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Timestamp: 2020-06-02 15:57:27
Document Index: 113101836

Matched Legal Cases: ['artículo 150', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 61']

DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 52, de 10/12/2008
Año 2008 IX Legislatura Núm. 52
Sesión plenaria núm. 49 celebrada el miércoles 10 de diciembre de 2008
Preguntas .... (Página 4)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Díez González), sobre la necesidad de utilizar todos los instrumentos del Estado de derecho para disolver los ayuntamientos gobernados por Acción Nacionalista Vasca (ANV). (Número de expediente 172/000054.)... (Página 26)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que adoptará el Gobierno ante la fuerte repercusión en el empleo de la crisis económica. (Número de expediente 172/000057.)... (Página 31)
De la diputada doña Rosa Mª Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Piensa hacer algo el presidente del Gobierno para afrontar la elevada tasa de fracaso escolar? (Número de expediente 180/000312.)... (Página 4)
Del diputado don Josep Antoni Duran i Lleida, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Qué medidas va a impulsar el Gobierno para reducir la morosidad? (Número de expediente 180/000314.)... (Página 5)
Del diputado don Mariano Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Tiene previsto el Gobierno aprobar un plan de empleo efectivo para frenar la escalada del paro en España? (Número de expediente 180/000316.)... (Página 6)
De la diputada doña Mª Soraya Sáenz De Santamaría Antón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno: ¿Considera la vicepresidenta que la crisis afecta a todos por igual? (Número de expediente 180/000317.)... (Página 7)
Del diputado don Álvaro Nadal Belda, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda: ¿Qué justifica la participación del ICO en operaciones financieras de toma de control accionarial en el sector privado? (Número de expediente 180/000318.)... (Página 9)
Del diputado don Celestino Suárez González, del Grupo Parlamentario Socialista,, que formula al señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda: ¿Qué valoración hace el Gobierno de las nuevas líneas de financiación ICO para las pequeñas y medianas empresas (Pymes), teniendo en cuenta la actual coyuntura económica? (Número de expediente 180/000326.)... (Página 10)
Del diputado don Emilio Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al señor ministro de Justicia: ¿Qué medidas piensa adoptar el ministerio en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial para acabar con el retraso crónico de las ejecutorias penales que superan en este momento la cifra de 750.000? (Número de expediente 180/000313.)... (Página 11)
De la diputada doña Eva Durán Ramos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro del Interior: ¿Cómo piensa el Gobierno garantizar la eficacia de los dispositivos electrónicos de control de maltratadores? (Número de expediente 180/000325.)... (Página 12)
Del diputado don Gabriel Mato Adrover, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Educación, Política Social y Deporte: ¿Es necesaria, en opinión de la ministra de Educación, Política Social y Deporte, la creación de un ministerio de deportes? (Número de expediente 180/000324.)... (Página 13)
De la diputada doña Elvira Cortajarena Iturrioz, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Educación, Política Social y Deporte: ¿Qué nuevas líneas de trabajo puede anunciar el Gobierno en relación a la política de discapacidad tras la celebración el 3 de diciembre del Día internacional de las personas con discapacidad? (Número de expediente 180/000328.)... (Página 14)
Del diputado don Josu Montalbán Goicoechea, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Educación, Política Social y Deporte: ¿Qué implicaciones tendrán las últimas medidas anunciadas en las políticas que está llevando a cabo el Gobierno en materia de dependencia? (Número de expediente 180/000329.)... (Página 15)
De la diputada doña Carmen Marón Beltrán, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Vivienda: ¿Qué medidas de impulso a la rehabilitación se recogen en el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crea un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo del Estado para la dinamización de la economía y el empleo? (Número de expediente 180/000331.)... (Página 16)
Del diputado don Francesc Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que formula a la señora ministra de Ciencia e Innovación: ¿Cuándo pretende el Gobierno constituir el observatorio de becas que se prevé en la Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Universidades (Lomlou) de 2007? (Número de expediente 180/000315.)... (Página 17)
Del diputado don Adolfo Luis González Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Ciencia e Innovación: ¿Qué opinión tiene el Gobierno del grado de conflictividad creado en la universidad española? (Número de expediente 180/000322.)...
De la diputada doña Blanca Fernández de Capel Baños, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Ciencia e Innovación: ¿Por qué motivos han sido suspendidos los programas de investigación y desarrollo Consolider y Cenit en 2009? (Número de expediente 180/000323.)... (Página 19)
Del diputado don Sebastián Quirós Pulgar, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Ciencia e Innovación: ¿Qué medidas de I+D+i va a promover el Gobierno con cargo al Fondo especial del Estado para la dinamización de la economía? (Número de expediente 180/000332.)... (Página 20)
De la diputada doña Mª Carmen Sánchez Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Administraciones Públicas: ¿Considera el Gobierno que el Fondo Estatal de Inversión Local atiende a las demandas y necesidades de las entidades locales y de los ciudadanos? (Número de expediente 180/000330.)... (Página 21)
Del diputado don José Ignacio Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Trabajo e Inmigración: ¿Cómo valora el ministro el aumento del desempleo desde que se hizo cargo de la cartera de trabajo? (Número de expediente 180/000319.)... (Página 22)
Del diputado don Tomás Burgos Gallego, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Trabajo e Inmigración: ¿Cómo va a afectar la caída de la afiliación a la Seguridad Social al futuro de nuestro sistema de pensiones? (Número de expediente 180/000320.)... (Página 24)
De la diputada doña Carmen Álvarez-Arenas Cisneros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Trabajo e Inmigración: ¿Cuáles son los motivos que han llevado al Ministerio de Trabajo e Inmigración a delegar en la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos la acreditación de viabilidad para los extranjeros que deseen instalarse como autónomos en España? (Número de expediente 180/000321.)... (Página 25)
Interpelaciones urgentes.... (Página 26)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Díez González), sobre la necesidad de utilizar todos los instrumentos del Estado de derecho para disolver los ayuntamientos gobernados por Acción Nacionalista Vasca (ANV)... (Página 26)
Formula la interpelación urgente la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto.
Replica la señora Díez González y duplica la señora ministra de Administraciones Públicas.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que adoptará el Gobierno ante la fuerte repercusión en el empleo de la crisis económica... (Página 31)
Formula la interpelación urgente el señor Alonso Aranegui, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Replica el señor Alonso Aranegui y duplica el señor ministro de Trabajo e Inmigración.
Se suspende la sesión a las once y cincuenta y cinco minutos de la mañana
- DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA MARÍA DÍEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿PIENSA HACER ALGO EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO PARA AFRONTAR LA ELEVADA TASA DE FRACASO ESCOLAR? (Número de expediente 180/000312.)
Preguntas para el señor presidente del Gobierno. En primer lugar, y para formular la por ella presentada tiene la palabra doña Rosa Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: La tasa de fracaso escolar alcanzó en el curso 2005-2006 la cifra del 30,8 por ciento, 1,2 puntos más que en el ejercicio anterior; o lo que es lo mismo, la política educativa de su Gobierno expulsa del sistema a uno de cada tres jóvenes españoles; o lo que es lo mismo, la política educativa de su Gobierno lleva al riesgo de la exclusión social a más del 30 por ciento de los jóvenes españoles que no reciben el instrumento de formación necesario para tener autonomía de vida personal; o lo que es lo mismo, señor presidente, la política educativa de su Gobierno tiene efectos regresivos, contribuye a la desigualdad entre los ciudadanos españoles, más aún, fomenta la desigualdad, contribuye a más desigualdad entre aquellos ciudadanos más desfavorecidos, aquellas clases sociales que más necesitan de la acción del Estado.
Señor presidente del Gobierno, ¿piensa usted hacer algo para corregir esta situación?
Señora Díez, ya en la anterior legislatura el Gobierno se comprometió decididamente a una mejora de la educación reformando la Ley Orgánica de Educación, atribuyendo programas específicos para el refuerzo educativo como el programa PROA, que ha tenido una inversión de 50 millones de euros. De manera específica hemos vuelto a hacer un esfuerzo en este tiempo, a través del acuerdo logrado con todas las comunidades autónomas hace quince días, en Conferencia Sectorial de Educación, para la reducción del abandono educativo, el primer gran acuerdo sobre esta materia que tenemos en nuestro país; un acuerdo que tiene el objetivo de, a través de estímulos y ayudas, hacer que 570.000 jóvenes vuelvan a estudiar de aquí a 2012; un acuerdo en el que el Gobierno aporta
para ello, en el año 2009, 121 millones de euros. Simplemente añadiré, señora Díez, que a veces se hacen afirmaciones sobre nuestro sistema educativo que no se corresponden con la realidad. Nuestro sistema educativo es muy equitativo, como todos los informes internacionales han puesto de manifiesto y ha superado, desde donde veníamos, desde el punto de vista del atraso de la formación, de la cultura de la educación en nuestro país, pruebas muy duras con recursos económicos limitados.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Señor presidente del Gobierno, hace bastantes años el sindicato socialdemócrata sueco de enseñanza puso de moda el siguiente lema: Si alguien te pregunta qué le cuesta a nuestro país la inversión en una educación de calidad, dile que se pregunte cuánto nos costaría no tenerla. Señor presidente, esa es la pregunta, lo que le cuesta a nuestro país que usted, que su Gobierno no haya hecho de la educación el eje para el desarrollo social, el eje para la igualdad, el eje para la cohesión, el eje para la competitividad de los ciudadanos y del país. No me diga usted, señor presidente del Gobierno, que tenemos aprobados. El 30,8 por ciento, 1,2 puntos más que el año anterior, de fracaso escolar, según datos del Ministerio de Educación, no es que progrese inadecuadamente su política, es que merece un enorme suspenso.
Si a usted eso le parece bien... A mí me parece terrible que expulsar a un tercio de los ciudadanos del sistema educativo le parezca a su Gobierno una buena noticia. Señor presidente del Gobierno, no se escude en las comunidades autónomas, puede utilizar el artículo 150.3 de nuestra Constitución. Armonizar, ¿para qué?.
El señor PRESIDENTE: Lo siento, señora Díez, acabó su tiempo.
Señora Díez, ignora S.S. que el Gobierno que presido ha llevado la política a favor de la igualdad de oportunidades en la educación, que son las becas, a los niveles de más gasto que ha conocido nuestro país, con un incremento en la anterior legislatura de un 20 por ciento y para 2009 de un 6 por ciento. (Aplausos.) Ignora S.S. que una cosa es el fracaso escolar y otra es el abandono escolar prematuro; ignora S.S. de dónde partimos educativamente en comparación con los países más desarrollados; ignora S.S. que tenemos un sistema educativo equitativo; ignora S.S. que los resultados de una política educativa se han de medir a medio plazo.
Le auguro desde aquí que los resultados de la política educativa de este Gobierno darán sus frutos a medio plazo, que es lo sensato y lo razonable, aunque a usted no le guste. (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON JOSEP ANTONI DURAN I LLEIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS VA A IMPULSAR EL GOBIERNO PARA REDUCIR LA MOROSIDAD? (Número de expediente 180/000314.)
El señor PRESIDENTE: Para preguntar al señor presidente del Gobierno también tiene la palabra el señor Duran i Lleida.
El señor DURAN I LLEIDA: Señor presidente, durante los años de bonanza y crecimiento económico los índices de morosidad de la economía española se han comportado de modo razonable; sin embargo, en estos momentos tienden a aumentar de manera considerable. La combinación de la caída de la actividad económica del mercado con la restricción de liquidez en los mercados financieros, precipita el aumento de morosidad y eso puede provocar una reacción en cadena que sin duda agravaría todavía más la actual crisis económica. Ante esta situación, ¿qué medidas piensa adoptar el Gobierno para frenar esta morosidad?
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor Duran.
El Gobierno lleva abordando este problema ya desde la pasada legislatura.
Quiero recordarle que en la pasada legislatura aprobamos la Ley 3/2004, que establece plazos de pago entre empresas, de acuerdo con el marco establecido en la Unión Europea y que la Administración del Estado lleva años realizando un importante y fructífero esfuerzo para acortar sus plazos de pago. Para luchar contra la morosidad en el contexto de la crisis económica, el Gobierno ha realizado distintos esfuerzos y medidas.
Para que la liquidez llegue a las empresas, hemos abordado medidas de trascendencia en el sistema financiero e igualmente hemos adoptado medidas orientadas a los ciudadanos, como es la aprobación de una moratoria para que las personas que se encuentren en una situación más vulnerable puedan aplazar la mitad de sus cuotas hipotecarias. Quiero recordar también que la pasada semana el Gobierno británico anunció una medida similar.
En el ámbito de la Administración local, el Gobierno ha aprobado un fondo estatal de inversión local por importe de 8.000 millones destinado a combatir el desempleo, que dará un alivio a las arcas municipales y con ello a las empresas contratistas. También para combatir las demoras en los pagos, el Gobierno anticipará el 70 por ciento de los importes de los proyectos en el momento de adjudicación
y se le exigirá al contratista que el pago a la subcontrata sea en un plazo inferior a 30 días. Por no extender más la relación, recordaré tan solo que el Gobierno ha reforzado intensamente la capacidad financiera del Instituto de Crédito Oficial para establecer numerosas líneas de financiación nuevas a favor de las empresas españolas hasta un total de 39.000 millones de euros, y ayer mismo, a instancias de su grupo, acordamos todos en esta Cámara una moción que incrementa este esfuerzo y nos obliga a seguir avanzando en la reducción de plazos de pago de la Administración General del Estado y sus organismos dependientes. Vamos a seguir en este camino y estoy convencido de que podremos actuar junto con la mayoría de los grupos, en particular con el suyo.
Lógicamente este grupo parlamentario conoce la Ley 3/2004 y conoce sus efectos. Es positivo recordarle a la Cámara algunos datos que pueden mostrar la situación actual. Se ha estimado que los retrasos e incumplimientos de los plazos contractuales de pago por parte del cliente originan el 25 por ciento de las quiebras empresariales. El importe de los efectos de comercio impagados en septiembre de 2008 era un 98 por ciento superior al de septiembre de 2007. Actualmente el retraso medio en los pagos entre empresas es de 94 días y el pago entre administraciones -estatal, autonómica y local- se ha situado en los 144 días. Eso pone de manifiesto, por tanto, que esa ley no ha conseguido sus objetivos y que hay que reformarla. En este sentido este Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado una iniciativa legislativa, una proposición no de ley, y va a presentar hoy mismo otra iniciativa legislativa, una proposición de ley. ¿Qué persigue? ¿Cuáles son los objetivos? En primer lugar, conseguir un cumplimiento estricto por parte de la Administración central en sus pagos porque evidentemente quien tiene que dar ejemplo, en línea con lo que estipuló la propia Comisión Europea, es la Administración central. En segundo lugar, modificar la Ley de Morosidad. Es una ley que tiene una dudosa transcripción y, por tanto, una dudosa adaptación a lo establecido por la directiva de la Unión Europea y no ha conseguido el objetivo de reducir la morosidad significativamente. Nuestro objetivo serían 30 días, máximo 60. En cualquier caso, si se pasaran estos topes, que se pagaran intereses por el abuso y los intereses de demora. Finalmente, es preciso agilizar la tramitación de la reclamación judicial del impago de deudas. Nuestro grupo parlamentario ha propuesto en varias ocasiones eliminar el límite cuantitativo de 30.000 euros aplicable a los procesos monitorios. Señor presidente, le instamos a que su Gobierno presente una ley que modifique -ya la propia ley así lo estima- la Ley de Morosidad 3/2004.
Estamos básicamente de acuerdo. Solamente introduzco un matiz, que seguro que comparte el portavoz de Convergència i Unió, y es que la modificación de la Ley de Morosidad ha de producirse necesariamente en el contexto de lo que está llevando a cabo la Comisión Europea, es decir, en la revisión que la Comisión Europea está pilotando para lograr una mayor armonización de la zona económica de la Unión... (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON MARIANO RAJOY BREY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO APROBAR UN PLAN DE EMPLEO EFECTIVO PARA FRENAR LA ESCALADA DEL PARO EN ESPAÑA? (Número de expediente 180/000316.)
El señor PRESIDENTE: Para preguntar también al señor presidente tiene la palabra don Mariano Rajoy.
Señor presidente del Gobierno, le voy a dar unas cifras oficiales que son las de su Gobierno y me gustaría que las desmintiese o las confirmase.
Según el proyecto de presupuestos para el año que viene, se destruirán en España 99.400 empleos a lo largo del año 2009. Según sus propias palabras aquí, en las Cortes, cuando presentó recientemente unas nuevas medidas económicas por importe de 11.000 millones de euros, con esos 11.000 millones se crearán 300.000 puestos de trabajo en España. Es decir, las cifras oficiales que el presidente del Gobierno ha explicado en la Cámara son que el año que viene se crearán en España más de 200.000 empleos netos. ¿Puede usted certificar ante esta Cámara que eso va a ser así? (Rumores.) Y, ¿puede usted certificar que lo que dicen los Presupuestos Generales del Estado es cierto? (Aplausos.)
Señor Rajoy, certifico que el Gobierno tiene un plan de estímulo de la economía y del empleo que consiste en apoyo al sistema financiero ante la falta de liquidez; que consiste en apoyo a las empresas ante la falta de
liquidez por un importe de 39.000 millones de euros; que consiste en una fuerte inversión pública a través de los ayuntamientos y del Gobierno en un programa extraordinario de 11.000 millones de euros que va a generar al menos 300.000 empleos; que consiste en medidas de apoyo a los desempleados y a las empresas para que, con bonificaciones mejores, se puedan contratar a personas con cargas familiares; que consiste en apoyo a los parados a través de la moratoria en materia de hipotecas; que consiste en un amplio catálogo de medidas. Eso es lo único que se puede certificar. Bueno, y otra cosa, que ustedes no tienen ni plan ni ideas ni propuestas. (Aplausos.)
El señor RAJOY BREY: No sé si no tenemos plan ni ideas ni propuestas, pero sí sé que cuando gobernamos redujimos el paro a la mitad y usted hoy lo tiene mucho más elevado que cuando llegó al Gobierno. (Aplausos.) Señor Rodríguez Zapatero, sinónimo de paro.
Señor presidente, yo lo que le he preguntado es algo muy razonable en una Cámara democrática. Usted nos dice que el año que viene se van a crear más de 200.000 empleos netos en España. El año pasado nos dijeron que se iban a crear un sinfín de empleos netos y ya se han destruido más de 500.000. Quiero saber si las cifras de este año son exactamente igual de falsas que las cifras del presupuesto que presentaron el año pasado.
(Aplausos.) Es mi obligación democrática presentarlas.
Le diré otra cosa, para que crezca la actividad económica y para que se cree empleo en España es fundamental generar confianza y para generar confianza hay que decir la verdad (Rumores.) y usted ha engañado a los españoles primero, sobre la existencia de la crisis, después sobre el origen de la misma, después sobre su grado de preparación y ahora vuelve a ocultar la realidad y a engañar a los españoles. Ese no es el procedimiento para generar confianza y, por tanto, para crear riqueza y empleo en España. Por eso le digo que los Presupuestos Generales del Estado son mentira. Lo ha dicho también el vicepresidente económico y le pido que lo retire, para generar un mínimo de credibilidad en la sociedad española.
