Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2007/A119-07.htm
Timestamp: 2017-11-22 20:08:31
Document Index: 255830252

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A119-07
Auto 119/07
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Para que la omisión del anuncio sea subsanable se requiere que el proyecto haya sido aprobado por el Senado
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Incumplimiento del requisito de anuncio previo de votación/REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Incumplimiento/VICIO SUBSANABLE EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Configuración por incumplimiento del requisito de anuncio previo de votación en la Cámara de Representantes
La Corte reiterará el precedente fijado en el Auto 053 del 28 de febrero de 2007, acogido a su vez en el Auto 078 del 21 de marzo del mismo año, en el sentido de sostener que en el tercer debate de la Comisión Segunda de la Cámara, realizado en sesión conjunta del 17 de mayo de 2006, se presentó un vicio de procedimiento de carácter subsanable; esta vez, sobre el Proyecto de Ley 73/05 Senado – 264/06 Cámara, que concluyó con la expedición de la Ley 1072 de 2006, consistente en no haberse cumplido con el requisito del anuncio previsto en el artículo 160 de la Constitución Política. Tal y como ocurrió en las dos ocasiones anteriores, la Corte procederá a devolver a la Presidencia de la Cámara de Representantes la Ley 1072 del 31 de julio de 2006, con el fin de que disponga lo pertinente para que se subsane el vicio advertido. De igual manera, este Tribunal habrá de conceder a la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara un término de treinta (30) días, contados a partir de la notificación de este Auto a la presidencia de la misma, para que dicha célula legislativa subsane el vicio detectado en esta providencia. Observado lo anterior, la Cámara dispondrá hasta el 16 de diciembre de 2007, para cumplir con las etapas posteriores del proceso legislativo. Asimismo, el Presidente de la República tendrá el plazo establecido en la Carta para sancionar el respetivo proyecto de ley, el cual deberá conservar el mismo número de la ley aprobatoria que se devuelve. Cumplido en tramite anterior, el Presidente del Congreso remitirá a la Corte Constitucional la Ley 1072 del 31 de julio de 2006, para que ésta decida definitivamente sobre su exequibilidad.
Asunto: revisión constitucional de la Ley 1072 del 31 de julio de 2006, “Por medio de la cual se aprueba ‘La Enmienda al artículo 1º de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados’ adoptada en la segunda conferencia de examen de los Estados Parte en la convención, el veintiuno (21) de diciembre de dos mil uno (2001), en ginebra, Suiza”.
Bogotá D.C., nueve (9) de mayo de dos mil siete (2007).
La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, atendiendo lo previsto en el artículo 241, numeral 10 de la Constitución Política, envió fotocopia auténtica de la Ley número 1072 del 31 de julio de 2006, “Por medio de la cual se aprueba ‘La Enmienda al artículo 1º de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados’ adoptada en la segunda conferencia de examen de los Estados Parte en la convención, el veintiuno (21) de diciembre de dos mil uno (2001), en ginebra, Suiza”.
Según la publicación efectuada en el Diario Oficial No. 46.346 de 31 de julio de 2006, el siguiente es el texto de la ley y del tratado objeto de revisión:
Por medio de la cual se aprueba “la enmienda al artículo 1o de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”, adoptada en la Segunda Conferencia de Examen de los Estados Parte en la Convención, el veintiuno (21) de diciembre de dos mil uno (2001) en Ginebra, Suiza.
“Visto el texto de “La enmienda al artículo 1 de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”, adoptada en la Segunda Conferencia de Examen de los Estados Parte en la Convención, el veintiuno (21) de diciembre de dos mil uno (2001), en Ginebra, Suiza, que a la letra dice:
PROYECTO DE LEY NUMERO 73 DE 2005
por medio de la cual se aprueba la “Enmienda al artículo I de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”, adoptada en la Segunda Conferencia de Examen de los Estados Parte en la Convención, el veintiuno (21) de diciembre de dos mil uno (2001), en Ginebra, Suiza.
Visto el texto de la “Enmienda al artículo I de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”, adoptada en la Segunda Conferencia de Examen de los Estados Parte en la Convención, el veintiuno (21) de diciembre de dos mil uno (2001), en Ginebra, Suiza, que a la letra dice:
Los Estados Partes en la Segunda Conferencia de Examen, celebrada del 11 al 21 de diciembre de 2001, adoptaron la siguiente decisión de enmendar el artículo I de la Convención para ampliar el ámbito de su aplicación a los conflictos armados no internacionales. Esta decisión figura en la Declaración Final de la Segunda Conferencia de Examen que se publica con la signatura CCW/CONF.II/2.
1. La presente Convención y sus Protocolos anexos se aplicarán a las situaciones a que se refiere el artículo 2o común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados, incluidas cualesquiera situaciones descritas en el párrafo 4 del artículo I del Protocolo Adicional I a esos Convenios.
2. La presente Convención y sus Protocolos anexos se aplicarán, además de las situaciones a las que se refiere el párrafo 1o del presente artículo, a las situaciones a que se refiere el artículo 3o común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. La Convención y sus Protocolos anexos no se aplicarán a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores tales como los motines, los actos esporádicos de violencia y otros actos análogos que no son conflictos armados.
7. Las disposiciones de los párrafos 2o a 6o del presente artículo no se interpretarán en perjuicio de los Protocolos adicionales adoptados después del 1o de enero de 2002, que pudieran aplicarse, ni excluirán o modificarán el ámbito de su aplicación en relación con el presente artículo”.
I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Amendment, adopted on 21 December 2001 at the Second Review Conference of the Parties to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be deemed to be Excessively Injurious or to have Indiscriminate Effects, which was held in Geneva, from 11 to 21 December 2001.
Je certifie que le texte qui précéde est une copie conforme de l'Amendement adopté le 21 décembre 2001 á la Deuxiéme Conférence d'examen des Parties á la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent étre considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, tenue á Genéve, du 11 au 21 décembre 2001.
(Under-Secretary-General for Legal Affairs).
(Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques).
Hans Corell.
11 February 2002.
New York, le 11 février 2002.
Bogotá, D. C., 28 de febrero de 2005.
Artículo 1o. Apruébase la “Enmienda al artículo I de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”, adoptada en la Segunda Conferencia de Examen de los Estados Parte en la Convención, el veintiuno (21) de diciembre de dos mil uno (2001), en Ginebra, Suiza.
Artículo 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, la “Enmienda al artículo I de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”, adoptada en la Segunda Conferencia de Examen de los Estados Parte en la Convención, el veintiuno (21) de diciembre de dos mil uno (2001), en Ginebra, Suiza, que por el artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
Artículo 3o. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación”.
1. Ministerio de Defensa Nacional
En punto del trámite que surtió la ley aprobatoria del tratado, el Ministerio concluyó que éste se ajustó a lo dispuesto por la Constitución Política y por la Ley 5ª de 1992.
Por su parte, en materia del contenido de la Enmienda, el Ministerio despliega un análisis respecto de su justificación y constitucionalidad. En este sentido, sostiene el interviniente que la adopción de la Enmienda permite avanzar en la protección de las personas que participan en las hostilidades así como de los civiles en el marco de los conflictos armados no internacionales.
Finalmente, el Ministerio hace referencia a los tratados internacionales suscritos por Colombia que guardan relación con los Derechos Humanos y con el Derecho Internacional Humanitario y señala que éstos buscan hacer efectivos los derechos constitucionales fundamentales que toda persona tiene a su vida e integridad personal y al respeto de su dignidad humana.
