Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-176a-de-marzo-25-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_f8c20893a46f01e6e0430a01015101e6&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-07-22 06:05:08
Document Index: 118020422

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 20', 'artículo 981', 'artículo 1602', 'artículo 79', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 42', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 20', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 6', 'artículo 13', 'artículo 86', 'artículo 42', 'artículo 15', 'artículo 42', 'artículo 20', 'artículo 2']

SENTENCIA T-176A DE 25 DE MARZO DE 2014
CONTENIDO:DEBER DE VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA EN LAS BASES DE DATOS PERSONALES. LA ADMINISTRACIÓN DE TODA BASE DE DATOS PERSONALES ESTÁ SOMETIDA A LOS LLAMADOS PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS PERSONALES, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRA EL PRINCIPIO DE VERACIDAD, QUE ALUDE A QUE LA INFORMACIÓN PERSONAL DEL SUJETO CONCERNIDO DEBE SER CIERTA, LO QUE IMPIDE LA ADMINISTRACIÓN DE DATOS FALSOS, DISTORSIONADOS, FRAGMENTADOS O QUE DE MANERA AMPLIA, NO CORRESPONDAN A HECHOS EFECTIVAMENTE PREDICABLES DE SU TITULAR. DE ESTA MANERA, LES ASISTE DERECHO A LAS ENTIDADES QUE SON PARTE DE GREMIOS, DE RECOPILAR INFORMACIÓN Y USARLA EN BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES QUE EMPRENDAN COMO ASOCIACIÓN, PUES EL DERECHO A INFORMAR ESTÁ PROTEGIDO EN EL ARTÍCULO 20 CONSTITUCIONAL COMO UNA GARANTÍA DE TODAS LAS PERSONAS PARA INFORMAR Y RECIBIR INFORMACIÓN VERAZ E IMPARCIAL, SIN EMBARGO, HA DE RECONOCERSE QUE ESTA FACULTAD SE ENCUENTRA LIMITADA FUNDAMENTALMENTE POR EL RESPETO POR EL EJERCICIO LEGÍTIMO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.
TEMAS ESPECÍFICOS:HÁBEAS DATA, VIOLACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, DERECHO AL BUEN NOMBRE, ACCESO A LA INFORMACIÓN, REGULACIÓN DEL HÁBEAS DATA, PRINCIPIO DE VERACIDAD, PROTECCIÓN DEL DERECHO AL HÁBEAS DATA
REVISTA TUTELA N°:174 DE JUNIO DE 2014, PÁG.982
Sentencia T-176A de marzo 25 de 2014
Ref.: Expediente T-4131037
Derechos fundamentales invocados: trabajo, hábeas data, mínimo vital.
Problema jurídico: Corresponde a esta Sala establecer si Transporte Humadea S.A., Defencarga y Colfecar, vulneraron los derechos fundamentales al hábeas data, al buen nombre y al trabajo del señor Robinson Blanco Parra, al reportar en sus bases de datos información subjetiva y desactualizada sobre el hurto de su tracto camión y de la mercancía que transportaba en él, la cual pertenecía a Transporte Humadea S.A., hechos por los que nadie quiere contratar sus servicios de transporte.
Finalmente sostuvo que “el accionante manifiesta que se le están violando derechos como el buen nombre, a la honra y a la buena fe, cuando Transportes Humadea S.A. en ninguna circunstancia ha presentado denuncias penales involucrando al accionante por el delito de hurto y menos aún, de ninguna manera se han hecho acusaciones manifestando que el accionante hizo o hace parte de delincuentes que dieron origen al hurto de mercancías del cual fuimos víctimas”.
“(...) Colfecar es una entidad gremial de transporte terrestre de carga por carretera que tiene como objeto la defensa de esta industria y de quienes a ella se dedican, y por lo tanto, el marco de su acción está en la Constitución, la ley y los estatutos.
De acuerdo a lo señalado en el artículo 981 del Código de Comercio se establece que “El contrato de transporte se perfecciona por el solo acuerdo de las partes”; por lo tanto, el conductor y la empresa se encuentran plenamente facultados para contratar y desarrollar una operación de transporte de carácter mercantil, igualmente el artículo 1602 del Código Civil consagra el principio de autonomía privada, conforme al cual si una empresa decide libremente no darle carga a un conductor en razón a consideraciones subjetivas y dentro de los límites de su entera libertad de contratación no es un hecho que dependa de la información presentada legalmente por las bases de datos, donde Colfecar tiene interés o injerencia alguna.
“(...) se evidencia que el accionante no agotó el requisito de procedibilidad exigido para la interposición de acción de tutela para demandar la protección del derecho fundamental al hábeas data, de conformidad con las pruebas aportadas por las partes se observa que el actor no interpuso derecho de petición alguno ni mucho menos un escrito donde manifieste su inconformidad o solicitara a la entidad Transportes Humadea S.A., la eliminación de la anotación efectuada en el boletín preventivo de personas y vehículos, que informa sobre novedades que ocurren en el transporte de carga”.
Finalmente sostuvo el a quo que “en el caso concreto no se evidencia violación alguna a los derechos fundamentales del aquí accionante, puesto que la anotación en el boletín preventivo sólo informa las novedades en la actividad transportadora como lo son los hurtos a la mercancía o vehículos sin que este reporte o anotación este comunicado (sic) de alguna manera que el conductor involucrado en el incidente haya tenido un algún (sic) tipo de participación en el mismo (...)”.
