Source: https://delajusticia.com/2012/11/16/tasas-judiciales-un-asesino-silencioso/?replytocom=9311
Timestamp: 2019-09-15 14:45:00
Document Index: 249295511

Matched Legal Cases: ['artículo 394', 'artículo 35', 'artículo 241', 'artículo 139', 'artículo 35', 'artículo 139', 'artículo 23']

Tasas judiciales: un asesino silencioso delaJusticia.com El rincón jurídico de José R. Chaves
Tasas judiciales: un asesino silencioso
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Al igual que el exceso de colesterol ha sido tristemente bautizado como el «asesino silencioso», porque lenta y discretamente pone en peligro a quien lo sufre, las tasas judiciales que de forma progresiva se extienden y crecen en las venas procesales, provocarán la muerte de la Justicia, tal y como se concibe en una democracia avanzada.
Así, so pretexto de la crisis económica, la implantación de tasas judiciales con carácter prácticamente universal ( hay excepciones lógicas como los beneficiarios de justicia gratuita) ha superado el rubicón del Senado y de forma inminente el BOE perpetrará uno de los mayores retrocesos del Estado de Derecho.
1. El acceso a la justicia es el derecho soporte o garantía de todos los demás derechos fundamentales y libertades públicas. El derecho a la salud, la educación o las garantías de la potestad sancionadora quedarán en papel mojado si la víctima no puede reaccionar frente a sus lesiones por el efecto disuasorio de las tasas.
2. El derecho a la tutela judicial efectiva cuenta con amparo en el art. 24 de la Constitución. La potestad tributaria está recogida en el art. 31.1 de la Constitución. Aquella se califica y tutela como derecho fundamental, y ésta no goza de tal protección cualificada. Por eso, supeditar lo de mayor rango- un derecho fundamental- a lo de menos – una potestad administrativa- es devaluar aquél.
Y si la finalidad latente es la recaudatoria, al servicio de la eficacia, pues el sacrificio de un derecho fundamental resulta desproporcionado. La Memoria del Proyecto – aprobado ya por el Senado, recordemos- calcula una recaudación de 300 millones de euros pero lo que no calcula es la estimación de pleitos «abortados» , que no llegarán a nacer por no pagar las tasas.
3. Un servicio público horizontal como es la Justicia debe ser soportado por Impuestos generales, pero no por tasas a pagar por el usuario directo. ¿Acaso una sentencia judicial que invalida un acto administrativo no contribuye a que la Administración pillada en falta se cuide en lo sucesivo y preste mejor servicio a todos?, ¿ una sentencia que declara nulo un despido no sienta ejemplaridad para los restantes empresarios.?. Cada vez que se dicta una sentencia se resuelve un caso concreto pero aumenta la atmósfera de seguridad jurídica y credibilidad en la Justicia. Pocos tienen litigios serios en la vida, pero Todos nos beneficiamos de que el sistema judicial esté engrasado y dispuesto: el miedo guarda la viña
4. Una tasa desorbitada por acceder a una respuesta por jueces conculca el derecho a la igualdad ( art.14 CE), en la vertiente objetiva ( trato igual a distintas situaciones jurídicas) y en la vertiente subjetiva ( trato igual a distintos sujetos).
Así, para la misma tasa por distinto menú judicial resulta injusto. Veamoslo en lo contencioso-administrativo. No es lo mismo recurrir una decisión propia de un procedimiento de oficio ( ej. Una expropiación forzosa), que una decisión recaída a instancia de parte ( ej. Denegación licencia de establecimiento); tampoco es lo mismo una decisión que incida en cuestiones de naturaleza económica ( ej,multa), donde puede ponderarse pagar la tasa o renunciar en clave económica ( coste real-beneficio incierto), que una decisión que afecta a bienes morales o irrenunciables ( ej. Situación de mobbing), donde poco espacio hay para la duda en el fuero interno de la víctima); es más, una misma decisión administrativa que afecte a pluralidad de perdonas podrá ser combatida judicialmente o no según la particular y personal reflexión sobre las implicaciones económicas (ej. Un ejercicio de oposición viciado; una sanción que afecta a varios establecimientos por las mismas razones,etc). Unos se lamerán las heridas consintiendo una felonía para no arriesgarse a tanto coste ( tasas, costas, minutas y pericias), y otros jugarán a la ruleta judicial si el envite les resulta económicamente rentable.
5. Es más, no podemos negar que una cosa son las Administraciones Públicas que persiguen los «intereses generales»(aunque a veces son los «intereses de sus generales») y otra los particulares. Sin embargo, ni aquéllas son ángeles que de buena fe se ven empujadas a litigar frente a los ciudadanos, ni éstos son demonios preñados de malicia y picaresca. En la práctica, la Administración por estar exenta de pagar tasas («gratis total») apelará los fallos desfavorables de forma sistemática ( por aquello del «doble efecto» para aplazar el fatal veredicto) y en cambio, el particular como dice la castiza expresión, » se tentará los machos» antes de seguir la lucha judicial. Difícil de asumir en democracia, y mas difícil de explicarlo el abogado a su cliente. El principio clásico de «igualdad de armas procesales» queda en papel mojado.
6 .Tampoco son iguales todos los «particulares» recurrentes. No es lo mismo el castañero de mi barrio recurriendo una multa municipal por humos sobre la vía pública, que el Macdonalds por idéntica razón. De ahí que si bien recientemente el Tribunal Constitucional avaló la constitucionalidad de la tasa por recurrir, lo cierto es que la misma se reservaba a su pago por empresas que tuvieran la condición de sujeto pasivo del Impuesto de Sociedades, mientras que la nueva tasa judicial está » corregida y aumentada» alcanzando a todo quisque, particular o empresario, persona física o jurídica.
En efecto, no debemos olvidar los términos precisos de la STC 20/2012, de 16 de Febrero, sobre que «no vulnera la Constitución que una norma de rango legal someta a entidades mercantiles, con un elevado volumen de facturación, al pago de unas tasas que sirven para financiar los costes generados por la actividad jurisdiccional». Pero ojo, el Tribunal incorpora una precisión para aviso de navegantes políticos: «Esta conclusión general sólo podría verse modificada si se mostrase que la cuantía de las tasas establecidas por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, son tan elevadas que impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto en términos irrazonables«. Mas claro el agua: apretar pero sin ahogar.
Este dato crucial es el que posiblemente de pie a que un Tribunal Constitucional sensible hacia los principios y derechos constitucionales y bajo consideraciones de estricta técnica jurídica, pueda declarar inconstitucional tamaño atropello para los llamados «justiciables» que ahora pueden ser calificados de «ajusticiados».
7. Y si hubieren de aplicarse tasas pues hágase bajo criterios de proporcionalidad. ¿200 euros para recurrir una multa de tráfico sin detracción de puntos?,¿800 euros por apelar.?,¿1200 euros por presentar un recurso de casación, que bajo el expeditivo argumento de «carecer de interés casacional» posiblemente será inadmitido?
Ello sin olvidar que los peajes se suceden por toda la autovía de un mismo proceso, pues habrá que pagar tasas cada vez que se recurra infructuosamente un auto o resolución intermedia, y por añadidura, las costas. Los depóditos se devolverán al ganador pero las tasas por recurrir en apelación o casación se quedarán en el Reino de Nunca Jamás.
8. Por su fuera poco, la distancia o margen de proporcionalidad se ensancha «contra cives» ya que se admite la duplicidad de tasas judiciales, pues el hemano mayor estatal podrá coexistir con las tasas de sus hermanos menores autonómicos sobre la actividad judicial.
9. Y aunque tras la Ley 39/2011 de Agilización Procesal la tasa judicial forma parte de las costas procesales ( aunque el Preámbulo puede dar lugar a dudas en el ámbito contencioso-administrativo pues parece limitarlo «al orden civil»), en el ámbito contencioso-administrativo la imposición de las costas como regla general, salvo «serias dudas de hecho o derecho» se abre paso con lentitud ( y con mayor lentitud cuando se trata de imponerlas a la Administración) por lo que el factor de incertidumbre sobre la recuperación de la tasa es elevadísimo. Y así, lo cierto es el pago inmediato (una especie de «solve et repete «judicial) y lo incierto es su recuperación si se gana.
