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Timestamp: 2019-05-20 18:34:15
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Matched Legal Cases: ['artículo 153', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 153', 'artículo 14', 'artículo 14']

¿Debe una agresión ser machista para ser violencia de género? - Hay Derecho
15 febrero, 2019 /9 Comentarios/en Blog /por Fernando de las Heras
La violencia de género es un gravísimo problema social. Además de lo que supone por sí misma, representa la manifestación máxima del machismo que, por desgracia, está presente en muchas capas de la sociedad. A largo plazo es necesario invertir esfuerzos en educar en igualdad, y contra los roles de género, pero no cabe duda de que también es necesaria una coerción penal para los hombres que, en el presente más inmediato, la ejercen.
La legislación penal específica sobre materia de Violencia de Género está plasmada fundamentalmente en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (LIVG). Está ley, promulgada por el Gobierno socialista de Zapatero, modifica el código penal (entre otros, en su artículo 153) para, además de otras medidas, poder aplicar una pena mayor para algunos delitos cometidos por un hombre y en los que la víctima sea una mujer con quien mantuviese (o hubiese mantenido) una relación afectiva. El concepto en sí ha sido muy criticado, planteándose la duda razonable de si este agravamiento vulneraba el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución al discriminar a los hombres por el hecho de serlo.
Tras numerosas cuestiones de inconstitucionalidad elevadas al Tribunal Constitucional, éste se pronunció en 2008 (STC 95/2008) en sentido favorable a la norma. En dicha sentencia, la parte alegante expone que el tipo penal agravado se aplica por motivos de género, en clara discriminación hacia el hombre. El TC, sin embargo, desestima la cuestión, al considerar que a la luz del propio artículo 14, sólo cabe interpretar la norma como un castigo adicional aplicable ya que se genera un mayor daño a la víctima “cuando el agresor actúa conforme a una pauta cultural —la desigualdad en el ámbito de la pareja— generadora de gravísimos daños a sus víctimas y dota así consciente y objetivamente a su comportamiento de un efecto añadido a los propios del uso de la violencia en otro contexto”. El Tribunal Constitucional resuelve la cuestión, como viene siendo habitual, interpretando (o reinterpretando) la norma a la luz de la Constitución, evitando así confrontar ambas. La solución había sido válida, si bien es cierto que con poca aplicación de esta interpretación, hasta el 20 de diciembre de 2018.
El 20 de diciembre de 2018, la sala de lo penal del Tribunal Supremo dicta una sentencia bastante desapercibida por la opinión pública, estableciendo el criterio en caso de agresión mutua entre un hombre y una mujer que mantengan una relación afectiva. Más importante que el fallo en si (la mujer es condenada a tres meses y el hombre, por idénticos hechos, a seis) es el razonamiento que el alto Tribunal realiza. En su conclusión segunda, el TS establece la “inexigencia del ánimo de dominación o machismo en la prueba a practicar”. Para ello, previamente analiza tanto la LIVG como las diferentes sentencias relacionadas, incluyendo la 95/2008 del Tribunal Constitucional. El razonamiento final es que el trasfondo machista que constituyó la razón de promulgar dicha ley se plasma, en la mente del legislador, en todas las agresiones entre un hombre y su pareja o expareja, por lo que debe entenderse que el artículo 153 debe ser aplicado con carácter objetivo, siempre que exista o haya existido esa relación.
Está resolución del alto Tribunal, lejos de concordar con la STC 95/2008, plantea una ruptura con la visión del TC. En efecto, el Constitucional parecía haber logrado asegurar la Constitucionalidad de la LIVG estableciendo, con independencia de la mens legislatoris de 2004, una justificación del agravamiento de la pena en un hecho concreto y aparentemente subjetivo como es, la actuación conforme a la pauta cultural machista. De esta manera, al legitimar el agravamiento cuando se produce esta circunstancia, parece razonable pensar que el mismo se circunscribe a ella, que no se produce en todos los casos (de lo contrario, establecer una condición no tendría sentido, y en vez de un “cuando”, habría resultado más lógico un “porque”: [… ya que se genera un mayor daño a la víctima porque el agresor actúa conforme a una pauta cultural —la desigualdad en el ámbito de la pareja…]. Hay que mencionar, además, que en adición al argumento gramatical, la objetivación de este agravamiento de la pena plantea dudas desde una perspectiva sistemática. La especial justificación de las restricciones a los derechos fundamentales especialmente protegidos, entre los que se encuentra el de igualdad desarrollado en el artículo 14, es difícilmente compatible con la objetividad con la que se asume que todas las agresiones de un hombre hacia su pareja o expareja tienen causa machista. El ejemplo de un hombre que trata de asesinar a su mujer para cobrar un seguro de vida, ¿puede entenderse de forma automática como un caso de machismo? ¿Debe este caso condenarse más gravemente que si el hombre hubiera intentado matar a su marido para cobrar dicho seguro? Dado que la aplicación de la LIVG puede afectar al ejercicio del derecho de igualdad, estas cuestiones deberían probarse.
Llegados a este punto, pueden plantearse tres soluciones a la problemática expuesta. En primer lugar, podemos asumir el criterio del Tribunal Supremo y considerar que todas las agresiones de hombres a sus parejas o exparejas tienen un componente machista, aceptando la introducción de este juicio objetivo en una rama del derecho tan eminentemente subjetiva como la penal. Podemos, en segundo lugar, volver al criterio del Tribunal Constitucional, que posiblemente se posicione tras esta sentencia del Supremo, interpretando la LIVG en consonancia con el artículo 14 de la Constitución sin importar la intención original de la ley.
Pero más interesante resultaría, sin embargo, afrontar un análisis de la LIVG serio, crítico y alejado del ruido, desde un punto de vista tanto jurídico como de resultados, y con la perspectiva que ofrecen sus 15 años en vigor. Tal vez, la solución pase por sustituir los delitos de violencia de género a través de los cuales se estructura la Ley por un agravante por machismo que sea eficaz, tenga en cuenta las situaciones reales, deje fuera situaciones ajenas al machismo, y castigue con dureza las agresiones probadamente machistas. Este sistema permitiría aplicar el agravante a agresiones machistas fuera del ámbito de la pareja, como se viene persiguiendo desde la firma del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y dejar fuera del mismo situaciones de violencia intrafamiliar, que nada tienen que ver con la violencia de género, o agresiones dentro de la pareja en las que el machismo no esté presente.
Para avanzar hacia esta solución, o cualquiera más efectiva, habrá que afrontar el inmovilismo de algunos, los intereses de otros, y el impulso de los más reaccionarios. Trabajar juntos, y legislar pensando en quienes de verdad importan: las víctimas (todas) de violencia de género.
https://hayderecho.expansion.com/wp-content/uploads/2019/02/gender-violence.jpg 701 1051 Fernando de las Heras https://hayderecho.expansion.com/wp-content/uploads/2018/09/hay-derecho-expansion.jpg Fernando de las Heras2019-02-15 23:59:532019-02-15 23:59:53¿Debe una agresión ser machista para ser violencia de género?
16 febrero, 2019 en 13:24
Al Sr. De las Heras, una pregunta. ¿Se presentará UPyD a las próximas elecciones? Me parecería una gran idea.
Y un comentario general tras el artículo con el cual concuerdo.
Cuando en USA alguien quiere disculparse por decir lo que piensa se suelen comenzar las conversaciones diciendo. “Tengo muchos amigos Judíos, o Musulmanes, o Negros o Hispanos, etc” Este preámbulo siempre suscita una especie de “Venga ya, hombre”. La corrección política es tremenda y dictatorial y la culpa es nuestra por no confrontarla como la herramienta de imposición que es.
Por lo tanto voy a aventurar, sin disculpas previas porque tengo igual número de hijas que de hijos y de nietos que de nietas y me debo por igual a todos ellos, una hipótesis de trabajo que creo más científica que lo que hoy se estila.
Estamos ya en un régimen jurídico en estas cuestiones muy semejante a la legislación de la Alemania Nacional Socialista en la que determinados grupos sociales comenzaron –ya en 1933– a recibir la atención del legislador por razón de su pertenencia a un grupo con la correspondiente reducción de sus derechos como personas.
Así comenzó desde 1933 la exclusión de determinados grupos sociales de profesiones, de actividades privadas y públicas y de derechos civiles.
Esto ya es un hecho objetivo en relación a los varones hoy y no creo que, honradamente, pueda esto ser discutido. Estas leyes y estas juisprudencias solo pueden ser entendidas como actos profundamente destructivos de una sociedad. En esto creo que estamos ya de acuerdo una gran mayoría social que, hoy por hoy, solo atiende un partido que todavía no ha recibido la visita de los que mandan.
Nos queda en este momento tratar dos cuestiones.
1. ¿Por qué se produce esta situación en países que se proclaman libres, igualitarios y democráticos cuando en esto se comportan de un modo que no cumple ninguna de las tres proclamas?
2. ¿Qué efectos tiene esto socialmente a plazo medio y largo?
Lo dejo ahí como propuesta de reflexión en un entorno en el cual ya hoy para un varón, plantearse una relación estable con una mujer es, objetivamente, entrar en una relación con efectos jurídicos sesgados profunda e injustamente en su contra. El resultado está a la vista.
Saludos cordiales y gracias por el artículo.
PS. Como apéndice para la reflexión de uno más de los elementos históricos que solemos olvidar al analizar lo que en nuestro alrededor sucede.
En 1974 Kissinger, en el Memo 200 que permanece secreto hasta 1991, establece como Principal Prioridad estratégica USA el Control del Crecimiento de la Población Mundial. Fracasa en gran parte del Mundo pero tiene Gran Éxito a ambos lados del Atlántico Norte.
Aquí, para leer despacio porque son 120 páginas y algunas cosas no se dicen muy explícitas.
Échenle una ojeada para ver cómo lo que hoy pasa ante nuestros ojos se sembró hace 50 años.
16 febrero, 2019 en 14:22
Todo este asunto me produce una tremenda perplejidad. Sigo sin entender el razonamiento del TS (y no me planteo la lectura de la sentencia, dados mis conocimientos). Y no tengo claro si una u otra posición es mejor o peor para los derechos de las personas. Me atrevo a abusar de la amabilidad de los editores al sugerir más postales sobre el tema e invitar a una serie de juristas de diversas cuerdas para explicar este jardín.
16 febrero, 2019 en 20:24
El problema vendrá cuando algún abogado defensor espabilado intente que no se le aplique a su representado agravación alguna invocando (al menos, si la agresión se cometió en la Comunidad de Madrid) el principio de autodeterminación de género definido en la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en dicha Comunidad.
Ese principio supone que “toda persona tiene derecho a construir para sí una autodefinición con respecto a su cuerpo, sexo, género y su orientación sexual”, añadiendo la norma que “Toda persona tiene derecho a ser tratada conforme a su orientación sexual e identidad o expresión de género”.
De esta manera, si el señor que agredió físicamente a su señora alega en el juicio que él, en realidad, se autodeterminó como “persona de género femenino” antes de cometer la agresión, ¿qué forma habría de negarlo? La propia ley sostiene que “Ninguna persona podrá ser obligada a someterse a tratamiento, procedimiento médico o examen psicológico que coarte su libertad de autodeterminación de género”, lo cual, a mi modo de ver, impediría que el juzgado le pudiera someter a pericia alguna para decidir si esa “autodeterminación” para el cambio de género se habría producido de una forma sincera o con meros propósitos de defensa.
Con ello, la agresión del “señor” tendría que recibir el tratamiento penal propio de la de una “señora”, y cualquier intento en contra vulneraría a mi entender lo que la referida ley establece.
16 febrero, 2019 en 23:06
Impresionante el nivel de enredo de estas sentencias. Los argumentos son increíblemente ambiguos y oscuros. Qué significa exactamente actuar bajo una pauta cultural? Cuando lo hacemos y, sobre todo, cuando no? Cómo es posible que los jueces distingan eso? Por qué implica una sanción mayor?
Me adhiero al comentario anterior de más posts explicando estos temas. Sin embargo me ha quedado mal sabor de boca. No veo una buena argumentación, más bien demasiada ambigüedad cuando no expresiones que parecen directamente vacías.
Pablo Nart Dice:
17 febrero, 2019 en 18:11
Contribuir con mi granito de arena a su pregunta ¿Por qué implica una sanción mayor?
Las leyes pueden cumplir un importante papel al menos de dos maneras: indicando que un comportamiento social es inaceptable y ejerciendo un papel disuasorio mediante sanciones.
Es responsabilidad del estado actuar ante la discriminación. Ante la desigualdad femenina se establece una discriminación positiva.
Es un criterio aplicado en por numerosos países in todos los continentes.
En nuestro caso, ha sido establecido como circunstancia modificativa de responsabilidad por la Corte Europea de Derechos Humanos “prosecutors should regard violence against women as an aggravating or decisive factor in deciding whether to prosecute in the public interest” Bevacqua v. Bulgaria, No. 71127/0), basado en la recomendación, Rec(2002)5, del Comité de Ministros del Consejo de Europa.
