Source: https://freepol.es/ley-organica-51995-de-22-de-mayo-de.html
Timestamp: 2019-02-24 06:11:12
Document Index: 95245234

Matched Legal Cases: ['artículo 169', 'artículo 471', 'artículo 1', 'artículo 219', 'artículo 219', 'artículo 25', 'artículo 652', 'artículo 653', 'artículo 640', 'artículo 637', 'artículo 666', 'Artículo 40', 'artículo 64', 'artículo 73', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 306', 'artículo 309', 'Artículo 309', 'artículo 504', 'Artículo 504', 'artículo 516', 'artículo 539', 'artículo 676', 'artículo 666', 'artículo 678', 'artículo 678', 'artículo 780', 'artículo 781', 'artículo 789', 'Artículo 846', 'artículo 847', 'Artículo 847', 'artículo 848']

Escrito por admin en diciembre 8, 2011 . Publicado en Oposiciones del Estado ( Común ).
1. El Tribunal del Jurado, como institución para la participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia, tendrá competencia para el enjuiciamiento de los delitos atribuidos a su conocimiento y fallo por ésta u otra Ley respecto de los contenidos en las siguientes rúbricas:
Delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos.
Delitos contra la libertad y la seguridad.
Del homicidio (artículos 138 a 140).
De las amenazas (artículo 169.1).
De la omisión del deber de socorro (artículos 195 y 196).
Del allanamiento de morada (artículos 202 y 204).
De los incendios forestales (artículos 352 a 354).
De la infidelidad en la custodia de documentos (artículos 413 a 415).
Del cohecho (artículos 419 a 426).
Del tráfico de influencias (artículos 428 a 430).
De la malversación de caudales públicos (artículos 432 a 434).
De los fraudes y exacciones ilegales (artículos 436 a 438).
De las negociaciones prohibidas a funcionarios públicos (artículos 439 y 440).
De la infidelidad en la custodia de los presos (artículo 471).
1. La determinación de la competencia del Tribunal del Jurado se hará atendiendo al presunto hecho delictivo, cualquiera que sea la participación o el grado de ejecución atribuido al acusado. No obstante, en el supuesto delartículo 1.1.a) sólo será competente si el delito fuese consumado.
2. La competencia del Tribunal del Jurado se extenderá al enjuiciamiento de los delitos conexos, siempre que la conexión tenga su origen en alguno de los siguientes supuestos:
Que dos o más personas reunidas cometan simultáneamente los distintos delitos;
Que dos o más personas cometan más de un delito en distintos lugares o tiempos, si hubiere precedido concierto para ello;
Que alguno de los delitos se haya cometido para perpetrar otros, facilitar su ejecución o procurar su impunidad.
SECCIÓN II. REQUISITOS, INCAPACIDADES, INCOMPATIBILIDADES, PROHIBICIONES Y EXCUSAS.
Ser español mayor de edad.
Encontrarse en el pleno ejercicio de sus derechos políticos.
Ser vecino, al tiempo de la designación, de cualquiera de los municipios de la provincia en que el delito se hubiere cometido.
No estar impedido física, psíquica o sensorialmente para el desempeño de la función de Jurado.
Los condenados por delito doloso, que no hayan obtenido la rehabilitación.
Los procesados y aquellos acusados respecto de los cuales se hubiera acordado la apertura de juicio oral y quienes estuvieren sufriendo detención, prisión provisional o cumpliendo pena por delito.
Los suspendidos, en un procedimiento penal, en su empleo o cargo público, mientras dure dicha suspensión.
El Rey y los demás miembros de la Familia Real Española incluidos en el Registro Civil que regula el Real Decreto 2917/1981, de 27 de noviembre, así como sus cónyuges.
El Presidente del Gobierno, los Vicepresidentes, Ministros, Secretarios de Estado, Subsecretarios, Directores generales y cargos asimilados. El Director y los Delegados provinciales de la Oficina del Censo Electoral. El Gobernador y el Subgobernador del Banco de España.
Los Presidentes de las Comunidades Autónomas, los componentes de los Consejos de Gobierno, Viceconsejeros, Directores generales y cargos asimilados de aquéllas.
Los Diputados y Senadores de las Cortes Generales, los Diputados del Parlamento Europeo, los miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y los miembros electos de las Corporaciones locales.
El Presidente y los Magistrados del Tribunal Constitucional. El Presidente y los miembros del Consejo General del Poder Judicial y el Fiscal general del Estado. El Presidente y los miembros del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Estado, y de los órganos e instituciones de análoga naturaleza de las Comunidades Autónomas.
El Defensor del Pueblo y sus adjuntos, así como los cargos similares de las Comunidades Autónomas.
Los miembros en activo de la Carrera Judicial y Fiscal, de los Cuerpos de Secretarios Judiciales, Médicos Forenses, Oficiales, Auxiliares y Agentes y demás personal al servicio de la Administración de Justicia, así como los miembros en activo de las unidades orgánicas de Policía Judicial. Los miembros del Cuerpo Jurídico Militar de la Defensa y los Auxiliares de la Jurisdicción y Fiscalía Militar, en activo.
Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, en las Autonomías de Ceuta y Melilla, los Delegados insulares del Gobierno y los Subdelegados del Gobierno.
Los letrados en activo al servicio de los órganos constitucionales y de las Administraciones Públicas o de cualesquiera Tribunales, y los abogados y procuradores en ejercicio. Los profesores universitarios de disciplinas jurídicas o de medicina legal.
Los miembros en activo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Los funcionarios de Instituciones Penitenciarias.
Los Jefes de Misión Diplomática acreditados en el extranjero, los Jefes de las Oficinas Consulares y los Jefes de Representaciones Permanentes ante Organizaciones Internacionales.
Sea acusador particular o privado, actor civil, acusado o tercero responsable civil.
Mantenga con quien sea parte alguna de las relaciones a que se refiere el artículo 219, en sus apartados 1 al 8, de la Ley Orgánica del Poder Judicial que determinan el deber de abstención de los Jueces y Magistrados.
Tenga con el Magistrado-Presidente del Tribunal, miembro del Ministerio Fiscal o Secretario Judicial que intervenga en la causa o con los abogados o procuradores el vínculo de parentesco o relación a que se refieren los apartados 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 11 del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Haya intervenido en la causa como testigo, perito, fiador o intérprete.
Tenga interés, directo o indirecto, en la causa.
Los que hayan desempeñado efectivamente funciones de jurado dentro de los cuatro años precedentes al día de la nueva designación.
Los que sufran grave trastorno por razón de las cargas familiares.
Los que desempeñen trabajo de relevante interés general, cuya sustitución originaría importantes perjuicios al mismo.
Los que tengan su residencia en el extranjero.
Los militares profesionales en activo cuando concurran razones de servicio.
Los que aleguen y acrediten suficientemente cualquier otra causa que les dificulte de forma grave el desempeño de la función de jurado.
SECCIÓN III. DESIGNACIÓN DE LOS JURADOS.
4. La Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral enviará la lista de los candidatos a jurados a la respectiva Audiencia Provincial quien la remitirá a los Ayuntamientos y al Boletín Oficial de la provincia correspondiente, para su debida exposición o publicación, respectivamente, durante los quince últimos días del citado mes de octubre. Igualmente, en dicho plazo, se procederá por el Secretario de la Audiencia Provincial, mediante oficio remitido por correo, a notificar a cada candidato a jurado su inclusión en la referida lista, al tiempo que se le hará entrega de la pertinente documentación en la que se indicarán las causas de incapacidad, incompatibilidad y excusa, y el procedimiento para su alegación.
También podrá formular dicha reclamación cualquier ciudadano que entienda que alguno de los candidatos a jurados carece de los requisitos, de la capacidad o incurre en las causas de incompatibilidad a que se refieren losartículos 8, 9 y 10 de esta Ley.
A ese efecto, los períodos de sesiones serán:
Desde el 1 de enero al 20 de marzo;
Desde el 21 de marzo al 10 de junio;
Desde el 11 de junio al 30 de septiembre, y
Del 1 de octubre al 31 de diciembre.
Dentro de los cinco días siguientes a la recepción del cuestionario, los candidatos a jurados designados lo devolverán, por correo con franqueo oficial, debidamente cumplimentado y acompañado de las justificaciones documentales que estimen oportunas, al Magistrado que haya de presidir el Tribunal de Jurado.
El Ministerio Fiscal y las partes, a quienes se ha debido entregar previamente el cuestionario cumplimentado por los candidatos a jurados, podrán formular recusación, dentro de los cinco días siguientes al de dicha entrega, por concurrir falta de requisitos o cualquiera de las causas de incapacidad, incompatibilidad o prohibición previstas en esta Ley. También propondrán la prueba de que intenten valerse.
1. Si, como consecuencia de la resolución anterior, la lista de candidatos a jurados designados para una causa quedase reducida a menos de veinte, el Magistrado-Presidente dispondrá que el Secretario proceda al inmediato sorteo, en igual forma que el inicial, de los candidatos a jurados necesarios para completar dicho número, entre los de la lista bienal de la provincia correspondiente, previa convocatoria de las partes, citando a los designados para el día del juicio oral.
SECCIÓN I. INCOACIÓN E INSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA.
4. Si el Juez considerase improcedentes las solicitadas y no ordenase ninguna de oficio, conferirá nuevo traslado a las partes a fin de que dicten, en el plazo de cinco días, lo que estimen oportuno respecto a la apertura del juicio oral, formulando escrito de conclusiones provisionales. Lo mismo mandará el Juez cuando estime innecesaria la práctica de más diligencias, aún cuando no haya finalizado la práctica de las ya ordenadas.
Si las diligencias practicadas resultaren indicios racionales de delito distinto del que es objeto de procedimiento o la participación de personas distintas de las inicialmente imputadas, se actuará en la forma establecida en elartículo 25 de esta Ley o, en su caso, se incoará el procedimiento que corresponda si el delito no fuese de los atribuidos al Tribunal del Jurado.
2. De dicho escrito se dará traslado a la representación del acusado, quien formulará escrito en los términos del artículo 652 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
3. En ambos casos, se podrá hacer uso de las alternativas previstas en el artículo 653 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
SECCIÓN II. AUDIENCIA PRELIMINAR.
1. Concluida la audiencia preliminar, en el mismo acto o dentro de los tres días siguientes, el Juez dictará auto por el que decidirá la apertura o no del juicio oral. Si decide la no apertura del juicio oral acordará el sobreseimiento. Podrá asimismo decretar la apertura del juicio oral y el sobreseimiento parcial en los términos del artículo 640 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal si concurre en alguno de los acusados lo previsto en elartículo 637.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El hecho o hechos justiciables de entre los que han sido objeto de acusación y respecto de los cuales estime procedente el enjuiciamiento.
La persona o personas que podrán ser juzgadas como acusados o terceros responsables civilmente.
La fundamentación de la procedencia de la apertura del juicio con indicación de las disposiciones legales aplicables.
El órgano competente para el enjuiciamiento.
Los escritos de calificación de las partes.
La documentación de las diligencias no reproducibles y que hayan de ser ratificadas en el juicio oral.
El auto de apertura del juicio oral.
SECCIÓN III. CUESTIONES PREVIAS AL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DEL JURADO.
Plantear alguna de las cuestiones o excepciones previstas en el artículo 666 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o alegar lo que estimen oportuno sobre la competencia o inadecuación del procedimiento.
Alegar la vulneración de algún derecho fundamental.
Interesar la ampliación del juicio a algún hecho respecto del cual hubiese inadmitido la apertura el Juez de Instrucción.
Pedir la exclusión de algún hecho sobre el que se hubiera abierto el juicio oral, si se denuncia que no estaba incluido en los escritos de acusación.
Impugnar los medios de prueba propuestos por las demás partes y proponer nuevos medios de prueba.
Precisará, en párrafos separados, el hecho o hechos justiciables. En cada párrafo no se podrán incluir términos susceptibles de ser tenidos por probados unos y por no probados otros. Excluirá, asimismo, toda mención que no resulte absolutamente imprescindible para la calificación.
Seguidamente, con igual criterio, se expondrán en párrafos separados los hechos que configuren el grado de ejecución del delito y el de participación del acusado, así como la posible estimación de la exención, agravación o atenuación de la responsabilidad criminal.
A continuación, determinará el delito o delitos que dichos hechos constituyan.
Asimismo, resolverá sobre la procedencia de los medios de prueba propuestos por las partes y sobre la anticipación de su práctica.
También señalará día para la vista del juicio oral adoptando las medidas a que se refieren los artículos 660 a 664 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
SECCIÓN IV. CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL DEL JURADO.
2. El Magistrado-Presidente interrogará nuevamente a los candidatos a jurados por si en ellos concurriera falta de requisitos, alguna causa de incapacidad, incompatibilidad, prohibición o excusa prevista en esta Ley. También podrán las partes por sí o a través del Magistrado-Presidente interrogar a los candidatos a jurados respecto a las materias relacionadas en el párrafo anterior.
3. Si en la segunda convocatoria tampoco se obtuviera el número mínimo de candidatos a jurados concurrentes, se procederá de igual manera que en la primera a sucesivas convocatorias y sorteos complementarios, hasta obtener la concurrencia necesaria.
Artículo 40. Selección de los candidatos a jurados y constitución del Tribunal.
1. Si concurriese el número suficiente de candidatos a jurados, se procederá a un sorteo sucesivo para seleccionar a los nueve jurados que formarán parte del Tribunal, y otros dos más como suplentes.
2. Introducidos los nombres de los candidatos a jurados en una urna, serán extraídos, uno a uno, por el Secretario quien leerá su nombre en alta voz.
Si hubiere varios acusadores y acusados, deberán actuar de mutuo acuerdo para indicar los candidatos a jurados que recusan sin alegación de causa. De no mediar acuerdo, se decidirá por sorteo el orden en que las partes acusadoras o acusadas pueden formular la recusación, hasta que se agote el cupo de recusables.
1. Una vez que el Tribunal se haya constituido, se procederá a recibir juramento o promesa a los seleccionados para actuar como jurados. Puestos en pie el Magistrado-Presidente dirá: ¿Juran o prometen desempeñar bien y fielmente la función del jurado, con imparcialidad, sin odio ni afecto, examinando la acusación, apreciando las pruebas, y resolviendo si son culpables o no culpables de los delitos objeto del procedimiento los acusados…, así como guardar secreto de las deliberaciones?.
2. Los jurados se irán aproximando, de uno en uno, a la presencia del Magistrado-Presidente y, colocados frente a él, dirán: sí juro o sí prometo, y tomarán asiento en el lugar destinado al efecto.
SECCIÓN V. EL JUICIO ORAL.
SECCIÓN I. DETERMINACIÓN DEL OBJETO DEL VEREDICTO.
Narrará en párrafos separados y numerados los hechos alegados por las partes y que el Jurado deberá declarar probados o no, diferenciando entre los que fueren contrarios al acusado y los que resultaren favorables. No podrá incluir en un mismo párrafo hechos favorables y desfavorables o hechos de los que unos sean susceptibles de tenerse por probados y otros no.
Expondrá después, siguiendo igual criterio de separación y numeración de párrafos, los hechos alegados que puedan determinar la estimación de una causa de exención de responsabilidad.
A continuación incluirá, en párrafos sucesivos, numerados y separados, la narración del hecho que determine el grado de ejecución, participación y modificación de la responsabilidad.
Finalmente precisará el hecho delictivo por el cual el acusado habrá de ser declarado culpable o no culpable.
Si fueren enjuiciados diversos delitos, efectuará la redacción anterior separada y sucesivamente por cada delito.
Igual hará si fueren varios los acusados.
El Magistrado-Presidente, a la vista del resultado de la prueba, podrá añadir hechos o calificaciones jurídicas favorables al acusado siempre que no impliquen una variación sustancial del hecho justiciable, ni ocasionen indefensión.
SECCIÓN II. DELIBERACIÓN Y VEREDICTO.
2. Transcurridos dos días desde el inicio de la deliberación sin que los jurados hicieren entrega del acta de la votación, el Magistrado-Presidente podrá convocarles a la comparecencia prevista en el apartado anterior. Si en dicha comparecencia ninguno de los jurados expresara duda sobre cualquiera de los aspectos del objeto del veredicto, el Magistrado-Presidente emitirá las instrucciones previstas en el apartado 1 del artículo 64 de esta Leycon los efectos atribuidos en la misma a la devolución del acta.
Un primer apartado, iniciado de la siguiente forma: Los jurados han deliberado sobre los hechos sometidos a su resolución y han encontrado probados, y así lo declaran por (unanimidad o mayoría), los siguientes…. Si lo votado fuera el texto propuesto por el Magistrado-Presidente, podrán limitarse a indicar su número.
Un segundo apartado, iniciado de la siguiente forma: Asimismo, han encontrado no probados, y así lo declaran por (unanimidad o mayoría), los hechos descritos en los números siguientes del escrito sometido a nuestra decisión. Seguidamente indicarán los números de los párrafos de dicho escrito, pudiendo reproducir su texto.
Un tercer apartado, iniciado de la siguiente forma: Por lo anterior, los jurados por (unanimidad o mayoría) encontramos al acusado… culpable/no culpable del hecho delictivo de….
En este apartado harán un pronunciamiento separado por cada hecho delictivo y acusado. De la misma forma se pronunciarán, en su caso, sobre el criterio del Jurado en cuanto a la aplicación al declarado culpable de los beneficios de remisión condicional de la pena que se impusiere, para el caso de que concurran los presupuestos legales al efecto, y sobre la petición o no de indulto en la sentencia.
Un cuarto apartado, iniciado de la siguiente forma: Los jurados han atendido como elementos de convicción para hacer las precedentes declaraciones a los siguientes: …. Este apartado contendrá una sucinta explicación de las razones por las que han declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados.
Un quinto apartado en el que harán constar los incidentes acaecidos durante la deliberación, evitando toda identificación que rompa el secreto de la misma, salvo la correspondiente a la negativa a votar.
Extendida el acta lo harán saber al Magistrado-Presidente entregándole una copia. Este, salvo que proceda la devolución, conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente, convocará a las partes por un medio que permita su inmediata recepción para que, seguidamente, se lea el veredicto en audiencia pública por el portavoz del Jurado.
Que no se ha pronunciado sobre la totalidad de los hechos.
Que no se ha pronunciado sobre la culpabilidad o inculpabilidad de todos los acusados y respecto de la totalidad de los hechos delictivos imputados.
Que no se ha obtenido en alguna de las votaciones sobre dichos puntos la mayoría necesaria.
Que los diversos pronunciamientos son contradictorios, bien los relativos a los hechos declarados probados entre sí, bien el pronunciamiento de culpabilidad respecto de dicha declaración de hechos probados.
Que se ha incurrido en algún defecto relevante en el procedimiento de deliberación y votación.
1. La letra c del apartado 3 del artículo 73 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, cuyo actual contenido pasa a ser la letra d del mismo apartado, queda redactada en los siguientes términos:
El conocimiento de los recursos de apelación en los casos previstos por las leyes.
Se añade un segundo párrafo al apartado tercero del artículo 14 con la siguiente redacción:
Se añade un segundo párrafo al apartado cuarto del artículo 14 con la siguiente redacción:
No obstante, en los supuestos de competencia de la Audiencia Provincial, si el delito fuere de los atribuidos al Tribunal del Jurado, el conocimiento y fallo corresponderá a éste.
Se añade un tercer párrafo al artículo 306 con la siguiente redacción:
Tan pronto como se ordene la incoación del procedimiento para las causas ante el Tribunal del Jurado, se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal quien comparecerá e intervendrá en cuantas actuaciones se lleven a cabo ante aquél.
Se incorpora un nuevo artículo 309 bis con la siguiente redacción:
Artículo 309 bis.
Se incorpora un nuevo artículo 504 bis 2 con la siguiente redacción:
Artículo 504 bis 2.
Desde que el detenido es puesto a disposición del Juez de Instrucción o Tribunal que deba conocer de la causa, éste, salvo que decrete su libertad provisional sin fianza, convocará a audiencia, dentro de las setenta y dos horas siguientes, al Ministerio Fiscal, demás partes personadas y al imputado, que deberá estar asistido de Letrado por él elegido o designado de oficio. El Ministerio Fiscal y el imputado, asistido de su letrado, tendrán obligación de comparecer.
Contra las resoluciones que se dicten sobre la procedencia o no de la libertad provisional cabrá recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.
El artículo 516 queda sin contenido.
El artículo 539 queda redactado de la forma siguiente:
Siempre que el Juez o Tribunal entienda que procede la libertad o la modificación de la libertad provisional en términos más favorables al sometido a la medida, podrá acordarla, en cualquier momento, de oficio y sin someterse a la petición de parte.
