Source: https://lafamiliadigital.wordpress.com/2012/03/27/responsabilidad-penal/
Timestamp: 2018-02-22 00:29:24
Document Index: 369313278

Matched Legal Cases: ['artículo 199', 'artículo 199', 'Artículo 199', 'artículo 8', 'artículo 120', 'artículo 110']

Responsabilidad Penal | La Familia Digital
This entry was posted on 27 de marzo de 2012 and tagged daños, indemnización, LOPD, penal, Responsabilidad, secreto. Bookmark the permalink.	Deja un comentario
La condena de primera instancia.
El juzgado de lo Penal condenó a la acusada como responsable en concepto de autora de un delito de revelación de secretos (art 199.1 del Código Penal) a:
1.- la pena de un año de prision,
2.- la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena
3.- seis meses de multa con una cuota diaria de 8 euros (1.440 euros) con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.
5.- Como responsabilidad civil le condena a indemnizar al denunciante en 2.000 euros más intereses legales
6.- Le impone las costas procesales.
Ademas declara la responsabilidad civil subsidiaria del laboratorio.
Los hechos probados de la sentencia de instancia.
Ha resultado probado y así se declara que en octubre de 2008 el acusado , que presta servicios como celador en una clínica de Zaragoza solicitó que se le realizara una analítica en el laboratorio existente en la propia clínica, porque no se encontraba muy bien.
Se tomaron las muestras en el laboratorio el día 21 de octubre de 2008, realizándose en el propio laboratorio algunos análisis y remitiendo muestras a un centro externo para la realización de otros análisis.
Los resultados llegaron a la Clínica, conociendo entonces la acusada, quien trabajaba como técnico de laboratorio que había dado un resultado positivo al virus VIH. Se pidió una confirmación del resultado, que fue positiva.
El Jefe del Servicio de Laboratorio decidió comunicar los resultados al denunciante en presencia de la acusada y del otro técnico del Laboratorio para mostrarles la manera de dar esta información a un paciente y les dijo que mantuvieran discreción. La comunicación al denunciante se hizo sobre finales de octubre o primeros de noviembre de 2008.
No obstante ello, la acusada, mayor de edad y sin antecedentes penales, antes de que el Jefe de Laboratorio hubiera comunicado los resultados de la analítica al denunciante, acudió a una cena con compañeros de trabajo, trabajando uno de ellos como celador, otra como auxiliar de clínica y dos como enfermeras de la citada Clínica. A la salida de la cena, la acusada comentó a sus compañeros que había una persona de la Clínica que estaba enfermo, que tenía sida, que se trataba del denunciante y que no sabía cómo decírselo.
Una de las personas que estuvieron en la cena se lo dijo posteriormente a otra compañera, que a su vez habló con el denunciante. No consta acreditado que hubiera otros comentarios en la Clínica sobre este tema.
Existia entre la acusada y el laboratorio un pacto de confidencialidad.
Al inicio de su relación laboral con el laboratorio la acusada firmó una cláusula de confidencialidad sobre todos los datos e información de carácter personal que conociera o a los que pudiera tener acceso como consecuencia de la prestación del servicio de análisis clínicos para el laboratorio, subsistiendo el deber de secreto aun después de que finalizara la relación.
Una de las personas a las que la acusada dijo que se había hecho análisis al denunciante y que había dado positivo a VIH tenía sida se lo dijo después a otra compañera de trabajo y ésta le dijo al denunciante lo que había dicho la acusada sobre él. No consta que haya habido otros comentarios en la Clínica.
Se abrió un expediente disciplinario a la acusada por estos hechos, sin que conste el resultado del mismo. En la actualidad, la acusada no trabaja en el laboratorio.
La aplicación del artículo 199.1 del CP y el concepto de secreto.
Se alega en el recurso de apelación la aplicación indebida del artículo 199.1 del Código Penal cuyo texto para mayor claridad, transcribimos a continuacion:
Artículo 199. 1. El que revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. 2. El profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue los secretos de otra persona, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de dos a seis años.
