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Timestamp: 2018-09-26 12:45:43
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Matched Legal Cases: ['artículo 338', 'artículo 12', 'artículo 31', 'artículo 42', 'artículo 18', 'artículo 79', 'artículo 366', 'artículo 18', 'artículo 19', 'artículo 359']

La Fiscalidad y la Gestión Ambiental - Análisis y Propuesta de los instrumentos tributarios para la protección de los recursos naturales
IMAGEN TOMADA DE GOOGLE: Fiscalidad Ambiental (www.aztes.es - Economía y Medio Ambiente)
La Ley 99 de 1993 estableció el Sistema Nacional Ambiental como un factor de cohesión de la política y gestión ambiental del país, previendo como sistema de financiación una serie de instrumentos jurídico- económicos de carácter tributario, tales como, las tasas y las exenciones tributarias Sin embargo, las Autoridades Ambientales, encargadas de velar por la protección y conservación del medio ambiente y, la mitigación, control y reducción de los elementos contaminantes, han venido manifestando su preocupación entorno al ejercicio no satisfactorio de las competencias antes aludidas, debido según argumentan, principalmente a los escasos recursos económicos con los que cuentan y a la despreocupación de los usuarios para adoptar mecanismos técnicos que permitan una mejor utilización de los recursos naturales y una disminución de la contaminación.
Precisamente, para contrarrestar la situación actual de las Autoridades Ambientales y mejorar, en términos de recomposición y estructuración debida de la oferta ambiental, debe necesariamente establecerse nuevas fuentes de financiación que permitan la disminución de los costos ambientales. Es este precisamente el objeto de central del presente escrito, para lo anterior, abordaremos el tema propuesto en dos partes, en un primera realizaremos consideraciones generales sobre la fiscalidad actual del sistema ambiental, para lo que resulta necesario referirnos en primer término a las tasas en general como parte integrante del sistema tributario y ocuparnos luego dentro de este acápite, de las tasas ambientales en particular.
En la segunda parte presentaremos la propuesta entorno a la necesidad de establecer un nuevo tributo dentro de la fiscalidad del sistema de gestión ambiental, exponiendo algunos de sus aspectos centrales, para terminar con las correspondientes conclusiones.
LA FISCALIDAD ACTUAL DEL SISTEMA AMBIENTAL
Dentro del contexto del Derecho Ambiental la aplicación de instrumentos económicos ocupa un acápite de gran valía al servir de vaso comunicante entre el desarrollo empresarial y social y, la explotación y sostenibilidad de los recursos naturales. Es por ello, que se ha acuñado la concepción de los costos ambientales, dentro del pensamiento social e industrial de los costos empresariales, en el entendido que “la internalización de los efectos externos negativos a través de instrumentos económicos, permite la realización de las metas de protección al medio ambiente a costos mínimos”[1]
Bajo este presupuesto, el ordenamiento jurídico ambiental acogiendo la normativa internacional estableció controles económicos a los factores de deterioro ambiental, ocasionados por el ejercicio de la actividad productiva y social de la comunidad. Estos instrumentos son: los incentivos y estímulos económicos y las tasas retributivas, concebidos respectivamente, entorno a la exención y pago de una suma de dinero, como consecuencia del uso razonable y legal de bienes públicos y la utilización de servicios ambientales.
