Source: https://es.scribd.com/doc/55498427/Derecho-Contencioso-Administrativo
Timestamp: 2016-12-09 21:20:06
Document Index: 28720656

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 92', 'artículo 15', 'artículo 7', 'artículo 220', 'artículo 120', 'artículo 206', 'artículo 91', 'artículo 259', 'artículo 259', 'artículo 259', 'artículo 259', 'artículo 259', 'artículo 266', 'artículo 259', 'artículo 266', 'artículo 1', 'artículo 259', 'artículo 334', 'artículo 14', 'artículo 30', 'Artículo 19', 'Artículo 131']

Indice 1. Objetivos 2. Justificación 3. Introduccion 4. Jurisdiccion contencioso-administrativa 5. Definición y objeto de la jurisdicción contencioso-administrativa. 6. Fundamento Legal 7. Características 8. Recurso contencioso-administrativo de nulidad de actos administrativos de efectos particulares 9. Conclusion 10. Bibliografia 1. Objetivos Generales Estudiar y analizar la Jurisdicción Contencioso - Administrativo agotada la vía Administrativa como medio de ataque a los actos que incurran en inconstitucionalidad o ilegalidad. Especificos Analizar el Procedimiento para la interposición del Recurso Contencioso-Administrativo de Nulidad de actos administrativos de efectos particulares. Determinar la base constitucional y legal del Recurso Contencioso-Administrativo de Nulidad de actos administrativos de efectos particulares. 2. Justificación En toda investigación es necesario justificar el estudio exponiendo sus razones. La mayoría de las investigaciones se efectúa con un propósito definido, en este caso se atenderá la materia, concepción y modo de aplicación por los particulares del recurso contencioso-administrativo, en caso de abuso de las autoridades administrativas, contenidas en actos administrativos de carácter particular. Aunado a ello, se busca la manera de que el bachiller logre, a través de la teoría básica, aplicar estos conocimientos e información a su próxima entrada al ejercicio como profesional del derecho. 3. Introduccion La Constitución venezolana vigente, al igual que las de la mayoría de los países de cultura occidental, consagra sistemas e instrumentos de control destinados a asegurar que los detentadores del Poder Público actúen ajustados a la legalidad instituida y respondan a los fines superiores que justifican la existencia del Estado. Los rasgos característicos de nuestra Carta Fundamental, también comunes a la casi totalidad de las Constituciones contemporáneas, a la vez que posibilitan un adecuado control de los actos y actividades de los entes y autoridades que ejercen el poder público a fin de evitar cualquier desbordamiento de poder autoritario, garantizan mayor estabilidad en la vida institucional del país y se erigen en salvaguardia de los derechos individuales de los ciudadanos. El ordenamiento jurídico inviste a cada una de las ramas del poder público de amplios poderes de control sobre las demás, correspondiendo a la judicial el control jurisdiccional de los poderes públicos en su plenitud, ninguna de las tres ramas que componen el Poder Público escapa al control del órgano jurisdiccional y, particularmente, al control del tribunal de más alta jerarquía dentro de la estructura judicial venezolana: la Corte Suprema de Justicia. En efecto, el Tribunal Supremo de Justicia es el único órgano judicial en Venezuela que ejerce en forma exclusiva el control directo de la constitucionalidad de los actos del Poder Público, lo cual, junto con el control de la legalidad de tales actos, constituye su función primordial (art. 2 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia). El control del Poder Judicial lo ejerce el Tribunal Supremo a través de los recursos de Casación (art. 266, ordinal 8 de la Constitución y articulo 42, ords. 31 y 33 L.O.C.S.J.); el del Poder Legislativo (Nacional, Estadal o Municipal), por medio de la acción de inconstitucionalidad contra las leyes (art. 266, ords. 5 y 6 de la Constitución y art. 42, ords. 1° y 3° L.O.C.S.J.).
Por otra parte, la constatación de la constitucionalidad y legalidad del actuar del Poder Ejecutivo y otros órganos del Estado de rango constitucional y autonomía funcional (Consejo Supremo Electoral, Consejo de la Judicatura, Fiscalía General, Contraloría General y Procuraduría General de la República), se ejerce mediante la acción de nulidad y de los recursos contencioso- administrativos (Art. 266, ordinal 5 de la Constitución y Art. 42, ords. 4°, 10 y 12 L.O.C.S.J.). En el presente trabajo se adentrará al estudio del recurso contencioso administrativo, ya sea por inconstitucionalidad o por ilegalidad, refiriéndonos, para ello, a la evolución del recurso desde la etapa precedente a la promulgación de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia hasta la doctrina actualmente elaborada por la Sala Político-Administrativa en la materia. 4. Jurisdiccion contencioso-administrativa Antecedentes La expresión contencioso-administrativa procede de la Revolución Francesa. Sin embargo, este concepto expresa una contradicción que sólo se justifica por los motivos que ocurrieron en su origen, pues se pretendía para la Administración funciones como la de la justicia. En efecto, la expresión contencioso administrativo une dos conceptos opuestos: contencioso y administrativo. El vocablo "contencioso" significa contienda (cuando se comenzó a utilizar en Francia se la entendía como litigio). La palabra "administrativo", sustantivación de administración, significa dirección ejecutiva de personas y cosas (cuando comenzó a usarse en Francia representaba la materia correspondiente a esta clase de litigio). Por ello, en su origen, la prenombrada expresión significó "litigio administrativo", pero, como debían tramitarse ante órganos que formaban parte de la Administración Pública, se llamó a la actividad correspondiente "jurisdicción contencioso-administrativa", por consiguiente, el término originariamente comprendía litigios desenvueltos en la Administración Pública. Ahora bien, si la expresión "contencioso administrativo" había unido en una sola palabra dos conceptos opuestos, la nueva frase "jurisdicción contencioso-administrativa", identificaba al mismo tiempo dos funciones más contradictorias: litigios jurisdiccionales resueltos por órganos de la Administración Pública. En efecto, los vocablos que integraban la nueva frase se oponían a la teoría de la división de poderes, ya que, la referida frase reconocía funcionalmente al mismo poder que había dictado o realizado "el entuerto" la facultad de juzgarlo por sí mismo. Es decir, que la Administración Pública juzgaba como juez sus mismos actos. Las normas legislativas que crearon la jurisdicción contencioso-administrativa provenían del Decreto del 22 de diciembre de 1789, que establecía lo siguiente: "Las administraciones de departamentos de distrito no podrán ser perturbadas, en el ejercicio de sus funciones administrativas, por ningún acto del poder judicial". A su vez, esta norma fue consagrada en el artículo 3º de la Constitución del año 1791, según el cual: "Los tribunales no pueden intervenir en las funciones administrativas o citar ante ellos a los agentes de la Administración, por razón de sus funciones". Posteriormente, estos dispositivos fueron ratificados por la Ley del 16 de Fructidor del año III (2 de septiembre de 1795), donde se dispuso, que: "Se prohibe intervenir a los tribunales de conocer los actos de la administración de cualquier especie que ellos sean". Por otra parte, sostiene el autor Fiorini, que estas normas prohibitivas y tan excluyentes tenían su fuente en un falso concepto sobre separación de los poderes estatales que los consideraban autónomos y separados para cada función, dejando sin ninguna respuesta satisfactoria al fundamental principio de la unidad del orden jurídico. Incluso, señala el referido autor, que además de este grave error de conceptos, la desviación que significaba el contencioso administrativo, tenía también su fuente ideológica en la desconfianza que los hombres de la Revolución sentían contra los Parlamentos del antiguo régimen. Por tanto, la "jurisdicción contencioso-administrativa", conjuntamente con los elementos sustanciales que la integraban reconocen su causa creadora en accidentes históricos e ideológicos completamente circunstanciales. En este sentido, esta jurisdicción contencioso-administrativa, surgida bajo supuestos tan erróneos y circunstanciales, se introduce en el Estado de Derecho. Y, por ende, la oposición entre los conceptos contradictorios que dieron origen a la referida jurisdicción, conjuntamente con la ideología que representaba la teoría jurídica del nuevo Estado, producen una terminología que no concuerda con los principios que corresponden al Estado moderno, multiplicándose así la confusión reinante en la materia. Sin embargo, el profesor Moles Caubet ha sostenido que no debemos esforzarnos para definir el contencioso administrativo, porque su propia denominación nos indica de qué se trata. En efecto, el contencioso administrativo es, como su nombre lo indica, una contención, una controversia con la Administración y, esa contención o controversia se produce porque se considera que un acto administrativo es ilegal o ilegítimo, o porque una actividad administrativa lesiona el derecho subjetivo de un particular.
que se establece en nuestro país un régimen de dualidad de jurisdicciones en el Poder Judicial. difícilmente transportable en bloque a otro sistema jurídico. Por tanto. en donde el derecho administrativo no se construyó con base en los criterios de distinción entre jurisdicción judicial y jurisdicción administrativa. Origen y evolución del sistema contencioso administrativo venezolano Los titulares de la función administrativa en un Estado de Derecho. pues de lo que se trataba era de proteger a los Estados federados y no a los particulares individualmente considerados. resultando así amenazada la unidad legislativa nacional. Fue por eso que el Presidente Guzmán Blanco el 13 de junio de 1876 promulgó la Ley que introdujo en Venezuela el recurso de casación. pero al poco tiempo fue tachada de inconstitucional porque se alegaba que atentaba contra los principios de la autonomía de los Estados. por usurpación de autoridad o por
. su sistema jurisdiccional administrativo ha tenido menor influencia en cuanto a su forma. con lo cual podía producir que cada Estado interpretara las leyes a su manera. Pero. pero integrados en el Poder Judicial. tan extendido en el derecho administrativo francés.Ahora bien. que como órgano máximo del Poder Judicial se crea la Alta Corte Federal. En la Carta Fundamental de 1893. los mismos autores franceses han afirmado que la jurisdicción administrativa separada de la jurisdicción civil. por ende. se establece por primera vez el control jurisdiccional sobre los actos emanados de autoridades nacionales o del Distrito Federal. en otras palabras. Por tanto. Asimismo. era la reguladora de la Federación. es en la Constitución de 1881 cuando se crea la Corte de Casación. En este sentido. es trascendente la Constitución de 1864. Por ello. e integrada en el poder administrador. la cual se concibe como un tribunal de los Estados. la justicia nacía y moría en cada Estado. no es una necesidad. mercantil y penal. que es postulado que surge con el Estado de Derecho al formularse la necesidad de que el Estado se someta a la ley. facultándose a la Alta Corte Federal para conocer del mismo. consagra por primera vez la atribución de competencia a la Corte Suprema de Justicia para "conocer de las controversias que resulten de los contratos o negociaciones que celebre el Poder Ejecutivo por sí solo o por medio de agentes". y la titularidad de la acción correspondía a las Legislaturas Provinciales. es decir. Es decir. que se trata de una competencia basada en la responsabilidad contractual de la Administración. es decir. fuesen actos normativos o actos de efectos particulares. están sometidos a diversos controles que hacen efectivo el principio de la legalidad. el surgimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa en Venezuela está íntimamente ligado con los orígenes mismos de la República. el derecho administrativo francés ha dado materialmente origen al régimen administrativo de la mayoría de los países latinos del mundo occidental. que en opinión de algunos historiadores constituye nuestra primera Carta Fundamental como Estado autónomo e independiente. la Constitución del 21 de septiembre de 1830. y la Alta Corte Federal se instituye como un tribunal de la Federación. Por otra parte. sin embargo.En efecto. En efecto. y que la existencia de un derecho administrativo distinto de un derecho privado no implica necesariamente esa separación entre un orden jurisdiccional administrativo y un orden jurisdiccional judicial. lo que implica que la no sujeción de la Administración a la ley es susceptible de ser considerada por los tribunales. podemos afirmar que la evolución y la concepción de la jurisdicción contencioso-administrativa en Venezuela es distinta de la que surge en Francia. cuyas decisiones no tenían revisión ante la autoridad judicial federal. ya que la referida Carta crea en nuestro país dos jurisdicciones: la jurisdicción de los Estados federados y la jurisdicción Federal en cuya cúspide estaba la Alta Corte Federal. la jurisdicción contencioso-administrativa ha sido considerada como el mecanismo más eficaz para hacer efectivo el principio de la legalidad y. ya que es el producto de una larga evolución y tradición. es decir. pero la Carta Magna del 28 de marzo de 1864 sí es muy importante en el orden judicial y en la evolución del contencioso administrativo. las Constituciones de 1857 y 1858 no aportan nada especial en el aspecto contencioso. al propio tiempo aplicaban la legislación nacional civil. la jurisdicción de los Estados significaba que cada uno de ellos era autónoma e independiente. existiendo al contrario una tradición bastante larga de una competencia especializada de determinados tribunales para conocer de litigios en los cuales interviene la Administración. que existían unas Cortes Supremas Estadales. es el caso de Venezuela. Sin embargo. el instrumento más efectivo de protección de los derechos e intereses legítimos de los administrados frente a la Administración Pública. con esta disposición se comienza a vislumbrar ya cierto control jurisdiccional sobre las ramas Ejecutiva y Legislativa del Poder Público. pero siempre que esos actos violaran los derechos garantizados a los Estados en la Constitución o atacara su independencia. sin embargo. porque en sus Disposiciones Complementarias (artículo 92) se inició el control jurisdiccional sobre los actos del Congreso o del Ejecutivo Nacional. que vino a sustituir a la Corte Suprema de Justicia y a la cual se le otorgan amplias facultades que la convierten en guardián del sistema federal. Posteriormente.