Señor Rajoy, le recordaré un dato, ya que usted tiene la tendencia a recordar datos del pasado: la tasa de paro más baja de la historia de este país se ha producido con este Gobierno en la legislatura pasada, llegando al 8,3 por ciento. (Rumores.-Aplausos.) Punto uno. Punto dos, vuelve a resultar evidente que su fuerza política no tiene ni plan ni ideas ni propuestas, que las únicas presentadas para el estímulo de la economía, de apoyo a las empresas, a las familias y al sistema financiero son las del Gobierno en un ambicioso plan. Vuelve a quedar demostrado cada día -hemos tenido algún buen ejemplo recientemente- que a ustedes lo que les preocupa realmente no es tanto el empleo, la economía, la situación de las familias (Rumores.) o el crecimiento económico. No; lo que les preocupa es votar en contra del Gobierno, oponerse al Gobierno.
(Rumores.-Aplausos.) Para eso llegan a tener actitudes como la que vimos ayer, cuando fueron capaces, en la votación más importante del año, de dar su voto a Esquerra Republicana de Cataluña con tal de oponerse al Gobierno... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): ...en la Ley de presupuestos, en un acto de incoherencia y de política que les refleja de una manera clara. (Aplausos.) Dan su voto a quienes piden el voto en contra de los presupuestos por no respetar la financiación autonómica y el Estatuto de Cataluña. (Rumores.-Protestas.)
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Sobre la confianza y quien da confianza, señor Rajoy, procure dársela a los suyos, que seguramente será mucho más razonable para todos. (Aplausos.)
- DE LA DIPUTADA DOÑA SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿CONSIDERA LA VICEPRESIDENTA QUE LA CRISIS AFECTA A TODOS POR IGUAL? (Número de expediente 180/000317.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta para la señora vicepresidenta primera del Gobierno. Para formularla tiene la palabra doña Soraya Sáenz de Santamaría.
La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Señora De la Vega, según el CIS, que depende de usted, el 66 por ciento de los españoles considera que la situación
económica es mala o muy mala. Añadiré una cosa, tan solo el 0,2 por ciento de privilegiados considera que esa situación es muy buena. Entre ellos deben de estar esos altos cargos que viven como nuevos ricos, los cientos de asesores que ha contratado su Gobierno o quizá sus propios ministros, aunque algunos por no enterarse de que existe una crisis económica, puede ser que se les lleve por delante una crisis de Gobierno. Señora De la Vega, lo peor es que tres de cada cuatro españoles considera que la situación económica no va a mejorar. Los primeros encuestados han debido ser el señor Solbes, que ahora se ríe mucho, y el señor Corbacho. El ministro de Trabajo, que solo sabe decir que el paro no va a dejar de subir y el ministro de Economía, que ya reconoce que los presupuestos del año 2009 no van a servir. ¿Cómo van a generar confianza en los ciudadanos si no son capaces de convencer ni a sus propios ministros? Señora De la Vega, entiendo que ahora anden todos muy angustiados en la bancada azul por una crisis de Gobierno, pero los demás andamos muy angustiados por una crisis económica y de empleo que tiene trazas de convertirse, si no hacen nada -y no lo están haciendo-, en una crisis social. Por eso, le pregunto: ¿Cree usted que a todos afecta la crisis por igual? (Aplausos.)
La crisis, efectivamente, afecta a todos y en todo el mundo, pero afecta más a los que menos tienen. Por eso apostamos por las políticas sociales.
Por eso los presupuestos apuestan por inversión en infraestructuras, para crear empleo y en investigación, para hacer nuestra economía más competitiva. Por eso apuestan por mantener e incrementar las pensiones, las becas; por apoyar a los dependientes, a las empresas; por dinamizar nuestro sistema financiero. Pero como a ustedes lo único que les importa es la crítica, el titular facilón y decir que todo está mal, han querido matarlos antes de que nacieran, y se han convertido en una especie de Herodes presupuestarios. ¿Cómo quieren ustedes que alguien les crea? (Protestas.-Aplausos.)
La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Señora De la Vega, aquí el único homicida de presupuestos es su propio autor, que se considerará más legitimado para matarlos por desactualizados que nadie.
Señora De la Vega, aquí hay una crisis económica que es una crisis social, y sus medidas ni convencen ni dan trabajo a los tres millones de españoles... (Rumores.)
La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: A los tres millones de españoles que están en el paro, un millón más en el último año; a las 700.000 familias que no tienen ni una sola persona con empleo; al 20 por ciento de los hogares españoles que viven por debajo del umbral de la pobreza. A esos, el Gobierno no les está dando soluciones y ni siquiera es capaz de darles una mínima esperanza. Cada quince días nos presentan en esta Cámara un plan para las constructoras, para los bancos, para los ayuntamientos...
Pero con su Gobierno no le llega nunca el turno a las familias ni a los parados ni a los autónomos, a los que lo necesitan. (Protestas.) Señora De la Vega, ahora nos querrá convencer Zapatero de que todo se arregla con un cambio de Gobierno, pero le digo una cosa: fallando el presidente, una crisis de Gobierno no se arregla ni aunque convoquen una Operación Triunfo. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): No se obsesione con la crisis, señoría, que no hay ninguna crisis. Cuando la haya ya lo dirá el presidente. Esté tranquila, porque esté quien esté sentado aquí, socialista, gobernará bien a los españoles. (Aplausos.) Le diré que este Gobierno ha adoptado medidas, la última la semana pasada, ¿se acuerda? Sí, creamos un fondo para que los ayuntamientos puedan contratar y crear empleo. Ya sé que no les gusta, aunque al final la van a apoyar, siempre con el doble rasero que utilizan. Probablemente lo que no les gusta de esa medida es que haya que aplicar su dinero a proyectos concretos, porque lo que les pasa donde ustedes gobiernan es que se les acaba el dinero para pagar a las universidades, para financiar la sanidad, para recoger las basuras... (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Ahora parece que hasta para pagar las recetas de los farmacéuticos. Y, señorías, están tan preocupados por los ciudadanos que ahora vuelve el copago sanitario.
Si cree de verdad tanto en la igualdad, cuiden el Estado del bienestar porque, de verdad, el Estado del bienestar es el único que garantiza la igualdad de todos, de los que
tienen y de los que no tienen. Pero, en fin, lo suyo son políticas neoliberales fracasadas, palabrería de nuevo envoltorio que no engaña a nadie porque esconde a la derecha de siempre. (Rumores.) No me va a encontrar en el debate superfluo e inútil y le diré que no hay nada peor que faltar a la verdad y tomar a los ciudadanos por lo que no son.
Ustedes de eso saben mucho y saben también mucho de que los ciudadanos les coloquen en las urnas cada vez en su sitio, que no es otro que en el que están, en la oposición, donde van a estar con esta actitud mucho, mucho, mucho tiempo. (Aplausos.-Protestas.)
- DEL DIPUTADO DON ÁLVARO NADAL BELDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿QUÉ JUSTIFICA LA PARTICIPACIÓN DEL ICO EN OPERACIONES FINANCIERAS DE TOMA DE CONTROL ACCIONARIAL EN EL SECTOR PRIVADO? (Número de expediente 180/000318.)
El señor PRESIDENTE: Preguntas para el señor vicepresidente segundo del Gobierno. Para formular la por el presentada tiene la palabra don Álvaro Nadal.
El señor NADAL BELDA: Señor vicepresidente, mi pregunta versa sobre la utilización del dinero público y la garantía del Estado.
El presidente del ICO ha afirmado recientemente que este organismo tiene créditos concedidos a la mayor parte de empresas del IBEX 35 para operaciones societarias. Conocemos al menos cuatro: 282 millones concedidos a ACS para la compra del 10 por ciento de Iberdrola; 500 millones concedidos a Acciona para la compra del 20 por ciento de Endesa; 350 millones concedidos a Sacyr para la compra del 20 por ciento de Repsol y recientemente 300 millones concedidos a Gas Natural para la compra de Fenosa. En los estatutos del ICO se dice que su objetivo y sus fines son el sostenimiento y la promoción de las actividades económicas que contribuyan al crecimiento y a la mejora de la distribución de la riqueza nacional y, en especial, de aquellas que por su trascendencia social, cultural, innovadora o ecológica merezcan su fomento. ¿A cuál de estos fines responden estas operaciones? (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, presidente.
Esos son estrictamente los fines que el ICO establece en sus estatutos. Es verdad que el ICO ha venido trabajando en base a dos principios fundamentales, que son, por una parte, instrumentar estas operaciones a través de préstamos a medio y largo plazo dedicados a inversiones reales y, por otra parte, la previsión necesaria para salvaguardar el equilibrio financiero. Y se han aplicado cuatro criterios: rentabilidad económica, operar en condiciones de mercado, diversificar riesgos y cooperar con las restantes entidades financieras. ¿A qué fin responde? Exactamente al mismo fin que entre 1999 y 2003 ustedes persiguieron para sectores como las cementeras, las explotaciones azucareras, las concesiones de autopistas, el textil, la auxiliar de construcción, grandes instalaciones eléctricas, farmacéuticas u otras.
El señor NADAL BELDA: Señor vicepresidente, usted se ha referido a proyectos de inversión concretos que implicaban una inversión real, con bienes de equipo y plantas de producción, muy diferentes a operaciones de pura toma de control en operaciones societarias, que es lo que se ha financiado por parte del ICO.
Entre 2001 y 2004, las operaciones de financiación del ICO ascendían a 1.800 millones de euros. Se han multiplicado por tres en el año 2007.
¿Por qué tanta financiación directa a empresas? Otra pregunta interesante, señor vicepresidente, ¿llevaban estas operaciones el mandato de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos o las ha hecho el ICO por su cuenta? Es muy dudoso que estas operaciones cumplan alguno de sus objetivos. ¿Crecimiento? No me diga que son para el crecimiento económico porque no crean ni un euro de inversión ni un solo empleo; son operaciones de mera toma de control. ¿Distribución de la riqueza? ¡Hombre!, lo podría tomar por distribución de la riqueza, porque concentrar riqueza en unas cuantas manos es lo que han hecho estas operaciones. Y en el ámbito social, cultural o ecológico, evidentemente no podemos encajarlo en este conjunto de objetivos y de fines que tiene la institución. También tiene otros, como son actuar a favor de aquellos afectados por las crisis económicas o catástrofes naturales. Creo que en estas dos categorías sería difícil encajar este tipo de operaciones, a menos que considere una catástrofe natural que una empresa esté en determinadas manos. Es financiación pública que debería ir a pequeñas y medianas empresas y se han ido a grandes empresas para operaciones que nada tienen que ver ni con el empleo ni con el crecimiento económico, y no es una utilización adecuada de recursos... (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Lo siento, señor Nadal.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
El ICO, desde su creación en el año 1991, ha aceptado y aprobado operaciones de financiación sindicada a importantes empresas españolas, ha destinado también recursos a la adquisición y toma de participación en empresas dentro y fuera de nuestro país. Lo que suele hacer el ICO habitualmente es que con bancos y cajas participa en empresas españolas o para compra de empresas extranjeras, a invitación de dichas entidades, con participaciones que siempre suelen estar alrededor o por debajo del 10 por ciento. Por lo tanto, lo que hacemos es algo que a usted tal vez no le guste -la verdad es que no entiendo muy bien por qué, porque han adoptado muchas medidas en esta dirección-, que es fortalecer las empresas españolas, incluso las grandes, que olvidan que también crean empleo y ayudan a la actividad.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor vicepresidente del Gobierno.
- DEL DIPUTADO DON CELESTINO SUÁREZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DE LAS NUEVAS LÍNEAS DE FINANCIACIÓN ICO PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES), TENIENDO EN CUENTA LA ACTUAL COYUNTURA ECONÓMICA? (Número de expediente 180/000326.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta del diputado don Celestino Suárez González.
El señor SUÁREZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, quiero empezar la formulación de esta pregunta destacando el muy importante peso que tienen en la economía de nuestro país las pequeñas y medianas empresas, por lo tanto, su enorme capacidad para generar actividad y empleo al margen del básico papel que, en términos de potencial tecnológico e innovación, juegan y van a seguir jugando en el futuro las pequeñas empresas en nuestro país. Dicho esto, estamos hablando también de algo básico para afrontar el futuro desarrollo de nuestra economía y de nuestra industria. Es obligado constatar que en este momento las pymes son las que más están padeciendo las recientes limitaciones al crédito. El Gobierno de España, en el marco de las políticas que está impulsando para estimular la economía y el empleo, ha puesto en marcha y fortalecido las líneas de financiación ICO para las pymes, básicamente con el objetivo de mejorar su liquidez. Se ha incrementado como consecuencia de ello la línea ICO-pymes; se ha fortalecido la línea ICO internacionalización, el programa ICO-proyme; se ha creado una línea para hacer frente a las necesidades de financiación en términos de capital circulante que tienen las pymes y se han tomado medidas en términos de moratorias para estas empresas. El Gobierno de España, en el marco de estas políticas, va a lograr triplicar los recursos destinados por el ICO a las pymes. Van a ser casi 30.000 millones de euros, de los cuales un porcentaje importante se va a destinar a circulantes.
Ante la realidad de este programa que nosotros consideramos muy necesario, realista y acertado, le formulo la pregunta que hemos presentado acerca de cuál es la valoración que el Gobierno...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Lo siento, señor Suárez, ha acabado su tiempo.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoría. Lo que hemos intentado hacer en el año 2008 es potenciar las líneas ICO-PYME que en ese momento ya existían, hasta llevarlas -no solo la de inversión, sino el resto, las de internacionalización y las demás- a un total de 10.000 millones de euros.
Es cierto que lo que hemos percibido en el año 2008 es una dificultad por parte de las pequeñas y medianas empresas para acceder al circulante. Le decía antes al señor Nadal que le damos importancia a las empresas grandes porque también crean empleo y tienen su importancia en el país, pero en ningún caso hemos olvidado a las pequeñas y medianas empresas, que son base del tejido industrial y base del empleo. Este año, precisamente para dar mayor capacidad al circulante de las pequeñas y medianas empresas, hemos introducido tres variaciones importantísimas. La primera ha sido que en la línea ICO-PYME tradicional dedicada a inversión, ya que todo tenía que ir a inversión, hemos aceptado, por una parte, aumentarla de 7.000 a 10.000 millones de euros y, por otra, que en vez de utilizarse el cien por cien en inversión se utilice el 60 por ciento en inversión y el 40 por ciento en gasto corriente, de manera que las empresas puedan funcionar de forma más eficiente. En segundo lugar, como el problema de la financiación y del circulante es un problema capital en este momento, de acuerdo con el sector privado hemos acordado poner en marcha una línea de crédito por 10.000 millones de euros, con lo cual el ICO corre con parte de ese riesgo, para que se concedan recursos a las pequeñas y medianas empresas para capital circulante. Por último, hemos tomado la decisión de que aquellas empresas que ya recibieron dinero en los últimos años de inversión, para que no tengan problemas de devolución en un momento
de dificultad de circulante, como es el actual, no paguen el principal.
Para eso tenemos que facilitar recursos a los bancos a los que deben durante el próximo año o, dicho de otra forma, una moratoria. Estos tres conceptos en su conjunto suponen más de 30.000 millones de liquidez para las pequeñas y medianas empresas en el año 2009 en nuestro país.
- DEL DIPUTADO DON EMILIO OLABARRÍA MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL MINISTERIO EN COLABORACIÓN CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL PARA ACABAR CON EL RETRASO CRÓNICO DE LAS EJECUTORIAS PENALES QUE SUPERAN EN ESTE MOMENTO LA CIFRA DE 750.000? (Número de expediente 180/000313.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta para el señor ministro de Justicia. Para formularla tiene la palabra don Emilio Olabarría.
Señor ministro, ¿qué medidas piensa adoptar su ministerio, en su caso, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, para acabar con el retraso crónico de las ejecutorias penales, que en este momento superarán probablemente la cifra de 750.000 y cuya manifestación más obscena la constituye el asesinato de la niña Mari Luz?
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): No creo, señor Olabarría, que lleguen a esa cantidad. Las cifras del consejo hablan de casi la mitad de lo que usted dice, pero en todo caso tenemos un problema. Hay un abanico de medidas, tanto en el ámbito legislativo como en la creación de nuevos puestos de funcionarios, supresión de la interinidad y refuerzo de toda la política en materia de modernización que, en definitiva, como sabe, es la meta de esta legislatura.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor ministro, por el carácter enigmático de su respuesta; espero que sea más concreto a continuación.
Decía el marqués de Beccaría, en su conocido tratado sobre los delitos y las penas, que una justicia no diligente no merece tal denominación.
750.000 es una cifra publicada por los medios de comunicación; la mitad es lo que la página web del Consejo General del Poder Judicial atribuye al retraso o pendencia de las ejecutorias de los juzgados penales de cinco capitales: Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao y Las Palmas. Si utilizamos una ecuación de prospectiva muy sencilla, que la media de la pendencia por cada Juzgado de lo Penal, especial u ordinario, es de 795, la cifra de 750.000 no será probablemente una cifra extravagante.
En todo caso, hay varios problemas que hay que erradicar, señor ministro, y usted los conoce. En primer lugar, el sistema de módulos del Consejo General del Poder Judicial para medir la productividad de los jueces atribuye cinco puntos a la circunstancia de dictar una sentencia y un solo punto a su ejecución. Desde esa perspectiva, es muy difícil, salvo que en las comisiones mixtas con el consejo se corrija este desequilibrio en materia de medición o de mesura de la productividad de jueces y magistrados.
En segundo lugar, existen competencias tasadas y manifiestamente insuficientes en relación con los secretarios judiciales en el ámbito de la ejecución penal.
En tercer lugar, no está configurada todavía una oficina judicial eficiente. Usted va a presentar un proyecto de ley a corto plazo, todavía lo estamos esperando, pero en tanto en cuanto la oficina judicial sea manifiestamente ineficiente vamos a seguir conviviendo con esta lacra.
En cuarto lugar, los sistemas informáticos de los órganos judiciales no solo son manifiestamente insuficientes, obsoletos desde una perspectiva técnica en muchos casos, sino que ni siquiera están coordinados entre sí, a pesar de que el Cendoj, el Centro de Documentación Judicial, lleva funcionando ya más de diez años, señor ministro, como usted sabe.
El señor PRESIDENTE: Lo siento, señor Olabarría, acabó su tiempo.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Señor presidente, señoría, insisto en que los únicos datos fiables que manejamos son los del Consejo del Poder Judicial. Todos sabemos cómo funciona la estadística, no es excepcional, pero creo que hay que estar a los datos fiables, que nos hablan de menos de 400.000 pendencias. No se trata tampoco de procedimientos paralizados, se trata de procedimientos en trámite que sabe que se alargan en la ejecución.
El tema de los módulos es responsabilidad del Consejo del Poder Judicial.
Lamento no poderle contestar, pero no es mi responsabilidad.