“(...) Transportes Humadea S.A. me tiene un reporte por hurto desde el 17 de enero de 2013, que me tiene bloqueado y no me permite laborar, aparte de que atenta contra mi buen nombre. Me presenté en la empresa Transportes Humadea S.A., el 7 de mayo de 2013 y la señorita Camila Téllez Castillo, jurídica de la empresa, me dijo que yo debía una cartera de 200 millones de pesos y que por eso no me podía quitar el reporte que aparece en Colfecar. Desde el mes de febrero no he podido ejercer mi profesión y esto me ha perjudicado gravemente mi economía, siendo que en lo sucedido también yo fui víctima”.
1.3.3.2. En efecto señaló que “la información descrita reúne los requisitos exigidos por la ley de hábeas data, en cuanto a veracidad y en el cual no se le está dando calificación o valoración legal a los hechos descritos a la conducta de las personas. Es claro que tanto el reporte enviado las empresas (sic) se está afirmando la existencia de un hurto”.
1.3.3.3. Así mismo, indicó el fallador de segunda instancia que “(...) de acuerdo con los hechos relatados por las partes la tutela y en atención a las pruebas aportadas por las mismas y que reposan en la actuación, este estrado judicial encuentra que el accionante no agotó el requisito de procedibilidad exigido para la acción de tutela que en este caso nos referimos al derecho de petición, el cual debe ser obligatoriamente exigido para la protección del derecho invocado como es el hábeas data”.
1.4.1. Copia de la denuncia interpuesta el 9 de diciembre de 2012, por el señor Robinson Blanco Parra ante la Fiscalía de Medellín, referente al delito de hurto calificado del vehículo de placas XVH 855(1).
1.4.2. Copia del certificado de libertad y tradición del vehículo de placas XVH 855(2).
1.4.3. Copia del estado de cuenta de las obligaciones crediticias del señor Robinson Blanco Parra a favor del Banco de Occidente y del Banco Caja Social(3).
1.4.4. Copia del boletín de seguridad publicado por Colfecar, en el que consta el reporte del incidente de hurto calificado del vehículo de placas XVH 885, de propiedad del señor Robinson Blanco Parra(4).
1.4.5. Copia del boletín de seguridad publicado por Colfecar, en el que consta que “no se encuentra reportado en el boletín la Placa SUA 797”(5).
1.4.6. Copia del reporte de novedad hecho por Transportes Humadea S.A. a Colfecar, en el que manifestó que “con el fin de complementar la información para el gremio, adjunto reporte de novedades del conductor que se ha visto comprometido por hurto de mercancías a nuestra empresa”(6).
1.4.7. Certificado de existencia y representación legal de Colfecar, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá(7).
“1. ORDENAR que por Secretaría General de la Corte Constitucional se ponga en conocimiento de la Fiscalía de Medellín (cra. 64 C 67-300P-3 B-) y de la Fiscalía de Santa Rosa de Osos (cra. 31 calle 28 B-5 of. 302; calle 29 Nº 30-31 of. 202), Antioquia, la solicitud de tutela de la referencia y los fallos de instancia, para que en el término de tres (3) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación, expresen lo que estimen conveniente.
2. ORDENAR que por Secretaría General de la Corte Constitucional se oficie a la Fiscalía de Medellín y a la de Santa Rosa de Osos, para que en el término de tres (3) días hábiles contados a partir de la notificación del presente auto, informe el estado actual de la investigación por ellas adelantada respecto a la noticia criminal 050016000206201272654, correspondiente a la denuncia penal por hurto calificado, entablada por el señor Robinson Blanco Parra, el 9 de diciembre de 2012”.
“La Fiscalía 29 Seccional de Santa Rosa de Osos (Antioquia), adelanta la indagación radicada bajo el SPOA 05-001-60-00206-2012-72654 por los delitos de secuestro simple y hurto calificado y agravado.
Como última actuación figura que el Fiscal 29 Seccional archivó las diligencias por imposibilidad de encontrar o establecer el sujeto activo del delito, según resolución del 15 de mayo de 2013. Las diligencias se encuentran en el archivo de la unidad”(8).
1.6.2. Así mismo, el accionante también allegó al despacho del magistrado sustanciador copia del derecho de petición interpuesto el 5 de julio de 2013 ante Transportes Humadea S.A., mediante el cual solicitó “que se me elimine el reporte que está a mi nombre y al vehículo de palcas XVH 855 de propiedad del señor Medardo Blanco (...), que interpuso Transportes Humadea S.A., ante Colfecar y Defencarga, desde el 17 de enero de 2013”(9).
1.6.3. Mediante escrito adiado el 3 de febrero de 2014, el Director Seccional de Fiscalías de Antioquia envió informe a esta corporación, en el que indica que “por estos hechos no se tiene al señor Robinson Blanco Parra como posible indiciado, por el contrario figura como víctima sin que haya sido posible la identificación del sujeto activo: por lo cual las diligencias debieron ser archivadas provisionalmente de conformidad con el artículo 79 de la Ley 906 de 2004”(10).
1.6.4. El 3 de febrero de 2014, el Fiscal 29 Seccional Delegado de Santa Rosa de Osos, Antioquia, envió informe a esta corporación, mediante el cual dio a conocer que “en cuanto a la actuación y estado actual de la indagación, se observa que después de recibir el informe del investigador de campo Héctor Londoño, adscrito al CTI de Santa Rosa de Osos (Antioquia), y ante la imposibilidad de encontrar o establecer el sujeto activo del delito, se dictó archivo provisional de las diligencias en fecha 15 de mayo de 2013 (...).