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sostiene la base contenciosoadnimistrativa en el articulo 259. porque amplía el contencioso administrativo a cualquier caso de ilegalidad o por abuso de poder de los actos administrativos. Sin embargo. el constituyente vuelve a establecer el régimen unitario. da inicio a la acción popular en el recurso de inconstitucionalidad. La Constitución de 1936 extiende el control de constitucionalidad que ejerce la Corte a todos los actos del Poder Público y se establece el lapso de caducidad que sigue siendo de trece meses. que a partir de esta Constitución puede decirse que se inicia en nuestro país la elaboración del referido sistema separado del control jurisdiccional en materia de inconstitucionalidad. y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa". ordinal 7º). es decir. La fusión de ambas Cortes en una sola. En efecto. algunos de los autores patrios consideran que el contencioso administrativo surge en Venezuela a partir de la Constitución de 1925. la cual se reserva a la competencia del Poder Federal (artículo 15. ordinal 9º). o por reunión del pueblo en actitud subversiva. ya que se estableció por primera vez la posibilidad de que la Corte Federal y de Casación "declare la nulidad de los Decretos y Reglamentos que dictare el Poder Ejecutivo para la ejecución de las leyes cuando alteren su espíritu. La Constitución de 1901 consagra varias innovaciones. pero sólo contra actos administrativos generales o individuales dictados por el Presidente de la República. En efecto. el sistema contencioso administrativo pierde el rango constitucional que venía ostentando hasta ese momento y pasa a ser de naturaleza legal. incluso por desviación de poder. tímidamente previsto en la Constitución del año 1893. es en la Ley Orgánica de la Corte Federal de 1953 donde se le incluye. sólo con respecto a los actos administrativos viciados de ilegalidad o abuso de poder. Igualmente. cuando se establece un solo órgano judicial. la autora Josefina Calcaño de Temeltas. Estadales y Municipales" (artículo 7º. es decir. sostiene que es más importante el Texto Fundamental del año 1931. prevé en la misma tónica de la Constitución anterior. que a través de esta Constitución se nacionalizó el Poder Judicial. En la Carta Magna de 1945 se suprime la competencia de los Estados federados en materia de administración de justicia. porque si el acto ha violado alguna garantía o derecho constitucional no se requería ningún término para el ejercicio de la acción. que se comienza hablar de un contencioso administrativo general. significa una regresión en la evolución constitucional del Máximo Tribunal de la República y del propio contencioso administrativo. en cualesquiera de sus ramas Nacionales. Con la Constitución de 1961 se consolida el sistema contencioso administrativo. Posteriormente. ordinales 10º y 12º). lo que equivale a un recurso contencioso administrativo de anulación. Actualmente. porque contempla por primera vez un lapso de caducidad para el ejercicio del recurso contencioso administrativo de anulación (13 meses). pasaran íntegramente al nuevo órgano creado. Sin embargo. en este Texto Fundamental se introduce por primera vez la figura del "antejuicio de mérito" cuando se trate de altos funcionarios. la Constitución de 1947 utiliza por primera vez el término "procedimiento" para referirse al contencioso administrativo (artículo 220. pues en esta Carta Magna se afirman los criterios básicos que configuran un sistema contencioso administrativo. atribuyendo competencia a la referida Corte para "conocer en juicio contencioso de las acciones y recursos por abuso de poder y otras ilegalidades de las Resoluciones Ministeriales. por tres aspectos: porque consagra por primera vez la excepción de ilegalidad oponible en cualquier tiempo. porque al enumerar las competencias de la Corte Federal se eliminó la de conocer la nulidad de los actos administrativos por ilegalidad o abuso de poder. Ahora bien. Los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho. el autor Henrique Iribarren Monteverde sostiene que la jurisdicción contenciosoadministrativa en nuestro país obtuvo rango constitucional por primera vez en esta Carta Magna. razón o propósito de ellas" (artículo 120). condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la administración. denominado Corte Federal y de Casación. Al respecto. En este sentido. sin desconocer que la referida Constitución establece las bases del contencioso administrativo. y en general de los actos de la Autoridad Administrativa. la Carta Fundamental del año 1953 que deroga la Constitución del año 1947.decisiones acordadas por requisición directa o indirecta de la fuerza. En la Carta Fundamental de 1904. y. lo siguiente:
. que prevé: "La jurisdicción contencioso-administrativa corresponde a la Corte Suprema de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. ya que. sostiene el profesor Brewer-Carías. pues la administración de justicia de los Estados pasó a la reserva legal de la Nación. previsto en el artículo 206. trajo como consecuencia que las atribuciones que antes les correspondían separadamente. como tribunal supremo de la Federación y de los Estados (artículo 91).
El sistema contencioso administrativo exhibe tres elementos esenciales. cuando se promulgó la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. el contenido de este precepto no fue desarrollado hasta 1976. hechos y actuaciones de la Administración a control por órganos judiciales especializados. conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos. y en razón del principio de revisibilidad consagrado constitucionalmente. como un recurso judicial especial para la Administración Pública. le son aplicables todas las exigencias que la Constitución establece para los tribunales. prevista en el artículo 259 de nuestra Carta Fundamental. la denominada "jurisdicción contencioso-administrativa". la jurisdicción en estudio. la materia y el procedimiento. consecuencia del Estado de Derecho. y no otro poder. la cual aún no ha sido dictada. En efecto. sin distinción alguna mientras la propia Carta Fundamental no las establezca expresamente. Por tal razón. condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la administración. de lo expuesto. podemos concluir que en Venezuela."La jurisdicción contencioso-administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. el competente para hacerlo. sino la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa. en el caso venezolano. el artículo 259 constitucional establece una cláusula general de la competencia de la referida jurisdicción especial. que el artículo 259 de nuestra Carta Fundamental. se refiere al contencioso de los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho (en nuestro sistema no hay acto administrativo que pueda escapar al control judicial). en el ámbito contractual. está en la posibilidad abierta constitucionalmente a los particulares de poder someter los actos. es decir. de los contratos y de las actuaciones u omisiones de la Administración susceptibles de ocasionar la responsabilidad patrimonial. Los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho. la referida ley constituye un elemento fundamental en la evolución del contencioso administrativo. en este sentido. en su articulado se regula una serie de procedimientos respecto a las acciones y recursos que se instauran ante la prenombrada jurisdicción. incluso por desviación de poder. además. Sin embargo. que bajo la vigencia de la Constitución del 2000. Definición y objeto de la jurisdicción contencioso-administrativa. todo un sistema contencioso administrativo. Al respecto. la jurisdicción contenciosoadministrativa surge en materia de contencioso de anulación en la Carta Fundamental del año 1925 y. en materia de demandas contra los entes públicos. debemos señalar que cuando el artículo constitucional establece que la jurisdicción contencioso-administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. el contenido de la materia contencioso-administrativa ha sido obra del constituyente. Es decir. sin embargo. constitucionalmente garantizada. que conforman. contiene. de ahí que. que en Venezuela. En efecto. cabe destacar. sin que sea posible separarla del resto de las jurisdicciones que integran el sistema judicial venezolano y. Al respecto. 5. nuestro sistema de control de la legalidad de los actos administrativos es judicialista. en nuestro país. se puede afirmar que
. Por tanto. esa ley a la que se refiere el constituyente no es la ley que organiza el funcionamiento del Supremo Tribunal de la República. la materia contencioso-administrativa es el elemento importante en todo sistema ya que impone la intervención de la jurisdicción contencioso-administrativa. siendo la Carta Magna de 1947 la primera en emplear la expresión "procedimiento Contencioso-administrativo”. de la lectura del artículo 259 de la Carta Fundamental se desprende el carácter judicial de la jurisdicción contencioso-administrativa en Venezuela. porque en sus Disposiciones Transitorias establece toda una organización estructural de la jurisdicción contencioso-administrativa y. por sí solo. existe un proyecto propuesto por la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE). con base en esta norma constitucional se ha construido la teoría del contencioso administrativo. Por consiguiente. Por consiguiente. podemos afirmar. la jurisdicción contencioso-administrativa es completamente judicial. al establecer que la referida jurisdicción corresponde "al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la Ley". que nuestra Constitución de 1999 con entrada en vigencia en el 2000 (artículo 259) define cuál es el objeto de la jurisdicción contencioso-administrativa. Asimismo. pues ha sido el Poder Judicial a través del Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales que determine la ley. en la Constitución de 1830. y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa". La garantía del principio de la legalidad aplicado a la Administración Pública. Igualmente. En efecto. a saber: el órgano. particularmente.
sería inconstitucional. no a crear o a regular coactivamente situaciones jurídicas frente al Poder Público. afirma el profesor Brewer-Carías que todos los actos administrativos. en sentencia de fecha 11 de agosto de 1993. ha sostenido el Tribunal Supremo. En efecto. es el caso de la tesis jurisprudencial que ha sostenido que los actos administrativos sometidos al control de los tribunales que integran la jurisdicción contencioso-administrativa son sólo aquellos sujetos al derecho administrativo. en toda pretensión que se proponga ante el órgano jurisdiccional contencioso-administrativo. el principio de legalidad. con ponencia del Magistrado Farías Mata. ya se había pronunciado de manera similar en fallo de fecha 23 de febrero de 1950. porque. a todos los actos administrativos. sin excepción. todos los actos de la Administración Pública están sometidos al control jurisdiccional (regla general) y por lo mismo. reglar. Por tanto. no son actos administrativos. están sometidos al derecho público (Político.. que según criterio de la extinta Corte Federal de fecha 3 de Diciembre 1959. en el sistema venezolano es inadmisible justificar cualquier teoría de los supuestos actos excluidos del control contencioso administrativo. Asimismo. pudiendo quedar excluidos del conocimiento de la misma ciertos actos que no pudieran referirse a relaciones jurídico-administrativas. No obstante. la referida Sala de nuestro Alto Tribunal. la Corte declaró que carecía de competencia para conocer de la demanda interpuesta. modificar o extinguir’ convencionalmente con los particulares vínculos jurídicos de derecho privado. en Sala Político-Administrativa. la Procuraduría General de la República sostuvo en 1967 que los actos de registro son actos administrativos dictados en ejercicio de la función administrativa y. etc. el profesor Gonzalo Pérez Luciani ha señalado que la Sala Político-Administrativa de nuestro Máximo Tribunal no es competente para conocer de la nulidad de los actos de un Registrador Público por ser actos de la Administración regidos por el derecho privado. con ponencia del Magistrado Domingo Coronil. el Tribunal Supremo. en el sentido propio y exacto de la expresión. Como puede observarse. de la propia Corte Suprema de Justicia. cualquier exclusión de control respecto de actos administrativos específicos. sostiene el profesor Brewer-Carías que siendo la actividad de registro una actividad cumplida por autoridades administrativas (Registradores) gestionando un servicio público. sino actos de derecho privado. regidos en consecuencia por éste". las declaraciones de voluntad del Ejecutivo Federal.. respecto a los actos administrativos.).todo acto de la Administración Pública está sujeto a revisión.. con ponencia del Magistrado Rafael Angel Camejo. al señalar que: "La jurisdicción contencioso-administrativa ha sido establecida para revisar si la Administración ha permanecido fiel a su eje. en fallo de fecha 11 de mayo de 1981. por ordenarlo así nuestra Carta Magna. la Corte se declaró incompetente para conocer de la nulidad demandada por vía del recurso contencioso administrativo. cabe destacar. al ser materia de derecho privado. En este orden de ideas. mediante el cual señaló. asentó: "En efecto.. Por otra parte. abarca. en sentencia del 5 de abril de 1984. En este orden de ideas. Por consiguiente. Como puede observarse. la misma escapa del control de la jurisdicción contenciosoadministrativa y. ratificó dicho criterio. al no haberse establecido relación alguna de derecho administrativo en el objeto del contrato. en consecuencia. con ponencia de la Magistrado Josefina Calcaño de Temeltas. en cambio. son susceptibles de recurso contencioso administrativo. que la antigua Corte Federal. transmitir. Constitucional. constituyen los verdaderos actos administrativos. expresó: “no todo acto emanado de una autoridad administrativa. en consecuencia.. lo siguiente: “de acuerdo con la letra constitucional no puede discutirse que ningún acto administrativo está exento del control jurisdiccional . En este sentido. especialmente. Por ello.”. esto es.". sino a ‘constituir. constituye un acto administrativo susceptible de entrar en la esfera de la jurisdicción contencioso-administrativa. y en
. que tienden.. Igualmente. lo siguiente: “Las declaraciones de la voluntad del Poder Ejecutivo Federal cuando obra en el ejercicio del jus imperii. ni una pretensión con otro fundamento podrá ser examinada ante la jurisdicción contenciosoadministrativa". esta tesis implicaba que no todo acto administrativo era susceptible de ser controlado por la jurisdicción contencioso-administrativa. por ende. Pero es necesario advertir. todo acto administrativo puede ser revisado en vía contencioso-administrativa. por cualquier motivo de contrariedad al derecho (inconstitucionalidad o ilegalidad) están sometidos al control judicial por los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa y. Administrativo. sea que dicha exclusión se haga por vía de ley o por las propias decisiones de los tribunales. ni una pretensión de este tipo puede ser deducida ante jurisdicción distinta. Sin embargo. por ende.". debe examinarse previamente si cae dentro de la esfera de esta jurisdicción por estar fundada en preceptos de Derecho administrativo. actos que emanan directamente de su potestad administrativa y que por tanto.
Sin embargo. se requería un interés calificado en el recurrente. etc. a pesar que la propia Corte Suprema de Justicia ha reconocido la tendencia universal y ampliación del referido control.por definición el Contencioso-administrativo se justifica cuando las situaciones jurídicas de los particulares en sus relaciones con la Administración estén reguladas por normas de Derecho Administrativo (por ejemplo. se encuentran excluidos del control de esa misma jurisdicción los actos de la Administración Pública emitidos con arreglo a otras ramas del ordenamiento jurídico positivo (civil. en razón de la circunstancia antes resaltada y en virtud de la interpretación que la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia había hecho en los últimos años al señalar que los asuntos enumerados en los ocho ordinales del artículo 266 de la Constitución de la República. sostuvo nuestro Alto Tribunal. el acto se reputaba inexistente y en consecuencia. si la disposición era de rango constitucional. Antonio: "Contenciosoadministrativo en Venezuela". laboral. en opinión del profesor Peña Solís. a pesar de que los mismos puedan referirse o tener por objeto actos jurídicos privados. han adoptado un criterio impreciso para definir la competencia de los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa limitando la misma al conocimiento de los actos administrativos sometidos al derecho administrativo. pues se establecía un lapso de caducidad. en lo atinente a los recursos contencioso-administrativos de anulación ha de quedar circunscrita al conocimiento de las pretensiones que se dirijan a impugnar los actos emitidos por los órganos de la Administración Pública en ejecución de normas de Derecho Administrativo y. y entre ellos se incluyen los actos de registro. Al respecto. como estructural y procedimental. la misma en sus distintos fallos ha excluido del control contencioso administrativo a ciertos actos por considerar que los mismos no están sujetos al derecho administrativo. constituyen la competencia originaria o constitucional del Máximo Tribunal de la República. En todo caso. ejercicio de derechos cívicos. incluso. etc. el cual. la tesis restrictiva del control de los actos administrativos es contraria a nuestro Texto Fundamental y a la tendencia general de la universalidad del control contencioso administrativo que no admite actos administrativos excluidos de control. laboral. a través de este fallo queda expuesto el concepto de derecho administrativo como "sistema normativo". Si por el contrario. mercantil.ejercicio de la función administrativa. relaciones de empleo público. el Tribunal Supremo de Justicia e. etc. también.1959 y. es indudable que la misma es actividad administrativa y los actos de registro son actos administrativos. contra actos de la Administración Pública independientemente de sus efectos. por consiguiente. En el caso particular. se aplicaba un procedimiento diferente. el procedimiento aplicable a las acciones o recursos de nulidad se determinaba por la categoría de la norma infringida.. y que por
. La Administración del derecho privado comprende todos los actos administrativos con los cuales la autoridad administrativa puede ser llamada a tomar parte en la formación de actos jurídicos de los particulares. servicios públicos. la connotación de un indicador de la competencia de la jurisdicción contenciosoadministrativa. sostuvo que el acto impugnado no había sido dictado en ejecución de normas de derecho administrativo. que: “. La Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia modificó la situación descrita. Como puede apreciarse. la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Moles Caubet. en lo atinente a los recursos de nulidad interpuestos contra actos emanados de la Administración Pública. es decir. tanto en el ámbito conceptual.. particularmente por lo que atañe al contenciosoadministrativo. por ende. En efecto: A nivel estructural. podía ser atacado por cualquier ciudadano (acción popular). mercantil. En otras palabras. Solucion de la ley organica de la corte suprema de justicia Bajo la vigencia de la Ley de la Corte Federal. la Corte ratificó el criterio sostenido en sentencia de la Corte Federal del 03. Sin embargo.12. el juicio era contradictorio y el fallo podía o no tener efecto retroactivo. su competencia y la de los otros órganos de la jurisdicción contenciosoadministrativa.). que los litigios que surgen de un acto sujeto al referido derecho deberán someterse a la jurisdicción contencioso-administrativa y todos aquellos litigios que surgen de actos no referidos al derecho administrativo (civil. la norma infringida era de rango legal.)". la acción era imprescriptible y los efectos de la decisión absolutos.) deberán estar sometidos al conocimiento de la jurisdicción ordinaria. tiene además del significado propio de esa rama del Derecho. se distinguía entre la infracción de la norma constitucional o de la norma legal y se aplicaba en cada caso un procedimiento diferente: el llamado "recurso de inconstitucionalidad" contra actos de efectos generales o de efectos particulares y "recurso de ilegalidad" ejercido.
facilitando la acción de los particulares en determinada clase de cuestiones de orden contencioso respecto a las cuales pueden ahora ejercer las correspondientes acciones o recursos en sus respectivas circunscripciones judiciales. que reúne las otras características propias de este tipo de juicio. Si ese acto general es atacado por razones de inconstitucionalidad. un acto que se concreta a una determinada persona o a una categoría de personas perfectamente individualizadas. sino entre los actos de efectos generales y los actos de efectos particulares distinción que. Titulo V. y silo es por razones de ilegalidad. por versar sobre un acto de efectos particulares. 5). es decir. y tomando en cuenta además de lo anterior. se aplica el procedimiento de la acción de nulidad prevista en la Sección Segunda. un lapso para impugnar el acto y ciertos requisitos en cuanto a la documentación de la demanda. en consecuencia. estadales o municipales. De esta forma. en cuanto al vicio que afecta al acto. que la única competencia originaría en lo que al Contenciosoadministrativo se refiere está únicamente referida a la nulidad de los actos administrativos del Ejecutivo Nacional (Art. según el proyectista. si se trata de un acto de efectos particulares o un acto de efectos generales. que viene siendo una acción popular. A decir del proyectista.Administrativo). según el cual el Tribunal tiene "las demás competencias que le atribuya la ley". es decir. según el cual los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales "contrarios a derecho". El acto general. y por otra parte. el de la acción de nulidad. su conocimiento corresponde a la Corte en Pleno. la diferencia de procedimientos consagrados en el proyecto. se estructuró la jurisdicción contencioso-administrativa en Venezuela. si se refleja en las cuestiones que se plantean sobre el procedimiento.administrativo. en cambio. que la contrariedad al derecho implica tanto inconstitucionalidad como ilegalidad propiamente dicha.Administrativa." No hace diferencia entonces la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. o sea. pero el procedimiento es siempre el mismo. es un recurso subjetivo y. desarrollado en la Sección Tercera del mismo Capitulo II. Y en el aspecto conceptual.tanto esa competencia era inmodificable y no podía ser alterada por el legislador a menos que fuera autorizado a ello por una norma expresa del constituyente. como son la "descentralización" de atribuciones y la "desconcentración" de actividades. "el recurso contencioso. a la cual corresponde el conocimiento de los asuntos antes señalados en segunda instancia. Con ellas se persiguió una doble finalidad: acercar la justicia a los administrados. Capitulo II del Titulo V. pero que si podía en cambio el legislador ordinario. por medio de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. introdujo una distinción en los procedimientos de nulidad no basada ya en el vicio que se alegaba contra el acto (inconstitucionalidad o ilegalidad). de los asuntos originados por la actividad de la administración Estadal o municipal. se consagra también un procedimiento único para su tramitación. dictado por cualesquiera de los Poderes Públicos actuando en función administrativa. el legislador. atribuyó a órganos jurisdiccionales diferentes a la Sala Político-Administrativa (los Tribunales Superiores en lo Civil y Contencioso. sino más bien. así como de otras cuestiones de naturaleza administrativa que hasta entonces conocía y decidía la Corte Suprema de Justicia. o del Poder Ejecutivo Nacional. mediante la introducción en el orden judicial venezolano de dos figuras propias de la ciencia administrativa. exige un interés calificado en el recurrente. ampliar o alterar la competencia de las Salas que integran el Tribunal en aquellos aspectos no previstos por el constituyente. creó lo que hoy conocemos como la Corte Primera de lo Contencioso-administrativo. expresión que ha sido entendida por el tribunal en su expresión más amplia. a decir del proyectista. estriba en la forma que reviste el acto. y de otro lado. En efecto. conoce la Sala Político-Administrativa. emanado de los cuerpos legislativos nacionales. se procuró descargar a la Sala Político-Administrativa del conocimiento de los juicios contenciosoadministrativos derivados de la acción de la administración regional o local. el conocimiento en primera instancia. la solución fue aún más importante y si se quiere revolucionaria para la evolución del contencioso. como recurso objetivo requiere un tratamiento especial para impugnarlo. en cuyo caso se justifica la acción popular. que es el procedimiento del recurso contencioso administrativo de anulación. "si el acto impugnado es un acto de efectos particulares. Con fundamento en el dispositivo contenido en el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana. de acuerdo con el ordinal 9 del mismo artículo 266 de la Constitución. Por otro lado. etc. por ser un acto que afecta en igual medida a toda la colectividad o a un sector de la misma cuyos componentes no se pueden identificar. el legislador de la Corte adopta una noción amplia del contencioso-
. en Sala Político. 266 ord. Si el acto es de carácter general. en la naturaleza misma del acto. en las Disposiciones Transitorias de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. En lo que se refiere al aspecto procedimental. como ausencia de lapso de caducidad. así como modificar la competencia que le hubiere sido atribuida al Tribunal mediante otras leyes y no por la Constitución.administrativo en Venezuela.
