización de 2017 es consecuencia de que parte de los créditos de compromiso se prorrogaron a 2018;
122. Expresa su preocupación ante las significativas deficiencias identificadas en los sistemas de gestión y de control de la EASO, que justificaron la adopción de una reserva por motivos de reputación; destaca, sin embargo, que la DG HOME ha reaccionado introduciendo un proceso de codecisión por parte de la junta ejecutiva y ha establecido una nueva gestión de la EASO para controlar la situación;
123. Reitera su petición de que las líneas presupuestarias del programa «Derechos, Igualdad y Ciudadanía» 2014-2020 especifiquen los recursos asignados a cada uno de los objetivos del programa dedicados a la igualdad de género, a fin de que se prevea una rendición de cuentas adecuada de los fondos destinados a este fin;
124. Reitera su llamamiento para que se incluya una línea presupuestaria separada para el objetivo específico Daphne al objeto de mostrar el compromiso de la Unión con la lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas; pide que se incrementen los recursos en esta línea presupuestaria y se invierta la tendencia a la baja de los fondos destinados a Daphne en el periodo 2014-2020; pide un esfuerzo constante para aumentar el conocimiento público de las subvenciones incluidas en el objetivo específico Daphne, junto con medidas para que los procedimientos administrativos correspondientes sean más sencillos;
125. Señala que examen del Tribunal relativo a la regularidad de las operaciones ha puesto de manifiesto que la Comisión ha reforzado sus sistemas de control, lo que ha dado lugar a un número de errores proporcionalmente menor que en anteriores ejercicios de la declaración de fiabilidad;
126. Toma nota de que el Tribunal también ha verificado el rendimiento de siete proyectos; celebra que los siete proyectos dispusieran de indicadores de rendimiento pertinentes y que el marco estuviera bien estructurado y presentara resultados realizables;
127. Toma nota del Informe Especial del Tribunal titulado «Asistencia de la UE a Myanmar/Birmania», así como de la respuesta de la Comisión; acoge con satisfacción, en este sentido, que la Unión haya asumido un papel protagonista en el apoyo a las prioridades de desarrollo en un contexto difícil y con recursos humanos limitados; señala, no obstante, que se ha constatado que la ayuda de la Unión solo fue parcialmente eficaz; respalda al Tribunal cuando subraya la necesidad de prestar mayor atención a la movilización de los ingresos nacionales, en particular en las economías emergentes; manifiesta su gran preocupación, en vista de las atrocidades documentadas cometidas por el ejército de Myanmar, ante el continuo apoyo presupuestario sectorial prestado a Myanmar/Birmania con cargo al presupuesto de la Unión;
128. Pide que, tomando como ejemplo la política europea de vecindad, se adopte un enfoque en materia de desarrollo que se base en incentivos. mediante la introducción del principio de «más por más»; considera que un país debe recibir más apoyo de la Unión cuanto más y más rápido avance en sus reformas internas para la construcción y consolidación de las instituciones democráticas, el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho;
129. Subraya la importancia de aumentar la asignación de fondos destinados a apoyar la buena gobernanza, la democracia y el Estado de Derecho en los países en desarrollo para impulsar instituciones responsables y transparentes, apoyar el desarrollo de capacidades y fomentar la toma de decisiones participativa y el acceso público a la información;
130. Llama la atención sobre la magnitud y las consecuencias de la pobreza energética en los países en desarrollo y sobre la vigorosa contribución de la Unión a los esfuerzos por reducir este tipo de pobreza; subraya la necesidad de que los gobiernos y las partes interesadas de los países afectados lleven a cabo una labor intensa y concertada para reducir la pobreza energética;
131. Observa con preocupación que el Tribunal ha detectado errores recurrentes de sobreliquidación de gastos en pagos intermedios;
132. Lamenta una vez más que los informes de gestión de la ayuda exterior emitidos por los jefes de las delegaciones de la Unión no se adjunten a los informes anuales de actividades de la DG DEVCO y la DG NEAR, como prevé el artículo 67, apartado 3, del Reglamento Financiero; lamenta que estos informes se consideren confidenciales sistemáticamente, pese a que, de conformidad con el artículo 67, apartado 3, del Reglamento Financiero, «se pondrán a disposición del Parlamento Europeo y del Consejo, teniendo debidamente en cuenta, si procede, su confidencialidad»;
133. Observa con preocupación la gran concentración de contratos adjudicados a un número muy limitado de agencias nacionales de desarrollo. con el consiguiente riesgo de renacionalización de la política de desarrollo de la Unión, lo que es contrario al objetivo de una mayor integración de la política exterior de la Unión; insta a la Comisión a que no solo facilite el acceso a la evaluación por pilares a la autoridad de aprobación de la gestión, sino que haga público este acceso; observa con preocupación, en este sentido, el sesgo comercial de esas entidades nacionales invocado por la Comisión para restringir el acceso a dicha información; pide a la Comisión que refuerce y consolide, cuanto antes, el control de los procedimientos de licitación y contratación para evitar toda distorsión de la competencia entre este número limitado de agencias nacionales fuertemente subvencionadas y otras entidades públicas y privadas con clara vocación europeísta;
134. Observa con preocupación la conclusión a la que ha llegado el Tribunal de que los estudios del porcentaje de error residual presentan ciertas limitaciones, pues se trata de estudios y no de auditorías, por lo que no se atienen a las normas internacionales de auditoría y sus verificaciones de la contratación pública son muy limitadas;
135. Pide a la DG NEAR y a la DG DEVCO, para el estudio del porcentaje de error residual a partir de 2019, que faciliten al contratista que lo realice unas directrices más precisas sobre el control de los procedimientos de contratación pública de segundo nivel y que estratifiquen la población del estudio en función del riesgo inherente de los proyectos, dando mayor importancia a las subvenciones de gestión directa y menos a las operaciones de apoyo presupuestario;
136. Pide a la Comisión que tome las medidas necesarias para subsanar las deficiencias detectadas por su propio Servicio de Auditoría Interna y que transforme el informe sobre la gestión de la ayuda exterior en un documento fiable y totalmente público que corrobore de manera adecuada la declaración de fiabilidad de los jefes de delegación y del director general de la DG DEVCO;
137. Considera que, al conceder ayuda exterior, la Comisión debe prestar más atención al respeto de los derechos humanos, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, y del Estado de Derecho en los países receptores;
138. Manifiesta su preocupación por la falta de visibilidad de la financiación conjunta de la Unión para proyectos; insta a la Comisión a mejorar la visibilidad y la complementariedad de las acciones de los diferentes instrumentos;
139. Manifiesta su gran preocupación por la continua tendencia que muestran las propuestas recientes de la Comisión a hacer caso omiso de disposiciones jurídicamente vinculantes del Reglamento (UE) n.º 233/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo(6) en lo que respecta a los gastos subvencionables a efectos de la ayuda pública al desarrollo (APD) y a los países que pueden optar a financiación del Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD); recuerda que la legalidad del gasto de la Unión es un principio clave de la buena gestión financiera y que las consideraciones políticas no deben prevalecer sobre disposiciones jurídicas claramente especificadas; recuerda que el ICD es, en primer lugar y ante todo, un instrumento destinado a luchar contra la pobreza;
140. Lamenta que, desde 2012, la DG DEVCO de la Comisión haya tenido que emitir, en todos sus informes anuales de actividad, una reserva sobre la regularidad de las operaciones subyacentes, que apunta a graves deficiencias en la gestión interna;
141. Observa que en 2017 el programa LIFE celebró sus 25 años de existencia; destaca que este programa aportó 222 millones de euros para cofinanciar 139 proyectos nuevos; subraya la necesidad de hacer nuevos esfuerzos para reducir los retrasos en los pagos realizados en el marco del programa LIFE, ya que en 2017 el 5,8 % de los pagos se realizaron una vez expirados los plazos legales (3,9 % en 2016 y 12 % en 2015);
