Source: http://www.incadat.com/index.cfm?act=analysis.show&lng=3
Timestamp: 2015-07-03 02:33:42
Document Index: 29701718

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'Artículo 12', 'Artículo 12', 'Artículo 12', 'Artículo 15', 'Artículo 15', 'Artículo 8', 'Artículo 3', 'ARTÍCULO 15', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'artículo 15', 'Artículo 33', 'artículo 15', 'Artículo 12', 'Artículo 33', 'Artículo 33', 'Artículo 8', 'Artículo 3', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'ARTÍCULO 13', 'Artículo 13', 'ARTÍCULO 13', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'ARTÍCULO 13', 'artículo 13', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'ARTÍCULO 13', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'ARTÍCULO 13', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'Artículo 12', 'ARTÍCULO 12', 'Artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 12', 'Artículo 18', 'Artículo 12', 'Artículo 18', 'Artículo 18', 'Artículo 18', 'Artículo 12', 'Artículo 18', 'Artículo 13', 'Artículo 11', 'Artículo 11', 'Artículo 11', 'Artículo 11', 'Artículo 3', 'Artículo 8', 'ARTÍCULO 21', 'Artículo 21', 'Artículo 21', 'Artículo 21', 'Artículo 21', 'Artículo 12', 'Artículo 21', 'Artículo 11', 'Artículo 11', 'Artículo 11', 'Artículo 13', 'Artículo 11', 'Artículo 11', 'Artículo 13', 'Artículo 11', 'Artículo 11', 'Artículo 11', 'Artículo 8']

HCCH - La Base de datos sobre la sustracción internacional de menores (INCADAT) | Case Law Analysis
HCCH Sección Sustracción de Niños
HCCH Página de inicio
Boletín de los Jueces
Las páginas de análisis de jurisprudencia de la base de datos de INCADAT son preparadas por el Profesor Peter McEleavy (Universidad de Dundee, Escocia) con la ayuda de Aude Fiorini (Universidad de Dundee, Escocia) en nombre de la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. Análisis de jurisprudencia y desarrollos recientes, clasificado por cuestión legal:
Objetivos & Ámbito de Aplicación del Convenio
Fin del convenio
FIN DEL CONVENIO Traducción en curso. - Por favor remítase a la versión inglesa o francesa.
Enfoque general para la interpretación
INTERPRETACIÓN Preparación del análisis de jurisprudencia de INCADAT en curso.
INFORME EXPLICATIVO - PÉREZ-VERA Resumen INCADAT en curso de preparación.
Inicio de un traslado o retención ilícitos
INICIO DE UN TRASLADO O RETENCIÓN ILÍCITOS Resumen INCADAT en curso de preparación.
MOMENTO DEL TRASLADO Y RETENCIÓN Esencialmente, esta será una cuestión de hecho para el tribunal que haya tomado conocimiento de la solicitud de restitución. El problema puede tener relevancia cuando existen dudas sobre si el plazo de 12 meses al que se hace referencia en al artículo 12 (1) ha vencido, o, incluso, si hay incertidumbre respecto de que el acto presuntamente ilícito ha ocurrido antes o después de la entrada en vigor del Convenio entre el Estado de residencia habitual del menor y el Estado de refugio. [Traducción en curso] International Dimension Una cuestión jurídica que se ha suscitado y se ha resuelto con poca controversia en varios Estados está ligada al hecho de que el Convenio solo se ocupa de la protección internacional de menores trasladados o retenidos ilícitamente, y no del traslado o la retención de menores dentro del Estado de su residencia habitual, el traslado o la retención en cuestión debe ser por necesidad de la jurisdicción de los tribunales del Estado de residencia habitual del menor y no simplemente del cuidado de quien detenta la titularidad de los derechos de custodia. Australia Murray v. Director, Family Services (1993) FLC 92-416, [Cita INCADAT: HC/E/AU 113]; State Central Authority v. Ayob (1997) FLC 92-746, 21 Fam. LR 567, [Cita INCADAT: HC/E/AU 232]; State Central Authority v. C.R. [2005] Fam CA 1050, [Cita INCADAT: HC/E/AU 232]; Reino Unido - Inglaterra y Gales Re H.; Re S. (Abduction: Custody Rights) [1991] 2 AC 476, [1991] 3 All ER 230, [1991] 2 FLR 262, [Cita INCADAT: HC/E/UKe 115]; Reino Unido - Escocia Findlay v. Findlay 1994 SLT 709, [Cita INCADAT: HC/E/UKs 184]. Sin embargo, en una causa muy temprana relativa al Convenio Kilgour v. Kilgour 1987 SC 55, 1987 SLT 568, 1987 SCLR 344, [Cita INCADAT: HC/E/UKs 116], las partes estaban de acuerdo en el proceder sobre la base de que el traslado pertinente a los fines del Convenio fue un traslado en violación de los derechos de custodia más que un traslado del país donde el menor había vivido previamente. En la causa israelí Family Application 000111/07 Ploni vs. Almonit, [Cita INCADAT: HC/E/IL 938] no se llegó a ningún acuerdo sobre el inicio del traslado. Un juez aceptó que la fecha pertinente era la fecha del traslado del Estado de residencia habitual mientras que el otro adoptó la opinión de que era la fecha de llegada a Israel. Communication of Intention Not to Return a Child [Traducción en curso. - Por favor remítase a la versión inglesa.]
RETENCIÓN POR ADELANTADO Los tribunales han adoptado posiciones divergentes respecto de si es posible que surja una "retención por adelantado", es decir, si es posible que un plazo lícito de retención devenga en ilícito antes de la fecha programada para la restitución. Esta posibilidad se aceptó implícitamente en: Reino Unido - Inglaterra y Gales Re S. (Minors) (Child Abduction: Wrongful Retention) [1994] Fam 70 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 117]. Nueva Zelanda P. v. The Secretary for Justice [2003] NZLR 54, [2003] NZFLR 673 [Cita INCADAT: HC/E/NZ 575] (Anulado en apelación - ver abajo) Un número importante de tribunales, sin embargo, se ha rehusado a fallar declarando la ilicitud de una retención antes de la fecha programada de restitución. China - (Región Administrativa Especial de Hong Kong) B.L.W. v. B.W.L. [2007] 2 HKLRD 193, [Cita INCADAT: HC/E/HK 975]; Nueva Zelanda P. v. Secretary for Justice [2004] 2 NZLR 28 [Cita INCADAT: HC/E/NZ 583]; Reino Unido - Escocia Watson v. Jamieson 1998 SLT 180 [Cita INCADAT: HC/E/UKs 75]; Estados Unidos de América Toren v. Toren, 191 F.3d 23 (1st Cir 1999) [Cita INCADAT: HC/E/USf 584].
Niños protegidos por la Convención
En curso de preparación.
RESIDENCIA HABITUAL La interpretación del concepto central de residencia habitual (Preámbulo, art. 3, art. 4) ha demostrado ser cada vez más problemática en años recientes con interpretaciones divergentes que surgen de distintos Estados contratantes. No hay uniformidad respecto de si al momento de determinar la residencia habitual el énfasis debe estar sobre el niño exclusivamente, prestando atención a las intenciones de las personas a cargo del cuidado del menor, o si debe estar primordialmente en las intenciones de las personas a cargo del cuidado del menor. Al menos en parte como resultado, la residencia habitual puede parecer constituir un factor de conexión muy flexible en algunos Estados contratantes y mucho más rígido y reflejo de la residencia a largo plazo en otros. Cualquier valoración de la interpretación de residencia habitual se torna aún más complicada por el hecho de que los casos que se concentran en el concepto pueden involucrar situaciones fácticas muy diversas. A modo de ejemplo, la residencia habitual puede tener que considerarse como consecuencia de una mudanza permanente, o una mudanza más tentativa, aunque tenga una duración indefinida o potencialmente indefinida, o la mudanza puede ser, de hecho, por un plazo de tiempo definido. Tendencias generales: La jurisprudencia de los tribunales federales de apelación de los Estados Unidos de América puede tomarse como ejemplo de la amplia gama de interpretaciones existentes en lo que respecta a la residencia habitual. Enfoque centrado en el menor El Tribunal Federal de Apelaciones de los Estados Unidos de América del 6º Circuito ha apoyado firmemente el enfoque centrado en el menor en la determinación de la residencia habitual. Friedrich v. Friedrich, 983 F. 2d 1396, 125 ALR Fed. 703 (6th Cir. 1993), [Referencia INCADAT: HC/Ee/USF 142]; Robert v. Tesson, 507 F.3d 981 (6th Cir. 2007) [Referencia INCADAT: HC/E/US 935]. Veáse también: Villalta v. Massie, No. 4:99cv312-RH (N.D. Fla. Oct. 27, 1999) [Referencia INCADAT: HC/E/USf 221]. Enfoque combinado: conexión del menor / intención de los progenitores Los Tribunales Federales de Apelaciones de los Estados Unidos de América de los 3º y 8º Circuitos han adoptado un enfoque centrado en el menor pero con idéntica atención a las intenciones compartidas de los padres. El fallo clave es el del caso: Feder v. Evans-Feder, 63 F.3d 217 (3d Cir. 1995), [Referencia INCADAT: HC/E/USf 83]. Veánse también: Silverman v. Silverman, 338 F.3d 886 (8th Cir. 2003), [Referencai INCADAT: HC/E/USf 530]; Karkkainen v. Kovalchuk, 445 F.3d 280 (3rd Cir. 2006), [Referencia INCADAT: HC/E/USf 879]. En este último asunto se estableció una distinción entre las situaciones que involucran a niños muy pequeños, en las cuales se atribuye especial importancia a las intenciones de los progenitores (véase por ejemplo: Baxter v. Baxter, 423 F.3d 363 (3rd Cir. 2005) [Referencia INCADAT: HC/E/USf 808]) y aquellas que involucran a niños más mayores, donde el impacto de las intenciones de los progenitores ya es más limitado. Enfoque centrado en la intención de los progenitores El fallo del Tribunal Federal de Apelaciones de los Estados Unidos de América del 9º Circuito en Mozes v. Mozes, 239 F.3d 1067 (9th Cir. 2001) [Referencia INCADAT: HC/E/USf 301] ha sido altamente influyente al disponer que, por lo general, debería haber una intención establecida de abandonar una residencia habitual existente antes de que un menor pueda adquirir una nueva. Esta interpretación ha sido adoptada y desarrollada en otras sentencias de tribunales federales de apelación de modo tal que la ausencia de intención compartida de los padres respecto del objeto de la mudanza redundaba en la conservación de la residencia habitual existente, aunque el menor hubiera estado fuera de dicho Estado durante un período de tiempo extenso. Véanse por ejemplo: Holder v. Holder, 392 F.3d 1009, 1014 (9th Cir. 2004) [Referencia INCADAT: HC/E/USf 777]: Conservación de residencia habitual en los Estados Unidos luego de 8 meses de una estadía intencional de 4 años en Alemania; Ruiz v. Tenorio, 392 F.3d 1247, 1253 (11th Cir. 2004) [Referencia INCADAT: HC/E/USf 780]: Conservación de residencia habitual en los Estados Unidos durante una estadía de 32 meses en México; Tsarbopoulos v. Tsarbopoulos, 176 F. Supp.2d 1045 (E.D. Wash. 2001), [Referencai INCADAT: HC/E/USf 482]: conservación de residencia habitual en los Estados Unidos durante una estadía de 27 meses en Grecia; El enfoque en el asunto Mozes ha sido aprobado asimismo por el Tribunal Federal de Apelaciones delos 2º y 7º Circuitos: Gitter v. Gitter, 396 F.3d 124, 129-30 (2d Cir. 2005), [Referencia INCADAT: HC/E/USf 776]; Koch v. Koch, 450 F.3d 703 (7th Cir.2006), [Referencia INCADAT: HC/E/USf 878]. Cabe destacar que, en el marco del enfoque aplicado en el asunto Mozes, el 9º Circuito sí reconoció que, con el tiempo suficiente y experiencia positiva, la vida de un menor podría incorporarse tan firmemente en el nuevo país para obtener residencia habitual allí sin perjuicio de las intenciones en contrario que pudieren tener los progenitores. Otros Estados contratantes Hay variados matices respecto del enfoque en otros Estados contratantes. Austria La Corte Suprema de Austria ha establecido que un periodo de residencia superior a seis meses en un Estado será considerada generalmente residencia habitual, aún en el caso en que sea contra la voluntad de la persona a cargo del niño (ya que se trata de una determinación fáctica del centro de su vida). 8Ob121/03g, Oberster Gerichtshof [Referencia INCADAT: HC/E/AT 548]. Canadá En la Provincia de Quebec, se adopta un enfoque centrado en el menor: En el asunto Droit de la famille 3713, N° 500-09-010031-003 [Referencia INCADAT: HC/E/CA 651], la Cour d'appel de Montreal sostuvo que la determinación de la residencia habitual de un menor es una cuestión puramente fáctica que debe resolverse a la luz de las circunstancias del caso, teniendo en cuenta la realidad de la vida del menor, más que a la de sus padres. El plazo de residencia efectiva debe ser por un período de tiempo significativo e ininterrumpido y el menor debe tener un vínculo real y activo con el lugar. Sin embargo, no se establece período de residencia mínimo alguno. Alemania En la jurisprudencia alemana se evidencia asimismo un enfoque fáctico centrado en la vida del menor: 2 UF 115/02, Oberlandesgericht Karlsruhe [Referencia INCADAT: HC/E/DE 944]. Esto condujo a que el Tribunal Federal Constitucional aceptara que la residencia habitual se puede adquirir sin perjuicio de que el niño haya sido trasladado de forma ilícita al nuevo Estado de residencia: Bundesverfassungsgericht, 2 BvR 1206/98, 29. Oktober 1998 [Referencia INCADAT: HC/E/DE 233]. El Tribunal Constitucional confirmó la decisión del Tribunal Regional de Apelaciones por la que se estableció que los niños habían adquirido residencia habitual en Francia, sin perjuicio de la naturaleza de su traslado a ese lugar. La fundamentación consistió en que la residencia habitual es un concepto fáctico y que durante los nueve meses que estuvieron allí, los niños se integraron al entorno local. Israel En este país se adoptaron enfoques alternativos para determinar la residencia habitual del niño. Algunas veces se ha puesto considerable énfasis en las intenciones de los progenitores. Véanse: Family Appeal 1026/05 Ploni v. Almonit [Referencia INCADAT: HC/E/Il 865]; Family Application 042721/06 G.K. v Y.K. [Referencia INCADAT: HC/E/Il 939]. No obstante, en otros casos se ha hecho referencia a un enfoque más centrado en el menor. Véase: decisión de la Corte Suprema en C.A. 7206/03, Gabai v. Gabai, P.D. 51(2)241; FamA 130/08 H v H [Referencia INCADAT: HC/E/Il 922]. Nueva Zelanda Asimismo, cabe destacar que, a diferencia del enfoque adoptado en Mozes, la mayoría de los miembros del Tribunal de Apelaciones de Nueva Zelanda rechazó expresamente la idea de que para adquirir una nueva residencia habitual se debe tener una intención establecida de abandonar la residencia habitual existente. Véase: S.K. v K.P. [2005] 3 NZLR 590, [Referencia INCADAT: HC/E/NZ 816]. Suiza En la jurisprudencia suiza se puede ver un enfoque fáctico centrado en la vida del menor: 5P.367/2005/ast, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile) [Referencia INCADAT: HC/E/CH 841]. Reino Unido El enfoque estándar consiste en considerar la intención establecida de las personas a cargo del menor en consonancia con la realidad fáctica de la vida de aquél. Re J. (A Minor) (Abduction: Custody Rights) [1990] 2 AC 562, [1990] 2 All ER 961, [1990] 2 FLR 450, sub nom C. v. S. (A Minor) (Abduction) [Referencia INCADAT: HC/E/UKe 2]. Para una opinión doctrinaria acerca de los diferentes enfoques sobre el concepto de residencia habitual en los países del common law, véanse: R. Schuz, Habitual Residence of Children under the Hague Child Abduction Convention: Theory and Practice, Child and Family Law Quarterly Vol 13 1 (2001) 1. R. Schuz, Policy Considerations in Determining Habitual Residence of a Child and the Relevance of Context, Journal of Transnational Law and Policy Vol. 11, 101 (2001).
¿PUEDE DEJARSE A UN MENOR SIN RESIDENCIA HABITUAL? En la jurisprudencia temprana en virtud del Convenio se advertía una clara reticencia de los tribunales de apelación a concluir que un menor carecía de residencia habitual. Esto se debía a la preocupación de que dicha conclusión tornara el instrumento inaplicable, ver: Reino Unido - Inglaterra y Gales Re F. (A Minor) (Child Abduction) [1992] 1 FLR 548 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 40]; Australia Cooper v. Casey (1995) FLC 92-575 [Cita INCADAT: HC/E/AU 104]. Sin embargo, en años más recientes, se ha reconocido que existen situaciones en las que no es posible considerar que un menor tiene residencia habitual en algún lugar: D.W. & Director-General, Department of Child Safety [2006] FamCA 93, [Cita INCADAT: HC/E/AU 870]. En este caso, la mayoría aceptó que podía decirse que su decisión privaba al menor de los beneficios del Convenio. No obstante, la mayoría argüía que, por lo general, los intereses de los menores podían verse negativamente afectados si los tribunales estaban demasiado dispuestos a resolver que debía concluirse que un progenitor que había intentado una reconciliación en un país extranjero tenía "residencia habitual" en dicho país extranjero al igual que el menor. Reino Unido - Inglaterra y Gales W. and B. v. H. (Child Abduction: Surrogacy) [2002] 1 FLR 1008 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 470]; Reino Unido - Escocia Robertson v. Robertson 1998 SLT 468 [Cita INCADAT: HC/E/UKs 194]; D. v. D. 2002 SC 33 [Cita INCADAT: HC/E/UKs 351]; Nueva Zelanda S.K. v. K.P. [2005] 3 NZLR 590, [Cita INCADAT: HC/E/NZ 816]; Estados Unidos de América Delvoye v. Lee, 329 F.3d 330 (3rd Cir. 2003) [Cita INCADAT: HC/E/USf 529]; Ferraris v. Alexander, 125 Cal. App. 4th 1417 (2005) [Cita INCADAT: HC/E/US 797]. ¿Puede un Menor tener más de una Residencia Habitual?
¿PUEDE UN MENOR TENER MÁS DE UNA RESIDENCIA HABITUAL? Los comentaristas académicos han sostenido durante mucho tiempo que si la naturaleza fáctica del factor de conexión ha de respetarse, pueden surgir situaciones en las que una persona tenga residencia habitual en más de un lugar en un momento dado, ver en particular: Clive E. M., The Concept of Habitual Residence, Juridical Review (1997), 137. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del Reino Unido en Inglaterra ha aceptado en el contexto de la jurisdicción en materia de divorcio que es posible que un adulto tenga residencia habitual en dos lugares simultáneamente, ver: Ikimi v. Ikimi [2001] EWCA Civ 873, [2002] Fam 72. No obstante, los tribunales en el marco de procesos en virtud del Convenio han adoptado la opinión de que un menor sólo puede tener un lugar de residencia habitual, ver, por ejemplo: Canadá SS-C c GC, Cour supérieure (Montréal), 15 août 2003, n° 500-04-033270-035, [Cita INCADAT: HC/E/CA 916]; Wilson v. Huntley (2005) A.C.W.S.J. 7084; 138 A.C.W.S. (3d) 1107 [Cita INCADAT: HC/E/CA 800]. Reino Unido - Inglaterra y Gales Re V. (Abduction: Habitual Residence) [1995] 2 FLR 992, [Cita INCADAT: HC/E/UKe 45]. En este caso en el que las vidas de los menores alternaban entre Grecia e Inglaterra, el tribunal sostuvo que su residencia habitual también variaba. El tribunal descartó que tuvieran residencias habituales concurrentes tanto en Grecia como en Inglaterra. Estados Unidos de América Friedrich v. Friedrich, 983 F.2d 1396, (6th Cir. 1993) [Cita INCADAT: HC/E/USf 142]. Reubicaciones
REUBICACIONES Cuando existan pruebas claras de la intención de emprender una nueva vida en otro estado, la residencia habitual existente se perderá y se adquirirá una nueva dentro de un período de tiempo breve, ver: Canadá DeHaan v. Gracia [2004] AJ No.94 (QL), [2004] ABQD 4, [Cita INCADAT: HC/E/CA 576]; Reino Unido - Inglaterra y Gales Re J. (A Minor) (Abduction: Custody Rights) [1990] 2 AC 562 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 2]; Re F. (A Minor) (Child Abduction) [1992] 1 FLR 548, [Cita INCADAT: HC/E/UKe 40].
Mudanzas sin término de finalización
MUDANZAS SIN TÉRMINO DE FINALIZACIÓN Cuando una mudanza carece de término de finalización o podría carecer de término de finalización, la residencia habitual al momento de la mudanza puede perderse y una nueva adquirirse con relativa celeridad, ver: Reino Unido - Inglaterra y Gales (Caso fuera del ámbito de aplicación del Convenio) Al Habtoor v. Fotheringham [2001] EWCA Civ 186, [Cita INCADAT: HC/E/UKe 875]; Nueva Zelanda Callaghan v. Thomas [2001] NZFLR 1105 [Cita INCADAT: HC/E/NZ 413]; Reino Unido - Escocia Cameron v. Cameron 1996 SC 17, 1996 SLT 306, 1996 SCLR 25 [Cita INCADAT: HC/E/UKs 71]; Moran v. Moran 1997 SLT 541 [Cita INCADAT: HC/E/UKs 74]; Estados Unidos de América Karkkainen v. Kovalchuk, 445 F.3d 280 (3rd Cir. 2006), [Cita INCADAT: HC/E/USf 879].
