Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/decreto-2303-de-1989?documento=legcol&contexto=legcol_75992041e5e5f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-08-22 07:42:52
Document Index: 205823524

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 3', 'artículo 19', 'artículo 163', 'artículo 45', 'artículo 10', 'artículo 33', 'artículo 63', 'artículo 49', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 1005', 'artículo 2394', 'artículo 72', 'artículo 69', 'artículo 45', 'artículo 68', 'artículo 68', 'artículo 69', 'artículo 87', 'artículo 55', 'artículo 22', 'artículo 338', 'artículo 1990', 'artículo 83', 'artículo 984', 'artículo 2', 'artículo 99', 'artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 45', 'artículo 464', 'artículo 16', 'artículo 55', 'artículo 122', 'artículo 123', 'artículo 307', 'artículo 121', 'artículo 8']

﻿ DECRETO 2303 DE 1989
DECRETO 2303 DE 07 DE OCTUBRE DE 1989
CONTENIDO:RAMA JUDICIAL. SE CREA Y ORGANIZA LA JURISDICCIÓN AGRARIA.
“Por el cual se crea y organiza la jurisdicción agraria”.
ART. 1º—Creación de la jurisdicción agraria. Créase la jurisdicción agraria, la cual tendrá a su cargo el conocimiento y decisión de los conflictos que se originen en las relaciones de naturaleza agraria, especialmente los que deriven de la propiedad, posesión y mera tenencia de predios agrarios, de las actividades agrarias de producción y de las conexas de transformación y enajenación de los productos, en cuanto no constituyan estas dos últimas actos mercantiles, ni tales relaciones emanen de un contrato de trabajo.
Serán así mismo de su conocimiento y decisión las controversias que suscite la aplicación de las disposiciones que regulen la conservación, mejoramiento y adecuada utilización de los recursos naturales renovables de índole agraria y la privación del ambiente rural.
En general, conocerá esta jurisdicción especial es de los conflictos que surjan por aplicación de disposiciones de índole agraria, aunque estén contenidos en ordenamientos legales distintos de los agrarios.
PAR.—Se exceptúan de lo previsto en este decreto los asuntos que conforme a las disposiciones vigentes corresponden a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
ART. 2º—Asuntos sujetos a su trámite. La jurisdicción agraria conocerá en especial de los siguientes procesos en cuanto estén relacionados con actividades o bienes agrarios:
5. Los originados en contratos agrarios, tales como los de arrendamiento, aparcería y similares, agroindustriales y compraventa de producto.
7. De pertenencia.
8. De saneamiento de la pequeña propiedad agraria.
9. De deslinde y amojonamiento.
PAR.—Corresponderán igualmente a esta jurisdicción los procesos originados en acciones populares fundadas en las normas sobre preservación del ambiente rural y manejo de los recursos naturales renovables de carácter agrario, conforme a lo previsto en el artículo anterior, cuando el asunto no sea de competencia de las autoridades administrativas.
ART. 3º—Órganos de la jurisdicción agraria. La jurisdicción agraria, como parte especial de la rama jurisdiccional, será ejercida de modo permanente:
2. Por los tribunales superiores de distrito judicial.
ART. 4º—Requisitos para ser juez agrario. Los jueces agrarios que se crean por este decreto deberán reunir los mismos requisitos exigidos por la Constitución Nacional a los jueces de circuito.
ART. 5º—Estatuto de personal y carrera judicial. Las disposiciones sobre carrera judicial y las demás inherentes al estatuto de personal de la rama jurisdiccional, serán aplicables a los funcionarios y empleados de los juzgados agrarios y de las salas agrarias de los tribunales superiores de distrito judicial.
ART. 6º—Conocimiento del derecho agrario. Los exámenes de conocimiento en los con-cursos para proveer cargos de jueces agrarios y magistrados de salas agrarias en los tribunales superiores de distrito judicial, comprenderán, en forma preponderante, temas de derecho agrario.
ART. 7º—Cursos de derecho agrario. El gobierno dispondrá lo necesario para que se dicten cursos en materia jurídico agraria a quienes aspiren a desempeñar o desempeñen los cargos mencionados en el artículo anterior.
ART. 8º—Competencia de los jueces agrarios. Los jueces asignados a esta jurisdicción conocerán en única instancia de los procesos agrarios entre particulares cuya cuantía sea inferior a quinientos mil pesos moneda corriente. ($ 500.000).
1. De los que tengan una cuantía igual o superior a quinientos mil pesos moneda corriente ($ 500.000).
2. De aquellos en que sea parte la Nación o una entidad territorial, un establecimiento público, una empresa industrial o comercial del Estado, o una sociedad de economía mixta, cualquiera que sea su cuantía, salvo los que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo.
3. De aquéllos en que sea posible determinar la cuantía.
ART. 9º—Círculos judiciales agrarios. Para el ejercicio de la jurisdicción agraria, créanse los círculos judiciales agrarios de la siguiente manera:
El círculo agrario de Antioquía estará integrado por los circuitos judiciales del respectivo distrito judicial.
Créanse ocho (8) juzgados agrarios, con competencia en el círculo judicial de Antioquía, con la siguiente planta de personal:
Distrito judicial de Barranquilla
Distrito judicial de Tunja
Distrito judicial de Florencia
Distrito judicial de Popayán
Créanse tres (3) juzgados agrarios, con competencia en el círculo judicial de Valledupar, con la siguiente planta de personal:
Distrito judicial de Montería
Créanse dos (2) juzgados agrarios, con competencia en el círculo judicial de Bogotá, con la siguiente planta de personal:
Créanse seis (6) juzgados agrarios, con competencia en el círculo judicial de Cundinamarca. con la siguiente planta de personal:
Distrito judicial de Quibdó
Distrito judicial de Riohacha
Distrito judicial de Neiva
Distrito judicial de Santa Marta
El círculo judicial agrario de Santa Marta estar integrado por los circuitos judiciales del respectivo distrito judicial.
Distrito judicial de Villavicencio
El círculo judicial agrario de Pasto estará integrado por los circuitos judiciales del respectivo distrito judicial.
Créanse seis (6) juzgados agrarios, con competencia en el círculo judicial de Pasto, con la siguiente planta de personal:
El círculo judicial agrario de Cúcuta estará integrado por los circuitos judiciales del respectivo distrito judicial.
Créanse tres (3) juzgados agrarios, con competencia en el círculo judicial de Cúcuta, con la siguiente planta de personal.
Distrito judicial de Pamplona
El círculo judicial agrario de Pamplona estará integrado por los circuitos judiciales del respectivo distrito judicial.
Créase un (1) juzgado agrario, con competencia en el círculo judicial de Pamplona, con la siguiente planta de personal:
Distrito judicial de Armenia
El círculo judicial agrario de Armenia estará integrado por los circuitos judiciales del respectivo distrito judicial.
Créanse dos (2) juzgados agrarios, con competencia en el círculo judicial de Armenia, con la siguiente planta de personal:
El círculo judicial agrario de Pereira estará integrado por los circuitos judiciales del respectivo distrito judicial.
Créanse cuatro (4) juzgados agrarios, con competencia en el círculo judicial de Pereira, con la siguiente planta de personal:
Distrito judicial de Bucaramanga
El círculo judicial agrario de Bucaramanga estará integrado por los circuitos judiciales del respectivo distrito judicial.
Créanse cuatro (4) juzgados agrarios, con competencia en el círculo judicial de Bucaramanga, con la siguiente planta de personal:
Distrito judicial de San Gil
El círculo judicial agrario de San Gil estará integrado por los circuitos judiciales del respectivo distrito judicial.
Créanse cuatro (4) juzgados agrarios, con competencia en el círculo judicial de San Gil, con la siguiente planta de personal:
Distrito judicial de Sincelejo
El círculo judicial agrario de Sincelejo estará integrado por los circuitos judiciales del respectivo distrito judicial.
