Source: https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2012-0047&language=ES
Timestamp: 2020-07-04 19:37:54
Document Index: 143992789

Matched Legal Cases: ['artículo 227', 'artículo 20', 'artículo 45', 'artículo 8', 'artículo 51', 'artículo 11', 'artículo 21', 'artículo 14', 'artículo 4', 'artículo 10', 'artículo 49', 'Artículo 20', 'artículo 25', 'artículo 11', 'artículo 24', 'artículo 18', 'artículo 21', 'artículo 174', 'artículo 4', 'artículo 11', 'artículo 20']

INFORME sobre el Informe sobre la ciudadanía de la UE 2010 - La eliminación de los obstáculos a los derechos de los ciudadanos de la UE - A7-0047/2012
Procedimiento : 2011/2182(INI)
Ciclo relativo al documento : A7-0047/2012
A7-0047/2012
PV 29/03/2012 - 5
CRE 29/03/2012 - 5
PV 29/03/2012 - 9.17
CRE 29/03/2012 - 9.17
P7_TA(2012)0120
339k 217k
PE 473.706v03-00 A7-0047/2012
sobre el Informe sobre la ciudadanía de la UE 2010 - La eliminación de los obstáculos a los derechos de los ciudadanos de la UE
(2011/2182(INI))
Ponente: Adina-Ioana Vălean
OPINIÓN de la Comisión de Asuntos Constitucionales
– Vistas sus anteriores resoluciones sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones,
– Visto el derecho de petición, consagrado en el artículo 227 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),
– Visto el artículo 20 del TFUE, en el que se define el concepto de ciudadanía,
– Vista la segunda parte del TFUE, titulada «No discriminación y ciudadanía de la Unión», y los títulos III y V de la Carta de los Derechos Fundamentales,
– – Visto el artículo 45 del TFUE, en virtud del cual la libre circulación asegurada a los trabajadores europeos supone la abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros, con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo,
– Vistos los artículos 3, 10 y 11 del Tratado de la Unión Europea y el artículo 8 del TFUE,,
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de octubre de 2010, titulada «Informe sobre la ciudadanía de la UE 2010 - la eliminación de los obstáculos a los derechos de los ciudadanos de la UE
– Vista la Comunicación de la Comisión de 27 de octubre de 2010 titulada «Hacia un Acta del Mercado Único – Por una economía social de mercado altamente competitiva» (COM(2010)0608),
– Visto el Reglamento del Consejo (CEE) nº 1612/68 relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad(1),
– Vista la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros(2) (en adelante la «DMF»),
– Vista la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales(3) (en adelante «la Directiva sobre cualificaciones»),
– Visto el Reglamento (CE) nº 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) nº 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social(4),
– Vista su Resolución, de 2 de abril de 2009, sobre problemas y perspectivas de la ciudadanía europea(5),
– Vista la propuesta de la Comisión de 11 de agosto de 2011 de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el «Año Europeo de los Ciudadanos (2013)» (COM(2011)0489),
– Visto el Programa de Estocolmo, para el que el ciudadano ocupa el centro de las políticas europeas de libertad, seguridad y justicia, garantizando el respeto de la diversidad y la protección de los más vulnerables,
– Vistos el informe de la Comisión de Peticiones y las opiniones de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, de la Comisión de Cultura y Educación y de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A6-0047/2012),
A. Considerando que los ciudadanos de la Unión ―y con independencia de su discapacidad— tienen, entre otras cosas, el derecho de circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones municipales del Estado miembro en el que residan, el derecho de acogerse, en el territorio de un tercer país, a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de otro Estado miembro, el derecho de petición al Parlamento Europeo, el derecho de recurrir al Defensor del Pueblo Europeo y el derecho de dirigirse a las instituciones y órganos consultivos de la Unión en una de las lenguas de los Tratados(6);
B. Considerando que el Tratado de Lisboa reforzó el concepto de ciudadanía de la Unión –introducido por el Tratado de Maastricht en 1992 – y los derechos que de ello se derivan, desarrollados también por la jurisprudencia, mediante el fortalecimiento de la posición y la imagen de la Unión Europea como defensora de los derechos de los ciudadanos, la introducción de medios legislativos para estimular la participación activa de los ciudadanos y el fomento y la creación de nuevos derechos, como la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) y los derechos individuales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales;; que la ciudadanía de la UE debe entenderse como un conjunto de derechos y deberes;
C. Considerando que esto es una prueba de los esfuerzos que está haciendo la UE para situar a los ciudadanos en el núcleo de su actividad y para trabajar con miras a un espacio de libertad, justicia y derechos para todos los ciudadanos de la UE;
D. Acogiendo con satisfacción la sentencia del TJUE referente a la interpretación del artículo 51 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que subraya, en la sentencia ERT (Equal Rights Trust), que las instituciones de los Estados miembros también están vinculadas por los derechos fundamentales de la Unión, que tienen rango superior, si pretenden recurrir a medidas nacionales para limitar las libertades fundamentales consagradas en el TFUE;
E. Considerando que la libertad de circulación es inherente a los conceptos de derechos humanos y ciudadanía de la Unión y que representa uno de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos de la Unión reconocidos en virtud los Tratados,
F. Considerando que, siete años después de la entrada en vigor de la DMF, aún persisten demasiados problemas en relación con su aplicación; que la mayor parte de las quejas se centran, con respecto a los ciudadanos de la Unión, en su derecho de entrada, su derecho de residencia por un periodo superior a tres meses, la validez de sus permisos de residencia, la retención de su derecho de residencia y su derecho de residencia permanente así como los derechos de los miembros de sus familias;
G. Considerando que numerosos ciudadanos no disponen de toda la información pertinente sobre sus derechos defendidos por la DMF, en particular cuando exigen derechos para miembros de la familia que son nacionales de terceros países;
H. Considerando que a los ciudadanos de la UE que son residentes habituales en el Reino Unido y que solicitan determinadas prestaciones de la seguridad social se les exige someterse al denominado «test del derecho a residir», que impone condiciones adicionales a las personas que no son ciudadanos del Reino Unido;
I. Considerando que la cuestión de la deportación de ciudadanos de etnia romaní por Francia en 2010 fue controvertida no solo desde la perspectiva de los derechos fundamentales sino también desde el punto de vista del derecho a la libre circulación y de la discriminación por razones de nacionalidad y origen racial y étnico;
J. Considerando que, el 15 de diciembre de 2011, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre la libre circulación de los trabajadores en la Unión Europea1, en la que hacía especial hincapié en los derechos de los trabajadores rumanos y búlgaros en el mercado único(7); que algunos Estados miembros han decidido introducir o seguir aplicando disposiciones transitorias que limitan el acceso a sus mercados de trabajo de los nacionales rumanos y búlgaros; que tales medidas pueden llevar a la explotación de los trabajadores, al trabajo ilegal y a la falta de acceso a las prestaciones de la seguridad social;
K. Considerando que la libre circulación o la movilidad voluntaria de los trabajadores es una condición necesaria o supone un estímulo para el ejercicio de una amplia gama de derechos que el Derecho de la Unión confiere a los ciudadanos; considerando, por lo tanto, que facilitar la libre circulación puede hacer que los ciudadanos tengan más capacidad para beneficiarse plenamente del mercado común y, al mismo tiempo, ser un motor fundamental del crecimiento;
L. Considerando que el derecho de circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros solo permite un mejor entendimiento de los valores de la integración europea si está acompañado de medidas concretas adoptadas por la Unión y los Estados miembros en materia de información, formación, reconocimiento de cualificaciones y movilidad de los trabajadores (en particular, trabajadores de temporada, transfronterizos y desplazados, trabajadores trasladados a consecuencia de la reubicación de la sede de la empresa, etc.);
M. Considerando que un gran número de peticiones han revelado problemas en el ámbito del acceso a las prestaciones de la seguridad social, principalmente debido a la falta de cooperación de las autoridades nacionales, a la incorrecta aplicación del principio de totalización de las prestaciones debidas en algunos Estados miembros (en particular respecto a la portabilidad de las pensiones), a la falta de información correcta sobre las normas aplicables o a la lenta tramitación de los asuntos; que la sentencia del TJUE de 21 de Julio de 2011(8)confirma el derecho de los ciudadanos de la UE a desplazarse a otro Estado miembro manteniendo la cobertura de la seguridad social;
N. Considerando que, en el marco del proceso de Bolonia, los títulos generalmente aceptados de finalización de los estudios universitarios se conceden como una etapa hacia un reconocimiento más sencillo de las cualificaciones;
O. Considerando los problemas relacionados con la aplicación incorrecta de la Directiva 2005/36/CE sobre el reconocimiento de cualificaciones profesionales(9) (medidas compensatorias, solicitud de documentos adicionales, decisiones negativas no justificadas por parte del Estado miembro de acogida, retrasos indebidos en la tramitación de las solicitudes, imposición sistemática de pruebas específicas de lengua), que constituyen un obstáculo significativo para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos en la UE, que se ven privados, por lo tanto, de las ventajas de la cohesión social;
P. Considerando que peticionarios acusan a la Oficina de Bienestar de la Juventud (Jugendamt) alemana de discriminación del cónyuge no alemán en los matrimonios mixtos; considerando que la Oficina de Bienestar de la Juventud en Alemania (Jugendamt) contribuye en algunos casos, debido a su autonomía operativa, a las dificultades a las que se enfrentan los padres extranjeros divorciados que desean abandonar el territorio alemán junto con sus hijos;
Q. Considerando que el Parlamento adoptó una resolución(10), en octubre de 2011, con respecto a la movilidad y la integración de las personas con discapacidad, Considerando que muchas peticiones son presentadas por personas con discapacidad que todos los días se encuentran con numerosos obstáculos que les impiden beneficiarse de los derechos de los ciudadanos de la UE, como el uso normal del sistema educativo, el acceso al seguro o a los servicios de transporte público, Considerando la necesidad de establecer un sistema coherente en la UE para determinar el grado de discapacidad, pues la inexistencia de un sistema de este tipo puede dar lugar a desigualdades e incluso a exclusión social;
R. Considerando que todo ciudadano de la UE que se encuentre ante los tribunales de un Estado miembro tiene derecho, para su defensa, a acceder a los documentos traducidos a su lengua materna, a fin de evitar toda discriminación por razón de lengua, y considerando, en particular, que todos los ciudadanos deben mantenerse al corriente de los procedimientos judiciales en su contra, y que el procedimiento completo debe desarrollarse en unos plazos aceptables judicialmente;
S. Considerando que los mayores obstáculos para el ejercicio de una ciudadanía activa de la UE son el desconocimiento por parte de los particulares de sus derechos como ciudadanos de la Unión y la falta de servicios de información claramente estructurados y con una difusión amplia; considerando que el Parlamento y la Comisión, en su acción para fortalecer la ciudadanía de la Unión, deben centrarse por tanto en una mejor comunicación financiada adecuadamente a los ciudadanos y los Estados miembros, tanto a nivel local como nacional, eliminando cualesquiera obstáculos jurídicos y administrativos que impidan que los ciudadanos de la UE de ejercer sus derechos y garantizándoles al mismo tiempo un fácil acceso a asesoramiento claro y preciso;
1. Acoge positivamente el informe de la Comisión Europea sobre la ciudadanía la UE de 2010, que establece el objetivo de eliminar los obstáculos al ejercicio de los derechos de ciudadanía y opina que las propuestas que contiene representan acciones concretas para reducir gastos innecesarios y contribuir con ello al poder adquisitivo de los ciudadanos de la UE, lo que reviste una especial importancia en tiempos de crisis; pide a la Comisión que asegure que las medidas legislativas y no legislativas propuestas en el informe se presentan lo antes posible y se aprueban, de manera que se garantice la efectividad de los derechos de los ciudadanos de la UE y que todos los Estados miembros eliminan los citados obstáculos e introducen simultáneamente medidas administrativas que faciliten el disfrute general de tales derechos, al tiempo que eliminan las posibles contradicciones entre el derecho europeo y los derechos nacionales;
2. Observa que, aunque el derecho de petición al Parlamento Europeo está expresamente previsto en los Tratados, no es suficientemente conocido o utilizado y, por consiguiente, pide un comunicación más activa y eficiente con los ciudadanos – que incluya justificaciones y explicaciones – acerca del derecho de petición en una de las lenguas oficiales de la Unión Europea; pide asimismo a la Comisión que, a fin de llegar al mayor número posible de ciudadanos y compartir las mejores prácticas, refuerce la publicidad sobre el derecho de petición a través de sus representaciones en los Estados miembros, de sus redes de información descentralizadas, de las redes de defensores del pueblo y de todas las organizaciones que colaboran con la Comisión y el Parlamento Europeo;
3. Estima que la ICE, que se aplicará a partir del 1 de abril de 2012, constituye el primer instrumento de democracia participativa transnacional y proporcionará a los ciudadanos la posibilidad de participar activamente en la configuración de las políticas y la legislación europeas; pide la aplicación efectiva, transparente y con rendición de cuentas del Reglamento ICE y, en particular, pide a las instituciones de la UE y a los Estados miembros que adopten oportunamente todas las disposiciones administrativas y prácticas necesarias, se movilicen efectiva y participativamente para informar a los ciudadanos acerca de este nuevo instrumento de forma que todos los ciudadanos de la UE puedan beneficia4rse plenamente del mismo y que utilicen especialmente el 2013, Año Europeo de los Ciudadanos para impulsar la concienciación; Opina por añadidura que, con fundamento en su experiencia en el contacto directo con los ciudadanos, debe otorgarse a la Comisión de Peticiones la responsabilidad de celebrar audiencias públicas para los organizadores de iniciativas de ciudadanos europeos que hayan tenido éxito, de conformidad con el artículo 11 del Reglamento ICE; propone que la Comisión presente periódicamente a la Comisión de Peticiones un informe sobre la puesta en práctica de la ICE;
4. Pide a la Comisión que, al preparar su informe anual sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, se centre no solo en la aplicación de la Carta sino también de la de todos los artículos del Tratado de la UE relacionados con los derechos fundamentales y en la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea; pide a la Comisión que incluya en dicho informe información más detallada sobre la aplicación de la Carta por los Estados miembros cuando apliquen el Derecho de la UE y sobre las cuestiones planteadas por los ciudadanos, la manera en que las ha abordado y las medidas de seguimiento concretas que ha adoptado;
5. Pide a todas las instituciones, órganos, oficinas y agencias de la Unión que velen por que el derecho de acceso a los documentos, previsto en el Reglamento (CE) nº 1049/2001(11), un derecho importante del que gozan los ciudadanos de la UE, está garantizado mediante una mejora de la transparencia y haciendo que el acceso a los documentos y la información sea fácil, de manejo sencillo y comprensible, entre otras cosas mediante la provisión de tecnologías sin barreras, con el fin de permitir a los ciudadanos participar más estrechamente en el proceso de toma de decisiones; señala, a este respecto, la gran importancia que tiene la labor del Defensor del Pueblo Europeo para defender el derecho de acceso a los documentos de las instituciones europeas;
6. Reconoce el derecho de acceso a la información como una de las piedras angulares de la democracia, hace hincapié en que dicho acceso no puede dar lugar a la vulneración de otros derechos fundamentales, como el derecho a la privacidad o a la protección de datos; subraya que el acceso a la información que se encuentra bajo custodia de las instituciones europeas es de interés primordial para los ciudadanos que desean entender las deliberaciones políticas y económicas subyacentes a la adopción de decisiones; considera que la Comisión podría proporcionar un mayor acceso a la información sobre investigaciones y expedientes de infracción sin poner en peligro el propósito de las investigaciones y que un interés público primordial podría justificar el acceso a estos expedientes, particularmente en asuntos en los que pueden estar en juego los derechos fundamentales, la salud humana o animal y la protección del medio ambiente contra daños irreversibles o cuando estén en curso procedimientos en relación con la discriminación contra una minoría o por violaciones de la dignidad humana, siempre que se defienda la protección de los secretos comerciales y la información delicada relacionada con los asuntos judiciales, los asuntos de competencia y los ficheros personales;
7. Anima a la Comisión a que continúe esforzándose por velar por que los Estados miembros traspongan y apliquen la DMF plena y correctamente, haciendo uso pleno de su poder de iniciar procedimientos de infracción; pide a los Estados miembros que eliminen las barreras jurídicas y prácticas existentes a la libre circulación de los ciudadanos y que no introduzcan procedimientos administrativos lentos e injustificados o toleren prácticas inaceptables que restrinjan la aplicación de ese derecho; pide asimismo a la Comisión que intensifique sus esfuerzos para aumentar la sensibilización acerca del derecho de los ciudadanos a la libre circulación y para ayudarlos en su ejercicio, en particular cuando es denegado o limitado, o si se aplican prácticas con efectos discriminatorios directos o indirectos; pide, en este contexto, a la Comisión que presente una evaluación de las políticas de libre circulación en el próximo informe sobre la ciudadanía de la UE y que proponga medios concretos para apoyar el ejercicio de la libertad de circulación; Señala que, si bien el concepto de ciudadanía de la Unión está estrechamente vinculado con el derecho de libre circulación, también los ciudadanos que no abandonan su Estado miembro de origen gozan de sus derechos como ciudadanos de la Unión;
8. Pide a los Estados miembros que eliminen los obstáculos a la libre circulación de los ciudadanos y que tome medidas para orientar y asesorar a los trabajadores móviles acerca de oportunidades de empleo y condiciones de vida y de trabajo en la UE, haciendo tomar conciencia al mismo tiempo a los ciudadanos de los riesgos inherentes al trabajo ilegal y de las ventajas de obtener un trabajo legal (impuestos, seguridad social, derecho a formación profesional, derecho a la ciudadanía, derecho a la vivienda, derecho a la reagrupación familiar, acceso de los niños a la educación y formación) a través de instrumentos existentes (EURES, etc.);
9. Insta a una mejor coordinación entre los Estados miembros que se enfrentan a problemas tales como la doble tributación y la falta de armonización de la fiscalidad de las pensiones para los ciudadanos de la UE y pide, por tanto, a los Estados miembros que mejoren y actualicen sus acuerdos de cooperación bilateral; apoya los esfuerzos de la Comisión para proponer una nueva regulación destinada a eliminar las barreras fiscales y considera que debe prestarse especial atención a los impuestos de matriculación de vehículos previamente registrados en otro Estado miembro;
10. Opina que la convergencia de las normas europeas en materia fiscal y social, junto con una armonización de los sistemas nacionales de seguridad social, constituyen soluciones viables para evitar las dificultades de la coordinación entre Estados miembros en relación con las modalidades detalladas de sus propios sistemas; considera que, en consecuencia, las administraciones nacionales, regionales y locales tendrían menos dificultades a la hora de aplicar las normas, y que los ciudadanos de la UE apreciarían una simplificación de los procedimientos;
11. Insta a aquellos Estados miembros que han decidido, en virtud de la UE Tratado de Adhesión de Rumania y Bulgaria, introducir una moratoria de siete años, hasta el 1 de enero de 2014, sobre el derecho a la libre circulación dentro de la UE para los trabajadores de esos dos países, o seguir aplicando medidas transitorias que restrinjan el acceso de ciudadanos rumanos y búlgaros a sus mercados de trabajo(12), a que revisen sus decisiones tan pronto como sea posible, teniendo en cuenta el principio de igualdad, la prohibición de la discriminación, la naturaleza injustificada de esas decisiones y el principio de solidaridad, con objeto de que los derechos al empleo asociados a la ciudadanía de la UE dejen de estar restringidos para los ciudadanos rumanos y búlgaros;
12. Pide a la Comisión que preste mayor atención y responda con más precisión a las numerosas peticiones recibidas sobre el reconocimiento mutuo de documentos de estado civil y sobre el reconocimiento de esos documentos y de sus efectos ,(13) subraya la importancia de progresar lo más rápidamente posible hacia el reconocimiento mutuo y la garantía de a libre circulación de los certificados de registro civil, sin discriminación, en virtud del artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE,
13. Subraya el hecho de que las expulsiones masivas constituyen una infracción de la DMF, además de contravenir los valores y principios básicos en los que se basa la Unión Europea; recuerda que, de conformidad con la DMF, las restricciones a la libertad de circulación y de residencia por razones de política pública o seguridad pública pueden imponerse exclusivamente sobre la base de la conducta personal, sin ninguna discriminación por razones de discapacidad u origen étnico o nacional, y que la falta de medios económicos no puede utilizarse como justificación para la expulsión automática de ciudadanos de la UE (considerando 16, artículo 14) ni para otros propósitos de compensación, sanción o privación de derechos;
14. Insta a los Estados miembros a abolir las políticas y derogar las leyes que discriminan, directa o indirectamente, a la población romaní y otros grupos minoritarios por razones de raza o etnicidad, y les pide que pongan fin a toda persecución, desalojo, expulsión y confiscación de bienes de cualquier grupo minoritario; pide a todos los Estados miembros y a la UE que asuman la responsabilidad conjunta de promover y facilitar la integración de las comunidades romaníes, reconociéndoles los mismos derechos y deberes que a los demás ciudadanos europeos, de conformidad con la Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 2011, sobre la Estrategia de la UE para la integración de la población romaní(14) y la Comunicación de la Comisión titulada «Un marco europeo de estrategias nacionales de inclusión de los gitanos hasta 2020» (COM(2011)0173), y que promuevan y protejan sus derechos fundamentales;
15. Pide a la Comisión que vincule las prioridades de inclusión social a un conjunto claro de objetivos que incluyan la protección de los ciudadanos contra la discriminación en todos los ámbitos de la vida y el fomento del diálogo social entre la población romaní y no romaní con el fin de luchar contra el racismo y la xenofobia; pide a la Comisión, como guardiana de los Tratados, que garantice que se aplica plenamente la legislación relevante y que se imponen sanciones adecuadas a los delitos de motivación racial(15);
16. Expresa su preocupación porque, pese a que el derecho de libre circulación y residencia está firmemente establecido en el Derecho primario de la UE y se halla muy desarrollado en el Derecho derivado, la aplicación de las normas jurídicas sigue siendo insatisfactoria; señala que los Estados miembros deben actuar conjuntamente para eliminar todos los obstáculos administrativos y jurídicos que aún persistan que les sean señalados por las instituciones de la UE y por la Comisión de Peticiones; Pide a la Comisión que evalúe detenidamente los derechos y las prácticas de los Estados miembros para comprobar que no infringen los derechos conferidos a los ciudadanos de la Unión por los Tratados y la DMF y que no constituyen una carga innecesaria para los ciudadanos de la Unión y sus familias, limitando de manera indirecta su derecho a la libre circulación;
