Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/19997
Timestamp: 2020-08-06 07:54:53
Document Index: 324369416

Matched Legal Cases: ['Artículo 15', 'Artículo 21', 'Artículo 46', 'Artículo 61', 'Artículo 113', 'Artículo 15', 'Artículo 15', 'Artículo 20', 'Artículo 46']

HJ System - Decision: AUTO 428/2004
AUTO 428/2004, 10 de noviembre
ECLI:ES:TC:2004:428A
Pleno. Auto 428/2004, 10 de noviembre de 2004. Recurso de inconstitucionalidad 3799-2004. Mantiene la suspensión en el recurso de inconstitucionalidad 3799-2004, planteado por el Presidente del Gobierno, en relación a la Ley del Parlamento Vasco 3/2004, de 25 de febrero, del sistema universitario vasco.
1. Mediante escrito presentado en el Registro de este Tribunal el día 11 de junio de 2004, el Abogado del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, presentó escrito de interposición de recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 15.1.b) y c), primer inciso; 20.1.c); 21.2.d); 22.2; 27.2; 46.1.c) y d); art. 61, inciso “con carácter exclusivo”; 113.1 y disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del sistema universitario vasco.
2. Mediante providencia de la Sección Cuarta de 13 de julio de 2004, se acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad, dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme prevé el art. 34 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno y Parlamentos vascos, al objeto de que en el plazo de quince días puedan personarse en el proceso y formular alegaciones. Asimismo se acordó tener por invocado por el Presidente del Gobierno el art. 161.2 CE respecto de los preceptos recurridos, a excepción del art. 61, lo que, a su tenor y de acuerdo con el art. 30 LOTC, produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los mismos. Por último, se acordó publicar la incoación del recurso en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Boletín Oficial del País Vasco”.
3. Mediante escrito registrado en el Tribunal el día 29 de julio de 2004 la Letrada del Gobierno Vasco compareció en el proceso y solicitó una ampliación del plazo para formular sus alegaciones.
4. Mediante escrito registrado el día 29 de julio de 2004 la Letrada del Parlamento Vasco se personó, en la representación que ostenta, en el proceso y solicitó una prórroga del plazo para formular alegaciones.
5. Por providencia de 6 de septiembre de 2004, notificada el 9 de septiembre siguiente, la Sección Cuarta acordó prorrogar en ocho días el plazo concedido a las representaciones procesales del Parlamento y del Gobierno vascos para formular alegaciones.
6. El día 13 de septiembre de 2004 se registró en el Tribunal un escrito del Presidente del Congreso de los Diputados en el que se comunica que la Cámara no se personará en el procedimiento ni formulará alegaciones.
7. El Presidente del Senado, con fecha 13 de septiembre de 2004, comunicó al Tribunal que dicha Cámara se persona en el proceso, ofreciendo toda su colaboración.
8. La Letrada del Parlamento Vasco presentó su escrito de alegaciones en el Registro del Tribunal el día 23 de septiembre de 2004. En dicho escrito solicitó que se desestime el recurso de inconstitucionalidad. Mediante otrosí solicitó también que se levante la suspensión de los artículos recurridos, habida cuenta de los perjuicios que, en caso contrario, se producirían al profesorado contratado como consecuencia de la inseguridad jurídica que ello ocasionaría.
9. La Letrada del Gobierno Vasco evacuó el trámite de presentación de alegaciones el día 24 de septiembre de 2004, solicitando que en su día el Tribunal dicte Sentencia en la que se desestime el recurso de inconstitucionalidad.
El segundo criterio es el de la ponderación de los intereses en presencia, tanto el general y público como el particular de las terceras personas afectadas, así como los perjuicios de imposible o difícil reparación que pueda producir la aplicación de la norma o su suspensión. Y ello sin entrar a apreciar el fondo del asunto, esto es, sin valorar la apariencia de buen derecho, pues este requisito no aparece recogido en la LOTC. A continuación, la Letrada del Gobierno Vasco manifiesta que formula ad cautelam sus alegaciones sobre lo exigido en este trámite, sin perjuicio de que se le trasladen en su momento las alegaciones que realice el Abogado del Estado.
