Source: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2006-0189&language=ES
Timestamp: 2013-12-09 04:22:42
Document Index: 141371403

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'Artículo 29', 'artículo 13', 'artículo 3', 'artículo 13', 'artículo 21', 'artículo 13', 'artículo 3']

INFORME sobre la Estrategia marco contra la discriminación y por la igualdad de oportunidades para todos - A6-0189/2006
Procedimiento : 2005/2191(INI)Ciclo de vida en sesiónCiclo relativo al documento :
A6-0189/2006Textos presentados :
INFORME 203k 134k
18 de mayo de 2006PE 371.873v02-00 A6-0189/2006
sobre la Estrategia marco contra la discriminación y por la igualdad de oportunidades para todos
Ponente: Tatjana Ždanoka
Ponente de opinión (*): Claire Gibault, Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género
OPINIÓN de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (*)
– Visto el artículo 13 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, que otorga a la Comunidad competencias para adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, – Vista la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos(1), – Vista la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico(2) y la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación(3), que prohíben cualquier discriminación directa o indirecta por motivos de raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, – Visto el artículo 21, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual, – Vistos los distintos instrumentos jurídicos adoptados en el marco de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa, que prohíben toda discriminación con respecto a los derechos que garantizan, y, en particular, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y el Convenio marco para la protección de las minorías nacionales del Consejo de Europa, – Vista la comunicación de la Comisión titulada «Estrategia marco contra la discriminación y por la igualdad de oportunidades para todos» (COM(2005)0224),
– Vista su Resolución de 28 de abril de 2005 sobre la situación de la población romaní en la Unión Europea(4),
– Vista su Resolución de 8 de junio de 2005 sobre la protección de las minorías y las políticas de lucha contra la discriminación en la Unión Europea ampliada(5),
– Visto el informe anual preparado por la red de expertos en derechos fundamentales para el año 2004 y su informe temático sobre las minorías, publicado durante el mismo año,
– Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A6-0189/2006),
A. Considerando que la lucha contra la discriminación constituye un eslabón esencial de toda política de integración, que a su vez garantiza la cohesión social, y un instrumento indispensable en la lucha contra la exclusión, B. Considerando que la discriminación resulta, en gran medida, de la ignorancia y, por consiguiente, del miedo del otro y que, por lo tanto, es necesario atacar la raíz del problema mediante acciones específicas destinadas a promover, desde la más tierna edad, la tolerancia y la diversidad; recordando, en este contexto, que los programas Sócrates, Leonardo y Juventud pueden desempeñar un papel determinante, C. Considerando que el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia (EUMC) ha señalado que la difusión a nivel nacional de información práctica sobre la no discriminación por parte de las autoridades nacionales sigue siendo limitada y debe ampliarse a los grupos destinatarios y a las ONG que les apoyan; que los Gobiernos deben conceder un mayor reconocimiento al hecho de que la sociedad civil puede ser un socio efectivo en la lucha contra la discriminación racial y debe apoyar cualquier objetivo político para luchar contra la discriminación, D. Considerando que el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales, incorporado al artículo II-81 del Tratado constitucional, tiene un alcance más amplio que el artículo 13 del Tratado CE, al mencionar motivos de discriminación en relación con los cuales el primero se encuentra en punto muerto, a saber, el color, los orígenes sociales, las características genéticas, la lengua, las opiniones políticas o de cualquier otro tipo, la pertenencia a una minoría nacional, el patrimonio y el nacimiento; lamentando sobremanera que dicha concepción más amplia no se traduzca de forma jurídicamente vinculante en los hechos, E. Considerando que, como ha recordado recientemente la red de expertos, a la hora de aplicar los instrumentos legislativos adoptados sobre la base del artículo 13 del Tratado CE, los Estados miembros