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Timestamp: 2017-01-21 07:21:00
Document Index: 33873985

Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'artículo 9', 'artículo 14', 'artículo 178', 'artículo 1', 'artículo 29', 'artículo 48', 'artículo 48']

1_9788499853734 by Editorial Tirant Lo Blanch - issuu
DE ABOGADOS Y
FRANCISCO J. MAGRANER MORENO
© FRANCISCO J. MAGRANER MORENO
I.S.B.N.: 978 - 84 - 9876 - 047 - 7
EL INICIO Y EL CESE DE LA ACTIVIDAD: LA DECLARACIÓN
CENSAL ...............................................................................................
2.1. EL HECHO IMPONIBLE.............................................................
2.2. EXENCIONES ..............................................................................
2.3. LA DETERMINACIÓN DE LA CUOTA TRIBUTARIA ..............
2.3.1. Las tarifas ..........................................................................
2.3.2. El elemento tributario “superficie” ...................................
2.3.3. Los beneficios fiscales ........................................................
2.3.4. El coeficiente de ponderación ............................................
2.3.5. El coeficiente de situación .................................................
2.3.6. El recargo provincial..........................................................
2.4. PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO.......................................
2.5. LA GESTIÓN DEL IMPUESTO...................................................
2.6. CONTESTACIONES A DETERMINADAS CONSULTAS PLANTEADAS ANTE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ............
2.6.1. Abogado que ejerce la profesión por cuenta ajena ...........
2.6.2. Actividad de abogacía ejercida por una comunidad de bienes o por una sociedad civil ...............................................
2.6.3. Procuradores y abogados que comparten un despacho
para el ejercicio de su actividad ........................................
2.6.4. Procuradores y abogados que realizan su actividad en
distintos despachos ............................................................
2.6.5. Procuradores y abogados que ejercen su actividad en varios municipios pero mediante un solo despacho o local
abierto al público ...............................................................
2.6.6. Profesionales que comparten despacho ............................
2.6.7. Actividad profesional ejercida por una comunidad de bienes.......................................................................................
EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS
3.1. NORMATIVA BÁSICA. ESPECIAL REFERENCIA A LA FISCALIDAD DE LOS RENDIMIENTOS OBTENIDOS POR PROFESIONALES NO RESIDENTES ...............................................
3.2. NATURALEZA, OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL
IRPF ...............................................................................................
3.3. LOS RENDIMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES ...........................................................................................
3.3.1. La modalidad normal del régimen de estimación directa
3.3.1.1. Elementos patrimoniales afectos a la actividad
profesional ............................................................
3.3.1.2. Los ingresos computables ....................................
3.3.1.3. Los gastos deducibles. Consideraciones generales ..........................................................................
3.3.1.3.1. El carácter “necesario” del gasto ........
3.3.1.3.2. La contabilización o el “registro” del
gasto .....................................................
3.3.1.3.3. La justificación documental del gasto.
3.3.1.3.4. La imputación temporal del gasto ......
3.3.1.4. Los gastos deducibles en particular ....................
3.3.1.4.1. Coste del personal (incluida la Seguridad Social del titular)..........................
3.3.1.4.1.1. Sueldos y Salarios ...........
3.3.1.4.1.2. Cargas Sociales ...............
3.3.1.4.1.3. Otros gastos de personal.
3.3.1.4.2. Materiales consumidos en el ejercicio.
3.3.1.4.3. Intereses de préstamos y otros gastos
financieros............................................
3.3.1.4.4. Alquileres de locales y de otros elementos de la actividad ........................
3.3.1.4.5. Amortización de elementos afectos ....
3.3.1.4.6. Consumo de energía, agua y teléfono.
3.3.1.4.7. Otros gastos deducibles.......................
3.3.1.4.7.1. Los tributos .....................
3.3.1.4.7.2. Las primas de seguro ......
3.3.1.4.7.3. Las dotaciones a la provisión de responsabilidades
y las dotaciones por saldos
favorables que se consideren de dudoso cobro ........
