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Timestamp: 2019-05-19 20:46:56
Document Index: 151395972

Matched Legal Cases: ['artículo 129', 'artículo 2', 'artículo 37', 'artículo 357', 'artículo 86', 'artículo 136', 'artículo 136', 'artículo 207', 'artículo 207', 'artículo 429']

﻿ SENTENCIA 2009-00122/42849 DE MAYO 24 DE 2017
SENTENCIA 2009-00122 DE 24 DE MAYO DE 2017
CONTENIDO:MEDIDA CORRECTIVA DE RETENIMIENTO NO CONSTITUYE DAÑO ANTIJURÍDICO, CUANDO SEA APLICADA A PERSONA EN GRAVE ESTADO DE EXCITACIÓN. SE PRECISA QUE LA MENCIONADA MEDIDA TIENE UNA FINALIDAD LEGÍTIMA, PUES PRETENDE SALVAGUARDAR VALORES CONSTITUCIONALES COMO LA VIDA O LA INTEGRIDAD PERSONAL. ES EVIDENTE, QUE UNA PERSONA EN UN ESTADO MOMENTÁNEO DE DEBILIDAD, PUEDE LLEGAR A AFECTAR INTERESES DE TERCEROS QUE ELLA MISMA ESTIMA VALIOSOS CUANDO SE ENCUENTRA EN PLENO USO DE SUS FACULTADESPORQUE ES UN HECHO INELUDIBLE, QUE LOS ESTADOS DE INTENSAS EMOCIONES, EN UN ELEVADO NÚMERO DE PERSONAS, “OCASIONAN EL RELAJAMIENTO DE LAZOS INHIBITORIOS Y LA CONSIGUIENTE EXTERIORIZACIÓN DE ACTITUDES VIOLENTAS”. EN CONSECUENCIA, SE ESTIMA QUE LA MEDIDA NO EQUIVALEN PROPIAMENTE A PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD SINO A LA ADOPCIÓN DE UNA MEDIDA CORRECTIVA RAZONABLE, QUE NO COMPORTAN UNA CARGA EXCESIVA PARA EL AFECTADO, DADA SU CORTA DURACIÓN, NI LIMITAN LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE VIDA INDIVIDUALESEN CAMBIO, GARANTIZAN OTROS VALORES RECONOCIDOS CONSTITUCIONALMENTE, COMO LA PREVALENCIA DEL INTERÉS GENERAL Y LA PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, DERECHO A LA VIDA, DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, DAÑO ANTIJURIDICO, PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA, AGENTE DE POLICÍA
Sentencia 2009-00122/42849 de mayo 24 de 2017
Proceso: 20001-23-31-000-2009-00122-01(42849)
Demandante: Carmen Roso Pérez Osorio y otros
Demandada: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional
8. Como dentro de la controversia está una entidad pública, la Nación (arts. 82 y 149 del CCA), el conocimiento de la misma corresponde a esta jurisdicción, siendo esta corporación la competente para conocer del presente asunto, toda vez que el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 2º del Decreto 597 de 1988 y modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, le asigna el conocimiento en segunda instancia, entre otros asuntos, de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por parte de los tribunales administrativos(2), la que para el caso se restringe a aquellos puntos desfavorables a la parte recurrente, de conformidad con lo establecido en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil.
9. De otro lado, el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo prescribe que la reparación directa constituye la acción procedente para buscar la declaratoria de responsabilidad extracontractual de la entidad accionada, como consecuencia de los hechos descritos en la demanda(3).
10. Toda vez que el señor Carmen Pérez fue el afectado directo con la actuación de la Nación, este se encuentra legitimado por activa para reclamar los perjuicios que puedan derivarse de la retención que padeció. Asimismo, los demás actores se encuentran legitimados por encontrarse demostrados sus lazos de parentesco consanguíneo con el citado demandante(4).
10.1. Por su parte, la señora Benita de Jesús Peña Jaraba carece de legitimación en la causa por activa, pues no acreditó su parentesco, relación afectiva o conyugal, o bien alguna relación que permita considerarla como tercera damnificada, si bien en la demanda (fl. 43, c. ppal. 1) se anunció como anexo el registro civil de matrimonio, lo cierto es que este no reposa en el plenario. En esa medida, se modificará la sentencia de primera instancia para declarar probada de oficio la falta de legitimación de la citada demandante.
11. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva, se constata que el daño que se invoca en la demanda proviene de actuaciones y decisiones que corresponden a la Nación — Ministerio de Defensa Nacional — Policía Nacional, de manera que se encuentra legitimada en el asunto de la referencia.
12. Se principia por advertir que el análisis de la caducidad se efectuará por separado, ello en consideración a que los accionantes solicitaron la reparación de dos daños distintos, de una parte, las lesiones físicas sufridas por el señor Carmen Pérez y, de otro lado, la retención ilegal y arbitraria que este padeció.
13. Respecto a las lesiones está acreditado que el demandante fue agredido por los agentes de policía el 14 de agosto de 2006, según lo refirieron Alexander Genes(5) y Deysmar Carreño(6) —testigos presenciales de los hechos—). Además, en el oficio del 15 de agosto de 2006 con el que la Policía Nacional dejó a disposición de la Fiscalía General de la Nación al demandante, se consignó que los agentes tuvieron que emplear la fuerza, ya que el demandante opuso resistencia a la incautación de un combustible que al parecer era hurtado y, además, le arrebató el arma a un agente(7).
13.1. Igualmente, en la indagatoria rendida por el actor, la Fiscalía consignó que “se deja constancia que al indagado se le observa un leve hematoma en el ojo izquierdo” (fl. 103, c. ppal. 1). Asimismo, la personería municipal de La Gloria solicitó a la Empresa Social del Estado Hospital San José que le practicara un examen médico legal al demandante (fl. 31, c. ppal. 1), cuyo resultado se dio el 16 de agosto de 2006, con una incapacidad de quince días por las lesiones(8).
13.2. De conformidad con el conjunto probatorio antes descrito, para la Sala resulta completamente claro que las lesiones reclamadas se causaron el 14 de agosto de 2006 y el dictamen médico legal fue rendido el 16 de agosto siguiente. Así las cosas, dentro del presente caso no existe duda en relación con el momento de conocimiento del hecho dañoso y, por consiguiente, en aplicación del numeral 8(9) del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, el término de caducidad de la acción se contabiliza a partir del día siguiente de que el actor tuvo conocimiento de la magnitud, posibles secuelas y gravedad de las lesiones, esto es, desde el 17 de agosto de 2006, por ende, la demanda presentada el 30 de octubre de 2008 (fl. 46, c. ppal. 1) lo fue cuando ya había operado la caducidad de la acción.
13.3. En esa consideración, a pesar de que la caducidad de la acción no fue puesta a consideración de la Sala con el recurso de apelación, lo cierto es que dicha excepción se puede declarar de manera oficiosa, como aquí se hará, cuando el fallador la encuentra acreditada(10).
14. En relación con la presunta retención arbitraria, se advierte que la resolución del 11 de septiembre de 2006 de la fiscalía primera delegada ante los juzgados promiscuos municipales de Aguachica, que precluyó la investigación a favor del demandante, quedó ejecutoriada el 5 de octubre de 2006 (fl. 114 rev, c. ppal. 1), y la demanda se presentó el 30 de octubre de 2008 (fl. 46, c. ppal. 1), fuerza concluir que lo fue en el bienio prescrito en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
15. Corresponde a la Sala determinar si la retención que soportó el señor Carmen Pérez es un daño antijurídico y si este puede ser imputado a la demandada.
3. Elementos de la responsabilidad extracontractual.
16. Sea lo primero referir que los documentos allegados por las partes lo fueron dentro de la oportunidad pertinente, por lo que pueden ser valorados(11). Además, frente a las pruebas trasladadas de la investigación penal (c. ppal. 1), la Sala debe señalar que fueron pedidas por la parte demandante (fl. 43, c. ppal. 1), sin que en momento alguno se solicitara la ratificación de las mismas. En consecuencia, teniendo en cuenta que las partes tuvieron pleno conocimiento de esas actuaciones y no formularon reparos frente a las mismas, se valorarán en esta instancia(12).
