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Timestamp: 2017-10-21 21:06:23
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Matched Legal Cases: ['artículo 410', 'artículo 410', 'artículo 410', 'artículo 1', 'artículo 812', 'artículo 573', 'e contrario', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 1', 'artículo 10', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 399', 'e contrario']

Sentencia A.P. Alicante 269/2010 de 25 de mayo. Procedimiento monitorio. Resolución de contrato de préstamo. Interés abusivo de demora - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. Alicante 269/2010 de 25 de mayo
Procedimiento monitorio: Resolución de contrato de préstamo por falta de pago. Reclamación de cantidad. Es posible acudir al procedimiento monitorio para reclamar deudas con vencimiento anticipado, cuando existe una cláusula en el contrato de financiación que así lo prevé. Interés de demora abusivo: Doctrina. Interés abusivo. Reducirlo a dos veces y medio el interés legal del dinero en el año en que se suscribió la póliza
SECCIÓN NOVENA CON SEDE EN ELCHE
SENTENCIA N.º 269/10
Presidente: D. Julio Calvet Botella
Magistrado: D. José Manuel Valero Diez
Magistrado: D.ª Encarnación Caturla Juan
En la ciudad de Elche, a veinticinco de mayo de dos mil diez.
La Sección Novena de la Audiencia Provincial de Alicante con sede en Elche, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario n.º 180/09, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Elche, de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandante Santander Consumer EFC, S.A., habiendo intervenido en la alzada dicha parte, en su condición de recurrente, representada por el Procurador Sr/a Castaño García y dirigida por el Letrado Sr/a. Martinez Fernández, y como apelada la parte demandada Doña Concepción, representada por el Procurador Sr/a. Candela Martinez y dirigida por el Letrado Sr/a. Escudero Martinez.
Primero.-Por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Elche en los referidos autos, se dictó sentencia con fecha 31/7/09 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que, desestimando la demanda interpuesta por la mercantil Santander Consumer E.F.C., S.A. y en su representación el Procurador de los Tribunales D. Vicente Castaño García, contra Doña Concepción, representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Cristina Candela Martinez, debo absolver y absuelvo a la misma de los pedimentos de la demanda, condenando al demandante al pago de las costas causadas."
Segundo.-Contra dicha sentencia, se interpuso recurso de apelación por la parte actora en tiempo y forma que fue admitido en ambos efectos, elevándose los autos a este Tribunal, donde quedó formado el Rollo número 134/10, tramitándose el recurso en forma legal. La parte apelante solicitó la revocación de la sentencia de instancia y la apelada su confirmación. Para la deliberación y votación se fijó el día 19/5/10.
Tercero.-En la tramitación de ambas instancias, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.
Visto, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. José Manuel Valero Diez.
Primero.-En su primer motivo de recurso alega la financiera apelante que la resolución de instancia no se ajusta a derecho en relación con los preceptos que regulan el comienzo de la litispendencia y sus efectos procesales. Tiene razón la recurrente. El artículo 410 de la LEC es claro: " La litispendencia, con todos sus efectos procesales, se produce desde la interposición de la demanda, si después es admitida.".
Y la STS Pleno de 20 de enero de 2009, no puede ser más clara cuando dice que "la reclamación judicial está sujeta a unas reglas específicas de naturaleza procesal, las cuales establecen cuando hay que entender que una pretensión se encuentra sometida a la futura decisión del Tribunal y, por ello, cuando cabe hablar de litispendencia, son numerosas las sentencias que declaran producida la mora no con el emplazamiento del demandado, sino con la mera interposición de la demanda -sentencias de 18 de junio de 1.982, 3 de julio de 1.984, 7 de septiembre de 1.990, 30 de diciembre de 1.993, 30 de diciembre de 1.994, 12 de julio de 1.996, 13 de octubre de 1.997, 25 de octubre de 2.002, 16 de noviembre de 2.007 y 8 de mayo de 2.008 -, aunque ello signifique, se diga o no, negar la naturaleza recepticia de tal modalidad de interpelación.
