Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=635799
Timestamp: 2019-08-24 01:36:46
Document Index: 24704960

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 114', 'artículo 12', 'Artículo 5', 'Artículo 1', 'Artículo 25', 'Artículo 16', 'artículo 114', 'artículo 32', 'artículo 135', 'artículo 32', 'artículo 31', 'artículo 12', 'artículo 140', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 140', 'artículo 140', 'artículo 8', 'artículo 31', 'artículo 19', 'artículo 12', 'artículo 140', 'e contrario', 'artículo 31', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 12', 'artículo 140', 'ARTÍCULO 114', 'artículo 114', 'artículo 114', 'artículo 114', 'Artículo 114']

Diario de Sesión: Sesión Extraordinaria N° 57
LIMITACIÓN A PROHIBICIÓN DE INGRESO A ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CREACIÓN DE AGENCIA NACIONAL DE ACREDITACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE NUEVO SISTEMA DE ACREDITACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TIPIFICACIÓN DE DELITO DE INCITACIÓN A ODIO RACIAL Y RELIGIOSO
PETICIÓN DE OFICIO : Maria Soledad Alvear Valenzuela
ANEXO SENADO
2 . MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES BIANCHI, FREI, ORPIS, ROSSI Y SABAG, QUE REEMPLAZA EL ARTÍCULO 114 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA EN MATERIA DE COMPETENCIAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES (9108-06)
Sesión 57ª, en lunes 16 de septiembre de 2013
(De 16:14 a 19:37)
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, limitando la prohibición de ingreso a la Administración Pública (8520-06) (se aprueba en particular por no haberse presentado indicaciones en el plazo establecido).......................................................................
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea la Agencia Nacional de Acreditación y establece un nuevo sistema de acreditación de las instituciones de educación superior (8774-04) (queda aplazada la votación)....................................
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que tipifica el delito de incitación al odio racial y religioso (7130-07) (se aprueba en general)......................................
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet Vignau, y de Educación, señora Carolina Schmidt Zaldívar.
--Se abrió la sesión a las 16:14, en presencia de 15 señores Senadores.
El señor PIZARRO (Presidente).- Las actas de las sesiones 53ª, ordinaria, en 4 de septiembre; 54ª, especial, y 55ª, ordinaria, ambas en 10 de septiembre, y 56ª, ordinaria, en 11 de septiembre, todas del presente año, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Con el primero retira la urgencia para la tramitación del proyecto que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y establece adecuaciones en la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia (boletín Nº 8.207-07).
Con el segundo hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", para la tramitación de las siguientes iniciativas:
1.- La que modifica la ley N° 17.798, de Control de Armas, y el Código Procesal Penal (boletín N° 6.201-02).
2.- La que introduce modificaciones al marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalización y sanciones (boletín Nº 8.149-09).
Con los tres siguientes retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de ley que adapta normas laborales al ámbito del turismo (boletín Nº 8.770-23).
2.- Proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 5, de 2003, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas (boletín Nº 8.132-26).
3.- Proyecto de ley que crea la autorización de funcionamiento de jardines infantiles (boletín Nº 8.859-04).
4.- Proyecto de ley que establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil (boletín N° 7.550-06).
5.- Proyecto que modifica la ley N° 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma y otros textos legales que indica (boletín N° 8.466-07).
6.- Proyecto de ley que establece los incentivos remuneracionales que indica, a favor de los profesionales de los servicios de salud que señala (boletín Nº 8.922-11).
Uno de estos documentos, además, hace presente la urgencia, con idéntico carácter de "suma", respecto del proyecto que sustituye las leyes Nº 19.039, sobre Propiedad Industrial, y Nº 20.254, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (boletín Nº 8.907-03).
Con el último retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de las siguientes iniciativas:
1.- La que tipifica como delito conductas relacionadas con la comercialización de fuegos artificiales (boletín Nº 8.612-02).
2.- La que modifica la ley N° 19.831, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares (boletín Nº 8.329-15).
Uno de la Honorable Cámara de Diputados:
Informa la nómina de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que debe proponer la forma y el modo de resolver las divergencias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional durante la tramitación del proyecto de ley que modifica el Código Sanitario en materia de regulación a las farmacias, con urgencia calificada de "discusión inmediata" (boletines Nos. 6.523-11, 6.037-11, 6.331-11 y 6.858-11, refundidos).
Expide copia autorizada de la sentencia definitiva pronunciada en el ejercicio del control de constitucionalidad, respecto del proyecto de ley sobre procedimiento para otorgar concesiones eléctricas (boletín N° 8.270-08).
Remite copia autorizada de sentencias definitivas pronunciadas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto de los preceptos que se enuncian a continuación:
1.- Artículos 12, letras c) y h), y 4° del decreto con fuerza de ley N° 153, de 1981, de Educación; 2° de la ley N° 18.663, interpretativo del citado artículo 12 letra h), y 154 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo.
2.- Artículo 5° transitorio, inciso tercero, de la ley N° 19.585 que modifica el Código Civil y otros cuerpos legales en materia de filiación.
3.- Artículos 13, 64 N° 2 y 67 del decreto ley N° 1.094, de 1975, que establece normas sobre extranjeros en Chile.
4.- Artículo 1° de la ley N° 19.989, que establece facultades para la Tesorería General de la República y modifica la ley N° 19.848, sobre reprogramación de deudas a los fondos de crédito solidario.
5.- Artículo 25, inciso primero, del Código del Trabajo.
6.- Artículo 16 B de la ley N° 18.410, que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
Envía copia de las resoluciones recaídas en el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de señores Diputados respecto al NÚMERO 9 del artículo único del proyecto de ley que permite la introducción de la televisión digital terrestre (boletín N° 6.190-19).
Responde petición, enviada en nombre de la Senadora señora Rincón, relativa a la inclusión en el Programa de Auditoría N° 7.003 de presuntas situaciones irregulares en la construcción de viviendas para treinta y dos familias del barrio Yungay, de la comuna de Cauquenes.
Da contestación a la solicitud de antecedentes, cursada en nombre del Senador señor Walker, don Ignacio, acerca del estado de tramitación de una presentación suscrita por un conjunto de conscriptos que cumplieron su servicio militar durante el período 1973 a 1990.
Contesta solicitud de información, remitida en nombre del Senador señor Navarro, respecto del estado de construcción del muelle aéreo de la Empresa Nacional del Petróleo y de los montos de inversión asociados.
Responde consulta, enviada en nombre de la Senadora señora Allende, relativa a los antecedentes que obran en esa Secretaría de Estado en materia de otorgamiento de pensiones a exonerados políticos, en virtud de la ley N° 19.234 y sus modificaciones.
Del señor Jefe de Gabinete del señor Ministro de Hacienda:
Remite respuesta al acuerdo adoptado por el Senado, a proposición del Senador señor García, en materia de apertura de un plazo para que los interesados acrediten su calidad de ahorrantes del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo y del estudio de medidas legales y administrativas conducentes a la liquidación de la Caja Central de Ahorros y Préstamos y de la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo, ordenada por la ley N° 18.900 (boletín Nº S 1.565-12).
De los Senadores señores Bianchi, Frei, Orpis, Rossi y Sabag, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que reemplaza el artículo 114 de la Constitución Política de la República en materia de competencias de los gobiernos regionales (boletín N° 9.108-06).
El señor ALLIENDE (Prosecretario).- En este momento, ha llegado a la Mesa la solicitud de permiso constitucional del Senador señor Walker, don Ignacio, para ausentarse del territorio nacional a contar del día 21 del mes en curso.
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la Cuenta.
Señores Senadores, en sesión de 4 de septiembre de este año, se aprobó en general el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, limitando la prohibición de ingreso a la Administración Pública, y respecto de él no se presentaron indicaciones en el plazo fijado al efecto, que era hasta hoy, a las 12.
--Los antecedentes sobre el proyecto (8520-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 41ª, en 17 de julio de 2013.
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 49ª, en 27 de agosto de 2013.
Sesión 53ª, en 4 de septiembre de 2013 (se aprueba en general).
En consecuencia, corresponde dar por aprobado el proyecto en particular, a menos que se solicite un nuevo término para indicaciones.
Efectivamente, esta iniciativa se discutió y se aprobó por unanimidad.
Por lo tanto, procede aprobarla en particular.
--Queda aprobada en particular y despachada en este trámite.
El señor PIZARRO (Presidente)).-
Como no hay Acuerdos de Comités, pasaremos al Orden del Día.
El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea la Agencia Nacional de Acreditación y establece un nuevo sistema de acreditación de las instituciones de educación superior, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8774-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 93ª, en 9 de enero de 2013.
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: sesión 48ª, en 14 de agosto de 2013.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa consiste en crear la Agencia Nacional de Acreditación y modificar la manera en que debe desarrollarse la acreditación de las instituciones de educación superior.
La Comisión discutió el proyecto solo en general, aprobando la idea de legislar con los votos favorables de los Honorables señora Von Baer y señores Cantero, Quintana y Walker (don Ignacio), y el voto en contra del Senador señor Navarro.
Cabe hacer presente que los artículos 1°, 2°, 4° a 9°, 22 a 52, contenidos en el Artículo Primero del proyecto; la letra a) del Artículo Segundo; el Artículo Tercero y los artículos primero a octavo transitorios tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación de 22 votos favorables.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en el primer informe de la Comisión.
La señora SCHMIDT (Ministra de Educación).- Señor Presidente, el actual sistema de acreditación adolece de carencias importantes que debemos corregir con urgencia. Las deficiencias que acusa han generado situaciones de alto impacto público que afectan seriamente la vida de miles de estudiantes y sus familias en el país y han debilitado nuestra actual institucionalidad, dejando en evidencia graves falencias en términos de un adecuado control de calidad.
El Gobierno ha propuesto avanzar hacia la creación de un nuevo sistema de acreditación que recoja la experiencia acumulada pero asegure objetividad y transparencia, garantizando el cumplimiento de estándares de calidad para todas las instituciones.
La actual Comisión Nacional de Acreditación, organismo a cargo del sistema de acreditación, conformada por 15 miembros, en su mayoría representantes de los distintos grupos de interés del sistema de educación superior, deja en un débil pie la fundamental imparcialidad que deben tener sus representantes.
No podemos arriesgar la educación de tantos jóvenes que hoy asisten a instituciones de educación superior que no cumplen los estándares mínimos para impartir ciertas carreras.
El Estado de Chile es el llamado a garantizar este proceso.
Es este el principal objetivo del proyecto de ley en discusión: crear una nueva agencia de acreditación que, recogiendo la experiencia acumulada, permita aplicar mecanismos de aseguramiento de la calidad a las instituciones de educación superior abarcando tanto universidades como institutos profesionales y centros de formación técnica, velando para que todos cumplan con estándares que permitan proyectar en el tiempo sus propósitos y eliminando los actuales conflictos de interés presentes en el sistema.
Para cumplir con este objetivo, el proyecto establece la creación de una Agencia Nacional de Acreditación, cuya conformación permita asegurar la mayor independencia de sus miembros y entregue también a estos mayores atribuciones, así como establezca las inhabilidades de ellos.
En esta misma línea, recogiendo las opiniones recibidas de los distintos actores, creemos en la conveniencia de presentar indicaciones al actual proyecto, para aumentar el número de consejeros en la nueva Agencia y establecer requisitos adicionales que deban reunir cada uno de ellos para ocupar estos cargos.
Debemos contar con una institucionalidad fuerte y con mayor regulación que asegure la inexistencia de conflictos de interés.
El riesgo que corre cualquier estudiante al matricularse hoy en instituciones que no cumplen estándares de calidad es alto. Por ello, el proyecto establece la obligatoriedad de la acreditación para todas las instituciones de educación superior.
Este proceso de acreditación comprenderá una evaluación integral de las instituciones acorde a los estándares de calidad que se fijen y una acreditación por períodos de tiempo determinados según el cumplimiento total o provisional de los requisitos establecidos. Además, reconociendo las distintas misiones que tiene cada universidad, el Gobierno presentará una indicación que recoja la conveniencia de entregar un mayor tiempo de acreditación para universidades más complejas.
Por esto mismo, formularemos indicaciones a la iniciativa que aseguren y promuevan de mejor manera la existencia de proyectos educativos diversos, que permitan diferenciar y separar con mayor precisión los procesos de licenciamiento y de acreditación asegurando así la autonomía de las instituciones.
Además, el Ministerio ha colocado especial atención a la labor que hoy realizan los centros de formación técnica y los institutos profesionales, por lo que presentaremos indicaciones que permitan reconocer sus especiales características dentro del proceso de acreditación y valorar la formación que imparten a lo largo de todo Chile.
Respecto a los programas de posgrados, si bien el proyecto de ley considera la revisión de sus programas sobre la base de la acreditación integral, el Ministerio estima conveniente recoger la opinión que ha recibido de varios expertos, de establecer un tratamiento separado para su acreditación.
Los inaceptables hechos acontecidos en nuestro actual sistema de acreditación, si bien han sido abordados por diversas modificaciones internas a la actual Comisión, hacen fundamental abordar el tema legislativamente.
Agradezco la profunda y positiva discusión que hemos tenido en la Comisión de Educación del Senado, lo que nos permitirá perfeccionar el proyecto en la discusión en particular y recoger las distintas opiniones de expertos que hemos recibido.
Como Ministra de Educación, reitero el espíritu de diálogo con que hemos trabajado este proyecto y nuestra total disposición a presentar indicaciones que lo perfeccionen en su discusión en particular, asegurando así la calidad de las instituciones que integran el sistema de educación superior chileno.
Hago un llamado a esta Honorable Sala a aprobar en general este importante proyecto, para avanzar en el desarrollo de una educación de calidad para el país.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, en materia de educación superior, son tres los proyectos que está conociendo la Comisión de Educación del Senado. Todos ellos son muy importantes, controvertidos y susceptibles de ser perfeccionados en el trámite legislativo, en forma muy sustantiva, incluyendo este.
El primero es el de financiamiento de la educación superior, que básicamente se refiere al sistema de crédito. A nuestro juicio, tiene que abordarse de manera más integral, sobre una base de derechos garantizados, de becas, de créditos y financiamiento en general.
El segundo, sobre fiscalización, crea una Superintendencia de Educación Superior. Hay el compromiso del Gobierno de presentar una indicación sustitutiva, dado los muchos aportes y críticas que se le han hecho.
Y el tercero es el que estamos conociendo en este momento en su discusión en general, relativo al sistema de acreditación.
Creo que, frente a los lamentables sucesos que hemos conocido -por ejemplo, en torno de la Universidad del Mar-, hay que partir valorando la decisión del Ejecutivo de avanzar en un perfeccionamiento del sistema de aseguramiento de la educación superior, incorporando la acreditación como algo obligatorio -principal innovación del proyecto en debate-, estableciendo ciertos estándares que apuntan a asegurar la calidad de la educación superior, reforzando el carácter público de la instancia a cargo de esta acreditación y regulando de manera adecuada los múltiples conflictos de interés que hay en esta materia.
Sin embargo, muchos pensamos que esta iniciativa tiene que insertarse en el ámbito de una reforma integral al sistema de aseguramiento o de acreditación, que aborde de manera sistemática y simultánea el marco regulatorio para la educación superior.
Al final, ¿qué estamos haciendo? Regulando un mercado desregulado. La educación ha estado librada, básicamente, a una lógica de mercado y surge la necesidad de regularla de manera adecuada, considerándola como un bien público.
Para esto ha de crearse una nueva institucionalidad que garantice ese marco regulatorio -que es como el pegamento de los tres proyectos que mencioné, sobre financiamiento, fiscalización y acreditación- y que, sobre todo, reglamente en forma efectiva la prohibición del lucro que pesa sobre las instituciones universitarias desde 1981 y que se burla sistemáticamente.
Si bien se comparte en este texto la lógica de un sistema de aseguramiento en materia de licenciamiento, de acreditación y de un sistema de información, creo que el proyecto del Ejecutivo debe ser integralmente reestructurado a través de una indicación sustitutiva, por lo que será necesario desarrollar un trabajo de "ingeniería-detalle" -por así llamarlo-, más allá de este diseño, de esta arquitectura, de esta votación en general, que permita incorporar las numerosas observaciones y críticas que la iniciativa ha recibido de los más diversos sectores.
Por ello, quiero resaltar -como ya lo he dicho- la disposición de la Ministra de Educación para reformular el proyecto y recoger muchas de aquellas inquietudes.
Por lo tanto, aunque se aprobará la idea de legislar -espero que así ocurra-, habrá mucho trabajo en la discusión particular.
La iniciativa en debate crea la Agencia Nacional de Acreditación como un organismo autónomo que velará por que las instituciones de educación superior desarrollen su misión y el proyecto académico que ellas mismas hayan definido, toda vez que en Chile hay libertad de enseñanza -así tiene que ser- y existe diversidad de misiones en las distintas entidades de educación superior. Lo importante es que todas tengan en común el cumplimiento de ciertos estándares con el objeto de asegurar no solo la calidad de la educación superior universitaria, sino también la de la no universitaria.
El proyecto propone que la Agencia Nacional de Acreditación administre tanto el licenciamiento -que es el que otorga la autonomía a los establecimientos- como la acreditación propiamente tal.
Con relación a los estándares, se crea el Consejo de la Agencia Nacional de Acreditación, compuesto por cinco miembros, cuyo presidente será designado por el Primer Mandatario, mientras que los cuatro miembros restantes lo serán también por este, pero con acuerdo del Senado.
En cuanto a las modificaciones al sistema de acreditación, el proyecto consagra la obligatoriedad de esta última -lo que, ciertamente, es muy importante- y considera la evaluación institucional de las entidades de educación superior propiamente tales, así como la de las carreras de medicina y pedagogía, con carácter obligatorio, y la evaluación aleatoria de otras dos áreas de estudio muy relevantes: el pregrado y el posgrado.
Igualmente, se contempla un catálogo de estándares para la acreditación, tema que fue largamente debatido con miras a asegurar requisitos mínimos de calidad.
Además, la Agencia desarrollará un Manual de Acreditación para que cada institución sepa a qué debe atenerse en el proceso, evitando la discrecionalidad, e incluso se permitirá la acreditación ante entidades extranjeras debidamente autorizadas por el Ministerio de Educación.
La acreditación tendrá un período dicotómico de seis años, en el sentido de que se proceda a ella o no.
Las principales adecuaciones que a nuestro juicio requiere el proyecto y que serán objeto de la indicación sustitutiva a que se ha comprometido el Ejecutivo -así lo esperamos- dicen relación con los siguientes aspectos.
La primera -y, lejos, la más importante- es que, compartiendo que el sistema de acreditación debe ser obligatorio, por cuanto es la única forma de asegurar estándares mínimos de calidad, creemos que el proyecto cae en una confusión entre licenciamiento y acreditación. Por tanto, ha de separarse y distinguirse claramente entre lo que es el licenciamiento, procedimiento mediante el cual una institución obtiene su autonomía, y la acreditación, sobre la base de los estándares que acreditan un mínimo de calidad, siempre velando, por supuesto, por la continuidad del proceso. Porque muchas veces ocurre que una institución obtiene su licenciamiento, logra su autonomía, y después hace lo que quiere, al dejar de ser fiscalizada de manera adecuada desde el punto de vista de los requisitos de calidad y de los estándares que establece la ley.