Mañanamañana Dice:
17 febrero, 2019 en 12:52
Para legislar sobre delitos imagino que lo lógico es estudiar los delitos. ¿Y cómo? De forma empírica:
https://elpais.com/politica/2017/07/08/actualidad/1499533272_517542.html
¿Y qué conclusiones saca hoy el feminismo y la izquierda, que la derecha seguirá a pies juntillas mañana?:
https://www.publico.es/sociedad/violencia-genero-hombres-matan-mujeres-desvirtuar-violencia-machista.html
https://www.eldiario.es/zonacritica/por_que-hombres-matan-mujeres-barbijaputa_6_663243676.html
Tenemos un grave problema, y no es jurídico, es político. La realidad ya no importa.
18 febrero, 2019 en 08:23
Encuentro muy buena solución la que proponen de considerar la violència machista un agravante y por tanto seguir siendo plenamente válido el principio constitucional de igualdad del art 14.
18 febrero, 2019 en 13:14
Realmente lo que se está ventilando es que si el infractor es judío y practicante pagará el doble. Una como todos y otra por violar la ley mosaica. Y si el hecho luctuoso acaece en sábado podemos añadirle otra.
Lo necesitamos para tranquilizar la mala conciencia ante lo injusto de la situación.
18 febrero, 2019 en 18:46
De lo que no cabe duda es del caos jurídico existente en nuestro ordenamiento. Un caos que nace de la propia C.E. y del peculiar desarrollo e interpretación que cada uno hace de su letra y espíritu así como de las “directivas” europeas que se pueden adoptar o no enterarnos, según convenga. Como muy bien se apunta en un comentario anterior el problema es político y todo lo demás nos puede mantener en largos, tediosos o interesantes debates sobre el asunto. Todo ello es lógico en sistemas que marginan la función de legislar del Parlamento, para dar a entender que la política la marcan los partidos que ganan las elecciones. Se dice que son “para elegir presidente de gobierno” en lugar de ser para representación política de la soberanía popular. Con tales mimbres no es de extrañar que el cesto haga aguas por todos sus costados.
La discriminación, se mire como se mire, es contraria a la igualdad constitucional proclamada. Las de carácter “positivo” sólo hacen marcar más aún la separación entre unos discriminados y los que no lo son. Si partimos de la base de entender a todos iguales (seres humanos) con independencia de sus géneros (cada vez más complicados), tendencias sexuales o función social, debemos convenir que sobra cualquier legislación que los discrimine (tanto positiva como negativamente) con independencia de que, ante casos concretos, puedan estimarse agravantes (o no) por los tribunales que para eso están, no para seguir la “moda” de cada momento. La violencia es un hecho recogido en el C.P. y, en todo caso, puede depurarse en sus consecuencias jurídicas en sede judicial.
Nos estamos acostumbrando a ser “señalados” por nuevas corrientes ideológicas parciales, que se van imponiendo poco a poco, dejando siempre su impronta en las instituciones públicas que deben ser neutrales. Nos hemos cargado el espíritu de reconciliación social que se suponía partiría de la C.E. a base de abrir de nuevo la caja de los truenos (como es el caso de la “memoria histórica”, la exhumación de Franco o la “comisión de la verdad) por una izquierda que se ha quedado sin proyecto político sencillamente porque ya no existe. Al igual que ocurre con las “derechas”. Todos son socialdemócratas o de “pensamiento único” en su base ideológico-pragmática plasmada en el artº 1º de la C.E.: “España (concepto de nación) se constituye en un Estado SOCIAL Y DEMOCRATICO de Derecho…” contrario al “valor superior” del pluralismo político con los “cordones sanitarios”. Al final la “soberanía nacional” no reside en el pueblo español y su diversidad política, sino de lo que deciden los partidos respectivos convertidos en “juez y parte” según la conveniencia electoral. Eso no es política. Es en todo caso un concurso para conocer quienes son más “famosos”, tienen mejor “imagen” y suscitan más pasiones entre unos “fans” desprovistos de espíritu crítico.
No es de extrañar por tanto los vaivenes que cotidianamente se producen en nuestras instituciones y así están ellas.
Fake comments El Estado de Derecho, a juicio. Reproducción de la tribuna de El Mundo de Elisa...