17. Así las cosas, con el fin de abordar integralmente la problemática que supone el recurso de apelación interpuesto, la Sala analizará la demostración del daño, toda vez que se trata del primer elemento que debe dilucidarse para establecer la responsabilidad extracontractual del Estado(13), de manera que, resuelto el tema relativo a la afectación de los intereses del demandante, se entrará a estudiar la imputación.
18. En el sub lite, el daño alegado por el demandante se concretó en la afectación a su derecho de libertad, durante el tiempo que estuvo retenido a órdenes de la Policía Nacional.
19. Sobre el particular, se advierte que está acreditado que el demandante fue arrestado por agentes de policía aproximadamente a la 1:00 p.m. del 14 de agosto de 2006, según quedó reseñado en el oficio por el cual la Policía Nacional dejó a disposición de la Fiscalía General de la Nación al demandante (fls. 94 y 95, c. ppal. 1) y fue puesto en libertad aproximadamente a las 11:55 a.m. del 15 de agosto de 2006, hora en que culminó la diligencia de indagatoria rendida por el actor (fl. 103, c. ppal. 1). Conclusión a la que se arriba luego de verificar que, una vez finalizada la indagatoria, la Fiscalía dispuso inmediatamente su libertad (fl. 104, c. ppal. 1), previo diligenciamiento del acta de compromiso suscrita por el demandante (fl. 105, c. ppal. 1).
20. Así pues, la Sala encuentra acreditado que el demandante estuvo privado de su libertad entre el 14 y el 15 de agosto de 2006, esto es, alrededor de veintitrés (23) horas. Sin embargo, el demandante se encontraba en la obligación de soportar esa situación, pues el daño reclamado es jurídico y, por tanto, no es resarcible.
21. Es claro que para que un daño exista y, por ende, sea indemnizable, es indispensable verificar ex ante la configuración de los elementos que lo estructuran, es decir, que sea cierto(14), real(15), determinado o determinable(16) y que afecte situaciones protegidos jurídicamente(17). Estos elementos parten de la premisa según la cual, el daño no se concreta solo con la verificación de la sola lesión a un interés, sino que es preciso analizar los efectos derivados de esta, que se manifiestan en el ámbito patrimonial o extrapatrimonial, y, además, que recaiga sobre un bien protegido jurídicamente, es decir, que revista el carácter de antijurídico(18), para ello es menester que los efectos nocivos sean injustamente padecidos por la víctima(19), esto es, que el daño sea “provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo”(20).
22. En orden a fijar aquello en lo que consiste la antijuridicidad del daño, resultan ilustrativas las siguientes precisiones doctrinales(21):
[L]a antijuridicidad susceptible de convertir el simple perjuicio material en una lesión propiamente dicha no deriva, sin embargo, del hecho de que la conducta del autor de aquél sea contraria a derecho; no es, en consecuencia, una antijuridicidad subjetiva.
[U]n perjurio se hace antijurídico y se convierte en lesión resarcible siempre que y solo cuando la persona que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportarlo; la antijuridicidad del perjuicio es, pues, una antijuridicidad referida al perjudicado.
[L]a antijuridicidad susceptible de convertir el perjuicio económico en lesión indemnizable se predica, pues, del efecto de la administración (...) a partir de un principio objetivo de garantía del patrimonio de los ciudadanos que despliega su operatividad postulando la cobertura del daño causado en tanto en cuanto no existan causas de justificación que legitimen como tal el perjuicio de que se trate.
[H]ay lesión y, por lo tanto, responsabilidad de la Administración siempre que no existan causas de justificación capaces de legitimar el perjuicio material producido, esto es, siempre que no concurra un título jurídico que determine o imponga como rigurosamente inexcusable, efectivamente querido o, al menos, eventualmente aceptado el perjuicio contemplado.
