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Timestamp: 2018-11-18 14:38:43
Document Index: 174059929

Matched Legal Cases: ['artículo 32', 'artículo 413', 'e contrario', 'e contrario', 'e contrario', 'e contrario', 'artículo 23', 'artículo 653', 'artículo 653', 'e contrario', 'e contrario']

﻿ SENTENCIA SP6552-2016/42654 DE MAYO 18 DE 2016
SENTENCIA SP6552-2016 DE 18 DE MAYO DE 2016
CONTENIDO:CARACTERÍSTICAS DE LOS TÍTULOS VALORES. UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS TÍTULOS VALORES SE CONCRETA EN QUE ESTÁN DESTINADOS A CIRCULAR, Y EN DICHA FINALIDAD, ES NECESARIO ENDOSARLO PARA QUE PUEDA SER TRANSMITIDO DE UN TITULAR A OTRO, MOTIVO POR EL CUAL SE ENTIENDE QUE EL ENDOSO ES UNA CLÁUSULA ACCESORIA E INSEPARABLE DEL TÍTULO VALOR, EN VIRTUD DE LA CUAL EL ACREEDOR CAMBIARIO PONE A OTRO EN SU LUGAR, TRANSFIRIENDO EL DERECHO SOBRE EL MISMO DE MANERA LIMITADA O ILIMITADA. EN TALES CONDICIONES, ES VIABLE CONCLUIR QUE LA NATURALEZA JURÍDICA DEL ENDOSO ES PRECISAMENTE LA TRANSFERENCIA DE DERECHOS EN FORMA ORIGINARIA Y AUTÓNOMA, MEDIANTE LO CUAL EL ENDOSANTE GARANTIZA SU ACEPTACIÓN Y SE LEGITIMA AL ENDOSATARIO COMO ACREEDOR CAMBIARIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:TÍTULO VALOR, ENDOSO, CLASES DE ENDOSO, TRADICIÓN, PREVARICATO POR ACCIÓN
Sentencia SP6552-2016 de mayo 18 de 2016
Rad.: 42654
De conformidad con lo previsto en el artículo 32, numeral 3º, de la Ley 906 de 2004, la Sala es competente para resolver este asunto, por tratarse de la impugnación de una decisión adoptada en primera instancia por un tribunal superior de distrito judicial.
En tal orden de ideas, corresponde a la Sala en esta oportunidad abordar los siguientes temas y con ello resolver los problemas jurídicos propuestos por el defensor en el escrito mediante el cual sustentó el recurso de apelación:
i) la estructura del delito de prevaricato y los elementos constitutivos del tipo; y
ii) establecer si la decisión proferida por el acusado fue “manifiestamente ilegal” y en consecuencia determinar la tipicidad de la conducta por él desplegada.
1. Así, en cuanto se refiere al primer aspecto, se tiene que el delito de prevaricato por acción de que trata el artículo 413 de la Ley 599 de 2000, señala que el “[…] servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley […]” incurrirá en pena de prisión, multa e inhabilitación de derechos y funciones públicas. El tipo objetivo, por consiguiente, se refiere a un sujeto activo calificado “servidor público”, un verbo rector “proferir” y dos ingredientes normativos: “dictamen, resolución o concepto”, por un lado, y “manifiestamente contrario a la ley”, por el otro.
Acorde con la reiterada jurisprudencia de esta Sala, el ingrediente normativo “manifiestamente contrario a la ley” que exige el tipo penal de prevaricato para su estructuración, hace relación a las decisiones que sin razonamiento o con amplitud de expresiones inatendibles brindan conclusiones distintas a lo que dejan ver las pruebas o que impone el ordenamiento jurídico en la resolución del caso, revelando la arbitrariedad de la providencia, con lo cual afecta tanto la credibilidad y la recta y objetiva administración de justicia, como el correcto funcionamiento del sistema jurídico.
Ha insistido la Sala que el análisis de la contradicción de lo decidido con la ley no solo contempla la valoración de los fundamentos jurídicos que el servidor público expone en el acto judicial, sino también el de las circunstancias concretas bajo las cuales la adoptó, así como de los elementos de juicio con los que contaba al momento de proferir la decisión, de tal forma que la contrariedad sea notoria, objetiva y grosera.
Es decir que la determinación adoptada, en este caso un auto, debe ser ostensiblemente contrario al ordenamiento jurídico, de manera tal que su contenido torne notoria sin mayor dificultad la ausencia de fundamento fáctico y jurídico, así como su contradicción con la normatividad, rompiendo abruptamente la sujeción que deben los funcionarios judiciales al texto de la ley, de conformidad con el imperio de la misma que consagra el artículo 23 de la Carta Política.