Mediante escrito allegado a esta Corporación el 8 de noviembre de 2006, el Defensor del Pueblo intervino en el proceso de la referencia y tras exponer los argumentos que a continuación se reseñan, encontró que la Ley por la cual se aprueba la Enmienda y el texto de ésta se ajustan a la Constitución, por lo que solicitó que declarara su exequibilidad.
- Si bien las normas de derecho internacional humanitario hacen parte del ius cogens y, en tal medida, vinculan a todas las partes contendientes en un conflicto de carácter interno, la ampliación del ámbito de aplicación de la Convención sobre Armas Inhumanas a conflictos de orden interno, refuerza el plexo de medidas tendientes a la protección tanto de combatientes como de civiles, lo cual se acompasa con los fines del Estado colombiano.
- Respecto de la exclusión de la aplicación del Convenio a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, debe tenerse en cuenta que ello no implica la posibilidad de que las fuerzas armadas del Estado hagan uso, en estos eventos, de armas convencionales que puedan causar daños desproporcionados o indiscriminados a las personas o bienes, por cuanto los agentes del Estado deben sujetarse a las normas internacionales que regulan el uso de la fuerza con sujeción a los principios de excepcionalidad, necesidad y razonabilidad.
Finalmente, precisa que del tenor de los siete incisos que conforman el tratado no se desprende ninguna incompatibilidad con la Constitución Política, por lo que considera que la Enmienda no es más que el desarrollo del artículo 8 de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados.
El Procurador General de la Nación, en concepto No. 4231, rendido el cinco (5) de diciembre de 2006, solicitó a esta Corporación que declarara la exequibilidad de la norma objeto de control constitucional, toda vez que, al realizar el estudio formal del proyecto de ley que concluyó con la aprobación de la Ley 1072 de 2006, se advierte que el mismo cumplió con los requisitos de orden constitucional y legal para su aprobación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 154, 157, 158, 160 y 165 de la Constitución Política.
De igual forma, en cuanto al análisis material de la ley, la Vista Fiscal considera que la Enmienda se ajusta a la Constitución Política, en la medida en que ésta busca la ampliación del ámbito de aplicación de la Convención y sus Protocolos Adicionales con el fin de proveer protección a las personas que participan de las hostilidades así como a la población civil en los eventos de conflictos armados no internacionales.
Precisa que la Enmienda hace parte del derecho internacional humanitario, el cual propende por la humanización de la guerra y que, adicionalmente, pertenece a las normas de derecho internacional conocidas como ius cogen que por ser parte del derecho consuetudinario son imperativas, sin que para tal efecto se requiera de la adopción de las mismas en el ordenamiento jurídico de los Estados. De otra parte, señala que no obstante su carácter imperativo, la Enmienda respeta la soberanía de los Estados y no modifica el estatuto jurídico de las partes en conflicto a las que se aplique la Convención y sus Protocolos Adicionales.
De acuerdo con el numeral 10° del artículo 241 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para ejercer un control integral, previo y automático sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben.
2. La revisión formal de la Ley número 1072 del 31 de julio de 2006, “Por medio de la cual se aprueba ‘La Enmienda al artículo 1º de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados’ adoptada en la segunda conferencia de examen de los Estados Parte en la convención, el veintiuno (21) de diciembre de dos mil uno (2001), en ginebra, Suiza”.
2.1. La remisión de la Ley Aprobatoria y del Tratado por parte del Gobierno Nacional
El numeral 10° del artículo 241 de la Constitución Política, además de asignarle a la Corte Constitucional la función de decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueban, también le impone al Gobierno Nacional la obligación de remitir tales documentos a este Tribunal, “dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley”.
Respecto de esta última obligación, encuentra la Corte que la Ley 1072 del 31 de julio de 2006, “Por medio de la cual se aprueba ‘La Enmienda al artículo 1º de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados’ adoptada en la segunda conferencia de examen de los Estados Parte en la convención, el veintiuno (21) de diciembre de dos mil uno (2001), en ginebra, Suiza”, fue sancionada por el Presidente de la República el treinta y uno (31) de julio de 2006 y remitida a esta Corporación por parte del Secretario Jurídico del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el día 8 de agosto de 2006, es decir, dentro del término de los seis días que prevé el numeral 10° del artículo 241 de la Constitución Política.
2.2. La Negociación y la Celebración del Tratado
Según lo ha señalado esta Corporación, el deber constitucional de revisar los tratados internacionales y las leyes que los aprueban, incluye el examen de las facultades del representante del Estado colombiano para negociar, adoptar el articulado mediante su voto y autenticar el instrumento internacional respectivo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 7 a 10 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados de 1969.
El artículo 7° de la citada Convención dispone que la representación de un Estado para todo lo relativo a la celebración de un tratado es válida en cualquiera de los siguientes casos: (1) cuando la persona delegada presenta los adecuados plenos poderes (7.1-a); (2) si de la práctica del Estado, o de otras circunstancias, se deduce que existe la intención de considerar a la persona que participa en la negociación como la representante del Estado para esos efectos, prescindiendo de la presentación de plenos poderes (7.1-b); o (3) cuando se deduce de las funciones que cumple la persona delegada, sin tener que presentar plenos poderes (7.2). En este último caso, el mismo artículo considera que, por razón de sus funciones, representan a su Estado para los efectos de negociar y adoptar el texto de un tratado: (i) los jefes de Estado, jefes de Gobierno y ministros de relaciones exteriores (7.2-a); (ii) el jefe de la misión diplomática ante el Estado con el cual se va a celebrar (7.2-b) y (ii) el representante acreditado por el Estado ante una conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de los órganos de ésta (7.2-c).
Verificada la ocurrencia de alguna de las circunstancias descritas, debe entenderse cumplido el requisito de representación del Estado para cada una de las diversas etapas dentro de la celebración de un tratado internacional.
En el caso bajo examen, según certificación OAJ.CAT N° 46300, de fecha 11 de septiembre de 2006, expedida por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Enmienda al artículo 1º de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, fue adoptada en la Segunda Conferencia de Examen de los Estados parte, realizada del 11 al 21 de diciembre, en Ginebra, por la “Misión permanente de Colombia ante la Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos Internacionales en Ginebra”.
Anexo a la misma certificación, la Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores envió con destino a esta Corporación, copia del instrumento por el cual, el 28 de febrero de 2005, el Presidente de la República impartió la Aprobación Ejecutiva al citado instrumento, y ordenó someter a consideración del Congreso de la República la aprobación del Convenio.
Teniendo en cuenta la información precedente, observa la Corte que respecto del “Enmienda al artículo 1º de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”, se encuentra cumplido el requisito de representación del Estado. Conforme se anotó, el aludido Memorando de Entendimiento fue suscrito por la Misión permanente de Colombia ante la Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos Internacionales en Ginebra, en el marco de la Segunda Conferencia de Examen de los Estados Parte, realizada en Ginebra, Suiza del 11 al 21 de diciembre, la cual, de acuerdo con el artículo 7.2.c) de la Convención de Viena de 1969, estaba legitimada para representar al Estado colombiano en la suscripción del tratado en razón de que se trata de “representantes acreditados por los Estados ante una conferencia internacional”.
