Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/concepto-2322-de-junio-13-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_04bbe31182f94877a93b7ae332705a9a&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-03-18 04:14:56
Document Index: 330572794

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 66', 'artículo 37', 'artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 4', 'in fine', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 83', 'artículo 768', 'artículo 95', 'artículo 34', 'artículo 67', 'artículo 4', 'artículo 1603', 'artículo 871']

﻿ CONCEPTO 2322 DE JUNIO 13 DE 2017
CONCEPTO 2322 DE 13 DE JUNIO DE 2017
CONTENIDO:MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y TRANSITORIAS PARA NORMALIZAR EL REGISTRO INICIAL DE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE, NO PUEDEN SANEAR CUANDO EXISTE CANCELACIÓN DEL REGISTRO POR PROCESO PENAL. SE PRECISA QUE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y TRANSITORIAS PARA NORMALIZAR EL REGISTRO INICIAL DE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE, SE ENCUENTRA DIRIGIDA A LOS PROPIETARIOS, POSEEDORES Y TENEDORES DE BUENA FE EXENTA DE CULPA DE DICHOS VEHÍCULOS, CARACTERIZÁNDOSE POR SER UN TRÁMITE QUE NO ENTORPECE O IMPIDE LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS PENALES, QUE CURSEN POR LA COMISIÓN DE UNA PRESUNTA CONDUCTA QUE HAYA CONTRIBUIDO A OBTENER ALGÚN REQUISITO DEL REGISTRO INICIAL, NI OCASIONAR EL ARCHIVO O PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO LAS ACCIONES PENALES, ADMINISTRATIVAS Y DISCIPLINARIAS POR LA OMISIÓN DE ALGÚN REQUISITO DEL REGISTRO INICIAL. ASÍ MISMO, SI EL PROCESO PENAL TIENE COMO CONSECUENCIA LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO DEL VEHÍCULO MATRICULADO CON OMISIÓN DE REQUISITOS, EL REGISTRO DE DICHO VEHÍCULO NO PUEDE SANEARSE O NORMALIZARSE POSTERIORMENTE, YA QUE LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Y TRANSITORIAS PARA LA NORMALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VEHÍCULO DE SERVICIO PÚBLICO Y CORRESPONDE A LA CONSECUENCIA DE UNA ORDEN DE CANCELACIÓN EMANADA DE UN JUEZ QUE DEBE CUMPLIRSE, COMO ORDEN JUDICIAL QUE ES.
TEMAS ESPECÍFICOS:MINISTERIO DE TRANSPORTE, VEHÍCULO AUTOMOTOR, FUNCIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE, VEHÍCULO, REGISTRO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE, PROPIETARIO DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR, REGISTRO DE VEHICULO DE TRANSOPRTE DE CARGA
Concepto 2322 de junio 13 de 2017
Radicación interna: 2322
Número Único: 11001030600020160023300
Referencia: Registro de los vehículos de servicio público de transporte de carga.
Alcance de medidas administrativas especiales y transitorias para normalizar el registro inicial de vehículos de servicio público de transporte de carga que presentan omisiones en su trámite. Aplicabilidad solo para propietarios, poseedores y tenedores de buena fe exenta de culpa.
Bogotá, D.C., trece de junio de dos mil diecisiete.
El Ministro de Transporte formula a la Sala una consulta acerca del alcance de algunas medidas administrativas especiales y transitorias destinadas a sanear o mejor, normalizar el registro inicial de vehículos de servicio público de transporte de carga que presentan omisiones en su trámite y si tales medidas podrían tener eventualmente alguna incidencia sobre procesos penales y disciplinarios.
El Ministro de Transporte expone los antecedentes legales y fácticos del tema, que se sintetizan en la siguiente forma:
El consultante presenta una relación normativa sobre el servicio público de transporte y en especial el de carga, y la reposición de los vehículos, la cual se complementa en algunos casos, con la titulación y el texto de las normas. Para mayor precisión se señala:
1. La Ley 105 del 30 de diciembre de 1993, “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las entidades territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones”, establece en el artículo 3º los principios del transporte público. Los numerales 1º y 2º regulan el acceso al transporte y el carácter de servicio público del transporte. Este último tiene gran importancia y significa fundamentalmente que “La operación del transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad”.
2. La Ley 336 del 20 de diciembre de 1996, “Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte”, en el artículo 5º le confiere el carácter de “esencial” al servicio público de transporte, y por ende, se encuentra bajo la regulación del Estado e implica la prelación del interés general sobre el particular, en especial en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y la protección de los usuarios.
El artículo 66 de la misma establece que las autoridades competentes en cada una de las modalidades terrestres, podrán regular el ingreso de vehículos por incremento al servicio público.
3. La Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito Terrestre, dispone en el artículo 37, que el registro inicial de un vehículo se podrá hacer en cualquier organismo de tránsito y sus características técnicas y de capacidad deben estar homologadas por el Ministerio de Transporte para su operación en las vías del territorio nacional.
4. El Gobierno Nacional, mediante el Decreto 3525 de 2005, estableció que el ingreso de vehículos al servicio público de transporte terrestre automotor de carga, se efectuaría por medio de reposición o incremento y que en caso de que el adquirente de un nuevo vehículo de carga no realizara inmediatamente la reposición, podía ingresar el automotor con la presentación al Ministerio de Transporte de una caución, consistente en una garantía bancaria o una póliza de seguros, vigente por dieciocho (18) meses, la cual debía ser aprobada por el ministerio antes de la matrícula del vehículo nuevo.
En el evento en que se venciera el término de la caución sin que el interesado realizara la desintegración del vehículo, el Ministerio debía declarar la ocurrencia del siniestro y hacer exigible la garantía, lo cual exoneraba al adquirente de la obligación de reponer.
5. Luego, el Decreto 1347 de 2005, que rigió durante quince (15) meses, estableció que el ingreso de vehículos al parque de servicio público de transporte terrestre automotor de carga, se debía hacer por reposición, previa demostración de que el o los vehículos repuestos fueron sometidos al proceso de desintegración física total y que se efectuó la cancelación de su licencia de tránsito y del registro nacional de carga. La reposición se podía realizar también en los casos de pérdida total y hurto. El mencionado decreto dispuso que los organismos de tránsito podían efectuar el registro inicial cuando tuvieran la certificación de cumplimiento de los requisitos para dicho registro, expedida por el Ministerio de Transporte.
