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Timestamp: 2017-12-18 07:09:55
Document Index: 274065217

Matched Legal Cases: ['artículo 1258', 'artículo 4', 'artículo 1288', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 100', 'artículo 100', 'artículo 100', 'artículo 394', 'artículo 100', 'artículo 1', 'artículo 100', 'artículo 100', 'artículo 100', 'artículo 100', 'artículo 100', 'artículo 20', 'artículo 212']

Sentencia A.P. Palma de Mallorca 211/2010 de 1 de junio. Reclamación de cantidad. Entidades de seguros. Invalidez permanente absoluta - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. Palma de Mallorca 211/2010 de 1 de junio
Reclamación de cantidad: Entidades aseguradoras. El asegurado sufrió un infarto cerebral, teniendo suscrita una póliza de seguro de accidentes en vigor con una compañía aseguradora, la cual cubría el riesgo de invalidez profesional, pero que nunca llegó a ser firmada por el asegurado. Jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto. Para que esté incluido en la cobertura del seguro de invalidez profesional como accidente, el infarto debe ser atribuible a determinadas circunstancias externas, ajenas a procesos o patologías internos del agente, en este caso derivado del stress. Relación de causalidad: Carga de la prueba por parte del asegurado.
SENTENCIA: 00211/2010
APELACIÓN CIVIL; SECCION 4.ª
Rollo n.º 523/09
Autos n.º 389/08
Presidente: D.º Miguel Ángel Aguiló Monjo.
Magistrados: D.º Miguel Álvaro Artola Fernández.
D.ª Juana María Gelabert Ferragut.
SENTENCIA n.º 211/2010
VISTOS en fase de apelación por los Ilmos. Sres. referidos los autos de juicio ordinario sobre reclamación de cantidad, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Ibiza, estando el número de autos y actual rollo de Sala consignados arriba, actuando como parte demandante-apelada D.º Nemesio, y en su representación el/la Procurador/a de los Tribunales D.º/.ª María Garau Montané, y defendida por el/la Letrado/a D.º/.ª José Vicente Máñez, y como parte demandada- apelante REALE SEGUROS, S.A., y en su representación el/la Procurador/a de los Tribunales D.º/.ª Dolores Montojo Ripoll, y defendida por el/la Letrado/a D.º/.ª José Luis Burgos Navarro; ha sido dictada en esta segunda instancia la presente resolución judicial.
Primero.-La sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Ibiza en fecha 6 de febrero de 2009 en los autos de juicio ordinario en ejercicio de acción de reclamación de cantidad, seguidos con el número 389/08, de los que trae causa el presente rollo de apelación, exponía en sus Hechos y Fundamentos jurídicos lo que seguidamente se referirá:
"HECHOS.-
Primero.-Que en 24 de febrero de 2004, cuando Don Nemesio sufrió infarto cerebral, tenía suscrita póliza de seguro de accidentes, en vigor, con la compañía de seguros AEGON SEGUROS GENERALES, S.A., actualmente integrada en REALE SEGUROS GENERALES, S.A., la cual cubría el riesgo de invalidez profesional con la cantidad de cuarenta y un mil seiscientos seis euros con un céntimo (41.606,01 E).
Segundo.-Que según el condicionado de la póliza, que nunca llegó a ser firmada por el asegurado, el accidente queda definido con "La lesión corporal que deriva de una causa violenta, súbita, externa y ajena a la intencionalidad del asegurado, que produzca invalidez temporal o permanente o muerte", diciendo más adelante el apartado 1.1.3, de la Condición General Primera que "No se consideran accidentes los siguientes hechos, salvo que sean consecuencia directa de un accidente garantizado: a) Las enfermedades o lesiones de cualquier naturaleza que pueda sufrir el Asegurado, incluso el infarto de miocardio, salvo pacto en contrario que se expresará en las Condiciones Particulares".
Tercero.-Que como consecuencia de las lesiones anteriormente referidas, por el Instituto Social de la Marina fue reconocida al demandante pensión de invalidez permanente absoluta para todo tipo de trabajo.
Tercero.-Que con anterioridad a la interposición de la presente demanda, el asegurado percibió de la demandada, la cantidad de tres mil seiscientos cuarenta y cinco euros con noventa céntimos (3.645,90 E), por noventa días de baja a razón de cuarenta euros con cincuenta y un céntimos día.
"PRIMERO.- La ausencia de firma del asegurado en el condicionado de la póliza no es obstáculo para el perfeccionamiento del contrato de seguro cuyo cumplimento se reclama en la demanda, no siendo, de otra parte, objeto del presente pleito un supuesto de cláusulas limitativas de derechos.