Así las cosas y tomando como punto de referencia a las tasas, en una primera aproximación a ellas, las podríamos definir como “las remuneraciones que deben los particulares por ciertos servicios que presta el Estado”[2] noción que, dada su generalidad debe ser complementada con lo expuesto por la Corte Constitucional[3], quién en un primer momento definió la tasa como “una retribución equitativa por un gasto público que el Estado trata de compensar en un valor igual o inferior, exigido de quienes, independientemente de su iniciativa, dan origen a él” y, en la misma sentencia dio otra definición del siguiente tenor “Son aquellos ingresos tributarios que se establecen unilateralmente por el Estado, pero sólo se hacen exigibles en el caso de que el particular decida usar el servicio público correspondiente”
Las definiciones dadas permiten avizorar algunos criterios de identificación de la tasa a saber, primero, se trata de ingresos tributarios en razón “del ámbito de coacción a que están sometidos quienes la sufragan”[4] ; segundo la prestación de la que es acreedor el Estado no puede tener como fin una ganancia; tercero, su fuente es una decisión unilateral del Estado, que en virtud del principio de legalidad tributaria sólo puede ser una norma y; cuarto, su exigibilidad depende de una decisión autónoma del particular, consistente en el ejercicio o no de una actividad, criterio que ya había sido puesto de presente por el Consejo de Estado[5]
En consonancia y como bien lo expresa el doctor Mauricio Plazas, la tasa “Es una prestación tributaria establecida por la Ley o con fundamento en la Ley, a favor del Estado como titular directo o indirecto, originada por una actividad de interés público o colectivo directamente relacionada con el contribuyente, o por la utilización de un bien de dominio público, que no obstante ser indispensable[6] para él, tiene lugar en virtud de su solicitud, y cuya cuantía tiene como criterio de referencia el costo de la actividad o la disponibilidad del bien de que se trate”[7] , cuyas características a partir de las nociones dadas, son:
La obligación de pagarla es de origen legal (Ex lege), no obstante lo cual, “el artículo 338 de la Constitución Política permite que la Ley, la Ordenanza o el Acuerdo respectivo faculten a la Autoridades para fijar la tarifa como recuperación de los costos de los servicios dentro de parámetros claros alrededor del método y del sistema para definir tales costos y su reparto”[8]
Divisibilidad, es decir su pago da lugar como contraprestación de un servicio inherente a las funciones del Estado y, de naturaleza individualizable en cabeza del usuario[9]
Tiene por objeto la financiación del servicio que le sirve de causa.
Acogiendo lo expuesto anteriormente, desde la óptica del Derecho Ambiental encontramos como antecedente de la adopción de éste instrumento económico, el artículo 12 de la Ley 23 de 1973, que estableció como premisa para la protección de los recursos naturales, el cobro de una suma de dinero para todo aquel que en desarrollo de una actividad productiva y lucrativa generará impactos negativos sobre[10] los recursos naturales, en el entendido que se estaba haciendo uso del ambiente y, que dicho uso depreciaba el bien (recursos naturales), cuya protección estaba a cargo del Estado.
Dicho instrumento resultó avalado posteriormente por la declaración de Rió de Janeiro de 1992, que a la postre se convirtió en el fundamento de toda disposición normativa ambiental para la adopción de herramientas jurídico - económicas, al consagrar el principio denominado “el que contamina paga”, según el cual, “las autoridades nacionales deberán procurar fomentar la internacionalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, tenido en cuenta el criterio de que el que contamina debería en principio, cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales”
El Código de Recursos Naturales acatando dicha óptica, de consagración de instrumentos económicos, dio cuerpo a éstos, al definirlos como tasas retributivas y compensatorias[11], las cuales se sustentan, al calificar como servicio de carácter ambiental y de utilidad personalísima el uso de los recursos naturales. Uso que supone “un desgate, una depreciación del bien usado, por lo que se está ocasionando con su uso un daño fatal, daño que no es antijurídico por lo que no es sujeto de indemnización, pero que debe ser compensado y retribuido a las generaciones presente y futuras (…)”[12]
La normativa nacional e internacional antes expuesta, debe compaginarse con lo previsto por la Ley 99 de 1993, que en últimas constituye hoy día el régimen jurídico de las tasas ambientales, dispone la mencionada Ley, en primer lugar, en su artículo 31 al referirse a las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales que a éstas les corresponde: “Recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, tasa, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente”
Por su parte, el artículo 42 y 43 de la ley en comento se ocupó de las distintas clases de tasas a que hay lugar con ocasión de la prestación de servicios ambientales, constituyéndose en el eje a partir del cual se desarrolla este mecanismo de financiación del Sistema Nacional Ambiental, al consagrar entre otros:
Las actividades económicas lucrativas o no, a partir de las cuales da lugar el cobro de la tasa
Los tipos de tasas: retributivas, compensatorias y por uso.