Esta interpretación última sobre el momento en que debe entenderse producida la reclamación judicial, debe ser mantenida y completada con lo que dispone el artículo 410 de la Ley de Enjuiciamiento Civil con respecto al comienzo de la litispendencia - que tiene lugar con la interposición de la demanda, siempre que la misma sea después admitida-.
A las razones en que se basan las sentencias que sostienen la referida doctrina, cabe añadir hoy la conveniencia de contribuir en lo que sea posible a que las consecuencias de la morosidad resulten disuasorias. Procede, por ello, estimar el recurso y modificar, sólo en el referido extremo, la sentencia recurrida, para llevar la constitución en mora de la sociedad deudora y demandada, al día de interposición de la demanda, luego admitida, en lugar de aquel en el que dicha litigante fue emplazada para personarse en las actuaciones.".
Mas recientemente la STS de 2 de diciembre de 2009 insiste en que "La jurisprudencia tiene declarado que los efectos de la litispendencia, a los que ha de anudarse la perpetuación de la jurisdicción...se producen, con arreglo al artículo 410 LEC, desde la interposición de la demanda si luego es admitida -SSTS de 8 de junio de 2006, 20 de abril de 2007, 30 de mayo de 2007, 21 de mayo de 2008, RC n.º 648/01 ".
En este caso, habiéndose reclamado en dicho procedimiento monitorio 17.654,66 €, de los que 3046,41 € se referían a las cuotas vencidas e impagadas a la fecha de la reclamación y 14.202,28 € correspondientes al capital pendiente de vencimiento a fecha de presentación de la demanda, según consta en el cuadro de amortización aportado, más 405,97 de los correspondientes a intereses de demora al tipo pactado y devengado por las cuotas vencidas e impagadas, el pago parcial producido se efectúa después de presentada la petición inicial de monitorio el 13 de julio de 2007, por lo que dicho pago por importe de 3500 €, efectuado el 26 de julio siguiente, no puede tener más valor que el de un pago a tener en cuenta en su momento procesal oportuno, pero no podía impedir la continuación del procedimiento monitorio, ni de la demanda ordinaria posterior por el resto de lo adeudado. Máxime, teniendo en cuenta que esta Sección Novena admite la posibilidad de reclamar cuotas vencidas anticipadamente en el procedimiento monitorio y admite la validez del pacto de anticipación.
La sentencia de esta Sección Novena de 12 de febrero de 2010, ya dijo en un caso análogo al que nos ocupa que "por la entidad financiera demandante, se presenta petición monitoria en reclamación de la cantidad de 10.243,48 euros, aportando a efecto contrato de préstamo de financiación a comprador de bienes muebles, y un certificado expedido por la entidad financiera a fecha 1 de junio de 2007, comprensivo de saldo deudor donde se incluyen las cuotas vencidas e impagadas y el capital pendiente hasta 10-1-2012. Y se acompaña también un Anexo del Plan de Amortización del préstamo. Con la demanda declarativa, se vuelve a presentar copia del contrato de préstamo y del plan de amortización, y se dice que se ha hecho uso de la condición general séptima que permite dar por vencido el préstamo, y exigir el abono de su totalidad, y que la demandada, dejo de abonar las cuotas correspondientes a los meses de febrero, marzo y mayo de 2.0097. Y surge aquí la pregunta de si es posible acudir al procedimiento monitorio para reclamar deudas con vencimiento anticipado, cuando existe una cláusula en el contrato de financiación que así lo prevé. Y debemos decir a este respecto, que debemos estimar su posibilidad, pues si en un contrato de financiación suscrito entre las partes se incluye una cláusula resolutoria basada en una justa causa, como lo es el incumplimiento del prestatario de sus obligaciones de pago de las cuotas fraccionadas del total reintegro del capital anticipado, ello debe facultar al financiador para exigir de inmediato el abono de la totalidad de la deuda pendiente, con lo que se extingue la posibilidad del fraccionamiento del pago y deviene exigible por pacto entre las partes, (en el mismo sentido, Auto AP Asturias de 20 febrero 2002), pues en este tipo de casos el incumplimiento del prestatario de las obligaciones de pago de las cuotas fraccionadas del total íntegro del capital anticipado, conlleva la facultad de resolver, anticipadamente, las obligaciones recíprocas o sinalagmáticas en el supuesto del incumplimiento de una de las partes, tal como prescribe el artículo 1.124 del Código Civil, y debemos entender, con ello, que este tipo de cláusula ha sido pactado libremente entre las partes y produce el efecto de anticipar la deuda existente, cumpliéndose los requisitos de liquidez, vencimiento, determinación y exigibilidad, que exige el artículo 812 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para la pertinencia del proceso monitorio.