La Letrada del Gobierno Vasco examina a continuación el art. 46.1.c) y d). Este precepto no habla de “títulos propios” como equiparados a “títulos oficiales”, siendo estos últimos, efectivamente, de competencia estatal. Estos títulos “propios”, de competencia autonómica, son creados por la Universidad, con el plus o requisito añadido del reconocimiento de la Comunidad Autónoma y deben presumirse legítimos y, consiguientemente, alzarse la suspensión del precepto.
10. Por providencia de la Sección Cuarta de 27 de septiembre de 2004, se acordó incorporar a los autos las alegaciones de las Letradas del Parlamento y del Gobierno Vasco y, en cuanto a las solicitudes que formulan sobre el levantamiento de la suspensión de los preceptos recurridos, oír al Abogado del Estado y a las aludidas representaciones procesales para que en el plazo de cinco días expongan lo que estimen procedente al respecto; y, por último, también se acordó resolver en su momento sobre el traslado de las alegaciones que formule el Abogado del Estado que interesa la representación procesal del Gobierno Vasco.
11. El día 5 de octubre de 2004 se registra en el Tribunal el escrito de alegaciones del Abogado del Estado relativo al incidente de mantenimiento o levantamiento de la suspensión de los preceptos objeto de recurso, las cuales se resumen seguidamente:
a) En primer lugar se indica que debe mantenerse la suspensión de los arts. 15.1.b) y c), primer inciso, y 113.1, de conformidad con los argumentos recogidos en el ATC 350/2003, de 29 de octubre, relativo a preceptos similares de la Ley de Universidades de Cataluña, toda vez que podrían adoptarse actos administrativos y celebrarse negocios jurídicos cuya validez quedaría condicionada a la de estos preceptos.
b) El Abogado del Estado sostiene a continuación que debe mantenerse la suspensión de los arts. 20.1.c), 21.2.d), 22.2 y 27.2. La cuestión central que afecta a estos preceptos desde la perspectiva de este incidente es la de si las evaluaciones y acreditaciones hechas por la Agencia Nacional al amparo del Real Decreto 1052/2002, de 11 de octubre, tendrán validez para poder ser contratado como personal docente e investigador por una Universidad del País Vasco sin previo acuerdo entre la Agencia Estatal y la Agencia de la Comunidad Autónoma.
c) También debe mantenerse la suspensión del art. 46.1.c) y d). Lo que reprocha en este caso es que los títulos propios de las Universidades del País Vasco puedan ser reconocidos, tal vez podría decirse “homologados”, por dicha Comunidad Autónoma o por otras Comunidades con efectos análogos a un título oficial, creando un tercer género de título académico no previsto en la legislación básica y vulnerando la misma.
d) Otro tanto cabe sostener, sigue diciendo el Abogado del Estado, acerca de las disposiciones transitorias impugnadas. Aduce al respecto que no se trata de Derecho transitorio, sino que se regulan situaciones particularizadas pero nuevas que ha establecido la Ley que entra en vigor. Al plantearse como transitorias, si se levanta la suspensión se habrá consumado su aplicación cuando se dicte Sentencia sobre el fondo, generando con ello situaciones irreversibles durante varios años académicos.
12. Con fecha 7 de octubre de 2004 se registra en el Tribunal un escrito de la Letrada del Parlamento Vasco que incluye las alegaciones sobre el incidente de levantamiento o mantenimiento de la suspensión. En dicho escrito se expone lo siguiente:
a) Tras ratificar las consideraciones vertidas acerca de las consecuencias del mantenimiento de la suspensión de los preceptos recurridos en su escrito de contestación a la demanda y reiterar su solicitud de levantamiento de la suspensión, insiste en que, en caso contrario, se originarían perjuicios de imposible o difícil reparación.
b) Entrando a valorar la necesidad del levantamiento de la suspensión de los preceptos recurridos, hace las siguientes consideraciones:
13. El día 7 de octubre de 2004 la Letrada del Gobierno Vasco, en cumplimiento del trámite conferido por la providencia de 27 de septiembre de 2004, presenta escrito en el Tribunal en el que se ratifica en las manifestaciones vertidas en el otrosí primero del escrito de alegaciones al recurso de inconstitucionalidad, relativo a los argumentos en apoyo del levantamiento de la suspensión de los preceptos recurridos.