Creo que hay razones para que todos los eufemísticamente denominados » operadores de la Justicia» (abogados, procuradores, jueces, secretarios judiciales, usuarios en general) estén indignados, ya que me temo que han sido » operados» y sin anestesia. Ya veremos si sobrevive el enfermo.
Me temo que la Justicia sigue los pasos de Ryanair ( cobrar por todo) aunque no debe ser el ejemplo a seguir, pues algún día cobrará un suplemento a los pasajeros que deseen hacer uso de las mascarillas en caso de emergencia.
P.D. Sobre las concretas novedades de la Ley 10/2012 sobre Tasas judiciales en lo contencioso-administrativo aquí tenéis este post.
64 comments on “Tasas judiciales: un asesino silencioso”
Apc Pc
Además de abuso incalificable e inconstitucional, consagración de la injusticia y de la impunidad de la administración pública, la ley está formulada en unos términos técnicamente incomprensibles. Lo que establece se llama «tasa», pero no lo es. Al menos, no lo que hasta ahora entendíamos todos -ley general tributaria en mano- como tal («tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado»). Tantos años de políticos repitiendo que la Justicia es un servicio público que algunos han acabado por creerlo. Ciertamente no lo es, para cualquiera que sepa lo que eso significa y que no hay ni puede haber «servicio público» fuera del ejecutivo. Los jueces no «prestan un servicio» sino que ejercen una potestad. Bien lo sabe el que pierde el pleito (¿qué «servicio» recibe este a cambio de la tasa que ya ha pagado y de la de la otra parte, que le será repercutida vía costas?). Pero lo mejor de todo es el hecho imponible (definición general: «presupuesto fijado por la Ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal»). La tasa (art. 1) se establece «por el ejercicio de la potestad jurisdiccional», que el art. 2 concreta diciendo que «constituye el hecho imponible de la tasa la actividad judicial originada» por el ejercicio de los actos procesales que enumera, en algunos de los cuales no hay «actividad judicial» (supuesto «hecho imponible»), ya que la intervención judicial puede darse o no en el proceso monitorio, la demanda la admite el secretario y, en fin, sólo puede considerarse «potestad jurisdiccional» la función constitucionalmente definida como «juzgar», materializada en la sentencia, que vendrá (si viene) años después de pagar la tasa.
Esto ocurre porque el colectivo de Abogados, al defender cada grupo intereses contrarios esta desunido.
Pero se comenta, que pretender hacer entre otras las siguientes acciones:
1.- Via Civil segun el art. 19 punto 4 LEC y el derecho a «disponer del proceso» comparecederan ambos Letrados de Demandante y Demandado «conjuntamente» y pediran cuando falta mas o menos un mes para cualquier acto procesal importante (audiencia previa o juicio oral) que por 15 o 30 dias se «suspenda» el curso del proceso, con lo cual dado «el volumen de la Agenda» y el tener que efectuar nuevas citaciones a todos los testigos y peritos, el caos SI LO HACEN TODOS puede ser brutal.
2.- En el orden penal, cuentan que solo 10 dias antes del Juicio (nunca menos de 7 dias para evitar asi posibles sanciones) renunciaran los Letrados de la Defensa, interesando el nombramiento de uno de oficio y después nombrado este, otro compañero del despacho «reactiva» la dirección jurídica y defensa, EL CAOS y las suspensiones son inminentes.
No sigo, pero circulan correos en ese sentido, dado que PELIGRA la profesión de Abogado, puesto que no olvidemos que el objetivo final de esta medida NO ES RECAUDATORIO de unos simples Tasas, sino el de BAJAR el volumen de asuntos que acceden por los Decanatos.
Verónica del Carpio
*La tasa ya fue incluida en costas por Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal. Pero esa solución NO SIRVE. En númerosos ámbitos procesales, no hay condena en costas, incluso porque la ley no establece tal condena (por no hablar de la condena en costas no es automática con el principio del vencimiento, y de cuando se tiene un contrario con justicia gratuita -no se pagan- o insolvente -échele un galgo-. Por ejemplo, en una apelación civil y en laboral.
La ley prescinde olímpicamente de una cantidad irrecuperable en una muchísimos casos. Y hablamos de cantidades de miles de euros, porque la tasa es el asesino silencioso, sí, sobre todo por la tasa variable del 0,5% que tantas veces se olvida, que se suma siempre en cada actuación, en cada instancia.
La barbaridad que salen en expropiaciones forzosas, responsabilidad patrimonial de la Administración o grandes sanciones da miedo por lo que significa propiciar la impunidad del Estado en lo grande y en lo pequeño, el famoso caso de la multa de tráfico con tasa que duplica. Estupenda vía de financiación para organismos públicos escasos de fondos, o sea, todos.
*Hay otro artículo de la Constitución afectado: el 51, de la defensa de consumidores y usuarios: por poner dos ejemplos, en temas contra constructoras, quedan indefensos por lo descabellado de la tasa variable calculada sobre el valor del piso, y no está siquiera exenta la ejecución del laudo de consumo. Aquí es Estado, en vez de promover el Derecho del Consumo, promueve su fin.
*En cuanto a las estimaciones de ingresos por tasas que figuran ya en la correspondiente partida presupeestaria de los presupuestos generales del Estado, no se sabe si reír o llorar. Como bien dice el bloguero, no se ha contado con los pleitos que no se van a interponer. pero es que incluso si se ha tirado de estadísticas judiciales de años anteriores por tipo de pleitos, resulta que no las hay que especifiquen cuantías, es decir, que la parte variable de la tasa, la parte más grave, no ha podido calcularse conforme a criterio alguno. O, sea, por decirlo en términos estrictamente jurídicos, un cálculo a capón.
* Y, entre muchos otros argumentos sobre la igualdad, está el sangrante de que las empresas se deducen fiscalmente la tasa, como el IVA y las minutas de los profesionales, mientras que el particular asume todo.
La lucha no acaba con la aprobación de la ley, naturalmente. Sí, pasamos de justiciable a ajusticiados, y de la tutela judicial efectiva a la tutela judicial en efectivo.
Efectivamente, la Justicia no es un servicio público, por más que tenga notas características de estos, es el ejercicio de una potestad del Estado, pertenece al núcleo duro del Estado, y más en un Estado de Derecho. Por eso, no se puede imponer una tasa, su financiación debe correr por cuenta del sistema impositivo general; por eso no nos cuadra con el hecho imponible de la tasa. ¿Será una exacción ilegal? Los administrativistas y del derecho financiero y tributario sabrán iluminar el tema.
Y ojo! con la manida STC que nos cita Sevach, pues, aparte de que sólo se refería a la tasa que se exigía a empresas con un alto volumen de facturación y era además de menor entidad que las que ahora se imponen, hay que leerla, y, como bien, saben, los juristas, el TC sólo resolvió en los estrictos márgenes de la cuestión que se le sometía, que no era otra que determinar si la tasa en ese caso concreto – y no en general- afectaba al derecho a la tutela judicial efectiva. Pero nada se le sometió sobre la ilegalidad de la tasa en cuanto a su contravención constitucional al sistema impositivo general, a la imposibilidad de imposición para poner en marcha la potestad del Estado, al derecho a la igualdad, etc… Y, además, advirtió que, por ejemplo, en la jurisdicción cont-adm., imponer una tasa podría suponer la vulneración constitucional del control de todas las Administraciones y entes públicos por parte de los Tribunales.
Y, por último, por supuesto que esta ley de tasas afecta al derecho a la tutela judicial, por cuanto que si no se paga, no pasa el trámite de admisión, ni siquera se le da el régimen de los tributos y demás exacciones, como es la posibilidad de pagar a plazos (aplazamientos..), etc… Es totalmente impeditivo. y ojo! si no se paga, no sólo no se admite, sino que corre el riesgo de prescribir la acción, creo.
Con estas tasas, al igual que con las costas forzosas en lo contencioso-administrativo, sólo se logra una mayor desigualdad de las partes que lo que busca no es la compensación del costo sino el efecto disuasorio, es decir, coartar el acceso a la tutela judicial efectiva. De este modo sólo podrán acceder a la justicia los ricos (a los que la cuestión económica no les impide nada) o los pobres de solemnidad (que tienen derecho a justicia gratuita). La siempre maltratada clase media, máxime en la situación económica en la que estamos, con sucesivos recortes en sus ingresos y aumento en sus gastos, tendrán que renunciar al acceso a la justicia en la mayoría de los casos.
