Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0053_ES.html
Timestamp: 2019-12-13 00:46:37
Document Index: 247792691

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sobre las trabajadoras domésticas y las cuidadoras en la UE
Ponente: Kostadinka Kuneva
Tania González Peñas, Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
– Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su preámbulo y los artículos 3 y 6,
– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular sus artículos 1, 3, 5, 27, 31, 32, 33 y 47,
– Visto el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica,
– Visto el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), y en particular su artículo 4, apartado 1, que dispone que «nadie podrá ser sometido a esclavitud o servidumbre», y su artículo 14, que estipula la «prohibición de discriminación»,
– Vista la Carta Social Europea, de 3 de mayo de 1996, y en particular la Parte I y el artículo 3 de la Parte II,
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de junio de 2014, relativa a un marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo, 2014-2020 (COM(2014)0332),
– Vista su Resolución, de 19 de octubre de 2010, sobre las trabajadoras en situación precaria(1),
– Vista su Resolución, de 6 de julio de 2010, sobre contratos atípicos, carreras profesionales seguras, flexiguridad y nuevas formas de diálogo social(2),
– Vista su Resolución, de 20 de septiembre de 2001, sobre el acoso moral en el lugar de trabajo(3),
– Visto el informe de 2013 de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) titulado «Mujeres, hombres y condiciones de trabajo en Europa»,
– Vistos los informes de 2008 y 2013 de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) titulados, respectivamente, «Medidas orientadas a atajar el problema del trabajo no declarado en la Unión Europea» y «Atajar el trabajo no declarado en los 27 Estados miembros de la UE y en Noruega: Planteamientos y medidas desde 2008»,
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 24 de mayo de 2006, titulada «Promover un trabajo digno para todos - Contribución de la Unión a la aplicación de la agenda del trabajo digno en el mundo» (COM(2006)0249),
– Visto el informe de 2015 de la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA) titulado «Explotación laboral grave: trabajadores que se desplazan dentro de la Unión o que entran en su territorio. Las obligaciones de los Estados y los derechos de las víctimas»,
– Visto el informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de 2011 titulado «Migrantes en situación irregular empleados en trabajos domésticos: los desafíos en materia de derechos humanos para la Unión Europea y sus Estados miembros»,
– Vista la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición)(5),
– Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 16 de octubre de 2014, titulado «Desarrollar servicios para la familia a fin de elevar los índices de empleo y fomentar la igualdad entre los sexos en el puesto de trabajo»,
– Vista su Resolución, de 9 de junio de 2015, sobre la estrategia de la UE para la igualdad entre mujeres y hombres después de 2015(6),
– Vista su Resolución, de 10 de marzo de 2015, sobre los progresos en la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2013(7),
– Vista su Resolución, de 18 de noviembre de 2008, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la aplicación del principio de la igualdad de retribución entre hombres y mujeres(8),
– Visto el informe de 2007 de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo titulado «Condiciones de trabajo en la Unión Europea: La perspectiva de género»,
– Visto el informe de 2014 de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo sobre la atención residencial, las condiciones laborales y la calidad del empleo,
– Vista su Resolución, de 4 de febrero de 2015, sobre las migrantes indocumentadas en la Unión Europea(9),
– Vista la Convención internacional, de 18 de diciembre de 1990, sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares,
– Visto el Convenio Europeo, de 24 de noviembre de 1977, relativo al Estatuto Jurídico del Trabajador Migrante,
– Vista la Convención de Viena, de 18 de abril de 1961, sobre relaciones diplomáticas,
– Vista la Convención de las Naciones Unidas, de 13 de diciembre de 2006, sobre los derechos de las personas con discapacidad,
– Visto el informe de 2011 de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo sobre las iniciativas empresariales en favor de los trabajadores con responsabilidades de atención asistencial de niños y adultos con discapacidad,
– Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2011, sobre la situación de las mujeres que se acercan a la edad de jubilación(10),
– Visto el informe conjunto del Comité de Protección Social y la Comisión Europea, de 10 de octubre de 2014, titulado «Una protección social adecuada a las necesidades de atención a largo plazo de una sociedad que envejece»,
– Visto el informe de 2015 de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo sobre la vida profesional y asistencial y las medidas de reconciliación en tiempos de cambio demográfico,
– Visto el dictamen de la Sección Especializada de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía del Comité Económico y Social Europeo, de 26 de mayo de 2010, sobre «La profesionalización del trabajo doméstico»(11),
– Vistos el Convenio n.º 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Recomendación n.º 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, adoptados el 16 de junio de 2011 por la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT,
– Vista la Decisión del Consejo por la que se autoriza a los Estados miembros a ratificar, en interés de la Unión Europea, el Convenio sobre trabajo digno para los trabajadores domésticos, de 2011, de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio n.º 189)(12),
– Vista su Resolución, de 12 de mayo de 2011, sobre la propuesta de Convenio de la OIT complementado por una recomendación sobre los trabajadores domésticos(13),
– Vistos los Informes IV(1) y IV(2) de la OIT titulados «Trabajo decente para los trabajadores domésticos», elaborados para la 99.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) en junio de 2010, y los Informes IV(1) y IV(2) (publicados en dos volúmenes), titulados «Trabajo decente para los trabajadores domésticos», elaborados para la 100.ª reunión de la CIT en junio de 2011,
– Vistos el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A8-0053/2016).
A. Considerando que, con arreglo al Convenio n.º 189 de la OIT, un «trabajador doméstico» es toda persona que realiza un trabajo doméstico para uno o varios hogares en el marco de una relación de trabajo, pero no se considera trabajador doméstico a una persona que realice trabajo doméstico únicamente de forma ocasional o esporádica, sin que este trabajo sea una ocupación profesional;
B. Considerando que por «cuidados» se entiende el trabajo desempeñado en centros públicos o privados o en uno o varios hogares que consiste en la prestación de cuidados personales a niños y a personas de edad avanzada, enfermas o con discapacidad; que ese trabajo puede ser realizado por cuidadores profesionales, que pueden trabajar por cuenta de centros públicos o privados, de familias o por cuenta propia, o también puede ser desempeñado por cuidadores no profesionales, que suelen ser familiares de la persona que recibe los cuidados;
C. Considerando que los conceptos de trabajador doméstico y cuidador incluyen diversos grupos de trabajadores, por ejemplo —pero no exclusivamente— los trabajadores residenciales, los trabajadores externos, los trabajadores por horas en varios hogares, los trabajadores familiares, los trabajadores que prestan atención asistencial con horario de día o de noche, los cuidadores de niños, los cuidadores de niños en régimen «au pair» y los jardineros, cuyas realidades y condiciones laborales pueden variar considerablemente;
D. Considerando que en 2010 el sector del trabajo doméstico empleaba a más de 52 millones de personas en el mundo, según cifras de la OIT, a los que se suman 7,4 millones de trabajadores domésticos menores de 15 años, lo que representa entre el 5 % y el 9 % del empleo total en los países industrializados; que, de acuerdo con la OIT, la mayoría de las personas empleadas en este sector son mujeres, representando el 83 % de los trabajadores domésticos del mundo en 2010 y traduciéndose en 2,5 millones de trabajadores en la Unión, de los cuales el 88 % son mujeres; que este sector se caracteriza por una importante feminización; y que los trabajadores domésticos y cuidadores contribuyen en gran medida a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 en materia de igualdad de género, al ofrecer una infraestructura que permite a muchas familias de la Unión conciliar la vida laboral y familiar;
E. Considerando que profesionalizar significa otorgar a los trabajadores de un determinado sector unos derechos laborales y de protección social equivalentes a aquellos de los que disfrutan los empleados con contratos laborales regulados por la ley, como un salario digno, una jornada regulada, vacaciones pagadas, seguridad y salud en el trabajo, pensiones de jubilación, permisos de maternidad o paternidad, bajas por enfermedad, indemnizaciones por invalidez, normas sobre el despido o la extinción del contrato laboral, vías de recurso en caso de abusos y acceso a la formación; que solo será posible profesionalizar el sector del trabajo doméstico y los cuidados si se combinan fondos públicos (ayudas fiscales), sociales (prestaciones familiares, ayudas a empresas, mutualidades y seguros de enfermedad, comités de empresa, etc.) y privados (pago del servicio por particulares);
F. Considerando que en ambos sectores están muy difundidos el trabajo sumergido y la explotación;
G. Considerando que el trabajo doméstico y de cuidados se caracteriza fundamentalmente por los siguientes rasgos: inestabilidad laboral, movilidad geográfica, flexibilidad, estacionalidad, rotación, precariedad, temporalidad y predominantemente trabajo no declarado;
H. Considerando que, según la OIT, el 29,9 % de los trabajadores domésticos están completamente excluidos de la legislación laboral nacional, lo que significa que, a día de hoy, el trabajo de los trabajadores domésticos y cuidadores en la Unión se encuentra muy escasa y desigualmente regulado en los Estados miembros, por lo que no se los considera trabajadores típicos ni regulares y, en consecuencia, sus derechos laborales y protección social se ven gravemente mermados(14);
I. Considerando que a los trabajadores domésticos y cuidadores que están excluidos de la legislación laboral no se les puede garantizar un entorno de trabajo sano y seguro, y se enfrentan a una grave discriminación en cuanto al nivel de derechos y protección que les corresponde en comparación con los estándares generales del país, sobre todo cuando el trabajo doméstico está regulado mediante una legislación específica o convenios colectivos en lugar de incluirse sencillamente en el ámbito de aplicación de la legislación laboral general; que, por otra parte, no tienen derecho a participar en sindicatos u otros marcos de negociación colectiva, o no saben cómo hacerlo o tienen dificultades para hacerlo, por lo que son especialmente vulnerables debido especialmente a la escasa cobertura a cargo de la sistema de seguridad social (en particular en lo concerniente a las prestaciones de desempleo, las indemnizaciones por enfermedad y accidente y los permisos de maternidad, paternidad y otros permisos para la prestación de cuidados), así como a su frecuente exclusión de la protección en materia de despido;
J. Considerando que la observancia y aplicación de las leyes nacionales ya existentes para la protección de los derechos laborales de los trabajadores domésticos y los cuidadores continúan siendo una asignatura pendiente en el caso de algunos Estados miembros;
K. Considerando que, en la mayoría de los Estados miembros, el trabajo doméstico se lleva a cabo como trabajo no declarado en el marco de la economía informal, lo que propicia casos de trato desigual y abusivo, o de acoso, dado que estos trabajadores son «invisibles» y están aislados de otros que desempeñen labores y tareas semejantes;
L. Considerando que una adecuada regulación de este sector ayudaría a combatir el trabajo no declarado;
M. Considerando que algunas medidas sectoriales de apoyo, como la deducción fiscal sueca para los servicios domésticos, el «cheque empleo de servicio universal» (CESU) francés o el «cheque de servicio» belga, han demostrado su eficacia en la reducción del trabajo no declarado, la mejora de las condiciones de trabajo y el reconocimiento de los derechos laborales legales a los trabajadores domésticos y los cuidadores;
N. Considerando que se estima que la mayor parte de los servicios de atención asistencial en la Unión corren a cargo de cuidadores no profesionales y no remunerados que pueden considerarse un grupo vulnerable debido a la creciente presión a que están sometidos para ofrecer niveles de atención más técnicos y sofisticados; y que el 80 % de todos los cuidadores son mujeres, lo que afecta a los niveles de empleo entre las mujeres, el equilibrio entre la vida laboral y la familiar, la igualdad de género y el objetivo de un envejecimiento saludable;
O. Considerando que el sector del trabajo doméstico —cuyos trabajadores son mayoritariamente mujeres— se presta a la explotación de los trabajadores; que este fenómeno constituye una grave violación de los derechos fundamentales contra la que ha de protegerse tanto a los trabajadores indocumentados como a los nacionales de la Unión; que solo cuatro Estados miembros dispensan la misma protección contra la explotación a los trabajadores nacionales de la Unión y a los trabajadores indocumentados originarios de países no pertenecientes a la Unión;
P. Considerando que la Agencia de Derechos Fundamentales estima que el trabajo doméstico y los cuidados constituyen uno de los sectores con mayores riesgos de explotación laboral grave en la Unión; que esa explotación se manifiesta a menudo en la falta de contratos formales o en contratos que no reflejan las tareas reales efectuadas, salarios bajos, pagos irregulares o, en numerosos casos, incluso la total ausencia de remuneración, tiempos de trabajo excesivamente largos, falta de permisos de asueto y casos de abusos sexuales, raciales o sexistas;
