Source: http://indigenas.bioetica.org/leyes/tratapro.htm
Timestamp: 2017-04-27 05:12:03
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A modo de prólogo a la historia de la legislación indígena argentina
Dra. Teodora ZAMUDIO A modo de prólogo a la historia de la legislación indígena argentina
por María Raquel Bertone, Javier Lareo, la Licenciada Elizabeth Montale, Inés Tenewicki y Ana Stivala, coordinadora Susana Botte. Dirección de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación Juan Luis Amestoy –Director-
Fuente: Tratamiento de la Cuestión Indígena. 3ª edición Serie Estudios e Investigaciones Nº 2 Secretaría Parlamentaria de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.Buenos Aires, 30 de diciembre de 1991
1.1. Defensa
1.2. Avance y ocupación
2. Sometimiento
3.1. Tropa
3.2. Misiones
3.3. Misiones y colonias religiosas
3.4. Reducciones y colonias
3.4.1. Reducciones
3.4.2. Colonias
4. Los valores en el discurso parlamentario
En el transcurso de la historia legislativa se sancionaron alrededor de cuarenta leyes referidas al tema indígena. Las trece primeras, que corresponden al período 1853/1884, están dirigidas a regular las acciones a emprender en la frontera. Y aquí aparece la categoría más importante para el análisis de la problemática indígena, porque a través de ella se explicita y define un modelo de país que tiene como proyecto el avance territorial como condición necesaria para lograr la expansión económica, proyecto que la presencia del indígena obstaculiza e impide concretar. Esta apreciación del indígena como obstáculo constituye el punto de partida de su consideración posterior y de las características peculiares que adquirió la inserción del mismo en la sociedad.
Frontera equivale en este análisis a protección del espacio conquistado (defensa), a su extensión (avance), a presencia efectiva en los dominios logrados (ocupación) y a la definición de nacionalidad en la medida que abarca dentro del límite a los connacionales, expulsando de él a quienes no comparten o no pueden incorporarse a los valores de la civilización.
La necesidad de defensa se expresa ante las "continuas y reiteradas invasiones" de los indígenas que afectan las vidas y las propiedades de los pobladores de la frontera y obstaculizan las vías de comunicación. La primera legislación en la materia data de 1867 (ley 215), y es presentada como la primera tentativa hecha "en obsequio" de la seguridad interna, sobre todo de los territorios del sur, frecuentemente amenazados. Desde el Parlamento, y con anterioridad a la sanción de la ley 215, cuatro iniciativas se presentan con el mismo propósito. El diputado Oroño hace presente esta necesidad de "seguridad interna" en los siguientes términos: ¿De qué servirían las leyes que el Congreso dictara sobre otras materias si la vida y propiedad de los ciudadanos habría de estar a merced de los bárbaros? ¿Qué progreso hay posible en un país donde la fortuna de los hombres, donde el fruto de los desvelos del rico propietario, como del pobre jornalero, están expuestos a la rapacidad de los salvajes? La experiencia nos ha demostrado por más de 50 años que todo cuanto podamos hacer para completar la organización de este país es insuficiente mientras no se asegure la frontera y con ella la propiedad de sus habitantes[1].
Por su parte, el miembro informante de la Comisión de Guerra, al expedirse respecto al proyecto de la futura ley 215, señala que en cada oportunidad en que el Congreso inicia sus sesiones ordinarias el pueblo cree llegado el momento para que sus delegados se interesen en sacarlos de la situación extrema en la que se encuentran por "la incesante devastación de nuestras fronteras por los bárbaros del desierto. No pasa un solo mes, y hasta por semanas, que no se dé noticia de una nueva invasión con lúgubres detalles"[2].
Se hace repetida mención a las depredaciones y crueldades de la barbarie, que asumen proporciones alarmantes. Y, ante los reiterados estragos, se reclaman a los poderes públicos soluciones radicales "que pusieran término a males de tanta magnitud, males que pesan sobre todos los intereses del país"[3].
El reclamo se dirige a la protección de toda la línea de frontera. Si bien se insiste en los peligros a que están sujetos los pobladores del sur, también se lo hace por las invasiones de los ranqueles, que penetran en Río Cuarto y San Luis[4]. Más adelante se solicita intervención por las repetidas sorpresas que los indios nómades del Chaco —escondidos en los bosques que cubren tan vasto territorio— producen en las poblaciones próximas[5], y hasta se llama la atención por la incursión de indios extranjeros en territorio argentino.
Se hace hincapié en la necesidad de oír el clamor de estos pobladores de frontera, "ciudadanos argentinos que tienen un título especial a la consideración de los Poderes Públicos de la Nación, por cuanto. A riesgo de su fortuna y de su vida concurren a ensanchar nuestro territorio y a acrecentar nuestra riqueza"[6].
También se destacan los perjuicios que las continuas invasiones originan en el comercio y la industria. En cuanto al comercio, fuente principal de vida y riqueza para el país, lo pone en peligro aun cuando no logra eliminarte: los fletes se elevaron a un nivel que hace imposible el traslado de valiosos artículos, causando perjuicio al erario de la Nación. En cuanto a la industria pastoril, en 1878 se estiman en 40.000 las cabezas de ganado que los indios llevan por año, lo que representa para el período 1853/1878 una pérdida —considerando su valor reproductivo— de once millones de cabezas[7]
Aunque el acento se coloque en la agresión por parte del indígena, en distintos momentos se pone en duda el sistema defensivo y se formulan críticas acerca de la acción ejercida en la frontera.
Ya en 1857 Urquiza, refiriéndose a los argentinos cautivos a los que se les había incendiado la vivienda y asolado la tierra trabajada, señalaba: ...estaban allí como una prueba sorprendente y deshonrosa de una política extraviada que hacía perder terreno a la civilización para dejarlo franco a las depredaciones de la barbarie[8].
Se insiste en la indiferencia por parte de las altas esferas del gobierno respecto de la vital cuestión frontera, "...suponiendo que ella no tiene más solución posible que el tiempo y la inmigración europea"[9].
La guerra del Paraguay, que derivó los más experimentados hombres hacia ese frente, así como la dilatada e irregular línea de defensa, conspiraba contra el buen sistema defensivo. No obstante, también se señala la falta de recursos dedicados a la frontera. Se manifiesta que no hubo previsión para proveer a las guarniciones de frontera de forrajes artificiales para alimentar a los caballos, de modo que la ventaja siempre estaba del lado del indígena.
La mala administración de los negocios militares produjo incumplimiento en las obligaciones con respecto al soldado y a la Guardia Nacional, y por sobre todo, el incumplimiento de los tratados firmados con las tribus provocó de parte de éstas irrupciones violentas. Hubo demora en la entrega de raciones, y en otros casos se les entregaron de la peor calidad. Así en el Parlamento se oye: Qué extraño es entonces que Calfucurá, privado de aquello que contaba para la subsistencia de sus tribus, viniera él mismo a buscarlo en nuestros campos[10].
Ante la situación planteada, en ambos poderes surge el reclamo de acción concreta para dar respuesta a las frecuentes invasiones. Se dice que el Congreso debe legislar no sólo para el futuro sino para el presente.
Debe instrumentar los medios para llevar a cabo las acciones que el Ejecutivo propone.
No pueden, el Congreso ni el Gobierno nacional hallar disculpa ante un pueblo desesperado que con soberano derecho le demanda su acción para no sucumbir[11].
El peligro que supone la invasión está expresado, tal vez en la forma más extrema, en el siguiente párrafo: Roma no alcanzó con su saber y poder a descubrir que no lejos de sus posesiones existían habitantes que le hicieran desaparecer; y yo pregunto, ¿quién hay entre nosotros que calcule el número de salvajes que alimentan nuestras vastas regiones? ¿No podrá sucedernos algo parecido, si despreciamos ese poder que no conocemos, pero que sin embargo nos acecha y daña sin cesar[12]?
El avance y la ocupación fueron objetivos claros expuestos por los titulares del Poder Ejecutivo, los miembros informantes de las comisiones, los legisladores, y concretados a través de la normativa sancionada. Avance y ocupación que suponen desalojo, o bien sometimiento de los indígenas habitantes en los territorios del Norte y Sur de la República. Avance, ocupación y desalojo parecen ser elementos permanentes presentes en esta etapa y necesarios para alcanzar el modelo de país deseado.
Se dice en 1867 que, asegurada la frontera, habrá paz en la familia argentina, riqueza y poder aún más allá de los deseos. Sembrando la tierra se afianzará el presente y el futuro bienestar y se creará el poder que no se tiene[13].
El avance de la frontera tiene un objetivo prioritario: la obtención de tierras con destino a la industria pastoril. En 1871, el presidente Sarmiento señala que se han conquistado miles de leguas al dominio del salvaje e indica que es preciso aprovechar esos resultados "devolviendo a la industria y a la riqueza nacional superficie tan extensa"[14]. En 1875, el Poder Ejecutivo dice: ...todo gasto que haga la Nación es reproductivo y económico al mismo tiempo, siempre que él conduzca a ganar permanentemente sobre el desierto, asegurando el dominio existente y entregando al trabajo áreas de campo considerables[15].
Indica que existe una falta de equilibrio entre la producción y el consumo, causa que pueda ser resuelta en parte por leyes y actos "que hagan a la República tan productora, que alcance o supere al consumo"[16]. Para ello es necesario dar incremento a la ganadería, entregando a la explotación particular dos mil leguas que representan para el pastoreo y para la producción cinco millones de vacas. Si la industria pastoril es en esos momentos estacionaria, no es por falta de mercado o de ganado. Sucede que los campos, en el interior de la línea de frontera están cansados o recargados y se necesitan otros en que las haciendas estén desahogadas, y que no representen un capital crecido, cuyos intereses absorban el fruto del trabajo[17].
El Poder Ejecutivo elabora un plan de avance para ir ganando tierras en forma progresiva por medio de la ocupación de líneas sucesivas. Por tal razón Avellaneda dice que las 2.000 leguas que se prevé conquistar no constituyen el límite de la ocupación definitiva. Con la ley que se proyecta "...inmensos territorios serán conquistados para la industria única de la República, hasta ahora que es la ganadería"[18].
El miembro informante de la mencionada ley insiste en la necesidad de entregar mayor extensión de campo a la industria, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, porque los existentes no alcanzan a satisfacer las necesidades de la actividad pastoril. En la provincia de Buenos Aires es común la epidemia y la seca a causa de estar sobrecargados los campos de ganado, para lo cual se hace necesario adelantar la frontera.
"Esta es una cuestión que afecta a todos los intereses de la Nación, los cuales están ligados a los intereses de esta industria, por una de sus principales Provincias"[19]. Esta es la razón para adelantar las fronteras de la provincia de Buenos Aires, lo mismo que otras provincias, porque eso importa ganar para la Nación inmensas áreas de terrenos sumamente fértiles para la industria y el cultivo.
En 1878, al plantearse los beneficios de la sanción de la ley 947, se señala que con la operación proyectada quedarán adquiridas y en perfecta seguridad quince mil leguas de buenas tierras, que permitirán obtener los recursos para pagar las deudas.
El proyecto responde en resumen "a garantir, puede decirse, en una palabra, la propiedad rural, que constituye nuestra principal fuente de riquezas"[20].
La frontera ha principiado en los suburbios de la ciudad de Buenos Aires y a medida que las necesidades de mayor espacio se sentían, han ido avanzando hacia el Oeste y hacia el Sur y en esta marcha lenta de tres siglos hemos llegado a un punto que no podemos detenernos. Es necesario el último esfuerzo y llegar al término de la jornada[21].
Hasta este momento, 1878, se plantea el avance prioritario sobre el Sur y el Oeste. En el debate de la ley 752, el senador Oroño había manifestado que la nueva línea de frontera, tal como lo ha confesado el Poder Ejecutivo a través del ministro de Guerra será en las provincias de Buenos Aires, de Mendoza y de San Luis, pero no en las de Santa Fe, de Santiago y de Salta, porque no está en sus planes llevar la frontera a esas provincias. El ministro de Guerra señala al respecto que no se han hecho estudios hasta el momento, y destaca que es una línea muy reciente en relación con otras.
Más adelante se plantea el avance sobre la frontera norte. Así como el Sur significaba la incorporación de tierras, el Norte representa la posibilidad de colonización.
La ley 1.470, de 1884, autoriza la ocupación militar del Chaco. El presidente Roca señala que, llevada a cabo la ocupación militar de La Pampa y la Patagonia, extirpada la barbarie, ocupada con pobladores, industria y comercio que engrandecen la Nación: ...ha llegado el momento de abrir operaciones decisivas sobre los también extensos y ricos territorios del Chaco, que limitan las provincias de Córdoba, Santa Fe, Santiago y Salta y que confinan con el Paraguay y Bolivia[22].
A partir del éxito de las acciones emprendidas en el Norte como en el Sur, se comienza a hablar de la línea de frontera como la que realmente divide de las naciones vecinas....es necesario que desaparezca de nuestro vocabulario este nombre de fronteras, que antes nos dividía de los salvajes, estableciendo una línea de separación entre la civilización y la barbarie[23].
El presidente Roca, luego de destacar los logros de la expedición al Chaco expresa: Quedan pues, levantadas desde hoy las barreras absurdas que la barbarie nos oponía al Norte como al Sud en nuestro propio territorio, y cuando se hable de fronteras en adelante, se entenderá que nos referimos a las líneas que nos dividen de las Naciones vecinas, y no a las que han sido entre nosotros sinónimos de sangre, de duelo, de inseguridad y de descrédito...[24].
Una vez concretadas las aspiraciones del gobierno nacional en el sentido de avanzar sobre el desierto, se puede afirmar que la tierra ya no pertenece al indígena, sino que pasa a ser propiedad de la Nación: Bajo cualquier punto de vista que se considere los territorios nacionales, ya originariamente adquiridos por la conquista o más luego por la cesión, el gobierno tiene el derecho de administrarlos por el sistema que estime más propio y conveniente[25].
Este juicio encierra dos temas objeto de importante discusión en los debates de las Cámaras a lo largo de este período:
· Jurisdicción de las tierras conquistadas.
· Derechos de los indígenas sobre las mismas.
Respecto del primer punto, dos posiciones surgen claramente delineadas en torno a la cuestión: la que sostiene la jurisdicción nacional en oposición a la que sustenta la competencia provincial de los territorios ocupados.
No se ha avanzado un paso en las fronteras señor presidente, desde que estamos constituidos, es decir, bajo la égida y vínculo de una Constitución; no se ha avanzado un paso, digo, sino bajo el poder e influencia de la Nación; entonces, pues, el avance gradual solo, constituye un título de propiedad para la Nación: todo lo que se haya avanzado en la frontera desde las antiguas líneas de las Provincias, será de propiedad absoluta y exclusiva de la Nación, y de nadie más[26].
En cuanto a la jurisdicción provincial sólo se plantean argumentos que defienden intereses parciales, como es el caso de los sostenidos por las provincias de Jujuy y Salta durante el debate de la ley de organización de los territorios nacionales. Otro ejemplo se puede encontrar en la posición del representante de San Luis durante la discusión de la ley 947.
¿Qué va a hacer, Sr. presidente, la Nación con ese territorio que, hasta cierto punto, pertenece a la provincia de San Luis? Verdad es que ese territorio puede venderse para estancias, y que la provincia de San Luis comprende que la Nación tiene más fuerzas y elementos para poblar los territorios nacionales, llevando a aquellos desiertos, centros de civilización y progreso; pero, dada la situación de aquella zona, no es posible establecer en ella otra cosa que suertes de estancia, pues no admite por hoy otro género de población. el territorio que se extiende al Sud del grado 35. ¿Qué va a perder la Nación con que esta zona pertenezca a la Provincia? Yo creo que, para el progreso del país, lo mismo importa que pertenezca a la Nación que a la Provincia de San Luis, pero importaría mucho para la Provincia, porque tendría esta porción de territorio para venderlo y con su producto atender las necesidades urgentísimas que tiene[27].
Tampoco existen opiniones unánimes en relación con el segundo punto. Algunos legisladores manifiestan explícitamente la inconveniencia de cualquier forma de reconocimiento del derecho de los indígenas a la propiedad de la tierra: ...es imprudente cuando menos, reconocer en los indígenas un derecho cualesquiera respecto del territorio, sea que se les reconozca como individuos, como asociación civil, o como cuerpo de nación, necesariamente extraña e independiente de la Nación Argentina (...) hay una diferencia enorme, la que existe entre reconocer y conceder un derecho al territorio (...) si se reconoce derechos a las tribus indígenas ¿con qué facultad ni razón vamos a despojarlos?[28].
Otros legisladores hablan de un derecho de ocupación —derecho imperfecto a la cosa, pero principio de derecho—, y hay quienes finalmente llegan a afirmar el derecho legítimo de los indígenas sobre las tierras que les fueron arrebatadas por la conquista y la obligación del Estado de restituirlas. No obstante las diversas expresiones vertidas, la posibilidad para los indígenas de obtención de tierras, en sus más diversas formas jurídicas, aparece vinculada a una condición previa: el sometimiento. 2. Sometimiento
Tal como se expresó, el avance, la ocupación y el nuevo poblamiento de la frontera requieren del sometimiento, destrucción o expulsión del indígena.
La necesidad de expansión territorial también se asienta sobre una justificación ideológica:…No se puede negar, ni hay quien niegue en nuestros tiempos, el derecho con que la civilización desaloja la barbarie y la somete a su gobierno. Una razón de conveniencia universal, que está incorporada también al derecho universal, justifica la acción de los pueblos y de las grandes agrupaciones de hombres civilizados para dominar los territorios que existen en poder de los salvajes[29].
El avance territorial se dirige tanto hacia el Sur como hacia e! Norte.
Respecto de la frontera sur, se señala que todas las ventajas demostrables respecto del establecimiento de la línea de frontera sobre el río Negro serían ilusorias si: ...no tuviese por base el dominio absoluto de la pampa y el sometimiento, la destrucción o la expulsión de los indios bárbaros que la ocupan"[30].
El problema a resolver es, como lo plantea el Poder Ejecutivo: Desalojar a los indios del desierto que se trata de conquistar antes de llevar a cabo la ocupación del río Negro, para no dejar un solo enemigo a retaguardia[31].
La Comisión exige como condición indispensable, para autorizar el gasto del establecimiento de una nueva frontera, el previo y absoluto dominio de la pampa central:
Hay una cláusula que viene a ser, según entiendo, una condición sine qua non, y es que la Nación realice la traslación de la frontera, previo sometimiento o desalojo de los indios bárbaros de las pampas[32].
En cuanto a la frontera norte, se dice: Debemos remover las fronteras con los indígenas: éstos deben caer sometidos o reducidos bajo la jurisdicción nacional, pudiendo entonces entregar seguras a la inmigración y a las explotaciones de las industrias de la civilización esas doce mil leguas que riegan el Bermejo, el Pilcomayo, el Paraná el Paraguay y que limitan las montañas que nos separan de Bolivia[33].
Pero, ¿cómo se opera el sometimiento?
En 1867 la ley 215 prevé el sometimiento voluntario o forzoso. En su articulado dispone que a las tribus que se sometan voluntariamente se les otorguen territorios, cuyas extensión y límites serán fijados por convenio con el Poder Ejecutivo. En cambio, en el caso de tribus sometidas por la fuerza le cabe al gobierno nacional tal atribución. También prevé el caso de tribus que se resistan al sometimiento pacífico, para las cuales se organizarán expediciones a fin de someterlas y arrojarlas del territorio.
Habría una consideración diferenciada respecto de los indios sometidos voluntariamente y aquellos por la fuerza. Se destaca que las tribus que se hallan establecidas con residencia más o menos fija y que demuestran una tendencia marcada a la civilización son más dignas de consideración y pueden hasta merecer la pro-piedad de las tierras. Las otras no merecen consideración alguna[34]
Parecería evidente que existe un sometimiento voluntario y otro por la fuerza.
Pero a través del análisis de la legislación y del material parlamentario, las categorías de tratamiento pacífico versus hostilidad no aparecen tan claramente opuestas.
Se expresa respecto al trato pacífico: La pacificación puede ser muy lenta o puede no obtenerse de buen grado, y entonces la fuerza reemplazará al convenio y la expedición (...) hará la defensa con el acuerdo o sin el acuerdo de los indios[35].
El Río Negro, pues, debe ser (...) la línea final en esta cruzada contra la barbarie, hasta conseguir que los moradores del desierto acepten por el rigor o por la templanza, los beneficios que la civilización les ofrece[36].
También se dice, en el mensaje al proyecto de ley 947, que antes de apelar a la fuerza se echará mano de todos los medios pacíficos para efectuar el sometimiento.
Pero si existe resistencia para aceptar las condiciones que fije el gobierno, serán tratados como enemigos o reducidos por las armas. En el informe de la Comisión al proyecto de la ley 1.470, se aconseja efectuar la conquista por medio de la persuasión, pero se considera que si ello no bastara habría que: ...someterlos como se somete aún a los civilizados que se rebelan contra los poderes de la Nación y contra la Constitución del país, empleando las fuerzas para ello[37].
El mismo senador Del Valle considera que no se debe utilizar las armas sino cuando sea absolutamente indispensable para introducir la civilización.
El tratado aparece como el medio pacífico utilizado luego de haberse operado el sometimiento.
En 1870 Sarmiento informa al Congreso que enviará un tratado celebrado con los indios ranqueles firmado para satisfacer pacíficamente las necesidades de esas tribus e interesar a los caciques en mantener una paz que logrará la civilización de ellos.
En 1873, el mismo presidente Sarmiento hace referencia a los tratados parciales firmados con diversos caciques, que hacen prever la tranquilidad de las fronteras. Tribus del norte se han sometido espontáneamente y otras, del sur y del oeste, se han mostrado dispuestas a dejar la vida errante.
