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Timestamp: 2018-01-23 16:24:23
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Matched Legal Cases: ['artículo 97', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 28', 'artículo 5', 'artículo 76', 'artículo 76', 'artículo 17', 'artículo 2', 'artículo 14', 'artículo 26', 'artículo 76', 'artículo 5', 'artículo 9', 'artículo 14', 'artículo 136', 'artículo 5', 'artículo 76', 'artículo 93', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 26', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 5', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 14', 'artículo 136', 'artículo 14', 'artículo 5', 'artículo 14', 'artículo 2', 'artículo 2']

CCPR/C/100/D/1887/ PDF
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Antonio Villanueva de la Cruz
1 Naciones Unidas Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos CCPR/C/100/D/1887/2009 Distr.: Reservada * 29 de octubre de 2010 Original: Español Comité de Derechos Humanos 100º período de sesiones 11 a 29 de octubre de 2010 Dictamen Comunicación N o 1887/2009 Presentada por: Presunta víctima: Estado Parte: Fecha de la comunicación: Referencias: Juan Peirano Basso (representado por los abogados Carlos Varela Alvarez y Carlos de Casas) El autor Uruguay Fecha de aprobación del dictamen: 19 de octubre de de mayo de 2009 (fecha de presentación inicial) Decisión del Relator Especial con arreglo al artículo 97 del reglamento, transmitida al Estado Parte el 20 de julio de 2009 (no se publicó como documento) * Se divulga por decisión del Comité de Derechos Humanos. GE
2 Asunto: Cuestiones de procedimiento: Cuestión de fondo: Artículos del Pacto: Artículos del Protocolo Facultativo: Irregularidades procesales en la causa seguida contra el autor. No agotamiento de recursos internos; falta de fundamentación. Denegación de la libertad provisional; dilación excesiva del proceso. 9, párrafo 3; 14, párrafo 3 c). 2; 5, párrafo 2 b). El 19 de octubre de 2010, el Comité de Derechos Humanos aprobó el texto adjunto como dictamen del Comité emitido a tenor del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo respecto de la comunicación Nº 1887/2009. [Anexo] 2
3 Anexo Dictamen del Comité de Derechos Humanos a tenor del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 100º período de sesiones respecto de la Comunicación Nº 1887/2009 ** Presentada por: Presunta víctima: Estado Parte: Fecha de la comunicación: Juan Peirano Basso (representado por los abogados Carlos Varela Alvarez y Carlos de Casas) El autor Uruguay 5 de mayo de 2009 (fecha de presentación inicial) El Comité de Derechos Humanos, creado en virtud del artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Reunido el 19 de octubre de 2010, Habiendo concluido el examen de la comunicación n 1887/2009, presentada por Juan Peirano Basso, con arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Habiendo tenido en cuenta toda la información presentada por escrito por el autor de la comunicación y el Estado Parte, Aprueba el siguiente: Dictamen emitido a tenor del párrafo 4 del artículo 5 de Protocolo Facultativo 1. El autor de la comunicación, de fecha 5 de mayo de 2009, es Juan Peirano Basso, ciudadano uruguayo nacido el 4 de noviembre de 1949, quien alega ser víctima por parte de Uruguay de violaciones a los artículos 2, párrafos 1, 2 y 3 a); 9, párrafo 3; 7; 10; 14, párrafos 1, 2 y 3 a), b) y c); y 26 del Pacto. El Protocolo Facultativo entró en vigor para el Estado Parte el 23 de marzo de El autor está representado por abogado. ** Participaron en el examen de la comunicación los siguientes miembros del Comité: Sr. Abdelfattah Amor, Sr. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Sr. Lazhari Bouzid, Sra. Christine Chanet, Sr. Mahjoub El Haiba, Sra. Helen Keller, Sr. Rajsoomer Lallah, Sra. Zonke Zanele Majodina, Sr. Michael O Flaherty, Sr. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, Sr. Fabian Omar Salvioli y Sr. Krister Thelin. 3
4 Los hechos expuestos por el autor 2.1 La familia del autor era dueña, entre otros negocios, del Banco de Montevideo. En 2002, bajo el impulso del Banco Central de Uruguay, el Juez en lo Penal en turno del Juzgado n 8 de Montevideo inició una investigación en el marco de la cual fueron detenidos, con fecha 7 de agosto de 2002, el padre del autor, Jorge Peirano Facio 1 y sus hijos Jorge, Dante y José Peirano Basso. Se les acusaba de haber cometido delitos encuadrables dentro del artículo 76 2 de la Ley 2.230, que regulaba la responsabilidad de directores y administradores de sociedades anónimas. 2.2 Con fecha 25 de junio de 2002, el autor abandonó el país con destino a Sao Paulo, Brasil, de donde viajó a Estados Unidos al día siguiente. En marzo de 2003 inició los trámites de residencia en ese país y, el 29 de mayo de 2005, obtuvo el certificado de residencia permanente (Green Card). Entretanto, la Administración de Justicia de Uruguay, argumentando que se había fugado del país, emitió una orden de captura internacional contra el autor. Como consecuencia, fue detenido en Estados Unidos el 19 de mayo de 2006 y extraditado a Uruguay el 10 de septiembre de El 11 de septiembre fue procesado por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de 7 Turno por el delito de insolvencia societaria fraudulenta, que prevé una pena de 12 meses a 10 años de prisión. 