Source: http://www.slideshare.net/cualificaciones/normativa-cualficaciones-hasta-agosto-2011
Timestamp: 2016-07-30 03:43:51
Document Index: 401715760

Matched Legal Cases: ['artículo 27', 'artículo 40', 'artículo 149', 'artículo 36', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo 5', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 149', 'artículo 8', 'Artículo 11', 'artículo 10', 'Artículo 12', 'artículo 8', 'Artículo 13', 'artículo 8', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'artículo 3', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 149', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 7', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'artículo 8', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'artículo 5', 'artículo 149', 'artículo 7', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 17', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'artículo 9', 'Artículo 7', 'artículo 9', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'artículo 3', 'Artículo 14', 'artículo 13', 'Artículo 15', 'Artículo 16']

by pato0792
by adelamiguel30
Documento actualizado por la Unidad Técnica de Cualificaciones Profesionales de UGT Cantabria
Unión General de Trabajadores de CantabriaLAS COMPETENCIAS PROFESIONALES Acciones de Información y Orientación en Competencias Profesionales 2011
LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES NORMATIVA DE REFERENCIA (por fecha de publicación)1. Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. (B.O.E. nº 147 – 20/06/2002 – pág 22437)2. Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. (B.O.E. nº 223 –17/09/2003 – pág 34293)3. Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. (B.O.E. nº 301 – 17/12/2003 – pág 44763)4. Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. (B.O.E. nº 289 - 03/12/2005 – pág 398545. Real Decreto 1558/2005, de 23 de diciembre por el que se regulan los requisitos básicos de los Centros integrados de formación profesional. (B.O.E. nº 312 – 30/12/2005 – pág 43141)6. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (B.O.E. nº 106 – 04/05/2006 – pág 17158)7. Decreto 76/2006, de 22 de Junio, por el que se crea el Centro Integrado de Formación Profesional Número 1 de Santander. (B.O.C. nº 126 - 30/06/2006 - pág. 8195)8. Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. (B.O.E. nº 3 – 03/01/2007 – pág 182)9. Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo. (B.O.E. nº 87 – 11/04/2007 – pág 15582)10. Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo en materia de formación de demanda y su financiación, y se crea el correspondiente sistema telemático, así como los ficheros de datos personales de titularidad del Servicio Público de Empleo Estatal. (B.O.E. nº 182 – 31/07/2007 – pág 33036)11. Orden TAS/2388/2007, de 2 de agosto, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación, en el ámbito de la Administración General del Estado. (B.O.E. nº 186 – 04/08/2007 – pág 33725)
12. Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad. (B.O.E. nº 27 – 31/01/2008 – pág 5682)13. Real Decreto 229/2008, de 15 de febrero, por el que se regulan los Centros de Referencia Nacional en el ámbito de la formación profesional. (B.O.E. nº 48 – 25/02/2008 – pág 11069)14. Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación (B.O.E. nº 67 – 18/03/2008 – pág 16051)15. Ley de Cantabria 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación de Cantabria. (B.O.C. nº 251 – 30/12/2008 – pág 17748)16. Resolución de 17 de marzo de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, sobre plazos de inscripción de centros y entidades de formación que impartan acciones formativas de los planes dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados. (B.O.E. nº 91 – 14/04/2009 – pág 34896)17. Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral (B.O.E. nº 205 – 25/08/2009 – pág 72704)18. Orden EMP/73/2009, de 31 de agosto, por la que se crea el Registro Autonómico de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se regula su organización y funcionamiento así como el procedimiento para la inscripción y/o acreditación en el mismo de los Centros y Entidades que impartan Formación Profesional para el Empleo, en materia de formación de oferta, de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (B.O.C. nº 178 –16/09/2009 – pág 12094)19. Decreto 4/2010, de 28 de enero, por el que se regula la ordenación general de la Formación Profesional en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (B.O.C nº 25 - 08/02/2010 - pág. 3936)20. Real Decreto 564/2010, de 7 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1558/2005, de 23 de diciembre, por el que se regulan los requisitos básicos de los Centros integrados de formación profesional. (B.O.E nº 127 - 25/05/2010 - pág. 45626)21. Decreto 46/2010, de 29 de julio, por el que se crea y regula la Comisión Interdepartamental del Reconocimiento de las Competencias Profesionales Adquiridas por Experiencia Laboral y otras Vías no Formales de Formación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (B.O.C nº 155 – 12/08/2010 pág. 28181)22. Real Decreto 1675/2010, de 10 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación. (B.O.E nº 318 – 31/12/2010 pág. 109381)
23. Corrección de errores del Real Decreto 1675/2010, de 10 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación. (B.O.E nº7- 08/01/2011 pág.1666)24. Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior. (B.O.E. nº 185- 03/08/2011 pág. 87912)25. Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, así como los Reales Decretos 1834/2008, de 8 de noviembre, y 860/2010, de 2 de julio, afectados por estas modificaciones. (B.O.E nº 182 – 30/07/2011 pág. 86736)26. Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. (B.O.E nº 182 – 30/07/2011 pág. 86766)
LEY ORGÁNICA 5/2002DE LAS CUALIFICACIONES Y DE LAFORMACIÓN PROFESIONAL
LEY ORGÁNICA 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El derecho a la educación, que el artículo 27 de la Constituciónreconoce a todos con el fin de alcanzar el pleno desarrollo de la personalidadhumana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a losderechos y libertades fundamentales, tiene en la formación profesional unavertiente de significación individual y social creciente. En esta misma línea ydentro de los principios rectores de la política social y económica, laConstitución, en su artículo 40, exige de los poderes públicos el fomento de laformación y readaptación profesionales, instrumentos ambos de esencialimportancia para hacer realidad el derecho al trabajo, la libre elección deprofesión u oficio o la promoción a través del trabajo. En efecto, lacualificación profesional que proporciona esta formación sirve tanto a los finesde la elevación del nivel y calidad de vida de las personas como a los de lacohesión social y económica y del fomento del empleo. En el actual panorama de globalización de los mercados y de continuoavance de la sociedad de la información, las estrategias coordinadas para elempleo que postula la Unión Europea se orientan con especial énfasis hacia laobtención de una población activa cualificada y apta para la movilidad ylibre circulación, cuya importancia se resalta expresamente en el Tratado de laUnión Europea. En este contexto, es necesaria la renovación permanente de lasinstituciones y, consiguientemente, del marco normativo de la formaciónprofesional, de tal modo que se garantice en todo momento la deseablecorrespondencia entre las cualificaciones profesionales y las necesidades delmercado de trabajo, línea ésta en la que ya se venía situando la Ley 51/1980,de 8 de octubre, Básica de Empleo, que señala como objetivo de la políticade empleo lograr el mayor grado de transparencia del mercado de trabajomediante la orientación y la formación profesional; la Ley 8/1980, de 10 demarzo, Estatuto de los Trabajadores (en el mismo sentido el actual textorefundido del Estatuto de los Trabajadores), que considera un derecho de lostrabajadores la formación profesional; la Ley Orgánica 1/1990, de 3 deoctubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, que se propusoadecuar la formación a las nuevas exigencias del sistema productivo, y elNuevo Programa Nacional de Formación Profesional, elaborado por el ConsejoGeneral de Formación Profesional y aprobado por el Gobierno para 1998-2002,que define las directrices básicas que han de conducir a un sistema integradode las distintas ofertas de formación profesional: reglada, ocupacional ycontinua. En esta misma línea aparecen los Acuerdos de Formación Continuay los Planes Anuales de Acción para el Empleo. En esta tendencia de modernización y mejora, que se corresponde conlas políticas de similar signo emprendidas en otros países de la Unión Europea,se inscribe decididamente la presente Ley, cuya finalidad es la creación de unSistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional que, en el ámbito
de la competencia exclusiva atribuida al Estado por el artículo 149.1.1ª y 30ª,con la cooperación de las Comunidades Autónomas, dote de unidad,coherencia y eficacia a la planificación, ordenación y administración de estarealidad, con el fin de facilitar la integración de las distintas formas decertificación y acreditación de las competencias y de las cualificacionesprofesionales. El sistema, inspirado en los principios de igualdad en el acceso a laformación profesional y de participación de los agentes sociales con lospoderes públicos, ha de fomentar la formación a lo largo de la vida,integrando las distintas ofertas formativas e instrumentando el reconocimientoy la acreditación de las cualificaciones profesionales a nivel nacional, comomecanismo favorecedor de la homogeneización, a nivel europeo, de losniveles de formación y acreditación profesional de cara al libre movimiento delos trabajadores y de los profesionales en el ámbito del mercado que suponela Comunidad Europea. A tales efectos, la Ley configura un CatálogoNacional de Cualificaciones Profesionales como eje institucional del sistema,cuya función se completa con el procedimiento de acreditación de dichascualificaciones, sistema que no deroga el que está actualmente en vigor yque no supone, en ningún caso, la regulación del ejercicio de las profesionestituladas en los términos previstos en el artículo 36 de la Constitución Española. En cuanto a la ordenación, el Sistema Nacional de Cualificaciones yFormación Profesional, toma como punto de partida los ámbitoscompetenciales propios de la Administración General del Estado y de lasComunidades Autónomas, así como el espacio que corresponde a laparticipación de los agentes sociales, cuya representatividad y necesariacolaboración quedan reflejadas en la composición del Consejo General deFormación Profesional, a cuyo servicio se instrumenta, como órgano técnico, elInstituto Nacional de las Cualificaciones. Si el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesionalconstituye el elemento central en torno al que gira la reforma abordada por lapresente Ley, la regulación que ésta lleva a cabo parte, como noción básica,del concepto técnico de cualificación profesional, entendida como elconjunto de competencias con significación para el empleo, adquiridas através de un proceso formativo formal e incluso no formal que son objeto delos correspondientes procedimientos de evaluación y acreditación. En funciónde las necesidades del mercado de trabajo y de las cualificaciones que ésterequiere, se desarrollarán las ofertas públicas de formación profesional, encuya planificación ha de prestarse especial atención a la enseñanza de lastecnologías de la información y la comunicación, idiomas de la Unión Europeay prevención de riesgos laborales. La presente Ley establece, asimismo, que los títulos de formaciónprofesional y los certificados de profesionalidad constituirán las ofertas deformación profesional referidas al Catálogo de Cualificaciones Profesionales,que tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y seránexpedidos por las Administraciones competentes. La coordinación de lasreferidas ofertas formativas de formación profesional debe garantizarse por las
Administraciones públicas con la clara finalidad de dar respuesta a lasnecesidades de cualificación, optimizando el uso de los recursos públicos. El acceso eficaz a la formación profesional, que se ha de garantizar alos diferentes colectivos, jóvenes, trabajadores en activo ocupados ydesempleados, hace que la Ley cuente con los centros ya existentes y tracelas líneas ordenadoras básicas de los nuevos Centros Integrados de FormaciónProfesional, y, dentro de ellas, los criterios sobre nombramiento de la direcciónde los mismos. En esta Ley se establece también que a través de centrosespecializados por sectores productivos se desarrollarán acciones deinnovación y experimentación en materia de formación profesional que seprogramarán y ejecutarán mediante convenios de colaboración entre laAdministración del Estado y las Comunidades Autónomas, ateniéndose entodo caso al ámbito de sus respectivas competencias. Por otra parte, el aprendizaje permanente es un elemento esencial en lasociedad del conocimiento y, para propiciar el acceso universal y continuo almismo, la Ley establece que las Administraciones públicas adaptarán lasofertas de formación, especialmente las dirigidas a grupos con dificultades deinserción laboral, de forma que se prevenga la exclusión social y que seanmotivadores de futuros aprendizajes mediante el reconocimiento de lascompetencias obtenidas a través de estas ofertas específicas. En el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones y FormaciónProfesional se contemplan dos aspectos fundamentales, la información y laorientación profesional, así como la permanente evaluación del sistema paragarantizar su calidad. Dentro de la orientación se destaca la necesidad deasesorar sobre las oportunidades de acceso al empleo y sobre las ofertas deformación para facilitar la inserción y reinserción laboral. La evaluación de lacalidad del sistema debe conseguir su adecuación permanente a lasnecesidades del mercado de trabajo. Finalmente con esta Ley, que no derogael actual marco legal de la formación profesional establecido por la LeyOrgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del SistemaEducativo, se pretende conseguir el mejor aprovechamiento de la experienciay conocimientos de todos los profesionales en la impartición de las distintasmodalidades de formación profesional y con tal finalidad se posibilita a losfuncionarios de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria yProfesores Técnicos de Formación Profesional el desempeño de funciones enlas diferentes ofertas de formación profesional reguladas en la presente Ley.
TÍTULO PRELIMINARArtículo 1. Finalidad de la Ley.1. La presente Ley tiene por objeto la ordenación de un sistema integral deformación profesional, cualificaciones y acreditación, que responda coneficacia y transparencia a las demandas sociales y económicas a través de lasdiversas modalidades formativas.2. La oferta de formación sostenida con fondos públicos favorecerá laformación a lo largo de toda la vida, acomodándose a las distintasexpectativas y situaciones personales y profesionales.3. A dicha finalidad se orientarán las acciones formativas programadas ydesarrolladas en el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones yFormación Profesional, en coordinación con las políticas activas de empleo yde fomento de la libre circulación de los trabajadores.Artículo 2. Principios del Sistema Nacional de Cualificaciones y FormaciónProfesional.1. A los efectos de esta Ley se entiende por Sistema Nacional deCualificaciones y Formación Profesional el conjunto de instrumentos y accionesnecesarios para promover y desarrollar la integración de las ofertas de laformación profesional, a través del Catálogo Nacional de CualificacionesProfesionales, así como la evaluación y acreditación de las correspondientescompetencias profesionales, de forma que se favorezca el desarrolloprofesional y social de las personas y se cubran las necesidades del sistemaproductivo.2. Al Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional lecorresponde promover y desarrollar la integración de las ofertas de laformación profesional, a través de un Catálogo Nacional de CualificacionesProfesionales, así como la evaluación y acreditación de las correspondientescompetencias profesionales.3. El Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional se rige por lossiguientes principios básicos:a) La formación profesional estará orientada tanto al desarrollo personal y alejercicio del derecho al trabajo como a la libre elección de profesión u oficio ya la satisfacción de las necesidades del sistema productivo y del empleo a lolargo de toda la vida.b) El acceso, en condiciones de igualdad de todos los ciudadanos, a lasdiferentes modalidades de la formación profesional.c) La participación y cooperación de los agentes sociales con los poderespúblicos en las políticas formativas y de cualificación profesional.
d) La adecuación de la formación y las cualificaciones a los criterios de laUnión Europea, en función de los objetivos del mercado único y la librecirculación de trabajadores.e) La participación y cooperación de las diferentes Administraciones públicasen función de sus respectivas competencias.f) La promoción del desarrollo económico y la adecuación a las diferentesnecesidades territoriales del sistema productivo.Artículo 3. Fines del Sistema Nacional de Cualificaciones y FormaciónProfesional. El Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional tiene lossiguientes fines:1. Capacitar para el ejercicio de actividades profesionales, de modo que sepuedan satisfacer tanto las necesidades individuales como las de los sistemasproductivos y del empleo.2. Promover una oferta formativa de calidad, actualizada y adecuada a losdistintos destinatarios, de acuerdo con las necesidades de cualificación delmercado laboral y las expectativas personales de promoción profesional.3. Proporcionar a los interesados información y orientación adecuadas enmateria de formación profesional y cualificaciones para el empleo.4. Incorporar a la oferta formativa aquellas acciones de formación quecapaciten para el desempeño de actividades empresariales y por cuentapropia, así como para el fomento de las iniciativas empresariales y del espírituemprendedor que contemplará todas las formas de constitución yorganización de las empresas ya sean éstas individuales o colectivas y enespecial las de la economía social.5. Evaluar y acreditar oficialmente la cualificación profesional cualquiera quehubiera sido la forma de su adquisición.6. Favorecer la inversión pública y privada en la cualificación de lostrabajadores y la optimización de los recursos dedicados a la formaciónprofesional.Artículo 4. Instrumentos y acciones del Sistema Nacional de Cualificaciones yFormación Profesional.1. El Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional está formadopor los siguientes instrumentos y acciones:a) El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, que ordenará lasidentificadas en el sistema productivo en función de las competencias
apropiadas para el ejercicio profesional que sean susceptibles dereconocimiento y acreditación.El catálogo, que incluirá el contenido de la formación profesional asociada acada cualificación, tendrá estructura modular.b) Un procedimiento de reconocimiento, evaluación, acreditación y registrode las cualificaciones profesionales.c) La información y orientación en materia de formación profesional y empleo.d) La evaluación y mejora de la calidad del Sistema Nacional deCualificaciones y Formación Profesional que proporcione la oportunainformación sobre el funcionamiento de éste y sobre su adecuación a lasnecesidades formativas individuales y a las del sistema productivo.2. A través de los referidos instrumentos y acciones se promoverá la gestióncoordinada de las distintas Administraciones públicas con competencias en lamateria.Artículo 5. Regulación y coordinación del Sistema Nacional de Cualificacionesy Formación Profesional.1. Corresponde a la Administración General del Estado la regulación y lacoordinación del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional,sin perjuicio de las competencias que corresponden a las ComunidadesAutónomas y de la participación de los agentes sociales.2. El Consejo General de Formación Profesional, creado por la Ley 1/1986, de 7de enero, modificada por las Leyes 19/1997, de 9 de junio, y 14/2000, de 29 dediciembre, es el órgano consultivo y de participación institucional de lasAdministraciones públicas y los agentes sociales, y de asesoramiento delGobierno en materia de formación profesional, sin perjuicio de lascompetencias que el Consejo Escolar del Estado tiene atribuidas, según losartículos 30 y 32 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora delDerecho a la Educación.3. El Instituto Nacional de las Cualificaciones, creado por Real Decreto375/1999, de 5 de marzo, es el órgano técnico de apoyo al Consejo Generalde la Formación Profesional responsable de definir, elaborar y manteneractualizado el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y elcorrespondiente Catálogo Modular de Formación Profesional.Artículo 6. Colaboración de las empresas, de los agentes sociales y otrasentidades.1. Para el desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FormaciónProfesional se promoverá la necesaria colaboración de las empresas con lasAdministraciones públicas, Universidades, Cámaras de Comercio y entidadesde formación. La participación de las empresas podrá realizarse de forma
individual o de modo agrupado a través de sus organizacionesrepresentativas.2. La participación de las empresas y otras entidades en el Sistema Nacionalde Cualificaciones y Formación Profesional se desarrollará, entre otros, en losámbitos de la formación del personal docente, la formación de los alumnos enlos centros de trabajo y la realización de otras prácticas profesionales, asícomo en la orientación profesional y la participación de profesionalescualificados del sistema productivo en el sistema formativo. Dichacolaboración se instrumentará mediante los oportunos convenios y acuerdos.3. Para identificar y actualizar las necesidades de cualificación, así como parasu definición y la de la formación requerida, se establecerán procedimientosde colaboración y consulta con los diferentes sectores productivos y con losinterlocutores sociales.4. La formación favorecerá la realización de prácticas profesionales de losalumnos en empresas y otras entidades. Dichas prácticas no tendrán carácterlaboral. TÍTULO I De las cualificaciones profesionalesArtículo 7. Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.1. Con la finalidad de facilitar el carácter integrado y la adecuación entre laformación profesional y el mercado laboral, así como la formación a lo largode la vida, la movilidad de los trabajadores y la unidad de mercado laboral, secrea el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, aplicable a todoel territorio nacional, que estará constituido por las cualificacionesidentificadas en el sistema productivo y por la formación asociada a lasmismas, que se organizará en módulos formativos, articulados en un CatálogoModular de Formación Profesional.2. El Gobierno, previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional,de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2 de esta Ley, determinará laestructura y el contenido del Catálogo Nacional de CualificacionesProfesionales y aprobará las que procedan incluir en el mismo, ordenadas porniveles de cualificación, teniendo en cuenta en todo caso los criterios de laUnión Europea. Igualmente se garantizará la actualización permanente delcatálogo, previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional, deforma que atienda en todo momento los requerimientos del sistemaproductivo.3. A los efectos de la presente Ley, se entenderá por:a) Cualificación profesional: el conjunto de competencias profesionales consignificación para el empleo que pueden ser adquiridas mediante formaciónmodular u otros tipos de formación y a través de la experiencia laboral.
