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Timestamp: 2019-07-16 05:16:48
Document Index: 60939623

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 66', 'Artículo 207', 'Artículo 206', 'Artículo 255', 'Artículo 39', 'Artículo 19', 'Artículo 75', 'artículo 65', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 80', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 25', 'artículo 70', 'artículo 71', 'artículo 19', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 3', 'artículo 4', 'Artículo 1', 'artículo 20', 'Artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 3']

Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 70
ACUERDO CON SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS SOBRE EXENCIÓN DE REQUISITO DE VISA PARA TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMÁTICOS Y OFICIALES
FOMENTO DE FIRMA Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
MODIFICACIÓN DE LÍMITE ENTRE COMUNAS DE VICUÑA Y PAIHUANO
INCORPORACIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES A DISPOSICIONES DE LEY N° 19.296
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES CHAHUÁN Y LARRAÍN FERNÁNDEZ, CON LA QUE DAN INICIO A UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CON EL OBJETO DE HACER OBLIGATORIO PARA EL JUEZ LA IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA ACCESORIA DE PROHIBICIÓN DE PORTE Y TENENCIA Y COMISO DE ARMAS DE FUEGO, EN EL CASO DE CONVICCIÓN EN LA MATERIALIZACIÓN INMINENTE DE LAS AMENAZAS PROFERIDAS POR EL AUTOR DE ACTOS DE VIOLENCIA PSÍQUICA (9154-07)
MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR CHAHUÁN, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO QUE MODIFICA LAS LEYES N°S. 18.290 Y 18.287 EN LO QUE SE REFIERE, RESPECTIVAMENTE, AL CONTROL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y A LA PRÓRROGA DE LA BOLETA DE CITACIÓN A AUDIENCIA, EN LOS CASOS DE FUERZA MAYOR QUE INDICA (9158-15)
Sesión 70ª, en martes 19 de noviembre de 2013
(De 16:18 a 18:5)
Acuerdos de Comités..............................................................................................
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria, para facilitar la administración de copropiedades y la presentación de proyectos de mejoramiento o ampliación de condominios de viviendas sociales (8232-14) (se aprueba en general)................................................
Proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.671 con el objeto de suprimir el límite máximo para regularizar ampliaciones en viviendas sociales, siempre que la superficie edificada total no exceda de noventa metros cuadrados (9029-14) (se aprueba en general)...........................................................
Proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, que aprueba el "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de San Vicente y las Granadinas sobre exención del requisito de visa para los titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales" suscrito en Kingstown el 30 de noviembre del 2012 (9003-10) (se aprueba en general y en particular)....................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que restablece excepción, en las regiones de Aysén y Magallanes, acerca de los establecimientos de bebidas alcohólicas (7138-03) (se aprueba en particular por no haberse presentado indicaciones en el plazo indicado)...........................................................................
Proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma y otros textos legales que indica (8466-07) (se aprueba en particular)............
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el límite intercomunal entre Vicuña y Paihuano, en la Región de Coquimbo (8764-06) (se aprueba en general y en particular)............................................................................
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que incorpora a los funcionarios judiciales a la ley N° 19.296 (6721-07) (se aprueba en general)...............................
Concurrió, además, el Ministro Secretario General de la Presidencia , señor Cristián Larroulet Vignau. Asimismo, se encontraba presente el Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, señor Tomás Flores Jaña.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Las actas de las sesiones 66ª, extraordinaria, en 30 de octubre; 67ª, especial, y 68ª, ordinaria, ambas en 5 de noviembre, y 69ª, extraordinaria, en 6 de noviembre, todas del presente año, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Con el primero da inicio a un proyecto que modifica la ley Nº 19.803, que establece una asignación de mejoramiento de la gestión municipal, para homologarla con la dispuesta en la ley Nº 19.553, que concede una asignación de modernización a la Administración Pública (boletín Nº 9.159-05).
El señor PIZARRO (Presidente).- Solicito el acuerdo necesario para que la Comisión de Hacienda funcione paralelamente con la Sala al objeto de que comience a analizar de inmediato la iniciativa de que se acaba de dar cuenta.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Puede proseguir, señor Prosecretario.
Con los dos oficios siguientes, el Primer Mandatario retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", respecto de las siguientes iniciativas:
2.- Proyecto que modifica la ley Nº 17.798, de Control de Armas, y el Código Procesal Penal (boletín Nº 6.201-02).
4.- Proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 5, de 2003, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas (boletín Nº 8.132-26).
5.- Proyecto de ley que adapta normas laborales al ámbito del turismo (boletín Nº 8.770-23).
6.- Proyecto de ley que establece el sistema de promoción y desarrollo profesional docente del sector municipal (boletín Nº 8.189-04).
7.- Proyecto de ley que fija condiciones especiales transitorias para la aplicación del artículo 18 de la ley Nº 19.479 y faculta para otorgar el bono compensatorio que indica (boletín Nº 9.113-05).
8.- Proyecto de ley que consigna normas sobre la actividad de lobby (boletín Nº 6.189-06).
9.- Proyecto de ley que establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil (boletín Nº 7.550-06).
11.- Proyecto que modifica la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado (boletín Nº 7.686-07).
12.- Proyecto de ley que autoriza la publicación en medios electrónicos de actos que deban ser publicados en periódicos de circulación nacional, regional o local (boletín Nº 8.314-07).
13.- Proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal con el fin de reforzar la protección de las víctimas, mejorar la función que desempeña el Ministerio Público y fortalecer la acción policial y la operatividad del sistema de justicia penal (boletín Nº 8.810-07).
14.- Proyecto que modifica la ley Nº 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, para establecer la medida de control preventivo de identidad (boletín Nº 9.036-07).
15.- Proyecto de ley que dicta normas sobre compensaciones a los usuarios de servicios de distribución de agua potable en casos de interrupciones o suspensiones no autorizadas o no comunicadas previamente a ellos (boletín Nº 2.357-09).
16.- Proyecto de ley que modifica el Código Sanitario en materia de regulación a farmacias (boletines números 6.523-11, 6.037-11, 6.331-11 y 6.858-11, refundidos).
17.- Proyecto de ley que crea los hospitales clínicos que indica en la Región Metropolitana (boletín Nº 8.618-11).
18.- Proyecto de ley que modifica la jornada, descanso y composición de la remuneración de los trabajadores de casa particular y prohíbe el uso de uniformes a trabajadoras de casa particular (boletines números 8.292-13, 7.807-13 y 7.675-13, refundidos).
19.- Proyecto que modifica la ley Nº 17.635, de 1972, que establece normas sobre cobro ejecutivo de créditos para la vivienda que indica (boletín Nº 9.018-14).
Con el último retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "simple", para la tramitación del proyecto de ley que regula el trabajo de los conductores de taxis colectivos (boletín Nº 7.934-13).
De la Honorable Cámara Baja, con el que informa la nómina de los señores Diputados que integrarán la Comisión Bicameral a que se refiere el artículo 66 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
Remite copia autorizada de las sentencias definitivas pronunciadas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad acerca de los siguientes preceptos legales:
1.- Artículo 207, letra b), del decreto con fuerza de ley Nº 1-2009, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito.
2.- Artículos 15 y 16 del decreto ley Nº 2.695, de 1979, que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella.
3.- Artículo 206 del Código Civil.
Envía copia de las resoluciones recaídas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las siguientes disposiciones legales:
1.- Artículo 255 del Código de Justicia Militar.
2.- Artículo 39, inciso segundo, de la ley Nº 19.733, sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo.
3.- Artículo 19 del decreto ley Nº 3.500, de 1980, que establece nuevo sistema de pensiones.
4.- Artículo 75, inciso segundo, letra b), de la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Remite informe de la investigación especial Nº 39, de 2012, de la Contraloría Regional de Los Lagos, recaída en peticiones, formuladas en nombre del Senador señor Kuschel, para auditar la situación financiera de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt tanto en lo que toca al destino de diversos inmuebles como en lo que concierne a sus áreas de salud y educación.
Contesta solicitud de información, emitida en nombre del Senador señor Escalona, sobre posibilidad de complementar el presupuesto establecido para dotar de un nuevo recinto a la Comisaría de Penco.
Da respuesta a dos acuerdos de la Cámara Alta sobre las materias que se señalan a continuación:
1.- El adoptado a proposición de los Senadores señor Tuma, señoras Allende, Rincón y Von Baer y señores Escalona, García, García-Huidobro, Gómez, Kuschel, Lagos, Larraín Fernández, Larraín Peña, Muñoz Aburto, Prokurica, Quintana, Sabag, Uriarte, Ignacio Walker y Zaldívar, con el que se condena el uso de armas químicas y rechaza cualquier intervención bélica unilateral al margen del orden jurídico internacional (boletín Nº S 1.605-12).
2.- El propuesto por los Senadores señores Prokurica, García, García-Huidobro, Kuschel, Larraín Peña, Patricio Walker y Zaldívar, con el que se manifiesta el rechazo de la Cámara Alta a la denuncia que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela hizo de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José (boletín Nº S 1.607-12).
Contesta consultas, enviadas en nombre de la Senadora señora Rincón, sobre los siguientes asuntos:
1.- Suministro de parches de morfina Transtec 70 microgramos/h. (40 mg.) a don Alberto Muñoz Albornoz, con diagnóstico de leucemia aguda rara.
2.- Factibilidad de condonar u otorgar facilidades de pago a un empleado de la Ilustre Municipalidad de Linares que contrajo una deuda originada en una disección aórtica que hizo necesaria su internación sucesiva en los hospitales de Linares y de Talca y en la Clínica Alemana de Santiago.
Responde solicitud de antecedentes, remitida en nombre del Senador señor Navarro, relativa a la situación crítica de endeudamiento que enfrentan los establecimientos hospitalarios, particularmente el Hospital Guillermo Grant Benavente, de Concepción.
Contesta acuerdo de esta Corporación, adoptado a proposición de los Senadores señor Larraín Fernández, señoras Allende, Rincón y Pérez San Martín y señores Coloma, Chahuán, García, García-Huidobro, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Letelier, Muñoz Aburto, Pizarro, Prokurica, Pérez Varela, Tuma, Uriarte, Ignacio Walker y Zaldívar, referente a la elaboración de un plan agrícola de recuperación del daño causado por las heladas (boletín Nº S 1.614-12).