2.3 El autor afirma que, desde su extradición, se le ha denegado la libertad provisional. Esta denegación se produjo inicialmente mediante resolución judicial de 15 de octubre de 2008 con base en los siguientes motivos: si bien es cierto que el imputado, en función de los recursos por él mismo deducidos ante las autoridades estadounidenses lleva más de 28 meses de reclusión, el proceso, en cuanto a los hechos que se le atribuyen prima facie, recién comienza y existen diligencias probatorias pendientes, ya dispuestas por la Sede, en el auto de procesamiento, las que podrían verse frustradas o entorpecidas por la libertad del imputado. Asimismo ( ) pese a ser ( ) de su conocimiento que era requerido para ser juzgado, optó por salir del país, sin volver al mismo, manteniendo una actitud de rechazo a la comparecencia ante la justicia uruguaya. 2.4 Esta resolución fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones Penal 3er. Turno, quien en decisión de 27 de febrero de 2009, afirmó: no puede considerarse el arresto administrativo a los efectos del proceso de extradición como prisión preventiva, puesto que aún no existía sujeción jurídica a las autoridades nacionales, lo que sólo vino a producirse con el dictado del auto de procesamiento. Cosa muy diferente es que el arresto administrativo sea computado a los efectos del descuento de la penalidad a imponer oportunamente y una vez individualizada. 2.5 Con posterioridad, el autor solicitó la libertad por gracia ante la Suprema Corte de Justicia 3, que fue denegada mediante decisión de 25 de marzo de Esta decisión no fue motivada, contrariando así el sistema legal interno que obliga a motivar las decisiones. El 11 de diciembre de 2008 se solicitó una salida transitoria, conforme a lo previsto en la normativa procesal, a efectos de que pudiera pasar Navidad y Fin de Año con su familia. La misma fue rechazada mediante resolución de 22 de diciembre de Esta resolución 1 El padre, de 82 años, falleció en prisión en El artículo 76 establece que los directores y administradores de sociedad anónima que cometan fraude, simulación, infracción de estatutos o de una ley cualquiera de orden público, sufrirán la pena señalada en los artículos 272 y 274 del Código Penal para los quebrados fraudulentos. Esta disposición fue derogada por la Ley n , de 14 de noviembre de La libertad por gracia es una figura prevista en el artículo 17 de la Ley n , conforme a la cual En cualquier estado de la causa, a solicitud presentada por escrito por la defensa, la Suprema Corte de Justicia, previo informe del Instituto Técnico Forense, podrá conceder la excarcelación provisional por gracia, atendiendo a la preventiva ya sufrida o a la excesiva prolongación del proceso. 4
5 reconoció que el autor había sufrido ya más de dos años de detención contando, como corresponde hacerlo, la detención administrativa en Estados Unidos mientras se tramitaba la solicitud de extradición. La juez fundamentó la negativa en la actitud asumida por el encausado de no presentarse ante la justicia uruguaya lo que exigió la tramitación de un largo proceso en Estados Unidos hasta hacerse lugar a su extradición. Siendo así, al momento, estando el proceso en sus inicios, no puede de modo alguno considerarse que la prisión preventiva no cumpla con la finalidad que le es propia, esto es la de evitar que el encausado se evada u obste a la prosecución del proceso, riesgos éstos que se encuentran también presentes de accederse a su solicitud de salida bajo declaración jurada. La resolución no es apelable y no permite una nueva solicitud de salida transitoria hasta cumplido el plazo de 90 días. 2.6 El autor señala que la entonces jueza a cargo de la instrucción en dos oportunidades, denegación de la excarcelación y de las salidas transitorias, entendió que el tiempo de detención o prisión debía computarse desde el momento en que fue privado de libertad en Estados Unidos a pedido del Estado parte, mientras que el Tribunal de Apelaciones entendió que sólo debía computarse desde que compareció al Juzgado, es decir dos años después, concluido el proceso de extradición. 2.7 El autor afirma que, en el sistema uruguayo, contra la denegatoria del juez de la causa de conceder la libertad provisional sólo procede el recurso de apelación. Este se interpone ante el propio juez que dictó la providencia, quien lo remite al Tribunal de Apelaciones. En esta parte del proceso recursivo no existen plazos establecidos. El recurso de casación, que es resuelto por la Suprema Corte de Justicia, procede sólo contra las sentencias definitivas de la segunda instancia (Tribunal de Apelaciones) o contra las resoluciones de segunda instancia que pongan fin a la acción penal o hagan imposible su continuación. Ello quiere decir que, siendo la libertad provisional una cuestión que se promueve por incidente, no produce una sentencia de las llamadas definitivas, por lo que no permite utilizar el recurso de casación y, por ende, acceder a la Suprema Corte de Justicia. En base a lo anterior el autor sostiene haber agotado los recursos internos. 