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Timestamp: 2020-01-29 14:35:44
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Matched Legal Cases: ['artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 18', 'artículo 20', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 23', 'artículo 1', 'artículo 16', 'artículo 22']

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Reemplazo de la pena de prisión
Correlaciones: arts. 73º a 74º Cód. 1886 (derecho a pedir gracia para los condenados a presidio o penitenciaria por tiempo indeterminado, luego de quince años de condena si en los últimos ocho hubiesen dado pruebas de reforma positiva; para los condenados por tiempo determinado, después de las dos terceras partes de su condena si durante la última tercera parte de ella hubiesen dado pruebas de una reforma positiva); art. 19º a 24º Proy. 1891 (“el condenado a presidio temporal que hubiere cumplido los dos tercios de su condena observando con regularidad los reglamentos del establecimiento, obtendrá de la autoridad judicial competente la libertad condicional, previo informe motivado de la dirección del presidio, y con audiencia del ministerio público”); arts. 33º a 37º del mismo proyecto (art. 33º: Los condenados a penitenciaría, después de cumplida con regularidad la tercera parte de la condena, podrán ser sacados a petición suya, durante el día, a trabajar en establecimientos agrícolas o industriales, bajo la vigilancia de la administración; art. 34º: Los condenados a penitenciaría, por más de dos años, que hayan cumplido los dos tercios de su condena, observando con toda regularidad los reglamentos del establecimiento, obtendrán de la autoridad judicial competente la libertad condicional, previo informe motivado de la dirección de la penitenciaría, y con audiencia del ministerio público); art. 37º: Cuando la pena de penitenciaría no exceda de dos años, podrá sustituirse, a petición del condenado, por la de multa, a razón de cuatro a diez pesos por cada día de condena, salvo en los casos en que este Código dispone expresamente lo contrario; pero no podrá suspenderse la ejecución de la pena de penitenciaría mientras el condenado no haya oblado la multa y las indemnizaciones pecuniarias); arts. 57º a 59º, 61º, 66º, en los arts. 99º a 111º se introducían la pena condicional o suspensión del cumplimiento de la pena, Proy. Segovia; arts. 73º a 74º Cód. 1886/1903; arts. 18º a 202 Proy. 1906 (libertad condicional), 32º a 34º (condenación condicional); arts. 13º a 17º (libertad condicional) y 26º a 28º (condenación condicional) Proy. 1917; arts. 13º a 17º y 26º a 28º Cód. 1921; arts. 42º a 48º, 73º, 74º y 82º a 91º Proy. 1937; art. 81º a 85º (remisión condicional), 86º a 89º (libertad condicional) Proy. 1941; art. 87º (condena de ejecución condicional, requisitos) Proy. 1951; arts. 75º y 76º (condena de ejecución condicional), 77º a 84º (libertad condicional), 94º y 95º (reducción de sanciones) Proy. 1953; arts. 46º y 47º (suspensión condicional de la pena de prisión: procedencia y requisitos), 49º (exclusión), 53º y 54º (libertad condicional: procedencia y requisitos) Proy. 1960; arts. 48º (reemplazo de la prisión, punición leve), 49º (imposición excepcional de la pena de prisión), 50º (reemplazo por reprimenda pública), 51º (reemplazo de la prisión, punición menor), 52º (reemplazo del resto de la punición por reprimenda pública), 53º y 54º (condenación condicional, 59º (reemplazo extraordinario por reprimenda pública), 60º (suspensión de la ejecución de las penas), 61º (reemplazo de la prisión, punición media) y 63º (reemplazo de la prisión, punición máxima) Proy. 1987; arts. 26º y 27º Proy. 2006.
1. El juez podrá reemplazar la pena de prisión que no exceda de tres años en su totalidad, o sea, desde el comienzo de su ejecución. De esta manera se evita la contaminación carcelaria y el consiguiente efecto lesivo de la autoestima del penado.
No cabe descartar supuestos en que el juez considere inconveniente la sustitución desde el comienzo de la ejecución, por razones que sean atendibles, como sería el caso en que el penado manifieste – o su conducta pusiere de manifiesto – que no solo no se muestra arrepentido del hecho, sino dispuesto a reiterarlo o a producir otro más grave. Si bien puede pensarse que estas son situaciones excepcionales y que nadie en su sano juicio haría semejante manifestación ni daría lugar a que su conducta la refleje, lo cierto es que la realidad es mucho mas rica que la imaginación.
