Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/T-117-16.htm
Timestamp: 2019-07-19 09:56:46
Document Index: 198159543

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 1056', 'artículo 1056', 'artículo 108', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 1056', 'artículo 23', 'ARTÍCULO 4', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 17', 'artículo 19', 'artículo 21', 'artículo 22', 'artículo 1045', 'artículo 1056', 'artículo 6', 'artículo 1056', 'artículo 1045', 'artículo 1045', 'Artículo 1056', 'Artículo 86', 'artículo 42']

T-117-16
ACCION DE TUTELA CONTRA COMPAÑIA ASEGURADORA-Caso en que se solicita para la inscripción de candidatura electoral suscribir pagaré
Las aseguradoras no pueden exigir como requisito para la expedición de pólizas de seriedad de candidatura una contragarantía, en ejercicio de “su autonomía de la voluntad”, pues impone una barrera de acceso al ejercicio del derecho fundamental de participación política, obstáculo que carece de justificación constitucional o legal y; además, desnaturaliza el contrato de seguros.
La acción de tutela procede contra las entidades del sistema financiero y las aseguradoras, así sean de naturaleza privada y se traten de conflictos de carácter contractual, debido a que (i) pueden estar inmersos derechos fundamentales amenazados o vulnerados, (ii) estas entidades desarrollan actividades de interés general y prestan un servicio público, y (iii) ante ellas los usuarios se encuentran en estado de indefensión.
DERECHOS POLITICOS-Naturaleza fundamental
La Corte Constitucional ha reconocido el carácter fundamental de estos derechos, los cuales pueden ser protegidos a través de la acción de tutela, cuando por acción u omisión de las autoridades competentes, se vulneren las garantías y los principios contenidos en estos derechos.
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION DE CANDIDATURAS POR GRUPOS DE CIUDADANOS-Marco normativo
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION DE CANDIDATURAS POR GRUPOS DE CIUDADANOS-Requisitos
CAUCION, POLIZA DE SERIEDAD O GARANTIA BANCARIA EN ELECCIONES TERRITORIALES-Requisitos para la inscripción de candidatos o listas de movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos
La Registraduría Nacional del Estado Civil, los Registradores Distritales, Especiales, Municipales o Auxiliares, están en la obligación de exigir la presentación de la póliza de seriedad o garantía bancaria, a los grupos significativos de ciudadanos y los movimientos sociales que quieran inscribir candidatos a corporaciones públicas y cargos uninominales. Requisito que fue declarado exequible y ajustado a la constitución por esta Corporación.
LIBERTAD CONTRACTUAL-Límites constitucionales en actividades declaradas de interés público por la Constitución
La Corte Constitucional ha señalado que la Carta Política dispone que el ejercicio de la libertad económica y la iniciativa deben desarrollarse dentro de los límites del bien común, en atención a los principios del respeto por la dignidad humana, la solidaridad de las personas y la prevalencia del interés general sobre el privado, los cuales deben regir en Colombia como Estado Social de Derecho.
LIBERTAD CONTRACTUAL EN MATERIA DE SEGUROS-Puede restringirse cuando las actividades de establecimientos financieros y las aseguradoras involucran un interés público
CONTRATO DE SEGUROS-Marco legal y doctrinario del riesgo asegurable como elemento esencial
El riesgo asegurable constituye el elemento esencial del contrato de seguro, pues es la razón por la cual se suscriben estos contratos. Sin embargo, el mismo debe ser (i) factible, esto es, que la lógica y la razón permitan tenerlo como posible; (ii) incierto –que no haya sucedido– y; (iii) ajeno a la voluntad exclusiva del tomador, asegurado o beneficiario en la realización del mismo, para que una vez ocurrido el siniestro, la obligación del asegurador, consistente en pagar la póliza, sea exigible.
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-Los accionantes ejercieron su derecho a la participación política debido a que la póliza de seriedad para la candidatura, fue expedida por la aseguradora antes del vencimiento para la inscripción de candidatos
Acción de tutela instaurada por Nelson Arturo Delgado San Miguel, Samuel Torres y Yoany González Trigos contra la Compañía de seguros Previsora S.A. y la Registraduría Municipal del Estado Civil de Puerto López, Meta.
Dentro del proceso de revisión del fallo proferido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto López, Meta, en el trámite de la acción de tutela instaurada por Nelson Arturo Delgado San Miguel, Samuel Torres y Yoany González Trigos contra la Compañía de seguros Previsora S.A. y la Registraduría Municipal del Estado Civil de Puerto López, Meta.
Los accionantes actuando en nombre propio y en calidad de integrantes del Comité Promotor del Grupo Significativo de Ciudadanos Renovación Municipal interponen acción de tutela contra la Compañía de seguros Previsora S.A. y la Registraduría Municipal del Estado Civil de Puerto López, Meta, al considerar que la no aprobación de la póliza de seriedad, porque se debe constituir un CDT endosado a la entidad aseguradora por el 100% del valor asegurado, vulnera sus derechos fundamentales de la igualdad, de la participación política (elegir y ser elegido).
1.- Los señores Nelson Arturo Delgado San Miguel, Samuel Torres y Yoany González Trigos son representantes de un grupo significativo de ciudadanos, denominado RENOVACIÓN MUNICIPAL, que aspiraban a preinscribir una lista al Concejo Municipal de Puerto López, Meta, para los comicios del 25 de octubre de 2015.
2.- El 25 de junio de 2015, los accionantes solicitaron a la Compañía de seguros Previsora S.A. una Póliza de Seriedad de Candidatura, de conformidad con la Resolución 0299 de 2015, expedida por el Consejo Nacional Electoral, y la Carta Circular 29 de 2015, suscrita por la Superintendencia Financiera de Colombia[1].
3.- El 1 de julio de 2015, el Asesor de seguros de la Previsora S.A. envió por correo electrónico a cada uno de los peticionarios la respuesta dada por la Dra. Diana Marcela Cardona Villa, Directora Comercial de dicha entidad, a la solicitud presentada el 25 de junio de 2015, en la que señaló lo siguiente: “ (…) De acuerdo con lo solicitado por el cliente, me permito indicar que no es viable otorgar condiciones, si el mismo no está dispuesto a constituir el CDT endosado a Previsora, esto teniendo en cuenta que es requisito indispensable de la compañía. (…) ”[2]
4.- Los peticionarios arguyen que el requerimiento exigido por la Previsora S.A., de constituir un CDT para ser endosado a esta misma Compañía de Seguros, para expedir la Póliza de Seriedad de Candidatura, contraría el artículo 6º de la Resolución 0299 de 2015 que dispone:
“Ordenar a la Registraduría Municipal de Puerto López, Meta, inscriba la lista al concejo conformada por el grupo de ciudadanos denominado RENOVACIÓN MUNICIPAL, antes del 25 de julio de 2015.
Además, solicitó como medida provisional la suspensión preventiva de la inscripción de las listas al Concejo Municipal de Puerto López, Meta, de los partidos políticos ante la Registraduría Municipal de Puerto López, Meta, hasta que se decida la presente acción de tutela, con el fin de evitar la trasgresión inminentes de los derechos incoados.