142. Señala que la evaluación intermedia del programa LIFE, que abarca el periodo 2014‑2015, se publicó en 2017; observa que, dado que la mayor parte de los proyectos aún debían dar comienzo y eran pocos los proyectos finalizados, esa evaluación se centró sobre todo en los procesos establecidos para alcanzar los objetivos del programa LIFE, y que en ella se llegó a la conclusión de que el programa aporta valor añadido de la Unión, aunque se señalaron posibles mejoras; destaca que los procedimientos de gestión de las subvenciones, en particular los procesos de solicitud y presentación de informes, no solo deben simplificarse, sino también acelerarse significativamente;
143. Observa que las condiciones de la decisión de externalización para la cooperación con la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (EASME) en lo tocante al personal hacen que la situación del personal en la Dirección General de Medio Ambiente (DG ENV) sea muy precaria por lo que se refiere a las actividades relacionadas con el programa LIFE, lo que podría requerir un nuevo examen de los métodos y acuerdos de trabajo dentro de la Dirección General;
144. Destaca que los sistemas de control interno de la DG ENV y la Dirección General de Acción por el Clima (DG CLIMA) que fueron objeto de una auditoría son solo eficaces de forma parcial, dado que aún deben tenerse en cuenta algunas recomendaciones muy importantes en consonancia con los planes de acción acordados;
145. Destaca que la DG CLIMA y la DG BUDG se ocupan de la supervisión del objetivo del 20 % en lo relativo a la integración de la dimensión climática en el marco financiero plurianual, y que la DG CLIMA apoya a otras direcciones generales en la integración de la dimensión climática en sus actividades; lamenta que, en 2017, tan solo el 19,3 % del presupuesto de la Unión se destinara a actividades relacionadas con el clima, y que se calcule que el promedio para el periodo 2014-2020 será de solo el 18,8 %;
146. Manifiesta su preocupación por que en el informe anual de actividades de la DG CLIMA de 2017 se haya reiterado la reserva por motivos de reputación relativa a las importantes deficiencias de seguridad que se han detectado y aún persisten en el registro de la Unión del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE UE);
147. Lamenta que la tasa media de error residual de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria (DG SANTE) fuera del 2,5 % para la actividad global en el ámbito de la seguridad de los alimentos y los piensos en 2017, superando así el umbral de importancia relativa del 2 %; observa que ello se debe a las declaraciones excesivas de costes de los Estados miembros en el contexto de los cambios estructurales introducidos en la gestión y los controles de las declaraciones en un Estado miembro; pide a la DG SANTE que adopte todas las medidas necesarias para garantizar que esta situación no se repita en el futuro, aumentando, por ejemplo, la utilización de las medidas de simplificación contempladas en el Reglamento Financiero;
148. Destaca que la DG SANTE publicó en 2017 la evaluación intermedia del marco financiero común para la cadena alimentaria 2014-2020, en la que se llega a la conclusión de que el marco actual funciona correctamente y ha contribuido a crear valor añadido de la Unión; observa que la Comisión, siguiendo las recomendaciones del Tribunal, está trabajando en el desarrollo de una metodología de análisis de rentabilidad en el ámbito de la cadena alimentaria, con el fin de reforzar las futuras evaluaciones económicas de las intervenciones financiadas por la Unión;
149. Observa que en 2017 la Comisión seleccionó 152 proyectos para una financiación total del MCE – Transporte por valor de 2 700 millones de euros, con una inversión total de 4 700 millones de euros si se incluyen otras financiaciones públicas y privadas; reitera la importancia del instrumento de financiación del MCE para la realización de la red transeuropea de transporte (RTE-T), para la creación de un espacio único europeo de transporte, para el desarrollo de los enlaces transfronterizos y para la realización de los enlaces que faltan;
150. Pide a los coordinadores de la RTE-T que lleven a cabo una evaluación exhaustiva de los proyectos completados y las mejoras logradas en los corredores de la RTE-T durante el actual periodo de programación, y que la presenten a la Comisión y al Parlamento;
151. Insta a la Comisión a presentar con claridad para el sector del transporte una evaluación del impacto del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) en otros instrumentos financieros, en particular en relación con el MCE, así como sobre la coherencia del Instrumento de Deuda del MCE con otras iniciativas de la Unión, con suficiente antelación respecto de la propuesta para el próximo MFP; pide que esta evaluación incluya un análisis nítido del equilibrio geográfico de las inversiones en el sector del transporte; recuerda, no obstante, que el importe de los fondos utilizados en el marco de un instrumento financiero no debe considerarse el único criterio pertinente que debe utilizarse al evaluar su rendimiento; pide, por tanto, a la Comisión que profundice en su evaluación de los resultados obtenidos en el contexto de los proyectos de transporte financiados por la Unión y que cuantifique su valor añadido;
152. Se felicita de los resultados de la convocatoria de financiación combinada para el MCE publicada en 2017 y de la decisión de incrementar su presupuesto a 1 350 millones de euros, lo que confirma la pertinencia y el valor añadido de la utilización de subvenciones de la Unión para combinarlas con financiación del Banco Europeo de Inversiones o los bancos nacionales de fomento u otras instituciones financieras públicas y de desarrollo, así como de instituciones financieras e inversores del sector privado, también a través de asociaciones público-privadas; opina que, por lo tanto, el MCE debe seguir apoyando acciones que permitan combinar subvenciones de la Unión y de otras fuentes de financiación, manteniendo al mismo tiempo las subvenciones como principal instrumento de financiación;
153. Observa que el Servicio de Auditoría Interna de la Comisión, en el marco de su auditoría sobre la supervisión de la Comisión de la ejecución de los instrumentos financieros del MCE, constató que existía un porcentaje muy bajo de ejecución de los instrumentos financieros en el marco del MCE y que la mayor parte del presupuesto asignado inicialmente a los instrumentos financieros del MCE (2 430 millones de euros) se reasignó a las líneas presupuestarias de subvenciones del MCE, dejando solo 296 millones de euros disponibles para los instrumentos financieros del MCE hasta 2020; observa asimismo que una de las razones esgrimidas fue que los criterios de subvencionabilidad de los instrumentos financieros del MCE y del FEIE se solapan en gran medida y que los proyectos subvencionables del MCE han sido financiados de hecho por el FEIE, ya que tiene una mayor prioridad política y un alcance más amplio; pide a la Comisión, en lo referente al MCE, que mejore el grado de concienciación de los beneficiarios sobre las normas de subvencionabilidad, especialmente mediante el establecimiento de una distinción clara entre un contrato de ejecución y un subcontrato, que fue la principal fuente de confusión entre los beneficiarios; pide a la Comisión que vele por que los instrumentos financieros se complementen en vez de sustituirse;
154. Observa que 2017 fue el primer año de la campaña de auditoría del programa MCE y que se necesitarán de dos a tres años más de auditoría del MCE para lograr un cálculo del porcentaje de error fiable para todos los sectores del MCE; se felicita, no obstante, de que los errores detectados en las auditorías del MCE y la RTE-T concluidas en 2017 fueran muy bajos;
155. Expresa su preocupación por el hecho de que el Servicio de Auditoría Interna de la Comisión detectara deficiencias significativas en el actual sistema de control de la política de seguridad aérea y marítima de la Dirección General de Movilidad y Transportes (DG MOVE) y formulara tres recomendaciones muy importantes; pide a la DG MOVE que aplique plenamente el plan de acción que ha elaborado para hacer frente a los riesgos detectados;
156. Celebra los logros obtenidos en estos treinta años por el programa Erasmus, que, desde 1987, ha permitido participar en sus actividades de movilidad a nueve millones de personas, entre ellas jóvenes, universitarios y, en los últimos tiempos, personal educativo; subraya el gran valor añadido europeo del programa y su papel como inversión estratégica en los jóvenes europeos;
157. Señala que son necesarios mayores esfuerzos para que puedan acceder al programa Erasmus los grupos marginados, en particular las personas con discapacidad y con necesidades educativas especiales, las personas en situación geográfica desfavorable, las que abandonan prematuramente los estudios, las pertenecientes a una minoría o las que se encuentran en una situación socioeconómica desfavorable, etc.;
158. Muestra su alarma por la escasa utilización del Mecanismo de Garantía de Préstamos a Estudiantes del programa Erasmus+, así como por su insuficiente cobertura geográfica, que se limita a bancos de tres países y a universidades de otros dos; insta a la Comisión y al Fondo Europeo de Inversiones a que establezcan una estrategia de aplicación para maximizar la eficacia del Mecanismo hasta 2020, o bien a que faciliten la redistribución de los fondos no utilizados del propio programa y permitan una mejor cobertura de la financiación de las acciones en cada capítulo;
159. Manifiesta su preocupación por los bajos porcentajes de éxito de los proyectos en el marco del programa Europa para los Ciudadanos y del subprograma Cultura del programa Europa Creativa (21 % y 22 % respectivamente en 2017); subraya que es decisivo contar con un nivel de financiación más adecuado para subsanar estos resultados insatisfactorios, que resultan contraproducentes para los objetivos del propio programa al disuadir a los ciudadanos de participar;
160. Destaca el papel de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) en la ejecución de los tres programas de cultura y educación: expresa su preocupación, no obstante, por las deficiencias de control interno de la EACEA detectadas por una auditoría de la gestión de las subvenciones en el ámbito de Erasmus+ y Europa Creativa; observa que el Servicio de Auditoría Interna de la Comisión detectó insuficiencias en el proceso de gestión de subvenciones del programa Erasmus+ por parte de la EACEA; opina, por tanto, que la Comisión y la EACEA no deben tener dificultades a la hora de adoptar las medidas correctoras necesarias para garantizar la plena transparencia y la máxima calidad de la ejecución de los programas culturales y educativos;
GESTIÓN INDIRECTA E INSTRUMENTOS FINANCIEROS
161. Señala que, en 2017, la Comisión firmó contratos con agencias de las Naciones Unidas por un valor de casi 253,5 millones de euros de contribuciones con cargo al presupuesto de la Unión, siendo los mayores beneficiarios el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (119,21 millones de euros), el Unicef (29,34 millones de euros) y la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (20,05 millones de euros), y contratos con el Banco Mundial por un valor de 174,11 millones de euros;
162. Dado el cambio en las modalidades de ayuda, de las subvenciones directas a los fondos fiduciarios y la financiación combinada, también a través del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible, pide al Consejo, a la Comisión y al Banco Europeo de Inversiones que celebren un acuerdo interinstitucional con el Parlamento Europeo en materia de transparencia, rendición de cuentas y control parlamentario sobre la base de los principios que se establecen en el nuevo Consenso Europeo en materia de Desarrollo;
163. Acoge con satisfacción las recomendaciones del Tribunal para mejorar la transparencia de los fondos de la Unión ejecutados por las ONG que se publicaron en el informe especial n.° 2018/35, donde recomienda a la Comisión, entre otras cosas, que mejore la fiabilidad de la información sobre las ONG en su sistema contable y la información recogida sobre los fondos ejecutados por las ONG; pide, por tanto, a la Comisión que aplique estas propuestas antes de que finalice el mandato actual;
164. Reconoce plenamente la complejidad de numerosos retos y la necesidad de acciones de respuesta multifacéticas y complementarias, pero insiste en la necesidad de claridad en las modalidades de financiación y de respetar los compromisos internacionales;
165. Observa que el número de instrumentos financieros ha aumentado considerablemente, creando nuevas posibilidades de financiación combinada en el sector del transporte y, al mismo tiempo, un complejo entramado de acuerdos en torno al presupuesto de la Unión; manifiesta su preocupación por la posibilidad de que estos instrumentos, junto con el presupuesto de la Unión, rebajen el nivel de rendición de cuentas y transparencia, ya que la comunicación de información, la auditoría y el control público no están armonizados; pide a la Comisión que estudie la manera de reformar el sistema presupuestario de la Unión, en particular el mejor modo de garantizar que las disposiciones generales de financiación no sean más complejas de lo necesario para cumplir los objetivos políticos de la Unión y garantizar la rendición de cuentas, la transparencia y la auditabilidad;
166. Destaca que la autoridad presupuestaria aumentó la garantía del FEIE de 16 000 millones de euros a 26 000 millones de euros y el objetivo de volumen de inversiones, de 315 000 millones de euros a 500 000 millones de euros, y que a finales de 2017, el Grupo BEI había firmado contratos por un valor de 36 700 millones de euros (2016: 21 300 millones de euros);
167. Observa que, según el Tribunal, el 64 % del valor total de los contratos del FEIE que había firmado el Grupo BEI al terminar 2017 se concentraba en seis Estados miembros: Francia, Italia, España, Alemania, el Reino Unido y Polonia;
168. Lamenta que solo el 20 % de la financiación del FEIE haya apoyado proyectos que contribuyen a la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, mientras que la cartera tipo del BEI ha alcanzado el umbral del 25 %; pide a la Comisión que proponga opciones financieras o de financiación sostenibles y un entorno de inversión propicio que refleje los compromisos y los objetivos generales de la Unión, con miras a fomentar la innovación y la cohesión económica, social y territorial en la Unión, además de reforzar la dimensión social de la inversión reduciendo el déficit de inversión en el sector social y en lo que se refiere a la seguridad de las infraestructuras;
169. Pide a la Comisión que garantice que los órganos de gestión del FEIE tengan en cuenta a la hora de firmar contratos la necesidad de un adecuado equilibrio geográfico, y que informe al Parlamento sobre los progresos realizados;
170. Señala que, en cuanto a los pagos, la Comisión invirtió en 2017 11 200 millones de euros en el ámbito de la investigación y la innovación (I+i), de los que el 58 % fue objeto de gestión directa y el 42 % se asignó a través de organismos habilitados, y que de estos, el 18,2 % (583 millones de euros) se ejecutó a través de empresas conjuntas y el 16,8 % (540 millones de euros) se distribuyó a través del Banco Europeo de Inversiones y del Fondo Europeo de Inversiones;
171. Pide a la Comisión que informe a la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento en el segundo semestre de 2019 de la utilización y los resultados de los instrumentos financieros en el ámbito de la investigación;
172. Señala que para la ayuda a terceros países se han utilizado cada vez más modelos de financiación alternativos (fondos fiduciarios y el Mecanismo para los refugiados en Turquía), lo que aumenta la complejidad de las estructuras financieras existentes; reconoce, sin embargo, que estos instrumentos permitieron reaccionar con rapidez a circunstancias difíciles y ofrecen flexibilidad;
173. Señala que la puesta en común de los recursos procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), el presupuesto de la Unión y otros donantes no debería tener como consecuencia que el dinero destinado a la política de cooperación y desarrollo no llegue a sus beneficiarios normales ni persiga sus objetivos originales, como la erradicación de la pobreza y la promoción de los derechos fundamentales;
174. Señala que el mayor uso de fondos fiduciarios también se deriva de las limitaciones en la flexibilidad que permite actualmente el presupuesto de la Unión;
175. Destaca que el creciente recurso a otros mecanismos financieros para llevar a cabo políticas de la Unión en paralelo con el presupuesto de la Unión puede rebajar el nivel de rendición de cuentas y de transparencia al no estar armonizados la información, la fiscalización y el control público; pide, por tanto, a la Comisión que considere poner fin a los fondos fiduciarios, especialmente cuando su carácter «urgente» no esté bien justificado, cuando no consigan atraer contribuciones significativas de otros donantes y cuando haya riesgo de que se cometan violaciones de los derechos fundamentales o intervengan autoridades de terceros países que no respetan los derechos fundamentales;
Mecanismo para Turquía