Sexto.-En el presente procedimiento se ha opuesto por la demandada el hecho de que nunca ha sido requerida de pago, y que nunca se le ha comunicado ni la resolución del contrato de préstamo, ni la existencia de ninguna liquidación deudora del mismo. Y en tal sentido debe decirse que si bien tales requisitos de notificación preprocesal, vienen establecidos en el último párrafo del articulo 572 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y cuya acreditación luego exige el artículo 573 de la misma, no puede desconocerse que aquí no nos hallamos en un supuesto de ejecución dineraria del articulo 571 de dicha Ley Procesal, pues como en el mismo se dice, las disposiciones del Titulo IV, del Libro Tercero, se aplicarán, "cuando la ejecución forzosa proceda en virtud de un título ejecutivo", y aquí, en el presente supuesto, se acude al proceso monitorio, en base a una póliza suscrita por las partes, pero sin intervención de fedatario público, lo que impide acudir directamente a la ejecución dineraria, pero no al este proceso especial, -proceso monitorio- al que se acude a virtud del contrato de financiación que lleva inserta una cláusula, (condición general 7.ª), que faculta al financiador al vencimiento anticipado, cláusula que está suscrita por las partes, y que no contempla mas requisitos para ello, que la falta de pago a su vencimiento de dos cualesquiera de los plazos. Procede en su consecuencia desestimar el recurso de apelación y confirmar la sentencia dictada, también en cuanto a los intereses, pues en todo caso ha de estarse a los contractualmente pactados (articulo 1.108 del Código Civil).". Igualmente la validez de las cláusulas de vencimiento anticipado en estos casos lo reconoce nuestra sentencia de 26 de junio de 2008, con razonamientos que damos por reproducidos.
Segundo.-En cuanto a la denuncia de que se está reclamando el interés remuneratorio de todas las cantidades pendientes de vencimiento y anticipadamente solicitadas, no puede prosperar, pues aunque se estima en línea con lo resuelto por la AP de Alicante, Sección 6.ª, en sentencia de 13 de febrero de 2008, y por la AP de Barcelona en sentencias de 8 de marzo de 2006 (sección 11) y 18 de julio de 2003 (sección 16) que los intereses remuneratorios deben devengarse hasta el momento en que el préstamo se da por vencido anticipadamente ante el impago de cuotas. Dichos intereses se devengan únicamente durante el tiempo de vigencia o de cumplimiento del contrato. Cuando éste se da por vencido y se reclama su importe total, los intereses remuneratorios deben ser sustituidos por los moratorios, que precisamente tienen por finalidad lograr la indemnización por el incumplimiento contractual. En este sentido, la sentencia de la AP de Alicante de 11 de mayo de 1998 declara que, una vez se ha determinado el saldo a través de la liquidación del crédito aplicando el interés pactado, a partir de ese momento sólo pueden devengarse los intereses de demora. Y en igual sentido la Audiencia Provincial de Alicante, sección 7.ª, de 31 de julio de 2007: "Los intereses remuneratorios únicamente deben abonarse hasta el momento en que el préstamo se dio por vencido anticipadamente ante el impago de cuotas por los prestatarios, lo que tiene lugar cuando se presentó la demanda.", resulta que la financiera reclama en concepto de capital pendiente de vencimiento 14.202,28 €, y basta relacionar aritméticamente esta cifra con el cuadro de amortización acompañado, para comprobar que nos están reclamando los intereses denegatorios que se denuncian de contrario. Y sí solo los moratorios por importe de 405,7 €.