23. Así, se advierte que dicha noción alude a la lesión que la víctima no tiene el deber jurídico de soportar, esto es, que lo antijurídico es una “calificación que se obtiene de constatar que el ordenamiento jurídico no le ha impuesto a la víctima el deber de soportarlo, es decir, que el daño carece de ‘causales de justificación’”(22); asimismo, debe tenerse en cuenta que para que el mencionado daño resulte indemnizable se hace menester que este afecte o se concrete en detrimento de un derecho subjetivo o en un interés legítimo del cual sea titular la víctima, derecho o interés que, por consiguiente, han de estar situados dentro de la tutela estatal, bien porque expresamente el ordenamiento así lo dispone, ora porque no existe prohibición jurídica alguna que imposibilite su válida consecución por parte de la víctima o su protección por parte de las autoridades(23).
24. En efecto, en relación con los supuestos en los que el daño resulta jurídico, la jurisprudencia ha advertido(24):
[S]e concluye que el daño es justo, jurídico o legítimo en los siguientes eventos: i) cuando el interés afectado es lícito pero existe una norma, regla o principio en el ordenamiento jurídico que autoriza su detrimento, sin la concurrencia de la respectiva indemnización; ii) cuando se afecta un interés que es lícito, pero el detrimento no representa una ruptura del equilibrio frente a las cargas públicas, sino que se mantiene en los parámetros tolerables e inherentes a la vida en comunidad; y iii) cuando el interés o bien menoscabado es ilícito o ilegítimo, pues como ya se dijo la ilicitud no puede ser fuente de derechos.
25. Con observancia de lo expuesto, teniendo en cuenta que no todos los daños que sean causados materialmente por el Estado deben ser reparados por este, por cuanto pueden existir aquéllos que no sean antijurídicos en la medida en que quienes los soportan tengan la obligación de hacerlo, habida cuenta de que hay derechos respecto de los cuales la ley puede imponer limitaciones o restricciones configurándose en cargas o daños que deben ser asumidos legítimamente por las personas destinatarias de la norma correspondiente(25).
26. Así, es indudable que en el sub lite, el señor Carmen Pérez estaba en el deber de sobrellevar su retención según el numeral 3 del artículo 207(26) del Decreto 1355 de 1970 —Código Nacional de Policía—), ya que los agentes de policía podían “aplicar la medida correctiva de retenimiento en el comando hasta por veinticuatro (24) horas”, en tanto, el actor se encontraba en un “estado de grave excitación” y podía “cometer inminente infracción de la ley penal”.
27. Sobre el particular, la Corte Constitucional declaró exequible la mencionada disposición, toda vez que la medida correccional ahí prevista(27):
[T]iene una finalidad legítima, pues pretende salvaguardar valores constitucionales como la vida o la integridad personal. Es evidente, que una persona en un estado momentáneo de debilidad, puede llegar a afectar intereses de terceros que ella misma estima valiosos cuando se encuentra en pleno uso de sus facultades; porque es un hecho ineludible, que (…) los estados de intensas emociones, en un elevado número de personas, “ocasionan el relajamiento de lazos inhibitorios y la consiguiente exteriorización de actitudes violentas”.
Pero además, esta medida también protege al sujeto sobre el cual recae, porque en un estado transitorio de incompetencia para tomar decisiones libres, puede él mismo atentar contra su vida o su salud, o provocar a otros para que lo hagan. (…)
Por otra parte, es una medida correctiva eficaz, ya que el retenido está bajo la protección de las autoridades, quienes pueden actuar de manera inmediata, frente a eventuales perjuicios contra valores esenciales del ordenamiento, y no existen medios eficaces menos onerosos, para lograr la finalidad constitucional planteada, pues es claro que la multa, la promesa de buena conducta o la conminación, no modifican el estado actual de incompetencia transitoria del sujeto, que es el supuesto fáctico en el que se funda y justifica esta medida de protección. (…)
Así mismo, es evidente que la carga que se impone a la persona es mínima, pues el tiempo de la retención no puede exceder las 24 horas, mientras que el beneficio —proteger la vida y la integridad de las personas—), es significativamente mayor.