176. Señala que en su Informe Especial 27/2018 sobre el Mecanismo para los refugiados en Turquía, el Tribunal concluyó que, en un contexto difícil, el Mecanismo para los refugiados en Turquía había movilizado rápidamente 3 000 millones de euros para responder con prontitud a la crisis de los refugiados, pero no había logrado su objetivo de coordinar eficazmente la respuesta ni había resultado suficientemente rentable; pide a la Comisión que aplique todas las recomendaciones formuladas por el Tribunal sobre el Mecanismo para los refugiados en Turquía, en particular a través de la mejora del seguimiento y de la información sobre los proyectos de ayuda en efectivo, así como del entorno operativo para las organizaciones no gubernamentales (internacionales), en colaboración con las autoridades turcas, y que vele por que los fondos se destinen estrictamente a proyectos centrados en los refugiados y no a otros fines; pide a la Comisión que informe periódicamente al Parlamento sobre la compatibilidad de las acciones financiadas con la base jurídica correspondiente;
177. Toma nota asimismo de que, según el Tribunal, los proyectos fiscalizados prestaron apoyo útil a los refugiados y la mayoría de ellos han completado sus realizaciones, aunque la mitad todavía no haya producido los efectos esperados;
178. Observa que la defensora del pueblo europea ha llegado a la conclusión de que la Comisión debe hacer un mayor esfuerzo para garantizar que la Declaración UE-Turquía respete los derechos fundamentales de la Unión y pide, por lo tanto, a la Comisión que incluya sistemáticamente consideraciones relativas a los derechos fundamentales en sus decisiones en el marco de este Mecanismo, en particular, a través de evaluaciones de impacto en los derechos fundamentales; pide a la Comisión que informe periódicamente al Parlamento Europeo sobre esta cuestión;
179. Lamenta que una investigación de EIC (European Investigative Collaborations) haya suscitado dudas sobre el uso dado a los fondos del Mecanismo; pide a la Comisión que investigue de forma exhaustiva esta cuestión e informe al Parlamento de los resultados;
180. Pide a la DG DEVCO que para 2020, revise las directrices existentes para los beneficiarios de los proyectos ejecutados en régimen de gestión indirecta, con el objetivo de garantizar que las actividades previstas se ejecuten dentro de plazo y contribuyan a la utilización práctica de las realizaciones de los proyectos a fin de obtener la mayor rentabilidad;
181. Toma nota de que el Tribunal indica que el nivel de error en el gasto de «Administración» no era significativo; observa con preocupación, sin embargo, que el porcentaje de error aumentó en comparación con el año anterior (0,55 % en 2017 y 0,2 % en 2016);
182. Observa que, aunque el Tribunal no halló insuficiencias significativas, sí detectó ámbitos recurrentes donde había margen de mejora;
Grupo Internacional de Gestión (GIG)
183. Señala que el Tribunal de Justicia de la Unión, en su sentencia judicial firme e inapelable de 31 de enero de 2019 en el asunto relativo al International Management Group (IMG)(7), anula dos decisiones de la Comisión: 1) no celebrar nuevos acuerdos de delegación para gestión indirecta con IMG a partir del 8 de mayo de 2015, y 2) reasignar 10 millones de euros de IMG al operador público alemán GIZ en relación con un contrato de asistencia técnica a la política comercial de Myanmar; señala, asimismo, que el Tribunal establece que debe decidirse el importe de la compensación económica debida a IMG por el daño causado por la decisión de la Comisión de 8 de mayo de 2015, y que la Comisión debe abandonar todas las adhesiones a la casación que ha formulado;
184. Toma nota de la conclusión del TJE según la cual los argumentos jurídicos desarrollados por la OLAF en los que basa la Comisión sus decisiones relativas a IMG constituyen un error de Derecho en términos del Derecho internacional y asimismo del Reglamento Financiero de la Unión; lamenta que, como expone el TJE, la OLAF excediera sus competencias y no tomara en consideración las obligaciones del código de garantía que el Parlamento ha reclamado con frecuencia; apoya, a este respecto, toda medida encaminada a garantizar que en la revisión en curso del Reglamento de la OLAF se establezca el necesario control de las garantías de procedimiento y las posibilidades de recurso, a fin de evitar acciones dañinas que merman la credibilidad de la Unión y la confianza que merece a los ciudadanos;
185. Toma nota asimismo de la sentencia de 13 de febrero de 2019 del Tribunal Permanente de Arbitraje, con sede en La Haya(8), según la cual la Comisión debe pagar 2 millones de euros correspondientes a gastos facturados por IMG en relación con 7 contratos de gestión conjunta firmados con la Comisión, lo que la Comisión ha rehusado sobre la base de las alegaciones contra IMG y de la investigación de la OLAF;
186. Lamenta profundamente que desde 2012 el procedimiento parlamentario de aprobación de la gestión de la Comisión no haya permitido poner de manifiesto las alegaciones falsas contra IMG ni contribuir a evitar los graves daños para IMG tanto en términos económicos como de reputación, en particular la pérdida de más de 200 empleos;
187. Insta a la Comisión a que ejecute las decisiones judiciales y reconozca plenamente el estatuto de IMG como organización internacional, que la Comisión y la OLAF han cuestionado y negado indebidamente; pide a la Comisión que tome todas las medidas necesarias para reparar y compensar los daños infligidos a IMG y para garantizar que IMG pueda participar en un procedimiento justo, con arreglo a lo establecido en el Reglamento Financiero con respecto a las organizaciones internacionales; pide a la Comisión que informe a la autoridad de aprobación de la gestión lo antes posible de las medidas que tome;
Procedimiento de nombramiento del secretario general de la Comisión
188. Expresa su insatisfacción ante las reacciones de la Comisión frente ante las justificada preocupación de los medios y la opinión pública inmediatamente posterior al nombramiento del secretario general de la Comisión Europeo, y ante las explicaciones ofrecidas por la Comisión en el debate durante el Pleno del Parlamento y en su respuesta por escrito a la Resolución del Parlamento de 18 de abril de 2018, que fueron evasivas, defensivas y legalistas y demostraron la falta de sensibilidad ante la importancia que los ciudadanos europeos conceden a la transparencia, la equidad y la apertura de los procedimientos de contratación;
189. Recuerda, en este contexto, la constatación de la defensora del pueblo de cuatro casos de mala administración en su Recomendación en los asuntos acumulados 488/2018/KR y 514/2018/KR; señala que las conclusiones de la defensora del pueblo son, en opinión de esta, similares en gran medida a las del Parlamento Europeo, y que la defensora del pueblo coincidía con la apreciación del Parlamento Europeo de que el doble nombramiento bordeó y posiblemente llegó a exceder los límites de la ley; pone de relieve la recomendación final de la defensora del pueblo a la Comisión de desarrollar un procedimiento específico para su secretario general, separado e independiente del nombramiento de otros altos cargos; lamenta, por consiguiente, la desafiante respuesta dada por la Comisión a la defensora del pueblo el 3 de diciembre de 2018, que demuestra poco discernimiento en cuanto a las cuestiones planteadas por la defensora del pueblo tras el examen de 11 000 páginas de documentación; pide al próximo Colegio de Comisarios y a su presidente que revisen el nombramiento a la luz de las conclusiones de la defensora del pueblo y de la Resolución del Parlamento;
190. Tiene en cuenta que el comisario Oettinger organizó una mesa redonda interinstitucional sobre la selección y nombramiento de altos funcionarios el 25 de septiembre de 2018, aunque la reunión no parece haber sido concluyente; pide, por consiguiente, a la Comisión que ponga en práctica el apartado 29 de la Resolución del Parlamento sobre la política de integridad de la Comisión;
191. Pide a la Comisión, así como a todas las instituciones europeas que revisen, cuando proceda, los procedimientos de nombramiento, en particular para los altos funcionarios y, en su caso, para los miembros de los gabinete, y que adopten medidas adicionales para mejorar la transparencia, la equidad y la igualdad de oportunidades en los procedimientos de nombramiento sobre la base de las conclusiones de la defensora del pueblo europea y del próximo estudio del Parlamento Europeo sobre los procedimientos de nombramiento de las instituciones de la Unión Europea; pide a la Comisión que, a más tardar el 31 de agosto de 2019, informe al Parlamento Europeo de los avances realizados;
192. Solicita la dimisión inmediata del secretario general y la organización de un concurso justo, plenamente transparente y abierto para cubrir este puesto.