La sentencia hace referencia expresa al artículo 8 de la Directiva 95/46 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995 que como es conocido establece un tratamiento para las categorías especiales de datos, entendiendo como tales los datos personales que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, así como el tratamiento de los datos relativos a la salud o sexualidad, y ello al regular dicho datos de forma específica.
Así centrada la cuestión, conviene delimitar el concepto de secreto, por lo que es preciso distinguir si es necesario que tales datos estén protegidos por norma reguladora de los secretos oficiales, o es bastante para tal consideración el hecho de que no deban ser conocidos por ajenos a los mismos, es decir personas distintas del titular o de los autorizados para tener acceso a ellos y en el ámbito de la autorización, bastando, por ello, con la protección legal extraña a la reguladora de datos o secretos oficiales.
Entendemos que no es necesario que tales datos estén protegidos por la normativa vigente y relativa a secretos oficiales, puesto que, de ser así, delimitaría extraordinariamente el concepto y haría ilusoria la defensa de la intimidad. En definitiva secreto debe ser todo aquel dato o elemento referente a la intimidad cuyo titular no quiere que se conozca, y es evidente, atendido lo expuesto, que el ser portador del virus del V.I.H. en un dato relativo a la salud, conocible solo por aquellos destinatarios elegidos por el afectado.
Partiendo de ello, es cierto que tal dato fue conocido por la recurrente en el uso de sus obligaciones laborales como técnico de laboratorio, viniendo obligada a la confidencialidad del mismo, confidencialidad que vulneró al propagarlo a terceros extraños al laboratorio, el hecho de que pudieran ser conocidos por los miembros del mismo, no suponen la imposibilidad de punición respecto de la hoy recurrente, pues propago el dato a terceros que no tenían por qué conocerlo.
La responsabilidad civil subsidiaria del laboratorio donde trabajaba la persona acusada.
El art. 120.4 del CP dice que son también responsables civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente “ … Las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio, por los delitos o faltas que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios …”.
La sentencia expone que el apartado cuarto del artículo 120 establece un género de responsabilidad incuestionable, adjudicado, sin posibilidad de réplica, al empresario en tanto en cuanto se acrediten los condicionamientos o presupuestos exigidos desde su tenor literal, confirmados reiteradamente por la abundantísima doctrina emanada al efecto desde la Sala Segunda del Tribunal Supremo:
a) La comisión de un delito o falta;
b) la insolvencia del autor;
c) la preexistencia de una relación entre el agente comissio delictae y la persona contra la que se pretende la efectividad de la responsabilidad, caracterizada por la nota de dependencia: extensiva, en la actualidad, a todos los supuestos en los que exista beneplácito o aquiescencia de su principal, y
d) la realización por el culpable criminal de los actos motivadores de la condena en el área del desempeño de los servicios que le tenga encomendado su principal, con su conocimiento o, al menos, sin la oposición o la prohibición expresa de éste (SS 28 de enero de 1984, 12 de marzo de 1992, 7 de febrero de 1994 y 12 de abril de 1995 entre otras numerosísimas).
Se regula, con su incorporación al Código Penal, un régimen de responsabilidad subsidiaria personal y objetiva, en tanto en cuanto, y a diferencia de lo que sucede en el apartado primero del precepto en relación con la responsabilidad de los padres o tutores, respecto de los delitos cometidos por los mayores de dieciocho años en las circunstancias en él expresadas, no se exige que haya habido por parte del empresario culpa o negligencia.
Si, ciertamente, en una primera fase, el origen de la responsabilidad civil subsidiaria de los principales por los actos delictivos cometidos por sus empleados, se justificaba en una falta in vigilando o in eligendo, lo que suponía un fundamento culposo de la misma, poco a poco esta fundamentación fue abandonándose y hoy ya es general y pacífica la tesis de que el fundamento del nacimiento de la responsabilidad civil subsidiaria encuentra en la teoría de la creación del riesgo, de manera que quien se beneficia de las actividades de otra persona, que de alguna manera puedan provocar un riesgo para terceras personas, también debe soportar las consecuencias negativas de las consecuencias lesivas de ese riesgo creado, y ello, incluso se ha declarado cuando la actividad desarrollada por el infractor no le reporte ningún beneficio al principal “….bastando para ello una cierta dependencia, de forma que se encuentra tal actividad sujeta de algún modo a la voluntad del principal, por tener éste la posibilidad de incidir sobre la misma … -STS 822/2005 de 23 de junio- …”.
