Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43613157
Timestamp: 2020-01-20 10:14:56
Document Index: 244626938

Matched Legal Cases: ['artículo 51', 'artículo 388', 'artículo 97', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 400', 'artículo 417', 'artículo 360', 'artículo 369', 'artículo 4', 'artículo 376', 'artículo 13', 'artículo 10', 'artículo 404', 'artículo 3', 'artículo 444', 'artículo 448', 'artículo 486', 'artículo 39', 'artículo 399', 'artículo 39', 'artículo 3', 'artículo 358', 'artículo 400', 'artículo 396', 'artículo 400', 'artículo 417', 'artículo 417', 'artículo 360', 'artículo 39', 'artículo 369', 'artículo 374', 'artículo 388', 'artículo 432', 'artículo 422', 'artículo 404', 'artículo 4', 'artículo 39', 'artículo 417', 'artículo 3', 'artículo 384', 'artículo 448', 'artículo 63', 'artículo 369', 'artículo 366', 'artículo 448', 'artículo 63', 'artículo 417', 'artículo 39', 'artículo 417', 'artículo 400']

Sentencia de Constitucionalidad nº 797/00 de Corte Constitucional, 29 de Junio de 2000 - Jurisprudencia - VLEX 43613157
Sentencia citada en: 103 sentencias, 33 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, 7 temas prácticos
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad el ciudadano B.O.M. demandó, en algunos casos totalmente y en otros parcialmente las normas contenidas en los artículos 355, 358, 360, 362-3, 369, 374-1, 374-3, 376 parágrafo, 379-d, 384, 388, 390-1, 390-2, 394, 395, 396, 399, 400-1, 400-3, 404, 417-1, 422, 424, 425, 432-1, 432-2, 444 inciso 4, 448-3, 486-1 del Código Sustantivo del Trabajo.
Condiciones y restricciones de admisión
Designar de entre sus propios afiliados las comisiones de reclamos permanente o transitorias, y los delegados del sindicato en las comisiones disciplinarias que se acuerden.
Presentar pliegos de peticiones relativos a las condiciones de trabajo o a las diferencias con los patronos, cualquiera que sea su origen y que no estén sometidas por la ley o la convención a un procedimiento distinto, o que no hayan podido ser resueltas por otros medios.
Adelantar la tramitación de los pliegos de peticiones, designar y autorizar a los afiliados que deban negociarlos y nombrar los conciliadores y árbitros a que haya lugar.
P.. (adicionado por el artículo 51 de la ley 50 de 1990). Cuando en el conflicto colectivo esté comprometido un sindicato de industria o gremial que agrupe mas de la mitad de los trabajadores de la empresa, éstos integrarán la asamblea para adoptar pliego de peticiones, designar negociadores y asesores y optar por la declaratoria de huelga o someter el conflicto a la decisión arbitral.
Efectuar operaciones comerciales de cualquier naturaleza, sea que se realicen con los trabajadores o con terceros;
Ser miembro del sindicato;
Estar ejerciendo normalmente, es decir, no en forma ocasional, o a prueba, o como aprendiz, en el momento de la elección, la actividad, profesión u oficio característico del sindicato, y haberlo ejercido normalmente por más de seis (6) meses en el año anterior;
Tener cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad, según el caso, y
No haber sido condenado a sufrir pena aflictiva a menos que haya sido rehabilitado, ni estar llamado a juicio por delitos comunes en el momento de la elección.
La falta de cualquiera de estos requisitos invalida la elección; pero las interrupciones en el ejercicio normal de la actividad, profesión u oficio de que trata el aparte c) no invalidarán la elección cuando hayan sido ocasionadas por la necesidad de atender a funciones sindicales.
Si dentro de los treinta (30) días de que habla este artículo, la junta provisional no convocare a asamblea general para la elección de la primera junta reglamentaria, un número no menor de quince (15) afiliados puede hacer la convocatoria.