Los accionantes indicaron que la anterior solicitud se fundamenta en la Resolución 0003 del 13 de enero de 2011, la cual establece que “las pólizas de seriedad para la inscripción de candidatos para movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos constituyen un acto de trámite”, por lo tanto, la negativa de la Previsora S.A. de expedir de manera oportuna dicha póliza podría ocasionar un perjuicio irremediable.
De otro lado, solicitó que se vinculara a la presente acción de tutela a todas las personas registradas en las listas de los partidos inscritos desde el 25 de junio de 2015, para el Concejo Municipal de Puerto López, Meta, ante la Registraduría Municipal de esta localidad, y así, garantizar el derecho fundamental al debido proceso de los terceros con interés.
1.3.Traslado y contestación de la Demanda
El Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto López, Meta, mediante Auto del 9 de julio de 2015 admitió la acción de tutela interpuesta por Nelson Arturo Delgado San Miguel, Samuel Torres y Yoany González Trigos contra la Compañía de seguros Previsora S.A. y la Registraduría Municipal del Estado Civil de Puerto López, Meta, y, en consecuencia dispuso correr traslado de la demanda de tutela a las entidades accionadas, para que ejercieran su derecho a la defensa.
Compañía de Seguros Previsora S.A.
Mediante escrito del 13 de julio de 2015 el Gerente Jurídico de esta entidad en respuesta a la acción de tutela interpuesta por Nelson Arturo Delgado San Miguel, Samuel Torres y Yoany González Trigos indicó que:
1. La Previsora S.A. es una sociedad de economía mixta del orden nacional que se encuentra sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado, con personería jurídica y autonomía administrativa, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, que tiene por objeto social “el de celebrar y ejecutar contratos de seguro, coaseguro y reaseguro que amparen los intereses asegurables que tengan las personas naturales o jurídicas privadas, así como lo que tenga directa o indirectamente la Nación, el Distrito Capital de Bogotá, los Distritos, los Municipios y las Entidades Descentralizadas de cualquier orden, asumiendo los riesgos que de acuerdo con la ley puedan ser materia de estos contratos”, que se rige por el derecho privado (Decreto Ley 1150 de 2007).
2. El artículo 1056 del Código de Comercio establece la facultad legal que tienen las Compañías Aseguradoras de asumir todos o algunos de los riesgos que eventualmente puedan estar expuestos el interés o la cosa a asegurar.
3. La Superintendencia Financiera, mediante concepto Nº 2002026033-1 del 9 de agosto de 2002, señaló que las disposiciones legales[3] reconocen al asegurador autonomía para decidir si continúa o no ofreciendo las coberturas; presupuesto legal que se impone en la expedición de las pólizas de seguros y en su respectiva renovación, salvo que se trate de aquellos riesgos cubiertos por los denominados seguros obligatorios.
4. El concepto Nº 1999001812-2 del 2 de marzo de 1999 advierte que conforme al artículo 1056 del Código de Comercio, “dentro de la órbita contractual las aseguradoras, con fundamento en el principio de la autonomía de la voluntad, podrán libremente celebrar contratos de seguros si legal, técnica y económicamente resulta una operación factible o, por el contrario, podrán no celebrar el respectivo contrato según su libre albedrío, considerando que no existe un régimen legal que las conmine a asumir amparos no aceptados voluntariamente (…)”
5. La Superintendencia Financiera de Colombia en respuesta a la solicitud de Fasecolda, relacionada con la aplicabilidad de la Resolución 299 de 2015, indicó que “ (…) esta Superintendencia no ha variado el criterio expresado en diversos conceptos emitidos en el pasado, relativos a la posibilidad de que las entidades aseguradoras requieran contragarantías como requisito para la expedición de pólizas, en virtud del riesgo asumido (…)”.
Por lo anterior, solicitó declarar libre de todo tipo de responsabilidad a esta entidad, y en consecuencia, negar por improcedente la presente acción de tutela, debido a que la decisión adoptada por la Previsora S.A. de exigir la constitución de una garantía, se tomó en ejercicio de su autonomía de la voluntad privada y contractual.
Registraduría Departamental del Meta.
El Delegado del Registrador Nacional, mediante escrito del 13 de julio de 2015, manifestó que en razón al artículo 108 de la Constitución Política, la Resolución Nº 0299 del 4 de marzo de 2015[4] y la Circular Nº 111 del 26 de mayo de 2015[5], es requisito de fondo o esencial para la inscripción de candidatos por grupos significativos de ciudadanos el otorgamiento de la póliza de seriedad de la candidatura. Así mismo señaló, que su no presentación o presentación errónea en su valor, vigencia o beneficiario, es causal de no aceptación.
Personería Municipal de Puerto López Meta
Mediante escrito del 13 de julio de 2015, el Ministerio Público solicitó “tutelar los derechos inculcados en la presente acción de tutela”, al considerar que la Previsora S.A. está limitando la participación de los accionantes en los comicios electorales que se llevarán a cabo el próximo 25 de octubre de 2015, toda vez que es requisito indispensable presentar ante la Registraduría la póliza de seriedad de candidaturas para la inscripción de lista al Concejo Municipal de Puerto López, que se cierran el 25 de julio de 2015.
· Copia de la Resolución 0299 de 2015 “Por la cual se fija el valor de las pólizas de seriedad de candidaturas que deben otorgar los grupos significativos de ciudadanos y los movimientos sociales que inscriban candidatos a gobernaciones, asambleas departamentales y alcaldías, concejos municipales y distritales y a juntas administradoras locales, para las elecciones que se realizarán en el año 2015.” –fol. 10 a 18-.
· Copia de la Carta Circular Nº 29 de 2015 suscrita por la Superintendencia Financiera de Colombia, en la que se informa a todos los representantes legales de las entidades financieras la expedición de la Resolución Nº 0299 de 2015, por parte del Consejo Nacional Electoral.-fol. 19-.
· Copia de solicitud para la inscripción del Comité del Concejo para el periodo comprendido entre el año 2016 a 2019 por parte de los accionantes –fol. 20-.
· Copia de la solicitud de póliza de seriedad suscrita por Samuel Torres Torres, Nelson Delgado Sanmiguel y Yoany González Trigos ante la Compañía de Seguros Previsora S.A., de fecha de 25 de junio de 2015 –fol. 31 a 33-.
· Copia de la respuesta emitida por la Compañía de seguros Previsora S.A. a petición realizada el 25 de junio de 2015, por los señores Samuel Torres Torres y Nelson Delgado Sanmiguel, en la que informan a los peticionarios la necesidad de constituir un CDT a favor de esta compañía para expedir la póliza de seriedad -fol. 21 a 30-.
· Copia de cédula de ciudadanía del señor Nelson Arturo Delgado Sanmiguel.-fol.34-.
· Copia de cédula de ciudadanía del señor Samuel Torres Torres-fol.35-
· Copia de cédula de ciudadanía del señor Yoany González Trigos-fol.36-.
