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Timestamp: 2019-06-26 01:36:51
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Matched Legal Cases: ['artículo 250', 'artículo 730', 'artículo 441', 'artículo 730', 'artículo 441', 'artículo 730', 'artículo 441', 'artículo 441', 'artículo 441', 'artículo 250', 'artículo 441', 'artículo 441', 'artículo 250', 'artículo 250', 'artículo 727', 'artículo 441', 'artículo 441', 'artículo 728', 'artículo 727', 'artículo 441', 'artículo 441', 'artículo 441', 'artículo 441', 'artículo 441']

Compatibilidad entre las medidas cautelares anteriores a la demanda de recuperación de la posesión y la medida especial de recuperación de posesión introducida por la Ley sobre ocupación ilegal de viviendas - El Derecho
Compatibilidad entre las medidas cautelares anteriores a la demanda de recuperación de la posesión y la medida especial de recuperación de posesión introducida por la Ley sobre ocupación ilegal de viviendas
Foro 08-01-2019 Coordinador: Soler Pascual
La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil -EDL 2018/92372-, en relación a la ocupación ilegal de viviendas ha introducido en el art. 441 apartado 1 bis -EDL 2000/77463- lo siguiente:
“Si el demandante hubiera solicitado la inmediata entrega de la posesión de la vivienda, en el decreto de admisión de la demanda se requerirá a sus ocupantes para que aporten, en el plazo de cinco días desde la notificación de aquella, título que justifique su situación posesoria. Si no se aportara justificación suficiente, el tribunal ordenará mediante auto la inmediata entrega de la posesión de la vivienda al demandante, siempre que el título que se hubiere acompañado a la demanda fuere bastante para la acreditación de su derecho a poseer. Contra el auto que decida sobre el incidente no cabrá recurso alguno y se llevará a efecto contra cualquiera de los ocupantes que se encontraren en ese momento en la vivienda.”.
Parece que la norma que transcribimos contempla una específica solicitud de tutela cautelar que describe además en qué consiste su apariencia de derecho y riesgo de demora.
Pues bien, la cuestión que formulamos es la siguiente: ¿puede solicitar quien vaya a ser demandante, medida cautelar consistente en la entrega de la posesión de la vivienda con carácter previo a la formulación de la demanda de conformidad con el art. 730.2 LEC -EDL 2000/77463-?. ¿Puede solicitarla inaudita parte?. En tal caso, el régimen de los presupuestos para la adopción, ¿serían los comunes de la LEC, incluida la caución?. Si se concediese y se formulara impugnación y oposición -según el caso- y antes de resolver se presentara demanda y se hiciera solicitud de entrega cautelar de la vivienda conforme al art. 441.1 bis LEC y se dieran las condiciones para la entrega de la posesión, ¿qué alcance tendría la decisión de tutela cautelar en la hipótesis de revocación?. ¿Indemnizatoria?. ¿Recuperatoria de la posesión por el demandado?.
La cuestión formulada es eminentemente práctica. A la postre se trata de vislumbrar si al lado de una medida de tutela cautelar, que es excepcional y generada ad hoc para el procedimiento del art. 250.1.4º LEC -EDL 2000/77463-, relativo a la tutela sumaria de la posesión de la cosa -como algún autor pone de relieve, el antiguo interdicto de recobrar la posesión-, regulada en el nuevo art. 441 apartado 1 bis LEC, es posible la coexistencia de la tutela cautelar regulada en la LEC y, en particular, si es posible previo a la demanda hacer petición de cautela para recobrar la vivienda ocupada.
Pues bien, hay si duda una opinión mayoritaria que combina una doble reflexión, a saber, de un lado, la plena compatibilidad jurídica y, de otro, la inutilidad práctica de promover una medida al margen del art. 441.1.bis LEC -EDL 2000/77463-, en especial por razones temporales sin despreciar, las jurídicas.
Muy interesante resulta también alguna reflexión que combina el requisito de alegación y prueba para el ocupante que se reconoce en el art. 441.1.bis LEC -EDL 2000/77463- con la petición de medida cautelar inaudita parte.
En conclusión, parece de tal eficacia la medida adoptada desde el punto de vista práctico que en el fondo, más allá de consideraciones jurídicas sobre compatibilidad con la tutela ordinaria, por un simple juicio comparativo cabe concluir que resultará de difícil hallazgo encontrar en la práctica quien arriesgue por una tutela ordinaria para el caso a que se refiere la medida del art. 441.1.bis LEC -EDL 2000/77463-.
