Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-33797-de-enero-23-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_d74828b95939002ee0430a010151002e&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-24 23:53:23
Document Index: 85024897

Matched Legal Cases: ['E CONTRARIO', 'e contrario', 'artículo 145', 'artículo 302', 'artículo 97', 'artículo 99', 'artículo 333', 'artículo 368', 'artículo 540', 'e contrario', 'artículo 7']

﻿ Sentencia 33797 de enero 23 de 2013
CONTENIDO:DELITO DE PREVARICATO. LA HIPÓTESIS NORMATIVA PREVÉ UN SUJETO AGENTE CALIFICADO – (SERVIDOR PÚBLICO), UN VERBO RECTOR CONSISTENTE EN PROFERIR, Y DOS CLASES DE INGREDIENTES NORMATIVOS: DE UNA PARTE, “DICTAMEN, RESOLUCIÓN O CONCEPTO”, Y DE OTRO “MANIFIESTAMENTE CONTRARIO A LA LEY”. RESPECTO AL ÚLTIMO PRESUPUESTO PARA SU CONFIGURACIÓN NO SÓLO SE CONTEMPLA LA VALORACIÓN DE LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE EL SERVIDOR PÚBLICO EXPUSO EN EL ACTO JUDICIAL O ADMINISTRATIVO (O LA AUSENCIA DE ELLOS), SINO TAMBIÉN EL ANÁLISIS DE LAS CIRCUNSTANCIAS CONCRETAS BAJO LAS CUALES LO ADOPTÓ, ASÍ COMO EL DE LOS ELEMENTOS DE JUICIO QUE CONTABA AL MOMENTO DE PROFERIRLO EL JUICIO O VALORACIÓN ACERCA DEL CARÁCTER MANIFIESTAMENTE ILEGAL DEL DICTAMEN, RESOLUCIÓN O CONCEPTO DEBE HACERLO EL OPERADOR JURÍDICO UBICÁNDOSE EN EL MOMENTO HISTÓRICO EN EL QUE EL SERVIDOR PÚBLICO EMITIÓ EL ACTO REPROCHADO, Y TAL ANÁLISIS PUEDE COMPRENDER, ADEMÁS DE UN PROBLEMA JURÍDICO, UNO FÁCTICO, ES DECIR, APRECIACIONES PROBATORIAS SESGADAS U OPUESTAS A LA REALIDAD DEL PROCESO, QUE PROPENDEN POR OTORGAR UNA APARIENCIA DE ADECUADA MOTIVACIÓN A LO QUE EN ÚLTIMAS CONSTITUYE UN PRONUNCIAMIENTO TAN INJUSTO COMO OSTENSIBLE EN DICHO ASPECTO.
TEMAS ESPECÍFICOS:SERVIDOR PÚBLICO, SENTENCIA, AUTO, PREVARICATO, MANDAMIENTO DE PAGO, PREVARICATO POR ACCIÓN, PREVARICATO POR OMISIÓN
Sentencia 33797 de enero 23 de 2013
“... protege diversos valores propios de la actividad estatal; en realidad, tiene una significación estrecha con el funcionamiento del sistema, con la forma cómo se actúa y cómo se ejecutan las decisiones públicas. No por otra razón, los tipos penales vinculados con el bien jurídico de la administración pública protegen el interés general, la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, que son entre otros, valores esenciales de la administración pública, a mas de sus bienes materiales”(5).
En lo que a este último aspecto atañe, la Sala ha sido enfática y reiterativa al considerar que su configuración no solo contempla la valoración de los fundamentos jurídicos que el servidor público expuso en el acto judicial o administrativo (o la ausencia de ellos), sino también el análisis de las circunstancias concretas bajo las cuales lo adoptó, así como el de los elementos de juicio que contaba al momento de proferirlo, pues:
“[...] la ley, a cuyo imperio están sometidos los funcionarios judiciales en sus decisiones, no surge pertinente al caso concreto de manera automática, sino como fruto de un proceso racional que le permite al juez o al fiscal determinar la validez, vigencia y pertinencia de la norma a la que se adecua el supuesto de hecho que pretende resolver.
Pero esa que es, o intenta ser, la verdad jurídica es apenas una parte del contenido de una providencia judicial. Esta se halla igualmente conformada por la verdad fáctica. Tal concepto corresponde a la reconstrucción de los hechos de acuerdo con la prueba recaudada, siendo necesario que entre esta y aquella exista una correspondencia objetiva en cuanto las específicas circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el acontecimiento fáctico, [que deben] estar demostradas con el material probatorio recaudado en la actuación. El prevaricato puede entonces ocurrir en uno de los dos aspectos de la solución del problema jurídico. En el fáctico o en el jurídico. O en los dos simultáneamente, pero, en todo caso, el uno no puede desligarse del otro en cuanto la función judicial consiste precisamente en determinar cuál es el derecho que corresponde a los hechos”(6).