193. Observa que las Escuelas Europeas recibieron 189 900 millones de euros del presupuesto de la Unión en 2017;
194. Reconoce que el examen del Tribunal de Cuentas no puso de manifiesto errores materiales en los estados financieros consolidados de las Escuelas Europeas para 2017, y que las Escuelas Europeas y la Oficina Central elaboraron sus cuentas anuales dentro del plazo legal; observa, no obstante, que el sistema de control interno de las Escuelas Europeas tiene que seguir mejorando para cumplir la recomendación formulada por el Tribunal de Cuentas y el Servicio de Auditoría Interna de la Comisión Europea;
195. Considera exasperante que después de más de quince años siga sin haberse establecido un sistema de buena gestión financiera para las Escuelas Europeas;
196. Sigue preocupado ante las significativas deficiencias de los sistemas de control interno de la Oficina Central y de determinadas Escuelas, en particular en los sistemas de pago, el marco de control y el proceso de contratación de personal;
197. Toma nota de que el Tribunal no ha podido confirmar que la gestión financiera de las Escuelas en 2017 se ajustara al Reglamento Financiero y sus normas de desarrollo; pide, por tanto, mayores esfuerzos para dar por cumplidas las recomendaciones restantes en materia de gestión de las cuentas extrapresupuestarias, mejora de los sistemas de contabilidad y control interno, así como procedimientos de contratación de personal y pago y desarrollo de las directrices para mejorar la gestión presupuestaria;
198. Reitera la opinión del Parlamento de que es urgentemente necesaria una «revisión exhaustiva» del sistema de Escuelas Europeas que tenga en cuenta la «reforma, incluidos los aspectos administrativos, financieros, organizativos y pedagógicos» y recuerda su solicitud de que «la Comisión presente un informe anual con su evaluación del estado» al Parlamento;
199. Considera inaceptable que, según la Comisión, aún sigan pendientes ocho recomendaciones críticas o muy importantes emitidas por el Servicio de Auditoría Interna de la Comisión en el periodo 2014-2017; solicita un informe sobre los avances en la aplicación de estas recomendaciones a más tardar el 30 de junio de 2019;
Seguimiento de la aprobación de la gestión de la Comisión correspondiente a 2016
200. Observa que, en la Comunicación de la Comisión sobre el seguimiento en relación con la aprobación de la gestión presupuestaria del ejercicio de 2016, la Comisión hizo una selección de las 394 cuestiones planteadas por el Parlamento en relación con el ejercicio 2016 y se abstuvo de presentar observaciones sobre 108 apartados; exige que la Comisión responda de manera detallada a todas las cuestiones planteadas por el Parlamento Europeo en las resoluciones que forman parte integrante de sus decisiones sobre la aprobación de la gestión;
201. Celebra que la Comisión haya respondido a las observaciones del Parlamento sobre los informes de gestión de la ayuda exterior y los indicadores clave de rendimiento incluidas en su Resolución, de 18 de abril de 2018, sobre la aprobación de la gestión para el ejercicio 2016(9), y que haya introducido cambios para mejorar dichos informes; señala que la Comisión ha transmitido los informes de gestión de la ayuda exterior al Parlamento sin restricciones de confidencialidad, pero lamenta que el acceso a dichos informes se haya vuelto más complicado en la práctica; espera que en el futuro se facilite el acceso del Parlamento a dichos informes;
202. Muestra su preocupación por el retraso de la Comisión a la hora de solucionar el creciente problema de la disparidad en el coeficiente corrector aplicado a los funcionarios europeos destinados en Luxemburgo, dado que en 2018 dicha disparidad ha más que triplicado (16.8 %) el umbral del 5 % previsto en el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea, con la consiguiente erosión del atractivo de Luxemburgo y la injusta discriminación de más de 11 000 funcionarios de la Unión Europea, que obliga a más de un tercio de ellos a residir en países limítrofes, agravando el tráfico transfronterizo; señala que otras instituciones internacionales establecidas en Luxemburgo ya han dado una solución positiva a este problema; insta a la Comisión a que examine el problema existente del coeficiente de corrección actual y a que adopte las medidas necesarias;
203. Señala que las evaluaciones de impacto son una parte indispensable del ciclo de las políticas; lamenta que, en ocasiones, las propuestas legislativas presentadas por la Comisión carezcan de una evaluación de impacto integral; lamenta además que, en algunos casos, la Comisión no haya tenido en cuenta los derechos fundamentales; reitera que las evaluaciones de impacto deben tener una base empírica y cumplir en todo momento los derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales;
204. Urge a la Comisión a denunciar cuanto antes, como ya se hizo en 2018 con el convenio con los médicos y dentistas, el convenio con los hospitales luxemburgueses sobre sobretarificación de la atención a los funcionarios y agentes de la Unión en Luxemburgo, que cuesta más de 2 millones de euros anuales e infringe la Directiva 2011/24/UE por lo que se refiere a la igualdad de trato de los pacientes, en consonancia con la sentencia del Tribunal de Justicia de 2000 (sentencia Ferlini);
205. Pide a la Comisión que lleve a cabo un análisis con el máximo rigor y los conocimientos más recientes sobre el impacto del diseño de los espacios abiertos, como los del nuevo edificio JMO II, en lo que respecta a los efectos sobre la productividad y la dignidad del lugar de trabajo y las condiciones laborales del personal afectado; pide a la Comisión que informe al Parlamento del resultado de este análisis;
206. Subraya la necesidad de seguir poniendo en práctica medidas activas y eficaces con objeto de evitar y combatir toda forma de acoso; hace hincapié en la urgente necesidad de contar con normas en materia de acoso y acoso psicológico y de crear una cultura ética que evite cualquier forma de abuso dentro de la Comisión y de las instituciones de la Unión;
2014 - 2017: De qué modo ha contribuido el Parlamento Europeo a establecer estructuras para una buena gestión financiera en la Comisión y en los Estados miembros
Presupuestación y auditoría basadas en el rendimiento
207. Insiste en que la planificación y la ejecución del presupuesto de la Unión Europea y la presentación de informes sobre sus resultados deben orientarse en función de las políticas;
208. Ha insistido en que la ejecución del presupuesto de la Unión Europea debe centrarse en los resultados y la consecución de efectos positivos más amplios, y en que debe modificarse la estructura del presupuesto de la Unión para cuantificar los progresos y el rendimiento;
209. Ha animado, en este contexto, a la Comisión y al Tribunal a que dediquen una mayor atención a la simplificación, a los resultados y los efectos más amplios obtenidos, a las auditorías del rendimiento y al impacto final de las políticas;
210. Desataca que todas y cada una de las auditorías deben centrarse en los ámbitos que tienen más probabilidades de error, especialmente aquellos con mayores niveles de financiación;
211. Ha colaborado estrechamente con la Comisión para desarrollar el informe de evaluación previsto en el artículo 318 de modo que se convirtiera en un informe de síntesis completo que registrase los progresos en los diferentes ámbitos de actuación, y que posteriormente pasó a ser la primera parte del anual de gestión y rendimiento;
Marco de control interno integrado
212. Ha apoyado la inclusión del artículo 63 en el Reglamento Financiero revisado, que introduce el régimen de auditoría única en la gestión compartida, insistiendo en que el buen funcionamiento de los sistemas de gestión y control a los niveles nacional y europeo es un elemento crucial en la cadena de la auditoría única; está de acuerdo en que el enfoque de auditoría única permite utilizar mejor los recursos y debe evitar la duplicación de auditorías al nivel de los beneficiarios; señala que la estrategia de auditoría única de la Comisión consiste en comprobar la fiabilidad de los resultados de auditoría y los porcentajes de error declarados anualmente por las autoridades de auditoría y supervisar su trabajo a través de un marco de control y auditoría sólido y coordinado; anima a la Comisión a seguir supervisando y revisando el trabajo de las autoridades de auditoría para garantizar un marco de auditoría común y resultados fiables;
213. Ha abogado por unas normas más claras y un mayor uso de la opción de costes simplificados, esto es, de los pagos a tanto alzado, en el marco del programa Horizonte 2020;
214. Ha insistido en reforzar las responsabilidades de las autoridades nacionales de gestión y de auditoría en la ejecución presupuestaria;
215. Ha apoyado el paso del régimen de «reembolso» (reembolso de los gastos efectuados) a un régimen de «derechos», que reduce considerablemente el riesgo de errores;