2. Para la pena de mediana gravedad, o sea, la que se halla entre tres años y un día y diez años, se propone habilitar su reemplazo una vez cumplida la mitad en prisión. Se considera prudente distinguir estas penas de las graves o superiores a los diez años, lo que no representa ningún beneficio, sino sólo el reconocimiento de la diferente gravedad de la infracción, que de alguna manera debe tenerse en cuenta a los efectos de la ejecución.
Se proyectan dos excepciones a la regla general respecto de la pena que se puede reemplazar después de cumplida la mitad en encierro, aunque ambas tienen un sentido inverso, o sea, una posterga la posibilidad del reemplazo y la otra lo abrevia:
3. Por la primera, no se la podría reemplazar por lo menos hasta que se hayan cumplido dos tercios de la pena en prisión, cuando el condenado haya estado cumpliendo pena de prisión o su reemplazo en los cinco años anteriores. Se precisa que debe tratarse de cumplimiento como condenado, no bastando con que haya estado en prisión, dadas las dificultades que ha traído la interpretación de la legislación vigente en materia de reincidencia, pletórica de contradicciones e incluso forzando in malam partem la letra de la ley.
No se trata de un agravamiento por reincidencia, instituto que desaparece disuelto en disposiciones de esta naturaleza. La reincidencia importa la agravación de la pena de un delito posterior en razón de la comisión de uno anterior y por el que ya ha sido condenado y ha cumplido pena. Lo que se propone es una cuestión referida sólo a la ejecución de la pena, que no altera su extensión ni cancela del todo la posibilidad de reemplazo, sino que toma precauciones mayores en cuanto al momento de éste.
Quien ha sido condenado a pena de prisión y ha cumplido todo o parte de esta pena y, en un tiempo no muy prolongado, o sea, a menos de cinco años del cumplimiento de ella, comete un nuevo delito de cierta gravedad, requiere que se lo trate con mayor desconfianza en cuanto a su conducta futura. Obsérvese que no se propone que esta limitación sea obligatoria para el juez en el caso de las penas hasta tres años, pero tratándose de penas superiores y hasta diez años, la situación cambia: el hecho mismo de la comisión de un delito de mediana gravedad está poniendo de manifiesto una considerable asunción del rol desviado.
El inciso 4º trata de las penas graves, o sea, las mayores de diez años, donde la regla general que se propone es la prohibición de reemplazo hasta el cumplimiento efectivo de los dos tercios en prisión.
5. Cuando la pena corriese el riesgo de trascender gravemente a terceros o de traducirse en un agravamiento por condiciones personales, como sucede en los casos del inciso 5º del artículo 30º, se habilita al juez para disponer de un ámbito de decisión más amplio, por lo que se le faculta a que considere la posibilidad del reemplazo desde el cumplimiento efectivo de un tercio de la pena de prisión (para el supuesto del inciso 3º).
No obstante, también en los casos de riesgo de trascendencia o de agravamiento del inciso 5º del artículo 30, se confiere al juez un mayor ámbito de valoración, abriendo la posibilidad del reemplazo una vez cumplida la mitad de esa pena (para el supuesto del inciso 4º).
En todas las penas mayores de tres años y que hubiesen sido impuestas en función de circunstancias de máxima gravedad (inciso 4º del artículo 18º del presente anteproyecto), no se ha considerado prudente ampliar el plazo para que el juez quede habilitado a disponer el reemplazo, porque las apuntadas circunstancias habrían operado con anterioridad en la pena, determinando una mayor extensión de ésta.
Sin embargo, como por lo general – aunque no necesariamente – se trata de hechos de especial gravedad, se ha creído necesario rodear el reemplazo de particulares condiciones.
En principio, si bien lo normal sería siempre la intervención del ministerio público, en razón de la disparidad procesal se ha preferido consignarlo expresamente.
En segundo término se ha decidido que el juez sólo pueda proceder al reemplazo después de disponer del informe de tres peritos, designados respectivamente por el propio juez, por el ministerio público y por la universidad nacional más próxima.
Esta disposición se proyecta después de discutir varias dudas en el seno de la Comisión. Por un lado, ha pesado la responsabilidad legislativa de prever medidas prudentes antes de proceder al reemplazo de penas por hechos de gravedad máxima, pero también han pesado las dificultades creadas a los jueces por los medios masivos de comunicación y su repercusión política.