2.8 Contra el auto de procesamiento y prisión el autor interpuso recurso de reposición en el que alegaba violación del debido proceso. Mediante Resolución de 12 de noviembre de 2008 la juez estimó que existían elementos de convicción suficientes como para iniciar propiamente el sumario penal; que el indagado había tenido la oportunidad de ser oído por el juez, oportunidad que declinó como una opción propia, adoptada libremente en presencia de su defensor; que no se le otorgó un plazo mayor a las 48 horas porque se contaba con elementos de convicción suficientes como para procesar; y que el autor conocía los hechos por los que era indagado, pues los mismos figuraban en el exhorto de extradición librado a las autoridades de Estados Unidos. La resolución señalaba igualmente que, al ser conducido ante el juez, la primera medida que se adoptó fue la de pedirle que designara defensor e informarle de los cargos. Al ser interrogado, en presencia de su defensor, se le ofreció diferir la audiencia a fin de permitirle ejercer su derecho de defensa en mejor forma, proposición que declinó. Una vez conocida la solicitud de procesamiento, de parte del fiscal, se le dio tiempo para examinar dicho pedido, junto con su defensor. Las pruebas rendidas y que fundamentaron la decisión judicial fueron identificadas concretamente en el auto de procesamiento El autor afirma que, cuando fue detenido, el proceso penal iniciado en 2002 contra su padre y sus hermanos estaba en curso. Sus hermanos permanecieron detenidos más de cinco años, excediendo el límite de la pena que fijaba la ley por la que fueron procesados. Su caso fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien en su 4 Según los terminos de la Resolución, copia de la cual fue proporcionada por el autor. 5
6 decisión de 1 de mayo de concluyó que el Estado uruguayo era responsable de la irrazonable prolongación de la prisión preventiva de Jorge, José y Dante Peirano Basso. En consecuencia, el Estado era responsable de la violación del derecho a la libertad personal, de las garantías del debido proceso y del compromiso de garantizar que la autoridad competente decida sobre los derechos en conjunción con la obligación del Estado de asegurar el goce y respeto de los mismos. La Comisión recomendó al Estado que tomara las medidas necesarias para que Jorge, José y Dante Peirano Basso fueran puestos en libertad mientras estuviera pendiente la sentencia, sin perjuicio de que continuara el proceso. Recomendó igualmente al Estado modificar las disposiciones legislativas o de otro carácter a fin de hacerlas consistentes con las normas de la Convención Americana que garantizan el derecho a la libertad personal. El autor afirma que su padre, de 82 años, falleció en prisión en 2003 y que sus hermanos fueron puestos en libertad provisional en Sin embargo, las autoridades judiciales del Estado Parte aún no han dictado sentencia en el caso El autor señala igualmente que existe un pedido de extradición contra él formulado por Paraguay. El 22 de diciembre de 2008, en el expediente referente a esa solicitud de extradición, la Jueza Penal de 8 Turno dictó su arresto preventivo, el cual se haría efectivo una vez que el autor recupere su libertad en la causa actualmente pendiente contra él ante el Juzgado de 7 Turno. La denuncia 3.1 El autor señala que el régimen procesal penal uruguayo, cuya última reforma importante se produjo en 1980, durante la dictadura militar, consagra un sistema inquisitorial y escrito donde el mismo juez que instruye e investiga es quien dicta sentencia, se carece de inmediatez, el juez raramente ve al acusado y la actuación de éste o de su defensor están seriamente limitadas. Tampoco existe el procedimiento de habeas corpus. En 1997 se adoptó un nuevo código procesal que aún no ha entrado en vigor, debido a que se han ido dictando leyes que suspenden su aplicación. 3.2 El autor afirma que su detención y el proceso a que está siendo sometido es arbitrario e ilegal, porque la normativa interna no contiene los requisitos mínimos de imparcialidad, juicio justo, doble instancia, principio de inocencia y debido proceso legal. Por tanto, no cumple con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado parte al ratificar el Pacto. Este hecho constituye en sí una violación del artículo 2, párrafos 1, 2 y 3 a) del Pacto. 3.3 El autor afirma igualmente ser objeto de violación de los artículos 9, párrafo 3; 14, párrafos 1, 2 y 3; y 26 del Pacto. En el momento en que la comunicación fue presentada al Comité llevaba tres años detenido, sin posibilidad de acceder a la libertad provisional, procesado por un delito que fija una pena mínima a partir de los 12 meses de prisión y sin tener antecedentes penales. El auto de procesamiento, emitido el 11 de septiembre de 2008, se encontraba apelado ante el Tribunal de Apelaciones desde hacía siete meses. Estos hechos constituyen una violación del derecho a un juicio justo y al debido proceso en un plazo razonable y son contrarios a los principios de la excepcionalidad de la prisión preventiva y de presunción de inocencia previstos en el Pacto. 3.4 El autor afirma igualmente que, tres años después de haber sido detenido, aún no existía acusación del Ministerio Público. Además, en el recurso de apelación denunció que en la audiencia de declaración ante el juez no se le brindó ninguna información sobre los cargos formulados. Ello es contrario a la legislación interna conforme a la cual dentro de las 24 horas siguientes a la detención corresponde se establezca una expresión clara de los 5 Informe Nº 35/07, Caso
