Source: https://www.scribd.com/document/191206089/Eficacia-Del-Tribunal-de-Estrasburgo-TEDH
Timestamp: 2018-11-18 11:11:21
Document Index: 413161884

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 4', 'artículo 45', 'artículo 44', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 6', 'artículo 10', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 2', 'artículo 52', 'artículo 41', 'artículo 1', 'artículo 46', 'artículo 15', 'artículo 46', 'in fine', 'artículo 35', 'artículo 46', 'artículo 50', 'artículo 41', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 94', 'artículo 93', 'artículo 93', 'artículo 9', 'artículo 53', 'artículo 10', 'artículo 96', 'artículo 30', 'artículo 53', 'artículo 9', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 240', 'artículo 140', 'artículo 240', 'artículo 240', 'artículo 18', 'artículo 9', 'artículo 6', 'artículo 164', 'artículo 93', 'artículo 164', 'artículo 32', 'artículo 164', 'artículo 2', 'artículo 954', 'de lege ferenda']

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EFECTOS Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE ESTRASBURGO
Ana SALADO OSUNA Profesora Titular de Universidad de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Universidad de Sevilla.
SUMARIO: Introducción I. Los efectos de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde la perspectiva del Convenio II. La actitud de los Estados Partes en el Convenio III. Los efectos de las sentencias del Tribunal de Estrasburgo desde la perspectiva de la Constitución española IV. El problema para ejecutar las sentencias del Tribunal Europeo en Derecho español
Introducción El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, fue instituido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos 1 de 1950 (artículo 19) . Durante un periodo de más de cuarenta años ha 2 tenido jurisdicción facultativa y ha funcionado sin carácter permanente . El 1 de noviembre de 1998 entró en vigor el Protocolo de Enmienda Núm. 11 al Convenio Europeo que reforma el anterior mecanismo de control, transformándose el Tribunal de Estrasburgo en un tribunal con jurisdicción obligatoria y que ejerce sus funciones con carácter
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó la primera Sentencia el 1 de julio de 1961 en el caso Lawless contra Irlanda. A partir de dicho año un importante número de casos han sido conocidos y decididos por el Tribunal, sobre todo, en la última década.
En relación con la naturaleza jurídica del antiguo Tribunal de Estrasburgo, véase entre otros, BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, J. M.: El Tribunal Europeo de los Derechos del Hombre, Ed. Bosch, Barcelona (1983), en especial, pp. 31-43; EISSEN, M-A.: El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Ed. Cívitas, Madrid (1985), en especial, pp- 17-23.
2 permanente . Ante el nuevo Tribunal Europeo están legitimados activamente los Estados Partes en el Convenio y los particulares (personas físicas o jurídicas) sometidos a la jurisdicción de dichos Estados (artículos 33 y 34). En relación con las demandas de los particulares hay dos requisitos esenciales de admisibilidad: que el demandante se considere víctima de una violación y que haya agotado la vía de los recursos internos (artículo 4 35) . Tanto en el anterior como en el actual sistema europeo, cuando el 5 Tribunal entra a conocer el fondo del asunto decide mediante sentencia motivada si ha habido o no violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos y/o de sus Protocolos Adicionales normativos. Es precisamente de las sentencias del Tribunal de Estrasburgo y más concretamente de los efectos y ejecución de las mismas del tema que me voy a ocupar. Sin embargo, antes de comenzar considero oportuno precisar que en relación con los efectos y la ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo se presentan las mismas características y los mismos problemas respecto del antiguo Tribunal (antes de la reforma) con respecto del nuevo (tras la reforma). Sus sentencias tenían y tienen la misma naturaleza jurídica y su ejecución sigue siendo competencia de los Estados bajo la vigilancia del Comité de Ministros del Consejo de Europa. De este modo, son los
Vid. Entre otros, CARRILLO SALCEDO, J.A.: El Convenio Europeo de Derechos Humanos, Ed. Tecnos, Madrid (2003), pp. 46-48; COHEN-JONATHAN, G.: “Le Protocole 11 et la réforme du mécanisme internationale de contrôle de la Convention européenne des droits de l’homme”, Europe (1994), pp. 1 y ss; PETTITI, L-E.: “Le Protocolo nº 11, son historique et son avenir”, Justice Núm. 6 (1997), pp. 71 y ss.; SALADO OSUNA, A.: “El Protocolo de Enmienda Número 11 al Convenio Europeo de Derechos Humanos”, Revista de Instituciones Europeas, Núm. 21 (1994), pp. 943-965; SÁNCHEZ LEGIDO, A.: La reforma del mecanismo de protección del Convenio Europeo de Derechos Humanos, Ed. Colex, Madrid (1995); SCHERMERS, H.G.: “The Eleventh Protocol to the European Convention on Human Rights”, European Law Reiew (1994), pp. 367 y ss. VALTICOS, N.: “D’une Cour européenne des Droits de l’Homme á lautre. Pavane pour une Court bientôt défunte”, en Liber Amicorum Mohamed Bedjaoui, Ed. Kluver Law International, Londres (1999), pp. 755-769. Vid. CARRILLO SALCEDO, J.A.: El Convenio Europeo..., op. cit., pp. 49-63.
Conviene tener presente que el Tribunal de Estrasburgo conoce de la violación de derechos -reconocidos en el Convenio y en sus Protocolos Adicionales normativos- con independencia de la autoridad interna que haya sido causante de la violación. La sentencia de 23 de junio de 1993, en el caso Familia Ruiz Mateos contra España, es un fiel testimonio de esta realidad, ya que los hechos causantes de la violación denunciados ante los órganos de Estrasburgo se ocasionaron en el transcurso de un procedimiento ante el Tribunal Constitucional en el que se sustanciaba una cuestión de inconstitucionalidad.
3 Estados los que tienen que establecer, de conformidad con su ordenamiento jurídico interno, los oportunos cauces procesales para dar ejecución interna a las sentencias en las que el Tribunal Europeo le haya atribuido responsabilidad internacional, esto es, violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos y/o de sus Protocolos Adicionales normativos. I. Los efectos de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde la perspectiva del Convenio. En el actual sistema europeo de control, si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declara una demanda admisible entra a conocer y decidir sobre el fondo del asunto, éste será resuelto mediante sentencia 6 que tiene que ser motivada (artículo 45.1) y es definitiva (artículo 44). De 7 ambas características, como ha sostenido el Profesor VELU , se desprende un doble efecto: el de “cosa interpretada” que tiene eficacia erga 8 omnes, y el de “cosa juzgada” que sólo vincula inter partes . La eficacia erga omnes de las sentencias del Tribunal de Estrasburgo no presenta problema desde el punto de vista de nuestro ordenamiento jurídico interno. Así se deduce el artículo 10.2 de la 9 Constitución Española de 1978 y de la práctica reiterada del Tribunal
En el actual sistema europeo, el pleno del Tribunal de Estrasburgo no tiene competencias para conocer de demandas, sino que son las Salas o la Gran Sala las que tienen atribuida dicha competencia. En principio son las Salas las que conocen de un asunto, salvo que se produzca la remisión a la Gran Sala. Si es la Sala quien decide, la Sentencia dictada por la misma no es definitiva sino que deviene definitiva cuando ha transcurrido el plazo de tres meses sin que las partes en litigio hayan decidido someter el asunto para su reexamen a la Gran Sala. En relación con esta cuestión Vid. SALADO OSUNA, A.: “El Protocolo de Enmienda...”, op. cit., pp. 958-960 y nota 53.
