Source: https://supremo.vlex.es/vid/696140105
Timestamp: 2019-06-20 03:32:04
Document Index: 284121782

Matched Legal Cases: ['artículo 48', 'artículo 40', 'artículo 73', 'artículo 1', 'artículo 56', 'artículo 139']

STS 1600/2017, 24 de Octubre de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 696140105
STS 1600/2017, 24 de Octubre de 2017
Número de Recurso: 5062/2016
Número de Resolución: 1600/2017
IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. Las disposiciones nacionales que determinan el valor de un bien inmueble a efectos de la fijación de la cuota tributaria exigible en caso de adquisición por herencia pueden no sólo disuadir de la compra de bienes inmuebles situados en el estado miembro en cuestión, sino asimismo provocar la disminución del valor de la herencia de un residente en un Estado miembro distinto de aquél en el que se encuentran tales bienes. Se estima el contencioso administrativo.
Esta Sala ha visto el presente Recurso contencioso administrativo nº 5062/2016 interpuesto por Doña Marisa , representada por el procurador Sr. Sastre Moyano contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 30 de septiembre de 2016 desestimatorio del recurso de reposición interpuesto contra otro Acuerdo de fecha 22 de abril de 2016, sobre responsabilidad patrimonial del Estado legislador. Ha comparecido como parte recurrida la Administración General del Estado.
En escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el 21 de diciembre de 2016 Doña Marisa interpone el presente Recurso Contencioso Administrativo contra la resolución del Consejo de Ministros de fecha 30 de septiembre de 2016, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo de fecha 22 de abril de 2016, relativo a responsabilidad patrimonial del Estado Legislador, con sustento en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de septiembre de 2014, en relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo y reclamado el expediente administrativo, en escrito presentado el 27 de febrero de 2017 se procedió a formalizar la demanda, en la que la parte actora, tras precisar los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que consideró oportunos, interesaba "... dicte Sentencia por la que se anule y deje sin efecto el acto impugnado, es decir la resolución, notificada el día 4 de noviembre de 2016, del Consejo de Ministros de fecha 30 de septiembre de 2016, por la que se acuerda desestimar el recurso potestativo de reposición interpuesto por mi representada contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 22 de abril de 2016 y se reconozca el derecho de mi representada a ser indemnizada en el exceso del importe de las cuotas ingresadas por el ISD en la herencia de su madre, por importe de 372.263,86 euros, tal y como se ha indicado, más el lucro cesante asociado al importe de la referidas cuotas (concepto que equivaldría a los intereses legales calculados desde que se produjo el ingreso de las mismas).
En fecha 22 de marzo de 2017, el Abogado del Estado, se opuso al recurso mediante escrito de contestación a la demanda en el que suplica a la Sala que "... resolver este proceso por sentencia que DESESTIME el recurso contencioso-administrativo interpuesto. Con costas."
Por Decreto de esta Sección de fecha 17 de abril de 2017 se fija la cuantía del presente recurso contencioso-administrativo en 372.263,86 euros; y no habiéndose solicitado el recibimiento a prueba, se concede el término de diez días a las partes para que formulen escrito de conclusiones sucintas, y efectuado dicho trámite por la parte recurrente y recurrida con el resultado obrante en las actuaciones, quedaron conclusas las mismas, señalándose para votación y fallo la audiencia del día 17 de octubre de 2017, en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.
Se interpone el presente recurso contencioso administrativo número 5062/2016 por Doña Marisa contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 30 de septiembre de 2016, desestimatorio del recurso de reposición interpuesto contra otro Acuerdo de fecha 22 de abril de 2016, sobre responsabilidad patrimonial del Estado legislador.
A la vista del objeto del recurso, las pretensiones y alegaciones de las partes, es necesario comenzar por señalar que esta misma Sala y Sección del Tribunal Supremo ha dictado ya la sentencia 1566/2017, de 17 de octubre , en el procedimiento contencioso-administrativo 6/2017, en el que se suscitaba una cuestión en todo punto idéntica a la que se suscita en los presentes autos, hasta el punto de ser la misma resolución la impugnada por afectar a varias reclamaciones. Todo ello obliga a reproducir los argumentos que se exponen en dicha sentencia para la estimación de la pretensión de la recurrente, por imponerlo la unidad de doctrina y la igualdad en la aplicación e interpretación de las normas. En este sentido hemos declarado en la mencionada sentencia:
" Es objeto de impugnación en el presente recurso contencioso administrativo el acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de septiembre de 2016, desestimatorio de la solicitud indemnizatoria formulada por la aquí recurrente... en concepto de responsabilidad patrimonial derivada del abono del impuesto de sucesiones como heredera de su (esposo) -- madre--, en aplicación de una normativa declarada contraria al derecho de la Unión Europea por sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de septiembre de 2014.