La subrogación del artículo 18 del Código de recursos naturales.
Las reglas para el cálculo de las tasas.
La destinación de los recaudado por dichos tributos
De lo previsto por las normas puede afirmarse que las tasas ambientales se originan en la utilización de un bien de uso público cuya conservación está a cargo del Estado, en consecuencia, la protección, conservación y sostenibilidad de los recursos naturales genera un costo que debe ser pagado por quienes “utilizan el ambiente”, de allí el legislador las hubiese establecido pues de un lado se logra financiar la tarea asignada desde la misma Constitución (artículo 79) a la Administración y de otro, se obtienen recursos para la ejecución de la política ambiental del país.
Así, lo estableció la Corte Constitucional[13], quién manifestó que las tasas retributivas, compensatorias y de uso, son los instrumentos económicos dentro del ordenamiento jurídico para la gestión ambiental del país, como dijimos, desde el punto de vista de su financiación, de allí que los recursos recaudados hagan parte del gasto público social, lo que significa que las tasas ambientales “hacen parte de la excepción a la regla general que consagra la Constitución, según la cual no pueden existir rentas de destinación especifica, pues una de las salvedades que se consagran en tal sentido recae sobre las rentas destinadas para la inversión social. De tales mandatos se desprende el criterio compartido por la Corte Constitucional según el cual las tasas son rentas de destinación específica[14]”[15]
Por otra parte, desde el ámbito fiscal las tasas ambientales tienen como finalidad trasladar un costo a quienes se benefician de los recursos naturales por su utilización, aprovechamiento o degradación y financiar correlativamente las medidas necesarias para mitigar, sanear, proteger y potencializar la conservación del medio ambiente de los efectos negativos que se producen por la intervención del hombre en los recursos naturales, de allí que como dice la Corte Constitucional[16] la tarifa de la tasa debe ser dinámica y ágil y, tener sentido de oportunidad.
Desde el punto de vista ambiental, las tasas tienen por objeto el brindar una contraprestación al Estado por mantener a disposición de todas las personas los recursos naturales para su utilización, lo que implica la obligación de prestar una oferta ambiental suficiente, como requisito sine qua non para poder hacer exigible la tasa, que se fija “en función de los costos administrativos y de los costos de implementación de un programa de control de la contaminación”[17] , lo que conduce a la Autoridad Ambiental, a que lo recaudado se encamine a disminuir la contaminación o al menos mantenerla en los niveles permisibles fijados por las normas, para poder exigir su cobro, que dada la finalidad antes anotada involucra necesariamente ser diferenciada, es decir, que el cobro varía dependiendo los usuarios y la región del país donde se efectúe el cobro, dado a que los niveles de contaminación son distintos dependiendo el lugar el país.
De igual manera el cobro de la tasa ambiental hablando desde un plano puramente jurídico implica como lo anota el profesor Gómez Villa[18], un traslado de la responsabilidad de quien aprovecha los recursos naturales hacía las Autoridades Ambientales en lo que concierne a los efectos nocivos que produce sobre los recursos naturales su aprovechamiento.
Bajo este presupuesto, surge para la Administración la obligación, de que con lo recaudado adopte todos los mecanismos necesarios para evitar que el impacto sobre los recursos naturales sea de tal entidad que genere un daño al bienestar y calidad de vida de los ciudadanos, lo anterior sin perjuicio que el particular dentro de su responsabilidad social y ambiental adopte mecanismos para reducir o mitigar el efecto de su actividad sobre los recursos naturales.
