Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20006938
Timestamp: 2020-02-25 12:00:39
Document Index: 292615913

Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'artículo 28', 'artículo 58', 'artículo 34', 'artículo 15', 'artículo 28', 'artículo 58', 'artículo 34', 'artículo 1', 'artículo 18', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 45', 'artículo 53', 'artículo 3', 'artículo 44', 'artículo 241', 'artículo 241', 'artículo 157', 'artículo 13', 'artículo 7', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 17', 'artículo 20', 'artículo 15', 'artículo 28', 'artículo 90', 'artículo 70', 'artículo 155', 'artículo 157', 'artículo 29', 'artículo 18', 'artículo 90', 'artículo 16', 'artículo 28', 'artículo 6', 'artículo 29', 'artículo 90', 'artículo 14', 'artículo 24', 'artículo 13', 'artículo 42', 'artículo 43', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 29', 'artículo 17', 'artículo 34']

C-106 de 1995
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020006938CC-SENTENCIAC106199515/03/1995CC-SENTENCIA_C_106__1995_15/03/1995200069381995Sentencia No. C-106/95 DERECHO A LA IGUALDAD/TRABAJADOR MIGRATORIO La aplicación efectiva de la igualdad en un determinada circunstancia no puede ignorar o desconocer las exigencias propias de la diversidad de condiciones que afectan o caracterizan a cada uno de los sujetos. Sin que ello sea en manera alguna óbice para hacerlo objeto de tratamiento igualitario. La vigencia del derecho a la igualdad no excluye necesariamente el dar un tratamiento diferente a sujetos colocados en las mismas condiciones, cuando exista motivo razonable que lo justifique. Los Estados partes adquieren el compromiso de aplicar a todo trabajador migratorio los derechos humanos previstos en la Convención, sin ningún tipo de discriminación que afecte el derecho de igualdad de los trabajadores migrantes. DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR -Alcance El artículo 15 de la Constitución establece el derecho a la intimidad personal y familiar, en el que tradicionalmente se han entendido contenidas las garantías de inviolabilidad de domicilio y de correspondencia. Ello justifica la interpretación sistemática del derecho fundamental a la intimidad en concordancia con las garantías contenidas en el artículo 28 de la Carta, esto es, el derecho a no ser molestado en la persona o familia y a impedir el registro domiciliario sin orden judicial. El derecho fundamental a la intimidad asegura a la persona y a su familia un reducto o espacio físico inexpugnable, ajeno a los otros, en el que puede resguardarse, aislándose del tumulto de la vida moderna, gozar del recogimiento necesario y proyectar tranquilamente su personalidad, alejado y libre de las intromisiones o contactos que el sistema social normalmente acarrea". EXPROPIACION POR RAZONES DE EQUIDAD La prohibición de expropiar arbitrariamente a los trabajadores migrantes no impide que el Estado Colombiano pueda proceder a la expropiación por razones de equidad, en cumplimiento de lo establecido por el último inciso el artículo 58 de la C.P. Lo contrario constituiría un discriminación injustificada en favor de los trabajadores extranjeros en detrimento del principio de igualdad. ESTADO SOCIAL DE DERECHO -Finalidad /TRABAJADOR MIGRATORIO -Protección Uno de los fines esenciales del Estado Social de Derecho consiste en garantizar la seguridad y la libertad de los habitantes del territorio nacional. Dadas las especiales condiciones de los trabajadores migratorios y en concordancia con el principio de igualdad material, se puede afirmar que el Estado Colombiano tiene una obligación especial de proteger a este grupo, en aquellos casos en los cuales se encuentran en circunstancias de inferioridad y vulnerabilidad debido a su condición de extranjeros. TRABAJADOR MIGRATORIO/DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL El trabajador migratorio tendrá derecho a la asociación sindical en las condiciones establecidas por la Constitución y no sólo en las contempladas por la Convención. TRABAJADOR MIGRATORIO/TRABAJADOR NATIVO/IGUALDAD DE TRATO -Tributo Se debe establecer una reserva por medio de la cual el Estado colombiano pueda tratar de igual manera en materia tributaria y arancelaria, a los trabajadores migratorios y a los demás viajeros y habitantes del territorio nacional. De esta manera se salvaría el espíritu de la Convención, que pretende que no se grave injustificadamente a los trabajadores migratorios y que se les prodigue el mismo trato que a los trabajadores nativos. TRABAJADOR MIGRATORIO/TRABAJADOR NATIVO/IGUALDAD DE TRATO -Transferencia de ingresos En relación con el derecho a la transferencia de los ingresos y ahorros de los trabajadores migratorios la normatividad vigente no la prohibe, pero tampoco establece un trato preferencial. Por lo tanto, para evitar problemas de aplicación, deberá establecerse una reserva que permita otorgar a los trabajadores migratorios el mismo trato que a los demás habitantes del territorio nacional en esta materia. SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA/EXPROPIACION POR RAZONES DE EQUIDAD La exequibilidad de los artículos 15, 46 y 47 de la "Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares", aprobada mediante la Ley 146 de 1994, se declara bajo el entendido de que el Estado colombiano mantiene su derecho de dictar normas tributarias, cambiarias y monetarias que establezcan un trato igual entre trabajadores migratorios y sus familias y los nacionales, para la importación y exportación de bienes de uso personal, enseres domésticos, transferencia de ingresos y ahorros hacia el exterior, así como para proceder a la expropiación por razones de equidad y a la extinción del dominio en los eventos previstos en el artículo 34 de la CP. En consecuencia, el Presidente de la República hará la correspondiente reserva. REF: Expediente L.A.T. 29
CONSTITUCIONALIDADEduardo Cifuentes MuñozRevisión oficiosa de la Ley 146 de 1994, "por medio de la cual se aprobó la convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares". Hecha en New York, el 18 de diciembre de 1990.L.A.T29Identificadores20020006939true17539Versión original20006939Identificadores
Norma demandada: Revisión oficiosa de la Ley 146 de 1994, "por medio de la cual se aprobó la convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares". Hecha en New York, el 18 de diciembre de 1990.
Sentencia No. C-106/95
DERECHO A LA IGUALDAD/TRABAJADOR MIGRATORIO
La aplicación efectiva de la igualdad en un determinada circunstancia no puede ignorar o desconocer las exigencias propias de la diversidad de condiciones que afectan o caracterizan a cada uno de los sujetos. Sin que ello sea en manera alguna óbice para hacerlo objeto de tratamiento igualitario. La vigencia del derecho a la igualdad no excluye necesariamente el dar un tratamiento diferente a sujetos colocados en las mismas condiciones, cuando exista motivo razonable que lo justifique. Los Estados partes adquieren el compromiso de aplicar a todo trabajador migratorio los derechos humanos previstos en la Convención, sin ningún tipo de discriminación que afecte el derecho de igualdad de los trabajadores migrantes.
DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR-Alcance
El artículo 15 de la Constitución establece el derecho a la intimidad personal y familiar, en el que tradicionalmente se han entendido contenidas las garantías de inviolabilidad de domicilio y de correspondencia. Ello justifica la interpretación sistemática del derecho fundamental a la intimidad en concordancia con las garantías contenidas en el artículo 28 de la Carta, esto es, elderecho a no ser molestado en la persona o familia y a impedir el registro domiciliario sin orden judicial. El derecho fundamental a la intimidad asegura a la persona y a su familia un reducto o espacio físico inexpugnable, ajeno a los otros, en el que puede resguardarse, aislándose del tumulto de la vida moderna, gozar del recogimiento necesario y proyectar tranquilamente su personalidad, alejado y libre de las intromisiones o contactos que el sistema social normalmente acarrea".
EXPROPIACION POR RAZONES DE EQUIDAD
La prohibición de expropiar arbitrariamente a los trabajadores migrantes no impide que el Estado Colombiano pueda proceder a la expropiación por razones de equidad, en cumplimiento de lo establecido por el último inciso el artículo 58 de la C.P. Lo contrario constituiría un discriminación injustificada en favor de los trabajadores extranjeros en detrimento del principio de igualdad.
ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Finalidad/TRABAJADOR MIGRATORIO-Protección
Uno de los fines esenciales del Estado Social de Derecho consiste en garantizar la seguridad y la libertad de los habitantes del territorio nacional. Dadas las especiales condiciones de los trabajadores migratorios y en concordancia con el principio de igualdad material, se puede afirmar que el Estado Colombiano tiene una obligación especial de proteger a este grupo, en aquellos casos en los cuales se encuentran en circunstancias de inferioridad y vulnerabilidad debido a su condición de extranjeros.
TRABAJADOR MIGRATORIO/DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL
El trabajador migratorio tendrá derecho a la asociación sindical en las condiciones establecidas por la Constitución y no sólo en las contempladas por la Convención.
TRABAJADOR MIGRATORIO/TRABAJADOR NATIVO/IGUALDAD DE TRATO-Tributo
Se debe establecer una reserva por medio de la cual el Estado colombiano pueda tratar de igual manera en materia tributaria y arancelaria, a los trabajadores migratorios y a los demás viajeros y habitantes del territorio nacional. De esta manera se salvaría el espíritu de la Convención, que pretende que no se grave injustificadamente a los trabajadores migratorios y que se les prodigue el mismo trato que a los trabajadores nativos.
TRABAJADOR MIGRATORIO/TRABAJADOR NATIVO/IGUALDAD DE TRATO-Transferencia de ingresos
En relación con el derecho a la transferencia de los ingresos y ahorros de los trabajadores migratorios la normatividad vigente no la prohibe, pero tampoco establece un trato preferencial. Por lo tanto, para evitar problemas de aplicación, deberá establecerse una reserva que permita otorgar a los trabajadores migratorios el mismo trato que a los demás habitantes del territorio nacional en esta materia.
SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA/EXPROPIACION POR RAZONES DE EQUIDAD
Laexequibilidad de los artículos 15, 46 y 47 de la "Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares", aprobada mediante la Ley 146 de 1994, se declara bajo el entendido de que el Estado colombiano mantiene su derecho de dictar normas tributarias, cambiarias y monetarias que establezcan un trato igual entre trabajadores migratorios y sus familias y los nacionales, para la importación y exportación de bienes de uso personal, enseres domésticos, transferencia de ingresos y ahorros hacia el exterior, así como para proceder a la expropiación por razones de equidad y a la extinción del dominio en los eventos previstos en el artículo 34 de la CP. En consecuencia, el Presidente de la República hará la correspondiente reserva.
REF: Expediente L.A.T. 29
Revisión oficiosa de la Ley 146 de 1994, "por medio de la cual se aprobó la convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares". Hecha en New York, el 18 de diciembre de 1990.
Santa Fe de Bogotá, D.C., Marzo quince (15) de mil novecientos noventa y cinco (1995).
Aprobado por Acta Nº 08
En el proceso de revisión de constitucionalidad de la Ley 146 de 1994 "por medio de la cual se aprobó la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares". Hecha en New York, el 18 de diciembre de 1990", y de la Convención que aprobó.
"por medio de la cual se aprobó la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares". Hecha en New York, el 18 de diciembre de 1990".
Visto el texto de la "CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y DE SUS FAMILIAS", hecha en Nueva York el 18 de diciembre de 1990.
ARTICULO PRIMERO: Apruébese la "Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares", hecha en New York, el 18 de diciembre de 1990.
ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7a de 1944, la "Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares", hecha en New York, el 18 de diciembre de 1990, que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfecciones el vínculo internacional respecto de la misma.
TEXTO DE LA CONVENCION
Teniendo en cuenta los principios consagrados en los instrumentos fundamentales de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, en particular la Declaración Universal de Derechos Humanos[1], el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[2], el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos2, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial[3], la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer[4] y la Convención sobre los Derechos del Niño[5].
Teniendo en cuenta también los principios y normas establecidos en los instrumentos pertinentes elaborados en el marco de la Organización Internacional de Trabajo, en especial el Convenio relativo a los trabajadores migrantes (Nº 97), el Convenio sobre las migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes (Nº 143), la Recomendación sobre los trabajadores migrantes (Nº 86), la Recomendación sobre los trabajadores migrantes (Nº 151), el Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio (Nº 29) y el Convenio relativo a la abolición del trabajo forzoso (Nº 105).
Reafirmado la importancia de los principios consagrados en la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura[6].
Recordando la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes[7], la Declaración del Cuarto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente[8], el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley[9], y las Convenciones sobre la esclavitud[10].
Recordando que uno de los objetivos de la Organización Internacional del Trabajo, como se establece en su Constitución, es la protección de los intereses de los trabajadores empleados en países distintos del propio, y teniendo en cuenta los conocimientos y experiencias de dicha organización en las cuestiones relacionadas con los trabajadores migratorios y sus familiares.
e) Se entenderá por "trabajador itinerante" todo trabajador migratorio que, aún teniendo su residencia habitual en un Estado, tenga que viajar a otro Estado otros Estados por períodos breves, debido a su ocupación;
b) Las personas enviadas o empleadas por un Estado fuera de su territorio, o por un empleador en su nombre, que participen en programas de desarrollo y en otros programas de cooperación; cuya admisión y condición jurídica estén reguladas por un acuerdo con el Estado de empleo y que, de conformidad con este acuerdo, no sean consideradas trabajadores migratorios;
Derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares podrá salir libremente de cualquier Estado, incluido su Estado de origen. Ese derecho no estará sometido a restricción alguna, salvo las que sean establecidas por ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades ajenos y sean compatibles con otros derechos reconocidos en la presente Parte de la Convención.
2. No se exigirá a los trabajadores migratorios ni a sus familiares que realicen trabajados forzosos u obligatorios.
a) Ningún trabajo o servicio, no previsto en el párrafo 3º de este artículo, que normalmente deba realizar una persona que, en virtud de una decisión de la justicia ordinaria, se halle detenida o haya sido puesta ulteriormente en situación de libertad condicional;
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2º del presente artículo entraña obligaciones y responsabilidades especiales. Por lo tanto, podrá ser sometido a ciertas restricciones, a condición de que éstas hayan sido establecidas por ley y sean necesarias para:
5. Los trabajadores migratorios y sus familiares que sean detenidos serán informados en el momento de la detención, de ser posible en un idioma que comprendan, de los motivos de esta detención, y se les notificarán prontamente; en un idioma que comprendan, las acusaciones que se les haya formulado.
1. Todo trabajador migratorio o familiar suyo o privado de libertad será tratado humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano y a su identidad cultural.
7. Los trabajadores migratorios y sus familiares sometidos a cualquier forma de detención o prisión prevista por las leyes vigentes del Estado de empleo o el Estado de tránsito gozarán de los mismo derechos que los nacionales de dichos Estados que se encuentren en igual situación.
1. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será encarcelado por el sólo hecho de no cumplir una obligación contractual.
2. No será legal menoscabar en los contratos privados de empleo el principio de igualdad de trato que se menciona en el párrafo 1º del presente artículo.
a) Participar en las reuniones y actividades de los sindicados o de cualesquiera otras asociaciones establecidas conforme a la ley, con miras a proteger sus intereses económicos, sociales, culturales y de otra índole, con sujeción solamente a las normas de la organización pertinente;
2. El ejercicio de tales derechos sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público o para proteger los derechos y libertades de los demás.
1. Los Estados Partes velarán por que se respete la identidad cultural de los trabajadores migratorios y de sus familiares y no impedirán que éstos mantengan vínculos culturales con sus Estados de origen.
2. Los derechos mencionados en el párrafo 1º del presente artículo no estarán sujetos a ninguna restricción, salvo las que estén establecidas por ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y las libertades de los demás y sean congruentes con los demás derechos reconocidos en la presente Convención.
f) El acceso a las cooperativas y empresas en régimen de autogestión, sin que ello implique un cambio de su condición de trabajadores migratorios y con sujeción a las normas y los reglamentos por que se rijan los órganos interesados.
2. Los Estados Partes promoverán condiciones que garanticen una efectiva igualdad de trato, a fin de que los trabajadores migratorios puedan gozar de los derechos enunciados en el párrafo 1º del presente artículo, siempre que las condiciones establecidas para su estancia, con arreglo a la autorización del Estado de empleo, satisfagan los requisitos correspondientes.
