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Timestamp: 2018-06-18 19:06:48
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http://www.bcv.org.ve/Upload/Publicaciones/bcvozespecial0106 by Fabio Maldonado-Veloza - Issuu
Banco Central de Venezuela Departamento de Información Boletín Económico Informativo Febrero 2006 | Año 11
Diez años, diez artículos
Edición Especial conmemorativa EDITORIAL, GRUPO EDITOR
Un aspecto institucional del Banco Central de Venezuela. Nada menos que el “sexto poder”: el poder monetario RICARDO ANTELA - P. 3
Autonomía y gobierno corporativo: El reto institucional del BCV ANGEL RUOCCO - P. 6
El BCV y los sistemas de pago RICARDO ÁLVAREZ - P. 9
El benchmark en el manejo de reservas internacionales ADRIÁN ASCANIO -P. 11
La programación monetaria en Venezuela YRENE UZCÁTEGUI - P. 13
La contabilidad macroeconómica: instrumento de crecimiento ELVIS HERNÁNDEZ - P. 15
La inversión privada: fuente esencial de crecimiento económico LUIS ENRIQUE HERNÁNDEZ - P. 18
El capital social: una respuesta para equilibrar la distribución de la riqueza ALEJANDRO ACOSTA GARCÍA - P. 21
Fondos de estabilización macroeconómica (Caso venezolano, 1998-2005) JAVIER RYLY - P. 23
Las ventajas de las ventajas comparativas FABIO MALDONADO-VELOZA - P. 26
En febrero de 1996, el Banco Central de Venezuela impulsó un proyecto editorial con el objetivo de transmitir mensajes de carácter orientador y técnico para contribuir a la formación del lector y a generar una mayor comprensión de los temas económicos asociados con el instituto emisor. Así surgió el BCVOZ Económico, para establecer un vínculo periódico entre el Banco Central de Venezuela y sus audiencias, y fortalecer la cultura económica y financiera en el país. Esta publicación aborda las materias inherentes a la gestión del BCV y sus políticas monetaria y cambiaria en un lenguaje accesible a un público no especializado. A la vez, su contenido novedoso y didáctico lo convierte en una fuente para todos los interesados en conocer la actualidad de la economía y del Instituto. Igualmente, trata aspectos conceptuales y teóricos de la economía y las finanzas, presenta información estadística y recoge la opinión de especialistas nacionales e internacionales sobre materias particulares. No es casual, entonces, que el director del Banco Central de Venezuela, Bernardo Ferrán, defina al BCVOZ Económico como un estadio intermedio entre la información económica de los periódicos y la formación de un libro especializado. Desde su primera etapa de elaboración, esta publicación ha contado con un equipo
ADRIÁN ASCANIO
multidisciplinario para equilibrar los aspectos técnicos de los temas económicos con el estilo didáctico y sencillo que requieren las comunicaciones a grandes públicos. En el marco del 65 Aniversario del Banco Central de Venezuela, y al aproximarse la celebración de una década de existencia de la publicación, el instituto emisor convocó al concurso “Diez años, diez artículos”, cuyo resultado es esta edición que el lector tiene en sus manos. El jurado, integrado por los economistas del BCV, María Josefa Mirabal, Luis Laviosa, Omar Mendoza y Luis Rivero, así como por los periodistas Txomin las Heras e Inger Pedreáñez, seleccionó de casi un centenar de trabajos postulados una decena de artículos que abordan las distintas materias que son competencia de un banco central. Los diez artículos seleccionados para celebrar este décimo aniversario, abarcan diferentes áreas de la economía. Dichos artículos se disponen en un orden que comienza con los aspectos institucionales e históricos del BCV, para luego pasar a aspectos relativos a su funcionamiento y, posteriormente, tratar los temas económicos particulares sobre áreas de interés para el BCV y la sociedad en general. Es así como esta publicación especial aniversaria se inicia con un análisis de la
YRENE UZCÁTEGUI
naturaleza y características del BCV definidas en la legislación, desde su ley de creación (1939) hasta el rango constitucional que figura en la carta magna de 1999. Este artículo elaborado por el abogado Ricardo Antela, se titula Un aspecto institucional del Banco Central de Venezuela. Nada menos que el “sexto poder”: el poder monetario. El segundo artículo de esta edición, Autonomía y gobierno corporativo: El reto institucional del BCV, escrito por el economista Ángel Ruocco, aborda la razón de ser de los bancos centrales y su contribución a la estabilidad económica. El tercer artículo titulado El BCV y los sistemas de pago, del ingeniero Ricardo Álvarez, destaca el papel de operador y supervisor ejercido por el instituto emisor para que el sistema de pagos evolucione de manera ordenada y eficiente en el país. También ofrece una visión histórica, desde la primera cámara de compensación, en los años 40 del siglo XX, hasta la Cámara de Compensación Electrónica en el 2005. El benchmark en el manejo de reservas internacionales, artículo del economista Adrián Ascanio, presenta de manera muy didáctica los parámetros que se emplean para la administración de las reservas internacionales. Se trata, de portafolios de referencia que han
JAVIER RYLY
LOS DIEZ ARTÍCULOS SELECCIONADOS PARA CELEBRAR ESTE DÉCIMO ANIVERSARIO, ABARCAN DIFERENTES ÁREAS DE LA ECONOMÍA. DICHOS ARTÍCULOS SE DISPONEN EN UN ORDEN QUE COMIENZA CON LOS ASPECTOS INSTITUCIONALES E HISTÓRICOS DEL BCV, PARA LUEGO PASAR A ASPECTOS RELATIVOS A SU FUNCIONAMIENTO Y, POSTERIORMENTE, TRATAR LOS TEMAS ECONÓMICOS PARTICULARES SOBRE ÁREAS DE INTERÉS PARA EL BCV Y LA SOCIEDAD EN GENERAL
adoptado los bancos centrales para comparar sus gestiones de reservas con el comportamiento de esta cartera marcadora. El artículo siguiente ubica al lector en el área de la operatividad de la política monetaria a través de una herramienta, de mucha utilidad para el BCV a lo largo de muchos años, denominada “programación monetaria”. Su propósito es contribuir a que la variable seleccionada como objetivo intermedio de la política monetaria, alcance un valor preestablecido, compatible con el logro del objetivo final de la política económica. En este análisis el lector comprenderá que liquidez, base monetaria y tipo de cambio son variables para mantener un norte en la coordinación macroeconómica, de lo que en esencia trata el artículo La programación monetaria en Venezuela, escrito por la economista Yrene Uzcátegui. Las estadísticas económicas, sobre todo la disponibilidad y organización de las mismas, son de mucha importancia en cualquier país y para cualquier institución que haga seguimiento a la economía y tome decisiones sobre aspectos relevantes que conciernen al área económica y que repercuten en el desenvol-vimiento futuro de la economía. Sobre estos aspectos se refiere el economista Elvis Hernández en su artículo La contabilidad macroeconómica: instrumento de crecimiento, que presenta una evolución del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) en Venezuela. Este autor explica la manera en que el desarrollo de las cuentas nacionales como un marco analítico de construcción y presentación de la información macroeconómica, permite un mejor diseño y seguimiento de las políticas económicas.
El tema de la inversión privada siempre ha sido un importante tema de discusión entre los economistas y los encargados de la formulación de políticas. Tal atención se ha justificado por la influencia que tiene la inversión sobre el crecimiento y sus fluctuaciones sobre los ciclos económicos. Este tema ha cobrado particular relevancia en las últimas décadas en Venezuela, debido a su pobre desempeño en materia de crecimiento económico. Esto último conduce a la necesidad de formular políticas que coloquen al país en una senda aceptable de crecimiento, que sea capaz de redundar en beneficios para toda la sociedad. Dichos aspectos son tratados en los dos próximos artículos sobre inversión privada y capital social. El artículo del economista Luis Enrique Hernández, La inversión privada: fuente esencial de crecimiento económico revisa estos aspectos. Específicamente, explica cómo la inflación, tasas de interés, devaluación y la inversión pública, entre otras variables, pueden incidir en la inversión privada. El tema de la pobreza tiene su reflejo en el artículo del economista Alejandro Acosta García, titulado El capital social: una respuesta para equilibrar la distribución de la riqueza, en donde se sostiene que “la implementación de políticas que permitan fortalecer el capital social en nuestras economías es la respuesta para alcanzar sistemas más justos y equitativos (...) permitiendo que todos los sectores se beneficien del crecimiento económico...”. El penúltimo artículo se refiere a los fondos de estabilización macroeconómica. El economista Javier Ryly, en su artículo Fondos de estabilización macroeconómica (Caso venezolano, 1998-2005) argumenta sobre la
necesidad de que las economías en cuyas exportaciones gravitan de manera fundamental las materias primas, como el gas natural en el caso boliviano y el petróleo en lo referente a Venezuela, den respuesta a una pregunta esencial: ¿cómo enfrentar las perturbaciones externas causadas por la volatilidad de los precios de sus principales productos de exportación? El autor ofrece una respuesta en el artículo que en esta edición se les presenta. Cerramos esta edición especial con un aspecto interesante del área del comercio internacional como lo es el de las ventajas comparativas. El economista Fabio MaldonadoVeloza explica en el trabajo Las ventajas de las ventajas comparativas, que en el intercambio de bienes y servicios es posible que países menos productivos o con grado de eficiencia menor a los más competitivos puedan sobrevivir en el mercado mundial. El autor sostiene que “El teorema de las ventajas comparativas es uno de los argumentos más contraintuitivos y menos comprendidos de la teoría económica”. A todos los profesionales que atendieron al llamado del concurso “Diez años, diez artículos” para celebrar esta edición aniversaria les damos las gracias por participar, sin antes dejar claro que no fue tarea fácil elegir entre casi un centenar de artículo recibidos. En sucesivas ediciones del BCVOZ Económico se publicarán aquellos otros trabajos que no fueron seleccionados para esta edición aniversaria y que a criterio del grupo editor merecen un reconocimiento por su calidad y cualidad didáctica. Son aportes al pensamiento económico nacional, que estamos seguros que contribuirán a una mayor comprensión de la economía en el país.
Un aspecto institucional del Banco Central de Venezuela. Nada menos que el “sexto poder”: el poder monetario R
Abogado graduado Cum Laude en la UCAB (1993) y Especialista en Derecho administrativo y Derecho constitucional, en la misma universidad. Es autor de diversos artículos y ensayos en revistas y publicaciones especializadas de Derecho administrativo y constitucional. Ha sido asesor jurídico del Consejo Nacional de Universidades (1994-1997), director de Averiguaciones Administrativas en el Ministerio de Educación (1997-2000) y Secretario General del Consejo Nacional Electoral (2000). Fue Consultor Jurídico de la Universidad Nacional Abierta (2000-2005) y actualmente es profesor de Derecho administrativo en la UCAB.
1 Medina Ortiz, Isabel C. (2003). Comentarios acerca de las normas constitucionales y legales que regulan el funcionamiento del Banco Central de Venezuela. Revista de Derecho, 8. 357-389. Caracas: TSJ. Pág. 360. 2 El Programa de Febrero de Eleazar López Contreras. [Disponible en línea]. http:// www.efemeridesvenezolanas.com/html/ programa.htm. (Consulta: 04/08/2005) 3 López Contreras, Eleazar, gobierno de. [Disponible en línea]. http://www.fpolar.org.ve/index.html. (Consulta: 04/08/2005) 4 Medina Ortiz. Op. Cit. Págs. 360361.
Si un venezolano cualquiera toma en sus manos cualquier billete (de 500, de 1.000, de 5.000, de 10.000, de 20.000 o de 50.000 bolívares), en todos verá inscrito la palabra “Banco Central de Venezuela”, lo cual quiere decir que ese billete fue emitido por ese banco, el Banco Central de Venezuela (BCV). La inmensa mayoría de los venezolanos y extranjeros que hoy residimos en Venezuela, nacidos en 1950 o con posterioridad, hemos visto siempre que los billetes son emitidos por el BCV, y algunos hemos llegado a creer que siempre ha sido así; sin embargo, no siempre ha sido así. En efecto, hasta 1939, los bancos privados podían emitir sus propios billetes, siempre que tuviesen en sus bóvedas el suficiente respaldo en oro para rescatarlos o recuperarlos y que tuviesen la respectiva autorización del
Ejecutivo Nacional. Este sistema prevaleció en el mundo hasta que se crearon los primeros bancos centrales; desapareció en nuestro país en 1939, fecha de creación del Banco Central de Venezuela.1 El 21/02/1936, el entonces presidente de Venezuela, Gral. Eleazar López Contreras, dio a conocer el llamado “Programa de Febrero” (el primer gran proyecto de reforma del Estado moderno2) en el que hizo un diagnóstico de los problemas del país y de las soluciones más convenientes. Entre las propuestas más importantes aparecían, además de la promulgación de una Constitución más acorde con la apertura democrática que el país estaba experimentando, la reforma del sistema bancario nacional, mediante el establecimiento de un Banco Central que monopolizara la emisión. Es así como en octubre de 1937, se creó una comisión presidida por Manuel R. Egaña, para estudiar la organización y funcionamiento de los bancos centrales en América, y la posibilidad de crear algo similar en Venezuela; y en agosto de 1938, el mismo Egaña se encarga del Ministerio de Fomento, con la misión expresa de aligerar la creación y fundación de un “Banco Central” en Venezuela.3 La promulgación de la primera Ley del BCV, el 08/09/1939, no estuvo exenta de obstáculos, pues se desató una intensa campaña en su contra, sobre todo de los propietarios de los antiguos bancos comerciales, quienes al perder el privilegio
de emitir moneda, se opusieron al proyecto; intentaron, (inútilmente), evitar o aplazar su aprobación. Incluso, la inconstitucionalidad de la Ley fue solicitada a la extinta Corte Federal y de Casación (el supremo tribunal de justicia de la época), la cual finalmente sentenció a favor de su constitucionalidad. La inauguración del BCV se retrasó hasta el 01/01/1940, y quedó constituido como una sociedad mercantil de capital mixto (capital público y privado), en la que el Estado tenía 51% de las acciones y el resto lo tenían la banca e inversionistas privados.4 La Ley de 1939 fue reformada en 1960. También, en 1974, para nacionalizar las acciones, es decir, reservar al Estado la totalidad de las acciones que aún conservaba el sector privado, y para autorizarlo a la acuñación de monedas. Posteriormente, en diciembre de 1992, en el marco de los acuerdos convenidos con el Fondo Monetario Internacional. Más tarde, en el 2002, a fin de cumplir con la Disposición Transitoria Cuarta, numeral 8 de la Constitución de la República (1999), que por primera vez en la historia, elevó a rango constitucional la institución del BCV y su autonomía. Y recientemente, en julio de 2005. ESTADO DE LA CUESTIÓN HASTA 1992
Antes de la entrada en vigencia de la Constitución actual o lo que es lo mismo, durante la vigencia de la Constitución de 1961, no
5 Cancelado Ruiz, Ingrid. (2002). Las personas jurídicas que conforman el sector público. Revista de Derecho Administrativo, 14. 31-77. Caracas: Sherwood. Pág. 52. 6 Garrido de Cárdenas, Antonieta. (2001). La Administración Pública nacional y su organización administrativa en la Constitución de 1999. Estudios de Derecho administrativo (Vol. I): Libro homenaje a la Universidad Central de Venezuela. 427-471. Caracas: TSJ. Colección Libros Homenaje N° 2. Pág. 467. 7 Cancelado Ruiz. Loc. Cit. Pág. 52. 8 Badell Madrid, Rafael (s.f.). Nueva Constitución modifica naturaleza jurídica del Banco Central de Venezuela. [Disponible en línea]. http://www.badellgrau.com/ opinatjcabcv.htm. (Consulta: 04/08/ 2005). 9 Idem. 10 Medina Ortiz. Loc. Cit. Pág. 368
existía en Venezuela una disposición constitucional que se refiriera al BCV. En consecuencia, era la Ley el instrumento que debía definir (y en efecto definió) la naturaleza y demás características del BCV. Inicialmente, el BCV se concibió como una compañía anónima, de capital mixto (capitales público y privado). La reforma legislativa de 1974 nacionalizaría las acciones pertenecientes al capital privado (49%) y haría del BCV una compañía enteramente pública.5 Fue así como hasta 1992, el BCV era considerado una “persona jurídica asociativa de derecho público” esto es, una categoría especial de entes que se constituyen por mandato expreso de la ley, pero bajo una forma jurídica propia del derecho privado (sociedad por acciones), también utilizable por los particulares en sus relaciones civiles o comerciales, a fin de permitir, en principio, la participación del capital privado en su funcionamiento.6 Esta forma de calificar al BCV hallaba explicación en la Ley vigente hasta 1992, cuyo artículo 1 señalaba que el Banco Central era “una persona jurídica pública con la forma de compañía anónima”. ESTADO DE LA CUESTIÓN ENTRE 1993 Y 1999
La Ley de 1992 suprimió definitivamente el carácter asociativo del BCV, al definirlo en el artículo 12 como “una persona jurídica pública de naturaleza única”, y sustituir, en el Capítulo III, el régimen del capital y de las acciones, típico de una sociedad por acciones, por uno relativo al patrimonio. En criterio de Cancelado, esta calificación respecto a lo que es una persona “de naturaleza
ESTADO DE LA CUESTIÓN A PARTIR DE 2000
El propio Badell señala que el artículo 318 de la Constitución modificó la naturaleza jurídica del BCV, que ahora es similar (según este autor) a la naturaleza que tuvieron (hasta 1999) los llamados órganos constitucionales con autonomía funcional (la Contraloría General de la República,