En consecuencia, se trata de separar, distinguir, pero a la vez de complementar e integrar ese licenciamiento con la acreditación, dentro de un proceso continuo, como lo es la educación. Y la regulación debe abordar todas las fases que ella comprende.
De este modo, deben distinguirse claramente los requisitos de ingreso al sistema de los estándares de calidad.
Asimismo, algo muy importante y que hemos propuesto con mucha fuerza -he insistido especialmente en ello- tiene que ver con entender que en la educación superior es muy distinta la enseñanza universitaria de la no universitaria, constituida esta última por los centros de formación técnica y los institutos profesionales.
Por consiguiente, a muchos nos parece fundamental que existan estándares ad hoc para una y otra, y que el Consejo de la Agencia Nacional de Acreditación tenga -por así decirlo- dos subcomisiones: una, abocada a la educación superior universitaria, y la otra, a la educación superior no universitaria, conformada -repito- por los centros de formación técnica y los institutos profesionales.
Luego, me parece fundamental lograr un equilibrio adecuado entre la autonomía institucional que se obtiene con el licenciamiento y las exigencias mínimas desde el punto de vista de los estándares y la calidad.
Por otro lado, opinamos que la acreditación de los doctorados no debe ser aleatoria, dada la importancia que tiene esta fase del conocimiento, razón por la cual debiera tener carácter obligatorio.
En materia de plazos, muchos creemos que este sistema dicotómico de acreditar o no acreditar por seis años es insuficiente. También nos parece insuficiente e inadecuado el actual sistema, de uno a siete años. Por eso, consideramos posible establecer una gradiente para que las instituciones más maduras, más complejas, que hacen docencia e investigación, que tienen historia, puedan gozar de un mayor plazo, en tanto que aquellas otras -por ejemplo, las que vengan ingresando al sistema- que tienen menos historia y no realizan investigación, puedan contar con un plazo menor y provisorio de tres años.
Sin embargo, tanto el sistema vigente como el que nos propone el proyecto nos parecen inadecuados.
Por otra parte, pensamos que la institucionalidad se puede adecuar de muchas maneras. Por ejemplo, respecto del Consejo, estimamos que son necesarios más de cinco miembros y que este debe contar con personal asociado suficiente, que le permita hacer frente a la tarea permanente de acreditación. Además, creemos que se puede mejorar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, uno de los temas centrales del proyecto, pues todos sabemos de los conflictos de interés permanentes que existen en la administración y propiedad de las instituciones de educación superior.
Por último, resulta imprescindible un financiamiento institucional. No es admisible que siga ocurriendo lo que sucede hoy día, en que la propia institución acreditada financia al acreditador. Obviamente, ello genera una incompatibilidad.
En síntesis, espero que el Senado tenga a bien aprobar la idea de legislar sobre un nuevo sistema de acreditación en la educación superior, que complementa los proyectos sobre financiamiento y fiscalización. Ya habrá tiempo para corregir, en la discusión particular, muchos de los problemas que he mencionado.
Confío en que la indicación sustitutiva que se ha anunciado incorporará diversas observaciones críticas que formularon expertos, instituciones y docentes que asistieron a la Comisión de Educación.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, el proyecto que crea la Agencia Nacional de Acreditación es extraordinariamente necesario, dada la forma como fue evolucionando el actual sistema, el cual, a través de la Comisión Nacional de Acreditación, tenía la misión de acreditar a las instituciones de educación superior. Para nadie es un misterio que este no cumplió con las expectativas que se trazaron a su respecto.
Quizás la integración corporativa de dicha Comisión (quince miembros representativos de los distintos grupos de interés en el sistema de educación superior) complotó en contra de un mayor éxito del modelo. Pero también hubo otras situaciones que llevaron a una dificultad enorme para resolver los conflictos específicos que se presentaron en casos concretos.
Lo ocurrido en la Universidad del Mar es una triste historia de cómo, quizás por la falencia del sistema, no se pudo corregir oportunamente el problema. El propio Ministerio de Educación, que se suponía tenía atribuciones, no poseía la competencia para superar una crisis que ha implicado un costo muy alto para los alumnos. Afortunadamente, se está llegando a soluciones satisfactorias, pero después de un proceso largo y bastante negativo para una gran cantidad de estudiantes.
También es importante recordar que el sistema se prestó para abusos graves en materia de cohecho. Hoy existen procesos y se encuentran encarcelados los principales directivos y ejecutivos de la Comisión Nacional de Acreditación. En un minuto, el descrédito de esta entidad era tal que por lo menos yo fui partidario de que se suspendiera el ejercicio de sus funciones, para evitar que su descrédito afectara a las instituciones, que podían estar funcionando muy bien y que, sin embargo, por las circunstancias que se estaban viviendo en la Comisión, no iban a avanzar.
Dicho lo anterior, manifiesto mi plena conformidad y la de nuestra bancada respecto de este proyecto, que crea una Agencia Nacional de Acreditación que, en mi concepto, debería corregir esos errores y avanzar en lo sustantivo.
En el primer aspecto, porque me parece que asume el rol que le compete al Estado en estas materias, que no es juzgar ni comparar a las distintas instituciones, sino, fundamentalmente, establecer un piso mínimo de calidad que deba ser cumplido por cada una de ellas.
Es cierto que existen diversos tipos de planteles: universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Pero también las propias universidades no son todas iguales, no todas tienen la misma vocación. Por lo tanto, es razonable pensar que cada una debe ser evaluada de acuerdo a sus propios estándares. Hay universidades de docencia, que solo desarrollan investigaciones complementarias a la docencia y no investigación propiamente tal, lo cual no resulta incompatible con ser una universidad. Por consiguiente, ha de ser juzgada en sus propios méritos.
Pero sí es importante que todas, cualquiera que sea su misión o vocación, tengan un piso mínimo de calidad, que no se debe establecer únicamente durante el proceso de licenciamiento, sino a lo largo de su evolución.
Me parece que esa es la filosofía central que organiza la estructura de la nueva Agencia. Y por eso, más allá de las correcciones y perfeccionamientos que se puedan realizar, esta va en una buena dirección.
Respecto de los contenidos específicos, me parece que la nueva estructura del Consejo parece bastante más razonable. Es un consejo pequeño. Se podrá discutir si sus miembros han de ser cinco, seis o siete, pero no quince. Serán designados por el Presidente de la República, cuatro de ellos con acuerdo del Senado y solo uno en forma directa. Los cuatro elegidos por el Presidente para ser ratificados por nuestra Corporación deberán ser propuestos en ternas planteadas por el Sistema de Alta Dirección Pública. Esto permite garantizar que los postulantes cumplirán con requisitos mínimos. Por lo tanto, estimo que la configuración cambia radicalmente, partiendo por el órgano llamado a controlar y supervisar el funcionamiento de la Agencia.
En segundo lugar, al dar carácter obligatorio a la acreditación, se garantiza que todas las instituciones se vean compelidas a seguir este proceso si quieren entregar títulos y grados académicos y acceder al financiamiento del Estado.
Se discutió en un minuto esta cuestión. Y muchos, entre quienes me encontraba, pensamos que la obligatoriedad del proceso era innecesaria. Sin embargo, los hechos son más porfiados.
El señor LETELIER.- ¡Qué bueno!
El señor LARRAÍN.- Si bien se podía pensar que la información y el juicio de los estudiantes o de terceros eran suficientes, la experiencia demostró algo distinto. Y por eso hemos dado un paso -que hay que reconocer- hacia la obligatoriedad, la cual garantizará, desde el punto de vista de los estudiantes y la confianza pública, la calidad institucional.
Además, considero muy importante la diferenciación que se hace entre licenciamiento y acreditación. Esta existe en la actual legislación, pero la iniciativa plantea realizar ambos procesos bajo el mismo paraguas. Hoy se desarrollan por entidades distintas, en circunstancias de que las razones y las exigencias para que una institución obtenga el licenciamiento son las mismas que la hacen merecedora de la acreditación y, por tanto, de seguir trabajando en el tiempo.
Se trata de una buena modificación, porque, aparte de diferenciarse los procesos, ambos quedan bajo la misma mano, la misma visión y el mismo control.
En consecuencia, me parece que estamos avanzando hacia una institución que nos permitirá tener una mayor seguridad en lo que se hace, con iguales estándares de calidad y con un Consejo que contará con mayor independencia y que evitará, con mucha presteza, las inhabilidades que hoy existen, donde no ha habido la suficiente fuerza para impedir el abuso que hemos advertido en el transcurso de estos años.
También se simplifican los resultados del proceso: o se aprueba o se reprueba. Considero que esto ayuda a tener claridad acerca del horizonte al que se puede enfrentar una institución. Es cierto que existe la figura de la acreditación provisional por tres años, pero se trata de una situación circunstancial y por una sola vez, que obligará a subsanar las deficiencias. De manera que, en definitiva, se procederá con una acreditación por una sola vez, por seis años, cualquiera que sea la entidad. No habrá diferenciaciones, que también generaban comparaciones odiosas. Como se trata de un piso mínimo, todos lo deberán cumplir. Por eso, aquí también se observa un progreso muy relevante.
Lo que ocurra con posterioridad también constituye un cambio muy significativo. Porque en la actualidad, una vez que una institución es acreditada, queda con chipe libre hasta la próxima acreditación. No se hace seguimiento. Y hay una modificación que considero muy relevante en esta materia. Las instituciones deben estar sujetas a una permanente supervisión, aunque sea discreta, aunque no sea con la misma intensidad de cuando se está llevando a cabo la acreditación. Pero resulta muy importante que los planteles estén siendo supervisados en el cumplimiento de los compromisos que asumen en el momento del licenciamiento o de la acreditación.
Se ha discutido el proyecto desde varios puntos de vista, como lo señaló el Senador que me antecedió en el uso de la palabra. Y existe voluntad del Ejecutivo para escuchar las inquietudes, lo que permitirá modificar diversos aspectos de la iniciativa.
Uno de ellos dice relación con la composición del Consejo. Se puede buscar mayor profesionalidad, eliminar los conflictos de interés, asegurar un número más preciso y adecuado. Se trata de una materia muy opinable, pero hay voluntad para fortalecer la composición del organismo.
También la hay para asegurar la diversidad de los proyectos educativos, que es algo fundamental.
Del mismo modo, está el reconocimiento de que las universidades poseen distintas misiones y que cada una debe ser evaluada según esas características, según su perfil, según su vocación. Por consiguiente, habría que establecer respecto de cada una de ellas los pisos necesarios.
Se ha señalado que la diferencia entre licenciamiento y acreditación no es suficiente. Eso se puede mejorar. Porque aquí hay una cuestión de voluntad. Ubicados bajo una sola mano, es perfectamente factible, dentro de la institución, tener dos procesos que vayan en paralelo y que aseguren claridad respecto de uno y de otro, pues son distintos. Me parece que también existe voluntad para avanzar en esa línea.
Así como hay diferentes universidades, tenemos distintas instituciones de educación superior. Y reconocer cada una de las características de los institutos profesionales, de los CFT y de las universidades también es algo valioso.
A la vez, me parece evidente tratar por separado la acreditación de los posgrados. Los programas de postítulo poseen otras características, otras exigencias y, por lo tanto, deben ser resueltos de manera diferente.
En consecuencia, el proyecto se hace cargo de las principales deficiencias del actual sistema y las corrige con la filosofía adecuada: fija un piso mínimo más que entrar a calificar y juzgar a las instituciones; reconoce la diversidad de los planteles, tanto en su estructura cuanto en sus objetivos, y asegurar un Consejo independiente, que resuelva los conflictos de interés y que dé garantías a todos acerca de la calidad de la educación superior chilena.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, la presente discusión la sostuvimos años atrás. Y me parece extraordinario que un Gobierno de Derecha reconozca los errores de su sector político; que reconozca que el Estado tiene la obligación de garantizar ciertos estándares en la educación superior. Además, no puedo sino aplaudir a la Ministra de Educación, después de escuchar las palabras que fluyeron de su boca, cuando plantea que al Estado le cabe una responsabilidad en esta materia.
Lo que ha pasado en los últimos años es producto de que aquellos que se encuentran en las bancas de enfrente han confiado en el mercado y en la autorregulación para la producción de bienes públicos.
Ello no es raro, en todo caso, porque los sectores políticos que tienden a estar sentados en las bancas de enfrente no creen que la educación es un bien público. Y el señor Presidente de la República, por su parte, escribió años atrás -y lo ha reiterado en forma consistente y constante- que se trata de un bien de consumo o particular. Y por eso la Derecha se ha apegado históricamente al concepto de autofinanciamiento de la educación superior. No es casual. Ello se debe a que consideran que quien se beneficia de un proceso educativo, en tanto bien de mercado, es la persona que lo compra. Por consiguiente, no es responsabilidad del Estado velar por su calidad, su acreditación, como un proceso obligatorio para asegurar que los títulos posean el valor de una licencia (lo mismo que existe en la educación básica y en la media). Aquí también hay la visión de que el mercado sacrosanto puede regular todos los bienes.
En ese sentido, quiero valorar lo que ha dicho el Senador que me ha antecedido en el uso de la palabra: reconocer que hemos perdido el tiempo. Y otros han cambiado de opinión. Porque el establecimiento de un sistema obligatorio es algo que venimos promoviendo y proponiendo hace muchos años y nunca se reunieron los votos para lograrlo, pues las bancas de enfrente -muchos de los que se hallan acá- votaron en contra.
El fenómeno de la Universidad del Mar se podría haber evitado en nuestro país. Al igual que en el caso de muchas otras universidades que han defraudado no solo a los estudiantes y a sus familias, sino al país entero.
La razón por la que eso no ha ocurrido hasta la fecha se debe a que falta un consenso respecto a si la educación es un bien público. Algún día, espero que tengamos una reforma constitucional que la reconozca como tal. Hasta ahora, las bancas de enfrente no han dado los votos para eso. Considero que es una línea matriz que nos permitirá definir esa institucionalidad de la que nos hablaba el Senador Ignacio Walker, porque aquí no se trata de este proyecto solamente, sino de un conjunto de iniciativas, de una mirada sobre la educación superior, que debemos redefinir, reanalizar.
Sin duda, junto a dicho proceso está la cuestión del financiamiento, el cual también se encuentra en una profunda crisis, y que no se halla separado del debate que nos ocupa. Ello tiene que ver con si la educación superior debe ser gratuita. Yo soy de los convencidos de que debe serlo y me avergüenza que seamos el único país de América Latina en que no se acceda a ella en esas condiciones, a pesar de mostrar el mayor ingreso per cápita de América del Sur. Es una pequeña contradicción de nuestra sociedad, que presenta un fenómeno donde las mayorías no mandan y se permite que las minorías bloqueen ciertos conceptos societales, a mi juicio, determinantes.
Yo estoy contento y voy a votar a favor de este proyecto, señor Presidente, porque estimo que significa un avance. Me gustaría que se inscribiera dentro de un contexto, de una visión más colectiva, por cuanto si bien vamos a definir aquí un nuevo sistema de acreditación, a mi entender no se sitúa dentro de una mirada sistémica que anhelaría, en lo personal, conocer.
En tal sentido, la iniciativa, por desgracia, va a ser una impronta, un primer paso, que no sé si terminará en una reforma más integral o si la situación va a seguir como un camello, porque podrá haber un sistema obligatorio, pero si no confluyen otros elementos vamos a quedar debilitados.
Sin embargo, más que reconocer la obligatoriedad del proceso, deseo valorar que su aplicación abarque a toda la educación superior; que haya una mirada diferenciada pero integral de los estudios universitarios versus la formación técnica, sea a través de centros de formación técnica o de institutos profesionales; pero sin disociarlos demasiado: en el mundo de hoy, eso puede implicar un tremendo error.
Señor Presidente, quiero simplemente hacer dos afirmaciones acerca de mis inquietudes.
En primer lugar, en la diferenciación entre licenciamiento y acreditación, me gustaría saber cuál es la utilidad real de definiciones tan peculiares. No sé si es producto del hecho de tratar de compatibilizar miradas muy diversas, donde algunos aceptan que haya estándares mínimos. Y está muy bien. Yo soy de los que creen en la libertad de educación, la autonomía para contar con modelos educativos en términos de contenido, pero sí estimo que el Estado ha de garantizar estándares mínimos.
Quisiera escuchar al Ejecutivo a efectos de que nos pudieran precisar más en detalle qué buscan con tal diferenciación.
En segundo término, considero que el proyecto tiene una mirada equívoca, presidencialista. No me parece adecuado que el presidente del Consejo deba ser designado por el Primer Mandatario, que se someta a esta instancia a los ciclos políticos electorales. Creo que los procesos educativos son de más largo plazo y que en el mundo de las academias, de la técnica hay personas que pueden dar garantías a todos, más allá del Gobierno de turno. Y es más, lo estimo necesario para que dicha institución reciba una valoración más profunda. Es una dimensión que es preciso revisar más en detalle. Porque, en el fondo, demuestra la falta de confianza para entregar la autonomía de la que hablamos a un cuerpo colegiado que va a cumplir una misión pública de tremenda trascendencia.
No veo por qué los Presidentes de la República van a saber mejor sobre los procesos de acreditación. Además los periodos presidenciales son muy cortos. Y como no hay reelección, alcanzan los cuatro años: en el primero, las personas que lleguen van a estar recién poniéndose al día. En verdad, sería necesario que se estudie separar la instancia de la Agencia Nacional de Acreditación de los ciclos políticos.
Y estoy seguro de que en el Senado existirá la voluntad de mirar el asunto como un bien público de mayor alcance.
Señor Presidente, termino señalando que es difícil sentir que con el sistema de acreditación propuesto vayamos a lograr lo que el país está demandando: un modelo, una mirada más integral sobre el sistema de educación superior.
Hubiese preferido que nos abocáramos a la discusión sustantiva, acerca de si la educación superior es un bien público. Y si lo es, ¿qué responsabilidad le cabe al Estado en cuanto a garantizar el acceso, la calidad? Acceso, en lo referente a los mecanismos para posibilitarlo, porque no todos van a acceder a cualquier tipo de educación superior. Y ello, vinculado también al financiamiento y a asegurar la calidad de la educación que se entrega en nuestro país.
Yo no soy tan crítico, como otros, en este punto. Chile no estaría en el lugar que ocupa en los indicadores mundiales si el sistema educacional fuera tan malo, como algunos dicen. A mí me parece pésima la política de criticar tanto la calidad de nuestra educación. Hay excepciones, producto de una mirada de mercado que sustentan algunos, pero no creo que todos procedan así.
Por último, hay que definir claramente cuál es el rol de una superintendencia. Porque la experiencia de estos meses con la Superintendencia de Educación Escolar nos indica que se han pasado de revoluciones: están multando más a los municipios, sacándoles recursos, en vez de generar un proceso inductivo. Es algo que tendremos que evaluar en su momento.
Yo voy a votar en general, señor Presidente, con las reservas que he señalado.
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Señor Presidente, este proyecto en realidad viene a llenar ciertas falencias que existen en el sistema, las cuales fueron hechas valer por la Contraloría General de la República en un informe sobre la Comisión Nacional de Acreditación de fecha 19 de noviembre de 2012.
