Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-202-de-mayo-28-de-2018?documento=jurcol&contexto=jurcol_ed8343e0115441248d550ccc15322cea&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-17 13:34:45
Document Index: 214400272

Matched Legal Cases: ['artículo 112', 'artículo 137', 'artículo 82', 'artículo 7', 'artículo 13', 'artículo 176', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 334', 'artículo 10', 'artículo 119', 'artículo 32', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 24', 'artículo 19', 'artículo 10', 'artículo 44', 'artículo 15', 'artículo 3', 'artículo 12', 'artículo 3', 'artículo 12', 'artículo 36', 'Artículo 1', 'artículo 112', 'artículo 11', 'artículo 5', 'Artículo 23', 'Artículo 44', 'artículo 44']

﻿ SENTENCIA T-202 DE MAYO 28 DE 2018
SENTENCIA T-202 DE 28 DE MAYO DE 2018
CONTENIDO:RETENCIÓN ILEGAL DE UN MENOR DE EDAD EN EL MARCO DEL CONVENIO DE LA HAYA DE 1980. SE PRECISA QUE PARA QUE SE CONFIGURE LA RETENCIÓN ILEGAL DE UN MENOR DE EDAD AL INTERIOR DE LA JURISDICCIÓN DE ALGUNO DE LOS ESTADOS CONTRATANTES DEL CONVENIO DE LA HAYA DE 1980, LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES, CONFORME A LA COMPETENCIA ASIGNADA POR LA LEGISLACIÓN DE CADA PAÍS, DEBERÁN ACREDITAR LOS SIGUIENTES PRESUPUESTOS: (I) QUE EL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE RETENIDO TENGA MENOS DE DIECISÉIS AÑOS DE EDAD (ART. 4)(II) QUE EXISTA UN EJERCICIO INDIVIDUAL O COMPARTIDO DEL DERECHO DE CUSTODIA SOBRE EL MENOR DE EDAD (ART. 3)(III) QUE LA RESIDENCIA HABITUAL DEL MENOR RETENIDO SEA LA DEL PAÍS REQUIRENTE (ART. 4)(IV) QUE EL MENOR RETENIDO SE ENCUENTRE EFECTIVAMENTE EN EL PAÍS REQUERIDO (ART. 1)(V) QUE LA AUTORIDAD CENTRAL DEL PAÍS DONDE SE ENCUENTRA EL MENOR RETENIDO AGOTE LA ETAPA DE RESTITUCIÓN VOLUNTARIA (ART. 10)(VI) QUE LA SOLICITUD DE RESTITUCIÓN DEL MENOR SE HAYA PRESENTADO DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA RETENCIÓN (ART. 12)Y(VII) QUE NO SE CONFIGURE NINGUNA DE LAS CAUSALES DE EXCEPCIÓN PREVISTAS EN EL CONVENIO (ART. 13).
TEMAS ESPECÍFICOS:MENOR DE EDAD, ACCIÓN DE TUTELA, RETENCIÓN ILÍCITA DEL MENOR DE EDAD, RETENCIÓN ILÍCITA DEL MENOR DE EDAD EN EL EXTERIOR, DERECHOS DEL MENOR DE EDAD, RESTITUCIÓN DE LA CUSTODIA DEL MENOR
Sentencia T-202 de mayo 28 de 2018
Ref.: Expediente T-6.438.838
1. PVMB, actuando en nombre propio y en representación de su menor hija NFRM, instauró acción de tutela(1) en contra del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Familia. La demandante, en la forma señalada, reclamó la protección de los derechos fundamentales del niño, el debido proceso, la familia y la mujer.
2. Consideró que los derechos invocados les fueron vulnerados “como consecuencia de vía de hecho, omisión de aplicación de normatividad legal, defecto fáctico y defecto sustancial”(2) en los que incurrió la autoridad judicial accionada al resolver el recurso de apelación presentado en contra del fallo que decidió en primera instancia el juicio de restitución internacional de la menor NFRM.
5. El 19 de diciembre de 2015, la menor NFRM viajó a Colombia en compañía de su madre, para lo cual contó con la autorización escrita de su padre. El permiso fue otorgado desde la fecha del viaje hasta el 6 de enero de 2016(3). Una vez en Bogotá, la tutelante afirma que le manifestó a sus familiares que su esposo la “sometía a vejámenes y atropellos de todo tipo por mi condición de mujer latina, llegando incluso a obligarme a acompañarlo en el consumo de drogas estupefacientes y alcohol en forma regular”(4) y que al contar con el respaldo incondicional de su familia, decidió comunicarle al señor DR su interés de divorciarse.
6. Vencido el plazo del permiso, el señor DR autorizó prolongar la estadía de la menor NFRM en Colombia, “primero en forma explícita y después en forma tácita ya que no efectuó requerimiento alguno en tal sentido, esperando que mi intención de divorcio fuese pasajera, viajando incluso de vacaciones en el mes de mayo de 2016 donde pernoctó en la casa de campo de mis padres en Melgar, siempre intentando reversar mi decisión, al punto que me acompañó a cancelar la pensión de la niña en el colegio donde estudiaba, situación que consintió plenamente, máxime que no aportaba ninguna ayuda para los gastos de manutención”(5).
7. Luego de haber transcurrido más de un año desde su arribo a Colombia con su hija, el señor DR le “manifestó que como mecanismo de presión para que regresara con él y no continuara con la idea del divorcio”(6), iniciaría acciones legales en su contra.
9. Efectuado el traslado de la demanda, mediante apoderado judicial, la tutelante procedió a su contestación. Planteó como excepción de mérito el “consentimiento tácito del padre de la menor sobre la permanencia de la menor en territorio colombiano”. Argumentó que existió una autorización expresa para que NFRM pudiera salir de Estados Unidos con destino a Colombia, la cual se prolongó hasta mediados de febrero de 2016, y que vencido el plazo otorgado, el señor DR no se manifestó sobre la obligación de regresar a su país de residencia, “consintiendo que la niña se integrara a su familia materna afectivamente y estudiara en Colombia”(7).
10. En el curso del proceso de restitución internacional se practicó en forma legal experticio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, donde se indicó: “se desprende que el estado actual de la mayoría de los derechos de la niña [NFRM], se encuentran garantizados y/o cubiertos como son la educación, salud, necesidades básicas, recreación y protección por parte de su progenitora. En el hogar actual en donde pernota (sic) la niña [NFRM], (casa de abuelos maternos), poseen muchos factores de generatividad por estar brindándole a la niña un ambiente de protección, afecto y armonía. Se cuenta con este apoyo subsidiado (red de apoyo) que le facilita a la niña, el manejo adecuado del diario vivir y le brinda estabilidad emocional necesaria y adaptabilidad con su entorno”(8).
11. Aunado a lo anterior, la tutelante señaló que en la entrevista adelantada por el ICBF, su hija NFRM manifestó “su deseo de quedarse en territorio colombiano a mi lado y el de sus abuelos maternos, los cuales le han brindado todo el apoyo afectivo, económico, social, cultural y de bienestar que necesita para su desarrollo y crecimiento normal”(9).
14. Para la tutelante, la decisión adoptada por el ad quem resultó “arbitraria, caprichosa, ilegitima y contradictoria con el material probatorio obrante en el proceso ya que desconoc[ió] que en el mismo se demostró que DR consintió que mi hija NFRM permaneciera en territorio colombiano y se integrara social y afectivamente con su familia materna y que jamás fue retenida; también desconoció los medios probatorios donde se aprecia que la niña se encuentra integrada a un medio caracterizado por condiciones que favorecen su desarrollo integral y su dignidad”(10).
15. Asimismo, la tutelante sostuvo que el fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Familia, “desconoc[ió] la ley y la interpretación jurisprudencial que de la misma han realizado las Altas Cortes para evitar este tipo de desafueros jurídicos que reproducen, de manera infortunada, los prejuicios y prevenciones que, por efecto de una obsoleta, escueta y facilista argumentación jurídica particularísima, ve todavía en los extranjeros un hito de honestidad, verdad y transparencia, incluso si se trata -como en este caso- de una persona que sostiene dichos contrarios a los elementos probatorios obrantes en el proceso y que enloda ante su supuesta querida hija, la imagen de su madre para favorecer sus intereses, teniendo eco en el Tribunal al punto que mis derechos se encuentran en vilo con el consiguiente y potencial devenir de serios daños y perjuicios para mí, para mi hija y para mi familia por el arrebatamiento de la niña en brazos de un extranjero que pretende raptarla lejos de su seno materno con el consentimiento del Estado”(11).
16. A continuación, esta Sala realizará el recuento de las actuaciones desarrolladas en el trámite administrativo y en el proceso judicial de restitución internacional de la menor NFRM, a partir de los documentos obtenidos en sede de revisión, los cuales fueron decretados como prueba por la Corte Constitucional en auto del 31 de enero de 2018(12).
1.1. Trámite administrativo de restitución internacional de la menor NFRM.
17. El 13 de junio de 2016 el señor DR presentó ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos solicitud de devolución de su hija NFRM a su lugar de residencia. Indicó que la menor viajó con su autorización a Colombia en compañía de su madre PVMB el 19 de diciembre de 2015, con la condición de regresar a Wellington (Florida) en el mes de febrero de 2016, fecha en la cual vencía el permiso otorgado(13).
18. El 19 de agosto de 2016, la Oficina de Asuntos de Menores del Departamento de Estado de los Estados Unidos solicitó a la Subdirección de Adopciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, colaboración para tramitar el regreso de la menor NFRM a ese país(14).
19. El 12 de octubre de 2016, la Coordinadora del Grupo de Protección de la Regional Bogotá del ICBF, solicitó a la Coordinadora del Centro Zonal Suba de la misma entidad, la designación de un defensor de familia para el trámite de restitución internacional de la menor NFRM(15).
20. El 13 de octubre de 2016, la Defensora de Familia del Centro Zonal Suba del ICBF, en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 112 de la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia)(16), ordenó citar a la señora PVMB con el fin de escucharla respecto de la solicitud de restitución internacional presentada por el señor DR. Asimismo, dispuso la realización de una entrevista psicológica a la niña NFRM, la verificación de sus derechos y la intervención del área de trabajo social en lo de su competencia(17).
