Source: http://viatijuana.com/noticias/2682
Timestamp: 2019-07-20 12:23:52
Document Index: 350814688

Matched Legal Cases: ['Artículo 44', 'artículo 58', 'artículo 62', 'artículo 64', 'artículo 116', 'artículo 1', 'artículo 18', 'artículo 25', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 105']

Sancionará el PRI a diputados de BC
La Comisión Nacional de Ética Partidaria con fundamento en los artículos 12, 23, 58, 62, fracciones III y VIII, inciso c), 64, 86 fracción XXVI, y 116 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional; así como en los artículos 1, 9, 10, 18, fracciones III y XI, 24, fracción V, y 25 del Código de Ética Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, conforme a los siguientes
i. Que el 17 de octubre de 2014 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el Decreto número 112 de la XXI Legislatura del Congreso del Estado, mediante el cual se aprobaron reformas a diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Libre y Soberano de Baja California, que en su Octavo Transitorio establece:
ii. Que en el proceso electoral ordinario 2015-2016 en Baja California resultaron electos los diputados Alejandro Arregui Ibarra, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, Edgar Benjamín Gómez Macías, Bernardo Padilla Muñoz y Blanca Patricia Ríos López, quienes se constituyeron como Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la XXII Legislatura.
iii. Que el proceso electoral ordinario 2018-2019 en Baja California inició el 8 de septiembre de 2018.
iv. Que durante la actual XXII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, el Diputado Víctor Manuel Morán Hernández del Grupo Parlamentario de Morena propuso iniciativa de reforma al octavo transitorio del Decreto número 112 de la XXI Legislatura del Congreso del Estado, a fin de ampliar el periodo del gobernador electo en 2019 a cinco años, la cual no fue aprobada.
v. Que el 24 de febrero de 2019, el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de Baja California, por mayoría de dos votos, determinó la inaplicación del artículo octavo transitorio del Decreto 112 de la reforma electoral de 2014 y ordenó al Instituto Estatal Electoral que publicase una nueva convocatoria en la que estableciera que el periodo de la gubernatura se ampliaría de dos a cinco años, al resolver el recurso de inconformidad RI-18/2019 y acumulados promovido por Blanca Estela Fabela Dávalos, cónyuge de Víctor Manuel Morán Hernández.
vi. Que el 27 de marzo de 2019, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el juicio SUP-JRC-5/2019 y acumulados revocó, por unanimidad de votos, la resolución del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California que ordenó al Instituto Electoral de la entidad emitir una adenda a la convocatoria para la elección de gobernador de la entidad, toda vez que la demanda en la que la ciudadana Blanca Estela Fabela Dávalos impugnó la convocatoria para la elección del gobernador del Estado se presentó fuera del plazo de cinco días que establece la legislación local.
vii. Que el 7 de mayo de 2019, el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de Baja California, por mayoría de dos votos, determinó la inaplicación del artículo octavo transitorio del Decreto 112 de la reforma electoral de 2014 y ordenó al Instituto Estatal Electoral que realizase una adición a la convocatoria de la elección a gobernador para ampliar el periodo de dos a seis años al resolver el juicio promovido por el candidato a gobernador de la coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California” Jaime Bonilla Valdez.
viii. Que el 29 de mayo de 2019, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por unanimidad de votos, revocó la sentencia del Tribunal Electoral Local, por ser extemporáneo el juicio promovido por Jaime Bonilla Valdez, quien debió solicitar la inaplicación del octavo transitorio del Decreto 112 de la reforma electoral de 2014 desde el momento de la emisión de la convocatoria del proceso electoral local.
ix. Que el 2 de junio de 2019, se llevó a cabo la jornada electoral en Baja California, en la cual Jaime Bonilla Valdez resultó electo gobernador para el periodo 2019-2021.
x. Que el 8 de julio de 2019, a iniciativa del Diputado Víctor Manuel Morán Hernández, el Congreso de Baja California por 21 votos de 25 posibles, incluyendo los cinco diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, aprobaron reformar el octavo transitorio del Decreto número 112 de la XXI Legislatura del Congreso del Estado, para quedar como sigue
“Para efecto de la concurrencia de la elección de Gobernador del Estado con el proceso federal electoral 2024, el gobernador electo en el proceso electoral de 2019, iniciará funciones el primero de noviembre de 2019, y concluirá el 31 de octubre de 2024.
La reforma al Artículo 44, mediante el cual se adelanta la toma de posesión del Gobernador del Estado al mes de septiembre posterior a la elección, será aplicable al que sea electo en dicho cargo en el proceso electoral de 2024, iniciará funciones el primero de noviembre de 2024 y concluirá el treinta y uno de octubre de agosto del 2030.”
xi. Que el 9 de julio de 2019, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional condenó rotundamente el albazo legislativo mediante el cual el Congreso de Baja California aprobó ampliar de dos a cinco años el periodo de gobierno del mandatario electo Jaime Bonilla, al ser una decisión inconstitucional y un grave ataque a los principios de certeza y legalidad de la elección del pasado 2 de junio.
I. Que conforme al artículo 58 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, la persona que se afilie al Partido adopta su vínculo activo, ideológico y programático con el Partido, protestando cumplir con los Documentos Básicos y el Código de Ética Partidaria.
II. Que en términos del artículo 62, fracción III, de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, los cuadros del Partido deberán regir sus actos de gobierno de acuerdo con el Programa de Acción, el Código de Ética Partidaria, las disposiciones en materia de transparencia y rendición de cuentas y las plataformas electorales sostenidas en campaña,
III. Que el artículo 64 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional dispone que los Consejos Políticos, las Comisiones de Ética Partidaria y las Comisiones de Justicia Partidaria, según corresponda, velarán por el cumplimiento de las obligaciones partidarias a que se refiere este Capítulo.
IV. Que el artículo 116 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional estipula que la Comisión Nacional de Ética Partidaria contará con atribuciones para emitir recomendaciones o extrañamientos a las o los militantes del Partido que desempeñen un cargo o función de servicio público, así como remitir a la Comisión de Justicia Partidaria que corresponda, cuando sea procedente en los términos del Código de Ética Partidaria, los asuntos relacionados con el desempeño de las personas afiliadas al Partido que ejerzan un cargo o función de servicio público.
V. Que de acuerdo con su artículo 1, el Código de Ética Partidaria es la guía de conducta obligatoria para miembros, militantes, cuadros, dirigentes y servidores públicos emanados del Partido Revolucionario Institucional, en el ejercicio de sus tareas partidistas y en el desempeño de funciones públicas.
VI. Que el artículo 18 del Código de Ética Partidaria determina como deberes éticos desempeñar con lealtad y eficiencia las tareas partidistas, los cargos públicos y de elección popular para los que haya sido electo o electa, designado o designada, así como denunciar cualquier delito, falta, omisión o conducta que vaya en contra del Partido, de las instituciones públicas o del interés general.
VII. Que el artículo 25 del Código de Ética Partidaria dicta que cuando existan pruebas fehacientes o elementos suficientes, sobre la realización de conductas contrarias al presente Código, las Comisiones actuando de oficio o a petición de parte de algún o alguna militante, podrán investigar a las y los dirigentes, miembros, militantes, cuadros, precandidatos o precandidatas, candidatos o candidatas, representantes populares, las y los servidores públicos emanados del Partido, siguiendo las reglas establecidas en este Código.
Primero. Se reconoce como un hecho público y notorio que la noche del lunes 8 de julio de 2019, los diputados Alejandro Arregui Ibarra, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, Edgar Benjamín Gómez Macías, Bernardo Padilla Muñoz y Blanca Patricia Ríos López participaron en la sesión del Congreso del Estado de Libre y Soberano de Baja California, en la cual aprobaron reformar el transitorio octavo del Decreto número 112 de la XXI Legislatura del Congreso del Estado, a fin de que el periodo de dos años como gobernador para el que fue electo Jaime Bonilla Valdez se amplíe al 31 de octubre de 2024.
Segundo. La reforma a la Constitución de Baja California contraviene el principio de legalidad previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que, conforme al artículo 9 del Código de Ética Partidaria, consiste en el respeto irrestricto a la Constitución y leyes que de ella emanan, reglamentos y demás disposiciones jurídicas que permiten la salvaguarda del Estado de Derecho.
Tercero. Se emite extrañamiento a los diputados Alejandro Arregui Ibarra, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, Edgar Benjamín Gómez Macías, Bernardo Padilla Muñoz y Blanca Patricia Ríos López, por contravenir el artículo 10 del Código de Ética Partidaria, el cual define que la lealtad implica respeto y fidelidad a los principios contenidos en los Documentos Básicos del Partido y la observancia de las directrices y acuerdos emanados de nuestra Dirigencia, la cual impugnó las sentencias del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de Baja California que pretendieron ampliar el periodo del gobernador electo en el proceso electoral 2018-2019 por ser violatorias del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que determina que las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales, definidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 87/2007 como aquellas que alteran sustancialmente disposiciones que rigen o integran el marco legal aplicable al proceso electoral.
Cuarto. Se remite el presente Acuerdo a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional al tratarse de un asunto relacionado con el desempeño de las personas afiliadas al Partido que ejerzan un cargo o función de servicio público, a fin de que aplique las sanciones que conforme a derecho procedan.
Dado en la Ciudad de México a 10 de julio de 2019.
Por la Comisión Nacional de Ética Partidaria
Lic. Jorge de la Vega Domínguez
Lic. Irma Cué Sarquís
Lic. Guadalupe Gómez Maganda
Lic. María Fernanda Bayardo Salim
Comisionada Suplente
Lic. Ana Francisca Velasco Sodi