Source: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1998/01/9800271a.shtml?BOPV_HIDE_CALENDAR
Timestamp: 2019-06-26 10:01:22
Document Index: 70576610

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo 53', 'Artículo 8', 'artículo 53', 'Artículo 9', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'artículo 27', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'artículo 32', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'artículo 50', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'artículo 52', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'artículo 49', 'artículo 64', 'artículo 51', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'artículo 53', 'Artículo 64', 'Artículo 65']

N.º 11, lunes 19 de enero de 1998
Se hace saber a todos/as los/las ciudadanos/as de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado el siguiente:
Artículo único.– De conformidad con lo establecido en la disposición final cuarta de la Ley 7/1997, de 19 de junio, por la que se regula el régimen de subvenciones y ayudas y se modifica la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, que se inserta a continuación.
– El Decreto Legislativo 1/1988, de 17 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre los Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.
– La disposición final cuarta de la Ley 3/1990, de 31 de mayo, de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
– La disposición adicional cuarta de la Ley 1/1992,de 28 de enero, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 1992.
– La disposición final primera de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de Control Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
– La disposición final primera de la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 1996.
– La disposición final segunda de la Ley 8/1996, de 8 de noviembre, de Finanzas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
– La Ley 7/1997, de 19 de junio, por la que se regula el régimen de subvenciones y ayudas y se modifica la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, salvo las disposiciones de la misma que a continuación se enumeran: la disposición transitoria única y la disposición final tercera que continuarán vigentes hasta el agotamiento de sus previsiones, la disposición final primera que modifica la Ley 14/1983, de 27 de julio de Patrimonio de Euskadi y la disposición final segunda que modifica la Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
3.– Los presupuestos generales de Euskadi y las leyes de presupuestos generales de Euskadi.
4.– La organización institucional.
5.– El régimen competencial.
6.– El contenido.
7.– El régimen subvencional.
8.– La protección.
1.– La Hacienda General del País Vasco esta constituida por el conjunto de derechos y obligaciones, de naturaleza económica, de que sea titular la Comunidad Autónoma de Euskadi.
2.– Son materias propias de la Hacienda General del País Vasco las siguientes:
Artículo 2.– Normativa reguladora.
1.– La Hacienda General del País Vasco se regirá por la presente ley, así como por las demás emanadas de la Comunidad Autónoma de Euskadi y otras que le sean de aplicación, referentes a las materias propias de aquélla y, en cuanto no contradigan a las mismas, por las disposiciones reglamentarias dictadas en su desarrollo y/o ejecución.
2.– Serán objeto de ley los principios básicos referentes a las materias propias de la Hacienda General, así como aquellos otros extremos reservados expresamente en la presente ley.
3.– La aprobación de las disposiciones reglamentarias a las que se refiere el párrafo 1 corresponderá al Gobierno, salvo que se haya atribuido expresamente al Consejero del Departamento competente en materia de hacienda y finanzas en virtud de una ley o de un decreto del Gobierno, previa aprobación del Lehendakari en este último caso.
4.– En defecto de las normas a que se refieren los párrafos anteriores, regirán las de derecho administrativo emanadas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
5.– Corresponde al Consejero del Departamento competente en materia de hacienda y finanzas la facultad de dictar disposiciones interpretativas o aclaratorias de todas las normas reguladoras de la Hacienda General del País Vasco, legales o reglamentarias, de aplicación directa o supletoria, a excepción de las del Estado que resultaren ser de obligatoria observancia para la Comunidad Autónoma. Dichas disposiciones adoptarán la forma legalmente establecida para los reglamentos que aprueben los Consejeros del Gobierno, aunque su contenido se integrará con el de la norma interpretada o aclarada, y serán de obligado acatamiento para los órganos y entes de la Comunidad.
Artículo 3.– Actuación pública.
Artículo 4.– Prerrogativas.
Artículo 5.– Los Presupuestos Generales de Euskadi.
1.– Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, o Presupuestos Generales de Euskadi, son la expresión formal documental, en términos financieros y contables, del conjunto integrado de decisiones que constituyen el programa directivo de la actividad económica a realizar por la Comunidad Autónoma de Euskadi en cada ejercicio económico o presupuestario.
2.– Los Presupuestos Generales de Euskadi constituyen, a su vez, el instrumento de control de la correcta administración de los recursos de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
3.– Tienen la naturaleza de Presupuestos Generales de Euskadi:
4.– El ejercicio económico o presupuestario a que vendrán referidos los presupuestos generales coincide con el año natural.
Artículo 6.– Las Leyes de Presupuestos Generales de Euskadi.
1.– Las Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, o Leyes de Presupuestos Generales de Euskadi, son las que tienen por objeto la aprobación de los Presupuestos Generales definidos en el artículo anterior.