Tal ocurre, por ejemplo, cuando las decisiones se sustraen sin argumento alguno al contenido de preceptos legales claros y precisos, o si los planteamientos invocados para ello no resultan de manera razonable atendibles en el ámbito jurídico, verbi gratia, por responder a una palmaria motivación sofística, grotescamente ajena a los medios de convicción, o por tratarse de una interpretación contraria al nítido texto legal.
Con un tal proceder debe advertirse la arbitrariedad y capricho del servidor público que adopta la decisión, esto es, su intención de contrariar el ordenamiento jurídico, sin que, desde luego, puedan tildarse de prevaricadoras las providencias por el único hecho de exponer un criterio diverso o novedoso y, de manera especial, cuando abordan temáticas complejas o se trata de la aplicación de preceptos ambiguos, susceptibles de análisis y opiniones disímiles.
Es así que la emisión de una providencia “manifiestamente contraria a la ley” solamente es compatible con un conocimiento y voluntad intencionada en el caso concreto de decidir de manera contraria al ordenamiento jurídico, propósito que no puede ser desentrañado a través de intrincadas elucubraciones, tiene que ser evidente, grosero y advertible de inmediato en relación con el problema jurídico identificado por el funcionario judicial en el momento en cuya conducta se juzga y no a posteriori.
Por contraste, todas las decisiones respecto de las cuales quepa discusión sobre su acierto o legalidad, las diferencias de criterio, interpretaciones o equivocaciones despojadas de ánimo corrupto, no pueden ser objeto de reproche penal, lo cual significa entonces que frente al delito de prevaricato los errores judiciales desprovistos de cualquier intencionalidad maliciosa escapan a su ámbito, porque no se trata de hacer un juicio de acierto a la providencia respectiva sino de legalidad.
En conclusión, la valoración acerca del carácter manifiestamente ilegal del dictamen, resolución o concepto debe hacerse ubicándose en el momento histórico en el que el servidor público emite el acto reprochado y tal análisis puede comprender además de un problema jurídico, uno fáctico, es decir, que no solo concierne a groseras o caprichosas discordancias con la ley, sino también a apreciaciones probatorias sesgadas u opuestas a la realidad de los hechos, que propenden por otorgar una apariencia de adecuada motivación a lo que, en últimas, constituye un pronunciamiento injusto en dicho aspecto.
La determinación respecto de la cual el tribunal de primera instancia encuentra configurado el delito de prevaricato por acción, es el auto del 5 de abril de 2010, por cuyo medio el doctor H.A. en su condición de Juez Promiscuo Municipal de Bosconia, inadmitió la demanda ejecutiva singular de mínima cuantía, por considerar que el título ejecutivo presentado no había sido endosado, sino dado en traspaso en propiedad, sin cumplir con el requisito de que trata el artículo 653 del Código de Comercio, en concordancia con los artículos 651 y 652 del Código de Procedimiento Civil, y además, porque no se especificaba con claridad la parte demandada.
Por su parte, la defensa considera que su representado no infringió la ley porque el tema sometido a su consideración no era claro; no existe además contradicción evidente entre la decisión y el ordenamiento jurídico; y no actuó con la intención de contradecir la ley, pues la decisión fue producto de la facultad interpretativa deferida a los operadores jurídicos.
En relación con el tema, se tiene que una de las características de los títulos valores se concreta en que están destinados a circular, y en dicha finalidad, es necesario endosarlo para que pueda ser transmitido de un titular a otro, motivo por el cual se entiende que el endoso es una cláusula accesoria e inseparable del título valor, en virtud de la cual el acreedor cambiario pone a otro en su lugar, transfiriendo el derecho sobre el mismo de manera limitada o ilimitada.
En tales condiciones, es viable concluir que la naturaleza jurídica del endoso es precisamente la transferencia de derechos en forma originaria y autónoma, mediante lo cual el endosante garantiza su aceptación y se legitima al endosatario como acreedor cambiario.
El más generalizado es el denominado endoso en propiedad, a través del cual se transmite la propiedad del título y todos los derechos que el documento representa, a diferencia del endoso al cobro o en procuración, en que el endosante pone a un endosatario en su lugar, pero sin derechos plenos, ya que simplemente le encarga la gestión de cobranza del título; o del endoso en prenda, en que tampoco le transfiere la propiedad, sino solo los poderes y facultades de un endosatario al cobro y el derecho real de prenda sobre el título, es decir que se trata de un acreedor real con poderes y facultades de un endosatario al cobro.