No nos resta más que recomendar, como siempre, la atenta lectura de nuestros autores.
Este foro ha sido publicado en la "Revista Derecho Inmobiliario", el 1 de noviembre de 2018.
No cabe duda que la posibilidad de solicitar medidas cautelares en este...
No cabe duda que la posibilidad de solicitar medidas cautelares en este tipo de procedimiento, incluso inaudita parte -con la aclaración que al respecto se hace más adelante-, existe, es decir, no estimo que concurra obstáculo jurídico alguno que lo impida ya que el art. 730.2 de la LEC -EDL 2000/77463 la contempla y, aunque se entienda que se está ante una medida anticipativa de la condena, si se trata de asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse -art. 721 LEC-, tal circunstancia está contemplada en el art. 727,7ª de la LEC.
Otra cosa es que, desde el punto de vista práctico, pueda tener sentido tal solicitud, especialmente en el supuesto que contempla la pregunta -que, conforme al art. 441 apartado 1 bis LEC -EDL 2000/77463-, el demandante hubiera solicitado la inmediata entrega de la posesión de la vivienda-, pues en este caso, la celeridad del trámite previsto para recuperar la posesión requerimiento a los ocupantes para que aporten, en el plazo de cinco días título que justifique su situación posesoria y si no se aporta justificación suficiente, se ordena por el tribunal mediante auto, contra el que no cabe recurso, la inmediata entrega de la posesión de la vivienda al demandante, siempre que el título que se hubiere acompañado a la demanda fuere bastante para la acreditación de su derecho a poseer – desaconsejaría “perder el tiempo” planteando una previa solicitud de medida cautelar que, si fuera seguida de impugnación u oposición, dilataría la “reconquista” de la posesión de dicha vivienda.
Por tanto, no veo inconveniente alguno de orden netamente jurídico – que impida entablar una solicitud de medidas cautelares como las que se señalan en la pregunta, a pesar de que, como pone de manifiesto Fuentes-Lojo Rius, haciendo referencia a Pérez Daudí, la Proposición de Ley elaborada por el grupo de expertos creado ad hoc para aquélla, propuso la creación de un juicio verbal de desahucio que contemplaba precisamente la posibilidad de adoptar medidas cautelares anticipativas “inaudita parte”, que permitieran la recuperación inmediata de la posesión del propietario y de cualquier otro titular de derecho por justo título que fuera persona física, entidad social o administración pública, postergando el trámite procesal de audiencia al demandado a un momento posterior al de entrega de la posesión de la vivienda y de que dicha posibilidad fue objeto de debate durante la tramitación parlamentaria por el riesgo de indefensión que podría provocar al demandado y ante el miedo de que la medida terminara provocando un efecto “boomerang” con un aluvión de incidentes de nulidad de actuaciones a resolver por vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.
No obstante, como indica dicho autor, dicha propuesta no prosperó y, finalmente, se decidió modificar la figura del interdicto de recobrar la posesión del art. 250,1,4ª de la LEC -EDL 2000/77463 adaptándolo al problema generado por la ocupación ilegal.
Como he dicho antes, sí veo el inconveniente de orden práctico ya que se antoja, en principio, como más ágil el interdicto de recobrar actualizado.
En cualquier caso, llegado el caso, si se hubiera optado por solicitar con carácter previo a la demanda la adopción de la medida cautelar consistente en la entrega de la posesión de la vivienda, estimo que, salvo que se tratara de algún supuesto excepcional -razones de urgencia o necesidad-, dicha medida debería instarse previa audiencia del ocupante, exigiéndose para la adopción de la misma los requisitos que, con carácter general -art. 728 LEC -EDL 2000/77463--, deben concurrir conforme al régimen general recogido en la LEC, incluida la obligación de prestar caución por parte del solicitante -art. 737 LEC-.
Esta circunstancia que acabo de exponer no hace más que ratificar lo manifestado anteriormente: que no resulta práctico solicitar la adopción de medidas cautelares con carácter previo a la presentación de una demanda de interdicto de recobrar la posesión por ocupación ilegal.