3.3.1.4.7.4. Cuotas satisfechas a Corporaciones, Colegios pro-
fesionales, Cámaras y
Asociaciones legalmente
constituidas .....................
3.3.1.4.7.5. Trabajos realizados por
empresas o por otros profesionales .........................
3.3.1.4.7.6. Gastos de conservación y
reparación........................
3.3.1.5. Los gastos no deducibles en particular ...............
3.3.1.6. Las reducciones aplicables para la determinación del rendimiento neto ....................................
3.3.1.6.1. Reducción por la obtención de rendimientos irregulares .............................
3.3.1.6.2. Reducción por el ejercicio de actividades económicas ....................................
3.3.1.6.3. Reducción por “Copa América 2007” ..
3.3.2. El régimen de estimación directa, modalidad simplificada ........................................................................................
3.3.2.1. Supuestos de aplicación .......................................
3.3.2.2. Contenido del régimen: determinación del rendimiento neto ...........................................................
LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES DERIVADAS DE ELEMENTOS AFECTOS A LA ACTIVIDAD ...............
LAS DEDUCCIONES DE LA CUOTA EN LA ACTIVIDAD PROFESIONAL ....................................................................................
LA GESTIÓN DEL IMPUESTO...................................................
3.6.1. Obligaciones contables y registrales: los libros registro ..
3.6.2. La obligación de emitir facturas .......................................
3.6.3. Los pagos a cuenta del impuesto: las retenciones, los ingresos a cuenta y los pagos fraccionados ..........................
3.6.4. Otras obligaciones del contribuyente: la declaración del
IRPF y la declaración de operaciones con terceros ..........
EFECTOS TRANSITORIOS APLICABLES A DE REGIMENES
O INCENTIVOS VIGENTES ANTERIORMENTE ....................
3.7.1. El régimen de transparencia fiscal aplicable a las sociedades de profesionales .......................................................
3.7.2. Reinversión de beneficios extraordinarios ........................
3.7.3. Exención por reinversión ...................................................
4.1. CONSIDERACIONES GENERALES ..........................................
4.2. DETERMINACIÓN DEL PATRIMONIO NETO.........................
4.3. NORMAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA.......................................................................................
5.1. CONSIDERACIONES GENERALES: NATURALEZA Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. DELIMITACIÓN DEL HECHO IMPONIBLE............................................................................................
5.2. EXENCIONES ..............................................................................
5.3. LUGAR DE REALIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES DE
SERVICIOS ...................................................................................
5.4. DEVENGO DEL IMPUESTO.......................................................
5.5. BASE IMPONIBLE.......................................................................
5.6. SUJETOS PASIVOS. LA REPERCUSIÓN DEL IMPUESTO ....
5.7. TIPO IMPOSITIVO.......................................................................
5.8. DEDUCCIONES Y DEVOLUCIONES ........................................
5.9. OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS PASIVOS ........................
5.10. GESTIÓN DEL IMPUESTO .......................................................
ÍNDICE POR CONCEPTOS .............................................................
Este libro está dirigido a los abogados y procuradores de los tribunales que ejercen su actividad como profesionales independientes.
A tal efecto, el estudio realizado tiene como objetivo servir tanto de
introducción, en ocasiones de guía, para los que se inician por vez
primera en el ejercicio de estas actividades, como de complemento,
para los profesionales ya ejercientes, en el conocimiento de los aspectos fundamentales del Ordenamiento jurídico tributario que les
son aplicables. Con este propósito, a lo largo de este trabajo, no solamente se da noticia de la normativa vigente que pueda resultar de
interés a los abogados y procuradores, sino que, teniendo siempre a
ésta como punto de partida, se procede a su análisis, contrastándola
con la existente anteriormente.
Por otro lado, el interés de la publicación de una monografía dirigida a estos profesionales de la Justicia se encuentra, de la misma
manera que les ocurre a la mayoría de contribuyentes, en salvar la
dificultad que entraña estar al día en materia tributaria; por las
siguientes razones: en primer lugar, por la disímil interpretación
que de sus normas puede darse (en la gran mayoría de ocasiones,
dependiendo de quien la realice, bien la Administración tributaria,
bien el propio contribuyente); en segundo lugar, por la importante
proliferación que el conjunto normativo tributario ha experimentado
en las últimas décadas, con un aumento prácticamente en progresión geométrica en su número de Leyes, Decretos y otras disposiciones encasilladas dentro del llamado soft law (así, en particular,
los actos emanados de la AEAT, las resoluciones de los tribunales
económico administrativos, las emitidas por la Dirección General
de Tributos al responder las consultas tributarias planteadas por
los contribuyentes, etc.); y, por último, at last but not at least, por la
constante mutación a la que esta normativa está sometida, en la mayoría de ocasiones sustentada por puntuales argumentos de política
económica y social que difícilmente son capaces de sostener con una
justificación convincente tan desmesurado cambio.
Así, el Impuesto que más se ha visto afectado por sucesivos cambios normativos, en lo que les incumbe a los abogados y procuradores de los tribunales de una manera más cercana, ha sido, sin duda
alguna, el IRPF, siendo las razones que se han alegado para justifi-
carlos, entre otras, las siguientes: mejorar la equidad y favorecer el
crecimiento económico (Ley 35/2006, del IRPF); adaptar el Impuesto a la cambiante realidad de la sociedad española y así fomentar el
ahorro, la inversión y el empleo (Ley 46/2002, de modificación del
IRPF); evitar la excesiva complejidad del Impuesto con los costes indirectos de gestión que ello entraña; la dispersión, su poca coherencia y la falta de sistematización de su normativa, debida, en parte,
a los repetidos ajustes, cambios y modificaciones que el Impuesto ha
sufrido desde su entrada en vigor; su inusitada carga gestora, que
lo ha convertido en un tributo centrado en las devoluciones y pagos
anticipados y, en suma, las deficiencias funcionales que dificultan la
lucha contra el fraude fiscal (Ley 40/1998, del IRPF); etc.
Enlazando con esta última idea, es necesario recordar que nuestro actual sistema tributario tiene su génesis en la reforma tributaria de 1977-1978. Hoy en día son muy pocos los que ponen en tela de
juicio la importancia que en nuestra historia tiene la misma, la cuál
se justifica, tanto desde un punto de vista puramente cuantitativo
(por el incremento del número de contribuyentes y por el aumento
sustancial de la recaudación tributaria que a partir de su instauración se produce), como desde un enfoque de carácter cualitativo (por
el ajuste de las figuras tributarias a los principios constitucionales
de justicia tributaria). Sin embargo, el hecho de que en la actualidad
sigamos incardinados dentro del sistema tributario que se erigió en
los años de la transición política no es óbice para constatar la existencia de las reformas de gran calado que durante estos treinta años
se han producido, incluso, en sus pilares estructurales.
De este modo, se puede observar como el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, regulado inicialmente por la Ley 44/1978, se
reforma, primero, por la Ley 18/1991 y, después, por la Ley 40/1998,
para finalmente encontrarse regulado por la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, de aplicación para los ejercicios iniciados a partir del 1
de enero de 2007, y que, junto a su normativa de desarrollo reglamentario, centrará el análisis del IRPF en el capítulo tercero de esta
En menor grado, pero también con una incidencia directa en la
tributación de este sector profesional, se encuentra el Impuesto sobre el Patrimonio, aprobado por la Ley 50/1977, que lo estableció
inicialmente con carácter excepcional y transitorio, y pendiente de
configuración definitiva, como señalaba su exposición de motivos. La
Ley 19/1991 puso fin al carácter excepcional y transitorio que se pre-
dicaba del Impuesto, y lo ha mantenido vigente hasta la actualidad.
Sin embargo, esta Ley ha sufrido importantes modificaciones, que
debidamente se analizan en el capítulo cuarto de esta monografía,
esencialmente, en lo que aquí interesa, en lo referente a la exención
de los bienes afectos a las actividades profesionales, y en lo que atañe
a la cesión de capacidad normativa a las Comunidades Autónomas
de régimen común.