En efecto, la Comisión Nacional, hoy vigente, evidenciaba algunos problemas graves. Y aquí me remito al informe, del que omito la mayor parte: la CNA hasta la fecha no contaba con reglamentos que permitieran desarrollar los procesos de acreditación institucional, conforme a lo dispuesto en la ley N° 20.129, de 2006.
Es decir, han transcurrido siete años.
Además, carecía de un instrumento evaluativo que le posibilitara efectuar fiscalizaciones.
Otro punto que objeta la Contraloría es la falta de una unidad de control interno que fuera una garantía razonable de que se cumplieran los objetivos y se acataran los reglamentos.
Es decir, este Gobierno viene a tratar de suplir deficiencias muy graves y de larga data que tenía la Comisión Nacional de Acreditación.
Por lo tanto, sería bueno que en esta materia imperara un cierto mayor realismo, menos instinto inquisitorio, porque en realidad había una deuda antigua.
Ahora, no creo -y excúsenme que hable en primera persona- que el camino elegido por el Gobierno con este proyecto sea el adecuado. Usando un lenguaje coloquial, estimo que "se pasa de rosca".
Me limito aquí a leer algunos de los criterios que deberá desarrollar la nueva Agencia propuesta. ¡Son de una amplitud verdaderamente terrorífica!
Yo he tenido mucho agrado en oír al Senador que me antecedió en el uso de la palabra reconocer que el sistema de educación superior chileno no puede ser tan malo, puesto que hemos logrado impulsar la irrupción y cristalización de una amplísima clase media, preparada para enfrentar las dificultades de la sociedad más diferenciada que tenemos.
Pero, los estándares de acreditación -me van a perdonar que los lea- son, a mi juicio, insondables. Algunos podrían ser perfectamente naturales y lógicos, pero hay otros que me parecen inabordables.
Desde luego, conforme al artículo 32 del Artículo Primero de la iniciativa, las instituciones deberán:
"a) Contar con propósitos y fines institucionales claros¿".
Yo no sé cuáles serán los propósitos y fines institucionales oscuros. Pero, bueno, primera ambigüedad de lenguaje.
"b) Contar con un sistema de gobierno claramente articulado y con roles definidos,¿".
Eso es alcanzable por cualquier institución, tenga o no fines de lucro.
"c) Contar con un diagnóstico estratégico sobre la base de la misión declarada,¿".
"e) Contar con políticas y mecanismos que resguarden un nivel satisfactorio de la docencia impartida y el aprendizaje de los estudiantes...".
"g) Evidenciar resultados satisfactorios y concordantes con los propósitos institucionales declarados y cautelados¿".
¿Y qué hacemos si toca una generación de niños "porros"? ¿Le vamos a quitar la acreditación a la universidad? ¿Se va a convocar a la Agencia para castigarla?
Estimo, como también se ha dicho aquí con mucho acierto, que la educación es un proceso lento. Como una torta de milhojas, va por capas. Los panqueques son lentos también, luego hay que ponerles manjar: "¡piano, piano¿!". No hay resultados mágicos y sintéticos en materia de educación.
Pero, me encuentro con otro dilema: se pide, en la letra i), que las universidades antes de ser acreditadas cuenten "con infraestructura," -esto es verdaderamente maravilloso- "equipamiento y recursos financieros adecuados para el cumplimiento de su proyecto académico".
¿Y de dónde lo van a sacar, por el amor de Dios? ¿Tendrán que recurrir al Estado? ¿O será precisamente esa la idea?
Porque organizar una universidad a partir de cero sin infraestructura física es virtualmente imposible. Y de eso puedo hablar con algún conocimiento, porque he ayudado en la formación de alguna casa de estudios superiores.
Desgraciadamente, aunque parezca materialismo aberrante, las universidades no son solo el conocimiento acumulado del grupo de profesores. En la Edad Media eran así. Se anotaba un profesor y decía que iba a dictar una cátedra en un espacio determinado y el que llegaba, llegaba. Y se pagaba un tanto por clase.
Bueno, hoy día la educación es mucho más que la simple lectura del Pandectas, con más o menos instrucción del profesor. No hay posibilidad alguna de hablar de una institución universitaria sin una infraestructura física. Y resulta que hoy día pedir un arancel que permita a la larga -o a la corta o a la mediana- construir una infraestructura para animar y cristalizar una universidad será imposible.
¿Habrá control de precios en las universidades? ¿Los aranceles van a tener algún criterio de uniformidad, haya o no laboratorios, haya o no pizarrón y tiza, haya o no acelerador de protones?
O sea, si un grupo de ciudadanos -son cinco- seleccionados por el sistema de Alta Dirección Pública tiene inclinaciones totalitarias, esta normativa es lo que se llama un "bocado de cardenal". ¡Fenómeno!
Y, como yo creo que todavía los ánimos totalitarios nos siguen penando, a pesar de algunas lecciones del pasado que han estado muy presentes por estos días, siento el legítimo temor de que se esté creando por esta vía un sistema ideal para controlar la educación.
Me parece que aquí hay un exceso de entusiasmo. Esta -no quiero ofender- es una legislación de ocasión. Las leyes cuando tienen nombre propio son letales.
Luego, se otorga acreditación por un período de seis años. ¡Qué son seis años en la vida de una institución universitaria! ¡Es flor de un día!
Cuando se pierde la acreditación, el reconocimiento desaparece a partir del año académico siguiente. Es decir, se puede perder la acreditación en el mes de junio y a partir de enero del año próximo la universidad queda convertida en un fantasma.
¿Qué ocurre con el alumnado? Aquí hemos sido testigos del padecimiento indecible de los estudiantes de la Universidad del Mar, que fueron literalmente estafados. Eso no es un caso de libertad de enseñanza mal aplicada. No, eso es simplemente un grupo vivaracho, con conexiones con los poderosos en su momento, que se aprovechó. Es sabido que ahí participaron autoridades de gobiernos pasados y no de las menores. No las vamos a nombrar, pero en fin.
Pues bien, como digo, eso no tuvo nada que ver con la libertad de enseñanza. Una universidad seria pierde el reconocimiento oficial por cualquiera de las infinitas causales perfectamente inasibles -son etéreas- y esa universidad entra en picada.
Es el doble o nada.
La acreditación internacional puede ser una cosa interesante. Lo mismo cabe decir de las medidas de publicidad. Tienen algún atractivo. Pero, así como veo la iniciativa en este primer examen por la Sala, creo que debiera encender señales de alarma.
Ahora, recién le oí a un Senador que trabajó en la Comisión de Educación decir que se está considerando una amplísima indicación sustitutiva.
¿No será mejor esperar que llegue esa indicación antes de meternos en un marasmo doctrinal y legislativo?
Porque cuando desde ambos lados del espectro político se celebra la variedad de la educación...
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Repito: si desde ambos lados del Hemiciclo se celebra la riqueza que otorga la libertad creadora en materia de educación, no vaya a ser cosa que nos estemos poniendo en un cepo y que debamos arrepentirnos.
Porque no hay ningún país en el mundo que pueda exhibir la creación de alrededor de treinta y cinco universidades en el plazo de casi treinta y cinco años.
Eso es un gran éxito social. Y creo que hay que preservarlo, cuidarlo y apalancarlo.
A mi entender, la ley en proyecto, en malas manos, puede provocar malos resultados.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, nos toca discutir en general este proyecto, iniciado en mensaje, y probablemente, como señaló uno de los integrantes de la Comisión de Educación, sea necesario hacerle muchos perfeccionamientos, al punto que se habla incluso de que el Ejecutivo enviará una indicación sustitutiva.
Es interesante -por algo somos colegisladores- que el Gobierno remita un texto, ya que mediante el diálogo puede ser objeto de mejoras importantes en el Poder Legislativo, en la medida que los parlamentarios tengamos atribuciones sobre las respectivas materias.
Ahora, pienso que debemos empezar yendo un poquito hacia atrás.
Cuando se dice que al año 90 teníamos aproximadamente 270 mil estudiantes de educación superior y que después superamos el millón, hemos de pensar que se trató de una expansión enorme, que les ha brindado a numerosas familias oportunidades quizá no imaginadas. Y es importante no solo reconocer ese hecho, sino también valorarlo.
En mi concepto, uno debería preguntarse qué llevó en determinado momento a que proliferara una gran cantidad de universidades -no sé si merecían recibir ese nombre- con espíritu mercantilista. Muchas veces se arrendaba un local, se ponía un letrero, se contrataba a un par de profesores y se decretaba que eso era una universidad.
Porque algunos son muy proclives al concepto de libertad total en la enseñanza y, por tanto, rechazan cualquier exigencia que pueda hacer el Estado, sobre todo si se mira la educación como un bien nacional y no simplemente como un instrumento más del mercado.
Entonces, algo estaba fallando. Y lo absurdo fue que llegamos a una cantidad increíble de universidades, entre comillas, muchas de las cuales -insisto- no merecían esa denominación.
De a poco, pues, empezamos a tomar conciencia. Porque al inicio no ocurría así.
Señor Presidente, me parece relevante recordar también que en 2006, durante el Gobierno de Ricardo Lagos Escobar, se dio vida al Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Y recuerdo cuánto costó hacerlo pasar en las discusiones de la Cámara de Diputados, en las que participé. Muchísimos parlamentarios, particularmente de Derecha, se oponían, pues consideraban que el Estado no tenía por qué meterse en dicho ámbito. Sostenían que no había razón para regular la libertad de educación y que aquel planteamiento significaba una interferencia o intervención del Estado que resultaba incompatible con la libertad de las familias para darles a sus hijos la educación que desearan.
Con el tiempo fue quedando en evidencia que existían un mercado abierto y una educación mercantilizada que comenzó a fallar claramente, pues de muy poco sirve el ingreso masivo si no va acompañado de calidad.
Así las cosas, numerosas universidades privadas que no hacían exigencias a la hora del ingreso exhibían muy malos resultados en el momento de evaluar a los educandos. La situación era muy dramática, porque a ello se unía la existencia de aranceles altos. Entonces, era enorme la incertidumbre en cuanto a los conocimientos adquiridos y el campo laboral para ponerlos en práctica.
Quedó de manifiesto que en la Comisión Nacional de Acreditación existía una gran diversidad de criterios, de pautas, en fin. Y nos fuimos dando cuenta de que todo era bastante caótico.
En definitiva, se produjo lo que hemos llamado "bochorno nacional". Pero yo pienso que, más bien, rompimos la fe pública. Porque muchos estudiantes creyeron que entraban a una universidad en la medida que había un sistema de acreditación mínimo, sin pensar que este era del todo insuficiente.
Por consiguiente, estamos obligados a rectificar, pero elaborando un mecanismo mucho más integral.
No basta con que nos remitamos a tener un número menor de consejeros. Tampoco comparto la idea de que el Presidente de la República nombre al presidente del Consejo. Hemos de ser mucho más cuidadosos a la hora de ver las inhabilidades o los choques de intereses.
En mi concepto, ha faltado una mirada más integral, más amplia, sobre la educación superior que deseamos en nuestro país: ojalá, una educación con buenos estándares.
Por lo tanto, este proyecto deberá revisarse todas las veces que sea necesario, pues no tenemos derecho a equivocarnos de nuevo.
Señor Presidente, lo sucedido con la Universidad del Mar afectó dramáticamente a miles de familias.
Recuerdo que al entonces Ministro de Educación le dijimos hasta la saciedad, atendida la cercanía de las fiestas de fin de año: "No tenemos ningún problema en sesionar entre Pascua y Año Nuevo. Le vamos a dar todas las facultades indispensables. Pero usted debe intervenir ya la Universidad del Mar. No puede esperar la resolución" -la que debía adoptarse- "y dejar a los alumnos en la incertidumbre".
Teníamos razón en lo que planteábamos. Pero fue imposible que el Ministro nos escuchara: no quiso, se negó, fue refractario. Resultado: durante meses, numerosos educandos y sus familias estuvieron en la mayor de las incertidumbres.
No había derecho a que ocurriera aquello, señor Presidente.
Debo recordar también que, afortunadamente, en la Tercera Región, que represento, gracias al interés y a la flexibilidad que demostró la Universidad de Atacama, hubo bastante acuerdo con la Universidad del Mar y se concretaron diversas medidas. Se presentaron algunos problemas (carreras que no existían, adaptación de carreras, currículos distintos), pero, en definitiva, se logró dar curso a todos los traspasos previstos. Y ello, con el tiempo, ha implicado una solución real.
Sin embargo, en otras partes hubo mayor demora. En algunos sectores el plazo se prolongó seis meses, un año, y las familias sufrieron una incertidumbre que nunca debió existir.
En efecto, no solo falta una mirada más integral en cuanto a cómo queremos asegurar la calidad de la educación: también es necesario visualizar cómo haremos cumplir la ley.
Hemos dicho hasta el cansancio que existen miles de mecanismos que permiten lucrar. Teóricamente, esto se halla prohibido, pero, por desgracia, sigue ocurriendo.
Tocante a esta iniciativa específica, señor Presidente, es necesario mejorarla, como se ha sostenido aquí.
Tenemos poco clara la composición del Consejo, la incidencia en ella del Presidente de la República, los tiempos de la acreditación.
Nos parece del caso marcar la diferenciación entre licenciamiento y acreditación, pues existe bastante confusión al respecto.
No sé si a las universidades, atendidas sus especificidades, se las puede tratar de igual manera que a los institutos profesionales y a los centros de formación técnica.
Nosotros tenemos claro que para las carreras de medicina y pedagogías en educación básica, educación media, educación diferencial y educación parvularia la acreditación va a ser obligatoria. Pero en las demás carreras el procedimiento es aleatorio: se elegirán dos carreras de distintas áreas y se entiende que, si ambas cumplen los requisitos de acreditación, la institución de educación recibirá la acreditación pertinente. Y esto también se aplicará a los posgrados.
Sobre el particular, pienso que debemos ir con cuidado, pues aquello puede dar pie a un nuevo fracaso y a que una vez más faltemos a la fe pública, a la ciudadanía, a los estudiantes, a las familias.
Y lo mismo vale para la acreditación internacional. Hay que determinar si corresponde o no.
Por último, en cuanto a la diversidad de estándares, se habla de "estándares mínimos".
Estimo que a ese respecto debemos ser asimismo sumamente rigurosos, pues un mínimo demasiado reducido puede llevar a un nivel muy bajo el piso que pedimos.
En mi opinión, las familias, que pagan los aranceles más caros del mundo con relación al ingreso per cápita, tienen derecho a que la universidad donde estudian sus hijos sea de calidad y les dé a estos una formación seria, acorde con el sacrificio que hacen sus padres.
Señor Presidente, nos hallamos en la discusión general. Entendemos que el Gobierno contrajo un compromiso, que se está dialogando, que vendrá una indicación sustitutiva y que habrá cambios. Porque, tal como se encuentra, este proyecto es deficitario, no cumple con lo que estamos proponiendo y no puede despacharse.
El señor PIZARRO (Presidente).- Perdón, señora Senadora, pero terminó su tiempo.
Señor Presidente, es claro que, si aprobamos la idea de legislar, lo hacemos sobre la base de la buena fe, en el sentido de que seguirá el diálogo y se harán los cambios necesarios para garantizar que se llegue a la meta que nos propusimos.
A nuestro país le falta tener una mirada más integral en materia de enseñanza. Yo sigo creyendo que toda la educación -no solo la superior- debiera ser gratuita. Y miro a Argentina, a Brasil, a Uruguay a muchos otros países que sí tienen educación pública gratuita y de calidad, meta no alcanzada en Chile, pues mercantilizamos la educación y no hemos logrado hacer una educación pública con la calidad requerida y mucho menos gratuita.
Espero que la Nueva Mayoría, tal como se lo propuso, consiga tal objetivo de aquí a seis años. Y será un tremendo avance para nuestro país. Hasta ahora, ello no ha sido posible. Pienso que nos ha faltado voluntad. Porque estoy convencida que es factible.
Señor Presidente, solo en las condiciones explicitadas aprobaremos en general este proyecto.
El señor PIZARRO (Presidente).- No hallándose presentes los Senadores señores Navarro y Quintana, tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
El señor CANTERO.- Señor Presidente, este proyecto, sin duda, es del más alto interés, toda vez que permite avanzar en un estándar que parece deseable: una Agencia Nacional de Acreditación con un nuevo sistema para acreditar a las instituciones de educación superior.
A la luz de las experiencias traumáticas, dramáticas, dolorosas, que impactan violentamente a las familias chilenas por procesos que llaman a la vergüenza nacional, esta iniciativa resulta del todo importante, imperiosa.
Yo la valoro mucho en tal sentido. Y asimismo -lo dije anteriormente y lo repito-, valoro sobremanera lo que está haciendo el Ministerio de Educación desde hace ya algún tiempo.
Cuando se recuerde cuáles han sido los mayores esfuerzos de descentralización durante el Gobierno del Presidente Piñera, lo que ha hecho aquella Secretaría de Estado figurará entre los eventos más relevantes, o sea, descentralizar en dos instancias distintas al Ministerio: por un lado, la Agencia Acreditadora de la Calidad, y por otro, la Superintendencia de Educación.
Esos elementos son sumamente significativos.
Con todo, se echa de menos un debate en torno al rol del Estado y su equilibrio con el mercado en la educación.
Lo he dicho varias veces: la gran diferencia que sostengo con el sector al que adscribí durante algún tiempo tiene que ver con el papel del Estado en la educación.
Me parece que en los últimos años se ha exacerbado el rol del mercado y se ha debilitado al extremo el del Estado.
No estoy en contra de la educación que se ejerce en la lógica del mercado. Lo que repudio, lo que rechazo, lo que me molesta es que cada día el Estado queda en situación más disminuida en materia de entrega de igualdad de oportunidad en el ámbito de la educación. A diario el sistema de educación público se transforma en un mecanismo de segregación social que diferencia a quienes tienen de aquellos que no tienen. Y el Estado ha sido incapaz, hasta ahora, de actuar con cierta equidad.
Es verdad que se han hecho esfuerzos en materia de subsidios. Pero la lógica segregadora, expresada también en aquel tipo de beneficios, que a veces distingue hasta el extremo y no reconoce la dinámica de la sociedad y de la situación económica de los grupos familiares, a mí, por lo menos, me hace distinguirme con bastante energía, con muchos deseos, del enfoque tradicional de la Derecha.
Creo en el Estado actuando en educación con un papel mucho más enérgico. Porque, de hecho, yo fui fruto de eso: fui actor de una educación pública gratuita y de calidad.
Cuando a los jóvenes que terminan su enseñanza superior les pregunto en qué estado quedaron y me cuentan que deben 20 millones de pesos y que firmaron créditos a gran cantidad de años, comparo su situación con mi experiencia.
Para obtener mi primera casa propia, yo demoré diez años. ¿Cuántos tardarán aquellos jóvenes en alcanzar dicho objetivo? ¿Cómo podrán compatibilizar el pago de la carga que les significó aprobar su educación superior con la satisfacción de anhelos propios de cualquier familia?
Creo necesario, igualmente, observar otros elementos. Por ejemplo, la incorporación a la Agencia Nacional de Acreditación de elementos que hoy día no se consideran con la suficiente fuerza.
Paso a otro orden de ideas en cuanto a lo que echo de menos en el proyecto, señor Presidente.