Y una reflexión: un ataque más a esta clase media colaborará en su desaparición (como ya ha sucedido en la mayoría de países de Hispanoamérica). Y es la clase media la que sustenta la democracia. Mayores desigualdades nos abocan a un sistema insostenible, lo que llevará al Neoliberalismo a morir de éxito.
yeyutus
Este Gobierno esta «loco», legisla a base de recaudar y recaudar sin mirar, e intenta bajar la estadistica de lo que sea.
Haciendo un futurible, el siguiente paso legislativo (cuando el que legisla le faltan dos dedos de frente). Como en las comisarías hay atasco de denuncias, y la estadística cifra mucho, se soluciona, cobrando 3€ por denuncia, con eso conseguimos que la gente no denuncie y ademas el estado recauda. (Todo el derecho queda en nada) pero eso no importa, la estadistica baja y la recaudación aumenta. Alguien piensa que al Gobierno le mueve otro objetivo que el que digo?? CHAPUCEROS LEGISLADORES.
Ya que critico al Gobierno de turno, también un poco para la Judicatura, Como es posible que la administración, y pongo por ejemplo a la Asturiana, despues de haber perido 7 sentencias por el mismo motivo, continue en otros procedimientos idénticos, recurriendo y recurriendo hasta el Tribunal Supremo para diltar o no cumplir, y NUNCA TENGA alguna siquiera advertencia en la Sentencia Final. Creo que hay mala fe, que sus Señorias, nunca quieren ver cuando se trata de la administración, creo que hay un interés en dilatar que sus Señorias no quieren ver, y fijan finalmente sentencia condenatoria, que saben que la Administración se enrocará para no cumplir. Creo que si el Magistrado de turno, en su sentencia aprecia o denota que ya ha habido varias sentencias por exactamente lo mismo y que el presente asunto aunque tenga un numero diferente termina idénticamente que los anteriores puede rematar el fallo advirtiendo, haciendo algun tipo de apunte al respecto, para que el siguiente Magistrado que le toque nuevo asunto por lo mismo diga un BASTA YA,
Creo que habia que modificar el sistema retributivo de los Magistrados y ademas de pagarles un sueldo justo, debieran cobrar por la función de JUZGAR (creo que ya cobran por eso o afecta el nuero de asuntos que juzgan) y luego por la función de hacer cumplir lo Juzgado (creo que esto segundo algún magistrado devolvería dinero todos los meses si le computan lo que termina en miles de incidentes de ejecución.)
Ya me quede agusto criticando a todos. Los post de Sevach, son buenisimos, permiten para alguien lego en Derecho, aprender, divertirse y liberar adrenalina, y ademas gratis.
Una cuestión accesoria, un daño colateral, puede ser la «huida al derecho penal» que pueden experimentar multiples asuntos. Muchos asuntos claramente residenciables en las jurisdicciones civil, mercantil, e incluso contencioso-administrativa, van a convertirse en asuntos penales, porque una denuncia ante el Juzgado de Guardia te concede, automáticamente, un abogado pagado por las arcas públicas y sin necesidad de tasas judiciales: el fiscal. Y no, no estoy exagerando. Estoy acostumbrado a ver sociedades mercantiles que, al irse al traste sus negocios, acaban con querellas entre los socios por todo tipo de delitos patrimoniales. Incluso recuerdo un accidente de tráfico causado por el mal estado de una autopista de titularidad pública, en la que la reclamación patrimonial al Estado termino siendo una querella penal contra «quien tuviera algo que ver». Esta tendencia se va a exacerbar, no tengo la menor duda.
La huida hacia el Derecho Penal se dará sin duda. Por supuesto, al menor atisbo penal, habrá que recomendar la querella o la denuncia. Pero hay más vías que darán lugar a la vía penal, y más graves.
1. Cuando al justiciable se le niega el acceso a la jurisdicción, monopolio del Estado, una consecuencia gravísima es que se le está impulsando a que recurra a la inaceptable vía de hecho. Soy abogada y hace ya tiempo que, como a muchos que ejercemos, me ha tocado tener que disuadir a clientes de que intenten recobrar una posesión por las bravas, o cosas similares, y eso «solo» por el retraso en los juzgados. Llegará un momento en que habrá quien desoiga las advertencias de su abogado y ante la imposibilidad del pleito, contrate unos matones para conseguir su derecho.
2. En Familia, además, eso será una olla a presión; los medios de comunicación que no han recogido esto, con imperdonable dejación de su responsabilidad, quizá empiecen a hablar algo cuando el primer excónyuge mate a su ex pareja por no poder meterse en pleito para la división del patrimonio común o discutir la atribución de uso cuando no hay hijos, casos ambos no exentos de tasas, y encima calculada la parte variable de la tasa sobre el valor de los bienes en discusión, lo que da lugar a cifras espectaculares.
3. Más aún, habrá quien a base de golpes fuerce la intervención de los juzgados de violencia doméstica para que en ellos, sin tasa, se tramite todo lo que en un juzgado de familia si devengaría tasas.
Es lo que sucede cuando se sustituye el Derecho por la ley de la selva,
Antonio Arroyo González
Todo dependerá de si el sicario te iguala la oferta que te impone el Estado: pero sale rentable porque así te garantizas el resultado y te ahorras la tediosa espera de la Ejecución de Sentencia.
Me imagino que habrá efecto llamada a sicarios de otros países: igual hasta hacen protagonizan programas de televisión similares a «Embargos a lo bestia», y así te cobran menos.
Tanto pensar en el Estado de Derecho y otras mamandurrias, y resulta que la solución está en reinstaurar un sistema legal ya inventado en año 1760 ,antes de Cristo!: el Código de Hammurabi 2.0, o Ley del Talión: en resumen, Ojo por Ojo Diente por Diente. ¿Quiénes eran Montesquieu, Voltaire, y Rosseau? El Trío LA-LA-LA!
El primer ejemplo de la huida al Derecho Penal, lo tienes con la norma publicada ayer:
Real Decreto Ley sobre suspensión de ejecuciones hipotecarias en BOE del 16-11-2012
Art. 1º punto 2º «supuestos de especial vulnerabilidad»:
g) Unidad familiar en que exista una violencia de genero…………..
Dado que cuando el dinero deja de entrar en una familia, se produce un «caldo de cultivo» típico donde las tensiones entre la pareja son frecuentes, ante un futuro y previsible desahucio de toda la familia por un impago de la hipoteca, muchas serán las que alegaran «amenazas, agresiones, insultos, etc» y con ello,
se obtiene un «seguro legal» ante la Entidad Bancaria, dado que al ser la mujer «victima de violencia de genero» con ello, se esta en un «supuesto de especial vulnerabilidad» y ademas si le cobrarían tasas en
la vía civil, pues nada se resuelve el caso por la via penal y se ahorran costes y es mas rápido.
Abogado Mario García-Oliva
Me cuesta “resignarme” a que mis sufridos clientes tengan que pagar ( si pueden) las abusivas Tasas judiciales que ha impuesto ese iluminado llamado Ruiz –Gallardón.
Yo propongo que en todas las demandas judiciales que presentemos, al final de la demanda añadamos esto:
OTROSI DIGO : Que mi defendido ha abonado la tasa judicial correspondiente por imperativo legal; no obstante, al ser manifiestamente inconstitucional la Ley de Tasas Judiciales, solicito – al amparo de lo previsto en el apartado b) del art 29 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional – que por parte de S.Sª se promueva cuestión de inconstitucionalidad contra dicha ley, por vulnerar el derecho de igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley y el derecho a la Tutela Judicial efectiva.
Quizá no sepas, compañero, que otrosíes análogos al que sigieres, y otras muchas medidas, con vistas a su difusión y utilización masiva, están ya preparados desde hace tiempo, con estudio detenido de muchos compañeros, ejemplos para la profesión, cuando se vio que pese a los esfuerzos inevitablemente la reflexión era sustituida por el rodillo. El propio Carlos Carnicer, presidente CGAE, anunció públicamente algunas en la concentración de Madrid del pasado día 14. En mi blog veronicadelcarpio.wordpress.com saldrán algunas de esas propuestas para su difusión masiva; otras, no. Pero todas las ayudas son pocas; todas las propuestas serias son bienvenidas. Se establecerá un cauce inmediato para canalizarlas. Somos 150.000 abogados, capeces de pensar, y los jueces, fiscales y secretarios, además de los procuradores y los funcionarios judiciales, comparten la preocupación.