11 Idem. Pág. 358.
única” obedeció, entre otras razones, a “la ausencia de un Ministro de adscripción”, es decir, al hecho de que si bien el BCV era un ente integrado a la llamada Administración Descentralizada, ningún ministro del Ejecutivo Nacional ejercía sobre el Banco Central la típica potestad de tutela que ejercen tales ministros sobre los institutos autónomos que le están adscritos, sino que, el control del Ejecutivo Nacional sobre el BCV, se expresaba a través de la asamblea general, llevada a cabo por intermedio de los ministros designados por el Presidente de la República.7 Con ello, según lo explica Badell, el legislador quiso reforzar la naturaleza especial del BCV, y creó una nueva categoría de persona jurídica pública, distinta a los institutos autónomos y otras personas de derecho público, lo cual se explicaría, según el nombrado autor, en razón de las funciones y cometidos esenciales para la vida del país que le han sido atribuidos a esa institución, y que en la práctica se traduce en que al BCV le es aplicable un régimen especialísimo contenido fundamentalmente en la Ley que rige sus funciones, que serían de aplicación preferente a cualquier disposición contenida en otras Leyes independientemente del rango que éstas tengan.8
el Ministerio Público y el extinto Consejo Supremo Electoral). Al efecto, razona Badell, al calificar al BCV como una “persona jurídica de derecho público con autonomía para la formulación y el ejercicio de las políticas de sus competencias”, y atribuirle competencias monetarias del poder nacional que debe ejercer de manera exclusiva y obligatoria, carácter autónomo e independiente este que se refuerza de las relaciones de coordinación (que no de subordinación) que le impone la Constitución entre el ejercicio de sus funciones y la política económica general, es posible sostener que, “el BCV es hoy un órgano de naturaleza constitucional y dotado de autonomía, que por ende, constituye una categoría que debe distinguirse de la administración descentralizada, como ocurría respecto de los órganos constitucionales, bajo la Constitución del 61”.9 En sentido parecido, pero no igual, se expresa Medina, quien explica que, si bien el BCV forma parte del Poder Público Nacional, sin embargo, no fue incluido bajo la dependencia de alguno de los poderes, en virtud de poseer atribuciones relacionadas con cada uno de éstos10, y es que, “sin lugar a dudas, como muchos afirman, estaríamos hablando de un nuevo poder, pues el Banco Central de Venezuela no está sometido a la subordinación de ninguno de los Poderes Públicos”.11 Opinión distinta es la de Peña Solís, según el cual, el artículo 318 Constitucional definió en forma indubitable al BCV como una “persona jurídica de derecho público”, por lo que no puede, en consecuencia, ser incluido en la categoría de entes públicos asociativos, al no atribuírsele
forma de asociación o de sociedad, ni tampoco en la categoría de entes públicos corporativos, al no aparecer por alguna parte un sustrato corporativo. Quedaría incluido, según el nombrado autor, en la categoría de entes públicos [descentralizados] de naturaleza fundacional o institucional; ello, en razón de su definición como ente público y de las trascendentes competencias que les son atribuidas.12 CONCLUSIÓN
12 Peña Solís, José. (2001). Manual de Derecho Administrativo (Vol. Segundo). Caracas: TSJ. Pág. 122. 13 Así, por ejemplo, no les son aplicables las normas acerca del control del Ejecutivo Nacional sobre los institutos autónomos, establecen los artículos 115 a 128 de la Ley Orgánica de Administración Pública. 14 Peña Colmenares, Nélida. (2004). Breve referencia a las administraciones independientes en el Derecho comparado y venezolano. Ensayos de Derecho Administrativo (Vol. II): Libro homenaje a Nectario Andrade Labarca. 325-374. Caracas: TSJ. Colección Libros Homenaje N° 13. Págs. 348-349. 15 Jiménez de Cisneros, citado por Peña Colmenares. Loc. Cit. Pág. 349.
Al tener personalidad jurídica, pareciera indudable que el BCV es una persona jurídica de Derecho público de naturaleza fundacional (instituto autónomo, según la definición del artículo 95 de la Ley Orgánica de Administración Pública), pero las funciones y poderes que se le atribuyen, típicos de las llamadas Administraciones independientes (u Órganos Constitucionales con autonomía), debido a su origen constitucional y su no-integración a Poder Público alguno (atributos típicos de un Poder Público autónomo) lo hacen ser una “persona jurídica de derecho público, de rango constitucional, de naturaleza única”, como acertadamente lo califica el artículo 1 de la Ley del BCV (2005).13 Son cuatro las principales características que están presentes en las llamadas administraciones independientes: i) Son de naturaleza jurídica pública, y no privada, pues su creación es el resultado de la voluntad de la ley; ii) Tienen atribuido el ejercicio de potestades públicas; iii) Son independientes, es decir, se vinculan exclusivamente con la Ley y son autónomos con respecto a los poderes de
dirección del gobierno; y, iv) Son neutrales, en procura de despolitizar su gestión y sustraerla de la influencia de las mayorías políticas.14 Entre los métodos o técnicas comúnmente utilizadas para garantizar su independencia, que permiten determinar o medir si una administración es independiente o no, se reseñan: la designación de sus directivos por instancias distintas al gobierno o al menos, mediante mecanismos de nominación que garanticen pluralidad; la fijación de períodos de duración del mandato, con causales disciplinarias o de cese taxativas; la exigencia de requisitos subjetivos para el ejercicio de los cargos; el establecimiento de causales de incompatibilidad; y la dotación de autonomía en el ejercicio de sus funciones.15 En línea con lo expuesto, de los artículos 9; 15; 16 y 17 de la Ley del BCV (2005) se desprende que, si bien su Directorio está integrado por una mayoría de funcionarios designados por el Presidente de la República, previamente debe seguirse el procedimiento público de evaluación de méritos y credenciales, a través de un comité integrado por representantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo Nacional, y de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, y en el caso del Presidente del Banco, además debe ser ratificado por el voto mayoritario de los diputados a la Asamblea Nacional. Igualmente se desprende que, para procurar su independencia, a los miembros del Directorio se les exigen determinados requisitos (art. 18), están sujetos a una serie de incompatibilidades (arts. 19 y 20), duran todos siete años en el ejercicio de sus funciones (art.
15) y sólo pueden ser removidos anticipadamente de sus cargos, conforme al artículo 25 de la Ley. Y en cuanto a su autonomía, la Constitución es clara al establecer que el BCV ejerce de manera exclusiva las competencias monetarias del Poder Nacional, y que goza de autonomía para la formulación y ejercicio de las políticas de su competencia (art. 318) y, por si fuera poco, que a pesar de su obligación de armonizar la política monetaria con la política fiscal del Ejecutivo Nacional, “el Banco Central de Venezuela no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo” (art. 320). Todo lo cual queda confirmado en diversas disposiciones de la Ley del BCV, pero especialmente en su artículo 24. Por otra parte, al igual que ahora lo son el Consejo Nacional Electoral y la Contraloría General de la República, por ejemplo, el BCV es de origen constitucional y no está integrado al Poder Ejecutivo Nacional (art. 320 de la Constitución). LO ANTERIOR PERMITE CONCLUIR QUE EL BCV ES:
Una persona jurídica de derecho público, de rango constitucional, de naturaleza única, que resulta de tener las características propias de un ente descentralizado (personalidad jurídica), pero también las características típicas de una administración independiente (vinculado exclusivamente por la Ley) e incluso las características de un poder público distinto (origen constitucional y no-integración a otro de los poderes), lo cual hace del BCV, sin que la Constitución lo haya previsto, el “sexto poder”: el poder monetario.
Autonomía y gobierno corporativo: el reto institucional del BCV A
Economista egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con estudios de postgrado en la Universidad de Illinois, EEUU, en el área de política económica, así como estudios de postgrado en Venezuela en el área de Administración de Empresas Públicas. Fue funcionario de carrera del Banco Central de Venezuela (1977-2004); ha desempeñado cargos de representación nacional en el Fondo Monetario Internacional, y ha asesorado y constituido equipos de trabajo con el Ejecutivo Nacional. Entre los más recientes e importantes cargos desempeñados en su trayectoria en el BCV destacan los de Jefe del Departamento de Análisis Económico de la Vicepresidencia de Estudios, Gerente de Relaciones Internacionales y Asesor de Proyectos Especiales en la Asesoría a la Presidencia de dicho Instituto. Finalmente, Ángel Ruocco desempeña la docencia en el país desde hace aproximadamente 25 años, ha sido profesor de pregrado y postgrado en varias universidades nacionales. En la actualidad, se desempeña en la Escuela de Economía de la UCAB y en los postgrados de “Instituciones Financieras” y “Finanzas Públicas” de la misma casa de estudios, así como en la “Especialización en Negociaciones Económicas Internacionales” del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual.
RELEVANCIA Y TRASCENDENCIA
Hoy día los temas de autonomía y gobierno corporativo de los bancos centrales han adquirido particular relevancia y son ineludibles en las discusiones relacionadas con la institucionalidad y eficiencia de un ente tan relevante en la sociedad como lo es un banco central. Venezuela no ha escapado de esta discusión y es por ello que desde hace décadas y más aún en los actuales momentos de la vida nacional se mantiene en
un primer plano. No obstante, no pareciera tan evidente la vinculación de los dos temas o por lo menos no se ha hecho tan explícito ese debate, más aun cuando el tan en boga concepto de gobierno corporativo parece omitir que una de sus principales bases debe ser precisamente la autonomía con la cual el gobierno corporativo pueda mostrar sus bondades. Tan relevante es el tema que la discusión se torna más aguda cuando la autonomía se busca condicionarla a los intereses en juego en una sociedad, lo que hace que la eficiencia del gobierno corporativo se vea disminuida pues es afectada por factores externos a la organización, a pesar de estar claros sus objetivos y funciones, así como su interrelación con otros actores, públicos o privados, externos o internos. Para una muestra de lo antes señalado, valga tomar como referencia el concepto de gobierno corporativo manejado en las reuniones de auditores internos de banca central, auspiciado por el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), concepto este que hemos considerado de los más completos. En efecto, se ha definido como “un modelo de organización orientado hacia la toma de decisiones colegiadas de manera responsable, sujetas a rendición de cuentas en forma adecuada y oportuna, que pone el énfasis en el papel que juega el control interno, la transparencia, el cumplimiento de obligaciones legales, la
independencia y el fortalecimiento de los órganos de supervisión y auditoría, para fomentar, de esta forma, la credibilidad y lograr el cumplimiento de los objetivos de la banca central. De forma tal que el gobierno corporativo involucra las normas y regulaciones, los sistemas y procedimientos, así como la estructura organizacional, a través de la cual el banco central busca alcanzar sus objetivos con base en la transparencia y la rendición de cuentas”. Derivado de la definición anterior, resultará crítico poder alcanzar los objetivos institucionales si se dispone de autonomía y de una estructura de gobierno corporativo adecuada, para que los mismos se puedan lograr eficiente y oportunamente, sin que sean interferidos por otros actores. De igual manera, la credibilidad en la institución monetaria y el logro de sus objetivos van estrechamente ligados.
DE LOS BANCOS CENTRALES
Para debatir el tema de la autonomía y del gobierno corporativo en los bancos centrales se debe comenzar por poner en claro qué es un banco central, cuál es su objetivo y qué función cumple en la sociedad. Un banco central, en términos generales, es la autoridad monetaria de un país que tiene como finalidad procurar la estabilidad económica. Esto no significa que sea el único ente responsable en tan amplio objetivo, pero sí
el que puede procurarla con el manejo de los instrumentos monetarios que tiene a su disposición y que le asignan las leyes. Si se entiende y se está de acuerdo con que ese es el propósito general de un banco central, entonces se podrá discutir acerca del sentido e importancia de su autonomía, más aún hoy día en que ésta debe ser ejercida no sólo en el mero marco de las relaciones internas de la organización sino que debe adentrarse en sus relaciones y vinculaciones con elementos de responsabilidad social y rendición de cuentas frente a la sociedad. Ello es más relevante en el caso del Banco Central de Venezuela, ente que debe actuar, como lo señala la propia Constitución Nacional, enmarcado dentro de los fines superiores del Estado y de manera coordinada con el Ejecutivo Nacional. NACIMIENTO DE LOS BANCOS CENTRALES
Debe reconocerse que el nacimiento de los bancos centrales y más recientemente la reorientación de sus funciones se ha debido, en gran parte, a la irresponsabilidad de muchos gobiernos en el manejo de las finanzas públicas, incluida la forma de financiamiento utilizada para cubrir sus déficit (entre las que se encuentran la más perversa: el financiamiento monetario), que en no pocos casos condujo a la emisión indiscriminada de moneda sin ningún tipo de respaldo. Ello generó fuertes desestabilizaciones en las economías domésticas e inflación que llevaron al empobrecimiento de las naciones. Aunque estas no fueron las únicas
razones, sí ilustran el por qué del nacimiento de muchos bancos centrales.