En ningún momento el señor Robinson Blanco Parra ha figurado como indiciado ni se le ha tenido como sospechoso en la indagación donde él mismo fue denunciante; su versión acerca de la ocurrencia de los hechos tiene razón de acuerdo a la lógica de la experiencia humana, por lo que la fiscalía delegada a través de este servidor no se opone a las pretensiones de la acción de tutela”(11).
1.6.5. Mediante escrito enviado el 11 de febrero de 2014 al despacho del magistrado sustanciador, el departamento jurídico de Transportes Humadea S.A. informó que “en referencia a la tutela 2013-069, interpuesta por el señor Robinson Blanco Parra, nos permitimos manifestar que dentro de nuestro registro no se encontró ningún derecho de petición radicado por el mismo y que nos enteramos de la inconformidad que el (sic) manifiesta con la notificación de la acción de tutela”(12).
2.2.1. Corresponde a esta Sala establecer si Transporte Humadea S.A., Defencarga y Colfecar, vulneraron los derechos fundamentales al hábeas data, al buen nombre, al trabajo y al mínimo vital del señor Robinson Blanco Parra, al reportar en sus bases de datos información subjetiva y desactualizada sobre el hurto de su tracto camión y de la mercancía que transportaba en él, la cual pertenecía a Transporte Humadea S.A., hechos por los que nadie quiere contratar sus servicios de transporte, y por los que está viendo comprometida su subsistencia y la de su familia.
2.2.2. Para resolver este problema jurídico, la Sala analizará: i) la procedencia de la acción de tutela contra particulares: ii) el carácter autónomo de las garantías constitucionales al buen nombre y al hábeas data; iii) los principios y las reglas que debe seguir el administrador de bases de datos; y iv) la dimensión subjetiva del derecho al hábeas data y la facultad del titular de la información de exigir la supresión de ésta de las bases de datos. Posteriormente, pasará la Sala a estudiar el caso concreto.
“...sería errado sostener que como el artículo 86 constitucional señala que la acción de tutela procede contra los particulares que prestan un servicio público, aquellos que con su conducta afecten de manera grave y directa el interés colectivo o en los supuestos de subordinación o de indefensión, la eficacia de los derechos fundamentales entre particulares queda limitada a esos eventos. Por el contrario, debido precisamente al lugar que ocupan los derechos fundamentales en el ordenamiento constitucional colombiano y a su efecto de irradiación se puede sostener que el influjo de éstos cobija todas las relaciones jurídicas particulares, las cuales se deben ajustar al ‘orden objetivo de valores’ establecido por la Carta Política de 1991. Cosa distinta es que la acción de tutela, como mecanismo idóneo de protección de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares sólo proceda prima facie en los supuestos contemplados por el artículo 86 constitucional”(13).
2.3.2. En desarrollo del mandato constitucional referenciado, el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 estableció los casos en que procede la acción de tutela contra particulares, siendo de interés, para el asunto materia de examen, el numeral 9º, que dispone:
2.3.3. Respecto a la subordinación, la Corte ha entendido que ésta se refiere a “una relación de índole jurídica, en la que una persona depende de otra, y la indefensión comporta una dependencia, pero originada en circunstancias de hecho, donde la persona ha sido puesta en una situación que la hace incapaz de repeler física o jurídicamente las agresiones de las cuales viene siendo objeto por parte de un particular, las cuales ponen en peligro sus derechos fundamentales. En otras palabras, no tiene posibilidades jurídicas ni fácticas para reaccionar defendiendo sus intereses. En cada caso, el juez debe realizar un análisis relacional con la finalidad de determinar el estado de indefensión en la que se encuentra la persona”(14).
Entonces, “(...) la indefensión hace referencia a una situación relacional que implica la dependencia de una persona respecto de otra, no tiene origen en la obligatoriedad derivada de un orden jurídico o social determinado se configura sobre situaciones de naturaleza fáctica en cuya virtud la persona afectada en su derecho carece de defensa por acción u omisión para proteger sus derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio; es decir que la indefensión es entendida como la posibilidad de dar respuesta efectiva ante la violación o amenaza de que se trate. Así mismo, ha dicho también esta Corte que el estado de indefensión o impotencia se analizará teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto, de las personas involucradas, de los hechos relevantes tales como las condiciones de desprotección, circunstancias económicas, sociales, culturales y los antecedentes personales de los sujetos procesales, por ello el concepto de indefensión es esencialmente relacional. Ello significa que el estado de indefensión en que se encuentra el ciudadano en relación con otros particulares habrá que determinarlo, por parte del juez de tutela de acuerdo al tipo de vínculo que existe entre ambas partes”.
2.4.1.1. El artículo 15 de la Constitución de 1991, reconoció explícitamente el “(...) derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas” y además dispuso que “en la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetará la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución”. Estos preceptos leídos en conjunto con la primera parte del mismo artículo 15 —sobre el derecho a la intimidad, el artículo 16 —que reconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad— y el artículo 20 —sobre el derecho a la información activo y pasivo y el derecho a la rectificación— de la Carta, han dado lugar al reconocimiento de un derecho fundamental autónomo catalogado como derecho al hábeas data, y en algunas oportunidades, como derecho a la autodeterminación informativa o informática.
2.4.1.2. En la Sentencia C-748 de 2011(15), esta corporación acertadamente distinguió las tres líneas de interpretación que la jurisprudencia constitucional había hecho del derecho al hábeas data. Así las cosas, precisó que en un primer momento dicho derecho constitucional fue interpretado “como una garantía del derecho a la intimidad, de allí que se hablara de la protección de los datos que pertenecen a la vida privada y familiar, entendida como la esfera individual impenetrable en la que cada cual puede realizar su proyecto de vida y en la que ni el Estado ni otros particulares pueden interferir”. (negrilla en el texto original).