Va a ser difícil que un juez acoja la petición que propone «por otrosi», pues, el planteameinto de la cuestión de constitucionalidad es muy estricta, requiere que el fallo dependa de la validez de la norma, y si ya se ha pagado la tasa, el proceso se admite. Cuestión distinta (y esto es una idea, no una afirmación), es que se impugne la autoliquidación y pago de la tasa – si es que ello es posible- y de ahí llegar al TC vía contencioso-administrativa, pero ya sabe, pasar de nuevo por los Tribunales pagando otra tasa. Está todo atado y bien atado, como se decía antes.
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Va a ser difícil que un juez acoja la petición que propone «por otrosi», pues, el planteameinto de la cuestión de constitucionalidad es muy estricta, requiere que el fallo dependa de la validez de la norma, y si ya se ha pagado la tasa, el proceso se admite. Cuestión distinta (y esto es una idea, no una afirmación), es que se impugne la autoliquidación y pago de la tasa – si es que ello es posible- y de ahí llegar al TC vía contencioso-administrativa, pero ya sabe, pasar de nuevo por los Tribunales pagando otra tasa. Está todo atado y bien atado, como se decía antes.»
Vía cuestión de inconstitucionalidad precisamente se llegó al TC para lo que acabó en STC 20/2012.
Y bien claro se dice en esta STC y en las otras cuatro conexas posteriores sobre el mismo tema que la reiteran que se admite la constitucionalidad de las tasas por no estar exenta la vía laboral (ahora no, y la famosa reducción del 60%, «gran concesión», no afecta más que a trabajadores y autónomos, es decir, que no afecta a pensionistas, lso que reclaman un subsidio, etc.) ; tratarse de empresas de gran facturación (ahora personas físicas y PYMES) , y resto de argumentos que ahora tenemos contrario sensu.
Y disculpen que intervenga de nuevo. Que escriba aquí un jurista llamado «Panoptico» me lleva a mencionar que James Bentham, el filósofo que inventó el Panóptico, tiene un opúsculo durísimo contra las tasas judiciales, donde las llama «el impuesto más cruel». Eso es lo que es: EL IMPUESTO MÁS CRUEL.
La tasa sí se incluye en la condena en costas. Lo que sucede es que en pleitos de cuantías pequeñas, aún cuando se obtenga una sentencia favorable, el demandante nunca verá compensado el pago de la tasa, al no poder exceder el importe correspondiente a las costas del tercio de la cuantía del pleito (artículo 394.3 LEC). Así, el que recurra una multa de 80-100 euros, deberá abonar 200 euros por la tasa y si se le da la razón, el importe de las costas no podrá exceder del tercio de 80-100 euros. Lo que cabría estudiar es si el Juez por la vía del 139.3 LJCA al cuantificar el importe correspondiente a las costas, puede prescindir del 394.3 LEC y al fijar el importe correspondiente a las costas incluir la parte correspondiente a las tasas.
Estimado comentarista:
Tal y como expone la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional del 30 de Abril del 2012 (Rec: 738/2010), la tasa judicial no forma parte de la condena en costas:
“SÉPTIMO: En lo que se refiere a la tasa judicial, no procede condenar a la Administración a su abono, pues tal como la configura la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que disciplina, en su artículo 35 , la denominada «tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo», tiene naturaleza tributaria, por lo que se rige por un régimen jurídico singular vinculado al rescate del coste del servicio público provocado, esto es, el ejercicio de la potestad jurisdiccional, siendo sujeto pasivo quien ejercita la acción jurisdiccional.
En lo que se refiere a la tasa judicial, esta Sala ya ha señalado que, a diferencia de la tasa que rigió hasta 1986, en que fue suprimida, la cual podía ser objeto de inclusión en la tasación de costas y, por ende, pagada al final por quien resultara condenado al pago de aquéllas, la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, no contiene previsión alguna en su artículo 241 sobre la posibilidad de trasladar esta carga tributaria a la parte condenada en costas, lo que conlleva al rechazo de dicha pretensión.
Tal conclusión implica que, incluso en el supuesto, aquí no concurrente, de que se hubiera condenado a la Administración a satisfacer las costas procesales, ex artículo 139.1 de la vigente Ley Jurisdiccional , entre los conceptos económicos integrantes de ese crédito no podría quedar incluida, por no permitirlo la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que disciplina, en su artículo 35 , la denominada «tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo».
La tasa no formaba parte de las costas hasta la entrada en vigor de la ley 37/2011, que la incluyó en el art. 241 LEC. A partir de esa fecha, sí forma parte de las costas. La nueva ley de tasas mantiene esta regulación, por lo que sí estará incluida en las costas.
Muy oportuna la referencia a la novedad de la Ley 37/2011 de Agilización Procesal, y aunque la interpretación debe aplicarse bajo el principio de indemnidad a todos los órdenes jurisdiccionales, lo cierto es que el Preámbulo tras examinar las novedades en el orden contencioso y ocupándose de las costas, aborda lo siguiente » En el orden civil, se incluye expresamente dentro del concepto de costas del proceso el importe de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, al tratarse de un gasto
necesario para demandar.» De ahí que es posible que todavía pululen fallos judiciales contenciosos que no apliquen supletoriamente la LEC en este particular por esa curiosa limitación del propio legislador.
Esta muy bien que cada gremio (médicos, jueces,bomberos,maestros, científicos) proteste por los recortes que le afectan. Pero hay un hecho básico para los pocos liberales que vamos quedando: NADA ES GRATIS. Lo que no se paga, no se valora. es triste, pero es así. Pagan justos por pecadores, es verdad. Pero nuestra sociedad, me refiero a la española, ha demostrado un abuso de lo gratuito y su nula conciencia social (aunque esa misma sociedad y sus opinadores oficiales se llena la boca con la solidaridad. Pagada siempre con el presupuesto de otros claro). El ejemplo de Mercadona cobrando dos céntimos por la bolsa hace ver que, desgraciadamente antes se pedían siete bolsas, porque eran gratis y luego se tiraban. Y ahora no.Cuando eres tu el que paga un mínimo céntimo, entonces lo piensas, y a lo mejor te vuelves ecologista. Lo mismo con los medicamentos: cuando se cobra UN triste euro, que es lo que vale un café, todo el mundo protesta. Pero el consumo de medicamentos (el despilfarro de medicamentos) disminuye de pronto un 25%. Somos una sociedad enferma, sí. Pero no necesitamos más medicina que la verdad y espantar a los demagogos que tan bien se crían en estas tierras. Ya cada vez me cuesta más discutir estas cosas. Sería más fácil decir ¿cuál es nuestro modelo?¿Francia, Alemania? vamos a traducir, y aplicar por supuesto, sus leyes. Pero nosotros somos más solidarios que nadie, con el dinero público. Que no es de nadie.
Disculpe, Juan Luis. Aquí no hablamos de un euro por receta, ni unos céntimos por bolsa de plástico. Me permito remitirle a la ley, de inmediata entrada en vigor, y se lo resumo.
Aquí hablamos de pagar hasta 10.000€ por una demanda., para que lo pague cualquiera que gane más de 1.100€ por el conjunto de su unidad familiar, sea cual sea su nivel de gastos, sus cargas familiares, pagaderos igual por una multinacional o un millonario que por un mileurista cónyuge en paro e hijos a cargo y asfixiado por la hipoteca.
Aquí hablamos de que la Constitución pone el derecho a acceder a la jurisdicción por encima del derecho a la salud, porque es la garantía de todos los demás derechos, pues es la única vía para evitar la ley del más fuerte, la arbitrariedad del Estado.
Aquí hablamos de impunidad del Estado.
Aquí hablamos de que el 80% de las demandas se estiman, porque se tiene razón; y de que muchas, muchísimas, de esas demandas que sí prosperarían, porque la ley concede el derecho a ello, no podrán siquiera presentarse, por motivos económicos. Según estimaciones, el 40% no podrán presentarse.
Aquí hablamos de que la Justicia es un monopolio del Estado y que no hay legalmente alternativa.
Aquí hablamos de que será la ley de la selva; de que la alternativa es el sicario, o aguantarse sin derechos.
Aquí hablamamos de que la Constitución y la Unión Europea consideran el Derecho del Consumo como uno de los fundamentos de su actuación, y que todas las asociaciones de consumidores dicen que esto el el fin del Derecho del Consumo.
