Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-36615-de-febrero-23-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_814bda9887b28030e0430a0101518030&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-18 21:00:34
Document Index: 195120662

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 23', 'artículo 141', 'artículo 12', 'artículo 277', 'artículo 23', 'artículo 22', 'artículo 10', 'artículo 277', 'artículo 23']

﻿ Sentencia 36615 de febrero 23 de 2010
SENTENCIA 36615 DE 23 DE FEBRERO DE 2010
CONTENIDO:VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES COMO CÓNYUGE SUPÉRSTITE. SE RECUERDA, QUE LA VALORACIÓN PROBATORIA DE TESTIMONIOS, NO SON PRUEBA CALIFICADA EN EL RECURSO EXTRAORDINARIO. POR LO TANTO, LOS DOCUMENTOS SIMPLEMENTE DECLARATIVOS EMANADOS DE TERCEROS, NO CONSTITUYEN PRUEBA CALIFICADA EN CASACIÓN, POR LO QUE NO SE PODRÁ ASUMIR SU ESTUDIO, SINO EN LA MEDIDA QUE SE DEMUESTRE ERROR RESPECTO DE UNA PRUEBA QUE SÍ LO SEA. ASÍ MISMO, SE ACLARA QUE CON POSTERIORIDAD A LA EXPEDICIÓN DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 794 DE 2003, PARA LA APRECIACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DECLARATIVOS EMANADOS DE TERCEROS YA NO SE REQUIERE LA RATIFICACIÓN DE SU CONTENIDO SALVO QUE LA PARTE CONTRARIA SOLICITE SU RATIFICACIÓN, EN ESTE CASO ESOS TERCEROS DEBIERON SER LLAMADOS AL PROCESO COMO TESTIGOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:BENEFICIARIO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, VALORACIÓN DE LA PRUEBA, PRUEBA TESTIMONIAL, PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, REQUISITOS PARA LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, CÓNYUGE SOBREVIVIENTE, RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, REQUISITO DE CONVIVENCIA PARA LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, VALORACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA
Sentencia 36615 de febrero 23 de 2010
Ref.: Exp. 36615
Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado judicial del Instituto De Seguros Sociales contra la sentencia de 14 de mayo de 2008, proferida por la Sala Civil – Familia - Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en el proceso ordinario promovido contra la entidad recurrente por Gonzalo Rojas González.
1. GONZALO ROJAS GONZÁLEZ demandó al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES con el fin en lo que interesa al recurso extraordinario, de obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes como cónyuge supérstite de la afiliada Judith Caviedes Caviedes, a partir del 4 de noviembre de 2004 fecha de la muerte de ésta, así como los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y la indexación.
Como apoyo de su pedimento indicó que estuvo casado con la causante por espacio de 27 años y tuvieron 4 hijos. El I.S.S. negó la prestación alegando que se encontraban separados desde hace mucho tiempo; sin embargo, ellos al momento del fallecimiento tenían vigente el vínculo y estaban conviviendo.
2. El Instituto contestó el libelo, admitió unos hechos y frente a otros dijo no constarle su existencia; se opuso a las pretensiones y adujo en su defensa que el actor no cumplía las exigencias del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 que modificó el 46 de la Ley 100 de 1993, pues el Instituto pudo comprobar que el reclamante “no convivía o hacía vida marital con la fallecida”. Propuso las excepciones de inexistencia del derecho reclamado y la innominada.
3. Mediante sentencia de 11 de julio de 2007, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva condenó al Instituto al pago de la pensión de sobrevivientes a favor del actor desde el 4 de noviembre de 2004 en cuantía no inferior al salario mínimo legal, más los intereses moratorios.
El Tribunal de Neiva al conocer en segunda instancia en virtud de la apelación interpuesta por la entidad convocada a proceso, confirmó el fallo del Juzgado en su integridad.
En lo que interesa a los efectos de esta decisión, el Juzgador de segundo grado se detuvo en pruebas tales como el Acta de Inspección al sitio de trabajo del demandante realizada por la Trabajadora Social adscrita al Instituto de 12 de mayo de 2005, fotocopia del acta de recepción de la declaración del demandante tomada por la Trabajadora Social del I.S.S. de la misma fecha donde aquél depone sobre su convivencia con la causante; fotocopia del informe de visita domiciliaria de 13 de mayo de 2005 donde la Trabajadora Social concluye que la pareja no convivía. Así mismo se refirió a prueba testimonial y sostuvo que los declarantes fueron contestes respecto a la convivencia que hasta el día del fallecimiento sostuvieron los esposos, y dijo que los testigos indicaron que “efectivamente el señor tenía fama de mujeriego y que por ello tuvo hijos por fuera del matrimonio, pero que siempre convivió con su esposa, que si hubo periodos de separación por ese motivo, pero que luego él regresaba al hogar”.