2.4.1.3. Posteriormente, el fallo aludido determinó que “desde los primeros años de la nueva Carta, también surgió al interior de la Corte una segunda línea interpretativa que consideraba el hábeas data una manifestación del libre desarrollo de la personalidad. Según esta línea, el hábeas data tiene su fundamento último “(...) en el ámbito de autodeterminación y libertad que el ordenamiento jurídico reconoce al sujeto como condición indispensable para el libre desarrollo de la personalidad y en homenaje justiciero a su dignidad”. (negrilla en el texto original).
2.4.1.4. Así mismo, la sentencia en mención dejó claro que “partir de 1995, surge una tercera línea interpretativa que apunta al hábeas data como un derecho autónomo y que es la que ha prevalecido desde entonces. Así, según la sentencia SU-082 de 1995, el núcleo del derecho al hábeas data está compuesto por la autodeterminación informática y la libertad —incluida la libertad económica— Además, este derecho comprende al menos las siguientes prerrogativas: “a) El derecho a conocer las informaciones que a ella se refieren; || b) El derecho a actualizar tales informaciones, es decir, a ponerlas al día, agregándoles los hechos nuevos; || c) El derecho a rectificar las informaciones que no correspondan a la verdad.”, e incluye el derecho a la caducidad del dato negativo” (negrilla en el texto original).
2.4.1.5. Entonces, el derecho al hábeas data como derecho autónomo, es aquel que “permite a las personas naturales y jurídicas conocer, actualizar y rectificarla información que sobre ellas se haya recogido en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. De la misma manera, este derecho señala la obligación de respetar la libertad y demás garantías constitucionales en el ejercicio de las actividades de recolección, tratamiento y circulación de datos”(16).
2.4.1.6. El derecho fundamental al hábeas data puede ser vulnerado o amenazado cuando quiera que la información contenida en una central o banco de datos: “i) es recogida de forma ilegal, es decir, sin el consentimiento del titular; ii) no es veraz, o iii) recae sobre aspectos íntimos de la vida del titular, no susceptibles de ser conocidos públicamente. Y en estos casos, el titular de la información puede acudir a la acción de tutela para solicitar la protección de su derecho fundamental(17)”.
2.4.1.7. En la Sentencia T-729 de 2002, reiterada posteriormente por la Sentencia C-748 de 2011, la Corte explicó que es importante diferenciar y delimitar el hábeas data respecto de otros derechos como el buen nombre y la intimidad, por lo menos por tres razones:“(...) (i) por la posibilidad de obtener su protección judicial por vía de tutela de manera independiente; (ii) por la delimitación de los contextos materiales que comprenden sus ámbitos jurídicos de protección; y (iii) por las particularidades del régimen jurídico aplicable y las diferentes reglas para resolver la eventual colisión con el derecho a la información”. A continuación, la Corte definió el derecho al hábeas data de la siguiente forma:
2.4.1.8. Más recientemente, en la Sentencia C-1011 de 2008(18), también reiterada en la citada Sentencia C-748 de 2011, la Corte nuevamente reconoció la autonomía del derecho al hábeas data y lo conceptualizó así:
“El hábeas data confiere, (...), un grupo de facultades al individuo para que, en ejercicio de la cláusula general de libertad, pueda controlar la información que de sí mismo ha sido recopilada por una central de información. En ese sentido, este derecho fundamental está dirigido a preservar los intereses del titular de la información ante el potencial abuso del poder informático”.
2.4.1.9. Finalmente, la Sentencia T-658 de 2011(19), tajantemente fijó que el artículo 15 Constitucional consagra tres derechos fundamentales autónomos, a saber: intimidad, buen nombre y hábeas data, y que si bien dichas garantías guardan una estrecha relación, tienen sus propias particularidades que las individualizan, por lo cual, el análisis de su vulneración debe hacerse de forma independiente, ya que el quebrantamiento de alguna de ellas no conlleva siempre al desconocimiento de la otra. En este respecto, la sentencia en mención estableció las siguientes diferencias:
“(...) en lo relativo al manejo de la información, la protección del derecho al buen nombre se circunscribe a que dicha información sea cierta y veraz, esto es, que los datos contenidos en ella no sean falsos ni erróneos. Por su parte, la garantía del derecho a la intimidad hace referencia a que la información no toque aspectos que pertenecen al ámbito de privacidad mínimo que tiene la persona y que sólo a ella interesa. Finalmente, el derecho al hábeas data salvaguarda lo relacionado con el conocimiento, actualización y rectificación de la información contenida en los mencionados bancos de datos.
De otro lado, el derecho al hábeas data o a la autodeterminación informática es aquella garantía constitucional que le permite a la persona “conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas (...)”. La jurisprudencia constitucional ha fijado las siguientes reglas para verificar su afectación:
“(...) el derecho al hábeas data resulta vulnerado en los eventos en que la información contenida en un archivo de datos (i) sea recogida de forma ilegal, (ii) sea errónea, (iii) o verse sobre aspectos reservados de la esfera personal del individuo”.
En conclusión, el derecho al hábeas data o autodeterminación informática, puede ser transgredido, entre otros eventos, en el caso en que la información contenida en una base de datos sea recogida de forma ilegal o contenga datos erróneos. En este último evento no sólo estaría comprometido el derecho a la autodeterminación informática sino también el derecho al buen nombre”. (énfasis en el texto original).
2.5.3. Las sentencias T-748 de 2011 y C-1011 de 2008 son la concreción de la jurisprudencia que, desde las Sentencias T-729 de 2002 y C-185 de 2003, se había perfilado por esta Corte sobre la obligatoriedad de los principios a que toda actividad de administración de datos personales debe someterse.
