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Timestamp: 2017-08-19 03:23:12
Document Index: 304208118

Matched Legal Cases: ['artículo 446', 'artículo 453', 'artículo 82', 'artículo 400', 'artículo 1302', 'artículo 446', 'artículo 453', 'artículo 1302', 'artículo 337', 'artículo 82']

Paola Atoche Fernández: 2008
El 21 de abril de 2008 se publicó en el diario oficial El Peruano la sentencia del primer pleno casatorio, mediante la Casación Nº 1465-2007-Cajamarca, declarándose que constituye doctrina jurisprudencial los siguientes precedentes vinculantes:
“1. La transacción extrajudicial no homologada judicialmente puede ser opuesta como excepción procesal conforme a lo regulado por el inciso 10 del artículo 446º e inciso 4 del artículo 453º del Código Procesal Civil, por interpretación sistemática de dichas normas con las que contiene el Código Civil sobre la transacción.
Entendiéndose que las transacciones extrajudiciales homologadas por el juez, se tramitan de acuerdo a las reglas del Código Procesal Civil, al tener regulación expresa. Ocurriendo lo mismo en cuanto a las transacciones celebradas con relación a derechos de menores de edad, las mismas que deben ser autorizadas por el juez competente conforme a ley (voto en mayoría).
2. La legitimación parar [sic] obrar activa, en defensa de los intereses difusos, únicamente puede ser ejercida por las entidades señaladas expresamente en el artículo 82º del Código Procesal Civil (voto por unanimidad)”.
El primer Pleno Casatorio en el Perú se ha dado a los 14 años de vigencia del Código Procesal Civil de 1993 que en su artículo 400º contempla la figura de la doctrina jurisprudencial, fijándose que: “[…] La decisión que se tome en mayoría absoluta de los asistentes al Pleno constituye doctrina jurisprudencial y vincula a los órganos jurisdiccionales del Estado, hasta que sea modificada por otro pleno casatorio”. De ahí podemos observar que la característica esencial de la doctrina jurisprudencial la constituye su obligatoriedad, su carácter vinculante. En otras palabras, esta es de cumplimiento ineludible para los operadores jurídicos, teniendo efectos erga omnes.
Los hechos que dieron lugar a este primer Pleno Casatorio se remontan al derrame de mercurio (propiedad de la empresa Minera Yanacocha) en algunas zonas de Cajamarca, ocasionándose varios daños a la salud de sus pobladores. Ante dicha situación, por acuerdo de ambas partes se celebraron transacciones extrajudiciales entre la empresa Minera Yanacocha y los afectados. Posteriormente, algunos de los que celebraron tales transacciones acudieron al Poder Judicial demandando indemnización por daños y perjuicios contra la Minera Yanacocha, la cual dedujo, entre otras, la excepción de conclusión de proceso por transacción extrajudicial.
He ahí el dilema y es precisamente en este punto en el que se inicia el iter de este histórico pleno casatorio, histórico por ser el primero, por sus efectos vinculantes y de validez general para todos. La discusión se ha basado en desentrañar la naturaleza jurídica de la transacción extrajudicial en un proceso: ¿puede ser opuesta como excepción y, por ende, dar lugar a la conclusión del proceso?
Mucho se ha debatido para dar respuesta a esta interrogante. Tanto así que la doctrina jurisprudencial solo se ha decidido por mayoría, no por unanimidad. La mayoría señala que la transacción extrajudicial sí puede ser opuesta como excepción, pues, como lo precisa el artículo 1302º del Código Civil, la transacción tiene el valor de cosa juzgada y, por lo tanto, efectos extintivos, así como su utilidad como medio eficaz para solucionar futuros litigios; mientras que el voto en minoría argumenta que la transacción extrajudicial no puede ser oponible como excepción, pero sí como defensa de fondo, es decir, como parte de la contestación de la demanda.
Sobre este punto, cabe indicar que nosotros no estamos de acuerdo con el pleno casatorio, en tanto que el listado de excepciones presentado en el artículo 446º es cerrado, esto es, númerus clausus. El inciso 10 de este artículo precisa la excepción de “conclusión de proceso por transacción”, la cual debe ser circunscrita únicamente a la transacción judicial, mas no ampliarse a la transacción extrajudicial. ¿Por qué? Siguiendo al voto en minoría, y conforme a una interpretación literal y sistemática de la normativa procesal, debe advertirse que la excepción por transacción será declarada fundada –en mérito de lo regulado por el artículo 453º, inciso 4– cuando se inicia un proceso idéntico a otro en que las partes transigieron. Evidentemente, en el caso de la transacción extrajudicial, en tanto que no es celebrada al interior de un proceso, no procedería deducirla como excepción. Solo la transacción extrajudicial homologada por el juez podría ser oponible como excepción.
Además cabe advertir que, aun cuando el artículo 1302º del Código Civil establezca que la transacción tiene el valor de cosa juzgada, debemos tener presente que el artículo 337º del Código Procesal Civil otorga esa calidad a la transacción que pone fin a un proceso: la transacción judicial o aquella transacción extrajudicial que luego es incorporada al proceso. En este orden de ideas, si bien la transacción extrajudicial no debería ser considerada como una excepción de conclusión de proceso, sí debería ser amparada como excepción de fondo.