Medidas a corto plazo y a medio plazo, como le decía, para atajar ese problema de la ejecución. El próximo viernes llevo al Consejo de Ministros, en segunda lectura ya, el paquete de leyes de nueva oficina judicial, que vendrá a esta Cámara inmediatamente. Es la base legal de lo que viene luego. Mientras tanto, a corto plazo intentamos reducir la interinidad del personal de los órganos jurisdiccionales con la mayor creación de plazas que nunca se ha producido: 1.100 plazas de jueces y fiscales en la legislatura anterior, 4.403 funcionarios titulares que están ya entrando, 5.511 plazas convocadas, 129 plazas de médicos forenses y 900 plazas de secretarios -lo nunca visto, se lo aseguro-. Son refuerzos en el ámbito personal. En el ámbito orgánico hemos creado -entran en funcionamiento antes del 31 de diciembre- 15 nuevos juzgados de lo Penal, que son los que ejecutan, como bien sabe, y en 2009 entrarán otros 23. Todo esto es objetivo, señor Olabarría. Además aplicamos todas las medidas de refuerzo que nos pide el Consejo General del Poder Judicial a los órganos de ejecución.
En el ámbito de los procedimientos informáticos, como sabe -esto ya a medio plazo-, Minerva, nueva oficina judicial, y Lexnet, es decir, comunicación telemática de todas las notificaciones, están siendo generalizados en todo el territorio. Integraremos los sistemas informáticos en el ámbito de la legislatura.
- DE LA DIPUTADA DOÑA EVA DURÁN RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CÓMO PIENSA EL GOBIERNO GARANTIZAR LA EFICACIA DE LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE CONTROL DE MALTRATADORES? (Número de expediente 180/000325.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta ahora para el señor ministro del Interior.
Para formularla tiene la palabra doña Eva Durán.
La señora DURÁN RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, tenemos ya las cifras del último semestre del año 2008 de denuncias de maltrato de género. Son 71.022, sumadas estas a las 126.000 que teníamos del año 2007. Por eso, señor ministro, quiero preguntar cómo piensa el Gobierno garantizar la eficacia de los dispositivos electrónicos de control de maltratadores.
Como S.S. conoce perfectamente, estos dispositivos se pusieron en marcha en España a raíz de una modificación del Código Penal del año 2003. Se recogen específicamente en la Ley Contra la Violencia de Género del año 2004. Son dispositivos que de lo que tratan es de avisar inmediatamente cuando se produce el incumplimiento de una pena, concretamente de una orden de alejamiento, y estamos sistemáticamente mejorando estos dispositivos, tanto en lo que se refiere al funcionamiento interno de la Administración penitenciaria como a la propia tecnología que nos suministran las empresas.
Señora Durán.
Señor ministro, siento decirle que la contestación que usted nos da no nos sirve para nada. Usted es el máximo responsable del Ministerio del Interior y responsabiliza a los funcionarios de denuncias importantes y las califica de descuido. Descuido, según usted, señor ministro, como responsable de su ministerio, fue -y así lo catalogó usted- la huida del abogado señor Menéndez. Un descuido, señor ministro, ha sido no controlar los dispositivos para los maltratadores, y este error ha supuesto otra muerte. Con sus descuidos, señor Rubalcaba, hay otra mujer que no podrá presentar el futuro proyecto de su vida, no podrá ver a sus hijos. Todas estas mujeres, señor ministro, han perdido la vida solamente por eso, por ser mujer. Escuche, señor ministro, si es que no lo ha leído, lo que le dicen los sindicatos policiales en un escrito con ocho propuestas importantes que le mandan a su ministerio. Lo encabezan de esta forma: Violencia de género, un problema que empeora. Observamos con preocupación cómo, cada vez que se produce un episodio de violencia de género en cualquiera de sus lamentables manifestaciones, las más altas instancias encargadas de velar por que no se produzcan estas manifestaciones de intolerancia y despreciable violencia se pelean entre sí, para acabar derivando las responsabilidades hacia los que, en última instancia, estamos comprometidos en la defensa de la integridad de las potenciales víctimas. Esta situación, la objetiva indefensión que sufren estas miles de víctimas, así como la deriva en las ulteriores responsabilidades hacia el Cuerpo Nacional de Policía, resulta a todas luces injusta y, lo que resulta más peligroso, se encuentra muy lejos de poder resolverlo. Los sindicatos... (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Lo lamento, señora diputada, acabó el tiempo.
Señora Durán, la verdad es que no ha dado usted ni una, pero en fin. Para tratar estos temas conviene venir un poco preparado y leerlo, porque estamos hablando de temas muy serios. Bueno, ha dado usted una: yo soy el máximo responsable del Ministerio del Interior. Para saberlo creo que no hace ni siquiera ser diputado. El señor Rodríguez Menéndez se fugó porque le dieron un permiso penitenciario, se lo dio un juez. La última muerte de violencia de género no fue un descuido, porque, como usted sabe, el recluso salió con un permiso perfectamente legal y asesinó no a la persona a la que había amenazado y por la que estaba en prisión sino a su actual compañera que, por cierto, pidió el permiso para él. No fue un descuido de nadie. En todo caso, fue desgraciadamente un asesinato cometido por un perturbado que está en la cárcel. No se ha hablado del Cuerpo Nacional de Policía jamás en este tema porque la vigilancia corresponde a Instituciones Penitenciarias. Por tanto, repito, no ha dado usted ni una.
Le diré. Es un tema muy serio en el que estamos trabajando seriamente, mucho más de lo que hicieron ustedes porque hemos multiplicado por muchísimo tanto el número de funcionarios que trabajan en instituciones penitenciarias, como los policías y guardias civiles que se encargan del seguimiento y la protección de las posibles víctimas. Y lo que sí le digo en relación con su pregunta (a la que usted, por supuesto, no se ha referido; esa cosa de despistar sabe que tiene tan poca gracia y quita utilidad a este trámite) es que estamos mejorando los protocolos, la formación y la tecnología; las tres cosas, señora Durán.
- DEL DIPUTADO DON GABRIEL MATO ADROVER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE: ¿ES NECESARIA, EN OPINIÓN DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE, LA CREACIÓN DE UN MINISTERIO DE DEPORTES? (Número de expediente 189/000324.)
El señor PRESIDENTE: Preguntas para la señora ministra de Educación, Política Social y Deporte. Para formular la por él presentada, tiene la palabra don Gabriel Mato.
El señor MATO ADROVER: Muchas gracias, señor presidente.
Señora Ministra, el triunfo del tenis español en Mar de Plata nos ha traído, además de la Copa Davis, la promesa del presidente del Gobierno de crear el Ministerio de Deportes. ¿A juicio de la señora ministra es necesaria la creación de este ministerio?
Señoría, el deporte, como sabe usted muy bien, es un sector de actividad de enorme relevancia con un impacto social muy amplio, y la posibilidad de crear un ministerio de deportes sería un reconocimiento a ese protagonismo y a esa proyección en términos económicos y sociales y, además, un reforzamiento de los objetivos del Gobierno en materia deportiva.
Señor Mato.
El señor MATO ADROVER: Señora ministra, usted sabe perfectamente que el compromiso de crear un ministerio de deportes es fruto de la improvisación, el Partido Socialista no lo tenía en sus programas electorales, ni en el de 2004 ni en el de 2008, y además es una frivolidad y una irresponsabilidad en los tiempos de crisis en los que estamos. Tenemos 17 ministerios: un ministerio de Economía incapaz de reconocer una crisis y, lo que es peor, incapaz de luchar contra ella. Un Ministerio de Asuntos Exteriores que ha conseguido, con cúpula y sin cúpula, con silla y sin silla, que seamos el hazmerreír de Europa.
Trabajo, una máquina de generar paro, ya tres millones, seis mil diarios.
Industria, y nuestras industrias cierran, se trasladan o se las quedan los extranjeros. Justicia, y los juzgados colapsados y los amigos de los terroristas gobernando en 42 de nuestros ayuntamientos. Fomento, con una ministra reprobada. Defensa, incapaz de reconocer en qué misiones se juegan la vida nuestros militares. Por último, los flamantes ministerios de Vivienda y de Igualdad, que es verdad que han demostrado algo: su absoluta inutilidad. El resto, poco austeros en el gasto y muy austeros en cuanto a actividad.
Señora ministra, dígale al señor Zapatero que no prometa un ministerio a cada colectivo que va a verle. Ayer fueron los jóvenes; por cierto, promesa incumplida. Hoy, los deportistas. Mañana ¿quién sabe? Nuestros deportistas, a pesar de no tener un ministerio, como, por otra parte, sucede en toda Europa, han sido capaces de alcanzar las más altas metas y son hoy un orgullo para todos los españoles. Pero, señora ministra, los éxitos de
los deportistas son suyos, de los deportistas, no de ustedes. Si realmente quieren ayudar al deporte, no malgasten en estos momentos de crisis un solo euro en crear un nuevo ministerio. Inviértanlo en los deportistas, potencien los convenios con las comunidades autónomas para el deporte base, clarifiquen su política de inversiones y de instalaciones deportivas, involúcrense en el deporte adaptado, luchen contra el doping y la violencia, apoyen a las federaciones, modifiquen la Ley del Deporte y apuesten por Madrid 2016. Del ministerio hablamos en el futuro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mato.
Señoría, no sé si se ha dado cuenta, pero esa lista de compromisos que usted ha citado al final son exactamente lo que constituyen los objetivos en la política deportiva de este Gobierno en este mismo instante. Le agradezco mucho que nos la recuerde. Eso es exactamente lo que estamos haciendo.
Tampoco incurran en contradicciones. Ustedes se quejan, por un lado, de que damos poca importancia al deporte, y cuando le damos importancia elevándolo de rango y comprometiendo un ministerio, tampoco les gusta.
Tampoco son capaces de reconocer que este Gobierno tiene una línea de trabajo en la que sigue perseverando en relación con la política deportiva y que ha incorporado el deporte al título de este ministerio que dirijo. El anuncio hecho por el presidente respondería a esa dimensión y a esa importancia que le damos al deporte. Pero lo que importa, señoría, son los objetivos, unos objetivos que persigue este Gobierno desde la legislatura pasada, que son hacer del deporte un derecho básico de ciudadanía a través del acceso universal a una práctica deportiva de calidad y sin barreras; por otro lado, fortalecer el sistema deportivo español en todas sus vertientes.
Es verdad, señoría, que España es hoy una potencia deportiva internacional y los éxitos del deporte español son un éxito de los deportistas, en primer lugar, y de la sociedad en su conjunto. No le quepa ninguna duda de que nuestro objetivo tiene un eje de horizonte que se llama Londres 2012 y Madrid 2016. Dimos un primer paso visualizando el deporte a través del impulso del actual Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. En cuanto a la creación de un posible ministerio, es una vieja aspiración del mundo deportivo y por eso su anuncio ha sido recogido de forma muy positiva por todos los colectivos que forman el tejido deportivo español. Les invito a reflexionar en este sentido y no tanto en el sentido de una posible remodelación de Gobierno e incompetencia de los ministros del actual.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ELVIRA CORTAJARENA ITURRIOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE: ¿QUÉ NUEVAS LÍNEAS DE TRABAJO PUEDE ANUNCIAR EL GOBIERNO EN RELACIÓN A LA POLÍTICA DE DISCAPACIDAD TRAS LA CELEBRACIÓN EL 3 DE DICIEMBRE DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD? (Número de expediente 180/000328.)
El señor PRESIDENTE: Nueva pregunta. Para formularla tiene la palabra doña Elvira Cortajarena.
Señora ministra, estamos inmersos en una serie de celebraciones o de onomásticas como son el trigésimo aniversario de la Constitución, el sexagésimo aniversario de la Declaración de Derechos Humanos y también el Día internacional de las personas con discapacidad. La atención y la actuación que los gobiernos socialistas han dedicado al colectivo de personas con discapacidad es digno de ponerlo en valor. En primer lugar, España elaboró y aprobó por unanimidad en esta Cámara en 1982 la Ley de integración social de los minusválidos, que concedía el acceso universal a la sanidad, a la educación y que también les proporcionaba acceso a las prestaciones económicas. En la última legislatura pusimos en valor el Comité Paralímpico con 17 millones de euros, que hasta entonces ni se había ejecutado ni constituido. Por cierto, con un gran medallero por parte de los discapacitados. En cuarto lugar, en el ámbito legislativo, aprobamos la Ley de las lenguas de signos españolas y también la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, que confiere una serie de derechos subjetivos a las personas afectadas por una discapacidad.
Señora ministra, yo creo que estos elementos configuran una perspectiva importante de cara a un colectivo de más de tres millones de ciudadanos en nuestro país; tres millones y medio, según los últimos datos que tenemos. La realidad es que el movimiento asociativo, que estaba muy atomizado, en la actualidad se ha unido con el Cermi. Por lo tanto, creo que la apuesta y las propuestas que ha hecho nuestro Gobierno responden a las necesidades del colectivo, pero cada vez que se atiende una necesidad social y una demanda de este colectivo aparece una nueva. Esa es la evolución y la grandeza de las políticas sociales que defiende su ministerio. Por ello, ministra, con su pedagogía política, le
pregunto cuáles son los argumentos y los proyectos que tenemos para el futuro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cortajarena.
Señoría, es un repaso importante el que ha hecho de las políticas sociales en este contexto y muy buena la perspectiva que ha marcado.
Efectivamente, el pasado día 3 de diciembre se celebró el Día Internacional de la Discapacidad y el Gobierno no ha querido que fuera un día meramente conmemorativo sino que catalizara derechos para las personas con discapacidad. Hace justamente un año el Gobierno ratificó la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad; una convención que ha supuesto un nuevo modo de afrontar las políticas de discapacidad, viendo cómo esta es una manifestación de la diversidad humana que exige una nueva mirada, una nueva óptica y un reconocimiento de todos los derechos de estas personas como el pilar en el que cimentar las políticas públicas; una políticas públicas que combinan medidas normativas de no discriminación y medidas de acción positiva. Nuestro país tiene, como usted ha recordado, una de las normativas más avanzadas en esta materia pero el compromiso tiene que ser mayor. De hecho, la ratificación de la Convención de la ONU se asumió con carácter vinculante y por eso asumimos el deber de promover, proteger y supervisar la aplicación de esta convención. Hemos puesto en marcha ya medidas como la estrategia global de empleo para personas con discapacidad. El pasado 3 de diciembre, precisamente el día internacional, presidí un Consejo Nacional de la Discapacidad en el que anuncié la creación de una mesa de la discapacidad y la autonomía personal -una mesa que presidiré yo personalmente-, que trabajará conjuntamente con los representantes del movimiento asociativo en la definición de una agenda política de la discapacidad y la autonomía personal de la próxima legislatura. Creo que es un salto cualitativo que responde a esa política de reivindicación del tejido asociativo con el que hay que trabajar de manera muy intensa, con tres objetivos fundamentales: accesibilidad universal, integración y adaptación de la legislación española a la Convención de Naciones Unidas.
- DEL DIPUTADO DON JOSU MONTALBÁN GOICOECHEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE: ¿QUÉ IMPLICACIONES TENDRÁN LAS ÚLTIMAS MEDIDAS ANUNCIADAS EN LAS POLÍTICAS QUE ESTÁ LLEVANDO A CABO EL GOBIERNO EN MATERIA DE DEPENDENCIA? (Número de expediente 180/000329.)
El señor PRESIDENTE: Nueva pregunta para la señora ministra. En este caso, para formularla tiene la palabra el señor Montalbán Goicoechea.
El señor MONTALBÁN GOICOECHEA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, en enero de 2007 entró en vigor la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia. Se trata, pues, de una ley que solo tiene dos años. Dicha ley nació con la vocación de ser un nuevo pilar del Estado del bienestar que los sucesivos gobiernos socialistas han ido construyendo en España, universalizando primero la sanidad y la educación, implantando las pensiones no contributivas y consolidando para el futuro la supervivencia y dignidad del sistema de las pensiones contributivas de la Seguridad Social.
En sucesivas comparecencias suyas ha quedado meridianamente clara la importancia que usted da al desarrollo de esta ley. En todas ellas ha enfatizado el importante esfuerzo realizado para su desarrollo, que ha requerido propiciar consensos y construir el nuevo entramado desde la colaboración con quienes deben participar en él, las comunidades autónomas, ayuntamientos, etcétera. Usted utilizó un término para calificar la ley que deseo subrayar. Dijo que se trataba de una ley de Estado, por cuanto su objetivo, más allá de la prestación de servicios y la concesión de ayudas a quienes soportan situaciones de dependencia, es también conseguir la cohesión social.
El pasado 27 de noviembre ha tenido lugar la última reunión del pleno del Consejo Territorial de la Dependencia. Usted la presidió. En ella fueron tomados al menos dos acuerdos de capital importancia en el desarrollo de la ley. Un primer acuerdo sobre los criterios que deben aplicar las comunidades autónomas para garantizar la calidad de los centros y servicios del sistema de dependencia, y un segundo acuerdo por el que se determina la capacidad económica de los beneficiarios y los criterios de participación de dichos beneficiarios en la cofinanciación de los servicios que reciban. Igualmente, el Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, contempla un crédito especial de 400 millones de euros destinados a la promoción de los servicios de atención a la dependencia.
Con objeto de que sea usted misma la que nos haga la lectura sopesada de lo que suponen los acuerdos y medidas aprobados, le formulo la siguiente
pregunta. Señora ministra, ¿qué implicaciones tendrán las últimas medidas anunciadas en las políticas que está llevando a cabo el Gobierno en materia de dependencia? (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Montalbán.
Señoría, como usted muy bien acaba de decir, el Gobierno viene desarrollando un conjunto de medidas de carácter normativo, también de gestión y por supuesto presupuestarias, con el objeto de seguir desarrollando la Ley de Dependencia, implantando un sistema de atención a la dependencia en nuestro país. El Gobierno lo está haciendo acordando con comunidades autónomas y con los agentes sociales todas estas medidas, con el objetivo fundamental de construir un sistema sólido, un sistema con vocación de permanencia que, en definitiva, se sostenga en el tiempo.
Nuestra obligación es garantizar los derechos de las personas que han sido reconocidas como tales, como dependientes, que son hoy 422.000 en todo el país, de las que 256.000 personas, algo más, están siendo ya atendidas gracias a este nuevo derecho reconocido. Me gustaría que una vez más, aunque todos seamos conscientes de los desafíos y de los problemas que abordamos en la construcción del sistema, seamos capaces también de felicitarnos por haber alcanzado estas cifras que tienen un valor impagable para todas las familias que reciben las ayudas.
El pasado 27 de noviembre efectivamente el Consejo Territorial de la Dependencia adoptó dos acuerdos importantes, uno de ellos en relación con la acreditación de centros y servicios y el otro con la cofinanciación de los beneficiarios de la ley. El primero va a permitir que las comunidades autónomas acrediten a los centros y servicios que forman parte de la red que cualifiquen los recursos y equipamientos, los profesionales necesarios y también la accesibilidad a los mismos. Hemos acordado también las ratios de trabajadores y número de personas atendidas en los centros. El segundo, el de cofinanciación, fija los criterios para la participación de los beneficiarios en los servicios que se les prestan y se regulan los requisitos y la coparticipación progresiva, estableciendo umbrales mínimos y máximos de cofinanciación que hasta ahora venían decidiendo las comunidades autónomas.