Atiende consulta, cursada en nombre del Senador señor García, sobre el caso del señor Franco Esteban Alegría Sepúlveda, quien aduce que la Convención sobre Ejercicio de Profesiones Liberales, suscrita en México en 1902, ratificada por nuestro país y que se encuentra vigente, "permite a los ciudadanos chilenos ejercer la profesión de abogado extranjera en Chile" una vez hecho el registro del diploma respectivo en dicha Secretaría de Estado.
De la señora Directora para la Comunidad de Chilenos en el Exterior, Ministerio de Relaciones Exteriores:
Remite información referente al sistema de votación electrónica implementado por el Gobierno de Suiza para sus ciudadanos residentes en el exterior.
Contesta solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Navarro, sobre situación de abastecimiento de agua potable en la comuna de Florida y existencia de planes de Essbio para invertir y ejecutar prospecciones que normalicen su distribución.
Responde consultas, formuladas en nombre del Senador señor Navarro, sobre los asuntos que se enuncian a continuación:
1.- Situación del señor Cristián Contreras -único profesor de la Escuela Rural Santo Domingo, de la comuna de Hualqui-, quien no percibe su remuneración desde la muerte de la sostenedora, aunque sigue cumpliendo sus funciones docentes.
2.- Resultados de las fiscalizaciones efectuadas a las empresas que realizan maniobras de atraque y desatraque en los puertos de la Región del Biobío durante 2012 y el presente año en materia de cumplimiento de las normas laborales y de seguridad.
3.- Resultado de fiscalizaciones practicadas tanto a nivel nacional como en la Región de Los Ríos a empresas de la locomoción colectiva particular urbana.
De la señora Superintendenta de Seguridad Social:
Contesta petición, formulada en nombre de la Senadora señora Allende, relativa al término del proceso de "reevaluación de incapacidad permanente" de ex trabajadores de Codelco, División El Salvador, aquejados de silicosis.
Del señor Intendente de Arica y Parinacota:
Informa, en respuesta a solicitud de antecedentes expedida en nombre del Senador señor Orpis, los proyectos financiados con cargo al 2 por ciento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional por el Fondo de Seguridad Ciudadana.
Emite información, solicitada en nombre del Senador señor Orpis, atingente a la ejecución presupuestaria durante 2012 de recursos con cargo al 2 por ciento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional en el área de la seguridad ciudadana.
Acusa recibo de dos oficios, cursados en nombre del Senador señor Navarro, respecto a las materias siguientes:
1.- Extensión de la búsqueda del avión Cessna siniestrado el 6 de octubre último.
2.- Necesidad de establecimiento de un nuevo estatuto jurídico para Gendarmería de Chile.
Da contestación a solicitud de información, hecha en nombre del Senador señor Orpis, sobre la ejecución presupuestaria del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, durante 2012, en el rubro de la seguridad ciudadana.
Del señor Jefe de la División de Análisis y Control de Gestión, Gobierno Regional del Maule:
Envía respuesta, atendiendo solicitud de antecedentes remitida en nombre del Senador señor Orpis, respecto de ejecución presupuestaria en el año 2012, con cargo al 2 por ciento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, en materia de seguridad ciudadana.
Responde a acuerdo adoptado por la Cámara Alta, a proposición de los Senadores señor Prokurica; señoras Pérez San Martín y Rincón, y señores Bianchi, Cantero, Espina, García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Navarro, Pizarro y Uriarte, sobre el envío de una iniciativa de ley que prorrogue por cinco años la ley N° 20.365, que establece una franquicia tributaria respecto de productos solares térmicos (boletín Nº S 1.560-12).
Contesta solicitud de información, cursada en nombre de los Senadores señores Horvath y Muñoz Aburto, acerca de la utilización en regiones de la bonificación a la contratación de mano de obra contemplada en las leyes números 19.853 y 20.655.
De los Senadores señores Chahuán y Larraín Fernández, con la que dan inicio a un proyecto que modifica la Ley de Violencia Intrafamiliar al objeto de hacer obligatoria para el juez la imposición de la medida accesoria de prohibición de porte y tenencia y comiso de armas de fuego, en el caso de convicción en la materialización inminente de las amenazas proferidas por el autor de actos de violencia psíquica (boletín N° 9.154-07).
Del Senador señor Chahuán, con la que inicia un proyecto que modifica las leyes números 18.290 y 18.287 en lo que se refiere, respectivamente, al control de licencias de conducir y a la prórroga de la boleta de citación a audiencia, en los casos de fuerza mayor que indica (boletín N° 9.158-15).
Declaración de inadmisibilidad Moción del Senador señor Ruiz-Esquide --Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República , conforme a lo dispuesto en los incisos segundo y cuarto, número 1°, del artículo 65 de la Constitución Política.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- El Vicepresidente de la Corporación , Senador señor José Antonio Gómez, solicita que la moción presentada por los Honorables señores Chahuán y Larraín Fernández para dar inicio a un proyecto que modifica la Ley de Violencia Intrafamiliar al objeto de hacer obligatoria para el juez la imposición de la medida accesoria de prohibición de porte y tenencia y comiso de armas de fuego en el caso de convicción en la materialización inminente de las amenazas proferidas por el autor de actos de violencia psíquica no pase a la Comisión de Constitución sino a la de Defensa Nacional.
El señor PIZARRO (Presidente).- Quiero felicitar a todos los Senadores que fueron a la reelección y resultaron victoriosos, y asimismo, solidarizar con aquellos que no tendrán oportunidad de seguir representando a sus electores en el Congreso Nacional.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente , solicito que se abra un nuevo plazo para formular indicaciones al proyecto que modifica la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado: hasta mañana, miércoles 20 de noviembre, a las 12.
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Le parece a la Sala?
1.- Tratar en esta sesión, como si fueran de Fácil Despacho, el proyecto que modifica la ley N° 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria, para facilitar la administración de copropiedades y la presentación de proyectos de mejoramiento o ampliación de condominios de viviendas sociales (boletín N° 8.232-14); la iniciativa que modifica la ley N° 20.671 con el objeto de suprimir el límite máximo para regularizar ampliaciones en viviendas sociales, siempre que la superficie edificada total no exceda de noventa metros cuadrados (boletín N° 9.029-14), y el proyecto de acuerdo que aprueba el "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de San Vicente y las Granadinas sobre exención del requisito de visa para los titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales", suscrito en Kingstown el 30 de noviembre de 2012 (boletín N° 9.003-10), signados en la tabla de hoy con los números 15, 16 y 14, respectivamente.
2.- Poner término a esta sesión a las 18 y dejar sin efecto la sesión ordinaria de mañana, miércoles 20 de noviembre.
3.- Citar a sesión especial para mañana, entre las 12:30 y las 14, para tratar el proyecto que modifica la ley N° 19.803, que establece una asignación de mejoramiento de la gestión municipal, para homologarla con la dispuesta en la ley N° 19.553, que concede una asignación de modernización a la Administración Pública (boletín N° 9.159-05), siempre que se encuentre despachado por la Comisión de Hacienda.
4.- Colocar en el primer lugar del Orden del Día de la próxima sesión ordinaria el proyecto de ley que crea un Consejo Parlamentario de Futuro en Ciencia y Tecnología (boletín N° 7.906-07).
5.- Abrir un nuevo plazo para formular indicaciones a la iniciativa de ley que modifica aspectos previsionales de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile (boletín N° 8.643-02): hasta el jueves 21 de noviembre, a las 12.
6.- Ampliar el plazo para presentar indicaciones al proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y leyes complementarias para establecer un sistema de aportes al espacio público aplicable a los proyectos de construcción (boletín N° 8.493-14): hasta las 12 del lunes 16 de diciembre.
7.- Rendir homenaje a don Gustavo Lorca Rojas al inicio de la sesión ordinaria del miércoles 4 de diciembre.
8.- Citar a sesión especial para el martes 26 de noviembre, a las 15:30, al objeto de votar la propuesta de Su Excelencia el Presidente de la República contenida en el oficio con que recaba el acuerdo del Senado para nombrar Ministro de la Excelentísima Corte Suprema al señor Carlos Ramón Aránguiz Zúñiga (boletín N° S 1.618-05), siempre que se encuentre informada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Debo aclarar que el cambio de horario de las sesiones dice relación con el tratamiento del proyecto de Ley de Presupuestos, que, según Sus Señorías saben, tiene como plazo fatal de despacho por parte del Congreso el 29 de noviembre.
Esa es la razón por la cual estamos adecuando el funcionamiento de la Sala, para que la Comisión Especial Mixta de Presupuestos pueda sesionar con tiempo completo y dedicación exclusiva.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Antes de concedérsela, señor Senador, lo felicito por su reelección. Su Señoría llegó después de mi saludo a los demás Senadores reelectos.
El señor BIANCHI.- Gracias, señor Presidente . Y también reciba mis felicitaciones.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- ¡Qué bueno! ¡Porque nadie me había dicho nada...!
El señor BIANCHI.- Se lo digo con mucho agrado: ¡Felicitaciones, señor Presidente!
Ahora, entendiendo lo que Su Señoría señaló respecto al tratamiento del proyecto de Ley de Presupuestos, quiero solicitarle, en nombre de la Comisión de Gobierno, que recabe la anuencia de la Sala a los efectos de que se prorrogue hasta el próximo martes el plazo para formular indicaciones al proyecto sobre probidad en la función pública.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- ¿Hasta qué hora?
El señor BIANCHI.- Hasta el mediodía.
El señor PIZARRO (Presidente).- Hasta las 12 del martes 26 de noviembre.
¿Accede la Sala a la petición del Senador señor Bianchi?
Conforme a lo acordado por los Comités, corresponde tratar como si fuera de Fácil Despacho el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria, para facilitar la administración de copropiedades y la presentación de proyectos de mejoramiento o ampliación de condominios de viviendas sociales, con informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
El objetivo fundamental de esta iniciativa es modificar la ley N° 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria, y otros cuerpos legales para facilitar la administración de los condominios y permitir que las viviendas sociales postulen a proyectos de mejoramiento o de ampliación.
La Comisión de Vivienda y Urbanismo discutió la iniciativa solo en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Lily Pérez y señores Pérez Varela y Tuma.
Cabe tener presente que los números 17) y 18) del artículo 1°; el artículo 2°; la letra b) del artículo 4°, y el artículo transitorio tienen carácter orgánico constitucional, por lo que para su aprobación se requieren 22 votos favorables.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 10 a 20 del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Solicito la autorización necesaria para que ingrese a la Sala el Subsecretario de Economía, señor Tomás Flores.
