Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-6432-de-noviembre-15-de-2002?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041d6e9f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-17 06:56:39
Document Index: 151105415

Matched Legal Cases: ['artículo 365', 'artículo 374', 'artículo 51', 'artículo 162', 'artículo 248', 'artículo 217', 'artículo 187', 'artículo 277', 'artículo 22', 'artículo 228']

﻿ SENTENCIA 6432 DE NOVIEMBRE 15 DE 2002
SENTENCIA 6432 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2002
CONTENIDO:MEDIOS DE PRUEBA. LA PRUEBA INDICIARIA PERMITE DEMOSTRAR LA SIMULACIÓN DE UN CONTRATO, PUES QUIENES LO CELEBRAN SE OCUPAN DE DESTRUIR TODA HUELLA QUE SIRVA PARA DEDUCIR SU APARIENCIA. POR ELLO, A PARTIR DEL ACREDITAMIENTO DE HECHOS DISTINTOS AL DE LA IRREALIDAD DEL NEGOCIO, PERO DE LOS CUALES PUEDA INFERIRSE TAL CIRCUNSTANCIA ES VIABLE LLEGAR AL CONVENCIMIENTO DE QUE LA CONVENCIÓN ASÍ CONCEBIDA, NO ES REFLEJO DE LA SINCERIDAD NEGOCIAL DE LOS CONTRATANTES.
TEMAS ESPECÍFICOS:MEDIOS DE PRUEBA, ADMISIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA, CELEBRACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, PARTES DEL CONTRATO, DEBERES DE LAS PARTES DEL CONTRATO
Sentencia 6432 de noviembre 15 de 2002
Ref.: Expediente 6432
EXTRACTOS: «Se decide el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 5 de julio de 1996, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala Civil, en este proceso ordinario de Enrique Jiménez Sarmiento contra Arturo Barrera Torres.
1. Con referencia al contrato de compraventa contenido en la escritura pública 8616 de 19 de noviembre de 1980, otorgada en la Notaría Quinta de esta capital, mediante la cual el actor transfirió al demandado el inmueble ubicado en la carrera 73 antes carrera 72B Nº 75A-16, urbanización “Santa María del Lago”, de esta ciudad, aquél solicita que se declare simulado el mismo y que, en consecuencia, se condene a éste a restituirle dicho inmueble y a pagarle las costas del proceso.
2. En respaldo de dichas pretensiones Jiménez Sarmiento señala, en resumen, que por motivos de salud se vio en la necesidad, por un lado, de adquirir un inmueble ubicado en el municipio de Silvania, que era de propiedad de Ignacio Goyez Patiño, y, por otro, para pagar su precio, de obtener un préstamo del Banco Central Hipotecario, lo que no le era viable directamente, por haber sido antes beneficiario de un crédito para adquisición de vivienda de dicha entidad. Agrega, que por tal razón, “Arturo Barrera Torres se ofreció para solicitar el préstamo ante la entidad bancaria…”, y que, mediante la indicada escritura pública, se simuló la enajenación del bien a favor de éste por la suma de $ 600.000, que él, como vendedor, “jamás recibió” del comprador, ya que se trataba de una “escritura de confianza, otorgada con el único fin de que Arturo Barrera Torres, al comprar la casa aparentemente, exhibiera dicho título ante el Banco Central Hipotecario, para que dicha entidad le concediera en préstamo la suma de $ 420.000…”, que luego utilizaría para el pago del inmueble que le vendiera Goyez Patiño. Relata adicionalmente, que efectuada la operación, Barrera Torres le endosó el cheque que libró el citado banco y que él siguiendo viviendo en la casa materia de la supuesta negociación hasta el 15 de marzo de 1981, cuando, al regresar de Silvania, encontró que el prenombrado señor “abusivamente había cambiado las guardas… y en forma clandestina y violenta había ocupado el inmueble”, lo que le motivó a formular la correspondiente denuncia penal por “violación de habitación ajena” y otros delitos. Termina diciendo, que “jamás tuvo la intención de transferirle el dominio, ni la posesión de su casa… al señor Arturo Barrera Torres…, ni hubo precio real puesto que…” éste “no pagó precio alguno por la venta”.
