Source: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/S20150418744686.HTML
Timestamp: 2019-04-19 22:34:37
Document Index: 41583034

Matched Legal Cases: ['artículo 461', 'artículo 462', 'artículo 216', 'artículo 216', 'artículo 462', 'artículo 463', 'artículo 464', 'artículo 465', 'artículo 466', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 467', 'artículo 468', 'artículo 469', 'artículo 58', 'artículo 470', 'artículo 469', 'artículo 705', 'artículo 739', 'artículo 739', 'artículo 461', 'artículo 739']

CAMARA DE SENADORES - Distribuido N° 418/2015
–En el marco del tratamiento del proyecto de ley de Presupuesto Nacional 2015-2019, la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda recibe en la tarde de hoy al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y a su equipo, a fin de considerar los artículos 461 a 470 vinculados con el Inciso.
SEÑOR MINISTRO.- Agradecemos que nos hayan invitado para considerar los temas del presupuesto quinquenal relativos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Ante todo, queremos señalar que hemos tratado de que el presupuesto quinquenal del Ministerio esté en función del rol y la estrategia que intentamos llevar adelante en concordancia con el Gobierno Nacional en este período de gobierno. Deseamos hacer especial hincapié en esta interrelación dialéctica.
Queremos un Ministerio al servicio del país y de su gente y, en particular, de trabajadores y empresarios; un Ministerio para seguir transformando la realidad, para mejorar la calidad de vida, la distribución de la riqueza, la justicia social y la mejora de la gestión pública. En ese camino hemos definido la estrategia principal del ministerio, que es la cultura del trabajo para el desarrollo.
Nuestra Cartera tiene un rol importante en el país en lo que son las relaciones laborales, la seguridad social y la negociación colectiva, así como en la formación profesional y las políticas de empleo. Asimismo, entre sus cometidos específicos tiene la promoción del diálogo social y los derechos y las obligaciones de todas las partes. Como decíamos, es en ese marco que hemos definido la estrategia principal del ministerio, que ha sido plasmada en un documento llamado Cultura del Trabajo para el Desarrollo, disponible desde el pasado 2 de marzo.
Queremos destacar especialmente el importante consenso social, político e institucional que esta estrategia ha despertado. En particular, deseamos destacar y agradecer al grupo asesor del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, integrado por 25 referentes del mundo empresarial, sindical y académico. Todos los meses, desde febrero –o sea antes de asumir–, ese grupo asesor ha venido considerando temas fundamentales para el país, como, precisamente, el de la cultura del trabajo para el desarrollo y hace poco tiempo iniciamos la consideración de otro tema también trascendente para el país, como lo es el de la productividad.
En lo que hace a la cultura del trabajo para el desarrollo, este grupo asesor –integrado, reitero, por unos 25 referentes del mundo empresarial principalmente, aunque también del sindical, del académico, de la OIT y de la Cepal– es el que definió las principales acciones de implementación de esta estrategia en un documento que fue aprobado por unanimidad el pasado 11 de agosto. Hacemos hincapié en esto porque entendemos que el presupuesto del Ministerio debe estar interrelacionado con los cometidos constitucionales y legales del organismo y con esta estrategia. Creemos que ante todo se debía pensar en eso y, después, en el presupuesto. A su vez, esa estrategia y esos cometidos debían llevarse a cabo con la mayor participación social posible. En ese sentido se ha producido una innovación inédita en Uruguay –por lo menos, rara en el mundo, dado que no sabemos si existe– y es que en los cuadros de dirección del ministerio conviven complementariamente –y en nuestra opinión, después estos ocho meses de gestión, exitosamente– referentes del mundo empresarial y sindical. Esta innovación la podemos corroborar incluso en la delegación que nos acompaña en el día de hoy. El señor Gerardo Rey fue dirigente sindical durante muchos años y la señora Cristina Fernández, que en la actualidad acompaña al señor Juan Castillo en la Dirección Nacional de Trabajo –área fundamental en la negociación colectiva e individual–, antes de ejercer estas funciones en el equipo del ministerio –lo que comenzó a hacer desde el primero de marzo–, representaba a ocho cámara empresariales en los Consejos de Salarios. Y lo mismo podríamos decir de la Dirección Nacional de Empleo o de otras áreas de dirección, además de la integración del grupo asesor. Creemos que esta innovación ha representado un cambio sustantivo y los logros que se han obtenido en estos meses responden, fundamentalmente, a esta integración, a la participación social y al equipo colectivo de trabajo. Se trata de un equipo colectivo plural en lo social, en lo político y en lo profesional. En ese camino venimos trabajando.
A partir del análisis de la relación entre el proyecto de ley de presupuesto, los cometidos y objetivos del ministerio y la estrategia de Cultura del Trabajo para el Desarrollo, nos planteamos qué debíamos proyectar en el presupuesto. Nos propusimos mejorar y extender aún más la negociación colectiva en el país. Nunca hubo tanta negociación colectiva en Uruguay. ¡Nunca tanta! Aun así, debemos mejorarla y extenderla, por ejemplo, en el sector público. Algunos organismos y poderes del Estado no cuentan con negociación colectiva suficiente a pesar de que es un derecho fundamental. En ese sentido, por ejemplo, hemos llegado a un principio de acuerdo con el Congreso de Intendentes que se reunió el mes pasado en San Pedro del Timote, por el que próximamente se instalarán ámbitos de negociación colectiva, mejorando los inicios que ya se produjeron en el sector de las intendencias en estos últimos diez años, pero que no han alcanzado los niveles de suficiencia y de calidad necesarios.
Por otro lado, pretendemos continuar mejorando el proceso de inclusión social y de formalización en el país. En los últimos diez años se incorporaron 500.000 personas a la seguridad social. Es un hecho inédito en la historia de Uruguay que está siendo estudiado a nivel internacional. Se trata de un logro colectivo del país, de los diversos sectores de actividad, con colaboración de los empresarios, de los trabajadores y también del Parlamento Nacional, que ayudó con leyes que cooperaron en el proceso. Ahora bien, para seguir avanzando necesitamos una mejor Dirección Nacional de Trabajo, con mayores recursos. Y para continuar mejorando el proceso de inclusión y de formalización necesitamos también una mejor Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social. En ese sentido es que van dirigidas las propuestas del proyecto de presupuesto.
Uruguay se viene descentralizando. Hoy podemos ver que tenemos inversiones productivas e inversiones extranjeras en distintos lugares del país, así como también tenemos conflictos a lo largo y ancho del país. Menciono esos dos parámetros que son diferentes a efectos de apreciar lo que a nuestro juicio es un cambio que felizmente se viene dando en el Uruguay. Pero para ello necesitamos un ministerio que esté presente en con sus competencias y capacidades a pleno, para lo cual necesitamos fortalecer el trabajo de nuestras oficinas y de los trabajadores del ministerio en el interior. El Ministerio tiene cuarenta y dos oficinas en todo el país, muchas de ellas con importantes carencias.
Partimos de la base de que somos un Ministerio históricamente pobre; es el Ministerio con menos Presupuesto Nacional, a pesar de ello trataremos de cumplir con los objetivos y los cometidos que las normas nos encargan. En el proyecto de presupuesto nos planteamos mejorar en todo lo que nos sea posible. Trabajamos junto al Ministerio de Economía y Finanzas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la Oficina Nacional del Servicio Civil para mejorar ciertos parámetros de un Ministerio muy particular, ya que no se trata de una Cartera de expedientes, sino que es un Ministerio que, en todas las oficinas del país, está siempre lleno de gente que se encuentra en conflicto y en contraposición de intereses. Aprovechamos la oportunidad para hacer un especial reconocimiento a los trabajadores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por trabajar en esas condiciones, atendiendo situaciones de tensión, ya que no es lo mismo que trabajar en una computadora o en un expediente –labor tan importante como el anterior–, aspectos que deben tenerse en cuenta al momento de planificar nuestro presupuesto.
En ese sentido, planteamos un fortalecimiento de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social, cuyo titular hoy nos acompaña. Tenemos la satisfacción de contar en sala con una persona que conoce del tema y sabe de la importancia de la Inspección, ya que oportunamente se desempeñó en ese cargo. Me refiero al señor Senador Álvaro Delgado.