Acorde con lo anterior, se tiene que el endoso es un requisito para la tradición, para la negociación o la trasferencia del título, en cuanto se trata de un requisito indispensable para poderlo negociar con efectos cambiarios y, por consiguiente, si se omiten las exigencias para su circulación o se hace una negociación anómala o impropia, esa circulación no produce efectos cambiarios. Entonces para que la negociación sea eficaz desde ese punto de vista, es indispensable, en tratándose de títulos valores a la orden y nominativos, que medie el endoso.
El endoso, además, cumple con una función de garantía, porque todo endosante por el hecho de endosar se compromete al pago del título frente a los tenedores posteriores, lo cual conduce a afirmar que entre más circulación exista, m[á]s patrimonios obligados al pago existirán. La única posibilidad que existe de librarse de esa responsabilidad, es que al endosar se haga la salvedad de que no compromete su responsabilidad, según sucede cuando se endosa sin responsabilidad o empleando otra expresión equivalente donde indique que el endosante actúa como un simple transmisor, pero sin asumir las consecuencias del endoso.
También cumple el endoso con una función legitimadora, porque el adquirente de un título valor a la orden, para que pueda ser tenido como dueño o titular, debe exhibir el título precedido de una cadena de endosos, que no tengan solución de continuidad, es decir, que sea ininterrumpida.
Ahora bien, para que el endoso produzca efectos cambiarios, es necesario que cumpla con determinadas exigencias, que se concretan a lo siguiente:
i) La firma del endosante, pues sin ella es inexistente, ya que toda obligación cambiaria deriva su eficacia de la firma puesta en el título.
ii) La constancia del endoso en el título o en hoja adherida al mismo, en razón a que la literalidad indica que todo aspecto fundamental o accesorio de un título valor debe constar en el título y de agotarse el espacio, en una hoja que se le adhiera.
iii) Su realización antes del vencimiento del título, pues si se produce con posterioridad al vencimiento, esa negociación subroga simplemente al adquirente en los derechos que tenía el endosante, pero se pierde la autonomía, y en consecuencia dicha negociación no produce efectos cambiarios.
De lo anterior se desprende que la verificación de la legalidad del endoso, aunque parece un asunto simple, en la práctica no lo es, pues cuando median negociaciones de este tipo, no siempre es fácil establecer cu[á]ndo un determinado evento puede tenerse como tal.
Al respecto debe tenerse en cuenta que se trata de un acto unilateral, porque el endosante, por el solo hecho de endosar, de expresar su voluntad firmando, ya materializa su consentimiento, su deseo de desprenderse del título, sin que requiera esa manifestación de voluntad de la aceptación o el consentimiento de otra persona. En otras palabras el endoso no es un contrato, es un acto del endosante.
Es igualmente incondicional, en virtud de que tiene que realizarse en forma pura y simple, ya que ni la ley, ni la doctrina en general, admiten que se le supedite a término, a plazo o a condición.
Efectuadas las anteriores precisiones, es del caso reiterar, como se indicó en acápites anteriores, que el delito de prevaricato por acción demanda la emisión de una determinación ostensiblemente contraria a la ley, esto es, que sin mayor dificultad se advierta su contradicción con la normatividad.
En tales condiciones, el auto emitido por el acusado H.A. no satisface esa exigencia, porque la decisión de inadmitir la demanda ejecutiva por considerar que el título ejecutivo presentado no había sido endosado, sino dado en traspaso en propiedad sin cumplir los requisitos del artículo 653 del Código de Comercio, en concordancia con los artículos 651 y 652 del Código de Procedimiento Civil, y además, porque no se especificaba con claridad la parte demandada, no se trata de una determinación infundada o carente de soporte.
Por el contrario, según lo señala el defensor, el texto incluido en el anverso del título valor es inusual y alejado de la práctica comercial, pues al referirse el demandante, en primer término, tanto al endoso como al traspaso en propiedad, y en segundo lugar, mencionar que el demandado S.T. tiene sociedad conyugal vigente con A.B. y es propietario de una ferretería y administrador de un hotel, sin lugar a dudas se trata de una situación extraña, sin antecedentes jurisprudenciales o doctrinales, eventualidad que puede conducir a que se confunda con otras obligaciones cambiarias, ya que la transferencia de los derechos resultantes del título no siempre es total, y por consiguiente cualquier anotación oscura puede llevar a ambigüedad o confusiones, pues una cosa es la transferencia del documento y otra diferente la atinente a los derechos incorporados en el título mismo.
Esto en cuanto solamente el endoso pleno o endoso en propiedad, transmite al endosatario todos los derechos que se derivan del título y la plena disponibilidad de los mismos, aspectos que deben quedar suficientemente claros al procederse al endoso.