Previa comunicación escrita y firmada por el presidente, el fiscal y el tesorero del sindicato, el patrono deberá retener y entregar las cuotas federales y confederales que el sindicato este obligado a pagar a los organismos de segundo y tercer grado a que dicho sindicato este afiliado.
Para ser miembro de la junta directiva de una federación o confederación de sindicatos, tanto de la provisional como de las reglamentarias, deben reunirse los siguientes requisitos, además de los que se exijan en los estatutos respectivos:
ser miembro activo de una cualquiera de las organizaciones asociadas;
Estar ejerciendo normalmente, en el momento de la elección, la actividad, profesión u oficio característico de su sindicato, y haberlo ejercido normalmente por más de un año, con anterioridad;
No haber sido condenado a sufrir pena aflictiva, a menos que haya sido rehabilitado, ni estar llamado a juicio por delitos comunes en el momento de la elección.
La falta de cualquiera de estos requisitos produce el efecto previsto en el inciso 2 del artículo 388.
Las condiciones exigidas en los apartes b) y c) de los incisos 1 y 2 no se toman en cuenta cuando el retiro del sindicato, o la interrupción en el ejercicio de la profesión, o la extinción del contrato de trabajo en una empresa determinada, o el cambio de oficio hayan sido ocasionado por razón, de funciones, comisiones o actividades sindicales, lo cual debe ser declarado por la asamblea que haga la elección. Tampoco se toman en cuanta las suspensiones legales del contrato de trabajo.
Siempre que se presente un conflicto colectivo que pueda dar por resultado la suspensión de trabajo, o que deba ser solucionado mediante el arbitramento obligatorio, el respectivo sindicato o los trabajadores nombrarán una delegación de tres (3) de entre ellos para que presente al patrono, o a quien lo represente, el pliego de peticiones que formulan.
Tales delegados deben ser colombianos, mayores de edad, trabajadores actuales de la empresa o establecimiento, y que hayan estado al servicio de éste por mas de seis (6) meses, o por todo el tiempo que hubiere funcionado el establecimiento cuando fuere menor de seis (6) meses.
Mientras la mayoría de los trabajadores de la empresa persistan en la huelga, las autoridades garantizarán el ejercicio de este derecho y no autorizarán ni patrocinarán el ingreso al trabajo de grupos minoritarios de trabajadores aunque éstos manifiesten su deseo de hacerlo.
Declarada la huelga, el Ministerio del Trabajo y seguridad social de oficio o a solicitud del sindicato o sindicatos que agrupen la mayoría de los trabajadores de la empresa, o en defecto de éstos, de los trabajadores en asamblea general, podrán someter a votación de la totalidad de los trabajadores de la empresa, si desean o no, sujetar las diferencias persistentes a fallo arbitral. Si la mayoría absoluta de ellos optare por el tribunal, no se suspenderá el trabajo o se reanudará dentro de un término máximo de tres (3) días hábiles si se hallare suspendido.
(Subrogado artículo 97 de la ley 50 de 1990). Los funcionarios del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, que indique el Gobierno, tendrán el carácter de autoridades de policía para todo lo relacionado con la vigilancia y control de que trata el numeral anterior, y están facultados para imponer cada vez multas equivalentes al monto de una (1) a cien (100) veces el salario mínimo mensual más alto vigente según la gravedad de la infracción y mientras subsista, con destino al Servicio nacional de Aprendizaje, Sena.
Las resoluciones de multas que impongan los funcionarios del Ministerio del Trabajo prestarán mérito ejecutivo. De estas ejecuciones conocerán los jueces del trabajo, conforme al procedimiento especial de que trata el capítulo 16 del Código de Procedimiento del Trabajo.
Los Convenios de la OIT antes citados integran junto con los arts. 53 y 93 de la Constitución Política un bloque de constitucionalidad; por ende, el examen de constitucionalidad de las normas acusadas debe hacerse con referencia a las normas que lo integran, según la sentencia C-225/95 (M.P.A.M.C..
En relación con la violación al derecho de libertad sindical.