La realidad de Uruguay es que cada uno de los distintos organismos como el Banco de Previsión Social, la Dirección General Impositiva y el Ministerio, tiene su área de fiscalización, pero evidentemente no cuentan con las mismas condiciones. Estamos tratando de mejorar la gestión pública para apuntar a una especialización y al trabajo en exclusividad de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social, como se ha venido haciendo en otras áreas de la administración en cuanto a la fiscalización tributaria y de seguridad social.
Tenemos un Ministerio que necesita un importante desarrollo en el área informática. Dentro de los objetivos que nos hemos planteado para este quinquenio está el plan director informático del ministerio, para hacer cosas concretas en beneficio de la gente, en particular de los empresarios y trabajadores.
En estos pocos meses de actuación ya hemos atendido un reclamo que, como otras cosas, ha provenido felizmente del sector empresarial y del sector trabajador. Me refiero al decreto que permite el recibo electrónico de sueldos. Esta idea tiene su origen, por un lado, en un planteo de la asociación que nuclea a las empresas de supermercados y, por otro, del equipo de representación de los trabajadores en el BPS, y ya está en marcha.
En ese camino, nos trazamos como un objetivo –que esperamos poder cumplir hacia fines del año 2016– la resolución de un hecho que históricamente hemos pretendido cambiar, que es la unificación de la planilla de trabajo del Ministerio y la nómina del Banco de Previsión Social. No tiene razón de ser la existencia de estos dos instrumentos que perfectamente se pueden unificar. Más aún, esto significará una ayuda, en particular, para las empresas, pero también una mayor seguridad para los trabajadores, así como una mejor disposición de la información y de los controles. Por sobre todas las cosas, esto significará ahorro de tiempo y de gastos, en una serie de actividades que hoy deben hacer por separado las empresas y los trabajadores –aunque fundamentalmente las empresas–, al momento de presentar ambos instrumentos ante dos organismos diferentes.
A esos efectos, se requiere de un desarrollo informático adecuado, de modo tal que podamos avanzar en ese camino.
Finalizando esta presentación general, consideramos que esta propuesta es razonable, adecuada principalmente a los objetivos y cometidos del Ministerio en esta etapa y que permitirá el desarrollo gradual de una mejora en la gestión, lo que entendemos necesario realizar en este proceso.
Si los señores Senadores están de acuerdo, a continuación, la doctora Ana Santestevan, Directora General de Secretaría del Ministerio, en el marco de esta presentación general, explicará artículo por artículo.
SEÑORA SANTESTEVAN.- Luego de la presentación que ha hecho el señor Ministro, queremos ser muy concretos al referirnos a los diez artículos que componen la propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en esta instancia tan trascendente en términos de preparación de la Ley de Presupuesto que regirá este quinquenio.
Como los señores Senadores saben, el artículo 461 del proyecto –primero de este Inciso–, se refiere a la posibilidad de incorporar al régimen de exclusividad a los abogados que integran el equipo técnico de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social. Este artículo tiene como antecedente –los señores Senadores también lo conocen en profundidad–, la norma por la que se otorgó el régimen de dedicación exclusiva a los inspectores de la Unidad Ejecutora 007, la Inspección General del Trabajo, que es la Ley Nº 18172, del 31 de agosto de 2007. En esa oportunidad, con la aprobación del Parlamento, se otorgó la dedicación exclusiva para los Inspectores Generales, esto es, para los trabajadores que cumplen la función de contralor que hoy en día integran una nómina de aproximadamente ciento cuarenta.
En aquella oportunidad, la división jurídica de esta Inspección General no había quedado comprendida en este régimen de exclusividad. Entendemos que, para encarar de manera integral este servicio, tal como lo detalló el señor Ministro en su presentación, es una iniciativa necesaria, pues se trata de proveer el mismo régimen a los abogados, los profesionales, que integran la división jurídica.
El propio artículo contiene una definición sobre la dedicación exclusiva, determinados procedimientos en cuanto al cumplimiento efectivo de ese régimen de exclusividad, prevé además el régimen horario, y establece, precisamente, el número de cargos de los profesionales, abogados, que pasarían a este régimen de exclusividad, así como su nivel retributivo.
Como decía, señora Presidenta, si están de acuerdo los señores Senadores haremos una presentación general de todos los artículos y luego los analizaremos punto a punto.
El artículo 462 propuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es una revisión del antecedente legislativo aprobado por este cuerpo y refiere a la posibilidad de extender una partida, que equivale al 25 % de las retribuciones sujetas a Montepío, para todos los profesionales y técnicos de los escalafones A y B de la Dirección Nacional de Trabajo y de Dinacoin, que cumplan funciones en materia de negociación colectiva de trabajo.
El antecedente figura en el artículo 216 de la Ley Nº 18.996 que establecía esta partida del 25 % para los profesionales que a la fecha de promulgación de la ley que acabo de mencionar, estuvieran asignados a la atención de consultas y audiencias de conciliación de conflictos individuales y colectivos. Como el artículo 216 establecía que los funcionarios que estuvieran cumpliendo la tarea a la fecha de promulgación de esa ley recibirían esa compensación, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social entiende que es de justicia. Ello por una razón de equidad y por la trascendencia de la tarea que cumplen los profesionales en Dinatra y en las distintas áreas, tanto profesionales del escalafón A como técnicos en relaciones laborales. Esta es una novedad que también tiene el artículo 462. En definitiva, en atención a la trascendencia de la tarea que desarrollan estos funcionarios, es necesario extenderla a todos los profesionales y técnicos que cumplan esa función.
El artículo 463 se vincula con los funcionarios que se desarrollan en la Dirección Nacional de Trabajo y prevé una partida de $ 1:000.000 anuales para financiar una única compensación especial destinada a retribuir, o reconocer la responsabilidad de los presidentes de grupo en el área de negociación colectiva del trabajo. El propio artículo prevé que hasta un tope de15 funcionarios –porque hoy en día es como está organizada la función de los consejos de salarios– percibirían una partida del 10 % de la retribución sujeta a Montepío como lo establece la norma propuesta.
Por supuesto, que cada artículo establece el detalle de cómo se financian estas partidas, pero no nos vamos a detener específicamente en este punto.
El artículo 464 también está destinado a una de las áreas estratégicas y todos los señores Senadores tienen pleno conocimiento de cuáles son las funciones que se cumplen en la Dirección Nacional de Trabajo. La idea de este artículo es, precisamente, otorgar una compensación especial a profesionales y técnicos pertenecientes a los escalafones A y B que efectivamente presten funciones en consultas y audiencias de conciliación de conflictos individuales y de trabajo. La fundamentación de este artículo radica en el régimen de incompatibilidad de los profesionales en lo que tiene que ver con la especialidad laboral. Es decir, los profesionales y técnicos que trabajan en el área de consultas y audiencias de conciliación de conflictos individuales, están impedidos de ejercer libremente la profesión específicamente en materia laboral. Entendemos que extender este beneficio implica reconocer, una vez más, la trascendencia de las funciones que estos profesionales desempeñan en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
El artículo 465 se refiere a la creación de un cargo de particular confianza en la Dirección Nacional de Trabajo. Básicamente, esto tiene el fundamento –que claramente ha expresado el señor Ministro– de que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no cuenta con un cargo de Subdirector. El cargo de confianza en la Dirección Nacional de Trabajo lo ocupa el Director de la Dinatra, pero dada la importancia de la Dirección de las relaciones laborales, la alta sensibilidad política y el volumen de trabajo que allí se desarrolla, la idea es crear un cargo de confianza a los efectos de acompañar al director nacional de trabajo en tan trascendente función.
El artículo 466 sustituye el artículo 4º de la Ley Nº 16869. En esta norma se hace un pequeño cambio, pero que tiene una enorme trascendencia para esta Secretaría de Estado; me refiero a la necesidad del intercambio de información. Como ya lo señalaba el ministro, esto es absolutamente prioritario. En ese sentido, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha estado desarrollando actividades conjuntas, incluso, con las demás instituciones de otras reparticiones especialmente sensibles en lo que tiene que ver con el mundo laboral: el Banco de Previsión Social, el Banco de Seguros del Estado, la Dirección General Impositiva y la Dirección Nacional de Aduanas. Al respecto, la redacción original del artículo 4º de la Ley Nº 16.869 incorporaba a la Inspección General de Trabajo. La propuesta de este artículo es tener un enfoque un poco más amplio incorporando a todo el Inciso como el ámbito natural para intercambiar información con los demás organismos públicos. Esto también se vincula fuertemente con la necesidad de que el ministerio mejore su banco de datos, su información. En relación con este tema, otro de los fundamentos de este artículo es la creación de una unidad estadística que depende directamente del señor ministro. La idea es dar un impulso muy importante al manejo de la información en materia de relaciones laborales.
El artículo 467 propone transformar, al vacar, el cargo de Subdirector de la Unidad Ejecutora 03 –la Dirección Nacional de Empleo–, en un cargo de particular confianza, por razones similares a las que señalábamos respecto a la Dirección Nacional de Trabajo, con la diferencia de que en este caso, el cargo de subdirector de Dinae se encuentra ocupado. Por eso, la propuesta del artículo implica que se transforme recién en el momento de vacar el cargo actualmente ocupado.
Como sucede con todos los demás artículos, cada previsión presupuestal establece cuál es la fuente de financiamiento del texto normativo que estamos proponiendo.
El artículo 468 plantea la posibilidad de asignar una compensación denominada «compensación por alimentación con aportes» a los pocos funcionarios que están ocupando hoy un cargo de conducción en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En concreto, se trata de cuatro funcionarios y por eso la asignación presupuestal es absolutamente acotada.
El artículo 469 también modifica una norma anterior y lo que plantea es incrementar la partida global a distribuir para adscriptos. Como ustedes saben, esta es una partida que estaba prevista en el artículo 58 de la Ley Nº 18.719. El fundamento está en que los adscriptos correspondientes al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tenían una partida menor a la otorgada a otros ministerios o incisos. Por lo tanto, lo que se busca con este artículo es equipararlos al monto establecido para otros ministerios.
Con respecto a la propuesta normativa, el señor Ministro ha manifestado que el equipo de trabajo del Ministerio ha sido integrado con representantes de las dos partes de los actores sociales trascendentes de las relaciones laborales, es decir, no solamente del sector sindical, sino también del sector empresarial. En este sentido, todas las designaciones de adscriptos del señor ministro han sido asignadas a tareas específicamente técnicas.
Finalmente, el artículo 470 hace referencia a otra de las áreas estratégicas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social al que ya ha hecho referencia el señor Ministro, donde se plantea fortalecer el equipo de la división tecnología de la información. Aquí se prevé una partida especial destinada a una compensación por cumplir condiciones específicas en el área de las TIC –tecnologías de la información y la comunicación–, precisamente para poder retener a los técnicos en la materia, porque el Plan Director Informático que se ha propuesto llevar adelante en este período el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social requiere, sin lugar a dudas, el fortalecimiento de las áreas técnicas específicas.
Quedo a disposición de los señores Senadores por si tienen preguntas para realizar.
SEÑOR DELGADO.- Es un gusto recibir a este equipo, al que conocemos desde hace mucho tiempo, y al que junto con el señor Senador Camy recibimos habitualmente en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social. Además, es bueno destacar en este ámbito que con el señor Ministro hemos tenido un intercambio de consultas partidarias en varios aspectos, lo que no es común, pero cuando se da es importante dejar constancia.
Tengo cinco preguntas para hacer a este ministerio. Como dijo el señor Ministro, quizás sea el Inciso más pobre, pero no el menos importante…
SEÑOR MICHELINI.- O el que tiene más trabajo.
SEÑOR DELGADO.- En ese sentido, sé que el señor Ministro sabe multiplicar los recursos.
Tenemos un presupuesto de casi USD 14.000:000.000, solamente diez artículos que están enfocados a dos o tres áreas y otras que no se mencionan, pero sobre las que queremos preguntar.
Hay algunas compensaciones vinculadas, fundamentalmente, a ciertas tareas específicas realizadas en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en la Dirección Nacional de Coordinación en el Interior y en lo que tiene que ver con los conflictos individuales y colectivos de la Dirección Nacional de Trabajo que no lesionan sus derechos laborales porque los funcionarios pueden optar; también hay compensaciones para abogados. Y para el resto de los funcionarios de la Dirección Nacional de Trabajo y de la Dirección Nacional de Coordinación en el Interior, las compensaciones se están trabajando en el Consejo de Salarios, incluso hay una compensación para quienes van a presidir esos grupos como delegados del Poder Ejecutivo, lo que nos parece absolutamente justo y acertado. Entendemos que hay que estimular y profesionalizar cada vez más una tarea que termina siendo, como en este caso, absolutamente trascendente.
Con la gente que nos asesora particularmente en el tema presupuestal estamos analizando lo que tiene que ver con la asignación presupuestal que figura en el Renglón 092, «Partidas globales a distribuir», del Tomo III, «Gastos Corrientes e Inversiones». En realidad, en los artículos 461 a 463, en la parte de compensaciones asignadas al Renglón 092.000 «Partidas globales a distribuir», si se suman las compensaciones de dedicación exclusiva en la Dirección General de Secretaría, Inspección General de Trabajo, Dirección Nacional de Empleo y los delegados del Poder Ejecutivo en los Consejos de Salarios, nos da $ 19:100.000. Sin embargo, si vamos al planillado de asignación presupuestal, «partidas globales a distribuir» –acá se detalla por año: Inciso 13, «Ministerio de Trabajo y Seguridad Social», Ejercicio 2016, 2017, 2018 y 2019–, vemos que tiene asignada una partida de $ 7:773.000. Esto sería el equivalente al financiamiento de estos cinco rubros a que hacíamos referencia, vinculados a lo asignado en los artículos 461 a 463. Mi pregunta es cómo se financia la diferencia –de casi $ 11:500.000–, que no está contemplada en la previsión presupuestal del Ministerio, ya que si sumamos lo que está comprometido en el articulado nos da una cifra mucho mayor de la prevista.
En segundo lugar, voy a hacer referencia a un tema mucho más discutible y que tiene que ver con la creación de dos cargos de confianza. En otra época había un Subdirector Nacional de Trabajo, que era un funcionario de carrera, no de confianza. Ese cargo cesó y ahora se vuelve a crear pero como cargo de confianza. Lo mismo sucede en la Dirección Nacional de Empleo, porque al vacar este cargo pasará a ser de confianza. Obviamente, para los funcionarios que trabajan en ambas dependencias muchas veces significa la culminación de la carrera administrativa. En general, estos Subdirectores eran funcionarios técnicos en la cúspide de su carrera administrativa, en un cargo inmediato inferior al de director de la unidad ejecutora que, como corresponde, es de particular confianza. ¿Cuáles son los fundamentos para que estos cargos de subdirectores sean de particular confianza?
La tercera pregunta tiene que ver con un detalle del artículo 469. Se aumentan las partidas de la Unidad Ejecutora 001 «Dirección General de Secretaría», objeto del gasto 092.002 «Partida global a distribuir p/ adscriptos», la suma de $ 2:027.627. Esto tendrá destino a contrataciones previstas en la ley aprobada en 2010. Me gustaría saber cuál es el fundamento, la necesidad y el perfil de los adscriptos que el señor Ministro desea contratar.
La cuarta pregunta refiere al mercado de empleo y, obviamente, esto excede a la materia presupuestal. Acabamos de ver que hubo un nuevo aumento de la tasa de desempleo con una caída en la tasa de ocupación. El desempleo general subió 1,13% de diciembre de 2014 a agosto de 2015, fundamentalmente en hombres. Entonces, más allá de que no es una materia presupuestal, dado que es de mucha sensibilidad y en el proyecto se hace alguna referencia al tema del empleo, quisiera saber cómo espera el señor ministro que esto evolucione e impacte. Sobre todo, quisiera ver el detalle de este guarismo, que viene incrementándose. Obviamente, este aumento es distinto en Montevideo y en el interior, así como por sexo y por edad.
