Source: http://portal.corteconstitucional.gob.ec:8494/FichaRelatoria.aspx?numdocumento=001-13-SAN-CC
Timestamp: 2019-05-26 10:19:43
Document Index: 367434877

Matched Legal Cases: ['artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 82', 'artículo 35', 'artículo 33', 'artículo 32', 'artículo 18', 'artículo 33', 'artículo 439', 'artículo 162', 'artículo 33', 'artículo 33']

Ficha de Relatoría No. 001-13-SAN-CC | Portal de Servicios Constitucionales – Corte Constitucional del Ecuador
Causa No. 0014-12-AN
Sentencia No. 001-13-SAN-CC
NÚMERO DE SENTENCIA: 001-13-SAN-CC
0014-12-AN AN - Acción por Incumplimiento Pichincha
MOTIVO: El ingeniero Néstor Napoleón Marroquín Carrera presentó acción por incumplimiento, solicitando que el doctor Óscar Ortiz, jefe del departamento de Diagnóstico y Evaluación del Centro de Rehabilitación de Varones de Quito, N.° 1, dé estricto cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, artículo 35 del Reglamento del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, en concordancia con los artículos 1, 2 y 14 del Reglamento para Concesión de Rebaja de Penas por sistema de méritos
TEMA ESPECÍFICO: Acción por incumplimiento de los artículos 32 y 33 del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, artículo 35 del Reglamento del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, en concordancia con los artículos 1, 2 y 14 del Reglamento para Concesión de Rebaja de Penas por sistema de méritos.
DECISIÓN: 1. Declarar la vulneración del derecho a la seguridad jurídica, contenido en el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, del señor Néstor Napoleón Marroquín Carrera cuando pertenecía a un grupo de atención prioritaria, conforme lo determina el artículo 35 de la Constitución.; 2. Aceptar parcialmente la acción por incumplimiento de la obligación contenida en el artículo 33 del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social y 14 del Reglamento para la Concesión de Rebajas de Penas. Negar la acción por incumplimiento del artículo 32 del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social.; 3. De conformidad con el artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se dispone como medidas de reparación integral:; 3.1. En garantía de no repetición para las personas que se encuentran internas en los Centros de Rehabilitación Social:; La obligación de aperturar el expediente, en observancia de lo dispuesto en el artículo 33 del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, es al momento del ingreso del interno al Centro de Rehabilitación Social. Esta obligación deberá ser observada por los directores de los Centros de Rehabilitación Social bajo prevenciones de incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales, conforme lo dispone el artículo 439 numeral 9 de la Constitución, y artículo 162 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, para lo cual, la Defensoría del Pueblo verificará el cumplimiento de esta disposición e informará acerca del cumplimiento al Pleno de la Corte Constitucional quincenalmente.; 3.2. Disculpas públicas:; Que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, director nacional de Rehabilitación Social y director provincial del Centro de Rehabilitación Social de Varones Quito No. 1, presenten disculpas públicas al legitimado activo, por el incumplimiento del artículo 33 del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, al no aperturar el expediente inmediatamente después de su ingreso, las que deberán ser publicadas en uno de los diarios de mayor circulación nacional, dentro de los 15 días siguientes a la notificación de esta sentencia.; 3.3. Obligación de remitir a la autoridad competente para investigar y sancionar:; Que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos investigue y sancione por la denegación de la ejecución del derecho contenido en el artículo 33 del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social y el 35 del Reglamento del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social. Estas actuaciones deberán ser informadas a esta Corte Constitucional en el término de un mes desde la notificación de la sentencia.
Marroquín Carrera Néstor Napoleón Persona natural 0014-12-AN
Ortiz Oscar Pública
NORMAS CONSTITUCIONALES TRATADAS: Art. 439. Las acciones constitucionales podrán ser presentadas por cualquier ciudadana o ciudadano individual o colectivamente.
CITA CONCEPTOS DESARROLLADOS: Acción por incumplimiento: La acción por incumplimiento es una garantía jurisdiccional para garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento e sentencias, decisiones o informes de organismos internacionales de protección de derechos humanos; por tanto, consiste en una vía procesal para reclamar, ante la Corte Constitucional, el cumplimiento de alguna disposición que contenga la obligación de hacer o no hacer, clara, expresa y exigible, que consta en la normativa del sistema jurídico ecuatoriano; de esa forma, esta acción debe garantizar su aplicación en la instancia constitucional, para evitar la violación de derechos constitucionales, así como para repararlos.; Esta acción pone a disposición de los particulares un mecanismo que permite exigir a las autoridades la realización de un deber que ha omitido cumplir, en procura de la plena vigencia de las leyes y actos administrativos de carácter general, así como decisiones de organismos internacionales de Derechos Humanos, atacando el voluntarismo o discrecionalidad en su cumplimiento, de manera que los respectivos mandatos tengan concreción en la realidad.; La naturaleza jurídica y finalidad de la acción por incumplimiento de sentencias constitucionales es una atribución dada a la Corte Constitucional como órgano máximo de control, interpretación y administración de justicia constitucional. En este orden de ideas, la acción por incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales cumple una doble función: la primera es garantizar un efectivo recurso para la protección de derechos constitucionales y fundamentales por medio de la ejecución de la sentencia; la segunda es dar primacía a las normas y derechos contenidos en la Constitución.
Que se aperture el expediente a cada persona privada de la libertad en el momento en el que ingresa al centro de rehabilitación social, lo cual deberá ser supervisado por la Defensoría del Pueblo debiendo dicha institución informar a la Corte Constitucional de manera quincenal sobre el cumplimiento de la referida obligación. Medida de restitución Ejecución parcial
Que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, presente disculpas públicas al legitimado activo por la vulneración de sus derechos Medida de satisfacción. Disculpas públicas Ejecución integral
Que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos investigue y sancione a los funcionarios responsables de la vulneración de los derechos del accionante. Investigación y sanción Ejecución imposible
Audiencia enero 14, 2016
Audiencia septiembre 29, 2015
Verificación In Situ abril 1, 2017