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Timestamp: 2017-03-25 05:52:37
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Matched Legal Cases: ['artículo 455', 'artículo 458', 'Artículo 576', 'Artículo 455', 'Artículo 458', 'Artículo 281', 'Artículo 217', 'Artículo 3', 'Artículo 16', 'Artículo 1303', 'Artículo 9']

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Estipulaciones no negociadas de forma individual que sean contrarias a la buena fe y que perjudiquen al consumidor, causando un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones que las partes tengan en virtud del contrato. Dichas obligaciones son nulas de pleno derecho, y se tendrán por no puestas.NULIDAD Y RETROACTIVIDAD DE CLÁUSULAS SUELO: El 21 de diciembre de 2016, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (Devolución cláusulas suelo. Sentencia TJUE C-154/15, de 21 de... Contrato de préstamo bancario y contrato de cuenta corriente Órden: Mercantil
Como es noticia, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea... Contrato de compraventa de vivienda con subrogación en préstamo hipotecario Fecha última revisión: 21/04/2016 NOTA PRELIMINAR: Este escrito se trata de una escritura de compraventa de vivienda con subrogación en préstamo hipotecario. Se trata de una vivienda libre, adquirida por persona soltera. Cuando la parte compradora se subroga en el contrato de préstamo con garantía hipotecaria sobre la vivienda, asumirá la obligación por cláusula contractual específica. El comprador retendrá en su poder y descontará la cantidad que se haya previsto obtener como principal del préstamo hipotecario, c... Carta dirigida a Entidad Bancaria solicitando la nulidad y devolución total de las cláusulas suelo. Fecha última revisión: 23/01/2017 En [CIUDAD] a [DIA] de [MES] de [ANIO]
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Resolucion de 12 de septiembre de 2005, de la Direccion General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Francisco Javier Teijeiro Vidal, notario de Mostoles, frente a la calificacion del registrador de la propiedad de San Javier n.º 2, negando la inscripcion de escritura de prestamo hipotecario. Órgano: Direccion General De Los Registros Y Del Notariado
En el recurso gubernativo interpuesto por don Francisco Javier
Teijeiro Vidal, notario de Móstoles, frente a la
calificación del señor registrador de la propiedad de
San Javier número 2, Don Santiago Laborda Peñalver,
negando la inscripción de la escritura de préstamo
hipotecario autorizada por el recurrente, con fecha de 5 de
Mediante escrito de fecha de 14 de marzo de 2005 don Francisco
Javier Teijeiro Vidal, notario de Móstoles, interpuso
gubernativo contra... RESOLUCION de 10 de abril de 2000, de la Direccion General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el «Banco de Valencia, Sociedad Anonima», contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de Valencia numero 9, doña Maria Dolores Paya y Roca de Togores, a inscribir una escritura de prestamo hipotecario, en virtud de apelacion del recurrente. Órgano: Direccion General De Los Registros Y Del Notariado
Tribunales don Javier Brotons Martínez, en nombre de
«Banco de Valencia, Sociedad Anónima» , contra
la negativa de la Registradora de la Propiedad de Valencia
número 9, doña María Dolores Payá y
Roca de Togores, a inscribir una escritura de préstamo
hipotecario, en virtud de apelación del recurrente.
I El 10 de marzo de 1995, mediante escritura otorgada ante el
Notario de Valencia, don Manuel Angel Rueda Pérez, el
... RESOLUCION de 11 de junio de 2001, de la Direccion General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el «Banco Hipotecario de España, Sociedad Anonima», contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Murcia, numero 2, don Eugenio Aguilar Amador, a inscribir una escritura de prestamo hipotecario, en virtud de apelacion del recurrente. Órgano: Direccion General De Los Registros Y Del Notariado
Orden: CivilFecha: 07 de Julio de 2015Tribunal: Juzgado de Primera Instancia - Vitoria-GasteizPonente:Trinidad Santos, Maria TeresaNúm. Sentencia: 186/2015Núm. Recurso: 218/2014Núm. Cendoj: 01059420072015100184Encabezamiento
AVENIDA GASTEIZ 18 3ª planta - C.P./PK: 01008TEL.: 945-004877FAX: 945-004827NIG PV/ IZO EAE:
Materia: DERECHO MERCANTILDemandante /
Abogado/a / Abokatua :Procurador/a /
En Vitoria-Gasteiz, a 7 de julio de 2015..Vistos por mí, Mª Teresa Trinidad Santos, Magistrada- Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Vitoria-Gasteiz, los presentes autos del Juicio Ordinario 218/14 entre partes, de una como demandante,
PRIMERO.-La Procuradora Sra. Elorza interpone en nombre y representación de
2. Se condene a la entidad demandada a restituir al actor las cantidades que hubiera cobrado en virtud de la condición nula, concretándolas provisionalmente en:a) 4.420,15 euros (hasta el 10.12.2013), por el préstamo número
b) Las demás cuantías que haya percibido desde las fechas indicadas en el apartado anterior, que deberán determinarse en fase de ejecución.c) Los intereses legales y judiciales de cada una de las cuantías que hubiera cobrado como consecuencia de la condición nula, desde la fecha en la que se abonaron hasta la fecha que sea restituida.Todo ello con imposición de costas en caso de oposición.Con posterioridad, la demandante aporta escrito que denomina de ampliación de demanda, alegando hechos que no puso de manifiesto en la demanda y actualizando a fecha 16.05.2014 la cuantía reclamada que señala en 6.898,33 euros más el interés legal.