Los artículos 355 y 379 violan el artículo 39 de la Constitución, en razón de que establecen en forma injustificada una prohibición a los sindicatos para realizar actividades lucrativas. En efecto, dichas disposiciones impiden que las organizaciones sindicales puedan ejecutar actividades comerciales de cualquier naturaleza, cuando lo cierto es que a otro tipo de asociaciones el legislador no les prohibe desarrollar actividades de dicha naturaleza, con lo cual, se establece un trato discriminatorio que rompe el principio de igualdad.
Los artículos 358 parcial y 362 numeral 3 violan el artículo 39 de la Constitución y los artículos 2, 3-1 del Convenio de la O.I.T. toda vez que los trabajadores gozan del derecho de afiliación a los sindicatos, y la única condición exigida para ello, es de observar sus estatutos, por tanto no se pueden imponer restricciones para la admisión, ya que se vulneraría la libertad de ingreso y la libertad de redactar los estatutos, al ordenar que éstos tengan limitaciones para su admisión.
En relación con los artículos 358 parcial, 376, 390 numerales 1 y 2, 394 y 424 las normas acusadas violan el Convenio 87 de la O.I.T. y los artículos 39-1 y 83 de la Constitución, en razón de que los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, y a organizar su administración y sus actividades. Por lo tanto, "las autoridades públicas, incluido el legislador, deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar ese derecho o entorpecer su ejercicio". Las organizaciones de trabajadores no están sujetas a la intervención del Estado y las actuaciones de los particulares ante las autoridades públicas se presumen ceñidas a los postulados de la buena fe.
Los artículos 395, 396 y 400-1 del C.S.T. desconocen la facultad que tienen las organizaciones sindicales para redactar sus reglamentos administrativos y, la libertad de organizar sus actividades sin que le sea permitido al Estado intervenir en dicha tarea. Por ello, no existe razón que justifique la exigencia que señalan los artículos 395 y 396 cuando impone al tesorero la obligación de prestar caución. Por lo anterior, se debe cuestionar si resulta constitucionalmente admisible que el legislador pueda ordenar a cualquier otra persona privada dónde y cómo manejar sus fondos.
En relación con el artículo 400-3, las expresiones demandadas violan las libertades a redactar los estatutos y reglamentos administrativos, ya que "lo relacionado con cuotas sindicales es un asunto de incumbencia estatutaria, básico para la libertad real y no meramente formal de asociación sindical federal y confederal". Agregó el actor que la norma demandada tiene como fin que los sindicatos de segundo y tercer grado sean débiles, carentes de recursos, lo que conlleva a que estén subordinados económicamente a las asociaciones sindicales de primer grado.
Los apartes demandados contenidos en el artículo 417 del C.S.T. resultan ser inconstitucionales, toda vez van en contra de los lineamientos contenidos en los artículos 3, 13, 55 y 56 de la Constitución y del principio de igualdad, ya que conforme a lo dispuesto en los Convenios de la O.I.T. sobre las federaciones y confederaciones, dichas organizaciones gozan de los mismos derechos que los sindicatos, y por ello gozan del derecho de organizar su administración y actividades y el de formular su programa de acción.
El artículo 360 del C.S.T. viola lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Constitución y los artículos 2 y 3 del Convenio 87 de la O.IT. toda vez que "los trabajadores sin ninguna distinción tienen derecho a afiliarse a los sindicatos, con la sola condición de observar sus estatutos y reglamentos administrativos".
El aparte demandado del artículo 369 del C.S.T. desconoce la libertad de redactar los estatutos, al exigir que en el término de 5 días, el sindicato remita la reforma estatutaria al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, ya que considera que la vigencia de los estatutos no debe tener límite.
Las expresiones demandadas contenidas en los artículos 374 numerales 1-3, 388 parcial, 422 parcial, 432 numerales 1 y 2, vulneran los artículos 5,13,29-4 y 100 Superiores y los artículos 3-1 y 3-2 del Convenio 87 y el artículo 4 del Convenio 98 de la O.I.T., toda vez que las organizaciones sindicales tienen derecho a elegir libremente sus representantes y por ello, las autoridades públicas se deben abstener de intervenir el ejercicio legal de sus derechos para no limitarlos.
El parágrafo del artículo 376 del C.S.T. resulta inconstitucional, en razón de lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución y el artículo 10 del Convenio 87 de la O.I.T., porque los sindicatos de industria o rama de actividad y los gremiales deben tener los mismos derechos que los sindicatos de empresa para organizar su administración y sus actividades y para formular su programa de acción; por ello al exigírseles una mayoría calificada para que se puedan constituir en asamblea para la adopción de pliegos de peticiones, designación de negociadores y asesores se les vulneran los derechos a la igualdad y a la negociación colectiva.
El artículo 404 del C.S.T. es inconstitucional, porque viola las libertades de los sindicatos de organización administrativa y de redactar los estatutos, según lo dispuesto en el artículo 3 del Convenio 87 de la O.I.T. y en los artículos 13 y 39 Superiores, ya que la liquidación sindical debe realizarse mediante un trámite administrativo interno, conforme a lo establecido en los estatutos y en el reglamento administrativo, sin intervención del Estado, pues quien debe aprobar la liquidación sindical son los asociados de manera exclusiva, más no el juez, ni el Ministerio del Trabajo, toda vez que la creación de los mismos se hace sin intervención estatal, y por ello su liquidación debe realizarse de igual manera; sin perjuicio de las acciones judiciales a que tiene derecho quien se considere afectado, como acontece para demás formas asociativas.
Los apartes demandados de los artículos 417 numeral 1, 424 y 425 del C.S.T. son inconstitucionales, por la circunstancia de que van en contra de los lineamientos contenidos en los artículos 3, 13, 55 y 56 de la Constitución y del principio de igualdad, pues conforme a las disposiciones contenidas en los citados convenios de la O.I.T. sobre las federaciones y confederaciones, dichas organizaciones gozan de los mismos derechos que los sindicatos, y por ello tienen el derecho de organizar su administración y actividades y el de formular su programa de acción.
El artículo 444 parcial, el numeral 3 del artículo 448 y el numeral 1 del artículo 486 del C.S.T. son inconstitucionales, en razón de que vulneran los artículos 3-1 y 3-2 del Convenio 87 de la O.I.T. y el artículo 39-1 de la Constitución, pues "las disposiciones acusadas consagran el deber de dar aviso a las autoridades con antelación de cinco (5) días a la celebración de la asamblea en que se ha de votar la huelga "para que pueda presenciar y comprobar su desarrollo" (art. 444); que durante la huelga, el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de oficio o a solicitud del sindicato o sindicatos o en defecto de los trabajadores en asamblea general podrán someter a votación de los trabajadores si desean o no el tribunal de arbitramento, fijando un procedimiento, (art. 448-3 en sus diversos incisos); así como la intervención de las autoridades del trabajo en el control de la gestión de los sindicatos (art. 486-1). Estas instituciones son claramente intervencionistas de las actividades sindicales y van en contra de las libertades de elegir a sus representantes, organizar su administración y sus actividades y formular su programa de acción.
En relación con la violación al principio de igualdad.
El artículo 399 del C.S.T. es inconstitucional, toda vez que viola el principio de igualdad, por consagrar en contra de los sindicatos, un trato diferente injustificado, en virtud a que a ninguna forma asociativa sin ánimo de lucro, la ley le impone el deber de decretar la separación de miembros por dejar de ejercer la actividad característica de la asociación, tal es el caso de las corporaciones, juntas de acción comunal, cooperativas, etc.
En relación con la violación del preámbulo, y los artículos 1, 2, y 5 de la Constitución Nacional.
El ciudadano P.N.L.C., en su condición de apoderado del referido Ministerio, intervino para sustentar la defensa de las normas acusadas, y solicitó a la Corte declararlas exequibles. Su participación se puede resumir así:
El derecho de asociación sindical se encuentra consagrado en el artículo 39 de la Constitución y desarrollado en los Convenios 87, 98 y 154 Convenio pendiente de ratificación por Colombia. de la OIT y los artículos 12 y 353 del Código Sustantivo del Trabajo.
Respecto a los artículos 355 y 379 literal d, compartió los argumentos del actor, ya que consideró que las expresiones demandadas deben declararse inexequibles debido a que "las organizaciones de trabajadores y empleadores tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de organizar su administración y formular el programa de acción, pues así lo dispone el artículo 3 del Convenio 87 de la O.I.T, y como se dijo fue aprobado y ratificado por Colombia con la Ley 26 de 1.976".
Respecto a las expresiones "y restricciones" contenidas en los artículos 358 y 362 parciales, adujo que se deben declarar exequibles, toda vez que al establecerse condiciones y restricciones de admisión de nuevos socios o personas a los sindicatos es una protección para los mismos, pues sin dicho control quedarían obligados a recibir a toda persona que aspire a ingresar sin restricción alguna, hecho que afectaría al no haber selección previa y razonable.
En relación con los artículos 358 parcial, 376, 390 numerales 1 y 2, 394 y 424 del C.S.T., compartió parcialmente los argumentos del actor respecto a la expresión demandada contenida en el artículo 358 parcial del C.S.T., toda vez que al imponer la regulación la devolución de cuotas o aportes a los afiliados, en caso de retiro o expulsión, resulta lesivo para el patrimonio del sindicato, en virtud a "que es cierto que las organizaciones sindicales en ejercicio de su libertad, están facultadas para expedir sus estatutos y reglamentos administrativos, sin más limitaciones que el orden jurídico y los principios democráticos". Por lo anterior, consideró "que los estatutos podrían prever o no, la devolución de cuotas o partes a los afiliados en caso de retiro o suspensión temporal o expulsión, pero no como una obligación inexorable que se deba consignar en aquellos, por cuanto menoscaba el patrimonio de la organización sindical". Bajo ese entendido el Procurador consideró que la norma es constitucional.
Con relación a los artículos 395, 396 y 400-1 del C.S.T. expresa que la primera de estas normas es constitucional, pues la intención del legislador al determinar que el tesorero de todo sindicato debe prestar caución en su favor para garantizar el manejo de los fondos de éste, es la de salvaguardar los intereses de sus afiliados.
En lo que concierne con el artículo 400-3 argumentó las mismas consideraciones que sostuvo para el artículo 396 del C.S.T., en razón de que no se necesita de tanta rigurosidad para hacer efectiva la decisión de los sindicatos de segundo y tercer grado para que el empleador les retenga las cuotas sindicales. Por ello, solicitó a la Corte declarar la exequibilidad del numeral 3 del artículo 400 del C.S.T. condicionada al hecho de que las comunicaciones sean suscritas por el presidente y tesorero del sindicato.
En lo que atañe con el artículo 417 del C.S.T compartió los argumentos del actor, pues adujo que "al establecer el legislador la prohibición de la declaratoria de huelga a las federaciones y confederaciones de sindicatos, de una parte se está haciendo una discriminación cuando hay razón que la justifique, toda vez que al estar equiparados unos y otros, deberán gozar de los mismos derechos y beneficios; de otra parte, al imposibilitar el ejercicio del derecho, se está privando a estas organizaciones gremiales de un mecanismo eficaz para lograr sus pretensiones y aspiraciones gremiales laborales, pues de lo contrario, sus anhelos se verán frustrados y no lograrán las conquistas que efectivamente sí obtienen las organizaciones de primer grado (sindicatos)". Agregó que la norma acusada desconoce el principio de igualdad, ya que los sindicatos sí gozan del derecho a declarar la huelga, pero a las agremiaciones de segundo y tercer grado se les niega tal derecho, desconociendo los artículos 6 y 3 del Convenio 87 de la O.I.T. Por lo anterior, solicita que se declare inconstitucional la frase "derecho de reconocimiento de" contenida en el artículo 417 del C.S.T.
Con respecto al artículo 360 compartió los argumentos del actor "toda vez que no existe razón de carácter constitucional o en convenio internacional alguno, que restrinja esta posibilidad, pues es cierto que de conformidad con el inciso último del artículo 39 Superior, se proscribe el derecho de asociación sindical a los miembros de la fuerza, pública... no obstante, a que sobre el particular se tramita una reforma constitucional". Consideró que la única obligación subsiguiente para quien se afilia, es la de observar los estatutos y, por ello, solicitó a la Corte declarar inconstitucional dicho artículo.
En relación con el artículo 369 del C.S.T. considera que se debe declarar inexequible en lo referente a "la imposición de la exigencia de someter a registro la reforma estatutaria, dentro del término legal de aprobación, con la copia de acta donde se haga constar las reformas que se han verificado, con la firma de todos los asistentes, ya que resulta contrario a la Carta política (art. 83), porque de una parte el legislador está partiendo de la premisa de la mala fe, circunstancia que lo obliga a solicitar una serie de exigencias, para establecer la veracidad de lo acontecido; y de otra parte, porque es evidente que al representante legal de la agremiación en cumplimiento de las funciones que el cargo le impone, le compete certificar e informar sobre los hechos, situación que revela el cumplimiento de lo previsto en el texto acusado".
Aduce que el numeral 1 y 3 (parciales) del artículo 374, los literales b), c), d), e), f) y el numeral 2 del artículo 388, el numeral 2 del artículo 432 y el artículo 422 del C.S.T. son inexequibles, toda vez que violan lo dispuesto en los artículos 13, 53 y 93 Superiores y los 2, 3, 6, 8 del Convenio 87 de la O.I.T.
En lo que concierne al artículo 404 del C.S.T. adujo, respecto a la primera parte la norma, "que se ajusta al ordenamiento constitucional, toda vez que de un lado, el artículo 4 del Convenio 87 de la O.I.T. determina que la organización de trabajadores y empleadores no está sujeta a la disolución o suspensión por la vía administrativa, es decir, que ello procede por la vía judicial, norma que fue acogida en el inciso 3 del artículo 39 de la Carta.
De suerte que una vez es decretada la disolución, como consecuencia sobrevendrá la liquidación, la que deberá ser aprobada por el juez que la ordenó, para garantizar de una parte el debido proceso (C.P. art. 29) a favor de todas las partes comprometidas en el asunto y de otra parte salvaguardar el principio de igualdad (C.P. 13), pues contrario a lo indicado por el accionante, en los procesos judiciales donde se ordene la disolución de la sociedad (v.gr. conyugal), el juez que la decreta deberá aprobarla.
Respecto al artículo 417 numeral 1, compartió los argumentos del actor, pues adujo que "al establecer el legislador la prohibición de la declaratoria de huelga a las federaciones y confederaciones de sindicatos, de una parte se está haciendo una discriminación cuando hay razón que la justifique, toda vez que al estar equiparados unos y otros, deberán gozar de los mismos derechos y beneficios; de otra parte, al imposibilitar el ejercicio del derecho, se está privando a estas organizaciones gremiales de un mecanismo eficaz para lograr sus pretensiones y aspiraciones gremiales laborales, pues de lo contrario, sus anhelos se verán frustrados y no lograrán las conquistas que efectivamente si obtienen las organizaciones de primer grado (sindicatos)".
Respecto a los artículos 444 y 448 expresó que comparte los planteamientos expuestos por el demandante " toda vez que el derecho de huelga está garantizado por mandato constitucional, salvo en los servicios esenciales definidos por el legislador y es el máximo mecanismo de presión con que cuentan los trabajadores para lograr sus aspiraciones y conquistas laborales. Pero si en su ejercicio se establecen fórmulas de injerencia de las autoridades públicas, como en efecto acontece en las disposiciones en estudio, se desconoce flagrantemente el contenido de los numerales 1 y 2 del artículo 3 del Convenio 87, porque con ello se estropea su efectividad, al permitirse la intromisión de aquellos, pues con su intervención puede limitar el derecho y entorpecer su ejercicio legal, lográndose finalmente resultados nefastos, relativos y desestimulantes para la organización sindical".
