Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/decreto-222-de-febrero-12-de-2014?documento=legcol&contexto=legcol_f256aaee9df901eae0430a01015101ea&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-03-23 07:17:50
Document Index: 370741249

Matched Legal Cases: ['artículo 189', 'artículo 45', 'artículo 12', 'artículo 15', 'artículo 27', 'artículo 38', 'artículo 25', 'artículo 24', 'artículo 45', 'artículo 12', 'artículo 15', 'artículo 27', 'artículo 38', 'artículo 26', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 426', 'artículo 26', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 50']

DECRETO 222 DE 12 DE FEBRERO DE 2014
CONTENIDO:MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. CORRIGE LA LEY 1673 DE 2013, EN LO RELATIVO A LOS AVALUADORES EXTRANJEROS.
“Por el cual se corrigen yerros en el texto de la Ley 1673 de 2013”.
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en panicular de las previstas en el numeral 10 del artículo 189 de la Constitución Política y en el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913, y
Que con posterioridad a la sanción y promulgación de la Ley 1673 del 19 de julio de 2013, se evidenciaron en esta última errores tipográficos, mecanográficos y en las citas y referencias en ella contenidas, cuya corrección se hace necesaria con el propósito de evitar equívocos.
Que revisados los antecedentes legislativos, se pudo evidenciar que, en efecto: i) el texto aprobado presenta algunos yerros tipográficos y mecanográficos y además contiene errores en algunas de las remisiones que los textos hacen a otros artículos dentro de la misma ley.
Que en el segundo párrafo del artículo 12 se señala que “Lo mismo aplicará a los avaluadores extranjeros en los estudios, que pretendan participar en cálculos...” cuando la frase debió señalar que “Lo mismo aplicará a los avaluadores extranjeros, en los estudios en los que pretendan participar y en los cálculos...”.
Que al final del literal b) del artículo 15 se omitió la preposición “a” al referirse a “los gastos reservados legalmente”.
Que en el literal d) del artículo 27 se incluyó erróneamente la letra “r” en la palabra “menor” en lugar de la letra “s”, siendo la palabra correcta “menos”.
Que en el artículo 38 se hace remisión equivocada al artículo 25 de la misma ley, toda vez que es el artículo 24 el que se refiere a las funciones de autorregulación que pueden ejercer las entidades reconocidas de autorregulación. Adicionalmente el párrafo segundo, incluyó la expresión “las funciones” cuando la conjugación de los verbos correspondientes está en singular, siendo esto lo apropiado puesto que el registro abierto de avaluadores es solo una de las funciones a cargo de las entidades reconocidas de autorregulación.
Que el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913 dispone que “(...) Los yerros caligráficos o tipográficos en las citas o referencias de unas leyes a otras no perjudicarán, y deberán ser modificados por los respectivos funcionarios cuando no quede duda en cuanto a la voluntad del legislador (...)”.
Que teniendo en cuenta que no hay duda sobre la intención del legislador en cada uno de los casos anteriormente indicados, se hace necesario corregir los yerros contenidos en la Ley 1673 de 2013.
ART. 1º—Corrección de yerros. Corrígese el artículo 12 de la Ley 1673 de 2013, el cual quedará así:
“ART. 12.—De los avaluadores extranjeros. Podrán inscribirse como avaluadores los extranjeros domiciliados en Colombia, cuando exista la obligación internacional para ello, de conformidad con los tratados suscritos por el Gobierno colombiano, en materia de comercio y/o prestación de servicios, y cumplan con los requisitos exigidos para los nacionales colombianos. El extranjero deberá convalidar los títulos académicos que pretenda utilizar para su inscripción.
Lo mismo aplicará a los avaluadores extranjeros, en los estudios en los que pretendan participar y en los cálculos, asesorías y demás trabajos relacionados con el ejercicio de la actividad de avaluador, en el sector público o privado”.
ART. 2º—Corrección de yerros. Corrígese el literal b) del artículo 15 de la Ley 1673 de 2013, el cual quedará así:
“b) Mantener el secreto y reserva, respecto de toda circunstancia relacionada con el cliente y con los trabajos que para él se realizan, salvo autorización escrita previa del cliente, obligación legal de revelarla o cuando el bien avaluado se vaya a pagar con dineros públicos, salvo que correspondan a los gastos reservados legalmente;”.