Así pues, según el artículo 1258 del Código civil "Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley", precepto éste que es de aplicación supletoria al Código de Comercio, según se deduce de la interpretación conjunta de los artículos 2.1, 50 del Código de Comercio, en relación con el número 3 del artículo 4 del Código Civil, que disponen que los actos de comercio y los contratos mercantiles, como lo es el contrato de seguro, se regirán supletoriamente por las reglas del Derecho común, y que las disposiciones del Código civil se aplicarán como supletorias en las materias regidas por otras leyes.
Bien es cierto que en el condicionado general de la póliza, apartado 1.1.3 a) se excluye de la consideración de accidente "el infarto de miocardio, así como, las enfermedades o lesiones de cualquier naturaleza que pueda sufrir el asegurado", observando que el ictus isquémico o infarto cerebral no queda reflejado en dicha cláusula, la cual, al establecer limitaciones a los derechos del asegurado nunca puede ser objeto de interpretación extensiva, por lo que no puede considerarse excluido, sin mayor análisis, el infarto cerebral sufrido por el demandante de los riesgos cubiertos por la póliza.
En este sentido, mantiene la Audiencia Provincial de Barcelona en sentencia de 1 de Octubre de 2004. Sección l3a Sr. Utrillas Carbonell. N.º Recurso: 785/2003 (N.º 3011177208) que "Es doctrina reiterada (Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de Marzo y 27 de Noviembre de 1991, y 7 de diciembre de 1998 RJA 9706/1998), que el contrato de seguro, por enmarcar normalmente dentro de los de adhesión, no admite interpretaciones que pugnen con el sentido favorable y proteccionista del asegurado, que indudablemente ha de observarse al proceder a la exigencia de la normativa paccionada o legal. Y que (Sentencias del Tribunal Supremo de 5 de Septiembre de 1991, y 22 de Julio de 1992) cuando de la interpretación de cláusulas oscuras se trata, debe realizarse la exégesis más favorable al asegurado, con fundamento en el artículo 1288 del Código Civil, que hace que las consecuencias de las cláusulas oscuras del contrato hayan de recaer sobre quien las redactó, exigiendo en todo caso el artículo 3 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, que las condiciones generales y particulares del contrato deben redactarse de forma clara y precisa. Igualmente es doctrina comúnmente admitida (Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de junio de 1998 (4689/1998) que la interpretación de los contratos de seguro de accidente se ha de hacer en la dirección de evitar abusos, provengan de donde provengan, y en todo caso de evitar que las cláusulas o condiciones no muy concretadas, puedan perjudicar al asegurado, interpretándose como cláusulas o condiciones limitativas de los derechos de dicha parte contractual. En este sentido es igualmente doctrina reiterada (Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 1996; RJA 3881/1996, que cita las Sentencias del Tribunal Supremo de 16 de febrero de 1987, y 15 de abril y 14 de mayo de 1988 y, entre las más recientes, la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 2000; RJA 9308/2000, que cita las Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 1988, 14 de diciembre de 1990, y 4 de junio de 1999), la que, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro, considera sin validez, e inoponibles por la aseguradora, las cláusulas limitativas o exoneradoras de responsabilidad que no aparecen firmadas o aceptadas expresamente por el tomador del seguro".
Segundo.-Con respecto a la consideración de accidente, en los términos definidos en el artículo 100 de la Ley de Contrato de Seguro, del infarto cerebral sufrido por el demandante en 24 de febrero de 2004, verdadero objeto del pleito, esta juzgadora se remite a la reiterada la doctrina legal STS de 27-11-2003 (Sentencias de 5 de marzo de 1992, 13 de febrero y 19 de abril de 1996, 23 de octubre de 1997, 20 de junio de 2000, 5 de junio de 2001, 14 de noviembre de 2002 y 11 de noviembre de 2003, entre otras, que tanto en los supuestos de infarto de miocardio, como en los supuestos lesiones de cerebro vasculares no están comprendidos en los supuestos del artículo 100 de la Ley de Contrato de Seguro, salvo estipulación, sin embargo debe comprenderse dentro del seguro de accidentes cuando tenga su génesis en una causa externa; y a tal efecto se ha tomado en consideración la causa inmediata consistente en la presión y el "stress" consecuencia del aumento de trabajo (Sentencia de 14 de julio de 1994), el esfuerzo físico en el desarrollo del trabajo para el que se hallaba capacitado (Sentencia de 27 de diciembre de 2001), y el esfuerzo y tensiones en el desempeño del trabajo (Sentencia de 27 de febrero de 2003), etc.