Mudanzas con término de finalización
MUDANZAS CON TÉRMINO DE FINALIZACIÓN Cuando una mudanza posee un término de finalización, aunque sea por un período de tiempo extenso, ciertos Estados Contratantes han aceptado que la residencia habitual existente puede conservarse a lo largo de aquella, ver: Dinamarca Ø.L.K., 5. Abril 2002, 16. afdeling, B-409-02 [Cita INCADAT: HC/E/DK 520]; Reino Unido - Inglaterra y Gales Re H. (Abduction: Habitual Residence: Consent) [2000] 2 FLR 294; [2000] 3 FCR 412 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 478]; Estados Unidos de América Morris v. Morris, 55 F. Supp. 2d 1156 (D. Colo., Aug. 30, 1999) [Cita INCADAT: HC/E/USf 306]; Mozes v. Mozes, 239 F.3d 1067 (9th Cir. 2001) [Cita INCADAT: HC/E/USf 301]. No obstante, cuando una mudanza había de extenderse por dos años, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Tercer Circuito concluyó que se producía un cambio de residencia habitual poco después de la mudanza, ver: Whiting v. Krassner, 391 F.3d 540 (3rd Cir. 2004) [Cita INCADAT: HC/E/US 778]. En un fallo inglés de primera instancia, se sostuvo que un menor había adquirido residencia habitual en Alemania luego de cinco meses si bien la familia se había mudado allí sólo por un traslado temporal de seis meses, ver: Re R. (Abduction: Habitual Residence) [2003] EWHC 1968 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 580]. [Traudcción en curso] The Court of Appeal of China (Hong Kong SAR) found that a 21 month move led to a change in habitual residence: B.L.W. v. B.W.L. [2007] 2 HKLRD 193, [Cita INCADAT: HC/E/HK 975]. Acuerdos de Custodia Compartida y Acuerdos / Decisiones Judiciales que Establecen Jurisdicción
ACUERDOS DE CUSTODIA COMPARTIDA Y ACUERDOS / DECISIONES JUDICIALES QUE ESTABLECEN JURISDICCIÓN La jurisprudencia en virtud del Convenio da a conocer varios ejemplos de casos en que las partes o un tribunal pretenden impedir futuros procesos judiciales en el fuero adecuado mediante el establecimiento de jurisdicción en el Estado Contratante actualmente en posesión de la acción. Es tales casos, habitualmente se contempla que el menor se mudará a otro Estado por un período extenso, a menudo de conformidad con un "acuerdo de custodia compartida", antes de regresar al Estado de origen designado. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que, con frecuencia, surgirán conflictos acerca del lugar de residencia habitual del menor si ha permanecido fuera del Estado de origen designado por un período de tiempo extenso. En casos en que el niño/menor no es restituido al Estado de origen designado, los intentos de ejecutar un acuerdo de jurisdicción en el otro Estado Contratante han fracasado, ver: Suecia A.F.J. v. T.J., Supreme Administrative Court (Regeringsrätten) RÅ 1996 ref 52, 9 de mayo de 1996 [Cita INCADAT: HC/E/SE 80]; Canadá Wilson v. Huntley (2005) A.C.W.S.J. 7084; 138 A.C.W.S. (3d) 1107 [Cita INCADAT: HC/E/CA 800]. No obstante, en un caso en que un menor fue trasladado, con su participación voluntaria, al Estado de origen designado, la decisión sobre jurisdicción se ratificó en vista de una posterior solicitud de restitución, ver: Israel Family case 107064/99 K.L v. N.D.S., [Cita INCADAT: HC/E/IL 835]. Para un ejemplo de un caso en que los padres intentaron incorporar una cláusula de jurisdicción en un acuerdo de custodia y sin restringir la evolución de la residencia habitual de los hijos, ver: Nueva Zelanda Winters v. Cowen [2002] NZFLR 927 [Cita INCADAT: HC/E/NZ 473]. La interpretación hecha por el Regeringsratten (Suecia) en A.F.J. v. T.J. (ver arriba), según la cual la residencia habitual de un menor cambiará independientemente de la existencia de una cláusula de jurisdicción en un acuerdo de custodia compartida con traslado refleja la interpretación adoptada por: el Tribunal Superior de Justicia (Court of Session) de Escocia en Watson v. Jamieson 1998 SLT 180 [Cita INCADAT: HC/E/UKs 75]; el Tribunal de Apelaciones de Nueva Zelanda en Punter v. Secretary for Justice [2004] 2 NZLR 28 [Cita INCADAT: HC/E/NZ 583] y, el Tribunal Superior de Justicia de Ontario (Canadá) en Wilson v. Huntley (2005) A.C.W.S.J. 7084; 138 A.C.W.S. (3d) 1107 [Cita INCADAT: HC/E/CA 800]. Asimismo, debería hacerse referencia al Informe de la Tercera Reunión de la Comisión Especial sobre el Funcionamiento del Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (17 - 21 de marzo de 1997) en párr. 16: Los "acuerdos de Custodia Alternativa" o "conjunta" pueden dar lugar a problemas al momento de determinar la residencia habitual del menor. La cuestión radica en establecer si dichos acuerdos pueden determinar la residencia habitual en forma vinculante para los tribunales a los que se les hubiera solicitado la restitución del menor, por ej., mediante la inclusión de una cláusula adicional que establezca que la falta de restitución del menor en la fecha acordada constituye retención ilícita en virtud del Convenio u otros tipos de cláusulas de elección de foro. No obstante, dichas cláusulas de elección de foro no se encuentran previstas en el Convenio y las partes del acuerdo no deberían tener la facultad de crear una residencia habitual que no coincida con la residencia habitual de hecho del menor. En primer lugar, esto se debe a que el concepto de "residencial habitual" en virtud del Convenio se considera una cuestión puramente fáctica y, en segundo lugar, a que el Convenio prevé un recurso muy específico aplicable en casos de emergencia y no tiene por objeto resolver conflictos parentales sobre el fondo de los derechos de custodia.' Para comentarios académicos ver: Beaumont P.R. and McEleavy P.E., The Hague Convention on International Child Abduction, OUP, Oxford, 1999 en pp. 99-101; Schiratzki J., Friends at Odds - Construing Habitual Residence for Children in Sweden and the United States, International Journal of Law, Policy and the Family (2001), 297 - 326; Schuz R., Habitual Residence of Children under the Hague Child Abduction Convention: Theory and Practice, (2001) Child and Family Law Quarterly 1.
Cuestiones de Jurisdicción en virtud del Convenio de La Haya
Traducción en curso. - Por favor remítase a la versión inglesa.
LUGAR DE RESTITUCIÓN El Artículo 12 del Convenio no prescribe el lugar al que debe restituirse el menor. Los redactores querían que la disposición fuera lo suficientemente amplia para permitir la restitución a un Estado ajeno al de residencia habitual del menor. Sin embargo, el Preámbulo deja en claro la intención general es que la restitución se efectúe en este último Estado. Por supuesto, la restitución al Estado de residencia habitual no requiere en sí misma que el menor sea asignado al cuidado del padre solicitante o en efecto de una agencia del Estado; muy a menudo, el menor permanecerá al cuidado del sustractor mientras se encuentre pendiente la decisión del caso de custodia sustantiva. Asimismo, una restitución no implica necesariamente la restitución al lugar particular del Estado en que el menor vivía previamente. Los tribunales han aprovechado la flexibilidad de la redacción del Artículo 12 al tratar solicitudes de restitución, ver: Australia Murray v. Director, Family Services (1993) FLC 92-416 [Cita INCADAT: HC/E/AU 113]. El Tribunal Superior de Apelaciones (Full Court) sugirió que la madre y los hijos regresaran a un lugar de Nueva Zelanda diferente de aquél en el que vivían previamente a fin de evitar el peligro a manos del padre solicitante. Israel G. v. B., 25 de abril de 2007, Tribunal de Familia, Beersheva [Cita INCADAT: HC/E/IL 910]. Se ordenó que el menor fuera restituido a Bélgica, el país donde había de vivir, aunque no era su Estado de residencia habitual con anterioridad al traslado. Canadá Espiritu v. Bielza, [2007] O.J. No. 1587; 2007 ONCJ 175; 39 R.F.L. (6th) 218; 2007 CarswellOnt 2546, [Cita INCADAT: HC/E/CA 728]. Para el debate acerca de la redacción del Artículo 12, ver: P. Beaumont & P. McEleavy The Hague Convention on International Child Abduction, Oxford OUP, 1999.
Restitución inmediata
Restitución Posterior al período del Art. 12
FUENTES DEL DERECHO DE CUSTODIA Análisis de jurisprudencia de INCADAT en curso de preparación.
¿Quien puedes obtener el derecho de custodia pora los efectos del convenio?
¿QUÉ SE ENTIENDE POR DERECHO DE CUSTODIA A LOS FINES DEL CONVENIO? Los tribunales de una abrumadora mayoría de Estados Contratantes han aceptado que un derecho de veto sobre el traslado del menor de la jurisdicción equivale a un derecho de custodia a los fines del Convenio, ver: Australia En el caso Marriage of Resina [1991] FamCA 33, [Cita INCADAT: HC/E/AU 257]; State Central Authority v. Ayob (1997) FLC 92-746, 21 Fam. LR 567 [Cita INCADAT: HC/E/AU 232]; Director-General Department of Families, Youth and Community Care and Hobbs, 24 de septiembre de 1999, Tribunal de Familia de Australia (Brisbane) [Cita INCADAT: HC/E/AU 294]; Austria 2 Ob 596/91, Oberster Gerichtshof, 05/02/1992 [Cita INCADAT: HC/E/AT 375]; Canadá Thomson v. Thomson [1994] 3 SCR 551, 6 RFL (4th) 290 [Cita INCADAT: HC/E/CA 11]; La Corte Suprema estableció una distinción entre una cláusula de no traslado en una orden de custodia provisoria y definitiva. Sugirió que si una cláusula de no traslado incluida en una orden de custodia definitiva se considerara un derecho de custodia a los fines del Convenio, ello tendría serias implicancias para los derechos de movilidad de la persona que ejerce el cuidado primordial del menor. Thorne v. Dryden-Hall, (1997) 28 RFL (4th) 297 [Cita INCADAT: HC/E/CA 12]; Decision of 15 December 1998, [1999] R.J.Q. 248 [Cita INCADAT: HC/E/CA 334]; Reino Unido - Inglaterra y Gales C. v. C. (Minor: Abduction: Rights of Custody Abroad) [1989] 1 WLR 654, [1989] 2 All ER 465, [1989] 1 FLR 403, [1989] Fam Law 228 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 34]; Re D. (A Child) (Abduction: Foreign Custody Rights) [2006] UKHL 51, [Cita INCADAT: HC/E/UKe 880]; Francia Ministère Public c. M.B., 79 Rev. crit. 1990, 529, note Y. Lequette [Cita INCADAT: HC/E/FR 62]; Alemania 2 BvR 1126/97, Bundesverfassungsgericht, (Tribunal Constitucional Federal), [Cita INCADAT: HC/E/DE 338]; 10 UF 753/01, Oberlandesgericht Dresden, [Cita INCADAT: HC/E/DE 486]; Reino Unido - Escocia Bordera v. Bordera 1995 SLT 1176 [Cita INCADAT: HC/E/UKs 183]; A.J. v. F.J. [2005] CSIH 36, 2005 1 SC 428 [Cita INCADAT: HC/E/UKs 803]; Sudáfrica Sonderup v. Tondelli 2001 (1) SA 1171 (CC), [Cita INCADAT: HC/E/ZA 309]; Suiza 5P.1/1999, Tribunal fédéral suisse, (Swiss Supreme Court), 29 March 1999, [Cita INCADAT: HC/E/CH 427]. Estados Unidos de América [Traducción en curso - Por favor remítase a la versión inglesa] Right to Object to a Removal [Traducción en curso - Por favor remítase a la versión inglesa] Para comentarios académicos ver: P. Beaumont & P. McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction, Oxford, OUP, 1999, p. 75 ss; M. Bailey, The Right of a Non-Custodial Parent to an Order for Return of a Child Under the Hague Convention, Canadian Journal of Family Law, 1996, p. 287. C. Whitman, Croll v Croll: The Second Circuit Limits 'Custody Rights' Under the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction, 2001 Tulane Journal of International and Comparative Law 605. Interpretación Autónoma de los conceptos de
INTERPRETACIÓN AUTÓNOMA DE LOS CONCEPTOS DE "DERECHOS DE CUSTODIA" E "ILICITUD" En ocasiones, han surgido conflictos entre los tribunales de diferentes Estados Contratantes acerca de los resultados en casos particulares. Esto se ha dado principalmente con respecto a la interpretación de los derechos de custodia o la cuestión separada pero relacionada de la "ilicitud" de un traslado o una retención. Conflicto Basado en el Alcance del concepto de "Derechos de Custodia" Si bien la abrumadora mayoría de los Estados Contratantes han aceptado una interpretación uniforme de los derechos de custodia a los fines del Convenio, existen algunas diferencias. Por ejemplo: en Nueva Zelanda prevalece una visión muy amplia - Gross v. Boda [1995] 1 NZLR 569 [Cita INCADAT: HC/E/NZ 66]. Sin embargo, en partes de los Estados Unidos de América se favorece una visión restringida - Croll v. Croll, 229 F.3d 133 (2d Cir., 2000; cert. den. Oct. 9, 2001) [Cita INCADAT: HC/E/USf 313]. Por consiguiente, cuando una solicitud de restitución involucra cualquiera de estos Estados, puede surgir un conflicto con el otro Estado Contratante acerca de si existe o no un derecho de custodia y, por lo tanto, si el traslado o la retención es ilícito. Nueva Zelanda / Reino Unido - Inglaterra y Gales Hunter v. Murrow [2005] EWCA Civ 976, [2005] 2 F.L.R. 1119 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 809]. Una decisión afirmativa de ilicitud por parte de los tribunales del Estado de residencia habitual del menor en Nueva Zelanda fue rechazada por el Tribunal de Apelaciones inglés que resolvió que el padre solicitante carecía de derechos de custodia a los fines del Convenio. Reino Unido - Escocia / Estados Unidos de América (Virginia) Fawcett v. McRoberts, 326 F.3d 491, 500 (4th Cir. 2003), certificación denegada 157 L. Ed. 2d 732, 124 S. Ct. 805 (2003) [Cita INCADAT: HC/E/USf 494]. A efectos del derecho escocés, el traslado del menor constituía una violación de los derechos de custodia en ejercicio. Sin embargo, esta opinión fue rechazada por el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el 4º Circuito. Estados Unidos de América / Reino Unido - Inglaterra y Gales Re P. (A Child) (Abduction: Acquiescence) [2004] EWCA CIV 971, [2005] Fam. 293, [Cita INCADAT: HC/E/UKe 591]. Mediante la emisión de una orden de restitución, el Tribunal de Apelaciones sostuvo que los derechos otorgados al padre a través de la orden de custodia de Nueva York constituían derechos de custodia a los fines del Convenio, ya sea que el derecho estadual o federal de Nueva York así los considerara a los fines locales o del Convenio. Conflicto Basado en la Interpretación del concepto de "Ilicitud" Reino Unido - Inglaterra y Gales Tradicionalmente, el Tribunal de Apelaciones ha considerado que la cuestión de ilicitud es una cuestión correspondiente al derecho del foro, independientemente del derecho del Estado de residencia habitual del menor. Re F. (A Minor)(Abduction: Custody Rights Abroad) [1995] Fam 224 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 8]. Mientras que, en virtud de la legislación de Colorado, el progenitor demandado tenía derecho a trasladar a su hijo fuera de la jurisdicción en forma unilateral, el traslado, sin embargo, era considerado ilícito por el Tribunal de Apelaciones inglés. Re P. (A Child) (Abduction: Acquiescence) [2004] EWCA CIV 971, [2005] Fam. 293, [Cita INCADAT: HC/E/UKe 591]; Hunter v. Murrow [2005] EWCA Civ 976, [2005] 2 F.L.R. 1119 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 809]. En el ejemplo más extremo, se aplicó este razonamiento no obstante una declaración Artículo 15 en contrario, ver: Deak v. Deak [2006] EWCA Civ 830, [2005] 2 F.L.R. 1119 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 866]. Sin embargo, este fallo fue revocado por la Cámara de los Lores que sostuvo en forma unánime que toda vez que se pretende un declaración Artículo 15, el fallo del tribunal extranjero respecto del contenido de los derechos de los que goza el solicitante debe tratarse como concluyente, excepto en casos excepcionales en los que, por ejemplo, el fallo se haya obtenido por fraude o en violación de las normas de la justicia natural: Re D. (A Child) (Abduction: Foreign Custody Rights) [2006] UKHL 51, [2007] 1 A.C. 619, [Cita INCADAT: HC/E/UKe 880]. En otros lugares, ha habido una preferencia expresa o tácita por la aplicación general del derecho del Estado de residencia habitual del menor a la cuestión de ilicitud, ver: Australia S. Hanbury-Brown and R. Hanbury-Brown v. Director General of Community Services (Central Authority), (1996) FLC 92-671 [Cita INCADAT: HC/E/AU 69]; Austria 3Ob89/05t, Oberster Gerichtshof (Tribunal Superior austriaco), 11/05/2005 [Cita INCADAT: HC/E/AT 855]; 6Ob183/97y, Oberster Gerichtshof (Tribunal Superior austriaco), 19/06/1997 [Cita INCADAT: HC/E/AT 557]; Canadá Droit de la famille 2675, Cour supérieure de Québec, 22 de abril de 1997, No 200-04-003138- 979 [Cita INCADAT: HC/E/CA 666]; Alemania 11 UF 121/03, Oberlandesgericht Hamm, [Cita INCADAT: HC/E/DE 822]; 2 UF 115/02, Oberlandesgericht Karlsruhe, [Cita INCADAT: HC/E/DE 944]; Estados Unidos de América Carrascosa v. McGuire, 520 F.3d 249 (3rd Cir. 2008), [Cita INCADAT: HC/E/USf 970]. El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el 3º Circuito se rehusó a reconocer una orden de no restitución española y concluyó que los tribunales españoles habían aplicado su propio derecho en lugar del derecho de Nueva Jersey al momento de evaluar si el padre solicitante gozaba de derechos de custodia. Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha estado preparada para intervenir en caso de aplicación errónea de la interpretación de los derechos de custodia: Monory v. Hungary & Romania, (2005) 41 E.H.R.R. 37, [Cita INCADAT: HC/E/ 802]. En Monory, el TEDH resolvió que había habido una violación del derecho a la vida familiar previsto en el Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) cuando los tribunales rumanos habían malinterpretado el Artículo 3 del Convenio de La Haya de manera tal que las garantías del último instrumento fueran violadas. Ejercicio Efectivo de los Derechos de Custodia
EJERCICIO EFECTIVO DE LOS DERECHOS DE CUSTODIA Los tribunales de diversos Estados Contratantes le han asignado una interpretación amplia al concepto de ejercicio efectivo de los derechos de custodia, ver: Australia Director General, Department of Community Services Central Authority v. J.C. and J.C. and T.C. (1996) FLC 92-717 [Cita INCADAT: HC/E/AU 68]; Austria 8Ob121/03g, Oberster Gerichtshof (Tribunal Superior austriaco), 30/10/2003 [Cita INCADAT: HC/E/AT 548]; Bélgica N° de rôle: 02/7742/A, Tribunal de première instance de Bruxelles 6/3/2003 [Cita INCADAT: HC/E/BE 545]; Reino Unido - Inglaterra y Gales Re W. (Abduction: Procedure) [1995] 1 FLR 878; [Cita INCADAT: HC/E/UKe 37]; Francia CA Aix en Provence 23/03/1989, Ministère Public c. M. B., [Cita INCADAT: HC/E/FR 62]; CA Amiens 4 mars 1998, n° 5704759 [Cita INCADAT: HC/E/FR 704]; CA Aix en Provence 8/10/2002, L. c. Ministère Public, Mme B et Mesdemoiselles L (N° de rôle 02/14917) [Cita INCADAT: HC/E/FR 509]; Alemania 11 UF 121/03, Oberlandesgericht Hamm, [Cita INCADAT: HC/E/DE 822]; 21 UF 70/01, Oberlandesgericht Köln, [Cita INCADAT : HC/E/DE 491]; Nueva Zelanda The Chief Executive of the Department for Courts for R. v. P., 20 de septiembre de 1999, Tribunal de Apelaciones de Nueva Zelanda [Cita INCADAT: HC/E/NZ 304]; Reino Unido - Escocia O. v. O. 2002 SC 430 [Cita INCADAT: HC/E/UKs 507]. En el caso anterior, el Tribunal Superior de Justicia (Court of Session) afirmó que podría estar yendo muy lejos al sugerir, al igual que el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Sexto Circuito en Friedrich v. Friedrich (ver a continuación bajo el título Estados Unidos de América), que sólo actos claros e inequívocos de abandono podrían constituir una falta de ejercicio de derechos de custodia. Sin embargo, Friedrich fue plenamente aprobado en una sentencia posterior del Tribunal Superior de Justicia, ver: S. v S., 2003 SLT 344 [Cita INCADAT: HC/E/UKs 577]. Esta interpretación fue ratificada por la Cámara Interna (Inner House) del Tribunal Superior de Justicia (tribunal de apelaciones) en: A.J. v. F.J. 2005 CSIH 36, 2005 1 S.C. 428 [Cita INCADAT: HC/E/UKs 803]; Suiza K. v. K., Tribunal cantonal de Horgen [Cita INCADAT: HC/E/SZ 299]; 449/III/97/bufr/mour, Cour d'appel du canton de Berne, [Cita INCADAT : HC/E/CH 433]; 5A_479/2007/frs, Tribunal fédéral, IIè cour civile, [Cita INCADAT : HC/E/CH 953]; Estados Unidos de América Friedrich v. Friedrich, 78 F.3d 1060 (6th Cir) [Cita INCADAT: HC/E/USf 82]; Sealed Appellant v. Sealed Appellee, 15 de diciembre de 2004, Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Quinto Circuito [Cita INCADAT: HC/E/USf 779]; Abbott v. Abbott, 130 S. Ct. 1983 (2010), [Cita INCADAT: HC/E/USf 1029]. Ver, en general, Beaumont P.R. and McEleavy P.E., The Hague Convention on International Child Abduction, OUP, Oxford, 1999 en p. 84 y ss.
Derechos de Custodia Pronunciados por un Tribunal
DERECHOS DE CUSTODIA PRONUNCIADOS POR UN TRIBUNAL Resumen INCADAT en curso de preparación.