2.– Además, las Leyes de Presupuestos de Euskadi podrán extender su objeto a la regulación de otra serie de cuestiones propias de la Hacienda General del País Vasco o relacionadas con ésta, tales como el régimen de las retribuciones del personal y de los haberes pasivos correspondientes a los créditos pertenecientes a los presupuestos generales, el régimen presupuestario y de ejecución del gasto público de los mismos, el régimen de los tributos propios de la Comunidad Autónoma, y el de las condiciones de endeudamiento. Las normas referentes a estas materias, contenidas en las Leyes de Presupuestos Generales, tendrán la misma naturaleza y régimen de éstas.
3.– En el supuesto de que existan normas legislativas de modificación o complemento de las contenidas en las Leyes de Presupuestos Generales de Euskadi, aquéllas tendrán la misma naturaleza y régimen que éstas, con independencia de cuál sea el período de vigencia, ordinario o prorrogado, en que incidan.
4.– El proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Euskadi será elaborado de acuerdo con lo dispuesto en la normativa que corresponda a cada una de las materias que constituyan su objeto, y aprobado por el Gobierno para ser presentado en el Parlamento con anterioridad al día 1 de noviembre del ejercicio anterior al que vaya referido el mismo, a efectos del correspondiente debate y aprobación en su caso.
Artículo 7.– Clasificación institucional.
1.– La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi se halla integrada por la Administración General y por la Administración Institucional.
2.– La Administración General o Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a que se refiere el artículo 53 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, es la única entidad de la misma de carácter territorial.
3.– La Administración Institucional se halla integrada por las siguientes entidades:
4.– La Comunidad Autónoma de Euskadi se compone de las entidades citadas en los párrafos 2 y 3 anteriores, que integran el sector público de la misma. Cada una de dichas entidades está dotada de personalidad jurídica propia y diferente de la que tengan las demás.
5.– La titularidad de los derechos y obligaciones afectos al Parlamento, corresponde a la Administración General o Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, sin perjuicio de las competencias que, en relación con los mismos, ostente dicha cámara.
Artículo 8.– Regulación.
1.– La Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a que se refiere el artículo 53 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, se regirá, en cuanto a su organización y funcionamiento, por las normas previstas en la misma.
2.– En cuanto a las materias propias de la Hacienda General, la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se regirá por las disposiciones referentes a las mismas que le sean de expresa aplicación y, en lo que no las contradigan, por las demás normas aplicables a toda entidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi que se rija por el derecho público.
Artículo 9.– Concepto.
Artículo 11.– Calificación.
Artículo 12.– Creación y extinción.
1.– La creación y extinción de organismos autónomos precisarán de ley.
2.– La extinción no requerirá de norma específica cuando en la de creación, o en otra, se hubieren establecido las causas de aquélla y el procedimiento para llevarla a cabo.
Artículo 13.– Reestructuración.
Artículo 14.– Regulación.
Artículo 15.– Concepto.
Artículo 16.– Calificación.
Artículo 17.– Creación, extinción y reestructuración.
Artículo 18.– Regulación.
Artículo 19.– Concepto.
Artículo 20.– Creación y extinción.
1.– Constituyen supuestos de creación de una sociedad pública los siguientes:
2.– Constituyen supuestos de extinción de una sociedad pública los siguientes:
3.– La creación y extinción de sociedades públicas, así como la adquisición o pérdida de la condición de partícipe mayoritario en las mismas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi o de sus entes institucionales, precisarán de decreto del Gobierno.
4.– La pérdida de la cualidad de sociedad pública de una sociedad mercantil no implicará necesariamente la extinción de ésta, salvo que constituya un supuesto legal o estatutario de disolución.
Artículo 21.– Forma jurídico-social.
1.– Las sociedades públicas habrán de ser constituidas como sociedades anónimas de fundación simultánea a su creación.
2.– La forma de sociedad anónima implicará el sometimiento de la sociedad pública de que se trate al régimen jurídico vigente en cada momento respecto a aquella categoría de sociedades.
Artículo 22.– Regulación.
Artículo 23.– Participaciones en las sociedades públicas.
Artículo 24.– Régimen General.
Artículo 25.– Competencias del Parlamento.
1.– Corresponde al Parlamento, en los términos establecidos en la presente ley y demás disposiciones que sean de aplicación:
2.– El Parlamento, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 27 del Estatuto de Autonomía para Euskadi y en su propio reglamento de funcionamiento, tiene, en cuanto a su régimen interno referente a las materias propias de la Hacienda General, las siguientes competencias:
Artículo 26.– Competencias del Gobierno.
Artículo 27.– Competencias del Departamento responsable en materia de hacienda y finanzas.
Artículo 28.– Competencias de los Departamentos.
Artículo 29.– Competencias de los entes institucionales.
1.– Corresponde a los organismos autónomos:
2.– Los demás entes institucionales tendrán atribuida la competencia de preparación del anteproyecto de sus presupuestos y cualesquiera otras que, en relación con la Hacienda General del País Vasco, les confiera el ordenamiento jurídico.
Artículo 30.– Competencias de coordinación, dictamen y propuesta.
Artículo 31.– Clasificación.