También debe destacarse la importancia que dentro de la estructura del sistema tributario vigente tuvo la introducción del Impuesto
sobre el Valor Añadido por la Ley 30/1985, cuya entrada en vigor
coincidió con la incorporación de España a la hoy denominada Unión
Europea. Esta Ley fue derogada por la Ley 37/1992, cuyo objetivo
principal fue adaptar el IVA al funcionamiento del Mercado interior
europeo, el cuál se constituyó como un mercado sin fronteras fiscales y con la supresión de los controles en frontera entre los Estados
miembros a partir del 1 de enero de 1993. Actualmente sigue vigente
esta última norma, cuyo contenido se analiza en el capítulo quinto
de esta monografía. Sin embargo, tampoco esta Ley ha salido indemne de los cambios políticos y económicos por los que ha atravesado
nuestro país en los últimos quince años, producto de los cuales se
han ocasionado constantes modificaciones que se han unido a las necesarias adaptaciones que, a la Sexta Directiva, se ha visto obligado
a acometer el legislador español (la más reciente la ocasionada por
la Ley 3/2006 para adecuar la aplicación de la regla de prorrata a
la Sexta Directiva europea). Recordemos, en definitiva, que ello es
necesario porque la Ley 37/1992 supone la transposición a nuestro
derecho interno de las previsiones contenidas en la Directiva 77/388/
CEE de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva del Consejo en materia
de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre volumen de negocios.
Por último, en esta rápida revista retrospectiva de los aspectos
tributarios que inciden de una manera concluyente en la fiscalidad
de los abogados y procuradores no podemos dejar al margen dos aspectos más. El primero, atañe a los necesarios cambios ocasionados
por la aprobación de la Ley 58/2003, la cuál catapultó a la historia
a la Ley General Tributaria de 1963. En este sentido, uno de los
desarrollos reglamentarios de la Ley 58/2003 se ha efectuado recientemente por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las
normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.
A su análisis, en lo referente a la regulación de las obligaciones formales relativas al censo de contribuyentes, y en particular, al alta y
cese en la actividad profesional, se le dedica el capítulo primero de
esta monografía.
El segundo de los aspectos que restan mencionar se refiere al Impuesto sobre Actividades Económicas (comúnmente conocido como
el IAE). Este Impuesto se introdujo en nuestro sistema tributario
por la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales, y su implantación determinó la supresión de las Licencias Fiscales de Actividades Comerciales e Industriales y de Profesionales y Artistas. La
profunda reforma que sobre la Ley de Haciendas Locales efectuó la
Ley 51/2002, incidió drásticamente en la fiscalidad de los abogados
y procuradores, ya que su entrada en vigor conllevó la exención del
pago del IAE a las personas físicas y a la mayoría de los pequeños
y medianos negocios. Actualmente, la normativa reguladora de las
Haciendas Locales se encuentra en el texto refundido aprobado por
el Real Decreto Legislativo 2/2004. Lógicamente, aquí se ubican las
disposiciones relativas al IAE. A su análisis se le dedica el segundo
capítulo de este estudio.