2.3 Trámite realizado en el Congreso de la República para la aprobación de la Ley 1019 de 2006
Tal como lo disponen el numeral 2° del artículo 189 de la Constitución Política, el Presidente de la República, en su condición de Jefe de Estado, es el encargado de dirigir las relaciones internacionales y, en esa medida, es la autoridad facultada para celebrar con otros estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que es necesario someter a la aprobación del Congreso de la República mediante ley.
Ha expresado esta Corte que el trámite legislativo al cual deben someterse para su aprobación las leyes que versan sobre tratados públicos, es el mismo que la Carta Política establece para las leyes ordinarias (C.P. art. 157), salvo en lo que tiene que ver con la cámara legislativa en la cual deben tener origen, pues, por disposición expresa del inciso final del artículo 154 de la Constitución, los proyectos que se refieran a las relaciones internacionales tienen que iniciarse, necesariamente, en el Senado de la República.
El proyecto de ley aprobatorio del ‘La Enmienda al artículo 1º de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”, comenzó su trámite en el Senado de la República, donde fue radicado el 28 de febrero de 2005 por el Gobierno Nacional, a través de la Ministra de Relaciones Exteriores, doctora Carolina Barco Isakson, el Ministro de Defensa Nacional, doctor Jorge Alberto Uribe Echavarría y la Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, doctora Sandra del Rosario Suárez Pérez, correspondiéndole el número de radicación 73/05 Senado. El texto original del proyecto y la respectiva exposición de motivos fueron publicados en la Gaceta del Congreso No. 561 del 25 de agosto de 2005 (Pág. 1-3, a folios 76-77 del Cuaderno de Pruebas 2).
La ponencia favorable para primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República fue presentada por los Senadores Manuel Ramiro Velásquez Arroyave e Isabel María Figueroa G. y publicada en la Gaceta del Congreso No. 824 del 18 de noviembre de 2005. (Pág. 7-10).
En cumplimiento del artículo 8° del Acto Legislativo 01 de 2003, la votación del Proyecto de Ley 73/05 por parte de la Comisión Segunda del Senado fue anunciada el 29 de noviembre de 2005, para llevarse a cabo en la próxima sesión, esto es, en la sesión del 30 de noviembre de 2005, tal como consta en el Acta No. 13 del 29 de noviembre del mismo año, publicada en la Gaceta No. 124 del 17 de mayo de 2006 (Pág. 2, a folio 3 del Cuaderno de Pruebas 4). El siguiente es el texto del anuncio:
9. Proyecto de ley 73 de 2005 Senado, por medio del cual se aprueba la Enmienda al artículo I de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, adoptada en la Segunda Conferencia de Examen de los Estados Parte en la Convención, el veintiuno (21) de diciembre de dos mil uno (2001), en Ginebra, Suiza. Ponentes: honorables Senadores Manuel Ramiro Velásquez Arroyave e Isabel María Figueroa González”[1].
La aprobación del Proyecto de Ley 73/05 por parte de la Comisión Segunda del Senado se cumplió de acuerdo con el anuncio que debidamente se realizó en la sesión inmediatamente anterior. Así, el proyecto fue aprobado en la sesión siguiente a la del 29 de noviembre de 2005, es decir, en la sesión del 30 de noviembre del mismo año, por votación unánime a favor de doce (12) de los trece (13) senadores que conforman la citada Comisión, tal y como consta en el Acta No. 14 de la misma, fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 124 de 2006. Tal hecho se destaca en el Acta 14 en los siguientes términos:
“Proyecto de ley número 73 de 2005 Senado, por la cual se aprueba la enmienda al artículo 1º de la convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, adoptada en la segunda conferencia de examen de los Estados parte en la convención del 21 de diciembre de 2001 en Ginebra, Suiza.
El señor Secretario da lectura a la proposición con la cual termina el informe dice así:
“Por las consideraciones anteriormente expuestas en la ponencia favorable que presentamos, dese primer debate al Proyecto de ley número 73 de 2005 Senado, por la cual se aprueba la enmienda al artículo 1º de la convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, adoptada en la segunda conferencia de examen de los Estados parte en la convención del 21 de diciembre de 2001 en Ginebra, Suiza”, conforme al texto presentado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El señor Presidente, pregunta al Senador Manuel Ramiro, si ¿tiene usted alguna observación que hacer respecto de este importante proyecto?
Igualmente ¿se ha pedido la omisión de la lectura del articulado?
Se aprueba la omisión de la lectura del articulado.
A continuación someto a consideración de los honorables Senadores de la Comisión la proposición leída.
¿Aprueban los honorables Senadores la proposición leída?
Ha sido aprobada la proposición.
Título del proyecto, por medio de la cual se aprueba la enmienda al artículo 1º de la convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”, adoptada en la segunda conferencia de examen de los Estados parte en la convención del 21 de diciembre de 2001 en Ginebra, Suiza”.
El señor Presidente somete a consideración el título del proyecto.
Designo como ponentes los mismos Senadores del primer debate”[2].
La ponencia para segundo debate en la Plenaria del Senado fue presentada por los Senadores Manuel Ramiro Velásquez Arroyave e Isabel María Figueroa González y publicada en la Gaceta del Congreso No. 897 del 14 de diciembre de 2005. (Pág. 1-4, a folios 89-90 del Cuaderno de Pruebas 2).
En cumplimiento del artículo 8° del Acto Legislativo 01 de 2003, la votación del Proyecto de Ley 73/05 en Plenaria de Senado fue anunciada en la sesión del 14 de diciembre de 2005, para llevarse a cabo en la siguiente sesión, tal como consta en el acta No. 34 de la misma fecha, publicada en la Gaceta No. 18 del 30 de enero de 2006. (Pág. 45-46, a folios 154-155 Cuaderno de Pruebas 3). El texto del anuncio es el que sigue:
“Por instrucciones de la Presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo número 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.
· Proyecto de ley número 73 de 2005 Senado, por medio de la cual se aprueba la enmienda al artículo I de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”, adoptada en la segunda Conferencia de Examen de los Estados Parte en la Convención, el veintiuno (21) de diciembre de dos mil uno (2001), en ginebra, Suiza.
Siendo las 4:50 p.m., la Presidencia levanta la sesión y convoca para el día jueves 15 de diciembre de 2005, a las 12:00 m.”[3]
La aprobación del Proyecto de Ley 73/05 por parte de la Plenaria del Senado ocurrió de acuerdo con el anuncio que debidamente se realizó en la sesión inmediatamente anterior. En consecuencia, el proyecto fue aprobado en la sesión siguiente a la del 14 de diciembre de 2005, es decir, en la sesión del 15 de diciembre de 2005, por votación unánime a favor de noventa y tres (93) Senadores, tal y como consta en el Acta No. 35 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 19 del 30 de enero de 2006. Lo referente a la consideración y votación del proyecto, quedo consignada en la respectiva Acta, de la siguiente manera:
“Proyecto de ley número 73 de 2005 Senado, por medio de la cual se aprueba la enmienda al artículo I de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, adoptada en la Segunda Conferencia de Examen de los Estados Parte en la Convención, el veintiuno (21) de diciembre de dos mil uno (2001), en Ginebra, Suiza.
Por Secretaría se da lectura al título del Proyecto de ley número 73 de 2005 Senado, por medio de la cual se aprueba la enmienda al artículo I de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, adoptada en la Segunda Conferencia de Examen de los Estados Parte en la Convención, el veintiuno (21) de diciembre de dos mil uno (2001), en Ginebra, Suiza.
La Presidencia indica a la Secretaría continuar con el siguiente proyecto”[4].
El proyecto de ley 73/05 - Senado, aprobatorio de ‘La Enmienda al artículo 1º de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”, fue radicado en la Cámara de Representantes con el número 264/06 Cámara.
La ponencia para tercer debate del Proyecto de Ley 264/06 fue presentada ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes por el Representante Carlos Ramiro Chavarro Cuellar y publicada en la Gaceta del Congreso No. 126 del 18 de mayo de 2006. (Pág. 6-8, a folios 97-98 del Cuaderno de Pruebas 2).
En cumplimiento del artículo 8° del Acto Legislativo 01 de 2003, la votación del Proyecto de Ley 264/06 por parte de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue anunciada en la sesión del 17 de mayo de 2006. Dicho anuncio tuvo lugar en sesión conjunta de las Comisiones Segundas de Senado y Cámara, ante el mensaje de urgencia presentado por el Gobierno Nacional para acelerar la aprobación del proyecto de ley 254/06 Senado, 271/06 Cámara, “Por medio de la cual se regula la adquisición de bienes y servicios destinados a la Defensa y Seguridad Nacional”[5].
Aprobado el mencionado proyecto por ambas cámaras legislativas, en la misma sesión del 17 de mayo de 2006 las comisiones procedieron a realizar los anuncios y convocatorias, incluyendo, como ya se anotó, para el caso de la Comisión Segunda de la Cámara, el anuncio para votación del Proyecto de Ley 264/06. Cabe advertir, sin embargo, que dicho anuncio no incluyó la indicación de la sesión en la cual la votación del citado proyecto debía llevarse a cabo, ni tampoco es posible deducir tal hecho del contexto de la sesión. Así consta en el Acta No. 01 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 333 del 1 de septiembre de 2006. (Pág. 12 de la Gaceta, a folio 14 del Cuaderno de Pruebas 5), en la que se dejo constancia que, al dársele la palabra a la Secretaria General de la Comisión Segunda de la Cámara, ésta se limitó a señalar “Anuncio proyectos de ley”, expresión que no permite precisar con cierto nivel de claridad una fecha determinada o determinable para llevar a cabo la discusión y aprobación del proyecto. Cabe aclarar que del contexto de la sesión tampoco es posible deducir tal hecho, toda vez que la referencia al tema de los proyectos a tratar se circunscribe solamente a la manifestación hecha por la Secretaria General de la Comisión Segunda de la Cámara, a la que ya se hizo expresa referencia. El siguiente es el contexto y el texto del anuncio:
Anuncio proyectos de ley. (Negrillas y subrayas fuera de texto)
• Proyecto de ley número 264 de la Cámara, 073 de 2005 Senado, por medio de la cual se aprueba la enmienda del artículo 1° de la Convención sobre provisiones, sobre discusiones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, aprobado en Ginebra en el 2001. (Negrillas y subrayas fuera de texto)
• Proyecto de ley número 236 de 2005 Cámara, 090 de 2004 Senado, por medio de la cual se aprueba la Convención sobre la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales en materia civil o comercial, hecha en La Haya el 15 de noviembre de 1965. (Negrillas y subrayas fuera de texto)
Como se advierte de la cita anterior, además del proyecto de ley que en esta oportunidad se revisa (073 Senado 264 Cámara), debe recordar la Corte que en la misma sesión conjunta del 17 de mayo de 2006, también fueron objeto de anuncio para votación por parte de la Comisión Segunda de la Cámara, entre otros, los siguientes dos proyectos: (i) el 239/05 Cámara – 072/05 Senado, “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Complementación Económica No. 33 Tratado de Libre comercio celebrado entre la República de Colombia, los Estados Unidos Mejicanos y la República Bolivariana de Venezuela-Sexto Protocolo Adicional, suscrito en la ciudad de Montevideo”; y el 236/05 Cámara – 090/04 Senado, por medio de la cual se aprueba la Convención sobre la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales en materia civil o comercial, hecha en La Haya el 15 de noviembre de 2005”.
Terminada la sesión conjunta del 17 de mayo de 2006, el Presidente de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes convocó a los miembros de dicha comisión para la sesión del 30 de mayo de 2006, tal como consta en el Acta No. 01 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 333 del 1° de septiembre de 2006. (Pág. 12 de la Gaceta, a folio 14 del Cuaderno de Pruebas 5). Al respecto se lee en la citada acta:
Agotado el Orden del Día para el Senado también, se convoca entonces nuevamente para el día miércoles 31 y revisaremos los proyectos anunciados. Muchas gracias”[6].
La aprobación del Proyecto de Ley 264/06 por parte de la Comisión Segunda de la Cámara tuvo lugar en la sesión del 30 de mayo del mismo año, por votación unánime a favor de diecisiete (17) Representantes que conforman la citada Comisión, tal y como consta en el Acta No. 23 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 340 del 4 de septiembre de 2006. Este hecho se destaca en el Acta 22 en los siguientes términos:
* Proyecto de ley número 264 de 2006 Cámara, 073 de 2005 Senado.
Por las consideraciones anteriormente expuestas en la ponencia favorable que presentamos, dese primer debate al Proyecto de ley número 073 2005 Senado, “Por medio de la cual se aprueba la enmienda al artículo 1º de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, adoptada en la segunda conferencia de examen de los Estados parte en la convención, el 21 de diciembre de 2001 en Ginebra, Suiza”.
Se designa el mismo ponente para la Plenaria de la Cámara”[7].
La ponencia para cuarto debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes fue presentada por el Representante Carlos Ramiro Chavarro Cuellar y publicada en la Gaceta del Congreso No. 175 del 8 de junio de 2006. (Pág. 27-28, a folios 42-43 del Cuaderno de Pruebas 1).
En cumplimiento del artículo 8° del Acto Legislativo 01 de 2003, la votación del proyecto en la Plenaria de la Cámara fue anunciada el 7 de junio de 2006, para llevarse a cabo en la sesión siguiente, tal como consta en el acta No. 234 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 220 del 27 de junio de 2006 (Pág. 23, a folio 132 del Cuaderno de Pruebas 1). El texto del anuncio es el que sigue:
“Dirección de la sesión por la Presidencia, doctor Julio Gallardo:
Señor Secretario, sírvase anunciar los proyectos y los asuntos que trataremos en la sesión Plenaria del próximo martes. (Negrillas y subrayas fuera de texto)
Proyecto de ley número 264 de 2006 Cámara, 073 de 2005 Senado.
Han sido anunciados los proyectos, asuntos y actas de conciliación a tramitarse en la próxima plenaria señor Presidente”[8].
La aprobación del Proyecto de Ley 264/06 por parte de la Plenaria de la Cámara de Representantes ocurrió de acuerdo con el anuncio que debidamente se realizó en la sesión inmediatamente anterior. En consecuencia, el proyecto fue aprobado en la sesión siguiente a la del 7 de junio de 2006, es decir, en la sesión del 13 de junio del mismo año, por votación favorable de la mayoría de los Representantes presentes, tal y como consta en el Acta No. 235 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 229 de 2006. Lo referente a la consideración y votación del proyecto, quedo consignada en la respectiva Acta, de la siguiente manera:
Siete. Proyecto de ley número 264 del 2006 Cámara, 073 de 2005 Senado, por medio de la cual se aprueba la enmienda al artículo 1º de la convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que se puedan considerar excesivamente nocivas, de efectos indiscriminados adoptada por la Segunda Conferencia de Examen de los Estados Parte de la Convención, el 21 de diciembre de 2001, en Ginebra, Suiza.
