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Timestamp: 2018-12-13 18:43:22
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Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 19', 'artículo 20', 'artículo 15', 'artículo 201', 'artículo 4', 'artículo 203', 'artículo 15']

﻿ DIRECTIVA MINISTERIAL 100 DE 1997
DIRECTIVA MINISTERIAL 100 DE 04 DE DICIEMBRE DE 1997
CONTENIDO:MATRÍCULAS Y PENSIONES. INSTRUCCIONES DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN PARA GOBERNADORES, ALCALDES DISTRITALES Y SECRETARIOS DE EDUCACIÓN SOBRE LA AUTORIZACIÓN PARA EL COBRO DE TARIFAS DE MATRÍCULAS, PENSIONES Y COBROS PERIÓDICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIVADOS DE CALENDARIO A, PARA 1998.
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1086 DE ENERO 15 DE 1998, PG. 1555
DIRECTIVA MINISTERIAL 100 DE 1997
Asunto: Orientaciones e instrucciones para la autorización de tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos de los establecimientos educativos privados de calendario A, para 1998.
Esta directiva recopila y adiciona las directrices e instrucciones para la definición de tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos para el año lectivo de 1998 con el propósito de que sirva de herramienta en el proceso de legislación de estos costos y de orientación al plan de inspección y vigilancia de los establecimientos educativos privados de educación formal.
Las políticas del Estado sobre matrículas y pensiones del servicio público educativo prestado por los particulares, buscan garantizar el derecho fundamental a la educación de niños, niñas y jóvenes, en consonancia con la política macroeconómica de reducción de los índices de inflación y con los objetivos comunes del pacto social, que exige el esfuerzo solidario de todos los colombianos.
1. Incrementos máximos que se pueden autorizar en 1998.
Tomando como base la tarifa anual de matrícula y pensiones vigentes en 1997, los incrementos máximos que se pueden autorizar en cada uno de los regímenes, en 1998, son los siguientes:
Aumentos promedio acordados para los establecimientos educativos privados según régimen y promedio máximo autorizado 1998.
Régimen % colegios incremento base Incremento máximo adicional posible por costos salariales y mejoras en la calidad total incremento máximo
Control por sanción 33% 16% 0% 16%
Control voluntario o clasificación 12% 16% hasta 4% 20%
Libertad vigilada 53% 16% hasta 8% 24%
Libertad regulada 2% 16% hasta 9% 25%
Total e incremento promedio 100% 20.9%
2. Cobro de matrículas y pensiones.
• Los establecimientos educativos privados que se encuentren en los regímenes de libertad vigilada, libertad regulada y de control por clasificación o ingreso voluntario y que de conformidad con su calendario académico, deban efectuar el proceso de matrícula en el presente año, sólo podrán cobrar el valor que resulte de adicionar el dieciséis por ciento (16%) al valor de la matrícula vigente en 1997.
Si el establecimiento educativo privado se encuentra en el régimen controlado por sanción, sólo podrá cobrar por concepto de matrícula la misma tarifa de 1997.
• El valor anual autorizado comprende matrícula y pensiones. Descontando el valor de la matrícula, el saldo correspondiente al valor total de las pensiones, debe ser dividido en cuotas partes iguales que se cobrarán y pagarán según la periodicidad que para el efecto se utilice, de acuerdo con lo señalado en el numeral 2º del artículo 4º del Decreto 2253 de 1995 y durante la vigencia del año académico.
3. Diligenciamiento de los formularios de autoevaluación y entrega de documentación.
Están en la obligación de adelantar el proceso de evaluación y diligenciar los formularios correspondientes, de acuerdo con lo establecido en el manual de evaluación y clasificación de establecimientos educativos privados y presentar la documentación exigida, a la secretaría de educación de la respectiva jurisdicción, antes del 2 de febrero de 1998, las siguientes instituciones educativas:
• Los establecimientos educativos privados ubicados en el régimen controlado por sanción.
• Los establecimientos educativos privados que decidan cambiar de régimen.