deben comprometerse a respetar los derechos fundamentales consagrados en los principios generales del Derecho comunitario, incluidos los derechos, las libertades y los principios mencionados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, F. Consciente de que al conceder a ciertos tipos de discriminación un tratamiento preferencial a nivel legislativo, se establece una especie de jerarquización de los motivos de discriminación que no tiene razón de ser, G. Recordando que existen distintas maneras de entender el concepto de discriminación, según nos situemos a nivel individual o colectivo, y que la defensa de los derechos de los ciudadanos en tanto que individuos no implica las mismas medidas que la defensa de los intereses de los grupos de individuos, H. Considerando que es importante definir qué se entiende por acción positiva antes de decidir si la ley debe cambiar y, en tal caso, de qué modo; considerando que la acción positiva comprende las medidas que han de tomarse para atajar la desigualdad y la discriminación ilegal y es un instrumento destinado a promover una representación equilibrada de la población en sectores y a niveles en los que es esencial que el conjunto de la población esté representado de manera equitativa; subrayando que este concepto no debe limitarse al sector del empleo y que debe ir más allá de la igualdad entre los sexos,
I. Considerando que debe promoverse una cultura de no discriminación mediante una educación que fomente la paz, la no violencia y el diálogo intercultural,
J. Consciente de que para eliminar antiguas injusticias o discriminaciones puede resultar necesario recurrir temporalmente a medidas positivas, que se derivan de una noción «proactiva» del concepto de justicia y pueden adoptar formas muy distintas; recordando que el establecimiento de cuotas debe considerarse como una medida extrema, que sólo puede aplicarse con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y en el respeto del criterio de proporcionalidad, K. Considerando que para algunos grupos de la sociedad especialmente desfavorecidos, como la población romaní, o cuyos derechos hayan sido perjudicados, como los no ciudadanos, la aprobación de medidas positivas, o incluso de una legislación específica, es indispensable de cara a garantizar su participación efectiva en la vida en sociedad y, en particular, en la vida política, de tal modo que puedan influir en las decisiones que les conciernen, L. Destacando el hecho de que, en algunos Estados miembros, el confinamiento de los niños de etnia romaní en clases especiales o en establecimientos reservados a los discapacitados psíquicos se asimila a una forma de segregación racial y que una política de desegregación se impone con carácter urgente, M. Considerando que el Comité asesor del Convenio marco fomenta la introducción de medidas positivas en favor de los miembros de las minorías especialmente desfavorecidas, N. Considerando que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas considera que los Estados firmantes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tienen la obligación de dar el trato preferente apropiado a las personas con discapacidad con el fin de lograr los objetivos de participación e igualdad plenas de todas las personas con discapacidad en la sociedad, O. Considerando que el EUMC recuerda que el grado y la naturaleza reales del problema del racismo siguen siendo difíciles de calibrar, dada la ausencia o la ineficacia de la recogida de datos tanto oficial como oficiosa en muchos Estados miembros, P. Considerando que, como lo subraya el EUMC, sin estadísticas oficiales sobre el origen étnico y nacional y la religión será difícil lograr una verdadera perspectiva de la discriminación así como determinar el éxito de las políticas de lucha contra la misma; que la falta de datos estadísticos suficientes para ilustrar y evaluar la discriminación hace imposible establecer una estrategia contra la discriminación basada, entre otras cosas, en acciones positivas en favor de tales grupos, Q. Recordando que el tratamiento de los datos de carácter personal se rige, a nivel comunitario, por la Directiva 95/46/CE y que, como lo subrayaba la red de expertos, no existe ningún conflicto entre la protección de los datos personales y el seguimiento de la discriminación mediante medios estadísticos, en la medida en que el objetivo de dicho seguimiento sea adquirir una mejor comprensión de la representación excesiva o insuficiente de determinados grupos en sectores particulares o a ciertos