21. El 18 de octubre de 2016 ante la Defensoría de Familia para Asuntos Conciliables del Centro Zonal Suba del ICBF, se adelantó la diligencia tendiente a la restitución voluntaria de la menor NFRM. Consultada sobre su deseo de restituir a su hija a los Estados Unidos, la señora PVMB manifestó: “No estoy de acuerdo con que la niña regrese a la Florida con el padre, solo lo permitiría si fuera de visita, en mi compañía, considero que la niña está muy apegada a mí, soy la que se encarga de su cuidado, soy su figura de autoridad, la niña y yo hemos sido siempre muy unidas, desde el embarazo con mi hija nunca nos hemos separado, el padre siempre ha sido el proveedor del hogar, la relación de la niña con el padre es buena, yo siempre presionaba para que el padre compartiera con la niña, la vida del padre era su trabajo; acá la calidad de vida es diferente, acá hay más tiempo para todo, acá la cultura es diferente, acá hay más tiempo para la vida familiar, la gente es muy amigable; acá la niña ya está leyendo y hablando en español, el nivel de educación es más alto acá que allá, siento que acá en el colegio se preocupan más las profesoras por ella, que allá. Yo siento que los hijos necesitan conocer a sus padres, que la niña tiene derecho de conocer a su papá, pienso que el padre tiene una cultura diferente. Yo considero que mi hija debe estar conmigo”. La audiencia se dio por concluida ante la imposibilidad de lograr un acuerdo(18).
22. La trabajadora social del Centro Zonal Suba del ICBF, realizó evaluación sobre las condiciones económicas, habitacionales y socio familiares de la señora PVMB, a efectos de constatar si los derechos de la menor NFRM se estaban garantizando. Al emitir su concepto señaló que “De acuerdo a las entrevistas y la visita realizada, se establece que existen condiciones socio familiares y habitacionales que permiten el desarrollo integral de la niña [NFRM], al lado de su progenitora y los abuelos maternos quienes son de gran apoyo tanto moral como económico, para garantizarles los derechos fundamentales”(19).
23. El 1 de noviembre de 2016 el Centro Zonal Especializado Revivir del ICBF, presentó informe sobre el estado de salud y nutrición de la menor NFRM. En el concepto final emitido por el nutricionista dietista encargado de realizar la valoración, se indicó que “la niña cuenta con garantía de derechos de acuerdo a la edad en salud, nutrición y vacunación, lo que orienta al cumplimiento del derecho a la salud, a los alimentos, a la custodia y cuidado personal, vida y calidad de vida por parte de sus cuidadores actuales...”(20).
Se espera que en la edad en que se encuentra [NFRM], ya pueda tener una capacidad de razonar, saber lo bueno y malo, de lo que quiere y no quiere, de conocer lo permitido y dar un juicio adecuado. (En el control de realidad, verdad y mentira). Su desarrollo cognitivo no presenta indicadores de alteración o trastorno a la fecha, y el desarrollo psicoevolutivo es responsivo al momento del ciclo vital. Se percibe que [NFRM] ha interiorizado hábitos y patrones comportamentales, es juiciosa denotando organización y disciplina en sus actividades básicas. Presenta un nivel de desarrollo emocional, cognitivo y social acorde a su edad”(21).
25. El 11 de noviembre de 2016 la Defensora de Familia del Centro Zonal Suba del ICBF, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 137 del Código de Infancia y Adolescencia(22), informó al Juez de Familia del Circuito de Bogotá -Reparto-, que en el trámite administrativo de restitución internacional solicitado por el señor DR por intermedio de la Oficina de Asuntos de Menores del Departamento de Estado de los Estados Unidos, no se había logrado la devolución voluntaria de la menor NFRM, razón por la cual se daba por concluido. Adicionalmente, instó a la autoridad judicial a dar inicio al respectivo proceso judicial, aportando para ello la documentación recaudada en el curso de la actuación(23).
1.2. Proceso judicial de restitución internacional de la menor NFRM.
26. El 1 de diciembre de 2016, el Juzgado Segundo de Familia en Oralidad del Circuito de Bogotá admitió la demanda de restitución internacional instaurada por el ICBF en representación de la menor NFRM (Rad. 2016-1413). En la providencia se indicó que la demanda tenía como origen la solicitud presentada por el señor DR en contra de la señora PVMB. Finalmente, se ordenó adelantar visita social al lugar de residencia de los padres de la menor, así como notificar al Ministerio Público y a la defensora de familia adscrita a ese despacho sobre el inicio de la actuación(24).
27. Mediante auto de 12 de enero de 2017, el Juzgado Segundo de Familia en Oralidad del Circuito de Bogotá prescindió de realizar la visita ordenada al lugar de habitación del señor DR, por cuanto se encontraba radicado en los Estados Unidos de América(25).
28. El 17 de enero de 2017, la apoderada judicial del señor DR se pronunció sobre el informe presentado por la Defensora de Familia del Centro Zonal Suba del ICBF. Señaló que este no contenía una exposición de los hechos ocurridos, ni de lo pretendido con la demanda. Así, y con el fin de encausar el trámite en la vía judicial, radicó escrito con la totalidad de requisitos exigidos por el artículo 82 del Código General del Proceso. Como pretensiones de la demanda solicitó la declaratoria de retención ilegal de la menor NFRM y la expedición de la orden de devolución a los Estados Unidos, país de su residencia habitual(26).
29. El 17 de febrero de 2016, la señora PVMB, por intermedio de apoderado judicial, contestó la demanda y propuso excepciones de mérito(27). Argumentó que la demanda no debía prosperar toda vez que (i) “el padre de la menor [DR] no ejercía de modo efectivo el derecho de custodia de la menor [NFRM], al momento que fue trasladada a territorio colombiano”, (ii) “hubo por parte del progenitor de la menor una aceptación tácita de la permanencia de la menor en el territorio colombiano, más aun, conoció y aceptó que la niña o menor fuera matriculada en un jardín infantil en la ciudad de Bogotá, igualmente aportó económicamente para los gastos y necesidades que se requerían en el inicio de su nueva etapa escolar”; (iii) “el señor [DR], ha consumido sustancias psicoactivas como marihuana y alcohol, igualmente a (sic) presentado problemas de ira, circunstancias estas que indudablemente alteran su día a día y la capacidad de poder dedicarse a su hija, igualmente con su comportamiento pone en riesgo el desarrollo normal y seguridad de la menor”; (iv) “la menor siempre ha permanecido más tiempo con su madre, y el alejamiento de ella traería grandes perjuicios en el desarrollo y creciendo (sic) normal de la menor”. Por su parte, en la misma fecha, la apoderada judicial del señor DR se pronunció sobre las excepciones formuladas por la parte demandada, oponiéndose a cada una de ellas(28).
30. Agotado el trámite de primera instancia, el Juzgado Segundo de Familia en Oralidad del Circuito de Bogotá, mediante sentencia proferida en audiencia pública el 9 de mayo de 2017, resolvió (i) declarar probada la excepción de mérito denominada “consentimiento tácito del padre de la menor en territorio colombiano” y (ii) negar la solicitud de restitución internacional de la menor NFRM a los Estados Unidos(29).
Por último es menester indicar a las partes que la presente decisión no implica prejuzgamiento sobre determinación definitiva de la custodia o guarda de la niña [NFRM] en los estrados judiciales donde se encuentre debatiendo dicho derecho”(30).
32. Esta decisión judicial fue impugnada en audiencia y el recurso de apelación sustentado en término por la parte demandante(31).
33. El 13 de julio de 2017, constituido en audiencia pública para decidir el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Familia, resolvió revocar la sentencia proferida el 9 de mayo de 2017 por el Juzgado Segundo de Familia de Bogotá(32). En consecuencia, ordenó la restitución inmediata de la menor NFRM a la ciudad de Wellington, Estados Unidos. Para efectos del cumplimiento de la orden, fijó la entrega de la menor a su padre DR en las instalaciones del Juzgado, el 25 de julio de la misma anualidad a las 11:00 a.m.
Entonces, conforme a las pruebas recaudadas y a las que anteriormente se hiciera mención, para la Sala se presentó una retención ilegal de la niña menor de edad [NFRM], vulnerando con ello el derecho de permanecer en su residencia original, que ostenta también el padre señor [DR], quien autorizó a la progenitora, señora [PVMB], para que el día 19 de diciembre de 2015 viajara con su hija a la República de Colombia, con un permiso que no fue concedido de manera definitiva, sino condicionado a unas vacaciones y prorrogado mientras se trataba la demandada de un trastorno de ansiedad, como ella misma lo afirmó en el interrogatorio de parte, porque el permiso inicial fue hasta el 6 de enero de 2016. Situación que encuentra la Sala superada, pues la misma demandada en una de sus excepciones manifestó que ya habían sido vencidas todas sus dificultades y por esa razón se podía hacer cargo de la niña.
(...) Se torna necesario no acoger las excepciones propuestas, pues está demostrada la retención ilícita de la niña [NFRM] y, contrario a lo que concluyó el juez con el análisis probatorio, no existió para la Sala el beneplácito del padre para que su hija permaneciera en el territorio Colombiano de manera indefinida, circunstancia que precisamente arroja el análisis de las pruebas en su totalidad, lo que indica que se ha desatendido la valoración de las pruebas, o precedentes verticales del Tribunal supremo de lo constitucional, y lo que se estableció en el convenio de La Haya del 25 de octubre de 1980, y que habla sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores.
Así las cosas, habiéndose acreditado la retención ilegal que de la menor [NFRM] hiciera su progenitora [PVMB], vulnerando con ello la custodia que sobre la niña igualmente tiene su progenitor, el señor [DR], no le queda otra alternativa a la Sala que ordenar la restitución inmediata de dicha menor a su lugar de origen, esto es, Wellington, Estado de la Florida, condado de Palm Beach de los Estados Unidos de Norte América, al lado de su progenitor, señor [DR]”(33).
