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Timestamp: 2015-08-29 00:11:38
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Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 19', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 19', 'artículo 18', 'artículo 19', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 14', 'artículo 6', 'artículo 19', 'artículo 6', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 19', 'artículo 17', 'artículo 2', 'artículo 14', 'artículo 6']

Montalvo, Ernesto Alfredo
(Corte Sup., 11/12/1990 Montalvo, Ernesto Alfredo psa. inf. ley 20771.). JA 1991 I 244. Fallos 313:1333.
La Cámara Federal de Córdoba, en su sentencia del 27 de febrero del este año, no hizo lugar a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 6 de la ley 20771, planteada por la defensa del procesado Ernesto Alfredo Montalvo y, por aplicación del artículo 2 del Código P., lo condenó a la pena de tres meses de prisión en suspenso, como autor del delito previsto y reprimido por el art. 14, 2da. parte, de la ley 23737.
Contra ese pronunciamiento su letrado defensor interpuso recurso extrao., el que fue concedido a fs. 114.
Según tuvo por probado el a quo, Ernesto Alfredo Montalvo tenía en su poder 2,7 gramos de marihuana en circunstancias en que era conducido detenido junto con Jorge Alberto Monteagudo como sospechosos del delito de hurto. El hecho ocurrió el 8 de junio de 1986 en las adyacencias de la Unidad Policial de Carlos Paz, provincia de Córdoba.
Sostiene el recurrente que la incriminación de la simple tenencia de estupefacientes para consumo personal en las condiciones en que la llevó a cabo su asistido, tal como se encuentra prevista en los artículos 6 de la ley 20771 y 14, 2da. parte, de la actualmente vigente ley 23737, afecta la garantía constitucional que consagra el artículo 19 de la Constitución Nacional en cuanto ampara todas aquellas conductas que no trascienden al mundo exterior y que, por ende, no ofenden al orden ni a la moral pública.
Para llega a esa conclusión se apoya esencialmente el apelante en los fundamentos expuestos por la mayoría de los integrantes del Tribunal en el precedente que se registra en Fallos: 308:1392.
No paso por alto que el recurrente tacha al pronunciamiento de arbitrario, por cuanto entiende que la Cámara no consideró sus agravios contra el fallo de primera instancia, pero teniendo en cuenta que aquéllos también se refieren a la inconstitucionalidad del artículo 6 de la ley 20771, no corresponde otorgarle a este aspecto de la apelación un tratamiento por separado.
El problema relativo a la constititucionalidad de la incriminación de la tenencia de estupefacientes que durante su vigencia planteó el art. 6 de la ley 20771, fue abordado en numerosas ocasiones por el Tribunal.
En el precedente que se registra en Fallos: 300:254 y aquellos posteriores que siguieron su línea argumental (Fallos: 301:673; 303: 1205; 304:1678 y 305:137), V.E. entendió que ante la creciente difusión de la toxicomanía en el mundo entero y las consecuencias perjudiciales para la sociedad que ello importa, resultaría una responsabilidad inaceptable que los gobiernos de los estados civilizados no instrumentaran todos los medios idóneos, conducentes a erradicar ese mal o, por lo menos, a circunscribirlo a sus expresiones mínimas.
Tuvo además en consideración que el fin primordial de aquella norma era la represión del suministro de las sustancias que, más allá de su empleo legítimo por la medicina, pueden transformarse en materia de un comercio favorecedor del vicio, y que la tenencia por el usuario constituiría la última etapa de ese tráfico.
Posteriormente y con nueva investigación, esa Corte declaró en los casos de Fallos: 308:1392, de acuerdo con el voto mayoritario de tres de sus miembros, la inconstitucionalidad del artículo 6 de la ley 20771, por cuanto consideró que el artículo 19 de la norma fundamental impone límite a la actividad legislativa, consistente en exigir que no se prohíba una conducta que se desarrolla dentro de la esfera privada, entendida ésta como las acciones que se realizan en la intimidad, protegidas por su artículo 18 , sino como aquéllas que no ofenden al orden y a la moralidad pública, esto es, que no perjudiquen a terceros.
Sobre esas bases concluyó entonces que la construcción legal de la norma impugnada, al prever una pena aplicable a un estado de cosas, y al castigar la mera creación de un riesgo, permite al intérprete hacer alusión a perjuicios potenciales y a peligros abstractos y no a daños concretos a terceros y a la comunidad, a lo que añadió que la circunstancia de no establecer un nexo razonable entre una conducta y el perjuicio que causa, implica no distinguir las acciones que ofenden a la moral pública de aquellas que pertenecen al campo estrictamente individual, con mengua del artículo 19 de la Constitución Nacional que obliga a efectuar dicha distinción.
Tuvo además, en consideración que tampoco se encuentra probado que la prevención penal de la tenencia
sea remedio eficiente para el problema que prueba otras medidas que sustituyan las sanciones criminales por un enfoque terapéutico de la cuestión.
Los señores Jueces que en aquella ocasión votaron en disidencia, interpretaron que la citada garantía constitucional circunscribe el campo de inmunidad de las acciones privadas, estableciendo su límite en el orden y la moral pública, y en los derechos de terceros, lo cual es precisado por obra del legislador, quien, en materia penal, es el que crea los instrumentos adecuados para proteger los intereses que la sociedad estima relevantes. Consideraron también que la extensión de ese área de defensa puede ser más o menos amplia según la importancia asignada a cada uno de los bienes, razón por la cual en algunos casos bastará la mera probabilidad, con base en la experiencia, de que una conducta pueda ponerlos en peligro, para que ella resulte incriminada. A partir de ese fundamento concluyeron que el artículo 6 de la ley 20771, al tipificar como delito de peligro abstracto la tenencia de estupefacientes, aunque estuvieran destinados a consumo personal, se sustenta en un juicio de valor efectuado por el órgano constitucionalmente legitimado para ello y que, por lo tanto, resulta en principio irrevisable. Afirmaron entonces que sólo podría se cuestionada dicha disposición si la presunción de peligro subyacente en dicho juicio resultara absolutamente irrazonable, situación que según su criterio no se presenta en el caso.
Tales son, en muy apretada síntesis, los fundamentos que han orientado la jurisprudencia del Tribunal tanto a favor como en contra de la validez constitucional de la incriminación de la tenencia de estupefacientes para consumo personal prevista en el artículo 6 de la ley 20771.
Poco restaría agregar, pues, a esos sólidos argumentos en que se han sustentado los fallos de V.E., tanto en uno como en otro sentido. Sin embargo, la reciente sanción de la ley 23737, cuyo artículo 14, segunda parte, también impugnado por el recurrente, contiene una figura en buena medida similar al artículo 6 de la ya derogada ley 20771, así como la incorporación al Tribunal de nuevos integrantes quienes no han tenido aún oportunidad de emitir juicio sobre este tema, determinan, a mi modo de ver, la necesidad de exponer nuevamente la opinión de este Ministerio que, en parte, ya fuera adelantada al dictaminar con fecha 19 de diciembre de 1989, en los autos R. 487, XXII. «Rossi, Emilio Fabián s/infracción a la ley 20771».
A ese fin creo oportuno recordar, en primer lugar, cuál es el alcance que V.E. ha designado en el precedente de fallos: 306: 1892 a la garantía constitucional cuya afectación se invoca. En el considerando 8º de aquel pronunciamiento quedó establecido que, en relación directa con la libertad individual, el artículo 19 de nuestra norma fundamental, protege jurídicamente un ámbito de autonomía particular constituida por los sentimientos, hábitos y costumbres, las relaciones familiares, la situación económica, las creencias religiosas, la salud mental y física y, en suma, las acciones, hechos o datos que, teniendo en cuenta las formas de vida aceptadas por la comunidad están reservadas al propio individuo, a lo que agregó que nadie puede inmiscuirse en la vida privada de una persona, y que sólo podría ello justificarse por ley, siempre que medie un interés superior en resguardo de la libertad de los otros, la defensa de la sociedad, las buenas costumbres o la persecución del crimen.
En coincidencia con ese criterio el tribunal también dejó establecido en el considerando 4º del caso de Fallos: 308:1392, que la inmunidad de las acciones privadas encuentra su límite en el orden y en la moral pública y en los derechos de terceros.
Debe pues determinarse si la actividad del legislador al incriminar la tenencia de estupefacientes, aún cuando ésta obedezca a las necesidades del propio consumo, se ajusta a dichas pautas o si, por el contrario, las excede.