También, efectivamente, el presidente del Gobierno, dentro del Fondo especial del Estado para la dinamización de la economía y el empleo por valor de 3.000 millones de euros, ha incluido 400 millones de euros destinados a actuar en este sistema de la dependencia, que vienen a sumarse al incremento del 33 por ciento de los gastos presupuestarios. El Gobierno atiende así, con un gran esfuerzo presupuestario, la petición al Estado... (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Lo siento, señora ministra, acabó su tiempo.
- DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN MARÓN BELTRÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE VIVIENDA: ¿QUÉ MEDIDAS DE IMPULSO A LA REHABILITACIÓN SE RECOGEN EN EL REAL DECRETO-LEY 9/2008, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE CREA UN FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL Y UN FONDO DEL ESTADO PARA LA DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO? (Número de expediente 180/000331.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta ahora para la señora ministra de Vivienda.
Para formularla tiene la palabra doña Carmen Marón.
La señora MARÓN BELTRÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, permítame que en esta intervención felicite al Gobierno y muestre la satisfacción del municipalismo, al que pertenezco, por el Real Decreto-ley de medidas por el que se crea el Fondo de inversión local para la dinamización de la economía y el empleo. Son muchos los ayuntamientos que con estas medidas van a duplicar o triplicar sus inversiones y van a tener la posibilidad de tener en sus calles, en sus barrios, proyectos que de otro modo no serían posibles por falta de recursos y que nuestros vecinos nos demandan, con razón, inmediatez y eficacia. Entre las posibles inversiones están las medidas de impulso a la rehabilitación que permiten dinamizar y modernizar los barrios de nuestras ciudades y pueblos, revitalizando el tejido económico, reforzando la seguridad, generando empleo y mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos.
Señora ministra, sé que la rehabilitación es una prioridad del Gobierno y en mi ciudad, La Coruña, lo estamos percibiendo en tres barrios en los que se está llevando a cabo, donde las obras avanzan a muy buen ritmo.
Pero en este Real Decreto-ley 9/2008 hay nuevas medidas de impulso a la rehabilitación y un nuevo compromiso del Gobierno que por su importancia le agradeceré que nos explique en su respuesta.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Marón.
Señoría, como usted sabe -he tenido ocasión de manifestarlo muchas veces en esta Cámara-, el Gobierno
está decidido a impulsar la rehabilitación, no solo porque consideramos que es bueno para la economía y para los ciudadanos sino porque es muy oportuno en la coyuntura actual. Como sabe, la rehabilitación es una actividad muy intensiva en mano de obra, requiere muchos trabajadores por cada obra y también supone la utilización de materiales de construcción, lo que puede redundar en la reactivación del tejido empresarial, que en estos momentos se encuentra en dificultades. Las últimas medidas del Gobierno insisten en reforzar la rehabilitación, una actividad a la que el ministerio está dando mucha importancia desde la anterior legislatura.
Desde 2004 se han rehabilitado 270.000 viviendas y actualmente están en curso, con fondos del Gobierno, 80.000 viviendas más.
En el plan de vivienda y rehabilitación, que inminentemente va a ser aprobado por el Gobierno, hay tres líneas de actuación fundamentales en la ciudad; las áreas de rehabilitación urbana, las áreas de renovación urbana y las nuevas ayudas para la erradicación de la infravivienda y del chabolismo. Dentro de este mismo plan vamos a poner en marcha el Plan Renove para la rehabilitación energética y de accesibilidad y habitabilidad de todas las viviendas y edificios preexistentes que lo requieran, con importantes ayudas y subvenciones directamente para mejorar estos aspectos de las viviendas.
Como usted también decía, la pasada semana, a través del Real Decreto-ley 9/2008, se han puesto en marcha dos importantes fondos de inversión del Gobierno; uno de 8.000 millones de euros en el ámbito local, que tiene una incidencia muy importante en la rehabilitación puesto que tiene como una de las actividades financiables la rehabilitación de espacios urbanos, la mejora de la eficiencia energética y la supresión de barreras arquitectónicas, actividades muy intensivas en creación de empleo y utilización de materiales; y otro de 3.000 millones de euros para la dinamización de la economía, repartido el pasado viernes entre diversos ministerios, de los cuales, 110 millones de euros es la dotación que recibe el Ministerio de Vivienda para rehabilitación de viviendas y espacios urbanos.
Hay otras partidas presupuestarias destinadas también a esta actividad para generar empleo y crear ciudad en la rehabilitación de viviendas, casas y edificios dependientes del Ministerio del Interior y también del Ministerio de Defensa, así como para la creación de pequeñas infraestructuras de transporte. Por tanto, todas las medidas son coherentes con lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo para mejorar los recursos desde el punto de vista de la responsabilidad del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra de Vivienda.
- DEL DIPUTADO DON FRANCESC CANET I COMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE CIENCIA E INNOVACIÓN: ¿CUÁNDO PRETENDE EL GOBIERNO CONSTITUIR EL OBSERVATORIO DE BECAS QUE SE PREVÉ EN LA LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE UNIVERSIDADES (LOMLOU) DE 2007? (Número de expediente 180/000315.)
El señor PRESIDENTE: Preguntas para la señora ministra de Ciencia e Innovación. Tiene la palabra, en primer lugar, don Francesc Canet para formular la por él presentada.
Señora ministra, la implementación del espacio europeo de Educación Superior ha de garantizar su equidad y transparencia. Nadie puede quedar excluido de los estudios universitarios por razones económicas y se debe asegurar la movilidad para estudiar en universidades europeas. Además, el nuevo marco universitario europeo basado en la calidad debe permitir que los estudiantes puedan acceder a estudios propios de alto nivel en las mismas condiciones que a los estudios oficiales. Pero el actual sistema de becas y ayudas para el estudio universitario que ha de hacer posible todo ello ha quedado, a nuestro juicio, desfasado en su configuración, pues no tiene en cuenta la realidad socioeconómica del territorio donde reside el estudiante, y en las cantidades. Ayer mismo, el secretario de Estado de Universidades, señor Rubiralta, admitía en su comparecencia en Comisión que las becas eran una de las debilidades del sistema universitario español, que únicamente destina el 0,08 del PIB.
El ministerio que usted dirige, señora ministra, ha de liderar el cambio necesario sin más demora, y uno de los factores imprescindibles está contemplado en la disposición adicional vigesimosegunda de la nueva Ley Orgánica de Universidades, la Lomlou, que obliga al Gobierno a establecer un observatorio de becas y ayudas para el estudio. Por ello, con la Lomlou a punto de cumplir dos años -le falta un trimestre-, debo preguntarle, señora ministra, si el Gobierno tiene previsto poner en marcha ya el citado observatorio.
Señoría, garantizar que en este país nadie quede excluido del estudio universitario por razones económicas y que cada persona pueda progresar y formarse
adecuadamente en función de su talento y su propia voluntad es una prioridad del Gobierno. El observatorio previsto en la Ley Orgánica 7 de 2007 elaborará estadísticas e informes que contribuirán sin duda a mejorar la eficiencia y la transparencia en el sistema de becas y ayudas.
Ya estamos trabajando en este proyecto, es nuestra intención presentarlo al Consejo de Universidades y a la Conferencia general de política universitaria y prevemos que el observatorio pueda constituirse en los primeros meses del año 2009.
Señora ministra, celebramos el compromiso que supone su respuesta, aunque a nuestro juicio el plazo es un poco ambiguo. En el caso de las universidades catalanas la sensación de urgencia en la creación del observatorio es notoria, de una parte, por la presión que ejerce sobre el sistema universitario catalán el bajo porcentaje de alumnos con becas en relación con el total de matriculados, y ello no puede ser ajeno a la especial intensidad del movimiento contrario al proceso de Bolonia que se vive actualmente en el Estado español pero especialmente en Cataluña; y de otra parte, porque aún sigue pendiente el traspaso de las becas y créditos universitarios a la Generalitat de Catalunya, a pesar de las acciones de las dos administraciones, de los acuerdos de la Comisión mixta de traspasos Estado-Generalitat y de la sentencia 188 del año 2001 del Tribunal Constitucional. Por todo ello la creación y puesta en macha del observatorio se ha de hacer en el plazo más breve posible. Estamos de acuerdo con usted en que es el instrumento que puede mejorar la transparencia, la eficacia y la justicia en el sistema de becas.
Señoría, permítame que le recuerde algunos datos que indican el compromiso del Gobierno en materia de becas. Desde 2004 los créditos presupuestarios asignados a la política de becas se han incrementado en un 57,75 por ciento; una mejora significativa que se ha visto acompañada de nuevos instrumentos como son los préstamos renta que inciden e intentan proteger la autonomía del propio estudiante. Como sabe, para 2009 ha habido un incremento generalizado en tales créditos para las becas y en algunos programas el incremento ha sido muy significativo, como el programa Erasmus, con un aumento del 10 por ciento. Por otra parte, el nuevo marco normativo establecido por el Real Decreto 1721 de 2007 va a facilitar la gestión descentralizada de estas becas y la adecuada atención a las políticas territoriales. El futuro observatorio contribuirá a un mejor conocimiento socioeconómico y a otros factores que afecten a la igualdad de acceso a las becas y ayudas universitarias, lo que nos va a permitir, sin duda, impulsar medidas para una mayor eficiencia del sistema en colaboración con las comunidades autónomas y con las propias universidades. Tal y como prevé la ley, para el funcionamiento del observatorio se contará con la participación de los agentes sociales y de los propios estudiantes a través del Consejo del Estudiante Universitario. Creo, señoría, que estamos impulsando adecuadamente la política de becas y además estoy segura de que vamos a contar con el apoyo de su grupo parlamentario para estas tareas.
- DEL DIPUTADO DON ADOLFO LUIS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE CIENCIA E INNOVACIÓN: ¿QUÉ OPINIÓN TIENE EL GOBIERNO DEL GRADO DE CONFLICTIVIDAD CREADO EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA? (Número de expediente 180/000322.)
El señor PRESIDENTE: Nueva pregunta para la señora ministra. Para formularla tiene la palabra don Adolfo González Rodríguez.
El señor GONZÁLEZ RODRÍGUEZ (don Adolfo Luis): Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, ¿qué opinión tiene el Gobierno del grado de conflictividad en la universidad española?
Señoría, a día de hoy, miles de estudiantes están estudiando en 33 universidades españolas adaptadas ya al espacio europeo de Educación Superior y el próximo curso esta oferta estará totalmente extendida en la mayoría de las universidades. Como sabe, España contribuye desde el año 1999, junto con otros 45 países, a construir este espacio europeo de Educación Superior. La percepción de los estudiantes sobre la nueva ordenación académica es mayoritariamente positiva, o al menos así se deduce de la demanda de matriculación en las nuevas titulaciones adaptadas al espacio europeo. Estos números contrastan con las protestas minoritarias y focalizadas que están teniendo lugar en algunos campus. Me imagino que su
pregunta hace referencia a estos focos de descontento y, por tanto, a ellos me voy a referir.
Nuestra opinión es que estos grupos agregan un conjunto heterogéneo de posiciones; por un lado, demandan mayor información y, por otro, gran parte de ellos reivindican algunas acciones que no tienen nada que ver con el espacio europeo de Educación Superior. Ante esta situación, nuestro compromiso es redoblar los canales y los sistemas de información, recordar que la universidad pública es patrimonio de la sociedad y apoyar a las universidades para que, frente a actitudes poco democráticas, hagan valer los canales de representación y participación del estudiante legítimamente asignado. (Aplausos.)
Señora ministra, su respuesta me ha parecido bastante débil y, en cierta medida, me deja perplejo.
Le quiero decir, en primer lugar, que el Partido Popular fue el que firmó Bolonia en el año 1999; el Partido Popular cree en Bolonia y el Partido Popular defiende la universidad española de excelencia. Dicho esto, señora ministra, los estudiantes, primero, mediante los encierros en diversas universidades -revestidos en algunos casos de cierta agresividad, sin duda preocupante-; los rectores, después, a través de la carta de los cinco rectores con mayores problemas, y posteriormente el Consejo de Universidades, nos confirman la actual conflictividad universitaria, donde la información por parte de su ministerio ha brillado por su ausencia, aunque, eso sí, ahora ha sido prometida dadas las consecuencias cada vez más graves en las aulas universitarias.
Señora ministra, nada es totalmente espontáneo y mucho menos en el mundo universitario. Las causas de la actual conflictividad están en su propia actuación o, mejor dicho, casi nula actuación. Los mismos rectores hablan de que el movimiento antiBolonia va adquiriendo una dimensión creciente e imparable. Claramente dicen que es un problema a nivel estatal y que el Gobierno debe actuar ya. La situación universitaria se está desbordando y, a veces, asfixiando a las universidades españolas. ¿Y qué hace usted? Usted va a muchos foros y aparece en muchas fotos -cosa que no le critico; seguramente va en el sueldo de ministra-, pero le voy a comentar una serie de cosas. La verificación de títulos para 2010 va francamente lenta y, además, ayer el secretario de Estado nos dijo, de forma preocupante, que con prácticas no democráticas. Me gustaría que nos informara al respecto. La Aneca va por libre y su directora se niega a aparecer en este Congreso de los Diputados y pasa de los reales decretos.
De los asuntos del Ministerio de Defensa sobre los centros universitarios de Defensa parece que usted no sabe, no contesta. Del máster para ejercer posteriormente de profesor -que no criticamos, sino simplemente creemos que algo debe decir usted al respecto-, usted sigue sin saber y sin estar. La paralización de títulos en el Consejo de Ministros está en la misma situación. Y el problema de las ingenierías, tanto la informática como la química, diga usted lo que diga, están sin resolver.
Señora ministra, lidere la situación, actúe en el ministerio, dirija a sus subordinados y gobierne para evitar la actual conflictividad que existe en la universidad española, aunque parece que de esto tampoco está informada usted.
La señora MINISTRA DE CIENCIA E INNOVACIÓN (Garmendia Mendizábal): Señoría, como le he dicho, llevamos trabajando desde el año 1999 en este proceso. Son bastantes años, pero hemos tenido que acelerar en los cuatro últimos ¿sabe usted por qué? Porque en los años anteriores ustedes prácticamente no hicieron nada. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!) Lo que les pido es que, por favor, nos ayuden en este último tramo. La construcción de la universidad pública española es una cuestión de Estado, señoría, y así lo entendemos, afortunadamente, la mayoría de los grupos parlamentarios, pero veo que no es así en el suyo. Además, curiosamente, se posicionan ustedes con algunos discursos parecidos a los de los grupos antisistema. Francamente, no sé a qué están jugando.
Ningún procedimiento antidemocrático ni ilegal se está llevando a cabo. Lo que estamos intentando es construir una mejor y más moderna universidad en España. Como le anticipaba, pensamos seguir trabajando en el ámbito del Consejo de Universidades, que es el ámbito académico en el que trabajamos para construir... (Aplausos.)
- DE LA DIPUTADA DOÑA BLANCA FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE CIENCIA E INNOVACIÓN: ¿POR QUÉ MOTIVOS HAN SIDO SUSPENDIDOS LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CONSOLIDER Y CENIT EN 2009? (Número de expediente 180/000323.)
El señor PRESIDENTE: Nueva pregunta para la señora ministra. Para formularla tiene la palabra doña Blanca Fernández de Capel.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, ¿puede informar a la Cámara por qué ha sido suspendida la convocatoria del programa Consolider?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández de Capel.
Señoría, no puedo informarle porque no ha sido suspendida la programación de Consolider. (Aplausos.)
Señora Fernández de Capel.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Señora ministra, ustedes no han desmentido que la convocatoria está sine díe. Ustedes pusieron los plazos y ahora vienen a decir y a corroborar lo que algunos miembros de su Gobierno ya dijeron en esta Cámara, cuando afirmaron que, en torno a esos programas, a pesar de que hubiera informes de más de 400 páginas -busque los "Diario de Sesiones"-, el informe era infumable. Señora ministra, la convocatoria está sine díe porque el ministerio no ha puesto todavía una fecha para esa convocatoria. Y eso es un revés notable para todos nuestros investigadores, y más cuando los solicitantes de estas convocatorias concurrirán a convocatorias de otro tipo, creando una dificultad al sistema. Ustedes hicieron el proyecto y pusieron los plazos, y los plazos se han ido cumpliendo hasta que usted ha llegado a este ministerio. Lamento mucho, señora ministra, que se vea en la tesitura de decir lo que tiene que decir. Lo siento por usted, porque sabe que la respeto.
Señora ministra, su ministerio, que se ha vendido como la solución de todos los problemas de la crisis económica -no olvidemos que el señor presidente del Gobierno dijo que la I+D y la I+D biotecnológica iba a absorber el paro de la construcción-, no funciona y hace una política de Penélope. Le voy a poner un ejemplo de hace exactamente diez días.
Ustedes trajeron a la Cámara una proposición no de ley que era copia del Plan nacional de I+D para el impulso de la ciencia y la divulgación científica, y a la semana anulan las 70 unidades de divulgación científica, creadas al amparo del Año de la Ciencia en las universidades españolas y que dependían del CSIC. El CSIC, como usted sabe, está en este momento con un problema de desprecio de los intangibles, señora ministra, que son tan importantes...
El señor PRESIDENTE: Lo siento, señora Fernández de Capel, acabó su tiempo.
Señoría, no sé cómo puede decir que el presidente del Gobierno ha anunciado que la biotecnología va a absorber el paro de la construcción.
(La señora Fernández de Capel Baños pronuncia palabras que no se perciben.) Dudo que lo encuentre usted en el "Diario de Sesiones". Si me lo demuestra, yo estaré encantada de rectificar.
Yo le pediría que fuera tan amable de consultar el proyecto de Ley de Presupuestos en la sección 21, donde podrá comprobar que existen dos partidas de 55 y 188 millones de euros que se destinarán a financiar precisamente 57 programas Consolider y 61 programas Cenit, que se han puesto en marcha dentro del Programa Ingenio 2010. Dicho programa, que no fijaba la obligación de la convocatoria anual -por cierto le digo que ha habido tres convocatorias Consolider y cuatro convocatorias Cenit-, sí que exigía, por el contrario, un riguroso sistema de evaluación que nos permita analizar la evolución de los instrumentos, el grado de cumplimiento de los objetivos y el impacto que están teniendo sobre nuestra política de I+D+i. Tanto Cenit como Consolider han supuesto un gran cambio cualitativo en la forma de hacer ciencia, de hacer investigación en nuestro sistema en término de volumen y focalización de recursos, de masa crítica investigadora y de cooperación público privada.
Para que S.S. se haga una idea, le voy a dar algunas cifras. El presupuesto total de los 118 proyectos en vigor supera los 1.900 millones de euros; los 57 proyectos Consolider involucran a 6.000 investigadores y en los 61 proyectos Cenit participan más de 800 empresas y más de 900 grupos de investigación.
Señoría, en el ministerio pensamos que solo mediante el análisis y la evaluación de los primeros resultados, que finalizan ahora tras un ciclo de cuatro años, podremos ajustar en el futuro los programas Cenit y Consolider a las necesidades actuales del sistema y optimizar así sus condiciones de funcionamiento. Se trata de conseguir un principio fundamental en cualquier política pública y muy especialmente en las políticas científicas. Al finalizar este análisis, que ha sido por cierto sugerido también por los comités evaluadores de los dos programas, estaremos en disposición de convocarlos nuevamente con mejoras que sin duda van a redundar en un uso más eficiente de nuestros recursos públicos para I+D+i, así como en mayores beneficios para los investigadores y las empresas.