3. Los Estados de empleo, por razones humanitarias, considerarán favorablemente conceder un trato igual al previsto en el párrafo 2º del presente artículo a otros familiares de los trabajadores migratorios.
4. Los Estados de empleo podrán establecer planes especiales de enseñanza de la lengua materna de los hijos de los trabajadores migratorios, en colaboración con los Estados de origen si ello fuese necesario.
2. En los Estados de empleo en que los trabajadores migratorios tengan la libertad de elegir una actividad remunerada, no se considerará que los trabajadores migratorios se encuentran en situación irregular, ni se les retirará su autorización de residencia, por el sólo hecho del cese de su actividad remunerada con anterioridad al vencimiento de su permiso de trabajo o autorización análoga.
3. A fin de permitir que los trabajadores migratorios mencionados en el párrafo 2º del presente artículo tengan siempre suficiente para encontrar otra actividad remunerada, no se les retirará su autorización de residencia, por lo menos por un período correspondiente a aquel en que tuvieran derecho a prestaciones de desempleo.
3. No podrá interpretarse que las disposiciones de los párrafos 1º y 2º de este artículo afectan adversamente al derecho a permanecer y trabajar concedido a esos familiares por la legislación del Estado de empleo o por tratados bilaterales y multilaterales aplicables a ese Estado.
No se considerará que se encuentren en situación irregular los trabajadores migratorios que en el Estado de empleo no estén autorizados a elegir libremente su actividad remunerada, ni tampoco se les retirará su autorización de residencia por el sólo hecho de que haya cesado su actividad remunerada con anterioridad al vencimiento de su permiso de trabajo, excepto en los casos en que la autorización de residencia dependa expresamente de la actividad remunerada específica para la cual hayan sido aceptados. Dichos trabajadores migratorios tendrán derecho a buscar otros empleos, participar en programas de obras públicas y readiestrarse durante el período restante de su permiso de trabajo, con sujeción a las condiciones y limitaciones que se establezcan en dicho permiso.
1. Sin perjuicio de las condiciones de sus autorización de residencia o de su permiso de trabajo ni de los derechos previstos en los artículos 25 y 27 de la presente Convención, los trabajadores migratorios gozarán de igualdad de trato respecto de los nacionales del Estado de empleo en relación con:
2. Si un trabajador migratorio alega que su empleador ha violado las condiciones de su contrato de trabajo, tendrá derecho a recurrir ante las autoridades competentes del Estado de empleo, según lo dispuesto en el párrafo 1º del artículo 18 de la presente Convención.
1. Los trabajadores fronterizos, definidos en el inciso a) del párrafo 2º del artículo 2º de la presente Convención, gozarán de los derechos reconocidos en la parte IV que puedan corresponderles en virtud de su presencia y su trabajo en el territorio del Estado de empleo, teniendo en cuenta que no han establecido su residencia habitual en dicho Estado.
1. Los trabajadores de temporada, definidos en el inciso b) del párrafo 2º del artículo 2º de la presente Convención, gozarán de los derechos reconocidos en la parte IV que puedan corresponderles en virtud de su presencia y su trabajo en el territorio del Estado de empleo y que sean compatibles con su condición de trabajadores de temporada en ese Estado, teniendo en cuenta el hecho de que se encuentran en ese Estado sólo una parte del año.
Los trabajadores itinerantes, definidos en el inciso e) del párrafo 2º del artículo 2º de la presente Convención, gozarán de todos los derechos reconocidos en la parte IV que puedan corresponderles en virtud de su presencia y su trabajo en el territorio del Estado de empleo y que sean compatibles con su condición de trabajadores itinerantes es ese Estado.
1. Los trabajadores vinculados a un proyecto, definidos en el inciso f) del párrafo 2 del artículo 2 de la presente Convención, y sus familiares gozarán de los derechos reconocidos en la parte IV salvo los establecidos en los incisos b) y c) del párrafo 1 del artículo 43, en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 43 en lo referente a los planes sociales de vivienda, en el inciso b) del párrafo 1 del artículo 45 y en los artículos 52 a 55.
2. Los familiares de los trabajadores con empleo concreto gozarán de los derechos que se les reconoce a los familiares de los trabajadores migratorios en la parte IV de la presente Convención, con excepción de lo dispuesto en el artículo 53.
Promoción de condiciones satisfactorias, equitativas, dignas
y lícitas en relación con la migración internacional de los
trabajadores y sus familiares
d) El suministro de información y asistencia apropiada a los trabajadores migratorios y sus familiares en lo relativo a las autorizaciones y formalidades y arreglos requeridos para la partida, el viaje, la llegada, la estancia, las actividades remuneradas, la salida y el regreso, así como en lo relativo a las condiciones de trabajo y de vida en el Estado de empleo las normas aduaneras, monetarias y tributarias y otras leyes y reglamentos pertinentes.
2. Los Estados Partes facilitarán, según corresponda, la provisión de servicios consulares adecuados y otros servicios que sean necesarios para atender a las necesidades sociales, culturales y de otra índole de los trabajadores migratorios y de sus familiares.
2. Con sujeción a la autorización, la aprobación y la supervisión de las autoridades públicas de los Estados Partes, interesados que se establezcan con arreglo a las legislaciones y prácticas de esos Estados, podrá permitirse también que organismos, futuros empleadores o personas que actúen en su nombre realicen las operaciones mencionadas.
1. a) Con el fin de observar la aplicación de la presente Convención se establecerá un Comité de protección de los derechos de todos los trabajadores, migratorios y de sus familiares (denominado en adelante "el Comité");
b) El Comité estará compuesto, en el momento en que entre el vigor la presente Convención, de diez expertos y, después de la entrada en vigor de la Convención para el cuadragésimo primer Estado Parte, de catorce expertos de gran integridad moral, imparciales y de reconocida competencia en el sector abarcado por la Convención.
3. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Convención, y las elecciones subsiguientes se celebrarán cada dos años. Al menos cuatro meses antes de la fecha de cada elección, el Secretario General de la Naciones Unidas dirigirá una carta a todos los Estados Partes para invitarlos a que presenten sus candidaturas en un plazo de dos meses. El Secretario General preparará una lista por orden alfabético de todos los candidatos, en la que indicará los Estados Partes que los han designado, y la transmitirá a los Estados Partes a más tardar un mes antes de la fecha de la correspondiente elección, junto con las notas biográficas de los candidatos.
4. Los miembros del Comité serán elegidos en una reunión de los Estados Partes que será convocada por el Secretario General y se celebrará en la Sede de la Naciones Unidas. En la reunión, para la cual constituirá quórum dos tercios de los Estados Partes, se considerarán elegidos para el Comité los candidatos que obtengan el mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los Estados Partes presentes y votantes.
b) La elección de los cuatro miembros adicionales del Comité se realizará de conformidad con las disposiciones de los párrafos 2º, 3º y 4º del presente artículo, inmediatamente después de la entrada en vigor de la Convención para el cuadragésimo primer Estado Parte. El mandato de dos de los miembros adicionales elegidos en esa ocasión expirará al cabo de dos años; el Presidente de la reunión de los Estados Partes designará por sorteo el nombre de esos miembros;
9. Los miembros del Comité tendrán derecho a las facilidades, prerrogativas e inmunidades de los expertos en misión de las Naciones Unidas que se estipulan en las secciones pertinentes de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas[11].
En un plazo de tres meses contado desde la recepción de la comunicación, el Estado receptor ofrecerá al Estado que envió la comunicación una explicación u otra exposición por escrito en la que aclare el asunto y que, en la medida de lo posible pertinente, haga referencia a los procedimientos y recursos internos hechos valer, pendientes o existentes sobre la materia;
2. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando diez Estados Partes en la presente Convención hayan hecho una declaración con arreglo al párrafo 1º del presente artículo. Los Estados Partes depositarán dichas declaraciones en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, quien remitirá copia de ellas a los demás Estados Partes. Toda declaración podrá retirarse en cualquier momento mediante notificación dirigida al secretario General. Dicho retiro no será obstáculo para que se examine cualquier asunto que sea objeto de una comunicación ya transmitida en virtud del presente artículo; después de que el Secretario General haya recibido la notificación de retiro de la declaración, no se recibirán nuevas comunicaciones de ningún Estado Parte con arreglo al presente artículo, a menos que el Estado Parte interesado haya hecho una nueva declaración.
2. El Comité considerará inadmisible toda comunicación recibida de conformidad con el presente artículo que sea anónima o que, a su juicio, constituya una abuso del derecho a presentar dichas comunicaciones o sea incompatible con las disposiciones de la presente Convención.
a) La misma cuestión no ha sido, ni está siendo examinada en otro procedimiento de investigación o solución internacional;
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2º del presente artículo, el Comité señalará las comunicaciones que se le presenten de conformidad con el presente artículo a la atención del Estado Parte en la presente Convención que haya hecho una declaración conforme al párrafo uno y respecto del cual se alegue que ha violado una disposición de la Convención. En un plazo de seis meses, el Estado receptor proporcionará al Comité una explicación u otra exposición por escrito en la que aclare el asunto y exponga, en su caso, la medida correctiva que haya adoptado.
1. Los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares previstos en la presente Convención no podrán ser objeto de renuncia. No se permitirá ejercer ninguna forma de presión sobre los trabajadores migratorios ni sobre sus familiares para hacerlos renunciar a cualquiera de los derechos mencionados o privarse de alguno de ellos. No se podrán revocar mediante contrato los derechos reconocidos en la presente Convención. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar que se respeten esos principios.
1. Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención se compromete a garantizar que:
a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en la presente Convención hayan sido violados pueda obtener una reparación efectiva, aún cuando tal violación haya sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;
Cada uno de los Estado Partes se compromete a adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para aplicar las disposiciones de la presente Convención.
Los Estados que ratifiquen la presente Convención o se adhieran a ella no podrán excluir la aplicación de ninguna parte de ella ni tampoco, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3º, podrán excluir de su aplicación a ninguna categoría determinada de trabajadores migratorios.
1. Toda controversia que surja entre dos o más Estados Partes con respecto a la interpretación o la aplicación de la presente Convención y no se solucione mediante negociaciones se someterá a arbitraje a petición de uno de ellos. Si en el plazo de seis meses contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje, las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la organización del arbitraje, cualquiera de las partes podrá someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante una solicitud presentada de conformidad con el Estatuto de la Corte.
2. Todo Estado Parte, en el momento de la firma o la ratificación de la Convención o de su adhesión a ella, podrá declarar que no se considera obligado por el párrafo 1º del presente artículo. Los demás Estados Partes no estarán obligados por ese párrafo ante ningún Estado Parte que haya formulado esa declaración.
3. Todo Estado Parte que haya formulado la declaración prevista en el párrafo 2º del presente artículo podrá retirarla en cualquier momento mediante notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.
La Presidencia de la Corte Constitucional recibió el día 18 de julio de 1994, la Ley 146 de 1994, por medio de la cual se aprueba la "Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares".
Con fundamento en el artículo 44 del decreto 2067 de 1991, que ordena someter al trámite ordinario las revisiones oficiosas de las leyes aprobatorias de tratados internacionales, el Magistrado Sustanciador, por medio del auto del veintidós (22) de agosto de 1994, avocó el conocimiento de la norma, para lo cual decretó la práctica de pruebas y ordenó la fijación en lista del negocio, con el fin de asegurar la participación ciudadana prevista en los artículos 242, numeral 1 de la Constitución y 7, inciso 2 , del decreto citado. Así mismo, dispuso el traslado del negocio al despacho del Señor Procurador, quien rindió el concepto de rigor.
Cumplidos los tramites constitucionales y legales procede la Corte Constitucional a resolver.
Por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, el Magistrado Sustanciador ofició al Ministro de Relaciones Exteriores para que informara, en el término de 10 días, los pormenores de la celebración de la Convención.
Así mismo se ofició a los Secretarios Generales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, para que en el término de 10 días remitieran al proceso el proyecto de ley, la exposición de motivos y las actas de discusión y aprobación de la ley ante las comisiones y las plenarias respectivas.
La existencia del proceso se comunicó al Presidente de la República, a los Ministros de Relaciones Exteriores y de Trabajo y Seguridad Social y al Director del Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S.
Por consiguiente, obran en el expediente los siguientes documentos:
a-) Los siguientes ejemplares de la Gaceta del Congreso:
- Gaceta No. 319, del 14 de septiembre de 1993.
- Gaceta No. 66, del 2 de junio de 1994
- Gaceta No. 76, del 15 de junio de 1994
- Gaceta No. 332, del 24 de septiembre de 1993.
- Gaceta No. 355, del 13 de octubre de 1993.
- Gaceta No. 431, del 3 de diciembre de 1993.
- Gaceta No. 101, del 27 de julio de 1994.
b-) Certificación del Jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, fechada el 1 de septiembre de 1994, en la cual consta que la "Convención Internacional Sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares" no ha sido objeto de firma o adhesión por parte de Colombia.
c-) Informe del secretario General de la Cámara de Representantes sobre el trámite de la ley, fechado el 23 de septiembre de 1994.
d-) Certificación del Secretario de la Comisión Segunda del Senado de la República en relación a la aprobación del proyecto de ley ante el Senado, fechada el 19 de septiembre de 1994.
En el término legal el Ministerio de Relaciones Exteriores intervino en el presente proceso. Por medio del oficio de fecha 13 de octubre de 1994, el apoderado del ministerio defendió la constitucionalidad de la convención objeto de estudio.
En su argumentación considera este instrumento internacional como una herramienta para la efectiva defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores migrantes, sin desconocer el ordenamiento interno ni limitar la soberanía del Estado Colombiano para regular la materia.
Así mismo, justifica la conveniencia de ratificar la convención, con base en el alto índice de la población colombiana que ha recurrido a la migración laboral como estrategia para acceder a unas mejores condiciones de vida. Considera el apoderado del ministerio que la ratificación del instrumento permitirá que los integrantes de este grupo de nacionales sean mejor tratados en el exterior.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se pronunció, igualmente, en relación con la ratificación de la convención sobre la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias. En oficio recibido por la Corte el 14 de octubre de 1994 se defiende, por parte del ministerio, la constitucionalidad del instrumento. Se asegura que la convención no contraría ningún precepto constitucional y que, por el contrario, se trata de un instrumento que hace efectivo el principio de igualdad, al establecer una serie de garantías adicionales que favorecen a un grupo débil de la población.
De manera extemporánea, la Directora de Extranjería del D.A.S., presentó un escrito, en el cual defiende la constitucionalidad de la convención.
El señor Procurador General de la Nación, por medio del oficio 533 del 16 de noviembre de 1994, rindió el concepto de rigor.
En primer término analiza la competencia de esta Corporación para ejercer el control constitucional de la norma objeto de estudio. Concluye que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 241 de la Constitución Política, la Corte Constitucional tiene la misión de efectuar el control integral, previo y automático de los tratados públicos.
A continuación inicia el estudio de los aspectos formales de la convención. Esta aún no ha sido firmado por Colombia, por lo que no entra en el análisis de la competencia del representante nacional en las etapas de negociación y celebración.
Posteriormente estudia el trámite dado a la ley aprobatoria por parte del Congreso. Luego de determinar que no se trata de una ley que requiera de un trámite diferente al ordinario, procede a cotejar los pasos establecidos por la Constitución y la ley, con el proceso que efectivamente siguió la ley 146 de 1994. Concluye que se han verificado los requisitos de rigor y que, por lo tanto, la norma no adolece de nulidad formal.
Finalmente entra a efectuar el estudio material del instrumento internacional. El análisis realizado consiste en reseñar los aspectos más importantes de la convención, destacando los derechos que consagra a favor de los trabajadores migratorios. Con base en lo anterior, concluye que la norma debe ser declarada exequible, dada la identidad casi perfecta entre lo dispuesto por el tratado y lo establecido en la Carta Política.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 10, de la Constitución, esta Corte es competente para decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueban.
Segundo. Examen formal y material de la Convención y de la ley 146 de 1994 "por medio de la cual se aprueba LA CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y DE SUS FAMILIARES, hecha en Nueva York el 18 de diciembre de 1990".
El Convenio fue adoptado y abierto para la firma, ratificación o adhesión, el 18 de diciembre de 1990, por la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad de New York. El 1 de Septiembre de 1994 el Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores certificó que Colombia no había firmado ni ratificado la Convención Internacional sobre la Protección de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
Examen del Cumplimiento de las formalidades constitucionales en la expedición de la ley 146 de 1994.
Aprobación Presidencial:
El 1 de junio de 1993, el Presidente de la República y la Ministra de Relaciones Exteriores aprobaron la Convención Internacional sobre la Protección de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, realizada en Nueva York el 18 de diciembre de 1990 y la sometieron a la consideración del Congreso Nacional, para los efectos constitucionales.
Trámite del Proyecto ante el Senado de la República:
El 13 de agosto de 1993, la viceministra de Relaciones Exteriores, doctora Wilma Zafra de Turbay y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Luis Fernando Ramírez Acuña, presentaron a consideración del Senado de la República el texto correspondiente a la Convención con el fin de que fuera revisado en compañía de la respectiva exposición de motivos.
En la Secretaría General del Senado de la República el texto fue identificado con el número de proyecto 53 de 1993. A continuación fue repartido a la Comisión Segunda Constitucional Permanente, para que allí se le diera el trámite de rigor. Así mismo una copia del texto recibido fue enviado a la Imprenta Nacional, con el fin de que fuera publicado en la Gaceta Legislativa del Congreso, publicación que se realizó el 14 de septiembre de 1993. De esta manera se dio cumplimiento al artículo 157, numeral 1 de la Constitución, que exige que todo proyecto de ley sea publicado oficialmente por el Congreso antes de darle curso en la comisión pertinente.
Fue designado como ponente del proyecto el senador José Blackbourn. La ponencia fue publicada el 24 de Septiembre de 1994. El 13 de octubre fue publicada la ponencia para el segundo debate.
El 6 de octubre de 1993 se llevó a cabo el primer debate, resultando aprobado el proyecto por 11 de los 13 senadores, miembros de la Comisión Segunda del Senado. Esta ponencia fue publicada el 13 de octubre del mismo año.
El 23 de noviembre de 1993 se dio segundo debate al proyecto de ley 53, siendo aprobado por unanimidad. Este debate fue publicado en la gaceta del 3 de diciembre de 1993.
Trámite ante la Cámara de Representantes:
El 2 de junio de 1994 fueron publicadas las ponencias para primero y segundo debates del proyecto de ley aprobatorio de la Convención. Los ponentes ante esta Corporación fueron los Representantes Manuel Ramiro Velásquez Arroyave y Víctor Manuel Tamayo. Ambas ponencias fueron favorables a la aprobación del tratado.
El 10 de mayo de 1994 se dio el primer debate ante la Comisión Segunda de la Cámara. El proyecto de ley fue aprobado por 12 representantes, tal como consta en la certificación expedida por el Secretario General de dicha Comisión.
La Cámara de Representantes, reunida en pleno, aprobó por unanimidad el proyecto de ley el 1 de junio de 1994. En la Gaceta del Congreso se efectuó la respectiva publicación el 15 de junio de 1994.
De acuerdo con lo anterior, el trámite dado a la ley 146 para su aprobación cumple con los requisitos establecidos en los artículos 157 y 160 de la Constitución Política.
El texto completo de la ley 146 fue publicado en la Gaceta del Congreso el 27 de julio de 1994. El 13 de julio de 1994, el Gobierno sancionó el proyecto de ley, que fue enviado cinco (5) días más tarde a esta Corporación para su estudio integral.
Examen desde el punto de vista material
De acuerdo con la Gran Enciclopedia Larousse migración se define como "desplazamiento de individuos o de pueblos de un país a otro para establecerse en ellos, por causas económicas sociales o políticas". Definición ante la cual un lector desprevenido no capta las profundas consecuencias que implica dicho flujo de población, tanto para el territorio de partida como para el de llegada.
Pese a la disparidad de teorías acerca de los movimientos de población, la mayoría de los estudios teóricos que se ocupan de ellos coinciden en otorgarles, al menos, el siguiente papel:
a) Descongestión de los lugares de origen, que enfrentaban sobrepoblamientos relativos.
b) Oferta de mano de obra para los países receptores, supliendo las insuficiencias numéricas de la población nativa y actuando como elemento depresor de los salarios al captar condiciones de trabajo por debajo de las estipuladas legalmente.
El caso de la industrialización de los Estados Unidos en la primera parte del siglo, con base en mano de obra extranjera, expulsada de las hambrunas de Irlanda, de Escandinavia, de los campesinos sin tierra de España, Portugal, Italia y Grecia, ofrece un ejemplo que ilustra bien este proceso.
En la actualidad la O.I.T. calcula que cerca de 70 millones de personas trabajan o viven en países extranjeros, sin contar con los 12 millones de refugiados y apátridas. Sin embargo, no se trata, en modo alguno, de un fenómeno reciente. El hombre siempre se ha dirigido hacia las regiones en las que ve posibilidades de satisfacer sus necesidades básicas, y continuará haciéndolo mientras subsistan los desequilibrios entre los espacios habitables.
Por lo general, los flujos migratorios parten de regiones pobres y se dirigen hacia otras más prosperas. Esta circunstancia pone a los inmigrantes en un estado de inferioridad en relación con la población nativa. No sólo se encuentran lejos de su lugar de origen (de su familia y de su comunidad) sino que la necesidad los impulsa a aceptar condiciones laborales inferiores a las legalmente permitidas. Así mismo, suelen ser objeto y discriminación por parte de las autoridades locales, sobre todo en aquellos casos en los cuales han ingresado al país en el que laboran sin cumplir los requisitos legales.
Los flujos laborales migratorios vienen siendo objeto de preocupación por parte de la comunidad internacional desde principios de siglo. En 1926 se firmó el primer convenio de la O.I.T., relativo a los trabajadores migratorios. Sin embargo, el tema ha ido aumentando en importancia con el paso del tiempo. Lo anterior se debe al cambio en las condiciones de la economía mundial. Durante la postguerra las fronteras de los países del norte de Europa se encontraban abiertas, mientras que hoy en día se han ido cerrando. Buena parte de la mano de obra que se empleó en la reconstrucción europea hoy está de sobra.
En los Estados Unidos se enfrenta una situación similar. Al parecer no existen ya las condiciones que permitieron la absorción de la mano de obra foránea durante varias décadas. Actualmente, se pretende controlar al máximo la entrada de extranjeros en búsqueda de oportunidades laborales.
En Africa, Asia y Latinoamérica, continúan presentándose fuertes movimientos de población en búsqueda de oportunidades laborales. Pese a las hondas diferencias de cada fenómeno migratorio podría decirse que existe un elemento común: se trata en su mayoría de flujos ilegales, es decir que los individuos que los conforman no cumplen con las disposiciones de los estados receptores, relativas a las condiciones de ingreso. Esto los convierte en un grupo extremadamente vulnerable al maltrato y a la discriminación.
En estas circunstancias la O.I.T. ha propiciado la suscripción de varios Convenios (el 97 de 1949, el 86 de 1947 y el 143 de 1975) y Recomendaciones (la 86 de 1949, la 100 de 1955 y la 151 de 1975). Estos instrumentos buscan la protección de esta clase de trabajadores, asegurando la satisfacción de sus necesidades básicas en el trayecto hacia su lugar de trabajo y la igualdad de oportunidades, trato y protección, una vez lleguen a su destino. Sin embargo, estos esfuerzos no ha sido suficientes.
La magnitud del problema y el interés de los países desarrollados en controlar los flujos ilegales, motivaron la participación de la O.N.U. en el problema. Fue así cómo el 18 de diciembre de 1990 se expidió la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares", cuya aprobación por parte de Colombia es actual objeto de estudio.
El instrumento Internacional, objeto de análisis es depositario de los siguientes objetivos:
1-) Garantizar la protección de los derechos fundamentales a todo trabajador migratorio y a los miembros de su núcleo familiar.
2-) Garantizar derechos sociales y culturales a los trabajadores migratorios y las familias que han ingresado legalmente.
3-) Reconocer la importancia de los flujos migratorios en el mundo de hoy.
4-) Impedir la explotación de los trabajadores migratorios. Reconocerles sus derechos básicos e impedir que sean contratados en condiciones menos favorables.
5-) Propender a la eliminación de los flujos ilegales.
La presente Convención no presenta un planteamiento novedoso para Colombia. El Constituyente de 1991 se preocupó por garantizar la totalidad de los derechos a los que esta se refiere, a todo habitante del territorio nacional, sin considerar su procedencia u ocupación.
Una vez realizadas las anteriores precisiones se entra de lleno a realizar el análisis de constitucionalidad de la convención aprobada por la ley 146 de 1994.
Esta parte se ocupa de delimitar los objetos de regulación que son materia del Convenio. También se define el campo de aplicación de las normas y se establecen los criterios básicos para su interpretación. Ninguna de las normas contenidas en esta parte del Convenio suscita un problema jurídico que pueda poner en tela de juicio su sometimiento al texto constitucional.
ART. 1: Campo de aplicación.
ART. 2: Concepto de trabajador migratorio, establecimiento de clases de acuerdo a las características de su permanencia en un país extranjero y al tipo de labor que desempeña.
ART. 3: Excepciones: Personas cobijadas por el derecho internacional, inversionistas, refugiados y estudiantes.
ART. 4: Concepto de familia a la que se refiere: Familia nuclear.
ART. 5: Establece la distinción entre trabajadores extranjeros documentados y aquellos que se encuentran en condiciones irregulares.
ART. 6: Conceptos de Estado de origen, de empleo y de tránsito.
Esta parte contiene un solo artículo en el que se establece que los Estados partes adquieren el compromiso de aplicar a todo trabajador migratorio los derechos humanos previstos en la Convención, sin ningún tipo de discriminación que afecte el derecho de igualdad de los trabajadores migrantes.
La Constitución política contempla el principio de igualdad en su artículo 13. Esta Corte ha desarrollado ampliamente esta norma, señalando, entre otras cosas, que "la aplicación efectiva de la igualdad en un determinada circunstancia no puede ignorar o desconocer las exigencias propias de la diversidad de condiciones que afectan o caracterizan a cada uno de los sujetos. Sin que ello sea en manera alguna óbice para hacerlo objeto de tratamiento igualitario. La vigencia del derecho a la igualdad no excluye necesariamente el dar un tratamiento diferente a sujetos colocados en las mismas condiciones, cuando exista motivo razonable que lo justifique." (Sentencia No. C-040 de 1993).
La igualdad es uno de los derechos que mayor alcance y significado posee en la construcción de un estado social de derecho. Desde esta perspectiva, no sólo son de una enorme importancia los conceptos de igualdad en la ley y de igualdad en la aplicación de la ley, sino también la idea de una igualdad sustancial (inciso segundo art. 13, C.P.) que permita crear condiciones sociales en las cuales este derecho sea real y efectivo. En este orden de ideas el artículo 7 del convenio es perfectamente compatible con la Constitución y con la axiología política en la cual ella se inspira.
Este apartado garantiza a los trabajadores migratorios el reconocimiento y la protección de los derechos fundamentales. Pretende, además, que los Estados se comprometan activamente en la tarea de hacer efectivas estas garantías básicas. Es así cómo abre la posibilidad de emprender acciones positivas en favor de este grupo de trabajadores, con el fin de poner a sus integrantes en un plano de igualdad real. De esta manera las disposiciones contenidas en la Convención gozarán de una verdadera aplicación.
En términos generales, estos preceptos no presentan ningún problema pues la Constitución los reconoce para toda persona sin importar su procedencia o condición. En ocasiones, la Carta Política es aún más generosa que el mismo Convenio en el reconocimiento y protección de los derechos. En estos eventos, es claro que la norma constitucional cobija a los trabajadores foráneos de la misma manera que a los demás habitantes del territorio nacional.
A continuación se hace referencia a cada uno de los artículos contenidos en este segmento de la Convención.
ART. 8: Consagra la libertad de salir de cualquier Estado y regresar a su lugar de origen. Sin embargo, establece posibles excepciones a esta regla general derivadas de un mandato legal, de la seguridad nacional o del orden público.
Esta norma es compatible con el derecho fundamental a la libertad de locomoción e implica la no injerencia del Estado en las decisiones relativas al sitio de permanencia de las personas.
ART. 9: Protege el derecho a la vida
No hay duda de que se trata de una norma acorde con el texto Constitucional. El artículo 11 de la Carta de derechos reconoce en esta garantía el supuesto primordial del ordenamiento jurídico y la base de todos los demás derechos.
ART. 10. Prohibe las torturas y los tratos crueles.
El texto constitucional contempla esta garantía en su artículo 12. El derecho a la integridad personal se conecta directamente con el derecho a la vida. Entraña el reconocimiento de la dignidad del ser humano y proscribe la tortura como instrumento de castigo, intimidación o como medio para obtener información.
ART. 11: Prohibe la esclavitud y los trabajos forzosos.
Esta prohibición se encuentra consagrada en el artículo 17 de la Constitución
ART. 12. Consagra la libertad de pensamiento, conciencia y religión.
La Constitución no se limita a tolerar, la diversidad de religiones y creencias. Además, el carácter no confesional del Estado (C.P. Art. 1) entraña un reconocimiento de la igualdad de religiones y creencias y les otorga la misma protección y garantías (C.P. arts. 19 y 20).
ART. 13. Consagra la libertad de opinión y de expresión.
El artículo 20 de la C.P. garantiza a toda persona la posibilidad de expresar libremente su opinión y la de recibir la información que considere necesaria.
ART. 14. Consagra el derecho a la intimidad.
La Carta Política reconoce a toda persona el derecho a mantener un espacio individual y familiar libre de las injerencias institucionales. Esta garantía, fuertemente vinculada con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, incluye también el derecho al habeas data.
En relación a esta garantía la Corte Constitucional se ha pronunciado en los siguientes términos: "El artículo 15 de la Constitución establece el derecho a la intimidad personal y familiar, en el que tradicionalmente se han entendido contenidas las garantías de inviolabilidad de domicilio y de correspondencia. Ello justifica la interpretación sistemática del derecho fundamental a la intimidad en concordancia con las garantías contenidas en el artículo 28 de la Carta, esto es, el derecho a no ser molestado en la persona o familia y a impedir el registro domiciliario sin orden judicial. El derecho fundamental a la intimidad asegura a la persona y a su familia un reducto o espacio físico inexpugnable, ajeno a los otros, en el que puede resguardarse, aislándose del tumulto de la vida moderna, gozar del recogimiento necesario y proyectar tranquilamente su personalidad, alejado y libre de las intromisiones o contactos que el sistema social normalmente acarrea" (Sentencia t-210/94).
ART. 15. Consagra el derecho a la propiedad privada.
Los artículos 58 a 64 de la C.P. imponen el respeto a varias formas de propiedad. No obstante, es importante tener presente que este derecho incluye una función social y ecológica que genera obligaciones a los titulares del mismo.
ART. 16. Consagra los derechos a la libertad y a la seguridad personal. Obliga al Estado a proteger a los trabajadores y a sus familiares contra toda forma de violencia. También contempla el derecho al debido proceso, con características especiales debido a la calidad de extranjeros de los titulares del derecho. Finalmente impone al Estado la Obligación de indemnizar al trabajador víctima de detención o prisión ilegal.
La indemnización a la que tiene derecho el trabajador foráneo que ha sido objeto de detención ilegal es compatible con el artículo 90 de la Constitución. Debe quedar en claro, sin embargo, que la aplicación práctica y los efectos de esta disposición, dependen del desarrollo jurisprudencial que lleven a cabo el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.
ART. 17. Protege el derecho al trato digno y al respeto de la identidad cultural en caso de detención. Se establece que en el evento de que un trabajador migratorio sea privado de la libertad, las autoridades competentes del Estado de que se trate, le prestarán atención a los familiares, en particular al cónyuge e hijos menores.
El artículo 70 de la C.P. reconoce la dignidad e igualdad de todas las culturas que conviven en el país sin excepción alguna. Por eso la constitucionalidad de esta norma no suscita problema.