35. El 18 de julio de 2017, la ciudadana PVMB formuló acción de tutela(34) en contra del fallo de segunda instancia expuesto en precedencia. Por reparto, la solicitud de amparo constitucional fue asignada a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil(35).
36. La accionante solicita que sean tutelados los derechos fundamentales del niño, el debido proceso, la familia y la mujer, ordenándole a la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá: (i) suspender la orden de entrega de la menor NFRM al señor DR, hasta tanto se decida de fondo la solicitud de amparo constitucional y, (ii) proferir una nueva decisión por medio de la cual se subsanen las irregularidades presentadas en el fallo de segunda instancia, atendiendo los criterios fácticos, probatorios, jurídicos y jurisprudenciales aplicables al proceso de restitución internacional de la menor NFRM(36).
37. Como fundamento de lo anterior, la accionante señala que la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, incurrió en defecto fáctico y sustantivo en el fallo proferido el 13 de julio de 2017, por cuanto: (i) determinó sin soporte probatorio alguno que la menor NFRM está retenida ilegalmente en Colombia, pasando por alto que las pruebas recaudadas en el plenario dan cuenta que el señor DR consintió y aceptó la permanencia definitiva de su hija en el territorio colombiano(37); (ii) desconoció que el ICBF en el curso del trámite judicial corroboró que la menor NFRM se encuentra integrada a su nuevo medio familiar y social en Colombia desde el mes de diciembre de 2015 y, a su vez, que manifestó su deseo de quedarse al lado de su madre y de sus abuelos maternos(38); (iii) no evaluó los graves riesgos y perjuicios a los que sometería a la menor NFRM al privarla del cuidado y afecto de su madre, ya que su progenitor carece del tiempo y de una red de apoyo familiar que le permita y contribuya a su cuidado, sumado a que ha tenido problemas de intolerancia, celos excesivos, ira, inestabilidad emocional, consumo de sustancias psicoactivas y alcohol, circunstancias que le impiden brindarle condiciones óptimas de crecimiento y desarrollo(39), y (iv) inaplicó los artículos 3, 12 y 13 de la Convención de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores(40).
3. Respuesta de la entidad accionada y de las personas naturales y jurídicas vinculadas a la acción de tutela.
38. El 21 de julio de 2017, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, admitió la acción de tutela formulada por la señora PVMB y vinculó, en calidad de accionado, al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Familia. A su vez, ordenó enterar sobre la admisión de la solicitud de amparo, a las personas naturales y jurídicas vinculadas en calidad de intervinientes(41) al proceso de restitución internacional de la menor NFRM. En cuanto a la medida provisional requerida, decidió no acceder a la misma con fundamento en que no reunía los presupuestos contemplados en el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991(42).
40. La Procuraduría Judicial II de Familia de Bogotá, en escrito presentado el 25 de julio de 2017(43), señaló tres aspectos relevantes del proceso de restitución internacional de la menor NFRM que, en su opinión, demandaban de la justicia constitucional la prosperidad de las pretensiones planteadas por la señora PVMB en su escrito de tutela. Los argumentos que sustentan la posición del Ministerio Público son los siguientes:
(i) Ausencia de traslado o retención ilícitos: “[e]stá probado en el proceso de restitución internacional que la niña NFRM no fue retenida ilícitamente en Colombia, pues una vez culminó el periodo de autorización que signó su progenitor en los Estados Unidos, no hubo un requerimiento, rechazo o reacción de manera inmediata por la supuesta retención ilegal, tal y como lo exige el tratado multilateral de la Haya. Contrario sensu, el padre realizó de manera explícita, ora implícita, una serie de actos indicativos de su aceptación sobre la permanencia de la niña en territorio colombiano. De otro modo no se explica cómo el señor [DR] viajó a Colombia con posterioridad a la supuesta retención ilícita, es decir, en el mes de mayo de 2016, en dicho periplo se alojó en un inmueble de los abuelos maternos de la menor, y como si no fuera suficiente, consintió implícitamente en el hecho que la niña haya sido matriculada y estudie en un colegio de Bogotá, lo cual descarta que NFRM estuviera siendo ocultada a su padre pues, se itera, él mismo tuvo contacto con ella en su viaje a Colombia sin exteriorizar desacuerdo o manifestación de oposición alguna”(44).
(ii) Integración de la menor al medio familiar: “[d]esconoce el fallo del Ad quem que el periodo que transcurrió entre el momento en que venció el permiso del progenitor para que la niña permaneciera en Colombia, esto es, mediados de febrero de 2016, y la fecha en la que instauró la acción de restitución internacional, y aún hasta la fecha, los lazos afectivos y emocionales de la niña con su madre y con su familia extensa, se fortalecieron a tal punto que la menor de edad no dudó en exteriorizar y expresar su ánimo de permanecer en brazos de su madre. // Nótese como la misma autoridad administrativa, esto es, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, certifica el ambiente de protección, afecto y armonía que rodea la convivencia de la niña con su madre y con sus abuelos maternos, lo cual es corroborado por la trabajadora social del Juzgado Segundo de Familia en su visita sicosocial practicada a la residencia de la señora [PVMB]”(45).
(iii) Opinión de la menor: “no se entiende cómo la opinión, inclinación, deseo o ánimo expresado por la niña, en el sentido de querer permanecer con su mamá y con sus abuelos maternos, fue desatendida por la Sala de Familia en su fallo del pasado 13 de julio, al revocar el fallo del juzgado de primera instancia y ordenar la restitución y traslado a los Estados Unidos de Norteamérica”(46).
41. Por su parte, el señor DR, padre la menor NFRM y demandante dentro del juicio de restitución internacional, mediante escrito del 25 de julio de 2017(47), se pronunció sobre cada uno de los hechos narrados por la señora PVMB en el escrito de tutela, manifestando que la mayoría de estos no eran ciertos. Luego de exponer su versión sobre lo ocurrido, se opuso a la prosperidad del amparo aduciendo que la acción de tutela era improcedente por incumplimiento de los requisitos de inmediatez, subsidiariedad e inexistencia de un perjuicio irremediable. Para finalizar, señaló que en todo caso, la sentencia cuestionada, no vulneró ningún derecho fundamental de su menor hija, sino que por el contrario, le restableció sus derechos.
43. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, mediante sentencia del 3 de agosto de 2017(48), denegó el amparo pretendido a través de la acción de tutela.
47. Dentro de la oportunidad legal, la señora PVMB impugnó(49) la decisión de primera instancia, a efectos de lo cual reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela y agregó que (i) la menor NFRM en entrevista realizada por el ICBF manifestó su deseo de quedarse en territorio colombiano a lado de su madre y de sus abuelos maternos, quienes le han brindado todo el apoyo afectivo y económico que necesita para su desarrollo y crecimiento, (ii) que el fallo de primera instancia no tuvo en cuenta los argumentos expuestos y las pruebas aportadas que dan cuenta que la niña NFRM se encuentra integrada a su nuevo medio familiar y social en Colombia desde el mes de diciembre de 2015 y (iii) que separarla de su madre para enviarla con su progenitor, pone en riesgo su salud psicológica, lo que podría ocasionarle graves perjuicios porque el padre no está en condiciones de brindarle el apoyo necesario para su normal desarrollo y crecimiento. Para finalizar, insistió en la necesidad de decretar como medida provisional, la suspensión de la orden de entrega de la niña NFRM a su padre, hasta tanto se decidiera la impugnación presentada en contra del fallo de tutela. La solicitud de medida provisional fue resuelta favorablemente por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia mediante auto del 18 de agosto de 2017(50).
48. Por su parte, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia y Familia, invocando las facultades otorgadas por los artículos 277 de la Constitución Política, 47 del Decreto 262 de 2000 y 95 de la Ley 1098 de 2006, también presentó recurso de apelación(51). Tras reiterar los argumentos de la intervención presentada el 25 de julio de 2017 por la Procuraduría Judicial II de Familia de Bogotá (fls. 105 al 111 del cdno. 1 del expediente de tutela), añadió que, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, al confirmar la decisión de restituir a los Estados Unidos a la menor NFRM, desconoció su propia jurisprudencia, pues allí ha establecido que los operadores judiciales no pueden desestimar las valoraciones aportadas a los procesos sobre el arraigo de los menores a su nuevo entorno familiar, a cambio de privilegiar o priorizar el cumplimiento del Convenio de La Haya. A juicio de la delegada del Ministerio Público, con decisiones de esta naturaleza se soslaya la aplicación de la excepción prevista por el mismo convenio en el literal b) de su artículo 13(52), el cual busca garantizar los principios de interés superior y protección integral de los menores.
49. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, mediante fallo de 6 de septiembre de 2017(53), revocó la decisión del a quo y concedió la protección reclamada. Consideró que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Familia, en la sentencia del 13 de julio de 2017, por medio de la cual ordenó la restitución de la menor NFRM a la ciudad de Wellington, Estados Unidos, incurrió en una inadecuada apreciación de los medios probatorios recaudados, pues no los valoró en su conjunto como se lo imponía el artículo 176 del Código General del Proceso.
Trámite judicial Instancia y autoridad Declaratorias Fundamento Órdenes
Demanda de restitución internacional presentada por el ICBF y coadyuvada por DR en contra de PVMB Primera Instancia
• Declaró probada la excepción de consentimiento tácito consagrada en el art. 13 literal a) del Convenio de La Haya de 1980. • El pago de estipendios educativos constituye prueba de la aceptación del padre respecto del cambio de residencia de su hija. • Niega la restitución internacional de la menor
• Declaró que la menor se encuentra retenida ilícitamente en Colombia. • El permiso de traslado a Colombia se otorgó por un tiempo limitado y la menor no regresó a los Estados Unidos a su vencimiento. • Ordena la restitución internacional de la menor
• No encontró probada la excepción de consentimiento tácito consagrada en el art. 13 literal a) del Convenio de La Haya de 1980. • El pago de estipendios educativos corresponde al cumplimiento de obligaciones parentales y no a una expresión de la voluntad del padre sobre el cambio permanente del domicilio de su hija.
