Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1995-09280-30860-de-abril-15-de-2015?documento=jurcol&contexto=jurcol_6535326216f0456c9e802072988c8a10&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-19 13:54:20
Document Index: 347097839

Matched Legal Cases: ['artículo 136', 'artículo 65', 'artículo 175', 'artículo 335', 'artículo 6', 'artículo 16', 'artículo 93', 'artículo 16', 'artículo 55', 'artículo 115', 'artículo 13', 'artículo 40']

SENTENCIA 1995-09280 DE 15 DE ABRIL DE 2015
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD ESTATAL. EL ESTADO ES RESPONSABLE A TÍTULO DE FALLA DEL SERVICIO, CUANDO LOS MIEMBROS DE SUS CUERPOS ARMADOS REALIZAN HOMICIDIOS EXTRAJUDICIALES.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, EJÉRCITO NACIONAL, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, FALTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, GRUPO ARMADO AL MARGEN DE LA LEY
Sentencia 1995-09280/30860 de abril 15 de 2015
Rad.: 540012331000199509280 01
Exp.: 30.860
Actor: Ricardo Vera García y otros
2.1.1. La Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandanda contra la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2004, por la Sala de Descongestión para los Tribunales Administrativos de Norte de Santander, Santander y Cesar, comoquiera que la demanda se presentó el 20 de noviembre de 1995 y la pretensión mayor se estimó en el equivalente en pesos a 2000 gramos oro ($24’822.920) por concepto de indemnización del daño moral a favor de cada uno de los padres de los señores Vera Pérez, suma que superaba el monto exigido para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta corporación para aquella época, esto es $9.610.000(12).
2.1.2. De otra parte, en cuanto a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria, advierte la Sala que ésta se presentó dentro de los dos (2) años que establece el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que el daño por cuya indemnización se demandó, esto es la muerte de los señores Germán y William Vera Pérez ocurrió el 21 de noviembre de 1993, razón por la cual, por haberse interpuesto la demanda el 20 de noviembre de 1995, se impone concluir que la misma se formuló oportunamente.
— Declaración rendida en este proceso por el señor Benedicto Pallares, en la que manifestó que él había visto a los jóvenes Germán y William Vera Pérez en el establecimiento de la señora Olivia Rojas ingiriendo alcohol con dos militares y que por ser ella la propietaria de la cantina, la mencionada pudo ver como asesinaron a los hermanos.
Al preguntársele sobre los hechos objeto de estudio manifestó que él se encontraba transportando unas personas en la camioneta de su hijo en compañía del conductor del vehículo y que fue detenido por un retén del Ejército quienes los encañonaron y trataron de manera despectiva.
El señor Pallares indicó que al preguntarle a los militares el motivo por el cual los estaban tratando de esa manera, los soldados le indicaron que les habían acabado de asesinar un compañero. Asimismo, relató que cuando iban a iniciar nuevamente su marcha, escucharon unos tiros y que fueron nuevamente detenidos por los militares quienes les retuvieron la camioneta por lo que les tocó llegar caminando al pueblo el cual se encontraba desolado.
Seguido a ello, indicó que su hijo, el señor Dennis Pallares, fue a recoger la camioneta que habían retenido los militares y que aproximadamente a las 6:30 p.m. tocaron a su puerta tres soldados quienes indicaron que necesitaban la ayuda del dueño del vehículo por lo que su hijo los acompañó.
Al regresar a su hogar, el señor Dennis Pallares le manifestó a su padre que habían utilizado su vehículo para transportar a un soldado y a los hermanos Vera Pérez a la escuela.
Al preguntársele al testigo si el señor Dennis Pallares le había descrito el estado en que se encontraban Germán y William Vera Pérez, cuando los dejó en la escuela, éste indicó “que ya estaban muertos, que estaban hechos una coladera”(13).
— Declaraciones de los señores Eva Pérez Pérez y Ricardo Vera García que no se tomarán en cuenta comoquiera que actúan en el proceso como demandantes.
— Memorial remitido por el personero del municipio El Tarra el 13 de septiembre de 1996 a través del cual indicó que no existe en los archivos de la Personería Municipal, de la Inspección de Policía y los del Corregidor de Filo Gringo Municipio El Tarra copia del expediente 466 de 1993 “que tenga relación con la muerte trágica de los campesinos Germán y William Vera Pérez”(14).
— Informe elaborado el 6 de noviembre de 1996 por la Registraduría Nacional del Estado Civil mediante el cual se indicó que las cédulas de ciudadanía a nombre de los señores Germán y William Vera Pérez “se encuentran vigentes”(15).
— Documento contenido en el Libro de Resultados Operacionales remitido el 10 de septiembre de 1996 por el Comandante de la Brigada Móvil Nº 2 del Ejército Nacional en el cual se consignó que:
“El día 21 – 16:45 – nov – 93 – Gil Especial Buitre – BCG 16:00 COS al mando de St. Villegas Molano Oscar en desarrollo (ilegible) en sitio Filo Gringo (…) sostuvo contacto armado con bandoleros de la cuadrilla Carlos Ado Cacua Guerrero – ELN con sgtes. resultado así: Bandoleros dados de baja “S” Hermano primitivo Vera (ilegible) Sergio 02
SLV muerto: CLSV Bueno Bueno José Leopoldo 01
Incautado sgte. material:
— granadas de mano.
* “S” Orlando Vera o Jorge “S” pertenecientes comisión (ilegible) ELN”.
— Oficio 625 del 9 de junio de 1999 por medio del cual la jefe de la oficina de asignaciones de la Fiscalía General de la Nación informó que, una vez revisado el sistema de tal entidad, no se encontró proceso alguno “en donde hallan (sic) sido víctimas Germán Vera Pérez y William Vera Pérez, hechos ocurridos el día 21 de noviembre de 1993 por parte de miembros del Ejército Nacional”(16).
La Sala encuentra que fueron allegadas al proceso, copias simples de la totalidad de la investigación adelantada por la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares por la “presunta responsabilidad de la muerte de los hermanos Vera Pérez”, prueba trasladada que será valorada en su integridad, incluso en lo que a la parte testimonial se refiere, en tanto fue solicitada por la parte demandante y coadyuvadas por la demandada.
Teniendo en cuenta lo anterior, dentro del proceso disciplinario militar se destacan los siguientes documentos y actuaciones procesales:
— Memorial elaborado por el Personero Municipal de El Tarra el 1º de diciembre de 1993 y dirigido al Procurador Regional de Norte de Santander en donde expuso:
“A fin de que su despacho provea lo pertinente me permito informarle que los hecho sucedidos en el corregimiento de Filo El Gringo de este municipio el pasado 21 de noviembre del año en curso no son como lo informó a los medios de comunicación el General Agustín Ardila diciendo que tropas de la Brigada Móvil Nº 2 habían dado de baja a dos subversivos del ELN en el momento en que se disponían a dinamitar el oleoducto Caño Limón – Coveñas. Dicho caso merece ser investigado y aclarado a la opinión pública, por cuanto resta imagen a nuestro municipio y se encubren hechos que afectan la moralidad de las instituciones del Estado.
Para su conocimiento me permito informarle que la muerte de dos agricultores y un suboficial de la Brigada Móvil Nº 2 en Filo El Gringo se produjo por enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla, sino por asuntos aún no establecidos, ya que los implicados en el asunto estaban consumiendo licor desde muy tempranas horas del día.
Según versiones de los moradores de la localidad de Filo El Gringo, los hechos se produjeron aproximadamente a las 4:40 de la tarde del día domingo 21 de noviembre del año en curso en uno de los negocios del poblado. En el instante quedaron muertos el suboficial y uno de los agricultores, el otro agricultor y el soldado quedaron heridos, pero posteriormente el civil herido fue asesinado a la vista de algunas personas, entre ellos algunos niños.
Los civiles muertos respondían a los nombres de Germán y William Vera Pérez, quienes residían en la vereda Puerto Catatumbo y en el momento de los hechos solo portaban armas cortopunzantes.
Igualmente pudo establecer este despacho que los cadáveres fueron trasladados por los militares hasta un potrero por donde pasa el antiguo oleoducto para poder mostrar al día siguiente a los medios de comunicación que los muertos habían sido en combate. Además los señores Benedicto Pallares y Eliberto Sepúlveda fueron golpeados fuertemente por parte de algunos soldados en el momento que llegaban de realizar un viaje al cable en el río Catatumbo.
Por lo anterior solicito al señor Procurador, a la Fiscalía General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que se proceda a realizar las acciones pertinentes para el esclarecimiento de la verdad de los hechos”(17).
— Declaración juramentada rendida por la señora Oliva Rojas Araque quien sobre los acontecimientos del día 21 de noviembre de 1993 indicó:
“Como a las cuatro de la tarde del día domingo 21 de noviembre de 1993 llegaron a mi negocio dos militares y dos civiles, ya venían embriagados y pidieron cerveza y se sentaron a tomar. Lo que yo pude observar en ellos era que conversaban como amigos, sin notar ninguna malicia en ninguno de los clientes. Cuando llevaban como unas tres pedidas de cerveza uno de los militares y uno de los civiles se pararon y fueron al baño que queda a la parte atrás de la casa, enseguida escuché la explosión de una granada quizá porque fue muy fuerte la detonación, yo salí a la calle y el soldado que estaba en la sala corrió en dirección al baño; en ese momento se formó un tiroteo de lo cual no puedo dar mayor aclaración, luego de todo esto llegó un poco la calma y en el solar de mi casa había dos muertos: un militar y un civil.
Al preguntársele si tenía idea de quien había realizado el levantamiento de los cadáveres, destacó que no tenía conocimiento pues cuando regresó a su establecimiento una vez volvió la calma, ya no estaban los cuerpos.
Por otro lado, declaró que después de los hechos, un grupo de militares fueron a su hogar para solicitarle que no dijera que en su tienda se encontraban bebiendo los soldados en compañía de los civiles.
— Testimonio del señor Adolfo Moreno Minorta quien contó que el 21 de noviembre de 1993 él se encontraba jugando en la cancha del caserío cuando sintió un “bombaso, como a los cincos minutos se escuchó otros, después rafagas”(sic) motivo por el cual todos los jugadores salieron de la cancha, momento en el que fueron atacados por un soldado quien les disparó por lo que se tiraron a la tierra y le gritaron que eran civiles.
En ese sentido, manifestó que siguieron su rumbo al caserío y que, al llegar a la carretera central otro soldado les apuntó con su fusil por lo que volvieron a gritar que eran civiles y que estaban jugando fútbol. En ese momento los militares les ordenaron a todos encerrarse en su casa.
Así las cosas, señaló el señor Moreno Minorta que vio pasar la camioneta con “los muertos” pero que en ese momento no supo exactamente de quienes se trataba; al preguntársele si sabía quién había hecho los levantamientos de los cadáveres, este respondió que fue el Ejército en compañía de unos testigos a quienes mencionó.
Por otro lado destacó que a pesar de que los hechos habían ocurrido en el establecimiento de comercio “La Negrita Carolina” cuya propietaria era la señora Olivia Rojas, no sabía por qué los cadáveres habían aparecido cerca del oleoducto de Petróleos del Norte(18).
— Declaración del señor José Alirio Peñaranda quien ayudó a cargar los cadáveres de los señores Germán y William Vera Rodríguez los cuales se encontraban al frente de la escuela y quien al respecto relató:
“(…) como a las 6 de la mañana llegó un soldado a mi casa y me dijo que fuera a ayudarle a cargar los cadáveres hacia el sitio donde los iba a cargar el helicóptero, el cuál es un potrero por donde pasa el oleoducto de Petróleos del Norte, al frente de la escuela de este caserío, yo obedecí y luego que les colaboré en lo que me pedía me volví para la casa”.
En ese orden de ideas, comentó que a pesar de hacer parte de la junta de acción comunal y de conocer a los muertos, accedió que los cadáveres fueran llevados a Tibú en helicóptero y presentados como guerrilleros muertos en combate, debido a la presión de los militares quienes insistían en ello.
Ahora bien, éste testigo también manifestó que aun cuando los hechos sucedieron en el local de la señora Olivia Rojas los cuerpos fueron recogidos por los militares en una camioneta, trasladados hasta el frente de la escuela lugar en el que, al día siguiente, él en compañía de otras personas ayudaron a llevarlos hasta el sitio en el que iban a ser recogidos por un helicóptero.
Finalmente, destacó que no entendía porque el diario Opinión publicó unas fotos de los señores Vera Pérez vistiendo prendas de las fuerzas militares y encontradas al otro lado del oleoducto. En ese sentido, se le preguntó que si a partir de las fotos publicadas por el periódico podía certificar que correspondían a los señores Germán y William Vera Pérez, este, de manera contundente indicó “si la ví y claramente se ve que fueron las personas muertas aquí en Filo Gringo”(19).
— Testimonio de la señora Valentina Contreras Lasso quien sobre los hechos indicó:
El ejército llegó a nuestra casa y con palabras groseras nos decían que nosotros éramos apañaguadores y me preguntaban que si había visto pasar a alguien, yo les dije bajo juramento que a nadie, le dijeron a mi esposo que fuera a mirar a ver si el herido era de aquí del pueblo, el no quiso ir porque es muy nervioso, entonces fue una niña y lo miró pero no lo conoció, luego si vi cuando lo traían agarrado de la coreea (sic) y lo sacaron a la carretera y en una cerca (sic) de alambre a la orilla de la vía lo acabaron de estamborar”.
— Declaración del señor Benedicto Pallares quien reiteró que el vio a los señores German y William Vera Pérez consumiendo alcohol en compañía de militares en el establecimiento de comercio de la señora Oliva Rojas y que, su hijo había ayudado a trasladar los cadáveres desde el lugar de los hechos hasta “al frente de la escuela”(20).
— Informe 2977 del 17 de mayo de 1994 elaborado por el Coronel José Antonio Cortés Gamboa y dirigido al abogado visitador de derechos humanos en el que se informó que:
“Con el presente informo a ese despacho que revisados los archivos operacionales de la Brigada Móvil Nº 2 para el año de 1993, se encontró la siguiente información:
Folio 143 día 21 de noviembre de 1993, “Contacto armado y bajas”. El día 211645 – nov – 93 el Gil Especial Buitre del Batallón de Contraguerrillas Nº 16 del Comando Operativo Nº 5 al mando del señor Subteniente. Villegas Molano Oscar, en desarrollo de la operación exterminio en el sitio Filo Gringo 8º 29’00’’ LN 72º57’45’’ LW municipio de Tibú N/S, sostuvo contacto armado con bandoleros de la cuadrilla Carlos Armando Cauca Guerrero del ELN, con los siguientes resultados:
Bandoleros dados de baja…………..…………………….02
Soldados voluntarios asesinados………………………...01
Granadas de mano …………………………………………04
Pertenecientes comisión Osmario Cuéllar del ELN”(21).
— A folio 29 del cuaderno 2 obra comunicación de la Inspectora de Policía de Filo Gringo dirigida a la personera municipal de El Tarra en el que manifestó que los levantamientos de “esos tres cadáveres solicitados por usted” no fue realizado por el funcionario de dicho despacho para la época de los hechos toda vez que dicha diligencia la adelantaron los miembros del grupo de la móvil Nº 2 del Ejército.
— Acta de visita especial realizada al Juzgado Séptimo de Instrucción Penal Militar Adscrito a la Brigada Móvil Nº 2 en Tránsito en el Batallón de Infantería de Santander – Ocaña. En dicha diligencia se estableció:
“En Ocaña N.S., a los tres días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cinco, se hizo presente el asistente jurídico de la procuraduría Provincial de Ocaña Dr. Juan Carlos Mantilla Pérez, con el fin de practicar visita especial a las diligencias adelantadas por homicidio en los señores Germán Vera Pérez y William Vera Pérez, en hechos que ocurridos el día 21 de noviembre de 1993 en Filo Gringo jurisdicción municipal de El Tarra Norte de Santander. Lo anterior en cumplimiento de comisión conferida por el señor Procurador Delegado para las Fuerzas Militares mediante auto de fecha 7 de marzo de 1995. Presente en el despacho el señor doctor Abelardo Olarte Álvarez titular del Juzgado Séptimo de Instrucción Penal Militar y el señor secretario Miguel Ángel Barbosa Pinzón, quienes una vez enterados del objeto de la visita pusieron a disposición del Funcionario de la Procuraduría el cuaderno original de las diligencias preliminares Nº 075 remitidas a este despacho en comisión por el Juzgado 47 de Instrucción Penal Militar y radicado en este juzgado bajo el Nº 28, cual presenta la siguiente actuación: Oficio 182 (fl. 1) del 23 de noviembre de 1993 emanada del señor comandante de la Estación de Policía de Tibú, el Juez Promiscuo Municipal de Reparto de la misma localidad enviando adjuntas ocho actas de levantamiento de cadáveres masculinos N/N., numeradas del 27 al 34 respectivamente, cada una de ellas de fecha 22 de noviembre del 93. Vistas las citadas diligencias y observado el lugar y fecha en que ocurrió el hecho anotado puede concluirse que las correspondientes a la situación que nos ocupa son las obrantes a los folios 13, 15 y 17; folios 29 al 45 actas de necropsia correspondiente a ocho cadáveres N.N. masculinos de las cuales es imposible individualizar las que nos interesan ya que no se consignó en ellas el número del acta de levantamiento de cadáveres; (…) Folio 85 Oficio sin número del 9 de febrero de 1994 dirigido al señor Juez 47 IPM mediante el cual el señor Oficial B-3 de la Brigada Móvil Nº 2 informa que el día 12 de noviembre (sic) de 1993 se desarrollaron operaciones en el sitio Filo Gringo municipio de Tibú (sic) al mando del señor ST Villegas Molano Oscar comandante del Gil Especial Buitre en los cuales fueron dados de baja dos bandoleros del ELN y resultó muerto el soldado voluntario Bueno Bueno José Leopoldo (…)”(22) (negrillas fuera del texto).
