Source: http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/portal/jsf/publico/infoTributaria/doctrina/ver.jsp?identificadorConsulta=47732&jftfdi=&jffi=ver.jsp
Timestamp: 2019-08-22 20:30:06
Document Index: 146378697

Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 10', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 22', 'artículo 20', 'artículo 44']

Consulta NO VINCULANTE n° 864
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Fecha salida: 15/12/2003
- Art. 4.4.a), 5.2.2º, 10.1.20º, 20.Dos, 22.4 Ley 20/1991 Art. 40.8 y 9, 40. 8 y 9, 44 Ley 20/1991 Art. 25 Ley 19/1994;
Texto consulta: La sociedad consultante expone que el 6 de junio de 2003, se otorgó escritura pública de compraventa cuyo contenido a efectos de la presente consulta es el siguiente:
"1º.- Vendedor: una sociedad limitada domiciliada en Canarias.
2º.- Comprador: la sociedad limitada consultante, también domiciliada en Canarias, que tiene como objeto social, entre otras actividades:
a) La promoción, construcción, compra, venta, arrendamiento, o explotación por cualquier otro titulo de parcelaciones, urbanizaciones, viviendas, apartamentos, chales, duplex, locales comerciales, almacenes, naves industriales, o cualquier otro tipo de bienes y realizaciones inmobiliarias, incluso viviendas de protección oficial, todo lo anterior en régimen de protección oficial y módulo tasado o de renta libre.
b) La ejecución de obras de construcción de inmuebles, urbanizaciones, carreteras, puentes y demás de ingeniería civil.
c) La explotación de hoteles, bungalows, apartamentos, y demás establecimientos de alojamiento hotelero o extrahotelero.
3º.- Objeto de la compraventa: el 50 por 100 del dominio y participaciones indivisas de las fincas de las que la vendedora es titular en un municipio canario.
Todas las fincas objeto de la compraventa están incluidas en un plan parcial que ha sido informado favorablemente y que aún no ha sido ni siquiera aprobado inicialmente, es decir, que estas fincas tienen naturaleza rustica-urbanizable.
4º.- Del precio de la compraventa se ha pagado una tercera parte, y quedan aplazadas las dos terceras partes restantes. El pago del precio aplazado está vinculado al avance del proceso urbanístico, y se establecen una serie de cláusulas de desistimiento unilateral, en el caso de que no avance o no se desarrolle dicho proceso en ciertos plazos y condiciones.
5º.- En dicha escritura de compraventa, la parte compradora manifiesta que este acto se encuadra dentro de la categoría de entrega de bienes de inversión a que se refiere el artículo 25.2 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, y que por tanto, queda exenta del pago del Impuesto General Indirecto Canario.
6º.- Que las fincas objeto de la referida compraventa, tras el conveniente proceso urbanístico, serán urbanizadas y en ellas se desarrollará una promoción inmobiliaria cuya finalidad aún no está determinada, siendo posible la construcción de apartamentos destinados a alquiler.
A la vista de lo anterior, y en tanto se desarrolla el mencionado proceso urbanístico, y se decide la finalidad de la promoción, estas fincas estarán afectas al inmovilizado fijo de la sociedad.
Se consulta sobre la tributación de los hechos descritos a efectos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados, así como del Impuesto General Indirecto Canario."
Respuesta: La venta del 50 por 100 del dominio y participaciones indivisas de unas fincas situadas en Canarias por parte de una sociedad limitada domiciliada en Canarias a otra sociedad limitada está sujeta al IGIC.
No teniendo los terrenos adquiridos la consideración aún de urbanos y estando en proceso de urbanización con las actuaciones previas para dotarlos de los elementos necesarios previstos en la legislación urbanística, lo que se materializará a través del plan parcial, que si bien no ha sido aprobado inicialmente, si ha sido informado favorablemente, se deduce que a efectos del IGIC los citados terrenos están ¿en curso de urbanización,¿ y que por tanto aunque todavía no tiene la condición de edificables, no es de aplicación la exención prevista en el artículo 10.1.20º de la Ley 20/1991 por darse la salvedad contemplada en la letra a) del precepto mencionado que señala la no aplicación de la exención cuando se entregue terrenos urbanizados o en curso de urbanización, realizadas por el promotor de la urbanización.
Tampoco sería aplicable a estas entregas la exención del IGIC contemplada en el artículo 25 de la Ley 19/1994, dado que urbanísticamente el terreno no puede ser objeto de edificación en el momento del devengo del IGIC por la entrega del bien inmueble, por lo que no puede iniciarse de manera inmediata la edificación ni la concesión de los permisos administrativos para la edificación. Por tanto en el caso expuesto falta la inmediatez exigida en el artículo 25.3 de la Ley 19/1994, lo que deviene en la inaplicación de la exención.
Dado que las entrega de los bienes inmuebles está sujeta y no exenta al IGIC, no sería de aplicación la modalidad ¿transmisiones patrimoniales onerosas¿ del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Por último, el hecho de que el pago del precio aplazado esté vinculado al avance del proceso urbanístico, estableciéndose una serie de cláusulas de desistimiento unilateral en el supuesto de que no avance o no se desarrolle dicho proceso en ciertos plazos y condiciones, supone la existencia de una condición resolutoria que en el supuesto de acaecer supondrá la pérdida de efecto de la operación gravada. Este hecho implicará, conforme dispone el artículo 22.4 de la Ley 20/1991, la modificación de la base imponible a través de la emisión y entrega de una factura rectificativa por parte de la sociedad transmitente, y, en su caso, rectificar la cuota repercutida de IGIC a través del procedimiento previsto en el artículo 20.Dos de la Ley 20/1991. En el supuesto de que la sociedad mercantil adquirente haya deducido la, en su caso, cuota repercutida por la sociedad transmitente, deberá proceder a su rectificación en la declaración-liquidación del período impositivo en que hubiese recibido la factura rectificativa, de acuerdo con lo señalado en el artículo 44 de la Ley 20/1991.