De otra parte, la protección de los familiares del trabajador privado de la libertad, constituye un asunto previsto por la legislación. En efecto, el código penitenciario y carcelario en su artículo 155 establece que el INPEC, en coordinación con el ICBF, se ocupará de la atención de los hijos menores de cualquier persona detenida. Así mismo el artículo 157 de la misma ley crea la posibilidad de brindar asistencia a sus familiares.
Arts. 18 y 19. Consagran el derecho al debido proceso en igualdad de condiciones a los nacionales, así como el derecho a ser indemnizado en caso que la sentencia condenatoria sea revocada o que el condenado sea indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio del error judicial.
El debido proceso es uno de los derechos más celosamente garantizados por el constituyente. En el artículo 29 se elevan a norma constitucional los principios que lo rigen. La indemnización a la que se refiere el numeral 6 del artículo 18 es constitucional de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución. Sin embargo, al igual que en el artículo 16 del Convenio que se revisa, el alcance de esta norma está sujeta al desarrollo legal y jurisprudencial.
ART. 20. Prohibe la pena de cárcel por el incumplimiento de obligaciones contractuales.
En acuerdo con el artículo 28 C.P. en el que se prohibe la prisión por deudas.
Art. 21: Prohibe la destrucción o confiscación de los documentos del trabajador, a menos que se lleve a cabo por funcionarios debidamente autorizados.
El artículo 6 de la C.P. establece que los funcionarios públicos sólo pueden hacer lo que la ley les permite, por lo que únicamente los autorizados por ella están en posibilidad de retener los documentos de los inmigrantes.
Art.. 22. Prohibe la expulsión colectiva y contempla un debido proceso individual en el evento de expulsión. Además, establece que cuando una decisión de expulsión ya ejecutada sea posteriormente revocada, la persona interesada tendrá derecho a reclamar indemnización conforme a la ley .
El artículo 29 C.P. al establecer el derecho al debido proceso cobija la anterior situación. Nadie puede ser expulsado del territorio nacional sin un proceso previo en el que haya tenido la posibilidad de defenderse.
El restablecimiento del derecho del trabajador injustamente expulsado es viable, no sólo a la luz del artículo 90 de la Constitución, sino a través de todo el desarrollo legal y jurisprudencial que se le ha dado a la responsabilidad del Estado por la expedición de actos que posteriormente son anulados o revocados.
ART: 23: Hace posible el acceso a la protección y asistencia de las autoridades consulares y diplomáticas respectivas en caso de menoscabo de los derechos que la convención les otorga.
ART 24 . Consagra el derecho al reconocimiento de la personería jurídica.
En acuerdo con el artículo 14 de la C.P.
ART. 25. Contempla el derecho a la igualdad en materia de condiciones laborales.
En acuerdo con derechos establecidos en los arts. 25, 11 de la C.P y desarrollados en el código laboral.
ART. 26. Contempla el derecho a la asociación sindical y a formar parte de un sindicato.
Se trata de Derechos consagrados en el art. 39 de la C.P.. Esta garantía se compone de dos elementos: 1)la libertad de asociación positiva, en cuanto se puede formar sociedad con quien se desee y con cualquier fin legal y 2)la libertad negativa, en cuanto el ingreso al sindicato es un acto voluntario.
La garantía constitucional es todavía más amplia que la norma prevista en el convenio. Siendo así, el trabajador migratorio tendrá derecho a la asociación sindical en las condiciones establecidas por la Constitución y no sólo en las contempladas por la Convención.
ART. 27. Consagra el derecho a la seguridad social, en las mismas condiciones que los nacionales.
Derecho previsto en el art. 48 de la C.P.
ART. 28. Contempla el derecho a recibir atención médica en igualdad de condiciones de los nacionales de urgencia,
Garantía establecida en el art. 49 de la C.P.
ART. 29: Derecho al nombre y a la nacionalidad de los hijos de los trabajadores.
Previsto en el art. 44 de la C.P.
ART. 30: Derecho a la educación de los hijos de los trabajadores, en igualdad de condiciones a los niños nacionales.
La Constitución Política elevó a la categoría de fundamentales a los derechos de los niños, siendo la educación uno de sus principales. En relación a la igualdad de oportunidades en materia educativa esta corporación se ha referido a ella como "un antídoto contra la arbitrariedad, la discriminación y el desconocimiento de las desventajas relativas en que se encuentran las personas en circunstancias de debilidad manifiesta" (Sentencia T-450/93).
ART. 31: Respeto de la identidad cultural.
Garantía establecida en el art. 70 de la C.P.
ART. 32: Derecho a la transferencia de ingresos y ahorros cuando terminen su período de estadía.
No presenta duda respecto de su constitucionalidad debido a que se trata de una materia propia del ámbito legal.
ART. 33: Derecho a recibir información sobre sus derechos y sobre requisitos de admisión.
Se encuentra contenido en el derecho de petición (art. 23 C.P.)
ART. 34: Obligación del trabajador de cumplir las disposiciones legales de los Estados en los que se encuentren y de respetar la identidad cultural de los mismos.
ART. 35: Hace énfasis en la aplicación de los derechos para los trabajadores que incluso no se encuentran en situación regular.
En este apartado la Convención contempla la situación de los trabajadores migratorios que han ingresado al país cumpliendo las disposiciones legales y que gozan de una situación regular. Su propósito consiste en garantizar la igualdad de oportunidades y de trato por parte de las autoridades entre los trabajadores migratorios y los trabajadores nacionales. Para lograr este fin, es necesario que el Estado receptor se haga responsable - por lo menos parcialmente - de la suerte de las personas que han ingresado con su autorización al territorio nacional.
La Convención impone a los Estados partes una serie de obligaciones encaminadas a proteger al trabajador extranjero, que podrían dar lugar a una protección privilegiada y, en consecuencia, a una violación del principio de igualdad frente a los trabajadores nacionales. A continuación se estudia el articulado teniendo en cuenta esta probabilidad.
ART. 36: Aplicación de los derechos contenidos en esta parte para los trabajadores documentados.
ART. 37: Derecho a recibir información antes de partir, sobre las condiciones de su admisión y registro.
Derechos contenidos en los artículos 23 y 74 C.P.
ART. 38: Obligación del Estado de permitir que los trabajadores se ausenten temporalmente sin que ello implique la cancelación de su permiso de estadía.
Se trata de un asunto legal, no perteneciente al ámbito constitucional. La norma que regula el ingreso de extranjeros al país lo permite.
ART. 39: Derecho a la libertad de locomoción.
Garantía establecida en el artículo 24 C.P.
ART. 40: Derecho de asociación sindical
La Constitución establece el derecho a la asociación sindical en su art. 39
ART. 41: Derecho a la participación en asuntos públicos y al voto en las elecciones de conformidad con la legislación
Se trata de un derecho que debe ser entendido no sólo en los términos de la ley, sino también de acuerdo con lo prescrito por la Constitución Política en los artículos 40 y 100 referentes a la participación política y a los derechos civiles y políticos de los extranjeros en Colombia, respectivamente.
ART. 42: Posibilidad de que el Estado establezca medidas o instituciones que permitan tener en cuenta las necesidades de los trabajadores migratorios. Obligación de facilitar la participación de los trabajadores migratorios en las decisiones relativas a la vida y a la administración de las comunidades locales.
Posibilidad establecida en los artículos 40 y 100 de la C.P.
ART. 43: Derecho a la igualdad en el acceso a las instituciones educativas, acceso a los servicios públicos, a la vivienda a las cooperativas, a la vida cultural, en el trato.
Manifestación adicional del principio de igualdad, artículo 13 de la C.P.
ART. 44. Reconoce la importancia de la unidad familiar y obliga al Estado a facilitar la reunión de los trabajadores con sus respectivas familias.
Plenamente de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la C.P.
ART. 45.: Repetición del artículo 43.
ART. 46: Excepción a los trabajadores migratorios del pago de impuestos por concepto de importación y exportación de sus bienes de uso personal y enseres domésticos, todo ello con sujeción a la legislación interna y a los acuerdos internacionales.