1. El objeto de esta resolución es determinar, de acuerdo con el art. 161.2 CE, si procede mantener o levantar la suspensión de la vigencia que afecta a los arts. 15.1.b) y c), primer inciso; 20.1.c); 21.2.d); 22.2; 27.2; 46.1.c) y d); 113.1; y disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del sistema universitario vasco.
2. Sobre este tipo de incidentes de suspensión existe una doctrina constitucional, según la cual para su resolución es necesario ponderar, de un lado, los intereses que se encuentren implicados, tanto el general y público como el particular o privado de las personas afectadas, y, de otro, los perjuicios de imposible o difícil reparación que se irrogan del mantenimiento o levantamiento de la suspensión. Esta valoración debe efectuarse mediante el estricto examen de las situaciones de hecho creadas y al margen de la viabilidad de las pretensiones que se formulan en la demanda. En este sentido ha de recordarse que el mantenimiento de la suspensión requiere que el Gobierno, a quien se debe la iniciativa, no sólo invoque la existencia de aquellos perjuicios, sino que "es preciso demostrar o, al menos, razonar consistentemente su procedencia y la imposible o difícil reparación de los mismos, ya que debe partirse en principio de la existencia de una presunción de constitucionalidad a favor de las normas o actos objeto de conflicto (AATC 472/1988, 589/1988, 285/1990, 266/1994, 267/1994, 39/1995 y 156/1996, entre otros)" (ATC 100/2002, de 5 de junio, FJ 2).
3. Sin embargo, antes de aplicar la doctrina expuesta a los preceptos que constituyen el objeto de este incidente, hemos de resolver una cuestión de carácter procesal.
4. Comenzando a examinar lo aducido por las partes, analizaremos en primer lugar los arts. 15.1.b) y c), primer inciso y 113.1. Los preceptos disponen lo siguiente:
“Art. 15. Porcentaje del personal docente e investigador contratado.
“1. A los efectos de lo establecido en la legislación básica, el cómputo porcentual del personal docente e investigador contratado en relación al perteneciente a los cuerpos de funcionarios universitarios se efectuará conforme a los siguientes criterios:
b) El cómputo se hará en equivalencia a tiempo completo, ponderando la incidencia del profesorado a tiempo parcial. c) No se computará como profesoras o profesores contratados a quienes no impartan docencia en las enseñanzas oficiales conducentes a la obtención de los títulos oficiales.
“Art. 113. Del profesorado de las universidades no públicas. 1. El cómputo del número total de profesores a utilizar para calcular el 25 por 100 previsto en el art. 72.2 de la Ley Orgánica 6/2001. de 21 de diciembre, se hará en equivalencia a tiempo completo, ponderando la incidencia del profesorado a tiempo parcial”.
5. Todas las partes comparecientes reconocen que resulta aplicable aquí la doctrina contenida en el ATC 350/2003, criterio que debe ser confirmado.
Efectivamente, en dicho Auto examinamos un precepto de la Ley 1/2003, de 19 de febrero, de Universidades de Cataluña, en el cual el cómputo del personal docente e investigador que podía ser contratado por las Universidades de dicha Comunidad Autónoma se realizaba en razón al tiempo de docencia impartido y no, según dispone la norma básica (art. 48.1 de la Ley Orgánica 6/2001), en concordancia al número total de profesores, no pudiendo superar el 49 por ciento de esta última cifra. Entonces acordamos el mantenimiento de la suspensión del precepto por el hecho de que si la misma se alzara “podría ser contratado un número de profesores superior al que permite la norma básica ... de manera que el personal implicado experimentaría un perjuicio de difícil reparación, al quedar afectados sus contratos si en su momento declaráramos inconstitucional el precepto” (ATC 350/2003, de 29 de octubre, FJ 4).