DERECHOS DE CUSTODIA IMPERFECTOS La invocación de "derechos de custodia imperfectos", el otorgamiento de un recurso en virtud del Convenio a solicitantes que han cuidado activamente de menores trasladados o retenidos pero que carecen de derechos de custodia legales, fue identificada por primera vez en la decisión inglesa: Re B. (A Minor) (Abduction) [1994] 2 FLR 249 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 4], y seguida posteriormente en dicha jurisdicción en: Re O. (Child Abduction: Custody Rights) [1997] 2 FLR 702, [1997] Fam Law 781 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 5]; Re G. (Abduction: Rights of Custody) [2002] 2 FLR 703 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 505]. El concepto ha sido objeto de consideración judicial en: Re W. (Minors) (Abduction: Father's Rights) [1999] Fam 1 [Cita INCADAT: HC/E/Uke 503]; Re B. (A Minor) (Abduction: Father's Rights) [1999] Fam 1 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 504]; Re G. (Child Abduction) (Unmarried Father: Rights of Custody) [2002] EWHC 2219 (Fam); [2002] ALL ER (D) 79 (Nov), [2003] 1 FLR 252 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 506]. En una decisión inglesa de primera instancia: Re J. (Abduction: Declaration of Wrongful Removal) [1999] 2 FLR 653 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 265], se puso en duda si el concepto era congruente con la decisión de la Cámara de los Lores en Re J. (A Minor)(Abduction: Custody Rights) [1990] 2 AC 562, [1990] 2 All ER 961, [1990] 2 FLR 450, sub nom C. v. S. (A Minor) (Abduction) [Cita INCADAT: HC/E/UKe 2] donde se sostuvo que la custodia de facto no eran suficiente para constituir derechos de custodia a los fines del Convenio. El concepto de "derechos de custodia imperfectos" ha cosechado apoyo y oposición en otros Estados Contratantes. El concepto ha cosechado apoyo en: Nueva Zelanda Anderson v. Paterson [2002] NZFLR 641 [Cita INCADAT: HC/E/NZ 471]. Sin embargo, el concepto fue expresamente rechazado por la mayoría del Tribunal Supremo de Irlanda en la decisión de: H.I. v. M.G. [1999] 2 ILRM 1; [2000] 1 IR 110 [Cita INCADAT: HC/E/IE 284]. Keane J. afirmó que se iría demasiado lejos al aceptar que había "un área remota indefinida de derechos de custodia imperfectos no atribuidos en ningún sentido por el derecho del estado requirente a la parte que los invoca o al propio tribunal, sino un reconocimiento por parte del estado requerido de su capacidad de protección en virtud de los términos del Convenio." Para una crítica académica del concepto, ver: Beaumont P.R. and McEleavy P.E., The Hague Convention on International Child Abduction, Oxford, OUP, 1999, en p. 60. Actualizado el 31 de marzo de 2005 y el 17 de febrero de 2009.
Jurisprudencia de Nueva Zelanda - Derechos de Custodia
JURISPRUDENCIA DE NUEVA ZELANDA - DERECHOS DE CUSTODIA Los tribunales de Nueva Zelanda le han atribuido una interpretación muy amplia a los derechos de custodia a los fines del Convenio. Notablemente, se ha afirmado que un derecho a la tenencia y cuidado por términos interrumpidos de un menor se puede considerar como un derecho de custodia además de constituir un derecho de visita. No se ha presentado al tribunal ningún motivo convincente para postular una dicotomía precisa entre los conceptos de custodia y visitas. Gross v. Boda [1995] 1 NZLR 569 [Cita INCADAT: HC/E/NZ 66]; Dellabarca v. Christie [1999] 2 NZLR 548 [Cita INCADAT: HC/E/NZ 295]; Anderson v. Paterson [2002] NZFLR 641 [Cita INCADAT: HC/E/NZ 471]. Esta interpretación ha sido expresamente rechazada en otros lugares: Reino Unido - Inglaterra y Gales Hunter v. Murrow [2005] EWCA Civ 976, [2005] 2 F.L.R. 1119 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 809].
DECLARACIÓNES DEL ARTÍCULO 15 Preparación del análisis de jurisprudencia de INCADAT en curso.
PATRIA POTESTAS Traducción en curso. - Por favor remítase a la versión inglesa o francesa.
CARACTER LIMITADO DE LAS EXCEPCIONES Preparación del análisis de jurisprudencia de INCADAT en curso.
CARÁCTER DISCRECIONAL DE LAS EXCEPCIONES La redacción del Artículo 13 aclara que cuando se establece una de las excepciones constitutivas al estándar requerido por el Convenio, la expedición de una orden de no-restitución no es inevitable, por el contrario, el Tribunal en poder de la solicitud de restitución tiene discreción para expedir o no una orden de restitución. La reciente visión general más amplia del ejercicio de la discreción para la restitución en los casos de sustracción de menores ha surgido en la decisión de la jurisdicción suprema del Reino Unido, la Cámara de los Lores, en Re M. (Children) (Abduction: Rights of Custody) [2007] UKHL 55, [2008] 1 AC 1288, [Cita INCADAT: HC/E/UKe 937]. En ese caso, la Baronesa Hale afirmó que estaría mal importar cualquier prueba de discreción en virtud del Convenio de la Haya. Las circunstancias en las cuales se podría denegar una restitución eran en sí mismas excepciones a la regla general. No era necesario ni deseable importar un comentario adicional al Convenio. La manera en la cual se ejercería la discreción diferiría dependiendo de los hechos del caso; las consideraciones de política general, incluyendo no sólo la pronta restitución de los menores sustraídos, sino también la cortesía entre los Estados Contratantes, el respeto mutuo por los procesos judiciales y la disuasión para no cometer sustracciones, tendrían que ser ponderadas con respecto a los intereses del menor en el caso individual. Un tribunal estaría facultado para tener en cuenta los diversos aspectos de la política del Convenio, junto con las circunstancias que le dieron al tribunal una discreción en primer lugar y las consideraciones más amplias de los derechos y el bienestar del menor. Algunas veces se le daría más peso a los objetivos del Convenio que a las otras consideraciones y otras veces no. El carácter discrecional de las excepciones se ve más comúnmente dentro del contexto del Artículo 13(2) - objeciones de un menor maduro - pero hay igualmente ejemplos de órdenes de restitución otorgadas a pesar de haberse establecido otras excepciones. Consentimiento Australia Kilah & Director-General, Department of Community Services [2008] FamCAFC 81 [Cita INCADAT: HC/E/AU 995] Reino Unido - Inglaterra y Gales Re D. (Abduction: Discretionary Return) [2000] 1 FLR 24 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 267] Aceptación posterior Nueva Zelanda U. v. D. [2002] NZFLR 529 [Cita INCADAT: HC/E/NZ 472]. Riesgo Grave Nueva Zelanda McL. v. McL., 12/04/2001, transcript, Family Court at Christchurch (New Zealand) [Cita INCADAT: HC/E/NZ 538] Puede observarse que en la apelación inglesa Re D. (Abduction: Rights of Custody) [2006] UKHL 51; [2007] 1 AC 619 [Cita INCADAT: HC/E/ UKe 880] la Baronesa Hale sostuvo que era inconcebible que se pudiera restituir a un menor cuando se estableciera la existencia de un riesgo
Impacto del sustractor que solicita asilo / estado de refugiado
IMPACTO DEL SUSTRACTOR QUE SOLICITA ASILO / ESTADO DE REFUGIADO En ocasiones un progenitor sustractor solicitará asilo político o estado de refugiado en el Estado de refugio. Cuando ha ocurrido esto, el Estado de residencia habitual del menor normalmente no ha sido un Estado Contratante del Convenio de la Haya de 1980. No obstante ello el tribunal a cargo de la restitución fuera del Convenio debe decidir cómo ponderar las consideraciones generales de política de sustracción de menores respecto del otorgamiento real (o posible) del estado de refugiado o asilo. Canadá The Matter of the Children's Law Reform Act: Between S. Del Carmen Miranda de Martinez v. G. Martinez-Jarquin (18 July 1990), transcript, Ontario Court; Provincial Division (Canada) [Cita INCADAT: HC/E/CA 368] El Consejo de Inmigración Canadiense le otorgó el estado de refugiado a un sustractor salvadoreño y a sus hijos. En los procedimientos de sustracción subsiguientes el Tribunal de Ontario; División Provincial sostuvo que se le debería dar un peso significativo a las conclusiones del Consejo pero agregó que la cuestión que tenía que decidir era diferente. Falló que cualquier conflicto percibido entre las cuestiones del refugiado y la sustracción de menores debería resolverse a favor de la política enunciada por Ontario y consagrada en el Convenio de la Haya. Se ordenó la restitución. Kovacs v. Kovacs (2002), 59 O.R. (3d) 671 (Sup. Ct.) [Cita INCADAT: HC/E/CA 760] Una madre húngara y un menor de origen rumano solicitaron el estado de refugiados al llegar a Canadá. El Tribunal Superior de Justicia de Ontario falló que se podía expedir una orden de restitución de un menor mientras estuviera pendiente un reclamo de refugiado en nombre del menor. El Convenio de la Haya demandó que se diera un tratamiento expeditivo a las solicitudes de restitución. Usualmente las solicitudes del Convenio se podrían completar en unos pocos meses. Los reclamos de refugiado llevaron un año o más. No se puede permitir que un reclamo de refugiado frustre los objetivos del Convenio. Canada (Citizenship and Immigration) v. Garcia, 2007 FCA 75, [2008] 1 F.C.R. 322 [Cita INCADAT: HC/E/CA 727]. El Tribunal Federal de Apelaciones decidió que la orden de no restitución del Tribunal de Apelaciones de Quebec, respecto de uno de los niños, no contravenía directamente la orden de deportación que había sido dictada. Esta decisión más bien desestimaba la solicitud de restitución presentada por el padre -no incluía una orden específica sobre el lugar de residencia del niño. Además, el hecho de que el Tribunal de Apelaciones de Quebec considerara que el niño se encontraba integrado a su nuevo medio no era suficiente para justificar que la decisión de deportación de IRPA s. 50(a) se mantuviera. 2008 QCSC 4762, Superior Court of Québec (District of Montreal), No: 500-04-048266-085, [Cita INCADAT: HC/E/CA 925]. La solicitud de la madre pidiendo se le reconozca estado de refugiada no afectó la solicitud realizada en virtud del Convenio de La Haya, porque el niño era americano, y tenía derecho a vivir en Estados Unidos. Reino Unido - Inglaterra y Gales Re S. (Children) (Abduction: Asylum Appeal) [2002] EWCA Civ 843, [2002] 1 WLR 2548 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 590] Una madre solicitó asilo después de llevarse a sus hijos de India ostensiblemente por unas vacaciones de dos meses. Argumentó que el artículo 15 de la Ley de Inmigración y Asilo de 1999, que daba efecto local en el Reino Unido al Artículo 33 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, prohibía la restitución de los menores a India. La disposición establece: '(1) Durante el período que comienza cuando una persona realiza un reclamo de asilo y que finaliza cuando el Secretario de Estado le notifica la decisión respecto del reclamo, la persona no puede ser trasladada del Reino Unido, ni se le puede exigir que abandone el Reino Unido. (2) ‘El Inciso (1) no impide -(a) que se den directivas para su traslado durante ese período; (b) que se expida una orden de deportación durante ese período.' El Tribunal de Apelaciones aceptó el argumento del padre de que el artículo 15 sólo era vinculante para el poder ejecutivo y como tal no creaba ninguna excepción a las obligaciones que surgen del Artículo 12 del Convenio de la Haya ni estaba destinado a circunscribir la obligación y discreción de un juez que ejerza la competencia de guarda del Tribunal Superior. El Tribunal reconoció que existía un posible interrogante respecto del punto hasta el cual un tribunal de familia frente a un caso de sustracción debería estar obligado a tomar cuenta o cumplir con el Artículo 33 como instrumento autónomo. No brindó ninguna respuesta definitiva sino que estableció que era probable que un juez de familia al menos prestara muy cuidadosa atención a cualquier sugerencia creíble de que el menor pudiera sufrir persecuciones si fuera restituido a su país de origen o de residencia habitual antes de expedir cualquier orden de que se debería efectuar dicho traslado. No obstante en virtud de los hechos del caso se mantuvo la orden de restitución. Re H. (Child Abduction: Mother's Asylum) [2003] EWHC 1820, [2003] 2 FLR 1105 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 587]. Ya se le había otorgado el estado de refugiada a la madre cuando el tribunal dio tratamiento a la solicitud presentada por el padre tendiente a la restitución fuera del Convenio. El Tribunal Superior tuvo que considerar el Artículo 33 del Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Ninguna de las partes pretendió argumentar que el otorgamiento del estado de refugiado era determinante, de un modo u otro, de la solicitud de restitución; en cambio, el padre argumentó que se le debería dar poco peso, la madre peso substancial. En el ejercicio de balance de los factores a favor y en contra de la restitución del menor el juez de primera instancia finalmente decidió que se debía expedir una orden de restitución. Re F. (Children)(Abduction: Removal Outside Jurisdiction) [2008] EWCA Civ. 854, [2008] 2 F.L.R. 1649 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 982]. Después de 3 años de haber producido pruebas de solicitudes fallidas de asilo de que la madre sustractora sería casi inevitablemente deportada se ordenó la restitución. En consecuencia era para el mejor interés de los menores que se les ordenara la restitución a su antiguo Estado de residencia habitual en lugar de trasladarlos al Estado de la nacionalidad de la madre. EM. (Lebanon) v. Secretary of State for the Home Department [2008] UKHL 64, [2009] 1 A.C. 1198 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 994]. Sólo un caso de inmigración. La madre fracasó en su solicitud de asilo, pero finalmente tuvo éxito en argumentar que una restitución conduciría a una violación a su derecho y el del menor a una vida familiar en virtud del Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos [CEDH]. Sin embargo, debe observarse que en los hechos la única ‘vida familiar' del menor era con la madre, no habiendo el padre tenido contacto alguno con el menor desde el día de su nacimiento. Una mayoría del panel (4:1) sostuvo que el carácter discriminatorio del derecho de familia libanés, que habría llevado a la transferencia automática del cuidado del menor, pasando de la madre al padre, una vez que el menor cumpliera 7 años, no habría llevado a una violación de los derechos del Convenio.
Impacto de los procedimientos del Convenio en hermanos / hermanastros
IMPACTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL CONVENIO EN HERMANOS / HERMANASTROS Resumen INCADAT en curso de preparación.
CLASIFICACIÓN DEL CONSENTIMIENTO La clasificación del consentimiento ha traído dificultades. Algunos tribunales efectivamente han considerado que la cuestión del consentimiento hace a la ilicitud del traslado o la retención y por lo tanto debería considerarse dentro del Artículo 3, ver: Australia In the Marriage of Regino and Regino v. The Director-General, Department of Families Services and Aboriginal and Islander Affairs Central Authority (1995) FLC 92-587 [Cita INCADAT: HC/E/AU 312]; Francia CA Rouen, 9 mars 2006, N°05/04340 [Cita INCADA: HC/E/FR 897]; Reino Unido - Inglaterra y Gales Re O. (Abduction: Consent and Acquiescence) [1997] 1 FLR 924 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 54]. Re P.-J. (Children) [2009] EWCA Civ 588 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 1014]. Aunque la jurisprudencia inglesa había establecido claramente que el consentimiento debía ser considerado a la luz del Artículo 13(1) a), ninguno de los miembros de las 2 salas del Tribunal de Apelaciones parecía estar enteramente convencido de esta posición. Del mismo modo, puede hacerse referencia a ejemplos donde los jueces de primera instancia no consideraron la distinción del Artículo 13(1) a), pero en los que el consentimiento, en términos de una conformidad inicial con la medida, se ha considerado incorrecto/contrario a la ley; por ejemplo: Canadá F.C. c. P.A., Droit de la famille - 08728, Cour supérieure de Chicoutimi, 28 mars 2008, N°150-04-004667-072 [Cita INCADAT: HC/E/CA 969]; Suiza U/EU970069, Bezirksgericht Zürich (Zurich District Court) [Cita INCADAT: HC/E/CH 425] Reino Unido - Escocia Murphy v. Murphy 1994 GWD 32-1893 [Cita INCADAT: HC/E/UKs 186]. El caso no fue considerado a la luz de la distinción de los Artículos 3 y 13(1) a), pero dado que el padre había consentido la reubicación, se entendió que no había habido un traslado ilícito o retención. La opinión de la mayoría es ahora, sin embargo, que se debería considerar el consentimiento con relación al Artículo 13(1) a), ver: Australia Director-General, Department of Child Safety v. Stratford [2005] Fam CA 1115 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 830]; Reino Unido - Inglaterra y Gales Re C. (Abduction: Consent) [1996] 1 FLR 414 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 53]; T. v. T. (Abduction: Consent) [1999] 2 FLR 912; Re D. (Abduction: Discretionary Return) [2000] 1 FLR 24 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 267]; Re P. (A Child) (Abduction: Acquiescence) [2004] EWCA CIV 971, [2005] Fam. 293 [ Cita INCADAT: HC/E/UKe 591]; Irlanda B.B. v. J.B. [1998] 1 ILRM 136; sub nom B. v. B. (Child Abduction) [1998] 1 IR 299 [Cita INCADAT: HC/E/IE 287]. Reino Unido - Escocia T. v. T. 2004 S.C. 323 [Cita INCADAT: HC/E/UKs 997]; Para una discusión de las cuestiones involucradas ver Beaumont y McEleavy, Convenio de la Haya sobre la Sustracción Internacional de Menores, OUP, 1999 p. 132 ss.
ESTABLECIMIENTO DEL CONSENTIMIENTO Se han aplicado diferentes estándares cuando se trata de establecer la excepción del Artículo 13(1) a) fundada en el consentimiento. Reino Unido - Inglaterra y Gales En una decisión de primera instancia anterior se sostuvo que en circunstancias normales la evidencia clara y convincente necesaria necesitaría ser por escrito o al menos probada por material documental, ver: Re W. (Abduction: Procedure) [1995] 1 FLR 878, [Cita INCADAT: HC/E/UKe 37]. Esta visión estricta no se ha repetido en casos ingleses de primera instancia posteriores, ver: Re C. (Abduction: Consent) [1996] 1 FLR 414 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 53]; Re K. (Abduction: Consent) [1997] 2 FLR 212 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 55]. En Re K. se sostuvo que aunque el consentimiento debe ser real, positivo e inequívoco, podría haber circunstancias en las cuales un tribunal podría estar satisfecho con que se hubiese prestado el consentimiento, aunque no por escrito. Es más, asimismo podría haber casos en los que se podría inferir el consentimiento de la conducta. Alemania 21 UF 70/01, Oberlandesgericht Köln, [Cita INCADAT: HC/E/DE 491]. Se requieren pruebas convincentes para establecer el consentimiento. Irlanda R. v. R. [2006] IESC 7 [Cita INCADAT: HC/E/IE 817]. El enfoque de Re K. fue respaldado por la Corte Suprema de Irlanda de modo particular. Países Bajos De Directie Preventie, optredend voor haarzelf en namens F. (vader/father) en H. (de moeder/mother) (14 juli 2000, ELRO-nummer: AA6532, Zaaknr.R99/167HR); [Cita INCADAT: HC/E/NL 318]. El consentimiento no es necesario para una suspensión permanente. La única cuestión es que debe haber consentimiento y que haya sido demostrado de manera convincente. Sudáfrica Central Authority v. H. 2008 (1) SA 49 (SCA) [Cita INCADAT: HC/E/ZA 900]. El consentimiento podría ser expreso o tácito. Suiza 5P.367/2005 /ast; Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile), [Cita INCADAT: HC/E/CH 841]; 5P.380/2006 /blb; Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile), [Cita INCADAT: HC/E/CH 895]; 5P.1999/2006 /blb; Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile), [Cita INCADAT: HC/E/CH 896]. La Corte Suprema de Suiza ha sostenido que con respecto al consentimiento y la aceptación posterior, el progenitor perjudicado debe estar de acuerdo de manera clara, explícita o tácita, con un cambio duradero en la residencia del menor. A tal fin el sustractor tiene la carga de producir pruebas fácticas que llevarían a que esa creencia sea plausible. Estados Unidos de América Baxter v. Baxter, 423 F.3d 363 (3rd Cir. 2005) [Cita INCADAT: HC/E/USf 808]. Debe haber una evaluación subjetiva de lo que estaba contemplando verdaderamente el padre solicitante. También se debe considerar al carácter y al alcance del consentimiento.
CONSENTIMIENTO Y SUPUESTO FRAUDE Existen ejemplos de casos donde se ha argumentado que el consentimiento prima facie debería estar viciado por un supuesto fraude por parte del sustractor, ver por ejemplo: Reino Unido - Inglaterra y Gales Re D. (Abduction: Discretionary Return) [2000] 1 FLR 24, [Cita INCADAT: HC/E/UKe 267]. El hecho de que bajo pretexto se presentara a la madre un documento que preste consentimiento al traslado de menores no necesariamente llevaría a la conclusión de que se trató de una trampa. Se concluyó que la madre había prestado consentimiento. Pero no obstante ello el juez del juicio ejerció su discreción para expedir una orden de restitución. Israel Family Application 2059/07 Ploni v. Almonit [Cita INCADAT: HC/E/IL 940]. Se rechazó un supuesto de fraude; se concluyó que el consentimiento del padre fue informado y puesto que la madre había confiado en él, el padre no podía retractarse de su consentimiento inicial a la reubicación.
CONSENTIMIENTO PRESUNTO Existe autoridad de que el consentimiento a un traslado futuro se podría dar de manera válida, ver: Canadá Decision of 4 September 1998 [1998] R.D.F. 701 [Cita INCADAT: HC/E/CA 333]. Reino Unido - Inglaterra y Gales Re L. (Abduction: Future Consent) [2007] EWHC 2181 (Fam), [2008] 1 FLR 915; [Cita INCADAT: HC/E/UKs 993]. Se sostuvo que el acaecimiento de un acontecimiento debe ser determinable de manera razonable y no debe haber habido un cambio material en las circunstancias desde que se prestó el consentimiento. Reino Unido - Escocia Zenel v. Haddow 1993 SC 612 [Cita INCADAT: HC/E/UKs 76]. Para una crítica de la opinión de la mayoría en Zenel v. Haddow, ver: Comentario del caso 1993 SCLR 872 at 884, 885; G. Maher, Consent to Wrongful Child Abduction under the Hague Convention, 1993 SLT 281; P. Beaumont and P. McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction, OUP, Oxford, 1999 at pp. 129, 130.
