Source: https://www.notariosyregistradores.com/RESOLUCIONES/2001-AGOSTO.htm
Timestamp: 2020-03-31 10:00:55
Document Index: 387648540

Matched Legal Cases: ['artículo 54', 'artículo 1285', 'artículo 86', 'artículo 76', 'artículo 12', 'artículo 153', 'artículo 130', 'artículo 86', 'artículo 1', 'artículo 205', 'artículo 218', 'artículo 366', 'artículo 27', 'artículo 169', 'artículo 158', 'artículo 272', 'artículo 277', 'artículo 275', 'artículo 175', 'artículo 275', 'artículo 275', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 19', 'artículo 9', 'artículo 57', 'artículo 1', 'artículo 7']

RESOLUCIONES DGRN AGOSTO-2001
1. HIPOTECA EN GARANTÍA DE OBLIGACIÓN REFUNDIDA. AUTOCOTRATACIÓN. R. 21 de junio de 2001, DGRN. BOE del 21 de agosto. RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el "Banco Exterior de España, Sociedad Anónima", contra la negativa del Registrador de la Propiedad de San Javier, número 2, don Santiago Laborda Peñalver, a inscribir una escritura de crédito hipotecario, en virtud de apelación del señor Registrador.
Se plantean dos cuestiones: La primera consiste en dilucidar si está suficientemente determinada la obligación garantizada con la hipoteca. Se trata de varias operaciones financieras que se enumeran con diversos deudores y de un préstamo que se constituye en ese momento. Seguidamente, se termina diciendo que todos los comparecientes y la entidad mercantil asumen de forma solidaria entre sí y con respecto al banco... la total deuda resultante de la fijación de los saldos, de las operaciones financieras que fueron referidas, más el préstamo que por medio de la presente ha sido concedido por el banco a la entidad mercantil y que asciende a un importe total de 160.260.960 pesetas, que todos ellos, en virtud de esta asunción solidaria de deuda, reconocen adeudar al banco en concepto de capital. Se revoca el defecto por no tratarse de una mera reunión contable de varias deudas sino que existe una inequívoca voluntad de las partes de novar todas las deudas a las que se hace referencia para que se conviertan en una nueva y única deuda solidaria. Se trata de una verdadera y propia novación extintiva de todas ellas, que pasan a convertirse en una sola.
El segundo defecto consiste en que existe autocontrato no dispensado expresamente por la sociedad. Este defecto se confirma. Uno de los intervinientes actúa en un doble concepto: En su propio nombre (como deudor e hipotecante de una finca de su propiedad) y en representación, como Administrador único, de una entidad mercantil (que también interviene como deudora y como hipotecante de otra finca de su propiedad). No existiría conflicto de intereses si entre la deuda de la persona física y la de la persona jurídica a quien aquélla representa no hubiera ninguna relación. Sin embargo, antes de constituir hipoteca sobre las fincas que a ambas pertenecen, lo que eran dos deudas pasan a convertirse, con respecto al acreedor, en una sola deuda solidaria, de forma que la finca perteneciente a la sociedad se hipoteca en garantía de una deuda que, en parte, es deuda personal de su Administrador, de tal modo que el acreedor puede reclamar a la sociedad el pago de la totalidad de la deuda, incluyendo, por tanto, la parte de deuda de su Administrador. (JFME)
Más... (Referencia BOE-A-2001-16297)
2. PRÉSTAMO HIPOTECARIO. R. 22 de junio de 2001, DGRN. BOE del 21 de agosto. RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el "Banco Hipotecario de España, Sociedad Anónima", contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Murcia, número 2, don Eugenio Aguilar Amador, a inscribir una escritura de préstamo hipotecario, en virtud de apelación del recurrente.
Reitera la doctrina de otras RR. como la de 28 de septiembre de 2000.
Más... (Referencia BOE-A-2001-16298)
3. MODIFICACIÓN DE PROPIEDAD HORIZONTAL. R. 23 de junio de 2001, DGRN. BOE del 21 de agosto. RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Santiago Carpena Gómez como Presidente de la comunidad de propietarios de Daraxa, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Motril, número 2, don Jesús Camy Escobar, a proceder a rectificar una inscripción registral, en virtud de apelación del recurrente.
Una propiedad horizontal inscrita está formada por tres bloques (A, B y C). Respecto del C, la Compañía promotora se reserva la facultad de distribuir un resto de coeficiente, sin necesidad del consentimiento de los restantes dueños de inmuebles. Se expresa también en los Estatutos que el apartamento número 54, ubicado en el bloque A, tiene su destino actual a portería de la urbanización, destino que mantendrá hasta la construcción de otro de idénticas características o similares que ubicará en el bloque C a construir que será elemento común, pudiendo la promotora en aquel momento disponer libremente del actual destinado a portería. Pero, cuando, con posterioridad se inscribió en el Registro la Declaración de Obra Nueva y cada uno de los elementos privativos del bloque C, a ningún local se le atribuyó el carácter de elemento común o procomunal, ni se estableció el destino de ninguno para portería. Constan a continuación las inscripciones de venta de los elementos privativos.
Se presentan en el Registro una escritura por la que los representantes de la empresa constructora y el Presidente de la Comunidad declaran haberse padecido error en la constitución de dicho régimen, pues al local expresado no se le atribuyó en carácter de elemento común, rectificando dicha cualidad. A dicha escritura se acompaña otra en la que los dos titulares registrales de dicho local reconocen tal extremo, y a ambas escrituras se acompaña instancia suscrita por quien afirma ser Presidente de la Comunidad de Propietarios. El repetido local aparece inscrito a favor de tales personas, conjuntamente con sus esposas-que no comparecen-, con carácter ganancial.
Según la DG, no estamos ante un mero error al inscribir el bloque C sin constancia del elemento dedicado a portería, pues la afirmación que se contiene en los Estatutos es una simple declaración genérica que no vinculaba ningún elemento del futuro edificio al destino expresado, careciendo tal manifestación de eficacia real. Por ello, es irrelevante discutir si el problema consiste en la rectificación de un error proveniente del título, o, por el contrario, se trata de una modificación estatutaria, pues en ambos casos es necesario el consentimiento unánime de todos los afectados. La facultad que a los constructores se atribuye en la cláusula transcrita se agotó con la declaración de obra nueva y la descripción de los elementos comunes y privativos del bloque C.
El convertir un local privativo en un elemento común es un acto de disposición por lo que exige el consentimiento del cónyuge cuando el bien está inscrito con carácter presuntivamente ganancial.
No se puede realizar la inscripción del local a favor de la Comunidad de Propietarios, ya que la misma carece de personalidad jurídica, y, por tanto no cabe que ostente la titularidad registral.
En cuanto a la acreditación de los cargos del Presidente y Secretario de la Comunidad, se confirma la doctrina de la R. 26 de junio de 1987. Puede verificarse por una doble vía: Testimonio notarial del contenido del Libro de Actas, o bien por certificación expedida por el órgano de la comunidad que tenga facultad certificante, con aseveración notarial, con referencia al Libro de Actas, de que el autor de la certificación se halla en el ejercicio de su cargo.