En principio se trata de un asunto de orden legal, que no presenta problemas relativos a su constitucionalidad. Sin embargo, es necesario revisar la legislación vigente, con el fin de prever posibles conflictos de aplicación del tratado.
Actualmente están vigentes dos decretos sobre esta materia: el 2057 de 1987 y el 1742 de 1990. En ellos se establece que los efectos personales de los viajeros, cualquiera que sea su origen o el interés en visitar el territorio nacional, así como los elementos necesarios para el ejercicio de su profesión arte u oficio, se encuentran exentos de impuestos por concepto de ingreso al país. Sin embargo, el menaje doméstico, es decir los muebles, aparatos y accesorios propios de una vivienda, están gravados con un arancel del 15% ad valorem. Esta norma, si bien impone un pago inferior al que se pagaría al importar cualquiera de los bienes que constituyen el menaje en condiciones normales, es más gravosa que la que se contempla en el mismo Convenio.
En estas circunstancias, para evitar problemas de aplicación práctica del tratado en relación con la normatividad vigente, se debe establecer una reserva por medio de la cual el Estado colombiano pueda tratar de igual manera en materia tributaria y arancelaria, a los trabajadores migratorios y a los demás viajeros y habitantes del territorio nacional. De esta manera se salvaría el espíritu de la Convención, que pretende que no se grave injustificadamente a los trabajadores migratorios y que se les prodigue el mismo trato que a los trabajadores nativos.
ART. 47: Derecho a realizar la transferencia de ingresos y ahorros.
En relación con el derecho a la transferencia de los ingresos y ahorros de los trabajadores migratorios la normatividad vigente no la prohibe, pero tampoco establece un trato preferencial. Por lo tanto, para evitar problemas de aplicación, al igual que el artículo precedente deberá establecerse una reserva que permita otorgar a los trabajadores migratorios el mismo trato que a los demás habitantes del territorio nacional en esta materia.
ART. 48: Igualdad en materia tributaria.
En acuerdo con el artículo 13 de la C.P.
ART. 49. Consagra la obligación estatal de conceder una autorización de residencia, al menos igual y por el mismo tiempo que la autorización para laborar en los casos en que se exijan autorizaciones separadas.
Problema perteneciente a la esfera legal. Sin embargo, no se da el caso en Colombia, pues se concede una única autorización que cobija la residencia y el trabajo de la persona que ingresa al país.
ART. 50: Establece la posibilidad de permanencia en favor de los familiares del trabajador que haya muerto o cuando se haya disuelto el vínculo matrimonial.
Dada la situación de especial desprotección en la que estas personas se encuentran, es constitucional en los términos establecidos por el artículo 13 de la C.P.
ART. 51 : No se entenderá que el trabajador se encuentre en situación irregular por el solo hecho de que haya cesado la actividad remunerada que desempeñaba, con la excepción de que la autorización de su permanencia dependa del desempeño de una actividad específica.
No se da el caso en Colombia, pero en todo caso se trata de un problema legislativo y no constitucional.
ART. 52: Derecho a la libertad de elegir la actividad laboral que se va a ejercer, aunque el Estado puede limitarla en pro del interés público, o exigir determinada calificación para el ejercicio de ciertas actividades, siempre de acuerdo con la legislación. Así mismo contempla la posibilidad de limitar el acceso a determinadas actividades con el fin de dar prioridad a los nacionales. La limitación no puede ser aplicada a quien ha residido legalmente en el territorio del estado por un plazo superior a cinco años.
Esta disposición encuentra respaldo en el artículo 26 de la Constitución.
ART. 53: Libertad de elección de la actividad remunerada para los familiares del trabajador, en las condiciones previstas por el artículo anterior.
Garantía establecida en el artículo 26 de la C.P..
ART. 54: Igualdad en la protección contra los despidos y el desempleo.
En acuerdo con los artículos 13 y 25 de la C.P..
ART. 55: Igualdad en el ejercicio de la actividad remunerada para la que obtuvieron permiso.
Derecho establecido en los artículos 13 y 25 de la C.P..
ART. 56: Prohibición de expulsión, salvo por las causales previstas en la legislación.
En armonía con el artículo 29 de la C.P.
En esta parte, se especifican los derechos que corresponde a cada categoría de trabajadores migratorios: fronterizos, de temporada, itinerantes, vinculados a u proyecto, de empleo concreto y por cuenta propia. De esta manera la Convención tiene en cuenta la especificidad de cada uno de estos empleos con el objeto de adaptar las disposiciones generales sobre derechos y obligaciones a cada situación particular. Este conjunto de normas no presenta problemas de igualdad ni ninguna otra dificultad que pueda ser considerada como incompatible con el texto fundamental.
En esta parte, los Estado firmantes se comprometen directamente en la lucha contra el comercio de trabajadores ilegales y se disponen las medidas necesarias para tal efecto. No sobra anotar que Colombia no es ajena a esta lucha que afecta en todo el mundo a las capas más pobres de los países del tercer mundo. La suscripción del instrumento andino (la decisión 116 de la Comisión), y su adopción como norma interna (el decreto 309 de 1978), es una clara prueba de este interés. La constitucionalidad de lo dispuesto en el este segmento resulta clara a la luz del artículo 17 de la C.P.
En esta parte se establecen reglas encaminadas a la aplicación de la Convención a través de la creación de un comité conformado por 10 miembros elegidos democráticamente por los países miembros. Según estas normas, cada país signatario está obligado a presentar informes al comité, al menos cada 5 años. Así mismo, se fijan pautas para que el Comité funcione adecuadamente y se establecen los procedimientos para que se ventilen las dificultades que surjan entre los miembros con ocasión del cumplimiento del tratado. Teniendo en cuenta que la Comisión sólo puede emitir informes que en ningún caso tienen fuerza coercitiva, se concluye la inexistencia de inconstitucionalidad en esta materia.
Esta parte tampoco presenta problema alguno en relación con la constitucionalidad de sus disposiciones. En ella se ratifica el propósito de la Convención de establecer un marco mínimo de derechos para los trabajadores migratorios, de tal manera que se establezcan condiciones de igualdad en relación con los trabajadores nativos. De otra parte, se pone de presente la libertad de cada Estado para definir su política migratoria y establecer los requisitos de admisión de los trabajadores y de sus familias.
Este último fragmento de la Convención establece las reglas que deben seguir los Estados para su adhesión y ratificación. Se permite, además, que los Estados partes formulen reservas, siempre y cuando sean compatibles con el objeto de la Convención. No presenta ningún problema de constitucionalidad.
PRIMERO.- Con la salvedad que se señala en el artículo siguiente, declarar exequible la Convención y la Ley 146 de 1994, "por medio de la cual se aprobó la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares".
SEGUNDO.- La exequibilidad de los artículos 15, 46 y 47 de la "Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares", aprobada mediante la Ley 146 de 1994, se declara bajo el entendido de que el Estado colombiano mantiene su derecho de dictar normas tributarias, cambiarias y monetarias que establezcan un trato igual entre trabajadores migratorios y sus familias y los nacionales, para la importación y exportación de bienes de uso personal, enseres domésticos, transferencia de ingresos y ahorros hacia el exterior, así como para proceder a la expropiación por razones de equidad y a la extinción del dominio en los eventos previstos en el artículo 34 de la CP. En consecuencia, el Presidente de la República hará la correspondiente reserva.
Exequible con la salvedad y condicionamiento LEY_146_1994_13/07/1994
[1]/ Resolución 217 A (III).
[2]/ Resolución 2200 A (XXI), anexo.
2 Resolución 2200 A (XXI), anexo
[3]/ Resolución 2106 A (XX) anexo.
[4]/ Resolución 34/180, anexo.
[5]/ Resolución 44/25, anexo.
[6]/ Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 429, No. 6193.
[7]/ Resolución 39/46, anexo.
[8]/ Véase Cuarto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Kioto, Japón, 17 a 26 de agosto de 1970: informe de la Secretaría (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.71.IV.8).
[9]/ Resolución 34/169, anexo.
[10]/ Véase Derechos Humanos: recopilación de instrumentos internacionales (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: s.88. XIV.1).
[11] Resolución 22 A (I).