• Los establecimientos educativos privados que por primera vez presten el servicio público educativo.
Los establecimientos educativos privados que actualmente se encuentren incorporados en los regímenes de libertad regulada, libertad vigilada, controlado voluntario y controlado por clasificación, no están obligados a adelantar el proceso de evaluación y clasificación para 1998. Sólo requieren remitir a la correspondiente propuesta de tarifas, debidamente adoptada por el consejo directivo del establecimiento educativo, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Decreto 2253 de 1995.
Para la autorización de las tarifas de estas últimas instituciones, las secretarías de educación departamentales y distritales, deberán tener en cuenta los formularios y demás documentos presentados en 1997.
Para cumplir con la normatividad, se recomienda a las autoridades educativas departamentales y distritales difundir por todos los medios a su alcance la obligación que tienen los colegios privados que se encuentran en régimen controlado por sanción, de presentar ante la respectiva secretaría de educación los formularios de autoevaluación. Así mismo deben poner a disposición de las instituciones copia del manual y de los formularios para el desarrollo de este proceso.
4. Revisión de los casos de tarifas que hayan generado conflictos.
El Ministerio de Educación Nacional conformará una comisión especial en la que estarán representadas las organizaciones que agrupan los establecimientos privados, que conjuntamente con las secretarías de educación departamentales y distritales, se encargará de adelantar un análisis evaluativo y una revisión de aquellos casos en que subsisten conflictos por efectos de la aplicación del reglamento general de tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos. Esta comisión recomendará los correctivos pertinentes para ser adoptados por la respectiva secretaría de educación o directamente por el ministerio.
5. Expedición de actos administrativos de autorización de tarifas para 1998.
• En todos los casos, la autorización de tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos por parte de las secretarías de educación departamentales y distritales, se hará mediante acto administrativo expedido directamente por el respectivo secretario de educación.
• Las secretarías de educación departamentales y distritales, disponen hasta de cuarenta y cinco (45) días para expedir los correspondientes actos administrativos, de los establecimientos educativos que estando en el régimen controlado por sanción decidan reclasificarse, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto 2878 del 29 de noviembre de 1997.
• Los actos administrativos se notificarán a las instituciones, teniendo en cuenta las disposiciones del Código Contencioso Administrativo. Expedido el acto administrativo, y si no existe medio más eficaz, se le enviará al rector, por correo certificado a la dirección del colegio, una citación para que asista a la diligencia de notificación. El envío se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto.
Si al cabo de cinco (5) días, la citación no ha surtido efecto, la notificación de la providencia se hará por edicto, el cual será fijado en lugar público de la secretaría de educación por el término de diez (10) días hábiles, con inserción de la parte resolutiva de la providencia de autorización de tarifas.
En los casos en que se interpongan recursos contra las providencias de autorización, los mismos se resolverán y notificarán con la mayor celeridad y eficacia, sin sobrepasar los términos legales. Los recursos de reposición serán resueltos por el secretario de educación y los de apelación por el gobernador o alcalde distrital.
• Todas las diligencias del proceso podrán hacerse por intermedio de los alcaldes municipales, quienes para el efecto podrán apoyarse en los directores de núcleo si lo hubiere. En estos eventos es indispensable comunicar a los establecimientos la modalidad que se utilizará para la notificación. El alcalde municipal deberá devolver el original de la resolución debidamente notificada a la correspondiente secretaría de educación.
Igual procedimiento se podrá utilizar para recepcionar la presentación personal de los recursos legales que se llegaren a interponer, los cuales serán enviados por la alcaldía municipal a la respectiva secretaría de educación para el conocimiento y decisión del funcionario competente.
6. Aplicación de sanciones por cobro de tarifas superiores las comunicadas y autorizadas.
En desarrollo del capítulo IV del Decreto 2253 de 1995, se adelantarán las acciones pertinentes para someter a régimen de control a los establecimientos educativos privados por el cobro de tarifas superiores a las autorizadas y comunicadas.
• Cuando se compruebe que un establecimiento educativo privado cobró una tarifa superior a la tarifa autorizada y comunicada por la secretaría de educación departamental o distrital, incurrirá en la infracción definida en el artículo 19 del Decreto 2253 de 1995 y en concordancia con el Decreto 2878 del 29 de noviembre de 1997, se procederá a sancionarlo con el ingreso al régimen controlado. En este evento, la tarifa anual que se impondrá no podrá ser en ningún caso, superior al dieciséis por ciento (16%) de la tarifa vigente para el establecimiento durante el año académico de 1998.
• Esta sanción será impuesta por el gobernador o alcalde distrital, de acuerdo con las competencias que definió el artículo 20 del Decreto 2253 de 1995, en armonía con el artículo 15 del Decreto 907 de 1996, sin perjuicio de las sanciones adicionales que las mismas autoridades puedan aplicar según la gravedad de la falta o por comprobarse abierto desacato.
• El Ministerio de Educación Nacional brindará la asesoría necesaria a través de la oficina de inspección y vigilancia de la calidad de la educación y supervisará que las autoridades educativas territoriales, y en especial las secretarías de educación, apliquen lo aquí dispuesto.
7. Cobros periódicos.
La autorización de cobros periódicos a los colegios de calendario A debe ceñirse a las instrucciones impartidas en la Circular Ministerial 50 del 15 de noviembre de 1996. Esto es:
• Transporte escolar. El incremento en las tarifas del transporte escolar no podrá ser superior al porcentaje de aumento que para el servicio público de transporte se haya autorizado en la jurisdicción distrital o municipal en donde se encuentra ubicado el establecimiento educativo.
Esto debe quedar explícito en la resolución de tarifas que expida la secretaría de educación. Igualmente debe estipularse como cláusula en los contratos que celebren las instituciones educativas privadas con los padres de familia, según lo preceptuado en el artículo 201 de la Ley 115 de 1994.
En las visitas de supervisión, en los casos en que este servicio sea contratado con terceros, se solicitará copia del contrato respectivo.
• Alimentación. El incremento para el cobro por concepto de alimentación no podrá ser superior a la meta de inflación para 1998. Esto deberá expresarse, igualmente, en la resolución que expida la secretaría de educación y como cláusula del contrato suscrito con los padres de familia en los términos ya referidos.
• Alojamiento escolar. El incremento del alojamiento escolar no podrá ser superior al porcentaje de la meta de inflación definida por la Junta Directiva del Banco de la República para la vigencia de 1998.
8. Otros cobros periódicos.
De conformidad con lo señalado en el artículo 4º del Decreto 2253 de 1995, los otros cobros periódicos son las sumas que se pagan a los establecimientos educativos privados por conceptos diferentes a los de transporte, alimentación y alojamiento.
Para que estos cobros sean legales se establecerán de manera expresa en el manual de convivencia adoptado debidamente y deben derivarse directamente de los servicios educativos ofrecidos. Se ajustarán como máximo, a los precios corrientes de estos bienes y servicios.
Se debe determinar para cada rubro el monto, la periodicidad de cobro y el incremento con respecto a 1997.
9. Bonos.
La Sala Plena de la Honorable Corte Constitucional mediante Sentencia C-560 del 6 de noviembre de 1997, declaró la inexequibilidad parcial del artículo 203 de la Ley 115 de 1994, quedando dicho artículo así:
“ART. 203.—Cuotas adicionales. Los establecimientos educativos privados no podrán exigir por sí mismos, ni por medio de las asociaciones de padres de familia, ni de otras organizaciones, cuotas, bonos o tarifas adicionales a las aprobadas por concepto de matrículas, pensiones y cobros periódicos.
En tal sentido, quedó inaplicable el Decreto 2246 de 1997, que reglamentaba la excepcionalidad establecida en el mencionado artículo, para el cobro de bonos por parte de los establecimientos educativos privados sin ánimo de lucro y bajo el régimen controlado.
El incumplimiento de esta sentencia conllevará también a las sanciones contempladas en el artículo 15 del Decreto 907 de 1996 y en las demás normas concordantes.
Corresponde a las autoridades departamentales y distritales exigir el cumplimiento de la ley, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar por esta omisión, en especial lo preceptuado en la Ley 200 de 1995.
10. Textos, materiales educativos y uniformes.
• Los establecimientos educativos sólo podrán exigir dos uniformes, uno para el uso diario y otro para las actividades de educación física, recreación y deporte, salvo que el manual de convivencia y las actividades organizadas por el proyecto educativo institucional, PEI, adoptado legalmente, exijan otro tipo de uniformes que hayan sido aprobados por el consejo directivo.
• De conformidad con la Resolución Ministerial 17546 de noviembre de 1989, está prohibida la venta de textos por parte de los establecimientos educativos, salvo aquellos textos especiales que no puedan adquirirse en el mercado.
El costo de los materiales educativos que requiera la ejecución del proyecto educativo institucional y la metodología educativa empleada se ceñirá a lo dispuesto en el manual de convivencia y en ningún caso podrán cobrarse valores superiores a los establecidos en el mercado.
Las secretarías de educación departamentales y distritales, a través del cuerpo técnico de supervisores verificará la cantidad de uniformes exigidos por el colegio, así como los lugares en los que se pueden adquirir.
11. Inspección y vigilancia de las políticas sobre tarifas educativas.
Para el proceso de verificación del cumplimiento de las tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos autorizados por las diferentes secretarías de educación, se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos:
• Visitas. El plan de inspección requiere de visitas a los establecimientos de la jurisdicción, dando prioridad a aquellos de los cuales se han recibido quejas.
• Publicidad. En la visita se verificará que esté fijada la resolución de autorización de tarifas para 1998 en un lugar visible y de fácil acceso a la comunidad educativa en el plantel. En aquellos casos en que no se haya incluido la fecha de fijación, se debe exigir su inserción, con el visto bueno del supervisor comisionado para la visita y del personero estudiantil, dejando constancia que dicha fijación permanecerá durante todo el año académico.
• Verificación de tarifas. Para verificar el cobro efectivo de las tarifas de matrículas y pensiones, se requerirá en la visita la presentación de los desprendibles de pago para los distintos niveles escolares, tomando una muestra de cada uno cuya fotocopia se anexará al informe del respectivo supervisor.
• Ajuste de cobros al valor anual autorizado. En los casos en que se hayan cobrado valores superiores a los autorizados por la secretaría de educación ésta verificará el mecanismo utilizado por el colegio para reconocer a los padres de familia el mayor valor pagado, anexando en fotocopia las respectivas constancias.
• Mecanismos de devolución. La devolución de los mayores valores cobrados puede hacerse en dinero efectivo o a través de abonos a las mensualidades futuras. Este proceso exige un seguimiento por parte de la secretaría de educación.
• Recursos. Aquellos colegios que tengan pendiente la decisión de algún recurso interpuesto contra la resolución de autorización de tarifas solamente están facultados para cobrar el incremento que le corresponda de acuerdo con la tabla del numeral 1º de la presente directiva.
La secretaría de educación está en la obligación de resolver inmediatamente el recurso pendiente.
las presentes reglas son de obligatorio y estricto cumplimiento y se expiden en atención a la competencia otorgada al Ministerio de Educación Nacional por los artículos 148, 202 y 203 de la Ley 115 de 1994, el Decreto 907 de 1996 y las demás normas reglamentarias vigentes.
El Ministerio de Educación Nacional, por intermedio de su oficina de inspección y vigilancia de la calidad de la educación, brindará el apoyo y las orientaciones que sean requeridas en los teléfonos, 2220228 y 980010121 y en el FAX 91-2224710.
N del D: Esta directiva ministerial va dirigida a gobernadores alcaldes distritales y secretarios de educación departamentales y distritales.