De cuanto antecede resulta que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 63 TFUE y 40 del Acuerdo EEE, al permitir que se establezcan diferencias en el trato fiscal de las donaciones y las sucesiones entre los causahabientes y los donatarios residentes y no residentes en España, entre los causantes residentes y no residentes en España y entre las donaciones y las disposiciones similares de bienes inmuebles situados en territorio español y fuera de éste»."
A la vista de las alegaciones efectuadas por la recurrente en la solicitud de reclamación de los daños y perjuicios ocasionados por la vulneración del Derecho de la Unión, ya hemos dicho en la sentencia de referencia;
" La resolución recurrida, común a varias solicitudes indemnizatorias, desestima la reclamación con fundamento, muy resumidamente expuesto, en lo siguiente:
1.- Inexistencia de violación suficientemente caracterizada del derecho europeo (fundamento jurídico cuarto).
2.- Inexistencia de relación de causalidad (fundamento jurídico quinto).
3.- Intangibilidad de las resoluciones firmes (fundamento jurídico sexto).
4.- Improcedencia de la reclamación de abono de la totalidad de lo ingresado por razón del impuesto (fundamento jurídico séptimo).
5.- Culpa concurrente de las Comunidades Autónomas (fundamento jurídico octavo).
SEGUNDO.- Un orden lógico jurídico de enjuiciamiento exige examinar en primer lugar la cuestión invocada por la Abogacía Estado en su escrito de contestación a la demanda y relativa a la necesidad de que sea emplazada la Comunidad Autónoma de (las Islas Baleares) Madrid.
Fundamentada la necesidad de emplazamiento de la Comunidad Autónoma... en que la responsable exclusiva del daño en que se apoya la solicitud indemnizatoria sería, caso de existir responsabilidad, dicha Comunidad, en cuanto la diferencia del trato fiscal entre residentes y no residentes en España es consecuencia de la aprobación por su parte de una normativa que incluye bonificaciones y reducciones, el rechazo de la cuestión procesal planteada ninguna duda ofrece.
La circunstancia de que las Comunidades Autónomas..., al amparo del artículo 48 de la citada Ley 22/2009 (antes artículo 40 de la Ley 21/2001 ), hayan asumido competencia normativas sobre reducciones de la base imponible, tarifa del impuesto, cuantías y coeficientes del patrimonio preexistente y deducciones y bonificaciones de la cuota, no permite considerar que la diferencia de trato que contempla la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tenga origen en la normativa autonómica y, en consecuencia, imputable a la Administración de (las Islas Baleares) la Comunidad de Madrid.
TERCERO.- Superado por lo expuesto el obstáculo procesal esgrimido por la Abogacía del Estado, vamos a proceder seguidamente al examen, a la luz de los escritos de demanda y contestación, de las razones expresadas en la resolución impugnada para denegar la reclamación de responsabilidad patrimonial.
CUARTO.- En el fundamento jurídico cuarto de la resolución recurrida se invoca como primera razón para la denegación de la solicitud indemnizatoria, tal como ya adelantamos, la inexistencia del requisito de una violación suficientemente caracterizada del derecho europeo.
A este respecto, cabe señalar que el tratado no define los conceptos de "movimientos de capitales" y de "pagos". No obstante, es jurisprudencia reiterada que, en la medida en que el artículo 73 B del tratado ha reproducido en lo fundamental el contenido del artículo 1 de la Directiva 88/361 , y aunque ésta fue adoptada sobre la base de los artículos 69 y 70, apartado 1, del Tratado CEE (los artículos 67 a 73 del tratado CEE fueron sustituidos por los artículos 73 B a 73 G del Tratado CE , actualmente artículo 56 CE a 60 CE ), la nomenclatura de los "movimientos de capitales" que la acompaña como anexo mantiene el valor indicativo que le era propio antes de la entrada en vigor de dichos artículos para definir el concepto de movimientos de capitales, entendiéndose que, conforme a su introducción, la lista que incluye no tiene carácter exhaustivo (véanse en este sentido, en particular, las sentencias de 16 de marzo de 1999, Trummer y Mayer, C-222/97 , Rec. p. I-1661, apartado 21, y de 5 de marzo de 2002, Reisch y otros, C-515/99 , C-519/99 a C- 524/99 y C-526/99 a C-540/99 , Rec. P. I-2157, apartado 30).
QUINTO.- Respecto a la inexistencia de relación de causalidad, razón expresada en el fundamento jurídico quinto de la resolución recurrida, con fundamento en que la sentencia de 3 de septiembre de 2014 no ha declarado la incompatibilidad de la norma española con el derecho europeo y en que en ningún momento la sentencia invalida la norma nacional, en cuanto el incumplimiento que declara deriva de la existencia de una diferencia de trato y no de la mera existencia del impuesto, así como en la falta de acreditación por los reclamantes de que la diferencia de trato se ha producido y que ello es consecuencia del simple hecho de no ser residente en España, carece de consistencia y debe rechazarse. En gran medida ese rechazo se justifica con lo dicho en el precedente.
SEXTO.- La tercera razón que expresa la resolución recurrida para denegar la indemnización se circunscribe, conforme ya anunciamos, a la intangibilidad de las resoluciones firmes (fundamento jurídico sexto).
Se expresa en esta última que la impugnación del acta de liquidación o la prescripción del derecho a la devolución de ingresos indebidos, no son circunstancias que impidan la reclamación de responsabilidad con el siguiente argumento: «2º La razón es que la impugnación o revisión de liquidaciones tributarias y la impugnación de la denegación de la reclamación por responsabilidad obedecen al ejercicio de potestades diferentes, que responden a principios, y protegen bienes jurídicos, no coincidentes. "Dicho de otro modo, el objeto y la razón de decidir, son distintos y, en todo caso la acción de responsabilidad obliga a reparar el daño, pero no anula el efecto de cosa juzgada derivado de la sentencia judicial anterior"(cf. entre otras muchas, la sentencia de esta Sección de 24 de febrero de 2016, recurso contencioso-administrativo 195/2015 ).
3º A estos efectos, ya la sentencia del Pleno de la Sala, de 2 de junio de 2010 (recurso contencioso administrativo 588/2008 ), entendió que las normas referidas al instituto de la cosa juzgada deben interpretarse de modo estricto y no extensivo, por lo que la cosa juzgada alcanza a las pretensiones invocadas en el proceso ya fenecido pero no a las distintas y esto último -que sean distintas- cabe apreciarlo respecto del petitum o bien jurídico cuya protección se solicita en un supuesto de reclamación por responsabilidad patrimonial».
SÉPTIMO.- La cuarta razón que recoge la resolución recurrida para denegar la indemnización (fundamento séptimo) es que algunos de los reclamantes pretenden el resarcimiento del importe total de lo ingresado en su día por el impuesto.
OCTAVO.- Respecto a la quinta y última razón expuesta en la resolución recurrida para denegar la indemnización (fundamento de derecho octavo), relativa a que estamos ante un supuesto de culpa concurrente con las Comunidades Autónomas, reiteremos para su rechazo lo ya dicho al tratar la irregular constitución de la relación procesal invocada por el Abogado del Estado.
NOVENO.- Ejercida en el plazo la acción de responsabilidad patrimonial, circunstancia expresamente reconocida en el fundamento de derecho tercero de la resolución recurrida y acreditada, conforme a lo hasta aquí expuesto, la concurrencia de los requisitos exigidos por la Jurisprudencia para apreciar la responsabilidad patrimonial por violación del derecho comunitario por un Estado miembro, procede la estimación del recurso contencioso administrativo y, con revocación de la resolución impugnada, por contraria a derecho, condenamos a la Administración demandada a que abone a la actora la diferencia entre la cuota autoliquidada por el impuesto de sucesiones y la que resultaría por aplicación de la normativa de la Comunidad Autónoma de (Baleares) Madrid vigente al momento del devengo del impuesto, más los intereses legales.
DÉCIMO.- La estimación del recurso conlleva la imposición de las costas a la parte recurrida ( artículo 139.1 LRJCA ), si bien, en atención a la complejidad del tema de debate, y haciendo uso de la facultad que al Tribunal confiere el apartado 3 del indicado artículo, se fija como cuantía máxima a reclamar por la parte recurrente, por todos los conceptos, la cantidad de 4.000 euros más IVA."
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido PRIMERO.- Estimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de doña Marisa , contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de septiembre de 2016. SEGUNDO.- Revocar y dejar sin efecto dicho acuerdo por disconforme a derecho. TERCERO.- Condenar a la Administración demandada al pago de la cantidad resultante de restar de lo abonado por el Impuesto de Sucesiones lo que debiera de abonarse en aplicación de la normativa autonómica de la Comunidad Autónoma de Madrid al tiempo del devengo del impuesto, más los intereses legales. CUARTO.- Imponer las costas a la Administración estatal por importe de 4.000 euros.
Jose Manuel Sieira Miguez Rafael Fernandez Valverde Octavio Juan Herrero Pina Juan Carlos Trillo Alonso Wenceslao Francisco Olea Godoy César Tolosa Tribiño PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Wenceslao Francisco Olea Godoy , estando la Sala celebrando audiencia pública, de lo que, como Letrado/a de la Administración de Justicia, certifico.
STSJ Comunidad de Madrid 1120/2010, 20 de Diciembre de 2010
ATS, 28 de Noviembre de 2017