7 cargos, y al artículo 14, párrafo 3 del Pacto. Tampoco tuvo un tiempo adecuado para preparar su defensa, ya que su llegada al país se produjo el 10 de septiembre de 2006 y su procesamiento y detención se materializaron al día siguiente. 3.5 La consecuencia de la no información de los cargos y la prueba, así como la denegación de un tiempo adecuado para ejercer su declaración y defensa conlleva además la violación del artículo 26 del Pacto, por colocar al autor en una situación de desigualdad. En efecto, si el autor se hubiera presentado a la Justicia con su padre y hermanos el 7 de agosto de 2002, habría sido acusado del delito previsto en el artículo 76 de la ley 2230, la cual fue derogada entretanto y que preveía una pena menor. Por el contrario, el autor está siendo procesado por un delito de insolvencia fraudulenta societaria, previsto en el artículo 5 6 de la Ley 14095, aunque sobre la base de los mismos hechos y pruebas. Aunque la juez señala que ahora habría nuevas pruebas, como las que surgen de los informes de los liquidadores de uno de los Bancos, no explica de qué manera ello incide en un cambio de calificación legal. 3.6 El autor alega igualmente haber sido objeto de violación de los artículos 7 y 10 del Pacto. El 15 de septiembre de 2008 fue agredido verbal y físicamente por un grupo de internos que intentaron extorsionarlo y, ante su negativa, lo apuñalaron. Ello ocasionó la apertura de una investigación. La cárcel de COMCAR donde está alojado es la más superpoblada del país y las condiciones de alojamiento y de violencia intracarcelaria son alarmantes, como señalado por el Relator de Naciones Unidas sobre la Tortura en su visita al país. 3.7 El autor alega ser objeto de violación del artículo 9, párrafo 3 del Pacto. Su excarcelación ha sido negada debido a que el tiempo de detención durante el proceso de extradición, casi dos años, no fue computado como tiempo de prisión preventiva, por no existir sujeción jurídica al Estado Parte y ser considerado como detención administrativa, no asimilable a la prisión preventiva. El autor afirma que su prolongada detención provisional constituye, en realidad, un adelanto de pena. Afirma que nunca se fugó, pues cuando salió del país el 25 de junio de 2002 no ocultó su identidad, y que el Estado tiene medios para asegurar y controlar su comparecencia en el país donde está arraigado. Además, ninguna prueba corre riesgo, pues el material de pericia se encuentra en el juzgado. 3.8 El autor afirma igualmente que no se ha respetado su derecho bajo el artículo 14, párrafo 3 c) a ser juzgado sin dilaciones indebidas. En este sentido, cita jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con arreglo a la cual dicho plazo comienza a contarse desde el momento en que existe una acusación formal, incluso desde el inicio de los incidentes preliminares contra el presunto acusado. El mismo concluye en el momento en que el acusado es notificado de la sentencia o auto que cierra la causa definitivamente. El autor recuerda que la Corte Europea ha rechazado el argumento de los Estados que atribuyen la demora al tiempo empleado para la producción de las pericias, o a la sobrecarga de los órganos judiciales. El autor cita igualmente la jurisprudencia del Comité en la materia. Señala igualmente que, según el artículo 136 del Código del Proceso Penal (CPP), la duración del sumario no puede superar los 120 días. En caso de que dicho plazo no se cumpla, el juez instructor debe informar por escrito a la Suprema Corte de Justicia sobre los motivos. Dicho informe se repetirá cada sesenta días después del vencimiento del plazo indicado. 6 Según esta disposición el que para procurarse provecho injusto, para sí o para otro, ocultara, disimulara o hiciera desaparecer, total o parcialmente, el patrimonio de una empresa, con perjuicio para un tercero, será castigado con pena de 12 meses de prisión a 10 años de penitenciaría. 7
8 Observaciones del Estado Parte en cuanto a la admisibilidad 4.1 Mediante nota verbal de 16 de septiembre de 2009 el Estado parte contestó la admisibilidad de la comunicación. Señaló que el autor está sometido a enjuiciamiento y prisión desde el 11 de septiembre de 2008 bajo la imputación de un delito de insolvencia societaria fraudulenta tipificado en el artículo 5 de la Ley nº El autor se encontraba prófugo de la justicia desde el 8 de agosto de Huyó del país luego de producirse la quiebra fraudulenta de varios de sus bancos y paralelamente al procesamiento y detención de su padre, sus hermanos y varios colaboradores, integrantes todos del mismo grupo económico. Los hechos por los que se dispuso el procesamiento del autor son los mismos que motivaron el enjuiciamiento de su familia y colaboradores y tienen que ver con las actividades y maniobras del grupo económico denominado Grupo Velox. 