Por último, un tema que nos extrañó tiene que ver con el Inefop. Por tanto, quiero preguntarle al señor Ministro cuál es la cifra que hoy tiene el viejo fondo de reconversión laboral no asignado a ningún tipo de gasto.
Es más, vimos con asombro que en el sitio web inefop.org.uy, categoría 39.1 hay un llamado a presentación de precios para corredor de bolsa. En ese sentido, queremos saber si se trata de una licitación para contratar a un corredor de bolsa para la colocación o el manejo financiero de este fondo, una vez que sepamos cuánto es y, sobre todo, si se viene cumpliendo con las partidas, ya no de activos, empresarios y trabajadores, sino también si se está al día con las partidas del Poder Ejecutivo. Además, quisiéramos saber si el Ministerio tiene alguna definición para el uso, en el quinquenio, de lo que era el Fondo de Reconversión Laboral, hoy manejado por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional.
Esas son las cinco preguntas que teníamos para hacer.
SEÑOR MINISTRO.- Agradecemos las expresiones del señor Senador Delgado con relación al diálogo que este colectivo, el Ministerio, trata de mantener y a la profesionalización que, al mismo tiempo, intentamos llevar adelante.
Con respecto a la primera pregunta, solicitaría que respondiera la directora de la Dirección General de Secretaría; luego, yo comentaría las cuatro siguientes.
SEÑORA SANTESTEVAN.- Agradecemos al señor Senador Delgado la pregunta relativa a las partidas globales a distribuir.
Es verdad que hay una especie de desfase. Está prevista una partida anual de diecinueve millones para los distintos artículos a los que hizo referencia el señor Senador. El rubro presupuestal que teníamos disponible tenía que ver con una partida de los exfuncionarios del INA, es decir, del viejo Instituto de Alimentación que, en realidad, ya estaban todos redistribuidos. Esa fue una partida que habilitó expresamente la Contaduría General de la Nación. Ahora bien, pediríamos a los señores Senadores que nos dieran la posibilidad de enviar más información con respecto a este tema luego de la sesión de hoy, porque, evidentemente, si no tenemos la partida, no lo podemos ni siquiera subir al programa presupuestal. Reitero que esto había sido habilitado por la Contaduría General de la Nación, así que simplemente les pedimos que nos den la posibilidad de ampliar la información solicitada por el señor Senador.
SEÑOR MINISTRO.- Los puntos dos y tres los contestaríamos globalmente porque tienen que ver con la presentación inicial que se hizo.
Hablamos de un equipo plural en lo social, en lo político y en lo profesional en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Eso implica, por un lado, la conformación de equipos y, por otro, la conformación de un trabajo plural y profesional en todos los aspectos. Entendemos que esta forma inédita en el país, y rara en el mundo, de incluir en los cuadros de dirección del ministerio a personas provenientes del mundo empresarial y del mundo sindical es un hecho que debería ser analizado y considerado –en la medida en que así se entendiera–, porque creo que es parte de una nueva forma de gestionar la política pública, con participación social.
Quizá nuestra experiencia de 23 años en el BPS nos llevó a ver cómo la gestión pública con participación social podía ser una base importante para mejorar dicha gestión. Ese es el fundamento de por qué estamos planteando estas cuestiones. Es más, así estamos funcionando.
En oportunidad de nuestra comparecencia en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes, se nos formuló la misma pregunta por parte de un señor Diputado de la Comisión, casualmente también del Partido Nacional, y nosotros la contestamos por escrito. Si la señora Presidenta me lo permite, entregaría la respuesta para que se reparta a los señores Senadores. Allí se detalla quiénes son los integrantes del equipo del ministerio, de dónde provienen, y quiénes son los adscriptos y asesores del Ministro. Se verá que son gente, en general, proveniente del mundo empresarial, del mundo sindical, profesionales. No hemos usado esas partidas para otros fines; las hemos utilizado, justamente, para enriquecer la pluralidad social, política y profesional del colectivo ministerial.
El señor Senador Delgado reconocía que el Ministerio tiene un presupuesto pobre; también es pobre en la partida que tiene asignada el Ministro, por lo que planteamos mejorarla para estos fines. Reitero que en la información que los señores Senadores van a recibir por escrito con nuestra firma está detallado quiénes son cada una de las personas que hoy integran el equipo y cuánto ganan. Una de ellas está aquí presente, la señora Cristina Fernández, que, como ya señalé, proviene del mundo empresarial y es un ejemplo de las personas que hemos incorporado a este equipo colectivo y plural del ministerio.
Con esto trato de responder la pregunta del señor Senador, teniendo en cuenta que además hemos hecho una promoción muy especial de todos los funcionarios del ministerio a puestos de responsabilidad en las Direcciones, a formación a nivel nacional e internacional. Por primera vez funcionarios del ministerio están en ámbitos permanentes de formación y de participación a nivel nacional e internacional. En ese sentido, el desarrollo de muy buenas relaciones con los tres sindicatos que al momento hay en el Ministerio es parte de este proceso que hemos llevado adelante.
Los últimos dos temas que planteaba el señor Senador Delgado son generales. Como los señores Senadores comprenderán, la evolución de la tasa de actividad, de la tasa de empleo y de la tasa de desempleo es un tema de permanente atención. Estamos en una tasa del desempleo del orden del 7,5 % en el país, que es levemente superior a la de un par de años atrás, pero es la tercera parte de la del año 2002, cuando llegamos a superar el 20 %. Sin duda, esto merece una serie de mecanismos de atención, a partir de lo que son las políticas activas de empleo, y en eso hemos venido trabajando, en general en el Gobierno nacional y en particular en el Ministerio. El plan de inversiones previsto para el quinquenio, el proyecto de presupuesto, los 12.000:000.000 previstos para inversiones, son generadores de empleo. La preocupación que tenemos por atender determinadas situaciones se refleja, por ejemplo, en lo que se viene haciendo con la implementación, a través del decreto reglamentario que aprobamos en el mes de abril, de la ley de empleo juvenil. Es una ley a la que ya se han adherido 137 empresas y que, por primera vez –como lo saben los señores Senadores–, subsidia una parte del salario, generalmente para trabajadores menores de 29 años. Ya se han hecho las primeras decenas de contrataciones en el marco de esta ley. Por nuestra parte, queremos seguir impulsándola y lograr que el sector privado participe más de esta iniciativa, pues creemos que esta norma innovadora de subsidiar salarios para el empleo de jóvenes, mientras se incremente la plantilla de trabajo, es una alternativa muy interesante.
Asimismo, se ha producido el lanzamiento de la cuarta edición del programa «Yo estudio y trabajo», en el que están a disposición y empezarán a trabajar a partir del mes de noviembre próximo, unos 600 jóvenes; 22.000 se inscribieron en diez días, lo que es un muy buen reflejo de esa buena juventud uruguaya que quiere estudiar y trabajar al mismo tiempo; estamos hablando de jóvenes de 16 a 20 años. Considero que esta cuarta edición de «Yo estudio y trabajo» es una muy buena iniciativa de parte del Gobierno Nacional. Esperamos que, articulada ahora con la ley de empleo juvenil –que, como ya dije, subsidia hasta el 25 % del salario, y puede llegar hasta el 80 % en el caso de mujeres vulnerables–, esta iniciativa pueda ser utilizada también por el sector privado, porque hasta ahora viene siendo solventada, fundamentalmente, por el público.