b) Competencia profesional: el conjunto de conocimientos y capacidadesque permitan el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigenciasde la producción y el empleo.Artículo 8. Reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de lascualificaciones profesionales.1. Los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidadtienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, son expedidospor las Administraciones competentes y tendrán los efectos que lecorrespondan con arreglo a la normativa de la Unión Europea relativa alsistema general de reconocimiento de la formación profesional en los Estadosmiembros de la Unión Europea y demás Estados signatarios del Acuerdo sobreel Espacio Económico Europeo. Dichos títulos y certificados acreditan lascorrespondientes cualificaciones profesionales a quienes los hayan obtenido, yen su caso, surten los correspondientes efectos académicos según lalegislación aplicable.2. La evaluación y la acreditación de las competencias profesionalesadquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales deformación, tendrá como referente el Catálogo Nacional de CualificacionesProfesionales y se desarrollará siguiendo en todo caso criterios que garanticenla fiabilidad, objetividad y rigor técnico de la evaluación.3. El reconocimiento de las competencias profesionales así evaluadas, cuandono completen las cualificaciones recogidas en algún título de formaciónprofesional o certificado de profesionalidad, se realizará a través de unaacreditación parcial acumulable con la finalidad, en su caso, de completar laformación conducente a la obtención del correspondiente título o certificado.4. El Gobierno, previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional,fijará los requisitos y procedimientos para la evaluación y acreditación de lascompetencias, así como los efectos de las mismas. TÍTULO II De la formación profesionalArtículo 9. La formación profesional.La formación profesional comprende el conjunto de acciones formativas quecapacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, elacceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural yeconómica. Incluye las enseñanzas propias de la formación profesional inicial,las acciones de inserción y reinserción laboral de los trabajadores, así como lasorientadas a la formación continua en las empresas, que permitan laadquisición y actualización permanente de las competencias profesionales.
Artículo 10. Las ofertas de formación profesional.1. La Administración General del Estado, de conformidad con lo que seestablece en el artículo 149.1.30ª y 7ª de la Constitución y previa consulta alConsejo General de la Formación Profesional, determinará los títulos y loscertificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas de formaciónprofesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.2. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, podránampliar los contenidos de los correspondientes títulos de formación profesional.3. Las ofertas públicas de formación profesional favorecerán la utilización delas tecnologías de la información y la comunicación para extender al máximola oferta formativa y facilitar el acceso a la misma de todos los ciudadanosinteresados.4. Las ofertas formativas referidas al Catálogo Nacional de CualificacionesProfesionales se desarrollarán considerando las medidas establecidas en elPlan Nacional de Acción para el Empleo.5. Las Administraciones públicas garantizarán la coordinación de las ofertas deformación profesional para dar respuesta a las necesidades de cualificación yoptimizar el uso de los recursos públicos.6. Las instituciones y entidades que desarrollen ofertas formativas sostenidascon fondos públicos están obligados a facilitar a las Administracionescompetentes toda la información que sea requerida para el seguimiento, finesestadísticos y evaluación de las actuaciones desarrolladas. Asimismo, serán deaplicación los procedimientos, métodos y obligaciones específicas que sederivan de la legislación presupuestaria, de la normativa y financiacióneuropea y del desarrollo de planes o programas de ámbito nacional yeuropeo.7. En el acceso a las diferentes ofertas formativas se tendrán en cuenta lasacreditaciones previstas en el artículo 8 de esta Ley.Artículo 11. Centros de Formación Profesional.1. El Gobierno, previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional,establecerá los requisitos básicos que deberán reunir los centros que impartanofertas de formación profesional conducentes a la obtención de títulos deformación profesional y certificados de profesionalidad. Las Administraciones,en el ámbito de sus competencias, podrán establecer los requisitos específicosque habrán de reunir dichos centros.2. Corresponderá a las Administraciones, en sus respectivos ámbitoscompetenciales, la creación, autorización, homologación y gestión de loscentros a los que hace referencia el apartado anterior.3. Se establecerán los mecanismos adecuados para que la formación quereciba financiación pública pueda ofrecerse por centros o directamente por
las empresas, mediante conciertos, convenios, subvenciones u otrosprocedimientos.4. Se considerarán Centros Integrados de Formación Profesional aquellos queimpartan todas las ofertas formativas a las que se refiera el artículo 10.1 de lapresente Ley. Las Administraciones, en el ámbito de sus competencias podráncrear y autorizar dichos Centros de Formación Profesional con las condicionesy requisitos que se establezcan.5. La dirección de los Centros Integrados de Formación Profesional detitularidad de las Administraciones educativas, será nombrada mediante elprocedimiento de libre designación por la Administración competente, entrefuncionarios públicos docentes, conforme a los principios de mérito,capacidad y publicidad, previa consulta a los órganos colegiados del centro.6. Reglamentariamente, el Gobierno y los Consejos de Gobierno de lasComunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias,adaptarán la composición y funciones de los Centros Integrados de FormaciónProfesional a sus características específicas.7. La innovación y experimentación en materia de formación profesional sedesarrollará a través de una red de centros de referencia nacional, conimplantación en todas las Comunidades Autónomas, especializados en losdistintos sectores productivos. A tales efectos, dichos centros podrán incluiracciones formativas dirigidas a estudiantes, trabajadores ocupados ydesempleados, así como a empresarios y formadores.La programación y ejecución de las correspondientes actuaciones decarácter innovador, experimental y formativo se llevará a cabo, en el marcode lo establecido en esta Ley, mediante convenios de colaboración entre laAdministración del Estado y las Comunidades Autónomas, ateniéndose entodo caso al ámbito de sus respectivas competencias.Artículo 12. Oferta formativa a grupos con especiales dificultades deintegración laboral.1. Con la finalidad de facilitar la integración social y la inclusión de losindividuos o grupos desfavorecidos en el mercado de trabajo, lasAdministraciones públicas, especialmente la Administración Local, en elámbito de sus respectivas competencias, adaptarán las ofertas formativas alas necesidades específicas de los jóvenes con fracaso escolar,discapacitados, minorías étnicas, parados de larga duración y, en general,personas con riesgo de exclusión social.2. Las referidas ofertas deberán favorecer la adquisición de capacidades enun proceso de formación a lo largo de la vida, y además de incluir módulosasociados al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, con losefectos previstos en el artículo 8 de esta Ley podrán incorporar módulosapropiados para la adaptación a las necesidades específicas del colectivobeneficiario.
Artículo 13. Ofertas formativas no vinculadas al Catálogo Modular deFormación Profesional.1. Con la finalidad de satisfacer y adecuarse al máximo a las necesidadesespecíficas de formación y cualificación, la oferta formativa sostenida confondos públicos tendrá la mayor amplitud y a tal efecto incluirá acciones noasociadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.2. Las competencias profesionales ofertadas y adquiridas mediante lasacciones formativas indicadas en el apartado anterior, podrán ser acreditadascuando sean incorporadas al Catálogo de Cualificaciones, de acuerdo con loprevisto en el artículo 8 de la presente Ley. TÍTULO III Información y orientación profesionalArtículo 14. Finalidad.En el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional lainformación y orientación profesional tendrá la finalidad de:1. Informar sobre las oportunidades de acceso al empleo, las posibilidades deadquisición, evaluación y acreditación de competencias y cualificacionesprofesionales y del progreso en las mismas a lo largo de toda la vida.2. Informar y asesorar sobre las diversas ofertas de formación y los posiblesitinerarios formativos para facilitar la inserción y reinserción laborales, así comola movilidad profesional en el mercado de trabajo.Artículo 15. Organización de la información y orientación profesional.1. En la información y orientación profesional podrán participar, entre otros, losservicios de las Administraciones educativas y laborales, de la Administraciónlocal y de los agentes sociales, correspondiendo a la Administración Generaldel Estado desarrollar fórmulas de cooperación y coordinación entre todos losentes implicados.2. A los servicios de información y orientación profesional de lasAdministraciones públicas les corresponde proporcionar información alalumnado del sistema educativo, las familias, los trabajadores desempleados yocupados y a la sociedad en general.Asimismo, corresponde a las Administraciones públicas poner a disposición delos interlocutores sociales información sobre el sistema que pueda servir dereferente orientativo en la negociación colectiva, sin perjuicio de la autonomíade las partes en la misma.