• No encontró acreditada la excepción de existencia de grave riesgo para la menor consagrada en el art. 13 literal b) del Convenio de La Haya de 1980. • No hay prueba de que la restitución exponga a la menor a peligros físicos o psíquicos, o la coloque en una situación intolerable. En la valoración psicológica realizada por el ICBF a la menor, esta mostró el afecto que tiene hacia sus dos padres.
• Determinó que no había lugar a considerar la opinión de la menor en el proceso, conforme lo establece el inciso segundo del art. 13 literal b) del Convenio de La Haya de 1980. • No resulta suficiente para denegar la restitución el hecho de que la menor haya manifestado no querer regresar a los Estados Unidos. La menor no cuenta con un grado de madurez suficiente, apenas tiene 7 años de edad.
Acción de tutela presentada por PVMB en contra del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Familia Primera instancia
• No se configuraron los defectos alegados como vulneradores de los derechos fundamentales. • La decisión proferida por el ad quem en el proceso de restitución internacional no resultó arbitraria o caprichosa. El fallo se encuentra ajustado a las normas que regulan el procedimiento y a las pruebas recaudadas. • Niega el amparo solicitado.
• · Se vulneraron los derechos fundamentales invocados toda vez que al decidir sobre la restitución internacional de la menor se apreciaron inadecuadamente los medios probatorios recaudados, dando lugar a la no aplicación de las causales de excepción previstas en el Convenio de La Haya de 1980. • Existió una indebida valoración de las pruebas que daban cuenta de la configuración de la excepción del consentimiento tácito, lo que condujo a declarar equivocadamente la retención ilícita de la menor y no dar aplicación al literal a) del artículo 13 del Convenio de La Haya de 1980. • Revoca la decisión dictada en primera instancia en sede de tutela.
• Concede el amparo solicitado.
• Ordena al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Familia, proferir una nueva sentencia.
• Existiendo la manifestación de la menor de preferir vivir en Colombia y no en los Estados Unidos, no se aplicó la excepción prevista en el inciso segundo del literal b) del artículo 13 del Convenio de La Haya de 1980.
• Debió negarse la restitución de la menor a los Estados Unidos, mediante la aplicación de la excepción dispuesta en el inciso primero del literal b) del artículo 13 del Convenio de La Haya de 1980, y de esta forma, evitar los daños psicológicos y físicos que le generaría a la menor un nuevo desarraigo.
53. En auto de pruebas y suspensión de términos proferido por la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional el 31 de enero de 2018(54), se ordenó oficiar al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Familia, para que remitiera con destino al trámite de tutela, el expediente del proceso de restitución internacional de la menor NFRM, así como para que informara sobre el estado actual del proceso y allegara copia de la decisión proferida en cumplimiento del resuelve primero(55) de la sentencia proferida el 6 de septiembre de 2017 por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, por medio de la cual se decidió la segunda instancia de la presente acción constitucional.
54. Mediante oficio Nº 0201L del 7 de febrero de 2018(56), la autoridad judicial remitió el expediente de restitución internacional identificado bajo el Nº 11001-31-10-002-2016-01413-01, allegó CD y acta de la audiencia llevada a cabo el 4 de octubre de 2017, en donde consta el fallo de segunda instancia proferido en cumplimiento de la orden dada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, e informó que el trámite de restitución internacional en la vía ordinaria se encontraba concluido(57).
55. La Corte Constitucional es competente, por medio de esta Sala, para revisar la sentencia proferida dentro del proceso de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9º de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con los artículos 31 y 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
3.1. Requisitos generales de procedencia.
60. Los artículos 86 de la Constitución y 5º del Decreto 2591 de 1991 establecen que toda persona puede acudir a la acción de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
61. En consecuencia, la Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra las decisiones de los jueces, en su calidad de autoridades públicas, cuando incurran en graves falencias que las hagan incompatibles con la Constitución y afecten los derechos fundamentales de las partes(58). En todo caso, dicha procedencia es excepcional, “con el fin de que no se desconozcan los principios de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial, seguridad jurídica, y la naturaleza subsidiaria que caracteriza al mecanismo”(59).
62. Para tal efecto, la jurisprudencia constitucional(60) estableció los siguientes requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, los cuales deben cumplirse en su totalidad: (i) que la cuestión que se discuta tenga relevancia constitucional, esto es, que involucre la posible vulneración de los derechos fundamentales de las partes; (ii) que se cumpla el requisito de inmediatez, o sea, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iii) que cuando se trate de una irregularidad procesal tenga un efecto decisivo en la sentencia que se impugna, que resulte lesiva de la garantías constitucionales del actor; (iv) que el actor identifique de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y los derechos vulnerados; (v) que la sentencia que se impugna en sede de tutela no corresponda a su vez a una sentencia que haya definido una acción de tutela; y (vi) que se cumpla con el presupuesto de subsidiariedad, es decir, que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance del afectado, salvo que se trate de evitar un perjuicio irremediable.
64. Tal como lo ha señalado esta Corte, la relevancia constitucional se refiere a que la disputa transcienda del ámbito de un conflicto del orden legal y tenga relación directa con el contenido normativo superior(61).
65. Así pues, el asunto sometido al análisis de esta Sala de Revisión es de relevancia constitucional porque (i) implica el análisis sobre el presunto desconocimiento de los derechos fundamentales y el interés superior de una menor de edad, considerada por la jurisprudencia constitucional como sujeto de especial protección(62), (ii) se está ante la posible inaplicación de un tratado internacional suscrito por el Gobierno Nacional y ratificado por el Congreso de la República a través de la Ley 173 de 1994(63) y (iii) involucra la posible violación del derecho fundamental al debido proceso de la tutelante.
67. La jurisprudencia constitucional ha establecido que la acción de tutela debe presentarse en un término razonable y proporcionado, a partir del hecho que generó la vulneración, en este caso, la adopción de la providencia judicial que se estima violatoria de derechos fundamentales(64).
69. En el asunto que se estudia, la acción de tutela se interpuso el 18 de julio de 2017, esto es, cinco (5) días después de notificado el fallo cuestionado(65).
73. Para que proceda la acción de tutela contra providencias judiciales, también es necesario que la parte actora identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados. Además, que haya alegado esa vulneración en el proceso ordinario, siempre y cuando haya tenido oportunidad de hacerlo(66).
79. En tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, ha advertido esta Corte que es necesario que el accionante haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial para que la acción de tutela sea procedente(67).
80. Siguiendo esta línea, ha sido reiterada la jurisprudencia de la Corte Constitucional según la cual la acción de tutela no resulta procedente cuando, a través de este medio, se pretende reabrir etapas procesales que se encuentran agotadas porque no se presentaron los recursos respectivos, ya sea por negligencia, descuido o distracción de las partes(68).
82. Sobre la improcedencia de recursos extraordinarios en los procesos de restitución internacional de menores, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en reciente jurisprudencia, ha señalado que “dentro de los fallos que en forma expresa determina el artículo 334 [CGP] no se encuentra el dictado en los asuntos de restitución internacional de menores, así se trate de procesos declarativos, por cuanto, se itera, con excepción de los pronunciados en las acciones de grupo o los que versen sobre el estado civil, presupuesto ineludible para la procedencia del recurso de casación es que los pedimentos sean esencialmente económicos y que el valor actual de la resolución desfavorable al acusador sea superior a los preindicados 1.000 salarios; requisitoria que no se satisface en las contiendas de restitución internacional de menores de edad, por la sencilla razón de que, atendida su naturaleza jurídica, ellas solo proponen obtener la decisión a través de la cual se ordene la reincorporación del menor al lugar de su residencia habitual”(69).
3.2. Requisitos específicos de procedencia.
84. Además de los requisitos generales, la jurisprudencia constitucional ha definido unos requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, relacionados con graves defectos que las hacen incompatibles con los preceptos constitucionales(70).
85. Ellos son defecto fáctico, defecto material o sustantivo, defecto procedimental, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente, defecto orgánico, error inducido y violación directa de la Constitución. De estos, al menos uno debe cumplirse para que la acción de tutela sea procedente(71). Así mismo, debe tenerse en cuenta que una misma irregularidad puede dar lugar a la configuración de varios de estos defectos.
86. La jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que el defecto fáctico se configura cuando la providencia judicial es el resultado de un proceso en el que (i) dejaron de practicarse pruebas determinantes para dirimir el conflicto, o que (ii) habiendo sido decretadas y practicadas, no fueron apreciadas por el juez bajo la óptica de un pensamiento objetivo y racional, o que (iii) carecen de aptitud o de legalidad, bien sea por su inconducencia, impertinencia o porque fueron recaudadas de forma inapropiada(72).
87. Se presenta cuando: (i) la providencia judicial se basa en una norma inaplicable al caso concreto, ya sea porque no se ajusta a este, no está vigente por haber sido derogada o fue declarada inconstitucional; (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución les reconoce a las autoridades judiciales, la interpretación o aplicación que se hace de la norma en el caso concreto desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance; (iii) se fija el alcance de una norma desatendiendo otras disposiciones aplicables al caso, que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática, (iv) la norma pertinente es inobservada e inaplicada(73) o (v) no se hace uso de la excepción de inconstitucionalidad y, por el contrario, se emplea una interpretación normativa sin tener en cuenta que resulta contraria a los derechos y principios consagrados en la Constitución(74). En estos eventos, el juez de tutela debe intervenir excepcionalmente, para garantizar la vigencia de los preceptos constitucionales, a pesar de la autonomía que, en principio, tienen los jueces para definir las normas en las que se fundamenta la solución del caso puesto a su consideración(75).