ART. 3º—Corrección de yerros. Corrígese el literal d) del artículo 27 de la Ley 1673 de 2013, los cuales quedarán así:
“d) Demostrar que sus reglamentos prevén mecanismos para que en los diferentes órganos de la Entidad Reconocida de Autorregulación se asegure una adecuada representación de sus miembros, sin perjuicio de que en el comité disciplinario se establezca una participación por lo menos paritaria de personas externas o independientes. En caso de empate, se decidirá por los miembros externos o independientes”.
ART. 4º—Corrección de yerros. Corrígese el artículo 38 de la Ley 1673 de 2013, el cual quedará así:
“ART. 38.—Las entidades a las que se refiere el artículo 26 podrán ejercer algunas o todas las funciones de autorregulación del artículo 24, en los términos y condiciones que determine el Gobierno Nacional. La función del registro abierto de avaluadores, no podrá ser ejercida con independencia de las otras tres funciones señaladas en el artículo 24”.
ART. 5º—Publicación. Publíquese en el Diario Oficial la Ley 1673 de 19 de julio de 2013 con las correcciones que se establecen en el presente decreto.
“Por la cual se reglamenta la actividad del avaluador y se dictan otras disposiciones”.
ART. 1º—Objeto. La presente ley tiene como objeto regular y establecer las responsabilidades y competencias de los avaluadores en Colombia para prevenir los riesgos sociales de inequidad, injusticia, ineficiencia, restricción del acceso a la propiedad, falta de transparencia y posible engaño a compradores y vendedores o al Estado. Igualmente la presente ley propende por el reconocimiento general de la actividad de los avaluadores. La valuación de bienes debidamente realizada fomenta la transparencia y equidad entre las personas y entre estas y el Estado colombiano.
ART. 2º—Ámbito de aplicación. A partir de la entrada en vigencia de esta ley, quienes actúen como avaluadores, valuadores, tasadores y demás términos que se asimilen a estos utilizados en Colombia, se regirán exclusivamente por esta ley y aquellas normas que la desarrollen o la complementen, para buscar la organización y unificación normativa de la actividad del avaluador, en busca de la seguridad jurídica y los mecanismos de protección de la valuación.
ART. 3º—Definiciones. Para efectos de la presente ley se entenderán como:
d) Registro abierto de avaluadores: Protocolo a cargo de la entidad reconocida de autorregulación de avaluadores en donde se inscribe, conserva y actualiza la información de los avaluadores, de conformidad con lo establecido en la presente ley;
ART. 4º—Desempeño de las actividades del avaluador. El avaluador desempeña, a manera de ejemplo, las siguientes actividades sobre bienes tangibles:
d) El Estado cuando por conveniencia pública tenga que recurrir a la expropiación por la vía judicial o administrativa; cuando se trate de realizar obras por el mecanismo de valorización, concesión, planes parciales, entre otros;
ART. 5º—Registro abierto de avaluadores. Créase el registro abierto de avaluadores, el cual se conocerá por sus siglas “RAA” y estará a cargo y bajo la responsabilidad de las entidades reconocidas de autorregulación.
ART. 6º—Inscripción y requisitos. La inscripción como avaluador se acreditará ante el registro abierto de avaluadores. Para ser inscrito como avaluador deberán llenarse los siguientes requisitos por esta ley:
i) formación académica a través de uno o más programas académicos debidamente reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional que cubran: (a) teoría del valor, (b) economía y finanzas generales y las aplicadas a los bienes a avaluar, (c) conocimientos jurídicos generales y los específicos aplicables a los bienes a avaluar, (d) las ciencias o artes generales y las aplicadas a las características y propiedades intrínsecas de los bienes a avaluar, (e) de las metodologías generales de valuación y las específicas de los bienes a avaluar, (d) métodos matemáticos y cuantitativos para la valuación de los bienes y (e) en la correcta utilización de los instrumentos de medición utilizados para la identificación o caracterización de los bienes a avaluar, o
ii) Demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el parágrafo 1º del presente artículo;
PAR. 1º—Régimen de transición. Por única vez y dentro de un periodo de veinticuatro (24) meses contados a partir de la fecha en que quede en firme la resolución de reconocimiento de la primera entidad reconocida de autorregulación por la Superintendencia de Industria y Comercio, los nacionales o los extranjeros autorizados por esta ley que a la fecha de expedición de la presente ley se dedican a la actividad del avaluador podrán inscribirse en el registro abierto de avaluadores sin necesidad de presentar prueba de la formación académica exigida en este artículo, acreditando: (i) certificado de persona emitido por entidad de evaluación de la conformidad acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, bajo la norma ISO 17024 y autorizado por una entidad reconocida de autorregulación, y (ii) experiencia suficiente, comprobada y comprobable mediante, avalúos realizados y certificaciones laborales de por lo menos un (1) año anteriores a la presentación de los documentos.
