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Timestamp: 2018-11-18 22:43:38
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Matched Legal Cases: ['Artículo 2398', 'artículo 2398', 'artículo 1949', 'artículo 1949', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 103', 'artículo 103', 'artículo 25', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 21', 'artículo 123', 'artículo 604', 'artículo 103', 'artículo 103', 'artículo 5', 'artículo 103', 'artículo 124', 'artículo 5', 'artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 1']

II. Un concepto de derecho humano
En esta sección se elaborará un concepto desde la perspectiva de la teoría general del derecho y se describirá a detalle cuáles son las características de las relaciones jurídicas que implican este tipo de derechos, para así estar en posibilidad de identificar con precisión los contextos en que un particular puede violar un derecho humano.
Lo que hay que enfatizar es que cuando hablamos de derechos fundamentales estamos hablando de la protección de los intereses más vitales de toda persona, con independencia de sus gustos personales, de sus preferencias o de cualquier otra circunstancia que pueda caracterizar su existencia. (Carbonell, 2005)
Por tratarse de los bienes jurídicos más preciados, el ordenamiento jurídico imputa los derechos humanos de forma universal, inalienable e indisponible.
En relación con los derechos humanos o fundamentales, Luigi Ferrajoli (2006) menciona lo siguiente:
En efecto, los derechos fundamentales constituyen la base de la moderna igualdad, que es precisamente una igualdad en droits, en cuanto hacen visibles dos características estructurales que los diferencian de todos los demás derechos, a empezar por el de propiedad: sobre todo su universalidad, es decir, el hecho de que corresponden a todos y en la misma medida, al contrario de lo que sucede con los derechos patrimoniales, que son derechos excludendi alios, de los que un sujeto puede ser o no titular y de los que cada uno es titular con exclusión de los demás; en segundo lugar, su naturaleza de indisponibles e inalienables, tanto activa como pasiva, que los sustrae al mercado y a la decisión política, limitando la esfera de lo decidible de uno y otra y vinculándola a su tutela y satisfacción. (Ferrajoli, 2006, pág. 23)
Propongo una definición teórica, puramente formal o estructural, de «derechos fundamentales»: son «derechos fundamentales» todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a «todos» los seres humanos en cuanto dotados del status de personas, ciudadanos o personas con capacidad de obrar; entendiendo por «derecho subjetivo» cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica; y por «status» la condición de un sujeto, prevista asimismo por una norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de éstas. (Ferrajoli, 2006, pág. 37)
A diferencia de Ferrajoli, consideramos que la universalidad es una forma en que se manifiestan normativamente los derechos humanos y no su esencia. Lo anterior es así, en virtud de que una norma jurídica puede imputar derechos patrimoniales (renunciables y disponibles) de forma universal, pero no por ello el derecho patrimonial se torna en derecho humano.
La esencia del derecho humano radica en el carácter imprescindible del objeto del derecho y es precisamente por esa razón que el ordenamiento jurídico lo imputa a todas las personas posibles (universalidad), de forma irrenunciable (inalienable) e indisponible.
Asimismo, el carácter imprescindible de estos derechos explica la pretensión de las comunidades políticas de positivarlos en las normas de mayor jerarquía, puesto que estas representan una protección frente a los órganos constituidos o el legislador ordinario.
Los derechos humanos como verdaderos derechos subjetivos
Óscar Morineau define al derecho subjetivo de la siguiente manera:
[…] el derecho subjetivo es un complejo de dos facultades, por un lado el facultamiento a la propia conducta o bien el facultamiento de la conducta ajena y en ambos casos la facultas exigendi, facultad de exigir el respeto de la propia conducta o facultad de exigir la prestación de la conducta ajena. (Morineau, 2005, pág. 137)
A continuación, un esquema que ilustra lo anterior:
Conviene recordar que una de las notas distintivas del Derecho consiste en la regulación bilateral de la conducta; esto implica que toda facultad conlleva un deber correlativo. Por esa razón, enfrente de la Facultad 1 (color verde) se observa el deber correlativo (color rojo) a dicha prerrogativa y, enfrente de la Facultad de exigencia (color verde) se encuentra el deber correlativo número 2 (color rojo).