3. El demandado, al contestar el libelo introductorio, se opuso a sus pretensiones y, en cuanto a los hechos, admitió algunos y negó los restantes. Sostiene que la cuestionada compraventa es real, que él pagó el precio estipulado y que entró en posesión pacífica del inmueble, cuando el vendedor lo dejó abandonado, según informes que recibió de terceros.
4. El juzgado veintidós civil del circuito de esta ciudad, a quien correspondió el conocimiento del proceso, le puso fin a la instancia con sentencia de 27 de enero de 1994, en la que negó las pretensiones de la demanda, canceló la inscripción que de ésta se había hecho y condenó en costas al actor, decisión que apelaba por el demandante, fue confirmada por el tribunal superior de este distrito judicial en la suya de 5 de julio de 1996, que corresponde a la aquí recurrida en casación.
1. El recurso extraordinario de casación, como lo consagra el artículo 365 del Código de Procedimiento Civil, tiene por fin “unificar la jurisprudencia nacional”, “proveer a la realización del derecho objetivo en los respectivos procesos” y “reparar los agravios inferidos a las partes por la sentencia recurrida”. No se trata, pues, de una instancia más y, por lo mismo, no puede buscarse con su ejercicio que la Corte revise en integridad y sin limitaciones el caso sometido a composición de los jueces, ya que su objeto no es el proceso en sí mismo considerado, sino, lo que es bien distinto, el fallo combatido, de donde su formulación exige, al tenor del artículo 374 de la obra en cita, “la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara y precisa”.
Para el caso de alegarse “la violación de norma sustancial como consecuencia de error de hecho manifiesto en la apreciación de la demanda o de su contestación, o de determinada prueba, es necesario que el recurrente lo demuestre” (art. 374 ib.), acreditamiento que sólo podrá hacer mediante el cotejo de lo que objetivamente fluye de los elementos de juicio que se consideran indebidamente apreciados con lo que de ellos infirió el sentenciador, porque es de esta labor comparativa que la Corte puede establecer si, ciertamente, el juzgador incurrió en los yerros fácticos que se le enrostran y, por esta vía, si tuvo lugar la violación indirecta de la ley sustancial. Ahora, de conformidad con el preinvocado precepto, “Si la violación de la norma sustancial ha sido consecuencia de error de derecho, se deberán indicar las normas de carácter probatorio que se consideren infringidas explicando en qué consiste la infracción”, carga que igualmente exige indicar las pruebas o el conjunto de ellas incorrectamente ponderadas, los yerros cometidos y el alcance que correspondía darse a los elementos de juicio.
También tiene sentado esta corporación, que bien sea que se ataque el fallo de instancia por la vía directa o por la indirecta, es imperativo para el recurrente impugnar y destruir la totalidad de los fundamentos que le sirven de soporte, esto es, que la acusación sea completa, de suerte que una impugnación que no comprenda todos los motivos tenidos en cuenta en el fallo combatido, o que atacándolos no los desvirtúe en integridad, dejando en pie uno o algunos, suficientes para sostenerlo, no tiene aptitud legal para ocasionar el quiebre de la sentencia. La Corte, de manera constante, incluso después de la vigencia del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, que es hoy norma permanente por disposición del artículo 162 de la Ley 446 de 1998, ha venido sosteniendo, que “cuando la sentencia objeto del recurso está lógicamente apoyada en fundamentos probatorios múltiples, desvirtuar la presunción de acierto de las conclusiones fácticas del tribunal, supone un ataque panorámico, como lo ha denominado la corporación, es decir una impugnación que comprenda todos los soportes probatorios que fincan la decisión, porque si ésta es parcial, así se demuestren los errores denunciados, los fundamentos no controvertidos y determinantes de ella, la siguen manteniendo y por ende el cargo fracasa, porque la presunción de acierto continuaría vigente. Se reitera, siempre y cuando ellos sean suficientes, per se, para fundar la resolución” (sent. de 25 de oct./99, exp. 5012, no publicada aún oficialmente).
