Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-organica-6097-de-noviembre-30-de-2009?documento=legcol&contexto=legcol_7dfc7be8f94d502ae0430a010151502a&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-08-12 07:24:53
Document Index: 352035647

Matched Legal Cases: ['artículo 268', 'artículo 268', 'artículo 4', 'artículo 11', 'artículo 19', 'artículo 272', 'artículo 268', 'artículo 26']

RESOLUCIÓN ORGÁNICA 6097 DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2009
CONTENIDO:CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. ADOPTA LA METODOLOGÍA QUE ESTABLECE EL SISTEMA DE VIGILANCIA ESPECIAL A LOS RECURSOS DESTINADOS A LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA, POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LAS CONTRALORÍAS TERRITORIALES.NOTA: EL PROGRAMA DE AUDITORÍA QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN ORGÁNICA, PUEDE SER CONSULTADA EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
TEMAS ESPECÍFICOS:PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA, CONTRALORÍA TERRITORIAL, SISTEMAS DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PLANES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PROGRAMAS PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA, AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA
RESOLUCION ORGÁNICA 6097 DE 2009
"Por medio de la cual se adopta la metodología que establece el sistema de vigilancia especial a los recursos destinados a la atención de la población desplazada por la violencia, por parte de la Contraloría General de la República y las contralorías territoriales".
Que el numeral 1º del artículo 268 de la Constitución Política establece como función del Contralor General de la República, prescribir los métodos y la forma como deben rendir cuentas los responsables del manejo de fondos y bienes de la Nación e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse.
Que el numeral 12 del artículo 268 de la Constitución Política dispone como atribución del Contralor General de la República, dictar normas generales para armonizar los sistemas de control fiscal de todas las entidades públicas del orden nacional y territorial.
Que el numeral 10 del artículo 4º del Decreto-Ley 267 de 2000 determina que son sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de la República, las entidades públicas y territoriales que administren bienes o recursos nacionales o que tengan origen en la Nación.
Que la Ley 387 de 1997 creó el sistema nacional de atención integral a la población desplazada por la violencia (SNAIPD), compuesto por entidades públicas, privadas y comunitarias, asesorado por el consejo nacional para la atención integral a la población desplazada por la violencia y por los comités departamentales, distritales y municipales.
Que por documentos Conpes 2924 y 2927 de 1997 y 3057 de 1999, se definieron los esquemas de atención integral a la población desplazada, con elementos tales como reubicación, salud, proyectos productivos y políticas de género, concentrándose en áreas de prevención, atención humanitaria de emergencia y estabilización.
Que el documento Conpes 3115 de 2001, recomendó el establecimiento de un esquema de financiación de distribución presupuestal sectorial y el ajuste de procedimientos que facilitaran el acceso de la población afectada a los programas de las instituciones que hacían parte del sistema.
Que por Sentencia de Tutela T-025 de 2004, la Corte Constitucional declaró que la situación de desplazamiento forzado en Colombia y la insuficiente atención gubernamental para el problema es "Un estado de cosas inconstitucional" por lo que ordenó el diseño de un plan de acción, que precisara la situación actual de la población inscrita en el sistema único de registro, la cuantificación de los recursos necesarios para su atención, así como la definición de mecanismos para su consecución, rediseñando políticas y prioridades, asegurando como mínimo el "ejercicio del derecho a la vida en condiciones de dignidad".
Que de conformidad con el citado pronunciamiento judicial, se han violado los derechos de esta población, por la omisión reiterada de brindarle una protección oportuna y efectiva, imputable a un problema estructural que afecta a toda la política de atención diseñada por el Estado, en razón a la insuficiencia de recursos destinados a financiar dicha política y a la precaria capacidad institucional para implementarla.
Que el Auto 176 de 2005, complementario a la Sentencia T-025 de 2004, ordenó la elaboración de un cronograma mediante el cual las entidades que conforman el SNAIPD señalen a qué ritmo y mediante qué mecanismos se destinarían los recursos para la implementación de la política pública, encaminada a superar el estado de cosas inconstitucional, exigiendo que la estimación presupuestal sea ajustada de acuerdo con la evolución del problema. En esta misma providencia solicita al Contralor General de la República que haga seguimiento del cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en sede de tutela.