2.5.5. Según el principio de finalidad, tales actividades “deben obedecer a un fin constitucionalmente legítimo (...) definido de forma clara, suficiente y previa”. Por lo cual, está prohibida, por un lado “la recopilación de información personal sin que se establezca el objetivo de su incorporación a la base de datos (...)” y por el otro “la recolección, procesamiento y divulgación de información personal para un propósito diferente al inicialmente previsto (...)”(20).
2.5.6. Según el principio de necesidad, la administración de “la información personal concernida debe ser aquella estrictamente necesaria para el cumplimiento de los fines de la base de datos”(21).
2.5.7. Según el principio de utilidad, la administración de información personal debe “cumplir una función determinada, acorde con el ejercicio legítimo de la administración de los datos personales. Por lo cual queda proscrita la divulgación de datos que, al carecer de función, no obedezca a una utilidad clara y suficientemente determinable”(22).
2.5.8. El principio de circulación restringida ordena que toda actividad de administración de información personal esté sometida “a los límites específicos determinados por el objeto de la base de datos (...) y por el principio de finalidad. Por lo cual, está prohibida la divulgación indiscriminada de datos personales”(23).
2.6.1. La Corte Constitucional ha sido reiterativa en sostener que el hábeas data es un derecho fundamental que habilita al titular de información personal a exigir, de la administradora de sus datos personales, una de las conductas indicadas en el artículo 15 de la Constitución: “conocer, actualizar, rectificar”, o una de las conductas reconocidas por la misma Corte como pretensiones subjetivas de creación jurisprudencial: “autorizar, incluir, suprimir y certificar”(24). Esta definición del hábeas data que ensalza su dimensión subjetiva fue concebida en la Sentencia T-729 de 2002(25) y afianzada en la Sentencia C-1011 de 2008(26).
2.6.2. No obstante lo anterior, esta corporación precisó que la facultad de suprimir de las bases de datos información personal, no es de carácter absoluta, ni procede en todo momento ni circunstancia. Por el contrario, se trata de una facultad que únicamente se activa cuando el administrador de las bases de datos ha quebrantado uno de los principios de la administración de datos. “Este es el caso, cuando, por ejemplo, se administra información (en su modalidad circulación) sin autorización previa del titular, siendo tal autorización presupuesto de la legalidad del tratamiento de datos (sobre todo en el ámbito de la administración de bases de datos personales por particulares). O por ejemplo, cuando la administración-circulación de la información personal continúa aun después de que se ha cumplido un término de caducidad específico”(27). (resaltado fuera del texto).
2.6.3. Para la Corte, la facultad de supresión de la información, como parte integrante del hábeas data, tiene una doble connotación, pues funciona de manera diferente frente a los distintos momentos de la administración de información personal:
Esta segunda modalidad de supresión es una alternativa para conciliar varios elementos normativos que concurren en el caso de la administración de información personal sobre antecedentes penales. Por un lado, la supresión total de los antecedentes penales es imposible constitucional y legalmente. Ya lo vimos al referir el caso de las inhabilidades intemporales de carácter constitucional, las especiales funciones que en materia penal cumple la administración de esta información personal, así como sus usos legítimos en materia de inteligencia, ejecución de la ley y control migratorio. En estos casos, la finalidad de la administración de esta información es constitucional y su uso, para esas específicas finalidades, está protegido además por el propio régimen del hábeas data. Sin embargo, cuando la administración de la información personal relacionada con antecedentes pierde conexión con tales finalidades deja de ser necesaria para la cumplida ejecución de las mismas, y no reporta una clara utilidad constitucional; por tanto, el interés protegido en su administración pierde vigor frente al interés del titular de tal información personal. En tales casos, la circulación indiscriminada de la información, desligada de fines constitucionales precisos, con el agravante de consistir en información negativa, y con el potencial que detenta para engendrar discriminación y limitaciones no orgánicas a las libertades, habilita al sujeto concernido para que en ejercicio de su derecho al hábeas data solicite la supresión relativa de la misma”. (resaltado fuera del texto).
2.6.5. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte ha precisado que en virtud del artículo 15 y 16 de la Ley 1581 de 2012 y del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, es necesario que el actor antes de acudir a la acción de tutela para solicitar el amparo de su derecho al hábeas data haya solicitado previamente a la entidad correspondiente que se corrija, aclare, rectifique, actualice o suprima el dato o la información que esta tiene sobre el mismo. Al respecto, la Sentencia T-657 de 2005 especificó que “en los casos relacionados con datos negativos reportados a centrales de riesgo, el requisito de procedibilidad se cumple cuando la solicitud previa de rectificación de información se hubiese hecho ante la entidad que reportaba el dato negativo, sin que sea necesario hacerla ante la central de riesgo”(28).
3.2.1.1. Los artículos 86 constitucional y 10 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia de esta corporación, han sostenido que es titular de la acción de tutela cualquier persona a la que sus derechos fundamentales le resulten vulnerados o amenazados, de tal forma que pueda presentarla por sí misma o por medio de un tercero que actúe en su nombre. Por tanto, estas personas pueden invocar directamente el amparo constitucional, o pueden hacerlo a través de terceros que sean sus apoderados, representantes o agentes oficiosos, para el caso de las personas que no se encuentran en condiciones de interponer la acción por sí mismas.
3.2.2.1. Con respecto a quién va dirigida la acción de tutela, el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 expresa que: “se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental (...)”.