El informe de ponencia es como sigue: Dése segundo debate al proyecto de ley por medio de la cual se aprueba la enmienda al artículo 1º de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, adoptada en la Segunda Conferencia de Examen de los Estados Parte en la Convención, el 21 de diciembre de 2001, en Ginebra, Suiza.
Se somete a consideración de la honorable Cámara de Representantes el informe con el que termina la ponencia. Se abre la discusión. Continúa. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrada. ¿Aprueba la honorable Cámara de Representantes el informe con el que termina la ponencia?
Así lo quiere, señor Presidente”[9].
3. Análisis de constitucionalidad del trámite dado por el Congreso a la Ley 1072 del 31 de julio de 2006
De acuerdo con el anterior recuento, encuentra la Corte que el proyecto 73/05 Senado – 264/06 Cámara, que concluyó con la expedición de la Ley 1072 de 2006, inició su trámite en el Senado de la República, tal y como lo dispone el artículo 241-10 de la Carta. Además, en virtud de lo establecido en el artículo 157 Superior, el referido proyecto fue publicado en el Congreso antes de darle curso en la comisión respectiva (C.P. art. 157-1), se aprobó en primer debate en las correspondientes Comisiones Segundas de Senado y Cámara (C.P. art. 157-2), fue aprobado en segundo debate en las Plenarias de cada Cámara (C.P. art. 157-3) y recibió la debida sanción presidencial (C.P. art. 157-4).
Verificada la observancia de las anteriores formalidades, debe la Corte entrar a determinar si el Congreso de la República dio cumplimiento al requisito previsto en el inciso 5° del artículo 160 de la Carta Política, adicionado por el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, que exige como presupuesto de aprobación de los proyectos de ley el anuncio previo de la votación en cada uno de los debates parlamentarios.
3.1. El requisito de anuncio previsto en el artículo 160 de la Constitución Política
El inciso 5° del artículo 160 de la Carta Política, tal y como el mismo fue adicionado por el artículo 8° del Acto Legislativo 01 de 2003, consagra expresamente que: “Ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada cámara o comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación”.
Sobre dicha norma, la Corte ha precisado que por su intermedio se incorporó al trámite de aprobación de las leyes un nuevo requisito de procedimiento, a través del cual se le impone al Congreso el deber de anunciar previamente, en cada debate reglamentario, los proyectos de ley que van a ser sometidos a votación en las respectivas cámaras legislativas. Justificó esta Corporación la exigencia del citado requisito, señalando que el mismo cumple un doble propósito[10]. Por una parte, permitir que los congresistas conozcan con la debida anticipación los proyectos y demás asuntos sometidos a su consideración, evitando que sean sorprendidos con votaciones no anunciadas e intempestivas. Y por la otra, garantizar a los ciudadanos y a las organizaciones sociales que tengan interés en los proyectos tramitados por el Congreso, una participación política oportuna, de manera que puedan incidir a tiempo en su proceso de aprobación, dando a conocer sus opiniones e ideas y manifestando su acuerdo o desacuerdo con lo debatido.
Siguiendo el tenor literal del inciso 5° del artículo 160 Superior, la Corte ha sostenido que la exigencia del anuncio reúne los siguientes presupuestos fácticos[11], los cuales deben ser observados por el Congreso y posteriormente verificados por el órgano de control constitucional: (i) que se anuncie la votación del proyecto en cada uno de los debates reglamentarios; (ii) que el anuncio lo haga la presidencia de la Cámara o de la respectiva Comisión en una sesión diferente y previa a aquella en la cual debe realizarse la votación del proyecto; (iii) que la fecha de la votación sea cierta, determinada o, en su defecto, determinable; y (iv) que el proyecto no sea votado en sesión distinta a la anunciada previamente.
“1- El anuncio no tiene que hacerse a través de una determinada fórmula sacramental o de cierta expresión lingüística[12]. Considerando que la Constitución no prevé el uso de una locución específica para hacer el anuncio de que trata el artículo 160 Superior, ha estimado la Corte que si el propósito del mismo es prevenir oportunamente a los miembros de las cámaras y a la ciudadanía sobre los asuntos que son tramitados y decididos por el Congreso, para dar cabida al principio que propugna por la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal (C.P. art. 228), lo que resulta relevante es que la expresión que se utilice conduzca inequívocamente a asegurar la observancia de la aludida exigencia constitucional. A este respecto, precisó que “el hecho de que no exista una expresión específica diseñada para cumplir con el requisito del artículo 160 constitucional no significa que cualquier expresión verbal vinculada con este tema supla la exigencia de anuncio impuesta por la Carta” [13], pues, en todo caso, “es requisito que dichas expresiones sinónimas transmitan la idea consignada en el artículo 160”[14].
Dentro del tema del uso de determinados vocablos, la Corte ha señalado[15] que si en el curso de las sesiones se utiliza la expresión “anuncio” para referirse a los proyectos que serán debatidos y votados en otra sesión, en principio la misma puede interpretarse como circunscrita a la intención del Congreso de dar cumplimiento al requisito previsto en el artículo 160 Superior. A juicio de la Corporación ello debe entenderse así, en razón a que dentro del proceso de formación de la ley, el aviso previo es exigido por la Constitución Política únicamente para efectos de anunciar la votación y, por tanto, para ningún otro trámite legislativo.
2- También es posible considerar cumplido el requisito previsto en el artículo 160 Superior, cuando del contexto de los debates surgen elementos de juicio que permiten deducir que la intención de las mesas directivas ha sido la de anunciar la votación de ciertos proyectos para una sesión posterior. Respecto de tal presupuesto la Corte ha hecho las siguientes precisiones[16]: (i) recurrir al contexto del debate como elemento de identificación del anuncio se predica no solo del anuncio propiamente dicho, sino también de la fecha de votación y de la intención de someter a votación un determinado proyecto; (ii) la posibilidad de verificar la exigencia constitucional del anuncio a partir del contexto de los debates adquiere validez frente a cada caso concreto, toda vez que la dinámica propia de la actividad legislativa descarta que se aplique un criterio uniforme en las deliberaciones que se suscitan respecto de los distintos proyectos de ley; y (iii) la apreciación del contexto no es respecto de una sola sesión, particularmente de aquella en que presumiblemente se hizo el anuncio, sino que puede abarcar otras sesiones, incluso en la que tuvo ocurrencia la votación.
3- El anuncio debe permitir determinar la sesión futura en la cual va a tener lugar la votación del proyecto de ley en trámite[17], de manera que la imposibilidad para establecer la sesión en que habría de tener ocurrencia dicho procedimiento, hacen de aquél un anuncio no determinado ni determinable y, en consecuencia, contrario al requisito previsto en el artículo 160 de la Carta.
En relación con esto último, habrá de anotarse que, si bien la jurisprudencia descarta que para verificar el requisito del anuncio sea necesario señalar la fecha exacta de la sesión en que va a llevarse a cabo la votación, si requiere que por la menos dicha fecha sea determinable[18]. Con el fin de establecer lo que debe entenderse por “determinable” en el contexto del anuncio, ha señalado esta Corporación[19] que expresiones como “para la siguiente sesión” o “en la próxima sesión” , son suficientes para considerar que sí se definió la fecha y sesión en la cual el proyecto de ley en trámite debe ser votado y, por tanto, para considerar cumplido el requisito de aviso previo.