En razón de lo anterior, lo cierto es que la decisión judicial objeto de estudio no constituye una afrenta manifiesta a la ley, y en consecuencia de ninguna manera puede reputarse prevaricadora la conducta del juez.
Advierte la Corte que se trata de dos perspectivas de interpretación del derecho diferentes, la que promueve la parte ejecutante en el proceso civil y la que adoptó el tribunal de primera instancia, situación que de por sí excluye la tipificación del prevaricato activo en cabeza del funcionario, por cuanto su perspectiva, lejos de ser de estilo caprichoso, se ofrece como un juicio acorde con las facultades que consagra y le otorga la ley, sin perjuicio de que la decisión bien podía ser objeto de revocación o de modificación.
Las simples diferencias de criterio respecto de un determinado punto de derecho, especialmente frente a materias que por su misma ambigüedad, como ocurre en el presente caso, admiten diversas interpretaciones u opiniones, se trata de situaciones en las que no se puede considerar la decisión judicial como propia del prevaricato, pues no puede ignorarse que en el universo jurídico suelen ser comunes las discrepancias aun en temas que aparentemente no ofrecerían dificultad alguna en su resolución.
Posiblemente la providencia cuestionada en el proceso penal no resulte acertada, por algunas de las razones aducidas por el juzgador de primer grado, pero no por ello, indefectiblemente, debe ser calificada de manifiestamente contraria a la ley, lo cual de ser aceptado, conduciría a tesis extremas, extrañas a la autonomía e independencia de los jueces, pues bastaría una razonable disparidad de criterios en la interpretación de las normas legales, para dar por estructurado el elemento normativo del tipo penal de prevaricato. Obsérvese además que la parte actora bien pudo cuestionar la determinación adoptada, o por el contrario ofrecer la claridad demandada por el juez al inadmitir la demanda, oportunidad en que se limitó a insistir en su planteamiento reiterando los aspectos ya incluidos en el título valor.
De lo anterior se infiere que en el evento examinado se presenta una inconformidad de la parte demandante con la interpretación dada por la juez, circunstancia que debe ser controvertida por los mecanismos pertinentes previstos en el ordenamiento jurídico, motivo por el cual no puede ser entendido el proceso penal como apéndice del proceso ejecutivo (civil), al punto de habilitar a que una de las partes del proceso civil formule denuncia penal contra el juez en los casos en que las decisiones al interior del proceso ejecutivo no satisfagan las aspiraciones que defiende.
Así las cosas, es necesario indicar que la actuación del procesado pudo llegar a ser equivocada, pero no constituye una decisión manifiestamente contraria a derecho y en ese sentido, la situación presentada responde a un desacuerdo con la interpretación realizada por el juez, circunstancia que descarta de plano la existencia del prevaricato, pues se reitera, el juicio que se hace a la providencia no es respecto a si es acertada o no.
En conclusión, el auto del 5 de abril de 2010, al margen del grado de acierto que contenga, no es ostensiblemente contrario a derecho; la controversia que pueda generar su expedición encuentra explicación en distintas condiciones que rodearon la decisión como son la ambigüedad que presentaba el título valor en torno a la efectividad del endoso y la plena referencia al demandado.
La ausencia del elemento normativo del tipo penal objeto de la acusación, esto es la calidad de manifiestamente contrario a derecho, desvirtúa la tipicidad objetiva y obliga a la revocatoria de la sentencia condenatoria impugnada, y proceder en su lugar a la absolución del acusado.
Ante la carencia de tipicidad de la conducta atribuida al procesado, es improcedente pronunciarse sobre la antijuridicidad y culpabilidad aducidos en el fallo de primer grado.
Respecto de la solicitud elevada por el Fiscal Tercero Delegado ante el Tribunal Superior de Valledupar en orden a que “[…] se corrija la irregular actuación del tribunal de ese distrito judicial al no conceder la prórroga del término para presentar alegatos de parte de su delegada […]”, encuentra la Sala que se trata de un aspecto que escapa a su ámbito de competencia, en cuanto la mencionada determinación fue adoptada mediante un auto que no forma parte de la sentencia condenatoria objeto de impugnación.
No sobra resaltar, además, que la decisión de prorrogar o no los términos previstos en el ordenamiento jurídico, se trata de una decisión que corresponde adoptar al funcionario competente.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por la autoridad de la ley,
1. REVOCAR la sentencia de primera instancia del 9 de octubre de 2013, mediante la cual la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Valledupar condenó a H.A. a 48 meses de prisión como autor del delito de prevaricato por acción.
2. ABSOLVER al mencionado de los cargos formulados en su contra, en su condición de Juez Promiscuo Municipal de Bosconia.