En el acto del juicio, se oye a las partes sobre la suspensión del procedimiento y se acuerda, celebrar el acto del juicio, dar traslado a la parte demandada del escrito presentado confiriéndole un plazo para poder efectuar alegaciones y trasladar la decisión de sobre la cuestión prejudicial al momento previo al dictado de sentencia, de forma que si finalmente se acordara plantear la cuestión se dictaría el oportuno auto y si no se acordara se resolvería en sentencia.Se celebra el juicio y las partes formulan conclusiones.En el plazo conferido a la demandada, se ha presentado escrito de alegaciones en cuanto a la cuestión prejudicial propuesta por la actora.Fundamentos
PRIMERO.- La demandante ejercita acción individual de nulidad de la conocida como 'cláusula suelo' inserta en el contrato de préstamo hipotecario suscrito con la demandada, al amparo de lo dispuesto en la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (LCGC) y en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (RDL 1/2007, de 16 de noviembre).
La demandante y su esposo suscribieron el 04.02.2008 con Ipar Kutxa Rural Sociedad Cooperativa de Crédito (hoy Caja Laboral Popular SCC), y ante el Notario Juan Kutz Azqueta, escritura pública de préstamo hipotecario con el número 199 del protocolo notarial (doc. 1 de la demanda). El capital del préstamo, destinado a refinanciar deudas previas del matrimonio según el propio expositivo III de la escritura, ascendió a 205.000 euros, con un plazo máximo de amortización de 35 años, un tipo de interés fijo inicial durante los primeros seis meses del 5,100% y partir del 10.08.08 con revisión semestral, un tipo de interés resultante de adicionar al tipo básico de referencia (Euribor ) un diferencial de 0,80 puntos que podía verse reducido hasta un 0,40 en función de que el prestatario contratara una serie de productos o servicios con la prestamista en las condiciones señaladas en la cláusula adicional de la escritura. Sin embargo la variabilidad del tipo de interés se encuentra limitada por un tipo mínimo del 2,75 % y un máximo del 15 %.Concretamente, la cláusula tercera bis de la escritura establece, en su último párrafo:'
La primera cuestión que es objeto de controversia es si estamos no o no ante una condición general de la contratación, pues la demandada lo niega argumentando que ha sido negociada individualmente, que no ha sido impuesta y que forma parte del objeto principal del contrato.Para considerar la cláusula condición general de la contratación han de concurrir, según el art. 1 de la LCGC, los siguientes requisitos: a) contractualidad; b) predisposición; c) imposición; d) generalidad. En cambio es irrelevante: a) su autoría material, apariencia externa, extensión y cualesquiera otras circunstancias; b) que el adherente sea un profesional o un consumidor, porque la Ley de Condiciones General de Contratación opera para ambos y c) que otros elementos del contrato hayan sido negociados individualmente, si esta circunstancia no se da en la cláusula impugnada y la apreciación global lleva a la conclusión de que se trata de un contrato de adhesión.La
'-parágrafo 144; a) El hecho de que se refieran al objeto principal del contrato en el que están insertadas, no es obstáculo para que una cláusula contractual sea calificada como condición general de la contratación, ya que esta se definen por el proceso seguido para su inclusión en el mismo.b) El conocimiento de una cláusula -sea o no condición general o condición particular- es un requisito previo al consentimiento y es necesario para su incorporación al contrato, ya que, en otro caso, sin perjuicio de otras posibles consecuencias -singularmente para el imponente- no obligaría a ninguna de las partes.c) No excluye la naturaleza de condición general de la contratación el cumplimiento por el empresario de los deberes de información exigidos por la regulación sectorial'.'-Parágrafo 165; a) la prestación del consentimiento a una cláusula predispuesta debe calificarse como impuesta por el empresario cuando el consumidor no puede influir en su supresión o en su contenido, de tal forma que, se adhiere y consiente contratar con dicha cláusula o debe renunciar a contratar.b) No puede equipararse la negociación con la posibilidad real de escoger entre pluralidad de ofertas de contrato sometidas todas ellas a condiciones generales de contratación aunque varias de ellas procedan del mismo empresario.c) Tampoco equivale a negociación individual susceptible de eliminar la condición de cláusula no negociada individualmente, la posibilidad, cuando menos teórica, de escoger entre diferentes ofertas de distintos empresarios.d) La carga de la prueba de que una cláusula prerredactada no está destinada a ser incluida en pluralidad de ofertas de contrato dirigidos por un empresario o profesional a los consumidores, recae sobre el empresario'.Ahondando en esta cuestión, la
Es un hecho notorio que las escrituras públicas de préstamos hipotecarios se redactan por el Notario conforme a la minuta preparada, redactada y presentada por la entidad financiera, y así lo dice expresamente la propia escritura pública. A día de hoy constituye igualmente un hecho notorio que al menos determinadas entidades utilizaron durante un tiempo este tipo de cláusulas limitativas de la variación del tipo de interés en una pluralidad de contratos, y no puede negar la demandada que ella también lo hizo cuando se alega en la contestación prejudicialidad civil por haber sido demandada en el proceso instado por ADICAE en los Juzgados de lo Mercantil de Madrid, precisamente por utilizar este tipo de cláusulas en una pluralidad de contratos, con independencia de variaciones en el tipo mínimo concreto, que insiste se deben a una efectiva negociación de la cláusula, lo que es una cuestión distinta que seguidamente se aborda, pero lo que no puede negar es la predisposición de la cláusula y su destino a ser incorporada a una pluralidad de contratos.La cuestión es si la cláusula fue objeto de específica y verdadera negociación en este caso o por el contrario es una cláusula impuesta. Imposición que evidentemente no significa que se haya obligado al cliente a contratar con la demandada ¿o que tuviera obligación de hacerlo- sino que se trate de una cláusula que se presenta como necesaria en la oferta que la entidad efectúa al cliente y que éste no puede influir en su supresión o en su contenido. Negociación que correspondería acreditar a la demandada como empresario predisponente ( art. 3.2 pfo. 3º de la Directiva 93/13/CEE, del Consejo de 5 de abril, y en el art. 82.2 pfo.- 2º del TRLCU). Sin embargo, pese a que la demandada insiste en negar la naturaleza de condición general de la contratación de la cláusula impugnada, los argumentos que utiliza no pueden ser aceptados porque se oponen a la jurisprudencia antes citada. El que la cláusula se refiera al objeto principal del contrato no excluye la naturaleza de condición general, como tampoco el hecho de que, en teoría, el prestatario pueda elegir entre distintas ofertas del mismo empresario o entre ofertas de distintos empresarios. Si lo que la entidad ofrece al cliente es una oferta global (un determinado capital, plazo de amortización, tipo de referencia, diferencial, bonificable o no, comisiones, tipo fijo inicial,¿) que el cliente solo puede aceptar en bloque o rechazar y optar por otra modalidad distinta de préstamo u otra oferta global en la que cambian sustancialmente el resto de condiciones financieras para obtener un préstamo sin cláusula suelo, no hay verdadera negociación individual. Tampoco por el hecho de haber podido negociar otras cláusulas o condiciones, como el plazo de amortización, o ¿en teoría- el diferencial pactado, se excluiría el carácter no negociado de la cláusula impugnada.
