Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sl3717-2016-48339-de-marzo-16-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_5a688927db6946a5a83688ee11e6efa5&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-19 13:13:56
Document Index: 155019170

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 54', 'artículo 54', 'artículo 83', 'artículo 178', 'artículo 37', 'artículo 83', 'artículo 174']

SENTENCIA SL3717-2016 DE 16 DE MARZO DE 2016
CONTENIDO:FACULTAD OFICIOSA DE JUEZ LABORAL PARA DECRETAR PRUEBAS NO SUPLE INACTIVIDAD DE LAS PARTES. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 54° DEL CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL, LA FACULTAD DEL JUEZ LABORAL PARA DECRETAR PRUEBAS DE MANERA OFICIOSA, NO PUEDE SUSTITUIR LA INACTIVIDAD DE LAS PARTES, EN RELACIÓN A SU OBLIGACIÓN PROCESAL DE CARGA DE LA PRUEBAEN EL CASO DEL DEMANDANTE, PARA DEMOSTRAR LOS HECHOS EN QUE SOPORTA SUS PRETENSIONES Y EL DEMANDADO COMO MEDIO DE DEFENSA. ESTA POTESTAD DEL JUEZ EN SEGUNDA INSTANCIA SE LIMITA AL MATERIAL PROBATORIO QUE CONSIDERA NECESARIO PARA DESARROLLAR Y RESOLVER UN RECURSO DE APELACIÓN O UNA CONSULTA. ESTA FIGURA CONSTITUYE UN DEBER, POR CUANTO CON ELLA SE PRETENDE PROTEGER UN DERECHO FUNDAMENTAL QUE SE ENCUENTRE EN RIESGO, EVITAR PROVIDENCIAS ABSURDAS O IMPOSIBLES DE CONCILIAR Y/O IMPEDIR NULIDADES O SENTENCIAS INHIBITORIAS. ESTA AUTORIDAD DEL FUNCIONARIO LABORAL AL DECRETAR PRUEBAS DE MANERA OFICIOSA BUSCA SUBSANAR DEFICIENCIAS QUE NO SON ATRIBUIBLES A LOS EXTREMOS DEL PROCESO Y QUE PERMITAN DIRIMIR EL CONFLICTO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO ADMINISTRATIVO LABORAL, PROCESO LABORAL, CLASES DE PROCESO LABORAL, EXCEPCIONES EN EL PROCESO LABORAL, PROCESO ORDINARIO LABORAL, PRUEBA DE OFICIO, PROCESO EJECUTIVO LABORAL, DECRETO DE PRUEBA DE OFICIO, CLASES DE PRUEBA DE OFICIO, PRUEBA EN EL PROCESO LABORAL
Sentencia SL3717-2016/48339 de marzo 16 de 2016
Rad.: 48339
EXRACTOS: «VII. Consideraciones
1. Sabido es que en un cargo orientado por la vía de puro derecho debe existir plena conformidad del recurrente con los hechos que dejó establecidos el tribunal, por lo que la controversia en esos casos ha de mantenerse en la órbita estrictamente jurídica.
Ese supuesto básico para la eventual prosperidad de una acusación por el sendero directo, no fue acatado por el recurrente quien discrepa del juzgador cuando éste afirmó que “los hechos aducidos en el recurso (de apelación), no fueron objeto de debate en el transcurso del proceso”. En efecto, para dilucidar ese tema, resultaría menester al tribunal de casación acudir a piezas procesales como la demanda, la contestación y el escrito del recurso de apelación presentado por la convocada a proceso, y analizar si los aspectos allí planteados por ella estaban dentro del ámbito de la controversia sometida al escrutinio del juez, labor de apreciación que es propia de la vía indirecta.
En la anterior línea argumental ha de tenerse como presupuesto indiscutido, porque así lo dio por sentado el tribunal, que la supuesta pérdida del régimen de transición por el traslado del demandante a un fondo de ahorro individual, constituye un hecho nuevo porque no se planteó en el libelo inicial y ni siquiera se “atisbó como oposición” en la contestación de la demanda, ni fue propuesto como excepción por la llamada a proceso, y los documentos con los cuales se pretendió probar dicha situación fueron aportados de manera extemporánea.
2. Lo que encuentra la Corte es que en realidad el recurrente le atribuye al sentenciador ad quem un error in procedendo; sin embargo, olvida que el recurso extraordinario de casación procede en principio es por vicios in judicando, y por tanto, no tiene por finalidad la de remediar cuestiones procesales propias del trámite de las instancias como la atinente al decreto y práctica de pruebas para dirimir la contienda, pues para tales efectos las normas instrumentales prevén mecanismos diferentes e idóneos de los cuales los interesados deben hacer uso en la oportunidad legal.
En Sentencia CSJ SL, 10 jun. 2009, rad. 33304, reiterada en la CSJ SL370-2013, precisó la corporación al respecto:
“Para dar respuesta al primer ataque, cumple precisar que las cuestiones estrictamente procesales encuentran en las instancias su escenario natural de debate y definición, a través de los mecanismos previstos en las normas de enjuiciamiento.