- DEL DIPUTADO DON SEBASTIÁN QUIRÓS PULGAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE CIENCIA E INNOVACIÓN: ¿QUÉ MEDIDAS DE I+D+I VA A PROMOVER EL GOBIERNO CON CARGO AL FONDO ESPECIAL DEL ESTADO PARA LA DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA? (Número de expediente 180/000332.)
El señor PRESIDENTE: Última pregunta para la señora ministra. Para formularla tiene la palabra don Sebastián Quirós Pulgar.
El señor QUIRÓS PULGAR: Gracias, señor presidente.
Señora ministra de Ciencia e Innovación, no hay mejor medida para la dinamización económica y la creación de empleo que invertir en investigación, desarrollo e innovación. Así lo hemos entendido siempre los socialistas y lo hemos puesto en marcha. Fruto de ello es que los gobiernos de Zapatero han impulsado la política de I+D+i más ambiciosa de la última etapa de la historia de nuestro país, que contrasta con los gobiernos del Partido Popular que la tenían como una política de escaparate, y decimos de escaparate porque no ponían los recursos suficientes para su desarrollo. Fíjese, señora ministra, los gobiernos del Partido Popular estaban más interesados en estimular la burbuja inmobiliaria que en impulsar las políticas de I+D+i. Y no digo esto para hacer una crítica fácil y sin fundamento al Partido Popular, lo podemos decir los socialistas con hechos, como es que los gobiernos de Zapatero han dotado el mayor presupuesto público de inversión en I+D+i civil de la democracia, dos veces más que los gobiernos del Partido Popular -se dice pronto- y también porque hemos dado un gran impulso a la I+D empresarial.
Señorías, en dos años de Gobierno socialista hemos avanzado el doble que en seis años de Gobierno del Partido Popular, y no es solo que hayamos puesto más recursos en I+D+i sino que también estamos mejorando su gestión, su planificación y su evaluación. Y ahora, ante la crisis económica que estamos afrontando, de nuevo el Gobierno de Zapatero ha estado a la altura de las circunstancias. Ha inyectado créditos extraordinarios para determinados sectores estratégicos que tienen la capacidad de crear empleo, como es el de la investigación, desarrollo e innovación. Por tanto, los gobiernos de Zapatero no solo han dotado con un incremento considerable la inversión en I+D+i para cambiar el modelo de crecimiento insostenible impulsado por el Partido Popular, sino que ante la actual coyuntura económica el Gobierno quiere aprovechar la crisis como una oportunidad para seguir impulsando la I+D+i y muestra de ello son los fondos que se han orientado a la inversión en la mejora de la competitividad y la creación de empleo, por lo que, señora ministra, nos gustaría conocer las medidas de I+D+i que va a promover el Gobierno con cargo al fondo especial del Estado para la dinamización de la economía y la creación de empleo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Quirós.
Señoría, como sabe, dicho fondo incorporará una dotación de 490 millones de euros en actuaciones de I+D+i. Este esfuerzo inversor nos va a permitir consolidar nuestra apuesta por el cambio de patrón de crecimiento económico a través de una serie de inversiones priorizadas de acuerdo con tres criterios; en primer lugar, su impacto en la creación de empleo en el corto plazo, la mejora de la liquidez de las empresas y la movilización de recursos privados adicionales en actividades de alto valor añadido; en segundo lugar, su despliegue en todo el territorio nacional y su capacidad dinamizadora para los entornos locales y regionales; y en tercer lugar, su carácter estratégico para la economía y la sociedad española haciendo especial énfasis en dos sectores como son la salud y la energía. Las actuaciones en el ámbito de la salud, dotadas con 180 millones de euros, están dirigidas a incrementar la competitividad de las empresas y las instituciones que operan en diferentes sectores afines al campo de la sanidad, un entorno de indudable impacto económico y también muy vinculado a algunas políticas sociales. En el eje de la energía, se recogen también actuaciones que suman 180 millones de euros, orientadas a incrementar la contribución de las energías renovables y otras tecnologías energéticas emergentes de forma eficiente y competitiva al sistema energético nacional. Finalmente, se destinan 130 millones de euros a un conjunto de actuaciones en entornos científicos, tecnológicos y empresariales, específicamente seleccionados por su liderazgo, capacidad tractora de actividad económica y efecto demostrativo como modelos de producción en la economía del conocimiento. Entre las modalidades de actuación destacan por su novedad la creación de campus de excelencia internacional en universidades españolas, la puesta en marcha de nuevas ayudas para la cooperación tecnológica entre pymes o el fomento de la compra pública de tecnología española. En paralelo, por su impacto en el empleo directo, se acelerará la construcción de las grandes infraestructuras científico tecnológicas de dimensión internacional previamente evaluadas y consensuadas con las comunidades autónomas. Adicionalmente, el fondo permitirá priorizar, en función de los tres ejes mencionados, otras actuaciones previstas en el Plan nacional de I+D+i 2008-2011, incrementando dotaciones como las que se dedican a becas y contratos para investigadores y técnicos, lo que supondrá una transferencia directa de fondos a las familias y a las personas.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA CARMEN SÁNCHEZ DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE EL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL ATIENDE A LAS DEMANDAS Y NECESIDADES DE LAS ENTIDADES LOCALES Y DE LOS CIUDADANOS? (Número de expediente 180/000330.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta ahora para la señora ministra de Administraciones Públicas. Para
formularla tiene la palabra doña María del Carmen Sánchez Díaz.
Señora ministra, el Gobierno socialista ha hecho una importante apuesta por la Administración local. El compromiso de este Gobierno ha quedado patente a través de la puesta en marcha de muchas iniciativas a favor de los ayuntamientos, como incrementar las transferencias a los entes locales en los Presupuestos Generales del Estado, compensarles con 120 millones de euros por la supresión del IAE o crear un fondo de 40 millones de euros que ha beneficiado a 3.370 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes.
Es también un Gobierno socialista el que está trabajando con la Federación Española de Municipios para conseguir un nuevo modelo de financiación local consensuado por todos. Por eso, señora ministra, mi grupo parlamentario coincide plenamente con lo que usted dijo aquí la semana pasada, cuando afirmó que los alcaldes saben bien quién ahogó a los ayuntamientos con la supresión del IAE. Saben también que fue el Gobierno del Partido Popular el que realizó una Ley de Haciendas Locales que no ha servido para solucionar los problemas de financiación de los ayuntamientos. Ahora es un Gobierno socialista el que para encarar la crisis global que atravesamos apoya a las entidades locales poniendo a su disposición un fondo de inversión de 8.000 millones de euros con el objetivo de generar actividad productiva y crear empleo. Por eso no se entiende la posición del Partido Popular, esa ambigüedad. No son capaces de reconocer públicamente que este fondo no tiene precedentes pero tampoco tienen el valor o el coraje de decir no, porque saben que sus propios alcaldes -por cierto, los alcaldes del Partido Popular son los que están más contentos con este fondo- no consentirían que votaran no.
Esa es una constante en el Partido Popular: se enredan con las musas y nunca bajan al teatro. De momento dicen que los 8.000 millones son una inyección económica incuestionable como que es una simple aspirina frente a la crisis. Por eso le pregunto: ¿Considera el Gobierno que el fondo de inversión local atiende a las demandas y necesidades de las entidades locales y de los ciudadanos? (Aplausos.)
Efectivamente, señoría, esas musas indecisas del sí pero no se las dejamos a quienes solo saben transmitir desconfianza a la sociedad, esos mismos que han contribuido a crear los problemas que hoy denuncian. Por el contrario, el Gobierno se dedica a ofrecer soluciones, como la adoptada con el Fondo estatal de inversión local, dotado con 8.000 millones de euros. Y permítame que le exprese las palabras del presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, que dice textualmente: El Fondo de inversión local es una buena oportunidad para que los ayuntamientos puedan contribuir a superar la crisis al tiempo que mejoran sus infraestructuras, equipamientos y servicios. También don Pedro Castro, presidente de la FEMP... (Rumores.)
La señora MINISTRA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Salgado Méndez): Dice que el fondo supondrá la creación de nuevos empleos y una importante inyección para las pequeñas y medianas empresas de los municipios. Y no se preocupe, por otra parte, el Partido Popular, porque sus alcaldes van a ser los primeros en pedir estos fondos porque saben que sus ciudadanos no les perdonarían que despreciaran esta oportunidad que tienen de vivir mejor, de equipar sus ayuntamientos, de contribuir a las necesidades tan importantes que tienen en temas como abastecimiento de aguas, prevención de incendios, gestión de residuos urbanos o supresión de barreras arquitectónicas. Esta es una actuación del Gobierno que puede calificarse de histórica y que va a llegar a todos los ayuntamientos sin excepción y sin intermediarios. Van a ser actuaciones urgentes dirigidas a la creación de empleo, que van a contar con un estricto control por parte del ministerio y de la Intervención General del Estado. Hoy mismo está ya publicada la resolución, hoy mismo, seguro, van a comenzar a llegar proyectos a las subdelegaciones del Gobierno. No tengo ninguna duda, y SS. seguro que tampoco la tiene, de que este fondo va a contribuir a esa reactivación económica que todos, parece, salvo el PP, deseamos.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ IGNACIO ECHÁNIZ SALGADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN: ¿CÓMO VALORA EL MINISTRO EL AUMENTO DEL DESEMPLEO DESDE QUE SE HIZO CARGO DE LA CARTERA DE TRABAJO? (Número de expediente 180/000319.)
El señor PRESIDENTE: Preguntas ahora para el señor ministro de Trabajo e Inmigración.
Para formular la por él presentada, tiene la palabra don José Ignacio Echániz.
Señor ministro, España tiene ya a 3 millones de sus ciudadanos en paro.
Tiene usted encima de la mesa casi un millón de parados más que hace un año, un millón más de familias que están perdiendo su medio de vida, sus oportunidades vitales y, lo que es más importante, la esperanza. Tiene usted ya más parados que el propio Felipe González, que ya es decir parados. Hemos pasado del pleno empleo de su campaña al pleno paro en solo nueve meses. Todo un récord de velocidad, de lamentables consecuencias para las familias españolas, que han visto cómo el Gobierno socialista ha reducido su bienestar y también su calidad de vida. Mentir, señor ministro, tiene como consecuencia estas cosas, que uno se tiene que comer sus palabra, sus eslóganes y su propaganda. Para ustedes era más importante conseguir unos cuantos votos, ocultando la verdad, que afrontar la realidad y tomar medidas a tiempo.
Señor ministro, ¿cómo valora el aumento del desempleo en este último año? (Aplausos.)
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Gracias, señor presidente.
Señoría, según la EPA, del primer al tercer trimestre del año 2008 el paro ha pasado de 2,15 a 2,5 millones de parados, para responder exactamente al tenor literal de su pregunta. Por su parte, el número de parados registrados ha pasado de 2,3 millones en marzo a casi 3 millones en noviembre, tal como usted ha hecho referencia ahora. Evidentemente, se trata de uno de los datos negativos que constituyen el principal problema de nuestra sociedad y también, señoría, de la prioridad de la acción del Gobierno.
Señor Echániz.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Señor ministro, si ustedes hubiesen hecho los deberes, como Holanda, como Dinamarca, como Suiza, como Alemania, como Austria, como Finlandia, como Polonia o como la propia Grecia, España en este momento estaría creando empleo como ellos, en lugar de destruir el que teníamos. España tiene una tasa de paro del 12,8 por ciento, según Eurostat; Grecia, el 7,2, casi la mitad; Portugal, el 7,8 por ciento. Sí, señor ministro, nuestros vecinos de Portugal, el 7,8 por ciento, frente al 12,8 de España; cinco puntos menos que nosotros. La diferencia, señor ministro, no es la crisis, no lo es; la diferencia exactamente es que en estos países hay gobiernos de distintos signos que están tomando medidas en estos momentos. Se prepararon en su momento, dijeron la verdad y no están de brazos cruzados. Somos, señor ministro, los líderes del paro y de expedientes reguladores de empleo en el mundo desarrollado. El Ejecutivo de la nación no tiene nunca nada que ver, la culpa es de lo de fuera: de Bush, de las comunidades autónomas, de las 20 mesas de diálogo social, que no avanzan como a usted le gustaría. Hasta nosotros mismos, la oposición, tenemos la culpa, pero ustedes no. Ustedes están tratando con aspirinas y tiritas la mayor neumonía económica conocida, están dando palos de ciego en un problema que les viene absolutamente grande.
Señoría, nosotros creamos 2.000 empleos al día durante ocho años, ustedes destruyen 6.000, y saben que el año 2009 va a ser mucho peor. ¿Sería mucho pedirle, señor ministro de Trabajo, con mucho respeto y con mucho afecto, que se ponga a trabajar ya?
Yo entiendo que usted defienda al señor Bush; evidentemente, nosotros, no, porque muchas de las cosas que están pasando ahora tienen que ver con esa política que tanto aplaudieron ustedes en su momento. (Rumores.) Señor Echániz, si hablamos de que la economía española ha tenido históricamente un problema estructural, seguramente le daré a usted la razón. En el año 2003 o en el año 2000, por ejemplo, usted me va a decir, y yo no se lo voy a negar, que España iba bien, que se creaba mucho empleo. De hecho, acaba usted de decirlo ahora, que se generaban no sé cuantos empleos diarios. El dato que le voy a dar demuestra la realidad de aquel presente. ¿Sabe usted cuántos parados había en el año 2000? Había 2.455.000. ¿Sabe usted cuál era la tasa de paro en aquel momento? El 13,54. Yo no quiero llevar esto a ninguna comparación. (El señor Montoro Romero pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, señor Montoro, usted se acordará bien, porque además, como se ha referido anteriormente, los ayuntamientos sufrimos su política y sobre todo la del IAE. (Aplausos.)
Señor Echániz, decía que yo no quiero hacer comparaciones porque las comparaciones son odiosas. Es verdad que en estos momentos hay una situación que afecta de una manera directa al tema del empleo. Después tendremos oportunidad de debatirlo en la interpelación; hablaremos del diferencial de España respecto de la Unión Europea y también del tema del paro. Y no le quepa a usted la menor duda de que este Gobierno y este ministro estamos trabajando cada día para superar lo antes posible...
El señor PRESIDENTE: Lo siento, señor ministro, acabó el tiempo.
- DEL DIPUTADO DON TOMÁS BURGOS GALLEGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN: ¿CÓMO VA A AFECTAR LA CAÍDA DE LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL AL FUTURO DE NUESTRO SISTEMA DE PENSIONES? (Número de expediente 180/000320.)
El señor PRESIDENTE: Para formular también pregunta al señor ministro de Trabajo e Inmigración tiene ahora la palabra don Tomás Burgos Gallego.
El señor BURGOS GALLEGO: Señor ministro, ¿cómo va a afectar la caída de la afiliación a la Seguridad Social al futuro de nuestro sistema de pensiones?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Burgos.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Señor presidente, señoría, la caída de la afiliación de los últimos meses es coyuntural y los ciudadanos deben saber que, pese a las dificultades que atraviesa nuestra economía, el futuro de nuestro sistema público de pensiones está plenamente garantizado.
El señor BURGOS GALLEGO: La Seguridad Social pierde cotizantes a una velocidad de vértigo, casi 700.000 en un año. Ante esta tendencia irrefrenable, ustedes solo ofrecen resignación e inactividad. Decir que no afectará al sistema de pensiones o hablar de salud financiera no es que sea un sarcasmo, es que es una excusa irresponsable y pobre. No nos tranquilizan sus proyecciones y menos con unas bases tan irreales que parecen de ciencia ficción. Nos tranquilizan políticas adecuadas, que son las que ustedes no están haciendo. La relación entre activos y pasivos se deteriora sin parar, algo que no ocurría desde 1996. Los contratos apoyados con bonificaciones sociales son ahora menos que nunca en la historia reciente de España; en tiempos de crisis y de paro, menos bonificaciones que nunca. El peso de la contratación indefinida sobre el total no hace más que descender. La edad media de jubilación es más baja hoy que hace unos años, retrocedemos en prolongación de la vida laboral.
Ante todo eso, su departamento lanza mensajes a favor de extender la jubilación anticipada, a favor de bonificar la jubilación parcial como alternativa a las prejubilaciones, impiden que pensionistas con incapacidad de clases pasivas puedan compatibilizarlas con trabajo en el sector privado, maquillan las cifras expulsando a parados de las listas oficiales o borrando a los prejubilados de las mismas. ¿Qué hace su Gobierno para frenar la discriminación por edad, que en este momento amenaza a más de 4 millones de trabajadores con más de 50 años en nuestro país?
Señor ministro, en lugar de trabajar por mantener a la gente en el empleo, ustedes trabajan por deshacerse mejor de ellos en las estadísticas. La sostenibilidad futura de nuestro sistema de pensiones descansa sobre una responsabilidad que compete a su Gobierno y que es detener esta sangría económica hoy, cuando estamos a tiempo, pero no con extravagancias o con contradicciones. No se puede proteger cuando no se sabe cuidar. Ustedes no han sabido cuidar la economía. Por eso tampoco sabrán cuidar de lo social. Señor ministro, sin liderar soluciones, desear un feliz 2009 a 3 millones de parados...
El señor PRESIDENTE: Lo siento, señor Burgos, ya acabó su tiempo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Señor presidente, señoría, la verdad es que, escuchándole, no sé de qué seguridad habla usted. De verdad, no lo sé. El papel lo aguanta todo y usted puede escribir lo que considere oportuno, pero la realidad es la realidad, y la realidad no tiene una lectura diferente que la que le voy a describir rápidamente. La Seguridad Social cuenta con 18,7 millones de afiliados. La ratio es 2,65 de activo por pasivo, el más alto de toda su historia. Estamos a punto de finalizar este año con 10.000 millones de euros de superávit, que aumentará el fondo de reserva a 57.000, el más alto de toda su historia. Para el año que viene, la previsión es de 9.000 millones de euros de superávit, para llevar el fondo de la Seguridad Social a 65.000 millones de euros. Y todo eso, señor diputado, gestionado desde la responsabilidad y la sensibilidad social. Hemos podido gestionar todo ello haciéndolo compatible con el aumento de las pensiones, sobre todo de las mínimas, en un 6 por ciento. Por tanto, señor diputado, sinceramente, no sé de qué seguridad está usted hablando. Probablemente de la que a usted le gustaría imaginar gestionada por el Gobierno del Partido Socialista, pero la que gestiona el Gobierno del Partido Socialista es, por suerte, radicalmente diferente de la que usted acaba de describir.
DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN: ¿CUÁLES SON LOS MOTIVOS QUE HAN LLEVADO AL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN A DELEGAR EN LA UNIÓN DE PROFESIONALES Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS LA ACREDITACIÓN DE VIABILIDAD PARA LOS EXTRANJEROS QUE DESEEN INSTALARSE COMO AUTÓNOMOS EN ESPAÑA? (Número de expediente 180/000321.)