Tercero.-En cuando el carácter abusivo del interés de demora del 2% mensual, esta Sección Novena en su sentencia de 7 de julio de 2009 dijo que "Por lo que respecta a los intereses moratorios, esta Sala ya se ha pronunciado en esta concreta materia, así la Sentencia de 4 de abril de 2007 dispone que "Interesa por otro lado la demandante en su recurso de apelación, la existencia de error en la decisión del Juzgador de instancia, al moderar la cantidad reclamada en concepto de intereses, por cuanto el interés moratorio del 24 %, fue expresamente pactado en el contrato suscrito, por lo que deben prevalecer los principios generales de contratación del art. 1254 y siguientes del Código Civil. Sin embargo tal pretensión no puede merecer favorable acogida, siendo correcta la jurisprudencia, doctrina y normativa aplicada por el Juez de instancia, así como uso de la facultad moderadora por el mismo. Así recientemente en sentencia de esta misma Sala de fecha 28 de marzo de 2007, relativa a un contrato de préstamo, y con referencia a otras de la Sección Séptima de esta Audiencia Provincial, se indicó que "Tras la ley 7/1998 de 13 abril, sobre condiciones generales de la contratación y modificación parcial de la LGDCU, se ha abierto la posibilidad de analizar el carácter abusivo de las cláusulas de este tipo, en base al nuevo art. 10 bis de la segunda y la DA 11 sobre cláusulas abusivas al considerarse como tales "...la imposición de una indemnización desproporcionadamente alta, al consumidor que no cumpla sus obligaciones", y para atender a dicho carácter habrá que estar a la naturaleza de los bienes o servicios de que se trate, momento de la celebración, circunstancias concurrentes y demás cláusulas contractuales (art. 4.1 Directiva 93/13/CEE en relación con el citado art. 10.bis.1 LGDCU), con el efecto, no de su nulidad, sino de su moderación en base a la facultad concedida por el art. 10.bis.2 de esta última. Incluso el apartado 29 de la disposición adicional de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, introducida también por la Ley de Condiciones generales de la Contratación de 1998, atribuye expresamente carácter de cláusula abusiva a la imposición de condiciones de crédito que para los descubiertos en cuenta corriente superen los límites que se contienen en el artículo 19.4 de la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo "un tipo de interés que dé lugar a una tasa anual equivalente superior a 2,5 veces el interés legal del dinero". Teniendo en cuenta estos antecedentes, la también conflictiva cuestión ya ha sido resuelta por la Sección 7.ª de esta Audiencia Provincial de Alicante, desplazada en Elche, en sus sentencias de 18 marzo 2003 y de 18 de julio de 2001, diciéndose literalmente en la primera que "A efectos de fundar el juicio sobre el posible carácter abusivo de los intereses resultantes, parece adecuado tener en cuenta los criterios manejados por el propio legislador en los últimos tiempos para supuestos próximos, aunque no idénticos, al que nos ocupa; y así, el art. 19.4 de la Ley de Crédito al Consumo vino a disponer que en ningún caso se podría aplicar a los créditos que se concedieran en forma de descubiertos en cuentas corrientes "un tipo de interés que de lugar a una tasa anual equivalente superior a 2,5 veces el interés legal del dinero"; mientras que el apartado V 29 de la disposición adicional la de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, introducida por la Ley de Condiciones generales de la Contratación de 1998, vino a atribuir expresamente el carácter de cláusula abusiva a "la imposición de condiciones de crédito que para los descubiertos en cuenta corriente superen los límites que se contienen en el artículo 19.4 de la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo "un tipo de interés que de lugar a una tasa anual equivalente superior a 2,5 veces el interés legal del dinero". A la vista de tales criterios, " parece razonable acudir a la facultad moderadora que el artículo 1.154 del Código Civil reconoce al Juez a propósito de la pena convencional, habida cuenta de la similitud que esta figura presenta con el supuesto objeto de enjuiciamiento y declarar la procedencia de calcular los intereses moratorios manteniendo la proporción de dos veces y media el interés legal del dinero.". En definitiva, si bien es perfectamente posible pactar unos intereses moratorios para los casos de incumplimiento, este pacto, cuando afecta a consumidores, debe ser proporcionado y acomodado al equilibrio contractual y patrimonial, y desde luego si tomamos en cuenta a efectos orientativos como criterio para determinar el carácter abusivo o desproporcionado del interés pactado, los preceptos