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Timestamp: 2019-10-22 06:38:10
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Matched Legal Cases: ['artículo 49', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 74', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 19', 'artículo 22', 'artículo 23', 'artículo 57', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 25', 'artículo 77', 'artículo 26', 'artículo 72', 'artículo 78', 'artículo 25', 'artículo 80', 'artículo 84', 'artículo 74', 'artículo 58', 'artículo 77', 'artículo 1', 'artículo 25']

BOE.es - Documento BOE-A-2007-12870
Documento BOE-A-2007-12870
«BOE» núm. 158, de 3 de julio de 2007, páginas 28594 a 28600 (7 págs.)
BOE-A-2007-12870
https://www.boe.es/eli/es/l/2007/07/02/13
Por ello, no es extraño que una de las primeras normas jurídicas en el campo de los seguros de la entonces Comunidad Económica Europea fuera la Directiva 64/225/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1964, relativa a la supresión, en materia de reaseguro y de retrocesión, de las restricciones al derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios, que eliminó las restricciones al derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios por motivos de nacionalidad o residencia del reasegurador. Sin embargo, el alcance de esta Directiva fue limitado, pues no pretendió armonizar las disposiciones nacionales en materia de regulación prudencial del reaseguro. Por el contrario, la normativa europea sobre el seguro directo ha desarrollado desde 1973 una intensa labor armonizadora, regulando con precisión el acceso y el ejercicio del seguro directo en la Comunidad, creando el marco jurídico en el cual las entidades de seguros ejercen actividades en el mercado interior, en su doble vertiente de derecho de establecimiento y libre prestación de servicios. Este régimen se aplica a las entidades aseguradoras respecto de todas sus actividades, tanto las de seguro directo como las de reaseguro aceptado; sin embargo, las actividades ejercidas por empresas especializadas en reaseguro no han estado sujetas a dicho régimen ni a ningún otro en el ámbito de la normativa comunitaria. Por ello, cada Estado miembro ha decidido hasta ahora el nivel de supervisión de las entidades de reaseguros domiciliadas en él y de las que actúan desde otros Estados. Pero las diferencias entre regímenes nacionales han dado lugar a algunos obstáculos en el ejercicio de las actividades de reaseguro. A esto se ha añadido de manera singular la incidencia de la supervisión indirecta de los distintos aspectos de la actividad reaseguradora por parte de las autoridades competentes en la supervisión de las entidades de seguro directo. Estas diferencias afloran como verdaderos obstáculos para el desarrollo de la actividad reaseguradora, al ser ésta una actividad esencialmente internacional. Para solucionar estos problemas, el Plan de acción en materia de servicios financieros de la Unión Europea identificó el reaseguro como un sector que precisaba una actuación de nivel comunitario a fin de completar el mercado interior de los servicios financieros. Como resultado de esta iniciativa, se adoptó la Directiva 2005/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2005, sobre el reaseguro y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 92/49/CEE del Consejo y las Directivas 98/78/CE y 2002/83/CE, que establece un marco de supervisión prudencial para las actividades de reaseguro en la Unión Europea. La razón de esta Ley es precisamente la incorporación al Derecho español de los aspectos de la Directiva 2005/68/CE que requieren rango legal.