— Acta de visita especial practicada a la Sección B3 de la Brigada Móvil Nº 2 en Tránsito en el Batallón Santander de Ocaña en la que se verificó la existencia de la orden de operaciones para adelantar labores en Filo Gringo, El Tarra para el 21 de noviembre de 1993(23).
En dicha diligencia el funcionario de la Procuraduría verificó en los libros de resultados operacionales, dispositivo de tropas y órdenes de operaciones correspondientes a la aludida fecha lo siguiente:
“No existe orden de operación para el lugar y fecha que nos ocupa. En el libro de Resultados operacionales al folio 143 obra la siguiente anotación; Fecha 21 – 11 – 93 Asunto contacto armado y bajas, soldado voluntario muerto – El día 21 – 16- 45 Nov- 93 Gil Especial Buitre BCG 16 – Co5 al mando del ST Villegas Molano Oscar en desarrollo operación exterminio en sitio Filogringo Mpio. Tibú N. S. sostuvo contacto armado con bandoleros de la cuadrilla Carlos Ado Cacua Guerrero – E.L.N. con siguientes resultados así: bandoleros dados de baja 02; soldado VOL muerto Bueno Bueno José Leopoldo: incautando siguiente material Granadas de Mano 04 en letra pequeña se observa lo siguiente. Bandoleros dados de baja “S” Hermano Primitivo Vera alias Sergio “s” Orlando Vera alias Jorge Comisión Osmario Cuellas E.L.N” al libro de dispositivo de tropas se observa la siguientes anotación al folio correspondiente al 22 de noviembre de 1992 se observa la siguiente anotación Unidad BCG 16; Efectivos 01. 02- 15 Sitio Filogringo municipio de Tibú N. de S”(24).
— Memorial Nº 155 del 5 de mayo de 1995 enviado por el Juez 7º de Instrucción Penal Militar al señor abogado visitador de la Procuraduría Provincial de Ocaña por medio del cual remite copias de las diligencias preliminares por “Homicidio en averiguación responsables”(25). En dichos documentos se encuentran:
— Oficio 182 del 23 de noviembre de 1993 radicado por el comandante de la Estación de Policía de Tibú y enviado al Juez de reparto del municipio, por medio del cual relacionaron y anexaron 8 actas de levantamiento de cadáveres. En tal documento se indicó:
“(…) Para conocimiento del Señor Juez los primeros cinco de los relacionados se tiene conocimiento fueron dados de baja en enfrentamiento armado con una contraguerrilla del Ejército Nacional de la Segunda Brigada Móvil en el sitio quebrada San Miguel jurisdicción del Corregimiento de la Gabarra Municipio de Tibú, el día 21 de noviembre de 1993 a las 8:30 p.m. y los otros tres en la misma fecha a las 16:30 horas con otra patrulla del Ejército Nacional de la misma Brigada en Jurisdicción de la Vereda Filo Gringo Municipio del Tarra.
La diligencia de levantamiento de los cadáveres se realizó por parte de este Comando el día de ayer a las 14:30 horas hasta las 15:40 horas en las instalaciones de la Morgue del Cementerio de esta localidad donde fueron traídos por personal del Ejército Nacional.
Para conocimiento de ese despacho a los occisos se les decomisarán (sic) varias armas de fuego de corte y largo alcance, municiones y elementos de intendencia y granadas de fragmentación los cuales se encuentran en poder del Ejército Nacional”(26).
— Diligencia de exhumación y reconocimiento de fosa donde “se hallaban sepultados ocho cadáveres N.N. inhumación” realizada el 22 de noviembre de 1993 por el Juez Primero Promiscuo Municipal a la que asistieron varias personas pero ninguna de ellas relacionadas con los señores Germán y William Vera Peña. En dicha diligencia se estableció que:
“valga resaltar que no obstante agotar todos los medios que se tuvieran al alcance para que se efectuara el reconocimiento solicitado. Hubo mucha dificultad dado que la forma como fueron sepultados, la profundidad y el deterioro de los cuerpos impedía apreciar con nitidez y claridad los cadáveres EXHUMADOS”(27).
— Proveído del 17 de enero de 1994 proferido por el Juzgado Cuarenta y Siete de Instrucción Penal Militar por medio del cual se abrió la investigación preliminar con el fin de esclarecer la forma en que fallecieron el soldado Leopoldo Bueno Bueno y “dos subversivos”(28).
En dicha decisión se indicó lo siguiente:
“Atendiendo al informe secretarial que antecede; del estudio de las diligencias remitidas por competencia, de las advertencias anotadas por secretaría y del estudio de las diligencias que en este despacho se radican bajo el Nº 72 observa este juzgado de instrucción que efectivamente para el día 21 de noviembre del año anterior se presentó un enfrentamiento entre subversivos y el Ejército, que como producto de este falleció el soldado Leopoldo Bueno y dos subversivos como lo nota el informe policial que obra a folio 1 del cuaderno original de las diligencias 72.
A folio 2 de las diligencias enviadas y que hoy el despacho se ocupa aparece una particular anotación del informe policial en donde da cuenta al Juez que para ese momento recibiera lo recaudado, de que los primeros relacionados, refiriéndose a las primeras cinco actas, fueron dados de baja en enfrentamiento armado de la guerrilla con el Ejército Nacional (Segunda Brigada Móvil) en el sitio quebraba San Miguel jurisdicción del corregimiento la Gabarra Municipio de Tibú, el día 21 de noviembre de 1993 a las 830 p.m. Igualmente hace referencia a que los otros tres en la misma fecha a las 1630 horas con otra patrulla del Ejército Nacional de la misma Brigada en Jurisdicción de la vereda Filo Gringo Municipio del Tarra. Verdaderamente fue muy fácil para el efectivo policial y en nada le preocupó precisar cuáles de los occisos correspondían a un hecho y cuales al otro, no de la manera facilista como lo hace, sino aclarando y separando, las actas, pues claro esta como el mismo lo anota que corresponden a hechos diferentes tanto en circunstancias de tiempo como lugar.
Nada habría costado al funcionario separar las actas y determinar cuales corresponden a filo gringo y cuales a la Gabarra, separación que debe entenderse en razón a que no puede pretenderse que se ventile en una sola cuerda procesal dos hechos que en momento alguno se relacionaron, en nexo al parecer lo crea por un ente eminentemente Jurídico como lo es Ejército o Brigada Móvil, mal hace entonces el funcionario en reunir dos diligencias en una sola predicando un aparente concurso donde no lo hay., Sorprende más aún la actitud del señor Juez Primero Promiscuo Municipal de Tibú, quien de manera alguna se percató de tan delicado incidente, ni tan siquiera tuvo a bien indagar con la unidad de policía el por qué allegaban dos diligencias en una.
(…) Pero como si lo anterior fuera poco se crea una mayor confusión para este despacho cuando los funcionarios de medicina legal que realizaron las necropsias las elaboran de manera progresiva, pero no tuvieron la precaución de determinar claramente en dicha diligencia legista a que numero de acta de levantamiento correspondía la necropsia practicada, lo que dificulta sin duda determinar la necesaria separación de investigaciones que se requiere. Su actividad admirable desde el punto de vista médico, afecta estas diligencias propias del instructor por limitarse a enumerar progresivamente las necropsias y no determinar a quién correspondían.
Tan precaria actuación de los que en las primeras diligencias intervinieron lleva este despacho a que exista la necesidad de mantener en una sola investigación lo que hoy reiteradamente se ha mencionado, por ello esa unidad se mantendrá hasta tanto los elementos probatorios recaudados en adelante permitan con toda claridad cuales diligencias deben continuar en esta investigación y cuales deben separarse a otra por iniciar o ser el caso a las mencionadas en el radicado 72.
Por lo anterior, el despacho dispone mantener una sola investigación las diligencias hoy recibidas, hasta tanto la misma no arroje cuales pruebas deben separarse y enviarse a la investigación que corresponda”.
— Providencia del 4 de febrero de 1994 por medio del cual el Juez Cuarenta y Siete de Instrucción Penal Militar desglosó las ocho necrodactilias obrantes en el expediente con el fin de remitirlas a la Unidad Local del Cuerpo Técnico de Ocaña para que a su vez las remita al Cuerpo Técnico de Cúcuta quien deberá remitir los resultados de las mismas de conformidad con lo siguiente:
“(…) Observa el despacho que a folios 5, 8, 11, 13, 16, 19, 22, 25 del cuaderno original obran ocho (8) necrodatiliar según informe policial obrante a folio 1 y 2 que se realizara el día en que dicha unidad judicial efectuara los levantamientos de ocho cadáveres.
Que dichos levantamientos no establecieron la verdadera identidad de los occisos, y que efectivamente tal situación es imprescindible aclarar, vale decir establecer la verdadera identidad de los ocho fallecidos (…)”(29)
— Oficio enviado por el Oficial B3-BRIM del Ejército Nacional al Juez 47 de Instrucción Penal Militar en el que informó lo siguiente:
“Con el presente y refiriéndome a su oficio 38 de fecha 08 de febrero de 1994, me permito informar a ese despacho que las operaciones efectuadas el día 21 de noviembre de 1993 en el Caño el diablo serranía La Motilona Corregimiento de la Gabarra Municipio de Tibú N/S, fueron efectuadas por las compañías atacador 1, al mando del señor CT. Betancur Patiño Carlos, Acero – 1 TE. Clavijo Riveros Faiber, Acero -2 ST. Garníca Ruíz Jaime, en al cual fueron dados de baja 08 bandoleros del Frente XXXIII de las FARC.
Así mismo el día 12 de noviembre de 1993 se desarrollaron operaciones en el sitio Filo Gringo Municipio de Tibú N/S, al mando del Señor ST. Villegas Molano Oscar, Comandante del Gil Especial BUITRE, durante las cuales fueron dados de baja 02 bandoleros del ELN y resultó muerto el Soldado Voluntario Bueno Bueno José Leopoldo”(30)
— Declaración del señor Teniente Oscar Fredy Villegas Molano al interior del proceso penal adelantado por homicidio. En ella afirmó que era el Comandante del Grupo Especial Buitre y que se encontraba en medio de la persecución de miembros de grupos subversivos a quienes debía capturar o darlos de baja.
En ese sentido, indicó que los militares tenían información de inteligencia que el enemigo se encontraba en el sector de Oro, Tibú y Filogriongo y que adelantaban una emboscada. Así las cosas, los soldados llegaron al corregimiento de Filogringo en horas de la mañana para iniciar labores administrativas. Después del almuerzo, a su dicho, los soldados iniciaron a hacer registro del pueblo tratando de buscar información pues el guía sabía que en la zona había guerrilleros.
Y que en ese momento:
“fue cuando se presentó una situación especial vi que dos de mis soldados uno de ellos el guía se dirigieron corriendo detrás de un tipo, el tipo se metió a una casa entonces analizando la situación al final de la casa nos estaban esperando dos individuos, yo sentí unos disparos de inmediato sentí unos disparos, me dirigí rápidamente hacia la casa por la cual salté yo por el solar de la casa y vi fallecer a un soldado de los míos y el guía estaba forcejeando con otro, entonces los dos uno de ellos salió en rápida huida de la cual nosotros emprendimos su persecución dando alcance mejor dicho dándole de baja ya que no paraba, al devolverme el guía ya había alcanzado al que había matado al soldado (ilegible) el subversivo ya había fallecido estaba —tendido muerto—, me dirigí hacia el soldado y traté de prestarle los primeros auxilios pero fueron nulos, entonces le pregunté al guía que fue lo que paso, entonces el guía me contestó que nos estaban esperando y que nos tenían una emboscada ahí en el pueblo, que esos dos eran del ELN que los estaban esperando al final de la casa y que estaban con puñales y granadas que no pudieron tener el objetivo asegurado”.
Seguido a ello, indicó que le tocó atrincherarse en la escuela con los dos cuerpos de los subversivos, el de su soldado, el guía herido y él con lesiones graves. Sobre el material incautado describió que a los guerrilleros se les encontraron dos granadas de mano pues otras dos fueron activadas y que cada uno de ellos llevaba un puñal los cuales estaban impregnados de sangre.
A su vez, relató que la información publicada por la prensa era completamente equivocada pues en el periódico se indicó que se habían dado de baja a los guerrilleros cuando estos intentaban volar un tubo cuando los hechos realmente habían sucedido tal como lo había narrado el teniente previamente. Sobre la identificación de los subversivos, el teniente dijo que a pesar de que estos se encontraban vestidos de civil, el guía los reconoció como miembros del grupo al margen de la ley autodenominado “ELN”.
Por otro lado, manifestó que aun cuando se enfrentaron a esos dos hombres, tenían conocimiento de que había más guerrilleros en el puente del río Catatumbo pues desde ese sitio les hacían disparos(31).
— Informe elaborado por el Coronel Luis Hernando Barbosa Hernández mediante el cual relacionó el personal militar integrante del Grupo Especial Buitre del Batallón de Contraguerrillas Nº 16 del Comando Operativo Nº 5 para el día 21 de noviembre de 1993(32).
— Versiones libres de los señores Humberto Tafur Leal, Félix Oliveras Rivera y Alexander Tapiero Valdéz las cuales no podrán valorarse en el sub judice, por no encontrarse sometidas a la formalidad del juramento. En relación con la práctica de las diligencias de indagatoria o versión libre, la Sala ha sostenido que aquéllas no son objeto de valoración, toda vez que no tienen el alcance de una prueba testimonial ni pueden someterse a ratificación, dado que no se encuentran sometidas a la formalidad del juramento, como sí ocurre con la prueba testimonial.
Así las cosas, siempre que se quiera hacer valer la declaración de una persona dentro de este tipo de procesos, debe ordenarse la práctica de su testimonio tal y como ocurrió para el caso del teniente Oscar Fredy Villegas Molano, testimonio que fue relacionado previamente.
— Autos del 27 de enero de 1997 expedido por el procurador delegado para las Fuerzas Militares mediante los cuales se abrió investigación disciplinaria contra el oficial del ejército Teniente Oscar Freddy Villegas Molano(33) y, se le formularon cargos porque:
“permitió actos de indisciplina dentro de sus subalternos que desencadenaron en una riña que dejó como saldo la muerte de un soldado y dos civiles dentro de un establecimiento del lugar, omitiendo lo establecido por Ley para el respectivo trámite del levantamiento de los cadáveres y la respectiva obtención de las pruebas necesarias, persiguiendo luego desvirtuar la verdad de los sucedidos arguyendo unos hechos que en nadas se parecen a los descritos por testigos presenciales, sin haber sido convincente su explicación”(34).
— A folios 226 al 228 del cuaderno 2 obra declaración del General Agustín Ardila Uribe quien, al preguntársele sobre la operación militar en la que fallecieron los hermanos Vera Pérez, indicó como se adelantaban los operativos militares de manera general.
“... como acostumbraba en el desarrollo de las operaciones y de acuerdo a los resultados me desplazaba al sitio de los acontecimientos con el propósito de verificar el resultado de la operación militar, evidentemente pude constatar que tropas de la Brigada Móvil Nª 2, en este momento no recuerdo que contraguerrilla ni a que batallón pertenecían realizó la operación, de acuerdo a las órdenes una vez se produce un contacto con el enemigo se ordena entre otras acciones la iniciación de la correspondiente investigación con el propósito de esclarecer los hechos. El área se caracteriza por ser bastante quebrada, montañosa y en ella delinquen los grupos subversivos tanto de las FARC como del ELN, asimismo se encuentra el oleoducto Caño Limón Coveñas, oleoducto que se ha constituido en un objetivo bastante rentable para los grupos subversivos y dada las condiciones agrestes del terreno este sector de Filo Gringo que está ubicado en la selva del Catatumbo se había venido constituyendo tal vez el sector más crítico y en donde en repetidas oportunidades se venían registrado atentados tales como voladuras y una de las misiones principales de las unidades de la Brigada Móvil que operaban en este sector era garantizar el normal funcionamiento de dicho oleoducto”.
Al preguntársele sobre quien dio la orden para llevar a cabo el operativo, el general narró cómo se organizaba la brigada móvil y concluyó que tanto los comandantes de las compañías como de los batallones y del comando operativo tienen plena autonomía para planear y conducir las operaciones en el área que les corresponde.
Sobre los resultados del operativo, especificó que no recordaba nada específico pues como comandante de la Brigada Móvil 2 en el año 1993 realizó muchas operaciones dando de baja a centenares de miembros de la subversión, incautó material y logró neutralizar los atentados al oleoducto Caño Limón Coveñas.