Para comprender mejor la estructura de un derecho subjetivo, se recurrirá al ejemplo de un contrato de arrendamiento, en específico al caso del arrendador.
Artículo 2398. – El arrendamiento es un contrato mediante el cual las partes contratantes se obligan recíprocamente, una, a conceder el uso o goce temporal de una cosa, y la otra, a pagar por ese uso o goce un precio cierto.
En términos del artículo 2398 del Código Civil, el arrendatario tiene la obligación de pagar la renta, es decir, el arrendador tiene un derecho de crédito frente al arrendatario por el importe convenido por las partes.
La relación jurídica del derecho de crédito del arrendador aquí descrita tiene los siguientes elementos:
· El arrendador como acreedor
· El arrendatario como deudor
· Dinero correspondiente a la renta
En caso de que el arrendatario incumpla la obligación de pagar la renta, el arrendador cuenta con la facultad de exigencia prevista en el artículo 1949 del Código Civil.
El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y perjuicios en ambos casos. También podrá pedir la resolución aún después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible. [Énfasis añadido]
Respecto del ejercicio de la facultad de exigencia, establecida por el artículo 1949 del Código Civil, lo primero que hay que considerar es la prohibición contenida en el primer párrafo del artículo 17 constitucional, que señala lo siguiente:
Ante el impedimento de ejercer violencia para reclamar el pago de la renta, el arrendador se ve compelido a acudir a los órganos estatales que tienen el monopolio de la fuerza pública. Por esa razón, el segundo párrafo del artículo 17 constitucional establece lo siguiente:
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [Énfasis añadido]
De lo anterior se desprende que la relación jurídica propia de la facultad de exigencia no se entabla entre el arrendador y el arrendatario, sino entre el arrendador y el órgano jurisdiccional.
· Arrendador/actor es el acreedor.
· Juez es el deudor.
· Sentencia definitiva y, en su caso, la orden de los medios coactivos necesarios para hacer cumplir el deber correlativo de la relación jurídica del fondo.
La sentencia definitiva constituye el objeto de la facultad de exigencia debido a que, tal y como lo menciona Gabino Fraga (2005, pág. 51):
[…] el acto jurisdiccional está constituido únicamente por la sentencia y no por los actos del procedimiento que, aunque implican determinaciones judiciales, solamente constituyen condiciones sucesivas para el desarrollo del proceso.
Ahora bien, es importante señalar que la sentencia dictada por el órgano jurisdiccional no versa sobre la relación jurídica de la facultad de exigencia, sino sobre la relación jurídica de fondo, es decir, la existente entre el arrendador y el arrendatario. Aquí cabe recordar que el arrendador acudió al juez para reclamar el cumplimiento de la obligación de pagar la renta.
Por lo anterior, Morineau (2005) menciona que:
[…] en la jurisdicción encontramos invariablemente dos relaciones distintas. Ahora bien, el juez jamás es sujeto de la segunda relación descrita; pero tiene el deber de constatar su existencia o inexistencia en el caso concreto y de hacer que se cumpla, por fuerza, si fuere necesario, el deber constatado. (pág. 410)
Es por ello también que el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que toda persona tiene derecho a que un tribunal determine sus derechos y obligaciones:
Adicionalmente, el hecho de que el juez se pronuncie respecto de la relación jurídica existente entre el arrendador y el arrendatario explica la llamada relación jurídica trilateral del derecho procesal.
Toda vez que el juez se pronunciará respecto del contrato de arrendamiento, a las partes (actor y demandado) les asiste el derecho de aportar los elementos que estimen necesarios para tal pronunciamiento y el juez está obligado a considerarlos en su sentencia.
En resumen, el derecho subjetivo del arrendador para recibir el pago de la renta puede ilustrarse de la siguiente manera:
· El arrendador es acreedor en las dos relaciones jurídicas.
· El arrendatario como deudor de la relación jurídica 1.
· El juez como deudor del deber correlativo a la facultad de exigencia.
· El dinero pactado como renta en la relación número 1.
· La sentencia definitiva y la orden de los medios coactivos necesarios para hacer cumplir el deber correlativo número 1, a cargo del arrendatario.
Una vez vistos los elementos que constituyen un derecho subjetivo y su aplicación en el Derecho civil, se analizará el caso de los derechos humanos, para averiguar si también reúnen dichos elementos.
El derecho de petición se encuentra previsto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente:
Art. 8.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. [Énfasis añadido]
La estructura de este derecho humano es la siguiente:
· Acreedor: toda persona
· Deudor: los funcionarios y empleados públicos
· Acuerdo por escrito, dictado en breve término
Por su parte, el artículo 103, fracción I, y el 107, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen la faculta de exigencia.
[…]Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
A nivel internacional, tanto el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como otros similares estipulan la facultad de exigencia de los derechos humanos.
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. [Énfasis añadido]
La estructura de la facultad de exigencia se ilustra a continuación:
· Deudor: Tribunales de la Federación (art. 103 constitucional), los jueces o tribunales competentes (art. 25 del Pacto de San José)
· La sentencia definitiva y la orden de los medios coactivos necesarios para hacer cumplir el deber correlativo número 1 a cargo del funcionario o empleado público.
Como se puede observar, el derecho de petición es un verdadero derecho subjetivo, pues cuenta con dos facultades correlativas: la primera de ellas para obtener una respuesta por escrito de la autoridad, mientras que la segunda se dirige a los tribunales, con la finalidad de exigir dicha respuesta.
Aquí una tabla que sintetiza los fundamentos jurídicos del derecho de petición:
Enseguida se presentan algunas clasificaciones de los derechos humanos, que tienen repercusiones procesales relevantes.
En función de la forma de ejercerlos
Existen derechos humanos cuyo ejercicio está regulado y, en consecuencia, el titular debe obtener una autorización, una licencia o un permiso por parte de la autoridad.
Como ejemplo de este tipo de derechos, se puede mencionar la libertad de profesión establecida por el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Art. 5.- A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.
La Ley determinará en cada Estado, cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. [Énfasis añadido]
Asimismo, existen derechos humanos de libre ejercicio, es decir, aquellos en que, para ejercerlos, el titular no requiere de autorización alguna de la autoridad, como ocurre en el caso del derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, estipulado en el artículo 4° constitucional.
Art. 4[…] Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.
La relevancia de esta clasificación radica en la forma en que se acredita la legitimación al momento de exigir el respeto de los derechos humanos, pues tratándose de los derechos de ejercicio regulado, el actor deberá acreditar que cuenta con la autorización, licencia o permiso correspondiente, mientras que, en el caso de los derechos de libre ejercicio, basta con acreditar que el actor forma parte de la categoría de sujetos a los cuales la norma jurídica imputa el derecho humano de que se trate.
En función de su titularidad
Existen derechos humanos que son imputados individualmente por la norma jurídica, pero también están aquellos que son imputados colectivamente.
Como ejemplo de derecho humano imputado individualmente, se puede mencionar el derecho a integridad personal del artículo 5.1 del Pacto de San José, que versa:
Un caso de derecho humano colectivo se encuentra en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente:
Artículo 2[…]
El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. [Énfasis añadido]
Esta clasificación es relevante para saber en qué casos el quejoso puede exigir el respeto a su derecho humano en forma individual, así como aquellos en los que debe contar con la representación de la colectividad titular del derecho transgredido.
En función de su oponibilidad
La oponibilidad de los derechos hace referencia a los sujetos que se ven obligados a respetar una determinada facultad o prerrogativa.
Al respecto, Óscar Morineau clasifica los derechos subjetivos en absolutos y relativos, además de que explica su estructura de la siguiente forma:
1) Si enfocamos nuestra atención en la conducta facultada, ya que todo derecho es facultamiento de conducta, vemos que la norma puede autorizar al sujeto o bien a su propia conducta o bien la conducta ajena. No existe ninguna otra posibilidad al respecto. Es derecho absoluto el facultamiento de la propia conducta y es derecho relativo el facultamiento de la conducta ajena. A reserva de hacer en su oportunidad un estudio amplio de cada una de estas clases de derechos bastará con algún ejemplo para intuir la entraña de cada uno de ellos. El derecho de propiedad faculta al titular a usar y disfrutar de una cosa. Es un derecho absoluto porque faculta la propia conducta del titular y no por la naturaleza del deber correlativo, como quiere la doctrina, supuesto que una es la naturaleza o ser del deber y otra distinta la del derecho correlativo. En vista del principio de que lo que no está ordenado o prohibido está permitido, resulta indispensable, para que la norma pueda autorizar la propia conducta en forma jurídica, que imponga a los demás el deber de respetar la conducta facultada. Nace por necesidad y con evidencia el llamado deber universal de respecto. Naturalmente que el deber no tiene un objeto universal sino concreto, respetar el uso y disfrute de la cosa ajena en este ejemplo. Es evidente que hemos logrado definir al derecho por su contenido específico y no por el deber correlativo. Tampoco hemos tenido que definirlo fundándonos en la descripción de un hecho, como hace la doctrina al hablarnos de la relación directa, de la inmediatez, etc., descripciones todas estas que parten de la realidad para encontrar el derecho, sin darse cuenta de que el método privativo del conocimiento jurídico es precisamente el contrario: partir del derecho para encontrar el sentido de la conducta, de los hechos.
El concepto anterior es aplicable sin excepción a todos los derechos absolutos y únicamente a ellos. Lo cual indica que se trata del dato esencial y exclusivo de la definición del derecho absoluto. También hemos encontrado la razón evidente para que el deber correlativo consista en la abstención de los sujetos pasivos y para que éstos estén representados por todo el mundo. En la misma forma, el derecho relativo lo descubrimos en su esencia con sólo contemplar cualquier derecho de esta especie. El acreedor no tiene como tal el derecho de hacer u omitir sino que su derecho consiste en el facultamiento de la conducta ajena. Por ello el deudor está obligado a prestársela y por tratarse de un derecho y no de la moral, el titular también tiene el derecho de exigir del deudor el cumplimiento con su deber, la prestación debida. Ya sea que se trate de una obligación de hacer, de no hacer o de dar, siempre nos encontramos con que en estos casos, el derecho consiste en el facultamiento de la conducta ajena y en la facultad de exigirla (juridicidad). [Énfasis añadido] (Morineau, 2005, pág. 138)
Las ideas de Óscar Morineau pueden representarse gráficamente de la siguiente forma:
La parte verde de los esquemas representa la facultad o prerrogativa otorgada por la norma jurídica, mientras que la parte roja se refiere al deber o prohibición.
Como se puede observar, los derechos absolutos son oponibles a cualquier persona, pero los derechos relativos solo son oponibles y, por ende, exigibles únicamente respecto de una determinada persona.
Una vez identificadas las características de estos dos tipos de derechos, se procederá a clasificar algunos derechos humanos.
Art. 3.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado —Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios—, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.
El precepto constitucional transcrito contiene el derecho a la educación, que es un derecho relativo puesto que constituye un facultamiento a la conducta ajena, en este caso a la conducta del Estado (Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios), que debe otorgar educación a todo individuo habitante del territorio nacional.
Este artículo establece un derecho a la conducta ajena, a saber, la conducta de los funcionarios y empleados públicos, quienes deben responder por escrito a toda persona que les formule una petición escrita de manera pacífica y respetuosa. Por lo tanto, el derecho de petición es un derecho relativo.
Art. 5.- A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. [Énfasis añadido]
La libertad de profesión establecida en el artículo 5 constitucional es un facultamiento a la propia conducta y, en consecuencia, representa un derecho absoluto que toda persona debe respetar.
Art. 7.- Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. [Énfasis añadido]
La libertad de expresión también constituye un facultamiento a la propia conducta y, por esa razón, este derecho se clasifica como absoluto.
Art. 4[…]
El derecho al medio ambiente sano, previsto en el artículo 4 de la Carta Magna, es absoluto, ya que faculta a la propia conducta: en este caso, a disfrutar de un medio ambiente sano para el desarrollo y el bienestar.
A partir de la clasificación propuesta por Óscar Morineau, se puede afirmar que los derechos humanos absolutos son oponibles tanto a las autoridades como a los particulares (efecto erga omnes), ya que los facultamientos a la propia conducta siempre implican la obligación general de respeto.
Por otra parte, los derechos humanos relativos, como el derecho a la educación del artículo 3 de la Constitución y el derecho de petición, del artículo 8, solo son oponibles frente a determinadas personas, en virtud de que constituyen facultamientos a la conducta ajena, en estos casos, a la conducta gubernamental.
Es importante señalar que los derechos humanos relativos no requieren del elemento de la supra a subordinación para serlo, pues como ya se abordó líneas arriba, la esencia de un derecho humano no radica en la restricción del poder estatal, sino en el carácter imprescindible de un derecho.
Adicionalmente, debe considerarse que no todos los derechos humanos relativos tienen como sujeto pasivo a los órganos de gobierno, pues existen derechos humanos relativos oponibles a los particulares en su calidad de tales, como los derechos humanos de naturaleza laboral (en los que el patrón es un particular).
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo, de servicio y capacidad;
I.- La duración de la jornada máxima será de ocho horas.
[…]IX.- Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas, regulada de conformidad con las siguientes normas: [Énfasis añadido]
Con base en lo expuesto pueden formularse las siguientes conclusiones:
· Los derechos humanos absolutos son susceptibles de ser transgredidos por cualquier persona sin importar si se trata de una autoridad o un particular, ya que todo facultamiento a la propia conducta implica la obligación general de respeto.
· Los derechos humanos relativos solamente pueden ser transgredidos por los sujetos pasivos de dicha relación; en ocasiones se tratará de un particular (como en los derechos laborales), mientras que, en otras, será un órgano estatal (como en el derecho de petición), por lo que habrá que atender al precepto jurídico específico, para identificar al deudor de cada derecho humano relativo.
· Mediante la clasificación de los derechos en absolutos y relativos, es posible explicar el llamado efecto horizontal de los derechos humanos.
A manera de resumen, se incluye el siguiente gráfico:
El concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo
En esta sección, se verá cómo el paradigma actual de los derechos humanos ha propiciado impunidad y defectos teóricos en la materia, en especial en lo relativo al concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo.
Arturo Zaldívar (2004) menciona lo siguiente respecto del concepto de autoridad:
Es muy importante distinguir entre autoridad y autoridad para efectos del amparo, ya que no son lo mismo; esto es más que una sutileza. La autoridad como tal es lo que entendemos por autoridad en derecho constitucional; por el contrario, una autoridad para efectos del amparo es alguien quien emite un acto con las características de unilateralidad y obligatoriedad a las que ya nos hemos referido, sin que necesariamente se trate de un servidor público en funciones. (2004, pág. 78)
A partir de las ideas expresadas por Zaldívar, el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo se está usando en la práctica jurídica con el fin de identificar al sujeto que detenta la posición superior en una relación de supra a subordinación.
El problema de este concepto de autoridad radica en que parte de presupuestos erróneos, a saber:
· Los derechos humanos solo existen en las relaciones de supra a subordinación, y
· Solo las autoridades son los sujetos pasivos de las relaciones jurídicas ius fundamentales, entendiendo por estas a aquellas relaciones jurídicas propias de los derechos humanos.
Para desvirtuar el primer presupuesto, ya se han señalado múltiples argumentos en las líneas que anteceden a esta sección, de modo que solamente resta poner un ejemplo de una disposición en materia de derechos humanos, que tiene vigencia en una relación de coordinación.
3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley. [Énfasis añadido]
El párrafo 3 del artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la prohibición de la usura (más adelante se verá su naturaleza específica, es decir, si se trata de un derecho humano o de una garantía) y esta consiste en cobrar un interés excesivo en un contrato de mutuo o préstamo.
4. f. Deterioro o desgaste. Mostraba las huellas de la usura del tiempo. (Real Academia Española, 2016)
Este ejemplo demuestra que los derechos humanos tienen vigencia más allá de las relaciones de supra a subordinación, pues la usura acontece en un contrato, es decir, en una relación de coordinación.