En el supuesto de que la medida hubiera sido adoptada inaudita parte y fuera revocada por estimarse la oposición, lo que procedería es reponer en la posesión a quien por mor de la medida adoptada fue desposeído de ella, sin perjuicio de que condenar al actor a los daños y perjuicios -art. 741,2 y 742 LEC -EDL 2000/77463--. Igual ocurriría si la resolución que recayera en el posterior juicio verbal de interdicto de recobrar la posesión amparara el derecho del ocupante demandado -arts. 745 y 742 LEC-, pues se trataría de dejar la situación como estaba antes de la adopción de la medida.
Es necesario hacer las siguientes consideraciones de carácter previo, ...
Es necesario hacer las siguientes consideraciones de carácter previo, la reforma llevada a cabo por la Ley 5/2018, de 11 de junio -EDL 2018/92372-, del precepto comentado, tiene una doble finalidad, por un lado facilitar el que se pueda demandar a los ocupantes de las vivienda, que habiendo ocupado de forma ilegal la misma, hace difícil, cuando no imposible a los propietarios o titulares de derechos reales sobre la vivienda identificar a los ocupantes, por la propia situación en la que se ha procedido la ocupación, y porque en numerosas ocasiones, cuando no siempre, dichos ocupantes tiene una voluntad de ocultar su identidad a fin de dificultar todo lo posible la recuperación de la posesión por el propietario, cuando existían resoluciones judiciales contradictorias sobre esta cuestión la segunda finalidad u objetivo de la norma es facilitar el que en estos supuestos el propietario o titular de un derecho real pueda recuperar la posesión de una forma directa e inmediata, sin necesidad de tener que esperar a un proceso a veces no todo la rápido que sería necesario, y en su caso a que se resuelvan los correspondientes recursos que el demandado o demandados puedan interponer, en muchas ocasiones con la finalidad de dilatar el proceso, y por lo tanto la ocupación ilegal.
La segunda precisión que debe hacerse es que dicha posibilidad, que se concede para solicitar la entrega inmediata de la posesión, solo es respecto a las acciones contempladas en el artículo 250,4, párrafo primero -EDL 2000/77463-, es decir en aquellos casos en que existe una posesión que se ha obtenido en contra de la voluntad del dueño o titular del derecho real, a través de una ocupación ilegal, pero no en los supuestos en los que la acción de desahucio se base en el impago de la renta, o bien porque se trate de una posesión de precario, en que la posesión en tal concepto inicialmente fue cedida en virtud de esa situación posesoria por el propietario.
Esta norma no es incompatible con la posibilidad de adoptar medidas cautelares en base al artículo 730 de la ley de enjuiciamiento civil -EDL 2000/77463-, que establece como regla general que las medidas cautelares deberán solicitarse con la demanda, si bien el párrafo segundo establece una regla específica, por la que se faculta para solicitar las medidas cautelares previamente a la presentación de la demanda, siempre que se acredite y aleguen razones de urgencia o necesidad pero no parece por lo tanto que esta vía sea más rápida y eficaz a fin de conseguir la restitución de la vivienda, que el cauce previsto en el artículo 441 apartado 1 bis cuando por esta vía es necesario que se preste la correspondiente caución y como establece el artículo 730 de la Ley de enjuiciamiento civil se acredite las razones de urgencia o necesidad, que cabría entender que concurren dichos requisitos cuando se tratara por ejemplo la vivienda o domicilio habitual, pero en estos casos sería más eficaz acudir a la vía penal cuando por la vía del artículo 441 de la ley de enjuiciamiento civil no es necesario, acreditar ni la situación de urgencia ni de necesidad y cuando parece difícil que por vía de medidas cautelares, se proceda a la adopción de dichas medidas, puesto que implica de alguna forma privar de una vivienda al ocupante, aunque sea ilegal.
La petición de medidas cautelares con carácter previo a la demanda, en base al artículo 730 de la ley de enjuiciamiento civil -EDL 2000/77463-, exige que se preste la correspondiente caución, siendo difícil también que se pueda adoptar la medida cautelar inaudita parte.
Los efectos de la entrega que prevé el artículo 441 de la LEC -EDL 2000/77463-, son las derivadas de la propia norma, si el demandado o demandados no acreditar ningún título que legitimen su posesión, el lanzamiento de los ocupantes, y la entrega de la posesión al actor e instante del procedimiento de desahucio.