3.2.3.3. A propósito de este requisito de procedibilidad de la acción de tutela, la Corte Constitucional en la Sentencia T-792 de 2009(29) estableció que:
3.2.3.4. En el caso bajo estudio encontramos que el accionante manifiesta que “Colfecar y Transporte Humadea S.A. me tienen un reporte por hurto desde el 17 de enero de 2013. Me presenté el 7 de mayo de 2013 y la señora Camila Téllez Castillo, jurídica de la empresa, me dijo que yo debía una cartera de 200 millones y que por eso no me podía quitar el reporte que aparece en Colfecar. (...). Desde el mes de febrero no he podido ejercer mi profesión y esto me ha perjudicado gravemente mi economía (...)”.
3.2.4.1. Conforme al artículo 86 de la Carta, se tiene que la acción de tutela está revestida de un carácter subsidiario, esto es, tal como lo ha expresado la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, que puede ser utilizada ante la vulneración o amenaza de derechos fundamentales cuando: i) no exista otro medio judicial a través del cual se pueda resolver un conflicto relacionado con la vulneración de un derecho fundamental, ii) cuando existiendo otras acciones, estas no resultan eficaces o idóneas para la protección del derecho de que se trate, o, iii) cuando existiendo acciones ordinarias, resulte necesaria la intervención del juez de tutela para evitar que ocurra un perjuicio irremediable.
3.2.4.2. Por su parte, en Sentencia T-225 de 1993(30), la Corte Constitucional explicó los elementos que han de tenerse en cuenta para evaluar cuando se está en presencia de perjuicio irremediable. Éstos son:
“A)... inminente: que amenaza o está por suceder prontamente. Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura hipotética. (...).
B) Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes, es decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el Diccionario de la Real Academia. Es apenas una adecuación entre la inminencia y la respectiva actuación: si la primera hace relación a la prontitud del evento que está por realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en la prontitud. (...).
D) La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna. Se requiere una acción en el momento de la inminencia, no cuando ya haya desenlace con efectos antijurídicos (...).
3.2.4.3. En este sentido, la subsidiariedad y excepcionalidad de la acción de tutela reconocen la eficacia de los medios ordinarios de protección judicial como mecanismos legítimos para la salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, a ellos se debe acudir preferentemente, siempre que sean conducentes para conferir una eficaz protección constitucional a los derechos fundamentales de los individuos. De allí que quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales por esta vía, debe haber agotado los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto, exigencia que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada una instancia adicional en el trámite procesal, ni un mecanismo de defensa que remplace aquellos diseñados por el legislador(31).
3.2.4.4. Respecto a la procedencia de la acción de tutela contra particulares, el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 establece que este mecanismo de amparo procederá ante las acciones u omisiones de particulares cuando “la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere hecho la solicitud en ejercicio del hábeas data, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Constitución”.
En este sentido, se tiene que para que se cumpla con el requisito de procedibilidad de la acción de tutela establecido en el numeral 6º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, es necesario que el actor haya solicitado previamente a la entidad correspondiente que se corrija, aclare, rectifique, actualice o elimine el dato o la información que ésta tiene sobre el mismo.
3.2.4.6. Descendiendo lo anterior al caso concreto, encontramos que el accionante manifestó que el 5 de julio de 2013 había solicitado a Transportes Humadea S.A., a través de derecho de petición, “que se me elimine el reporte que está a mi nombre y al vehículo de palcas XVH 855 de propiedad del señor Medardo Blanco (...), que interpuso Transportes Humadea S.A., ante Colfecar y Defencarga, desde el 17 de enero de 2013”. No obstante, la Sala evidencia que dicho derecho de petición no tiene firma de recibido ni de Transportes Humadea S.A., ni de Colfecar ni de Defencarga.
3.2.4.8. Ahora bien, encuentra la Sala que pese a que el accionante no presentó la solicitud en mención, es necesario reiterar que este tribunal ha establecido que los medios alternativos con los que cuenta el interesado para hacer valer sus derechos, tienen que ser aptos para obtener la protección con la urgencia que el asunto amerita, de modo que si los medios de defensa resultan ineficaces o insuficientes para proteger los derechos fundamentales o evitar un perjuicio irremediable, la acción de tutela debe ser procedente(32).
Aunado a lo anterior, cabe precisar que si el accionante hubiese presentado solicitud de corrección, rectificación, eliminación o actualización de sus datos a las entidades accionadas, antes de interponer la presente acción de tutela, éstas hubiesen respondido al eventual derecho de petición de manera negativa, pues para esas entidades no hay vulneración alguna al reportar un dato que para las mismas constituye una estadística, pero que en la práctica vulnera el derecho al buen nombre y tiene como efecto colateral la afectación del derecho constitucional al trabajo y al mínimo vital, razón por la cual someter al actor a la interposición de una solicitud, que en la práctica hubiese sido resuelta de manera negativa, resulta desproporcionado.
3.2.4.9. La Sala considera que en este caso la acción de tutela es el medio idóneo para obtener la protección urgente que necesita el accionante, so pena de ocasionársele un perjuicio irremediable. En efecto, de no tutelarse los derechos fundamentales al petente, se le puede ocasionar un mal irreversible, injustificado y grave, que lo colocaría en un estado de necesidad. Por tanto, es necesaria la adopción de una medida urgente.