1.– Los derechos de la Hacienda General del País Vasco son de naturaleza pública o de naturaleza privada.
2.– Los derechos de naturaleza pública son los que pertenecen a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y a sus organismos autónomos como consecuencia de relaciones y situaciones jurídicas en las que dichas entidades se encuentren como titulares de potestades públicas. Los derechos de naturaleza pública pueden ser:
3.– Los derechos de naturaleza privada son los que pertenecen a la Comunidad Autónoma de Euskadi y no están comprendidos en el párrafo 2 del presente artículo. Los derechos de naturaleza privada pueden ser:
Artículo 32.– Ingresos de derecho público.
Artículo 33.– Aportaciones de los Territorios Históricos.
Artículo 34.– Tributos.
1.– Constituyen tributos propios de la Comunidad Autónoma de Euskadi los siguientes:
2.– Todos los tributos de la Comunidad Autónoma de Euskadi tendrán naturaleza de fiscales y quedarán reflejados en sus correspondientes Presupuestos.
3.– La creación y supresión de tributos requerirá de ley.
4.– Las tasas y exacciones que se devenguen con ocasión de la realización de servicios cuya transferencia haya sido realizada a la Comunidad Autónoma de Euskadi por el Estado, o que se destinen a financiar órganos o servicios transferidos a la misma, se considerarán como tributos propios de dicha Comunidad y serán exigidas por ésta de acuerdo con lo previsto en la presente ley para la efectividad de sus derechos económicos.
Artículo 35.– Recargos sobre impuestos.
1.– La Comunidad Autónoma de Euskadi podrá establecer, en su caso, recargos sobre los siguientes impuestos:
2.– Los recargos previstos en el párrafo anterior no podrán configurarse de forma que puedan suponer una minoración en los ingresos de los Territorios Históricos por dichos impuestos.
3.– La creación y supresión de estos recargos requerirá de ley.
Artículo 36.– Transferencias y asignaciones del Estado.
Artículo 37.– Endeudamiento.
Artículo 38.– Ingresos de derecho privado.
Artículo 39.– Adquisición.
Artículo 40.– Efectividad.
1.– A excepción de los ingresos previstos en los apartados a), d), e) y f) del artículo 32, los derechos de naturaleza pública de la Hacienda General se harán efectivos por medio del procedimiento administrativo de recaudación, de acuerdo con lo que establezca el Reglamento de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco, o por cualquier otro procedimiento admitido en derecho y aplicable en cada caso.
2.– La gestión recaudatoria, dentro del período voluntario de pago, se entiende atribuida a los órganos de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus organismos autónomos, en relación con sus propias competencias administrativas, salvo disposición expresa en contrario, bajo la dirección y supervisión del Departamento que establezcan las normas orgánicas. Dentro del período ejecutivo la gestión recaudatoria corresponde al Departamento competente en materia de tesorería.
3.– La gestión recaudatoria de los ingresos a que se refiere el párrafo 1 podrá realizarse por los servicios de las Diputaciones Forales en virtud de convenios que, al efecto, se suscriban con las mismas, en los términos que contengan, pudiendo incluir el desempeño de competencias que en la normativa vigente se señalan como propias de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma o de sus organismos autónomos. Dichos convenios serán aprobados por el Gobierno y publicados en el Boletín Oficial del País Vasco.
4.– También podrán suscribirse convenios con entidades públicas o privadas para el desempeño de la gestión recaudatoria. Dichos convenios seguirán los mismos trámites y, en el caso de entidades públicas, podrán tener el mismo alcance que los referidos en el párrafo anterior.
5.– La obligación de pago de los derechos a que se refiere el párrafo 1 podrá aplazarse o fraccionarse, en los términos establecidos reglamentariamente. La efectividad del aplazamiento o del fraccionamiento de pago de deudas superiores al importe que establezca el Departamento competente en materia de tesorería requerirá la constitución de garantía, salvo los casos en que se prevea reglamentariamente su dispensa o el deudor sea una Administración Pública o ente sometido al derecho público. La concesión de aplazamiento o fraccionamiento corresponde, libremente, al Departamento competente en materia de tesorería.
6.– La efectividad de los derechos de naturaleza privada se llevará a cabo de acuerdo con el ordenamiento jurídico privado.
Artículo 41.– Destino.
1.– Salvo que otra cosa se establezca en la normativa específica de cada ingreso, su producto se destinará a financiar el conjunto de las obligaciones de la entidad que sea titular del mismo.
2.– Cuando se trate de ingresos derivados de liberalidades destinadas a fines determinados, no se requerirá disposición expresa de afectación siempre que aquéllas sean aceptadas conforme a la normativa en cada momento vigente.
Artículo 42.– Integridad.
1.– La realización de actos de disposición en relación con los derechos de naturaleza pública de la Hacienda General, solamente tendrá lugar en los supuestos previstos en alguna ley.