Aquí no hablamos de nuestro gremio, y de qué importante es lo mío. Y créame, soy abogada y docente universitaria y no hablo de los recortes en la Universidad, porque, con ser graves, la Justicia está muy por encima de la Educación, sin remota comparación.
Aquí hablamos del Estado de Derecho, cuya indeclinable obligación, es impartir justicia porque es su misma esencia .
Aquí no hablamos siquiera de Estado social; aquí hablamos algo previo, que es garantía y fundamento del Estado social: de Estado de Derecho, del mismo Estado de Derecho.
Aquí hablamos de Constitución, de tratados internacionales .
Aquí hablamos de derechos humanos, los más básicos, los más protegidos.
Y aquí hablamos de que cuando desaparece el control judicial del poderoso y del Estado, eso se asemeja a una situación jurídica que se describe con una palabra muy fea que me resisto a poner por escrito.
O sea, que de lo que hablamos es de dinero. No del concepto, sino de la cuantía. Unos sacrosantos derechos que tardan años en sustanciarse en el Mar de los Sargazos Judiciales. Y a eso se le llama Justicia y «Estado de derecho». Todo es una pura mascarada. eso es lo que hay que denunciar. Desde que Alfonso Guerra certificó la muerte de Montesquieu, y el TC lo ha venido avalando, solo nominalmente hay estado de derecho en España. El traje nuevo del emperador es lo único que nos queda. Aunque se nos llena la boca hablando de los poderosos y los pobrecillos. ¿es mucho pedir que la Justicia española fuese como la francesa? sin conocerla la cambio. A ciegas. Aqui no hay más que demagogos. Por cierto usted es «abogada y docente universitaria». ¿No hay una ley de incompatibilidades?…. Pues que la deroguen o que deroguen las triquiñuelas para que esto sea posible.
COSAS QUE DICE LA NUEVA NORMA SOBRE TASAS JUDICIALES DESARROLLANDO SU PALMARIA REALIDAD.
1. La determinación de la carga tributaria no se hace a partir de la capacidad económica del contribuyente sino del coste del servicio prestado.
2. Con la finalidad básica de incentivar la solución de los litigios por medios extrajudiciales, se establece una devolución de la cuota de la tasa (el 60%), en todo…s los procesos objeto de la misma, cuando se alcance una terminación extrajudicial que ahorre parte de los costes de la prestación de servicios
3. El vencimiento en un proceso y la condena en costas a la otra parte trasladarán el pago de la tasa a la parte demandada.
4. Exenta: La interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración.
5. Exentas: Las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
6. En el orden social (temas laborales), los trabajadores no deben pagarla por presentar demanda. Solo por recurrir en Suplicación ó Casación y con un descuento del 60%
7. Hay un 10% de bonificación sobre la tasas si se utilizan medios telemáticos para presentar los escritos.
Estimado Odoneti, en efecto dice eso la ley, y tiene usted razón. Pero lo que la ley no dice es :
-que son innumerables las actuaciones y los procedimientos donde la solución extrajudicial de los conflictos no es legalmente posible, luego por definición nunca podrá aplicarse el descuento por ese motivo; en contencioso-administrativo, en todos los temas de orden público, estado civil, etc.
Aparte, claro, de que transacción con el poderoso, es trágala, no negociación, y de que se impone tasa hasta por ejecutar un laudo arbitral, incluso los de consumo, ya objeto de solución extrajudicial previa.
-que la bonificación por usar medios telemáticos solo es posible donde los juzgados disponen de tales medios; y está en mantillas. No dudo que los habrá; personalmente no he tenido ocasión de verlo, y la LEC exige en las demandas que se aporten los documentos originales.
– que la condena en costas no existe por definición en innumerables actuaciones completas (apelación civil, p.e.); que incluso cuando la ley prevé la condena en costas perder un pleito no equivale a ser condenado en costas porque no rige el principio puro del vencimiento, ni siquiera en Civil; que cuando hay condena en costas si la otra parte tiene justicia gratuita no se cobra porque así lo dice la ley, y si es insolvente porque no hay forma; y incluso cuando hay condena en la ley y en el caso, y el contrario ha de pagarlas y puede hacerlo, rige en cualquier caso el límite del tercio de la cuantía.
-y que en el orden social los trabajadores tienen esa reducción del 60%, pero solo ellos; y en los juzgados de lo social se ventilan muchas más cuestiones. Por poner dos ejemplos entre innumerables, no tienen reducción ni los que piden un subsidio de desempleo, ni los que reclaman una invalidez. Y los trabajadores no tienen ninguna reducción cuando, por ejemplo, piden el concurso de la empresa que no les paga, o el suyo propio si se trata de un autónomo en crisis y ahí la tasa es 200€ fijo más el o,5% del pasivo.
Por otra parte, hay estudios que dicen que un pleito cuesta 3.000€ y resulta que se pide una tasa con un máximo de 10.000 por instancia; y el coste de un mismo procedimiento es el mismo con cuantías altas que con bajas, porque los trámites son idénticos, y en cambio aquí hay una tasa variable en función de cuantía. En cuanto a la exención por justicia gratuita, ahí está, y sólo se concede a los que ganan menos de 1.100€/mes aprox. por unidad familiar, sin tener en cuenta gastos ni cargas familiares, por lo que como en efecto no se toma en cuenta la capacidad contributiva, paga tasa un mileurista cargado de hijos y agobiado por la hipoteca, igual que una multinacional.
DiegoGómez
Varias reflexiones
En primer lugar, es evidente que la separación de poderes ha brillado por su ausencia pero, en lo que se refiere al Poder Judicial, creo que se ha concretado a actuaciones del Consejo General del Poder Judicial (que no deja de ser un órgano de gobierno de los jueces) y al mal llamado “Tribunal” Constitucional, de actuación nefasta y del que no hay nada más que añadir a lo ya comentado en este foro y en todo el país en los últimos cinco años.
Ahora bien, la inmensa mayoría de jueces y magistrados de este país son independientes del poder político; con esto no quiero decir que no tengan filias y fobias –incluso políticas, ya que son humanos-, sino que no condicionan su fallo a lo que un político pueda decir, hacer o pensar, que es lo que creo que realmente afecta a la separación de poderes.
Otra cosa es que en caso de duda “barran” para la Administración pero creo eso es hasta comprensible, ya que, en principio y mientras no se demuestre lo contrario (lo que haría desaparecer la duda de la que antes hablaba), la Administración sirve al interés general, lo que se traduce en todos nosotros y no sólo los políticos que las gobiernan.
En segundo lugar, si es cierto que el Tribunal Constitucional ha dejado a la altura del betún la separación de poderes y que por ello debe ser criticado y a mi juicio incluso desaparecer, pasando sus funciones al Tribunal Supremo, la pregunta es si la reforma promovida por el Gobierno ayuda o perjudica a esta separación de poderes.
En materia contencioso-administrativa, mediante la implantación de las tasas, el Poder Ejecutivo consigue que su actuación no pueda ser controlada por el Poder Judicial, ya que, sin perjuicio de sus peculiaridades, la jurisdicción contencioso-administrativa no deja de tener el carácter de justicia rogada, que actúa por el previo ejercicio de la acción por parte de los ciudadanos, los cuales no acudirán a la vía contencioso-administrativa o acudirán en mucha menor cantidad porque el coste será demasiado alto para que puedan asumirlo.
Respecto a esa “impunidad” de las Administraciones Públicas, esta reforma es la puntilla a la iniciada con la implantación de las costas en primera instancia en la vía contencioso-administrativa instaurada por la ley de medidas de agilización procesal, aunque los jueces y magistrados, con buen criterio, están haciendo uso de la posibilidad de limitar su cuantía, con lo que se ha minimizado mucho el perjuicio y el efecto muro que impide el acceso que implicaba dicha ley.
En tercer lugar, es evidente que la justicia funciona mal y que es muy lenta. Pero ello no se arregla quitando los pocos derechos que nos quedan como ciudadanos.
Y mucho menos si el criterio es económico porque no puede ser que sólo tengan derecho a la justicia (mala pero es justicia) los pobres de solemnidad y los de muy alto nivel adquisitivo y que la clase media que es la que con sus impuestos soporta todo esto, no pueda acceder a los juzgados y tribunales porque no puede pagarlo.