En mi concepto, el e-learning, o educación digital a distancia, es un elemento de la más alta significación en el momento contemporáneo.
Lo he dicho varias veces: el Ministerio de Educación denota desde hace ya largo tiempo desconocimiento, distancia, falta de interés respecto a los sistemas tecnológicos digitales en el proceso educativo. Es más, en mi opinión, el gran talón de Aquiles del sistema educativo reside precisamente en que dicho Ministerio no es competente, no se halla en estado de situación actualizado en estas materias.
Cuando observaba hasta hace poco a algunos de los fiscalizadores -"inspectores" los llaman- del Ministerio de Educación que controlan a los colegios, me percaté de que preguntaban cosas que eran francamente de museo, de museografía. Elementos del proceso educativo que hoy se incorporan a los sistemas computacionales el Ministerio no los validaba porque quería ver los instrumentos propiamente tales.
El e-learning, educación digital a distancia, me parece un instrumento muy relevante.
Otro elemento que echo de menos en este enfoque tiene que ver con la ausencia de interés -espero que por ahora- en cuanto a la acreditación de los posgrados, particularmente los magísteres y los doctorados. Considero de la más alta importancia enfocarse también en esas tareas.
Tercer elemento que estimo relevante: una cosa es acreditar a las instituciones universitarias o de educación superior, según el caso, pero otra, del todo distinta, la acreditación de las carreras propiamente tales.
En eso también debe marcarse un énfasis. Porque a veces se le da mucho énfasis a la institución, pero no a la carrera. Y eso constituye una carencia que debiera atenderse.
Otros elementos que me preocupan tienen que ver, por ejemplo, con una lógica de clasificación de universidades. En realidad, una tensión entre la homogeneidad y la heterogeneidad; y dentro de ella, elementos que me parecen relevantes. Se hace referencia a universidades complejas, semicomplejas y docentes. Estimo necesario diferenciar estos elementos. No sé cuál es la definición de aquella de carácter docente. No conozco en la ley ninguna distinción de esa índole. Es más, para el Senador que habla es novedoso el concepto y le genera desconfianza -deseo señalarlo con claridad-, porque le suena como una expresión sinónima de esas aulas de tiza y pizarrón donde se imparten carreras sin ninguna capacidad de proporcionar las competencias pertinentes.
Otro aspecto que juzgo muy relevante tiene que ver con la noción de universidad o de educación superior. ¿Por qué? Porque he observado que el Estado, también a través del Ministerio de Educación, ha hecho inducciones disfuncionales y desproporcionadas, en mi opinión.
Entiendo que un centro de educación superior es el que entrega docencia, investigación y extensión.
La señora ALLENDE.- ¡Así es!
El señor CANTERO.- Y lo que advierto es un énfasis en la docencia y un ninguneo de la investigación, siendo la extensión, por cierto, algo accesorio.
El señor LAGOS.- Es un chiste.
El señor CANTERO.- Pienso que ese tema debe llamar profundamente nuestra atención.
Ahora, respecto del concepto más discutible del proyecto y que con toda seguridad va a despertar nuestra discusión entusiasta, ¿cuál es el estándar o la idea de calidad?
Pienso que se registra un énfasis hacia un enfoque reduccionista, es decir, en el desarrollo de competencias y habilidades, pero no hacia la educación integral, hacia el proceso de integración de todos los elementos particulares para formar a una persona. Hemos avanzado en cobertura, pero enfrentamos grandes desafíos en materia de equidad.
Y también es preciso equilibrar muy bien la calidad con la viabilidad de un proceso educativo, porque a veces la primera existe sin la segunda.
Asimismo, cabe tener cuidado con algo que reclamaban las universidades, pero que, en mi opinión, ha de ser una luz de alerta. No hay problemas con la autonomía -nadie pretende atentar contra ella-; pero al Estado le corresponde un rol indiscutible, insustituible, en garantizar lo que ya se ha señalado. En efecto, es necesario que aporte la fe y la confianza públicas y que actúe cuando ellas no se cumplan, a diferencia de lo que ha pasado en los procesos anteriores ya referidos, en los cuales, cuando una universidad ha terminado colapsando, la gente ha tenido que pagar costos sociales tremendos y el Estado simplemente se ha encogido de hombros y le ha entregado al mercado todo el peso de la prueba. Es algo que considero negligente, irresponsable.
Dejo hasta aquí mi intervención, señor Presidente. Creo haber destacado los puntos que me parecen más importantes.
Con todo, valoro la iniciativa por lo que representa. A mi juicio, el mercado juega un rol muy relevante, pero repito que el del Estado, para mí, es insustituible. Y sé que sobre el particular se plantean diferencias muy encontradas, pero marco mi posición.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, pido el aplazamiento de la votación, en virtud del artículo 135 del Reglamento.
El señor PIZARRO (Presidente).- Se tendrá presente, Su Señoría.
Puede intervenir el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, en materia de educación, uno tendería a pensar que esta ha sido el eje más importante de la preocupación de los chilenos durante 2011 y un elemento relevante en el debate político de 2012 y 2013, incluida la elección presidencial. De hecho, hemos tenido cuatro ministros de Educación en cuatro años. O sea, es una cartera de alto riesgo de mortalidad política. Entonces, no se entiende que, con tal centralidad ciudadana y habiendo marchado centenares de miles de personas en pos de la gratuidad de la enseñanza, no haya hoy día ni una sola iniciativa en debate, en el Senado o en la Cámara de Diputados, que guarde relación con este concepto.
En relación con el preproyecto de ley que se nos propone -porque, en realidad, no es un proyecto de ley-, más bien resulta paradójico que se nos diga que se presentará una indicación sustitutiva porque el ciento por ciento de su contenido no corresponde a las expectativas de todos. No es cuestión del Senador que habla: en la Derecha, en la Democracia Cristiana, en las bancadas progresistas de Izquierda, en los académicos, en los especialistas, se coincide en que el texto es pésimo. Es decir, la que nos planteó el Ministro Beyer es una mala iniciativa, y esta es la que ahora se encuentra en debate. No discutimos deseos o voluntades aquí manifestadas de indicaciones sustitutivas. No. Se trata -reitero- de un mal proyecto de ley.
Y tenemos la promesa de la Ministra de que se formulará una de estas últimas. Con todo respeto, nadie asegura que ella sobrevivirá en el cargo, como se lo dije en la Comisión, para saber si el anuncio se concretará o no.
El señor PROKURICA.- ¡Pero es muy joven¿!
El señor LAGOS.- ¡Se ve rozagante¿!
El señor NAVARRO.- A pesar de que la titular de la Cartera se ve muy bien, por cierto -lo digo con todo respeto-, claramente estamos haciendo referencia a la política.
Enfrentamos, por lo tanto, la dificultad de que el texto no refleja nada de lo que queremos. Más bien se ha registrado un 99 por ciento de opiniones críticas.
Además, no recoge un sentido esencial. Me parece que estamos discutiendo una normativa tendiente a arreglarles el negocio a quienes hoy día han experimentado alguna dificultad en ordenarse, en diferenciarse. Y ello, en definitiva, por haber sido cuestionados. Una Agencia Nacional de Acreditación viene a organizar el mercado: "Esto somos. Esto valemos. Esto vamos a cobrar". Entonces, el proyecto se estructura sobre las bases fundamentales del lucro -regulación del mercado, diferenciación de universidades, establecimiento de condiciones de licenciamiento y acreditación- y no de acuerdo con un rol pedido por la ciudadanía, atinente a la gratuidad.
Si estuviéramos haciendo referencia a esta última, nos ocuparíamos también en una iniciativa que contuviera los elementos respectivos; pero aquí aludimos al mercado, a demandas, fundamentalmente, y a condiciones que tienen que reunir las universidades en sus diversos proyectos. En el país hay libertad de enseñanza, y ello siempre ha sido aceptado. Siempre ha habido educación particular pagada y va a seguir existiendo. Entonces, respecto de un texto que busca acreditar el lucro -de eso se trata, en definitiva-, con un Gobierno que además no ha dicho nada sobre financiamiento de la educación superior, ¡no se escucha, padre!
El rector Víctor Pérez ha expresado reiteradamente que la Universidad de Chile, la mejor de nuestro país, agoniza por falta de recursos. Solo un 16 por ciento de su presupuesto proviene del Estado. Con el Consejo Universitario, el Senado Universitario, los docentes, han manifestado una opinión crítica acerca de los proyectos de ley sobre la Superintendencia de Educación Superior, la acreditación y, sobre todo, el financiamiento, pues el Gobierno le niega este último a la educación pública y lo que quiere es ordenar la demanda privada.
Insisto en que la iniciativa en examen es mala. Genera condiciones que podríamos debatir si tuviéramos certezas y un consenso sobre lo que queremos para la educación superior.
En el texto no se exige la acreditación de carreras, sino la del plantel de enseñanza superior. Y todos sabemos de universidades, entre comillas, que imparten muy buenas carreras, pero asimismo otras muy malas.
Se nos promete que ello va a cambiar, que existirá una integralidad. Tengo el legítimo derecho a la duda.
Invito a mis colegas y a la ciudadanía a leer con detención el artículo 32. No es otra cosa que la regulación del lucro. Ahí se determina una relación compleja entre trabajo y estudio. Porque creo que puede haber universidades que no solo tengan como finalidad el mercado laboral; que no solo den cuenta del ingreso a la competencia, al mayor esfuerzo, a la mayor utilidad. Existen planteles de educación superior que no tienen por qué cumplir con todo lo que en la norma se detalla. Dependerá del proyecto respectivo. Pero como se quiere hacer un paquete único, en el que se contempla una evaluación trianual, hasta por seis años, se establece la obligatoriedad.
Mas, tal como lo dijo el Senador señor Letelier, ¡si nos pronunciamos al respecto! ¡Lo debatimos durante tanto tiempo! Toda esa discusión, señor Presidente, la traduje en indicaciones al aprobarse la iniciativa pertinente. ¡Y las perdí todas! Porque los colegas de las bancadas de enfrente y algunos de las de mi derecha¿
El señor CANTERO.- ¡No todos!
El señor NAVARRO.- Cierto. Una excepción fue Su Señoría, a mucha honra.
Pero teníamos razón: la voluntariedad no sirvió. Tiene que aplicarse la obligatoriedad. Perdimos con relación a esta última, pero pusimos un requisito: si se desean recursos del Estado, necesariamente es preciso acreditarse. Es decir, pusimos una barrera que es necesario revisar, porque creo que efectivamente tiene que existir financiamiento público para las universidades del mismo carácter, así como también para las particulares, pero sobre la base de un mínimo en el sentido de que ha de garantizarse la existencia de las primeras, al menos como un parámetro de referencia.
Los centros de formación técnica y los institutos profesionales han tenido una escasa valoración en el proyecto de ley. Y eso es algo que hemos de remediar. Claramente se requieren mayores esfuerzos al respecto.
En Chile, 5,2 millones de personas no terminaron el colegio y 2,5 millones concluyeron la enseñanza media, pero no siguieron carreras universitarias. O sea, 7,7 millones no accedieron a la educación superior. Y solo un 11 por ciento de la fuerza de trabajo cuenta con un título profesional o técnico. ¡Hay un campo extraordinario!
Algunos dicen: "Se registra un millón de estudiantes en la educación superior". Señalemos francamente que las tasas de deserción son superiores al 50 por ciento. De ese millón, la mitad no va a terminar, porque no estaba preparado; porque no reunía condiciones básicas; porque no pudo pagar; porque las enseñanzas básica y media son pésimas y no disponían de una base mínima para enfrentar una carrera universitaria. Sin embargo, esas personas se matricularon por existir una oferta.
Por lo tanto, muchos chilenos seguirán con la necesidad de lograr un título técnico, y se requiere fortalecer los centros de formación técnica y los institutos profesionales para que continúen cumpliendo su función.
Señor Presidente, hay quienes conciben la educación superior como un negocio. Estimo que la iniciativa, tal como se encuentra, busca solo regularlo.
Aquí se ha mencionado que es necesario reestructurar integralmente el texto. Se ha planteado una indicación sustitutiva. Mientras no la vea, mi voto será en contra, porque no estamos analizando una normativa tangible, sino una idea de proyecto con cero aprobación.
Entonces, ¿hay que legislar? Claro que sí. ¿Hay que generar una nueva Agencia Nacional de Acreditación? Por supuesto. Solo espero ver las indicaciones y si hay consenso. Mientras ello no ocurra, no voy a avalar la regulación del lucro.
Y si habrá lucro, seguiré demandando del Gobierno una definición respecto de la educación gratuita. Si no la quieren, que lo digan. Que no le saquen más el bulto y que lo expresen ahora, antes de las elecciones. Porque, al parecer, el problema radica en lo que sucederá el 17 de noviembre próximo. ¡No desean confesarlo! ¡No aceptan la educación gratuita, pero no se atreven a reconocerlo!
Señor Presidente, repito que votaré en contra del proyecto de ley mientras no se cuente con la indicación sustitutiva. Vamos a apoyar una buena iniciativa, para que tengamos universidades de calidad.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, tal como lo expuso el Senador señor Navarro, este es un debate que ya hemos realizado y que en el país se viene escuchando desde hace bastante tiempo.
Probablemente hemos resuelto mal el asunto. Probablemente la calidad no ha sido lo central ni lo que ha ordenado la discusión. Porque se hace mucha referencia a ese elemento. A veces aparece un problema cualquiera en educación, que tiene que ver con la discriminación, con la segregación, con el endeudamiento de las familias, con el lucro, y el Gobierno saca siempre el mismo comodín: "Lo que realmente interesa es la calidad".
Diría que este sí es el debate sobre esa materia. Este y no otro.
¿Dónde radica el problema? En que la iniciativa en examen, en particular, que crea la Agencia Nacional de Acreditación y establece un nuevo sistema de acreditación de las instituciones de educación superior, se plantea de manera fraccionada, porque no guarda relación con las otras a las cuales han hecho referencia varios señores Senadores, como la del financiamiento o la que crea la Superintendencia de Educación Superior. Y se observa, entonces, una mirada dispersa. Creo que eso no le hace bien a la educación ni guarda relación con un concepto.
A estas alturas todos nos preguntamos cuál es esa gran reforma que el Gobierno prometió en este ámbito. Si uno se fija en todos los mensajes del Presidente de la República en el 21 de mayo, observa que han mediado anuncios en orden a que "Este es el año de la educación", a que "Ahora sí que hacemos la gran reforma", la cual, sin embargo, no llegó nunca, y me parece que ya no se recibirá.
La señora Ministra, en ese sentido, ha ajustado las expectativas, ha actuado con bastante sinceridad, y sabe, más o menos, cuáles son las posibilidades de avanzar.
Por mi parte, siempre he sostenido que el asunto que ahora abordamos es probablemente de los menos ideológicos en el debate sobre la educación superior. Mas la dificultad es la que acabo de señalar. Se advierte una intervención fraccionada, en la que no se guarda una relación. No hay un relato; no hay un concepto; no se sabe adónde vamos. Por tanto, esta no es la gran discusión ni la gran reforma. ¡Ya no habrá una gran reforma en educación durante el actual Gobierno!
Como se ha dicho acá, la que nos ocupa es la Agencia Nacional de Acreditación. Consulté en el Diccionario de la Real Academia Española la definición de "agencia", término que al Gobierno le gusta mucho -a muchos ministerios quisiera transformarlos en una de ellas-, y leí que significa "Empresa destinada a gestionar asuntos ajenos".
No sé qué más lejos de lo que realmente entendemos por educación puede estar la palabra, porque, como bien se indicó aquí, se trata de un bien social. ¿Por qué? Porque busca satisfacer necesidades públicas. Entonces, cuando un Presidente de la República señala que es un bien de consumo, claramente tenemos un problema grande, del cual el proyecto, por supuesto, no se hace cargo.
Asumiendo que este es el debate sobre la calidad, uno encuentra algunas dificultades en el texto.
Primero, no se reconoce la experiencia en la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado, creada en 1999, y luego en la Comisión Nacional de Acreditación, que surgió de la ley Nº 20.129, de 2006. Hay un acervo de práctica en la materia que no se considera.
El proyecto no distingue entre universidades, como lo han manifestado varios señores Senadores.
Una de las cosas más cuestionadas es el período de acreditación: seis años o cero -todo o nada-, sin perjuicio de la acreditación provisional de tres años, por una sola vez. Si se va a funcionar con la misma exigencia que hoy, es evidente que no más de diez universidades, de las 60 existentes de distinta naturaleza, podrían quedar acreditadas. Ante ello, sinceremos las cosas. ¿Vamos a bajar los estándares de calidad? ¿Hacia dónde? ¿De la media para abajo? Porque esto último permitiría aumentar el número; pero, en definitiva, ocultaríamos las diferencias entre los distintos planteles de educación superior.
Lo que busca el proyecto es hacer aparecer a la Universidad Católica y la Universidad de Chile -no voy a nombrar muchas- con aquellas otras que lucran por excelencia y a las que no les importa la calidad. Me preguntarán: "¿Cuáles son estas últimas?". Varias que hace mucho rato creen que la acreditación sirve, no por la calidad, sino porque es la herramienta que permite acceder a recursos fiscales por vía directa o indirecta. Y eso es todo.
Algunos dirán: "Ya salió el autoflagelante del Senador Quintana". Creo que hubo responsabilidades de la Concertación, sin lugar a dudas. Esta es una de las áreas en que a esa coalición le dio lo mismo. Miró para el techo. "Tenemos muchos cabros en las universidades. ¡Qué bueno! Son cientos de miles de estudiantes. ¡Pongámosle, nomás! Da lo mismo que accedan a recursos".
La crisis del año pasado, un Secretario de Estado destituido y diversos procesos judiciales. Pero hay que separar las cosas, porque la situación del ex Ministro Harald Beyer no tiene que ver con esos procesos; ellos implican a personas de muchas universidades que entendieron que en este sistema, donde los incentivos estaban mal colocados, era mejor poner 100 mil dólares de coima para recibir después 20 millones de dólares.
Ahora, respecto a la calidad, ¡por favor!, ¡qué relación guarda este debate con la calidad!
Entonces, le encuentro razón al Senador Navarro cuando dice que, hoy día, en realidad nos estamos pronunciando sobre el proyecto del ex Ministro Harald Beyer.
¿Qué ocurrió en la discusión de la iniciativa sobre creación de la Superintendencia de Educación Superior, donde nos acompañaron bastantes colegas que no forman parte de la Comisión, como la Senadora Lily Pérez, quien tuvo un rol muy activo, y el Senador Lagos, entre otros?
Que hubo quienes defendieron este proyecto.
Por su intermedio, señor Presidente, le quiero decir a la señora Ministra -no estuvo en la parte inicial de este debate, porque la iniciativa llegó en enero- que, de las veintitantas entidades de todo tipo que escuchamos (algunas de la Alianza, pues la Senadora Von Baer propuso a varios invitados) en las once sesiones que celebramos, a ninguna institución, a ninguna universidad, a ningún centro de estudios, a ningún especialista le gustó este proyecto.
Algunos Senadores que me miran extrañados pueden estar preguntándose por qué tendrían que aprobarlo. La razón es que hay un compromiso -lo destaco- de la Ministra Carolina Schmidt para revisar esta materia.
Y ese compromiso tiene varios puntos:
En cuanto a la composición del Consejo de la Agencia Nacional de Acreditación, diversos Senadores han señalado que la designación de cinco miembros no es suficiente. Pero no solo porque ese número no permitiría terminar con los conflictos de interés, sino además por la manera cómo se nombran y por la dedicación parcial que se les asigna.
En lo relativo a la acreditación, se suprime la realizada por área, lo cual desincentiva el avance en gestión, en docencia; y se pierde el escalonamiento de 2, 4, 6 años: ahora es todo o nada.
Asimismo, se dispone la acreditación obligatoria solo para Medicina y Pedagogía. Y el resto da lo mismo; se deja al azar. O sea, la suerte va a definir qué pasa con los programas de posgrados, qué pasa con los doctorados, qué pasa con las demás carreras. Haremos cuenta de que en Biología, en Agronomía, en Derecho y en diversas Ciencias todo es perfecto.
Desde luego, aquí no se ha pensado en qué sucederá con los estudiantes si hay cierre de universidades.
Reitero: se pierden incentivos importantes. Los estándares no tienen que ver con la calidad, sino más bien con los requisitos.
Y uno de los puntos que varios señores Senadores reiteraron y que también sostuvieron los especialistas que invitamos a la Comisión es que se confunde el concepto de "licenciamiento" con el de "acreditación".
El licenciamiento, como todos sabemos, es lo que permite la autonomía universitaria: que un plantel de educación superior pueda abrir sedes y campus, ofrecer carreras, hacer difusión, en fin.
La acreditación es algo distinto. Esta busca que exista un mejoramiento continuo.
Y aquí se confunden ambos términos. Entonces, se trata de un proceso que se preocupa de todo: de que las instituciones velen por la calidad, en fin, lo que les permitirá acceder a recursos.
Señor Presidente, quise centrarme en los aspectos negativos, pues son los que escuchamos recurrentemente de parte de todas las instituciones. Y si voy a aprobar esta iniciativa en general, como lo hice en la Comisión, es por los compromisos adquiridos por la Ministra, en orden a que se establezca una mayor diferenciación entre licenciamiento y acreditación y a que se consideren diferencias entre los institutos, centros de formación técnica, universidades.
Si bien tal compromiso es bastante global, en la discusión en particular se podrá poner a este proyecto en sintonía con lo que desea la mayoría del país: una educación gratuita, universal.
Siento que debemos sincerar este debate. Y, ojalá, todos los señores Senadores se pronuncien respecto de los temas de fondo: no más segregación; terminar con el lucro en la educación y preocuparnos efectivamente de la calidad.
Reitero: voy a votar a favor, pero sujeto a todos los cambios mencionados. Y, por supuesto, sabiendo que la Secretaria de Estado cumplirá su palabra, en la esperanza de que la indicación que se va a presentar dará cuenta de lo debatido hoy, en la Sala, y de los puntos de vista de la mayoría de las universidades y especialistas del país. A estos no les gusta esta iniciativa, como tampoco, lamentablemente -lo digo, porque es malo para educación-, los distintos proyectos presentados por este Gobierno.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma, por 10 minutos.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, tan importantes como el contenido de un proyecto son el debate que se produce y los fundamentos que se entregan en la Sala. Porque uno puede perfectamente aprobar o rechazar una iniciativa en función del texto, pero mucho más en cuanto a la argumentación.
Yo por lo menos quiero argumentar en forma enteramente distinta de un número importante de Senadores respecto a los cuales tenemos una diferencia insoslayable.
Y deseo plantear lo que pienso sobre esta materia.
Yo no reniego del sistema universitario de los últimos 30 años, al contrario de lo hecho por algunas personas aquí que parecieran considerar errado todo lo realizado en esta materia. Y, a diferencia de ellas, en términos generales, no totales, creo que el aquel ha resultado profundamente beneficioso.
Al mundo universitario se incorporó gente que no habría tenido ninguna posibilidad de hacerlo de no efectuarse un cambio sustancial en el sentido de otorgarle mayor libertad al sistema educacional.
En cierta oportunidad me correspondió acompañar en una gira al Presidente Lagos, quien planteó, hablando del ámbito educacional, el orgullo que sentía como Primer Mandatario -en ese momento- de que solo uno de los padres por cada siete estudiantes universitarios hubiera cursado la educación superior. Con esto daba un fuerte impulso en el sentido de que parte del mejoramiento de la formación tenía que ver con el nuevo sistema universitario.
Entonces, yo no comparto el análisis que busca satanizar esta historia de 30 años. Creo que el cambio universitario fue muy importante y que los espacios de libertad que permitieron el establecimiento de 30 a 35 instituciones, de Arica a Punta Arenas -el esfuerzo ha sido muy consistente en casi todas las regiones- han resultado de gran beneficio para Chile.
A mi juicio, parte del desarrollo económico y social que se observa en muchos sectores de nuestra patria tiene que ver con ese mejor nivel educacional. Y ello se vincula indisolublemente con esa amplitud, con esa mayor oferta de cupos universitarios.
En consecuencia, partamos de algo esencial: aquí tenemos un punto de vista muy diferente. Y también voy a esperar, pero por una razón exactamente inversa a la de quienes me antecedieron en el uso de la palabra, para saber en qué consiste la indicación que el Ejecutivo quiere presentar. Porque si es para dar en el gusto a algunas de las personas de las bancas de la Izquierda -los discursos que he oído me llevan a sospechar ello, y tengo todo el derecho de desconfiar-, debo decir que a mí me gustaría que se estableciera una cosa razonable.
Entiendo que el proyecto tiene un pecado original inevitable, surgido a partir de una situación de hecho que tuvo que ver -lo vivimos en nuestra Región- con lo sucedido en la Universidad del Mar, en donde hubo abuso, mala utilización de la institucionalidad y, probablemente, fracasaron aspectos de política pública que no debieron haber fallado.
Sin embargo, tratar de cambiar copernicanamente el sistema universitario a partir de una realidad específica me parecería un error histórico. Porque una cosa es buscar una forma de acreditación a fin de que la persona que entre a estudiar una carrera tenga alguna garantía de que le enseñarán lo que dispone la malla curricular y de que en ello habrá mayor información; pero otra muy distinta es instalar un sistema totalmente estatal.
Por eso, yo por lo menos quiero dejar claro mi punto de vista en el sentido de que podría aprobar la idea de legislar, pero con reparos.
Deseo ser superfranco en esto, pues lo hemos debatido y tenemos derecho a discrepar: me habría gustado un sistema que exigiera la acreditación obligatoria a las instituciones que reciben cierto financiamiento del Estado, por ejemplo. No obstante, no veo la necesidad de instalarlo, necesariamente, en todos los establecimientos que impartan educación superior.
En Estados Unidos, donde están las mejores universidades del mundo, según los indicadores que he visto, no existe un sistema de acreditación obligatorio. Tienen otro esquema, basado más en la buena fe; basado en principios muy sanos y con relación a los cuales probablemente alguien puede decir: "No se dan en Chile". No lo sé.
No obstante, no es una verdad inamovible que, por la circunstancia de que en Chile la acreditación sea obligatoria, con harta burocracia, con hartos requisitos y, lamentablemente, con harto grado de arbitrariedad, el sistema deba ser mejor.
Estamos enfrentando una situación de hecho. Y hasta ahora me asiste la duda de si pudo abordarse de manera distinta, sin atacar de modo tan obsesivo algunos aspectos de esta legislación. Había pasos intermedios susceptibles de explorarse.
Yo entiendo esta iniciativa como una fórmula para corregir errores y no para cambiar por completo el sistema de libertad que debe regir en el ámbito educacional.
En el texto propuesto se consignan estándares de acreditación que me preocupan, en el sentido de que algunas personas puedan definir si el diagnóstico estratégico acerca de la misión de una universidad privada corresponde o no, porque esto puede ser discutible; o si los resultados de una institución declarados o cautelados son equivalentes, pues es dudoso que exista una verdad única en la materia.
Señor Presidente, voy a aprobar la idea de legislar, pero no pensando en que la ley en proyecto es una especie de borrón y cuenta nueva en el tema universitario, ni menos que con ella la libertad recibe un empellón, sino como una forma de corregir un problema puntual que se presentó y respecto al cual, desafortunadamente, no se encontró otra fórmula para resolverla (en una de esas quizás surge alguna). De lo contrario, lo propuesto vulneraría mis principios, que tienen que ver, tanto en el área educacional como en muchas otras, con la defensa de la libertad.
Yo no creo en un Estado omnipotente -digámoslo con franqueza: algunos son partidarios de él-; en un Estado gigante; en un Estado que asfixie las libertades. Creo en un Estado que tenga músculo, pero que sea subsidiario y se dedique a cumplir roles de defensa y cautela públicas en aquellos temas que indispensablemente lo requieran.
Yo no estoy para lo otro, sino para contribuir a evitar algún tipo de problemas que, por desgracia, se han detectado.
Y por último, señor Presidente, no puedo escaparme de algunos emplazamientos que se han efectuado en lo atinente a la educación gratuita.
Quiero ser superclaro: educación gratuita para el que lo necesita. Sin embargo, es una injusticia gigantesca que la educación sea gratuita para quien no lo necesite.
¿Por qué el 10 por ciento más rico del país va a tener educación gratuita? ¿No constituiría una forma perversa de asignar los recursos -siempre escasos- en nuestro país?
Algún señor Senador decía, recordando tiempos de antes: "Yo tuve una educación gratuita". Sí, pero mientras él la recibía de manera gratuita, había otras 7 o 10 personas sin acceso a enseñanza ¡ni siquiera técnica o media!
¡Los estándares han cambiado muy brutalmente en Chile¿! ¡Y en buena hora! Con todo, llegado el momento de los principios, no resulta aceptable que aquel que puede pagar su educación, no lo haga en razón de un concepto mal entendido sobre la gratuidad. Esos recursos públicos se podrían destinar a bastantes otras cosas, por ejemplo, a solucionar problemas sociales.
En esta parte quiero detenerme algunos segundos.
Yo creo en la economía social de mercado. Y en ella justamente hay una diferencia. Aquí el sentido social significa dar a los recursos públicos un destino más vinculado a la igualdad de oportunidades y a derrotar la pobreza.
Esa es mi visión. Y no contribuye a derrotar la pobreza ni a dar igualdad de oportunidades el proporcionar gratuidad en la educación a quien pueda pagarla. Si tenemos una discrepancia respecto a ello con las candidaturas presidenciales de las bancadas de enfrente, ¡bienvenida sea! ¡Y que la ciudadanía juzgue finalmente!
El señor PROKURICA.- No intervendré, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Se halla inscrito a continuación el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, después de escuchar el debate, lo expuesto por la señora Ministra del ramo y siguiendo un poco la tramitación de los proyectos relativos a educación, entre ellos el que ahora nos ocupa, que crea un nuevo sistema de acreditación, estimo que se ha traído a la Sala una idea de legislar.
Lo señalo, porque se nos ha informado que se presentará una indicación sustitutiva, mediante la cual se efectuarán las correcciones reclamadas incluso durante la discusión de la iniciativa en la propia Comisión. Y, por lo que veo, la señora Ministra ha dado una respuesta positiva a tales reclamos.
En atención a ello, y sin que esto signifique modificar lo ya resuelto, debo decir que me hubiese gustado que se procediera en forma distinta: que la Comisión de Educación requiriera la autorización de la Sala para analizar este proyecto, de tanta trascendencia, en general y en particular en el primer informe y que luego nos trajera un texto bastante consensuado y completo en su estructura, a fin de que aquí nos pronunciáramos sobre él.
Pero la verdad de las cosas es que esta tarde se nos propone el trámite normal: votar la idea de legislar.
¿Y cuál es la idea de legislar? ¿Queremos que en Chile existan un sistema y una institucionalidad que establezcan una acreditación obligatoria para efectos de mejorar la calidad de la enseñanza en los establecimientos que imparten educación superior?
Sí. ¡Estamos todos de acuerdo!
Los colegas que me precedieron en el uso de la palabra, y especialmente los miembros de la Comisión que participaron en la discusión de este asunto, han manifestado que a pesar de las diversas observaciones formuladas, que espero sean recogidas en la indicación anunciada por el Ejecutivo, hacen fe de que con ella y otras indicaciones que presenten algunos señores Senadores, más aquello que se considere de lo dicho por el mundo especializado en la materia, en definitiva podremos contar con un buen proyecto.
Recuerdo el debate que tuvimos en el Senado cuando en el Gobierno del Presidente Lagos se propuso crear un sistema de acreditación.
Si uno preguntara (no quiero salirme del tema) "es bueno lo que ha pasado en la educación superior desde los años 90 hasta la fecha", y alguien respondiera que en 1990 tenían acceso a la educación superior 200 mil alumnos y que hoy día esa cifra supera un millón, yo concluiría que lo logrado es positivo.
¿Se hizo bien eso? A lo mejor no. ¿Por qué? Precisamente, porque no se concretó antes el sistema de acreditación que tratamos de establecer en el Gobierno del Presidente Lagos.
Y lo que se propone en la normativa en análisis no se materializó cuando correspondía. Se creó más bien un mecanismo tendiente a aprobar licencias para el funcionamiento de establecimientos de educación superior. Pero no para su acreditación.
Entonces, cómo procedía aquel que pretendía instalar una institución de educación superior, ya sea universitaria, profesional o técnica -esta última, sobre todo, aún adolece de muchos problemas-: sencillamente, armaba una entidad, le asignaba un nombre, se iba al Ministerio de Educación, presentaba el prospecto respectivo y, después de un período de dos años de operación, obtenía una licencia. Y con el solo hecho de conseguir la licencia empezaba a capturar alumnado. Hubo instituciones que lo hicieron seriamente. No así otras, cuyo objetivo no era solo educar, sino también lucrar. Y resultó.
¿Por qué se envía ahora este proyecto de ley? Cuando en el Gobierno del Presidente Lagos se debatió aquí lo concerniente a la acreditación, los Senadores oficialistas -no teníamos mayoría en esta Corporación- éramos partidarios de que ella fuera obligatoria. Sin embargo, los colegas en ese momento de la Oposición no estuvieron de acuerdo y solo pudimos establecer una acreditación voluntaria. ¡Al menos eso logramos!
Luego de la crisis producida, hace algún tiempo, en la Universidad del Mar -y no solo en esta, sino también en otras casas de estudios superiores, las cuales, según sabemos, entraron en conflicto después de que se destapó un escándalo en relación con el Consejo Nacional de Acreditación. Se retomó la buena forma de pensar sobre el tema, produciéndose unanimidad -así lo he escuchado- para establecer un sistema obligatorio de acreditación y determinar con claridad lo relativo a la licencia o a la acreditación, pero, principalmente, para que los establecimientos de educación superior, cuando hagan su oferta sobre la formación que entregarán, tramiten de manera obligatoria la acreditación respectiva.
Se podrá discutir lo de los años de acreditación. En efecto, hoy día ella puede durar 6, 7 u 8 años (7 me parece que son), y normalmente las universidades de mayor prestigio lo hacen en 6, y en algunas, en 1 o 2.
Encuentro debatible el asunto. Pero tenemos que analizarlo bien a fondo para hacer lo correcto, si se considera lo que se nos propone: un solo plazo de seis años -tres años de manera provisional- o buscar otro sistema. No me gusta el existente en la actualidad, donde se dan uno o dos años de acreditación, sin saberse si después esto seguirá e ignorarse la calidad de la enseñanza que se entrega.
En consecuencia, esta es una materia que debe verificarse, de manera que funcione bien el sistema.
Todas las fórmulas planteadas en el proyecto deben analizarse junto con las otras dos iniciativas presentadas sobre el particular: la de la Superintendencia de Educación Superior -el organismo regulador-, respecto de la cual tendrá que estudiarse qué facultades tendrá, de qué manera va a impedir los conflictos de interés y exigir la acreditación, etcétera; y la del financiamiento de la educación estudiantil.
En definitiva, son tres proyectos, que conforman una trilogía, la cual tenemos que trabajar en conjunto para que no haya contradicciones en lo que deseamos lograr.
Sin embargo, considero un avance el haber iniciado el debate en la Sala. Pero quiero que, en el próximo tiempo, la Comisión de Educación pueda abocarse a dicha trilogía en su integridad, a fin de que, desde el Parlamento, podamos introducir el cambio que el sistema educacional chileno requiere.
De otro lado, quiero agregar algo -no sé si el Senador señor Cantero lo tocó, pero igual se debe plantear con fuerza- relativo al descuido -no sé si catalogarlo de esa forma- o al menor alcance o importancia que se da a la educación técnica en el país.
Al leer el proyecto, inmediatamente pienso en las universidades. No veo que en él se integre a la educación técnico-profesional. En ese sentido, el sistema educacional chileno presenta una falla, pues se ha producido una pirámide invertida. Hoy día países que proporcionalmente son de mejor desarrollo educacional, cuentan con 3 universitarios versus 7 técnico-profesionales. En Chile es al revés: hay 7 planteles universitarios contra 3 técnico-profesionales, lo que representa un error.
Entonces, me gustaría pedir que en el proyecto se visualizara con mayor fuerza la forma de propiciar, propender, garantizar y mejorar la calidad de la educación técnica, y dar acceso a ella para satisfacer las necesidades de nuestro país.
Por lo tanto, creo que en ese punto igualmente deberíamos poner atención.
Me parece que este proyecto se presentó cuando el caso de la Universidad del Mar había provocado el estallido del problema. Pero no era solo de ella. El escándalo además afectó a muchas otras casas de estudios superiores que, al parecer, no habían procedido en forma muy limpia para lograr sus acreditaciones.
No quiero entrar a condenar a nadie. Pero, en realidad, la Universidad del Mar generó un efecto muy negativo.
No obstante, quiero llamar la atención sobre algo en que he insistido -lo hice también cuando estaba el Ministro Beyer- desde que se produjo el problema en dicho establecimiento de educación superior en enero de este año. Aquí hubo unanimidad para decir al entonces Ministro de Educación que, en la misma medida en que no seamos exigentes en la acreditación, en la calidad y en la existencia de una Superintendencia, llegaría el momento en que se producirían casos similares al de la Universidad del Mar, sin que se responda por la calidad y se infrinja la normativa pertinente, todo lo cual implicaría tomar decisiones como las que hubo que adoptar con esa entidad, cuestión que provocó problemas a más de 14 mil alumnos.
Ahora, hemos avanzado en algunas soluciones, pero el daño ya está hecho.
Se trata de un caso que no puede ser considerado como una excepción.
Yo echo de menos el proyecto que presenté con la idea de que hubiera un sistema de administración delegada y uno de intervención, a objeto de que el Estado, a través del Ministerio de Educación, pueda asumir el control inmediatamente después de crearse situaciones de crisis, para no provocar un daño como el que se generó en la Universidad del Mar.
Entonces, tiene que haber una normativa sobre administración delegada y de intervención para que, cuando estos institutos o universidades fallen, garanticen a sus alumnos -porque ellos y sus familias no pueden pagar el precio del error que hayan cometido tales instituciones-, que van a poder continuar y terminar sus estudios y no provocarles un perjuicio que no tiene retorno.
Por eso, voy a votar a favor de la idea de legislar, aun cuando hubiera preferido el envío de un proyecto más acabado, con toda la información necesaria para tomar una decisión.
De acuerdo al Reglamento, como se solicitó aplazamiento de la votación, esta queda pendiente hasta la sesión próxima.
El señor PIZARRO (Presidente).- Debido a una alteración del Orden del Día, procederemos a debatir el proyecto ubicado en el número 8 de la tabla, iniciado en moción de los Honorables señora Pérez San Martin y señores Cantero, Girardi y Ruiz-Esquide y del entonces Senador señor Chadwick, en primer trámite constitucional, que tipifica el delito de incitación al odio racial y religioso, con informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7130-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señora Pérez San Martín y señores Cantero, Girardi y Ruiz-Esquide y del entonces Senador señor Chadwick):
En primer trámite, sesión 43ª, en 17 de agosto de 2010.
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: sesión 27ª, en 4 de junio de 2013.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es consagrar en la legislación el delito de incitación al odio racial y religioso, tendiente a garantizar el reconocimiento y el respeto a la dignidad humana, particularmente el derecho a la no discriminación.
La Comisión aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Pérez (doña Lily) y señores García y Letelier.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, por fin llegó el día en que la Sala puede abocarse a discutir esta iniciativa.
Ella fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, en enero del año 2011, es decir, hace dos años y medio; pero faltaba el trámite en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, del cual fue eximida por la Sala hace un tiempo.
El proyecto busca dar fuerza a la ley antidiscriminación, que fija el marco general en el cual nos movemos en el país, la que, por ser una legislación nueva, recién está siendo aplicada, no obstante que sus normas son de carácter general.
Con tal objeto, se propone tipificar como delito la incitación a la violencia contra personas o grupos, y también la incitación al odio racial y religioso.
Al respecto, quiero dar un ejemplo: días atrás, una persona que cumple pena de cárcel por el delito de violación de derechos humanos, efectuó declaraciones, en una materia tan delicada, al sostener que en Chile no hubo violación de derechos humanos, centros de tortura ni víctimas. Eso está incitando al odio en nuestra sociedad y constituye una provocación, en este caso en particular, hacia las familias afectadas.
Ese es un ejemplo reciente y actual.
También vimos en televisión a una marioneta decir algo que, a juicio de algunos, podía ser catalogado como "humor negro". Pero una cosa es el humor y la libertad de expresión, y otra distinta -resulta difícil decirlo- hacer alarde contra una tragedia, al mofarse del holocausto y genocidio nazi.
Entonces, este proyecto de ley busca, por una parte, tipificar un delito. Y en países desarrollados y en las democracias más fuertes y robustas del mundo, rigen leyes de estas características, que buscan precisamente resguardar de cierto tipo de violencia a las personas, a las instituciones y a los grupos, violencia que finalmente nunca se sabe cómo termina.
En el caso del crimen del joven Daniel Zamudio, si la ley antidiscriminación hubiese estado vigente, el delito contra él tendría una agravante, porque el asesinato se cometió después de que la víctima fuese objeto de incitación al odio por su orientación sexual. Por lo tanto, ese crimen hubiera tenido otra connotación de haberse ya dictado la ley en proyecto que estamos comenzando a discutir ahora en el Senado.
Son muchísimos los casos en que se advierte cuándo se incita al odio contra las personas por su origen social, su origen étnico, su religión, sus ideas políticas o su orientación sexual. Y eso no está resuelto en la ley antidiscriminación.
Por eso se hace tan necesario contar con una normativa con estas características.
Esta iniciativa legal fue trabajada intensamente en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y ha recibido el apoyo de diversas instituciones abocadas a la protección, promoción y resguardo de los derechos de las personas.
Varias instituciones; personeros destacados, como José Zalaquett; el Instituto Nacional de Derechos Humanos; el Ministerio de Justicia; grupos abocados al trabajo, desarrollo y resguardo de los derechos de las personas; distintos abogados que estuvieron en nuestra Comisión y representantes de agrupaciones que han vivido situaciones de violencia, en particular de incitación al odio, apoyan este proyecto.
Por esa razón, es tan importante una legislación en ese sentido que sancione penalmente aquellas conductas que tienen una gravedad horrible en nuestra sociedad.
Hoy día un individuo que cometa un acto de esa índole no incurre en un delito. Hay precedentes judiciales en el sentido de que hoy día no es penalizado, pues la máxima sanción que se le aplica es una multa.
Esa es la realidad actual. Por lo tanto, se hace indispensable -lo que es unánime en la Comisión de Derechos Humanos, que preside el Senador señor Orpis- despachar el proyecto en análisis, que patrocinamos junto con los Honorables señores Cantero, Girardi y Ruiz-Esquide y con el ex Senador y actual Ministro del Interior, Andrés Chadwick.
Es tan importante sacar adelante esta iniciativa, entre otras razones, por las que yo he expuesto.
El señor PIZARRO (Presidente).- Se va a abrir la votación, manteniendo el tiempo de aquellos que quieran fundamentar el voto.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, es duro reconocer que, dentro de las características de nuestra cultura isleña, que vive o tiende a vivir aislada del resto del mundo, somos un país con una práctica histórica racista, clasista, sexista, xenofóbico y poco tolerante con la diversidad.
Es algo que nos caracteriza, desgraciadamente.
Durante mucho tiempo, en el país se han hecho comentarios antisemitas y afirmaciones en el sentido de que los mapuches son flojos y curados y de que las personas con diferentes orientaciones sexuales son de rango inferior o les falta algo, etcétera. ¡Para qué decir cómo se ha tratado históricamente a la mujer, a la que hasta el día de hoy aún se la considera incapaz de administrar su propio patrimonio, pues todavía se establece que el marido, en la sociedad conyugal, actúa como dueño del patrimonio de su esposa, aunque lo haya heredado o comprado antes de entrar a la sociedad conyugal!
Esto tiene que ver con rasgos de nuestra identidad, respecto de la cual el Parlamento tiene la voluntad y el interés de contribuir para cambiar esos comportamientos culturales inadecuados.
Como recordaba la Senadora señora Lily Pérez, en fecha reciente, a un grupo de colegas del Senado nos correspondió denunciar una molesta situación que ya estaba al límite. Inclusive, algunos se enojaron con nosotros, porque denunciamos ante el Consejo Nacional de Televisión un comportamiento impropio de un libretista de un programa de televisión, donde una marioneta hablaba -lo que se consideraba gracioso- del holocausto y de la incineración de millones de personas. Es decir, lo que para algunos parece "normal" es algo que nosotros queremos que se entienda como inaceptable.
Señor Presidente, son muchos los ejemplos y las razones para aprobar este proyecto de ley.
Para qué hablar del caso difundido por un medio de comunicación vespertino, en que un actor, al visitar el Palacio de La Moneda vestido de cuello y corbata, con zapatos muy finos y colonias adecuadas, lo dejaron pasar por los patios sin dificultad; pero cuando la misma persona, en un edificio cercano, se cambió y se puso vestimenta de mapuche, un poncho, un cinto a la cabeza, ojotas y con paso lento trató de entrar al mismo lugar, casi la toman presa.
Lo anterior no hace sino describir la cultura de discriminación existente en el país, donde no se respeta a las personas por lo que son, sino por lo que tienen o por el patrón cultural dominante que puede reflejarse en la apariencia física, la forma de hablar, etcétera.
Este proyecto de ley hace tres cosas: tipifica de nueva forma el delito de incitación al odio en sus diferentes ámbitos contra colectividades vulnerables; pretende, aprendiendo de la legislación comparada, caracterizar un crimen no tipificado, y establece que cuando ciertos ilícitos se cometen por motivos racistas, antisemitas o de otra clase de discriminación, constituya un elemento agravante. Y, además, precisa de mejor forma el equilibrio muy especial que debe haber entre lo que es la libertad de expresión y las manifestaciones de incitación al odio.
Nadie dice -y esto tiene que ver con el concepto de pluralismo que debemos desarrollar- que no mantengamos diversas opiniones ni tampoco que no podamos expresar nuestras opiniones contrarias en ciertas materias.
Pongo el ejemplo de lo que ha pasado con las iglesias evangélicas en tiempos recientes con relación al proyecto que regula el Acuerdo de Vida en Pareja.
Algunos pastores de ese credo han interpretado que se verán imposibilitados de promover sus valores (contrarios al matrimonio entre personas del mismo sexo), porque podrían ser considerados discriminatorios. No es el caso. El punto es que cualquier persona pueda manifestar su opinión, pero dentro de un marco de respeto y de valoración del otro como una persona con derechos, sin que medie un lenguaje denigrante que incite al menoscabo, al odio y especialmente a la promoción de acciones en su contra.
Señor Presidente, en la Comisión de Derechos Humanos debatimos in extenso este proyecto, que es tremendamente importante y que debe llevarnos, más que a sancionar a personas por el delito que se tipifica, al cambio de la actual práctica cultural por otra que respete la diversidad, en una cultura plena de los derechos humanos, que no tiene que ver con la tragedia que vivimos durante la dictadura, sino con incorporar en nuestra sociedad un denominador común de respeto a la vida, a la diversidad, a la dignidad de todo ser humano, sin importar dónde nació, de qué raza es, por qué religión o creencia opta, cuál es su orientación sexual o su género; es decir, el respeto a la dignidad del ser humano, independiente de cualquier otro parámetro.
En consecuencia, esta iniciativa legal es tremendamente valiosa en ese sentido y por esa razón la vamos a votar a favor.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, me parece que esta iniciativa legal es del mayor interés y actualidad. En el afán de fortalecer la dignidad de la persona humana, disposiciones de esta naturaleza contribuyen a valorizar, en su más amplio sentido, los derechos humanos.
No es fácil, sin embargo, legislar en estas materias, pues hay normas que entran en conflicto.
Sin lugar a dudas, el respeto y la protección a la vida privada y a la honra de las personas y su familia -como lo garantiza nuestra Constitución- son valores que de alguna forma pretenden ser preservados a través del proyecto que hoy discutimos.
No obstante, en nuestro ordenamiento constitucional también se garantiza la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa, sin perjuicio de los delitos que se puedan cometer en el ejercicio de ellas.
Eso nos plantea el problema de cómo armonizar la libertad de expresión (que se traduce en la libertad de opinar) y la libertad de información. La libertad de opinar supone, de alguna manera, juicios de valor sobre la realidad, mientras que la de informar implica la capacidad de escribir, con la mayor objetividad posible, los hechos que se transmiten a través de un medio de comunicación.
Por tanto, aquí se puede producir una tensión, que no es nueva y que siempre se halla presente en el accionar de los medios de comunicación. Incluso, hoy en día en muchos países existe la tendencia a restringir los espacios de libertad de expresión, mientras que en otros se procura preservar, por sobre cualquier otra consideración, el derecho a la honra, por estimar que las personas y sus valores están primero.
Opino que es difícil dirimir tal conflicto, pero no cabe la menor duda de que hay que buscar un sano equilibrio entre ambos principios.
Por otra parte, en esta materia se halla vigente la Ley Antidiscriminación, que precisamente procura evitar la discriminación en ciertas actuaciones que carezcan de racionalidad y "se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad". Es decir, se tipifican las conductas que constituyen, en principio, actos de discriminación. Y entre las primeras se menciona a aquellas que se funden en la raza o etnia, por lo que la incitación al odio racial representa un acto de discriminación.
Hago presentes estos dos hechos -tanto el conflicto entre la libertad de expresión y el derecho a la honra, por un lado, como lo prescrito por la Ley Antidiscriminación, por el otro-, por cuanto la modificación legal que se está propiciando nos pone dentro de una materia que, en cierto sentido, presenta aspectos ya legislados. Y, si agregamos los delitos de injuria y calumnia, se cierra el círculo.
En consecuencia, no quedan muchos espacios para definir y tipificar, en forma tan precisa, conductas como las que aquí se plantean.
Sin embargo, entiendo el ánimo de aquellos que proponen la idea de tipificar el delito de incitación al odio racial o religioso porque, así y todo, ocurren situaciones que van más allá de lo razonable, de lo tolerable, y en las cuales aquellos derechos parecieran no quedar protegidos o preservados por las disposiciones legales a que he hecho referencia.
Ahí, entonces, queda un espacio por trabajar.
Desde un punto de vista más técnico, el proyecto plantea modificar la ley Nº 19.733, sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, incorporando ahí una sanción más precisa al "que por cualquier medio de difusión pública de la palabra o de alguna acción que exteriorice una opinión discriminatoria, para moverlos al odio expresado en la violencia en contra de colectivos vulnerables, realizare publicaciones o transmisiones destinadas a promover odio u hostilidad respecto de personas o colectividades en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad".
La norma, en alguna medida, ya se encuentra en el cuerpo legal vigente, que en su artículo 31 dispone: "El que por cualquier medio de comunicación social, realizare publicaciones o transmisiones destinadas a promover odio u hostilidad respecto de personas o colectividades en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad, será penado", etcétera.
Lo que pasa es que ahora, junto con tipificarse con mayor precisión el delito, se agrega, a la multa que conlleva su comisión, una pena de presidio.
Al mismo tiempo, se incorpora, en el artículo 12 del Código Penal (que establece las circunstancias agravantes), un nuevo numeral, consistente en "Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo u orientación sexual, o la enfermedad o minusvalía que padezca".
Sería una agravante general que operaría en todos los casos.
Pero también se crea un tipo penal nuevo en el artículo 140 bis del mismo Código Penal, que diría: "El que efectuare amenazas por cualquier medio o realizare manifestaciones o expresiones destinadas a promover odio, desprecio, hostilidad o amedrentamiento, respecto de personas o colectividades en razón de que profieren un culto permitido en la República, o que con acciones, palabras o amenazas ultrajare a los miembros de culto permitido en la República será penado con presidio menor en su grado mínimo a medio, y multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales".
O sea, habría normas que estarían precisando el problema en tres ámbitos: en el de la libertad del periodismo; en el Código Penal, como delito, y en el Código Penal como agravante.
La pregunta es si acaso resulta necesario el conjunto de tales normas, o si solo bastaría establecer el delito o la agravante, toda vez que lo primero podría resultar en parte reiterativo y en parte excesivo.
Por ejemplo, hoy día existe la circunstancia agravante consagrada en el número 9 del artículo 12 del Código Penal, consistente en "Emplear medios o hacer que concurran circunstancias que añadan la ignominia a los efectos propios del hecho". Pues bien, el odio racial agrega la ignominia a un delito, a una amenaza, a una injuria, por lo que de alguna manera ya podría estar comprendido y, en ese sentido, tal vez sería suficiente tipificar el delito.
No quiero emitir una opinión definitiva al respecto, porque me parece que debemos aprobar la idea de legislar y en la discusión particular entrar a la sintonía fina para ver qué es lo que resulta mejor.
Por eso, felicito a los autores de la iniciativa, porque se están introduciendo en un espacio de precisión necesario en el ámbito penal.
No tengo toda la claridad para señalar que las modificaciones en los tres ámbitos propuestos (la ley sobre ejercicio del periodismo y en dos partes el Código Penal) sean todo lo indispensables o convenientes. Quizás con algunas de ellas sea suficiente; quizás alguna sea redundante y, en una de esas, tal vez lo sean las tres. Tiendo a pensar que podemos simplificar la situación, para asegurar que la conducta quede penalizada, pero de una manera más sencilla.
En todo caso, creo que lo podemos consultar con especialistas y en la discusión particular precisar cuál es el mejor ámbito de definición de esta materia.
Por ahora, pienso que estamos ante una muy buena iniciativa, que aprobaré con mucho entusiasmo. Y reitero mis felicitaciones a sus autores, porque están haciendo una contribución en un tema donde, por nuestra falta de compromiso cultural, lamentablemente en Chile, en forma solapada, se mantienen expresiones que revelan odios raciales, odios a veces religiosos, odios a las personas por su manera de ser, y eso no lo podemos aceptar. La Ley Antidiscriminación constituyó un paso significativo. Genera un procedimiento y una acción judicial para valorar el respeto a las personas en su diversidad. Pero no podemos dejar de precisar conductas que necesitan una sanción mayor.
Así que por todo lo expuesto, voto a favor del proyecto. Espero que en la discusión particular, ahora sí en la Comisión de Constitución, podamos trabajar en detalle estas materias, para resolver un problema muy complejo de un modo técnicamente adecuado.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, parto felicitando a los autores de esta iniciativa: la Senadora Lily Pérez, los Senadores Cantero, Girardi y Ruiz-Esquide y el ex Senador Chadwick.
Considero importante este proyecto, y claramente constituye un avance que hoy estemos debatiéndolo en general, más allá de que al analizarlo en particular la Comisión de Constitución le introduzca algunos ajustes.
¿Por qué es importante? Porque como país hemos suscrito una serie de convenios internacionales que nos obligan al reconocimiento y al respeto de la dignidad humana, en particular a la no discriminación. Y, en este ámbito, la incitación al odio y la hostilidad discriminatoria, por actos directos o a través de injurias, pueden afectar a ciertos grupos de personas.
Además, me parece necesario que como país nos pongamos al día. Porque, si se revisa la legislación comparada, como lo hizo presente uno de los invitados, el profesor Sergio Politoff, en Chile no existe un delito penal como el que se observa en otras naciones.
Así, vemos que el Código Penal holandés castiga con prisión y multa al que "en público, verbalmente o por escritos o imágenes, incita al odio o discriminación contra personas, o a la ejecución de actos violentos contra personas o bienes de personas, debido a su raza, su religión o sus creencias, o por su orientación hetero u homosexual".
Por otra parte, el Código español dispone que "los que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses".
Y podría seguir dando ejemplos del Código alemán, del uruguayo y de muchas otras naciones.
Por lo tanto, es importante que como país nos pongamos al día en el sentido de establecer este delito penal, dando una señal potente como sociedad en orden a que somos capaces, en cuanto nación -cumpliendo nuestros compromisos internacionales y las convenciones suscritas- de garantizar el reconocimiento y el respeto a la dignidad humana. Por eso, claramente debemos avanzar en la línea de establecer este delito.
Como recién dije, es una forma de dar una señal como país, de irnos educando, de ir propiciando que como sociedad no seamos indiferentes a la incitación al odio, a acciones concretas en contra de personas simplemente por razones de raza, ideología, sexo, orientación sexual o incluso minusvalía.
Creo que la iniciativa significa un avance. Más allá de los ajustes que se deban efectuar en nuestro Código Penal y de otras figuras que parecieran ser similares pero no exactamente iguales, pienso que hay que considerar el proyecto como un avance y, por lo tanto, apoyarlo.
Anuncio mi voto favorable, señor Presidente.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, frente a hechos como estos, que incitan al odio, que generan discriminación, ¡tolerancia cero! Todos sabemos cómo comienzan estos fenómenos, pero jamás cómo terminan. Y a veces es muy fácil prender la chispa que enciende la pradera en estas materias.
Chile, en general, es una isla: la Antártica, en el sur; el desierto de Atacama, en el norte; el océano Pacífico y la cordillera. Nos costó integrarnos al mundo global. Y lo hicimos a través de la economía, exportando al Asia, a todos los lugares del planeta. Pero esta inserción económica a veces se confunde con el término "tolerancia". No basta venderle a todo el mundo, independientemente de su pensamiento, de su religión. Lo que hay que incorporar es la tolerancia.
En tal sentido, señor Presidente, yo siento que somos intolerantes con la tercera edad. A veces cometemos intolerancia con el pueblo evangélico. Ahí está, lamentablemente, el hospital de Lirquén, en la comuna de Penco. Se le dificulta el acceso a los pastores evangélicos para ir a realizar su tarea con miembros de su iglesia o con otras personas. Hay que resolver aquello. Probablemente tengamos que presentar un proyecto de ley. Porque los pastores no pueden estar dependiendo del guardia o del médico de turno para acceder libremente a los establecimientos de salud. Vamos a hacer un esfuerzo con el Ministro Mañalich. Y, si es necesario, propondremos un proyecto de ley para evitar esta odiosa discriminación hacia los pastores evangélicos cuando deben ingresar a los centros de atención.
Hoy día establecemos desde una falta administrativa, desde una multa, a una pena de cárcel, y eso me parece bien. Es una potente señal para aquellos que incurrían en estas acciones y no recibían castigo alguno. La inoperancia o la ausencia de norma puede incitar a la repetición de estas conductas.
Señor Presidente, no ha de entenderse que estas opiniones son agresivas cuando tienen que ver con la política.
Lo menciono porque se propone modificar el artículo 12 del Código Penal en el siguiente sentido: "Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo u orientación sexual, o la enfermedad o minusvalía que padezca".
Aquí se agrega un concepto que no está presente en otras legislaciones: el de "antisemita". Yo he condenado el Holocausto. Creo que fue una aberración del régimen nazi. Pero he mantenido observaciones críticas frente a la actitud del Estado de Israel contra el Estado de Palestina. Y siento que una opinión política no puede confundirse con los conceptos de odiosidad, discriminación, incitación a la violencia.
Lo señalo porque ha habido un debate permanente acerca del comportamiento de Israel en cuanto a los derechos humanos del pueblo árabe, particularmente del palestino. Y las opiniones expresadas frente a tales hechos no pueden entenderse como una incitación al odio, a la violencia, porque lo que allí se ha instalado, lamentablemente, es una persecución y una violación constante de los derechos humanos del pueblo palestino.
Por eso, incorporar estos elementos y establecer la pena de cárcel para conductas discriminatorias me parece bien. Pero pienso que también son importantes la prevención y la educación. Hay que introducir el concepto de tolerancia, el combate a este nacionalismo xenófobo que a veces observamos en relación con nuestros hermanos de Bolivia o del Perú.
Creo que la educación cívica es la clave. Si vamos a tener estudiantes jóvenes con actitudes xenófobas, si va a haber personas a las que la xenofobia les parece natural dentro de su cultura, a mi juicio la respuesta es la educación.
El hecho de no impartir educación cívica hoy día en nuestros colegios significa que estamos generando una pena y no yendo al concepto base.
He dicho mil veces que la mayor causa de muerte en jóvenes de 18 a 23 años son los accidentes de tránsito. En Chile, los adolescentes fallecen a causa de ellos. Y, no obstante que seguimos penalizando la conducción, no hacemos nada con respecto a la educación vial.
Aquí digo: si vamos a incorporar estos elementos, de los cuales participo y los voy a votar a favor, introduzcamos también en el ámbito educativo el respeto a los derechos humanos; la tolerancia. En definitiva, educación, la cual continúa brillando por su ausencia. No nos atrevemos a incluir tales conceptos en la formación de nuestros jóvenes. Algunos colegios más avanzados sí lo hacen. Sin embargo, debiera haber una clara direccionalidad en el sentido de considerarlos en la instrucción de la juventud.
Y eso quiere decir, por cierto, impartir clases de religión -y ojalá orientada a la católica, evangélica-, tal como la Ley de Cultos lo establece: el ejercicio de la religión sin ningún tipo de discriminación.
En el artículo 12 del Código Penal se incorpora el concepto que he reiterado.
Asimismo, se intercala en dicho Código el artículo 140 bis, nuevo, que dice relación con las amenazas, lo cual es algo muy común. Hay parlamentarios, por ejemplo la Senadora Lily Pérez -con quien solidarizo totalmente-, que en algunos momentos han sufrido agresiones, intimidaciones. Sé que a ella no le han causado ningún efecto en su voluntad; al contrario, la han fortalecido.
El artículo 140 bis, nuevo, es clave. En determinados casos es el dicho; en otros, la amenaza. Hay mucho loco suelto. Una persona lanza una idea y otra la recoge, la legitima en su inconsciente íntimo, la cree una verdad y la puede ejecutar. El problema se produce no solo en quien amenaza, sino en aquellos que la escuchan, que hacen cierta lectura de ella y consideran que tal expresión puede justificar su acción. Y, de hecho, así ha pasado. Los que accionan no son siempre los mismos que amenazan, sino quienes la recogen con la legitimidad del que la expresa, y aunque haya sido proferida en un rapto de ira o haya disculpas posteriores, eso no se resuelve.
Por lo tanto, me parece muy bien que sean sancionadas las personas que efectúen amenazas.
Señor Presidente, tanto el pueblo evangélico como el pueblo mapuche sufren constantemente, y tal vez de modo inconsciente, estos tipos de discriminaciones. Y quiero señalar que cuando no podemos entregarles educación a los jóvenes mapuches en su lengua originaria (mapudungun) estamos cometiendo algún grado de discriminación. Les estamos imponiendo una cosmogonía, una cosmovisión que, por cierto, la pueden tomar o dejar. Aquí hay obligaciones del Estado en materia de respeto y de no discriminación. Y es una actitud racista, xenófoba no garantizar que nuestros niños mapuches reciban educación -aquellos que quieran, se entiende- en su lengua originaria.
Por consiguiente, el debate que se abre aquí espero que lo podamos extender a los colegios. Ojalá fuera posible -me dirijo a los autores de la moción, a la Senadora Lily Pérez- discutir esta materia en espacios más amplios que en el que nos encontramos ahora un reducido número de Senadores, donde, efectivamente, se haga carne, se interiorice este análisis. Creo que sería tremendamente popular, muy aceptado, porque los jóvenes están deseosos de poder discutir este tipo de temas. Y vamos a tener una gran coincidencia en cuanto a que la educación es lo único que va a impedir conductas de la naturaleza que la iniciativa en examen busca sancionar con penas de cárcel.
Espero ver, cuando tengamos posibilidades de examinar los contenidos de la Ley General de Educación, cómo introducimos los elementos en comento en el proceso formativo de los jóvenes, tanto de enseñanza básica como de enseñanza media. Solo eso garantizará conductas adecuadas de respeto mutuo por parte de todos los ciudadanos, sean hombres o mujeres.
Votaré a favor, señor Presidente, no sin antes señalar que esta iniciativa, en general, modifica el Código Penal. No obstante, necesitamos revisar un conjunto de otras leyes para poder garantizar su ejecución. Muchas normativas quedan en letra muerta. Y la Ley de Culto, que prescribe para todas las iglesias condiciones igualitarias -reitero: como el acceso a los establecimientos hospitalarios-, se halla hoy día cuestionada, lamentablemente, por algunos directores de hospitales que impiden el acceso a los pastores evangélicos cuando cualquier ciudadano los convoca por asuntos espirituales.
Por lo tanto, creo que debemos analizar ciertas leyes. Y si es necesario modificar alguna, habrá que hacerlo, a efectos de salvaguardar permanentemente el derecho a la no discriminación por los motivos señalados.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, tal como lo han planteado algunos Senadores, el que nos ocupa es un debate bien serio, relevante. No se trata de una discusión cualquiera ni de un asunto de fácil despacho, sino que tiene que ver con conceptos que han estado vinculados al desarrollo de la sociedad desde hace muchos años.
La primera reflexión que deseo hacer es recordar que el debate referido a si el delito de opinión era aceptable o no en un Estado de Derecho, ocupó parte importante de la discusión, por ejemplo, respecto de la Constitución de 1980. En efecto, quienes se oponían a él argumentaban que uno de los problemas medulares del articulado era precisamente establecer, a través del artículo 8°, un tipo de delito vinculado a los actos de personas que propugnaren, a saber, la violencia o la lucha de clases.
En ese contexto, a mí me tocó discutir el asunto. Hubo quienes decían que ese tipo de delito no podía existir, porque había una valoración de la opinión que iba más allá de alguna restricción que pudiera ser admisible constitucionalmente.
No me deja de sorprender el cambio experimentado: ahora lo que se está sancionando no solo es el delito de opinión -y voy a argumentar en el sentido de por qué considero que la iniciativa hay que votarla en general a favor; para que no haya ninguna duda-, sino también "alguna acción que exteriorice una opinión discriminatoria". Esto último reviste gran complejidad, por cuanto es superdifícil determinar qué se entiende por una acción que puede exteriorizar una opinión.
De ahí el concepto de que las opiniones son equivalentes a las acciones. Concepto que -insisto- fue muy discutido hace 30 o 35 años y que constituyó uno de los fundamentos de mayor crítica hacia la Constitución de la época. No deja de ser sintomático que esto haya variado y que esa lógica hoy día se extienda incluso mucho más allá de lo que en su momento se planteó por el constituyente.
Inclusive, en esa instancia existía la preocupación de definir exactamente la conducta, porque una sociedad debe impedir, obviamente -y me parece bien el fundamento de la moción-, la expansión de las odiosidades o de las hostilidades. Pero eso siempre hay que armonizarlo con la forma como se interpretan las opiniones legítimas que alguien puede sustentar, que no necesariamente requieren hostilidad u odiosidad. Aquí estamos en una cornisa muy delicada, en términos de no generar una sociedad de prohibiciones, pero sí una sociedad de derechos.
Y este es uno de los temas más complejos que se pueden discutir desde una perspectiva política.
Es mi primer comentario que quería hacer.
Vinculado con lo anterior se halla el cómo se armoniza la norma en comento con el derecho constitucional de la libertad de expresión, que es primo respecto del de opinión, donde obviamente, ya que se hacía referencia a un programa televisivo, se busca armonizar esto en términos de ir al fundamento último, que es evitar la odiosidad o la hostilidad, cuestión que no necesariamente tiene que ver con la capacidad de impedir una reflexión serena sobre elementos que pueden darse en función de la religión, de la nacionalidad.
Este es un punto delicado, importante, y creo que debemos debatirlo muy profundamente en la discusión particular del proyecto.
Un tercer asunto es la forma de redactar este tipo de articulado. En efecto, se entiende que son sancionables una opinión o "una acción que exteriorice una opinión" en razón del odio "en contra de colectivos vulnerables". Y se define "colectivos vulnerables" como "los integrantes de un determinado grupo identificable por características tales como la raza, la religión, el credo, y otras semejantes".
Es preciso tener mucho cuidado respecto de qué queremos instalar como el objeto del ataque. Porque aquí hay temas que, conforme a la iniciativa planteada, pueden entenderse a partir de hechos particulares que han sucedido en el último tiempo, pero yo no sé cómo se van a interpretar sus normas desde un punto de vista práctico en los años que vengan. De repente, alguien que aspira a que una institución funcione de un modo determinado no puede ser acusado, digamos, de generar un acto de odiosidad.
Entonces, este es un asunto bien profundo. Yo dudé mucho sobre cómo votar. Voy a aprobar el proyecto en general, porque creo que es bueno legislar en función de evitar la odiosidad y hostilidad dentro de un país respecto de ataques que no solamente se dan por motivos de raza, sexo, religión o nacionalidad: tienen lugar también en la lucha de clases o, por ejemplo, en reflexiones o doctrinas totalitarias, en donde claramente aparecen todos en la lógica de los buenos y los malos.
Por tanto, hay que ser muy preciso en definir cuál es el tipo de conducta que buscamos castigar, porque estamos modificando el Código Penal. No sea cosa que de pronto, por una imprecisión en los conceptos, estemos generando un tipo de sanciones para una forma de expresión que en un momento determinado se pueda entender como legítima.
En todo caso, me parece que el esfuerzo que hacen los autores de la moción es suficiente como para votar a favor la idea de legislar. Pero, ¡ojo!, creo que aquí, más allá del tema político que supone la aceptación de esto tan discutido por décadas respecto de los delitos de opinión, estas normas a todo evento tienen que ser redactadas en términos muy precisos, de manera de no dar jamás la opción de generar una sociedad en la cual no pueda haber discrepancias acerca de asuntos que son debatibles. Hay otros que no lo serán. Aquí instalamos temas respecto de los cuales no se puede discutir. Es una decisión muy profunda, bastante inédita, pero puede ser necesaria conforme avanza la sociedad.
Por eso, señor Presidente, quería, con estos comentarios, fundar mi voto favorable a la iniciativa, esperando que en la discusión en particular pueda haber una reflexión que no admita dudas sobre su objetivo y que no abra espacios para un mal entendido derecho a limitar la libertad de expresión.
El señor CANTERO.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero valorar el proyecto y destacar la preocupación de la Senadora Lily Pérez en esta materia. Desde luego, le agradezco a ella que me haya invitado a participar y a reflexionar respecto de esta temática, que por cierto es del más alto interés.
El objetivo del articulado es consagrar en nuestra legislación el delito de incitación al odio racial y religioso, con miras a garantizar el reconocimiento y el respeto a la dignidad humana, y particularmente, el derecho a la no discriminación.
Cabe preguntar: ¿tiene sentido esta preocupación en el mundo contemporáneo? Si miramos el nivel internacional, hay elocuentes y dramáticas muestras de la pertinencia de ella: desde las catastróficas realidades de la Segunda Guerra Mundial, con sus causas y sus consecuencias, siguiendo con las confrontaciones de la Guerra Fría, para terminar en eventos que hemos visto recientemente en diversos lugares de nuestra geografía global, que son, muchas veces, confrontaciones motivadas por incitaciones al odio racial y religioso.
Y, en el ámbito nacional, ¿es pertinente esta reflexión?
Veamos los adjetivos que caracterizan la iniciativa. En materia de raza, ¿ha habido efectivamente una discriminación? Claramente, sí. Todos los días vivimos las consecuencias de este enfoque de minusvalía respecto de ciertos sectores de nuestra realidad nacional.
En cuanto al otro elemento adjetivo, referido a la discriminación u odiosidad por sexo: ¿hay en nuestra realidad alguna experiencia en este sentido? Claramente, sí. Hace escasos meses tuvimos, de hecho, el caso dramático del asesinato de un joven precisamente por estas cuestiones.
En materia de religión, hemos visto también múltiples manifestaciones, quizás no tan dolorosas, pero sí de fuerte daño a la dignidad y a la equidad.
¿Y desde el punto de vista de la nacionalidad? Bueno, aquí hay efectivamente una cierta cultura, desde el fondo de nuestra historia, que recoge todos estos elementos y que evidencia determinados anclajes de discriminación y enfoques de cierta odiosidad. No cabe ninguna duda.
Esto es producto de la tendencia o de la tensión -quizás esa es la palabra que refleja mejor lo que quiero decir- entre esa búsqueda de la homogeneidad que caracterizó la primera etapa de nuestra historia nacional y la heterogeneidad en la que se mueven el mundo y nuestro país en la actualidad.
Es decir, uno de los elementos propios del tiempo moderno es la diversidad y el pluralismo, con todas sus distintas manifestaciones.
De allí, entonces, la pregunta: ¿es aberrante plantear este tema o es pertinente que se enfoque en el Derecho positivo? En mi opinión, es muy pertinente.
Yo le agregaría -y eso lo haremos en la discusión en particular- elementos adicionales. Ya se han mencionado algunos de ellos: no solo se incita al odio por raza, por sexo, por religión o por nacionalidad; hay ocasiones en que se promueve la odiosidad por cuestiones sociales o económicas. Y lo hemos visto con expresiones verdaderamente dramáticas en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por ejemplo, donde millones de seres humanos sufrieron a consecuencia de ello.
Por tanto, es necesario abordar estas temáticas.
¿Y por cuestiones de orden político? También, por cierto.
¿Y por qué me parece relevante? Porque hay sectores -18 por ciento de la sociedad chilena aproximadamente- que viven en la lógica de la marginalidad, de lo que se llama la "contrapolítica". Ellos se definen como "anarquistas", y muchas veces, en su enfoque de marginalidad, de periférica vigencia de la convivencia, justifican elementos de violencia. Los vemos incluso en las calles, actuando en ocasiones con una odiosidad sin límites. No estoy hablando de algo que sea extraño, de algo que no se vea en la sociedad chilena. Somos testigos de ello en cada manifestación en que aparece un pequeño grupo que se define como "lumpen", pero que en realidad son personas que no tienen ningún reparo en lanzarle una bomba incendiaria a un ser humano que viste un uniforme y que está al otro lado de la trinchera.
Son elementos que efectivamente me parecen a mí muy pertinentes.
En definitiva, lo que busca la iniciativa es impulsar un cambio cultural, más que establecer solamente cuestiones en el Derecho positivo. Es decir, su propósito es más amplio que esto último.
Se mencionaban recién la larga discusión y los elementos de jurisprudencia respecto del concepto de "opinión" y su vinculación con la "acción". Ocurre que en la sociedad contemporánea, en el mundo que emerge eso no es tan preciso. ¿Por qué? Porque el tiempo y el espacio han cambiado. No solo se vive en tiempo y espacio reales o analógicos, sino además en tiempo y espacio digitales.
Se dice que el individuo vive con su existencia cotidiana, la que lo identifica como tal, pero también con lo que los estudiosos de estas materias denominan "avatares". ¿Qué son? Personalidades ficticias detrás de las cuales se reconocen individuos. Y todos tenemos dos, tres o cuatro de esas personalidades, incluidos transgéneros, mixturas entre gente y animales, etcétera.
¿Y qué tiene que ver aquello?
En la definición de "opinión" como sinónimo de "acción" no tiene ningún sentido, porque no se están dando opiniones. Tiene que ver con acciones, las que además se realizan desde el anonimato, desde la sombra, sin identidad y con la dificultad que eso envuelve para individualizar o ubicar a los actores del quehacer pertinente.
Incluso más: hoy día, a los cibernautas que incurren en ese tipo de conductas en el mundo digital los denominan "trolls", es decir, personas que ejercen violencia en cada acto, normalmente sin identificarse.
En consecuencia, me parece bien e interesante dar pie a una reflexión en torno a la eventual simetría entre opinión y acción, pues, desde tal perspectiva, estas no son simétricas.
Un elemento adicional, señor Presidente.
Se habla de los medios de comunicación haciendo referencia a los analógicos o tradicionales. Pero da la casualidad de que actualmente la mayor parte de las comunicaciones no se están realizando por estos medios (prensa, radio y televisión), sino a través de segmentos digitales que forman parte de esa revolución de tiempo y espacio, y muy especialmente en las redes sociales.
Por consiguiente, resulta interesante introducir ese enfoque para los fines de precisar.
También considero pertinente la iniciativa porque se recogen elementos de la Constitución Política; de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas; del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial; de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer; de la Convención sobre los Derechos del Niño (todas las últimas, también de la ONU); de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes; de la ley sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, a la cual he estado haciendo algunas referencias respecto a la nueva realidad, y de la ley sobre abusos de publicidad. Y todo esto, impactando sobre el Código Penal.
Me parece que esta iniciativa es muy positiva; felicito a todos los que colaboran en ella, y anuncio desde ya mi voto a favor.
Agradezco una vez más a la autora de la moción, mi buena amiga la Senadora Lily Pérez, por haberme hecho partícipe de este proyecto, que considero del más alto interés para nuestro país.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en primer término, quiero señalar que cuando se votó la idea de legislar en la Comisión de Derechos Humanos me correspondió remplazar al Senador Carlos Ignacio Kuschel y voté a favor.
Lo mismo voy a hacer hoy día.
Sin embargo, deseo manifestar que el informe establece textualmente lo siguiente:
"Antes de votar en general el proyecto, y teniendo presente las observaciones surgidas durante la discusión del mismo, la Comisión integrada por los Honorables Senadores señora Pérez, y señores García y Letelier adoptó los siguientes criterios para ser incorporados durante la discusión en particular de la iniciativa:
"a) eliminar la expresión `antisemita';
"b) reemplazar el concepto `raza' por `etnia';
"c) sustituir el término `orientación sexual' por `género';
"d) sancionar específicamente el lenguaje al odio;
"e) eliminar el concepto de `colectivos vulnerables';
"f) elevar la pena en un grado cuando el delito es cometido por un funcionario público en el ejercicio de su cargo;
"g) readecuar las penas con el objeto de respetar el principio de proporcionalidad, y
"h) Sistematizar las disposiciones actualmente vigentes con las propuestas en el proyecto en examen.".
Estimo que, junto con pronunciarnos sobre la idea de legislar, es altamente significativo tener presente el marco en que se da la votación de ella, en particular luego de escuchar en la Comisión a varias personas que se refirieron a los criterios específicos que se deben incorporar durante la discusión particular.
Es del caso recordar que esta moción propone tres modificaciones.
La primera consiste en remplazar por otro el artículo 31 de la ley N° 19.733, sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo.
Por supuesto, una enmienda a esa normativa legal siempre tiene que hacerse respetando la garantía del numeral 12° del artículo 19 de la Constitución, donde se preceptúa que esta asegura a todas las personas "La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado.".
Por lo tanto, como varios colegas que me antecedieron lo señalaron muy bien -en particular, recuerdo la intervención del Senador Hernán Larraín-, para cualquier modificación a la ley N° 19.733 debemos tener suficiente cuidado y tomar todos los resguardos para que siempre prevalezca la libertad de opinión e información, para que determinadas intervenciones o publicaciones no puedan ser necesariamente prohibidas en razón de las normas que aprobemos.
El justo equilibrio entre opinar e informar libremente y la responsabilidad de todos los actores, de todos los ciudadanos, en cuanto a emitir nuestros juicios respetando siempre el derecho de las demás personas es consustancial a un Estado de Derecho.
Resulta evidente, pues, que en la discusión particular la Comisión deberá tomar aquellos resguardos para que la garantía constitucional en comento no se vea sobrepasada por las normas que buscamos incorporar.
Las otras modificaciones afectan al Código Penal, y consisten en incorporar un numeral nuevo al artículo 12 y en intercalar un artículo 140 bis, nuevo.
En cuanto a estas enmiendas, estimo de la mayor conveniencia que durante la discusión particular, para asegurar la necesaria coordinación entre nuestros códigos, este proyecto sea analizado también por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Señor Presidente, considero que para nuestro país es extraordinariamente significativo este proyecto, que busca sancionar la incitación al odio y, por ende, a la violencia, sea por razones raciales o religiosas.
Hay que seguir analizando las normas que se proponen; hay que continuar discutiendo, para llegar a los consensos que permitan que esta iniciativa se transforme en ley de la república.
Me parece vital que este proyecto se siga discutiendo. Por lo tanto, apruebo la idea de legislar.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, no hace muchas décadas un gobernante de Chile señaló, refiriéndose al Ejército de otro país, que sus miembros eran "chascones, marihuaneros, drogadictos, homosexuales".
Eso lo expresó el dictador Pinochet, hace alrededor de dos décadas.
En consecuencia, no estamos ante un hecho que no suceda.
Como bien lo manifestó recién el Senador Cantero, puestos en el escenario de hoy, en una sociedad que debe ser tolerante, más diversa, situaciones como esa siguen ocurriendo, probablemente no con la connotación que adquieren cuando las protagoniza un Jefe de Estado.
Por consiguiente, quiero valorar el debate a que nos convocó la Senadora Lily Pérez.
La solución no es simple, no es sencilla. Nunca resulta fácil la tipificación de un delito; siempre constituye una tarea delicada, sobre todo tratándose de un aspecto de la vida relacionado con la libertad de expresión.
Hemos sido promotores de ella particularmente quienes estamos en este lado del Hemiciclo. Basta ver los últimos documentales de la televisión chilena -Las imágenes prohibidas y muchos otros-, que dan cuenta de nuestra lucha por la libertad de expresión.
Creo que hay que seguir promoviendo y ampliando esa libertad. Pero existen situaciones -tal vez no muchas-, como en todas las cosas, en que hay un límite para ella: cuando se entra en lo que el proyecto denomina "incitación al odio racial y religioso".
Podemos ponernos en muchas otras hipótesis.
Quizás el Senador Cantero fue más lejos cuando se refería a la acción de los "trolls" en las redes sociales.
El señor NAVARRO.- ¡A mí me "trolean"!
El señor QUINTANA.- Yo no quisiera que llegáramos a eso. Porque, claramente, detrás de quien emite una opinión por aquella vía no existe ninguna convicción: solo se entrega un mensaje.
En consecuencia, siento que también es preciso procurar que la tolerancia, desde el ángulo de la sociedad, no se vea afectada.
Insisto en que resulta muy difícil tipificar un delito con las características planteadas, porque deben protegerse principios que inspiran a nuestra comunidad, como -reitero- el de la libertad de expresión, pero sin afectarlo al mismo tiempo al impedir que la gente emita opinión o, como manifestó el Senador García, al alterar el derecho a la información.
Creo que esta iniciativa de diversos colegas liderados por la Senadora Lily Pérez bajo ninguna circunstancia entra en colisión con la garantía de libertad de información y de opinión que les asiste a todos los chilenos. De lo contrario, no estaríamos dispuestos para el debate.
Empero, ha habido situaciones de incitación al odio. Y las comparo con lo expresado por Manuel Contreras -y no digo "general" porque hay una materia sobre la cual también deberíamos legislar: la de la degradación, pues no puede tener rango de general quien ha sido uno de los principales genocidas del siglo XX-: que en Chile no hubo violaciones a los derechos humanos, que la DINA no torturó, que no existen detenidos desaparecidos.
Ese es otro fenómeno: el "negacionismo", que tampoco es nuevo y no puede pasar inadvertido.
Ahí también existe un límite a la libertad de entregar cualquier opinión. Porque al final se termina infligiéndoles otro daño a personas que han sido víctimas de dolores muy profundos, que están en el alma de Chile.
Existe discriminación, por cierto. El pueblo mapuche es permanentemente objeto de ella. Asimismo, la hay de tipo religioso. Y a veces, no solo verbal: asimismo, gestual.
Recién comentábamos el punto con el colega Navarro. Porque en los últimos días, al igual que a otros Senadores, nos ha tocado participar en oficios religiosos, como el tedeum. Y se nos han acercado varios pastores (en mi Región, la de La Araucanía; en la del Biobío, y en muchas partes) para plantearnos que, dado que visten como cualquier civil, no con el cuello clerical de un sacerdote, tienen dificultades para entrar a los hospitales, por ejemplo.
Esa es una discriminación.
Señor Presidente, tal como se ha planteado durante el debate, este proyecto busca darle expresión, carne, contenido, complemento a la Ley Antidiscriminación, cuya necesidad asumimos cada vez con mayor fuerza, pues su inexistencia le costó la vida al joven Zamudio y generó muchas víctimas. Y tal vez esto continúa.
A mi juicio, no solo se trata de establecer figuras penales. A decir verdad, me declaro bastante contrario a ello. No soy de los que creen que los problemas se solucionan creando más delitos, sobre todo por la desproporción brutal de las sanciones.
Muchas veces el Congreso Nacional recurre a lo más fácil. Porque es popular dar curso a un proyecto que eleva las penas, como ha quedado establecido en algunas leyes, especialmente las surgidas en momentos dolorosos para la sociedad, con motivo de accidentes, en fin.
En todo caso, creo que es necesario avanzar en la materia. Y, junto con la tipificación de delitos, es indispensable considerar lo relativo a la educación.
Sobre el particular, estimo conveniente incorporar en los currículos escolares, en los programas educativos, la tolerancia, el respeto por las personas. Porque en la medida que la sociedad se respete más y asuma su diversidad de buena forma quizá no será menester modificar permanentemente el Código Penal y otros cuerpos legales. Porque, como aquí se ha dicho, en este caso no solo hay que enmendar dicho Código, sino también la ley sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, lo que no es sencillo.
Con todo, señor Presidente, valoro este debate. Hay que ser valiente para plantearlo. Quiero decirlo: ha sido valiente la Senadora Lily Pérez. Porque no es fácil hacerlo, y más aún sin afectar al mismo tiempo principios muy importantes, como las libertades de opinión y de información.
Es la tarea que queda para la discusión particular.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, quiero participar en este debate para consignar mis ideas y planteamientos.
En primer término, pienso que hay que felicitar a los autores del proyecto por el objetivo que persiguen: tipificar el delito de incitación al odio racial y religioso. Y lo hacen sustituyendo el artículo 31 de la ley N° 19.733.
Antes de abordar ese punto específico, me voy a referir a algo que un Senador que no está presente en la Sala pero que participó en el Consejo de Estado cuando se redactó la Constitución del 80 manifestó en lo atinente a su artículo 8°.
¿Por qué nosotros combatimos dicho precepto? Porque, en el fondo, incurría en algo propio de los Estados totalitarios: sancionar como delitos las ideas, los llamados "delitos ideológicos".
El artículo 8° perseguía, sobre todo -hablemos con absoluta claridad-, a quienes pensaban en las ideologías marxista y leninista, en la lucha de clases, etcétera.
En el Derecho Penal no se sancionan las ideas, sino las acciones constitutivas de delitos tipificados en la legislación vigente.
Por lo tanto, la derogación del artículo 8° estuvo muy bien hecha. Lo importante es no volver a insistir en tratar de crear delitos ideológicos.
No es este el caso. Yo entiendo el objetivo que se persigue mediante este proyecto. Sin embargo, considero necesario hacerle rectificaciones muy profundas a su texto.
Con relación al nuevo artículo 31 que se plantea para la ley N° 19.733, me alegro mucho del alcance que efectuó el Senador García en cuanto a que hay que modificarlo sobre la base de las prevenciones hechas presentes en el informe.
Si los autores de la iniciativa me preguntaran, yo les respondería, primero, que me gustaría más mantener el artículo 31 con una enmienda en el siguiente sentido: eliminar la palabra "social" que sigue a los términos "medio de comunicación", porque así la norma se amplía a todos los medios de comunicación, cualesquiera que sean: digital, escrito, visual, radial, etcétera.
Segundo, yo estoy de acuerdo en que en el artículo 31 modifiquemos las penas, para que la persona no quede sujeta solo a multa, sino también a presidio, en los términos que se plantean.
Tercero, eliminaría el concepto de "colectivos vulnerables", porque, en vez de ayudar, a lo mejor deja tan confuso el texto, que puede llevar a la no aplicación de la norma.
A mi juicio, lo más valioso de la propuesta es la incorporación de una nueva agravante en el artículo 12 del Código Penal -cabe eliminar la palabra "antisemitas", porque sería discriminatorio emplear nada más que ese adjetivo-, ya que ello determina que la sanción sea de tal naturaleza que inhiba a quienes pretendan, con acciones a través de un medio de comunicación, incitar al odio racial o religioso.
Lo mismo sucede con el artículo 140 bis que se propone intercalar en ese ordenamiento.
Me parece que no se trata tanto de agregar, porque ya se contempla una pena. Si se establece la agravante, en el fondo también se aplicará un mayor castigo a quienes pretendan cometer este tipo de ilícito.
Con esos alcances, estimo muy bueno que la iniciativa pase a la Comisión de Constitución, donde podrán intervenir sus autores y otros partícipes, a fin de que se refleje lo que se pretende -objetivo que es preciso apoyar-, que es terminar en el país con cualquier posibilidad de facilitar la incitación al odio racial, religioso o de otra naturaleza.
Algunos señores Senadores mencionaron un aspecto que también incide. No basta con las sanciones, sino que asimismo concurre un elemento propio de la educación. Ojalá se insista en la formación desde la familia, a la que se sume la que aporte la escuela, para que cualquier acción tendiente a incentivar el odio o la discriminación en razón de la raza, del sexo o de la religión sea extirpada de la conciencia de todos y de cada uno de nosotros. Juzgo que esta es la matriz.
Considero que el proyecto es muy positivo, porque nos lleva a profundizar algo que ya se intentó cuando aprobamos la ley contra la discriminación. Por eso, le doy mi respaldo. Y creo que puede ser perfectible y cumplir el objetivo que se persigue.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, voy a votar a favor de la iniciativa.
Sostengo que tiene que ser un motivo inspirador el de contar con una legislación que proteja de toda discriminación a cualquier colectivo vulnerable en el país y, en particular, el de que igualmente seamos capaces de lograr una cultura de tolerancia y respeto.
Deseo consignar claramente que los criterios contemplados en la Comisión para poder perfeccionar el texto en la discusión van, a mi juicio, por la vía correcta. Ellos son los siguientes:
"a) eliminar la expresión "antisemita";
"b) reemplazar el concepto "raza" por "etnia";
"c) sustituir el término "orientación sexual" por "género";
"e) eliminar el concepto de "colectivos vulnerables";
Planteo lo anterior porque en nuestro país existen varios colectivos vulnerables. No solo hemos visto campañas que atentan contra quienes profesan alguna religión, como la judía, sino también contra diversos sectores, entre los cuales se cuenta, por ejemplo, la colonia palestina, numéricamente la más importante en la diáspora, tomando en cuenta que comprende 350 mil personas.
Y no cabe omitir a algunos grupos étnicos.
Por eso es tan importante una legislación que efectivamente sancione cualquier incitación al odio y, en definitiva, una conducta intolerante en la materia.
Felicito a los autores del proyecto y comparto las correcciones que se tendrían que introducir para poder contar, en definitiva, con una legislación que resguarde la tolerancia y el respeto.
--Se aprueba en general el proyecto (18 votos a favor y 2 pareos).
Votaron las señoras Allende y Pérez (doña Lily) y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, García, García-Huidobro, Gómez, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Letelier, Navarro, Pizarro, Prokurica, Quintana, Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).
No votaron, por estar pareados, la señora Alvear y el señor Kuschel.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- El plazo para formular indicaciones se fijará en la próxima sesión.
Les deseo a los señores Senadores y a los funcionarios un buen 18 de septiembre, con mucha cueca.
El señor NAVARRO.- ¡Y a la ciudadanía!
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Lo extiendo a todos los chilenos.
Se levanta la sesión, sin perjuicio de darse curso a las peticiones de oficios que han llegado a la Mesa.
Al señor Ministro de Salud, para que responda INQUIETUDES SOBRE LICITACIÓN DE HOSPITAL DOCTOR SÓTERO DEL RÍO.
Al señor Ministro de Salud, para formularle CONSULTA SOBRE REQUISITO DE BONIFICACIONES POR RETIRO VOLUNTARIO Y ADICIONAL DE LEY N° 20.612.
2. MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES BIANCHI, FREI, ORPIS, ROSSI Y SABAG, QUE REEMPLAZA EL ARTÍCULO 114 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA EN MATERIA DE COMPETENCIAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES (9108-06)
Valparaíso, 11 de septiembre de 2013.
Con ocasión de la tramitación del proyecto de ley relativo al fortalecimiento de la regionalización del país, actualmente radicado para su estudio en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización (Boletín N° 7.963-06), los Senadores que suscriben esta moción hemos estimado conveniente revivir una iniciativa que se planteó con motivo de la reforma constitucional del año 2009 (ley N° 20.390) sobre gobierno y administración regional.
En la referida oportunidad se modificó el artículo 114 de la Constitución Política, con el propósito de facultar al Presidente de la República para transferir a uno o más gobiernos regionales, en carácter temporal o definitivo, una o más competencias de los ministerios y servicios públicos, pero en el texto aprobado no se incluyó ningún mecanismo para solucionar las controversias que pudieren surgir ante la negativa del Ejecutivo de transferir una determinada competencia o ante el rechazo de un gobierno regional frente a una competencia que el Ejecutivo le quisiera transferir.
Para enmendar este vacío, que en definitiva deja al arbitrio del Ejecutivo el ejercicio de esta facultad, hemos estimado conveniente revivir una proposición que formulara la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, con oportunidad de esa reforma, para entregar al Senado la potestad de dirimir las divergencias que pudieran derivarse de la facultad presidencial anotada.
Para tal efecto, proponemos el reemplazo del artículo 114 de la Constitución Política por el que se consigna a continuación, que enumera las atribuciones de los gobiernos regionales y la posibilidad de que éstos puedan asumir otras funciones públicas que se les transferirán en todo parte por el gobierno central, entregando al Senado de la República competencia para pronunciarse acerca de las diferencias que pudieran surgir con motivos de estas transferencias.
Para formular esta propuesta, hemos considerado la nueva calidad democrática que invisten los consejeros regionales, lo que justifica la participación del Senado, conformado a su vez con miembros elegidos democráticamente, todo lo cual legitima a esta Corporación como un tercero imparcial entre la Administración Central y los gobiernos regionales.
Por las razones expuestas, proponemos el siguiente:
Artículo único.- Reemplázase el artículo 114 de la Constitución Política por el siguiente:
"Artículo 114.- Podrán ser de competencia de los gobiernos regionales una o más de las siguientes funciones públicas:
a) Ordenamiento territorial, planificación urbana y asentamientos humanos;
b) Medioambiente y desarrollo energético;
c) Obras de infraestructura y equipamiento regional;
e) Desarrollo rural y de localidades aisladas;
f) Fomento de las actividades productivas;
g) Promoción y ordenación del turismo;
h) Desarrollo social y cultural;
i) Educación y salud;
j) Deporte;
k) Ciencia y tecnología, y
i) Conservación del patrimonio.
Los gobiernos regionales podrán, además, asumir otras funciones públicas relacionadas con actividades que tengan una clara identificación con la región.
Las funciones a que se refieren los incisos precedentes, se transferirán en todo o parte al gobierno regional de que se trate, con carácter temporal o definitivo, por iniciativa del Presidente de la República o a petición de los dos tercios de los consejeros en ejercicio del respectivo consejo regional. El decreto de transferencia deberá siempre indicar los recursos que demande su ejecución.
Cuando el Presidente de la República, por intermediación del Ministerio respectivo, deniegue la solicitud de transferencia de funciones y competencias y el consejo regional insista en ella, decidirá el Senado. Igual procedimiento se aplicará en caso de que el consejo regional rechace la transferencia de funciones y competencias dispuesta por el Presidente de la República y éste insistiere en ella.
La ley orgánica constitucional respectiva regulará la transferencia de funciones y competencias de que trata este artículo.”.
(Fdo.): Carlos Bianchi Chelech, Senador.- Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Senador.- Jaime Orpis Bouchon, Senador.- Fulvio Rossi Ciocca, Senador.- Hosaín Sabag Castillo, Senador.