Pero el sometimiento pacífico y la firma del tratado consiguiente son favorecidos por condiciones que dificultan la supervivencia de las tribus nómades. Sarmiento dice en 1873: Los usos civilizados que cada día ganan terreno en los toldos, y la dificultad y peligro de proveer a las nuevas necesidades por el robo, acabarán por fijarlos e imitar el ejemplo de Catriel, Coliqueo y otros que gozan de las comodidades de la vida civilizada y de la protección del gobierno[38].
Nuevamente en 1874, Sarmiento informa que la falta de animales y las dificultades en el aprovechamiento de la tierra facilitan su sometimiento a prescripciones y organización.
En 1878, durante el debate de la ley 947, se insiste en que una vez que las fuerzas se hayan internado en el desierto el indio no podrá permanecer en la pampa y huirá al otro lado de la frontera o se entregará sometido[39].
Pero al sur del Río Negro, careciendo de recursos para llenar sus primeras necesidades, no puede permanecer tampoco, y acosado por el hambre, pronto ha de entregarse sometido a las condiciones que le sean impuestas[40].
Avellaneda en 1878 expresa: El indio perseguido en sus guaridas, y en la imposibilidad de ejecutar sus invasiones, (...) empieza a rendirse pacíficamente[41].
A la falta de condiciones para continuar en la vida nómade se añade otro elemento: la presencia militar utilizada como recurso para controlar la agresión de los indios. En 1872, se señalaba: El poder militar que se lleva cerca de ellos ocupando posiciones convenientes, cuidará de obligarlos al cumplimiento y a no romper el pacto celebrado por grado o por fuerza[42].
Avellaneda en 1880 agrega: ...el hecho capital de los últimos tiempos, la supresión o sometimiento del indio en la Pampa y en la Patagonia, queda concluido"[43].
El Poder Ejecutivo manifiesta: La índole de las tribus se presta a su sometimiento, que será forzado además por la ocupación militar, que los imposibilitará de vivir de la vida salvaje y del robo[44]
El sometimiento parece cumplirse, al menos para las tribus del sur. En 1885, Roca confirma: El último de los caciques del sur (...) se encuentra él en esta capital, a donde ha venido a rendir homenaje y jurar acatamiento a la autoridad nacional[45].
Una vez logrado el sometimiento del indígena se plantea la necesidad de tomar medidas inmediatas para su colocación con el propósito de que puedan subsistir sin ocasionar perjuicios y mejorar sus hábitos de vida.
En 1885, el ministro de Relaciones Exteriores, durante el debate de un proyecto de ley sobre colonias indígenas, expresa con claridad: Este es el problema a resolver: si rechazamos a esos indios, si los asesinamos, si los mantenemos en guerra perpetua; o si se hacen los sacrificios necesarios para amansarlos, domesticarlos, civilizarlos gradualmente, para que se incorporen a nuestra civilización, haciendo de ellos hombres útiles en lugar de ladrones, de salteadores, de asesinos (...) algo tenemos que hacer en favor de esa raza desheredada, que nosotros mismos hemos arrojado fuera del territorio que antes ocupaban[46].
Ante el hecho irreversible de la presencia del indio sometido se procede a poner en práctica algún modo de colocación. El mismo término permite comprender la significación que el tema adquiere en la época.
En las Cámaras son largamente debatidos los proyectos que autorizan partidas para el sostenimiento de indios en tal condición. Durante el debate de la ley 1.744, un senador sostiene: Bien, yo voy a votar en favor de esta partida en el supuesto de que el año que viene no vamos a tener necesidad de votar un crédito igual a éste. En la creencia de que sólo se hagan esos gastos, y que no sea esto una carga constante para el erario...[47].
La colocación es el recurso empleado para la "incorporación" del indígena a la sociedad civilizada, pero incorporación no significa en absoluto el reconocimiento de sus valores y derechos. Supone en la mayoría de los casos:
— Abandono de lengua, costumbres y hábitos de vida.
— Subordinación a los valores de la civilización.
— Pérdida de las antiguas posesiones y ruptura del vínculo con la tierra.
— Disolución de las relaciones de parentesco y comunidad.
En los distintos modos de colocación que el Estado implementa a lo largo del tiempo, se pueden encontrar ciertos rasgos comunes que des-criben el objetivo y a la vez el carácter de los mismos.
· Uno de ellos, siempre presente, es el aislamiento de los indígenas en formas de organización más o menos cerradas dentro de la sociedad civilizada. La condición de "ajenos" a la sociedad, de portadores de hábitos y costumbres diferentes a los de la vida civilizada constituye un elemento perturbador. De allí que la transmisión de valores consagrados por la sociedad deba ser realizada en espacios relativa-mente cerrados que separen lo distinto de lo homogéneo. En aparente contradicción, pero postulándose en definitiva como una modalidad particular de concretar el aislamiento, en algunos debates se propone que los indígenas reducidos se encuentren en relativa cercanía física con la sociedad (por ejemplo, fundiéndolos en el ejército con los demás soldados, estableciendo sus colonias entre las de los inmigrantes). Se considera que este recurso podría facilitar la influencia beneficiosa de la sociedad civilizada.
· Otra característica común se encuentra en el propósito de lograr el autoabastecimiento de los indígenas a fin de evitar la carga financiera que representaban para un país que tenía como principales objetivos la modernización, el desarrollo y aprovechamiento de la riqueza. · Un tercer rasgo consiste en la tutela que el Estado ejerce con respecto a los indígenas en su carácter de persona "no civilizada", y que adopta diferentes grados según las modalidades utilizadas para su colocación. · Como última característica es posible señalar la falta de precisión jurídica en la enunciación de los derechos de los indígenas en relación a la tierra. Sobre la base de los argumentos ya expuestos, en la mayoría de los casos no se extendieron los títulos jurídicos correspondientes, se redujeron los espacios habitables y no se tuvo en cuenta la relación que el indígena establece con la tierra que habita.
Tropa, misión, reducción y colonia son los modos que el Estado utiliza para hacer efectiva la colocación.
Es necesario aclarar que esta clasificación responde al criterio de agrupar las formas de colocación de acuerdo con sus caracteres comunes, razón por la cual la misma no mantiene el orden cronológico.
Con el objeto de evitar confusiones, la mencionada clasificación se atiene a las denominaciones empleadas en la legislación para las diferentes modalidades de colocación, si bien de hecho no existe una correspondencia estricta entre dichas denominaciones y las características asignadas por la normativa a cada una de ellas.
Los nombres utilizados no denotan unívocamente un concepto, porque no se formulan definiciones de cada forma de colocación y los términos son utilizados de manera imprecisa.
A modo de ejemplo, puede señalarse el caso de una llamada "colonia", a cargo de un pastor anglicano, que presenta la conformación propia de una misión religiosa (motivo por el cual en el presente trabajo se la incluye en tal categoría). En el mismo sentido la palabra "misión", que remite inmediatamente a una organización religiosa, fue empleada por el Poder Legislativo sin rigurosidad: leyes que la mencionan no la describen de modo que pueda incluirse a la religión entre sus factores civilizadores. De allí que estos casos particulares hayan sido incluidos en una categoría diferenciada dentro de la clasificación.
Finalmente, de la afirmación precedente de que las denominaciones fueron utilizadas en la legislación sin rigurosidad se puede precisar que, consideradas en su estructura básica, todas las formas de colocación posteriores a la tropa (primer intento de resolver la cuestión, con características muy peculiares) constituyeron diferentes modalidades de colonias en sentido amplio. No obstante, se diferenciaron por sus denominaciones, por ser religiosas o civiles; por otorgar al indígena la propiedad de la tierra o imponerle limitaciones de diverso grado; por la autonomía relativa que tenía dentro de estas organizaciones o por la amplitud de la tutela que se ejercía sobre él; tanto misiones como reducciones y colonias (en el sentido en que este último término es empleado en la legislación) eran colonias. Lo que permite agruparlas genéricamente bajo esta denominación es que, a diferencia de la tropa, las últimas modalidades de colocación implementadas constituían estructuras cerradas, creadas con el propósito expreso de introducir al indígena en el sedentarismo, el trabajo productivo y los demás valores propios de la civilización (religión, instrucción escolar, trabajo) a través de alguna forma de otorgamiento de la tierra. Las particularidades de cada modo de colocación serán examinadas a lo largo del desarrollo del tema.
El primer sistema empleado para dar colocación al indígena fue su incorporación al ejército.
El antecedente legislativo más antiguo es el decreto del 1 ° de julio de 1875, que autoriza la ejecución de un convenio entre el gobierno nacional y la tribu del cacique Catriel. La agrupación se obliga a abandonar las tierras que ocupaba en las cercanías de Azul para trasladarse a los lugares de frontera que se le indiquen y formar parte de la Guardia Nacional movilizada, sujeta a la disciplina militar y con el sueldo que a su clase corresponde en iguales condiciones que la tropa.
El Ministro de Guerra y Marina expresa: ...fácil le será a V.S. llevar al espíritu de los indios el convencimiento de que van a mejorar notablemente las condiciones de vida, bien alimentados, bien vestidos y bien pagados...[48].
En 1879 el presidente Avellaneda destaca las ventajas que proporciona la incorporación del indígena al ejército: Nosotros hemos encontrado hasta hoy facilidades inesperadas en la capacidad que el indio mismo ha revelado para adaptarse a las exigencias de una vida superior. El indio es un excelente soldado y ha entrado a llenar el cuadro de nuestros batallones (...). Las mujeres y los niños han sido distribuidos por las Sociedades de Beneficencia entre las familias[49].
Y en 1883 el Poder Ejecutivo expresa en este sentido: De los restos de las tribus que de tiempo anterior estaban sometidos al gobierno se han formado algunos escuadrones de caballería en calidad de auxiliares, que han prestado y prestan servicios utilísimos por el conocimiento práctico que tienen del territorio (.. .). Por otra parte es provechoso conservar estos indios en la frontera en contacto con nuestras tropas, sometidos a un régimen militar como se hallan, perdiendo gradualmente sus costumbres y sus hábitos de tribu, en que hasta ahora no ha sido de ningún provecho, siquiera sea en los esfuerzos hechos para formar con ellos colonias[50].
La tropa parece presentarse como recurso alternativo para subsanar las deficiencias que pusieron de manifiesto las colonias formadas hasta el momento para alcanzar los objetivos de la colocación.
Durante el debate de la ley 1.224, de 1882, cuyo objeto es el sostenimiento de gendarmes en la Patagonia y el racionamiento de una colonia indígena, se expresa: ...lo más humanitario, lo más civilizado, lo más honroso que podría hacer la Nación con ellos, es refundirlos en el ejército, donde se les enseña a leer y escribir y las primeras nociones de una patria que jamás han conocido. Se les pone en contacto con la civilización y por consiguiente, en aptitud de poder ser útiles a su país, separándose más tarde del ejército para convertirse en jornaleros[51].
Las dificultades generadas por las primeras colonias serían consecuencia, por un lado, de la barbarie intrínseca de los indígenas: El indio de la Colonia Conesa, como de cualquiera otra parte, no puede hacer nada si no se le enseña (...). No dado que los indios, si no se les enseña a trabajar, trabajarán poco y robarán también[52].