4.3 Entre 1993 y agosto de 2002, este Grupo era propietario y controlaba, entre otras instituciones financieras, a las siguientes: Banco de Montevideo S.A., BM Fondos, Indumex S.A., Banco Velox (Argentina), Velox Investment Company (Argentina), Banco Alemán Paraguayo (Paraguay), Financiera Guaraní (Paraguay), Trade and Commerce Bank Islas Caiman y la representante de Trade and Commerce en Uruguay, LATINUR S.A.. El modus operandi del Grupo implicaba ubicar a un miembro de la familia Peirano en el control financiero de las empresas. El autor presidía el Grupo y tomaba las decisiones más importantes de carácter financiero. A fines del 2001, la crisis económica que se desató en Argentina se extendió a la región y afectó seriamente los intereses del Grupo en Uruguay, ya que sus clientes comenzaron a realizar retiros masivos de los bancos. Ante estas circunstancias, el Grupo adoptó decisiones para salvar su patrimonio. En 2002, el Banco Central de Uruguay detectó la disminución del capital del Banco de Montevideo, ya que éste comenzó a prestar asistencia a empresas financieras del grupo en forma irregular y a conceder préstamos personales al autor. Estas operaciones, contrarias a la ley, llevaron al cierre del Banco de Montevideo y a la apropiación por parte del Grupo del dinero de los ahorristas, precipitando una crisis financiera que puso en riesgo todo el sistema financiero del país. 4.4 Teniendo en cuenta la responsabilidad individual del autor en los hechos descritos, la judicatura dictó orden de captura internacional el 8 de agosto de Mientras se encontraba prófugo de la justicia, el autor ocultó su identidad bajo el nombre de John P. Basso, o John P. Vasso o John P. Vazzo. El mismo día de su llegada al Estado parte, el 10 de septiembre de 2008, se celebró la audiencia prevista en la ley y, el 11 de septiembre de 2008, se dictó auto de procesamiento. La Constitución Nacional impide el proceso penal en rebeldía, por lo que se requiere la presencia física de la persona para que pueda instaurarse un proceso penal ajustado a derecho. Esta instancia fue cumplida luego del traslado del autor desde Estados Unidos. El autor interpuso recurso de reposición, nulidad y apelación del auto de enjuiciamiento, que fue resuelto negativamente. El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3er Turno confirmó esta decisión con fecha 20 de julio de El autor solicitó en dos oportunidades la libertad provisional, la cual fue denegada por el juez de la causa y el Tribunal de Apelaciones. También fue denegada la libertad por gracia solicitada ante la Suprema Corte de Justicia. El beneficio de salidas transitorias fue igualmente denegado. 4.6 El caso en contra del autor se encuentra en la etapa de sumario, recabándose pruebas. Por este motivo no se cumple uno de los requisitos esenciales en el trámite de la comunicación, que es el agotamiento de los recursos internos. No se han interpuesto ni agotado ninguno de los recursos judiciales existentes en el derecho interno, ya que no existe sentencia firme que concluya e impute responsabilidad penal del autor en los hechos de los que se le acusa. 8
9 Comentarios del autor a las observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad 5.1 En sus comentarios de 3 de diciembre de 2009, el autor se refiere a la calidad de prófugo que le atribuye el Estado parte. Afirma que salió de Uruguay el 25 de junio de 2002 en vuelo con destino a Sao Paulo sin ocultar su identidad en ningún momento. Allí tomó un vuelo con destino a Nueva York, donde llegó el 26 de junio de 2002, igualmente sin haber ocultado su identidad. En noviembre del mismo año tramitó y obtuvo su licencia de conducir (verdadero documento de identidad en Estados Unidos) en el Estado de Tennesse, a nombre de Juan Peirano Basso. En marzo de 2003 inició formalmente el trámite para obtener la residencia legal en Estados Unidos, constituyendo domicilio en el lugar donde residía (Clarksville, Tennesse). En abril de 2003 se presentó ante las autoridades fiscales solicitando que se le asignara un número de contribuyente. En 2004 solicitó un permiso de trabajo temporal. El Social Security Service le asignó un certificado provisorio, a nombre de Juan Peirano Basso. El 29 de mayo de 2005 recibió su certificado de residencia permanente con el mismo nombre. Al recibir la solicitud de extradición las autoridades estadounidenses verificaron exhaustivamente su situación personal. Si su condición hubiera sido de individuo prófugo, no hubiera correspondido la tramitación del proceso de extradición y la entrega se hubiera realizado de manera inmediata. 5.2 Es inexacta la afirmación de que su situación y la de sus hermanos hayan sido paralelas, pues su familia fue detenida en agosto de 2002, cuando él ya no estaba en el país. Los hechos por los que se dispuso su procesamiento tampoco coinciden con los del enjuiciamiento de sus familiares. Mientras éstos fueron procesados por infracción a la ley 2230 de 1893, cuyo artículo 76 fue derogado el 28 de noviembre de 2008, el autor fue procesado por el delito de insolvencia societaria fraudulenta. Además, el Estado en su respuesta hace consideraciones con las que pretende dar por probada la culpabilidad del autor, olvidando que mientras no se dicte sentencia definitiva éste goza de la presunción de inocencia. 