216. Ha abogado por que se refuercen los requisitos medioambientales, por que se asigne más equitativamente el apoyo a la renta con un régimen de pagos progresivos favorable a las pequeñas explotaciones y la agricultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente, y por que la PAC sea atractiva, cuanto antes y definitivamente, para los jóvenes agricultores;
217. Ha pedido que la PAC sea más ecológica sin dejar de apoyar a los agricultores;
218. Ha proporcionado financiación de la Unión para hacer frente a los crecientes retos migratorios en el periodo 2015-2018, duplicando la financiación hasta llegar a 22 000 millones de euros;
219. Ha pedido a los Estados miembros que aborden las causas profundas de la migración en coordinación con la política de desarrollo y con la política exterior;
220. Ha pedido que la política exterior de la Unión sea coherente y esté bien coordinada, y que el FED, los fondos fiduciarios y los instrumentos financieros se gestionen de manera congruente con las políticas interiores;
221. Insistió en la revisión del Código de Conducta de los Comisarios, que finalmente entró en vigor el 31 de enero de 2018;
222. Ha insistido en que se revisen los procedimientos de selección de altos cargos en las instituciones y organismos europeos y en que se publiquen todos los puestos vacantes en interés de la transparencia, la integridad y la igualdad de oportunidades;
223. Ha seguido abogando por una política de tolerancia cero con el fraude;
224. Recuerda que, para los próximos años, el artículo 247, apartado 1, letra c), del nuevo Reglamento Financiero impone a la Comisión la obligación de transmitir anualmente al Parlamento Europeo y al Consejo un conjunto integrado de informes financieros y contables, incluida la previsión a largo plazo de los flujos de entrada y de salida para los cinco años siguientes;
225. Insiste en que ese informe debe analizar el impacto de los compromisos en relación con el volumen de pagos atrasados de un marco financiero plurianual determinado;
226. Pide a la Comisión que establezca, a efectos de gestión y presentación de informes, un modo de registrar los gastos presupuestarios de la Unión que permita obtener información sobre toda la financiación relativa a la crisis de los refugiados y de la migración, así como en lo relativo a la futura política de la Unión de gestión de los flujos de migración y la integración;
227. Se pregunta por qué la Comisión utiliza dos conjuntos de objetivos e indicadores para medir el rendimiento de la gestión financiera: por un lado, los directores generales de la Comisión evalúan en sus informes anuales de actividades la consecución de los objetivos definidos en su plan de gestión y, por otro, la Comisión mide el rendimiento de los programas de gasto a través de las fichas de programa relativas a los gastos operativos que se adjuntan al proyecto de presupuesto; pide a la Comisión que elabore sus informes sobre la base de un único conjunto de objetivos e indicadores;
228. Señala que la información sobre el rendimiento se utiliza principalmente a nivel de dirección general para gestionar programas y políticas; expresa su preocupación ante el hecho de que, como la información sobre el rendimiento dedicada a cubrir las necesidades cotidianas de las direcciones generales no está alineada con las obligaciones de la Comisión de presentación de informes al exterior, las direcciones generales no suelen utilizar los principales informes de rendimiento para gestionar sus rendimiento en cuanto al presupuesto de la Unión;
229. Señala que las direcciones generales o la Comisión no tienen obligación de explicar en sus informes de rendimiento de qué manera han utilizado la información sobre rendimiento en el proceso decisorio; pide a la Comisión que incluya esta información en sus futuros informes de rendimiento;
230. Lamenta una vez más que los informes anuales de actividades no incluyan una declaración relativa a la calidad de los datos de rendimiento y que, por lo tanto, al aprobar el informe anual de gestión y rendimiento, el Colegio de Comisarios asume una responsabilidad política general por la gestión del presupuesto de la Unión, pero no por la información sobre el rendimiento y los resultados;
231. Señala que la Comunicación a la Comisión sobre la gobernanza en la Comisión Europea aprobada el 21 de noviembre de 2018 no modifica la distinción entre la «responsabilidad política de los comisarios» y la «responsabilidad operativa de los directores generales» introducida por la reforma administrativa de 2000; observa que no siempre se ha dejado claro si la «responsabilidad política» engloba la responsabilidad de los directores generales o es distinta a ella;
232. Reitera las constataciones de la auditoría de 2017 del Tribunal, que indica que «la Comisión debería utilizar mejor su propia información sobre rendimiento y desarrollar una cultura interna más centrada en dicho aspecto»; pide, en consecuencia, a la Comisión que incorpore la presupuestación basada en el rendimiento en todo el ciclo de sus políticas;
233. Lamenta la publicación cada vez más tardía del informe anual de la Comisión sobre la aplicación de los instrumentos de la Unión Europea para la financiación de la acción exterior, lo que obstaculiza en la práctica la supervisión del Parlamento y la rendición de cuentas pública, teniendo en cuenta que el informe sobre 2016 no se publicó hasta marzo de 2018 y que el informe sobre 2017 todavía está pendiente; pide a la Comisión que publique el informe sobre 2018 a más tardar a finales de septiembre de 2019 y que mantenga este calendario en los años siguientes;
234. Señala que se observaron una serie de deficiencias en los sistemas de las autoridades de los Estados miembros para medir el rendimiento, deficiencias que en gran medida se referían a proyectos completados en el periodo 2007-2013; pide a la Comisión que mejore el sistema general de medición del rendimiento, en particular introduciendo indicadores de resultados a nivel de proyecto, a fin de permitir la evaluación de la contribución de un proyecto determinado a los objetivos específicos de los programas operativos; señala que la legislación que cubre el periodo de programación 2014-2020 ha reforzado la lógica de intervención y el énfasis en los resultados;
235. Reitera su petición a la Comisión, habida cuenta de las múltiples fuentes de financiación, de que proporcione un acceso fácil a los proyectos —en forma de una ventanilla única— a fin de permitir que los ciudadanos lleven a cabo un seguimiento claro de la evolución y la financiación de las infraestructuras cofinanciadas con fondos de la Unión y del FEIE; anima, por tanto, a la Comisión a que publique, en cooperación con los Estados miembros, un resumen anual de los proyectos de transporte y turismo cofinanciados a través del FEDER y los fondos de cohesión, tal como se hace para el MCE;
236. Pide a la Comisión que
a) racionalice los informes sobre el rendimiento mediante:
– la reducción del número de objetivos e indicadores que utiliza para sus diversos informes de rendimiento, centrándose en los que permiten medir mejor la ejecución del presupuesto de la Unión;
– la mejora del alineamiento entre los objetivos generales de alto nivel y los objetivos específicos de programas y políticas;
b) establezca un mejor equilibrio de los informes sobre el rendimiento mediante una presentación clara de información acerca de los retos principales que tiene pendientes la Unión;
c) presente una declaración sobre la calidad de los datos relativos al rendimiento incluidos en los informes;
d) asuma, en el Informe anual de gestión y rendimiento, la responsabilidad política general de la información sobre «rendimiento y resultados»;
e) incluya información actualizada sobre rendimiento en los informes de rendimiento, en particular en el informe anual de gestión y rendimiento, acerca de los progresos realizados hacia la consecución de objetivos, y adopte sistemáticamente medidas apropiadas cuando estos no se cumplan o presente propuestas al respecto;
f) indique el modo en que se ha utilizado en el proceso decisorio la información sobre rendimiento relativa al presupuesto de la Unión;
g) introduzca o mejore medidas e incentivos para propiciar una mayor atención al rendimiento en la cultura interna de la Comisión, teniendo en cuenta en particular las oportunidades que ofrece el Reglamento Financiero revisado, la iniciativa «Un presupuesto centrado en los resultados», la presentación de informes de rendimiento de proyectos en curso y otras fuentes;
h) desarrolle métodos de tratamiento de datos para las enormes cantidades de datos creadas con la presentación de informes de rendimiento, con el objetivo de dar una idea oportuna, justa y fiel de los logros; insiste en que la presentación de informes de rendimiento debe utilizarse para adoptar medidas correctoras cuando no se cumplen los objetivos de los programas;
237. Recomienda que el Tribunal siga presentando un capítulo específico sobre seguridad y ciudadanía en su Informe Anual y que profundice su análisis a este respecto, pues el interés público y político en la parte del presupuesto de la Unión dedicada a seguridad y migración es muy superior a su peso económico;