VELU, J.: "Responsabilities for the States Parties on the European Convention", Proceedings of the Sixth International Colloquy abaut the European Convention on Human Rights (celebrado en Sevilla, del 13 al 16 de noviembre de 1985), Martinus Nijhoff Publishers (1988), pp. 586-596. Vid. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P.A.: "L' autorité de la chose jugeé dans les arrêts de la Cour Européenne des droits de l'homme", Alma Mater Studiorum, Bolonia (1988), pp. 58-70. Vid. comentario al artículo 10-2 de la Constitución Española: REMIRO BROTONS, A.: La acción exterior del Estado, Tecnos, Madrid (1988), pp. 106 y ss.; RUIZ-GIMÉNEZ CORTÉS, J.: "Comentario a las Leyes Políticas", Revista de Derecho Público, Tomo II, Madrid (1984), pp. 130-135. El profesor Ruiz-Giménez alude y comenta en este estudio de forma reiterada el trabajo de la profesora MANGAS MARTÍN: "Cuestiones de Derecho Internacional Público en la Constitución de 1978", Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, núm. 61, Madrid (1980).
4 Constitucional citando la jurisprudencia del Tribunal Europeo en los casos 10 pertinentes . El valor de cosa juzgada de dichas sentencias también ha sido aceptado por el Tribunal Constitucional español, pues en su sentencia 245/1991, de 16 de diciembre, otorgó el amparo a los recurrentes porque "la declaración de violación del artículo 6.1 del Convenio (por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos) implica en este caso al mismo tiempo, de acuerdo con la cláusula del artículo 10.2 de la Constitución, una constatación de la existencia de una violación del derecho a un proceso público con todas las garantías del artículo 24.2. de la Constitución" (F.J. 11 4º) . Pero, como el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha 12 señalado, sus sentencias tienen naturaleza declarativa . Por consiguiente, la falta de ejecutoriedad directa de las mismas es incuestionable. El problema radica en que no existe acuerdo sobre los efectos jurídicos que se desprenden de estas sentencias declarativas. Cierto sector doctrinal considera que al ser una sentencia meramente declarativa no impone al Estado interesado la obligación de dar
En este sentido es ilustrativa, a título ejemplificativo, la sentencia 37/88, de 3 de marzo, pues al Tribunal Constitucional al resolver un recurso de amparo, sostuvo que: "Este Tribunal, cuya jurisprudencia ha estado siempre orientada por el principio de que los textos constitucionales que reconocen derechos fundamentales no contienen palabras vanas, sino garantías jurídicas inviolables por los poderes públicos, ha de interpretar el derecho a la defensa y a la asistencia letrada del artículo 24-2 CE en el mismo sentido que lo hizo el TEDH, en especial cuando tal derecho se enmarca en un proceso penal como le ocurrió al recurrente en este proceso de amparo constitucional". También resulta de interés la sentencia 145/1988, de 12 de julio, en la que el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad del artículo 2.1 la Ley Orgánica 10/1980 que atribuía al juez instructor competencia para decidir sobre determinados delitos. Para fundamentar su decisión, invocó la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso De Cubber y Piersack (respecto de la separación de las funciones de instrucción y de juzgar en el procedimiento penal para asegurar la imparcialidad del juez). La citada sentencia del Tribunal Constitucional condujo a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, mediante Ley Orgánica 7/1988, de 28 de diciembre, en cuyo Preámbulo se refiere expresamente a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En relación con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citando a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, veáse las reflexiones del Profesor CARRILLO SALCEDO, J.A.: "España y la protección de los derechos humanos: el papel del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional Español", Archiv des Völkerrechts (1994), pp. 187-201, en especial, pp. 187-193. Como señala la Prof. Escobar Hernández, el Tribunal Constitucional no pudo ser más respetuoso con el artículo 52 del Convenio, Vid. ESCOBAR HERNÁNDEZ, C.: "Problemas planteados por la aplicación en el ordenamiento español de la sentencia Bultó", Revista de Instituciones Europeas (1992) Núm. 1, p. 149.
Caso Marcks c. Bélgica, Sentencia de 13 de junio de 1979, Serie A-31, pár. 58.
5 eficacia interna a la misma; algunos utilizan como argumento el hecho de que el Convenio establece un mecanismo de reparación sustitutoria (artículo 41). Esta tesis fue seguida por la Sala Segunda del Tribunal Supremo español en su sentencia de 4 de abril de 1990 (F.J. 4º) y, en parte, por el Tribunal Constitucional español en su sentencia 245/1991, al sostener que: "Según la opinión absolutamente dominante, el Convenio no obliga a dar efecto interno a las Sentencias del Tribunal Europeo", ni tampoco "a introducir reformas legales" (F.J. 2º). Otro sector doctrinal ha opinado que el hecho de que las sentencias del Tribunal Europeo tenga naturaleza declarativa no implica 13 la carencia de efectos jurídicos internos . La obligación de dar eficacia interna a las sentencias declarativas del Tribunal Europeo, en mi opinión, se deduce de la interpretación sistemática de los artículos 1 y 46 del Convenio. Cuando un Estado decide ser Parte en el Convenio Europeo de Derechos Humanos está aceptando que el Tribunal de Estrasburgo pueda conocer de un asunto que le concierne cuando sea demandado ante él. De este compromiso jurídico deriva la obligación de dar efectividad a las decisiones del Tribunal, en tanto que como Estado Parte en el Convenio se ha comprometido a reconocer ("garantizar" en el texto inglés) "a toda persona dependiente de su jurisdicción los derechos y libertades definidos 14 en el Título I del presente Convenio" (artículo 1) . Interpretación que está
El Profesor Liñán Nogueras ya había puesto de manifiesto en 1985, que "resultaría paradójico, si no incongruente, que el ordenamiento jurídico español no permitiera la producción de plenos efectos de la sentencia en la reparación de la víctima, no dejando otra vía que la de la 'satisfacción equitativa'", LIÑÁN NOGUERAS, D.J.: "Los efectos de las sentencias del TEDH en Derecho Español", Revista Española de Derecho Internacional (1985), p. 467. En este sentido se expresó en 1985 el Profesor LIÑÁN NOGUERAS y ha sido reafirmado, entre otros, por el Profesor CARRILLO SALCEDO quien ha señalado que la obligación de ejecutar las sentencias del Tribunal Europeo es innegable, así como la obligación de establecer cauces procesales a tales efectos. LIÑÁN NOGUERAS, D.J.: "Los efectos de las sentencias del TEDH en Derecho Español", op. cit., p. 357; CARRILLO SALCEDO, J.A.: "España y la protección de los derechos humanos: el papel del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional Español", op. cit., p. 164. El Profesor Bonet ha hecho notar que la naturaleza declarativa no debe crear "sin embargo, la falsa impresión de que carecen de efectos jurídicos vinculantes para el Estado cuya actuación es considerada contraria al Convenio Europeo, el cual, no hay que olvidarlo, ha debido aceptar previamente la competencia del Tribunal Europeo para conocer del asunto, conforme el art. 46 del Convenio Europeo". En su opinión, la sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos "son obligatorias para el Estado cuya conducta se considera como contraria al Convenio Europeo, y en consecuencia, le vinculan jurídicamente", como consecuencia de tal obligatoriedad, "el Estado adquiere el compromiso de dar cumplimiento al fallo pronunciado por el Tribunal", BONET I PÉREZ, J.: "El problema de la efectividad interna de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos...", op. cit., p. 64.
6 reforzada por el contenido del artículo 46.1 que establece “Las Altas Partes Contratantes se comprometen a acatar la sentencias definitivas del Tribunal en los litigios en que sean partes”. En este contexto resulta significativa la sentencia de 13 de junio de 1979, en el caso Marckx contra Bélgica, pues el Tribunal Europeo (tras afirmar la naturaleza esencialmente declarativa de sus sentencias), sostuvo que las mismas "dejan al Estado la decisión de los medios a utilizar en su ordenamiento jurídico interno para adaptarse a lo que impone el artículo 15 53" (actual artículo 46). Sobre la base de este pronunciamiento se puede afirmar que el Estado a quien se le atribuya violación del Convenio y/o de sus Protocolos Adicionales normativos tiene la obligación de dar efectividad a la sentencia del Tribunal Europeo, de acuerdo con su Derecho interno, pero que los medios a utilizar serán de la competencia exclusiva del Estado interesado dado que el Convenio ni el Reglamento del Tribunal nada disponen al respecto. Como he sostenido en otra ocasión, “el Convenio no establece mecanismos para ejecutar las sentencias del Tribunal Europeo” y éste “no es competente para pronunciarse sobre los medios de ejecución”, ni para atribuir violación a “autoridad nacional alguna, con independencia de que la misma haya sido causada por la autoridad judicial o cualquier otra 16 autoridad, y sean autoridades nacionales, regionales o locales” Y ello es así porque es el Estado el que incurre en responsabilidad internacional, como afirmó el Tribunal Europeo en su sentencia de 13 de julio de 1983, en el caso Zimmermann y Steiner al sostener que: "el Tribunal no tiene por qué dictaminar la autoridad nacional a la que se le impute la infracción; se trata únicamente de la responsabilidad internacional 17 del Estado" . Además, el Tribunal Europeo “no es un órgano de apelación, ni de casación, ni de revisión, no es una última instancia que pueda anular o corregir las decisiones de las autoridades judiciales o administrativas, ni anular una norma de Derecho interno. Si fuese una última instancia, las resoluciones de los órganos jurisdiccionales internos no alcanzarían firmeza
Serie A-31, pár. 58. La traducción en español está publicada en, Tribunal Europeo de Derechos Humanos (1953-1983) BJC, Cortes Generales.
SALADO OSUNA, A.: “Efectos y ejecución de las Sentencia del Tribunal Europeo...”, op. cit., pp. 199-200. Caso Zimmermann y Steiner c. Bélgica, sentencia de 13 de julio de 1983, Serie A- 66, pár. 53 "in fine". La traducción en español está publicada en, Tribunal Europeo de Derechos Humanos (1953-1983) BJC, Cortes Generales.
7 mientras no se pronunciara el Tribunal de Estrasburgo” , o hubiese transcurrido el plazo de seis meses para poder presentar una demanda ante el mismo (artículo 35.1). Precisamente el gran problema para ejecutar una sentencia del Tribunal Europeo en Derecho interno, salvo previsión legal, surge cuando la violación trae causa en la resolución de una autoridad judicial por el efecto de "res iudicata" de esta última. Sin embargo, conviene precisar que ello es así cuando el derecho violado sea posible repararlo mediante la restitutio in integrum. Es decir, cuando para reparar las consecuencias de la violación sea necesario anular todo o parte de lo actuado en un procedimiento que finalizó mediante sentencia definitiva y que ha devenido firme. Si para reparar las consecuencias del derecho lesionado no procede la restitutio in integrum (como por ejemplo en el caso de que el Tribunal Europeo declare violación del Convenio porque el procedimiento no se realizó en un plazo razonable), el efecto de res iudicata de las resoluciones judiciales internas no plantea problema en tanto que para reparar las consecuencias de la violación no hay que anular lo actuado. En todo caso, el Estado tiene un amplio margen de discrecionalidad en relación con los medios y métodos para ejecutar las sentencias del 19 Tribunal Europeo , pues podrá arbitrar los mecanismos más idóneos para 20 ser coherente con los términos del artículo 46 . Por "acatar”, término utilizado en el precitado artículo, puede interpretarse "cumplir" o "cumplir y modificar" el ordenamiento jurídico
SALADO OSUNA, A.: "Efectos y ejecución de las Sentencias del Tribunal Europeo ...”, op. cit., p. 200. La discrecionalidad de los medios a utilizar como señala el magistrado Morenilla Rodríguez se deducen el contenido del propio artículo 50 (actual artículo 41), MORENILLA RODRÍGUEZ, J.A.: "La ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos", op. cit., p. 76. Sobre los efectos de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la obligación de ejecutarlas Vid.: EISSEN, M-A.: El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, op. cit., pp. 52 y 57-91; LIÑÁN NOGUERAS, D.: "Los efectos de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Derecho español", op. cit., pp. 340-342 y 361-362; MORENILLA RODRÍGUEZ, J. M.:"La ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, op. cit, pp. 53-90; FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P.A.: "Las obligaciones de los Estados en el marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos", Ediciones Ministerio de Justicia, Madrid (1987); y "La aplicabilidad del Convenio Europeo de Derechos Humanos en los ordenamientos jurídicos internos", Revista Española de Derecho Internacional, Núm. 2 (1987), pp. 423-446; VELU, J.: "Responsabilities for States Parties on the European Convention", op. cit., pp. 598-620.