Ahora bien, para que el referido infarto cerebral pueda reunir los requisitos del artículo 100 de la Ley de Contrato de Seguro debe demostrarse que el mismo obedeció a una causa externa al agente, como puede ser el estrés emocional y ambiental, lo cual corresponde en todo caso probar al actor y siempre que la relación de causalidad entre la causa externa e inmediata y el infarto cerebral esté debidamente adverada por las pertinentes pruebas.
En este sentido, obra al folio 33 de autos, informé médico suscrito por el Doctor Artemio, en el que se hace constar como diagnóstico del paciente el de "accidente cerebro-vascular de la arteria cerebral media izquierda de etiología cardio-embólica con infarto cerebral, para después, mantener en el acto de juicio de que, con independencia de los factores de riesgo que concurrían en el paciente, tales como, hipertensión, diabetes u obesidad (aunque no mórbida), éste, a la fecha del accidente cerebro- vascular, llevaba un estilo de vida "peligroso", con un nivel de estrés desaconsejable y que finalmente tuvo un desenlace fatal con el infarto o ictus isquémico, siendo el hecho de que el mismo se manifestará de madrugada mientras el paciente se encontraba descansando intrascendente, pues el estrés es un factor continuado que va causando una vaso constricción de las arterias y, por consiguiente, elevando el riesgo de trombosis. Insiste el galeno en que, la formación de un trombo tiene causas internas, pero no así el desprendimiento del mismo del corazón que fue a parar al cerebro produciendo el ictus, el cual se puede producir tras la realización de un esfuerzo físico o por los efectos negativos en el organismo de una situación de estrés prolongada. A éste respecto, manifiesta haber conocido de modo personal y directo el estilo de vida del demandante, el cual alternaba dos actividades laborales, como es la pesca profesional y la explotación directa y personal de un bar-restaurante en el puerto de San Antonio, una situación familiar complicada, con una hija estudiando una licenciatura fuera de la Isla y un hijo disminuido psíquico, el cual permanecía a diario con su padre en dicho establecimiento, acudiendo su esposa, sólo para ayudar, al igual que siempre le comentaba que iba agobiado económicamente."
Todos estos factores de estrés profesionales, familiares y económicos fueron refrendados por la declaración del testigo, señor Erasmo y por la documental consistente en el dictamen del Equipo de Valoración de Incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que obra al folio 36 de autos, donde consta la doble dedicación profesional del actor, justificante de los estudios cursados por la hija, folio 43, constitución de dos hipotecas sobre la vivienda y el bar con la entidad bancaria La Caixa, por importe de 128.800 y 90.000 euros respectivamente, en 30 de diciembre de 2003.
Tercero.-Procede la imposición a la demandada de los intereses por mora del arto 20 de la Ley de Contrato de Seguro, y ello por cuanto no se advierte causa justificada alguna que permitiera a la aseguradora demorar el pago de la indemnización, así como tampoco dudas de hecho ni de derecho en la medida en que la jurisprudencia del Tribunal Supremo es clara en casos como el presente.
Cuarto.-Dispone el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que "En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones.".
Segundo.-En consecuencia, en el Fallo de la sentencia de instancia, objeto del presente recurso, se acordó lo que literalmente se transcribirá:
"Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por Don Nemesio en reclamación de cuarenta y un mil seiscientos seis euros con un céntimo (41.606'01 E) en concepto de póliza de seguro de accidentes individuales frente a AEGON SEGUROS GENERALES, S.A. (ahora REALE SEGUROS GENERALES, S.A.), más los intereses moratorios del arto 20 de la Ley de Contrato de Seguro y, todo ello, con expresa condena en costas de la demandada."
Tercero.-Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación en plazo y forma, el cual correspondió a esta Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Baleares. Dicho recurso fue instado por la representación procesal de la parte señalada en el encabezamiento como apelante, oponiéndose la contraparte; todo ello en base a las alegaciones que se resumirán en el Fundamento jurídico primero de la presente resolución.
ÚLTIMO.- No siendo propuesta prueba en esta fase de apelación por ninguna de las partes del litigio, se siguió el recurso con arreglo a los trámites previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, quedando el rollo de apelación concluso para dictar sentencia en esta alzada.