La verdad es que si te paras a pensarlo, es muy fuerte.
No nos olvidemos que todos los gremios que intervienen en la justicia (jueces, abogados, procuradores) llevan años reclamando más inversión, que se dote a la justicia de más medios para que sea más rápida y eficaz y que los distintos Gobiernos han hecho caso omiso a todas esas reivindicaciones.
El Gobierno actual, dando una vuelta de tuerca más a lo ya iniciado por el Gobierno anterior de signo pretendidamente opuesto a éste, pretende arreglar el asunto no con más medios, sino impidiendo el acceso a los ciudadanos.
En cuarto lugar, lo dicho anteriormente hace que la cuestión de las tasas (como otras que están pasando) trascienda con mucho a los gremios directamente implicados y se convierta en un problema público, ya que afecta a todos los ciudadanos.
En quinto lugar, estoy absolutamente de acuerdo con lo dicho por APC Pc en el primero de los comentarios “Los jueces no “prestan un servicio” sino que ejercen una potestad”.
Por esto mismo creo que los jueces deben de reclamar el lugar que les corresponde y es el de ser garantes de ese Estado de derecho.
Pese a que han entrado por oposición no son funcionarios, sino que son depositarios de uno de los tres poderes fundamentales del Estado. Y poder implica responsabilidad que va más allá de la que todos los días desempeñan en el ejercicio de su potestad jurisdiccional.
Entiendo que al ser una democracia joven, cuesta encontrar el sitio, pero es absolutamente necesario que los jueces y magistrados den un paso al frente como están haciendo ahora y reclamen lo que por derecho les corresponde, ese poder que, tal y como pasa con los otros poderes, les otorgamos los españoles cuando dimos el Visto Bueno a la Constitución que los recoge y que garantiza esa separación entre poderes.
La democracia se construye cada día; aquí, como saben todos los que entran en el foro, no se regala nada y la única opción es hacer lo que se debe hacer aunque no nos guste a nadie.
Sería mejor que nos dejasen tranquilos. No sé qué manía tienen los políticos con tratar de “arreglar” las cosas. Así también las arreglo yo. Sería mucho mejor que hiciesen caso a lo que decía el poeta estadounidense Walt Whitman: “A mi juicio, el mejor gobierno es el que deja a la gente más tiempo en paz”.
Pero como esto no es así, es tiempo de que todos como ciudadanos y cada uno con el poder y responsabilidad que tenga, sin entrar en cuestiones partidistas y/o políticas, reclame que se respeten nuestros derechos, ya que como decía una cita que leí en un libro, “La fuerza del gobernante no es en realidad más que la fuerza de los que lo dejan gobernar.” (Gullaume-Thomas Raynal).
Mucha suerte (y responsabilidad) a tod@s
La ley de tasas judiciales es el ataque más grave que se ha perpetrado desde el propio poder ejecutivo a los ciudadanos, y subsidiariamente al propio Poder Judicial. Van a ser centenares de miles las personas que cada año desistan -antes de empezar- de reclamar sus derechos, dado lo costoso que les va a resultar: honorarios de abogado, arancel de procurador y tasas judiciales MUY ELEVADAS.
Si por lo menos la ley hubiera venido acompañada de la desaparición de la figura, totalmente obsoleta, del Procurador de los Tribunales, pues mejor hubiera sido, ya que al menos se reduciría uno de los tres gastos que necesariamente hay que hacer para poder pleitear en España. (Profesión por otra parte ya desaparecida en la práctica totalidad de los países civilizados).
O, cuando menos, dejar a los procuradores como FACULTATIVOS Ú OPTATIVOS, ni obligatorios, como sucede actualmente, de forma que cuando haya condena en costas no se condenase al pago de sus derechos, y los abogados pudieran asumir paulatinamente las funciones de defensa y representación. Yo soy abogado «de provincias» y no necesito para nada un procurador en mi ciudad, pero si en Madrid, poe ejemplo, o en otras localidades donde llevo pleitos. ¿Tan difícil es entender esto…?
Estimado Sevach:
La sentencia que cita de la AN no valora el estado de cosas vigente al tiempo de promulgarse la Ley 37/2011. Una sola sentencia no sienta jurisprudencia, y menos de la AN. Créame cuando le digo que en pleitos de poca monta en los que la Administración suele actuar de forma abusiva (defectos de procedimiento en expedientes por sanciones de tráfico, por ejemplo) será preciso que los JCA interpreten de forma ingeniosa el artículo 139.3 de la LJCA y cuantifiquen el importe correspondiente a las costas para compensar al «maltratado» ciudadano por los desmanes de la Administración. La LJCA es un traje a medida para las Administraciones Públicas y las sucesivas reformas que guardan relación con la intervención de la Administración en los procedimientos judiciales no hacen más que favorecer a la Administración. Verbigracia, el depósito para recurrir, del que está exenta la Administración, permite al letrado recurrir cualquier resolución judicial que llegue a sus manos; en tiempos de crisis, cuanto más tarde un órgano jurisdiccional en dictar un resolución definitiva de fondo, más tarda la Administración en pagar. Otro ejemplo lo encontramos en la ejecución de condenas dinerarias (la Administración no tiene obligación de cumplir hasta pasados tres meses desde la firmeza de la resolución que debe ser ejecutada).
Reflexiones a parte, créame amigo Sevach cuando le digo que la tasa forma parte de las costas, lo que seriamente daña el derecho a la tutela judicial efectiva del ciudadano de a pie.
Como decirle a Sevach, que lo sabe de sobra, que el art. 139.6 de la LJCA dice con total claridad que «las costas causadas, seran reguladas y tasadas segun lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil»
Lo sabe seguro……….seguro…….
Ninguna norma procesal, excepto la común (LEC) regulada la materia de «gastos del proceso» y como una pare de los mismos las «costas procesales». El legislador recientemente en 2011, modifico el art. 241.1 Apto 7º:
Dice el vigente «serán costas procesales, la parte -de los gastos del proceso- que se refieran al pago de los siguientes conceptos:
«7ª La Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, cuando esta sea preceptiva»
Habiendo LEY que es la fuente del derecho, que podrá decir contrario una Sentencia de cualquier organo,
pues absolutamente nada, que respetar el principio de legalidad y poco mas.
Respecto del limite del 1/3 de la cuantía que nos habla el art. 394 punto 3 LEC, hay que tener en cuenta que solo habla de «de la parte que corresponda a Abogados y demás profesionales que no esten sujetos a tarifa o arancel» es decir los «profesionales liberales que actúan en juicio» (Abogados y Peritos Medicos) dado que la parte de los Procuradores (sometida a Arancel) mas la Tasa, son gastos «fijos y previsibles» del proceso y estos se pagaran INTEGRAMENTE, es decir se Tasaran como «costas procesales por su importe integro»
Sin embargo, los que «cobran por libre pacto» (Abogados y Peritos Médicos o de otro tipo, que no tienen una Tarifa FIJA predeterminada) para que no cueste mas el collar que el perro, estos tienen un LIMITE en el citado art. 394.3 LEC, que sera 1/3 de la Cuantia, fijada conforme al art. 42 LJCA y art. 251 LEC.
Ahora el caso especial de la LJCA de la «limitacion» (discrecional) del art. 139.3 LJCA y los casos en que se declare TEMERIDAD, abuso del proceso, mala fe (art. 247 LEC y art. 11 LOPJ) son un caso especial.
Jorge Llanos
Como lego en la materia tengo una cuestión, pues si fuera así me parecería de una gravedad extrema, no es que el establecimiento de tasas a todos los niveles no me parezca un atropello incalificable. Se ha hablado de la huida a la jurisdicción penal, como si el ejercicio de iuis puniendi del estado fuera fraccionado, que no lo es. Pero el control o revisión del ejercicio por parte de la Administración es ejercido por la jurisdicción contenciosa. Creo que además de inconstitucional y contrario a la convención europea de derechos humanos (que es parte del bloque constitucional) que se debieran pagar tasas para recurrir el ejercicio de la potestad sancionadora cuando fuera la Administración la que hubiera impuesto la sanción.
A mi juicio las tasas judiciales no son criticables en si mismas. P.ej. resulta desproporcionado el gasto que provoca un procedimiento judicial contencioso-administrativo para revisar una sanción de 150 €.
Lo criticable es que se hayan establecido en esas elevadísimas cuantías, sin tener en cuenta la capacidad económica del sujeto pasivo y, lo que es más importante, sin que existan medios extrajudiciales de solución de conflictos.