Respecto al último defecto, la falta de liquidación del impuesto, se confirma porque, aunque el propio Registrador sea el Liquidador, el documento no ha sido presentado en la Oficina Liquidadora. (JFME)
Más... (Referencia BOE-A-2001-16299)
4. ANOTACIÓN PREVENTIVA DE DEMANDA. R. 30 de junio de 2001, DGRN. BOE del 21 de agosto. RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2001, de la Dirección General de Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, contra la negativa del Registrador accidental de Ourense, número 2, don José Manuel de la Torre Saavedra, a practicar una anotación preventiva de demanda, en virtud de apelación de la recurrente.
Inscrita la liquidación de la sociedad de gananciales existente entre determinados cónyuges, se pretende por un acreedor del marido y sobre los bienes que habían sido adjudicados a la mujer, la anotación de la demanda interpuesta contra ambos en la que pide, entre otras cosas, que ''se condene a la esposa a responder de la deuda reclamada (contraída por el esposo antes de la publicación del cambio de su régimen económico matrimonial) con los bienes que le han sido adjudicados en las capitulaciones matrimoniales (referidas) y con sus propios bienes.
Aunque el ámbito de la anotación de demanda ha sido ampliado por la doctrina científica y por la DGRN, he de mantenerse el límite de centrarlo en aquellas demandas cuya estimación pudiera producir una alteración en la situación registral. La mera vinculación genérica de los bienes que integran un patrimonio al pago de una deuda reconocida judicialmente no implica un gravamen real sobre cada uno de los bienes que lo integran (si dichos bienes salen del patrimonio afecto -salida que esa sola vinculación genérica no impide- quedan libres de la responsabilidad que recae sobre dicho patrimonio), y, por ende, no pude acceder al Registro de la Propiedad que tiene por objeto la inscripción de los actos y negocios jurídicos de alcance real (cfr. artículos 1 y 2 de la Ley Hipotecaria). (CB) (JFME)
Más... (Referencia BOE-A-2001-16304)
5. ANOTACIÓN PREVENTIVA DE DEMANDA. R. 2 de julio de 2001, DGRN. BOE del 21 de agosto. RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid contra la negativa del Registrador accidental de Vigo número 2, don Lino Rodríguez Otero, a practicar una anotación preventiva de demanda, en virtud de apelación de la recurrente.
Es similar a la anterior. (CB) (JFME)
Más... (Referencia BOE-A-2001-16305)
6. *SUBROGACIÓN DE HIPOTECA EN GARANTÍA DE CREDITO EN CUENTA CORRIENTE. R. 17 de julio de 2001. BOE del 21 de agosto. RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Jesús María Alcalde Barrio, en nombre y representación de la Caja de Ahorros de Asturias, frente a la negativa del Registrador de la Propiedad de Oviedo número 5, don José María Cadenaba Coya, a inscribir una subrogación de hipoteca en virtud de apelación del recurrente.
El supuesto de hecho es en principio similar al de la R. 18 de junio de 2001. Sin embargo en este caso el acreedor inicial no compareció en la escritura de venta, concreción y asunción de deuda por lo que el reflejo registral de todo ello ha tenido lugar sin su consentimiento. Por ello, la DG en este caso no admite la aplicación de la Ley 2/1994, de 30 de marzo. (JFME)
Más... (Referencia BOE-A-2001-16319)
7. PRÉSTAMO HIPOTECARIO: INTERESES ADELANTADOS. R. 19 de julio de 2001, DGRN. BOE del 21 de agosto. RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por doña Ana María Coll, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Lloret de Mar, don Francisco José Florán Fazio, a inscribir una escritura de préstamo hipotecario en virtud de apelación de la recurrente.
Se trata de una hipoteca en garantía de préstamo de determinada cantidad de dinero de la que se dice que una parte ya ha sido recibida por la prestataria, otra la recibe en el acto y una última parte se corresponde con los intereses pactados que la prestamista descuenta, con el consentimiento de la prestataria, de la cantidad a entregar.
La DG entiende que no hay razón para rechazar el pacto de devengo de los intereses de un préstamo al inicio del período considerado, pudiendo ser el mismo acreedor el que, al realizar la entrega del capital prestado, descuente previamente, de acuerdo con el deudor, la cantidad que corresponde a los intereses. Con ello, revoca la tesis del Registrador (en la que basa los defectos observados) de que la cantidad prestada no es la que se dice, sino tan sólo la efectivamente entregada y que, por tanto, la cantidad que se obliga a devolver la prestataria no es sólo el capital del préstamo, sino también los intereses y de ahí dedujo que, cuando se garantiza con una sola cifra de responsabilidad lo que la prestataria tiene que pagar, lo que se está garantizando es el pago de una cantidad conjunta que integra capital e intereses. Pero para la DG sólo hay una exclusiva cobertura por el principal y hasta una cifra que coincide exactamente con lo adeudado por tal concepto. (JFME)
Más... (Referencia BOE-A-2001-16321)
8. D-APORTACIÓN A LA SOCIEDAD DE GANANCIALES. R. 21 de julio de 2001, DGRN. BOE del 21 de agosto. RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Alcantarilla, don Juan Gómez Martínez, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Murcia, número 6, don Rafael A. Rivas Torralba, a inscribir una escritura de aportación de bienes a la sociedad de gananciales, en virtud de apelación del recurrente.
El marido aporta a su sociedad de gananciales una finca privativa haciendo constar la siguiente estipulación: 'Don ... aporta a su sociedad de gananciales el pleno dominio de la finca descrita anteriormente en esta escritura con derecho a su reembolso económico con valoración actualizada al tiempo de la disolución'. El Registrador deniega la inscripción de la escritura porque a su juicio no se está ante un negocio cuya causa y régimen jurídico resulte con precisión y claridad, ni se expresan debidamente los elementos constitutivos del negocio de aportación y especialmente su causa, exigencia imprescindible.
La DG revoca la nota porque en nuestro derecho son válidos y eficaces cualesquiera desplazamientos patrimoniales entre cónyuges -y por tanto entre sus patrimonios privativos y consorciales-siempre que aquellos se produzcan por cualquiera de los medios legítimos previstos al efecto, entre los cuales no puede desconocerse el negocio de aportación de derechos concretos a una comunidad de bienes no personalizada jurídicamente, o de comunicación de bienes como categoría autónoma con sus propios elementos y características, regido por las estipulaciones de los contratantes dentro de los límites legales, siempre que se precisen debidamente los elementos constitutivos del negocio de aportación realizado, lo que se cumple plenamente en este supuesto: Se da el consentimiento de ambas partes, se delimita el objeto, pleno dominio sobre la finca y la onerosidad de la causa que lo impulsa pues la sociedad de gananciales adquiere contra el reembolso del valor actualizado del bien al tiempo de su disolución, mención suficiente para que pueda cumplir esta última exigencia y para que el negocio pueda ser inscrito. (JFME)
Más... (Referencia BOE-A-2001-16322)
9. NORMAS DE RÉGIMEN INTERNO. R. 23 de julio de 2001, DGRN. BOE del 21 de agosto. RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por la comunidad de propietarios del edificio de Vía Augusta, número 185 y calle Amigo 78-80, de Barcelona, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de dicha ciudad, número 6, don Pedro Ávila Navarro a inscribir una escritura de protocolización del Reglamento Interno de funcionamiento de comunidad de propietarios, en virtud de apelación del recurrente.