Y por otro lado, de la inmoralidad administrativa que exacerba la violencia de los indios y sus atentados contra la propiedad privada: ...se les obliga en parte a trabajar pero no por su propia cuenta, sino por cuenta ajena; y el resto del tiempo lo pasan en ociosidad. Si de vez en cuando las raciones son demasiado pequeñas y escasas, y los pacientes indios empiezan a gruñir y quejarse, entonces se les da con suma magnanimidad el permiso de hacer una correría de caza. (...) Si el botín es abundante tienen que entregar una parte de él como tributo a varios empleados de la colonia[53]. ...antes de votar fondos para que continúe esa inmoralidad (...) tal vez resultase que fuera conveniente que el gobierno mandase un inspector que levantase esa colonia. Esos indios deben ir a los cuerpos de línea[54].
La tropa, de ese modo, resuelve temporariamente los inconvenientes de la colonia que se menciona la ley 1.224, cuyo establecimiento es fruto de un intento inorgánico.
No obstante la decisión de colocar en forma transitoria al indio sometido en la tropa, la colonia —bien administrada—, es considerada como el medio más eficaz tanto por su valor civilizador como por su posibilidad de autoabastecimiento y consiguiente beneficio para el erario público. El senador Rojas, en el debate de la ley 1.311, justifica en los siguientes términos esta adopción transitoria de la tropa, ante la urgente necesidad de resolver en alguna forma el "problema": ¿Pero de qué otro modo se hubiera podido dar colocación a esa chusma salvaje que se traía de la pampa? La Nación misma no estaba preparada, ni tenía los medios ni los recursos para darle otro género de colocación....[55]
Respecto de los gastos que ocasiona la incorporación de los indígenas a los ejércitos, se señala en el debate de la ley 1.311 que a los fondos antes destinados al racionamiento del indígena se suman los dirigidos a su equiparamiento como soldado. Durante el debate de la ley 1.744, la última que autoriza gastos para el sostenimiento de los indios sometidos y auxiliares, se trata la carga que para el erario representa la tropa: ...a causa que constantemente se aumenta el número de indios que se someten a nuestras fuerzas...[56]
En el mensaje del Poder Ejecutivo se reconoce también que: se trata de un gasto ineludible, por ahora, mientras se dé a este asunto una solución definitiva[57].
Un legislador señala: como no es posible esperar que en los meses del año corriente los indios sean convenientemente colocados, debe acordarse este crédito al Gobierno, a fin de que cumpla al deber que han contraído al desalojarlos de los territorios que ocupaban y donde encontraban tos medios de subsistencia a que estaban acostumbrados[58].
A las críticas formuladas en relación a los gastos que demandaba la atención de los indígenas en la tropa, se agregan las que se refieren a las razones mismas de su incorporación a las filas.
El senador del Valle sostiene en 1884: ...la gran masa de los batallones argentinos se compone de indios (...) El ejército es el guardián de la Constitución y de las leyes, es el defensor de las garantías y de todas las libertades, y nosotros ponemos las armas de la Nación precisamente en manos de los salvajes[59].
Desde otra posición, el senador Rojas responde en los siguientes términos: ¿Se les entrega acaso las armas de a Nación como a salvaje? No (...) como a argentino civilizado ya por los efectos de la civilización[60].
Otra cuestión que genera controversias sobre esta institución, es el reparto de mujeres y niños (correlativo a la incorporación de los hombres a la tropa) y la consecuente disolución de los vínculos familiares. No obstante las críticas señaladas, este sistema persiste efectivamente durante varios años. Antes de iniciar la consideración del siguiente modo de colocación, cabría señalar que la institución tropa o ejército, significó para el "indio amigo" o "sometido" un medio posible para acceder a la tierra. Es así que durante estos años se realizan convenios con caciques y tribus por los que se acuerdan terrenos en propiedad como compensación por los servicios prestados en el ejército durante la conquista del desierto, tal como se establece en los fundamentos del proyecto de la ley 3.154.
En el mismo sentido las leyes 3.092 y 3.814 establecen la entrega de tierras a los caciques, expresándose en el mensaje del Poder Ejecutivo que acompaña el proyecto de la primera ley mencionada: El Poder Ejecutivo considera que es un acto de justicia acceder a lo que solicita el cacique don Manuel Namuncurá (...) Es un hecho bien significativo el que uno de los antiguos señores de la pampa, venga a reclamar, empleando los recursos y procedimientos creados por las leyes, un pedazo de tierra para hacerla suya con su trabajo, e incorporarse a la civilización[61].
El miembro informante, en el debate de la ley 3.814, dice: ...el Congreso tenía ya precedentes sentados sobre este género de concesiones, consagrando el derecho, si no perfecto, por lo menos preferente, en favor de estos verdaderos dueños de la tierra, hoy de la Nación por razón de la conquista[62].
En 1875, años antes que el Parlamento fuera escenario de las últimas discusiones sobre el sostenimiento de los indígenas reducidos en el ejército, es sancionada la ley 817, de inmigración y colonización. Ella constituye el primer intento legislativo de superar aquella modalidad considerada deficiente desde diversos puntos de vista. El texto sancionado dispone la creación de "misiones para traerlos gradualmente a la vida civilizada”[63].
El mensaje que acompaña al proyecto de ley expresa: El Poder Ejecutivo, procurando traerlos por todos los medios posibles a la civilización, gastaría menos que manteniendo ejércitos en las fronteras[64].
El fin perseguido se explicita en los siguientes términos: Hay indudablemente algunas ventajas en llevar el elemento indígena de una manera artificial a las colonias establecidas, esperando que se produzca allí el choque de ideas, de costumbres y de hábitos opuestos, para hacer producir lo que se llama ley de contraste, cuyos resultados están comprendidos en la ley de selección moral de la humanidad[65].
La consideración del tema gira en torno a los beneficios civilizadores que trae aparejada la institución de la propiedad privada. La misión es valorada como forma de colocación sobre todo si incluye, como en este caso, el otorgamiento de la tierra. Pese a que la ley utiliza el nombre de misión para estas colonias, no se menciona a la religión como recurso a ser empleado en su organización.
Otra mención a las misiones aparece en la ley 1.532 de organización de los territorios nacionales. En el apartado relativo a los gobernadores de las provincias se incluye entre sus atribuciones y deberes el de procurar: El establecimiento, en las secciones de su dependencia de las tribus indígenas que morasen en el territorio de la gobernación, creando con autorización del Poder Ejecutivo, las misiones que sean necesarias para traerlos gradualmente a la vida civilizada[66].
Pero a lo largo de todo el debate, que reúne alrededor de quinientas páginas de encendidas discusiones sobre la extensión y límites de cada provincia y de los territorios nacionales, no se menciona en ninguna oportunidad a estas misiones cuya organización se confía a los gobernadores y menos aún a la estructura y el carácter que podrían tener.
Ello muestra en qué medida la preocupación por la colocación de indígenas en colonias era, en esa época, más un objetivo proclamado que una iniciativa firme del Poder Legislativo.
Esta omisión vuelve a reiterarse en el caso de la ley 4.167, que establece el régimen de tierras fiscales, sancionada tres años después que aquellos decretos de 1900 autorizaran la Creación de misiones religiosas en Formosa. El artículo 17 dispone que el Poder Ejecutivo fomentara la reducción de las tribus indígenas, procurando su establecimiento por medio de misiones y suministrándoles tierras y elementos de trabajo. Nuevamente no se menciona, ni se explica en qué consisten las misiones, ni en el Mensaje del Poder Ejecutivo que acompaña el proyecto de ley, ni en su debate.
Como se observa a partir de las leyes mencionadas, el Poder Ejecutivo nacional se adelantó al Legislativo al dar forma legal concreta al propósito tantas veces formulado de establecer a los indios en misiones (o en alguna forma de colonia) con los decretos mencionados. De todos modos, esta normativa carece de carácter integral ya que se restringe al ámbito de una provincia.
La primera norma que explícitamente incorpora la religión como factor civilizador es la ley 1.838, que dispone la concesión de tierras a Thomas Bridges ciudadano argentino, aunque de origen inglés y pastor anglicano: Se reconoce que ésta es: ...la primera iniciativa que toma el Gobierno argentino para poblar los territorios del extremo Sud del país y traerlos a las condiciones de país civilizado, sin recurrir a los medios de guerra, siempre deplorables; que tantos sacrificios han costado[67].
...este señor Bridges ha civilizado, ha levantado el nivel moral de esa población indígena, sustituyéndose en esto el deber del gobierno y ha poblado aquel territorio con habitantes que él ha convertido de inútiles, de belicosos, en mansos y productores[68]. ..ha vivido en contacto con ellos y singular fenómeno, ha bastado la presencia de un hombre ungido del espíritu cristiano para que estos indios hablen una lengua que no es la del aborigen: el inglés[69].
Esto suscita una profunda controversia en relación con los caracteres de esta forma de colocación, se cuestionan la lengua, la religión y la ascendencia del misionero como algo "vejatorio de la soberanía nacional" y contrario a la prescripción constitucional de convertirlos al catolicismo.
El diputado Estrada aduce que: ...cuando tengamos a los indios de la Tierra del Fuego incorporados a una secta religiosa cuyo jefe es la reina de Inglaterra, cuando los tengamos introducidos a la civilización por medio de la lengua inglesa, (...)
serán muy es-casos los vínculos subsistentes entre esas poblaciones y la República Argentina[70].
La discusión da prueba, una vez más, de la imposibilidad de encontrar unidad de criterios en cuanto a los medios a ser utilizados en la empresa civilizadora y aún a sus objetivos mismos.
En relación con los medios civilizadores termina diciéndose que ...es completamente fuera del caso ocuparnos de las condiciones en que una y otra religión puedan encontrarse para la moral, el adelanto y el progreso de los pueblos. ¿A quién se le ocurre que ha de llevarse a los indios otra cosa que la propaganda en términos generales, de los grandes adelantos, de las grandes mejoras producidas por la civilización cristiana?[71].
También se observan divergencias en los fines enunciados cuando se dice que: ...la cuestión no es teológica sino económica. ...esto es una sencilla concesión de tierras, para hacer una concesión de tierras el Congreso no debe ocuparse en lo mínimo de cuáles son las creencias del hombre a quien se le dan, sino de cuáles son los medios que va a emplear para que esa tierra pueda dar provecho al país y al mismo a quien se conceden[72].
Se refuerza esta postura con el argumento que, si bien el inciso 15 del artículo 67 de la Constitución Nacional fija entre las atribuciones del Congreso: proveer a la seguridad de las fronteras, conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo[73]. El inciso 16 del mismo artículo se refiere a: proveer lo conducente a la prosperidad del país[74].
Las misiones religiosas propiamente dichas aparecen en la legislación nacional recién en el año 1900, cuando el Poder Ejecutivo dicta varios decretos que autorizan la creación de misiones a cargo de la Congregación de los Frailes Franciscanos en la provincia de Formosa. El Estado pone en manos de los sacerdotes la labor de realizar en forma más amplia y eficiente la obra de regeneración del indio y su incorporación a la vida cristiana y civilizada[75]
En esta etapa, además de la transmisión de los valores de la religión y del trabajo sedentario, se promueve la distribución de los indígenas en familias en oposición a la forma de organización tribal, tal como fuera fundamentado en el debate de la ley 817.