Ahora bien, lo antes expresado no equivale a decir que el pago de la tasa es casual eximente de responsabilidad pues igual los usuarios deben cumplir con todas y cada una de las normas ambientales vigentes, de allí que frente a un eventual incumplimiento puedan ser objeto de la imposición de medidas preventivas o de procesos sancionatorios.
Frente a ese escenario resulta valido advertir lo expresado por la Corte Constitucional[19] respecto a que no todo aprovechamiento de los recursos naturales genera el cobro de una tasa, pues en algunos casos la utilización de los recursos naturales no genera en éstos un impacto significativo, lo cual hace poco rentable frente a este tipo de situaciones que el Estado desligue el conjunto de actividades administrativas para su cobro y recaudo.
Por ello el Tribunal Constitucional se dio a la tarea para efectos de exigibilidad, cobro y recaudo de tasas ambientales, de clasificar los impactos sobre los recursos naturales.
Clasificación, que en la practica no es acatada por las Autoridades Ambientales en un claro desconocimiento de la jurisprudencia constitucional, que trae consigo adicionalmente, de una parte que se exija y se cobre la tasa sin importar el impacto que se genere sobre los recursos naturales y de la otra, que la Autoridad Ambiental se vuelva ineficaz al exigir tasas cuyo recaudo es tan mínimo que ni siquiera se alcanza a sufragar los costos en incurre al desplegar su actividad administrativa coactiva, lo que genera per - se un desequilibrio financiero, en la medida en que impone la necesidad para el Estado de destinar gran parte de los recursos previstos para la mitigación, conservación y protección de los recursos naturales para cubrir gastos puramente administrativos, es decir, que la prestación optima de los servicios ambientales, se desdibuja o queda al traste por cubrir costos administrativos.
Expuso la Corte Constitucional[20], en torno a la mencionada composición clasificación y que por demás debe ser acogida cuanto antes por las Autoridades Ambientales. En la primera se ubican aquellas actividades que generan un impacto sobre los recursos naturales pero no de manera nociva, es decir, que la contaminación que se produjese es asimilada por el ambiente y por lo tanto no hay lugar al cobro de la tasa; en la segunda se ubican las actividades que impactan los recursos naturales de manera nociva, gestando un impacto negativo al ambiente pero de baja escala, en otras palabras, se generan costos ambientales cuya magnitud no requiere internalización comparativamente con los gastos administrativos que se efectuarían por el cobro de la tasa, por lo cual, la Corte en mención, determinó la no exigibilidad del tributo.
Las dos restantes, refieren respectivamente, a las actividades que impactan de igualmente los recursos naturales de manera nociva generando un efecto negativo sobre el ambiente, pero dentro de los límites permisibles establecidos por la norma, que es el escenario presupuestado o concebido para el cobro de las tasas, de donde surge la obligación tributaria y; las que comprenden el grupo de actividades que producen un impacto nocivo sobre los recursos naturales, estableciendo efectos nocivos sobre el ambiente pero de tal entidad que rebasan los límites establecidos en las normas, caso en el que según el Tribunal Constitucional hay lugar no al cobro de la tasa si no a la imposición de medidas preventivas y sancionatorias.
Por lo expuesto entorno a la categorización y para finalizar la exposición sobre las tasas ambientales, es importante determinar los elementos que configuran este tributo para establecer frente a un caso concreto la exigibilidad o no de la tasa, así las cosas tenemos:
Sujeto Activo: Las Autoridades Ambientales.
Sujeto Pasivo: Toda persona que por el ejercicio de cualquier actividad utilice los recursos naturales y produzca efectos nocivos sobre el ambiente pero dentro de los limites permisibles establecidos en las normas correspondientes.
Hecho Generador: La utilización directa o indirecta de los recursos naturales, cuyo empleo genere efectos nocivos pero dentro de los límites fijados por las normas.
Base Gravable: La depreciación de los recursos naturales derivadas de su explotación, que comprenden: los costos y daños ambientales que se generen.