como son los que afecten a la defensa del territorio nacional. y c) Las Corporaciones e Instituciones públicas sometidas a la tutela del Estado o de alguna Entidad local". en sus diversos grados. se atribuyan por una Ley a la Jurisdicción Social o a otras jurisdicciones. que dispone: "Articulo 1: 1. 2. tal como se desprende del articulado de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. que: "Articulo 2: No corresponderán a la Jurisdicción contencioso-administrativa: a) Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas a la Jurisdicción Ordinaria. c) Las decisiones de cuestiones de competencia entre la Administración y las Jurisdicciones ordinarias o especiales y las de conflictos de atribuciones". cuando tuvieren por finalidad obras y servicios públicos de
. pero el mismo no distingue entre actos administrativos sujetos o no al derecho administrativo. cuya determinación sí corresponde a la Jurisdicción contencioso-administrativa. Como puede apreciarse.administrativa. en todos sus niveles. La Jurisdicción Contencioso-administrativa conocerá de las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de la Administración pública sujetos al Derecho administrativo y con las disposiciones de categoría inferior a la Ley. quedó establecido un sistema de recurribilidad en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de justicia. Derecho Comparado Lo que ha sucedido es que nuestro Alto Tribunal ha interpretado inadecuadamente el texto del artículo 1º de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa española (27 de diciembre de 1956). que durante ya dos décadas. La actuación que se pide al órgano jurisdiccional está fundada en el derecho administrativo. la nota que delimita la jurisdicción contencioso-administrativa del sistema español es el derecho administrativo. al hacer recaer en el ámbito de control de la jurisdicción contencioso. todos los actos. aunque relacionadas con actos de la Administración pública. Por ende. Así pues.administrativo. la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa consagra en sus artículos 2º y 3º. relaciones internacionales. o de otros órganos del Estado actuando en función administrativa. por lo que sólo el planteamiento de esta posibilidad es inconstitucional. ha servido de base a la justicia administrativa para ejercer la competencia que le atribuye el articulo 259 de la Constitución de la República. b) Las cuestiones que se susciten en relación con los actos políticos del Gobierno. cualquiera que sea su naturaleza jurídica. Al respecto. resolución y efectos de los contratos. "Articulo 3: La Jurisdicción Contencioso-administrativo conocerá de: a) Las cuestiones referentes al cumplimiento. hechos u omisiones derivados de la actuación de las administraciones públicas. celebrados por la Administración pública. seguridad inferior del Estado y mando y organización militar. para averiguar qué actos de la Administración Pública están sujetos al derecho administrativo y qué actos de la Administración Pública no están sujetos al derecho administrativo. El artículo 259 del Texto Fundamental precisa la competencia de los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa para anular los actos administrativos contrarios a derecho. Se entenderá a estos efectos por la Administración pública: a) La Administración del Estado. b) Las entidades que integran la Administración local. y aquellas otras que. inteligencia. sin perjuicio de las indemnizaciones que fueren procedentes. no tiene sentido la definición de la jurisdicción contencioso-administrativa referida sólo a conocer de actos administrativos sujetos al derecho administrativo.
recurso de nulidad de los actos de efectos generales y a la vez del recurso de inconstitucionalidad de las leyes. Sur Oriental. etc. a través de sus distintos fallos. ya que la misma puede estar sujeta. es inadmisible cualquier teoría de los supuestos actos excluidos del control contencioso administrativo. no todos los actos que emanan de la Administración Pública son actos administrativos. En el 81 al 102. Sin embargo. Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia: en sus artículos 181 a 187. disposiciones transitorias hasta tanto se dicte una ley especial de la así llamada jurisdicción contencioso administrativa. En este sentido. porque si bien es cierto. La Resolución de fecha 20 de diciembre de 1994 N° 88 de la Presidencia de la República. la frase "actos de la Administración pública sujetos al Derecho Administrativo". al derecho privado (civil. Bolívar y Amazonas.65 y 66.). laboral. demandas contra la República. No obstante. Centro Norte. Ley Orgánica de Régimen Presupuestario y Ley Orgánica de Régimen Municipal contienen normas fundamentales relativas a representación de la República. En todo caso. establecen las competencias contencioso administrativas de la Corte en Sala Políticoadministrativa.toda especie. no toda la actividad de la Administración Pública está sujeta al derecho administrativo.
. Del 112 al 120. los cuales pueden estar sometidos al derecho administrativo o al derecho privado. debe reafirmarse que no hay actos de la Administración Pública exento de control jurisdiccional y. Igualmente se observa un procedimiento incipiente en la Ley de Carrera Administrativa en su Titulo VI. nos indica. Nor-Oriental. En efecto. recurso contencioso administrativo de nulidad (actos de efectos particulares). Sur. Por otra parte. a contrario sensu. en su articulo 259 y 266 ordinal 5. como Carta Fundamental de la cual derivan las leyes. el que ha confundido estas nociones. Del 121 al 129. otra cosa de "actos administrativos". Del 103 al 111. como hemos afirmado con anterioridad. Asimismo. con otras palabras. ha sido nuestro Alto Tribunal. y c) Las cuestiones que una Ley le atribuya especialmente". disposiciones generales de los procedimientos ante la Corte. 6. recurso de interpretación. También mencionaremos la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales cuyos artículos 5 y 8 modifican profundamente el contencioso administrativo ordinario. por ello. disposiciones comunes a los procedimientos contenciosos. pero lo que no puede darse es que un acto administrativo o una Administración Pública sólo se rija por el derecho privado. que. con preponderancia de uno u otro. la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional. artículos 64. Del 140 al 137. debe señalarse que todo acto administrativo sí está sujeto al derecho administrativo. a saber: Capital. El 42 numeral 23. En el 42 numeral 24. resolviendo de manera errónea. creó diez circunscripciones especiales para lo contencioso-administrativo por regiones a lo largo del país. recurso contra la abstención. porque hablar de acto administrativo equivale a calificarlo de acto sujeto al derecho administrativo. privilegios procesales y ejecución de las sentencias. igualmente. Los Andes. mercantil. según el legislador. No hay ley que contenga una definición del derecho administrativo. que todo acto administrativo es un acto de la Administración Pública. Centro Occidental. y. Occidental. b) Las cuestiones que se susciten sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración pública. que algunos actos administrativos no están sujetos al derecho administrativo. Fundamento Legal Los procedimientos ordinarios contencioso administrativos a los que se limita este estudio tienen su fundamento legal en: Primeramente en la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela. existen actos de la Administración Pública no sujetos al derecho administrativo o. Central. debe distinguirse que una cosa es hablar de "actos de la Administración Pública". En el 42 y 43. que el derecho administrativo no es el derecho regulador de toda la actividad de la Administración.
Específicamente. subjetivo y dispositivo. Que hoy consagra la jurisdicción contencioso administrativa innova al incluir este aspecto como parte de sus competencias. dado el surgimiento de un nuevo Poder Electoral). en general. pues el articulo 259. no sólo administrativas. Aporta mayor independencia cuando da autonomía presupuestaria al Poder Judicial. o poniendo (o constriñendo a poner) remedio a las consecuencias de eventuales transgresiones. 6. de una parte. que por administrativos estaban bajo el ámbito de tal jurisdicción). Partidos políticos y sindicatos se hallaban en el pasado en una especie de limbo. 7. También (en el tema de las competencias) la sujeción al contencioso electoral al aún puede considerarse como parte del contencioso administrativo y no de manera autónoma. que no jurisdicción especial. por ejemplo). como seria la actividad probatoria del juez. tenemos: 1. FUNCIÓN ESTATAL: La jurisdicción ha sido definida como la función estatal por la cual éste obra y actúa. en algunos casos estaba en el ámbito de conocimiento del contencioso (en el caso de actos o contratos en materia de servicios públicos. Características Es una competencia especializada. y aun en materia de legalidad. Electricidad de Caracas) 3.Bases y poderes del juez contencioso-administrativo segun la constitution bolivariana Las bases tradicionales son las que han impuesto en el contencioso administrativo del control de legalidad de la actividad administrativa. limitaciones al juez (derivadas de las prerrogativas de la Administración) y. Aporta la garantía de la oportunidad de la justicia al eliminar las dilaciones indebidas y los formalismos innecesarios y reposiciones inútiles (articulo 26). privilegios probatorios. la determinación de la competencia por la Casación Social en una demanda laboral. Pero esta nueva regulación sin duda ahora lo ampliaría a otros aspectos que presentaron dudas en el pasado y que eran conocidos por la jurisdicción ordinaria (caso amparo en materia de servicios. precisión que si bien no hizo el articulo 140. Aporta el reconocimiento de la legitimación de los intereses colectivos o difusos (art. 8. sin que se lleguen a excesos como algunos casos que se han presentado (por ejemplo. pues eran rechazados por el contencioso administrativo y no encontraban cabida en la jurisdicción ordinaria. 3. 1. 26). lo que da lugar a un procedimiento en el que juez tiene poderes inquisitivos . los privilegios y prerrogativas de la Administración (límites también. La constitucionalización del control difuso (artículo 334).al punto de que se admite la declaración de vicios de orden público no denunciados. entre otros. La primera base tradicional del contencioso francés (un límite) es la prohibición de juzgar el mérito. de la otra. para asegurar y garantizar el rigor práctico del derecho. 2. Y esta función estatal es única si bien puede haber actos de los restantes poderes que se asemejan a la función jurisdiccional tales como el juicio político por el Congreso o los así llamados en la doctrina venezolana actos cuasijurisdiccionales. sino también judiciales. ciudadanas o electorales. lo cual debe contribuir a flexibilizar el contencioso. puede decirse que aporta la posibilidad de resolver las reclamaciones que se presenten en materia de servicio público. La tercera. y que inciden en la actividad judicial que estos cumplen. la precisión que se hace respecto a que ella abarca tanto el funcionamiento normal como anormal del servicio y cualesquiera actuaciones públicas. legislativas. para quienquiera y contra cualquiera que fuere (aun contra sus propios oficios. 7. en la cual ordenó al TCA diera un plazo al recurrente y le indicara como debía plantear la querella) y que dieron lugar a la precisión del Tribunal Supremo de Justicia en distinguir ente las formalidades y los formalismos. La segunda. que lo distinguen del juez ordinario. pero sólo en ejercicio de la función jurisdiccional se producen
. el procedimiento es contencioso. de las materias relativas a los procesos electorales de Sindicatos. y le confía el régimen administrativo y disciplinario al Máximo Tribunal. el carácter objetivo del control. si es necesario). Debe sin embargo decirse ya esta materia. gremios y partidos políticos y otras Organizaciones de la sociedad civil. en cuanto a la ejecución de los fallos. recuérdese amparo CSB Vs. 5. que a la vez han llevado al reconocimiento de poderes al Juez contencioso para equilibrar la desventaja del particular recurrente y garantizar una tutela judicial efectiva. la conveniencia del acto. poderes al juez contencioso administrativo. Dentro de los aportes de la constitución de 1999 con vigencia 2000. la prohibición de sustitución en la labor administrativa. En materia de responsabilidad aporta. 4. 2. promoviendo y controlando su observancia o reprimiendo los hechos cometidos iniura. se encuentra en la exposición de dudosa legitimidad. la solicitud de los antecedentes administrativos y los poderes cautelares. cosas distintas. lo cual ha incidido negativamente en el tema de la ejecución de los fallos judiciales.ampliación de sus poderes.
hay una serie de artículos que introducen elementos inquisitivos en el proceso contencioso administrativo sin que se convierta en un proceso regido por el principio Inquisitivo. 259 que atribuye competencia a los órganos contenciosos para anular los actos administrativos individuales contrarios a derecho y cuyo procedimiento regula la L. Queda sin embargo subsistente el que se demanda conjuntamente con la nulidad del acto sin necesidad de un proceso para la anulación y otro para la condena.J.S. en el sentido que: "Este interés que en el recurso contencioso ostentan las partes. Con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Amparo se modifica este recurso pues su interposición conjunta con el recurso de amparo permite que se intente ya transcurrido el lapso de caducidad del recurso de nulidad. y fue reconocido por el T. en julio de 1990.P. pues en la L. Muestra del carácter dispositivo se ven además en la exigencia de los artículos 113 sobre el libelo de la demanda o el 131 cuando hace depender la condena a la administración al que así se haya solicitado. sino que condena. Es Un Proceso Dispositivo: Ajustados a la ley se observa que en el articulo 82 L.P. busca que la administración se someta a la orden del juez y satisfaga su reclamo coactivamente y no ya en virtud de la autotutela de la administración sino en base al sometimiento del ejercicio del poder público a la legalidad y el derecho de accionar en defensa de los derechos e intereses que le corresponde como afectado. por eso preferimos hablar simplemente de recurso de anulación. Naturaleza Objetiva: Con respecto al recurso contencioso administrativo de nulidad se pretendía que tiene naturaleza objetiva. se dice: "La Corte conocerá de los asuntos de su competencia a instancia de parte interesada.C.C.. 121 a 129 y 130 a 137. 259. Sin embargo.decisiones con fuerza de cosa juzgada. 111 y 121 de la L. como se dice en la jerga forense. "es de palo".J. que le exige al juez "atenerse a lo alegado y probado en autos".S.S.J. se encuentra fundado en la Constitución Nacional en su art.C. por lo tanto hace aplicable el articulo 12 C.C. es la potestad de jurisdicción para una parte del sector jurídico: aquel específicamente asignado al conocimiento de determinado órgano jurisdiccional”. hay antecedentes de la filosofía del artículo 14 C. La existencia de partes se desprende de los artículos 112. acordar la condena al pago de sumas de dinero o establecer la situación jurídica lesionada. Así. Y tal es el caso de los procedimientos que estudiamos desde que hay ciertamente partes desde el momento que el legitimado busca la satisfacción de una pretensión. Pero como la Constitución Nacional en su art. pues no se disputa sino en defensa de la legalidad.O. salvo en los casos en que pueda proceder de oficio de acuerdo a la ley". al menos en teoría. o todo aquel a quien la decisión administrativa perjudica en su derecho o interés legítimo". pues no se limita la sentencia del juez a anular el acto. entendiéndose por tales las que han establecido una relación jurídica. en el mismo juicio.O. según el cual el juez es el director del proceso.C. que ratifica lo establecido el 21 de noviembre de 1974. establece además de la nulidad del acto la posibilidad de condenar a la reparación de los daños o al restablecimiento de situaciones jurídicas.J. estas últimas disposiciones aplicables igualmente al recurso de nulidad de actos de efectos generales. arts. No existen distintas jurisdicciones sino distintas competencias siendo éstas: "una medida de la jurisdicción.J. es lo que seria llamado en Francia recurso de plena jurisdicción. Quien redactó la norma no se ha paseado últimamente por nuestros abarrotados tribunales o tomado en cuenta que el T. se ha visto obligada a aumentar su número de relatores y que ha debido recurrir a formalismos exagerados para descargarse de trabajo.O...O. evita el tener que agotar la vía administrativa y tendrá como efecto real la
.S. en su art. 8. se trata de anular el acto si es contrario a derecho o mantenerlo en caso contrario: "la cuestión que debe resolver el juez es de derecho objetivo".J.S. establece la posibilidad de. Con lo cual se hace referencia a uno de los aspectos básicos del principio dispositivo "nemo iudex sine actore" a lo cual además debe sumarse que de acuerdo al articulo 88 ejusdem da carácter supletorio al Código de Procedimiento Civil.C.J. la L. 131. se dice de las decisiones que resuelven un litigio trabado entre dos o más partes”.C. elemento que debe añadirse a la definición de Redenti ya dada.S. no debe concluirse que el juez contencioso administrativo como el juez civil hasta 1986. con la administración pública.O. Recurso contencioso-administrativo de nulidad de actos administrativos de efectos particulares El recurso contencioso de nulidad de actos administrativos de efectos particulares que corresponde en la doctrina francesa al recurso por exceso de poder.. Procedimiento Contencioso: Lo contencioso es definido como: "Por oposición a 'gracioso'.S.
Igualmente pueden ser partes pasivas. lo cual es especialmente útil porque dado los plazos excesivamente largos para decidir y la necesidad de caución para suspender los efectos del acto. sin que obste a un pronunciamiento en capitulo previo de la sentencia de fondo. puede venir dada bien por ser titular de un derecho subjetivo o bien poseer un interés legitimo.. sino la República.J. de octubre de 1985. y la persona contra quien se afirma la existencia de ese interés nombre propio. y viene dada por la regla: "la persona que se afirma titular de un interés jurídico propio. no podría darse un proceso de lesividad. Si esta legitimación existe o no. pues de no comprobarse la legitimación no podría haber pronunciamiento de fondo eficaz.S. 125 L. y esto a pesar de la larga discusión al respecto durante la vigencia del C.J.. Lo contrario llevaría.S. es más. Porque.C. requiriéndose que el juez se pronuncie sobre el particular como punto previo de la sentencia de fondo. pues porque en la tradición del contencioso administrativo influye de manera decisiva la acción popular. hacen nugatorio en general el ejercicio de recursos. de allí la norma del C. 121 cuando exige un interés personal. y por parte de la administración pública debemos recordar que esto no tiene personalidad jurídica. y parte pasiva el ente cuya actividad administrativa da origen al recurso.J. y se busca evitar la sobrecarga de trabajo.C. así como los institutos autónomos y empresas del Estado. por la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos art.S. Todo esto quedó asentado en la sentencia IVAN PULIDO MORA del 3. ACTIVA: La L. la disposición de la L. que permite el pronunciamiento in limite litis. los Estados y los Municipios. LEGITIMACIÓN: La legitimación viene a ser el punto central de lo relativo a las partes. La legitimación es más extensa en el contencioso de nulidad que en lo civil. en los siguientes extractos: No dejan los ordenamientos jurídicos. en nuestro caso. 19 numeral 2. por el contrario. o sea. a embarazas inmotivadamente el funcionamiento de los tribunales preserva en cambio al juez de los llamados recurrentes de oficio. en general al libre arbitrio de los particulares la Interposición de los recursos.O. aquellos entre quienes se afirma la existencia de un derecho o interés jurídico independientemente de que ese derecho o interés afirmado corresponda realmente a la parte” Siendo sujeto activo quien afirma ser titular del derecho y sujeto pasivo contra quien se afirma. así considera que son: "las que han establecido una relación jurídica con la Administración Pública o todo aquel a quien la decisión administrativa perjudica en su derecho o interés legitimo”. siendo su revisión in limine litis ex art. a lo cual estaría obligada por estar impedida la autotutela.suspensión de los efectos del acto.S. tiene legitimación para hacerlo valer juicio (legitimación activa). Y como parte entendemos: 'los sujetos de la pretensión. del 16.O.J..P. requiere la legitimación en su art.C. continúa:
.P. no se trata de una acción popular sino que corresponde a ciertas personas desde el momento que hay contención hay partes.. La capacidad de ser parte viene a ser en principio igual a la capacidad de obrar del derecho civil .C. sino que. La legitimación sin embargo no es un presupuesto procesal y veamos el porqué. legitimo y directo en impugnar el acto. Esta se puede definir como "la cualidad necesaria de las partes”. tiene a su vez legitimación para sostener el juicio (legitimación pasiva)".C. codemandados o terceros adhesivos ex art.C. PARTE: La doctrina de la antigua Corte ha admitido que el contencioso de nulidad es de naturaleza subjetiva ha quedado desechada la idea decimonónica del recurso objetivo. una relación jurídico administrativa.O. 124 numeral 1.. los terceros interesados que pueden ser coadyuvantes. En Venezuela es necesariamente parte activa un particular o muy excepcionalmente el Fiscal General de la República. 121 L. pues ya el daño se ha consumado. Aquí notemos que se confunde legitimación al proceso o capacidad procesal que puede ser examinada ab initio con legitimación a la causa necesariamente examinable previo al fondo pero nunca in limine litis. entonces. lo cual es cuestión que sólo puede saberse durante el proceso. pues. el juzgador se ve constreñido por el derecho positivo a examinar con prioridad la capacidad del demandante para actuar enjuicio". puede verse en sentencias y autos de la Corte de los últimos años como los nombres de algunos ciudadanos se repiten constantemente y con la misma regularidad una decisión inicial descarta la admisión de tales recursos. dada la redacción del art. Pues en Venezuela. generalmente imponen a estas limitaciones para demandar. Por mandato del legislador. depende de que realmente exista la titularidad de la relación jurídica que se debate. como se conoce al Intentado por la administración para revisar su acto creador de derechos subjetivos o intereses legítimos.O. el Tribunal Supremo de Justicia define a las partes en función de la legitimación. que se resolvería en el 86 cuando la disposición del 361 permite oponer la falta de cualidad o interés junto con el resto de las cuestiones perentorias o de fondo. pues.
la cual. Se podría definir el derecho subjetivo como la posibilidad de exigir la actuación de los tribunales en razón de que esta protección se dispensa directamente al patrimonio del afectado. pasivo la carga o la obligación de soportar esa incidencia”.. la cual se protege con dicha acción porque nadie puede ser afectado en ella sino por titulo y cauces legítimos que impongan al sujeto. y eso es algo que obvia. etc.G. que permite intentar el recurso aun ante la sola amenaza de lesión. Por último no basta haber sido parte en el procedimiento administrativo así: “una errónea admisión de la legitimación de los primeros (simples interesados) por el funcionario administrativo. eso sí es un error. Ese interés además debe ser personal.es decir. Esto se plantea en base a que el art. afectar individualmente al particular.C. Pero la apreciación del funcionario administrativo no vincula en lo relativo al fondo. la integridad pacífica del ámbito vital. Luego se terminó igualando interés legitimo y derecho subjetivo. La Corte incluye aquí el derecho subjetivo administrativo no mencionado en la ley. El interés legitimo vendría dado precisamente por el hecho de que el patrimonio moral y material de la persona no puede ser disminuido sin causa justa por la actividad administrativa. por haberse irrumpido contra esos vínculos previos (contrato. También se incluye en directo la actualidad del daño. o mejor que interés: una potestad de querer. por lo tanto. el interés seguiría siendo directo. por eso mismo los hace más sensibles que el resto de los administrados a' desconocimiento del interés general o colectivo por parte de la administración al violar la ley".A. Así. el titular del interés es el afectado de manera directa. Tal sería el caso del perdidoso en un concurso de oposición para nombrar un profesor que tendría no un derecho a ganar sino un interés legitimo en el resultado limpio del concurso. aun sí atenta contra algún principio de orden público. no simple expectativa del daño.“en el procedimiento contencioso administrativo de ilegalidad contra actos particulares la solución es intermedia: ni tan amplia como en el recurso de inconstitucionalidad. quienes derivarían su capacidad procesal de vínculos establecidos previa y especialmente por la Administración con el particular en virtud de lo cual resulta justo que el afectado solicite la nulidad del acto ilegal lesivo y hasta la restauración de su derecho mediante dicho acto desconocido. pero sí.J. desde que considera a éstos más amplios que la noción de interés. PASIVA: Ahora se referirán a la persona en contra de quien se sostiene la pretensión. condicionando la actuación del juez de lo contencioso en el mismo sentido interpretación que (al menos por vía general) resulta inadmisible para esta Sala".A remite a la L. El interés sería directo cuando la lesión deviene del acto de manera inmediata sin que integre parte de una cadena de sucesos que formalmente causen la lesión. Ha de notarse además que supone tenga origen en la actividad formal de la administración sea contrato. o con una defectuosa definición como el interés jurídicamente protegido de una manera directa e inmediata. permiso) y. los titulares de derechos subjetivos administrativos. cosa que sería deseable. Habida cuenta de que cobra carácter prioritario la defensa del interés general o colectivo son admitidos a recurrir en vía contencioso administrativa: de una parte.C. También sería admisible si se intenta conjuntamente con la acción de amparo art. Sin embargo.O. Consecuencia principal es que no podrá intentarse por quien fue favorecido por el acto. Aquí traemos en apoyo a García de Enterria quien ve el derecho subjetivo en la "acción reaccional.concepto diferente en derecho público del anteriormente expuesto .S. 5 L. la antigua Corte también el dueño de un automóvil dañado a consecuencia del mal estado de la vía tiene un derecho subjetivo de propiedad que deriva de una obligación universal de respeto que atañe igualmente a la administración y medió para entrar en contacto el uso de la carretera que podría decirse que es el hecho generador. Debe igualmente traer consigo un beneficio por su eliminación o un perjuicio por su mantenimiento. tampoco podría vincularlo en una cuestión previa al fondo. permiso. ni tan limitada como en el proceso civil. concesión. es decir.D. aquella
. no excluye el acto administrativo. Es decir.. se ha llegado a afirmar que si la situación fáctica creada por el acto es la que causa el daño. Pero además detentan esa misma capacidad procesal para actuar enjuicio los interesados legítimos .O. no en la situación previa. para determinar la legitimación. la actividad material. Para otros sería interés legitimo: la posibilidad de querer que es protegida de una manera indirecta al proteger el interés público. pues ese tipo de disquisiciones puede dar pie a dejar de lado recursos bien fundados. 22 de la L.O. aquellos que sin ser titulares de derechos subjetivos administrativos se encuentran en una especial situación de hecho ante la infracción del ordenamiento jurídico. el funcionario de carrera destituido tiene el derecho subjetivo a la estabilidad.. desconocimiento que configura la lesión de ese derecho subjetivo preexistente y de índole administrativa.P. concesión. Pero.