Se solicita la inscripción una escritura por la que se protocoliza un acuerdo de una Comunidad de Propietarios en régimen de Propiedad Horizontal estableciendo el Reglamento de Régimen Interior de un edificio mediante acuerdo adoptado por mayoría de los propietarios. Se confirma la calificación denegatoria porque no son inscribibles los Reglamentos de Régimen Interior, ni se puede alterar el régimen legal y estatutario en virtud de acuerdo no unánime. (JFME)
Más... (Referencia BOE-A-2001-16323)
10. * OBRA NUEVA SOBRE SUELO NO URBANIZABLE. R. 24 de julio de 2001, DGRN. BOE del 21 de agosto. RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de San Vicente del Raspeig, don Francisco José Román Ayllón, frente a la negativa del Registrador de la Propiedad número 3 de Alicante, don Fernando Trigo Portela, a inscribir una escritura de declaración de obra nueva en virtud de apelación tanto del recurrente como del Registrador.
Los dos primeros defectos hacen referencia a determinadas obligaciones formales anejas a las inversiones exteriores que imponía la normativa vigente al tiempo del otorgamiento y la calificación recurrida, a la que habrá de estarse pese a resultar hoy día derogada.
Defecto 1º: La obligación de hacer la declaración al Registro de Inversiones del Ministerio de Economía y Hacienda no incumbía al Registrador controlarla, según ya señaló la Resolución de 25 de agosto de 1998. Se revoca.
Defecto 2º: Se matiza la obligación entonces vigente de que los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, con carácter previo al ejercicio de las funciones debían exigir a los particulares la presentación de los documentos que acreditasen la forma de aportación, La DG mantiene un criterio flexible en esta materia, vigente como está un régimen de libre transferencia de capitales, de suerte que la inscripción de la declaración de obra nueva solicitada procede aun cuando no se justifique la aportación exterior de las cantidades que en su día se invirtieran en la construcción, si bien deberá participar a ésta el contenido de la operación inscrita a fin de que la misma pueda ejercer las funciones y competencias que tiene atribuidas.
Defecto 3º recurrido. Es el más interesante en la actualidad. Algunas legislaciones autonómicas determinan subespecies de suelo con especial protección donde incluso pueden no ser susceptibles de prescripción las obras realizadas. Esta R. parece optar por entender que el certificado del técnico previsto en el art. 52 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio no necesita descender al tipo de suelo concreto para excluir estos tipos especiales- a los efectos de inscribir. En el caso concreto la solución era más clara por tratarse de una obra anterior a la normativa aducida. (JFME)
Más... (Referencia BOE-A-2001-16324)
11. EJECUCIÓN HIPOTECARIA. R. 25 de julio de 2001, DGRN. BOE del 21 de agosto. RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Francisco B. Moreno Grustan, como Administrador único de "Palafunza, Sociedad Limitada" contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Madrid, número 2, don Francisco Borruel Otín, a inscribir un testimonio de auto de adjudicación, en virtud de apelación del recurrente.
Constituida una hipoteca sobre tres fincas, se presenta en el Registro de la Propiedad testimonio del Auto de adjudicación de una de ellas, recaído en un procedimiento judicial sumario de ejecución hipotecaria. El Registrador exige que se hagan constar las cantidades adeudadas a la interposición de la demanda con desglose por finca entre principal, intereses, costas y gastos puesto que cada uno de ellos está garantizado respecto de terceros, hasta una cantidad máxima, y sin perjuicio del posible aumento a la finalización del procedimiento, por razón de intereses y costas y gastos que resulte de la liquidación final practicada en los autos. La DG revoca el defecto en la línea de la R. 11 de febrero de 1998, porque la cuestión planteada no afecta a la eficacia de la enajenación sino que se contrae al destino del precio obtenido en el remate, lo que obstaculizaría únicamente, en su caso, la actuación registral cancelatoria, pero no la de la inscripción de la adjudicación alcanzada. (JFME)
Más... (Referencia BOE-A-2001-16325)
12. REANUDACIÓN DE TRACTO INTERRUMPIDO. R. 27 de julio de 2001, DGRN. BOE del 21 de agosto. RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Ángel Pariente Soto y otros, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Pinto, don Francisco Javier Die Lamana, a inscribir un testimonio de auto recaído en expediente de dominio, en virtud de apelación de los recurrentes.
Se ratifica el criterio de anteriores RR. de que no cabe utilizar el expediente de dominio para la reanudación del tracto sucesivo interrumpido con el fin de inscribir un inmueble a favor de personas que son herederas del titular registral. Independientemente de la claridad del caso debatido, la DG orienta en el sentido de que ha de aplicarse en general una interpretación restrictiva de las normas relativas al expediente de reanudación de tracto y en especial de las que definen la propia hipótesis de interrupción de tracto, de modo que sólo cuando efectivamente concurra esta hipótesis, y resulte así del Auto calificado, puede accederse a la inscripción. (JFME)
Más... (Referencia BOE-A-2001-16327)
13. CANCELACIÓN DE CARGAS CON ANOTACIÓN CADUCADA. R. 28 de julio de 2001, DGRN. BOE del 21 de agosto. RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Juan Carlos Gutiérrez González, contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de La Vecilla, doña Ana Julia Marlasca Morante, a cancelar determinadas cargas, en virtud de apelación del recurrente.
Reitera la doctrina de que, caducada la anotación preventiva de embargo que garantizaba las resultas del procedimiento, no cabe cancelar las cargas posteriores a la misma en virtud de mandamiento ordenado por el Juez de dicho procedimiento al haber ganado preferencia. (JFME)
Más... (Referencia BOE-A-2001-16328)
14. PACTO DE responsabilidad POR interés INDETERMINADO. R. de 25 de junio de 2001. B. O. E. de 21 de agosto de 2001. RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Zaragoza, don José María Badía Gascó, contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de dicha ciudad, número 5, doña Carmen Betegón Sanz, a inscribir una escritura de préstamo hipotecario, en virtud de apelación del recurrente.
Se plantea si es posible interpretar una cláusula que pretende determinar la responsabilidad hipotecaria por intereses de demora de un préstamo especificando solo el número de anualidades (tres) y el tipo máximo del interés (13 por 100), en el sentido de que la base de cálculo es el capital del préstamo, para salvarla del defecto de indeterminación. La DGRN responde afirmativamente revocando la nota de la registradora.
La extensión de la garantía se ha de dar a conocer por datos numéricos (Resolución de 29 de octubre de 1984), y, por otra parte, no puede el Registrador modificar los términos del contrato (Resolución de 6 de marzo de 1997), ni integrarlo o configurarlo en todos sus aspectos (Resolución de 30 de junio de 1987); lo que no es equiparable a la interpretación, que debe realizarse en todo caso, y, salvo que se exija la constancia expresa en el título de cierta circunstancia o dato esencial para la valida constitución de la relación o derecho de que se trate (cfr, por ejemplo, artículo 54 Reglamento Hipotecario sobre determinación de cuotas de los condóminos) será posible inducir tal circunstancia o dato en caso de omisión expresa, aplicando las pautas del Código Civil sobre interpretación de los negocios.
La determinación de la responsabilidad hipotecaria es un pacto negocial susceptible de interpretación como los demás, ya que no exige la ley que se fije numéricamente una cifra sino sólo que se determine'' dentro del límite admisible, tratándose de cobertura de intereses ordinarios o de demora, y la determinación que resulte es imputable a la voluntad de las partes, aunque surja solo del empleo del criterio objetivo de atribución del sentido mas favorable al pacto para que surta efectos el contrato, de acuerdo con su naturaleza.