antes indicados (pues si bien su ámbito se circunscribe propiamente a unas operaciones crediticias de naturaleza diferente al préstamo, en concreto, al crédito en cuenta corriente, ello no impide tenerlo en consideración de forma orientativa a los fines indicados)..." Y en el presente caso dado que la Ley que aprobó los Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 -fecha en que se inicia el incumplimiento del contrato-, estableció el interés legal del dinero en el 3,75% anual, y, es incuestionable que teniendo en cuenta, además, el interés nominal remuneratorio anual del 7'75% pactado, el fijado del 24 % por demora en la operación crediticia origen de esta litis, es desproporcionado, ya que un 2'5 supondría un 9'37%, superior por tanto al remuneratorio; resultando como hemos dicho adecuada la moderación efectuada por el Juez a quo.".
Este mismo criterio, ha sido mantenido por otras sentencias de la jurisprudencia menor, aun sin desconocer que efectivamente existen otras resoluciones que no admiten la referida moderación, así la SAP de Asturias de 26.1.05 con referencia a otras, incluida la de la Secc. 7.ª de esta Audiencia Provincial de Alicante de 18.3.03, al señalar que "En cuanto al carácter abusivo del tipo estipulado del 29% y un T.A.E. del 33'18 por ciento, hemos de señalar que esta Audiencia Provincial, en la sentencia de la Sección 4.ª de fecha 14- 04-00, en un caso análogo al presente, tanto en cuanto al tipo de interés, como a la fecha de la suscripción de la póliza, se declaró: "En la denominada "póliza de préstamo al consumo ", que es de fecha 14 de noviembre de 1995 y que sirvió de título a la reclamación planteada en el escrito de demanda, se pactó como interés nominal de demora el 29 por 100 anual. En la cláusula cuarta de la póliza, en letra diminuta, se añadía que se liquidaría "por días naturales y por meses o fracciones en su caso y siempre por períodos vencidos, acumulable al principal a amortizar en sus fechas de liquidación, capitalizándose los intereses vencidos y no satisfechos de forma que, como aumento de capital, devenguen nuevos intereses hasta la total percepción de la deuda". El juzgador de instancia calificó ese pacto y tipo de interés de "enormemente abusivo y gravoso" y declaró su nulidad en aplicación del art. 10 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, sustituyéndolo por la obligación de abonar el interés legal, tal y como había propuesto el demandado.". Comparte esta Sala el criterio expuesto. El citado tipo de interés es ya, en sí mismo considerado, totalmente desproporcionado, por elevado, no ya en las fechas actuales, sino también al tiempo en que se concertó, para lo que basta con confrontarlo con el interés legal del dinero que para el año 1995 estaba fijado en el 9 por 100 (Ley 41/1994, de 30 de diciembre), disposición adicional duodécima). Si además se tiene en cuenta la capitalización sucesiva y progresiva establecida en la cláusula impresa, que supone la multiplicación de esos intereses, ya de por sí notoriamente superiores a los normales, el resultado no puede sino calificarse de abusivo y contrario a la buena fe contractual, generadora de un profundo e injustificado desequilibrio entre las partes. Puede servir de pauta a estos efectos la sentencia del TS de 7 de febrero de 1989, que calificó de usurario el tipo del 28 por 100, o el art. 19.4 de la Ley de Crédito al Consumo de 23 de marzo de 1995 (y 1426), que establece como tope máximo para los descubiertos en cuenta corriente, el tipo de interés que dé lugar a una tasa anual equivalente a 2,5 veces el interés legal del dinero. Es cierto que la determinación del tipo de interés aplicable corresponde pactarla a las partes contratantes, amparadas por el principio de autonomía de la voluntad del art. 1255 del Código Civil, pero también lo es que para evitar los frecuentes abusos producidos en contratos de adhesión como el examinado, en los que existe una posición económica muy desigual entre los contratantes, el legislador ha ido creando mecanismos que permiten atajar situaciones de abuso o injusticia como la aquí analizada, a través de la moderna normativa de protección a los consumidores. Más concretamente, como acertadamente razonó el juzgador de instancia, el art. 10.1 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios ya preveía en su redacción original la nulidad de aquellas cláusulas contrarias a la buena fe y al justo equilibrio de las contraprestaciones, entre las que se incluía las condiciones abusivas de crédito. Supuestos que, tras ser modificada por la Ley de 13 de abril de 1998 sobre condiciones generales de la contratación, sigue contemplando en los art. 10 y 10 bis de su nueva redacción.".