88. El juez, al dictar su decisión o durante los actos o diligencias previas, desatiende o deja de aplicar las reglas procesales pertinentes. La Sentencia T-781 de 2011 explicó que se han reconocido dos modalidades de defecto procedimental: (i) absoluto, cuando el juez sigue un trámite totalmente ajeno al asunto sometido a su competencia, pretermite etapas sustanciales del procedimiento, pasa por alto el debate probatorio o dilata injustificadamente tanto la adopción de decisiones como su cumplimiento(76), y (ii) por exceso ritual manifiesto, esto es, cuando arguye razones formales a manera de impedimento, que implican una denegación de justicia.
90. El juez no da cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, o lo hace apenas de manera aparente, a pesar de que, precisamente, en tal motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional y, por tanto, de las providencias que le compete proferir. Al respecto, ha dicho esta Corte que solo cuando “la argumentación es decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o, en últimas, inexistente, puede el juez de tutela intervenir en la decisión judicial para revocar el fallo infundado”(77).
91. El juez desconoce el precedente jurisprudencial sobre determinado asunto, sin exponer una razón suficiente para apartarse. En estos casos, es necesario: (i) determinar la existencia de un precedente o grupo de precedentes aplicables al caso y distinguir las reglas decisionales contenidas en ellos; (ii) comprobar que la providencia judicial debió tomar en cuenta tales precedentes, pues, de no hacerlo, desconocería el principio de igualdad, y (iii) verificar si el juez tuvo razones fundadas para apartarse del precedente, bien por encontrar diferencias fácticas entre este y el caso analizado, bien porque la decisión debía ser adoptada de otra manera para lograr una interpretación más armónica con los principios constitucionales y más favorable a la vigencia y efectividad de los derechos fundamentales(78).
92. El juez que profirió la sentencia impugnada carece en forma absoluta de competencia. Ha dicho la Corte Constitucional que, entre otros supuestos, este defecto se produce cuando los jueces desconocen su competencia o asumen una que no les corresponde, así como cuando adelantan alguna actuación o emiten un pronunciamiento por fuera de los términos jurídicamente dispuestos para que se surtan determinadas actuaciones(79).
93. La providencia judicial se soporta en hechos o situaciones en cuya realización participan personas obligadas a colaborar con la administración de justicia, cuyo manejo irregular induce a error al funcionario judicial, con grave perjuicio para los derechos fundamentales de alguna de las partes o de terceros. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, son requisitos de esta causal los siguientes: (i) la providencia que contiene el error está en firme; (ii) la decisión se adopta respetando el debido proceso, por lo que no hay una actuación dolosa o culposa del juez; (iii) no obstante, la decisión resulta equivocada, pues se fundamenta en la apreciación de hechos o situaciones jurídicas en las cuales hay error; (iv) ese error es atribuible al actuar de un tercero (órgano estatal u otra persona natural o jurídica), y (v) la providencia judicial produce un perjuicio ius fundamental(80).
3.2.1. Cumplimiento de los requisitos específicos de procedencia en el caso analizado.
95. En el asunto bajo estudio, la accionante sostiene que la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá incurrió en defecto fáctico por cuanto: (i) determinó sin soporte probatorio alguno que la menor NFRM está retenida ilegalmente en Colombia, pasando por alto que las pruebas recaudadas en el plenario dan cuenta que el señor DR consintió y aceptó la permanencia definitiva de su hija en el territorio colombiano(81); (ii) desconoció que el ICBF en el curso del trámite judicial corroboró que la menor NFRM se encuentra integrada a su nuevo medio familiar y social en Colombia desde el mes de diciembre de 2015 y, a su vez, que manifestó su deseo de quedarse al lado de su madre y de sus abuelos maternos(82); (iii) no evaluó los graves riesgos y perjuicios a los que sometería a la menor NFRM al privarla del cuidado y afecto de su madre, ya que su progenitor carece del tiempo y de una red de apoyo familiar que le permita y contribuya a su cuidado, sumado a que ha tenido problemas de intolerancia, celos excesivos, ira, inestabilidad emocional, consumo de sustancias psicoactivas y alcohol, circunstancias que le impiden brindarle condiciones óptimas de crecimiento y desarrollo(83). De otra parte, también señaló que dicha autoridad judicial incurrió en defecto sustantivo toda vez que inaplicó los artículos 3, 12 y 13 de la Convención de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores(84).
3.2.1.1. El procedimiento de restitución internacional de menores en la legislación nacional.
98. En esta materia, se encontraba vigente a nivel internacional el Convenio sobre Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Niños, suscrito en La Haya el 25 de octubre de 1980. Dicho instrumento fue aprobado por Colombia mediante la expedición de la Ley 173 de 1994(85) y a la fecha cuenta con 98 Estados contratantes(86).
99. Por su parte, en el ámbito continental americano, el proceso de codificación llevado a cabo por las Conferencias Especializadas Interamericanas de Derecho Internacional Privado, bajo los auspicios de la Organización de Estados Americanos -OEA-, dio origen a la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores(87), concluida en Montevideo, el 15 de julio de 1989.
103. Sobre el particular, a partir de la exposición de motivos que acompañó la promulgación de la Ley 173 de 1994 en su trámite por el Congreso de la República(88), esta Corte señaló en Sentencia C-402 de 1995 que, “la expresión ‘secuestro’, que se usó para traducir al español las palabras enlèvement en francés y abduction en inglés —los dos idiomas oficiales de la Conferencia de La Haya—, no tiene ninguna connotación de carácter penal sino sólo civil. Así lo indica el título mismo del Convenio cuando se refiere a los ‘aspectos civiles del secuestro’, y se desprende de toda su normatividad. La conducta que se pretende regular mediante esa expresión consiste en el desplazamiento de un menor fuera del territorio de un Estado en que tenga su residencia habitual, o, retención del mismo fuera de ese territorio por tiempo diferente al establecido para el ejercicio del derecho de visita, siempre que se produzca en violación del contenido de los derechos de guarda o de visita en vigor en ese momento, en el lugar de residencia habitual del menor”.
104. En cuanto a sus fines, el Convenio busca garantizar en forma inmediata la restitución a su país de residencia habitual a los menores que han sido objeto de un traslado o retención ilícitas, así como velar por los derechos de custodia y de visita de quienes ostentan su titularidad(89). A su vez, pretende conservar el statu quo de las relaciones familiares y que las dificultades suscitadas en su interior sean resueltas en la jurisdicción del lugar de residencia habitual, es decir, procura evitar que quien trasladó al menor de manera ilícita, se beneficie de una jurisdicción ajena al lugar donde se desarrollan sus actividades diarias, desconociendo de este modo, no solo el derecho de la otra persona a la custodia del menor, sino también, el derecho a que sea la jurisdicción de residencia habitual la que dirima las controversias familiares suscitadas(90).
105. En el procedimiento contemplado en el instrumento, intervienen dos clases de autoridades. De una parte, una Autoridad Central, a cuyo cargo está, entre otras funciones, la coordinación tanto local como internacional, de todo el procedimiento(91). De la otra, las autoridades judiciales o administrativas que conforme a la legislación de cada Estado tengan la competencia para decidir sobre la restitución.
106. No obstante el Convenio hace referencia a la segunda de las autoridades mencionadas como “la autoridad administrativa o judicial”, en Colombia, la decisión definitiva sobre la restitución internacional de un menor solo puede adoptarse por el funcionario competente en sede judicial, tal como lo señaló la Corte Constitucional en Sentencia T-357 de 2002(92).
107. Así las cosas, en materia de restitución internacional de menores, se distinguen en Colombia dos fases en las que se desarrolla el trámite, una administrativa y una judicial. Como rasgo común de estas actuaciones, se encuentra la obligación de proceder siempre con carácter de urgencia(93).
108. Para los efectos del Convenio de La Haya de 1980 sobre Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Niños, Colombia designó como Autoridad Central al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF(94).
111. Conviene señalar que el artículo 10 del Convenio reitera la obligación de la Autoridad Central del Estado donde se halla el niño de tomar o hacer tomar las medidas apropiadas para asegurar su entrega voluntaria. Sin embargo, en caso de fracasar esta solución, se da por agotado el trámite en la fase administrativa y la Autoridad Central queda obligada a dar curso a la etapa judicial. Para el efecto, debe presentar la demanda ante el juez competente, acompañada de la documentación recopilada en su actuación(95).
116. En noviembre 8 de la misma anualidad, el Congreso promulgó la Ley 1098 de 2006, por medio de la cual se expidió el Código de la Infancia y la Adolescencia. En el artículo 119 de esta Ley, vigente a partir del 8 de mayo de 2007(96), se estableció que la restitución internacional de niños, niñas y adolescentes sería de competencia en única instancia de los Jueces de Familia. Adicionalmente, se consignó en el parágrafo de dicho artículo, que el fallo respectivo debía proferirse dentro de los dos (2) meses siguientes al recibo de la demanda y que el incumplimiento de dicho término constituiría causal de mala conducta.
119. Este cambio normativo, aplicable desde la entrada en vigencia de la Ley 1564 de 2012, derivó en que, a partir del 1º de enero de 2014, los procesos de restitución internacional en su fase judicial, se tramitarían de forma verbal con la garantía de la doble instancia. En consecuencia, la competencia para resolver las impugnaciones en estos trámites, fue asignada a las salas de familia de los tribunales superiores de distrito judicial (num. 1º del artículo 32 del CGP).
3.2.1.2. La retención ilegal de un menor de edad en el marco del Convenio de La Haya de 1980.
121. El artículo 3º del Convenio de La Haya de 1980 prescribe:
123. Ahora bien, en cuanto al “derecho de custodia”, el Convenio señala que este comprende “el derecho relativo a los cuidados de la persona del niño y en particular el de decidir su lugar de residencia”(97). Tal definición se identifica plenamente con el concepto otorgado a este derecho en la legislación colombiana, según el cual, “[l]os niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a que sus padres en forma permanente y solidaria asuman directa y oportunamente su custodia para su desarrollo integral. La obligación de cuidado personal se extiende además a quienes convivan con ellos en los ámbitos familiar, social o institucional, o a sus representantes legales”(98).
125. Adicional a lo anterior, y solo en el evento en el que la solicitud de restitución del menor se haya presentado dentro del término de un (1) año siguiente al momento de la retención ilegal, deberá descartarse que el menor se ha integrado a su nuevo medio social y familiar (inc. 2º, art. 12).