ESTABILIDAD Y CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO
Un aspecto que está siempre en discusión es el relacionado con la contribución de los bancos centrales al desarrollo económico y es allí donde algunos plantean la utilidad de los bancos centrales como bancos de desarrollo. Sin embargo, lo que comúnmente no se discute es que en sí mismo ese planteamiento lleva implícito (con alto riesgo) el germen de la desestabilización económica, pues normalmente se persigue el objetivo de impulsar el crecimiento económico a cualquier costo o al costo de la desestabilización o generación de presiones inflacionarias. He aquí la disyuntiva para los bancos centrales, puesto que a los gobiernos, por regla general, no les gusta abandonar su propósito de crecimiento económico y muchas veces lo tratan de procurar aún a costa de la aparición y/o profundización de distorsiones económicas, y muy frecuentemente en los precios, con lo cual se generan condiciones, tarde o temprano, para introducir ajustes dolorosos. Imaginarse a un banco central actuar en procura de los mismos objetivos de crecimiento económico en un escenario de distorsiones, seguramente le hará desacertar en ambos objetivos: crecimiento, y estabilidad de precios o de la moneda. Es aquí donde es necesario decidir acerca de dónde debe ponérsele el énfasis al objetivo y función del banco central, especialmente del Banco Central de Venezuela, y que los mismos
puedan ser posibilitados a través de una actuación autónoma e independiente que garantice un efectivo desenvolvimiento del ente al mínimo costo posible para la sociedad, lo cual conducirá al funcionamiento eficiente del gobierno corporativo del BCV. En este sentido, la historia de Venezuela nos indica al menos dos fechas importantes en materia monetaria, sin dejar de reconocer tantas otras: una, la creación del BCV en 1939, y luego la reforma a su Ley de 1992. La primera fue importante en sí misma, pues se creaba la autoridad monetaria, pero la segunda intentó darle forma a la idea de que el BCV debía ocuparse de su función estabilizadora y de lucha contra la inflación, por lo que la consideración de un banco central como un banco de desarrollo quedaba a un lado, para que ese propósito se alcanzara a través de otras instituciones, especialmente diseñadas por el Estado venezolano. De esta manera, se centraría en su papel estabilizador de las condiciones monetarias para que dentro de este marco floreciera el desarrollo armónico y estable de la economía, con ejercicio de autonomía e independencia. Por su parte, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) aprobada en 1999, elevó a rango constitucional la autonomía del BCV (Art. 318, CRBV), pero le asignó de manera explícita la función de coordinación de sus objetivos con los del Ejecutivo Nacional para procurar los fines últimos del Estado y lo materializa en la firma de un Acuerdo Anual de Políticas (Art.320, CRBV). Si bien este mecanismo
puede traer dificultades de instrumentación, sin duda que su concepción es extraordinaria para alcanzar los objetivos superiores del Estado. Sin embargo, en este mecanismo está contenido el reto institucional del BCV para el ejercicio de la autonomía que le confiere la constitución nacional y, en consecuencia, para que el ente emisor pueda ejercer eficientemente su gobierno corporativo, tanto hacia lo interno de la institución como hacia la sociedad, objetivo último de la acción de todo ente público. AUTONOMÍA, GOBIERNO CORPORATIVO E INTERESES DE LA SOCIEDAD
La discusión anterior lleva a preguntar si la autonomía debe ser “de hecho” o “de derecho”. Obviamente, la autonomía de derecho no garantiza mucho, por lo que el énfasis debe ser puesto sobre la autonomía de hecho, independientemente de que tenga soporte en normativas legales. Pero, algunas preguntas surgen en torno a la autonomía del BCV que bien vale la pena discutir brevemente. En efecto, ¿A quién le interesa o le conviene la autonomía? Pues bien, no es sólo al BCV o al Gobierno nacional, quienes están llamados a cumplir per se con sus objetivos y metas, sino obviamente a la sociedad como un todo, ya que es ella la afectada por las acciones o inacciones de los organismos encargados de procurar la estabilidad. Vale preguntarse qué sentido tiene que una sociedad crezca en términos económicos si este crecimiento va acompañado de inestabilidad y distorsiones que prácticamente terminan por
afectar más negativamente sus situaciones y condiciones socioeconómicas de vida. Es por ello que la sociedad en su conjunto se vería favorecida si los entes competentes trabajan mancoºmunadamente en favor de la estabilidad económica, con autonomía en sus campos de responsabilidad, pero coordinadamente para evitar acciones en sentidos opuestos o contradictorios, y teniendo siempre como horizonte el cumplimiento de sus objetivos establecidos por ley. Lo anterior es tan importante que la propia Constitución Nacional establece esa obligatoriedad de coordinación y obliga a dos funcionarios públicos del nivel de Presidente del BCV y Ministro de Finanzas a suscribir un Acuerdo Anual de Políticas bastante preciso y detallado. Desafortunadamente, tan sólo ha sido firmado en una ocasión y tuvo que ser rescindido muy poco tiempo después por las razones políticoeconómicas acaecidas en el país entre diciembre 2002 y febrero 2003 que condicionaron el desenvolvimiento económico durante gran parte de 2003. En todo caso, la vigencia de un acuerdo como el mencionado, traería consecuencias positivas si los entes involucrados en su firma cumplen con sus compromisos, con lo cual la autonomía del BCV como regulador monetario se conjuga con la responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas por parte del Ministro de Finanzas, quien posee una alta responsabilidad en un país como Venezuela, dados los factores estructurales y coyunturales que están presentes en la economía y que muchas veces condicionan
la evolución de las variables monetarias, el crecimiento del PIB, la inversión, las variables financieras y el sector externo, todo ello a través del déficit que pueda generar su gestión y el financiamiento utilizado para cubrirlo. He aquí el reto para aplicar, autónomamente, las políticas bajo responsabilidad del BCV. Objetivos o énfasis contrapuestos entre los dos agentes clave del acontecer económico nacional mencionados, podrían afectar significativamente los objetivos superiores del Estado y de la sociedad en su conjunto; de allí la importancia de distinguir claramente entre los distintos papeles que juegan las instituciones creadas. Todo ello debe traducirse en el funcionamiento adecuado del gobierno corporativo, sustentado, obviamente, en reglas claras de organización y funcionamiento, y más aún de respeto a la institucionalidad, vista esta desde afuera y desde adentro. En este orden de ideas, es preciso señalar que la autonomía se construye todos los días a través de las acciones y decisiones que adopte el BCV y, para ello, son sus directivos, con su formación técnica y olfato político, compromiso, rectitud y claro sentido social, enmarcado en las leyes vigentes, quienes están llamados a ejercer la función de guardianes de los intereses colectivos. No obstante, aquella sólo puede ser ejercida de manera eficiente si la institucionalidad del Banco Central es reconocida y respetada, y si se le reconoce como base mínima para una adecuada responsabilidad social del ente emisor.
El BCV y los sistemas de pago R
Ingeniero en computación, asignado al grupo para la supervisión y vigilancia de los sistemas de pago, en la Unidad de Análisis del Mercado Financiero (UNAMEF) de la Vicepresidencia de Operaciones Nacionales. Ha estado involucrado con las labores relacionadas con la reforma del sistema de pagos del país, liderada por el Banco Central de Venezuela, desde hace cuatro años. Conformó parte del equipo técnico a cargo del diseño del proyecto Cámara de Compensación Electrónica (CCE). Igualmente, ha tomado parte en aspectos del diseño técnico del Sistema de Transferencias de Alto Valor y pertenece al Comité de Estándares de SWIFT en Venezuela. En los últimos cuatro años ha realizado múltiples cursos relacionados con sistemas de pago, control de proyectos y mecanismos para evitar la legitimación de capitales. Ha participado en varias misiones de cooperación técnica entre bancos centrales. Actualmente, participa activamente en la definición y establecimiento de la función de supervisión y vigilancia de los sistemas de pago, asignada por ley al BCV.
Sea que estemos conscientes de ello o no, la mayoría de nosotros utilizamos a diario el sistema de pagos del país. Esta parte fundamental de cualquier sistema financiero está constituida por todos los mecanismos, instituciones, servicios, normas e instrumentos que permiten el flujo del dinero entre los agentes de la economía. Dado lo abarcador de este concepto, en muchos países se ha visto conveniente la utilización del término “Sistema Nacional de Pagos”. Si nos imaginamos la economía como una edificación de varios pisos de altura, tal vez podamos comparar este Sistema Nacional de Pagos con la infraestructura de tuberías que permite la provisión de servicios de electricidad y agua potable a lo largo de toda la estructura.
Aunque los medios e instrumentos de pago más conocidos para los ciudadanos son aquellos que permiten realizar pagos por concepto de operaciones que se realizan comúnmente en la economía, como por ejemplo, pagar la factura de energía eléctrica o pagar la cuenta de un restaurante, en el Sistema Nacional de Pagos existen también medios e instrumentos que permiten el flujo del dinero entre las instituciones financieras, los entes gubernamentales y las empresas privadas. Estos sistemas de pago están caracterizados por los elevados montos que manejan en cada operación y por el impacto que tienen sobre el desempeño de la economía del país. Así, de acuerdo con esta clasificación, podemos hablar de dos clases de sistemas de pago que dependen del monto que éstos manejan operación por operación. En primer lugar, se encuentran los sistemas de pago minoristas que tienen como característica principal el alto volumen de operaciones que se ejecutan en ellos a diario, con montos por operación relativamente bajos, tales como los cheques y las tarjetas de débito y crédito. Por otro lado, encontramos los sistemas de pago de alto valor que están caracterizados por el bajo volumen de operaciones que procesan diariamente pero que implican -–generalmente– la transferencia de altos montos, tales como los sistemas de pagos corporativos y del gobierno. EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE PAGO EN VENEZUELA
En Venezuela, los sistemas de pago minoristas y de alto valor han experimentado un proceso
evolutivo acelerado a partir de mediados del siglo XX. En los años cuarenta se puso en funcionamiento la cámara de compensación de cheques, la cual se constituyó en uno de los principales sistemas de pago del país, con características tanto de sistema de pagos minorista como de alto valor. Debido a la creación de esta infraestructura, la utilización de cheques vino a ser una forma de pago común. Posteriormente, otros servicios relacionados, como la conformación telefónica, incrementaron su uso y la confianza del público en este instrumento. Más tarde, en los años ochenta, debido a los avances tecnológicos y a su aplicación en los servicios bancarios, algunos bancos comerciales introdujeron en el país los cajeros automáticos. Dichas infraestructuras han servido desde entonces para ejecutar algunas operaciones de pago, tales como transferencias entre cuentas del cliente y otros servicios, aunque su principal uso ha estado relacionado con dispensar efectivo a los cuentahabientes. No obstante, dado el incremento en el número de cajeros y las necesidades de interconexión de los mismos, en 1987 fue constituida la primera red o suiche del país, lo cual posibilitó la utilización de puntos de venta e impulsó el uso de las tarjetas de débito y crédito como instrumentos de pago. Más recientemente, en los años noventa, muchas instituciones bancarias vieron el enorme potencial de internet y decidieron aprovechar sus bondades para el desarrollo de servicios bancarios a través de sitios web. Esto ha posibilitado la prestación de nuevos y mejores servicios para los clientes, en algunos casos relacionados con el pago de servicios y transferencias de fondos.
A todos estos avances podemos agregar el más reciente, el desarrollo y puesta en operación durante el año (2005) de la Cámara de Compensación Electrónica (CCE). Este sistema no sólo ha permitido agilizar el proceso de compensación de cheques, al acortar los plazos de acreditación de los fondos al cliente receptor, sino que también se constituye en una infraestructura común para todas las instituciones financieras. Este será el canal ideal para que –a corto plazo– se desarrollen otros instrumentos completamente basados en operaciones electrónicas, tales como pagos de nómina, pagos a proveedores, pago de tarjetas de crédito y domiciliación de facturas. Todas estas operaciones podrán tener, como origen de los fondos, una cuenta bancaria en una institución distinta a la institución financiera que posea la cuenta receptora de los mismos. Como podemos notar, los sistemas de pago en Venezuela han alcanzado un nivel de automatización elevado, tanto en el ámbito de los pagos minoristas, como en los sistemas de alto valor. Esta tendencia hacia la modernización parece continuar con iniciativas de automatización y uso de nuevas tecnologías tanto en el sector privado, como en el sector público. No obstante, también es notable que la extensión de uso de estos instrumentos no ha crecido conforme estos se han ido modernizando, tal vez debido a la relación que típicamente ha tenido el uso de los instrumentos de pago con los niveles de bancarización. PAPEL DEL BCV EN EL SISTEMA NACIONAL DE PAGOS
La situación actual de crecimiento y evolución de los servicios de pago es realmente un fenómeno de alcance mundial. Por esta razón, en una
cantidad creciente de países, los bancos centrales han adoptado un doble papel con relación a los sistemas de pago. Por un lado, se han convertido en los supervisores por excelencia del Sistema Nacional de Pagos, y por otro lado, han seguido desempeñando su papel tradicional como operadores de algunos de los sistemas de pago medulares. Tal como una ciudad que crece sin una planificación clara y definida puede tender a convertirse en un sitio donde reine el caos, un sistema de pagos que crece o evoluciona sin la debida supervisión, aunque equipado con las mejores tecnologías, podría verse expuesto a vulnerabilidades no deseadas y a niveles de seguridad y eficiencia menores a los esperados. Por estas razones, es necesaria la participación de un ente capaz de coordinar y supervisar todos los esfuerzos relacionados con el desarrollo y funcionamiento del Sistema Nacional de Pagos. Tal responsabilidad ha sido asignada al Banco Central de Venezuela en la propia ley que rige su funcionamiento. En su artículo 7, numeral 8, se establece entre sus funciones el velar por el correcto funcionamiento de los sistemas de pago del país. En su papel de supervisor, el BCV vela por que el Sistema Nacional de Pagos cuente con los niveles de seguridad requeridos para esta parte medular del sistema financiero. En este sentido, el supervisor se asegura de que existan los mecanismos suficientes para que el sistema esté protegido contra la falla financiera o técnica de las instituciones que en él participan, y contra el fraude o su uso ilícito. Igualmente, vela por
que se alcancen los niveles de eficiencia necesarios para que los sistemas e instrumentos de pago sean convenientes para los usuarios y útiles para la economía. Finalmente, se puede decir que el BCV ha desempeñado típicamente el papel de operador de sistemas de pago, pues provee a las instituciones financieras y a los entes gubernamentales los mecanismos para realizar transferencias de fondos entre las cuentas que en él mantienen éstas instituciones. Igualmente, provee los mecanismos para realizar operaciones de compra y venta de valores, así como servicios de compensación y liquidación de pagos minoristas a través de la Cámara de Compensación Electrónica (CCE). Dado que el BCV es el operador de sistemas de pago más importante del país, su actuación en el desarrollo y funcionamiento del Sistema Nacional de Pagos resulta determinante para los objetivos de seguridad y eficiencia. No cabe duda de que el correcto funcionamiento del Sistema Nacional de Pagos genera beneficios para la economía en general. Su funcionamiento fluido contribuye a la estabilidad financiera y fortalece la confianza del público sobre el desempeño de la economía. Adicionalmente, aunque en Venezuela su evolución ha sido sobresaliente, los requerimientos de manejo de riesgos y de armonía en su desarrollo hacen necesaria la participación del BCV, no sólo como operador tradicional de algunos sistemas, sino como supervisor del funcionamiento de los sistemas de pago del país.
El benchmark en el manejo de reservas internacionales A
adoptado el concepto de “benchmark” o
LOS ASPECTOS MÁS RESALTANTES QUE
Ingresó al BCV en 1988, siendo estudiante, como encuestador contratado en Estadística de Precios. De allí pasó a Importaciones, Finexpo y Operaciones con Oro, mediante promociones. Fue el 2do en la promoción de Economistas de la UCV en 1992. En 1993 obtuvo, además de la beca del BCV, la “Chevening” del British Council, para cursar estudios de postgrado en el Reino Unido. Realizó entonces una maestría (MBA) en la Universidad de Bristol, Inglaterra, donde participó en el programa internacional que incluyó estudios en China, Japón, Francia y los EE.UU, y que culminó con una pasantía en el Banco de la Reserva de Sudáfrica, donde realizó investigaciones sobre el manejo de reservas de oro. A su regreso de estudios en el exterior, vino a conformar el equipo que diera inicio a la Unidad de Riesgo de la Vicepresidencia de Operaciones Internacionales, y en febrero de 2000 fue nombrado Jefe de la Mesa de Inversiones en Divisas. Actualmente, como Adjunto del Departamento de Inversiones, el economista Ascanio se encuentra encargado del Departamento de Inversiones y Tesorería Internacional, el cual agrupa las funciones de inversión de las reservas tanto en oro como divisas, así como el manejo de los flujos de cobertura de las transacciones internacionales.
portafolio de referencia para comparar sus
CARACTERIZAN A UN BENCHMARK SON:
gestiones de reservas con el comportamiento
- Composición: en monedas, mercados e instrumentos permitidos para invertir. - Duración: período que puede ser menor o igual al vencimiento del instrumento en el cual el inversor recupera el capital invertido. - Riesgo de crédito: emisores y contrapartes aceptados para invertir dada su probabilidad de cumplimiento en las transacciones. - Riesgo de mercado: exposición de los instrumentos a fluctuaciones de tasas de interés y tipos de cambio, que afecten su valor de mercado. - Liquidez: disponibilidad o facultad que posean los instrumentos de convertirse en dinero efectivo de manera inmediata o en el corto plazo sin perder valor.
de este portafolio marcador.
ESCOGENCIA DEL BENCHMARK
Este portafolio debe contener instrumentos
financieros que reflejen los objetivos del Banco Central al mantener reservas, así como la dimensión legal y otros aspectos de regulación que afecten a dicho acervo de recursos. Estos aspectos han
de estar definidos en la política de administración
de reservas. En dicha política, se establecen los Lineamientos de Inversión, que a su vez se hacen más específicos en la Estrategia de Inversión,
definida para un período o ciclo económico, nivel en el cual se diseña el benchmark.