· Copia del Acta Nº 2, donde consta la inscripción del comité del grupo significativo de ciudadanos denominado Renovación Municipal, para participar en las elecciones del 25 de octubre de 2015, con listas de candidatos a Concejo Municipal-fol.37-.
El Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto López, Meta, mediante fallo del 23 de julio de 2015, negó el amparo de los derechos invocados, para lo cual argumentó que “ (…) está dentro de la órbita de los negocios de la compañía demandada, la opción de sumir o no, todos o algunos de los riesgos a que eventualmente pueda estar expuesto el interés o la cosa a asegurar o a exigir contragarantías para la expedición de pólizas, en virtud del riesgo asumido, sin que sea procedente la intromisión de un juez constitucional direccionando o alterando los portafolios de negocios que dentro de la libertad contractual tienen los particulares o quienes ejercen como particulares en el devenir de sus negocios.”
El 15 de febrero de 2016, la Secretaría General de esta Corporación remitió al Despacho del doctor Alberto Rojas Ríos un escrito firmado por el señor Renato Rafael Contreras Ortega, quien en calidad Asesor Jurídico y de Defensa Judicial del Consejo Nacional Electoral y en atención al auto del 5 de febrero de 2016, proferido por este despacho, indicó que:
“Si bien en el pasado se ha detectado que tales compañías han trasladado el riesgo del siniestro amparado por la póliza a los propios tomadores, a través de la exigencia de constituir fiducias, cdts o garantías de cualquier tipo por un valor igual al asegurado, lo que puede ser un barrera de acceso al proceso democrático, no es menos cierto, que no se encuentran dentro de las funciones del CNE[6] regular el sector financiero, por lo que carece de competencia para obligarlos a fijar precios de las primas accesibles a todos o dejar de exigir garantías, es por ello que se limitó a proferir el exhorto a que se refieren lo accionantes, así como a solicitar la intervención de otras autoridades como la Superintendencia Financiera, el Ministerio de hacienda y Crédito Público, el Ministerio del Interior y la Procuraduría General de la Nación, en aras que se combinaran esfuerzo a fin de evitar prácticas como las denunciadas por los accionantes.”[7]
La Magistrada María Victoria Calle Correa, en escrito de fecha del 18 de febrero de 2016,[8] manifestó impedimento para conocer de la acción de tutela instaurada por Nelson Arturo Delgado San Miguel, Samuel Torres y Yoany González Trigos contra la Compañía de seguros Previsora S.A. y la Registraduría Municipal del Estado Civil de Puerto López, Meta.
El impedimento lo fundamenta en la causal consagrada en el numeral 4 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que se desempeñó como Vicepresidente Jurídica y Representante Legal de la Previsora S.A., a la sazón apoderada general de la misma.
Mediante Auto del 23 de junio de 2016, la Sala Octava de Revisión de esta Corporación, no acepto el impedimento de la referencia al considerar que la Magistrada María Victoria Calle Correa:
“…no se encuentra impedida para conocer la acción de tutela de la referencia, pues si bien la causal de impedimento dispone que será separado del proceso aquel funcionario judicial que haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes, se observa que la vinculación con la Compañía de Seguros Previsora S.A., inició el 26 de enero de 2005 y culminó el 23 de abril de 2009, esto es, 6 años antes de que sugiera la controversia objeto de revisión.
Bajo estas circunstancias, es preciso concluir que en el presente evento no se configura la causal de impedimento prevista en el numeral 4 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, invocada por la Magistrada María Victoria Calle Correa, pues si bien desarrolló funciones de apoderada judicial en la Compañía de Seguros Previsora S.A.− hoy accionada en el tutela de la referencia−, se trata de una labor que desempeño hasta 23 de abril de 2009, y la controversia sub examine surgió el 1 de julio de 2015, fecha en la cual es negada la expedición de la póliza de seriedad de candidatura a los peticionarios.”
Nelson Arturo Delgado San Miguel, Samuel Torres y Yoany González Trigos representantes del grupo significativo de ciudadanos, denominado RENOVACIÓN MUNICIPAL, interpusieron acción de tutela contra la Compañía de seguros Previsora S.A. y la Registraduría Municipal del Estado Civil de Puerto López, Meta, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales de la igualdad y de la participación política (elegir y ser elegido), debido a la negativa de la entidad accionada de expedir la póliza de seriedad de candidatura con fundamento en que se debe constituir un CDT endosado a su favor por el 100% del valor asegurado. Situación que a juicio de los demandantes contradice lo dispuesto en la Resolución Nº 0299 de 2015.
Por su parte, la Compañía de Seguros Previsora S.A. manifestó que la decisión de requerir la constitución de una garantía se justificó en el ejercicio de su autonomía de la voluntad privada y contractual, como lo prevé el artículo 1056 del Código de Comercio. Esa postura ha sido reiterada por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante concepto Nº 2002026033-1 del 9 de agosto de 2002 y concepto Nº 1999001812-2 del 2 de marzo de 1999. En razón a ello, solicitó negar por improcedente la presente acción de tutela.
La Registraduría Departamental del Meta señaló que la póliza de seriedad de la candidatura es un requisito de fondo y esencial para la inscripción de candidatos por grupos significativos de ciudadanos. En este sentido, la no presentación, o presentación errónea de la póliza, en cuanto a su valor, vigencia o beneficiario es causal de no aceptación. Agregó que las cláusulas y condiciones que exijan las compañías para el otorgamiento de esta clase pólizas es competencia de la Superintendencia Financiera de Colombia y no de la Registraduría.
El Juez Promiscuo del Circuito de Puerto López, Meta, negó el amparo constitucional invocado por los accionantes, al considerar que el requisito solicitado por la compañía de seguros de constituir un CDT a su favor por el valor asegurado, corresponde a políticas de la empresa en ejercicio la autonomía de la voluntad.
Corresponde a esta Sala determinar, si la Compañía de Seguro Previsora S.A. vulneró los derechos fundamentales de la igualdad y de participación política (elegir y ser elegido) de los accionantes, porque exigió como requisito para expedir la póliza de seriedad de candidatura la constitución de un CDT endosado a favor de la misma, requerimiento que desconoce el numeral sexto de la Resolución 0299 de 2015, acto administrativo que exhorta a las compañías de seguros para que se abstenga de exigir a los candidatos y/o grupos significativos de ciudadanos la constitución de depósitos, fiducias o títulos en su favor equivalentes al monto del valor asegurado o a exigir garantías reales para la expedición de pólizas de seriedad de candidatura.
Teniendo en cuanta que la pretensión de los accionantes consiste en que la Compañía de Seguros Previsora S.A. expida la póliza de seriedad de candidatura, sin exigir la constitución de un CDT, la Corte determinará si en el presente caso ha operado el fenómeno de la carencia actual del objeto. Ello, en razón a que la fecha para la inscripción de las listas de candidatos ya venció y, las elecciones ya se realizaron el pasado 15 de octubre de 2015.
