Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2004-00344-de-agosto-8-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_abac3ed404b80238e0430a0101510238&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-20 14:13:56
Document Index: 135080045

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 69', 'artículo 71', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 13', 'artículo 27', 'artículo 24', 'artículo 13', 'artículo 32', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 11', 'artículo 15', 'artículo 1602', 'artículo 113', 'artículo 69', 'artículo 69']

﻿ Sentencia 2004-00344 de agosto 8 de 2011
SENTENCIA 2004-00344 DE 08 DE AGOSTO DE 2011
CONTENIDO:COMPETENCIA PARA FIJAR LAS TASAS DE INTERÉS SOBRE LOS CRÉDITOS EDUCATIVOS. RESULTA CONSTITUCIONAL, QUE EL ICETEX SEA GARANTE DE LOS PRÉSTAMOS QUE OTORGA EL SECTOR FINANCIERO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, PUES SEGÚN EL ARTÍCULO 69 DE LA C.P., EL ESTADO DEBE FACILITAR "MECANISMOS FINANCIEROS QUE HAGAN POSIBLE EL ACCESO DE TODAS LAS PERSONAS APTAS A LA EDUCACIÓN SUPERIOR", LO QUE SIGNIFICA QUE EL ESTADO DEBE IMPLANTAR INSTRUMENTOS FINANCIEROS IDÓNEOS PARA LOGRAR ESE PROPÓSITO BUSCADO. LA EXIGENCIA DE DOS CODEUDORES PARA ACCEDER A UN CRÉDITO EDUCATIVO NO LIMITA NI RESTRINGE EL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR, SINO QUE CONSTITUYE UNA GARANTÍA DE PROTECCIÓN DE RECURSOS QUE PROVIENEN DEL SECTOR PÚBLICO Y QUE DEBEN SER REINTEGRADOS EN LAS CONDICIONES DEL CRÉDITO OTORGADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCESO A LA EDUCACIÓN, DERECHO A LA EDUCACIÓN, ICETEX, CODEUDOR
Sentencia 2004-00344 de agosto 8 de 2011
Rad.: 11001-03-24-000-2004-00344-01
El ciudadano José Cipriano León Castañeda estima que la Resolución 600 de 4 de septiembre de 1998 “por la cual se reglamenta el servicio de crédito educativo” viola los artículos 13, 69, 84 y 373 de la Constitución Política; 119 de la Ley 489 de 1998; 43, 46 y 48 del Código Contencioso Administrativo; y 113 de la Ley 30 de 1992, porque en primer lugar, el Icetex carecía de competencia para fijar las tasas de interés sobre los créditos educativos otorgados a beneficiarios; en segundo lugar, el acto acusado no genera obligaciones frente a terceros, toda vez que no fue publicado en el Diario Oficial y; por último, la exigencia de dos (2) codeudores como requisito para acceder al crédito educativo, dificulta el acceso a la educación superior.
La Resolución 600 de 4 de septiembre de 1998 “Por la cual se reglamenta el servicio de crédito educativo Icetex” fue derogada expresamente por la directora del Icetex mediante el artículo 71 de la Resolución 197 de 2005(1) y en consecuencia dejó de producir efectos jurídicos a partir de su entrada en vigencia.
Para la Sala es necesario advertir, que pese a que el acto demandado tuvo vigencia entre el 4 de septiembre de 1998 y el 8 de abril de 2005, la Sala entrará a su análisis de fondo, en razón a las consecuencias y efectos jurídicos producidos dentro de ese lapso.
• Primer cargo. Falta de competencia por parte del director general del Icetex para reglamentar el servicio de crédito educativo.
El artículo 1º del Decreto 3155 de 1968(2) “por el cual se reorganiza el Instituto Colombiano de especialización Técnica en el Exterior” establece que el Icetex fue creado por el Decreto 2586 de 1950, como establecimiento público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. El Icetex estará adscrito al Ministerio de Educación, su domicilio será la ciudad de Bogotá y podrá establecer dependencias en otras ciudades, dentro y fuera del país.
Asimismo, el artículo 2º ibídem prevé que la finalidad del Icetex es fomentar y promover el desarrollo educativo y cultural de la Nación, a través de préstamos personales y otras ayudas financieras a los estudiantes y familiares, y la óptima utilización del personal de alto nivel.