Ahora bien, si los derechos humanos no se acotan a las relaciones de supra a subordinación, es evidente que el Poder Judicial de la Federación está denegando justicia al desechar demandas de amparo, o al negar el amparo en todos aquellos casos en que se reclaman transgresiones a derechos humanos y garantías, cometidas en relaciones de coordinación. Aquí algunos ejemplos:
AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES.
La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado.
Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia pues no trata el tema de la contradicción que se resolvió. [Énfasis añadido]
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Segunda Sala. Tesis Aislada. Contradicción de tesis 71/98. Entre las sustentadas por el Tercer y el Sexto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito. 19 de febrero de 1999. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Marzo de 1999, página 307. No. de registro: 194367.
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO EMITE ACTOS POSITIVOS, NEGATIVOS U OMISIVOS, COMO ENTE ASEGURADOR, EN SUSTITUCIÓN DEL PATRÓN.
De los criterios sustentados en las tesis 2a. CCIV/2001, 2a./J. 12/2002 y 2a. XXXVI/99, aprobadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: “AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.”, “UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL DESINCORPORAN DE LA ESFERA JURÍDICA DE UN GOBERNADO LOS DERECHOS QUE LE ASISTÍAN AL UBICARSE EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DE ALUMNO, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO.” y “AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES.”, se pone de manifiesto que la actual integración del Más Alto Tribunal de la Nación considera que es autoridad para efectos del amparo, el ente del Estado de hecho o de derecho que en una relación jurídica de subordinación emite actos a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por la que crea, modifica o extingue, por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales, ni del consenso de la voluntad del afectado. En ese contexto, es importante destacar que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene reconocido un doble carácter: uno, como organismo fiscal autónomo, en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales; caso en el cual, actúa como autoridad con atributos propios que la ley le otorga para realizar esos actos, esto es, bajo una relación de supra a subordinación y, otro, como ente asegurador, en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y aquél, o con base en un acto jurídico, mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios; caso en el cual actúa en un plano de igualdad con el asegurado y sus beneficiarios, dado que involucra el cumplimiento de ese convenio. Por consiguiente, el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene el carácter de autoridad cuando realiza actos positivos, negativos u omisivos que tienen su origen en una relación jurídica con sus asegurados y, por tanto, esos actos no son de autoridad para efectos del amparo, dado que, en esos supuestos, se conduce bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, ya que existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación por tratarse de las prestaciones de seguridad social, respecto de las cuales el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre el referido instituto y sus asegurados, corresponden al ámbito competencial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución General de la República, y en el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo. [Énfasis añadido]
Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito. Jurisprudencia por reiteración de criterios. Amparo en revisión 124/2010. **********. 22 de julio de 2010. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Agosto de 2010, página 2032, No. de registro: 164027.
El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor. [Énfasis añadido]
En los criterios judiciales citados se aprecia cómo, en las relaciones de coordinación, los derechos humanos quedan por completo indefensos, ya que, de acuerdo con las ideas del Poder Judicial, este tipo de derechos únicamente están presentes en las relaciones de supra a subordinación.
Al respecto, conviene recordar que la palabra “autoridad” del artículo 103 constitucional es un sustantivo y no un adjetivo que califique los actos de los órganos estatales como unilaterales, obligatorios y coactivos.
I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [Énfasis añadido]
En otras palabras, el artículo 103 constitucional no estipula que “Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones autoritarias”, sino que emplea la palabra autoridad para designar al sujeto infractor y no un determinado tipo de conducta.
Esto pone de manifiesto una imprecisión del paradigma actual, pues la pregunta que versa sobre quién puede ser demandado en un juicio de amparo no se responde señalando a un sujeto, sino designando una conducta. Esto es incorrecto, pues una cosa es el sujeto (legitimación pasiva) y otra muy distinta es lo que él hace (objeto de impugnación).
Probablemente, el origen de esta confusión surgió con una ficción que, aunque bien intencionada, tuvo severas consecuencias para el sistema de protección de derechos humanos en México.
La ficción aquí referida es la creada en 1919 por el Poder Judicial Federal, a partir del caso de Marcolfo F. Torres, quien promovió una demanda de amparo en contra del particular Canuto Ortega.