En el supuesto de que continuara el juicio de desahucio, por que compareciera alguno de los ocupantes de la vivienda, es presupuesto esencial para que la acción no prospere que el demandado, o demandados presenten un título que legitime su posesión, pues el hecho de que no se hayan opuesto al incidente previo, no impide que si pueda aportarse ese título en el acto del juicio, y si se acreditara la existencia de título posesorio, la consecuencia sería la desestimación de la demanda de desahucio.
Los efectos que se derivan de la aplicación del artículo 441 de la Ley de Enjuiciamiento civil -EDL 2000/77463-, y haber procedido al lanzamiento del ocupante de la vivienda, a pesar de tener un título que legitime su posesión, deben deducirse de una interpretación conjunta de los artículos 534, 742 y 745 de la citada ley, la consecuencia de la desestimación de la acción de desahucio, toda vez que la previsión recogida en el artículo 441,1 bis, realmente es una ejecución anticipada de la sentencia, la regla general será la de restituir al demandado o demandados en la posesión de la vivienda pero en los supuestos en que la vivienda este ocupada por un tercero de buena fe, bien porque ha adquirido el dominio de la vivienda, o bien porque se la ha cedido en arrendamiento, la consecuencia no puede ser otra que la indemnizatoria, debiendo liquidarse los daños y perjuicios por el trámite de los artículos 712 y ss. del C. civil -EDL 1889/1-.
Se planten diversas cuestiones relacionadas con la reforma de la Ley de...
Se planten diversas cuestiones relacionadas con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil operada en la Ley 5/2018, de 11 de junio -EDL 2018/92372-. Lo primero que es preciso destacar, por cuanto condiciona las respuestas que deben apuntarse, es que tal reforma opera exclusivamente sobre el procedimiento previsto en el artículo 250.1.4º LEC -EDL 2000/77463-, relativo a la tutela sumaria de la posesión de la cosa, esto es, el antiguo interdicto de recobrar la posesión, procedimiento que antes de la reforma no tenía un cauce procesal diferenciado como sí ocurría con otros de los procesos especiales que se tramitan por la vía del juicio verbal en los términos previstos en la anterior redacción del artículo 441 LEC. La finalidad de la reforma no es otra que la de dotar de un medio eficaz y rápido para que los propietarios puedan recuperar la posesión ilegalmente obtenida, dando respuesta en parte al movimiento “okupa” sin necesidad de acudir a la vía penal.
En el segundo párrafo del apartado 1 bis del artículo 441 LEC -EDL 2000/77463-, introducido en la citada reforma legal, se contiene una medida cautelar coetánea a la presentación de la demanda como es la solicitud de entrega inmediata de la posesión de la vivienda, medida cautelar que no puede ser solicitado por cualquier propietario que vea ocupada ilegalmente su vivienda sino sólo aquellos que se incluyan en la limitada legitimación prevista en el artículo 250.1.4º.2º LEC, también introducido en la citada reforma.
La cuestión se plantea en relación a la posibilidad de petición de medidas cautelares previas a la formulación de la demanda en las que se solicite la entrega de la posesión de la vivienda ilegalmente ocupada, pregunta que no tiene una respuesta nítida. No cabe duda que aquellos propietarios legitimados para pedir la inmediata recuperación de la vivienda de acuerdo con el citado artículo 250.1.4º LEC -EDL 2000/77463 -personas físicas, entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas titulares de viviendas sociales no tendrán necesidad de acudir a la medida cautelar previa a la presentación de la demanda, pues el mismo efecto tendrá la solicitud autorizada con la propia demanda que se tramitará en paralelo al procedimiento principal y que tiene la importante diferencia de que no se exige caución y que el auto acordando la entrega de la posesión no es recurrible y sí ejecutable de forma inmediata.
Por tanto la posibilidad de solicitar la medida cautelar antes de la demanda sólo quedaría reducida a las personas que no están legitimadas para pedir la inmediata recuperación de la posesión que, básicamente quedan reducidas a las personas jurídicas con ánimo de lucro. Rige, en estos casos el régimen general de las medidas cautelares previsto en los artículos 721 y siguientes LEC -EDL 2000/77463-. Por ello, la primera cuestión que debe responderse es sí esta medida de entrega inmediata de la posesión es una de las medidas cautelares previstas en el artículo 727 LEC. Salvo una interpretación muy generosa de la medida prevista en el apartado 7º del citado artículo, el encaje jurídico de esta petición sólo podría darse en el apartado 11º de la misma norma en relación con el artículo 441.1 bis 2º del texto procesal, en cuanto una medida cautelar nueva introducida por la reforma operada en la Ley 5/2018 -EDL 2018/92372 para la recuperación de la posesión ilegalmente obtenida.