La misma norma señala las funciones del Icetex para el cumplimiento de las finalidades transcritas en el acápite anterior. Las funciones son las siguientes:
“a) Conceder crédito a estudiantes y profesionales para realizar estudios de nivel superior dentro del país, o en el exterior cuando se justifique por razón de un mayor desarrollo científico, tecnológico y cultural.
b) Tramitar oficialmente las solicitudes de asistencia técnica relacionada con becas de estudio y entrenamiento en el exterior, que deseen presentar los organismos públicos nacionales, ante los gobiernos extranjeros y los organismos internacionales.
c) Recibir las ofertas de becas extranjeras que hagan al país, con el fin de divulgar dichos programas y colaborar en la óptima selección de los aspirantes.
d) Ofrecer orientación profesional para realizar estudios en el exterior.
e) Administrar los fondos públicos destinados a cubrir los gastos de estudios en el exterior de los funcionarios del Estado, con las excepciones que el decreto reglamentario determine.
f) Administrar fondos de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, destinados a la financiación de estudiantes colombianos tanto dentro del país como en el exterior.
g) Autorizar la compra de divisas extranjeras para estudiantes domiciliados en Colombia que deseen realizar en el exterior estudios por cuenta propia, conforme a las reglamentaciones sobre la materia.
h) Administrar el programa de becas del gobierno de Colombia en el exterior para artistas nacionales.
i) Administrar los fondos destinados a financiar los programas de becas para estudiantes extranjeros que deseen adelantar estudios en Colombia, y colaborar con estos en la realización de sus programas.
j) Ejercer supervisión académica sobre los estudiantes que gocen de los servicios de la institución tanto dentro del país como en el exterior.
k) Coordinar la oferta y demanda personal especializado en el exterior para satisfacer requerimientos de recursos humanos.
l) Patrocinar la venida al país de personal extranjero altamente calificado que pueda contribuir al desarrollo de la educación nacional.
m) Colaborar en las investigaciones sobre recursos y requerimientos de personal de alto nivel del país.
n) Promover el intercambio estudiantil a nivel internacional.
ñ) Administrar por contrato o delegación los fondos destinados al sostenimiento de becas y préstamos para la educación media y superior no universitaria.
o) Dirigir, organizar y controlar el colegio Mayor Miguel Antonio Caro, con sede en Madrid, España, y los demás programas de bienestar estudiantil que establezca el gobierno para estudiantes colombianos en el exterior.
PAR.—Para el cumplimiento de sus objetivos tendrá como único criterio de selección de los aspirantes a sus servicios, el reconocimiento de la capacidad intelectual y del mérito personal”.
Por su parte, el artículo 3º del Decreto 3155 de 1968 dispuso que la “dirección del instituto estará a cargo de una junta directiva que presidirá el Ministerio de Educación Nacional, y de un director quien será su representante legal”.
Según el artículo 5º ibídem, las funciones de la junta directiva del Icetex son las siguientes:
“a) Formular la política y los programas del instituto, en desarrollo de los planes generales del gobierno;
b) Adoptar los estatutos del instituto y cualquier reforma que a ellos se introduzca y someterlos a la aprobación del gobierno.
c) Aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos del instituto, previo cumplimiento de los requisitos legales;
d) Determinar la estructura administrativa del instituto crear los cargos con las funciones y asignaciones correspondientes, así como las primas y las bonificaciones a que hubiere lugar, conforme a las disposiciones legales sobre la materia;
e) Controlar el funcionamiento de la organización y verificar su conformidad con la política adoptada;
f) Autorizar o aprobar todo acto o contrato y los préstamos a estudiantes cuyas cuantías excedan la suma que fije la junta;
g) Reglamentar las condiciones y requisitos para la presentación de los diferentes servicios de la institución;
h) Crear los comités que sean necesarios para el desarrollo de cada uno de los servicios del instituto, reglamentar sus funciones y fijar sus honorarios.
i) Las demás que le señalen los estatutos, para los fines propios de la entidad” (negrilla fuera de texto).