Q. Considerando que a los trabajadores domésticos se les suele exigir que trabajen un número excesivo de horas y que el 45 % de ellos no tiene derecho a un permiso semanal ni a vacaciones anuales retribuidas(15); que los trabajadores domésticos internos y los cuidadores, en particular, tienen responsabilidades y tareas que no les permiten disfrutar de forma ininterrumpida de un tiempo de descanso suficiente;
R. Considerando que más de un tercio de las trabajadoras domésticas no tienen derecho al permiso de maternidad ni a los derechos e indemnizaciones conexos(16), y que en algunos países los trabajadores domésticos y los cuidadores no tienen derecho al subsidio de desempleo;
S. Considerando que, en algunos Estados miembros, numerosos puestos de trabajo en los sectores sanitario y asistencial siguen estando mal remunerado, a menudo no ofrecen contratos oficiales u otros derechos laborales básicos y son poco atractivos debido al alto riesgo de estrés físico y emocional, la amenaza de desgaste y la ausencia de oportunidades de desarrollo profesional; y que el sector ofrece pocas oportunidades de formación y además sus empleados son principalmente personas de más edad, mujeres y trabajadores migrantes;
T. Considerando que, a menudo, los trabajadores domésticos trabajan en condiciones deplorables o peligrosas, o carecen de la formación adecuada para llevar a cabo tareas específicas que pueden provocar lesiones en el trabajo; que deberían garantizarse las mismas disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo para todos los trabajadores domésticos y cuidadores con independencia del tipo de empleo, esto es, tanto si son trabajadores contratados formalmente como si son trabajadores contratados directamente por hogares;
U. Considerando que las particularidades del lugar en el que estas personas realizan su trabajo no eximen al empleador de cumplir los requisitos en materia de salud y seguridad, y de prevención de riesgos, ni de respetar la privacidad de quienes pernoctan en su domicilio;
V. Considerando que los trabajadores «au pair» son un grupo de trabajadores domésticos que a menudo no son considerados trabajadores regulares; que numerosos informes indican que esta situación puede dar lugar a abusos, como obligar a los trabajadores «au pair» a trabajar un número excesivo de horas; que los trabajadores «au pair» deben recibir una protección igual a la que reciben otros trabajadores domésticos,
W. Considerando que la mayoría de los trabajadores domésticos y cuidadores son mujeres migrantes, muchas de las cuales se encuentran en una situación administrativa irregular y son menores de edad o trabajadoras temporales o trabajadoras cuyos derechos y cualificaciones no se reconoce, y a menudo desconocen sus derechos, disponen de un acceso restringido a los servicios públicos o se enfrenten a dificultades para acceder a estos, tienen un conocimiento limitado de la lengua local y son víctimas de falta de integración social;
X. Considerando que los trabajadores migrantes, como los trabajadores domésticos, pueden verse expuestos a una discriminación múltiple y son especialmente vulnerables a las formas de violencia y discriminación de género, ya que suelen trabajar en condiciones malas e irregulares; que deben tomarse medidas concretas para evitar que esos trabajadores sean maltratados, se les pague de forma irregular, se les despida de forma improcedente y sean víctimas de actos de violencia o de abuso sexual;
Y. Considerando que en especial los migrantes indocumentados que se dedican al trabajo doméstico corren particularmente el riesgo de ser objeto de discriminación y explotación; que el hecho de ser indocumentados los disuade de defenderse y pedir ayuda por miedo a ser descubiertos y expulsados; que esta circunstancia es explotada por empleadores poco escrupulosos;
Z. Considerando preocupante la discriminación que sufren las trabajadoras migrantes indocumentadas, que no denuncian las situaciones de abuso, despido improcedente, impago del salario, violencia, discriminación, malos tratos, trabajo forzado, condiciones de servidumbre o reclusión, por falta de conocimiento de sus derechos, barreras como el idioma o miedo a ser detenidas o expulsadas o a perder su empleo;
AA. Considerando que, a menudo, las mujeres migrantes deciden buscar empleo como trabajadoras domésticas o cuidadoras, o se ven abocadas a ello, al considerarse como puestos de trabajo temporales para los que se requiere poca cualificación;
AB. Considerando que la creciente demanda de ayuda doméstica y de cuidados para los niños y las personas con discapacidad y de edad avanzada ha dado lugar a una mayor feminización de la migración en Europa;
AC. Considerando que a menudo las mujeres migrantes se ven obligadas a recurrir al trabajo no declarado;
AD. Considerando que, en algunos casos, las agencias intermediarias están vinculadas a redes de trata de mujeres y de trabajos forzados o a otras actividades delictivas que implican el reclutamiento ilegal de mujeres y la explotación de estas de distintas formas; y que los datos de Eurostat muestran que el 80 % de las víctimas de trata registradas son mujeres y que el 19 % de ellas son explotadas laboralmente, también en el sector del trabajo doméstico;
AE. Considerando que debe prestarse atención al trabajo infantil, al acoso y a los graves abusos de los derechos laborales en el sector del trabajo doméstico, en particular en las residencias diplomáticas de terceros países establecidas en los Estados miembros, habida cuenta de que, en la mayoría de los casos, los trabajadores domésticos han entrado en la Unión con un permiso de trabajo distinto del de otros trabajadores domésticos migrantes, mientras que esas residencias disfrutan del privilegio de extraterritorialidad;
AF. Considerando que la integración de los migrantes en el mercado laboral es un paso importante hacia la inclusión social y cultural;
AG. Considerando que se observa una marcada tendencia hacia la presencia de un componente generacional en los contratos no convencionales o atípicos, que afecta principalmente a las mujeres jóvenes;
AH. Considerando que el trabajo doméstico y la atención asistencial fueron concebidos socialmente por las sociedades patriarcales como actividades marcadas por el género y se han caracterizado tradicionalmente por su poco reconocimiento y su invisibilidad, y que las sociedades actuales siguen considerando que esos trabajos carecen de valor; que el trabajo doméstico y la atención asistencial remunerados están infravalorados, infrarremunerados, desprotegidos y escasamente regulados, a pesar de la contribución que aportan los trabajadores domésticos a los cuidados y al bienestar de millones de hogares;
AI. Considerando que el trabajador doméstico o el cuidador suele estar infravalorado y, por tanto, infrarremunerado, lo que socava el ahínco que ponen estos trabajadores en ser independientes y ganar lo suficiente para llevar una vida digna y mantener a su familia;
AJ. Considerando que la carga de la responsabilidad por las tareas domésticas recae mucho más en las mujeres que en los hombres, y no se evalúa en términos monetarios o de reconocimiento de su valor; que la tasa de empleo de las mujeres está en relación con sus responsabilidades familiares; que más de 20 millones de europeos (dos tercios de los cuales son mujeres) se encargan del cuidado de personas adultas dependientes, lo que les impide ejercer una actividad profesional a tiempo completo, con el consiguiente incremento de la brecha salarial de género y del riesgo de que las mujeres que se encuentran cerca de la jubilación sufran la pobreza en su vejez;
AK. Considerando que la mayoría de las tareas asociadas al trabajo doméstico y los cuidados se consideran un «trabajo de mujeres» y de categoría inferior, de modo que, en este sector, las mujeres reciben salarios más bajos que los que reciben las mujeres en la mayoría de los demás empleos, o incluso en el mismo tipo de empleo pero en otros sectores, así como salarios inferiores a los de los hombres que se dedican al trabajo doméstico;
AL. Considerando que, a pesar de la tendencia conocida según la cual casi el 20 % de la población europea es mayor de 65 años y de la estimación de que este porcentaje alcanzará el 25 % en 2050, aproximadamente el 80 % del tiempo dedicado a cuidar a las personas de edad avanzada y a las personas con discapacidad —esto es, varios días a la semana o todos los días— sigue siendo asumido por cuidadores informales o miembros de la familia, y que, a pesar del creciente número de cuidadores en la Unión, la prestación de servicios asistenciales informales es asumida en su mayor parte por mujeres (por lo general, cónyuges, hijas o nueras de mediana edad) de entre 45 y 75 años;
AM. Considerando que las medidas de austeridad derivadas de la crisis han reducido la inversión pública en el sector de la atención asistencial, lo que ha obligado a muchas personas, en su mayoría mujeres, a reducir su jornada laboral o a quedarse en el hogar para ocuparse de personas dependientes, ancianos, enfermos o hijos;
AN. Considerando que el creciente número de personas de edad avanzada, la cada vez menor población activa y los recortes de los presupuestos públicos están teniendo una incidencia significativa en los servicios sociales, y que esto repercutirá asimismo en las personas que han de conciliar trabajo y responsabilidades de prestación de cuidados, a menudo en circunstancias difíciles;
AO. Considerando que la crisis financiera y social y las medidas de austeridad aplicadas en la Unión han afectado gravemente a sus ciudadanos y residentes, han agravado la precariedad del empleo, la pobreza, el desempleo y la exclusión social, y han dado lugar a un acceso limitado o nulo a los servicios públicos y sociales;
AP. Considerando que los paradigmas que imperan actualmente en las políticas de atención asistencial a largo plazo en la mayoría de los Estados miembros no se adaptan a las necesidades de nuestras sociedades en proceso de envejecimiento, y que la mayoría de los Estados miembros no han abordado hasta ahora la cuestión del cambio demográfico en sus iniciativas políticas;
AQ. Considerando que los hábitos, las costumbres y todos los tipos de familia han evolucionado de forma considerable, lo que hace necesario contar con más trabajadores en el sector doméstico y conduce inevitablemente a nuevas necesidades en materia de asistencia y apoyo en los hogares modernos, especialmente para las mujeres que trabajan fuera de casa y las familias monoparentales;
AR. Considerando que muchas personas dependientes también viven en zonas afectadas por la falta de servicios públicos, el aislamiento u otros factores que dificultan el acceso a cuidadores profesionales o a centros públicos o privados de atención asistencial, y que estas personas dependientes solo pueden ser atendidas por cuidadores no profesionales que muy a menudo, aunque no siempre, son miembros de su familia;
AS. Considerando que una serie de Estados miembros carecen de servicios de atención asistencial de calidad disponibles para todos independientemente de la renta, esto es, servicios accesibles y asequibles para todos los usuarios y sus familias;
AT. Considerando que las cada vez mayores listas de espera para los servicios de apoyo y atención asistencial están aumentando la dependencia respecto de los trabajadores domésticos y los cuidadores, condenando a menudo a las personas dependientes de esos servicios a situaciones de pobreza y exclusión social;
AU. Considerando que la adecuada protección de las personas con discapacidad, ancianos, enfermos, personas dependientes o menores es un principio esencial de la Unión, y que el trabajo doméstico y la atención asistencial es un sector esencial para garantizar su salvaguarda;
AV. Considerando que el derecho a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y de otro tipo de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal, está consagrado en los artículos 19 y 26 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;
AW. Considerando que las trabajadoras domésticas y las cuidadoras cuyos servicios son asequibles desempeñan un importante papel desde el punto de vista tanto económico como social dado que liberan de ese trabajo fundamentalmente a otras mujeres, que pueden así proseguir sus carreras y disfrutar de su vida social, y permiten a las personas que recurren a sus servicios conciliar mejor su vida profesional y privada, y a muchas otras personas estar disponibles en el mercado laboral;
AX. Considerando que los servicios domésticos, el empleo familiar y los cuidados domiciliarios podrían mejorar la cohesión económica y social en la Unión;
AY. Considerando que ese sector tiene una importancia económica y brinda oportunidades de empleo a un elevado porcentaje de la población activa, en particular a las personas poco cualificadas;
AZ. Considerando que el sector del trabajo doméstico y de cuidados crea puestos de trabajo; que esos puestos de trabajo han de ser de calidad ya que, gracias al trabajo realizado por los trabajadores de ese sector, muchas personas pueden ser activas económica y socialmente fuera del hogar;
BA. Considerando que el trabajo doméstico y de cuidados regulado y declarado mejora la calidad de vida de las personas que lo desempeñan, les ofrece prestaciones sociales y protección contra los abusos y la discriminación, y disminuye el riesgo de pobreza, marginación, estigmatización y desprestigio para quienes lo realizan, al tiempo que proporciona mayores garantías de calidad en el servicio al empleador y contribuye a incrementar la recaudación para el fondo de la seguridad social de los Estados miembros;
BB. Considerando que una práctica generalizada en algunos Estados miembros para contratar a trabajadores domésticos y cuidadores consiste en formalizar acuerdos bilaterales entre el trabajador y el dueño de la casa o la persona dependiente, y no a través de medios oficiales, como estructuras estatales o empresas;