El señor PRESIDENTE: Última pregunta para S.S. Para formularla tiene la palabra doña Carmen Álvarez-Arenas Cisneros.
Señor ministro, ¿cuáles son los motivos que han llevado al Ministerio de Trabajo e Inmigración a delegar en la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos la acreditación de viabilidad para los extranjeros que desean instalarse como autónomos en España?
Señoría, supongo que usted se refiere al convenio de colaboración suscrito en junio de 2007 por la Dirección General de Inmigración del entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. Debo decirle que ese convenio lo único que pretende es agilizar la tramitación de las solicitudes de extranjeros para residir y trabajar en España por cuenta propia, sin ningún coste económico para el Estado.
Señor ministro, solamente el hecho de que ustedes firmaran ese convenio con una asociación, que es la UPTA, representa un claro trato de favoritismo partidista a una asociación próxima a UGT y al Partido Socialista, vulnerando el principio de igualdad, objetividad y transparencia, frente al resto de asociaciones de autónomos, que tendrían el mismo derecho, si así fuera el contenido del convenio, de informar y asesorar a los inmigrantes que quisieran conseguir la autorización de estancia en España a través de un proyecto de trabajo por cuenta propia.
Pero es que el convenio no es así. Previo al convenio se dictó una instrucción por la dirección general, en la cual se establecía la necesidad de que se emitieran unos informes que tendrían la consideración de medios de prueba, de cumplimiento de los requisitos previstos en un reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería, que es una ley orgánica, señor ministro, y que esos informes los iba a emitir mediante este convenio una sola asociación de autónomos ligada al Partido Socialista. Y en ese convenio se regulan, en la cláusula segunda, todos los requisitos que tiene que comprobar esta asociación, que son cuantiosos, y que tiene que valorar positiva o negativamente para que sean aceptadas o no esas autorizaciones de residencia, que, además, pueden serlo también cuando conllevan el arraigo social, como muy bien sabe S.S. a lo que me refiero, y cuando supone el cambio de trabajo por cuenta ajena a cuenta propia, es decir, también cuando se pueda capitalizar el desempleo.
Señor ministro, qué altruista ha llegado a ser la UPTA, que en este convenio no figura con todas esas tareas que tiene que desarrollar. Por cierto, ustedes están incumpliendo la Ley de Procedimiento Administrativo, porque ustedes podrían admitir que asesoraran a los inmigrantes, pero nunca que emitan informes favorables o desfavorables.
Eso es exclusivamente competencia de la Administración, la acreditación de la legalidad de esa documentación que va a permitir que un extranjero obtenga su autorización de residencia en España. Y todo eso...
El señor PRESIDENTE: Lo siento, señora Álvarez-Arenas, pasó su tiempo (Aplausos.)
Señoría, intervengo con el ánimo de aclarar algunas dudas que usted ha planteado y dar la información precisa sobre este particular. En primer lugar, no hay ninguna delegación de competencias por parte de los órganos responsables de la tramitación y autorizaciones para extranjeros. Lo único que se establece es una fórmula de colaboración con entidades públicas o privadas, que facilita precisamente a estos órganos la resolución de las solicitudes de autorización para residir y trabajar en España por cuenta propia. Y, en segundo lugar, esta forma de colaboración no tiene carácter exclusivo. El convenio de colaboración puede firmarse con cualquier entidad, pública o privada, que así lo desee, con el único requisito de que tenga reconocida solvencia y prestigio. En junio del año pasado, la Dirección General de Inmigración, a la que usted ha hecho referencia, consideró que UPTA era una organización de ámbito estatal y con amplia representatividad entre los trabajadores autónomos y que cumplía la exigencia de reconocida solvencia y prestigio. Por eso firmó el convenio. De la misma forma, previsiblemente, lo hará en breve plazo de tiempo con la Confederación Intersectorial de Autónomos del Estado español y en un futuro podrá hacerlo
con cualquier otra entidad que así lo proponga, siempre que reúna el requisito mencionado. Por todo ello, señoría, creo que la firma de este convenio está dentro del espíritu de colaboración y de cooperación y en absoluto de ningún trato de favor ni a esta organización ni a otra. En todo caso, quiero decirle que este ministro tiene abierta una mesa de conversaciones con todas las organizaciones representativas de los autónomos para hablar de la colaboración y la cooperación...
El señor PRESIDENTE: Lo siento, señor ministró, se acabó el tiempo.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA DÍEZ GONZÁLEZ), SOBRE LA NECESIDAD DE UTILIZAR TODOS LOS INSTRUMENTOS DEL ESTADO DE DERECHO PARA DISOLVER LOS AYUNTAMIENTOS GOBERNADOS POR ACCIÓN NACIONALISTA VASCA (ANV.) (Número de expediente 172/000054.)
El señor PRESIDENTE: Punto VI del orden del día: Interpelaciones. Primera interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Mixto, de la señora Díez, sobre la necesidad de utilizar todos los instrumentos del Estado de derecho para disolver los ayuntamientos gobernados por Acción Nacionalista Vasca. Para formular la interpelación, tiene la palabra doña Rosa Díez.
Señorías, señora ministra, la casualidad, el turno del Grupo Mixto, los cupos, han querido que me correspondiera hoy una interpelación urgente, y eso me ha llevado a plantear también en la Cámara lo que es un debate inapelable en la sociedad, que tiene que ver con la disolución de los ayuntamientos gobernados en el País Vasco y en Navarra por Acción Nacionalista Vasca. Es lo cierto que este es un debate que yo vengo sosteniendo fuera y dentro de la Cámara y que se deriva de una proposición no de ley que fue presentada por mi misma el día 6 de mayo de este mismo año. Es, por tanto, un tema, sí, de oportunidad, no en modo alguno un tema novedoso, sino un tema considerado por mí, y creo que por un conjunto enorme de ciudadanos, como un tema urgente.
En el año 2003, el 10 de marzo concretamente, se aprobó una ley orgánica, la Ley 1/2003, que se llama para la garantía de la democracia en los ayuntamientos y la seguridad de los concejales. Yo creo que el título de la ley dice bastantes cosas de las que voy a decir después. Una ley, insisto, que se llama para la garantía de la democracia en los ayuntamientos y la seguridad de los concejales. Esa fue una ley que modificó varias leyes orgánicas de distinto signo, desde la de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hasta la Ley de Financiación de Partidos Políticos o la Ley de Enjuiciamiento Criminal y también la Ley de Bases del Régimen Local. Dice la exposición de motivos de la Ley 1/2003, que es donde el Legislativo, el legislador, dice qué quiere hacer con la ley o para qué es esa ley, que su objetivo es hacer efectiva la voluntad política expresada por quienes tienen plena confianza en que el sistema democrático garantiza la adecuada convivencia de nuestra sociedad y obliga a modificar determinadas normas de nuestro ordenamiento jurídico, de manera que se permita hacer realidad la decisión de aislar a los terroristas, garantizando una mayor eficacia en el uso de los recursos de los que pueda disponer nuestro sistema político. La Ley 7/1985, que es la Ley de Bases del Régimen Local, fue modificada por esa misma ley y se incorporó el artículo 61. Este artículo dice que el Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de este y en todo caso previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder mediante real decreto a disolver los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales, que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales. No creo que haya un ciudadano en toda España al que le parezca que la gestión de los ayuntamientos gobernados por ANV no sea gravemente dañosa para los intereses generales, además de suponer un incumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Dice además el artículo 61, en su punto 2, que se considerarán en todo caso decisiones gravemente dañosas -por si alguien tenía alguna duda- para los intereses generales, en los términos previstos por el apartado anterior, los acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo expreso o tácito -la ley lo dice así, como sabe muy bien la señora ministra, expreso o tácito- de forma reiterada y grave al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan, lo justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o sus familiares. No sé si cabe humillación mayor o menosprecio mayor a las víctimas y a los familiares que gobernar al grito de ¡Gora ETA! o decidir en todo caso nunca jamás condenar ningún atentado, o no permitir que haya emblemas constitucionales, o despreciar a las víctimas, o hacer homenajes a los terroristas cuando vuelven de las cárceles, o salir a la calle a defender a los terroristas cuando son entregados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a disposición de la justicia.
Sabe usted, señora ministra -lo recuerda perfectamente usted y SS.SS.-, que el 27 de mayo de 2007 se celebraron las últimas elecciones locales y que, como consecuencia de la voluntad del Ejecutivo en aquel momento, en el que estábamos inmersos en un proceso de diálogo o negociación, según como lo quiera llamar cada cual, la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado decidieron impugnar una parte de las candidaturas presentadas por ANV y no impugnar el resto. El criterio fue arbitrario, aunque se trató de justificar. No sé si usted recuerda que el fiscal general del Estado y el
ministro de Justicia explicaron que se iban a impugnar las candidaturas en las que hubiera tres individuos o individuas implicados con un pasado que tuviera relación con el terrorismo, contaminadas por tres o más; no sé cómo se puede llegar a la conclusión de que tres son muchos y dos son pocos, si es que esos dos tienen también una historia terrorífica. Ni siquiera cumplieron esa explicación de tres o más porque, como saben SS.SS., en muchos municipios -Mondragón es un ejemplo clarísimo- las listas de ANV estaban muchísimo más contaminadas, había más de siete personas que a lo largo de su vida se habían presentado en candidaturas que fueron impugnadas previamente, incluso excluidas previamente, por tribunales superiores de Justicia.
En aquel momento, el Gobierno de la nación, a través de la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado, decidió no impugnarlas todas y el Supremo anuló todas las de ANV impugnadas, aparte de otras candidaturas independientes. El Supremo explicó, a la hora de anular todas esas candidaturas y dejar vivas otras candidaturas de ANV, que Batasuna -decía en su auto- ha recurrido a ANV para burlar la Ley de Partidos -decía el Supremo-, y resaltó que existen numerosas pruebas de ello. Subrayó también que las listas de ANV -abro comillas- "son continuadoras de la asignación funcional de las tareas de la banda terrorista ETA" y que han servido -abro comillas- "de plataforma de penetración del partido ilegalizado". Los magistrados sugirieron en ese punto que había motivos para que el Gobierno y la Fiscalía General del Estado hubieran instado ante el Supremo la ilegalización previa de toda ANV, pero que, al no haber optado por esa vía, lo que hizo el Supremo es anular todas aquellas que fueron impugnadas. Y lo que no pudo hacer es anular aquellas que ni la Fiscalía General del Estado ni la Abogacía General del Estado, bien puestos de acuerdo con el Gobierno de la nación, decidieron no impugnar. La Fiscalía General del Estado y la Abogacía General del Estado ataron las manos al Supremo en aquel momento y el Supremo tuvo que dejar colar todas estas candidaturas de ANV hasta el día de hoy en que son 42 los ayuntamientos en el País Vasco y Navarra gobernados, bien por mayoría absoluta o por coaliciones, por ANV.
Pasado el tiempo, rota la tregua, el mismo Gobierno, el mismo fiscal general del Estado, el mismo ministro de Justicia, que argumentó que la ilegalización general de ANV sería una especie de Guantánamo electoral, el mismo, con la misma ley, con las mismas leyes, simplemente con la tregua rota, instó la suspensión de la actividad de ANV -no ya la impugnación de las listas, no estábamos en plazo, instó la suspensión de ANV, de la actividad de ANV- y el 8 de febrero el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional acordó la suspensión. Los hechos, estos últimos hechos, vinieron a demostrar que ANV es instrumentalizado por Batasuna para presentarse en las elecciones municipales -lo que ya el Tribunal Supremo dijo cuando no pudo suspender aquellas candidaturas que ustedes no habían permitido- que ni la Fiscalía General del Estado ni la abogacía del Estado impugnaron.
El decreto de suspensión de ANV, por si alguien tuviera alguna duda respecto de qué estamos hablando, es un decreto que merece mucho la pena y, en su punto 9, dice que ha quedado demostrado que ANV es instrumentalizado por Batasuna, que está probado; no que ha quedado demostrado desde el 27 de mayo, sino que ha quedado demostrado, como ya decía el Supremo, desde siempre, que es claro que están instrumentalizados por Batasuna. Quiero recordar que Batasuna forma parte de ETA, según instancias judiciales, que está en la lista europea de organizaciones terroristas. Este mismo auto de la Audiencia Nacional dice en sus conclusiones, en el punto 3 -por citar solamente uno de ellos-, al hablar de ANV -yo creo que esto es crucial-, que ANV efectivamente es un partido antiguo, que nació de una escisión en el año 1930, que en el año 1977 hizo unos estatutos aparentemente democráticos, o realmente democráticos, a los que dio un sentido -dice textualmente la Audiencia- cultural, que incluye la sensibilidad de los demás, así como el bienestar de todos, pero que gran parte de ese contenido programático, en especial la referencia a la no violencia, desapareció pronto -dice la Audiencia Nacional-, apenas un año después, es decir, en el año 1978, bastante antes de las elecciones de 2007, con su contribución a la creación de Herri Batasuna y su integración en la misma hasta su salida en diciembre del año 2000. Como se verá, comenzó a reactivarse en 2005 y con mayor intensidad a partir de marzo del año 2007.
Queda probado, por tanto, que ANV mantuvo ya en los últimos años una estrechísima relación, formó parte, bien que manteniendo su nombre, de la organización terrorista Batasuna -digo terrorista porque, insisto, está en la lista de organizaciones terroristas- y en el X congreso nacional de ANV, celebrado en junio de 2002, dice la Audiencia Nacional, reivindicaron su ubicación en el espacio político de la izquierda abertzale y en el mismo frente -esto es entre comillas- de Batasuna, rechazando el espacio alternativo de izquierda y abertzale.
Esta historia, con imputaciones de carácter político, que son las que les estoy haciendo, pero sobre todo haciendo una historia de hechos probados en los tribunales, viene a demostrar, primero, que hay 42 ayuntamientos, entre el País Vasco y Navarra, gobernados por ANV porque su Gobierno les dejó entrar, pero voy a hacer menos énfasis en esta cuestión. Recordar la historia siempre está bien, más que nada por no cometer los mismos errores. No es un problema de que nadie se tenga que fustigar con ello, sino para que no cometamos los mismos errores, que a mí, verdaderamente, señora ministra, es lo que más me importa, que no se vuelvan a cometer los mismos errores. Están ahí porque les dejaron entrar, porque ataron de manos al Supremo y porque el Supremo no pudo actuar para evitarlo. Siguen ahí porque ustedes no actúan. Solo ustedes pueden poner en marcha ese real decreto, llevarlo al Senado y disolver
los ayuntamientos gobernados por ANV. Nosotros, el resto de fuerzas políticas y democráticas, el resto de instituciones, este Parlamento también, tenemos las manos atadas. Nosotros no lo podemos hacer, solo lo pueden hacer ustedes. Solo ustedes pueden aplicar el artículo 61 de la Ley de Bases del Régimen Local para disolver esos ayuntamientos desde los que una organización que la Audiencia Nacional ha estimado que forma parte de otra organización terrorista nos tiene a todos los demócratas mucho más a tiro.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Solo ustedes pueden hacerlo para que nosotros no tengamos nosotros las manos atadas y para que realmente depositemos nuestra confianza en el único que puede defendernos, defender a los ciudadanos y defender la democracia. Yo la insto, señora ministra, a que su Gobierno tome en consideración todas estas reflexiones, a que tome en consideración lo que es un clamor democrático popular...
El señor PRESIDENTE: Señora Díez...
La señora DÍEZ GONZÁLEZ:., un clamor popular que no es de izquierdas ni de derechas, y a que ponga en marcha esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díez
Para contestar a la interpelación tiene la palabra la señora ministra de Administraciones Públicas.
Señoría, el Gobierno viene trabajando con todas sus fuerzas y lo va a seguir haciendo para garantizar el derecho a la libertad, para garantizar todos los derechos de las personas y para aislar a quienes no tienen cabida en nuestra democracia: los violentos y quienes los amparan. Desde el Gobierno, con todos los demócratas y con todas las personas de bien, nos sentimos comprometidos en la lucha por garantizar el derecho a la vida y la libertad de todas las personas; una lucha larga y dolorosa como hemos podido comprobar estos días con el reciente atentado criminal de ETA en Azpeitia, pero una lucha en la que el Estado de derecho ha manifestado siempre su fortaleza y su superioridad frente al terrorismo y también una lucha en la que ha quedado claro que es imprescindible la unidad y la firmeza para acabar con esa lacra. Así lo hemos reconocido y expresado en el comunicado conjunto de todas las fuerzas políticas del arco parlamentario a raíz del atentado que ha costado la vida a don Ignacio Uría.
Permítanme, señorías, que les lea la respuesta que los grupos políticos han dado a ETA, expresada desde la serenidad y la firmeza: Los terroristas y quienes los apoyan y justifican jamás conseguirán sus objetivos, no doblegarán la democracia ni el Estado de derecho, no conseguirán ninguna de sus pretensiones. Permaneceremos firmes en la defensa de la vida, de la libertad, de la democracia y del Estado de derecho. A los autores de este atentado y al resto de los terroristas solo les espera la aplicación de la ley, la acción policial y el ejercicio de la justicia. Son unas afirmaciones con las que el Gobierno se siente plenamente identificado. Imagino que S.S., como firmante de este manifiesto, compartirá conmigo que estas manifestaciones están hechas desde el convencimiento y el coraje democrático y no dejan ningún hueco a la tibieza. Resulta por tanto obvio decir que en la defensa de las libertades, de la vida de los ciudadanos y de la democracia se han de utilizar todos los instrumentos del Estado de derecho. Eso es lo que el Gobierno viene haciendo: utilizar la vía policial, la vía judicial y la vía del consenso político con un trabajo sistemático, metódico y constante, con muy buenos resultados, y, por supuesto, en el Parlamento los protagonistas son los partidos buscando el máximo consenso. No se trata, por tanto, de actuaciones de cara a la galería ni de búsqueda de protagonismos sino de una cuestión de compromiso cívico, moral y político. Desde luego, la lucha contra el terrorismo es una de las prioridades del Gobierno. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
Sin entrar en lo que podría ser un debate sobre la política contra el terrorismo, puesto que ni es el objeto de esta interpelación ni soy yo la persona que tiene atribuidas esas competencias, déjeme que comente brevemente algunos aspectos relativos a esas tres vías que he mencionado, que contiene la declaración de todos los grupos políticos, en la lucha contra los violentos y su entorno. Me refiero a los resultados de ese trabajo sistemático, metódico, constante y extraordinario por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado previniendo atentados, aunque desgraciadamente no se haya podido evitar el de don Ignacio Uría, desarticulando grupos y poniendo a disposición judicial a miembros y dirigentes de la banda terrorista ETA, como por ejemplo con la detención del máximo responsable de ETA y de su sucesor o la detención de los máximos dirigentes del aparato internacional de la banda terrorista. Me refiero también a la eficacia de la reforzada y permanente cooperación política, judicial, policial y de inteligencia en el ámbito internacional. Me refiero también a la eficacia de la acción judicial aplicando la ley correctamente, algo que las resoluciones del Supremo y del Tribunal Constitucional avalan. Me refiero por último a la permanente búsqueda del consenso político frente al terrorismo nacional o internacional y contra quienes los apoyan.