Están también las políticas pasivas. Por nuestra parte, hacemos una observación permanente de la evolución del seguro de desempleo en el Uruguay. Hoy tenemos entre 42.000 y 44.000 beneficiarios del seguro de paro, en un total aproximado de 130.000 personas desocupadas. Me interesa destacar que el porcentaje de cobertura es el más alto de la historia del Uruguay. Es una buena noticia, pues históricamente en el Uruguay, antes de la reforma del año 2009 –una reforma que aprobó este Parlamento en la Legislatura pasada con un importante consenso social y político–, el porcentaje de personas desocupadas atendidas, cubiertas por el seguro de paro, era de solamente un 15 %; o sea que solo un 15 % del total de desempleados que había en el país accedía al seguro de paro. Sin embargo, esa norma que flexibilizó el acceso al seguro de desempleo, y el proceso de formalización del país –como ya lo señalé, por primera vez en la historia se incorporaron 500.000 personas en diez años–, hicieron posible que las personas en situación de desempleo y aquellas empresas que deban utilizar este beneficio, puedan acceder a él. Aclaro que este no es un beneficio solo para los trabajadores, sino también para las empresas; aunque normalmente en el seguro de paro se habla del beneficio a los trabajadores, hay que tener en cuenta que alcanza a ambas partes. Consideramos que el avance que se ha producido en la cobertura es producto de esa flexibilización que –por iniciativa del Poder Ejecutivo formulada en el período pasado– aprobó el Parlamento Nacional, con un amplio consenso, en la ley del año 2009. Ahora se está extendiendo, por ejemplo, el seguro de paro por reducción de jornada; eso hace que no sea comparable la cantidad de trabajadores amparados por el beneficio del seguro de desempleo. Recordemos que, históricamente, el seguro de paro era por despido o suspensión; sin embargo, en estos tiempos ha ido creciendo el beneficio del seguro de desempleo por reducción. Es el caso de los trabajadores que continúan trabajando en la empresa en la que están empleados: trabajan algunos días a la semana, y esos mismos trabajadores, en esa misma semana, están algún día en el seguro de desempleo. Esa es una nueva realidad que hace que no sea comparable la cifra de personas y empresas actualmente beneficiarias del seguro de desempleo con lo que sucedía históricamente. Por lo tanto, creo que hay que seguir atendiendo esta evolución. Hay que ver la evolución de la tasa de empleo, de la tasa de actividad, en interrelación con la tasa de desempleo; y hay que seguir proponiendo políticas activas en ese sentido.
El otro planteo muy interesante que hacía el señor Senador Delgado tenía que ver con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, Inefop. Queremos destacar que se viene produciendo un importante cambio positivo en este instituto. Debemos expresar nuestra satisfacción por el hecho de que las tres partes que integran su dirección –el Poder Ejecutivo, los empresarios y los trabajadores– asumieron autocríticamente las carencias que había en la gestión y en las políticas del instituto. Tenemos un dato revelador, que creo apunta a uno de los principales objetivos de la pregunta del Senador Delgado: podemos adelantar que este año 2015 culminará con más de 25.000 participantes en cursos de capacitación del Inefop, lo que implica un 50 % de aumento con respecto a lo que venía haciendo. Reitero, en el primer año de la nueva gestión hubo un aumento del 50 % en la cantidad de participantes de los cursos del Inefop. Se van a superar los 25.000 participantes cuando históricamente no se llegaba a 18.000. Además, esto tiene que ver con un acuerdo que no es menor: el plan estratégico de Inefop fue apoyado unánimemente en su Consejo Directivo que, recordemos, está integrado por referentes importantes de la Cámara de Industrias del Uruguay, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, el PIT-CNT, el sector cooperativo y el Gobierno. Hay avances en la implementación de ese plan estratégico que corrige carencias y debilidades que tenía la institución en la gestión de políticas. Por ejemplo, se prioriza la atención de la formación de personas en actividad, tanto de empresarios como de trabajadores. El Inefop empezó a formar empresarios y gerentes, empezó a dar cursos de inglés y de portugués para empresarios y para trabajadores. Se acaba de firmar un convenio entre el Inefop, la Cámara Uruguaya de Turismo y el ministerio, para dictar cursos en 16 pueblos del interior del país, muchos de ellos no conocidos, olvidados y dejados de lado. Se está apoyando con capacitación a empresarios –en muchos casos pequeños– y trabajadores para que puedan desarrollar mejor su labor en el mundo del turismo. En ese sentido, los cursos de inglés y de portugués permiten recibir al turismo internacional, incluido el brasileño. También se brindan cursos de gerenciamiento que era algo históricamente extraño que promoviera el Instituto de formación Profesional.
Todo esto forma parte de las nuevas iniciativas. Se intenta anticipar la formación y pongo el siguiente ejemplo: el centro de convenciones de Punta del Este se inaugurará en 2016, pero ya comienza la capacitación de la gente que va a estar trabajando allí.
También hubo importantes acuerdos con el sector empresarial entre los que destaco el realizado con el Secretariado Uruguayo de la Lana por el cual, en este momento, se están capacitando 2.500 productores rurales en el trabajo lanero del país.
Por tanto, creo que estamos en una instancia de importante transformación de este instituto con la participación del Estado, los empresarios y los trabajadores. En ese sentido, no hay ni va a haber colocación de fondos.
No conozco la respuesta a la pregunta del señor Senador Delgado por lo que la vamos a averiguar –no sé a qué se refiere en ese caso–, y le contestaremos a la brevedad. Lo que nosotros planteamos es la utilización de los fondos y el ejemplo que pusimos es que en este primer año de nueva gestión aumentarán en un 50 % los participantes de la capacitación. Además, se viene trabajando con un muy buen clima de diálogo social y de participación en la gestión de dicho instituto.
Con respecto a la cultura del trabajo para el desarrollo como estrategia principal del Ministerio, quiero señalar que en el mes de abril comienza un programa piloto para tres sectores de actividad: la construcción, el turismo y el trabajo en el hogar. También se financia con fondos del Inefop, y se va a desarrollar en tres departamentos: Montevideo, la zona metropolitana, Río Negro y Maldonado. Se van a seleccionar personas de 18 a 44 años que no hayan culminado los estudios primarios y secundarios o tienen oficios no acreditados. Entonces, se van a acreditar saberes en estos tres sectores, en coordinación con la enseñanza pública y con la UTU, en los tres departamentos referidos y se va a financiar la culminación de estudios primarios y secundarios de trabajadores y de empresarios.
Por lo tanto, creo que este tipo de acciones nuevas que viene desarrollando el Instituto de Empleo y Formación Profesional –en donde el Gobierno es minoría, porque son tres representantes en ocho, siete con voto– son un ejemplo de participación social y una forma importante de desarrollo de políticas públicas.
No sé si hemos podido responder a los planteamientos que realizó el señor Senador Delgado, pero estamos a las órdenes para complementarlos si fuera necesario.
SEÑOR DELGADO.- En realidad, quiero saber exactamente –quizás lo dijo, pero no lo escuché– cuánto queda de remanente en el viejo fondo de reconversión laboral de Inefop y cuánto es el monto que está sin utilizar. Además, más allá de lo que el señor ministro averigüe acerca de esta licitación para corredores de bolsa, quiero saber si el Poder Ejecutivo está al día con las partidas para ese fondo.
SEÑOR MINISTRO.- En ese sentido, en el artículo 705 del proyecto original de Presupuesto enviado a la Cámara de Diputados se plantea –esto lo hemos conversado y acordado con los sectores de los empresarios y de los trabajadores– que el Poder Ejecutivo va a estar pagando la cuota parte correspondiente de los aportes al Inefop y, al mismo tiempo, se propone destinar un 30% de los fondos anuales al contrato de la educación pública para este tipo de actividades que señalábamos.
En relación con los fondos disponibles vamos a hacer llegar con precisión el saldo actual, pero cuando nosotros asumimos el Ministerio en el mes de marzo, la cifra rondaba los USD 90:000.000. Vamos a hacer llegar a la brevedad esta información que tenemos que pedirla al Inefop, dado que es un instituto independiente.
SEÑOR DELGADO.- Quiero saber si entendí bien el artículo 739 del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados: un 30% de la cuota parte del aporte del Poder Ejecutivo, del Estado, al Fondo de Reconversión Laboral está destinado para la promoción de capacitación a varias instituciones de educación. ¿Es correcto? ¿Eso no afecta el fondo aportado por los trabajadores o empresarios? Simplemente el 30 % de los recursos que aporta el Estado. Esto no pasa por el Fondo de Reconversión Laboral. ¿En los hechos se termina aportando menos a ese fondo?