2. En tratándose de la simulación de un contrato, conocido es que quienes lo celebran se ocupan de destruir toda huella que sirva para deducir su apariencia, total o parcial, y que, por ello, para demostrar ese estado de cosas, la prueba indiciaria presta mayor utilidad, pues a partir del acreditamiento de hechos distintos al de la irrealidad del negocio, pero de los cuales pueda inferirse tal circunstancia, es viable llegar al convencimiento de que la convención así concebida, no es reflejo de la sinceridad negocial de los contratantes.
Dicha prueba, la indiciaria, comprende una doble actividad del juez consistente, de un lado, en la apreciación de los hechos indicadores en los medios de prueba existentes y, de otro, en la deducción de ellos de los hechos indicados, que debe cumplir con apego al mandato del artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Esa especial naturaleza de la prueba indirecta, por sobre todo que la labor que debe desplegarse en la segunda fase descrita de su producción es eminentemente intelectiva, hace que, con mayor énfasis, la apreciación que de ella haga el sentenciador de instancia no pueda ser alterada por la Corte y que, por tanto, los ataques que en su contra se formulen en casación, sólo se abran paso en los casos de ostensible contraevidencia, ya sea porque no estando acreditado el hecho indicador el juez lo da por tal, ora porque estándolo lo ignora, o porque, contraviniendo o desatendiendo las reglas de la lógica y de la experiencia, se abstenga de reconocer o admita, respectivamente, la comprobación de un hecho indicado, haciendo caer así su juicio en lo absurdo. Por eso bien tiene señalado la jurisprudencia de esta Sala, que el error de hecho en cuanto a la prueba indiciaria sólo se da cuando en forma manifiesta o rutilante “el juez establece la existencia de un hecho desconocido a partir de un hecho indiciario que no fue probado, o si estándolo ignoró su presencia, o advirtiéndolo le negó la posibilidad de generar conocimiento de otro hecho, o provocó uno con desdén hacia la prueba que obra en el expediente, sin perjuicio, por supuesto, de las fallas inherentes a su apreciación, vinculadas a la concordancia y convergencia que debe existir entre unos y otros, así como entre todos ellos y los restantes medios de prueba recaudados, como lo impone el principio de la unidad de la prueba que albergan los artículos 187 y 250 del Código de Procedimiento Civil” (sent. de 10 de dic./99, exp. 5320, no publicada aún oficialmente).
3. Las reflexiones anteriores conducen a sostener, entonces, que es compleja la labor del recurrente en casación que, mediante la formulación del recurso extraordinario, busca el acogimiento de su pretensión de ser simulado un contrato, como quiera que para el logro de ese objetivo debe destruir, en primer término, la presunción de seriedad que asiste a todo acto jurídico y, en segundo lugar, la de acierto con que arriban a la Corte los fallos impugnados, propósito este último que, cual ya se dejó advertido, cuando la sentencia está fundada en prueba indirecta, tórnase más arduo aún, por la trascendencia que en el campo de la autonomía que tienen los juzgadores de instancia en la ponderación de la pruebas adquiere la indiciaria (sent. de 16 de jul. y 28 de ago. de 2001, exps. 6362 y 6673, respectivamente).
4. Descendiendo a las acusaciones aquí planteadas contra la sentencia del tribunal, es de verse que ninguna de ellas satisface los comentados requisitos.