Seguido a ello le preguntaron si conocía al Teniente Oscar Fredy Villegas Molano y si él había participado en el operativo realizado el 21 de noviembre de 1993 en Filo Gringo pero el declarante indicó que no se acordaba si efectivamente ese teniente era el comandante de la patrulla de tal operativo.
Por su parte, indicó que había suministrado información a los medios de comunicación sobre todos los resultados que se daban cada vez que había enfrentamiento con los guerrilleros y que específicamente “hice referencia a las intenciones de estos grupos subversivos de efectuar voladuras al oleoducto ya mencionado”.
A su vez, destacó que cada vez que se daba de baja a un enemigo, o de los miembros de las propias tropas, en cualquier circunstancia, incluyendo en desarrollo de una operación militar, se avisaba al Cuerpo Técnico de Investigación para que efectuara el levantamiento de cadáver y al Juez de Instrucción Penal Militar para que diera inicio a la investigación.
Concluyó su declaración manifestando que en el escenario donde actuaba la Brigada Móvil Nº 2 para la época de los hechos, los enfrentamientos con los grupos guerrilleros eran continuos, tanto así que incluso en una misma semana se daban dos o más “contactos armados” lo que dio como resultado centenares de bajas a miembros tanto de las FARC como del ELN(35).
— Acta de inspección de cadáver elaborada el 22 de noviembre de 1993 al soldado José Leopoldo Bueno Bueno por la Unidad Móvil de Levantamientos Sub–Sijin de Ocaña(36).
— Necropsia realizada el 23 de noviembre de 1993 por el Instituto de Medicina Legal al cuerpo del soldado Bueno Bueno en la que se puso de presente la siguiente información
“Examen externo.
Descripción del cadáver: Cadáver de hombre joven que presenta herida lineal en forma de V sobre base de cuello izquierdo,
Conclusión: Hombre adulto joven que fallece en shock hipovolémico y asfixia mecánica por broncoaspiración hemático secundario a heridas en cayado aórtico, tráquea y esófago ocasionados por arma cortopunzante.
Anexo. Heridas por arma cortopunzante
1.1. Herida incisa en forma de V con ángulo abierto lado superior de 7 x 5 cmts. En base de cuello lado izquierdo a 9 cmts de la línea media posterior y a 25 cmts del vertex. No se observan puentes dérmicos ni edema o equimosis perilesinal.
1.2. Profundidad de 17 cmts de longitud.
1.3. Compromete: Piel, tejido celular subcutáneo, músculos de base del cuello, luego afecta y secciona en forma incisa la primera y segunda costilla posteriores con laceración de 1º y 2º espacio intercostal, luego afecta en sentido inferior el esófago que lo lacera en su diámetro en toda la extensión, luego afecta en un 90% el diámetro de la tráquea sobre la bifurcación de los bronquios principales donde se observa abundante material hemático, restos alimenticios y goma de mascar se explora en su extensión sin evidenciar cuerpos extraños.
Se revisa la aorta torácica y se encuentra laceración en un 10% de su diámetro lo que ocasiona hemotorax de 1000 cc. lado izquierdo no encontrándose más lesiones en tórax ni cavidad abdominal.
Se explora aorta torácica no encontrándose cuerpos extraños en la misma. La columna vertebral se observa sin perforación, encontrando sobre el cuerpo de la vértebra leve herida incisa sin afectarla. Pulmón izquierdo colapsado, al corte de los parénquimas se observa moteado hemorrágico. Pulmones ligeramente pegados.
1.4. La trayectoria marcada por el compromiso de las heridas fue en sentido postero – anterior, supero – inferior y de izquierda a derecha (…)”(37).
— Decisión de primera instancia proferido por la procuraduría delegada para las Fuerzas Militares el 17 de marzo de 1998 y por medio del cual se declaró responsable disciplinariamente al teniente Oscar Villegas Molano de conformidad con los siguientes argumentos:
“Evaluado el acervo probatorio obrante en el plenario, se establece que efectivamente el 21 de noviembre de 1993, en el Corregimiento Filo Gringo del Municipio El Tarra Norte de Santander, se produjo la muerte violenta del soldado Leopoldo Bueno Bueno y de los civiles Germán y William Vera Pérez.
En orden a esclarecer las verdaderas circunstancias que rodearon este suceso, se pudo determinar, en primer lugar que el día mencionado el Grupo Especial Buitre del Batallón de Contraguerrilla Nº 16 al mando del Subteniente Oscar Villegas Molano, arribó a la localidad de Filo Gringo, en donde, de acuerdo a lo testificado por los ciudadanos José Alirio Peñaranda y Benedicto Pallares Ramírez, los dos soldados y los hermanos Vera Pérez, se encontraban juntos, tomando y departiendo alegremente.
Estos testimonios son concordantes con el de la ciudadana Oliva Rojas Araque, propietaria del establecimiento comercial al cual ingresaron los dos uniformados y los dos civiles, a quienes personalmente atendió y pudo observar se encontraban en estado de embriaguez. La mujer agregó que después de un lapso de tiempo dos de ellos (un uniformado y un civil) se dirigieron al baño, en donde seguidamente se produjo una fuerte explosión, ante lo cual el otro soldado corrió en esa dirección, escuchándose después numerosos disparos.
Este hecho fue ratificado por el soldado Alexander Tapieros Valdez, quien, si bien es cierto no lo presenció, fue enterado al respeto por el guía que resultó herido. El deponente en todo caso estaba en condiciones de conocer lo realmente ocurrido puesto que fue integrante del Grupo Especial Buitre.
De lo anterior, se colige claramente que los uniformados después de entablar amistad con dos civiles de la región al calor de los tragos protagonizaron una riña en el baño de la tienda que dejó como saldo un soldado, dos campesinos muertos y un uniformado herido.
Acontecimiento del cual el Oficial Villegas pretendió desdibujar su realidad al argüir que estas tres personas fueron dadas de baja en combate sostenido con una cuadrilla del ELN como bien puede apreciarse a través del acta de visita especial practicada a la Sección 3 de la Brigada Móvil Nº 2, actuación que una vez más es desvirtuada por el testimonio de la ciudadana Valentina Contreras Laso, quien sostuvo que uno de los civiles que había resultado herido fue rematado por unidades del ejército.
Ahora bien, en lo que atañe a la omisión del trámite del levantamiento de los cadáveres, se pudo establecer que desde el mismo momento en tuvieron ocurrencia los hechos el disciplinado por radio los puso en conocimiento del General Agustín Ardila Uribe, Comandante de la Brigada Móvil Nº 2, quien le impartió órdenes claras de mantener los cadáveres en un lugar determinado con el fin de ser evacuados al día siguiente en helicóptero a Tibú lo cual efectivamente realizó el General, bajo estas circunstancias mal podría endilgársele responsabilidad disciplinaria por esta actuación al Teniente Villegas.
En este orden de ideas, encuentra el despacho que existe la certeza de la falta y de la responsabilidad del disciplinado para imponerle un correctivo disciplinario por haber observado una conducta irregular y por ende constitutiva de falta disciplinaria de conformidad con lo preceptuado en el artículo 65 sección C literal c) y sección F literal b) del Decreto 85 de 1989”(38).
— Sentencia proferida en segunda instancia el 20 de mayo de 1998 por el Procurador General de la Nación de la época por medio de la cual se confirmó la providencia del 17 de marzo de esa misma anualidad. Para arribar a la anterior decisión se expusieron los siguientes argumentos:
“Del estudio de los testimonios aportados a la investigación se tiene que la declaración de Oliva Rojas Araque ofrece credibilidad para este despacho, dado su carácter responsivo, objetivo y completo y analizada su congruencia intrínseca, demostrada por el relato verosímil que hace de los acontecimientos. Además es concordante con los resultados que arrojan otros medios de prueba aducidos al proceso, especialmente de las declaraciones de los testigos directos José Alirio Peñaranda y Balentina (sic) Contreras Laso, quienes en forma enfática refieren, no solo la presencia del soldado y del guía en el establecimiento de comercio, en actividades de consumo de licor, sino que todos convergen en afirmar que los hechos efectivamente ocurrieron en las instalaciones del mismo negocio. No pueden catalogarse estos testimonios como viciados por provenir de personas de dudosa reputación o con interés directo en las resultas de la investigación o inspiradas en ánimo retaliatorio o en el móvil de causar un perjuicio al investigado. Por el contrario, el señor Peñaranda desempeñaba el cargo de presidente de la junta de acción comunal de la población y la señora Araque Rojas, aparece como propietaria de un establecimiento comercial, oficios alejados de actividades insurgentes que podrían viciar su testimonio.
Es más, el despacho también confiere validez a la versión rendida sobre los hechos por el soldado voluntario Tapiero Valdés, quien a pesar de figurar como testigo de oídas de los acontecimientos, en su relato sobre los hechos, explica que su información procede de las manifestaciones efectuadas por el guía “Herrera”, y en su relato es conteste con la presentación efectuada por los particulares Oliva Rojas Araque y José Alirio Peñaranda, en torno a que los particulares compartían mesa con los militares y que dos (2) de los muertos perdieron su vida en el mismo orinal del establecimiento.
La apreciación en conjunto y de acuerdo a las reglas de la sana crítica de los referidos medios de prueba, conducen a afirmar que la versión rendida por el investigado Villegas Molano, no corresponde a la verdadera manera en que tuvieron ocurrencia los acontecimientos que precedieron la muerte de las tres (3) personas y las heridas de dos (2) más. Lo anterior, en razón a que la prueba testimonial aportada, digna de credibilidad por la probidad de las personas que son órganos de la prueba, por la ciencia de las declaraciones y por su evidente concordancia, aportan certeza sobre la presencia de los hoy occisos consumiendo licor en el negocio de Oliva Araque Rojas, y en que la muerte de los mismos se produjo en estas mismas instalaciones, sin poder afirmar plenamente en qué forma y quien fue el autor de las mismas, ante la falta de investigación a cabalidad de estos aspectos.
Debe anotarse que no son de recibo las alegaciones de la abogada defensora Blanca Nieves Florez Nieto sobre la condición de testigos indirectos de los declarantes, puesto que su simple lectura demuestra que percibieron los acontecimientos de manera inmediata. De otro lado, el consumo de licor por parte del soldado Bueno Bueno y del guía “Herrera” está acreditado por el testimonio de la señora Oliva Rojas Araque, quien personalmente les suministró la bebida embriagante, sin que sea necesario demostrar este hecho a través de los protocolos de necropsia de los cadáveres, más si se tiene que de su estudio no aparece que se hubiera practicado examen de alcoholemia. La circunstancia de no haber reclamado los cadáveres de los hermanos Vera Pérez está justificada ante el temor de la ciudadanía en demostrar que conocían a estas personas y se evidencia en el dicho del señor José Alirio Peñaranda, quien al ser interrogado sobre el por qué no fueron reclamados estos cuerpos, contestó “por la presión de los militares, ya que ellos insistían que eran guerrilleros”. Asimismo, la falta de información de Oliva Rojas Araque frente a los nombres de los hijos del señor Ricardo Vera, no puede convertirse en factor que disminuya la credibilidad de su declaración, es más, puede convertirse en elemento demostrativo de la falta de preparación de su testimonio y contribuye a reforzar su carácter espontáneo.
Dando por establecido que el soldado voluntario Bueno Bueno y que el guía “Herrera” se encontraba consumiendo licor antes de los hecho y que el deceso del primero de los mentados se produjo en el baño u orinal de ese establecimiento, podemos concluir, sin lugar a dudas, que el investigado Villegas Molano, permitió actos de indisciplina del personal subordinado y faltó a la verdad tratando de encubrir las faltas de personal bajo su mando, en el momento de rendir declaración juramentada sobre los hechos (…)”(39).
3. La imputación del hecho dañoso demandado al Estado.
3.1. De conformidad con todo el conjunto probatorio antes descrito, la Sala encuentra acreditado que los señores William y Germán Vera Pérez murieron el día 21 de noviembre de 1993 como consecuencia de varios impactos por arma de fuego, los cuales fueron causados por miembros del Ejército Nacional.
Ahora bien, en varias oportunidades la Sección Tercera ha establecido un criterio más amplio y elástico al momento de analizar los medios probatorios aportados al proceso cuando el caso objeto de estudio implica graves violaciones de derechos humanos. En efecto, en sentencia de unificación con fecha del 28 de agosto de 2014, se indicó lo siguiente:
“Flexibilidad en la apreciación y valoración de los medios probatorios frente a graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
En la gran mayoría de casos, las graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en Colombia, cometidas en el marco del conflicto armado interno, han acaecido en zonas alejadas de los grandes centros urbanos y en contextos de impunidad(40). Lo anterior ha producido que las víctimas, como sujetos de debilidad manifiesta, queden en muchos casos en la imposibilidad fáctica de acreditar estas afrentas a su dignidad humana. Más aun, cuando no se ha llevado una investigación seria por parte de las autoridades competentes, como en este caso, lo cual se traduce en una expresa denegación de justicia.
7.4.2 Lo anterior resulta razonable y justificado, ya que en graves violaciones de derechos humamos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, se rompe el principio de la dogmática jurídico procesal tradicional según el cual las partes acceden al proceso en igualdad de condiciones y armas, pues en estos eventos las víctimas quedan en una relación diametralmente asimétrica de cara a la prueba; estas circunstancias imponen al juez de daños la necesidad de ponderar la situación fáctica concreta y flexibilizar los estándares probatorios(41).
7.4.3. Esta postura resulta acorde con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos, que al respecto ha señalado que en casos de responsabilidad por violación de derechos humanos, el juez goza de una amplia flexibilidad en la valoración de la prueba:
[L]os tribunales internacionales tienen la potestad de apreciar y valorar las pruebas según las reglas de la sana crítica, [y] han evitado siempre adoptar una rígida determinación del quantum de la prueba necesaria para fundar un fallo. Este criterio es especialmente válido en relación con los tribunales internacionales de derechos humanos, los cuales disponen, para efectos de la determinación de la responsabilidad internacional de un Estado por violación de derechos de la persona, de una amplia flexibilidad en la valoración de la prueba rendida ante ellos sobre los hechos pertinentes, de acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la experiencia(42).
7.4.4. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que en casos de violaciones a derechos humanos es el Estado quien tiene el control de los medios para desvirtuar una situación fáctica: “a diferencia del derecho penal interno en los procesos sobre violaciones de derechos humanos la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas, cuando es el Estado quien tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su territorio”(43).
7.4.5. Bajo esos mismos presupuestos, en tratándose de casos de desaparición forzada y ejecuciones sumarias, comprendidos como violaciones a los derechos humanos, la Corte Interamericana ha manifestado que por el hecho de que el Estado haya consentido tales eventos, el estándar probatorio le es más exigente, y por ello, le asiste una carga probatoria mayor: “La Corte no puede ignorar la gravedad especial que tiene la atribución a un Estado Parte en la Convención del cargo de haber ejecutado o tolerado en su territorio una práctica de desapariciones. Ello obliga a la Corte a aplicar una valoración de la prueba que tenga en cuenta este extremo y que, sin perjuicio de lo ya dicho, sea capaz de crear la convicción de la verdad de los hechos alegados”(44).
7.4.6. Por otro lado, es importante señalar que el Código de Procedimiento Civil en su artículo 175, permite que “cualesquiera otros medios de prueba que sean útiles para el convencimiento del juez” tengan la capacidad de acreditar los hechos objeto del proceso y, por lo tanto, el juez sin tener una tarifa legal(45) podrá acudir a los medios de prueba que crea pertinentes para establecer los hechos de relevancia jurídica del proceso.
7.4.7. En consideración a los criterios de valoración expuestos, la Sala, teniendo en cuenta que el caso presente trata de graves violaciones a los derechos humanos, adecuará los criterios de valoración probatoria a los estándares establecidos por los instrumentos internacionales en aras de garantizar una justicia efectiva”(46).
Así las cosas, aun cuando para el sub examine no obran los registros de defunción de los señores Germán y William Vera Pérez ni otro de los medios que tradicionalmente se utilizan para acreditar dicha circunstancia, a partir de otros medios probatorios obrantes en el proceso y en virtud de esa flexibilidad con la que cuenta el juez para apreciar las pruebas en aquellos casos en los que se verifican violaciones a derechos humanos, tal y como fue en el caso, quedó suficientemente probada la muerte de los mismos.
Al respecto, se tiene que en oficio remitido por la Inspectora de Policía de Filo Gringo a la Personería Municipal de El Tarra se indicó que los levantamientos de los cadáveres de los señores Germán y William Vera Pérez y el soldado del Ejército Bueno Bueno habían sido efectuados por miembros del grupo Móvil Nº 2 del Ejército; igualmente, obra el acta de visita realizada por funcionarios de la Procuraduría General de la Nación en virtud de la comisión conferida por el Procurador Delegado para las Fuerzas Militares al Juzgado Séptimo de Instrucción Penal en la cual se puso a disposición el cuaderno de las diligencias preliminares 75 en el cual obraba oficio del 23 de noviembre de 1993 por medio del cual el comandante de la Estación de Policía de Tibú envió ocho actas de levantamiento de cadáveres de “N/N”.