TÍTULO IV Calidad y evaluación del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación ProfesionalArtículo 16. Finalidad.La evaluación del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesionaltendrá la finalidad básica de garantizar la eficacia de las acciones incluidasen el mismo y su adecuación permanente a las necesidades del mercado detrabajo.Artículo 17. Establecimiento y coordinación.1. Corresponde al Gobierno el establecimiento y coordinación de los procesosde evaluación del Sistema Nacional de Cualificaciones y FormaciónProfesional, previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional, sinperjuicio de las competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas.2. Las Administraciones públicas garantizarán, en sus respectivos ámbitos, lacalidad de las ofertas formativas y cooperarán en la definición y desarrollo delos procesos de evaluación del Sistema Nacional de Cualificaciones yFormación Profesional, de conformidad con lo que se establezcareglamentariamente, debiendo proporcionar los datos requeridos para lacorrespondiente evaluación de carácter nacional.Disposición adicional primera. Habilitación del profesorado de formaciónprofesional.1. Los funcionarios de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y deProfesores Técnicos de Formación Profesional, sin perjuicio de seguirdesempeñando sus funciones en la formación profesional específica, deacuerdo con lo establecido en la disposición adicional décima, apartado 1,de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General delSistema Educativo, y de conformidad con lo que establezcan las normasbásicas que determinan la atribución de la competencia docente a losprofesores de dichos Cuerpos, podrán desempeñar funciones en los demásámbitos de la formación profesional regulada en esta Ley, de conformidadcon su perfil académico y profesional y con lo que al efecto determinen lasAdministraciones competentes.2. A los efectos previstos en el artículo 3 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,de Incompatibilidades del Personal Laboral al Servicio de las AdministracionesPúblicas, la impartición de la formación, en sus distintos ámbitos, tendrá laconsideración de interés público. Disposición adicional segunda. Habilitaciónde profesionales cualificados.De acuerdo con las necesidades derivadas de la planificación de la ofertaformativa, la formación profesional regulada en esta Ley podrá ser impartida
por profesionales cualificados, cuando no exista profesorado cuyo perfil secorresponda con la formación asociada a las cualificaciones profesionales, enlas condiciones y régimen que determinen las correspondientesAdministraciones competentes.Disposición adicional tercera. Áreas prioritarias en las ofertas formativas.Son áreas prioritarias que se incorporarán a las ofertas formativas financiadascon cargo a recursos públicos las relativas a tecnologías de la información y lacomunicación, idiomas de los países de la Unión Europea, trabajo en equipo,prevención de riesgos laborales así como aquéllas que se contemplen dentrode las directrices marcadas por la Unión Europea.Disposición adicional cuarta. Equivalencias.El Gobierno, previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional,fijará las equivalencias, convalidaciones, correspondencias, y los efectos deellas, entre los títulos de formación profesional y los certificados deprofesionalidad establecidos y los que se creen conforme a lo previsto en lapresente Ley.Disposición final primera. Título competencial.1. La presente Ley se dicta al amparo de las disposiciones 1ª, 7ª y 30ª delartículo 149.1 de la Constitución.2. Al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.1.a y 30.a de la Constitución,en lo que se refiere a la regulación de la formación profesional en el ámbitodel Sistema Educativo, es competencia exclusiva del Estado el desarrollo de lossiguientes preceptos:El apartado 1 del artículo 1, los artículos 2 a 5, los apartados 3 y 4 del artículo 6,los artículos 7 a 9, el apartado 1 del artículo 10 y el apartado 6 del artículo 11.La disposición adicional tercera.Igualmente, al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.1.a y 30.a de laConstitución y en lo que se refiere a la regulación de la formación profesionalen el ámbito del Sistema Educativo, son normas básicas de la presente Ley lassiguientes:Los apartados 2 y 3 del artículo 1, los apartados 1 y 2 del artículo 6, losapartados 2 a 7 del artículo 10, los apartados 1 a 5 y 7 del artículo 11 y losartículos 12 a 17.Las disposiciones adicionales primera y segunda.3. Al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.7.a, es competenciaexclusiva del Estado el desarrollo de la presente Ley en todo aquello que no serefiera a la regulación de la formación profesional en el ámbito del SistemaEducativo, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las ComunidadesAutónomas.
4. Al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.1.a, 7.a y 30.a de laConstitución, es competencia exclusiva del Estado el desarrollo de ladisposición adicional cuarta.Disposición final segunda. Carácter de Ley Orgánica de la presente Ley.La presente Ley tiene el carácter de Ley Orgánica, a excepción de lossiguientes preceptos: los apartados 2 y 3 del artículo 1; el apartado 1 y lospárrafos c) y d) del apartado 3 del artículo 2; el apartado 2 del artículo 4; losartículos 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16 y 17; las disposiciones adicionales primera,segunda, tercera y cuarta y las disposiciones finales primera, tercera y cuarta.Disposición final tercera. Habilitación para el desarrollo normativo.Se habilita al Gobierno a fin de que dicte, previa consulta al Consejo Generalde Formación Profesional, la normativa precisa para el desarrollo de lapresente Ley en el ámbito de sus competencias.Disposición final cuarta. Entrada en vigor.La presente Ley Orgánica entrará en vigor el día siguiente al de su publicaciónen el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 19 de junio de 2002.
REAL DECRETO 1128/2003 POR EL QUE SE REGULA EL CATÁLOGO NACIONAL DE LASCUALIFICACIONES PROFESIONALES
REAL DECRETO 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula elCatálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de laFormación Profesional, establece el Sistema Nacional de Cualificaciones yFormación Profesional, que está formado por diferentes instrumentos y acciones,siendo el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales el eje fundamentaldel sistema. La citada ley orgánica, en su artículo 7.2, atribuye al Gobierno, previaconsulta al Consejo General de Formación Profesional, la determinación de laestructura y el contenido del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,así como la aprobación de las cualificaciones que proceda incluir en éste y supermanente actualización. El catálogo, cuyo régimen básico se define en el título de la citada leyorgánica, es el instrumento que ordena sistemáticamente las cualificacionesidentificadas en el sistema productivo y establece, mediante un catálogo modular,la formación asociada a aquéllas atendiendo a los requerimientos del empleo. Elcatálogo determina así el marco para establecer los títulos y los certificados deprofesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas aaquél, así como, para la evaluación, el reconocimiento y la acreditación de lascompetencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de víasno formales de formación, acreditación que será válida en todo el territorionacional. De acuerdo con los principios y fines que la Ley Orgánica 5/2002, de 19 dejunio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, atribuye al SistemaNacional de Cualificaciones y Formación Profesional, la finalidad del catálogo esposibilitar la integración de las ofertas de formación profesional, adecuándolas a lascaracterísticas y demandas del sistema productivo, promover la formación a lolargo de la vida y facilitar la movilidad de los trabajadores, así como la unidad delmercado de trabajo. Y todo ello, garantizando los niveles básicos de calidad que sederivan de la permanente observación y análisis del sistema productivo y de lasdemandas de la sociedad. Para el logro de estas finalidades, el catálogo debe identificar y definir lascualificaciones profesionales más significativas que en cada momento requiera elsistema productivo, sin que ello suponga regulación del ejercicio profesional o laatribución en exclusiva de unas determinadas funciones a concretascualificaciones, ni afecte al contenido de las relaciones laborales. Asimismo, debeestablecer los contenidos formativos básicos que en cada caso resulten necesarios,con el fin de que las ofertas formativas garanticen la adquisición de lascompetencias profesionales más apropiadas para el desempeño profesional. El catálogo servirá, asimismo, para facilitar a los interesados información yorientación sobre las oportunidades de aprendizaje y formación para el empleo, losprocedimientos de evaluación, reconocimiento y acreditación de las competencias
profesionales, cualquiera que hubiera sido su forma de adquisición, así como paraestablecer ofertas formativas adaptadas a colectivos con necesidades específicasy, en definitiva, para favorecer la inversión pública y privada en la cualificación delos ciudadanos mediante un proceso de formación permanente. La estructura y el contenido del Catálogo Nacional de CualificacionesProfesionales que se establece por este real decreto favorecerá la transparencia delas cualificaciones en el contexto internacional y particularmente en el europeo.Para ello, además de los fines y funciones del catálogo, se establecen los distintoscomponentes de cada una de las cualificaciones y de los módulos formativosasociados a ellos y se establecen asimismo los requisitos de participación,colaboración y consulta que han de seguirse para la elaboración y actualizaciónde aquél. La organización de las cualificaciones en el catálogo se realiza por familiasprofesionales atendiendo a criterios de afinidad de la competencia profesional,adoptando el modelo ya conocido en la formación profesional inicial y en laformación profesional ocupacional, para organizar el actual catálogo de títulos deformación profesional y el repertorio de certificados de profesionalidad, lo quefacilitará, sin duda, la integración y la transparencia, así como el conocimiento ydifusión de las cualificaciones entre los ciudadanos; y posibilitará, por otra parte,una mejor oferta de las acciones formativas referidas al catálogo. Por su parte, y de acuerdo con lo que se establece en la Ley Orgánica5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, lascualificaciones profesionales se organizan en niveles, con arreglo a criteriosrelacionados con la competencia profesional requerida en cada uno de ellos y dela Unión Europea. A su vez, las cualificaciones del Catálogo Nacional de CualificacionesProfesionales se estructuran en unidades de competencia, entendidas como unagregado de competencias profesionales, que constituyen la unidad mínimasusceptible de reconocimiento y acreditación y comprenden tanto lascompetencias específicas de una actividad profesional, como aquellas otrasdeterminantes para un adecuado desempeño profesional. La formación asociada a las cualificaciones profesionales, que formará partedel catálogo modular, se estructura en módulos formativos que toman comoreferencia las unidades de competencia y constituyen el agregado mínimo paraestablecer la formación conducente a títulos y certificados de profesionalidad. Por último, se establece el procedimiento para la elaboración y actualizacióndel Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, en el que el InstitutoNacional de las Cualificaciones contará con la participación y colaboración de lasdiferentes Administraciones públicas y los interlocutores sociales, así como con lossectores productivos correspondientes. En el proceso de elaboración de este real decreto han emitido informe elConsejo General de Formación Profesional y el Consejo Escolar del Estado.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Educación, Cultura y Deporte yde Trabajo y Asuntos Sociales, de acuerdo con el Consejo de Estado y previadeliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de septiembre de 2003, DISPONGO:Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.1. El objeto de este real decreto es determinar la estructura y contenido delCatálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, creado por la Ley Orgánica5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.2. El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales tiene validez y es deaplicación en todo el territorio nacional.Artículo 2. Naturaleza del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.1. El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales es el instrumento delSistema Nacional de las Cualificaciones y Formación Profesional que ordena lascualificaciones profesionales, susceptibles de reconocimiento y acreditación,identificadas en el sistema productivo en función de las competencias apropiadaspara el ejercicio profesional.2. El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluye el contenido de laformación profesional asociada a cada cualificación, de acuerdo con unaestructura de módulos formativos articulados en un catálogo modular de formaciónprofesional.Artículo 3. Finalidad y funciones del Catálogo Nacional de CualificacionesProfesionales.1. El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales tiene los siguientes fines:a) Facilitar la adecuación de la formación profesional a los requerimientos delsistema productivo.b) Promover la integración, el desarrollo y la calidad de las ofertas de formaciónprofesional.c) Facilitar la formación a lo largo de la vida mediante la acreditación yacumulación de aprendizajes profesionales adquiridos en diferentes ámbitos.d) Contribuir a la transparencia y unidad del mercado laboral y a la movilidad delos trabajadores.2. Para el logro de los fines indicados en el apartado anterior, mediante el CatálogoNacional de Cualificaciones Profesionales se desarrollarán las siguientes funciones:
a) Identificar, definir y ordenar las cualificaciones profesionales y establecer suscorrespondientes contenidos formativos. Determinar las ofertas formativasconducentes a la obtención de títulos de formación profesional y de certificados deprofesionalidad.b) Evaluar, reconocer y acreditar las competencias profesionales adquiridas através de la experiencia profesional o de vías no formales de formación.c) Asimismo, el catálogo servirá para facilitar la información y orientaciónprofesional y los procesos de evaluación y mejora de la calidad del SistemaNacional de Cualificaciones y Formación Profesional y para establecer ofertasformativas adaptadas a colectivos con necesidades específicas.Artículo 4. Estructura del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.1. El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales está constituido por lascualificaciones profesionales más significativas, identificadas en el sistemaproductivo, ordenadas con los criterios que se establecen en este real decreto.Contendrá también la formación asociada a las cualificaciones profesionales queconstituirán el catálogo modular de formación profesional.2. Las cualificaciones profesionales que integran el Catálogo Nacional deCualificaciones Profesionales se ordenarán por niveles de cualificación y por familiasprofesionales.3. Las familias profesionales en las que se estructura el Catálogo Nacional deCualificaciones Profesionales son las que se indican en el anexo I de este realdecreto, atendiendo a criterios de afinidad de la competencia profesional.4. Los niveles de cualificación profesional son los que se establecen en el anexo IIatendiendo a la competencia profesional requerida por las actividades productivascon arreglo a criterios de conocimientos, iniciativa, autonomía, responsabilidad ycomplejidad, entre otros, de la actividad a desarrollar.Artículo 5. Las cualificaciones profesionales.1. A los efectos de este real decreto, se entiende por:a) Cualificación profesional: el conjunto de competencias profesionales consignificación para el empleo que pueden ser adquiridas mediante formaciónmodular u otros tipos de formación, así como a través de la experiencia laboral.b) Unidad de competencia: el agregado mínimo de competencias profesionales,susceptible de reconocimiento y acreditación parcial, a los efectos previstos en elartículo 8.3 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de laFormación Profesional.
c) Competencia profesional: el conjunto de conocimientos y capacidades quepermiten el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de laproducción y el empleo.2. Las cualificaciones profesionales que se incorporen al Catálogo Nacional deCualificaciones Profesionales deberán contener, al menos, los siguientes elementos,sin que ello constituya regulación del ejercicio profesional:a) Los datos de identificación de la cualificación, en los que figurarán: ladenominación oficial, la familia profesional en la que se incluye, el nivel decualificación y un código alfanumérico.b) La competencia general, que describe de forma abreviada el cometido yfunciones esenciales del profesional.c) Las unidades de competencia, que corresponden a la cualificación.d) El entorno profesional, en el que se indica, con carácter orientador, el ámbitoprofesional, los sectores productivos y las ocupaciones o puestos de trabajorelacionados.e) La formación asociada, estructurada en módulos formativos.Artículo 6. La unidad de competencia.La unidad de competencia contiene los elementos siguientes:a) Datos de identificación, en los que figurarán la denominación, el nivel y el códigoasignado.b) Las realizaciones profesionales, entendidas como elementos de la competenciaque establecen el comportamiento esperado de la persona, en forma deconsecuencias o resultados de las actividades que realiza.c) Los criterios de realización, que expresan el nivel aceptable de la realizaciónprofesional que satisface los objetivos de las organizaciones productivas y constituyeuna guía para la evaluación de la competencia profesional.d) El contexto profesional, que describe, con carácter orientador, los medios deproducción, productos y resultados del trabajo, información utilizada o generada ycuantos elementos de análoga naturaleza se consideren necesarios para enmarcarla realización profesional.Artículo 7. El catálogo modular de formación profesional.1. El catálogo modular de formación profesional es el conjunto de módulosformativos asociados a las diferentes unidades de competencia de lascualificaciones profesionales. Proporciona un referente común para la integración
de las ofertas de formación profesional que permita la capitalización y el fomentodel aprendizaje a lo largo de la vida.2. Mediante el catálogo modular de formación profesional se promoverá una ofertaformativa de calidad, actualizada y adecuada a los distintos destinatarios deacuerdo con sus expectativas de progresión profesional y de desarrollo personal.Atenderá, asimismo, a las demandas de formación para la adquisición de lascompetencias requeridas por los sectores productivos y el aumento de lacompetitividad, a través del incremento de la cualificación de la población activa.Artículo 8. Los módulos formativos.1. Se entiende por módulo formativo el bloque coherente de formación asociado acada una de las unidades de competencia que configuran la cualificación.2. El módulo formativo constituye la unidad mínima de formación profesionalacreditable para establecer las enseñanzas conducentes a la obtención de lostítulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad.3. Cada módulo formativo tendrá un formato normalizado que incluirá los datos deidentificación y las especificaciones de la formación.4. Los datos de identificación incluirán: la denominación, el nivel de la cualificaciónal que se vincula, un código alfanumérico, la unidad de competencia a la que estáasociado y la duración de la formación expresada en horas.5. Las especificaciones de la formación se expresarán a través de las capacidadesy sus correspondientes criterios de evaluación, así como los contenidos quepermitan alcanzar dichas capacidades. Se identificarán, además, aquellascapacidades cuya adquisición deba ser, en su caso, completada en un entornoreal de trabajo.Constarán también los requisitos básicos del contexto de la formación, para queésta sea de calidad.Artículo 9. Elaboración y actualización del Catálogo Nacional de CualificacionesProfesionales y del catálogo modular de formación profesional.1. El Gobierno, previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional, sinperjuicio de las competencias que el Consejo Escolar del Estado tiene atribuidas,según los artículos 30 y 32 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora delDerecho a la Educación, aprobará las cualificaciones profesionales que procedaincluir en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como losmódulos formativos del catálogo modular de formación profesional.2. El Instituto Nacional de las Cualificaciones, de acuerdo con lo que se estableceen el artículo 5.3 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones yde la Formación Profesional, es el responsable de elaborar y mantener actualizado
el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y el catálogo modular deformación profesional, y, a tal efecto, presentará la oportuna propuesta al ConsejoGeneral de Formación Profesional.3. Para identificar, elaborar y mantener actualizadas las cualificacionesprofesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y el catálogomodular de formación profesional, se establecerán los procedimientos decolaboración y consulta con las diferentes comunidades autónomas y las demásAdministraciones públicas competentes, así como con los interlocutores sociales ycon los sectores productivos, teniendo en cuenta, en su caso, aquellas iniciativasconjuntas que resulten significativas desde una perspectiva sectorial.4. El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y el catálogo modular deformación profesional se mantendrán permanentemente actualizados mediante surevisión periódica que, en todo caso, deberá efectuarse en un plazo no superior acinco años a partir de la fecha de inclusión de la cualificación en el catálogo.Disposición adicional única. Actualización de las familias profesionales.En atención a la evolución de las necesidades del sistema productivo y de lasdemandas sociales, el Gobierno podrá modificar las familias profesionales que serelacionan en el anexo I.Disposición final primera. Título competencial y habilitación.Este real decreto se dicta en virtud de las competencias que atribuye al Estado elartículo 149.1.1ª y 30ª de la Constitución y al amparo de la disposición final primera.2de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la FormaciónProfesional, y de la habilitación que confiere al Gobierno el artículo 7.2 y ladisposición final tercera de la citada Ley Orgánica 5/2002.Disposición final segunda. Normas de desarrollo.Se autoriza a los Ministros de Educación, Cultura y Deporte y de Trabajo y AsuntosSociales a dictar las normas de desarrollo de este real decreto en el ámbito de susrespectivas competencias.Disposición final tercera. Entrada en vigor.El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el«Boletín Oficial del Estado».Dado en Madrid, a 5 de septiembre de 2003.
ANEXO I Familias profesionalesAgraria.Marítimo-pesquera.Industrias alimentarías.Química.Imagen personal.Sanidad.Seguridad y medio ambiente.Fabricación mecánica.Instalación y mantenimiento.Electricidad y electrónica.Energía y agua.Transporte y mantenimiento de vehículos.Industrias extractivas.Edificación y obra civil.Vidrio y cerámica.Madera, mueble y corcho.Textil, confección y piel.Artes gráficas.Imagen y sonido.Informática y comunicaciones.Administración y gestión.Comercio y marketing.Servicios socioculturales y a la comunidad.Hostelería y turismo.Actividades físicas y deportivas.Artesanías. ANEXO II Niveles de cualificaciónNivel 1: competencia en un conjunto reducido de actividades de trabajorelativamente simples correspondientes a procesos normalizados, siendo losconocimientos teóricos y las capacidades prácticas a aplicar limitados.Nivel 2: competencia en un conjunto de actividades profesionales biendeterminadas con la capacidad de utilizar los instrumentos y técnicas propias, queconcierne principalmente a un trabajo de ejecución que puede ser autónomo en ellímite de dichas técnicas. Requiere conocimientos de los fundamentos técnicos ycientíficos de su actividad y capacidades de comprensión y aplicación delproceso.Nivel 3: competencia en un conjunto de actividades profesionales que requieren eldominio de diversas técnicas y puede ser ejecutado de forma autónoma, comportaresponsabilidad de coordinación y supervisión de trabajo técnico y especializado.