Señor Presidente , en sesión de hoy, la Comisión de Vivienda y Urbanismo acordó solicitar que este proyecto se tratara esta tarde como si fuera de Fácil Despacho.
Agradecemos que se haya accedido a ello, y le pedimos a la Sala aprobar en general la iniciativa, ojalá unánimemente, que busca introducir una serie de modificaciones a la Ley sobre Copropiedad Inmobiliaria y a otros cuerpos legales con la finalidad de facilitar la administración de los condominios y permitir que en el caso de viviendas sociales se postule a proyectos de mejoramiento o de ampliación o a otros programas financiados con recursos fiscales.
Así, por ejemplo, se rebajan los quórums para la adopción de acuerdos. Los de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria son extraordinariamente altos. Y en los condominios sociales difícilmente se alcanzan, por lo que siempre resulta sobremanera complejo y difícil mejorar su administración.
También se posibilita que las postulaciones a los subsidios se hagan por bloques de departamentos, modificación que nos parece sustancial. Porque, conforme a la normativa vigente, si en un condominio de departamentos sociales que consta de cinco bloques se necesita efectuar un mejoramiento en la escalera de uno, se requiere el acuerdo de todos ellos, lo que hace inviable todo avance a ese y otros respectos.
Además, se consignan normas para permitir que las postulaciones a subsidios se efectúen por dos departamentos y sin que todos sus habitantes tengan ficha de protección social.
En la actualidad, si en un conjunto de 50, 60 departamentos se busca un subsidio y uno de los propietarios no posee Ficha de Protección Social, nadie puede postular. Por lo tanto, la explicitada es una medida de flexibilización en la materia.
Del mismo modo, el proyecto progresa en la idea de facultar a las municipalidades para destinar fondos a la mantención de los bienes comunes e introduce el concepto de "proyectos integrados", que otorga beneficios urbanísticos para condominios de estas características.
Muchas veces uno ve que en estos conjuntos de edificios no es posible avanzar en áreas verdes, en equipamiento comunitario, en iluminación, por existir trabas de carácter legal. Estas últimas serán superadas en virtud de la iniciativa en debate.
A todos nos consta -y en el debate en la Comisión así se certificó- que se registra hoy día una serie de dificultades en la administración de condominios sociales. El proyecto viene a facilitarla. Por lo tanto, consideramos absolutamente necesario avanzar en la tramitación y votar la idea de legislar, para después abrir un plazo de indicaciones por si algún señor Senador estima necesario perfeccionar o modificar alguna de las normas propuestas.
Ojalá podamos tener el texto despachado antes de fin de año, ya que tanto en la Ley de Presupuestos de 2011 como en la de 2012 se avanzó en algunos aspectos, al flexibilizarse en la primera, por ejemplo, los requisitos para postular proyectos de mejoramiento de bienes comunes al Programa de Protección del Patrimonio Familiar o a otros recursos públicos. O sea, todos detectamos, ya en la discusión de esos proyectos, que era necesario introducir cierta ductilidad en las exigencias. Por lo tanto, no parece adecuado tener que tomar medidas en la materia cada vez que anualmente discutamos el Presupuesto, en circunstancias de que podemos resolver la cuestión en la legislación general.
Como me quedan 53 segundos, pido, en nombre de la Comisión de Vivienda -la Senadora señora Pérez , su Presidenta , no pudo estar presente en este momento y viene luego-, que la Sala apruebe en general la iniciativa, para avanzar en su tramitación.
Y tengan Sus Señorías la certeza de que lo que se busca es mejorar la administración de los condominios de viviendas sociales, que cada día más se construyen y amplían, por lo que tenemos que hacernos cargo de lo que significa administrarlos.
Señor Presidente , este es un proyecto iniciado en moción de varios Diputados y su propósito, como se ha dicho, es la modificación de la ley N° 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria, para facilitar la administración de condominios y permitir que viviendas sociales conformadas por bloques postulen a proyectos de mejoramiento o de ampliación, o a otros programas financiados con recursos fiscales. De acuerdo con los autores, el sentido de la propuesta es paliar, por esa vía, el deterioro de la calidad de los inmuebles.
Cabe tener en cuenta, además, las limitaciones reglamentarias y prácticas para la administración común de condominios integrados por viviendas sociales, a pesar de la dictación, en 1997, del cuerpo legal citado, que contenía un capítulo específico para este tipo de propiedad, y de sus dos modificaciones posteriores.
En la indicación sustitutiva del Ejecutivo se conservan los principios generales de la moción y, en resumen, se propone facilitar la toma de decisiones de los vecinos, al reducirse el quórum y simplificarse el procedimiento; ampliarse las postulaciones de grupos de ellos a subsidios, sin exigirles a todos la Ficha de Protección Social; permitirse que dos o más condominios compartan una misma administración, y autorizarse a las municipalidades a destinar fondos a la mantención de bienes comunes, entre otras propuestas.
El desarrollo del país ya no permite solo seguir persiguiendo el propósito de enfrentar el déficit habitacional, sino también, al mismo tiempo, que se ofrezcan viviendas de mejor calidad. El proyecto apunta a los conjuntos ya construidos, pero sin duda es preciso asimismo poner atención en los futuros.
Lo que pretende la Comisión es únicamente la aprobación en general y que se fije un plazo para formular indicaciones, por supuesto, a fin de conocer la opinión de cada uno de los señores Senadores.
Escuché el informe del Senador señor Pérez Varela . Y me parece interesante que la moción se haya iniciado para otorgar una serie de facilidades con el objeto de lograr una mejor copropiedad inmobiliaria y gestión. Pero me gustaría saber si el proyecto consigue perfeccionar aspectos que es una lástima que presenciemos hoy día en algunos condominios sociales: construcciones irregulares y, de repente, apropiaciones de espacios comunes. Y falta una cierta experiencia y cultura respecto de una función bastante compleja.
A mi juicio, algunos de los puntos que se abarcan pueden facilitar la situación y son interesantes. Y, en ese sentido, estoy muy de acuerdo, en general. Sin embargo, abrigo la impresión de que falta un cierto trabajo acerca de cómo lograr una mejor gestión cuando estamos haciendo referencia a copropiedad, en particular a condominios, sociales o no sociales. La verdad es que a veces esa función también se ve bastante trabada, porque evidentemente es difícil que, con altos quórums, se ponga de acuerdo una gran cantidad de vecinos.
Lo único que quiero decir, en términos generales, es que me parecen positivas una agilización y la obtención de los objetivos que se persiguen.
Y es preciso hacerse cargo de que existe un cierto deterioro, muchas veces, en los espacios comunes, los cuales se utilizan irregularmente -repito- o no son objeto de la suficiente conservación. Creo que a veces se registran ambigüedades en torno a quién le corresponde la mantención, por ejemplo, de una sede social, o de un parque público, o de juegos infantiles, que después se deterioran por la falta de ella.
Así que mi preocupación es esa: me gustaría que diéramos un salto cualitativo para obtener una mejor gestión y conservación de los espacios comunes y una mejor calidad de vida. Ello, por cierto, teniendo en cuenta que ojalá la experiencia demuestre la inconveniencia de construir sobre la base de tanta densidad, con bloques sociales prácticamente pegados y espacios mínimos, sin ninguna privacidad. Espero que después de tristes experiencias que nos han enseñado a todos no tengamos nunca más que presenciar la calidad de vida que ha sido posible observar. Ya es hora de que, como país, aprendamos de una vez por todas.
Señor Presidente , estimados colegas, entiendo que solo vamos a pronunciarnos sobre la idea de legislar, no en particular, pero deseo dejar constancia de que me parece poco adecuado tratar de regular casos muy distintos bajo una norma general. No son lo mismo un condominio de viviendas de un valor de 5 mil unidades de fomento y uno de viviendas de 500 unidades de fomento. No es la misma la capacidad de gestión de lo colectivo en una y otra situación. Lo que ocurre es que aquí se juntan situaciones muy difíciles de homologar. Se trata de poner diversas realidades sociales en un mismo contexto.
Mi Honorable colega Allende , quien me antecedió en el uso de la palabra, mencionaba solo el condominio de viviendas sociales. En particular, Rancagua , en la Sexta Región, es probablemente una de las tres ciudades o comunas donde hay mayor densidad de ellas, sobre la base de la lógica de bienes raíces que se rigen por la Ley de Copropiedad. En ese caso, las modificaciones en examen van a ser letra muerta en lo cotidiano. Es algo que no le sirve a la gente, que no corresponde a la forma en que se vive. Hoy en día, el drama de los condominios en localidades como Rancagua es que los patios no están pavimentados, no hay lugar donde poner la basura, no hay quien la extraiga, no hay rejas para prevenir los problemas de seguridad ciudadana. Se dificulta mucho, entonces, la cogestión, la gestión colectiva, porque muchos de los propietarios no están.
Por mi parte, voy a votar por la aprobación, pero juzgo muy importante que podamos diferenciar los tipos de copropiedades que se generan y contar con una legislación especial para la correspondiente a viviendas sociales, en particular para facilitar la inversión en ese tipo de realidad.
Hay una experiencia piloto en curso en Bajos de Mena, en Santiago, así como también en Vicuña Mackenna, en Rancagua. Ambas nos dan muchas luces sobre cómo mejorar la iniciativa.
Por ello, junto con anunciar mi pronunciamiento a favor, con plantear la importancia de facilitar una diferenciación de las dos realidades, pido que nos demos tiempo para escuchar a quienes viven la situación, a fin de ver cuáles son los obstáculos que enfrentan para la gestión social colectiva.
Se van a tocar los timbres para llamar a los señores Senadores participantes en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, ya que es preciso reunir quórum especial.
--Se aprueba en general el proyecto, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que 28 señores Senadores se pronuncian a favor, y se fija el 16 de diciembre, a las 12, como plazo para presentar indicaciones.
Votaron las señoras Allende, Alvear, Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte y Walker (don Patricio).
Los Honorables señores Ignacio Walker y Kuschel dejan constancia de su intención de voto por la aprobación.
En seguida corresponde tratar, también como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señor Tuma, señora Pérez San Martín y señores Muñoz Aburto y Sabag, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.671 con el objeto de suprimir el límite máximo para regularizar ampliaciones en viviendas sociales, siempre que la superficie edificada total no exceda de noventa metros cuadrados, con informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9029-14) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
El objetivo principal de la iniciativa es aumentar de 25 a 90 metros cuadrados el límite de superficie para que las ampliaciones de viviendas sociales puedan ser acogidas al procedimiento simplificado de regularización establecido en el artículo 1° de la ley N° 20.671.