En definitiva, señoría, el Gobierno está demostrando su fortaleza y su compromiso inequívoco frente al terrorismo en todos los planes que le he indicado, porque como dicen los compañeros socialistas del País Vasco, además de combatir a la banda asesina con el Estado de
derecho, es importante deslegitimar, ética, política y socialmente, a quien intenta dar cobertura, además de al propio terrorismo, y deslegitimar quiere decir -y cito textualmente a los compañeros socialistas del País Vasco- que quitamos toda legitimidad a aquellos que son incapaces de condenar el asesinato de uno de sus vecinos y que, por tanto, entre todos los partidos democráticos, hacemos todo lo posible para que en este país no gobiernen en una sola institución democrática representantes de partidos que no condenan y que son incapaces de alejarse de la violencia. Por eso los socialistas hemos venido promoviendo y apoyando mociones en muchos ayuntamientos y vamos a apoyar todas las actuaciones encaminadas a intentar que ANV no tenga ni un solo alcalde para gobernar ninguna institución democrática en Euskadi, porque no tienen legitimidad para estar al frente de ninguna institución democrática, y de manera consecuente, señoría, el Gobierno está explorando todas las posibilidades que nos brinda la ley, está estudiando también la reforma legal necesaria, siempre desde el marco constitucional y con el consenso de todas las fuerzas políticas, porque, señoría, a diferencia de lo que usted plantea, la disolución generalizada de los ayuntamientos gobernados por ANV no parece posible con la actual legislación. Me explico.
La ilegalización de un partido político como es el caso de Acción Nacionalista Vasca, declarado ilegal por sentencia del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 2008, a la vista de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no priva a las personas electas en sus listas del derecho a permanecer en sus cargos públicos representativos para los que en su día fueron elegidos. En este sentido, como sabe S.S., el Tribunal Constitucional ha establecido una consolidada doctrina respecto del derecho de acceder a los cargos públicos representativos y del derecho a permanecer en los mismos. Las sentencias del Constitucional de los años 1983, 1991 ó 2006, entre otras, permiten entender, a juicio del Gobierno y de la Abogacía del Estado, que no resulta admisible extender los efectos de la sentencia de disolución de un partido político a aquellos de sus miembros que por decisión libre de los ciudadanos, en los que reside la soberanía popular, ocupen cargos públicos representativos. Por tanto, señoría, la sentencia de ilegalización de un partido político no puede servir de fundamento por sí sola para acordar la disolución de los referidos órganos de las corporaciones locales. Tampoco podría aplicarse de forma automática y general el artículo 61.2 de la Ley de Bases del Régimen Local, toda vez que a la luz de los criterios interpretados con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, para la disolución de una corporación local debe acreditarse de forma probada que haya actuaciones reiteradas y graves de apoyo al terrorismo por parte de los órganos de las corporaciones locales, que es textualmente lo que dice la ley. Por eso, para acreditar de forma probada esas actuaciones graves las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Gobierno están vigilantes para conseguir las pruebas. Por ejemplo, señoría, me permito recordarle que en Azpeitia la corporación local condenó el atentado; es verdad que lo condenó de forma tardía, pero lo condenó finalmente.
Creo, señoría, que ha quedado suficientemente claro lo que el Gobierno puede y no puede hacer con base legal y también lo que el Gobierno está dispuesto a hacer, explorar todas las posibilidades que nos brinda la ley o estudiar la reforma legal necesaria, en el marco constitucional, con el consenso de todas las fuerzas políticas, para que los miembros de ANV no tengan ni un solo alcalde ni puedan gobernar ninguna institución democrática en Euskadi, todo ello, señoría, apelando a la colaboración de todos, al sentido de la responsabilidad y la lealtad y volviendo a hacer un llamamiento a la renuncia de intentar sacar réditos de un tema en el que los ciudadanos lo que esperan de sus líderes políticos es que, en lugar de hacer ruido, se unan para aumentar la eficacia en la lucha contra esa lacra que es el terrorismo.
Señora Díez, su turno de réplica.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Señora ministra, este es un tema demasiado serio como para que hagamos demagogia y, además, no lo esperaba de usted.
(Rumores.) Francamente, de las bancadas espero ruido, pero que usted hablara de informaciones o intervenciones de cara a la galería... ¿A la galería de tiro quizá? (Rumores.) Sí, sabemos de lo que estamos hablando (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.) y precisamente porque sabemos de lo que estamos hablando he tenido buen cuidado de hacer una intervención en la que pusiera de manifiesto que tienen ustedes, el Gobierno de la nación, en su mano instrumentos jurídicos para expulsar de las instituciones democráticas a quienes son enemigos de la democracia, pero no enemigos por discurso, enemigos por acción y por sentencias de los tribunales de Justicia, porque forman parte de organizaciones terroristas.
Señora ministra, me menciona el último acuerdo que hicimos después del atentado que le costó la vida a Ignacio Uría y lee un párrafo en el que hablamos de la aplicación de la ley. De eso le estoy hablando, de la aplicación de la ley. Acepto que me diga que la ley que yo creo que se puede aplicar es una ley que no sirve, acepto ese debate; lo que no acepto es la demagogia, lo que no acepto es que hablemos frívolamente de temas que tienen que ver con la vida y con la seguridad de los ciudadanos. Acepto que usted me diga, como ha dicho en algún momento, que es una ley que no es de aplicación. Yo no estoy de acuerdo con usted.
Creo que es una ley no solo de aplicación, sino que se hizo para eso, la Ley 1/2003, para proteger la democracia y la seguridad de los concejales.
De la misma manera le rectifico,
porque usted ha dicho que yo sé que hay que probar que son terroristas para poder actuar y disolver de forma generalizada. No es verdad, señora ministra, y usted lo sabe porque es una mujer rigurosa. Usted sabe que la ley no dice eso. El artículo 61.2 de la Ley de Bases del Régimen Local dice que se considerarán decisiones gravemente dañosas para los intereses generales en los términos previstos en el apartado anterior los acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo y a quienes participan en su ejecución, lo enaltezcan o lo justifiquen y a los que menosprecien o humillen a las víctimas y a sus familiares. ¿Dónde dice que hay que probar que cada uno de ellos son terroristas para disolver las agrupaciones? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo decía para que ustedes disolvieran, aplicando este mismo artículo de esta misma ley, el Ayuntamiento de Marbella? ¿Esperaron a que hubiera sentencias de los tribunales? No esperaron, atentaba contra el interés general y actuaron. Ustedes pueden actuar. Lo único que le digo es que actúen. Usted me puede decir que hay que cambiar la ley y yo discutiré con usted de eso, pero no me diga que no pueden actuar o que quienes pedimos que actúen rompemos el consenso, porque en ese consenso que usted cita está la exigencia de que se actúe con todos los instrumentos del Estado de derecho para expulsar de las instituciones democráticas a quienes son enemigos jurados de los demócratas y de la democracia.
No me diga usted que no pueden actuar. Pueden. Déjeme que le diga otra cosa, señora ministra -creo además que no me voy a equivocar-, es que lo van a hacer. Lo van a hacer aplicando este mismo artículo de esta misma ley. Lo van a hacer más bien pronto que tarde. Lo van a hacer, pero mientras tanto, mientras lo deciden, mientras calculan o, me voy a poner en la hipótesis responsable, mientras reciben todos informes jurídicos -vamos a ponernos que están en eso-, niegan la mayor. Yo le digo que actúen porque solo ustedes pueden actuar. Para aplicar el artículo 61 de la Ley de Bases del Régimen Local este Parlamento no tiene ningún instrumento, ni las instituciones, nadie más que ustedes. Nosotros tenemos las manos atadas. No le pido que se sumen. Le digo que tomen el impulso, porque es lo que les corresponde en defensa de los intereses generales, del interés de todos, que se pongan a la cabeza de la manifestación, que apliquen esta ley que se hizo para eso en la época en la funcionaba, por cierto, el Pacto por las libertades y contra el terrorismo.
No me diga que Azpeitia condenó tarde. No condenó quien gobierna. El hecho es que Eusko Alkartasuma se fue del Gobierno del municipio porque no condenaron. No me diga que condenó como un argumento. Es que este es el mapa de la indignidad. Este es el mapa: cuarenta y dos municipios del País Vasco y de Navarra gobernados por enemigos de los demócratas. Le pido que utilice una ley e insisto, dígame usted que no puede utilizarla, pero no me diga que pedirle al Gobierno que utilice la ley para defender los intereses de los ciudadanos en su conjunto no es sino cumplir con nuestra tarea parlamentaria y con nuestra tarea de oposición, con la mía en concreto, que es, además de controlar la acción del Gobierno, impulsar la acción del Gobierno. Esto es la democracia, unos están en el Gobierno y otros están en la oposición, y funciona bien cuando hay separación de poderes. Y cuando alguien de la oposición pide al Gobierno que impulse una determinada ley, desde el Gobierno se le trata con respeto, que es lo menos que se puede pedir en un sistema democrático. (Rumores.)
Señora Díez, no seré yo quien le niegue las muchas virtudes que tiene, pero entre estas no se encuentran la prudencia ni la contención o, por lo menos, hoy no las ha exhibido. (Aplausos.) Señoría, me consta que entre los consejos que da a sus seguidores está el de decir la verdad, escuchar a los demás y no renunciar a defender las ideas propias. Creo que no me ha escuchado o, por lo menos, esa es la impresión que tengo, porque, señoría, empiezo como terminé mi anterior intervención, apelando a la colaboración de todos, al sentido de la responsabilidad y a la lealtad.
He dejado claro, como también ayer lo hizo el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, cuál es la intención del Gobierno: apoyar todas las actuaciones legales encaminadas a intentar que ANV no tenga ni un solo alcalde, que ANV no gobierne en ninguna institución democrática, ni en Euskadi ni en Navarra. Pero, señoría, le insisto, el Gobierno va a continuar con el trabajo que ha venido desarrollando y que ha dado muy buenos resultados. Va a seguir impulsando la vía policial, la vía judicial, la aplicación de la ley y le recuerdo nuestro compromiso de estudiar la reforma legal que sea necesaria para impedir que ANV continúe en los ayuntamientos, pero siempre con el consenso por delante y en el más absoluto respeto a nuestro Estado de derecho y nuestro marco constitucional.
Señoría, para que la demoscopia no sustituya a la política, como alguna vez la he oído decir -incluso la he leído-, para que nadie tenga que dar lecciones a nadie sobre verdades o sobre valores democráticos, para que sea la discreción y la firmeza las que trabajen eficazmente a favor de los intereses generales en lugar de la grandilocuencia, para que la pasión no se imponga a la razón del Estado de derecho, la emplazo al consenso político que le solicité en mi anterior intervención y, lo reitero, me refiero a convenir con todas las fuerzas políticas todas las actuaciones legales precisas en el marco constitucional con el objetivo que comparte el Gobierno, que ANV no tenga ni un solo alcalde para gobernar
ninguna institución democrática ni en Euskadi ni en Navarra.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE ADOPTARÁ EL GOBIERNO ANTE LA FUERTE REPERCUSIÓN EN EL EMPLEO DE LA CRISIS ECONÓMICA. (Número de expediente 172/000057.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos ahora a la interpelación del Grupo Parlamentario Popular sobre las medidas que adoptará el Gobierno ante la fuerte repercusión en el empleo de la crisis económica. Para formular esa interpelación en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Alonso.
El señor ALONSO ARANEGUI: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro de Trabajo, España afronta la peor crisis social de los últimos veinticinco años. No es solamente una crisis financiera internacional, que la hay; es algo más que una profunda crisis económica, que también la hay; es una recesión económica que expulsa cada día del mercado de trabajo a más de 8.000 personas. En los últimos doce meses, casi 900.000 personas han perdido su puesto de trabajo y en un año el desempleo ha aumentado en más del 40 por ciento y hemos rebasado la barrera de los 3 millones de parados. El desempleo en España afecta a todos los sectores de actividad de manera que en noviembre en el sector servicios aumentó en un 6 por ciento, por encima del paro en la construcción, y más del 6 por ciento también en la industria y en la agricultura. Señor ministro, en la construcción en el último año el desempleo ha aumentado en más del cien por cien. Afecta también el desempleo de manera generalizada a todas las comunidades autónomas sin excepción, afecta a todo tipo de trabajadores, pero muy especialmente a las mujeres, a los jóvenes, a los inmigrantes y a los trabajadores que tienen menor cualificación. Hay en España, señorías, 630.000 hogares que tienen a todos sus miembros en el paro y mientras tanto cae la afiliación a la Seguridad Social y más de 500 autónomos causan baja cada día.
Le he oído decir aquí, señor Corbacho, que estas son las cosas de la coyuntura y yo le quiero decir que la coyuntura es el Gobierno del Partido Socialista y que la coyuntura, por desgracia, son ustedes. En estas circunstancias, señor ministro, el gasto en prestaciones por desempleo se ha incrementado en más del 50 por ciento en el último año desbordando las previsiones presupuestarias de este ejercicio y las del próximo, que están ya escandalosamente desfasadas. La tasa de paro, señor ministro, que decían ustedes que no sería nunca peor que la mejor de los gobiernos del Partido Popular, está ya en el 12,8 por ciento y subiendo.
España lidera la estadística del paro en la OCDE y es el país del mundo desarrollado en que más ha aumentado el último año.
No es verdad, señor Corbacho, que el paro sea una consecuencia inevitable y generalizada de una crisis económica global. Hace un año, antes de que llegara usted al ministerio, España tenía una tasa de paro similar a la de Alemania y Francia, en el entorno del 8,5 por ciento. Un año después el paro en Francia apenas ha subido dos décimas, del 8 al 8,2 por ciento, y ha descendido en Alemania hasta el 7,1 por ciento. La crisis en España, señor ministro, tiene nombre propio y se llama la crisis del paro. Esta es la situación, señor ministro, pero lo peor no es esto, porque lo peor, como dicen ustedes mismos, está por llegar. Usted llegó a un gobierno que prometía el pleno empleo hace solo ocho meses y que ahora está desbordado por la situación. Pero ¿a qué venía usted, señor Corbacho, qué esperaba? No sé si era usted consciente de la que se le venía encima después de cuatro años de desidia y de inacción por parte de sus compañeros del Gobierno socialista. En cuatro años, España ha pasado de ser el mayor creador de empleo de la Unión Europea a ser el que más paro produce. Es la consecuencia de una economía fuertemente endeudada que no fomenta la libre competencia, que muestra una preocupante falta de productividad, que no ha tomado la senda de la innovación, que no promueve la calidad del sistema educativo y la cualificación profesional, que tiene un mercado de trabajo obsoleto e incapaz de adaptarse a las circunstancias.
Es la consecuencia, señorías, de cuatro años de Gobierno del Partido Socialista. Para esos más de 3 millones de parados cuyo proyecto de futuro ha sido truncado y que no encuentran ahora motivos de confianza usted, señor Corbacho, es el ministro del paro. Tiene la obligación de asumir su responsabilidad, no puede permanecer más tiempo trasladando esa imagen de resignación y de fatalismo mes tras mes diciendo que las cosas no van bien, que es probable que vayan a peor, pero que seguramente no van a durar para siempre.
Usted ha sufrido junto con sus compañeros de gabinete una serie de fases hasta el día de hoy. Comenzaron negando la realidad, acusando de antipatriotas a quienes alertábamos de la crisis, engañando a los españoles, mintiendo a todos con descaro. Siguieron negando la evidencia instalados en el eufemismo y en la ocurrencia frente al deterioro de la situación, estirando el engaño pero sin actuar. Después procuraron minimizar la gravedad de la crisis presumiendo de políticas sociales, pero a cargo de los derechos de los trabajadores a su prestación por desempleo. Intentaron y siguen intentando desviar la responsabilidad y echar la culpa a todos los demás y, por si fuera poco, pretendieron ocultar la verdad tratando de maquillar las cifras del paro. Y ahora apelan ustedes a la resignación, señor Corbacho, porque se sienten víctimas en su Gobierno de una coyuntura fatal.
Señor Corbacho, puede que usted haya tirado la toalla, pero no puede arrebatar la esperanza a los españoles. El caso es que ya lleva usted ocho meses y 650.000 parados al frente del Ministerio de Trabajo, que conviene ahora, por tanto, repasar cuáles son las medidas y las iniciativas que usted ha adoptado para combatir la destrucción de empleo, y lo cierto, señor Corbacho, es que hasta ahora el grueso de su trabajo ha consistido en lamentarse por los malos datos, profetizar que serán peores y eludir sus responsabilidades. Es verdad que hay días en los que a alguien del Gobierno se le ocurre alguna medida, cosa que le viene sucediendo al señor Rodríguez Zapatero cada quince días, pero nos ha sorprendido a todos esta mañana la afirmación del presidente del Gobierno de que cuentan ustedes con un plan por el empleo. ¿Dónde está, señor Corbacho? Pero qué callado se lo tenía usted, señor ministro. ¿En qué consiste ese plan? ¿Por qué no lo ha presentado a la Cámara? ¿O es que una medida aquí, otra medida allá, una ocurrencia esta mañana, otra mañana por la tarde, todas juntas sumadas forman un plan para ustedes? ¿Qué medidas han adoptado? El incremento del porcentaje de capitalización de la prestación por desempleo para convertirse en autónomo, una medida que sale de esta Cámara y que viene del consenso de esta Cámara. La bonificación para desempleados con cargas familiares, esa es la única medida que usted dice que sale del diálogo social. El diálogo social, señor Corbacho, ocho meses y veinte mesas y solo una medida. No hay ningún fruto en su trabajo del diálogo social. ¿Para qué quiere usted el diálogo social? ¿Qué podemos esperar? ¿Cuándo tendremos algún resultado? Al final lo que parece buscar el Gobierno en el diálogo social, señor ministro, es esconder su falta de liderazgo y su incapacidad para llevar la iniciativa. ¿Qué ha sido de las otras medidas y de los otros planes que alguna vez anunciaron? ¿Qué fue de aquel famoso Plan de recolocación de los trabajadores desempleados de la construcción? ¿Cuántos trabajadores han recolocado ustedes? ¿O ha pasado lo mismo que con las promesas que hicieron ustedes a los trabajadores de Delphi?
Señor Corbacho, a usted se le ve más preocupado por la conservación de su propio empleo que por la situación de los cientos de miles de españoles que están a punto de perderlo. No tiene un plan, ni puede tenerlo, con el que ganar la confianza de los ciudadanos. ¿Sabe por qué? Porque para eso primero hay que formular un diagnóstico realista, contar a los españoles la verdad, tener credibilidad, pero ¿qué credibilidad puede ofrecer usted, señor Corbacho, con un gobierno que va a aprobar unos presupuestos que prevén para el año 2009 una tasa de paro del 12,5 por ciento y 2.912.000 parados y que estima que este año se va a cerrar con 2.372.000 parados y una tasa de desempleo del 10,4 por ciento? ¿Qué credibilidad se puede tener? Se han equivocado ustedes en más de 600.000 parados. Se lo volvíamos a pedir hoy, retiren ustedes esos presupuestos, cuenten a los españoles la verdad; es el único camino para empezar a recuperar la confianza. Da igual que ustedes anuncien planes o medidas, si no cuentan con la confianza de los españoles y no son capaces de generarla. La confianza, señor Corbacho, nace de aquellos que son capaces de hacer un diagnóstico certero, realista de la situación y que, por tanto, son capaces de actuar en consecuencia.