Tarifa: De acuerdo a lo previsto por la Constitución y la Ley 99 de 1993, la fijan Autoridades Ambientales[21], quienes además son las encargadas de su recaudo. Así las cosas, el Ministerio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial fija la tarifa mínima de las tasas, es decir “establece cada año las bases para el cálculo de la depreciación teniendo en cuenta los costos sociales y ambientales del daño y los costos de recuperación del recurso afectado y la aplicación del método para la determinación de tales costos”[22] correspondiéndole a las Corporaciones Autónomas Regionales y a los Centros Urbanos “fijar el monto tarifario de la tasa dentro del área de su jurisdicción, además de su cobro, recaudo e inversión”[23]
LA NUEVA FISCALIDAD DEL SISTEMA AMBIENTAL - Propuesta de un nuevo tributo
La oferta de recursos naturales en nuestro país es amplia y diversa, por el capital enriquecido de recursos naturales con los que contamos, generando correlativamente un esfuerzo de gran envergadura para las Autoridades Ambientales a quienes por competencia legal y constitucional les corresponde la mitigación, control, preservación y protección de los recursos naturales, procurando en todos los casos su correcta utilización, es decir, de manera sostenible.
Lo anterior necesariamente implica un sistema financiero prospero y consolidado que permita a las Autoridades destinar los recursos suficientes para adoptar las políticas, programas, actividades y acciones suficientes para el mantenimiento de los recursos naturales, es decir, para prestar una oferta ambiental en las mejores condiciones posibles.
Sin embargo, los emolumentos recaudados para tal fin resultan insuficientes, frente a los altos costos administrativos que deben asumir las Entidades Ambientales para la obtención de los recursos financieros con los que fueron dotados por la Ley, sumado a las bajas tarifas que pueden establecer, que no resultan suficientes para reflejar en ella los costos y daños ambientales generados y las tareas necesarias, principalmente, para la mitigación y recuperación de los recursos naturales, frente a la gran demanda de recursos ambientales que se presentan por los administrados.
Esto conlleva a tener un sistema financiero desequilibrado, que redunda en la afectación de los recursos naturales y en la prestación de servicios ambientales de menores calidades, cuyo efecto es la disminución de la oferta ambiental frente a una demanda que no da espera y que reclama servicios ininterrumpidos, de allí la necesidad de establecer nuevas fuentes de financiación que permitan generar nuevos recursos y sufragar de manera suficiente las externalidades a las que se ven abocados los recursos naturales, los costos administrativos en que incurre la Administración y mitigar, contrarrestar y aminorar de una parte y de proteger y conservar de la otra los recursos naturales.
Una nueva fuente que podría considerarse, sería el establecimiento de un impuesto con fines u objetivos exclusivamente ambientales, lo que la doctrina ha llamado como “específicos o cedulares[24]” donde solo se tenga en cuenta las actividades particulares, de explotación de recursos naturales con efectos nocivos pero dentro de los límites fijados en las normas, es decir, las externalidades negativas.
Desde la óptica tributaria dicha propuesta tendría total validez, al tener como sustento el enriquecimiento que tiene para el particular por el aprovechamiento de los recursos naturales y la compensación que debe brindarle a la comunidad representada en la Autoridad Administrativa por el efecto nocivo de la explotación de los recursos, pero que puede presentar a priori las dificultades de cuantificar cuantitativa y cualitativamente los quantum de contaminación[25] y la inobservancia de los principios de capacidad de pago y progresividad[26].
En el campo ambiental al igual que la tasa, su justificación conceptual radicaría en el principio de que el contamina paga, acogido por la Declaración de Río de Janeiro de 1992 y la Ley 99 de 1993, con un aditamento adicional que al aumentar la carga tributaria se lograría establecer la obligación para el administrado de adoptar los mecanismos técnicos necesarios para disminuir el impacto negativo de su actividad sobre los recursos naturales, en otras palabras, “si el contaminador tiene otras alternativas menos onerosas se inclinará indefectiblemente por ellas”[27].
