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Timestamp: 2020-05-25 10:19:34
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Matched Legal Cases: ['artículo 58', 'artículo 189', 'artículo 43', 'artículo 8', 'artículo 30', 'artículo 206', 'artículo 30', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 249', 'artículo 22']

﻿ DECRETO 1346 DE 1994
DECRETO 1346 DE 27 DE JUNIO DE 1994
CONTENIDO:JUNTAS DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, INTEGRACIÓN, FINANCIACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
TEMAS ESPECÍFICOS:SISTEMA DE PENSIONES, ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1003, JULIO 30 DE 1994 PG. 33
“Por el cual se reglamenta la integración, la financiación y el funcionamiento de las juntas de calificación de invalidez”.
(Nota: Derogado por el Decreto 2463 de 2001 artículo 58 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social).
en ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia y el inciso 4º del artículo 43 de la Ley 100 de 1993,
ART. 1º—Juntas de calificación de invalidez. La integración, el funcionamiento y la financiación de las juntas de calificación de invalidez creadas mediante los artículos 42 y 43 de la Ley 100 de 1993, se regirán por las disposiciones del presente reglamento.
ART. 2º—Campo de aplicación. El presente decreto se aplica a todos los trabajadores del territorio nacional, de los sectores privado y público, en todos sus órdenes que tengan vinculación contractual, legal o reglamentaria, a los trabajadores independientes afiliados, a los pensionados por invalidez, y a los beneficiarios con derecho a las prestaciones contempladas en la Ley 100 de 1993.
ART. 3º—Determinación de la invalidez. El estado y origen de la invalidez, así como el origen de la enfermedad o de la muerte, serán determinados:
1. (Por el Instituto de Seguros Sociales, las compañías de seguros y las entidades que asuman los riesgos de invalidez y de sobrevivientes, con base en el manual único para la calificación de invalidez expedido por el Gobierno Nacional)*.
a) En primera instancia por las juntas regionales de calificación de invalidez de que trata el presente decreto, y
*(Nota: El texto entre paréntesis fue declarado nulo por la Sección Segunda del Consejo de Estado en Sentencia 11.801 de 1997).
ART. 4º—Naturaleza jurídica de las juntas de calificación de invalidez, miembros, empleados. De conformidad con los artículos 41 y siguientes de la Ley 100 de 1993, las juntas de calificación de invalidez son organismos autónomos de carácter privado y sin personería jurídica, creados por la ley. Sus integrantes son designados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y sus decisiones son de carácter obligatorio.
PAR.—El pago de los salarios y prestaciones sociales de los empleados de las juntas de calificación de invalidez, son de responsabilidad exclusiva de los miembros y el secretario de la respectiva junta, quienes responderán solidariamente por ellos.
ART. 5º—Supervisión, control y vigilancia de las juntas de calificación de invalidez. Las juntas de calificación de invalidez funcionarán bajo la supervisión, control y vigilancia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que autorizará su funcionamiento en todo el país.
ART. 6º—Conformación e integración de la junta nacional de calificación de invalidez. En la capital de la república funcionará una junta nacional de calificación de invalidez, conformada por el número de salas de decisión determinado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
2. Un (1) sicólogo con título de especialización en salud ocupacional con 5 años de experiencia.
ART. 7º—Conformación e integración de las juntas regionales de calificación de invalidez. En las capitales de departamento, y en aquellos municipios donde el número de afiliados a juicio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social así lo requiera, funcionará una junta regional de calificación de invalidez.
2. Un (1) sicólogo o un (1) terapista, ocupacional o físico, con una experiencia de 2 años.
La conformación y requisitos para las juntas regionales de calificación de invalidez de Santafé de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, serán los mismos establecidos para la junta nacional.
PAR.—El Ministro de Trabajo y Seguridad Social podrá organizar juntas regionales de calificación de invalidez, cuya jurisdicción y competencia podrá coincidir o no con la división política territorial de los respectivos departamentos, distritos o municipios.