Ambas consideraciones aconsejan que una comisión plural de expertos ilustre el eventual reemplazo decidido por el juez. Por un lado, no puede privarse de un reemplazo al penado que es merecedor de éste; por otro, no puede cargarse al juez con la responsabilidad de cualquier conducta imprevisible que esa persona pueda realizar una vez reemplazada la pena de prisión; y, finalmente, tampoco puede permitirse ninguna eventual aplicación automática o no suficientemente meditada del reemplazo. Queda claro que la responsabilidad por el reemplazo es de la total valoración judicial, o sea, que el informe de la comisión de expertos no es vinculante para el juez, aunque cabe pensar que rara vez éste se apartará del mismo. No obstante, es muy diferente exigir la ilustración del juez a una transferencia de la potestad jurisdiccional a la comisión de expertos.
La demora que pueda causar el nombramiento de los expertos y su dictamen es un riesgo menor, que bien puede ser neutralizado con la iniciación del trámite con suficiente anticipación al vencimiento del plazo de prisión efectiva, considerando que, por lo general se trata de penas de prisión algo prolongadas.
Criterio para la determinación de los reemplazos
Correlaciones: art. 13º y 26º Proy. 1917; art. 13º y 26º Cód. 1921; arts. 42º a 44º y 85º Proy. 1937; arts. 81º, 86º y 87º Proy. 1941; art. 87º (condena de ejecución condicional, requisitos), 93º (libertad condicional: examen del solicitante), 94º (recursos procesales: la resolución que concediere o negare la libertad condicional, podrá ser objeto de los mismos recursos que las sentencias definitivas en causa criminal, ante los tribunales de alzada, los cuales, antes de resolver el recurso, deberán proceder de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior [examen del solicitante]) Proy. 1951; arts. 75º y 76º (condena de ejecución condicional) y 78º (libertad condicional) Proy. 1953; art. 48º (suspensión condicional de la pena de prisión: condiciones), art. 55º (libertad condicional: condiciones) Proy. 1960; art. 1º Proy. 1987; arts. 26º y 27º Proy. 2006.
El reemplazo de la prisión es procedente cuando el preso se compromete a conducirse de la manera que acuerda con el juez. Se trata, en el fondo, de establecer una relación de confianza entre el juez y el penado. Es sabido que cuanto más estrecho es el vínculo del preso con las autoridades penitenciarias, menos condiciones de seguridad son necesarias, pues se establecen compromisos de convivencia. El criterio del reemplazo pertenece a la misma naturaleza, sólo que extendido al juez. Es el juez quien debe valorar si el preso está en condiciones de asumir ese compromiso o si, por el contrario, defraudará su confianza, no sólo en perjuicio suyo sino también de otros que pueden aspirar al reemplazo, porque su traición a la confianza judicial puede determinar un mayor nivel general de desconfianza por parte del juez.
En definitiva, el reemplazo debe depender de las condiciones personales que el juez encuentre en el preso para hacerlo depositario de su propia confianza y a la vez responsable frente a todos los otros penados que también pueden aspirar al reemplazo, o sea, en la capacidad del preso para desarrollar y asumir este sentido de responsabilidad.
Esta valoración no puede quedar sujeta sólo al grado de disposición personal del juez para creerle al penado. Por lógica debe discutirse, para lo cual el juez puede solicitar todos los informes, documentación y opiniones técnicas que considere conducentes, pero también el ministerio público, la defensa y el propio penado pueden aportar esos elementos de juicio, tal como se lo proyecta en el inciso 2º de este artículo.
El inciso 3º se ocupa del supuesto en que el reemplazo sea en definitiva denegado. Transcurrido un año desde la fecha en que quede firme la decisión judicial que lo deniega, el preso podrá volver a solicitarlo, en razón de que sus circunstancias personales pueden haber variado, puede haberse esforzado por adecuar su disposición para asumir el compromiso del reemplazo o pueden haber surgido nuevas circunstancias, dado que se trata de una actitud vivencial que por su naturaleza es dinámica.
En razón de la importancia que revisten estas decisiones judiciales, se dispone respecto de ellas lo mismo que se proyecta en el inciso 1º del artículo 20º.