El director del Icetex será agente del Presidente de la República, de su libre nombramiento y remoción y tendrá las siguientes funciones (art. 6º ibíd.):
“a) Dictar actos, ordenar gastos, realizar operaciones y celebrar contratos para el cumplimiento de las funciones del instituto conforme a las disposiciones legales, estatutarias y a los acuerdos de la junta directiva;
b) Organizar, dirigir, coordinar y controlar los servicios del instituto, la ejecución de las funciones administrativas y técnicas y la realización de los programas;
c) Nombrar y remover, conforme a las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes, al personal del instituto;
d) Someter el proyecto de presupuesto anual a la consideración de la junta directiva y sugerir las medidas que estime conveniente para el buen funcionamiento del organismo:
e) Presentar al presidente de la República, a través del Ministerio de Educación Nacional, y a la junta directiva informes anuales y periódicos sobre las actividades desarrolladas, la situación financiera y administrativa de la entidad, y los demás asuntos que tengan relación con la política general del gobierno;
f) Rendir informes a la oficina de planeación del Ministerio de Educación Nacional, en la forma que este lo determine, sobre el estado de ejecución de los programas que correspondan al organismo;
g) Las demás funciones que le señalen la ley y los estatutos y las que, refiriéndose a la marcha de la institución no estén expresamente atribuidas a otra autoridad” (negrilla fuera de texto).
Posteriormente, el Presidente de la República mediante el Decreto 2787 de 1994(3), aprobó el Acuerdo 037 de 6 de octubre de 1994, por medio del cual se adoptaron los estatutos del Icetex y en su artículo 13 señaló entre otras, las siguientes funciones de la junta directiva de la entidad:
g) Reglamentar las condiciones y requisitos para la prestación de servicios de la institución. (…).
j) Delegar funciones en el director general y autorizarlo para delegar aquellas que le estén atribuidas. (…).
ñ) Fijar las tasas y tarifas de los servicios públicos que preste el instituto, teniendo en cuenta sus costos. (…).
t) Las demás que le asignen la ley o los estatutos y las que sean necesarias para el adecuado funcionamiento de la entidad” (negrilla fuera de texto).
De las normas transcritas, se deduce que la junta directiva del Icetex se encuentra facultada para reglamentar las condiciones y requisitos para la prestación de servicios de la Institución, delegar sus funciones en el director general de la entidad y fijar las tasas y tarifas de los servicios que preste el instituto.
Con fundamento en lo anterior, la junta directiva del Icetex profirió el Acuerdo 032 de 1995 “por el cual se establece el estatuto general de servicios de Icetex” y en su artículo 27, delegó en el director del instituto, la función de expedir el reglamento del servicio de crédito educativo que presta la entidad.
Conviene recordar que la Sala en sentencia de 3 de junio de 2010(4) examinó argumentos como los que en el sub iudice aduce el actor, con ocasión de la demanda de nulidad contra las resoluciones 1195 de 1992 y 600 de 1998, por medio de las cuales el director general del Icetex reglamentó el crédito educativo, oportunidad en la cual la Sala concluyó que el director del Icetex ejerció las competencias que le otorgaban los acuerdos de la junta directiva de la entidad, dictados al amparo de las normas legales que la crearon y le otorgaron dicha función.
“No obstante lo anterior, para abundar en razones que desvirtúan la acusación de falta de competencia para proferir los actos acusados, se advierte que mediante ellos el director Icetex ejerció las competencias que le otorgaban los acuerdos de junta directiva de la entidad, dictados al amparo de las normas legales que la crearon y le otorgaron funciones. Conviene señalar que el 30 de julio de 1992 cuando se profirió la Resolución 1195 de 1992 acusada, que modificó el reglamento del crédito educativo del Icetex, regía el Decreto-Ley 3155 de 1968, “Por el cual se reorganiza el Instituto Colombiano de Especialización Técnica en el Exterior”, dictado por el Gobierno Nacional en uso facultades extraordinarias conferidas por la Ley 65 de 1967, de acuerdo con el cual el Icetex era un establecimiento público, adscrito al Ministerio de Educación. De acuerdo con las normas transcritas [D.-L. 3155/68, arts. 2º y 5º] el Icetex estaba habilitado legalmente para financiar el acceso a la educación superior en el país y en el extranjero mediante el otorgamiento de préstamos y su junta directiva estaba facultada para reglamentar los servicios a su cargo, entre ellos, el servicio de créditos educativos. Precisamente en cumplimiento de sus funciones legales la junta directiva de la institución profirió el estatuto general de servicios mediante Acuerdo 028 de 8 de mayo de 1995 (fs. 1 a 13 del exp. administrativo) que se refirió a los créditos educativos en los artículos 6 a 11 y en el artículo 24 facultó al director general para reglamentarlo. De allí que la expedición de la Resolución 1195 de 1992 fue expedida por el director general del Icetex en ejercicio de sus facultades estatutarias, acordes con las normas legales que crearon y organizaron el Icetex. La Resolución 600 de 4 de septiembre de 1998, “Por la cual se reglamenta el servicio de crédito educativo del Icetex”, también fue proferida por el director general de esa institución en ejercicio de sus competencias pues la Ley 30 de 28 de diciembre de 1992 que organiza el servicio público de educación superior, no modificó las disposiciones comentadas. El Decreto 2129 de 29 de diciembre de 1992 que reestructuró al Icetex conservó su condición de establecimiento público y su objeto orientado “fomentar y promover el desarrollo educativo de la Nación, mediante créditos y subsidios, así como a través de la canalización de otros recursos y oportunidades nacionales e internacionales” aunque le adicionó las de “administrar los subsidios para la educación y asesorar a las demás entidades del sector de la educación en la administración financiera de los recursos para la educación” (art. 3º)”. El decreto comentado no modificó la función de la junta directiva de reglamentar los servicios a cargo de la entidad, entre ellos el de créditos educativos. El Decreto 1953 de 1994, Por el cual se reestructura el Ministerio de Educación Nacional y se dictan otras disposiciones, conservó la naturaleza de establecimiento público del Icetex (art. 1º) y le reiteró las funciones que le agregó el decreto anterior (art. 36). El Decreto 2787 de 22 de diciembre de 1994, publicado en el Diario Oficial Nº 41.644, de 22 de diciembre de 1994, por su parte, adoptó el estatuto de servicios contenido en el Acuerdo 037 del 6 de octubre de 1994 de la junta directiva del Icetex. El literal g) del artículo 13 de los estatutos le asignó a la junta directiva la competencia para “g) Reglamentar las condiciones y requisitos para la prestación de servicios de la institución” y el literal j) la facultó para “Delegar funciones en el director general y autorizarlo para delegar aquellas que le estén atribuidas”. Las resoluciones demandadas fueron dictadas por el director general por delegación que recibió mediante Acuerdo 032 de 24 de noviembre de 1995 de la junta directiva para que expidiera el reglamento de crédito educativo, delegación fundada en las disposiciones reseñadas en el párrafo anterior. A folios 222 a 245 del expediente administrativo obra copia auténtica del acuerdo reseñado, cuyo artículo 32 efectivamente faculta al director del Icetex para que expida los reglamentos de los servicios a cargo de la entidad. De lo expuesto se concluye que el Icetex sí tenía competencia para expedir los reglamentos de crédito acusados en este proceso y que esa competencia se la defirió la ley” (negrilla fuera de texto).
Fuerza es, entonces, concluir que el director general del Icetex expidió la Resolución 600 de 1998, mediante la cual reglamentó el servicio de crédito educativo, conforme a las facultades transcritas en las normas transcritas, siendo competente para ello.
• Segundo cargo. Falta de publicación del acto acusado en el Diario Oficial.
Para el actor, el acto acusado es nulo toda vez que éste no fue publicado en el Diario Oficial y por lo tanto, no genera obligaciones frente a terceros.
La Sala encuentra que de acuerdo con lo expuesto en el Oficio 11707 (fl. 54 cdno. ppal.) de la oficina de atención al usuario quejas y reclamos del Icetex, es cierto que la Resolución 600 de 4 de septiembre de 1998, por la cual el director general del Icetex reglamenta el servicio de crédito educativo, no fue publicada en el Diario Oficial.
Debe esta corporación reiterar que la falta de publicación de un acto no lo torna en ilegal, pues dicha omisión tiene que ver con su eficiencia, es decir, con su oponibilidad frente a terceros, razón por la cual, aún en el evento de que el acto analizado no hubiese sido publicado en el Diario Oficial, no sería procedente declarar su nulidad por este solo aspecto.