Créanse cuatro (4) juzgados agrarios con competencia en el círculo judicial de Sincelejo, con la siguiente planta de personal:
El círculo judicial agrario de Ibagué estará integrado por los circuitos judiciales del respectivo distrito judicial.
Créanse siete (7) juzgados agrarios, con competencia en el círculo judicial de Ibagué, con la siguiente planta de personal:
Distrito judicial de Cali
El círculo judicial agrario de Cali estará integrado por los circuitos judiciales del respectivo distrito judicial.
Créanse tres (3) juzgados agrarios, con competencia en el círculo judicial de Cali, con la siguiente planta de personal:
El círculo judicial agrario de Buga estará integrado por los circuitos judiciales del respectivo distrito judicial.
Créanse cuatro (4) juzgados agrarios, con competencia en el círculo judicial de Buga, con la siguiente planta de personal:
ART. 10.—Reparto de los asuntos de acuerdo con la competencia. Los jueces agrarios con base en la competencia que les asigna el presente decreto, conocerán de los negocios que mediante reparto le sean distribuidos por la Sala Agraria o Civil, según el caso, del Tribunal Superior de Distrito Judicial competente, las cuales para el efecto tendrán en cuenta las necesidades del territorio de cada juzgado.
Los jueces se desplazarán periódicamente y cuando ello fuere necesario, a los municipios que estén comprendidos dentro del territorio que se les haya asignado.
El juez programará el recorrido periódico por los municipios de su territorio teniendo en cuenta las actuaciones judiciales previsibles y todo desplazamiento suyo se hará conocer previamente del público mediante aviso que se fijará en la secretaría del juzgado y en la oficina de que se disponga en cada uno de dichos municipios.
PAR.—Los juzgados civiles y promiscuos municipales y del circuito de los municipios a donde deban desplazarse los jueces agrarios, prestarán a éstos la colaboración necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
ART. 11.—Salas agrarias. Habrá una sala agraria en los tribunales superiores de Antioquía, Cundinamarca, Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Ibagué, Manizales, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Tunja, Valledupar y Villavicencio.
Las salas agrarias de los tribunales superiores de Antioquía, Cundinamarca, Bucaramanga, Cali, Cúcuta y Tunja, estarán integradas por tres (3) magistrados.
ART. 12.—Integración. Las salas agrarias ejercerán sus funciones en salas de decisión, integradas para cada asunto por el magistrado ponente y los dos que le sigan en orden alfabético de apellidos.
Cuando el número de magistrados sea inferior a tres (3), las decisiones se adoptarán en sala dual.
ART. 13.—Quiénes ejercen el Ministerio Público. El Ministerio Público será ejercido, en los procesos que correspondan a esta jurisdicción, por el procurador delegado para asuntos agrarios y los procuradores agrarios.
En su defecto, se ejercerá:
1. Ante los tribunales superiores por los respectivos fiscales, en coordinación con los procuradores agrarios.
2. Ante los jueces agrarios, por los fiscales de circuito o por los personeros municipales en la forma indicada en el numeral anterior.
ART. 14.—Criterios de interpretación y aplicación del derecho. Los jueces y magistrados aplicarán la ley sustancial teniendo en cuenta que el objeto de esta jurisdicción es conseguir la plena realización de la justicia en el campo, en consonancia con los fines y principios generales del derecho agrario, especialmente el relativo a la protección de la parte más débil en las relaciones de tenencia de tierra y de producción agraria.
Los jueces y magistrados interpretarán y aplicarán las disposiciones procesales en armonía con los principios que inspiran y los fines que guían este decreto y, en cuanto no se opongan a ellos, con los que orientan el sistema procesal colombiano.
ART. 15.—Fallos extra y ultra petita y aplicación oficiosa de normas. Cuando una de las partes en proceso agrario goza del amparo de pobreza, el juez de primera o de única instancia podrá, en su beneficio, decidir sobre lo controvertido y probado, aunque la demanda sea defectuosa, siempre que esté relacionado con el objeto de la litis.
Por consiguiente, está facultado para reconocer y ordenar el pago de derechos e indemnizaciones extra o ultra petita siempre que los hechos que los originen o sustenten, estén debidamente controvertidos y probados.
En la interpretación de las disposiciones jurídicas el juez tendrá en cuenta que el derecho agrario tiene por finalidad tutelar los derechos de los campesinos, de los resguardos o parcialidades indígenas y de los miembros e integrantes de comunidades civiles indígenas.
ART. 16.—Otros poderes y deberes del juez. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 de este decreto, conforme a lo establecido en el título IV del Código de Procedimiento Civil, serán facultades y así mismo deberes del juez:
1. Procurar que no se desvirtúen los fines y principios a que se refiere el artículo antes citado, en especial los atinentes a la igualdad real de las partes ante la justicia, mediante la tutela de los derechos de la más débil, a la gratuidad de aquélla, la simplicidad, concentración y brevedad de las actuaciones y, por ende, celeridad de los procesos, cuya paralización debe impedir, dándoles impulso necesario; como también los relativos a inmediación del juez y sana crítica en la apreciación de la prueba, todo ello sin menoscabo del principio fundamental del debido proceso.
3. Rechazar el allanamiento de la demanda desistimiento de ella y la transacción cuando el mandado, en el primer caso, el demandante en segundo y cualquiera de ellos, en el tercero, gocen del amparo de pobreza.
4. Precaver, cuando tome medidas con relación a un predio, riesgos consiguientes de paralización de la explotación del mismo y de daños y pérdidas de cosechas o de otros bienes agrarios. Lo dispuesto en este artículo es aplicable, en lo pertinente, a los magistrados de los tribunales que tramiten procesos agrarios.
Controversias sobre la naturaleza del asunto
ART. 17.—Prevalencia de lo agrario. Si en el asunto de que se trata están involucrados bienes agrarios y de otra clase, prevalecerá la índole de los primeros para efectos de la calificación de la naturaleza del proceso.
ART. 18.—Decisión de la controversia por el tribunal superior. Cuando hubiere controversia sobre el carácter agrario de la relación o del bien a que se refiere el proceso, se remitirá el negocio, para su calificación, al correspondiente tribunal superior de distrito judicial. Mientras tanto se suspenderá el procedimiento.
El tribunal decidirá, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo del expediente, con base en las pruebas que obren en el mismo.
Si la discusión versa sobre la naturaleza de un predio y las pruebas que obran en el expediente no fueren suficientes, el tribunal solicitará al Instituto Geográfico Agustín Codazzi un informe sobre la ubicación del inmueble con relación al perímetro urbano y sobre la destinación del mismo, dentro del plazo que prudencialmente señale.
A partir de la fecha de recepción del informe comenzará a correr el término previsto en el segundo inciso de este artículo.
ART. 19.—Procedencia. Se concederá el amparo de pobreza a los resguardos o parcialidades indígenas a sus miembros y a los de comunidades civiles indígenas así como a todo campesino de escasos recursos, sea demandante, demandado o interviniente a cualquier título en el proceso.
ART. 20.—Información sobre el derecho al amparo. Si el demandante, el demandado o interviniente a cualquier título en el proceso fuere un campesino, un indígena o un resguardo, el juez instruirá oportunamente a tales personas o a quien represente a la parcialidad conforme a lo previsto en el capítulo IV de la Ley 89 de 1890 y en la letra o) del artículo 3º de la Ley 81 de 1958, sobre el derecho a solicitar el amparo de pobreza si se da una de las condiciones previstas en el artículo anterior.
ART. 21.—Concesión del amparo de pobreza. Para la concesión del amparo bastará que el interesado afirme, personalmente o por conducto de su representante, bajo juramento que se considerará prestado por la sola presentación de la solicitud, que se encuentra en una de las condiciones establecidas en el artículo 19 de este decreto.
ART. 22.—Normas especiales sobre representación judicial. Lo dispuesto en el artículo 163 del Código de Procedimiento Civil sobre designación de apoderado, se aplicará sin perjuicio de lo previsto en los artículos 4º del Decreto Extraordinario 508 de 1974; 24 de la Ley 89 de 1890; 3º, letra o) de la Ley 81 de 1958; 13 y 30 del presente decreto.
ART. 23.—Actos improcedentes. No proceden el allanamiento a la demanda, el desistimiento de ella y la transacción que hagan los amparados por pobres o que se efectúe a nombre de ellos.
ART. 24.—Improcedencia de la perención. Si el demandante gozare del amparo de pobreza no habrá lugar a la perención del proceso.
ART. 25.—Aplicación de disposiciones del Código de Procedimiento Civil. En lo no previsto en este decreto se aplicarán los artículos 161 a 167 del código antes citado.
Partes, demanda e intervención de los procuradores agrarios
ART. 26.—Los resguardos indígenas como partes en el proceso. De conformidad con lo previsto en los artículos 10, 23, 24 y 26 de la Ley 89 de 1890; 3º, letra o) y 8º de la Ley 81 de 1958, los resguardos o parcialidades indígenas tienen capacidad para ser parte en el proceso.
ART. 27.—Incompetencia del juez. Si el juez agrario ante quien se presenta la demanda no tiene competencia para conocer del asunto, ordenará enviarla, con sus anexos, a quien fuere competente, dentro de la misma jurisdicción.
ART. 28.—Corrección de la demanda. Si la demanda no reúne los requisitos formales exigidos por las correspondientes disposiciones legales, el juez, mediante auto, señalará los defectos de que adolezca para que el demandante los corrija en el término de cinco (5) días, y sí así no lo hiciere la rechazará.
ART. 29.—Citación de oficio. El juez ordenará, de oficio, que se cite a todos los que puedan resultar afectados por la sentencia, de conformidad con la demanda, aunque no hayan sido demandados.
ART. 30.—Aviso a la Procuraduría General de la Nación. El juez competente ordenará, en el auto admisorio de la demanda, que se libre inmediatamente comunicación a la Procuraduría General de la Nación, por el medio más rápido disponible, a fin de asegurar la oportuna participación del correspondiente procurador agrario, si fuere el caso, para lo cual se le darán las informaciones necesarias, especialmente las que conciernen a la clase de negocio y las partes.
Mientras dicha comunicación no se remita, la actuación quedará en suspenso. Esta suspensión en ningún caso afecta la notificación del auto admisorio de la demanda ni el término para contestarla.
ART. 31.—Clases de audiencias. En los procesos ordinarios y en el especial de deslinde y amojonamiento habrá dos clases de audiencias: a) De conciliación, saneamiento, decisión de excepciones previas y decreto de pruebas, de que trata el artículo 45 de este estatuto, y b) La de práctica de pruebas.
ART. 32.—Publicidad de las audiencias. A menos que exista causa justificativa, las audiencias serán públicas.
ART. 33.—Concentración de audiencias y diligencias. Cuando fueren previsibles varias audiencias o diligencias, el juez señalará de una vez fechas continuas para realizarlas. Salvo que exista causa justificativa, ninguna audiencia ni diligencia podrá aplazarse o diferirse o suspenderse por más de una vez para día diferente de aquel que fue inicialmente señalado.
ART. 34.—Acta de audiencia. El secretario extenderá un acta sobre lo actuado u ocurrido durante la audiencia, la cual será firmada por el juez, las partes y aquel.
ART. 35.—Obligatoriedad y oportunidad de la conciliación. En todo proceso declarativo de índole agraria, salvo disposición en contrario, deberá el juez procurar la conciliación de la controversia, una vez contestada la demanda.
ART. 36.—Conciliación antes del juicio. Antes de que se presente la demanda, podrá ser solicitada la conciliación, por escrito o verbalmente, por la persona interesada, ante un juez agrario o, en los casos autorizados por la ley, ante el funcionario administrativo competente, quien hará la citación correspondiente, señalando día y hora con tal fin.
ART 37.—Trámite. Al iniciarse la audiencia, el funcionario, sin avanzar ningún concepto, interrogará a los interesados acerca de los hechos que originen la diferencia con el fin de determinar con la mayor precisión posible los derechos y obligaciones de ellos, y en seguida los exhortará para que procuren un acuerdo amigable, pudiendo proponer las fórmulas de avenimiento que estime equitativas.
Si se llegare a un acuerdo, se dejará constancia de sus términos en acta redactada por el funcionario, quien, luego de hacer un resumen de los hechos y de las obligaciones de los interesados, dejará constancia de las obligaciones contraídas por las partes.
ART. 38.—Efectos de la conciliación. La conciliación tendrá efectos de cosa juzgada y su cumplimiento se llevará a cabo dentro del término que se hubiere señalado.
ART. 39.—Conciliación parcial. Si el acuerdo fuere parcial, se aplicará lo dispuesto en el artículo anterior, y las partes quedarán en libertad de discutir en juicio las diferencias no conciliadas.
ART. 40.—Falta de ánimo conciliatorio. Se entenderá que no hay ánimo conciliatorio cuando cualquiera de las partes no concurriere a la respectiva audiencia.
ART. 41.—Fracaso del intento de conciliación. En cualquier momento en que una de las partes manifieste al funcionario que el acuerdo no es posible, aquel dará por terminado el intento de conciliación y declarará ésta fracasada, en un acta en que se consignará previamente las pretensiones de las partes, los hechos que las fundamentan y las pruebas aportadas por ellas.
ART. 42.—Representación de incapaces. Si el demandante, el demandado o alguno de quienes hayan de figurar como tales en el proceso fuere incapaz, tendrá facultad para celebrar la conciliación de su representante legal.
El auto que aprueba la conciliación implicará la autorización a dicho representante para conciliar cuando sea necesaria de conformidad con la ley.
ART. 43.—Conciliación por entidades públicas. Los representantes de la Nación, departamentos, intendencias, comisarías, municipios y Distrito Especial de Bogotá, no podrán conciliar controversias de naturaleza agraria sin autorización del Gobierno Nacional, gobernador, intendente, comisario o alcalde, según el caso.
ART. 44.—Improcedencia de la conciliación. No podrá efectuarse la conciliación en los casos en que no sea legalmente procedente la transacción excepto cuando se trate de beneficiarios del amparo de pobreza.
Audiencia de conciliación, saneamiento, decisión de excepciones previas y decreto de pruebas
ART. 45.—Procedencia, contenido y trámite. En los procesos ordinarios y en el especial de deslinde y amojonamiento, luego de contestada la demanda o la reconvención, si fuere el caso, el juez señalará para dentro de los tres (3) días siguientes, fecha y hora a fin de que las partes concurran personalmente asistidas o no de apoderado, a una audiencia en la cual se intentará conciliar las diferencias existentes entre ellas, se tramitarán y decidirán las excepciones previas, se tomarán las medidas de saneamiento necesarias para evitar nulidad y sentencias inhibitorias y se decretarán las pruebas del proceso.
6. El demandante podrá solicitar en la audiencia pruebas relacionadas con las excepciones de mérito del demandado y éste con las que haya propuesto aquel en la contestación de la reconvención.
7. En el auto a que se refiere el numeral 5º de este artículo se indicarán las pruebas pedidas que se tornen innecesarias por versar sobre tales hechos y las pretensiones y excepciones que quedaren eliminadas como resultado de la conciliación parcial que se hubiere logrado.
8. En la misma providencia a que se refieren los numerales 5º y 7º, el juez decretará las pruebas pedidas por las partes y las que considere útiles o necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Señalará igualmente las fechas en que deban celebrarse las audiencias necesarias para practicarlas, de conformidad con lo previsto en los artículos 33 y 48 de este decreto.
ART. 46.—Suspensión por ausencia del juez. Los desplazamientos del juez previstos en el artículo 10 del presente decreto, sólo determinarán la suspensión de los términos para las decisiones y demás actuaciones que le correspondan.
ART. 47.—Término para dictar providencia. Los jueces dictarán los autos de sustanciación en el término de dos (2) días; los interlocutorios, en el de ocho (8) y las sentencias en el de treinta (30), contados desde que el expediente pase con tal fin al despacho.