17. Recuerda que los casi 80 millones de personas con discapacidad que viven en la Unión Europea siguen enfrentándose a barreras, a menudo insuperables, en numerosos aspectos del ejercicio de su derecho de libre circulación como ciudadanos de la Unión; pide, en consecuencia, a las instituciones de la UE y a los Estados miembros que identifiquen y eliminen los obstáculos y barreras que restringen las posibilidades de las personas con discapacidad de beneficiarse de los derechos de los ciudadanos de la UE y faciliten a esas mismas personas el acceso a todos los medios de transporte, instalaciones de infraestructura, educación pública e información, sin retrasos ni costes adicionales, tan pronto como sea posible, de conformidad con la estrategia de la UE en materia de discapacidad 2010-2020 (COM (2010) 0636) y el informe de propia iniciativa del Parlamento basado en esa estrategia(16); hace referencia igualmente al número desproporcionadamente elevado de personas de edad avanzada con movilidad reducida; pide la creación de un programa del tipo Erasmus destinado a las personas con discapacidad;
18. Insta a que los Estados miembros garanticen que se proporciona a las personas sospechosas y acusadas que tengan problemas auditivos, así como a las partes perjudicadas en los asuntos penales, si así lo requieren, intérpretes de signos con el objeto de proteger sus derechos y preservar su dignidad, y llama la atención de la Comisión sobre la necesidad de esos servicios;
19. Pide a la Comisión y los Estados miembros, con respecto a las propuestas de la Comisión para facilitar el mejor acceso a los servicios de salud transfronterizos, y dado que el derecho de los pacientes a la información es fundamental, informen a los ciudadanos de la UE más plenamente sus derechos y de los medios disponibles para ejercitarlos, incluyendo aspectos prácticos tales como el reembolso de los gastos sobre la base de la tarjeta europea de seguro de salud; pide a la Comisión y los Estados miembros que hagan el mayor uso posible de los potenciales para telemedicina y servicios de salud por vía electrónica antes de 2020, respetando al mismo tiempo plenamente las disposiciones de protección de datos Europeo; aplaude la iniciativa de la Comisión de desarrollar un nuevo sistema de intercambio electrónico de datos en materia de seguridad social, y pide en consecuencia una mayor cooperación entre los regímenes nacionales de seguridad social; apoya también los proyectos piloto dirigidos a garantizar a los ciudadanos de la UE un acceso en línea seguro a sus datos médicos y a permitir la interoperabilidad de los historiales médicos;
20. Observa que los mayores obstáculos para que los ciudadanos aprovechen el mayor surtido de productos y los precios competitivos que ofrece el mercado interior son el desconocimiento de sus derechos como consumidores en los otros Estados miembros de la UE y la falta de información para los consumidores que realizan compras en línea en otros Estados miembros; considera que la información destinada a los consumidores es a veces compleja y requiere simplificación, por ejemplo en lo que se refiere a las etiquetas;
21. Recuerda las publicaciones recientes de la Comisión sobrecapacitación de los consumidores y las «20 principales preocupaciones», que ponen de manifiesto las deficiencias en materia de información, legislativas y de aplicación que persisten en el seno del mercado único, por ejemplo en relación con las prácticas abusivas de ciertos servicios de anuario; Pide a la Comisión que considere como una prioridad el desarrollo del mercado único digital; aprueba los trabajos de la Comisión y su compromiso con la aplicación del Acta del Mercado Único; Pide una mayor actuación de los Estados miembros, en coordinación con la Comisión, para superar las trabas que impiden a los ciudadanos el acceso a los servicios en línea; toma nota, a este respecto, de la propuesta de la Comisión sobre el Derecho contractual europeo;
22. Opina que debe facilitarse en mayor medida el acceso a los servicios bancarios para los ciudadanos de la UE que se establecen en otro Estado miembro; insta a la Comisión a que tome las medidas legislativas necesarias para garantizar el acceso a una cuenta básica de pagos a todos los ciudadanos de la UE; insiste en la necesidad de mejorar la transparencia de las tasas bancarias;
23. Constata las disparidades que existen entre los Estados miembros en lo que respecta a los abonos de telefonía móvil y de Internet; subraya que las reducciones de las tarifas por el servicio de itinerancia han sido posibles exclusivamente gracias a la legislación de la UE; pide, pues, que se publiquen los precios de coste en todos los Estados miembros de los mensajes SMS y MMS, las llamadas facturadas por minuto y las conexiones a Internet, con el fin de promover el establecimiento de tarifas europeas a tanto alzado que permitan reducir los costes de la movilidad;
24. Condena las prácticas de venta asociada; pide que el Año Europeo de los Ciudadanos sea utilice también como una oportunidad para atraer la atención de los ciudadanos sobre las medidas que les protegen en su calidad de consumidores y que han contribuido a mantener su poder adquisitivo en tiempos de crisis;
25. Pide a la Comisión que vigile la correcta aplicación por parte de los Estados miembros de los Reglamentos sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, centrándose en los nuevos aspectos introducidos por los Reglamentos (CE) nº 883/2004 y (CE) nº 987/2009, que entraron en vigor el 1 de mayo de 2010;
26. Expresa su preocupación por el hecho de que las autoridades del Reino Unido exigieran a numerosos peticionarios someterse al «test del derecho a residir» para poder acceder a viviendas sociales u otras prestaciones tales como la ayuda a las personas que buscan emple(17)o; atrae especialmente la atención sobre el hecho de que esta exigencia introduce una discriminación indirecta por razones de nacionalidad, contraviniendo el artículo 4 del Reglamento (CE) nº 883/2004; insta al Reino Unido a que actúe para que su legislación sea conforme con el Derecho de la UE;
27. Insta al Reino Unido a que acate las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en lo que respecta a la exportabilidad de las prestaciones por enfermedad en efectivo(18) y que no aplique el denominado «test de presencia pasada» cuando puedan utilizarse otros elementos representativos para establecer un vínculo genuino con el sistema de seguridad social del Reino Unido;
28. Estima que una Directiva sobre cualificaciones actualizada debe centrarse en eliminar los obstáculos derivados de la movilidad educativa, prestando especial atención a los jóvenes, y simplificar al mismo tiempo las fuentes de información actualmente disponibles para los profesionales y asegurar la coordinación con el portal «Tu Europa»; insta a la Comisión a que racionalice el suministro de información que se ofrece a los estudiantes, profesores e investigadores en la UE sobre la movilidad mediante la creación de un sistema de «ventanilla única»; apoya la idea de una tarjeta profesional europea de carácter voluntario, que sería un instrumento para facilitar la movilidad entre los europeos y serviría de ejemplo de la Europa de los ciudadanos;
29. Insta a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho a que establezcan el sistema de medidas de compensación exigido en virtud del artículo 10 de la Directiva sobre cualificaciones, en el marco del sistema general, ya que, si no lo hacen, se daría la impresión de que crean discriminación por razones de nacionalidad; señala, en este contexto, que los ciudadanos de los Estados miembros que se adhirieron a la UE en 2004 y en 2007 respectivamente, en particular los profesionales de la sanidad (médicos, comadronas y enfermeros) informan de que encuentran problemas relacionados con el reconocimiento de sus cualificaciones o sus derechos adquiridos en un Estado miembro distinto del suyo(19);
30. Recuerda que una de las peticiones pendientes más antiguas se refiere al trato discriminatorio que los profesores de lenguas extranjeras (lettori) han estado sufriendo en algunas universidades italianas(20); pide a la Comisión que investigue con mayor detenimiento la denominada «reforma Gelmini» actual, que entró en vigor en diciembre de 2010; pide a las autoridades italianas y a las respectivas universidades que resuelvan este asunto urgentemente; considera, no obstante, que no se trata de un caso aislado y que, por consiguiente, los Defensores del Pueblo de los Estados miembros podrían reunirse para intercambiar puntos de vista sobre las soluciones que deben introducirse en Europa;
31. Propone que se establezca un portal de Internet específico, con actualizaciones muy frecuentes, para que las administraciones nacionales, regionales y locales puedan indicar los sectores profesionales que buscan mano de obra, con el fin de facilitar la movilidad voluntaria;
32. Recuerda que el Reglamento (CE) nº 2201/2003(21) establece el principio de que los niños deben poder mantener su relación con ambos padres después de que estos se hayan separado, incluso si viven en diferentes Estados miembros; señala que, aunque la introducción y aplicación de normas sustantivas sobre derechos de acceso es actualmente un asunto competencia del Estado miembro, los Estados miembros deben respetar el Derecho de la Unión cuando ejercen sus poderes, en particular las disposiciones del Tratado relativas a la libertad de todos los ciudadanos de la UE a viajar y residir en otro Estado miembro(22), así como el mantenimiento de los vínculos entre padres e hijos, abuelos y nietos o hermanos; añade que los plazos, en ocasiones prolongados, y el número de procedimientos impuestos a los padres que desean regresar a su país de origen con sus hijos obstaculizan la libre circulación de los ciudadanos de la UE; pide a la Comisión que investigue la supuesta discriminación del cónyuge no alemán en los matrimonios mixtos por parte de la Oficina de protección de menores alemana (Jugendamt);
33. Señala la importancia de la cooperación administrativa en materia de estado civil; observa, por ejemplo, que cualquier Estado que desee modificar los documentos de estado civil de un niño reconocidos en otro Estado miembro de la UE debe informar de su voluntad de modificarlos al Estado miembro de que se trate, para que los documentos tales como los certificados de nacimiento no puedan modificarse de manera que se borre el origen identitario del niño;
34. Estima que cualquier ciudadano de la UE reconocido como progenitor de un niño nacido dentro o fuera del matrimonio debe ser informado, en caso de separación, de las vías de recurso de las que dispone con el fin de disponer de derecho de visita, salvo en caso de que, de común acuerdo entre los países de origen de los padres y del niño, se haya demostrado que ello supondría un riesgo real para el niño;
35. Pide el nombramiento en todos los Estados miembros de un defensor del pueblo o, al menos, de un defensor del niño, dotado con competencias suficientes que le permitan tener acceso a todos los documentos y revisar resoluciones judiciales, con objeto de atender las denuncias y las dificultades jurídicas de los progenitores que se separan a fin de evitar que recurran a comportamientos ilegales para hacer prevalecer lo que consideran que es su derecho y el de sus hijos; añade que todos los ciudadanos podrán apelar al Defensor del Pueblo de su país de origen así como al del país donde consideren que no se han respetado sus derechos;
36. Pide a los Estados miembros que no han ratificado la Decisión del Consejo, de 12 de julio de 2010, por la que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación legal que lo hagan a fin de garantizar la igualdad de los ciudadanos europeos ante la elección de la jurisdicción que regirá su divorcio; pide, por otra parte, a la Comisión que promueva ese nuevo instrumento durante el Año Europeo de la Ciudadanía, pues será inevitable que el número de divorcios transnacionales aumente paralelamente al número de matrimonios transnacionales;
37. Considera que todos los ciudadanos que consideren lesionados sus derechos deben disponer de un recurso, como mínimo, a escala local, nacional o europea para defenderlos;
38. Atrae la atención de nuevo sobre los problemas a los que se enfrentan los ciudadanos de la UE que decidieron ejercer su derecho de establecimiento de conformidad con el artículo 49 del TFUE, que legalmente compraron propiedades en España y que fueron posteriormente ilegalizadas ; insta a las autoridades españolas a que revisen exhaustivamente la manera en que se aplica la Ley de Costas, con el fin de evitar que se vean afectados los derechos de los propietarios individuales, teniendo en cuenta que el derecho de propiedad no entra dentro del ámbito de competencias de la UE estando sujeto al principio de subsidiariedad consagrado en los Tratados.
39. Recuerda la prioridad clave de la Comisión de Peticiones: encontrar una solución a las antiguas preocupaciones en materia inmobiliaria; señala que los ciudadanos de la UE, tanto nacionales como no nacionales, han tenido graves problemas con transacciones inmobiliarias y garantías bancarias, y que la violación de los derechos de propiedad ha contribuido a una falta de confianza en el mercado inmobiliario transfronterizo y a los problemas económicos de Europa; pide que los principios de la UE en materia de protección de los consumidores y libre circulación se amplíen para cubrir la propiedad inmobiliaria y reitera su petición de que se respete plenamente el derecho de propiedad legítimamente adquirida;
40. Reconoce que hay una serie de obstáculos que impiden el pleno disfrute por parte de los ciudadanos de la UE de sus derechos electorales cuando residen en un país distinto del suyo, cuando esta es el derecho político más tangible de ciudadanos de la Unión y su ejercicio debe verse libre de toda discriminación y de formalidades obstaculizadoras; pide a la Comisión y a los Estados miembros que conciencien a los ciudadanos acerca de este derecho mediante campañas de información selectivas previas a las elecciones correspondientes; acoge con satisfacción el propósito de la Comisión de facilitar el procedimiento que deben seguir los ciudadanos de la UE para presentarse a las elecciones europeas en su Estado miembro de residencia y la anima a llevar a cabo las operaciones técnicas para mejorar los mecanismos de prevención del doble voto y la pérdida del derecho de sufragio; propone, a tal fin, que se establezca un censo electoral europeo para las elecciones europeas; apoya la acción llevada a cabo por la Comisión con miras a la publicación simultánea de los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo en todos los Estados miembros; pide a los Estados miembros que encuentren las mejores soluciones para mejorar las normas que regulan las elecciones y promuevan las mejores prácticas; insiste en que una participación más directa de los ciudadanos a través de los partidos políticos europeos es un uno de los pasos decisivos hacia la consecución de «más» Europa y de una democracia más auténtica;
41. Propone que pueda ofrecerse con mayor frecuencia la posibilidad de adherirse a un partido político europeo en el momento de la afiliación a un partido nacional, con el fin de fomentar la participación política europea de los ciudadanos;
42. Considera que el establecimiento de la ventanilla única física y en línea para los ciudadanos, «Tu Europa», es de gran importancia para los ciudadanos que buscan asesoramiento o compensación, ya sean residentes antiguos o recientes; reconoce al mismo tiempo que las redes de información y solución de problemas establecidas por la Comisión (como Europe Direct, SOLVIT, Red de Centros Europeos de Consumidores, etc.) son socios importantes en la solución de quejas relativas al mal funcionamiento del mercado interior o a restricciones de los derechos de los ciudadanos de la UE; pide a la Comisión que promueva más activamente estos servicios accesibles en línea, no solo mediante la participación de los servicios de ayuda y solución de problemas existentes a escala de la UE, sino también a través de una oferta y comunicación más amplia y activa para dar a conocer estos servicios a los ciudadanos;
43. Considera que los trabajadores transfronterizos, que son los primeros afectados por las trabas burocráticas de los Estados miembros, necesitan mejor información, más enfocada en relación con sus derechos sociales y profesionales; alienta a la Comisión a elaborar material informativo que exponga en términos claros y sencillos los derechos de que disfrutan todos los ciudadanos que se desplazan, trabajan, estudian, compran, viajan y ejercen sus derechos políticos a través de las fronteras; opina que un nuevo sistema de resolución alternativa de litigios (RAL) basado en la autonomía de los ciudadanos y construido sobre los actuales órganos consultivos y estructuras administrativas representaría un gran avance para ofrecer a los consumidores procedimientos extrajudiciales de resolución de litigios asequibles, rápidos y accesibles;
44. Propone a la Comisión lleve a cabo un estudio para averiguar cómo desean ser informados los ciudadanos de la UE acerca de las actividades de la Unión, a fin de responder más directamente a sus expectativas;
45. Pide a la Comisión que mejore el suministro de información sobre las actividades de la Unión por todo su territorio aumentando el número de puntos de información;
46. Pide que se reduzca al mínimo absoluto el número de documentos que precisan traducción jurada en los procedimientos judiciales, con el fin de evitar retrasos y costas judiciales excesivas en la defensa de los ciudadanos;
47. Pide que se facilite a todo ciudadano europeo que considere haber sido objeto de un exceso de celo o abuso de autoridad por parte de autoridades administrativas o policiales de otro Estado miembro el acceso a la autoridad nacional o local que se ocupe de las denuncias contra dichos cuerpos;
48. Pide que la Comisión Europea, que apoya el hermanamiento entre ciudades europeas, no se oriente exclusivamente hacia la concesión de asistencia a los programas de hermanamiento con nuevos Estados miembros o con terceros países, y pide, en cambio, que los hermanamientos más antiguos sigan recibiendo el apoyo de la UE de manera que se garantice su existencia a más largo plazo, actualmente en peligro;
49. Considera que todos los ciudadanos de la UE tienen derecho a acceder libremente a información imparcial y de calidad; observa con la más profunda inquietud el establecimiento de autoridades de supervisión de los medios de comunicación, que están excesivamente vinculadas a los gobiernos;
50. Considera que la Unión debe hace más frecuente y periódica su comunicación a través de la televisión, que es un importante vehículo de información; celebra, por consiguiente, los recursos presupuestarios adicionales asignado a Euronews;
51. Acoge favorablemente la reciente propuesta de la Comisión destinada a reforzar la protección de los ciudadanos de la UE por las autoridades diplomáticas o consulares de cualquier Estado miembro, en particular mediante la aclaración de cuándo se considera que un ciudadano no está representado y la especificación del tipo de asistencia que los Estados miembros prestan normalmente en caso de necesidad;
52. Felicita a la Comisión por la creación del portal e-Justicia, que ofrece un compendio de los procedimientos y las disposiciones legales de los Estados miembros;
53. Alienta a la Comisión a cooperar con la Comisión de Peticiones en la elaboración de un nuevo informe sobre la ciudadanía en 2013; puntualiza a este respecto que la Comisión de Peticiones examinará críticamente, en particular por medio de las peticiones que reciba, los logros obtenidos hacia el refuerzo de la ciudadanía de la Unión antes de la publicación del siguiente informe y, en su caso, solicitará a la Comisión que adopte nuevas medidas;
54. Acoge favorablemente la propuesta de la Comisión para declarar 2013 «Año Europeo de los Ciudadanos», lo que permitiría aumentar y mejorar la conciencia de los derechos y ventajas derivados a la ciudadanía de la Unión; pide a la Comisión que, en colaboración con las autoridades locales, regionales y nacionales y los representantes de la sociedad civil, aproveche esta oportunidad para redoblar sus esfuerzos encaminados a proteger y promover los derechos de los ciudadanos, reforzando de esta forma el prestigio y la imagen de la UE como defensora y facilitadora de los derechos de los ciudadanos; subraya la importancia de aprovechar el potencial estratégico del año 2013 con el fin de acelerar los cambios sociopolíticos necesarios para resolver la falta de confianza, que se ha visto agravada por las crisis económicas; pide que se incluya la ciudadanía de la Unión entre las prioridades de la Presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea; expresa la esperanza de que la celebración del Año Europeo de los Ciudadanos en 2013 abordará los problemas socioeconómicos de la UE y fomentará un mercado que beneficie a los ciudadanos, aumentando al mismo tiempo de manera significativa la conciencia general respecto a la ciudadanía de la UE;
55. Propone a la Comisión que convoque en 2012 un concurso a escala de la UE para el diseño de un logotipo para el Año Europeo de los Ciudadanos;
56. Pide al Parlamento y al Consejo Europeo que velen por que haya suficientes recursos presupuestarios disponibles para desarrollar con éxito el Año Europeo de los Ciudadanos en 2013 y que las actividades previstas a este respecto, particularmente en colaboración con los medios de comunicación, se desarrollen con soltura a fin de garantizar el logro de los objetivos fijados;
57. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Defensor del Pueblo Europeo y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
DO L 257 de 19.10.1968, p. 2.
DO L 158 de 30.4.2004, p. 77.
DO L 255 de 30.9.2005, p. 22.
DO C 137E de 27.5.2010, p. 14.
Artículo 20, apartado 2, del TFUE.
P7_TA(2011)0587.
Lucy Stewart / Secretary of State for Work and Pensions, Asunto C-503/09.
P7_TA(2011)0453.
Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145 de 31.5.2001, p. 43).
Véanse, entre otras, las Peticiones 0810/2011 y 0900/2011.
Véase, entre otras, la Petición 0632/2008.
P7_TA(2011)0092.
Véanse, entre otras, las Peticiones 1351/2008, 0945/2010 y 1300/2010.
Véanse, entre otras, las Peticiones 0401/2009 y 1119/2009.