Unas últimas palabras para finalizar la introducción al lector en
la obra que tiene en sus manos. De una parte, es necesario destacar
que en la estructura de este estudio, cuyo núcleo central ya hemos
tenido la oportunidad de pergeñar, debe advertirse la inclusión de
un índice final de clasificación por conceptos, realizado con el fin de
facilitar la localización de los temas que revisten un mayor interés
para el profesional. En segundo lugar, debo recordar de nuevo que
esta monografía está dirigida a los abogados y procuradores de los
tribunales que ejercen su profesión de forma liberal, bien individualmente o bien a través de comunidades de bienes o sociedades civiles,
y ello, a pesar de que, a lo largo de este trabajo, puede encontrarse
también el análisis de algunos aspectos relativos al ejercicio de estas actividades desde perspectivas distintas, en particular, cuando
éstas se ejercitan por profesionales que actúan por cuenta ajena (a
través de relaciones laborales o administrativas) o bien cuando se
ejercen por medio de sociedades mercantiles. La exclusión en esta
monografía del análisis de los aspectos fiscales que derivan de estas
dos modalidades de ejercicio profesional no tiene su justificación en
la menor importancia que puedan revestir, debido, por ejemplo, al
menor número de profesionales vinculados a las mismas; importan-
cia ésta que si ya no era nada desdeñable antaño, ha alcanzado una
mayor relevancia por la reciente aprobación de dos trascendentes
normas, aunque lamentablemente ninguna de ellas tenga un contenido fiscal especial: la primera, el Real Decreto 1331/2006, de 17 de
noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados,
individuales o colectivos; y, la segunda, la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales. En definitiva, la no dedicación de un
apartado específico a su particular análisis obedece exclusivamente
a que el ejercicio a través de dichas relaciones jurídicas no presenta
ninguna especialidad respecto del tratamiento que puede tener el
de cualquier otra actividad a título general. Así, cuanto la actividad
se ejerza por cuenta ajena, los rendimientos obtenidos tributan en
el IRPF como cualquier otro rendimiento del trabajo; de otro lado,
cuando la actividad se ejerce mediante una sociedad mercantil, la
tributación aplicable sobre sus rentas no se aparta del régimen general que se aplica a cualquier sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades.
Valencia, uno de noviembre de 2007
EL INICIO Y EL CESE DE LA ACTIVIDAD: LA
El artículo 29, apartado 2.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, LGT) establece, entre las obligaciones formales exigidas a los obligados tributarios, la de presentar una declaración cuando estos vayan a desarrollar una actividad
profesional. En este sentido, la disposición adicional quinta de LGT
matiza que las personas que vayan a desarrollar o desarrollen en
territorio español una actividad profesional deberán comunicar
a la Administración tributaria a través de las correspondientes declaraciones censales su alta en el Censo de profesionales, las modificaciones que se produzcan de su situación tributaria y la baja
en dicho Censo.
En desarrollo de estas disposiciones se ha dictado el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos (en adelante, RD 1065/2007),
de cuyo contenido vamos a destacar los aspectos de mayor interés
para los abogados y procuradores.
Así, el artículo 9 del RD 1065/2007 establece que quienes hayan de formar parte del Censo de Profesionales deberán presentar
una declaración de alta en dicho censo. Actualmente es la Orden
EHA/1274/2007, de 26 de abril, la que aprueba el modelo 036, de
Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores, y el modelo 037, de Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo
de empresarios, profesionales y retenedores. Según esta normativa, y en lo que a los abogados y procuradores de los tribunales
pueda interesar, la declaración de alta deberá incluir, entre otros,
los siguientes datos: nombre y apellidos; condición de residente o
no residente en territorio español, y el número de identificación fiscal español, o en su caso, número de identificación fiscal de otros
países; y, domicilio fiscal en España y la referencia catastral del inmueble. Además, respecto de los profesionales, se les exige también
que comuniquen el lugar donde tengan efectivamente centralizada
la gestión administrativa y la dirección de sus negocios en territorio
español, cuando sea distinto del domicilio fiscal.
El modelo 037 de Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en
el Censo de empresarios, profesionales y retenedores podrá ser utilizado por las personas residentes en territorio español, que no actúen por medio de representante,
cuyo domicilio fiscal coincida con el de gestión administrativa, que no sean grandes
empresas, que no estén incluidos en los regímenes especiales regulados por la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, a excepción del
Régimen simplificado, Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, o Régimen especial de recargo de equivalencia, que no figuren inscritos en el Registro de
operadores intracomunitarios o en el de exportadores y otros operadores económicos, no realicen ninguna de las adquisiciones no sujetas previstas en el artículo 14
de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, que no realicen ventas a distancia,
que no sean sujetos pasivos de Impuestos Especiales ni del Impuesto sobre Primas
de Seguros y que no satisfagan rendimientos de capital mobiliario.
La declaración censal indicativa del comienzo de la actividad
profesional debe presentarse con anterioridad al inicio de la
misma, entendiéndose que se produce el comienzo de una actividad
profesional, desde el momento en que se realice cualesquier prestación de servicios o desde que se efectúen cobros o pagos o se contrate
personal laboral, con la finalidad de intervenir inmediatamente o en
el futuro en la realización de los servicios profesionales correspondientes.
En relación con los profesionales que resulten exentos del Impuesto sobre Actividades Económicas (adelantemos que son
todas las personas físicas) por todas sus actividades económicas, la
presentación de la declaración censal de alta, modificación o baja
sustituye a la presentación de las declaraciones específicas de dicho Impuesto. De otro lado, los sujetos pasivos del IAE que resulten
obligados a tributar por el mismo (en determinados supuestos, las
comunidades de bienes y las sociedades civiles de profesionales) por
cualquiera de sus actividades económicas comunicarán el alta, la
variación o la baja de todas sus actividades a través de las declaraciones propias de dicho Impuesto.
Como han reiterado los Tribunales (Sentencias del TSJ de Galicia
de 22 de abril de 1994 y de 2 de junio de 1995, y del TSJ de Cataluña
de 18 de junio de 1996, entre otras) los Procuradores y los Abogados
no están sujetos a la tasa por licencia municipal de apertura
de establecimientos mercantiles e industriales ya que por el
hecho de ser titulares de un despacho profesional, no lo son de una
industria ni de un comercio, conceptos éstos nítidamente alejados
del ámbito del ejercicio de una actividad de asesoramiento técnico
basada en los principios de capacidad, dedicación y permanencia,
que es la que corresponde a un Letrado en el despacho en que ejerce
su profesión. Por otro lado, estas actividades no pueden reputarse
molestas, insalubres, nocivas o peligrosas, sin perjuicio de que, en
supuestos específicos, la instalación de aparatos o instrumentos en
despachos profesionales pudiera justificar la actividad administrativa de control. De esta forma, siendo innecesaria la licencia de
apertura de establecimientos, resulta claro que no existe hecho
imponible del tributo, motivo por el cual tampoco se produce su devengo y, necesariamente, queda sin cobertura normativa la exigencia de su pago.
En este sentido, el TSJ de Cataluña, en su Sentencia número
142/1997, de 25 de febrero, puntualiza que no hay que confundir la
licencia de primera utilización de los edificios, con la licencia
de apertura de establecimientos industriales y mercantiles.
Ya que, de una parte, la licencia de primera utilización de edificios
tiene naturaleza exclusivamente urbanística, y tiene por objeto asegurar que el uso o utilización del edificio se ajusta al plan o normativa urbanística vigente y aplicable al caso. Por ello se denomina de
«primera» utilización, indicándose con ello que si el uso o utilización,
o también destino del edificio, o de parte del mismo, no se modifica
en el futuro, no se requerirá una nueva licencia de dicha clase. Al
contrario, si el uso o utilización se modifica, total o parcialmente,
se requerirá una nueva licencia de dicha clase. Mientras que, de
otro lado, la licencia de apertura de establecimientos industriales y
mercantiles está regulada en el art. 22 del Reglamento de Servicios
de Corporaciones Locales (1955) y, dentro de dicho Reglamento, se
distingue claramente de la licencia relativa al uso o destino de los
edificios, que se regula en su art. 21.2, d), en virtud del que «en todo
caso se examinará si el acto proyectado se ajusta a los planes de
ordenación urbana y, además (...) d) si el edificio puede destinarse a
un determinado uso, por estar situado en zona apropiada (...)». La
licencia de apertura de establecimientos industriales y mercantiles
tiene por objeto legitimar el ejercicio de una determinada actividad.
La referencia que se contiene en el último inciso del apartado 2 del
art. 22 del Reglamento de Servicios a «las (condiciones) que, en su
caso, estuvieren dispuestas en los planes de urbanismo», se hace a
las condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad que, en su
caso, se dispongan o establezcan en los planes de urbanismo, pero no
a la normativa urbanística strictu sensu, como es la normativa relativa a la verificación de si primer uso o utilización de los edificios, se
ajusta al planeamiento urbanístico correspondiente. Sentado cuanto
antecede, puede resolverse el tema sometido a debate en el sentido de
que no se ajusta a derecho el requerimiento impugnado, por cuanto
mediante el mismo se pretende someter a licencia de apertura de establecimiento industrial y mercantil —regulada en el art. 22 del Reglamento de Servicios el acto consistente en la primera utilización de
un edificio o parte del mismo para despacho de abogados. Como queda dicho, ello es así: porque el acto de primera utilización o uso de
un edificio no está sujeto a la licencia de apertura de establecimiento
industrial y mercantil del art. 22 del Reglamento de Servicios; y,
porque la actividad de despacho de abogados no está sujeta a
la licencia de apertura de establecimiento industrial y mercantil, según reiterada jurisprudencia que ha delimitado el marco
normativo de dicha licencia, integrándolo por las disposiciones vigentes en materia de actividades molestas, insalubres y peligrosas,
o, como se dice en el mismo art. 22, citado, por las condiciones de
tranquilidad, seguridad y salubridad, legal y/o reglamentariamente
Finalmente, el TSJ de la Comunidad de Madrid considera que,
si los despachos de abogados precisan o no de licencia, es
una cuestión muy debatida. Su último criterio jurisprudencial lo
mantiene en la Sentencia número 599 de 14 de marzo de 2006 (una
interpretación similar la fija el TSJ de la Comunidad Autónoma del
País Vasco en su Sentencia de 16 de octubre de 2000), en la cual se
viene a concluir que, en el momento de la apertura de un despacho profesional podían darse dos situaciones: 1º) que la apertura
de dicho despacho implicase una primera utilización del edificio o
de parte del mismo, y en este caso sería necesaria una licencia de
primera utilización; ó 2º) que el despacho se abriera en edificio
o parte del mismo que ya fuera objeto de un uso anterior, en cuyo
supuesto sería precisa licencia de modificación del uso. Como se
ve, en cualquiera de los supuestos, es precisa la licencia municipal;
en el mismo sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 1998, cuando señala citando la Sentencia de
22 de julio de 1996 “en lo que se refiere a la necesidad de licencia
para la actividad de despacho de Abogados necesariamente ha
de afirmarse, bastando a esta Sala remitirse a su Sentencia de 29
de septiembre de 1989, de cuya fundamentación jurídica es de destacar, lo que recogemos y hacemos propio de ésta, que al enumerar
los supuestos en que resulta preceptiva la licencia, el artículo 178.1
del texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana de 9 de abril de 1976 incluye la primera utilización de los
edificios y la modificación del uso de los mismos, lo que reiteran los
números 10 y 13 del artículo 1º del Reglamento de Disciplina Urbanística y que implica que cuando el edificio va a ser utilizado por primera vez sea necesaria una licencia, y que si con posterioridad a la
licencia de primera utilización se produce una modificación objetiva
del uso, tal modificación esté también sujeta a licencia”. Establecida la necesidad de licencia en este caso, el TSJ concluye que, como
señala la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 21
de septiembre de 1988 ni el transcurso del tiempo, ni el pago de
tributos, tasas o impuestos, ni la tolerancia municipal, implican acto tácito de otorgamiento de licencia, conceptuándose
la actividad ejercida sin licencia como clandestina e irregular que no legitima el transcurso del tiempo, pudiéndose acordar la paralización o cese de tal actividad por la autoridad municipal
En otro orden de cosas, cuando varíen los datos consignados
en la declaración de comienzo de una actividad o en el supuesto de
cese en la misma, el plazo de presentación de las declaraciones
de modificación o de baja será de un mes a contar desde el día
siguiente a aquél en que se hayan producido los hechos que determinen dicha modificación (y, en cualquier caso, antes del vencimiento
del plazo para la presentación de la primera declaración periódica
afectada por la variación puesta en conocimiento de la Administración tributaria o que hubiese debido presentarse de no haberse producido dicha variación) o desde que se haya producido el cese en la
actividad. Si este cese se produce por el fallecimiento del obligado tributario, serán sus herederos los que deberán presentar la
declaración de baja correspondiente en el plazo de seis meses desde
el fallecimiento. Igualmente quedarán obligados a comunicar en el
mismo plazo la modificación de la titularidad de cuantos derechos
y obligaciones con trascendencia tributaria permanecieran vigentes
con terceros y a presentar, en su caso, la declaración o declaraciones
de alta que sean procedentes.
En particular, la declaración de modificación servirá para, entre
➢ Comunicar el cambio de domicilio fiscal de los profesionales.
➢ Comunicar la variación de cualquiera de los datos y situaciones tributarias.
➢ Comunicar el inicio de la realización habitual de las prestaciones de servicios correspondientes a actividades profesionales,
cuando la declaración de alta se hubiese formulado indicando
que el inicio de la realización de dichas prestaciones de servicios se produciría con posterioridad al comienzo de la adquisición o importación de bienes o servicios destinados a la
➢ Comunicar la renuncia, revocación de la renuncia o exclusión de la modalidad simplificada del régimen de estimación
directa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Con independencia del objetivo principal que se persigue con esta
declaración, en concreto, establecer una obligación formal como la
indicada que sirva para confeccionar un censo que facilite la tarea de
la gestión de los diversos tributos que recaen sobre los profesionales
y empresarios, las declaraciones censales sirven también para otros
fines, algunos de ellos de importante trascendencia por las repercusiones tributarias que de ellos pueden derivarse en el futuro para el
obligado tributario; de estos fines deben destacarse los siguientes:
a) Solicitar la asignación del número de identificación fiscal,
si no se dispusiera de él.
b) Indicar, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, si el
inicio de la realización habitual de las prestaciones de servicios que constituyen el objeto de la actividad será posterior al
comienzo de la adquisición o importación de bienes o servicios
destinados al desarrollo de la actividad profesional.
c) Renunciar a la modalidad simplificada del sistema de
estimación directa del IRPF.
En el caso de inicio de la actividad, la renuncia deberá efectuarse en la declaración censal que se presente a tal efecto.
Cuando la actividad ya se hubiese iniciado, la renuncia al
método de estimación directa simplificada deberá hacerse
presentando una declaración censal de modificación de datos
durante el mes de diciembre anterior al inicio del año natural en que deba surtir efecto. En ambos supuestos, la renuncia tendrá efectos para un período mínimo de tres años.
Transcurrido este plazo, se entenderá prorrogada tácitamente
para cada uno de los años siguientes en que pudiera resultar
aplicable esta modalidad del régimen de estimación directa,
salvo que se revoque la misma (artículo 29.1 del Reglamento
d) Revocar la renuncia a la modalidad simplificada del régimen de estimación directa del IRPF.
La declaración censal modificativa se presentará durante el
mes de diciembre anterior al inicio del periodo impositivo
en el que se quiera aplicar la modalidad simplificada del régimen de estimación directa para la determinación de la base
e) Cambiar de domicilio fiscal.
El artículo 48.3 de la LGT establece que los obligados tributarios deberán comunicar su domicilio fiscal y el cambio del
mismo a la Administración tributaria que corresponda. El
cambio de su domicilio no producirá efectos frente a la Administración hasta que se cumpla con dicho deber de comunicación. En todo caso, a la Administración se le concede la
facultad de rectificar, tras la comprobación correspondiente,
el domicilio fiscal de los obligados tributarios si éste no se corresponde con el previsto legalmente.
Es necesario precisar que el artículo 48.2 de la LGT establece
que el domicilio fiscal de las personas físicas residentes
en territorio español será el de su residencia habitual. No
obstante, para los profesionales, la Administración podrá considerar como domicilio fiscal el lugar donde esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de la
actividad desarrollada. Si no pudiera establecerse dicho lugar,
prevalecerá aquel donde radique el mayor valor del inmovilizado en el que se realice la actividad profesional.
Cuando se trate de personas físicas no residentes, su domicilio fiscal será (a salvo de disposición expresa en una norma
tributaria específica) el domicilio del representante que a
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