Por consiguiente, el acceso a la actividad de reaseguro y su ejercicio quedan supeditados a la concesión de una autorización administrativa única, expedida por las autoridades competentes del Estado miembro en el que la empresa de reaseguros tenga su administración central, autorización que se concede previo cumplimiento de las condiciones de acceso que establece la Directiva, en sintonía con la regulación del seguro directo, aunque con las necesarias adaptaciones. Entre estos requisitos destacan los de forma jurídica; objeto social exclusivo, si bien podrán realizarse operaciones conexas de sociedad de cartera y otras de carácter financiero; exigencia de un programa de actividades; y cumplimiento de normas en materia de vínculos estrechos, socios y dirección efectiva. En cuanto a las condiciones de ejercicio de la actividad por las entidades reaseguradoras autorizadas, la Directiva 2005/68/CE precisa los requerimientos de solidez financiera, en particular, la constitución de provisiones técnicas y de reservas de estabilización suficientes, la inversión de estas provisiones y reservas en activos de calidad, y la obligación de disponer de un margen de solvencia suficiente y de un fondo de garantía mínimo. Se recogen también normas precisas sobre participaciones significativas, cesiones de cartera y otras operaciones societarias. Para una adecuada verificación del cumplimiento de estos requisitos y, en general, para velar por el ejercicio ordenado de las actividades de las entidades reaseguradoras, las autoridades competentes del Estado miembro de origen deben disponer de los medios de supervisión necesarios, con inclusión de medidas de intervención, de garantía de la solvencia futura y de control especial, revocación, y el régimen infracciones y sanciones. El alcance de la Directiva 2005/68/CE se extiende a las entidades reaseguradoras que realizan actividades exclusivamente de reaseguro, incluyendo a las denominadas entidades de reaseguro «cautivas», creadas o de las que son propietarias bien empresas financieras distintas de una entidad de seguros o de reaseguros o de un grupo de entidades de seguros o de reaseguros, o bien una o varias empresas no financieras, y cuyo objeto es proporcionar cobertura de reaseguro exclusivamente a los riesgos de las empresas a las que pertenecen. Por lo que se refiere a las entidades de seguro directo que realizan también actividades de reaseguro aceptado, la Directiva 2005/68/CE prevé, con el fin de garantizar su solidez financiera, que ciertas disposiciones en materia de garantías financieras de las entidades reaseguradoras deben también aplicarse a las actividades de reaseguro de las entidades de seguro directo cuando su volumen represente una parte significativa del conjunto de sus actividades. La Directiva 2005/68/CE se aplica también a las actividades de reaseguro limitado («finite reinsurance»), para las cuales se prevé que los Estados miembros cuenten con la posibilidad de establecer disposiciones específicas. La naturaleza especial de las actividades de reaseguro limitado requiere el establecimiento de disposiciones de desarrollo de carácter reglamentario.
Sin perjuicio de lo anterior, existen algunas cuestiones adicionales que requieren ciertas precisiones. Así, en cuanto a la liquidación de entidades reaseguradoras, cuestión no armonizada en el ámbito comunitario, se prevé, en líneas generales, la aplicación de lo previsto para las entidades aseguradoras. De esta forma, se mantiene la regulación vigente en cuanto a la posibilidad de liquidación de las entidades reaseguradoras españolas por el Consorcio de Compensación de Seguros, conforme a lo dispuesto en su Estatuto Legal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, si bien se introducen las modificaciones pertinentes en cuanto al recargo de liquidación, que no será de aplicación a las entidades reaseguradoras. En una actividad que, como queda dicho, se caracteriza por su dimensión internacional, el régimen aplicable a las entidades extranjeras tiene ciertas peculiaridades. Por lo que se refiere a las entidades reaseguradoras domiciliadas en otros Estados del Espacio Económico Europeo se produce el reconocimiento de su actuación en España en régimen de derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios, sin perjuicio de su sometimiento a las disposiciones dictadas por razones de interés general. A este reconocimiento se le aplica, en general, el régimen previsto para las entidades aseguradoras europeas. Las entidades extranjeras domiciliadas en terceros países pueden constituir sucursales conforme a lo que regula esta Ley, en términos también paralelos a las sucursales de las entidades aseguradoras. Ahora bien, estas entidades reaseguradoras extracomunitarias no quedan sometidas a la normativa española cuando actúen prestando servicios desde su domicilio. Esto último sin perjuicio de que, conforme al artículo 49 de la Directi-va 2005/68/CE estas entidades reaseguradoras de terceros países no pueden tener un trato más favorable que las reaseguradoras europeas, y sin perjuicio también de lo que la Comisión Europea determine en materia de convenios con terceros países en relación con las modalidades de ejercicio de la supervisión de estas entidades.
Se modifican también algunos artículos referentes a la actividad de las entidades de seguro directo, como los referentes a las provisiones técnicas y al fondo de garantía. Se incorpora al Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, por constituir su ubicación más adecuada, las precisiones que sobre cesión de datos entre aseguradoras y reaseguradoras introdujo la disposición adicional novena de la Ley 26/2006, de Mediación. Asimismo, se prevé el modo en que se aplican las disposiciones de la Ley a las entidades reaseguradoras que ya estuvieran autorizadas antes de su entrada en vigor.
Artículo único. Modificación del Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre.
El Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, queda modificado como sigue: Uno. Se añaden los siguientes párrafos al artículo 1.3 con la redacción que sigue:
j) Entidad reaseguradora cautiva: entidad reaseguradora propiedad de una entidad no financiera, o de una entidad financiera que no sea una entidad aseguradora o reaseguradora o forme parte de un grupo consolidable de entidades aseguradoras o reaseguradoras, y que tiene por objeto ofrecer cobertura de reaseguro exclusivamente para los riesgos de la entidad o entidades a las que pertenece o de una o varias entidades del grupo del que forma parte. k) Reaseguro limitado: reaseguro en el que el potencial máximo de pérdida explícito, expresado en términos de riesgo económico máximo transferido, derivado tanto de un riesgo de suscripción significativo como de la transferencia de un riesgo de tiempo, supera la prima durante la totalidad del período de vigencia del contrato por una cuantía limitada pero significativa, junto, con al menos, una de las siguientes características:
b) que las primas aceptadas en reaseguro superen 50 millones de euros, c) que las provisiones técnicas del reaseguro aceptado superen el 10 por ciento de sus provisiones técnicas totales.»
«CAPÍTULO V Reaseguro
1. Podrán aceptar operaciones de reaseguro: a) Las entidades reaseguradoras españolas que hayan obtenido la previa autorización administrativa del Ministro de Economía y Hacienda.
b) Las entidades aseguradoras españolas que se hallen autorizadas para la práctica del seguro directo en España, en los mismos ramos que comprenda aquella autorización y con arreglo al mismo régimen jurídico. c) Las entidades aseguradoras y reaseguradoras domiciliadas en otro Estado del Espacio Económico Europeo distinto de España que estén autorizadas para operar en reaseguro en el Estado miembro de origen. d) Las entidades aseguradoras y reaseguradoras de terceros países que operen en su propio país en reaseguro, tengan o no sucursal en España.
La autorización administrativa será válida en todo el Espacio Económico Europeo y se concederá para actividades de reaseguro de vida, actividades de reaseguro distinto del de vida, o para todo tipo de actividades de reaseguro. 2. Serán requisitos necesarios para obtener y conservar la autorización administrativa los previstos en el artículo 5.2 de esta Ley, excepto en los apartados g) y h), con las siguientes particularidades:
b) Limitarán su objeto social a la actividad reaseguradora y las operaciones conexas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de esta Ley. c) Habrán de presentar y atenerse a un programa de actividades de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de esta Ley. El programa de actividades deberá contener, al menos, indicaciones o justificaciones relativas a la naturaleza de los riesgos que la entidad reaseguradora pretende cubrir, los tipos de acuerdos de reaseguro que la entidad se proponga celebrar con las cedentes, los principios rectores en materia de retrocesión y un balance de situación. d) El domicilio social y la administración central se situarán en España.
4. Las entidades reaseguradoras españolas que hayan obtenido la autorización válida en todo el Espacio Económico Europeo con arreglo a lo dispuesto en este artículo, podrán ejercer, en los mismos términos de la autorización concedida, sus actividades en régimen de derecho de establecimiento o en libre prestación de servicios, siendo de aplicación lo dispuesto en los artículos 51 y 52, primer párrafo, de esta Ley. 5. La autorización de las entidades reaseguradoras españolas determinará su inscripción en el registro administrativo previsto en el artículo 74 de esta Ley.