Lo anteriormente razonado nos lleva a la respuesta a la primera de las cuestiones en el sentido de que sí será posible solicitar esta medida cautelar con carácter previo a la presentación de la demanda, estando legitimado para ello cualquier propietario. Sin embargo, entiendo que, en atención al tipo de medida acordada y la propia regulación del artículo 441.1 bis LEC -EDL 2000/77463-, no será posible solicitarla “inaudita parte”, pues en el trámite especial que se regula en dicha norma existe un traslado específico a los ocupantes para que acrediten el título que justifique su derecho a poseer, de tal manera que en las medidas generales tampoco será posible acordar la entrega inmediata de la posesión sin contrastar el título del actor y dar oportunidad al ocupante demandado de mostrar el título posesorio que le pueda amparar. Esta sería, a mi juicio, la única especialidad de esta medida cautelar con relación al procedimiento general para su adopción, debiendo de concurrir todos los requisitos exigidos en el artículo 728 LEC, incluida la prestación de caución que, en este caso, parece más necesaria que nunca en atención a los perjuicios que derivan del lanzamiento de una vivienda sí después el juicio posesorio no fuese estimado por cualquier motivo, así como las ventajas que obtiene el propietario de la posesión de la finca.
Por último, entiendo que no es posible sí se ha solicitado la medida cautelar previa a la presentación de la demanda, reiterar la misma en la propia demanda, salvo que previamente se hubiese renunciado a aquella. Carece de sentido, si ya se ha concedido en la cautelar previa a la demanda la posesión, volver a pedir la en la demanda la entrega de una posesión que ya está en poder del demandante al haberse ejecutado la medida cautelar previamente adoptado. En todo caso, una sentencia desestimatoria de la demanda principal afectaría a la medida cautelar, dejando a la misma sin efecto pues desaparece la apariencia de buen derecho, y tendría efectos dobles, por un lado de recuperación de la posesión de la que ha sido privado, y en caso de que se acrediten daños concretos y determinados, la posible indemnización para ser objeto de reparación.
A mi juicio se trata de una medida cautelar específica que en consecue...
A mi juicio se trata de una medida cautelar específica que en consecuencia se añade como una facultad de tutela, al margen de las ya existentes. No limita nada, sino que suma. En ese sentido como las medidas que a título ejemplificativo se incluyen en el catálogo del artículo 727 LEC -EDL 2000/77463 con alguna de las cuales puede guardar alguna semejanza la 7 aduce al cese provisionalmente en una actividad y a la de abstención temporal de llevar a cabo una conducta participa del mismo sistema en cuanto a su solicitud y posibilidades para hacerlas valer con arreglo a las reglas genéricas de la medida cautelar.
En ese sentido tal medida puede verificarse anticipadamente si se concurren los requisitos del art 730.2 LEC -EDL 2000/77463-, si la situación es de tal urgencia que así lo precise, puede acordarse inaudita parte, conforme al contenido del art 733 LEC siempre y cuando se otorgue al afectado la posibilidad de oponerse, en los términos que expone el art 739 y siguientes.
A mi juicio si se optara por acudir al mecanismo propio o genérico de las medidas cautelares se debería contar con cumplir los requisitos previstos para su adopción, incluido el ofrecimiento de la caución.
Caso de que adoptada la medida, ésta quedara sin efecto como consecuencia de una revocación, lo que a mi juicio procedería sería el reintegro posesorio a quien fue privado de aquélla y la indemnización de los daños y perjuicios a cargo de la caución que a tal fin se hubiere prestado. Como sucedería en términos generales.
Ese vendría a ser la situación caso de que se solicitara la medida por el régimen general de las medidas cautelares.