SEÑOR MINISTRO.- El Fondo de Reconversión Laboral es tripartito y cuenta con aportes del Estado, de los empresarios y de los trabajadores del sector privado. El Estado propone en el artículo 739 –eso lo conversamos y lo acordamos con empresarios y trabajadores que son quienes codirigen el Inefop– que de ese fondo se destinen recursos –esto lo va a decidir el consejo directivo del fondo– a contratos con la educación pública –allí se mencionan los organismos–, a los efectos de este tipo de actividades que señalábamos. En el articulado se promueven el desarrollo tecnológico y la descentralización. Anteriormente poníamos como ejemplo lo que ya se ha iniciado, sin este artículo, que es la capacitación de personas de 18 a 44 años, en tres departamentos y en tres sectores de actividad, para la culminación de estudios primarios, secundarios y la acreditación de saberes. El 30 % refleja, de alguna manera, aproximadamente el porcentaje que aporta el Estado. No sé si con eso se aclara la duda.
SEÑOR DELGADO.- En realidad no me queda claro. El Inefop es una persona pública no estatal y, obviamente, tiene la autonomía relativa para tomar decisiones sobre el tipo de cursos y sobre el universo de personas a capacitar. El señor Ministro dijo, además, que había una voluntad acordada de aumentar la universalidad de trabajadores a capacitar e, incluso, se habló de la posibilidad de incluir a empresarios, y se mencionaron algunos ejemplos. Pero me extraña que la decisión del destino de los fondos, que en realidad debería corresponder al Inefop, esté prevista por la ley de presupuesto. Esto suena raro y, sobre todo, cuando se dice que ya está acordado con todas las partes que se destine el 30 % de los recursos a esas instituciones de capacitación. No entiendo por qué se incorpora esto en el presupuesto cuando, en realidad, corresponde a una decisión del Inefop. Creo que esto crea un precedente complicado que en el futuro por la vía de presupuestos o rendiciones de cuentas puede determinar que se oriente al Inefop con respecto a determinado tipo de cursos cuando, en realidad, el espíritu de la creación de la vieja Junta Nacional de Empleo que luego se transformó en Inefop establecía que se decidiera por acuerdos tripartitos. Creo que este fondo se ha ido manejando hasta ahora de manera ejemplar. Reitero que, a mi juicio, esto genera un precedente que, más allá de que esté bien o mal –no estoy haciendo juicios de valor– es bastante complicado. En realidad, tampoco en la redacción queda claro si se está hablando del 30 % que tiene que aportar el Poder Ejecutivo o del 30 % del total del fondo anual, que puede o no equivaler al aporte del Poder Ejecutivo.
La tercera pregunta que quiero realizar es si el Poder Ejecutivo está al día en los aportes al Fondo de Reconversión Laboral.
SEÑOR AMORÍN.- Por supuesto, en primer término quiero dar la bienvenida a todo el equipo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Coincido con lo expresado por el señor Senador Delgado. En realidad, de acuerdo con lo que explicó el señor Ministro, que fue claro, se dice «sin que ello afecte los fondos aportados por trabajadores y empresarios», pero no lo entiendo porque me parece que esa parte está de más. ¿Por qué? Hay un aporte tripartito. El 30 % del total de los recursos anuales se van a aplicar a: «Promover la capacitación para el trabajo, a través de instituciones de enseñanza formal tales como la Universidad del Trabajo del Uruguay, la Universidad Tecnológica, el Centro de Capacitación y Producción, el Consejo de Capacitación Profesional, entre otros, –y al final dice–, sin que ello afecte los fondos aportados por trabajadores y empresarios".
SEÑOR MINISTRO.- En primer lugar, creemos que es importante destacar la transformación que se viene produciendo en el Inefop.
Cuando en marzo nos tocó asumir, nos encontramos con una rara unanimidad en el país que era la autocrítica hacia el funcionamiento del Inefop, ya sea por parte del Gobierno, de los empresarios y de los trabajadores. Al mismo tiempo, hoy nos felicitamos y congratulamos de la clara voluntad de los tres sectores en la transformación producida. Que en menos de ocho meses podamos estar diciendo responsablemente ante el Senado de la República que el número de participantes a los cursos de formación aumentó en un 50 % por encima de lo que históricamente ha sucedido, es un hecho relevante. Si bien se trata de un organismo en el que el Gobierno no tiene mayoría, igualmente se pudo lograr esa importante transformación en la que se prioriza a los trabajadores y a los empresarios en actividad. Además, se sigue trabajando –como no podía ser de otra manera– en la atención de los sectores más vulnerables de la sociedad.
El artículo en consideración es parte de ese diálogo y es parte de la comprensión a la que arribamos. Es correcto cuando el Senador Amorín pregunta: ¿para qué se dice «sin que ello afecte los fondos aportados por trabajadores y empresarios"? Porque eso fue parte de la negociación: asegurar que –el Gobierno está debiendo un año al Inefop; con esto respondo una de las preguntas– esa plata y que el 30 % que se destine al contrato con organismos de la educación pública –para esas otras cosas que se quieren hacer y sobre las cuales hay consenso en hacerlas– no afecte la plata de los trabajadores y empresarios que históricamente han sido los que más han aportado.
Desde la época de la Junta Nacional de Empleo –lo recordaba el Senador Delgado– ese instrumento fue inicialmente financiado solo por los trabajadores. Supongamos que se confirma la cifra de los USD 90:000.000, aproximadamente, que adelantábamos que había. La mayor parte de ese monto surgió del bolsillo de los trabajadores; luego se logró que aportaran los empresarios y el fondo se hizo bipartito, y más adelante fue tripartito.
El artículo dice –creo que está bien redactado, aunque tal vez podría estar mejor–: «destinándose a estos efectos el 30% (treinta por ciento) de los recursos anuales». Es decir, el 30 % del todo. Hoy el Gobierno aporta alrededor de la tercera parte; de ahí surge la aproximación al 30 %. Este es un artículo producto del diálogo social entre la Cámara de Industrias del Uruguay, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, y el PIT-CNT. Y para dar garantía se decidió dejar establecido que no se afectaran los fondos que principalmente aportaron los empresarios y trabajadores. Esa es la explicación política –por decirlo de alguna forma–, producto del diálogo al cual se arribó y que, en ese aspecto, se concretó positivamente.
En mi opinión, además, es muy bueno que el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional colabore, como ya lo está haciendo, en otras áreas que hacen a la cultura del trabajo. Quizás, hace unos años era impensable que se destinaran fondos –históricamente aportados en su mayoría por los trabajadores– para que empresarios culminaran la enseñanza primera o la secundaria, para que se les enseñara inglés o se dictaran cursos de gerenciamiento. Todo esto, felizmente, se está haciendo.
SEÑORA XAVIER.- En primer término, agradezco al señor Ministro y a su equipo la información brindada.
Sin dejar de reconocer la paradoja que se señalaba al principio de esta sesión, quiero señalar que, en un país en el que casi se multiplicó por cuatro el Producto Bruto Interno en esta última década y que ha tenido más trabajadores que nunca en su historia, seguimos teniendo un Inciso con tan pocos recursos, por lo menos de manera proporcional, aunque también absoluta.
En este momento me surgió una duda y no tengo la posibilidad de consultar la legislación comparada. La duda es si, en lo que respecta a la dedicación exclusiva, se mantiene el mismo criterio de la Ley Nº 18.172, que si no me equivoco es el antecedente de los anteriores funcionarios del Ministerio a los que se les otorgó esta condición.
No sé si lo estoy recordando bien, pero me parece que no es exactamente el mismo planteo –seguramente en su espíritu sí– que para la DGI. Obviamente, se trata de que las personas no estén de los dos lados del mismo mostrador. En aquel diseño, ¿los funcionarios tenían posibilidades de ser trasladados a otras dependencias? En este texto se expresa: «sin perjuicio de los procedimientos disciplinarios y sanciones que correspondieren», pero es probable que haya sectores del Ministerio que sean más sensibles que otros para tratar de evitar la dedicación exclusiva, en términos y también en intereses, que es lo que está en juego.
Por eso, quería preguntar si son modalidades diferentes o si todas se basan en las disposiciones del nuevo estatuto, que tanto se discutió.