Así las cosas, el funcionario de la procuraduría, una vez analizó tales documentos, estableció que a partir del lugar y fecha en que ocurrieron los decesos, “las correspondientes, a la situación que nos ocupa son las obrantes a folios 13, 15, 17”. En dicho escrito se indicó que esas personas se habían dado de baja el 21 de noviembre de 1993 a las 16:30 horas en un enfrentamiento entre miembros del ejército y un grupo subversivo en jurisdicción de la vereda de “Filo Gringo” en el municipio de El Tarra.
3.2. Establecida la existencia del hecho dañoso, aborda la Sala el análisis de imputación con el fin de determinar si en el caso concreto dicho daño le puede ser atribuido a la Administración Pública -en este caso al Ejército Nacional- y, por lo tanto, si constituye su deber jurídico resarcir los perjuicios que de tal hecho se derivan y, en consecuencia, si la sentencia apelada debe ser confirmada o revocada.
En este caso, si bien podría resultar procedente la aplicación de un régimen de responsabilidad objetivo derivado del uso de armas de dotación oficial, advierte la Sala que en el sub lite se encuentra acreditada una falla del servicio por parte de la entidad demandada, la cual habrá de declararse(47) de conformidad con lo siguiente:
3.2.1. No existió combate ni enfrentamiento alguno entre el Ejército y grupos armados al margen de la ley el día y hora de los hechos, por tanto, la muerte de los campesinos no ocurrió como consecuencia del mismo.
Ahora bien, la entidad demandada ha sostenido a lo largo del trámite de la presente acción que la muerte de los hermanos Vera Pérez se produjo en el marco de un enfrentamiento comoquiera que, según su dicho, éstos hacían parte de un frente del grupo alzado en armas autodenominado “ELN”.
En efecto, el teniente Oscar Fredy Villegas Molano en su declaración manifestó que el 21 de noviembre de 1993 encontrándose patrullando por el pueblo de Filo Gringo, dos de sus soldados, persiguieron a un “tipo”, el cual en su escapatoria ingresó a una casa, momento en el cual se escucharon varios disparos por lo que el Teniente Villegas Molano rápidamente arribó al lugar de los hechos, manifestando que “vi fallecer a un soldado de los míos”; así las cosas, continuó su relato indicando que el otro sujeto salió corriendo intentando huir de los miembros de la fuerza pública por lo que iniciaron su persecución y, en vista a que éste no se detenía, los soldados procedieron a dispararle “dándole de baja ya que no paraba”.
En ese mismo sentido, manifestó que el guía del grupo le había dicho que las dos personas dadas de baja eran miembros del ELN y que estaban preparando una emboscada con “puñales y granadas”. Finalmente, destacó que a pesar de haberse dado de baja a dos de los bandoleros, los militares continuaban recibiendo ataques desde el puente del río Catatumbo de donde les disparaban constantemente.
A lo anterior se añade lo establecido en el informe suscrito por el Coronel José Antonio Cortés Gamboa y el Libro de Resultados Operacionales elaborado por el Comandante de la Brigada Móvil Nº 2 del Ejército Nacional en la que se indicó que el día 21 de noviembre de 1993 el grupo Especial Buitre Gil, al mando del Teniente Oscar Villegas Molano, se enfrentó con unos “bandoleros de la cuadrilla Carlos Ado Cacua Guerrero” del ELN en la cual perdieron la vida “dos bandoleros” y un soldado y fueron incautadas cuatro granadas de mano.
No obstante lo anterior, también obra en el expediente la versión dada por el señor Benedicto Pallares quien manifestó que los señores Germán y William Vera Pérez se encontraban en compañía de unos militares en un establecimiento de comercio, específicamente, en el de la señora Oliva Rojas quien en su declaración indicó que en horas de la tarde del 21 de noviembre de 1993 arribaron a su negocio dos militares y dos civiles, identificados por ella como los hijos del señor Ricardo Vera.
Incluso, según lo reveló la señora Oliva Rojas Araque, posterior a todo el incidente, con el fin de ocultar la forma en la que efectivamente perdieron la vida los señores William y Germán Vera Pérez, varios militares arribaron a su hogar y le exigieron que no fuera a manifestar de manera alguna que efectivamente los soldados se encontraban bebiendo en su tienda en compañía de los dos campesinos.
3.2.2. Sobre la forma en que murieron los señores Germán y William Vera Pérez.
Ahora bien, sobre este hecho, la señora Oliva Rojas Areque, dueña del establecimiento y quien se encontraba en el mismo para el momento en que ocurrieron los hechos, narró básicamente que: i) uno de los militares y uno de los civiles “cuando llevaban como tres pedidas de cerveza” ingresaron al baño el cual se encontraba al interior de la casa; ii) en ese momento sintió la explosión de una granada iii) inmediatamente el otro soldado corrió al baño iv) se dio inicio a un tiroteo iv) una vez finalizó la balacera, la señora Rojas Araque vio dos muertos en su solar: un civil y un soldado pero no supo qué pasó con el otro hermano Vera Pérez.
Por lo tanto, para la Sala resulta acreditado que, tal y como se indicó previamente, en ningún momento se presentó enfrentamiento entre los militares y los supuestos miembros del autodenominado grupo “ELN”. de la manera en que lo hizo hacer creer el Teniente Oscar Villegas en su declaración y que, por el contrario, a partir de una valoración armónica de todos los medios de prueba, se comprobó que, en principio, dos soldados se encontraban en compañía de los hermanos Vera Pérez en una tienda de propiedad de la señora Oliva Rojas Araque ingiriendo alcohol y después tuvieron un enfrentamiento en el baño del local, en el que falleció un soldado por una herida de arma blanca y uno de los hermanos Vera Pérez por impacto de arma de fuego.
Al respecto, se tiene que no se pudo establecer con exactitud cómo ocurrieron los hechos en el baño del local de la señora Rojas Araque pues no existe testimonio u otro medio probatorio que indique la manera en que falleció el soldado Bueno Bueno ni tampoco el civil con el que se encontraba ingiriendo alcohol previamente; únicamente se cuenta con el protocolo de necropsia mediante el cual se estableció que el militar había recibido una herida en forma de “V” en la base de cuello pero no es clara la forma en la que dicha herida fue causada.
Aun cuando no se tiene certeza respecto de ello, la Sala encuentra que si bien pudo haber un enfrentamiento entre uno de los hermanos Vera Pérez y el soldado Bueno Bueno, lo cierto es que no existe tampoco medio de convicción que justifique el comportamiento del otro militar en cuanto a la necesidad de hacer uso de su arma de fuego en contra del posible agresor.
Ahora bien, ya esta Sala del Consejo de Estado, en reiteradas oportunidades, ha señalado que la sola conducta delictiva de una persona no autoriza a los miembros de los cuerpos armados del Estado para quitarle la vida. Así, en sentencia del 10 de abril de 1997 (exp. 10.138), se expresó:
“La Fuerza Pública, tanto más quienes asumen la defensa judicial de sus actos, deben eliminar el discurso maniqueista que clasifica a los muertos en buenos y malos, para justificar la muerte de los segundos con el argumento de la defensa social o del bien que se hace a la comunidad con la desaparición física de determinadas personas. El derecho a la vida no puede ser reivindicado según el destinatario, pues su respeto debe ser absoluto. Tal vez la única vulneración tolerable sea aquella que ocurre en ejercicio de las causales de justificación o de inculpabilidad que las normas penales consagran, a pesar de lo cual en algunas de esas ocasiones la no responsabilidad del agente no libera a su vez de responsabilidad al Estado.
“Más recriminable resulta, si ello es posible, que a la ejecución sumaria se le agregue la distorsión de la realidad con artimañas y montajes que pretenden justificar, en este caso afortunadamente en vano, el asesinato”(48).
Respecto del otro hermano Vera Pérez se encuentra acreditado suficientemente que éste no perdió la vida en la tienda de la señora Rojas, pues tal como se indicó previamente, tal testigo en su declaración recalcó que una vez terminó la balacera sólo vio dos cadáveres, uno correspondiente al soldado Leopoldo Bueno Bueno y el otro a uno de los civiles; a ello debe agregarse la declaración de la señora Valentina Contreras Lasso quien al indagársele sobre los hechos, manifestó que ese 21 de noviembre de 1993 miembros del Ejército habían arribado a su hogar con el fin de preguntarle a su esposo sobre la identidad del herido y si él pertenecía al pueblo pero que debido al nerviosismo de su marido, éste se negó a ir, motivo por el cual le preguntaron a una niña sobre la identidad del capturado y que al no reconocerlo, en una cerca de alambre a la orilla de la vía “lo acabaron de estamborar”.
Ello guarda suficiente relación con las declaraciones de los otros habitantes del corregimiento, quienes afirmaron que la única persona que había presenciado tan indignante acto, fue la señora Contreras Lasso pues ocurrió al frente de su hogar, circunstancias que permiten concluir básicamente que i) uno de los hermanos Vera Pérez salió con vida del local de la señora Rojas en el que se dio el enfrentamiento ii) éste fue detenido por los militares y iii) efectivamente fue ejecutado extrajudicialmente por ellos.
3.2.3. Sobre el traslado de los cadáveres y el ocultamiento de la verdad por parte de los militares.
El señor Benedicto Pallares, en su declaración, manifestó que el día de los hechos, aproximadamente a las 6:30 p.m., tres soldados fueron a su hogar indicando que necesitaban una camioneta por lo que su hijo, el señor Dennis Pallares, fue con ellos para “echar los dos civiles y un soldado”; en ese sentido, el declarante aseguró que su hijo le había relatado con claridad suficiente que los civiles eran los señores Germán y William Vera Pérez, cuerpos que llevó hasta la escuela.
En consecuencia, la Sala dará plena credibilidad a tal testimonio de oídas, pues también resulta suficientemente convincente dado que el señor Pallares, con plena firmeza, explicó que había recibido el relato de esos hechor directamente de su hijo, identificando plenamente la fuente de lo dicho y que, en ocasión de tal labor que describió, detectó con precisión y exactitud que los civiles muertos eran los señores Vera Pérez y que ellos “ya estaban muertos, que estaban hechos una coladera”.
Finalmente, en cuanto al levantamiento de los cuerpos, el señor José Alirio Peñaranda puntualizó que al día siguiente en horas de la mañana uno de los soldados del grupo le pidió que lo ayudara a cargar los cuerpos desde “al frente de la cuneta que era donde se encontraban, hasta un potrero por donde pasa el oleoducto de Petróleos el Norte”, pedido que atendió luego lo cual se fue para la casa; cuando se le preguntó sobre la identidad de los cuerpos, señaló con exactitud que se trataba de los señores Germán y William Vera Pérez, quienes —dijo— en ese momento vestían prendas de civil, no obstante que en el periódico aparecieron con ropa de militar.
En conclusión, para la Sala quedó suficientemente acreditada una falla en el servicio puesto que tal cadena de circunstancias demuestran un actuar anómalo, ilegal y sumamente reprochable de la entidad demandada pues, aun cuando se encontraban en servicio, dos miembros del Grupo Especial Buitre al mando del teniente Villegas Molano, no solo ingresaron a un local comercial en el corregimiento de Filo Gringo con el propósito de ingerir alcohol en compañía de los hermanos Germán y William Vera Pérez sino que en dicho lugar, asesinaron a uno de ellos y posteriormente, capturaron al otro a quien ejecutaron extrajudicialmente, todo lo anterior con el agravante de que, buscando impunidad por tan macabros hechos, les cambiaron la ropa con el fin de hacerlos pasar como miembros de un grupo armado al margen de la ley que cayeron en un supuesto combate.
Así las cosas, para el sub examine, se observa que si bien no está establecida claramente la forma en que sucedieron los hechos en el local comercial, lo cierto es que el militar que asesino al primero de los campesinos actuó ilegal y arbitrariamente pues fue un homicidio efectuado deliberadamente cuando la víctima se encontraba en estado de indefensión; a lo anterior se suma otra grave anomalía de también alto rango de gravedad pues a pesar de que uno de los hermanos no falleció en ese momento, éste fue trasladado a un lugar cercano en el que le quitaron la vida violando claramente su deber constitucional y legal de seguridad y protección que le era exigible a los agentes en relación con el detenido sin que se probara por la demandada que el hecho se hubiera producido en un combate o en cumplimiento legítimo y proporcional de las funciones que correspondían al cuerpo militar sino, como un acto grosero y cruel de parte de la administración.
Así pues, para la Sala, es inadmisible que el Ejército Nacional permita o tolere que agentes de su institución realicen actos tendientes a asesinar personas tomando en cuenta que las víctimas estaban en estado de indefensión e inferioridad, y más aún, hacerlas pasar como criminales con el fin de exonerarse de cualquier responsabilidad.
De igual forma, ha de concluir la Sala que las circunstancias y los móviles de la muerte de los señores Germán y William Vera Pérez —según fueron establecidas anteriormente—, constituyen sin lugar a anfibología alguna, una vergüenza nacional, no sólo frente al mundo, sino ante el tribunal de la razón y la civilidad por más deteriorada que se encuentre en un momento histórico dado, comoquiera que se trató de encubrir la forma en que realmente sucedieron los hechos de allí que, lo acreditado permite tener por probado que la demandada incurrió en una falla del servicio y por lo tanto le es imputable el daño alegado(49).
Agréguese a lo anterior que la conducta seguida por el Ejército Nacional, de no garantizar la pureza de la escena del delito y, por el contrario, optar por un traslado de los cuerpos, desconoció el ordenamiento jurídico y trasunta un interés en no permitir el adecuado esclarecimiento de los hechos ocurridos, toda vez que llevó a que incluso se quisieran hacer pasar como miembros de un grupo alzado en armas que fueron dados de baja en combate, tanto así, que fueron cambiados de ropa para hacer ver la escena de esa manera cuando la realidad dista por mucho al establecerse con claridad que se trataba de unos hermanos agricultores quienes se encontraban departiendo con miembros del Ejército Nacional.
Así las cosas, se tiene que a pesar de realizarse el levantamiento de los cadáveres de los señores William y German Vera Pérez, éste no correspondió a la verdad de los hechos comoquiera que los militares trasladaron los cuerpos a un lugar distinto al que fallecieron, y cambiaron sus prendas de vestir por lo que se concluyó que eran guerrilleros caídos en un combate, violentando y tropezando la posibilidad de contar con los elementos necesarios para una adecuada investigación sobre los decesos, conducta ésta que desconoció lo indicado en el artículo 335 del Código de Procedimiento Penal vigente al momento del hecho, que señalaba que la inspección del cadáver debía realizarse por autoridad competente en el mismo lugar donde acaeciera la muerte, de manera que existiera inmediación del funcionario con la escena de los hechos.
Ahora bien, la misma norma preveía que en caso que no fuere posible la presencia de funcionario instructor o de la policía judicial, la identificación del cuerpo debía realizarse por cualquier funcionario público e inclusive por un ciudadano, pero siempre en el mismo sitio del hecho. Así lo ordenaba la norma.
Tal situación resulta relevante en el estudio del presente caso, por cuanto la omisión en atender las previsiones normativas aludidas, resultaba ser un obstáculo para el adecuado desarrollo de las investigaciones a que hubiera lugar, al punto que en el presente proceso, no existen probanzas que señalen precisa y objetivamente la situación y los lugares en la que fueron hallados los cuerpos ni tampoco en poderlos identificar adecuadamente.
Por tanto, acreditada como está, la inadecuada manipulación de los cuerpos de los fallecidos, de dicho comportamiento, se desprende que en el proceso no aparezcan los elementos de juicio que un adecuado levantamiento de los cadáveres hubiese arrojado y, en consecuencia, no permite de ninguna manera aseverar que la muerte de los hermanos Vera Pérez fuera producto de un combate con el Ejército Nacional ni mucho menos que éstos eran miembros de un grupo alzado en armas ni que tampoco cargaban con armas o granadas.
Ahora bien, resulta pertinente para la Sala precisar el contenido y alcance de los parámetros que respecto de las ejecuciones extrajudiciales se han esbozado por esta corporación. En ese sentido, la providencia de unificación previamente citada desarrolló el tema en el siguiente sentido:
“(...) las ejecuciones extrajudiciales han sido proscritas por organismos internacionales. El 15 de diciembre de 1989, mediante la Resolución 44/162(sic), la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el instrumento titulado “Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias”. De acuerdo con lo depositado en este instrumento internacional, los Estados tienen las siguientes obligaciones, entre las que caben resaltar: i) prohibir por ley tales ejecuciones y velar por que ellas sean tipificadas como delitos en su derecho penal; ii) evitar esas ejecuciones, garantizando un control estricto de todos los funcionarios responsables de la captura, la detención, el arresto, la custodia o el encarcelamiento de las personas, y de todos los funcionarios autorizados por la ley para usar la fuerza y las armas de fuego; iii) prohibir a los funcionarios superiores que den órdenes en que autoricen o inciten a otras personas a llevar a cabo dichas ejecuciones(50).
14.12.1. A título meramente ilustrativo, se tiene que el informe sobre Colombia, correspondiente al año 2004 y presentado ante la Comisión de Derechos Humanos en abril de 2005, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, observó(51):
La oficina continuó conociendo quejas de casos de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario investigados indebidamente por la justicia penal militar, en particular casos de homicidios de personas protegidas. Las instituciones no actuaron de manera consistente. En algunas oportunidades, la Fiscalía General reclamó su competencia y en otras consideró que ésta no le correspondía. Igualmente, el Consejo Superior de la Judicatura resolvió conflictos de competencia sobre situaciones similares, que manifiestamente se referían a violaciones de derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario, unos a favor y otros en contra de la jurisdicción ordinaria.