Primero.-En la demanda instauradora del presente litigio, la representación procesal del actor, D.º Nemesio, ejercitaba acción contra AEGON SEGUROS GENERALES, S.A. (ahora REALE SEGUROS GENERALES, S.A.), sosteniendo que en fecha 24 de febrero de 2004 su cliente sufrió un infarto cerebral que le dejó una serie de secuelas, obteniendo una pensión por incapacidad permanente por parte de la Seguridad Social y recibiendo de la Aseguradora hoy demandada la cantidad de 3.645,90.-€ por noventa días de baja, pero sin abonarle la indemnización por invalidez profesional, por la que la actora considera en su demandada que procede un pago de 166.421.-€, de los que entiende que deben restarse los 3.645,90.-€ ya recibidos. En consecuencia, terminó suplicando la condena a la demandada al pago de 162.766,21.-€ de principal, más los intereses moratorios del contrato de seguro y las costas. Opuesta la parte demandada a las pretensiones actoras, fueron citadas las partes a la Audiencia Previa, en la que la demandante ratificó su demanda, haciendo lo propio la demandada en lo que a la contestación y escrito de aclaración de la misma se refiere (en el que hacía constar que la garantía de la póliza era de 5.000.000 pts., que actualizadas alcanzaban los 41.603,01.-€, explicando que la cantidad reclamada en la demanda corresponde erróneamente al concepto de Invalidez Permanente Total, y no a la Invalidez profesional propiamente reclamada). Fijándose finalmente como único hecho controvertido por las partes la consideración de "accidente", en los términos definidos por el artículo 100 de la Ley de Contrato de Seguro, del infarto cerebral sufrido por el demandante en 24 de febrero de 2004, siendo el límite del capital garantizado en póliza de cuarenta y un mil seiscientos seis euros con un céntimo (41.606,01.- €), en concepto de invalidez profesional.
Seguido el curso del procedimiento, recayó sentencia en primera instancia en la cual se estimaron las pretensiones actoras, si bien condenando a la demandada a abonar al actor la suma referida por la parte demandada, ascendente a 41.606'01.-€ de principal, más los intereses moratorios del art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro, con expresa condena en costas de la demandada; habiendo sido dicha resolución transcrita en los Antecedentes primero y segundo de la presente sentencia, frente a la que se interpuso recurso de apelación por la parte demandada, quien sostiene, en esencia, lo que se dirá: no deben ser consideradas cláusulas limitativas de los derechos del asegurado las condiciones que señalan el ámbito o cobertura del seguro en el sentido de delimitar o definir el riesgo a que alcanza el contrato, cuya base es el principio de autonomía de la voluntad con las limitaciones derivadas de la norma imperativa de la propia ley de Contrato de Seguro, ya que estas cláusulas son distintas de aquellas que, partiendo de un riesgo cubierto contienen una excepción a su aplicación (SSTS 6 junio 199.7 y 10 febrero 1998); conforme lo anterior, y teniendo en cuenta que en la Condición General primera, en el apartado Objeto y Extensión del Seguro, se definen los accidentes garantizados, todos ellos bajo el común denominador de provenir por causas violentas, súbitas, externas, etc., que puedan producir la Invalidez Temporal o Permanente o la Muerte, excluyéndose las enfermedades o lesiones de cualquier naturaleza que pueda sufrir el asegurado incluso el Infarto de Miocardio (por asimilación el Infarto Cerebral), salvo pacto en contrario, se ha de concluir que estamos ante una condición delimitadora del contrato, toda vez que la prima pactada se encuentra directamente relacionada con el riesgo asegurado; por lo tanto, se ha de considerar incorrecta la fundamentación jurídica de la sentencia, ya que el supuesto contemplado está expresamente excluido de cobertura en el Condicionado Particular de la Póliza; tampoco es correcta la fundamentación jurídica de la resolución al considerar que el supuesto debatido reúne los requisitos del art. 100 de la Ley de Contrato de Seguro, pues considera acreditado que obedeció a una causa externa del agente debido al estilo de vida que llevaba, que lo califica de "peligroso"; la Ley de Contrato de Seguro se limita en su art. 100 a definir el accidente como "toda lesión corporal que deriva de una causa violenta súbita, externa y ajena a la intencionalidad del asegurado, que produzca invalidez temporal o permanente o muerte"; el riesgo de accidente es el elemento característico de este contrato, y la noción del riesgo del accidente nos sirve para distinguir su modalidad contractual de otras clases de contrato de seguro; el actor contaba con una serie de factores de riesgo para tener el tipo de patología que le llevó a sufrir el Infarto Cerebral; consta en la información médica obrante en autos, especialmente destacaba por el Dr. D. Olegario en su Dictamen Pericial, que padecía hipertensión arterial, diabetes, hipercolesterolemia y obesidad, con el agravante de no seguir el tratamiento adecuado según consta en los informes del Hospital de C'an Mises; el caso debatido no puede considerarse como un supuesto del art. 100 de la LCS, pues no se produce el siniestro durante el trabajo, no fue reconocido por el INSS como accidente laboral, pues según consta