Source: http://www.dgr.gub.uy/general/normas/leyes/res_2016.html
Timestamp: 2017-01-18 14:11:52
Document Index: 14847422

Matched Legal Cases: ['artículo 65', 'artículo 58', 'artículo 2', 'artículo 17', 'artículo 58', 'artículo 17', 'artículo 58', 'artículo 9', 'artículo 14', 'artículo 66', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 380', 'artículo 380', 'artículo 2']

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resoluciones 2016 normas de interés registral - d | g | r | web - dirección general de registros inicio | resoluciones 85 / 16 16 de agosto de 2016
Montevideo, 16 de agosto de 2016.
La oposición interpuesta por el Señor XXX respecto a la calificación registral de las promesas de compraventa inscriptas provisoriamente en el Registro de la Propiedad Sección Inmobiliaria de Maldonado (ingresadas en Montevideo), con los números 1171, 1177 y 1694, con fecha 4 de febrero, 4 de febrero y 18 de febrero de 2016 respectivamente. Resultando: I) En todas dichas promesas, el Sr. XXX prometió vender al impugnante los inmuebles que se relacionan en las mismas, todos ubicados en la localidad catastral Playa Hermosa del departamento de Maldonado.
II) Las observaciones practicadas por el Registro fueron las siguientes: 1) Falta de pago de la tasa registral (actualmente ya abonadas), 2) En las inscripciones números 1171 y 1177 no se adjuntan las declaraciones juradas y recibos de pago del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales, 3) En la inscripción número 1694 falta el control de Contribución Inmobiliaria, 4) Falta inscribir la sucesión de Joaquina Adorno, la cual se encuentra terminada y 5) Se solicita certificado de información registral del Registro de Maldonado, por los inmuebles objeto de las promesas, adjuntar cédulas catastrales informadas, certificar padrón anterior y respecto al tracto sucesivo se solicita descartar inscripciones posteriores, 6) Las minutas no coinciden con el documento y 7) Certificado Único Departamental.
III) El oponente impugna las observaciones 3 a 5 referidas anteriormente y argumenta en su defensa: a) No corresponde exigir el control de Contribución Inmobiliaria siendo que la inscripción ha sido solicitada por la parte promitente compradora. b) De acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Nº 333/1998, no corresponde el control del tracto sucesivo cuando los herederos prometen en venta de acuerdo con la Ley 8733 bienes cuyo último titular sea el causante, siempre que se haga constar que aquellos son los únicos y universales herederos del titular registral. En este punto, agrega que la sucesión de Joaquina Adorno fue registrada por otros padrones y no puede afirmarse que está mal inscripta cuando lo está en forma definitiva y no existe mandato judicial alguno que mande levantar o cancelar la inscripción. c) No comprende por qué razón se solicita certificado registral por los inmuebles, cuando el propio Registro tiene toda la información digitalizada y puede acceder perfectamente a la historia de cada padrón.
IV) Por otra parte, el oponente expresa que la que se impugna es la octava presentación de cada promesa; afirma al respecto que “Se ha dado sistemáticamente una desviación de poder y abuso de derecho pasible de vía administrativa, anulación ante el TCA y eventual reparatoria patrimonial (…) Se han vulnerado los derechos del administrado y se ha evitado dar una respuesta concreta”. Manifiesta además, que ninguna de las causales de observación previstas en el artículo 65 de la Ley Registral genera la negativa a registrar en este caso, concluyendo que el Registro no ha sido claro ni cristalino en sus conceptos ocasionando un perjuicio al promitente comprador.
V) El Registrador Esc. Daniel Ramos, encargado de la sede de Montevideo, en la cual fueron presentados los documentos objeto de este contencioso, informa que: a) El inscribiente ha presentado y ha dejado caducar en reiteradas oportunidades las solicitudes relacionadas. Es de orden precisar que si una solicitud caduca, nunca constituye una inscripción definitiva por lo que se entiende que no es acertado expresar que “la que se impugna actualmente es la octava inscripción de cada promesa”. En todo caso debió decirse que es la primera vez que se opone a la calificación registral luego de haber dejado caducar tantas veces las solicitudes en cuestión. En efecto, la caducidad en el caso de las inscripciones provisorias, es una sanción a la inacción del peticionante que ha dejado transcurrir el plazo sin alegar o manifestar acuerdo u oposición a la calificación registral. Por tales consideraciones, entiende que son irrelevantes y carentes de fundamentación jurídica las solicitudes tendientes a informar por escrito el motivo de las observaciones, ya que entiende éstas fueron plasmadas al momento de la calificación, correspondiendo al inscribiente iniciar el contencioso registral. b) En consecuencia, tampoco considera de recibo alegar que hubo daño o decisión arbitraria del Registroo que se han vulnerado sus derechos. Cita al respecto las palabras del profesor Juan Pablo Cajarville Peluffo (Sobre Derecho Administrativo, Tomo II, pág.278, segunda edición ampliada, setiembre de 2008, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria), en cuanto a que “la inscripción provisoria en los Registros es un ejemplo típico de “medida provisional” en el sentido estricto recién analizado. Esa inscripción adelanta los beneficios que la inscripción registral proporcionará a los interesados, evitando que sus derechos se vean lesionados en el lapso que insumirá la tramitación del “Contencioso Registral”; mal puede entonces considerarse un acto que cause agravio al peticionario” (subrayado nuestro). c) Respecto a la sucesión de XXX, agrega el Registrador: Entre las varias modificaciones que introdujo la ley 16.871, de 28 de setiembre de 1997, se encuentra la enumeración expresa de determinados principios registrales tales como el de matriculación (artículos 9 y siguientes) y el de tracto sucesivo (artículos 57 y 58). El tracto sucesivo irrumpe en acción para lograr “un perfecto encadenamiento de adquisiciones sucesivas, cronológicamente eslabonadas las unas con las otras, de modo que el transferente de hoy sea el adquirente de ayer, y que el titular registral actual sea el transferente de mañana” (Roca Sastre, Derecho Hipotecario, T.II. pág.308, Barcelona 1968).Y precisamente a través de la matriculación, se determina el ingreso al sistema para la aplicación concreta del principio de tracto sucesivo. Como excepciones, el artículo 58 establece situaciones específicas en las cuales no corresponde controlar la “previa inscripción”, dejando abierta la posibilidad por el numeral 7), que se puedan crear nuevos casos a través de la reglamentación. Entiende que lo previsto por el artículo 2º, numeral 2, del Decreto 333/98, de 17 de noviembre de 1998, contempla una situación de excepción y como tal debe aplicarse estrictamente. Los únicos y universales herederos, en cuanto sean de conocimiento del escribano interviniente, pueden inscribir una promesa de compraventa o enajenación si los bienes figuran a nombre del causante. Pero la inscripción de la promesa en dichos términos sólo es viable si no se ha expedido el certificado de resultancias de autos, ya que de lo contrario, corresponde la aplicación de los artículos 11 inciso 2º, 17 numeral 2) y 57 de la ley 16.871. Calificado el caso concreto y configurado el supuesto legal que determina la aplicación de todo el sistema, el registrador debe actuar conforme al principio de legalidad. En este sentido el certificado de resultancias de autos es un acto previo a efectos del tracto sucesivo. Dada la naturaleza de la norma especial, el Decreto 333/98, no puede derogar la ley que se reglamenta, ya que ésta dispone en el numeral 6) del artículo 17 que se inscribirán “Los certificados de resultancias de autos sucesorios, con el contenido que determine el decreto reglamentario”. Lo que la ley en el artículo 58 numeral 7) faculta, es a establecer nuevos casos distintos a los otros ya previstos en la propia ley, al expresar “los demás”. La reglamentación no puede ser contraria a lo que dispone previamente en el artículo 17 numeral 6) de la ley, ya que la inscripción del “certificado de resultancias de autos” tiene su propia regulación en los artículos 13 y 17 del Decreto 99/98. Agrega que es cierto lo afirmado por el impugnante, en el sentido de que en la base de datos existe inscripta la sucesión de XXX por otros padrones, pero ello no configura una situación de excepción de las previstas en el artículo 58 de la ley 16.871. La matrícula se efectúa por cada bien individualmente considerado (padrón) y es en la misma que deben surgir todas las inscripciones relacionadas con aquél. d) Con relación a la observación que solicita certificado de información por los padrones objeto de la promesa, señala que el inscribiente relaciona padrones actuales derivados de un padrón anterior en mayor área de los cuales el Registro no conoce, ya que es necesario individualizar el plano, solar y manzana, pero además, el peticionante omite expresar que conjuntamente con los certificados de información deben adjuntarse cédulas catastrales informadas, exigencia que consta en las observaciones formuladas. Es una situación de transición que corresponde adecuar a la normativa vigente. Si lo analizamos informáticamente como lo expresa el oponente, efectuamos la consulta por el padrón actual y el sistema no lo informa ya que el antecedente era un padrón anterior en mayor área que no ingresó por padrón individual. No es correcto expresar que “el registro puede acceder perfectamente a la historia de cada padrón”. El padrón antecedente está en mayor área y quien adjudica el número de padrón individual es la Dirección Nacional de Catastro y en tal caso es esta oficina que efectúa el vínculo pertinente. Corresponde contestar que cuando el bien actual mantiene el número de padrón original sí es viable consultar el antecedente pero no es lo que sucede en los casos a estudio. La matriculación debe hacerse por cada padrón individual (artículo 9 numeral 1 de la ley 16871, de 28 de setiembre de 1997) controlando la inscripción antecedente y el Registrador mal puede cotejar si el inscribiente no le aporta los datos necesarios. Ello de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14, numeral 3º, del Decreto 99/98, de 21 de abril de 1998.
IV) La Comisión Asesora Registral estudió el caso en dictamen número 36/2016, asentado en Acta número 412 de fecha 29 de julio de 2016, recibiendo el aporte de la Esc. Mónica Gilardoni, quien agrega que ha constatado en el Registro que los mismos documentos cuya observación impugna el peticionante, fueron presentados con anterioridad y caducaron sin que se levantaran las observaciones ni se opusiera a su calificación: el Nº 1171 es la 12ª vez que se presenta y ocho veces caducó sin abonar la tasa registral, el Nº 1177 es la 11ª vez que se presenta y caducó cuatro veces por falta de pago de la tasa y el Nº 1694 es la 11ª vez que se presenta y seis veces no pagó la tasa. Existe acuerdo y queda fuera de toda duda, a todos los miembros de la Comisión Asesora, la correcta actuación del Registro, ya que en el régimen del artículo 66 de la Ley 16871, una vez presentado un documento a inscribir, el interesado tiene la carga de concurrir a la oficina para interiorizarse de la calificación y si no comparte los motivos, tiene el derecho de impugnarla. En el caso, el interesado recién ahora plantea un contencioso registral, por lo que no puede alegar desviación de poder o abuso de derecho cuando él mismo dejó caducar tantas veces la inscripción. V) En cuanto al fondo de la impugnación, la Dra. Beatriz Gargallo y los Escs. Carlos Milano, Mónica Gilardoni y Carlos Tarrech, comparten íntegramente el fundamentado informe del Esc. Ramos. El Esc. Daniel Cersósimo, por su parte, también comparte, salvo en lo que refiere a la falta de inscripción de la sucesión de Joaquina Adorno, pues considera que el Decreto 333/1998 ampara la posibilidad de registrar las promesas otorgadas por herederos del titular registral “siempre que el escribano actuante haga constar que son los únicos y universales herederos conocidos del titular registral” y no distingue según esté o no terminado el trámite sucesorio. Asimismo, considera que no es correcto, ni hay norma que exija al inscribiente la obtención de certificados de información para posibilitar el estudio del tracto sucesivo, ya que no es un problema del usuario que el Registro de Montevideo no tenga información que sí tiene el de Maldonado. No obstante, estando de acuerdo con el resto de las observaciones, comparte, con los demás integrantes de la Comisión Asesora, que corresponde no hacer lugar a la oposición interpuesta.
I) Que por los fundamentos expresados, esta Dirección General se afilia a lo dictaminado por el Registrador y la Comisión Asesora Registral. II) La importancia que reviste unificar conceptualmente la interpretación de la ley, siendo competencia de la Dirección General de Registros impartir instrucciones generales o particulares con carácter vinculante para los Registradores.
Atento: A lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto por los artículos 3º numerales 3 y 5, 11 inciso 2º, 17 numeral 2), 57, 58 y 66 de la Ley 16871, de 28 de setiembre de 1997, artículos 13 y 17 del Decreto Nº 99/1998, de 21 de abril de 1998 y artículo 2º, numeral 2, del Decreto 333/98, de 17 de noviembre de 1998. EL Director General de Registros,
1º) No hacer lugar a la oposición deducida por el Señor XXX, respecto a la calificación registral de las promesas de compraventa inscriptas provisoriamente en el Registro de la Propiedad Sección Inmobiliaria de Maldonado, con los números 1171, 1177 y 1694, con fecha 4 de febrero, 4 de febrero y 18 de febrero de 2016 respectivamente.
2º) Establecer, como criterio de calificación registral vinculante para los Registradores, que toda vez que los herederos prometan en venta o enajenación de acuerdo a la Ley No. 8.733, modificativas y concordantes, bienes cuyo ultimo titular registral sea el causante y surja del documento que la sucesión se encuentra terminada y en condiciones de expedirse el certificado de resultancias de autos, corresponde controlar su inscripción a los efectos del debido control del tracto sucesivo.
3º) Notifíquese a la interesada y a las direcciones de los Registros de la Propiedad Sección Inmobiliaria de Montevideo y Maldonado y comuníquese a la Comisión Asesora Registral.
4º) Insértese en el sitio web de la dgr el texto de la presente, comunicándose a las direcciones de correo de los usuarios inscriptos en el sistema de novedades de la Dirección General de Registros. Cumplido, archívese.
62 / 16 31 de mayo de 2016
Visto: estas actuaciones, por las cuales la Encargada de la Dirección del Registro Nacional de Actos Personales, Esc. Cristina Guattini consulta, al amparo de lo dispuesto por el artículo 3 numerales 3º y 5º de la Ley 16871, si resultan inscribibles los oficios que comunican la exclusión del embargo genérico de aquellos bienes que no son registrables, como por ejemplo un tractor que no está empadronado municipalmente. Resultando: I) La Registradora explica que en su opinión ello no es posible, en virtud de lo dispuesto por el artículo 380.2 inciso 4º del Código General del Proceso, que establece “el embargo genérico comprenderá los bienes presentes y futuros registrables del embargado”. II) La Comisión Asesora debatió el tema en dictamen Nº 22/2016, asentado en Acta Nº 409, de fecha 19 de mayo de 2016, recibiéndose el aporte del Esc. Carlos Milano, quien expresa: El artículo 380 del Código General del Proceso originalmente establecía en forma taxativa los bienes que resultaban alcanzados por el embargo genérico, a saber: “inmueble, naves, aeronaves, automotores y la universalidad conocida como establecimiento comercial”. La actual redacción estableció en forma genérica y más amplia que “comprenderá los bienes presentes y futuros registrables del embargado”. La doctrina se ha dividido en dos grandes posiciones, por un lado autores como el Dr. Gabriel Valentín han sostenido (“Curso sobre la reforma del Código General del Proceso (Ley 19.090)”. Montevideo: La Ley Uruguay, 2014), que la expresión “bienes registrables” alude a aquellos susceptibles de inscripción en los Registros Públicos y por otro lado quienes como la Esc. Susana Cambiasso (“Taller de Derecho Registral. [CD-ROM]”. Montevideo: Asociación de Escribanos del Uruguay, 2014), sostienen que resultan alcanzados todos aquellos bienes que se inscriban en cualquier Registro, aun cuando tengan carácter administrativo. Para esta posición, bienes como las marcas de fábrica, patentes de invención, privilegios industriales, los animales de pedigree, los bosques registrables, las participaciones sociales, las acciones al portador, los títulos mineros, motocicletas y todos los bienes que estén sometidos a un Registro resultan alcanzados por el embargo genérico. El Esc. Milano adhiere a la primera posición, pero frente a la interrogante que plantea la propia disposición legal, opina que debemos optar por considerar inscribible la exclusión, toda vez que estemos frente a un bien registrable en cualquier Registro, aun aquellos de carácter administrativo, pues la publicidad registral debe brindar certezas y buscar soluciones que amparen la seguridad jurídica. El ejemplo proporcionado por la consultante, de un tractor, dependerá –por su ubicación– si se registra o no en algún municipio u otra oficina administrativa, lo cual, según lo informado por la Esc. Guattini, no se realiza. La Comisión Asesora, compartiendo lo expresado precedentemente, solicita el dictado de una resolución que recoja este criterio con carácter vinculante para los Registradores. Considerando: Que esta Dirección General se afilia a lo dictaminado por la Comisión Asesora Registral. Atento: a lo dispuesto por los artículos 380.2 inciso 4º del Código General del Proceso, 3 numerales 3º y 5º de la Ley Nº 16871, de 28 de setiembre de 1997 y a lo dictaminado por la Comisión Asesora Registral; EL Director General de Registros,
1º) Establecer como criterio de calificación, con carácter vinculante para los Registradores, que debe considerarse inscribible la exclusión de bienes del embargo genérico, toda vez que estemos frente a uno que sea registrable en cualquier Registro, aun aquellos de carácter administrativo.
2º) Notifíquese a los Directores y Encargados de Registros, quienes harán lo propio con los funcionarios a su cargo y comuníquese a la Comisión Asesora Registral.
3º) Insértese en el sitio web de la dgr el texto de la presente, comunicándose a las direcciones de correo de los usuarios inscriptos en el sistema de novedades de la Dirección General de Registros. Cumplido, archívese.
54 / 16 13 de mayo de 2016
Visto: Las resoluciones dictadas por el Señor Ministro de Educación y Cultura Nos. M-350/16 y M-351/16, de fecha 28 de abril de 2016.
Resultando: Las mismas fijan los nuevos valores de tasa diferencial “Servicios registrales” en $ 3.812,00 (pesos uruguayos tres mil ochocientos doce), de la consulta directa al computador en $ 3.041,00 (pesos uruguayos tres mil cuarenta y uno) y del impuesto a los servicios registrales en $ 1.265,00 (pesos uruguayos mil doscientos sesenta y cinco) por certificado; $ 422,00 (pesos uruguayos cuatrocientos veintidos) por segundas o ulteriores ampliaciones de certificados y $ 2.530,00 (pesos uruguayos dos mil quinientos treinta) por cada acto o negocio jurídico.
Considerando: que corresponde disponer la entrada en vigencia de los nuevos valores referidos “ut supra”.
Atento: a las facultades legales y reglamentaciones vigentes.
1º) Dispónese que los nuevos valores de la tasa diferencial“Servicios registrales” en $ 3.812,00 (pesos uruguayos tres mil ochocientos doce), de la consulta directa al computador en $ 3.041,00 (pesos uruguayos tres mil cuarenta y uno) y del impuesto a los servicios registrales en $ 1.265,00 (pesos uruguayos mil doscientos sesenta y cinco) por certificado; $ 422,00 (pesos uruguayos cuatrocientos veintidos) por segundas o ulteriores ampliaciones de certificados y $ 2.530,00 (pesos uruguayos dos mil quinientos treinta) por cada acto o negocio jurídico, entrarán en vigencia el día 1º de junio de 2016. 2º) Publíquese en dos diarios de circulación nacional y en la página Web de la Unidad.
3º) Comuníquese al Área Tic´s, a todas las oficinas por el Servicio de Novedades y pase a Gerencia Financiero Contable a sus efectos.
31 / 16 10 de marzo de 2016
Visto: estas actuaciones, por las cuales la Escribana Danali Britos consulta al Registro de la Propiedad Sección Inmobiliaria de Salto, si el contrato de arrendamiento de un predio ubicado en zona rural para la instalación, desarrollo y explotación de paneles solares y/o aerogeneradores y otros equipos que formarán parte de un parque solar fotovoltaico y/o de un parque eólico, está comprendido en la Ley 14384 y por tanto requiere certificación de firmas para ser inscripto.
I) Sostiene la consultante que acuerdo a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 14384, están sujetas a esta ley: “Todo contrato por el que una de las partes se obliga a conceder a otra el uso y goce de un predio rural con destino a cualquier explotación agrícola, pecuaria o agropecuaria, y la otra a pagar por ese uso o goce un precio en dinero o en frutos naturales o productos de la cosa, queda sujeto a las disposiciones de la presente ley”. Por otra parte aduce que de acuerdo a lo que dispone el art. 3 de la ley 17.777 “ ….se reputan agrarias las actividades destinadas a la producción animal o vegetal y sus frutos, con fines de su comercialización o industria, así como también las de manejo y uso con fines productivos de los recursos naturales renovables. Se consideran comprendidas en ella, las actividades realizadas por los productores rurales de manera directamente conexa o accesoria, sea para sostén de su explotación, o como complemento o prolongación de sus actos de producción o servicio”; por lo que entiende que dicho contrato debe considerarse comprendido en el concepto de explotación agropecuaria. II) La Comisión Asesora consideró el tema, en sesión de fecha 19 de febrero de 2016, (dictamen Nº 4/2016, asentado en acta Nº 406) y concluyó que el destino manifestado por la consultante, no encuadra dentro del regulado por el art. 2º de la ley 14.384. En efecto, la definición establecida en el art. 3 de la ley 17777, se establece a los solos efectos de la aplicación de dicha norma, tal como dispone el acápite del mismo. En consecuencia, el contrato de arrendamiento deberá contar con certificación de firmas para poder ser inscripto, no estando comprendido en la excepción prevista por la ley 14.384. La Escribana Stella Stratta manifiesta que en Maldonado han ingresado escrituras públicas de constitución de derecho de superficie que tienen como destino la instalación de ese tipo de emprendimientos, lo que a su juicio parece una forma mas adecuada a las características de estos acuerdos, donde la sociedad que instala el parque se considera propietaria de todas las construcciones, puede enajenarlo, etc. El art. 36 de la ley 18.308 de 18/6/2008 brinda un marco regulador general para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo sostenible y dispone que: “El propietario de un inmueble, privado o fiscal, podrá conceder a otro el derecho de superficie de su suelo, por un tiempo determinado, en forma gratuita u onerosa, mediante escritura pública registrada y subsiguiente tradición……… El derecho de superficie es el derecho real limitado sobre un inmueble ajeno que atribuye temporalmente parte o la totalidad de la propiedad y comprende el derecho a utilizar el bien según las disposiciones generales de la legislación aplicable y dentro del marco de los instrumentos de ordenamiento territorial y conforme al contrato respectivo ……” Asimismo, agrega la Esc. Alicia Montaña que el art. 3 de la ley 17.777 destaca que se reputan agrarias…....” las de manejo y uso con fines productivos de los recursos naturales renovables, lo cual parecería comprender el parque eólico. Pero, en el inciso final del mismo artículo se establece: “Se consideran comprendidas en ella las actividades realizadas por los productores rurales de manera directamente conexa o accesoria, sea para sostén de su explotación, o como complemento o prolongación de sus actos de producción o servicio. En este caso, el destino no es para producción de "sus actos de producción" sino para la explotación de energía renovable de uso y distribución o comercialización por un tercero. En resumen, la Comisión Asesora concluye que el acto que se pretende inscribir no está comprendido en el artículo 2º de la ley 14,384, correspondiendo exigir la certificación notarial de firmas, sugiriendo el dictado de una resolución con carácter vinculante para todos los Registradores. Considerando: Que esta Dirección General se afilia a lo dictaminado por la Comisión Asesora Registral. Atento: a lo dispuesto por los artículos 2 de la Ley 14384, de 16 de junio de 1975, 3 de la Ley 17777, de 21 de mayo de 2004 y 3 numerales 3 y 5 de la Ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997 y a lo dictaminado por la Comisión Asesora Registral; El Director General De Registros
1º) Establecer como criterios de calificación, con carácter vinculante para los Registradores, que los contratos de arrendamiento de predios ubicados en zona rural para la instalación, desarrollo y explotación de paneles solares y/o aerogeneradores y otros equipos que formarán parte de un parque solar fotovoltaico y/o de un parque eólico, no están comprendidos en la Ley 14384 y por tanto requieren certificación de firmas para ser inscriptos.
2º) Notifíquese a los Directores y Encargados de Registros, quienes harán lo propio con los funcionarios a su cargo.
4º) Insértese en la página web e intranet el texto de la presente, comunicándose a las direcciones de correo de los usuarios inscriptos en el sistema de novedades de la Dirección General de Registros. Cumplido, archívese.
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