La construcción del benchmark comienza
con la definición de los objetivos de la institución, a partir de los cuales se identifican los mercados La gestión de reservas internacionales es un
VENTAJAS QUE PROVEE LA UTILIZACIÓN DE UN
e instrumentos que podrían atender más
ámbito exclusivo de los bancos centrales, los
eficientemente tales objetivos. A continuación se
cuales deben considerar, a la hora de diseñar
procede a la asignación neutral de los activos de
sus políticas respectivas, aspectos tales como
reserva en dichos instrumentos. El término neu-
los objetivos y costo de mantener dicho acervo
tral se refiere a la no incorporación de visión de
- Refleja los objetivos y política de inversión a largo plazo de la institución. - La tasa de retorno asociada con el portafolio benchmark se acepta como
de recursos, así como el valor agregado o re-
mercado, es decir, que el inversor no anticipa
satisfactoria para la gestión de reservas.
torno, que genera el manejo activo de los
movimientos en las variables que afectan el valor
- Es la alternativa neutral para el gerente
de los instrumentos en el corto plazo. La
de fondos, relativa a la cual se puede comparar
estrategia de inversión asociada con este
la gestión activa de inversión, para determinar
portafolio se conoce como pasiva.
su valor agregado en forma objetiva y específica.
portafolios de inversión de reservas. En la búsqueda de respuestas idóneas a dichos aspectos, los bancos centrales han
- Permite establecer los límites en posiciones y las desviaciones que pueden ser
de los pagos internacionales (importaciones,
UN BENCHMARK RAZONABLE DEBE:
servicio de deuda externa, etc.). Esto explica la
incurridas por parte de los gestores de fondos.
* Ser consistente con los objetivos, política
inversión en mercados de gran profundidad y
- Implica una estrategia de seguridad, la
de inversión, restricciones y perfil de riesgo del
negociabilidad, así como los plazos de las
transacciones, adecuados a los requerimientos
cual puede ser empleada en caso de inestabilidad
* Ser representativo de los activos que
* Rentabilidad: el rendimiento esperado de
pueden realmente ser adquiridos.
* Ser formulado con información pública y
Dadas estas características, el benchmark constituye el parámetro de guía alrededor del
disponible de modo transparente.
* Ser aceptado por las autoridades como
como a las restricciones operativas vigentes.
la comparación del desempeño del portafolio de
posición neutral, cuyo retorno financiero se
Inscrita en dicho marco, la combinación de
inversión de las reservas en relación con el de
acepte como satisfactorio para la gestión de
instrumentos del benchmark se diseña de modo
que optimice la relación riesgo-retorno de las
* Ser replicable, es decir, que siempre
han sido acertadas u oportunas las decisiones de inversión que responden a expectativas acerca del comportamiento de los mercados, formuladas por el equipo técnico que administra dicha cartera de recursos. En este sentido, los responsables del manejo de reservas cuentan con cierto margen para invertir en instrumentos alternos a los contenidos en el benchmark. Esas posiciones constituyen “desvíos”, los cuales están sujetos
exista la posibilidad de conformar la cartera de
A través del análisis y seguimiento de los
inversiones del modo más parecido o aproximado
principales mercados financieros internacionales,
al benchmark.
y al incorporar los criterios antes citados, el equipo técnico que diseña los benchmarks para
ADOPCIÓN DE BENCHMARKS
la gestión de reservas del instituto produce
POR PARTE DEL BCV
portafolios de referencia con una periodicidad
Los criterios utilizados para establecer bench-
que se ajusta a la dinámica de los ciclos
marks en el instituto toman en cuenta los
económicos de los mercados objeto de la
lineamientos de inversión para la administración
inversión, así como a los potenciales cambios
de las reservas internacionales:
en el entorno doméstico, que determinen ajustes
a límites y controles de riesgo de crédito, de
* Seguridad: implica la inversión en
a la estrategia de inversión de largo plazo. Así,
instituciones de alta calidad crediticia (riesgo de
el patrón de comparación de la gestión de estos
constante del desempeño de los desvíos con
crédito), y otras medidas tendientes a minimizar
activos tan importantes para la nación, se
respecto al benchmark, se trazan estrategias
la posibilidad de que se incumplan los términos y
constituye en una guía fidedigna para establecer
de corto plazo tendientes a incrementar el re-
condiciones pactados en las operaciones.
si el proceso de inversión se lleva a cabo de
liquidez y de mercado. A partir del seguimiento
torno financiero de la cartera.
está sujeto a los dos criterios anteriores, así
cual se realiza la gestión de inversiones. Mediante
su benchmark, se puede conocer en qué medida
los instrumentos que conforman el benchmark
* Liquidez: para garantizar la continuidad
La programación monetaria en Venezuela Y
Cursó estudios superiores en la Universidad de Carabobo, donde obtuvo el título de Economista en el año 1991. En el año 2005 obtuvo el título de Magister Scientiarum en Moneda e Instituciones Financieras en la Universidad de Central de Venezuela. Su trabajo de grado, La programación y política monetaria en Venezuela bajo el contexto de inflación (1989-1997), obtuvo la mención excelente. Ingresó al Banco Central de Venezuela en el año 1991 en el Departamento de Estudios Monetarios y Financieros. Actualmente, se desempeña como Especialista Económico I en el Departamento de Programación Financiera. A lo largo de estos años ha participado en diferentes cursos tanto nacionales como internacionales, enfocados en la materia de programación financiera, operaciones de mercado abierto, política monetaria y estadísticas monetarias y financieras, entre otros temas. Posee dos publicaciones, es coautora en el trabajo “Operaciones de Mercado Abierto: Experiencia en Venezuela, 1989-1994”. Publicado en la Revista MONETARIA. Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) Septiembre 1996. Además, escribió un artículo sobre la base monetaria publicado en el BCVOZ Económico N° 3 Mayo-Junio de 2004.
1 León, Inirida y Olivo, Víctor.1988. La oferta monetaria en Venezuela: Una evaluación de su controlabilidad y su relación con la tasa de inflación. Revista BCV # 4 Octubre-Diciembre, p. 83 2 Fleitas, C., Mirabal, J., Roo, E. y Sánchez G. 2002. Modelo de Simulación de Programación Financiera. Colección Banca Central y Sociedad. Serie Documentos de Trabajo, Gerencia de Investigaciones Económicas BCV. Versión Mayo. Número 35. 3 Fleitas, C., Mirabal, J., Roo, E. y Sánchez G. 2002. Ibid..
“La programación monetaria es un instrumento de apoyo a la política monetaria, cuyo propósito es contribuir a que la variable seleccionada como objetivo intermedio de la política monetaria, alcance un valor preestablecido, compatible con el logro de uno o varios objetivos finales de la política económica”.1 La programación monetaria en Venezuela, se inicia a comienzos de los ochenta2. Sin embargo, es a partir de 1989, con el programa de ajustes con el FMI, cuando el programa monetario se elabora dentro del contexto de un programa
financiero. El programa financiero está compuesto por los programas fiscal, monetario y cambiario. El Modelo de Programación Financiera consiste en la aplicación de un conjunto de medidas coherentes, fundamentalmente, en los sectores real, fiscal, monetario y del sector externo, con la finalidad de alcanzar ciertos objetivos macroeconómicos finales. Ello se hace a través del logro de los objetivos intermedios de cada programa. METODOLOGÍA DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA
La metodología de la Programación Financiera abarca las siguientes etapas:3 1. Diagnóstico de la situación macroeconómica del país. 2. Definición de los objetivos finales (premisas). Estos son lineamientos generales de política, que consisten en la cuantificación de los valores metas para los objetivos finales del programa, los cuales se pueden referir principalmente a inflación, crecimiento económico y estabilidad del sector externo. 3. Cálculo de los objetivos intermedios para cada uno de los sectores. Dichos cálculos deben ser coherentes con los objetivos finales. Cada sector económico tiene un programa en el cual, a su vez se establecen metas. Esto es, en el sector real y precios se establece, como premisa de trabajo inicial un nivel de crecimiento del
producto interno bruto (PIB) y de inflación. En el programa fiscal, se establece un nivel del déficit como porcentaje del PIB. En el programa cambiario, el nivel o variación de las reservas internacionales netas; y en el programa monetario, se fija el nivel o variación de algún agregado monetario. 4. Elaboración del programa conforme con los lineamientos establecidos por el Directorio del BCV y el Ministerio de Finanzas.4 Mediante un proceso interativo, se cuantifican los valores de las metas finales, intermedias, operativas, así como los instrumentos de política que contribuirán a alcanzar tales objetivos. 5. Presentación y análisis del programa en el Directorio del BCV. 6. Ejecución del programa: Instrumentación de las acciones de política derivadas del programa para cada uno de los sectores. 7. Elaboración y puesta en ejecución de la estrategia monetaria. 8. Seguimiento del programa. 8.1 Evaluación permanente de resultados a través de distintos indicadores sobre la evolución de las principales variables del programa. 9. Evaluación y control de los resultados y compromisos adquiridos de los distintos entes que participan en el proceso. 10. Reprogramación si así lo requiere el proceso.
4 Cuando ha habido convenio con el FMI, los lineamientos de política utilizados como premisas son tomados conjuntamente entre el BCV y el MF. Sin embargo, cuando éste no es el caso, los programas son escenarios de trabajo donde los lineamientos son suministrados por el BCV con cierta información enviada por el MF. No obstante, es importante señalar que actualmente ambas instituciones se han preparado técnicamente para llevar a cabo un acuerdo de política que exigirá mayor compromiso y coordinación por parte de los entes. 5 Uzcátegui, Yrene. 2001. Metodología de la Estimación de la Demanda de Dinero Base. BCV. (Mimeo). 6 Fleitas, C., Mirabal, J., Roo, E. y Sánchez G. 2002. Op. cit. 7 Las RIN son metas bajo un régimen de tipo de cambio flexible y valor de referencia con un tipo de cambio fijo. 8 La expansión monetaria prevista viene dada por las incidencias monetarias del Fisco, PDVSA, otras fuentes y el BCV. 9 La brecha monetaria puede ser cubierta a través del mercado monetario o por el mercado cambiario (ventas de divisas). 10 León, Inírida y Olivo, Víctor. 1988. Op.cit.
Usualmente, los objetivos finales del programa financiero están referidos a la tasa de inflación, crecimiento económico y saldo en la balanza de pagos, así como los objetivos intermedios pudieran ser: la gestión financiera del sector público, crecimiento de los agregados monetarios, alguna tasa de interés, crecimiento del crédito interno neto y variación de las reservas internacionales netas (RIN). Tales objetivos, tanto finales como intermedios, se concretan en la elaboración de los programas fiscal, cambiario y monetario con periodicidad trimestral. Seguidamente se describe la metodología empleada en el proceso de programación financiera para el sector monetario, aunque puede presentar ciertas modificaciones. PROGRAMA MONETARIO
El programa monetario5 tiene por finalidad calcular y servir de base al seguimiento de metas intermedias y operativas de cantidad o precio, coherentes con los objetivos finales establecidos al inicio de la elaboración del programa financiero. Este programa constituye una guía para la toma de decisiones en cuanto a las acciones de política monetaria que realiza el directorio del BCV.6 El BCV, a través del programa monetario, ha utilizado como variable intermedia la liquidez monetaria M2 y el tipo de cambio. Partiendo de la primera (M2), se deriva la variable operativa a la cual se les hace seguimiento, el dinero base (con tipo de cambio flexible o cuasiflexible) y con el dinero base y las reservas internacionales netas provenientes del programa cambiario (valor
de referencia) se derivan los activos domésticos netos (con tipo de cambio fijo o cuasifijo) El “valor de referencia trimestral” del dinero base (objetivo operativo) se interpreta como el nivel demandado por los agentes económicos al cierre de un trimestre y se obtiene a partir de las estimaciones de demanda de dinero M1 y de cuasidinero que el “Modelo Gasto” arroja, entre otros resultados. A partir de estas estimaciones de la demanda de dinero en términos reales tanto para M1 como para el cuasidinero se obtienen los saldos reales a los que se le aplica la inflación objetivo para luego calcular los niveles nominales que posteriormente servirán para obtener la demanda de dinero base. En particular, el nivel de referencia del dinero base se estima como la suma de sus partes, y cada una de estas partes se calcula a su vez sobre la base de algún componente de la demanda de dinero. Una vez calculado el nivel de demanda de dinero base y teniendo como insumo el nivel de las reservas internacionales netas (RIN) provenientes del programa cambiario 7, se procede a calcular los ADN de referencia; a partir de este valor y conociendo la variación de las cuentas del sector público (SP) en el BCV (información procedente del programa fiscal), y la estimación para ciertas cuentas de los otros activos domésticos netos del BCV, se procede a estimar el posible nivel de intervención del BCV en el mercado monetario. Existe otra manera de obtener la intervención del BCV en el mercado monetario. La metodología utilizada es la siguiente: Se toma la variación de la demanda de dinero base de
referencia, calculada tal y como se explicó anteriormente, se compara con la expansión de oferta monetaria prevista8 para así obtener la brecha monetaria9, la cual una vez, deducidas las ventas de divisas en el mercado cambiario da como resultado la posible intervención del BCV en el mercado monetario a través de sus instrumentos de política. FASES DEL PROGRAMA MONETARIO
El programa monetario comprende cinco fases:10 1.- Definición del objetivo final (variable objetivo) de política monetaria consistente con los objetivos generales de política económica (tasa de inflación, producto interno bruto y del sector externo básicamente). 2.- Selección del objetivo intermedio (variable intermedia) de política monetaria, el cual puede ser un agregado monetario (M2, M1, etc.), el tipo de cambio (TC) o la tasa de interés (i). Esta selección tiene mucho que ver con el régimen cambiario que esté vigente para el momento en el cual se tome la decisión. 3.- Elección del objetivo operativo (variable operativa), la cual debería guardar una relación estrecha y estable con la variable intermedia. 4.- Cuantificación de la intervención del Banco Central a través de sus instrumentos de política monetaria. 5.- Implantación o ejecución del programa monetario, que intenta distribuir la variación requerida de las variables de política a lo largo del período para el cual se ha fijado el objetivo final (estrategia monetaria semanalizada).
La contabilidad macroeconómica, instrumento de crecimiento E
Economista Magna Cum Laude de la Universidad Central de Venezuela del 2004. Actualmente se encuentra estudiando en la Maestría de Investigación de Operaciones de la Facultad de Ingeniería de la UCV. Se desempeña como Economista I en el Departamento de Cuentas Macroeconómicas y participa activamente en la línea de investigación de “Modelos sobre Matrices de Contabilidad Social e Insumo Producto”, que está siendo desarrollada conjuntamente, entre la Gerencia de Estadísticas Económicas y la Vicepresidencia de Estudios del Banco Central de Venezuela. INTRODUCCIÓN
A medida que se desarrollaban las primeras civilizaciones, sus relaciones sociales y de producción se volvían más complejas, además de que no contaban con instrumentos de almacenamiento de información. Sin embargo, a pesar de sus precarias formas de escritura encontraron la forma de dejar constancia de determinados hechos, sobre todo aquellos que se producían con mucha frecuencia y eran demasiado liosos como para poder ser conservados por la memoria. También, por un lado, grupos de poder como el clero y los reyes necesitaban calcular la entrada de tributos, y por el otro, los comerciantes se veían influidos por no tener procedimientos de registro de sus actividades. Entonces, es así como la contabilidad pasa de ser un simple proceso de anotación y clasificación de operaciones comerciales para tener un mejor control de éstas, a ser hoy día uno de los mecanismos más importantes de toma de decisiones en el ámbito de empresarial, nacional e internacional.