en la Resolución de Invalidez deriva de una contingencia común (enfermedad), ni tampoco se trata de una dolencia o predisposición desconocida por parte del actor; los claros antecedentes de problemas coronarios y preexistencias en el demandante que constan acreditadas en la documentación médica obrante en autos, nos indican que estamos ante una enfermedad cardiaca crónica (cardiopatía isquémica) que era conocida por el afectado, quien voluntariamente no la trató convenientemente, sin que pueda admitirse como hecho probado el esfuerzo o el estrés por el trabajo desarrollado y su situación económica como el factor desencadenante del problema, pues la urgencia del cuadro clínico se presenta en un momento en el que el paciente no se encuentra sometido a ninguna situación de sobreesfuerzo o estrés, pues se produjo a altas horas de la madrugada mientras dormía en su domicilio; subsidiariamente, y para el supuesto de que se desestimen los motivos de recurso anteriormente expuestos, se considera que no procede la condena al pago de los intereses del art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro; cuando la mora esté fundada "en una causa justificada" como acontece si no están determinadas las causas del siniestro (determinación necesaria para saber si está o no comprendido dentro de la cobertura del asegurador), si se desconoce razonablemente la cuantía de la indemnización que ha de ser fijada por el asegurador, etc., la jurisprudencia de la Sala 1.ª del Tribunal Supremo ha venido entendiendo que en estos supuestos sí que concurren circunstancias que liberan al asegurador del pago de los intereses moratorias; el último motivo de recurso se invoca también de forma subsidiaria, en el caso que nos ocupa la parte actora presentó demanda en su día reclamando la suma de 162.766,21.- €, cuantía fijada expresamente en el escrito de demanda, esta parte, tras presentar escrito de contestación y oposición a la demanda y antes del señalamiento de la Audiencia Previa, presentó un segundo escrito aclarando el anterior de contestación y oposición en el que se indicaba que el límite garantizado en la póliza por la contingencia o riesgo objeto de reclamación por el actor, era del importe de 41.606,01.-€ y no por el importe reclamado; tal extremo se puso igualmente de manifiesto en el acto de la Audiencia Previa por esta parte, pese a la insistencia de la parte demandante en la ratificación íntegra del contenido de su escrito de demanda incluida la cuantía; pues bien, resulta totalmente improcedente, por incorrecta, la parte dispositiva de la resolución y el Fundamento Jurídico cuarto de la misma al omitir el término de "parcial" con motivo de la estimación de la demanda, pues la cuantía objeto de condena es sensiblemente inferior a la reclamada; además, se añade que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho, habiendo dado lugar a una amplia jurisprudencia al respecto en orden a determinar la causa concreta. En su virtud, la parte apelante terminó suplicando que se dicte sentencia estimando íntegramente el recurso y revocando la dictada en primera instancia.
La parte actora-apelada hizo propios los motivos de la sentencia, reiterando y desarrollando los ya expuestos en primera instancia, procediendo la remisión a los mismos por razones de brevedad.
Segundo.-Entrando ya a resolver los motivos del recurso de apelación, la representación procesal de la parte apelante aboga, respecto del fondo del asunto, por dos motivos apelatorios, por un lado el hecho de considerar como no limitativas de los derechos del asegurado las condiciones que señalan el ámbito o cobertura del seguro en el sentido de delimitar o definir el riesgo que alcanza el contrato, cuya base es el principio de autonomía de la voluntad, entre las que se encontraba, en la Condición General primera, el apartado "Objeto y Extensión del Seguro", donde se definen los accidentes garantizados, entre los que se hallaban excluidas las enfermedades o lesiones de cualquier naturaleza que pueda sufrir el asegurado, y entre ellas el Infarto de Miocardio, el cual, por extensión, lo asimila la apelante al Infarto Cerebral -que es el que aconteció en el caso de autos-. Respecto de este primer motivo, la Sala, al igual que interpretó la Magistrada-Juez de instancia, considera que si bien el condicionado general de la póliza, apartado 1.1.3 a), excluye de la consideración de accidente "el infarto de miocardio", habida cuenta de que el contrato de autos lo es de adhesión, y que el ictus isquémico o infarto cerebral no queda reflejado en dicha cláusula, no cabe realizar una interpretación extensiva de la misma en favor de la Aseguradora, redactora del contrato, y en perjuicio del cliente, adherido al mismo, por así vedarlo el artículo 1.288 del Código Civil, que propugna que las oscuridades, imprecisiones o lagunas contractuales no pueden merecer interpretación favorable a su redactor, por lo que deberá realizarse al respecto la exégesis más favorable al asegurado. Es decir, que el hecho de se enmarquen dentro de la autonomía contractual las pactadas limitaciones a los derechos del asegurado, sin embargo, estas no puede ser objeto de interpretación extensiva, por lo que no puede considerarse excluido el infarto cerebral por extensión del infarto de miocardio.