P. la L.O.C. sólo del procedimiento constitutivo y además en favor de la celeridad y economía. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA: Una norma que tardíamente asentó la ley en nuestro ordenamiento jurídico es la que hace necesario agotar la vía administrativa. Igualmente. su carácter especial. Así. "no es otra cosa que la singularidad que resulta del mero arbitrio de quienes los diseñan. puede considerarse. donde en base a que la ley orgánica tiene aplicación preferente sobre la especial.A. arbitrio que rara vez responde a una finalidad garantizadora sino. si el tribunal se declara incompetente el deberá declinar en el que considere competente sin necesidad de presentar recaudo alguno (art. Pues se trata de una ley orgánica y tiene aplicación preferente sobre todas las leyes especiales anteriores o posteriores.J.O.A.A.P. lo excluya expresamente. Además. Pero en Italia ya para 1971 en la ley número 1.A.O. Si se hubiese mantenido la consideración de las apelaciones a la Corte como jerárquicos de segundo grado. la Corte corrigió su posición. si se trata de un instituto autónomo y.O. sin embargo.).P.A. en principio con la L.O.A.S. sólo en el caso del procedimiento constitutivo único que puede tener particularidades. decidió la aplicación de la L.S. afecta la cosa juzgada de manera inmediata. directo en que se mantenga el permiso de construcción de un edificio que no posee puestos de estacionamiento suficientes. más bien.O.P. se añade que la antigua Corte en sentencia del 6 de mayo de 1985 decidió aplicar la ley especial.A. no cabe duda de su cualidad de parte.A. En el extranjero se ha considerado que la decisión negativa de cualquier de los órganos seria factor que permitiera acceder al contencioso.P. la L.P. salvo que la ley que crea a éste.). 47 ejusdem hace supletoria la L. a todo lo contrario".J. "no excluye. se pudo haber logrado la unificación de la vía administrativa y su agotamiento con la entrada en vigencia de la L.C.O. quedaría abierta la vía contencioso administrativa. se refiere a ellos al hablar de opositores en su art. De plantearse que es un proceso al acto y no hay parte. Y éste debería ser el sistema para todo lo contencioso administrativo. 72 C. Y así a la multiplicidad que surge de procedimientos distintos en Aduanas y Tributario y ahora Laboral.P. la aplicación de reglas legales diferentes. salvo Aduanas. En sentencia del 6 de junio de 1991. el dueño de un estacionamiento tiene interés. eficacia y celeridad que dicha ley enuncia en su artículo 30”. pues el carácter de orgánica de la L. caso contrario la decisión del juez no le sería oponible por no obra la cosa juzgada sino contra las partes.O. superior jerárquico de un instituto autónomo. la decisión del juez no le sería oponible y no tendría efecto alguno y nada impedirá a la administración reiterar el acto. A esto tiene que añadirse el caso del silencio de la administración art. 83 y 94 L. sobre la ley de protección al consumidor. Esta necesariamente debe ser considerada parte.034 del 6 de diciembre había convertido en facultativo el agotamiento de la vía administrativa. se intentaría recurso de reconsideración. en las materias que constituyen su especialidad. Agotados estos dos recursos. En Venezuela. habría casi unificado la vía administrativa. cuando esas reglas se revelen más apropiadas para alcanzar los objetivos de economía.O.P. 134. Tributario y Laboral.). pero éste alega que compete al municipio contiguo y éste a su vez remite al gobierno estadal que responsabiliza al Ministerio de Infraestructura o antiguo de Transporte y Comunicaciones. repitiendo los argumentos de la sentencia precitada.P. especialmente en caso de silencio.. el art. la L. ante un problema de vialidad se solicita una decisión de un Municipio. el de revisión no tiene ninguna. Son procesalmente intervinientes adhesivos simples pues no les. Los problemas que la doctrina observa podrían plantearse son: La posibilidad de que no sea identificable la administración legitimado pasiva. como es el caso de la Ley de Bancos de 1993 para las decisiones del Superintendente. 47 excluye la aplicación de la L. 95 L. habrá un jerárquico de segundo grado (art. En efecto. luego contra esta decisión se podrá interponer el recurso jerárquico siempre para ante el Ministro respectivo o ante el funcionario de mayor jerarquía si no se trata de un Ministerio sino de un organismo como la Procuraduría o la Contraloría o bien.C. Dado el carácter subjetivo y contencioso del recurso.cuyos órganos emitieron el acto administrativo recurrido.O.A. Así. Los codemandados “son aquéllos que derivan derechos del acto" así seria el caso de quien obtuvo un permiso de construcción y cuya nulidad solícita otro.P. la ley alemana de la jurisdicción contenciosa del 21 de enero de 1960 previó la posibilidad de que las leyes especiales eliminasen el requisito de agotar la vía administrativa. Esta establece que contra todo acto definitivo o con fuerza de definitivo (arts. el cual permite recurrir al contencioso dentro de los seis meses siguientes al plazo de noventa días dentro del cual según esta
. y a que el art.O. es de 1977 y jurisprudencialmente tenían antecedentes en sentencias de la Corte Federal y Casación del 6 de abril de 1945 y 1946 y Corte Federal del 5 de agosto de 1958.. Los coadyuvantes son aquéllos que tienen un interés directo en el sostenimiento del acto. 126.
dentro de los 6 meses siguientes deberá acudirse al Tribunal Supremo so pena de caducidad del recurso que se ejercería contra la negativa a declarar la nulidad absoluta.”. y de reducir su trabajo. así si el recurso contencioso de nulidad ha caducado puede.O. en cualquier tiempo. y en el caso del silencio administrativo los 6 meses corren vencidos los 90 días hábiles que la L. de modo que no subsista la posibilidad de ejercer un recurso contra un acto sin efecto alguno por haberse ya cumplido o ejecutado irremediablemente".O. que el interesado pague o afiance el pago de una cantidad líquida deberá presentarse también constancia de que se ha dado cumplimiento a dicho requisito. la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia estableció: "3.). Y que "destruye el equilibrio procesal" y "perjudica el derecho a la defensa de los débiles". unos. en todo caso de nulidad absoluta habría posibilidad de. Este lapso es común a las apelaciones a la antigua Corte. no se interrumpe ni suspende y conlleva que el derecho no llegue siquiera a nacer o en todo caso se pierde. En el caso de los actos temporales y se entiende éstos como: "actos cuyos efectos se extinguen antes de vencer el lapso general de caducidad (6 meses) debe corresponderle un lapso de caducidad menor.disposición debería decidir el recurso jerárquico. 134 de la L.T. procederá en cualquier tiempo pues la violación de derechos constitucionales acarrea la nulidad absoluta y podrá recurrirse en cualquier tiempo. LOS LAPSOS DE ADMISIÓN: Por último. pues no tiene como base las necesidades de la administración. Estas consecuencias son.P. a raíz de la sentencia ya estudiada de Pan American Airways del 11 de mayo de 1981.O. Y añade. En sentencia del 22 de junio de 1982.S. establece dos fugaces plazos de caducidad: 6 meses a partir de la decisión final o partir del vencimiento del lapso para decidir el recurso jerárquico y 30 días en los casos de los actos temporales.O. y es de interés.O. se tendría como negativa del jerárquico.C. Pero en realidad y dada la intención y el contexto de La ley no era sino la consagración del silencio rechazo que ratifica expresamente la L. único que existía a la fecha. en principio. en caso de no intentar el recurso en los lapsos del art. si no ha prescrito.C. debe recordarse que aún en caso de caducidad del recurso podrá oponerse en todo tiempo la ilegalidad del acto como excepción. establece que "cuando la ley exija como condición para admitir algún recurso contra el acto. elevan a la enésima potencia. cuyas bondades no discuten. Sólo esta interpretación evita conflictos de interpretación sobre la aplicación de estas dos normas que de otra manera colidirían. Con lo cual se consagra la exigencia que se llama solve et repete.A. aun intentarse la acción contra la República.P.C. es de orden público y el juez la aplica de oficio. se multiplican en las leyes y los administrativistas y jueces en su afán de defender el interés de la administración. se ha fundamentado la no suspensión de los efectos de los actos administrativo en los sacrosantos principios de la ejecutividad y ejecutoriedad..A..S. solicitar la nulidad.O. Es decir.J. en razón de los cuales la administración no necesita recurrir a un juez para validar sus actos ni recurrir a aquél para ejecutarlo. Se ha visto como fundamento fuera de Venezuela. Excepto cuando se trate de tributos pues el C.C.P. estableciendo noventa días para decidir el jerárquico. Los términos en el contencioso administrativo y con ello la posibilidad de verse perdidoso antes de entrar a discutirse el fondo. la extinción del recurso no extingue el derecho subjetivo. Además. Igualmente. que el administrado decide si espera el acto expreso o recurre.J. 134. Si decide esperar perderá la oportunidad de recurrir si nunca decide. único que pone fin a la vía administrativa. dado que la antigua Corte ha rechazado la distinción entre leyes orgánicas por mandato constitucional y legales. En tal caso se ha dicho que se podría recurrir al contencioso administrativo sin agotar la vía administrativa. establece para decidir el jerárquico. y ha interpretado días consecutivos como días hábiles en la famosa sentencia sobre lapsos del C. 4 L. y a falta de decisión habilita para recurrir ante los tribunales (art. 122 de la L. o previo pago de la multa o impuesto antes de recurrir.J. los otros. Este requisito ha sido considerado un privilegio injusto de la administración pública. plenamente aplicables en principio en el procedimiento contencioso de nulidad de actos de efectos particulares. siempre que se intente conjuntamente con un recurso de amparo.O. LA NO SUSPENCIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO: En Venezuela. se ha dicho que es “anacrónico e inútil".S. pero ha dicho la antigua Corte debe solicitarse la declaratoria de nulidad a la administración y negada ésta.. potestades que se derivan de la presunción de legitimidad de los actos administrativos.A. Sin embargo. Por último. en la potestad de autotutela
. veda esa posibilidad. Que esa garantía consiste en permitir el acceso a la jurisdicción contencioso administrativa en ausencia de acto administrativo expreso que ponga fin a la vía administrativa".P. es necesario estudiar lo relativo a la caducidad del recurso de nulidad. pues el art. SOLVET ET REPETE: El art. La caducidad como se repite en doctrina. no obstante la pretendida especialidad de la L.
es decir. lo cual incluye citar las disposiciones. Tampoco se trata de cualquier acto administrativo de efectos particulares.J. siesta posibilidad existe. 133 L.. podría ocasionar tanto al alumnado como a la academia daños irreparables". 46. Es más.). de ser la Corte se indicará la Sala Político Administrativa a la cual se enviará. 87.O. a falta de éste. 340 ord. y no el único.P. debe contener los elementos que establece el art. deberá identificarse con precisión. en sentencia del 17 de mayo de 1984 se reconoció que: "el perjuicio alegado por el recurrente en cuanto a la clausura de los cursos ya comenzados y registrados.P. sino que debe evitarse que terceros sufran el daño. Se mencionarán las disposiciones legales y constitucionales que se consideren violadas (sin que se requiera mencionar el número. exigen que se expongan los argumentos legales que el juez. Entonces.C.C. que no es capaz sino de hacer suyas las palabras de Laferriere: "lo propio de la soberanía es imponerse. igualmente las razones de hecho y de derecho en que funde la acción los motivos de hecho serán contrastados con los que consten de la motivación del acto administrativo si la tuviere o los que se desprendan del expediente administrativo. art. sin compensación".P. Por lo cual no procedería si es un acto de efectos generales. Este escrito. 113 ejusdem así como los del 83 ejusdem y 340 C. cuando así lo permite la ley o la suspensión sea indispensable para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva.O. pues se busca mantener el equilibrio entre el particular y la administración evitando que actos cuya ejecución recae directamente sobre particulares se tradujeran en un daño injusto. entre los cuales debe incluirse a los profesores universitarios y jueces.S.P.J.O. 136 establece que: "a instancia de parte podría suspender los efectos de un acto administrativo de los efectos particulares cuya nulidad haya sido solicitada. tanto de ésta como de los sucesivos
. sustituir la actividad de la administración. el acto. Es decir. al particular. deberá indicarse el nombre del tribunal ante el cual se introduce la demanda. la suspensión no conllevaría otra cosa si no el equivalente de la autorización o licencia.C. 5° exige se adelanten en la misma demanda las conclusiones y que se prefigure la solución.A. S. sino en la tradición autoritaria del derecho venezolano. como el C. Postura esta que no se pone en duda en nuestro país a pesar de que tal tesis no tiene basamento alguno en la Constitución.J. 83 L. el acto definitivo y en último caso se presentaría la solicitud con la fecha de recibo que exige la L.C. basta el contenido). En caso de duda decidirá la Corte en Pleno (art. art. sirve para demostrar el cumplimiento de los requisitos procesales so pena de no poderse llegar a la decisión de fondo.J.O. DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑARSE: El procedimiento contencioso administrativo se inicia como todo proceso por demanda. DEMANDA. es decir el acto administrativo que denegó la vía administrativa. Deben acompañarse los documentos fundamentales de la acción. La L. que se trata con la medida de mantener el status previo al acto a través de la medida cautelar. Lo que no significa que deba valorarse sólo el daño que recaiga sobre el recurrente. Los motivos de derecho se requieren pues el aforismo iura novit curia no tiene valor alguno en Venezuela pues tanto la L.C. art. Y sin poder citar sólo el 137 C. sin embargo. Si se suspendiese un acto negatorio de una autorización o licencia. debe tratarse de un acto que imponga una obligación positiva. Debe tratarse de un acto de efectos particulares. El objeto de la demanda. se establece el principio general que también se establece en la L.A. que a su vez se deriva de la supremacía de la administración que devendría de la protección por ésta de los intereses generales contra "los bastardos intereses egoístas" de los particulares. aun en caso de falta de la indicación cuando del escrito se evidencia su carácter de recurso contencioso de nulidad. INICIACIÓN. La demanda art. Con lo cual. medio de acción colectiva para lograr intereses particulares y egoístas que han logrado consenso.C. lo cual tiene fundamento legal expreso y que se deriva del carácter subjetivo y garantizador del contencioso de nulidad.N. de dar o hacer. Olvidando que el Estado no es un fin en si mismo sino uno. por encima de los intereses generales de los burócratas. dado que el Tribunal Supremo consideró que la determinación de las ganancias y pérdidas era imposible y por tanto irreparable. art. se suspendió la negativa de licencia a una sala de juegos autorizándola a funcionar provisionalmente. en caso de haber habido silencio en el recurso jerárquico se presentará el acto que denotó la reconsideración.P. por tanto. Se deberá identificar al demandante e identificar el organismo del cual se encargó el acto administrativo. que están sí.O.S. Así. en su art. presumen ambas leyes no conoce. En España. el C.O. nunca se puede con esta medida. teniendo en cuenta las circunstancias del caso".J. caso de faltar y no ser subsanados. 122 L. si bien la Ley Orgánica de Amparos y Garantías Constitucionales permite la desaplicación de la norma general de manera excepcional.de la administración.C. pues necesariamente deberá revestir esta forma. que es el acto procesal por el cual se postula la pretensión.C.S.O.S.
