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Timestamp: 2020-07-03 19:20:45
Document Index: 72363216

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 8']

Novedades introducidas en la regulación de las tasas judiciales por el Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la administración de justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita - LeQuid de la Cuestión
Novedades introducidas en la regulación de las tasas judiciales por el Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la administración de justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita
1. Ámbito de aplicación, hecho imponible y exenciones desde el punto de vista objetivo.
En cuanto al hecho imponible, en la Ley 10/12, de 20 de noviembre se señalaba como hecho imponible la interposición de la demanda en recurso contencioso-administrativo, el Decreto Ley 3/2013, de 22 de febrero señala como hecho imponible la interposición del recurso contencioso administrativo se formule la demanda o no (nuevo artículo 2.c) de la Ley).
En el artículo 4 de la Ley se introduce una nueva exención (por modificación parcial de la anterior redacción) en cuanto a los procesos matrimoniales y de menores cuando se inicien de mutuo acuerdo o de uno de los cónyuges o progenitores con el consentimiento del otro o cuando las medidas solicitadas estén referidas exclusivamente a los menores, de tal forma que estarán exenta la interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos en relación con los procesos de capacidad, filiación, matrimonio y menores, cuando se inicien de mutuo acuerdo o por una de las partes con el consentimiento de la otra o cuando las medidas solicitadas estén referidas exclusivamente a los menores.
Igualmente, se introducen tres nuevas exenciones pasando a ser los apartados g), h) e i) del artículo 4.1 de la Ley:
2. Sujeto pasivo, exenciones desde el punto de vista subjetivo y devengo.
Se modifica el apartado 1 del artículo 3 al establecer que es sujeto pasivo de la tasa quien promueva el ejercicio de la potestad jurisdiccional y realice el hecho imponible de la misma.
Se entenderá que se realiza un único hecho imponible cuando en el escrito ejercitando el acto procesal que constituye el hecho imponible se acumulen varias acciones principales, que no provengan de un mismo título. En este caso, para el cálculo del importe de la tasa se sumarán las cuantías de cada una de las acciones objeto de acumulación.
El pago de la tasa podrá realizarse por la representación procesal (procurador) o abogado en nombre y por cuenta del sujeto pasivo (el cliente), en especial cuando éste no resida en España y sin que sea necesario que el mismo se provea de un número de identificación fiscal con carácter previo a la autoliquidación. El procurador o el abogado no tendrán responsabilidad tributaria por razón de dicho pago.
En cuanto a las exenciones desde el punto de vista subjetivo, se añade un nuevo apartado 4 al artículo 4 que introduce una exención en el orden contencioso administrativo, al establecer que los funcionarios públicos cuando actúen en defensa de sus derechos estatutarios tendrán una exención del 60 % en la cuantía de la tasa que les corresponda por la interposición de los recursos de apelación y casación.
3. Base imponible y cuota tributaria.
Se introduce nuevo párrafo al artículo 6.2 de la Ley al señalar que se considerarán, a efectos de la determinación de la base imponible, como procedimientos de cuantía indeterminada los procesos regulados en el capítulo IV del título I del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil (procesos de familia y de menores) no exentos del abono de la tasa.
Igualmente, se introduce en el artículo 7.1 de la Ley que cuando el recurso contencioso-administrativo tenga por objeto la impugnación de resoluciones sancionadoras, la cuantía de la tasa, incluida la cantidad variable que se expone en el párrafo siguiente, no podrá exceder del 50% del importe de la sanción económica impuesta.
En cuanto a la cuota tributaria, la misma tiene carácter mixto:
En primer lugar se determina una cantidad fija que, en función de cada clase de proceso y que oscila entre los 100,00.- € y los 1.200,00.- € (artículo 7.1 de la Ley).
Además, cuando el sujeto pasivo sea persona jurídica se satisfará una cantidad variable que resulte de aplicar a la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto anteriormente el tipo de gravamen del 0,5 % hasta 1.000.000,00.- € de cuantía con un límite de 10.000,00.- € (artículo 7.2 de la Ley) y del 0,25% en lo que exceda de dicha cuantía. En el caso de personas físicas, el tipo de gravamen será del 0,10% con un límite de cuantía variable de 2.000,00.- € (artículo 7.3 de la Ley).
4. Autoliquidación y pago.
Se modifica el artículo 8.2 de la Ley que viene a decir ahora que el justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado, acompañará a todo escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible.
En caso de que no se acompañase dicho justificante, el Secretario judicial requerirá al sujeto pasivo para que lo aporte en el plazo de 10 días, no dando curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada. La ausencia de subsanación de tal deficiencia, tras el requerimiento del Secretario judicial a que se refiere el precepto, dará lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente continuación o finalización del procedimiento, según proceda.
Igualmente, se efectuará una devolución del 60% del importe de la cuota de esta tasa, que en ningún caso dará lugar al devengo de intereses de demora, cuando, en cualquiera de los procesos cuya iniciación dé lugar al devengo de este tributo, tenga lugar el allanamiento total o se alcance un acuerdo que ponga fin al litigio. Esta devolución también será aplicable en aquellos supuestos en los que la Administración demandada reconociese totalmente en vía administrativa las pretensiones del demandante. Se tendrá derecho a esta devolución desde la firmeza de la resolución que ponga fin al proceso y haga constar la forma de terminación.
5. Entrada en vigor.
Las modificaciones expuestas fueron publicadas en el B.O.E. de 23 de febrero de 2.013 y entraron en vigor al día siguiente.
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