14.12.2. En el informe del 2010, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de las Naciones Unidas sobre los denominados “falsos positivos”, afirmó(52):
[Son] ejecuciones ilegales de civiles manipuladas por las fuerzas de seguridad para que parezcan bajas legítimas de guerrillero o delincuentes ocurridas en combate”. En ese sentido, la comisión entiende que los casos de falsos positivos constituyen casos de ejecuciones extrajudiciales. Las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales perpetradas por miembros de la Fuerza Pública han sido materia de preocupación de la CIDH en sus informes anuales de los años 2006, 2007, 2008 y 2009(53). El esclarecimiento de estas denuncias y el seguimiento a las medidas adoptadas por el Estado a fin de juzgar a los responsables y prevenir incidentes futuros, sigue siendo materia de especial interés de la CIDH y de la Comunidad Internacional.
14.12.3. El relator de la ONU identificó los patrones reiterativos de conducta de las ejecuciones extrajudiciales, así:
[L]as ejecuciones extrajudiciales aparecen en el marco de operativos militares anti-insurgentes, aunque los testigos declaran que no hubo combate; en un número elevado de casos la víctima es capturada ilegalmente en su domicilio o lugar de trabajo, y conducida al lugar de la ejecución; las personas ejecutadas o desaparecidas son por lo general campesinos, indígenas, trabajadores, jóvenes, personas marginadas o líderes comunitarios; las víctimas son reportadas por la Fuerza Pública como insurgentes dados de baja en combate; las víctimas aparecen muchas veces uniformadas y con diferentes tipos de armas y equipos militares mientras que, según los testimonios, habían desaparecido con su ropa habitual y desarmadas; en ocasiones las víctimas son previamente señaladas por informantes anónimos, encapuchados o reinsertados, y en otras ocasiones son seleccionadas al azar; el levantamiento del cadáver es realizado por los mismos miembros de la Fuerza Pública que previamente las han dado “de baja en combate”; no se preservan la escena del crimen ni las pruebas existentes; frecuentemente aparecen en los cuerpos signos de tortura; los cuerpos son despojados de objetos personales y se hace desaparecer sus documentos de identidad; los cuerpos son trasladados a municipios lejanos del lugar donde se los retuvo originalmente y se constatan serios impedimentos tanto para el acceso de los familiares a los cuerpos como para su reconocimiento; los cuerpos son inhumados como N.N. a pesar de ser identificados por familiares o terceras personas; los miembros de la Fuerza Pública reciben incentivos económicos, profesionales y premios por la presentación de “positivos”; la competencia judicial para la investigación de los hechos se atribuye desde el primer momento a juzgados penales militares; los familiares de las víctimas, testigos y defensoras y defensores de derechos humanos dedicados al esclarecimiento de los hechos son objeto de actos de amenaza e intimidación; el porcentaje de condenas a los responsables es ínfimo(54).
14.12.4. En el año 2010, el Comité de Derechos Humanos de la ONU puso en evidencia la existencia de un patrón fáctico común de ejecuciones extrajudiciales de civiles posteriormente presentados por la fuerza pública como bajas en combate, así como las Directivas del Ministerio de Defensa que recocían incentivos y el pago de recompensas sin control y supervisión interno, que habían contribuido a las ejecuciones de civiles(55).
14.12.5. En el informe anual presentado en 2011, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos humanos, dijo(56):
Las sentencias judiciales dictadas hasta la fecha confirman que las denuncias no eran falsas como habían sostenido algunos políticos y militares. La Fiscalía, en su Unidad Nacional de Derechos Humanos, investiga actualmente 1.488 casos con 2.547 víctimas. Por otra parte, más de 400 casos están siendo investigados por otras unidades seccionales de la Fiscalía. A esto hay que añadir 448 casos activos conocidos por la Justicia Penal Militar y aquellos que pudieron haber sido archivados por esta institución sin una adecuada actuación judicial. Con base en los datos existentes sobre casos y víctimas, la oficina en Colombia estima que más de 3.000 personas pudieron haber sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, atribuidas principalmente al Ejército. La gran mayoría de casos ocurrió́ entre los años 2004 y 2008. (...) En este contexto, es sumamente preocupante el retroceso significativo en 2010 de la colaboración de la Justicia Penal Militar con la justicia ordinaria en el traslado de casos de “muertos en combate” con signos de violaciones de los derechos humanos. Asimismo, de acuerdo con información recibida reiteradamente, las destituciones y traslados de algunos jueces penales militares podrían estar motivados por su colaboración con la justicia ordinaria.
14.12.6. En el informe anual presentado en 2012, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, sostuvo en lo referente a las ejecuciones extrajudiciales(57):
30. La práctica de las ejecuciones extrajudiciales no se ha erradicado totalmente. (...).
31. En varios casos, se observaron inconsistencias sobre lo ocurrido en las versiones de las autoridades militares, así como una tendencia por parte de algunos funcionarios a desprestigiar y estigmatizar a las víctimas, y a entorpecer la justicia.(...).
La oficina en Colombia registró que algunos oficiales del Ejército continúan negando la existencia de las ejecuciones extrajudiciales y desprestigian el sistema judicial cuando se producen sentencias condenatorias. Estas actitudes son claramente opuestas a las políticas del Ministerio de Defensa y no contribuyen a crear una cultura de repudio de estas violaciones, lo que pone en peligro las garantías de no repetición. Además, aumentan los riesgos a los que se ven expuestos operadores judiciales, víctimas, sus familias y las organizaciones que las apoyan.
33. Hasta agosto, la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía tenía asignados un total acumulado de 1.622 casos de presuntos homicidios atribuidos a agentes del Estado, que involucraban a 3.963 miembros de la fuerza pública, y se habían proferido 148 sentencias condenatorias. Destaca la condena en junio de un coronel retirado que aceptó responsabilidad en 57 ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2007 y 2008, cuando era comandante de la Fuerza de Tarea de Sucre. Es el oficial militar de más alto rango condenado por este delito hasta la fecha. (...) 35. La oficina en Colombia reitera la obligación de la justicia penal militar de abstenerse de iniciar investigaciones o reclamar la competencia cuando se han producido hechos que pueden constituir violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Además, en caso de duda, la jurisdicción ordinaria, y no la militar, debe ser competente, ya que la primera constituye la regla general y la segunda la excepción, en concordancia con los estándares internacionales y la jurisprudencia nacional de la Corte Constitucional.
14.12.7. Por su parte, la Fiscal de la Corte Penal Internacional, señaló en el año 2012(58):
Casos de falsos positivos —ejecuciones ilegales de civiles manipuladas por las fuerzas públicas para que parezcan bajas legitimas de guerrilleros o delincuentes ocurridas en combate— aparentemente se remontan a los años ochenta. Sin embargo, comenzaron a ocurrir por todo el país con alarmante frecuencia a partir de 2004. Los civiles ejecutados fueron reportados como guerrilleros muertos en combate tras alteraciones de la escena del crimen. La información disponible indica que estos asesinatos fueron cometidos por miembros de las fuerzas armadas, operando a veces con paramilitares y civiles como parte de un ataque dirigido contra civiles en varias partes de Colombia. En algunos casos, las ejecuciones estuvieron precedidas por detenciones arbitrarias, tortura y otras formas de malos tratos.
14.12.7.1. Agregó la Fiscal de la Corte Penal Internacional que, según afirmaciones de los oficiales de la fuerza pública, existen estructuras a nivel de las unidades militares de brigada encargadas de perpetrar asesinatos de falsos positivos(59). Al respecto dijo:
La gran escala de los ataques, el número de víctimas, las semejanzas entre las denuncias de crímenes presentadas en todo el país, la planificación y organización necesarias para cometer los asesinatos y registrarlos posteriormente como bajas en combate, indican que los asesinatos de ‘falsos positivos’ equivalen a un ataque sistemático y a gran escala contra la población civil(60).
14.12.8. En el informe anual presentado en 2013(61), la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló:
Considerando la magnitud de la crisis de los falsos positivos, son muy pocos los responsables que han sido retirados del servicio o procesados. Altos funcionarios vinculados a estos crímenes contra los derechos humanos continúan en servicio activo y siguen siendo ascendidos. // La Fiscalía General ha acumulado denuncias, entre ellas las relativas a 4.716 víctimas de homicidios presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad (sic) (sic), muchos de los cuales corresponden al tipo de ejecuciones conocidas como falsos positivos. De todas las investigaciones de homicidios, solo hay procesos activos conocidos en un 30% de ellas. De los casos abiertos, la gran mayoría no han superado la fase preliminar de la investigación criminal: más del 60% de las causas activas (unas 1.000) están en la fase de indagación preliminar (que precede a la fase de investigación formal); y para agosto de 2012 solo habían llegado a la fase de juicio oral (juzgamiento) o estaban vistas para sentencia 294 causas. Dada la naturaleza de estos delitos cometidos por agentes estatales, a medida que pasa el tiempo es cada vez menor la capacidad de establecer la responsabilidad penal en estos casos y la impunidad se vuelve sistémica. // El informe provisional de noviembre sobre el examen preliminar realizado por la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional indicó que la acción del Estado en estos casos era insuficiente. // La Oficina en Colombia hizo un seguimiento del estado de las causas relativas a las presuntas ejecuciones extrajudiciales que fueron estudiadas por la Comisión transitoria del Ministerio de Defensa, creada en octubre de 2008 para examinar los casos de presuntas desapariciones en Bogotá y ejecuciones extrajudiciales en el nordeste de Colombia. La Comisión no estableció́ responsabilidades penales o disciplinarias, pero rápidamente encontró irregularidades administrativas y operativas suficientes para dar lugar a la destitución de 27 oficiales militares de alto rango.
14.12.9. Recientemente, en 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer el Cuarto Informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia, y sobre las ejecuciones extrajudiciales sostuvo(62):
La información disponible revela que los casos de ejecuciones extrajudiciales abarcan una serie de supuestos tales como: i) ejecución de miembros de la guerrilla hors de combat; ii) ejecución de líderes comunitarios acusados de ser colaboradores; iii) transferencia de cuerpos de grupos paramilitares a unidades del Ejército; iv) ejecución de informantes y miembros desmovilizados para encubrir crímenes anteriores, negar vinculaciones y destruir evidencia; v) ejecución de personas que mantienen lazos con organizaciones criminales como resultado de alianzas y corrupciones; vi) ejecución de personas que fueron intencionalmente reclutadas o detenidas (personas vulnerables, personas con discapacidad, adictos, personas en situación de calle y con antecedentes criminales); y vii) “errores militares” encubiertos por la simulación de un combate.
14.12.9.1. En cuanto a las Directivas del Ministerio de Defensa que reconocen incentivos y recompensas a miembros de la fuerza pública por bajas en combate, el informe de la CIDH, dijo:
En cuanto a la situación actual de las Directivas del Ministerio de Defensa, la Comisión recibió́ información que indica que “aun cuando el Ministerio de Defensa afirma en la respuesta a un derecho de petición remitido por la Comisión Colombiana de Juristas, que la Directiva Ministerial Permanente 29 de 17 de noviembre de 2005 [ha sido derogada], no proporciona la información acerca de la norma a través de la cual se deroga dicha directiva”. Además, se menciona que “actualmente la Directiva Ministerial Permanente 21 de 9 de julio de 2011 es aquella que reglamenta los criterios para el pago de recompensas [, pero las] Directivas en mención son documentos clasificados que tienen reserva legal, su circulación es restringida y contenido consagra temas estrechamente ligados con la seguridad y la defensa nacional.
14.12.9.2. Finalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo al Estado colombiano la siguiente exhortación: “iniciar, desarrollar y culminar, en la jurisdicción penal ordinaria, de acuerdo con los estándares de debida diligencia y en un plazo razonable, las investigaciones pertinentes para esclarecer los casos de ejecuciones extrajudiciales y sancionar a sus responsables. En este sentido, la investigación no solo debe estar orientada a la identificación de los responsables directos sino también de la estructura que favoreció́ o incentivó la comisión de esos actos”(63).
14.13. Estos antecedentes establecidos por organismos internacionales revisten de la mayor importancia para esta Sala, ya que los daños ocasionados en operativos militares y policiales a las víctimas del conflicto armado por conductas censurables de agentes del Estado, como lo son la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como bajas en combate, no guardan un vínculo “próximo y directo” con el servicio e implica una violación al derecho internacional de los derechos humanos y al DIH, y, por ende, no están cubiertos por una jurisdicción especial, la cual es una excepción en los Estados constitucionales, democráticos y de derecho. En consecuencia, los daños provenientes de estas conductas reprochables deben ser indemnizados por la jurisdicción interna, antes de someter a las víctimas del conflicto armado a la fatigosa carga de reclamar una reparación integral en los tribunales internacionales.
En ese mismo sentido, el Comité de Derechos Humanos, creado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, ha señalado:
“La protección contra la privación arbitraria de la vida, que es explícitamente exigida por el tercer párrafo del artículo 6.1 [del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos] es de suprema importancia. El Comité considera que los Estados Partes deben tomar medidas no sólo para prevenir y castigar la privación de la vida [causada por] actos criminales sino también para prevenir los homicidios arbitrarios [cometidos por] sus propias fuerzas de seguridad. La privación de la vida por autoridades del Estado es una cuestión de suma gravedad. En consecuencia, [el Estado] debe controlar y limitar estrictamente las circunstancias en las cuales [una persona] puede ser privada de su vida por tales autoridades”(64).
Por todo lo anterior, es obligatorio concluir que la muerte de Germán y William Vera Pérez resulta imputable al Ejército Nacional por la conducta reprochable de algunos miembros de dicha entidad, pues, de acuerdo con las pruebas que obran en el proceso, se puede concluir que los militares asesinaron a los hermanos Vera Pérez y los quisieron hacer parecer como bandoleros dados de baja en un enfrentamiento militar con el propósito de eximirse de cualquier tipo de responsabilidad.
En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia en ese aspecto.
Comoquiera que la parte recurrente únicamente manifestó su inconformidad con los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante pues consideró que no había a lugar a reconocerlos debido a que los jóvenes Germán y William Vera Pérez “traspasaban” la edad de 25 años edad, según la cual la jurisprudencia de esta corporación una persona de tal edad ya se ha independizado de sus progenitores por lo que no había a lugar a reconocérseles suma alguno por dicho rubro.
Ahora bien, una vez analizada la liquidación efectuada por el Tribunal de primera instancia se tiene que dicha corporación no aplicó correctamente los parámetros para ello pues al salario base le adicionó un 30% en ocasión a las prestaciones sociales cuando reiteradamente, la Jurisprudencia ha establecido que ello corresponde a un 25% lo que llevaría a que las sumas reconocidas disminuyeran significativamente.
Por el asesinato del señor Germán Vera Pérez
Según se acreditó en el proceso, el señor Germán Vera Pérez y su hermano se desempeñaban como agricultores en la finca de su padre para la época en la que sucedieron los hechos; no obstante lo anterior, no se allegó medio probatorio alguno que certificara el monto devengado por los mismos por la ejecución de dicha actividad, motivo por el cual ésta Sala tomará en cuenta el salario mínimo mensual legal vigente para la época.
A su vez, se tiene que de conformidad con el registro civil de nacimiento del señor Germán Vera Pérez, para el momento de su fallecimiento, contaba con 26 años; no obstante lo anterior, a partir del testimonio del señor Benedicto Pallares, éste con su hermano sostenía el hogar de sus padres, por lo que se hará la correspondiente liquidación tomando en cuenta la expectativa de vida de los mismos.
Para la señor Eva Pérez Pérez
Ingresos de la víctima al momento de su fallecimiento: $81.510.
Expectativa de vida total de la señora Eva Pérez Pérez: 25.74 años (308.88 meses)(65).
Período consolidado: 255.13 meses.
Período futuro: 53.75 meses
Índice final: marzo 2015 (120.98)
Índice inicial: noviembre 1993 (21.09)
RA = $467.571 que por ser superior al salario mínimo legal mensual que rige para el año 2015 ($644.350), se tomará aquél para la liquidación. Adicionalmente, el mismo será adicionado en un 25% por concepto de prestaciones sociales ($805.437) y, de dicho guarismo se reducirá un 25%, correspondiente al porcentaje que dedicaba a sus gastos personales, obteniéndose como resultado ($604.077), monto que según jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado, debe dividirse entre su madre (50%) y su padre (50%); esto es, la suma de $302.038 para cada uno.
Consolidado: Desde la fecha de la muerte de Germán Vera Pérez (noviembre de 1993) hasta la fecha de esta sentencia (febrero de 2015), esto es 255.13 meses, aplicando la siguiente fórmula:
Futuro: Por el resto del período de vida probable de la demandante esto es 53.75 meses, aplicando la siguiente fórmula:
Total perjuicios materiales para la señora Eva Pérez Pérez por la muerte de Germán Vera Pérez: ($166’368.924) ciento sesenta y seis millones trescientos sesenta y ocho mil novecientos veinticuatro pesos.