El tercer párrafo del artículo 676 queda redactado en la siguiente forma:
Contra el auto resolutorio de la declinatoria y contra el que admita las excepciones 2, 3 y 4 del artículo 666, procede el recurso de apelación. Contra el que las desestime, no se da recurso alguno salvo el que proceda contra la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 678.
Se añade un segundo párrafo al artículo 678 con la siguiente redacción:
Lo anterior no será de aplicación en las causas competencia del Tribunal del Jurado, sin perjuicio de lo que pueda alegarse al recurrir contra la sentencia.
En el artículo 780 se incorpora un nuevo párrafo tercero con la siguiente redacción:
Iniciado un proceso conforme a las normas de esta Ley, en cuanto aparezca que el hecho podría constituir un delito cuyo enjuiciamiento sea competencia del Tribunal del Jurado, se estará a lo dispuesto en los artículos 309 bis o 789.3, párrafos segundo y tercero de esta Ley.
Se añade un último párrafo al artículo 781 con la siguiente redacción:
Tan pronto como se ordene la incoación del procedimiento para las causas ante el Tribunal del Jurado, se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal quien comparecerá e intervendrá en cuantas actuaciones se lleven a cabo ante aquél.
En el apartado 3 del artículo 789 se introducen dos nuevos párrafos con la siguiente redacción:
Cuando de los términos de la denuncia o de la relación circunstanciada del hecho en la querella, así como cuando de cualquier actuación procesal ordenada conforme al párrafo anterior, resulte contra persona o personas determinadas la imputación de un delito, cuyo enjuiciamiento venga atribuido al Tribunal del Jurado, procederá el Juez a la incoación del procedimiento previsto en su ley reguladora, en el que, en la forma que en ella se establece, se pondrá inmediatamente aquella imputación en conocimiento de los presuntamente inculpados.
El Ministerio Fiscal, demás partes personadas, y el imputado en todo caso, podrán instarlo así, debiendo el Juez resolver en plazo de una audiencia. Si no lo hiciere, o desestimare la petición, las partes podrán recurrir en queja ante la Audiencia Provincial que resolverá antes de ocho días, recabando el informe del Instructor por el medio más rápido.
El Libro V pasa a tener la siguiente denominación: De los recursos de apelación, casación y revisión.
Se incorpora al Libro V un nuevo Título I, denominado Del recurso de apelación contra las sentencias y determinados autos e integrado por los siguientes artículos:
Artículo 846 bis a).
Que en el procedimiento o en la sentencia se ha incurrido en quebrantamiento de las normas y garantías procesales, que causare indefensión, si se hubiere efectuado la oportuna reclamación de subsanación. Esta reclamación no será necesaria si la infracción denunciada implicase la vulneración de un derecho fundamental constitucionalmente garantizado.
Que la sentencia ha incurrido en infracción de precepto constitucional o legal en la calificación jurídica de los hechos o en la determinación de la pena, o de las medidas de seguridad o de la responsabilidad civil.
Que se hubiese solicitado la disolución del Jurado por inexistencia de prueba de cargo, y tal petición se hubiere desestimado indebidamente.
Que se hubiese acordado la disolución del jurado y no procediese hacerlo.
Que se hubiese vulnerado el derecho a la presunción de inocencia porque, atendida la prueba practicada en el juicio, carece de toda base razonable la condena impuesta.
La vista se celebrará en audiencia pública, comenzando por el uso de la palabra la parte apelante segundo del Ministerio Fiscal, si éste no fuese el que apeló, y demás partes apeladas.
Los actuales Títulos I y II del Libro V pasan a ser Títulos II y III, respectivamente, del mismo Libro.
El artículo 847 queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 847.
Procede el recurso de casación por infracción de ley y por quebrantamiento de forma contra:
Las sentencias dictadas por la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia en única o en segunda instancia; y
Las sentencias dictadas por las Audiencias en juicio oral y única instancia.
El primer párrafo del artículo 848 queda redactado de la siguiente forma:
La presente Ley Orgánica entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, con excepción de lo prevenido en su Capítulo II y en su disposición transitoria tercera, que entrará en vigor a los dos meses de dicha publicación.