De igual manera, es claro que esta medida correctiva de carácter transitorio comporta la formulación de un reproche por la ingestión de bebidas alcohólicas, o por el estado de grave excitación. Simplemente, descansan en predicciones o cálculos de riesgo, sobre las consecuencias indeseables que pueden producirse a raíz de las alteraciones psicosomáticas, momentáneas, en el individuo. (…)
En consecuencia, estima la Corte que las medidas consagradas en los numerales 2 y 3 de la disposición acusada, no equivalen propiamente a privación de la libertad sino a la adopción de una medida correctiva razonable, que no comportan una carga excesiva para el afectado, dada su corta duración, ni limitan la realización de los proyectos de vida individuales; en cambio, garantizan otros valores reconocidos constitucionalmente, como la prevalencia del interés general y la preservación del orden público.
28. En esa consideración, si bien el ordenamiento garantiza el derecho a la libertad, lo cierto es que, según la legislación vigente al momento de los hechos, también autorizaba su afectación, sin la concurrencia de la respectiva indemnización, cuando el perjudicado estuviera en alguna de las situaciones del citado artículo 207 y, como lo precisó la Corte Constitucional, siempre que su retención estuviera cimentada en motivos objetivos, ciertos y fundados y en cumplimiento de la finalidad asignada a esa medida, cual es la protección de la vida y la integridad personal(28).
29. Así, para la Sala es claro que el actor tenía el deber de soportar las incomodidades derivadas de la restricción de su libertad, dado que estaba en un estado grave de excitación que podía llevarlo a infringir la legislación penal, comoquiera que el demandante, según lo informó la Policía Nacional —supra párr. 13.—), opuso resistencia, mediante violencia, a los cuatro agentes que realizaban el operativo para impedir la incautación del combustible, además, le arrebató el arma de dotación a uno de los oficiales. Circunstancias que fueron corroboradas por el demandante en su indagatoria(29), cuando aseguró que exteriorizó a los policiales su firme intención de impedir el decomiso del combustible, intentó recuperarlo cuando este —el combustible— ya estaba a bordo del vehículo oficial, forcejeó con los agentes para evitar que lo esposaran y le arrebató el fusil a uno de ellos.
30. En esa medida, como el demandante estaba en un estado grave de excitación —él solo se enfrentó a cuatro agentes de policía— y ello podía desencadenar en la trasgresión de la ley penal, como sería obligar mediante violencia a los agentes a omitir el cumplimiento de sus funciones, esto es, no incautar el combustible —artículo 429(30) de la Ley 599 de 2000— o bien, atentar contra su vida o la de los oficiales, lesionarse o lesionar a los policiales, máxime cuando momentáneamente tuvo en su poder un arma de fuego, por ende, debía someterse a la medida correctiva que padeció, que en todo caso se cimentó en el hecho cierto que su conducta podía desencadenar en la muerte o lesión propia o de terceros, cumpliéndose de esta forma con los criterios sentados por la Corte Constitucional para el efecto.
31. Con observancia de las anteriores precisiones, conviene señalar que para efectos de verificar si la captura y la retención correspondientes del señor Carmen Pérez fueron arbitrarias, es claro que no tiene ningún tipo de incidencia que en el proceso penal respectivo no se le hubiera encontrado responsable de la comisión de un delito, puesto que estas, en un principio y mientras estuvo a órdenes de la Policía Nacional, no se siguieron de la efectiva vulneración del ordenamiento penal, sino de haberlo encontrado en una flagrante contravención de policía, lo que de conformidad con el ordenamiento vigente para esa época legitimaba su retención y le imponía el deber de soportarla por espacio de veinticuatro (24) horas. De tal suerte, que la apelación no está llamada a prosperar, pues el hecho de que el actor en ningún momento estuviera incurso en un delito, no lo exime, como quedó visto, de soportar la retención.
32. En consecuencia, habida cuenta de que la acción caducó frente a las lesiones reclamadas por el demandante y su retención transitoria lo fue en los términos permitidos por el ordenamiento y, por lo tanto, no se constituye en un daño antijurídico, por lo que se modificará la decisión de primera instancia en el sentido de declarar probada la excepción en comento y, en lo demás, se confirmará, aunque por las razones aquí anotadas.
