Source: http://jurisprudencia.cplt.cl/cplt/decision.php?id=CPLT000032532
Timestamp: 2020-07-03 22:37:19
Document Index: 95255400

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 21', 'artículo 14', 'artículo 17', 'artículo 20', 'artículo 12', 'artículo 28', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 19', 'artículo 20', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 19', 'artículo 24', 'artículo 19', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 14', 'artículo 11', 'artículo 21']

CPLT Jurisprudencia | José Anselmo López Vargas con SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA (SERNAGEOMIN)
José Anselmo López Vargas con SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA (SERNAGEOMIN) Rol: C7030-19
Se rechaza el amparo deducido contra el Servicio Nacional de Geología y Minería, referido a la entrega de copia de correos electrónicos recibidos y enviados por 9 funcionarios que se indican, relacionados con la reestructuración del Servicio y el proceso de revisión de los proyectos técnicos que realiza el órgano reclamado. Lo anterior, por cuanto la Ley de Transparencia no tiene la especificidad ni la determinación que exige la Constitución Política para restringir el derecho que protege las comunicaciones vía correos electrónicos, pues no determina los casos ni las formas en que sería admisible la limitación de este derecho fundamental garantizado por el artículo 19 N°5 de la Carta Fundamental, en función de resguardar al máximo posible la intimidad y la vida privada de su titular. En consecuencia, se configura la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. La presente decisión es acordada con el voto disidente de la Consejera doña Gloria de la Fuente González y del Consejero don Marcelo Drago Aguirre, para quienes es pertinente la entrega de los correos electrónicos requeridos por el reclamante, por cuanto dichos antecedentes, generados desde una casilla institucional en el ejercicio de competencias públicas, constituyen una manera de comunicación formal entre los funcionarios públicos que forma parte del íter decisional, lo que supone reconocer que estas comunicaciones electrónicas tienen el carácter de información pública, y no concurre una causal de secreto o reserva a su respecto. Se representa al órgano el hecho de no haber otorgado respuesta dentro del plazo legal establecido para ello.
Constitución Política de la República ART-19 Nº5
DECISIÓN AMPARO ROL C7030-19
Requirente: José Anselmo López Vargas
Ingreso Consejo: 10.10.2019
Se rechaza el amparo deducido contra el Servicio Nacional de Geología y Minería, referido a la entrega de copia de correos electrónicos recibidos y enviados por 9 funcionarios que se indican, relacionados con la reestructuración del Servicio y el proceso de revisión de los proyectos técnicos que realiza el órgano reclamado.
La presente decisión es acordada con el voto disidente de la Consejera doña Gloria de la Fuente González y del Consejero don Marcelo Drago Aguirre, para quienes es pertinente la entrega de los correos electrónicos requeridos por el reclamante, por cuanto dichos antecedentes, generados desde una casilla institucional en el ejercicio de competencias públicas, constituyen una manera de comunicación formal entre los funcionarios públicos que forma parte del íter decisional, lo que supone reconocer que estas comunicaciones electrónicas tienen el carácter de información pública, y no concurre una causal de secreto o reserva a su respecto.
Se representa al órgano el hecho de no haber otorgado respuesta dentro del plazo legal establecido para ello.
En sesión ordinaria N° 1083 del Consejo Directivo, celebrada el 24 de marzo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7030-19.
1) SOLICITUD DE ACCESO: El 5 de septiembre de 2019, don José Anselmo López Vargas solicitó al Servicio Nacional de Geología y Minería (en adelante, Sernageomin): «los correos electrónicos que se han gestionados desde y hacia la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentable (GPS) del Ministerio de Economía con los funcionarios de SERNAGEOMIN, relacionados en la reestructuración del SERNAGEOMIN y en el proceso de revisión de los proyectos técnicos que realiza SERNAGEOMIN desde el 11 de marzo del 2018, que relacionan a los siguientes funcionarios de SERNAGEOMIN: señores Pablo Rivas Muñoz, Jorge Vargas Villar, el renunciado Alberto Rojas Leal, Sebastian Urbano y Alfonso Domeyko. Por la oficina GPS del Ministerio de Economía de los señores Jorge Geldres Bacigalupo, Agustín Eyzaguirre Prieto, Juan José Obach y el señor Juan Domingo Pau Villarino».
2) PRÓRROGA DE PLAZO: Mediante Carta Número 1, de fecha 10 de octubre de 2019, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo en 10 días, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.
3) SOLICITUD DE SUBSANACIÓN: Mediante comunicación electrónica, de fecha 23 de octubre de 2019, el órgano requirió al solicitante aclarar su requerimiento, indicando con mayor especificidad respecto de qué tipo de "proyectos técnicos" solicita información.
Mediante comunicación electrónica, de fecha 23 de octubre, el solicitante aclaró su solicitud, indicando que pide todos los correos electrónicos de todos los involucrados del Servicio y los integrantes de la Oficina de Gestión Proyectos Sustentable, dependientes del Ministerio de Economía, que gestionan los proyectos de terceros.
4) AMPARO: El 10 de octubre de 2019, don José Anselmo López Vargas dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la ausencia de respuesta por parte del órgano solicitado.
5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería, mediante Oficio N° E16485, de fecha 13 de noviembre de 2019, solicitándole que: (1°) indique las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente; (2°) en caso de haber dado respuesta, acredite dicha circunstancia, acompañando copia de ella y de los antecedentes que acrediten la fecha y su medio de despacho, de conformidad a lo establecido en el artículo 17, inciso 2°, de la Ley de Transparencia y en el numeral 4.4., de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información; (3°) se refiera a la existencia de los correos electrónicos requeridos en la solicitud de acceso, y de ser así, señale si procedió conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, en cuyo caso indique si los titulares de las casillas electrónicas presentaron su oposición a la solicitud que motiva el presente amparo; (4°) de haber informado de la solicitud a terceros, acompañe a este Consejo todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de las oposiciones deducidas y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en que éstas se presentaron ante el órgano que usted representa; (5°) proporcione los datos de contacto de los titulares de las casillas electrónicas respectivas -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; (6°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; y, (7°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada.
Mediante Oficio Ordinario N° 2748, de fecha 3 de diciembre de 2019, el órgano reclamado presentó sus descargos u observaciones, indicando que mediante Oficio Ordinario N°2680, de fecha 22 de noviembre, se indicó al reclamante, en síntesis, lo siguiente: Que el Servicio se encuentra imposibilitado de hacer entrega de la información requerida, porque la solicitud de acceso a la información es inadmisible, por adolecer de vicios formales, en conformidad con lo preceptuado en el artículo 12 de la Ley de Transparencia, en concordancia con lo señalado en el artículo 28° y 29° del Reglamento de la presente Ley. Al respecto, señala que la referida solicitud habría sido formulada en términos poco claros o genéricos, pues no se especifica a qué tipo de "proyectos técnicos" que realiza el Servicio Nacional de Geología y Minería desde el 11 de marzo de 2018. Agrega que, el vicio también se observa en la respuesta al requerimiento de subsanación, pues no se identificó de forma clara a qué proyectos técnicos se refiere la solicitud, omitiendo, en consecuencia, precisar la materia de que se trata.
Por lo anterior, se denegó formalmente el acceso a la información, pues el órgano reclamado se encontraba imposibilitado de dar curso progresivo a su solicitud, en virtud de la falta de especificidad del requerimiento. En este orden de ideas, agrega que, el referido Servicio -en ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias- revisa permanentemente múltiples proyectos técnicos mineros, según sea la materia minera de que se trate, en consecuencia, precisa que, con los datos entregados no es posible procesar la referida solicitud. Para refrendar lo anterior, acompaña listado de proyectos técnicos que el Servicio Nacional de Geología y Minería debe revisar.
Ahora bien, con respecto a la existencia de los correos electrónicos requeridos en la solicitud de acceso, señala que efectivamente existen correos electrónicos enviados entre las personas aludidas en la solicitud de acceso a la información. En esta línea, mediante esta presentación informa que procedió a notificar a los terceros interesados, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, al considerar que la información podría afectar los derechos de los terceros involucrados. Señala que, cada uno de los titulares de las casillas electrónicas presentó su oposición a la solicitud.