Ciertamente, en el cargo primero, mediante el cual se denuncia la comisión de diversos errores fácticos, su proponente, si bien enuncia los desatinos que asigna al tribunal, no precisa todas las pruebas incorrectamente ponderadas o inapreciadas por éste y omite la cabal demostración de dichos yerros, como quiera que no expresa concretamente y con la claridad que era necesaria, de un lado, cuál fue el sentido que a las pruebas dio el ad quem y, de otro, lo que de ellas objetivamente surge. Tal estado de cosas impide a la Corte establecer si la valoración que en el campo de los hechos hizo el sentenciador, riñe con lo que sobre ellos fluye de los medios de convicción recaudados en el proceso y, por contera, si su juicio vulneró de manera indirecta las normas sustanciales indicadas en la censura.
Es que el recurrente, al indicar los errores de hecho que enrostra al tribunal, se limitó a señalar que la cláusulas tercera y quinta de la escritura pública contentiva del negocio cuestionado son absolutamente simuladas, porque no se pagó el precio convenido ni se hizo la entrega del inmueble enajenado; que la causa de la simulación quedó plenamente demostrada con el hecho primero de la demanda y con la respuesta afirmativa que a él dio el demandado al contestar el libelo introductorio; que, conforme el dictamen pericial rendido en el proceso, preterido por el ad quem, y el dicho de “algunos testigos”, el precio pactado fue bajo; que el demandante, después de acordarse la venta, siguió ocupando el inmueble, hasta cuando el demandado lo despojó del mismo en forma violenta; que en tanto el actor fue “afirmativo” en el interrogatorio de parte que absolvió y en la diligencia de careo que se realizó en el proceso penal seguido en contra de Barrera Torres por el delito de violación de domicilio, éste acudió a “argucias” y a sostener hechos que no corresponden a la verdad; y que el tribunal desfiguró los testimonios de Aristóbulo y Luis Guillermo Villate Mesa y Ángela Vargas de Garzón.
En desarrollo del cargo la censura ratifica los hechos de la demanda; sostiene que la manifestación del actor de haber necesitado algún dinero para adquirir un inmueble en el municipio de Silvania, no destruye el indicio de “precio exiguo”; predica que el tribunal restó toda trascendencia al hecho de la ocupación violenta del inmueble por parte del demandado y, de esta manera, desconoció el principio de que nadie puede hacer justicia por su propia mano y la investigación penal que en contra de éste se adelanta por el delito de violación de domicilio; advierte sobre la inexistencia de las causales previstas en el artículo 217 del Código de Procedimiento Civil para tachar de sospechosos a los “testigos de la parte demandante”; y comenta que la falta de medios económicos del demandado quedó demostrada con las copias de las declaraciones de renta que él aportó al contestar la demanda.
Tales quejas, se reitera, como es fácil apreciarlo, no detallan todos los medios de convicción indebidamente valorados por el tribunal, ni completamente los específicos desaciertos en que éste incurrió, ni el significado objetivo que se desprende de cada una de la probanzas, vacíos que traducen la ineptitud técnica de las acusaciones y la consecuente imposibilidad de acogerlas.
Es por ello que, ha de resaltarse, el impugnador se limitó a oponer, de manera incompleta, su criterio personal al vertido por el ad quem, argumentaciones que, por supuesto, no son suficientes para la prosperidad del recurso, como claramente lo ha predicado la jurisprudencia, al señalar “que cuando se acusa una sentencia de violar una norma de derecho sustancial, como consecuencia de errores en la apreciación de las pruebas, o de la demanda o de su contestación, es necesario que el recurrente demuestre que el sentenciador incurrió en un yerro de hecho, o en uno de derecho, demostración que no se puede reducir a la simple referencia de las pruebas que se estiman mal apreciadas, así se acompañe de una crítica razonada sobre la tarea evaluativa que en torno a ellas hizo el fallador, siendo necesarios, por el contrario, “argumentos tal concluyentes que la sola exposición del recurrente haga rodar por el piso la labor probatoria del tribunal” (sent. de 23 de feb./2000, exp. 5371), propósito que no se alcanza contraponiendo ‘la interpretación que de las pruebas hace el censor con la que hizo el tribunal’, sino confrontando ‘la sentencia con el derecho objetivo y la violación patente del sentenciador’, de suerte que para exhibir la evidencia y la trascendencia del error, se torna indispensable “cotejar lo expuesto en el fallo con lo representado por la prueba, a fin de que de esa confrontación brote el desacierto del sentenciador, de manera clara y evidente” (sent. de 29 de feb./2000, exp. 6184)…” (Sent. de 5 de feb./2001, exp. 5811, aún no publicada oficialmente).