6. El documento Conpes 3489 del 1º de octubre de 2007 definió la política nacional de transporte público automotor de carga. En este documento se indicó que el 57% del parque automotor de carga en Colombia correspondía a vehículos con más de veinte (20) años de vida útil, con un promedio de 24.4 años de servicio, y se propuso que los ministerios de Transporte y de Hacienda, conjuntamente con el Departamento Nacional de Planeación, estudiaran medidas conducentes a la modernización del parque automotor del servicio público de carga, a través del diseño e implementación de un programa integral de reposición.
7. Después se expidió el Decreto 2085 de 2008, por medio del cual se reglamentó el ingreso de vehículos de transporte público y particular de carga, a través de los mecanismos de reposición por desintegración física total o caución.
Es importante señalar que este decreto posteriormente fue compilado, con sus modificaciones, en la sección 7, capítulo 7, título 1, parte 2, libro 2 del Decreto 1079 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte.
El Decreto 2085 de 2008 dispuso que para el registro inicial de un vehículo de transporte terrestre automotor de carga de servicio público y particular, se debía demostrar la desintegración total de uno o varios vehículos cuya capacidad de carga o la sumatoria de las capacidades originales en toneladas fuera igual o superior al cien por ciento (100%) de la capacidad de carga del vehículo objeto de registro inicial. Además, estableció que para los vehículos matriculados mediante la presentación de una caución, el plazo para reponer era de seis (6) meses.
8. Luego, el Decreto 2450 de 2008, que modificó parcialmente el Decreto 2085 de 2008, estableció las medidas para el ingreso de vehículos al servicio público y particular de transporte terrestre automotor de carga, aplicables a los vehículos con capacidad de carga superior a tres (3) toneladas. Adicionalmente, redujo a tres (3) meses el plazo para realizar el proceso de desintegración en los casos en que el solicitante hubiera constituido garantía bancaria o de póliza de seguros, y modificó el valor de las cauciones.
9. El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1131 de 2009 que modificó también parcialmente el Decreto 2085 de 2008, y dispuso que las medidas para el ingreso de vehículos de servicio público y particular de carga, eran aplicables a todos los vehículos con peso bruto vehicular (PBV) superior a diez mil quinientos kilogramos (10.500 Kg.), mediante los mecanismos de reposición por desintegración física total o caución. Fijó además, nuevos valores para las cauciones.
10. El Ministerio de Transporte, por medio de las resoluciones 1347, 1150 y 3625 de 2005, y 2085, 2450 y 3253 de 2008, estableció los requisitos que se debían cumplir para el registro inicial de vehículos de carga ante los organismos de tránsito, relacionados particularmente con la exigencia de la expedición de un certificado de cumplimiento de requisitos o la aprobación de la caución por parte del ministerio.
11. Posteriormente, el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 7036 de 2012, mediante la cual definió las condiciones y el procedimiento para el reconocimiento económico por desintegración física total de vehículos de servicio público de transporte de carga, y para el registro inicial de tales vehículos por reposición.
En dicha resolución, el Ministerio de Transporte dispuso realizar la verificación en línea del cumplimiento de los requisitos para autorizar la reposición de los vehículos de transporte con capacidad de carga superior a 10.500 Kg., a través de la plataforma RUNT, y autorizar, también en línea, la matrícula de los vehículos de carga, ya sea que ingresen por reposición o mediante caución.
En este sentido, el artículo 8.14 de la Resolución 12379 de 2012 del Ministerio de Transporte dispuso que para la matrícula de un vehículo de carga, el organismo de tránsito debe validar a través del sistema RUNT, el cumplimiento de los requisitos específicos establecidos en la Resolución 7036 de 2012 o la norma que la modifique, complemente o derogue.
12. El documento Conpes 3759 de 2013 declaró la importancia estratégica del programa de promoción para la reposición y renovación del parque automotor de carga.
13. Los decretos 486 y 1250 de 2013 suspendieron provisionalmente el ingreso de vehículos de carga, mediante la caución que contemplaba el artículo 6º del Decreto 2085 de 2008, y luego el Decreto 1769 de 2013 derogó los artículos 6º, 7º y 8º de este, con lo cual el ingreso de vehículos de carga quedó autorizado únicamente mediante la reposición por desintegración física total o hurto.
14. El Decreto 2944 de 2013 modificó los artículos 1º y 3º del Decreto 2085 de 2008, el cual ya había sido modificado por los decretos 2450 de 2008, 1131 de 2009 y 1769 de 2013, en el sentido de disponer que el ingreso de vehículos rígidos descritos en el citado decreto, estaba exento de la condición de ingreso por reposición por desintegración física total, porque tales vehículos no podían ser objeto de cambio en sus condiciones iniciales de ingreso; y que para el registro inicial de un vehículo nuevo de transporte terrestre automotor de carga de servicio público y particular por reposición de otro, ambos con peso bruto vehicular superior a 10.500 kilogramos, se tendrían en cuenta las equivalencias allí previstas.
15. Finalmente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1079 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte, el cual, en el libro 2, parte 2, título 1, capítulo 7, sección 7, adoptó las medidas para el ingreso de vehículos al servicio particular y público de transporte terrestre automotor de carga, con peso bruto vehicular (PBV) superior a diez mil quinientos kilogramos (10.500 Kg.), mediante el mecanismo de reposición por desintegración física total o hurto, y dispuso que el Ministerio de Transporte era la autoridad encargada de determinar las condiciones y procedimientos para el registro inicial y desintegración física de vehículos de transporte terrestre automotor de carga de servicio público y particular por reposición, pérdida o destrucción total o hurto.
2. Antecedentes fácticos de la consulta.
El Ministerio de Transporte expone los antecedentes fácticos de la consulta, los cuales la Sala estima pertinente agrupar en tres aspectos para facilitar el planteamiento del tema, así:
a. La situación presentada
El ministerio explica la situación presentada en los siguientes términos, que conviene citar de manera textual, en aras de la claridad y precisión:
“En primer lugar debemos señalar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante fallo 11001-33-31-019-2007-00735-00 (sic, los dos últimos números son 01) del 29 de septiembre de 2011, al conocer en segunda instancia de una acción popular interpuesta contra el Ministerio de Transporte, encontró probadas acciones encaminadas a evadir el cumplimiento de las políticas de modernización del parque automotor de carga y amparó los derechos a la moralidad administrativa, el medio ambiente, la seguridad y la salubridad pública.
En dicha providencia el tribunal dispuso lo siguiente:
1.2.1. Se ordene a quien corresponda y se ejerza control de las gestiones tendientes a depurar la información a nivel nacional sobre los registros de vehículos automotores de carga con obligación de cumplir con las disposiciones en su tiempo vigentes tendientes a modernizar el parque automotor de carga, contenidas en los decretos 1347 de 2005, 3525 de 2005, Decreto 2868 del 28 de agosto de 2006, resoluciones 1150 de 2005, Resolución 1800 de 2005 y Resolución 300 de 2006 del Ministerio de Transporte.
1.2.2. Se ordene a quien corresponda el realizar (sic) llevar control de pago de cauciones ordenadas en las disposiciones anteriores y su ingreso a las arcas del Estado.
1.2.3. Si de la revisión de la información se encuentran registros iniciales contrarios a las disposiciones legales, se requiera por las aludidas entidades las investigaciones disciplinarias y penales a que haya lugar”.
Teniendo en cuenta lo anterior y el marco normativo descrito en líneas anteriores, esta cartera ministerial inició un proceso de cruce de información entre las bases de datos internas, la información enviada por los organismos de tránsito y el registro único nacional de tránsito (RUNT), en relación con los vehículos de carga desintegrados y matriculados desde el año 2005, evidenciándose inconsistencias en el registro inicial de algunos vehículos de carga destinatarios de esta política.
Es por esto, que para el año 2012, el Ministerio de Transporte al establecer algunas de estas inconsistencias o faltantes de requisitos en el proceso de registro inicial de matrícula de los vehículos de carga, procedió a instaurar las respectivas denuncias penales y poner en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, para lo de sus competencias.
Es de anotar que en el marco de las denuncias penales presentadas el ente investigador —Fiscalía, ha establecido una serie de responsabilidades por estos hechos. Derivado de lo anterior, se han dictado decisiones en contra de algunos de los implicados, existiendo a la fecha personas con detención domiciliaria y otros a la espera que les definan su situación.
No obstante las acciones anteriormente descritas y con ocasión del acuerdo para la reforma estructural del transporte de carga por carretera, suscrito el 21 (sic, fue el 22) de julio de 2016, en donde el Gobierno Nacional se comprometió a reglamentar:
“2. (...) la política de saneamiento del proceso de matrícula, a través de la desintegración de un vehículo al que se busca sanear o que se ajuste a las equivalencias previamente establecidas en la Resolución 7036 de 2012 y en el artículo 2.2.1.7.7.3 del Decreto 1079 de 2015, en un término no mayor a 1 año; lo anterior, acompañado de la publicación de alertas e información en el sistema RUNT en un plazo máximo de 90 días, referente a vehículos con inconsistencias en el proceso de matrícula inicial. Este procedimiento se debe adelantar sin perjuicio de las acciones penales, civiles, disciplinarias, fiscales y administrativas a las que hubiere lugar”.
La Sala estima conveniente citar aquí el artículo 2.2.1.7.7.3 del Decreto 1079 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte”, el cual establece lo siguiente:
“ART. 2.2.1.7.7.3.—Equivalencia para la reposición. Para el registro inicial de un vehículo nuevo de transporte terrestre automotor de carga de servicio particular y público por reposición de otro, ambos con peso bruto vehicular superior a 10.500 kilogramos, se tendrán en cuenta las siguientes equivalencias:
PAR. 1º—La desintegración contemplada en el presente artículo se debe cumplir con vehículos matriculados en el respectivo servicio, público o particular según el caso, en el cual se va a registrar el vehículo objeto de registro inicial.
PAR. 2º—En aquellos casos en los cuales exista diferencia en el peso bruto vehicular consignado en el registro nacional automotor, en el registro nacional de carga y/o en la tabla de equivalencia adoptada en la Resolución 727 de 2013 o en la que la modifique o sustituya, para el cumplimiento de este requisito, la validación que se realiza a través del registro único nacional de tránsito (RUNT), se hará de conformidad con la tabla de equivalencia adoptada por la Dirección de Transporte y Tránsito.
(D. 2085/2008, art. 3º, modificado por el D. 2944/2013, art. 2º)”.
Luego, la consulta indica los tres (3) casos de inconsistencias que se han encontrado en los registros de vehículos de carga, así:
Esta cartera ministerial, realizó un análisis de los casos en los cuales se presentan inconsistencias en el cumplimiento de los requisitos para el registro inicial de vehículos de carga, evidenciando que en la actualidad existen:
1. Vehículos matriculados con certificado de cumplimiento de requisitos o aprobación de la caución que operaba en su momento, expedidos por el Ministerio de Transporte para un vehículo, y utilizado para matricular el vehículo para el que fue expedido y otros más o un vehículo distinto.
2. Vehículos matriculados con certificado de cumplimiento de requisitos o aprobación de la caución que operaba en su momento, no expedidos por el Ministerio de Transporte.
3. Vehículos matriculados con certificado de cumplimiento de requisitos expedidos por el Ministerio de Transporte por desintegración, pérdida total o hurto de un vehículo que con posterioridad se estableció que continúa activo o que no existió” (resalta la Sala).
b. Las medidas administrativas de saneamiento o normalización
El Ministerio de Transporte se refiere a las medidas administrativas especiales y transitorias que se podrían expedir para sanear o mejor, normalizar el registro inicial de los vehículos de carga que se encuentren en cualquiera de los tres supuestos mencionados anteriormente. Las explica en la siguiente forma:
“Así las cosas y al observar que en los casos antes mencionados, existe desde el punto de vista administrativo una omisión en el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para el registro inicial de vehículos de carga, esta cartera ministerial considera necesario realizar un proceso de saneamiento de registro inicial de los vehículos que se encuentren incursos en alguno de los supuestos antes citados. Es de anotar, que esta medida de saneamiento consistiría en el establecimiento de la obligación al propietario del vehículo que presente omisiones de desintegrar otro vehículo de carga que cumpla con las equivalencias establecidas en el artículo 2.2.1.7.7.3 del Decreto 1079 de 2015, previo el agotamiento del procedimiento que para tal efecto se establezca.
Es preciso mencionar que finalizado el procedimiento, el propietario del automotor que presenta omisiones obtendrá un certificado de desintegración física total por saneamiento, así como fa autorización de saneamiento, las cuales deberán inscribirse por el Ministerio de Transporte en el registro nacional automotor y tendrán que estar contenidas en el certificado de libertad y tradición del vehículo que expida el organismo de tránsito competente, saneando de esta forma su registro”.
c. Lo que se consulta
Bajo este título, el Ministerio de Transporte precisa el objeto de la consulta, así:
“No obstante lo anterior y al evidenciar que en los casos antes mencionados, existe desde el punto de vista administrativo una omisión en el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para el registro inicial de vehículos de carga y de forma paralela a la luz del derecho penal, una presunta comisión de conductas punibles para obtener uno de los requisitos necesarios para el registro inicial, esta cartera ministerial considera necesario elevar consulta ante esa honorable corporación judicial, con el propósito de establecer si con la expedición de una norma de carácter general y en donde se busca establecer una medida especial y transitoria que permita sanear el trámite administrativo de registro inicial de los vehículos que se encuentran en los siguientes supuestos:
3. Vehículos matriculados con certificado de cumplimiento de requisitos expedidos por el Ministerio de Transporte por desintegración, pérdida total o hurto de un vehículo que con posterioridad se estableció que continúa activo o que no existió.
Se entorpece las investigaciones penales y disciplinarias que estén en curso o que se podrían iniciar por la comisión de presuntas conductas punibles”.
“1. ¿Con la adopción de una medida administrativa especial y transitoria mediante decreto, que permita subsanar la omisión en el cumplimiento de alguno de los requisitos de registro inicial de un vehículo de carga, se entorpecería el proceso penal que en la actualidad cursa ante la Fiscalía General de la Nación por la comisión de una presunta conducta punible que contribuyó a la obtención de uno de los requisitos administrativos para registro inicial?
2. ¿De ser viable el saneamiento de los vehículos que se encuentran en los supuestos mencionados en el presente documento, las autoridades competentes que adelantan los procesos pertinentes, podrían continuar con los mismos? ¿Esta medida podría ocasionar el archivo o la preclusión de la investigación?
3. ¿La adopción de una medida administrativa especial y transitoria que permita subsanar la omisión en el cumplimiento de alguno de los requisitos de registro inicial de un vehículo de carga, afectaría el inicio de las acciones penales, administrativas y disciplinarias pertinentes?
4. En el evento que el proceso penal que actualmente curse tenga como consecuencia la cancelación del registro del vehículo matriculado con omisión de requisitos y posteriormente saneado. ¿Qué consecuencias acarrearía para este ministerio, al haber autorizado el saneamiento vía administrativa del registro del vehículo?
5. Teniendo en cuenta el deber de denuncia de los funcionarios públicos, en el evento de saneamiento al evidenciar la presunta falta penal, ¿se deberán efectuar las denuncias respectivas o en estos casos no es viable autorizar el saneamiento?”.
La Sala realizó el 6 de febrero de 2017 una audiencia con los siguientes funcionarios del Ministerio de Transporte: la doctora Amparo Lotero Zuluaga, directora jurídica (E.), la doctora Aida Lucy Ospina Arias, directora de transporte y tránsito, y el doctor Andrés Ricardo Chávez Pinzón, asesor del despacho del ministro, con la finalidad de obtener mayor información y precisar algunos aspectos de la consulta.
En dicha audiencia se estableció, entre otros puntos relevantes, que la consulta se refería únicamente al servicio público de transporte de carga, no al privado; que las medidas administrativas especiales y transitorias de normalización del registro inicial de los vehículos de servicio público de carga que presentan las inconsistencias anotadas, estarían dirigidas a los propietarios, poseedores o tenedores de buena fe exenta de culpa de dichos vehículos; que las mismas se encontrarían dentro de lo ordenado por la citada sentencia de la acción popular del 29 de septiembre de 2011 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y que el Gobierno Nacional ya había tomado algunas de tales medidas, mediante los decretos 1514 y 1517 de 2016.
Para dar respuesta a los interrogantes formulados por el Ministro de Transporte, la Sala se ocupará de los siguientes temas: i) las medidas de normalización del registro de los vehículos de carga, sus destinatarios y su no incidencia en los procesos penales y disciplinarios en curso; ii) la buena fe exenta de culpa; iii) la cancelación del registro de un vehículo matriculado con omisión de requisitos y la improcedencia de su posterior saneamiento; y iv) el deber de denuncia del servidor público, de una presunta conducta punible en el evento de saneamiento.
Previamente a hacer el análisis antes mencionado, la Sala desea anotar que no se pronuncia sobre la legalidad de las medidas tomadas mediante los decretos 1514 y 1517 de 2016 y 153 de 2017 y la Resolución 332 de 2017 del Ministerio de Transporte, por cuanto, como se sabe, su función es esencialmente consultiva y no tiene competencia para resolver, en sede judicial, sobre la legalidad de normas jurídicas.
A. Las medidas de normalización del registro de los vehículos de transporte público de carga, sus destinatarios y su no incidencia en los procesos penales y disciplinarios en curso
Como se mencionó en la audiencia, el año pasado el Gobierno Nacional ya había tomado algunas medidas administrativas especiales y transitorias de normalización del registro de los vehículos de servicio público de transporte de carga, mediante los decretos 1514 y 1517 de 2016. A estos se agrega el Decreto 153 de 2017 que modificó algunas normas del primero y la Resolución 332 de 2017 del Ministerio de Transporte, la cual derogó la Resolución 7036 de 2012, mencionada en los antecedentes.
Resulta oportuno presentar, de manera general, la normativa de las medidas administrativas especiales y transitorias de normalización del registro de los vehículos de servicio público de transporte de carga, la cual, como se señaló, se encuentra contemplada en los siguientes estatutos:
1. El Decreto 1514 del 20 de septiembre de 2016, “Por el cual se adoptan medidas especiales y transitorias para sanear el registro inicial de los vehículos de transporte de carga y se adiciona la subsección 1 a la sección 7 del capítulo 7 del título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1079 de 2015”, adicionó efectivamente la mencionada subsección al Decreto 1079 de 2015, el DUR (Decreto Único Reglamentario) del Sector Transporte, la cual “tiene por objeto adoptar medidas especiales y transitorias para resolver la situación administrativa de los vehículos de transporte de carga que presentan omisiones en su registro inicial entre los años 2005 y 2015” (art. 2.2.1.7.7.1.1).
Dentro de las normas de este decreto que adicionó al citado DUR, se encuentra el artículo 2.2.1.7.7.1.4, mediante el cual se estableció que podían ser objeto de saneamiento dos tipos de omisiones en las que se pudo incurrir al momento de realizar el registro inicial de un vehículo de carga: vehículos cuyo registro inicial se realizó sin la certificación de cumplimiento de requisitos o sin la certificación de aprobación de la caución expedida por el Ministerio de Transporte y respecto de los cuales, con posterioridad a la fecha de su registro inicial, fue expedido el respectivo certificado por el Ministerio de Transporte, o respecto de los cuales nunca fue expedido dicho certificado. Esta disposición fue modificada por el artículo 4º del Decreto 153 de 2017, para añadirle dos tipos más de omisiones, en relación con las cuales, los terceros de buena fe exenta de culpa podían solicitar el trámite de normalización del registro.
2. El Decreto 1517 del 22 de septiembre de 2016, “Por el cual se crea el registro único nacional de desintegración física de vehículos e ingreso de nuevos vehículos de transporte terrestre automotor de carga —RUNIS TAC— y se adicionan unos artículos a la sección 7 del capítulo 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1079 de 2015”.
Este decreto estableció que el Ministerio de Transporte expedirá un certificado de cancelación de matrícula (CCM), por cada cancelación de matrícula derivada de un trámite de desintegración física con reconocimiento económico sin fines de reposición, el cual tendrá los efectos de una autorización de registro inicial de vehículo nuevo. Además, creó de forma transitoria el mencionado registro RUNIS TAC para vehículos con peso bruto vehicular (PBV) mayor a 10.5 toneladas.
3. El Decreto 153 del 3 de febrero de 2017, “Por el cual se modifica y adiciona la subsección 1 de la sección 7 del capítulo 7 del título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1079 de 2015, en relación con las medidas especiales y transitorias para normalizar el registro inicial de vehículos de transporte de carga”, estableció las medidas, como señala su epígrafe, para normalizar los registros iniciales de vehículos de carga que habían presentado inconsistencias y que por causa de ventas, permutas, traspasos o entregas de los mismos, se encuentran en poder de terceros propietarios, poseedores o tenedores de buena fe exenta de culpa.
El Decreto 153 de 2017 establece las medidas, fundamentalmente en los artículos 2º y 6º. El artículo 2º dispone lo siguiente:
“ART. 2º—Modifíquese el artículo 2.2.1.7.7.1.5 de la subsección 1 de la sección 7 del capítulo 7 del título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1079 de 2015, el cual quedará así:
Los organismos de tránsito, en un término de dos (2) meses contados a partir del suministro de la información por el Ministerio de Transporte, y con fundamento en esta, deberán verificar el listado de los vehículos de carga que presentan omisiones en su registro inicial e indicar al grupo de reposición vehicular del Ministerio de Transporte la omisión en la que se encuentran los vehículos, de acuerdo con los tipos de omisiones enumerados en el artículo 2.2.1.7.7.1.4(1). Adicionalmente, en caso de contar con información adicional, deberán transmitirla al ministerio.
Luego, el artículo 3º del Decreto 153 de 2017 otorga el derecho de solicitar la normalización del registro a los propietarios, poseedores y tenedores de buena fe exenta de culpa de los vehículos de transporte de carga que presentan omisiones en el trámite del registro inicial, y les confiere el plazo de un (1) año desde el 3 de febrero de 2017, para hacerlo. Dice así:
“ART. 3º—Modifíquese el artículo 2.2.1.7.7.1.3 de la Subsección 1 de la sección 7 del capítulo 7 del título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1079 de 2015, el cual quedará así:
“ART. 2.2.1.7.7.1.3.—Plazo. Los propietarios, poseedores o tenedores de buena fe exenta de culpa de los vehículos de transporte de carga que presenten omisiones en el trámite de registro inicial podrán normalizarlas de acuerdo con lo establecido en la presente Subsección, dentro del término de un (1) año contado a partir del 3 de febrero de 2017” (resaltado de la Sala).
El artículo 4º del Decreto 153 de 2017 establece cuáles son las comisiones o inconsistencias en el registro inicial, que deben ser objeto del trámite de normalización del registro y reitera que son los propietarios, poseedores o tenedores de buena fe exenta de culpa de los vehículos con tales omisiones, quienes pueden postular voluntariamente sus vehículos para la normalización de trámites a través del RUNT. Dispone la norma lo siguiente:
“ART. 4º—Modifíquese el artículo 2.2.1.7.7.1.4 de la Subsección 1 de la sección 7 del capítulo 7 del título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1079 de 2015, el cual quedará así:
4. Vehículos matriculados con la certificación de cumplimiento de requisitos o la certificación de aprobación de la caución, no expedidos por el Ministerio de Transporte” (resalta la Sala).
El artículo 5º del Decreto 153 de 2017 dispone que la normalización del registro de los vehículos mencionados se hará sin perjuicio de las investigaciones disciplinarias, administrativas, civiles y penales en curso o que se puedan iniciar, relacionadas con los hechos de los registros iniciales, en lo cual coincide con el punto 2 del acuerdo para la reforma estructural del transporte de carga por carretera, suscrito el 22 de julio de 2016. Dice este artículo lo siguiente:
“ART. 5º—Modifíquese el artículo 2.2.1.7.7.1.11 de la Subsección 1 de la sección 7 del capítulo 7 del título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1079 de 2015, el cual quedará así:
ART. 2.2.1.7.7.1.11.—Acciones. La subsanación de las omisiones de que trata la presente Subsección se adelantará sin perjuicio de las investigaciones disciplinarias, administrativas, civiles y penales, en curso o a las que haya lugar, relacionadas o conexas con estos hechos”.
El artículo 6º del Decreto 153 de 2017 establece los requisitos para la normalización del registro en esta forma:
“ART. 6º—Modifíquese el artículo 2.2.1.7.7.1.7 de la Subsección 1 de la sección 7 del capítulo 7 del título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1079 de 2015, el cual quedará así:
“ART. 2.2.1.7.7.1.7.—Normalización del trámite para tos vehículos descritos en los numerales 2º, 3º y 4º del artículo 2.2.1.7.7.1.4 del presente decreto. Para subsanar las omisiones presentadas en el registro inicial de un vehículo de transporte de carga, descritas en los numerales 2º, 3º y 4º del artículo 2.2.1.7.7.1.4 del presente decreto, el propietario, poseedor o tenedor de buena fe exenta de culpa del vehículo podrá:
PAR. 3º—Los organismos de tránsito deberán conservar los expedientes de los vehículos que presenten omisiones en el registro inicial, así como los documentos soportes del proceso de normalización del trámite de registro inicial, con el fin de tener a disposición de las autoridades competentes copia de los mismos y facilitar así las investigaciones señaladas en el artículo 2.2.1.7.7.1.11 del presente decreto” (resalta la Sala).