En igual sentido, de reputar abusivo el interés de demora del 29%, se pronunció la Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos de 16-05-02 señalando que: "A tal fin debe de considerarse que un interés como el del presente caso supone más del triple de l interés legal del dinero establecido en la disposición adicional decimonovena de la Ley 39/1992 de 29 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año en que se convino el préstamo de dinero y que se fijó en un 9% anual.".
Este mismo criterio mantiene también la SAP de Murcia de 18.4.07 al indicar que "el interés de demora estipulado en el préstamo es del 29 %, y este mismo tribunal, en un supuesto similar al que nos ocupa, en sentencia de fecha 7 de octubre de 2003 (rec. 290/2003), teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 10 bis de la Ley General para la defensa de consumidores y usuarios, Ley 26/1984 de 19 de julio, de acuerdo con la modificación introducida por el artículo 19.4 de la Ley de Crédito al Consumo, 7/1995, de 23 de marzo, y que el interés legal del dinero era del 4,25 %, consideró que un interés de demora del 29 %, al superar con creces el margen del 2.5 veces ese interés legal, resultaba abusivo, por lo que, utilizando las facultades moderadoras respecto de los derechos y obligaciones, sustituyó los intereses abusivos por el tipo máximo que prevé el citado artículo 19, en concreto por el 10,5 % (4,25 % x 2,5). Por lo tanto, también en el presente caso procede declarar abusivo el repetido interés del 29 % y aplicar idéntica solución, sustituyéndolo por el interés del 13,75 % (5,5 % x 2.5)."
Y mas recientemente la SAP de Barcelona de 7.10.08 al señalar que "Está admitido que el interés pactado por mora se prevé para el caso de incumplimiento por lo que nunca podrá ser usurario, ya que lleva un plus de penosidad por no haberse cumplido el contrato según lo pactado. Ambas partes así lo acuerdan en virtud del principio de autonomía de voluntad aunque al estar ante un contrato de adhesión no puede eludirse que en realidad viene impuesto por el Banco y que el prestatario no repara tanto en este como en el interés remuneratorio en la creencia que no se va a producir el impago. Si bien un interés de demora de 29% hace ya bastantes años era usual no lo es ahora dadas las circunstancias actuales en que se estima que es muy alto por lo que se pueden hacer uso de las facultades moderadoras que la ley da a los tribunales, art.1154 CC, aunque reconocemos que se trata de una cuestión de derecho muy controvertida. Así hemos de partir del interés remuneratorio pactado que era del 6,45% y no aplicar más de 2,5 veces este interés por seguir de forma analógica la técnica del art.19.4 de la Ley de Créditos al Consumo, lo que da un interés de 16,125%, y al que nos hemos de limitar."
Aplicando la doctrina expuesta al caso que nos ocupa, se ha de considerar abusivo el interés moratorio del 29 % fijado en la póliza de préstamo, debiendo quedar reducido el mismo a 2'5 veces el interés legal del dinero en el año en que se suscribió la póliza (2004), ascendiendo por tanto el interés moratorio al 10%.".