Este tema fue examinado por esta Sala en sentencia de 27 de mayo de 2010(5), donde se sostuvo que la falta de publicación del acto demandado no impide el enjuiciamiento de su legalidad porque, como lo ha establecido la jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional en forma reiterada y uniforme, la publicidad es un requisito externo al acto administrativo que impide su oponibilidad frente a los particulares y, por tanto, su eficacia, pero en ningún caso afecta su existencia y validez pues el acto existe y es válido desde cuando se expide, esto es, desde cuando lo suscribe la autoridad administrativa correspondiente.
La falta de publicación de los actos administrativos no es causal de nulidad, porque no constituye un elemento intrínseco sino extrínseco de los mismos. De tal manera que dicha irregularidad solo afecta su eficacia mas no su validez.
• Tercer cargo. Exigir dos (2) codeudores como requisito para acceder al servicio de crédito educativo, dificulta el acceso al mismo y por consiguiente, a la educación superior.
El actor considera que el acto acusado viola los artículos 13, 69, 84 y 373 de la Constitución Política, porque la exigencia de dos (2) codeudores como requisito para acceder al servicio de crédito educativo, dificulta el acceso al mismo y por consiguiente a la educación superior.
Las normas acusadas por el actor son del siguiente tenor:
ART. 69.—Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.
ART. 84.—Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio.
ART. 373.—El Estado, por intermedio del Banco de la República, velará por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda. El banco no podrá establecer cupos de crédito, ni otorgar garantías a favor de particulares, salvo cuando se trate de intermediación de crédito externo para su colocación por medio de los establecimientos de crédito, o de apoyos transitorios de liquidez para los mismos. Las operaciones de financiamiento a favor del Estado requerirán la aprobación unánime de la junta directiva, a menos que se trate de operaciones de mercado abierto. El legislador, en ningún caso, podrá ordenar cupos de crédito a favor del Estado o de los particulares”.
De conformidad con el artículo 2º del Decreto 3155 de 1968, la finalidad del Icetex es fomentar y promover el desarrollo educativo y cultural de la Nación, a través de préstamos personales y otras ayudas financieras a los estudiantes y familiares, y la óptima utilización del personal de alto nivel.
La misma norma establece que el Icetex tiene unas funciones para cumplir con su finalidad u objeto, dentro de las cuales se encuentra la de conceder créditos a estudiantes y profesionales para realizar estudios de nivel superior dentro del país o en el exterior.
Por lo tanto, el crédito educativo es uno de los servicios que presta el Icetex para fomentar y promover el desarrollo educativo y cultural del país. El artículo 1º de la Resolución 600 de 1998 lo define así:
“ART. 1º—Definición del servicio de crédito educativo del Icetex. Se entenderá por crédito educativo del Icetex, al servicio de financiación educativa reembolsable ofrecido por el Icetex, mediante un plan de beneficios que estructura la inversión y financiación total o parcial de estudios al estudiante colombiano que posea méritos académicos y personales, y carezca de recursos económicos suficientes para adelantar su formación o especialización profesional en el país o en el exterior”.
Para acceder al servicio del crédito educativo, el artículo 11 de las Resolución 600 de 1998 establece unos requisitos, los cuales una vez cumplidos por el solicitante, pasan a ser estudiados por la dependencia respectiva para su aprobación correspondiente.
Una vez aprobado el crédito educativo, el beneficiario y sus deudores solidarios firman con el Icetex los documentos que respaldan la obligación, esto es, la carta de compromiso o contrato y el pagaré (art. 13 ibíd.).
Según el artículo 15 ibídem, el crédito educativo se considera perfeccionado con la legalización (firmas, autenticaciones de las firmas y el pago del impuesto de timbre) de la carta de compromiso o contrato y el pagaré con espacios en blanco, por parte del beneficiario y sus codeudores y la posterior expedición de la resolución por parte de la dirección regional del Icetex.
Firmada la carta de compromiso o el contrato por parte del beneficiario y sus codeudores, con el conjunto de las formalidades que le son propias, este adquiere perfección y produce los efectos buscados por los contratantes.
En este punto, cabe precisar que de acuerdo con el artículo 1602 del Código Civil, todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes. Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley pertenecen a ella (art. 1603 ibíd.).