El desarrollo de la contabilidad mercantil creó las bases para la evolución de la contabilidad nacional o macroeconómica, con la cual, se puede evaluar la situación global de un país utilizando estadísticas más agregadas. El desarrollo de las cuentas nacionales como un marco analítico de construcción y presentación de la información macroeconómica permite un mejor diseño y seguimiento de las políticas económicas. Por ello, ha sido posible contar con instrumentos más específicos dentro del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) como lo son las Matrices de Contabilidad Social (MCS) y Matrices Insumo Producto (MIP), que hacen uso de información micro y macroeconómica destinada al análisis y toma de decisiones. Actualmente, Venezuela tiene una posición aventajada sobre los demás países de Latinoamérica en la aplicación del SCN de 1993, y en consecuencia, al producirse información más confiable y de mayor calidad dentro del Banco Central de Venezuela, mejores serán las decisiones que se deriven para impulsar el crecimiento económico. Buenas estadísticas macroeconómicas crean el medio ambiente para el desarrollo. ANTECEDENTES
El origen de la contabilidad data de hace muchos siglos, desde que el hombre se dio cuenta de que su memoria no era suficiente para guardar grandes volúmenes de información. Mas allá de dejar a las generaciones futuras el recuerdo de hazañas guerreras o plasmar normas jurídicas, había la necesidad de dejar constancia de las
cuentas originadas como consecuencias de procesos productivos y administrativos. En este sentido, Hernández (2002) refleja que hacia el año 3.000 a.c. ya existían los elementos necesarios para la actividad contable con el uso de tablillas, que satisfacían la necesidad de los antiguos habitantes de registrar y dejar tangiblemente sus cuentas. La contabilidad mercantil tiene como finalidad proporcionar información a los dueños y socios de un negocio sobre sus deudas y lo que poseen. Por lo tanto, es fundamental proveer información a los administradores y accionistas sobre el desenvolvimiento de sus actividades mercantiles, financieras y de producción, ya que su interpretación genera impactos en las decisiones futuras de la firma o de los individuos. Se podría considerar entre otros, tres principios básicos del desarrollo de la contabilidad mercantil. Uno, es la posibilidad de conocer el comportamiento de un agente económico en un momento dado; otro, es la posibilidad de compararlo con otros períodos de tiempo y contrastar su evolución; y como tercero, la importancia que tiene para evaluar decisiones de diferente índole. Estos principios están íntimamente relacionados con metodologías desarrolladas e implementadas internacionalmente a través del tiempo, con miras a lograr dichos objetivos, que al final son los que estructuran las acciones de un país, las cuales, son recogidas por las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). Al hacer el estudio económico de una nación, no sólo se encuentra una empresa, si no
n cantidad de agentes, que aumentan la necesidad de contar con estadísticas contables globales que no muestren sólo la unidad microeconómica, sino una visión agregada del país. Allí nace la contabilidad nacional o macroeconómica, un registro sistematizado de los principales hechos económicos de las actividades que se despliegan en un país, fundamentado en los mismos principios y resultados de la contabilidad mercantil; además, está fijada sobre la base de conceptos macroeconómicos microfundamentados que son entre otros, la producción, la distribución y la utilización de bienes y servicios, el consumo, el ahorro, la inversión y el comercio exterior. De acuerdo con lo descrito en el párrafo anterior, aparece en el escenario internacional, y para el logro de los objetivos de generación de estadísticas agregadas, sistemas adaptados a estas necesidades como lo son: el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), el Sistema de Balanza de Pagos (SBP), el Sistema de Finanzas Públicas (SFP) entre otros; éstos ofrecen un amplio marco contable para elaborar y presentar datos económicos en un formato destinado a sus análisis. En la historia de estos sistemas y en especial el del SCN se combinan dos trayectorias, la primera es el desarrollo de la contabilidad nacional, y la otra, la “internacionalización” de las preocupaciones estadísticas. El interés oficial por el desarrollo de las estadísticas se remonta al menos a 1928, año cuando la Liga de las Naciones organizó una conferencia internacional sobre estadísticas económicas con el fin de estimular su elaboración e incorporación de estimaciones sobre el ingreso nacional, y la adopción de métodos uniformes de presentación.
En 1936, Wassily Leontief comienza estudios para elaborar un modelo que permitiera realizar trabajos empíricos basándose en matrices insumo producto, pero es en las décadas de 1940-1950 cuando, junto a Richard Stonne y el grupo de Oslo, diseña y perfecciona un sistema de cuentas globales para medir la actividad económica de una nación. Estos modelos fueron adoptados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y se han venido perfeccionando a través de reuniones y acuerdos internacionales. La incorporación de estos estudios dentro del SCN de 1953 y su ampliación en el SCN de 1968 favoreció la interpretación y resolución de muchos problemas económicos planteados y resueltos por Leontief, lo que posteriormente lo llevó a ganar el Premio Nóbel de Economía en 1973; a tal efecto, en la actualidad se ha venido adoptando en forma intensiva en aquellas economías altamente planificadas como un factor determinante del diseño de políticas públicas. A partir del SCN de 1968 se amplía el cuadro de insumo-producto para presentar todo el flujo circular del ingreso a nivel mayor, y con ello se capta los aspectos esenciales de la matriz de contabilidad social (MCS), definida por el FMI, la OCDE, y Naciones Unidas (1993) como una presentación de las cuentas nacionales en forma matricial que establece las relaciones entre el cuadro insumo producto y las cuentas de los sectores institucionales. Con la MCS se acrecientan los análisis de las interrelaciones estructurales de una economía relacionadas principalmente con la distribución del ingreso y la composición del gasto por grupos de hogares y de esta manera se permite evaluar los impactos del diseño y ejecución de políticas sobre éstos.
(SCN) Y LA GENERACIÓN DE ESTADÍSTICAS EN VENEZUELA
La evolución del SCN ha permitido ampliar y mejorar la generación de información más confiable en materia económica. El primer estudio fue publicado en 1953 y sirvió de base para las primeras Cuentas Nacionales en Venezuela en el período 1950-1969. Además, proporcionó un coherente registro y presentación de las principales variables macroeconómicas relativas a la producción, el consumo y el comercio exterior. En este sentido, y según Antivero (1992), con ello se creó el camino para establecer un sistema dentro del cual se organiza la información estadística para estudiar el proceso económico en todos sus múltiples aspectos. Muchos de los cambios operados en la generación de estadísticas dentro del Banco Central de Venezuela (BCV) fue para atender eventos que en principio fueron coyunturales. Sin embargo, se han producido modificaciones estructurales en la economía, en la cual el sistema generador de estadísticas no puede responder sino con cambios estructurales en la producción de éstas. Los ajustes estructurales vienen con la adopción de un nuevo año base, que constituye un momento en el tiempo seleccionado como referencia en la generación de estadísticas. Antivero (2001) menciona que es un año a partir del cual se pueden generar los datos en el tiempo tanto hacia delante como hacia atrás, al seguir dos parámetros para su escogencia: por un lado 12 meses de relativa estabilidad económica y, por el otro, la disponibilidad de la mayor cantidad posible de información socioeconómica de ese año.
En 1969 se interrumpió la primera serie de datos generada en el BCV y se dio espacio a nuevos procedimientos metodológicos fundamentados en el SCN de 1968. El tratamiento proporcionó información de forma detallada sobre aspectos estructurales de la economía y resultó en una nueva serie de estadísticas a partir de 1968, la cual continuó hasta 1984 con el mismo año base 1968; la razón fundamental del cambio de 1957 como año base fue el envejecimiento del mismo. La obsolescencia en un año base se manifiesta principalmente por las diferencias entre las estructuras de costos del año base y las observadas en la realidad. Con la adopción del año base 1968 se revirtió este problema y mejoraron las estimaciones fundamentadas en nuevos índices de precios calculados por el BCV. Se creó una mayor cultura del uso de información estadística para el público en general incluyendo organismos internacionales. Ya para mediados de la década de los ochenta, la obsolescencia del año base 1968 estuvo sobre el tapete y, por lo tanto se determinó la conveniencia de contar con otro año base del SCN de Venezuela. A tal efecto, se consideró conveniente el año 1984 para la obtención de resultados más representativos y con ello hacer el seguimiento a los cambios experimentados en la evolución de las variables reales y financieras. En este mismo orden de ideas, el directorio del BCV aprobó en 1995 la ejecución del Programa de Actualización de la Estimaciones Macroeconómicas (Pracem), proyecto dirigido hacia el mejoramiento de las estimaciones macroeconómicas por parte del instituto; éste incorporó los nuevos enfoques de los manuales internacionales del SCN de 1993 y Balanza de
Pagos (BP) de 1993. Esta implementación vino a satisfacer las crecientes necesidades de diferentes analistas económicos de disponer de un conjunto integrado de cuentas macroeconómicas actualizadas y que respondiera a los cambios estructurales de la economía. En este sentido, la obsolescencia del año base 1984 obligaba a adoptar otro año más representativo; por ello, se eligió el año 1997 como el nuevo año base. Con el Pracem se amplió el nivel de apertura de las actividades económicas, sectores, tipos de bienes y servicios e instrumentos financieros, y también se actualizó todo el sistema de índices de volumen, precio y valor. Al evaluarse estos resultados y la disponibilidad de información, se abrió espacios para incluir interconexiones adicionales entre indicadores económicos y sociales sobre la base de las cuentas nacionales, que alimentarán la generación de Matrices de Contabilidad Social y Matrices Insumo Producto (MIP). A pesar que el objetivo del Pracem no contemplaba la elaboración de estos instrumentos, los cambios estructurales dispuestos en el nuevo manual del sistema de cuentas nacionales estaban diseñados para satisfacer su generación, dada la importancia relevante del uso de estos instrumentos en el análisis y en el apoyo a la toma de decisiones. La calidad de las estadísticas actuales y la construcción de MCS y MIP permite crear condiciones para lograr un mayor impacto en el levantamiento estadístico futuro, al poder disponer de mayores aplicaciones de indicadores macroeconómicos generados y dispuestos ante los decisores, para impulsar y orientar el crecimiento económico hacia las áreas claves de la economía venezolana.
La historia de la contabilidad, sea nacional o mercantil, es parte fundamental de la historia económica. La evolución de las técnicas contables definitivamente penetra en la organización y dirección de las instituciones y en la medición de los cambios estructurales que experimenta la economía en general. La disponibilidad de información estadística oportuna y de calidad, junto con la implementación del SCN y balanza de pagos de 1993, y la adopción del nuevo año base 1997, crea una actualización importante de la medición micro y macroeconómica en nuestro país, al proporcionar mayores recursos e instrumentos a manos de los decisores para desarrollar políticas claves hacia los sectores más fuertes y con ello crear externalidades positivas en aquellos más vulnerables. Por otro lado, si consideramos la producción de estadísticas macroeconómicas en forma recurrente y metodológicamente actualizadas bajo los estándares internacionales, y su continua demanda por los usuarios, estaremos creando una cultura de uso de la información destinada a optimizar las opciones de crecimiento y desarrollo económico. REFERENCIAS
ANTIVERO, I. (1992): Series
Estadísticas de Venezuela de los últimos cincuenta años. Publicaciones BCV. Caracas. ANTIVERO, I. (2001): Series Estadísticas de Venezuela 19891999, Cuentas Nacionales y Balanza de Pagos. Publicaciones BCV. Caracas. FMI. OCDE. NACIONES UNIDAS. (1993): Sistema de Cuentas Nacionales. Publicaciones Naciones Unidas. Nueva York. HERNÁNDEZ, E. (2002): Historia de la Contabilidad. Artículo publicado en el Nº 67-68 de la Revista Libros. Madrid.
La inversión privada, fuente esencial del crecimiento económico L
Economista egresado de la Universidad del Zulia, en el año 2000. Actualmente cursa una maestría de Gerencia Financiera en la misma universidad. Posee dos diplomados uno de estadísticas para gerentes y otro de estadísticas para investigadores, del Centro de Estadística e Investigación de Operaciones, Facultad de Economía de la Universidad del Zulia. Se desempeña como Analista de Riesgo del Banco Occidental de Descuento y es Investigador colaborador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad del Zulia. Cuenta con varios artículos publicados y otros pendientes por publicación, tanto en revistas arbitradas venezolanas como latinoamericanas.
1 Un ejemplo de esto son las computadoras y los software o programas de computadoras que tienden a quedar obsoletos rápidamente por la presencia de constantes avances en la tecnología de la informática y la computación.
La inversión de capital por parte del sector privado es una variable de suma importancia para fomentar el crecimiento económico. En el caso venezolano, y gracias a una ingente cantidad de recursos provenientes del petróleo, se generó en la economía un largo período de bonanza y expansión del producto; tanto la inversión pública como la privada experimentaron altos niveles de crecimiento que permitieron materializar el proceso de industrialización y modernización de la economía venezolana durante las primeras tres cuartas partes del siglo XX. Ya para finales de los años setenta, se comienzan a producir severos desequilibrios macroeconómicos producto de una política fiscal sumamente expansiva que terminó generando una sobreacumulación de capital que no encontró su contrapartida en una demanda interna de bienes y servicios creciente, ni en el
desarrollo estructural de un sector exportador no petrolero competitivo; se dio inicio así a una caída en la productividad de los bienes de capital (incremento de la capacidad ociosa) que se tradujo en una severa crisis de acumulación reflejado en una continua caída de la inversión de capital y de la producción de bienes y servicios, la cual persiste hasta la actualidad. La inversión representa el gasto realizado para mantener o incrementar el stock de nuevo capital de una economía en un período determinado, con la intención de aumentar la capacidad productiva futura de esa economía. El gasto de inversión juega un papel importante en la determinación del nivel de producto, y por lo tanto, constituye uno de los principales indicadores para medir las condiciones económicas de un país y el nivel de bienestar de su población en un momento dado. La inversión, a diferencia del consumo representa un gasto más inestable y volátil, ya que los consumidores buscan optimizar sus ingresos a la vez que intentan satisfacer sus necesidades primordiales de alimentación, salud, vivienda, educación y recreación, lo que le reporta de manera directa una utilidad en el momento de adquirir un bien o servicio. Este no es el caso de la inversión, ya que la misma se realiza dependiendo de lo rentable que dicho gasto sea para el inversionista en el futuro, de lo contrario no tendrá ningún estímulo para realizarlo. La inversión puede desagregarse en tres tipos de gastos: La primera es la inversión en
activos fijos como maquinarias y equipos, plantas industriales o estructuras físicas ocupadas por oficinas comerciales y fábricas, animales reproductores (ganado, cerdos, entre otros), árboles frutales; esta categoría representa el gasto de mayor participación dentro de la inversión. El segundo componente es la inversión residencial comprendida por los gastos de construcción y adquisición de nuevas viviendas, así como al mantenimiento, mejoras o ampliaciones de las viviendas ya existentes. La tercera categoría es la inversión en inventarios, los cuales están clasificados en inventarios de materias primas, de productos en procesos y de productos terminados. Como ya se expuso, la inversión bruta representa el gasto total en bienes de capital que tienen como fin incrementar la capacidad de producción de bienes y servicios de una economía. Pero ya que la mayor parte de los bienes de capital tienden a lo largo del tiempo a experimentar un desgaste, bien sea por el uso, por el agotamiento (por ejemplo un pozo petrolero o una mina de carbón) o por el simple envejecimiento u obsolescencia del bien, a este proceso de desgaste se le llama depreciación o consumo de capital fijo1. Hay una parte de la inversión de capital que llega al final de su vida útil: si a la inversión bruta se le resta la depreciación experimentada por los bienes de capital se obtiene la inversión neta. En este sentido, una parte de la inversión realizada en la economía va destinada a reemplazar el capital
2 Para un estudio más técnico de los efectos tanto de la tasa de interés como de la restricción del crédito interno aplicado al caso venezolano ver el trabajo de Mendoza Lugo, O. (2003): “Investigating the Differential Impact of Real Interest Rates and Credit Availability on Private Investment: Evidence from Venezuela”, Serie Documentos de Trabajo, No. 40, Banco Central de Venezuela, Caracas, Pp. 50. 3 Para aquellos interesados en profundizar sobre este tema pueden consultar las siguientes referencias Greene, J. y D. Villanueva: “La Inversión Privada en los Países en Desarrollo: Un Análisis Empírico”, en A. Villa Gómez (Comp). “El Financiamiento del Desarrollo en América Latina: La Movilización del Ahorro Interno”. Vol. 1, México, D.F. CEMLA. Pastor, M. (1992): “Inversión Privada y Efecto Arrastre de la Deuda Externa en la América Latina”, El Trimestre Económico, vol. LIX, No.233, México D.F, Pp. 45.
totalmente depreciado, y la otra parte a incrementar el acervo de capital de la economía con la finalidad de ampliar la capacidad de producción de bienes y servicios. Dependiendo de su origen, la inversión puede ser clasificada a su vez en inversión nacional y en inversión importada. De acuerdo con su origen institucional la inversión puede ser privada y pública. La inversión privada busca expandir las fronteras de producción de la economía a la par que intenta maximizar el beneficio para el inversionista. Por su lado, la inversión pública no tiene como objetivo general alcanzar fines de lucro, si no que está destinada esencialmente a satisfacer necesidades de la población en educación (construcción y dotación de escuelas, liceos, y universidades), salud (construcción y equipamiento de hospitales, ambulatorios, entre otros), seguridad (equipamiento de las policías, construcción de cárceles), e infraestructura pública (calles, puentes, autopistas, entre otros), aún cuando en países con una alta intervención del Estado en la economía, la inversión pública va destinada a áreas que son propias del sector privado; así el Estado es dueño de empresas productoras de materias primas, productos terminados, bancos, hoteles, entre otros. CUÁLES VARIABLES INFLUYEN EN EL COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA.
Entre las variables que la teoría económica considera que contribuyen a explicar el comportamiento de la inversión privada se encuentran:
La tasa de interés, que representa el costo de utilización del capital, por lo que un aumento en la tasa de interés tiende a reducir la demanda de inversión al encarecer el financiamiento de nuevos proyectos de inversión, lo que reduce la tasa de beneficio esperada por el inversionista. Una de las teorías de la inversión más antigua y mayormente usada por los economistas es la teoría del principio de aceleración. Esta teoría establece que la inversión de capital deseado es proporcional a la variación del producto de la economía, no de su nivel, es decir, la inversión de capital aumenta cuando el crecimiento de la economía se acelera. En forma similar, y sobre la base de la teoría neoclásica de la inversión, está el trabajo de Jorgenson (1963), el cual establece que para una empresa maximizadora del beneficio, su acervo de capital deseado será aquel que iguale la productividad marginal del capital con su costo de utilización. Es decir, el stock de capital deseado está relacionado en forma positiva con el crecimiento económico y negativamente con la tasa de interés que representa el costo del capital. Junto a niveles altos de tasa de interés, la inversión privada puede ver limitada sus posibilidades de financiamiento cuando existen restricciones financieras, asimetría de la información entre prestamistas y prestatarios, un mercado de capitales poco desarrollado y un acceso al financiamiento externo restringido, bien por condiciones económicas o políticas desfavorables que incrementan la percepción de riesgo-país. Cada una de estas condiciones limitan la disponibilidad de crédito interno que es una
variable de suma importancia para el fortalecimiento de la inversión del sector privado2. Otra variable referida por la teoría como explicativa de la inversión es la inflación. Varios autores3 han llevado a cabo investigaciones de las implicaciones de la inflación sobre el crecimiento, al hacer hincapié en que uno de los mecanismos a través de los cuales la inflación afecta al crecimiento es a través de una caída de la inversión de capital, debido a las expectativas negativas que la inflación genera en los agentes económicos. La inflación funciona como un impuesto que termina produciendo distorsiones en la asignación de los recursos principalmente por la incertidumbre que causa sobre las decisiones de inversión. La variación en el tipo de cambio será igualmente considerado como un posible determinante de la inversión privada. Una depreciación del tipo de cambio puede tener un efecto negativo sobre la inversión al incrementar el costo de los bienes de capital importado. Por otro lado, hay quienes plantean que una devaluación o depreciación del tipo de cambio puede estimular la inversión en los sectores exportadores de bienes no tradicionales de la economía, al mejorar la competitividad de sus productos en términos de precios (los abarata) en el resto del mundo. Otra variable sobre la que existe un amplio debate con relación a la forma como afecta a la inversión privada es la inversión pública. La teoría plantea dos posibles efectos: uno es el efecto desplazamiento, en el que la inversión pública desplaza a la privada al competir con ésta por recursos físicos y financieros que son escasos;
4 Este tema fue introducido por Akerlof, George (1970): “The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism”, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 84, N° 3, August, 488-500. en el que toma como ejemplo el mercado de carros usados.
igualmente, al abarcar áreas de actividad económica que son de interés para el sector privado. Por otro lado, la inversión pública complementa a la inversión privada al generar un estímulo a la demanda agregada y abrir nuevos mercados de bienes y servicios. Igualmente, la inversión pública asume las inversiones de alto riesgo ante la restricción del crédito y mercados de valores poco desarrollados que imposibilitan al sector privado llevar a cabo inversiones que requieran grandes volúmenes de recursos financieros y largos periodos de maduración; se generan así efectos positivos hacia el sector privado a través de una mayor productividad, estímulos a la demanda y la generación de expectativas positivas con respecto al futuro inmediato. Pindyck (1990), Pindyck y Solimano (1993), han introducido elementos no considerados por la teoría clásica de la inversión, tales como: la irreversibilidad, la incertidumbre y los costos asimétricos de la inversión de capital. Los autores plantean que la mayoría de los gastos de inversión tienen dos características importantes a ser consideradas. Primero, los gastos de inversión son irreversibles: las empresas no pueden desinvertir sin incurrir en altos costos, costos incluso mayores a los de invertir. Segundo, las inversiones pueden ser retrasadas, lo que da a la empresa la oportunidad de esperar por nueva información sobre el precio, costo y otras condiciones del mercado de bienes de capital antes de llevar a cabo sus decisiones de inversión. Según Caballero (1997), la irreversibilidad de la inversión surge por la existencia de un mercado secundario de bienes de capital poco
desarrollado, por lo cual, las empresas se ven imposibilitadas de vender sus activos de capital. La presencia de capitales específicos para las empresas hace que éstos no puedan ser usados productivamente por otras empresas sin incurrir en altos costos para reajustar y adaptar los bienes de capital a sus líneas producción, el ejemplo más representativo es el de la industria siderúrgica cuyos bienes de capital son diseñados de acuerdo con las características y necesidades de la empresa, así, si la demanda por ejemplo del hierro cae, el precio de los bienes de capital de esta industria también caerán. Pindyck (1990) plantea también la posibilidad de una irreversibilidad parcial que surge del llamado “Lemons Problems”4 en donde bienes de capital que no son específicos de una empresa como las computadoras, vehículos de transporte, equipos de oficina, entre otros, tienen un valor de reventa por debajo de su precio de adquisición, producto de la existencia de información imperfecta y dudosa calidad de los bienes de capital. El poseedor del bien de capital tiene mayor información sobre éste que el posible comprador y además, el precio del bien de capital es establecido como un promedio de la calidad de los diferentes bienes, por lo que, si el inversionista o la empresa decide vender un bien de capital cuya calidad está por encima del promedio del mercado, incurrirá en una pérdida muy alta. CÓMO LA INVERSIÓN PRIVADA GENERA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO.
Cuando los empresarios deciden incrementar sus inversiones en bienes de capital (nuevas fábricas, maquinarias y equipos, desarrollos de nuevas
tecnologías, entre otras), se aumenta la demanda de créditos en los bancos, las empresas productoras de bienes de capital amplían sus capacidad de producción absorbiendo el desempleo; el aumento del empleo en estas industrias se traduce en un incremento de la demanda de bienes de consumo, de tal forma que las industrias productoras de bienes de consumo reducen su capacidad ociosa e incrementan la inversión en nuevos bienes de capital.
El consumo de los trabajadores se
convierte en beneficios para las empresas tanto productoras de bienes de consumo como de capital, los cuales se destinan a la cancelación de los créditos solicitados a los bancos, con lo que éstos logran reponer sus reservas que podrán ser destinados a financiar nuevos
proyectos de inversión para ampliar la capacidad de producción de la economía y estimular y sostener el crecimiento económico, y con ello, el bienestar de la población. REFERENCIAS
“Aggregate Investment”, National Bureau of Economic Research, Working Paper No. W6264, Cambridge, Pp. 70. JORGENSON, D. W. (1963): “Capital Theory and Investment Behavior”, The American Economic Review, vol. 53, No. 2, Pp. 247-259. PINDYCK, R. (1990): “Irreversibility, Uncertainty and Investment”, National Bureau of Economic Research, Working Paper No. W3307, Pp. 75. PINDYCK, R. Y A. SOLIMANO (1993): “Economic Instability and Aggregate Investment”, National Bureau of Economic Research, Working Paper No. W4380, Pp. 55. CABALLERO, R. (1997):
El capital social, una respuesta para equilibrar la distribución de la riqueza A
C Í
Economista, graduado en la Universidad Católica Andrés Bello en el año 2004. En su tesis titulada: “Impacto sobre el nivel de bienestar de un modelo económico basado en el trabajo voluntario, caso Venezuela”, corrió un modelo econométrico que midió el impacto de algunas de las variables que miden el capital social como el trabajo voluntario y la confianza, en el PIB venezolano. Es egresado de la Promoción 32 del Programa de Líderes Emergentes, dictado por el IESA, programa en el que obtuvo el primer lugar y la mención como mejor formulación de política pública, en el concurso de proyectos ciudadanos que se realiza como requisito en este programa. Actualmente se desempeña como Coordinador de Proyectos en la Empresa VECONINTER, C.A. Venezolana de Control Intermodal.
Las desigualdades sociales y la pobreza ligada a éstas, se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para las economías latinoamericanas. A pesar de que las reformas estructurales aplicadas en la región durante las últimas dos décadas fueron diseñadas con la esperanza de que altos niveles de crecimiento económico permitirían alcanzar una mayor equidad y reducir los niveles de pobreza, las desigualdades sociales en nuestros países han aumentado significativamente. Venezuela y Argentina, según el informe sobre la situación social 2005 de la ONU, constituyen los países en presentar incrementos mas veloces de los niveles de desigualdad en la década de 1990. De acuerdo con datos de la CEPAL, América Latina experimentó entre los años 1990 y 2004 un crecimiento promedio anual del 2,9%,
la renta per cápita ajustada por poder de compra también creció, y está a punto de llegar a 9.500 dólares, monto que era de 3.900 dólares en 1991. Sin embargo, la región presenta los índices de desigualdades mas elevados a nivel mundial. En 1999, Brasil (0,64), Nicaragua (0,59), Honduras (0,57) y México (0,57) reportan los más altos coeficientes de Gini entre todos los países de la región, en tal sentido. Según este mismo informe, si se mantiene esta tasa de crecimiento, solo seis países de la región - Chile, Colombia, República Dominicana, Honduras, Panamá y Uruguay- de los 18 países incluidos en el estudio, podrán alcanzar sus objetivos de reducir la pobreza, en relación con la línea internacional de la pobreza, establecida por el Programa de Desarrollo del Milenium, para el año 2015. Otros seis países continuarán reduciendo la pobreza, pero a un ritmo menor. Estos países son Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México y Nicaragua. Los seis países restantes, cuatro de ellos miembros de la Comunidad Andina, –Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela– incrementarán sus niveles de extrema pobreza, debido al continuo crecimiento en las desigualdades, reducciones en el ingreso per cápita o ambos. Estas desigualdades están relacionadas con el ingreso de los hogares, acceso a la educación y a servicios básicos de salud, entre otros. Para el año 2005 se espera que el crecimiento de la economía venezolana esté alrededor de 7% del PIB, siendo el segundo más elevado de la región, la cual crecerá en un 4.5%
en este período, lo que constituiría cuatro años consecutivos de expansión económica. Sin embargo un coeficiente de GINI de 0.49 y niveles de pobreza que afectan aproximadamente al 80% de nuestra población, nos permiten concluir que el problema va mas allá del crecimiento económico. Según la visión economicista, el diseño y la puesta en práctica de políticas económicas apropiadas, debería constituirse como condición suficiente para mejorar la distribución del ingreso y permitir el acceso de los más necesitados a los bienes generados por el crecimiento económico. Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado que esto no es tan sencillo. En la búsqueda de un complemento para el crecimiento económico, que permita lograr una mayor equidad en la distribución del ingreso, ha surgido en la última década el concepto de capital social, considerado por la literatura como un activo fundamental para el desarrollo sostenible de nuestras sociedades. No existe un consenso a la hora de definir lo que es el capital social, debido al carácter multidisciplinario del término y al poco tiempo que lleva éste dentro del ámbito académico. Por ejemplo, Narayan y Cassidy lo definen como: “la habilidad de los actores para asegurar beneficios a través de la pertenencia a redes sociales o a otras estructuras”. Por su parte Robert Putnam lo caracteriza como: “Los aspectos de las organizaciones sociales, tales como las redes, las normas y la confianza que permiten la acción y la cooperación para el beneficio mutuo”. Aunque existen múltiples definiciones del término, lo que
es importante resaltar es que todas parten de la misma premisa, de que el capital social es compartido (Narayan y Cassidy, 1998). La interacción permite el desarrollo de comunidades, el desarrollo de compromisos con los otros y el tejido de redes sociales. Básicamente el capital social son relaciones de confianza que se establecen entre los individuos y que tienen un impacto económico. El ejemplo más exacto de estas relaciones lo constituye la familia, considerada como la unidad fundamental de capital social, ya que es dentro de este grupo donde sus miembros de forma espontánea están preocupados por el bienestar de los otros, si se toman en cuenta las consecuencias que sus decisiones tienen sobre estos. El incremento en los niveles de capital social tendría un impacto positivo en el crecimiento económico venezolano, ya que permitiría reducir los costos de transacción, monitoreo y un mayor flujo de información (Acosta y Ochoa, 2004). En los países desarrollados esta variable aporta entre el 5% y el 10% del PIB. En un estudio sobre el capital social y la distribución del ingreso, en los Estados Unidos, Robinson y Siles descubrieron que cambios en los niveles de capital social tienen una influencia directa en el nivel y disparidad de los ingresos en los hogares de este país, lo que permite señalar la importancia de incluir al capital social como una variable endógena en modelos tendientes a superar los problemas de exclusión y pobreza. La existencia de altos niveles de capital social, juega un papel importantísimo en una distribución más equitativa de la riqueza, ya que las redes sociales, basadas en la confianza permiten al Estado ser mas eficiente a la hora
de proveer bienes y servicios a las comunidades organizadas. El Estado, a través del proceso de las políticas públicas, busca responder de manera equilibrada a los infinitos requerimientos de los ciudadanos, para garantizar la distribución del ingreso. Sin embargo este proceso es muy complejo, por presentarse problemas tales como: la captura de las instituciones públicas por los grupos de interés, que desvían sus agendas hacia un destino diferente del interés colectivo, la restricción para agregar las preferencias colectivas a satisfacción de todos, la ausencia de información completa para la toma de decisiones y la tendencia de los actores políticos y los burócratas a desarrollar agendas propias, que no necesariamente coinciden con el interés colectivo. Estos problemas facilitan que aquellos grupos con una gran capacidad organizativa, recursos económicos y cohesión de sus objetivos, tengan un mayor acceso y poder de influencia sobre los que toman las decisiones, con lo que consiguen así beneficios sólo para sus grupos o sectores, en detrimento del interés de las mayorías. (Olson, 1971). Esta situación podría ser superada con la existencia de altos niveles de capital social, ya que la conformación de amplias redes de cooperación e interacción social, donde participe la mayor cantidad posible de una población, permitiría limitar la acción de los grupos de interés, de manera que un número más amplio de actores sociales ejerza influencia sobre los que toman las decisiones de política. Esto hace que el proceso de políticas públicas sea más efectivo y logre que se puedan ejecutar programas y prestar servicios públicos inclusivos, equitativos y eficientes. Así, los estratos de menores recursos tendrían acceso a los centros
de tomas de decisiones y harían escuchar sus requerimientos; además, la existencia de capital social dentro de estas comunidades facilitaría la acción colectiva a la hora de elegir a cuales problemas debe prestárseles mayor atención, en función de alcanzar un mayor bienestar colectivo. En fin, el que las comunidades en general se organicen, y en particular aquellas con menores recursos, al conformar redes de confianza o capital social, les permite identificar de manera más efectiva sus necesidades y actuar; de esta manera promoverán sus requerimientos ante los que tienen el poder de decisión, para que éstos los solucionen. De esta manera se logra que el Estado interactúe con los ciudadanos en la solución de sus problemas, y se obtiene una mayor inclusión social e igualdad a la hora de distribuir la riqueza. Lo expuesto anteriormente nos lleva a pensar que la implementación de políticas que permitan fortalecer el capital social en nuestras economías es una respuesta para alcanzar sistemas más justos y equitativos. En el caso venezolano, a través de las políticas de desarrollo endógeno y la organización de cooperativas llevadas a cabo por el Estado, se ha hecho un esfuerzo para incentivar la participación ciudadana de las clases sociales marginadas; sin embargo, para que estas políticas sean sostenibles, deben ir acompañadas de cambios institucionales, que permitan eliminar los vicios del paternalismo, el clientelismo y el rentismo, lo cual favorece que los ciudadanos tengan confianza en sus instituciones y en el cumplimiento de las layes. Esto a su vez, fortalece el capital social existente, y se crean las bases para combatir la desigualdad, y con ello, todos los sectores de benefician del crecimiento económico, para alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
Fondos de estabilización macroeconómica (Caso venezolano, 1998-2005) J
Economista. Magíster Scientiarum en Economía, mención Política Económica (UCV). Ingresó al Banco Central de Venezuela en el Departamento de Estadísticas de Sector Externo -Estadísticas cambiarias y Balanza de Pagos-. Actualmente se desempeña como Analista Financiero III en la División de Análisis del Departamento de Servicios Financieros Internacionales. Ha sido docente en las materias de Economía, Contabilidad Social y Desarrollo Económico. Entre sus investigaciones destacan: El tipo de cambio y sus efectos en la calidad de vida en Venezuela (1997); Análisis de la Demanda de Dinero a través de un Modelo con Corrección de Errores (2001); Costos y Beneficios de una Unión Monetaria en la Comunidad Andina de Naciones (2005).