Detención domiciliaria por razones humanitarias
Correlaciones: art. 72º Proy. 1881 (para los condenados a la pena de arresto); art. 70º Cód. 1886 (ídem); art. 10º Proy. 1917 (cuando la prisión no excediera de seis meses, tratándose de mujeres honestas o personas mayores de sesenta años o valetudinarias); art. 10º Cód. 1921; art. 43º (suspendía la ejecución si la condenada se encontrare encinta o no hubieren transcurrido cuarenta días desde el alumbramiento) Proy. 1941; art. 47º Proy. 1973.
1. La detención domiciliaria puede disponerse siempre por razones humanitarias. En el caso del inciso primero del artículo proyectado será un derecho del penado y, probados los extremos legales, el juez no podrá negarla, pues el reemplazo obedece a razones que son bastante obvias, que convertirían la pena de prisión en una pena cruel prohibida por la Constitución y el derecho internacional.
a) La primera hipótesis es la del penado enfermo en período terminal y responde a que pueda agotar su vida fuera de la prisión, entre los suyos.
b) La segunda hipótesis halla su fundamento en que la pena de prisión no puede convertirse en una pena física y menos aún en una pena de muerte, cuando las condiciones de esta pena impidan la recuperación de la salud del penado o su adecuado tratamiento, y tampoco resuelva la situación su internación en un hospital.
Son conocidos los efectos depresivos de la pena de prisión y el riesgo que esto importa para dolencias graves, en particular cuando se convierten orgánicamente en un debilitamiento del sistema inmunológico.
c) La tercera hipótesis no se refiere a cualquier incapacidad, aunque es natural que toda incapacidad genere más dificultades para la adaptación a la vida carcelaria. La incapacidad a que se refiere este texto debe ser de grado tal que, por su naturaleza, convierta a la prisión en un trato cruel, inhumano o degradante.
2. El segundo orden de casos contemplados por este artículo se refiere a circunstancias que el juez debería valorar en concreto, dejando a su prudente arbitrio la decisión respecto de la concesión del reemplazo.
En todos estos supuestos se insiste en la intervención del ministerio público, pese a que lo normal es que sea procedente y, por supuesto, no considerándolo vinculante. Por otra parte, en estos casos el juez debe tener en cuenta también la gravedad del hecho, pese a que ésta no lo limite en forma asertiva.
En general, en estos supuestos son válidas las razones que se han expuesto en cuando al dispositivo del inciso 6º del artículo 30º, con algunas variantes.
a) En el primer apartado, considerando que se trata directamente de una forma de reemplazo de la prisión en caso de penas de cualquier gravedad y sin atención a la parte cumplida, se estima prudente proponer una elevación a la edad como fundamento, pasándola a los setenta y cinco años.
b) c) d) e) f). Los siguientes apartados responden claramente al principio de personalidad de la pena, para procurar disminuir la trascendencia de ésta al feto, a los niños y adolescentes y a los discapacitados que puedan quedar desamparados.
En cuanto a los menores que pueden resultar afectados por la trascendencia, se baja la edad respecto de la previsión del inciso 6º del artículo 30º, por las mismas razones que se propone subirla respecto de las personas mayores.
3. Pese a que la prohibición del inciso 3º es bastante obvia, igualmente se propone consignarla, como forma de llamar la atención del juez y evitar que se incurra en errores judiciales que permitan en algún caso ordenar o autorizar el reemplazo en perjuicio de la propia víctima o de los convivientes del penado.
El primer supuesto, o sea, el de perjuicio de la propia víctima, si bien en principio pareciera absurdo, lo cierto es que no puede descartarse, habida cuenta de que pueden presentarse casos con motivaciones bastante complejas y hasta algo patológicas, en que la víctima opera a favor del victimario.
En cuanto al inciso 4º proyectado, cabe dar por reproducidas las mismas razones que se han expuesto al disponer acerca de la detención domiciliaria como pena alternativa en el inciso 2º del artículo 23º, en particular teniendo en cuenta las reticencias jurisprudenciales en materia excarcelatoria.
De la pena de multa y de su determinación
Correlaciones: art. 128º, 130º, 162º Cód. Tejedor; art. 73º a 75º Proy. 1881; art. 79º Cód. 1886; art. 39º Proy. 1891; art. 67º Proy. Segovia; art. 79º Cód. 1886/1903; art. 28º Proy. 1906; art. 21º Proy. 1917; art. 21º Cód. 1921; art. 56º, 80º y 81º (multa suplementaria) Proy. 1937; art. 48º Proy. 1941; art. 77º (forma de pago) Proy. 1951; art. 49º y 69º (determinación) Proy. 1953; arts. 59º y 60º Proy. 1960; art. 61º (contenido de la multa y modo de fijarla), 62º (formas de ejecución) y 63º (amortización de la multa con trabajo), 78º (multa conjunta) Proy. 1973; art. 32º (concepto y destino) y 33º (condiciones de pago e incumplimiento) Proy. 1987; art. 18º Proy. 1989-90; arts. 12º y 13º Proy. 2006.