Seguidamente, se debe pasar a analizar el segundo motivo apelatorio, cual es el hecho de que, en la consideración de la parte recurrente, tampoco es correcta la fundamentación jurídica de la resolución cuando entiende que el supuesto debatido reúne los requisitos del art. 100 de la Ley de Contrato de Seguro. Al respecto, recuerda la recurrente que dicho precepto define el accidente como "la lesión corporal que deriva de una causa violenta súbita, externa y ajena a la intencionalidad del asegurado, que produzca invalidez temporal o permanente o muerte"; aconteciendo que el actor contaba con una serie de factores de riesgo para tener el tipo de patología que le llevó a sufrir el Infarto Cerebral.
Al respecto, aprecia la Sala que la sentencia de instancia se funda en el informe obrante al folio 33 de autos, suscrito por Don Artemio, en el que se hace constar como diagnóstico del paciente el de "accidente cerebro-vascular de la arteria cerebral media izquierda de etiología cardio-embólica con infarto cerebral", subrayando seguidamente la sentencia lo mantenido por dicho profesional en el acto de juicio en orden a que, con independencia de los factores de riesgo que concurrían en el asegurado, tales como, hipertensión, diabetes u obesidad (aunque no mórbida), éste, en la época del accidente cerebro-vascular llevaba un estilo de vida "peligroso", con un nivel de estrés desaconsejable que finalmente tuvo un desenlace fatal con el infarto o ictus isquémico, siendo intrascendente el hecho de que el mismo se manifestará de madrugada, mientras el paciente se encontraba descansando, pues el estrés es un factor continuado que va causando una vaso constricción de las arterias y, por consiguiente, elevando el riesgo de trombosis. Añadiendo la sentencia de instancia que "Insiste el galeno en que, la formación de un trombo tiene causas internas, pero no así el desprendimiento del mismo del corazón que fue a parar al cerebro produciendo el ictus, el cual se puede producir tras la realización de un esfuerzo físico o por los efectos negativos en el organismo de una situación de estrés prolongada. A éste respecto, manifiesta haber conocido de modo personal y directo el estilo de vida del demandante, el cual alternaba dos actividades laborales, como es la pesca profesional y la explotación directa y personal de un bar-restaurante en el puerto de San Antonio, una situación familiar complicada, con una hija estudiando una licenciatura fuera de la Isla y un hijo disminuido psíquico, el cual permanecía a diario con su padre en dicho establecimiento, acudiendo su esposa, sólo para ayudar, al igual que siempre le comentaba que iba agobiado económicamente.". Frente a ello, recuerda la parte apelante que en el informe pericial de parte, emitido por el Dr. Olegario, acompañado como documento n.º 2 a la contestación a la demanda, se afirma que no es un accidente a los efectos de la póliza ya que se trata de una patología médica derivada del propio estado de salud del asegurado; por lo que sostiene la apelante que no puede considerarse como un supuesto del art. 100 de la LCS.
Determinado así el marco del debate, conviene comenzar recordando la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación a la consideración del infarto como "accidente" del artículo 100 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro; la Sentencia de 27 de diciembre de 2001 resumió la doctrina jurisprudencial diciendo que: "el análisis de la doctrina de esta Sala respecto al tema controvertido nos muestra un primer grupo de resoluciones en las que se ha entendido que el infarto de miocardio sufrido por el asegurado en los supuestos a que las mismas se referían debía ser considerado como accidente cubierto por las pólizas correspondientes, bien porque se había desencadenado como consecuencia de la caída de un vehículo (Sentencia de 28 de febrero de 1991), o de un esfuerzo excesivo (Sentencia de 14 de junio de 1994), del ejercicio físico igualmente excesivo en la práctica del tenis (Sentencia de 23 de octubre de 1997) o bien había surgido en persona normal, sin antecedentes médicos relevantes como consecuencia del agobio físico a que se había visto sometido el sujeto en una situación de fuerte estrés. La sentencia de 7 de febrero de 2001, por su parte, llega a análoga consecuencia en virtud de distinto planteamiento, debido a que el infarto se hallaba expresamente mencionado en la póliza como riesgo cubierto por el seguro. Finalmente, otro conjunto de sentencias niegan que el infarto de miocardio pueda ser incluido entre los accidentes a que se refiere el artículo 100 de la Ley de Contrato de Seguro. Así, desde la de 5 de marzo de 1992, para la cual no se reúnen los requisitos del precepto mencionado sí el actor no demuestra que el infarto ha obedecido a una causa externa al agente; la de 15 de diciembre del mismo año que lo excluye de la cobertura del seguro si es consecuencia de una enfermedad arteriosclerótica de larga y lenta evolución; la de 24 de marzo de 1995, según la cual el infarto no se halla entre los supuestos del artículo 100 de la Ley de Contrato de Seguro salvo que explícitamente haya sido pactada su inclusión por las partes; la de 