BC. Considerando que los trabajadores domésticos y los cuidadores tienen derecho a una vida digna, tomándose en cuenta su necesidad de tener un buen trabajo y una vida familiar y laboral equilibrada, especialmente en el caso de los trabajadores domésticos internos, y deben gozar de los mismos derechos laborales y sociales que los demás trabajadores;
BD. Considerando que el Convenio n.º 189 de la OIT y la Recomendación n.º 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos constituyen un conjunto histórico de normas internacionales destinadas a mejorar las condiciones de trabajo de decenas de millones de trabajadores domésticos en todo el mundo; que la mayoría de los trabajadores domésticos son mujeres, y que las nuevas normas recogidas en el Convenio n.º 189 de la OIT suponen una importante medida para fomentar la igualdad de género en el ámbito laboral y garantizar la igualdad de derechos para las mujeres y la protección ante la ley; que, no obstante, de los veintidós Estados que han ratificado este convenio hasta la fecha, solo seis son Estados miembros de la Unión (Bélgica, Finlandia, Alemania, Irlanda, Italia y Portugal);
BE. Considerando que el Convenio n.º 189 de la OIT tiene por objeto conseguir el reconocimiento legal del trabajo doméstico, ampliar los derechos a todos los trabajadores domésticos, e impedir abusos y vulneraciones;
BF. Considerando que 48 Estados han ratificado ya la Convención internacional de 1990 sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, y que otros 18 lo han firmado, pero que ningún Estado miembro de la Unión lo ha firmado ni ratificado hasta la fecha;
BG. Considerando que los trabajadores domésticos y los cuidadores contribuyen en gran medida al funcionamiento de los sistemas de protección social pero su cometido está a menudo infrarrepresentado, es incomprendido, está ausente o es ignorado en los debates sobre las reformas en este ámbito;
BH. Considerando que las condiciones laborales a las que están sujetos los trabajadores domésticos y los cuidadores varían en gran medida de un Estado miembro a otro, puesto que puede tratarse de trabajadores migrantes mal remunerados, no declarados e indocumentados sin contrato, o de trabajo doméstico y de cuidados como servicio social público o como servicio social privado prestado por empresas, agencias, asociaciones y cooperativas, o bien como empleo directo por parte de entidades particulares;
BI. Considerando que en el sector del trabajo doméstico y, en especial, en el de cuidadores de la Unión también trabajan hombres y que, por lo tanto, estos requieren la misma protección y apoyo para evitar cualquier tipo de discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades en el mercado laboral, tal como se contempla en los artículos 19 y 153 del TFUE respectivamente;
BJ. Considerando que la mayoría de los particulares que contratan a trabajadores domésticos desconocen sus obligaciones y derechos;
BK. Considerando que la inspección del trabajo no cubre a menudo el trabajo doméstico debido a la falta de control de este sector en la mayoría de los Estados miembros;
BL. Considerando que es a menudo difícil acceder a los mecanismos judiciales para denunciar las infracciones de la legislación laboral, así como por parte de las víctimas de abusos o de explotación; que el miedo a la expulsión, el aislamiento en el lugar de trabajo y las dificultades para acceder a asistencia letrada pueden ser unos obstáculos determinantes para los trabajadores domésticos y los cuidadores migrantes que se encuentran en una situación administrativa irregular;
BM. Considerando que no puede pasarse por alto la situación de los trabajadores domésticos y cuidadores masculinos, y que debería elaborarse sin demora un informe relativo a su problemática específica y los desafíos a los que se enfrentan;
BN. Considerando que la Directiva vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo (Directiva 89/391/CEE) se aplica a los trabajadores domésticos y cuidadores contratados formalmente, con la excepción de los trabajadores contratados directamente por los hogares;
1. Opina que es necesario que por parte de la Unión haya un reconocimiento común del trabajo doméstico y de atención asistencial como un verdadero trabajo, ya que es probable que el reconocimiento de este sector profesional reduzca el trabajo no declarado y promueva la integración social, y pide, por ello, a la Unión y a los Estados miembros que establezcan normas comunes en materia de trabajo doméstico y atención asistencial;
2. Pide a la Comisión que presente un conjunto de instrumentos políticos, tanto legislativos como no legislativos, sobre el trabajo doméstico y la atención asistencial, estableciendo orientaciones de calidad para ambos sectores; opina que dichas iniciativas deberían centrarse en:
a) introducir un marco general para la profesionalización del trabajo doméstico y la atención asistencial, de modo que se reconozcan y normalicen las correspondientes profesiones y competencias y la consolidación de las carreras, incluidos los derechos acumulados de conformidad con las especificidades de los Estados miembros;
b) proponer con urgencia una directiva sobre los permisos para los cuidadores y un marco para el reconocimiento de la condición de cuidador no profesional que les garantice una remuneración y unas normas mínimas de protección social durante el tiempo que presten los cuidados, así como apoyo en materia de formación y medidas específicas para ayudarles a mejorar sus condiciones de vida y de trabajo;
3. Acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión a favor de la iniciativa «Nuevo comienzo para los padres que trabajan y los cuidadores»;
4. Pide a los Estados miembros que prevean una cualificación profesional adecuada para determinados tipos de trabajo doméstico (asistencia a los ancianos, los niños, las personas con discapacidad) que requieren competencias y cualificaciones específicas;
5. Opina que el sector del trabajo doméstico y la atención asistencial y su profesionalización pueden crear puestos de trabajo y generar crecimiento, por lo que es necesaria una remuneración justa; considera que las soluciones pueden integrarse en un modelo de innovación social;
6. Considera que la profesionalización de los trabajadores que prestan servicios a los hogares aumentará el atractivo del sector y la calidad de dichos servicios, y promoverá el empleo digno y reconocido;
7. Destaca la importancia de favorecer el reconocimiento a nivel profesional de las competencias y cualificaciones de los trabajadores domésticos y cuidadores en este sector, a fin de ofrecerles mayores perspectivas de carrera, así como una formación específica para quienes se ocupan de ancianos y niños, con vistas a promover la creación de puestos de trabajo de calidad que conduzcan a un empleo de calidad y a unas mejores condiciones laborales, incluida la celebración de contratos formales, el acceso a la formación y un mejor reconocimiento social; reconoce la importancia de garantizar la validación y certificación de las competencias, cualificaciones y experiencia adquiridas, y de promover las perspectivas de carrera; considera de fundamental importancia a tal fin la organización de cursos de formación y reciclaje profesional;
8. Pide a la Comisión que anime a los Estados miembros a establecer vías para la profesionalización, la formación, el desarrollo continuo de competencias y el reconocimiento de las cualificaciones de las trabajadoras domésticas y cuidadoras, si procede incluyendo su alfabetización, para mejorar sus posibilidades de desarrollo personal, profesional y laboral;
9. Pide a los Estados miembros que, entre tanto, regulen cualesquiera relaciones laborales entre el titular de un hogar que actúe como empleador y el empleado o trabajador que preste servicios retribuidos en dicho hogar;
10. Pide a los Estados miembros que definan un marco jurídico específico que permita la contratación regular y organizada de trabajadores domésticos y cuidadores y establezca los derechos y deberes de las partes interesadas, con objeto de proporcionar seguridad jurídica tanto a los trabajadores de este sector como a sus posibles empleadores; solicita que se tengan en cuenta las características específicas del contrato de trabajo y el hecho de que muchos empleadores son particulares poco familiarizados con los formalismos jurídicos;
11. Pide a los Estados miembros que adopten medidas decisivas en el sector del trabajo doméstico y los cuidados, que representan un gran valor añadido para la economía, reconociendo para ello ese trabajo como una profesión de pleno derecho y garantizando que los trabajadores domésticos y los cuidadores tienen unos auténticos derechos laborales y una verdadera protección social a través de la legislación laboral o de los convenios colectivos, en particular en lo que se refiere a los salarios, el horario de trabajo, la salud y la seguridad en el trabajo, las vacaciones, el permiso de maternidad, los derechos de pensión y el reconocimiento de cualificaciones, teniendo siempre en cuenta las especificidades del sector;
12. Apoya el Convenio n.º 189 de la OIT sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, completado por la Recomendación n.º 201, ya que en él se aborda globalmente la necesidad de los trabajadores de estar amparados por la legislación laboral y se defienden los derechos sociales, la no discriminación y la igualdad de trato;
13. Anima a todos los Estados miembros a que ratifiquen con urgencia el Convenio n.º 189 de la OIT y a que velen por su aplicación rigurosa con objeto de mejorar las condiciones de trabajo, y a que garanticen la observancia del articulado de dicho Convenio de la OIT y de la Recomendación n.º 201 de la OIT de 2011; recuerda que, de conformidad con la Constitución de la OIT, los Gobiernos tienen la obligación de someter el Convenio y la Recomendación a sus legisladores nacionales con objeto de promover la adopción de medidas para la aplicación de esos instrumentos y, en el caso del Convenio, fomentar asimismo su ratificación;
14. Considera que la ratificación por todos los Estados miembros sería un importante paso adelante en la promoción y protección de los derechos humanos, así como un firme mensaje político contra toda forma de abuso, acoso y violencia contra todos los trabajadores y especialmente las trabajadoras domésticas;
15. Pide a las instituciones de la Unión que modifiquen todas las Directivas de la Unión que entren en conflicto con el Convenio n.º 189 de la OIT;
16. Pide a los Estados miembros que incluyan a los trabajadores domésticos y los cuidadores en toda la legislación laboral, sanitaria, asistencial, de seguros y contra la discriminación que se promulgue a escala nacional, de forma que se reconozca su contribución a la economía y la sociedad; insta a la Comisión a que considere la oportunidad de revisar todas las directivas de la Unión que excluyan a los trabajadores domésticos y los cuidadores de los derechos de que disfrutan otras categorías de trabajadores;
17. Reconoce la reticencia de algunos Estados miembros a legislar para el ámbito privado, si bien considera que la inacción puede suponer un elevado coste tanto para la sociedad como para los trabajadores interesados; destaca que la previsión de crecimiento de la demanda de cuidadores, en particular en los hogares, hace que dicha legislación sea necesaria para ofrecer una protección completa a estos trabajadores; pide, por consiguiente, a los Estados miembros, junto con los interlocutores sociales, que tomen medidas para establecer un sistema de inspección adecuado e idóneo, que sea coherente con el artículo 17 del Convenio n.º 189 de la OIT, así como sanciones apropiadas para cuando se infrinja la normativa relativa a la salud y la seguridad en el trabajo;
18. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen y apliquen un nivel adecuado de salud y seguridad en el trabajo, por ejemplo en lo relativo a la protección de la maternidad, y que tomen medidas para prevenir los accidentes laborales y los riesgos de lesiones y enfermedades profesionales; hace hincapié, respecto de las personas que ya trabajan en este sector, en la necesidad de mejorar las normas vigentes mediante planes de formación y reciclaje orientados a la práctica; opina que dicha formación debe abarcar la gestión de los riesgos asociados a los movimientos y posturas inherentes a las tareas realizadas, y de los riesgos biológicos y químicos, así como el uso de tecnología asistencial;
19. Pide a la Comisión que evalúe la exención contemplada en la Directiva 89/391/CEE relativa a la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo;
20. Considera también esencial luchar contra el trabajo precario y no declarado, dado que este fenómeno afecta gravemente a los trabajadores domésticos, incluidas particularmente las trabajadoras migrantes, lo que no hace sino empeorar su posición ya vulnerable; hace hincapié, a este respecto, en la importancia de erradicar y perseguir estas prácticas, incluido el trabajo infantil; apoya, en este sentido, la lucha contra la precaria situación de los trabajadores domésticos y los cuidadores en el marco de la plataforma europea contra el trabajo no declarado; reitera que el trabajo no declarado priva a aquellos de cobertura social y afecta de forma negativa a sus condiciones de salud y seguridad en el lugar de trabajo; confía, por lo tanto, en que la plataforma europea contra el trabajo no declarado prevenga y desincentive el trabajo no declarado, ya que la economía sumergida es una amenaza para la seguridad del empleo, afecta a la calidad de los cuidados prestados y a las condiciones de trabajo de muchos cuidadores no declarados, pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de protección social y reduce los ingresos de las arcas del estado por vía impositiva;
21. Pide a los Estados miembros que inviertan en más y mejores maneras de prevenir, detectar y combatir los numerosos casos de empleo no declarado en el sector del trabajo doméstico y de los cuidados, en particular en lo concerniente a los casos de trata de seres humanos y de explotación laboral, así como aquellos que impliquen a empresas de servicios domésticos y de cuidados que recurren al trabajo no declarado y al falso trabajo por cuenta propia, para proteger a los trabajadores y promover la transición del trabajo no declarado al declarado a través de una mejor protección y de unos mecanismos de control e inspecciones laborales mejores y más ágiles;
22. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que garanticen la disponibilidad de vías legales para la migración a la Unión y elaboren programas concretos dirigidos a regular la migración legal; destaca la necesidad de que los Estados miembros celebren acuerdos bilaterales con aquellos Estados que, según las estadísticas, son los países de origen de los trabajadores domésticos y cuidadores, con el fin de regularizar los flujos de envío y recepción y contribuir de esta forma a luchar contra las redes de la trata y el trabajo forzado, pero desincentivando al mismo tiempo el dumping social; pide a los Estados miembros que ratifiquen la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1999;
23. Recuerda a los Estados miembros que, en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, las delegaciones diplomáticas tienen el deber de respetar las leyes y normas del Estado receptor, incluida la legislación laboral, y alienta a los Estados miembros a aplicar dicha Convención de forma efectiva para impedir la impunidad de las residencias diplomáticas cuando los trabajadores domésticos sean víctimas de abusos; pide a los Estados miembros que estudien la forma de ofrecer una mejor protección a las personas que trabajan para el cuerpo diplomático y que brinden a los trabajadores domésticos la posibilidad de cambiar de empleo;
24. Pide a los Estados miembros que garanticen que los visados de los trabajadores domésticos y cuidadores permitan a los empleados cambiar de empleador en caso de que se vean sometidos a abusos, vulneraciones de los derechos humanos, un entorno de trabajo precario o unas condiciones consideradas no conformes a las normas previstas en la legislación laboral nacional o de la Unión;
25. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan programas de regularización basados en las lecciones extraídas de las experiencias del pasado como un medio para reducir la exposición de los trabajadores migrantes en situación administrativa irregular a la explotación y los abusos; insta a los Estados miembros a dar apoyo y protección a los trabajadores domésticos o cuidadores no declarados cuando decidan salir del círculo vicioso del trabajo clandestino;
26. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan la investigación de los casos de trata de personas con fines de explotación humana, en particular para el trabajo doméstico, que mejoren el mecanismo de identificación y protección de estas víctimas y que impliquen a las ONG, los sindicatos, las autoridades públicas y todos los ciudadanos en el proceso de detección de la trata de personas y de casos graves de explotación;
27. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que amplíen los instrumentos y los mecanismos establecidos para hacer frente a la trata —como los mecanismos de remisión o los permisos de residencia temporales—, y que procedan a revisarlos con el fin de ampliar su ámbito de aplicación a los casos de explotación laboral grave que no impliquen la trata;
28. Pide a los Estados miembros que, de conformidad con el artículo 17 del Convenio n.º 189 de la OIT, establezcan mecanismos de queja y medios eficaces y accesibles para asegurar el cumplimiento de la legislación nacional relativa a la protección de los trabajadores domésticos; pide además a los Estados miembros que desarrollen y apliquen medidas relativas a la inspección del trabajo, la aplicación de las normas y las sanciones, prestando la debida atención a las características especiales del trabajo doméstico, de conformidad con las legislaciones nacionales; pide que, en la medida en que sea compatible con las legislaciones nacionales, se especifiquen en dichas medidas las condiciones con arreglo a las cuales se podrá autorizar el acceso al domicilio del hogar, con el debido respeto a la privacidad; pide a los Estados miembros que, en consonancia con las legislaciones nacionales, examinen mecanismos para hacer frente de forma eficaz a los abusos, tales como inspecciones en los domicilios cuando haya sospechas fundadas de abuso;
29. Expresa su preocupación por las insuficientes inspecciones para proceder al control, seguimiento y supervisión de las contrataciones de trabajadoras domésticas y cuidadoras gestionadas por empresas o agencias de colocación, y reitera la necesidad de aumentar el número de inspectores públicos y de inspecciones para la verificación del cumplimiento de la ley;
30. Insta a los Estados miembros a que pongan todo el empeño necesario para incrementar las inspecciones y encontrar nuevos métodos que respeten la privacidad, especialmente en lo que se refiere a las viviendas particulares a las que los inspectores no pueden acceder sin autorización judicial, y que permitan formar e informar adecuadamente a los inspectores para poner fin a los malos tratos, la explotación, incluida la de carácter financiero, y los actos de violencia o abuso sexual contra los trabajadores domésticos;
31. Pide a los Estados miembros que organicen campañas para mejorar la visibilidad y reforzar el conocimiento de los beneficios del trabajo doméstico y la atención asistencial regularizados entre el público en general y los organismos privados, con el objetivo de dignificar la profesión y obtener reconocimiento para la importante labor y contribución de las trabajadoras domésticas y cuidadoras al funcionamiento de la sociedad; pide asimismo a los Estados miembros que fomenten la sensibilización acerca de la existencia de casos de explotación grave en ciertos hogares, estableciendo el objetivo de tolerancia cero frente a la explotación de los trabajadores en cuestión;
32. Pide a los Estados miembros que organicen campañas de sensibilización acerca de los derechos y los deberes de los trabajadores domésticos, los cuidadores y sus empleadores, y de los riesgos y el impacto de la explotación en el sector del trabajo doméstico, y que promuevan el reconocimiento del trabajo doméstico y la atención asistencial; propone a los Estados miembros que elaboren programas con hojas de ruta;
33. Pide a los Estados miembros que creen y mejoren, en colaboración con los interlocutores sociales, canales de información sobre los derechos de los trabajadores domésticos y los cuidadores, y que se aseguren de que todos los trabajadores gozan del mayor acceso posible a esa información; recomienda, a este fin, que se creen puntos de información, basados en las mejores prácticas observadas en los Estados miembros, a escala local y regional, así como líneas telefónicas y sitios web que ofrezcan asistencia e información, también a través de campañas sobre los derechos de los trabajadores domésticos y los cuidadores en cada Estado miembro, en la lengua nacional y demás lenguas oportunas; hace hincapié en que las organizaciones de la sociedad civil, como las organizaciones que representan a las mujeres y los migrantes, también deberían estar en condiciones de facilitar esa información; señala que también es necesario desarrollar esas herramientas de modo que se apliquen las mejores prácticas y se pueda orientar y asesorar adecuadamente a los posibles empleadores, incluidas las familias y las agencias, y que deberían facilitarse modelos de contrato de trabajo para garantizar que los empleadores desempeñen sus funciones;
34. Pide que se actúe de forma inflexible contra las empresas de cualquier sector cuyo modelo de negocio se base en la explotación de trabajadores ilegales con el fin de minimizar los costes de funcionamiento, maximizar los beneficios y expulsar de la competencia a las empresas legales;
35. Pide a los sindicatos que adopten una actitud receptiva respecto de todos los trabajadores domésticos y cuidadores, utilizando métodos adaptados a su entorno de trabajo específico y a la precariedad de sus empleos;
36. Destaca el importante papel que pueden desempeñar los sindicatos en materia de organización e información a los trabajadores acerca de sus derechos y obligaciones; señala que esta es una manera de que los trabajadores domésticos estén representados con una sola voz, puedan negociar colectivamente sus contratos y defiendan sus derechos e intereses;
37. Aboga por una buena representación de los interlocutores sociales a escala europea y nacional, y en particular de los sindicatos, para reforzar la negociación colectiva sectorial en consonancia con las prácticas nacionales, a fin de fomentar y aplicar de forma efectiva unas condiciones laborales dignas en estos sectores; aboga asimismo por una buena representación de las organizaciones profesionales, las organizaciones que trabajan con los trabajadores domésticos y los cuidadores y en su nombre, y otras organizaciones de la sociedad civil pertinentes, y por que se garantice que estas organizaciones sean plenamente conscientes de los retos que representan la protección y defensa de los derechos laborales de las trabajadoras domésticas y cuidadoras;
38. Lamenta que las trabajadoras domésticas y las cuidadoras sigan estando poco representadas en las organizaciones sindicales de los diferentes Estados miembros, y anima a facilitar la participación de estas trabajadoras en los sindicatos;
39. Destaca asimismo la importancia de agrupar a los empleadores en federaciones u otro tipo de organizaciones a nivel nacional, ya que considera que, sin tales organizaciones de empleadores, cualquier esfuerzo por legitimar el trabajo doméstico y la atención asistencial, y por mejorar las condiciones laborales y el atractivo de estos puestos de trabajo será en vano;
40. Señala que los empleadores particulares de trabajadores domésticos tienen un papel primordial que desempeñar para que se respeten unos derechos y unas normas laborales justas; pide a los Estados miembros que garanticen que la información pertinente se ponga a disposición de los empleadores y empleados;
41. Pide a la Comisión que adopte las medidas necesarias con objeto de supervisar y documentar mejor esta profesión vulnerable e infravalorada, y que proponga acciones para hacer frente a la situación actual;
42. Pide a la Comisión y a los organismos europeos competentes que realicen un estudio comparativo de los distintos sistemas de trabajo doméstico regularizado y que recopilen datos sobre la situación existente en los Estados miembros; considera que estos datos deberían servir para el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros a fin, en particular, de optimizar la lucha contra la explotación de los trabajadores domésticos; pide asimismo a la Comisión que realice un estudio sobre la contribución de los cuidadores y los trabajadores domésticos a los sistemas de protección social y las economías de los Estados miembros;
43. Alienta el intercambio de mejores prácticas entre los Estados miembros para mejorar las medidas tomadas y sus efectos;
44. Considera que la adopción y adaptación de las mejores prácticas observadas en algunos Estados miembros podrían dar lugar a formas de empleo regular para los trabajadores domésticos y los cuidadores;
45. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que recaben, analicen y publiquen datos estadísticos fiables desglosados por edad, sexo y nacionalidad, con vistas a posibilitar la celebración de debates con conocimiento de causa y buscar las mejores soluciones para profesionalizar el sector del trabajo doméstico, y pide que se asigne a Eurofound y OSHA competencias con las que articular medidas de protección, denuncia y sensibilización;
46. Pide a la Comisión que incluya debates sobre la situación de los sectores del trabajo doméstico y de los cuidados en el orden del día del Comité de Empleo (EMCO);
47. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, a la hora de revisar o proponer actos jurídicos o actos legislativos nacionales pertinentes respectivamente, garanticen que los intereses de los trabajadores domésticos y los cuidadores se tengan en cuenta, respetando al mismo tiempo las competencias nacionales;
48. Reconoce la enorme contribución social y económica de los familiares que actúan como cuidadores y voluntarios (cuidados informales), así como las crecientes responsabilidades que les imponen los recortes en la prestación de servicios y los costes crecientes de estos;
49. Constata un aumento del número de personas que viven de la asistencia institucional a largo plazo y una mayor exclusión de las personas con discapacidad de la Unión, lo que contraviene directamente los compromisos asumidos por la Unión con respecto a la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y a la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020;
50. Considera que se debe incentivar el desarrollo de la asistencia domiciliaria indirecta, apoyando proyectos de vida independiente que brindan a las personas con discapacidad la posibilidad de elegir y recurrir a profesionales cualificados, permaneciendo en el propio hogar, sobre todo en los casos más graves de discapacidad;
51. Destaca la necesidad de que los Estados miembros garanticen un acceso más amplio a servicios de cuidado de niños, personas con discapacidad y personas de edad avanzada que sean asequibles, de alta calidad, fácilmente disponibles e integradores y que cuenten con una financiación adecuada, con el fin de reducir así al mínimo las razones que llevan a realizar estas tareas de manera precaria o informal y de mejorar el reconocimiento del valor del trabajo realizado por los cuidadores profesionales; destaca asimismo la necesidad de que los Estados miembros desarrollen servicios de apoyo a las familias y a los cuidadores formales e informales;
52. Insta a los Estados miembros a que fomenten la contratación en los servicios de asistencia social y se esfuercen por aumentar el atractivo del sector como una opción profesional viable;
53. Insta a los Estados miembros a que inviertan en la creación de empleo estable y de alta calidad en el sector del trabajo doméstico y la atención asistencial, por ejemplo mediante los diferentes fondos de la Unión como el Fondo Social Europeo (FSE) y el Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social (EaSI);
54. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten y promuevan las soluciones innovadoras y las inversiones en los servicios sociales y sanitarios, que tienen un gran potencial de creación de empleo, son esenciales para afrontar las necesidades de nuestras sociedades en proceso de envejecimiento y el cambio demográfico en general e imprescindibles para superar las consecuencias sociales negativas de la crisis;
55. Pide a la Comisión que proceda al intercambio de información y mejores prácticas con las asociaciones y las cooperativas de trabajadores domésticos y cuidadores que forman parte de los modelos de economía social de la Unión;
56. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan la creación de cooperativas de trabajadores en los sectores de los servicios domésticos y de cuidados, con especial atención a las zonas rurales, habida cuenta de los efectos positivos que ello tendrá en la creación de empleos sostenibles y de calidad, sobre todo para aquellos trabajadores con dificultades para integrarse en el mercado laboral;
57. Pide a los Estados miembros que velen por que los trabajadores domésticos más jóvenes no abandonen la escuela para ponerse a trabajar;
58. Pide a la Comisión a que proceda a revisar la Directiva 2006/54/CE relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación; pide asimismo a los Estados miembros que velen por la coherencia en la aplicación de la Directiva mencionada;
59. Pide a los Estados miembros que se planteen la posibilidad de introducir incentivos para fomentar el recurso a trabajadores domésticos y cuidadores declarados; anima a los Estados miembros a que establezcan sistemas sencillos de declaración a fin de desalentar y combatir el trabajo no declarado, tal como recomienda el Comité Económico y Social Europeo en su Dictamen titulado «Desarrollar servicios para la familia a fin de elevar los índices de empleo y fomentar la igualdad entre los sexos en el puesto de trabajo»(SOC/508); recomienda a la Comisión que fomente el intercambio de mejores prácticas entre los Estados miembros, tomando como referencia los modelos de éxito que han generado un impacto social y laboral positivo para el sector, como el sistema de «cheques de servicio» (service vouchers) utilizado en Bélgica o el «cheque de empleo de servicio universal» (CESU) de Francia;
60. Recomienda la elaboración de un contrato tipo consensuado para el trabajo doméstico y de cuidados en cada Estado miembro que sea el resultado de un proceso de diálogo social entre los agentes sociales, los empleadores y las trabajadoras;
61. Considera útil adaptar la legislación para crear modalidades de contratación flexibles y, sobre todo, seguras, entre los trabajadores domésticos y los cuidadores, por una parte, y los particulares que contraten la prestación de servicios domésticos, por otra, con el fin de ayudar a ambas partes a prestar y recibir servicios domésticos de la forma más conveniente para todos, al tiempo que se garantiza la protección de los trabajadores;
62. Aconseja a los Estados miembros que respalden esta normativa clara sobre la contratación legal de trabajadores domésticos y cuidadores con incentivos que alienten a dichos trabajadores y a sus posibles empleadores a optar por el empleo legal; pide a los Estados miembros que supriman las barreras jurídicas que actualmente restringen de forma significativa la contratación directa y declarada de los empleados por las familias;
63. Reitera el llamamiento que ya hizo en su día en favor de entablar un diálogo sectorial estructurado en el sector de los cuidados(17);
64. Pide a los Estados miembros que sitúen en pie de igualdad a los trabajadores «au pair» procedentes del interior y el exterior de la Unión mediante la concesión de permisos combinados de residencia y trabajo en los que se especifiquen las horas de trabajo, el tipo de contrato y las condiciones de remuneración; solicita a los Estados miembros que ratifiquen el Convenio del Consejo de Europa sobre la colocación «au pair»; pide que los Estados miembros mejoren el sistema de acreditación y los mecanismos de control de las agencias de colocación «au pair»;
65. Reitera la necesidad de reconocer oficialmente a las personas «au pair», de conformidad con el Acuerdo Europeo sobre la Colocación «Au Pair», y de aumentar el número de inspecciones, con el fin de que dichas personas no se conviertan en una especie de trabajadores domésticos y cuidadores informales más baratos;
66. Propone que la Comisión examine la necesidad y utilidad de la adopción de un acto jurídico que incorpore los derechos recogidos en el Convenio n.º 189 de la OIT, y que incluya a los cuidadores y a quienes prestan estos servicios de manera temporal, ocasional o esporádica, con referencia específica a los grupos especialmente desfavorecidos;
67. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que los trabajadores domésticos y cuidadores en Europa sean valorados como seres humanos y puedan conciliar su vida laboral y familiar, en particular mediante su inclusión en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/88/CE relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, con objeto de que los empleados puedan disfrutar de unos períodos mínimos de descanso y no se vean obligados a trabajar demasiadas horas;
68. Pide a los Estados miembros que adopten medidas encaminadas a conciliar el trabajo y la vida familiar, ya que ello apoyará a las mujeres para que puedan mantener un empleo remunerado y reducirá más tarde la brecha en lo que respecta a sus derechos de pensión;
69. Pide a los Estados miembros que velen por que los trabajadores domésticos y cuidadores perciban una pensión de jubilación con arreglo a la legislación nacional;
70. Pide a los Estados miembros en los que exista un salario mínimo interprofesional que garanticen que todos los cuidadores y trabajadores domésticos perciban, al menos, dicho salario;
71. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a la OIT.
Una cuestión de dignidad humana
En una carta dirigida a su hermano, Antón Chéjov escribió:
«En mi opinión, las personas civilizadas deben cumplir los siguientes criterios: respetar a los seres humanos en cuanto personas...».
La cuestión de los trabajadores domésticos y los cuidadores es, ante todo, una cuestión de respeto de las personas y, en este contexto particular, de la dignidad de las mujeres. Aunque el presente informe propone medidas que se han de tomar para proteger a las mujeres —y, por tanto, cuando hacemos alusión a los trabajadores, nos referimos a las mujeres trabajadoras—, es obvio que las medidas aquí propuestas deben aplicarse a todos los trabajadores del sector, ya que la dignidad no es un privilegio de género, aunque quizá sí se atente más a menudo y más gravemente contra ella en el caso de las mujeres.
En primer lugar, tenemos que intentar definir qué se entiende por trabajo doméstico y cuidados. Resulta efectivamente imprescindible disponer de una referencia para hablar sobre esta cuestión.
Hasta ahora, y dejando de lado el mundo académico, de todas las instituciones oficiales que se ocupan de asuntos laborales a nivel nacional, europeo o internacional, la única que ha elaborado una definición imperante sobre el trabajo doméstico y los trabajadores domésticos ha sido la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Así, conforme a las definiciones de la OIT:
— «trabajo doméstico» es el «trabajo realizado en un hogar u hogares para los mismos», y
— «trabajador doméstico» designa a «toda persona [...] que realiza un trabajo doméstico en el marco de una relación de trabajo».
Si bien estamos de acuerdo con esta definición, opinamos que debería revisarse para abarcar también el «trabajo a tiempo parcial realizado de forma ocasional o esporádica». Esta categoría de trabajadores también está contemplada en nuestro informe.
Asimismo, el presente informe contempla la categoría de «cuidadores», para los que no existe una definición generalmente reconocida y aplicada. Las distintas partes interesadas, en particular, los investigadores, utilizan distintas definiciones de acuerdo con la perspectiva que adopten en sus estudios. Lo que se entiende comúnmente por cuidador es una persona que, de forma más o menos sistemática, ofrece su ayuda y servicios a personas de edad avanzada, personas con discapacidad o personas enfermas. La dificultad a la hora de definir qué es un cuidador pone también de manifiesto las distintas percepciones que los Estados miembros tienen de esta actividad y cómo la enfocan, lo que también se refleja en sus respectivos sistemas de bienestar.
Quiénes son los trabajadores domésticos y los cuidadores
La gran mayoría de las personas pertenecientes a las categorías de trabajadores domésticos y cuidadores son mujeres. A su vez, la mayoría de estas mujeres son migrantes.
Por lo general, su nivel educativo es bajo y necesitan trabajar para sobrevivir o para ayudar a mantener a sus familias.
Por qué necesitamos a los trabajadores domésticos y los cuidadores
En las últimas décadas hemos podido asistir a importantes cambios demográficos y socioeconómicos en Europa.
Se observa un envejecimiento de la población, con una mayor esperanza de vida, y una disminución del número de nacimientos.
Los modelos de familia también han cambiado. Las familias grandes han sido sustituidas por otras más reducidas, lo que ha conllevado cambios en el reparto de responsabilidades.
En paralelo, la cifra de mujeres que participa en el mercado laboral es mucho más alta.
El nivel de vida ha aumentado debido al incremento del PIB en Europa.
Estos cambios hacen que sea necesario recurrir a profesionales para llevar a cabo tareas (limpieza, cuidado de miembros de la familia necesitados, etc.) de las que tradicionalmente se encargaban las mujeres en el hogar.
La mayoría de los sistemas de bienestar nacionales no han previsto la cobertura de estas necesidades (al menos, no en la medida necesaria), debido en parte al deterioro general del Estado del bienestar.
Cuáles son las principales cuestiones en juego
Los Estados miembros son conscientes de las necesidades existentes en materia de trabajo doméstico y de cuidados, pero dejan que las cubra la economía sumergida, ya que prefieren reducir el gasto público y beneficiarse de las crecientes oleadas de migrantes como nueva mano de obra dispuesta a colmar las carencias en estos servicios.
Debido a la deficiencia —en muchos casos— de estructuras oficiales adecuadas para cubrir el trabajo doméstico y los servicios de cuidados, y debido a la gran demanda, estos se ofrecen regularmente de manera informal, lo que causa distintos problemas y una serie de complicaciones.
A. La ilegalidad
En la mayoría de los países de la UE, el trabajo doméstico y los cuidados se realizan como trabajo no declarado, lo que condena a estos trabajadores a la clandestinidad, a la invisibilidad y a la imposibilidad de disfrutar de los derechos fundamentales y de una cobertura de asistencia social.
Además, esta situación refuerza la economía informal, contribuyendo así a alimentar un círculo vicioso que fragiliza la sostenibilidad de los sistemas de bienestar social.
B. La falta de amparo por parte de la legislación laboral
Otra paradoja del trabajo doméstico, especialmente para los cuidadores y los trabajadores domésticos internos, es que, en muchos casos, no están amparados por el Derecho laboral, en el sentido de que, al no estar regularizada la profesión por las legislaciones nacionales, no se los reconoce en absoluto como trabajadores.
Esta grave deficiencia impide que los trabajadores disfruten de derechos como los relativos a la fijación de los salarios, la organización del tiempo de trabajo, los permisos semanales, el permiso de maternidad y las indemnizaciones asociadas.
Impide asimismo que se pueda garantizar un entorno de trabajo sano y seguro. Los trabajadores domésticos y los cuidadores suelen estar sometidos a condiciones laborales peligrosas o verse privados de la formación necesaria para realizar determinadas tareas, por lo que son más proclives a sufrir accidentes, sin tener siempre acceso a asistencia sanitaria.
C. El acoso
Cuando no se ofrecen garantías algunas en materia de derechos laborales y protección social, se abre la puerta a la discriminación, los malos tratos o incluso los abusos y los actos de violencia que, en el caso de las mujeres y en su forma más condenable, pueden llegar hasta los abusos sexuales.
Cuestiones específicas a los migrantes / La trata de personas
Un problema adicional para muchos trabajadores domésticos y cuidadores tiene que ver con el hecho de ser migrantes. A menudo llegan a Europa en circunstancias irregulares y desconocen por completo sus derechos. De ahí que sean aún más vulnerables.
Las mujeres que vienen a trabajar en Europa lo hacen a menudo bajo la promesa de que llevarán una vida mejor o con la creencia de que trabajarán por un período limitado para sacar a su familia de una difícil situación, cuando, en realidad, acaban trabajando en circunstancias que escapan a su control por lo que se refiere a las tareas que se les exige o a las condiciones en que ofrecen sus servicios. Hay casos en que las redes de trata y trabajos forzados están implicadas en el reclutamiento y la manipulación de las trabajadoras.
Estas mujeres están totalmente desamparadas y aisladas, también debido a otra barrera más, que es la lingüística, porque no suelen hablar la lengua del país en el que acaban trabajando.
D. La exclusión social, la pobreza y la falta de perspectivas
Al vivir en la precariedad y sin derechos sociales o laborales, los trabajadores domésticos y los cuidadores pueden acabar viviendo en la pobreza, excluidos de la sociedad y con el sentimiento de haber echado a perder sus vidas.
La falta de acceso a las estructuras de apoyo y desarrollo personal (por ejemplo, la educación) hace que no hallen perspectivas de mejora en sus vidas y puede condenarlos a ellos y a sus hijos al círculo vicioso de la pobreza.
E. La carga psicológica
El peso emocional que soportan en determinados casos, especialmente los trabajadores domésticos que se enfrentan a situaciones difíciles relacionadas con los pacientes a los que cuidan, a lo que se suma su posible mal estado de ánimo debido a las malas condiciones de trabajo y al hecho de que suelen estar lejos de sus hogares y sus familias, son factores adicionales que les afectan en el plano psicológico.
F. La falta de acceso a la información, a estructuras de protección y a los sindicatos
Aunque son muchos los trabajadores domésticos y cuidadores que ven sumamente mermados sus derechos, cuando se deciden a pedir ayuda, no saben a quién dirigirse.
Incluso en países en los que las leyes sobre el trabajo doméstico y los cuidados tratan de regular estas profesiones, no es fácil llegar hasta los trabajadores afectados para informarles de sus derechos. Los sindicatos tampoco incluyen sistemáticamente a este tipo de trabajadores en sus distintas secciones, haciendo prácticamente imposible cualquier negociación colectiva.
Además, y dado que estos trabajadores suelen ser migrantes indocumentados sin un permiso de residencia o un visado de trabajo válidos, tienen miedo de pedir ayuda debido a las consecuencias a que se exponen.
G. Las mujeres, las más afectadas
Durante muchos años han sido las mujeres en cuanto esposas, madres o hermanas las que han asumido las tareas correspondientes al trabajo doméstico y los cuidados; de ahí que estas tareas no se valoren lo suficiente o no se valoren como un auténtico trabajo o se consideren un trabajo de categoría menor. Por ello, los salarios de estos sectores pueden ser bajos, impidiendo llevar una vida digna y otorgar a las mujeres que se dedican a estas tareas el reconocimiento que se merecen.
Dado que son las mujeres las que ofrecen principalmente estos servicios, existe el riesgo de crear una mano de obra femenina de dos velocidades. Es esencial que las mujeres que se pueden permitir contratar los servicios de otras mujeres, y los empleadores en general, se den cuenta de que los trabajadores domésticos y los cuidadores les brindan la oportunidad de disfrutar de su vida social y profesional, algo fundamental para el equilibrio personal de cualquier ser humano. De la misma manera, deben ayudar a estas personas a construir su propia vida sobre una base segura, teniendo en cuenta sus respectivas necesidades.
Por otra parte, dado que las mujeres están muy solicitadas para estos puestos de trabajo y que los migrantes pueden ser una mano de obra de bajo coste y fácilmente explotable, tiende a observarse una feminización de la migración.
Para abordar el complejo problema de la precariedad del trabajo doméstico y los cuidados hay que tomar una serie de medidas combinadas que abarcan distintos ámbitos políticos interrelacionados. Es necesario contar con iniciativas tanto legislativas como no legislativas, así como con compromisos a nivel nacional y europeo.
El Parlamento Europeo debe allanar el camino mediante la elaboración de un informe de iniciativa legislativa en el que se pida el establecimiento de normas comunes para el trabajo doméstico y los cuidados en la UE. La propuesta debe incluir normas específicas dirigidas a las mujeres y los migrantes, ya que estas son las categorías de población que se dedican mayoritariamente al trabajo doméstico y los cuidados.
La Comisión Europea debería:
— obrar en favor de una iniciativa legislativa en este ámbito, conforme a lo ya referido;
— instar a los Estados miembros a que tomen las medidas necesarias para la profesionalización del trabajo doméstico y de los cuidados como auténticos sectores laborales diferenciados, de modo que se reconozcan y normalicen las correspondientes profesiones y competencias;
— junto con los organismos europeos competentes, llevar a cabo un estudio comparativo de los distintos sistemas de trabajo doméstico regularizado y recopilar datos sobre la situación existente en los Estados miembros;
— contribuir a la adopción y adaptación de las mejores prácticas de determinados Estados miembros o regiones;
— tomar las medidas necesarias para establecer un observatorio de la UE sobre el trabajo doméstico y los cuidados, con objeto de supervisar y documentar mejor estas profesiones infravaloradas y de proponer acciones para hacer frente a la precariedad en este ámbito;
— tomar medidas inmediatas para reformar y adoptar la legislación de la UE en materia de políticas migratorias a fin de facilitar la regularización de los inmigrantes.
— incluir a los trabajadores domésticos y los cuidadores, a raíz de su profesionalización, en todas las leyes nacionales laborales y de lucha contra la discriminación;
— ratificar y aplicar sin demora el Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, dado que aborda sus necesidades de forma global;
— hacer cumplir efectivamente las normas existentes;
— no sancionar a los trabajadores domésticos o cuidadores no declarados que decidan salir del círculo vicioso del trabajo clandestino, sino, al contrario, ofrecerles apoyo y protección;
— aplicar inmediatamente las orientaciones derivadas de la Directiva 2006/54/CE relativa a la igualdad de retribución y de trato entre hombres y mujeres en materia de empleo;
— realizar los esfuerzos necesarios y encontrar formas innovadoras de control, con el fin de eliminar los malos tratos y la violencia, o incluso los abusos sexuales y la explotación financiera que sufren los trabajadores domésticos;
— crear programas de trabajo que tengan por objeto informar y concienciar a los trabajadores acerca de las consecuencias del trabajo precario; y establecer centros de información y líneas telefónicas de ayuda para que los trabajadores domésticos puedan obtener fácilmente información sobre sus derechos;
— luchar contra el trabajo no declarado, dado que este fenómeno afecta gravemente a los trabajadores domésticos y, en particular, a las trabajadoras migrantes; como instrumento decisivo para esta causa, debería recurrirse a la «Plataforma europea para reforzar la cooperación en materia de prevención y desincentivación del trabajo no declarado», actualmente en fase de desarrollo;
— organizar campañas de amplia divulgación para informar a los empleadores y al público en general de los beneficios de hacer valer unas normas y unos derechos laborales justos, y de su propia responsabilidad en este sentido;
— contribuir a la agrupación de empresarios en federaciones u otro tipo de organizaciones, ya que los empleadores particulares tienen un papel primordial que desempeñar en la legalización del trabajo doméstico y de los cuidados y en la mejora de las condiciones de trabajo en este ámbito; después de todo, los empleadores de trabajadores domésticos y de cuidadores están empleados a su vez en otros sectores, por lo que están en condiciones de comprender perfectamente la prerrogativa de gozar de protección y derechos en el ámbito laboral;
— prever incentivos, tales como subvenciones o deducciones fiscales, para los empleadores que lo necesiten, con el fin de fomentar la contratación de trabajadores domésticos y cuidadores declarados;
— poner en marcha sistemas con procedimientos administrativos simplificados para contratar a trabajadores domésticos y cuidadores, a fin de facilitar la creación de relaciones laborales legales;
— garantizar un acceso más amplio a servicios de cuidado de niños, personas con discapacidad y personas de edad avanzada, que sean asequibles y de alta calidad y estén fácilmente disponibles, para reducir así al mínimo las razones que llevan a realizar estas tareas de manera precaria o informal;
— incluir a los trabajadores domésticos y a los cuidadores en sus sistemas educativos, y velar por que los trabajadores domésticos más jóvenes no abandonen la escuela para ponerse a trabajar.
Por otra parte, la participación de los sindicatos podría resultar fundamental si abordaran a los trabajadores domésticos y cuidadores con unos métodos adecuados y adaptados a la particularidad del entorno laboral de estos trabajadores, si trataran de organizarlos y de informarles sobre sus derechos y obligaciones, si les ayudaran a estar representados con una sola voz y a tener la oportunidad de negociar colectivamente, y si les ofrecieran apoyo jurídico.
En resumen, el trabajo doméstico y los cuidados deben ser una profesión libremente elegida, que garantice a los trabajadores un amparo adecuado y humano en términos de derechos, protección, dignidad de vida y perspectivas de desarrollo personal.
Ponente de opinión: Tania González Peñas(*)
– Vista su Resolución, de 12 de mayo de 2011, sobre la propuesta de Convenio de la OIT complementado por una recomendación sobre los trabajadores domésticos,
– Vistos el Convenio n.º 189 de la OIT y la Recomendación n.º 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, adoptada el 16 de junio de 2011 en la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT,
– Vista la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de 1961,
A. Considerando que, a pesar del valor añadido que aporta a la sociedad y a la economía y del potencial que presenta, el trabajo doméstico se sigue subestimando en términos pecuniarios, suele ser de carácter informal y no declarado, y no se percibe como un empleo regular;
B. Considerando que el Convenio n.º 189 de la OIT y la Recomendación n.º 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos representan un conjunto histórico de normas internacionales destinadas a mejorar las condiciones de trabajo de decenas de millones de trabajadores domésticos en todo el mundo; que la mayoría de los trabajadores domésticos son mujeres y que las nuevas normas dispuestas en el Convenio n.º 189 de la OIT suponen una importante medida para fomentar la igualdad de género en el ámbito laboral y garantizar la igualdad de derechos de las mujeres y la protección ante la ley; que, no obstante, el Convenio n.º 189 de la OIT ha sido ratificado hasta la fecha por veintidós Estados, de los cuales solo seis son Estados miembros de la UE;
C. Considerando que, a día de hoy, el trabajo de los trabajadores domésticos y cuidadores en la UE se encuentra muy escasa y desigualmente regulado en los Estados miembros y que, pese a tratarse de un sector en alza debido al cambio demográfico que está experimentando Europa, se sabe muy poco acerca de su magnitud real en la economía y no se dispone de datos estadísticos fiables al respecto;
D. Considerando que las relaciones laborales a las que están sujetos los trabajadores domésticos y cuidadores varían en gran medida de un Estado miembro a otro, desde trabajadores mal remunerados, no declarados o en situación irregular, y trabajadores migrantes sin contrato, hasta el trabajo doméstico y de cuidados ofrecido como servicio social público o como servicio social privado prestado por empresas, agencias, asociaciones y cooperativas, o bien como empleo directo por parte de entidades particulares;
E. Considerando que el sector del trabajo doméstico representaba más de 52 millones de personas empleadas en el mundo en 2010, según cifras de la OIT, a los que se suman 7,4 millones de trabajadores domésticos menores de 15 años; que, según la OIT, las mujeres representaban en 2010 el 83 % de los trabajadores domésticos del mundo y, en su gran mayoría, estaban empleadas como trabajadoras no declaradas; que, según la OIT, existen aproximadamente 2,5 millones de trabajadores domésticos en la UE; que el 88 % de estas personas son mujeres; que este sector se caracteriza por una importante feminización; que los trabajadores domésticos y cuidadores contribuyen en gran medida a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 en materia de igualdad de género, al ofrecer en la práctica una infraestructura que permite a muchas familias de la UE conciliar la vida laboral y familiar; que, dado el alto grado de trabajo doméstico no declarado a escala mundial y de la UE, es probable que esta cifra sea inferior a la real; que la economía sumergida se eleva a más del 15 % del PIB europeo, lo que representa un lucro cesante de más de 2 billones de euros;
F. Considerando que las trabajadoras domésticas y cuidadoras conforman una categoría creciente de trabajadores, que representa de media aproximadamente el 1 % del empleo total;
G. Considerando que los trabajadores domésticos son objeto de una grave discriminación en cuanto al nivel de derechos y protección que les corresponde en comparación con las normas generales del país, sobre todo cuando el trabajo doméstico se encuentra regulado mediante legislación específica o convenios colectivos en lugar de incluirse sencillamente en el ámbito de aplicación de la legislación laboral general; que las principales formas de discriminación son la escasa cobertura de los trabajadores domésticos en el sistema de seguridad social (en particular en lo concerniente a las prestaciones de desempleo, las indemnizaciones por enfermedad y accidente y los permisos de maternidad, paternidad y para la prestación de otros tipos de cuidados), así como a su frecuente exclusión de la protección en materia de despido;
H. Considerando que el trabajo doméstico y de cuidados se caracteriza mayoritariamente por los siguientes rasgos: inestabilidad laboral, movilidad, flexibilidad, estacionalidad, rotación, precariedad, temporalidad, predominantemente no declarado;
I. Considerando la importante presencia en este sector de trabajadores no declarados, menores de edad, inmigrantes, trabajadores sin contrato o cobertura social, trabajadores temporales y trabajadores a los que no se reconocen sus derechos y cualificaciones;
J. Considerando que, con arreglo al Convenio n.º 189 de la OIT, un «trabajador doméstico» es toda persona que realiza un trabajo doméstico para uno o varios hogares en el marco de una relación laboral, mientras que una persona que realiza trabajo doméstico únicamente de forma ocasional o esporádica, sin que este trabajo sea una ocupación profesional, no se considera trabajador doméstico;
K. Considerando que por «cuidados» se entiende el trabajo desempeñado en centros públicos o privados o en un hogar u hogares particulares que consiste en la prestación de cuidados personales a personas de edad avanzada, enfermas o con discapacidad, o bien por parte de cuidadores profesionales, que pueden trabajar por cuenta de centros públicos o privados, de familias o por cuenta propia, o bien por parte de cuidadores no profesionales, que suelen ser familiares de la persona que recibe los cuidados;