33. Por último, como la conducta de las partes no puede catalogarse como abiertamente temeraria, sino el ejercicio del derecho de acceso a la justicia y de defensa, se impone negar la condena en costas.
1. MODIFICAR la Sentencia del 27 de octubre de 2011 del Tribunal Administrativo del Cesar que negó las pretensiones de la demanda, conforme lo expuesto en la parte motiva, la cual quedará así:
1. DECLARAR probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por activa de Benita de Jesús Peña Jaraba, según la parte considerativa de esta providencia.
2. DECLARAR probada de oficio la excepción de caducidad de la acción de reparación directa en relación con las lesiones padecidas por el señor Carmen Roso Pérez Osorio, en hechos ocurridos el 14 de agosto de 2006, conforme la parte considerativa de este proveído.
3. NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
5. En firme esta providencia, archívese el expediente, previas las anotaciones que fueren necesarias.
2 La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, del Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala plena de lo contencioso administrativo el 9 de septiembre de 2008, Exp. 2008-00009-00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
4 Está demostrado que Laura Dajhana y Roso Mauricio Pérez Peña son hijos de Carmen Pérez (registros civiles de nacimiento —fls. 35 y 36, c. ppal. 1—).
5 “[L]legaron 4 agentes de la policía llegaron al engrasadero, momentos antes habíamos bajado 8 pimpinas de gasolina de una mula, que el señor de la mula nos pidió el favor que le guardáramos las pimpinas de ACPM, porque se le había roto el tanque, por unas cuantas horas mientras él iba a la Lisama y regresaba, al rato llegaron los agentes diciendo que nosotros nos estábamos robando el ACPM, y el señor Carmen Rosso (sic) al ver que se le iban a llevar el ACPM, el (sic) vino y dio la cara por nosotros, hay (sic) la policía se metieron al engrasador a llevarse las pimpinas y el (sic) dijo que no se podían llevar las pimpinas porque él estaba haciendo un favor de guardar el ACPM, entonces ahí fue cuando llegó el cabo de la policía y se puso a discutir con él, y llegaron a discusión, y el cabo de la policía le pego (sic) un empujón, de ahí lo cogieron los otros tres y lo metieron en la patrulla y se lo llevaron, esos hechos fueron el día 14 de agosto de 2006, entre 12:00 del día a 1:00 de la tarde (…) a él lo empujaron y lo metieron a la camioneta, cuando lo metieron a la camioneta él pidió que lo acompañáramos alguno de nosotros y no dejaron (…) al día siguiente lo soltaron como a las once y media de la mañana, tenía la cabeza rambada (sic) con unas laceraciones suturadas en el cráneo (…) también tenía los brazos morados” (testimonio de Alexander Genes —fls. 134 y 135, c. ppal. 1—).
6 “El (sic) fue ultrajado y lo golpearon los policiales de Pelaya y se lo llevaron a la fuerza (…) el (sic) demoró aproximadamente 24 horas y salió golpeado de allá” (testimonio de Deysmar Carreño —fl. 136, c. ppal. 1—).
7 “[A]l infórmale (sic) que quedaría retenido y se le haría la respectiva acta de incautación del combustible por la ilegalidad del mismo, opuso resistencia arrebatándole de las manos el arma de dotación del señor SI. Puchana Castillo, por tal motivo tocó emplear la fuerza por parte de los policiales que atendía (sic) el procedimiento, ya que el detenido se negaba a entregar el arma y lanzaba frases soeces y golpes contra los policiales” (oficio de la Policía Nacional —fls. 94 y 95, c. ppal. 1—).
8 “III. Lesión // 1. Eritema de aproximadamente 3 cms. de diámetro con leve excoriación de moderada intensidad, rodeado de tres eritemas más de 1 cm. de diámetro, todos en región deltoides izquierdo. // 2. Eritema de 3x1 cm. de diámetro en región medial de mandíbula lado derecho, de moderada intensidad irregular. // 3. Eritema de 1x0.5 cm. de diámetro en región proximal de rama derecha de la mandíbula, de leve intención. // Eritema con edema de moderada intensidad de 4x2 cms. de diámetro, irregular, en región temporal derecha. // 5. Hematoma lecho ungueal de pulgar derecho. // IV. H.C.: No. // V. PARACLÍNICOS: No. // VI. Elemento vulnerable contundente. // VII. INCAPACIDAD PROVISIONAL: 15 días. // VIII. SECUELA: No determinadas” (dictamen de lesión personal —fl. 30, c. ppal. 1—).