En los mismos términos los magistrados deberán dictar las providencias que les correspondan o presentar los proyectos de las que deba proferir la Sala. Esta dispondrá de la mitad del respectivo término para proferir la decisión, contado desde el día siguiente a aquél en que se registre el proyecto en un cuadro especial que se fijará en lugar visible de la secretaría.
ART. 48.—Reglas generales. Salvo lo dispuesto en norma especial, se aplicarán en materia de pruebas las siguientes reglas:
1. En el auto en que se decreten pruebas el juez señalará fecha y hora de la audiencia en que habrán de practicarse.
2. Si el número de pruebas o su naturaleza hiciere necesario que se realicen varias audiencias para practicarlas, el juez señalará de una vez fecha y hora para realizar cada una de ellas, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 33 de este decreto.
3. El juez decretará de oficio las pruebas que considere útiles o necesarias.
4. Si hubiere hechos que comprobar en un predio, el juez decretará necesariamente una inspección judicial, si ninguna de las partes la hubiere pedido.
ART. 49.—Notificación por aviso. Cuando no hubiere sido posible notificar personalmente a quien habite en zona rural, dentro de los dos (2) días siguientes a la fecha de la respectiva providencia, la notificación se hará por medio de aviso que se fijará en la puerta de acceso al lugar donde habita o trabaja la persona que deba ser notificada o de la casa principal o en sitio visible del predio de que se trata.
Copia del aviso se entregará a la persona que manifieste que trabaja o habita en ese lugar. Dicha persona firmará la copia que conserva el notificador la cual se agregará al expediente. Si se niega a firmar, se dejará la respectiva constancia.
Simultáneamente, se fijará el aviso en el sitio que el juez considere de mayor concurrencia pública y se leerá por medio de una radiodifusora del lugar o de la región, si la hubiere.
Salvo disposición especial en contrario, la notificación se entenderá surtida dos (2) días después de la fijación del aviso en uno de los sitios indicados en el inciso primero de este artículo.
ART. 50.—Procedencia. En asuntos agrarios procede el recurso de casación contra las siguientes sentencias proferidas en segunda instancia por los tribunales superiores, cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea o exceda de diez millones de pesos mcte. ($ 10.000.000):
2. Las que aprueben la partición en los procesos divisorios de bienes comunes y de liquidación de sociedades agrarias, y
PAR.—La cuantía de que trata este artículo se reajustará en la forma en que la ley lo ordene.
ART. 51.—Clases de procesos declarativos. Los procesos declarativos de carácter agrario se dividen en ordinarios, verbales y especiales.
ART. 52.—Asuntos sometidos al proceso ordinario. Se tramitará y decidirá por el procedimiento ordinario todo asunto contencioso para el cual no se haya previsto un trámite especial, ni esté sometido al proceso verbal.
ART. 53.—Asuntos sometidos al proceso verbal. Se tramitarán y decidirán en proceso verbal los asuntos a que se refiere el artículo 63 de este decreto.
ART. 54.—Demanda, admisión, traslado y contestación. La demanda, su admisión, traslado y contestación se sujetarán a lo dispuesto en los capítulos I y II del título VIl, libro segundo del Código de Procedimiento Civil y a los artículos 27 y 28 de este decreto.
El término de traslado al demandado, será de diez (10) días.
ART. 55.—Notificación por aviso. Procederá la notificación por aviso en el caso y en la forma indicada en el artículo 49 de este decreto.
El aviso deberá expresar su fecha, el juzgado que hace la citación, el objeto de ésta, los nombres de demandante y demandado, y la advertencia de que el término del traslado comenzará a partir de los dos (2) días siguientes en su fijación.
El secretario agregará al expediente copia del aviso, en la cual se dejará constancia de haberse cumplido la anterior formalidad y de la fecha en que tuvo lugar la fijación del mismo.
ART. 56.—Reconvención. Durante el término para contestar la demanda podrá el demandado proponer la reconvención contra uno o varios demandantes, siempre que ésta pueda tramitarse por la vía ordinaria, sin consideración al factor territorial.
Vencido el término del traslado de la demanda principal a todos los demandados, el juez decidirá sobre la admisión de la convención. Si la admite dará traslado de ella al reconvenido por el término de cinco (5) días.
Si el reconvenido propone, a su vez, excepciones previas contra la demanda de reconvención, tanto aquellas como las propuestas por el demandado se tramitarán y se decidirán conjuntamente.
ART. 57.—Saneamiento del proceso. El juez aplicará las medidas de saneamiento previstas en el Código de Procedimiento Civil desde la admisión de la demanda hasta el momento de dictar fallo y especialmente en la audiencia que regula el artículo 45 del presente decreto.
ART. 58.—Citación para la audiencia de conciliación, saneamiento, decisión de excepciones y decreto de pruebas. El día siguiente a la contestación de la demanda original o de la reconvención, el juez citará para la audiencia prevista en el artículo 45 de este decreto, la cual tendrá lugar dentro de los tres (3) días siguientes.
ART. 59.—Período probatorio. Decretadas las pruebas como se prevé en los artículos 45 y 48 de este decreto, se practicarán dentro del término de veinte (20) días. Para las pruebas que deban practicarse fuera de la sede del juzgado el término se adicionará con el de la distancia. Respecto de las que hayan de practicarse en el exterior, el juez, a solicitud de parte, fijará prudencialmente un plazo en consideración a la naturaleza de ellas, la distancia y la mayor o menor dificultad de las comunicaciones. Este término correrá simultáneamente con el ordinario y no podrá exceder de dos (2) meses.
Si por culpa del litigante a quien se concedió el término extraordinario no se produce la prueba respectiva, se le condenará en la sentencia a pagar la multa que señala el Código de Procedimiento Civil.
El término ordinario de veinte (20) días podrá ser ampliado por el juez, en caso de que lo considere justificado, pero sin exceder, en su totalidad, de treinta (30) días.
ART. 60.—Alegaciones. Vencido el período probatorio, el secretario, mediante aviso colocado en lugar visible de la secretaría, pondrá el expediente a disposición de las partes por un término común de ocho (8) días, a fin de que presenten sus alegatos por escrito.
Si estuvieren en curso incidentes o recursos de apelación, el traslado se dará por el juez en el mismo auto en que decida los primeros o en el de obedecimiento a lo resuelto por el superior.
ART. 61.—Sentencia. Transcurrido el término para alegar, el secretario pasará el expediente al despacho para que se dicte sentencia.
A partir del vencimiento de dicho término, no podrán proponerse incidentes, salvo el de recusación cuando sea procedente, ni surtirse actuaciones distintas de las medidas de saneamiento, desglose, expedición de copia y certificados. Estas dos últimas no interrumpen el término para dictar sentencia ni alteran el turno que para ello le corresponde al proceso.
ART. 62.—Asuntos que se someten a reglas especiales. La declaración de pertenencia y la resolución del contrato de compraventa en cuanto se refieran a bienes agrarios, estarán sometidos a las disposiciones del capítulo anterior y también a las reglas especiales del capítulo III del título XXI, libro tercero del Código de Procedimiento Civil.
A los procesos agrarios relacionados con servidumbres, posesión, entrega de la cosa por el tradente al adquirente, rendición de cuentas, pago por consignación e impugnación de actos de asambleas o juntas de socios, se aplicarán las disposiciones generales del capítulo anterior y también las especiales del capítulo II del título XXII, libro tercero del Código de Procedimiento Civil.
ART. 63.—Procedencia. Se tramitarán en proceso verbal los asuntos agrarios que tengan una cuantía inferior a quinientos mil pesos mcte. ($ 500.000).
También se tramitarán en proceso verbal los siguientes asuntos, en cuanto tengan naturaleza agraria, sin consideración a su cuantía:
1. Los posesorios especiales que regula el Código Civil.
2. Los relacionados con la defensa, mediante acción popular, de los bienes de uso público de que trata el artículo 1005 del Código Civil, que estén ubicados en zonas rurales y no comprendidos en las previsiones de los artículos 118 y siguientes de este decreto.
3. Los conflictos distintos de los previstos en el numeral 1º de este artículo, que se originen por daño, real o contingente, a recursos naturales renovables de propiedad privada. Igualmente los que se susciten en razón de perjuicios recibidos como consecuencia de acciones humanas que hayan ocasionado deterioro ambiental o daño a recursos naturales renovables de dominio público o privado.
4. Los conflictos que se originen con ocasión de los contratos de arrendamiento, aparcería y similares, excepto cuando se demande el lanzamiento de los meros tenedores o éstos pretendan restituir el predio sobre el cual versa el contrato que se decidirán en proceso especial.
5. Los conflictos que versen sobre los derechos de los comuneros contemplados en los artículos 2330 a 2333 del Código Civil.
6. Restitución de bienes vendidos con pacto de reserva del dominio.
7. Prestación de cauciones en los casos previstos por la ley sustancial o la convención, salvo cuando deban prestarse en el curso de otro proceso.
8. Relevo de fianza y ejercicio de los demás derechos consagrados en el artículo 2394 del Código Civil.
9. Mejoramiento de la hipoteca o reposición de la prenda, en los casos contemplados en la ley sustancial.
10. Declaración de extinción anticipada del plazo de una obligación o de cumplimiento de una condición suspensiva.
11. Reducción de la pena o de la hipoteca o de la prenda en los casos contemplados en la ley, salvo norma en contrario.
12. Reducción de los intereses pactados o fijación de los intereses corrientes, salvo norma en contrario.
13. Liquidación de perjuicios de que trata el artículo 72 del Código de Procedimiento Civil.
14. Los que conforme a disposiciones especiales deba resolver el juez con conocimiento de causa o breve y sumariamente, o con prudente juicio, o a manera de arbitro.
ART. 64.—Única instancia. Le tramitarán en única instancia los asuntos que mencionan el inciso primero y los numerales 7º, 8º, 9º, 10, 11 y 14 del artículo anterior.
ART. 65.—Demanda y actuaciones subsiguientes. La demanda, su admisión, notificación por aviso, traslado y contestación se sujetarán a lo dispuesto en los capítulos I y II del título VIl, libro segundo del Código de Procedimiento Civil y los artículos 54 y 55 de este decreto.
El término del traslado será de cinco (5) días.
ART. 66.—Excepciones. Podrán proponerse excepciones previas y de mérito en la misma oportunidad para contestar la demanda y se tramitarán en la audiencia a que se refiere el artículo 69 de este decreto.
Si el demandado propone excepciones de mérito en la contestación de la demanda, el escrito se mantendrá en la secretaría por dos (2) días a disposición del demandante, para que pueda pedir pruebas con relación a ellas.
ART. 67.—Señalamiento de fecha y hora para la audiencia. Vencido el término de traslado de la demanda o de las excepciones de mérito, según el caso, el juez señalará para la audiencia una hora determinada dentro de los tres (3) días siguientes, por auto que no tendrá recurso.
ART. 68.—Citación para pruebas y designación de peritos. En el auto que señale fecha y hora para la audiencia, el juez prevendrá a las partes para que en ella absuelvan sus interrogatorios y presenten documentos y testigos.
En el mismo auto, cuando fuere necesario, designará peritos, quienes tomarán posesión dentro de los cinco (5) días siguientes a la comunicación telegráfica de sus nombramientos. Para este solo efecto el término para celebrar la audiencia podrá ampliarse hasta por siete (7) días.
En los procesos verbales que tengan dos instancias, la decisión que deniegue pruebas es susceptible de apelación, la cual se tramitará junto con la sentencia.
ART. 69.—Trámite de la audiencia. Se sujetará la audiencia, en lo pertinente a lo dispuesto en el artículo 45 del presente decreto y a las siguientes reglas:
1. En el mismo auto a que se refiere el artículo 68, el juez de oficio o a petición de parte decretará las pruebas que considere necesarias y para su práctica procederá así:
a) Recibirá los documentos que se aduzcan;
b) Recibirá solamente el testimonio de las personas que estén presentes, y prescindirá de las demás;
c) Oirá el dictamen de los peritos. Si éstos no concurren designará inmediatamente a quienes deban reemplazarlos y en la misma forma, de ser posible, les dará posesión. En caso contrario, lo hará dentro de los tres (3) días siguientes al envío del aviso telegráfico de que trata el inciso segundo del artículo 68 de este decreto, y el dictamen se rendirá en la audiencia que se señale para el quinto día siguiente a dicha posesión;
d) Rendido el dictamen, en la misma audiencia se dará traslado a las partes, quienes podrán solicitar aclaraciones y formular objeciones. Las primeras se decidirán de inmediato y las últimas en la sentencia, y
e) Cuando se decrete una inspección o exhibición que deba practicarse fuera del recinto del juzgado, en la misma audiencia se señalará fecha y hora para su realización, lo cual tendrá lugar dentro de los tres (3) días siguientes a aquélla, en cuyo caso el juez señalará para continuarla el tercer día siguiente a aquél en que concluya la diligencia.
2. Concluida la instrucción, el juez oirá hasta por veinte (20) minutos a cada parte, primero a la demandante y luego a la demandada.
3. Cumplido lo anterior, el juez proferirá sentencia en la misma audiencia, si le fuere posible.
De lo contrario suspenderá la audiencia para reanudar dentro de los cinco (5) días siguientes, oportunidad en que dictará sentencia, aun cuando no asistan las partes ni sus apoderados.
En la sentencia se hará la liquidación de las costas que se impongan, y en la misma audiencia se resolverá sobre la apelación o la consulta, si fuere el caso.
4. La sentencia se entenderá notificada en la misma audiencia.
ART. 70.—Reconvenciones e incidentes. En este proceso no es admisible la reconvención, y en cuanto a incidentes se observarán las siguientes reglas:
1. No podrá pedirse la acumulación de procesos.
2. La recusación sólo podrá proponerse antes de la audiencia de que trata el artículo 69 de este decreto.
3. Los demás incidentes y las solicitudes de trámite especial que reemplazan algunos incidentes, proceden en cualquier estado de la audiencia, en la cual se practicarán las pruebas correspondientes. La decisión se adoptará en la sentencia, salvo la recusación de peritos que será de previo pronunciamiento, por auto que no tendrá recursos.
ART. 71.—Recursos. Las apelaciones de los autos en los casos en que procedan, deberán interponerse inmediatamente se profieran en la audiencia, pero se concederán conjuntamente cuando haya concluido la práctica de las pruebas.
Cuando la apelación se conceda en el efecto suspensivo, para la nueva audiencia se señalará, en el auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, el tercer día siguiente a la fecha de aquélla.
En el trámite ante el superior, el traslado para alegar en todas las apelaciones, será común por el término de tres (3) días.
ART. 72.—Disposiciones especiales. A los procesos relativos a prestación, mejora y relevo de cauciones y garantías y a los posesorios especiales se aplicarán, respectivamente, los correspondientes artículos del Código de Procedimiento Civil.
Restitución de predios dados en mera tenencia
Lanzamiento de arrendatarios, aparceros y similares
ART. 73.—Demanda y su admisión. A la demanda que presente la persona que haya dado un predio agrario o parte de él en arrendamiento, aparcería o en virtud de un contrato similar, para que el mero tenedor le restituya el inmueble, se aplicará lo dispuesto en el capítulo I del VII, libro II del Código de Procedimiento Civil.
Su admisión se sujetará a las reglas pertinentes del mismo capítulo, en lo no previsto en el presente decreto.
ART. 74.—Demanda contra varios tenedores. En la demanda se puede incoar acción contra varios arrendatarios, aparceros o similares de un mismo predio.
ART. 75.—Requerimiento. Antes de presentar la demanda, la persona interesada deberá requerir judicialmente al mero tenedor para que le restituya el inmueble.
Este requerimiento podrá hacerse en la audiencia de conciliación que se celebre ante el juez agrario.
ART. 76.—Anexos a la demanda. A la demanda debe acompañarse prueba del contrato, de la causa legal para su terminación y de que se hizo el correspondiente requerimiento judicial.
ART. 77.—Plazo para cumplir. Si la causa para la terminación del contrato es la falta de pago del canon o precio del arrendamiento o de la parte que corresponda de las cosechas o del incremento del ganado, o de las utilidades, en el auto admisorio de la demanda el juez concederá al demandado un plazo prudencial no inferior a treinta (30) días para que cumpla. Mientras tanto, se suspenderá el proceso.
Satisfecha la prestación en el plazo señalado por el juez, éste declarará terminada la actuación.
ART. 78.—Traslado de la demanda. El término de traslado de la demanda será de cinco (5) días. En lo demás se aplicará el artículo 87 del Código de Procedimiento Civil.
ART. 79.—Notificación por aviso. La notificación por aviso del auto admisorio de la demanda se hará en la forma prevista en el artículo 55 de este decreto. En el aviso se identificará el predio a que se refiere la demanda y se transcribirá la parte resolutiva del auto admisorio de ella.
ART. 80.—Orden de lanzamiento. Vencidos los términos establecidos en los artículos 77 y 78 de este decreto, sin que se hubiere dado el supuesto previsto en el inciso segundo del primero de ellos, si fuere el caso, el juez decretará el lanzamiento, háyase o no contestado la demanda, si el demandado no se opone a la entrega.
El lanzamiento se efectuará dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria de la providencia.
La providencia que ordene el lanzamiento es apelable en el efecto suspensivo.
ART. 81.—Oposición del demandado a la entrega del inmueble. Si el demandado se opone a la entrega del predio, se abre el proceso a prueba por el término de diez (10) días, vencido el cual el juez decidirá dentro de los cinco (5) días siguientes.
ART. 82.—Entrega del inmueble, frutos pendientes. Ordenado el lanzamiento, la entrega del inmueble se hará dentro de los tres (3) días siguientes. Pero si hubiere frutos pendientes, el juez podrá, según las circunstancias, aplazar la entrega del bien al demandante hasta que sean recogidos. Mas, si la causa del lanzamiento fuere la falta de pago, no se aplazará la entrega del inmueble sino en cuanto el demandado hubiere pagado o consignado a órdenes del juzgado las sumas adeudadas.
ART. 83.—Mejoras. Si el demandado tuviere derecho al reconocimiento y pago de mejoras, lo cual hubiere demostrado en el proceso, antes de la diligencia de entrega o durante ésta, se le dejará, a solicitud suya, el inmueble en su poder, hasta que el demandante pague el precio de ellas.
Si dicho precio no estuviere determinado, se fijará por el mismo funcionario que practique la diligencia de entrega del predio al demandante, teniendo en cuenta el que certifique la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, si las partes estuvieren de acuerdo.
En caso contrario, el juez designará un perito avaluador. Siempre que tuviere que regular mejoras, el juez aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 200 de 1936.
ART. 84.—Deudas por otros conceptos. Si el demandante adeudare al demandado sumas por conceptos distintos del de mejoras, las cuales estuvieren debidamente probadas en el proceso, el juez dejará el inmueble en poder del segundo de los mencionados, a solicitud suya, hasta que el primero le pague.
ART. 85.—Retención de bienes del demandado. Si es el demandante quien hace uso del derecho de retención de bienes del demandado que se encontraren en el predio, para seguridad del pago de lo que le adeudare, se le dejarán en calidad de secuestre.
El secuestro se levantará si el demandante no inicia ejecución para el cobro del crédito dentro de los cinco (5) días siguientes o si se absuelve al demandado.
Iniciado oportunamente el proceso ejecutivo, se remitirá al juez que conozca de él, copia de la diligencia de secuestro.
ART. 86.—Pago por consignación. Si quien retiene se negare a recibir el valor adeudado, la contraparte podrá consignarlo a órdenes del juzgado. Efectuada la consignación, se procederá a la entrega del bien retenido.
ART. 87.—Compensación. En todo caso procederá la compensación de deudas entre demandante y demandado.
ART. 88.—Oposición de terceros a la entrega. Si al tiempo de practicarse el lanzamiento se encontrare el inmueble en poder de un tercero que pruebe siquiera sumariamente derecho sobre él no derivado directa ni indirectamente del demandado, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 338 del Código de Procedimiento Civil.
ART. 89.—Actuaciones y trámites inadmisibles. En este proceso no son admisibles la demanda de reconvención, la intervención excluyente o coadyuvante, acumulación de procesos, incidentes por hecho que configuren excepciones previas, ni la conciliación. En caso de que se propongan tales actuaciones o trámites, el juez deberá rechazarlos de plano, por auto que no tendrá recurso alguno.
Restitución del predio a solicitud del arrendatario, aparcero o similar
ART. 90.—Disposiciones aplicables. A la demanda que presente el mero tenedor para que quien le entregó el predio o parte de él, en virtud de un contrato de arrendamiento, aparcería o similar, le reciba el inmueble, se aplicarán las reglas de los artículos 73, 75, 76, 78, 79, 86, 87 y 89 del presente decreto.
ART. 91.—Orden de recibo y entrega del predio. Vencido el término del traslado de la demanda, aunque ésta no haya sido contestada, el juez autorizará la restitución del inmueble, si el demandado no se opone.
La entrega se hará dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria de la providencia.
ART. 92.—Oposición del demandado. Si el demandado se opone a la demanda, se abre el proceso a prueba por el término de diez (10) días, vencido el cual, el juez decidirá dentro de los cinco (5) días siguientes.
La entrega tendrá lugar dentro del término establecido en el artículo anterior.
ART. 93.—Terminación del contrato por impedimento para disfrutar del inmueble. Si el arrendatario, aparcero o similar pide que se declare la terminación del contrato por la causa señalada en el artículo 1990 del Código Civil, o porque en virtud de mandato de autoridad competente hubiere que dar al inmueble una destinación distinta por motivos de utilidad pública o de interés social, se procede como se indica en este capítulo, a menos que el juez considere que debe dar aplicación al inciso segundo del citado precepto.
ART. 94.—Secuestro del inmueble. Si el demandado no cumple la orden judicial, el juez nombrará secuestre para que reciba el inmueble.
El secuestro dura hasta que el demandado se allane a recibir el bien o el demandante desista de entregarlo.
ART. 95.—Mejoras. Si el demandante tuviere derecho al reconocimiento y pago de mejoras, lo cual se hubiere demostrado en el proceso, antes de la diligencia de entrega o durante ésta, se dejará el inmueble, a solicitud suya, en poder de un secuestre, cuya función dura hasta que el demandado pague o las partes lleguen a un acuerdo.
En lo demás se aplicará lo dispuesto en el artículo 83 de este decreto.
ART. 96.—Deudas por distintos conceptos. Si el demandado adeudare al demandante sumas por conceptos distintos del de mejoras, las cuales estuvieren debidamente probadas en el proceso, el juez dejará el inmueble, a solicitud del segundo, en poder de un secuestre.
Si el demandante es el deudor, procede el derecho de retención de bienes del demandado que se encontraren en el fundo.
Otros procesos de restitución de tenencia
ART. 97.—Normas aplicables. Las disposiciones de los dos capítulos anteriores se aplicarán, en su orden, a la demanda de lanzamiento del tenedor de un inmueble agrario a título distinto de arrendamiento, aparcería o contrato similar y a la que presente aquél para que quien se lo dio en tenencia lo reciba.
También se aplicarán, según el caso, a la restitución de inmuebles agrarios subarrendados, lo mismo que a la solicitada por el adquirente que no está obligado a respetar el arriendo.
ART. 98.—Partes. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 984 del Código Civil, la persona que explote económicamente un predio agrario, según el artículo 2º de la Ley 4ª de 1973 y disposiciones concordantes, que hubiere sido privada de hecho, total o parcialmente, de la tenencia material del mismo, sin que haya mediado su consentimiento expreso o tácito u orden de autoridad competente, ni exista otra causa que lo justifique, podrá pedir al respectivo juez agrario que efectúe el lanzamiento del ocupante.