4. La Resolución 332 del 15 de febrero de 2017 del Ministerio de Transporte, “Por la cual se definen las condiciones y el procedimiento de los trámites inherentes a la política pública de modernización del parque automotor de carga y se dictan otras disposiciones”, comprende en el capítulo VIII “Normalización”, los artículos 55 “Instrumentos de normalización”, 56 “Normalización por desintegración”, 57 “Normalización por caución”, 58 sobre el pago del valor de la caución, y 59 “Normalización con certificados de cumplimiento de requisitos”. Estas normas siempre se refieren al propietario, poseedor o tenedor de buena fe exenta de culpa, como la persona facultada para hacer el trámite de la normalización del registro inicial del vehículo de carga que haya presentado omisiones en el cumplimiento de los requisitos.
Ahora bien, se observa que la normativa relacionada se encuentra orientada hacia los propietarios, poseedores y tenedores de buena fe exenta de culpa, de vehículos que presentan omisiones de requisitos del registro inicial de los mismos y que por ventas, permutas, traspasos o entregas, estos tienen en su poder y por ende, desean normalizar el registro para operar correctamente y, con sujeción a la ley, prestar el servicio público de transporte de carga. Es a ellos a quienes se confiere el derecho de solicitar y adelantar el trámite de la normalización.
Las tres primeras preguntas de la consulta se refieren a si las medidas administrativas especiales y transitorias de saneamiento o normalización del registro inicial de los vehículos de carga, pueden entorpecer o impedir la continuidad de los procesos penales que, en la actualidad, cursan en la Fiscalía General de la Nación por la comisión de una presunta conducta punible que contribuyó a la obtención de uno de los requisitos del registro inicial. Asimismo, si estas medidas pueden dar lugar al archivo o la preclusión de la investigación, o afectar el inicio de las acciones penales, administrativas y disciplinarias por la omisión en el cumplimiento de alguno de los requisitos del registro inicial.
Al efecto, resulta acertado deducir que las medidas administrativas no tienen dichas consecuencias, por cuanto el derecho a solicitar la normalización y adelantar el respectivo trámite administrativo, se otorga a los propietarios, poseedores y tenedores de buena fe exenta de culpa de los vehículos afectados, no a las personas investigadas o acusadas penal o disciplinariamente por las presuntas conductas punibles o faltas administrativas encontradas respecto de los registros iniciales de tales vehículos, de manera que las investigaciones correspondientes pueden continuar en relación con ellas.
Es claro que si de tales investigaciones se llega a establecer responsabilidad de estas personas por las omisiones (irregularidades o comisión de delitos) presentadas con el registro del vehículo, la conclusión resulta obvia, en el sentido de que no tenían, ni tienen derecho a normalización o saneamiento alguno, y por ende, cualquier actuación administrativa que les adjudicara un derecho deberá estar condicionada a que tengan y mantengan la calificación de propietarios, poseedores o tenedores de buena fe. De lo contrario, no podrán ser acreedores a beneficiarse de las medidas transitorias a que se ha hecho alusión.
En efecto, las personas investigadas, acusadas, y que resulten responsables en los respectivos procesos penales o administrativos, no están facultadas por las disposiciones de normalización del registro de tales vehículos, de modo que no pueden alegar que han subsanado las conductas que dieron lugar a las inconsistencias presentadas en el registro inicial y no pueden pretender por tanto, algún beneficio derivado de esa circunstancia.
Estas mismas personas no pueden alegar en su favor que terceras personas propietarias, poseedoras o tenedoras de buena fe exenta de culpa, de vehículos afectados, solicitaron el trámite de normalización del registro de esos vehículos, por cuanto dicho trámite es posterior a la presunta comisión de las conductas punibles o faltas disciplinarias que ocurrieron en el pasado y que dieron origen a tales procesos. Como se observa, la normalización es un trámite nuevo, distinto del referente al registro inicial que presentó la omisión de requisitos.
En otros términos, si se tipificó la presunta conducta punible o falta disciplinaria en el pasado, esta no desaparece por el hecho de que un tercero de buena fe exenta de culpa, ajeno por tanto a dicha conducta o falta, sanee o normalice el registro inicial del vehículo que tuvo alguna omisión en el cumplimiento de los requisitos.
En síntesis, el trámite de normalización del registro de vehículos de servicio público de transporte de carga establecido en las normas mencionadas, no puede entorpecer o impedir la continuidad de los procesos penales o disciplinarios actualmente en curso, por las presuntas conductas punibles o faltas disciplinarias cometidas para la obtención de requisitos del registro inicial de tales vehículos.
Finalmente para la Sala resulta importante referirse a tres situaciones que son desarrolladas en el Decreto 153 de 2017 y en la Resolución 332 de 2017, como medidas que pretenden normalizar la situación de estos vehículos; en especial, en lo atinente a los literales b) y c) del artículo 6º del decreto citado, que modifica el Decreto 1079 de 2015:
En primer lugar, en el literal b) de la norma citada se señala que el propietario, poseedor o tenedor de buena fe podrá cancelar la caución “que debió constituir” para el trámite de la matrícula inicial. Según se deduce, se refiere a una situación jurídica que existía hasta la vigencia de los decretos 486 y 1250 de 2013, donde existía la opción de la reposición o de la obligación de efectuarla con caución (D. 3525/2005). Es decir, después de la expedición de estos decretos la caución no era una opción válida, razón por la cual, no tendría aplicación con posterioridad a la fecha en que se eliminó este requisito.
En segundo lugar, en cuanto a la normalización por caución y su pago (Res. 332/2017), para que resulte una opción adicional a la desintegración del vehículo, ella deberá ser razonable y proporcional al valor del vehículo desintegrado.
En tercer lugar, el Decreto 153 de 2017 se refiere en el literal c) de la norma citada a un tercer tipo de omisión, que puede ser objeto de normalización, relacionado con vehículos matriculados con una certificación del Ministerio de Transporte que estaba destinada a otro vehículo, como una grave irregularidad.
Para la Sala, si la persona que pretende la normalización era conocedora de este hecho u omisión, desaparece su calidad de propietario, poseedor o tenedor de buena fe y no tendrá derecho a dicha normalización.
En el mismo sentido, sobre la facultad de subsanar requisitos, para utilizar certificados de cumplimiento que no hayan sido utilizados con anterioridad, se considera que dicha situación sería viable y aplicable cuando se refiera a certificados de vehículos de carga similares o en grados de equivalencia que determine el ministerio.
B. La buena fe exenta de culpa
Como se ha visto en el capítulo anterior, las medidas especiales y transitorias tendientes a normalizar los registros iniciales de vehículos de transporte de carga que han presentado inconsistencias, se encuentran dirigidas a los propietarios, poseedores o tenedores de buena fe exenta de culpa.
El principio de la buena fe se encuentra incorporado en la Constitución Política de 1991, en el artículo 83, el cual establece lo siguiente:
“ART. 83.—Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”.
Este principio se encuentra contemplado en varias normas legales con la finalidad de garantizar la correcta y adecuada convivencia de las personas naturales y jurídicas en sus actuaciones y en sus relaciones contractuales y comerciales(2).
Ahora bien, se observa que las mencionadas normas de normalización del registro de vehículos de servicio público de transporte de carga, exigen que el propietario, poseedor o tenedor del vehículo que va a solicitar el trámite de normalización, sea de buena fe exenta de culpa, con lo cual se está aludiendo a la llamada buena fe objetiva o cualificada, que es de mayor jerarquía que la buena fe subjetiva o simple, como lo ha señalado la Corte Constitucional en la Sentencia C-795 del 30 de octubre de 2014, en la cual sostuvo lo siguiente:
“(...) Desde esta perspectiva, para proceder a la compensación debe tratarse de un tercero que haya conseguido probar la buena fe exenta de culpa, la cual “se acredita demostrando no solo la conciencia de haber actuado correctamente, sino también la presencia de un comportamiento encaminada a verificar la regularidad de la situación”(3). Esta corporación en la Sentencia C-740 de 2003 reiteró la distinción entre la buena fe simple y la buena fe cualificada:
“La buena fe simple, que equivale a obrar con lealtad, rectitud y honestidad, es la que se exige normalmente a las personas en todas sus actuaciones. El Código Civil, al referirse a la adquisición de la propiedad, la define en el artículo 768 como la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio. Esta buena fe se denomina simple, por cuanto, si bien surte efectos en el ordenamiento jurídico, estos sólo consisten en cierta protección que se otorga a quien así obra. Es así que, si alguien de buena fe adquiere el derecho de dominio sobre un bien cuyo titular no era el verdadero propietario, la ley le otorga ciertas garantías o beneficios, que si bien no alcanzan a impedir la pérdida del derecho sí aminoran sus efectos. Tal es el caso del poseedor de buena fe condenado a la restitución del bien, quien no será condenado al pago de los frutos producidos por la cosa (C.C., art. 964, párr. 3º); o del poseedor de buena fe que adquiere la facultad de hacer suya la cosa poseída (C.C., arts. 2528 y 2529).
La buena fe creadora o buena fe cualificada, interpreta adecuadamente una máxima legada por el antiguo derecho al moderno: “Error communis facit jus”, y que ha sido desarrollada en nuestro país por la doctrina desde hace más de cuarenta años, precisando que “Tal máxima indica que si alguien en la adquisición de un derecho o de una situación comete un error o equivocación, y creyendo adquirir un derecho o colocarse en una situación jurídica protegida por la ley, resulta que tal derecho o situación no existen por ser meramente aparentes, normalmente y de acuerdo con lo que se dijo al exponer el concepto de la buena fe simple, tal derecho no resultará adquirido. Pero si el error o equivocación es de tal naturaleza que cualquier persona prudente y diligente también lo hubiera cometido, por tratarse de un derecho o situación aparentes, pero en donde es imposible descubrir la falsedad o no existencia, nos encontramos forzosamente, ante la llamada buena fe cualificada o buena fe exenta de toda culpa””.
En consecuencia, es preciso concluir de acuerdo con la noción de la buena fe exenta de culpa explicada por la Corte Constitucional, que en la situación objeto de análisis, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo que va a efectuar el trámite de normalización del registro del vehículo, debe ser de buena fe exenta de culpa, lo cual significa que debe demostrar que actuó de manera prudente y diligente al adquirir o recibir el vehículo, y que pese a su precaución y cuidado no le era factible enterarse de que había alguna inconsistencia en el registro inicial del vehículo, pues de saberlo se habría abstenido de realizar el negocio o el traspaso.
C. La cancelación del registro de un vehículo matriculado con omisión de requisitos y la improcedencia de su posterior saneamiento
La cuarta pregunta de la consulta parte de esta hipótesis: “En el evento que el proceso penal que actualmente curse tenga como consecuencia la cancelación del registro del vehículo matriculado con omisión de requisitos y posteriormente saneado” (resalta la Sala), para formularla luego en los siguientes términos: “¿Qué consecuencias acarrearía para este ministerio, al haber autorizado el saneamiento vía administrativa del registro del vehículo?”.
En la hipótesis mencionada, se observa que si el proceso penal tiene como consecuencia la cancelación del registro del vehículo matriculado con omisión de requisitos, el registro de dicho vehículo no se puede sanear o normalizar posteriormente, ya que las medidas administrativas especiales y transitorias para la normalización del registro de vehículos de servicio público de transporte de carga, contenidas en los decretos 1514 y 1517 de 2016 y 153 de 2017 y la Resolución 332 de 2017 del Ministerio de Transporte, se refieren a vehículos de carga que se encuentran actualmente con el registro vigente, pese a que se hizo con omisión de alguno de sus requisitos, no a aquellos cuyo registro ha sido cancelado, anulado o revocado. En consecuencia, en la hipótesis planteada, el Ministerio de Transporte no podría autorizar el saneamiento vía administrativa del registro del vehículo, por sustracción de materia.
Ahora bien, si la hipótesis corresponde a la consecuencia de una orden de cancelación del registro emanada del proceso penal, es claro que la decisión del juez debe cumplirse, así el registro del vehículo haya sido objeto de normalización, pues se trataría de una orden judicial. En este evento, la Sala sugiere que se informe de esta posibilidad y dejar en claro esta salvedad a quienes solicitan la normalización del registro, con el fin de prevenir futuras controversias.