además de riguroso y excesivo. que debe determinarse si corren paralelos con los noventa días que tiene el Procurador para darse por notificado.J. dando así tiempo para que los escritos de prueba sean
. La Corte en sentencia que establece un peligroso precedente ha considerado que la instancia se inicia con la introducción de la demanda y aun por falta no imputable a la parte sino al juzgado de sustanciación ha declarado la perención anual a partir de la introducción de la demanda sin siquiera haber habido acto de admisión. no deberían correr hasta vencido el lapso para darse por notificado. como legalmente queda. En caso de litigar ante el Tribunal Supremo si el demandante no esta residensciado en Caracas. en concordancia con el 88 L. Vencido como sea el lapso de comparecencia se abre un lapso de cinco días para promover pruebas y de quince días para evacuarías. Igualmente. o si se está dispuesto a cumplir se dejará constancia del cumplimiento del requisito sin que obste esto para solicitar la nulidad del requisito. Pero antes de continuar debemos observar que es válida la reforma de la demanda por una sola vez antes de la traba de la litis art.P. 131 L. 278 del Código de Procedimiento Civil [derogado hoy]). MEDIOS DE PRUEBAS: Una vez que comparezcan. Siendo este ultimo lapso prorrogable por quince días más. será el juez por legal y propia iniciativa. 131 ejusdem. 343 C.O.P.C. se solicita indemnización de daños y perjuicios deberá además especificarse el tipo y monto de los daños.. y por lo tanto se podrá ampliar. la Correcta sin duda.C. podrá solicitar los antecedentes administrativos y al recibirlos remitirá los expedientes administrativos y judicial al juzgado de sustanciación o los remitirá de inmediato al juzgado de sustanciación aún sin solicitar antecedentes administrativos si se solicitó la suspensión de los efectos del acto. resulta ilegal.. el Procurador y los terceros interesados podrán oponer cuestiones previas que serán decididas en la sentencia de fondo.).C. 10 del C. en ese mismo día de despacho. tampoco puede decirse que a falta de petición de las partes no se vaya a abrir pues la interpretación del Alto Tribunal al respecto ha sido interpretar que la expresión podrá se refiere sólo a la producción de pruebas y no a la apertura del lapso. podría presentar el recurso ante un tribunal civil de la circunscripción en la cual resida. Así.J.C. Durante el lapso de diez días hábiles que tienen 108 terceros para comparecer.S...A. en sentencia del 24 de marzo de 1994 se dijo: “Entender que el no ejercicio de esa facultad impide de que el juicio se abra a prueba. salvo que alguna amerite trámite previo en cuyo caso se aplicará el procedimiento del art. como el proceso civil.. A pesar de que aquí el lapso de pruebas no se abre de pleno derecho. 607 C.D.”.S.escritos de recurso no contestados. Se acompañarán además el instrumento que acredita el carácter de representante legal o apoderado judicial en caso de actuar como representante y todo documento que quiera utilizarse para apoyar la pretensión.C.C. el tribunal que sea competente para ese momento lo será hasta el final (art. al impulso de las partes.C. que quedaría por completo en entredicho si la apertura del lapso probatorio quedase librado. exigirán enviar a la papelera todo lo escrito sobre el contencioso objetivo. salvo que la ley establezca otra cosa.P. una violación de un derecho fundamental dado que acarrea nulidad absoluta no puede ser consentida y aquí de nuevo a pesar de la disposición de la L. 3 C. Pero al seguir esta postura de FARIAS MATA. Este tribunal dejará constancia de recibo y los remitirá a la Corte foliado y sellado.. modificar o transformar el objeto de la demanda Lo que significaría en principio que se podría añadir la pretensión de condena a la de nulidad ex art.P. aun cuando la Corte en Pleno se pronunció en sentido contrario. en caso de que el juez decidiese notificarlo. Pero siempre será indispensable la solicitud de la parte o la orden del Juez o una disposición prohibitiva y expresa de la Ley para1 impedir o negar la apertura del lapso de pruebas.O.O. LA SUSTANCIACIÓN. LA APERTURA A PRUEBAS. expresamente y mediante solicitud fundamental quienes pedirán la no apertura del juicio a pruebas y otras como en el juicio ordinario (art. SI la ley exigiere el cumplimiento del solve et repete podría solicitarse su desaplicación por inconstiucional como ya se vio. Si en virtud de lo establecido en el art. El auto de admisión de pruebas debería producirse al tercer día siguiente al lapso de promoción de pruebas en aplicación del art. Una vez que la Corte recibe la demanda. quien podrá así decidirlo. Algunas veces serán las partes. podrán las partes solicitar la apertura a pruebas de la causa y además deberán anunciar los "hechos sobre los cuales versará" la prueba y además producir las pruebas que no necesitan evacuación o bien documentos públicos o bien actas emanadas de la administración y que se quieren hacer valer contra ésta.G. una vez introducida la demanda se produce la perpetuatio jurisdictionis dictamis y por lo tanto.
a solicitud de las partes o de oficio.S. 389 del C. lo que en principio significaría que habría aún lapso de pruebas. no comparte este criterio que exponemos. 127 L. La segunda opción es la preferible dada la remisión expresa de la ley.J.P. cuando sus derechos son amenazados.C. Dentro del procedimiento contencioso administrativo surge aquí un diferencia fundamental con el proceso civil. Podrá promoverse por las partes dentro de los diez días de plazo para la comparecencia de los interesados.O.C. pues la facultad inquisitiva: "esta limitada a la búsqueda de los elementos de justicia que emergen de los autos sin que le sea dado innovar en los planteamientos del recurrente o de las partes en general.O. 135 contempla dos supuestos distintos. O durante el lapso de promoción de pruebas o hasta informes. el juez sólo podrá suplir a la parte cuando esto signifique proteger el interés general. acerca de la interpretación del art. Mero Derecho y Urgencia Especialmente confusa ha sido la postura del Tribunal Supremo. pero. La prueba por excelencia seguirá siendo el propio expediente administrativo y especialmente las actas levantadas al inicio de los procedimientos. por cuanto. sólo si el interés colectivo lo exige y sin traer nuevos hechos el proceso. La prueba documental puede ser incorporada al proceso por la orden del Juez a la administración solicitando el expediente ex art. Medios de Prueba Son aplicables los mismos medios de prueba que en el C.).P.S. y si añadimos que mero derecho significa no abrir a pruebas. la declaratoria como de mero derecho que se daría en los casos del art. 88 L.J. 123. el juez está obligado a ser parcial a favor de la administración. En un procedimiento ordinario no habrá lapso de pruebas pero si informes. La antigua Corte considera y en efecto es así. dado que no establece cuáles medios de prueba puede utilizar el Juez ni lo restringe a pruebas no evacuadas o sobre qué puntos. siendo uno de tales casos el conflicto entre poderes. reducir lapsos y sentenciar sin más trámites. en consecuencia. un documento público.P.S. art.O. la conclusión es la única lógica.S. Una segunda opción es en base al art.C. cosa por supuesto ilógica. Y si la cuestión fuese de mero derecho podrán sentenciar sin relación ni informes. Cuando se hubiese vencido el lapso y si algunos puntos hubieren quedado sin probar podrá el juez ordenar evacuarías en las condiciones del art.C.0. El auto que admita las pruebas es inapelable dado que no causa gravamen alguno desde que en la sentencia definitiva el juez puede desestimarías. pues dado que ahora sí.357. y dado que ésta incorpora una amplísima libertad de pruebas.C.J. pero con las especialidades que incorpora la L. cuando haya urgencia.C. 135 L. Esta decisión corresponde en el Tribunal Supremo en la S. suspendiendo el proceso innecesariamente. Pero se afirma que. serian tres días para añadir las pruebas y oponerse y tres días más para admitir las que sean legales y procedentes (arts. sin embargo. Si se evacuan todas las pruebas antes del tiempo o si ya hay pruebas suficientes para decidir el Juzgado de Sustanciación devolverá el expediente a la sala. con lo cual suma una oportunidad a las del 401 y 514 C. O lo que es lo mismo. donde pueden presentarse hasta informes.C.añadidos al expediente y las partes puedan oponerse.. que el Estado no protege al individuo.O.C. dado que de bastar la confrontación de las norma que se alegan aplicables no exigiría pruebas. que permite.P.P. La antigua Corte. el procedimiento contencioso administrativo es subjetivo y garantizador de intereses privados.P. No son admisibles como documento las llamadas certificaciones de mera relación.C. dado que no cumple "a cabalidad con los requisitos del documento público se admite cualquier prueba en contrario”.C. sin las limitaciones de estos dos artículos. la declaratoria de urgencia con la consecuencial reducción de lapsos y segundo.T. En cambio. uno. en las cuales el funcionario deja constancia de la opinión que tiene sobre los hechos de los cuales tenga conocimiento
. se oirá en ambos efectos la apelación contra el que deniegue las pruebas. no podría incorporarse al proceso en un lapso tan amplíe como en el proceso civil.A. a falta de norma expresa en aplicación del art. como ya dijimos.P. en lo relativo a la admisión de las pruebas y. y como dijera Constant.S. 401 C.C. es decir. L. 397 y 398 C.. que el art. y es que el juez podrá solicitar informaciones y hacer evacuar pruebas de oficio silo considera necesario. Pero en caso de haber pruebas documentales no sería tan ilógico porque suprimidos relación e informes. que remite al C. es precisamente cuando el ciudadano necesita la protección del estado.J. lo que obligaría a utilizar el procedimiento de tacha de documentos y haría inútil el procedimiento de nulidad. lapso éste no preclusivo. ésta será lógicamente la situación del contencioso administrativo. Estas serían con estricto apego al C. estarían impidiendo que pudiesen rebatirse los nuevos argumentos que se plantean por tal medio". de hacerlo. 1.C.