Por último aseveró que “Resulta extraño para esta Sala que la actividad probatoria del ISS haya sido limitada dentro del trámite de este proceso, como quiera que únicamente aportó las documentales ya relacionadas, sin que se hubiera preocupado por hacer comparecer a quienes le brindaron la información a la Trabajadora Social que realizó labor de campo para la obtención de las pruebas que llevaron a denegar la pensión de sobreviviente que ahora demanda el señor Rojas González, y más aún cuando no hizo uso de las herramientas legales, como ya se mencionó, para la tacha de algunos testimonios recepcionados”.
Pretende el impugnante que la Corte case totalmente la sentencia del Tribunal, y en sede de instancia, pide se revoque íntegramente el fallo del Juzgado para absolver al Instituto de todos los cargos elevados en su contra.
Con tal fin formula un cargo, así:
La sentencia viola por vía indirecta “por APLICACIÓN INDEBIDA, los artículos 46, 47 y 141 de la Ley 100 de 1993, dos primeras disposiciones que fueron modificadas por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, y 7º del Decreto Reglamentario 1889 de 1994 …”.
“Dar por evidenciado, a pesar de no estarlo, que el actor convivía con su cónyuge al momento del fallecimiento de ésta”.
Se refiere al informe de visita domiciliaria (fls. 41 a 43) y a varios testimonios como elementos demostrativos erróneamente estimados por el Juzgador Ad quem.
En el desarrollo sostiene el censor que el error del Tribunal fue mayúsculo y absolutamente notorio, porque del informe de visita domiciliaria “se deduce con completa facilidad que el demandante no convivía con su cónyuge al momento de la muerte de aquélla, a pesar de la existencia formal del vínculo matrimonial.
“No se necesita realizar grandes análisis para concluir de dicho documento, el cual, no sobra anotar, se escribió después de hablar con cuatro (4) personas, quienes, en forma desinteresada y espontánea, coincidieron en que el señor Rojas González se encontraba separado de su cónyuge desde hacía muchos años, que él vivió varios años con la señora Charry Morales y, que en los últimos cinco (5) años anteriores al deceso de su cónyuge, convivía con la señora Ana Ospina”.
Aseveró luego que el Juzgador de segundo grado le dio mayor envergadura probatoria al testimonio interesado de los hijos y amigos del demandante evidentemente parcializados, a pesar de la existencia de una seria investigación administrativa de campo realizada en el barrio del actor por parte del Seguro Social.
Señaló que el otorgamiento de la pensión de sobrevivientes en este caso, lejos de proteger al cónyuge sobreviviente “se estaría premiando a un esposo formal y oportunista el cual, ante el fallecimiento de una mujer a quien había abandonado hacía muchos años, buscó ‘revivir’ el vínculo con el único objeto de obtener una prestación económica. Es evidente que el cónyuge formal, cuando falleció su esposa abandonada, ‘aterrizó’ para reclamar la pensión de sobreviviente”.
No puede tener prosperidad el ataque contra la decisión del Tribunal fincada en la valoración probatoria de testimonios que no son prueba calificada en el recurso extraordinario.
En cuanto al informe de visita domiciliaria elaborado por una Trabajadora Social de la demandada y que se acusa como erróneamente apreciado, contendría declaraciones de terceros que fueron vertidas al trámite administrativo llevado por el Instituto a fin de establecer si se satisfacía o no el requisito de la convivencia, necesario para determinar si el reclamante hacía parte del grupo familiar de la afiliada fallecida, y si como tal estaba habilitado en calidad de beneficiario. En esa medida este medio probatorio a lo sumo sería un documento declarativo emanado de terceros y se asimilaría al testimonio, por lo tanto no es prueba calificada en casación.
Así lo tiene establecido la Corte que en recientemente en sentencia de 17 de marzo de 2009, rad. 31484 precisó:
“Aunque, a raíz de la reforma introducida al ordinal 2º del artículo 277 del C. de P. C., por el artículo 23 de la Ley 794 de 2003, para la apreciación de los documentos declarativos emanados de terceros, ya no se requiere la ratificación de su contenido ‘…mediante las formalidades establecidas para la prueba de testigos…’, ni su apreciación se debe hacer ‘…en la misma forma que los testimonios’, como lo exigía la anterior norma, sino que, simplemente, ‘…se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación’, tal como lo prevé el actual texto legal, y ya lo había previsto el ordinal 2 del artículo 22 del Decreto 2651 de 1991 y lo adoptó definitivamente el artículo el numeral 2º del artículo 10 de la Ley 446 de 1998, dichos cambios legislativos no alcanzan a variar la vieja tesis de la Corte de que los documentos de esta naturaleza no son prueba calificada en casación, pues, si bien, tal postura había estado basada en el carácter no auténtico del documento, toda vez que, para poder ser apreciado en juicio requería de su ratificación, también se ha venido considerando que, no obstante ratificarse éstos en el proceso, tenían una naturaleza intrínseca testimonial, lo cual, si bien se apoyaba en el mismo texto legal, que exigía que fueran apreciados ‘…en la misma forma que los testimonios’, según lo disponía inicialmente el artículo 277 del C. de P. C., no por haberse eliminado tal previsión del legislador, puede decirse que ha desaparecido su condición de testimonio, así sea extraprocesal, ni que para su valoración no se deban seguir las mismas reglas de apreciación y crítica de este tipo de pruebas, lo cual se ofrece claro en el caso presente, en donde los referidos documentos son actas de declaraciones rendidas por testigos ante el propio empleador, en donde se debe ser más riguroso al momento de determinar su valor de convicción.
“En este orden de ideas cabe seguir sosteniendo que, por su naturaleza intrínseca testimonial, los documentos simplemente declarativos emanados de terceros, no constituyen prueba calificada en casación, por lo que no se podrá asumir su estudio, sino en la medida que se demuestre error respecto de una prueba que sí lo sea”.
Hay que advertir que el Juez se inclinó por los testigos llevados al proceso por la parte demandante y en ejercicio de su libertad de apreciación de la prueba los prefirió a los que se refiere el acta de visita que por lo demás, no fueron recepcionados dentro del proceso. Según consta en el acta referida, sus versiones fueron simplemente tomadas en una tienda o informalmente en los lugares a donde se desplazó la Trabajadora Social y en algunos casos sin que la persona se identificara plenamente. Y aunque de conformidad con la jurisprudencia arriba referenciada, con posterioridad a la expedición del artículo 23 de la Ley 794 de 2003, para la apreciación de los documentos declarativos emanados de terceros ya no se requiere la ratificación de su contenido salvo que la parte contraria solicite su ratificación, en este caso esos terceros debieron ser llamados al proceso como testigos, pues lo que consta en el acta de visita es lo que la Trabajadora Social dice que esas personas le refirieron; no son en realidad sus declaraciones pues no aparecen firmadas por ellos.
Para la Corte resulta reprochable la conducta negligente y descuidada del Instituto convocado a proceso, que no puede olvidar que no actúa en procura de intereses particulares sino en defensa del fondo de naturaleza pública que constituye los recursos para financiar las pensiones del conglomerado de los afiliados, cuya administración le ha sido confiada por la ley.
La desidia en la actividad probatoria no puede pasar desapercibida pues como lo señaló el Tribunal, no citó al proceso a los testigos a que hace referencia en la investigación administrativa, y una de las pocas pruebas que solicitó, esto es, el interrogatorio de parte del actor, no pudo practicarse por ausencia del apoderado del Instituto quien no compareció a la diligencia en la fecha señalada por el Juzgado y no justificó su conducta (fl. 46).
Así las cosas, no le quedaba camino distinto al Juzgador de segundo grado que el de fallar con el material probatorio aportado casi íntegramente por la parte demandante; de allí que no sea posible para la convocada a proceso pretender la eventual prosperidad de un cargo en casación por la vía fáctica, con fundamento en suposiciones o inferencias de hechos que debieron ser demostrados en la oportunidad procesal que la ley brinda a la parte demandada.
Por las razones indicadas, el cargo se desestima.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 14 de mayo de 2008, proferida por la Sala Civil – Familia - Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en el proceso ordinario promovido por GONZALO ROJAS GONZÁLEZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.