En ese entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo la oportunidad de realizar un avance importante en materia de derechos humanos, pues se le estaba presentando un caso que implicaba el efecto horizontal de derechos humanos, es decir, de violaciones cometidas por particulares y no por autoridades.
Desafortunadamente para todos los que vivimos en México, esta oportunidad fue desaprovechada, pues en lugar de cuestionar el concepto predominante de derecho humano que los equipara a meras restricciones al poder estatal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación optó por la cómoda salida de crear una ficción para explicar la violación de derechos humanos cometida por Canuto Ortega.
La secuencia de los eventos fue la siguiente:
1. El caso de Marcolfo F. Torres se presentó ante las autoridades y, en vez de reconocerse la oponibilidad de los derechos humanos frente a los particulares, se creó una ficción consistente en equiparar a Canuto Ortega (un particular) a una autoridad.
2. Del caso Marcolfo F. Torres, se concluyó que lo relevante para determinar la legitimación pasiva del juicio de amparo no es el carácter formal de órgano estatal, sino formar parte de una relación de supra a subordinación, ya sea por la vía de los hechos o del Derecho.
En esta imagen se observa la ficción creada por los jueces de equiparar un particular con una autoridad.
Hasta este punto, la ficción creada parece indefensa, pero lamentablemente tiene un efecto adverso para los derechos humanos, puesto que niega el carácter de autoridad a órganos estatales que, formalmente, tienen dicha calidad. Esto implica que dichos órganos pueden violar derechos humanos impunemente, siempre y cuando cometan las violaciones en relaciones de coordinación. De allí que comiencen a surgir múltiples criterios judiciales, que señalen que determinado órgano estatal no cuenta con el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo.
3. La ficción muta y juega a favor de las autoridades, pues de ahora en adelante, no basta ser formalmente un órgano estatal para ser demandado en un juicio de amparo, sino que se requiere que el acto reclamado sea propio de una relación de supra a subordinación, es decir, que sea unilateral, obligatorio y coercitivo.
En esta imagen se observa la ficción creada por los jueces de equiparar a la autoridad con un particular.
Como se puede ver, primero se equiparó a Canuto Ortega a una autoridad y, posteriormente, los órganos estatales se equipararon con los particulares, de modo que se negó el acceso a la justicia en todos aquellos casos en que las violaciones de derechos humanos eran cometidas por la autoridad en planos de coordinación. De allí se desprende que los requisitos de unilateralidad y obligatoriedad del artículo 5 de la Ley de Amparo resulten inconstitucionales.
II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [Énfasis añadido]
La lección que se puede obtener de todo esto es que la explicación de los fenómenos jurídicos, tales como el efecto horizontal de los derechos humanos, no se resuelve a través de las ficciones pues, al fin y al cabo, estas son distorsiones de la realidad y no modelos teóricos que nos ayuden a explicarla.
Las ficciones son conceptos elaborados por el legislador, por la jurisprudencia o por la doctrina, mediante los cuales se establece como verdad algo que está en pugna con la realidad, y a fin de hacer posible la aplicación de una norma jurídica o de un conjunto de normas jurídicas. (Pallares, 2005, pág. 370)
Respecto del segundo presupuesto, que se refiere a la afirmación de que solo las autoridades son sujetos pasivos de las relaciones jurídicas de los derechos humanos, ya se demostró que existen derechos humanos absolutos que, al implicar un facultamiento a la propia conducta, establecen la obligación de respeto imputada a todas las personas y no solamente a las autoridades.
En conclusión, la problemática del efecto horizontal de los derechos humanos encuentra su solución en la comprensión adecuada de la estructura de estos derechos, es decir, las características de la relación jurídica que los mismos entrañan, y no en la distorsión del concepto de autoridad, como se ha pretendido.
En ese contexto, es evidente que “el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo” es una puerta falsa, pues siguiendo esa vía, la oponibilidad de los derechos humanos frente a particulares solo se logra mediante ficciones, lo que, teóricamente, es incorrecto.