A favor del señor Ricardo Vera García
En cuanto a este demandante, la Sala encuentra que si bien no obra registro civil de nacimiento del mismo ni medio probatorio que certifique su edad para la época de los hechos, con el fin de evitar una condena en abstracto y en cumplimiento de los principios de equidad y de economía procesal, se tomará en cuenta la edad de su esposa para ello.
Total perjuicios materiales para el señor Ricardo Vera García por la muerte de Germán Vera Pérez: ($166’368.924) ciento sesenta y seis millones trescientos sesenta y ocho mil novecientos veinticuatro pesos.
Por el asesinato del señor William Vera Pérez
Ahora bien, el señor William Vera Pérez tenía menos de 25 años de edad en el momento de su fallecimiento, exactamente 16 años de edad, no obstante, lo anterior, el a quo destacó que por tener “la edad de 19 años, quien por presunción legal prestaría ayuda económica a sus padres como hijo no emancipado hasta la edad de 25 años” por lo que de hacerse correctamente la liquidación, la suma sería mayor a aquella reconocida por el Tribunal de primera instancia violando el principio de non reformatio in pejus.
A favor de la señora Eva Pérez Pérez
— Período consolidado: desde la muerte del señor hasta cuando éste cumpla 25 años de edad (234.6)
Índice final: enero 2015 (120.98)
Futuro: No habrá lugar a reconocer suma de dinero alguna por este concepto, toda vez que para la fecha de esta sentencia la víctima ya habría adquirido 25 años de edad.
Total perjuicios materiales para la señora Eva Pérez Pérez: ciento treinta y un millones setecientos noventa y cinco mil trescientos cuarenta y dos pesos ($131’795.342).
A favor de Ricardo Vera García:
Total perjuicios materiales para el señor Ricardo Vera García: ciento treinta y un millones setecientos noventa y cinco mil trescientos cuarenta y dos pesos ($131’795.342).
2.6. Perjuicios por violación a bienes o intereses constitucionales a favor de la sucesión de los señores Germán y William Vera Pérez.
Tal y como se dejó establecido en el capítulo precedente de esta sentencia, los hermanos Vera Pérez como consecuencia de la falla del servicio por parte de la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, fueron víctimas de ejecución extrajudicial, lo cual significó la afectación grave de sus derechos a la vida, integridad personal, libertad, dignidad humana y debido proceso.
Así las cosas, la Sala, en aplicación del principio de reparación integral, y en lo consagrado en el artículo 16 de la ley 446 de 1998, decretará una medida pecuniaria para resarcir o restablecer los bienes constitucionales afectados con ocasión de la falla del servicio que produjo el daño que originó la presente acción, teniendo en cuenta que debe ceder el fundamento procesal del principio de congruencia o, incluso, de la “no reformatio in pejus”, ante la primacía del principio sustancial de la “restitutio in integrum”, máxime cuando existe la vulneración varios derechos humanos. Lo anterior en virtud de jurisprudencia reiterada de la Sala, según la cual debe ponderarse tales principios de “reparación integral” (vs) el “principio de congruencia”, este último según el cual el juez no puede desbordar los extremos planteados en la litis, para concluir que, ante la violación de derechos humanos, el postulado de la reparación integral debe primar sobre cualquier restricción relacionada con aspectos de índole procesal dirigidos a evitar pronunciamientos judiciales extra o ultra petita(66).
Al respecto, resulta pertinente transcribir los siguientes apartes del fallo del 20 de febrero de 2008(67):
“Ahora bien, debe precisarse que los anteriores planteamientos, en modo alguno, desconocen los principios de jurisdicción rogada y de congruencia (CPC, art. 305)(68), toda vez que frente a graves violaciones de derechos humanos (v.gr. crímenes de lesa humanidad), el ordenamiento jurídico interno debe ceder frente al internacional, en tanto este último impone la obligación a los Estados, a los diferentes órganos que los integran —incluida la Rama Judicial del Poder Público—, de adoptar todas las medidas tendientes a la protección y reparación de esas garantías del individuo.
Del anterior planteamiento se pueden extraer algunas conclusiones en torno a los alcances del principio de reparación integral en su aplicación judicial. Tales conclusiones son: i) prevalece sobre otros principios, específicamente sobre aquellos de tipo procesal como el de congruencia, sin que ello suponga una alteración al principio constitucional al debido proceso; ii) si se trata de apelante único, el principio de la no reformatio in pejus debe ceder ante la reparación integral. En otros términos, el juez de segunda instancia puede hacer más gravosa la situación del apelante único condenado en la primera instancia, en los procesos de violación a derechos humanos, iii) el fundamento de esta serie de conclusiones se encuentra en el artículo 93 de la Carta Política Colombiana que establece la prevalencia de los convenios, tratados y protocolos relativos a derechos humanos en el orden jurídico interno, lo cual significa que integran el bloque de constitucionalidad, y iv) en asuntos en los cuales se juzgue la responsabilidad del Estado, derivada de la violación a los derechos humanos, es imperativo en primera medida, por parte del funcionario judicial, garantizar la restitutio in integrum del daño y, en caso de que ésta se torne imposible, decretar las medidas pecuniarias y no pecuniarias que sean necesarias para reversar los efectos del daño(69).
Dicho planteamiento respecto de la reparación integral del perjuicio ha sido reiterado en múltiples oportunidades por esta Sección del Consejo de Estado, en los siguientes términos(70):
“… Cuando se trate de graves violaciones a derechos humanos, el juez cuenta con la facultad de decretar todo tipo de medidas de justicia restaurativa (correctiva), encaminadas a la satisfacción y el restablecimiento del derecho o derechos lesionados. Así las cosas, en estos eventos, el juez de lo contencioso administrativo no puede estar limitado, en modo alguno, por los principios procesales antes mencionados, puesto que constituye un imperativo categórico que prevalece sobre las citadas garantías, el hecho de garantizar una reparación integral del perjuicio”.
En jurisprudencia más reciente de la Sección se desarrolló el anterior planteamiento, bajo el siguiente razonamiento:
“Toda reparación, parte de la necesidad de verificar la materialización de una lesión a un bien jurídico tutelado (daño antijurídico), o una violación a un derecho que, consecuencialmente, implica la concreción de un daño que, igualmente, debe ser valorado como antijurídico dado el origen del mismo (una violación a un postulado normativo preponderante). Así las cosas, según lo expuesto, es posible arribar a las siguientes conclusiones lógicas: Toda violación a un derecho humano genera la obligación ineludible de reparar integralmente los daños derivados de dicho quebrantamiento. No todo daño antijurídico reparable (resarcible), tiene fundamento en una violación o desconocimiento a un derecho humano y, por lo tanto, si bien el perjuicio padecido debe ser reparado íntegramente, dicha situación no supone la adopción de medidas de justicia restaurativa. Como se aprecia, en la primera hipótesis, nos enfrentamos a una situación en la cual el operador judicial interno, dentro del marco de sus competencias, debe establecer en qué proporción puede contribuir a la reparación integral del daño sufrido, en tanto, en estos eventos, según los estándares normativos vigentes (L. 446/98 y 975/2005), se debe procurar inicialmente por la restitutio in integrum (restablecimiento integral) del perjuicio y de la estructura del derecho trasgredido, para constatada la imposibilidad de efectuar la misma, abordar los medios adicionales de reparación como la indemnización, rehabilitación, satisfacción, medidas de no repetición y, adicionalmente el restablecimiento simbólico, entre otros aspectos. Debe colegirse, por lo tanto, que el principio de reparación integral, entendido éste como aquel precepto que orienta el resarcimiento de un daño, con el fin de que la persona que lo padezca sea llevada, al menos, a un punto cercano al que se encontraba antes de la ocurrencia del mismo, debe ser interpretado y aplicado de conformidad al tipo de daño producido, es decir, bien que se trate de uno derivado de la violación a un derecho humano, según el reconocimiento positivo del orden nacional e internacional, o que se refiera a la lesión de un bien o interés jurídico que no se relaciona con el sistema de derechos humanos (DDHH). En esa perspectiva, la reparación integral en el ámbito de los derechos humanos supone, no sólo el resarcimiento de los daños y perjuicios que se derivan, naturalmente, de una violación a las garantías de la (sic) persona (sic) reconocidas internacionalmente, sino que también implica la búsqueda del restablecimiento del derecho vulnerado, motivo por el cual se adoptan una serie de medidas pecuniarias, simbólicas y conmemorativas, que no propenden por la reparación de un daño (strictu sensu), sino por la restitución del núcleo esencial del derecho o derechos infringidos. Por el contrario, la reparación integral que opera en relación con los daños derivados de la lesión a un bien jurídico tutelado, diferente a un derecho humano, se relaciona, específicamente, con la posibilidad de indemnizar plenamente todos los perjuicios que la conducta vulnerante ha generado, sean éstos del orden material o inmaterial. Entonces, si bien en esta sede el juez no adopta medidas simbólicas, conmemorativas, de rehabilitación, o de no repetición, dicha circunstancia, per se, no supone que no se repare íntegramente el perjuicio. Como corolario de lo anterior, para la Sala, la reparación integral propende por el restablecimiento efectivo de un daño a un determinado derecho, bien o interés jurídico y, por lo tanto, en cada caso concreto, el operador judicial de la órbita nacional deberá verificar con qué potestades y facultades cuenta para obtener el resarcimiento del perjuicio, bien a través de medidas netamente indemnizatorias o, si los supuestos fácticos lo permiten (trasgresión de derechos humanos en sus diversas categorías), a través de la adopción de diferentes medidas o disposiciones”(71)”(72) (subrayado fuera de texto).
En el ámbito de la responsabilidad internacional, frente al contenido y alcance del principio de reparación integral, la Corte Permanente de Justicia Internacional (ONU), puntualizó:
“(…) El principio esencial que consagra el concepto real de hecho ilícito (principio que parece establecido por la práctica internacional y en particular por los laudos de los tribunales arbitrales) es que la reparación debe, en toda la medida de lo posible, hacer desaparecer las consecuencias del hecho ilícito y restablecer la situación que, con toda probabilidad, habría existido de no haberse cometido el hecho”(73).
De conformidad con todo lo anterior, viene a ser claro que ante la imposibilidad de garantizar la restitutio in integrum del daño, el juez de lo contencioso administrativo, en aquellos casos de afectación grave a derechos humanos, atendiendo las particularidades de cada caso en concreto, puede decretar las medidas pecuniarias y no pecuniarias que sean necesarias para la consecución de la reparación integral del daño.
Para el caso sub examine, se tiene como un hecho cierto que se vulneraron de forma grave los derechos a la vida, integridad personal, libertad y debido proceso en perjuicio de los señores Germán y William Vera Pérez. No obstante lo anterior, comoquiera que las citadas personas fallecieron el 1º de noviembre de 1993 como consecuencia de los hechos antes examinados —ejecución extrajudicial—, surge como imposible garantizar la restitución integral y la adopción de medidas de satisfacción de tales derechos en favor de las citadas víctimas directas, razón por la cual se decretará una indemnización a favor de la sucesión de los señores Vera Pérez, medida pecuniaria de carácter oficioso que resulta idónea para garantizar la reparación integral para el presente caso. Por lo tanto, dichos perjuicios, ocasionados por razón de la afectación a sus bienes constitucionales, al ser reconocidos mediante esta sentencia, deben ser trasmitidos a favor de la sucesión de tal persona.
Ahora bien, en cuanto al criterio para liquidar el perjuicio —violación a bienes o intereses constitucionales— se debe precisar que en reciente decisión del 13 de noviembre de 2013, exp. 25.981, la Subsección C de esta Sección del Consejo de Estado, discurrió en los siguientes términos:
“8.2. La reparación por vulneración de bienes constitucionales.
Por la singularidad del caso, la Sala encuentra necesario reconocer y determinar las medidas pecuniarias y no pecuniarias para resarcir o restablecer los bienes constitucionales afectados a la esposa e hija de la víctima, desde la perspectiva de su reconocimiento como mujer en el conflicto armado colombiano, y como mujer menor de edad en la misma situación.
8.2.1. Reconocimiento a la mujer en el conflicto armado colombiano.
El conflicto armado en Colombia ha generado múltiples impactos en la sociedad, tanto en hombres como en mujeres, pero es indiscutible que los efectos entre unos y otros tienen ciertas diferencias(74). Pudiéndose casi afirmar que la violencia armada se vive de manera diferente cuando se es mujer. En efecto la corte constitucional ha manifestado de manera reiterada que “las mujeres sufren un impacto diferencial de la violencia armada en la medida en que, cuando se materializan los distintos peligros generales y específicos que se ciernen sobre ellas, las sobrevivientes deben afrontar nuevas responsabilidades, serios obstáculos y graves implicaciones psicosociales que por lo general no están en condiciones materiales ni emocionales de afrontar. Así, por ejemplo, las mujeres que han sido víctimas del asesinato de sus familiares no sólo deben experimentar el dolor propio de la pérdida, sino también las incertidumbres por el futuro, habiendo dejado atrás sus pertenencias y su patrimonio, llegando a entornos desconocidos y con responsabilidades nuevas que a su turno les imponen serias cargas emocionales y anímicas”(75).
“Por todo lo anteriormente expuesto y en reconocimiento de las mujeres como víctimas del conflicto armado ante el rompimiento de su estructura familiar, del dolor al que se vieron sometidas por la pérdida de su compañero, del desarraigo al que se vieron inmersas al haber tenido que abandonar el Municipio de Barbacoas, tras la toma guerrillera y por el cambio de rol al que se vieron inmersas ante los actos de violencia del conflicto armado, así como por la función social que desempeñó la señora Liliana Esperanza Zambrano y su hija en el Municipio de Barbacoas; la Sala encuentra necesario reconocer en la dimensión de los perjuicios inmateriales, y como componente de la reparación integral, la condena a favor de las demandantes de la indemnización por vulneración de los bienes constitucionales y convencionales (Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado) a la vida, a la construcción de una familia y a la dignidad de las mujeres por valor correspondiente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Liliana Esperanza Sánchez Rosero
8.2.2 El reconocimiento a las niñas y niños víctimas en el conflicto armado colombiano.
“(…) la Sala encuentra probada la vulneración a las garantías de las cuales son titulares los niños con ocasión del conflicto(76). En el caso que nos ocupa de Jessika Liliana es así, por cuanto la menor no solo presenció la toma del municipio de Barbacoas, en donde evidenció la crueldad de la guerra al ver a su padre víctima de múltiples impactos de bala propinados por el grupo insurgente, entre ellos un disparo a corta distancia en la cabeza, el cual le ocasionó la muerte; sino que también ha sido víctima del rompimiento de su estructura familiar,(77) como consecuencia de la cual no solo ha sufrido repercusiones ante la desaparición del padre sino de los daños psicológicos ocasionados en la madre, que tal como lo señala el informe de medicina legal han generado una “relación simbiótica” dañina tanto para la madre como para la hija por la repercusión del dolor y tensión de la primera sobre la menor, llegando a repercutir incluso en su entorno social y escolar”(78).
Con fundamento en el anterior parámetro jurisprudencial y como ya en otras oportunidades lo ha hecho(79), la Sala acudirá al criterio de la equidad como principio que el ordenamiento jurídico —artículo 16 de la Ley 446 de 1998(80)— impone tener en cuenta para efectos de reparar de forma integral el daño causado por la acción o la omisión de las autoridades públicas, a cuyo auxilio debe acudirse, además, por virtud del denominado principio pro damnato, propio del derecho de daños y que sin duda ha de hacer sentir su vigor en escenarios como el del presente caso, en el cual se encuentran acreditados todos los elementos necesarios para imponer al Estado la obligación de reparar íntegramente el daño antijurídico que causó. Por lo tanto, se decretará a favor de la sucesión de los señores Germán y William Vera Pérez la suma equivalente a 200 smlmv.
En casos similares, en los cuales se ha decretado indemnización por “violación a bienes o intereses constitucionales”, como medida oficiosa de reparación integral pecuniaria, la Subsección A de esta Sección del Consejo de Estado ha razonado de la siguiente forma:
“Para el caso sub examine, se tiene que se vulneraron de forma grave los derechos de petición, integridad personal, acceso a la administración de justicia y protección a la familia en perjuicio del señor José Joaquín Giraldo Muñoz, no obstante, comoquiera que la citada persona falleció el 14 de diciembre de 2003, resulta imposible garantizar la restitución integral y la adopción de medidas de satisfacción de tales derechos conculcados en favor de la citada víctima directa, razón por la cual se decretará una indemnización a favor de la sucesión del señor Giraldo Muñoz, medida pecuniaria que resulta idónea para garantizar la reparación integral para el presente caso, comoquiera que la citada víctima directa —por causa de la falla del servicio declarada en esta sentencia—, padeció por casi tres meses el sufrimiento y la angustia que le produjo la imposibilidad de transcurrir sus últimos días de vida cerca a sus seres queridos, circunstancia que conllevó a que falleciera en condiciones que afectaron sus derechos humanos.
Así las cosas, se decretará a favor de la sucesión del señor José Joaquín Giraldo Muñoz la suma equivalente a 20 smlmv, toda vez que durante casi tres meses la aludida persona vio vulnerado su derecho de Acceso a la Administración de Justicia (C.P. art. 229), Derecho de Petición (C.P. art. 23), así como a la Protección de la Familia por parte del Estado (C.P. art. 42), todo lo cual —reitera la Sala—, finalmente incidió de forma directa en la producción del daño antijurídico que originó la presente acción, esto es fallecer en condiciones denigrantes y lejos de sus seres queridos, circunstancia por la cual la suma que se reconocerá con fundamento en la equidad, se compadece con la afectación autónoma de los bienes constitucionales lesionados por la configuración del daño antijurídico”(81).