6. A continuación, examinaremos los arts. 20.1 c), 21.2 d), 22.2 y 27.2.
“Art. 20. Profesoras y profesores agregados. 1. Los candidatos y candidatas, para acceder a la condición de profesora o profesor agregado, habrán de acreditar las siguientes condiciones: c) Disponer de la evaluación positiva de la actividad docente e investigadora, que se fijará reglamentariamente por el Gobierno, acreditada con el informe de la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco u organismo similar reconocido por la normativa vasca”. “Art. 21. Profesoras y profesores adjuntos: 2. Para el acceso a esta categoría se requiere: d) Disponer de la evaluación positiva de la actividad docente e investigadora, que se fijará reglamentariamente por el Gobierno, acreditada con el informe de la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco u organismo similar reconocido por la normativa vasca”. “Art. 22. Profesoras y profesores colaboradores: 2. En todo caso, para el acceso a esta categoría será preciso el informe favorable de la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco u organismo similar, en los términos que se determinen reglamentariamente”. “Art. 27. Personal investigador contratado. 2. Para la contratación del personal investigador contratado se requerirá evaluación positiva previa de la Agencia Vasca de Evaluación y Acreditación en coordinación con el Consejo Vasco de Investigación y cualesquiera otras instituciones que pudieran existir al efecto en la Comunidad Autónoma vasca”.
7. En los preceptos de este bloque, que cumple examinar ahora, puede apreciarse que para acceder a la condición de profesor agregado, profesor adjunto, profesor colaborador y de personal investigador contratado, es exigible haber obtenido una evaluación positiva previa otorgada por la Agencia Vasca de Evaluación y Acreditación, sin la cual no puede producirse el acceso o contratación, o por otra Agencia cuya actuación se reconozca por la normativa vasca.
Pues bien, en la medida en que ni esos preceptos ni ningún otro de la Ley recurrida prevén que el personal que hubiere obtenido la evaluación de la Agencia Nacional pueda obtener sin condicionamiento posterior el mencionado acceso o contratación habremos de atenernos a la doctrina que en el antes citado ATC 350/2003 expusimos al analizar un precepto similar de la Ley catalana 1/2003. Según dicha doctrina “es claro que la aplicación efectiva de este precepto podría suponer perjuicios irreparables o de difícil reparación para el profesorado acreditado por la Agencia Nacional, pues las acreditaciones de dicha Agencia ... no produce efectos automáticos en Cataluña”, de manera que “ello podría suponer que quedara en entredicho la movilidad del personal docente en el conjunto del sistema universitario nacional” (ATC 350/2003, FJ 8).
8. Las disposiciones transitorias segunda y tercera establecen lo siguiente:
“Disposición transitoria Segunda: Profesoras y profesores asociados a tiempo completo a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades. Las profesoras y profesores de la Universidad del País Vasco que a la entrada en vigor de la presente Ley se hallen contratados como profesoras y profesores asociados o asociadas y asociados doctores con dedicación a tiempo completo y acrediten haber realizado, durante al menos cinco años, tareas docentes o investigadoras en esta Universidad, serán contratados como profesoras y profesores colaboradores permanentes o profesoras y profesores agregados, dependiendo de su condición de doctor o doctora, previo informe específico de la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco. Las demás profesoras o profesores de la Universidad del País Vasco contratados a la entrada en vigor de esta Ley que no acrediten el requisito temporal establecido en el párrafo anterior, o bien tenido dicha antigüedad no se encuentren actualmente contratados en la Universidad del País Vasco, serán contratados como profesoras y profesores colaboradores temporales o profesoras y profesores adjuntos, dependiendo de su condición de doctor. Para quienes no se encuentren actualmente contratados, esta disposición tendrá una vigencia de dos años a partir de la publicación de esta ley. Todos ellos se someterán a la evaluación de la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco para acceder a la figura de contratado o contratada permanente, según su titulación”. “Disposición transitoria Tercera. Profesoras y profesores colaboradores sin el informe positivo de la agencia de evaluación de la calidad correspondiente. Quienes a la entrada en vigor de la presente Ley vengan prestando servicios docentes como profesoras o profesores colaboradores sin ostentar informe positivo de la agencia de evaluación de la calidad correspondiente podrán seguir prestando dichos servicios, dentro de sus áreas correspondientes, mientras se resuelva su solicitud ante la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco”.
