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Timestamp: 2017-08-18 04:46:29
Document Index: 237649162

Matched Legal Cases: ['artículo 70', 'artículo 22', 'artículo 45', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 31', 'artículo 1', 'artículo 31', 'artículo 14', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3']

Al director general de la función pública del gobierno de canarias
título Al director general de la función pública del gobierno de canarias
D./Dña ………mayor de edad, con DNI………………, personal laboral del grupo…… , con destino en ……………………….., y con domicilio a efectos de notificación en ………………………, ante usted comparece y como mejor proceda DICE
Que a medio del presente escrito, y al amparo de lo previsto en el artículo 70 y siguientes de la Ley 30/1992, de 20 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, formulo la solicitud que se contiene en el cuerpo del mismo, que se basa en los siguientes
PRIMERO: Que el /la exponente, desde el comienzo de su relación laboral con la Administración de la Comunidad Autónoma Canaria, ha venido percibiendo dos pagas extraordinarias anualmente, que forman parte de sus retribuciones básicas, pagas que están reconocidas tanto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado público (artículo 22.4), como en el III Convenio Colectivo del personal laboral de la Comunidad Autónoma de Canarias (artículo 45), y que vienen cuantificadas en la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, y en la Ley 12/2011, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2012.
SEGUNDO: El/la compareciente no ha percibido, en la nómina del mes de noviembre de 2012, la paga extra correspondiente a ese mes, al haberse suprimido dicha paga en interpretación del Real Decreto-Ley 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad de 13 de julio (BOE de 14/07/2012), cuyo artículo 2, en relación con el 3 del mismo cuerpo, modificado por la Disposición final cuarta de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología.
TERCERO: Que el derecho a la percepción de la paga extraordinaria de diciembre, en el caso del personal laboral de la Comunidad Autónoma de Canarias, empieza a generarse desde el día primero de mayo del ejercicio en curso hasta el día 31 de octubre.
CUARTO: Que el/la compareciente, en su condición de empleado/a público/a ha visto, no sólo congeladas, sino incluso disminuidas sus retribuciones desde el año 2010 hasta el día de hoy a través de las siguientes disposiciones legales:
1.- El Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, que supuso, para el conjunto de las retribuciones de todo el sector público, una reducción del 5% en términos anuales respecto a las vigentes a 31 de mayo de 2010.
2.- La Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2011.
3.- La Ley 12/2011, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2012 y la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, vuelven a congelar las retribuciones.
Todo ello sin tener en cuenta el aumento anual experimentado por el IPC.
QUINTO: Las medida contenidas en la Ley 20/2012, se basan primordialmente, según explica su exposición de motivos, en la necesidad de cumplimiento de las medidas de ajuste fiscal para “…garantizar que España cumple rigurosamente sus compromisos fiscales dentro del marco de Déficit Excesivo establecido por la Unión Europea….” .
La medida de la supresión de la paga extra de diciembre de 2012 se justifica, según la exposición de motivos, en la contribución a la reducción del déficit público, para lo cual privan al compareciente de la retribución a la que tiene derecho legalmente y que forma parte de su ya varias veces mermado salario anual, que constituye la base de su subsistencia. Conviene recordar, en este sentido, que la paga extraordinaria viene configurada legalmente como salario básico, su cuantía constituye una parte significativa del salario anual y al disminuirlo también disminuye la base de cotización que se tendrá en cuenta a la hora de generar derechos pasivos.
SEXTO: El artículo 9.3 de la Constitución garantiza, entre otros, el principio de la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales y el de seguridad jurídica.
La supresión de la paga extra supone, por un lado, la quiebra de la seguridad jurídica, pues frustra las expectativas fundadas de percibir la retribución total anual prevista tanto en El Estatuto Básico del Empleado Público, en el III Convenio Colectivo del personal laboral de la Comunidad Autónoma de Canarias, El Estatuto de los Trabajadores (artículo 31), así como en las distintas Leyes de Presupuestos Estatales y Autonómicas, y su supresión puede originar o acentuar las dificultades para subsistir dignamente y compromete el cumplimiento de obligaciones de todo tipo contraídas por el/la compareciente.
En el mismo orden, al constituir la paga extraordinaria una parte significativa del salario anual, los afectados por los artículos 2 y 3 del Real Decreto Ley 20/2012, modificado este último por la Disposición final cuarta de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre arrastrarán las consecuencias de esta medida durante los próximos 15 años, al resultar mermada una parte importante de sus cotizaciones a la hora de cuantificar sus derechos pasivos en el cálculo de pensión de jubilación, viudedad, invalidez, orfandad incapacidad, …( Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social), lo que provocará el verse gravados por la supresión de la paga extraordinaria más allá de cualquier situación temporal de crisis colocando al compareciente, y a todo el colectivo de trabajadores afectados por esta medida, en una posición absolutamente discriminatoria en relación con el resto de los trabajadores españoles y soportando, en solitario, una carga desproporcionada que puede afectarle después de que concluya su vida laboral e incluso después de su fallecimiento.
Por otro lado, supone la quiebra del principio de irretroactividad de las normas, pues el Real Decreto Ley 20/2012, a pesar de adquirir vigencia el día 15 de julio de 2012, extiende sus efectos a períodos anteriores a esta fecha, afectando a derechos retributivos del compareciente generados en el período comprendido entre el 1 de mayo y el 14 de julio, ambos incluidos. A este respecto, el Tribunal Constitucional en su Auto 184/2011, al analizar la constitucionalidad de la reducción de retribuciones impuestas por el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, señala en su artículo 1 no constituye una vulneración de los derechos económicos adquiridos por los funcionarios, porque “afecta a derechos económicos aún no devengados por corresponder a mensualidades en las que aún no se ha prestado el servicio público y, en consecuencia, no se encuentran incorporados al patrimonio del funcionario, por lo que no cabe hablar ….. de una regulación que afecta retroactivamente a derechos ya nacidos”
A sensu contrario, en el presente caso, la supresión de la paga extra, en la proporción generada en el espacio temporal anteriormente señalado, debe entenderse inconstitucional, pues corresponde a un periodo en el que ya se ha prestado el servicio público.
SEPTIMO.- El párrafo 1 del artículo 31 de la Constitución Española , según el cual “ Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.”, en relación al artículo 14 de la CE, prohíbe el trato discriminatorio y por tanto, la vulneración que alegamos resulta del trato que recibe el empleado público con respecto al resto de ciudadanos españoles, pues estos últimos contribuyen con la reducción del déficit público a través de sus impuestos, en tanto que a los empleados públicos se les impone, además, con la misma finalidad, la supresión de parte de su remuneración directa.
a) Si la obligación de soportar los gastos del estado recae sobre todos los ciudadanos, según su capacidad económica, la medida de reducir las retribuciones tan sólo a los empleados públicos, para evitar una situación de amenaza de incumplimiento del déficit público, supone ignorar los límites impuestos por el principio de igualdad en el sostenimiento de los gastos públicos.
Entendemos, en definitiva, que la decisión de suprimir la paga extra de diciembre 2012 impone una distribución desigual de los sacrificios a soportar y constituye un esfuerzo adicional que se pide sólo al empleado público.
Además, como ya se dejó señalado, no es la primera vez que el/la compareciente experimenta congelaciones anuales en sus retribuciones, e incluso disminución de las mismas decididas por el legislador y que no afectaban al resto de los ciudadanos.
Entendemos que la igualdad jurídica es siempre una igualdad proporcional, por lo que la desigualdad justificada por la diferencia de situaciones no es inmune a un juicio de proporcionalidad.
Los sacrificios que se han impuesto hasta ahora, y desde el comienzo de la crisis a los empleados públicos, con las sucesivas congelaciones y reducciones de salarios, conjugado con el fenómeno inflacionista, no han sido soportados por los ciudadanos que perciben sus retribuciones de otras fuentes.
La discriminación es tan acentuada y significativa que las razones de eficacia de la medida adoptada para conseguir el objetivo de reducir el déficit público, no puede justificar una diferencia de trato de tal dimensión, ni servir de fundamento para dispensar al legislador de la observancia de los derechos y principios estructurales del Estado de Derecho, entre los que se incluye el principio de igualdad proporcional.
b) Por otro lado, entendemos que la medida de supresión de la paga extra tiene efectos confiscatorios, porque no es que se diera en el tiempo su abono, sino que nunca se percibirá.
La Ley se limita a señalar que la cantidad correspondiente a la paga extra suprimida “ se destinará en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación”.
Pues bien, en base al argumento ofrecido por Auto 184/2011 del Tribunal Constitucional antes señalado, entendemos que el artículo 2 de la Ley 20/2012 ahora recurrido, al afectar a derechos económicos ya devengados por corresponder a mensualidades en las que ya se prestó el servicio público y, en consecuencia, se encuentran incorporados al patrimonio del trabajador, tiene carácter confiscatorio porque, no sólo resulta excesiva una nueva reducción salarial en forma de supresión de la paga extra pues supera el límite de lo razonable y provoca la sustracción de una parte sustancial del salario anual y, como se explicó anteriormente, de derechos futuros del/la compareciente, sino además se produce sin indemnización alguna.
En este sentido, el destino futuro que se pretende dar a la cantidad correspondiente a la paga extra suprimida no constituye una indemnización, pues su redacción es inconcreta y frágil y contiene una incierta garantía en relación con la certeza inmediata de la pérdida de la paga extraordinaria, según señala la Resolución adoptada por la Defensora del Pueblo con motivo de la solicitud de interposición de Recurso de Inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley 20/2012, de 13, de julio, de Medidas para Garantizar la Estabilidad Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad, de fecha 15 de octubre de 2012.
Por lo expuesto, entiende el/la compareciente que el artículo 2 del Real Decreto Ley 20/2012, en relación al artículo 3 del mismo cuerpo legal, modificado por la Disposición final cuarta de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, es inconstitucional y, en consecuencia,
Que tenga por presentado en tiempo y forma el presente escrito, se sirva admitirlo y, en su virtud, previos los trámites legales pertinentes, se sirva dictar Resolución por la que se acuerde : 1º.- Abonar al/la compareciente la paga extraordinaria de diciembre de 2012 , o, 2º.- Subsidiariamente, la parte proporcional generada entre los días 1 de mayo de 2012 y 14 de julio de 2012, ambos incluidos, antes de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad de 13 de julio (BOE de 14/07/2012), que entró en vigor el 15 de julio de 2012.
Es de justicia lo que se solicita en ………………………., a …..de …………….. de 2012.
OTROSI DIGO: Que se considere esta solicitud como previa reclamación a la vía judicial
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