Asimismo tienen la obligación de cubrir las provisiones técnicas y la reserva de estabilización con activos aptos conforme a lo dispuesto en el artículo 16.5 de esta Ley. Los activos aptos para la cobertura de las provisiones técnicas y de la reserva de estabilización deberán tomar en consideración el tipo de operaciones llevadas a cabo por la entidad reaseguradora, en particular, el carácter, el importe y la duración de los pagos por siniestros esperados, a fin de garantizar la suficiencia, liquidez, seguridad, calidad, rentabilidad y congruencia de sus inversiones, con una adecuada diversificación y dispersión. 2. Deberán disponer en todo momento de un margen de solvencia suficiente respecto al conjunto de sus actividades, conforme a lo dispuesto en el artículo 17, apartados 2 y 5, de esta Ley. 3. Su fondo de garantía no podrá ser inferior a tres millones doscientos mil euros. No obstante, para las entidades reaseguradoras cautivas el fondo de garantía no será inferior a un millón de euros. Las cuantías anteriores serán objeto de revisión desde el 10 de diciembre de 2007 a fin de tener en cuenta los cambios del índice europeo de precios al consumo publicado por Eurostat, actualizándose en los importes que comunique la Comisión Europea. A dichos efectos, para facilitar su conocimiento y aplicación, por resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones se harán públicas dichas actualizaciones. 4. Estarán sometidas a los límites de distribución de excedentes y de actividades regulados en el artículo 19 de esta Ley. 5. En materia de contabilidad deberán cumplir las normas contenidas en los artículos 20 y 21 de esta Ley. Los administradores de las entidades reaseguradoras a que se refiere este precepto están obligados a formular, en el plazo máximo de seis meses contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado. La junta general ordinaria de estas entidades, previamente convocada al efecto, se reunirá necesariamente dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la citada formulación por los administradores para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado. 6. Serán de aplicación a las entidades reaseguradoras a las que se refiere este artículo las normas sobre participaciones significativas contenidas en el artículo 22 de esta Ley. 7. La cesión de cartera de las entidades reaseguradoras reguladas en este artículo se regirá por lo dispuesto en el artículo 23 y deberá realizarse entre alguna de las entidades que se enumeran en el artículo 57.1, ambos de esta Ley. La cesión podrá ser general de toda la cartera, de todos los contratos de reaseguro de vida o de todos los contratos de reaseguro distinto del de vida. También podrán realizarse cesiones parciales, que no incluyan todos los contratos de reaseguro de vida o de reaseguro distinto del de vida, en los supuestos que reglamentariamente se determinen. En las cesiones de cartera que comprendan contratos suscritos en régimen de derecho de establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios será necesario que las autoridades competentes del Estado de origen de la entidad cesionaria certifiquen que ésta posee, habida cuenta de la cesión, el margen de solvencia mínimo La cesión de cartera podrá dar lugar a la resolución de los contratos de reaseguro celebrados por las entidades aseguradoras con la reaseguradora cedente, si una vez comunicada la cesión a las aseguradoras afectadas por la operación, éstas manifiestan expresamente su deseo de resolver el contrato. 8. A la fusión, escisión y agrupación de entidades reaseguradoras se le aplicarán las disposiciones del artículo 24 de esta Ley teniendo en cuenta las normas relativas a la cesión de cartera de entidades reaseguradoras. No será de aplicación a las entidades reaseguradoras lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 24. 9. Será de aplicación a las entidades reaseguradoras lo dispuesto en los apartados 1, 4, 7 y 8 del artículo 25. El asegurador directo podrá comunicar al reasegurador, sin consentimiento del tomador del seguro o asegurado, los datos que sean estrictamente necesarios para la celebración del contrato de reaseguro, en los términos previstos en el artículo 77 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá requerir la presentación de los modelos de contratos, primas y cualquier otra documentación relacionada con la actividad reaseguradora, para controlar que respetan la normativa vigente, sin que tales requerimientos puedan tener carácter sistemático ni constituir condición previa para el ejercicio de la actividad reaseguradora. 10. Reglamentariamente podrán adoptarse disposiciones específicas respecto a los requisitos para el ejercicio de actividades de reaseguro limitado, en lo que se refiere a:
b) procedimientos administrativos y contables sólidos, mecanismos de control interno adecuados y exigencias en materia de control de riesgos; c) exigencias en materia contable, prudencial y de información estadística; d) establecimiento de provisiones técnicas para garantizar su adecuación, fiabilidad y objetividad; e) inversión de los activos que cubran las provisiones técnicas con el fin de garantizar que tomen en consideración el tipo de operaciones efectuadas por la entidad de reaseguros y, en particular, el carácter, el importe y la duración de los pagos por siniestros esperados para garantizar la suficiencia, liquidez, seguridad, rentabilidad y congruencia de sus activos; f) normas relativas al patrimonio propio no comprometido, a la cuantía mínima del margen de solvencia y al fondo mínimo de garantía que deberá mantener la entidad reaseguradora en relación con las actividades de reaseguro limitado.
La causa de revocación de la autorización administrativa por la falta de efectiva actividad recogida en el artículo 26.1.b) de esta Ley se referirá al reaseguro de vida, al reaseguro distinto del de vida o al conjunto de la actividad reaseguradora, en los términos que se determinen reglamentariamente. 2. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá adoptar sobre las entidades reaseguradoras las medidas contenidas en los artículos 38 y 39 de esta Ley, a excepción del apartado 9 de este último. 3. El régimen de infracciones y sanciones será el establecido en la sección quinta del capítulo tercero de este título. 4. Las entidades reaseguradoras quedan sujetas al control de su actividad por el Ministerio de Economía y Hacienda en los términos recogidos en los artículos 70, 71, 72, 74, 75 y 77 de esta Ley.»
