Source: https://corte-suprema-justicia.vlex.com.co/vid/738411361
Timestamp: 2019-01-21 22:42:18
Document Index: 196001326

Matched Legal Cases: ['artículo 112', 'artículo 2', 'artículo 693', 'artículo 118', 'artículo 605', 'artículo 119']

Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil nº 11001-02-03-000-2017-00080-00 de 23 de Marzo de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 738411361
Número de Proceso: 11001-02-03-000-2017-00080-00
Número de Providencia: SC877-2018
Radicación n° 11001-02-03-000-2017-00080-00
Bogotá D.C., veintitrés (23) de marzo de dos mil dieciocho (2018)
La demandante, a través de apoderado judicial, solicita conceder reconocimiento a la decisión referenciada, mediante la cual se solucionó de manera definitiva la controversia que existió entre ella y Carboexco C.I. Ltda., en relación con el contrato de compraventa No. 03-CB-IWW. [Folio 66]
La sociedad de emiratos Árabes Unidos, Innovation Worldwide DMCC celebró el 1º de mayo de 2011 con Carboexco C.I. Ltda., compañía colombiana, el contrato comercial compraventa No. 03-CB-IWW, por medio de cual la última enajenó a favor de la demandante 8000 toneladas de coque Metalúrgico, las cuales serían entregadas en Barranquilla; y en contraprestación, la accionante cancelaría $USD 138 por metro, de los cuales entregó como anticipo el 65% del valor de carga total a la firma del negocio. [Folios 45 a 56]
Las contratantes acordaron que el mismo se regiría por la ley de España y que cualquier disputa sobre el contrato o con su ejecución, sería resuelto a través de una negociación entre las partes y en caso de no llegar a un acuerdo “según las reglas de la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, quien decidirá en derecho y en idioma español». [Folio 54]
El 19 de agosto de 2015, ante la falta de entrega del material en las fechas estipuladas en el convenio, las dos sociedades suscribieron un «addedum al contrato», en la que redujeron la cantidad de coque a 5200 toneladas. [Folio 24]
Sin embargo, la vendedora tampoco remitió el producto, razón por la que la peticionaria decidió terminar por justa causa la relación contractual, en lo que estuvo de acuerdo la demandada, quien se comprometió a devolver el anticipo, pero no cumplió. [Folio 67, vto]
La demandante agotó la etapa de negociación directa con C.C.I.L., sin que fuera posible llegar a un arreglo. [Folio 67]
En virtud de lo anterior, el 6 de octubre 2015, Innovation Worldwide DMC presentó solicitud de arbitraje, ante la Corte de Arbitraje de Madrid, España, para que resolviera la controversia entre las dos contratantes. [Folio 21]
El citado procedimiento se surtió con la participación de la convocada, quien ejerció su derecho de defensa. [Folio 15 a 36]
En laudo arbitral de 5 de agosto de 2016, el Tribunal de Arbitramento, decidió el litigio y resolvió, declarar el incumplimiento contractual de la demandada y confirmar la «validez y corrección», de la resolución ejercida por la convocante, en consecuencia, condenó a la pasiva a la devolución de USD$ 717.600 junto con los intereses generados sobre dicha suma, desde el 21 de julio de 2015, y a pagar EUR8 81.399 por concepto de costas. [Folio 36]
El trámite en esta instancia
El 27 de enero de 2017, se admitió la solicitud y de ella se dio traslado a la demandada y al Procurador Delegado para los Asuntos Civiles. [Folio 76, c.1]
La funcionaria del ente de control se pronunció sobre los hechos aducidos en la petición, y manifestó que consideraba, de cara a las causales de no reconocimiento establecidas en el artículo 112 Literal b) de la Ley 1563 de 2012, era procedente acceder a lo pretendido por la solicitante. [Folios 78 a 86]
Notificada la sociedad demandada guardó silencio. [Folio 98]
En virtud del postulado de la exclusividad de la jurisdicción, los juzgadores de cada Estado son los únicos que, en principio, pueden proferir decisiones obligatorias al interior de sus respectivos países, pues de no ser ello así se violaría la soberanía nacional. De ahí que ninguna providencia dictada por jueces o tribunales arbitrales de territorios extranjeros tiene obligatoriedad ni ejecución forzada en Colombia, a menos que medie la autorización del órgano judicial competente, que según la Carta Política es la Corte Suprema de Justicia.
En su artículo 2°, relativo a la normatividad aplicable estableció que el arbitraje internacional «se regirá en todas sus partes de acuerdo con las normas de la presente ley, en particular por las disposiciones de los Tratados, Convenciones, P. y demás actos de Derecho Internacional suscritos y ratificados por Colombia, los cuales priman sobre las reglas que sobre el particular se establecen en el Código de Procedimiento Civil. En todo caso, las partes son libres de determinar la norma sustancial aplicable conforme a la cual los árbitros habrán de resolver el litigio. También podrán directamente o mediante referencia a un reglamento de arbitraje, determinar todo lo concerniente al procedimiento arbitral incluyendo la convocatoria, la constitución, la tramitación, el idioma, la designación y nacionalidad de los árbitros, así como la sede del Tribunal, la cual podrá estar en Colombia o en un país extranjero» (subrayas fuera del texto original).
Significa lo anterior que, en materia de reconocimiento de laudos arbitrales proferidos en el exterior, el conjunto normativo cuya aplicación se impone a partir del 12 de octubre de 2012 -fecha en que entró en vigencia la Ley 1563- está integrado por la sección tercera de esa regulación y los instrumentos internacionales incorporados al ordenamiento jurídico positivo por haber sido suscritos y ratificados por el Estado colombiano.
Por otra parte, el inciso 2º del artículo 693 de ese mismo ordenamiento, el cual hacía referencia a los efectos de los laudos proferidos en el exterior, fue derogado en forma expresa por la Ley 1563 de 2012 (artículo 118).
Tal situación no cambia con la aplicación del Código General del Proceso a las solicitudes de reconocimiento presentadas desde el 1° de enero del año en curso, porque el artículo 605 de dicha compilación normativa establece que la homologación de laudos arbitrales proferidos en el extranjero «se someterá a las normas que regulan la materia», es decir, remitió a la reglamentación especial contenida en la Ley 1563 de 2012, que según su artículo 119 «regula íntegramente la...