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Timestamp: 2017-10-19 01:27:28
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LAS ELECCIONES Y EL SUFRAGIO: SUS CARACTERÍSTICAS CONSTITUCIONALES. BREVÍSIMOS APUNTES PARA SU CONOCIMIENTO. | Marcofa1
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Marco Antonio Fletes Arjona
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LAS ELECCIONES Y EL SUFRAGIO: SUS CARACTERÍSTICAS CONSTITUCIONALES. BREVÍSIMOS APUNTES PARA SU CONOCIMIENTO.
TEPIC, NAYARIT 11/03/2014. Por Marco Antonio Fletes Arjona. Recordemos que el surgimiento del Estado Constitucional aparece a partir de las constituciones escritas producto de los movimientos revolucionarios de finales del siglo XVIII. Más claro, a partir de las cartas constitucionales consecuencia de la Revolución Francesa y Norteamericana. Además, oportuno delinear que una Constitución –al ser ley fundamental de un país– en sus contenidos y objetivos lleva por un lado, constituir, organizar y reglamentar al poder del Estado estableciendo su estructura, competencia y funciones; y por el otro, limitar al poder y, al mismo tiempo, distribuirlo entre los ciudadanos así como el reconocer los derechos y libertades de toda persona.
Lorenzo Córdova Vianello expone que “la evolución del Estado moderno en los últimos tres siglos se ha centrado en la construcción de una forma particular de organización política a la que comúnmente se le denomina “democracia constitucional” y que con el tiempo se ha convertido, con variaciones y diversos grados de intensidad, en la forma de gobierno prevaleciente. Se trata de un régimen caracterizado, a la vez, por la adopción del conjunto de reglas de procedimiento para la toma de las decisiones colectivas incluyentes que le son propias a las democracias en cuanto formas de gobierno, y por un conjunto de reglas, valores y principios que definen al “estado constitucional”. Dicho de otra manera, las democracias constitucionales son formas de gobierno democráticas en las que el ejercicio del poder político está regulado y limitado a partir de los postulados del constitucionalismo moderno.”[i]
En mencionada idea, que un Estado asuma su forma de gobierno de manera democrática y al mismo tiempo constitucional significa, entre otras cuestiones, que se encuentra sujeto a reglas, principios y límites que hagan posible hablar de democracia constitucional. Así, Córdova Vianello al referirse a lo que ha expresado al respecto Norberto Bobbio, puntualiza que dichas reglas se sintetizan, por lo que se refiere al principio democrático, en los siguientes postulados:
Todos los ciudadanos que hayan alcanzado la mayoría de edad, sin distinción de raza, de religión, de condición económica y de sexo, deben gozar de derechos políticos; es decir, estamos ante una condición de igualdad como inclusión de los gobernados dentro del status de ciudadano y, por ende, del status del que depende la titularidad de los derechos políticos fundamentales.
El voto de cada ciudadano debe tener un peso igual al de los demás; esto es, una condición de igualdad como equidad, lo que supone la misma capacidad de incidir en la toma de las decisiones ya sea a través de una participación directa, ya sea a través de la elección de representantes.
Todos aquellos que disfrutan de los derechos políticos deben ser libres de votar según su propia opinión, que debe haberse formado a partir de una libre selección entre diversos grupos políticos organizados que concurren entre sí; ello implica una condición de libertad subjetiva entendida como autonomía individual, es decir, que la voluntad de cada individuo debe haberse formado libremente, sin interferencias, coacciones o impedimentos.
Los ciudadanos deben ser libres también en el sentido de que deben estar colocados en una situación en la que pueden escoger entre opciones diversas; lo que significa una condición de libertad objetiva que se traduce en la existencia de alternativas políticas hacia las cuales inclinar su voluntad.
Tanto para las elecciones, como para las decisiones colectivas debe valer la regla de la mayoría numérica; lo que implica una regla técnica para decidir que permite que la voluntad de la mayoría prevalezca por encima de la(s) minoría(s) maximizando así la libertad al garantizar que el mayor número de gobernados se encuentre en esa situación.