O. pues éste tiene plena justificación en el campo administrativo para evitar la inseguridad jurídica que derivaría de la posibilidad permanente de la administración de revocar sus actos creadores de derecho.O. de vicios de orden público..C.O. Para su valoración..A. 131 L. 19 L.P.C. Esta naturaleza de 'orden público' de los vicios de nulidad absoluta. o no ser razonado se presumirá la conformidad con la decisión.C..P. entrar a conocer de ellos de oficio. las microflimaciones y otras reproducciones fotográficas si se hacen de la manera reglamentaria. 429 C.A. Luego. 249 C. tal como la que el art. los motivos de hecho y de derecho de la decisión. 118 de L.C.J). Pero no es aplicable a la Corte ni a los tribunales.C.P.C. No debería proceder silos actos cumplieron su cometido.O.P. determinándose tal cosa de acuerdo a la situación de hecho del momento en que se los impugne.J.S. art. aun cuando no hayan sido invocados por las partes. declararía o no la nulidad del acto. salvo que la complejidad del asunto exija más tiempo.). 130 L. el Presidente de la Sala fijará la fecha de la votación (66 y 58 L. como es la inobservancia total y absoluta del procedimiento.C. que permiten al órgano jurisdiccional en casos de solicitud de nulidad de un acto administrativo.S. Esto en base al art. art. LA SENTENCIA: La decisión del proceso se producirá terminada la relación dentro de un plazo de 30 días de despacho a partir de la culminación de la relación.P. establece.J.O. la nulidad sólo procederá si es de tal entidad que justifique la reposición del procedimiento. (art. El lapso será prorrogable hasta por dos veces. que regula el contencioso de nulidad de actos de efectos generales y art.C. al pago de sumas de dinero. la decisión deberá estar acorde con lo alegado y probado en los autos. pues la L. 60 Ley Orgánica Administración Central).O.). de no consignarse el voto. deberá en la misma sentencia ordenar la experticia complementaria. Cuando la nulidad venga determinada por vicios de forma.C. 59 L. Tienen en cambio el mismo valor del documento público.S.P.. tendrán el mismo valor que el original (art. caso en el cual puede actuar de oficio y revisar el acto en lo no pedido por las partes.”.C. 81 ejusdem. de tal manera que el procedimiento habría conducido al mismo resultado sin necesidad de afectar los derechos garantizados por los principios
. esto es. salvo que se trate de vicios de orden público.J.P. y si no se hubiese podido resolver lo relativo a la legitimación a la causa.S. En el caso de vicios cuya sanción no sea sino la nulidad relativa. 19 L. las copias obtenidas de funcionarios no autorizados.A. 243 C. que: “dada la entidad de la irregularidad que afecta la decisión administrativa. 1 y 7 L.O. las cuestiones previas no decididas art. Basamos esta opinión en que en ese caso se destruirían los originales. Dentro de ese lapso deberá el ponente informar a los demás Magistrados acerca de los puntos de hecho y cuestiones de derecho.C y 127 L. 65 L.S. strictu senso.O..C. una síntesis clara.O. en este caso subsistiría la parte del acto separable de la viciada. la de las partes. y una vez distribuida éste entre todos los Magistrados.O.C. deberá primero resolver en capítulo previo. Normalmente el proceso terminará con la sentencia que resuelve el fondo del asunto y tendrá los requisitos de forma y de toda sentencia art. 52 L. será ese el momento de hacerlo.C.).O. 56 L.J.O. decisión expresa y positiva y la determinación del acto administrativo sobre el cual recae la decisión. proponer soluciones y presentar un proyecto de sentencia (art.O. Así dijo la Corte en sentencia del 26 de julio de 1984 (Despachos Los Teques).A. En cuanto al contenido.A. No serían admisibles por ilegales.).S.P.A. 507 C. dado que no hacen plena prueba al no ser documentos públicos. Igualmente las copias certificadas de los documentos realizadas en base al art.(art. Vencido el término se publicará el fallo a favor. rige el principio de la sana crítica art. aquí a título de ejemplo.J.). y de acuerdo a lo alegado y probado en actos. ni en ningún caso los originales sustraídos por un funcionario (art. estableciendo los elementos que servirán de base a los expertos (incluyendo expresión de en qué consisten los daños. art. A este respecto de la nulidad no tiene importancia alguna el sistema cerrado de vicios del art. se suscribirá por todos los Magistrados y los que no estén de acuerdo con la sentencia tendrán cinco días para consignar su voto salvado debidamente razonado. debiendo indicar la identificación del tribunal. La sentencia podrá declarar la nulidad total o parcial del acto. no se aplica sino a la administración pública. De ser aprobada por la mayoría de la Sala.J. precisa y lacónica de los términos en que se planteó la litis.A. En caso de condena (art.S.).O. 87 L. deberá determinar la cantidad y de no poderla estimar.
P. el tribunal competente debe determinar. 267 lo estableció expresamente para evitar la evidente denegación de justicia que resulta de la extinción de un proceso por la negligencia del tribunal y resolver la discusión previa a la promulgación del C.O.S. lo cual es lo natural. EFECTOS DE LA SENTENCIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA: La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos incide en el recurso contencioso-administrativo de anulación. La perención o la extinción del proceso por la Inactividad de las partes durante un lapso de tiempo está regulada en el art. ya que precisa los casos de nulidades absolutas. lo cual se vería en cada caso y no según el art. pueda producir efecto alguno. Otra solución sería recurrir al art. La sentencia produce efectos de cosa juzgada sólo entre las partes. de nulidad absoluta. así mismo. El desistimiento debería ser homologado por el Tribunal Supremo para tener valor. En definitiva lo más lógico seria aprobar una reforma de ley para resolver esta situación.P. retrotrae sus efectos al momento en el cual el acto se dictó y. En esta materia la regulación de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos contenida en el Artículo 19. Transcurrido el lapso se declarará la perención de oficio o a instancia de parte. una vez que por su motivo se declare la anulación de un acto. Si a la nulidad se acompaña la condena a dar o hacer algo con la consiguiente orden a la administración de dar o hacer se plantean con frecuencia conflictos.C. 174 L. sin duda. como nunca dictado. que no es confirmatorio del acto sino una sentencia declarativa que tiene efectos sólo entre las partes. debe pronunciarse sobre la condena a la administración y también sobre el restablecimiento de la situación jurídica lesionada. Lo mismo es aplicable a la perención. en estos casos de nulidades absolutas. de nulidad absoluta. Y así. y que corresponda al Tribunal el control de la legalidad del acto.S. pues el C.C. es decir.J. En efecto. 96 L. directamente. por tanto.P. debiendo presumirse que si no lo hace. del 16 nada decía. Pero es importante la afirmación de la cosa juzgada respecto de la administración. Esta ocurre de pleno derecho por la paralización de la causa por un ano desde la fecha en que se efectuó el último acto del procedimiento. el Articulo 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia señala que en el fallo definitivo.C.O.
.procesales. En efecto. el C. en esta forma. 19 L. expresamente. del tipo de vicio que afecte el acto administrativo.P. art. 125 L. van a depender. pues es la única manera de impedir que dicte un nuevo acto idéntico al anulado y deba volverse agotar todos los recursos. 86.O. La sentencia no sólo puede determinar la nulidad del acto sino que también puede desestimar el recurso. que conlleve a la anulación del acto. puede terminar desistimiento expreso de la parte o bien tácito. se entiende que surte efectos sólo hacia el futuro. Ahora bien. de nulidad absoluta. sino que debe determinar los efectos de su decisión en el tiempo. La perención no debería operar después de dichos vistos. se estime que la decisión judicial que anula un acto por considerarlo nulo. pues la inactividad del juez no es imputable a las partes y no hay medio alguno de impulsar el procedimiento una vez que termina la relación (art.C. es de primera importancia. y. no sólo debe declarar si procede o no la nulidad del acto impugnado. 87 siempre que la antigua Corte conozca en única instancia salvo que se haya avocado al caso art. La sentencia a más de pronunciarse por la nulidad. ello conlleva normalmente a que el acto se considere como si nunca ha producido efectos y. es decir.O.J. y que la sentencia sea tenido como sustituto del acto. refiriéndose a los efectos de la sentencia del recurso contencioso-administrativo de anulación. se impide que un acto nulo.C. pero hará aplicable el art. si la anulación surte efectos sólo hacia el futuro a partir de la sentencia.C..J. Igualmente. Esto último evita que se mantenga el proceso desistido en apelación por decisiones de la Corte Primera en lo Contencioso-Administrativo. en la forma indicada. los efectos de la decisión en el tiempo de las sentencias contenciosoadministrativas. En todo caso. por tanto. del 86. por lo cual el recurso quedaría abierto a cualquier otro interesado que no sea causahabiente del primer perdidoso. conforme al citado Artículo 131 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.A. 42 numeral 29. el convencimiento y la transacción.P. teniéndose por tanto. con lo cual se mantendría incólume la presunción de legalidad que protege al acto administrativo. La simple declaratoria de nulidad del acto no requiere acto de ejecución alguna. en su art.C. o si los efectos de la anulación se retrotraen al momento en el cual el acto se dictó. el tribunal competente contencioso-administrativo.S. Se ha dicho que la ejecución podría hacerse a través de las multas del art.). Esto no se hará cuando se hayan denunciado vicios de orden público. el desistimiento. pero sería una aplicación analógica de penas y por lo tanto inconstitucional. los efectos de su sentencia en el tiempo. 531 C.. FORMAS ANORMALES DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Las formas anormales de terminación del procedimiento incluyen la perención.
Ediciones Astro Data S.gov. Conclusion El derecho administrativo es el derecho de la Administración Pública. entonces. y luego homologados por el tribunal.745 del 23 de mayo de 1975. Vocabulario Jurídico. 1986. En este sentido. 87 que establece que queda firme el acto. Colección de Estudios Jurídicos N° 16.A. pero no toda la actividad de la Administración Pública está regulada de manera absoluta por el derecho administrativo. Debe distinguirse que. lo que no puede darse es que un acto administrativo o una Administración Pública sólo se rija por el derecho privado. todo acto administrativo es un acto de la Administración Pública. Caracas. V y VII. El Derecho Administrativo y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Tomo II.com HIPERVINCULO http:// www. Al hablar. CAPITANT. 9. La tendencia hoy día es la ampliación de la prenombrada jurisdicción y. todo acto de la Administración Pública está sometido al control judicial. con preponderancia de uno u otro. ello no significa que sea un derecho excluyente. Maracaibo 1995. Enciclopedia de Derecho Usual. cualquier teoría de los supuestos actos excluidos del referido control es inconstitucional. sin embargo.tsj. Curso de Procedimientos Contencioso-administrativos. En segundo lugar se concluye que existe una interaplicación del derecho administrativo y del derecho privado a la Administración Pública. Ley de Carrera Administrativa.jurisweb. Gaceta Oficial N° 2. no todo acto que emana de la misma es un acto administrativo. si bien. El derecho administrativo no puede ser indicador de la competencia de la jurisdicción contenciosoadministrativa. ya que existe una interaplicación de la referida rama jurídica y del derecho privado. Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5453 del 24 de marzo de 2000. Buenos Aires. 10. por ende. CABANELLAS. Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.ve
Trabajo enviado y realizado por: Br. se entiende que el desistimiento es del recurso o la acción y no sólo del procedimiento. de acto administrativo equivale a calificarlo de acto sujeto al derecho administrativo. Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Bibliografia • BREWER-CARÍAS. Allan R. De acuerdo a nuestra Carta Fundamental. Editorial de Palma. ya que hay actos de la referida Administración que están sometidos al régimen jurídico-privado.com República Bolivariana de Venezuela Universidad “Rafael Belloso Chacín” Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
. LEAL WILHELM. Daniel Eduardo López Martínez delm50@hotmail. Gaceta Oficial Extraordinaria N° 1. Editorial Jurídica Venezolana.Dado lo expresado en el art. La transacción y el convenimiento para tener valor tienen que ser aprobados por escrito por el ejecutivo nacional (art. debe superarse cualquier teoría que propugne la exclusión de determinados actos del control contenciosoadministrativo.818 del 1 de julio de 1981. porque el derecho administrativo no es el único derecho aplicable a la Administración Pública. Henri. Salvador. CONTITUCIÓN DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.. HIPERVINCULO http:// www. no sujetos por demás a una regulación uniforme y teniendo presente la complejidad del régimen de competencia de los órganos contencioso-administrativos. 44 Ley Orgánica Procuraduría General de la República). 1997. Editorial Heliasta. Buenos Aires. Por ende. Guillermo. 1999. Teniendo en cuenta la carga que configuran los recursos administrativos. es positiva la consagración legislativa de formalidades especiales para el acto de notificación en los casos de actos individuales.
Diciembre 2000 Profesora: Abog.Escuela de Derecho Maracaibo. Dexy Salas
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Derecho Contencioso Administrativo por alixmarquez1,7K visitaInsertarDescargaLeer en Scribd móvil: iPhone, iPad y Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as RTF, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMás informaciónMostrar menos
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