Ahora bien, en relación con la reclamación de perjuicios morales inmateriales por los herederos de las víctimas (q.e.p.d.), la Sala fijó de manera muy justificada su posición, en sentencia de 10 de septiembre de 1998(82). Se dijo entonces que en relación con la transmisibilidad mortis causa del derecho a la reparación de los daños morales, cuando su titular fallece sin haber ejercido la acción indemnizatoria, la doctrina se ha dividido entre quienes consideran que tratándose de un derecho personalísimo, íntimamente ligado a la existencia de su titular, no puede transmitirse a sus herederos, porque, además, resultaría “inmoral” aceptar que ese derecho que deriva del dolor pudiera ser susceptible de actos de disposición, y, por la otra, quienes consideran que ese derecho sí es transmisible, por considerar que la negativa a aceptar la transmisibilidad del derecho a reclamar indemnización por el perjuicio moral confunde el interés jurídico protegido con la consecuencia jurídica que se deriva de su vulneración, que se traduce en la configuración de una obligación indemnizatoria, idéntica a cualquiera otro crédito que tenga su origen en un daño antijurídico.
La Sala acogió este último criterio por considerar que el derecho a obtener la reparación de los perjuicios morales es de carácter patrimonial y como tal se transmite a los herederos, habida consideración de que en el ordenamiento jurídico nacional no existe disposición que prohíba dicha transmisión; por el contrario, la regla general es que todos los activos, derechos y acciones de carácter patrimonial forman parte de la masa herencial y, además, el reconocimiento de ese derecho guarda armonía con los principios informadores del ordenamiento jurídico en materia de daño resarcible y, en especial, con las normas constitucionales que establecen el derecho a la indemnización por todos los daños antijurídicos sufridos (art. 90) y el derecho al libre desarrollo de la personalidad (art. 13), que no puede ser vulnerado impunemente.
En síntesis, el derecho a la indemnización por el perjuicio moral —supuesto que también resulta aplicable a otra tipología de daños inmateriales como en el presente asunto— se transmite porque se trata de un crédito que puede ser reclamado, bien por su titular o por sus sucesores mortis causa, en cuanto continuadores de su personalidad, que ocupan la posición jurídica que ostentaba el causante frente a la totalidad de los derechos y acciones de contenido patrimonial trasmitidas por el fallecimiento. Dijo la sentencia en cita:
“De cara al ordenamiento jurídico colombiano y específicamente desde la óptica del art. 90 de la Constitución Política es indudable que la transmisibilidad del derecho a la reparación originado en daño moral padecido por la víctima se impone, máxime si se tiene presente que, tanto el ordenamiento jurídico privado ex-art. 2.341 Código Civil consagra como regla general el resarcimiento de todo daño, y, en el ámbito penal, el daño moral cuya resarcibilidad está consagrada expresamente ex-art. 103 Código Penal, puede ser reclamado por “las personas naturales, o sus sucesores”; de otra parte, no existe como se observó, en el ordenamiento colombiano precepto prohibitivo y resulta incompatible a la luz de las normas precitadas, afirmar la intransmisibilidad de un derecho de naturaleza patrimonial que desde luego puede ser ejercido bien directamente por la víctima ora por los continuadores de su personalidad, sucesores mortis causa, que en su condición de herederos representan al de cujus, o dijérase más propiamente, ocupan el lugar y la posición jurídica que ostentaba el causante frente a la totalidad de los derechos y acciones de contenido patrimonial transmitidas por virtud del fallecimiento.
“No puede olvidarse que en esta materia se trata del reconocimiento en toda su dimensión del principio fundamental de la dignidad de la persona y que ante la vulneración de los derechos de la personalidad, emplazados constitucionalmente bajo el rubro de derechos fundamentales, el libre desarrollo de la personalidad, es un límite a las actuaciones antijurídicas de todo orden a la vez que una reiteración del necesario respeto del individuo y de su ámbito de libertad, frente a las actuaciones del Estado, valores éstos superiores y por ende incompatibles con un tratamiento jurisprudencial que prohíje distingos en el tratamiento y la disciplina del reconocimiento del crédito indemnizatorio, fundados en diferencias extrañas al ordenamiento jurídico colombiano en materia de derecho de daños, lo cual impone en aras del mantenimiento de la unidad jurisprudencial, la precisión jurisprudencial contenida en esta providencia”.
De manera reciente(83), la Sala ha reiterado dicha jurisprudencia, aunque debe advertirse que la situación en ese caso era diferente porque el causante sí había ejercido en tiempo la acción indemnizatoria y lo que se reclamaba era el reconocimiento de la condición de sucesores procesales.
No obstante, se afirmó en la providencia que
“... si bien es cierto los perjuicios morales dependen necesariamente del sentimiento de un individuo en particular, cuando se solicita el reconocimiento de estos por parte de los sucesores procesales, no es que se transmita el dolor, la angustia o la congoja causada por el daño a quien en vida lo padeció y sufrió..., lo que se transmite es el derecho a reclamar por tal sufrimiento de la persona que era titular del mismo y, por ende, legitimada para demandar. En conclusión, como la señora Guzmán de Orjuela sufrió perjuicios morales antes de morir, el derecho a su reparación fue transmitido a su sucesión”.
Por tanto, en el caso concreto, los herederos de los señores Vera Pérez quienes fallecieron el 21 de noviembre de 1993, están legitimados para reclamar la indemnización por los perjuicios no patrimoniales derivados a la afectación a bienes constitucionales que sufrieron sus hijos, como consecuencia de la falla del servicio imputable a las demandadas.
Proceder de forma contraria en el presente asunto entrañaría el desconocimiento de los valores, principios y fines que tanto los sistemas internacionales de protección de los Derechos Humanos como la propia Constitución consagran, abandonar la búsqueda de una sociedad justa y respetuosa de la dignidad humana de todas las personas(84).
2.7. Reparación integral.(85)
En casos como el presente, en los cuales se ha declarado la responsabilidad del Estado por graves violaciones a los Derechos Humanos, la Sala que integra esta Sección del Consejo de Estado ha dado plena aplicación a los artículos 16 de la Ley 446 de 1998(86) y 8 de la ley 975 de 2005(87). Al respecto se ha pronunciado en los siguientes términos:
“En consecuencia, cuando el juez de lo contencioso administrativo aprecia la vulneración grave de la dimensión objetiva de un derecho, puede adoptar medidas de justicia restaurativa a efectos de que sea restablecido el núcleo del derecho o interés constitucionalmente protegido, al margen de que el trámite procesal sea el del grado jurisdiccional de consulta o la resolución de un recurso de apelación único. Lo anterior, toda vez que el principio de la no reformatio in pejus, como expresión de la garantía del derecho al debido proceso sólo tiene restricción en la órbita indemnizatoria del principio de reparación integral. En efecto, la jurisprudencia de la corporación ha precisado que si existe una colisión entre el principio de reparación integral con los principios de congruencia procesal y de jurisdicción rogada, estos últimos deben ceder frente al primero en cuanto concierne a las medidas de satisfacción, rehabilitación, y garantías de no repetición, toda vez que el parámetro indemnizatorio, esto es, el reconocimiento de los perjuicios materiales e inmateriales sí está amparado por los citados principios del proceso que tienden a garantizar el derecho de defensa del demandado.
Definido el anterior panorama, la Sala reitera la jurisprudencia que sobre el particular ha delineado para precisar que, en aquellos eventos en los que sea evidente la alteración grave de un derecho de la persona, es posible que se adopten medidas distintas a la indemnización de perjuicios, todas ellas encaminadas a operar como factores de justicia restaurativa, esto es, como instrumentos que propenden por el restablecimiento objetivo del derecho conculcado”(88). (negrillas adicionales).
ii) Cuando se trate de graves violaciones a derechos humanos, el juez cuenta con la facultad de decretar todo tipo de medidas de justicia restaurativa (correctiva), encaminadas a la satisfacción y el restablecimiento del derecho o derechos lesionados. Así las cosas, en estos eventos, el juez de lo contencioso administrativo no puede estar limitado, en modo alguno, por los principios procesales antes mencionados, puesto que constituye un imperativo categórico que prevalece sobre las citadas garantías, el hecho de garantizar una reparación integral del perjuicio”(89).
Con fundamento en lo anterior, la Sala considera que en eventos como el presente —en los cuales se desbordó la esfera o dimensión subjetiva de los derechos conculcados, dada su magnitud, anormalidad y excepcionalidad—, el juez contencioso administrativo no puede ser indiferente, so pena de entender el derecho de la reparación como una obligación netamente indemnizatoria, cuando lo cierto es que una de las funciones modernas de la responsabilidad es la preventiva, así como la protección de la dimensión objetiva de los derechos vulnerados (v. gr. vida, libertad, integridad, dignidad, etc.).
En el caso concreto, según se probó, miembros del Ejército Nacional ultimaron a dos inermes ciudadanos en confusos hechos que aún no han sido esclarecidos por la Justicia Ordinaria, todo lo cual deviene en una grave violación de Derechos Humanos en perjuicio de las víctimas, lo cual afectó, de manera substancial, la dimensión objetiva de tales derechos, amén de que según se pudo establecer no hubo investigación penal alguna con el fin esclarecer a los responsables intelectuales del homicidio de los señores Germán y William Vera Pérez, razón por la cual en la parte resolutiva del fallo se dispondrá la adopción de las siguientes medidas:
1. Oficiar a la Fiscalía General de la Nación, para que, sin perjuicio de su autonomía institucional y en el evento de que no se hubiese realizado, inicie las respectivas investigaciones dirigidas a esclarecer la responsabilidad penal y los responsables intelectuales de los hechos ocurridos el día 21 de noviembre de 1993, en el municipio de Filo Gringo, en los cuales resultaron muertos los señores William y Germán Vera García Lombo, puesto que se trata de una grave violación de los Derechos Humanos. La instrucción respectiva deberá comprender, de igual manera, cualquier tipo de responsabilidad derivada de la omisión en que pudieron haber incurrido los superiores del Teniente Fredy Villegas.
De abrirse investigación, los familiares de las víctimas deberán ser citados al proceso, con el fin de que tengan pleno conocimiento sobre la verdad de los hechos ocurridos el día 21 de noviembre de 1993, en el municipio de Filo Gringo.
2. El Comandante de la Brigada Móvil Nº 2 de esa institución realizarán un acto solemne de presentación de excusas públicas a los familiares de la víctima directa del presente caso, el cual deberá contener, además, un reconocimiento expreso de responsabilidad administrativa por los hechos que dieron origen a la presente acción; para la realización de dicho acto solemne, de ser posible, se recomienda la participación de medios de comunicación nacional (radio, prensa, televisión, etc.).
3. El Ministerio de Defensa - Ejército Nacional establecerá un link con un encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia. La entidad demandada, en el término de 2 meses contados a partir de la ejecutoria de este fallo, subirá a la red el archivo que contenga esta decisión y mantendrá el acceso al público del respectivo vínculo durante un período de 6 meses que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de la información en la página web de esa institución.
Supervisión de cumplimiento de la sentencia
El Ministerio de Defensa - Ejército Nacional deberá remitir con destino a la Procuraduría General de la Nación, dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, un informe detallado sobre el cumplimiento de las condenas extrapatrimoniales aquí impuestas, en el cual se deberá adjuntar copia magnética del texto que fue insertado y publicado en la página web de esa Cartera Ministerial, así como una copia magnética del registro fílmico de la ceremonia solemne de presentación de excusas públicas. Lo anterior en virtud la competencia institucional radicada en la Procuraduría General de la Nación (C.N. art. 277 num. 1).
Toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, se ha verificado que la entidad demandada (Nación - Ejército Nacional), actuó de esa manera, comoquiera que en franco desafío a la indiscutible evidencia probatoria —respecto de la participación directa de sus agentes en servicio en el homicidio de una persona—, buscó desconocer con argumentos fútiles dicha realidad procesal y con ello encubrir la verdad material del presente asunto, razón por la cual la Sala condenará en costas a la parte demandada.
1. MODIFICAR la sentencia apelada, esto es la proferida por la Sala de Descongestión para los tribunales administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar la cual quedará así:
DECLARAR patrimonial y extracontractualmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, por los perjuicios causados a los demandantes, con ocasión de la muerte de los señores Germán y William Vera Pérez, ocurrida el 21 de noviembre de 1993 en el corregimiento de Filo gringo en el municipio de El Tarra, Norte de Santander de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
En consecuencia, CONDENAR a Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, a pagar las siguientes sumas de dinero:
3.1. Por daño moral, a favor de las siguientes personas y por los montos establecidos a continuación:
Eva Pérez Pérez (madre de las víctimas) 200 smmlv
Ricardo Vera García (padre de las víctimas) 200 smmlv
3.2. Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, los montos que se establecen a continuación:
3.2.1. Para la señora Eva Pérez Pérez, la suma de ($298’164.266).
3.2.2. Para el señor Ricardo Vera García la suma de ($298’164.266)
3.3. Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, a la reparación integral de la violación de los derechos humanos de los mencionados demandantes, para lo cual, de conformidad con la parte motiva de esta providencia, deberán adoptarse las siguientes medidas de naturaleza no pecuniaria:
3.3.1. Oficiar a la Fiscalía General de la Nación, para que, sin perjuicio de su autonomía institucional, y en el evento de que no lo hubiese realizado, inicie las respectivas investigaciones dirigidas a esclarecer la responsabilidad penal y los responsables intelectuales de los hechos ocurridos el 21 de noviembre de 1992, en el municipio del Tarra, Norte de Santander, en los cuales resultaron muertos los señores Germán y William Vera Pérez, puesto que se trata de una grave violación de los Derechos Humanos. La instrucción respectiva deberá comprender, de igual manera, cualquier tipo de responsabilidad derivada de la omisión en que pudieron haber incurrido los superiores del Teniente Oscar Villegas.
De abrirse investigación, los familiares de las víctimas deberán ser citados al proceso, con el fin de que tengan pleno conocimiento sobre la verdad de los hechos ocurridos el día 21 de noviembre de 1993, en el municipio de El Tarra – Norte de Santander.
3.3.2. El Director de la Brigada Móvil Nº 2 de esa institución realizarán un acto solemne de presentación de excusas públicas a los familiares de la víctima directa del presente caso, el cual deberá contener, además, un reconocimiento expreso de responsabilidad administrativa por los hechos que dieron origen a la presente acción; para la realización de dicho acto solemne, de ser posible, se recomienda la participación de medios de comunicación nacional (radio, prensa, televisión, etc.).
3.3.3. El Ministerio de Defensa - Ejército Nacional establecerá un link con un encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia. La entidad demandada, en el término de 2 meses contados a partir de la ejecutoria de este fallo, subirá a la red el archivo que contenga esta decisión y mantendrá el acceso al público del respectivo vínculo durante un período de 6 meses que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de la información en la página web de esa institución.
3.3.4. El Ministerio de Defensa - Ejército Nacional deberá remitir con destino a la Procuraduría General de la Nación, dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, un informe detallado sobre el cumplimiento de las condenas extrapatrimoniales aquí impuestas, en el cual se deberá adjuntar copia magnética del texto que fue insertado y publicado en la página web de esa Cartera Ministerial, así como una copia magnética del registro fílmico de la ceremonia solemne de presentación de excusas públicas. Lo anterior en virtud la competencia institucional radicada en la Procuraduría General de la Nación (C.P. art. 277 num. 1).
3.4. Por concepto de indemnización de perjuicios por la violación o afectación de bienes o derechos constitucionales (vida, integridad, libertad, dignidad, debido proceso), a favor de la sucesión de los señores Germán y William Vera Pérez, la suma equivalente en pesos a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
4. CONDENAR en costas a la parte demandada.
5. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.
(1) Folios 28 - 29 C. 1.
(2) Folios 34 - 36 C. 1.
(3) Folios 43 - 46 y 166 C. 1.
(4) Folios 168 - 169 C 1
(5) Folios 171 - 180 C. 1.
(6) Folios 181 - 232 C 1
(7) Folios 236 y 247 C. Ppal.
(8) Folios 186 a 195 C. Ppal.
(9) Folio 249 C. Ppal.
(10) Folios 250 - 252 C. Ppal.
(11) Folios 257 - 266 cdno. ppal.
(13) Folios 97 - 100 cdno. 1.
(14) Folio 109 cdno. 1.
(15) Folio 111 cdno. 1.
(16) Folio 123 cdno. 1.
(17) Folio 5 cdno. 2.
(18) Folio 8 cdno. 2.
(19) Folios 9 - 10 cdno. 2.
(20) Folio 14 cdno. 2.
(21) Folio 19 cdno. 2.
(22) Folios 43 - 44 cdno. 2.
(23) Folio 43 cdno. 2.
(24) Folios 45 cdno. 2.
(25) Folios 46 cdno. 2.
(26) Folios 48 - 49 cdno. 2.
(27) Folios 49 cdno. 2.
(28) Folios 81 - 83 cdno. 2
(29) Folio 90 cdno. 2.