ART. 8º—Jurisdicción y funciones, de la junta nacional de calificación de invalidez. La junta nacional de calificación de invalidez tiene jurisdicción en todo el territorio nacional, con las siguientes funciones:
8. Las demás que la ley, el presente reglamento, o el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, determinen.
ART. 9º—Jurisdicción y funciones de las juntas regionales de calificación de invalidez. Las juntas regionales de calificación de invalidez, tienen jurisdicción en el territorio del departamento respectivo, o en el que determine la resolución que las organice con las siguientes funciones:
4. Las establecidas en los literales 5º, 6º, 7º y 8º del artículo 8º de este decreto.
ART. 10.—Designación y funciones de los secretarios de las salas de decisión de las juntas de calificación de invalidez. Las juntas de calificación de invalidez o cada sala de decisión cuando se conformen, tendrán un (1) secretario, quien deberá ser abogado titulado, con seis (6) años de experiencia, para la junta nacional, y tres años (3) de experiencia, para las demás juntas. Serán designados por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social y su período es el mismo que el de los miembros de la junta.
ART. 11.—Actuación de los miembros de las juntas de calificación de invalidez. La actuación de los miembros de las juntas de calificación de invalidez estará orientada por los postulados de la buena fe, y consultará siempre los principios establecidos en la Ley 100 de 1993, el manual único para la calificación de la invalidez, el presente decreto y las demás normas complementarias.
ART. 12.—Funciones y responsabilidades de los miembros de las juntas de calificación de invalidez. Además del cumplimiento de las funciones y obligaciones que les asigna la ley, los miembros de las juntas de calificación de invalidez tendrán las siguientes funciones y responsabilidades:
ART. 13.—Sanciones para los miembros de las juntas de calificación de invalidez y sus secretarios. Los miembros de las juntas de calificación de invalidez y los secretarios, que en forma injustificada dejen de asistir a una de sus reuniones, o se nieguen a cumplir con sus funciones, darán lugar a un llamado de atención por parte de la respectiva junta. De este llamado de atención se dejará constancia en el acta correspondiente y se informará al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
ART. 14.—Período. Los miembros de las juntas de calificación de invalidez, y sus respectivos suplentes, serán designados por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social para períodos de tres (3) años.
ART. 15.—De las incompatibilidades, inhabilidades, responsabilidades, impedimentos y recusaciones. A los miembros de las juntas de calificación de invalidez y a los secretarios, no se les aplican las inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos, pero en sus decisiones estarán sujetos al régimen de impedimentos y recusaciones aplicable a los jueces de la República.
Para el trámite de los impedimentos y recusaciones se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 30 del Decreto 1 de 1984, y conocerá de éste la misma junta, con exclusión del miembro impedido o recusado. Para esta decisión se citará al respectivo suplente. En caso de desintegrarse el quórum para decidir, el Ministerio de Trabajo y seguridad Social designará miembros de la junta ad hoc. Si prospera el impedimento o la recusación, la junta convocará al suplente.
PAR.—Lo ordenado en el presente artículo no impide a ninguno de los miembros de las juntas de calificación de invalidez y a los secretarios, utilizar los servicios del sistema de seguridad social integral, en las mismas condiciones contempladas en la ley o en los reglamentos, para sus afiliados.
ART. 16.—Selección de los miembros de las juntas de calificación de invalidez y de los secretarios. Quien aspire a integrar las juntas de calificación de invalidez, o ser secretario de las mismas, deberá inscribirse en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, adjuntando los documentos que acrediten los requisitos. Esta inscripción podrá realizarse a través de las diferentes direcciones regionales del trabajo.
ART. 17.—Ejercicio de las funciones de miembro de las juntas de calificación de invalidez. Los miembros de las juntas de calificación de invalidez y sus secretarios, entrarán en ejercicio de sus funciones a partir de la fecha en que comuniquen su aceptación como tales al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
ART. 18.—Reuniones. Las juntas de calificación de invalidez se reunirán por lo menos una vez a la semana, en el día y hora que ellas mismas determinen.