Teniendo en cuenta que el crédito educativo del Icetex es una financiación educativa reembolsable para adelantar estudios de formación o especialización profesional en el país o en el exterior, para la Sala no hay duda que se trata de un contrato legalmente celebrado por las partes que las obliga a cumplir con lo pactado en el mismo y a todos los compromisos que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación adquirida.
La calidad de deudor solidario o codeudor se adquiere por el hecho de haberse comprometido al pago o cumplimiento de la obligación contenida en el contrato de crédito educativo, de manera voluntaria, de modo que si el deudor incumple la prestación pactada, el Icetex como acreedor puede dirigirse contra ellos conjuntamente o cualquiera de ellos a su arbitrio.
Para la Sala, el hecho de que el Icetex pida como requisito para acceder al crédito educativo, dos (2) codeudores, no significa que esto impida o dificulte el acceso a la educación superior, pues es la misma ley la que permite hacerlo a fin de brindar mayor seguridad al cumplimiento de la obligación o pago de la deuda, por tratarse de dineros que provienen de una entidad pública.
En el mismo sentido, el agente del Ministerio Público sostuvo en su concepto que resulta lógico que el Icetex exija este requisito, por tratarse de una entidad que maneja recursos públicos.
En cuanto a la violación del artículo 113 de la Ley 30 de 1992 “por la cual se organiza el servicio público de la educación superior” invocado por el actor, el cual establece que “el Icetex a través de un fondo creado con recursos del presupuesto nacional, será garante de los préstamos otorgados por el sector financiero a los estudiantes de educación superior de escasos recursos económicos”, fue declarado exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-547 de 1994.
En esa oportunidad la Corte Constitucional sostuvo:
“Siendo el Icetex un establecimiento público del orden nacional, cuyo objetivo principal es el de fomentar y promover el desarrollo educativo y cultural de la Nación a través del crédito y de otras ayudas financieras a los estudiantes y sus familiares, resulta conforme con las normas superiores la decisión adoptada por el legislador de ordenar a esa entidad que por intermedio de un fondo creado con recursos del presupuesto nacional, sea “garante” de los préstamos otorgados por el sector financiero a los estudiantes de educación superior “de escasos recursos económicos”, porque al tenor de lo dispuesto en el inciso final del artículo 69 de la Carta, corresponde al Estado facilitar “mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior”. Quiere esto decir, que habrá de implantar instrumentos financieros idóneos para lograr el propósito buscado. La garantía aludida, sin lugar a duda, constituye una ayuda financiera necesaria y eficaz para que los estudiantes de escasos recursos económicos, que en nuestro país son bastantes, puedan iniciar o culminar sus estudios superiores, ya sea en instituciones públicas o privadas, pues aunque en las primeras la educación es gratuita, se permite el cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Cumple así la norma demandada la finalidad social propuesta por el Constituyente, de permitir el acceso de todas las personas que lo deseen, y tengan méritos para ello, a los establecimientos de educación post-secundaria”.
Resulta entonces constitucional, que el Icetex sea garante de los préstamos que otorga el sector financiero a los estudiantes de educación superior, pues según el artículo 69 de la C.P., el Estado debe facilitar “mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior”, lo que significa que el Estado debe implantar instrumentos financieros idóneos para lograr ese propósito buscado.
La exigencia de dos codeudores para acceder a un crédito educativo no limita ni restringe el acceso a la educación superior, sino que constituye una garantía de protección de recursos que provienen del sector público y que deben ser reintegrados en las condiciones del crédito otorgado.
A juicio de la Sala, el precepto acusado no desconoce los cánones constitucionales aducidos como violados por el actor.
Al no desvirtuarse la presunción de legalidad de que goza la norma demandada, se negarán las súplicas de la demanda.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 8 de agosto de 2011».
(1) Publicada en el Diario Oficial Nº 45.873 de 08 de abril de 2005.
(2) Publicado en el Diario Oficial de 27 de enero de 1969.
(3) Publicado en el Diario Oficial Nº 41.644 de 22 de diciembre de 1994.
(4) Expediente: 2004-00184, actor: Alejandro de Jesús Pacheco Fontalvo, M.P. Dra. María Claudia Rojas Lasso.
(5) Expediente: 2003-0085. Actor: Armando Arciniegas Niño, M.P. Dra. María Claudia Rojas Lasso.