Para resolver el problema planteado, esta Sala se referirá a (i) la procedencia de la acción de tutela contra particulares, como es el caso de las entidades financieras y aseguradoras. Reiteración de jurisprudencia; (ii) naturaleza de los derechos políticos; (iii) constitucionalidad de los requisitos para la inscripción de candidaturas; (iv) la actividad aseguradora y la protección de derechos fundamentales en relación con esta; (v) efectos de la carencia actual de objeto y; finalmente procederá (vi) a realizar el estudio del caso concreto.
Sin embargo, el parágrafo 5 de la citada disposición[9] establece la procedencia de esta acción contra particulares cuando: i) estos se encuentran encargados de la prestación de un servicio público; ii) la conducta del particular afecte grave y directamente el interés colectivo; o iii) el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión frente al particular.
3. Cuando aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud este encargado de la prestación de servicios públicos domiciliarios. Expresión subrayada declarada INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-378 de 2010.[10]
Sobre el estado de subordinación, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que se trata de una relación jurídica de dependencia, que se ve reflejada principalmente entre aquellos grupos de personas, en los que ciertos individuos tienen una posición dominante frente a los otros, por ejemplo, entre trabajadores y patronos, estudiantes y profesores o directivos de un plantel educativo.[11] En palabras de esta Corporación se dijo:
“En lo que respecta al estado de subordinación, la Corte Constitucional lo ha entendido como ´el acatamiento y sometimiento a órdenes proferidas por quienes, en razón de sus calidades, tienen la competencia para impartirlas`. En el mismo sentido, la Corporación ha precisado que la subordinación alude a la existencia de una relación jurídica de dependencia que tiene su origen en ´la obligatoriedad de un orden jurídico o social determinado`, como por ejemplo las relaciones derivadas de un contrato de trabajo, las relaciones entre estudiantes y directivas del plantel educativo o las relaciones de patria potestad originadas entre los hijos menores respecto de los padres.”[12]
Frente al estado de indefensión, el Tribunal Constitucional determinó que “(…) es un concepto de carácter fáctico que se configura cuando una persona se encuentra en un estado de debilidad manifiesta frente a otra, de modo que, por el conjunto de circunstancias que rodean el caso, no le es posible defenderse ante la agresión de sus derechos. Así mismo, la jurisprudencia ha dicho que la indefensión se presenta en aquellas circunstancias en las cuales la persona ofendida carece de medios jurídicos de defensa o también, cuando a pesar de existir dichos medios, los mismos resultan insuficientes para resistir o repeler la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales.”[13]
Bajo dichos preceptos, se tiene que la acción de tutela procede contra las entidades del sistema financiero y las aseguradoras, así sean de naturaleza privada y se traten de conflictos de carácter contractual, debido a que (i) pueden estar inmersos derechos fundamentales amenazados o vulnerados,[14] (ii) estas entidades desarrollan actividades de interés general y prestan un servicio público, y (iii) ante ellas los usuarios se encuentran en estado de indefensión.[15]Así lo ha sostenido la doctrina constitucional:
“En cuanto a las compañías de seguros, este tribunal ha recalcado que, si bien las controversias que surjan entre los usuarios y estas deben dirimirse ante la jurisdicción ordinaria atendiendo a su carácter contractual, cuando se encuentren evidentemente amenazados derechos fundamentales como la vida, la salud o el mínimo vital, resulta procedente el amparo constitucional. La acción de tutela es procedente contra las entidades del sistema bancario, a pesar de su calidad de particulares, en primer lugar, por cuanto la relación que se origina entre estas y los usuarios, pone a los segundos en una situación de indefensión, en la cual no tienen la potestad de negociar y de actuar en condiciones de igualdad frente a las primeras y, en segundo término, en razón de que la actividad que tienen a su cargo es un servicio público que se presta a la sociedad. En cuanto a las compañías aseguradoras, si bien los conflictos generados entre estas y los usuarios son de carácter contractual, y por ende la jurisdicción competente es la ordinaria, la acción de tutela puede ser la vía idónea para resolverlos si la disputa presentada vulnera o amenaza derechos fundamentales de los clientes.”[16]
“(…) [E]videntemente, el banco como particular tiene muchas más prerrogativas que el ciudadano ´al tener (…) atribuciones que los colocan en una posición de preeminencia desde la cual pueden con sus acciones y omisiones desconocer o amenazar derechos fundamentales de las personas´. Este tipo de relaciones no se dan entre iguales; las entidades financieras tienen más prerrogativas y posibilidades. Por ejemplo, son ellos quienes fijan, normalmente, las cláusulas de los contratos, establecen unilateralmente las condiciones de sus servicios, e incluso en algunos casos tienen la posibilidad de variar las estipulaciones contratadas con los ciudadanos. En ese mismo sentido, en la Sentencia T-136 de 2013 esta Corporación manifestó que el ´cliente o usuario del sistema financiero se encuentra, por regla general, en una posición de indefensión ante las entidades del sector`”.[17]
Así mismo, explicó que el interés general que desarrollan las entidades del sector bancario y asegurador es innegable, debido a que tales entidades no solo “manejan, aprovechan e invierten vastos recursos captados del público, sino que a diferencia de otras actividades que disponen igualmente de elevadas sumas de dinero, “dependen para su correcto funcionamiento de un voto colectivo, permanente y tácito de confianza, cuyo quebrantamiento puede generar consecuencias catastróficas para la economía de un país”.[18]
En el caso de Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano autorizado para interpretar ese instrumento, señaló que el artículo 23 de la convención no sólo prevé los derechos políticos como derechos, sino como oportunidades, que deben ser garantizadas por los Estados, mediante medidas positivas que permitan a las personas tener las oportunidades para ejercer realmente sus derechos políticos.
En este sentido, corresponde al Estado garantizar a toda la ciudadanía el goce efectivo de sus derechos políticos, el cual, no se agota con la sola existencia de un ordenamiento en la materia, sino que dicha regulación comparta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure el ejercicio real y libre de estos derechos.[19]
Es importante aclarar, que la obligación de los Estados de abstenerse a adoptar medidas negativas para garantizar los derechos políticos no es absoluta y puede estar sujeta a restricciones legítimas, que atiendan un criterio razonable, oportuno, proporcional y necesario. Así, lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “los derechos políticos no son absolutos, por lo que pueden estar sujetos a limitaciones, siempre que dicha reglamentación observe ´los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad de una sociedad democrática´”[20]
Respecto a la legalidad de la medida restrictiva, ese Tribunal de derechos humanos señaló que se trata de “las condiciones y circunstancias generales que autorizan una restricción al ejercicio de un derecho humano determinado deben estar claramente establecidas por ley. La norma que establece la restricción debe ser una ley en el sentido formal y material.”[21]
Indicó que para determinar si la medida restrictiva cumple con la necesidad en una sociedad democrática y la proporcionalidad de la medida, se debe evaluar si la misma: a) satisface una necesidad social imperiosa, esto es, está orientada a satisfacer un interés público imperativo; b) es la que restringe en menor grado el derecho protegido; y c) se ajusta estrechamente al logro del objetivo legítimo.[22]
(i) el derecho de los partidos y movimientos políticos a presentar candidatos y listas únicas a los procesos de elección popular;
(ii) el umbral mínimo de votación que deben alcanzar las listas de candidatos en la elecciones para corporaciones públicas;
(iii) el sistema electoral de cifra repartidora que se utilizará para asignar las curules en las elecciones para corporaciones públicas.