Otro tema, sobre el que he pensado previamente, tiene que ver con un pedido de la OPP en relación con la apertura de proyectos que identifiquen recursos destinados a la promoción de políticas que apunten a la equidad de género. En ese sentido, el Ministerio abrió un proyecto, pero no le asignó recursos. Esta me parece un área muy sensible, porque sabemos que en el mundo del trabajo existe una brecha muy importante que separa la remuneración que percibe la mujer. Aunque se han dispuesto determinadas medidas, por ejemplo inspectivas –recuerdo otros períodos, en particular durante la gestión del exministro Brenta–, las mediciones y el monitoreo de esta realidad nos importan muchísimo.
Mediante este proyecto de Presupuesto nacional también se está implementando una nueva y significativa fase del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que supone corresponsabilidad en el hogar, así como también garantías que debemos tener en el mundo del trabajo y, por supuesto, cuando estamos buscando esa mayor protección social, debemos ir removiendo aquellas características que suponen una discriminación.
Esto no es patrimonio uruguayo, sino mundial, de difícil modificación, y creo que lograr esa unidad de estudios estadísticos –como se decía– tal vez puede ser uno de los objetivos que planteamos, porque la verdad es que preocupa muchísimo a todos, pero en particular a las legisladoras que –reunidas a través de la BBF– hemos tratado de tener desde el período anterior un presupuesto, digamos que no exageradamente con mirada de género, pero sí sensible al género. Algunos ministerios ya tienen disposiciones, cuyos resultados vamos evaluando luego en las rendiciones de cuentas.
Así que este segundo aspecto, más que una pregunta es un pedido. Se accedió a la apertura, por tanto ahora asignemos algún recurso, elaboremos algún ítem específico, coloquemos algún indicador y tratemos de ir monitoreando un avance en un tema –aunque puede haber otros– de extrema sensibilidad.
SEÑOR MINISTRO.- Para referirse al primer y segundo tema planteados, solicito a la presidencia conceda la palabra al Inspector General de Trabajo y Seguridad Social, señor Gerardo Rey y a la Directora General de Secretaría, doctora Ana María Santestevan, respectivamente.
SEÑOR REY.- El artículo 461 relativo a la exclusividad refiere a lo siguiente.
En el año 2007 –como recién lo mencionaba la señora Senadora– se aprobó en el Parlamento la Ley Nº 18.172. ¿Qué estableció dicha norma? El régimen de exclusividad para las personas que realizan la tarea inspectiva, es decir, para los inspectores de trabajo. De alguna manera, ahora estamos tratando de completar esa transformación con la parte jurídica.
Si me permite, señora Presidenta, explicaré brevemente qué es lo que fundamenta esta decisión.
Cuando los inspectores de trabajo concurren a realizar una instalación a una empresa realizan un acta que queda en poder del empleador o su representante y de los dirigentes sindicales. En caso de que no exista organización sindical, se labra con la firma de dos o tres trabajadores presentes. Esa acta generalmente puede tener intimaciones, en algunos casos –también previstos por la ley– establece clausuras y eso habitualmente pasa a un departamento jurídico. Ahora estamos tratando de que ese departamento jurídico tenga el mismo régimen de exclusividad de los inspectores y nos pareció adecuada la síntesis realizada por la señora Senadora Xavier, en tanto de esta forma se evita estar de los dos lados del mostrador.
Lo que contempla el articulado está en sintonía con una reestructura que significa que cada uno de los equipos de inspectores tendrá un abogado de referencia, de forma tal que se pueda achicar la distancia en los tiempos –que es el objetivo que planteaba hoy el ministro–, es decir que si hay que intimar y hacer las correcciones, se achiquen las distancias trabajando en forma más coordinada los inspectores que actuaron y el abogado de referencia. Para eso se hace un régimen de dedicación exclusiva que es exactamente igual al establecido en la ley Nº 18.172 y tiene conceptualmente las mismas características que otras dedicaciones exclusivas. En este caso no pueden realizar ningún tipo de trabajo, salvo la docencia. En el caso de la docencia tienen que ser previamente autorizados por el Inspector General, porque hay que verificar que la docencia sea compatible con la principal tarea, que es la labor inspectiva.
¿Qué pasará con los funcionarios, en tanto esto es un proyecto que contempla los derechos adquiridos? Durante muchos años los abogados no estaban inhibidos –hasta el día de hoy no lo están–, por ejemplo, de ser un asesor jurídico de la Inspección General del Trabajo y asesorar a las empresas. Entonces, lo que se plantea en este articulado es que sea un acto voluntario. Los abogados y abogadas que así lo decidan, van a pasar a este régimen y el propio artículo protege los derechos de esos trabajadores en el sentido de ser redistribuidos dentro del mismo inciso, para lo cual existen las opciones que estaban planteadas en otros artículos: la Dinatra, Dinacoin o la Dirección General de Secretaría. Entonces, el artículo refiere exactamente a lo que era la redacción de la Ley Nº 18.172 y se parece mucho, conceptualmente, a la dedicación exclusiva de otras dependencias del Estado, ajustando las remuneraciones típicas de un ministerio un poco más pobre. En ese sentido, también se ha hecho un esfuerzo muy importante.
La remuneración de la Subdirección de la Inspección General del Trabajo, en términos nominales, es de $ 92.000, aproximadamente, y lo que está planteado acá, en términos nominales, es de $ 86.000. Quiere decir que hay un esfuerzo muy importante por intentar captar la mayor cantidad de recursos –si el Parlamento así lo aprueba– porque queremos que todos los abogados que hoy estén se queden con la dedicación exclusiva, ya que valoramos mucho el aporte técnico de esas personas en el ministerio. En función de los topes, hicimos una propuesta que, como ustedes comprenderán, está casi al máximo. Esto lo hemos acordado con uno de los tres gremios que mencionaba el señor ministro. Cabe aclarar que el ministerio tiene tres gremios que pertenecen a COFE, además: Afmit, Aitu –que es el gremio de los inspectores– y Afinda. En el caso de los abogados, esto fue conversado y negociado con Afmit.
SEÑORA SANTESTEVAN.- Primero quiero agradecer a la señora Senadora Xavier –lo tomamos como un pedido especial–, a quien conocemos desde hace muchos años. En realidad, el tema de género y el presupuesto de género, son muy sensibles para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Es correcto lo que informa la señora Senadora en el sentido de que el Ministerio abrió el proyecto 121. Aun no se hicieron las asignaciones específicas pero históricamente el Ministerio le ha dedicado recursos especialmente a la capacitación de los equipos técnicos. Hay funcionarios capacitados en este tema y, de hecho, venimos trabajando intensamente en coordinación con el Consejo Nacional de Género –el Ministerio lo integra–, además de trabajar en el plan de violencia. Al respecto, se están dando cursos de capacitación en materia de acoso sexual en coordinación con Inefop y está previsto fortalecer esa línea y otra que tiene que ver con la Dirección Nacional de Empleo, por los aspectos que todos conocemos: es mayor la tasa de desempleo de las mujeres en nuestro país, a pesar de que tenemos índices de formación terciaria superior a la de los varones. Por supuesto, tomamos la propuesta de la Senadora con mucha responsabilidad y entusiasmo y nos comprometemos a asignar todos los recursos que podamos a esta línea del proyecto.
SEÑOR CAMY.- Saludamos la presencia de la delegación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Hago mías las palabras que pronunció el señor Senador Delgado en cuanto a destacar la amplitud del diálogo que hemos tenido con el señor Ministro en la Comisión de Constitución y Legislación y también en ámbitos de relación política. Asimismo, quiero saludar particularmente al señor Gerardo Rey, con quien tratamos mucho durante la gestión anterior.
Yendo específicamente a lo presupuestal que está vinculado al Inciso, quiero plantear una interrogante con respecto a algo que me genera cierta inquietud.