Que el Decreto 250 de 2005, "por el cual se expide el plan nacional para la atención integral a la población desplazada por la violencia y se dictan otras disposiciones", establece que dicho plan se financiará teniendo en cuenta los principios de subsidiariedad y correspondencia, con los recursos asignados en el presupuesto general de la Nación para cada entidad que conforme el sistema nacional de atención integral, así como con los recursos que los entes territoriales incorporen en sus presupuestos. Además indica que se gestionará, teniendo en cuenta el principio de complementariedad, la consecución de recursos de cooperación nacional e internacional.
Que la misma norma determina los principios orientadores del plan, el cual tendrá un enfoque diferencial, territorial, humanitario, restitutivo y de derechos. Así mismo señala los principios de intervención que las entidades tendrán en cuenta en su gestión para la ejecución del mismo: responsabilidad compartida, cooperación y solidaridad, integralidad, participación, control social y atención a la vulnerabilidad.
Que en cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004, se expidió el documento Conpes 3400 de 2005, en el cual se identificaron metas y recursos presupuestales necesarios para atender a la población desplazada, y se diseñó un cronograma que muestra el esfuerzo gradual que deberán realizar tanto las entidades del sector central como las del orden territorial que conforman el sistema, de conformidad con lo exigido por la Ley 387 de 1997, el Decreto 250 de 2005, la Ley 715 de 2001 y las órdenes impartidas por la Corte Constitucional al respecto. Adicionalmente, se asignó a Acción Social, la definición coordinada de indicadores sectoriales de estabilización socioeconómica.
Que por Auto 218 de 2006, la Corte Constitucional verificó la información reportada por las agencias gubernamentales integrantes del sistema nacional para la atención a la población desplazada, encontrando serías deficiencias en la materialización de políticas y la ausencia de indicadores de goce efectivo de derechos, por lo que ordenó a la Contraloría General de la República que adoptara decisiones para el examen y validación de la información remitida por los destinatarios de las órdenes, con miras a determinar si se está cumpliendo lo ordenado en la Sentencia T-025 de 2004 y en los autos 176, 177 y 178 de 2005.
Que por Auto 266 de 2006, la Corte Constitucional solicita a la Contraloría General de la República que evalúe los documentos contenidos en el informe de cumplimiento común presentado el 13 de septiembre de 2006, por las entidades que conforman el SNAIPD, pues de acuerdo con el análisis preliminar hecho por el juez de tutela, algunos de los aspectos reportados requerían aclaraciones específicas.
Que el artículo 11 de la Ley 1151 de 2007, por medio de la cual se adopta el plan nacional de desarrollo 2006-2010, puntualiza que "Para continuar cumpliendo con la Sentencia T-025 de 2004 proferida por la Corte Constitucional, las entidades responsables de la atención integral a la población desplazada por la violencia del orden nacional, departamental, municipal y distrital, de que trata el artículo 19 de la Ley 387 de 1997, darán prioridad en la ejecución de sus respectivos presupuestos, a la atención de la población desplazada por la violencia".
Que en relación con los gobiernos territoriales, la norma determina que los gobernadores y los alcaldes deben reportar mensualmente al Ministerio del Interior y de Justicia, la ejecución de las apropiaciones específicas del presupuesto de cada entidad territorial, destinadas a la prevención y atención del desplazamiento forzado.
Que en providencias posteriores emitidas por la Corte Constitucional, tales como los autos 092, 116 y 251 de 2008, se ha instado a que la Contraloría General de la República, dentro de la órbita de su competencia, efectúe un seguimiento permanente a la implementación de indicadores de goce efectivo, así como la adopción de medidas y la obtención de resultados en los programas de atención a la población desplazada.
Que la Ley 1190 de 2008, "por medio de la cual el Congreso de la República de Colombia declara el 2008 como el año de la promoción de los derechos de las personas desplazadas por la violencia y se dictan otras disposiciones", ordenó a los gobernadores y alcaldes el diseño, implementación y aplicación de una estrategia que logre mayores compromisos presupuestales y administrativos a nivel territorial sobre la atención a la población desplazada, así como la definición de metas puntuales a corto, mediano y largo plazo para las estrategias de promoción y coordinación, a través de cronogramas que permitan hacer seguimiento permanente de las acciones realizadas.