Sin embargo, pese a nuestra opinión y la de otros que tampoco están de acuerdo con el pleno casatorio, este es vinculante y, en ese sentido, tanto la transacción extrajudicial y la judicial pueden ser oponibles como excepciones a fin de declarar la conclusión del proceso.
Finalmente, se establece como precedente jurisprudencial que en el caso de la defensa de los intereses difusos, la legitimidad para obrar activa únicamente puede ser ejercida por las entidades indicadas expresamente en el artículo 82º del Código Procesal Civil. El voto en este caso fue unánime.
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LA DECLARACIÓN JUDICIAL DE LA PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL
Resumen El proceso de filiación extramatrimonial, basado en la prueba contundente de ADN, deja atrás aquellos procesos largos y engorrosos sustentados en presunciones, lo cual ha sido confirmado por nuestra Corte Suprema de Justicia de la República, cuando desaprobó la resolución de una instancia inferior en la que se expresaba que se estarían afectando los derechos constitucionales a la libertad y al debido proceso del demandado como padre, preponderando el derecho a la identidad de los menores.
Cuando un padre no reconoce voluntariamente a su hijo nacido fuera del matrimonio, surge la pregunta de cómo el hijo que clama su filiación puede demostrarla. Las respuestas son varias y han dependido de la idiosincrasia de cada pueblo, la cual finalmente ha sido recogida por su ordenamiento jurídico. Hasta hace poco, solo mediante presunciones legales (como el escrito indubitado del padre que admita la paternidad, posesión constante de estado de hijo extramatrimonial, por el concubinato mantenido entre el presunto padre y la madre durante la época de la concepción, entre otras), podía probarse la paternidad por el hijo extramatrimonial, no solo en el Perú, sino también en otras realidades jurídicas. Quien tenía la carga probatoria era el hijo –o en su caso, su madre en representación de este–. Todo ello conllevaba a procesos prolongados, complejos, en el que el gran perdedor era el hijo (aun cuando el juez declarara fundada su demanda), pues no tenía la certidumbre de que el declarado como padre verdaderamente lo era, ¿acaso este padre no negó su paternidad durante todo el proceso?
El avance de la ciencia dio como instrumento la prueba de ADN a estos hijos no reconocidos. Basta ya de presunciones pareciera decir esta prueba, que tiene entre sus bondades investigar la paternidad con un 99.9% de certeza. Tantos hijos sin padre que los reconozca es un problema social inminente, en el que confluyen básicamente dos sujetos: el hijo –que pide que lo reconozcan– y el padre –que no desea reconocer porque no cree ser el padre o porque simplemente no desea tener un hijo–.
Las sociedades, con miras a dar solución a este problema, han implementado esta bioprueba en los procesos para la indagación de la filiación extramatrimonial. En el Perú, la Ley Nº 28457, Ley del Proceso de Filiación Extramatrimonial, ha posicionado la prueba de ADN como única y contundente. El hijo o quien tenga legítimo interés puede solicitar al juez que declare la paternidad mediante resolución, la cual es notificada al padre (así ya declarado judicialmente y quien recién en ese momento se entera de que se le atribuye una paternidad) para que en el plazo de 10 días formule oposición obligándose a realizarse la prueba de ADN. Si la bioprueba tiene resultado positivo, la oposición es declarada infundada y el mandato del juez se convierte en declaración judicial de paternidad. Si es negativa, la oposición es fundada y, por ende, se demuestra que el presunto padre en realidad no lo era. Muy simple, un proceso rápido y eficiente.
Pero, esta ley recientemente ha sido cuestionada por el Primer Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de Condevilla –que en atribución de la facultad del control difuso que ostentan los jueces– la ha inaplicado para el caso concreto, por considerarla contraria a nuestra carta magna, pues –según argumenta– se estaría atentando contra los derechos al debido proceso y a la libertad del demandado como padre, porque el juez declara la paternidad sin etapa probatoria previa y porque al emplazado se le estaría coaccionando a someterse a la prueba de ADN como única posibilidad para desvirtuar la paternidad.
La Corte Suprema –en vía de consulta– se ha pronunciando sobre este particular caso, reafirmando la constitucionalidad de la Ley del Proceso de Filiación Extramatrimonial, preponderando los derechos fundamentales a la identidad y al nombre del menor.
Por nuestra parte, compartimos la decisión de la Corte Suprema, no tanto por sus considerandos, pero sí en el punto en discusión: la Ley del Proceso de Filiación Extramatrimonial es acorde con nuestra Constitución y el sistema jurídico.
Mediante la referida Ley –que consagra la bioprueba como plena– se invierte la carga probatoria, en tanto que es el padre quien está en mejor posición de demostrar que no tiene una relación paterno filial, sometiéndose a la realización de la prueba de ADN. La determinación de la paternidad es una cuestión de orden público y social, el interés superior del niño o de la niña debe primar sobre los supuestos derechos afectados del padre como el de libertad o debido proceso.
En el proceso de filiación extramatrimonial subyace la suspicacia del padre que piensa que el hijo que se le atribuye no es tal y necesita de ese proceso para “convencerse”. La prueba biológica en estos procesos de filiación tiene ese objeto: determinar la paternidad, dando a conocer el origen biológico del menor. Saber quiénes somos, nuestras raíces es un derecho que debe prevalecer sobre la supuesta intromisión en la libertad del supuesto padre.
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