PAR. 2º—Las instituciones de educación superior o las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano deberán expedir los títulos académicos y las certificaciones de aptitud profesional, según el caso y de acuerdo con la ley, que demuestren la adecuada formación académica de la persona natural que solicita su inscripción como avaluador en el registro abierto de avaluadores.
ART. 7º—Territorio. El avaluador inscrito ante el registro abierto de avaluadores podrá ejercer su actividad en todo el territorio nacional.
ART. 8º—Inhabilidades, impedimentos e incompatibilidades. Los avaluadores que realicen avalúos con destino a procesos judiciales o administrativos, o cuando sus avalúos vayan a hacer parte de las declaraciones y soportes que las personas y entidades realicen ante cualquier autoridad del Estado, tendrán las mismas obligaciones que los funcionarios públicos y se les aplicará en su totalidad las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades, contempladas en la normatividad que regule la materia. Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades de orden civil a que hubiere lugar conforme a las leyes colombianas y los requisitos, inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades, contempladas en otras normas legales.
ART. 9º—Ejercicio ilegal de la actividad del avaluador por persona no inscrita. Ejercer ilegalmente la actividad del avaluador será considerado como simulación de investidura o cargo y será sancionado penalmente en la forma descrita por el artículo 426 de la Ley 599 de 2000. Actualmente ejercerá ilegalmente la actividad de avaluador, la persona que sin cumplir los requisitos previstos en esta ley, practique cualquier acto comprendido en el ejercicio de esta actividad.
ART. 10.—Encubrimiento del ejercicio ilegal de la actividad del avaluador de persona no inscrita. La persona natural o jurídica que permita o encubra el ejercicio ilegal de la actividad, podrá ser sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio de conformidad con el procedimiento y montos señalados en esta ley.
PAR.—El servidor público que en el ejercicio de su cargo, autorice, facilite, patrocine, encubra o permita el ejercicio ilegal de la valuación incurrirá en falta disciplinaria grave, sancionable de acuerdo con las normas legales vigentes.
ART. 11.—Denuncia del ejercicio ilegal de la actividad del avaluador por persona no inscrita. La entidad reconocida de autorregulación, denunciará, publicará y deberá dar aviso por los medios a su alcance, a todo el público relacionado con la valuación o que utilicen los servicios de avaluadores, del ejercicio ilegal de la actividad de que tenga conocimiento, con el fin de proteger a la sociedad del eventual riesgo a que este hecho la somete.
ART. 12.—De los avaluadores extranjeros. Podrán inscribirse como avaluadores los extranjeros domiciliados en Colombia, cuando exista la obligación internacional para ello, de conformidad con los tratados suscritos por el gobierno colombiano, en materia de comercio y/o prestación de servicios, y cumplan con los requisitos exigidos para los nacionales colombianos. El extranjero deberá convalidar los títulos académicos que pretenda utilizar para su inscripción.
Lo mismo aplicará a los avaluadores extranjeros, en los estudios en los que pretendan participar y en los cálculos, asesorías y demás trabajos relacionados con el ejercicio de la actividad de avaluador, en el sector público o privado.
ART. 13.—Postulados éticos de la actividad de avaluador. El ejercicio de la valuación, debe ser guiado por criterios, conceptos y elevados fines, que propendan a enaltecerlo; por lo tanto deberá estar, ajustado a las disposiciones de las siguientes normas que constituyen su Código de Ética de la Actividad del Avaluador.
PAR.—El Código de Ética de la Actividad adoptado mediante la presente ley será el marco del comportamiento del avaluador inscrito en el registro abierto de avaluadores y su violación será sancionada mediante el procedimiento establecido en el presente título, sin perjuicio de los códigos que desarrollen con base en la presente ley las lonjas de propiedad raíz y las entidades reconocidas de autorregulación.