5.3 El autor reitera que la escala penal del delito que se le imputa parte de un mínimo de un año, por lo que lleva en prisión preventiva casi la mitad de la posible pena máxima. Su prisión preventiva constituye, por consiguiente, un adelanto de la pena y una violación grave al principio de inocencia. Por otro lado, el Estado parte no explica la razón por la que el proceso no ha terminado, ni qué pruebas o actos que haya realizado la defensa han demorado injustificadamente el juicio. Su situación se identifica con la de sus hermanos en el sentido de que, aunque éstos se encuentran en libertad bajo fianza, siguen sometidos a proceso hace más de siete años, bajo una ley que ha sido derogada y sin que se dicte sentencia. 5.4 El autor reitera que existe una abierta violación al proceso penal justo y al plazo razonable establecido para el tipo de juicio al que está sometido. Según figura en documentos relativos al proceso de extradición, la misma fue otorgada en el entendido de que recibiría las garantías del debido proceso bajo la legislación nacional de Uruguay y sus obligaciones internacionales, incluyendo el derecho a ser juzgado sin demora indebida tal cual se prevé en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del cual Uruguay es parte. 5.5 Respecto al agotamiento de los recursos internos, el autor utilizó todas las vías posibles para obtener la libertad provisional. Los derechos que se alegan violados (entre otros el derecho a ser juzgado en un plazo razonable o a ser puesto en libertad y el derecho a la integridad física) no dependen, o se pueden gozar, sin perjuicio de que continúe un proceso penal. El agotamiento de la vía interna no significa que finalice el proceso penal, sino que se hayan agotado los recursos para remediar esa situación. Si ya no hay recursos para pedir la libertad durante el proceso esa vía está agotada, no hay que esperar a que termine el proceso penal. Por otro lado, ninguna de las etapas del proceso tiene plazo límite 9
10 en la legislación interna, por lo que es muy probable que el proceso vaya a consumir el máximo de la pena posible. Observaciones del Estado parte en cuanto al fondo 6.1 Con fecha 11 de enero de 2010 el Estado parte observó que varias de las alegaciones contenidas en la comunicación guardan relación directa o indirectamente con el juicio penal que se está tramitando. En consecuencia, no corresponde al Estado pronunciarse sobre los puntos allí referidos, pues ello afectaría la subsidiaridad del sistema internacional, prejuzgando sobre un juicio respecto al cual los órganos judiciales no se han pronunciado y afectando potencialmente la presunción de inocencia. Por consiguiente, el Estado parte limita sus observaciones a dos aspectos: la negativa del beneficio de excarcelación y las agresiones en el lugar de detención. 6.2 El autor salió del país en 2002 y se mantuvo prófugo de la justicia hasta 2006, con ocultación de su identidad en los Estados Unidos bajo el nombre de John P. Basso, o John Vasso o John P. Vazzo. Por ello, existen razones fundadas, a juicio de la judicatura actuante, para prevenir la ocurrencia de una conducta similar en el futuro. 6.3 Respecto a las condiciones de detención, el autor se encuentra en el Complejo Carcelario Santiago Vázquez. Su trascendencia pública, en consideración a la magnitud de los hechos que su conducta y la de su familia acarrearon para importantes sectores de la población uruguaya cuando en el año 2002 fueron privados de sus ahorros bancarios, generando conmoción y alarma pública, pueden haber motivado la agresión de que fue objeto. El sistema carcelario asistió inmediatamente al autor, conduciéndolo al hospital para su curación. A la salida, fue realojado en un pabellón sin compañeros de celda, como mecanismo adicional de protección a su integridad física. En septiembre de 2009 fue trasladado a la cárcel Juan Soler, recientemente habilitada. La medida de traslado fue una decisión unilateral del Estado, no respondió a una petición de la defensa del autor y tuvo como propósito otorgar mayores garantías para su integridad física. Comentarios del autor a las observaciones del Estado parte sobre el fondo 7.1 Con fecha 5 de marzo de 2010 el autor formuló comentarios a las observaciones del Estado parte sobre el fondo. Señaló que ninguno de los jueces que se pronunciaron negando la libertad provisional explicaron en qué se basan para pensar o sospechar que el autor podría fugarse o entorpecer la investigación. Según la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es necesario que el juez demuestre el riesgo de fuga. Si este riesgo no es expuesto con claridad, la prisión se vuelve injustificada. Además, si el único fundamento es el peligro de fuga, debe concederse la excarcelación tomando medidas que aseguren la comparecencia del imputado al proceso. El riesgo debe además estar fundado en circunstancias objetivas. La mera alegación sin consideración del caso concreto no satisface este requisito. 