2.– La transacción judicial o extrajudicial y el sometimiento a arbitraje, en relación a los derechos de naturaleza pública de la Hacienda General, y a los de naturaleza privada de la misma de que sean titulares la Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos autónomos, requerirá de la autorización del Gobierno.
3.– La suscripción de los acuerdos o convenios en procesos concursales previstos en las secciones 1.ª y 8.ª del Título XII y en la sección 6.ª del Título XIII, ambos del Libro II, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de julio de 1922, requerirá únicamente autorización del órgano que reglamentariamente se determine.
Artículo 43.– Intereses.
1.– Las cantidades adeudadas a la Comunidad Autónoma de Euskadi por quienes no tengan la cualidad de entes públicos, en virtud de derechos de naturaleza pública de que fueren titulares las entidades de aquélla, devengarán intereses desde el momento del vencimiento de las correspondientes obligaciones, sin necesidad de apercibimiento ni requerimiento algunos.
2.– El interés de demora aplicable será el establecido en cada momento en la legislación vigente en esta materia.
3.– En cuanto a las cantidades adeudadas a la Comunidad Autónoma de Euskadi por entes públicos regirá la misma normativa establecida al respecto por el Estado, salvo que exista una regulación específica de aquélla sobre los mismos, en cuyo caso prevalecerá esta última.
Artículo 44.– Prescripción.
1.– Los derechos de la Hacienda General del País Vasco están sometidos a prescripción, en los términos establecidos en las disposiciones aplicables de manera específica, directa o supletoriamente, a cada uno de aquéllos.
2.– En defecto de las disposiciones a que se refiere el párrafo anterior, prescribirá a los cinco años el derecho de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de sus organismos autónomos a:
3.– En todo caso, los plazos de prescripción de los derechos de naturaleza pública se interrumpirán:
4.– En defecto de las disposiciones a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo, la prescripción de los derechos de naturaleza privada se regirá por el ordenamiento jurídico privado.
Artículo 45.– Asunción.
1.– La Comunidad Autónoma de Euskadi asumirá las obligaciones económicas que le impongan directamente las leyes emanadas de la misma y otras que le sean aplicables, así como las que se deriven para ello de hechos, actos y negocios jurídicos de conformidad con el ordenamiento jurídico.
2.– En particular, los actos administrativos y disposiciones reglamentarias emanadas de la Comunidad Autónoma, en virtud de los cuales se pretenda adquirir compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos, de carácter limitativo, autorizados en el estado de gastos, adolecerán de nulidad de pleno derecho.
1.– Las obligaciones de pago de cantidades a cargo de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus organismos autónomos solamente serán efectivas cuando deriven de la ejecución de sus presupuestos, de sentencia judicial firme, y de operaciones de tesorería. No obstante, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de sentencia judicial firme, que carezcan de la debida cobertura presupuestaria, deberá llevarse a cabo una vez se dote ésta de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora del régimen presupuestario de la Comunidad Autónoma.
2.– Las obligaciones de pago a cargo de las demás entidades de la Comunidad Autónoma, serán efectivas de conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico privado.
3.– En el supuesto de que las obligaciones de pago a cargo de la Administración de la Comunidad Autónoma o de sus organismos autónomos, deriven de relaciones jurídicas que generen también obligaciones para la otra parte, aquéllas no podrán hacerse efectivas si éstas no se han cumplido o garantizado debidamente. Se exceptúan las obligaciones reconocidas por sentencia judicial firme.
Artículo 47.– Prescripción.
1.– Salvo lo establecido en leyes especiales, prescribirá a los cinco años el derecho a:
2.– Salvo lo establecido en leyes especiales, la prescripción se interrumpirá conforme a las normas del ordenamiento jurídico privado. No obstante, no surtirá efecto interruptivo de la prescripción del derecho a que se refiere el apartado a) del párrafo 1 de este artículo, la solicitud de reconocimiento o liquidación de obligaciones que se realice sin cumplir las exigencias establecidas en el mismo.
Artículo 48.– Objeto y definición.
1.– Es objeto del presente Título la regulación del régimen general de ayudas y subvenciones públicas cuya gestión corresponda a la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y a sus organismos autónomos, sin perjuicio de lo previsto en el párrafo 5 de este mismo artículo.
2.– A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entiende como ayuda o subvención pública toda disposición gratuita de fondos públicos realizada por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos a favor de personas o entidades públicas o privadas para fomentar una actividad de utilidad o interés social o para promover la consecución de un fin público, así como, en general, cualquier tipo de ayuda que se otorgue con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y/o financiadas, en todo o en parte, con fondos de la Unión Europea o de otras Administraciones.
3.– Excepcionalmente las ayudas o subvenciones podrán consistir en la enajenación gratuita o en la cesión temporal de uso de bienes del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a cuyos efectos se seguirán los procedimientos específicos previstos en la legislación de Patrimonio de Euskadi, sin perjuicio de la aplicación directa de las normas contenidas en la presente ley en todo lo que no esté regulado por aquélla.
4.– Lo dispuesto en esta ley será de aplicación supletoria para los procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones establecidos en normas de la Unión Europea o de la Comunidad Autónoma en desarrollo o transposición de aquéllas, para los casos en que corresponda a otra Administración la regulación básica, y para aquellas ayudas cuyo otorgamiento y cuantía resulten impuestas a la Administración en virtud de normas de rango legal.
5.– Las sociedades públicas, los entes públicos de derecho privado y aquellas otras entidades, cualquiera que sea su naturaleza o forma jurídica, financiadas por los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma ajustarán su actividad subvencional a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad recogidos en el presente Título.
6.– Lo dispuesto en el presente Título, salvo lo previsto en el artículo 50, no será de aplicación a los avales y otras garantías que se concedan por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que se regirán por su normativa específica.
Artículo 49.– Principios y limitaciones de la actividad subvencional.
1.– Las subvenciones y ayudas a que se refiere el presente Título se otorgarán bajo los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, conforme a los procedimientos y criterios establecidos en el mismo.
2.– Se publicarán en el Boletín Oficial del País Vasco las normas reguladoras, las convocatorias de las ayudas y subvenciones y la composición, en su caso, de los órganos encargados de realizar la propuesta de concesión. Se publicarán, asimismo, aquellos actos de trascendencia para los interesados y que les afecten de manera general.
3.– La concesión de ayudas y subvenciones se efectuará conforme dispongan las correspondientes normas reguladoras, que deberán asegurar la libre concurrencia de todos aquellos que reúnan los requisitos que establezcan, facilitando el acceso a la misma en un plano de igualdad.
4.– La distribución de fondos públicos que lleva aparejada la actividad subvencional de la Administración se hallará sometida a la utilización de baremos, parámetros y/o criterios objetivos que deberán ser previamente conocidos por los potenciales beneficiarios.
5.– Una vez en vigor los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi de cada ejercicio económico, se procederá a actualizar, revisar o en su caso establecer las normas reguladoras de la concesión de las subvenciones de los programas y a realizar la convocatoria correspondiente de aquellas que fueron en su momento reguladas con vigencia indefinida.
6.– No será de aplicación lo dispuesto en los párrafos anteriores cuando las subvenciones figuren en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi nominativamente asignadas. A los efectos de la presente ley tendrán dicha consideración aquellas que vengan expresamente consignadas con una cuantía máxima en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, con una delimitación precisa, única y excluyente de los beneficiarios.
7.– La concesión directa de las ayudas o subvenciones será competencia del Gobierno, a propuesta del Consejero del Departamento interesado. Estas subvenciones de concesión directa, a las que no será de aplicación lo dispuesto en los párrafos anteriores, tendrán carácter excepcional, debiendo acreditarse mediante justificación razonada y memoria documental las razones de interés público, social, económico o humanitario que las justifiquen, así como la imposibilidad de su convocatoria mediante una disposición de carácter general.
8.– A la finalización del ejercicio económico correspondiente, los Departamentos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos deberán evaluar los programas subvencionales ejecutados con el fin de analizar los resultados alcanzados, su utilidad e impacto social y la procedencia del mantenimiento o supresión de dichos programas. Dicha evaluación será puesta en conocimiento del Departamento competente en materia de control económico.
9.– El Gobierno dará cuenta semestralmente a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco de las subvenciones cuya concesión no se haya publicado en el Boletín Oficial del País Vasco, así como de las concedidas al amparo de lo previsto en el párrafo 7 del presente artículo. Igualmente, remitirá a dicha comisión parlamentaria el contenido de la evaluación de los programas subvencionales realizada en aplicación del párrafo precedente.
10.– El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, y, cuando así se disponga en las normas reguladoras, con cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario o de la finalidad para la que se concedió la ayuda o subvención.
11.– El abono de la subvención se realizará previa justificación del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió.
12.– Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención concurrente de ayudas o subvenciones otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados y, en su caso, de cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos por la norma subvencional para ser beneficiario de ésta. Esta circunstancia se deberá hacer constar en las correspondientes normas reguladoras de las subvenciones.
Artículo 50.– Beneficiarios de subvenciones y ayudas públicas.
1.– Tendrá la consideración de beneficiario de las ayudas y subvenciones el destinatario de los fondos públicos que haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su concesión.
2.– Son obligaciones del beneficiario:
3.– El Departamento competente en materia de control económico determinará los programas subvencionales en los que será requisito la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social por parte de los beneficiarios para la concesión y, en su caso, el pago de la subvención, así como el procedimiento de acreditación.
4.– La concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones y ayudas a los beneficiarios de éstas quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.
Artículo 51.– Normas reguladoras, competencia y procedimiento de concesión.