Es menester apreciar el riesgo latente en la aplicabilidad de esta propuesta sí la norma que la consagra no esta rigurosa o plenamente reglamentada, y es que por tratarse de un impuesto y existir la prohibición constitucional de no existir renta de destinación especifica, lo recaudado ingresaría necesariamente al presupuesto nacional, pudiéndose no destinar la totalidad de los recursos para el financiamiento de la gestión ambiental. De allí que la normativa que reglamente el tributo califique el impuesto como de inversión social pues “justamente la prohibición constitucional no aplica para cuando el impuesto se destine a la inversión social y a su vez, el artículo 366 califica como finalidad social el bienestar social y el mejoramiento de la calidad de vida así como el saneamiento ambiental”[28] rubro éste ultimo que cobijaría lo recaudado por el tributo.
Así las cosas, la propuesta de financiación de la gestión ambiental busca aumentar los ingresos de las Autoridades Ambientales, pero también disminuir la demanda de explotación de recursos naturales o al menos morigerar los comportamientos o conductas negativas o perjudiciales de los usuarios frente a su utilización. Llevaría aparejados enormes dificultades pero podrían coexistir tal y como se concibió en su momento tributos parecidos al aquí propuesto, por las Leyes: 3ª de 1961 y 62 de 1983, referidas a la sobre tasa de la propiedad inmueble, para la conservación y protección de los recursos naturales.
Frente a tarifas insuficientes que no alcanzan para financiar las competencias de las Autoridades Ambientales y que correlativamente traen consigo el que los usuarios las paguen sin preocuparse por adoptar mecanismos técnicos que permitan el mejoramiento en la utilización y en los efectos sobre los recursos naturales, un nuevo tributo generaría recursos para las Autoridades Ambientales y se constituiría en un incentivo para los administrados en lo que respecta a la adopción se sistemas productivos encaminados a la explotación amigable y con un impacto mínimo de los recursos naturales.
Un nuevo tributo disminuiría los costos ambientales mediante la generación de nuevos recursos y la adopción de técnicas de producción que involucren procesos de innovación y sustitución tendientes a disminuir el impacto sobre los recursos naturales.
ÁLVAREZ PINZON, Gloria Lucía, en su artículo LAS TASAS RETRIBUTIVAS POR VERTIMIENTOS Y LAS TASAS POR USO DEL AGUA EN COLOMBIA. En Derecho de Aguas. Tomo I. Universidad Externado de Colombia. Bogotá.
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C- 465 de 1993. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
CRUZ DE QUIÑOÑES, Lucy. IMPUESTOS, TASAS Y OTROS DERECHOS DE CONTENIDO ECOLOGICO. Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. No. 560. Editorial Publicaciones Rosaristas. Bogotá, 1993.
GONZALEZ VILLA, Julio Enrique. Derecho Ambiental Colombiano, parte general. Tomo I. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2006.
KLAUS, George Binder. Tasas Retributivas por Contaminación Hídrica en la Teoría Económica y su aplicación en Alemania y Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Revista de Ciencias Administrativas y Sociales- INNOVAR No. 14, Bogotá, 1999.
RESTREPO, Juan Camilo. Hacienda Pública. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2000.
PLAZAS VEGA, Mauricio. Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario”. Editorial Temis. Bogotá, 2001.
VALDEZ COSTA, Ramón. Curso de Derecho Tributario. Editorial Temis. Bogotá, 2001
VAQUERA GARCIA, Antonio. Fiscalidad y Medio Ambiente. Editorial Lex Nova. Valladolid, España. 1999.
[1] KLAUS, George Binder. Tasas Retributivas por Contaminación Hídrica en la Teoría Económica y su aplicación en Alemania y Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Revista de Ciencias Administrativas y Sociales- INNOVAR No. 14, Bogotá, 1999.