En el Tomo III, «Gastos Corrientes e Inversiones», Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Inciso 13, se destina $ 1:802.961 para el 2015, y para el 2016 al 2019 se baja a $ 1:131.393. ¿Por qué se produce una baja tan importante, de 37 %, en la asignación presupuestal? Esto me genera dudas o, al menos, me parece raro, sobre todo después de haber escuchado decir reiteradamente lo pobre que es el Ministerio. Además, nos consta que es uno de los Ministerios que, por su propia razón de existencia, trabaja más, tiene una enorme vinculación de funcionamiento en todo el territorio nacional y está llamado a tener desde su Inicio, por propio mérito, una actividad propia muy importante, más aún en este período, por la imposición del desafío de la cultura del trabajo y el consenso logrado.
En remuneraciones se destina cerca de $ 1:000.000, en gastos de funcionamiento $ 789.798, en inversiones $ 12.161, lo que totaliza la cantidad de $ 1:802.961 a la que hice referencia. En el período 2016 - 2019 las remuneraciones serán de $ 998.685, los gastos de funcionamiento de $ 110.753 e inversiones $ 21.955, lo que totaliza $ 1:131.393. Claramente el ahorro es en gastos de funcionamiento. La pregunta es en qué se puede ahorrar en funcionamiento en una proporción tan importante que no afecte, precisamente, el funcionamiento, el rol, el desempeño y la actividad del Organismo, siendo que se le cercena tanto a ese rubro. ¿O tal vez el crédito presupuestal estaba sin usar o no tenía un uso específico?
SEÑOR DELGADO.- Por mi parte, vuelvo sobre el artículo 739, que tiene que ver con un tema más conceptual. Hay un ámbito tripartito de definición, o una asignación presupuestal tripartita. Como bien ha explicado el señor Ministro, el fondo tiene origen en el sector empresarial, en el sector de los trabajadores y en el Estado, más o menos en tercios iguales, y posee autonomía para definir sobre esos destinos, lo que hasta ahora había hecho tripartitamente. Aquí estamos generando un precedente que, a mi juicio, no es bueno; me refiero a determinar por ley el destino del fondo que se origina tripartitamente. Por más que se haya acordado y el objetivo pueda ser loable y compartible, creo que no es sano destinar el fondo por ley. Además, se habla de la capacitación para el trabajo –un tema muy genérico– y se nombran algunos organismos que llevarán adelante la capacitación, empleándose la expresión «entre otros», siendo que presupuestalmente cuando se destinan fondos se hace a texto expreso, no solo el origen de los mismos sino el destino y de qué organismo se trata.
Por otro lado, se establece el 30 %, es decir, no se dice «hasta el 30 %», lo que podría ser, en función de las necesidades, del año y de la demanda o de una definición tripartita aunque esté topeada por el presupuesto. Reitero: se establece el 30 %, o sea que presupuestalmente a partir de ahora, el 30 % que equivale, más o menos, al aporte del Estado, se destina obligatoriamente a la capacitación de las instituciones que están nombradas acá. Obviamente, se trata de un tema conceptual. En lo personal, no creo que sea el mejor precedente, aunque puedo compartir el objetivo y la intención.
La pregunta bien concreta es de qué monto, aproximadamente, se está hablando cuando se hace referencia a este 30% –que equivale, más o menos, al aporte que hace el Estado a este fondo, el cual aunque tiene tres orígenes, es único–, en términos anuales, de aquí para adelante, sin contar el año que debe el Estado.
SEÑOR MINISTRO.- Ante todo, en nombre de todo el colectivo del Ministerio agradezco los conceptos del señor Senador Camy. Trataremos de seguir trabajando de esa manera y reiteramos que estamos a las órdenes. También quiero agradecer el apoyo a esa estrategia fundamental para el país que es la cultura del trabajo para el desarrollo.
En relación con la pregunta concreta del señor Senador, hemos estado haciendo algunas consultas con el equipo del Ministerio y con los integrantes del Ministerio de Economía y Finanzas que están acompañando esta instancia. Nos comprometemos a contestar en forma precisa la respuesta, porque no hay ningún objetivo de bajar los gastos, tal como lo planteamos en nuestra presentación inicial. Tomamos nota de la interrogante del señor Senador y la contestaremos a la brevedad.
Con respecto a lo que planteaba el señor Senador Delgado, ante todo, nos agrada que podamos compartir el objetivo aunque tengamos una diferencia conceptual. Quisiéramos quedarnos con lo positivo que el señor Senador plantea y, en ese sentido, sigue siendo claro que el Inefop, con su autonomía, será el que va a decidir a quién y para qué se contrata. Como bien señalaba el señor Senador, acá está definido lo conceptual, pero ¿quién definió que se iba a hacer esta experiencia piloto con trabajadores y empresarios de 18 a 44 años en Montevideo, Río Negro y Maldonado en los sectores de construcción, turismo y hogar? El Inefop, en base a lo que venimos trabajando. ¿Quién definió el convenio con la Cámara Empresarial de Turismo para apoyar los emprendimientos en esos 16 pueblos para empresarios y trabajadores? El Consejo Directivo del Inefop. Hay una determinación de objetivos políticos que hace el Gobierno, que trata de impulsar a través de sus representantes. Recordemos que hemos unificado en una sola persona dos cargos, la Dirección Nacional de Empleo y la Presidencia del Inefop, lo que, según creo, ha sido uno de los avances que hemos tenido en este proceso.
También estaremos informando a la brevedad al señor Senador Delgado acerca de cuánto se estima que significará el 30% en caso de que el Parlamento nacional apruebe el artículo tal como está redactado.
SEÑORA PRESIDENTA.- No habiendo más preguntas, agradecemos a la delegación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social su concurrencia a la Comisión y quedamos a la espera del material que ofrecieron enviarnos cuando les sea posible.
(Se retira de sala la delegación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social).
–Quiero recordar que mañana vamos a recibir al Ministerio de Educación y Cultura en la mañana y al Ministerio del Interior en la tarde y, además, está convocada la Asamblea General a la hora 13.
La señora Senadora Xavier deseaba realizar un planteo.
SEÑORA XAVIER.- Señora Presidenta: voy a realizar un planteamiento que no es novedoso pero que me parece necesario, en función de que tenemos que cumplir con los horarios, y aclaro que lo voy a hacer sin pretender coartar a nadie.
Hoy hubo un caso bien diferente a los de los otros dos Incisos, en los que se trabajó la materia presupuestal en concreto. Insisto en que lo que voy a plantear no supone que no se hagan las consideraciones políticas necesarias, pero me parece que es bueno que no tomemos el debate del presupuesto como una interpelación, sino que trabajemos sobre la materia presupuestal. Y esto implica sacarnos todas las dudas que tengamos en relación con los artículos de este proyecto, que son unos cuantos. Lo planteo porque me temo que, dado que son más de 700 artículos, empecemos con mucho ahínco y después terminemos sin la debida meticulosidad que requieren todos los incisos.
Por eso hago simplemente una exhortación. No le pido a nadie que deponga su derecho como Legislador o Legisladora, sino que me parece que tenemos que poder enfocarnos en el tema. Este es un equipo de trabajo; independientemente de que se vaya a defender un artículo u otro, creo que debemos tener el mejor clima para aprobar el mejor presupuesto.
SEÑOR DELGADO.- Tomamos nota de la cariñosa sugerencia de la señora Senadora Xavier. Debo reconocer la poca experiencia que tenemos en la Comisión de Presupuesto. A su vez, debo decir que las instituciones u organismos que han venido hasta ahora, muchas veces comienzan hablando de lineamientos estratégicos, de políticas generales y no, simplemente, de normas presupuestales. Así que tomamos cariñosamente esa sugerencia y muchas veces se la trasladamos a los invitados que vienen a defender los Incisos.
SEÑORA PRESIDENTA.- En un ámbito de tanto cariño, voy a plantear desde la Mesa que, oportunamente, transmitiremos esta preocupación –que creo es de todos– tanto a los invitados como a los integrantes de la Comisión.
He hecho el esfuerzo de ser flexible, pero me temo que estamos en los primeros días y que van a venir jornadas de más trabajo, y de más cansancio. Si todos hacemos un buen aprovechamiento de nuestro tiempo colectivo, el producido de esta comisión va a ser mejor.
Así que, cariños para todos y nos vemos mañana.
(Son las 17:01).