Tras descartar otros criterios, entiende la DGRN que habrá que optar forzosamente por la interpretación mas conforme a la naturaleza del negocio para que éste produzca efectos, (artículo 1285 Código Civil), y así, al delimitarse la cuantía de los intereses moratorios asegurados mediante la consignación de un número de años y de un tipo máximo, sin expresar sobre qué se computan, y dado que la obligación de pago de intereses de demora sobre ser eventual incurre en anatocismo, no pueden haberse referido útilmente a ésta obligación como base de cálculo, sino, mas bien a la obligación de pago del capital, que surge ya, y nada impide que como ordinariamente ocurrirá, salvo que claramente resulte lo contrario se tome como base para la determinación de la cobertura hipotecaria máxima de los intereses de demora, habida cuenta, además, de la evidente conexión mas que causal de accesoriedad entre el aseguramiento hipotecario de los intereses moratorios y el del principal e intereses ordinarios, todo ello dentro del único derecho real de hipoteca constituido, inscribible en único asiento, con único rango. (CB)
Más... (Referencia BOE-A-2001-16300)
15. ANOTACIÓN CAducADA Y mANDAMIENTO CANCELATORIO. R. de 26 de junio de 2001. B. O. E. de 21 de agosto de 2001. RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Leoncio Expósito Hernández, como Presidente de la entidad "Desarrollos Alimentarios, Sociedad Anónima", contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de Fuenlabrada, número 2, doña Carmen de Grado Sanz, a cancelar determinadas cargas en virtud de apelación del recurrente.
Se plantea la eficacia cancelatoria de un mandamiento dictado en juicio ejecutivo respecto de los asientos posteriores a la anotación preventiva del embargo acordado, habida cuenta que al tiempo de su presentación en el Registro de la Propiedad, estaba ya caducada la citada anotación. La DGRN resuelve en sentido negativo, confirmando la nota de la registradora.
Es doctrina reiterada de la DGRN que la caducidad de las anotaciones ordenadas judicialmente opera 'ipso jure'', una vez agotado el plazo de cuatro años de su vigencia, sin haber sido prorrogadas (cfr. artículo 86 de la Ley Hipotecaria), careciendo desde entonces de todo efecto jurídico, de modo que los asientos posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la restricción o limitación que para ellos implicaba aquella anotación, y no podrán ser ya cancelados en virtud de un título, el mandamiento que, sólo puede provocar la cancelación respecto de los asientos no preferentes al que se practicó en el propio procedimiento de que dimana.
La argumentación del recurrente de que, al constar al margen de la anotación caducada la nota de expedición de la certificación de cargas aquella ha de considerarse vigente, carece de todo fundamento, pues ningún precepto establece tal eficacia de dicha nota, la cual tiene carácter accesorio con respecto a la anotación, carece de autonomía propia y ha de entenderse cancelada al mismo tiempo que aquella. (CB)
Más... (Referencia BOE-A-2001-16301)
16. ANOTACIÓN DE DEMANDA. R. de 27 de junio de 2001. B. O. E. de 21 de agosto de 2001. RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2001 de la Dirección General de los Registros y del Notariado en el recurso gubernativo interpuesto por doña Gregoria Francisca Ontiveros de la Higuera, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Granada, número 5, don Francisco García de Viedma, a practicar una anotación preventiva de demanda, en virtud de apelación del recurrente.
Los dueños de una tercera parte indivisa de una finca ceden la misma a un tercero a cambio de la futura entrega de determinados pisos a construir. El cesionario no inscribe la cesión. Interpuesta por los cedentes acción de resolución del contrato por incumplimiento del cesionario, se ordena la anotación preventiva de la demanda, de conformidad con lo solicitado. En la demanda se solicita la anotación preventiva 'para el supuesto de que estuviera inscrita la finca' a nombre del demandado. El Registrador suspende, aparte de por otro defecto no recurrido, por el de hallarse la tercera parte indivisa de finca objeto de la demanda inscrita a favor de los demandantes. Los demandantes recurren la suspensión, La DGRN confirma la nota del registrador ya que el mandamiento que ordena la anotación expresa que se tome la misma de acuerdo con lo solicitado, y en la demanda se solicita dicho asiento para el supuesto de que estuviera inscrita la finca a favor del demandado, circunstancia que no concurre en el presente supuesto. (CB)
Más... (Referencia BOE-A-2001-16302)
17. REVERSIÓN Y TRACTO ABREVIADO. R. de 29 de junio de 2001. B. O. E. de 21 de agosto de 2001. RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Loja, don Pedro Antonio Vidal Pérez, contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de dicha ciudad, doña Aurora Galisteo Cano, a inscribir una escritura de compraventa, en virtud de apelación del recurrente.
Se presenta en el Registro escritura pública en que la titular registral de una finca expone que la misma fue afectada por un expediente de expropiación forzosa, y que, como consecuencia de ella, quedaron cuatro parcelas sobrantes, que describe, respecto de las cuales ejercitó y obtuvo la reversión por parte de la Administración. Acredita la reversión y la existencia de las cuatro parcelas acompañando el expediente de dicha reversión y vende dichas cuatro fincas a otra persona. La registradora suspende por falta de inscripción de la expropiación forzosa, y, con ella, del derecho de reversión. La DGRN revoca la nota.
Se argumenta por la DGRN que de la documentación aportada-que consta de planos oficiales de las fincas resultantes- resulta la esencia de todo el expediente expropiatorio - que podrá hacerse constar en el Registro mediante el mecanismo del tracto abreviado-, así como las parcelas sobrantes de la expropiación y que fueron el objeto de la reversión, y las resoluciones administrativas que dieron lugar a ésta, por lo que ningún obstáculo existe para poder inscribir las parcelas objeto de la venta. (CB)
Más... (Referencia BOE-A-2001-16303)
18. INSCRIPCIÓN DE NULIDAD DE UN TÍTULO. R. 3 de julio de 2001. BOE. de 21 de agosto de 2001. RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Emilio González Beltrán y otros, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Madrid, número 18, don Ángel Badía Salillas, a inscribir un testimonio de sentencia, en virtud de apelación de la recurrente.
Se plantea si procede hacer constar en el Registro la nulidad de un título que provocó una inscripción, cuando el dominio que publica dicha inscripción figura transmitido por venta en la inscripción siguiente. La DGRN opta por la negativa.
Es evidente en el caso debatido, y así lo reconocen los recurrentes, que los asientos posteriores que traen causa de una inscripción cuyo título determinante ha sido declarado nulo, no pueden ser cancelados como consecuencia de un procedimiento en el que no han intervenido los titulares respectivos
Si bien la idea de una información registral más precisa, pudiera llevar a la solución positiva al recurso, en el sentido de admitir la inscripción, no puede desconocerse que, siendo el Registro una institución de protección del tráfico, y, por tanto, una institución a favor de terceros, solo tiene sentido la inscripción de actos de trascendencia real actual (cfr. artículos 1 y 2 de la Ley Hipotecaria), máxime cuando se proclama que las inscripciones se extinguen frente a terceros por la transferencia del derecho inscrito (cfr. artículo 76 de la Ley Hipotecaria). Si a ello se une la confusión que ello provocaría indudablemente, así como la inadecuación de las normas que regulan la mecánica registral (el mismo espacio de los folios), al reflejo de negocios o actos de puro alcance histórico, habrá de convenirse en la conveniencia de la solución negativa. (CB)
Más... (Referencia BOE-A-2001-16306)
19. HIPOTECA EN GARANTÍA DE UNA CUENTA CORRIENTE. R. 4 de julio de 2001. BOE 21/08/2001. RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Fuenlabrada, don Javier López-Polín Méndez de Vigo, frente a la negativa de la Registradora de la Propiedad número 2 de Getafe, doña Mercedes Rajoy Brey, a inscribir una hipoteca en garantía de una cuenta corriente de crédito en virtud de apelación del recurrente.
La Registradora entiende que se produce contradicción entre el pacto por el que se conviene que los intereses, tanto ordinarios como moratorios, devengados por el crédito se adeuden en la cuenta abierta al efecto, y aquél por el que a la hora de constituir la garantía hipotecaria se extiende la misma, aparte de al saldo resultante de la liquidación hasta el máximo del crédito concedido, a otra cantidad adicional por el eventual exceso que pudiera producirse al cerrar la cuenta y adeudar en ella la partida de intereses que correspondieran.
La DGRN revoca el defecto, diciendo (reitera resoluciones anteriores) que la atipicidad del contrato de apertura de crédito en cuenta corriente permite un amplio juego a la autonomía de la voluntad de las partes de suerte que, en lo que a los intereses se refiere, tanto puede convenirse que los mismos se contabilicen como una partida más de adeudo en la cuenta, perdiendo así su exigibilidad aislada, como que se configuren como créditos independientes, aunque accesorios del principal. En consecuencia, no puede rechazarse la posibilidad de que se convenga expresamente una garantía diferenciada para los mismos que respete las exigencias de determinación que impone el artículo 12 de la Ley Hipotecaria.
Segundo defecto: La DG dice que las exigencias del artículo 153 sobre notificación fehaciente al deudor, aparte del saldo de liquidación, de un extracto de la cuenta, así como la posibilidad por parte del mismo de oponer error o falsedad y el modo de proceder en tales casos, serán de inexcusable observancia aunque no se recojan en el pacto correspondiente dado el carácter de ius cogens de dichos trámites procedimentales. Por tanto, no es defecto que no se recojan expresamente en dicho pacto en la escritura. (JDR)
Más... (Referencia BOE-A-2001-16307)
20. EXPEDIENTE DE DOMINIO ¿PARA INMATRICULACIÓN O PARA REANUDAR TRACTO? R. 5 de julio de 2001. BOE 21/8/2001. RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Mateo Gordillo Rodríguez y esposa, contra la negativa de don José Manuel Muñoz Roncero, Registrador de la Propiedad número 1 de Puerto del Rosario a inscribir un testimonio de auto recaído en expediente de dominio, en virtud de apelación del recurrente.
La única cuestión que plantea el presente recurso es la de si, tramitado un expediente de dominio para la inmatriculación de una porción indivisa de una finca, el auto que declara justificado el dominio a favor del promotor del expediente, puede servir para reanudar el tracto sucesivo interrumpido, al estar la finca inscrita. Según la DGRN, la contestación ha de ser forzosamente negativa. El expediente de dominio para reanudar el tracto sucesivo interrumpido tiene reglas específicas que no resultan cumplidas con las correspondientes al expediente inmatriculador; es más, el trámite más importante del expediente para la reanudación del tracto viene constituido por el llamamiento al procedimiento del titular registral anterior, que, en el presente caso no consta ni siquiera haya sido citado en el expediente, por lo que el auto declarando justificado el dominio no puede tener acceso al Registro. (JDR)
Más... (Referencia BOE-A-2001-16309)
21. CANCELACIÓN DE LAS CARGAS POSTERIORES EN PROCEDIMIENTO DEL ART 131 LH. R. 6 de julio de 2001. BOE 21/8/2001. RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por "Compañía Logista de Hidrocarburos C.L.H, Sociedad Anónima", contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de Valladolid número 5, doña María José Triana Álvarez, a cancelar determinadas cargas, en virtud de apelación del recurrente.
En una hipoteca en garantía de una cuenta corriente de crédito, se estipula que los intereses remuneratorios se incorporarán a la cuenta como partidas del debe, y se constituye hipoteca para garantizar 180 millones de pesetas de principal, más otras cantidades para intereses moratorios y costas. Llegado el momento de la ejecución, se tramita el procedimiento judicial sumario por la cantidad de 184.938.465 pesetas incluyéndose en ella el principal, los intereses remuneratorios, y otras cantidades en concepto de intereses moratorios y costas. la finca se adjudica en subasta por un valor inferior al total reclamado pero superior a la cantidad garantizada por principal.
La registradora inscribe la adjudicación y cancela la hipoteca ejecutada, pero deniega la cancelación de las cargas posteriores por haberse realizado el procedimiento por una cantidad superior a la garantizada por principal.
El Presidente del Tribunal Superior estimó el recurso por entender, con el Juez que siguió el procedimiento, que, como el importe del remate fue inferior al total adeudado, se han cumplido todos los requisitos legales. La Registradora apeló el auto presidencial. La DG estima su recurso y confirma la calificación registral diciendo que  Si no se desglosan las cantidades reclamadas en los distintos conceptos (en este caso habrá que desglosar del principal las reclamadas en razón de intereses moratorios y costas), al objeto de que el Registrador pueda comprobar que en ninguno de los conceptos se ha sobrepasado la cantidad asegurada, si bien se puede practicar la inscripción de la adjudicación (cfr. Resolución de 11 de febrero de 1998), no se puede acceder a la cancelación de las cargas posteriores, ya que, para que pueda realizarse tal cancelación es preciso que la cantidad sobrante (y en ella se ha de incluir la que sobrepase cada una de las cantidades máximas garantizadas), se haya puesto a disposición de los titulares de tales derechos. (JDR)
Más... (Referencia BOE-A-2001-16311)
22. REANUDACIÓN DEL TRACTO INTERRUMPIDO. R. 7 de julio de 2001, DGRN. BOE del 21 de agosto. RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por doña María Sáez Hernández, contra la negativa del Registrador de la Propiedad número 12 de Valencia, don Aurelio Martín Lanzarote, a inscribir un testimonio de auto recaído en expediente de dominio, en virtud de apelación del recurrente.
CUESTION DEBATIDA: Si en expediente de dominio para la reanudación del tracto sucesivo en el que la inscripción anterior tiene menos de treinta años de antigüedad, es preciso que conste la forma en que se han hecho las notificaciones al titular anterior.
DIRECCION GENERAL: Ex. art. 202 de Ley Hipotecaria, el expediente tiene que expresar la forma en que se han realizado tales notificaciones, al efecto de que el Registrador compruebe que se han respetado, para dicho titular, las garantías establecidas para su protección. La calificación registral de los documentos judiciales se extiende a la observancia de los trámites legalmente establecidos para evitar la indefensión del titular registral. (MDGA)
Más... (Referencia BOE-A-2001-16313)
23. DOMICILIO EN HIPOTECAS. R. 9 de julio de 2001, DGRN. BOE del 21 de agosto. RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de A Coruña, don José Manuel Lois Puente, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Betanzos, don Antonio Gelabert González, a inscribir una escritura de hipoteca en virtud de apelación del recurrente.
CUESTION DEBATIDA: Hipotecadas siete fincas en garantía de un préstamo destinado a su construcción, se discute si es posible a los efectos del artículo 130 de la Ley Hipotecaria, fijar como domicilio para requerimientos y notificaciones las mismas fincas hipotecadas.
La DIRECCION GENERAL reiterando el criterio aperturista de las resoluciones de 5 de septiembre de 1998 y 7 de febrero de 2001 lo admite señalando que tratándose de una hipoteca constituida sobre varias fincas entre las que se distribuye la responsabilidad hipotecaria, ha de tenerse en cuenta que no cabe la ejecución conjunta sobre todas ellas, sino que habrán de ser ejecutadas como fincas diferentes (cfr.artículos 119 a 123 de la Ley Hipotecaria y Resolución de 24 de octubre de 2000), por lo que no debe haber inconveniente en señalar como domicilio la respectiva finca que haya de ser objeto de la ejecución, máxime si se tiene en presente que, de este modo, en los casos como el ahora debatido, en que se constituye la hipoteca inicialmente por una sola persona- el promotor- se puede legítimamente pretender que sean innecesario modificar dicho domicilio una vez que sean transmitidas posteriormente cada una de las múltiples fincas hipotecadas a personas distintas que asuman la deuda respectiva y se subroguen en la responsabilidad hipotecaria correspondiente. (MDGA)
Más... (Referencia BOE-A-2001-16314)
24. *HIPOTECA FLOTANTE. R. 10 de julio de 2001, DGRN. BOE del 21 de agosto. RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Madrid, don José Periel García, contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de Madrid número 26, doña María Purificación García Herguedas, a inscribir una hipoteca de máximo, en virtud de apelación del recurrente.
SUPUESTO DE HECHO: Se pretende la constitución de hipoteca en garantía del saldo de una "cuenta especial de crédito con finalidad liquidatoria número..., por un límite máximo de veinticinco millones de pesetas en la que únicamente podrán ser cargadas las partidas que en la propia escritura se determinen.
DIRECCION GENERAL: Rechaza su inscripción por constituir una hipoteca flotante, reiterando argumentos ya expresados en Resoluciones anteriores: 27 de septiembre de 2000; 6 de noviembre de 1999; 27 de julio de 1999; 7 de junio de 1999; 24 de julio de 1998, 6 de junio de 1998, entre otras; Se resume brevemente los argumentos:
1).-El principio de especialidad exige la concreta y exacta determinación de la obligación asegurada y cuya existencia puede ser futura, supuesto en que habrá de identificarse la concreta relación jurídica de lo que deberá la obligación asegurar.
2).-La simple reunión contable de las diversas operaciones de crédito existentes entre dos personas carece de virtualidad suficiente para provocar la simple reunión contable de las diversas operaciones de crédito existentes entre dos personas, carece de virtualidad para provocar el nacimiento de una obligación sustantiva e independiente por el saldo resultante, éste representa únicamente la posición global acreedora o deudora de cada parte y su realización sólo procederá a través del ejercicio individual de cada una de las relaciones jurídicas comprendidas, cuya autonomía y régimen jurídico específico se mantienen inalterados sin más correcciones que las debidas al juego compensatorio. Solamente cuando la cuenta bancaria aparece como instrumento contable de una relación contractual, ya de apertura de crédito ya de cuenta corriente, deviene exigible el saldo resultante de modo autónomo, con independencia de la causa concreta de los cargos o de los abonos efectuados en aquélla. (MDGA)
Más... (Referencia BOE-A-2001-16315)
25. CARGA OLVIDADA EN EL ARRASTRE. R. 12 de julio de 2001, DGRN. BOE del 21 de agosto. RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por doña Emilia Bustillo Millán y don Ignacio Bravo Bustillo, contra la negativa del Registrador de la Propiedad interino por jubilación, de Las Rozas, don Francisco Villanueva Castellano, a inscribir determinada sentencia, en virtud de apelación de los recurrentes.
Son circunstancias fácticas relevantes:
Se practica 1ª inscripción de dominio con una limitación fideicomisaria. En las posteriores inscripciones se expresa que la finca consta libre de cargas, sin consignar la limitación fideicomisaria que tenía anteriormente. Posteriormente se agrupa dicha finca a otra. Más tarde se practica anotación de demanda. Mediante dicha demandase pretende que se declare la rectificación del Registro para que en los asientos correspondientes se consigne expresamente, como carga, la existencia 'del fideicomiso condicional instituido, que operará, en su caso, como condición resolutoria. La anotación de demanda fue cancelada, ex artículo 86 del la Ley Hipotecaria, por haber transcurrido más de cuatro años, posteriormente se declara en vía judicial la procedencia de la rectificación del Registro.
Después de acceder al Registro determinadas transmisiones del dominio y otros derechos relativos a la finca resultante de la agrupación, se presenta mandamiento judicial por el que se ordena que, en virtud de la resolución judicial firme se proceda a hacer constar la sustitución fideicomisaria condicional, a modo de carga.
El Registrador denegó la inscripción ordenada en el mandamiento judicial porque está ya caducada la anotación de demanda en su día practicada y porque todas las fincas procedentes de la primitiva finca figuran inscritas a nombre de terceras personas, sin que ninguna de ellas haya sido parte en las actuaciones judiciales.
DIRECCION GENERAL: Si se tiene en cuenta que la referida limitación fideicomisaria consta en un asiento que ha de producir sus efectos conforme al artículo 1 de la Ley Hipotecaria, el error sobre el que se debate en el presente recurso se trata de uno de los denominados errores de concepto, cometido en determinados asientos posteriores por la apreciación equivocada de los datos obrantes en el propio Registro, y que resulta claramente de tales asientos, por lo que procede la rectificación de tal error en los términos expresados en la mencionada Sentencia, sin necesidad de consentimiento de los titulares de derechos posteriores que, forzosamente, han de quedar afectados. (MDGA)
Más... (Referencia BOE-A-2001-16316)
26. DEPÓSITO DE CUENTAS: INFORME DE AUDITORÍA. R. 3 de julio de 2001, DGRN. BOE del 8 de agosto. RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el expediente sobre depósito de las cuentas anuales de "Distribución de Sistemas y Consulting Informático, Sociedad Limitada".
La sociedad aporta con las cuentas un informe que la DGRN estima que no es de auditoría. El artículo 205.2 de la Ley de Sociedades Anónimas reconoce a los socios minoritarios el derecho al nombramiento de un auditor para que verifique las cuentas anuales de determinado ejercicio económico y exige posteriormente en el artículo 218 la presentación de su informe para tener por efectuado el depósito. Dicho informe ha de ser de una auditoría realizada, o sea, que haya permitido comprobar si las cuentas anuales ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad, lo que no ocurre en el presente caso. En consecuencia, no han sido presentados todos los documentos que el citado artículo 366 del Reglamento del Registro Mercantil exige.
Más... (Referencia BOE-A-2001-15632)
27. DEPÓSITO DE CUENTAS: REGISTRO CERRADO. R. 4 de julio de 2001, DGRN. BOE del 8 de agosto. RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre depósito de las cuentas anuales de "Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba del Puerto de Marín, Sociedad Anónima".
Se deniega el depósito de las cuentas anuales de los ejercicios 1998 y 1999 por cierre del Registro debido a la falta de depósito previo de las relativas a los ejercicios 1996 y 1997. El defecto se confirma porque el registrador ha de comprobar si la hoja registral está cerrada con carácter previo a la calificación de los documentos presentados.
Por otra parte, la sociedad pretende, en vez de presentar dichas cuentas, utilizar la certificación prevista en el art. 378.5 y 7 del Reglamento del Registro Mercantil para producir el levantamiento provisional del cierre registral. Pero el cierre registral es consecuencia de un incumplimiento y subsiste, por disposición legal mientras persista dicho incumplimiento. No se puede dejar al arbitrio de la sociedad el presentar o no las cuentas anuales de determinado ejercicio sustituyéndola por la certificación a que dichos apartados se refieren.
