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Timestamp: 2018-05-23 15:22:04
Document Index: 225424627

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INF/CNMC/0002/15 INFORME SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LA PROPIEDAD DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS DE LOS JUGADORES DE FÚTBOL POR PARTE DE TERCEROS - PDF
INF/CNMC/0002/15 INFORME SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LA PROPIEDAD DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS DE LOS JUGADORES DE FÚTBOL POR PARTE DE TERCEROS
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Juan Francisco Pinto Muñoz
1 INF/CNMC/0002/15 INFORME SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LA PROPIEDAD DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS DE LOS JUGADORES DE FÚTBOL POR PARTE DE TERCEROS 2 de julio de 2015
2 Índice I. ANTECEDENTES... 3 II. CONTENIDO... 4 III. OBSERVACIONES... 6 III.1. Valoración general... 6 III.2. Observaciones particulares... 7 III.2.1. El encaje legal de la prohibición del TPO... 7 III.2.2. La protección de la integridad de la competición... 9 III.2.3. La protección de los clubs de fútbol III.2.4. La protección de los futbolistas... 13
3 La Sala de Competencia del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante, CNMC), en su reunión de 2 de julio de 2015, ha aprobado el presente informe, relativo a la prohibición de la propiedad de los derechos económicos de los. En fecha 27 de abril de 2015 se recibió en la CNMC solicitud de informe por parte del Presidente del Consejo Superior Deportes (CSD) respecto a la prohibición de la propiedad de los derechos económicos de jugadores de fútbol por parte de terceros en el Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). La documentación adjunta al escrito del CSD consiste en la información enviada por la RFEF al CSD relativa a las modificaciones del Reglamento General de la Federación y a su Código disciplinario. Aparte, también se adjunta un informe de la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LFP) y diversa documentación relacionada con la denuncia presentada por la LFP (junto con la Liga Portuguesa) ante la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea. El presente informe se aprueba en virtud de las competencias que tiene atribuidas la CNMC como órgano consultivo en cuestiones relativas al mantenimiento de la competencia efectiva y buen funcionamiento de los mercados y sectores económicos (artículo 5.2.a de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC). I. ANTECEDENTES La propiedad de los derechos económicos de jugadores de fútbol por parte de terceros (TPO, Third Party Ownership) es una práctica que había ido ganando relevancia en España, normalmente a través de fondos de inversión. Entre los factores que explican el crecimiento del TPO en los últimos años destacan el racionamiento de los mercados financieros, las dificultades económicas específicas del fútbol profesional y la extrema polarización de los operadores (con crecientes diferencias en el desempeño económico y deportivo entre los clubs más grandes y el resto). Estas circunstancias ahondan en la dificultad de competir de los clubs de mediana y pequeña entidad, con lo que el recurso a esta figura era una de las alternativas más asequibles para poder seguir atrayendo a futbolistas de cierto talento. Sin embargo, la FIFA (Fédération Internationale de Football Association) ha procedido a prohibir la figura del TPO en su Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ) a través de su Circular nº1464, de 18 de diciembre de A su vez, la RFEF ha introducido la misma prohibición en su Reglamento General tras su reunión del 28 de enero de 2015, alegando que su adscripción a la FIFA le obliga a actuar de manera análoga. La RFEF procedió a enviar esta modificación de su Reglamento General al CSD, pues una de las competencias de éste último es precisamente la aprobación de los Reglamentos de las Federaciones Deportivas (de acuerdo con la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte). 3