ACEPTACIÓN POSTERIOR Se ha aceptado en forma generalizada que en lo que respecta a la excepción de aceptación posterior, en primera instancia, debe prestarse atención a las intenciones subjetivas del progenitor perjudicado, ver: Australia Commissioner, Western Australia Police v. Dormann, JP (1997) FLC 92-766 [Cita INCADAT: HC/E/AU 213]; Barry Eldon Matthews (Commissioner, Western Australia Police Service) v. Ziba Sabaghian, PT 1767 of 2001 [Cita INCADAT: HC/E/AU 345]; Austria 5Ob17/08y, Oberster Gerichtshof, (Austrian Supreme Court) 1/4/2008 [Cita INCADAT: HC/E/AT 981] Al considerar la cuestión por primera vez, el tribunal superior de Austria resolvió que la aceptación posterior en un estado de situación momentáneo no sería suficiente a efectos del Artículo 13(1) a), sino que debía existir aceptación posterior en el caso de un cambio permanente de residencia habitual. Bélgica N° de rôle: 02/7742/A, Tribunal de première instance de Bruxelles 6/3/2003, [Cita INCADAT: HC/E/BE 545]; Canadá Ibrahim v. Girgis, 2008 ONCA 23, [Cita INCADAT: HC/E/CA 851]; Reino Unido - Inglaterra y Gales Re H. and Others (Minors) (Abduction: Acquiescence) [1998] AC 72 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 46]; En este caso, la Cámara de los Lores sostuvo que no debía encontrarse aceptación posterior en comentarios pasajeros o cartas escritas por un padre que recientemente hubiera sufrido el trauma inherente al traslado de sus hijos. Irlanda K. v. K., 6 May 1998, transcript, Supreme Court of Ireland [Cita INCADAT: HC/E/IE 285]; Israel Dagan v. Dagan 53 P.D (3) 254 [Cita INCADAT: HC/E/IL 807] Nueva Zelanda P. v. P., 13 March 2002, Family Court at Greymouth (New Zealand), [Cita INCADAT: HC/E/NZ 533]; Reino Unido - Escocia M.M. v. A.M.R. or M. 2003 SCLR 71, [Cita INCADAT: HC/E/UKs 500] Sudáfrica Smith v. Smith 2001 (3) SA 845 [Cita INCADAT: HC/E/ZA 499]; Suiza 5P.367/2005 /ast, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile), [Cita INCADAT: HC/E/CH 841]. En concordancia con este enfoque, ha habido reticencia a pronunciarse en favor de la existencia de aceptación posterior cuando el padre solicitante ha pretendido en un principio asegurarse la restitución voluntaria del menor o una reconciliación con el sustractor, ver: Reino Unido - Inglaterra y Gales Re H. and Others (Minors) (Abduction: Acquiescence) [1998] AC 72 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 46]; P. v. P. (Abduction: Acquiescence) [1998] 2 FLR 835, [Cita INCADAT: HC/E/UKe 179] ; Irlanda R.K. v. J.K. (Child Abduction: Acquiescence) [2000] 2 IR 416, [Cita INCADAT: HC/E/IE 285]; Estados Unidos de América Wanninger v. Wanninger, 850 F. Supp. 78 (D. Mass. 1994), [Cita INCADAT: HC/E/USf 84]; En el caso australiano Townsend y Director-General, Department of Families, Youth and Community (1999) 24 Fam LR 495, [Cita INCADAT: HC/E/AU 290], se interpretó que la negociación durante el término de 12 meses equivalía a aceptación posterior. Sin embargo, cabe destacar que, en ejercicio de su discrecionalidad, el tribunal decidió expedir una orden de restitución.
Sustracciones por la persona que ejerce el cuidado primordial del menor 10
GRAVE RIESGO DE DAÑO - SUSTRACCIÓN POR LA PERSONA QUE EJERCE EL CUIDADO PRIMORDIAL DEL MENOR La cuestión de cómo responder cuando un sustractor que es la persona que ejerce el cuidado primordial del menor amenaza con no acompañar al menor de regreso al Estado de residencia habitual en caso de expedirse una orden de restitución es controvertida. Muchos Estados Miembro han adoptado un enfoque muy estricto y, excepto en situaciones muy excepcionales, se han rehusado a respaldar el Artículo 13(1) b) cuando se presenta este argumento, ver: Austria 4Ob1523/96, Oberster Gerichtshof (Austrian Supreme Court), 27/02/1996 [Cita INCADAT: HC/E/AT 561]; Canadá M.G. c. R.F., [2002] R.J.Q. 2132 (Que. C.A.) [Cita INCADAT: HC/E/CA 762]: N.P. v. A.B.P., [1999] R.D.F. 38 (Que. C.A.) [Cita INCADAT: HC/E/CA 764]. En este caso se dictó una orden de no restitución, pero los hechos eran excepcionales. Había habido una amenaza genuina a la madre, que obviamente la atemorizó. La madre temía por su seguridad si regresaba a Israel. La madre fue llevada a Israel con falsas pretensiones, vendida a la mafia rusa y revendida al padre, quien la forzó a prostituirse. Fue encerrada, golpeada por el padre, violada y amenazada. La madre lógicamente estaba atemorizada, por lo que no podía esperarse que regresara a Israel. Habría sido totalmente inapropiado enviar al niño de regreso sin su madre a un padre que había estado comprando y vendiendo mujeres y llevando adelante el negocio de la prostitución. Reino Unido - Inglaterra y Gales C. v. C. (Minor: Abduction: Rights of Custody Abroad) [1989] 1 WLR 654 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 34]; Re C. (Abduction: Grave Risk of Psychological Harm) [1999] 1 FLR 1145 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 269]. No obstante, una sentencia más reciente del Tribunal de Apelaciones inglés ha refinado el enfoque del caso C. v. C., ver: Re S. (A Child) (Abduction: Grave Risk of Harm) [2002] EWCA Civ 908, [2002] 3 FCR 43 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 469]. En este caso, se resolvió que la negativa de una madre a restituir a la menor podía configurar una defensa, puesto que la negativa no constituía un acto de irrazonabilidad, sino que surgía como consecuencia de una enfermedad que ella padecía. Cabe destacar, sin embargo, que aún así se expidió una orden de restitución. Alemania 10 UF 753/01, Oberlandesgericht Dresden (Higher Regional Court) [Cita INCADAT: HC/E/DE 486]; 21 UF 70/01, Oberlandesgericht Köln (Higher Regional Court) [Cita INCADAT : HC/E/DE 491]. Anteriormente, se había adoptado una interpretación mucho más liberal: 17 UF 260/98, Oberlandesgericht Stuttgart [Cita INCADAT: HC/E/DE 323]. Suiza 5P.71/2003 /min, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile), [Cita INCADAT: HC/E/CH 788]; 5P.65/2002/bnm, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile), [Cita INCADAT: HC/E/CH 789]; 5P.367/2005 /ast, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile), [Cita INCADAT: HC/E/CH 841]; 5A_285/2007 /frs, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile), [Cita INCADAT: HC/E/CH 955]. Nueva Zelanda K.S. v. LS. [2003] 3 NZLR 837 [Cita INCADAT: HC/E/NZ 770]; Reino Unido - Escocia McCarthy v. McCarthy 1994 SLT 743, [Cita INCADAT: HC/E/UKs 26]. Estados Unidos de América Panazatou v. Pantazatos, No. FA 96071351S (Conn. Super. Ct. September 24, 1997) [Cita INCADAT: HC/E/USs 97]; En otros Estados, el enfoque adoptado con respecto a esta cuestión ha evolucionado. Australia En Australia, en principio, se adoptó un enfoque muy estricto, ver: Director-General Department of Families, Youth and Community Care and Hobbs, 24 September 1999, Family Court of Australia (Brisbane) [Cita INCADAT: HC/E/AU 294]; Director General of the Department of Family and Community Services v. Davis (1990) FLC 92-182 [Cita INCADAT: HC/E/AU 293]. En State Central Authority v. Ardito, 20 October 1997 [Cita INCADAT: HC/E/AU 283] el Tribunal de Familia de Australia en Melbourne resolvió que la excepción de grave riesgo de daño se establecía cuando la madre se negaba a restituir al menor, pero, en este caso, a la madre se le había negado la entrada a los Estados Unidos de América, Estado de residencia habitual del menor. Sin embargo, más recientemente, luego de la sentencia dictada por el Tribunal Superior en el marco de las apelaciones conjuntas D.P. v. Commonwealth Central Authority; J.L.M. v. Director-General, New South Wales Department of Community Services (2001) 206 CLR 401; (2001) FLC 93-081) [Cita INCADAT: HC/E/AU 346, 347] ha habido un alejamiento de la fuerte aplicación del mecanismo de restitución inmediata y, en la actualidad, se presta más atención a la situación que enfrenta el menor luego de la restitución. En el marco del caso de un sustractor que era la persona que ejercía el cuidado primordial del menor que se negaba a regresar al Estado de residencia habitual del menor ver: Director General, Department of Families v. RSP. [2003] FamCA 623 [Cita INCADAT: HC/E/AU 544]. Israel Tal como en el caso de Australia, aquí parecería haber un alejamiento de una interpretación muy estricta del Artículo 13(1) b), ver: Civil Appeal 4391/96 Ro. v. Ro., [Cita INCADAT:HC/E/IL 832]. Y comparar con: Family Appeal 621/04 D.Y. v. D.R. [Cita INCADAT: HC/E/IL 833]. Francia En Francia, sin embargo, se ha reemplazado un enfoque permisivo del Artículo 13(1) b) por una interpretación mucho más sólida, ver: Cass. Civ. 1ère 12 juillet 1994, Rev. Crit. 84 (1995), p. 96 note H. Muir Watt; JCP 1996 IV 64 note Bosse-Platière, Defrénois 1995, art. 36024, note J. Massip [Cita INCADAT: HC/E/FR 103]; Cass. Civ. 1ère 22 juin 1999 (N° de pourvoi : 98-17902) [Cita INCADAT: HC/E/FR 498]; Y comparar con: Cass Civ 1ère 25 janvier 2005 (N° de pourvoi : 02-17411) [Cita INCADAT: HC/E/FR 708]. Para una consideración general de esta cuestión, ver: Beaumont P. and McEleavy P., The Hague Convention on International Child Abduction, OUP, Oxford, 1999 at pp. 145 - 149.
Cuestiones de Inmigración
CUESTIONES DE INMIGRACIÓN Preparación del análisis de jurisprudencia de INCADAT en curso.
Traducción en curso - por favor remítase a la versión inglesa.
GRAVE RIESGO DE DAÑO: TRATAMIENTO DE SITUACIONES DE CONFLICTO En ocasiones, el Artículo 13 (1) b) ha sido invocado no con respecto a un riesgo específico dirigido al menor en particular, sino como consecuencia de las circunstancias generales prevalecientes en el Estado de residencia habitual. En el renombrado caso de apelación de los EEUU Friedrich v. Friedrich, 78 F.3d 1060 (6th Cir. 1996), [Cita INCADAT: HC/E/USf 82] se sostuvo, entre otras cosas, que sólo podía existir grave riesgo cuando la restitución pondría al menor en peligro inminente con anterioridad a la resolución de una controversia por su custodia, e.g., mediante la restitución del menor a una zona de guerra o región de hambruna. Este argumento se ha invocado más frecuentemente con respecto a Israel. Restitución ISRAEL La opinión de los tribunales se ha dividido acerca de si una restitución a Israel expondría al menor a un grave riesgo de daño, aunque una clara mayoría ha adoptado la visión de que no sería así, ver: Argentina A. and A., 5 October 2001, Buenos Aires, Argentina; W., 25 January 2001 [Cita INCADAT: HC/E/AR 487]; Australia Kilah & Director-General, Department of Community Services [2008] FamCAFC 81, [Cita INCADAT: HC/E/AU 995]; Bélgica N° 03/3585/A, Tribunal de première instance de Bruxelles, 17/4/2003 [Cita INCADAT: HC/E/BE 547]; Canadá Docket No 1 F 3709/00; C., 4 December 2001, Superior Court of Justice, Ontario, Court File No 01-FA-10575; Dinamarca V.L.K., 11. januar 2002, 13. afdeling, B-2939-01, Vestre Landsret; High Court, Western Division [Cita INCADAT: HC/E/DK 519]; Reino Unido - Inglaterra y Gales Re S. (A Child) (Abduction: Grave Risk of Harm) [2002] EWCA Civ 908, [2002] 3 FCR 43, [Cita INCADAT: HC/E/UKe 469]; Francia N° de rôle 02/14917; L. c. Ministère Public, Mme B. et Mesdemoiselles L. [Cita INCADAT: HC/E/FR 509]; Alemania Watkins v. Watkins (25 January 2001), transcript, District Court of Zweibrücken, Doc no. 1 F 3709/00 [Cita INCADAT: HC/E/DE 392]; Estados Unidos de América Freier v. Freier, 969 F. Supp. 436 (E.D. Mich. 1996) [Cita INCADAT: HC/E/USf 133]; Sin embargo, el argumento ha sido aceptado en varias ocasiones: Australia Janine Claire Genish-Grant and Director-General Department of Community Services [2002] FamCA 346 [Cita INCADAT: HC/E/AU 458]; Estados Unidos de América Silverman v. Silverman, 2002 U.S. Dist. LEXIS 8313 [Cita INCADAT: HC/E/USf 481]. Para comentarios académicos, ver: R. Schuz, "Returning Abducted Children to Israel and the Intifada" (2003) Australian Journal of Family Law 297. Ver asimismo: E. Freedman, "International Terrorism and the Grave Physical Risk Defence of the Hague Convention on International Child Abduction" [2002] International Family Law Journal 60. Restitución a ZIMBABWE La máxima jurisdicción del Reino Unido, la Cámara de los Lores, rechazó una afirmación según la cual el clima moral y político de Zimbabwe era tal que cualquier menor estaría en grave riesgo de daño psicológico, o que no debería pretenderse que tolerara tener que vivir allí. Re M. (Abduction: Zimbabwe) [2007] UKHL 55, [2008] 1 AC 1288, [Cita INCADAT: HC/E/UKe 937].
FACTORES ECONÓMICOS Artículo 13(1) b) y factores económicos Los tribunales de muchos Estados contratantes han adoptado un enfoque sólido en los casos en que se ha aducido que el sustractor (y, por lo tanto, los menores) serían puestos en una situación económica difícil en el supuesto de expedirse una orden de restitución. Australia Director General of the Department of Family and Community Services v. Davis (1990) FLC 92-182 [Cita INCADAT: HC/E/AU 293]. El hecho de que la madre no pudiera acompañar al menor a Inglaterra por razones económicas o de otra naturaleza no justificaba el incumplimiento de la clara obligación que recae sobre los tribunales australianos en virtud de los términos del Convenio. Canadá Y.D. v. J.B., [1996] R.D.F. 753 (Que.C.A.) [Cita INCADAT: HC/E/CA 369]. La incapacidad financiera no representaba una razón válida para rehusarse a restituir a un menor. El Tribunal declaró: ‘Los signatarios del Convenio no tuvieron presente solamente la protección de menores con progenitores adinerados, dejando expuesto y sin posibilidad de solicitar la restitución de un menor sustraído en forma ilícita al padre sin recursos.' Alemania 7 UF 39/99, Oberlandesgericht Bamberg (Higher Regional Court)), 09 June 1999 [Cita INCADAT: HC/E/DE 821]. Reino Unido - Inglaterra y Gales En la jurisprudencia temprana, en reiteradas oportunidades, el Tribunal de Apelaciones ha rechazado argumentos según los cuales los factores económicos podían justificar el pronunciamiento de la existencia de una situación intolerable a efectos del Artículo 13(1) b). Re A. (Minors) (Abduction: Custody Rights) [1992] Fam 106 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 48]. No puede afirmarse que la dependencia de beneficios del Estado en sí misma constituya una situación intolerable. B. v. B. (abduction; custody rights) [1993] Fam. 32 (C.A.) [Cita INCADAT: HC/E/UKe 10]. Las circunstancias financieras/de vivienda inadecuadas no impidieron la restitución. Re M. (Abduction: Undertakings) [1995] 1 FLR 1021 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 20] sugirió que la excepción podría establecerse si los niños pequeños fueran a quedar sin vivienda y sin acceso a los beneficios del Estado. No podía afirmarse que depender de los beneficios del Estado israelí o de los beneficios del Estado inglés constituyera una situación intolerable. Reino Unido - Escocia Starr v. Starr 1999 SLT 335, 1998 SCLR (Notes) 775 [Cita INCADAT: HC/E/UKs 195]; Suiza 5A_285/2007 /frs, Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile [Cita INCADAT: HC/E/CH 955]; Zimbabwe Secretary For Justice v. Parker 1999 (2) ZLR 400 (H) [Cita INCADAT: HC/E/ZW 340]. Para un ejemplo de un caso en que las circunstancias económicas derivaron en la expedición de una orden de no restitución, ver: Reino Unido - Escocia C. v. C. 2003 S.L.T. 793 [Cita INCADAT:HC/E/UKs 998]. Este fue igualmente un factor relevante en: Países Bajos De directie Preventie, optredend voor zichzelf en namens Y (de vader /the father) against X (de moeder/ the mother) (7 February 2001, ELRO nr.AA9851 Zaaknr:813-H-00) [Cita INCADAT: HC/E/NL 314].
GRAVE RIESGO DE DAÑO: JURISPRUDENCIA DE AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA Australia En Australia, en principio, se adoptó un enfoque muy estricto con respecto al Artículo 13(1) b), ver: Director-General Department of Families, Youth and Community Care and Hobbs, 24 September 1999, Family Court of Australia (Brisbane) [Cita INCADAT: HC/E/AU 294]; Director General of the Department of Family and Community Services v. Davis (1990) FLC 92-182 [Cita INCADAT: HC/E/AU 293]. Sin embargo, luego de la sentencia dictada por el Tribunal Superior en el marco de las apelaciones conjuntas: D.P. v. Commonwealth Central Authority; J.L.M. v. Director-General, New South Wales Department of Community Services (2001) 206 CLR 401; (2001) FLC 93-081), [Cita INCADAT: HC/E/AU 346, 347], en la que se adoptó una interpretación literal de la excepción, se presta más atención al riesgo que enfrenta el menor y a la situación posterior a la restitución. En el marco del caso de un sustractor que era la persona que ejercía el cuidado primordial del menor que se negaba a regresar al Estado de residencia habitual del menor ver: Director General, Department of Families v. R.S.P. [2003] FamCA 623, [Cita INCADAT: HC/E/AU 544]. Con relación a un menor que enfrentaba un grave riesgo de daño psicológico, ver: JMB and Ors & Secretary, Attorney-General's Department [2006] FamCA 59, [Cita INCADAT: HC/E/AU 871]. Para ejemplos recientes de casos en los que se rechazó la excepción de grave riesgo de daño, ver: H.Z. v. State Central Authority [2006] FamCA 466, [Cita INCADAT: HC/E/AU 876]; State Central Authority v. Keenan [2004] FamCA 724, [Cita INCADAT: HC/E/AU 782]. Nueva Zelanda La autoridad de apelación, en principio, indicó que el cambio de énfasis adoptado en Australia con respecto al Artículo 13(1) b) se seguiría asimismo en Nueva Zelanda, ver: El Sayed v. Secretary for Justice, [2003] 1 NZLR 349, [Cita INCADAT: HC/E/NZ 495]. No obstante, en la decisión más reciente: K.S. v. L.S. [2003] 3 NZLR 837 [Cita INCADAT: HC/E/NZ 770] el Tribunal Superior de Nueva Zelanda (Auckland) ha confirmado, aunque obiter, que la interpretación vinculante en Nueva Zelanda continuaba siendo la interpretación estricta efectuada por el Tribunal de Apelaciones en el caso: Anderson v. Central Authority for New Zealand [1996] 2 NZLR 517 (CA), [Cita INCADAT: HC/E/NZ 90].
Reino Unido - Jurisprudencia de Inglaterra y Gales
ARTÍCULO 13 (1) b) EN INGLATERRA Y GALES El Tribunal de Apelaciones inglés ha adoptado un enfoque muy estricto respecto del Artículo 13 (1) b) y, en efecto, la excepción se admite en contadas oportunidades. Entre los ejemplos en los que se ha alcanzado el estándar, se encuentran los siguientes: Re F. (A Minor) (Abduction: Custody Rights Abroad) [1995] Fam 224, [Cita INCADAT: HC/E/UKe 8]; Re M. (Abduction: Psychological Harm) [1997] 2 FLR 690, [Cita INCADAT: HC/E/UKe 86]; Re M. (Abduction: Leave to Appeal) [1999] 2 FLR 550, [Cita INCADAT: HC/E/UKe 263]; Re D. (Article 13B: Non-return) [2006] EWCA Civ 146, [2006] 2 FLR 305, [Cita INCADAT: HC/E/UKe 818]; Klentzeris v. Klentzeris [2007] EWCA Civ 533, [2007] 2 FLR 996 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 931].
LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 13(1) b) EN FRANCIA El tratamiento del Artículo 13(1) b) por parte de los tribunales franceses ha evolucionado mediante el reemplazo de un enfoque permisivo por una interpretación más sólida. Las sentencias de la máxima jurisdicción de Francia, Cour de cassation, desde mediados hasta fines de la década de 1990, pueden contrastarse con decisiones más recientes del mismo tribunal y, asimismo, con decisiones del tribunal de apelaciones. Ver: Cass. Civ. 1ère 12 juillet 1994, Rev. Crit. 84 (1995), p. 96 note H. Muir Watt ; JCP 1996 IV 64 note Bosse-Platière, Defrénois 1995, art. 36024, note J. Massip [Cita INCADAT: HC/E/FR 103]; Cass. Civ. 1ère 21 novembre 1995 (N° de pourvoi : 93-20140), [Cita INCADAT: HC/E/FR 514]; Cass. Civ. 1ère 22 juin 1999, (N° de pourvoi : 98-17902), [Cita INCADAT: HC/E/FR 498]; Y comparar con: Cass. Civ. 1ère 25 janvier 2005 (N° de pourvoi : 02-17411), [Cita INCADAT: HC/E/FR 708]; Cass. Civ. 1ère 14 juin 2005 (N° de pourvoi : 04-16942), [Cita INCADAT: HC/E/FR 844]; Cass. Civ 1ère 13 juillet 2005 (N° de pourvoi : 05-10519), [Cita INCADAT: HC/E/FR 845]; CA. Amiens 4 mars 1998, n° 5704759, [Cita INCADAT: HC/E/FR 704]; CA. Grenoble 29 mars 2000 M. c. F., [Cita INCADAT: HC/E/FR 274]; CA. Paris 7 février 2002 (N° de pourvoi : 2001/21768), [Cita INCADAT: HC/E/FR 849]; CA. Paris, 20/09/2002 (N° de pourvoi : 2002/13730), [Cita INCADAT: HC/E/FR 850]; CA. Aix en Provence 8 octobre 2002, L c. Ministère Public, Mme B. et Mesdemoiselles L. (N° de rôle 02/14917) [Cita INCADAT: HC/E/FR 509]; CA. Paris 27 octobre 2005, 05/15032 [Cita INCADAT: HC/E/FR 814]; Cass. Civ. 1ère 14 décembre 2005 (N° de pourvoi :05-12934) [Cita INCADAT: HC/E/FR 889]; Cass. Civ. 1ère 14 November 2006 (N° de pourvoi : 05-15692) [Cita INCADAT: HC/E/FR 890]. Entre los ejemplos recientes en los que se ha admitido el Artículo 13(1) b), se encuentran los siguientes: Cass. Civ. 1ère 12 Décembre 2006 (N° de pourvoi : 05-22119) [Cita INCADAT: HC/E/FR 891]; Cass. Civ. 1ère 17 Octobre 2007 [Cita INCADAT: HC/E/FR 946]. La interpretación efectuada por la Cour d'appel de Rouen en 2006, aunque obiter, si recuerda el enfoque más permisivo respecto del Artículo 13(1) b) adoptado a comienzos de la década de 1990, ver: CA. Rouen, 9 Mars 2006, N°05/04340 [Cita INCADAT: HC/E/FR 897].
Jurisprudencia de Alemania
JURISPRUDENCIA DE ALEMANIA Resumen INCADAT en curso de preparación.
Objeciones del Menor
Naturaleza y Tenor de la Objeción
NATURALEZA Y TENOR DE LA OBJECIÓN - ARTÍCULO 13(2) Australia De L. v. Director-General, NSW Department of Community Services (1996) FLC 92-706 [Cita INCADAT: HC/E/AU 93]. La jurisdicción australiana suprema, el Tribunal Superior, adoptó una interpretación literal del término "objeción". Sin embargo, ella fue posteriormente revocada por una reforma legislativa, ver: Art. 111B(1B) de la Ley de Derecho de Familia de 1975 (Family Law Act 1975) incorporada por la Ley de Reforma de Derecho de Familia de 2000 (Family Law Amendment Act 2000). El artículo 13(2), incorporado al derecho australiano mediante la reg. 16(3) de las Regulaciones de Derecho de Familia (Sustracción de Menores) de 1989 (Family Law (Child Abduction) Regulations 1989) establece en la actualidad no sólo que el menor debe oponerse a la restitución, sino que la objeción debe demostrar un sentimiento fuerte más allá de la mera expresión de una preferencia o de deseos comunes. Ver, por ejemplo: Richards & Director-General, Department of Child Safety [2007] FamCA 65 [Cita INCADAT: HC/E/UKs 904]. La cuestión acerca de si un menor debe plantear una objeción expresa al Estado de residencia habitual no se ha resuelto, ver: Re F. (Hague Convention: Child's Objections) [2006] FamCA 685 [Cita INCADAT: HC/E/AU 864]. Austria 9Ob102/03w, Oberster Gerichtshof (Austrian Supreme Court), 8/10/2003 [Cita INCADAT: HC/E/AT 549]. Una simple preferencia por el Estado de refugio no basta para constituir una objeción. Bélgica N° de rôle: 02/7742/A, Tribunal de première instance de Bruxelles, 27/5/2003 [Cita INCADAT: HC/E/BE 546]. Una simple preferencia por el Estado de refugio no basta para constituir una objeción. Canadá Crnkovich v. Hortensius, [2009] W.D.F.L. 337, 62 R.F.L. (6th) 351, 2008 [Cita INCADAT: HC/E/CA 1028]. Reino Unido - Inglaterra y Gales En el caso Re S. (A Minor) (Abduction: Custody Rights) [1993] Fam 242 [Cita INCADAT: HC/E/UKs 87], el Tribunal de Apelaciones sostuvo que la restitución a la que un menor se opone debe ser una restitución inmediata al país del que fue ilícitamente sustraído. El Artículo 13 no contiene disposición alguna que permita considerar si el menor se opone a la restitución en ciertas circunstancias. En Re M. (A Minor)(Child Abduction) [1994] 1 FLR 390 [Cita INCADAT: HC/E/UKs 56], se aceptó, sin embargo, que una objeción a la vida con el progenitor solicitante puede distinguirse de una objeción a la vida en el país de origen previo. En Re T. (Abduction: Child's Objections to Return) [2000] 2 FCR 159 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 270], Lord Justice Ward plantea una serie de preguntas a fin de ayudar a determinar si era adecuado tomar en cuenta las objeciones de un menor. Estas preguntas fueron respaldadas por el Tribunal de Apelaciones en el marco del caso Re M. (A Child)(Abduction: Child's Objections to Return) [2007] EWCA Civ 260, [2007] 2 FLR 72 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 901]. Para comentarios académicos ver: P. McEleavy ‘Evaluating the Views of Abducted Children: Trends in Appellate Case Law' [2008] Child and Family Law Quarterly, pp. 230-254. Francia Las objeciones basadas exclusivamente en una preferencia por la vida en Francia o la vida con el padre sustractor no fueron admitidas, ver: CA Grenoble 29/03/2000 M. c. F. [Cita INCADAT: HC/E/FR 274]; TGI Niort 09/01/1995, Procureur de la République c. Y. [Cita INCADAT: HC/E/FR 63]. Reino Unido - Escocia En el caso Urness v. Minto 1994 SC 249 [Cita INCADAT: HC/E/UKs79], se adoptó una interpretación amplia. La Cámara Interna (Inner House) aceptó que una fuerte preferencia por permanecer con el padre sustractor y por la vida en Escocia implicaba una objeción a la restitución a los Estados Unidos de América. En W. v. W. 2004 S.C. 63 IH (1 Div) [Cita INCADAT: HC/E/UKs 805], la Cámara Interna, que aceptó el criterio inicial de Re T. [Cita INCADAT: HC/E/UKe 270], sostuvo que las objeciones relativas a cuestiones de bienestar debían ser tratadas exclusivamente por las autoridades del Estado de residencia habitual del menor. En el posterior caso de primera instancia: M, Petitioner 2005 S.L.T. 2 OH [Cita INCADAT: HC/E/UKs 804], Lady Smith destacó la división en la jurisprudencia de apelación y decidió seguir la línea de autoridad previa ejemplificada en Urness v. Minto. Rechazó expresamente los criterios iniciales de Re T. La jueza dejó asentado en su sentencia que habría habido un intento de impugnar la sentencia de la Cámara Interna en W. v. W. ante la Cámara de los Lores pero que el caso se había resuelto en forma amigable. Más recientemente, se ha seguido un enfoque más estricto en cuanto a las objeciones, ver: C. v. C. [2008] CSOH 42, [Cita INCADAT: HC/E/UKs 962]; ratificado en instancia de apelación: C v. C. [2008] CSIH 34, [Cita INCADAT: HC/E/UKs 996]. Suiza El máximo tribunal suizo ha resaltado la importancia de que los menores sean capaces de distinguir entre las cuestiones vinculadas a la custodia y las cuestiones vinculadas a la restitución, ver: 5P.1/2005 /bnm, Bundesgericht II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile) [Cita INCADAT: HC/E/CH 795]; 5P.3/2007 /bnm, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile) [Cita INCADAT: HC/E/CH 894]. La mera preferencia por la vida en el Estado de refugio, aun razonada, no satisfará los términos del Artículo 13(2): 5A.582/2007, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile) [Cita INCADAT: HC/E/CH 986]. Para comentarios académicos generales, ver: R. Schuz ‘Protection or Autonomy -The Child Abduction Experience' in Y. Ronen et al. (eds), The Case for the Child- Towards the Construction of a New Agenda, 271-310 (Intersentia, 2008).
Requisitos de edad y grado de madurez
REQUISITOS DE EDAD Y GRADO DE MADUREZ Traducción en curso. - Por favor remítase a la versión inglesa.
Representación Separada
REPRESENTACIÓN SEPARADA - ARTÍCULO 13(2) Existe falta de uniformidad en las jurisdicciones de habla inglesa con respecto a la representación separada de los menores. Reino Unido - Inglaterra y Gales Una temprana sentencia de apelación estableció que congruentemente con la naturaleza sumaria de los procesos en virtud del Convenio, la representación separada sólo debería permitirse en circunstancias excepcionales. Re M. (A Minor) (Child Abduction) [1994] 1 FLR 390 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 56]. Confirmado por: Re H. (A Child: Child Abduction) [2006] EWCA Civ 1247, [2007] 1 FLR 242 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 881]; Re F. (Abduction: Joinder of Child as Party) [2007] EWCA Civ 393, [2007] 2 FLR 313, [Cita INCADAT: HC/E/UKe 905]. El estándar de las circunstancias excepcionales ha sido establecido en varios casos, ver: Re M. (A Minor) (Abduction: Child's Objections) [1994] 2 FLR 126 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 57]; Re S. (Abduction: Children: Separate Representation) [1997] 1 FLR 486 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 180]; Re H.B. (Abduction: Children's Objections) (No. 2) [1998] 1 FLR 564 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 168]; Re J. (Abduction: Child's Objections to Return) [2004] EWCA CIV 428, [2004] 2 FLR 64 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 579]; Vigreux v. Michel [2006] EWCA Civ 630, [2006] 2 FLR 1180 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 829]; Nyachowe v. Fielder [2007] EWCA Civ 1129, [Cita INCADAT: HC/E/UKe 964]. En Re H. (A Child) [2006] EWCA Civ 1247, [2007] 1 FLR 242, [Cita INCADAT: HC/E/UKe 881], Lord Justice Thorpe sugirió que el impedimento había sido planteado por el Reglamento Bruselas II bis en lo que respecta a solicitudes de calidad de parte. Esta sugerencia fue refutada por la Baronesa Hale en: Re D. (A Child) (Abduction: Foreign Custody Rights) [2006] UKHL 51, [2007] 1 A.C. 619 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 880]. Sin apartarse del criterio de las circunstancias excepcionales, señaló la necesidad, a la luz del nuevo régimen de sustracción de menores de la Comunidad, de volver a sopesar el modo en que las opiniones de los menores sustraídos habrían de determinarse. En particular, advirtió la necesidad de buscar las opiniones al comienzo del proceso a fin de evitar demoras. En Re F (Abduction: Joinder of Child as Party) [2007] EWCA Civ 393, [2007] 2 FLR 313, [Cita INCADAT: HC/E/UKe 905], Lord Justice Thorpe reconoció que el impedimento no había sido planteado en lo que respecta a solicitudes de calidad de parte. Rechazó la sugerencia de que el impedimento había sido reducido por la Cámara de los Lores en Re D. Sin embargo, en Re M. (Children) (Abduction: Rights of Custody) [2007] UKHL 55, [2008] 1 AC 1288, [Cita INCADAT: HC/E/UKe 937], la Baronesa Hale intervino una vez más en el debate y afirmó que un juez de instrucción debería evaluar si la representación separada aportaría lo suficiente a la comprensión de las cuestiones por parte del Tribunal para justificar la intrusión, la demora y los gastos resultantes. Esto sugeriría un criterio más flexible; sin embargo, agregó asimismo que los menores no deberían tener una impresión exagerada de la relevancia e importancia de sus opiniones y, con el devenir general de los casos, no se les otorgaría calidad de parte. Australia La jurisdicción suprema de Australia intentó apartarse del criterio de las circunstancias excepcionales en De L. v. Director General, New South Wales Department of Community Services and Another, (1996) 20 Fam LR 390 [Cita INCADAT: HC/E/AU 93]. No obstante, el criterio fue restaurado por el legislador en la Ley de Reforma de Derecho de Familia de 2000 (Family Law Amendment Act 2000), ver: Ley de Derecho de Familia de 1975 (Family Law Act 1975), art. 68L. Ver: State Central Authority & Quang [2009] FamCA 1038, [INCADAT cite: HC/E/AU 1106]. Francia Los menores escuchados en virtud del Art. 13(2) pueden contar con la asistencia de un abogado (art. 338-5 NCPC y art. 388-1 Code Civil - el último artículo aclara, sin embargo, que los menores que contaran con dicha asistencia no reciben la calidad de parte del proceso), ver: Cass Civ 1ère 17 Octobre 2007, [Cita INCADAT: HC/E/FR 946]; Cass. Civ 1ère 14/02/2006, [Cita INCADAT: HC/E/FR 853]. En Escocia y Nueva Zelanda, ha habido mucha mayor voluntad en el sentido de permitir la representación separada de los menores, ver, por ejemplo: Reino Unido - Escocia C. v. C. [2008] CSOH 42, [Cita INCADAT: HC/E/UKs 962]; M. Petitioner 2005 SLT 2 [Cita INCADAT: HC/E/UKs 804]; W. v. W. 2003 SLT 1253 [Cita INCADAT: HC/E/UKs 508]; Nueva Zelanda K.S. v. L.S. [2003] 3 NZLR 837 [Cita INCADAT: HC/E/NZ 770]; B. v. C., 24 December 2001, High Court at Christchurch (New Zealand) [Cita INCADAT: HC/E/NZ 532].
REACCIÓN EXTREMA A UNA ORDEN DE RESTITUCIÓN En determinadas ocasiones, la reacción de los menores ante la propuesta de restitución al estado de residencia habitual excede la mera objeción y puede manifestarse como oposición física a la restitución o amenaza de suicidio. También ha habido ejemplos de padres sustractores que amenazan con suicidarse si se los obliga a regresar al estado de residencia habitual del menor. Resistencia física Existen varios ejemplos de casos en los que no se reunieron las opiniones de los menores en cuestión o éstas no se tuvieron en mira en principio y, en consecuencia, los menores tomaron medidas para evitar que se ejecutara la orden de restitución. En cada uno de estos casos, la orden de restitución fue posteriormente anulada o rechazada, ver: Reino Unido - Inglaterra y Gales Re M. (A Minor) (Child Abduction) [1994] 1 FLR 390, [Cita INCADAT: HC/E/UKe 56]. Los menores intentaron abrir la puerta del avión que los llevaba de regreso a Australia mientras éste carreteaba por el aeropuerto de Londres - Heathrow para el despegue. Re H.B. (Abduction: Children's Objections) [1998] 1 FLR 422, [Cita INCADAT: HC/E/UKe 167]. La menor de dos hermanos, una niña de 12 años, se negó a abordar un avión que la llevaría de regreso a Dinamarca. Irónicamente, el único fin por el cual el hermano mayor estaba sujeto a la orden de restitución era asegurar que los hermanos no fueran separados. Re B. (Children) (Abduction: New Evidence) [2001] 2 FCR 531 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 420]. Los menores atacaron a los funcionarios del tribunal que habían sido enviados para llevarlos al aeropuerto de Londres - Heathrow para que tomaran un vuelo de regreso a Nueva Zelanda. Australia Re F. (Hague Convention: Child's Objections) [2006] FamCA 685, [Cita INCADAT: HC/E/AU 864]. Un niño de 11 años se resistió a intentos de ubicarlo en un avión que se dirigía a los Estados Unidos de América. Amenazas de suicidio Cuando se alega en el debate del proceso que el menor o el padre sustractor se suicidarán si los obligan a regresar, el tribunal que entiende en el caso es quien debe determinar la veracidad de la afirmación a la luz de las pruebas disponibles y de las circunstancias del caso. Por supuesto, esta cuestión no puede invocarse siempre, tal como sucedió en el caso de la Región Administrativa Especial de Hong Kong caratulado S. v. S. [1998] 2 HKC 316, [Cita INCADAT: HC/E/HK 234] en el que, luego de emitida la orden de restitución, la madre asesinó a su hijo y, posteriormente, se suicidó. Amenazas de suicidio - Menor En los siguientes casos, la presentación de pruebas de que el menor en cuestión había amenazado con suicidarse fue fundamental para la emisión de una orden de no restitución: Reino Unido - Inglaterra y Gales Re R. (A Minor Abduction) [1992] 1 FLR 105, [Cita INCADAT: HC/E/UKe 59]. Israel Las pruebas de que el menor había tenido previamente un intento de suicidio en su estado de residencia habitual fueron rechazadas para justificar una orden de no restitución en: Family Appeal 1169/99 R. v. L., [Cita INCADAT: HC/E/IL 834]. La alegación de que un niño cometería suicidio no fue aceptada para justificar una orden de no restitución del niño en: B. v. G., Supreme Court 8 April 2008, [Cita INCADAT: HC/E/IL 923]. Australia Commissioner, Western Australia Police v. Dormann, JP (1997) FLC 92-766, [Cita INCADAT: HC/E/AU 213]. Amenazas de suicidio - Padre sustractor Se afirmó que las pruebas de que un padre sustractor podía suicidarse si lo obligaban a regresar al estado de residencia habitual del menor daban lugar a una situación en la que se expondría al menor involucrado a un grave riesgo de daño y que, por lo tanto, éste no debía ser restituido, ver: Australia J.L.M .v. Director-General NSW Department of Community Services [2001] HCA 39, [Cita INCADAT: HC/E/AU 347]; Director-General, Department of Families v. RSP [2003] FamCA 623, [Cita INCADAT: HC/E/AU 544]. Enfermedad Nueva Zelanda Secretary for Justice v. C., ex parte H., 28/04/2000, transcript, District Court at Otahuhu, [Cita INCADAT: HC/E/NZ 534]. La última entrevista, durante la cual el abogado del niño estuvo presente terminó cuando el niño comenzó a sentirse mal y vomitó, cuando el juez mencionó la posibilidad de un regreso a Australia.
INFLUENCIA DE LOS PADRES SOBRE LAS OPINIONES DE LOS MENORES Al aplicar el Artículo 13(2), los tribunales han reconocido que es fundamental determinar si las objeciones del menor en cuestión se han visto influenciadas por el sustractor. En distintos Estados Contratantes, los tribunales han desestimado demandas en virtud del Artículo 13(2) en casos en los que es evidente que el menor no expresa opiniones que ha formado individualmente, ver, en particular: Australia Director General of the Department of Community Services v. N., 19 August 1994, transcript, Family Court of Australia (Sydney) [Cita INCADAT: HC/E/AU 231]; Canadá J.E.A. v. C.L.M. (2002), 220 D.L.R. (4th) 577 (N.S.C.A.) [Cita INCADAT: HC/E/CA 754]; Reino Unido - Inglaterra y Gales Re S. (A Minor) (Abduction: Custody Rights) [1993] Fam 242 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 87]. El Tribunal de Apelaciones sostuvo que la importancia de las objeciones debía ser mínima o nula si el menor había sido influenciado por el sustractor o por alguna otra persona, no obstante ello no era tema de debate en dicho caso. Finlandia Court of Appeal of Helsinki: No. 2933 [Cita INCADAT: HC/E/FI 863]; Francia CA Bordeaux, 19 janvier 2007, No 06/002739 [Cita INCADAT: HC/E/FR 947]. El Tribunal de Apelaciones de Burdeos limitó la importancia que había que conferirle a las objeciones de los menores dado que, antes de la entrevista, no habían tenido contacto con el progenitor solicitante y habían compartido un largo período con el sustractor. Asimismo, las autoridades del estado de residencia habitual ya habían considerado las afirmaciones de los menores. Alemania 4 UF 223/98, Oberlandesgericht Düsseldorf, [Cita INCADAT: HC/E/DE 820]; Hungría Mezei v. Bíró 23.P.500023/98/5. (27. 03. 1998, Central District Court of Budapest; First Instance); 50.Pkf.23.732/1998/2. 16. 06. 1998., (Capital Court as Appellate Court) [Cita INCADAT: HC/E/HU 329]; Israel Appl. App. Dist. Ct. 672/06, Supreme Court 15 October 2006 [Cita INCADAT: HC/E/IL 885]; Reino Unido - Escocia A.Q. v. J.Q., 12 December 2001, transcript, Outer House of the Court of Session (Scotland) [Cita INCADAT: HC/E/UKs 415]; España Auto Audiencia Provincial Nº 133/2006 Pontevedra (Sección 1ª), Recurso de apelación Nº 473/2006 [Cita INCADAT: HC/E/ES 887]; Restitución de Menores 534/1997 AA [Cita INCADAT: HC/E/ES 908]. Suiza El tribunal superior de Suiza sostuvo que las opiniones del menor no podían ser nunca completamente independientes. Por lo tanto, debía distinguirse entre las objeciones que habían sido manipuladas y aquéllas que, si bien no eran completamente autónomas, ameritaban ser tenidas en cuenta, ver: 5P.1/2005 /bnm, Bundesgericht II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile), [Cita INCADAT: HC/E/CH 795]; Estados Unidos de América Robinson v. Robinson, 983 F. Supp. 1339 (D. Colo. 1997) [Cita INCADAT: HC/E/USf 128]. En este caso, el Tribunal de Distrito sostuvo que sería poco realista esperar que un buen padre no influyera en la preferencia de un menor en cierta medida. Por lo tanto, lo que debía determinarse era si dicha influencia resultaba indebida. En dos casos, se sostuvo que las pruebas de influencia por parte de los padres no debían aceptarse como motivo para no determinar las opiniones de un menor que sería de otro modo escuchado, ver: Alemania 2 BvR 1206/98, Bundesverfassungsgericht (Federal Constitutional Court), [Cita INCADAT: HC/E/DE 233]; Nueva Zelanda Winters v. Cowen [2002] NZFLR 927 [Cita INCADAT: HC/E/NZ 473]. Del mismo modo, la influencia de los padres puede no afectar sustancialmente las opiniones del menor, ver: Reino Unido - Inglaterra y Gales Re M. (A Child) (Abduction: Child's Objections to Return) [2007] EWCA Civ 260, [2007] 2 FLR 72 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 901]. El Tribunal de Apelaciones no desestimó la proposición de que las opiniones del menor podían verse influenciadas o afectadas si el menor estaba inmerso en un ambiente de hostilidad hacia el padre solicitante, pero no estaba dispuesto a otorgarle demasiado peso a dichas proposiciones. En un caso de Israel, el tribunal determinó que la madre le había lavado el cerebro al menor y sostuvo que, por ende, debía conferirle poca importancia a las opiniones de éste. Sin embargo, el Tribunal también sostuvo que no podía ignorarse la naturaleza extrema de las reacciones del menor a la restitución propuesta, que incluían la amenaza de suicidio. El tribunal concluyó que, de ser restituido, el menor se vería expuesto a un grave riesgo de daño, ver: Family Appeal 1169/99 R. v. L. [Cita INCADAT: HC/E/IL 834].