238. Pide a la Comisión que proporcione al PE una visión global de los casos —en los proyectos de cohesión y desarrollo rural financiados por la Unión— en los que el reembolso por parte de la Unión supera los costes reales sin IVA de un proyecto determinado;
239. Acoge favorablemente la propuesta del Tribunal, formulada en su documento de consulta sobre la presentación de informes recurrentes sobre los resultados de la actuación de la Unión, de publicar anualmente, en noviembre del año N+1, una evaluación de los resultados de la actuación de la Unión, que incluya un examen detallado de la información sobre rendimiento comunicada por la Comisión en el informe de evaluación con arreglo al artículo 318 del TFUE; insiste una vez más en que este informe debe contener en una segunda parte un examen detallado de la síntesis de la gestión financiera de la Comisión declarada en la segunda parte del informe anual de gestión y rendimiento;
240. Recuerda que el objetivo último de dar más importancia al rendimiento en los análisis de auditoría debe ser el establecimiento de un modelo global y coherente que no debe basarse solamente en evaluar la ejecución del presupuesto europeo, sino también en lograr valor añadido y los objetivos de una estrategia política de la Unión para el periodo 2021-2027, que debe sustituir a la Estrategia Europa 2020;
241. Insiste en que el Tribunal debe mejorar la coordinación entre las evaluaciones de rendimiento a nivel de proyectos realizadas en el contexto del trabajo de la declaración de fiabilidad y el resto de su trabajo sobre rendimiento, mediante la comunicación, en particular, de las principales conclusiones de sus informes especiales en capítulos sectoriales de su informe anual; considera que ello contribuye a mejorar y consolidar la asociación sistémica de las comisiones sectoriales del Parlamento a la hora de utilizar los productos del Tribunal;
242. Solicita al Tribunal que proporcione a las autoridades responsables de aprobar la gestión presupuestaria una evaluación tanto de cumplimiento como de resultados de cada una de las políticas europeas, siguiendo capítulo por capítulo las rúbricas presupuestarias en el informe anual del Tribunal;
243. Insiste en que el Tribunal amplíe el seguimiento de sus recomendaciones de auditoría de gestión;
244. Subraya que los derechos de la mujer y la igualdad de género deben integrarse y garantizarse en todos los ámbitos de actuación; reitera, por lo tanto, su llamamiento en favor de la aplicación de la presupuestación con perspectiva de género en todas las fases del proceso presupuestario, incluidas la ejecución del presupuesto y la evaluación de su ejecución;
245. Reitera su petición para que se incluyan también indicadores específicos de género en el conjunto común de indicadores de resultados de la ejecución del presupuesto de la Unión, con la debida atención al principio de buena gestión financiera, es decir, de conformidad con los principios de economía, eficiencia y eficacia;
Cálculo del porcentaje de error e información al respecto
246. Considera que la metodología de la Comisión para estimar el importe con riesgo de error ha mejorado a lo largo de los años, pero las estimaciones de las distintas direcciones generales respecto del nivel de gasto irregular no se basan en una metodología coherente, y estima que los informes anuales de actividad de las direcciones generales y el informe anual de gestión y rendimiento utilizan una terminología compleja que puede inducir a confusión;
247. Observa, en particular, que los servicios de la Comisión utilizan como mínimo los conceptos siguientes: porcentaje de error residual, porcentaje de error comunicado, porcentaje de error en el momento de efectuar los pagos, porcentaje de error detectado en el ejercicio, porcentaje de error residual neto, media ponderada del porcentaje de error, porcentaje de error residual al cierre o porcentaje de error representativo común;
248. Señala, además, que, durante más de tres trimestres de 2017, las direcciones generales de la Comisión basaron sus estimaciones del importe en situación de riesgo en datos facilitados por las autoridades nacionales, cuando, según los informes anuales de actividades de las direcciones generales de la Comisión correspondientes (en particular la DG AGRI y la DG REGIO), la fiabilidad de los informes de control de los Estados miembros sigue siendo problemática;
249. Observa que el importe global en situación de riesgo en el momento del pago estimado por la Comisión en su Informe anual de gestión y rendimiento de 2017 se basa en cifras de los distintos servicios responsables de los programas de gasto, que utilizan métodos diferentes para el cálculo del nivel de error, reflejando distintos marcos jurídicos y organizativos; destaca que una mayor armonización de los métodos de cálculo aumentaría la credibilidad, la rendición de cuentas y la transparencia en relación con el importe global en situación de riesgo comunicado y permitiría formarse una idea clara de la situación en lo relativo al riesgo de error residual y el porcentaje de riesgo en los pagos en el futuro;
250. Expresa su preocupación, además, por el hecho de que el informe anual de gestión y rendimiento compare cifras muy diferentes y, por tanto, resulte engañoso, dado que el nivel de error estimado por el Tribunal es un porcentaje de error en el pago y sin deducir las correcciones, mientras que el importe global en situación de riesgo de la Comisión comunicado en el informe anual de gestión y rendimiento se calcula tras la deducción de las correcciones; considera, por tanto, que es imposible establecer comparaciones adecuadas o extraer conclusiones fiables; apoya la práctica del Tribunal de calcular el porcentaje de error sin tener en cuenta las correcciones; pide a la Comisión que indique los porcentajes de error sin y con correcciones en todos los informes anuales de actividades, así como en el informe anual de gestión y rendimiento; agradecería que, para encontrar una solución a esta falta de comparabilidad, el Tribunal diera su opinión sobre el porcentaje de error de la Comisión tras la corrección;
251. Pide a la Comisión, a este respecto, que armonice más sus métodos de cálculo de los porcentajes de error teniendo en cuenta las distintas modalidades de gestión y bases jurídicas y haciendo al mismo tiempo comparables los porcentajes de error, y que diferencie con claridad el importe en situación de riesgo con y sin correcciones financieras integradas; solicita asimismo que la Comisión presente información sobre la capacidad correctora para la recuperación de importes pagados indebidamente con cargo al presupuesto de la Unión;
252. Reitera su preocupación por la diferencia entre los métodos de la Comisión y del Tribunal para calcular los errores, lo que impide comparar adecuadamente los porcentajes de error que comunican; insiste en que para presentar una comparación fiable de los porcentajes de error comunicados por la Comisión en su informe anual de gestión y rendimiento y en los informes anuales de actividades de las direcciones generales y los estimados por el Tribunal, la Comisión debe usar una metodología equivalente a la del Tribunal a la hora de evaluar el porcentaje de error y ambas instituciones deben celebrar un acuerdo al respecto con carácter de urgencia; pide a la Comisión que presente los datos de forma coherente con la metodología adoptada por el Tribunal, incluidas las estimaciones de las correcciones previstas;
253. Pide a la Comisión y a los Estados miembros una vez más que establezcan procedimientos eficaces para confirmar el calendario, el origen y el importe de las medidas correctoras, y que presenten información que concilie en la medida de lo posible el ejercicio en que se efectúa el pago en cuestión, el ejercicio en que se detecta el error correspondiente y el ejercicio en que se presentan las recuperaciones o las correcciones financieras resultantes en las notas que acompañan a las cuentas; pide al Tribunal que mencione el nivel de corrección aplicado para calcular el porcentaje de error en su informe anual, así como el porcentaje de error inicial antes de las correcciones;
254. Deplora que el Tribunal no haya auditado el Informe anual de gestión y rendimiento, mientras que sí ha examinado determinados informes anuales de actividades, en particular los de la DG EMPL y la DG REGIO; pide al Tribunal que examine y analice cuidadosamente el Informe anual de gestión y rendimiento en su Informe Anual;
Absorción oportuna y rendimiento
255. Observa que la baja tasa de absorción se debe principalmente al cierre tardío del anterior MFP, el retraso en la aprobación de instrumentos jurídicos, las dificultades para aplicar los nuevos requisitos del actual MFP, el cambio en las normas sobre liberación, que han pasado de N+2 a N+3, y la carga administrativa vinculada a los solapamientos entre los períodos de MFP;
256. Lamenta que la Comisión aún no haya elaborado una proyección exhaustiva a largo plazo para prestar asistencia a la adopción de decisiones para el próximo MFP que se ajuste plenamente al Acuerdo interinstitucional;