4 Aunque en los preámbulos de las disposiciones de la FIFA y de la RFEF no se incluye una justificación de la prohibición, se han resumido las siguientes justificaciones a través de diversos pronunciamientos de los actores implicados (no sólo de la FIFA y la RFEF sino también de la UEFA): Se genera un potencial conflicto entre los intereses de un club (deportivos) y los de un tercero (económicos). Existen riesgos para la integridad deportiva de la competición, fundamentalmente por la posibilidad de que un tercero disponga de participaciones decisivas sobre derechos económicos de jugadores que compiten en clubs rivales, originándose conflictos de interés y riesgos de influencia o manipulación sobre los resultados deportivos. Se puede generar una excesiva inestabilidad contractual o la falta de transparencia sobre el inversor último en un jugador. Se perjudica la integridad de los profesionales, pues los riesgos de explotación y especulación se centran en los jugadores más jóvenes y vulnerables. Se resiente el fair play financiero, por el que los clubs deben financiarse con ingresos ordinarios y evitar este tipo de inversiones más especulativas. Los beneficios que puede aportar al fútbol profesional en forma de liquidez a corto plazo pueden disiparse a largo plazo, porque las ganancias obtenidas por la rentabilidad de estas inversiones nutren a actores en principio ajenos al fútbol. De la misma manera, aunque a priori los clubs de menor entidad son los mayores usuarios, pueden ser al mismo tiempo los mayores perjudicados, pues el club de destino del jugador (normalmente de mayor entidad) abona la totalidad o parte del importe del traspaso al tercero y no al club de origen (con lo que existe una menor solidaridad financiera hacia clubs de menor entidad, que normalmente tienden a ser también los que relativamente más han invertido en la formación). II. CONTENIDO Siguiendo las disposiciones de la FIFA, la RFEF ha introducido la prohibición de la figura del TPO a través de los siguientes cambios en su Reglamento General: Se modifica el artículo para incorporar el concepto de tercero como cualquier parte ajena a los dos clubs entre los que se traspasa a un jugador o a cualquiera de los clubs anteriores en los que el jugador estuvo inscrito previamente. Se introduce un nuevo artículo 102 bis 2, donde se prohíbe a los clubs y a los jugadores la posibilidad de firmar un contrato con un tercero si éste último tiene el derecho de participar (total o parcialmente) en el valor de un traspaso futuro o en derechos relacionados con futuros fichajes. Esta prohibición surte efecto a partir del 1 de mayo de Se estableció un régimen transitorio entre el 1 de 1 La FIFA introduce este cambio como un nuevo punto 14 en el artículo 1 del RETJ (donde constan las definiciones). 2 La FIFA introduce esta prohibición con nuevo artículo 18 ter del RETJ. 4
5 enero y el 30 de abril, donde se podían seguir formalizando este tipo de contratos pero con una duración que no excediera de un año desde su entrada en vigor. Los contratos ya vigentes seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, si bien no podrán prolongarse. Se modifica el artículo 62 para incluir medidas disciplinarias para los clubs y los jugadores que incumplan esta prohibición, como multas (de entre a ), sanciones de privación de licencia, amonestación pública, partidos en terreno neutral, deducción de tres puntos y descensos de categoría. En el escrito que se adjunta a la documentación aportada por el CSD, la LFP considera que la prohibición de la RFEF es contraria a Derecho por diversas razones: La RFEF arguye que debe someterse a los dictámenes de la FIFA, si bien la LFP estima que dicho acatamiento nunca debe sobrepasar los límites del ordenamiento jurídico nacional. Y la libertad contractual está avalada por los artículos 1255 a 1277 del Código Civil, especialmente el artículo 1257 (donde se señala que si el contrato contuviere estipulaciones en favor de un tercero, éste podría exigir su cumplimiento) y el 1271 (donde se establece que pueden ser objeto del contrato todas las cosas que no están fuera del comercio de los hombres, aún las futuras). Por tanto, los derechos económicos de los deportistas pueden ser objeto de negocios jurídicos (de acuerdo con la doctrina que las califica como res commercium). La jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional (aparte de instancias administrativas) es unánime a la hora de validar estas prácticas de la propiedad por parte de terceros. La titularidad del derecho federativo la ostenta el club actual 3, pero los derechos económicos sí pueden ser propiedad de terceros y ser objeto de negocios jurídicos (al no poder ser considerados res extra commercium). La prohibición de la RFEF vulnera el régimen jurídico de los futbolistas 4 y su actual convenio colectivo, pues impide que el propio futbolista se beneficie de negocios jurídicos de sus propios derechos federativos 5. La prohibición de la RFEF incumple la normativa comunitaria, tanto las libertades básicas del Mercado Único como la normativa de competencia 6. Ello ha motivado la denuncia de la LFP y su homónima portuguesa ante la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea. 3 Es decir, un mismo jugador no puede estar inscrito en dos clubs distintos. Los derechos federativos siempre son propiedad de un club (pasan del de origen al de destino) salvo cuando el jugador está inactivo y no pertenece a ningún club (en cuyo caso el propio jugador es el titular de sus derechos federativos). 4 Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales. 5 El artículo 11.4 del Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, establece que el futbolista tiene derecho a participar en un 15% de un eventual traspaso o cesión de su contrato de trabajo. 6 De acuerdo con el informe de la LFP, los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 5