niveles y medir los progresos, a fin de identificar la necesidad de actuar y de seleccionar la línea de conducta más efectiva, R. Considerando que para detectar los casos de discriminación indirecta, explícitamente prohibida por la legislación comunitaria, es necesario poder basarse en datos estadísticos fiables, en particular por lo que respecta a algunos grupos dotados de características propias; que si no se dispone de estadísticas, se priva de facto a las víctimas potenciales de discriminación indirecta de una herramienta esencial para el reconocimiento de sus derechos, S. Destacando que la interpretación de los elementos que permiten concluir eventualmente que existe una discriminación directa o indirecta se efectúa con arreglo al Derecho nacional o a las prácticas nacionales y que, tal y como están las cosas, el recurso a datos estadísticos como elemento de prueba parea establecer una discriminación indirecta se deja al juicio de los Estados miembros, lo que implica no sólo una cierta desigualdad, sino también la imposibilidad de denunciar algunas formas de discriminación indirecta en aquellos Estados en los que esta práctica no está reconocida,
T. Señalando que la igualdad y el derecho a una vida libre de discriminación y racismo son elementos centrales para una sociedad en la que todos sus miembros estén bien integrados; considerando que las políticas comunitarias de integración y discriminación deben ser coherentes entre sí; considerando que, si bien han de respetarse las tradiciones y normas culturales de los Estados miembros, la «integración» debe basarse en un enfoque global como el acordado por los Estados miembros en los Principios básicos comunes en materia de integración de 2004,
Consideraciones generales 1. Considera que, aparte de los instrumentos legislativos y las vías de recurso, la lucha contra la discriminación debe basarse necesariamente en la educación, la promoción de las mejores prácticas y campañas dirigidas al público en general y aquellos ámbitos y sectores en los que tiene lugar la discriminación; destaca que la lucha contra la discriminación debe basarse también en una concienciación por lo que respecta a las repercusiones sociales, así como económicas, de este fenómeno que debe ser transmitida por las ONG, a quienes los Estados miembros deberían asociar estrechamente a su política de lucha contra la discriminación;
2. Considera que es esencial proporcionar una definición clara de acción positiva y destacar que la acción positiva no es discriminación positiva; observa que ejemplos concretos de acción positiva pueden incluir, por ejemplo, revisar las políticas y prácticas de contratación para identificar y eliminar aquellas que conducen a la discriminación; tomar medidas para señalar las oportunidades existentes a la atención de los grupos desfavorecidos; fijar objetivos para mejorar la representación de los grupos desfavorecidos dentro de la mano de obra; o prestar asistencia para ayudar a los grupos desfavorecidos a que participen en la sociedad en conjunto;
3. Se muestra convencido de que se deberían recabar las buenas prácticas aplicadas en los Estados miembros en materia de lucha contra la discriminación, algunas de ellas más amplias, sólidas y arraigadas que otras, y de que se ha de garantizar su difusión mediante un proceso de evaluación comparativa; opina que, en este contexto, sería útil reforzar la red de los órganos nacionales encargados de la lucha contra la discriminación (Equinet) y que se ha de animar a todos los Estados miembros a participar en dicha red; considera que esta tarea de recogida y difusión de la información, de coordinación y de lanzamiento podría confiarse eventualmente a la Agencia de Derechos Fundamentales;
4. Aplaude la iniciativa adoptada por la Comisión de lanzar en 2007 un Año europeo de la igualdad de oportunidades y desea que éste contribuya a una toma de conciencia en relación con los distintos tipos de discriminación y las discriminaciones múltiples, así como a un mejor conocimiento de las vías de recurso; no obstante, se muestra a favor de que en el futuro semejantes iniciativas se preparen con más anticipación; reitera su posición de que la Comisión y los Estados miembros deben garantizar que todas las formas de discriminación se abordan y tratan por igual y recuerda a la Comisión su promesa y compromiso de realizar un seguimiento estrecho de la cuestión e informar al Parlamento al respecto; sigue lamentando que se asignara al Año europeo una financiación inadecuada a la vista de la importancia que reviste la lucha contra la discriminación; pide que, puesto que el diálogo intercultural incluye un elemento relativo a la lucha contra las discriminaciones, el Año europeo del diálogo intercultural (2008) prosiga las acciones iniciadas en el marco del año 2007;