7.2 La utilización de la prisión preventiva, como regla general, y aplicándola como límite de la duración máxima de la pena, es un abuso, contrario a las reglas del debido proceso. Además, en el caso del autor resulta discriminatoria, pues es utilizada en razón de su condición social o posición económica. 7.3 Respecto al traslado del autor a una cárcel de máxima seguridad, ubicada a 100 kilómetros de Montevideo, la misma se decidió sin la intervención del juez de la causa, a pesar de ser éste el responsable de la preservación de los derechos y garantías del detenido. 7.4 El autor hace referencia al informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura, quien efectuó una visita al Estado parte en marzo de El relator describe las graves condiciones del sistema penitenciario, la lentitud del sistema judicial y el recurso 10
11 generalizado a la prisión preventiva, que considera contrario al principio de la presunción de inocencia y de la utilización de la privación de libertad como último recurso. Comentarios adicionales del autor 8. El 1 de septiembre de 2010 el autor informó que, con fecha 22 de julio de 2010, se le había denegado de nuevo su solicitud de salidas transitorias. También informó de la sentencia de 28 de septiembre de 2009 mediante la que se condenó a los dos presos responsables de haberle causado lesiones al comienzo de su privación de libertad. Deliberaciones del Comité Examen de la admisibilidad 9.1 Antes de examinar toda reclamación formulada en una comunicación el Comité de Derechos Humanos debe decidir, de conformidad con el artículo 93 de su reglamento, si la comunicación es admisible en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto. 9.2 Conforme al apartado a) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo, el Comité se ha cerciorado de que el mismo asunto no ha sido sometido ya a otro procedimiento de examen o arreglo internacionales. 9.3 El Comité toma nota de las observaciones del Estado parte relativas a la falta de agotamiento de los recursos internos debido a que no existe sentencia firme en el caso por el que el autor está siendo procesado. El Comité considera que los hechos denunciados por el autor se refieren sobre todo a cuestiones relacionadas con la manera como el proceso en su contra se está desarrollando y son independientes del resultado final del mismo. En consecuencia, considera que el argumento del Estado parte no es pertinente a la hora de decidir sobre la admisibilidad de las distintas quejas presentadas por el autor. 9.4 El Comité toma nota de las alegaciones del autor en el sentido de que su detención y el proceso seguido contra él son arbitrarios e ilegales porque la legislación procesal en vigor es contraria al Pacto, lo que constituiría una violación del artículo 2, párrafos 1, 2 y 3 a) del Pacto. El Comité recuerda su jurisprudencia según la cual las disposiciones del artículo 2, que establecen las obligaciones generales de los Estados partes, no pueden, por sí solas, dar pie a una reclamación en una comunicación presentada con arreglo al Protocolo Facultativo. Por consiguiente, el Comité considera que las quejas del autor a este respecto no son admisibles con arreglo al artículo 2 del Protocolo Facultativo En cuanto a las alegaciones del autor de que, a su llegada a Uruguay el 10 de septiembre de 2006, no fue informado oportunamente de los cargos formulados contra él y no dispuso de tiempo adecuado para preparar su defensa, el Comité toma nota de la Resolución de 12 de noviembre de 2008, mediante la que el juez rechazó el recurso de reposición interpuesto por el autor contra el auto de procesamiento y prisión y en la que las alegaciones aludidas fueron abordadas. La resolución señala en particular que el autor conocía los hechos por los que era indagado, ya que los mismos figuraban en el exhorto de extradición librado a las autoridades estadounidenses, y que, al ser interrogado por el juez, en presencia de su defensor, se le ofreció diferir la audiencia a fin de permitirle ejercer su derecho de defensa en mejor forma. A la luz de esta Resolución el Comité considera que las alegaciones del autor no han sido suficientemente fundamentadas, a efectos de la admisibilidad, y las considera inadmisibles en virtud del artículo 2 del Protocolo Facultativo. 7 Véase por ejemplo la Comunicación n 802/1998, Rogerson c. Australia, Dictamen de 3 de abril de 2002, párr
12 9.6 El autor alega ser objeto de una violación del artículo 26 del Pacto, ya que está siendo juzgado por un delito y conforme a una normativa distintos a los de su padre y hermanos, procesados en 2002 sobre la base de los mismos hechos y pruebas. El Comité estima que cada caso sobre el que es llamado a pronunciarse debe ser examinado conforme a sus especificidades y que, por consiguiente, esta queja carece de fundamentación. En consecuencia, el Comité considera esta parte de la comunicación inadmisible en virtud del artículo 2 del Protocolo Facultativo. 