3.2.1.3. Las excepciones a la restitución internacional de un menor previstas en el Convenio de La Haya de 1980.
Cuando un menor haya sido trasladado o retenido ilícitamente en el sentido previsto en el artículo 3º y, en la fecha de la iniciación del procedimiento ante la autoridad judicial o administrativa del Estado contratante donde se halle el menor, hubiera transcurrido un periodo inferior a un año desde el momento en que se produjo el traslado o retención ilícitos, la autoridad competente ordenará la restitución inmediata del menor.
Al examinar las circunstancias a que se hace referencia en el presente artículo, las autoridades judiciales y administrativas tendrán en cuenta la información que sobre la situación social del menor proporcione la autoridad central u otra autoridad competente del lugar de residencia habitual del menor”. (Negrita fuera de texto)
130. En primer lugar encontramos, la Convención sobre los Derechos del Niño(99), que dispone en su artículo 3-1 que “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”; y en el artículo 3-2, establece que “los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas”.
131. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(100) dispone en su artículo 24-1 que “todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado”, en el mismo sentido que el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos(101), según el cual “todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”, y que el artículo 10-3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales(102), que ordena: “se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia a favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición”.
136. Por su parte, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que los menores de edad tienen el estatus de sujetos de protección constitucional reforzada(103), condición que se hace manifiesta, entre otros aspectos, en el carácter superior y prevaleciente de sus derechos e intereses, cuya satisfacción debe constituir el objetivo primario de toda actuación que les competa.
137. Sobre el particular, esta corporación ha señalado que, “el artículo 44 de la Constitución Política es inequívoco al establecer que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, como consecuencia del especial grado de protección que aquellos requieren, dadas sus condiciones de vulnerabilidad e indefensión, y la especial atención con que se debe salvaguardar su proceso de desarrollo y formación”(104).
139. La Corte Constitucional en diversos pronunciamientos ha definido las características del principio de interés superior del niño. Al respecto, ha dicho que este es concreto, en la medida que solo puede determinarse atendiendo a las circunstancias individuales, únicas e irrepetibles de cada niño, por lo que no cabe definirlo a partir de reglas abstractas de aplicación mecánica(105); es relacional, por cuanto afirmar que a los derechos de los niños se les debe otorgar una “consideración primordial”, o que estos “prevalecen”, implica necesariamente que este principio adquiere relevancia en situaciones en las que estos derechos entran en tensión con los derechos de otra persona o grupo de personas y resulta entonces necesario realizar una ponderación(106); no es excluyente, ya que afirmar que los derechos de los niños deben prevalecer, es distinto a sostener que estos son absolutos y priman de manera inexorable en todos los casos de colisión de derechos(107); es autónomo, en la medida en que el criterio determinante para establecer el interés superior del niño es la situación específica del niño, incluso cuando dicho interés pueda ir en contradicción con los intereses o las preferencias de los padres, familiares o un tercero; y es obligatorio para todos, en la medida que vincula a todas las autoridades del Estado, así como también, a la familia del niño y a la sociedad en general.
140. Por su parte, con relación al rasgo de obligatoriedad del principio, la Corte ha destacado que la familia tiene una especial responsabilidad en la supervivencia y desarrollo de los niños. Señala la jurisprudencia que este derecho no se limita a proteger “la subsistencia nominal o aparente de un grupo humano”, sino que “implica la integración real del menor en un medio propicio para su desarrollo, que presupone la presencia de estrechos vínculos de afecto y confianza y que exige relaciones equilibradas y armónicas entre los padres y el pedagógico comportamiento de estos respecto de sus hijos”(108).
141. Si bien, en principio, el Estado no tiene la potestad de intervenir en las relaciones familiares, pues la Constitución reconoce el derecho a la intimidad privada y familiar (artículo 15), este derecho puede ser limitado cuando se esgriman poderosas razones para justificar su intervención en las relaciones paterno y materno filiales, como lo sería aquella situación en la que la familia no cumpla sus deberes de protección respecto de los niños. En todo caso, la limitación al derecho a la intimidad familiar tendrá no solo que estar motivada por razones poderosas, sino ser además proporcionales y razonables(109).
142. Conforme a lo anterior, “[l]a familia, la sociedad y el Estado”(110) deben dirigir sus actuaciones hacia el cumplimiento de su obligación de brindar especial protección a los menores de edad, mediante la garantía de su vida, supervivencia y desarrollo. Sobre este punto hay que recalcar que las obligaciones que surgen para garantizar el interés superior de los niños, no comprometen exclusivamente al Estado, sino que, por expresa disposición constitucional, se extienden a las familias y a la sociedad en general.
148. Sobre este deber de especial protección reconocido a favor de los menores de edad, el Comité de los Derechos del Niño ha identificado una serie de principios generales que rigen la actuación del Estado(111), dentro de los cuales se destaca el del respeto que debe otorgársele a sus opiniones. En virtud de este principio, debe reconocerse al menor de edad como “participante activo en la promoción, protección y vigilancia de sus derechos”(112).
150. El Comité de los Derechos del Niño, órgano autorizado para interpretar la Convención, en su Observación General Nº 12 sobre “el derecho del niño a ser escuchado”, estableció que “no es posible una aplicación correcta del artículo 3º [sobre el interés superior de las y los niños], si no se respetan los componentes del artículo 12. Del mismo modo, el artículo 3º refuerza la funcionalidad del artículo 12 al facilitar el papel esencial de los niños en todas las decisiones que afecten su vida”(113).
Por último, los Estados partes deben ser conscientes de las posibles consecuencias negativas de una práctica desconsiderada de este derecho, especialmente en casos en que los niños sean muy pequeños o en que el niño haya sido víctima de delitos penales, abusos sexuales, violencia u otras formas de maltrato. Los Estados partes deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que se ejerza el derecho a ser escuchado asegurando la plena protección del niño”.(114)
162. El entendimiento sobre lo que significa la configuración de un nuevo centro de vida —integración—, debe girar en torno a razones más poderosas que el hecho de estar a gusto, seguro y cómodo dentro de las circunstancias que rodean al menor. Este requisito necesita de la configuración de dos elementos, el primero, uno material o físico, el establecimiento en una comunidad, en un Estado, en una nueva cultura; el segundo, uno psicológico o emocional, la seguridad y estabilidad del lugar donde el menor se encuentra. Conviene señalar, que el hecho de que un niño haya vivido en un país durante más de un año, no conlleva en sí mismo la presunción de que se haya establecido en su nuevo ambiente.
a) El padre de la menor NFRM consintió o aceptó, con posterioridad al vencimiento del permiso de traslado otorgado, la retención de su hija en un país distinto al de su residencia habitual [art. 13, lit. a)]
167. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Familia, negó la configuración de esta excepción con fundamento en que, los elementos probatorios recaudados en el proceso de restitución internacional de la menor NFRM no contaban con la suficiente fuerza para demostrar que el señor DR había aceptado, expresa o tácitamente, que su hija permaneciera de forma indefinida en Colombia. En contraposición, señaló que de las pruebas allegadas al plenario, pudo establecer que el permiso otorgado para el traslado de la menor a Colombia, siempre estuvo limitado en el tiempo, inicialmente, hasta el 6 de enero de 2016, fecha en la cual vencía el permiso por escrito(115), el cual fue prorrogado por solicitud de la señora PVMB hasta mediados del mes de febrero del mismo año(116), fecha límite en la que debía efectuarse el regreso.
170. En efecto, en la relación de hechos que fundamentan la demanda de restitución internacional presentada por el señor DR se indicó lo siguiente: “DÉCIMO SEGUNDO. Pese a los múltiples requerimientos a la señora [PVMB] para la restitución de la menor a su hogar, esta hizo caso omiso...”(117).
171. Esta afirmación se constata con lo expuesto por la señora PVMB en el memorial por medio del cual contestó la demanda, allí consta: “EN CUANTO AL HECHO DÉCIMO SEGUNDO Y DÉCIMO TERCERO: (...), si bien el padre de la menor [NFRM], insistió en el regreso de su hija menor a los Estados Unidos, la madre y progenitora no estaba obligada a cumplir con dicha exigencia...”(118).
173. Sumado a lo anterior, de haber sido su voluntad aceptar el cambio de residencia de su hija, el señor DR no habría presentado el 13 de junio de 2016 ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la solicitud de restitución internacional de NFRM(119).
177. En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que “los progenitores deben evitar todo comportamiento que quebrante o debilite los vínculos familiares, tales como aquellos que paralicen el contacto y la comunicación libre y directa entre sus miembros, o los que privilegien la exposición deslucida o degradante de uno de ellos, como quiera que este tipo de contextos generan graves grietas en la unidad familiar, impidiendo el desarrollo integral de los hijos en el marco de la protección constitucional a los derechos de la infancia”(120).
b) Existe un grave riesgo de que el regreso de la menor NFRM a su país de residencia habitual, la someta a un peligro físico o psíquico, o la sitúe en una situación intolerable [art. 13, lit. b)]
178. En la contestación de la demanda de restitución internacional, la señora PVMB por medio de su apoderado, señaló que las razones que colocarían “en riesgo el desarrollo normal y seguridad de la menor” si regresara a los Estados Unidos, obedecen a que “el señor [DR], ha consumido sustancias psicoactivas como marihuana y alcohol, igualmente ha presentado problemas de ira, circunstancias estas que indudablemente alteran su día a día y la capacidad de poder dedicarse a su hija”. Sumado a lo anterior, indicó que el señor DR “no cuenta con el apoyo de nadie en los Estados Unidos, ni siquiera de su propia familia, es más, sus obligaciones laborales impedirían permanecer el tiempo que se requiere para acompañar el proceso de crecimiento y desarrollo de la menor”(121).
181. Por el contrario, la apoderada del señor DR allegó junto con el escrito de contestación a las excepciones de fondo(122), pruebas documentales en las que sumariamente se observa que tales señalamientos resultan infundados. Hacen parte de este acervo probatorio, un test de laboratorio(123), un certificado de antecedentes criminales(124), dos cartas laborales(125) y un examen psicológico(126).
