Source: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.439.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2016:439:TOC
Timestamp: 2017-07-28 09:01:06
Document Index: 96318719

Matched Legal Cases: ['artículo 23', 'artículo 94', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 105', 'artículo 267']

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25.11.2016 ES
Este texto constituye la actualización de las Recomendaciones a los órganos jurisdiccionales nacionales (DO C 338 de 6.11.2012, p. 1) aprobadas al día siguiente de la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, que se produjo el 1 de noviembre de 2012. Basándose tanto en la experiencia adquirida al aplicar este Reglamento (1), como en la jurisprudencia más reciente, estas recomendaciones pretenden recordar las características esenciales del procedimiento prejudicial y ofrecer a los órganos jurisdiccionales nacionales que plantean cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia todas las indicaciones prácticas necesarias para que este último pueda pronunciarse útilmente sobre las cuestiones planteadas.
El procedimiento prejudicial se basa en una estrecha colaboración entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros. Para garantizar la plena eficacia de este procedimiento, parece necesario recordar sus características esenciales y formular ciertas precisiones destinadas a explicitar las disposiciones del Reglamento de Procedimiento en lo que respecta, principalmente, al autor de la petición de decisión prejudicial y a su alcance, así como a la forma y al contenido de la misma. Estas precisiones -aplicables a todas las peticiones de decisión prejudicial (I)- se completan con referencias a las disposiciones aplicables a las peticiones de decisión prejudicial que exijan una especial celeridad (II) y con un anexo que recapitula los elementos esenciales de toda petición de decisión prejudicial.
El Tribunal de Justicia ha interpretado la condición de órgano jurisdiccional como un concepto autónomo del Derecho de la Unión, teniendo en cuenta a este respecto un conjunto de factores, como son el origen legal del órgano que le plantea la petición, su permanencia, el carácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradictorio del procedimiento, la aplicación de normas jurídicas por parte de dicho órgano y su independencia.
Además, según reiterada jurisprudencia, aunque los órganos jurisdiccionales nacionales tienen la facultad de desestimar los motivos de invalidez de un acto de una institución, órgano u organismo de la Unión invocados ante ellos, la posibilidad de declarar inválido ese acto, en cambio, es competencia exclusiva del Tribunal de Justicia. Por lo tanto, cuando un órgano jurisdiccional de un Estado miembro dude de la validez de un acto de este tipo, está obligado a dirigirse al Tribunal de Justicia indicando las razones por las que considera que dicho acto no es válido.
Un órgano jurisdiccional nacional puede plantear una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia tan pronto como estime que, para poder emitir su fallo, resulta necesaria una decisión sobre la interpretación o la validez del Derecho de la Unión. En efecto, el órgano jurisdiccional nacional es el mejor situado para apreciar la fase del procedimiento en que procede plantear tal petición.
La petición de decisión prejudicial puede adoptar cualquiera de las formas admitidas por el Derecho nacional para los incidentes procesales, pero conviene tener en cuenta que esta petición servirá de base al procedimiento ante el Tribunal de Justicia y será notificada a todos los interesados mencionados en el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia (en lo sucesivo, «Estatuto»), y en especial a todos los Estados miembros, con el fin de recoger sus eventuales observaciones. La necesidad correlativa de traducir dicha petición de decisión prejudicial a todas las lenguas oficiales de la Unión Europea aconseja, pues, que el órgano jurisdiccional remitente la redacte de forma sencilla, clara y precisa, sin elementos superfluos. La experiencia demuestra que una decena de páginas suelen bastar para exponer adecuadamente el contexto jurídico y fáctico de una petición de decisión prejudicial.
El artículo 94 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia fija el contenido de toda petición de decisión prejudicial, que se recapitula posteriormente en el anexo del presente documento. Además del propio texto de las cuestiones planteadas al Tribunal de Justicia con carácter prejudicial, la petición de decisión prejudicial debe contener:
La petición de resolución prejudicial debe estar fechada y firmada y remitirse por correo certificado a la Secretaría del Tribunal de Justicia, a la dirección siguiente: Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxemburgo. Esta petición ha de ir acompañada de todos los documentos pertinentes y, en particular, de los datos de contacto exactos de las partes del litigio principal y de sus eventuales representantes, así como de los autos del asunto principal o de una copia de estos. Estos autos (o una copia) se conservarán en la Secretaría mientras dure el procedimiento y podrán ser consultados allí por los interesados mencionados en el artículo 23 del Estatuto, a menos que el órgano jurisdiccional remitente dé instrucciones en sentido contrario.