Con respecto a la eventual concurrencia de causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada, el órgano afirma que sobre el particular se configura la causal preceptuada en el artículo 21N°1, letra c) de la Ley de Transparencia. Al respecto, hace presente que sólo para la labor de clasificación de los correos electrónicos solicitados, se deberían destinar excesivos recursos y funcionarios del Servicio reclamado, además de tiempo para su búsqueda. Ejemplifica lo anterior, indicando que el período tiene un equivalente de 371 días laborales, por lo que considerando un promedio de 30 correos diarios, implica un total de 55.650 correos que deben ser revisados. Precisa que, dicha labor debiese ser realizada por 3 personas, pertenecientes a la "Unidad de Soporte", lo cual implica desviar una gran cantidad de recursos para atender la solicitud.
Asimismo, argumenta que la información solicitada es reservada, en virtud de la causal preceptuada en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, pues el requerimiento de información se refiere a las comunicaciones electrónicas de carácter privado, intercambiados entre funcionarios del órgano reclamado y el Ministerio de Economía y no a actos, resoluciones, fundamentos o procedimientos administrativos en particular.
Al efecto, señala que los correos electrónicos no constituyen información pública, pues no poseen la naturaleza de acto administrativo o resoluciones conforme a la Ley N°19.880, ni tampoco corresponden a fundamentos o complementos de los mismos. En consecuencia, concluye que, éstos se encuentran amparados por las garantías fundamentales de los numerales 4 y 5 del artículo 19° de la Constitución política de la República. Para refrendar lo anterior, cita preceptos constitucionales, legales y fallos jurisprudenciales sobre la materia.
Con todo, informa que se comunicó a los terceros involucrados, con fechas 20 y 21 de noviembre de 2019, la solicitud de información presentada y su derecho de oponerse a la entrega de la misma. Con fechas 21 y 22 de noviembre de 2019, ocho terceros se opusieron a la entrega de los correos requeridos, señalando, en síntesis, la información es de carácter privada, escrita por canales cerrados y que los referidos correos no constituyen un acto administrativo o resolución, ni tampoco contienen fundamentos o complementos de los mismos. Se deja constancia que don Alberto Rojas Leal no se manifestó respecto del traslado conferido.
6) GESTIONES OFICIOSAS: Con fecha 11 de diciembre de 2019, mediante comunicación electrónica, esta Corporación requirió al órgano que aclare si el sistema de correos electrónicos utilizados por el Servicio Nacional de Geología y Minería posee algún mecanismo de filtro que facilite la búsqueda de los correos comprendidos en la solicitud de acceso a la información. Mediante comunicación electrónica, de fecha 13 de enero de 2020, el órgano reclamado proporcionó respuesta, señalando que su correo institucional posee sistema de filtros para la búsqueda.
Asimismo, mediante comunicación electrónica, de fecha 11 de diciembre de 2019, esta Corporación solicitó lo siguiente al órgano reclamado: i) Señalar si respecto al Sr. Alberto Rojas Leal, se procedió a dar aplicación del artículo 20 de la Ley de Transparencia, y si existió o no oposición de su parte respecto a la entrega de la información; ii) En caso de haber informado la solicitud a dicho tercero, remitir los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida, y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en que ésta se presentó; iii) Proporcionar los datos contacto de aquella persona - titular de la casilla electrónica respectiva- a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia.
Al respecto, el órgano reclamado señala que, al Sr. Alberto Rojas, se envió notificación por carta certificada, logrando ser notificado recién con fecha 12 de diciembre de 2019. Por lo anterior, afirma el órgano que, a la fecha aún el Servicio no ha recibido su oposición. Para refrendar lo anterior, adjunta antecedentes de notificación. Por último, proporciona dirección postal del referido tercero interesado.
7) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado a los terceros interesados en el presente amparo, a fin de que éstos presentaran sus descargos y observaciones, haciendo mención expresa a los derechos que les asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de la documentación requerida. Lo anterior se materializó mediante Oficios N° 18597 a N° 18605, todos de fecha 26 de diciembre de 2019.
Don Pablo Rivas Muñoz; Jorge Vargas Villar; Juan Domingo Pau Villarino; Jorge Geldres Bacigalupo; Juan José Obach; y, Alfonso Domeyko Letelier, se opusieron a la entrega de lo requerido, reiterando en síntesis lo expuesto en las respectivas oposiciones deducidas a la entrega de información. Don Agustín Eyzaguirre Prieto. Mediante comunicación electrónica, de fecha 30 de diciembre de 2019, informó que ya no cumple funciones en la Oficina Gestión de Proyectos Sustentables del Ministerio de Economía. Finalmente, se hace presente que a la fecha del presente acuerdo, no consta que don Sebastián Urbano Armijo y don Alberto Rojas Leal hubieren presentado descargos en esta sede.