1. El inciso 1º define la pena de multa y se establece su destino. Se ha considerado necesario establecer el destino, puesto que de lo contrario estas sumas se pierden en rentas generales, lo que, además, compromete en cierta medida la ética del estado, dado que éste se beneficiaría de la comisión de delitos penados con multa.
A efectos de evitar esta objeción ética se destina su producto a asistencia social para las víctimas de delitos y a los familiares de los condenados.
2. Entre los diversos sistemas de cuantificación de la pena de multa, se opta por proponer de día de multa, conocido como sistema nórdico, aunque en realidad se trata de un sistema que fue inventado en Brasil en el siglo XIX, respondiendo a un reclamo de proporcionalidad con la fortuna que proviene del iluminista napolitano Gaetano Filangieri.
Se trata de fijar la cuantía de días por un lado y, por otro, establecer el monto de cada día. En tanto que la cantidad de días se establece conforme a la culpabilidad por el hecho, el monto de cada día de multa responde a la capacidad de pago y a las condiciones personales del procesado.
Dado que el máximo de la multa puede llegar hasta dos años (setecientos veinte días) y debe representar una reducción del nivel de vida o gastos del penado, se establece que el mínimo del importe del día de multa no podrá ser inferior al diez por ciento del salario mínimo vital y móvil, pero tampoco superior al importe de éste. De cualquier manera, también queda claro que la disminución de su nivel de vida y gastos no puede hundirlo en la miseria ni trascender a terceros, por lo que se prevé que no exceda del treinta por ciento de la renta diaria del condenado.
Por renta del condenado se entiende la que corresponde en promedio por cada día, ateniéndose a la renta real, o sea, a lo que realmente percibe. Se ha preferido este sistema al más riguroso de la renta potencial, que es la que debiera percibir conforme a sus bienes, aunque de hecho por cualquier razón no la perciba. Se apela a esta renta potencial sólo cuando no fuese posible establecer la renta real, con lo cual se supone que el propio condenado procurará probar esta última.
La pena de multa, como todas las penas, debe respetar los principios generales del artículo 1º de este anteproyecto y, por lo tanto, no puede resultar desproporcionada por excesivamente gravosa para el condenado. Se trata de que éste experimente una disminución en su nivel de vida o en sus ingresos, pero no que pase padecimientos que, además, por regla general, trascienden a su familia o allegados o afectan el desarrollo de la vida posterior del penado.
En razón de esto – y conforme a varias disposiciones de la legislación comparada – se propone en tales casos conceder un plazo razonable o el pago en cuotas, que devuelvan a la pena su debida proporción y pueda alcanzar su objetivo sin distorsiones.
El inciso 5º de este artículo dispone que cuando la incapacidad de pago exista al momento mismo de la condenación, el juez no podrá imponer pena de multa, pues estaría condenando al penado directamente a prisión, en razón de sus nulas posibilidades patrimoniales, lo que sería inconstitucional por abiertamente violatorio del principio de igualdad del artículo 16 constitucional: quien cometiera el mismo hecho pero dispusiera de dinero podría ser condenado a multa, en tanto que quien no lo disponga debería ser penado con prisión. Para evitar esta objeción se propone que en estos casos el juez reemplace la pena de multa por la de trabajos para la comunidad, aunque seguramente esto también puede ser criticado como discriminatorio. Sin embargo, la conversión o reemplazo por trabajo a la comunidad es sumamente benigna, pues se propone hacerlo a razón de una hora de trabajo por cada día de multa, lo que de alguna manera otorga a la pena un valor predominantemente simbólico.
El inciso 6º prevé la multa accesoria que el juez puede imponer cuando se condene por cualquier delito cuya comisión haya sido movida por ánimo de lucro. Corresponde al vigente artículo 22 bis, con la conversión de la suma fija en una referida a salarios mínimos vitales y móviles.
Incumplimiento. Incapacidad de pago