“ARTÍCULO 4o. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE CANDIDATURAS. La inscripción de listas o de candidatos deberá realizarse ante los Delegados Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, ante los Registradores Distritales, Especiales, Municipales o Auxiliares, según el caso, previo el cumplimiento de los requisitos previstos en Ley.
PARÁGRAFO 2. Al inscribir una lista, se deberá declarar ante los respectivos Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil o Registradores, de manera expresa y escrita, si se opta o no por el voto preferente.”
a) La expresión “Estos, a su vez, deben aceptar, expresamente, que asumen los compromisos señalados en el régimen interno de aquellos”, contenida en el artículo 2º del Reglamento 01 de 2003.
b) El parágrafo del artículo 3º del Reglamento 01 de 2003.
c) La expresión “El incumplimiento de esta disposición será causal de mala conducta que implica pérdida del empleo”, contenida en el artículo 6º del Reglamento 01 de 2003.
d) Los artículos 9, 10, 11, 12 y 13 del Reglamento 01 de 2003
e) El artículo 17 del Reglamento 01 de 2003
f) El artículo 19 del Reglamento 01 de 2003
g) El artículo 21 del Reglamento 01 de 2003
h) El artículo 22 del Reglamento 01 de 2003
En este contexto, no coincide la Corte con el concepto del Procurador General cuando el mismo solicita la declaratoria de inexequibilidad de la norma por considerar que existe una desproporción al exigirse tres garantías distintas por cada inscripción de listas o de candidatos. A juicio de la Corte, el número de tres a que hace referencia la norma no es al número de pólizas que se requieren para garantizar la seriedad de las campañas, sino al número de inscriptores. Ciertamente, si la finalidad de la póliza es garantizar la seriedad de la propuesta política, no se ve por qué deba exigirse más de una para satisfacer ese fin. Cuando la norma dice que quienes decidan inscribir un candidato “deberán acreditar el número de firmas señalado en el parágrafo 1° de éste artículo, que respaldarán la totalidad de la lista inscrita y prestar caución, póliza de seriedad o garantía bancaria, las cuales serán presentadas y otorgadas por los inscriptores o candidatos, que no serán inferiores en ningún caso a tres (3)”, debe entenderse entonces que no se refiere a la póliza de seriedad, pues esta se encuentra garantizada con una sola póliza, sino al número de inscriptores que deben proceder a tramitar esta diligencia.”[23]
En consecuencia, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los Registradores Distritales, Especiales, Municipales o Auxiliares, están en la obligación de exigir la presentación de la póliza de seriedad o garantía bancaria, a los grupos significativos de ciudadanos y los movimientos sociales que quieran inscribir candidatos a corporaciones públicas y cargos uninominales. Requisito que fue declarado exequible y ajustado a la constitución por esta Corporación.
Con el fin de analizar el ejercicio de la actividad aseguradora en relación con la protección efectiva de los derechos constitucionales frente a ésta, la Sala Octava de revisión se referirá a (i) límites constitucionales a la libertad contractual en el ejercicio de las actividades que involucren un interés público. Reiteración de jurisprudencia; (ii) marco Legal y Doctrinario del Riesgo Asegurable como elemento esencial del contrato de seguro y; (iii) La constitución de un CDT, endosado a la entidad aseguradora, como requisito para expedir una póliza de seguridad de candidatura.
Esta Corte ha sostenido que si bien por mandato constitucional no se estableció que estas actividades prestan un servicio público, sí se determinó que conllevan a un interés público,[24] encaminado a la materialización del bienestar general de la comunidad. De este modo, las actividades de los establecimientos financieros y las aseguradoras al involucrar un interés público, tiene límites en su ejercicio ya que pueden restringirse “cuando están de por medio valores y principios constitucionales, así como la protección de derechos fundamentales, o consideraciones de interés general”[25]
En esa ocasión, la Corte amparó el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia así como a la reparación, y ordenó a las aseguradoras expedir la póliza judicial requerida. Esta decisión se basó en: (i) el estado de indefensión[26] en que se encuentran los particulares frente a esas compañías y; (ii) que la libertad contractual no puede ejercerse de manera arbitraria.
De igual forma, en Sentencia T-490 de 2009[27], este Tribunal indicó que:
De esta manera, la libertad contractual y la autonomía privada de la que gozan las aseguradoras, se encuentra limitada por los valores y principios consagrados en la Carta Política, razón por la cual, deben ejercer una actividad conforme a dichas prerrogativas, so pena de ser consideras arbitrarias, caprichosas, desproporcionadas y contrarias a la Constitución.[28]
El artículo 1045 del Código de Comercio[29] establece como elementos esenciales del contrato de seguros los siguientes: (i) el interés asegurable; (ii) el riesgo asegurable; (iii) la prima o precio del seguro; y (iv) la obligación condicional del asegurador. Seguidamente, dicha disposición normativa señala que “en defecto de cualquier de estos elementos, el contrato de seguro no producirá efecto alguno”, en otras palabras, ese contrato es ineficaz de pleno derecho.
Conforme a esa postura, se ha dicho que el “riesgo se halla enmarcado entre dos linderos: la imposibilidad y la certeza”, tal y como lo dispone el precepto normativo anteriormente citado. En esa medida, “”no constituye riesgo el hecho físicamente imposible, que en la teoría de las probabilidades se representa por el número cero (0). Ni el hecho cierto que, como tal, ha de suceder fatalmente y que, en la misma teoría se representa por el número uno (1)”[30].
Otra parte de la doctrina sostiene que “el riesgo por expreso reconocimiento legislativo en Colombia, es uno de los elementos esenciales del contrato de seguro (C. de Co., art. 1045); sin vacilación, el de mayor prosapia o abolengo, por cuanto toda la operación del seguro, ora directa ora indirectamente, apunta hacia el riesgo, su ratio. Es, sin más calificativos, si bastión, su mástil, su columna vertebral o, si se prefiere, su `materia prima´, como gráficamente es denominada por un sector de la doctrina[31]”[32]
En este sentido, el riesgo asegurable constituye el elemento esencial del contrato de seguro[33], pues es la razón por la cual se suscriben estos contratos. Sin embargo, el mismo debe ser (i) factible, esto es, que la lógica y la razón permitan tenerlo como posible; (ii) incierto –que no haya sucedido[34]– y; (iii) ajeno a la voluntad exclusiva del tomador, asegurado o beneficiario en la realización del mismo, para que una vez ocurrido el siniestro, la obligación del asegurador, consistente en pagar la póliza, sea exigible.
Ahora bien, conforme a lo expuesto, la Sala Octava de Revisión procederá a exponer las razones por las cuales se apartará de la posición adoptada en la Sentencia T-769 de 2015, providencia en la cual se estudió y decidió otra acción de tutela que guarda identidad fáctica con este caso. Para ello, se realizará un resumen de los hechos, la decisión y el fundamento adoptado en aquella oportunidad.
