Source: https://elderecho.com/la-citacion-de-los-perjudicados-en-las-macro-causas
Timestamp: 2019-11-13 22:28:08
Document Index: 235108033

Matched Legal Cases: ['artículo 854', 'artículo 788', 'artículo 5', 'artículo 109', 'artículo 5', 'artículo 973', 'artículo 771', 'artículo 776', 'artículo 109']

La citación de los perjudicados en las macro-causas - El Derecho
La citación de los perjudicados en las macro-causas
Foro 18-01-2019 Coordinador: Gemma Gallego
De la experiencia diaria en juzgados y tribunales se deduce que en las causas penales incoadas para la averiguación de la comisión de determinados delitos de naturaleza patrimonial, y estamos pensando concretamente en las estafas complejas, una de las razones más evidentes de tal complejidad desde un punto de vista estrictamente procesal, deriva de la multitud de perjudicados afectados y de la dificultad que se plantea durante su tramitación, tanto durante la fase de instrucción como en el momento de celebración del juicio oral, para traer a la causa a quienes han resultado perjudicados. El tiempo transcurrido desde los hechos hace a veces imposible su localización por ser desconocido su paradero, o simplemente el desinterés del propio perjudicado en comparecer a la acción de la justicia, complica la continuidad del proceso.
Esa complejidad en la citación de los perjudicados –a veces cientos- durante la fase de instrucción determina que, a menudo, se prescinda de practicar la diligencia testifical a aquéllos durante la instrucción, posponiendo al momento de la preparación del acto de juicio, pero ya ante el Juez o Tribunal competente, dar cumplida satisfacción al interés de las partes procesales admitiéndoles como testigos-perjudicados, para oírles en el acto de plenario.
¿Es pertinente y admisible la prueba así propuesta a la hora de preparar el acto de juicio oral?
Este foro ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", el 1 de diciembre de 2018.
La experiencia nos muestra la dificultad de averiguar y posteriormente ...
La experiencia nos muestra la dificultad de averiguar y posteriormente localizar a los afectados, que, en ocasiones han cambiado de domicilio, o cualquier otra circunstancia que dificulta su presencia en la fase del sumario.
Lo que no parece asumible es que esta dificultad postergue sine die la demora del traslado de la causa al órgano de enjuiciamiento.
Si la posibilidad de incorporar testigos no propuestos en la fase intermedia y llevarlos al juicio oral puede resolverse aunque procesalmente no haya un cauce hábil para introducir en el momento procesal que se indica unas declaraciones testificales, porque la fase de investigación se ha clausurado mediante el auto previsto en el art.779.1.4ª LECr -EDL 1882/1-, que no ha sido recurrido, y se ha entrado en la fase intermedia. La parte acusadora ha emitido ya su escrito de acusación y hay que entender que también se ha dictado el auto de apertura del juicio oral. Si este supuesto puede resolverse acudiendo al art.746.6 LECr o proponiéndolo como prueba anticipada -art.784 LECr-, cuanta menor dificultad supondrá el caso que nos ocupa.
Las declaraciones testificales que se promueven y llevan a efecto en la fase sumarial, en principio forman parte de los actos de investigación tendente a averiguar la realidad y alcance de los hechos denunciados y a precisar la autoría de los mismos y el grado de responsabilidad atribuible a sus protagonistas. Estos elementos reales y personales sirven de apoyo y desembocan en la fase de proposición y práctica de prueba en el marco del juicio oral. Pero lo decisivo resulta que la prueba testifical se practique ante el Tribunal sentenciador. A ello tienden los art.446 y 702 de la Ley procesal penal -EDL 1882/1-, obligando a los testigos a este deber de presencia o concurrencia, salvo supuestos excepcionales. El convencimiento del juez o Tribunal se forma no sólo con base en las palabras sino, también, a su tono y a su timbre, al coeficiente gestual que les acompaña, al grado emocional que puede secundarles.
Según se expuso en la STCo 21/1989 -EDJ 1989/850-, es doctrina consolidada de este Tribunal, desde su sentencia 31/1981 -EDJ 1981/31-, que únicamente pueden considerarse auténticas pruebas que vinculen a los órganos de la justicia penal en el momento de dictar sentencia las practicadas en el juicio oral, porque el procedimiento probatorio tiene que tener lugar necesariamente en el debate contradictorio que se desarrolla ante el Juez o Tribunal que dictará la sentencia, de suerte que la convicción de éste sobre los hechos enjuiciados se alcance en contacto directo por los medios aportados a tal fin por las partes. Por el contrario, las diligencias sumariales son actos de investigación encaminados a la averiguación del delito e identificación del delincuente -art.299 LECr -EDL 1882/1- , que no constituyen en sí mismas pruebas de cargo, pues su finalidad específica no es la fijación definitiva de los hechos para que éstos trasciendan a la resolución judicial, sino la de preparar el juicio oral, proporcionando a tal efecto los elementos necesarios para la acusación y defensa y para la dirección del debate contradictorio atribuido al juzgador -TCo 40/1997, de 27 febrero -EDJ 1997/146--.
El principio de oralidad cuadra en el desarrollo de la prueba testifical. Según el art.120.2 Const -EDL 1978/3879 «el procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal». La exigencia de oralidad combinada con la de publicidad, es base del mejor control posible de todo cuanto ocurre en el juicio oral. Y la prueba testifical es, por excelencia, la mejor manifestación de la prueba realizada oralmente durante el juicio oral
La dificultad que comporta la instrucción sumarial en los procesos por...
La dificultad que comporta la instrucción sumarial en los procesos por delitos de naturaleza patrimonial o de otro tipo que afectan a múltiples perjudicados se traslada con frecuencia a la fase de juicio oral, en la que normalmente estarán llamadas a prestar declaración en calidad de testigos las personas afectadas por la infracción penal que es objeto del proceso penal. Esta condición procesal está vinculada a la circunstancia de que se trata de personas que se hallan en posesión de un determinado conocimiento sobre el hecho objeto del proceso penal, sobre el que están obligados a manifestar la verdad de lo que sepan a requerimiento de los órganos judiciales competentes, toda vez que el concepto de testigo comprende a la víctima del delito cuando ésta es llamada a prestar declaración en el marco del proceso penal. De hecho, la circunstancia de que la investigación judicial «involucre a gran cantidad de -... víctimas» es valorada por el legislador en el art.324.2 pár. 3ºc LECr -EDL 1882/1 a los efectos de autorizar la declaración de complejidad de la instrucción con la consiguiente ampliación del plazo ordinario de duración de la investigación o de prórroga del plazo inicialmente concedido.
En la práctica no es infrecuente que la declaración testifical de muchos de los perjudicados o víctimas por un delito de estas características no se lleve a efecto en la fase de instrucción sumarial, sino que quede diferida a la fase de juicio oral por diversas razones, como puede ser la dificultad para identificar y/o localizar a todas las personas víctimas del delito en el momento inicial de la investigación o en el curso de ésta o la propia sobrecarga de trabajo que la declaración de todas estas personas puede suponer para el Juzgado de Instrucción competente. A mi juicio no existe, en línea de principio, ningún inconveniente en considerar admisible esta práctica, siempre que las declaraciones testificales omitidas en la fase de instrucción sumarial no resulten imprescindibles para poder formular el escrito de acusación por el Ministerio Fiscal -y las demás partes acusadoras constituidas en el proceso por referirse a circunstancias relevantes que puedan tener influencia en la calificación jurídico-penal de los hechos o en la determinación de la culpabilidad de los investigados. Es de destacar a este respecto que ninguna de las normas de la LECr que regulan la declaración de los testigos en la fase de investigación previa o la prueba testifical en el juicio oral -art.410 a 450, 656 y 701 a 722 -EDL 1882/1- establecen limitaciones a la admisibilidad de la declaración como testigos de las personas que no hubieren prestado previamente declaración en esta calidad durante la fase de instrucción, con la única salvedad -claro está de las disposiciones relativas a la prueba testifical anticipada, la cual, por definición, supone la declaración testifical ante el Juez de Instrucción en la medida en que el testigo se halla afectado por una situación que previsiblemente impedirá su intervención para prestar testimonio en la fase de plenario -necesidad de ausentarse del territorio nacional inminente peligro de muerte existencia de motivo bastante para temer su muerte, o incapacidad física o intelectual antes de la apertura del juicio oral: cf. art.448 pár. 1º y 449-. Las normas de la LECr relativas a los supuestos en que se aprecien contradicciones entre las declaraciones prestadas por el testigo en el juicio oral y su previa declaración en el sumario -art.714 y 715 vienen a avalar la admisibilidad de la declaración testifical en el plenario de los sujetos que no hubieran sido oídos en calidad de testigos en la fase de instrucción sumarial, ya que el pár. 1º del citado art. 715 LECr, al regular la posibilidad de proceder por falso testimonio contra los testigos que hubieran declarado tanto en el sumario como en el juicio oral, contempla de forma implícita la hipótesis de la existencia de testigos que comparezcan a prestar declaración en el plenario pese a no haber declarado sobre los mismos hechos ante el Juez de Instrucción en el marco del sumario.
La cuestión por la que se nos pregunta en esta ocasión, presenta un i...
La cuestión por la que se nos pregunta en esta ocasión, presenta un importante interés práctico, ya que como es sabido, la instrucción de causas en las que hoy en día pueden llegar a aparecer miles de perjudicados, en la práctica deviene inviable, siendo prácticamente imposible cumplir con los plazos de instrucción de los asuntos, incluso aunque como suele ser habitual, se declare la complejidad al amparo de lo previsto en el art.324 LECr -EDL 1882/1-.
Ante dicha situación, resulta imprescindible acudir a soluciones pragmáticas, y entre ellas la que se atisba en la pregunta, y que no es otra que la citación directa al juicio oral de los perjudicados en su condición de testigo-perjudicado, omitiendo en la medida que sea posible su citación en la instrucción del procedimiento. Debemos tener en consideración que conforme a la reforma que se introdujo por la L 38/2002 de 24 octubre 2002 -EDL 2002/41133-, con vigencia desde el 28 de abril de 2003, la Policía Judicial, no ya en sede de Juicios Rápidos, sino en Procedimiento Abreviado, siendo difícil de imaginar que este tipo de delitos puedan ventilarse en el procedimiento de Sumario, debe cumplir con los deberes de información a las víctimas que prevé la legislación vigente, y de forma muy especial, tiene que informar al ofendido y perjudicado por el delito de forma escrita de los derechos que les asisten de acuerdo con lo establecido en los art.109 y 110 LECr -EDL 1882/1-, es decir la facultad de mostrarse parte en la causa sin necesidad de formular querella el ofendido, y tanto el uno como el otro, de su derecho a nombrar abogado o instarlo del turno de oficio en su caso, si fueren titulares del derecho a la asistencia jurídica gratuita, de su derecho a una vez personados en la causa, tener conocimiento de todo lo que se actúe sin perjuicio de las disposiciones relativas al secreto de los art.301 s, así como de instar lo que a su derecho convenga. La propia ley obliga a informar de que en caso de no personarse en la causa y no hacer renuncia ni reserva de las acciones civiles, será el Ministerio Fiscal quien en su caso las ejercite. No podemos olvidar que en igual sentido, el art.964, en la redacción dada por la disposición final segunda de la LO 1/2015 -EDL 2015/32370-, obliga en sede de delitos leves a que la Policía Judicial realice el ofrecimiento de acciones al ofendido o perjudicado, así como la designación si disponen de ello de una dirección de correo electrónico y un número de teléfono al que se remitirán las comunicaciones y notificaciones que se realicen, y que en caso contrario serán llevadas a cabo por correo ordinario, en el domicilio que designen.
Vemos por tanto como la propia legislación establece la posibilidad de que sea la Policía Judicial, quien en las primeras diligencias policiales, lleve a cabo el ofrecimiento de acciones que consagra nuestra legislación. Ello me parece trascendente, pues jurídicamente el único escollo que se me ocurre para llevar a cabo las citaciones directas al juicio tal y como en la formulación de la pregunta se interesa, no es otro que el ofrecimiento de acciones y la posibilidad de que los perjudicados se puedan presentar como acusación particular en este tipo de procedimientos, normalmente estafas piramidales donde existe una multitud de perjudicados, tal y como hoy vemos desgraciadamente con frecuencia en la práctica. Yo considero que constitucionalmente, el ofrecimiento de acciones por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es suficiente, no existiendo obstáculo alguno en poder prescindir de la presencia de dichos perjudicados en la instrucción de la causa, lo que sin duda viene a ser la única forma de dar viabilidad a este tipo de procedimientos en la práctica. Entiendo además que si como es normal, aisladamente, los perjuicios que se han ocasionado a cada uno de los perjudicados, rara vez superan la frontera de los delitos leves, por analogía con los dispuesto en los art.966 y 967 LECr -EDL 1882/1 para el procedimiento de Juicio de Faltas que rige para aquellas infracciones, la citación directa a juicio es perfectamente viable.
En este tipo de delitos y procedimientos, a mi modo de ver, lo que procede es que ni tan siquiera sea necesario citar como testigos a todos los perjudicados de estafas masivas en esta clase de causas, y pienso muy especialmente en las estafas piramidales, lo normal es que se personen en grupos o en forma de asociación. Precisamente en previsión de las dificultades que estos procedimientos tienen hoy en día, la L 4/2015 de 27 abril -EDL 2015/52271-, vigente desde el 28 de octubre de dicho año, introdujo el art.109 bis -EDL 1882/1-, con arreglo al cual, quienes no hubieran renunciado, pueden ejercer la acción penal en cualquier momento anterior al trámite de calificación del delito, añadiendo en su apartado tercero que la acción penal, también podrá ser ejercitada por las asociaciones de víctimas y por las personas jurídicas a las que la ley reconoce legitimación para defender los derechos de las víctimas, siempre que ello fuera autorizado por la víctima del delito. Es sin duda, la única fórmula razonable, de introducir como perjudicados en el procedimiento, a una multitud de personas que se hayan visto afectadas por el mismo hecho delictivo, para ello se introdujo en la ley, y es a lo que hay que tender para que la instrucción se pueda llevar a cabo de una forma práctica, pues tanto si se cita a todos como testigos en el procedimiento, y no digamos nada si además se les cita en la instrucción de la causa, la inviabilidad del procedimiento está servida, por lo que la única solución razonable es el ejercicio conjunto de las acusaciones particulares, a través de la fórmula descrita del art.109 bis.3.
Se nos plantea la cuestión de la pertinencia y admisibilidad de la cit...
Se nos plantea la cuestión de la pertinencia y admisibilidad de la citación a juicio oral de testigos-perjudicados que no han sido oídos con anterioridad en fase de instrucción en aquellas causas penales con cientos/miles de perjudicados.
Es lo habitual que en fase de instrucción sea oído el perjudicado ofendido por el delito porque le asiste el derecho contemplado en el art.109 LECr -EDL 1882/1-, a saber, el derecho a mostrarse parte en el proceso y renunciar o no a la restitución de la cosa, reparación del daño e indemnización del perjuicio causado por el hecho punible, de lo que le instruirá el Letrado de la Administración de Justicia. Pero, no debe olvidarse que de conformidad con lo previsto en el art.771.1ª LECr «-... la Policía Judicial practicará las siguientes diligencias:
1.ª Cumplirá con los deberes de información a las víctimas que prevé la legislación vigente. En particular, informará al ofendido y al perjudicado por el delito de forma escrita de los derechos que les asisten de acuerdo con lo establecido en los artículos 109 y 110 -EDL 1882/1-. Se instruirá al ofendido de su derecho a mostrarse parte en la causa sin necesidad de formular querella y, tanto al ofendido como al perjudicado, de su derecho a nombrar Abogado o instar el nombramiento de Abogado de oficio en caso de ser titulares del derecho a la asistencia jurídica gratuita, de su derecho a, una vez personados en la causa, tomar conocimiento de lo actuado, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 301 y 302, e instar lo que a su derecho convenga. Asimismo, se les informará de que, de no personarse en la causa y no hacer renuncia ni reserva de acciones civiles, el Ministerio Fiscal las ejercitará si correspondiere -...-».
Por eso no sería necesario un nuevo ofrecimiento de acciones e información de derechos como resulta de lo dispuesto en el art.776.1 LECr -EDL 1882/1 que dice que «El secretario judicial informará al ofendido y al perjudicado de sus derechos, en los términos previstos en los artículos 109 y 110, cuando previamente no lo hubiera hecho la Policía Judicial».
Entonces en los supuestos antes mencionados de causas con cientos e incluso miles de perjudicados de haberse hecho el ofrecimiento de acciones por la Policía la citación en fase de instrucción en los términos del art.109 LECr -EDL 1882/1 implicaría una dilatadísima instrucción por las razones expuestas y es razonable que cuando se constate la imposibilidad de ser oído en dicha fase de instrucción por encontrarse en ignorado paradero o porque citado no comparezca por esa desidia indicada debe continuarse con la tramitación. Incluso en el caso en que no se hubiera hecho ese ofrecimiento de acciones por la Policía, intentada la citación en fase de instrucción al perjudicado ofendido para su declaración y ofrecimiento de acciones del art.109 LECr, resultando la misma imposible por las razones expresadas, habría también de continuarse con la tramitación.
Pero desde luego es necesario e imprescindible que dichos perjudicados ofendidos sean citados como testigos a juicio oral y, en consecuencia, debe el Ministerio Fiscal cuando menos solicitar como prueba testifical la declaración de los perjudicados ofendidos.
Ello porque no debe olvidarse que si bien establece la LECr en su art.110 -EDL 1882/1 que los perjudicados que no hubieren renunciado a su derecho podrán mostrarse parte en la causa si lo hicieran antes del trámite de calificación del delito y ejercitar las acciones civiles que procedan, según les conviniere, sin que por ello se retroceda en el curso de las actuaciones, la jurisprudencia viene interpretando de manera flexible lo dispuesto en este artículo admitiendo la posibilidad de que la víctima que comparece en juicio oral acompañada de Letrado se persone apud acta y se incorpore al juicio con plenitud de derechos.
Podemos citar a este respecto la STS 19-3-17 en la que el Alto Tribunal recoge:
«B El artículo 854 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -EDL 1882/1 dispone: -Podrán interponer el recurso de casación: el Ministerio Fiscal, los que hayan sido parte en los juicios criminales, y los que sin haberlo sido resulten condenados en la sentencia y los herederos de unos y otros. Los actores civiles no podrán interponer el recurso sino en cuanto pueda afectar a las restituciones, reparaciones e indemnizaciones que hayan reclamado».
Por su parte, el art.110 LECr -EDL 1882/1 determina que los perjudicados por un delito, que no hubieren renunciado a su derecho, podrán mostrarse parte en la causa, si lo hicieren antes del trámite de calificación.
Esta Sala se ha mostrado opuesta a un excesivo formalismo en lo que se refiere al ejercicio de su derecho a constituirse en parte por las víctimas. En la sentencia de esta Sala 542/2013, de 20 mayo -EDJ 2013/127395-, evocando las anteriores sentencias número 1140/2005, de 3 octubre -EDJ 2005/152744 y número 170/2005, de 18 febrero -EDJ 2005/23861-, establecía que «sin retroceder en el procedimiento, que no puede paralizarse ni interrumpirse por dejación del ejercicio de derechos por la víctima, no hay obstáculo para que, si comparece en el juicio oral, acompañado de su abogado, se permita su personación «apud acta», incorporándose al juicio con plenitud de derechos y con posibilidad de presentar conclusiones, si las lleva preparadas, adherirse a las del Ministerio Fiscal o a las de otras acusaciones y cumplir el trámite de conclusiones definitivas. En todos estos casos sin perjudicar el derecho de defensa con acusaciones sorpresivas o que se aparten del contenido estricto del proceso. Y que, en cualquier caso, la defensa podrá solicitar el aplazamiento de la sesión previsto en el artículo 788.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -EDL 1882/1-, cuya aplicación se hará por analogía cuando las conclusiones se presenten al principio de las sesiones y no sean homogéneas con las del resto de las acusaciones».
Al respecto el Estatuto de la Víctima, aprobado por L 4/2015, en su art.1 -EDL 2015/52271-, titulado «Participación activa en el proceso penal», establece: «toda víctima tiene derecho: a a ejercer la acción penal y la acción civil conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal -EDL 1882/1-, sin perjuicio de las excepciones que puedan existir y b a comparecer ante las autoridades encargadas de la investigación para aportarles las fuentes de prueba y la información que estime relevante para el esclarecimiento de los hechos».
Su propio enunciado, al tiempo que pretende reforzar los derechos de la víctima, se remite a lo que, al respecto se determine en la ley procesal.
En tal sentido, la LECr -EDL 1882/1 establece -como regla general antes apuntada que la legitimación para recurrir en casación corresponde a quienes «hayan sido parte» en el proceso. De esta regla general se exceptúa la posibilidad de que la víctima -que aún no ha sido parte interponga recurso de casación contra determinados autos de sobreseimiento. En tal sentido, el art.12.2 L 4/2015, de 27 abril, del Estatuto de la víctima del delito -EDL 2015/52271 señala que «la víctima podrá recurrir la resolución de sobreseimiento conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin que sea necesario para ello que se haya personado anteriormente en el proceso».
En consecuencia, el art.636 LECr -EDL 1882/1-, tras la reforma por L 4/2015, de 27 abril -EDL 2015/52271-, indica: «Contra los autos de sobreseimiento sólo procederá, en su caso, el recurso de casación. El auto de sobreseimiento se comunicará a las víctimas del delito, en la dirección de correo electrónico y, en su defecto, por correo ordinario a la dirección postal o domicilio que hubieran designado en la solicitud prevista en el artículo 5.1.m de la Ley del Estatuto de la Víctima del delito. En los casos de muerte o desaparición ocasionada por un delito, el auto de sobreseimiento será comunicado de igual forma a las personas a las que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 109 bis, de cuya identidad y dirección de correo electrónico o postal se tuviera conocimiento. En estos supuestos el Juez o Tribunal, podrá acordar, motivadamente, prescindir de la comunicación a todos los familiares cuando ya se haya dirigido con éxito a varios de ellos o cuando hayan resultado infructuosas cuantas gestiones se hubieren practicado para su localización. Excepcionalmente, en el caso de ciudadanos residentes fuera de la Unión Europea, si no se dispusiera de una dirección de correo electrónico o postal en la que realizar la comunicación, se remitirá a la oficina diplomática o consular española en el país de residencia para que la publique. Transcurridos cinco días desde la comunicación, se entenderá que ha sido efectuada válidamente y desplegará todos sus efectos, iniciándose el cómputo del plazo de interposición del recurso. Se exceptuarán de este régimen aquellos supuestos en los que la víctima acredite justa causa de la imposibilidad de acceso al contenido de la comunicación. Las víctimas podrán recurrir el auto de sobreseimiento dentro del plazo de veinte días aunque no se hubieran mostrado como parte en la causa.»
Es decir, el acceso a los recursos de la víctima que no ha sido parte en el proceso se ciñe a las posibilidades contenidas en la legislación procesal.
Esta consideración se refuerza si se tiene en cuenta que el art.13 L 4/2015 -EDL 2015/52271 autoriza a las víctimas «que hubieran solicitado, conforme a la letra m del artículo 5.1, que les sean notificadas las resoluciones -que se citan a continuación-, podrán recurrirlas de acuerdo con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aunque no se hubieran mostrado parte en la causa, refiriéndose todas ellas a resoluciones relativas a la ejecución de la sentencia».
C La ley es clara al establecer la legitimación activa para la interposición del recurso de casación: será necesario haber sido parte en los juicios criminales, cosa que no ha ocurrido en el caso de autos. La Jurisprudencia también se ha pronunciado en este sentido diciendo que la parte ahora recurrente no tiene legitimación para recurrir en casación, en tanto que, al no estar personada en la instancia, ni asistir en tal concepto de parte perjudicada al juicio oral, no pudo realizar petición alguna, de manera que no existe para ella gravamen, en el sentido de desajuste entre lo pedido y lo concedido. Las resoluciones de este Tribunal Supremo que han tratado sobre el particular nunca han admitido la legitimación posterior a la celebración del juicio oral, para formular peticiones antes esta Sala Casacional sin haber previamente procedido a realizar tal postura procesal al finalizar el juicio oral, tomando postura al respecto, para que el Tribunal a quo pudiera, o no, satisfacer sus intereses procesales -TS 542/2013, de 20 mayo -EDJ 2013/127395--.
Pues bien, en el caso de autos, las recurrentes presentaron escrito de personación con fecha de 16 de noviembre de 2016, es decir, después de que se hubiera dictado la sentencia. De todo ello, se desprende su falta de legitimación para formular recurso de casación, pues su personación como tal se produce después de dictarse sentencia. Esto es, la constitución en parte de las ahora recurrentes se produce en la fase de casación con posterioridad, por lo tanto, a la calificación de los hechos, a la celebración de la vista oral y a la sentencia. Sin que esté previsto en la legislación que, en tales condiciones, pueda interponer recurso de casación».
Por tanto, lo que concluyo de todo lo anterior y del tenor de la Sentencia mencionada es la necesidad, como se decía, de citar a juicio al perjudicado ofendido víctima porque hasta ese mismo momento tiene la posibilidad de personarse como parte, eso sí, sin retrotraer las actuaciones. Y solamente entonces y en ese caso tiene la legitimación para interponer recurso de casación -y por supuesto mutatis mutandi de apelación en los términos del art.790 LECr -EDL 1882/1--.
En el mismo sentido la STS 1-5-17 -EDJ 2017/58354 dispone:
«El argumento de la recurrente en queja, carece del más mínimo fundamento al referirse a la aplicación de la Ley 4/2015, estatuto de las víctimas -EDL 2015/52271-, dado que tal posibilidad de recurrir en el mismo se contempla en los casos en que se haya acordado el sobreseimiento de la causa penal, que nada tiene que ver con el caso que nos ocupa, donde tras celebrarse juicio oral se dicta sentencia poniendo fin al procedimiento, estatuto que en su art. 7 -Derecho a recibir información sobre causa penal, y se le notificaran las siguientes resoluciones: b la sentencia que ponga fin al procedimiento-, como aquí ha acontecido notificándole la sentencia, lo que no le faculta a interponer el recurso de casación que pretende, pues el art.854 de la L.E.Crim. -EDL 1882/1 establece que se podrá interponer el recurso de casación por el Ministerio Fiscal y los que hayan sido parte en los juicios criminales, y los que sin haberlo sido resulten condenados en la Sentencia y los herederos de unos y otros así como en su caso los actores civiles en el caso presente la recurrente no sido parte en el procedimiento penal, no habiéndose personado en concepto de acusación particular para el ejercicio de la acción penal ni en concepto de actor civil para el ejercicio de la acción civil, siendo así que la única parte que ha ejercitado las acciones penales y civiles ha sido el Ministerio Fiscal. No existe precepto alguno que posibilite interponer recurso de casación al que no ha sido parte en el procedimiento. Solo está prevista la posibilidad de recurrir la Sentencia dictada en el proceso, por parte del perjudicado u ofendido no personado en el juicio sobre delitos leves artículo 973.2 de la LECrim. y no hay que olvidar que referidos delitos leves viene a ser la figura procesal en la que se han conformado los antiguos juicios de faltas y que sin duda no puede alterar las normas procesales del proceso ordinario en cuanto a la legitimación para el ejercicio de los recursos, contra las sentencias, que solo puede ser ejercitado por quien se haya personado ejerciendo las acciones penales y o civiles-ver en igual sentido sentencia de esta Sala dictada en el Rollo de Casación 732/2012, de fecha 20/05/2013 -EDJ 2013/127395-, donde decíamos en un supuesto igual al que nos ocupa:--... la parte ahora recurrente no tiene legitimación para recurrir en casación, en tanto que, al no estar personada en la instancia, ni asistir en tal concepto de parte perjudicada al juicio oral, no pudo realizar petición alguna, de manera que no existe para ella gravamen, en el sentido de desajuste entre lo pedido y lo concedido. Es verdad que, como dice el Ministerio Fiscal, la posición de las víctimas ha quedado ampliamente reforzada en la nueva configuración legal del art. 785.3 de la Ley de Enjuiciamientos Criminal, al punto de que la víctima tiene que ser informada por escrito de la fecha y lugar del juicio, y ello aunque no sea parte en el proceso ni deba intervenir. Y que el art. 789.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, impone la notificación de la sentencia por escrito a los ofendido y perjudicados por el delito, igualmente aunque no se hayan mostrado parte en la causa.
Pero tales normas procesales no han derogado el art. 854 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -EDL 1882/1 que concede legitimación para interponer el recurso de casación, exclusivamente al Ministerio Fiscal, a los que hayan sido parte en los juicios criminales, y los que sin haberlo sido resulten condenados en la sentencia y los herederos de unos y otros. En ninguna de tales situaciones procesales se encuentra Hiridiam Martínez Hidalgo, ni se considera exclusivamente actora civil no se ha personado en modo alguno en tal concepto.»
Conviene mencionar aquí la especialidad del juicio por delitos leves a que se refiere la anterior Sentencia, en cuyo caso la necesidad de citar a los ofendidos perjudicados es inexcusable toda vez que como señala el art.973.2 de la LECr -EDL 1882/1 «la sentencia se notificará a los ofendidos y perjudicados por el delito leve, aunque no se hayan mostrado parte en el procedimiento. En la notificación se hará constar los recursos procedentes contra la resolución comunicada, así como el plazo para su presentación y órgano judicial ante quien deba interponerse». En este caso, es posible sin duda la interposición de recursos aun no siendo parte los ofendidos perjudicados.
Esto explicaría ciertas situaciones en las que se ha producido un cambio de procedimiento, como resolvía la STCo 66/1992 de 29 abril -EDJ 1992/4137 que declaraba:
«Los órganos judiciales razonan que, existiendo dicho ofrecimiento y no habiéndose personado el recurrente antes del trámite preclusivo de calificación señalado en el art. 110 LECrim -EDL 1882/1-, se ha respetado el derecho del recurrente a tener la oportunidad de ser oído y que, por tanto, sólo a su inactividad es imputable la improcedencia del recurso de apelación al no haberse mostrado tempestivamente parte en la causa.
No puede ponerse en duda la corrección que dicha afirmación tiene con carácter general. Ahora bien, concurre en el presente caso una circunstancia que modifica radicalmente la razonabilidad del argumento utilizado en las resoluciones impugnadas. Dicha circunstancia es la de que el ofrecimiento de acciones efectivamente llevado a cabo, se realizó en un procedimiento que, por su propia naturaleza, pudo razonablemente inducir al recurrente a entender que no era necesaria su personación posterior en la causa de forma independiente y separada en su comparecencia en juicio. Dicho de otro modo, el ofrecimiento de acciones se hizo en un procedimiento de juicio de faltas, y en esta clase de juicio, a diferencia del procedimiento abreviado o del procedimiento ordinario, es facultativa la intervención de Abogado y Procurador, siendo el acto del juicio el momento procesal adecuado para que el perjudicado pueda mostrarse parte y ejercitar sus acciones, de modo que el Juez tiene la obligación de citarle al acto del juicio al no haber precluido la facultad de mostrarse parte. En este caso, como se ha dicho, el ofrecimiento de acciones se realizó en un momento en que se sustanciaba un juicio de faltas, pero con posterioridad -y sin comunicarlo al interesado se remitieron las actuaciones al Juzgado de Instrucción en atención a la aparente gravedad de las lesiones y se produjo un cambio en el procedimiento, que pasó a tramitarse por los cauces del procedimiento abreviado. Es razonable pensar que el recurrente -que no renunció expresamente al ejercicio de la acción penal ni de la civil confiara en ser citado al acto del juicio conforme a las normas del procedimiento que creía seguían rigiendo la tramitación de la causa. De este modo, la inadmisión del recurso de apelación con base en la norma preclusiva para mostrarse parte, cuya observancia al recurrente no le era exigible por desconocer el cambio de procedimiento efectuado, supone una aplicación: contraria a la mayor efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, en su faceta en este caso del derecho a los recursos legalmente establecidos. Una interpretación de las normas sobre requisitos del recurso de apelación más acorde con el derecho fundamental consagrado en el art. 24.1 CE -EDL 1978/3879 debería haber conducido al Juzgado de Instrucción o a la Audiencia Provincial, ante la ausencia de un nuevo ofrecimiento de acciones y dada la falta de constancia de que el recurrente conociese el curso de los autos por otros medios, a admitir el recurso de apelación interpuesto con el fin de que, mediante la sustanciación del mismo, se pudiese analizar y resolver lo procedente sobre la nulidad de la sentencia y la retroacción de actuaciones solicitada por el recurrente al presentar dicho recurso.»
En todo caso no debe olvidarse que abogando por la necesidad de la citación como testigo en juicio oral de los perjudicados ofendidos en atención a estas consideraciones expresadas sobre el ejercicio de las acciones penal y civil y posteriores recursos contra la Sentencia que se dicte, los perjudicados ofendidos comparecerán como testigos se hayan mostrado parte o no incluso hasta ese momento de juicio oral. Y no siendo así, esto es, no mostrándose parte, siendo las únicas partes intervinientes el Ministerio Fiscal que ejercita la acción pública y el acusado, cualquier defecto en la citación a juicio del perjudicado ofendido sólo podría hacerse valer por el Ministerio Fiscal de haber pedido él la prueba testifical, pudiendo optar solo él en caso de incomparecencia por la suspensión del juicio -de haberse realizado la citación en legal forma o por la renuncia a su práctica.
Las respuestas coinciden en destacar la frecuencia con que se produce la situación procesal planteada, pero parten de una realidad procesal indiscutible: tales declaraciones testificales «en principio forman parte de los actos de investigación tendentes a averiguar la realidad y alcance de los hechos denunciados y a precisar la autoría de los mismos y el grado de responsabilidad atribuible a sus protagonistas» si bien, aunque «procesalmente no haya un cauce hábil para introducir en el momento procesal que se indica, unas declaraciones testificales, porque la fase de investigación se ha clausurado mediante el auto previsto en el art.779.1.4ª LECr -EDL 1882/1-, y se ha entrado en la fase intermedia (...) no parece asumible que esta dificultad postergue sine die la demora del traslado de la causa al órgano de enjuiciamiento».
Se constata entones cómo ante dicha situación «resulta imprescindible acudir a soluciones pragmáticas, y entre ellas, la que se atisba en la pregunta, y que no es otra que la citación directa al juicio oral de los perjudicados en su condición de testigo-perjudicado, omitiendo en la medida que sea posible su citación en la instrucción del procedimiento». Y no se apunta «ningún inconveniente en considerar admisible esta práctica, siempre que las declaraciones testificales omitidas en la fase de instrucción sumarial no resulten imprescindibles para poder formular el escrito de acusación por el Ministerio Fiscal (y las demás partes acusadoras constituidas en el proceso) por referirse a circunstancias relevantes que puedan tener influencia en la calificación jurídico-penal de los hechos o en la determinación de la culpabilidad de los investigados».
Salvado este «escollo jurídico» se aborda cuál será el método para llevar a cabo tales citaciones y la respuesta es que «para llevar a cabo las citaciones directas al juicio (…) no es otro que el ofrecimiento de acciones y la posibilidad de que los perjudicados se puedan presentar como acusación particular en este tipo de procedimientos».
Ante la ausencia de norma procesal que prevea este tipo de situaciones, se repasa la Ley de enjuiciamiento y de las últimas reformas legales para apuntar algunas soluciones. Se cita por ejemplo, cómo «de conformidad con lo previsto en el artículo 771.1ª de la LECrim -EDL 1882/1- (...) la Policía Judicial practicará las siguientes diligencias (...) -y entre ellas- el ofrecimiento de acciones»; sin que «exista obstáculo alguno en poder prescindir de la presencia de dichos perjudicados en la instrucción de la causa, para dar viabilidad a este tipo de procedimientos en la práctica». No «sería necesario un nuevo ofrecimiento de acciones e información de derechos, como resulta de lo dispuesto en el artículo 776.1 LECrim que dice que «El secretario judicial informará al ofendido y al perjudicado de sus derechos, en los términos previstos en los artículos 109 y 110, cuando previamente no lo hubiera hecho la Policía Judicial», y aún más allá: «incluso en el caso en que no se hubiera hecho ese ofrecimiento de acciones por la Policía, intentada la citación en fase de instrucción al perjudicado ofendido para su declaración y ofrecimiento de acciones del art. 109 LECrim, resultando la misma imposible, habría también de continuarse con la tramitación».
Respecto del momento preclusivo de personación del perjudicado, la respuesta se adorna con la última jurisprudencia del TS 19-03-17- «que viene interpretando de manera flexible y admitiendo la posibilidad de que la víctima que comparece en juicio oral acompañada de Letrado, se persone apud acta y se incorpore al juicio con plenitud de derechos». Y desde el punto de vista de los derechos de la víctima perjudicada se invoca la L 4/2015 de 27 de abril -EDL 2015/52271- que introdujo el artículo 109 bis -EDL 1882/1-, apartado tercero, disponiendo que «la acción penal, también podrá ser ejercitada por las asociaciones de víctimas y por las personas jurídicas a las que la ley reconoce legitimación para defender los derechos de las víctimas, siempre que ello fuera autorizado por la víctima del delito».