Asunto C-299/05 de 18 de octubre de 2007 y, más recientemente, Asunto C-503/09 de 21 de julio de 2011.
Véase, entre otras, la Petition 112/2009.
Véanse, entre otras, las Peticiones 0511/1998 y 0689/1998.
Reglamento (CE) n° 2201/2003 del Consejo relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 1347/2000 (DO L 338 de 23.12.2003, p. 1).
Véase, entre otras, la Petición 1614/2009.
El Informe sobre la ciudadanía de la UE 2010: La eliminación de los obstáculos a los derechos de los ciudadanos de la UE(1) fue publicado por la Comisión Europea en octubre de 2010. A raíz de la sugerencia incluida en el informe del Parlamento Europeo, de 20 de marzo de 2009 (2), sobre problemas y perspectivas de la ciudadanía europea, la Comisión consultó a la sociedad civil y elaboró un cuadro de indicadores de los obstáculos más importantes a que se enfrentan los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos a través de las fronteras.
El Informe sobre la ciudadanía de la UE 2010 es también más exhaustivo que sus predecesores, que se limitaban principalmente a ofrecer un resumen descriptivo, exigido por el artículo 25 del TFUE, de los principales cambios relacionados con la ciudadanía de la Unión en el periodo de tres años correspondiente. El Informe define 25 obstáculos a los que se enfrentan los ciudadanos en diferentes facetas de sus vidas (como particulares, consumidores, residentes, estudiantes, turistas y profesionales o actores políticos) y plantea soluciones para superarlos.
El proyecto de informe examina en detalle las acciones propuestas por la Comisión Europea desde la perspectiva de las peticiones recibidas por la Comisión de Peticiones durante el periodo de referencia 2008-2011, lo que permite tener en cuenta los acontecimientos más recientes. A tal fin, se han analizado más de 300 peticiones pertinentes.
Las peticiones ofrecen información de primera mano de los ciudadanos sobre la aplicación de las diferentes políticas y miden el grado de satisfacción con la Unión Europea. Los peticionarios asisten a las reuniones de la comisión, lo que les ofrece la oportunidad de mantener un diálogo transparente y directo con los diputados al Parlamento Europeo.
En los últimos años se ha registrado un número creciente de peticiones relacionadas con los problemas que se encuentran los ciudadanos de la UE que ejercen su derecho a la libre circulación. Las estadísticas incluidas en los informes anuales de la Comisión de Peticiones muestran que las cuestiones relacionadas con la libre circulación constituyen aproximadamente el 25 % del número total de peticiones recibidas.
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha concedido cada vez mayor importancia a la ciudadanía europea y ha situado la libre circulación en un primer plano en cuanto derecho fundamental del que se deriva una amplia gama de otros derechos esenciales. La libre circulación es uno de los logros de la UE más valorados. Una reciente encuesta del Eurobarómetro reveló que el derecho más familiar para los ciudadanos de la UE sigue siendo el derecho a la libertad de circulación y de residencia, que reconoce el 88 % de las personas(3).
No obstante, la libertad de circulación de las personas es la menos desarrollada de las cuatro libertades establecidas en el Tratado (es decir, libre circulación de mercancías, de capitales, de servicios y de personas) Aunque se han logrado progresos considerables al respecto tras la entrada en vigor de la Directiva «Ciudadanía»,(4)numerosas peticiones atestiguan el hecho de que aún persisten muchos problemas relacionados con la aplicación de la Directiva.
Algunos Estados miembros no reconocen plenamente los derechos de los miembros de la familia nacionales de terceros países. Por ejemplo, varias peticiones mostraron que el Reino Unido no permitía la entrada sin visado a miembros de la familia nacionales de terceros países, incluso teniendo tarjetas de residencia expedidas por otro Estado miembro. Las autoridades británicas solicitaban un número excesivo de documentos, tramitaban las solicitudes con retrasos considerables y retenían los documentos originales. Tras la intervención de la Comisión Europea a raíz de las numerosas denuncias y peticiones recibidas, se han emprendido algunas mejoras en las prácticas administrativas.
Algunos países expiden tarjetas de residencia con una duración limitada (contraviniendo el artículo 11, apartado 1, de la Directiva) o infringen el principio de «igualdad de trato» (consagrado en el artículo 24), con lo que tratan a ciudadanos europeos que residen en su territorio de conformidad con la Directiva de manera menos favorable que a sus propios nacionales.
En Suecia, las decisiones de denegación de la solicitud de tarjeta de residencia no se someten a revisión y, por lo tanto, los ciudadanos están privados de los derechos de recurso básicos. Los nacionales neerlandeses que viven en el extranjero tienen dificultades para poder renovar sus documentos de viaje.
A menudo los ciudadanos tienen dificultad para acceder a los derechos de seguridad social, en particular, debido a que la legislación en la materia es compleja y difícil de comprender y a que, a veces, las autoridades competentes la aplican incorrectamente. Con frecuencia, los ciudadanos no cumplimentan los formularios adecuados o dejan pasar los plazos para la presentación de la documentación necesaria debido a que no han sido adecuadamente informados o a que no cuentan con la información necesaria antes de abandonar sus países de origen.
Se recibieron varias peticiones de ciudadanos británicos residentes en otro país de la UE sobre la negativa del Gobierno del Reino Unido a concederles prestaciones como el subsidio para personas con discapacidad, el subsidio de asistencia o el subsidio para cuidadores, a pesar de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea las había clasificado como prestaciones de enfermedad exportables en metálico(5).
Un asunto planteado por una peticionaria(6) fue asimismo objeto de una petición de decisión prejudicial, que dio lugar a una sentencia ejemplar del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Asunto C-503/09), dictada en julio de 2011. La sentencia declaró que una prueba de presencia anterior solo podía imponerse en ausencia de algún otro vínculo adecuado con el sistema de seguridad social del Reino Unido.
El Tribunal de Justicia puso gran énfasis en el concepto de ciudadanía y en los derechos que conlleva. Subrayó que sería incompatible con los derechos de ciudadanía que los ciudadanos recibiesen en el Estado miembro del que son nacionales un trato menos favorable que el que habrían disfrutado si no hubieran aprovechado las oportunidades que ofrecen los Tratados.
La Comisión de Peticiones había respaldado firmemente la petición desde su recepción en 2008 e iniciado un diálogo constructivo en la materia con las autoridades británicas competentes y la Comisión Europea. En noviembre de 2009 la peticionaria y su familia tuvieron la oportunidad de asistir a una reunión de la comisión y exponer su caso ante los miembros de la comisión y los funcionarios de la Comisión Europea.
Las normas del Reino Unido no hacen referencia al hecho de que un antiguo trabajador que tiene un hijo en periodo de educación tiene un derecho de residencia en el Reino Unido de conformidad con el Derecho de la UE. Como resultado de ello, a este grupo de personas se les negaron sin razón prestaciones sobre la base de que no tienen un derecho de residencia. Las normas tampoco abordan los derechos contemplados en el artículo 18 del TFUE. Este es un ámbito complicado, pero como se desprende claramente de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una persona que haya tenido derecho de residencia en un Estado miembro en el pasado debe recibir igual trato que los nacionales de dicho Estado miembro en términos de acceso a las prestaciones.
Los peticionarios han dado cuenta asimismo de problemas relacionados con el reconocimiento de sus diplomas o cualificaciones y, en ocasiones, de la mala transposición o aplicación de la Directiva 2005/36/CE(7).
El Código de Conducta creado para la aplicación de la Directiva 2005/36/CE parece no ser bien conocido o correctamente observado por las autoridades competentes. En algunos casos, las autoridades exigían a los solicitantes la presentación de documentos adicionales a los mencionados en los anexos o imponían pruebas lingüísticas desproporcionadas. Se denunciaron retrasos en la transposición de la Directiva en varios países. Farmacéuticos con cualificaciones de otro Estado miembro se quejaron de la denegación de acceso a la gestión de nuevas farmacias en el Reino Unido debido a una interpretación restrictiva del artículo 21, apartado 4, de la Directiva. El asunto fue solucionado con éxito en el segundo semestre de 2011.
La plétora de autoridades competentes, a nivel nacional o local, crea confusión acerca del organismo apropiado al que los peticionarios deben dirigirse. Los largos procedimientos y la burocracia también pueden actuar como elementos disuasorios.
En numerosas ocasiones apareció una discriminación patente por razones de nacionalidad a profesores de lenguas extranjeras (lettori) en Italia, que llevan décadas luchando contra un trato discriminatorio en relación con la seguridad de su puesto, el desarrollo de sus carreras, las pensiones y la seguridad social.
Algunos peticionarios han expresado su preocupación por los obstáculos a los que se enfrentan las personas con discapacidad a la hora de ejercer su derecho a la libre circulación, como, por ejemplo, la falta de servicios de transporte adecuados.
Asimismo se plantearon problemas en el ámbito del Derecho de familia, principalmente en relación con la custodia de los hijos en caso de divorcio o el reconocimiento de uniones de pareja registradas en otro Estado miembro.
Por lo que se refiere a los divorcios transfronterizos, los peticionarios se quejaron sobre todo de los elevados costes que conllevan, de los procedimientos prolongados y de la falta de información adecuada sobre las leyes y las jurisdicciones aplicables.
Varias peticiones muestran problemas relacionados con el no reconocimiento de documentos de estado civil. Los procedimientos para el reconocimiento de documentos pueden ser extremadamente largos y acarrear muchos costes, en particular relacionados con la traducción o la autenticación. Algunos peticionarios daban cuenta de problemas ligados a la transposición lingüística de sus nombres de acuerdo con la cultura del país al que se habían trasladado. Otros se quejaban de las dificultades que encontraban cuando intentaban inscribir a sus hijos recién nacidos en su nuevo Estado de residencia. Se puso de manifiesto que las autoridades polacas se niegan a expedir certificados de estado civil a personas que tengan intención de celebrar una unión civil o un matrimonio con una persona del mismo sexo en otro Estado miembro.
Algunas peticiones están pendientes desde hace varios años esperando una solución a los problemas relacionados con el reconocimiento mutuo de los matrimonios y uniones reconocidas de parejas del mismo sexo, lo que constituye una discriminación por razones de orientación sexual en relación con algunos derechos fundamentales otorgados a los ciudadanos de la UE.
Las expulsiones masivas basadas en el origen étnico o nacional han sido fuertemente criticadas y se ha señalado la falta de estrategias de integración de la población romaní como una de las causas del problema.
El informe se centra en la importancia de las redes informales de solución de problemas (Solvit, el portal «Tu Europa») y en una mejora de la política de comunicación, que debe tener por objeto garantizar que los ciudadanos disfruten plenamente de sus derechos, recogidos en los Tratados.