1.– Las normas reguladoras de la concesión de las ayudas o subvenciones contendrán como mínimo los siguientes extremos:
2.– El Gobierno, los Consejeros y los Presidentes o Directores de los Organismos Autónomos son los órganos competentes para aprobar las normas y conceder ayudas o subvenciones en sus respectivos ámbitos. Los órganos competentes podrán desconcentrar la concesión en las normas reguladoras de las ayudas o subvenciones, o a través de las normas que establecen las estructuras orgánicas, atribuyendo a otros órganos dicha competencia.
3.– Cuando corresponda al Gobierno la aprobación de las normas reguladoras o la concesión de las ayudas o subvenciones, ésta llevará implícita la aprobación del gasto correspondiente.
4.– El procedimiento general para la concesión de las ayudas o subvenciones será el concurso. A efectos de esta ley tendrá la consideración de concurso el procedimiento mediante el cual la concesión de las ayudas o subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas atendiendo a los criterios de valoración previamente fijados en las normas reguladoras, y adjudicar sólo aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios. En este supuesto, la propuesta de concesión se formulará al órgano concedente por un órgano colegiado que tendrá la composición que se establezca en la correspondiente norma reguladora de la ayuda o subvención.
5.– Cuando por la finalidad o naturaleza de la subvención no se utilice la técnica concursal deberá recogerse expresamente en las normas reguladoras el carácter limitado de los fondos públicos destinados al correspondiente programa subvencional, estableciendo las consecuencias derivadas del agotamiento de dichos fondos. En todo caso, una vez agotados los fondos, se deberá hacer pública dicha circunstancia a los efectos de la paralización de la concesión de nuevas ayudas.
6.– No obstante, sin perjuicio de lo anterior y cuando la naturaleza de la subvención o ayuda lo permita, el órgano competente podrá proceder al prorrateo, entre los beneficiarios de la subvención, del importe global máximo destinado a las ayudas o subvenciones, siempre que así se prevea en las normas reguladoras.
7.– En el acto de concesión de la ayuda o subvención deberá hacerse constar expresamente el objeto, importe, forma y plazos de pago, forma de justificación, disposición a cuyo amparo se hubiere otorgado y demás condiciones y requisitos exigidos por la norma reguladora de la ayuda o subvención y por la normativa de general aplicación.
8.– Reglamentariamente el Gobierno determinará el régimen general de garantías al que deberán sujetarse los beneficiarios de las ayudas o subvenciones, tanto las que se refieren a posibles pagos anticipados como las dirigidas a evitar posibles incumplimientos del objeto de la ayuda o subvención de que se trate. Asimismo, determinará los requisitos, régimen y obligaciones de las entidades colaboradoras previstas en el artículo 52 y el procedimiento general de reintegro de las subvenciones o ayudas.
Artículo 52.– Entidades colaboradoras en la gestión de subvenciones.
1.– Las normas reguladoras de las ayudas o subvenciones podrán establecer que la gestión y el pago de las ayudas o subvenciones públicas se efectúe a través de una entidad colaboradora.
2.– El régimen básico de las obligaciones de las entidades colaboradoras será el siguiente:
3.– Cuando para la gestión de las subvenciones y ayudas se precise la colaboración de los entes integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi y demás entes de derecho público de ésta, así como de los órganos forales de los territorios históricos y de las corporaciones locales, el régimen de colaboración se establecerá bien mediante norma específica, o bien mediante convenio. En todo caso, serán obligaciones de los citados entes u órganos las previstas para las entidades colaboradoras en el párrafo 2 del presente artículo.
Artículo 53.– Reintegro de subvenciones y ayudas públicas.
1.– No será exigible el abono de la ayuda o subvención, y en su caso procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses legales que resultaren de aplicación desde el momento del pago de la ayuda o subvención, en los siguientes casos:
2.– Igualmente, en el supuesto contemplado en el párrafo 12 del artículo 49 procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste subvencionado de la actividad desarrollada.
3.– Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, siendo el régimen de responsabilidades el previsto en el artículo 64 de la presente ley.
4.– Será competente para la resolución del procedimiento de reintegro y para adoptar la decisión de revocación, y en su caso exigir la devolución del importe percibido, el órgano que concedió la subvención. No obstante, en el procedimiento general de reintegro de las subvenciones o ayudas previsto en el párrafo 8 del artículo 51 se podrá establecer la posibilidad de desconcentrar el inicio y la tramitación del expediente de reversión en un órgano distinto del concedente, correspondiendo en todo caso la resolución del expediente a este último.
5.– Cuando en el ejercicio de las funciones de inspección o control se deduzcan indicios de la incorrecta obtención, disfrute o destino de la ayuda o subvención percibida, los agentes encargados de su realización podrán acordar la retención de las facturas, documentos equivalentes o substitutivos y cualquier otro documento relativo a las operaciones en las que tales indicios se manifiesten.
Artículo 54.– Inejecución sobre los derechos.
1.– Los derechos de la Hacienda General del País Vasco, cuya titularidad pertenezca a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi o a sus organismos autónomos, no podrán ser objeto de ejecución o de embargo, ni administrativa ni jurisdiccional.