En el ámbito contencioso-administrativo, así como hay países (p.ej.Reino Unido) en los que una gran parte de la actuación administrativa no está sujeta a ese control jurisdiccional, en España es inviable prescindir del mismo porque no existen alternativas al control jurisdiccional de la Administración.
Los sistemas de revisión estrictamente «administrativos» (reposición, alzada, reclamaciones previas), son totalmente inútiles en el 99% de los casos, debido a la contumacia de la propia Administración en no «revisar» con imparcialidad y garantías su propia actuación, siendo esta una inercia «histórica» que en gran medida ha contribuido precisamente al desarrollo de nuestro sistema judicial contencioso-administrativo.
Solamente en el ámbito tributario existen ciertas garantías a este respecto, mediante las reclamaciones económico-administrativas, aunque tales garantías disminuyen en inversa proporción a la cuantía del procedimiento o a los potenciales contribuyentes afectados.
Otro tanto puede decirse de los sistemas extrajudiciales de solución de conflictos en los ámbitos civil y social, donde la mediación y el arbitraje eficaces son anecdóticos.
Los excesos e ineficiencias de las épocas de bonanza económica no pueden justificar retrocesos de décadas en las garantías esenciales del Estado de Derecho, por mucho que políticos que ahora nos gobiernan anhelasen tales retrocesos tambien desde hace décadas.
Creo que don Alberto Ruiz-Gallardón será un buen Ministro de Justicia, pues ha conseguido cabrearnos a casi todos: abogados, jueces, secretarios y funcionarios judiciales…
Sólo le falta «meter mano» a dos colectivos, necesitados de reformas:
– FISCALES Y ABOGADOS FISCALES SUSTITUTOS, la mayoría de los cuales trabajan siempre en régimen de servicios mínimos, vamos, pegando el menor golpe posible. Y, por supuesto, eliminando a los abogados fiscales sustitutos -igual que se ha hecho con los jueces sustitutos-, pues la mayoría, y salvo honrosas excepciones, son «enchufados» y opositores fracasados, con todo respeto hacia quienes no han podido aprobar la oposición…
– LIBERALIZAR LA PROFESIÓN DE PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES, dejándola en meramente optativa, no preceptiva, eliminando por tanto la obligatoriedad de su utilización, como forma de rebajar el coste de los litigios. Los abogados no necesitamos un procurador en la localidad dónde ejercemos, pero nos viene muy bien en los pleitos que llevamos en otras ciudades o lugares. Así se conseguiría que el coste de los pleitos fuese menor, y se compensaría el «efecto» subida de tasas. Y los que sobren, que son Licenciados en Derecho, y con amplia experiencia procesal, siempre podrían reconvertirse en abogados (que unos pocos miles más, ni siquiera se notarían).
Por lo demás, el señor Ruiz-Gallardón me sigue mereciendo todos los respetos, pues creo es y será un gran Ministro de Justicia.
Su comentario destila el mayor desconocimiento hacia la figura del Ministerio Fiscal. O, cuando menos, una visión sesgada y/o anacrónica.
Carmen Lopez-Rendo R
La ley de tasas judiciales es un atentado gravísimo al derecho a la tutela judicial efectiva, al derecho de igualdad, pues discrimina por razon de recursos economicos yen algunos casos por edad(procesos matrimoniales), contra el derecho de los consumidores, contra los principios del sistema tributario , contra la division de pdoeres y supone UNA INTOLERABLE INTROMISION DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. Convierte a los secretarios judiciales en recaudadores de tasas injustas.
Es totalmente incierto que el ciudadano recupere la tasa del condenado en costas, pues como indican veronica y Sevach, en unos casos no hay condena en costas, en otras la intervención de bogadao y procurador no es preceptiva y no se abonan costas, ademas el estado, Ayuntamientos, Comunidaddes autonomas y organismos publicos estan exentos del pago de la tasa. De tal forma que si estan exentos como van a pagarla?. La Tasa, por ser tasa se pierde.
Por otro lado, no entiendo nada, pues se supone que la tasa esta vinculada a la justicia gratuita.(art.11). Por mi parte, no deseo que se me remunere a costa de dejar INDEFENSOS A LA MAYORIA Y PARA GENERAR UN PAIS EN EL QUE IMPERE LA LEY DEL MAS FUERTE.
Que pena tener politicos que desconocen totalmente la historia, pues esta se repite siempre y podian aprender de ella lo que no deberian nunca hacer.
la STC de 2012 esta totalmente tergiversaba en la explicación de motivos y en la intervención del Ministro en el Congreso.
Realmente la via penal, en muchos casos será la solución mas barata. Que pena de país, que tenga que resolver sus conflictos en la via penal porque sus ciudadanos no pueden pagar unas tasas judiciales para defender sus conflictos civilizadamente en otras jurisdicciones.
Cómo que de esta forma va a venir a invertir algun extranjero en su sano juicio?
Bueno quizas los rusos y los chinos si, pues tienen sus propias leyes y se toman la justicia por su mano sin costes adicionales.
bueno, los argumentos juridicos los dejo para otro momento, que tengo que trabajar.
Aunque muchos ya lo sabréis por el aviso previo de los Colegios de Abogados, hoy miércoles sale publicada en el BOE la ley que entra en vigor mañana jueves 22 de noviembre.
Efectivamente, aunque la verdad se veía venir desde hace más de un año. Si en aquel momento http://contencioso.es/2011/10/18/abogados-indignados-contra-la-ley-de-agilizacion-procesal/
nos hubiésemos plantado, en lugar de mirar para otro lado y ser un grupo muy minoritario el que clamaba en el desierto, tal vez se lo hubieran pensado dos veces antes de pegar este nuevo arreón, pero eso no pasó.
Está claro que los abogados son una pata de la mesa esencial en la Administración de Justicia, y que de actuar de forma coordinada el Ministerio de Justicia tendría necesariamente que escuchar, y aunque conseguir esta unidad es complicadísima (o casi un milagro) el caso lo merece. También sería importante que la oposición y presión a nivel de colegiados sea tan fuerte que a los Colegios no les quede más remedio que ser contundentes en la respuesta, más allá de las protestas públicas que al Ministerio seguramente se las traen al pairo.
Aqui la tienes, con el añadido ademas de las Tasas, de que modifica la LEC y LJCA haciendo desaparecer la posibilidad de que los funcionarios publicos acudan por si mismos, sin Letrado
y Procurador (antiguo art. 23.3 LJCA) pues desde mañana «todo iguales ante la Ley» incluso
los Magistrados que recurran sus sanciones del CGPJ ante el Tribunal Supremo, a partir de
mañana, es obligatoria la «postulacion profesional tecnica». Ver aqui la Ley del BOE:
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/21/pdfs/BOE-A-2012-14301.pdf
Haber si el próximo Viernes que hay concentraciones «parciales» de Procuradores y Jueces
en todas las sedes, se unen también los Abogados y ciudadanos que serán a los que mas les
afecten, puesto que ya tenemos un «Estado de Derecho» mas pequeño que el que conocimos
y ademas se empieza a pagar por tener «derechos fundamentales».
Como se legisla «a trozos» como se entendera el actual art. 398.2 LEC que dice:
«En caso de estimación total o parcial de un recurso de apelacion, extraordinario por infraccion procesal o casación, NO SE CONDENARA en costas a ninguno de los litigantes» y dado que
las CUANTIAS (y la Tasa al 0,5% de este Hecho Imponible) para acudir al Tribunal Supremo seran muy importantes ademas de 1200 Euros (FIJOS + 0,5% de la Cuantia hasta 1 millon de euros) y al ser la INFRACCION PROCESAL, un error del Juzgador, resulta que pese a sufrirlo una primera vez al
comunicarse la Sentencia, pese a costarle (Abogado y Procurador) el Recurso, mas la Tasa, resulta
que despues, SEGUN LEY, no habra condena en costas.
Sencillamente «genial» un ordenamiento juridico «coordinado» o un puzzle a medio completar.