4- Cuando la votación de un proyecto se aplaza indefinidamente, de manera que no se lleva a cabo en la sesión para la cual fue anunciada, es deber de las mesas directivas continuar con la cadena de anuncios; es decir, reiterar el anuncio de votación en cada una de las sesiones que antecedan a aquella en que efectivamente se lleve a cabo la aprobación del proyecto, toda vez que “no existe otro instrumento constitucional que permita garantizar la efectiva realización del fin que se pretende satisfacer mediante la formalidad del aviso, el cual -según se ha visto- consiste en evitar que los congresistas y la comunidad en general sean sorprendidos con votaciones intempestivas o subrepticias”. Si ello no tiene ocurrencia, es decir, si no se cumple con la secuencia temporal del aviso cuando por razones de práctica legislativa el debate y votación de un proyecto se aplaza indefinidamente, se entiende que la votación se realizó en una sesión distinta a la que fue anunciada, incumpliéndose el requisito previsto en el artículo 160 de la Carta Política[20].
Sobre el particular, ha señalado la Corte que, a pesar de presentarse el fenómeno de la ruptura de la cadena de anuncios respecto de un proyecto de ley cuya votación se ha venido aplazando indefinidamente, no se incurre en un vicio de inconstitucionalidad por desconocimiento del artículo 160 Constitucional, cuando en la sesión inmediatamente anterior a aquella en que se surte la aprobación del proyecto, “el mismo fue específicamente anunciado para ser sometido a votación en dicha sesión.”[21] Si esto último no tiene ocurrencia, es decir, si además de romperse la cadena de anuncios el proyecto aplazado indefinidamente se vota sin haberse anunciado tal hecho en la sesión inmediatamente anterior, se entiende que se ha incumplido el requisito de “anuncio” previo consagrado en el artículo 160 Superior.”
En punto a la exigibilidad del requisito de anuncio previo, la Corte ha precisado que la inobservancia del mismo por parte del Congreso de la República convalida la existencia de un vicio de procedimiento en la formación de la ley, el cual es de carácter subsanable o insubsanable, según la instancia legislativa en la que el mismo haya tenido lugar. Así, en la Sentencia C-576 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), esta Corporación definió su posición jurisprudencial en torno al tema, particularmente, frente a las leyes que aprueban tratados o convenios internacionales, precisando que, tratándose de este tipo de leyes, si la falta de anuncio previo tiene ocurrencia en la Cámara donde por expresa disposición constitucional debe iniciarse el trámite del proyecto, esto es, en el Senado de la República (C.P. art. 154), se configura un “vicio insubsanable” que desencadena la declaratoria de inexequibilidad de la ley. Ello en razón a que en esa instancia congresional la expresión de la voluntad parlamentaria debe ser completa y formarse sin vicios de procedimiento de ninguna clase.
Además, cabe resaltar que la Corte ha proferido desde hace cerca de dos años varias sentencias advirtiendo sobre la importancia de cumplir este requisito, lo cual no ha impedido que el vicio se repita, con mayor frecuencia, precisamente en el Senado, es decir, en la cámara de origen del proyecto a la cual le compete decidir, en primer lugar, si aprueba o imprueba el tratado. Dicha decisión, en adelante, deberá ser la expresión de una voluntad formada sin vicios de procedimiento para que se entienda que se ha culminado una de las etapas estructurales del trámite de esta clase de leyes. En otras palabras, una falencia en el cumplimiento el requisito del anuncio previo establecido en el artículo 160 C.P. hasta la votación en la Plenaria del Senado se considera como un vicio en el trámite legislativo insubsanable que desencadenará la declaratoria de inexequibilidad de la ley aprobatoria de un tratado internacional. De otro lado, una falencia en el cumplimiento del mencionado requisito en un momento posterior a la votación en la Plenaria del Senado se considera un vicio subsanable que desencadenará la devolución de la ley aprobatoria de un tratado internacional al Congreso para que subsane el vicio y continúe su trámite desde el momento en que se produjo, cuando se reúnan las demás condiciones de subsanabilidad.”
3.2. Incumplimiento del requisito de anuncio previsto en el artículo 160 de la Constitución Política. Reiteración de jurisprudencia en torno a lo ocurrido en el tercer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, en la sesión del 17 de mayo de 2006
A partir de las consideraciones expuestas y de acuerdo con la descripción del proceso de formación de la Ley 1072 del 31 de julio de 2006, constata la Corte que en el tercer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes no se dio cumplimiento a la exigencia constitucional prevista en el inciso 5° del artículo 160 Superior, toda vez que el Proyecto de Ley 264/06 Cámara, que concluyó con la expedición de la citada ley, fue votado en la sesión del 30 de mayo de 2006, sin que previamente se hubiere anunciado que en dicha sesión se realizaría la votación y sin que tal hecho hubiere podido deducirse del contexto.
Siguiendo el contenido del Acta No. 01 del 17 de mayo de 2006, publicada en la Gaceta del Congreso No. 333 del 1 de septiembre de 2006 (Pág. 12 de la Gaceta, a folio 14 del Cuaderno de Pruebas 5), se puede apreciar que el anuncio para votación del Proyecto de Ley 264/06 se hizo en la sesión conjunta del 17 de mayo de 2006, e igualmente, que la Secretaria General de la Comisión Segunda de la Cámara, al hacer uso de la palabra para anunciar los proyectos a ser considerados en sesiones posteriores, se limitó a señalar: “Anuncio proyectos de ley”, expresión que no permite precisar ni deducir con claridad una fecha determinada o determinable para llevar a cabo la discusión y aprobación del referido Proyecto de Ley 264/06.
Como complemento de lo anterior, también se encuentra acreditado en el Acta 01 del 17 de mayo de 2006, que durante el curso de la reunión no se hizo ninguna otra referencia a la sesión en que habrían de ser debatidos y votados los proyectos anunciados, con lo cual se descarta de plano la posibilidad de que tal hecho pudiera deducirse del contexto de la reunión. Sobre esto último, se observa en la precitada acta que luego de la manifestación de la Secretaria General de la Comisión Segunda de la Cámara, en el sentido de señalar: “Anuncio proyectos de ley”, la misma funcionaria procedió a enumerar una serie de proyectos -entre los que se cuenta el que ahora es objeto de análisis- para luego proceder, de forma inmediata, a dar por terminada la sesión y a convocar para la siguiente.
Para corroborar lo dicho, no sobra citar nuevamente la parte pertinente del Acta 01 del 17 de mayo de 2006:
Así entonces se culmina la Sesión Conjunta de las Comisiones Segundas del Congreso de la República para Comisión Segunda de Cámara, se convoca o se cita a los Congresistas de esta Comisión para el próximo martes 30 de mayo del presente año. (Negrillas y subrayas fuera de texto)
Cabe destacar que el vicio de procedimiento al que se ha hecho expresa referencia, ya había sido detectado y declarado por la Corte en el Auto 053 del 28 de febrero de 2007 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), al revisar la constitucionalidad de la Ley 1073 de 2006, “Por medio de la cual se aprueba la ´Convención sobre la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o comercial; hecha en la Haya el 15 de noviembre de 1965”. Dicha posición fue posteriormente reiterada en el Auto 078 del 21 de marzo del 2007 (Ma. P. Clara Inés Vargas Hernández), al revisar la constitucionalidad de la Ley 1074 de 2006, “Por medio de la cual se aprueba el ´Acuerdo de Complementación Económica No. 33 (Tratado de Libre Comercio) celebrado entre la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República Bolivariana de Venezuela-Sexto Protocolo Adicional´, suscrito en la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los tres (3) días del mes de agosto de dos mil cinco (2005)”.