La Comisión hace presente que, no obstante tratarse de un proyecto de artículo único, lo discutió solo en general, con el propósito de brindar a Sus Señorías la oportunidad de proponer enmiendas que lo complementen y perfeccionen con ocasión del segundo informe. La idea de legislar fue aprobada por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señora Pérez San Martín y señores Pérez Varela y Tuma.
El texto que se propone acoger se transcribe en el primer informe y en el boletín comparado que los señores Senadores tienen a su disposición.
Señor Presidente , qué duda cabe de que una de las demandas más sentidas de la familia tiene que ver con los espacios donde se comparten cariños y afectos, lo que se relaciona directamente con su vivienda. Un conjunto muy grande de grupos familiares se encuentra postulando a una vivienda nueva para cumplir con el sueño de la casa propia; pero otro, también de envergadura, postula a una ampliación, o a un mejoramiento, o a un subsidio de acondicionamiento térmico, como ocurre principalmente en las regiones del sur. Y en este segundo caso se presenta un impedimento incluso para postular al subsidio, por cuanto se exige que viviendas y ampliaciones cuenten con recepción municipal.
Se aprobó la llamada "Ley del Mono", la N° 20.671, cuyo objetivo era regularizar de manera fácil, con un método simplificado, todas aquellas viviendas que contaran con una ampliación no mayor de 25 metros cuadrados; pero, aunque bastante celebrada, resultó insuficiente. En efecto, nos dimos cuenta de que precisamente los sectores que más queríamos favorecer no podían acceder a ella, ya que se sobrepasaba con largueza esa superficie al registrar la construcción original, que comprendía un baño y la cocina o una zona húmeda, unos 12 a 15 metros cuadrados -así se entregaban antaño-, y era preciso agregar, naturalmente, más de 25. De ahí el impedimento para acogerse al texto legal.
Deseo consignar que en Chile quizá hay mucho más demanda de regularización que de vivienda nueva, y, sin embargo, el trámite no se lleva a cabo porque los interesados carecen de recursos. Necesitan un profesional y, además, el diseño, el estudio.
Entonces, agradezco primero a los Comités por haber dado su venia para tratar este proyecto como si fuera de Fácil Despacho, así como a los miembros de la Comisión de Vivienda por haber aprobado de manera unánime la iniciativa, que tiene por finalidad aumentar de 25 a 90 metros cuadrados de construcción el límite de la superficie de ampliación de las viviendas sociales, a través de un procedimiento simplificado.
En el debate de la idea de legislar participó el Ejecutivo, y pudimos consensuar la necesidad de entregar, cada vez que se postule a un mejoramiento de vivienda o a una ampliación, un subsidio para la regularización.
El Gobierno se comprometió a formular una indicación en tal sentido durante el plazo que se fije para ese efecto, que sugiero no vaya más allá del lunes 9 de diciembre.
Este proyecto requiere urgencia para su tramitación, pues muchísimas familias están esperando su aprobación para que se habilite la regularización y puedan postular a programas de mejoramiento, de ampliación o al subsidio de acondicionamiento térmico.
En consecuencia, invito a la Sala a aprobar por unanimidad esta iniciativa.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Gobierno, Honorable señor Bianchi.
Señor Presidente , lo señalado por el Senador Tuma es tal cual. Hay realidades distintas en las diversas regiones, y en la que represento, esta moción reviste una enorme trascendencia.
En el caso de Punta Arenas, o de Magallanes, el 40 por ciento de las viviendas provienen de la autoconstrucción, y todas fueron creciendo progresivamente: partieron con unas piezas, producto de una toma, y terminaron siendo casas de más de 100 metros cuadrados.
Por lo tanto, la Ley del Mono era ¡como la mona...! porque no solucionaba el problema. O sea, era fantástico que permitiera una ampliación de hasta 25 metros cuadrados, pero esa superficie era nada.
Por eso, con mucha razón, la gente me decía: "Senador, la Ley del Mono es como la mona: no nos ayuda, no nos favorece y carece de sentido, porque nuestra intención es regularizar las construcciones para tener opción de postular a la termoaislación".
Y lo mismo que pasa en la nuestra debe suceder en la Novena Región: la calefacción, los programas y proyectos de termoaislación resultan fundamentales, uno, para el ahorro energético; dos, para combatir la contaminación, y tres, por el ahorro económico que significan.
Entonces, en la discusión en particular vamos a presentar indicaciones para que ojalá se supere un poquito el límite de 90 metros cuadrados construidos que se señalan. Porque, si bien esa cantidad cubre un espectro importante de viviendas en todo Chile, la realidad particular de Magallanes es diferente, pues las casas superan los 90 y 100 metros cuadrados construidos. Y por eso la gente desea tanto poder regularizar su situación a través de la Ley del Mono.
Lo otro que debo expresar es que, si bien existen facilidades para realizar los pagos -las da la municipalidad-, debiera buscarse un mecanismo mediante el cual ojalá las familias carenciadas o los adultos mayores que quisieran poner en regla sus viviendas no tuvieran que hacer ese gasto. Lo digo porque ellos, con sus precarias jubilaciones, tendrán muchas dificultades para solventar el cobro una vez que esta normativa en proyecto entre a regir.
Por eso resulta tan necesario que ojalá durante la discusión en particular, aun cuando sea declarada inadmisible una indicación sobre el punto, el Ejecutivo entienda que los adultos mayores que deseen acogerse a la Ley del Mono deberían quedar liberados de todo pago y, de esa manera, regularizar sus viviendas para avanzar en los programas de termoaislación, de ampliación, de mejoramiento de las distintas viviendas.
Me alegro del acuerdo para tratar el proyecto como si fuera de Fácil Despacho.
Obviamente, mi voto será favorable, con la salvedad expresada.
Se trata de una iniciativa que el país necesita, que las familias más vulnerables necesitan, ya que ellas con esfuerzo han logrado ampliar sus viviendas, pero 25 metros cuadrados les resultan absolutamente insuficientes.
Señor Presidente, estimados colegas, considero muy importante revisar la "Ley del Mono", como se la conoce. Tal es el sentido de esta moción, que ataca dos elementos.
El primero se refiere a la superficie a regularizar, cuyo aumento es de especial relevancia, por cuanto la ley permite un procedimiento excepcional gratuito, durante dos años, y otro permanente para cualquier superficie que se amplíe, que no tiene limitación.
Eso posibilita considerar una mayor superficie en la norma de excepción, lo cual resulta bastante importante.
El segundo aborda el problema de las construcciones en altura, ya que abre la puerta para incluir construcciones más altas.
Pero quiero pedirles a los miembros de la Comisión que tengan a bien tomar en cuenta durante la discusión en particular que se ha descubierto, sobre todo después del terremoto, la existencia de miles de viviendas -¡miles!- cuyos propietarios no tienen ni un papel que los acredite como tales. Por tanto, no pueden regularizar una ampliación porque sus casas fueron edificadas desde cero.
Esa gente construyó sin subsidio, mediante esfuerzo propio o amplió la casa de adobe de unos parientes y nunca lo regularizó.
Por ende, es de gran trascendencia que alguna de las indicaciones que se presenten a este proyecto apunte a que la Ley del Mono permita, también por un período de dos años, la regularización de todas las construcciones que carezcan de documento alguno y que sean viviendas sociales, porque hay que poner un tope, pues no pueden ser casas de cualquier dimensión.
En la Región de O´Higgins, producto del terremoto, quedó mucho en evidencia la falta de una norma especial. Y muchas personas que tenían una carencia o necesidad, dado que no les llegaron los subsidios y no fueron consideradas en la reconstrucción, se las agenciaron para endeudarse y levantar sus casas, pero hoy no pueden regularizar su construcción.
Por último, señor Presidente , formulo una invitación a la Comisión para que considere -quizás no en esta iniciativa, pero sí en otra- la revisión de los casos de las viviendas de zonas rurales, porque a veces el Ministerio del ramo exige cierto ancho de calle para su regularización.
Estimo muy relevante lo que está ocurriendo en esta ocasión: el aumento de la superficie.
En tal sentido, felicito a los autores de la iniciativa.
Señor Presidente , no cabe duda de que este proyecto tuvo su origen en las aspiraciones de miles de personas afectadas por el problema de las ampliaciones de sus viviendas, y más aún, de las construcciones realizadas sin contar con permiso o sin regularización, como ha señalado el Senador Letelier.
Así es que esta iniciativa acoge los anhelos de gran cantidad de propietarios. Y como en la Comisión este proyecto fue discutido solo en general, se ha pedido que tome conocimiento de él la Sala y que fije plazo para formular las indicaciones correspondientes.
Como se recordará, la ley N° 20.671 prorrogó hasta el 8 de junio de 2015 la posibilidad de regularizar las ampliaciones de viviendas sociales de hasta 25 metros cuadrados, mediante un procedimiento extraordinariamente sencillo y casi gratuito. Es decir, los dueños de dichas casas, que tienen en promedio superficies construidas de 40 metros cuadrados, pueden normalizar las extensiones de hasta 25 metros cuadrados, que se calculó como un espacio razonable para acoger a una familia de cuatro personas.
Sin embargo, la realidad muestra que existen ampliaciones superiores al límite establecido, que, de acuerdo a la ley que rige, no podrían ser regularizadas, al menos con los beneficios vigentes, razón por la cual se ha considerado la idea de aumentar el tope de superficie total construida hasta 90 metros cuadrados.
Como manifestó el Senador Bianchi, se puede sugerir extender dicho límite a través de la presentación de indicaciones.
Hay que reconocer que las personas no se fijan en las disposiciones legales a la hora de buscar cómo acomodar mejor a los miembros de su familia. Y, si tienen los medios para ampliarse, resultaría contradictorio con el propósito de ir mejorando las condiciones de vida y de habitabilidad de las personas que se sancionara a quienes hacen esfuerzos en tal sentido por la vía de negarles los beneficios que sí reciben otros que comenzaron a desarrollar su vida familiar con las mismas condiciones de vivienda.
De ahí que en la Comisión la iniciativa fue aprobada por unanimidad.
Por último, señor Presidente , quiero señalar que el Ejecutivo manifestó su opinión favorable sobre este proyecto. Y, naturalmente, aspiramos a que sea aprobado en esta Sala y que se dé un plazo breve para formularle indicaciones, con el objeto de que podamos sacar adelante lo antes posible esta iniciativa de ley, que beneficia a miles de miles de personas que se encuentran expectantes ante su aprobación.