La regulación del art 441.1 bis -EDL 2000/77463 es bastante más ágil y acorde con una concreta finalidad: conseguir de modo directo y efectivo la recuperación de una posesión perdida por un hecho que conforme al art 444 CC -EDL 1889/1 no debe afectar a la misma. Por ello tal pretensión articulada de este modo en la demanda, libera al demandante de los requisitos propios y genéricos de las medidas cautelares y de su tramitación, siendo eso sí necesario la aportación de un título que justifique la posesión del demandante y su expresa solicitud de reintegro posesorio inmediato. La aportación de este título opera como un principio de buen derecho, mientras la situación posesoria que se muestra como ilegitima se considera implícitamente que genera un peligro en la demora. La defensa del demandado se genera a su vez por la aportación de un título de ocupación que legitime su derecho a poseer. Su aportación conduce a tener por zanjado el incidente, mientras su falta de aportación conduce automáticamente al reintegro posesorio al demandante solicitante. A mi juicio la falta inicial de aportación del título, no excluye la posibilidad de defensa del demandado en lo que podía llamarse proceso principal, de tal modo que como expone la cuestión cabría la posibilidad de justificación posesoria de aquél frente al demandante. En estos casos el reintegro originado, que tendría la condición de cautelar, por tanto de provisional en cuanto accesorio del resultado final del proceso, debería quedar sin efecto, y por tanto el bien retornar al ocupante demandado. Al margen de ello cabría sostener el derecho a ser indemnizado por parte del ocupante por el despojo posesorio de que ha sido objeto, pero no hay a mi juicio, articulado medio de que lo sea dentro del proceso. Se tratará por tanto de llevarlo a cabo mediante una petición autónoma.
Referida la primera cuestión planteada a si el futuro demandante puede...
Referida la primera cuestión planteada a si el futuro demandante puede solicitar como medida cautelar la entrega de la posesión de la vivienda antes de la presentación de la demanda -art. 730.2 LEC -EDL 2000/77463--, considero que se trata de dos cauces procedimentales distintos, pudiendo elegir el interesado entre uno u otro si bien, según la regulación del título VI Libro III de la LEC, no cabría “condicionar” la medida cautelar de la entrega inmediata de la posesión a la falta de entrega de “título sobre la situación posesoria”, esto es, o se solicita la medida solicitada ex artículos 721 y siguientes de la LEC o se solicita lo prevenido en el artículo 441 bis. Del mismo texto legal.
La norma contenida en el artículo 441.1.bis de la LEC -EDL 2000/77463 tiene carácter de ley especial frente a la norma general, por lo que no cabría ya ejercitada la facultad contenida en el art.441bis acudir a los cauces de los artículos 721 y siguientes LEC para la petición cautelar en cuestión, máxime cuando la doctrina también se refiere a que la medidas cautelares de procedimiento de los artículos 721 y siguientes han de tener un carácter subsidiario, esto es, se acuerdan en defecto de otra que conduzca a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgar una eventual sentencia estimatoria -art. 726.1.2º: medida no susceptible de sustitución por otra menos gravosa o perjudicial para el demandado-.
Es importante destacar que el solicitante puede intentar la adopción de medida cautelar vía 721 y siguientes de la LEC -EDL 2000/77463 cabiendo incluso su adopción in audita parte, oponiéndose posteriormente el contrario bajo su personación en el procedimiento cautelar.
La solicitud inaudita parte -Art.730.2 LEC -EDL 2000/77463- según lo dispuesto en el art.733 cabría si se acreditan razones de urgencia o que la audiencia podría comprometer el buen fin de la misma -piénsese en un peligro inmediato de incendio o en tratarse de un piso con un incesante cambio de ocupantes con ejercicio actividades delictivas-.
Si bien tal procedimiento en la práctica, ante el riesgo de ocasionar un perjuicio irreparable, se ha aplicado de forma muy excepcional.
En tal caso, los requisitos serían los de la LEC, caución incluida, si bien al fijar esta se valorará el contenido de la pretensión y el fundamento de la misma a efectos de considerar los daños y perjuicios que la adopción de la medida cautelar pudiera ocasionar al demandado -art.728 LEC -EDL 2000/77463--.
Si antes de resolverse la medida cautelar por los cauces de los artículos 721 y siguientes de la LEC -EDL 2000/77463 se solicitase la entrega previa de la posesión, considero que si, como se plantea, se revocase la concesión la concesión de la medida cautelar, su efecto lógicamente sería el de la recuperación de la posesión por el demandado y, de no ser ello posible, la indemnizatoria. Si en tal supuesto se plantease posteriormente lo dispuesto en el artículo 441 bis, lo lógico sería esperar a la resolución sobre ello antes de fijar la recuperación o la indemnización ya apuntadas pues considero que, rechazada finalmente la medida cautelar solicitada de forma previa a la interposición de la demanda, nada obsta a efectuar la petición ex artículo 441.bis, fundada no en el peligro en la demora y en la llamada apariencia de buen derecho sino en la falta de justificación documental de la posesión junto a la acreditación de igual forma de ostentar el solicitante un derecho a poseer.
Son perfectamente compatibles el nuevo procedimiento de recuperación d...
Son perfectamente compatibles el nuevo procedimiento de recuperación de la posesión frente a una ocupación ilegal de viviendas, con las medidas cautelares pedidas antes o con las demandas de recuperación de la posesión, que existían desde que se aprobó la ley de enjuiciamiento civil de 7 de enero de 2000 -EDL 2000/77463-. Estas últimas sólo son medidas cautelares en función de un proceso posterior, mientras que las de la nueva redacción de la ley de enjuiciamiento civil, lo que constituyen es un procedimiento de recuperación de la posesión, que no necesita posterior proceso. Por tanto unos y otros tienen ámbitos completamente diferentes, es posible que una misma situación jurídica o conflicto pueda resolverse acudiendo a uno u otro de los procedimientos e incluso es posible, aunque poco recomendable, que ambos se inicien simultáneamente, comenzando un proceso verbal de desahucio con la petición previa o simultánea de medidas cautelares y en el curso del mismo, -antes de obtener el desahucio o el lanzamiento cautelar o cuando no se obtenga por algún defecto o por imposibilidad de prestar una caución exigida al observar que se dan las circunstancias exigidas en el artículo 441 1 bis, intentar el nuevo procedimiento sin desistir del pleito principal planteado anteriormente.
Lo fundamental es que con la nueva regla no se ha introducido una mera medida cautelar, sino un procedimiento separado y distinto para recuperar la posesión pérdida ilegítimamente. En el preámbulo de la ley de 11 de junio pasado -EDL 2018/92372 se explica con claridad cuál es la finalidad y el ámbito de la reforma. En primer lugar explica que “han aparecido… fenómenos de ocupación ilegal premeditada, con finalidad lucrativa…. Incluso, se han llegado a ocupar ilegalmente viviendas… de personas en situación económica muy precaria o propiedad de ancianos… y para abandonarlas se les ha exigido el pago de cantidades a cambio de un techo inmediato, o se ha extorsionado al propietario o poseedor… para obtener una compensación económica como condición para recuperar la vivienda” e incluso llegó a afirmar que “están identificadas verdaderas actuaciones organizadas, muy lucrativas y de carácter mafioso, que perturban y privan de la posesión de viviendas …”. Por otra parte confiesa que “ninguno de los cauces legales actualmente previstos en la vía civil, para procurar el desalojo de la ocupación por la fuerza de inmuebles, resulta plenamente satisfactorio y, en todo caso, se demora temporalmente de forma extraordinaria” y, tras recordar algo tan obvio, como que la ocupación ilegal “no es título de acceso a la posesión de una vivienda ni encuentra amparo alguno en el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna” explica que “la legislación vigente permite acudir a la vía penal, articulada con frecuencia al amparo de los artículos 245.2 y concordantes del Código Penal -EDL 1995/16398 como delito de usurpación, esta forma de tutela jurídica … no comporta… una solución general que trascienda o sustituya los mecanismos civiles para la tutela de los derechos posesorios”, por ello ”ante la demanda creciente de respuestas ágiles y eficaces sin tener que recurrir a las penales, se plantea esta reforma en la que se adecúa y actualiza el tradicional interdicto de recobrar la posesión”.
Cuando se produzca una ocupación ilegal de un inmueble el propietario tendrá las opciones de las que ya disfrutaba, tales como presentar demanda para obtener el desahucio por precario de la finca -aunque la ocupación ilegal no es un precario o formular demanda para la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o un derecho por quien haya sido despojado o perturbado en su disfrute, también puede emplear las acciones de la Ley Hipotecaria -EDL 1946/59 para actuar en los derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad o, por último el caso de ocupación ilegal del inmueble puede optar por la nueva vía. Si tiene éxito con ella se producirá una situación similar a la de los interdictos de la, ya derogada, antigua ley de enjuiciamiento civil -EDL 1881/1-, en la que se podía volver a plantear pleito sobre lo mismo, pues el efecto de cosa juzgada no se puede extender a cuestiones no debatidas o discutidas en un proceso anterior y, si tiene el actor tiene éxito, el demandado desahuciado podrá ejercer las acciones que crean le correspondan en un proceso posterior, con la consecuencia si triunfa del reconocimiento de su derecho a recuperar la posesión de la que ha sido ilegítimamente privado, más la indemnización de los daños y perjuicios que acredite, que en mi opinión serán al menos los correspondientes a la renta del alquiler del inmueble durante el período de privación de la posesión.