El pronunciamiento previo de la Corte, en punto a la constatación del vicio de procedimiento detectado en la sesión conjunta del 17 de mayo de 2006, se explica, en razón a que, además del proyecto de ley que en esta ocasión se revisa (073 Senado - 264 Cámara), en dicha sesión también fueron objeto de anuncio para votación los Proyectos de Ley 090/04 Senado - 236/05 Cámara y 072/05 Senado - 239/05 Cámara, los cuales a su vez dieron paso a la expedición de las Leyes 1073 y 1074 de 2006, respectivamente.
En el Auto 053 del 2007, al verificar el cumplimiento del requisito de anuncio previsto en el artículo 160 Superior, la Corte encontró, como ahora lo reitera, que en el tercer debate de la Comisión Segunda de la Cámara, realizado en sesión conjunta del 17 de mayo de 2006, se presentó un vicio de procedimiento sobre el proyecto de ley 236/05 Cámara – 090/04 Senado, debido a que en la citada sesión, la Secretaria General de la Comisión Segunda de la Cámara se había limitado a manifestar “Anuncio proyectos de ley”, sin indicar una fecha determinada o determinable en la que se llevaría a cabo la discusión y aprobación del proyecto, y sin que tal hecho fuera deducible del contexto de la sesión.
“Examinada esta etapa de la sesión, la Sala observa que para el caso del cumplimiento del requisito del anuncio de la votación por parte de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, la Secretaría se limitó a indicar el “anuncio de proyectos de ley” expresión que, en sí misma, no permite dilucidar con claridad una fecha determinada o determinable en la que se celebrará la sesión en que se llevará a cabo la discusión y aprobación del proyecto. Acto seguido y habiéndose comprobado el agotamiento del orden del día, la mesa directiva de las comisiones conjuntas dio por terminada la sesión y luego se convocaron sendas reuniones para las comisiones segundas del Senado y de la Cámara. Empero, no se definió la fecha para la cual serían sometidos a discusión y aprobación los proyectos anunciados por la Secretaría de la Comisión Segunda de la Cámara. Por ende, se está ante un vicio en el trámite del proyecto de ley, de conformidad con las reglas jurisprudenciales sintetizadas en este apartado.
Ante la comprobación del vicio en el procedimiento legislativo, corresponde a la Corte determinar si es de naturaleza subsanable. Al respecto, conforme a la posición unificada de la jurisprudencia aplicable a la materia, se tiene que la irregularidad presentada recae dentro de los supuestos de subsanabilidad previstos por esta Corporación, en tanto (i) el vicio ocurrió durante el tercer debate del trámite, esto es, cuando ya se había verificado la aprobación del proyecto en el Senado de la República, cumpliéndose de este modo con una de las etapas estructurales del proceso de formación de la ley; y (ii) las votaciones durante la totalidad del trámite fueron unánimes, sin que concurriera algún modo de oposición sustancial a la versión original del proyecto radicada por el Gobierno Nacional, razón por la cual no existe evidencia de la vulneración de los derechos de las minorías parlamentarias.
Visto lo anterior y de manera similar a como lo ha ordenado esta Corporación en decisiones precedentes,[22] la Corte devolverá el proyecto a la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, instancia en la que se verificó el vicio de procedimiento, a efectos que reanude el trámite del proyecto de ley, dándose cumplimiento al anuncio para votación dispuesto en el inciso final del artículo 160 Superior y de conformidad con las reglas expresadas en esta providencia.
En ese sentido, según lo previsto en el parágrafo del artículo 241 C.P. y el artículo 202 de la Ley 5ª de 1992, la Corte concede a la Cámara un término máximo de 30 días, contados a partir de la notificación de esta providencia, para que proceda a subsanar el vicio. Con este fin, en una de las sesiones de la Comisión Constitucional se anunciará la votación del proyecto para una fecha futura determinada, informándose a los Representantes el número de la Gaceta del Congreso en que fue publicada la ponencia para el primer debate en la mencionada Comisión o, en caso que la presidencia de la célula legislativa lo estime conveniente, a través de la distribución de copias de la misma.
Verificado este trámite, el Congreso dispondrá hasta el 20 de junio de 2007, fecha en la que termina la presente legislatura, para concluir el proceso de formación de la ley. Sobre esta particular debe precisarse, como lo ha declarado la jurisprudencia constitucional, que una orden de esta naturaleza es compatible con la prohibición contenida en el artículo 162 C.P., puesto que el límite de dos legislaturas se aplica exclusivamente a la formación original de la ley, sin que pueda extenderse a plazos adicionales fijados por el Tribunal Constitucional con el objeto de subsanar vicios de trámite.[23]
Sobre este último particular, debe anotarse que la sanción presidencial, en tanto se refiere a la mismo acto aprobatorio sujeto a análisis, no contraerá el cambio en la identificación de la ley. En ese sentido, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, al momento de ejercer la competencia prevista en el artículo 8º del Decreto 2719 de 2000, conservará el número de Ley 1037 del 31 de julio de 2006. Lo anterior debido a que, como lo ha sostenido esta Corporación,[24] la subsanación de un vicio en el trámite legislativo por parte del Congreso no contrae modificación alguna en lo relativo a la identificación nominal del proyecto y de la ley aprobatoria resultante”.
Ya se anotó que la posición adoptada por la Corte en el Auto 053 del 28 de febrero de 2007, fue posteriormente reiterada en el Auto 078 del 21 de marzo del 2007, en el que se expresó sobre el particular:
“Como en dicha sesión también se anunció el proyecto de ley que nos ocupa, como lo es el 239 de 2005 Cámara, 072 de 2005 Senado, la Corte procederá a reiterar el citado auto 053 del 2007, profiriendo igual determinación.”
Así las cosas, en esta nueva oportunidad, la Corte reiterará el precedente fijado en el Auto 053 del 28 de febrero de 2007, acogido a su vez en el Auto 078 del 21 de marzo del mismo año, en el sentido de sostener que en el tercer debate de la Comisión Segunda de la Cámara, realizado en sesión conjunta del 17 de mayo de 2006, se presentó un vicio de procedimiento de carácter subsanable; esta vez, sobre el Proyecto de Ley 73/05 Senado – 264/06 Cámara, que concluyó con la expedición de la Ley 1072 de 2006, consistente en no haberse cumplido con el requisito del anuncio previsto en el artículo 160 de la Constitución Política.
Tal y como ocurrió en las dos ocasiones anteriores, la Corte procederá a devolver a la Presidencia de la Cámara de Representantes la Ley 1072 del 31 de julio de 2006, con el fin de que disponga lo pertinente para que se subsane el vicio advertido. De igual manera, este Tribunal habrá de conceder a la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara un término de treinta (30) días, contados a partir de la notificación de este Auto a la presidencia de la misma, para que dicha célula legislativa subsane el vicio detectado en esta providencia. Observado lo anterior, la Cámara dispondrá hasta el 16 de diciembre de 2007, para cumplir con las etapas posteriores del proceso legislativo. Asimismo, el Presidente de la República tendrá el plazo establecido en la Carta para sancionar el respetivo proyecto de ley, el cual deberá conservar el mismo número de la ley aprobatoria que se devuelve. Cumplido en tramite anterior, el Presidente del Congreso remitirá a la Corte Constitucional la Ley 1072 del 31 de julio de 2006, para que ésta decida definitivamente sobre su exequibilidad.
PRIMERO.- Por Secretaría General de esta Corporación, DEVUÉLVASE a la Presidencia de la Cámara de Representantes la Ley número 1072 del 31 de julio de 2006, “Por medio de la cual se aprueba ‘La Enmienda al artículo 1º de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados’ adoptada en la segunda conferencia de examen de los Estados Parte en la convención, el veintiuno (21) de diciembre de dos mil uno (2001), en ginebra, Suiza”, con el fin de que subsane el vicio de procedimiento señalado en esta providencia.
SEGUNDO.- CONCÉDASE a la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes el término de treinta (30) días, contados a partir de la notificación de este Auto a la presidencia de la misma, para que subsane el vicio detectado en esta providencia.
TERECERO.- Una vez subsanado el vicio a que se refiere la parte considerativa de esta providencia, la Cámara de Representantes dispondrá hasta el 16 de diciembre de 2007, para cumplir las etapas posteriores del proceso legislativo.
CUARTO.- Una vez cumplido el proceso legislativo, el Presidente de la República tendrá el plazo establecido en la Carta para sancionar el proyecto de ley, el cual deberá conservar el mismo número de la ley aprobatoria que se devuelve.
QUINTO.- Cumplido el trámite anterior, el Presidente del Congreso remitirá a la Corte la Ley correspondiente, para decidir definitivamente sobre su exequibilidad.
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO A-119 DE 2007 DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA
Revisión constitucional de la Ley 1072 de 2006
Con el respeto acostumbrado por las decisiones mayoritarias de esta Corte, me permito salvar mi voto a la presente sentencia, toda vez que en mi concepto, el vicio de procedimiento advertido en el trámite de la Ley 1072 de 2005, relativo a la omisión del anuncio para votación exigido por el inciso del artículo 160 de la Constitución Política, es insubsanable en cualquier etapa procesal en que tenga lugar.
Por consiguiente, me permito reiterar mi posición jurídica respecto de la imposibilidad de subsanar el vicio de procedimiento causado por la omisión del anuncio para votación exigido por el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, independientemente de la etapa del debate legislativo en que dicha irregularidad procedimental se presente.
De conformidad con lo expuesto, discrepo de esta decisión.
[1] Gaceta del Congreso No. 124 de 2006.
[2] Gaceta del Congreso No. 124 de 2006.
[3] Gaceta del Congreso No. 18.
[4] Gaceta del Congreso No. 19.
[5] Pág. 2. Gaceta 333 de 2006.
[6] Gaceta del Congreso No. 333 de 2006.
[7] Gaceta del Congreso No. 340 de 2006
[8] Gaceta del Congreso No. 220 de 2006.
[9] Gaceta del Congreso No. 229 de 2006.
[10] Cfr. el Auto 038 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) y las sentencias C-533 de 2005 (M.P. Álvaro Tafur Galvis) y C-864 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[11] Cfr. las Sentencias C-644 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), C-576 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) y C-864 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[12] Cfr. las sentencias C-473 de 2005 (M.P. ), C-241 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y C-322 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra). También se puede consultar el Auto 311 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[13] Auto 331 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[14] Auto Ibídem.
[15] Cfr. la Sentencia C-1040 de 2005 (M.P. ) y el Auto 311 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[16] Sobre el tema se pueden consultar las siguientes Sentencias: C-780 de 2004 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), C-4000 de 2005 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), C-473 de 2005 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), C-931 de 2005 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), C-1155 de 2005 (M.P. ), C-276 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) y C-576 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[17] Cfr. las Sentencias C-780 de 2004 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) y C-649 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). En el mismo sentido se puede consultar también el Auto 311 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[18] Cfr. Auto 089 de 2005 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[19] Cfr. las Sentencias C-533 de 2004 (M.P. Álvaro Tafur Galvis) y C-473 de 2005 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[20] Cfr. las Sentencias C-930 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) y C- de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[21] Sentencia C- de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[22] Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-576/06 y auto A-311/06.
[23] Cfr. Corte Constitucional, auto A-089/05.
[24] Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-863/06 y auto A-018/07. Sobre el tema particular de la doble numeración de las leyes, luego de la subsanación de un vicio trámite, la citada sentencia estipuló lo siguiente:
“La sanción presidencial se limita a “aprobar el proyecto correspondiente” por parte del “Gobierno” y a “dar fe de su autenticidad”. Además, de acuerdo al Decreto 2719 de 2000, la numeración se da sobre “leyes ya sancionadas”, por ser tal numeración de la ley, un trámite de carácter administrativo que debe realizarse “guardando una secuencia numérica indefinida y no por año”, de acuerdo a la exigencia establecida por el artículo 194 de la Ley 5ª de 1992. || La jurisprudencia constitucional en situaciones anteriores en que se ha devuelto al Congreso una ley para ser subsanada por adolecer de vicios de forma, da cuenta de que generalmente en el trámite de subsanación se ha respetado el número de ley inicialmente asignado. Es el caso, por ejemplo, de la sentencia C-607 de 1992, (M.P. Alejandro Martínez Caballero), en el que la Ley 1ª de 1992 que adolecía de vicios de forma, fue devuelta al Congreso. Luego de ser subsanada en su trámite y sancionada en una segunda oportunidad, se le respetó su número de ley original. Por lo que la Corte Constitucional, una vez corregido el vicio de forma que recaía sobre la Ley 1ª de 1992, la declaró exequible. En la sanción, el Gobierno Nacional, con firmas del señor Presidente de la República y del señor Ministro de Gobierno del momento, sancionó el proyecto de ley corregido, de la siguiente forma: “En cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional, el Gobierno Nacional refrenda los actos por los cuales el Congreso de la República subsanó los vicios de procedimiento en que incurrió al expedir la Ley 1 de 1992”. || En el caso que nos ocupa, la Corte advierte lo siguiente: (i) el primer número de ley – el 869 de 2004 - es el que identifica a la ley aprobatoria objeto del control ejercido en el presente proceso; (ii) la voluntad del Legislador, en cumplimiento del Auto 089 de 2005, era la de subsanar el vicio de forma constatado por esta Corporación en la formación de la Ley 896 de 2004; (iii) el Proyecto de Ley correspondió siempre al mismo, es decir, al 212/03 Senado -111/03 Cámara, como puede confirmarse en todas las ponencias y debates que se surtieron en el Congreso, y en su remisión para sanción presidencial.|| Ahora bien, se cometió un error administrativo en la numeración, al habérsele asignado un segundo número a la misma ley después de haber sido subsanado el vicio en la formación de la misma. No obstante dicho error no modifica el contenido de la ley ni incide en el proceso de su formación en el Congreso de la República. Para la Corte por lo tanto, el presente análisis de constitucionalidad se entiende realizado sobre la Ley 896 de 2004 que aprobó el “Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia para la recuperación de bienes culturales y otros específicos robados, importados o exportados ilícitamente”, suscrito en la ciudad de La Paz, a los veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil uno (2001)”.