Competencia para conocer de violaciones a derechos humanos, cometidas por particulares
Como se ha visto, la clasificación de los derechos humanos en absolutos y relativos permite identificar en qué circunstancias los particulares están en posibilidades de transgredir este tipo de derechos.
Ahora resulta necesario averiguar cuál es la autoridad competente para conocer de las violaciones de derechos humanos cometidas por particulares, en términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con base en lo establecido por el artículo 103 constitucional, el Poder Judicial de la Federación conoce de las violaciones de derechos humanos y garantías cometidas por las autoridades:
I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; […] [Énfasis añadido]
Del precepto constitucional transcrito, se desprende que el Poder Judicial Federal tiene competencia para conocer de las violaciones de derechos humanos y garantías cometidas por los órganos estatales en cualquier tipo de relación, sea esta de coordinación o de supra a subordinación.
Por su parte, el artículo 124 constitucional establece que aquello que no esté asignado expresamente a la Federación resulta una competencia local:
A partir de ello, las violaciones de derechos humanos y de garantías cometidas por particulares se deben impugnar ante los jueces locales.
Una vez identificada la competencia constitucionalmente asignada para conocer de las violaciones de derechos humanos cometidas por los particulares, resulta fácil percatarse de la inconstitucionalidad de la ficción legal prevista en el artículo 5 de la Ley de Amparo, que equipara al particular a una autoridad.
Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [Énfasis añadido]
Al crear la ficción legal citada, el Congreso de la Unión invadió la competencia de los estados, puesto que a ellos les corresponde conocer las violaciones de derechos humanos y garantías cometidas por particulares.
Es importante mencionar que, en la actualidad, la regulación procesal local es deficiente para proteger a los derechos humanos ante violaciones de particulares ya que, por lo general, no se contemplan medidas precautorias adecuadas y tampoco se otorgan procedimientos sumarios, tal como lo exigen los principios de efectividad y rapidez del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos:
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivoante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. [Énfasis añadido]
Ante esta situación, resulta necesario que los tribunales locales ejerzan tanto el control de constitucionalidad como el de convencionalidad, para subsanar las deficiencias legislativas y así proporcionar la protección adecuada a los derechos humanos, en todos y cada uno de los asuntos sometidos a su jurisdicción.
Breve comentario sobre la doctrina Drittwirkung
Al abordar el estudio de la doctrina Drittwirkung, que pretende explicar o resolver el problema de las violaciones de derechos humanos cometidas por particulares, debe considerarse lo siguiente:
El artículo 1 de la Ley Fundamental de Bonn, a partir del cual se crea esta doctrina, establece:
[Protección de la dignidad humana, vinculación de los poderes públicos a los derechos fundamentales](1) La dignidad humana es intangible. Respetarla y protegerla es obligación de todo poder público.
(3) Los siguientes derechos fundamentales vinculan a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial como derecho directamente aplicable. [Énfasis añadido]
Note el lector que el precepto transcrito no dice nada respecto de la oponibilidad de los derechos humanos frente a los particulares. En ese sentido, la redacción se limita a señalar que los derechos humanos vinculan a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.
Ahora bien, se debe tener mucho cuidado para no emplear el argumento a contrario, pues tendría un efecto productor y no interpretativo.
Se trata de una norma nueva, ya que la norma “si F2, entonces no-G” no es consecuencia lógica de la norma “si F1, entonces G”, de la que se partía. (pág. 28)
De lo anterior se sigue que, a partir del artículo 1.3 de la Ley Fundamental de Bonn, no existe la posibilidad de inferir lógicamente que los derechos humanos solamente vinculen al Poder Legislativo, al Ejecutivo y al Judicial, y tampoco puede inferirse que los derechos humanos no vinculen a los particulares, pues ello implicaría crear una norma distinta a la contenida en ese cuerpo normativo.
Si se adaptan las palabras de Guastini al caso, se obtiene lo siguiente:
Comparativa de los paradigmas
A manera de síntesis de los temas tratados en este capítulo, se presenta la siguiente tabla para comparar el paradigma actual de los derechos humanos, que los considera meras restricciones al poder estatal, así como el paradigma correcto, descrito en este libro.