6 Más allá de la legalidad de la medida, la LFP considera que se trata de una iniciativa discutible desde un punto de vista de racionalidad económica. La propiedad de los derechos económicos por parte de terceros es una práctica habitual que favorece la financiación de los clubs, pues el tercero comparte riesgos con el club en el caso de posibles resultados negativos del deportista. Por tanto, la prohibición de esta práctica redundará en una menor competitividad de los clubs y una menor capacidad para atraer talento. III. OBSERVACIONES III.1. Valoración general En primer lugar, procede aclarar que la CNMC elabora este informe desde la óptica de regulación económica eficiente y promoción de la competencia 7. En ningún caso, se está llevando a cabo un juicio de si la medida analizada debe ser eventualmente considerada una conducta prohibida por restringir o falsear la competencia. Por tanto, en ningún caso debe entenderse que se enjuicia si la medida es encuadrable en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia o en los artículos 101, 102 y 106 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) para lo que ya existen, en su caso, los cauces oportunos. Bajo la premisa anterior, el presente informe emite dos tipos de valoraciones: En primera instancia un juicio, preliminar y a la luz de la información disponible, sobre el encaje legal de la prohibición de la figura del TPO y la validez del cauce formal empleado. A continuación un análisis de la prohibición del TPO desde dicha óptica de regulación económica eficiente y promoción de la competencia, analizando la validez de los argumentos de protección de la integridad de la competición, de los clubs y de los deportistas. Se ha de partir del hecho de que si el mercado ha facilitado la aparición de estas operaciones es porque una multitud de agentes (tanto clubs como jugadores), actuando de manera descentralizada, han considerado que es lo mejor para sus intereses. Por tanto, la prohibición del TPO resulta en una limitación de la capacidad de obrar y de la libertad de empresa, restringiendo el uso de una conducta que en principio es maximizadora de beneficios (o minimizadora de pérdidas). Es por ello que cabe considerar otras opciones regulatorias, que no resulten en la prohibición estricta. A partir de ambos enfoques se considera que no procedería ratificar el cambio en el reglamento de la RFEF conducente a la prohibición de la figura del TPO. 7 Como se ha comentado, este informe se dicta en virtud de las competencias que tiene atribuidas la CNMC como órgano consultivo en cuestiones relativas al mantenimiento de la competencia efectiva y buen funcionamiento de los mercados y sectores económicos (artículo 5.2.a de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC). 6
7 III.2. Observaciones particulares III.2.1. El encaje legal de la prohibición del TPO La prohibición de la figura del TPO parece vulnerar principios normativos básicos recogidos por las más altas instancias nacionales y de la Unión Europea. Por un lado, se atenta contra la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado, garantizada y protegida por el artículo 38 de la Constitución Española de Por otro, se vulneran libertades fundamentales del Mercado Único establecidas por el TFUE, como la libre circulación de capitales (artículo 63), repercutiendo también en la libre circulación de trabajadores (artículo 45). El artículo 38 reconoce la libertad de empresa en el marzo de la economía de mercado e impone a los poderes públicos la función de garantizar y proteger su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. En consecuencia, teniendo en cuenta el margen de limitaciones que las leyes puedan establecer, constituye función de todos los poderes públicos garantizar el ejercicio de la libertad de empresa. Siendo ello así, con carácter general, toda actuación administrativa (acto o disposición) debe interiorizar la necesaria defensa del funcionamiento