5. La imprecisión y vaguedad atrás resaltadas, son también predicables en relación con el cargo segundo, que, como se desprende del compendio que de él se hizo, pese a referirse a errores de derecho, sigue muy cerca la primera acusación. Con otras palabras, pese a que tilda como yerros de esta especie los que enuncia, lo cierto es que ellos de existir serían de hecho, salvo los concernientes con la apreciación que hace del documento emanado de tercero y con la afirmación según el cual no se ponderó en conjunto el haz probatorio, esto es, en la forma pregonada por el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, los cuales eventualmente serían de derecho.
No sin antes expresar la Corte que en esta especie de yerro no pudo incurrir el tribunal, toda vez que, como emerge de los antecedentes que se dejaron extractados, las conclusiones fueron deducidas del análisis individual y conjunto del material probatorio, seguidamente nota que tampoco cometió defecto en la valoración del aludido documento; acerca de esta última afirmación basta recordar aquí cómo incluso el fallador, tras detenerse en el estudio del documento, textualmente expuso que todavía si, en vía de discusión, pudiera llegar a apreciarlo, “igual se concluiría que no prueba nada sobre el particular”, en orden a lo cual, a espacio, se detuvo a dar las varias razones que lo condujeron a desestimar el contenido de la prueba en mención; y ese criterio, por lo demás, no resulta desacertado, si se tiene en cuenta que para la fecha de su aducción —17 de octubre de 1985— el régimen probatorio aplicable era el contemplado en el artículo 277, numeral 2º, del Código de Procedimiento Civil y, por supuesto, no el previsto por el artículo 22 del Decreto 2651 de 1991, acogido ahora como legislación permanente por la Ley 466 de 1998, que permite estimar los documentos emanados de terceros sin necesidad de ratificar su contenido, a no ser que la parte contra quien se aducen solicite expresamente su ratificación.
No corresponden, en efecto, al concepto de errores de derecho, sino de hecho, planteamientos de otro orden, como los de falta de aplicación de los artículos 258 y 264 del Código de Procedimiento Civil, pero por haber reconocido el tribunal que la escritura pública en que se hizo constar la compraventa aquí controvertida “sigue ostentando la fuerza necesaria para creer que lo que ella reza es verídico”, cuando dos de sus cláusulas son falsas, o sea, el pago del precio y la entrega; la inaplicación de los artículos 177, 194 y 197 del mismo código, más por haber considerado el ad quem que no estaba probada la causa para simular, cuando su demostración se deduce del hecho primero de la demanda y de la respuesta positiva que a él dio el demandado; no aplicar los artículos 241, 248 y 250 de la obra en cita, al estimar el sentenciador de segundo grado que el indicio de “precio vil” fue desvirtuado por el mismo demandante y al desconocer la experticia rendida en el proceso; ausencia de aplicación de los artículos 248 y 249 ibídem, al desconocer el tribunal que el indicio de retención de la posesión por parte del vendedor surge comprobado con la respuesta que al hecho sexto de la demanda dio el demandado; aplicación indebida de los artículos 217 y 218 y falta de aplicación del artículo 228 ejusdem, al no haberse asignado en el fallo combatido eficacia probatoria a los testimonios de los señores Aristóbulo y Luis Guillermo Villate Mesa y Ángela Vargas de Garzón; que en el proceso está demostrado que el demandado recurrió a las vías de hecho para apoderarse del inmueble, que el demandante debió acudir a la policía para poder retirar de allí sus objetos personales, que aquél está siendo procesado por el delito de violación de domicilio y que la suma de $ 40.000 que Barrera Torres entregó como arras del negocio celebrado con Ignacio Goyez Patiño eran del actor; y que no hay prueba del pago en efectivo de la suma de $ 150.000, que el comprador dice haber entregado al vendedor a título de arras.