Es esto lo que afirma la demandada en la contestación, cuando señala que si el prestatario hubiera querido podría haberse 'suprimido' la cláusula suelo, pero en este caso variarían el resto de condiciones financieras del préstamo y singularmente el diferencial, que no habría sido tan bajo. En realidad no se trataría de la posibilidad de suprimir o influir en el contenido de la cláusula, sino en tener que optar por la oferta global que le presenta la entidad o por otra distinta (distinto diferencial, distintas comisiones, etc.), con lo que no hace sino reafirmar la propia demandada el carácter impuesto de la cláusula impugnada.En conclusión, tanto ausencia de toda prueba de la negociación de la cláusula como por los propios argumentos que emplea la demandada resulta la condición de cláusula impuesta en sentido propio definido por el TS.Aunque no lo alega expresamente la demandada, debe aclararse que resulta plenamente aplicable la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, sin que resulta de aplicación el
Sentado que la cláusula impugnada es una condición general de la contratación y que la actora es una consumidora que destinaba el capital prestado a un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión, hay que pasar a analizar la validez o nulidad de las cláusulas, pues como ha señalado el Tribunal Supremo, aunque la cláusula suelo como toda condición general de la contratación puede ser lícita, se puede declarar su nulidad por falta de transparencia, debiendo tales cláusulas superar dos niveles diferentes de control.El Tribunal Supremo ha declarado en varias sentencias la procedencia de realizar un control de transparencia de las condiciones generales de los contratos concertados con consumidores, y en especial de aquellas que regulan los elementos esenciales del contrato, esto es, la definición del objeto principal del contrato y la adecuación entre precio y retribución. Esta línea jurisprudencial se inicia en
art. 1.6CC asigna a la Jurisprudencia: ' Este doble control consistía, según la sentencia núm. 241/2013 , en que, además
Por ello, seguía diciendo nuestra sentencia, « la transparencia documental de la cláusula, suficiente a efectos de incorporación a un contrato suscrito entre profesionales y empresarios, es insuficiente para impedir el examen de su contenido y, en concreto, para impedir que se analice si se trata de condiciones abusivas. Es preciso que la información suministrada permita al consumidor percibir que se trata de una cláusula que define el objeto principal del contrato, que incide o puede incidir en el contenido de su obligación de pago y tener un conocimiento real y razonablemente completo de cómo juega o puede jugar en la economía del contrato ».Por tanto, que las cláusulas en los contratos concertados con consumidores que definen el objeto principal del contrato y la adecuación entre precio y retribución, por una parte, y los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, se redacten de manera clara y comprensible no implica solamente que deban posibilitar el conocimiento real de su contenido mediante la utilización de caracteres tipográficos legibles y una redacción comprensible, objeto del control de inclusión o incorporación (arts. 5.5 y 7.b de la Ley española de Condiciones Generales de la Contratación -en adelante, LCGC). Supone, además, que no pueden utilizarse cláusulas que, pese a que gramaticalmente sean comprensibles y estén redactadas en caracteres legibles, impliquen subrepticiamente una alteración del objeto del contrato o del equilibrio económico sobre el precio y la prestación, que pueda pasar inadvertida al adherente medio.El
Por tanto, estas condiciones generales pueden ser declaradas abusivas si el defecto de transparencia provoca subrepticiamente una alteración no del equilibrio objetivo entre precio y prestación, que con carácter general no es controlable por el juez, sino del equilibrio subjetivo de precio y prestación, es decir, tal y como se lo pudo representar el consumidor en atención a las circunstancias concurrentes en la contratación'.La STS que se comenta vuelve a citar la
art. 217.7LEC ). Sin embargo, la demandada no aporta ni un solo documento con su contestación que se refiera a la información que pudo facilitar a los prestatarios en el curso de la oferta comercial. Lo que aporta es el documento de autorización al tratamiento de datos de carácter personal, lo que nada nos dice a los efectos que interesan. Se vale en primer lugar de la escritura pública aportada por la actora, para sostener, en prueba de la transparencia de la cláusula, que el Notario leyó la escritura pública y que la prestataria plasmó su firma en la misma. Efectivamente en la escritura se indica que se procede a su lectura, previa a firma de las partes, como no podía ser de otro modo en cumplimiento del Reglamento Notarial. Pero con lo que se lleva dicho debería comprenderse que la lectura notarial no suple el deber de información que recae sobre la entidad financiera y que se refiere al proceso de comercialización previo, no al otorgamiento de la escritura y que la mera claridad gramatical o formal de la cláusula no colma las exigencias de transparencia conforme a la jurisprudencia de TJUE y del propio TS. El control de transparencia, ni queda reducido a la claridad, inteligencia gramatical y comprensibilidad formal de la cláusula, ni tiene por objeto el enjuiciamiento de la validez del consentimiento otorgado, pues no tratamos de vicios del consentimiento. Por si quedara alguna duda, sobre la intervención del Notario en el otorgamiento de la escritura, establece el
La demandada mantiene que la Orden Ministerial de 05.05.1994 no resultaba aplicable al caso al superar el importe del préstamo el umbral de los 25 millones de pesetas. Sin embargo, el que no resultara de aplicación la indicada Orden no exime a la entidad financiera de cumplir con los específicos deberes de transparencia e información al prestatario consumidor. Se llame oferta vinculante o de otro modo, es evidente que una información precisa, clara y completa, empieza por proporcionar al potencial cliente documentación escrita sobre las condiciones del préstamo que se le está ofreciendo. Ni rastro hay de tal documentación. Menos aún de documentación que refleje toda la información que el prestatario precisa en orden a una comprensibilidad real de la cláusula, es decir, información que permita al prestatario conocer el funcionamiento concreto de la cláusula y su relación con el resto de cláusulas del contrato (en este caso singularmente con la que establece las bonificaciones del diferencial que por la época en la que se suscribe la hipoteca resultaban ineficaces), información que destaque que se trata de una cláusula que incide en el precio del préstamo, es decir, en el objeto principal del contrato y que le permita conocer la carga económica de la misma (onerosidad y sacrificio patrimonial que le puede representar) y la carga jurídica que asume con ello, tanto en relación a los elementos típicos del contrato, como en relación al reparto de riesgos que representa. Información que no se proporciona con la mera referencia a la existencia de un tipo mínimo y un tipo máximo que incluso puede ser engañoso o inducir a error al prestatario al aparentar una reciprocidad que realmente no existe habida cuenta de los tipos mínimos y máximos concretos.Siendo ello así, debe declararse que, adoleciendo de falta de transparencia, la cláusula impugnada resulta nula, pues el defecto o déficit de información conecta directamente con el juicio de validez de la cláusula predispuesta.