ART. 14.—Deberes generales del avaluador inscrito en el registro abierto de avaluadores. Son deberes generales del avaluador inscrito en el registro abierto de avaluadores los siguientes:
d) Respetar y hacer respetar todas las disposiciones legales y reglamentarias que incidan en actos de esta actividad;
ART. 15.—Deberes del avaluador inscrito en el registro abierto de avaluadores para con sus clientes y el público en general. Son deberes de avaluador inscrito en el registro abierto de avaluadores para con sus clientes y el público en general:
b) Mantener el secreto y reserva, respecto de toda circunstancia relacionada con el cliente y con los trabajos que para él se realizan, salvo autorización escrita previa del cliente, obligación legal de revelarla o cuando el bien avaluado se vaya a pagar con dineros públicos, salvo que correspondan a los gastos reservados legalmente;
PAR.—Los deberes del avaluador inscrito en el registro abierto de avaluadores en sus actuaciones contractuales, se regirá por lo establecido en la legislación vigente en esa materia.
ART. 16.—De los deberes del avaluador inscrito en el registro abierto de avaluadores en los concursos o licitaciones. Son deberes del avaluador inscrito en el registro abierto de avaluadores en los concursos o licitaciones:
PAR.—Para efectos de los concursos, los avaluadores inscritos en el registro abierto de avaluadores se ceñirán a lo preceptuado en la legislación vigente.
ART. 17.—Régimen de inhabilidades e incompatibilidades que afectan el ejercicio. Incurrirá en faltas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y por lo tanto se le podrá imponer las sanciones a que se refiere la presente ley, todo aquel avaluador inscrito en el registro abierto de avaluadores que:
ART. 18.—Faltas contra la ética del avaluador. Incurren en falta contra la ética del avaluador los avaluadores inscritos en el registro abierto de avaluadores que violen cualquiera de los deberes enunciados en la presente ley.
ART. 19.—Definición de falta disciplinaria. Se entiende como falta que promueva la acción disciplinaria y en consecuencia, la aplicación del procedimiento aquí establecido, toda violación a las prohibiciones y al régimen de inhabilidades e Incompatibilidades, al correcto ejercicio de la actividad o al incumplimiento de las obligaciones impuestas por la presente ley.
ART. 20.—Sanciones aplicables. La entidad reconocida de autorregulación podrá sancionar a los especialistas responsables de la comisión de faltas disciplinarias con:
ART. 21.—Posesión en cargos, suscripción de contratos o realización de dictámenes técnicos que impliquen el ejercicio de la actividad de avaluador. Para utilizar el título de avaluador inscrito en el registro abierto de avaluadores, tomar posesión de un cargo de naturaleza pública o privada, participar en licitaciones, emitir dictámenes sobre aspectos técnicos de valuación ante organismos estatales o ante personas naturales o jurídicas de derecho privado, y demás actividades cuyo objeto implique el ejercicio de la actividad de avaluador en cualquiera de sus especialidades, se debe exigir la presentación en original o mediante mecanismo digital, del documento que acredita la inscripción en el registro abierto de avaluadores, RAA.
ART. 22.—Dictámenes periciales. El cargo o la función de perito, cuando el dictamen comprenda cuestiones técnicas de valuación, se encomendará al avaluador inscrito en el registro abierto de avaluadores (RAA) en los términos de la presente ley y cuya especialidad corresponda a la materia objeto del dictamen.
ART. 23.—Obligación de autorregulación. Quienes realicen la actividad de avaluador están obligados a inscribirse en el registro abierto de avaluadores, lo que conlleva la obligación de cumplir con las normas de autorregulación de la actividad en los términos del presente capítulo. Estas obligaciones deberán atenderse a través de cuerpos especializados para tal fin, establecidos dentro de las entidades reconocidas de autorregulación. La obligación de autorregulación e inscripción en el registro abierto de avaluadores es independiente del derecho de asociación a las entidades reconocidas de autorregulación.
PAR. 1º—Lo dispuesto en el presente artículo, se aplicará a la persona natural que desarrolle la actividad de avaluador que esté registrado en el Registro abierto de avaluadores, sin perjuicio de las sanciones que se puedan derivar de la violación de las normas legales propias de su profesión, las cuales seguirán siendo investigadas y sancionadas por los consejos profesionales o las entidades de control competentes, según sea el caso.
PAR. 2º—La obligación de registro inicial ante el registro abierto de avaluadores, deberá realizarse dentro de los veinticuatro (24) meses siguientes contados a partir de la fecha en quede en firme la resolución de reconocimiento de la primera entidad reconocida de autorregulación por la Superintendencia de Industria y Comercio.
ART. 24.—De la autorregulación en la actividad del avaluador. Las entidades reconocidas de autorregulación, tendrán a cargo, las siguientes funciones:
Función de supervisión: Consiste en la verificación del cumplimiento de las normas de la actividad del avaluador y de los reglamentos de autorregulación, sin perjuicio de las funciones establecidas por esta ley en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio.
PAR. 1º—Las entidades reconocidas de autorregulación deberán cumplir con todas las funciones señaladas en el presente artículo, en los términos y condiciones que determine el Gobierno Nacional, con base en lo establecido en esta ley. En ejercicio de esta facultad, el Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, deberá propender porque se mantengan iguales condiciones de registro, supervisión y sanción entre las entidades reconocidas de autorregulación previstas en la presente ley, así como establecer medidas para el adecuado gobierno de las mismas.
PAR. 2º—Las funciones aquí señaladas implican la obligación de interconexión de las bases de datos, de mantener y de compartir información con otras entidades reconocidas de autorregulación y con la Superintendencia de Industria y Comercio, como condición para su operación, con el fin de asegurar el cumplimiento de lo establecido en esta ley.
PAR. 3º—La actividad de autorregulación de las entidades reconocidas de autorregulación será compatible con las actividades de normalización técnica y certificación de personas bajo el sistema de evaluación establecidos en la norma ISO 17024, previa acreditación de la misma por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC.
ART. 25.—Función disciplinaria. En ejercicio de la función disciplinaria, se deberán establecer procedimientos e iniciar de oficio o a petición de parte acciones disciplinarias por el incumplimiento de los reglamentos de autorregulación y de las normas de la actividad del avaluador, decidir sobre las sanciones disciplinarias aplicables e informar a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre las decisiones adoptadas en materia disciplinaria.
PAR.—Las normas actualmente prescritas para estos organismos también aplicarán para las entidades que surjan de las mencionadas fusiones y acuerdos.
ART. 26.—Entidades reconocidas de autorregulación. La Superintendencia de Industria y Comercio reconocerá como entidad reconocida de autorregulación a una o más personas jurídicas sin ánimo de lucro, que cumplan con los siguientes requisitos:
b) Cuenten entres sus miembros avaluadores personas naturales o asociaciones gremiales, en las cuales, a su vez, sean miembros avaluadores personas naturales;
PAR. 1º—Con el fin de garantizar la cobertura y sostenibilidad de los organismos autorizados de autorregulación en todo el territorio nacional, el gobierno podrá establecer zonas o regiones para el desarrollo exclusivo de su actividad.
PAR. 3º—La Superintendencia de Industria y Comercio podrá suscribir acuerdos o memorandos de entendimiento con las entidades reconocidas de autorregulación, con el objeto de coordinar esfuerzos en materia de autorregulación disciplinaria, de supervisión e investigación de las entidades reconocidas de autorregulación.
PAR. 4º—El Gobierno Nacional reglamentará el funcionamiento y conformación del organismo de dirección de la entidad reconocida de regulación. De ser necesario para garantizar la objetividad de las decisiones o por razones de buen gobierno podrá determinar que hasta una tercera parte de los miembros del órgano de dirección serán nombrados por el Gobierno Nacional. Para el ejercicio de esta potestad, deberá reglamentar la materia previamente señalando la calidad de las personas privadas a nombrar.
ART. 27.—Requisitos. La Superintendencia de Industria y Comercio reconocerá a las entidades reconocidas de autorregulación de valuación, cuando cumpla con los siguientes requisitos:
a) Contar con el número mínimo de miembros avaluadores y asociaciones gremiales que determine el Gobierno Nacional;
d) Demostrar que sus reglamentos prevén mecanismos para que en los diferentes órganos de la entidad reconocida de autorregulación se asegure una adecuada representación de sus miembros, sin perjuicio de que en el comité disciplinario se establezca una participación por lo menos paritaria de personas externas o independientes. En caso de empate, se decidirá por los miembros externos o independientes;
n) Contar con un sistema que le permita registrar y mantener en su protocolo, a solicitud de los avaluadores, información sobre experiencia y actualización de los certificados de persona emitido por entidad de evaluación de la conformidad, acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, bajo la norma ISO 17024 y autorizado por una entidad reconocida de autorregulación.