Con posterioridad a la presentación de la petición de decisión prejudicial, el Tribunal de Justicia puede proceder igualmente a esa ocultación de identidad, de oficio o a petición del órgano jurisdiccional remitente o de una parte del litigio principal. A fin de preservar su eficacia, la solicitud de anonimato debe formularse, no obstante, en la fase más temprana posible del procedimiento y, en cualquier caso, antes de que se publique en el Diario Oficial de la Unión Europea la comunicación relativa al asunto de que se trate y de que se notifique la petición de decisión prejudicial a los interesados mencionados en el artículo 23 del Estatuto, notificación que se produce por lo general alrededor de un mes después de la presentación de la petición de decisión prejudicial. En efecto, a causa de la creciente utilización de las nuevas tecnologías informáticas y de comunicación, carece de utilidad práctica ocultar la identidad después de que la petición de decisión prejudicial haya sido publicada y notificada.
En aras del buen desarrollo del procedimiento prejudicial ante el Tribunal de Justicia y para preservar su utilidad, es preciso que esas informaciones se comuniquen al Tribunal de Justicia con la mayor brevedad. Además, conviene recordar a los órganos jurisdiccionales nacionales que la retirada de una petición de decisión prejudicial puede influir en la tramitación de asuntos similares (o de series de asuntos similares) ante el órgano jurisdiccional remitente. Cuando el resultado de varios asuntos pendientes ante dicho órgano dependa de la respuesta del Tribunal de Justicia a las cuestiones que le han sido planteadas, el órgano jurisdiccional remitente puede indicar que acumula tales asuntos en la petición de decisión prejudicial a fin de permitir que el Tribunal de Justicia responda a las cuestiones planteadas pese a la eventual retirada de uno o varios de esos asuntos.
Con arreglo al artículo 23 bis del Estatuto y a los artículos 105 a 114 del Reglamento de Procedimiento, la petición de decisión prejudicial puede tramitarse en determinadas circunstancias mediante un procedimiento acelerado o un procedimiento de urgencia. La decisión de aplicar dichos procedimientos corresponde al Tribunal de Justicia, que la adopta, bien sobre la base de una petición debidamente motivada del órgano jurisdiccional remitente en la que se expongan las circunstancias de Derecho o de hecho que lo justifiquen, o bien de oficio, excepcionalmente, cuando considere que la naturaleza o las circunstancias específicas del asunto así lo requieren.
A tenor del artículo 105 del Reglamento de Procedimiento, una petición de decisión prejudicial puede tramitarse mediante un procedimiento acelerado que establezca excepciones a las disposiciones de ese Reglamento cuando la naturaleza del asunto exija resolverlo en breve plazo. Dado que este procedimiento impone restricciones importantes a todos los actores que en él participan, y en particular a los Estados miembros, a quienes se pide que presenten sus observaciones, escritas u orales, en plazos mucho más breves que de ordinario, su aplicación solo debe solicitarse cuando aparezcan circunstancias específicas que justifiquen que el Tribunal de Justicia se pronuncie rápidamente sobre las cuestiones planteadas. Según reiterada jurisprudencia, la existencia de un gran número de personas o de situaciones jurídicas potencialmente afectadas por la resolución que el órgano jurisdiccional remitente deberá dictar tras haber sometido la petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia no constituye, en cuanto tal, una circunstancia excepcional que justifique la aplicación del procedimiento acelerado.
Sin que puedan enumerarse aquí tales circunstancias de manera exhaustiva, principalmente dada la variedad y el carácter evolutivo de las normas del Derecho de la Unión que regulan el espacio de libertad, seguridad y justicia, un órgano jurisdiccional nacional podría plantearse, por ejemplo, formular una solicitud de procedimiento prejudicial de urgencia en el caso, contemplado en el artículo 267 TFUE, párrafo cuarto, de una persona detenida o privada de libertad, cuando la respuesta a la cuestión planteada sea determinante para la apreciación de la situación jurídica de esta persona, o bien en un litigio relativo a la patria potestad o a la custodia de hijos menores, cuando la competencia del juez que deba conocer del asunto en virtud del Derecho de la Unión dependa de la respuesta a la cuestión prejudicial.
Para permitir que el Tribunal de Justicia decida rápidamente si hay que aplicar el procedimiento acelerado o el procedimiento prejudicial de urgencia, la solicitud debe exponer con precisión las circunstancias de Derecho y de hecho que acrediten la urgencia y, en particular, los riesgos que conlleva la aplicación del procedimiento prejudicial ordinario. En la medida de lo posible, el órgano jurisdiccional remitente debe indicar también, sucintamente, su punto de vista sobre la respuesta que haya de darse a las cuestiones planteadas. En efecto, tal indicación facilita la toma de posición de las partes del litigio principal y de los demás interesados que participan en el procedimiento, y contribuye así a su celeridad.