Aunque los derechos de los ciudadanos están consagrados claramente en los actos jurídicos de la UE, no siempre se respetan en la práctica. Como consecuencia de ello, muchas personas se sienten desencantadas con el proyecto europeo. La Comisión de Peticiones intenta rectificar estas deficiencias colocando a los ciudadanos en el centro de sus actividades. Aprovechando su influencia política, la comisión entabla un diálogo directo con las autoridades nacionales o regionales de los Estados miembros de que se trate y trata de encontrar soluciones rápidas, no judiciales, a las cuestiones planteadas. En los casos en que se formulan acusaciones de infracciones graves de la legislación europea, que precisan un examen adicional del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Comisión de Peticiones coopera estrechamente con la Comisión Europea a la hora de incoar procedimientos de infracción. Así pues, a través del procedimiento de petición, se promueven y garantizan constantemente los derechos de los ciudadanos.
COM(2010)0603 final.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-0204&language=EN&ring=A6-2009-0182.
Eurobarómetro, Ciudadanía de la Unión Europea – informe analítico, (Flash EB Serie #294, octubre de 2010).
Directiva 2004/38/CE relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros (DO L 158 de 30.4.2004, p. 77).
Asunto C-299/05 de 18.10.2007.
Petición 0876/2008, presentada por Lucy Jane Marie Stewart, de nacionalidad británica, sobre su derecho a una pensión por discapacidad mientras reside en un Estado miembro de la UE del que no es ciudadana.
Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales.
OPINIÓN de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (25.1.2012)
para la Comisión de Peticiones
sobre el Informe 2010 sobre la ciudadanía de la Unión: la eliminación de los obstáculos a los derechos de los ciudadanos de la UE
Ponente de opinión: Louis Grech
La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de Peticiones, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:
A. Considerando que el Informe sobre la ciudadanía de la UE (COM(2010)0603) y la Comunicación «Hacia un Acta del Mercado Único» (COM(2020)0608) son iniciativas complementarias que sitúan a los ciudadanos en el centro del mercado único y contribuyen a superar la actual fragmentación de la UE;
B. Considerando que la actual desaceleración económica y la reaparición de actitudes económicas proteccionistas en algunos Estados miembros suponen una amenaza para algunos de los logros más visibles del proceso de integración europeo, y que la propuesta de la Comisión de declarar 2013 «Año Europeo de los ciudadanos» debe abordar los problemas socioeconómicos de la UE y trabajar a favor de un mercado al servicio de los ciudadanos;
C. Recordando el espíritu de su Resolución, de 20 de mayo de 2010, sobre cómo ofrecer un mercado único a los consumidores y los ciudadanos(1), y apoyando el Informe Monti, que defiende un enfoque basado en los ciudadanos en el que las preocupaciones de los ciudadanos y los consumidores estén plenamente integradas en el desarrollo del mercado único, con lo que se confieren nuevas capacidades a los ciudadanos de la UE y se presta un nuevo impulso político al concepto de ciudadanía de la UE;
D. Considerando los resultados del primer Foro del Mercado Único, celebrado en Cracovia los días 3 y 4 de octubre de 2011, y, en particular, la Declaración de Cracovia, que destaca los obstáculos a los que se enfrentan los ciudadanos en su vida cotidiana y las medidas que deben tomarse para eliminar dichos obstáculos;
1. Subraya, en particular, la importancia de eliminar los obstáculos a la libre circulación de los ciudadanos europeos, especialmente garantizando que puedan ejercer los derechos de la UE correspondientes a los distintos aspectos de su vida en cualquier Estado miembro al que viajen; considera que ello reviste especial importancia para la libre circulación de los trabajadores y los profesionales, y, por ello, para la consecución del mercado interior;
2. Subraya que la movilidad de los ciudadanos de la UE podría mejorarse facilitándoles el ejercicio de sus derechos sociales en otros Estados miembros, e informándoles mejor al respecto; aplaude la iniciativa de la Comisión de desarrollar un nuevo sistema de intercambio electrónico de datos en materia de seguridad social, y pide una mayor cooperación entre los regímenes nacionales de seguridad social;
3. Pide a la Comisión que ponga en práctica el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en particular en lo que se refiere a las regiones insulares y montañosas, cuyos habitantes no tienen el mismo acceso a la atención sanitaria, el empleo y la educación que los habitantes de las grandes ciudades; insta a la Comisión a que haga mayores esfuerzos para introducir la banda ancha en las regiones insulares y montañosas, y que aplique todas las políticas necesarias, en términos de acceso a los derechos, para evitar la despoblación de dichas regiones;
4. Acoge favorablemente el compromiso de la Comisión de actualizar la Directiva 2005/36/CE con el fin de permitir un reconocimiento más rápido y menos burocrático de las cualificaciones profesionales subraya que es necesario proporcionar un amplio reconocimiento de las cualificaciones profesionales, ya que los ciudadanos tienen cada vez mayor movilidad, así como garantizar la portabilidad de los derechos de los trabajadores móviles, promover la formación informal con vistas a conseguir un pasaporte de competencias e introducir la tarjeta «juventud en movimiento»; apoya la idea de una tarjeta profesional europea de carácter voluntario, que sería un instrumento para facilitar la movilidad de los europeos y serviría de ejemplo de la Europa de los ciudadanos;
5. Recuerda la importancia de la portabilidad de las pensiones en todos los Estados miembros de la UE, cuya ausencia sigue siendo un obstáculo importante que desalienta a los ciudadanos del ejercicio de su derecho a la libre circulación;
6. Toma nota de que la Comisión es consciente de que los ciudadanos no tienen suficiente acceso a la información, por lo que pide a la Comisión que adapte la comunicación en la mayor medida posible a las necesidades de los ciudadanos de a pie, por ejemplo, haciendo accesibles todas las consultas públicas de la Comisión en todas las lenguas oficiales de la UE; reafirma enérgicamente su posición con respecto a la importancia de las ventanillas únicas; alaba a la Comisión por su labor por lo que se refiere al portal «Tu Europa», y le alienta para que complete el desarrollo de esta herramienta innovadora, en particular reforzando la búsqueda de soluciones para la instalación de ventanillas físicas que cuenten con los recursos adecuados a nivel nacional y garantizando que estas ventanillas se sitúen en las representaciones de la Comisión Europea en los distintos Estados miembros de la UE;
7. Reconoce que los trámites administrativos siguen siendo un obstáculo de primer orden en el seno de la Unión Europea; pide a la Comisión que encuentre soluciones más eficaces, identificando constantemente las barreras y los puntos de congestión a que se enfrentan los ciudadanos en los procedimientos administrativos transfronterizos, y actuando para resolverlos, ya sea directamente o a través de las autoridades administrativas locales;
8. Reconoce las dificultades derivadas del idioma a las que se enfrentan los ciudadanos al dirigirse a los tribunales, instituciones y administraciones nacionales cuando circulan libremente en el interior de la Unión Europea; pide a la Comisión que ofrezca soluciones tangibles y oportunas para ayudar a los ciudadanos a superar este importante obstáculo, sin que ello suponga una carga excesiva para las autoridades de los Estados miembros;
9. Pide a la Comisión que adopte un marco global y consolidado que integre todos los derechos de los pasajeros en un solo texto legislativo, en el que se tengan especialmente en cuenta las distintas necesidades de los pasajeros en función del modo de transporte, y aprueba la intención de la Comisión de revisar el Reglamento (CE) nº 261/2004; pide a la Comisión que aplique medidas eficaces en este ámbito;
10. Señala que las complejas normas tributarias aplicables a las situaciones transfronterizas, junto con la doble imposición, son factores que disuaden a los ciudadanos de mudarse a otro país; aprueba los esfuerzos de la Comisión para eliminar dichas barreras tributarias y considera que debe prestarse especial atención a la matriculación de los vehículos de motor anteriormente matriculados en otro Estado miembro a fin de reducir los engorrosos trámites y papeleo ligados a la nueva matriculación y de evitar los casos de doble pago del impuesto de matriculación; pide a la Comisión que se asegure de la presentación de una propuesta legislativa al respecto en 2012;
11. Acoge favorablemente las propuestas de la Comisión tendentes a facilitar un mejor acceso a la atención sanitaria transfronteriza, garantizando así la serenidad y una asistencia de calidad a los ciudadanos ubicados fuera de su Estado miembro; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que garanticen la aplicación rápida y efectiva de la Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza, teniendo debidamente en cuenta los principios de universalidad, acceso a una atención de calidad, equidad y solidaridad(2); pide asimismo a la Comisión y a los Estados miembros que continúen trabajando para conseguir el objetivo de un amplio despliegue de los servicios de telemedicina y atención sanitaria en línea para 2020, y apoya también los proyectos piloto dirigidos a garantizar a los ciudadanos de la UE un acceso en línea seguro a sus datos médicos y a permitir la interoperabilidad de los historiales médicos y, con ello, la continuidad de los tratamientos;
12. Señala que una de las principales causas de frustración para los ciudadanos que reciben atención sanitaria en el extranjero es que no son suficientemente conscientes de sus derechos ni de la forma de hacerlos respetar; invita a la Comisión y a los Estados miembros a que informen mejor a los ciudadanos de la UE sobre tales derechos, incluidos los aspectos prácticos relacionados con el ejercicio de los mismos, en particular por lo que se refiere al reembolso de los gastos;
13. Toma nota de las recientes publicaciones de la Comisión sobre «Los consumidores como actores del mercado único» y «Las 20 principales preocupaciones», que ponen de manifiesto las deficiencias legislativas y en materia de información y aplicación que persisten en el seno del mercado único, así como el desconocimiento por parte de los ciudadanos y las empresas de sus derechos y obligaciones, lo que les impide aprovecharse de los beneficios del mercado único; se compromete a mejorar, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren, la comunicación con los ciudadanos sobre los derechos que tienen en virtud del mercado único;
14. Considera que, una vez que se han identificado los problemas relacionados con el mercado único, la Comisión debe proceder a la siguiente fase lógica, a saber, consolidar y encontrar maneras para la efectiva aplicación del mercado único, con el fin de volver a conquistar el apoyo de los ciudadanos europeos; acoge favorablemente como un primer paso útil el trabajo de la Comisión sobre «Las 20 principales preocupaciones», trabajo derivado de la Resolución de 20 de mayo de 2010(3); pide a la Comisión que presente las «20 principales soluciones», como se propuso en el Foro del Mercado Único de Cracovia, para cada una de estas fuentes de frustración;
15. Pide a la Comisión que considere como una prioridad el desarrollo del mercado único digital, a fin de que los consumidores tengan pleno acceso a ofertas más competitivas de bienes y servicios;
16. Considera que debe facilitarse en mayor medida el acceso a los servicios bancarios para los ciudadanos de la UE que se establecen en otro Estado miembro; insta a la Comisión a que tome las medidas legislativas necesarias para garantizar el acceso a una cuenta básica de pagos a todos los ciudadanos de la UE; insiste en la necesidad de mejorar la transparencia de las tasas bancarias;
17. Recuerda que el Foro del Mercado Único de 2011 ha logrado ser una auditoría de los avances del mercado único, y ha contribuido a sacar a la luz las preocupaciones de los ciudadanos; insta a la Comisión a que mantenga este impulso, y evalúe continuamente la situación del mercado a través de la celebración semestral del Foro del Mercado Único, complementando esta acción con visitas anuales para evaluar y promover el mercado en cada uno de los Estados miembros;
18. Aprueba los trabajos de la Comisión y su compromiso con la aplicación del Acta del Mercado Único; insta a la Comisión a que garantice la efectiva aplicación de las principales prioridades, y a que elabore un segundo conjunto de iniciativas para su futura aplicación;
19. Recuerda la importancia de contar con mecanismos de recurso eficaces para garantizar que los consumidores puedan defender sus derechos; subraya que, a lo largo de los años, los sistemas alternativos de solución de conflictos y la red SOLVIT han demostrado ser métodos simples, rápidos y económicos para resolver problemas que afectan a los ciudadanos, como los ligados al reconocimiento de las cualificaciones profesionales, la portabilidad de los fondos de pensiones de los trabajadores móviles y la libertad de circulación y de residencia de los ciudadanos de la UE; señala, no obstante, que la perspectiva general de los sistemas alternativos de solución de conflictos en Europa es en gran medida fragmentaria y que la red SOLVIT está muy infrautilizada; subraya que se debe informar mejor a los ciudadanos sobre estos mecanismos de compensación y otros instrumentos de solución de conflictos con miras a facilitar la compensación a los consumidores en las compras transfronterizas de bienes y servicios; acoge favorablemente las propuestas legislativas de la Comisión relativas a la utilización de mecanismos alternativos de solución de conflictos y de un sistema de solución de controversias en línea, y subraya la importancia de que se adopten realmente y se fomente un recurso más amplio a la mediación; insta a la Comisión a que garantice que se prepara un marco jurídicamente vinculante en el ámbito de la compensación colectiva;
20. Opina que un nuevo sistema de resolución alternativa de litigios basado en los ciudadanos y construido sobre los actuales órganos consultivos y estructuras administrativas representaría un gran avance para ofrecer a los consumidores procedimientos extrajudiciales de resolución de litigios asequibles, rápidos y accesibles;
21. Alienta a la Comisión a que adopte sin dilación un Plan de Acción para seguir reforzando y fortaleciendo la función de SOLVIT, el portal «Tu Europa» y los centros de consumidores europeos, entre otros servicios de asistencia, con el fin de hacerlos más visibles para los ciudadanos y las empresas;
22. Alienta a la Comisión a que examine la posibilidad de adoptar una Carta de los Derechos de los Ciudadanos que sea de fácil utilización, se actualice periódicamente y sea fácilmente accesible, como se pedía en la mencionada Resolución del Parlamento de 20 de mayo de 2010(4), en la que se establezcan los derechos y obligaciones de los ciudadanos y las cuestiones transfronterizas en el seno del mercado único; opina que dicha Carta debería ser fácilmente accesible y servir como manual para todos los ciudadanos que se trasladen, trabajen, compren y vendan a través de las fronteras, y facilitar más información práctica y soluciones para los problemas cotidianos a que se enfrentan los ciudadanos europeos, como el acceso a la atención médica, la matriculación de vehículos, la apertura de cuentas bancarias, la compra de productos en línea, etc.;
23. Pide una mayor actuación de los Estados miembros, en coordinación con la Comisión, para superar las trabas que impiden a los ciudadanos el acceso a los servicios en línea; a este respecto, toma nota de la propuesta de la Comisión sobre el Derecho contractual europeo;
24. Recuerda a la Comisión Europea su deber de investigar las infracciones al Derecho de la UE, en particular cuando se trata de los derechos de los ciudadanos de la UE; subraya que la carga de la prueba en relación con estas infracciones del Derecho de la UE no debe recaer en los ciudadanos, que carecen de recursos para facilitar tal información;
25. Subraya que, incluso con las recientes mejoras reveladas por los cuadros de indicadores del mercado interior de diciembre de 2010, los Estados miembros siguen sin cumplir completamente sus objetivos en materia de correcta y temprana transposición de la legislación europea a sus Derechos nacionales; pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por la adecuada aplicación y transposición de la legislación del mercado único a través de una supervisión independiente más sistemática, con el fin de garantizar la igualdad de condiciones en toda la Unión.
Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler
Simon Busuttil, Frank Engel, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, Emma McClarkin, Olle Schmidt, Kyriacos Triantaphyllides
P7_TA(2010)0186.
La Directiva 2011/24/UE establece normas para facilitar el acceso a una atención sanitaria transfronteriza segura y de calidad, y promueve la cooperación entre Estados miembros en materia de atención sanitaria. El artículo 4 de la Directiva estipula que la asistencia sanitaria transfronteriza debe prestarse teniendo en cuenta los principios de universalidad, acceso a una atención de calidad, equidad y solidaridad.
P7_TA(2010)0186 (Informe Grech).
OPINIÓN de la Comisión de Cultura y Educación (24.1.2012)
sobre el Informe sobre la ciudadanía de la UE 2010: La eliminación de los obstáculos a los derechos de los ciudadanos de la UE
Ponente de opinión: Morten Løkkegaard
La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Peticiones, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:
1. Considera que las deficiencias existentes en la difusión de la información es una de las principales razones por las que los ciudadanos de la UE no pueden disfrutar plenamente de sus derechos; pide una vez más a la Comisión, ahora que nos acercamos a 2013, Año Europeo de los Ciudadanos, que, en colaboración con las autoridades locales, regionales y nacionales y los representantes de la sociedad civil, vele por que se lleve a cabo una estrategia de comunicación global encaminada a informar a los ciudadanos europeos sobre sus derechos, fomentando así la educación sobre la ciudadanía, permitiendo que los ciudadanos expresen sus opiniones y garantizando que dichas opiniones se comprendan mejor; estima que los diputados al Parlamento Europeo deberían participar activamente a escala local y comunicarse con los ciudadanos en sus circunscripciones;
2. Considera que cuanto más cercana sea la comunicación con los ciudadanos, mayor será su eficacia; subraya el papel de los diputados al Parlamento Europeo en lo que se refiere a la comunicación activa con sus electores; insta a los organismos nacionales y regionales a que hagan suyos los derechos que garantiza el Derecho de la UE; pide a la Comisión que identifique las deficiencia de aplicación que existen a este respecto;
3. Pide a las instituciones de la UE que hagan un esfuerzo por mejorar la facilidad de uso de sus sitios web y que aprovechen al máximo los medios sociales;
4. Saluda la Iniciativa Ciudadana Europea y destaca la necesidad de garantizar su rápida puesta en práctica, dotándola de recursos para que pueda convertirse en un verdadero instrumento de participación de los ciudadanos en los procesos decisorios de la Unión Europea; pide a la Comisión que conciencie a la opinión pública sobre las posibilidades de intervención que ofrece este mecanismo, y solicita que las propuestas de los ciudadanos se tengan verdaderamente en cuenta;
5. Destaca que el Grupo Interinstitucional sobre la Información ofrece un foro en cuyo seno las instituciones de la UE pueden trabajar para cumplir su compromiso de comunicar sobre Europa en asociación y coordinar los esfuerzos destinados a concienciar sobre los derechos que confiere la UE; señala que la cooperación en el Grupo Interinstitucional sobre la Información se ha suspendido recientemente, y alienta a todas las partes interesadas a que acuerden estrategias comunes de comunicación para maximizar el impacto de las actividades de comunicación;
6. Recuerda la importancia del voluntariado para reforzar la posibilidad de participación de cada ciudadano de la UE en la sociedad, enseñar a los ciudadanos en este sentido y permitirles desarrollar una ciudadanía activa, creando capital social y fomentando un sentimiento más fuerte de identidad europea; pide a la Comisión y a los Estados miembros que supriman los obstáculos al voluntariado, desarrollen estrategias para promoverlo y reconozcan su contribución a la promoción de la ciudadanía de la UE;
7. Pide a la Comisión que establezca mecanismos para fomentar el desarrollo de una cultura de protección y promoción de los derechos fundamentales en todos los niveles políticos, de modo que se promueva el diálogo político interactivo y se ponga en práctica el principio de democracia participativa;
8. Insta a la Comisión a que racionalice el suministro de información que se ofrece a los estudiantes, profesores e investigadores en la UE sobre la movilidad mediante la creación de un sistema de «ventanilla única», con objeto de que estos se puedan beneficiar más fácilmente de las oportunidades ofrecidas en el marco de los programas europeos; insta a la Comisión a promover campañas de información para divulgar el instrumento Europass y la labor de EURES;
9. Destaca la importancia del voluntariado y su contribución a la construcción de una verdadera ciudadanía de la UE, en particular en lo que se refiere a la salvaguardia de los derechos de los ciudadanos, el fortalecimiento de la cohesión social y la comprensión recíproca entre los ciudadanos de la UE;
10. Destaca el derecho de los ciudadanos de la UE a recibir informaciones objetivas y fiables de medios de comunicación independientes, sobre la base de la obligación de respetar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;
11. Pide a la Unión Europea y a sus Estados miembros que velen, en particular a través del trabajo de las organizaciones de radiodifusión pública, por que se ofrezca información apropiada sobre la historia y la cultura de Europa y sobre sus instituciones, así como sobre programas comunitarios en los ámbitos académico, social y económico, con el fin de ampliar el acceso a las oportunidades ofrecidas por la UE;
12. Pide a las Direcciones Generales de Comunicación del Parlamento y de la Comisión que refuercen y amplíen las posibilidades de implicar a los escolares y estudiantes universitarios y a sus profesores en campañas de información interactivas, también a través de Internet y mediante modalidades innovadoras, con el fin de aumentar la sensibilización y la participación activa en cuestiones relativas a la ciudadanía de la UE;
13. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que tomen todas las medidas necesarias para facilitar la movilidad de los ciudadanos que se desplazan entre Estados miembros de la UE y que velen por el pleno reconocimiento de los diplomas, certificados y períodos de estudio y formación profesional, suprimiendo los obstáculos a la movilidad de los estudiantes y las personas que buscan empleo, algo vital si se quieren lograr los objetivos del proceso de Bolonia, y que redoblen sus esfuerzos para conseguir una difusión aún mayor de la información relativa a las posibilidades que los programas educativos y de formación profesional ofrecen a los ciudadanos europeos; recomienda encarecidamente que se establezcan criterios comunes para un reconocimiento mutuo de la formación profesional formal y no formal, agilizando por ejemplo la adopción del sistema del marco europeo de cualificaciones para el reconocimiento de las titulaciones y la transparencia y validación de las competencias;
14. Pide a la Comisión y al Consejo que apoyen y amplíen todos los programas culturales y educativos que promuevan la movilidad europea y transfronteriza, así como el multilingüismo, para aumentar y poner de relieve los valores comunes y la interculturalidad en el contexto de la ciudadanía de la UE;
15. Insta a la Comisión a que tome medidas activas que garanticen el derecho de todos los ciudadanos de la UE a una educación básica y una formación profesional de elevada calidad;
16. Pone de relieve la importancia, no sólo de la libre circulación y la educación, sino también del aprendizaje permanente, la formación profesional y la formación continua a la hora de eliminar los obstáculos a los derechos de los ciudadanos de la UE;
17. Destaca la enorme contribución de Erasmus y otros programas de movilidad al fomento del sentimiento de ciudadanía europea; pide esfuerzos renovados para aumentar la tasa de participación;
18. Destaca la importancia de mejorar las competencias lingüísticas mediante el aprendizaje de, como mínimo, dos lenguas extranjeras desde los primeros años de edad, siguiendo las recomendaciones del Consejo Europeo de Barcelona de los días 15 y 16 de marzo de 2002, con objeto de que los ciudadanos de la UE puedan acceder a la información y ejercer verdaderamente sus derechos en toda la Unión; destaca la necesidad de intensificar los esfuerzos de la UE y los Estados miembros en este sentido, incorporando de forma más activa el programa de aprendizaje de lenguas extranjeras a todos los niveles de educación y haciendo especial hincapié en el hecho de garantizar la igualdad de acceso al aprendizaje de lenguas para todos los niños;
19. Celebra la propuesta de la Comisión de que 2013 sea el Año Europeo de los Ciudadanos, y destaca la importancia de reconocer el estatuto de la ciudadanía de la UE y los derechos asociados a ella; destaca la necesidad de promover la sensibilización y la información sobre esos derechos en la vida cotidiana de los ciudadanos, haciendo especial referencia a las nuevas generaciones;
20. Destaca la importancia de nuevas actuaciones para apoyar, poner de relieve y promover los programas europeos de cooperación transfronteriza en el ámbito de la cultura y la educación, como una forma importante de aumentar la conciencia de una identidad europea común;
21. Pide a la Comisión que preste atención a la creación de un equilibrio en términos de movilidad, entre los distintos Estados miembros y regiones, de los profesionales y de quienes participan en la investigación, la educación y la formación;
22. Pide que las consultas públicas realizadas por la Comisión se utilicen con mayor eficacia como medio para entablar un diálogo con los ciudadanos, de modo que los resultados de las políticas se correspondan mejor con sus expectativas; estima que las consultas deben estar disponibles en todas las lenguas oficiales y que deben realizarse de modo proactivo y contando con la participación de los organismos nacionales y locales, las ONG, los sindicatos y otros multiplicadores; pide a la Comisión que revise consecuentemente sus directrices para tener en cuenta este aspecto.
Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Piotr Borys, Santiago Fisas Ayxela, Lorenzo Fontana, Mary Honeyball, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marco Scurria, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, László Tőkés, Helga Trüpel, Marie-Christine Vergiat, Sabine Verheyen, Milan Zver
Ivo Belet, Seán Kelly, Georgios Papanikolaou, Inês Cristina Zuber
OPINIÓN de la Comisión de Asuntos Constitucionales (8.12.2011)
Ponente de opinión: Zita Gurmai
La Comisión de Asuntos Constitucionales pide a la Comisión de Peticiones, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:
1. Acoge con satisfacción el enfoque más proactivo que descriptivo adoptado en el Informe sobre la ciudadanía 2010, de la Comisión, que ofrece una mejor visión de conjunto de las medidas que debe adoptar la Comisión en el futuro;
2. Recuerda que la ciudadanía de la UE debe entenderse como un conjunto de derechos y deberes que se aplican a los nacionales de la Unión Europea de conformidad con el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;
3. Deplora, no obstante, la brecha entre las disposiciones sobre la ciudadanía que figuran en los Tratados y la práctica real; recuerda, a este respecto, que la ciudadanía de la UE representa un conjunto adicional de derechos garantizados por los Tratados de la UE, consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y desarrollados en el Derecho secundario;
4. Destaca que legislar mejor no significa, en principio, legislar menos y que en muchos ámbitos políticos a menudo se requiere una legislación vinculante para asegurar su cumplimiento;
5. Recuerda que la participación democrática derivada de los derechos electorales no puede ser impuesta a los ciudadanos, sino que debe partir de los mismos; considera, a este respecto, que el proceso electoral constituye un medio de conferir a los ciudadanos de la UE una sensación de protagonismo democrático; destaca que los partidos políticos europeos desempeñan una función clave en la configuración de un «demos» europeo y que contribuyen a enriquecer la «identidad europea» de los ciudadanos; considera también que las personas físicas podrán convertirse a título personal en miembros del partido político europeo al que deseen adherirse; pide a los partidos políticos a escala nacional y europea que fomenten la dimensión europea y las temáticas europeas, por ejemplo organizando formaciones al respecto para sus mandos directivos;
6. Destaca que los partidos políticos europeos y las instituciones políticas europeas se han convertido en factores esenciales de la vida política de la Unión Europea, y configuran y reflejan las posiciones de las diferentes «familias políticas»;
7. Recuerda que los partidos políticos europeos y su adquisición de una personalidad jurídica conforme al Derecho de la Unión Europea, cuya introducción está prevista con la revisión del Reglamento (CE) nº 2004/2003, demostrará las ventajas prácticas que entraña para los ciudadanos la obtención de la ciudadanía de la Unión Europea;
8. Lamenta que numerosos ciudadanos de la Unión Europea sigan sin estar bien informados de sus derechos como tales; Pide a los Estados miembros que incrementen significativamente sus esfuerzos para ofrecer información útil y práctica sobre los derechos vinculados a la ciudadanía europea —incluidos los derechos electorales y la pertenencia a los partidos políticos y el derecho a fundarlos—, contribuyendo así a que sus ciudadanos se beneficien plenamente de esos derechos, también cuando residan en otros Estados miembros de la UE distintos al suyo de origen;
9. Reconoce el desafío que supone la disminución general constante del índice de participación en las elecciones europeas;
10. Destaca que, aparte de los principios democráticos comunes, hay varias consideraciones prácticas y símbolos europeos de gran fuerza (por ejemplo, el hecho de organizar las elecciones europeas simultáneamente en todos los Estados miembros) que también resultan necesarios para incrementar el índice de participación electoral;
11. Pide a los Estados miembros que se aseguren de que la publicación de los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo tenga lugar al mismo tiempo en toda la UE, evitándose el riesgo de que los resultados obtenidos en un Estado miembro puedan influir en las votaciones en otros Estados miembros;
12. Aplaude la intención de la Comisión de mejorar el mecanismo existente para impedir el doble voto en las elecciones al Parlamento Europeo;
13. Pide a la Comisión que, a la vista de la adhesión inminente de la Unión Europea al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) y su Protocolo nº 1, aborde la práctica aplicada por determinados Estados miembros consistente en privar del derecho de voto a sus propios nacionales cuando estos optan por residir en otro Estado durante un periodo de tiempo largo;
14. Hace particular hincapié en que los ciudadanos de la Unión Europea solo disfrutarán plenamente de su condición europea si tanto ellos como las demás partes interesadas, como los Estados miembros, las instituciones de la UE, etc., son conscientes de los derechos y las responsabilidades que esto entraña; expresa su confianza en que la proclamación de 2013 como Año Europeo de los Ciudadanos incrementará significativamente la sensibilización general con respecto al estatuto de ciudadanía de la UE;
15. Aplaude la intención de la Comisión de facilitar a las partes interesadas el recurso a las ayudas financieras otorgadas para la aplicación de los derechos vinculados a la ciudadanía de la UE, así como sus esfuerzos para garantizar suficientes recursos financieros para los programas correspondientes; pide a la Comisión, a este respecto, que indique de manera más pormenorizada si estos programas están abiertos a las fundaciones políticas, que, por definición, fomentan el ejercicio activo de la ciudadanía;
16. Destaca que conviene hacer hincapié en que se den a conocer los derechos y las obligaciones derivados de la ciudadanía de la UE en el contexto del Instrumento para la ayuda de preadhesión;
17. Recuerda que las asociaciones, fundaciones y mutualidades forman parte integrante de la sociedad en toda Europa, y que el hecho de conferirles unos estatutos europeos reforzaría su dimensión europea; pide, en este contexto, a la comisión parlamentaria competente que examine qué iniciativas podrían facilitar mejor la adopción de un estatuto europeo para las asociaciones, fundaciones y mutualidades;
18. Recuerda y aplaude el hecho de que el conjunto de derechos inherentes a la ciudadanía de la UE se ven completados ahora por un nuevo derecho, la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), que será de aplicación a partir de abril de 2012;
19. Pide a los Estados miembros y a las instituciones de la UE que establezcan oportunamente todas las modalidades administrativas y prácticas necesarias para que los ciudadanos de la UE puedan participar más intensamente en la vida democrática de la Unión a través de la Iniciativa Ciudadana;
20. Pide a todas las partes interesadas que aprovechen el tiempo que queda antes de la fecha de entrada en vigor del Reglamento sobre la ICE para realizar una amplia labor de promoción de este nuevo instrumento de la democracia participativa.
21. Pide a todas las partes interesadas que utilicen los recursos de las TIC para fomentar la comunicación con los ciudadanos de la UE;
22. Pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que reflexionen sobre la posibilidad de prever una formación cívica europea para promover el papel de la Unión Europea entre los jóvenes;
23. Subraya que la supresión de los obstáculos a la obtención de la ciudadanía y una participación más directa de los ciudadanos a través de los partidos políticos europeos y de la Iniciativa Ciudadana son pasos decisivos para que haya «más Europa» y una democracia más sustancial;
24. Apoya la iniciativa de la Comisión Europea para afianzar la información sobre la UE en los medios de comunicación, y pide a los Estados miembros y a las empresas del sector de la prensa que transmitan mejor las informaciones sobre la UE, por ejemplo a través de las cadenas de televisión nacionales.
Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Giuseppe Gargani, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, József Szájer, Rafał Trzaskowski
John Stuart Agnew, Zuzana Brzobohatá, Dimitrios Droutsas, Marietta Giannakou, Alain Lamassoure, Íñigo Méndez de Vigo
Margrete Auken, Elena Băsescu, Heinz K. Becker, Victor Boştinaru, Simon Busuttil, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ágnes Hankiss, Roger Helmer, Iliana Malinova Iotova, Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr, Miguel Angel Martínez Martínez, Erminia Mazzoni, Willy Meyer, Mariya Nedelcheva, Nikolaos Salavrakos, Adina-Ioana Vălean, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka
Sonia Alfano, Vicente Miguel Garcés Ramón, Marian Harkin, Axel Voss, Angelika Werthmann
Jill Evans, Sylvie Guillaume, Jan Kozłowski, Elisabeth Morin-Chartier
Última actualización: 26 de marzo de 2012 Aviso jurídico