Las misiones, gobernadas y administradas por los frailes, mantenían las relaciones con el Gobierno Nacional (Ministerios del Interior y de Agricultura) a través del Prefecto de Misiones, que tenía a su cargo la dirección general de las mismas. El Poder Ejecutivo ejercía las funciones militares y policiales a través de un comisario en la misión.
Respecto de las tierras, las normas disponían su adjudicación a los misioneros, quienes eran a su vez los encargados de otorgarlas a los indígenas. Las entregas se realizaban en forma paulatina, primero se concedía la posesión —condicionada a la aptitud para trabajar—, y luego de un período de residencia en la misión, los religiosos estaban facultados para otorgar los títulos de propiedad. El aspecto tutelar de este modo de colocación se pone de manifiesto en las disposiciones del Reglamento General de Dirección y Administración de cada misión. El mismo debía prever la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas y armas a los indios y. las normas tendientes a evitar su explotación cuando prestasen servicios fuera de ella.
En 1904 se dictan decretos que modifican ciertas condiciones establecidas en los de creación, pero que en la práctica fueron difíciles de aplicar a causa de las modalidades de trabajo de los indígenas, las condiciones del terreno, la dificultad de las comunicaciones. Y en 1958, son derogados los decretos que habían autorizado la creación de estas misiones en Formosa.
En ese mismo año, el decreto 5.463 crea la Dirección de Asuntos Indígenas e incluye entre sus funciones posibilitar el establecimiento de misiones religiosas que persigan la fundación de colonias, las que junto con las que ya existen, quedarán sometidas a su fiscalización.
El mencionado carácter particular de la legislación nacional sobre el tema de las misiones, sumado a la índole misma de las normas (sancionadas por decretos del Poder Ejecutivo), impiden formular una caracterización precisa y global de esta modalidad de colocación que, en los hechos, se concretó en medida más amplia que la sugerida por la legislación que constituye nuestro objeto de análisis. A estas misiones cuyo origen y características no es posible conocer a partir de la normativa, se refieren sin duda las leyes de ministerios que desde 1949 hasta 1969 incluyen entre las funciones competentes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la promoción y el sostenimiento de misiones de la religión católica.
Un decreto de 1911, que funda una reducción indígena en el territorio del Chaco es la primera norma que explícitamente menciona a las reducciones. Consiste en la entrega provisoria de tierras a una tribu, así como semillas, herramientas y animales de labor. Dispone el establecimiento de los indígenas en terrenos fiscales, una vez que los mismos se hubieren dedicado a las labores agrícolas.
El objetivo es cumplir con el deber constitucional de reducir pacíficamente las tribus indígenas y tratar de que obtengan lo necesario para su subsistencia, bajo la dirección de personal competente.
A partir de los decretos de 1912, esta introducción de los indígenas a la vida civilizada estará a cargo de órganos pertenecientes al poder civil, ya de modo más integral. Por lo tanto, el Estado, por medio de aquéllos, ejercería la tutela sobre las actividades y relaciones de los indígenas dentro y fuera de la reducción.
La Comisión Financiera primero, y Honoraria de Reducciones de Indios después, tuvieron atribuciones y deberes que ponen de manifiesto el carácter tutelar de la reducción. Esta sirve de amparo al indígena, en cuanto dirige, administra y fiscaliza todas sus actividades, su instrucción, e intenta proteger sus intereses fuera de ella, interviniendo en los contratos de trabajo que celebren, en la comercialización de sus productos, y, en fin, en todo tipo de intercambio con el exterior. Sin duda, esta organización protectora tiene como basamento la idea, tantas veces repetida, del indígena como un ser esencialmente "incapaz", y que, en consecuencia debe ser protegido e instruido. En relación con este punto el decreto del 3 de mayo de 1899 establece que los defensores de menores se harían cargo de su defensa, tutela y protección.
Un decreto de 1927 amplía la esfera de acción de la Comisión Honoraria en todo cuanto se relaciona con los indígenas de los territorios nacionales, ante la inexistencia de una ley de Patronato de Indios.
El organismo es sustituido en 1946 por la Dirección de Protección del Aborigen y de allí en más no se menciona a la reducción, como forma de colocación, en la legislación nacional.
También aquí se presenta la limitación señalada en el caso de las misiones. La ausencia de material parlamentario dificulta la elucidación de los objetivos de las decisiones adoptadas en la legislación, y más aún, del pensamiento político subyacente a las mismas.
Aunque de modo muy parcial, en los mensajes presidenciales puede hallarse una evaluación del poder público sobre los resultados de esta forma de colocación implementada y se reflejan en cierta medida los puntos de mayor interés. En los discursos de 1913, 1915, 1916, 1922 y 1934 se elogian los resultados del sistema de reducción en base a la colonización agrícola, donde el indio encuentra "albergue seguro y. eficaz protección". El sistema tiene además, para el Poder Ejecutivo, la ventaja de autofinanciarse con el producto de sus explotaciones. En 1935 y 1936, se acentúa el énfasis en la productividad de estas organizaciones, que hacia esta época incluye la diversificación de los cultivos y una incipiente industrialización de las materias primas. Mensajes posteriores, en cambio, se refieren al ejercicio de la tutela de los indígenas por parte del Estado, algunos de cuyos aspectos son la preocupación por el estado civil de los mismos, la defensa en juicios de desalojo, el control de contrataciones y otras cuestiones.
No obstante la continuidad del protagonismo del Estado en el control y la administración de estas formas de organización, la década del '40 parece marcar una fractura en la consideración del tema. Ella no consiste en el simple pasaje de la "reducción" a la "colonia" (porque, si bien surgen modificaciones importantes en la estructura de estas colonias, también, como se verá, subsisten características de las organizaciones anteriores).
Lo central es que de allí en adelante no se señala como finalidad la "reducción" o "colocación" de los indígenas, sino que se propone su "integración" a la sociedad. Aunque el discurso parlamentario revela que también este propósito surge de la antigua dicotomía entre la sociedad civilizada y los que deben recibir su influencia civilizadora, a la vez evidencia un cambio en la propuesta legislativa: la "sociedad civilizada" ya no pro-pone reducirlos para evitar las incomodidades de esa presencia inevitable; pretende hacer participar a los indígenas de los beneficios de la civilización y la modernización que se acentúa a medida que pasa la mitad del siglo. Es evidente entonces que los que se continuarán llamando modos de "colocación" en forma generalizada, sufren una modificación que va más allá de la denominación y las características organizativas: se transforma el sentido mismo de la institución.
Por otra parte, aunque no llegaran a alcanzar gran consenso, aparecen aquí las primeras consideraciones de que la colonización, como medio de difusión de valores y de incremento de la riqueza individual y nacional, en el caso de los indígenas, debía fundarse en el conocimiento pro-fundo y el respeto de su cultura. A partir de lo cual, se puede afirmar que las características generales de los modos de colocación enunciados en la introducción a este tema, sólo son pertinentes aquí con los nuevos matices que aporta la fractura mencionada.
En el mensaje presidencial de 1934, cuando todavía estaba en vigencia la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios, ya se hablaba de la necesidad de reorganizar las reducciones, transformándolas en colonias agrícolas, de fundar otras con los mismos objetivos y de crear colonias pastoriles en el sur, que contarían con escuelas para la enseñanza del idioma castellano, conservando el autóctono del indio. Pero sólo en 1940, con el antecedente de iniciativas parlamentarias muy anteriores en el tiempo, se sanciona la ley 12.636, de colonización y de creación del Consejo Agrario Nacional, que prevé la organización de colonias agrícolas y pastoriles en tierras fiscales, que se otorgarán en propiedad a los indígenas del país.
Cabe destacar que en el proyecto originario de dicha ley no se incluía ningún artículo sobre colonización indígena; su incorporación se debe a la iniciativa del diputado Montagna, que en el debate expresa: ...voy a pedir el agregado de un artículo (...). Por él se establece la cesión de tierras a los indígenas (...) Ha llegado el momento de que terminemos con las peregrinaciones de los indígenas del Norte y del Sur de la República, que vienen a esta Capital a pedir al Estado clemencia y tierras que en realidad les corresponden de derecho por haber sido los primeros pobladores...[76]
Esta es la primera mención a la necesidad de reconocer sus derechos sobre la tierra, en el marco de las normas referidas a la colocación.
El decreto reglamentario de esta ley, 10.063/43, faculta al Consejo a crear colonias especiales para la radicación de tribus indígenas en las regiones del país donde las circunstancias lo aconsejen.
La adjudicación de las tierras se hace a título precario durante un plazo de prueba, al cabo del cual se hará la escrituración en propiedad, la que estará sujeta a limitaciones. Prevé la organización de las colonias en base a un régimen adecuado a las características de los indígenas de cada zona, procurando su incorporación a la vida civilizada a través de la instrucción elemental y la enseñanza de la religión católica (esta última prescripción no aparecía en las reducciones o, por lo menos, en las normas legales que establecen sus características).
Años más tarde, en 1953, la ley 14.254 autoriza al Poder Ejecutivo a crear nuevas colonias granjas de adaptación y educación de la población aborigen de las provincias de Salta, Jujuy, Presidente Perón y territorios nacionales de Formosa y Neuquén.
Esta ley, si bien es de carácter menos integral que la ley 12.636, es interesante por ser la primera iniciativa parlamentaria sancionada sobre el tema de la colocación en cuyos fundamentos y debates ocupa un lugar muy importante el tema de la educación (si bien en la anterior ya se dispone la instrucción elemental y el asesoramiento técnico en cuestiones agrícolas).
Es también la primera ley en cuya discusión se valora la cultura indígena, aunque sea de un modo tan ostensiblemente contradictorio en cuanto a que el objetivo sigue siendo expresamente la asimilación, la adaptación del indígena a la sociedad que establece "las normas básicas de la nacionalidad" y decide sobre "las características positivas del folklore nativo". Pero se pretende respetar la lengua y las demandas del indígena, y aprender de los errores del pasado en relación con su educación.
No es posible comparar esta forma de colocación con otras en cuanto a su estructura y su organización, porque la reglamentación —que no se dictó— debía determinarlos y, por otra parte, en el debate de la ley se privilegió el tratamiento del tema de la educación por sobre el de la tierra. No obstante, el diputado Ravignani expresa: ...creo que es necesario que de una vez por todas se reconozca el derecho de propiedad de las tierras que los indios han poseído y trabajado y han hecho fructificar; porque socialmente el trabajo es el que engendra el derecho de propiedad y la ocupación útil de la tierra crea realmente propietarios..."[77]
En el año 1958, el decreto 2.964 (que modifica la ley de colonización 14.392) agrega a esta última un capítulo sobre la colonización indígena, a la vez que deroga la ley 12.636. De modo que sus disposiciones acerca de las colonias sustituyen, a las reguladas en el marco del Consejo Agrario Nacional. Una diferencia fundamental es que los indígenas reciben las tierras en usufructo vitalicio individual, en lugar de serles adjudicadas en pro-piedad, como lo disponía la ley anterior.