“... la dirección típica de la norma sobre el prevaricato exige primero y directamente una confrontación entre la decisión proferida por el acusado y la ley. Puede ser que el juicio de reproche requiera de la clarificación que eventualmente surge de las explicaciones del procesado en el curso de sus intervenciones, o de las reflexiones de los distintos sujetos procesales en torno a lo que significa el presupuesto fáctico y jurídico sobre el cual se edifica la prevaricación, o de los pareceres de otras autoridades judiciales, pero lo primero que debe enfrentar el juzgador es lo que hizo el inculpado en la resolución redargüida de ostensiblemente ilegal, pues, por lo obvio, es en este momento cuando se realiza la conducta juzgada y no, verbigracia, en la indagatoria o la audiencia pública, oportunidades estas en las cuales se producen los descargos o explicaciones sobre los hechos que ya se habían consumado.
De igual manera, la adecuación típica del delito de prevaricato debe surgir de un cotejo simple del contenido de la resolución o dictamen y el de la ley, sin necesidad de acudir a complejas elucubraciones o a elocuentes y refinadas interpretaciones, pues un proceso de esta índole escaparía a una expresión auténtica de lo ‘manifiestamente contrario a la ley’. Así entonces, para la evaluación de esta clase de conductas delictivas se adopta una actitud más descriptiva que prescriptiva, es decir, sujeta a lo que realmente hizo el imputado en la respectiva actuación, asistido de sus propios medios y conocimientos, no a lo que debió hacer desde la perspectiva jurídica y con base en los recursos del analista de ahora (juicio ex ante y no a posteriori). Desde luego que si el objeto de examen es una decisión ostensiblemente contraria a la ley, el juzgador no puede abstenerse de señalar el ‘deber ser’ legal que el infractor soslayó maliciosamente, pero como un ‘deber ser’ que este conocía (no aquel) y que obviamente estaba al alcance de sus posibilidades”(7).
En conclusión, el juicio o valoración acerca del carácter manifiestamente ilegal del dictamen, resolución o concepto debe hacerlo el operador jurídico ubicándose en el momento histórico en el que el servidor público emitió el acto reprochado, y tal análisis puede comprender, además de un problema jurídico, uno fáctico, es decir, que no solo concierne a groseras o caprichosas discordancias con la ley, sino también apreciaciones probatorias sesgadas u opuestas a la realidad del proceso, que propenden por otorgar una apariencia de adecuada motivación a lo que en últimas constituye un pronunciamiento tan injusto como ostensible en dicho aspecto.
7. Con el fin de resolver el problema jurídico principal inherente a la manifiesta contradicción de la ley que en la sentencia revisada se predica del Auto 217 del 25 de octubre de 2005, hay que considerar que en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (D. 2158/48), el trámite del juicio ejecutivo por acreencias laborales está previsto en los artículos 100 a 108, y la misma legislación, en su artículo 145, señala que, en general, en los aspectos no regulados por ese ordenamiento se aplicarán los preceptos análogos del Código de Procedimiento Civil.
El artículo 302 de la codificación en cita define como sentencias las “... que deciden sobre las pretensiones de la demanda o las excepciones que no tengan el carácter de previas, cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien, y las que resuelven los recursos de casación y revisión”, y agrega que son autos, de trámite o interlocutorios, las demás providencias que adopte el juez (laboral o civil).
Las anteriores precisiones normativas llevan a una conclusión obvia y contundente: en los juicios ejecutivos, tanto en la jurisdicción civil como en la laboral, el mandamiento de pago no es una sentencia y por lo mismo lo allí resuelto no hace tránsito a cosa juzgada, habida cuenta que ese auto es apenas, de conformidad con las propias disposiciones legales, la primera providencia que se dicta en el proceso dando con ella inicio al trámite de cobro coactivo, la cual debe comunicarse al demandado con el fin de que ejerza su derecho de defensa (códigos Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y de Procedimiento Civil, artículos, 41, literal A, numeral 1º, y 314, numeral 1º, respectivamente).
Es más, la aludida decisión tampoco puede agruparse dentro de aquellas que, de acuerdo con la doctrina, se asimilan a una sentencia y pueden acarrear los efectos de cosa juzgada:
“Por vía de excepción hay autos que siendo esencialmente interlocutorios, tienen fuerza de sentencia, y se asemejan a esta por cuanto ponen fin al proceso una vez quedan ejecutoriados, tal como atrás se mencionó:
1. El que declara probada ‘alguna de las excepciones previstas en los numerales 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 10 e inciso final del artículo 97, sobre la totalidad de las pretensiones o de las partes’, eventos en los cuales se declarara terminado el proceso por así indicarlo el numeral 6º del artículo 99.
Para concluir este aspecto, en la referida especie de procesos, por expreso mandato legal (CPC, art. 512), solo reviste el carácter de sentencia la providencia que resuelve las excepciones de mérito, excepto en los casos previstos en los numerales 3º y 4º del artículo 333 del estatuto civil adjetivo y, de acuerdo con la doctrina, el otro pronunciamiento que en los juicios ejecutivos civiles o laborales del que también es predicable la condición de sentencia es el auto “que ordena seguir adelante con la ejecución cuando el demandado no propuso ninguna excepción”(10).