Exige la comprensión de los fundamentos técnicos y científicos de las actividades yla evaluación de los factores del proceso y de sus repercusiones económicas.Nivel 4: competencia en un amplio conjunto de actividades profesionalescomplejas realizadas en una gran variedad de contextos que requieren conjugarvariables de tipo técnico, científico, económico u organizativo para planificaracciones, definir o desarrollar proyectos, procesos, productos o servicios.Nivel 5: competencia en un amplio conjunto de actividades profesionales de grancomplejidad realizadas en diversos contextos a menudo impredecibles que implicaplanificar acciones o idear productos, procesos o servicios. Gran autonomíapersonal. Responsabilidad frecuente en la asignación de recursos, en el análisis,diagnóstico, diseño, planificación, ejecución y evaluación.
LEY 56/2003 LEY DEEMPLEO
LEY 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La vigente Ley Básica de Empleo 51/1980, de 8 de octubre, se aprobó en uncontexto en el que la situación socioeconómica, tecnológica y de organizaciónterritorial presentaba unos perfiles bien distintos de los actuales. Dicha situación secaracterizaba por la existencia de un único servicio público de empleo, queactuaba formalmente en régimen de monopolio, centralizado en torno al InstitutoNacional de Empleo y con competencia en la totalidad del territorio estatal. Laimplantación de las políticas activas era muy moderada, mientras que la protecciónpor desempleo era concebida exclusivamente como prestación económica enlas situaciones de falta de trabajo. A lo largo de los últimos años, el entorno social, económico, organizativo ytecnológico ha experimentado cambios fundamentales. Efectivamente, en primer término, la evolución del mercado de trabajo en ellargo periodo de tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley Básica deEmpleo ha visto cómo se producían situaciones de pérdida de puestos de trabajo,con expulsión del mismo de los colectivos más sensibles, a la vez que aumentaba ladificultad de su acceso al empleo, el desempleo y las tasas de temporalidad enla contratación, acentuándose los desequilibrios territoriales. Junto a ello, se han producido situaciones expansivas que han permitido lacreación de empleo. No obstante, persiste una alta tasa de paro y una baja tasa deocupación, c omparativamente con las cifras de la Unión Europea, especialmentepara el colectivo de mujeres. Además, se mantienen dificultades de incorporación almercado de trabajo de determinados colectivos, con especial incidencia en el parode larga duración, carencias de capacitación de la población trabajadora,retenciones a la movilidad geográfica y funcional, desequilibrios entre los distintosmercados de trabajo, una excesiva temporalidad en la ocupación y una escasatasa de participación de los servicios públicos de empleo en la intermediaciónlaboral. Diversos factores adicionales han afectado al mercado de trabajo en estosaños: la evolución demográfica, primero con la presión ejercida por los jóvenes en elacceso a su primer empleo y, posteriormente, con el envejecimiento de lapoblación activa; el fenómeno inmigratorio, con la consiguiente llegada deimportantes recursos humanos procedentes del exterior a nuestro mercado detrabajo; de otra parte, el desarrollo fulgurante de las tecnologías de la información yde la comunicación; la nueva o rientación de la política social (de la asistenciapasiva a los incentivos para la reinserción laboral), o la apertura a los agentesprivados de los servicios de información, orientación e intermediación, constituyen unconjunto formidable de retos a los que se enfrenta una política de empleo tendenteal pleno empleo.
Pero no sólo se ha transformado y se ha vuelto más complejo el mercado detrabajo en el que a ctúan los servicios públicos de empleo, también ha cambiado elentorno político e institucional. El método tradicional de gestión estatal del mercadode trabajo ha dado paso a planteamientos más descentralizados contransferencias de funciones y servicios para la ejecución de las políticas activas deempleo a las comunidades autónomas. De otra p arte, la financiación de estaspolíticas tiene un componente importante de fondos procedentes de la UniónEuropea, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, aun cuando la gestión de lasmismas se lleva a cabo por las Administraciones autonómicas. En la actualidad, los servicios públicos de empleo han de actuar en un entornomás competitivo, complejo y dinámico y han de posicionarse en el mercadoprestando un servicio de calidad a sus usuarios. Por último, la globalización de la economía y el progreso de integracióneuropea ya no permiten pensar y actuar sólo en clave nacional. La estrategia decoordinación de políticas iniciada en la Unión Europea — política económica, a travésde las Grandes Orientaciones de Política Económica, y política de empleo, a travésde las Directrices de Empleo y los Planes nacionales de acción para el empleo, encoordinación con la estrategia de inclusión social— obliga al Estado español aestablecer objetivos cuantificados de actuación con desempleados, toda vezque la Unión Europea vincula la distribución de fondos europeos (Fondo SocialEuropeo) al logro de dichos objetivos, lo que necesariamente obliga alestablecimiento de mecanismos que hagan posible su cumplimiento. En este contexto, esta ley tiene por objetivo incrementar la eficiencia delfuncionamiento del mercado de trabajo y mejorar las oportunidades deincorporación al mismo para conseguir el objetivo del pleno empleo, en línea conlo que reiteradamente los Jefes de Estado y de Gobierno han venido acordandoen las cumbres de la Unión Europea, desde el inicio del proceso de Luxemburgohasta su ratificación en la Cumbre de Barcelona. Ello se traduce en ofrecer a losdesempleados, bajo los principios de igualdad de oportunidades, no-discriminación,transparencia, gratuidad, efectividad y calidad en la prestación de servicios, unaatención preventiva y personalizada por los servicios públicos de empleo, conespecial atención a los colectivos desfavorecidos, entre los cuales las personas condiscapacidad ocupan un lugar preferente. Las políticas de empleo debenfuncionar como instrumentos incentivadores para la incorporación efectiva de losdesempleados al mercado de trabajo, estimulando la búsqueda activa deempleo y la movilidad geográfica y funcional. Desde una perspectiva de armonización del nuevo modelo con la actualdistribución de competencias constitucionales entre el Estado y las comunidadesautónomas, en materia de política de empleo, los objetivos se centran en asegurar lacooperación y coordinación entre las Administraciones implicadas de modo que selogre la máxima efectividad movilizando y optimizando todos los recursos disponibles.El instrumento nuclear para conseguir tal finalidad es el Sistema Nacional de Empleo,considerando esto como un conjunto de estructuras, medidas y acciones necesariaspara promover y desarrollar la política de empleo, que tiene como finalidad eldesarrollo de programas y medidas tendentes a la consecución del pleno empleoen los términos acordados en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno deLisboa.
Dicho Sistema está integrado por el Servicio Público de Empleo Estatal y losServicios Públicos de las comunidades autónomas. Sus órganos son la ConferenciaSectorial de Asuntos Laborales y el Consejo General del Sistema Nacional deEmpleo. Sus instrumentos, el Plan nacional de acción para el empleo, el Programaanual de trabajo del Sistema Nacional de Empleo Estatal y de las comunidadesautónomas. Sus órganos son la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales y elConsejo General del Sistema Nacional de Empleo Sus instrumentos, el Plan nacionald e acción para el empleo, el Programa anual de trabajo del Sistema Nacional deEmpleo y el Sistema de información de los Servicios Públicos de Empleo. Laparticipación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativasen dicho sistema, así como en los Servicios Públicos de Empleo Estatal y de lascomunidades autónomas, además de ser necesaria en un modelo constitucionalcomo el español y respetuosa con nuestros compromisos internacionales, aporta,finalmente, mayores garantías de cohesión y éxito al proyecto. Finalmente, es objetivo esencial de la ley la definición de la intermediaciónlaboral, instrumento básico de la política de empleo, en la que cabe lacolaboración con la sociedad civil, con respeto a los principios constitucionales yde acuerdo a criterios de objetividad y eficacia. La ley establece también unconcepto más moderno de las políticas activas de empleo, verdaderasherramientas de activación frente al desempleo, que se complementan yrelacionan con la prestación económica por desempleo y se articulan en torno aitinerarios de atención personalizada a los demandantes de empleo, en función desus características y requerimientos personales y profesionales. TÍTULO PRELIMINAR De la política de empleo CAPÍTULO ÚNICO Normas generalesArtículo 1. Definición. Teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 40 y 41 de la Constitución, lapolítica de empleo es el conjunto de decisiones adoptadas por el Estado y lascomunidades autónomas que tienen por finalidad el desarrollo de programas ymedidas tendentes a la consecución del pleno empleo, así como la calidad en elempleo, a la adecuación cuantitativa y cualitativa de la oferta y demanda deempleo, a la reducción de las situaciones de desempleo y a la debidaprotección en las situaciones de desempleo. La política de empleo se desarrollará, dentro de las orientaciones generales dela política económica, en el ámbito de la estrategia coordinada para el empleoregulada por el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
Artículo 2. Objetivos de la política de empleo. Son objetivos generales de la política de empleo:a) Garantizar la efectiva igualdad de oportunidades y la no discriminación,teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 9.2 de la Constitución Española, en elacceso al empleo y en las acciones orientadas a conseguirlo, así como la libreelección de profesión oficio sin que pueda prevalecer discriminación alguna, enlos términos establecidos en el artículo 17 del Estatuto de los Trabajadores.Dichos principios serán de aplicación a los nacionales de Estados miembros delEspacio Económico Europeo y, en los términos que determine la normativareguladora de sus derechos y libertades, a los restantes extranjeros.b) Mantener un sistema eficaz de protección ante las situaciones dedesempleo, que comprende las políticas activas de empleo y las prestaciones pordesempleo, asegurando la coordinación entre las mismas y la colaboración entrelos distintos entes implicados en la ejecución de la política de empleo y su gestión yla interrelación entre las distintas acciones de intermediación laboral.c) Adoptar un enfoque preventivo frente al desempleo, especialmente de largaduración, facilitando una atención individualizada a los desempleados, medianteacciones integradas de políticas activas que mejoren su ocupabilidad. Igualmente, la política de empleo tenderá a adoptar un enfoque preventivofrente al desempleo y de anticipación del cambio a través de acciones formativasque faciliten al trabajador el mantenimiento y la mejora de su calificaciónprofesional, empleabilidad y, en su caso, recalificación y adaptación de suscompetencias profesionales a los requerimientos del mercado de trabajo.d) Asegurar políticas adecuadas de integración laboral dirigidas a aquelloscolectivos que presenten mayores dificultades de inserción laboral, especialmentejóvenes, mujeres, discapacitados y parados de larga duración mayores de 45años.e) Mantener la unidad del mercado de trabajo en todo el territorio estatal,teniendo en cuenta las características específicas y diversas de los diferentesterritorios y promoviendo la corrección de los desequilibrios territoriales y sociales.f) Asegurar la libre circulación de los trabajadores y facilitar la movilidadgeográfica, tanto en el ámbito estatal como en el europeo, de quienes deseantrasladarse por razones de empleo.g) Coordinar su articulación con la dimensión del fenómeno migratorio interno yexterno, de acuerdo con lo establecido en los párrafos a) y d) en colaboracióncon las comunidades autónomas, en el marco de sus respectivascompetencias.