¿Comparte usted, señor Corbacho, que el presupuesto es una buena herramienta para luchar contra el paro? ¿Comparte usted las cifras que le he dado y que usted conoce, que vienen contenidas en los Presupuestos Generales del Estado? ¿Cree que el Gobierno le va a proporcionar a usted una herramienta con la que luchar contra este problema? Señor ministro, no tiene usted un plan, no tiene un diagnóstico adecuado de la situación, no tiene un plan bien ordenado, que no improvise las medidas, que se coordine dentro de su Gobierno, que lo pueda usted coordinar con los demás ministros, que lo coordine usted con el señor Solbes, con la señora Garmendia, con el señor Sebastián, que haga que el problema del paro, como le gusta a usted decir, sea la prioridad de la acción de Gobierno.
El paro para ustedes es un problema político incómodo, pero no constituye la prioridad de la acción de su Gobierno. Sin embargo, es la principal preocupación de los españoles. Comprenderá que con los datos que yo le he dado y la situación de inacción de su Gobierno, es lógico que hayamos presentado esta interpelación esta mañana y que queramos darle, señor Corbacho, una oportunidad, la oportunidad de salir a esta tribuna y decir qué va a hacer, la oportunidad de decir que va a tomar usted la iniciativa, que va a asumir su responsabilidad, que no va a esconder la cabeza y que va a ejercer su liderazgo, que va a poner en marcha esa prioridad y que va a poner en marcha un plan dialogado y negociado con todos, que aliente una esperanza y que nos llame a todos también a un esfuerzo compartido. Señor ministro, tome la iniciativa, ejerza el liderazgo a que viene obligado y deje de ofrecer desde el banco azul esa imagen permanente de impotencia y de resignación. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Alonso.
Señorías, en primer lugar, quiero agradecerles a usted, señor diputado, y a su grupo parlamentario la interpelación que me han hecho, pues ello me permite exponerles la política que desde el conjunto del Gobierno y desde mi departamento estamos desarrollando en materia de empleo. Señoría, la prioridad número uno del Gobierno en estos momentos es adoptar medidas para superar la crisis económica y, para ello, estamos utilizando todos los instrumentos disponibles a nuestro alcance. La crisis económica que estamos atravesando hoy es el principal problema, como usted enumeraba, que preocupa a los ciudadanos y le puedo asegurar que es la ocupación del
Gobierno. Entiendo lógicamente que sea motivo de preocupación para el conjunto de los grupos políticos de esta Cámara, por ello, considero importante que tengamos la posibilidad no solo de someter a control, como en la sesión de hoy, las políticas que el Gobierno está impulsando, sino también tener la oportunidad de enriquecer el debate político sobre la cuestión con las opiniones y las propuestas de los diferentes grupos parlamentarios. Por ello, señorías, he solicitado mi comparecencia en la Comisión de Trabajo e Inmigración lo antes posible.
Señorías, ustedes en su exposición se limitan a describir de forma catastrófica la situación de la crisis económica y sus efectos sobre el empleo, pero la crítica desaforada de su grupo está falta de un análisis serio y riguroso del fondo del problema y carente, como ha puesto usted de manifiesto aquí, de toda propuesta. Créame, señoría, haciendo ruido no vamos a solucionar el problema del desempleo en este país. Los ciudadanos lo saben bien, y saben que el Gobierno está trabajando para hacer frente a la situación con propuestas, con ideas, con diálogo y con cooperación entre los gobiernos autonómicos, y aportando confianza y no catastrofismo, como hacen reiteradamente ustedes, porque ese es el camino para superar una crisis tan profunda y tan vertiginosa como la que estamos sufriendo.
Si vamos al fondo del problema, señor diputado -usted me ha interpelado sobre el fondo del problema-, de la crisis económica y sus efectos negativos en materia de empleo, lo primero que hemos de hacer es hablar con rigor y con seriedad, dejar a un lado las descalificaciones por sistema y partir de un diagnóstico que permita aplicar las medidas necesarias para superar la situación actual, un análisis que obligatoriamente nos ha de remontar a los últimos doce o catorce años para comprobar cuál ha sido la evolución de nuestra economía y del empleo. Durante estos años nuestro crecimiento fue superior al de los países de nuestro entorno, lo que nos permitió dar un salto muy importante. Esto ha tenido una fuerte repercusión en nuestro mercado de trabajo.
Expondré algunos datos que avalan esta afirmación. Desde 1994 la ocupación en el conjunto de España ha aumentado en más de 8 millones de personas.
Según la última EPA, en España tenemos 20.346.000 personas ocupadas, con una población activa de 23 millones de personas. Eso supone que en tan solo 13 años el número de personas ocupadas en nuestro país se ha incrementado en un 70 por ciento. Primera conclusión. Esa es una foto evolutiva que pone de manifiesto muchas fortalezas de nuestro crecimiento económico y también algunas debilidades que hoy nos afectan y en las que estamos trabajando para su superación. Las fortalezas son obvias. España ha crecido en renta per cápita, ha crecido en cotizantes a la Seguridad Social, se ha fortalecido el Estado del bienestar, nuestra economía se ha hecho más competitiva y tenemos un sistema financiero más sólido que otros países desarrollados. El perfil del parado último no es el que usted ha descrito, señor Alonso, y le doy el dato ahora para que usted pueda ver que lo que ha descrito, por suerte, no tiene que ver con la realidad. En estos cuatro años, 4 millones de mujeres se han incorporado al mercado de trabajo y 2 millones de extranjeros forman parte hoy de los cotizantes de la Seguridad Social, que han contribuido y están contribuyendo al desarrollo económico y social de este país.
Pero además de fortalezas también ha habido puntos débiles, y todos somos responsables, porque he hablado antes del análisis del crecimiento económico, de cómo se ha desarrollado en este país en los últimos 12 años. Uno de ellos ha sido que una parte importante de nuestro crecimiento económico se ha asentado sobre la base del sector residencial, un sector que ha generado mucho empleo y que ha aportado riqueza al conjunto del país cuando ha estado en pleno desarrollo. Un dato: entre los años 2001 y 2007 se construyeron en España casi 3.500.000 viviendas, lo que significó un elevado nivel de ocupación entre este sector y los sectores asociados. Sería largo detallar por qué sucedió este hecho de tan fuerte crecimiento en el sector residencial y por falta de tiempo no lo haré, pero sí podemos convenir que, siendo la construcción residencial el sector que más empleabilidad genera, es el sector que cuando entra en crisis, como sucede actualmente, más empleo destruye. Aquí tenemos un primer dato respecto de nuestro diferencial con la Unión Europea. Esta mañana he tenido oportunidad... (Al señor ministro se le cae al suelo una hoja de sus papeles.- Un señor diputado: ¡Que pierde los papeles!) Pierdo los papeles, pero por un momentito, no por mucho rato.
Yo convengo con usted en que puede ser un problema, pero si usted se va al año 2000 para ver cuál era la tasa de paro que tenía la Unión Europea y la compara con la tasa de paro que tenía España, el 13,54 -que no califico, simplemente constato-, ya va a encontrar ahí un diferencial. Yo estoy de acuerdo en que habrá que abordar... (El señor Montoro Romero pronuncia palabras que no se perciben.) Pues le voy a dar otro dato, señor Montoro, que le gustará más. En el cuarto trimestre del año 2000 se modificaron los criterios por resolución de la Unión Europea del contaje de la EPA. Y, mire por donde, pasamos en dos meses de tener un paro del 13,42 al 10,94, pero no tuvo nada que ver con haber creado esos 400.000 puestos de trabajo, sino que fue por la EPA, y ustedes atribuyeron como una acción meritoria del Gobierno haber reducido el paro en más de dos puntos. (Aplausos.) Aquí tenemos, por tanto, señor diputado un primer dato.
La segunda cuestión es la crisis financiera que no ha hecho otra cosa que amplificar la crisis en España. Y estamos trabajando el conjunto del Gobierno y del Ministerio para resolver y superar la actual situación de crisis económica sobre el empleo y, en especial, el desempleo que es nuestro principal objetivo. El Gobierno ha adoptado ya más de 80 medidas y paso a comentar brevemente algunas de ellas. En primer lugar, si el origen de la crisis es financiero, lo primero que ha hecho este
Gobierno es adoptar medidas para ayudar al sistema financiero, que no a los bancos. Pues si el sistema financiero se hunde, con él se hunde la economía. Citaré dos ejemplos: Hay 250.000 millones de euros para la compra de activos y también para los avales. Pues bien, ahora hay que pedirle a las entidades financieras que hagan fluir esos dineros para que lleguen a las pequeñas y medianas empresas y también a las familias. La segunda medida, que es tan importante como la primera, es la que acaba de adoptar el ICO para ir realmente al corazón del problema que es llevar liquidez a las empresas. No se le escapa, señoría, que si la primera medida tiene por objetivo generar confianza e inyectar liquidez, la segunda tiene por objetivo resolver los problemas que tienen hoy las pequeñas y medianas empresas. Hoy en nuestra economía hay muchas empresas que van bien, que tienen buena cuota de mercado y buenos productos y hay sectores, como la informática, la consultoría o los servicios sociales que, además, están generando nuevo empleo, pero si se les cierra el crédito corren riesgo y pueden acabar teniendo problemas a corto plazo.
El segundo paquete de medidas tiene que ver con el corto plazo, con el objetivo de crear empleo de una forma rápida dirigido al sector que más empleo ha destruido en los últimos meses, como es el sector de la construcción y los servicios asociados. Me refiero -y usted que ha sido alcalde supongo que la valorará muy bien- a la última medida de los 8.000 millones de euros para la aprobación de un plan que contribuirá de una forma rápida a generar trabajo, sobre todo, en las pequeñas y medianas empresas a nivel de toda España. Es posible que ustedes aún no alcancen a ver la importancia de esta medida, pero los que hemos sido alcaldes y concejales, que en esta Cámara somos unos cuantos, entre ellos usted, señor diputado, sabemos que esa inyección económica supone invertir en un año en un municipio lo que este tenía previsto hacer en varios, y conociendo el espíritu innovador de los alcaldes y las alcaldesas para mejorar las condiciones de sus pueblos y de sus ciudades, estoy convencido de que, además, todos ellos complementarán esta inversión sobrevenida. Y conjuntamente con todas esas medidas, está la rehabilitación de viviendas y otras medidas de corto plazo, como los 1.500 euros y el tema de los autónomos al que usted ha hecho referencia.
Por lo que se refiere al tema de los orientadores están todos contratados, trabajando en las comunidades autónomas y, por cierto, con una buena valoración por parte de las propias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Y todo eso, señor diputado, lo hacemos compatible con el mantenimiento de las políticas sociales. Esas políticas de las que ustedes hablan tanto, saben menos y no practican nunca.
Señor Alonso, su turno de réplica.
El señor ALONSO ARANEGUI: Señor ministro, no esperaba salir muy reconfortado después de su intervención, la verdad esperaba que nos iba a defraudar, pero, además de defraudarnos, me ha sorprendido mucho y me ha dejado absolutamente perplejo. Ahora he confirmado que, efectivamente, usted ha tirado la toalla. Me pregunto qué hace usted en el Consejo de Ministros, a qué se dedica. ¿Cómo es posible que venga a contar que las medidas de la política laboral de su Gobierno y las medidas para el fomento del empleo son la inyección de 250.000 millones de euros para el sistema financiero y los bancos -que, digo yo, que pertenecerán también al sistema financiero- y el paquete de 8.000 millones para los ayuntamientos? ¿Esto es lo que tiene que contar a la Cámara y lo que nos tiene que contar aquí? ¿Esto es lo que usted ha hecho? ¿Quién es el ministro de Trabajo? ¿Es el señor Solbes el ministro de Trabajo? ¿Hay un ministro de Trabajo en el Gobierno? Esto es lo que le quiero decir esta mañana, señor Corbacho. Tiene que asumir su responsabilidad. No puede trasladársela a todos, a las comunidades autónomas, al Ministerio de Economía, a cualquier otro que no sea usted. Tiene que empezar a sentirse ministro, miembro del Gobierno, asumir una responsabilidad y gobernar. No me ha hablado nada del diálogo social. Ocho meses y veinte mesas, señor ministro. ¿De qué está usted hablando? ¿Va a regular las condiciones de la contratación? ¿Va a modificar el mercado laboral para que cuando recuperemos la senda de crecimiento económico este sea un crecimiento económico como el que nosotros le dejamos, un crecimiento económico generador de empleo? Señor Corbacho, no ha tomado ninguna medida y encima me viene a hablar a mí, de alcalde a alcalde, de los 8.000 millones para los ayuntamientos. ¿Quieren ustedes trasladar la cola de los parados a las puerta de los ayuntamientos, trasladarles el problema a los alcaldes, trasladar el problema a las comunidades autónomas, trasladar el problema a cualquiera que no sean ustedes? Usted no tiene ningún proyecto, no tiene ninguna propuesta y no tiene ningún plan. Está instalado en la resignación, ha perdido toda esperanza, ha batido todos los récords. Y no es que yo hable de la catástrofe, la situación es la que es y es una situación gravísima, la más grave que se ha conocido nunca. Hay más de tres millones de parados. Nunca, jamás, se destruyó empleo al ritmo en el que se destruye empleo en este país en este momento. Tiene usted que reaccionar. A usted que le gusta tanto hablar del pasado, seguro que los españoles empiezan a sentir mucha nostalgia de otros tiempos en los que se gobernaba, en que las cosas se hacían mejor y en los que el paro podía descender. (Rumores.) Tiene usted nostalgia de otros tiempos y está todo el día mirando al pasado. Los españoles no quieren que usted mire al pasado, los españoles quieren que usted tenga la capacidad de mirar al futuro y de plantearles algo que les pueda hacer alentar alguna esperanza. Pero si mira usted al pasado, verá la herencia que ustedes nos dejaron (el 23 por ciento de paro) y verá que nosotros la redujimos a la mitad y que
instalamos en España un modelo de crecimiento económico que generaba empleo y que ustedes todo eso, sin hacer ninguna sola reforma y sin hacer nada, lo han tirado para abajo en los primeros cuatro años de Gobierno.
Los españoles son los que están pagando ahora las consecuencias de su inacción y de su desidia durante cuatro años. ¿Sabe lo que hacían ustedes cuando estaban gobernando? ¿Sabe cuál fue el resultado y el fruto de su política y de su diálogo social, que por eso me preocupa lo que va a hacer ahora, en qué se va a traducir el diálogo social y qué medidas va a tomar? Ustedes recortaron las prestaciones por desempleo. Ustedes recortaron las prestaciones para racionalizar el gasto. Esa fue su reforma en el año 1992 y fue su reforma en el año 1993, ampliar el período de cotización, reducir la duración de la prestación y reducir la cuantía de la prestación. Si usted no hace nada, ya sabemos a qué nos lleva un gobierno socialista, nos lleva al paro, nos lleva a que no haya esperanza, nos lleva a que la gente no tenga autonomía propia y, al final, llegamos también al recorte de los derechos sociales y al recorte incluso de las prestaciones. Este es el pasado que ustedes tienen y esa es la herencia que nos dejaron.
Vamos a presentar un paquete de medidas el próximo martes. Le invito a que venga a escucharlas y que venga con la humildad de que, a lo mejor, tiene algo que aprender. Pero nosotros no podemos gobernar por usted. Usted es el que tiene que gobernar, usted es el ministro de Trabajo y usted es el que no puede haber tirado la toalla. Si no tiene ganas, si no tiene interés y si no se siente con fuerzas para asumir el reto que le han puesto por delante, señor ministro, tiene que pensar en dedicarse a otra cosa. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Alonso.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Señor diputado, hablemos con seriedad y con rigor. El Gobierno es un gobierno colegiado y todas sus medidas -todas- están participadas del conjunto de los ministerios en función de las prioridades marcadas por el propio debate del presidente del Gobierno. Niega usted la mayor. ¿Cómo niega usted la mayor y dice que ayudar a las empresas no es contribuir a resolver el problema del paro? ¿Quién crea el empleo sino la economía y las empresas? Me sorprende que un espacio político como el que usted representa pueda llegar a imaginar otro modelo de creación de empleo que no sea precisamente el que se genera a partir de ahí. (Aplausos.) Me sorprende. Por tanto, ayudar a las pequeñas y medianas empresas es la mejor contribución para que se genere empleo.
Segunda cuestión. Garantizar a los parados que no van a tener ni correr ningún riesgo en el derecho a la contribución. Claro que sí, sacando el dinero que haga falta de los Presupuestos Generales. (La señora Villalobos Talero: Eso lo dice la ley.) Más allá de lo que dice la ley, esa es la responsabilidad del ministro de Trabajo: hacer que ningún trabajador en este país retroceda en las conquistas sociales que ha conseguido. Eso sí es una tarea, fundamentalmente, del ministro de Trabajo. Es evidente también que yo no me resigno. Señor Alonso, yo no he venido aquí ni por resignación ni por tener que dejar un lugar por no haber tenido y haber perdido la confianza en mi origen. (Aplausos.) Yo he venido aquí y aquí estaré el tiempo que el presidente del Gobierno me considere útil. No se equivoque usted. De resignación, nada. De fortaleza, toda la que haga falta. ¿Yo soy el ministro del paro? Sí, por una razón. Porque siempre hago el ejercicio de ponerme en la piel del parado. Pero lo que nunca haría es lo que hacen ustedes: utilizar a los parados para erosionar al Gobierno. Eso es lo que nunca haría.
Ya que usted habla de reformas, haremos reformas. Las que sean precisas.
Las que sean menester. Porque si algo ha caracterizado al Partido Socialista a lo largo de su historia es ser un partido haciendo cuantas reformas sean menester y precisas para avanzar (Un señor diputado: Dos decretazos.), cosa que el espacio político al que usted representa lo único que ha hecho es mantenimiento y conservación de aquello que existe.
Haremos las reformas y las haremos con el diálogo social, de acuerdo.
Estamos trabajando en ello, en el diálogo social. Y preservaremos el diálogo social y pondremos todo el empeño para que el diálogo social sea una referencia para la gobernación del futuro en todas las reformas que sean menester y precisas. Haremos las reformas cuando consideremos y entendamos que, en función de nuestra propia agenda y de las prioridades del Gobierno, toque llevarlas a cabo.
Le agradezco la invitación que me hace para venir a escuchar aquí sus propuestas, pero no me creo su voluntad de diálogo, no me lo creo. No me creo que ustedes hagan aquí unas propuestas con la voluntad de acordar nada. Ustedes han decidido una cosa: han decidido utilizar la crisis y a los parados en contra del Gobierno. En otra época hicieron otras cosas y ahora hacen esto, pero no les premiarán por ello. Reflexionen. En treinta años de democracia llevan ustedes más tiempo sentados en los bancos de la oposición que en los del Gobierno. (Aplausos.) Siguiendo por esta línea le auguro, señor Alonso -es un problema para ustedes y, en todo caso, una gran noticia para nosotros-, larga vida, pero en ese asiento de la oposición.