“... el despacho se abstendrá de librar mandamiento de pago por la sanción moratoria según la Ley 244/95, reconocida a algunos demandantes, por cuanto no se estableció en cada caso a cuanto valor ascendía la misma, ya que la ley por sí sola no presta mérito ejecutivo por no provenir del deudor, donde de manera clara, expresa y exigible reconozca una obligación”(11).
“Abstenerse de librar mandamiento de pago por lo consignado en la Ley 244/95, por las razones tenidas en cuenta de precedencia (sic)”(12).
Como se destacó párrafos atrás, el auto del 12 de agosto de 2002 no tiene la categoría de sentencia, ni es de aquellas providencias a las que la doctrina le reconoce efectos semejantes, además que por su contenido expreso y sustancial tampoco resolvió de fondo acerca de la pretensión formulada, y dado que en ese aspecto —ni en los demás allí resueltos— se interpusieron recursos, mal puede asegurarse que con la posterior decisión reprochada al aquí procesado este “procedió en contra de providencia ejecutoriada del superior” y menos que revivió “un proceso legalmente concluido”, que son las dos hipótesis por las que podría configurarse el motivo enervante que se enrostra al enjuiciado como pretermitido con base en doctrina de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la que, dicho sea de paso, el tema de estudio es la técnica para proponer en sede de casación la violación del principio de cosa juzgada en su estricta comprensión, frente a la configuración de irregularidades como las aludidas, las que deben ser alegadas con base en el numeral 5º del artículo 368 Código de Procedimiento Civil, y no con sustento en el numeral 1º de ese precepto(14).
Si se tratase de crear alguna suerte de conexión (o de relación de dependencia) entre esta figura de la jurisprudencia constitucional y el tipo objetivo del delito en comento, debería decirse que (además de innecesaria en materia penal) toda coincidencia quedaría sometida al estudio de las circunstancias particulares del caso, pues más allá de la predicable entre los presupuestos del uno y las características del otro, aun podrían presentarse situaciones en las que la vía de hecho no se adecuaría a lo estimado por el juzgador del servidor público como manifiestamente ilegal (aunque podría darse lo contrario: que toda decisión judicial apartada de la ley constituiría una vía de hecho siempre que sea evidente la contrariedad).
En últimas concluimos que no procede la causal de nulidad alegada, toda vez que no se procedió contra providencia ejecutoriada del superior, no se revivió un proceso legalmente concluido que había hecho tránsito a cosa juzgada, no operó el fenómeno de la preclusión para hacer las reclamaciones relacionadas, no se transigió sobre la sanción moratoria, y el despacho en su momento solo se abstuvo de decretar su pago por meros formalismos legales mas no porque el acreedor no tenía derecho al pago de las mismas”(18).
Ponderada la finalidad del auto censurado y las razones que lo determinaron, la Corte no encuentra una vulneración al ordenamiento jurídico sustancial con el mismo, en tanto que, de una parte, no se desconocieron las garantías pregonadas en el fallo de primer grado, y de otra, la irregularidad de no dar estricto cumplimiento al trámite previsto en el artículo 540 del Código de Procedimiento Civil, acerca de la acumulación de demandas, no constituye una decisión manifiestamente contraria a la ley que trascienda a los linderos del reproche penal.
“... sancionar contradicciones superlativas y no disfunciones menores en la aplicación de la ley. De responder, tratándose de la administración de justicia, ante conductas que desdicen de la esperada expectativa de que los conflictos se solucionan aplicando la ley y no apartándose groseramente de ella.
En ese giro se ha dicho, con razón, que ‘acogiendo el sentido del mandato de ser los actos de autoridad manifiestamente contrarios a la ley, no configura realización del tipo penal, cualquier error en que incurra el funcionario. Se requiere, como viene en juzgarlo la Sala, que entre lo que decidió o dictaminó, y la ley o el derecho aplicable, se presente contradicción clara y evidente’(19)”(20).
(8) “En el proceso ejecutivo el auto que acepta la conciliación solo le pone fin al proceso cuando lo conciliado se ha cumplido, tal como lo consagra el artículo 7º del Decreto 2651 de 1991”.
(9) López Blanco, Hernán Fabio. “Instituciones de derecho procesal civil colombiano”. Tomo I, Parte General, Sexta Edición 1993, págs. 511 y 512. Editorial ABC Bogotá (Todas las normas invocadas en el fragmento transcrito son del Código de Procedimiento Civil).
(10) López Blanco, Hernán Fabio. “Instituciones de derecho procesal civil colombiano”. Tomo II, Parte Especial, Sexta Edición 1993, págs. 365 y 366. Dupré Editores. Bogotá.
(13) “ART. 140.—Causales de nulidad. El proceso es nulo en todo en parte, solamente en los siguientes casos: ... 3. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite integralmente la respectiva instancia”.
(14) Corte Suprema de Justicia. Sala Civil. Sentencia del 24 de julio de 2002 (S-132), Expediente 5887, M.P. Jorge Antonio Castillo Rugeles.