art. 1303CC , amparándose en la Jurisprudencia de TJUE y del propio TS en otros casos ajenos a las llamadas cláusula suelo; línea a la que, como bien saben las partes, se acogía este Juzgado y la A.P. de Álava.
art. 9 LCGC en relación con el art. 1303CC . La referida sentencia, resuelve el recurso de casación planteado por el BBVA contra la Sentencia de 21.11.2013 de la A. P. de Álava, que a su vez desestimaba la apelación contra la
art. 1303CC , sin embargo, entiende que no obstante la regla general, en aplicación del principio de seguridad jurídica, es posible limitar la eficacia retroactiva de las declaraciones de nulidad. Citando la
a. sobre la interpretación de los Tratados;b. sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión.El
art. 576LEC . SÉPTIMO.- Estimada parcialmente la demanda, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad (
Art. 394 LEC ). Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,FalloQUE ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda interpuesta
La nulidad de la cláusula recogida en la estipulación Tercera Bis de la escritura pública de préstamo hipotecario suscrita por las partes el 04.02.2008 ante el Notario Juan Kutz Azqueta (nº de protocolo 199) en la parte relativa a la limitación al alza ya la baja del tipo de interés, y concretamente, en la parte que dice:'
-A estar y pasar por la declaración anterior y a abstenerse de aplicar en el futuro la indicada cláusula, manteniendo su vigencia el contrato con el resto de cláusulas.-A devolver al demandante la cantidad que se determine en ejecución de sentencia con arreglo a las siguientes bases: La demandada habrá de restituir al prestatario las cantidades cobradas en cada una de las cuota del préstamo, en concepto de intereses ordinarios, que excedan de la estricta aplicación del último Euribor publicado en el BOE a fecha de cada liquidación más el diferencial que le fuera aplicable en cada cuota y que hayan sido cobradas en aplicación de la cláusula suelo del 2,75% a partir de la publicación de la
art. 1108 CC , y sin perjuicio de la aplicación del art. 576LEC . Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.
artículo 455LEC ). El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de
artículo 458.2LEC ). Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un depósitode 50 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en el Banco Santander con el número 0844 1111 04 021814, indicando en el campo concepto del resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' código 02- Apelación. La consignación deberá ser acreditada al
No están obligados a constituir el depósito para recurrir los declarados exentos en la disposición citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Tipos de interésCláusula sueloPrestatarioPréstamo hipotecarioContrato de hipotecaCondiciones generales de la contrataciónCláusula contractualContrato de préstamoCarga de la pruebaEntidades financierasAcción individualContrato de adhesiónComisionesPrestamistaEuriborSociedad cooperativaContrato de préstamo hipotecarioDefensa de consumidores y usuariosCooperativas de créditoIntereses ordinariosElementos esenciales del contratoVariabilidad del interésCláusula tercera bisEmpresario individualEntidades de créditoCláusula limitativaMinutaPrejudicialidad civilVicios del consentimientoTipo fijoObjeto del contratoDerechos de los consumidores y usuariosBuena feConversión de la divisaDivisa extranjeraLey 7/1998 de 13 de Abr (Condiciones generales de la contratación)VIGENTEBoletín: Boletín Oficial del Estado Número: 89 Fecha de Publicación: 14/04/1998 Fecha de entrada en vigor: 04/05/1998 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado ExtractoVocesDescargar documentoImprimir el documento×Voces No hay voces...
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