Y finalmente, ninguna decisión tomada por mayoría puede limitar los derechos de la mayoría, en primer lugar, el de poder convertirse en mayoría en paridad de condiciones. Esta última regla expresa una serie de condicionamientos a la decisión democrática que, sin importar el grado de consensos que alcance, debe ser acotada por una serie de derechos y contenidos normativos predeterminados que anulen la posibilidad de un ejercicio tiránico del poder por parte de la mayoría.[ii]
Por lo que respecta a los principios del Estado constitucional, Lorenzo Córdova escribe que éstos “…se fueron consolidando a lo largo de tres siglos de evolución del constitucionalismo y que constituyen postulados concurrentes de limitación del poder”. Consecuentemente, nos dice que mencionados principios son los siguientes:
El reconocimiento de derechos fundamentales. Los derechos fundamentales desde su origen constituyen mecanismos de protección de sus titulares, los individuos –considerados más allá de cualquier elemento de distinción (como el género, la raza, la religión, la condición económica, la edad, o la nacionalidad)–, frente al poder –político en primera instancia, pero también frente a cualquier forma de poder en general, incluso privado–. La premisa básica del constitucionalismo, de John Locke en adelante, es que los derechos fundamentales constituyen una frontera infranqueable para el Estado, mismo que ha sido concebido, en cuanto poder político de la sociedad, para preservar la convivencia pacífica, procesar y resolver los conflictos que pueden presentarse entre los miembros de la comunidad, así como para garantizar el respeto y protección de los derechos de los que cada individuo es titular.
En ese sentido, los derechos constituyen, para decirlo con Luigi Ferrajoli, la esfera de lo no decidible y de lo no decidible que no, es decir, un espacio sustancial que constituye un “coto vedado” que la decisión política no puede afectar, o bien un condicionante a la discrecionalidad de las decisiones políticas del Estado que está obligado a satisfacer ciertas expectativas garantizadas para los individuos y que están concretadas en derechos de los que aquellos son titulares.
La división de poderes. Tradicionalmente existen dos formas clásicas de limitación del poder político; por un lado, mediante el reconocimiento de ciertos derechos como una frontera material y, por otro lado, a través de la separación de las funciones del poder estatal, como una frontera formal del ejercicio de las potestades públicas. La idea de dividir el poder retoma las premisas de Locke y de Montesquieu de dividir el ejercicio del poder como una manera para que “el poder controle al poder”, es decir, de asumir que el mejor modo de organización del Estado es aquélla en donde las distintas funciones estatales son ejercidas por órganos diversos.
Sobre el punto vale la pena recordar que la idea de división de poderes, que distingue entre sí a las funciones estatales legislativa, ejecutiva y judicial, se funda en el reconocimiento de dos principios, el principio de legalidad y el principio de imparcialidad. El primer principio, el de legalidad, basado en la distinción de las “funciones”, significa la dependencia de las funciones ejecutiva y judicial de la función legislativa; en ese sentido, “…salvo casos excepcionales, no pueden ser creadas normas generales sino a través de los órganos encargados de la función legislativa”. El segundo principio, el de imparcialidad, basado en la distinción de los “órganos”, significa la independencia del órgano judicial frente a las instancias legislativas y ejecutivas; así, este principio “…establece que las personas encomendadas de la función judicial debe ser diversas de las que cumplen las funciones legislativa y ejecutiva”.
El principio de legalidad. La adopción de este principio presupone que es legítimo únicamente aquel poder que es ejercido de conformidad con las leyes establecidas y que encarna el ideal del “gobierno de las leyes” como contraposición al “gobierno de los hombres”. Este principio, entendido como límite a la actuación del poder público prevé que las autoridades sólo pueden hacer aquello que les esté expresamente facultado por las normas y que, en cuanto tal, el único poder reconocido como válido es aquel que funda su actuación en la premisa de la autorización por parte de una norma jurídica.
Bajo esta premisa, más que asumir al poder del Estado como el creador del derecho y a las normas jurídicas como una emanación del aquél o bien como el contenedor de la decisión política, el poder estatal es concebido como algo instituido y regulado en su actuación por las normas jurídicas y, en primera instancia por la Constitución. Al asumir que el poder únicamente es legítimo cuando está fundado en el derecho y regulado en su ejercicio por las normas jurídicas, y cuando ello no ocurre debe considerarse como abusivo, discrecional e inválido, se está haciendo del derecho un mecanismo de contención de la capacidad decisional del Estado que delimita de esta manera la esfera de actuación lícita de las autoridades. La concreción del principio de legalidad se traduce en los hechos en la obligación que tiene todo poder público de tener que fundar (es decir, indicar el fundamento jurídico de su actuación) y motivar (esto es, justificar las razones que se pretenden con la decisión) todo acto.