Alcance del fallo.
1.1. La Corte no se pronunciará en relación con el artículo 384, con los literales a) de los artículos 388 y 422 y, la expresión "ser colombianos" contenida en el numeral 2 del art. 432 del Código Sustantivo del Trabajo, por existir cosa juzgada constitucional, dado que dichos preceptos fueron declarados inexequibles en la sentencia C-385/2000 M.P.A.B.C... En tal sentido, en la parte resolutiva de esta sentencia se ordenará estarse a lo resuelto en el mencionado fallo.
1.2. Tampoco se pronunciará en relación con las expresiones acusadas del numeral 3 del artículo 448 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 63 de la ley 50 de 1990, por existir cosa juzgada constitucional, según se desprende del contenido de las sentencias 115/91 M.P.J.S.G. de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y C-085/95 M.P.J.A.M. proferida por esta Corporación.
En relación con el derecho fundamental de asociación sindical la Corte en la sentencia C-385/2000 M.P.A.B.C., tuvo ocasión de pronunciarse en los siguientes términos:
`Se concluye que el derecho de asociación sindical es un derecho subjetivo que tiene una función estructural qué desempeñar, en cuanto constituye una vía de realización y reafirmación de un estado social y democrático de derecho, más aún cuando este derecho que permite la integración del individuo a la pluralidad de grupos, no constituye un fin en sí mismo o un simple derecho de un particular, sino un fenómeno social fundamental en una sociedad democrática y, es más, debe ser reconocido por todas las ramas y órganos del poder público'.
`Tiene así mismo un carácter instrumental ya que se crea sobre la base de un vínculo jurídico, necesario para la consecución de unos fines que las personas van a desarrollar en el ámbito de la formación social'".
Según los arts. 53, inciso 4, 93 y 94 de la Constitución el contenido y alcance del derecho de asociación sindical ha de fijarse con arreglo a los convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos Declaración Universal de los Derechos Humanos arts. 2 y 23. Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales art. 8 . Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de la ONU. . Específicamente ha de tenerse en cuenta el Convenio 87 de la OIT relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicalización que, en lo pertinente, establece lo siguientes principios:
Las organizaciones de trabajadores y empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa
Las organizaciones de trabajadores y empleadores tienen el derecho de constituir federaciones y confederaciones, asi como el de afiliarse a las mismas, y toda organización, federación o confederación tiene el derecho de afiliarse a las organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores
En la sentencia C-385/200 Idem. la Corte precisó la relación entre derecho de asociación y libertad sindical de la siguiente manera:
- Como en una empresa sí pueden existir dos o mas sindicatos de base según lo decidió la Corte al declarar inexequible en la sentencia C-567/2000 M.P.A.B.S. los numerales 1 y 3 del art. 26 del decreto legislativo 2351 de 1965, el trabajador en ejercicio de la libertad positiva de asociación puede afiliarse a los sindicatos de base existentes en ellas. También puede hacerlo, por consiguiente, cuando se trata de dos o mas empresas y se presenta la coexistencia de contratos.
En cuanto la norma contenida en el inciso segundo del artículo 369, la Corte considera que no merece ningún reparo de inconstitucional, pues la misma lo único que establece es una remisión neutral al artículo 366, el cual ya fue objeto de estudio por parte de esta Corporación, y declarado exequible en la sentencia C- 567/200 M.P.A.B.S...
Se declarará exequible el art. 388, con excepción de la expresión "tanto de la provisional como de las reglamentarias"; y de las letras d) y f) del numeral 1 que se declararán inexequibles, y lo que se prevé en el punto 1.1.