8 interno en la medida que sea necesario. El texto inglés es más preciso y utiliza la expresión "to abide", lo que implica no sólo cumplimiento sino 21 además, adaptación a la ratio decidendi de la sentencia . Del artículo 46 del Convenio y de la jurisprudencia del Tribunal Europeo se deduce la obligación que tienen los Estados de ejecutar las sentencias en los litigios en que sean partes, en tanto que se han comprometido a "acatar" sus decisiones. Ésta es una obligación de resultado y los medios a utilizar para proceder a la ejecución serán los previstos en el ordenamiento jurídico interno de cada Estado, pues el 22 Convenio, como he señalado, no articula mecanismo alguno . La obligación de ejecutar las sentencias del Tribunal de Estrasburgo también se deduce de los términos del artículo 46.2 que dispone: "La sentencia del Tribunal será trasladada al Comité de Ministros, que vigilará su ejecución". Si los Estados Partes en el Convenio no estuviesen obligados a ejecutar las sentencias del Tribunal Europeo, carecería de sentido que hubiese sido atribuida esta competencia al Comité de Ministros. Sobre la base de lo expuesto se puede sostener que las sentencias del Tribunal de Estrasburgo son declarativas y obligatorias, por lo que el Estado demandado a quien se le haya atribuido violación del Convenio y/o de sus Protocolos Adicionales normativos está obligado a dar efectividad a dichas sentencia. Esta obligación implica a todos los Estados Partes en el Convenio y, por consiguiente, a España cuando le haya sido atribuido violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos y/o de los Protocolos Adicionales normativos que le vinculan (Protocolos Núm. 1 y 6). II. La actitud de los estados partes en el Convenio La práctica pone de manifiesto que son pocos los Estados que tienen establecidos cauces procesales para ejecutar las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a pesar de la obligación que 23 pesa sobre los mismos a este respecto .
CARRILLO SALCEDO, J.A.: The European System of Protection of Human Rights", Alma Mater Studiorum, Bolonia (1988), pp. 341-344. Vid. DRZEMCZEWSKI, A.: "Un Etat en violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme: l'exécution interne des décisions des institutions de Strasbourg", Studies in honour of Gèrard Wiarda (1984), pp. 149-158. Según datos que conozco solo Austria, Luxemburgo, Malta Noruega y el cantón suizo de Apenzel tiene previsión legal al respecto. Incluso en Malta las sentencias del Tribunal de Estrasburgo tienen los mismos efectos que las dictadas por el Tribunal Constitucional maltés.
9 Pero como he señalado previamente el verdadero problema en orden a la ejecución se presenta cuando la violación declarada por el Tribunal Europeo tenga su origen en una decisión judicial interna por el efecto de res iudicata de esta última. A tales efectos había distinguido dos situaciones, cuando el derecho violado no permite la restitutio in integrum y cuando sí la permite. En el primero de los supuestos la violación sólo podrá ser reparada mediante una indemnización. Y en este contexto hay que señalar que cuando el Tribunal Europeo en aplicación del artículo 41 determina una indemnización a favor de la parte perjudicada, por utilizar la terminología del Tribunal. Lo cierto es que hacer efectivas dichas indemnizaciones, no plantea problemas para los Estados, de hecho estos cumplen la decisión del Tribunal de Estrasburgo. Ahora bien, cuando el derecho violado trae causa en una decisión judicial interna y el mismo permite la restitutio in integrum, se hace necesaria la existencia de cauces procesales al efecto y no es suficiente una simple indemnización compensatoria como la prevista en el artículo 41 del Convenio. Así fue confirmado en su Sentencia 245/1991 el Tribunal Constitucional español al afirmar que no era suficiente "desde el punto de vista constitucional, una indemnización compensatoria, como la que prevé el art. 50 (actual artículo 41) del Convenio Europeo, en una situación como la presente en la que está en juego la libertad personal de los afectados" 24 (F.J. 4º) . De ahí que haya que valorar como positivo la adopción de la ley francesa de 15 de julio de 2000 que prevé el reexamen de una decisión penal definitiva como consecuencia de una sentencia del Tribunal Europeo declarando una violación y cuyas consecuencias no puedan quedar 25 reparadas de modo apropiado mediante una indemnización . Ante la reticencia de la mayoría de los Estados Partes en el Convenio Europeo para arbitrar un mecanismo interno en orden a la ejecución de las Sentencias del Tribunal de Estrasburgo, quizás haya que lamentar que cuando se produjo la reforma del mecanismo de control no se arbitrara un procedimiento europeo para la ejecución de las sentencias, o al menos, se incluyera una disposición expresa que estableciera tal obligación para los Estados.
El Profesor Liñán Nogueras ya había puesto de manifiesto en 1985, que "resultaría paradójico, si no incongruente, que el ordenamiento jurídico español no permitiera la producción de plenos efectos de la sentencia en la reparación de la víctima, no dejando otra vía que la de la 'satisfacción equitativa'", LIÑÁN NOGUERAS, D.J.: "Los efectos de las sentencias del TEDH en Derecho Español", op. cit., p. 467.
Vid. CARRILLO SALCEDO, J.A.: El Convenio Europeo..., op. cit., p. 71.
10 Si se hubiera optado por la primera propuesta, el problema de la ejecución de las sentencias habría quedado resuelto. Si se hubiera optado por la segunda se habría eliminado el debate acerca de la obligatoriedad o no de que los Estados arbitren cauces procesales a tales efectos. Lo cierto es que esta materia plantea los mismos problemas de siempre, de ahí que 26 haya considerado la oportunidad de volver a ocuparme de esta cuestión . III. Los efectos de las Sentencias del Tribunal Europeo desde la perspectiva de la Constitución española En su sentencia 245/1991, el Tribunal Constitucional se alineó con el sector doctrinal que niega que del Convenio derive obligación para el Estado en orden a arbitrar mecanismos jurídicos para dar efectividad a las sentencias del Tribunal Europeo. Sin embargo, realizó una interpretación finalista de la Constitución Española y consideró que las sentencias del Tribunal de Estrasburgo eran obligatorias y vinculantes para nuestro Estado, “cuando fuese Estado demandado”, es decir, cuando el Tribunal Europeo atribuya a España violación del Convenio y/o de sus Protocolos Adicionales normativos que le vinculan. Los órganos de la jurisdicción ordinaria cuando se enfrentaron con el problema reaccionaron de forma muy distinta. Para la Sección 1ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la obligación de dar efectividad a una sentencia del Tribunal Europeo que atribuya a España violación del Convenio, además de derivar del mismo, también tiene su fundamento en 27 los artículos 10 y 96 de la Constitución . El Tribunal Supremo desde una postura estrictamente formalista, en su sentencia de 4 de abril de 1990, no admitió que España esté obligada a dar efectividad interna a las sentencias del Tribunal Europeo, ni desde las perspectiva del Convenio ni de la Constitución, y respecto de ésta última negó tal obligación por el hecho de que el Convenio Europeo fue ratificado por el trámite de artículo 94 de la Constitución (autorización de las Cortes 28 Generales) y no por la vía del artículo 93 (Ley orgánica) (F.J. 2º y 3º) .
En 1991 y 1995 ya nos habíamos ocupamos de este problema. Vid. SALADO OSUNA, A.: SALADO OSUNA, A.: "Ejecución de Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Comentario a la STC (Pleno) de 16 de diciembre de 1991", en La Ley, Núm. 3084, 1992; “Efectos y ejecución de las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Derechos Español”, en Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos II, Ed. Consejo General del Poder Judicial, Madrid (1995), pp. 189-223.
Auto de 29 de junio de 1989, F.J. 1º. Sala de lo Penal, Repertorio de Jurisprudencia (1990), R. 3157.