5. Pide a la Comisión que promueva una educación que fomente la paz y la no violencia y la pedagogía basada en el diálogo intercultural;
6. Lamenta que la Carta de los Derechos Fundamentales no se haya hecho aún legalmente vinculante, y pide que se remedie esta situación; insiste para que, en el marco del control sistemático y riguroso de la compatibilidad de sus actos legislativos y reglamentarios con la Carta de los Derechos Fundamentales que se ha comprometido a hacer, la Comisión procure muy especialmente detectar toda discriminación, directa pero sobre todo indirecta, que podría resultar de los mismos para determinadas categorías de personas; opina que la Comisión ha de llevar a cabo una evaluación del impacto en materia de discriminación de toda propuesta legislativa para asegurar la coherencia de las políticas entre las distintas DG de la Comisión; opina que la Agencia de Derechos Fundamentales debería estar estrechamente asociada a los estudios de impacto realizados en este marco;
7. Considera, al igual que la Comisión, que, para remediar las desigualdades flagrantes que revisten un carácter «endémico» o «estructural», por no decir «cultural», y, de ese modo, restablecer un equilibrio seriamente comprometido, puede resultar necesario, en algunos casos, derogar temporalmente una concepción de la igualdad orientada hacia el individuo, en favor de una «justicia distributiva» orientada hacia el grupo, y que ello se haría mediante la adopción de las llamadas medidas «positivas»; 8. Subraya que los conceptos de «acción positiva» y de «igualdad afirmativa», así como de «justicia distributiva», son los distintos nombres de una misma realidad, que encuentra su punto de partida en el reconocimiento de que, en algunos casos, una lucha efectiva contra la discriminación implica una intervención activa por parte de las autoridades para restablecer un equilibrio seriamente comprometido; hace hincapié en el hecho de que este tipo de intervención no debe asimilarse a una forma de discriminación, ni siquiera «positiva», y en que el concepto de acción positiva no puede reducirse a una idea de cuotas; recuerda que, en efecto, estas acciones pueden concretizarse de las más distintas formas, como la garantía de entrevistas de trabajo, el acceso prioritario a algunas formaciones que dan acceso a profesiones en las que algunas categorías están infrarrepresentadas, la difusión de ofertas de empleo con carácter prioritario en algunas comunidades, así como la toma en consideración de la experiencia profesional y no sólo de los títulos académicos; 9. Recuerda que el principio de igualdad de trato no impide que un Estado miembro mantenga o adopte medidas específicas destinadas a prevenir o a compensar desventajas ligadas a uno de los motivos de discriminación contemplados en el artículo 13 del Tratado CE, y hace hincapié en el hecho de que estas medidas específicas deben ampliarse a todos los sectores en los que se constaten graves desigualdades, tanto si se trata de la educación, la asistencia sanitaria, la vivienda, el acceso a los bienes y servicios u otros ámbitos;
10. Es consciente de que la tasa poco elevada de representación de algunos grupos en determinadas categorías de empleo puede tener como efecto perverso desanimarles para que se esfuercen en adquirir los conocimientos necesarios para acceder a los empleos en cuestión, lo que da lugar a un círculo vicioso; recomienda, por lo tanto, encarecidamente que el Grupo de expertos de alto nivel sobre las minorías étnicas en el mercado laboral, que debe presentar un informe a finales de 2006, preste atención especial a este asunto y que se creen las condiciones que permitan a todas las categorías de personas acceder a todos los tipos y niveles de estudios y formación, a cualquier edad, empezando por la niñez, adoptando si es preciso medidas positivas para permitir a los grupos desfavorecidos acceder a ciclos escolares, universitarios o de formación profesional que, sin eso, no estarían a su disposición;