Totalmente de acuerdo con los dos comentarios de Don Adolfo. Los Procuradores deberían ser de utilización VOLUNTARIA, no obligatoria, como forma de rebajar costes de pleitear, y los FISCALES SUSTITUTOS, al igual que los JUECES SUSTITUTOS, deberían desaparecer, que ya está bien de tener «burros de carga» a los que se hace trabajar a destajo, mientras que los Jueces y Fiscales titulares se pasan las mañanas tomando café y de tertulia, y, por supuesto, haciendo semanas caribeñas, de 3 ó 4 días de asistencia al despacho a la semana. ¿Es que no pueden fichar, como todo el mundo que trabajamos en la administración de justicia?
Veo a fiscales, sobre todo señoras, que llegan a las 11 de la mañana al despacho, y encima salen a tomar café con sus compañeras. Claro, no les da tiempo a hacer nada, pues a las trece treinta, más o menos, se van a sus casas. ¿Cómo no va a haber retrasos e los recursos, y, sobre todo, en las calificaciones, que exigen mucha dedicación y horas de trabajo?
Leido todos los aportes, ademas de aprender, recuerdo la frase de «Para que triunfe el mal, sólo es necesario que los buenos no hagan nada», no recuerdo quien la dijo pero para el asunto en cuestión va que ni pintada,
El estado mientras tanto hace caja y si ve mucho movimiento rectificará un poquitín para disimular, pero la tasa queda ahí de por vida. Recaudando que es gerundio.
Hay otro comentario final de Sevach en relación a otra entrada (con evidente relación a la presente) que viene que ni pintada, y que me permito reproducir (obviamente con cita de autor)
«PARA FINALIZAR, Sevach cree oportuno añadir la cita del Prefacio a la Lucha del Derecho, del Dr.Rudolph von Ihering en que tan insigne autor expone su concepción del Derecho de forma lucidísima e inigualable. Escuchar lo que en 1891 decía el maestro:
Al que no siente que, cuando su derecho es despreciado en forma ofensiva o pisoteado, no sólo está en juego el objeto del mismo, sino su propia persona; al que en tal situación no siente el impulso a sostener su persona y su buen derecho, no vale la pena ayudarle y yo no tengo ningún interés en convertirlo. Es un tipo que hay que reconocer simplemente como el del filisteo del derecho, según quisiera bautizarlo; el egoísmo y el materialismo mezquino son los rasgos que lo distinguen. No sería el Sancho Panza del derecho, si no viese un don Quijote en cualquiera que persiga intereses de otra especie que los de la mochila, en la afirmación de su derecho. Para él no tengo otra palabra que la de Kant, que he conocido después de la aparición del escrito: el que se hace gusano no puede quejarse después de que sea pisoteado. En otro lugar llama Kant a este arrojar sus derechos bajo los pies de otros, lesión del deber del hombre contra sí mismo y del deber en relación con la dignidad de la humanidad en nosotros toma la máxima: No dejéis que vuestro derecho sea impunemente pisoteado por otros”
Pues no veo que nadie (excepto la referencia de Panóptico) se queje por aquí por la novedad de que se impida a los funcionarios comparecer por sí mismos. Supongo que será para compensar algo a los abogados (aunque exceptuando a los de los sindicatos dudo que muchos vengan a obtener alguna ventaja de ello). Lo que más gracia me hace es la motivación que se da:
“La presente Ley deroga también el apartado 3 del artículo 23 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en cuanto que la excepción de postulación para los funcionarios públicos en las cuestiones de personal que no impliquen su separación carece ya de sentido. La práctica demuestra como esa falta de representación técnica acaba siendo un obstáculo a un desenvolvimiento del proceso más ágil y eficaz. En relación con los funcionarios públicos se ha de destacar también la exención de la tasa en los procesos contencioso-administrativos que inicien en defensa de sus derechos estatutarios, equiparándose su posición a la de los trabajadores en general en el orden social.”
En fin, toda generalización es odiosa, pues en mi larga, y por desgracia accidentada en cuanto a recursos, carrera funcionarial he tenido más éxito y agilidad en procesos cuando he recurrido por mí mismo que cuando lo he hecho con abogado. Pero sobre todo me sorprende la SUPUESTA EQUIPARACIÓN a la de los trabajadores en general, porque en el orden social no se precisa abogado ni procurador para recurrir (al menos en primera instancia).
Bueno, un recorte más de derechos a los funcionarios, y una desigualdad de trato injustificada para con el resto de los trabajadores, pero de esto no se harán eco ni los periódicos, ni los jueces y abogados, ni los sindicatos (que se verán beneficiados al obligar a pasar por ellos a quién quiera recurrir en la mayoría de los casos).
Ante la indefensión que se avecina lo que procederá es pasar de todo, encomendarse a todos los santos y dejar que este país de chufla se vaya al garete, que bien merecido lo tendrá. Y vaselina, mucha vaselina.
CRISTINA R
Esta ley es un auténtico boicot del gobierno a los ciudadanos y lo que es peor, un ataque mortal al acceso de los ciudadanos a la justicia y al derecho a la tutela judicial. Se empezó con el recurso de amparo, ya cadáver en sede constitucional y ahora le toca a la justicia ordinaria, que está premuerta. El diccionario de la Real Academia Española define «boicotear» como el acto de excluir a una persona o a una entidad de alguna relación social o comercial para perjudicarla y obligarla a ceder en lo que de ella se exige». De esta definición, a la de dictadura, una de cuyas acepciones es «Gobierno que en un país impone su autoridad violando la legislación anteriormente vigente», – violando en el sentido que le daría el juez Del Olmo, de «deslucir», «ajar» e incluso exageradamente «profanar»-, hay un paso. ¿Qué mejor manera de someter al ciudadano a los abusos de un gobierno, bajo la aparente actividad legislativa, que excluyéndole de los procesos judiciales, expulsándole de ellos para obligarle a ceder?.
La Ley de Tasas choca con el derecho fundamental a la tutela judicial, más cuando no se sufragan los gastos procesales a quienes, de exigírseles el pago, se ven en la alternativa de dejar de litigar o poner en peligro el nivel mínimo de subsistencia personal y familiar que hoy día son,al menos, seis millones de ciudadanos que son la cabeza visible de un suma y sigue interminable. Si nadie remedia la supervivencia de esta malnacida ley, habría que modificar de forma inmediata de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
Si bien el derecho a la gratuidad de la justicia es un derecho prestacional y de configuración legal, cuyo contenido y concretas condiciones de ejercicio corresponde delimitar al legislador, éste tiene obligatoriamente que atender a los intereses públicos, pero también a los privados y de esta parte, nuestros parlamentarios del PP, se han olvidado al votar la Ley; últimamente tienen una amnesia colectiva intolerable.
Está claro que la justicia se va a desatascar pero a costa de una pérdida importante de derechos, de jurisprudencia y de dinero, consintiéndose el abuso y la prepotencia, en lo que a la jurisdicción se refiere, de las administraciones públicas, ya de por sí bastante creciditas con toda la batería de legajos con la que nos obsequia el Gobierno cada viernes.
Hay quien dice que la ley puede contribuir a reducir la litigiosidad. Y yo digo, por qué hay que hablar siempre de disminuir la litigiosidad, ¿no sería mejor hablar de disminuir los abusos sistemáticos de la Administración?
Liberal Lucini
No acabo de entender que si una persona demanda a otra que le debe dinero, el mecanismo para reclamar esa deuda entres dos particulares lo tenga que pagar yo, que ni debo ni me deben nada. No parece irrazonable que el beneficiado directamente contribuya a sufragar el servicio, sobre todo teniendo en cuenta que el coste medio para el Estado de un procedimiento judicial está en torno a los 2.000 euros. ¿Por qué tengo yo que pagar eso? Que lo pague quien lo usa.
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Maximilien Robespier
Mis argumentos son elementales. Si hay que pagar unas tasas desorbitadas por obtener justicia ante los Tribunales, pues simplemente no acudiremos a ellos. Las situaciones conflictiva se autocomprodrán de alguna otra manera. Eso si tal y como está la situación económica dudo mucho que hagan caja. Esta situación, no se por que me recuerda a doña angela dorotea: austeridad, austeridad. !! Pero ay!! amiga. Con tanta austeridad quien te mercará los productos que fabricas. Cuando la austeridad o falta de recaudacion de las tasas hagan huella en la desacreditada economia, ya hablaran de reactivar la actividad. Los politicos son asi de simples.
En definitiva el Codigo Civil y el Mercantil iran por su lado (el B.O.E) y los ciudadanos por el suyo. Cada dia mas alejados.
Asi se contruye un Estado.
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