11 Es cierto que el Convenio no fue ratificado por la vía del artículo 93, pero nuestra Norma Fundamental exige "a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud" (artículo 9.2). Y en el artículo 53.1 el constituyente afirmó que "los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos". Además, los derechos fundamentales y libertades públicas que la Constitución reconoce se interpretarán "de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España" (artículo 10.2). Entre dichos tratados ocupa un lugar primordial el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 forma "parte del ordenamiento jurídico". El constituyente ordenó que los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 a 29 de la Constitución fuesen tutelados por la jurisdicción ordinaria mediante "un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional". En este último recurso se incluye "la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30" (artículo 53.2). Junto con este sistema de protección jurisdiccional (ordinario y constitucional), España decidió vincularse con un sistema jurisdiccional internacional, el establecido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este último es de carácter supletorio y entra en funcionamiento cuando habiéndose producido una vulneración de derechos y libertades fundamentales la misma no haya sido reparada de acuerdo con los procedimientos previstos en Derecho interno, de ahí la exigencia del agotamiento de los recursos internos. En todo caso, los procedimientos de tutela de los derechos fundamentales internos y la ratificación del Convenio Europeo ponen de manifiesto cómo los poderes públicos han cumplido el mandato constitucional y han promovido las condiciones "para que la libertad y la igualdad (...) sean reales y efectivas". Pero los poderes públicos no sólo tienen la obligación de "promover", sino que tienen que "remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud" (artículo 9.2 de la Constitución española). Por tal razón, si el Tribunal Europeo declara mediante sentencia que España ha violado el Convenio, los poderes públicos deben adoptar las medidas necesarias a fin de dar efectividad al derecho reconocido por mandato constitucional. Es decir, el hecho de que las sentencias del Tribunal Europeo tengan naturaleza declarativa y no ejecutoria directa no
12 puede ser esgrimido como argumento en orden a considerar que las sentencias de dicho Tribunal no sean obligatorias para nuestro Estado, al menos, desde la perspectiva de la Constitución española de 1978. Así fue afirmado en la Sentencia 245/1991, de 16 de diciembre, por el Tribunal Constitucional español al sostener: "que el Convenio no obligue a España a reconocer en su ordenamiento jurídico interno la fuerza ejecutoria directa de las sentencias del TEDH no implica la carencia de todo efecto interno de la declaración realizada por dicho Tribunal sobre la existencia de infracción de un derecho reconocido en el Convenio. Ha de tenerse en cuenta que el Convenio no sólo forma parte de nuestro derecho interno, conforme al art. 96 CE, sino que además, y por lo que aquí interesa, las normas relativas a los derechos fundamentales deben interpretarse de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales sobre la misma materia ratificados por España (art. 10.2 CE), entre los que ocupa un especial papel el CEDH. El TEDH es el órgano cualificado que tiene por misión la interpretación del Convenio, y sus decisiones son además obligatorias y vinculantes para nuestro Estado, cuando sea Estado demandado" (F.J. 3º). El Tribunal Constitucional recordó, además, "la obligación que pesa sobre todos los poderes públicos, conforme a sus respectivos ámbito de competencia, porque la Constitución obliga a todos ellos a su cumplimiento, y también porque el Estado Democrático de Derecho sufriría irremisiblemente si hubiera de consentirse la perpetuación de una situación declarada contraria a derechos fundamentales garantizados por la Constitución" (F.J. 4º). Aunque el Tribunal Constitucional no admitió que del Convenio se derivara la obligación de establecer cauces procesales para ejecutar las sentencias del Tribunal Europeo, sin embargo, consideró que "una adecuada coordinación de la obligación internacional asumida por el Estado y del marco constitucional interno (...) debería venir acompañada de medidas procesales adecuadas" (F.J. 5º). IV. El problema para ejecutar las Tribunal de Estrasburgo en Derecho español sentencias del
En Derecho español no existen cauces procesales a fin de ejecutar las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando éste declare que España ha violado el Convenio y/o los Protocolos Adicionales normativos que le vinculan. Esta laguna, que había sido puesta de manifiesto en el plano doctrinal, se confirmó con la primera sentencia dictada por el Tribunal contra España, la de 6 de diciembre de 1988, en el
13 caso Barberà, Messegué y Jabardo , y de ahí que la Audiencia Nacional , 31 32 el Tribunal Supremo y sobre todo el Tribunal Constitucional , al plantearse el problema que suscitaba dicha sentencia, insistieran en la falta de previsión legal al respecto. En la precitada sentencia el Tribunal Europeo consideró que: "Teniendo en cuenta el traslado tardío de los demandantes de Barcelona a Madrid, el cambio inopinado en la composición del Tribunal inmediatamente antes de la apertura del juicio oral, la brevedad de éste y, sobre todo, la circunstancia de que pruebas muy importantes no fueron presentadas y discutidas de manera adecuada durante la vista, en presencia de los acusados y bajo control de público, el Tribunal concluye que el procedimiento en causa, considerado en su conjunto, no ha respondido a las exigencias de un proceso justo y público. Ha habido, pues, violación del artículo 6, par. 1" (pár. 89). A pesar de la falta de previsión legal en Derecho español, los señores Barberá, Messegué y Jabardo presentaron escrito ante la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional solicitando: a) que se declare la nulidad de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional el 15 de enero de 1982, porque en relación con la misma el Tribunal Europeo había dictado Sentencia declarando que se había violado el artículo 6.1 del Convenio; b) la suspensión inmediata de las condenas impuestas a Barberá y Messegué en tanto se resolvía sobre la petición de nulidad. La simple naturaleza declarativa de la sentencia del Tribunal Europeo, así como la falta de previsión legal en Derecho español para ejecutar las mismas no fueron obstáculos para que la Sección 1ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional admitiese el escrito en el que se
Serie A-146. El texto traducido en español ha sido publicado en el Boletín de Información del Ministerio de Justicia. Suplemento al núm. 1519, febrero 1989. En relación con esta sentencia, Vid. los comentarios de: CASTRO-RIAL GARRONE, F.: "Consideraciones a la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Barberá, Messegué y Jabardo c. España", Revista de Instituciones Europeas, Vol. 16 (1989), pp. 789-807; FAIREN GUILLÉN, V.: "Nota a la sentencia del caso "Barberà, Messegué y Jabardo v. Gobierno Español". Tribunal Europeo de Derechos Humanos (24-1986-122-171-173) de 6 de diciembre de 1988", Estudios de Derecho Procesal Civil, Penal y Constitucional. La reforma procesal penal (1988-1992), Vol. III, Ed. Revista de Derecho Internacional Privado, Madrid, 1992, pp. 419-426; FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P.A.: "La responsabilidad internacional de España en el llamado caso Bultó", Revista Poder Judicial, núm. 17 (1991), pp. 121-125.
Auto de 29 de junio de 1989, de la Sección 1º de la Sala de lo Penal. Sentencia de 4 de abril de 1990, Sala de lo Penal, R. 3157, F.J. 2º. Sentencia 245/1991, de 16 de diciembre, F.J. 5º.
14 solicitaba la nulidad . Sin embargo, se inhibió del conocimiento del asunto en favor del Tribunal Supremo, porque el último pronunciamiento fue efectuado por éste el 27 de diciembre de 1982 al casar la sentencia del señor Jabardo, y de apreciarse la nulidad pedida, tendría que dejar sin efecto la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, para lo que no tiene competencia. A pesar de ello, la Audiencia Nacional decretó la suspensión de las condenas y la puesta en libertad de los recurrentes. En su Auto de 29 de junio de 1989, la Audiencia Nacional adoptó una postura finalista al interpretar la obligación asumida por España en orden a ejecutar las sentencias del Tribunal Europeo, actitud que fue 34 duramente criticada por el Tribunal Supremo . En efecto, en su sentencia 35 4 de abril de 1990, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictó
En este contexto la Audiencia Nacional implícitamente está haciendo referencia a la interpretación que en aquella fecha había efectuado el Tribunal Constitucional acerca de qué debe entenderse por "sentencia definitiva".En la fecha en que la Audiencia Nacional dictó este Auto, el Tribunal Constitucional había interpretado el artículo 240-2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con los términos "sentencia definitiva", como sentencia "definitivamente ejecutada", y en tanto que la sentencia estuviese inejecutada, los órganos de la jurisdicción ordinaria podían decretar la nulidad de las actuaciones en los términos del citado artículo 140-2 (STC 110/1988, de 8 de junio, F.J. 3º). La posibilidad brindada por el artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los jueces y tribunales pudieran anular de oficio, es reiterada por el Tribunal Constitucional en las sentencias 148/1988, de 14 de julio (F.J. 5º) y 191/1988, de 17 de octubre (F.J. 2º). No obstante, en su sentencia 185/1990, de 15 de diciembre, el Tribunal Constitucional sostuvo en relación con el artículo 240-2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que la duda sobre la constitucionalidad de dicho precepto "sólo surge cuando contra la sentencia que culmina un procedimiento con vicios no subsanados determinantes de indefensión constitucional ni quepa ningún otro recurso ordinario o extraordinario ni otros medios de rescisión de la cosa juzgada; en tales supuestos se impide que los órganos judiciales, incluso conscientes de la indefensión, puedan remediar la infracción, convirtiendo así el recurso de amparo constitucional en el único y exclusivo recurso frente a situaciones de indefensión causada por vicios procesales detectados después de la firmeza de la sentencia, a falta de otros aplicables por los Tribunales ordinarios" (F.J. 2º). Por último, en su sentencia 245/1991, de 16 de diciembre, el Tribunal Constitucional sostuvo que: "la nulidad de actuaciones que no le está permitida pronunciar al Tribunal Supremo ni a otros órganos judiciales ordinarios, por imperativo legal, en supuesto como el presente, existiendo sentencia firme, sí le está dado pronunciarla a este Tribunal", porque el Tribunal Constitucional "no encuentra el límite del art. 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para revisar vicios procesales o situaciones de indefensión consistentes en haber recaído sentencia firme" (F.J. 5º). El Tribunal Supremo estimó que el auto de 29 de junio de 1989 de la Audiencia Nacional tenía falta de fundamento y de legalidad, y exceso de competencia por varias razones: a) es una resolución totalmente incongruente; b) es una resolución excesiva, "pues reconoce fuerza ejecutiva, en el aspecto de romper el cumplimiento de un sentencia firme, a una resolución definitiva del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya que las sentencias de dicho Tribunal, conocido también vulgarmente, con el nombre de la localidad en donde ejerce su función, Estrasburgo, sólo tiene naturaleza declarativa"; c) vulnera el artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (F. J. 1º).
STS 4 de abril de 1990, Sala de lo Penal, Repertorio de Jurisprudencia (1990), R. 3157.
15 sentencia en la que resolvió: 1º) No haber lugar a la nulidad de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional el 27 de diciembre de 1982; 2º) Ordenó a la Audiencia Nacional que repusiera la ejecución de la sentencia al estado en que se encontraba con anterioridad a los autos dictados por ella con fecha 29 de junio de 1989 y 14 de julio de 1989; y 3º) Que los citados autos quedaban anulados de plano. Además, el Tribunal Supremo sostuvo "que las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (...), no tienen efecto directo o de ejecución en el sistema judicial español" (F.J. 2º), lo que le llevó "inexorablemente a la conclusión de la no posibilidad de efectos anulatorios de las sentencias tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como de las decisiones del Comité de Ministros, en el ordenamiento jurídico español" y a resolver la cuestión debatida, declaró "la imposibilidad de ejecución de la sentencia del TEDH de 6-XII-88, en el sentido de anular una sentencia firme dictada por el Tribunal Supremo que es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales, que lo sería, entonces, el Tribunal Constitucional, pues ello supondría introducir una instancia internacional superior para suspender la ejecución de sentencias firmes y con ello "inventar" un nuevo motivo de revisión" (F.J. 3º). Con independencia de los argumentos a favor o en contra que pueda suscitar esta sentencia del Tribunal Supremo, a los efectos que nos ocupa hay un dato de gran relevancia en la misma y que es necesario poner manifiesto: la imposibilidad de ejecutar una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos mientras en nuestro ordenamiento jurídico no exista previsión legal que permita anular las sentencias firmes de los órganos jurisdiccionales internos. Esta realidad se vio modificada por el pronunciamiento posterior del Tribunal Constitucional, ya que agotada la vía de la jurisdicción ordinaria sin obtener la nulidad, los señores Barberà, Messegué y Jabardo recurrieron en amparo al Tribunal Constitucional alegando que había existido violación de un derecho constitucional básico, el derecho a un juicio justo, declarado por el Tribunal Europeo. La Sentencia del Tribunal Supremo, sostuvieron los recurrentes en amparo, en sí misma viola el derecho a la tutela judicial pues al no haber anulado las sentencias originarias, confirma y participa en la violación que aquéllas consumaron del derecho a un juicio justo. El Pleno del Tribunal Constitucional dictó Sentencia el 16 de 36 diciembre de 1991 (STC 245/1991) y otorgó el amparo por 11 votos a
En relación con esta sentencia, Vid. los comentarios de: BONET I PÉREZ, J.: "El problema de la efectividad interna de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos...", op. cit., pp. 59-88; ESCOBAR HERNÁNDEZ, C.: "Problemas planteados por la aplicación en el ordenamiento español de la sentencia Bultó", op. cit., pp. 139-163; SALADO OSUNA, A.: "Ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos...", op. cit., pp. 1-15; y SORIA JIMÉNEZ, A.: "La problemática ejecución de las sentencias del
16 favor y uno en contra. Reconoció el derecho de los recurrentes a un proceso público con todas las garantías (Dispositivo 1º); declaró nula la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de abril de 1990, y las sentencias condenatorias de la Audiencia Nacional de 15 de enero de 1982 y del Tribunal Supremo de 27 de diciembre de 1982 (Dispositivo 2º); y, retrotrajo las actuaciones al trámite del inicio de las sesiones del juicio oral 37 (Dispositivo 3º) . La Sentencia tiene dos votos particulares, uno disidente (el del Magistrado Sr. Gimeno Sendra) y otro concordante (el del Magistrado Sr. Leguina). La falta de previsión legal no fue obstáculo para que el Tribunal Constitucional declarase la nulidad pretendida y decidiera retrotraer las actuaciones al inicio de las sesiones del juicio oral. De la ratio decidendi de la Sentencia se puede interpretar que el Tribunal Constitucional dio cumplimiento al mandato constitucional que impone a los poderes públicos la obligación de promover la libertad y la igualdad, removiendo, si es necesario, los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud (artículo 9.2 de la Constitución española). En todo caso hay que tener presente que si bien la solución a la que llegó el Tribunal Constitucional en su sentencia 245/1991 es aceptable para este caso concreto, no es satisfactoria para casos futuros, y así lo confirma otra Sentencia posterior del Tribunal Europeo contra España, la sentencia de 23 de junio de 1993, en el caso Familia Ruiz Mateos. En esta última, el Tribunal de Estrasburgo declaró violación del artículo 6.1 del Convenio por la duración del procedimiento del “interdicto de recobrar la posesión” de bienes objeto de una expropiación entablado por los anteriores accionista del grupo RUMASA, en el que el juez planteó, a instancia de los actores, una cuestión de inconstitucionalidad de la Ley 7/1983, de 29 de junio, de expropiación de los bienes de este grupo; y en relación con el carácter "justo" del procedimiento de la cuestión de inconstitucionalidad, por estimar el Tribunal Europeo que se había producido una violación de los principios de igualdad procesal y de contradicción, porque en el procedimiento ante el Tribunal Constitucional no se le concedió el trámite de audiencia al demandante del litigio civil en el que la cuestión fue planteada y sí al Abogado del Estado. Tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la familia Ruiz Mateo interpuso dos recursos de amparo ante el Tribunal
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Análisis de la STC 245/1991. Asunto Barberà, Messegué y Jabardo", Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 36 (1992), pp. 316-356. En relación con los argumentos esgrimidos por el Tribunal Constitucional español para conceder el amparo, Vid. SALADO OSUNA, A.: “Efectos y ejecución de las Sentencias...”, op. cit., pp. 212-213.
17 Constitucional a fin de obtener la ejecución de dicha sentencia del Tribunal Europeo e invocaron la doctrina del Tribunal Constitucional en su sentencia 38 245/1991 . El 31 de enero de 1994, el Tribunal Constitucional dictó dos providencias declarando inadmisible los recursos de amparo presentados. En la primera de ellas (R.A. núm. 2291/1993) fundamentó su decisión en un doble motivo: en primer lugar, en carecer de jurisdicción para revisar sus propias sentencias que, conforme al artículo 164.1 de la Constitución, tienen efecto de cosa juzgada y por consiguiente no cabe recurso alguno (artículo 93.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional -Ley 2/1979, de 3 de octubre-). En segundo lugar, por carecer el amparo solicitado de contenido constitucional "pues con ella se pretende que por este Tribunal se de cumplimiento a la sentencia dictada por el TEDH de 23 de junio de 1993 (asunto Ruiz Mateos c. España) en relación con el procedimiento que dio lugar a la STC 111/1983, cuando es evidente que, según sus propios términos, la decisión del Tribunal de Estrasburgo no ha enjuiciado ningún extremo relativo a dicho procedimiento, sino que ha examinado, exclusivamente, cuestiones referidas a procesos sustanciados ante la jurisdicción ordinaria y, en relación con éstos a los procedimientos seguidos ante este Tribunal con ocasión de las cuestiones de inconstitucionalidad núms. 704/1984 y 1.628/1989". El Tribunal Constitucional concluyó, "que es innecesario considerar siquiera si en el presente caso está justificada la aplicación de la doctrina contenida en la STC 245/1991, invocada por los recurrentes". En la segunda providencia de inadmisión (R.A. núm. 2292/1993), el Tribunal Constitucional resuelve la cuestión planteada de los efectos de su anterior jurisprudencia (STC 245/1991), en los siguientes términos: En
En el primero de los recursos de amparo, los demandantes solicitaron la nulidad de la sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de diciembre de 1983 (STC 111/1983), que había desestimado por el voto de calidad del Presidente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por un grupo de Diputados contra la convalidación en el Congreso de los Diputados del Real Decreto-Ley de 23 de febrero de 1983, que acordaba la expropiación por causa de utilidad pública de la totalidad del grupo RUMASA y la toma de posesión por el Estado de los bienes expropiados. En el segundo recurso de amparo (R.A. 2292/93), la familia Ruiz Mateos solicitaba al Tribunal Constitucional que diera cumplimiento a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y declarase la nulidad de las sentencias del Tribunal Constitucional 166/1986, de 19 de diciembre y la 6/1991, de 15 de enero (esta última recaída en otra cuestión de constitucionalidad de la misma ley planteada por el Tribunal de apelación) que declararon, sin la audiencia de los interesados en los respectivos procesos ante el Tribunal Constitucional, la conformidad de los artículos 1 y 2 de la Ley 7/1983 con la Constitución. Los demandantes en amparo solicitaban además que, como consecuencia de esa nulidad, se siguiera así mismo la del proceso civil interdictal en el que el Juez había planteado la cuestión de constitucionalidad y dictado sentencia rechazando el interdicto de recobrar la posesión de los bienes expropiados, confirmada después por el Tribunal de apelación.
18 primer lugar, que si bien tanto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos como al Tribunal Constitucional les corresponde declarar la violación y de los derechos y libertades fundamentales y, de este modo, asegurar su protección, "sus respectivas funciones se llevan a cabo en el ámbito de distintos órdenes jurídicos, estando únicamente sometido este Tribunal a la Constitución y a lo dispuesto en su Ley Orgánica (art. 1.1 LOTC), con independencia del mandato de interpretación que deriva del art. 10-2 de la Constitución". En segundo lugar, que del Convenio Europeo de Derechos Humanos no se desprende, en modo alguno, que el Tribunal Constitucional sea "una instancia jerárquicamente subordinada al TEDH y obligada, por tanto, a dar cumplimiento a sus sentencias en el orden interno". Tampoco se desprende de la Ley Orgánica de este Tribunal, "máxime cuando ello entraña la anulación de sus propias sentencias como se ha solicitado por los recurrentes". El Tribunal Constitucional insistió, además, que contra sus sentencias no cabe recurso alguno. Por último, señaló que entre el presente caso y el que dio lugar a la STC 245/1991 median sustanciales diferencias que impiden que tenga aplicación aquí la doctrina sentada en esta resolución. De un lado, es de observar "que en aquel caso se trataba de mediar la vulneración de derechos en el transcurso de un proceso penal, declarada por el Tribunal de Estrasburgo, afectando a unas penas de privación de libertad que se encontraban en curso de ejecución, circunstancia ésta que exigía la intervención de este Tribunal como única vía para impedir la prolongación de la situación de prisión, directamente lesiva del derecho a la libertad individual". De otro lado, ha de tenerse presente, sostuvo el Tribunal Constitucional, que el amparo se solicitó frente a una sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo "que puso fin a la vía ordinaria previa denegando la solicitud de nulidad de la sentencia condenatoria de la Audiencia, tras la dictada por el Tribunal de Estrasburgo". En el presente caso el amparo se dirige directamente -ésto es sin mediar ningún acto u omisión de un órgano jurisdiccional- contra una sentencia de este Tribunal en demanda de nulidad. Ello "desborda manifiestamente el ámbito del recurso de amparo" según se configura en la Constitución y en la ley Orgánica, "siendo además evidente, como antes se ha dicho, que este Tribunal carece de jurisdicción para revisar sus propias sentencias". Además, el Tribunal Constitucional insiste de forma reiterada en las dos providencias de 31 de enero de 1994 que sus sentencias tienen valor de cosa juzgada, y que contra las mismas no cabe recurso alguno. En efecto, contra sus sentencias no cabe recurso no sólo porque así esté previsto en la Ley Orgánica que regula su funcionamiento, sino por mandato constitucional dado que es precisamente el artículo 164 de la Constitución el que de forma expresa reconoce a las sentencias del Tribunal Constitucional el valor de cosa juzgada y que "no cabe recurso
19 alguno contra ellas". El Tribunal Constitucional en ambas providencias fue más prudente que en su sentencia 245/1991, e intentó corregir, en cierta medida, su doctrina formulada en dicha sentencia. En todo caso el problema es extremadamente delicado, ya que los Estados Partes en el Convenio no pueden limitar el ámbito competencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De ahí que España no haya podido excluir que el Tribunal Europeo entre a conocer de un asunto cuando los hechos causantes de la violación se hayan producido en un procedimiento ante el Tribunal Constitucional, pues "la competencia del Tribunal se extiende a todos los asuntos relativos a la interpretación y la aplicación del presente Convenio y sus Protocolos que le sean sometidos en las condiciones previstas en los artículos 33, 34 y 47". Además, en caso de impugnación de la competencia del Tribunal “éste decidirá sobre la misma” (artículo 32). Pero cuando la violación de las garantías esenciales de procedimiento declaradas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se hayan producido en un proceso ante el Tribunal Constitucional, considero que el artículo 164 de la Constitución constituye un límite infranqueable para ejecutar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sus justos términos, es decir, para decretar la nulidad de lo 39 actuado . La cuestión podría considerarse que es distinta cuando la violación se haya producido ante los órganos de la jurisdicción ordinaria. De hecho, la sentencia del Tribunal de Estrasburgo en el caso Barberá, Messegué y Jabardo fue ejecutada en sus justos términos (mediante la utilización del recurso de amparo de forma ad hoc), a pesar de que el Tribunal Constitucional puso de manifiesto que ante sí no estaba el problema de la ejecución de dicha sentencia. Sin embargo, el recurso de amparo no es el cauce más idóneo a tales efectos y así lo pone de manifiesto la práctica posterior. En este contexto cabe citar el dictamen del Comité de Derechos Humanos (adoptado en relación con una queja presentada contra España en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Primer Protocolo Facultativo Anexo) en el que declaró que España era responsable de haber vulnerado diversos derechos reconocidos en el Pacto y había acordado que de conformidad con el artículo 2.3.a) del Pacto el recurrente “tenía derechos a un recurso efectivo que entrañe 40 indemnización” .
Vid. RUIZ MIGUEL, C.: La ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Ed. Tecnos, Madrid (1997), pp. 138-192.
Vid. CARRILLO SALCEDO, J.A.: El Convenio Europeo..., op. cit., p. 69.
20 Sobre la base de dicho dictamen el recurrente promovió un incidente de nulidad de actuaciones ante la Audiencia Provincial de Valencia contra la sentencia firme dictada por dicha Audiencia el 20 de noviembre de 1986. Mediante auto de 12 de noviembre de 1999, la precitada Audiencia declaró no haber lugar al incidente de nulidad de actuaciones por estimar que era extemporáneo y que no era un recurso idóneo para pretender la implícita 41 declaración de un error judicial . El recurrente interpuso recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que fue declarado inadmisible por estimar que el recurrente lo interpuso al ver fracasado el incidente de nulidad de actuaciones, “sin haber dado oportunidad a los órganos judiciales ordinarios, a través de los causes procesales oportunos, para examinar y en su caso reparar esas 42 posibles lesiones de sus derechos fundamentales” . No obstante, el Tribunal Constitucional puso de manifiesto que el recurrente podía haber promovido la revisión penal prevista en el artículo 954 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en tanto que el dictamen del Comité de Derechos Humanos podía ser tenido como un “hecho nuevo”, o ejercer la acción por error judicial de los artículos 292 y 293 de la Ley 43 Orgánica del Poder Judicial . Si un dictamen de un órgano de control internacional, como es el Comité de Derechos Humanos, puede ser considerado como un “hecho nuevo” a los efectos de poderse promover el recurso extraordinario de revisión, como señala el Profesor CARRILLO SALCEDO, “cabría reconocer el mismo carácter a una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, aún siendo declarativa y no ejecutoria, es definitiva y 44 obligatoria” . Siendo ello así, esto es, si el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo confirman que una sentencia dictada por el Tribunal de Estrasburgo puede ser considerada como un hecho nuevo a los efectos de promover el recurso extraordinario de revisión, carecería de sentido seguir afirmando la ausencia de previsión legal para ejecutar dichas sentencias, al menos en el marco del procedimiento penal. Ahora bien, si ello no se transforma en realidad, habrá que seguir insistiendo en la necesidad de establecer cauces procesales al efecto como
El párrafo transcrito está tomado de la monografía del Profesor CARRILLO SALCEDO, J.A.: El Convenio Europeo..., op. cit., p. 70.
Ibídem. Ibídem, p. 72.
21 puso de manifiesto la doctrina española antes y después de que el Tribunal 45 de Estrasburgo dictara la primera sentencia contra España y como ha considerado el Defensor del Pueblo Español quien se ha dirigido a tal finalidad en 1996 al Ministro de Justicia y en 1997 a los Presidentes del 46 Congreso y del Senado .
La doctrina española ha realizado diversas propuestas de lege ferendae: adopción de una ley ad hoc; introducir un nuevo motivo de revisión en la leyes procesales; e introducir un nuevo motivo de nulidad. Respecto a esta cuestión Vid. SALADO OSUNA, A.: “Efectos y ejecución de las Sentencias del...”, op. cit., pp. 216-217 y nota 53. En relación con sendas propuestas del Defensor del Pueblo español, Vid. CARRILLO SALCEDO, J.A.: El Convenio Europeo..., op. cit., p. 70.
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