[2] RESTREPO, Juan Camilo. Hacienda Pública. Universidad Externado de Colombia. Bogotá , 2000
[3] CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C- 465 de 1993. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[4] PLAZAS VEGA, Mauricio. Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario”. Editorial Temis. Bogotá, 2001
[5] Sentencia del 04 de agosto de 1987.
[6] Debe aclararse de acuerdo a todo lo expuesto que por indispensable debe entenderse, que el uso del servicio que da origen a la tasa es requisito fundamental para el ejercicio de ciertos derechos.
[7] PLAZAS VEGA, Mauricio. Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario”. Editorial Temis. Bogotá, 2001. Pág. 873
[8] PLAZAS VEGA. Ob. Cit. Págs. 884 - 885
[9] Ibídem, Pag. 885
[10] Afectaciones tales como: verter, emitir o disponer, desechos y residuos
[11] Establece el artículo 18 del Código de Recursos Naturales:”La utilización directa e indirecta de la atmosfera, de los ríos, arroyos, lagos y aguas subterráneas, y de la tierra y el suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores, y sustancias nocivas que sean resultado de actividades lucrativas, podrá sujetarse al pago de tasas retributivas del servicio de eliminación o control de las consecuencias de las actividades nocivas expresadas. También podrán fijarse tasas para compensar los gastos de mantenimiento de la renovabilidad de los recursos naturales”
El artículo 19 prevé: “El Gobierno Nacional calculará por sectores de usuarios y por regiones que individualizará, los costos de prevención, corrección o eliminación de los efectos nocivos al ambiente”
[12] GONZALEZ VILLA, Julio Enrique. Derecho Ambiental Colombiano, parte general. Tomo I. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2006.
[13] CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C- 465 de 1993. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[14] En sentencia C-495 de 1996 la corte considero que la prohibición de que existan rentas de destinación específica se aplica fundamentalmente a las rentas de naturaleza tributaria (posición adoptada ya por la Corte en sentencia C-040 de 1996) y las tasas ambientales no son rentas tributarias, por tanto no son destinatarias de la prohibición constitucional.
[15] Este cometario fue sustentado a partir del artículo 359 de la Constitución Política y de la sentencia C- 495 de 1996, por parte de ÁLVAREZ PINZON, Gloria Lucía, en su artículo LAS TASAS RETRIBUTIVAS POR VERTIMIENTOS Y LAS TASAS POR USO DEL AGUA EN COLOMBIA. En Derecho de Aguas. Tomo I. Universidad Externado de Colombia. Bogotá.
[16] Sentencia C-495 de 1996
[17] GONZALEZ VILLA, Julio Enrique. Derecho Ambiental Colombiano, parte general. Tomo I. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2006.
[19] Sentencia C-495 de 1996
[21] Aquí están incluidos el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales y lo que la Ley define como Grandes Centros Urbanos.
[22] ÁLVAREZ PINZON, Gloria Lucía. Artículo LAS TASAS RETRIBUTIVAS POR VERTIMIENTOS Y LAS TASAS POR USO DEL AGUA EN COLOMBIA. En Derecho de Aguas. Tomo I. Universidad Externado de Colombia. Bogotá.
[24] CRUZ DE QUIÑOÑES, Lucy. IMPUESTOS, TASAS Y OTROS DERECHOS DE CONTENIDO ECOLOGICO. Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. No. 560. Editorial Publicaciones Rosaristas. Bogotá, 1993.
[25] Frente a lo expuesto la Dra. Lucy Cruz de Quiñones, expone que la dificultad desde la óptica del derecho tributario, es estimar, el daño marginal para encontrar la cuota impositiva justa.
[26] La Dra. Lucy Cruz de Quiñones, manifiesta que la idea que se recoge con los impuestos ecológicos es la financiación de la gestión ambiental no con los dineros de los contribuyentes de mayor riqueza, sino con los dineros de los que motivan la acción del Estado.
Escrito por: Iván Andrés Páez Páez