2.– Los demás derechos de la Hacienda General del País Vasco se regirán por lo dispuesto en el epígrafe precedente cuando así lo haya establecido expresamente una ley.
Artículo 55.– Rescisión de actos y contratos.
1.– Serán rescindibles los actos y contratos realizados en perjuicio de la Hacienda General del País Vasco.
2.– Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de otras acciones o recursos que procedan.
Artículo 56.– Derecho de prelación.
1.– La Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos gozarán, respecto a la efectividad de sus derechos, del mismo derecho de prelación que el ordenamiento jurídico tenga establecido para la Administración del Estado y sus organismos autónomos, salvo cuando concurran con estas entidades, supuesto en el que será de aplicación la normativa específica de que se trate.
2.– Los créditos tributarios de que sean titulares los territorios históricos, correspondientes a impuestos concertados, gozarán de preferencia respecto a los derechos de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus organismos autónomos.
Artículo 57.– Aseguramiento de los derechos.
1.– Cuando existan indicios racionales de riesgo de pérdida, minoración, demérito o inefectividad de los derechos de la Hacienda General pertenecientes a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi o a sus organismos autónomos, como consecuencia de la grave situación económica o financiera del obligado por los mismos, dichas entidades podrán acordar, para asegurar el contenido y efectividad de dichos derechos, la constitución de derechos reales de garantía sobre bienes y derechos del obligado o la imposición al mismo de la obligación de prestar otras garantías de naturaleza económica.
2.– Las indicadas medidas se adoptarán y ejecutarán en virtud de procedimiento administrativo, el cual comprenderá dos fases:
3.– En la fase de aseguramiento provisional, las entidades señaladas en el párrafo 1 realizarán las siguientes actuaciones:
4.– En la fase de aseguramiento definitivo, las entidades señaladas en el párrafo 1 realizarán las siguientes actuaciones:
5.– Las medidas provisionales quedarán, en todo caso, sin efecto mediante el transcurso de dos meses desde que hubieren sido adoptadas, sin necesidad de declaración alguna al respecto.
6.– Las medidas definitivas mantendrán su efectividad durante el tiempo que se señale al adoptarlas, que no podrá exceder del necesario para asegurar el contenido y efectividad de los derechos.
7.– Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la posibilidad de adopción de otras medidas asegurativas previstas en el ordenamiento jurídico.
Artículo 58.– Fianzas y seguros por manejo o custodia de derechos.
1.– El personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que manejen o custodien derechos de naturaleza pública de aquélla, estarán obligados a la prestación de fianza en los supuestos, cuantía y forma que se determine reglamentariamente.
2.– La Comunidad Autónoma podrá, también, celebrar contratos de seguro consistentes en la cobertura de los riesgos de pérdida o sustracción de los derechos de naturaleza pública o privada de que fueren titulares sus entidades.
Artículo 59.– Indemnización de daños y perjuicios.
1.– Las autoridades, funcionarios y demás personal al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco que por acción u omisión contraria a la normativa que rige la Hacienda General del País Vasco causen daños o perjuicios a la misma vendrán obligados a su indemnización en los casos en que concurra dolo, culpa o negligencia grave.
2.– Asimismo, vendrán obligados a indemnizar las personas físicas o jurídicas particulares que sean titulares de subvenciones o ayudas de cualquier clase provenientes de fondos de la Comunidad Autónoma de Euskadi o que por cualquier motivo custodien, gestionen o administren fondos públicos cuando por acción u omisión contraria a las normas que rigen su relación con la Hacienda General del País Vasco y mediando dolo, culpa o negligencia grave causen daños y perjuicios a la misma.
3.– La obligación de indemnizar de quienes ejerzan funciones de control económico interno, los tesoreros y los responsables de la ordenación de pagos sólo se exigirá cuando mediante dolo, culpa o negligencia grave no hayan salvado su actuación en el expediente respectivo acerca de la improcedencia o ilegalidad de aquellos actos o disposiciones que causen daños y perjuicios a la Hacienda General del País Vasco.
4.– La obligación de indemnizar a que se refieren los párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de otras responsabilidades que, como la disciplinaria o penal, pudieran exigirse, así como las sanciones que procediere imponer.
5.– La responsabilidad, en los supuestos de concurrencia de responsables será mancomunada, excepto en los supuestos de dolo, en cuyo caso será solidaria.
Artículo 60.– Tipificación de conductas.
Artículo 61.- Expediente administrativo.
Artículo 62.– Régimen de infracciones.
1.– Constituyen infracciones administrativas en materia de ayudas y subvenciones públicas las siguientes conductas, cuando en ellas intervenga cualquier forma de culpa:
1.1.– De los beneficiarios.
1.2.– De las entidades colaboradoras:
2.– Las infracciones administrativas tipificadas en este capítulo se clasifican en muy graves, graves y leves.
2.1.– Tendrán la consideración de infracciones muy graves en el caso de beneficiarios las señaladas en los apartados a), b) y c) del párrafo 1.1 de este artículo, y en el caso de entidad colaboradora la prevista en el apartado a) del párrafo 1.2 anterior.