ART. 19.—Quórum y decisiones. Habrá quórum deliberatorio y decisorio con la asistencia de dos (2) de los miembros de la junta de calificación de invalidez respectiva.
ART. 20.—De la participación de otras personas en las audiencias privadas de las juntas nacional y regionales de calificación de invalidez. A las audiencias privadas podrán asistir, con derecho a voz pero sin voto, las siguientes personas:
1. El afiliado, el pensionado por invalidez o el beneficiario, objeto de la evaluación y/o el médico tratante, cuando así lo solicite la junta.
3. El representante o delegado de la administradora de riesgos profesionales.
PAR. 1º—Con excepción del afiliado, las demás personas autorizadas en este artículo para asistir a las deliberaciones deberán ser, en todos los casos, médicos.
PAR. 2º—Cuando se trate de determinar el origen de la invalidez, la enfermedad o la muerte, la junta podrá autorizar la asistencia a las reuniones a profesionales de otras disciplinas, quienes deberán manifestar la guarda del secreto profesional.
ART. 21.—Competencia territorial para el conocimiento del estado de invalidez en primera instancia. Para conocer en primera instancia de las solicitudes de calificación de que trata el presente decreto, es competente, a elección del peticionario, la junta regional de calificación de invalidez del lugar de residencia del afiliado o beneficiario, o la del lugar donde se encuentra o se encontraba prestando sus servicios al momento de la invalidez, la enfermedad o la muerte.
ART. 22.—Solicitud. Las solicitudes podrán ser presentadas por una de las siguientes personas:
1. Por intermedio de la entidad administradora o compañía de seguros correspondiente: el afiliado, el pensionado por invalidez, o el beneficiario, o la persona que demuestre que aquél está imposibilitado.
PAR. 1º—Las entidades administradoras y las compañías de seguros podrán abstenerse de tramitar las solicitudes de que trata el presente artículo, cuando no hayan transcurrido, cuando menos, las tres cuartas partes del tiempo de la incapacidad de que trata el artículo 206 de la Ley 100 de 1993.
Expirado el término anterior, las entidades administradoras o las compañías de seguros podrán posponer el trámite ante las juntas de calificación de invalidez y hasta por trescientos sesenta (360) días adicionales, siempre que otorguen una prestación económica equivalente a la incapacidad que venía disfrutando y exista un concepto médico favorable de rehabilitación.
PAR. 2º—Salvo lo establecido en el parágrafo anterior, la entidad administradora o compañía de seguros correspondiente, deberá presentar la solicitud a la junta de calificación de invalidez, dentro de los diez (10) días hábiles a la petición de trámite de las personas de que tratan los numerales 1º y 6º del presente artículo.
ART. 23.—Requisitos de la solicitud. La solicitud deberá ser presentada en los formatos repartidos por las entidades administradoras o las compañías de seguros, cuyos diseños deben ser autorizados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y deberá estar acompañada de los siguientes documentos:
2. Exámenes clínicos o paraclínicos o evaluaciones técnicas, que determinen el estado del afiliado, del pensionado por invalidez, o del beneficiario.
ART. 24.—Requisitos de la solicitud para accidentes de trabajo. Para determinar el origen de la invalidez, de la enfermedad o de la muerte, la historia clínica deberá contener, además de los documentos señalados en el artículo anterior, los siguientes en el caso de accidentes de trabajo:
ART. 25.—Requisitos de la solicitud para enfermedad profesional. Para determinar el origen de la invalidez, de la enfermedad o de la muerte, la historia clínica deberá contener, además de los documentos señalados en el artículo anterior, los siguientes en el caso de enfermedad profesional:
ART. 26.—Requisitos de la solicitud por muerte. Para determinar el origen de la invalidez, de la enfermedad o de la muerte, la historia clínica, o su resumen, deberá contener, además de los documentos señalados en el artículo anterior, el informe de la muerte elaborado por el empleador o por la entidad de seguridad social correspondiente. Adicionalmente y cuando la muerte fue producto de un accidente de trabajo, el acta de levantamiento de cadáver.