Tiene la palabra la Honorable señora Allende, para fundamentar su voto.
Señor Presidente , quiero dar a conocer mi voto positivo por todas las razones que aquí se han expuesto. Pero también quiero señalar, una vez más, que deberemos hacer una modificación más sustantiva en cuanto a los subsidios de viviendas sociales.
Y nuevamente deseo alzar la voz a este respecto. Lo he hecho en diversas ocasiones y creo que es preciso seguir insistiendo, porque si no se consideran las realidades regionales la verdad es que nos estaremos estrellando.
Simplemente, levanto mi voz frente a la realidad de muchos de los comités de viviendas sociales y por los numerosos beneficiarios a los que se les ha entregado un subsidio que hoy día ha pasado a ser un papel, porque no significa ninguna garantía para lograr la casa. Y aún más grave es que se observan casos como los sucedidos en Tierra Amarilla con los proyectos habitacionales El Escorial I, II y III, donde la constructora dejó tirada la edificación porque el costo de la obra era tan alto que no alcanzaba a ser cubierto con los subsidios.
Así es que, señor Presidente , junto con apoyar esta iniciativa, quería referirme una vez más a esas necesidades.
Me alegré de que la candidata Bachelet fuera a mi Región. En esa oportunidad dijo que era consciente de aquello y que era conveniente otorgar subsidios diferenciados, de acuerdo con las realidades regionales.
Espero que ello pueda hacerse efectivo, pues la verdad es que este proyecto es muy importante para regularizar la situación. Sin embargo, existe un problema que angustia: hoy día más de 60 mil subsidios entregados no necesariamente garantizan la obtención de las respectivas casas.
Estimo que el Congreso no puede ignorar esa realidad y tenemos que hacernos cargo de ella. Incluso deberemos abordar el asunto cuando analicemos el presupuesto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
En definitiva, señor Presidente , quiero señalar que este proyecto es fantástico; lo apoyo y me parece superbién el poder regularizar y ampliar las viviendas, a fin de procurarles una vida un poquito más de calidad a las familias que serán beneficiadas. Pero hago un llamado de atención -repito- en cuanto a que me angustia que la gente reciba subsidios y, simplemente, ello no les signifique ninguna garantía de que obtendrán una casa.
El Honorable señor Horvath me ha dicho que desea dejar constancia de la inhabilidad que le afecta en esta votación.
Señor Presidente , como lo manifesté recién a la Mesa, deseo inhabilitarme para votar, porque tengo una pequeña inmobiliaria junto con mi hijo. Además, su recepción municipal está pendiente desde hace un año, por lo que entiendo los problemas por que atraviesan estas personas.
--Se aprueba el proyecto en general (25 votos afirmativos).
Votaron las señoras Allende, Alvear, Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Larraín (don Carlos), Letelier, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
Se ha solicitado fijar un plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 9 de diciembre, a las 12.
Corresponde tratar, también como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República , en primer trámite constitucional, que aprueba el "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de San Vicente y las Granadinas sobre exención del requisito de visa para los titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales", suscrito en Kingstown el 30 de noviembre del 2012, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9003-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 36ª, en 2 de julio de 2013.
Relaciones Exteriores: sesión 64ª, en 16 de octubre de 2013.
El objetivo principal de la iniciativa es eximir del requisito de visa a los nacionales de ambos Estados que posean pasaportes diplomáticos y oficiales.
La Comisión de Relaciones Exteriores discutió el proyecto en general y en particular y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Kuschel, Larraín (don Hernán) y Letelier.
No sé si algún miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores puede rendir un breve informe.
¿Habría inconveniente para aprobarlo con la misma votación anterior, de manera unánime?
--Con la misma votación anterior (25 votos favorables), se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo.
Debo informar a la Sala que en sesión de 9 de octubre del presente año se aprobó en general el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que restablece una excepción en las Regiones de Aysén y de Magallanes para establecimientos que expenden bebidas alcohólicas, iniciativa respecto de la cual no se han presentado indicaciones en el plazo fijado al efecto, por lo que correspondería darla por aprobada también en particular, a menos que se solicitara un nuevo plazo para formular indicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7138-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 85ª, en 11 de enero de 2011.
Economía: sesión 51ª, en 3 de septiembre de 2013.
Sesión 62ª, en 9 de octubre de 2013 (se aprueba en general).
Como no se han presentado indicaciones ni se ha pedido abrir un nuevo plazo para formularlas, corresponde dar por aprobada la iniciativa también en particular.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Proyecto, en primer trámite constitucional e iniciado en mensaje del Presidente de la República , que modifica la ley N° 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, y otros textos legales que indica, con segundo informe de la Comisión de Economía e informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8466-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 37ª, en 31 de julio de 2012.
Economía: sesión 36ª, en 2 de julio de 2013.
Economía (segundo): sesión 65ª, en 29 de octubre de 2013.
Hacienda: sesión 65ª, en 29 de octubre de 2013.
Sesión 42ª, en 30 de julio de 2013 (se aprueba en general).
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Cabe señalar que la iniciativa fue aprobada en general en sesión de 30 julio de 2013.
Las Comisiones de Economía y de Hacienda dejan constancia, para efectos reglamentarios, de que los números 1), 2), 3), 4), 7), 14), 16), 17), 19) -pasa a ser 20)-, 20) y 21) -pasan a ser 22) y 23)-, 23) a 31) -pasan a ser 25) a 33)- del artículo primero y los artículos segundo y tercero permanentes, así como los artículos primero, segundo y tercero transitorios, no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones. Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que algún señor Senador, con acuerdo unánime de la Sala, solicite su discusión y votación.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- La letra b) del artículo 7° propuesto por el numeral 9) del artículo primero, no fue objeto de enmiendas en el segundo informe. Por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional, requiere, para su aprobación, 22 votos favorables.
La Comisión de Economía efectuó diversas enmiendas al texto aprobado en general, todas las cuales fueron acordadas por unanimidad.
La de Hacienda, por su parte, efectuó dos enmiendas al texto despachado por la Comisión de Economía, las cuales también fueron acordadas en forma unánime.
Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de alguna de ellas.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general, las enmiendas de la Comisión de Economía, las modificaciones de la de Hacienda y el texto que quedaría en caso de aprobarse.
Si les parece a Sus Señorías, se pueden hacer dos votaciones o una sola. En este último caso, se incluiría la norma de la letra b) del artículo 7° propuesto por el numeral 9) del artículo primero.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, podría hacerse una sola votación, a efectos de reunir el quórum especial, dentro de un tiempo determinado, ya que hay que llamar a los colegas que se encuentran en las Comisiones de Hacienda y Especial Mixta de Presupuestos.
¿Habría acuerdo para proceder de esa manera, efectuando una sola votación, como sugirió la Secretaría?
Alguno de los miembros de la Comisión de Economía o de la de Hacienda podría entregarnos un breve informe, porque la materia no es tan sencilla como parece.
La señora ALLENDE.- No hay nadie.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Entonces, solicito al señor Subsecretario hacer una relación sucinta, para que los colegas conozcan los contenidos de los dos artículos, especialmente el de la letra b) del artículo 7°, numeral 9) del artículo primero, el cual requiere quórum de 22 votos.
El señor FLORES ( Subsecretario de Economía ).- Señor Presidente , haré una pequeña introducción.
El proyecto de ley que nos ocupa viene a perfeccionar la normativa vigente sobre firma electrónica. La respectiva ley tiene una vigencia cercana a la década. Sin embargo, no ha habido una masificación de firma electrónica en la sociedad chilena.
Lo anterior efectivamente ha colocado en nuestra agenda el deseo de masificar dicho medio de validación, lo que permitiría hacer muchas más transacciones que las que se llevan a cabo en la actualidad.
Con ese propósito, el proyecto promueve que una serie de transacciones que hoy día requieren un acto presencial y la presencia de un ministro de fe ahora se hagan a través de la firma electrónica avanzada. Tal mecanismo facilita tener una autenticación de la identidad con una certeza sustancialmente alta, lo que permitió que durante los diez años de vigencia de la ley no haya habido juicio en tribunales en que se pusiera en duda la identidad de la persona que utilizó dicho instrumento.
La modificación que hemos propuesto, la cual fue votada por unanimidad en las Comisiones respectivas, busca ampliar el número de actos jurídicos en los cuales se puede utilizar este instrumento. Asimismo, permite que otros organismos del Estado -como el Poder Judicial - también estén en condiciones de emplear en forma efectiva esta manera de dar validez a los instrumentos que se suscriban.
La reforma facilita una reducción de costos muy importante, sobre todo para las personas que viven en regiones, pero no en las capitales regionales, pues les permitirá, desde sus domicilios, oficinas o el lugar en que rija la firma electrónica, firmar documentos para llevar a cabo, por ejemplo, compraventas, sin necesidad de viajar a la capital de la región respectiva o efectuar un trámite que puede implicar costos y tiempo para ellas.
El Gobierno desea que con este proyecto se masifique el uso de la firma electrónica avanzada, con el propósito de que muchos más individuos la utilicen y les permita un ahorro de costos tanto en tiempo como en dinero.
El señor SABAG.- Señor Presidente , como señaló el señor Subsecretario , el propósito del proyecto es facilitar y fomentar el uso de la firma electrónica avanzada, tanto por parte de los particulares como de los organismos públicos; ampliar el ámbito de aplicación, y crear incentivos para el uso de los documentos electrónicos.
En el segundo informe de la Comisión de Economía, se hicieron numerosas modificaciones, mayormente formales, como lo demuestra el hecho de que todas ellas fueron aprobadas por unanimidad. Lo mismo ocurrió en la de Hacienda, demostrándose así el alto acuerdo alcanzado por los Senadores respecto de esta iniciativa. En este último organismo, se dio a conocer también el informe financiero según el cual el sistema de la firma electrónica está funcionando desde el año 2002. El único costo nuevo es la contratación en la Subsecretaría de Economía de un ingeniero en tecnologías de información, lo que implica un presupuesto anual de 24 millones de pesos, lo que se considera irrelevante desde el punto de vista macroeconómico.
Con estos nuevos informes, quedan explicitados de mejor manera algunos de los aspectos centrales de la iniciativa, como las ideas de eliminar la definición de "fecha electrónica" e introducir en su reemplazo los conceptos de "marca de tiempo" y "sellado de tiempo" en lo relativo a la determinación del momento en que se celebra el acto o contrato y la ampliación de la firma electrónica simple, en la que no se cumplen los mismos requisitos legales, reglamentarios y técnicos de la firma electrónica avanzada, que tiene validez para determinadas circunstancias.
Señor Presidente , estamos del todo de acuerdo en votar favorablemente todos los artículos enumerados, a fin de dar un rápido despacho al proyecto de ley, pues resulta muy importante para el desarrollo económico del país.
El señor PIZARRO (Presidente).- Los miembros de la Comisión de Hacienda han hecho llegar a la Mesa una solicitud para que el proyecto relativo a los funcionarios municipales se discuta en general y particular a la vez.
Se requiere el acuerdo de la Sala para acceder a dicha petición.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente , la ley N° 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de ella, entró en vigencia en 2002, instaurando un sistema de acreditación avanzado, con el objeto de implementar una red de confianza que, integrada por las entidades certificadoras y la autoridad pública acreditadora, brinde a los usuarios un estímulo para efectuar transacciones a través de medios electrónicos de comunicación.
A primera vista, lo anterior significa un gran adelanto, desde la óptica de acercar, como lo planteó ahora el señor Subsecretario , a todas aquellas localidades que se encuentran en zonas rurales y cuentan con Internet; a los habitantes de aquellas comunidades que muchas veces se ven en la necesidad de hacer trámites en Santiago y que no pueden evitar los viajes.
Quienes participamos en la elaboración de la normativa en 2002 pensamos -tenemos el caso de los abogados que usan por costumbre el papel físico y les gusta hacer el trámite en forma personal, incluyendo las filas y participando directamente en los procesos- que podía ser violentada o generar problemas y dudas. Ante ello, la información que nos entrega hoy día el Subsecretario es realmente crucial.
No ha habido casos notorios de irregularidades con la firma electrónica.
En mi opinión, el presente proyecto corrige uno de los problemas más serios de la ley Nº 19.799: su ámbito de aplicación muy reducido. De hecho, se modifica en ese sentido el artículo 3º de dicho cuerpo legal, estableciéndose la equivalencia de los actos y contratos suscritos por medio de firma electrónica respecto de los celebrados por escrito en soporte de papel, en cuanto a su validez y efectos. Lo cierto es que el precepto aún en vigor limita en exceso la aplicabilidad de las herramientas electrónicas.
Además, había incerteza jurídica respecto de los principios que inspiran la ley, dada la inclusión de una norma que transgrede el principio de neutralidad tecnológica.
Por otra parte, la disposición legal es limitada en el reconocimiento judicial de la equivalencia funcional del documento y de la firma electrónicos. Y evidenciaba una ausencia de herramientas tecnológicas para reforzar la confianza en el sistema y permitir la valoración de los atributos que ello involucra.
Señor Presidente , la bancada de Renovación Nacional va a aprobar este proyecto, porque genera una verdadera revolución en este ámbito, al ampliar el número de trámites que se podrán hacer por esta vía.
Quiero traer a colación una institución recientemente creada que usa esta tecnología: ChileAtiende. Este servicio ha generado múltiples beneficios en las regiones, especialmente en las localidades más alejadas. No olvidemos que en regiones también hay subcentralismo, por cuanto todos los trámites se deben efectuar en la capital regional.
Cuando se instala este tipo de tecnologías y se implementa la posibilidad de realizar trámites a través de estos mecanismos, se evita perder tiempo, no se gasta dinero y, además, no se pasan malos ratos.
En consecuencia, la bancada de Renovación Nacional va a votar a favor de esta iniciativa.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Ofrezco la palabra.
Recuerdo a Sus Señorías que se acordó hacer una sola votación que incluya la norma de quórum de rango orgánico constitucional -letra b) del artículo 7º, propuesto por el numeral 9) del artículo primero- y las modificaciones aprobadas por unanimidad en las Comisiones de Economía y de Hacienda.
--Se aprueban la letra b) del artículo 7º, propuesto por el numeral 9) del ARTÍCULO PRIMERO, y las enmiendas acordadas de forma unánime por las Comisiones (24 votos), y queda despachado el proyecto en este trámite.
Votaron las señoras Allende y Von Baer y los señores Bianchi, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Letelier, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor WALKER (don Ignacio).- Agregue mi voto positivo, señor Presidente .
El señor CHAHUÁN.- Y el mío también.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Se deja constancia de la intención de voto favorable de los Honorables señores Ignacio Walker y Chahuán.
Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el límite intercomunal entre Vicuña y Paihuano, en la Región de Coquimbo, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8764-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
El objetivo de la iniciativa es incluir en el territorio de la comuna de Paihuano la localidad de Tres Cruces.
La Comisión discutió el proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Bianchi, Frei, Orpis y Sabag.
El texto que se propone aprobar se transcribe en el primer informe de la Comisión.
Cabe tener presente que el artículo único del proyecto y los artículos sexto y octavo transitorios son normas de rango orgánico constitucional, por lo que requieren, para su aprobación, el voto favorable de 22 señores Senadores.
Como no se encuentra en la Sala el Honorable señor Chahuán, tiene la palabra el Senador señor Sabag.
Señor Presidente , este proyecto es muy simple. Corresponde a una iniciativa del Presidente de la República , cuyo propósito es modificar los límites de las comunas de Vicuña y Paihuano, a fin de dejar a la localidad de Tres Cruces dentro del territorio de esta última.
De acuerdo al mensaje, se trata de adecuar la estructura territorial de esas comunas. Se reconoce que en los hechos la aludida localidad depende administrativamente de Vicuña; pero, por razones geográficas, los vecinos se identifican preferentemente con Paihuano.
Todas las partes involucradas (ambos alcaldes, los concejos municipales, las demás autoridades locales y, fundamentalmente, los vecinos) están totalmente de acuerdo con el contenido del proyecto, lo que simplifica su análisis y debate.
Por eso es una iniciativa simple y se adecua a la realidad.
En muchas comunas del territorio nacional, ocurre lo mismo: las personas de una localidad dependen formalmente de una comuna, pero, en la práctica, todo lo hacen en otra, con excepción de los trámites legales que están obligadas a efectuar en la comuna madre.
Espero que se vayan regularizando tales situaciones anómalas en las distintas comunas. Podría haberse presentado un solo proyecto para solucionar el problema de varias localidades, pero se optó por resolver solamente el de una de ellas.
Por supuesto, votaremos favorablemente la iniciativa.
Si me lo permiten, quiero dejar constancia de mi opinión desde la Mesa.
Me consta que la localidad de Tres Cruces está total y absolutamente identificada con la comuna de Paihuano.
Los conocedores de la zona saben que, más allá de Vicuña, yendo hacia el valle del Elqui, Paihuano, Horcón y los demás lugares ubicados en la misma dirección, la primera localidad con que uno se encuentra, pasado Rivadavia , es Tres Cruces. Cuando entra por esa variante, ya asume que está en la comuna de Paihuano. Además, ese lugar queda a una distancia importante de Vicuña y no guarda mucha relación con ella.
Por tanto, se ha producido acuerdo no solo entre los habitantes de Paihuano, sino también de la gente de la propia Vicuña.
Por lo general, en este tipo de deslindes entre comunas se generan los peores problemas, conflictos o diferencias. Sin embargo, en esta situación lo único que se hace es reconocer un hecho de la causa, que los vecinos de ambas comunas aceptan total y absolutamente.
En consecuencia, correspondería aprobar esta propuesta.
Solo deseo ratificar lo que el señor Presidente acaba de señalar.
Efectivamente, todo el mundo entiende y asume que la localidad de Tres Cruces forma parte de la comuna de Paihuano.
Por no haber oposición de ningún tipo ni opinión distinta y por el hecho de ir en la línea de reforzar la identidad, usos y prácticas comunes de todos los habitantes y vecinos del sector, el proyecto viene a resolver un viejo problema, y espero que siente un precedente para muchos otros casos de comunas limítrofes que también enfrentan situaciones como la que estamos analizando.
Por eso, solicito a la Sala que también lo apruebe por unanimidad.
Vamos a proceder a llamar a los señores Senadores que están en Comisiones Mixtas y en la de Hacienda para que vengan a votar.
Algunos están despachando la propuesta destinada a solucionar el conflicto de los funcionarios municipales. Mientras tanto, ruego a los Senadores presentes pronunciarse.
--Se aprueba en general el proyecto (23 votos) y, por no haberse presentado indicaciones, se aprueba también en particular, dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido, y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Carlos), Letelier, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Sabag, Uriarte y Walker (don Patricio).
Solicito el asentimiento de la Sala para modificar el Orden del Día y pasar directamente a los proyectos signados con los números 8 y 9. El primero incorpora a los funcionarios judiciales a la ley N° 19.296, y el segundo establece obligaciones relativas a la propina en restaurantes, bares, pubs, clubes, discotecas y similares. Ello, atendido que no son de quórum especial y su tratamiento no entorpecería el trabajo que se está realizando en la Comisión de Hacienda.
Si queda tiempo, también se podría ver el proyecto que figura en el número 7, que habilita a las juntas de vecinos para otorgar certificados de residencia.
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que incorpora a los funcionarios judiciales a la ley N° 19.296, con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
--Los antecedentes sobre el proyecto (6721-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 84ª, en 5 de enero de 2011.
El objetivo principal del proyecto es permitir que los trabajadores del Poder Judicial , en ejercicio o jubilados, puedan constituir, sin autorización previa, las asociaciones de funcionarios que estimen conveniente, de conformidad con los términos de la ley N° 19.296.
Cabe recordar que la Sala, en su sesión del 27 de agosto recién pasado, acordó remitir la iniciativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y dejó sin efecto su conocimiento por la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, como se había dispuesto el año 2011.
La Comisión de Trabajo hace presente que, no obstante tratarse de un proyecto de artículo único, lo discutió solo en general y acordó proponer a la Sala que adopte igual decisión, con el propósito de introducir los perfeccionamientos que sean necesarios durante la discusión particular.
La Comisión aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Rincón y señores Bianchi, García y Muñoz Aburto.
El texto que se propone aprobar se transcribe en la parte pertinente del primer informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Señor Presidente , a pesar de que esta iniciativa es de artículo único, la Comisión propuso discutirla solo en general. Cabe recordar que la Cámara de Diputados la aprobó por 109 votos a favor y una abstención.
En síntesis, el proyecto busca permitir que los trabajadores del Poder Judicial , en ejercicio o jubilados, constituyan, sin autorización previa, las asociaciones de funcionarios que estimen pertinentes, de conformidad con los términos de la ley N° 19.296, que establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado.
Aunque la otra rama legislativa consideró que no era obligatorio consultar la opinión de la Corte Suprema, ya que no hay relación entre el texto que se propone y las atribuciones y organización de los tribunales de justicia, se decidió realizar igual dicha consulta a nuestro Máximo Tribunal, el que el 29 de julio de 2011 comunicó al Senado que acordó, por mayoría de votos, informar desfavorablemente las normas consultadas.
Los cuestionamientos se refieren a la contradicción entre el fuero que se garantizaría a los dirigentes de las asociaciones de funcionarios con las disposiciones sobre remoción contenidas en el artículo 80 de la Constitución Política de la República y con las relativas a inhabilidades, incapacidades e incompatibilidades consagradas en el Código Orgánico de Tribunales, lo que también ocurriría con la exención de los dirigentes del proceso de calificación anual, la cual, en opinión de la Corte Suprema, alteraría la igualdad entre los funcionarios.
Por su lado, los autores de la moción fundan su propuesta en la garantía constitucional relativa a la organización de los trabajadores y la ratificación del Convenio N° 151 de la OIT, sobre relaciones de trabajo en la administración pública, de 1978, que establece el deber de los países que lo suscriben de contemplar disposiciones legales que permitan la organización de los funcionarios públicos, lo que en la actualidad no se está cumpliendo con los del Poder Judicial .
Sin embargo, en la Comisión la postura de la Corte Suprema, contraria a este proyecto por las razones indicadas, fue respaldada por el Subsecretario del Trabajo, aunque en ese mismo órgano técnico se cuestionó que se hubiese requerido la opinión del Máximo Tribunal y que, por ende, esta fuera tomada en cuenta para la discusión de la iniciativa.
Luego el Subsecretario insistió en la pertinencia de los argumentos relativos al fuero y la calificación, lo que, a mi juicio, puede resolverse durante la discusión particular, sin afectar el reconocimiento del derecho constitucional de los trabajadores del Poder Judicial para constituir libremente sus asociaciones.
De todos modos, hay otros aspectos que requieren ser modificados, como la restricción a las facultades de estas asociaciones, por lo que desde ya anuncio que presentaremos las indicaciones pertinentes para la adecuación del proyecto de ley.
En todo caso, la Comisión sugiere aprobarlo en general.
Reitero que la Corte Suprema, al informarlo desfavorablemente, y también el Ejecutivo , a través del Subsecretario del Trabajo , han manifestado serias aprensiones a su respecto.
Señor Presidente , este proyecto, iniciado en moción parlamentaria, se encuentra en el Senado desde enero de 2011. Inicialmente había sido derivado a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, pero hace un par de meses solicité a la Sala que fuera enviado a la de Trabajo y Previsión Social porque, en estricto rigor, lo que hace es dar igualdad de trato acerca de la facultad de constituir asociaciones gremiales en los órganos de administración de justicia, tal como ocurre con los funcionarios de la Administración central del Estado y con los del Poder Legislativo .
La iniciativa posibilita el ejercicio del derecho de asociarse, consagrado en nuestra Constitución Política, ya que da a las organizaciones gremiales de los trabajadores del Poder Judicial el reconocimiento que tienen otras organizaciones de funcionarios, tanto de la Administración central del Estado como del Congreso Nacional.
No hay ninguna razón para mantener una discriminación que, aparte resultar completamente arbitraria, significa negar uno de los derechos que tienen los trabajadores del Poder Judicial .
Por eso, señor Presidente , pido a la Sala que aprobemos la idea de legislar, con el propósito de estudiar en detalle el proyecto en la Comisión de Trabajo y despacharlo también en particular.
Señor Presidente , en la misma línea de lo que plantea el Senador García, creo que esta iniciativa avanza en la dirección de igualar los derechos de los trabajadores del Poder Judicial con los que tienen los de la Administración del Estado, de las municipalidades y del Congreso Nacional en orden a constituir, sin autorización previa, las asociaciones de funcionarios que estimen convenientes, con la sola condición de sujetarse a la ley y a los estatutos de las mismas.
No hay razón, ni aparente ni de otro tipo, para que en el Poder Judicial no puedan crearse tales asociaciones. Además, en el articulado se establecen algunas excepciones o restricciones a aquellas que constituyan los trabajadores judiciales, las que tienen relación directa con la estructura del Poder Judicial y el respeto a su autonomía.
En efecto, en el número 2 del artículo único se agrega, en el artículo 7° de la ley vigente, el siguiente inciso final: "Las finalidades señaladas en la letra d) y en la segunda parte de la letra f) del inciso segundo, no serán aplicables a las asociaciones de funcionarios del Poder Judicial .".
¿Cuáles son esas finalidades -es importante tenerlas en consideración? "d) Hacer presente, ante las autoridades competentes, cualquier incumplimiento de las normas del Estatuto Administrativo y demás que establezcan derechos y obligaciones de los funcionarios". Ello, porque tanto el estatuto jurídico de los funcionarios del Poder Judicial como la estructura misma que se da al interior de este son diferentes.
Y la exclusión de la segunda parte de la letra f) del inciso segundo se refiere a que las asociaciones de funcionarios judiciales no podrán deducir ante la Contraloría General de la República el recurso de reclamación establecido en el respectivo Estatuto Administrativo, porque claramente ese órgano fiscalizador no tiene control sobre el Poder Judicial y, por consiguiente, aquella tiene que ser una atribución distinta.
El inciso final propuesto para el artículo 7° tiene que ver con el respeto hacia la especificidad del Poder Judicial , pero nada obsta, y no hay ningún motivo real o aparente para ello, que los funcionarios puedan constituir tales asociaciones.
Ahora, al margen de lo que pudiera ser el debate en la Comisión de Trabajo para el perfeccionamiento de estas normas, me parece adecuado también el inciso tercero que se intercala en el artículo 25, referido al fuero de los directores de este tipo de asociaciones.
El inciso primero del texto legal vigente establece: "Los directores de las asociaciones de funcionarios gozarán de fuero, esto es, de inamovilidad en sus cargos, desde la fecha de su elección y hasta seis meses después de haber cesado su mandato como tales, siempre que la cesación en él no se hubiere producido por censura de la asamblea de la asociación o mediante aplicación de la medida disciplinaria de destitución, ratificada por la Contraloría General de la República.".
Sin embargo, aquí se propone que tal destitución no requerirá la ratificación del organismo contralor, lo cual es coherente con lo que establecen las normas que regulan el Poder Judicial .
Por lo tanto, considero que este proyecto debiera ser aprobado en general. Si los funcionarios del Congreso Nacional pueden, sin permiso previo, constituir asociaciones, al igual que los de las municipalidades y los de la Administración del Estado, no hay razón para que los funcionarios del Poder Judicial no lo hagan.
Me parece que esta iniciativa avanza en el sentido correcto. No obstante, siempre hay que tomar nota de los pronunciamientos de la Corte Suprema sobre esta materia. En la discusión particular del proyecto deberemos analizar cómo perfeccionar, mejorar y resguardar adecuadamente lo que son las particularidades y especificidades del Poder Judicial al respecto.
En consecuencia, señor Presidente, recomiendo la aprobación en general de esta iniciativa.
Vamos a proceder a abrir la votación inmediatamente, antes de que termine el Orden del Día.
Señor Secretario, llame a los señores Senadores para que concurran a votar.
Señor Presidente , del mismo modo que a los funcionarios del Congreso Nacional se les reconoció el derecho a asociarse -que el Estado debe garantizar y proteger-, la moción busca extenderlo a los funcionarios del Poder Judicial . Y, claramente, no veo inconveniente en ratificar tal derecho.
Las aprensiones del Poder Judicial dicen relación con el fuero. Pero este es inherente y necesario para el cumplimiento de la función gremial. No puede un dirigente representar los intereses y las demandas de sus asociados sin contar con la debida protección, porque, en definitiva, dejarlo sin ella, equivale a la negación de un derecho que es de todos.
Por eso el proyecto se hace cargo de los escenarios que a la Corte Suprema le preocupan. También regula los permisos de los directores de las asociaciones de funcionarios del Poder Judicial. Y se da un plazo prudente para la respectiva adecuación, lo cual me parece importante.
Se trata de un proceso, y la eventual inconstitucionalidad que se derivaría de la aprobación de estas normas no debe dar lugar ni a un rechazo, ni provocar preocupación. La igualdad ante la ley es el principio básico. Los funcionarios del Poder Judicial tienen el legítimo derecho de asociarse libremente para la defensa de sus mejores intereses.
De ahí que voy a votar a favor este proyecto, y espero que la Sala haga lo propio, porque las observaciones planteadas se hallan resueltas y aclaradas. Además, con él se restituye este derecho, que ya han hecho efectivo los funcionarios del Congreso Nacional, y se ratifica lo que la Constitución señala: "que no puede haber ningún tipo de discriminación", menos aún en funcionarios que ejercen una tarea importantísima dentro de un Poder del Estado , como el Judicial.
Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
Señor Presidente , seré muy breve, pues solo quiero señalar que hemos acogido la petición de los funcionarios judiciales para igualarlos con el resto de los trabajadores de la Administración Pública, pues, por una omisión o mala interpretación de la legislación pertinente, se veían impedidos de participar o ser reconocidos como asociaciones gremiales.
Quiero expresar mi satisfacción al respecto. Fui uno de los autores del proyecto, siendo Diputado , el cual viene a coronar una muy antigua aspiración de todos los funcionarios judiciales.
Votaron las señoras Allende y Von Baer y los señores Coloma, Escalona, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Debemos fijar plazo para indicaciones.
Senador García, ¿usted había hecho una sugerencia al respecto?
¿Puede ser la segunda semana de diciembre o antes?
El 2 o 3 de diciembre, señor Presidente.
¿Le parece a la Sala el lunes 2 de diciembre, a las 12?
Con el primero informa la nómina de los señores Diputados que concurrirán a la formación de la Comisión Mixta que debe formarse de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 70 de la Constitución Política de la República, respecto del proyecto de ley que fortalece el resguardo del orden público (boletín N° 7.975-25).
Con el segundo expresa que tomó conocimiento del rechazo parcial por el Senado de las enmiendas propuestas por esa Corporación al proyecto de ley que establece normas sobre actividad de lobby (boletín N° 6.189-06) e informa la nómina de señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que ha de formarse según lo dispone el artículo 71 de la Ley Fundamental.
Con el tercero expone que dio su aprobación, en los mismos términos en que lo hizo el Senado, al proyecto de acuerdo que aprueba la "Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales", adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su décimo sexta reunión, celebrada en París el 12 de noviembre de 1970 (boletín N° 364-10) (con urgencia calificada de "suma").
Con el cuarto refiere que dio su aprobación a las enmiendas propuestas por esta Corporación al proyecto de ley que modifica normas sobre depósito legal de creaciones audiovisuales (boletín N° 6.274-19) (con urgencia calificada de "simple").
Con el último comunica que ha dado su aprobación al proyecto de ley que establece feriado regional en la Región de Antofagasta el día 8 de septiembre de cada año, con motivo de la fiesta religiosa de Nuestra Señora Guadalupe de Ayquina (boletín N° 6.064-06).
El señor PIZARRO (Presidente).- Ha terminado el Orden del Día.
Les comunico a los señores Senadores que la Corporación está citada a una sesión especial para mañana, de 12:30 a 14, a fin de tratar el proyecto que permite corregir la situación que afecta a los funcionarios municipales en cuanto a la asignación de mejoramiento de gestión, homologándola con los incentivos de los funcionarios del sector público. Esta se llevará a cabo luego de la sesión de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, que proseguirá su funcionamiento desde temprano.
Entiendo que la Comisión de Hacienda entregará un informe, que contendrá también el análisis en particular de la referida iniciativa, además del estudio de las indicaciones que comprometió el Ejecutivo .
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente , la Comisión de Hacienda se reunirá mañana a las 10 para estudiar las indicaciones que se presentarán a dicha iniciativa, la cual ya aprobamos en general y particular. Ellas tienen por objeto más bien corregir su texto, conforme a los acuerdos alcanzados con los funcionarios municipales y la Asociación Chilena de Municipalidades.
En seguida, la Comisión Especial Mixta de Presupuestos se va a reunir a las 10:30 en esta Sala, hasta las 12:30, hora en que comenzará la sesión del Senado.
Habiéndose cumplido su objetivo, levantaré la sesión, sin perjuicio de dar curso a las peticiones de oficios que han llegado a la Secretaría.
Al señor Tesorero Regional de Valparaíso, pidiéndole señalar si emitió INFORME SOBRE PROCEDENCIA DE DERECHO RECLAMADO A CONTRALORÍA REGIONAL POR EX FUNCIONARIA DE HOSPITAL CARLOS VAN BUREN.
Al señor Alcalde de Coronel, a fin de solicitar OTORGAMIENTO DE PATENTE PARA FERIAS LIBRES A INTEGRANTES DE SINDICATO DE COMERCIANTES DE CORONEL.
A la señora Superintendenta de Servicios Sanitarios, solicitándole información sobre SITUACIÓN QUE AFECTA A SEÑORA MARGOT SUAZO ALTAMIRANO POR DEUDA CON ESSBIO (Octava Región), y requiriéndole antecedentes relativos a PLAGA DE RATONES EN SECTOR CERRO VERDE BAJO, COMUNA DE PENCO.
A la señora Superintendenta de Seguridad Social, demandándole PRONTA SOLUCIÓN A RECHAZO DE LICENCIAS MÉDICAS A DON RAÚL SILVA BASTIDAS (Octava Región),
y a la señora Directora Nacional del Instituto de Seguridad Laboral, solicitándole NUEVA EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO ESPECIALIZADO PARA SEÑOR JOSÉ ALFREDO FLORES BIZAMA (Séptima Región).
--Se levantó a las 18:5.
La violencia intrafamiliar está contemplada en nuestro ordenamiento jurídico en la ley Nº 20.066. Este mismo cuerpo legal la define en su artículo Nº 5, al expresar: “Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él; o sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, del ofensor o de su cónyuge o de su actual conviviente”
Uno de los fines que inspiró esta ley fue, según señala su artículo Nº 1, es el de prevenir la violencia Intrafamiliar, para cuyo efecto genera un catálogo de medidas accesorias a la multa, que el juez debe discrecionalmente fijar, imponiendo una o más de la medidas establecidas en la lista del articulo Nº 9 del mencionado texto legal.
Esta norma, en su literal C, contempla como medida, la de “Prohibición de porte y tenencia y, en su caso, el comiso, de armas de fuego. De ello se informará, según corresponda, a la Dirección General de Movilización, a la Comandancia de Guarnición o al Director de Servicio respectivo, para los fines legales y reglamentarios que correspondan.”
Sin embargo, esta medida accesoria se aplica solo cuando el Juez lo estima necesario.
A este respecto cabe señalar que, al ser la prevención de la violencia intrafamiliar uno de los fines últimos de la ley Nº 20.066, es imperativo que en caso de configurarse violencia psíquica con amenazas de tal magnitud que el juez estime que la materialización de las mismas sea inminente, deba decretarse lo señalado en la letra C del articulo Nº 9 no como una más de las medidas accesorias que se pueda determinar, sino que, en el evento de verificarse la hipótesis señalada, el juez deba decretar, imperativamente, la citada medida, sin perjuicio de aplicar otras medidas accesorias que dicha norma contempla.
En mérito a las consideraciones que anteceden, sometemos a la aprobación del Senado de la República el siguiente
Artículo único: Modifíquese el artículo Nº 9, letra C de la ley Nº 20.066, agregándose un inciso nuevo del siguiente tenor:
“Si la amenaza, mediante violencia psíquica fuere de tal magnitud, que haga formar la convicción en el juez que la materialización de ella es inminente, en la sentencia que dicte, decretara especialmente esta medida, sin perjuicio de la aplicación de las otras que establece este artículo.”
(Fdo.): Francisco Chahuán Chahuán, Senador.- Hernán Larraín Fernández
La ley Nº 18.290 de Tránsito, establece en su artículo 19, que la licencia de conducir tiene duración indefinida y mantendrá su vigencia mientras su titular reúna los requisitos y exigencias que señale la ley. Asimismo, agrega que los titulares de dichos documentos habilitantes para conducir, deben acreditar el cumplimiento de tales requisitos y exigencias cada seis años si se trata de licencia no profesional, clases B o C, y cada cuatro años en los casos de la licencia profesional y las de las clases A-1 y A-2.
Por su parte, el artículo 20 del mismo texto legal dispone que el control de cualquier clase de licencia de conducir deberá efectuarse, a más tardar, en la fecha de cumpleaños de su titular, y si dicha data recayere en día inhábil, el control debe verificarse el día hábil siguiente, y si recayere en día 29 de febrero, en el primer día hábil de marzo, en la municipalidad que corresponde a la circunscripción donde tenga su domicilio.
No obstante la objetividad de estas normas, puede darse el caso de que no le sea posible a un titular de licencia someterse al control exigido por la ley, antes de la fecha prevista en el artículo 20, por razones ajenas a su voluntad, tales como la destrucción parcial o total, inundación o incendio del inmueble donde funciona el respectivo Departamento de Tránsito, o por huelga de sus funcionarios, como ocurre al momento de presentarse esta moción.
En tal caso, estimamos que debe contemplarse una extensión de dicho plazo, por un máximo de treinta días, a contar de cuando cesen tales impedimentos, para cuyo efecto debe contemplarse tal situación en el referido artículo 20, incorporándose la modificación correspondiente.
En el mismo orden de ideas, es del caso señalar que para el caso de infracciones a la Ley de Tránsito, el artículo 3º de la ley Nº 18.287, que establece procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, dispone que los Carabineros e Inspectores Fiscales o Municipales, en su caso, que sorprendan infracciones, contravenciones o faltas que sean de competencia de los Jueces de Policía Local, deberán denunciarlas al Juzgado competente y citar al infractor para que comparezca a la audiencia más próxima, indicando día y hora, bajo apercibimiento de proceder en su rebeldía.
El artículo 4º del mismo texto legal, señala las menciones que debe contener la citación pertinente, que en el caso de infracción a las normas que regulan el tránsito, debe contener, además, la placa patente y clase del vehículo y, si fuere pertinente, la licencia de conducir, su fecha de control, la Municipalidad que la otorgó y el domicilio que tenga registrado en ella.
Aunque esta ley no lo contempla expresamente, normalmente, cuando el denunciante entrega personalmente la citación, retiene la licencia del denunciado, para enviarla al tribunal competente, conjuntamente con la denuncia, y la boleta de citación lo habilita para conducir vehículos autorizados por la clase de su licencia, hasta el día y hora de la audiencia para el cual se le cita.
Sin embargo, puede ocurrir que, por razones ajenas al denunciado, como las que señalamos anteriormente, la audiencia no se puede efectuar en el día y hora para el que fue citado, por lo cual, procede extenderse el plazo de habilitación de la boleta de citación hasta que se fije una nueva audiencia, una vez que haya cesado el impedimento de que se trate y por un plazo de treinta días, sin perjuicio que el juez pertinente otorgue un plazo mayor, dependiendo de las circunstancias, para cuyo efecto, debe incorporarse una modificación a la referida norma, que así lo establezca.
Artículo 1º. Modifíquese el artículo 20 de la ley Nº 18.290, de Tránsito, agregándose un inciso quinto nuevo, del siguiente tenor:
“No obstante lo señalado en el inciso precedente, en el caso de razones ajenas a la voluntad del titular, tales como la destrucción parcial o total, inundación o incendio del inmueble donde funciona el respectivo Departamento de Tránsito, o por huelga de sus funcionarios, dicho control podrá efectuarse hasta treinta días después de que haya cesado el respectivo impedimento, y durante dicho plazo la respectiva licencia quedará habilitada para conducir los vehículos de su clase”.
Artículo 2º. Modifíquese la ley Nº 18.287, que establece Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, agregándose un artículo 4º bis, del siguiente tenor:
“En el caso que el denunciante entregue personalmente al denunciado la citación escrita, conforme a lo dispuesto en el artículo 3º, retendrá la respectiva licencia para enviarla al tribunal competente, conjuntamente con la denuncia.
Dicha boleta de citación habilitará al denunciado para conducir solamente vehículos autorizados por su clase de licencia y hasta el día y hora de la citación.
En el evento de que la audiencia para la cual fue citado, no pudiere celebrarse por razones tales como la destrucción parcial o total, inundación o incendio del inmueble donde funciona el respectivo tribunal o por huelga de sus funcionarios, el plazo de habilitación de la boleta de citación se extenderá hasta el día y hora en que se haya fijado una nueva audiencia, una vez que haya cesado el impedimento de que se trate, por un plazo no mayor a treinta días, sin perjuicio que el juez pertinente otorgue un plazo mayor, dependiendo de las circunstancias.”