Mediante Sentencia T-769 de 2015, la Sala Séptima de Revisión de esta Corporación conoció el caso del señor Wilson Hernán Barrios Nieto, a quien la aseguradora Previsora S.A. le exigía como requisito para la expedición de la póliza de seriedad de candidatura la constitución de un CDT endosado a su favor.
El accionante alegaba que la no expedición de la póliza de seriedad de candidaturas vulneraba sus derechos fundamentales a elegir y ser elegido y a la igualdad, debido a que sin ella no podía inscribir la lista del grupo de ciudadanos denominado Renovación Municipal al Concejo Municipal de Puerto López, Meta.
La Previsora S.A. manifestó que ha actuado en ejercicio de la autonomía de la voluntad privada y contractual, y por ende, la exigencia de constituir una garantía “se encuentra ajustada a las normas comerciales, toda vez que esta determinación responde a políticas internas de suscripción, lo cual no puede ser considerado como violación al derecho fundamental alguno del aquí accionante”.
En consideración a dichos antecedentes, la Sala procedió a determinar “si la Previsora S.A. Compañía de Seguros, al exigir la constitución de un CDT endosado a dicha compañía para poder expedir una póliza de seriedad de candidatura a los candidatos por el grupo significativo de ciudadanos denominado ´Renovación Municipal´ para que puedan participar en las elecciones del 25 de octubre de 2015 con su lista al Concejo Municipal de Puerto López, Meta, viola los derechos a la igualdad y elegir y ser elegido en cabeza del actor.”
Efectuado el análisis, la Sala declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, por cuanto, “aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela lo cual era la expedición de la póliza para cumplir la totalidad de requisitos de inscripción de candidatura ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, ha acaecido antes de que este despacho emitiera orden alguna, por lo tanto, cualquier orden sería inocua para satisfacer la pretensión de la tutela lo cual no impide un pronunciamiento de fondo sobre la posible existencia de una violación de derechos fundamentales.”
En cuanto a la presunta vulneración de las garantías superiores invocadas, la Corte consideró que “la exigencia de La Previsora S.A. de constitución de una contragarantía para expedir la póliza de seriedad de la garantía, solicitada al grupo significativo de ciudadanos denominado Renovación Municipal para la inscripción de sus listas para participar en las elecciones de octubre de 2015, no vulnera derecho fundamental alguno del actor, sino que su actuación está enmarcada en la autonomía de la voluntad señalada en el artículo 1056 del Código de Comercio.” (Énfasis agregado)
A juicio de la Sala Octava de Revisión, la posición adoptada en la sentencia de la referencia, relacionada con la facultad que tienen las compañía de seguros de exigir la constitución de un CDT para expedir la póliza de seriedad de candidatura, conforme al principio de la autonomía de la voluntad, vulnera los derechos fundamentales a elegir y ser elegido y a la igualdad, por las siguientes razones:
“la autonomía de la voluntad privada debe entenderse como un principio que puede ser objeto de limitación por causa del interés general y del respeto a los derechos fundamentales, por lo que ´lejos de entrañar un poder absoluto e ilimitado de regulación de los intereses de los particulares, como era lo propio del liberalismo individualista, se encuentra sometido a la realización de la función social de la propiedad privada y de las necesidades básicas de la economía de mercado´”[35]
“La autonomía de la voluntad privada y, como consecuencia de ella, la libertad contractual gozan entonces de garantía constitucional. Sin embargo, como en múltiples providencias esta Corporación lo ha señalado, aquellas libertades están sometidas a condiciones y limites que le son impuestos, también constitucionalmente, por las exigencias propias del Estado social, el interés público y por el respeto de los derechos fundamentales de otras personas.”[36]
La Corte Constitucional ha sostenido que “[L]a naturaleza de la acción de tutela estriba en garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales, de tal manera que cuando la amenaza a los mismos ha cesado, ya sea porque la situación que propició dicha amenaza desapareció o fue superada, la acción impetrada perderá su razón de ser como mecanismo de protección judicial, pues el juez de tutela no podrá adoptar algún tipo de medida frente al caso concreto, ya que no existiría fundamento fáctico para ello.”[37]
Sobre el tema, el numeral 4º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, establece que la acción de tutela es improcedente “[C]uando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.”, debido a que la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo más apropiado y expedito de protección judicial,[38] pues la solicitud de amparo pierde eficacia en la medida que desaparece el objeto jurídico sobre el que recaería una eventual decisión del juez de tutela[39] y en consecuencia, la intervención del juez se torna inocua.
La jurisprudencia constitucional ha indicado que el primer evento, esto es, hecho superado, se presenta cuando entre el momento de la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensión contenida en la acción de tutela,[40] es decir, que por razones ajenas a la intervención del juez del tutela, desaparece la causa que originó la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del peticionario. Al respecto la Corte ha dicho que:
“el hecho superado se presenta cuando, por la acción u omisión (según sea el requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal manera que “carece” de objeto el pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión hecho superado en el sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en la tutela”[41]
“La carencia actual de objeto por daño consumado, por su parte, se presenta cuando “no se reparó la vulneración del derecho, sino por el contrario, a raíz de su falta de garantía se ha ocasionado el daño que se buscaba evitar con la orden del juez de tutela.” En estos casos, ya no es posible hacer cesar la violación o impedir que se concrete el peligro. Razón por la cual, cualquier orden judicial resultaría inocua o, lo que es lo mismo, caería en el vacío pues no se podría impedir que se siga presentando la violación o que acaezca la amenaza.”[42]
Nelson Arturo Delgado San Miguel, Samuel Torres y Yoany González Trigos interpusieron acción de tutela contra la Compañía de Seguros Previsora S.A. y la Registraduría Municipal del Estado Civil de Puerto López, Meta, al considerar que la decisión adoptada por la compañía de seguros demandada, de exigir la constitución de un CDT endosado a su favor, para expedir la póliza de seriedad de candidatura vulnera sus derechos fundamentales de la igualdad, de la participación política (elegir y ser elegido), toda vez que:
· La Resolución 0299 de 2015, expedida por el Consejo Nacional Electoral, establece en su artículo sexto que las compañías de seguros y/o a las entidades financieras que expidan estas pólizas o garantías bancarias deben abstenerse de exigir a los candidatos y/o grupos significativos de ciudadanos la constitución de depósitos, fiducias o títulos en su favor equivalentes al monto del valor asegurado.
· El plazo para preinscribir los candidatos de la lista al Concejo Municipal, del grupo significativo denominado Renovación Municipal, para las elecciones del 15 de octubre de 2015, vence el día 25 de julio de 2015. En este sentido, la exigencia realizada por la Previsora S.A., obstaculiza e imposibilita el derecho que tienen los ciudadanos de participar en el respectivo debate político.
No obstante, teniendo en cuenta que la pretensión de los accionantes consistía en que la Previsora S.A. expidiera la póliza de seriedad de candidatura para las elecciones del 15 de octubre de 2015, sin exigir la constitución de un CDT, el Despacho del Magistrado Sustanciador procedió, el día 10 de febrero de 2016, a comunicarse vía telefónica con los accionantes con el fin de determinar si la referida aseguradora había expedido la póliza sin exigir ninguna contragarantía y, en este sentido, informara si habían realizado la inscripción para participar en las elecciones o, por el contrario, no tuvieron la oportunidad de participar en las mismas.
En la comunicación que se sostuvo con el señor Nelson Arturo Delgado San Miguel, se manifestó, por parte del mismo, que debido a que el fallo de primera de instancia fue desfavorable a sus pretensiones y, que solo faltaban dos (2) días para el vencimiento de las inscripciones, decidieron constituir la contragarantía exigida por la Previsora S.A., logrando de esta manera, la expedición de la póliza antes del 25 de julio de 2015 y la inscripción de la lista de candidatos para participar en las elecciones realizadas el pasado 15 de octubre de 2015.
De esta manera, concluye la Sala Octava de Revisión que en el presente caso ha operado el fenómeno de carencia actual del objeto por hecho superado, debido a que la póliza de seriedad para la candidatura fue expedida por la Previsora S.A., antes del vencimiento para la inscripción de candidatos, lo que les permitió ejercer su derecho a la participación política.
Sin embargo, la Sala determinará si existió la vulneración de los derechos fundamentales de la igualdad, de la participación política (elegir y ser elegido) del accionante, pues de acuerdo con en el numeral “2.2.1.6.” de la parte considerativa de esta providencia nada impide que esta Corporación se pronuncie sobre el alcance de los derechos fundamentales invocados por los peticionarios.
La jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que la autonomía de la voluntad de que trata el artículo 1056 del Código de Comercio[43], se encuentra limitada por exigencias propias del Estado social, el interés público y el respeto de los derechos fundamentales de otras personas. En este sentido, las aseguradoras deben desarrollar su actividad, con observancia de los valores y principios consagradas en la Constitución.
Bajo este contexto, y conforme a la situación fáctica planteada en esta oportunidad, encuentra la Sala Octava de Revisión de esta Corporación que el requisito impuesto por la Compañía de Seguros Previsora S.A. para expedir la póliza de seriedad de candidatura es una barrera de acceso al ejercicio del derecho fundamental de participación política, obstáculo que carece de justificación constitucional o legal y que desnaturaliza el contrato de seguros.
La Previsora S.A. impuso una barrera de acceso para que los accionantes participarán en las elecciones realizadas el pasado 15 de octubre de 2015, debido a que la sociedad, en ejercicio de su autonomía de la voluntad y posición dominante, exigió la constitución de un CDT por el 100% del valor asegurado a su favor, sin brindar otra alternativa para expedir la póliza de seriedad que se requería para hacer parte de los referidos comicios. Dicha situación es desproporcionada e irrazonable a la luz de la constitución, así como contraría a los valores y principios constitucionales involucrados. Así mismo, la entidad aseguradora tenía a su disposición otros medios para o
Al respecto, es importante resaltar que si una autoridad o entidad del sector público o privado, pretende aplicar una medida que restrinja derechos fundamentales debe justificar constitucionalmente su necesidad. En el caso objeto de estudio no se observa esa condición, pues la Previsora S.A., se limitó a indicar que el requisito exigido para expedir la póliza de candidatura del actor se justificó en la autonomía de la voluntad.
En ese estado de cosas, estima la Corte Constitucional que la constitución de un CDT por el 100% del valor asegurado a favor de la Previsora S.A., para expedir la póliza de seriedad de candidatura, es un requisito desproporcionado que no cumple con fin constitucional ni pretende velar por el interés general. Por el contrario, esa condición pone en riesgo los derechos fundamentales de la participación política, a elegir y ser elegido, debido a que sin dicha contragarantía los accionantes no podían inscribirse para participar en los comicios del 15 de octubre de 2015.
En cuanto la naturaleza del contrato de seguros, esta Sala precisa que, exigirles a las personas que fungen como tomadores en el contrato de seguro, la constitución de una contragarantía, desnaturaliza el mismo, debido a que el riesgo nunca saldrá de la esfera de responsabilidad del contratante. Lo anterior, en razón de que el riesgo nunca se trasladará a la aseguradora. Por ende, el contrato carecería de un elemento esencial, esto es, el riesgo asegurable, y en consecuencia, el negocio jurídico sería ineficaz de pleno de derecho, conforme establece el artículo 1045 del Código de Comercio.
Por lo anterior, la Sala Octava de Revisión de esta Corporación, revocará el fallo proferido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto López, Meta, el 23 de julio de 2015, que negó el amparo de los derechos invocados, y en consecuencia, declarará la carencia actual del objeto por hecho superado. Así mismo, la Corte Constitucional exhortará a la Superintendencia Financiera de Colombia, para que mediante una circular comunique y advierta a las aseguradoras el criterio adoptado en esta providencia y, en este sentido, no vuelvan a exigir como requisito para la expedición de pólizas de seriedad de la candidatura la constitución de contragarantías de cualquier naturaleza, por el riesgo asegurable.
La jurisprudencia constitucional establece que el ejercicio de la libertad económica y la iniciativa privada debe desarrollarse dentro de los límites del bien común y en respeto de los derechos, principios y valores constitucionales. Conforme a ello, esta Sala de Revisión concluyó en el caso sub-judice que:
· Se configuró la carencia actual del objeto por hecho superado, debido a que la Previsora S.A. expidió la póliza de seriedad de candidatura antes de que venciera el término de la preinscripción para el proceso electoral que se llevó a cabo el 15 de octubre de 2015. Sin embargo, la entidad demandada vulneró los derechos fundamentales de los accionantes, en cuanto impuso una barrera para el ejercicio sus derechos políticos, obstáculo que correspondió con la exigencia de la constitución del CDT a su favor, por el 100% del valor asegurado, con el fin de otorgar una póliza requerida para inscribirse a los comicios electorales.
· El requisito exigido por la Compañía de Seguros Previsora S.A., la constitución de un CDT por el valor asegurado, es desproporcional, arbitrario e irracional por cuanto:
1. El requisito exigido para expedir la póliza de seriedad no cumple ningún fin constitucional ni pretende velar por el interés general. En contraste, esa condición restringe y vulnera derechos fundamentales y mandatos constitucionales. Al respecto, se señaló que “las actividades de los establecimientos financieros y las aseguradoras al involucrar un interés público, tiene límites en su ejercicio ya que pueden restringirse ´cuando están de por medio valores y principios constitucionales, así como la protección de derechos fundamentales, o consideraciones de interés general´[44]”[45]
2. La constitución de un CDT por el valor asegurable desnaturaliza el contrato de seguros, puesto que extingue el objeto del contrato y la causa que lleva a su suscripción. Ello, en la medida en que es el mismo tomador quién termina respondiendo por el supuesto siniestro. En otras palabras, pese haber contratado a la seguradora para que asumiera el riesgo, éste nunca será tomado por sociedad comercial, debido a que la constitución dicha contragarantía significa que el tomador asume dicha responsabilidad. En este sentido, el contrato carecería de su elemento esencial (riesgo asegurable), y en consecuencia el negocio jurídico sería ineficaz de pleno de derecho, conforme establece el artículo 1045 del Código de Comercio.