Señala la exposición de motivos de la Ley 5/2018, de 11 de junio, de ...
Señala la exposición de motivos de la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil -EDL 2018/92372-, en relación a la ocupación ilegal de viviendas que ninguno de los cauces legales actualmente previstos en la vía civil, para procurar el desalojo de la ocupación por la fuerza de inmuebles, resulta plenamentesatisfactorio y, en todo caso, se demora temporalmente de forma extraordinaria, con los consiguientes perjuicios de los legítimos poseedores de la vivienda, en muchos casos también con una difícil situación económica, personal o familiar, y que actualmente la recuperación inmediata de la vivienda por el propietario o titular de otros derechos legítimos de posesión de viviendas no es sencilla en la vía civil.
Lo que viene a significar la reforma de la LEC es que el objeto inicial de la pregunta qe se formula no se estaba planteando, o si se estaba haciendo no daba resultado alguno, ya que la medida cautelar del art. 730 LEC -EDL 2000/77463-, como tal, no daba lugar a la adopción de la misma por el juez de instancia, dada la superior protección de esa posesión que exigía de una sentencia judicial, aunque bien es cierto que se estaba postulando la vía penal del art. 245.2 CP -EDL 1995/16398-, lo que diferia en demasía la recuperación de la posesión hasta la firmeza de la sentencia firme por delito leve, lo que llevaba a una tardanza exagerada de, al menos, 2 años de retraso.
Ante esta falta de tutela judicial efectiva de los propietarios el legislador aprueba un texto que apuesta por un procedimiento expeditivo o monitorio, en el cual, evidenteente, las medidas cautelares previas no caben, dado que la específica urgencia y carácte expeditivo del procedimiento fijado en el art. 441 apartado 1 bis, párrafo 2º -EDL 2000/77463 señala que Si el demandante hubiera solicitado la inmediata entrega de la posesión de la vivienda, en el decreto de admisión de la demanda se requerirá a sus ocupantes para que aporten, en el plazo de cinco días desde la notificación de aquella, título que justifique su situación posesoria. Si no se aportara justificación suficiente, el tribunal ordenará mediante auto la inmediata entrega de la posesión de la vivienda al demandante, siempre que el título que se hubiere acompañado a la demanda fuere bastante para la acreditación de su derecho a poseer. Contra el auto que decida sobre el incidente no cabrá recurso alguno y se llevará a efecto contra cualquiera de los ocupantes que se encontraren en ese momento en la vivienda.
En esta línea se configura un procedimiento expeditivo, ágil y eficaz con respeto a los derechos del demandado que le otorga la capacidad de oponer en el acto los mecanismos de prueba posesorios, por lo que una medida cautelar inaudita parte previa estaría en contra de la filosofía de esta reforma que ya otorga una respuesta inmediata al propietario y urgente, por lo que la medida cautelar y su objetivo está ya justificado y satisfecho con la urgencia en el trámite del art. 441.1 bis, párrafo 2º -EDL 2000/77463-.
Si se quisiera acudir a una medida cautelar con oposición o vista de la parte contra la que se dirige nos encontraríamos con la celebración de una vista, con lo que la contradicción de la medida cautelar ya queda garantizada con la opción que facilita esta reforma, lo que hace innecesaria y superflua la medida cautelar previa a este procedimiento.
Los problemas de una ausencia de contradicción en el okupa por la cautelar inaudita parte quedan resueltos con este procedimiento expeditivo en el que queda garantizada la posibilidad de prueba del okupa de su derecho posesorio. Nótese que en algunos casos se está detectando, por cierto, que se están abonando los gastos de comunidad, mediante petición del número de cuenta al administrador de fincas para la obtención de un mínimo título posesorio, por lo que es preciso advertir la no entrega de tal dato, ya que aunque el pago por tercero es válido, ello lo es previo consentimiento del deudor, ya que en este caso otorgaría un título al ocupante que no lo tiene para retrasar en mayor medida la recuperación del derecho posesorio por el propietario. Por ello, la respuesta debe ser negativa a esta opción.