Creo oportuno recordar que ese delito ha sido tipificado como de peligro abstracto, lo cual demuestra la especial jerarquía asignada al bien jurídico tutelado por la norma, pues de ese modo se ha extendido penalmente su defensa hasta aquellas situaciones que sólo importan, a juicio del legislador, la mera probabilidad de un riesgo para la salud pública.
El particular interés en el cumplimiento de ese fin que importa la sanción de una norma de tales características se ve reflejado en el mensaje del Poder E que acompañó al proyecto que luego de sus modificaciones por el Congreso, dio origen a la sanción de la ley 20771, en cuanto allí se caracterizó al problema de la drogadicción como «un fenómeno de características multifacéticas» que constituye «un verdadero flagelo social».
Además, en el debate parlamentario que precedió a su sanción, también se tuvo en cuenta que el consumo de estupefacientes se ha difundido por todas las naciones del orbe, especialmente entre los sectores jóvenes de la población y que mediante este proyecto se intentó impedir «la desmoralización y la destrucción de la juventud argentina, que constituye el futuro de nuestra patria» (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 19 de septiembre de 1974, pág. 2862/3). A ello se agregó, que esos tipos penales estaban «destinados a la protección de la salud pública» (pág. 2869), que el problema de la drogadicción constituía «una seria amenaza para la salud moral, no sólo de nuestro país sino también de muchas naciones...» (pág. 2875), por lo que resultaba imprescindible «proteger de manera primordial, la salud de nuestra adolescencia y nuestra juventud» (pág. 2877).
Similar preocupación revelan las constancias del trámite previo a la sanción de la actualmente vigente ley 23737, especialmente en cuanto se refiere a la penalización de la mera tenencia cuando por su escasa cantidad y demás circunstancias, sugiere inequívocamente que aquélla es para el consumo personal. Así se advierte en el informe del Dictamen de Mayoría (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, febrero 22 de 1989, págs. 7726 y sgtes.), cuando luego de hacerse referencia a los pronunciamientos de V.E. en los ya citados casos «Bazterrica» y «Capalbo», se afirmó que «el derecho a la intimidad, no puede ser sostenido como valor absoluto», para luego añadir que «al condición de droga ilícita no puede neutralizarse en ninguna de las etapas, más allá de su cuantía, sino a riesgo de desproteger otro valor jurídico que en esta interpretación se privilegia: el de la salud pública». Se expresó además en esa oportunidad que «dicha incriminación se mantiene como protección social a fin de que la norma, operando como preventora general, disuada nuevas conductas». También tuvieron en cuenta los legisladores que suscribieron esa tesis: «los daños personales, familiares y sociales que genera el consumo de drogas, afectando un valor que debe jurídicamente protegerse, cual es la salud pública, máxime cuando en los medios de uso se encuentra una de las causas de contagio de nuevas enfermedades».
También el Tribunal señaló en el precedente de Fallos: 300:254 , consid. 5º, la deletérea influencia de la creciente difusión actual de la toxicomanía en el mundo y, en Fallos: 308:1392, consid. 6º destacó la vigencia de las razones que habían informado aquella apreciación.
Especial énfasis puesto en este aspecto el doctor Petracchi, cuando al emitir su ilustrado voto en aquel pronunciamiento, expresó que «la droga es, indudablemente, una lacra que produce atroces consecuencias en las sociedades modernas» y que una de ellas «es la de que la diseminación y desborde del tráfico y consumo de estupefacientes ha adquirido un volumen tal y tan descomunal, que ha facilitado la conformación de un negocio económico administrado por consorcios internacionales que cuentan a veces con recursos que superan las posibilidades de los propios Estados». También recordó que «una creciente cantidad de víctima de la adicción y narcodependencia ven sus vidas limitadas en múltiples sentidos, se encuentran con su salud física y psicológica seriamente afectada y, por tanto, su existencia, sumamente empobrecida».
La incriminación de la tenencia de estupefacientes, aún cuando ésta fuera para consumo personal, se halla pues dirigida a evitar las consecuencias negativas que para la salud pública pudieran surgir de ese hecho (Fallos: 301:673; 303:1275; 304:1678 y 305:137).
No paso por alto que según la opinión mayoritaria del Tribunal, en el ya tantas veces citado caso «Bazterrica», la inconstitucionalidad ahora alegada por el recurrente, resulta de la circunstancia de no encontrarse demostrado que la incriminación de la simple tenencia evite consecuencias negativas para el bienestar y seguridad general (consid. 9º), lo cual impide, según ese criterio, establecer un nexo razonable entre esa conducta y el daño que causa. Ello implica, a su juicio, no distinguir entre las acciones que ofenden a la moral pública y a aquellas otras que no escapan del campo estrictamente individual.
Sin embargo, y no obstante los extensos fundamentos desarrollados a partir del considerando 10º de dicho pronunciamiento, acerca de la utilidad de la prevención penal de la tenencia como remedio para el problema que plantean las drogas, considero que no puede sostenerse la inexistencia de un nexo razonable entre la incriminación de que aquí se trata y la protección de la salud pública sobre la base de su mayor o menor eficacia como medio para amparar ese bien jurídico, pues ello conduce, en definitiva, al análisis de cuestiones de oportunidad, mérito o conveniencia, que por se de carácter eminentemente político, se encuentran reservadas a la competencia de los órganos encargados de la sanción de la ley, cuyo criterio en este sentido no puede, por ende, ser revisado por V.E. (Fallos: 308:1631 ).
Ello no importa, claro está, desconocer las facultades del Tribunal para declarar la invalidez constitucional de las normas en casos de manifiesta irrazonabilidad pero éste no es, a mi juicio, el caso de autos, donde la cuestión no va más allá de los distintos criterios que informan acerca de las ventajas o perjuicios que para la Sociedad pueda importar la represión de la tenencia de drogas, y que por cierto no son uniformes en la legislación comparada.
En lo relativo a este aspecto estimo oportuno destacar que si bien el consumo de estupefacientes constituye un problema universal, las distintas características de cada nación, así como las posibilidades y recursos con que se cuente para afrontarlo, determinarán en cada caso una solución diversa de acuerdo con aquellas condiciones. El extenso debate parlamentario, particularmente durante el trámite en la Cámara de Diputados que precedió a la sanción de la ley 23737 , demuestra, acabadamente, el carácter polémico del tema e importa, además, una ratificación de las razones que, más allá de su acierto o error, determinaron a nuestros legisladores a incriminar la tenencia de drogas.
Por otra parte entiendo que no puede desconocerse, tal como se ha destacado durante aquel debate parlamentario, que el adicto suele ser «un medio de difusión del vicio» (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, marzo 8 de 1989, pág. 7782) «a quien no se le pueden dar ventajas» (Marzo 9 de 1989, pág. 7800); que «la propia actividad del consumo es por esencia colectiva»; que «El adicto busca a quienes compartan sus experiencias», y que «muchas veces en su necesidad de tener dinero para comprar droga, él mismo se convierte en cómplice del tráfico» (marzo 15 de 1989, pág. 7835).
Frente a tales fundamentos no puede afirmarse, a mi modo de ver, que la incriminación de la tenencia de estupefacientes, aún cuando ésta sea para el consumo personal, no constituya un medio razonable para amparar la salud pública, pues más allá de su acierto o error como herramienta de política criminal, los motivos antes reseñados dan suficiente sustento racional a la decisión del legislador dirigida a lograr una «prevención general que para muchos se va a constituir una valla psicológica importante para no ingresar en un ámbito del cual muchas veces cuesta salir airoso... en la seguridad de que la salud individual contribuye a la mejor salud colectiva y, por ende, al eficaz desarrollo de una nación» (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, marzo 29 de 1989, pág. 7878).
Considero entonces que no puede afirmarse que no exista un nexo razonable entre las figuras previstas tanto por el artículo 6 de la ley 20771, como por el artículo 14 segunda parte, de la ley 23737, y la afectación de la salud pública ni, mucho menos, hacerlo sobre la base del mayor o menor éxito que aquellas normas puedan tener respecto de la protección del interés jurídico tutelado.
Por lo tanto ambas normas no han ido más allá del marco establecido por la disposición constitucional que se invoca para declarar abstractamente punible un comportamiento pues, tal como lo destacara mi antecesor en el cargo, doctor Juan Octavio Gauna, en su dictamen de Fallos: 308:1412, aquél límite «no está dado por el hecho concreto de su trascendencia de la esfera personal, sino por la relevante posibilidad de que ello ocurra», siguiendo así la línea que ilustres predecesores fijaran (dictámenes de los doctores Guastavino de Fallos: 300: 254 y Mario Justo López de Fallos: 301: 673; 303:1205 ; 304:1678 y 305:137).
Puede afirmarse entonces que tanto el art. 6º de la ley 20771, cuanto el artículo 14 , 2da. parte, de la ley 23737, se sustentan «en el juicio de valor efectuado por el órgano constitucionalmente legitimado al efecto, y desde este punto de vista resulta en principio irrevisable. Solo podría ser cuestionada si la presunción de peligro que subyace en dicho juicio resultara absolutamente irrazonable...» (disidencia de los doctores José Severo Caballero y Carlos Santiago Fayt en Fallos: 308:1392), circunstancia esta última que, en virtud de las razones expuestas, no se verifica en el sub judice.
En lo relativo a este aspecto, creo oportuno recordar que, según ha establecido V.E. en los casos de Fallos 308:1848, consid. 6º y 2268, consid. 15º, la misión más delicada de la justicia es saberse mantener dentro del ámbito de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a otros poderes, y ha reconocido el cúmulo de facultades que constituyen la competencia del Congreso de la Nación, como órgano investido de poder de reglamentar los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional con el objeto de lograr la coordinación entre el interés privado y el interés público».
La declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal constituye, pues, un acto de suma gravedad institucional, pues las normas dictadas de acuerdo al procedimiento previsto en la norma fundamental gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente y obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la ley con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable (Fallos: 226:688 ; 242:73; 300:241 y 1087; y sentencia del 8 de septiembre de 1987, dictada en la causa E. 73, XXII «Entel. c/Municipalidad de Córdoba s/sumario».
Por lo tanto, acertadas o no como instrumentos de política criminal, no se advierte que ninguna de esas normas, se haya visto inspirada en otro propósito que no sea la prevención contra los riesgos que para la sociedad trae aparejado el fenómeno de la toxicomanía. No existe pues, ni tampoco el recurrente lo alega, tras de aquellas intenciones otras que transforman en abusiva la actividad del poder político, ni que por ende, revelen que esas figuras penales sean el medio para una injustificada opresión.
No dejo de advertir, sin embargo, que este temperamento adoptado a través de la sanción de las leyes 20771 y 23737, puede en ciertos casos, importar la afectación de otros valores como el derecho a la autodeterminación de la conciencia, a disponer de la salud individual o, incluso, de la propia vida, pero en tanto esas normas persiguen la defensa de un fin superior cual es la protección de la salud pública, aquellos intereses particulares deben ceder ante el carácter general de este último ( Fallos: 306:1892, cons. 8º).
Tampoco paso por alto que no siempre el interés individual debe ceder ante el colectivo, ni que existen ciertos derechos privados que de ningún modo el resto de la sociedad puede afectar, pues ésa es una de las características fundamentales que distingue a nuestro sistema republicano de las formas totalitarias de gobierno, pero no temo equivocarme al afirmar que el consumo de estupefacientes de ningún modo puede ser considerado como la manifestación de uno de esos derechos, y especialmente de la garantía que consagra el artículo 19 de la Constitución Nacional.
Es que el sometimiento del hombre a situaciones que terminan por conducirlo al vicio y, en definitiva, a su autodegradación, no puede, a mi modo de ver, ser general, toda vez que tales conductas no son propias de la dignidad ni de la condición humanas, sino todo lo contrario.
Coincido totalmente con los conceptos básicos (pero equivocados en lo que hace a su aplicación en el supuesto de consumo o tenencia de drogas para uso personal) del doctor Petracchi en el voto antes citado. Acepto la peligrosidad tremenda que para la vigencia de una saludable democracia supone siempre el uso de las palabras prohibir o castigar, en ámbitos de tan difícil delimitación y donde tan fácil es superponer indebidamente conceptos, pero en este tema, no tengo la más mínima duda, que es abonada más que por una humilde pretensión técnica, por una larga, extensa experiencia abogadil.
Creo oportuno aclarar que tal conclusión no significa justificar la legitimidad de las normas impugnadas, sobre la base de que apartan al hombre de los actos que pudiera cometer contra sí mismo, a partir de un concepto ético que le es impuesto, sino que conduce a demostrar por qué razón no debe temerse a que el sacrificio de intereses individuales frente al fin colectivo perseguido pueda importar, en este caso, al afectación de derechos fundamentales.
No se trata pues de sancionar al tenedor de estupefacientes por consumirlos ni por su posible condición de adicto, ni de imponerle una forma de vida que responda a ideales de terceros, sino de amparar a estos últimos de las consecuencias nocivas que la conducta de aquel pueda provocar, sin que para ello sea necesario, reitero, la violación de derechos que, de acuerdo con el texto constitucional, no puedan ser sacrificados en función de interés general. Esto implica la exacta y correcta adecuación a la realidad vital social actual.
Ese también es el sentido, entiendo, del tratamiento previsto por los artículos 9 de la ley 20771 y 16 de la ley 23737, así como de las medidas que, con criterio más moderno, prevé en reemplazo de la pena el nuevo ordenamiento en la materia (artículo 17 y 18 de la ley 23737), adoptando de ese modo un enfoque terapéutico para el problema de la drogadicción, cuya necesidad fue ya señalada por el Tribunal en el considerando 10º de su pronunciamiento de Fallos: 308: 1392, de acuerdo con las sugerencias de la Convención Única de Estupefacientes (30/3/61).
Quiero por último destacar que no existiendo la inconstitucionalidad alegada por el recurrente, la situación del procesado en cuanto al encuadramiento legal de la conducta que se tuvo por demostrada, ha sido bien resuelta por el a quo al aplicar en el artículo 2 del Código Penal, toda vez que el artículo 14 , 2da. parte, de la ley 23737 establece una escala penal mucho más benigna que el artículo 6 de la ley 20771.
En virtud de los fundamentos antes expuestos opino, pues, que corresponde confirmar el fallo impugnado, Buenos Aires, 12 de julio de 1990. Oscar Eduardo Roger.
Buenos Aires, 11 de diciembre de 1990.
Vistos los autos: Montalvo, Ernesto Alfredo p.s.a. inf. ley 20771
1º) Que contra la sentencia de la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, que rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 6º de la ley 20771 y condenó a Ernesto Alfredo Montalvo a la pena de tres meses de prisión de ejecución condicional, por considerarlo autor del delito de tenencia de estupefacientes, interpuso la defensa recurso extraordinario a fs. 97, que fue concedido a fs. 114.
2º) Que el hecho que dio origen a esta causa fue comprobado el 8 - 06 - 1986 cuando el procesado, junto con otra persona, era llevado detenido en un automovil de alquiler, por presumirse que podría estar vinculado a la sustracción de dólares. Al llegar a la depen. policial y descender del vehíc, Montalvo arrojó una bolsita que contenía 2,7 grs. de marihuana, hecho que reconoció al prestar declaración indagatoria a fs. 26.
En primera instancia Montalvo había sido condenado a la pena de un año de prisión de ejecución condicional y un mil australes de multa, por considerárselo autor del delito de tenencia de estupefacientes, en los términos del art. 6º de la ley 20771.
La Cámara, ante la vigencia de la ley 23737 pendiente la apelación del procesado, modificó la tipificación legal de la conducta a él atribuida, por aplicación del art. 2º del CP y la subsumió en el art. 14 2da parte, de la ley 23737, al tiempo que disminuyó la pena, que fijó en 3 meses de prisión de ejecución en suspenso.
Asimismo, señaló que no correspondía pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del art. 6 ley 20771, por haber sido virtualmente desconocida por el Poder Legislativo, al incriminar la ley 23737 la tenencia de estupefacientes en general y para uso personal en el art. 14, primera y segunda parte, respectivamente.
3º) Que la defensa fundó la apelación extraordinaria en la doctrina de la arbitrariedad, gravedad institucional y en la inconstitucionalidad de la norma legal que reprime la tenencia de estupefacientes para uso personal sea el art. 6 de la ley 20771, o el art. 14, segunda parte, de la ley 23737, aspecto sobre el que fue concedido el recurso federal.
Añadió que bajo el pretexto de beneficiarlo con la aplicación de la ley más benigna, se lo perjudicó, al no habérsele posibilitado el ejercicio del derecho de defensa sobre el particular, especialmente en punto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la nueva norma pese a que no demostró que a tal fino no fuese suficiente