En definitiva esta teoría de la creación del riesgo no es sino una adaptación del viejo principio romano “….qui sentir commodum, debet sentire incommodum….” o, bien “….ubi commodum, ibi incommodum….”. Es decir, la situación en la que uno encuentra una ventaja, justifica también que deba de hacer frente a los perjuicios que se derivan de aquélla.
En definitiva, se trata de una responsabilidad vicaria en la que se prescinde de toda referencia a la negligencia del principal en la elección de sus dependientes, bastando solo la realidad de la situación de dependencia.
Esta relación es clara y patente que existía en relación a la condenada, que era empelada de la entidad recurrente, por lo que en el presente caso no solo existe la relación de dependencia, sino, además, la ventaja y beneficio que le suponía a la entidad recurrente el trabajo de una asalariada suya. Procede la desestimación del motivo y con el, del recurso formalizado.
La indemnización por daños morales.
Tanto el Ministerio Fiscal como la persona denunciante recurren el fallo de la sentencia, solicitando el incremento del importe acordado por el juzgado de lo Penal, solicitando el Ministerio Fiscal un incremento hasta 12.000 euros y el perjudicado hasta 24.000 euros.
La responsabilidad civil derivada del delito supone la restauración del orden jurídico-económico alterado y perturbado, en mayor o menor medida por la infracción punible (Sentencia de 25 de junio de 1985), restauración que ha de operar siempre sobre realidades y no respecto de hipotéticos y futuros perjuicios que, englobados en el amplio concepto de la indemnización (perjuicio propiamente dicho y ganancia dejada de obtener), no son susceptibles de presunción legal sino que de manera cierta han de resultar probados por quien intente percibirlos, al no ser la indemnización consecuencia directa del delito que puede existir pero que no necesariamente sigue al hecho punible, habiendo de rechazarse, desde el plano estrictamente jurídico, todo aquello que represente consecuencias dudosas, supuestos posibles pero inseguros, meros cálculos, hipótesis o suposiciones.
En suma, beneficios, daños o perjuicios desprovistos de certidumbre; indemnización que, en cualquier caso, se desenvuelve y se diversifica a través de las tres vertientes contenidas en el artículo 110 del Código Penal.
Hay que decir que el daño moral es un concepto que acoge, expansivamente, el “precio del dolor”, esto es el sufrimiento, el pesar, la amargura y la tristeza que el delito puede originar, sin necesidad de ser acreditados cuando fluye lógicamente del suceso acogido en el hecho probado.
No puede sin embargo soslayarse que ese daño moral se proyecta, dentro del libre arbitrio judicial, en el “cuantum” definitivo que supone la evaluación de unos daños indirectamente económicos porque no tienen una repercusión económica inmediata.
La doctrina jurisprudencial (Sentencias de 28 de abril de 1995 y 2 de marzo de 1994) tiene señalado que el daño moral solo puede ser establecido mediante un juicio global basado en el sentimiento social de reparación del daño producido por la ofensa de la víctima, por lo cual deberá atenderse a la naturaleza y gravedad del hecho, no siendo necesario que ese daño moral, consecuencia misma del hecho delictivo no se olvide, tenga que concretarse en determinadas alteraciones patológicas o psicológicas.
Así la cuestión, habida cuenta la consideración peyorativa que implica el conocimiento del dato de la enfermedad que padece – portador del virus de V. I. H-, entiende la Sala que es mas ajustado el conceder una indemnización de 6.000 euros, mayor que la exigua concedida en la sentencia y que la excesiva solicitada por las acusaciones tanto pública como privada.
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