«CAPÍTULO III De la actividad de entidades reaseguradoras extranjeras
No obstante, si solicitan su inscripción en el registro administrativo de entidades aseguradoras, habrán de aportar la documentación que reglamentariamente se establezca. 2. Las entidades reaseguradoras que operan en España en régimen de derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios deberán respetar las disposiciones dictadas por razones de interés general y las de ordenación y supervisión que, en su caso, resulten aplicables. Con la finalidad de comprobar este cumplimiento deberán presentar en los mismos términos que las entidades reaseguradoras españolas todos los documentos que les exija el Ministerio de Economía y Hacienda. A estos efectos dichas entidades reaseguradoras estarán sujetas a la inspección por el Ministerio de Economía y Hacienda en los términos del artículo 72 de esta Ley. 3. Será aplicable lo previsto en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 78, excepto la remisión al artículo 25.5, así como lo dispuesto en los apartados 1, 3 y 5 del artículo 80 de esta Ley. 4. Si una entidad reaseguradora domiciliada en otro país miembro del Espacio Económico Europeo cede su cartera a una entidad aseguradora o reaseguradora española, el Ministerio de Economía y Hacienda habrá de certificar, en el plazo de tres meses desde la recepción de la solicitud por parte de la autoridad del Estado miembro de origen de la entidad reaseguradora cedente, que la cesionaria dispone, habida cuenta de la cesión, del margen de solvencia necesario. Si, transcurrido dicho plazo, el citado Ministerio no se hubiera pronunciado al respecto, se entenderá remitida la certificación. En este caso, cuando el Estado miembro de origen de la cedente autorice la cesión, el Ministerio de Economía y Hacienda deberá darle publicidad. 5. Será aplicable a las sucursales en España de entidades reaseguradoras domiciliadas en otro país miembro del Espacio Económico Europeo lo dispuesto en el artículo 84 de esta Ley.
2. La autorización de las sucursales determinará la inscripción en el registro administrativo previsto en el artículo 74 de esta Ley. 3. En el ejercicio de su actividad deberán ajustarse a las condiciones establecidas en el artículo 58 bis de esta Ley. A las sucursales de entidades reaseguradoras domiciliadas en terceros países les serán de aplicación lo dispuesto en los artículos 88 y 89 de esta Ley y, en caso de liquidación, no se regirán por lo dispuesto en los artículos 28 y siguientes. 4. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones informará a la Comisión Europea y a las autoridades competentes de otros Estados miembros del Espacio Económico Europeo en los supuestos establecidos en el artículo 77.2 de esta Ley, cuando afecten a entidades reaseguradoras.»
«Disposición adicional undécima. Entidades con cometido especial.
Reglamentariamente podrán aprobarse las normas que regulan la autorización administrativa y el ejercicio de la actividad de las entidades con cometido especial a que se refiere el artículo 1.3, párrafo l), de esta Ley, que, en todo caso, deberán indicar: a) el ámbito de la autorización;
b) las condiciones obligatorias que deberán incluirse en todos los contratos suscritos; c) los requisitos de honorabilidad y cualificaciones profesionales apropiadas de sus gestores; d) las exigencias de idoneidad para los accionistas o socios que posean una participación cualificada en la entidad con cometido especial; e) la exigencia de procedimientos administrativos y contables sólidos y de mecanismos de control interno y de gestión de riesgos adecuados; f) las exigencias en materia contable, prudencial y de información estadística; g) las exigencias de solvencia de estas entidades.»
«a) la referencia a "los apartados 5 y 7 del artícu-lo 25" se sustituye por "los apartados 5, 7 y 8 del artículo 25",
Disposición final primera. Bases de la ordenación de los seguros.
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley. Madrid, 2 de julio de 2007.
Fecha de entrada en vigor: 09/12/2007
DEROGA la disposición adicional 9 de la Ley 26/2006, de 17 de julio (Ref. BOE-A-2006-12916).
MODIFICA determinados preceptos y AÑADE un capítulo III al título III y la disposición adicional 11 de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, texto refundido, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre (Ref. BOE-A-2004-18908).
TRANSPONE la Directiva 2005/68/CE, de 16 de noviembre (Ref. DOUE-L-2005-82448).
CITA Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre (Ref. BOE-A-2004-18910).