Artículo 3. Planificación y ejecución de la política de empleo.1. En el ámbito de competencia estatal corresponde al Gobierno, a través delMinisterio de Trabajo y Asuntos Sociales, en el marco de los acuerdos adoptadospor la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, la coordinación de la política deempleo. Igualmente, corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo yAsuntos Sociales, y previo informe de este ministerio a la Conferencia Sectorial deAsuntos Laborales, la aprobación de los proyectos de normas con rango de ley y laelaboración y aprobación de las disposiciones reglamentarias en relación con laintermediación y colocación en el mercado de trabajo, fomento de empleo,protección por desempleo, formación profesional ocupacional y continua en elámbito estatal, así como el desarrollo de dicha ordenación, todo ello sin perjuicio delas competencias que en materia de extranjería corresponden al Ministerio delInterior. En cualquier caso, corresponde al Gobierno, a través del Ministerio deTrabajo y Asuntos Sociales, la gestión y control de las prestaciones por desempleo.2. De conformidad con la Constitución y sus Estatutos de Autonomía,corresponde a las comunidades autónomas en su ámbito territorial el desarrollo dela política de empleo, el fomento del empleo y la ejecución de la legislación laboral yde los programas y medidas que les hayan sido transferidas.3. Los Planes nacionales de acción para el empleo se elaborarán por elGobierno, a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con la participación delas comunidades autónomas, y se definirán de acuerdo con la Estrategia Europeade Empleo, configurándose como un instrumento esencial de planificación de lapolítica de empleo. Así mismo se contará con la participación de las organizacionesempresariales y sindicales más representativas. Las medidas contenidas en losPlanes nacionales de acción para el empleo estarán coordinadas e integradascon el resto de políticas de origen estatal y de la Unión Europea y, especialmente,con las establecidas en los Planes de integración social, con las que deberánguardar la coherencia necesaria para garantizar su máxima efectividad.Las comunidades autónomas, en sus respectivos ámbitos territoriales,establecerán sus programas de empleo, de acuerdo con las obligacionesestablecidas por la Estrategia Europea de Empleo, a través de los Planesnacionales de acción para el empleo.Artículo 4. La dimensión local de la política de empleo.De acuerdo con lo establecido en la Estrategia Europea de Empleo, las políticas deempleo en su diseño y modelo de gestión deberán tener en cuenta su dimensiónlocal para ajustarlas a las necesidades del territorio, de manera que favorezcan yapoyen las iniciativas de generación de empleo en el ámbito local.De conformidad con la Constitución, con los Estatutos de Autonomía y con la Ley7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, los ServiciosPúblicos de Empleo de las comunidades autónomas establecerán los mecanismosde colaboración oportunos y en su caso de participación con las corporacioneslocales para la ejecución de los programas y medidas de las políticas activas deempleo.
TÍTULO I El Sistema Nacional de Empleo CAPÍTULO I Disposiciones generalesArtículo 5. Concepto.Se entiende por Sistema Nacional de Empleo el conjunto de estructuras, medidas yacciones necesarias para promover y desarrollar la política de empleo. El SistemaNacional de Empleo está integrado por el Servicio Público de Empleo Estatal y losServicios Públicos de Empleo de las comunidades autónomas.Artículo 6. Fines.1. El Sistema Nacional de Empleo deberá garantizar el cumplimiento de lossiguientes fines:a) Fomentar el empleo y apoyar la creación de puestos de trabajo, en especialdirigidos a personas con mayor dificultad de inserción laboral.b) Ofrecer un servicio de empleo público y gratuito a trabajadores yempresarios, capaz de captar las ofertas de empleo del mercado de trabajo, sobrela base de una atención eficaz y de calidad con vistas a incrementarprogresivamente sus tasas de intermediación laboral.c) Facilitar la información necesaria que permita a los demandantes de empleoencontrar un trabajo o mejorar sus posibilidades de ocupación, y a losempleadores, contratar los trabajadores adecuados apropiados a susnecesidades, asegurando el principio de igualdad en el acceso de lostrabajadores y empresarios a los servicios prestados por el servicio público deempleo.d) Asegurar que los servicios públicos de empleo, en el ámbito de sus respectivascompetencias, aplican las políticas activas conforme a los principios de igualdad yno discriminación, en los términos previstos en el artículo 9 de la Constitución, ypromueven la superación de los desequilibrios territoriales.e) Garantizar la aplicación de las políticas activas de empleo y de la protectorapor desempleo.f) Asegurar la unidad del mercado de trabajo en todo el territorio español y suintegración en el mercado único europeo, así como la libre circulación de lostrabajadores.g) Impulsar la cooperación del servicio público de empleo y de las empresas enaquellas acciones de políticas activas y cualificación profesional que éstasdesarrollen y que puedan resultar efectivas para la integración laboral, la formacióno recualificación de los desempleados.
2. En el cumplimiento de estos fines, el Sistema Nacional de Empleo será objetode evaluación periódica con el fin de adecuar sus estructuras, medidas y accionesa las necesidades reales del mercado laboral.Artículo 7. Órganos del Sistema Nacional de Empleo.1. Los órganos del Sistema Nacional de Empleo son:a) La Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, que es el instrumento generalde colaboración, coordinación y cooperación entre la Administración del Estado y lade las comunidades autónomas en materia de política de empleo yespecialmente en la elaboración de los Planes nacionales de acción para elempleo. Así mismo le corresponde la aprobación del Programa anual de trabajodel sistema nacional de empleo.b) El Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, que es el órganoconsultivo de participación institucional en materia de política de empleo. El Consejoestará integrado por un representante de cada una de las comunidadesautónomas y por igual número de miembros de la Administración General delEstado, de las organizaciones empresariales y de las organizaciones sindicales másrepresentativas. Para la adopción de acuerdos se ponderarán los votos de lasorganizaciones empresariales y los de las organizaciones sindicales para que cadauna de estas dos representaciones cuente con el mismo peso que el conjuntode los representantes de ambas Administraciones, manteniendo así el caráctertripartito del Consejo. Reglamentariamente se determinarán sus funciones, enconsonancia con las atribuidas al Sistema Nacional de Empleo por el artículo 9 deesta ley, entre las que se encuentra la de consulta e informe del Plan nacional deacción para el empleo y del Programa anual de trabajo de dicho Sistema Nacionalde Empleo.2. La coordinación del Sistema Nacional de Empleo se llevará a caboprincipalmente a través de los siguientes instrumentos:a) El Plan nacional de acción para el empleo.b) El Programa anual de trabajo del Sistema Nacional de Empleo.c) El Sistema de información de los Servicios Públicos de Empleo.Artículo 8. Principios de organización y funcionamiento.La organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Empleo se basará en lossiguientes principios:1. Participación de las organizaciones empresariales y sindicales másrepresentativas en el Servicio Público de Empleo Estatal y en los Servicios Públicos deEmpleo de las comunidades autónomas, en la forma en que éstos determinen, deacuerdo con lo previsto en esta ley.2. Transparencia en el funcionamiento del mercado de trabajo yestablecimiento de las políticas necesarias para asegurar la libre circulación detrabajadores por razones de empleo o formación, teniendo en cuenta, comoelementos esenciales para garantizar este principio los siguientes:
a) Integración, compatibilidad y coordinación de los sistemas de información. ElServicio Público de Empleo Estatal y los Servicios Públicos de Empleo de lascomunidades autónomas colaborarán en la creación, explotación ymantenimiento de un sistema de información común que se organizará con unaestructura informática integrada y compatible. Ello permitirá llevar a cabo de formaadecuada las funciones de intermediación laboral sin barreras territoriales, elregistro de paro, las estadísticas comunes, la comunicación del contenido de loscontratos y el seguimiento y control de la utilización de fondos procedentes de laAdministración General del Estado o europea para su justificación.b) Existencia de un sitio común en red telemática que posibilite el conocimientopor los ciudadanos de las ofertas, demandas de empleo y oportunidades deformación existentes en todo el territorio del Estado, así como en el resto de lospaíses del Espacio Económico Europeo, respetando lo establecido en la LeyOrgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de CarácterPersonal.3. Los Servicios Públicos de Empleo son los responsables de asumir, en lostérminos establecidos en esta ley, la ejecución de las políticas activas de empleo,sin perjuicio de que puedan establecerse instrumentos de colaboración con otrasentidades que actuarán bajo su coordinación. Dichas entidades deberánrespetar en todo caso los principios de igualdad y no discriminación. La colaboración de tales entidades se orientará en función de criterios objetivos deeficacia, calidad y especialización en la prestación del servicio encomendado, deacuerdo en todo caso con lo establecido en la normativa correspondiente. Lacolaboración de los interlocutores sociales deberá considerarse de manera específica.4. Calidad en la prestación del servicio, favoreciendo el impulso y la permanentemejora de los servicios públicos de empleo para adaptarse a las necesidades delmercado de trabajo, con aprovechamiento de las nuevas tecnologías comoelemento dinamizador del cambio, con dotación suficiente de recursos humanos ymateriales que posibiliten una atención especializada y personalizada tanto a losdemandantes de empleo como a las empresas.Artículo 9. Funciones del Sistema Nacional de Empleo.1. Aplicar la Estrategia Europea de Empleo, en el marco de sus competencias, através de los Planes nacionales de acción para el empleo.2. Garantizar la coordinación y cooperación del Servicio Público de Empleo Estataly los Servicios Públicos de Empleo de las comunidades autónomas, prestandoespecial atención a la coordinación entre las políticas activas de empleo y lasprestaciones por desempleo.3. Establecer objetivos concretos y coordinados a través del Programa anualde trabajo del Sistema Nacional de Empleo que permitan evaluar los resultados yeficacia de las políticas de empleo y definir indicadores comparables.
4. Impulsar y coordinar la permanente adaptación de los servicios públicos deempleo a las necesidades del mercado de trabajo, en el marco de los acuerdosque se alcancen en la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales.5. Informar, proponer y recomendar a las Administraciones públicas sobrecuestiones relacionadas con las políticas activas de empleo.6. Analizar el mercado laboral en los distintos sectores de actividad y ámbitosterritoriales con el fin de adecuar las políticas activas de empleo a sus necesidades,así como para determinar la situación nacional de empleo que contribuya a lafijación de las necesidades de trabajadores extranjeros, de acuerdo con lanormativa derivada de la política migratoria. CAPÍTULO II El Servicio Público de Empleo EstatalArtículo 10. Concepto.El Servicio Público de Empleo Estatal es el organismo autónomo de la AdministraciónGeneral del Estado al que se le encomienda la ordenación, desarrollo y seguimientode los programas y medidas de la política de empleo, en el marco de loestablecido en esta ley.Artículo 11. Naturaleza y régimen jurídico.El Servicio Público de Empleo Estatal es un organismo autónomo de los previstos en elcapítulo II del título III de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización yFuncionamiento de la Administración General del Estado, adscrito al Ministerio deTrabajo y Asuntos Sociales, a través de su titular. Como organismo autónomo tiene personalidad jurídica propia eindependiente de la Administración General del Estado, plena capacidad de obrarpara el cumplimiento de sus funciones, patrimonio y tesorería propios, así comoautonomía de gestión, rigiéndose por lo establecido en la Ley 6/1997, de 14 de abril,de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, la Ley30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicasy del Procedimiento Administrativo Común, la Ley General Presupuestaria y por lasdemás disposiciones de aplicación a los organismos autónomos de laAdministración General del Estado.Artículo 12. Organización. El Servicio Público de Empleo Estatal se articula entorno a una estructuracentral y a una estructura periférica, para el cumplimiento de sus competencias. Lasorganizaciones empresariales y sindicales más representativas participarán, deforma tripartita y paritaria, en sus órganos correspondientes.
En todo caso, la estructura central se dotará de un consejo general y de unacomisión ejecutiva, cuya composición y funciones se estableceránreglamentariamente, de acuerdo con las competencias atribuidas al ServicioPúblico de Empleo Estatal.Artículo 13. Competencias. El Servicio Público de Empleo Estatal tendrá las siguientes competencias:a) Elaborar y elevar al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales las propuestasnormativas de ámbito estatal en materia de empleo que procedan.b) Formular el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos.c) Percibir las ayudas de fondos europeos para la cofinanciación de acciones acargo de su presupuesto y proceder a la justificación de las mismas, a través de laautoridad de gestión designada por la normativa de la Unión Europea.d) Colaborar con las comunidades autónomas en la elaboración del Plannacional de acción para el empleo, ajustado a la Estrategia Europea de Empleo, ydel Programa anual de trabajo del Sistema Nacional de Empleo. Las organizacionesempresariales y sindicales más representativas participarán en la elaboración dedicho Plan nacional de acción para el empleo y recibirán información periódica sobresu desarrollo y evaluación. Dicha periodicidad no deberá ser superior a seis meses.e) Gestionar los programas financiados con cargo a la reserva de créditoestablecida en su presupuesto de gastos. Estos programas serán: 1.o Programas cuya ejecución afecte a un ámbito geográfico superior al de una comunidad autónoma, cuando éstos exijan la movilidad geográfica de los desempleados o trabajadores participantes en los mismos a otra comunidad autónoma distinta a la suya y precisen de una coordinación unificada. 2.o Programas para la mejora de la ocupación de los demandantes de empleo mediante la colaboración del Servicio Público de Empleo Estatal con órganos de la Administración General del Estado o sus organismos autónomos para la realización de acciones formativas y ejecución de obras y servicios de interés general y social relativas a competencias exclusivas del Estado. 3.o Programas de intermediación y políticas activas de empleo cuyo objetivo sea la integración laboral de trabajadores inmigrantes, realizados en sus países de origen, facilitando la ordenación de los flujos migratorios. La reserva de crédito a que hace referencia este párrafo e) se dotará anualmente, previo informe de la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. De los resultados de las actuaciones financiadas con cargo a los mismos se informará anualmente a dicha Conferencia Sectorial.
f) Llevar a cabo investigaciones, estudios y análisis sobre la situación delmercado de trabajo y los instrumentos para mejorarlo, en colaboración con lasrespectivas comunidades autónomas.g) Mantener las bases de datos que garanticen el registro público de ofertas,demandas y contratos, mantener el observatorio de las ocupaciones y elaborarlas estadísticas en materia de empleo a nivel estatal.h) La gestión y el control de las prestaciones por desempleo, sin perjuicio delcometido de vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas legales yreglamentarias sobre obtención y disfrute de las prestaciones del sistema de laSeguridad Social que el artículo 3 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre,Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, atribuye a losfuncionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y delCuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social. A los efectos de garantizar la coordinación entre políticas activas yprestaciones por desempleo, la gestión de esta prestación se desarrollarámediante sistemas de cooperación con los Servicios Públicos de Empleo de lascomunidades autónomas. El Servicio Público de Empleo Estatal deberá colaborarcon las comunidades autónomas que hayan asumido el traspaso de lascompetencias.i) Cualesquiera otras competencias que legal o reglamentariamente se leatribuyan.Artículo 14. Presupuestación de fondos de empleo de ámbito nacional.1. El Estado, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, tiene lascompetencias en materia de fondos de empleo de ámbito nacional, que figuraránen su presupuesto debidamente identificados y desagregados. Dichos fondos, queno forman parte del coste efectivo de los traspasos de competencias de gestión alas comunidades autónomas, se distribuirán de conformidad con lo establecidoen la normativa presupuestaria, cuando correspondan a programas cuya gestiónha sido transferida.2. En la distribución de los fondos a las comunidades autónomas acordada enla Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, se identificará aquella parte de losmismos destinada a políticas activas para los colectivos que específicamente sedeterminen de acuerdo con las prioridades de la Estrategia Europea de Empleo yteniendo en cuenta las peculiaridades existentes en las diferentes comunidadesautónomas, a fin a garantizar el cumplimiento del Plan nacional de empleo. Será objeto de devolución al Servicio Público de Empleo Estatal los fondos condestino específico que no se hayan utilizado para tal fin, salvo que por circunstanciasexcepcionales, sobrevenidas y de urgente atención dichos fondos deban utilizarsepara otros colectivos dentro de las finalidades presupuestarias específicas,precisando en otro caso informe del Ministerio de Hacienda. En todo caso, el ServicioPúblico de Empleo Estatal y el correspondiente órgano de la comunidadautónoma acordarán la reasignación de tales fondos, reasignación que enningún caso dará lugar a la modificación del presupuesto del Servicio Público deEmpleo Estatal.
3. Del total de los fondos de empleo de ámbito nacional se establecerá unareserva de crédito, no sujeta a la distribución a que se hace referencia en losapartados anteriores, para gestionar por el Servicio Público de Empleo Estatal losprogramas señalados en el párrafo e) del artículo 13 de esta ley.Artículo 15. Políticas activas cofinanciadas por los fondos de la Unión Europea.1. En la distribución de los fondos a gestionar por las comunidades autónomasa los que se refiere el artículo anterior, según el procedimiento previsto en la LeyGeneral Presupuestaria, se identificarán los programas cofinanciados por los fondosde la Unión Europea.2. Cuando las políticas activas estén cofinanciadas por fondos de la UniónEuropea, las comunidades autónomas que hayan asumido su gestión asumirán,igualmente, la responsabilidad financiera derivada del cumplimiento de los requisitoscontemplados en la legislación comunitaria aplicable.Artículo 16. Órganos de seguimiento y control de los fondos.1. Son órganos de seguimiento y control de los fondos de empleo de ámbitonacional: a) El Servicio Público de Empleo Estatal. b) Los órganos de las comunidades autónomas, respecto de la gestión transferida. c) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social. d) La Intervención General de la Administración del Estado. e) El Tribunal de Cuentas. f) En la medida en que los fondos estén cofinanciados por la Unión Europea, los órganos correspondientes de ésta, así como, en el ámbito estatal, los organismos designados como autoridades de gestión y autoridades pagadoras de los fondos estructurales.2. Las acciones de control se ejercerán por dichos órganos de conformidadcon la normativa que les es de aplicación.
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