Más... (Referencia BOE-A-2001-15633)
28. *D. LEGALIZACIÓN DE LIBROS DE EMPRESARIOS. R. 26 de julio de 2001, DGRN. BOE del 21 de agosto. RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Carlos González Sainz, en nombre y representación de "Conservas Juanchu, Sociedad Limitada", frente a la negativa del Registrador mercantil de Navarra, don Joaquín Rodríguez Hernández, a legalizar determinados libros de comercio.
El primer defecto alegado para no legalizar los libros consiste en no aparecer debidamente encuadernados siendo así que se presentan a legalizar antes de comenzar a utilizarse, modalidad, a juicio del Registrador, no permitida por el artículo 27 del Código de Comercio frente al que no pueden prevalecer criterios reglamentarios. La DG considera que dicho precepto no está en contradicción con los arts. 332 y 333 del Reglamento del Registro Mercantil y admite la legalización de hojas móviles (en el caso en papel contínuo) antes de su encuadernación por importantes motivos prácticos como el no imponer la confección de asientos a mano o reducir las necesidades de legalización de libros a las pequeñas empresas.
No es preciso tampoco que se identifique a la sociedad en todas las hojas del Libro de Actas. Ello sería una garantía añadida al sistema de sellado por el Registro Mercantil, pero no está exigido ni legal ni reglamentariamente. (JFME)
Más... (Referencia BOE-A-2001-16326)
29. *CANCELACIÓN EN EL RM DE LA INSCRIPCIÓN DE UNA SOCIEDAD POR SANCIÓN DEL BANCO DE ESPAÑA. R. 4 de julio de 2001. BOE 21/08/2001. RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Banco de España, frente a la negativa del Registrador Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria don Francisco de Asís Fernández Rodríguez, a cancelar la sociedad "De Spaarkas Limited, Sociedad Limitada".
El Banco de España aplicando la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, ordena por vía de sanción la cancelación de la inscripción de una sociedad en el R.M. El registrador deniega la cancelación por no resultar del contenido de los libros del Registro la infracción cometida por la sociedad, siendo necesario a su juicio para proceder a la cancelación pretendida la correspondiente resolución judicial que determine la inexactitud o nulidad de la inscripción.
La DGRN revoca su calificación, diciendo que la calificación de documentos administrativos (por la remisión del RRM al RH) no se extiende a la validez del contenido ni a la legalidad intrínseca del acto inscribible, y ello como consecuencia necesaria de la presunción de validez y ejecutividad de que legalmente gozan los actos administrativos firmes (efe-. artículos 56 y 57 de la LRJPA). Esa legalidad será el interesado el que habrá de combatirla, en su caso, a través de los recursos habilitados al efecto. Y si tal extremo ha de quedar excluido de la calificación registral, de igual modo ha de estarlo de la revisión de que la misma puede ser objeto en sede de recurso gubernativo. (JDR)
Más... (Referencia BOE-A-2001-16308)
30. REDUCCIÓN Y SIMULTÁNEA AMPLIACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE UNA S.A. R. 5 de julio de 2001. BOE 21/8/2001. RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Fernando Hernández Díez de Tejada, en nombre y representación de "Unidad Distribuidora Uno, Sociedad Anónima", frente a la negativa del Registrador Mercantil de Badajoz don Juan Enrique Pérez Martín a inscribir el acuerdo social de reducción y simultánea ampliación del capital social de dicha entidad.
El Registrador Mercantil suspende la inscripción por varios defectos:
Primero: Considera que las publicaciones realizadas en los periódicos, tanto de la convocatoria como de los acuerdos no cumplen los requisitos exigidos por los artículos 97 y 165, respectivamente, de la Ley de Sociedades Anónimas, ya que en ninguno de los casos son de los de mayor circulación -o gran circulación en esta provincia del domicilio social. (se trataba de diarios de difusión nacional, en concreto, 'Cinco Días' y 'La Gaceta de los Negocios'). La DG revoca este defecto, diciendo que aunque no se puede negar de forma absoluta la posibilidad de que el Registrador aprecie la insuficiencia del medio de publicación empleado, no puede aceptarse que sea un juicio puramente subjetivo, su opinión sobre el particular, la que determine a efectos de inscripción registral el rechazo de las publicaciones realizadas en diarios de difusión nacional. Habrán de ser los tribunales quienes, de impugnarse por tal motivo el acto a inscribir, y a la vista de las pruebas aportadas, se pronuncien sobre tal cuestión.
El segundo defecto sí es confirmado, pero con el carácter de subsanable: En la ampliación de capital no se expresa el cumplimiento de lo establecido por el artículo 169.1, en relación con el artículo 158 de la Ley de Sociedades Anónimas, en cuanto al derecho de suscripción preferente por los accionistas que no han asistido a la Junta general.(JDR)
Más... (Referencia BOE-A-2001-16310)
31. REDUCCIÓN DE CAPITAL. R. 23 de julio de 2001 DGRN. BOE del 29 de agosto. RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por "Nueva Compañía Urbanizadora Gran Vía de Hortaleza, S. A." (en liquidación), frente a la negativa del Registrador Mercantil XII de los de Madrid, don Adolfo García Ferreiro, a inscribir un acuerdo social de reducción de capital.
Es similar a la de 22 de mayo pasado. Se reproduce lo allí dicho:
Se trata la inscripción de un acuerdo de reducción del capital social de una sociedad anónima en liquidación. El Registrador la denegó en los siguientes términos: La reducción de capital social con la finalidad de restituir o devolver aportaciones al socio único, no puede acordarse válidamente al estar la sociedad disuelta y en período de liquidación.
La DG confirma su criterio. Durante el periodo de liquidación la sociedad sobrevive, conservando su personalidad jurídica, pero sujeta a un status especial, pasando a realizar las actuaciones tendentes tan sólo a lograr determinados fines tal como resulta de la enumeración de facultades de los liquidadores contenidas en el artículo 272 de la Ley. A diferencia del régimen del Código de comercio sobre liquidación de sociedades en general, de contenido eminentemente dispositivo, el establecido en la Ley de Sociedades Anónimas tiene carácter acusadamente imperativo. La junta general se mantiene, pero sus competencias han de entenderse delimitadas por el fin a que la sociedad está abocada, de suerte que ni son omnímodas ni menos pueden contravenir normas de derecho necesario. Entre las normas a las que ha de sujetarse está el artículo 277 cuando impone que los liquidadores no podrán repartir entre los socios el patrimonio social sin que hayan sido satisfechos todos los acreedores o consignado el importe de sus créditos. Se establece por tanto un orden imperativo en la extinción de las relaciones jurídicas existentes al tiempo de la disolución de la sociedad, de suerte que habrán de serlo en primer lugar las establecidas con terceros y sólo una vez ello haya tenido lugar las correspondientes a los socios. Y esta prohibición legal de reparto anticipado ha de entenderse aplicable no sólo al que tenga lugar de modo directo, a través de anticipos a cuenta de la cuota de liquidación, sino también por vía indirecta como en el caso planteado se pretende, a través de una reducción del capital social con devolución de aportaciones. Supone, en definitiva, un reforzamiento de la posición de los acreedores superior a la que se establece para el caso de reducción de capital por cuanto no está condicionada al conocimiento por los mismos de la reducción del patrimonio social ni al ejercicio en base a tal conocimiento de un posible derecho de oposición. (JFME)
Más... (Referencia BOE-A-2001-16751)
32. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA. R. 6 de julio de 2001. BOE 21/8/2001. RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Miguel Ángel del Hoyo Velasco, Liquidador único de "Progeyco, Sociedad Anónima", en liquidación, contra la negativa del Registrador Mercantil número 3 de Madrid, don Jorge Salazar García, a inscribir una escritura de disolución y liquidación de una sociedad anónima.