ARTÍCULO 13(2): EJERCICIO DE LA FACULTAD DISCRECIONAL Cuando se determina que un menor se opone a la restitución y éste ha alcanzado una edad y un grado de madurez suficientes en que resulta apropiado tener en cuenta sus opiniones, el Tribunal que entiende en el caso tendrá la facultad discrecional para ordenar la restitución del menor o para no hacerlo. Se han propugnado diferentes enfoques respecto de la manera en la que debe ejercerse esta facultad discrecional y los factores relevantes que deben tenerse en consideración. Australia Richards & Director-General, Department of Child Safety [2007] FamCA 65 [Cita INCADAT: HC/E/AU 904] El tribunal de apelaciones determinó que el tribunal de primera instancia había cometido un error al decidir que debía haber motivos ‘claros y convincentes' para frustrar los fines del Convenio. El Tribunal recordó que había excepciones permitidas a la restitución obligatoria y que, cuando eran aplicables, dichas excepciones daban lugar a la facultad discrecional. Los factores relevantes en el ejercicio de la facultad discrecional serían distintos según el caso pero abarcarían conferirle un peso significativo a los fines del Convenio en los casos pertinentes. Reino Unido - Inglaterra y Gales El ejercicio de la facultad discrecional ha resultado problemático para el Tribunal de Apelaciones, en particular, los factores que deben tenerse en cuenta y el peso que debe otorgársele a cada uno de ellos. En el primer caso clave: Re S. (A Minor) (Abduction: Custody Rights) [1993] Fam 242 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 87] El Tribunal de Apelaciones sostuvo que la facultad discrecional de un tribunal para rechazar la restitución inmediata de un menor debe ser ejercida teniendo en cuenta el enfoque global del Convenio, esto es, que el interés superior del menor se promueve mediante la pronta restitución, excepto que existan circunstancias extraordinarias para emitir una orden distinta. En Re R. (Child Abduction: Acquiescence) [1995] 1 FLR 716 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 60] dos miembros de la sala expresaron opiniones encontradas. Lord Justice Balcombe, que propugnaba un enfoque relativamente flexible respecto de la determinación inicial de edad y objeción a la restitución, sostuvo que la importancia que debía otorgarse a las objeciones variaría según la edad del menor, sin embargo, la política del Convenio siempre sería un factor de mucho peso. Lord Justice Millet, que defendía una interpretación más estricta de los filtros iniciales, sostuvo que, si correspondía considerar las opiniones del menor, dichas opiniones debían prevalecer, excepto que hubiera factores contrarios del mismo peso, que incluirían la política del Convenio. El tercer miembro de la sala apoyó la interpretación de Lord Justice Balcombe. En Re T. (Abduction: Child's Objections to Return) [2000] 2 FCR 159 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 270] Lord Justice Ward adoptó la interpretación de Lord Justice Millett. El razonamiento de Re. T. fue aceptado implícitamente por un Tribunal de Apelaciones integrado por diferentes miembros en: Re J. (Abduction: Child's Objections to Return) [2004] EWCA CIV 428, [2004] 2 FLR 64 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 579]. Sin embargo, fue rechazado en Zaffino v. Zaffino (Abduction: Children's Views) [2005] EWCA Civ 1012; [2006] 1 FLR 410 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 813]. El enfoque actual adecuado para el ejercicio de la facultad discrecional en Inglaterra es claramente el propugnado por Lord Justice Balcombe. En Zaffino v. Zaffino, el Tribunal también sostuvo que debía otorgarse importancia a los factores relativos al bienestar al momento de ejercer la facultad discrecional. En dicho caso, los factores relativos al bienestar favorecían la restitución. En Vigreux v. Michel [2006] EWCA Civ 630, [2006] 2 FLR 1180 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 829], el Tribunal de Apelaciones consideró cómo debía ejercerse la facultad discrecional en un caso regulado por el Reglamento Bruselas II bis. Se determinó que, además de la política del Convenio, debían tenerse en cuenta los fines y la política del Reglamento. En Re M. (A Child) (Abduction: Child's Objections to Return) [2007] EWCA Civ 260, [2007] 2 FLR 72 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 901], el Tribunal consideró de manera general los factores relativos al bienestar al decidir no ordenar la restitución de la menor de ocho años involucrada. El Tribunal también pareció aceptar un comentario no determinante del caso Vigreux v. Michel según el cual debía existir una dimensión "excepcional" en un caso antes de que el Tribunal pudiera considerar ejercer su facultad discrecional contra una orden de restitución. En Nyachowe v. Fielder [2007] EWCA Civ 1129, [Cita INCADAT: HC/E/UKe 964], se invocó la excepcionalidad. En dicho caso, se dictó una orden de restitución a pesar de las fuertes objeciones de una menor independiente de doce años de edad. Se puso particular énfasis en el hecho de que la menor había ido de vacaciones por dos semanas. En Re M. (Children) (Abduction: Rights of Custody) [2007] UKHL 55, [2008] 1 AC 1288 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 937], la Cámara de los Lores sostuvo que era incorrecto importar criterio de excepcionalidad alguno al ejercicio de la facultad discrecional en virtud del Convenio de la Haya. Las circunstancias en las que podía denegarse la restitución constituían -en sí mismas- excepciones a la regla general. Eso mismo era una excepcionalidad suficiente. No era necesario ni deseable importar glosa adicional alguna al Convenio. La Baronesa Hale agregó que cuando la facultad discrecional surgía de los términos del Convenio mismo, ésta era amplia. En los casos del Artículo 13(2), el tribunal tendría que considerar la naturaleza y la solidez de las objeciones del menor, la medida en la que dichas objeciones eran verdaderamente del menor o el producto de la influencia del progenitor sustractor, la medida en la que coincidían o se contraponían con otras consideraciones relevantes para el bienestar del menor, así como consideraciones generales del Convenio. Cuanto mayor sea el menor, mayor importancia tendrán probablemente sus objeciones. Nueva Zelanda Las interpretaciones de Balcombe / Millett dieron lugar a decisiones contradictorias del Tribunal Superior. El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, se pronunció a favor del enfoque de ‘gamas de gris' de Balcombe: White v. Northumberland [2006] NZFLR 1105 [Cita INCADAT: HC/E/NZ 902]. Reino Unido - Escocia P. v. S., 2002 FamLR 2 [Cita INCADAT: HC/E/UKs 963] Al ejercer su facultad discrecional para emitir una orden de restitución, el juez de primera instancia observó que no debía denegarse la orden de restitución excepto cuando hubiera motivos sensatos para no promover los fines del Convenio. Esto fue confirmado por el tribunal de apelaciones. La Cámara Interna del Tribunal Superior de Justicia (Inner House of the Court of Session) también sostuvo que la existencia de las excepciones del Artículo 13 no negaba ni eliminaba la política general del Convenio según la cual deben restituirse los menores sustraídos ilícitamente. Singh v. Singh 1998 SC 68 [Cita INCADAT: HC/E/UKs 197] El Tribunal sostuvo que el bienestar del menor era un factor general que debía ser considerado al ejercer la facultad discrecional. Un tribunal no debe limitarse a considerar la oposición del menor y los motivos por los cuales se opone a la restitución. Sin embargo, el tribunal sostuvo que no podía redactarse una norma respecto de si el bienestar del menor debía considerarse de manera amplia o detallada; éste era un asunto comprendido dentro del alcance de la facultad discrecional del tribunal en cuestión. En W. v. W. 2004 S.C. 63 IH (1 Div) [Cita INCADAT: HC/E/UKs 805], la Cámara Interna (Inner House) sostuvo que el ejercicio debía ser equilibrado y que uno de los factores a favor de la restitución era el espíritu y el fin del Convenio de permitirle al tribunal de residencia habitual resolver la controversia relativa a la custodia. Estados Unidos de América De Silva v. Pitts, 481 F.3d 1279, (10th Cir. 2007), [Cita INCADAT: HC/E/USf 903] Al hacer lugar a las opiniones de un menor de catorce años, el Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito tomó en consideración su interés superior e hizo caso omiso de la política del Convenio. Francia El Tribunal de apelaciones valoró la fuerza probatoria de la oposición de los niños, teniendo en cuenta que los mismos habían estado durante un largo tiempo con el progenitor sustractor y sin contacto con el progenitor desplazado antes de ser escuchados, observando asimismo que los hechos denunciados por los niños habían sido tenidos en cuenta por las autoridades del Estado de la residencia habitual. CA Bordeaux, 19 janvier 2007, No 06/002739 [Cita INCADAT: HC/E/FR 947].
Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES Resumen INCADAT en curso de preparación.
INTEGRACIÓN DEL MENOR No ha surgido interpretación uniforme alguna relativa al concepto de integración; en particular si se debería interpretar literalmente o, en cambio, de conformidad con los objetivos de política del Convenio. En las jurisdicciones que favorecen el último enfoque, la carga de la prueba sobre el sustractor es claramente mayor y es más difícil establecer la excepción. Entre las jurisdicciones en las cuales se le ha atribuido una pesada carga de la prueba al establecimiento de la integración se encuentran las siguientes: Reino Unido - Inglaterra y Gales Re N. (Minors) (Abduction) [1991] 1 FLR 413 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 106]. En este caso se sostuvo que la integración es mucho más que la mera adaptación al entorno. Implica un elemento físico de estar relacionado con una comunidad y un entorno y de estar establecido en ellos. También tiene un componente emocional que denota seguridad y estabilidad. Cannon v. Cannon [2004] EWCA CIV 1330, [2005] 1 FLR 169, [Cita INCADAT: HC/E/UKe 598]. Para la crítica académica de Re N., ver: Collins L. et al., Dicey, Morris & Collins on the Conflict of Laws, 14th Edition, Sweet & Maxwell, Londres, 2006, párrafos 19-121. Sin embargo, se puede observar que un avance más reciente en Inglaterra ha sido la adopción por parte de la Cámara de los Lores de una evaluación de la integración centrada en el menor en Re M. (Children) (Abduction: Rights of Custody) [2007] UKHL 55, [2008] 1 AC 1288, [Cita INCADAT: HC/E/UKe 937]. Este fallo puede afectar la jurisprudencia anterior. No obstante ello, no hubo ningún debilitamiento aparente del estándar en el caso fuera del Convenio Re F. (Children) (Abduction: Removal Outside Jurisdiction) [2008] EWCA Civ. 842, [2008] 2 F.L.R. 1649, [Cita INCADAT: HC/E/UKe 982]. Reino Unido - Escocia Soucie v. Soucie 1995 SC 134 [Cita INCADAT: HC/E/UKs 107] Para que se active el Artículo 12(2) el interés en que el menor no sea desarraigado debe ser tan convincente que tenga más peso que el objeto primario del Convenio, a saber, la restitución del menor a la jurisdicción adecuada de modo tal que el futuro del menor pueda determinarse en el lugar adecuado. P. v. S., 2002 FamLR 2 [Cita INCADAT: HC/E/UKs 963] Una situación de integración era una en cuya permanencia podía confiarse razonablemente en las circunstancias del caso y que no contenía indicaciones de que podría cambiar radicalmente o derrumbarse. Por lo tanto, tenía que existir alguna proyección hacia el futuro. C. v. C. [2008] CSOH 42, 2008 S.C.L.R. 329, [Cita INCADAT: HC/E/UKs 962] Estados Unidos de América Re Interest of Zarate, No. 96 C 50394 (N.D. Ill. Dec. 23, 1996) [Cita INCADAT: HC/E/USf 134]. Se ha favorecido una interpretación literal del concepto de integración en: Australia Director-General, Department of Community Services v. M. and C. and the Child Representative (1998) FLC 92-829 [Cita INCADAT: HC/E/AU 291] China - (Región Administrativa Especial de Hong Kong) A.C. v. P.C. [2004] HKMP 1238 [Cita INCADAT: HC/E/HK 825]. El impacto de las interpretaciones divergentes es discutiblemente más marcado cuando se encuentran afectados menores muy pequeños. Se ha sostenido que se debe considerar la integración desde la perspectiva de un menor pequeño en: Austria 7Ob573/90, Oberster Gerichtshof, 17/05/1990 [Cita INCADAT: HC/E/AT 378]; Australia Secretary, Attorney-General's Department v. T.S. (2001) FLC 93-063 [Cita INCADAT: HC/E/AU 823]; State Central Authority v. C.R. [2005] Fam CA 1050 [Cita INCADAT: HC/E/AU 824]; Israel Family Application 000111/07 Ploni v. Almonit, [Cita INCADAT: HC/E/IL 938]; Mónaco R 6136; M. Le Procureur Général c. M. H. K., [Cita INCADAT: HC/E/MC 510]; Suiza Präsidium des Bezirksgerichts St. Gallen (District Court of St. Gallen) (Switzerland), decision of 8 September 1998, 4 PZ 98-0217/0532N, [Cita INCADAT: HC/E/CH 431]. También se ha adoptado un enfoque centrado en el menor en varias decisiones significativas adoptadas en instancia de apelación con respecto a menores de mayor edad, con el énfasis puesto en las opiniones del menor. Reino Unido - Inglaterra y Gales Re M. (Children) (Abduction: Rights of Custody) [2007] UKHL 55, [2008] 1 AC 1288, [Cita INCADAT: HC/E/UKe 937]; Francia CA Paris 27 Octobre 2005, 05/15032, [Cita INCADAT: HC/E/FR 814]; Canadá (Quebec) Droit de la Famille 2785, Cour d'appel de Montréal, 5 December 1997, No 500-09-005532-973 [Cita INCADAT: HC/E/CA 653]. En contraste, en la decisión de los Estados Unidos se favoreció una evaluación más objetiva: David S. v. Zamira S., 151 Misc. 2d 630, 574 N.Y.S.2d 429 (Fam. Ct. 1991) [Cita INCADAT: HC/E/USs 208]. Los menores, de 3 y 1 ½ años de edad, no habían establecido lazos significativos con su comunidad en Brooklyn; no estaban involucrados en actividades escolares, extracurriculares, comunitarias, religiosas ni sociales en las que se verían involucrados menores de mayor edad.
El Inicio de los Procesos en virtud del Convenio
ARTÍCULO 12(1) EL INICIO DE LOS PROCESOS EN VIRTUD DEL CONVENIO A efectos del Art 12(1), la obligación de los Estados Contratantes de restituir a los menores en forma "inmediata" existe cuando han transcurrido menos de 12 meses entre el traslado o la retención ilícitos y la "iniciación del procedimiento ante la autoridad judicial o administrativa" del Estado Contratante de refugio. Los tribunales de varios Estados Contratantes han considerado la cuestión de la fecha exacta de la iniciación de dichos procesos y han concluido que, a efectos del Artículo 12(1), no basta que la solicitud de restitución haya sido presentada ante la Autoridad Central pertinente del Estado de refugio, sino que debe haberse iniciado un proceso de restitución civil. En ese sentido, se ha destacado que la referencia del Art 12 a las autoridades administrativas alude a Estados en los que los tribunales administrativos poseen competencia respecto de las solicitudes de restitución. Canadá V.B.M. v. D.L.J. [2004] N.J. No. 321; 2004 NLCA 56 [Cita INCADAT: HC/E/CA 592]. Estados Unidos de América Wojcik v. Wojcik, 959 F. Supp. 413 (E.D. Mich. 1997) [Cita INCADAT: HC/E/USf 105]. La cuestión se ha aceptando sin cuestionamiento alguno tanto en Inglaterra como en Gales y Escocia: Re M. (Abduction: Acquiescence) [1996] 1 FLR 315, [Cita INCADAT: HC/E/UKe 21]; Perrin v. Perrin 1994 SC 45, [Cita INCADAT: HC/E/UKs 108].
OCULTAMIENTO Cuando se oculta a los menores en el Estado de refugio, los tribunales son renuentes a resolver en el sentido de la existencia de integración, incluso si transcurren muchos años antes de su descubrimiento: Canadá (transcurridos 7 años) J.E.A. v. C.L.M. (2002), 220 D.L.R. (4th) 577 (N.S.C.A.) [Cita INCADAT: HC/E/CA 754]. Ver, sin embargo, la decisión de Cour d'appel de Montréal en: Droit de la Famille 2785, Cour d'appel de Montréal, 5 December 1997, No 500-09-005532-973 [Cita INCADAT: HC/E/CA 653]. Reino Unido - Escocia (transcurridos 2 ½ años) C. v. C. [2008] CSOH 42, 2008 S.C.L.R. 329, [Cita INCADAT: HC/E/UKs 962]; Suiza (transcurridos 4 años) Justice de Paix du cercle de Lausanne, (Magistrates' Court) (Switzerland), decision of 6 July 2000, J 765 CIEV 112E [Cita INCADAT: HC/E/CH 434]; Estados Unidos de América (trascurridos 2 ½ años) Lops v. Lops, 140 F. 3d 927 (11th Cir. 1998) [Cita INCADAT: HC/E/USf 125]; (trascurridos 3 años) In re Coffield, 96 Ohio App. 3d 52, 644 N.E. 2d 662 (1994) [Cita INCADAT: HC/E/USs 138]. Se han expedido órdenes de no restitución cuando, a pesar del ocultamiento, los menores, sin embargo, han podido llevar una vida abierta: Reino Unido - Inglaterra y Gales (trascurridos 4 años) Re C. (Abduction: Settlement) (No 2) [2005] 1 FLR 938 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 815]; China - (Región Administrativa Especial de Hong Kong) (trascurridos 4 ¾ años) A.C. v. P.C. [2004] HKMP 1238 [Cita INCADAT: HC/E/HK 825].
Suspensión equitativa del plazo de prescripción ("equitable tolling")
SUSPENSIÓN EQUITATIVA DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN ("equitable tolling") De conformidad con este principio, se considera que el plazo de un año previsto en el artículo 12 solo comienza a partir de la fecha en la que se localizó al menor. El fundamento lógico es que, en caso contrario, un progenitor sustractor que ocultó al menor por más de un año saldría recompensado por su conducta indebida con la posibilidad de oponer una excepción que, de otro modo, no podría oponer. Furnes v. Reeves, 362 F.3d 702 (11th Cir. 2004) [Referencia INCADAT: HC/E/USf 578]. El principio de la suspensión equitativa del plazo de prescripción ("equitable tolling") ha sido rechazado en otros Estados en el contexto de la aplicación del artículo 12. Véanse: Reino Unido - Inglaterra y Gales Cannon v. Cannon [2004] EWCA CIV 1330, [2005] 1 FLR 169 [Referencia INCADAT: HC/E/UKe 598]; China - (Región Administrativa Especial de Hong Kong) A.C. v. P.C. [2004] HKMP 1238 [Referencia INCADAT: HC/E/HK 825]; Nueva Zelanda H.J. v. Secretary for Justice [2006] NZFLR 1005 [Referencia INCADAT: HC/E/NZ 1127].
FACULTAD DISCRECIONAL PARA EMITIR UNA ORDEN DE RESTITUCIÓN CUANDO EL MENOR SE ENCUENTRA INTEGRADO AL NUEVO AMBIENTE A diferencia de las excepciones del Artículo 13, el Artículo 12(2) no otorga expresamente a los tribunales facultad discrecional para emitir una orden de restitución si se establece la integración. Cuando ha surgido este tema para su consideración, la opinión de la mayoría judicial ha sido, sin embargo, aplicar la disposición como si existiera facultad discrecional, pero esto ha surgido de diferentes maneras. Australia La cuestión no se ha decidido de manera concluyente pero parecería haber respaldo de apelación para inferir una facultad discrecional. Se ha hecho referencia a la jurisprudencia de Inglaterra y Escocia, ver: Director-General Department of Families, Youth and Community Care v. Moore, (1999) FLC 92-841 [Cita INCADAT: HC/E/AU 276]. Reino Unido - Inglaterra y Gales La jurisprudencia inglesa inicialmente favoreció el inferir que existía una facultad discrecional basada en el Convenio en virtud del Artículo 18, ver: Re S. (A Minor) (Abduction) [1991] 2 FLR 1, [Cita INCADAT: HC/E/UKe 163]; Cannon v. Cannon [2004] EWCA CIV 1330, [2005] 1 FLR 169 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 598]. Sin embargo, esta interpretación fue rechazada expresamente en la decisión de la Cámara de los Lores Re M. (Children) (Abduction: Rights of Custody) [2007] UKHL 55, [2008] 1 AC 1288, [Cita INCADAT: HC/E/UKe 937]. Una mayoría de la sala sostuvo que la interpretación del Artículo 12(2) dejaba abierta la cuestión de que existía una facultad discrecional inherente cuando se establecía la integración. Se señaló que el Artículo 18 no confería ninguna facultad nueva para ordenar la restitución de un menor en virtud del Convenio, sino que contemplaba facultades conferidas por el derecho interno. Irlanda Al aceptar la existencia de una facultad discrecional, se hizo referencia a la temprana doctrina inglesa y al Artículo 18. P. v. B. (No. 2) (Child Abduction: Delay) [1999] 4 IR 185; [1999] 2 ILRM 401 [Cita INCADAT: HC/E/IE 391]. Nueva Zelanda Toda facultad discrecional deriva de la legislación interna que implementa el Convenio, ver: Secretary for Justice (as the NZ Central Authority on behalf of T.J) v. H.J. [2006] NZSC 97, [Cita INCADAT: HC/E/NZ 882]. Reino Unido - Escocia Aunque no se exploró la cuestión en detalle, si no se establecía la integración, había un indicio de que existiría facultad discrecional, haciéndose referencia al Artículo 18. Soucie v. Soucie 1995 SC 134, [Cita INCADAT: HC/E/UKs 107]. Ha habido algunas decisiones en las cuales se concluyó que no había facultad discrecional alguna atribuida al Artículo 12(2), entre ellas: Australia State Central Authority v. Ayob (1997) FLC 92-746, 21 Fam. LR 567 [Cita INCADAT: HC/E/AU 232], - posteriormente cuestionada; State Central Authority v. C.R. [2005] Fam CA 1050 [Cita INCADAT: HC/E/AU 824]; Reino Unido - Inglaterra y Gales Re C. (Abduction: Settlement) [2004] EWHC 1245, [2005] 1 FLR 127, [Cita INCADAT: HC/E/UKe 596] - posteriormente revocada; China - (Región Administrativa Especial de Hong Kong) A.C. v. P.C. [2004] HKMP 1238 [Cita INCADAT: HC/E/HK 825]; Canadá (Quebec) Droit de la Famille 2785, Cour d'appel de Montréal, 5 décembre 1997, No 500-09-005532-97, [Cita INCADAT: HC/E/CA 653]. Puesto que el Artículo 18 no se encuentra incluido en la ley que implementó el Convenio en Quebec, se entiende que los tribunales no poseen facultad discrecional alguna cuando se ha establecido la integración. Para comentarios académicos sobre el uso de la facultad discrecional cuando se ha establecido la integración, ver: Beaumont P.R. and McEleavy P.E. 'The Hague Convention on International Child Abduction' OUP, Oxford, 1999, en pág. 204 y ss.; R. Schuz, ‘In Search of a Settled Interpretation of Article 12(2) of the Hague Child Abduction Convention' [2008] Child and Family Law Quarterly.