9 “La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.
10 Cfr. Consejo de Estado, sección tercera, Sala plena, Sentencia del 9 de febrero de 2012, Exp. 21060, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. En esa oportunidad la sección tercera unificó su jurisprudencia en torno a la competencia que tiene el juez de segunda instancia de declarar las excepciones que encuentra acreditadas, así: “Ahora bien, en relación con la mencionada regla general, según la cual aquellos temas no propuestos en el recurso de alzada estarían llamados a excluirse del conocimiento del juez ad quem, conviene precisar que dicha regla general no es absoluta, puesto que la misma debe entenderse y admitirse junto con las excepciones que se derivan, por ejemplo, (…) iii) de las normas legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran, a título puramente ilustrativo, aquellos temas procesales que, de configurarse, el juez de la causa debe decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada. En efecto, la sección tercera del Consejo de Estado en múltiples decisiones ha determinado la operancia del fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción ejercida, así como también ha encontrado acreditada la existencia de la falta de legitimación en la causa —por activa o por pasiva— e incluso la ineptitud sustantiva de la demanda, casos en los cuales ha denegado las pretensiones de la demanda o se ha inhibido de fallar, según el caso, con independencia de si tales presupuestos o aspectos hubieren sido, o no, advertidos por el juez de primera instancia o por alguno de los sujetos procesales, incluido, claro está, aquel que hubiere impugnado la providencia del juez a quo”.
11 Cfr. Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero. En esa oportunidad se dijo que las copias simples obrantes en el proceso y que surtieran el principio de contradicción tienen plenos efectos probatorios. Claro está salvo: “[S]i se desea acreditar el parentesco, la prueba idónea será el respectivo registro civil de nacimiento o de matrimonio según lo determina el Decreto 1260 de 1970 (prueba ad solemnitatem), o la escritura pública de venta, cuando se busque la acreditación del título jurídico de transferencia del dominio de un bien inmueble (prueba ad sustanciam actus). (…) De modo que, si la ley establece un requisito —bien sea formal o sustancial— para la prueba de un determinado hecho, acto o negocio jurídico, el juez no puede eximir a las partes del cumplimiento del mismo; cosa distinta es si el respectivo documento (v.gr. el registro civil, la escritura de venta, el certificado de matrícula inmobiliaria, el contrato, etc.) ha obrado en el expediente en copia simple, puesto que no sería lógico desconocer el valor probatorio del mismo si las partes a lo largo de la actuación no lo han tachado de falso”.
12 Consejo de Estado, sección tercera, Sala plena, Sentencia del 11 de septiembre de 2013, Exp. 20601, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
13 Cfr. HENAO, Juan Carlos. El daño, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, p. 37.
14 Cfr. Consejo de Estado, sección tercera, subsección C, Sentencia del 1 de febrero de 2012, Exp. 20505, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz y subsección C, Sentencia del 10 de abril de 2010, Exp. 18878, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.
15 Cfr. Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 10 de agosto de 2001, Exp. 12555, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
16 Cfr. Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 3 de febrero de 2010, Exp. 18425, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; Sentencia del 19 de mayo de 2005, Exp. 2001-01541 AG, C.P. María Elena Giraldo Gómez.
17 Cfr. Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 2 de junio 2005, Exp. 1999-02382 AG, C.P. María Elena Giraldo Gómez.
18 SANTAMARÍA P., Juan Alfonso y LUCIANO PAREJO, Alfonso. Derecho Administrativo de Jurisprudencia del Tribunal Superior, Centro de Estudios Ramón Creces S.A., Madrid, 1989, p. 693. “[E]l daño es antijurídico, no porque la conducta de quien lo causa sea contraria a derecho, sino porque el perjudicado no tiene el deber jurídico de soportarlo, dado que no existen causas de justificación que lo legitimen”.