El principio de supremacía constitucional. La concepción del sistema jurídico que asume el constitucionalismo supone la existencia de una jerarquía jurídica en donde la validez –o sea la existencia en términos jurídicos– de una norma depende de que haya sido producida conforme a los mecanismos de creación normativa preestablecidos por el propio ordenamiento, por un lado, pero también que sus contenidos no contravengan a aquéllos de las normas jerárquicamente superiores.
La validez de las normas es pues de tipo formal (en la medida en la que una norma válida depende, para ser tal, de que haya sido producida por el poder autorizado para tal fin y que se hayan seguido los procedimientos predeterminado para ello), y de tipo material, que implica que los contenidos de una determinada norma deben ser congruentes con los principios, valores y disposiciones establecidos por la normas superiores de las que aquélla emana.
Concebido de esta manera, un ordenamiento jurídico resulta ser un conjunto de normas sistematizadas a partir de un ordenamiento jerárquico en el que las normas inferiores deben responder a las normas que le son superiores sin contravenir los contenidos de éstas. En la cima del ordenamiento, como norma positiva que cierra el sistema por lo alto, encontramos a la Constitución, que es la norma a la que las demás se remiten como fuente primigenia de validez y como punto de unidad del ordenamiento jurídico en su conjunto.
El principio de rigidez constitucional. En términos generales, la idea de rigidez constitucional como principio del constitucionalismo moderno, debe ser entendida como la dificultad agravada que la norma constitucional tiene para poder ser reformada por los poderes constituidos. Tradicionalmente la idea de Constituciones rígidas se ha contrapuesto a la de Constituciones flexibles –diferencia inicialmente sugerida por James Bryce– a partir de si el procedimiento de reforma constitucional es más complicado en cuanto a sus requisitos respecto del de la legislación ordinaria, como ocurre en el primer caso, o bien si el mismo coincide con el requerido para el común de las leyes, en el segundo caso. Sin la pretensión de agotar el tema, baste señalar que la rigidez constitucional “no es, propiamente, una garantía, sino más bien un connotado estructural de la Constitución generado… por su colocación en el vértice de la jerarquía normativa como estatuto de la institución política instituida por el acto constituyente; de donde se desprende que las Constituciones son rígidas por definición, en el sentido de que una Constitución no rígida sino flexible, es decir, modificable mediante las formas ordinarias, no es realidad una Constitución, sino una ley ordinaria”. Esa es la razón por la que podemos afirmar que “una Constitución que no es rígida, no merece ser considerada como tal”.
El principio de rigidez de la Constitución se convierte en razón de lo anterior en un límite para la actuación legislativa de las mayorías políticas ordinarias que no pueden intervenir la Constitución, modificándola, mediante los procedimientos de legislación comunes, sino que deben, en su caso, contar con mayorías calificadas para poder tocar los contenidos del texto constitucional. Ello supone que la Constitución puede modificarse, sin duda, pero bajo ciertas condiciones especiales que ponen a salvaguarda de las cambiantes mayorías políticas los principios y postulados que la misma contiene.
El principio de control de constitucionalidad. Como consecuencia de los principios de supremacía y de rigidez constitucional, el constitucionalismo ha convenido la necesidad de contar con algún mecanismo de garantía que permita preservarlos frente a la posibilidad de que los órganos constituidos emitan alguna norma sin seguir las reglas y postulados que para la creación de normas establece la Constitución o bien, incluso cumpliéndolos, incorporen en dichas normas decisiones que contravengan los contenidos de la Constitución. Ese mecanismo de control de la congruencia del sistema normativo jurídico con los derechos, normas y principios reconocidos y establecidos por la Constitución es conocido como “control de constitucionalidad”.[iii]
Ahora bien, según lo establece el artículo 39 de la Constitución Federal, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. En consecuencia, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Así, el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Por lo tanto, siguiendo al artículo 40 de la Carta Magna Federal, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de la propia Constitución Federal.
Seguidamente, el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión –Ejecutivo, Legislativo y Judicial–, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos de la Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal (véase artículo 41 de la Constitución). Por lo tanto, los estados –al ser partes de la Federación– adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, al Municipio.
De lo anterior se puede advertir de manera clara que uno de los elementos básicos de la democracia representativa en el país es la realización de elecciones para renovar al poder público. Es decir, las elecciones –procesos electorales– llevan el objetivo de que los ciudadanos puedan designar mediante el sufragio a sus representantes –gobernantes– para un período establecido de tiempo. En otras palabras, la soberanía popular reside en el poder del pueblo que se ejerce mediante los Poderes del Estado o de la Unión (y los de los Estados de la República), donde los procesos electorales resultan fundamentales para la renovación de los titulares de dichos poderes.
Al respecto la SCJN ha expresado que representatividad y democracia son “conceptos estrechamente vinculados, ya que la democracia es una forma de gobierno que se caracteriza por el hecho de que el pueblo o los ciudadanos pueden participar en la toma de decisiones con su voz y voto, directamente o a través de sus representantes…” Además –sigue diciendo–, “la forma de gobierno democrática, aun cuando todos los titulares del poder público actúan como representantes del pueblo, lo son de un modo más preciso aquellos que han sido designados mediante elección popular. Estos representantes son elegidos por el cuerpo electoral, mediante el sistema de sufragio [libre,] directo, universal y secreto.”[iv]
Ahora bien, es de puntualizarse que los procesos electorales al ser ejercicios democráticos para la renovación de los poderes, es inconcuso que sólo pueden ser conforme a los criterios constitucionales y legales que les otorguen legitimidad popular. Así, es la Constitución Federal y la particular del Estado así como las leyes de la materia las que de manera puntual expresan –entre otras reglas y principios implícitos y explícitos– que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizarán mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; asegurando en todo momento que el sufragio sea universal, libre, secreto y directo.[v]
En mencionado orden de ideas, podremos entender –de manera brevísima– por elecciones libres, auténticas y periódicas lo siguiente:
Elecciones Libres, “…se basa en vincular el acto de elegir con la existencia real de la posibilidad que el elector tiene de optar libremente entre ofertas políticas diferentes y con la vigencia efectiva de normas jurídicas que garanticen el derecho electoral y las libertades y derechos políticos. Para ejercer realmente el sufragio, el elector debe tener oportunidad de elegir y gozar de la libertad de elección. Sólo quien tiene la opción entre dos alternativas reales, por lo menos, puede ejercer verdaderamente el sufragio. Además, debe tener libertad para decidirse por cualquiera de ellas; de lo contrario, no tendría opción.”[vi]
Elecciones Auténticas, significa que “…debe existir una correspondencia entre la voluntad de los electores y el resultado de la elección. En sentido negativo, esta característica implica la ausencia de interferencias que distorsionen la voluntad de los ciudadanos.[vii] Es decir, que “…la voluntad de los electores debe reflejarse de manera cierta y positiva en el resultado de los comicios.[viii] O sea, “una elección “auténtica” es entonces una elección en donde los ciudadanos, y no las instituciones gubernamentales o los poderes “fácticos”, deciden quiénes serán sus próximos gobernantes. Esto implica que la responsabilidad de las instituciones electorales no puede limitarse al correcto conteo de los votos el día de la elección. Para cumplir con el espíritu de la norma habría que ir más allá del cumplimiento de los formulismos burocráticos para asegurar que los resultados electorales reflejen de manera más profunda la verdadera voluntad del electorado. Es decir, tiene que haber un voto razonado.”[ix]
Elecciones Periódicas, consiste en que las elecciones se repitan con frecuencia a intervalos determinados por la propia Constitución y leyes en la materia, para lograr la renovación de los poderes. Es decir, “la renovación de los órganos de representación, mediante la celebración de elecciones en los intervalos determinados por la ley electoral es el mecanismo de limitación del poder político. Los representantes ejerce su cargo sólo por un tiempo determinado, a cuyo término deben emprenderse elecciones para integrar de nuevo los cargos públicos. La periodicidad permite a la ciudadanía hacer una evaluación del papel de sus representantes para después premiarlos con la ratificación en el cargo, o castigarlos con la sustitución por otro candidato o partido.”[x]
Volvamos a recordar que en un régimen democrático –representativo– la participación de los ciudadanos en la toma de las decisiones públicas resulta fundamental. En mencionada vertiente, las elecciones populares se convierten en un conducto importantísimo que permite, por un lado, que los ciudadanos puedan elegir a sus gobernantes –voto activo–; y por otro, que los ciudadanos puedan ser electos a cargos públicos de elección popular –voto pasivo–. Consecuentemente, la Constitución Federal reconoce, como prerrogativa y obligación, el derecho a votar y ser votado en las elecciones populares. Seguidamente, el derecho del sufragio al ser el principal basamento de la democracia representativa y un derecho fundamental por ser integrante de los derechos políticos de la persona, tiene ciertas características que la propia Carta Magna del país señala: universal, libre, secreto y directo (agregando que debe ser personal e intransferible así como igualitario). Entendiendo por cada principio lo consiguiente:
Sufragio Universal, significa que “la universalidad del sufragio se funda en el principio de un hombre, un voto. Con la misma se pretende el máximo ensanchamiento del cuerpo electoral en orden a asegurar la coincidencia del electorado activo con la capacidad de derecho público.”[xi] En otros términos quiere decir que “…le corresponde a todas las personas que pertenecen a la comunidad política de un Estado determinado (ciudadanía), sin distinción por algún otro factor como sexo, raza, lengua, ingreso o patrimonio, estrato o clase, educación o convicción política, en tanto cumpla con algunos requisitos indispensables (nacionalidad, edad determinada, residencia, capacidad civil o mental).”[xii]
Sufragio Libre, significa que “…el elector debe quedar libre de ciertas formas explícitas de coacción: las libertades elementales consisten en que su voto no se vea influido por intimidación ni soborno, es decir, que no reciba castigo ni recompensa por su voto individual, aparte de las consecuencias públicas, que emita su voto en el escenario antes mencionado, garantizado por sus libertades públicas, que lo haga con pleno conocimiento de las propuestas políticas derivado de una equitativa posibilidad de difusión de las propuestas de los partidos políticos.”[xiii] O sea, “la libertad de sufragio, cuyo principal componente es la vigencia efectiva de las libertades políticas, se traduce en que el voto no debe estar sujeto a presión, intimidación o coacción alguna. La fuerza organizada y el poder del capital no deben emplearse para influir al elector, porque destruyen la naturaleza del sufragio.”[xiv]
Sufragio Secreto, consiste en que la decisión del votante no debe ser conocida por otras personas. O sea, “debe garantizarse que el votante pueda tomar una decisión no perceptible por otros…”[xv] En otras palabras, “el secreto del sufragio constituye una exigencia fundamental de la libertad del ciudadano-elector, para votar de manera reservada, a fin de que en el momento de la elección quede asentada su expresión de voluntad y merezca efectos jurídicos.”[xvi]
Sufragio Directo, consiste en que el voto no puede delegarse; sólo los ciudadanos lo pueden realizar sin la intervención de terceras personas. Es decir, el “…voto debe dirigirse sin intermediación de ningún órgano o cuerpo de electores al candidato o fuerza política de su elección.”[xvii]
Sufragio Personal e Intransferible, “esta vinculado con el principio del sufragio directo. Sólo la persona que es titular de tal derecho puede ejercerlo y su decisión expresada en el sufragio no puede transferirse a otra opción política.”[xviii]
Sufragio Igualitario, consiste en que el “voto de todo ciudadano tiene el mismo peso, es decir, el valor numérico de cada voto debe ser el mismo.”[xix]
Unido a lo anterior, todos los actos y actividades que realicen los órganos electorales se mandarán por los principios, entre otros, de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, transparencia y objetividad. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha expresado que
Certeza, consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades locales de modo que todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas;
Legalidad, significa la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo;
Independencia o autonomía en el funcionamiento y en las decisiones de las autoridades electorales, implican una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural;
Imparcialidad, consiste en que en el ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista;
Objetividad, obliga a que las normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma; [xx]
Transparencia y máxima publicidad, obliga a que todos los actos realizados sean oportunamente transparentes y puestos a disposición inmediata de la sociedad, a fin de evitar y prevenir confusiones y posibles desconfianzas sobre las actividades que realiza y, en consecuencia, sobre el resultado de la elección.
Para culminar, expresemos que una elección se considerará valida si son respetados, entre otros, los principios fundamentales de toda elección democrática. Es decir, todos los elementos que anteriormente fueron expuestos. O sea –siguiendo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación–, “una elección sin estas condiciones, en la que en sus etapas concurran intimidaciones, prohibiciones, vetos, iniquidades, desinformación, violencia; en donde no estén garantizadas las libertades públicas ni los elementos indicados, no es, ni representa la voluntad ciudadana, no puede ser basamento del Estado democrático que como condición estableció el constituyente, no legitima a los favorecidos, ni justifica una correcta renovación de poderes.”[xxi]
[i] Córdova Vianello, Lorenzo, “La democracia constitucional y el control de las reformas constitucionales”, en Astudillo, César y Córdoba Vianello, Lorenzo (coord.), Reforma y control de la Constitución, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2011, Serie Memorias, número 3, p. 211, http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2955/20.pdf (consulta realizada 08/03/2014).
[ii] Ibidem, pp. 212 y 213.
[iii] Ibidem, pp. 215, 216, 217 y 218.
[iv] Véase la Acción de Inconstitucionalidad 52/2006 y sus Acumulados 53/2006 y 54/2006, la cual podrá ser localizada en la dirección siguiente http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=20252&Clase=DetalleTesisEjecutorias (consulta 07/03/2014).
[v] Véase la Tesis X/2001 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el rubro y contenido siguiente: “ELECCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE SE DEBEN OBSERVAR PARA QUE CUALQUIER TIPO DE ELECCIÓN SEA CONSIDERADA VÁLIDA. Los artículos 39, 41, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagran los principios que toda elección debe contener para que se pueda considerar como válida. En el artículo 39 se establece, en lo que importa, que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno; el artículo 41, párrafo segundo, establece que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; en el artículo 99 se señala que todos los actos y resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; por su parte, el artículo 116 establece, en lo que importa, que las constituciones y leyes de los estados garantizarán que las elecciones de los gobernadores de los estados se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, y que serán principios rectores de las autoridades estatales electorales, los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. De las disposiciones referidas se puede desprender cuáles son los elementos fundamentales de una elección democrática, cuyo cumplimiento debe ser imprescindible para que una elección se considere producto del ejercicio popular de la soberanía, dentro del sistema jurídico-político construido en la Carta Magna y en las leyes electorales estatales, que están inclusive elevadas a rango constitucional, y son imperativos, de orden público, de obediencia inexcusable y no son renunciables. Dichos principios son, entre otros, las elecciones libres, auténticas y periódicas; el sufragio universal, libre, secreto y directo; que en el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales prevalezca el principio de equidad; la organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo; la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso electoral, el establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social, el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales. La observancia de estos principios en un proceso electoral se traducirá en el cumplimiento de los preceptos constitucionales antes mencionados. Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-487/2000 y acumulado. Partido de la Revolución Democrática y Partido Acción Nacional. 29 de diciembre de 2000. Mayoría de 4 votos en este criterio. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías. Disidentes: Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. El Magistrado José Fernando Ojesto Martínez Porcayo no intervino, por excusa. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-120/2001. Partido Revolucionario Institucional. 24 de julio de 2001. Mayoría de 4 votos. Ponente: José Luis de la Peza. Secretario: Felipe de la Mata Pizaña. Disidentes: Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. La Sala Superior en sesión celebrada el catorce de noviembre de dos mil uno, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 63 y 64.
[vi] Criterio sostenido en la sentencia SUP-JRC-487/2000 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/JRC/SUP-JRC-00487-2000.htm (consulta realizada 08/03/2014).
[vii] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe anual 1990-1991, Cap. V, ap. III, http://www.cidh.oas.org/annualrep/90.91sp/Indice.htm (consulta realizada 08/03/2014).
[viii] Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Derecho electoral mexicano, México, TE, PJF, Centro de Capacitación Judicial Electoral, 2011, p. 21, http://www.te.gob.mx/ccje/Archivos/libro_derechoelec.pdf (consulta realizada 10/03/2014).
[ix] Ackerman, John M., Autenticidad y nulidad. Por un derecho electoral al servicio de la democracia, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2012, Serie Estudios Jurídicos, número 200, pp. 129 y 130, http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3105/5.pdf (consulta realizada 08/03/2014).
[x] Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, op. cit., nota viii, pp. 21 y 22.
[xi] Criterio sostenido en la sentencia SUP-JRC-487/2000, op. cit., nota vi.
[xii] Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, op. cit., nota viii, pp. 23 y 24.
[xiii] Sentencia SUP-JRC-487/2000, op. cit., nota vi.
[xv] Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, op. cit., nota viii, p. 24.
[xvi] Criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-JRC-120/2001, el cual podrá ser localizado en la dirección siguiente http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/JRC/SUP-JRC-00120-2001.htm (consulta realizada 10/03/2014).
[xvii] Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, op. cit., nota viii, pp. 24.
[xx] Véase la tesis jurisprudencial P./J. 144/2005, misma que podrá ser localizada en la dirección siguiente: http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=144%2F2005&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=3&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&ID=176707&Hit=3&IDs=176529,176541,176707&tipoTesis=&Semanario=0&tabla= (consulta realizada el 01/03/2014).
[xxi] Criterio sostenido en la sentencia SUP-JRC-487/2000, op. cit., nota vi.
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