No es el recurso extraordinario de casación el estadio procesal apropiado para ventilarlas, como que no ha sido creado en el propósito de solucionar fallas en el procedimiento o de procurar la práctica de pruebas que no se lograron evacuar oportunamente.
Las normas procesales ponen al alcance de las partes las herramientas efectivas y útiles para ver de conseguir la enmienda de tales irregularidades o deficiencias en el trámite de una causa procesal, pero, se repite, en el ambiente amplio y generoso de las instancias”.
Además, no es este recurso extraordinario el mecanismo para que las partes subsanen sus omisiones probatorias o traten de recobrar oportunidades procesales vencidas por su incuria.
3. Ahora bien, dejando de lado lo anterior, precisa la Sala que el artículo 54 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social que se denuncia como infringido directamente en el cargo, consagra la facultad oficiosa del juez para decretar pruebas de oficio que sean “indispensables para el completo esclarecimiento de los hechos controvertidos”, lo que descartaría totalmente la aplicación de dicho precepto en el sub lite, por la sencilla razón de que el aspecto atinente al traslado del demandante al régimen de ahorro individual por no haber sido esbozado por las partes ni existir elemento probatorio alguno válidamente aportado al proceso que diera cuenta de tal situación, estaba por fuera del debate judicial.
Adicionalmente, la jurisprudencia de la corporación ha sostenido que en principio, la facultad oficiosa del juez para decretar pruebas, no puede suplir la inactividad de las partes en la obligación procesal que les compete según las reglas distribución de la carga de la prueba, para demostrar los hechos que respaldan sus pretensiones en el caso del demandante, y los medios de defensa cuando se trata del demandado, y que de todas maneras en segunda instancia esa potestad por regla general se limita a las que se consideran necesarias para resolver la apelación o la consulta, en voces del artículo 83 CPT y S.S., y que se traduciría en un deber cuando se trate de la protección de un derecho fundamental en riesgo o para evitar decisiones absurdas o imposibles de conciliar con los dictados elementales de justicia que no es aquí el caso.
En Sentencia CSJ SL-9997-2014 precisó la corporación:
Así las cosas, olvidó el tribunal que las pruebas de oficio no suplen la iniciativa probatoria de las partes, por ende, que al juez no le está permitido desplazar las cargas procesales que a éstas compete. Por ese camino, que la iniciativa judicial en materia de pruebas está limitada a aquellas que se consideren ‘útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes’ (artículo 178 del CPC), o a las que tiendan a ‘evitar nulidades o providencias inhibitorias’ (artículo 37-4 ibídem), las cuales, para efectos de la segunda instancia en los procesos del trabajo, se contraen a las que se consideran ‘necesarias para resolver la apelación o la consulta’ (artículo 83 CPT y S.S.), no apareciendo fundamento alguno que permita predicar utilidad o necesidad de la prueba, cuando quiera que ni se contestó la demanda inicial, ni se sustentó la apelación interpuesta contra el fallo de primera instancia por quien aportó unos medios de prueba fuera del término y en contra del procedimiento establecido para tal propósito, desconociendo de paso que los fallos judiciales deben siempre fundarse ‘en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso’ (artículo 174 ibídem).
Y en Sentencia CSJ SL13657-2015 la Corte dejó las siguientes enseñanzas:
En tal sentido el debate judicial es el propicio para determinar si los hechos aducidos en la demanda tienen asidero en la realidad, y si de ellos se desprende un derecho en cabeza de quien los reclama; de allí que los sujetos procesales cuenten con oportunidades regladas para, en igualdad de oportunidades, hacer valer sus posturas, y defenderlas, entre ellas, a través de la prueba.
3. Es menester que dichas pruebas dispuestas en el curso de la segunda instancia sean conocidas por la contraparte, con posibilidad de controversia.
4. Por último, es de advertir que el marco del litigio judicial está delimitado por los hechos que se narran en la demanda inicial, y por los esgrimidos por la convocada a proceso en la contestación, sin que las partes o los jueces de instancia puedan modificarlos a su arbitrio por fuera de las oportunidades que la ley procesal brinda para el efecto. Por lo tanto, no es de recibo que la parte afectada con la sentencia de primer grado, al sustentar el recurso de alzada esgrima hechos nuevos que no han hecho parte del debate procesal y que no tienen respaldo en pruebas válidas y oportunamente allegadas al expediente, porque esas conductas vulneran el debido proceso y el derecho de defensa de la otra parte, como lo señaló la Sala en Sentencia CSJ SL-17447-2014.
Por las razones indicadas, se desestima el cargo.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el treinta (30) de junio de dos mil nueve (2009) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Julio Ernesto Toro Restrepo contra el Instituto de Seguros Sociales, en liquidación, sustituido procesalmente por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones.