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Timestamp: 2018-12-17 12:57:14
Document Index: 45916279

Matched Legal Cases: ['artículo 315', 'artículo 7', 'artículo 209', 'artículo 2111', 'artículo 211', 'artículo 209', 'artículo 211', 'artículo 92', 'artículo 9', 'artículo 209', 'artículo 131', 'artículo 18', 'artículo 8', 'Artículo 5', 'artículo 1']

﻿ SENTENCIA 2012-00314 DE SEPTIEMBRE 15 DE 2016
SENTENCIA 2012-00314 DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:LA DELEGACIÓN EN EL ORDENAMIENTO COLOMBIANO. SE RECUERDA QUE LOS ALCALDES, COMO REPRESENTANTES LEGALES DE LOS MUNICIPIOS, SE ENCUENTRAN HABILITADOS PARA DELEGAR SUS FUNCIONES, DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY, YA QUE EN LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA LOS ALCALDES PUEDEN DELEGAR FUNCIONES ADMINISTRATIVAS EN EMPLEADOS PÚBLICOS DE LOS NIVELES DIRECTIVO Y/O ASESOR. SE CONCLUYE ENTONCES, QUE DEPENDIENDO DEL CASO, SÍ ES POSIBLE LA DELEGACIÓN DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS, SIEMPRE Y CUANDO NO EXISTA PROHIBICIÓN EXPRESA DE LA LEY Y RECAIGA EN EMPLEADOS PÚBLICOS DE LOS NIVELES DIRECTIVO Y/O ASESOR. CUANDO NO EXISTA TAL PROHIBICIÓN NORMATIVA PARA DELEGAR Y EL CARGO SEA SERVIDOR PÚBLICO CON FUNCIONES DIRECTIVAS Y DE ASESORÍA, NO SE INCURRE EN NULIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:ALCALDE, EMPLEADO PÚBLICO, DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, FACULTADES DEL ALCALDE, ACCIÓN DE SIMPLE NULIDAD
Sentencia 2012-00314 de septiembre 15 de 2016
Rad.: 760012331000201200314 01
Dr. Guillermo Vargas Ayala.
Actor: Sindicato de Trabajadores y Empleados Públicos del Municipio de Santiago de Cali “Sintepumcali”.
Demandado: Municipio de Cali.
EXTRACTOS: «VII. Decisión
‘Por medio del cual se efectúa una delegación a los profesionales especializados c.a.l.i, ante el comité de participación comunitaria, Copaco’.
El Alcalde de Santiago de Cali,
de conformidad con los artículos 103, 209, 211, 315 de la Constitución Política; la Ley 489 de 1998; el Decreto 411.0.20.0146 de marzo 24 de 2011 y su Decreto modificatorio 411.0.20.0395 de junio 8 de 2011, y
1. Que el artículo 315 de la Constitución Política Colombiana, establece las atribuciones del alcalde, entre las que contempla:
2. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo.
Que la Circular Externa 54 de junio 5 de 2009 dirigida por la Superintendencia Nacional de Salud, a los gobernadores, alcaldes municipales y distritales y secretarios de salud departamentales, municipales y distritales referente a las “competencias de inspección, vigilancia y control de los entes territoriales departamentales, municipales y distritales en las áreas de prestación de servicios de salud, aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud, salud pública y financiamiento del SGSSS” acogió lo estipulado en el artículo 7º del Decreto 1757 de 1994.
Que el artículo 209 de la Constitución Política, dispone que “la función adminstrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”.
Que por medio del Decreto 411.0.20.146 de marzo 4 de 2011, y el Decreto Modificatorio 411.0.20.395 de junio 8 de 2011, se estableció el procedimiento y los requisitos para la convocatoria a la conformación de los Comités de Participación Comunitaria “Copaco”.
ART. 1º—Delegar en los Profesionales Especializados C.A.L.I. del Municipio de Santiago de Cali, la representación del alcalde, ante el Comité de Participación Comunitaria “Copaco” en cada Comuna o Corregimiento, presidiendo el mismo, en nombre del Alcalde, en el tema salud.
ART. 2º—De igual manera, los funcionarios mencionados suministrarán información sobre las actividades desarrolladas o en proceso de ejecución por la dependencia que representan, en la respectiva comuna o corregimiento. De no contar con la información en el momento en que se desarrolla la reunión del Comité de Participación Comunitaria “Copaco”, podrán adelantar consultas, para dar respuesta sobre las inquietudes planteadas por la comunidad y que son directamente de competencia de la Dependencia a la que pertenecen, dentro de los cinco (5) días subsiguientes.
ART. 3º—De conformidad con lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 2111 de la Constitución Política, la delegación exime de responsabilidad al alcalde, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario.
ART. 4º— El presente decreto rige a partir de su expedición y se publicará en el Boletín Oficial del Municipio de Santiago de Cali.
Dado en Santiago de Cali, a los 7 días del mes de julio de dos mil once.
Jorge Iván Ospina Gómez’
Alcalde de Santiago de Cali”.
En el expediente reposa una comunicación enviada por la parte demandante con fecha de 21 de octubre de 2015(1), entregada por fuera de la oportunidad procesal(2), por lo que no será considerada por la Sala.
El problema jurídico a resolver por la Sala consiste en determinar si el decreto “Por medio del cual se efectúa una delegación a los profesionales especializados C.A.L.I., ante el comité de participación comunitaria “Copaco” es nulo por (1) violar el artículo 211 de la Constitución, reglamentado por la Ley 489 de 1998, que regula la delegación administrativa y ordena que esta se haga en cargos directivos o de asesoría, (2) violar la normatividad que clasifica el cargo de Profesional Especializado como un cargo de nivel profesional, especialmente el Decreto 785 de 2005.
El argumento relativo a la nulidad del decreto por la delegación con falsa motivación solo fue presentado con el recurso de apelación sin que hubiera sido propuesto en la demanda, ni analizado en la sentencia. En aras de la lealtad procesal y la congruencia que debe existir entre la demanda, la sentencia censurada y el recurso(3), la Sala se abstendrá de estudiarlo
5.1. La Delegación en el ordenamiento colombiano.
Esta sección(4) ya ha reflexionado sobre el sentido de la Delegación en los siguientes términos:
Los fundamentos jurídicos de la delegación se encuentran definidos, en primer término, en el artículo 209 de la Constitución, en donde se dispone que la función administrativa se cumple en el Estado colombiano con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, ‘mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones’.
El artículo 211 de la Constitución Política, por su parte, al referirse en concreto a la figura de la delegación, establece que ‘La ley señalará las funciones que el Presidente de la República podrá delegar en los ministros, directores de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine. Igualmente fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades’.
La Ley 136 de 1994 ‘Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios’ se refirió a la delegación de funciones de los alcaldes municipales en su artículo 92, señalando las funciones precisas que el alcalde podrá delegar en los secretarios de despacho y en los jefes de los departamentos administrativos, entre las cuales no se encuentra la relativa a expedir actos normativos reglamentarios que fijen normas de conducta en el orden local, de tal suerte que dicha competencia, bajo este régimen jurídico, no sería objeto de delegación.
Ahora bien, con posterioridad, en desarrollo de la precitada normatividad constitucional (artículos 209 y 211), la Ley 489 de 1998, “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, reguló el instituto jurídico de la delegación, previendo, en su artículo 9º que “[l]as autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias”; que la delegación recaerá “(…) en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la presente ley”; y que “[l]os representantes legales de las entidades descentralizadas podrán delegar funciones a ellas asignadas, de conformidad con los criterios establecidos en la presente ley (…)”.
A la luz de este ordenamiento jurídico, los alcaldes, como representantes legales de los municipios [entidades descentralizadas territorialmente] se encuentran habilitados para delegar sus funciones, de conformidad con los criterios establecidos en la ley. (…)” (negritas de la Sala).
5.2. La naturaleza del cargo de profesional especializado C.A.L.I.
La jurisprudencia del Consejo de Estado se ha ocupado de analizar la naturaleza jurídica del cargo de Profesional Especializado C.A.L.I, especialmente en la sentencia del 27 de abril de 2015(5), en la cual también Sintepumcali demandó la nulidad del Decreto 411.0.20.0165 de 2009, “por medio del cual se ajusta el manual de funciones establecido en el Decreto 411.20.0062 de 23 de febrero de 2007, con relación al empleo Profesional especializado”. En esa oportunidad esta Corporación resolvió pretensiones similares de los demandantes. En la providencia, luego de hacer un análisis sobre el origen y desarrollo de los C.A.L.I, el Consejo de Estado concluyó que no es la denominación del empleo sino sus funciones las que determinan su naturaleza. En ese sentido, estableció que el cargo de Profesional Especializado C.A.L.I es uno de nivel directivo.
“Los Centros de Administración Local Integrada —C.A.L.I— se crearon como un sistema de desconcentración administrativa, de distribución de funciones y el ejercicio de delegaciones buscando acercar la administración municipal a la comunidad local (comunas y corregimientos), para el manejo eficiente y eficaz de los recursos públicos y el mejor rendimiento del talento humano.
Como el artículo 131 en su numeral 9º de la Ley 136 de 1994 disponía que el Concejo Municipal debía expedir la reglamentación correspondiente para que las Juntas Administradoras Locales ejercieran los derechos de postulación y veto respecto de los funcionarios de libre nombramiento y remoción que ejerzan funciones desconcentradas en la respectiva comuna o corregimiento, en el año 2002 el Concejo Municipal de Cali expidió el Acuerdo 95 reglamentando la forma de vinculación de estos funcionarios a la administración municipal.
En lo que se refiere a la nomenclatura y clasificación de los empleos a nivel territorial, para el caso concreto de los C.A.L.I, y teniendo en cuenta que desde el año 1996 se estableció que los C.A.L.I son dependencias que pertenecen a la administración central del municipio, a raíz de la expedición del Decreto 1569 de 1998, el cargo de director de C.A.L.I se ubicó en el nivel directivo y se denominó “director operativo, Grado 022”, de conformidad con la nomenclatura y clasificación de empleos que hizo el artículo 18 del mencionado decreto (negritas de la Sala).
Esta corporación(6) al analizar la naturaleza del cargo de jefe local código 212 homologado al de Profesional Especializado - C.A.L.I. Código 222 - Grado 09 determinó que corresponden a cargos de libre nombramiento y remoción por el nivel de diversidad de funciones que tiene asignado, para el efecto acogió un concepto emitido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, que señalaba.
“Luego, si bien es cierto las funciones asignadas por el Decreto 411.20.0166 de 2006 al cargo en cuestión (Profesional Especializado - C.A.L.I. Código 222 - Grado 09), son acordes a un empleo del nivel profesional con naturaleza de carrera administrativa, también lo es que a la luz del artículo 8º ibídem, las mismas sólo fueron complementarias de las funciones asignadas con anterioridad, es decir, de las establecidas en el Decreto Extraordinario 0203 de 2001 trascrito at supra (que hacen referencia a un cargo de libre nombramiento y remoción), pues como se evidencia, dicho artículo establece que este Decreto complementa las disposiciones anteriores ‘en especial, a lo dispuesto en el Decreto Extraordinario 0203 de 2001, en cuanto al señalamiento de funciones especiales a los empleos’.
Se precisa además, que no es la denominación del empleo, sino el cumplimiento de uno cualquiera de los presupuestos enunciados en el ordenamiento jurídico (Artículo 5º de la Ley 909 de 2004 y lo adicionado por el artículo 1º de la Ley 1093 de 2006), el que determina, en este caso, la naturaleza del pluricitado empleo”.
Estas funciones las desarrolla conforme a las directrices del Alcalde y la Secretaría General, por lo cual, por su especial responsabilidad, requieren de un grado de mayor confianza en relación con su nominador, siendo catalogada por el Decreto 785 de 2005 en el nivel directivo propio del régimen de libre nombramiento y remoción y no de carrera administrativa, pues materializan las políticas administrativas y las estrategias para el desarrollo de la misión institucional(7)” (negritas de la Sala).
1 Folio 10, cuaderno 2.
2 7 de septiembre de 2015 fue enviado el escrito y el proceso entró a despacho el 9 de febrero de 2015.
3 Ver sentencias: de 16 de febrero de 2012, M.P. Dra. Susana Buitrago Valencia, Expediente No.: 20120-00035-00; y de 5 de septiembre de 2013, M. P. Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Expedientes Acumulados: 2012-00043-01 y otros. Consejo De Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta Consejera Ponente: Susana Buitrago Valencia Bogotá, D.C., diez (10) de abril de dos mil catorce (2014) Radicación número: 08001-23-31-000-2011-01474-01. Sentencia del 25 de agosto de 2011, Exp. 2010-00045 (Acumulado), C.P. Susana Buitrago Valencia.
4 Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. CP: Marco Antonio Velilla Moreno (E) Bogotá, D.C, treinta (30) de agosto de dos mil doce (2012). Radicación: 05001-23-15-000-2009-00571-01
5 Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, CP: Alfonso Vargas Rincón. Bogotá, D.C., veintisiete (27) De abril de dos mil quince (2015). Radicación: 76001-23-31-000-2011-01565-01(3966-13) Actor: Sindicato De Trabajadores Y Empleados Públicos Del Municipio De Santiago De C.A.L.I – Sintepumcali. Demandado: Alcalde del Municipio de Santiago De Cali.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 9 de febrero de 2012, Consejero Ponente doctor Luis Rafael Vergara Quintero, número interno 0893-2008, actor Ricardo Antonio Téllez Bautista
7 Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, CP: Alfonso Vargas Rincón. Bogotá, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil quince (2015). Radicación Número: 76001-23-31-000-2011-01565-01(3966-13) Actor: Sindicato De Trabajadores Y Empleados Públicos Del Municipio De Santiago De Cali – Sintepumcali. Demandado: Alcalde Del Municipio De Santiago De Cali.