1) Que, previo a pronunciarse sobre el fondo del amparo, se debe señalar que la Ley de Transparencia en su artículo 14 dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde su recepción. Al efecto, consta que esta solicitud ingresó al órgano reclamado el 5 de septiembre de 2019, por lo que el plazo máximo con que contaba el órgano para entregar respuesta venció el 8 de octubre de 2019. No obstante ello, se verifica que con fecha 10 de octubre de 2019, esto es, extemporáneamente, el órgano comunicó al solicitante la prórroga para pronunciarse sobre esta solicitud. Con todo, el órgano se pronunció sobre esta solicitud, finalmente, con fecha 22 de noviembre de 2019. Lo anterior importa una infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h) del mismo cuerpo normativo, por lo que se representará dicha infracción al órgano reclamado en lo resolutivo del presente acuerdo.
2) Que, respecto de las alegaciones referidas a la falta de claridad del requerimiento presentado (artículo 12 literal b) de la Ley de Transparencia), de los antecedentes examinados en el presente caso, a juicio de este Consejo, la solicitud de información presentada inicialmente cumplía formalmente con los requisitos señalados en el artículo 12 de la Ley de Transparencia, identificando claramente que lo pedido eran la copia de correos electrónicos recibidos y enviados por los 9 funcionarios indicados en lo expositivo de esta presentación, relacionados con la reestructuración del Servicio y el proceso de revisión de los proyectos técnicos que realiza el órgano reclamado, en un período de tiempo determinado. Además, el reclamante precisó que la solicitud comprende todos los correos de todos los involucrados del Servicio y los integrantes de la Oficina de Gestión Proyectos Sustentable, dependientes del Ministerio de Economía, que gestionan los proyectos de terceros. A mayor abundamiento, esta Corporación advierte que, el órgano con ocasión de los descargos, identifica los correos electrónicos intercambiados entre los funcionarios consultados, admitiendo su existencia. En definitiva, se constata que, se identificó claramente la información que se requiere, por lo que no correspondía haber requerido subsanar la solicitud de acceso en cuestión, circunstancia que constituye una dilación innecesaria en el procedimiento de acceso a la información pública que se otorgó a esta solicitud y que será desestimada en esta sede.
3) Que, establecido lo anterior, el presente amparo tiene por objeto la entrega de copia de correos electrónicos recibidos y enviados por los 9 funcionarios públicos dependientes del órgano reclamado y del Ministerio de Economía, individualizados en el numeral 1° de la parte expositiva de este acuerdo, relacionados con la reestructuración del Servicio Nacional de Geología y Minería y el proceso de revisión de los proyectos técnicos que realiza el órgano reclamado, desde el 11 de marzo de 2018. Al respecto, dicha información fue denegada por el órgano, en su respuesta extemporánea, porque la referida solicitud fue formulada en términos poco claros o genéricos, en conformidad a lo preceptuado en el artículo 12 de la Ley de Transparencia. Luego, en los descargos el órgano invoca las causales preceptuadas en el artículo 21, N°1, letra c) de la Ley de Transparencia y el artículo 21, número 2 de la Ley de Transparencia para reservar la entrega de la información requerida.
4) Que, ante la ausencia de autorización expresa para acceder a las comunicaciones requeridas, y además, la oposición expresa manifestada por los terceros a entregar lo requerido, se debe hacer presente que este Consejo estima que los correos electrónicos, tal como ocurre con las conversaciones telefónicas, cartas u otros medios de comunicación audiovisuales o radiofónicos, son interacciones entre personas individualmente consideradas, pudiendo incluir información, ideas, opiniones o juicios de valor confidenciales o privados, a pesar de que dichos correos electrónicos se generen en el ámbito del ejercicio de la función pública y sin perjuicio de que sean decantados en casillas institucionales. En efecto, se trata de una forma de comunicación que puede abarcar una multiplicidad de situaciones humanas o de hecho, similares a las que se producen a través de las llamadas telefónicas que las personas tienen día a día al interior de los órganos de la administración del Estado y que no tienen la relevancia necesaria para justificar su publicidad en aras del control social.