ART. 27.—Reparto. Las solicitudes deberán ser radicadas por el secretario con números consecutivos. Radicada la solicitud, el secretario procederá, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, a efectuar el reparto entre los miembros de la junta correspondiente.
PAR.—Cuando existan varias salas de decisión de calificación de invalidez en la junta nacional, el reparto lo hará el secretario de la primera sala que fue organizada, en la forma descrita en este artículo.
ART. 28.—Sustanciación y ponencia. Reciba la solicitud por el ponente, éste procederá, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, a evaluar las pruebas suministradas, y procederá a radicar el proyecto de dictamen, o la solicitud de práctica de nuevas pruebas, en la secretaría.
Radicado el proyecto de dictamen o la solicitud de nuevas pruebas, el secretario incluirá el negocio en la reunión siguiente de la junta, o a más tardar, dentro de la semana siguiente.
ART. 29.—Audiencia y dictamen. Para decidir sobre los asuntos sometidos a su consideración, las juntas de calificación de invalidez se constituirán en audiencia privada, que se desarrollará de la siguiente forma:
PAR.—Las instituciones prestadoras de servicios de salud darán prioridad a los exámenes solicitados por las juntas de calificación de invalidez, y la prestación de este servicio se hará en las condiciones medias de calidad que determine el Gobierno Nacional, y utilizando para este propósito la tecnología disponible en el país.
ART. 30.—Notificación del dictamen. Los dictámenes se consideran notificados el día de la audiencia privada en que se profirieron.
ART. 31.—Apelación. El dictamen emitido por la junta podrá ser apelado por cualquiera de los interesados, en la audiencia privada en que se tomó, o dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a aquel en que fue notificado.
ART. 32.—Procedimiento en segunda instancia. Las apelaciones contra los dictámenes de primera instancia serán decididas definitivamente, por la sala de decisión de calificación de invalidez a la cual pertenezca el ponente a quien le correspondió en turno el caso, siguiendo un procedimiento análogo al señalado para la primera instancia.
ART. 33.—Notificación del dictamen definitivo. Los dictámenes definitivos que se tomen en el curso de la audiencia privada, se notificarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de este decreto.
ART. 34.—Contenido del dictamen. Los dictámenes deberán contener decisiones expresas y claras sobre cada una de las peticiones formuladas en la solicitud, así como la fecha desde la cual se haya configurado la invalidez.
Igualmente, si fuese el caso, determinarán a cargo de quien están los costos de que tratan los artículos 44 de la Ley 100 de 1993 y 38, 39 y 40 de este decreto.
ART. 35.—Calificación del estado de invalidez, de su origen, del origen de la enfermedad o de la muerte. Las juntas de calificación de invalidez, sólo podrán emitir dictámenes sobre el estado de invalidez y/o su origen, del origen de la enfermedad o de la muerte, previo estudio de los antecedentes clínicos y/o laborales del afiliado, del pensionado por invalidez, o del beneficiario.
En caso de dificultades técnicas para la realización de las pruebas requeridas, decidirán con base en los documentos aportados con la solicitud.
ART. 36.—Práctica de exámenes complementarios. Las juntas de calificación de invalidez podrán ordenar, cuando a su juicio se requieran para sustentar el dictamen, la práctica de exámenes paraclínicos y complementarios, o la valoración por personal especializado, diferentes a los practicados que figuren en la historia clínica.
ART. 37.—Pago de exámenes clínicos y paraclínicos. Salvo lo dispuesto en el literal b) del artículo 44 de la Ley 100 de 1993, el costo de los exámenes clínicos y paraclínicos y la valoración por especialistas, estarán a cargo de la entidad administradora correspondiente.