En tal sentido un proyecto de ley del diputado Jara Melagrani propone la derogación de este articulado, argumentando que de este modo se excluye del derecho de propiedad a los indios, lo que crea una evidente desigualdad con respecto a los demás ciudadanos[78]
La norma mencionada, y su decreto reglamentario, se refieren exclusivamente al modo en que será distribuida la tierra sin mencionar los demás aspectos de la colonización, tales como instrucción primaria, enseñanza de la religión, capacitación técnica. El objetivo explícito es el de convertir el nomadismo y el quehacer improductivo de los indígenas, en sedentarismo y trabajo útil, como única forma de elevar su nivel de vida e incorporarlos definitivamente al acervo humano de la Nación[79]
En el mismo año, por decreto 5.463/58 se crea la Dirección de Asuntos Indígenas, después que la Dirección de Protección al Aborigen fuera suprimida en el año 1956. El objeto general del organismo es estudiar y procurar la solución de los problemas que afectan a los indígenas radicados en el país. En relación con el tema, se propone atraer a los aborígenes nómades a las colonias cuya creación planificará la Dirección, y posibilitar su arraigo definitivo a la tierra, así como efectivizar el mejoramiento económico, la ocupación y el régimen laboral que les faciliten su plena participación en el progreso de la Nación.
Finalmente, como expresión del cambio de orientación en la consideración del tema, se señala la necesidad de difundir las industrias regionales autóctonas a cargo de indígenas, no sólo por ser fuente de trabajo, sino por su riqueza cultural e histórica.
Un repaso general del tema demuestra la dificultad existente para establecer un esquema general básico y uniforme subyacente a las diferentes modalidades descritas.
Para sustentar esta afirmación se remarcan a continuación algunos puntos.
· La única característica que presenta un desarrollo uniforme y coherente, es la de que todas las modalidades de colocación posteriores a la tropa tendían a fomentar el sedentarismo en los indígenas como condición necesaria para promover un trabajo productivo y redituable. En la época de la tropa, el interés estaba puesto en que, por lo menos, su sometimiento no ocasionara excesivos gastos al Estado.
· En cambio, no es posible hacer generalizaciones categóricas acerca de quiénes eran objeto de la legislación sobre colocación de indígenas: si las tribus o las familias. Esta imposibilidad surge de contradicciones en la normativa, de las cuales se apuntan algunos ejemplos:
- en la ley 817 y en los decretos de 1900 es claro el objetivo de disolver los vínculos tribales. Y, contemporáneamente, se propone colocar a las tribus indígenas en las leyes 1.532 y 4.167. La contradicción adquiere valor si se recuerda que todas las normas mencionadas fueron dictadas en el período que se ubica entre los años 1876 y 1902;
- hacia 1943, en un período con características diferentes, la reglamentación de la ley 12.636 vuelve a referirse a la creación de colonias para la radicación de tribus indígenas. Y las normas que la sustituyen casi veinte años después (decretos 2.964/58 y 2.211/61), modifican el régimen y en este punto particular, retoman el concepto de las primeras leyes, estableciendo un sistema de colonización en el que la tierra se entrega en usufructo vitalicio "individual o a los jefes de familia".
· Tampoco es posible afirmar que se haya otorgado a la religión un protagonismo uniforme como agente aculturador, aun dentro del mismo momento histórico del tratamiento de esta cuestión, y menos intentar una separación tajante entre organizaciones religiosas por un lado y, a cargo del Estado por el otro (porque, como se ha señalado, existieron colonias promovidas por el Estado en el marco de un plan de colonización que estipulaba expresamente la enseñanza de la religión católica).
A modo de ejemplo pueden señalarse los siguientes:
- las misiones religiosas y las reducciones (en cuyas normas de creación organización la religión nunca es mencionada), coexisten por lo menos durante treinta años (considerando estrictamente los datos proporcionados por la legislación sobre el tema de la colocación de los indígenas). También muestra la superposición temporal de formas de colocación que empleaban predominantemente recursos civilizadores distintos, el paso de casi veinte años entre la sanción de la primera ley que dispone la creación de colonias agrícola-ganaderas y el decreto que deroga las misiones religiosas creadas en 1900;
- las colonias que el Estado encomendaba crear al Consejo Agrario Nacional (normas de 1940 y 1943), insistían en la intervención del cooperativismo y de la educación técnica y a su vez establecían expresamente la enseñanza de la religión católica, recuperando un elemento que las anteriores organizaciones a cargo del Estado (las reducciones), habían soslayado;
- las colonias creadas por la ley 14.254 no mencionan en absoluto a la religión como factor de adaptación a la "cultura nacional", sino que explícitamente adjudican ese rol a la educación, que en lo posible debería respetar los valores de los indígenas. Y en la ley de ministerios que corresponde a ese mismo período (14.303), se recomienda "la promoción y sostenimiento de la acción espiritual y social que realizan entre los aborígenes las misiones del culto católico apostólico romano".
El mismo tipo de aclaración es pertinente en relación con el tema de la tierra.
Existieron de hecho adjudicaciones de tierra, unidas al reconocimiento del derecho de los indígenas sobre ella (ello referido sólo a las adjudicaciones que tuvieron lugar en el marco de la colocación). Pero la mayoría de las modalidades de reducción implementadas, impusieron limitaciones a la propiedad, de diferente tipo y extensión. Ejemplo de lo primero es la ley 12.636 y su decreto reglamentario de 1943, y de lo segundo, el decreto 2.211/61, que sustituye las normas anteriores.
Ante la superposición en el tiempo de los diferentes sistemas de colocación y las contradicciones señaladas a lo largo de la exposición, es posible afirmar que la colocación de los indígenas es una cuestión que careció de la claridad de objetivos y de recursos a emplearse para alcanzarlos (propia de la etapa del avance sobre las fronteras y de la del sometimiento), simplemente porque la presencia objetiva de los indígenas y la necesidad de reducirlos, nunca constituyeron una necesidad en sí mismas, sino que quedaron como saldo no deseado y embarazoso después de la concreción de aquello que sí constituía un proyecta: el de rescatar al desierto de la barbarie. Esta idea puede explicar la indefinición con relación al tema, sobre todo en las últimas décadas del siglo pasado y en las primeras del actual, cuando esta presencia "sorpresiva" ejercía una influencia considerada más desestabilizadora para la sociedad "civilizada", que en décadas posteriores.
Durante el tratamiento parlamentario y legislativo de la cuestión indígena y a través de las diferentes instancias del debate y la normativa se ponen en juego una serie de valores postulados por la sociedad y asumidos por el Congreso como una de sus expresiones más representativas. Estos valores sufren desplazamientos y cambios de jerarquía en la medida en que se avanza en el tratamiento del tema y en que se modifica el rol del indígena en la sociedad.
* COLOCACION EN COLONIAS (en sentido amplio)
— Misiones religiosas: (1900-1958)
— Reducciones: (1911-1946)
— Colonias "propiamente dichas": organizadas o supervisadas por el Estado: (1940-1966)
NOTA: Esta clasificación ha sido formulada sobre la base de las normas que se refieren
específicamente a la colocación de los indígenas, y a las leyes de ministerios, que asignan a
determinada área la competencia sobre el tema.
Leyes Areas con jurisdicción Objetivos
de ministerios en el tema
13.529 Relaciones Exteriores Promoción de misiones
14.303 y Culto (religión católica)
14.439 Ya no se habla de reducir
(1969) 18.416 Acción Social Promoción e integración de
20.524 comunidades aborígenes
Información Parlamentaria Estudios e Investigaciones
1. Una primera etapa, coincidente con el propósito de avanzar sobre las fronteras se puede caracterizar como fuertemente marcada por un discurso homogéneo que parte de acuerdos previos y supuestos aceptados: es un discurso construido a partir de conceptos que no son discutidos en sí mismos (se discute su implementación). Conceptos tales como "civilización", "progreso", "identidad", son enunciados para aludir a un conjunto de hábitos culturales positivamente valorados:
Procuremos llevarles el bien de la civilización[80].
Reconstruir la significación de estos términos postulados como universalmente reconocidos implica leer en estos discursos cuáles son los valores socialmente aceptados y cuáles aquellos rechazados.
Dentro del sistema de valores aparecen dos en un lugar de privilegio: el paganismo (la "idolatría") y el nomadismo, son los hábitos indígenas más fuertemente atacados, en razón fundamentalmente del "peligro" que éstos comportaban a los sectores sociales representados en el discurso.
Otras zonas de este sistema de valores son: el respeto a la propiedad privada, la organización familiar, el acatamiento a la autoridad. Estas zonas articulan un modelo socio-político al que los "otros", los indígenas, tendrán que asimilarse en el lugar que la sociedad les asigne.
Como se dijo anteriormente, estos valores aparecen como presupuestos en los debates; no se discuten porque en esta primera etapa y, en función de la composición del Parlamento, hay consenso respecto a los principios en que se sustentan los cimientos de la sociedad.
También aparecen registrados en diferentes normas; si bien no existe ninguna que disponga en forma global y explícita de qué modo se efectivizará la transmisión de valores a los indígenas.
La religión católica, que desde los comienzos de la conquista fue considerada el valor supremo de la acción civilizadora, aparece en la norma desde la Constitución Nacional de 1853.
Artículo 64: Corresponde al Congreso: 15: ...conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo[81].
Más tarde otras normas, teniendo en cuenta este objetivo, establecen la organización de ministerios, territorios nacionales o creación y sostenimiento de misiones.
Artículo 17: Corresponde al Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública lo relativo a misiones y catequización de indios[82].
La adhesión a la religión católica en esta etapa es uno de los presupuestos más fuertes; en los debates no se fundamenta el porqué de convertir a los indios al catolicismo. En momentos aparece postulada como instrumento para lograr el sometimiento; en otros como fin en sí misma.
El sedentarismo se postula en dos sentidos: por un lado como forma de vida "civilizada", como punto de partida para la incorporación de los indígenas al sistema de producción, y por otro lado como la solución al problema del descontrol que implicaban las tribus nómades a la sociedad. Ese nomadismo era percibido como perturbación y amenaza; la manera de erradicarlo consistía o en el enfrentamiento militar o en el asentamiento fijo de los grupos indígenas en lugares determinados.
En este párrafo (durante el debate del proyecto de ley de colonias agrícolas en 1885) se expresa claramente cuál es la percepción de la diferencia entre vida nómade y vida sedentaria: ...Se trata, señor presidente, de dirigir la evolución por la cual pasan todas las razas en una de sus fases más difíciles: la transición de la vida nómade a la vida sedentaria. Todo se modifica con este cambio: las costumbres, las necesidades de la vida, el modo de atender a la subsistencia y hasta la estructura del cuerpo[83].
En el debate parlamentario prolifera la noción de nomadismo como amenaza y corrosión al sistema de la civilización y se la homologa a "robo", "pillaje"[84], "bandalaje"[85].
En la instancia legislativa, en esta primera etapa, se comienza a disponer la entrega de tierras "para su existencia fija y pacífica"[86], la creación de misiones "para traerlos a la vida civilizada"[87], el establecimiento de colonias indígenas[88]. Medidas todas que tendían a combatir los hábitos errantes del indio y a facilitar la absorción al resto de los valores de la civilización. La vida sedentaria, según esta perspectiva, implicaría también que: Se adquirirán ideas nuevas; y como consecuencia de la creación de esas ideas nuevas, será necesario que la lengua cree también términos nuevos, teniéndose que modificar hasta lo más sustancial, que es la organización de la familia, la cual tiene que cambiar[89].
El respeto a la propiedad privada, el acatamiento a la autoridad y la organización familiar eran visualizados como valores interdependientes, cuya asimilación por parte del indígena garantizaba su sumisión al orden constituido y le otorgaba un lugar de subalternidad: el territorio (...) ha sido devuelto al dominio y protección de nuestras leyes[90].
Enunciados éstos como tantos otros que hablan de la subordinación del indígena dentro de un esquema socio-político en cuya concepción y estructuración no ha participado. Dentro de este discurso, no parecen dársele al indígena más alternativas que la muerte o la misión, las que aparecen legimitadas por el presupuesto de que el conjunto de virtudes encarnadas en la civilización es evidente por sí mismo y no exige demostración.
2. En su mensaje presidencial de 1883, dice Julio Argentino Roca, que la paz en general está consolidada y que el indio como enemigo ha sido suprimido. Definiciones como éstas comienzan a marcar un cambio de lugares de los sujetos implicados. El indio deja de ser visto como un enemigo y pasa a ocupar otro espacio: superada la instancia militar, los roles deben ser redefinidos en función de una realidad nueva en la que aparece un nuevo objeto de discurso: el indígena sometido. Hacia fin del siglo pasado, y en adelante, el discurso parlamentario comienza a presentarse con fisuras y cruces: aquel carácter monolítico y compacto de los primeros debates comienza paulatinamente a resquebrajarse, permitiendo en sus intersticios la circulación de diferentes tendencias ideológicas. El repertorio de valores postulados sufre un descentramiento: aparecen ciertos discursos que no avalan incondicionalmente todo aquello que antes se entendía por "civilización".
Ahora surge fa pregunta acerca de la naturaleza de la "civilización": qué es (por un lado) y si es buena o mala de por sí, (por el otro). En este sentido los valores antes inamovibles comienzan a ser cuestionados, aunque en la mayoría de las veces no llegan a plasmarse en normas alternativas.
Quisiera que este artículo fuera también objeto de estudio, para ver si el pueblo, si la conciencia nacional, está conforme en que se imponga el catolicismo a los indios, ¡cómo si no fuera bastante imponerles nuestra civilización![91].
Estas "tensiones" respecto a las verdades en que se sustentaba el discurso anterior a 1900 no se resuelven necesariamente en normas: hacia el año 1949 la Ley de Ministerios establece que es competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto: Artículo 13: 20: Promoción y sostenimiento de las misiones religiosas entre los aborígenes, su protección y conversión al catolicismo y resguardo de la tradición católica, apostólica y romana[92].
Aun así, en esta etapa el imperativo de convertir a los indios al catolicismo ha sido corrido de su lugar central. En este sentido es significativa la reforma que figura en el artículo 68 inciso 15 de la Constitución de 1949, que elimina la alusión al trato pacífico con los indios y su conversión al catolicismo, "aspecto que hoy resulta anacrónico, por cuanto no se pueden establecer distinciones raciales, ni de ninguna clase, entre los habitantes del país"[93]. El nomadismo de las tribus ha dejado de constituir un peligro y por tanto el sedentarismo no es ya un desiderátum. Los valores fundamentales a transmitir en este período son el trabajo y la instrucción elemental. El concepto de "civilización" se nutre ahora de las nociones de educación y trabajo. Artículo 17: El Poder Ejecutivo nacional fomentará la reducción de tribus indígenas, procurando su establecimiento por medio de misiones y suministrándoles tierras y elementos de trabajo[94].
Los fondos solicitados permitirán suministrar a los indios elementos de trabajo, a la vez que capacitarlos en su utilización (...) a fin de que adopten las costumbres de los hombres civilizados[95].
Con el correr del siglo y en la medida en que empieza a visualizarse al indígena ya no como "peligro" sino como "mano de obra barata" ...El indígena es un elemento inapreciable para ciertas industrias, porque está aclimatado y supone la mano de obra barata, en condiciones de difícil competencia[96].
Tanto el trabajo como la educación irán asumiendo mayores dimensiones. Comienza a formularse la necesidad de reglamentar y organizar el área de trabajo y educación de los indígenas. Distintas normas se hacen cargo de estos enunciados: la ley 12.636 y su reglamentación (Consejo Agrario Nacional), que dispone una orientación agrarista al trabajo y la instrucción; la ley 13.560, que aprueba varios convenios adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo y apunta a la protección del indígena en tanto trabajador.
En cuanto a la educación, por un lado aparece tematizada en diferentes discursos como la vía para lograr diversos objetivos: aprendizaje de las técnicas agrícolas, de la lengua española, de las costumbres de la civilización. Por otro lado aparece cuestionada en cuanto a su metodología y a su sustento ideológico: nuestras escuelas (...) han resultado sin eficacia para el indio porque no han tenido en cuenta su psicología, ni su ambiente, ni su probable destino[97].
Estas consideraciones acerca de los valores predominantes hacia la primera mitad del siglo aparecen dentro de un discurso que oscila entre distintas (y opuestas a veces) concepciones, sobre la condición del indio, sobre la función del Estado en relación a los grupos marginados y en cuanto a la naturaleza intrínseca de la civilización que se pretende transmitir.
Consideramos que todo proyecto que tiende a legislar para las comunidades aborígenes que habitan el territorio de nuestra Nación, no es más que un proyecto de reparación que la sociedad nacional les debe a nuestros hermanos, quienes siendo los originarios habitantes de esta tierra son los que menos derechos de todo tipo tienen, por esto creemos necesario restituirles todo lo que por derecho natural les corresponde desde siempre[98].
Una noción significativa estructura y atraviesa el discurso parlamentario relativo a indígenas de la segunda mitad de este siglo en adelante: la noción de reparación. Noción que alude indefectiblemente a una mirada histórica, hacia el pasado, una mirada crítica arrojada por una sociedad cuyos presupuestos iniciales se han modificado. "Reparar" significa "componer", "volver a juntar", quien postula la reparación visualiza un daño que se debe revertir. En este sentido, la "reparación" apunta a una compensación material (política de tierras, protección laboral, obras públicas) y valorativa (condición del indio, lengua, cultura) hacia los grupos indígenas sobrevivientes.
En distintas leyes, proyectos y debates, se habla de "reivindicación", "restitución", "revalorización": estos términos funcionan en la misma dirección que "reparación": se intenta operar sobre los restos, los fragmentos, lo que ha quedado de las antiguas comunidades.
Los valores comienzan a ser verbalizados; en normas y debates se incluyen indicaciones con respecto al modo de considerar el sistema cultural indígena: la ley 14.932 que aprueba convenios adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo, dice en sus principios generales: a) Tomar en consideración los valores culturales y religiosos y las formas de control social propias de dichas poblaciones...[99]
También en este sentido, se dispone en el año 1965, por decreto del Poder Ejecutivo, la realización de un censo indígena nacional, confeccionado desde la convicción de que: debe partirse de un conocimiento conceptual de la realidad cultural y de la estructura antroposociológica de las comunidades indígenas[100] y de que: la historia del país no registra un censo indígena nacional que la experiencia demuestra imprescindible[101]
Sin embargo, es recién en este último período parlamentario que se comienza a legislar sobre la base del respeto a los valores culturales del indígena. La ley 23.162 (ley del nombre) establece que podrán inscribirse nombres aborígenes o derivados. Dice el senador Velázquez en el debate: se trata de borrar las huellas del genocidio negando a los sobrevivientes la posibilidad de perpetuar sus nombres. Por este motivo, la medida que propiciamos tiene carácter reparador. Esta reforma pretende terminar con este marginamiento de un sector minoritario de los ciudadanos argentinos[102]
Diversos proyectos hacen hincapié sobre el idioma y la enseñanza del mismo subrayando la necesidad de que ésta se lleve a cabo por docentes indígenas: d) La enseñanza del idioma tendrá por finalidad su difusión entre el pueblo autóctono y alóctono con sentido cultural integrador y dignificante del hombre. Será su objeto fortalecer las más profundas raíces de la nacionalidad y sostener las tradiciones, la historia, la memoria y la cultura regional[103]
Otros proyectos propugnan la inclusión de la materia "culturas indígenas argentinas" en los programas de estudio, con el mismo criterio de difundir y legitimar la cultura indígena.
Sin duda la producción más significativa de este período es la sanción de la ley 23.302 (política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes) que recoge gran parte de las iniciativas generadas en torno al tema, y que configura la primera norma que otorga entidad y estatuto a las comunidades indígenas, privilegiando su participación...en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades[104]
El uso del término "participación" se impone como un desvío en la historia del debate acerca de la cuestión indígena. Como denominación del vínculo entre las comunidades indígenas y los otros sectores sociales, la "participación" se distingue de la "incorporación" y de la "integración" (conceptos utilizados en etapas anteriores) porque sólo la "participación" conlleva el reconocimiento y el respeto, valorando las diferencias culturales y postulando la equiparación social.
[1] Diputado Oroño, en debate proyecto de ley del mismo diputado, D.S.C.D. 3/9/1863, pág. 147
[2] Senador Madariaga, en debate ley 215, D.S.C.S. 2/7/1867, pág. 131
[3] Despacho Com. Especial al proyecto de ley sancionado bajo el número 551, D.S.C.D. 19/7/1872, pág. 287.
[4] Ministro de Guerra, en debate ley 947, D.S.C.S. 3/10/1878, pág. 512.