Cuestiones de Implementación & Aplicación
Medidas para facilitar la restitución de los niños
COOPERACIÓN y COMUNICACIÓN JUDICIAL En 2001, la Cuarta Comisión Especial para revisar el funcionamiento del Convenio sobre sustracción de menores de 1980 recomendó que los Estados contratantes fomenten de manera activa la cooperación judicial internacional. Esta visión se repitió durante la Quinta Comisión Especial de 2006. Cuando esta cooperación se ha manifestado mediante comunicaciones directas entre jueces, se ha observado que se deben respetar los estándares y salvaguardias procesales del foro. Esto último fue reconocido en los Principios 6.1 a 6.5 de los "Lineamientos Emergentes y Principios Generales sobre las Comunicaciones Judiciales" (Doc. Prel. Nº 3A a la atención de la Comisión Especial de junio de 2011, revisado en julio de 2012): "6.1 Todo juez que intervenga en una comunicación judicial directa debe respetar las leyes de su jurisdicción. 6.2 Al momento de establecer la comunicación, cada juez que conoce del caso deberá mantener la independencia para arribar a su propia decisión en el asunto en cuestión. 6.3 Las comunicaciones no deben comprometer la independencia del juez que conoce del caso para llegar a su propia decisión en el asunto en cuestión. 6.4 En los Estados contratantes donde se practican las comunicaciones judiciales directas, las siguientes son salvaguardias procesales comúnmente aceptadas: excepto en circunstancias especiales, las partes deben ser notificadas de la naturaleza de la comunicación propuesta; debe llevarse un registro de las comunicaciones y ponerse a disposición de las partes; todas las conclusiones a que se arribe deben plasmarse por escrito; las partes o sus representantes deben tener la oportunidad de estar presentes en determinados casos, por ejemplo a través de conferencias telefónicas. 6.5 Nada en estas salvaguardias comúnmente aceptadas impide al juez que entienda en el caso seguir sus reglas de derecho interno o prácticas que le den mayor libertad." La cooperación judicial directa se ha empleado en muchos Estados: Canadá Y.D. v. J.B., [1996] R.D.F. 753 (Que.C.A.) [Referencia INCADAT: HC/E/CA/ 369] Hoole v. Hoole, 2008 BCSC 1248 [Referencia INCADAT: HC/E/CA/ 991] Adkins v. Adkins, 2009 BCSC 337 [Referencia INCADAT: HC/E/CA/ 1108] En este caso, gracias a la comunicación directa, se suspendió el procedimiento en virtud del Convenio por estar pendiente la sentencia sobre un asunto de custodia de fondo en el tribunal competente del estado de residencia habitual del menor en Nevada, Estados Unidos de América. Reino Unido - Inglaterra y Gales Re M. and J. (Abduction) (International Judicial Collaboration) [1999] 3 FCR 721 [Referencia INCADAT: HC/E/UKe 266] Re A. (Custody Decision after Maltese Non-Return Order) [2006] EWHC 3397, [2007] 1 FLR 1923 [Referencia INCADAT: HC/E/UKe 883] Reino Unido - Irlanda del Norte RA v DA [2012] NIFam 9 [INCADAT Referencia: HC/E/UKn 1197] Estados Unidos de América Panazatou v. Pantazatos, No. FA 960713571S (Conn. Super. Ct. Sept. 24, 1997) [Referencia INCADAT: HC/E/USs 97] En el art. 110 de la ley uniforme sobre competencia y ejecución en materia de custodia de menores (Uniform Child Custody Jurisdiction and Enforcement Act (1997)) se establece una disposición especial para las comunicaciones judiciales. Véase: http://www.uniformlaws.org/shared/docs/child_custody_jurisdiction/uccjea_final_97.pdf El High Court de la Región Administrativa Especial de Hong Kong - Tribunal de Apelaciones ha planteado críticas a la cooperación judicial directa en la decisión: D. v. G. [2001] 1179 HKCU 1 [Referencia INCADAT: HC/E/HK 595]. P. Lortie, de la Oficina Permanente de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, emprendió un estudio detallado de todos los aspectos de la cooperación judicial internacional por primera vez en 2002:"Mecanismos prácticos para facilitar las comunicaciones judiciales internacionales directas en el contexto del Convenio de La Haya del 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores: Informe preliminar", Doc. Prel. Nº 6 de agosto de2002 a la atención de la Comisión Especial de septiembre/octubre de 2002. En 2006, Philippe Lortie preparó el "Informe sobre las comunicaciones judiciales en el contexto de la protección internacional de menores" Doc. Prel. N° 8 de octubre de 2006 a la atención de la Quinta Reunión de la Comisión Especial para revisar el funcionamiento del Convenio de la Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (30 de octubre - 9 de noviembre de 2006). (Véase < www.hcch.net >, en la "Sección Sustracción de Niños" luego "Comisiones Especiales sobre el funcionamiento práctico del Convenio" y "Documentos Preliminares".) En 2013, la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya publicó el folleto "Comunicaciones judiciales directas - Lineamientos emergentes, relativos al desarrollo de la Red Internacional de Jueces de La Haya y Principios Generales sobre Comunicaciones Judiciales, que comprende las salvaguardias comúnmente aceptadas para las Comunicaciones Judiciales Directas en casos específicos, en el contexto de la Red Internacional de Jueces de La Haya". (Véase < www.hcch.net >, "Publicaciones", luego "Folletos"). Para otros comentarios véase: Conferencia de la Haya "El Boletín de los Jueces" Tomo IV/Verano de 2002 y Tomo XV/Otoño 2009. (Véase < www.hcch.net >, "Sección Sustracción de Niños", luego " Boletín de los Jueces"). R. Moglove Diamond, "Canadian Initiatives Respecting the Handling of Hague Abduction Convention Cases" (2008) 50 R.F.L. (6th) 275. (Junio 2014)
Cooperación de las Autoridades Centrales
RESTITUCIÓN SEGURA / ÓRDENES ESPEJO Ha surgido una práctica en una serie de Estados Contratantes para que las órdenes de restitución estén sujetas al cumplimiento de determinados requisitos o compromisos específicos. A fin de asegurar que tales medidas de protección sean ejecutables, se le puede exigir al solicitante que registre estas medidas en términos idénticos o equivalentes en el Estado de residencia habitual del menor. Por lo general se hace referencia a estas órdenes replicadas como ‘restitución segura' u ‘órdenes espejo'. Las órdenes de restitución han estado sujetas a la sanción de la restitución segura/órdenes espejo en las siguientes jurisdicciones: Australia Director-General Department of Families, Youth and Community Care and Hobbs, 24 September 1999, Family Court of Australia (Brisbane), [Cita INCADAT: HC/E/AU 294]; Reino Unido - Inglaterra y Gales Re W. (Abduction: Domestic Violence) [2004] EWHC 1247, [2004] 2 FLR 499 [Cita INCADAT: HC/E/ UKe 599]; Re F. (Children) (Abduction: Removal Outside Jurisdiction) [2008] EWCA Civ. 842, [2008] 2 F.L.R. 1649, [Cita INCADAT: HC/E/UKe 982]; Sudáfrica Sonderup v. Tondelli 2001 (1) SA 1171 (CC), [Cita INCADAT: HC/E/ZA 309]; Central Authority v. H. 2008 (1) SA 49 (SCA) [Cita INCADAT: HC/E/ZA 900]. El Juzgado Segundo de Niñez y Adolescencia de Panamá hizo lugar a una solicitud por parte del Tribunal Superior inglés de medidas de protección accesorias a una orden para contacto internacional a ser registrada en el Estado de visita, ver: Ruling Nº393-05-F, [Cita INCADAT: HC/E/PA 872]. Una solicitud de que una orden de restitución quedara sujeta a la implementación de órdenes espejo fue rechazada en Israel Family Application 8743/07 Y.D.G. v T.G., [Cita INCADAT: HC/E/IL 983]. El Tribunal de Familia de Jerusalén decidió que dado que las acusaciones contra el padre no habían sido confirmadas, no había fundamentos para imponer condiciones para el regreso seguro del niño, más que ordenar que el padre deposite una suma de dinero de modo de garantizar su compromiso de permitirles vivir en su apartamento. No había necesidad de obtener una orden espejo de los Tribunales de Estados Unidos, ya que la demora que ello produciría un daño a los niños.
COMPROMISOS Preparación del análisis de jurisprudencia de INCADAT en curso.
PRUEBA TESTIMONIAL Para garantizar que los casos del Convenio sean tratados con celeridad, como lo exige el Convenio, los tribunales en una serie de jurisdicciones han restringido el uso de la prueba testimonial, ver: Australia Gazi v. Gazi (1993) FLC 92-341, 16 Fam LR 18, [Cita INCADAT: HC/E/AU 277] Debe observarse sin embargo que más recientemente la jurisdicción suprema de Australia, el Tribunal Superior, ha advertido contra la ‘disposición inadecuada, aunque pronta, de solicitudes de restitución', en cambio se exigió un ‘examen minucioso respecto de las pruebas adecuadas de las cuestiones', ver: M.W. v. Director-General, Department of Community Services [2008] HCA 12, [Cita INCADAT: HC/E/AU 988]. Canadá Katsigiannis v. Kottick-Katsigianni (2001), 55 O.R. (3d) 456 (C.A.), [Cita INCADAT: HC/E/CA 758] El Tribunal de Apelaciones de Ontario sostuvo que si la credibilidad era un asunto serio, los tribunales debían considerar escuchar a los testigos cuya credibilidad esté cuestionada. China - Hong Kong S. v. S. [1998] 2 HKC 316, [Cita INCADAT: HC/E/HK 234] Reino Unido - Inglaterra y Gales Re F. (A Minor) (Child Abduction) [1992] 1 FLR 548, [Cita INCADAT: HC/E/UKe 40]; Re W. (Abduction: Procedure) [1995] 1 FLR 878, [Cita INCADAT: HC/E/UKe 37]. En el caso anteriormente mencionado se aceptó que una situación en la que debería permitirse la prueba testimonial era aquella en la que la prueba documentada se encontraba en conflicto directo. Re W. (Abduction: Domestic Violence) [2004] EWCA Civ 1366, [2005] 1 FLR 727, [Cita INCADAT: HC/E/UKe 771]; En el caso anterior el Tribunal de Apelación falló que un juez de primera instancia podría considerar de oficio el permitir la prueba testimonial cuando considerara que la prueba testimonial podría resultar determinante para el caso. Sin embargo, para garantizar la exploración verbal respecto de la existencia de un grave riesgo de daño que era sólo embrionario en la prueba escrita, un juez debía estar convencido de que existía una posibilidad realista de que la prueba testimonial configurara un caso del Artículo 13(1) b). Re F. (Abduction: Child's Wishes) [2007] EWCA Civ 468, [2007] 2 FLR 697, [Cita INCADAT: HC/E/UKe 906]; En este caso el Tribunal de Apelación afirmó que cuando se alegaba la excepción de aceptación posterior, se permitía de manera más general la prueba testimonial debido a la necesidad de asegurar el estado mental subjetivo del solicitante, así como también sus comunicaciones en respuesta al conocimiento del traslado o retención. Finlandia Supreme Court of Finland: KKO:2004:76, [Cita INCADAT: HC/E/FI 839]. Irlanda In the Matter of M. N. (A Child) [2008] IEHC 382, [Cita INCADAT: HC/E/IE 992]. El juez de primera instancia observó que las solicitudes eran consideradas sólo en relación a la prueba documental, excepto cuando el Tribunal, en circunstancias excepcionales, ordenaba o permitía la prueba testimonial. Nueva Zelanda Secretary for Justice v. Abrahams, ex parte Brown, [Cita INCADAT: HC/E/NZ 492]; Hall v. Hibbs [1995] NZFLR 762, [Cita INCADAT: HC/E/NZ 248] Sudáfrica Pennello v. Pennello [2003] 1 All SA 716, [Cita INCADAT: HC/E/ZA 497]; Central Authority v. H. 2008 (1) SA 49 (SCA), [Cita INCADAT: HC/E/ZA 900]. En el caso que antecede la Corte Suprema de Apelaciones observó que incluso cuando las partes no habían solicitado que se admitiera la prueba testimonial, esta se podría exigir cuando la cuestión del consentimiento no pudiera resolverse de otro modo. Estados Unidos de América Ferraris v. Alexander, 125 Cal. App. 4th 1417 (Cal. App. 3d. Dist., 2005), [Cita INCADAT: HC/E/USs 797]. El padre argumentó que el juzgado de primera instancia le había negado una audiencia justa, dado que había determinado los asuntos de hecho en disputa sin oír la evidencia oral de las partes. El Tribunal de Apelaciones rechazó su planteo, destacando que nada en el Convenio de La Haya da al padre el derecho a una audiencia de prueba con declaración jurada de testigos. También destacó que, de conformidad con la legislación de California, los alegatos podían ser usados en lugar de la declaración testimonial en varias situaciones. El Tribunal además estableció que el padre no podía cuestionar la procedencia del procedimiento utilizado con relación a la prueba en la apelación, porque no había objetado el uso de declaraciones juradas como prueba en el juicio . Para la consideración del uso de la prueba testimonial en los procedimientos del Convenio, ver: Beaumont P.R. y McEleavy P.E. 'The Hague Convention on International Child Abduction' OUP, Oxford, 1999 en p. 257 y ss. En virtud de las normas aplicables dentro de la Unión Europea para las sustracciones intra- UE (Reglamento del Consejo (CE) Nº 2201/2003 (Bruselas II bis)) las solicitudes del Convenio actualmente están sujetas a disposiciones adicionales, que incluye el requisito de que se escuche al solicitante antes de que se expida una orden de no-restitución [Artículo 11(5) Reglamento de Bruselas II bis], y, que se escuche al niño ‘durante los procedimientos excepto que esto parezca inadecuado teniendo en cuenta su edad o el grado de madurez' [Artículo 11(2) Reglamento de Bruselas II bis].
COSTOS Resumen INCADAT en curso de preparación.
Requisito de urgencia (Artículo 11)
REQUISITO DE URGENCIA (Artículo 11) Resumen INCADAT en curso de preparación.
Demoras causadas por el progenitor solicitante luego de iniciados los procedimientos de restitución
DEMORAS CAUSADAS POR EL PROGENITOR SOLICITANTE LUEGO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESTITUCIÓN Aún cuando parezca extraño, ha habido ejemplos de progenitores desplazados que solo iniciaron el proceso y luego no lo continuaron, o progenitores desplazados que tuvieron éxito y obtuvieron una orden de restitución pero luego no tomaron las medidas necesarias para asegurar la ejecución de la decisión. La respuesta a estas situaciones se encuentra regida por las leyes de procedimiento del Estado miembro afectado. Incumplimiento en la continuación de la solicitud Reino Unido - Inglaterra y Gales Un progenitor desplazado que completó una solicitud de restitución pero luego esperó 10 meses antes de tomar alguna otra medida tenía la solicitud suprimida por abuso en la utilización del proceso. Re G. (Abduction: Striking Out Application) [1995] 2 FLR 410, [INCADAT cite: HC/E/UKe 170] Incumplimiento en el pedido de la ejecución de las órdenes de restitución Australia Las Regulaciones de Derecho de Familia (Sustracción de Menores) de 1986, Reg 19ª, establecen: (1) Si un Tribunal dicta una orden de restitución, la Autoridad central responsable, el peticionante del Artículo 3 o el demandado en el procedimiento pueden pedir al Tribunal, que lo dispense del cumplimiento de la decisión, de conformidad con el Formulario 2D. (2) El Tribunal puede dictar una orden dispensando del cumplimiento de la orden de reintegro, o de una parte de ella, solo si se ha demostrado que: (a) todas las partes están de acuerdo en que se dispense el cumplimiento de la orden; o (b) el cambio producido en las circunstancias luego del dictado de la orden de restitución haya tornado impracticable el cumplimiento de la orden; o (c) existan circunstancias excepcionales que justifiquen la dispensa de la orden; o (d) al momento del dictado de la orden dispensando el cumplimiento de la decisión haya transcurrido mas de un año de la decisión de restitución o de la decisión de cualqueir instancia de apelación con respecto a la misma. Nueva Zelanda En el caso B. v. Secretary for Justice, 26 February 2008 [INCADAT cite: HC/E/UKe 965] el Tribunal Supremo (Christchurch) sostuvo que la ley neozelandesa no le otorgaba jurisdicción para suprimir la decisión de restitución si el progenitor desplazado no había procurado la ejecución del reintegro. El juez sostuvo que si hubiera tenido jurisdicción para hacerlo, habría suprimido la decisión, ya que una demora de 6 meses era excesiva. La decisión del Tribunal Superior fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones: Butler v. Craig [2008] NZCA 198.
EJECUCIÓN En el caso de que un padre sustractor no cumpla voluntariamente, la implementación de la orden de restitución requerirá medidas coercitivas. La adopción de dichas medidas puede acarrear complicaciones jurídicas y prácticas para el solicitante. En efecto, a pesar de ser fructíferas en última instancia, pueden dar lugar a demoras significativas antes de que se pueda determinar el futuro del menor en su estado de residencia habitual. En algunos casos extremos, es posible que las demoras acaecidas sean tan prolongadas que ya no resulte adecuado emitir una orden de restitución. Trabajo de la Conferencia de la Haya Se ha prestado considerable atención a la cuestión de la ejecución en las Comisiones Especiales convocadas para revisar el funcionamiento del Convenio de la Haya. En las Conclusiones de la Cuarta Comisión Especial para la Revisión de marzo de 2001, se destacó lo siguiente: "Métodos para acelerar la ejecución 3.9 Los retrasos en la ejecución de decisiones de restitución, o su inejecución, son cuestiones que preocupan seriamente a algunos Estados contratantes. La Comisión especial hace un llamamiento a los Estados contratantes para que ejecuten las decisiones de restitución sin demora y de forma efectiva. 3.10 Debería ser posible para los tribunales, al tomar una decisión de restitución, incluir disposiciones para garantizar que la orden lleve a una restitución del menor inmediata y efectiva. 3.11 Las Autoridades centrales, u otras autoridades competentes, deberían esforzarse en hacer el seguimiento de las decisiones de restitución y en determinar en cada caso si la ejecución se retrasa o no se consigue." Ver: < www.hcch.net >, en la "Sección de Sustracción de Menores" luego "Reuniones de la Comisión Especial respecto del funcionamiento práctico del Convenio" y "Conclusiones y Recomendaciones". Durante la preparación para la Quinta Comisión Especial para la Revisión de noviembre de 2006, la Oficina Permanente redactó un informe titulado: "Ejecución de las órdenes fundadas en el Convenio de La Haya de 1980 - hacia principios de buenas prácticas", Documento Preliminar, Doc. Prel. Nº 7 de octubre de 2006, (disponible en el sitio web de la Conferencia de la Haya en < www.hcch.net >, en la "Sección de Sustracción de Menores" luego "Reuniones de la Comisión Especial respecto del funcionamiento práctico del Convenio" luego "Documentos Preliminares"). La Comisión Especial de 2006 promovió el respaldo de los principios de buenas prácticas expresados en el informe, que servirían, asimismo, como una futura Guía de Buenas Prácticas sobre Cuestiones de Ejecución, ver: < www.hcch.net >, en la "Sección de Sustracción de Menores" luego "Reuniones de la Comisión Especial respecto del funcionamiento práctico del Convenio" luego "Conclusiones y Recomendaciones" luego "Comisión Especial de octubre-noviembre de 2006". Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) El Tribunal Europeo de Derechos Humanos le ha prestado particular atención en los últimos años a la cuestión de la ejecución de órdenes de restitución fundadas en el Convenio de la Haya. En varias ocasiones, determinó que los Estados Contratantes del Convenio de la Haya de 1980 sobre la Sustracción de Menores no habían cumplido sus obligaciones positivas de adoptar todas las medidas razonables para ejecutar las órdenes de restitución. Este incumplimiento, a su vez, dio lugar a la violación del derecho del padre solicitante al respeto de la vida familiar, garantizado por el Artículo 8 del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos, (CEDH), ver: Ignaccolo-Zenide v. Romania, No. 31679/96, (2001) 31 E.H.R.R. 7 [Cita INCADAT: HC/E/ 336]; Sylvester v. Austria, Nos. 36812/97 and 40104/98, (2003) 37 E.H.R.R. 17, [Cita INCADAT: HC/E/ 502]; H.N. v. Poland, No. 77710/01, (2005) 45 EHRR 1054 [Cita INCADAT: HC/E/ 811]; Karadžic v. Croatia, No. 35030/04, (2005) 44 EHRR 896 [Cita INCADAT: HC/E/ 819]; P.P. v. Poland, No. 8677/03, 8 January 2008 [Cita INCADAT: HC/E/ 941]. El Tribunal tendrá en consideración las circunstancias del caso y las medidas adoptadas por las autoridades nacionales. Se sostuvo que una demora de ocho meses entre la entrega de la orden de restitución y la ejecución no constituía violación del derecho al respeto de la vida familiar del progenitor perjudicado: Couderc v. Czech Republic, 31 January 2001, No. 54429/00 [Cita INCADAT: HC/E/ 859]. El Tribunal no hizo lugar a objeciones de los progenitores que habían alegado que las medidas de ejecución, entre ellas, medidas coercitivas, habían interferido con su derecho al respeto de la vida familiar, ver: Paradis v. Germany, 15 May 2003, No. 4783/03 [Cita INCADAT: HC/E/ 860]; A.B. v. Poland, No. 33878/96, 20 November 2007 [Cita INCADAT: HC/E/ 943]; Maumousseau and Washington v. France, No. 39388/05, 6 December 2007 [Cita INCADAT: HC/E/ 942]; En el siguiente caso, se confirmó la obligación positiva de actuar frente a la ejecución de una orden de custodia en un caso de sustracción de menores fundado en un convenio distinto al de la Haya: Bajrami v. Albania, 12 December 2006 [Cita INCADAT: HC/E/ 898]. Sin embargo, deberá considerarse un hecho relevante que el peticionante haya contribuido a la demora. Con relación a la ejecución de una decisión de custodia posterior a la sustracción, ver: Ancel v. Turkey, No. 28514/04, 17 February 2009, [Cita INCADAT: HC/E/ 1015]. Comisión Interamericana de Derechos Humanos La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que la ejecución inmediata de una orden de restitución mientras se encontraba pendiente un recurso de apelación definitivo no constituía violación de los Artículos 8, 17, 19 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), ver: Case 11.676, X et Z v. Argentina, 3 October 2000, Inter-American Commission on Human Rights Report n°71/00, [Cita INCADAT: HC/E/ 772] Jurisprudencia sobre la Ejecución Los siguientes constituyen ejemplos de casos en los que se dictó una orden de restitución pero se objetó su ejecución: Bélgica Cour de cassation 30/10/2008, C.G. c. B.S., N° de rôle: C.06.0619.F, [Cita INCADAT: HC/E/BE 750]; Canadá H.D. et N.C. c. H.F.C., Cour d'appel (Montréal), 15 mai 2000, N° 500-09-009601-006 (500-04-021679-007), [Cita INCADAT: HC/E/CA 915]; Suiza 427/01/1998, 49/III/97/bufr/mour, Cour d'appel du canton de Berne (Suisse), [Cita INCADAT: HC/E/CH 433]; 5P.160/2001/min, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile), [Cita INCADAT: HC/E/CH 423]; 5P.454/2000/ZBE/bnm, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile), [Cita INCADAT: HC/E/CH 786]; 5P.115/2006 /bnm, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile), [Cita INCADAT: HC/E/CH 840]. Del mismo modo, la ejecución puede tornarse imposible por la reacción del menor en cuestión, ver: Reino Unido - Inglaterra & Gales Re B. (Children) (Abduction: New Evidence) [2001] 2 FCR 531, [Cita INCADAT: HC/E/UKe 420]; Reino Unido - Escocia Cameron v. Cameron (No. 3) 1997 SCLR 192, [Cita INCADAT: HC/E/UKs 112]; España Auto Juzgado de Familia Nº 6 de Zaragoza (España), Expediente Nº 1233/95-B [Cita INCADAT: HC/E/ES 899]. Ejecución de las decisiones de restitución cuando se encuentra pendiente la Apelación Para ejemplos de casos en los que las órdenes de restitución fueron ejecutadas a pesar de que se encontraba pendiente la apelación, ver: Argentina Case 11.676, X et Z v. Argentina, 3 October 2000, Inter-American Commission on Human Rights Report n°11/00 [Cita INCADAT: HC/E/ 772]. La Comisión Americana de Derechos Humanos ha sostenido que la ejecución inmediata de una decisión de restitución mientras se encontraba pendiente una instancia legal no viola los Artículos 8, 17, 19 o 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). España Sentencia Nº 120/2002 (Sala Primera); Número de Registro 129/1999. Recurso de amparo [Cita INCADAT: HC/E/ES 907]; Estados Unidos de América Fawcett v. McRoberts, 326 F.3d 491 (4th Cir. Va., 2003) [Cita INCADAT: HC/E/USf 494]. En Miller v. Miller, 240 F.3d 392 (4th Cir. 2001) [INCADAT cite: HC/E/USf 461] como no estaba claro si la solicitud había sido presentada antes de la ejecución de la restitución, se consideró procedente la apelación. Sin embargo, en Bekier v. Bekier, 248 F.3d 1051 (11th Cir. 2001) [INCADAT cite: HC/E/USf 909] no se permitió que la apelación procediera una vez que el niño hubo regresado a su residencia habitual en Estados Unidos. En la Unión Europea, luego de la entrada en vigor del Reglamento Bruselas II bis, es obligatorio que los casos de sustracción sean tramitados en el transcurso de seis semanas. La Comisión Europea ha sugerido que para garantizar el cumplimiento de las órdenes de restitución, estas sean ejecutadas aun cuando se encuentre pendiente la apelación; ver Guía Práctica para la aplicación del Reglamento del Consejo (CE) N° 2201/2003.
ARTÍCULO 21 El Artículo 21 ha sido objeto de diversas interpretaciones. Los Estados Contratantes que favorecen una interpretación literal han concluido que la disposición no brinda un fundamento jurisdiccional según el cual los tribunales pueden intervenir en cuestiones de derecho de visita sino que se concentra en la asistencia procesal por parte de la Autoridad Central pertinente. Otros Estados Contratantes han permitido que se instituyan procesos sobre la base del Artículo 21 a fin de hacer efectivos los derechos de visita existentes o incluso crear nuevos derechos de visita. En los siguientes casos, se dió una interpretación literal a la disposición: Austria S. v. S., 25 May 1998, transcript (official translation), Regional civil court at Graz, [Cita INCADAT: HC/E/AT 245]; Alemania 2 UF 286/97, Oberlandesgericht Bamberg, [Cita INCADAT: HC/E/DE 488]; Estados Unidos de América Bromley v. Bromley, 30 F. Supp. 2d 857, 860-61 (E.D. Pa. 1998). [Cita INCADAT: HC/E/USf 223]; Teijeiro Fernandez v. Yeager, 121 F. Supp. 2d 1118, 1125 (W.D. Mich. 2000); Janzik v. Schand, 22 November 2000, United States District Court for the Northern District of Illinois, Eastern Division, [Cita INCADAT: HC/E/USf 463]; Wiggill v. Janicki, 262 F. Supp. 2d 687, 689 (S.D.W. Va. 2003); Yi Ly v. Heu, 296 F. Supp. 2d 1009, 1011 (D. Minn. 2003); In re Application of Adams ex. rel. Naik v. Naik, 363 F. Supp. 2d 1025, 1030 (N.D. Ill. 2005); Wiezel v. Wiezel-Tyrnauer, 388 F. Supp. 2d 206 (S.D.N.Y. 2005), [Cita INCADAT: HC/E/USf 828]; Cantor v. Cohen, 442 F.3d 196 (4th Cir. 2006), [Cita INCADAT: HC/E/USf 827]. En Cantor, la única decisión de un tribunal de apelaciones de los Estados Unidos respecto del Artículo 21, se dictó un fallo en disidencia que determinó que el acto de implementación de los Estados Unidos sí brindaba un fundamento jurisdiccional para que los tribunales federales se pronunciaran sobre una solicitud relativa a un derecho de visita existente. Reino Unido - Inglaterra y Gales In Re G. (A Minor) (Enforcement of Access Abroad) [1993] Fam 216 [Cita INCADAT: HC/E/UKs 110] Más recientemente, sin embargo, el Tribunal de Apelaciones de Inglaterra sugirió que posiblemente esté preparado para considerar una interpretación más permisiva: Hunter v. Murrow [2005] EWCA Civ 976, [2005] 2 F.L.R. 1119, [Cita INCADAT: HC/E/UKe 809]. La Baronesa Hale ha recomendado la elaboración de un proceso mediante el cual pueda contemplarse la facilitación de los derechos de visita en el Reino Unido en virtud del Artículo 21 al mismo tiempo que la restitución del menor de acuerdo con el Artículo 12: Re D. (A Child) (Abduction: Rights of Custody) [2006] UKHL 51 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 880]. Suiza Arrondissement judiciaire I Courterlary-Moutier-La Neuveville (Suisse) 11 October 1999, N° C 99 4313 [Cita INCADAT: HC/E/CH 454]. En efecto, en otros lugares se adoptó una interpretación más permisiva del Artículo 21, ver: Reino Unido - Escocia Donofrio v. Burrell, 2000 S.L.T. 1051 [Cita INCADAT: HC/E/UKs 349]. Aún más amplia es la interpretación adoptada en Nueva Zelanda, ver: Gumbrell v. Jones [2001] NZFLR 593 [Cita INCADAT: HC/E/NZ 446]. Australia Director-General, Department of Families Youth & Community Care v. Reissner [1999] FamCA 1238, (1999) 25 Fam LR 330 [Cita INCADAT: HC/E/AU 278].
Interrelación con Instrumentos Internacionales / Regionales y el Derecho Interno
COMPATIBILIDAD DEL CONVENIO CON LAS CONSTITUCIONES NACIONALES En otros Estados Contratantes, se determinó que el Convenio es compatible con las constituciones nacionales o cartas de derechos, ver: Argentina W. v. O., 14 June 1995, Argentine Supreme Court of Justice, [Cita INCADAT: HC/E/AR 362]; Bélgica N° 03/3585/A, Tribunal de première instance de Bruxelles, [Cita INCADAT: HC/E/BE 547]; Canadá - Carta Canadiense de Derechos y Libertades Parsons v. Styger, (1989) 67 OR (2d) 1, [Cita INCADAT: HC/E/CA 16]; Y.D. v. J.B., [1996] R.D.F. 753 (Que.C.A.), [Cita INCADAT: HC/E/CA/ 369]; República Checa III. ÚS 440/2000 DAOUD / DAOUD, 7 December 2000, Ústavní soud Èeské republiky (Constitutional Court of the Czech Republic);[Cita INCADAT: HC/E/CZ 468]; Alemania 2 BvR 982/95 and 2 BvR 983/95, Bundesverfassungsgericht, [Cita INCADAT: HC/E/DE 310]; 2 BvR 1126/97, Bundesverfassungsgericht, [Cita INCADAT: HC/E/DE 338]; Irlanda C.K. v. C.K. [1993] ILRM 534, [Cita INCADAT: HC/E/IE 288]; W. v. Ireland and the Attorney General and M.W. [1994] ILRM 126, [Cita INCADAT: HC/E/IE 289]; Sudáfrica Sonderup v. Tondelli 2001 (1) SA 1171 (CC), [Cita INCADAT: HC/E/ZA 309]; Suiza 5P.1/1999, Bundesgericht, [Cita INCADAT: HC/E/CH 427]; 5A_479/2007 /frs, Bundesgericht, II. Zivilabteilung, [Cita INCADAT: HC/E/CH 953]; Estados Unidos de América Fabri v. Pritikin-Fabri, 221 F. Supp. 2d 859 (2001); [Cita INCADAT: HC/E/US 484]; Kufner v. Kufner, 519 F.3d 33 (1st Cir. 2008), [Cita INCADAT: HC/E/US 971]; Rodriguez v. Nat'l Ctr. for Missing & Exploited Children, 2005 U.S. Dist. LEXIS 5658 (D.D.C., Mar 31, 2005) [Cita INCADAT: HC/E/US 799]. Sin embargo, en España, se hizo lugar a varias impugnaciones, ver: Re S., Auto de 21 abril de 1997, Audiencia Provincial Barcelona, Sección 1a [Cita INCADAT: HC/E/ES 244]; Carrascosa v. McGuire, 520 F.3d 249 (3rd Cir. 2008) [Cita INCADAT: HC/E/USf 970].
REGLAMENTO DEL CONSEJO (CE) Nº 2201/2003 (BRUSELAS II BIS) La aplicación del Convenio de la Haya de 1980 entre los Estados Miembro de la Unión Europea (excepto Dinamarca) ha sido reformada como consecuencia de la entrada en vigor del Reglamento del Consejo (CE) N° 2201/2003 de 27 de noviembre de 2003 relativo a la competencia y el reconocimiento y la ejecución de sentencias en materia de matrimonio y responsabilidad parental, que revocara el Reglamento (CE) N° 1347/2000, ver: Case C-195/08 PPU Rinau v. Rinau, [2008] 2 FLR 1495 [Cita INCADAT: HC/E/ 987]; Case C 403/09 PPU Detiček v. Sgueglia, [INCADAT cite: HC/E/ 1327]. El Convenio de la Haya continúa siendo la herramienta primaria para combatir las sustracciones de menores dentro de la Unión Europea pero su funcionamiento ha sido finamente ajustado. El Artículo 11(2) del Reglamento Bruselas II bis exige que cuando se apliquen los Artículos 12 y 13 del Convenio de la Haya de 1980 se le otorgue al menor la oportunidad de ser oído durante el proceso, excepto que esto parezca inadecuado teniendo en cuenta su edad o grado de madurez. Esta obligación ha llevado a un realineamiento de la práctica judicial en Inglaterra, ver: Re D. (A Child) (Abduction: Rights of Custody) [2006] UKHL 51, [2007] 1 A.C. 619 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 880] donde la Baronesa Hale observó que la reforma llevaría a que se oyera a los menores con mayor frecuencia en los casos en virtud del Convenio de La Haya de la que había ocurrido hasta ese entonces. Re M. (A Child) (Abduction: Child's Objections to Return) [2007] EWCA Civ 260, [2007] 2 FLR 72, [Cita INCADAT: HC/E/UKe 901] El Tribunal de Apelaciones reafirmó la sugerencia de la Baronesa Hale de que el requerimiento establecido por el Reglamento de Bruselas II de averiguar la opinión de los niños de edad y madurez suficiente no estaba restringido a los casos de sustracción de niños de la Comunidad Europea, sino que era un principio de aplicación universal. El Artículo 11(3) del Reglamento de Bruselas II a requiere que los procedimientos se lleven a cabo dentro de las 6 semanas. Klentzeris v. Klentzeris [2007] EWCA Civ 533, [2007] 2 FLR 996, [Cita INCADAT: HC/E/UKe 931]. Thorpe LJ sostuvo que esto se extendía a las audiencias de apelación y en tal sentido recomendó que las solicitudes de apelación fueran realizadas directamente ante el juez de primera instancia y que se restringiera el período habitual de 21 días para correr el traslado de la apelación. El Artículo 11(4) del Reglamento Bruselas II bis dispone que no se puede denegar la restitución de un menor en virtud del Artículo 13(1) b) del Convenio de la Haya si se establece que se han realizado arreglos adecuados a fin de asegurar la protección del menor después de su restitución. Entre los casos en los que se ha invocado el Artículo 11(4) del Reglamento Bruselas II bis para expedir una orden de restitución se encuentran los siguientes: Francia CA Bordeaux, 19 janvier 2007, No 06/002739 [Cita INCADAT: HC/E/FR 947] CA Paris 15 février 2007 [Cita INCADAT: HC/E/FR 979] Se entendió que no existía protección relevante, lo que condujo a que se decidiera una orden de no restitución, en: CA Aix-en-Provence, 30 novembre 2006, N° RG 06/03661 [Cita INCADAT: HC/E/FR 717]. El elemento más notorio del Artículo 11 es el nuevo mecanismo que se aplica actualmente cuando se expide una orden de no restitución sobre la base del Artículo 13. Esto permite a las autoridades del Estado de residencia habitual del menor resolver si el menor debería ser enviado de regreso a pesar de la orden de no restitución. Si se expide una orden de restitución posterior en virtud del Artículo 11(7) del Reglamento, y el juez que la expide la certifica, entonces será automáticamente ejecutable en el Estado de refugio y todos los demás Estados Miembro de la CE. Artículo 11(7) del Reglamento Bruselas II bis - Orden de Restitución Otorgada: Re A. (Custody Decision after Maltese Non-return Order: Brussels II Revised) [2006] EWHC 3397 (Fam.), [Cita INCADAT: HC/E/UKe 883] Artículo 11(7) del Reglamento Bruselas II bis - Orden de Restitución Denegada: Re A. H.A. v. M.B. (Brussels II Revised: Article 11(7) Application) [2007] EWHC 2016 (Fam), [2008] 1 FLR 289, [Cita INCADAT: HC/E/UKe 930] Para comentarios académicos respecto del nuevo régimen de la UE, ver: P. McEleavy ‘The New Child Abduction Regime in the European Community: Symbiotic Relationship or Forced Partnership?' [2005] Journal of Private International Law 5 - 34.
CONVENCIÓN INTERAMERICANA Resumen INCADAT en curso de preparación.
Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (CDN de la ONU)
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS Resumen INCADAT en curso de preparación.
Casos de Sustracción de Menores fuera del Convenio
Cuestiones sobre asilo
CUESTIONES SOBRE ASILO Resumen INCADAT en curso de preparación.
CUESTIONES DE POLÍTICA EN CASOS DE SUSTRACCIÓN DE MENORES FUERA DEL CONVENIO Cuando un progenitor pretende la restitución de un menor fuera del ámbito del Convenio de la Haya u otro instrumento internacional o regional, el tribunal que entiende en la causa deberá decidir cómo equilibrar los intereses del menor con la política internacional general de combatir el traslado ilícito y la no restitución de menores en el extranjero (Art. 11(1) CDN de la ONU 1990). Canadá Shortridge-Tsuchiya v. Tsuchiya, 2009 BCSC 541, [2009] B.C.W.L.D. 4138, [Cita INCADAT: HC/E/CA 1109]. Reino Unido - Inglaterra y Gales Los tribunales de apelaciones han luchado por llegar a un acuerdo respecto del equilibrio adecuado que debe lograrse. El Tribunal de Apelaciones adoptó una interpretación internacionalista favoreciendo un enfoque reflejado en el del Convenio de la Haya en: Re E. (Abduction: Non-Convention Country) [1999] 2 FLR 642 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 589]; Re J. (Child Returned Abroad: Human Rights) [2004] EWCA Civ. 417, [2004] 2 FLR 85 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 586]. Sin embargo, en un caso precedente: Re J.A. (Child Abduction: Non-Convention Country) [1998] 1 FLR 231 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 588], no se expidió una orden de restitución, ya que había preocupaciones respecto de si el sistema jurídico de la jurisdicción extranjera podría actuar a fin de resguardar el interés superior del menor. Un factor en ese caso era que la madre sustractora, que era británica, no tendría derecho a reubicarse fuera del Estado de residencia habitual del menor excepto que contara con el consentimiento del padre. En Re J. (A Child) (Return to Foreign Jurisdiction: Convention Rights) [2005] UKHL 40, [2006] 1 AC 80, [Cita INCADAT: HC/E/UKe 801], la Cámara de los Lores estableció expresamente que el enfoque preferible era el del Tribunal de Apelaciones en Re J.A. (Child Abduction: Non-Convention Country) [1998] 1 FLR 231 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 588]. La Cámara de los Lores sostuvo que el fundamento del Convenio de la Haya implicaba necesariamente que el Estado de refugio podría - en algunas ocasiones - tener que hacer algo que no resguardara el interés superior del menor involucrado. Los Estados parte habían aceptado esta desventaja para algunos menores en particular en aras de una mayor ventaja para los menores en general. Sin embargo, no había ninguna garantía, ni en la ley ni en la doctrina, para que los principios del Convenio de la Haya se extendieran a países que no eran partes del Convenio. En un caso fuera del Convenio el tribunal debe actuar de conformidad con el bienestar del menor. Aunque no existiera una ‘presunción fuerte' a favor de la restitución sobre la base de los hechos de un caso particular, una restitución sumaria bien podría ser en pos del interés superior del menor. Se puede observar que en Re F. (Children) (Abduction: Removal Outside Jurisdiction) [2008] EWCA Civ. 854, [2008] 2 F.L.R. 1649 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 982], la sentencia de un juez de primera instancia que se sintió obligado a desechar su orden de restitución original a la luz, entre otros, del fallo en Re M. fue revocada. El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, no comentó el fallo de la Cámara de los Lores y el caso se concentró ostensiblemente en la existencia de nuevas pruebas, apuntando al carácter inevitable de la deportación de la madre. En E.M. (Lebanon) v. Secretary of State for the Home Department [2008] UKHL 64, [2009] 1 A.C. 1198 [Cita INCADAT: HC/E/UKe 994], un caso de inmigración en torno del traslado ilícito de un menor de un país fuera del Convenio, la Cámara de los Lores resolvió que la restitución llevaría a una violación del derecho a la vida familiar del menor y su madre en virtud del Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Sin embargo, cabe destacar que, en los hechos, la única ‘vida familiar' del menor era con su madre, puesto que el padre no había tenido ningún contacto con el menor desde la fecha de su nacimiento. La mayoría de la sala (4:1) sostuvo que el carácter discriminatorio del derecho de familia libanés, que habría llevado a que el cuidado del menor se trasladara automáticamente de la madre al padre, cuando el menor cumpliera 7 años, no habría redundado en una violación del CEDH.
Permiso para trasladar
PERMISO PARA TRASLADAR Resumen INCADAT en curso de preparación.
CONVENIO DE LA HAYA DE 1996 Resumen INCADAT en curso de preparación.
Aviso legal | Derecho de Autor © HCCH