D. El deber de denuncia del servidor público, de una presunta conducta punible en el evento de saneamiento.
El último interrogante de la consulta se refiere a si en el evento de saneamiento, se evidencia una presunta conducta punible, se deben efectuar las denuncias respectivas o en estos eventos no es viable autorizar el saneamiento.
Al efecto, se observa que la Constitución Política dispone en el artículo 95, numeral 7º, que es deber de la persona y del ciudadano “Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia”.
Por otra parte, el artículo 34, numeral 24, de la Ley 734 del 5 de febrero de 2002, “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”, establece el deber de denuncia del servidor público, en los siguientes términos:
Finalmente, el artículo 67 de la Ley 906 de 2004, “Por medio de la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, dispone lo siguiente:
Con base en estas normas, se debe observar que si se está adelantando un trámite de saneamiento del registro inicial de vehículos de carga y se evidencia una presunta conducta punible, lo procedente por parte del servidor público que tiene conocimiento de ello, es que presente la denuncia penal correspondiente y suspenda o solicite la suspensión al funcionario competente, del trámite del saneamiento, pues si este continúa, se presentaría una inconsistencia en el trámite y el servidor público podría verse expuesto eventualmente, a ser investigado como coautor o partícipe en el hecho.
IV. La Sala responde
“1. ¿Con la adopción de una medida administrativa especial y transitoria mediante decreto, que permita subsanar la omisión en el cumplimiento de alguno de los requisitos de registro inicial de un vehículo de carga, se entorpecería el proceso penal que en la actualidad cursa ante la Fiscalía General de la Nación por la comisión de una presunta conducta punible que contribuyó a la obtención de uno de los requisitos administrativos para registro inicial?”.
“2. ¿De ser viable el saneamiento de los vehículos que se encuentran en los supuestos mencionados en el presente documento, las autoridades competentes que adelantan los procesos pertinentes, podrían continuar con los mismos? ¿Esta medida podría ocasionar el archivo la preclusión de la investigación?”.
“3. ¿La adopción de una medida administrativa especial y transitoria que permita subsanar la omisión en el cumplimiento de alguno de los requisitos de registro inicial de un vehículo de carga, afectaría el inicio de las acciones penales, administrativas y disciplinarias pertinentes?”
La adopción de medidas administrativas especiales y transitorias, como las que se han tomado mediante los decretos 1514 y 1517 de 2016 y 153 de 2017 y la Resolución 332 de 2017 del Ministerio de Transporte, para normalizar el registro inicial de vehículos de servicio público de transporte de carga, se encuentran dirigidas a los propietarios, poseedores y tenedores de buena fe exenta de culpa de dichos vehículos, los cuales son quienes pueden solicitar la normalización. En consecuencia, tales medidas no pueden entorpecer o impedir la continuidad de los procesos penales que en la actualidad, cursan en la Fiscalía General de la Nación por la comisión de una presunta conducta punible que contribuyó a la obtención de uno de los requisitos del registro inicial, ni ocasionar el archivo o la preclusión de la investigación. Asimismo, no afectan el inicio de las acciones penales, administrativas y disciplinarias por la omisión en el cumplimiento de alguno de los requisitos del registro inicial.
Las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación por la presunta existencia de una conducta punible o las investigaciones disciplinarias, deben iniciarse, proseguirse y culminarse sin que pueda entenderse, en ningún caso, que las medidas administrativas que puedan tomarse para la normalización del registro, afecten la responsabilidad penal que determine la autoridad judicial. Además, las medidas de normalización del registro solo están previstas para propietarios, poseedores o tenedores de buena fe, y así debe quedar expresamente advertido y condicionado en los actos administrativos correspondientes.
“4. En el evento que el proceso penal que actualmente curse tenga como consecuencia la cancelación del registro del vehículo matriculado con omisión de requisitos y posteriormente saneado. ¿Qué consecuencias acarrearía para este ministerio, al haber autorizado el saneamiento vía administrativa del registro del vehículo?”
Si el proceso penal tiene como consecuencia la cancelación del registro del vehículo matriculado con omisión de requisitos, el registro de dicho vehículo no se puede sanear o normalizar posteriormente, ya que las medidas administrativas especiales y transitorias para la normalización del registro de vehículos de servicio público de transporte de carga, contenidas en los decretos 1514 y 1517 de 2016 y 153 de 2017 y la Resolución 332 de 2017 del Ministerio de Transporte, se refieren a vehículos de carga que se encuentran actualmente con el registro vigente, pese a que se hizo con omisión de alguno de sus requisitos, no a aquellos cuyo registro ha sido cancelado, anulado o revocado. En consecuencia, en la hipótesis planteada, el Ministerio de Transporte no podría autorizar el saneamiento del registro del vehículo vía administrativa, por sustracción de materia.
Si la hipótesis corresponde a la consecuencia de una orden de cancelación del registro emanada del proceso penal, es claro que la decisión del juez debe cumplirse, así el registro del vehículo haya sido objeto de normalización, pues se trataría de una orden judicial.
“5. Teniendo en cuenta el deber de denuncia de los funcionarios públicos, en el evento de saneamiento al evidenciar la presunta falta penal, ¿se deberán efectuar las denuncias respectivas o en estos casos no es viable autorizar el saneamiento?”.
Sí, es deber de los servidores públicos instaurar la respectiva denuncia, en el evento de saneamiento al evidenciar una presunta conducta punible. Además, no es viable autorizar el saneamiento o normalización ante la existencia de una irregularidad en el cumplimiento de los requisitos de los decretos 1514 y 1517 de 2016 y 153 de 2017 y la Resolución 332 de 2017 del Ministerio de Transporte.
Magistrados: Édgar González López, Presidente de la Sala—Oscar Darío Amaya Navas—Germán Alberto Bula Escobar—Álvaro Namén Vargas.
1 Se encuentra en el artículo 4º del Decreto 153 de 2017, citado más adelante.
2 Así, por ejemplo, el artículo 1603 del Código Civil dispone:
“ART. 1603.—Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley pertenecen a ella”.
El Código de Comercio contiene una norma similar. Su artículo 871 establece:
“ART. 871.—Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural”.
La Ley 80 de 1993, Estatuto de la Contratación Estatal, también consagra el principio de la buena fe en sus artículos 5º y 28.
3 Nota de la Corte: Sentencia C-820 de 2012.