2.2.– Tendrán la consideración de infracciones graves en el caso de beneficiarios las señaladas en los apartados d) y e) del párrafo 1.1 de este artículo, y en el caso de entidad colaboradora las previstas en los apartados b) y c) del párrafo 1.2 anterior.
2.3.– Tendrán la consideración de infracciones leves en el caso de beneficiarios las señaladas en los apartados f) y g) del párrafo 1.1 de este artículo, y en el caso de entidad colaboradora la prevista en el apartado d) del párrafo 1.2 anterior.
3.– Las infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, las graves a los tres años, y las leves al año. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido.
Artículo 63.– Sanciones.
1.– Las infracciones administrativas serán sancionadas con arreglo a la siguiente escala:
1.1.– Infracciones muy graves:
1.2.– Infracciones graves:
1.3.– Infracciones leves:
2.– Las sanciones de las infracciones administrativas previstas en este capítulo se graduarán en atención a la existencia de intencionalidad, participación y beneficio obtenido, la trascendencia social y naturaleza de los perjuicios causados y la reincidencia en la comisión de infracciones.
3.– Las sanciones a que se refiere el párrafo anterior se entienden sin perjuicio de la obligación de reintegro contemplada en el artículo 53 de esta ley, así como de las indemnizaciones de daños y perjuicios que pudieran exigirse y, en su caso, de la responsabilidad penal.
4.– Las sanciones impuestas por las infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, las impuestas por infracciones graves a los tres años, y las impuestas por infracciones leves al año. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
5.– Las resoluciones firmes por las que se impongan sanciones serán publicadas en el Boletín Oficial del País Vasco.
Artículo 64.– Régimen de responsabilidades.
1.– Serán responsables de la obligación de reintegro y de las infracciones previstas en este capítulo los beneficiarios o, en su caso, las entidades colaboradoras que realicen las conductas tipificadas en el mismo.
2.– Serán responsables subsidiariamente de la obligación de reintegro los administradores de las personas jurídicas que no realizasen los actos necesarios que fueren de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones infringidas, adoptasen acuerdos que hicieran posibles los incumplimientos o consintieren el de quienes de ellos dependan.
3.– La responsabilidad de los administradores de las personas jurídicas por las sanciones impuestas a éstas en aplicación de esta ley se exigirá en los casos y términos establecidos en la legislación general sobre potestad sancionadora vigente en cada momento.
4.– Asimismo, la responsabilidad de las obligaciones de reintegro y de las sanciones pendientes de las personas jurídicas que se hayan extinguido se exigirá conforme a la normativa de derecho público o privado que resulte aplicable.
5.– En el caso de las sociedades o entidades disueltas y liquidadas, sus obligaciones de reintegro y sanciones pendientes se transmitirán a los socios o partícipes en el capital, que responderán de ellas solidariamente y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les hubiere adjudicado.
Artículo 65.– Órganos competentes para el ejercicio de la potestad sancionadora.
1.– Será competente para la resolución del procedimiento sancionador, en las infracciones leves y graves, el Consejero del Departamento que hubiera concedido la ayuda o subvención o al que estuviera adscrito el órgano concedente. La resolución de las infracciones muy graves, así como la de aquellas que hubiera concedido, cualquiera que fuese la calificación jurídica de la infracción, es competencia del Gobierno.
2.– La imposición de las sanciones se efectuará mediante expediente administrativo, en el que, en todo caso, se dará audiencia al interesado antes de dictarse el acuerdo correspondiente, y que será tramitado conforme a lo dispuesto en la legislación de carácter general que regule el procedimiento sancionador.
3.– El expediente podrá iniciarse de oficio, como consecuencia, en su caso, de la actuación investigadora desarrollada por el órgano concedente o por la entidad colaboradora, así como de las actuaciones de control efectuadas por la Oficina de Control Económico y de la actividad del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.
4.– Los acuerdos de imposición de sanciones podrán ser objeto de recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa o, en su caso, en vía administrativa, de conformidad con las correspondientes normas reguladoras.
5.– En los supuestos en que la conducta pudiera ser constitutiva de delito contra la Hacienda Pública, tipificado en el Título XIV del Libro II del Código Penal, la Administración pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente y acordará la suspensión del procedimiento sancionador hasta que recaiga resolución judicial firme. La pena impuesta por la autoridad judicial excluirá la imposición de sanción administrativa si se impuso al mismo sujeto, por los mismos hechos e idéntico fundamento a los considerados en el procedimiento sancionador.
6.– En lo no previsto por esta ley, será de aplicación lo establecido en la legislación general sobre potestad sancionadora vigente en cada momento.
Por consiguiente, ordeno a todos/as los/las ciudadanos/as de Euskadi, particulares y autoridades, que lo guarden y hagan guardarlo.
Dado en Vitoria-Gasteiz, a 31 de diciembre de 1997.