182. Sumado a lo anterior, resulta contradictoria la argumentación planteada por la accionante para respaldar la configuración de esta causal de excepción. Nótese como en la diligencia tendiente a la restitución voluntaria llevada a cabo el 18 de octubre de 2016 ante la Defensoría de Familia para Asuntos Conciliables del Centro Zonal Suba del ICBF, la señora PVMB expresó: “... el padre siempre ha sido el proveedor del hogar, la relación de la niña con el padre es buena”. Manifestación que a su vez encuentra respaldo en la valoración realizada a la menor el 10 de noviembre de 2016 por la psicóloga del Centro Zonal Suba del ICBF, en donde se indicó: “[c]on respecto de la relación de la niña con sus padres, los percibe y los quiere por igual, puesto que han sido referentes de identidad e idoneidad positiva. Afectivamente posee un vínculo muy estrecho hacia ellos dos”.
189. En efecto, en el examen de valoración psicológica practicado el 10 de noviembre de 2016 por la psicóloga del Centro Zonal Suba del ICBF(127), la profesional a cargo señaló: “Se espera que en la edad en que se encuentra [NFRM], ya pueda tener una capacidad de razonar, saber lo bueno y malo, de lo que quiere y no quiere, de conocer lo permitido y dar un juicio adecuado. (En el control de realidad, verdad y mentira). Su desarrollo cognitivo no presenta indicadores de alteración o trastorno a la fecha, y el desarrollo psicoevolutivo es responsivo al momento del ciclo vital. Se percibe que [NFRM] ha interiorizado hábitos y patrones comportamentales, es juiciosa denotando organización y disciplina en sus actividades básicas. Presenta un nivel de desarrollo emocional, cognitivo y social acorde a su edad”.
190. En esa medida, la autoridad judicial no podía desestimar de plano las declaraciones rendidas por la menor, en las que manifestó, su preferencia por querer vivir en Colombia y no en los Estados Unidos(128). Esta actitud resultó abiertamente opuesta al principio de interés superior de los menores de edad, así como al derecho que tenía NFRM a ser escuchada, dando lugar a la afectación del derecho al debido proceso y de los derechos fundamentales de los niños, reconocidos en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, en la jurisprudencia constitucional y en el Código de la Infancia y la Adolescencia. En este mismo sentido se debe señalar, que por actuar en nombre propio, así como en representación de su menor hija, tanto en la acción de tutela como en el proceso de restitución internacional, el derecho fundamental al debido proceso de la señora PVMB también se vio conculcado.
d) El padre de la menor NFRM, dentro del año siguiente al vencimiento del permiso de traslado otorgado, no solicitó a las autoridades competentes, la restitución internacional de su hija a su país de residencia habitual, tiempo durante el cual la menor se integró a su nuevo medio familiar [art. 12]
2. MODIFICAR el resuelve primero del fallo de tutela de segunda instancia, proferido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 6 de septiembre de 2017, en el sentido de AMPARAR los derechos fundamentales de los niños y el debido proceso de la menor NFRM, así como el derecho fundamental al debido proceso de la señora PVMB, pero por las razones expuestas en la presente providencia; CONFIRMAR la orden de dejar sin efectos el fallo proferido el 13 de julio de 2017 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por medio del cual se decidió en segunda instancia el proceso de restitución internacional de la menor NFRM.
3. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de reemplazo dictada el 4 de octubre de 2017 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, proferida en cumplimiento del fallo de tutela de segunda instancia emitido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 6 de septiembre de 2017.
4. ORDENAR a la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá proferir, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la presente decisión, una nueva sentencia de reemplazo que resuelva el recurso de apelación en el proceso de restitución internacional de la menor NFRM, en los términos previstos en la parte motiva de esta providencia.
5. ORDENAR a la Secretaría General de esta corporación que los nombres y los datos que permitan identificar a la menor o a sus familiares sean suprimidos de toda publicación del presente fallo. Igualmente, ordenar por Secretaría General a todas las autoridades judiciales y administrativas involucradas en el presente asunto, salvaguardar la intimidad de la menor y de sus familiares, manteniendo la reserva sobre el expediente.
6. ORDENAR a la Secretaría General de esta corporación proceder a la devolución del expediente de restitución internacional de la menor NFRM a la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el cual fue remitido en calidad de préstamo.
7. Por secretaría general, líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Magistrados: Carlos Bernal Pulido—Diana Fajardo Rivera, con aclaración de voto—Luis Guillermo Guerrero Pérez, con salvamento de voto.
1 Fls. 67-89 del cdno. 1 del expediente de tutela.
2 Fl. 68 del cdno. 1 del expediente de tutela.
3 Fl. 36 del cdno. 1 del expediente de tutela.
4 Fl. 69 del cdno. 1 del expediente de tutela.
6 Fl. 70 del cdno. 1 del expediente de tutela.
10 Fl. 71 del cdno. 1 del expediente de tutela.
11 Fl. 72 del cdno. 1 del expediente de tutela.
12 Fl. 36 del cuaderno de revisión de la acción de tutela. Ver también infra párrafos 53 y 54.
13 Fls. 4-6 del cdno. 1 del expediente de restitución internacional.
14 Fl. 3 del cdno. 1 del expediente de restitución internacional.
15 Fl. 22 del cdno. 1 del expediente de restitución internacional.
16 “Para los efectos de este artículo actuará como autoridad central el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La Autoridad Central por intermedio del Defensor de familia adelantará las actuaciones tendientes a la restitución voluntaria del niño, niña o adolescente y decretará las medidas de restablecimiento de derechos a que haya lugar.”
17 Fl. 23 del cdno. 1 del expediente de restitución internacional.
18 Fls. 28-29 del cdno. 1 del expediente de restitución internacional.
19 Fls. 41-43 del cdno. 1 del expediente de restitución internacional.
20 Fls. 33-38 del cdno. 1 del expediente de restitución internacional.
21 Fls. 44-54 del cdno. 1 del expediente de restitución internacional.
22 “Con el informe del Defensor de Familia sobre el desacuerdo para la restitución internacional del niño, niña o adolescente, el juez de familia iniciará el proceso.”
23 Fls. 222-224 del cdno. 1 del expediente de restitución internacional.
24 Fl. 230 del cdno. 1 del expediente de restitución internacional.
25 Fl. 422 del cdno. 1 del expediente de restitución internacional.
26 Fls. 402-421 del cdno. 1 del expediente de restitución internacional.
27 Fls. 441-449 del cdno. 1 del expediente de restitución internacional.
28 Fls. 501-511 del cdno. 1 del expediente de restitución internacional.
29 Fls. 559-561 del cdno. 1 del expediente de restitución internacional.
30 Transcripción tomada del CD en donde obra la decisión proferida en audiencia de primera instancia por parte del Juzgado Segundo de Familia en Oralidad del Circuito de Bogotá el 9 de mayo de 2017, en desarrollo del trámite de restitución internacional de la menor NFRM. Fl. 560 del cdno. 1 del expediente de restitución internacional.
31 Fls. 562-569 del cdno. 1 del expediente de restitución internacional.
32 Fls. 9-11 del cdno. 2 del expediente de restitución internacional.
33 Transcripción tomada del CD en donde obra la decisión proferida el 13 de julio de 2017 por parte del Tribunal Superior del Distrito judicial de Bogotá, Sala de Familia, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra del fallo de primera instancia en el trámite de restitución internacional de la menor NFRM. Fl. 9 del cdno. 2 del expediente de restitución internacional.
34 Fls. 67-89 del cdno. 1 del expediente de tutela.
35 Fl. 90 del cdno. 1 del expediente de tutela.
36 Fls. 73-74 del cdno. 1 del expediente de tutela.
37 Fl. 74 y 78 del cdno. 1 del expediente de tutela.
38 Fls. 75-76 del cdno. 1 del expediente de tutela.
40 Fl. 78 del cdno. 1 del expediente de tutela.
41 Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Bogotá, Defensoría de Familia del ICBF, Procuraduría Delegada para Asuntos de Familia y señor DR, padre de la menor.
42 Fl. 91 del cdno. 1 del expediente de tutela.
43 Fls. 105-111 del cdno. 1 del expediente de tutela.
44 Fls. 106-107 del cdno. 1 del expediente de tutela.
45 Fls. 106-107 del cdno. 1 del expediente de tutela.
46 Fls. 106-107 del cdno. 1 del expediente de tutela.
47 Fls. 126-133 del cdno. 1 del expediente de tutela.
48 Fls. 189-197 del cdno. 1 del expediente de tutela.
49 Fls. 211-217 del cdno. 1 del expediente de tutela.
50 Fls. 7-10 del cdno. 2 del expediente de tutela.
51 Fls. 223-225 del cdno. 1 del expediente de tutela.
52 “ART. 13.—No obstante las disposiciones del artículo anterior, la autoridad judicial o administrativa no estará obligada a ordenar el regreso del niño cuando la persona, institución u organismo que se opusiere a su regreso probare:
53 Fls. 194-203 del cdno. 2 del expediente de tutela.
54 Fl. 36 del cuaderno de revisión de la acción de tutela.
55 “PRIMERO: REVOCAR el fallo impugnado y en su lugar conceder el amparo deprecado por la menor N.F.R.M., representada por su mamá [PVMB]. // En consecuencia, se deja sin efectos la providencia del 13 de julio de 2017 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala familia, dentro del proceso de restitución internacional, promovido por [DR] contra [PVMB] y en su lugar se ordena a esa autoridad, que en el término de quince (15) días contados a partir de la notificación de la presente decisión, proceda a emitir un nuevo fallo conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia”.