20 de junio de 2000, en atención a que en el caso considerado no había existido una dinámica externa y violenta, aparte de que el actor había padecido angina de pecho diez años antes; y la de 5 de junio de 2001 al entender que en el caso planteado el infarto había sido efecto de una causa interna (y no externa, como sería preciso) del organismo.". Por su parte, la Sentencia de 11 de noviembre de 2003 señaló que, "si bien el infarto de miocardio no está comprendido en los supuestos del artículo 100 de la Ley de Contrato de Seguro, salvo estipulación, sin embargo, debe comprenderse dentro del seguro de accidente cuando tenga su génesis en una causa externa, y a tal efecto se ha tomado en consideración la causa inmediata consistente en la presión y el estrés consecuencia del aumento del trabajo (Sentencia de 14 de junio de 1994), el esfuerzo físico en el desarrollo del trabajo para el que se hallaba capacitado (Sentencia de 27 de diciembre de 2001) y el esfuerzo y tensiones en el desempeño del trabajo (Sentencia de 27 de febrero de 2003)". Siguiendo la doctrina expuesta, la sentencia de 1 de marzo de 2007 consideró que, dado que el infarto sufrido por el asegurado era consecuencia de la situación de estrés laboral que padecía, resultaba incardinable como accidente en el concepto que del mismo ofrece el artículo 100 de la Ley de Contrato de Seguro.
Consecuentemente, considera la Sala que para que esté incluido en la cobertura del seguro de invalidez profesional como accidente, el infarto debe ser atribuible a determinadas circunstancias externas, ajenas a procesos o patologías internos del agente, por lo que la actora deberá acreditar la concurrencia en el asegurado de circunstancias de estrés generador del resultado, y la demandada deberá probar la previa enfermedad o dolencia generadora del desenlace final; apreciando la Sala que, en el caso de autos, el Juzgado de Primera Instancia ha tenido por demostrada la situación de estrés laboral y personal que el asegurado actor esgrime como causa del infarto cerebral, prueba especialmente derivada del informe e intervención en el acto del juicio Don Artemio, mientras que la parte apelante alega que, en base a su informe pericial, elaborado por el Doctor Olegario, está probada la existencia de una patología médica derivada del propio estado de salud del asegurado.
En dicho marco, aprecia la Sala que, tal y como se indica en las conclusiones del citado informe médico acompañadas por la parte demandada, el paciente presentaba "factores de riesgo para tener este tipo de patología", a saber, hipertensión arterial, diabetes, hipercolesterolemia y obesidad, admitiendo el Doctor Artemio como factores de riesgo la hipertensión, diabetes u obesidad (no mórbida), sin embargo, no se acredita en autos que el infarto cerebral sea consecuencia directa de uno de dichos factores de riesgo preexistentes, es decir, los factores de riesgo invocados no se presentan y justifican técnicamente en autos con la virtualidad causal necesaria para atribuirles el protagonismo de la relación causa-efecto en el resultado final, al margen de la acreditada situación de estrés descrita por el doctor Artemio, quien atendía al actor, a la que viene a atribuir dicho profesional el carácter de causa externa inmediata, afirmando, respecto del estrés inherente al estilo de vida del actor, que era lo que en el argot médico se conoce como "una bomba". Por lo tanto, entiende la Sala que debe ser desestimado el recurso de apelación en este punto.
Tercero.-Seguidamente, con relación a la pretensión subsidiaria, cuestiona la parte apelante la imposición del pago de los intereses del artículo 20 de la LCS, si bien no cita concreta jurisprudencia en apoyo de sus pretensiones. En dicho sentido, la Sala entiende procedente recordar el referido precepto, que establece que si el asegurador incurriere en mora en el cumplimiento de la prestación, la indemnización de daños y perjuicios se ajustará a las siguientes reglas: "3.ª) Se entenderá que el asegurador incurre en mora cuando no hubiere cumplido su prestación en el plazo de tres meses desde la producción del siniestro o no hubiere procedido al pago del importe mínimo de lo que pueda deber dentro de los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración del siniestro. 4.ª) La indemnización por mora se impondrá de oficio por el órgano judicial y consistirá en el pago de un interés anual igual al del interés legal del dinero vigente en el momento en que se devengue, incrementado en el 50 por 100; estos intereses se considerarán producidos por días, sin necesidad de reclamación judicial. No obstante, transcurridos dos años desde la producción del siniestro, el interés anual no podrá ser inferior al 20 por 100.". Así las cosas, apreciando en autos que, transcurridos más de tres meses, no fue abonada la prestación, la literalidad del precepto obliga, incluso de oficio, a la imposición de tales intereses, informados por la voluntad legislativa de promover una solución rápida y extrajudicial de los siniestros, siendo la consecuencia de tal ausencia de voluntad la que se penaliza con dichos intereses, por lo que no puede atenderse el recurso en este punto.
