Source: https://legislacion.vlex.es/vid/ley-septiembre-subvenciones-castilla-leon-388109293
Timestamp: 2020-07-06 23:59:27
Document Index: 301274629

Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'artículo 48', 'artículo 122', 'artículo 131', 'artículo 29', 'artículo 48', 'artículo 49', 'artículo 44', 'artículo 9', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6', 'Artículo 6', 'ARTÍCULO 7', 'artículo 71', 'artículo 2', 'ARTÍCULO 8', 'artículo 2', 'ARTÍCULO 9', 'artículo 31', 'Artículo 9', 'ARTÍCULO 10', 'ARTÍCULO 11', 'ARTÍCULO 12', 'ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 14', 'artículo 20', 'Artículo 15', 'ARTÍCULO 16', 'artículo 24', 'ARTÍCULO 17', 'artículo 71', 'artículo 2', 'ARTÍCULO 18', 'ARTÍCULO 19', 'ARTÍCULO 20', 'ARTÍCULO 21', 'ARTÍCULO 22', 'ARTÍCULO 23', 'ARTÍCULO 25', 'artículo 16', 'ARTÍCULO 26', 'artículo 25', 'artículo 20', 'artículo 5', 'Artículo 27', 'ARTÍCULO 28', 'Artículo 29', 'ARTÍCULO 29', 'artículo 9', 'Artículo 30', 'ARTÍCULO 30', 'ARTÍCULO 31', 'artículo 22', 'artículo 113', 'ARTÍCULO 32', 'artículo 2', 'artículo 22', 'ARTÍCULO 33', 'artículo 111', 'artículo 113', 'artículo 28', 'ARTÍCULO 34', 'ARTÍCULO 35', 'artículo 37', 'artículo 48', 'ARTÍCULO 36', 'ARTÍCULO 37', 'ARTÍCULO 38', 'ARTÍCULO 39', 'ARTÍCULO 40', 'ARTÍCULO 41', 'ARTÍCULO 42', 'ARTÍCULO 43', 'artículo 15', 'ARTÍCULO 44', 'ARTÍCULO 45', 'ARTÍCULO 46', 'Artículo 46', 'ARTÍCULO 47', 'ARTÍCULO 48', 'ARTÍCULO 49', 'ARTÍCULO 50', 'ARTÍCULO 51', 'artículo 37', 'ARTÍCULO 52', 'ARTÍCULO 54', 'ARTÍCULO 55', 'artículo 111', 'artículo 113', 'artículo 22', 'artículo 19', 'artículo 14', 'artículo 33', 'Artículo 49', 'artículo 56', 'Artículo 56']

Ley de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León (Ley 5/2008, de 25 de septiembre) - Normativa de Castilla y León - Legislación - VLEX 388109293
CAPÍTULO II. Normas comunes a las subvenciones del sector público autonómico - arts. 4 a 14
CAPÍTULO I. Del procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva - arts. 15 a 28
SECCIÓN 1ª. De las subvenciones previstas nominativamente en los presupuestos - art. 29
SECCIÓN 2ª. De la concesión de subvenciones establecidas por ley - art. 30
SECCIÓN 3ª. De la concesión directa de subvenciones por razones que dificulten su convocatoria pública - arts. 31 y 32
CAPÍTULO I. Del procedimiento de gestión presupuestaria - arts. 33 a 40
CAPÍTULO II. Del procedimiento de justificación de las subvenciones públicas - arts. 41 a 46
TÍTULO IV. De los incumplimientos del beneficiario y de las entidades colaboradoras - arts. 47 a 53
TÍTULO V. Régimen sancionador - arts. 54 y 55
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Ayudas en especie
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Subvenciones libradas por el Estado a la Comunidad para ponerlas a disposición de un tercero
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Contratos programa
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Cooperación Económica Local General
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Entregas dinerarias sin contraprestación que realicen las empresas y fundaciones públicas de la Comunidad
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Justificación de subvenciones concedidas por la Administración de la Comunidad a entidades locales y a los organismos y entidades públicas dependientes de ellas
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Aportaciones a entidades del sector público autonómico destinadas a la realización de actuaciones concretas
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Normas de aplicación supletoria
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Régimen transitorio de procedimientos
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. Régimen de control interno de determinadas aportaciones dinerarias
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Gestión de subvenciones estatales y de la Unión Europea
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Modificación del artículo 29 de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Modificación del artículo 48 de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. Modificación de los artículos 49 y 56 de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras
DISPOSICIÓN FINAL QUINTA. Modificación de la Ley 1/1993, de 6 de abril, de Ordenación del Sistema Sanitario
DISPOSICIÓN FINAL SEXTA. Modificación de la Ley 21/1994, de 15 de diciembre, de creación de la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León
Norma citada en: 114 sentencias, 4 artículos doctrinales, 86 disposiciones normativas, una resolución administrativa
Como modalidad del gasto público, las subvenciones deben ajustarse necesariamente a la legislación presupuestaria. El gasto está sometido al régimen presupuestario y ha de estar previsto en forma de crédito en los presupuestos de cada Administración. La política presupuestaria actual está orientada por los criterios de estabilidad y crecimiento económico pactados por los países de la Unión Europea, que, además, en España han encontrado expresión normativa en las leyes de estabilidad presupuestaria. Como todo gasto público, el gasto correspondiente a las subvenciones ha de estar sometido a la transparencia en la elaboración, ejecución y control del presupuesto, así como en la asignación y gestión de los recursos presupuestarios en un horizonte plurianual orientado por los principios de eficacia, eficiencia y calidad de las finanzas públicas. Desde la perspectiva administrativa, las subvenciones son una técnica de fomento de determinados comportamientos en los diferentes campos en que los poderes públicos han de ejercer sus competencias. A través de su concesión, las Administraciones Públicas fomentan la consecución de actividades de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública. Esta vinculación de la concesión al cumplimiento de un determinado objetivo, a la ejecución de un proyecto, a la realización de una actividad, a la adopción de un comportamiento singular o a la concurrencia de una situación justifica la propia actividad administrativa de fomento, así como su naturaleza condicional so pena de reintegro. En su configuración legal es preciso conjugar esa doble perspectiva. Así resulta de las previsiones de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y de su desarrollo reglamentario, que han establecido un régimen común para todas las Administraciones Públicas mediante un conjunto de normas básicas. De esta forma, las subvenciones comprendidas en su ámbito de aplicación se regirán, en primer lugar, por estas normas básicas y, en segundo lugar, por la propia normativa que cada Comunidad y Administración establezca.
Las normas básicas que contienen la Ley General de Subvenciones y su reglamento afectan a los principales aspectos de las subvenciones y condicionan y limitan de modo importante la legislación de la Comunidad en la materia. Como afirma el Tribunal Constitucional, las normas básicas constituyen un común denominador normativo a partir del cual cada Comunidad puede legislar sin variarlo o contradecirlo. Dentro de ese común denominador normativo, pueden señalarse como más importantes las siguientes disposiciones:
La exigencia de concretar en un plan estratégico, antes de establecer subvenciones, los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación. Este plan se supedita al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. El establecimiento de unos requisitos previos para conceder cada subvención: la aprobación de las normas que establezcan las bases reguladoras, la existencia de crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones de contenido económico que deriven de la concesión de la subvención, la aprobación del gasto por el órgano competente... La definición de los beneficiarios y las entidades colaboradoras, así como una regulación detallada de sus obligaciones. La determinación de algunos de los extremos que ha de concretar la norma reguladora de las bases de concesión de las subvenciones. Una regulación exhaustiva de la publicidad de las subvenciones concedidas. Unas normas generales sobre los procedimientos de concesión. Una regulación detallada del procedimiento de gestión y justificación de las subvenciones. La determinación de causas de nulidad de la resolución de concesión y de causas de reintegro. Normas sobre infracciones y sanciones.
Hasta ahora, la regulación general de la Comunidad de Castilla y León sobre las subvenciones era la establecida por los artículos 122, 122 bis y 131 de la Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León. La importancia que han adquirido las subvenciones ha producido una diversificación de supuestos cuya complejidad ha desbordado la regulación de esos artículos que, además, han acabado por resultar desfasados, como consecuencia de las previsiones de las normas básicas. Esto hace necesaria una nueva regulación que esté a la altura de las circunstancias y que tenga por objeto complementar y desarrollar la normativa básica estatal, así como regular aquellos aspectos que dichas normas básicas no regulen. El texto de la ley está organizado en cinco títulos, siete disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y ocho finales. El título I define como objeto de la ley la regulación de las subvenciones establecidas y otorgadas por entidades del sector público autonómico en aquellos aspectos no previstos en la legislación básica estatal. Es decir, aquellas subvenciones cuya existencia es decidida por la Comunidad o por entidades del sector público autonómico, y aquellas otras que, aunque no sean creadas por la Comunidad, sean otorgadas por entidades del sector público y existan competencias para incidir en su regulación. Delimita a continuación la posibilidad de que estas entidades concedan subvenciones, y establece una serie de normas comunes a todas las subvenciones del sector público autonómico relativas a los planes estratégicos, los convenios de colaboración con entidades colaboradoras, el contenido mínimo de las bases reguladoras y la competencia para su aprobación, la competencia y los plazos para resolver los procedimientos de concesión y el contenido de las resoluciones. El título II se refiere a los procedimientos para la concesión de subvenciones. Regula el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva, que constituye el procedimiento ordinario de concesión; incluye unas reglas sobre las subvenciones previstas nominativamente en los presupuestos de la Comunidad; establece normas supletorias de procedimiento para las subvenciones establecidas por ley y regula la concesión directa de subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. El título III se refiere a los procedimientos de gestión. Por una parte, prevé normas específicas de gestión presupuestaria y, por otra, establece normas sobre la justificación de los proyectos o actividades subvencionados y sobre la comprobación de su adecuada realización. El título IV regula los procedimientos que tienen por objeto determinar los incumplimientos del beneficiario y de las entidades colaboradoras y sus consecuencias, entre ellas, el reintegro. El título V se refiere al régimen sancionador. Se remite a las infracciones y sanciones establecidas por el Estado y prevé reglas de competencia para el ejercicio de la potestad sancionadora. Las disposiciones adicionales recogen una serie de previsiones que no pueden incluirse en el texto articulado, pero que es necesario establecer al mismo tiempo. La disposición adicional primera se refiere a las ayudas en especie, de modo similar a lo establecido en la Ley General de Subvenciones. La disposición adicional segunda recoge el contenido del apartado 2 del artículo 122 bis de la Ley de la Hacienda de la Comunidad relativo a aquellas subvenciones nominativas que la Administración del Estado libra a la Comunidad para que ésta las entregue a los beneficiarios. La disposición adicional tercera incorpora con un planteamiento renovado la regulación de los contratos programa hasta ahora prevista en el artículo 131 de la Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad, al entender que encaja mejor en este contexto que en el de la regulación del régimen presupuestario de los entes públicos de derecho privado y de las empresas públicas como hasta ahora. La disposición adicional cuarta se refiere a la Cooperación Económica Local General e incorpora la regulación de la cooperación económica de la Comunidad con las entidades locales de su territorio, que se ha venido recogiendo en las sucesivas leyes de presupuestos generales de la Comunidad. La disposición adicional quinta establece unas reglas generales de las entregas dinerarias sin contraprestación que realicen las empresas públicas y las fundaciones públicas de la Comunidad. La disposición adicional sexta introduce unas reglas para la justificación de subvenciones concedidas por la Administración de la Comunidad a entidades locales y a los organismos autónomos y entidades públicas dependientes de ellas. La disposición adicional séptima prevé unas reglas sobre subvenciones entre entidades del sector público que están excluidas del ámbito de aplicación de la Ley 38/2003. La disposición transitoria primera se refiere a la aplicación supletoria de normas reglamentarias del Estado; la transitoria segunda regula el régimen transitorio de los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley y la transitoria tercera se refiere a la aplicación de normas sobre el control interno. La disposición derogatoria, además de prever la cláusula genérica de derogación, deroga expresamente una serie de normas por resultar incompatibles con las previsiones de la ley. En aquellos aspectos procedimentales no regulados por la normativa estatal o europea, la disposición final primera prevé la aplicación supletoria de la ley a la tramitación de subvenciones estatales y europeas que gestionen entidades del sector público autonómico. La disposición final segunda da nueva redacción al artículo 29 de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras, para matizar un aspecto de la autorización del gasto en el caso de subvenciones reguladas por iniciativas comunitarias. La disposición final tercera modifica el apartado 1 del artículo 48 de la citada Ley 13/2005 para ajustarlo a las previsiones de esta ley, y la disposición final cuarta introduce cambios en el artículo 49 y en el 56 de esa misma ley para precisar sus contenidos. La disposición final quinta modifica el artículo 44 de la Ley 1/1993, de 6 de abril, de Ordenación del Sistema Sanitario, para incluir una referencia a la competencia para conceder subvenciones. La disposición final sexta modifica la letra b) del artículo 9.1 de la Ley 21/1994, de 15 de diciembre, de creación de la Agencia de Inversiones y Servicios, para ajustarla a las previsiones de esta ley. La disposición final séptima se refiere al desarrollo reglamentario y la octava dispone la entrada en vigor de la ley.
ARTÍCULO 2 Entidades del sector público autonómico que pueden establecer y conceder subvenciones.
CAPÍTULO II Normas comunes a las subvenciones del sector público autonómico Artículos 4 a 14
ARTÍCULO 4 Planes estratégicos de subvenciones.
En el ámbito de la Administración de la Comunidad cada Consejería y cada entidad institucional elaborará un plan estratégico de subvenciones, con el contenido previsto en las normas básicas. No obstante, por razones justificadas, podrán elaborarse planes estratégicos especiales de ámbito inferior a la Consejería o entidad institucional, o planes estratégicos conjuntos que afecten a varias consejerías u organismos adscritos o vinculados a éstas.
Los planes estratégicos de la Administración de la Comunidad serán aprobados por el titular de la Consejería correspondiente previo informe favorable de la Consejería competente en materia de hacienda. No obstante, los planes estratégicos conjuntos serán aprobados por la Junta de Castilla y León, previo informe de la Consejería competente en materia de hacienda. Los planes estratégicos de las universidades públicas de la Comunidad de Castilla y León y del resto de entidades a que es de aplicación esta ley serán aprobados por sus órganos competentes, de acuerdo con lo que establezcan sus normas específicas.
En el primer trimestre de cada año, las consejerías y las entidades gestoras de las subvenciones evaluarán las líneas de subvenciones ejecutadas, con el fin de analizar si se han cumplido los objetivos y efectos previstos en el plan estratégico y determinar la procedencia del mantenimiento o supresión de dichas líneas.
ARTÍCULO 5 Convenios de colaboración con entidades colaboradoras.
Las condiciones y obligaciones que las entidades colaboradoras asuman se regularán en un convenio de colaboración suscrito por ellas y el órgano administrativo concedente.
El convenio de colaboración deberá contener, además de los extremos establecidos por las normas básicas, como mínimo, los siguientes puntos:
ARTÍCULO 6 Bases reguladoras de la concesión de subvenciones.
Las bases reguladoras son disposiciones generales que desarrollan el régimen jurídico de cada subvención.
La norma reguladora de las bases de concesión de las subvenciones concretará, además de los establecidos en las normas básicas, como mínimo los siguientes extremos:
Las bases reguladoras se aprobarán, previo informe de los servicios jurídicos, y se publicarán en el Boletín Oficial de Castilla y León. Igualmente, serán objeto de publicidad en la página Web de la Consejería u organismo correspondiente.
No será necesario el establecimiento de las bases reguladoras cuando las normas sectoriales específicas de cada subvención incluyan el contenido previsto en apartado 2 de este artículo.
En las subvenciones nominativas y en las subvenciones concedidas directamente por razones que dificulten su convocatoria pública, en aquellos casos en que las normas de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y de esta ley se remitan a lo que se determine en las bases reguladoras, está remisión se entenderá realizada a lo que se prevea en el acto de concesión de la subvención o, en su caso, el convenio en que se instrumente la concesión.
Artículo 6, apartado 5, añadido por la Ley 10/2009, de 17 de diciembre, de Medidas Financieras, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, el 18 de Diciembre de 2009.
ARTÍCULO 7 Competencia para la aprobación de las bases reguladoras.
Cuando las subvenciones hayan de ser otorgadas por la Administración General de la Comunidad, los organismos autónomos y entes públicos de derecho privado integrantes de su Administración Institucional, las bases reguladoras se aprobarán mediante orden del titular de la consejería correspondiente.
En el caso de subvenciones que hayan de concederse con cargo a créditos de varias secciones presupuestarias, las bases reguladoras se aprobarán de acuerdo con lo establecido por el artículo 71 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad, respecto de las órdenes que afecten a las competencias de varias consejerías.
En las universidades públicas de la Comunidad y en las restantes entidades del sector público autonómico a las que se refiere el artículo 2 de esta ley, las bases reguladoras de las subvenciones serán aprobadas por los órganos que determinen sus normas específicas. Cuando estas entidades carezcan de capacidad normativa, las bases serán aprobadas por el titular de la consejería de que dependan o a la que se encuentren vinculadas.
ARTÍCULO 8 Información sobre la gestión de subvenciones.
Los órganos gestores de las subvenciones establecidas y otorgadas por las entidades del sector público autonómico de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de esta ley deberán proporcionar a la Intervención General de la Administración de la Comunidad, a efectos meramente estadísticos o informativos, información acerca de las subvenciones por ellos gestionadas, con el objeto de formar una base de datos autonómica de subvenciones, en los términos que se establezcan reglamentariamente.
Esta base de datos autonómica deberá proporcionar información, al menos, sobre los siguientes extremos:
ARTÍCULO 9 Competencia para resolver los procedimientos de concesión de subvenciones.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 31 de esta ley, son órganos competentes para resolver los procedimientos para la concesión de subvenciones:
En los procedimientos de concesión en régimen de concurrencia competitiva, la competencia para resolver corresponderá a un solo órgano.
Las bases reguladoras determinarán el órgano competente para resolver los procedimientos de concesión de subvenciones con cargo a créditos de varias secciones presupuestarias.
En la Administración General de la Comunidad y organismos autónomos y entes públicos de derecho privado adscritos a ella, el órgano competente para resolver necesitará la autorización de la Junta de Castilla y León cuando la cuantía de la subvención sea superior a un millón de euros. Esta autorización llevará implícita la autorización para superar, si fuera preciso, los porcentajes establecidos en la legislación vigente para adquirir compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros, previo informe de la consejería competente en materia de hacienda.
Artículo 9, apartado 4, modificado por la Ley 10/2009, de 17 de diciembre, de Medidas Financieras, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, el 18 de Diciembre de 2009.
ARTÍCULO 10 Contenido de las resoluciones.
Las resoluciones que concedan o denieguen subvenciones tendrán el contenido establecido en las normas básicas reguladoras del procedimiento administrativo común, en esta ley y, en su caso, en la correspondiente norma o convocatoria.
Las resoluciones se motivarán de conformidad con lo establecido en las bases reguladoras de la subvención o en sus normas específicas. En todo caso, deberán quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se dicte.
Cuando la subvención se conceda a una sociedad o entidad en proceso de constitución, la resolución fijará un plazo para que se acredite la inscripción de la sociedad en el correspondiente registro o la constitución de la entidad y para que una u otra acepten la concesión.
ARTÍCULO 11 Convenios.
ARTÍCULO 12 Plazo para resolver.
El plazo máximo para resolver las solicitudes y notificar las resoluciones será el que se establezca en las bases reguladoras u otras normas específicas, sin que pueda exceder de seis meses, salvo que una ley establezca un plazo mayor o así venga previsto en la normativa de la Unión Europea. El plazo se computará desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para resolver, o desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentarla cuando las subvenciones se concedan en régimen de concurrencia competitiva. Transcurrido este plazo sin que se haya dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimada la solicitud en los términos previstos en las normas reguladoras del procedimiento administrativo común.
En el supuesto de subvenciones tramitadas por otras Administraciones Públicas cuya resolución corresponda a la Administración General de la Comunidad, sus organismos autónomos o entes públicos de derecho privado, el plazo se computará a partir del momento en que el órgano otorgante disponga de la propuesta o de la documentación que la norma reguladora de la subvención determine.
Cuando la resolución haya de referirse a una subvención complementaria de otra otorgada con anterioridad, el plazo para resolver comenzará a contarse a partir de que el órgano gestor tenga conocimiento oficial de esta resolución o desde que produzca efectos el silencio administrativo.
ARTÍCULO 13 Incidencias posteriores a la concesión.
ARTÍCULO 14 Fin de la vía administrativa.
TÍTULO II De los procedimientos para la concesión de subvenciones Artículos 15 a 32
CAPÍTULO I Del procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva Artículos 15 a 28
El procedimiento para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva se iniciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por el órgano competente.
La convocatoria deberá publicarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y un extracto de la misma en el "Boletín Oficial de Castilla y León", de acuerdo con lo establecido en el apartado 8 del artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 15, apartado 2, modificado por la Ley 2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y Administrativas.
ARTÍCULO 16 Convocatoria de subvenciones.
La convocatoria especificará el procedimiento para la concesión de las subvenciones, que se ajustará a lo previsto en las bases reguladoras, lo establecido en esta ley y en la legislación presupuestaria de la Comunidad, y tendrá necesariamente el siguiente contenido:
La indicación de la disposición que establezca, en su caso, las bases reguladoras y el Boletín Oficial de Castilla y León en que estén publicadas, salvo que, en atención a su especificidad, éstas se incluyan en la propia convocatoria.
La indicación de las aplicaciones presupuestarias a las que se imputará la subvención y la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas o, en su defecto, cuantía global estimada.
Las condiciones y finalidad de la concesión de la subvención.
La mención al régimen de la concesión.
Los requisitos exigidos a los solicitantes y la forma de acreditarlos.
Los documentos e informaciones que deben acompañarse a la solicitud.
El plazo, el lugar y el medio de presentación de las solicitudes.
La indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.
El plazo para resolver el procedimiento y notificar la resolución, así como los efectos del silencio administrativo.
La indicación de que la resolución pone fin a la vía administrativa, recursos que proceden contra la misma, órgano ante el que han de presentarse y plazo para su interposición.
En su caso, la posibilidad de reformulación de las solicitudes; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de esta ley.
La posibilidad de modificación y de revisión de las subvenciones concedidas, en los casos en que expresamente se prevean.
Los criterios de valoración de las solicitudes. ñ) El medio de notificación o publicación, de conformidad con lo previsto en las normas reguladoras del procedimiento administrativo común.
Cuando sea preceptiva la notificación a la Comisión Europea y la convocatoria se publique sin que se hubiera producido la resolución de ésta, se indicará expresamente que la concesión de las subvenciones queda condicionada al cumplimiento de las observaciones formuladas por la Comisión Europea.
Cuando en convocatorias de carácter plurianual se prevean actualizaciones del importe de las subvenciones concedidas en función de índices u otras fórmulas establecidas en ellas, se asignará una cuantía adicional estimada para garantizar la cobertura presupuestaria de dichas actualizaciones.
Excepcionalmente, la convocatoria podrá prever que, durante su vigencia, los créditos asignados en ella puedan ser incrementados en una cuantía adicional máxima determinada o determinable objetivamente en los términos que se establezcan en la propia convocatoria.
ARTÍCULO 17 Competencia para aprobar las convocatorias de subvenciones.
Salvo que las bases reguladoras de la concesión dispongan otra cosa, en la Administración General de la Comunidad y organismos autónomos y entes públicos de derecho privado adscritos a ella, las convocatorias se aprobarán por orden del titular de la consejería correspondiente.
Con la misma salvedad del apartado anterior, en el caso de subvenciones que hayan de concederse con cargo a créditos de varias secciones presupuestarias, las convocatorias se aprobarán de acuerdo con lo establecido por el artículo 71 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad, respecto de las órdenes que afecten a las competencias de varias consejerías.
En las universidades públicas de la Comunidad y en las restantes entidades del sector público autonómico mencionadas en el artículo 2 de esta ley, las convocatorias serán aprobadas por los órganos que determinen sus normas específicas.
ARTÍCULO 18 Solicitudes.
Las solicitudes se presentarán en los modelos normalizados que, a tal efecto, se aprueben e irán acompañadas de los documentos e informaciones determinados en la convocatoria o en las normas específicas.
Las normas reguladoras de las bases de concesión de la subvención o las convocatorias podrán prever la sustitución de la presentación de determinados documentos por una declaración responsable del solicitante. En este caso, con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión, se deberá requerir la presentación, en un plazo no superior a diez días, de la documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en la citada declaración.
ARTÍCULO 19 Subsanación.
ARTÍCULO 20 Selección de los beneficiarios.
En el procedimiento de concurrencia competitiva, las subvenciones se otorgarán, salvo cuando proceda el prorrateo u otras excepciones establecidas por las normas básicas, a aquellos solicitantes que, cumpliendo los requisitos exigidos, hayan obtenido un orden preferente, como resultado de comparar las solicitudes presentadas aplicando los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, con el límite de los créditos presupuestarios asignados a la convocatoria.
Cuando, por la finalidad de la subvención, hayan de otorgarse un número determinado de subvenciones, la convocatoria podrá establecer, siempre que así se prevea en las bases reguladoras, que, cuando existan solicitantes que hayan obtenido idéntica puntuación después de aplicar los criterios de valoración, la selección de los beneficiarios se realice a través de procedimientos de azar. En estos supuestos, la convocatoria deberá garantizar la transparencia de dichos procedimientos.
ARTÍCULO 21 Comisión de valoración.
La comisión de valoración se regirá por lo previsto en esta ley y, en su defecto, por lo establecido para los órganos colegiados en las normas básicas de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Las comisiones de valoración estarán integradas como mínimo por tres personas.
ARTÍCULO 22 Órgano instructor.
Será competente para la instrucción el órgano que se determine en las bases reguladoras, el cual realizará de oficio cuantas actuaciones sean necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formularse la propuesta de resolución.
Corresponde al órgano instructor, previa evaluación de las solicitudes e informe de la comisión de valoración, la redacción de la propuesta de resolución debidamente motivada. Dicha propuesta no podrá separarse del informe de la comisión de valoración.
ARTÍCULO 23 Audiencia de los interesados.
Cuando la subvención tenga por objeto la financiación de actividades que haya de desarrollar el solicitante y el importe de la subvención a conceder sea inferior al que figura en la solicitud, se podrá instar al beneficiario a la reformulación de su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, siempre con anterioridad a la propuesta de resolución y cuando se haya previsto en las bases reguladoras y en la convocatoria.
En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración.
ARTÍCULO 25 Propuesta de resolución.
Examinadas las alegaciones, documentos y justificaciones presentadas por los interesados, y terminada necesariamente la instrucción, el órgano instructor formulará, previo informe vinculante de la comisión de valoración, la propuesta de resolución que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y su cuantía, ordenados en función de la valoración obtenida, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla. Igualmente, expresará la relación de solicitantes para los que se propone la denegación de la subvención, debidamente motivada.
En los supuestos a los que se refiere el artículo 16.2, una vez fijado el orden de prelación de las solicitudes presentadas, podrán realizarse propuestas de resolución parciales por el crédito disponible en ese momento. La relación de solicitantes para los que se propone la denegación de la subvención se incluirá únicamente en la última propuesta de resolución, una vez determinado el crédito definitivo.
El expediente de concesión de subvenciones contendrá un informe del órgano instructor en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios propuestos cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.
Las propuestas de resolución no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la Administración o entidad que tramita las solicitudes de subvención.
ARTÍCULO 26 Aceptación por el beneficiario.
La propuesta de resolución a que se refiere el artículo anterior, cuando así esté previsto en las bases reguladoras, se notificará a los que hayan sido propuestos como beneficiarios, para que, en el plazo de treinta días, o en el que fijen dichas bases, comuniquen su aceptación. En el caso de no aceptar expresamente la subvención en el plazo indicado se entenderá que el beneficiario propuesto desiste de la solicitud.
Cuando haya beneficiarios propuestos que no acepten la subvención y existan solicitantes a los que se les haya denegado exclusivamente por agotamiento del crédito presupuestario, la propuesta sustituirá a aquellos por estos en función de la mayor valoración obtenida en la evaluación de las solicitudes, con el límite de los créditos presupuestarios asignados a la convocatoria.
Formulada la propuesta de resolución y, en su caso, evacuado el trámite de aceptación, el órgano competente para la concesión de subvenciones resolverá el procedimiento.
La resolución, además de contener el solicitante o relación de solicitantes a los que se concede la subvención, hará constar, si hubiere lugar, de manera expresa, la desestimación del resto de solicitudes, salvo aquellas que se deriven de las resoluciones surgidas de las propuestas parciales recogidas en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 25.
Las subvenciones concedidas, además de la publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.8,b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, serán objeto de publicidad en la sede electrónica o página web del órgano concedente, de conformidad con lo previsto en el apartado 4 del artículo 5 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Artículo 27, apartado 3, modificado por la Ley 2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y Administrativas.
ARTÍCULO 28 Resolución de los recursos administrativos.
CAPÍTULO II De la concesión de subvenciones de forma directa
SECCIÓN 1ª De las subvenciones previstas nominativamente en los presupuestos Artículo 29
ARTÍCULO 29 Subvenciones nominativas.
Las subvenciones previstas nominativamente en el estado de gastos de los presupuestos generales de la Comunidad de Castilla y León serán concedidas por el órgano competente de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de esta ley, sin que sea necesaria la autorización en razón de la cuantía a que se refiere el apartado 4 del mismo artículo.
Las resoluciones de concesión establecerán las condiciones y compromisos aplicables conforme a lo previsto en esta ley.
Para que la concesión de la subvención sea efectiva, deberá producirse la aceptación del beneficiario en el plazo de treinta días desde la notificación de la resolución de concesión, transcurrido el cual se entenderá que renuncia a la subvención.
SECCIÓN 2ª De la concesión de subvenciones establecidas por ley Artículo 30
ARTÍCULO 30 Subvenciones establecidas por ley.
Las subvenciones cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto por una ley seguirán el procedimiento de concesión que se determine en la misma y en las demás de específica aplicación.
Si no se hubiera establecido expresamente el procedimiento, este se ajustará a las siguientes reglas:
En lo no establecido en los apartados anteriores o en las leyes específicas será de aplicación lo previsto en el capítulo I de este título.
SECCIÓN 3ª De la concesión directa de subvenciones por razones que dificulten su convocatoria pública Artículos 31 y 32
ARTÍCULO 31 Subvenciones concedidas directamente por la Administración de la Comunidad por razones que dificulten su convocatoria pública.
Los Consejeros, en el ámbito de la Consejería correspondiente, y los órganos superiores de gobierno de las entidades que integran la Administración Institucional, en el ámbito propio de cada entidad, podrán conceder excepcionalmente, previa autorización de la Junta de Castilla y León, las subvenciones a que se refiere la letra c) del apartado 2 del artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La autorización a que se refiere el apartado anterior deberá ajustarse a las previsiones contenidas en esta ley, salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia, y contendrá, al igual que la resolución de concesión, como mínimo los siguientes extremos:
La autorización de la Junta de Castilla y León para conceder la subvención llevará implícita la autorización a que se refiere el artículo 113 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, previos los informes previstos en dicho artículo.
Para que la concesión de la subvención sea efectiva, deberá producirse la aceptación del beneficiario en el plazo de treinta días desde que se notifique la resolución, transcurrido el cual se entenderá que renuncia a la subvención.
La concesión de las subvenciones reguladas en este artículo se comunicará a las Cortes de Castilla y León.
ARTÍCULO 32 Subvenciones concedidas directamente por otros entes del sector público autonómico.
En las universidades públicas y las restantes entidades del sector público autonómico a que se refiere el artículo 2 de esta ley que tengan presupuesto limitativo, las subvenciones a que se refiere la letra c) del apartado 2 del artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, serán concedidas por el órgano que determinen sus normas específicas.
La resolución habrá de ser motivada y justificar el interés público, social, económico, humanitario o las demás razones que dificulten la convocatoria pública.
Para que la concesión de la subvención sea efectiva, deberá producirse la aceptación del beneficiario en el plazo de treinta días desde que se notifique la resolución. Transcurrido este plazo, se entenderá que renuncia a la misma.
TÍTULO III De los procedimientos de gestión de las subvenciones Artículos 33 a 46
CAPÍTULO I Del procedimiento de gestión presupuestaria Artículos 33 a 40
ARTÍCULO 33 Aprobación y compromiso del gasto.
Con carácter previo a la convocatoria de la subvención o a la concesión en los casos en que no exista convocatoria, deberá efectuarse la aprobación del gasto en los términos previstos en la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León o en las normas presupuestarias de las restantes entidades a que es de aplicación esta ley.
No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, dentro de los límites que para cada ejercicio y en cada caso acuerde la Junta de Castilla y León a propuesta de la consejería competente en materia de hacienda, el gasto podrá autorizarse en el momento de la concesión y el compromiso de gasto podrá efectuarse, en los términos que determine dicha consejería, cuando se tramite el anticipo o la primera liquidación de las subvenciones a que se refieren los artículos 35.1 a), c) y d), 36, 37 y 39 de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras, y de las subvenciones derivadas del Plan Cuatrienal de Vivienda y Suelo del Estado. Estas autorizaciones y compromisos no computarán a efectos de los límites a que se refiere el artículo 111 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, ni precisarán la autorización prevista en el artículo 113 de dicha ley para superar aquellos.
Cuando la estimación, total o parcial, de un recurso administrativo dé lugar a la concesión de la subvención, con aplicación de los principios establecidos en el artículo 28 de esta ley, ésta conllevará el compromiso del gasto correspondiente.
ARTÍCULO 34 Reajuste de anualidades.
ARTÍCULO 35 Del procedimiento general de pago.
El pago de la subvención se realizará una vez haya sido justificada por el beneficiario la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se concedió en los términos previstos en la normativa reguladora de la subvención.
Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de falta de justificación, justificación fuera de plazo o de concurrencia de cualesquiera de las otras causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en otras normas básicas y en esta ley, con las previsiones que al efecto se establezcan en las bases reguladoras. La pérdida del derecho a que se refiere el párrafo anterior se declarará siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 48 de esta ley.
No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en los términos que reglamentariamente se establezcan, mientras sea deudor de reintegro y si en el correspondiente expediente no consta el cumplimiento de la obligación del beneficiario de comunicar las subvenciones solicitadas y las obtenidas para el proyecto, la actividad o la adopción del comportamiento.
Al expediente que se tramite para el pago total o parcial de la subvención deberá incorporarse una certificación expedida por el órgano gestor de la subvención en la que quede de manifiesto:
El pago de las subvenciones concedidas a las entidades locales podrá suspenderse, en los términos que determine la consejería competente en materia de hacienda, en tanto no hayan cumplido sus obligaciones de pago derivadas de contratos administrativos y convenios cofinanciados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
ARTÍCULO 36 Pagos a cuenta.
Podrán realizarse pagos a cuenta cuando la naturaleza de la subvención lo justifique y siempre que en las normas reguladoras de la subvención se haya previsto tal posibilidad y, en su caso, el régimen de las garantías exigibles. Dichos pagos supondrán el pago parcial previa justificación del importe equivalente como aplicación de la subvención concedida.
En las subvenciones nominativas y en las concedidas directamente por razones que dificulten su convocatoria pública, se podrán realizar pagos a cuenta, cuando la naturaleza de la subvención lo justifique y siempre que se prevea tal posibilidad y, en su caso, el régimen de garantías exigibles en la resolución de concesión o en el contrato-programa en que éstas se instrumenten.
ARTÍCULO 37 Pagos anticipados en las subvenciones con convocatoria previa o normas específicas.
Podrán realizarse pagos anticipados, que tendrán la consideración de pagos a justificar, cuando en las normas reguladoras de las subvenciones se haya previsto tal posibilidad y, en su caso, el régimen de las garantías exigibles. Dichas previsiones deberán ser autorizadas por la consejería competente en materia de hacienda.
No será precisa dicha autorización en los siguientes supuestos:
Los pagos anticipados previstos en este artículo se justificarán de acuerdo con lo establecido en las normas reguladoras de la subvención.
El anticipo deberá ser solicitado por el beneficiario en la forma y momento que se establezca en las normas reguladoras de la subvención. Si la solicitud se produce después de concedida la subvención habrá de ser resuelta en el plazo de un mes transcurrido el cual sin que se haya notificado la resolución expresa se entenderá desestimada.
ARTÍCULO 38 Pagos anticipados en las subvenciones nominativas.
El pago de las subvenciones nominativas podrá anticiparse hasta en un cincuenta por ciento del importe de la subvención concedida cuando los beneficiarios sean entidades sin ánimo de lucro, entidades locales y sus organismos autónomos, la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, empresas públicas de la Comunidad, entes de la Administración Institucional de la Comunidad y entes con participación mayoritaria pública en que participe la Comunidad.
Para realizar pagos anticipados a entidades distintas de las previstas en el apartado anterior de este artículo o por cuantías superiores a las establecidas en el mismo, será necesaria la autorización de la consejería competente en materia de hacienda que fijará las garantías exigibles en su caso.
Las subvenciones nominativas para actividades de cooperación al desarrollo podrán anticiparse en su totalidad.
Los anticipos a que se refieren los apartados anteriores se realizarán previa solicitud del beneficiario, quien podrá entenderla desestimada si, transcurrido un mes, no se ha notificado la resolución expresa.
Los pagos anticipados a que se refiere este artículo tendrán el carácter de pagos a justificar.
ARTÍCULO 39 Pagos anticipados en las subvenciones concedidas directamente por razones que dificulten su convocatoria pública.
Podrán realizarse pagos anticipados de las subvenciones concedidas directamente por razones que dificulten su convocatoria pública cuando, previo informe de la consejería competente en materia de hacienda, así lo prevea la Junta de Castilla y León al autorizar la concesión, que asimismo determinará la cuantía del anticipo y la garantía que, en su caso, deba constituirse.
El anticipo se concederá previa solicitud del beneficiario, que podrá entenderla desestimada si transcurrido un mes no se ha dictado y notificado la resolución.
El pago anticipado de estas subvenciones tendrá el carácter de pago a justificar.
ARTÍCULO 40 Retención de pagos.
Una vez iniciado el procedimiento para determinar el incumplimiento del beneficiario y, en su caso, el reintegro, el órgano concedente puede acordar como medida cautelar, a iniciativa propia o de una decisión de la Comisión Europea o a propuesta de la Intervención General de la Administración de la Comunidad o de la autoridad pagadora, la suspensión de los libramientos de pago de las cantidades pendientes de abonar al beneficiario o entidad colaboradora, sin superar, nunca el importe que fijen la propuesta o resolución de inicio del procedimiento, con los intereses de demora devengados hasta aquel momento.
La adopción de esta medida cautelar se realizará por medio de resolución motivada, que debe notificarse al interesado, con indicación de los recursos pertinentes.
CAPÍTULO II Del procedimiento de justificación de las subvenciones públicas Artículos 41 a 46
ARTÍCULO 41 Justificación de las condiciones de la subvención.
ARTÍCULO 42 Plazos de justificación de las condiciones de la subvención.
La realización y justificación del proyecto, la actividad o la adopción del comportamiento objeto de subvención deberán producirse en los plazos que se establezcan. Cuando el proyecto o actividad subvencionados no pueda realizarse o justificarse en el plazo previsto, por causas debidamente justificadas, podrá concederse al beneficiario, a solicitud de éste, cuando así esté previsto en las bases reguladoras de la subvención, una prórroga del plazo.
En las subvenciones nominativas la prórroga a que se refiere el apartado anterior podrá concederse siempre que así se prevea en la resolución de concesión o en el contrato-programa en que la subvención se instrumente.
En las subvenciones concedidas directamente por razones que dificulten su convocatoria pública, la concesión de la prórroga deberá ser autorizada por la Junta de Castilla y León, salvo que hubiera facultado al órgano concedente para ello en el acuerdo que ha autorizado la concesión de la subvención.
La solicitud de la prórroga y su concesión deberán producirse antes del vencimiento del plazo de que se trate. Las resoluciones sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recursos. Las condiciones y el procedimiento para la concesión de la prórroga son los establecidos en las normas reguladoras del procedimiento administrativo común.
Cuando transcurra el plazo establecido para la justificación sin que esta haya sido presentada ante el órgano competente, este requerirá al beneficiario para que sea presentada en el plazo improrrogable de quince días. La falta de presentación de la justificación en este plazo dará lugar a la iniciación del procedimiento para determinar el incumplimiento y, en su caso, el reintegro.
ARTÍCULO 43 Comprobación de la justificación de las subvenciones.
El órgano concedente comprobará la adecuada justificación de la subvención, así como la realización del proyecto o de la actividad o la adopción del comportamiento y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
La entidad colaboradora, en su caso, realizará, en nombre y por cuenta del órgano concedente, las comprobaciones previstas en la letra b) del apartado 1 del artículo 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
ARTÍCULO 44 Comprobación de valores.
El valor comprobado por la Administración servirá de base para el cálculo de la cuantía de la subvención y se notificará, debidamente motivado y con expresión de los medios y criterios empleados, junto con la resolución que contiene la liquidación de la subvención.
ARTÍCULO 45 Tasación pericial contradictoria.
El beneficiario podrá promover la tasación pericial contradictoria, en corrección de los demás procedimientos de comprobación de valores señalados en el apartado 1 del artículo anterior, dentro del plazo de un mes desde la notificación prevista en el apartado 2 del artículo anterior.
Si la diferencia entre el valor comprobado por la Administración y la tasación practicada por el perito del beneficiario es inferior a 120.000 euros y al 10 por ciento del valor comprobado por la Administración, la tasación del perito del beneficiario servirá de base para el cálculo de la subvención. En caso contrario, deberá designarse un perito tercero en los términos que se determinen reglamentariamente. Los honorarios del perito del beneficiario serán satisfechos por éste. Cuando la tasación practicada por el perito tercero fuese inferior al valor justificado por el beneficiario, todos los gastos de la pericia serán abonados por éste. En otro caso, serán de cuenta de la Administración. La valoración del perito tercero servirá de base para la determinación del importe de la subvención.
ARTÍCULO 46 Determinación del cumplimiento de condiciones.
Artículo 46, modificado por la Ley 2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y Administrativas.
TÍTULO IV De los incumplimientos del beneficiario y de las entidades colaboradoras Artículos 47 a 53
ARTÍCULO 47 Incumplimientos del beneficiario y entidades colaboradoras.
Los incumplimientos por el beneficiario de las condiciones a que esté sujeta la subvención darán lugar, según los casos, a que no proceda el abono de la subvención o se reduzca en la parte correspondiente, o se proceda al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente.
Cuando las entidades colaboradoras no entreguen a los beneficiarios los fondos recibidos, deberán reintegrarlos de acuerdo con lo establecido en este título.
ARTÍCULO 48 Determinación del incumplimiento y el reintegro.
El procedimiento para determinar el incumplimiento y el reintegro, cuando proceda, se iniciará de oficio como consecuencia de la propia iniciativa del órgano concedente, de una orden superior, de la petición razonada de otros órganos o de la formulación de una denuncia. También se iniciará a consecuencia de los informes de control financiero permanente y de control financiero de subvenciones emitidos por la Intervención General de la Administración de la Comunidad.
En la tramitación del procedimiento se garantizará el derecho del interesado a la audiencia, en los supuestos previstos en las normas reguladoras del procedimiento administrativo común.
La resolución que declare el incumplimiento deberá apreciar el grado de cumplimiento de la finalidad y el objeto para la que fue concedida la subvención y podrá declarar el cumplimiento parcial, que tendrá como consecuencia el pago proporcional o el reintegro parcial, según proceda.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de doce meses desde la iniciación del procedimiento, teniendo en cuenta las posibles interrupciones producidas por causas imputables a los interesados. Transcurrido el plazo máximo, se producirá la caducidad en los términos establecidos en las normas reguladoras del procedimiento administrativo común, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta su terminación y sin que se considere interrumpida la prescripción por las actuaciones realizadas hasta la finalización del citado plazo.
ARTÍCULO 49 Competencia para la resolución del procedimiento para determinar el incumplimiento y el reintegro.
ARTÍCULO 50 Exigencia del reintegro.
Cuando la subvención hubiera sido abonada total o parcialmente, la resolución que declare el incumplimiento requerirá el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y el abono del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro.
También procederá el reintegro como consecuencia de la declaración de nulidad de la resolución que hubiera concedido la subvención, así como de su anulación por sentencia judicial previa declaración de lesividad.
No se devengará interés cuando el reintegro sea consecuencia de hechos no imputables al beneficiario.
Cuando las cantidades que deban reintegrarse y el interés exigible no se abonen en el plazo que se establezca reglamentariamente, se exigirán mediante el procedimiento de apremio.
ARTÍCULO 51 Obligados al reintegro.
Los beneficiarios y entidades colaboradoras, en los casos a que se refiere el apartado 1 del artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, deberán reintegrar la totalidad o parte de las cantidades percibidas.
Responderán solidariamente de la obligación de reintegro del beneficiario:
Los representantes legales del beneficiario cuando este carezca de capacidad de obrar.
Responderán subsidiariamente de la obligación de reintegro los administradores de las sociedades mercantiles, o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en los supuestos siguientes:
En el caso de entidades disueltas y liquidadas, sus obligaciones de reintegro pendientes se transmitirán a los socios o partícipes en el capital, que responderán de ellas solidariamente y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les hubiera adjudicado.
En el caso del fallecimiento del obligado al reintegro, la obligación de satisfacer las cantidades pendientes de restitución se transmitirá a sus causahabientes, sin perjuicio de lo que establezca el derecho civil para determinados supuestos, en particular, el caso de aceptación de la herencia a beneficio de inventario.
ARTÍCULO 52 Naturaleza de los créditos a reintegrar.
Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de derechos de naturaleza pública, resultando de aplicación para su cobranza lo previsto en las normas reguladoras del régimen de los derechos de naturaleza pública de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León.
El interés de demora aplicable en materia de subvenciones será el que se establezca en la legislación del Estado.
TÍTULO V Régimen sancionador Artículos 54 y 55
ARTÍCULO 54 Del régimen de infracciones y sanciones.
ARTÍCULO 55 Competencia para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de subvenciones.
Será órgano competente para la iniciación del procedimiento sancionador el que hubiera formulado la propuesta de concesión de la subvención.
Será órgano competente para imponer las sanciones y para la resolución del procedimiento sancionador el titular de la consejería que concedió la subvención o a la que estuviera adscrita o vinculada la entidad concedente. No obstante, cuando la sanción consista en la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de la Comunidad, en la prohibición para celebrar contratos con la Comunidad u otros entes públicos o en la pérdida de la posibilidad de actuar como entidad colaboradora en relación con las subvenciones reguladas en esta ley, la competencia corresponderá al titular de la consejería competente en materia de hacienda.
La designación del instructor del procedimiento sancionador será efectuada por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador.
Un contrato programa es un convenio especial entre la Administración y otros entes públicos o privados que instrumenta la financiación de aquélla a estos como consecuencia de la concesión de una subvención o de cualquier otra aportación de naturaleza distinta con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad.
Los órganos convocantes, en las subvenciones que se concedan en régimen de concurrencia competitiva, y los órganos concedentes, en los demás casos, determinarán las personas físicas o jurídicas que, para ser beneficiarios de una subvención, deben suscribir un contrato programa con la Administración que la otorgue. Asimismo, los órganos competentes para la aprobación del gasto determinarán las personas físicas o jurídicas que para recibir aportaciones de naturaleza distinta a las subvenciones deben suscribir un contrato programa. La competencia para la suscripción del contrato programa corresponderá al órgano competente para la concesión de la subvención o, en el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, para la aprobación del gasto.
Los contratos programa a que se refiere el apartado anterior contendrán como mínimo lo siguiente:
La Junta de Castilla y León podrá establecer que, para la concesión de determinadas subvenciones o para aportaciones de otra naturaleza, deba suscribirse un contrato programa entre la Administración y el beneficiario. El contenido de estos contratos programa será determinado por la Junta de Castilla y León.
La Cooperación Económica Local General se llevará a cabo a través de los créditos correspondientes a transferencias corrientes y de capital a entidades locales asignados en el estado de gasto del presupuesto del órgano directivo central con competencia en materia de administración local incluyendo, entre otras, las aportaciones dinerarias, las subvenciones nominativas, las directas y las subvenciones con cargo a los créditos del Fondo de Cooperación Local-Pacto Local (FCL-Pacto Local).
Las ayudas con cargo a los créditos presupuestarios correspondientes a la Cooperación Económica Local General serán concedidas por el titular de la consejería competente en materia de administración local conforme a las previsiones de sus bases reguladoras, siendo, en todo caso, las disposiciones de esta ley de aplicación supletoria.
Dentro de los límites que para cada ejercicio y en cada caso acuerde la Junta de Castilla y León a propuesta de la consejería competente en materia de hacienda, el gasto correspondiente a estas subvenciones podrá autorizarse en el momento de la concesión y el compromiso de gasto podrá efectuarse, en los términos que determine dicha consejería, cuando se tramite un anticipo o la primera liquidación y, en todo caso, cuando se produzca el anticipo a que se refiere el apartado 6 de esta disposición. Estas autorizaciones y compromisos no computarán a efectos de los límites a que se refiere el artículo 111 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, ni precisarán la autorización prevista en el artículo 113 de dicha ley para superar aquéllos.
Las subvenciones con cargo a los créditos del FCL-Pacto Local destinados a las diputaciones provinciales y a los municipios mayores de 20.000 habitantes se distribuirán entre todos los destinatarios en función de los criterios que se establezcan en sus bases reguladoras.
Las subvenciones con cargo a los créditos del FCL-Pacto Local para gastos de inversión destinados a municipios menores de 20.000 habitantes y entidades locales asociativas se otorgarán previa convocatoria pública y se regirán por lo establecido en sus bases reguladoras.
En todo caso, una vez que las entidades locales beneficiarias hayan acreditado la contratación de los proyectos de inversión subvencionados o, en su caso, el compromiso de gasto relativo a las operaciones corrientes, la Administración de la Comunidad anticipará a dichas entidades el importe total de las ayudas concedidas.
La Junta de Castilla y León podrá destinar determinados créditos asignados a la Cooperación Económica Local General a la financiación global de las entidades locales.
Disposición adicional cuarta, modificada por la Ley 19/2010, de 22 de diciembre, de Medidas Financieras y de Creación del Ente Público Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, el 23 de Diciembre de 2010.
Disposición adicional cuarta, apartado 7, añadido por la Ley 9/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, el 28 de Diciembre de 2012.
Podrán realizar entregas dinerarias sin contraprestación:
Las entregas dinerarias sin contraprestación se regirán por el derecho privado, si bien les serán de aplicación los principios de gestión y los de información establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en esta ley. Los beneficiarios deberán reunir los requisitos y cumplir las obligaciones que establecen los artículos 13 y 14, respectivamente, de dicha ley.
La concesión de estas entregas se ajustará a las reglas y procedimiento que elabore la entidad, de acuerdo con las normas y principios establecidos por la Ley General de Subvenciones y por esta ley y que se referirán como mínimo a lo siguiente:
Las entregas dinerarias serán realizadas por los órganos competentes de acuerdo con sus propias normas, que necesitarán la autorización de la Junta de Castilla y León cuando su cuantía sea superior a un millón de euros.
Las entidades a que se refiere esta disposición sólo podrán realizar entregas dinerarias sin contraprestación de forma directa en los supuestos a que se refiere el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Los procedimientos iniciados por convocatorias publicadas antes de la entrada en vigor de esta ley, salvo en el caso a que se refiere la disposición final octava, continuarán rigiéndose por la normativa vigente en el momento de la publicación. Las subvenciones concedidas de forma directa antes de su entrada en vigor continuarán rigiéndose por la normativa vigente en el momento de la concesión.
Las bases reguladoras de la concesión de subvenciones establecidas antes de la entrada en vigor de esta ley habrán de adaptarse a sus previsiones para que se puedan realizar nuevas convocatorias.
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango contradigan o se opongan a lo establecido en esta ley y, en especial, las siguientes: Los artículos 122, 122 bis y 131 de la Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León.
El apartado 2 del artículo 19 de la Ley 10/2003, de 8 de abril, de creación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León. La disposición adicional de la Ley 5/1986, de 30 de mayo, reguladora de las Comunidades Castellano-Leonesas asentadas fuera del territorio de la Comunidad. La letra c) del apartado 2 del artículo 14 del Reglamento General de la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León, aprobado por el Decreto 23/2007, de 8 de marzo.
Cuando para la gestión de subvenciones reguladas por Iniciativas Comunitarias sea necesario realizar convocatorias para la presentación de solicitudes, no será preciso autorizar previamente el gasto. Este se aprobará, en todo caso, antes de la concesión de cada subvención.
1. Las subvenciones reguladas en este capítulo se concederán de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio, con el crédito máximo que fije la convocatoria cuando esta deba producirse, o, en su caso, dentro de los límites a que se refieren el artículo 33.3 y la disposición adicional cuarta de la presente ley.
Se modifica el Artículo 49 de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras, que queda redactado del siguiente modo:
1. Las aportaciones dinerarias de la Administración de la Comunidad a la financiación global de la actividad de las entidades del sector público autonómico cuyos presupuestos generales de la comunidad y de otras entidades públicas podrán realizarse en los siguientes casos:
Se modifica el artículo 56 de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras, que queda redactado del modo siguiente:
Artículo 56. Régimen de la ayudas que no tengan naturaleza de subvenciones.
b) Aprobar la programación de sus actividades.
Esta ley entrará en vigor el 1 de enero de 2009, sin perjuicio de sus aplicación a las convocatorias que se realicen, con carácter anticipado, después de su publicación con cargo a los presupuestos para 2009 y siguientes.
Valladolid, 25 de septiembre de 2008.-
El Presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera Campo
DECRETO 10/1995, de 27 de enero, por el que se crea la Comisión de Coordinación del Régimen Específico de Abastecimiento de las Islas Canarias.