257. Toma nota de que la lenta absorción de fondos sigue siendo un problema en varios países; considera, por lo tanto, que procede mantener el Grupo de Trabajo para la Mejora de la Ejecución; toma nota asimismo de que la Comisión ha lanzado una iniciativa para las regiones en vías de recuperación; señala, en este contexto, el riesgo de acumulación de un ingente retraso de créditos de compromiso al final del periodo presupuestario;
Conflictos de intereses, Estado de Derecho y lucha contra el fraude y la corrupción
258. Lamenta cualquier tipo de riesgo de vulneración de los valores establecidos en el artículo 2 del TUE y de incumplimiento del artículo 61, apartado 1, del Reglamento Financiero, relativo a los conflictos de intereses, que pueda poner en peligro la ejecución del presupuesto de la Unión Europea y mermar la confianza de sus ciudadanos en la buena gestión del dinero de los contribuyentes de la Unión; pide a la Comisión que garantice que se aplicará una política de tolerancia cero sin dobles raseros en lo que respecta a todas las infracciones del Derecho de la Unión y a los conflictos de intereses;
259. Pide a la Comisión que haga cumplir la Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de mayo de 2017, sobre la situación en Hungría, la Recomendación de la Comisión por lo que respecta al Estado de Derecho en Polonia complementaria a las Recomendaciones (UE) 2016/1374, (UE) 2017/146 y (UE) 2017/1520, y la propuesta motivada de conformidad con el artículo 7, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea por lo que respecta al Estado de Derecho en Polonia de 20 de diciembre de 2017;
260. Recuerda las investigaciones llevadas a cabo por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) sobre los proyectos ELIOS y «Budapest Szíve» (Corazón de Budapest), en los que se detectaron graves irregularidades; en el primer caso se recuperó una pequeña cantidad de fondos, mientras que, en el segundo caso, las autoridades húngaras han aceptado la corrección financiera, pero todavía no se ha aplicado; observa que los hechos que rodean a la línea 4 de metro todavía están pendientes de resolución judicial; observa asimismo que en Eslovaquia hay una investigación en curso de la OLAF sobre las denuncias de fraude, y que en la actualidad existen seis investigaciones de conformidad realizadas por la Comisión en relación con los pagos directos;
261. Recuerda con preocupación los resultados de las misiones de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo (CONT) a Eslovaquia, que pusieron de manifiesto una serie de deficiencias y riesgos en la gestión y el control de los fondos de la Unión y un riesgo de infiltración de la delincuencia organizada, especialmente en el contexto del asesinato del periodista de investigación Ján Kuciak; pide a la Comisión y a la OLAF, a este respecto, que tomen en consideración las conclusiones y recomendaciones de la Comisión CONT expuestas en su informe de misión, y pide asimismo a la Comisión que supervise activamente la situación, adopte las medidas necesarias y mantenga informado al Parlamento sobre el seguimiento;
262. Pide a la Comisión que cree una estrategia europea unificada de prevención activa de los conflictos de intereses como una de sus prioridades, con una estrategia adaptada de controles ex ante y ex post; pide a la Comisión, la OLAF y la futura Fiscalía Europea que incluyan en esa estrategia la protección de los denunciantes de irregularidades y los periodistas de investigación;
263. Pide a la Comisión que vele por la preparación y la aplicación en todos los Estados miembros de planes de acción en materia de conflictos de intereses, y que informe al Parlamento de los progresos registrados;
264. Celebra que la Comisión publique las reuniones de los comisarios con representantes de intereses; lamenta, sin embargo, que el asunto tratado durante las reuniones no se incluya en el registro y pide a la Comisión que complete el registro incluyendo el contenido de las reuniones;
265. Observa que, según el índice de percepción de la corrupción de 2018, la situación en un gran número de Estados miembros no ha mejorado o incluso se ha deteriorado; pide a la Comisión que presente finalmente al Parlamento el seguimiento de su informe contra la corrupción de 2015, en el que describa, preferiblemente con carácter anual, la situación con respecto a las políticas contra la corrupción en los Estados miembros, así como en las instituciones europeas;
266. Destaca que, , según el Código de Conducta de los Comisarios, vigente desde enero de 2018, los excomisarios no deben presionar a los comisarios o a su personal en nombre de su propia empresa, la de su cliente empleador, sobre asuntos de los que eran responsables en su cartera durante un período de dos años después de haber cesado en su cargo,; pide a la Comisión que armonice este período de incompatibilidad con el del presidente, es decir, que sea de tres años;
267. Acoge con satisfacción los resultados y las recomendaciones que expone la defensora del pueblo en su investigación estratégica OI/3/2017/NF sobre cómo gestiona la Comisión las situaciones de «puertas giratorias» de su personal; se une a los ánimos que transmite la defensora del pueblo a la Comisión para que continúe dando ejemplo y adopte un enfoque más firme en su juicio del personal de alto nivel que abandona la función pública de la Unión Europea; pide a la Comisión que introduzca las mejoras que le sugiere la defensora del pueblo y que dé curso a las buenas prácticas en materia de transparencia que señala;
268. Recalca que los dictámenes del Comité de Ética sobre conflictos de intereses deben ser elaborados de manera proactiva por el Comité, especialmente en el caso de los comisarios que dejan su cargo; destaca además que la composición del Comité de Ética debe reforzarse con miembros de organizaciones internacionales, como la OCDE, y organizaciones no gubernamentales con conocimientos especializados en el ámbito de políticas de integridad;
269. Recuerda que, en su Resolución de 18 de abril de 2018 sobre la política de integridad de la Comisión, el Parlamento expresó su preocupación por los procedimientos de nombramiento de altos cargos de esta última; insta a la Comisión a que siga debatiendo con el Parlamento sobre la aplicación de las diversas recomendaciones que figuran en la Resolución del Parlamento.
270. Manifiesta su profunda preocupación por la declaración incluida en la reacción de la Comisión Europea, de 15 de marzo de 2019, en la que se reconoce que el secretario general contribuye a establecer correctamente las respuestas relativas al mismo a fin de garantizar que son completas y exhaustivas, lo cual es claramente contrario al artículo 11 bis del Estatuto de los funcionarios (Título II: Derechos y obligaciones del funcionario)(10).
(1) Informe anual de gestión y rendimiento, p. 84: «En comparación con 2016, el principal cambio es la disminución significativa en los ámbitos de Cohesión, Migración y Pesca. En estos ámbitos de actuación, los actuales programas 2014-2020 están alcanzando velocidad, lo cual entraña un menor riesgo inherente dada la liquidación de cuentas anual recién introducida y el mecanismo de retención del 10 % sobre los pagos intermedios hasta que todos los controles y medidas correctivas se hayan aplicado (véase “Progresos realizados” en el capítulo 2.2)».
(2) El holding Agrofert es el mayor grupo en el sector checo de la agricultura y la alimentación, el segundo mayor en el sector químico y también desempeña un importante papel en la silvicultura, es propietario de la editorial MAAFRA, que publica varios de los medios de comunicación impresos y en línea de mayor difusión, MF la DNES, Lidové noviny, iDnes.
(3) a) La lista de proyectos relacionados con el grupo Agrofert financiados por el Feader, el Fondo de Cohesión, el FSE y el Feader desde 2012, cuando el actual primer ministro entró en el Gobierno como ministro de Finanzas, y si los proyectos siguen en curso o han finalizado; b) los importes concedidos, ya pagados y pendientes de pago (así como el Fondo correspondiente) a estas empresas o a otras empresas del grupo Agrofert; c) los periodos en que se concedieron y pagaron estos importes; d) si los proyectos fueron objeto de verificaciones (administrativas o sobre el terreno) en relación con la financiación y el resultado de dichas verificaciones.
(5) Informe especial n.º 9/2018: Asociaciones público-privadas en la UE: Deficiencias generalizadas y beneficios limitados.
(6) Reglamento (UE) n.° 233/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo para el período 2014-2020 (DO L 77 de 15.3.2014, p. 44).
(7) Sentencia de casación del TJE en los asuntos acumulados C-183/17 y C-184/17P por la que se anula la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 2.2.2017 en el asunto T-381/15
(8) Asunto PCA n.º 2017/03.
(9) Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
(10) En el ejercicio de sus funciones, y salvo lo dispuesto a continuación, el funcionario no tramitará ningún asunto en el que tenga, directa o indirectamente, intereses personales, en particular familiares o financieros, que puedan menoscabar su independencia.