56 Fls. 61 al 66 del cuaderno de revisión de la acción de tutela.
57 Los documentos y memoriales allegados por las partes a la Secretaría General de la Corte Constitucional con el fin de ser considerados en el presente trámite de revisión de tutela, no serán tenidos en cuenta al momento de proferir la presente decisión, por cuanto (i) no fueron decretados como pruebas por la Sala Primera de Revisión en el auto del 31 de enero de 2018 y (ii) el acervo probatorio recaudado tanto en el proceso de restitución internacional como en los trámites de tutela y de revisión, se consideraron suficientes para decidir el presente asunto.
60 Corte Constitucional, Sentencia T-244 de 2016.
61 En la Sentencia T-335 de 2000, la Corte destacó: “[L]a definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan una relación directa con los derechos fundamentales de las partes o que no revistan un interés constitucional claro, no puede ser planteada ante la jurisdicción constitucional.” Ver también Sentencia T-414 de 2009.
62 Véanse, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias T-881 de 2008 y T-200 de 2014.
63 Por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Niños, suscrito en La Haya el 25 de octubre de 1980. A su vez, la norma en cuestión, fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-402 de 1995.
64 En ese sentido, en Sentencia C-590 de 2005, la Corte señaló que la razón de ser de este requisito es evitar la transgresión de principios como la cosa juzgada o la seguridad jurídica, ya que permitir que la acción de tutela se interponga meses o incluso años después de la fecha en la que se toma la decisión desdibujaría la finalidad de los mecanismos ordinarios de defensa previstos por el legislador.
65 Dicha providencia es del 13 de julio de 2017.
67 En los términos de la Sentencia SU-424 de 2012, “[L]a acción de tutela no puede admitirse, bajo ningún motivo, como un medio judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos por la ley para defensa de los derechos, pues con ella no se busca reemplazar los procesos ordinarios o especiales y, menos aún, desconocer los mecanismos dispuestos en estos procesos para controvertir las decisiones que se adopten”. Ver también, Corte Constitucional, Sentencia T-006 de 2015.
68 Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014.
69 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Auto Nº AC4366-2017 del 11 de julio de 2017.
70 Véanse, por ejemplo, Corte Constitucional, Sentencias C-590 de 2005, T-666 de 2015 y T-582 de 2016.
71 Corte Constitucional, Sentencia T-404 de 2017.
72 Corte Constitucional, Sentencia T-123 de 2016. De acuerdo con la Sentencia SU-159 de 2002, al adelantar el estudio del material probatorio, el operador judicial debe utilizar “criterios objetivos, no simplemente supuestos por el juez, racionales, es decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas allegadas, y rigurosos, esto es, que materialicen la función de administración de justicia que se les encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente recaudadas”.
73 Véanse, por ejemplo, Corte Constitucional, Sentencias T-781 de 2011, SU 424 de 2012, T-388 de 2015 y T-582 de 2016. Ha dicho la Corte que, en tales casos, la decisión judicial pasa a ser una simple manifestación de arbitrariedad que debe dejarse sin efectos, para lo cual la tutela resulta ser el mecanismo idóneo y apropiado.
74 Corte Constitucional, Sentencia SU-132 de 2013.
75 Corte Constitucional, Sentencia T-123 de 2016.
76 Corte Constitucional, Sentencia T-950 de 2011.
77 Corte Constitucional, Sentencias T-233 de 2007 y T-709 de 2010.
78 Corte Constitucional, Sentencia T-140 de 2012.
79 Corte Constitucional, Sentencias T-446 de 2007 y T-929 de 2008.
80 Corte Constitucional, Sentencia T-863 de 2013.
81 Fl. 74 y 78 del cdno. 1 del expediente de tutela.
82 Fls. 75-76 del cdno. 1 del expediente de tutela.
84 Fl. 78 del cdno. 1 del expediente de tutela.
85 Ley declarada exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-402 de 1995.
86 El estado actual del Convenio puede consultarse en: http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.status&cid=24.
87 Instrumento aprobado por Colombia mediante la Ley 880 de 2004, norma que a su vez fue declarada exequible por la Corte Constitucional por medio de la Sentencia C-912 de 2004.
88 Gaceta del Congreso Nº 382 del 4 de noviembre de 1993, p. 12.
89 Artículo 1 del Convenio de La Haya de 1980 sobre Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Niños.
90 Corte Constitucional, Sentencia T-1021 de 2010.
91 Para garantizar el cumplimiento de las funciones asignadas como Autoridad Central en el Convenio de La Haya de 1980, el ICBF expidió la Resolución Nº 1399 de 1998, por medio de la cual estableció el procedimiento interno en lo referente al secuestro internacional de menores. Se hace la salvedad, que de conformidad con lo decidido por la Corte Constitucional en Sentencia T-357 de 2002, los artículos 8 y 13 de la resolución son inaplicables por ser contrarios a la Constitución.
92 “Ni los defensores de familia del ICBF ni ninguna otra autoridad de esa entidad tienen competencia para adelantar los procesos de restitución internacional de menores, porque no existe norma legal alguna que les confiera esa atribución. La falta de competencia funcional de las autoridades del ICBF para adelantar el proceso de restitución internacional de la menor genera una nulidad que no es susceptible de saneamiento porque desconoce los derechos fundamentales al juez natural y al debido proceso”.
93 La Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, se ha pronunciado en repetidas ocasiones sobre la necesidad de tramitar el proceso de restitución internacional de menores de forma célere. En la Guía de Buenas Prácticas del año 2003, en su parte primera, señaló que un procedimiento expedito puede: “a) minimizar las perturbaciones o desorientaciones al menor sustraído de su entorno familiar; b) minimizar los perjuicios al menor por el hecho de su separación del otro padre; c) reducir una mayor perturbación para el menor que pueda resultar cuando se ordena su retorno después de un período largo en el extranjero y d) evitar que el sustractor obtenga una ventaja por el hecho del paso del tiempo”.
94 El inciso segundo del artículo 112 de la Ley 1098 de 2006 prescribe que, en materia de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes, “actuará como autoridad central el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La Autoridad Central por intermedio del Defensor de familia adelantará las actuaciones tendientes a la restitución voluntaria del niño, niña o adolescente y decretará las medidas de restablecimiento de derechos a que haya lugar”.
95 El artículo 11 de la Resolución Nº 1399 de 1998, por la cual el ICBF establece el procedimiento interno para la aplicación del Convenio de La Haya de 1980 señala que, “El Defensor de Familia presentará la demanda ante el Juez de Familia o Juez Promiscuo de Familia, acompañada de la documentación requerida por el convenio y por las normas procedimentales vigentes sin perjuicio de la intervención del apoderado del solicitante.”
96 “ART. 216.—La presente ley entrará en vigencia seis (6) meses después de su promulgación. (...)”.
97 Literal a) del artículo 5 del Convenio de La Haya de 1980 sobre Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Niños.
98 Artículo 23 de la Ley 1098 de 2006 —Código de la Infancia y la Adolescencia—.
99 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y aprobada en Colombia mediante la Ley 12 de 1991.
100 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue ratificado por Colombia el 29 de octubre de 1969, previa aprobación por el Congreso de la República mediante la Ley 74 de 1968, y entró en vigor de acuerdo con las disposiciones del instrumento el 23 de marzo de 1976.
101 La Convención Americana sobre Derechos Humanos, también denominada "Pacto de San José de Costa Rica", fue firmada el 22 de noviembre de 1969 y aprobada en Colombia por medio de la Ley 16 de 1972.
102 La República de Colombia es parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966. Este instrumento internacional fue ratificado por el Estado colombiano el 29 de octubre de 1969, previa aprobación del Congreso de la República por medio de la Ley 74 de 1968.
103 Véanse, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias T-200 de 2014, C-569 de 2016 y T-208 de 2017.
104 Corte Constitucional, Sentencia T-510 de 2003.
105 Corte Constitucional, Sentencia T-510 de 2003.
106 Corte Constitucional, Sentencia T-514 de 1998.
107 Corte Constitucional, Sentencia T-510 de 2003.
108 Corte Constitucional, Sentencia C-997 de 2004.
109 Corte Constitucional, Sentencia T-887 de 2009.
110 Artículo 44 de la Constitución Política.
111 Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 5, Medidas generales de aplicación de la Convención de los Derechos del Niño (arts. 4º y 42 y párrafo 6 del artículo 44).
112 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia del 19 de noviembre de 1999, Caso de los “Niños de la calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala.
113 Comité de Derechos del Niño, Observación General Nº 12, párrafo 74.
114 Comité de Derechos del Niño, Observación General Nº 12, consideración 21.
115 Fl. 36 del cdno. 1 del expediente de tutela.
116 La señora PVMB le comunicó a su esposo en el mes de enero de 2016 que se encontraba en un tratamiento médico en la ciudad de Bogotá, razón por la cual requería prolongar su estancia hasta mediados del mes de febrero de ese mismo año. El señor DR accedió a ampliar el plazo del permiso otorgado inicialmente. Fl. 433 del cdno. 1 del expediente de restitución internacional y folio 70 del cdno. 1 del expediente de tutela.
117 Fl. 235 del cdno. 1 del expediente de restitución internacional.
118 Fl. 444 del cdno. 1 del expediente de restitución internacional.
119 Ver el título 2. Trámite administrativo de restitución internacional de la menor NFRM del capítulo I. Antecedentes de la presente providencia.
120 Corte Constitucional, Sentencia T-115 de 2014.
121 Fl. 448 del cdno. 1 del expediente de restitución internacional.
122 Escrito presentado para descorrer traslado a las excepciones de fondo formuladas por el apoderado de PVMB en contra de la demanda de restitución internacional. Fls. 450 al 511 del cdno. 1 del expediente de restitución internacional.
123 Fl. 451 del cdno. 1 del expediente de restitución internacional.
124 Fl. 453 del cdno. 1 del expediente de restitución internacional.
125 Fls. 454-457 del cdno. 1 del expediente de restitución internacional.
126 Fls. 244-343 del cdno. 1 del expediente de restitución internacional.
127 Fls. 44-54 del cdno. 1 del expediente de restitución internacional.
128 En entrevista realizada por la psicóloga del Centro Zonal Suba del ICBF (folio 52 del cdno. 1 del expediente de restitución internacional), consta lo siguiente: