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Timestamp: 2019-01-17 21:52:45
Document Index: 291330185

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'Artículo 7', 'artículo 8', 'Artículo 4', 'artículo 10', 'artículo 7', 'de lege ferenda']

Análisis STC 227/2016. Tasas Judiciales – Borrego Raya Abogado
Voy a analizar la STC 227/2016 que resuelve la cuestión de inconstitucionalidad 905-2014, (sí, el 2014 indica el año que se incoa -se inicia-), se publica en el BOE el 27 de enero de 2017. Planteada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Torrelavega en relación con el artículo 7 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por el que se regulan determinadas Tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (en adelante, Ley de Tasas Judiciales). Derecho a la tutela judicial efectiva, nulidad de la tasa que grava la interposición del recurso de apelación en el orden jurisdiccional civil.
Nuestro Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre el recurso de inconstitucionalidad nº 973/2013 interpuesto por 109 diputados del PSOE de la X Legislatura contra la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, donde pueden ver un magnífico análisis realizado por Verónica del Carpio aquí
Este análisis no se realiza empleando términos jurídicos sofisticados, va más bien dirigido a cualquier ciudadano -me vais a permitir que no ponga, ciudadano/a- . que tenga interés en saber cómo está todo el asunto de las Tasas Judiciales, que tanto daño ha hecho.
La Ley de Tasas Judiciales, antes de la sentencia del TC, de fecha 21 de julio de 2016, que declaró inconstitucional algunas de las reguladas en el art. 7 de dicha ley, estaba así: * en rojo lo que el R.D.-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita («B.O.E.» 23 febrero) derogó y el TC declaró inconstitucional con fecha 21/07/2016.
“Artículo 7. Determinación de la cuota tributaria.
Sin perjuicio de su modificación en la forma prevista en el artículo 8, será exigible la cantidad fijaque, en función de cada clase de proceso, se determina en la siguiente tabla:
Verbal y cambiario Ordinario Monitorio, monitorio europeo y demanda incidental en el proceso concursal Ejecución extrajudicial y oposición a la ejecución de títulos judiciales Concurso necesario *Apelación *Casación y extraordinario por infracción procesal
300 € 100 € 200 € 200 € 800 €
*Abreviado *Ordinario *Apelación *Casación
*Suplicación *Casación
2.* Deberá satisfacerse, además, la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior, el tipo de gravamen que corresponda, según la siguiente escala:
De A Tipo – % Máximo variable
* Cuando el sujeto pasivo sea persona física se satisfará, además, la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible de la tasa un tipo del 0,10 por ciento con el límite de cuantía variable de 2.000 euros.
Las personas físicas están exentas y para los demás sujetos pasivos las tasas han quedado:
y cambiario Ordinario Monitorio, monitorio europeo y demanda incidental en el proceso concursal Ejecución extrajudicial
de títulos judiciales Concurso necesario
150 € 300 € 100 € 200 € 200 €
Se ha suprimido toda la parte variable de la tasa judicial
No ha dejado ninguna tasa en Social (pleitos de tipo laboral y Seguridad Social y conexos)
No ha dejado ninguna tasa en Contencioso-Administrativo (pleitos contra la Administración)
Dejó parcialmente tasas judiciales en una única jurisdicción, la Civil.
Artículo 4 Exenciones de la tasa de la ley de Tasas Judiciales quedó redactado por el apartado uno del artículo 10 de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social («B.O.E.» 29 julio). Vigencia: 30 julio 2015:
e) Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas
Hasta aquí es cómo está la ley de Tasas hasta el 21 de diciembre de 2016, desde el punto de vista subjetivo, las personas físicas están exentas:
– Monitorio mayores de 2.000€: 100€
– Cambiarios: 150€
– Verbal mayor de 2.000€:150€
– Ordinario: 300€
– Ejecución: 200€
– Concursos necesarios: 200€
Todos en la jurisdicción Civil y quedan excluidas las personas físicas.
El Pleno del Tribunal Constitucional, por tanto los Magistrados don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José GonzálezTrevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, que son los mismos Magistrados que se pronunciaron en la sentencia de fecha 21 de julio de 2016 se pronuncian sobre (esto es muy importante, porque todo depende lo que se le plantee a la Sala, ésta únicamente se pronunciará sobre lo que se le ha planteado):
La Inconstitucionalidad y nulidad del inciso «en el orden jurisdiccional civil, apelación: 800€» del apartado 1 del art. 7 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, así como el apartado 3 del mismo artículo, en la redacción dada por el art. 1.8 del Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de enero.
La sentencia estima la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Torrelavega y en consecuencia, declara inconstitucional el art. 7.1 y 7.3 de la Ley 10/2012 en su redacción dada por el art. 1.8 del Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero, pero con los efectos expresados en el Fundamento Jurídico 6 de la sentencia.
El esquema a seguir es:
Análisis resumen de los antecedentes de hecho.
Análisis resumen de los Fundamentos de Derechos
Análisis de los Art. 7.1 y 7.3 de la Ley 10/2012, Ley de Tasas (que son los recurridos)
Análisis y consecuencias del fallo de la STC.
Análisis resumen de los antecedentes de hecho
Como sabemos, al Tribunal Constitucional tiene competencia para:
Esta sentencia trata de una cuestión de Inconstitucionalidad, la número 905-2014, planteada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Torrelavega en relación con el art. 7 de la ley 10/2012, ley de tasas Judiciales. Las cuestiones de inconstitucionalidad son las planteadas por los jueces al Tribunal Constitucional para que antes de aplicar una ley saber si es inconstitucional o no, ya que se le plantean dudas sobre ello, por ello le plantea una cuestión muy clara: ¿es constitucional el art. 7 de la Ley 10/2012?, es lo que se plantea el Juzgado número 1 de Torrelavega.
La STC se publica en el B.O.E. número 23, de 27 de enero de 2017, el justiciable presenta escrito de fecha 15 de julio de 2013, donde solicita por otrosí el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad por si se llegara a inadmitir el recurso por no haber abonado la tasa, el órgano judicial vulneraría el derecho fundamental de acceder al recurso, art. 24 CE, esto es lo que plantea el recurrente, o sea, desde 2013 hasta 2017.
Recurrente: Persona física que recurre en apelación una sentencia. Importe del pleito 464.710.52€
Recurrido: Persona Jurídica, que se opone, entre otras cosas porque asevera que el recurrente puede hacer frente a la tasa sin esfuerzo financiero.
Ministerio Fiscal: el 12 de diciembre de 2013 muestra su conformidad a que se plantee la cuestión de inconstitucionalidad.
Juzgado Primera Instancia: En Auto de 20 de enero de 2014 dice que: Art. 7 de la Ley 10/2012, con las modificaciones introducidas por el Decreto-Ley 3/2013, de 22 de enero, razona el juzgado que el derecho a acceder a un recurso contra decisiones judiciales previas, aunque deriva propiamente de la legislación procesal, una vez establecido forma parte del objeto tutelado por el Art. 24 CE. Concluye, tras calcular el importe resultante en varios supuestos, que incumplen la exigencia de intervención mínima por razón de su elevada cuantía.
Por lo cual, la cuestión de inconstitucionalidad se plantea porque el art. 7 de la ley 10/2012 impone una tasa tan elevada que impide el acceso a la justicia.
Se le da traslado de la admisión inconstitucionalidad al Congrego, Senado, al Gobierno y al Fiscal General del Estado.
El senado y el Congreso se personan en el procedimiento.
El Abogado del Estado se opone a la cuestión de inconstitucionalidad, según se interpretación, no resultaría vulnerado el derecho fundamental de tutela judicial efectiva (Art. 24 CE).
El Fiscal General del Estado, razona que la cuestión solo se plantea sobre el art. 7 de la ley 10/2012 que se refiere a la cantidad fija en el orden civil en lo relativo a la interposición del recurso de apelación, también a su apartado 3, al ser el apelante una persona física, quedando excluida el apartado 2, por ser aplicable únicamente a las personas jurídicas.
El Fiscal General del Estado razona que la cuantía fija prevista (800€) para interponer apelaciones civiles es contraria al art. 24 CE, POR SER DESPROPORCIONADA Y DISUASORIA, no contemplando la ley mecanismos de moderación. En cambio la variable del 0.10% no ve que sea limitativa al art. 24 CE.
Tenemos que una persona física quería recurrir en apelación y tendría que pagar 800€, más el 0.10% de 464.710.52€, en total 1.264.71€, lógicamente más todos los costes de la primera instancia, procurador, abogado, IVA, más otra vez procurador, abogado, IVA y tasas en apelación. El Abogado del Estado se pronuncia que todo esto no impide el acceso a la Justica, la parte contraria, lógicamente también se opone y el Fiscal General del Estado, se pronuncia en contra de la tasa fija y a favor de la variable, como podemos ver todas las posibilidades sobre la mesa.
Como hemos dicho, la deliberación, el debate y la votación tiene que ser sobre la cuestión planteada, por el Juzgado, Art. 7 de la ley 10/2012, tras su reforma por la ley 3/2013 en su vertiente de derecho de acceso a los recursos establecidos. El juzgado plantea la cuestión respecto a todas las previsiones incluidas en el Art. 7, sin embargo, la sala estima, que a la vista de sus razonamientos se plantea por una persona física en el orden jurisdiccional civil, debe entenderse en realidad:
«En el orden jurisdiccional civil… apelación: 800€ del apartado 1, así como el apartado 3, conforme al que cuando el sujeto pasivo sea persona física se satisfará, además, la cantidad que resulte de aplicar la base imponible de la tasa un tipo del 0.10% con el límite de cuantía variable de 2.000€»
Por lo cual, fundamenta el Tribunal que ha de tenerse por no cuestionadas las previsiones del art. 7 de la ley 10/2012, en la redacción dada por el Decreto-ley 3/2013, que se refieren a la cuantía fija de la tasa judicial en otros procesos civiles y en otros órdenes jurisdiccionales, los demás incisos del apartado 1, así como la cuota variable exigida a las personas jurídicas, descrita en el apartado 2.
Esta interpretación es muy importante, ya que no entrará el TC en todo el artículo 7, sino sólo en el inciso indicado ut supra.
En el Fundamento Jurídico segundo de la STC, dice el TC: Como regla general, «ni la derogación, ni la modificación de la norma cuestionada provocan la desaparición sobrevenida del objeto de la cuestión».
Hay que tener en cuenta que en este caso el TC está resolviendo una cuestión de inconstitucionalidad, que es para un caso concreto propuesto por un juez, cuando se pronunció el TC antes, en el recurso de inconstitucionalidad núm. 973-2013, interpuesto por ciento nueve Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, contra los arts. 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 11 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre era en abstracto. En el presente caso, no puede descartarse que el órgano judicial, al realizar la tarea de seleccionar la norma aplicable al caso, según el art. 117.3 CE, pudiere llegar a interpretar que los preceptos cuestionados siguen siendo aplicable al proceso y por tanto no se ve afectado por la reforma habida después, puesto que el TC no entró en el fondo del asunto.
El TC aprecia que ni el RDL 1/2015, ni la Ley 25/2015 han determinado la desaparición sobrevenida del objeto de la cuestión de inconstitucionalidad.
La STC en su Fundamento Jurídico 3, analiza las consecuencias, que tras la admisión de la cuestión de inconstitucionalidad, tiene sobre la cuestión la STC 140/2016 que declaró la inconstitucionalidad y nulidad, de las previsiones relativas a la cuota variable de la tasa judicial.
La STC 140/2016 impugnó la redacción original de varios preceptos de la Ley 10/2012, pero no formaba parte del objeto de aquel proceso la regulación que introdujo después el art. 1 del RDL 3/2013, que dio nueva redacción al apartado 2 e introdujo un nuevo apartado 3 del art. 7 de la ley 10/2012, por lo que las previsiones relativas a la cuantía variable de la tasa judicial que cuestiona el Juzgado que plantea la cuestión de inconstitucionalidad no son las que han declarado inconstitucionales y nulas la STC 140/2016.
La STC 140/2016 ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad del art. 7.1 de la ley 10/2012, podría llevar a pensar que habría perdido el objeto de forma sobrevenida, sin embargo, la STC 140/2016 realizó la declaración con los efectos indicados en el FD-15, allí precisó que la inconstitucionalidad declarada supone la nulidad del Art. 7.1 de la Ley 10/2012 en los distintos incisos que prevén, de manera separada, las cuotas fijas siguientes, en este caso a las personas jurídicas, por lo que cabe apreciar que la STC 14082016 expulsó del ordenamiento jurídico únicamente en cuanto precepto aplicable a las personas jurídicas.
El TC concluye que en su STC 140/2016 conduce a entender que no ha sido expulsado del ordenamiento jurídico la previsión cuestionada para las personas físicas.
Esta precisión también es muy importante, ya que, si no se plantea esta cuestión con el resultado obtenido, se podría dar el caso, que una nueva ley, impusiera nuevamente tasas judiciales a las personas físicas y vuelta a empezar.
El TC, en esta sentencia, fundamenta apoyándose en los mismos Fundamentos Jurídicos de la STC 140/2016, la cuantía de las tasas para recurrir resoluciones judiciales del art. 7.1 de la Ley 10/2012, no atiende a la realidad económica de una mayoría de sus destinatarios, para los cuales resulta excesiva, concluía dicha sentencia para las personas jurídicas, en este caso hace lo mismo para las personas física.
Concluye que resulta que la determinación de la cuantía fija para apelar una resolución judicial supone un esfuerzo económico equivalente a un porcentaje significativo de su renta mensual, incluso en algunos casos, muy superior a ésta.
También concluye, para el Sr. Ministro que impuso las tasas lo sepa, que la exceptiva de una condena en costas a favor de la parte recurrente que ha abonada la tasa, permitiendo así su devolución, es una hipótesis incierta en la primera o única instancia, pues no procede necesariamente en caso de su vencimiento total de la pretensión y desde luego, no si fuere parcial, a menos que se apreciara mala fe o temeridad, pero se torna del todo inexistente en la vía de recurso, puesto que las leyes procesales únicamente imponen la condena en costas al recurrente que ve rechazado el recurso que ha interpuesto, no se declaran a favor de aquél cuyo recurso sí se estima.
También concluye la STC, su aplicación a las personas físicas que no se aprecia razón y justificación alguna que acredite que se haya tenido en cuenta que las cuantías establecidas por el art. 7 de la Ley 10/2012 para la interposición de recursos, se adecuen a una capacidad económica que no exceda de la que pueda poseer una persona física, por lo que en este caso las tasas resultas contrarias al art. 24.1 de la CE.
Se plantea también la cuestión sobre el art. 7.3 de la Ley 10/2012, introducido por el art. 1.8 del RDL 3/2013 relativo a la cuota variable de la tasa judicial, que por su modificación no era objeto de la anterior STC 140/2016, pero concluye que a la vista de los argumentos contenidos en la STC 140/2016, FJ 13, cabe apreciar que la previsión cuestionada es contraria al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de las personas físicas.
En el Fundamento Jurídico 6 de la STC 227/2016 que estamos analizando, concreta el alcance de las declaraciones de inconstitucionalidad y nulidad formuladas.
El inciso «en el orden jurisdiccional civil … apelación: 800€» del art. 7.1 de la ley 10/2012, queda expulsado por esta Sentencia, resultando desprovisto de efectos también a las personas físicas.
Por lo que no podrá ser exigido al recurrente y en consecuencias en cualquier otro proceso del orden jurisdiccional civil en que pudiera llegar a reconocerse la «ultractividad» del anterior régimen de gravamen a las personas físicas.
Traslada el FJ 15 de la STC 140/2016 donde dice: No procede ordenar la devolución de las cantidades pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme, como en aquellos procesos aún no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la satisfizo sin impugnarla por impedirle el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso, deviniendo con ello firme la liquidación del tributo.
Se declara la inconstitucionalidad y nulidad del art. 7.3 de la Ley 10/2012, que queda definitivamente expulsado del ordenamiento jurídico. El precepto ha sido ya derogado por el art. 11.3 del RDL 1/2015, pero con las mismas consecuencias económicas que el anterior.
Análisis de los Art. 7.1 y 7.3 de la Ley 10/2012, Ley de Tasas
El Art. 7.1 y 7.3 de la Ley 10/2012 ha quedado:
En el orden jurisdiccional civil, personas físicas exentas:
Pero teniendo en cuenta que, la redacción anterior ha sido declarada inconstitucional y nula, tanto para las personas físicas, como para las personas Jurídicas.
Análisis y consecuencias del fallo de la STC 227/2016
El fallo dice textualmente: Estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 905-2014 planteada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Torrelavega y, en consecuencia, declarar, con los efectos señalados en el fundamento jurídico 6 de esta Sentencia, la inconstitucionalidad y nulidad del inciso “en el orden jurisdiccional civil … apelación: 800 €” del apartado 1 del art. 7 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, así como el apartado 3 del mismo artículo, en la redacción dada por el art. 1.8 del Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero.
Ya se ha analizado la repercusión que tiene este fallo, la inconstitucionalidad y nulidad de las tasas para la apelación, tanto fija como la variable y tanto para las personas físicas como las jurídicas, ya que en la STC 140/2016, no se había pronunciado el TC sobre las personas físicas.
Procesal y financieramente hablando no va a tener repercusión fáctica, salvo para los casos que indica la propia sentencia, los casos en los que, el juez que esté conociendo el caso, se pudiera interpretar que es de aplicación la legislación anterior, por ser la que estaba en vigor en el momento de producirse, según esta sentencia, no es de aplicación, es inconstitucional y nula.
Pero tiene una gran importancia de lege ferenda, puesto que ha declarado inconstitucional, en la STC 140/2016 a las personas jurídicas y en la STC 227/2016 a las personas físicas, entrando sobre el fondo del asunto y no dejarlo por pérdida sobrevenida del objeto. Ello significa que en un futuro, el legislativo no podrá volver a imponer las tasas derogadas por la reforma legislativa.
Estas dos STC nos viene a dar la razón a los que desde antes que se promulgara la fatídica Ley 10/2012, en el año 2012, nos oponíamos a dicha Ley por considerarla inconstitucional, no estábamos equivocado, tanto para personas físicas como para personas jurídicas, ahora solo cabe esperar que se pronuncie el TC sobre las Tasas Judiciales que aún están en vigor para las PYMEs y ONGs, o bien esperar que los partidos políticos, PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos cumplan su palabra dada en época electoral de derogar dichas tasas a PYMEs y ONGs.
De justicia social, hay que seguir analizando los casos en los que no se acudió a la justicia, no se recurrió una sentencia o una ejecución que dejó en la calle a una familia, ¿qué ocurre en estos casos?, ¿cómo se puede tardar tanto tiempo en declarar inconstitucional una ley que tanto daño ha hecho?, ¿ respondería en casos de responsabilidad, por mal funcionamiento de la administración?.
Este es el parecer y análisis de este letrado que somete a cualquier otro fundado en Derecho. La Puebla de Cazalla, a 04 de febrero de 2017.
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