ART. 99.—Requisitos de la demanda. La demanda deberá llenar los siguientes requisitos:
1. Nombre, domicilio o residencia del demandante.
2. La persona o personas contra quienes se dirige la demanda y su vecindad o residencia, si fueren conocidas.
3. Nombre de los representantes de las partes, si fuere el caso.
4. El inmueble que ha sido ocupado de hecho, su situación, linderos y demás circunstancias que sirvan para identificarlo.
5. La fecha desde la cual el demandante fue privado de la tenencia material del fundo o de parte de él.
6. Lo que se demanda.
7. Las razones de hecho y de derecho que sirvan de fundamento a la pretensión.
8. Petición de las pruebas que se pretenden hacer valer.
ART. 100.—Anexos de la demanda. A la demanda deberá acompañarse prueba siquiera sumaria con la que se acredite que el demandante ha venido poseyendo económicamente el predio y que la ocupación se inició dentro de los ciento veinte (120) días anteriores a la fecha de presentación de la demanda.
ART. 101.—Rechazo de la demanda. Si la demanda no reúne los requisitos indicados en el artículo 99 o no se allegare la prueba que exige el anterior, el juez la devolverá para que el demandante subsane el defecto dentro de los tres (3) días siguientes, y si así no lo hiciere, la rechazará.
También procederá el rechazo cuando haya transcurrido el término de ciento veinte (120) días.
ART. 102.—Admisión y traslado de la demanda; pruebas. El juez admitirá la demanda si llena los requisitos exigidos en los artículos 99 y 100 de este decreto y ordenará dar traslado al demandado por cinco (5) días. Vencido este término, decretará las pruebas pedidas por las partes, las cuales se practicarán dentro de la inspección judicial que deberá efectuarse tres (3) días después.
ART. 103.—Notificación por aviso. Si no hubiere sido posible notificar personalmente al demandado el auto admisorio de la demanda dentro de los tres (3) días siguientes, el juez ordenará, directamente o por intermedio del alcalde del municipio donde estuviere ubicado el inmueble, que se fije en el predio el aviso de que trata el artículo 55, en el que se transcribirá la parte resolutiva del auto admisorio de la demanda y se indicará, además, los nombres de demandante y demandado, así como los linderos del predio; copia del mismo se entregará a cualquier persona que habite o trabaje allí.
La notificación se considerará efectuada 2 días después de fijación del aviso.
ART. 104.—Improcedencia de la conciliación. En este proceso especial es improcedente la conciliación.
ART. 105.—Suspensión de la actuación e improcedencia del lanzamiento. Si durante la diligencia de inspección judicial o antes de practicarse el lanzamiento, el ocupante u ocupantes exhibieren títulos o pruebas que justifiquen legalmente la ocupación, el juez agrario suspenderá la actuación y las partes quedarán en libertad para iniciar las acciones que estimen pertinentes.
En ningún caso podrá decretarse el lanzamiento de campesinos ocupantes de predios agrarios respecto de los cuales se haya iniciado por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, antes de la demanda, procedimientos administrativos de extinción del derecho de dominio, clarificación de la propiedad, recuperación de baldíos indebidamente ocupados, deslinde de tierras pertenecientes al Estado o delimitación de playones y sabanas comunales. Mientras no se defina la situación del predio quedará suspendido el proceso.
ART. 106.—Lanzamiento. Practicada la inspección judicial, si de ésta y demás pruebas producidas por las partes o allegadas de oficio al expediente, resultare que efectivamente se ha realizado una ocupación de hecho, esto es, efectuada sin causa jurídica que la justifique, el juez decreta el lanzamiento, el cual se efectuará dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria de la providencia.
Ordenará en primer lugar a los ocupantes de hecho que desalojen el inmueble; de lo contrario, recurrirá a la fuerza pública a fin de obtener que tales personas abandonen el terreno y consecuentemente el demandante recupere su tenencia.
La providencia que ordene el lanzamiento es apelable ante el respectivo tribunal superior en el efecto suspensivo.
Mientras se decide el recurso, las autoridades de policía adoptarán medidas encaminadas a prevenir nuevas vías de hecho, con el objeto de mantener el statu quo.
Pero si la parte a cuyo favor se decreta el pago, se negare a recibir o no se hallare para efectuarlo, la suma correspondiente se consignará a órdenes del juzgado que tramita el proceso.
ART. 110.—Inventario y depósito de bienes. Si durante la práctica de la diligencia de lanzamiento no se hallaren los ocupantes de hecho demandados, el juez ordenará levantar un inventario de los bienes que no sean de propiedad del demandante, los cuales se dejarán al cuidado de un depositario que designará el mismo juez.
ART. 111.—Actas. De las diligencias de inspección judicial y de lanzamiento se levantarán las actas respectivas, que serán firmadas por el juez, su secretario y los interesados que hubieren asistido.
ART. 112.—Partes. Pueden demandar el deslinde y amojonamiento el propietario pleno, el nudo propietario, el usufructuario y el comunero del bien que se pretenda deslindar, lo mismo que el poseedor material con más de un (1) año de posesión.
Si el dominio del predio contiguo está limitado o se halla en estado de indivisión, la demanda se dirigirá contra los titulares de los correspondientes derechos reales principales. Se dirigirá así mismo contra los poseedores del predio contiguo o de la zona limítrofe, si fueren conocidos.
Quien ejerza posesión con más de un (1) año de antigüedad sobre el predio colindante o sobre la zona afectada por la demanda de deslinde y amojonamiento, o tenga el uno o la otra en calidad de arrendatario, aparcero o similar, podrá en cualquier momento intervenir en el proceso, si no hubiere sido citado pero antes de que concluya la diligencia de deslinde. Mas, una vez practicadas las pruebas en dicha diligencia, sólo podrá hacer uso del derecho de oponerse al deslinde.
Quien sea citado como poseedor o en tal calidad pretenda intervenir en el proceso deberá probar su posesión y una antigüedad de ella a un (1) año.
El que pretende intervenir a título de arrendatario, aparcero o similar, deberá presentar prueba del respectivo contrato.
ART. 113.—Notificación por aviso. Si no fuere posible la notificación personal de quienes habiten en zona rural, se procederá en la forma indicada en el artículo 55 de este decreto.
ART. 114.—Excepciones. En este proceso podrán proponerse excepciones previas y las de cosa juzgada y transacción, las que se decidirán en la audiencia de que trata el artículo 45 del presente decreto.
ART. 115.—Citación para el deslinde y decreto de pruebas. Antes de que finalice la audiencia a que se refiere el artículo anterior, el juez señalará fecha y hora para el deslinde, el cual tendrá lugar dentro de los cinco (5) días siguientes. En la misma providencia el juez prevendrá a las partes para que presenten sus títulos a más tardar el día de la diligencia.
En caso de que aquellas lo hubieren solicitado o el juez lo estimare necesario, en el mismo auto se designarán peritos.
ART. 116.—Plano o croquis. Deberá levantarse un plano o croquis de las áreas delimitadas el cual hará parte del respectivo expediente.
ART 117.—Diligencia de deslinde. La diligencia de deslinde se verificará en la forma indicada en el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil. En lo demás se dará aplicación a los artículos 461, 462, 465 y 466 del mismo estatuto.
Preservación del ambiente rural y de los recursos naturales renovables
ART. 118.—Acción. El ambiente rural y los recursos naturales renovables del dominio público que hacen parte de aquél, podrán ser definidos judicialmente por cualquier ciudadano contra actos o hechos humanos que les causen o puedan causar deterioro, si el asunto no es de competencia de la administración, mediante la acción popular consagrada en los artículos 1005, 2359 del Código Civil, especialmente en los casos previstos en el inciso segundo del artículo 16 de la Ley 23 de 1973.
Esta acción se podrá ejercer en cualquier tiempo y estará encaminada a conseguir la prevención del daño, su reparación física o su resarcimiento, o más de uno de estos objetivos.
ART. 119.—Contenido de la demanda. Por lo menos, la demanda deberá expresar:
2. Nombre, vecindad o residencia del demandado, si fueren conocidos.
3. Nombre del representante del demandado si lo tuviere y fuere conocido.
4. Lo que se demanda.
5. Los hechos en que se fundamenta la demanda, con determinación del lugar donde se realizan o acaecieron.
6. Pruebas que el demandante pretende hacer valer.
ART. 120.—Presentación de la demanda. La demanda podrá ser presentada por escrito o verbalmente ante el secretario del juzgado, caso en el cual se extenderá el acta respectiva, que será firmada por dicho empleado y el demandante.
ART. 121.—Medidas precautelativas. Desde el momento de la presentación de la demanda y en cualquier etapa del proceso, el juez, de oficio o a petición de parte, si considera que se está causando daño al ambiente o a uno o más recursos naturales renovables, o existe peligro inminente de que se produzca, aunque sea distinto del indicado en la demanda, tomará las medidas del caso, previa realización de una inspección judicial.
ART. 122.—Notificación del auto admisorio y contestación de la demanda. Si dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición, no hubiere sido posible notificar personalmente el auto admisorio de la demanda al demandado que habita en zona rural, se procederá en la forma indicada en el artículo 55 de este decreto.
La notificación se considerará efectuada dos días después de la fijación del aviso.
El demandado podrá contestar la demanda y pedir pruebas dentro de los dos (2) días siguientes.
ART. 123.—Aviso sobre iniciación del proceso. Inmediatamente después de admitida la demanda, el juez dará aviso de la misma a la entidad pública u oficial encargada de ejecutar la política de preservación ambiental o de administrar los recursos naturales renovables, con jurisdicción en el respectivo municipio, a fin de que pueda intervenir en el proceso.
ART. 124.—Pruebas. Vencido el término señalado en el inciso final del artículo 122 de este decreto, el juez decretará las pruebas pedidas por las partes y las que él considere necesarias.
Se ordenará la práctica de una inspección judicial, si no se hubiere realizado la prevista en el artículo anterior, o no hubiere intervenido en ella el demandado, o el juez la estimare incompleta para efectos de la decisión del proceso. En el mismo auto se designarán los peritos y se citarán tanto a las partes como a aquellos y a los testigos para que concurran a la diligencia de inspección judicial.
ART. 125.—Inspección judicial. La inspección judicial se realizará dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto que decreta las pruebas, aunque no concurran las partes. Dentro de ella se practicarán, en lo posible, las pruebas pedidas por las partes y las decretadas de oficio por el juez. En la misma diligencia las partes podrán aducir y el juez practicar pruebas no pedidas antes.
ART. 126.—Audiencia. Dentro de los dos (2) días siguientes a la finalización de la diligencia de inspección judicial, el juez citará para audiencia, la cual se efectuará dentro de los tres (3) días siguientes, aunque no asistan las partes. Si hubiere dictamen pericial pendiente, este término podrá ser ampliado por cinco (5) días.
Terminados los alegatos, el juez proferirá sentencia.
Si esto último no fuere posible, lo hará en una nueva audiencia, para la cual citará a las partes. Esta audiencia deberá realizarse dentro de los cinco (5) días siguientes.
ART. 127.—Actuaciones y medidas improcedentes. No habrá lugar a la conciliación, anterior ni posterior a la presentación de la demanda, ni a la perención del proceso.
ART 128.—Obligaciones de decidir la controversia. El juez deberá proferir ineludiblemente decisión de fondo.
ART. 129.—Contenido de la sentencia. El juez podrá imponer al demandado, en la sentencia, la suspensión de las obras o trabajos causantes del riesgo o del daño, el retiro o demolición de aquéllas, su modificación, la restauración o reposición de lo dañado o destruido, si es posible, el resarcimiento de los perjuicios causados a la comunidad, y todas aquellas medidas que sean adecuadas para prevenir el daño o repararlo. Se prevendrá igualmente al demandado que si no realiza los actos ordenados, dentro del término prudencial que se le señale, el juez proveerá para que los ejecute el demandante o la entidad a que se refiere el artículo 123 de este decreto, caso en el cual aquél deberá reembolsar los gastos correspondientes, que se liquidarán como se dispone en el inciso cuarto del artículo 307 del Código de Procedimiento Civil.
ART. 130.—Apelaciones. Los autos contra los cuales proceda recurso ante el superior, serán apelables en el efecto devolutivo; la sentencia en el suspensivo, pero si fuere contraria al demandado, el juez tomará todas las medidas necesarias para precaver el daño o hacerlo cesar, si no lo hubiere hecho antes, de conformidad con lo previsto en el artículo 121 del presente decreto.
ART. 131.—Indemnizaciones. En caso de que el juez condene a pagar indemnización conforme a lo previsto en los artículos 16, inciso segundo, de la Ley 23 de 1973, 1005 del Código Civil, tratándose en este caso de recursos naturales renovables de uso público, y 129 de este decreto, su valor se entregará a la entidad que corresponda según las normas sustanciales.
ART. 132.—Disposiciones aplicables. Se aplicarán en este proceso, en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 1005 y 2360 del Código Civil, sobre recompensa e indemnización al actor.
ART. 133.—Indemnización de perjuicios al demandado. Si el demandado sufriere perjuicios por acción temeraria o de mala fe del actor, el resarcimiento de ellos se hará de acuerdo con las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Civil.
ART. 134.—Aviso al juez penal. Si el hecho causante del daño fuere delictuoso o en su realización se hubiere cometido un delito, el funcionario que tramita el proceso dará de inmediato aviso al juez penal competente.
ART. 135.—Acciones privadas o de carácter subjetivo. La acción que ejerza el propietario de recursos naturales renovables en razón de daños directos a ellos, reales o contingentes, o las personas que hubiere sufrido perjuicios como consecuencia de actos o hechos humanos que hayan causado deterioro al ambiente rural o a recursos de dominio público o privado, se sujetarán a las disposiciones del proceso verbal que regula este decreto, en cuanto el asunto no corresponda a la jurisdicción en lo contencioso administrativo.
ART. 136.—Procesos sometidos al Código de Procedimiento Civil. Los procesos de expropiación de predios para fines distintos de los previstos en las leyes sobre reforma social agraria, los divisorios y los de disolución, nulidad y liquidación de sociedades, en cuanto tenga naturaleza agraria, se someterán a las reglas especiales del Código de Procedimiento Civil y a las generales de este decreto.
Estos procesos se sujetarán, en materia de competencia, a lo dispuesto en el artículo 8º del presente decreto.
ART. 137.—Saneamiento de la pequeña propiedad agraria. Los asuntos relativos al saneamiento de la pequeña propiedad agraria se tramitarán y decidirán en proceso ordinario conforme a las disposiciones de este decreto, con aplicación de las adicionales contenidas en el Decreto Extraordinario 508 de 1974.
ART. 138.—Disposiciones exceptuadas. No se aplicará lo previsto en este decreto a los asuntos que conforme a las disposiciones vigentes corresponden a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
ART. 139.—Aplicación supletoria. En los aspectos no contemplados en el presente decreto se aplicarán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de los procesos agrarios, con los objetivos que persigue este estatuto y los principios que lo inspiran.
ART. 140.—Vigencia. El presente decreto rige a partir del 1º de junio de 1990 y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Los procesos que cursan en las salas civiles de los tribunales superiores de distrito judicial y en los juzgados civiles, serán enviados a las salas agrarias de aquellos y a los juzgados agrarios a que correspondan, inmediatamente comiencen a funcionar.
En los procesos iniciados antes de que entre en vigencia este decreto, los recursos interpuestos, la práctica de las pruebas decretadas, los términos que hubiere comenzado a correr, los incidentes en curso, las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por la ley vigente al tiempo en que se interpuso el recurso, se decretaron las pruebas, empezó a correr el término, se promovió el incidente o principió a surtirse la notificación.