Se declarará exequible el art. 422, con excepción de la expresión "tanto de la provisional como de las reglamentarias"; y de las letras d) y f) del numeral 1 que se declaran inexequibles, y lo que se prevé en el punto 1.1.
Se declarará inexequible la expresión "de tres (3) de entre ellos" del numeral 1 y el numeral 2 del art. 432, excepción hecha de la expresión "ser colombianos" que fue declarada inexequible por la Corte en la sentencia C-385/2000.
Por lo demás, ya esta Corte definió el problema relativo a la representación de los trabajadores, cuando en una empresa existen dos o mas sindicatos de base, al declarar inexequible, en la sentencia C-567/2000 Idem. el numeral 3 del art. 26 del decreto legislativo 2351 de 1965, que establecía: "si ninguno de los sindicatos agrupa a la mayoría de los trabajadores de la empresa, la representación corresponderá conjuntamente a todos ellos. El Gobierno reglamentará la forma y modalidades de esta representación".
SEGUNDO. ESTESE A LO DISPUESTO en las sentencias 115/91 M.P.J.S.G. de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y C-085/95 M.P.J.A.M. proferida por esta Corporación en relación con las expresiones acusadas del numeral 3 del artículo 448 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 63 de la ley 50 de 1990 por existir cosa juzgada constitucional.
El artículo 417 del Código Sustantivo del Trabajo, dispone en su numeral 1º, que: "Todos los sindicatos tienen, sin limitación alguna, las facultades de unirse o caoaligarse en federaciones locales, regionales, profesionales o industriales y éstas en confederaciones. Las federaciones y confederaciones tienen derecho al reconocimiento de personería propia y las mismas atribuciones de los sindicatos, salvo la declaración de huelga, que compete privativamente, cuando la ley la autoriza a los sindicatos respectivos o grupos de trabajadores directa o indirectamente interesados", norma esta respecto de la cual se solicitó por los actores la declaración de inexequibilidad de las expresiones que aparecen en negrilla.
La Sentencia C-797 de 29 de junio de 2000, en su numeral octavo declaró inexequible la expresión "al reconocimiento" y exequible la expresión "salvo la declaración de huelga que compete privativamente, cuando la ley la autorice a los sindicatos respectivos o grupos de trabajadores directa o indirectamente interesados".
Por cuanto los suscritos magistrados encontramos que las federaciones y confederaciones sindicales son una manifestación expresa del derecho de asociación sindical consagrado por el artículo 39 de la Carta Política y, como quiera que la propia Constitución establece, entre otros derechos de los trabajadores los de "negociación colectiva para regular las relaciones laborales" y el de "huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador", consideramos que la ley no puede, a pretexto de la regulación propia del derecho colectivo del trabajo, cercenar, ni prohibir, como lo hace en la segunda parte del numeral primero del artículo 417 del Código Sustantivo del Trabajo el derecho a la declaración de huelga de los trabajadores cuyos sindicatos de primer grado se encuentren afiliados a federaciones o confederaciones de ese carácter. Por esta vía se abre el camino para despojar de las funciones propias de las organizaciones sindicales a las entidades de segundo o tercer grado que agrupen a los trabajadores, para convertirlas, simplemente, en personas jurídicas que, a su turno, estén conformadas por otras personas jurídicas, sin ningún ejercicio real de actividad alguna en defensa de los trabajadores, que es, en el fondo, precisamente, la razón de su existencia.
En efecto, en mi sentir, el inciso primero del artículo 400 del C.S.T., otorga a la asociación sindical el derecho a que los empleadores deduzcan de los salarios y pongan a disposición de las directivas sindicales competentes las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus afiliados, y, además, que para la correspondiente retención de las referidas cuotas basta con que el S. y el Fiscal del Sindicato, comuniquen certificadamente al empleador su valor para efectos de la deducción correspondiente en la nómina del trabajador afiliado al sindicato.
Sentencia nº 25000-23-24-000-2004-00484-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Primera, de 17 de Febrero de 2011