[5] Mensaje del Poder Ejecutivo (M. Juárez Celman - E. Racedo) al proyecto de ley sancionado bajo el número 1.964, D.S.C.D. 20/6/1887, pág. 221
[6] Diputado Costa, en debate ley 551, D.S.C.D. 19/7/1872, pág. 294
[7] Diputado Barros (hace referencia al mensaje del Poder Ejecutivo), en debate ley 947, D.S.C.D. 13/9/1878, pág. 265
[8] Mensaje del presidente de la Confederación, J. J. Urquiza, al proyecto de ley sancionado bajo el número 147, D.S.C.D. 4/9/1857, pág. 259
[9] Senador Madariaga, en debate ley 215, D.S.C.S. 2/7/1867, pág. 131
[10] Diputado Costa, en debate ley 551, D.S.C.D. 19/7/1872, pág. 296
[11] Senador Madariaga, en debate ley 215, D.S.C.S. 2/7/1867, pág. 130
[12] Senador Madariaga, en debate ley 215, D.S.C.S. 2/7/1867, pág. 131
[13] Senador Madariaga, en debate ley 215, D.S.C.S. 217/1867, pág. 132
[14] Mensaje del presidente ce la Nación, D. F. Sarmiento, D.S.C.S. 417/1871, pág. 21
[15] Mensaje del Poder Ejecutivo (N. Avellaneda - A. Alsina) al proyecto de ley sancionado bajo el número 752, D.S.C.S. 22/9/1875, pág. 828
[16] Mensaje del Poder Ejecutivo (N. Avellaneda - A. Alsina) al proyecto de ley sancionado bajo el número 752, D.S.C.S. 22/9/1875, tomo I, pág. 828
[17] Mensaje del Poder Ejecutivo (N. Avellaneda - A. Alsina) al proyecto de ley sancionado bajo el número 752, D.S.C.S. 22/9/1875, tomo I, pág. 828
[18] Senador Echagüe, en debate ley 752, D.S.C.S: 22/9/1875, tomo I, pág. 831
[19] Diputado Pellegrini, en debate ley 752, D.S.C.S. 1/10/1875, tomo II, pág. 1341
[20] Ministro de Hacienda, en debate ley 947, D.S.C.D. 18/9/1878, pág. 326
[21] Ministro de Guerra, en debate ley 947, D.S.C.S. 3/10/1878, pág. 516
[22] Mensaje Poder Ejecutivo (J. A. Roca-B. Victorica) al proyecto de ley sancionado bajo el número 1.470, D.S.C.S. 19/8/1884, pág. 374
[23] Mensaje del presidente de la Nación, J. A. Roca, D.S.C.S. 7/5/1885, pág. 12
[24] Mensaje del presidente de la Nación, J. A. Roca, D.S.C.S. 7/5/1885, pág. 12
[25] Diputado Cárcano, en debate ley 1.532, D.S.C.D. 17/9/1884, pág. 1068
[26] Diputado Cortés Funes, en debate ley 947, D.S.C.D. 13/9/1878, pág. 272
[27] Senador Lucero, en debate ley 947, D.S.C.S. 3/10/1878, pág. 523
[28] Senador Rojo, en debate ley 215, D.S.C.S. 11/7/1867, pág. 183
[29] Senador Del Valle, en debate ley 1.470, D.S.C.S. 19/8/1884, pág.
[30] Despacho Com. Especial de Fronteras, en debate ley 947, D.S.C.D. 13/9/1878, pág. 252
[31] Despacho Com. Especial de Fronteras, en debate ley 947, D.S.C.D. 13/9/1878, pág. 252
[32] Senador Torrent, en debate ley 947, D.S.C.S.-3/10/1878, pág. 514
[33] Mensaje Poder Ejecutivo (J. A. Roca - B. Victorica) al proyecto de ley sancionado bajo el N° 1.470, D.S.C.S. 19/8/1884, pág. 374
[34] Senador Navarro, en debate ley 215, D.S.C.S. 11/7/1867, pág. 182
[35] Despacho Com. al proyecto de ley sancionado bajo el número 551, D.S.C.D. 16/9/ 1872, pág. 697
[36] Mensaje Poder Ejecutivo (N. Avellaneda-A. Alsina) al proyecto de ley sancionado bajo el número 752, D.S.C.S. 22/9/1875, pág. 828
[37] Senador Rojas, en debate ley 1.470, D.S.C.S. 19/8/1884, pág. 380
[38] Mensaje del presidente de la Nación, D. F. Sarmiento, D.S.C.S. 11/5/1873, pág. 10
[39] Diputado Barros, en debate ley 947; D.S.C.D. 13/9/1878, pág. 265
[40] Diputado Barros, en debate ley 947, D.S.C.D. 13/9/1878, pág. 266
[41] Mensaje del presidente de la Nación, N. Avellaneda, D.S.C.S. 6/5/1878, pág. XII
[42] Despacho Com. Especial, ley 551, D.S.C.D. 19/7/1872, pág. 288
[43] Mensaje del Presidente de la Nación, N. Avellaneda, D.S.C.S. 4/5/1880 pág. 20
[44] Mensaje Poder Ejecutivo (J. A. Roca - B. Victorica) al proyecto de ley sancionado bajo el número 1.470, D.S.C.S. 19/8/1884, pág. 375
[45] Mensaje del presidente de la Nación, J. A. Roca, D.S.C.S. 7/5/1885, pág. 12
[46] Dr. Francisco Ortiz, D.S.C.D. 24/8/1885, pág. 519
[47] Senador Febre, en debate ley 1.744, D.S.C.S. 2/11/1885, pág. 842
[48] Mensaje del presidente de la Nación, N. Avellaneda, D.S.C.S. 5/5/1879, pág. 10
[49] Mensaje del presidente de la Nación, N. Avellaneda, D.S.C.S. 5/5/1879, pág. 10
[50] Mensaje del Poder Ejecutivo (J. A. Roca - B. Victorica) al proyecto de ley sancionado bajo el número 1.311, D.S.C.D. 25/8/1883, tomo Il, pág. 113
[51] Diputado Zeballos en debate ley 1.224, D.S.C.D. 9/9/1882, tomo II, pág. 207
[52] Diputado Pereira, en debate ley 1.224, D.S.C.D. 9/9/1882, tomo II, pág. 217 y D.S.C.D. 7/9/1882, pág. 204
[53] Expedición al Gran Lago Nahuel Huapi, citado por el diputado Zeballos, D.S.C.D. 9/9/1882, tomo II, pág. 206
[54] Diputado Zeballos, en debate ley 1.224. D.S.C.D. 7/9/1882, pág. 204
[55] Senador Rojas, en debate ley 1.311, D.S.C.S. 9/10/1882, pág. 880
[56] Mensaje del Poder Ejecutivo (J. A. Roca-C. Pellegrini) al proyecto de ley sancionado bajo el número 1.744, D.S.C.S. 2/11/1885, pág. 841
[57] Mensaje del Poder Ejecutivo (J. A. Roca - C. Pellegrini) al proyecto de ley sancionado bajo el número 1.744, D.S.C.S. 2/11/1885, pág. 841
[58] Senador Carrillo en debate ley 1.744, D.S.C.D. 2/11/1885, pág. 841
[59] Senador del Valle en debate ley 1.470, D.S.C.S. 10/8/1884, pág. 379
[60] Senador Rojas en debate ley 1.470, D.S.C.S. 10/8/1884, pág. 380
[61] Mensaje del Poder Ejecutivo (L. Sáenz Peña - J. V. Zapata) al proyecto de ley sancionado bajo el número 3.092, D.S.C.S. 16/8/1894, pág. 304
[62] Diputado Hernández en debate ley 3.814, D.S.C.D. 4/9/1899, tomo I, pág. 782
[63] Ley 817, artículo 100, R.N. 1874/1877, pág. 491
[64] Diputado Villada en debate ley 817, D.S.C.D. 22/911875, pág. 1224
[65] Diputado Achával miembro informante, en debate ley 817, D.S.C.D. 22/9/1875, pág. 1233
[66] Ley 1.532, artículo 7° inciso 11, R.N. 1882/1884, pág. 857
[67] Senador del Valle, en debate ley 1.838, D.S.C.S. 28/9/1886, pág. 481
[68] Diputado Olmedo, en debate ley 1.838, D.S.C.D. 28/9/1886, tomo I, pág. 1006
[69] Diputado Mansilla, en debate ley 1.838, D.S.C.D. 28/9/1886, tomo I, pág. 999
[70] Diputado Estrada, en debate ley 1.838, D.S.C.D. 28/9/1886, tomo I, pág. 1001
[71] Diputado Calvo, en debate ley 1.838, D.S.C.D. 2819/1886, tomo I, pág. 1004
[72] Diputado Calvo, en debate ley 1.838, D.S.C.D. 28/9/1886, tomo I, págs. 1004 y 1005
[73] Diputado Carbonell, en debate ley 1.838, D.S.C.D. 28/9/1886, tomo I, pág. 1011
[74] Diputado Carbonell, en debate ley 1.838, D.S.C.D. 28/9/1886, torno I, pág. 1011
[75] Considerandos del decreto del 20/8/1912, B.O. 25/8/1912
[76] Diputado Montagna, en debate ley 12.636, D.S.C.D. 13/911939, tomo IV, pág. 221
[77] Diputado Ravignani, en debate ley 14.254, D.S.C.D. 29/9/1958, tomo III, pág. 2000
[78] Fundamentos del proyecto de ley del diputado Jara Melagrani, D.S.C.D. 18/5/1960, tomo I, pág. 261
[79] Diputado Ravignani, en debate ley 14.254, D.S.C.D. 29/9/1958, tomo III, pág. 2000
[80] Senador Zavalía, en debate al proyecto de ley del senador Llerena, D.S.C.S. 22/9/1868, pág. 592
[81] Constitución de la Nación Argentina. Texto sancionado por el Congreso General Constituyente el 1º de mayo de 1853
[82] Ley 80, R.N. 1852/1856, pág. 376
[83] Diputado Darquier, en debate proyecto de ley Poder Ejecutivo D.S.C.D. 19/8/1885. pág. 459
[84] Ministro de Guerra, en debate ley 947, D.S.C.D. 13/9/1878, pág. 256
[85] Mensaje presidente de la Nación D. F. Sarmiento D.S.C.S. 6/5/1872, pág. 5
[86] Ley 215, articulo 2°, R.N. 1863/1869, pág. 331
[87] Ley 1.532, artículo 7°, R.N. 1882/1884, pág. 857
[88] Ley 1.224, R.N. 1882/1884, pág. 138 y Ley 1.311, R.N. 1882/1884, pág. 443
[89] Diputado Darquier, en debate proyecto de ley Poder Ejecutivo, D.S.C.D. 19/8/1885, pág. 459
[90] Mensaje presidente de la Nación, D. F. Sarmiento, D.S.C.S. 15/1/1870, pág. 16
[91] Fundamentos al proyecto de ley, diputado Olivera, D.S.C.D. 13/7/1903, tomo I, pág. 275
[92] Ley 13.529, B.O. 15/7/1949
[93] Anteproyecto de Reforma de la Constitución Nacional, pág. 34
[94] Ley 4.167, R.N. 1903, tomo I, pág. 240
[95] Mensaje proyecto de ley Poder Ejecutivo (J. Figueroa Alcorta - E. Ramos Mejía), D.S.C.D. 217/1906, tomo I, pág. 401
[96] Mensaje presidente de la Nación, R. S. Peña, D.S.C.S. 7/6/1912, pág. 32
[97] Diputado Santucho en debate ley 14.254, D.S.C.D. 29/9/1953, pág. 2011
[98] Fundamentos al proyecto de resolución del diputado Rabanaque Caballero, D.S.C.D. 13/12/1984, pág. 6083
[99] Ley 14.932 (Convenio 107 - Principios generales), B.O. 29/12/1959
[100] Considerandos decreto 3.998/65, B.O. 3/6/1965
[101] Considerandos decreto 3.998/65, B.O. 3/6/1965 [102] Senador Velázquez, en debate ley 23.162, D.S.C.S. 20/9/1984, pág. 2081 [103] Fundamentos proyecto de ley L. González y J. O. Bordón, D.S.C.D. 6 y 7/3/1986, pág. 7379 [104] Ley 23.302, artículo 1°, B.O. 12/11/1985