Ello es así por cuanto, de los hechos expuestos y de las pruebas que obran en el expediente se puede evidenciar que el señor Blanco Parra en este momento atraviesa una difícil situación económica, pues no ha podido seguir trabajando porque, precisamente el reporte negativo que existe en su contra en las bases de datos de las entidades demandadas, ha hecho que las empresas interesadas en el transporte de mercancías por tierra prescindan de sus servicios, tal vez por miedo a que sus productos cuenten con la misma suerte de los bienes que pertenecían a Transportes Humadea S.A., los cuales, según el reporte enviado por esta empresa a Colfecar, fueron hurtados, “suceso en el que se ha visto comprometido el conductor”(33), es decir, el señor Robinson Blanco Parra.
Para terminar, se tiene que la urgencia y la gravedad en este caso hacen que la acción de tutela sea impostergable, pues de lo contrario se corre el riesgo de que la acción de tutela sea ineficaz por inoportuna. Es decir, se requiere de la acción de tutela en este momento en que, si bien se está presentando la afectación de los derechos fundamentales del accionante, es necesario evitar que esta se prolongue en el tiempo, agravando aún más la situación del señor Blanco Parra.
3.2.4.10. Ahora bien, dado que el caso en estudio no solo trata de la vulneración del derecho al hábeas data, al trabajo y al mínimo vital del accionante, sino que también está íntimamente ligado a la infracción de otros derechos fundamentales como el buen nombre y el principio de presunción de inocencia, pues del informe enviado por Transportes Humadea S.A. a Colfecar en el que se lee que: “(...) adjunto reporte de novedades del conductor que se ha visto comprometido por hurto de mercancías a nuestra empresa”, se colige que dicha aseveración da a entender que el accionante tuvo responsabilidad en el robo de la mercancía, lo cual fue desvirtuado por las fiscalías de Medellín y de Santa Rosa de Osos.
3.3.1. La jurisprudencia de esta Corte en materia de hábeas data, ha sostenido que la administración de toda base de datos personales está sometida a los llamados principios de administración de datos personales.
Este principio, pilar fundamental de la administración de datos, alude a que a la información personal del sujeto concernido debe ser cierta, lo que impide que la administración de datos personales falsos, distorsionados, fragmentados o que, de manera amplia, no correspondan a hechos efectivamente predicables de su titular. En términos de la jurisprudencia, “(...) según el principio de veracidad, los datos personales deben corresponder a situaciones reales, lo que impone la prohibición de recopilar, procesar y circular información falsa, errónea o equívoca”(34).
3.3.2.3. Transportes Humadea S.A., con el fin de complementar información para el gremio, adjuntó reporte de novedades a Colfecar “del conductor que se ha visto comprometido por hurto de mercancías a nuestra empresa”(35). Por su parte Colfecar publicó el reporte del incidente de hurto calificado del vehículo de placas XVH 885, de propiedad del señor Robinson Blanco Parra, así:
Nº de radicación Fecha de incidente Nombre del conductor reportado CC del conductor reportado Placa Novedad NIT empresa que reporta Empresa que reporta Comentarios Fecha ingreso de incidentes
Pendiente 5069 2012-12-09 Robinson Blanco Parra 91474633 XVH- 855 Conductor y/o propietario-Hurto calificado 8300963767 Transporte Humadea Hurto de Me... 2013-01-17
3.3.2.4. El señor Robinson Blanco Parra manifestó que “estoy reportado por Transportes Humadea en Defencarga y Colfecar, y de ahí en adelante no he podido viajar en la mula XVH 855 la del siniestro (...), ya que este reporte me deja ver ante las empresas como si tuviera una cartera con la empresa Transportes Humadea S.A. por valor de $200.000.000, ya que el siniestro se encuentra en investigación abierta”.
A saber, Transportes Humadea S.A. manifestó que “con el fin de complementar la información para el gremio, adjunto reporte de novedades del conductor que se ha visto comprometido por hurto de mercancías a nuestra empresa”; entonces, con lo anterior dio a entender que el señor Blanco Parra tuvo responsabilidad en el robo de la mercancía, lo cual, como ya se dijo, fue desvirtuado tanto por la Fiscalía de Medellín como por la de Santa Rosa de Osos, que manifestaron que “por esos hechos no se tiene al señor Robinson Blanco Parra como posible indiciado, por el contrario, figura como víctima”(36).
3.3.5. Bajo esta perspectiva, la Sala considera que si bien les asiste derecho a las entidades accionadas, como parte de un gremio específico, de recopilar información y usarla en beneficio de las actividades que emprendan como asociación, pues el derecho a informar está protegido en el artículo 20 Constitucional como una garantía de todas las personas para informar y recibir información veraz e imparcial, debe reconocerse que esa facultad se encuentra limitada fundamentalmente por “el respeto por el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales, derivado de la obligación que el artículo 2º de la Carta le impone a las autoridades de la República para garantizar y propender por la efectividad de todos los derechos ciudadanos” y entre estos, los derechos al hábeas data.
3.3.6. Así mismo, debe tenerse en cuenta que Colfecar y Defencarga, en su calidad de titulares de la facultad de acopiar, utilizar, transferir, ordenar y difundir datos personales de los transportadores que hacen parte de sus agremiaciones, se encuentran en la obligación-deber de respetar las garantías constitucionales de los mismos, so pena de vulnerar el derecho al hábeas data del titular-transportadores, su buen nombre e intimidad.
3.3.7. Por otra parte, a pesar que el derecho al hábeas data tiene carácter autónomo, la vulneración del principio de veracidad implicó necesariamente la afectación del derecho fundamental al buen nombre del accionante, pues al basarse la recolección de datos personales en información carente de certeza, se afectó su imagen en detrimento de su derecho de acceso al trabajo. Esto a partir de la imposición de una barrera injustificada para ese acceso, basada en un comportamiento abusivo de la fuente de información.