Cuarto.-Respecto de las costas procesales, sostiene la parte apelante que la actora presentó demanda en su día reclamando la suma de 162.766,21.-€, cuantía fijada expresamente en el escrito de demanda, y la demandada, tras presentar escrito de contestación y oposición a la demanda y antes del señalamiento de la Audiencia Previa, presentó un segundo escrito aclarando el anterior de contestación y oposición, en el que se indicaba que el límite garantizado en la póliza por la contingencia o riesgo objeto de reclamación por el actor era de 41.606,01.-€ y no por el importe reclamado; tal extremo se puso igualmente de manifiesto en el acto de la Audiencia Previa, pese a la insistencia de la parte demandante en la ratificación íntegra del contenido de su escrito de demanda, incluida la cuantía; añadiendo la apelante, asimismo, que el caso presentaba serias dudas de hecho o derecho, por lo que no procede la imposición de costas ex art. 394 LEC. En este punto, considera la Sala que, ciertamente, y pese a que la actora-apelada sostiene en la alzada que la confusión se debió a la "literosuficiencia lamentable que propiciada el error aritmético", lo cierto es que no corrigió en la Audiencia previa el mismo, ratificándose sin más en su demanda. Por otro lado, ciertamente, el caso de autos presentaba, a priori, dudas en los hechos de entidad bastante para justificar, con arreglo al art. 394, la no imposición de costas. Por lo que debe estimarse el recurso en dicho punto.
ÚLTIMO.- Al estimarse parcialmente el recurso de apelación no ha lugar a hacer pronunciamiento alguno en cuanto a las costas procesales devengadas en esta alzada; todo ello en aplicación de los artículos 398 y 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
QUE ESTIMANDO PARCIALMENTE EL RECURSO DE APELACION interpuesto por REALE SEGUROS, S.A., y en su representación el/la Procurador/a de los Tribunales D.º/.ª Dolores Montojo Ripoll, contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Ibiza en fecha 6 de febrero de 2009 en los autos de juicio ordinario en ejercicio de acción de reclamación de cantidad, seguidos con el número 389/08, de los que trae causa el presente rollo de apelación, DEBEMOS ACORDAR Y ACORDAMOS:
1) CONFIRMAR la sentencia de instancia salvo en lo referente a la imposición de costas a la parte demandada, ACORDANDO en su lugar no hacer pronunciamiento alguno en cuanto a las costas devengadas en primera instancia.
2) No ha lugar tampoco a hacer pronunciamiento alguno en cuanto a las costas devengadas en la alzada.
Información sobre los recursos.-
Conforme al art. 466.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo de proceso civil podrán las partes legitimadas optar por interponer el recurso extraordinario por infracción procesal o el recurso de casación, por los motivos respectivamente establecidos en los arts. 469 y 477 de aquella. La Sala 1.ª del Tribunal Supremo es el órgano competente para conocer de ambos recursos -si bien respecto del extraordinario infracción procesal sólo lo es con carácter transitorio-. Ambos recursos deberán prepararse mediante escrito presentado ante esta Audiencia Provincial en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente a la notificación de la sentencia, suscrito por Procurador y autorizado por Letrado legalmente habilitados para actuar ante este Tribunal.
Aclaración y subsanación de defectos. Las partes podrán pedir aclaración de la sentencia o la rectificación de errores materiales en el plazo de dos días; y la subsanación de otros defectos u omisiones en que aquella incurriere, en el de cinco días (arts. 214 y 215 LEC).
Debiéndose acreditar, en virtud de la disposición adicional 15.ª de la L.O. 1/2009 de 3 de noviembre, el justificante de la consignación de depósito para recurrir en la cuenta de esta Sección cuarta de la Audiencia Provincial, n.º 0494, debiéndose especificar la clave del tipo de recurso.
Sr. Miguel Ángel Aguiló Monjo Sr. Miguel Álvaro Artola Fernández Sra. Juana María Gelabert Ferragut
Extendida y firmada que ha sido la anterior resolución por los Ilmos. Srs. Magistrados indicados en el encabezamiento, procédase a su notificación y archivo en la Secretaría del Tribunal, dándosele publicidad en la forma permitida u ordenada por la Constitución y las leyes, todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Doy fe.