L. Considerando que en el sector del trabajo doméstico y, en especial, en el de cuidadores de la UE también trabajan hombres y que, por lo tanto, requieren de la misma protección y apoyo, evitando cualquier tipo de discriminación por motivos de género y garantizando la igualdad de oportunidades en el mercado laboral, tal como se reconoce en los artículos 19 y 153 del TFUE respectivamente;
M. Considerando que no puede pasarse por alto la situación de los trabajadores domésticos y cuidadores masculinos y que debería elaborarse sin demora un informe relativo a su problemática específica y los desafíos a los que se enfrentan;
N. Considerando que hay dos grandes tendencias demográficas que influyen en la demanda de trabajadores domésticos, a saber, el envejecimiento de la población europea y el aumento de la participación de las mujeres en los mercados laborales;
O. Considerando el papel tanto económico como social que desempeñan los trabajadores y trabajadoras domésticos y los cuidadores y cuidadoras, al permitir a las personas que recurren a sus servicios conciliar mejor su vida profesional y privada y a muchas otras personas estar disponibles en el mercado laboral;
P. Considerando que el creciente número de personas de edad avanzada, la población activa cada vez menor y los recortes de los presupuestos públicos están teniendo una gran incidencia en los servicios sociales, y que esto repercutirá asimismo en las personas que han de conciliar trabajo y responsabilidades de prestación de cuidados, a menudo en difíciles circunstancias;
Q. Considerando que, con vistas a lograr un verdadero cambio en la vida de los trabajadores domésticos, es necesario promover un cambio social y actitudinal, lo que supone un proceso largo y complejo;
R. Considerando que también viven personas dependientes en zonas que carecen de recursos públicos, se encuentran aisladas o presentan otras circunstancias que dificultan el acceso a cuidadores profesionales o a centros públicos o privados de cuidados, y que estas personas dependientes solo pueden ser atendidas por cuidadores no profesionales que muy a menudo, aunque no siempre, son familiares;
S. Considerando que profesionalizar significa otorgar a los trabajadores de un determinado sector unos derechos laborales y de protección social equivalentes a los que disfrutan los empleados con contratos laborales regulados por la ley, como un salario digno, una jornada regulada, vacaciones pagadas, seguridad y salud en el trabajo, una pensión de jubilación, permisos de maternidad o paternidad, bajas por enfermedad, indemnizaciones por invalidez, normas sobre el despido o la extinción del contrato laboral, vías de recurso en caso de abusos y acceso a la formación; que solo será posible profesionalizar el sector del trabajo doméstico y de cuidados si se combinan fondos públicos (ayudas fiscales), sociales (prestaciones familiares, ayudas a empresas, mutualidades y seguros de enfermedad, comités de empresa, etc.) y privados (pago del servicio por particulares);
T. Considerando la dificultad de integración de los trabajadores domésticos y cuidadores en el mercado laboral ordinario debido a barreras administrativas y de idioma, una larga tradición de trabajo no declarado en el sector doméstico en algunos países, y necesidades de conciliación de la vida laboral y familiar, entre otras;
U. Considerando que en ambos sectores están muy difundidos el trabajo sumergido y la explotación;
V. Considerando que debe prestarse atención al trabajo infantil, al acoso y a los graves abusos de los derechos laborales en el sector del trabajo doméstico, en particular en las residencias diplomáticas de terceros países establecidas en los Estados miembros, las cuales disfrutan del principio de extraterritorialidad y cuya mayoría de trabajadores domésticos entran en la UE con un permiso de trabajo distinto al de otros trabajadores domésticos migrantes;
W. Considerando que la prestación de cuidados puede ser formal e informal y es preciso que la política aborde este doble enfoque;
X. Considerando preocupante la discriminación que sufren las trabajadoras inmigrantes en situación irregular, las cuales evitan denunciar situaciones de abuso, despido improcedente, impago del salario, violencia, discriminación, trata, trabajo forzado, condiciones de servidumbre o reclusión, por falta de conocimiento sobre sus derechos, barreras como el idioma o por miedo a ser detenidas, deportadas o a perder su empleo;
Y. Considerando que la Directiva vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo (Directiva 89/391/CEE) se aplica a los trabajadores domésticos y cuidadores contratados formalmente, con la excepción de los trabajadores contratados directamente por hogares particulares;
Z. Considerando que el trabajo doméstico y de cuidados es un sector que genera empleo y que es necesario que este empleo sea de calidad, ya que es gracias al trabajo desempeñado por las trabajadoras de este sector que muchas personas pueden ser económica y socialmente activas fuera del hogar;
AA. Considerando que la relación entre el empleador y la empleada en el ámbito doméstico reviste una naturaleza especial, ya que la empleada suele trabajar y, en algunos casos, reside en el hogar del empleador; que debe respetarse el derecho a la protección frente al acoso y al mayor riesgo de abuso;
AB. Considerando la importancia económica del sector, que brinda oportunidades de empleo a un elevado porcentaje de la población activa, en particular a las personas poco cualificadas;
AC. Considerando que se estima que los empleos y servicios prestados a las familias representan el 4,9 % de los empleos europeos, con un total de 10,7 millones, lo que pone de manifiesto la importancia económica de este tipo de servicios;
AD. Considerando los retos sociales que plantean, entre otros, el envejecimiento de la población o la exclusión social, y la necesidad de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar;
AE. Considerando que los asistentes domésticos y cuidadores facilitan la vida considerablemente a las personas mayores, los padres, las familias monoparentales y los niños con su actividad profesional, y que por ello merecen gran reconocimiento social; que, asimismo, no es posible apreciar suficientemente el enorme compromiso voluntario y familiar que se manifiesta en el cuidado de personas;
AF. Considerando que en toda Europa todos los hogares, pero sobre todo las familias con niños y las familias numerosas, se benefician de una descarga de sus tareas mediante asistentes domésticos profesionales;
AG. Considerando que los servicios domésticos, el empleo familiar y los cuidados domiciliarios podrían mejorar la cohesión económica y social en la UE;
AH. Considerando que la proporción de inmigrantes entre las trabajadoras domésticas ha aumentado en los últimos años;
AI. Considerando que la observancia y aplicación de las leyes nacionales ya existentes para la protección de los derechos laborales de las trabajadoras domésticas y cuidadoras continúan siendo una asignatura pendiente por parte de algunos Estados miembros;
AJ. Considerando que una adecuada regulación de este sector ayudaría a combatir el trabajo no declarado;
AK. Considerando que el trabajo doméstico y de cuidados regulado y declarado mejora la calidad de vida de las personas que lo desempeñan, les ofrece prestaciones sociales y protección contra el abuso y la discriminación, disminuye el riesgo de pobreza, marginación, estigmatización y desprestigio para quienes lo realizan, al mismo tiempo que proporciona mayores garantías de calidad en el servicio al empleador y contribuye a incrementar la recaudación para el fondo de la seguridad social de los Estados miembros;
AL. Considerando que la adecuada protección a las personas con discapacidad, ancianos, enfermos, dependientes o menores son principios esenciales de la Unión y que el trabajo doméstico y de cuidados es un sector esencial para garantizar su salvaguarda;
AM. Considerando que las medidas de austeridad como resultado de la crisis han reducido la inversión pública en el sector dedicado a los cuidados, lo que ha obligado a muchas personas, en su mayoría mujeres, a reducir su jornada laboral o volver al hogar para encargarse de los cuidados de personas dependientes, ancianos, enfermos o hijos;
AN. Considerando que las particularidades del lugar en el que estas personas desempeñan su trabajo no eximen al empleador de cumplir con condiciones de salud y seguridad, prevención de riesgos, así como respeto de la privacidad de quienes pernoctan en el domicilio;
1. Anima a los Estados miembros a que ratifiquen el Convenio n.º 189 de la OIT y, en caso de haberlo ratificado, a que lo apliquen rigurosamente, con objeto de mejorar las condiciones de trabajo y garantizar la consecución de los artículos recogidos en el mismo, así como la Recomendación n.º 201 de la OIT de 2011 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos; recuerda que, de conformidad con la Constitución de la OIT, los Gobiernos tienen la obligación de someter el Convenio y la Recomendación a sus legisladores nacionales con objeto de promover la adopción de medidas para la aplicación de estos instrumentos y, en el caso del Convenio, fomentar asimismo su ratificación;
2. Considera que la ratificación por todos los Estados miembros constituiría un importante paso adelante en la promoción y protección de los derechos humanos, así como un firme mensaje político contra toda forma de abuso, acoso y violencia contra todos los trabajadores y, en particular, contra las trabajadoras domésticas;
3. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, a la hora de revisar o proponer respectivamente actos jurídicos o actos legislativos nacionales pertinentes, garanticen que los intereses de los trabajadores domésticos y cuidadores se tengan en cuenta, respetando al mismo tiempo las competencias nacionales;
4. Pide a la Comisión que siga trabajando sobre una directiva relativa a las bajas de los cuidadores, tal como ha solicitado el Parlamento, y acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión a favor de la iniciativa «Nuevo comienzo para los padres que trabajan y los cuidadores»;
5. Pide a los Estados miembros que definan un marco jurídico específico para establecer los derechos y deberes de las distintas partes afectadas que permita la contratación regular y organizada de trabajadores domésticos y cuidadores, con objeto de proporcionar seguridad jurídica tanto a los trabajadores de este sector como a sus posibles empleadores; pide, por tanto, que se tengan en cuenta las características específicas del contrato de trabajo y el hecho de que muchos empleadores son particulares poco familiarizados con los formalismos jurídicos;
6. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan la creación de cooperativas de trabajadores en los sectores de los servicios domésticos y de cuidados, con especial atención a las zonas rurales, habida cuenta de los efectos positivos que ello tendrá en la creación de empleos sostenibles y de calidad, sobre todo para aquellos trabajadores con dificultades para integrarse en el mercado laboral;
7. Pide a los Estados miembros que, de conformidad con el artículo 17 del Convenio 189 de la OIT, establezcan mecanismos de queja y medios eficaces y accesibles para asegurar el cumplimiento de la legislación nacional relativa a la protección de los trabajadores domésticos; pide además a los Estados miembros que desarrollen y apliquen medidas relativas a la inspección del trabajo, la aplicación de las normas y las sanciones, prestando debida atención a las características especiales del trabajo doméstico, de conformidad con la legislación nacional; pide, en la medida en que sea compatible con la legislación nacional, que se especifiquen en dichas medidas las condiciones con arreglo a las cuales se podrá autorizar el acceso al domicilio del hogar, con el debido respeto a la privacidad; pide a los Estados miembros que, en consonancia con las legislaciones nacionales, examinen mecanismos para hacer frente de forma eficaz a los abusos, tales como inspecciones en los domicilios cuando haya sospechas fundadas de abuso;
8. Reconoce la reticencia de algunos Estados miembros a legislar para el ámbito privado, si bien considera que la inacción puede suponer un elevado coste tanto para la sociedad como para los trabajadores interesados; destaca que la previsión de crecimiento de la demanda de cuidadores, en particular en el ámbito domiciliario, hace que dicha legislación sea necesaria para ofrecer una protección completa a estos trabajadores; pide, por consiguiente, a los Estados miembros, junto con los interlocutores sociales, que tomen medidas para establecer un sistema de inspección adecuado e idóneo, que sea coherente con el artículo 17 del Convenio 189 de la OIT, así como sanciones apropiadas para cuando se infrinja la normativa relativa a la salud y la seguridad en el trabajo;
9. Recuerda a los Estados miembros la importancia de luchar eficazmente contra el trabajo no declarado, al que a menudo se enfrentan los trabajadores domésticos y cuidadores; reitera que el trabajo no declarado priva a estos de cobertura social y afecta de forma negativa a sus condiciones de salud y seguridad en el lugar de trabajo; acoge con satisfacción la plataforma europea contra el trabajo no declarado destinada a prevenir y desincentivar el trabajo no declarado, ya que la economía sumergida precariza el trabajo, afecta a la calidad de los cuidados prestados y a las condiciones de trabajo de muchos cuidadores no declarados, pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de protección social y reduce los ingresos de las arcas del estado por vía impositiva;
10. Pide a los Estados miembros que inviertan en más y mejores maneras de prevenir, detectar y combatir los numerosos casos de empleo no declarado en el sector del trabajo doméstico y de los cuidados, en particular en lo concerniente a los casos de trata de seres humanos y de explotación laboral, así como aquellos que impliquen a empresas de servicios domésticos y de cuidados que recurren al trabajo no declarado y al falso trabajo por cuenta propia, para proteger a los trabajadores y promover la transición del trabajo no declarado al declarado a través de unos mecanismos de control e inspecciones laborales mejores y más ágiles;