18) Que, dicha declaración de inadmisibilidad cobra relevancia para la adecuada interpretación que se ha dado a la publicidad de dichos correos electrónicos, especialmente desde la perspectiva del elemento de interpretación de la ley histórico, consagrado en el artículo 19 del Código Civil, norma que indica, en lo pertinente, que para interpretar una expresión oscura de la ley, se puede recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestado en la historia fidedigna de su establecimiento. De ahí entonces que dicha declaración de inadmisibilidad con ocasión de un proyecto de ley es trascendente, particularmente porque de conformidad a lo establecido en el inciso 2° del artículo 24 de la ley N°18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, no pueden admitirse indicaciones contrarias a la Constitución Política y precisamente la idea de hacer públicos los correos electrónicos de los funcionarios públicos, vulnera el contenido esencial del artículo 19 N°5 de la Constitución Política, razón más que suficiente para declarar inadmisible aquella indicación. Lo anterior refuerza esta interpretación, en línea con lo resuelto de la misma forma por los tribunales superiores de justicia y por el Tribunal Constitucional.
19) Que, por lo anterior, a juicio de esta mayoría, se configura respecto de los correos electrónicos requeridos, la causal de secreto o reserva contenida en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, debiéndose, en consecuencia, rechazar el presente amparo.
20) Que, finalmente, atendida la configuración de la referida causal de reserva, este Consejo no se pronunciará sobre la eventual configuración del artículo 21 N° 1 literal c) de la Ley de Transparencia, por estimare inoficioso.
I. Rechazar el amparo deducido por don José Anselmo López Vargas, en contra del Servicio Nacional de Geología y Minería, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.
II. Representar al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h), del mismo cuerpo legal, al no haber otorgado respuesta a la solicitud dentro del plazo legalmente previsto para ello. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones.
III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don José Anselmo López Vargas; al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería; y a don Pablo Rivas Muñoz, don Jorge Vargas Villar, don Alberto Rojas Leal, don Sebastian Urbano, don Alfonso Domeyko, don Jorge Geldres Bacigalupo, don Agustín Eyzaguirre Prieto, don Juan José Obach y don Juan Domingo Pau Villarino, en su calidad de terceros interesados.
La presente decisión es acordada con el voto en contra de los Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Marcelo Drago Aguirre, quienes no comparten lo razonado en los Considerandos 3) a 19), respecto de los correos electrónicos reclamados, estimando que el amparo debe ser acogido, en base a las siguientes consideraciones:
1) Que, los correos electrónicos generados desde una casilla institucional son públicos, en la medida que digan relación directa con el ejercicio de competencias públicas. En efecto, el ejercicio actual de la función pública supone el uso de toda forma de comunicación para concretizar los fines que la Administración del Estado persigue, es por esto que a cada funcionario se le otorga una casilla institucional financiada con recursos del erario nacional, sostenidas por la plataforma técnica de las entidades respectivas, con el objeto de facilitarles el cumplimiento de sus tareas.
6) Que, en consecuencia, es pertinente la entrega de los correos electrónicos requeridos por el reclamante, que fueren generados desde una casilla institucional, en el ejercicio de competencias públicas, al no concurrir una causal de secreto o reserva a su respecto. En efecto, en cuanto a la eventual afectación de los derechos de los terceros interesados en lo que se refiere a la esfera de su vida privada, en el marco de lo establecido en la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en la especie, esta tampoco se produce, toda vez que lo pedido dice relación con intercambios de correos electrónicos en el ejercicio de la función pública.
7) Que, sin perjuicio de lo señalado precedentemente, en relación a lo expuesto en los considerandos 17) y 18) del voto decisorio, el Consejero don Marcelo Drago Aguirre estima que la declaración de inadmisibilidad por inconstitucional de la indicación del Honorable Diputado Leonardo Soto Ferrada, relativa a establecer la publicidad de los correos electrónicos de los funcionarios públicos, no lo sería, toda vez que ella sólo procede en caso de que la indicación no tenga relación directa con las ideas matrices del proyecto, que importen nuevos gastos con cargo a los fondos del Estado o de sus organismos, o bien que correspondan a materias de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, hipótesis que no concurren en la especie, conforme lo dispuesto en la Constitución Política de la República y en la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.