competitivo de los mercados. A cualquier limitación o restricción que un acto o disposición pueda suponer para el funcionamiento competitivo de los mercados deberá preceder la correspondiente ponderación entre los intereses que se persiguen y aquellos derivados de un funcionamiento competitivo de los mercados. Dicha ponderación se plasma con claridad, en lo que a la iniciativa normativa se refiere (incluido el ejercicio de la potestad reglamentaria), en el artículo 4 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, según el cual: en el ejercicio de la iniciativa normativa, el conjunto de las Administraciones Públicas actuará de acuerdo con los principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. En la iniciativa normativa quedará suficientemente motivada la adecuación a dichos principios. Asimismo, dicha ponderación viene con carácter general también impuesta a las Administraciones en toda actuación (normativa o no) que limite el ejercicio de derechos individuales o colectivos. Así, el artículo 39 bis 8, apartado 1º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC dispone lo siguiente: Las Administraciones Públicas que en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del 8 Introducido por art 2 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva de Servicios. 7
8 interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias. En consecuencia, en el ejercicio de su potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas deben tomar en consideración la necesidad de garantizar el funcionamiento efectivo de los mercados. Toda medida restrictiva de la competencia deberá justificarse sobre la base de los principios de necesidad y de proporcionalidad. Desde este punto de vista, una medida es innecesaria cuando la precisión del objetivo perseguido resulta deficiente o cuando no existe nexo causal entre la restricción y aquél. La ausencia de proporcionalidad significa que la restricción a la competencia, que siempre conlleva un perjuicio en términos de bienestar económico, supone un coste excesivo en relación con el supuesto beneficio derivado de la introducción de la restricción, al existir alternativas plausibles menos gravosas para la competencia, incluida, en su caso, la no regulación. El fútbol profesional constituye una actividad económica 9 y como tal es objeto de la aplicación del TFUE y de otras normas comunitarias como la Directiva de Servicios 10, transpuesta en España a través de la denominada Ley paraguas 11, si bien es verdad que ambas normativas excluyen a los servicios financieros de su ámbito de aplicación. No obstante, los mencionados principios aplicables a la intervención de las Administraciones en la actividad económica se han recogido igualmente en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, aplicable a todos los sectores de la actividad económica. Bajo este prisma de regulación económica eficiente y promoción de la competencia, como veremos en los apartados siguientes, la prohibición del TPO no cumple los principios de necesidad, proporcionalidad y mínima restricción competitiva. Por su parte, la jurisprudencia 12 valida la posibilidad de realizar negocios jurídicos con los derechos económicos de un deportista (como faceta patrimonial de los derechos federativos). Se trata de una interpretación coherente con el artículo 1271 del Código Civil de que pueden ser objeto de contrato todas las cosas que no están fuera del comercio de los hombres, aun las futuras. Por otra parte, no parece procedente que el cauce formal utilizado para efectuar la prohibición del TPO sea una modificación del Reglamento General de la RFEF, cuando se ven afectadas libertades amparadas por las más altas instancias 9 Ver el Asunto C-519/04 P, David Meca Medina e Igor Majcen contra la Comisión de las Comunidades Europeas. 10 Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. 11 Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 12 El último exponente sería la Sentencia del Tribunal Supremo (en Sala de lo Contencioso- Administrativo) 1205/2014, de 24 de marzo de
9 nacionales (como la Constitución Española de 1978) y comunitarias (como el TFUE 13 ). La RFEF (entidad privada, aunque con ciertas atribuciones públicas), debe atenerse al ordenamiento jurídico nacional y comunitario independientemente de las obligaciones derivadas de su adscripción a la FIFA y la UEFA. Por ello, más allá del rechazo de fondo de la prohibición del TPO, la forma utilizada también atenta contra la necesaria seguridad jurídica de los operadores afectados (tanto financieros como deportivos). III.2.2. La protección de la integridad de la competición Uno de los argumentos más generalizados para defender la prohibición del TPO es el riesgo real de que un tercero disponga de participaciones decisivas sobre derechos económicos de jugadores que compiten en clubes rivales. Esto puede generar conflictos de intereses y eventuales manipulaciones, pudiéndose reducir la incertidumbre que debe ser inherente a la celebración de una competición deportiva. Para proteger ese interés legítimo de la libre competencia efectiva entre clubs deportivos, cabe preguntarse si la prohibición del TPO es necesaria y proporcional para lograr tal fin. Desde el punto de vista de su necesidad, la prohibición del TPO no acaba con otras influencias indebidas sobre la competición, como podría ser el caso de los representantes (cuyos jugadores representados compiten en equipos rivales) o de las entidades financieras (que pueden ser los principales acreedores de clubs rivales). Por ello, la necesidad de una medida tan restrictiva, así como los previsibles efectos potenciales a conseguir, es cuestionable. Desde la óptica de su proporcionalidad, existen alternativas menos distorsionantes que la prohibición del TPO a la hora de evitar posibles conflictos de intereses que adulteren la competición. Un ejemplo podría ser la introducción de obligaciones de mayor transparencia, de forma que se pudiera disponer de la información de donde reside la propiedad última de los derechos económicos de cada jugador. En el caso de detectarse comportamientos fraudulentos o contrarios al buen funcionamiento de la competición, podría introducirse un régimen disciplinario transparente y predecible 14 que ofrezca garantías adecuadas de seguridad jurídica a todos los agentes implicados. De hecho, el artículo 102 del Reglamento General de la RFEF 15 ya incluye la prohibición de que el club firme contratos que permitan a terceros o clubs rivales influir de manera decisiva en la política del 13 A pesar de ello existen 3 países en la UE, FRANCIA, R. UNIDO y POLONIA que ya han prohibido por decisión de sus propias ligas la prohibición de acudir a la participación de estos fondos de inversión. 14 En este sentido, resulta llamativo el grado de discrecionalidad del régimen disciplinario actual, donde las sanciones por el recurso al TPO puedan variar tanto de severidad, desde la amonestación verbal al descenso de categoría. 15 Al igual que el artículo 18 bis del RETJ de la FIFA. 9
10 club, con lo que la eventual adulteración de la competición por terceros ya está perseguida. Además, existe normativa específica sobre la limitación a la compra de acciones en sociedades anónimas deportivas por encima de ciertos porcentajes 16. De acuerdo con la definición de tercero introducida por la RFEF (análoga a la de la FIFA), se está excluyendo de estas operaciones a un gran número de operadores: fondos de inversión (específicamente creados para invertir en deportistas y beneficiarse por su revalorización y futuros traspasos u otros de contenido genérico), entidades financieras, otras entidades que participan en los mercados financieros, inversores privados, entidades empresariales, representantes de jugadores, otros clubs de fútbol distintos al actual y a los anteriores del futbolistas, etc. Entre este grupo de agentes se encuentran algunos cuyo interés en adulterar la competición es más que discutible, como sería el caso de un fondo de inversión que tiene muchos más activos en su cartera más allá de los futbolistas y sólo está interesado en que éstos rindan y se revaloricen como cualquiera de sus inversiones. Por ello, la prohibición de su participación resulta desmedida. Aparte, es preciso añadir que algunos de estos agentes están sujetos a una regulación estricta, como es el caso de los fondos de inversión 17 o de los fondos de capital riesgo 18. Esta regulación incluye un régimen de autorización (por la Comisión Nacional del Mercado de Valores) y obligaciones de remisión de información. Por tanto, no hay riesgo de opacidad o de falta de cualificación sobre estos agentes, al contrario de lo que apuntan algunos de los argumentos dados para la prohibición del TPO. En resumen, la integridad de la competición no parece más garantizada a través de fórmulas prohibitorias sino mejorando el grado de transparencia y seguridad jurídica de las exigencias legales ordinarias o especiales de este tipo de fondos, dentro de un proceso de evaluación del resto de mejoras a introducir en la regulación del resto de agentes implicados (representantes, entidades financieras ). 16 El artículo 22.2 de Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, dispone que toda persona física o jurídica que pretenda adquirir acciones de una Sociedad Anónima Deportiva o valores que puedan dar derecho directa o indirectamente a su suscripción o adquisición de manera que, unidos a los que posea, pase a detentar una participación en el total de los derechos de voto de la sociedad igual o superior al veinticinco por ciento, deberá obtener autorización previa del Consejo Superior de Deportes. 17 Regulados por la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. 18 Regulados por la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. 10
11 III.2.3. La protección de los clubes de fútbol Otra de las razones que se han utilizado para la prohibición del TPO es la de que los beneficios generados por la actividad del fútbol deben permanecer necesariamente dentro del mismo sector. Es una corriente de razonamiento que se replica en otro de los argumentos, el del potencial conflicto entre los intereses de un club (deportivos) y los de un tercero (económicos). Dichos argumentos son contrarios a la lógica de una economía de mercado y suponen una discriminación entre fuentes de financiación alternativas. Cualquier actividad económica (y el fútbol profesional lo es) que dependa de financiación ajena debe remunerar el factor de capital empleado. De hecho, no existe un conflicto entre los intereses de un club y las variables económico-financieros, pues un equipo de futbol profesional debe aspirar a ser rentable. La remuneración a las fuentes de financiación más tradicionales (como la bancaria) también supone un desvío de recursos hacia actividades ajenas al fútbol. Por tanto, la prohibición del TPO supone el perjuicio de un tipo de financiación en beneficio de otra (la tradicional deuda bancaria). Por ello, no resulta tampoco justificado que se haya llegado a apuntar que la prohibición del TPO redundará positivamente en el fair play financiero (FFP, Financial Fair Play Regulations), que pretende asegurar un manejo prudente y saneado de los clubs de forma que subsistan con sus ingresos. El TPO precisamente aportaba una alternativa de financiación que no generaba deuda, por lo que su prohibición puede de nuevo conducir a los clubs al abuso del crédito bancario si se carece de recursos propios. Independientemente de lo anterior, también deben analizarse con detenimiento esos códigos de conducta (como el FFP) cuando de alguna manera buscan perpetuar el status quo entre los clubs, anestesiando y adormeciendo la competencia. Cualquier operador (como un club de fútbol) que precise mejorar su competitividad puede necesitar financiación ajena para acometer inversiones productivas (como la compra de un jugador). Si la inversión es exitosa, el club será más productivo y podrá asumir el coste de esa financiación ajena. Por tanto, el recurso a financiación ajena es lógico en una economía de mercado y no debe limitarse de manera injustificada. Sin perjuicio de lo anterior, dentro de ese fair play financiero debe apoyarse firmemente un control riguroso de las posibles ayudas de Estado (o simples ventajas económicas que no lleguen a reunir los cuatro elementos del art del TFUE) por cuanto pueden suponer un cambio distorsionante de la competencia en este sector, especialmente cuando sirve para perpetuar en el mercado a clubs que tienen una gestión económica deficiente permanente. Otra de las cuestiones que se alega para la prohibición del TPO es la protección de los clubs pequeños y medianos, que a corto plazo obtienen financiación de esta práctica pero que a largo plazo no se benefician lo suficiente de la formación 11
12 invertida en los jugadores en sus fases iniciales o de los traspasos. De acuerdo con estos argumentos, los terceros pueden imponer ciertas condiciones abusivas a los clubs más pequeños, de forma que al final los clubs siguen siendo los que asumen el riesgo de que los jugadores no rindan como se esperaba, mientras que los beneficios en el caso de una actuación al contrario se los llevaría ese tercero. La segunda parte del argumento no resulta válida, puesto que si existen abusos de posición de dominio por parte de operadores en concreto, los clubs pueden denunciarlos en sede de las autoridades nacionales y comunitarias de defensa de la competencia haciendo valer la normativa existente. Y, aparte de lo anterior, este enfoque de que la prohibición de la participación de terceros será beneficiosa para los clubs de menor entidad no se sostiene en la realidad, cuando son precisamente estos clubs los que más recurren a esta práctica. Como se ha comentado anteriormente, si los propios clubs (actuando de manera descentralizada) han abrazado esta opción es porque consideraban que es maximizadora de beneficios (o minimizadora de pérdidas). El hecho de que la práctica del TPO haya afectado al fútbol y no a otros deportes se debe precisamente a la generalización del pago de ingentes cantidades por el traspaso de futbolistas, lo que genera una desventaja competitiva para los clubs de menor presupuesto. De hecho, si se entiende el mercado del fútbol profesional desde una perspectiva transnacional, la prohibición del TPO perjudica a los clubs y torneos más modestos, con lo que la alteración de la competencia va más allá de la escala nacional y afecta a mercados europeos y globales. Por otro lado, es preciso tener en cuenta que alguno de los terceros que quedan aislados de participar en estas operaciones por imperativo de la RFEF y de la FIFA pueden revestir la forma de fondos de capital riesgo. Estos fondos no sólo aportan financiación a los beneficiarios sino que también pueden transferir know-how y capacidad de gestión. De nuevo, los más necesitados de know-how y capacidad de gestión son los clubs de pequeño tamaño. Esa profesionalización puede ir desde la gestión económica-financiera (introduciendo mayor rigor y menor propensión al endeudamiento insostenible) a la especialización en la detección, atracción y generación de talento de futbolistas. En definitiva, la prohibición perjudicará presumiblemente a los clubs de menor tamaño (con más racionamiento en el mercado de crédito y más necesidades de profesionalización), favoreciendo indirectamente a los clubs más poderosos (que pueden recurrir a otras fuentes de financiación). Esto altera la dinámica de competición, precisamente en un momento de extrema polarización en el fútbol profesional, cuando las diferencias entre los clubes grandes y el resto son mayores que nunca. 12
13 Más allá del impacto asimétrico en los clubes de fútbol, el sector en general sale perjudicado con esta restricción del principio de libertad de empresa. Con la prohibición del TPO, los clubes pierden capacidad de atraer deportistas de talento, resultando en una menor competitividad. III.2.4. La protección de los futbolistas Otro de los argumentos para la prohibición del TPO es la protección de los profesionales, que a priori pueden verse afectados por inestabilidad contractual o por una mayor vulnerabilidad ante abusos. De nuevo, cabe recordar que, de existir dichos abusos de tipo laboral (como la imposición al deportista-trabajador de condiciones inapropiadas), existen herramientas legales y judiciales para prevenirlos y perseguirlos. Además, como se ha comentado anteriormente, si los propios jugadores (de manera voluntaria) han optado por esta vía para su promoción profesional es porque consideraban que era la mejor opción para su futuro. Es por ello que lo más probable es que la prohibición del TPO también perjudique a los futbolistas, truncando sus posibilidades de desarrollo personal y laboral. Se ha de tener en cuenta que la detección de talento de un futbolista (como la de cualquier profesional) está sujeta a problemas de información asimétrica. En particular, se dan problemas de selección adversa, también conocidos como problemas de tipo oculto o de ventaja informativa ex ante. El hecho de que el club no conozca el talento de un jugador 19 puede llevarle a no contratarle, lo cual puede ralentizar (en algunos casos indefinidamente) la aparición de talento. La irrupción de un tercero especializado en detección de talento de deportistas y en la gestión del riesgo (diversificando sus decisiones por su relación con diversos futbolistas) puede solventar estos problemas de información y hacer que se completen más transacciones. Ello facilita una detección más pronta del talento, que llegará antes a los mejores clubs y será mejor remunerado de acuerdo a su capacidad. En definitiva, a modo de conclusión, la prohibición del TPO es perjudicial para el sector del fútbol, tanto para la competición en sí como para sus clubes y profesionales. La menor remuneración y generación de talento supondrá menor competitividad y calidad del sector, lo que acabará perjudicando en última instancia al bienestar del consumidor. 19 A priori podría pensarse que no existen estos problemas de información, porque el club que desee contratar a un jugador dispone de información sobre su rendimiento, pues ha podido valorar su actuación en equipos anteriores. Sin embargo, sí existen problemas de información, pues el club puede no estar seguro de cómo se adaptará el jugador a una competición o a un equipo más exigentes (si, por ejemplo, procede de un torneo o un club más modestos). 13
14 III Incorrecciones formales 14
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