En torno a las varias y notorias diferencias entre los errores de hecho y de derecho, ha pregonado la Corte que “en materia de violación indirecta de la norma jurídica sustancial son inconfundibles el error de hecho y el de derecho, pues mientras el último implica que el defecto consiste en la inobservancia de los preceptos legales sobre pruebas, el anterior significa la presencia de una deficiencia fáctica que puede ser por suposición o por preterición de ellas. De esa diferencia se ha concluido que el error de derecho supone que el juez vio y apreció la prueba, lo que descarta al error de hecho y lleva a estructurar un defecto técnico en aquellos casos en los cuales el combate involucra ambos conceptos” (sent. de 30 de nov./2000, exp. 5745, no publicada aún oficialmente).
6. A más de las deficiencias que se dejan advertidas, nótase que las acusaciones en examen son incompletas, pues no se ocupan de controvertir la totalidad de los principales argumentos que permitieron al tribunal confirmar la sentencia del a quo, como pasa a explicarse:
Acerca de las razones para que el tribunal hubiese restado valor probatorio a los testimonios rendidos por los señores Magdalena Jiménez de Garzón, Ignacio Goyes Patiño, José Vicente Garzón Jiménez, Aristóbulo Villate Mesa, Rosa Ángela Vargas de Garzón, Luis Guillermo Villate Mesa y Patricia Eugenia Garzón de Barrera, obedecieron a que el conocimiento por ellos expresado en relación con el negocio simulado lo obtuvieron del propio demandante y, por consiguiente, que sus versiones son, en algunos casos, contradictorias; que el segundo de los nombrados manifestó no constarle nada del negocio que se dice simulado; que su dicho, en cuanto a la causa para simular, aparece desvirtuado con la certificación remitida por el Banco Central Hipotecario, en la que se especifica que Jiménez Sarmiento no había sido beneficiario de algún “crédito sobre el inmueble antes mencionado”, y con el certificado de tradición del inmueble, en el que no figura anotación sobre el registro de hipoteca alguna constituida a favor del BCH; que en relación con el supuesto préstamo que por la suma de $ 45.000 Ángela Vargas de Garzón hizo al demandante, mediante cheque girado al demandado, quien con tal dinero debía abrir una cuenta en el BCH, Jiménez Sarmiento nada replicó en la diligencia de careo cumplida dentro del proceso penal seguido en contra de Barrera Torres, cuando éste dijo que él había consignado ese cheque en su cuenta corriente personal; y que los deponentes no dan cuenta, con la contundencia que era necesaria, de que el dinero con que se pagaron los gastos notariales y de registro, fueran de propiedad del actor.
Síguese, entonces, que el tribunal sí apreció las relacionadas declaraciones, una por una como en conjunto; que en tal labor aplicó el máximo rigor, habida cuenta de la sospechosa que ellas le ofrecieron, por provenir del actor el conocimiento de los deponentes respecto del negocio simulado; y que fruto de dicha ponderación global fue que concluyó, que “En condiciones como las referidas, bien difícil resulta el darle a los testimonios la fuerza probativa para que de tales se confluya en la prueba de la simulación. Esto es, que la carga probatoria ni remotamente se satisface con lo declarado por ellos”.
Así las cosas, ostensible es la deficiencia de los ataques que en relación con la valoración de la prueba testimonial se lanzan en las acusaciones de que se trata, pues, de un lado, la deducción obtenida por el tribunal, atrás transcrita, no estuvo apoyada solamente en las versiones de los señores “Arturo (sic) Villate Mesa, Ángela Vargas de Garzón y Luis Guillermo Villate Mesa”, que son a las únicas mencionadas por el censor, y, de otro, la poca valía probatoria que el ad quem dio a las declaraciones no tuvo por causa exclusiva la sospecha que predicó de ellas, que es el aspecto combatido en casación, sino también por los demás factores relacionados, sobre los cuales el impugnante guardó silencio.
No hace el censor tampoco ninguna mención sobre la intrascendencia que el tribunal atribuyó al hecho de que el demandado hubiese confundido la minuta de la escritura que aportó con la contestación de la demanda con la supuesta promesa de compraventa que antecedió al negocio aquí cuestionado, porque ni una ni otra “son imprescindibles para celebrar la venta”.
Más determinante en su silencio frente al argumento del tribunal relativo a que sí hubo pago del precio o, en el supuesto de estimarse que no aparece comprobada la cancelación en efectivo de los $ 150.000 que el demandado dijo haber dado al actor a título de arras de la enajenación entre ellos celebrada, de la mayor parte del mismo, aserto que fundó, en primer término, en la entrega por parte de Barrera Torres a Ignacio Goyez Patiño de un cheque personal suyo por $ 40.000, con el que cubrió las arras de la venta que éste hizo a Jiménez Sarmiento de un predio ubicado en el municipio de Silvania, dinero sobre el que, conforme la declaración rendida por el segundo, aquél, al momento de librar el cheque, dijo prestarle al demandante, manifestación contra la cual el actor no elevó reparo alguno; y en segundo lugar, en que el mutuo concedido por el Banco Central Hipotecario, cuyo valor fue transferido a Jiménez Sarmiento mediante el endoso que del correspondiente cheque le hizo el demandado, ha sido pagado por éste.
Ningún cuestionamiento ameritó para la casacionista la conclusión del tribunal consistente en que en autos no aparece demostrada la incapacidad económica del demandado, debido a que los testigos, en forma subjetiva y personal, se limitaron a decir que no creen que él tuviera recursos para pagar de contado las arras de $ 150.000, a que está comprobado que Barrera Torres trabajaba, sin que las condiciones en que lo hiciera denotaran tal precariedad como para no poder asumir dicho compromiso negocial, y a que él tenía cuenta corriente bancaria desde por los menos ocho años atrás a cuando se celebró la compraventa.
Pasa por alto igualmente el censor que el tribunal, de un lado, no encontró que el demandante tuviese capacidad para el sostenimiento del inmueble que figura enajenado por él al demandado y del que adquirió en el municipio de Silvania, cuando el propio Jiménez Sarmiento reconoció no tener actividad económica alguna, no percibir ingresos, no poseer cuenta corriente y que su único patrimonio era la casa sobre la que versa este litigio, y, de otro, consideró desvirtuada la razón que él adujo para conservar la casa de Bogotá, cual fue que era para que vivieran sus familiares, cuando expresó que desde que su hermana y sus sobrinos dejaron de residir en tal inmueble él continuó viviendo allí completamente solo, cuestión que al ad quem consideró “bastante para desestimar, por este aspecto, las pretensiones de la demanda”.
Tales argumentos de la sentencia, al no ser combatidos, aún en el supuesto de que se estableciera que el fallador de segundo grado incurrió en los errores que se le atribuyen, impedirían el quiebre del fallo atacado, pues ellos son suficientes para sustentarlo válidamente, como que descartan la presencia de un buen número de los indicios con los que la parte actora ha pretendido demostrar la simulación por ella demandada y, consecuentemente, hacen insuficientes a ese propósito los que quedan en pie.
7. Las analizadas acusaciones, entonces, están llamadas al fracaso.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República, no casa la sentencia de 5 de julio de 1996, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala Civil, en este proceso ordinario de Enrique Jiménez Sarmiento contra Arturo Barrera Torres.