ART. 28.—Medidas. Las entidades reconocidas de autorregulación deberán asegurar los mecanismos para el ejercicio de la función disciplinaria, de la aceptación o de rechazo de sus miembros y de la provisión de sus servicios.
ART. 29.—Prohibición. Ninguna entidad reconocida de autorregulación mantendrá, temporal o definitivamente como uno de sus miembros a una persona que se encuentre suspendida o cuya inscripción haya sido cancelada en cualquier Registro abierto de avaluadores.
ART. 30.—Proceso disciplinario. Cuando haya lugar a un proceso disciplinario, la entidad reconocida de autorregulación que ejerza las funciones disciplinarias, deberá formular los cargos, notificar al miembro y dar la oportunidad para ejercer el derecho de defensa. Igualmente, se deberá llevar una memoria del proceso.
PAR.—En todo caso el proceso disciplinario que adelanten los organismos de autorregulación en ejercicio de su función disciplinaria, deberá observar los principios de oportunidad, economía y celeridad, y se regirá exclusivamente por los principios y el procedimiento contenidos en la presente ley y en las demás normas que la desarrollen.
ART. 31.—Admisión. La entidad reconocida de autorregulación podrá negar la calidad de miembro a personas que no reúnan los estándares de idoneidad comercial financiera o capacidad para operar o los estándares de experiencia, capacidad, entrenamiento que hayan sido debidamente establecidos por dicho organismo, previamente autorizados por la Superintendencia de Industria y Comercio.
ART. 32.—Solicitudes de inscripción. La entidad reconocida de autorregulación deberá negar la solicitud de inscripción, cuando no se provea la información requerida o formulada en los reglamentos de dicho organismo de conformidad con los requisitos establecidos en la presente ley, o cuando el solicitante no reúna las calidades para hacer parte del mismo, de conformidad con los requisitos establecidos en su reglamento de la entidad.
ART. 33.—Motivación de las decisiones. En los casos en que se niegue la inscripción, la membresía o se niegue la prestación de un servicio a uno de los miembros, la entidad reconocida de autorregulación deberá notificar a la persona o personas interesadas sobre las razones de esta decisión y darle la oportunidad para que presente sus explicaciones.
ART. 34.—Negación o cancelación de inscripciones. La entidad reconocida de autorregulación negará, suspenderá o cancelará la inscripción de personas que hayan sido expulsadas de otros organismos de autorregulación o de un miembro que realice prácticas que pongan en riesgo los derechos o intereses de importancia de los consumidores o usuarios de los avaluadores, de otros agentes del mercado, al Estado o a la misma entidad reconocida de autorregulación. En estos eventos se deberá informar previamente a la Superintendencia de Industria y Comercio.
ART. 35.—Día del avaluador. Se establece como día del avaluador el 13 de diciembre, el cual será conmemorado cada año, a partir de la expedición de la presente ley.
ART. 36.—Intervención del Estado en el sector inmobiliario. El Estado intervendrá en la economía, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el fin de buscar la formalización, productividad y la sana competencia en el sector inmobiliario. Para ello, la obligación de autorregulación de las personas naturales involucradas en este sector de la economía, los requisitos para el ejercicio de la actividad inmobiliaria por personas naturales y los de las entidades reconocidas de autorregulación serán los mismos establecidos en la presente ley.
ART. 37.—Autoridades. Corresponde al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la reglamentación de la presente ley, así como verificar la creación y puesta en funcionamiento de las entidades reconocidas de autorregulación de la actividad del avaluador.
c) Las personas que sin el lleno de los requisitos establecidos en esta ley o en violación de los artículos 8º y 9º de la misma, desarrollen ilegalmente la actividad del avaluador.
ART. 38.—Las entidades a las que se refiere el artículo 26 podrán ejercer algunas o todas las funciones de autorregulación del artículo 24, en los términos y condiciones que determine el Gobierno Nacional. La función del registro abierto de avaluadores no podrá ser ejercida con independencia de las otras tres funciones señaladas en el artículo 24.
ART. 39.—Esta ley rige seis (6) meses después de su publicación en el Diario Oficial y deroga el artículo 50 de la Ley 546 de 1999 y la lista a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio de que tratan los artículos 60 y sucesivos de la Ley 550 de 1999, así como todas las demás normas que le sean contrarias.