(30) Folio 93 cdno. 2.
(31) Foliatura irregular.
(32) Folio 98 cdno. 2.
(33) Folios 168 - 174 cdno. 2.
(34) Folios 175 - 182 cdno. 2.
(35) Folios 226 - 228 cdno. 2.
(36) Folios 235 - 237 cdno. 2.
(37) Folios 241 - 243 cdno. 2.
(38) Folios 267 - 273 cdno. 1.
(39) Folios 272 - 292 cdno. 2.
(40) En Colombia la violencia desencadenada por el conflicto armado interno se ha concentrado históricamente en las zonas rurales. Ver: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Colombia Rural, razones para la esperanza, Informe Nacional de Desarrollo Humano, Bogotá, INDH-PNUD, 2011, p. 231; Centro Nacional de Memoria Histórica, Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, Bogotá, 2013, pág. 323 y ss.; Berry, Albert, “Aspectos jurídicos, políticos y económicos de la tragedia de la Colombia rural de las últimas décadas: hipótesis para el análisis”, en Tierra, Guerra y Estado, Revista Estudios Socio-Jurídicos, Nº 1, volumen 16, junio del 2014, Universidad del Rosario, Bogotá, pág. 7-23.
(41) La Subsección B de la Sección Tercera en sentencia del 27 de septiembre del 2013, rad. 19939, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo, al resolver un caso de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario acudió a la flexibilización de los estándares probatorios en materia de prueba documental: “Puestas las cosas en los términos anteriormente señalados y tratándose, como en el presente caso, del deber de reparar integralmente a víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos y/o del derecho internacional humanitario, sean directas o indirectas, resulta indispensable aplicar el principio de equidad y, en consecuencia, flexibilizar el estándar probatorio. Es que las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, en un caso como el presente —en el que, además, como lo revelan los hechos y lo reconoce la sentencia de primera instancia, las autoridades en lugar de facilitar la búsqueda del desaparecido entorpecieron las labores de su madre y hermanos—, ocupan el lado más débil de la balanza así que, de conformidad con lo ordenado por el artículo 13 superior, requieren mayor soporte y protección. Se reitera en este lugar lo ya afirmado arriba y es que en estos casos los principios de verdad, de justicia y de reparación integral han sido catalogados como derechos fundamentales que rigen en virtud del ius cogens, por lo que no cabe alegar obstáculos de orden normativo interno para efectos de dificultar su realización”.
(42) Esta postura de flexibilización de los medios de prueba ante graves violaciones a los derechos humanos fue adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las siguientes sentencias: 15 de septiembre del 2005, caso Mapiripán vs. Colombia, párr. 73; sentencia del 24 de junio del 2005, caso Acosta Calderón vs. Ecuador, párr. 41; sentencia del 23 de junio del 2005, casto Yatama vs. Nicaragua, párr. 108; sentencia del 20 de junio del 2005, caso Fermín Ramírez vs. Guatemala, 45; sentencia del 2 de julio del 2004, caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, párr. 57.
(43) Se remite a los siguientes pronunciamientos jurisprudenciales: sentencia del 6 de julio del 2009, caso Escher y otros vs. Brasil, párr. 127; sentencia del 29 de julio de 1988, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, párr. 135; sentencia del 28 de enero del 2009, caso Ríos y otros vs. Venezuela, párr. 98; sentencia del 3 de abril del 2009, caso Kawas Fernández vs. Honduras, párr. 95.
(44) Sentencia del 29 de julio de 1988, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, párr. 135.
(45) Según Taruffo “El juzgador ya no está obligado a seguir reglas abstractas: tiene que determinar el valor de cada medio de prueba especifico mediante una valoración libre y discrecional. Esa valoración tiene que hacerse caso por caso, conforme a estándares flexibles y criterios razonables. La idea básica es que esta clase de valoración debe conducir al juzgador a descubrir la verdad empírica de los hechos objeto del litigio sobre la única base del apoyo cognitivo y racional que ofrecen los medios de prueba disponibles”. Taruffo, Michele, La prueba. Ed. Marcial Pons, Madrid, pág. 135
(46) Sentencia del 28 de agosto de 2014, M.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero. Actor: Félix Antonio Zapata González y otros, Nº interno 32.988. En ese mismo sentido, la providencia del 11 de septiembre de 2013, M.P. Danilo Rojas Betancourth. Actor: María del Carmen Chacón y otros. Nº interno 20.601
(47) La Sala, de tiempo atrás ha dicho que la falla del servicio ha sido en nuestro derecho, y continua siendo, el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado; en efecto, si al juez administrativo le compete una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su cargo, no hay duda que es ella el mecanismo más idóneo para asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual. Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de julio de 1993, exp. 8163 y del 16 de julio de 2008, exp. 16423, ambas con ponencia del Consejero, Doctor Mauricio Fajardo Gómez.
(48) Posición jurisprudencial reiterada también en la sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 29 de enero de 2009, dentro del expediente 16.975.
(49) Cfr. ídem.
(50) Ver: CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2011, OEA/Ser. L/V/II., Doc. 69, 30 diciembre 2011, capítulo IV. Colombia; CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2010, OEA/Ser.L/V/II., Doc. 5 corr. 1, 7 marzo 2011, capítulo IV. Colombia; CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2009, OEA/Ser.L/V/ II., Doc. 51 corr. 1, 30 diciembre 2009, capítulo IV. Colombia; CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2008, OEA/Ser.L/V/II.134, Doc. 5 rev. 1, 25 febrero 2009, capítulo IV. Colombia; CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2007, OEA/Ser.L/V/II.130, Doc. 22 rev. 1, 29 diciembre 2007, capítulo IV. Colombia; CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2006, OEA/Ser.L/V/II.127, Doc. 4, rev. 1, 3 marzo 2007, capítulo IV. Colombia.
(51) Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, E/CN.4/2005/10, 28 de febrero de 2005, párr. 90. La Alta Comisionada recomendó: — al Ministro de Defensa, que “dé instrucciones para que los funcionarios de la jurisdicción penal militar no reclamen competencias sobre casos de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, u otros delitos no relacionados con el servicio”. — Al Fiscal General, que “dé instrucciones claras para que los fiscales no cedan competencias a la jurisdicción penal militar en casos ajenos a ese fuero” y — Al Consejo Superior de la Judicatura, que “resuelva los conflictos de competencia de conformidad con la jurisprudencia constitucional y las normas internacionales”.
(52) ONU, Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston. Adición. Misión a Colombia, 14 período de sesiones, A/HRC/14/24/Add.2, 31 de marzo del 2010. Al respecto se puede consultar:
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/uploads/media/COI_2791 consultado el 7 de agosto del 2014.
(53) Ver CIDH, capítulo IV - Colombia en el Informe Anual de la CIDH 2006; capítulo IV - Colombia en el Informe Anual de la CIDH 2007; capítulo IV - Colombia en el Informe Anual de la CIDH 2008; y capítulo IV - Colombia en el Informe Anual de la CIDH 2009.
(54) Ver Informe preliminar de la “Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia” hecho público en Bogotá, el 10 de octubre de 2007. Ver también Observatorio de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario de la Coordinación Colombia- Europa- EEUU “Falsos Positivos: ejecuciones extrajudiciales directamente atribuidas a la Fuerza Pública en Colombia, julio 2002 a junio de 2006. Informe Anual 2008, capítulo IV Colombia: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2008sp/cap4.Colombia.sp.htm consultado el 9 de agosto del 2014.
(55) ONU, Comité́ de Derechos Humanos, 99 periodo de sesiones, Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud el artículo 40 del Pacto. Observaciones finales del Comité́ de Derechos Humanos, CCPR/C/COL/6, 6 de agosto de 2010, párr. 14 citado por el Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cuarto Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia, OEA/Serv. L/V/II, Doc. Nº 49, 2013, pág. 79. Al respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó que el número de condenas por la comisión de ejecuciones extrajudiciales era exiguo, de los 1244 casos de ejecuciones extrajudiciales ante la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación se habían dictado 40 sentencias penales contra 194 personas. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2010, OEZ/Serv. L/V/II; Doc. 5, corr. 1, 7 de marzo del 20122(sic), capítulo IV, Colombia, párr. 25. Recientemente, Colombia informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que existía un total de 2.013 investigaciones judiciales de casos de ejecuciones extrajudiciales que afectan a 3.254 víctimas, 708 de los cuales se encuentran en etapa de investigación formal y 52 en etapa de juzgamiento; se encuentra identificados 4354 presuntos responsables (4271 del Ejército Nacional, 92 de la Armada Nacional, 78 de la Policía Nacional y 11 al DAS), 2.123 se encuentran detenidos. Igualmente se indicó que se han obtenido 245 sentencias condenatorias en relación con 639 personas, 562 de los cuales son agentes estatales. Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Audiencia Denuncias de ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 14 de marzo del 2013, citado por Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cuarto Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia, Verdad, Justicia y reparación, OEA/Serv. L/V/II, Doc. Nº 49, 2013, pág. 85.
(56) ONU, Consejo de Derechos humanos, Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Adición. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 16º período de sesiones, A/HCR/16/22/Add.3, 3 de febrero del 2011, párr. 25 y ss.
(57) ONU, Consejo de Derechos humanos, Informe anual de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Adición. Informe de la ALTA COMISIONADA de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 19º período de sesiones, A/HCR/19/21/Add.3, 31 de enero del 2012, párr. 33.
(58) Corte Penal Internacional, Oficina Fiscal, Situación en Colombia. Reporte intermedio, noviembre del 2012, párr. 93.
(59) Corte Penal Internacional, Oficina del Fiscal, Situación en Colombia. Reporte intermedio, noviembre de 2012, párr. 96, citación del Juzgado Penal Especializado del Circuito de Sincelejo, Sucre, Sentencia anticipada contra Luis Fernando Borja Aristizabal, radicado 2011-00004-00, 23 de junio de 2011. Juzgado Penal Especializado del Circuito de Sincelejo, Sucre, Sentencia anticipada contra Luis Fernando Borja Aristizabal, radicado 2011-0010, 28 de septiembre de 2011.
(60) Corte Penal Internacional, Oficina del Fiscal, Situación en Colombia. Reporte intermedio, noviembre de 2012, párr. 110. La Oficina de la Fiscal determinó que presuntamente, las Brigadas 4, 14 y 17, actuando bajo el mando de la VI División de las Fuerzas Armadas, la 7 y 12 Brigada móvil, actuando bajo el mando de la IV División, la 9 Brigada, al mando de la V División, la 15 Brigada móvil y la 30 Brigada, al mando de la II División, han sido presuntamente responsables de la mayoría de los incidentes de falsos positivos ocurridos en distintas partes del país. Corte Penal Internacional, Oficina del Fiscal, Situación en Colombia. Reporte intermedio, noviembre de 2012, párrs. 114-117.
(61) ONU, Consejo de Derecho Humanos, Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Adición. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derchos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 22 período de sesiones, A/HCR22/17/Add.3, 7 de enero del 2013, párr. 74 y ss.
(62) Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cuarto Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia, Verdad, Justicia y reparación, OEA/Serv. L/V/II, Doc. nº 49, 2013, pág. 79. Al respecto se puede revisar: http://www.oas.org/es/cidh/docs/pdfs/Justicia-Verdad-Reparacion-es.pdf (consultado el 27 de agosto del 2014)
(63) Ibíd., pág. 87.
(64) Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Comentario General 6/1982, párr. 3 y cfr. también Comentario General 14/1984, párr. 1.
(65) Registro civil de nacimiento de la señora Eva Pérez Pérez.
(66) En reciente providencia, la corporación en un caso de afectación a bienes constitucionales respecto de mujeres y niños víctimas del conflicto armado interno, ponderó los principios procesales de congruencia de la sentencia y de no reformatio in pejus y decretó medidas pecuniarias (20 smlmv) a favor de cada víctima y ordenó además la adopción de medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de octubre de 2013, exp. 25.981, M.P. Jaime Orlando Santofimio.
(67) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de febrero de 2008, exp. 16.996, M.P. Enrique Gil Botero. En dicho caso, la corporación al resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad pública demandada como apelante único, en el que se solicitaba la revocatoria de la condena impuesta en la sentencia de primera instancia, confirmó la declaratoria de responsabilidad por la violación grave de derechos humanos, y agravó la condición de la entidad; además, asumió medidas de satisfacción que habían sido solicitadas por los demandantes, retando así los principios de congruencia y no reformatio in pejus.
(68) La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
“No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta”.
(69) Cfr. Ídem.
(70) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2009, exp. 17.994. M.P. Enrique Gil Botero, consultar también, sentencias dictadas por la Subsección A de esta Sección el 9 de mayo de 2012, exp. 23.810 y del 2 de abril de 2013, exp. 20.067, entre otras.
(71) Sentencia de 19 de octubre de 2007. Exp. 29273A. Ver de la Corte Permanente de Justicia Internacional, caso Factory of Chorzów, Merits, 1928, Series A, Nº 17, pág. 47. Citada por Crawford, James “Los artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre Responsabilidad Internacional del Estado”, Ed. Dykinson, pág. 245; Corte Interamericana de Derechos Humanos - Caso de la Masacre de Puerto Bello (vs) Colombia, sentencia de 31 de enero de 2006; de la Corte Constitucional Sentencia T-563 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. En igual sentido T-227 de 1997 M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-1094 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-175 de 2005, M.P. Jaime Araujo Rentería. Corte Constitucional, Sentencia T-188 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(72) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de octubre de 2013, exp. 25.981, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
(73) Corte Permanente de Justicia Internacional, caso Factory of Chorzów, Merits, 1928, Series A, Nº 17, pág. 47. Citada por Crawford, James “Los artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre Responsabilidad Internacional del Estado”, Ed. Dykinson, pág. 245.
(74) Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las mujeres frente a la violencia y la discriminación derivadas del conflicto armado en Colombia, 2006. “La CIDH ha manifestado reiteradamente que tanto los hombres como las mujeres colombianas que hacen parte de la población civil, ven sus derechos menoscabados dentro del conflicto armado colombiano y sufren sus peores consecuencias. Sin embargo, a pesar que los dos sufren violaciones de sus derechos humanos y cargan con las consecuencias del conflicto, los efectos son diferentes para cada uno. La fuente de esta diferencia es que las mujeres colombianas han sufrido situaciones de discriminación y violencia por el hecho de ser mujeres desde su nacimiento y el conflicto armado se suma a esta historia ya vivida. Para las mujeres, el conflicto armado es un elemento que agrava y perpetúa esta historia. La violencia y discriminación contra las mujeres no surge sólo del conflicto armado; es un elemento fijo en la vida de las mujeres durante tiempos de paz que empeora y degenera durante el enfrentamiento interno”.
(75) Corte Constitucional, Sentencia T-496 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(76) ART 38.—Ningún niño que no haya cumplido los 15 años de edad deberá participar directamente en hostilidades o ser reclutado por las fuerzas armadas. Todos los niños afectados por conflictos armados tiene derecho a recibir protección y cuidados especiales. Art 39. Es obligación del Estado tomar las medidas apropiadas para que los niños víctimas de la tortura, de conflictos armados, de abandono, de malos tratos o de explotación reciban un tratamiento apropiado, que asegure su recuperación y reintegración social. (subrayado fuera de texto). Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño.
(77) Recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales, Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad, Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Preámbulo Convención sobre los Derechos del Niño, A.G. res. 44/25, anexo, 44 U.N. GAOR Supp. (Nº 49) pág. 167, ONU Doc. A/44/49 (1989), entrada en vigor 2 de septiembre de 1990.
(78) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de octubre de 2013, exp. 25.981, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
(79) Al respecto, ver, entre otras, las siguientes providencias: sentencia de 11 de agosto de 2010, exp. 050012326000199500082 - 01 (18.593); sentencia de 25 de agosto de 2011, exp. 250002326000199703994 - 01 (19.718.
(80) Precepto cuyo tenor literal es el siguiente: “Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales”.
(81) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de noviembre de 2013, exp. 34.205.
(82) Expediente 12.009.
(83) Sentencia de 10 de marzo de 2005, exp. 16.346.
(84) En similares términos consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de noviembre de 2013, exp. 34.205.
(85) En similares términos puede consultarse, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de febrero de 2010, Expediente 18.436, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. En aquella oportunidad la Sala declaró la responsabilidad del Estado por el desplazamiento de varias familias de campesinos en los Municipios de Pelaya, La Gloria y Talameque (Cesar) y, en consecuencia, condenó al Estado al pago de los perjuicios morales y materiales a favor de las víctimas, así como la adopción de diversas medidas de Justicia Restaurativa; de igual forma en sentencia del 21 de febrero de 2011, exp. 20.046, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, la Sala adoptó una serie de medidas simbólicas similares a las impuestas en este caso, en un caso de responsabilidad estatal por tortura y desaparición forzada de personas por parte de miembros del DAS.
(86) “A través de la cual se expidieron normas sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia”, el artículo en mención preceptúa:
“ART. 16.—Valoración de daños. Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales (se resalta).
(87) “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”. Dicha disposición legal establece:
(88) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de agosto de 2009, exp. 18.364, M.P. Enrique Gil Botero.
(89) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2009, exp. 17.794, M.P. Enrique Gil Botero. Ver también, sentencia del 18 de febrero de 2010, Expediente 18.436, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.