9. Procede examinar, por último, el art. 46.1 c) y d) que establece:
“Art. 46. Titulaciones. 1. Las enseñanzas que impartan las universidades darán lugar a la expedición de las siguientes titulaciones: c) Títulos propios de las universidades reconocidos por la Comunidad Autónoma, que sean organizados e impartidos conforme a lo que reglamentariamente se establezca. d) Títulos propios de universidades, reconocidos oficialmente en otras Comunidades Autónomas, que sean organizados e impartidos de acuerdo con los convenios suscritos al efecto”.
Las Letradas del Gobierno y del Parlamento vascos solicitan el levantamiento de la suspensión de este preceptos, pues, aducen, los títulos “propios” de la Comunidad Autónoma Vasca o de otras Comunidades que sean en ambos casos reconocidos por aquélla en nada perturban o alteran los títulos oficiales homologados por el Estado, cuya existencia es respetada.
El Abogado del Estado rechaza este planteamiento y plantea que dichos títulos “propios” pudieran tener efectos análogos a los títulos homologados por el Estado, generando un tipo de títulos no previsto en la legislación básica y, con ello, los consiguientes perjuicios.
10. El planteamiento realizado por el Abogado del Estado no puede ser admitido. Hemos reiterado que los perjuicios que se valoran en este incidente han de ser ciertos y de presente y, por tanto, no basta con que lo sean con carácter hipotético y para el futuro (ATC 30/2003, de 28 de enero, FJ 4, entre otros muchos), pues la producción de perjuicios al interés general o a los intereses de terceros, cuando sea incierta, no puede prevalecer sobre el principio de presunción de legitimidad de la Ley autonómica aprobada por el correspondiente Parlamento.
Toda vez que dichos títulos “propios” deberán ser reconocidos en su identidad y en sus efectos por la correspondiente norma autonómica habría que esperar a la materialización de esta última para apreciar si los perjuicios ahora anunciados efectivamente se confirman, momento en el que aquella norma o el correspondiente acto aplicativo pueden ser impugnados e invocada su suspensión con el fin de que el Tribunal pueda examinar su alcance y adoptar la correspondiente decisión.
ACUERDA Mantener la suspensión de los arts. 15.1.b) y c), primer inciso; 20.1.c); 21.2.d); 22.2; 27.2; 113.1; y disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del sistema universitario vasco; y levantar la suspensión del art. 46.1.c) y d) de la misma Ley.
1. Voto particular que formula el Magistrado don Eugeni Gay Montalvo respecto del Auto dictado en el recurso de inconstitucionalidad núm. 3799-2004.
Type and record number Recurso de inconstitucionalidad 3799-2004
Date of the decision 10/11/2004
Mantiene la suspensión en el recurso de inconstitucionalidad 3799-2004, planteado por el Presidente del Gobierno, en relación a la Ley del Parlamento Vasco 3/2004, de 25 de febrero, del sistema universitario vasco.
País Vasco: competencias en materia de universidades. Suspensión de disposiciones de las Comunidades Autónomas: mantenimiento de la suspensión. Votos particulares: formulado uno.
Ley del Parlamento Vasco 3/2004, de 25 de febrero. Sistema universitario vasco
Artículo 15.1 apartados b), c) inciso 1
Artículo 21.2 d)
Artículo 46.1 apartados c), d)
Artículo 61 inciso sobre carácter exclusivo
Artículo 113.1
Ley del Parlamento de Cataluña 1/2003, de 19 de febrero. Universidades de Cataluña
Artículo 15.1 b)
Artículo 15.1 c) (primer inciso)
Artículo 20.1 epígrafes c), d)
Artículo 46.1 epígrafes c), d)
Disposiciones transitorias segunda y tercera
Competencias en materia de universidadesCompetencias en materia de universidades