11. Recomienda a los Estados miembros que respalden esta normativa clara sobre la contratación declarada de trabajadores domésticos y cuidadores con incentivos que alienten a dichos trabajadores y a sus posibles empleadores a optar por el empleo legal; alienta a los Estados miembros a que establezcan ayudas fiscales para los hogares que contratan a trabajadores domésticos y cuidadores, así como sistemas sencillos de declaración, a fin de desalentar y combatir el trabajo no declarado, tal como recomienda el Comité Económico y Social Europeo en su Dictamen titulado «Desarrollar servicios para la familia a fin de elevar los índices de empleo y fomentar la igualdad entre los sexos en el puesto de trabajo» (SOC/508); recomienda a la Comisión que fomente el intercambio de mejores prácticas entre los Estados miembros, tomando como referencia los modelos de éxito que han generado un impacto social y laboral positivo para el sector, como el sistema de «cheques de servicio» (service vouchers) utilizado en Bélgica o el «cheque de empleo de servicio universal» (CESU) de Francia; acoge con satisfacción el impacto social generalizado de esta profesionalización, sobre todo en las zonas rurales;
12. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen y apliquen un nivel adecuado de salud y seguridad en el trabajo, por ejemplo en lo relativo a la protección de la maternidad, y que tomen medidas para prevenir los accidentes laborales y los riesgos de lesiones y enfermedades profesionales; hace hincapié, respecto de las personas que ya trabajan en este sector, en la necesidad de mejorar las normas vigentes mediante planes de formación y reciclaje orientados a la práctica; opina que dicha formación debe abarcar la gestión de los riesgos asociados a los movimientos y posturas inherentes a las tareas realizadas, y de los riesgos biológicos y químicos, así como el uso de tecnología asistencial;
13. Pide a la Comisión que evalúe la exención contemplada en la Directiva 89/391/CEE relativa a la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo;
14. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que recaben, analicen y publiquen datos estadísticos fiables desglosados por edad, sexo y nacionalidad, con vistas a posibilitar la celebración de debates con conocimiento de causa y buscar las mejores soluciones para profesionalizar el sector del trabajo doméstico, y pide que a Eurofound y OSHA se les asignen competencias con las que articular medidas de protección, denuncia y sensibilización;
15. Pide a la Comisión que incluya debates sobre la situación de los sectores del trabajo doméstico y de los cuidados en el orden del día del Comité de Empleo (EMCO);
16. Pide a los Estados miembros que creen y mejoren, en colaboración con los interlocutores sociales, canales de información sobre los derechos de los trabajadores domésticos y los cuidadores, y que se aseguren de que todos los trabajadores gozan del mayor acceso posible a esa información; a este fin, recomienda que se creen puntos de información, basados en las mejores prácticas observadas en los Estados miembros, a escala local y regional, así como líneas telefónicas y sitios web que ofrezcan asistencia e información, también a través de campañas sobre los derechos de los trabajadores domésticos y los cuidadores en cada Estado miembro, en la lengua nacional y demás lenguas oportunas; hace hincapié en que las organizaciones de la sociedad civil, como las organizaciones que representan a las mujeres y los migrantes, también deberían estar en medida de facilitar esa información; señala que también es necesario desarrollar esas herramientas de modo que se den las mejores prácticas y se pueda orientar y asesorar adecuadamente a los posibles empleadores, en particular a las familias y las agencias, y que deberían facilitarse modelos de contrato de trabajo para garantizar que los empleadores desempeñen sus funciones;
17. Recuerda a los Estados miembros que, en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, las delegaciones diplomáticas tienen el deber de respetar las leyes y normas del Estado receptor, incluida la legislación laboral, y alienta a los Estados miembros a aplicarla de forma efectiva para impedir la impunidad de las residencias diplomáticas cuando los trabajadores domésticos sean víctimas de abusos; pide a los Estados miembros que estudien la forma de ofrecer una mejor protección a las personas que trabajan para el cuerpo diplomático y que brinden a los trabajadores domésticos la posibilidad de cambiar de empleo;
18. Recomienda la elaboración de un contrato tipo consensuado para el trabajo doméstico y de cuidados en cada Estado miembro, que sea el resultado de un proceso de diálogo social entre los agentes sociales, los empleadores y las trabajadoras;
19. Hace hincapié en la necesidad de sensibilizar a los empleadores en cuanto a sus obligaciones, proporcionándoles información sobre las buenas prácticas relativas a la contratación, las obligaciones legales, las sanciones en caso de infracción y los servicios de información y asistencia disponibles para las partes, poniendo énfasis en la necesidad de que el empleador reconozca a este colectivo como trabajadoras con derechos;
20. Recomienda la elaboración de campañas promovidas por los Estados miembros para la visibilización, concienciación y sensibilización de los organismos públicos y privados, las familias y el conjunto de la opinión pública en las que se dignifique la profesión y se reconozca la importante labor y contribución de las trabajadoras domésticas y cuidadoras al sostenimiento del engranaje de nuestra sociedad;
21. Defiende una buena representación de los interlocutores sociales a escala europea y nacional, y en particular de los sindicatos, para reforzar la negociación colectiva sectorial en consonancia con las prácticas nacionales a fin de fomentar y aplicar de forma efectiva unas condiciones laborales dignas en estos sectores; aboga asimismo por una buena representación de las organizaciones profesionales, las organizaciones que trabajan con y en nombre de los trabajadores domésticos y los cuidadores, y otras organizaciones de la sociedad civil pertinentes, y por que se garantice que estas organizaciones sean plenamente conscientes de los retos que representan la protección y defensa de los derechos laborales de las trabajadoras domésticas y cuidadoras;
22. Lamenta que las trabajadoras domésticas y las cuidadoras sigan estando poco representadas en las organizaciones sindicales de los diferentes Estados miembros y anima a facilitar la participación de estas trabajadoras en los sindicatos;
23. Pide a las autoridades nacionales responsables del suministro de ayuda pública que apoyen el establecimiento de cooperativas, asociaciones autogestionadas y plataformas de trabajadores domésticos y cuidadores, ya que contribuyen a la defensa organizada de este colectivo;
24. Pide que se actúe de forma inflexible contra las empresas de cualquier sector cuyo modelo de negocio se base en la explotación de trabajadores ilegales con el fin de minimizar los costes de funcionamiento, maximizar los beneficios y expulsar de la competencia a las empresas legales;
25. Pide a los responsables políticos que reconozcan los servicios domésticos, el empleo familiar y los cuidados domiciliarios como un valioso sector económico que debe regularse mejor en los Estados miembros con vistas a crear un entorno favorable para los trabajadores domésticos y capacitar a las familias para asumir su papel de empleadoras;
26. Recomienda proporcionar una formación específica a los agentes sociales que participan directamente en la gestión del problema (agentes de policía y trabajadores sociales), para que puedan asistir con más eficiencia a las víctimas de tal discriminación;
27. Destaca la importancia de favorecer el reconocimiento a nivel profesional de las competencias y las cualificaciones de los trabajadores domésticos y cuidadores en este sector, a fin de ofrecerles mayores perspectivas de carrera, así como una formación específica para quienes se ocupan de los ancianos y los niños, con vistas a promover la creación de puestos de trabajo de calidad que conduzcan a un empleo de calidad y a unas mejores condiciones laborales, incluida la celebración de contratos oficiales, el acceso a la formación y un mejor reconocimiento social; reconoce la importancia de garantizar la validación y certificación de las competencias, cualificaciones y experiencia adquiridas, y de promover las perspectivas de carrera; a este fin, considera de fundamental importancia la organización de cursos de formación y reciclaje profesional;
28. Subraya la importancia de unos servicios de asistencia doméstica profesionales para aliviar la carga que soportan las familias numerosas y las familias con niños;
29. Invita a la Comisión a que aliente a los Estados miembros a establecer vías para la profesionalización, la formación, el desarrollo continuo de competencias y el reconocimiento de las cualificaciones de las trabajadoras domésticas y cuidadoras, si procede incluyendo su alfabetización para mejorar sus posibilidades de desarrollo personal, profesional y laboral;
30. Expresa su preocupación por las insuficientes inspecciones para proceder al control, seguimiento y supervisión de las contrataciones de trabajadoras domésticas y cuidadoras gestionadas por empresas o agencias de colocación, y apela a la necesidad de aumentar el número de inspectores públicos y de inspecciones para la verificación del cumplimiento de la ley;
31. Pide a los Estados miembros que adopten medidas decisivas en el sector del trabajo doméstico y los cuidados que representen un gran valor añadido para la economía, reconociendo para ello ese trabajo como una profesión de pleno derecho y garantizando a los trabajadores domésticos y los cuidadores unos auténticos derechos laborales y una verdadera protección social a través de la legislación laboral o de los convenios colectivos, en particular en lo que se refiere a los salarios, el horario de trabajo, la salud y la seguridad en el trabajo, las vacaciones, el permiso de maternidad, los derechos de pensión y el reconocimiento de cualificaciones, teniendo siempre en cuenta las especificidades del sector;
32. Reitera el llamamiento que ya hizo en su día en favor de entablar un diálogo sectorial estructurado en el sector de los cuidados(18);
33. Alienta el intercambio de mejores prácticas entre Estados miembros para mejorar las medidas tomadas y sus efectos;
34. Reitera la necesidad de reconocer oficialmente a los «au pair», de conformidad con el Acuerdo Europeo sobre la Colocación «Au Pair», y de aumentar el número de inspecciones, con el fin de que estos no se conviertan en una especie de trabajadores domésticos y cuidadores informales más baratos;
35. Propone que la Comisión examine la necesidad y utilidad de la adopción de un acto jurídico que incorpore los derechos recogidos en el Convenio 189 de la OIT y que incluya a los cuidadores y a quienes prestan estos servicios de manera temporal, ocasional o esporádica, con referencia específica a los grupos especialmente desfavorecidos;
36. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que los trabajadores domésticos y cuidadores de Europa sean valorados como seres humanos y puedan conciliar su vida laboral y familiar, en particular mediante su inclusión en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/88/CE relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, con objeto de que los empleados puedan disfrutar de unos períodos mínimos de descanso y no se vean obligados a trabajar demasiadas horas;
37. Reitera la insistencia del Parlamento con respecto a la prestación de un apoyo adecuado y oportuno a los cuidadores informales;
38. Destaca la necesidad de adecuar las políticas europeas en materia de inmigración a las necesidades del mercado laboral en personal doméstico, a fin de evitar que las mujeres inmigrantes acaben trabajando de manera ilegal;
39. Recuerda al Consejo de Europa su obligación de velar por la aplicación del Convenio Europeo relativo al Estatuto Jurídico del Trabajador Migrante y de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 45/158, de 18 de diciembre de 1990;
40. Subraya la importancia de garantizar un buen nivel de protección a los trabajadores domésticos y cuidadores, así como la de no recargar ni complicar los procedimientos de contratación de esos trabajadores, pues ello podría disuadir a algunos empleadores de recurrir a sus servicios; en este sentido, alienta a los Estados miembros a que creen sistemas oficiales para el empleo de personal doméstico, como los cheques de servicios, que brindan a las familias un medio sencillo y rápido de pagar a estos trabajadores y garantizarles una cobertura social;
41. Pide a las instituciones de la UE que modifiquen todas las Directivas de la UE que entren en conflicto con el Convenio 189 de la OIT;
42. Pide a los Estados miembros que garanticen que los visados de los trabajadores domésticos y cuidadores permitan a los empleados cambiar de empleador en caso de que se vean sometidos a abusos, vulneraciones de derechos humanos, un entorno de trabajo precario o unas condiciones consideradas no conformes a las normas previstas en la legislación laboral nacional o europea;
43. Pide a los Estados miembros con un salario mínimo interprofesional que garanticen que todos los cuidadores y trabajadores domésticos perciban, al menos, dicho salario;
44. Pide a los Estados miembros que velen por que los trabajadores domésticos y cuidadores perciban una pensión de jubilación con arreglo a la legislación nacional.
DO C 70 E de 8.3.2012, p. 1.
DO C 351 E de 2.12.2011, p. 39.
DO C 16 E de 22.1.2010, p. 21.
Textos aprobados, P7_TA(2014)0068.
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Los trabajadores domésticos en el mundo: estadísticas mundiales y regionales, y alcance de la protección jurídica, Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, OIT, 2013.
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