ART. 38.—Revisión del estado de invalidez. De conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 100 de 1993, las juntas de calificación de invalidez, a petición de la parte interesada, revisarán el estado de invalidez para ratificar, modificar o dejar sin efectos, el dictamen que sirvió de base para la liquidación de la pensión.
ART. 39.—Cesación de la invalidez. Sin perjuicio de las sanciones legales correspondientes, en cualquier tiempo, cuando se le pruebe a la junta de calificación de invalidez que ha cesado o no ha existido el estado de invalidez del afiliado, del pensionado por invalidez, o del beneficiario inválido, ésta así lo determinará.
ART. 40.—(Modificado).* Honorarios de los miembros. Salvo lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 100 de 1993, los honorarios de los miembros de las juntas de calificación de invalidez, serán pagados por la entidad de previsión o seguridad social, o la sociedad administradora o la compañía de seguros, a la que se encuentre vinculado el afiliado, el pensionado por invalidez, o el beneficiario inválido.
El monto de los honorarios deberán ser pagados en la secretaría de la junta, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud o del recurso. En caso contrario, se suspenderá su trámite.
PAR.—El monto de los honorarios estará a cargo del pensionado por invalidez o del afiliado de que tratan el último inciso del literal a) y el literal b) del artículo 44 de la Ley 100 de 1993, cuando éste solicite a la junta la revisión de su estado de invalidez. En este caso, deberá adjuntar con la solicitud, el recibo de pago expedido por la secretaría de la junta
(Nota: Modificado por el Decreto 2211 de 1999 artículo 1º del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social).
*(Nota: Modificado por el Decreto 524 de 2000 artículo 1º del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social).
ART. 41.—Distribución de los honorarios de los miembros de las juntas. El secretario de la respectiva junta de calificación de invalidez o sala de decisión según sea el caso distribuirá mensualmente los honorarios recibidos, en la siguiente forma:
PAR. 1º—Los remanentes de los gastos de administración a 30 de junio y a 31 de diciembre de cada ejercicio, una vez atendidos todos los gastos de operación y administración, si los hubiese, serán de libre disponibilidad de la respectiva junta. Para estos casos el secretario tendrá derecho a voto.
PAR. 2º—Cuando las entidades administradoras de los sistemas generales de pensiones y de riesgos profesionales así lo acuerden, podrán asumir el total de los gastos de administración de las juntas de calificación de invalidez, caso en el cual de los honorarios se descontará el porcentaje contemplado en el numeral 2º del presente artículo.
ART. 42.—Archivo de las juntas. Cada junta deberá mantener un archivo que contenga copia de sus actas y dictámenes. Para lo cual se elaborarán actas que firmarán los miembros de la junta y su secretario.
Las actas se encabezarán con un número consecutivo y se elaborarán en los formatos correspondientes, autorizados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
ART. 43.—Régimen de transición. Las solicitudes para la calificación del estado de invalidez y/o su origen, del origen de la enfermedad o de la muerte que a 31 de agosto de 1994 se encuentren en trámite, se regirán por el procedimiento con el cual fueron formuladas.
Las solicitudes efectuadas a partir del 1º de septiembre de 1994 se tramitarán de conformidad con este decreto.
Si para el momento de formular la solicitud no se hubiese organizado la junta correspondiente, aquella se tramitará ante la junta constituida en la ciudad que elija el peticionario.
ART. 44.—Trámite de las solicitudes de los afiliados al sistema general de riesgos profesionales. De conformidad con lo señalado en el artículo 249 de la Ley 100 de 1994 (sic), lo dispuesto en el presente decreto será aplicable a las solicitudes de calificación, origen, revisión y cesación del estado de invalidez, así como del origen de la enfermedad o de la muerte de los afiliados al sistema general de riesgos profesionales, en cuyo caso, la respectiva solicitud deberá ser presentada por las entidades indicadas en los numerales 1º, 4º, 5º y 6º del artículo 22 del presente decreto.
ART. 45.—Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.