Entonces, las implicaciones del principio de veracidad en el hábeas data son evidentes, y ellas se reflejan en el caso concreto, pues la inclusión de información desactualizada y carente de certeza afectó el principio de finalidad, en tanto no se muestra apta para informar de manera objetiva y cierta las novedades que se hayan presentado en el transporte de mercancías por tierra, que sería el objetivo constitucionalmente legítimo para el acopio de información personal por parte de las administradoras de datos personas de que trata este caso.
3.3.8. Aunado a lo anterior, la Sala advierte una grave incidencia cierta y directa entre los derechos fundamentales al hábeas data, al trabajo y al mínimo vital del señor Robinson Blanco Parra, causada por la expedición de los mencionados boletines. Lo anterior, comoquiera que se le ha impedido seguir realizando la actividad de la que derivaba su sustento, lo que lo ha llevado a incumplir sus obligaciones crediticias con sus acreedores.
3.3.11. Por consiguiente, verificada la vulneración ius fundamental alegada, la Sala revocará las sentencias denegatorias del amparo solicitado (fallo del 2 de julio de 2013 proferido por el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga, y sentencia del 5 de agosto de 2013, proferida por el Juzgado Noveno Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bucaramanga), y en su lugar concederá la tutela de los derechos constitucionales al hábeas data, al mínimo vital y al trabajo del señor Robinson Blanco Parra.
3.3.12. En virtud de lo anterior, se ordenará a Transportes Humadea S.A., Defencarga y Colfecar, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, eliminen de sus bases de datos cualquier información subjetiva que dé a entender que el señor Robinson Blanco Parra se encuentra implicado, como victimario, del hurto del tracto camión de placas XVH 855, y de las mercancías que este contenía, las cuales eran de propiedad de Transportes Humadea S.A., y que actualicen, con información veraz y completa los datos que administran en ellas.
3.3.13. Conclusiones.
3.3.13.2. Transportes Humadea S.A. envió reporte a Colfecar en el que manifestó que “con el fin de complementar la información para el gremio, adjunto reporte de novedades del conductor que se ha visto comprometido por hurto de mercancías a nuestra empresa”. Con lo anterior dio a entender que el señor Blanco Parra tuvo responsabilidad en el robo de la mercancía, violando con ello el principio de veracidad, pues en ningún lugar consta que así hayan sucedido los hechos; tanto es así que la Fiscalía de Medellín como por la de Santa Rosa de Osos manifestaron que “por esos hechos no se tiene al señor Robinson Blanco Parra como posible indiciado, por el contrario, figura como víctima”(37).
3.3.13.4. A pesar que el derecho al hábeas data tiene carácter autónomo, la vulneración del principio de veracidad implicó necesariamente la afectación del derecho fundamental al buen nombre del accionante, pues al basarse la recolección de datos personales en información carente de certeza, se afectó su imagen en detrimento de su derecho de acceso al trabajo.
3.3.13.5. La Sala también advierte una grave incidencia cierta y directa entre los derechos fundamentales al hábeas data, al trabajo y al mínimo vital del señor Robinson Blanco Parra, causada por la expedición de los mencionados boletines. Lo anterior, comoquiera que se le ha impedido seguir realizando la actividad de la que derivaba su sustento, lo que lo ha llevado a incumplir sus obligaciones crediticias con sus acreedores.
1. REVOCAR las sentencias del 5 de agosto de 2013, proferida por el Juzgado Noveno Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bucaramanga, y la del 2 de julio de 2013, proferida por el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga, que negaron el amparo invocado. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al hábeas data, al trabajo y al mínimo vital del señor Robinson Blanco Parra.
2. ORDENAR a Transportes Humadea S.A., Defencarga y Colfecar, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, eliminen de sus bases de datos cualquier información subjetiva que dé a entender que el señor Robinson Blanco Parra se encuentra implicado, como victimario, del hurto del tracto camión de placas XVH 855, y de las mercancías que éste contenía, las cuales eran de propiedad de Transportes Humadea S.A., y que actualicen, con información veraz y completa los datos que administran en ellas.
(1) Folio 11 del cuaderno 1.
(2) Folio 12 del cuaderno 1.
(3) Folio 12, 13 y 14 del cuaderno 1.
(5) Folio 28 del cuaderno 1.
(7) Folio 33 del cuaderno 1.
(8) Folio 9 del cuaderno 1.
(9) Folio 10 del cuaderno 1. Es de aclararse que el derecho de petición no tiene firma de recibido, solo tiene la firma del accionante, señor Robinson Blanco Parra.
(10) Folio 30 del cuaderno 1.
(11) Folio 23 del cuaderno 1.
(12) Folio 38 del cuaderno 1.
(13) Sentencia T-632 de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(14) Sentencia T-104 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(16) Sentencia T-811 de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa.
(17) Sentencia SU-082 de 1995, M.P. Jorge Arango Mejía. Esta posición fue reiterada en la Sentencia T-811 de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa.
(20) Sentencia C-1011 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(24) Sentencia T-729 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(27) Sentencia SU-458 de 2012, M.P. Adriana María Guillén Arango.
(28) Ver además la Sentencia T-964 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
(29) M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
(31) Sentencia T-417 del 25 de mayo de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa.
(32) Sentencia T-191 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
(33) Folio 32 del cuaderno 1. En dicho informe se lee textualmente que: “con el fin de complementar la información para el gremio, adjunto reporte de novedades del conductor que se ha visto comprometido por hurto de mercancías a nuestra empresa”.
(34) Sentencia T-419 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(35) Folio 32 del cuaderno 1.
(36) Folio 30 del cuaderno 1.
(37) Folio 30 del cuaderno 1.