11. Subraya la necesidad de garantizar a los inmigrantes de origen romaní y a los no ciudadanos la igualdad en materia de derechos sociales y políticos e invita a los Estados miembros y a los países candidatos a elaborar una estrategia dirigida a aumentar la participación de las personas de la minoría romaní y de los no ciudadanos en las elecciones, tanto en calidad de electores como de candidatos, y ello a todos los niveles; 12. Pide a los Estados miembros que todavía no cuenten con él que instituyan un organismo administrativo especializado en materia de igualdad y lucha contra las discriminaciones a nivel nacional; insiste en que dicho organismo debe ser independiente y estar dotado de los recursos necesarios para poder asistir a las víctimas de las discriminaciones en sus gestiones jurídicas; considera que este organismo también debe estar dotado de competencias de investigación para instruir los expedientes;
Recogida de los datos estadísticos 13. Considera que, lejos de constituir un obstáculo para la recogida de los datos relativos, en particular, al origen étnico y a la religión, la Directiva 95/46/CE ofrece una protección necesaria y deseable contra todo abuso en la utilización de los datos de carácter confidencial obtenidos con fines estadísticos; 14. Considera que, pese a consideraciones culturales, históricas o constitucionales, la recogida de datos sobre la situación de las minorías y los grupos desfavorecidos es crucial, y que la política y la legislación dirigidas a combatir la discriminación deben basarse en datos exactos;
15. Piensa que sería útil que el grupo «Artículo 29» creado de conformidad con la Directiva 95/46/CE emita un dictamen destinado a clarificar las disposiciones de la Directiva susceptibles de obstaculizar el establecimiento de datos estadísticos relativos a algunas categorías de personas, y a garantizar de ese modo una interpretación uniforme en el conjunto de los Estados miembros; 16. Llama la atención sobre el hecho de que, una vez que los datos de carácter personal se hagan anónimos para un uso estadístico, la información contenida en dichas estadísticas ya no debe considerarse como datos de carácter personal; recuerda que también existen técnicas fiables, que respetan el anonimato y se utilizan tradicionalmente en las ciencias sociales, que deberían permitir al establecimiento de estadísticas basadas en criterios considerados confidenciales; 17. Toma nota con satisfacción de que la Comisión tiene la intención de elaborar, en cooperación con las autoridades nacionales y otras partes interesadas, herramientas estadísticas destinadas a evaluar las consecuencias de la discriminación; espera con interés la publicación del manual sobre la recogida de datos anunciada para 2006; 18. Recuerda que el concepto de discriminación indirecta está intrínsecamente vinculado a criterios cuantitativos, y que es por ello contraproducente impedir el censo de datos estadísticos relativos a algunas características amparándose en la legislación en materia de protección de los datos de carácter personal, ya que, sin eso, resulta imposible aportar pruebas de la existencia de una discriminación indirecta; 19. Considera que, si se quiere luchar eficazmente contra todas las formas de discriminación indirecta y, en consecuencia, transponer correctamente las directivas comunitarias en materia de discriminación que las prohíben expresamente, es esencial que se autorice la aportación de pruebas basadas en datos estadísticos; 20. Pide a los Estados miembros que desarrollen sus herramientas estadísticas de tal modo que dispongan de datos relativos al empleo, la vivienda, la educación y los ingresos para cada una de las categorías de personas susceptibles de sufrir una discriminación basada en uno de los criterios contemplados en el artículo 13 del Tratado CE; 21. Llama la atención sobre el hecho de que, para que una persona pueda beneficiarse de un tratamiento preferencial debido a su pertenencia a un grupo protegido, es necesario que pueda definirse como tal, lo que implica que se pueda disponer de datos sensibles por lo que a ella se refiere; recuerda que estos datos deben tratarse de conformidad, en particular, con la legislación relativa a la protección de los datos de carácter personal y al artículo 3, apartado 1, del Convenio marco para la protección de las minorías nacionales;
Necesidad de completar la legislación
22. Lamenta vivamente que, pese a repetidas demandas al respecto del Parlamento Europeo, la Comisión no prevea en esta fase elaborar una legislación global en materia de lucha contra la discriminación; recuerda que mejorar la legislación no significa solamente eliminar legislación innecesaria, sino también elaborar legislación en respuesta a señales políticas fuertes del Parlamento Europeo; solicita encarecidamente que se presente antes de mediados de 2007 un nuevo instrumento legislativo que retome el conjunto de los motivos de discriminación contemplados en el artículo 13 del Tratado CE y tenga el mismo ámbito de aplicación que la Directiva 2000/43/CE;
23. Invita a los Estados miembros a tener debidamente en cuenta en su práctica legislativa los distintos motivos de discriminación recogidos en el artículo 21 de la Carta, con el fin de conceder a esta última una credibilidad que se ha visto debilitada hasta ahora por su carácter jurídicamente no vinculante; 24. Insta a los Estados miembros a asumir, sin reservas ni declaraciones restrictivas, determinadas obligaciones, con arreglo a los tratados en materia de derechos humanos en el ámbito de la no discriminación y de la protección de las personas pertenecientes a las minorías y a otros grupos vulnerables, así como a respetar dichas obligaciones de buena fe; 25. Considera que las minorías nacionales tradicionales necesitan con urgencia un marco político normalizado para que puedan participar de forma eficaz en el proceso decisorio relativo a su identidad y deben ser protegidas mediante diversas formas de autogobierno o autonomía para superar el doble rasero establecido por los criterios de Copenhague, por una parte, y por la ausencia de cualquier norma en los Estados miembros, por otra;
26. Pide a la Comisión que cumpla activamente con sus obligaciones en su calidad de guardiana de los Tratados y tome medidas urgentes contra aquellos Estados miembros que no hayan transpuesto las normas del Derecho comunitario que prohíben la discriminación sobre la base del artículo 13 del Tratado CE, especialmente la Directiva 2000/43/CE relativa al origen racial y la Directiva 2000/78/CE relativa al empleo; recuerda que el Tribunal de Justicia ya ha fallado en contra de algunos Estados miembros por no haber transpuesto las directivas contra la discriminación, y les insta a que emprendan acciones para cumplir con sus deberes; considera que los nuevos Estados miembros que no hayan transpuesto las directivas contra la discriminación deben estar sujetos a los procedimientos de infracción por violar el Derecho comunitario, del mismo modo que los antiguos Estados miembros; pide a la Comisión que examine con urgencia la calidad y el contenido de las leyes por las que se aplican las directivas contra la discriminación, incluso sobre la base de los informes elaborados por la red de expertos independientes en materia de lucha contra la discriminación, y que inicie con urgencia actuaciones ante el Tribunal de Justicia contra los Estados miembros que no hayan transpuesto correctamente dichas directivas;
27. Pide a la Comisión que, con ocasión de una próxima reforma de la legislación contra la discriminación, examine muy especialmente la problemática de las discriminaciones múltiples y la de la segregación, asimilable a una forma de discriminación, y que revise el concepto de discriminación indirecta, autorizando explícitamente las pruebas basadas en estadísticas relativas a las discriminaciones;
28. Insta a que la nueva Agencia de Derechos Fundamentales, que debe ser operativa en 2007, participe de cerca en el nuevo marco para la lucha contra la discriminación y proporcione a los responsables de las políticas comunitarias información puntual, sólida, fiable, completa y pertinente a partir de la cual puedan seguir desarrollándose políticas y legislación; considera que, a la luz de las preocupaciones acerca de su papel y funciones, es esencial que la Agencia aporte su contribución a la política comunitaria contra la discriminación y desempeñe un papel integral de apoyo a la misma;
29. Invita al Consejo a adoptar la propuesta de Decisión-marco del Consejo relativa a la lucha contra el racismo y la xenofobia presentada por la Comisión, que propone establecer un marco para que la violencia racista y xenófoba se castigue como una infracción penal, ya que esta decisión contribuiría a la mejora de la necesaria recogida de datos sobre la violencia y los delitos racistas en la UE; 30. Insta a la Comisión a que presente propuestas para prohibir la discriminación que sufren en su vida diaria las parejas del mismo sexo, bien sean matrimonios o parejas de hecho registradas, especialmente cuando ejercen el derecho a la libre circulación consagrado en el Derecho comunitario; pide que se aplique también en este ámbito el principio de reconocimiento mutuo;
DO C 45 E de 23.2.2006, p. 129,
Textos aprobados, 8.6.2005, P6_TA(2005)0228.
OPINIÓN de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (*) (23.3.2006)
(2005/2191 (INI))
Ponente de opinión (*): Claire Gibault
– Vista la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, que modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo, – Vista la Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro,
A. Considerando que la igualdad entre hombres y mujeres, que se deriva del respeto de la dignidad humana, constituye un principio fundamental del Derecho comunitario, y que el artículo 3, apartado 2, del Tratado CE establece el principio de integración, estableciendo que, en todas sus actividades, la Comunidad se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad, e insistiendo en la necesidad de una política estructurada en materia de igualdad que confiera un valor específico a los programas actuales así como a las propuestas que se encuentran en fase de ejecución,
B. Considerando que la Comisión ha propuesto declarar el año 2007 como el «Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para Todos»,
1. Insta a los Estados miembros a que completen el proceso de transposición a la legislación nacional de la actual legislación comunitaria contra la discriminación; pide a la Comisión que asegure el seguimiento y la evaluación periódica de la aplicación de esta legislación por parte de los Estados miembros y que realice un estudio sobre nuevas posibles propuestas para completar el actual marco legislativo en materia de igualdad; afirma que la existencia de un marco legislativo para luchar contra la discriminación de la mujer no basta para garantizar la igualdad efectiva y pide, por lo tanto, a los Estados miembros que apliquen una política activa en favor de la igualdad en forma de acciones específicas y diferenciadas, incluidas las acciones positivas;
2. Insiste en que hay que hacer hincapié en la resolución del problema de la pobreza, de la que son víctimas sobre todo las categorías vulnerables de la población, en particular las mujeres, y señala la importancia que reviste la utilización del método abierto de coordinación para luchar contra la exclusión social; subraya que la flexibilidad del horario laboral para las mujeres y los hombres y el desarrollo de estructuras de acogida adaptadas y de calidad para los niños, así como para las personas de edad avanzada, las personas con discapacidad y las personas dependientes, deben seguir siendo prioridades para los Estados miembros en el marco de sus políticas de cohesión social;
3. Insta a los gobiernos a intensificar la aplicación de la integración de la perspectiva de género en todos los ámbitos políticos relevantes, incluidos las políticas sociales y de empleo, la educación, la investigación, las relaciones exteriores, la cooperación al desarrollo y las políticas presupuestarias y financieras;
4. Pide a los Estados miembros que garanticen la igualdad de acceso de las mujeres y los hombres a todos los niveles de formación laboral, formación profesional y formación avanzada, y que no exista discriminación entre los niños y las niñas en cuanto a la orientación relativa a su carrera que se les ofrece o a la calidad de la educación que se les facilita;
5. Acoge favorablemente la intención de la Comisión de organizar una reunión anual de alto nivel en materia de igualdad y le pide que incluya en sus trabajos el tema de la igualdad entre mujeres y hombres, asegurando la participación del Parlamento Europeo, las organizaciones europeas e internacionales, los órganos y autoridades nacionales competentes y representantes de la sociedad civil; insta a la Comisión a que ponga en marcha esta propuesta lo antes posible;
6. Pide a la Comisión que, en el marco de la comunicación que tiene previsto redactar en 2006 para tratar en mayor detalle la cuestión de la igualdad de género, presente datos comparativos cuantitativos y cualitativos desglosados por Estado miembro, con el fin de identificar los ámbitos en los que las mujeres sufren una discriminación grave y permanente, y que proponga nuevos planteamientos; 7. Subraya la importancia y el papel de las ONG que trabajan en el ámbito de la igualdad de cara a la aplicación de la política europea en materia de igualdad entre mujeres y hombres; pide a la Comisión que promueva de forma sistemática programas e iniciativas que refuercen a las ONG nacionales y europeas en este ámbito, con el fin de conseguir una expresión pluralista de la sociedad civil;
8. Pide a los Estados miembros que pongan en práctica los compromisos que adquirieron y que fueron aprobados por el Consejo de Barcelona en 2002 para poner fin a la diferencia salarial por razón de género y garantizar un acceso en igualdad de condiciones de las mujeres a la formación profesional y a empleos cualificados de calidad y que garanticen la igualdad de trato en matera salarial;
9. Pide a los gobiernos que recopilen y analicen datos estadísticos que conciernan a hombres y mujeres de forma diferenciada y estén relacionados con sus respectivas actividades, con objeto de analizar las múltiples formas de discriminación que sufren las mujeres o los hombres debido, por una parte, a motivos de género y, por otra, a motivos de raza, religión, discapacidad, edad y orientación sexual;
10. Subraya que la lucha contra todo tipo de discriminación implica una labor pedagógica centrada en el respeto, la tolerancia y la justicia destinada a hacer evolucionar las mentalidades, proporcionando mayor relieve a las acciones ciudadanas, especialmente por lo que se refiere a la juventud; pide a los Estados miembros que realicen esfuerzos sistemáticos para sensibilizar a la sociedad sobre los problemas de género y aumentar la concienciación en materia de discriminación, eliminando de la esfera pública los estereotipos y cambiando las actitudes de género;
11. Subraya que los Estados miembros deben realizar campañas de información y sensibilización pública dirigidas a los niños de una edad lo más corta posible sobre el reparto equitativo de las responsabilidades familiares y domésticas;
12. Pide a los Estados miembros, sin perjuicio de los principios de libertad de expresión y de libertad de prensa, que encarguen a los órganos nacionales responsables del fomento de la igualdad que, tras consultar a los medios de comunicación y a los profesionales de la publicidad, elaboren un código de conducta y garanticen que no aparezcan estereotipos de género de hombres y mujeres en los medios de comunicación ni en la publicidad;
13. Pide a los Estados miembros que designen órganos independientes encargados de aplicar el principio de igualdad entre mujeres y hombres y que se cercioren de que cuentan con suficientes recursos financieros y humanos para cumplir su misión;
14. Pide a los partidos políticos nacionales y europeos que revisen sus estructuras organizativas y los procedimientos que utilizan, con el fin de suprimir los obstáculos directos e indirectos a la participación no discriminatoria de las mujeres, y que adopten las estrategias adecuadas para lograr un equilibrio más justo entre la representación de hombres y mujeres en los parlamentos y gobiernos nacionales; 15. Subraya la importancia de garantizar la complementariedad y la coordinación de las acciones que se realizan en el marco del Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para Todos con las actividades previstas para el Año Europeo del Diálogo Intercultural en 2008, con el fin de que las campañas se apoyen mutuamente con respeto a los objetivos fundamentales de las políticas de la Unión;
16. Subraya la función positiva que desempeñan las migrantes en nuestras sociedades y pide a los Estados miembros que, con objeto de combatir toda forma de discriminación, reconozcan en sus políticas de integración el papel que desempeñan estas mujeres; acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de crear un grupo consultivo de alto nivel para la incorporación de las minorías a la sociedad y al mercado de trabajo en 2006 así como su intención de ocuparse especialmente de la cuestión de las inmigrantes debido a la doble discriminación que sufren; considera, en este contexto, que, para fomentar una Europa de los ciudadanos dirigida a las personas de ambos sexos, deben tenerse asimismo en cuenta los planteamientos innovadores de las ONG que, a través de sus actividades diarias, fomentan la integración social a nivel local y regional, como por ejemplo, los clubes deportivos, los centros juveniles y culturales, etc.
Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, María Esther Herranz García, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Teresa Riera Madurell, Amalia Sartori, Britta Thomsen y Anna Záborská