PRIMERO.- REVOCAR el fallo proferido el 23 de julio de 2015, por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto López, Meta, dentro del trámite de la acción de tutela interpuesta por Nelson Arturo Delgado San Miguel, Samuel Torres y Yoany González Trigos contra la Compañía de seguros Previsora S.A. y la Registraduría Municipal del Estado Civil de Puerto López, Meta, que negó el amparo de los derechos fundamentales invocados, para en su lugar, DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO.
TERCERO.- ADVERTIR a la Previsora S.A., para que en adelante se abstenga de incurrir en la conducta que ocasionó la vulneración ius fundamental reclamada en esta acción de tutela.
[1] Mediante esta carta, la Superintendencia Financiera de Colombia notificó e informó a los representantes legales de las entidades aseguradoras lo dispuesto en la Resolución 0299 de 2015.
[2] Folios 21 al 29 del cuaderno principal.
[3] Artículo 1056 del Código de Comercio.
[4] Expedida por el Consejo Nacional Electoral.
[5] Emitida por la Registraduría Delegada en lo Electoral.
[6] Señaladas por los artículos 107,108,109,120 y 265 de la Constitución Política, el Código Electoral, las leyes 130 de 1994,996 de 2005 y 1475 de 2011, principalmente.
[7] Folio 26 respaldo y 27, cuaderno de la Corte Constitucional.
[8] El impedimento fue registrado el 18 de febrero de 2016 y recibido en el Despacho del Doctor Alberto Rojas Ríos, el 22 de febrero de 2016. Folio 39 al 42 del cuaderno de la Corte Constitucional.
[9] Artículo 86 de la Constitución Política
[10] En la Sentencia C-378 de 2010 la Corte Constitucional dijo que “debe declarar inexequible la expresión “domiciliarios” del numeral 3º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, a fin de asegurar, de una vez por todas, que la acción de tutela proceda siempre contra el particular que esté prestando cualquier servicio público y por la violación de cualquier derecho constitucional fundamental.”
[11] Sentencia T-290 de 1993, posición que ha sido reiterada en sentencia T-389 de 2008, T-634-13 entre otras.
[12] Sentencia T-634 de 2013.
[13] Sentencia T-015 de 2015.
[14] Sentencia T-751 de 2012.
[15] Sentencia T-222 de 2014, T-007 de 2015, entre otras.
[16] Sentencia T-309ª de 2013, posición que fue reiterada en sentencia T-865 de 2014 entre otras.
[17] Sentencia T-222 de 2014.
[18] Sentencia T-007 de 2015.
[19] Caso Velázquez vs. Honduras. Corte Interamericana de Derechos Humanos.
[20] Corte Interamericana de derechos humanos, caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos, Sentencia de 6 de agosto de 2008 (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas), considerando jurídico 137.
[21] Ibídem, considerando jurídico 176.
[22] Ibídem, considerando jurídico 186.
[23] Páginas 65 y 66.
[24] Entendido el interés público como “un concepto que conlleva atender el interés general o el bien común, y no sólo tener en cuenta consideraciones de interés patrimonial” Sentencia T-517 de 2006, reiterada en el fallo T-919 de 2014.
[25] Providencias T-517 de 2006 y T-919 de 2014.
[26] La “ situación de indefensión es una noción de carácter fáctico que se presenta cuando una persona se encuentra en un estado de debilidad manifiesta frente a otra, de modo que, debido a las circunstancias que rodean el caso, no puede defenderse ante la agresión de sus derechos” Fallo T-1008 de 1999, posición que fue reiterada en las Sentencias T-517 de 2006 y T-919 de 2014.
[27] La Corte Constitucional conoció el caso del señor Reinaldo de Jesús Palacio, quien interpuso acción de tutela contra la compañía Generali Colombia Seguros Generales S.A., debido a que dicha asegurada le negó el reconocimiento y pago de la póliza de seguro de vida suscrita con ellos, porque no cumplía con las condiciones pactadas en la referida póliza.
[28] En Sentencia T-240 de 1993, la Corte reiteró que “La libertad contractual si bien permite a la persona tomar decisiones en el mercado y ejecutarlas, no puede ser arbitraria, pues como toda libertad está gobernada por el marco axiológico de la Constitución que incorpora como principio basilar el de la solidaridad social y la prevalencia del interés general (CP arts. 1 y 333).” Posición que fue reitera en Sentencia T-517 de 2006.
[29] Decreto 410 del 27 de marzo de 1971, “Por el cual se expide e Código de Comercio”.
[30] Ossa Gómez J. Efrén. Teoría General del Seguro: Contrato. Elementos esenciales del seguro. Editorial Temis, S.A., Bogotá, 1984. Pág. 86 y 87. ISBN 958-604-02910-1.
[31] “ERNESTO CABALLERO SÁNCHEZ, El seguro privado ante nuevo horizontes, Madrid, Magisterio Español, 1964, pág. 16. Tanto es así que el autor nacional, MAURICIO MACKENZIE, aun a riesgo de tonarse impreciso, ex profeso, puso de manifiesto que ` Decir seguro y hablar de riesgo es una misma cosa. Son sinónimos, si… se permite el símil´, Seguros comerciales terrestres, Bogotá, Editorial Cromos, 1938, pág. 158. Vid. VÉRONIQUE NICOLÁS, ` Contribución al estudio del riesgo en el contrato de seguro´, en Revista Ibero-Latinoamericana de seguros, núm. 14, págs. 33-53.”
[32] Jaramillo J. Carlos Ignacio. Derecho de Seguro. Tomo IV: Teoría General del Contrato y Análisis de algunos seguros en particular. Editorial Temis, S.A., Bogotá, 2013. Pág. 261. ISBN 978-958-35-0951-3.
[33] Sentencia T- T-240 de 2016
[34] Debe estar sometido a la contingencia de que pueda ocurrir o no.
[35] Sentencia C-186 de 2011, posición que fue reiterada en Sentencia C-934 de 2013.
[36] Sentencia SU-157 de 1999. Ver entre otras las Sentencias T-468 de 2003 y C-186 de 2011.
[37] Sentencia T-101 de 2015.
[38] Sentencia T-308 de 2003
[39] Sentencia T-447 de 2014.
[40] Sentencia T-447 de 2014.
[41] Sentencia SU-540 de 2007.
[43] “Con las restricciones legales, el asegurador podrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado.”.
[44] “Providencias T-517 de 2006 y T-919 de 2014.”,
[45] Cita extraída de la consideración 2.2.1.4. “LÍMITES CONSTITUCIONALES A LA LIBERTAD CONTRACTUAL EN EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES QUE INVOLUCREN UN INTERÉS PÚBLICO. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA.” De esta providencia, pág.21.