Un rasgo que caracteriza a muchas economías latinoamericanas es la elevada proporción que representan las materias primas como componente de las exportaciones totales. Sólo a título ilustrativo, se pueden mencionar a Chile, Bolivia y Venezuela, países que dependen de sus principales productos de exportación, como lo son el cobre, el gas natural, y el petróleo, respectivamente. El problema que enfrentan estas economías es la elevada volatilidad de los precios de este tipo de exportaciones, lo cual ocasiona importantes costos desde el punto de vista económico y social. En este contexto, la pregunta que subyace para los hacedores de políticas públicas es ¿cómo contrarrestar los efectos causados por la volatilidad en el precio o en los ingresos provenientes del principal producto de
exportación? De acuerdo con la literatura, es posible distinguir una variedad de mecanismos. En un primer grupo se encuentran los fondos de estabilización y los mecanismos para la diversificación de exportaciones; en un segundo grupo, se incluyen los mecanismos que utilizan instrumentos financieros, tales como opciones y futuros; y en un tercer grupo se tienen los mecanismos de compensación financiera internacional (Basch y Engel, 1993). En cuanto a los objetivos de los mecanismos de estabilización, algunos autores consideran que se debe estabilizar las fluctuaciones de precios; otros sostienen que es mejor estabilizar los ingresos; y un tercer grupo señala que se debe apuntar a la tasa de cambio real. Sobre el particular, Basch y Engel advierten que lo importante es que en cualquier mecanismo de estabilización se considere en su diseño un análisis de costo-beneficio. El primero, asociado con la disminución del ingreso y, el segundo, relacionado con la reducción de la volatilidad de la variable que se quiere estabilizar. Desde el punto de vista macroeconómico, los costos se asocian con los desequilibrios en la balanza de pagos y en las reservas internacionales (RI); con variaciones en los ingresos fiscales, en la producción, en el empleo y en la inversión; con presiones inflacionarias; apreciación o depreciación del tipo de cambio, etc. Mientras que desde el punto de vista microeconómico, el problema está relacionado con la incertidumbre que causa en los agentes económicos, los cuales tienen que elaborar sus planes de gastos sobre un flujo de ingresos
inciertos. De este modo, los impactos se observan en el consumo, tanto presente como futuro, lo que afecta de esta manera el bienestar social de la población. Resultan evidentes las opciones disponibles para diseñar un mecanismo de estabilización. Sin embargo, debido a la escasa profundidad de los mercados financieros, la dificultad de los países para diversificar exportaciones o de establecer acuerdos para estabilizar el precio de las materias primas en los mercados internacionales, los fondos de estabilización (FE) se han constituido en una de las opciones más utilizadas por los países para enfrentar los choques producidos por la variabilidad de precios de las materias primas. Para el caso particular de Venezuela, los trabajos de Hausmann, Powell y Rigobón (1993); Rivero (2001); y Grisanti (2001) son concluyentes al respecto, en lo que destacan las razones que justificarían esta alternativa en el país. FONDOS DE ESTABILIZACIÓN
Este es un mecanismo de ahorro y de gasto de recursos, creado con el objetivo de estabilizar una variable macroeconómica específica. La idea es que el país pueda acumular recursos, por motivos precautorios, cuando los tiempos son buenos, es decir, cuando el precio del bien exportado es más elevado que el nivel de equilibrio de largo plazo y desacumularlos, parcial o totalmente, en períodos caracterizados por precios bajos. Con ello se busca minimizar los denominados “costos de ajuste” que se producen por una contracción del gasto público
1 Se denominan “choques” los cambios inesperados que pueden ocurrir por descubrimientos tecnológicos, fluctuaciones de precios internacionales (materias primas), y de salarios, cambios climáticos, desastres naturales, etc. 2 Entre las principales características se puede mencionar: a) la inversión de recursos conforme a las políticas para el manejo de las reservas internacionales (liquidez, seguridad y rentabilidad); b) Las reglas automáticas de aportes, para acumular en dólares los ingresos petroleros de los participantes (Ejecutivo Nacional, Pdvsa y 23 entidades estadales); c) las reglas de retiro, para enfrentar momentos en que el ingreso petrolero estuviera por debajo del promedio de 5 años; y d) Los niveles de acumulación, para evitar los costos de oportunidad. 3 Al Directorio del Instituto, actuando como Directorio del Fondo, se le asignó la suprema dirección (Art. 1). Sin embargo, su actuación estaba sujeta a que el Ejecutivo Nacional informara el cumplimiento de los supuestos para el ingreso y egreso de recursos. De esta manera sus competencias se ceñían sólo a funciones operativas: establecer políticas de inversión; aprobar informes de gestión, presupuestos y normas de funcionamiento (Art. 2). 4 Cuando: a) Los ingresos por impuesto sobre la renta, referidos en el Art. 9° de la Ley ISLR, excedieran US$ 420 millones (Art. 4 y 9); b) Los ingresos por impuesto de explotación del petróleo y gas superaran US$ 967 millones. (Art. 4 y 9); c) Los ingresos por dividendos de PDVSA excedieran US$ 1.254 millones. (Art. 4); d) Los ingresos de los estados por Situado Constitucional (SC), según el Art. 9° de la Ley de ISLR, excedieran US$ 105 millones (Art. 10); e) Los ingresos de los estados, por SC y Ley de Asignaciones Especiales, superarán US$ 323 millones (Art. 10); f) Los precios de exportación de hidrocarburos excedieran US$ 9.
(disminución de la inversión pública, del empleo, de los salarios, etc); o por una expansión (presiones inflacionarias, apreciación cambiaria, etc), debido a una disminución (incremento) de los ingresos ante un choque negativo (positivo) de precios1.
2003. En la cuarta, se facultó al Presidente de la República para autorizar el uso de la totalidad de recursos de Pdvsa en el Fondo. En la quinta, se estableció que en las transferencias del Fiem a las gobernaciones y alcaldías no se requería del cumplimiento de los supuestos establecidos para el retiro de recursos.
FONDO DE INVERSIÓN PARA LA ESTABILIZACIÓN MACROECONÓMICA (FIEM)
Para el caso venezolano, dicha necesidad llevó mediante el Decreto-Ley N° 2.991 publicado en Gaceta Oficial N° 36.575 del 05/11/98, a la creación del Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica (Fiem)2, como un ente adscrito al Banco Central de Venezuela (BCV) para su manejo operativo3. Este Decreto-Ley fue objeto de cinco reformas (véanse Gacetas Oficiales Nros. 36.722 del 14/06/99; 37.308 del 22/ 10/01; 37.547 del 11/10/02; 37.604 del 07/ 01/03; y 37.665 del 04/04/03). Con la primera reforma se incorporó una variante metodológica para calcular aportes, retiros y excedentes, vigente para el lapso 1999-2004. En particular, se acumularían (desacumularían) recursos cuando los ingresos se situaran por encima (debajo) de unos parámetros preestablecidos4. En la segunda, se efectúo un cambio para el cálculo de los aportes, vigente para el período 2003-2007, y se suspendieron los aportes al Fiem (IV trimestre del 2001 y 2002). En la tercera, se modificaron los parámetros de acumulación, mediante el establecimiento de un porcentaje para el ingreso fiscal petrolero, el cual debía incrementarse anualmente en 1%, que comenzaría en el año 2004 con 6% hasta alcanzar 10% en el 2008; y se extendió el supuesto para que los organismos participantes no aportaran al Fiem durante el año
ESTABILIZACIÓN MACROECONÓMICA (FEM)
Con la entrada en vigencia de la Constitución Nacional de 1999 se le otorgó rango constitucional al Fondo, con el objeto de “garantizar la estabilidad de los gastos del Estado en los niveles municipal, regional y nacional, ante las fluctuaciones de los ingresos ordinarios”. En este contexto, y ante la necesidad de enmarcar el Fiem dentro de los cambios de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público (Loafsp), en fecha 27/11/03 se derogó la Ley del Fiem y se sustituyó por la del FEM5. Entre las modificaciones destacaron el cambio del objeto del Fondo, al pasar de ser un mecanismo de estabilización de ingresos (petroleros) a uno de gastos (nacional, regional y municipal); la reintroducción de reglas automáticas para la transferencia de recursos6; y la reorientación para la distribución de recursos excedentes, mediante la vinculación del FEM con la estrategia financiera del Estado. COMENTARIOS AL FIEM Y FEM
A la luz de la problemática que ha caracterizado la política fiscal en Venezuela (rigideces estructurales en la formulación y ejecución del gasto público; prociclicidad del gasto7; elevada proporción de compromisos legales como situado constitucional, ley de asignaciones económicas
especiales y remuneraciones; elevados niveles de endeudamiento; y tendencias a registrar déficit), lo primero que debe señalarse es que la creación del Fiem constituyó un paso importante en el diseño de políticas públicas del país, ya que estaba orientado a constituirse en un instrumento de apoyo de las políticas cambiarias, monetarias y fiscales. En este punto es importante señalar que el objetivo fundamental del BCV es lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria (el bolívar). Para ello utiliza las políticas de su competencia: diseñar y ejecutar la política monetaria; ejecutar la política cambiaria; regular la moneda, el crédito y las tasas de interés, así como administrar las reservas internacionales. El BCV, en su actuación coordinada con el Ejecutivo Nacional, debe establecer objetivos finales de crecimiento, balanza de pagos e inflación. Para ello fija los niveles de las variables intermedias (cantidad de dinero, tasas de interés, crédito bancario y tasa de cambio) y selecciona los instrumentos requeridos (encaje legal, redescuento, anticipo, reporto y operaciones de mercado abierto). De allí la importancia de que el país contara con un FE que coadyuvara al logro de esos objetivos a través del mantenimiento en cuentas en el exterior de recursos excedentarios de origen petrolero; de esta manera se evitaría la expansión monetaria que tiene lugar cuando las divisas son cambiadas a bolívares e ingresadas a la economía a través del gasto interno del gobierno y Pdvsa. Sin embargo, es lógico concluir que las reformas de la Ley del Fiem; los cambios metodológicos para el cálculo de los aportes; la suspensión de transferencias a partir del IV trimestre del 2001; la eliminación de las
5 A diferencia del FIEM, se adscribe al Ministerio de Finanzas mientras que el BCV mantiene la administración operativa. Las funciones que le correspondían al BCV quedan fuera de su competencia. 6 El Ejecutivo debía efectuar todas las deducciones de ley y realizar los apartados de recursos correspondientes a las gobernaciones y alcaldías; y Pdvsa, al considerar el promedio de sus ingresos por exportación de petróleo y sus derivados en los últimos tres años, debía transfir el (50%). Por su parte, las transferencias a las entidades estadales y municipales tendrían lugar para compensar la reducción de ingresos ordinarios, toda vez que la transferencia a Pdvsa tendría lugar para cualquier variación que ocurra vía de volumen de exportación. 7 Expansión nominal del gasto público consolidado ante incrementos en los precios del petróleo y contracción inmediata en épocas de bajos precios. 8 Entre las modificaciones contenidas en la propuesta destacan: la adscripción del Fondo al Ministerio de Finanzas, mientras que Bandes mantiene la administración operativa; la eliminación de la figura del Consejo General como órgano de representación de los entes y de la secretaría técnica como órgano auxiliar; el establecimiento de un nuevo Directorio del FEM; las modificaciones a las reglas de acumulación, desacumulación y de excedentes de recursos.
restricciones previstas para el retiro de fondos; la utilización de recursos que debieron entrar al Fiem para cubrir compromisos presupuestarios; así como la inexistencia de un reglamento de la Ley, desvirtuaron el diseño de la regla de ahorrogasto, no permitiendo al Fondo cumplir apropiadamente con su objetivo. Siendo el Fondo un instrumento de política fiscal, se necesitaba claridad en los supuestos del mecanismo de acumulación y desacumulación, a los fines de determinar los niveles de ingresos y gastos de la economía, y con ello evitar que las fluctuaciones petroleras coyunturales se tradujeran en desequilibros macroeconómicos internos. Posteriormente, la reintroducción de reglas automáticas para el ingreso y egreso de recursos y el establecimiento del gasto público como la variable a estabilizar, constituyeron avances en el diseño del FEM. No obstante, la transitoriedad de la Ley; la inexistencia del Consejo General y del Directorio del Fondo, órganos encargados de velar por el cumplimiento de los objetivos del FEM, no permitieron la activación del mecanismo, con lo que se perdió así una oportunidad de ahorro en las cuentas de la República, Pdvsa y los estados, en un momento en que la economía venezolana disfrutaba de un ciclo de altos precios petroleros (US$ 32,61 y US$ 42,58 en los años 2004 y 2005). Más bien, el incremento de precios se vio reflejado en una excesiva acumulación de RI, que superaron los US$ 30.000 millones, y en contrapartida, en una expansión de la liquidez en virtud que las reservas son una de las fuentes de la base monetaria. Una vez más, en la Asamblea Nacional está en discusión de una reforma del FEM8. En el
proyecto, el Fondo mantiene el gasto como variable-objetivo, lo cual parece apropiado desde el punto de vista de los ciclos del consumo y de maximización del bienestar de la población. Por su parte, la regla de acumulación, se vincula con la existencia de superávit fiscal, con lo cual el nivel de gasto determinaría el nivel de ahorro, evitándose situaciones como las experimentadas en el pasado reciente, en el que se estableció la acumulación de recursos en momentos de fuertes restricciones presupuestarias, lo que obligó al Ejecutivo a endeudarse para efectuar los depósitos en el Fiem. No obstante, debe tenerse en cuenta la problemática de la política fiscal (tendencia a registrar déficit y elevado endeudamiento), lo cual podría dificultar la asignación de recursos al Fondo. En cuanto a las reglas de desacumulación, sería conveniente evaluar si un promedio móvil de tres años para los ingresos totales provee recursos suficientes para evitar ajustes importantes en el nivel estimado de gastos. Con base en la experiencia del Fiem y del FEM, las recomendaciones serían: a) activar el mecanismo a los fines de aprovechar las oportunidades que brinda un ciclo de altos precios petroleros, y evitar de esa manera la acumulación de RI y los impactos monetarios que ello genera; b) establecer reglas automáticas para aportes y retiros, con base en principios de sencillez y transparencia, previniendo la utilización de recursos para fines distintos a los de estabilización; c) representar en el Directorio a todos los organismos participantes (Ejecutivo, estados y municipios), para evitar asimetrías de información; d) incluir un representante del BCV; e) establecer un reglamento que incluya las metodologías de cálculo y los criterios sobre la
cual se realizará la inversión de recursos. Finalmente, que sea flexible y que no sea objeto de frecuentes reformas legales, a los fines de que se convierta en un instrumento estabilizador de los ingresos y gastos fiscales, con lo que se minimizarían los choques exógenos en una economía tan volátil como la venezolana, y se facilitaría el logro de los objetivos macroeconómicos, factor fundamental para alcanzar la estabilidad de precios, el crecimiento económico y la equidad social. REFERENCIAS
• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela • Ley del Banco Central de Venezuela
• La Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público • Decreto N° 2.991, del 04/11/98, que creó el FIEM. • Decreto - Ley N° 146 de fecha 20/05/99, publicado en GO N° 36.722 de fecha 14/06/99. • Decreto N° 1.478 de fecha 04/10/01, de reforma parcial de la Ley del FIEM, reimpreso por error material, en GO No. 37.308, del 22/10/01. • Decreto N° 1.478, de reforma parcial de la Ley del FIEM, publicado en GO No. 37.547, del 11/10/02. • Reforma parcial de la Ley del FIEM, publicadas en GO Nro. 37.604, de fecha 07/01/03 y en GO No. 37.665, del 04/04/03. • Ley de creación del Fondo para la Estabilización Macroecónomica (FEM) publicado en GO N° 37.827 de fecha 27/11/03. • ENGEL, E, Y MELLER, P. (1993). “External Shocks and Stabilization Mechanisms”, Inter-American Development Bank-CIEPLAN. • RIVERO, LUIS (Ed.) (2001). “Fondos de Estabilización Macroeconómica”. Seminario Internacional, Banco Central de Venezuela. 279p. • VERA, L. Y SEQUÍN, L. (2001). “Contenido y alcance de las nuevas reglas del Fondo de Inversión para la Estabilización Macroecónomica. 10 p. [On line]. Disponible en: www.analitica.com.
10 Las ventajas de las ventajas comparativas
Profesor Titular e investigador del Departamento de Economía y del Postgrado en Ciencias Contables de la Universidad de los Andes. Es economista (1979, Universidad de los Andes), Magister Scientiae en Ciencia Política (1990, Universidad de los Andes), Master of Arts in Philosophy (2002, University of Connecticut), Master of Arts in Economics (2005, University of Connecticut). En estos momentos está haciendo la equivalencia de asignaturas de estudios de doctorado de la Universidad de Connecticut con universidades nacionales. Cofundador y coordinador del Grupo de Investigación Economía y Filosofía de la Ciencia (EFiCiencia), cofundador y co-editor de la Revista Venezolana de Ciencia Política, coordinador general de la Comisión Curricular de la Escuela de Economía, miembro del Comité Editorial de la revista de Economía. Áreas de investigación y/o docencia actuales: Epistemología, Filosofía de la Economía, Economía de las Organizaciones, Neoinstitucionalismo, Economía de la Energía y del Petróleo, Historia Económica Mundial, Historia Económica de Venezuela, Metodología de la Investigación Científica. Es árbitro de varias revistas arbitradas nacionales e internacionales. Ponente y conferencista en diversos congresos nacionales e internacionales. Publicaciones en diversas revistas nacionales e internacionales. Autor de El proceso petrolero: sus paradigmas petroleros. Diversos artículos en progreso.
El teorema de las ventajas comparativas es uno de los argumentos más contraintuitivos y menos comprendidos de la teoría económica. Cuando se piensa en los motivos por los cuales se intercambian bienes y servicios en el comercio mundial, el sentido común afirmaría que quienes intervienen en él son únicamente los países más productivos del planeta y que los más ineficientes serán penalizados y excluidos de los beneficios de ese intercambio. Sin embargo, esto es cierto sólo a nivel del “contexto de la competencia”:
cuando un competidor A se enfrenta a uno B al intentar venderle a terceros la misma mercancía que produce B. Ahí la ineficencia será, efectivamente, penalizada. Pero cuando se quiere explicar a un nivel del “contexto del intercambio”, es decir, entre dos países que producen la misma mercancía, uno de ellos es más productivo que el otro y ambos quieren erigir relaciones comerciales internacionales entre ellos, no es cierto que el país más productivo en ambas mercancías desplace al país más improductivo en ese intercambio. El teorema explica el porqué de esta “paradoja”. A primera vista, la respuesta del sentido común parece razonable, pero tiene un inconveniente: los países menos productivos del planeta también participan en el comercio mundial. Sobreviven y, seguramente, seguirán sobreviviendo. En otras, palabras, sí es posible que países menos ineficientes en el mercado mundial sobrevivan a pesar de su alta improductividad. Pero esto hay que probarlo y demostrarlo con todo el rigor de la teoría económica. David Ricardo (1772-1823) lo demostró en el capítulo 7 de su obra clásica Principios de economía política y tributación (1817). Desde entonces, su teorema es considerado como una de las verdades más incontrovertibles de la teoría económica moderna. Cuando David Ricardo “descubrió” su teorema, lo hizo en un contexto muy específico: ya había dedicado seis capítulos a explicar el intercambio de las mercancías a nivel nacional y admitió que la ley que rige ese intercambio es la ley del valor: dos mercancías se intercambiarán en el comercio nacional siempre y cuando tengan
incorporado el mismo número de horas-hombre en sus respectivos procesos productivos. No es “lógico” que se intercambie una unidad de algodón, que empleó cuatro horas-hombre producirla, por una unidad de vino, que exigió el trabajo de 40 horas-hombre. Si se fuera a intercambiar algodón con vino, la relación (el valor relativo del vino) sería: 1 unidad de vino = 10 unidades de algodón (o viceversa: 1 unidad de algodón = 1/10 unidades de vino). Nadie sería tan ingenuo como para entregar una unidad de vino y recibir sólo una unidad de algodón. Ello violaría la ley del valor. Pero David Ricardo se dio cuenta de que, si bien es cierto que esa ley del valor rige para el intercambio dentro de un país, no puede ser válida para el intercambio entre países distintos. Ricardo afirmó: “La cantidad de vino que Portugal debe dar en intercambio por el algodón de Inglaterra no está determinada por las respectivas cantidades de trabajo dedicadas a la producción de cada mercancía, como debiera ser, si ambas mercancías fueran manufacturadas en Inglaterra o ambas fueran manufacturas en Portugal”. ¿Por qué? Porque él supuso que a nivel internacional no hay desplazamientos de capital entre los países y, por lo tanto, los países más productivos del planeta, por muy atrayentes que sean por sus niveles de productividad, están resguardados de entrada de firmas de otros países que acudirían a sus mercados nacionales para competir con ellos. David Ricardo igualmente se dio cuenta de que en un mismo país los beneficios siempre giran alrededor de los mismos niveles. En su famoso ejemplo ilustró que si las tasas de ganancia del capital empleado en Yorkshire fueran superiores
TABLA N° 1: SITUACIÓN INICIAL
PORTUGAL ES MÁS PRODUCTIVO QUE INGLATERRA EN AMBAS MERCANCÍAS PORTUGAL REQUIERE:
INGLATERRA REQUIERE:
Vino (hombres)
Algodón (hombres)
a las del empleado en Londres, la teoría económica podría predecir sin inconvenientes que el capital se desplazaría competitivamente de Londres a Yorkshire y las tasas de beneficio, desiguales en un principio, se igualarían en Yorkshire. En contraste, si la tasa de ganancia en Inglaterra, como país, disminuyera, de ahí no debería inferirse que el capital inglés se desplazaría rápidamente a Portugal, donde los beneficios podrían ser mayores. David Ricardo negó este tipo de movimientos a nivel mundial. Portugal continuaría “amparado” contra ese tipo de desplazamientos. Considérese su ejemplo original. Supóngase que, inicialmente, Inglaterra produce vino con 120 hombres y algodón con 100 hombres y que Portugal produce vino con 80 hombres y algodón con 90 hombres (Tabla 1). Obsérvese que el país más productivo en ambos bienes es Portugal (técnicamente TABLA N° 2
COSTO DE OPORTUNIDAD (C.O.) EN CADA PAÍS: LO QUE CADA UNO REQUIERE/LO QUE CADA UNO SACRIFICA
C.O. del vino
PORTUGAL DEJA DE PRODUCIR:
INGLATERRA DEJA DE PRODUCIR:
0,89 (80/90) de algodón
1,20 (120/100) de algodón
C.O. del algodón 1,125 (90/80) de vino TABLA N° 2 (EQUIVALENTE) PORTUGAL DEJA DE PRODUCIR: C.O. del vino
0,89 1,20 (una fracción de algodón) (más de una unidad de algodón)
C.O. del algodón
0,83 (100/120) de vino
(más de una unidad de vino)
(una fracción de vino)
expresado: posee la ventaja absoluta en ambos productos). Si Inglaterra y Portugal fueran sólo áreas de un mismo país, si estas cifras fueran válidas a nivel nacional, el productor de vino de Inglaterra dejaría de producir vino en “el área” de Inglaterra, se dirigiría al “área” de Portugal, invertiría su capital en esa “región” y lograría producir vino igualmente con 80 hombres en lugar de hacerlo con 120. Lo mismo haría el productor de algodón, quien lograría producirlo con los mismos 90 hombres con los que se produce en el “área” de Portugal. Y con la llegada de los productores ingleses a Portugal, seguramente la competencia haría que ambos productores (“ingleses” y “portugueses”) redujeran aún más las horas-hombres, y que se volvieran aún más eficientes. ¿Cómo podría presentarse un intercambio entre valores equivalentes? Únicamente si hubiera desplazamientos de capital, pero a nivel internacional no los hay. La restricción del teorema lo impide. Similarmente, el sentido común diría que Inglaterra, por ser más ineficiente que Portugal en la producción de ambos bienes, sería expulsada del comercio mundial. Sin embargo, no es así. Tanto la evidencia histórica como el teorema, muestran no sólo que no “desaparece,” sino que a Portugal le conviene que Inglaterra no desaparezca del comercio mundial. Y peor aún para el sentido común: el teorema predice que ambos países (no uno solo de ellos), tanto el más productivo (Portugal), como el menos productivo (Inglaterra), se beneficiarán de ese comercio. Este resultado no es automático. En contraste con lo que ocurre en el comercio nacional, lo que individualiza el comercio internacional es que ese tipo de “movidas nacionales,” en las que se igualan tasas de beneficio, no es legítimo. El productor inglés se queda en su país, “suspira” impotente ante las
circunstancias, observa con frustración la alta productividad de los portugueses y sencillamente se ve obligado a proseguir con la producción ineficiente de su vino y su algodón. Y puede proseguir con la producción de ambos, porque sabe perfectamente que ningún portugués irá a Inglaterra a competir con él en su país. Por su parte, los productores de vino y de algodón portugueses también están enterados de que Inglaterra produce más ineficientemente ambos bienes. También saben que los inversionistas ingleses no “llegarán” a Portugal a competir con ellos: saben que su eficiente producción está salvaguardada por las barreras geográficas. Tanto ingleses como portugueses permanecerán inamovibles produciendo en sus respectivos países. Sin embargo, el teorema predice que, “asombrosamente”, Portugal renunciará a la producción de algodón, que producirá sólo vino y que importará el algodón que dejará de producir. Simétricamente, predice que Inglaterra continuará produciendo algodón, renunciará a la producción de vino, e importará vino de Portugal. ¿Cómo se toman estas decisiones tan contra-intuitivas? Por una sencilla razón: porque producir cualquier mercancía en cualquier parte del planeta tiene un costo de oportunidad: tanto Inglaterra como Portugal tienen que renunciar a la producción de otro bien para producir vino o algodón. Para producir vino hay que sacrificar algodón y viceversa. Para entender esto, supóngase que Inglaterra, tercamente, desairara el teorema y se empeñara en producir vino: tendría que dedicar mano de obra para su producción (120 hombres) y esa mano de obra que se dedicaría a la producción de vino, sería mano de obra que, de no ser por estar ocupada allí, estaría produciendo algodón (con sólo 100 hombres). Por lo tanto,
Gastón Parra Luzardo PRIMER VICEPRESIDENTE GERENTE
José Ferrer Nava GERENTE DE COMUNICACIONES INSTITUCIONALES (e)
Txomin las Heras GRUPO EDITOR
Luis E. Rivero M. Omar Mendoza Txomin las Heras Inger Pedreáñez JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN
Txomin las Heras DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN
Inger Pedreáñez María F. Marcano María M. Ramírez S. Marthi Cardozo Francisco Vallenilla Omar Silva CONCEPCIÓN GRÁFICA:
Claudia Leal CORRECCIÓN, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN
Dpto. de Publicaciones ISSN 1315-1407 LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN NO REFLEJAN NECESARIAMENTE LA POLÍTICA INFORMATIVA DEL BCV. EL GRUPO EDITOR EVALÚA LOS CONTENIDOS DE ESTA PUBLICACIÓN.
Inglaterra produciría vino no sólo más improductivamente que Portugal, sino que para producir vino inglés necesitaría ocupar 120 hombres quienes, de estar ocupados produciendo algodón serían “más eficientes” en la misma Inglaterra. Inglaterra tendría que renunciar a producir algodón inglés que se produciría sólo con 100 hombres. Por lo tanto, no es “lógico” producir vino inglés ocupando “ineficientemente” 120 hombres, cuando con “sólo” 100 hombres, podría producir algodón. No es “lógico” renunciar a la producción de algodón (que requiere “sólo” 100 hombres) para producir vino que exige muchos más hombres (120). Es más racional producir algodón inglés, y no menospreciar el teorema. Todavía queda un problema: ya se observó que el teorema predice que Inglaterra terminará especializándose en algodón y que abandonará la producción de vino. Recuérdese que en Portugal se produce el algodón “más barato” (allá sólo se necesitan 90 hombres), mientras que en Inglaterra cuesta 100 hombres producirlo. Sin embargo, el teorema predice que Inglaterra no dejará de producir algodón. A pesar de ser más improductivo que Portugal, no sólo seguirá produciendo algodón (usando 100 hombres), sino que se especializará produciéndolo. E “increíblemente”, a Portugal le convendrá comprarle algodón a Inglaterra, algodón más improductivo que el suyo propio. ¿Por qué? La respuesta está en Portugal. Que Portugal produzca algodón con sólo 90 hombres, renuncie a la producción de ese algodón tan productivo y decida comprar un algodón que cuesta el trabajo de 100 hombres ingleses (contra el suyo de 90) es muy contraintuitivo, y he aquí la idea crucial de Ricardo. Si Portugal, obstinadamente, también
descartara el teorema, se empeñara en continuar produciendo algodón (al ver que es más productivo que Inglaterra), entonces tendría el problema de tener que dedicar mano de obra para su producción (exige 90 hombres) y esa mano de obra que se dedicaría a la producción de algodón, sería mano de obra que, de no ser por estar ocupada allí produciendo algodón, estaría produciendo vino (con sólo 80 hombres). Por lo tanto, a pesar de que Portugal es más productivo que Inglaterra produciendo algodón, lamentablemente, tiene un alto costo de oportunidad (1,125), pues para producir algodón tiene que emplear 90 hombres y está dejando de emplear esos hombres en la producción de vino. De esos 90 hombres, con sólo 80 produciría vino y, además, producirá una fracción superior de vino con los otros 10 hombres restantes. No es “lógico” producir algodón (que exige 90 hombres), pues tiene que renunciar a producir vino portugués (que sólo exige 80 hombres). No es “lógico” renunciar a la producción de vino (sólo necesita 80 hombres) para ponerse a producir algodón (que exige 90 hombres). Por lo tanto, es más racional dejar de producir algodón y dedicar toda su mano de obra nacional a la producción de vino (técnicamente expresado: el costo de oportunidad de producir vino es más bajo). El resultado final es el siguiente: Portugal se especializará en vino (su costo de oportunidad es más bajo en Portugal: 0,89). Inglaterra se especializará en algodón (su costo de oportunidad es más bajo en Inglaterra: 0,83). En cuanto a la relación de intercambio: Portugal vende vino, que empleó 80 hombres, y recibe algodón inglés que costó el trabajo de 100 hombres (le conviene: entrega el trabajo de sólo 80 hombres y recibe el de 100: recibe más de lo que entrega), y usa
eficientemente su mano de obra en la producción de vino. Inglaterra también registra un intercambio desigual: vende su algodón, que empleó 100 hombres, y recibe vino portugués que empleó 80 hombres (es decir, entrega el trabajo de 100 hombres y recibe el de 80). Obsérvese que en ambos casos hay un intercambio entre valores no equivalentes, pues lo que decide la eficiencia, y la sobrevivencia en el mercado mundial, no es el intercambio entre valores equivalentes, sino el costo de oportunidad de cada productor en cada país. A Portugal le conviene el intercambio desigual pues recibe más trabajo del que entrega. A Inglaterra también le conviene el intercambio desigual: aun cuando entrega 100 horas y recibe 80 (a nivel nacional sería inaceptable entregar más de lo que recibe), aun así, acepta este intercambio, “se deja robar” en el intercambio, porque es más racional recibir algodón que empleó sólo 80 hombres portugueses que tener que emplear 120 hombres ingleses de vino para obtener algodón inglés (que le cuesta 100 hombres). La conclusión es que aun cuando Portugal tiene la ventaja absoluta en ambos bienes, sin embargo, sólo tiene la ventaja relativa (comparativa) en vino; Inglaterra no tiene ninguna ventaja absoluta, pero sí una ventaja relativa en la producción de algodón y, finalmente, ambos países se benefician del comercio internacional bajo dos condiciones: que sea libre y que no haya movilidad de capital entre ellos.
TABLA N° 3: LA PREDICCIÓN DEL TEOREMA
PORTUGAL SE ESPECIALIZA EN VINO INGLATERRA SE ESPECIALIZA EN ALGODÓN PORTUGAL SE ESPECIALIZA EN VINO
INGLATERRA SE ESPECIALIZA EN ALGODÓN
Fabio Maldonado-Veloza
http://www.bcv.org.ve/Upload/Publicaciones/bcvozespecial0106
http://www.bcv.org.ve/Upload/Publicaciones/bcvozespecial0106.pdf
fabioemv