Criterio que consideramos también aplicable al interés que nos ocupa del 24% anual, porcentaje que excede notoriamente al previsto en la Legislación de Crédito al Consumo como límite del interés aplicable al descubierto en cuenta corriente, que se considera de aplicación a los contratos como el que aquí se acompaña, no porque en ellos se de un descubierto en cuenta que no se puede dar en el contrato que nos ocupa, sino porque se considera de aplicación dicho límite de dos veces y medio el interés legal del dinero a otras operaciones de consumo que mantienen con aquella de descubierto en cuenta corriente (números rojos) una equivalencia que justifica la extensión de dicho límite, es decir, se trataría de que por identidad de razón se aplica el límite previsto en la legislación sectorial para los descubiertos en cuenta corriente. Efectivamente, el art. 19 de la Ley de Crédito al Consumo no resulta de aplicación automática a los contratos de préstamo pues en realidad se refiere a los descubiertos en cuenta corriente, que es un negocio jurídico distinto del anterior, siendo también diferente la intervención de las partes en uno y otro; si bien, dado que ese descubierto constituye a la postre un crédito que la entidad bancaria concede al cliente, el tipo máximo que establece dicho precepto, en cuanto plasma el criterio del legislador sobre cuál sea el interés que considera razonable para los casos de incumplimiento, constituye indudablemente un valioso punto de referencia, un útil indicador, cuando se trata de examinar si un determinado tipo de interés debe considerarse abusivo o no. Por lo que anulada parcialmente la cláusula, procede aplicar un interés de demora del 10%. Se estima parcialmente la demanda reconvencional.
Finalmente, se plantea si en la demanda de juicio ordinario presentada con posterioridad a la oposición al monitorio, debieron tenerse en cuenta los 3500 € pagados el 26 de julio de 2007. Pues bien, consideramos que cuando nos hallamos ante un Juicio ordinario, que exige una presentación de demanda aparte, que se debe ajustar en sus requisitos a lo dispuesto en el artículo 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a diferencia del juicio verbal, se inicia un proceso totalmente independiente del Juicio monitorio archivado, que no transformado en Juicio ordinario, por lo que la demanda debe ajustarse a la deuda a realmente existente en la fecha de su presentación, lo que no hace la recurrente, por lo que debe descontarse de la cantidad reclamada los citados 3500 €, amén de los 405.97€ por los intereses de demora, sin perjuicio de la liquidación final por este concepto en ejecución de sentencia, resultando la cantidad total reclamable de 13.748,69 €, más los intereses de demora al 10% anual desde la petición inicial del procedimiento monitorio y hasta su completo pago. Sin perjuicio de que se tengan en cuenta en ejecución de sentencia otras cantidades pagadas con posterioridad.
Cuarto.-Estimado parcialmente el recurso y con ello parcialmente la demanda así como también parcialmente la reconvención, no se hace especial pronunciamiento en costas en ninguna de las dos instancias, de conformidad con lo dispuesto los artículos 394 y 398 de la LEC.
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey, y por la autoridad conferida por el Pueblo Español;
FALLAMOS: Que estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la mercantil Santander Consumer EFC, SA., contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Elche, de fecha 31 de julio de 2009, que revocamos y, en su lugar, con estimación parcial de la demanda, así como también parcial de la reconvención formulada de contrario por doña Concepción, condenamos a esta última a que pague a la demandante la cantidad de 13.748,69 €, más los intereses de demora del 10% anual desde la fecha de la solicitud inicial del procedimiento monitorio hasta su completo pago. Absolviendo a la demandada de las demás pretensiones formuladas en su contra. Sin especial pronunciamiento en costas en ambas instancias.
Notifíquese esta sentencia conforme a la Ley y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otro al rollo de apelación.
Contra la presente resolución, que es firme, no cabe recurso alguno en esta vía jurisdiccional.
Así, por esta nuestra sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Publicación.-La anterior resolución ha sido leída y publicada en el día de su fecha por el Ilmo. Sr. Ponente, estando la Sala reunida en audiencia pública. Doy fe.