Al titulo se acompañan los anuncios a los que se refiere el artículo 275 de la Ley de Sociedades Anónimas, con la particularidad de que en aquéllos se expresan las partidas del balance mediante la especificación de los apartados o epígrafes principales a que se refiere el artículo 175 de dicha Ley, sin consignar desglose alguno, pero por unas cantidades totalmente coincidentes con las que figuran en el balance unido a la escritura calificada, el cual sí se presenta desglosado..
El Registrador deniega el acceso al Registro de la referida escritura porque, según la nota de calificación no se ha publicado la totalidad del balance, como exige el artículo 275 LSA.
La DG revoca su calificación, que considera rigurosamente formalista. Dice que el balance de disolución puede ser confeccionado de forma bien simple, siempre que sirva para fijar el patrimonio social repartible, si lo hubiera, y determinar con exactitud la parte que a cada socio corresponda en el mismo, sin que, por tanto, deba ajustarse necesariamente a las normas legales sobre la formación de las cuentas anuales. Lo esencial es que determine la cuota del activo social que deberá repartirse por cada acción. Por el hecho de que se exprese un desglose más detallado de las partidas del balance incorporado a la escritura frente al más simplificado que ha sido objeto de publicación, pero con fiel correspondencia entre ambos en lo esencial, no puede estimarse que quede desvirtuada la eficacia de la aprobación y publicación del balance, ni menoscabada la garantía que dicha publicación comporta para los socios (en tanto que 'dies a quo' del cómputo del plazo de impugnación del balance -artículo 275.2 de dicha Ley-), máxime si se tiene en cuenta que en el supuesto debatido el balance final cuenta con la aprobación unánime de todos los socios. (JDR)
Más... (Referencia BOE-A-2001-16312)
VENTA A PLAZOS:
33. VENTA A PLAZOS: PRORROGA DE RESERVA DE DOMINIO. R. 18 de julio de 2001, DGRN. BOE del 21 de agosto. RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Mariano Teijeira Rodríguez, en nombre y representación de "GMAC España Sociedad Anónima de Financiación, EFC", frente a la negativa de la Registradora de Venta a Plazos de Santander doña Emilia Tapia Izquierdo a prorrogar una inscripción de reserva de dominio.
Es prueba del impago de los plazos de un contrato de venta a plazos un acta notarial en la que se solicita la prórroga de la reserva de dominio inscrita a favor de la requirente, de conformidad con lo previsto en la letra a) del artículo 24 de la Orden de 15 de noviembre de 1982, a la que se incorpora copia del contrato de financiación del que derivaba la reserva de dominio, así como certificado bancario acreditativo del impago de recibos a cargo del comprador financiado por aquel contrato. Aunque se hubieran utilizado medios electrónicos en todo el procedimiento de cobro, la certificación del banco a través del que operaba el emisor acredita que no fueron pagados unos recibos emitidos a cargo del deudor, por importes y fechas de vencimiento coincidentes con los que figuraban en el contrato, por lo que el acta notarial que la incorpora cumple las exigencias del artículo 24 a) de la citada Ordenanza. La Registradora exigía que el Notario diera fe del impago no considerando suficiente la mera incorporación de la certificación al acta. (JFME)
Más... (Referencia BOE-A-2001-16320)
34. EMBARGO DEL DERECHO DE TRASPASO. R. 14 de julio de 2001, DGRN. BOE del 21 de agosto. RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por la Tesorería de la Seguridad Social, frente a la negativa del Registrador de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Madrid, don Rafael Izquierdo Asensio, a practicar una anotación preventiva de embargo sobre un derecho de traspaso.
I.-En expediente administrativo de apremio se embargó un derecho de traspaso de local de negocio, expidiéndose mandamiento para su anotación preventiva en el registro.
Del contrato de arrendamiento fechado el 1 de enero de 1989, resultan, entre otras, las siguientes condiciones:
1) El plazo de duración del presente contrato, será de un año, a partir de la fecha de su celebración; no obstante, se entenderá tácitamente prorrogado anualmente.
2) El arrendatario no podrá subarrendar, ceder ni traspasar el local objeto de este contrato, sin la previa autorización del arrendador.
II. Presentado el mandamiento en el Registro fue denegada la anotación preventiva de embargo por que en este caso el arrendatario carece de la facultad de traspasar, lo que impide su hipoteca, conforme al artículo 19 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin desplazamiento.
DIRECCION GENERAL: Desestima el recurso señalando que al haberse celebrado el contrato de arrendamiento el 1 de enero de 1989 no hay duda que estaba sujeto, en cuanto a su duración, a lo establecido en el artículo 9.° del Real Decreto Ley 2/1985, de 30 de abril, o sea, que la misma sería la libremente estipulada, sin aplicación forzosa del régimen de prórroga establecido en el artículo 57 de la Ley entonces vigente, y sin perjuicio de la tácita reconducción prevista en el artículo 1.566 del Código Civil. Y cual sea en este caso la duración pactada se torna en elemento fundamental pues, de estar subsistente el contrato a la entrada en vigor de la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos de 24 de noviembre de 1994, la relación arrendaticia quedaría sujeta, salvo en lo referente a su duración, al régimen de la Ley de 1964, en tanto que de encontrarse aquél dentro de un plazo de tácita reconducción, habría pasado a quedar sujeto al de la nueva Ley. De los términos del contrato concluye la Dirección General que éste estaba sujeto a renovaciones periódicas a falta de oposición a que las mismas tengan lugar, quedando por tanto sujeto a la Ley de 24 de noviembre de 1994, con arreglo a la cual, el arrendatario carece de la facultad de traspaso. (MDGA)
Más... (Referencia BOE-A-2001-16317)
35. CONTRATO DE PRÉSTAMO DE FINANCIACIÓN A COMPRADOR DE UN VEHÍCULO. R. 16 de julio de 2001, DGRN. BOE del 21 de agosto.
RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Enrique Gasent Alonso, en representación de "Banque PSA Finance Holding, Sucursal en España", frente a la negativa del Registrador de Bienes Muebles de Navarra, don Joaquín Rodríguez Hernández, a inscribir un contrato de préstamo de financiación a comprador.
Señala la DIRECCION GENERAL que con arreglo al artículo 7.8 de la Ley de 13 de julio de 1998 las comisiones exigidas por el concedente del crédito son un elemento a añadir para integrar el total coste de la operación para el prestatario y como tal habrán de constar en el contrato pero entiende a diferencia del Registrador que cuando este gasto suplementario se satisfaga al contado no ha de sumarse para obtener la cantidad que como importe total del préstamo ha de reflejarse en el contrato, y a continuación, deducirse a la hora de consignar cual sea la suma por la que el prestatario se reconoce deudor, por cuanto que no hay norma que así lo imponga. (MDGA)
Más... (Referencia BOE-A-2001-16318)