9.7 El autor alega haber sido objeto de una violación de los artículos 7 y 10 del Pacto debido a las condiciones de detención en la cárcel de COMCAR, en particular el hecho de que, el 15 de septiembre de 2008, fue agredido por otros presos y tuvo que ser hospitalizado. El Comité observa que, según el autor, estos hechos dieron lugar a una investigación, como resultado de la cual los internos responsables de la agresión fueron procesados y condenados. Además, el Comité toma nota de la información proporcionada por el Estado respecto a las medidas adoptadas para garantizar su seguridad en la prisión. En consecuencia, el Comité considera esta queja inadmisible por falta de fundamentación, con arreglo al artículo 2 del Protocolo Facultativo. 9.8 El autor alega que se le ha negado su libertad provisional, lo que es contrario al artículo 9, párrafo 3 del Pacto y que no se ha respetado su derecho a la presunción de inocencia, previsto en el artículo 14, párrafo 2. Alega igualmente que tampoco se respetó su derecho bajo el artículo 14, párrafo 3 literal c) a ser juzgado sin dilaciones indebidas. El Comité estima que dichas alegaciones han sido suficientemente fundamentadas a efectos de la admisibilidad y que los recursos internos han sido agotados. No existiendo otros obstáculos que lo impidan, considera esta parte de la comunicación admisible y pasa a examinarla en cuanto al fondo. Examen de la cuestión en cuanto al fondo 10.1 El Comité de Derechos Humanos ha examinado la presente comunicación teniendo en cuenta la información que le han facilitado las partes, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo Facultativo El Comité toma nota de las alegaciones del autor relativas a la negativa de las autoridades judiciales a otorgarle la libertad provisional. Observa que el autor fue detenido en Estados Unidos el 19 de mayo de 2006 y extraditado al Estado parte. Desde su llegada a éste, el 10 de septiembre de 2008, ha permanecido en detención y sus solicitudes para obtener la libertad mientras se tramita su proceso han sido decididas negativamente. El Comité recuerda su jurisprudencia en relación con el artículo 9, párrafo 3 en el sentido de que la prisión preventiva debe ser la excepción y la fianza debe ser concedida, salvo en situaciones en que haya posibilidades de que el acusado pueda esconderse o destruir pruebas, influir en los testigos o huir de la jurisdicción del Estado Parte 8. El Comité toma nota del argumento del Estado parte en el sentido de que el autor estuvo prófugo de la justicia uruguaya y que, por ello, existían razones fundadas para pensar que una conducta similar podía producirse en el futuro. El Comité subraya la naturaleza de los cargos formulados contra el autor, que éste abandonó el país con fecha 25 de junio de 2002, que con fecha 8 de agosto de 2002 se dictó orden de captura internacional contra él y que su regreso al Estado parte no fue voluntario sino como resultado de un proceso de extradición. En consecuencia, el Comité considera que la negativa de las autoridades del Estado parte a conceder al autor la libertad provisional no constituye una violación del artículo 9, párrafo 3 del Pacto. Habiendo llegado a esta conclusión, el Comité no considera necesario pronunciarse sobre una posible violación del artículo 14, párrafo 2 del Pacto. 8 Véase la Comunicación n 526/1993, Hill c. España, Dictamen de 2 de abril de 1997, párrafo
13 10.3 El Comité observa igualmente que, una vez extraditado, se dictó auto de procesamiento contra el autor con fecha 11 de septiembre de Desde entonces el proceso se encuentra en fase sumarial, pese a que, conforme al artículo 136 del CPP, la misma no debe superar los 120 días sin razones que lo justifiquen. El Estado parte no ha proporcionado explicaciones sobre las razones de esta duración 9, ni existe ninguna indicación sobre la fecha en que el proceso podría concluir. En estas circunstancias, el Comité considera que se ha producido una violación del derecho del autor en virtud del apartado c) del párrafo 3 del artículo 14, a ser juzgado sin dilaciones indebidas. 11. El Comité de Derechos Humanos, actuando en virtud del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, considera que los hechos que tiene ante sí ponen de manifiesto una violación del artículo 14, párrafo 3 c) del Pacto. 12. De conformidad con lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, el Estado parte tiene la obligación de proporcionar al autor un recurso efectivo. El Estado parte debe igualmente tomar medidas para acelerar el proceso del que el autores objeto. El Estado parte tiene también la obligación de evitar que se cometan violaciones similares en el futuro. 13. Teniendo presente que, por ser parte en el Protocolo Facultativo, el Estado parte reconoce la competencia del Comité para determinar si ha habido o no violación del Pacto y que, en virtud del artículo 2 del Pacto, el Estado parte se ha comprometido a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto, el Comité desea recibir del Estado parte, en un plazo de 180 días, información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen. Se pide al Estado parte asimismo que publique el dictamen del Comité. [Adoptado en español, francés e inglés, siendo la versión original el texto español. Posteriormente se publicará también en árabe, chino y ruso, como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.] 9 Ibid. párrafo