19 Cfr. Consejo de Estado, sección tercera, subsección B, Sentencia del 29 de agosto de 2014, Exp. 31190, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
20 Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 6 de junio de 2007, Exp. 16460, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y sección tercera, Sentencia del 8 de mayo de 1995, Exp. 8118, C.P. Juan de Dios Montes Hernández.
21 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Curso de Derecho Administrativo, Tomo II, 8va. Edición, Editorial Civitas, Madrid, 2002, p. 379.
22 Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 21 de octubre de 1999, Exp. 10948, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
23 Cfr. Consejo de Estado, sección tercera, subsección A, Sentencia del 14 de mayo de 2014, Exp. 41278, C.P. Hernán Andrade Rincón.
24 Consejo de Estado, sección tercera, subsección C, Sentencia del 12 de junio de 2014, Exp. 31185, C.P. Enrique Gil Botero.
25 Consejo de Estado, sección tercera, subsección B, Sentencia del 29 de abril de 2015, Exp. 33775, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
26 “Compete a los comandantes de estación y subestación aplicar la medida correctiva de retenimiento en el comando hasta por veinticuatro (24) horas: (…) 3. Al que por estado de grave excitación pueda cometer inminente infracción de la ley penal”.
27 Corte Constitucional, Sentencia C-199 del 13 de mayo de 1998, Exp. D-1851, M.P. Hernando Herrera Vergara.
28 Ibidem. La Corte Constitucional, si bien declaró la exequibilidad de la medida correctiva en comento, aclaró que no bastaba con que una persona estuviera en un estado grave de alteración para que procediera su retención, sino que era necesario que con ello se cumpliera la finalidad de la norma, esto es, “salvaguardar valores constitucionales como la vida o la integridad personal” y que estuviera cimentado en motivos fundados, objetivos y ciertos, así: “Por lo tanto, estima la Corte que la retención en el comando, de acuerdo con los numerales 2 y 3 de la disposición acusada, es una medida eficaz, que encuentra justificación en el ordenamiento constitucional. Sin embargo, cabe advertir que en la apreciación de las circunstancias que la motivan, las autoridades de policía, como autoridades administrativas, no pueden excederse en el ejercicio de sus funciones en relación con los objetivos perseguidos por la norma, pues con el argumento de que una persona se encuentra embriagada o en estado de grave excitación, no puede eliminarse el ejercicio legítimo de sus derechos. Por ello, la autoridad de policía al ejercer esta función preventiva, deberá justificar la retención en motivos fundados, objetivos y ciertos. (…) Ahora bien, no obstante lo anterior, es preciso tener en cuenta que dado el amplio margen de apreciación que se le reconoce a la autoridad de policía para imponer la medida de retención en el comando, en ocasiones puede hacerse uso indebido de esta potestad, e incurrir en actuaciones arbitrarias en detrimento de los derechos y garantías ciudadanas. Por ello, la Corte entiende, que tratándose de una medida correctiva como la examinada que en cierto modo restringe el ejercicio de la libertad personal reconocida como un valor esencial en el ordenamiento, es indispensable que en su aplicación las autoridades de policía actúen dentro de un marco razonable y prudente”.
29 “[Y]o les dije que primero me llevaban a mí pero no al ACPM, porque yo no estaba cometiendo ningún delito, entonces procedieron a hechar (sic) el ACPM a la camioneta, yo me fui hacía él para quitarle las pimpinas de ACPM, y él saco el fusil y me metieron (sic) un culatazo, y yo le dije a ellos que eso era un delito pegarle a un ciudadano, que no lo había agredido a él, después me cayeron otro (sic) dos uniformados para ponerme las esposas, estando en el forsejeo (sic), yo le rapé el fusil a uno, el que me pegó el culatazo, y como los otros 3 me tenían agarrado me quitaron el fusil” (indagatoria de Carmen Pérez —fls. 102, c. ppal. 1—).
30 “Violencia contra servidor público. El que ejerza violencia contra servidor público, para obligarlo a ejecutar u omitir algún acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años”.