Que el artículo 272 de la Constitución Política dispone que la vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, corresponderá a estas y determina que los contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General de la República en el artículo 268 de la Constitución Política.
Que la honorable Corte Constitucional en Sentencia C-403 de 1999, al examinar la constitucionalidad de los literales a) y b) del artículo 26 de la Ley 42 de 1993, se pronunció sobre la competencia concurrente, entre la Contraloría General de la República y las contralorías territoriales, la cual debe ejercerse de manera coordinada, al señalar que "(...) se observa que existe un control concurrente del nivel nacional con el nivel regional y local sobre los recursos que provienen de los ingresos de la Nación, siendo el resultado de la necesaria coordinación que debe existir entre los diferentes niveles de la administración (...)".
Que de conformidad con los planteamientos adoptados por el legislador en la Ley 1190 de 2008 y la Corte Constitucional en la Sentencia T-025 de 2004 y sus autos complementarios, la Nación y los entes territoriales deben concurrir en la atención integral de la población desplazada, tanto con los ingresos provenientes del sistema general de participaciones, como con sus recursos propios.
Que en consecuencia, se hace necesario establecer una metodología unificada para un control fiscal que evalúe entre otras, la adecuada implementación de goce efectivo de derechos por parte de las entidades territoriales integrantes del SNAIPD y los resultados de las medidas adoptadas por estas mismas agencias públicas.
Que en el marco de la competencia concurrente de la Contraloría General de la República y de las contralorías territoriales, en el examen de los avances en la adopción de políticas públicas dirigidas a atender a la población desplazada, es necesario establecer un sistema especial de vigilancia que facilite su debida coordinación, haciéndose necesario disponer de una metodología aplicable para la Contraloría General de la República y las contralorías territoriales, en aras al logro de la eficiencia y eficacia de la función de vigilancia y control fiscal, sobre la base de competencias delimitadas.
Que en desarrollo del programa Sinacof, se realizaron dos talleres a nivel regional y un trabajo de construcción y discusión colectiva virtual, donde cuarenta y cuatro (44) contralorías territoriales presentaron sus observaciones sobre la propuesta de metodología preparada por la Contraloría General de la República, dirigida a examinar la destinación de recursos por parte de las entidades territoriales, en la atención a la población desplazada, las cuales son recogidas por el presente instrumento.
Que el presente acto administrativo y la metodología que en él se adopta, fueron discutidos y aprobados en el comité directivo de la Contraloría General de la República, en sesión del 14 de octubre de 2009, según Acta 11.
ART. 1º—Adóptese el programa de auditoría gubernamental con enfoque integral denominado "Evaluación a la ejecución de los recursos públicos destinados a la población desplazada por la violencia en Colombia por parte de las entidades territoriales", anexo de catorce (14) folios, como metodología para efectuar control fiscal a los recursos destinados por las entidades territoriales, para la atención integral a la población desplazada por la violencia.
ART. 2º—Las contralorías departamentales, distritales y municipales, cuando incluyan en sus programas de auditoría la evaluación de recursos con destino a la atención de la población desplazada, podrán adoptar y/o adaptar en ejercicio del control fiscal a su cargo, la metodología establecida por esta resolución.
ART. 3º—Con el fin de consolidar un documento que dé cuenta del uso de los recursos públicos destinados a la atención de la población desplazada en Colombia y establecer un seguimiento permanente a los resultados de la implementación de la política de atención, en cumplimiento a los pronunciamientos proferidos por la Corte Constitucional, las contralorías territoriales comunicarán a la Contraloría General de la República acerca de los resultados obtenidos en ejercicio del control fiscal, con base en los requerimientos de información establecidos en la metodología.
La contraloría delegada para el sector defensa, justicia y seguridad, será la encargada de consolidar la información que rindan las contralorías territoriales periódicamente, conforme a los resultados obtenidos en los procesos auditores que adelanten sobre el tema.
ART. 4º—Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y tendrá efectos respecto de las acciones de vigilancia y control fiscal que la Contraloría General de la República y contralorías territoriales, planifiquen y ejecuten a partir de la vigencia fiscal de 2009.
NOTA: El programa de auditoría que hace parte integral de la presente resolución orgánica, puede ser consultada en la Contraloría General de la República.