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Timestamp: 2019-02-21 16:18:25
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 66', 'artículo 134', 'artículo 73', 'artículo 54', 'artículo 174', 'artículo 183', 'artículo 137', 'artículo 208', 'artículo 214', 'artículo 214', 'artículo 66', 'artículo 66', 'artículo 67', 'artículo 70', 'artículo 177']

﻿ Sentencia 2003-0145 de agosto 12 de 2014
SENTENCIA 2003-01450 DE 12 DE AGOSTO DE 2014
CONTENIDO:ERROR JUDICIAL. EL ERROR JUDICIAL ENDILGADO A LAS PROVIDENCIAS DISCIPLINARIAS, EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 270 DE 1996 LO DEFINE COMO AQUEL COMETIDO POR UNA AUTORIDAD INVESTIDA DE FACULTAD JURISDICCIONAL, EN SU CARÁCTER DE TAL, EN EL CURSO DE UN PROCESO, MATERIALIZADO A TRAVÉS DE UNA PROVIDENCIA CONTRARIA A LA LEY. QUIEN PRETENDE LA REPARACIÓN, DEBE CUMPLIR CON EL DEBER DE COLABORAR CON LAS AUTORIDADES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, PROCESO DISCIPLINARIO, RAMA JUDICIAL, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, NOTIFICACIÓN
Sentencia 2003-0145 de agosto 12 de 2014
Bogotá, D.C., agosto doce (12) de dos mil catorce (2014).
Rad.: 2500023260002003014501 (30080)
Actor: Guillermo Oyola Herazo
Así lo tiene sentado la jurisprudencia de la Sala, en especial en el Auto del nueve (09) de septiembre de 2008, pronunciado dentro del radicado número 11001032600020080000900, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (M.P. Mauricio Fajardo Gómez), mediante la cual se resolvió la antinomia que se presentaba entre lo dispuesto por el artículo 134B del Código Contencioso Administrativo y lo preceptuado por el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de la Administración de Justicia—.
Los medios de prueba relevantes para resolver el caso fueron:
1. Copia de la providencia del 23 de agosto de 2002, proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre, mediante la cual se impuso sanción de censura al señor Guillermo Oyola Herazo como responsable de las faltas previstas en el artículo 54, numerales 4º y 5º del Decreto 196 de 1971, al verificar que efectivamente se le entregaron varios títulos judiciales por cuenta del proceso que adelantaba en representación de la señora Carmen Lilia Blanco Chávez contra Comcaja, pero éstos no fueron entregados a su mandante. Así discurrió la providencia:
“Analizadas en sus contextos las precedentes versiones se infiere sin lugar a dudas que el abogado Guillermo Oyola Herazo utilizó en provecho propio los dineros cobrados a la Caja de Compensación Familiar Campesina de Sucre Comcaja, a nombre de la señora Carmen Lilia Blanco Chávez probándose además que el profesional del derecho no rindió oportunamente a su cliente cuentas de la gestión encomendada.
No obstante, con lo anterior, el profesional implicado, una vez fue descubierto el cobro de aquellos dineros, por disposición de la oficina judicial de Sincelejo, le propuso a la querellante que para su cancelación le recibiera unos lotes ubicados en la Plaza Hermógenes Cumplido de Sincelejo de propiedad de Covifa (sic)” (fls. 1 a 15, c. p.).
2. Copia de la providencia del 12 de noviembre de 2002, proferida por el Consejo Superior de la Judicatura, mediante la cual modificó la sanción de censura para imponerle suspensión de dos meses en el ejercicio de la profesión al señor Guillermo Oyola Herazo, por encontrar probada la falta que le fuera endilgada, al respecto consideró:
“Tampoco se entiende cómo el abogado, si ya había garantizado el pago de las obligaciones adeudadas a su cliente con la cesión del crédito litigioso por parte de Comcaja, en el cual prosperaron las medidas cautelares le recomendó a su cliente ceder sus derechos en el mismo proceso, cuando las posibilidades de recuperación del crédito eran del 100%, además, nótese que una vez reconocida la cesión ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Sucre (14 de diciembre de 2000) pasó escasamente un mes (26 de enero de 2001) para que el citado tribunal autorizara la entrega del primer título en cuantía de $ 6.035.916 y los otros dos el 14 y 16 de febrero del mismo año, por la suma de $ 8.872.625 y $ 12.978.625, lo que significa que el recaudo de lo adeudado fue casi inmediato.
Por lo anterior se considera procedente confirmar la responsabilidad endilgada al doctor GUILLERMO OYOLA HERAZO.... Toda vez que el disciplinado utilizó en provecho propio los dineros recibidos por cuenta de su cliente...” (fls. 16 a 40, c. p.).
3. Copia de los alegatos de conclusión presentados en segunda instancia en el proceso disciplinario y del telegrama remitido para la notificación de la decisión de segunda instancia (fls. 41 a 49, c. p.).
4. Hoja de vida del señor Guillermo Oyola Herazo (fls. 50 a 56, c. p.).
5. Copia de la queja presentada por la señora Carmen Lilia Blanco Chávez (fls. 57 a 58, c. p.).
6. Copia de las declaraciones de los señores Dairo Colón Chávez, Rumarda Paternina, Jorge Ramón Montalvo Pertúz y Alexander Paternina en el proceso disciplinario (fls. 59 a 67, c. p.).
7. Copia del poder suscrito por la señora Blanco Chávez al demandante (fl. 68, c. p.).
8. Copia del contrato de cesión de crédito en cobro judicial entre la señora Blanco Chávez y Comcaja (fl. 69, c. p.).
9. Copia autenticada de un contrato de cesión de derechos litigiosos entre Coovifas y Carmen Lilia Blanco Chávez y minuta para elevarlo a escritura (fls. 70 a 72, c. p.).
El recurrente en escrito presentado en esta instancia, adjuntó documentos para que fueran tenidos en cuenta en el momento de proferir fallo. Al respecto debe precisar la Sala que en materia probatoria los artículos 168 y 169 del Código Contencioso Administrativo, remiten al Código de Procedimiento Civil, en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración, como también el decreto y práctica de pruebas de oficio.
Ante esa remisión expresa, preciso es tener en cuenta que el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, señala que toda decisión judicial debe fundarse en pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, luego, para que sean apreciadas por el Juez, las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados al efecto en el código indicado, pues así lo establece el artículo 183 ibídem.
Por manera pues que, la parte demandante debe solicitar las pruebas en la demanda según el ordinal 5° del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, al aclarar o corregir la demanda según el artículo 208 ídem y en segunda instancia en la forma prevenida en el artículo 214 ibídem.
En la segunda instancia pueden pedir las partes pruebas, que se decretarán únicamente en los casos señalados en los cuatro ordinales del artículo 214 citado y en este caso los documentos aportados en segunda instancia, no se ajustan a lo allí previsto, motivo por el cual no serán tenidos en cuenta en la valoración probatoria.
Ahora bien, en lo que tiene que ver con el error judicial endilgado a las providencias disciplinarias, el artículo 66 de la Ley 270 de 1996 lo define como aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.
De igual forma, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en fallo de abril 27 de 2006, proferido dentro del radicado 14837, con ponencia de Alier Eduardo Hernández Enríquez, precisó las condiciones para estructurar el error jurisdiccional —en la sentencia— de la siguiente manera:
“a) En primer lugar, del concepto mismo, es lógico inferir que el error jurisdiccional debe estar contenido en una providencia judicial que se encuentre en firme. Efectivamente, aun cuando una decisión judicial resulte equivocada, sí ésta aún puede ser revocada o modificada, el daño no resultaría cierto, pues el error no produciría efectos jurídicos y, además, podría superarse con la intervención del superior funcional. Al margen del asunto sometido a estudio de la Sala, debe recordarse que esta condición fue claramente impuesta por el artículo 66 de la Ley 270 de 1996;
b) Tal y como se deduce de pronunciamientos anteriores de esta sección (12), el error jurisdiccional puede ser de orden fáctico o normativo. El primero, supone diferencias entre la realidad procesal y la decisión judicial, porque i) no consideró un hecho debidamente probado o ii) se consideró como fundamental un hecho que no lo era, o se presentan distancias entre la realidad material y la procesal, i) porque no se decretaron pruebas conducentes para determinar el hecho relevante para el derecho o ii) porque la decisión judicial se fundamentó en un hecho que posteriormente se demostró que era falso. El error normativo o de derecho, supone equivocaciones i) en la aplicación del derecho, pues se aplicó al caso concreto una norma que no era relevante o se dejó de aplicar una directa o indirectamente aplicable al mismo y, ii) cuando se aplicaron normas inexistentes o derogadas u otros similares;
“el error comentado (judicial) incide exclusivamente en la potestad jurisdiccional que se materializa en la sentencia o resolución —auténtica declaración de voluntad del órgano que ostenta aquélla—, siempre ha de consistir en aplicar la norma que a cada supuesto corresponde, el error ha de radicar en un equivocado enjuiciamiento o no aplicación a aquél de la solución únicamente querida por el legislador”.
Por otra parte, la misma Ley Estatutaria de Administración de Justicia, en su artículo 67 estableció los presupuestos del error jurisdiccional:
Mientras que el artículo 70 ibídem, dispone que hay culpa exclusiva de la víctima y por tanto se exonera de responsabilidad al Estado, cuando ésta actúe con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley.
La Corte Constitucional, en Sentencia C-037 de 1996, al revisar la constitucionalidad de esta norma señaló que ella,
“contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (art. 95-7 C.P.), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguna, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual 'nadie puede sacar provecho de su propia culpa'”.
Dicha norma tiene como finalidad analizar la conducta de quien pretende la reparación, en aras de establecer si cumplió con el deber de colaborar con las autoridades en la administración de justicia o si por el contrario, con su comportamiento negligente dio lugar a que se concretara el error judicial que ahora invoca para exigir una indemnización.
En este caso, se evidencia que el aquí demandante no impugnó la providencia mediante la cual fue sancionado disciplinariamente por el Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre, y por tanto, el proceso fue conocido por el Consejo Superior de la Judicatura, en virtud del grado jurisdiccional de consulta, de manera que no se cumple con el requisito de procedencia del error jurisdiccional previsto en las normas antes citadas.
Al respecto adujo el demandante que no tuvo oportunidad de apelar el fallo sancionatorio, porque en el curso del proceso disciplinario cambió su domicilio e informó oportunamente al consejo seccional, pero la providencia no le fue notificada en debida forma, cercenándole su derecho de impugnación, afirmación que carece de respaldo probatorio puesto que su dicho no pudo ser comprobado de manera fehaciente.
En efecto, revisado el escaso material probatorio allegado al proceso se evidencia que no se allegó ninguna prueba que corrobore lo manifestado por el demandante acerca de la indebida notificación de la sentencia de primera instancia, carga procesal que radicaba en cabeza del demandante por cuanto al tenor de lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil incumbe a las partes probar los supuestos de hecho de las normas que invoca y en este caso con especial cuidado, teniendo en cuenta que es la misma LEAJ la que establece como requisito que el afectado haya interpuesto los recursos de ley.
Así las cosas, debe concluirse que ante la falta de uno de los requisitos para que proceda el reconocimiento del error jurisdiccional, no puede la Sala pronunciarse de fondo sobre los argumentos expuestos por el demandante y en consecuencia, se procederá a confirmar la decisión de primera instancia, pero los motivos aquí consignados.
1. Confirmar la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, el 17 de noviembre de 2004, de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones de esta providencia.
Consejeros: Enrique Gil Botero, Presidente de la Sala—Olga Mélida Valle de De La Hoz—Jaime Orlando Santofimio Gamboa».