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Timestamp: 2017-07-26 04:39:03
Document Index: 262565491

Matched Legal Cases: ['Artículo 18', 'artículo 49', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 14', 'artículo 18', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 23', 'artículo 20', 'artículo 23', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 20', 'artículo 13', 'artículo 29', 'artículo 5', 'artículo 26', 'artículo 5', 'artículo 24', 'artículo 33', 'artículo 16', 'artículo 2', 'artículo 73', 'artículo 31', 'artículo 37', 'artículo 6', 'artículo 34', 'artículo 19', 'artículo 24', 'artículo 107', 'artículo 108', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 6']

Programa de Formación Profesional para el Empleo ORDEN 4/2016, de 26 de mayo, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se determina el Programa de Formación Profesional para el Empleo para la realización de acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas y la formación con compromiso de contratación. [2016/3971]
(DOCV núm. 7796 de 02.06.2016) Ref. Base Datos 003862/2016
2016/3971 ORDEN 4/2016, de 26 de mayo, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se determina el Programa de Formación Profesional para el Empleo para la realización de acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas y la formación con compromiso de contratación. [2016/3971]
Título I. Bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de las acciones formativas
Capítulo IV. Control del desarrollo de la actividad
Artículo 18. Módulo de prácticas profesionales no laborales o formación en centros de trabajo(PPNL/FCT).
Capítulo VI. DE los costes subvencionables.
Título II. De las ayudas al alumnado desempleado en concepto de transporte, becas, manutención y alojamiento
Primera. Informe al Consejo Valenciano de Formación Profesional
Segunda. Exención de la obligación de notificación
Tercera. Determinación del grado de discapacidad de las personas participantes
Cuarta. Aplicación supletoria a los centros propios y centros integrados
Quinta. Normativa de aplicación
Sexta. Nulo incremento del gasto
Anexo único. Criterios de valoración
El Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo integra, entre otras iniciativas de formación, la formación de oferta, que comprende los planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados y las acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados con el fin de ofrecerles una formación ajustada a las necesidades del mercado de trabajo y que atienda a los requerimientos de productividad y competitividad de las empresas y a las aspiraciones de promoción profesional y desarrollo personal de los trabajadores, de forma que les capacite para el desempeño cualificado de las distintas profesiones y para el acceso al empleo.
La Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, modificada por Orden ESS/1726/2012, de 2 de agosto, desarrolla el Real Decreto citado en materia de formación de oferta y establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación. La citada orden, desarrolla dicha formación de oferta con el objetivo de integrar y dar un tratamiento coherente y unitario a toda la formación de oferta que se dirija al conjunto de trabajadores, trascendiendo la visión estanca de, por un lado, ocupados y, por otro, desempleados, favoreciendo que los trabajadores puedan optar asimismo a un reconocimiento efectivo de la formación que reciban.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, regula los requisitos de concesión y justificación de las subvenciones concedidas en la Administración del Estado. En esta ley se recogen artículos que tienen carácter básico, por lo que son de aplicación a la normativa de esta comunidad autónoma y, consecuentemente, a esta orden.
El Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, que regula los certificados de profesionalidad, establece para la impartición de los certificados, los requisitos que han de reunir los formadores, espacios, instalaciones y equipamientos necesarios para la realización de las acciones formativas, así como la adquisición de la competencia profesional correspondiente; los criterios de acceso de los alumnos/as, el contenido y características de los módulos de formación en centro de trabajo y la evaluación continua de los alumnos/as. Asimismo, la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 34/2008, introduce novedades en la gestión, impartición y seguimiento de las acciones formativas vinculadas a los certificados de profesionalidad.
En consecuencia, se hace necesario mantener una oferta formativa que responda a las necesidades de formación de la población desempleada en función de las exigencias del mercado laboral, teniendo en cuenta el incremento de la importancia de la formación certificable.
Esta oferta incluye acciones formativas que contribuyen a alcanzar los objetivos señalados en la Estrategia española de activación para el empleo 2014-2016, aprobada por Real Decreto 751/2014, de 5 de septiembre, concretados en el Plan Anual de Política de Empleo y tenidos en cuenta en el Plan Estratégico del SERVEF para el periodo 2014-2020, que define entre sus objetivos estratégicos, la mejora efectiva de la empleabilidad de los valencianos, fijando como objetivos específicos, el de mejorar la cualificación profesional de los trabajadores a lo largo de toda su vida laboral y que esta responda a las necesidades de los sectores económicos valencianos presentes y futuros.
Se continua asimismo en la presente orden con la modalidad denominada Formación Modular Transversal, que, teniendo toda ella carácter certificable, tiene como objetivo mejorar la empleabilidad del alumnado, incrementando sus posibilidades de inserción laboral en función de su perfil previo. Se trata de acciones de corta duración y elevado impacto que permitirán atender a un mayor número de desempleados cuyo perfil no requiera de una formación de mayor duración y que les permita adquirir determinadas competencias comunes a un conjunto de certificados. Cabe destacar especialmente que se ha continuado con la incorporación de módulos formativos que permitirán a los trabajadores formados disponer de las preceptivas autorizaciones para el desempeño de actividades profesionales reguladas. En el presente ejercicio, al manejo de carretillas elevadoras y de manipulación de alimentos, se ha incorporado la de los trabajos en altura en árboles y control fitosanitario.
En la línea de facilitar el acceso a la formación profesional para el empleo a los colectivos más vulnerables, se planificarán nuevas especialidades para el colectivo de discapacitados intelectuales, al que se ha de respetar siempre en su dificultad para acceder a muchas de las especialidades vinculadas a Certificado de Profesionalidad por el carácter reglado de estas, que no permite la necesaria flexibilidad en su impartición para adaptarse a este colectivo de trabajadores.
Se han tenido en cuenta las previsiones de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, en la que se establece que con carácter general, que las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva estarán abiertas a todas las entidades de formación que cumplan los requisitos de acreditación y/o inscripción conforme a la normativa vigente.
Asimismo, se mantiene, dirigido al conjunto de trabajadores que buscan mejorar su empleabilidad y, al amparo del Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, que creó un nuevo escenario en la promoción del autoempleo, la necesaria sensibilización en materia de emprendedurismo, incorporando, en todas las especialidades planificadas, como formación complementaria, un modulo formativo relativo al fomento y promoción del trabajo autónomo, con el objetivo de fomentar el espíritu emprendedor, de identificar oportunidades de negocio, utilizando los recursos disponibles con especial referencia a las posibilidades que ofrecen las redes sociales, de conocer el proceso lógico asociado al diseño y puesta en marcha de un proyecto empresarial, incluido el diseño comercial de páginas web, y de conocer los trámites a seguir a la hora de iniciar un plan de negocio, fomentando los valores de la responsabilidad económica, laboral, social y ambiental en la actividad empresarial.
También se ha tenido en cuenta el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 (y más por la reciente publicación de la Resolución de 14.10.2014, de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, que publica el convenio de colaboración con nuestra Comunitat Valenciana). Estas disposiciones han significado un impulso, entre otros programas, del fomento de la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas. Así, se ha procedido a dimensionar una formación, a través de certificados de profesionalidad, que facilite a las empresas personal debidamente certificado y a los trabajadores el reconocimiento de una cualificación que aumente sus oportunidades de empleabilidad, contribuyendo de esta manera al cambio de modelo en el sector productivo a través de la recualificación de los trabajadores.
Las presentes bases se dictan en uso de las competencias de autoorganización de la Generalitat y de las especialidades de procedimiento administrativo derivadas de ella de acuerdo con lo previsto en el artículo 49.1.1.ª y 3.ª de l'Estatut de Autonomía, así como aquellas cuyo desarrollo esta reservado a las comunidades autónomas de acuerdo con la legislación básica estatal en materia de subvenciones contenida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Por todo lo anterior, en uso de las facultades que me confiere la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell y el Decreto 157/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, conforme con el Consejo Valenciano de Formación Profesional y conforme con el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana
1. Esta orden tiene por objeto aprobar las bases reguladoras de subvenciones destinadas a la realización en la Comunitat Valenciana de acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas en situación de desempleo y a personas ocupadas, que les proporcionen la cualificación profesional para desempeñar una ocupación adecuada a las necesidades del mercado de trabajo y estimular su inserción laboral y se dicta con el objeto de concretar o desarrollar en el ámbito competencial de la Comunitat Valenciana, lo previsto en la normativa estatal de general aplicación, recogida en la disposición adicional quinta de esta orden.
2. Tendrán la consideración de acciones formativas de carácter prioritario, las dirigidas a tratar de anticipar la formación al nuevo modelo productivo apostando por los sectores más innovadores. Asimismo, se considerarán acciones formativas vinculadas a las áreas prioritarias, aquellas cuyos contenidos se correspondan con internacionalización de la empresa, emprendimiento, innovación y desarrollo tecnológico de los procesos productivos. De acuerdo con lo previsto en la disposición transitoria segunda de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, tendrán asimismo la consideración de prioritarias aquellas relacionadas con las competencias de idiomas, ofimática y tecnologías de la información y comunicación, conocimientos financieros, jurídicos y del funcionamiento de las Administraciones públicas.
En las respectivas convocatorias, se indicarán las acciones formativas que para cada modalidad de las recogidas en el artículo siguiente, merecen la consideración de acciones prioritarias.
3. A los efectos de esta orden, se considera inserción laboral la contratación del alumnado por un empleador distinto del beneficiario, su alta en el régimen especial de personal trabajador autónomo o su incorporación como persona asociada a entidades de economía social.
4. Estas ayudas son incompatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
b) Modalidad Formación Modular Transversal. Podrán ser beneficiarios los centros o entidades de formación acreditados.
d) Con la finalidad de facilitar el acceso a la formación para completar el certificado de profesionalidad a aquellas personas que tengan superados uno o varios módulos y/o unidades formativas del mismo, en las especialidades previstas en cada convocatoria para las modalidades Formación para la Inserción y Colectivos, los centros o entidades de formación interesados podrán solicitar, dentro de las citadas especialidades, vinculadas a la obtención de certificados de profesionalidad, la impartición de uno o varios módulos y/o unidades formativas de los mismos, siempre que con ellos se permita que el 100 % de las personas participantes en dichas acciones formativas completen el certificado de profesionalidad correspondiente, del que deberán tener superados, asimismo, uno o varios módulos y/o unidades formativas.
e) Modalidad Formación a Medida de las empresas: se ejecutará por aquellas empresas o asociaciones empresariales que asuman un compromiso de contratación de al menos el 60 % del alumnado desempleado que haya superado con éxito los módulos propios de la especialidad principal del curso. Mediante esta modalidad también se programarán las especialidades formativas cuyo código finalice con las letras CCC, referente a especialidades que exigen compromiso de contratación.
2. En ningún caso se concederán ayudas para la impartición de módulos o unidades formativas aisladas que no permitan a la totalidad de sus participantes completar un certificado de profesionalidad, sin perjuicio de lo previsto en esta orden para la modalidad Formación Modular Transversal y el colectivo de personas con discapacidad intelectual.
3. Con carácter general, las entidades, deberán disponer de la inscripción o acreditación en la correspondiente especialidad formativa antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes, incluso en el caso de especialidades complementarias. En la modalidad Formación a Medida de las empresas este requisito deberá cumplirse antes de formular la propuesta de resolución, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11 de esta orden.
4. De acuerdo con lo previsto en el artículo 11.3 de la LGS, las sociedades civiles y las comunidades de bienes podrán ser beneficiarios de la subvenciones reguladas en esta orden. Las sociedades civiles, cuando tengan personalidad jurídica propia, deberán acreditarlo documentalmente. En el caso de que dichas sociedades carezcan de personalidad jurídica propia, y las comunidades de bienes en todo caso, deberán hacer constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de la subvención a aplicar por cada uno de ellos. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la LGS.
5. Las acciones formativas deberán estar incluidas en el Fichero de Especialidades Formativas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) vigentes a partir del 1 de enero del ejercicio presupuestario correspondiente a cada convocatoria.
Además de las establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS) y demás normativa de aplicación, son obligaciones de las entidades beneficiarias:
a) Cumplir en la impartición de las acciones formativas las prescripciones que les sean de aplicación en virtud de disposición legal o reglamentaria, incluida la obligación de impartir la formación en los espacios y con los medios formativos acreditados para tal fin.
b) Facilitar y corresponsabilizarse en el seguimiento de la participación de las personas participantes, del aprendizaje y su evaluación, así como en la investigación de metodologías y herramientas necesarias para la puesta al día del sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el SERVEF o cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información les sea requerida de acuerdo con lo previsto en los artículos 45 y 46 de la LGS, así como a los controles y auditorías de calidad que establezcan las Administraciones competentes, cuyos resultados se incorporarán a los registros en los que estén inscritas. d) Mantener las exigencias técnico-pedagógicas, de instalaciones, equipamiento y medios humanos tenidas en cuenta para la acreditación de la especialidad.
e) Comprobar que las personas participantes disponen de los requisitos de acceso, o de las competencias clave para realizar la acción formativa en función de los requerimientos de la misma. f) En tanto que estas ayudas son susceptibles de cofinanciación por el FSE, de acuerdo con lo establecido en los 140 y 141 del Reglamento (UE) número 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, la entidad deberá mantener todos los documentos justificativos relativos a los gastos apoyados por los fondos sobre las operaciones a disposición de la Comisión y del Tribunal de Cuentas Europeo, durante un plazo de dos años a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos definitivos de la operación concluida, siendo que el último ejercicio contable estará comprendido entre el 1 de julio de 2023 y el 30 de junio de 2024.
g) Llevar cuenta separada de la subvención concedida, abriendo las subcuentas necesarias de ingresos y gastos por cada acción subvencionada, y asignando en las subcuentas de gastos, en su caso, la parte correspondiente de gastos comunes imputada a la acción subvencionada. En el caso de entidades sujetas a contabilidad pública, esta obligación se adecuará a los sistemas de contabilización correspondientes.
l) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.
m) Comunicar, en su caso, la renuncia a la ejecución de la subvención concedida en un plazo máximo de 2 meses desde la notificación de la misma. En el caso de que la entidad no haya renunciado dentro de dicho plazo y presente renuncia en un plazo posterior o no ejecute las acciones que le han sido concedidas, se considerará como un incumplimiento de las obligaciones establecidas.
n) Aceptar su inclusión en la lista de entidades beneficiarias que se publicará de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y dar a conocer de forma inequívoca que se trata de una acción subvencionada por el SERVEF y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Servicio Público de Empleo Estatal), de conformidad con las instrucciones y los modelos que al efecto suministre la dirección general competente en materia de formación profesional para el empleo, de acuerdo con lo previsto en el número 4 del mismo artículo.
p) Cuando la entidad beneficiaria de la subvención de acuerdo con su forma de constitución esté sujeta al régimen de derecho privado, y la cuantía en concepto de ayudas o subvenciones recibidas de la administración autonómica o de cualquier otra entidad enumerada en el artículo 3.2 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana de la Comunitat Valenciana, recibida durante el período de un año, por un importe superior a 10.000 euros, deberá dar la adecuada publicidad a la misma, indicando al menos la entidad pública concedente, el importe recibido y el programa, actividad, inversión o actuación subvencionado. La difusión de esta información se realizará preferentemente a través de las correspondientes páginas web. En caso de que no dispongan de página web donde realizar dicha publicidad, podrán cumplir con dicha obligación a través del portal que ponga a su disposición la Generalitat.
q) Las empresas y asociaciones empresariales acogidas a la modalidad Formación a la Medida de las Empresas deberán aportar la declaración en modelo normalizado de las ayudas de minimis recibidas a efectos de comprobación del cumplimiento de los límites establecidos Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013.
1. Los cursos se dirigirán a personas desempleadas que figuren inscritas en un servicio público de empleo, sin perjuicio de la participación de personas ocupadas. Las personas desempleadas deberán representar un porcentaje de al menos el 80 % de los participantes y tendrán preferencia en la selección respecto de las personas ocupadas. Dentro del colectivo de personas ocupadas, tendrán prioridad quienes tengan un contrato temporal o a tiempo parcial.
2. Con carácter general y siempre que cumplan los perfiles requeridos, tendrán la consideración de colectivos prioritarios a efectos de su participación en los cursos las mujeres, en especial las víctimas de violencia de género, las personas con discapacidad (incluida la incapacidad permanente para la profesión habitual), las personas trabajadoras con baja cualificación y las personas mayores de 45 años. Se tendrá especial consideración con las personas menores de 18 años tuteladas por la Generalitat y mayores de 18 años que hayan estado tuteladas hasta cumplirla, así como las personas mayores de 16 años sujetas a alguna de las medidas previstas en el artículo 7.1 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en atención a la especial vulnerabilidad de este colectivo y teniendo en cuenta la importancia de la formación para la inserción en el mundo laboral como actuación tendente a disminuir los factores de riesgo y de marginación. Dichas circunstancias deberán ser tenidas en cuenta en el proceso de selección.
3. Para la modalidad Colectivos, en las convocatorias se determinarán las condiciones y situaciones que deberán reunir los respectivos colectivos.
b) No simultanear cursos de formación para el empleo, aunque exista compatibilidad horaria.
d) Incurrir en más de tres faltas de asistencia no justificadas en el mes. Las faltas de asistencia justificadas no computarán a estos efectos, salvo que representen más del 25 % de la duración de la acción formativa. La entidad impartidora de la acción formativa hará efectiva la baja del participante el día lectivo siguiente al de la comisión de las mencionadas faltas.
Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva, en los términos establecidos en el título I de la LGS.
En la modalidad Formación a la Medida de las Empresas serán concedidas de forma directa a los solicitantes que reúnan los requisitos establecidos, según el orden de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación, desde que el expediente esté completo, mientras exista crédito adecuado y suficiente para atender la correspondiente solicitud, de conformidad con el artículo 23.3 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo.
El procedimiento se iniciará de oficio mediante convocatoria publicada en la base de datos nacional de subvenciones, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y con el contenido necesario que exige su artículo 23.
1. La instrucción del procedimiento corresponderá a las Direcciones Territoriales competentes en materia de formación para el empleo, que podrán recabar de las personas solicitantes la aportación adicional de cuanta documentación se precise para resolver sobre la solicitud y verificarán el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria.
2. Para la valoración de los proyectos se constituirá un órgano colegiado, compuesto por la persona que ostente la Jefatura del Servicio Territorial competente en materia de formación para el empleo correspondiente, que lo presidirá salvo que designe un sustituto, y por un mínimo de tres y un máximo de nueve técnicos designados por aquella. A la vista de la documentación obrante en el expediente y previa ponderación de los criterios recogidos en el anexo único para esta fase, emitirá informe motivado en el que se concrete el resultado de la evaluación.
En el modalidad Formación a Medida de las Empresas, a la vista de la documentación obrante en el expediente y previa comprobación de que se cumplen los requisitos exigidos en esta orden, emitirá una propuesta de resolución, con indicación del cumplimiento de los mismos.
5. Realizadas las valoraciones se emitirá un listado provisional de valoración donde quedará reflejada la puntuación obtenida en cada item de valoración y la puntuación final de cada una de las solicitudes que cumplen todos los requisitos necesarios para ser beneficiarias de estas subvenciones. Este listado se publicará en la página web del SERVEF al objeto de que puedan realizar las alegaciones correspondientes en el plazo de 10 días. Una vez atendidas dichas alegaciones el órgano colegiado emitirá las correspondientes actas motivadas en las que se concrete el resultado definitivo de la valoración con indicación de los factores o criterios tenidos en cuenta en la valoración y su aplicación concreta en sus correspondientes anexos. Los listados de valoración anexos a dichas actas serán publicados en la página web del SERVEF e incluirán las puntuaciones obtenidas en cada item de valoración y la puntuación final obtenidas por las solicitudes que cumplen todos los requisitos necesarios para ser beneficiario de las subvenciones contempladas en la correspondiente convocatoria, sin que quepan alegaciones al mismo.
2. La resolución fijará expresamente el importe concedido e incorporará, en su caso, las condiciones, el compromiso de inserción, las obligaciones y las determinaciones accesorias a que deba sujetarse la entidad beneficiaria.
La cuantía de la subvención se calculará multiplicando el número de horas por el número de alumnado participante y por el correspondiente módulo económico de la especialidad formativa. A estos efectos los módulos económicos aplicables serán los indicados en la página web del SERVEF. En la modalidad Formación Modular Transversal, el módulo económico se indicará en la correspondiente convocatoria. En la Modalidad Colectivos, el módulo económico ascenderá a 8,10 euros. En la modalidad Formación a Medida de las Empresas se establecerá por asimilación a la especialidad y familia profesional correspondiente.
Una vez recaída la resolución de concesión, la entidad beneficiaria podrá solicitar la modificación de la misma. Dicha modificación deberá fundamentarse en circunstancias sobrevenidas durante el plazo de ejecución de la actividad subvencionada y formalizarse con carácter inmediato a su acaecimiento y, en todo caso, antes de la finalización del citado plazo de ejecución.
1. Con carácter general, la ejecución de las acciones formativas se realizará directamente por la entidad beneficiaria, sin que quepa la subcontratación con terceros.
2. En la Modalidad Formación a Medida, cuando la entidad beneficiaria no disponga de la acreditación o inscripción en la correspondiente especialidad formativa, podrá subcontratar por una sola vez hasta el 100 % la realización de la actividad formativa con una entidad homologada o acreditada, en los términos previstos en el artículo 29 de la LGS y 68 de su reglamento. Se deberá aportar, en su caso, el contrato suscrito al efecto con la entidad subcontratista y declaración responsable de la misma, según modelo normalizado, de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones de subcontratación establecidas en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. En todo caso, la contratación de personas físicas para la impartición de la formación subvencionada no se considerará subcontratación.
1. La entidad beneficiaria solicitará del correspondiente centro SERVEF de Empleo la preselección del alumnado desempleado, lo que se comunicará al personal Técnico de Formación. Si en el plazo de 10 días naturales no se facilitan suficientes candidatos o estos no cumplen el perfil o requisitos exigidos, la entidad beneficiaria podrá incorporar al proceso de selección a personas inscritas en un servicio público de empleo o a personas trabajadoras ocupadas, siempre que hubieran solicitado su participación en la acción formativa y se adecuen al perfil del curso.
5. Finalizado el proceso de selección, se levantará acta que firmarán el responsable del proceso y el representante legal de la entidad beneficiaria, donde constarán los siguientes datos: personas preseleccionadas, presentadas a las pruebas con su resultado, seleccionadas y reservas. Se incluirá manifestación expresa de que las personas candidatas seleccionadas cumplen los requisitos formativos y profesionales para cursar con aprovechamiento la acción formativa, en los términos previstos en el artículo 20 del Real Decreto 34/2008, si corresponde a un certificado de profesionalidad, o en el correspondiente Programa Formativo de la especialidad, en caso contrario. Asimismo, cuando se trate de certificados de profesionalidad, si la persona candidata no tuviese el nivel formativo mínimo, se le deberán realizar las pruebas de competencias clave que, en su caso, proceda. De todas estas incidencias se dejará constancia en la citada acta. En el plazo de dos días hábiles, se remitirá una copia del acta al centro SERVEF de Empleo que realizó la preselección.
6. En todo caso, la entidad beneficiaria será la responsable de la selección así como de comprobar que las personas participantes disponen de los requisitos de acceso o de las competencias clave para realizar la acción formativa en función de los requerimientos de la misma.
1. Antes de iniciar la acción formativa, la entidad beneficiaria deberá comunicar, con una antelación mínima de cinco días, de forma fehaciente al personal Técnico de Formación la fecha de inicio de cada curso, con indicación del horario, lugar de impartición, número del alumnado que comienza y la relación nominal del profesorado o personal tutor, con la acreditación de la titulación exigida en el programa formativo que se incluyó en el proyecto. Cuando se trate de acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad la acreditación de los requisitos del personal formador y tutor formador se ajustará a lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y el artículo 29 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, que lo desarrolla.
3. En el plazo de 10 días naturales desde el inicio del curso, la entidad beneficiaria remitirá al Servicio Territorial de Formación para el Empleo la siguiente documentación:
c) Se deberá disponer de una póliza de seguro de accidente, con carácter previo al inicio de la acción formativa, que se ajustará tanto al período de duración teórico-práctico de la acción formativa, como a su horario diario, debiendo cubrir los gastos de accidente «in itinere», los riesgos derivados de las visitas del alumnado a empresas u otros establecimientos que se organicen en apoyo al desarrollo de las acciones formativas.
 El seguro deberá cubrir, según sea el caso, todo el periodo formativo y el módulo de formación práctica vinculado a los certificados de profesionalidad.
 Dicha póliza deberá cubrir los daños que con ocasión de la ejecución de la formación se produzcan por los participantes, quedando el SERVEF exonerado de cualquier responsabilidad al respecto. A tal efecto, la responsabilidad civil frente a terceros se considerará como gasto relativo a la ejecución de la acción formativa.
 Se podrá optar por suscribir una póliza de seguros colectiva, con las indicaciones ya expuestas, que cubra a todo el alumnado del proyecto aprobado.
 En ningún caso, un participante podrá iniciar una acción formativa ni un módulo de formación práctica sin que se haya suscrito la póliza de seguro de accidentes que deberá contener como mínimo las siguientes coberturas:
· Invalidez permanente parcial por accidente, que será la que corresponda según baremo.
1. Los cursos deberán iniciarse durante el ejercicio presupuestario correspondiente a cada convocatoria y finalizar en el plazo que se fije en la convocatoria que en todo caso será dentro del ejercicio siguiente a la misma, sin que puedan iniciarse sin la incorporación de al menos la mitad del alumnado establecido en la resolución. Las entidades deberán iniciar las acciones formativas en el plazo de 2 meses desde la fecha de notificación de la resolución, salvo que por estar impartiendo formación las aulas no se encuentren disponibles en cuyo caso dicho plazo se contará a partir del momento en que finalicen las referidas acciones formativas, fecha que deberá ser comunicada al personal Técnico de Formación.
2. El horario deberá organizarse de manera que la estancia del alumnado en el centro formativo oscile entre cuatro y seis horas diarias, de lunes a viernes, ininterrumpidamente, salvo que la persona que ostente la Jefatura del Servicio Territorial de Formación para el Empleo autorice otro horario. En ningún caso podrá autorizarse un horario inferior a 20 ni superior a 40 horas semanales.
1. Una vez iniciada la acción formativa, la entidad beneficiaria facilitará el seguimiento y control de su desarrollo, para lo que, de acuerdo con las instrucciones que le serán notificadas antes del inicio, aportará la siguiente documentación:
Se considerará que el alumnado causa alta en una acción formativa cuando haya tenido una presencia efectiva de al menos cinco días lectivos.
2. Previo informe de la Jefatura del Servicio Territorial de Formación para el Empleo, la persona responsable de la dirección territorial competente en dicha materia, podrá acordar la suspensión cautelar del desarrollo de la acción formativa cuando:
e) El aula, las instalaciones, el material de consumo o los equipos y dotaciones no se correspondan con los aportados para la inscripción o acreditación. f) El número del alumnado asistente a la acción formativa sea inferior a la mitad del establecido en la resolución de concesión.
g) Concurra cualquier otra causa grave que afecte el normal desarrollo de la acción formativa.
3. A solicitud de la entidad beneficiaria y previo informe del personal Técnico de Formación, la Jefatura del Servicio Territorial de Formación para el Empleo podrá autorizar cualquier modificación sobrevenida en las condiciones de impartición de la acción formativa de carácter menor, cambios de calendario, horario, profesorado, etc.
1. El personal Técnico de Formación y el alumnado evaluarán mediante la cumplimentación de modelos normalizados la calidad de los cursos de Formación Profesional en los que participen. Las entidades beneficiarias facilitarán dicha evaluación y serán informadas de su contenido y resultado.
2. La dirección territorial competente, previa petición telemática formulada por las entidades beneficiarias, expedirá el certificado individualizado de aprovechamiento del alumnado que haya superado el curso o alguno de sus módulos, con detalle de los módulos superados y su duración, el módulo de PPNL/FCT, su duración y la empresa donde se han desarrollado. Asimismo se consignarán los datos de registro del certificado.
a) Un acta que deberá contener el aprovechamiento del alumnado asistente. Se acompañará el justificante de haber solicitado telemáticamente el certificado individualizado de aprovechamiento, en su caso.
b) En el caso de incluir el módulo de PPNL/FCT y con el visto bueno del personal tutor de la empresa, la relación nominal del alumnado participante, con el detalle individualizado de los días y horas de asistencia.
1. En las especialidades relacionadas con certificados de profesionalidad amparados en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, las PPNL/FCT, tienen carácter modular y tanto su duración como su desarrollo y las condiciones de impartición están reguladas en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y en la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, que lo desarrolla, así como en los correspondientes reales decretos que regulan cada certificado de profesionalidad.
2. A solicitud del alumnado interesado, la dirección territorial competente en materia de formación para el empleo expedirá el certificado de exención para realizar este módulo, de conformidad con el artículo 5. bis. 4 del Real Decreto 34/2008, y el artículo 26.1 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, previa presentación de la documentación acreditativa recogida en el apartado 5 del artículo 5. bis, del citado Real Decreto 34/2008.
a) No distar el centro de trabajo más de 30 kilómetros del centro formativo, salvo que se justifique su necesidad y sea expresamente autorizada por la Jefatura del Servicio Territorial de Formación para el Empleo.
c) Para la Modalidad Colectivos, se exceptúan los requisitos contemplados en los apartados a y b, si bien las empresas o centros de trabajo deberán adecuarse a las necesidades del alumnado.
1. Al exclusivo objeto de la realización del módulo de PPNL/FCT, se precisará la suscripción de un acuerdo entre el representante o responsable del centro formativo y la empresa o el representante o responsable del centro de trabajo, según modelo normalizado incluido en la aplicación e-sidec.
2. Los acuerdos suscritos se facilitarán con anterioridad al inicio del módulo de PPNL/FCT al personal Técnico de Formación, que lo remitirá a la Inspección Provincial de Trabajo tras comprobar que cumplen todos los requisitos.
2. El centro de trabajo/empresa designará entre personal cualificado un responsable de la tutoría de empresa por cada 5 participantes o fracción, cuyas funciones serán las siguientes:
3. Los contenidos formativos, que deberán ajustarse a lo establecido en el Real Decreto que regula el correspondiente certificado de profesionalidad, deberán notificarse al alumnado y a los representantes legales del personal trabajador de las empresas donde esté prevista su realización. El desarrollo del módulo de PPNL/FCT de un certificado de profesionalidad, deberá incluir criterios para la evaluación, observables y medibles y recoger, al menos, la información que se indica en el anexo VIII de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, que desarrolla el Real Decreto 34/2008, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 24.
4. En colaboración con el responsable de la tutoría de empresa, el seguimiento y evaluación del alumnado corresponderán al profesor/a-tutor/a del centro formativo que haya impartido alguna unidad formativa o módulo propio de la especialidad.
5. Una vez finalizado el módulo de PPNL/FCT, el profesor/a-tutor/a emitirá un informe sobre el resultado del plan de seguimiento y la evaluación realizada, que incluirá una relación de los días y horas de dedicación, y se certificará por la entidad beneficiaria.
3. En ningún caso, el coste de adquisición de los bienes y servicios cuyos gastos sean subvencionables, podrá ser superior al valor de mercado.
4. La entidad beneficiaria deberá adjuntar a la justificación un informe económico fundamentando que los costes máximos del proyecto presentado se ajustan al valor de mercado relacionado directamente con la modalidad y formación prevista a impartir. Este informe podrá ser valorado por un equipo técnico del órgano instructor con la finalidad de apreciar motivadamente si los costes aportados son acordes o no a los valores de mercado, tal y como establece el artículo 33 de la LGS.
5.1.2. Gastos de control de la calidad de la docencia: Este tipo de gastos solo será elegible si se ha especificado expresamente en el proyecto que acompaña a la solicitud de la acción formativa y en sus mismos términos. Esta actividad que no podrá ser desempeñada por personal que haya impartido docencia en la misma acción formativa, se desarrollará por personal licenciado en psicología, pedagogía o sociología y/o personal con experiencia demostrada en estas funciones. Por este subconcepto se admitirá como máximo el 5 % de la subvención concedida.
En el caso de que el servicio se preste por personal propio de la entidad beneficiaria, esta deberá presentar un informe adjunto a la nómina del personal que indique el total de horas dedicadas a la acción formativa, así como el precio por hora, de tal manera que el total del importe de la nómina incluya el coste de la acción formativa.
5.1.3. Gastos de amortización de equipos didácticos y plataformas tecnológicas. La amortización será calculada con los criterios aceptados en las normas de contabilidad. Podrá incluirse el alquiler o arrendamiento financiero de los mismos, excluidos sus intereses, soportados en el periodo de ejecución de las acciones formativas.
5.1.5. Gastos en bienes consumibles empleados en la realización de las acciones formativas, incluyendo el material de protección y seguridad.
5.1.6. Los gastos de los tres apartados anteriores deberán presentarse debidamente desglosados por acción formativa y se imputarán por el número de participantes en el caso de uso individual de los equipos o plataformas, en otro caso se imputarán por horas de utilización.
5.1.7. Gastos de alquiler, arrendamiento financiero, excluidos sus intereses, o amortización de las aulas, talleres y demás superficies utilizadas en desarrollo de la acción. Los gastos de amortización se calcularán según normas de contabilidad generalmente aceptadas, siendo de aplicación el método de amortización según las tablas aprobadas por el Reglamento del Impuesto de Sociedades. Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por acción formativa y se imputarán por el período de duración de la acción y el espacio utilizado en el caso de locales.
5.1.8. Gastos de seguros de accidentes de los participantes. Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por acción formativa y su imputación se hará por el número de participantes.
5.1.9. Los gastos de publicidad para la organización y difusión de las acciones formativas, exclusivamente cuando exista autorización expresa para ello. Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por acción formativa.
5.2.2. Gastos financieros directamente relacionados con la actividad subvencionada que resulten indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la misma. No serán subvencionables los intereses deudores de las cuentas bancarias.
5.2.3. Otros costes: Luz, agua, calefacción, mensajería, correo, limpieza y vigilancia, asociados a la ejecución de la actividad formativa.
5.2.4. Los costes asociados habrán de imputarse por la entidad beneficiaria a la actividad subvencionada en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas de contabilidad generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al período en que efectivamente se realizó la actividad.
b) Se admitirán gastos de personas o entidades vinculadas a la entidad beneficiaria. A dichos efectos se considerará que existe vinculación cuando concurra alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 16.3 del Texto Refundido de la Ley del impuesto sobre sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. En todo caso se aportará una declaración responsable manifestando la concurrencia o no de las referidas circunstancias y en caso afirmativo se acompañará un informe justificativo del método utilizado para la determinación del valor normal de mercado de acuerdo con lo previsto en el número 4 del mismo artículo.
c) El compromiso voluntario de inserción adquirido en los términos del artículo 2.6 de esta orden se acreditará aportando copia del contrato formalizado. En caso de que se aporten altas en el régimen especial de personas trabajadoras autónomas o como personas socias en una cooperativa de trabajo asociado para justificar la inserción realizada, se acompañará una declaración responsable y personal del alumnado insertado, con una breve descripción de la actividad, el domicilio donde se desarrolla y la aceptación de la obligación de aportar la documentación fiscal acreditativa que le sea requerida, que en caso de no aportarse supondrá incumplimiento del compromiso y la correspondiente minoración de la ayuda, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran recaer tanto al alumnado como a la entidad beneficiaria.
d) A efectos de lo previsto en el artículo 73 del RLGS, deberá constar en los justificantes originales, independientemente de la obligatoriedad de su aportación a la Administración en primera instancia de acuerdo con el sistema de justificación aplicable, el número de expediente y la cuantía imputada. Dicho dato se incorporará por la entidad beneficiaria mediante estampillado sobre el original del documento. Una vez estampillado, en el caso de que tengan que aportarse, serán válidas las copias compulsadas de los mismos. e) La cuenta justificativa deberá presentarse en el plazo máximo de 2 meses desde la fecha de finalización de la acción formativa subvencionada. En la modalidad Formación a Medida dicho plazo será de 3 meses. Deberán acompañar a la misma, en su caso, la copia de los contratos que acrediten el cumplimiento del compromiso de inserción junto con los documentos acreditativos de las altas en la Seguridad Social, siendo válidas en este último caso las altas en el régimen especial de personas trabajadoras autónomas, y el alta como persona socia en una cooperativa de trabajo asociado.
Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera efectuado la presentación de la indicada documentación, por el Servicio Territorial de Formación para el Empleo correspondiente se aplicará lo previsto para estos casos en el RLGS.
1.º Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con indicación de la persona acreedora y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago, así como la cuantía imputada en su caso.
2.º Las facturas, nóminas, documentos TC1 y TC2 y en su caso los documentos 111 y 115 trimestral y 180 y 190 anual etc. o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa del pago. 3.º Indicación de los criterios de reparto de los costes incorporados a la relación de gastos antes citada, que deberá contener suficiente nivel de detalle para que los correspondientes justificantes puedan ser considerados válidos;
6.º En caso de subcontratación, la justificación de la acción formativa se realizará mediante la facturación de la entidad subcontratista a la entidad beneficiaria. Esta facturación recogerá el coste total de los conceptos subvencionables subcontratados y deberá describir el importe imputado en cada uno de esos conceptos, con la salvedad de que cuando se justifiquen gastos de personal (docencia, control, selección, personal directivo y administrativo, etc.), deberá detallarse el nombre del docente, director, etc., así como las horas dedicadas al proyecto y el precio por hora que se establezca. Las facturas deberán estar pagadas.
La entidad beneficiaria aportará los diferentes documentos justificativos (nóminas, facturas, etc.) de la entidad subcontratista que soporten los gastos declarados en la factura original por cada uno de los conceptos declarados, de tal forma que el órgano gestor pueda cerciorarse que se cumple con lo previsto en el artículo 31.1 LGS, relativo a que en ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado. De estos documentos deberá aportarse, asimismo, la acreditación del pago de los mismos, en soporte papel.
7º Identificación de la subcuenta de ingresos donde se contabiliza la subvención concedida. Relación de subcuentas de gastos utilizadas para la gestión de la subvención.
3. Sin perjuicio de lo previsto con carácter general en la LGS en materia de infracciones y sanciones, y en particular en lo relativo a los supuestos en que la conducta pudiera ser constitutiva de delito, la falsedad de los datos contenidos en la cuenta justificativa de gastos conllevará la perdida del derecho al cobro de la subvención.
1. Procederá la minoración de la subvención y, en su caso, el reintegro total o parcial de la cantidad anticipada, cuando se incurra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 37 de la LGS.
2.1. Falta de impartición de la totalidad de las horas lectivas aprobadas por resolución: determinará la minoración proporcional de la subvención concedida.
2.2. Bajas del alumnado: las minoraciones por este concepto se practicarán sobre todos los costes financiables, a excepción de los relativos a la docencia y control de calidad de esta. Una vez finalizado el periodo de sustitución del alumnado contemplado en la letra a) de este apartado no se minorará la subvención por bajas del alumnado desempleado como consecuencia de su contratación o inserción laboral, o del alumnado ocupado debido a una modificación de sus condiciones de trabajo, así como por la falta de asistencia a algún módulo por estar exento de su realización previa certificación del director Territorial competente.
Sin perjuicio de lo anterior, la diferencia numérica entre el alumnado establecido en la resolución de concesión y el alumnado que finalice el curso determinará la minoración proporcional de la subvención resultante una vez practicada, en su caso, la minoración por horas, y teniendo en cuenta lo siguiente:
a) Antes de alcanzar el 25 % de la duración de la acción formativa, la entidad podrá incorporar nuevo alumnado hasta completar el número que fije la resolución de concesión, y sustituir las bajas con nuevas altas. Cuando se trate de acciones formativas dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad, únicamente se admitirá la sustitución, siempre que no se haya superado dicho porcentaje, si se produce durante los primeros cinco días lectivos desde el inicio de la acción formativa correspondiente al certificado de profesionalidad. Si se produjeran abandonos con posterioridad se admitirán desviaciones por acción formativa de hasta un 10 % del número de participantes que las hubieran iniciado.
c) No se efectuará minoración por la baja de hasta tres participantes del alumnado que en el momento de realizar el módulo de PPNL/FCT carezcan de preparación suficiente, apreciada por el personal Técnico de Formación y autorizada por la Jefatura del Servicio Territorial correspondientes.
2.4. Incumplimiento de la inserción laboral en la Modalidad de Formación a medida, se efectuará una minoración de manera proporcional al grado de incumplimiento del compromiso adquirido, de hasta el 100 %, del importe que resulte tras aplicar, en su caso, las minoraciones por horas y alumnos.
2.5. Justificación insuficiente de los gastos subvencionados, incluidos los correspondientes al control de la calidad de la docencia.
1. De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 6.8 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, se podrá adelantar a la entidad beneficiaria, con carácter previo al inicio de la actividad formativa, hasta un 25 por ciento del importe concedido y hasta un 35 por ciento adicional una vez acreditado el inicio de la actividad formativa, previa presentación del correspondiente aval bancario a favor del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por el importe del anticipo, salvo los supuestos de exención de dicha obligación legalmente establecidos. Para ello, deberá disponer de una cuenta bancaria específica a la que se transferirá el importe del anticipo. La cuenta aportada en el documento de domiciliación bancaria presentado con la solicitud servirá al citado objeto.
El beneficiario deberá depositar la garantía en el correspondiente Servicio Territorial de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública. Una vez obtenida la carta de pago acreditativa del depósito, deberá ser presentada por el beneficiario en el correspondiente Servicio Territorial de Formación para el Empleo como requisito previo e indispensable para el pago anticipado.
 Una vez comprobada de conformidad la adecuada justificación del anticipo.
 Cuando se hubieran reintegrado las cantidades anticipadas.
3. Con carácter previo al cobro la entidad beneficiaria deberá acreditar, mediante declaración responsable, que se encuentra al corriente de sus obligaciones por reintegro de subvenciones, en virtud de lo previsto en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
De acuerdo con el artículo 19.5 de la LGS, los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados a las entidades beneficiarias no incrementarán el importe de la subvención concedida, en razón a su escasa cuantía y a la dificultad de su aplicación a las actividades subvencionadas y de su seguimiento y control.
El alumnado desempleado que participe en las acciones formativas subvencionadas con cargo a cada una de las sucesivas convocatorias, que haya superado con éxito los módulo propios de la especialidad principal, excepto en los casos de alumnado con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % o con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad igual o superior al 65 % en los que no se exigirá este requisito, asimismo se exceptúa dicho requisito al alumnado que no realice el módulo PPNL/FCT por carecer de preparación suficiente de acuerdo con lo previsto en la artículo 24.2.2.c, podrá solicitar las ayudas establecidas en este título de acuerdo con las siguientes condiciones:
 Alumnado desempleado de acciones formativas desarrolladas al amparo de la convocatoria correspondiente al ejercicio presupuestario en curso, cuya fecha prevista de finalización, de acuerdo con la documentación de inicio de curso que debe presentar la entidad, sea anterior al 1 de noviembre de dicho ejercicio presupuestario, las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes a contar desde la fecha de incorporación del alumnado a la acción formativa.
 El alumnado desempleado de las acciones formativas desarrolladas al amparo de la convocatoria correspondiente al ejercicio presupuestario en curso cuya fecha prevista de finalización, de acuerdo con la documentación de inicio de curso que debe presentar la entidad, sea posterior al 31 de octubre del citado ejercicio o cuyo derecho a la ayuda pueda generarse después de dicha fecha como consecuencia de la realización del módulo de PPNL/FCT, presentará las solicitudes en el plazo que determine la convocatoria correspondiente al siguiente ejercicio presupuestario.
a) Ayuda en concepto de transporte: Si el curso se imparte en un núcleo de población distante al menos 6 kilómetros del núcleo de población donde, según su demanda de empleo, el alumnado tenga su residencia, la ayuda ascenderá a 0,19  por kilómetro, con un límite de 20  por día realmente asistido. La distancia se determinará mediante la información disponible en «CartoCiudad» en el geoportal www.cartociudad.es del Ministerio de Fomento, de acceso libre, abierto y gratuito.
b) Ayuda en concepto de manutención: si la asistencia al curso, en horario de mañana y tarde, requiere un desplazamiento de al menos 50 kilómetros, la ayuda ascenderá a 970  por día realmente asistido.
2. El derecho a las ayudas se generará indistintamente por la asistencia a la acción formativa en el centro de formación o como consecuencia de la realización del módulo de PPNL/FCT.
1. La concesión de las ayudas requerirá la presentación por el alumnado de la solicitud en modelo normalizado ante la Dirección Territorial competente en materia de formación para el empleo con carácter preferente, sin perjuicio de poder hacerlo en cualquier otra forma prevista en la legislación vigente en materia de procedimiento administrativo común.
Este procedimiento se podrá incorporar a la plataforma de interoperabilidad de datos.
3. En el caso de alumnado con discapacidad, se podrá prescindir de la exigencia de certificado de discapacidad, si esta información puede ser consultada telemáticamente, con el consentimiento del interesado, recogido en la solicitud. En los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter personal.
La dirección general competente en materia de formación para el empleo, por delegación de la Dirección General del SERVEF, dictará la resolución procedente en el plazo de 3 meses a contar desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá desestimada la pretensión por silencio administrativo, sin perjuicio de que subsista la obligación legal de resolver sobre la petición formulada.
Primera. Información al Consejo Valenciano de Formación profesional
La Dirección General del SERVEF informará al Consejo Valenciano de Formación Profesional de las subvenciones concedidas al amparo de esta orden.
Las ayudas a la formación reguladas en esta orden son compatibles con el mercado común en aplicación del artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y quedan dispensadas de la obligación de notificación establecida en el artículo 108.3 del Tratado y de comunicación de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.4 del Decreto 147/2007, de 7 de septiembre, del Consell, por el que se regula el procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas públicas.
En relación con las personas ocupadas asistentes a las acciones formativas, en su caso, estas acciones van dirigidas a todos los sectores empresas o producciones sin discriminación. En cuanto a la eventual ventaja que pudiera beneficiar a las entidades prestadoras de las acciones formativas, la compensación por la realización de las mismas no supone una ventaja económica para la entidad prestadora del servicio, que se realiza en condiciones normales de mercado y se hace a precios de referencia de mercado.
Las empresas y asociaciones empresariales beneficiarias en la modalidad Formación a la Medida de las Empresas se acogen al régimen de minimis, establecido en el Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. El citado Reglamento se aplicará a las ayudas concedidas a las empresas de todos los sectores, con excepción de:
a) las ayudas concedidas a las empresas que operan en los sectores de la pesca y la acuicultura, regulados por el Reglamento (CE) n o 104/2000 del Consejo (1);
Por otra parte, la aplicación de este régimen supone que la ayuda total de mínimis concedida a una empresa determinada no será superior a 200.000 euros durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales. Cuando la empresa opere en el sector del transporte por carretera el importe máximo aplicable será de 100.000 euros.
A los efectos de determinar el grado de discapacidad de los participantes se aplicarán los criterios establecidos en la disposición adicional tercera del Real Decreto 357/1991. De acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento las personas pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a las personas pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. La acreditación del grado de discapacidad se realizará en los términos establecidos reglamentariamente y tendrá validez en todo el territorio nacional.
Lo dispuesto en la presente orden será de aplicación supletoria, excepto en lo relativo al régimen de subvenciones a las entidades beneficiarias, a las acciones formativas que en materia de formación para el empleo impartan los Centros Propios de Formación y los Centros Integrados Públicos de Formación Profesional de la Generalitat.
Las disposiciones vigentes del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación. La Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo que lo desarrolla.
A efectos de lo previsto en el art. 26.3 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, se indica que la presente orden no conlleva incremento del gasto público para su puesta en marcha y funcionamiento, más allá de los créditos consignados al efecto, en los presupuestos anuales de la Generalitat, dentro del correspondiente programa y línea presupuestaria, para financiar las respectivas convocatorias.
Primera. Facultades de la Dirección General del SERVEF.
Se faculta a la Dirección General del SERVEF, para dictar cuantas instrucciones y adoptar las medidas que considere oportunas para la ejecución y aplicación de la presente orden cuando concurran circunstancias debidamente motivadas; cuando las citadas instrucciones y medidas afecten a una pluralidad indeterminada de interesados deberán publicarse en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (en adelante DOCV).
Asimismo, se le faculta para que mediante resolución que será publicada en el DOCV, pueda, sin necesidad de abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes, redistribuir y desafectar los créditos inicialmente previstos en la convocatoria para un determinado ejercicio, y en el caso de que en el presupuesto de dicho ejercicio existiese crédito disponible, incrementar las dotaciones económicas para adjudicar ayudas a otros proyectos presentados al amparo de la convocatoria y que reuniendo todos los requisitos, inicialmente no pudieran ser financiados por insuficiencia de crédito, ha dichos efectos se podrá abrir una fase adicional a las previstas en la convocatoria, que se resolverá a nivel provincial y a la que se aplicará el módulo económico multiplicado por 0,9. La resolución de estos nuevos proyectos exigirá el informe previo de la respectiva comisión de valoración, y la propuesta del órgano instructor.
Con el objeto de valorar y analizar la calidad de las solicitudes presentadas, las convocatorias determinarán la metodología de valoración práctica, tomando en consideración, de entre las áreas que se relacionan a continuación, aquellas que se consideren más adecuadas, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 6 para la modalidad Formación a la Medida de las Empresas que serán concedidas de forma directa a los solicitantes que reúnan los requisitos establecidos, según el orden de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación, desde que el expediente esté completo, mientras exista crédito adecuado y suficiente para atender la correspondiente solicitud:
A) Adecuación de la oferta formativa a las acciones /áreas prioritarias.
Se valorarán positivamente las acciones que se determinen en la correspondiente convocatoria.
B) Capacidad acreditada por el centro o entidad solicitante para desarrollar la formación.
 El resultado de las encuestas EFO realizadas por el SERVEF al alumnado
 La evaluación EFOTEC del personal técnico de formación, sobre el resultado de la ejecución de cursos impartidos en ejercicios anteriores.
 La implantación de sistemas de gestión de la calidad.
 La experiencia del centro en el desarrollo de actividades relacionadas con la formación y el empleo.
 El grado de ejecución de las acciones subvencionadas en ejercicios anteriores, entre otras.
C) Valoración técnica de las acciones formativas solicitadas.
Se valorará el cumplimiento de las siguientes condiciones:
 Grado de inserción o contratación laboral conseguido por la entidad en ejercicios anteriores.
 Compromiso voluntario de inserción que asuman en la respectiva convocatoria que en caso de incumplimiento se valorará negativamente en la siguiente convocatoria.
D) Aplicación de medidas de Responsabilidad Social.
De acuerdo con lo previsto en las respectivas convocatorias se podrán valorar positivamente, entre otras:
 Aplicación de medidas de responsabilidad social, tomando en consideración el número de personas incluidas en la plantilla pertenecientes a colectivos de personas con diversidad funcional, en riesgo de exclusión social, mujeres víctimas de violencia de género, etc.
 Aplicación de acciones positivas que garanticen y promuevan la igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres.