Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-939-de-diciembre-14-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_bb267374c6eb00f4e0430a01015100f4&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-13 21:16:27
Document Index: 288620058

Matched Legal Cases: ['artículo 40', 'artículo 13', 'artículo 29', 'artículo 8', 'artículo 228', 'artículo 184', 'artículo 29', 'artículo 177', 'artículo 169', 'artículo 178', 'artículo 184', 'artículo 178', 'Artículo 13']

﻿ Sentencia T-939 de diciembre 14 de 2011
SENTENCIA T-939 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2011
CONTENIDO:NOTIFICACIÓN PERSONAL A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO. SE LE DEBERÁ PROPORCIONAR LA CERTEZA DE QUE EL SINDICADO O CONDENADO CONOZCA EFECTIVAMENTE EL CONTENIDO DE LA PROVIDENCIA. LA PUBLICIDAD DE UN ACTO MEDIANTE LA NOTIFICACIÓN DEBE CUMPLIRSE EN ESPECIAL RIGOR, CUANDO EL CONOCIMIENTO COMPLETO Y OPORTUNO DE UNA DECISIÓN DE TRASCENDENCIA SE LE DIFICULTA AL MÁS INTERESADO POR ESTAR RESTRINGIDO DE LA LIBERTAD, SE DEBE MANTENER ACTUALIZADOS LOS DATOS DE LA POBLACIÓN CARCELARIA, PARA QUE SEA DILIGENTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AL DEBIDO PROCESO, PROCESADO, NOTIFICACIÓN PERSONAL EN ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
Sentencia T-939 de diciembre 14 de 2011
Ref.: Expediente T-3164398
Acción de tutela instaurada por José Alejandro Nova Andrade, contra el Juzgado Promiscuo Municipal de El Colegio, Cundinamarca.
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de La Mesa, Cundinamarca.
En la revisión del fallo no impugnado, que el Juzgado Penal del Circuito de La Mesa, Cundinamarca, dictó en junio 1º de 2011, dentro de la acción de tutela instaurada por José Alejandro Nova Andrade, contra el Juzgado Promiscuo Municipal de El Colegio, Cundinamarca.
El señor José Alejandro Nova Andrade incoó acción de tutela contra el Juzgado Promiscuo Municipal de El Colegio, Cundinamarca, aduciendo “violación de los derechos al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la justicia y al derecho a la defensa”, a raíz de los hechos que en seguida son sintetizados.
1. Señaló el actor que se encuentra privado de la libertad desde noviembre 10 de 2008, procesado por un delito de “homicidio”, por el cual se le profirió sentencia condenatoria, con pena principal de “31 años, 6 meses”, pasando el asunto al Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, Boyacá, bajo el radicado “N. I. 12.653”.
2. Precisó que a “mediados del mes de abril” (de 2011, según se constata con otros documentos), fue informado por el “centro de servicios administrativos - Juzgado 16 de Ejecución de Penas” que el Juzgado Promiscuo Municipal de El Colegio, Cundinamarca (en descongestión), mediante sentencia de febrero 3 de 2009, había proferido fallo condenándolo “a la pena principal de 26 meses de prisión, como autor responsable del delito de lesiones personales” (fl. 2 cdno. inicial).
3. Agregó que nunca fue notificado para poder “asistir a las audiencias y… para una posible conciliación como lo es posible en dicho delito”.
4. Finalizó pidiendo se tutelen sus derechos fundamentales al “debido proceso, a la igualdad, al acceso a la justicia y al derecho a la defensa, y en consecuencia declarar la nulidad de lo actuado hasta la audiencia preparatoria inclusive”.
B. Respuesta del Juzgado Promiscuo Municipal de El Colegio, Cundinamarca.
El referido Juzgado, en respuesta de mayo 26 de 2011, señaló que el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, mediante Acuerdo PSAA08-5107 de septiembre 15 de 2008, por medio del cual se dictaron normas tendientes a descongestionar algunos juzgados penales municipales y del circuito de Bogotá, ordenó remitir a ese despacho 61 expedientes, entre ellos el de “Radicación 2007-0178 seguido en contra de José Alejandro Nova y otro, siendo denunciante el señor Lolo Jacobo Guzmán por el delito de lesiones personales, en cuatro cuadernos de 100, 100, 20 y 20 que cursa en el Juzgado Quinto (5º) Penal Municipal de Bogotá D.C”..
Añadió que el artículo noveno del referido acuerdo, estableció que “los juzgados receptores enviarán los procesos fallados al juzgado de origen para que se efectúe la notificación de la correspondiente sentencia y se resuelva sobre la concesión de los recursos a que haya lugar”.
Agregó que en febrero 3 de 2009 se dictó sentencia de primera instancia en el proceso antes anotado, ordenando al día “siguiente el envío de las diligencias” al Juzgado Quinto Penal Municipal de Bogotá para lo de su competencia.
Así, finalizó precisando que no se han vulnerado “los preceptos constitucionales inferidos en la acción de la referencia, teniendo en cuenta, que se observó a plenitud el Acuerdo PSAA08-5107 de septiembre 15 de 2008”, ya que la notificación del fallo correspondía al juzgado de conocimiento (fl. 34 ib.).
El Juzgado Penal del Circuito de La Mesa, mediante fallo de junio 1º de 2011, no impugnado, declaró improcedente el amparo pedido al estimar que la “actuación adelantada por el Juzgado Promiscuo Municipal de El Colegio… estuvo ceñida a las reglas del acto administrativo emanado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el cual lo obligaba única y exclusivamente a proferir la decisión que pusiera fin a la actuación, dejando al despacho de origen la responsabilidad de notificar y conceder los recursos legales… interpuestos contra la providencia. En este entendido, no puede alegarse por el actor en contra de la entidad accionada, la vulneración de los derechos fundamentales que reclama, razones suficientes para declarar improcedente el amparo constitucional deprecado” (fl. 61 ib.).
Anotó que como ha “reiterado unánimemente la jurisprudencia, cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del quebrantamiento de los derechos fundamentales del actor, no puede concederse la tutela en su contra pues no existe nexo causal entre la acción de tutela y la omisión, acción o amenaza de derechos fundamentales, por lo que se torna improcedente, por configurarse el fenómeno de la falta de legitimación pasiva de la tutela, evento que se evidencia en forma nítida en el caso de autos, toda vez que las presuntas vulneraciones a que alude el actor frente a los derechos invocados escapan a las funciones transitorias y de descongestión que le fueron asignadas al Juzgado Promiscuo Municipal de El Colegio” (fl. 62 ib.).
D. Documentos allegados y otras actuaciones realizadas durante la revisión.
1. El magistrado sustanciador, mediante auto de octubre 20 de 2011, dispuso vincular dentro del trámite de la presente acción de tutela, al Juzgado Quinto Penal Municipal de Bogotá.
Mediante Oficio 21706 de octubre 26 de 2011, el citado juzgado, precisó que “adelantó la causa número 178-2007, por el delito de lesiones personales, siendo procesado el señor José Alejandro Nova Andrade; asunto que el Juzgado Promiscuo Municipal de El Colegio, Cundinamarca, mediante sentencia de febrero 3 de 2009 condenó al citado a la pena principal de veintiséis (26) meses de prisión y multa de veintiséis (26) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a la pena accesoria e inhabilitación para el ejercicio de derechos civiles y funciones públicas por el mismo lapso de la principal y al pago de perjuicios; negándole el beneficio de la ejecución condicional de la pena”, correspondiendo al Juzgado Dieciséis de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá vigilar su cumplimiento.
Agregó que el fallo en mención fue “notificado de manera personal al agente del Ministerio Público y al delegado de la Fiscalía, surtiéndose la notificación por edicto para los no comparecientes”, en febrero 23 de 2009; providencia que no fue impugnada por ninguno de los sujetos procesales, cumpliendo su ejecutoria en marzo 2 del mismo año (fl. 14 cdno. Corte).
Concluyó señalando que “no es obligatorio enterar personalmente al defensor ni al procesado, pues lo que manda la ley respecto del trámite de notificación respecto de la sentencia es que se notifique, y eso, finalmente aquí ocurrió, pues se surtió para los sujetos procesales que no lo hicieron directamente, mediante la fijación del edicto” (fl. 14 ib.).
Por lo anterior, adujo que no puede el accionante pretender el amparo constitucional por el “quebranto al debido proceso e incluso al derecho a la defensa, cuando tenía pleno conocimiento de la existencia del proceso y era precisamente a él y a su defensor de confianza a quienes le interesaban las resultas del mismo”, de esa manera solicitó se niegue el amparo solicitado (fl. 15 ib.).
2. Mediante auto de noviembre 1º de 2011, el magistrado sustanciador ofició al Juzgado Quinto Penal Municipal de Bogotá, que adelantó el proceso Nº 178-2007 contra el señor Nova Andrade por el delito de lesiones personales, para que enviara fotocopia de las actuaciones judiciales surtidas en dicha acción, lo cual en efecto hizo, remitiendo mediante Oficio 21719 de noviembre 2 de 2011, en calidad de préstamo, los cuadernos originales de la causa Nº 2007-0178, adelantada contra José Alejandro Nova Andrade y otro, por un delito de lesiones personales.
3. El magistrado sustanciador en auto de noviembre 2 de 2011, dispuso oficiar al subdirector de tecnología y comunicaciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y al Juzgado Dieciséis de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, para que indiquen si el señor José Alejandro Nova Andrade ha estado privado de libertad, especificando los motivos, si fue por condena o preventivamente, las autoridades que emitieron las órdenes respectivas y las fechas entre las cuales se produjo la detención.
La coordinadora del grupo de tutelas del Inpec, en comunicación de noviembre 8 de 2011, informó que “consultada la base de datos en el aplicativo informático SISIPEC-WEB, se encuentra que el interno José Alejandro Nova Andrade actualmente se encuentra recluido en el alojamiento internos Cómbita, Patio 4, piso 1º, celda 5 del EPAMCAS de la ciudad de Cómbita-Boyacá”.
Respecto a la situación jurídica del señor Nova Andrade, señaló que está condenado en primera instancia por el “Juzgado 4º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, quien mediante providencia cuyo consecutivo es el 360244, en proceso 2008-121 de fecha 19 de diciembre de 2008, le condenó por los punibles de concierto para delinquir en la modalidad agravado, homicidio agravado, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones a una pena de 31 años, 3 meses y 7 días” (transcripción textual, fl. 25 cdno. Corte).
Indicó además que el ahora accionante fue capturado en noviembre 10 de 2008, y aportó “cartilla biográfica del interno” (fls. 25 a 28 ib.).
Mediante Oficio 2214 de noviembre 8 de 2011, la asistente jurídica del Juzgado Dieciséis de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, indicó que ese despacho vigila el fallo dictado en febrero 3 de 2009, por el “Juzgado Promiscuo Municipal de El Colegio —en descongestión del Juzgado Quinto Penal Municipal de Bogotá—, por medio de la cual condenó” al señor José Alejandro Nova Andrade, a 26 meses de prisión y el equivalente de 26 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa, como responsable de un delito de lesiones personales (fl. 29 ib.).
Añadió que según información del Cuerpo Técnico de Investigaciones, el señor Nova Andrade está privado de la libertad en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Cómbita, Boyacá, desde noviembre 10 de 2008, “cumpliendo la pena treinta y un (31) años, tres (3) meses y siete (7) días de prisión impuesta por el delito de secuestro extorsivo” (sic, fl. 30 ib.).
En noviembre 28 de 2011, en ampliación de la información suministrada en el Oficio 2214/11, el mismo juzgado precisó que ante solicitud realizada por el señor José Alejandro Nova Andrade, “en el sentido de que se le comunicara ‘el motivo’ por el cual fue condenado, se dispuso mediante auto de 24 de marzo de esta anualidad, que a través de la asesoría jurídica del establecimiento carcelario de Cómbita, se le remitiera copia de la sentencia que aquí se vigila, proferida el 3 de febrero de 2009, por el Juzgado Promiscuo Municipal de El Colegio —en descongestión del Juzgado Quinto Penal Municipal de Bogotá—, e igualmente se le enviara certificación del proceso ‘informando fecha de los hechos, de la resolución de acusación y del fallo, autoridades de conocimiento y el estado actual del diligenciamiento’” (fl. 40 ib.).
Además anexó, (i) auto de marzo 24 de 2011, proferido por ese juzgado; (ii) certificación expedida en marzo 30 de 2011, por la asistente social del centro de servicios de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá; (iii) Oficio 316 de marzo 30 de 2011, por medio del cual se remitió la sentencia y la certificación del proceso al asesor jurídico del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Cómbita, para que fuera entregado al señor Nova Andrade en cumplimento de su derecho de petición; (iv) planilla para la imposición de envíos, de abril 1º de 2011, donde consta que la información fue remitida a dicho establecimiento penitenciario y carcelario (fls. 44 a 48 ib.).
Según lo expuesto, esta Sala decidirá si los derechos a la defensa, debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad, invocados por el señor José Alejandro Nova Andrade, fueron conculcados por el Juzgado Promiscuo Municipal de El Colegio, Cundinamarca, y el Juzgado Quinto Penal Municipal de Bogotá, al no notificarle personalmente la sentencia condenatoria de febrero 3 de 2009, encontrándose el accionante privado de la libertad desde noviembre 10 de 2008 en la cárcel de Cómbita, Boyacá, cumpliendo la pena de treinta y un (31) años, tres (3) meses y siete (7) días de prisión.
Aún cuando en este caso no está dirigida la acción de tutela propiamente contra la decisión judicial que le puso fin al proceso, sino contra la falta de notificación, lo que viene a equivaler en consecuencias, cabe recordar que, como es bien sabido, mediante Sentencia C-543 de octubre 1º de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, la Corte declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 (también, desde otro enfoque, fueron entonces excluidos del ordenamiento jurídico los artículos 11 y 12 ibídem), norma que establecía reglas relacionadas con el trámite de acciones de tutela contra determinaciones judiciales que terminen un proceso, cuya inconstitucionalidad derivó de afirmarse la improcedencia del amparo contra tal clase de providencias, salvo si se trata de una ostensible y grave “actuación de hecho”, perpetrada por el propio funcionario judicial.
Del mismo fallo C-543 de 1992, refréndase que “si la tutela es un mecanismo subsidiario o supletorio, según queda demostrado, es clara su improcedencia cuando ya se han producido no solo un proceso, en el cual se encuentran comprendidos todos los recursos y medios judiciales que autoriza la ley, sino también una providencia definitiva que puso fin al mismo”(2).
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones(6). En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
Cuarta. Igualdad en materia judicial.
Siguiendo los mandatos constitucionales, incluidos los internacionalmente aportados por el llamado bloque de constitucionalidad, esta corporación ha desarrollado la fundamentalidad del derecho a la igualdad, como principio cardinal del Estado social de derecho y elemento insustituible en el orden jurídico, en cuanto todas las personas pueden exigir un trato equilibrado(15), sin importar la existencia de diversidades específicas por razones culturales, políticas, filosóficas o de sexo, raza, nacionalidad, lengua, religión, etc., y correspondiéndole al Estado, correlativamente, promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva(16).
En tal sentido, esta corporación en Sentencia C-836 de agosto 9 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil, refiriéndose precisamente a la igualdad de tratamiento en el ámbito judicial, señaló (no está en negrilla en el texto original):
“La igualdad, además de ser un principio vinculante para toda actividad estatal, está consagrada en el artículo 13 de la Carta como derecho fundamental de las personas. Este derecho comprende dos garantías fundamentales: la igualdad ante la ley y la igualdad de protección y trato por parte de las autoridades. Sin embargo, estas dos garantías operan conjuntamente en lo que respecta a la actividad judicial, pues los jueces interpretan la ley y como consecuencia materialmente inseparable de esta interpretación, atribuyen determinadas consecuencias jurídicas a las personas involucradas en el litigio. Por lo tanto, en lo que respecta a la actividad judicial, la igualdad de trato que las autoridades deben otorgar a las personas supone además una igualdad en la interpretación y aplicación de la ley”.
De tal manera, está claro que el derecho a la igualdad exige, como condición sine qua non para su aplicación concreta, que las autoridades otorguen idéntica protección, trato y definición a quienes se encuentren en similar situación de hecho, para evitar así la trasgresión de ese derecho fundamental y brindar seguridad jurídica, en cuanto a que, para el caso, las decisiones judiciales no estén sometidas al albur de que situaciones fácticas similares reciban decisiones opuestas, según el despacho al cual haya correspondido el conocimiento.
Quinta. La defensa como garantía del debido proceso en el Estado social de derecho. Notificación personal a las personas privadas de la libertad.
5.1. La Constitución Política, especialmente en su artículo 29, consagra el derecho fundamental al debido proceso, que a su vez está compuesto por otros, entre los cuales refulge el de defensa, que ampara a todo sindicado, con garantías como i) ser asistido por un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; ii) presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra e iii) impugnar la sentencia condenatoria, entre otras.
En igual sentido, los derechos del imputado están ampliamente garantizados, entre otros instrumentos, en el Pacto internacional de derechos civiles y políticos y en la Convención americana sobre derechos humanos, aprobados por el Congreso colombiano y, por ende, de prevaleciente aplicación en el orden interno. Por ejemplo, el artículo 8º de dicha convención, establece una serie de derechos, íntimamente ligados al de defensa y que hacen parte del debido proceso, como: i) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; ii) defenderse personalmente y ser asistido por un defensor de su confianza o proporcionado por el Estado, con quien podrá comunicarse libre y privadamente; iii) derecho de interrogar testigos y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos y iv) “recurrir el fallo ante juez o tribunal superior”, entre otros.
Estas facultades se encuentran desarrolladas en los ordenamientos procesales colombianos, a través de una serie de trámites e instituciones que orientan la actuación judicial y que responden a la obligación del Estado de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes (art. 2º superior).
De esa manera la defensa, como cardinal expresión del debido proceso, permite que toda persona involucrada en una actuación judicial o administrativa, tenga la oportunidad de ser oída, promover sus propias razones y argumentos, controvertir y objetar las pruebas recaudadas en su contra y solicitar la práctica y evaluación de las que estime favorables, así como ejercitar los recursos que la ley concede(17).
5.2. La jurisprudencia y la doctrina han coincidido en que el derecho de defensa se proyecta con mayor rigor y adquiere máxima relevancia en el escenario del proceso penal, en razón de los intereses jurídicos de alto impacto para la comunidad que allí se ven comprometidos, las materias de las que se ocupa y las más graves consecuencias que puede acarrear, al punto de llegar a restringir los más altos bienes humanos, como la propia libertad personal, que por ningún otro cauce legítimo puede conculcarse, patentizando así la importancia que adquiere la defensa en ese campo del derecho(18).
5.3. El artículo 228 de la carta política también prevé que las actuaciones judiciales sean públicas y permanentes, con las excepciones que la ley establezca, resultando indispensable que las autoridades judiciales y administrativas adelanten las actuaciones necesarias para que las personas que se encuentren involucradas en un proceso tengan acceso a la investigación y al juicio que les atañe, para que puedan ejercer debidamente el derecho a la defensa(19).
En la Sentencia C-648 de junio 20 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, donde se declaró la inexequibilidad de los numerales 2º y 3º del artículo 184 de la Ley 600 de 2000, que liberaban de la notificación personal, esta Corte señaló:
“4. La notificación entendida como el acto mediante el cual se pone en conocimiento de los sujetos procesales el contenido de las providencias que se produzcan dentro del proceso, tiene como finalidad garantizar los derechos de defensa y de contradicción como nociones integrantes del concepto de debido proceso a que se refiere el artículo 29 de la Constitución Política. En efecto, la notificación permite que la persona a quien concierne el contenido de una determinación la conozca, y pueda utilizar los medios jurídicos a su alcance para la defensa de sus intereses. Pero más allá de este propósito básico, la notificación también determina el momento exacto en el cual la persona interesada ha conocido la providencia, y el correlativo inicio del término preclusivo dentro del cual puede llevar a cabo los actos procesales a su cargo. De esta manera, la notificación cumple dentro de cualquier proceso judicial un doble propósito: de un lado, garantiza el debido proceso permitiendo la posibilidad de ejercer los derechos de defensa y de contradicción, y de otro, asegura los principios superiores de celeridad y eficacia de la función judicial al establecer el momento en que empiezan a correr los términos procesales”.
5.4. El legislador ha establecido una serie de actuaciones que afianzan el debido proceso penal y la defensa(20). El artículo 177 de la Ley 600 de 2000 clasifica la notificación como “personal, por estado, por edicto, por conducta concluyente y en estrados” y el artículo 169 de la Ley 906 de 2004 dispone que, generalmente, “las providencias se notificarán a las partes en estrados”, siendo excepcional la notificación mediante comunicación, como a personas que estén privadas de libertad, que serán informadas “en el establecimiento de reclusión”, mientras las decisiones “adoptadas con posterioridad al vencimiento del término legal deberán ser notificadas personalmente a las partes que tuvieren vocación de impugnación”.
5.5. En el mismo sentido, el artículo 178 de la Ley 600 de 2000, aplicable en el proceso que motiva esta acción, estatuye (no está en negrilla en el texto original):
Respecto a la notificación personal, en la precitada Sentencia C-648 de 2001 se lee:
“La notificación personal es aquella que tiene la virtualidad de asegurar plenamente el derecho de las personas a ser oídas dentro del proceso penal con las debidas garantías constitucionales, y que también se erige en la forma de comunicación que en mejor forma asegura la realización de los principios de seguridad jurídica, de celeridad y de eficacia de la función judicial, al permitir completa claridad respecto de los plazos o términos dentro de los cuales deben cumplirse las actuaciones procesales que les siguen. Por ello el legislador la ha contemplado como la forma adecuada para surtir la notificación de las principales providencias dentro del proceso penal al privado de la libertad” (no está en negrilla en el texto original).
De esa manera, esta corporación al determinar la inconstitucionalidad de los referidos numerales del artículo 184 de la Ley 600 de 2000(21), consideró que el procedimiento seguido para surtir la notificación personal de quienes se hallan privados de la libertad deberá proporcionar la certeza de que el sindicado o condenado conoce efectivamente el contenido de la providencia, de manera que “si finalmente no la conoce su ignorancia pueda ser imputada a su propia culpa o inactividad”.
Se comprende, entonces, por qué los artículos 184 de la Ley 600 de 2000, en lo que no fue excluido del ordenamiento jurídico, y 169 de la Ley 906 de 2004, disponen respectivamente que en los expedientes deberá obrar la constancia de que la notificación personal de quien se encuentra privado de la libertad se surtió, acompañada de la radicación en la dirección o asesoría jurídica del penal de la parte resolutiva de la providencia; y que “las providencias notificadas en audiencia le serán comunicadas en el establecimiento de reclusión, de lo cual se dejará la respectiva constancia”.
Distintas son las exigencias en materia de notificación a quienes no se encuentran privados de la libertad, comoquiera que, de no ser posible efectuarla de manera personal, dentro de los tres días siguientes a la fecha de la providencia, los autos se notifican por estado y las sentencias por edicto. Ello en cuanto quienes gozan de libertad pueden acudir en las oportunidades señaladas y deben hacerlo para notificarse y conocer el contenido de las decisiones, directamente o por medio del apoderado(22).
Así, la publicidad de un acto mediante la notificación debe cumplirse con especial rigor, cuando el conocimiento completo y oportuno de una decisión de trascendencia se le dificulta al más interesado, por ser el directamente afectado y estar severamente restringida su libertad por decisión del propio Estado, que lo ha internado en uno de sus establecimientos de reclusión, siendo de esperar que al menos se mantengan actualizados los datos de la población carcelaria, para expedita consulta de las autoridades judiciales, que así mismo deben procurarla diligentemente.
En el presente asunto, el señor José Alejandro Nova Andrade solicita le sean amparados sus derechos al debido proceso, defensa, acceso a la administración de justicia e igualdad, pidiendo se declare “la nulidad de lo actuado” a partir de la audiencia preparatoria, dentro del proceso adelantado en su contra por un delito de lesiones personales, fallado en el Juzgado Promiscuo Municipal de El Colegio, en descongestión del Juzgado Quinto Penal Municipal de Bogotá, al no haber sido notificado personalmente del fallo condenatorio dictado en su contra en febrero 3 de 2009, encontrándose él privado de la libertad desde noviembre 10 de 2008, cumpliendo en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Cómbita, Boyacá, la pena de “treinta y un (31) años, tres (3) meses y siete (7) días de prisión”, que le fue impuesta por homicidio agravado y otros delitos (fl. 30 cdno. Corte).
Conforme a la situación anteriormente descrita, corresponde a esta Sala establecer si hay lugar al amparo constitucional pretendido, determinando si en el proceso penal tramitado en contra del actor se incurrió realmente en un desconocimiento del derecho de defensa y al debido proceso, a partir de examinar lo relacionado con la falta de notificación personal del fallo condenatorio dictado en febrero 3 de 2009 por el Juzgado Promiscuo Municipal de El Colegio (en descongestión).
6.1. Mediante comunicación de octubre 26 de 2011, el Juzgado Quinto Penal Municipal de Bogotá informó que la notificación mediante la cual se condenó al señor José Alejandro Nova Andrade a 26 meses de prisión y el equivalente a 26 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa, al encontrarlo responsable de un delito de lesiones personales, se efectuó en febrero 23 de 2009, de manera personal para el agente del Ministerio Público y el Delegado de la Fiscalía, “surtiéndose la notificación por edicto para los no comparecientes” (fl. 14 ib.).
Por otra parte, la coordinadora del grupo de tutelas del Inpec, en escrito de noviembre 8 de 2011, indicó que consultada la base de datos en el aplicativo informático “SISIPEC-WEB”, se pudo constatar que el ahora demandante se encuentra “recluido en el alojamiento internos Cómbita, patio 4, piso 1º, celda 5 del EPAMCAS de la ciudad de Cómbita-Boyacá”, desde noviembre 10 de 2008, cumpliendo una pena de “treinta y un (31) años, tres (3) meses y siete (7) días de prisión” (fls. 28 a 30 ib.).
6.2. Tal como se advirtió en precedencia, el debido proceso está compuesto por varios derechos, entre los cuales descuella el de defensa y, correlativamente con ambos, la publicidad de la actividad judicial, para lograr la cual es indispensable la debida notificación, que para el caso tenía que ser personal, por estar el condenado privado de la libertad y corresponderle igualitariamente ese mecanismo.
Sobre tal aspecto, esta corporación en varias ocasiones(23) ha declarado sin efecto actuaciones judiciales realizadas al interior de procesos penales, con afectación contra personas que se encontraban detenidas, usualmente a órdenes de otros despachos judiciales, no obstante lo cual no recibieron notificación personal, quebrantamiento al cual se reduce la conculcación del debido proceso en este caso, siendo visible que el encausado contó con defensores de oficio desde cuando se le recibió indagatoria en junio 10 de 2002 (fls. 11 a 14, 42, 53, 54, 67, 68, 80, 81, 88, 91 y 95 cdno. inicial del expediente penal por lesiones personales), habiendo incluso conferido poder a un defensor de confianza en mayo 13 de 2008 (fls. 98 y 99 ib.), por cuyo conducto ha podido propiciar lo demás que ahora reclama (“… asistir a las audiencias y, de pronto para una posible conciliación…” (fl. 2 cdno. inicial de la acción de tutela).
En esas oportunidades, esta Corte ha precisado que la información sobre la privación de la libertad resulta vital, pues el hecho de encontrarse alguien restringido de una serie de garantías, no puede llevar como efecto la anulación de los restantes derechos constitucionales(24).
6.3. Igualmente se destaca la importancia de que las autoridades encargadas de administrar los bancos de datos estatales, para el caso los relativos a la privación de la libertad, los mantengan actualizados, con información completa, veraz y confiable, para que reciban oportunamente toda la información que les atañe, lo cual es inalienable si de ello depende el debido ejercicio del derecho de defensa(25).
6.4. Como quedó explicado, de la normatividad nacional e internacional y de la jurisprudencia constitucional, se infiere, en materia de notificación, particularmente de las decisiones que comprometen la presunción de inocencia y la libertad personal, que no basta la observancia de “las ritualidades legales dispuestas para su notificación, a sabiendas de la imposibilidad en que se encuentra la persona para conocerlas”(26).
Es palmario que la notificación por edicto realizada por el Juzgado Quinto Penal Municipal de Bogotá, por medio de la cual se dio a conocer la sentencia condenatoria adoptada por el Juzgado Promiscuo Municipal de El Colegio, Cundinamarca, contra el ahora actor, no le permitió ejercer el derecho de defensa, pues se encontraba detenido y, por ende, imposibilitado para acudir al despacho judicial a enterarse de la decisión adoptada.
6.5. De todo lo reseñado, se deduce que el Juzgado Quinto Penal Municipal de Bogotá incumplió lo dispuesto en el artículo 178 de la Ley 600 de 2000, violando el derecho al debido proceso y, consecuencialmente, la defensa del señor José Alejandro Nova Andrade y su igualdad, al no notificarle en debida forma la sentencia condenatoria adoptada por el Juzgado de descongestión, siendo evidente que no se solicitó a las centrales de información una actualización de los datos del procesado, para con ello poder establecer que se encontraba privado de la libertad.
Por lo expuesto, será revocado el fallo de la acción de tutela que se revisa, proferido en junio 1º de 2011 por el Juzgado Penal del Circuito de La Mesa, Cundinamarca, que declaró improcedente el amparo solicitado, para en su lugar tutelar los referidos derechos fundamentales. En consecuencia, se declarará sin efecto la notificación por edicto de la sentencia adoptada en febrero 3 de 2009 por el Juzgado Promiscuo Municipal de El Colegio, en descongestión del Juzgado Quinto Penal Municipal de Bogotá, y se dispondrá que este último despacho le notifique personalmente, de inmediato y por el debido conducto, la referida sentencia a José Alejandro Nova Andrade en el centro en que se encuentra recluido, para que la conozca a cabalidad y pueda impugnarla, si así lo considera.
6.5. Por último, se pedirá a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) o la oficina que haga sus bases, a la Policía Nacional y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que en forma coordinada estructuren e integren técnicamente las bases de datos de las personas privadas de la libertad, para mantenerlas actualizadas y hacer confiable y expedita su consulta.
1. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito de La Mesa, Cundinamarca, en junio 1º de 2011, que declaró improcedente el amparo de los derechos fundamentales del señor José Alejandro Nova Andrade a la defensa, el debido proceso y la igualdad que, en su lugar, se dispone TUTELAR.
2. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO la notificación por edicto de la sentencia adoptada en febrero 3 de 2009 por el Juzgado Promiscuo Municipal de El Colegio, en descongestión del Juzgado Quinto Penal Municipal de Bogotá, y DISPONER que este último despacho le notifique personalmente, de inmediato y por el debido conducto, la referida sentencia a José Alejandro Nova Andrade en el centro en que se encuentra recluido, para que la conozca a cabalidad y pueda impugnarla, si así lo considera.
3. Solicitar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) o la oficina que haga sus bases, a la Policía Nacional y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que en forma coordinada estructuren e integren técnicamente las bases de datos de las personas privadas de la libertad, para mantenerlas actualizadas y hacer confiable y expedita su consulta, asegurando a los operadores judiciales el acceso a la información que sobre el particular requieran en el debido cumplimiento de sus funciones.
(1) Cfr. T-133 de febrero 14 de 2010 y T-383 de mayo 16 de 2011, ambas con ponencia de quien ahora cumple igual función.
(3) La Corte Constitucional ha abordado el tema de la tutela contra providencias judiciales en un gran número de pronunciamientos, pudiendo destacarse, entre muchas otras, las sentencias T-079 y T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-492 y T-518 de 1995, T-008 de 1998, T-260 de 1999, T-1072 de 2000, T-1009 y SU-1184 de 2001, SU-132 y SU-159 de 2002; T-481, C-590 y SU-881 de 2005; T-088, T-196, T-332, T-539, T-590, T-591, T-643, T-780 y T-840 de 2006; T-001, T-147, T-247, T-364, T-502A, SU-540, T-680, T-794, T-987 y T-1066 de 2007; T-012, T-210, T-240, T-350, T-402, T-417, T-436, T-831, T-871, T-891, T-925, T-945, T-1029 y T-1263 de 2008; T-093, T-095, T-199 y T-249 de 2009; T-024, T-105 de 2010, T-337 y T-386 de 2010.
(5) Las clasificaciones consignadas en las consideraciones del fallo C-590 de 2005, relacionadas con los “requisitos generales de procedencia” y las “causales generales de procedibilidad”, han sido reiteradas entre muchas otras en las sentencias SU-813 de octubre 4 de 2007, M. P. Jaime Araújo Rentería, T-555 de agosto 19 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-549 de agosto 28 de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, SU-819 de noviembre 18 de 2009, M.P. Nilson Pinilla Pinilla y T-268 de abril 19 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
(8) “Ver entre otras… T-315 de 2005”.
(10) “Sentencia T-658 de 1998”.
(11) “Sentencias T-088 de 1999 y SU-1219 de 2001”.
(15) Cfr. T-360 de mayo 9 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T-216A de febrero 29 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-948 de octubre 2 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; y T-529 de agosto 6 de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, entre otras.
(16) Artículo 13 Const.
(17) Cfr. C-025 de enero 27 de 2009, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(18) Cfr. C-025 de 2009, precitada y C-127 de marzo 2 de 2011, M.P. María Victoria Calle Correa, entre otras.
(19) T-970 de noviembre 23 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(20) Cfr., en materia de notificaciones, por ejemplo los artículos 168 de la Ley 906 de 2004 y 176 de la Ley 600 de 2000, y complementarios.
(21) C-648 de junio 20 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(22) Cfr. sentencia de mayo 2 de 2003, dictada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el asunto de Radicación 19.847, M.P. Herman Galán Castellanos.
(23) Cfr. T-759 de julio 17 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería; T-1180 de noviembre 8 de 2001; T-1189 de noviembre 24 de 2004 y T-897A de noviembre 2 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-970 de noviembre 23 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis; y T-105 de febrero 16 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, entre otras.
(24) Cfr. T-596 de diciembre 10 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón; C-318 de julio 19 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-705 de diciembre 9 de 1996; T-706 de diciembre 9 de 1996; y T-714 de diciembre 16 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(25) Cfr. SU-014 de enero 17 de 2001, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
(26) C-648 de junio 20 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.