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Timestamp: 2018-10-23 17:24:38
Document Index: 228224200

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'Artículo 13', 'Artículo 22', 'Artículo 22', 'artículo 510', 'Artículo 22', 'artículo 577', 'artículo 22', 'artículo 510', 'artículo 15']

CUARTO INFORME SOBRE ESPAÑA - PDF
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Inés Espinoza Navarrete
1 CRI(2011)4 Version espagnole Spanish version CUARTO INFORME SOBRE ESPAÑA Adoptado en 7 diciembre de 2010 Publicado en 8 febrero de 2011
3 CUARTO INFORME SOBRE ESPAÑA Adoptado en 7 diciembre de 2010 Publicado en 8 febrero de 2011 Este documento es una traducción. En caso de duda, sírvase referirse a las versiones originales en inglés y francés.
5 ÍNDICE PRÓLOGO... 7 RESUMEN... 9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES I. EXISTENCIA Y APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES LEGALES INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES DERECHO PENAL DISPOSICIONES CIVILES Y ADMINISTRATIVAS DATOS SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES PENALES, CIVILES Y ADMINISTRATIVAS ÓRGANOS PARA LUCHAR CONTRA LA DISCRIMINACIÓN CAPACITACIÓN PARA LOS MIEMBROS DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y POLICIALES II. PLAN DE DERECHOS HUMANOS III. LA DISCRIMINACIÓN EN DIVERSOS ÁMBITOS SISTEMA DE JUSTICIA PENAL SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD EDUCACIÓN EMPLEO VIVIENDA EL ACCESO A PRODUCTOS Y SERVICIOS IV. CLIMA DE OPINIÓN Y DISCURSO PÚBLICO CLIMA DE OPINIÓN Y DISCURSO POLÍTICO MEDIOS DE COMUNICACIÓN, INCLUIDO INTERNET, Y PUBLICACIONES DEPORTE V. LA VIOLENCIA RACIAL VI. GRUPOS VULNERABLES ROMANÍES/GITANOS LOS MUSULMANES DEL NORTE DE ÁFRICA JUDÍOS LOS NO CIUDADANOS INTEGRACIÓN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LOS PERMISOS DE TRABAJO Y DE RESIDENCIA LOS NO CIUDADANOS EN EL PROCESO ELECTORAL DETENCIÓN DE LOS NO CIUDADANOS EN SITUACIÓN ILEGAL MENORES NO ACOMPAÑADOS REFUGIADOS Y SOLICITANTES DE ASILO LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS PROCEDENTES DEL ÁFRICA SUBSAHARIANA QUE TRATAN DE LLEGAR A TERRITORIO ESPAÑOL A TRAVÉS DE CEUTA Y MELILLA VII. CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY VIII. VIGILANCIA DEL RACISMO Y LA DISCRIMINACIÓN RACIAL IX. EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN RECOMENDACIONES PROVISIONALES OBJETO DE SEGUIMIENTO BIBLIOGRAFÍA ANEXO: PUNTO DE VISTA DEL GOBIERNO
7 PRÓLOGO La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) fue establecida por el Consejo de Europa. Se trata de un organismo independiente de supervisión en el ámbito de los derechos humanos, especializado en cuestiones relativas al racismo y la intolerancia. Está integrada por miembros independientes e imparciales, elegidos por su autoridad moral y reconocida experiencia en cuestiones relativas al racismo, la xenofobia, el antisemitismo y la intolerancia. En el marco de sus actividades estatutarias, la ECRI lleva a cabo estudios por países, con el fin de analizar la situación del racismo y la intolerancia en cada uno de los Estados miembros y formular sugerencias y propuestas sobre cómo afrontar los problemas identificados. El enfoque por países de la ECRI trata a todos los Estados miembros del Consejo de Europa en igualdad de condiciones. Esta labor se realiza en ciclos de 5 años, y abarca entre 9 y 10 países por año. Los informes del primer ciclo se concluyeron a finales de 1998, los del segundo ciclo a finales de 2002, y los del tercer ciclo a finales del año La labor sobre los informes del cuarto ciclo empezó en enero de Los métodos de trabajo para la elaboración de los informes incluyen análisis documentales, una visita de contacto en el país en cuestión y un diálogo confidencial con las autoridades nacionales. Los informes de la ECRI no son el resultado de encuestas ni de pruebas testimoniales. Son análisis basados en numerosas informaciones obtenidas de fuentes muy diversas. Los estudios documentales reposan en un gran número de fuentes escritas nacionales e internacionales. La visita en el lugar permite tener acceso directo a los círculos correspondientes (gubernamentales y no gubernamentales) con el fin de recopilar información detallada. El proceso de diálogo confidencial con las autoridades nacionales permite a estas últimas proponer enmiendas al proyecto de informe, si lo consideran necesario, con miras a subsanar cualquier error que el informe pudiera contener. Una vez finalizado el diálogo, las autoridades nacionales pueden solicitar, si lo desean, que sus puntos de vista se incluyan en un anexo al informe final de la ECRI. Los informes del cuarto ciclo se centran en la aplicación y evaluación. Examinan si se han seguido y aplicado las principales recomendaciones de la ECRI de informes anteriores, e incluyen una evaluación de las políticas adoptadas y las medidas que se han tomado. Estos informes incluyen también un análisis de la evolución de la situación en el país en cuestión. Se solicita la ejecución con carácter prioritario de diversas recomendaciones específicas formuladas en el nuevo informe del cuarto ciclo. La ECRI iniciará un proceso de seguimiento provisional sobre esas recomendaciones específicas a más tardar dos años después de la publicación de este informe. El siguiente informe fue elaborado por la ECRI bajo su propia responsabilidad. Salvo disposición contraria expresa, abarca la situación hasta el 23 de junio de Cualquier cambio posterior a esta fecha no se contempla en el siguiente análisis, ni en las conclusiones y propuestas de la ECRI. 7
9 RESUMEN Desde la publicación del tercer informe sobre España de la ECRI, el 21 de febrero 2006, se han realizado progresos en una serie de ámbitos señalados en dicho informe. España ha invertido recursos humanos y financieros en la lucha contra el racismo y la discriminación racial. Se han nombrado fiscales especializados para proteger a las víctimas y luchar contra la ciber delincuencia. En Barcelona, se ha creado una fiscalía especial para combatir los actos de violencia inspirados por el odio y la discriminación. En 2009 España creó el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y No Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico, organismo especializado cuyo cometido es ayudar a las víctimas y recopilar datos sobre las denuncias. La respuesta integral al racismo en el deporte ha incluido la promulgación de nueva legislación y la creación de instituciones, en particular, la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, que elabora políticas y propone sanciones contra federaciones, clubes o espectadores. En lo referente a la educación, el plan de estudio escolar incluye ahora el tema "educación para la ciudadanía y los derechos humanos" y el Holocausto ha pasado a ser elemento obligatorio de la enseñanza de la historia. Se han tomado medidas para promover la integración de los no ciudadanos. La Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, promulgada en 2009, proporciona los medios, a través de la inscripción en el registro de población, para que todas las personas, cualquiera que sea su estado, puedan acceder a los servicios sociales básicos y la asistencia sanitaria gratuita. El procedimiento de asilo ha mejorado; el ACNUR emite opiniones sobre todas las solicitudes; los centros de recepción son de alta calidad y ofrecen oportunidades de recreación y de formación profesional. Se ha aprobado otro Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana para el período En 2005 se creó el Consejo Nacional Gitano, con la finalidad de asesorar al Gobierno sobre las políticas que afectan a esa comunidad. La fundación Instituto de Cultura Gitana, creada en 2007, promueve la identidad de los gitanos. En todo el país funcionan programas destinados a erradicar los tugurios y a reubicar a los habitantes en viviendas adecuadas, y en algunas ciudades ya han desaparecido los tugurios. Se han tomado medidas para facilitar el acceso de los inmigrantes y los gitanos a los mercados de la vivienda y el empleo. La ECRI acoge con beneplácito estos acontecimientos positivos en España. Sin embargo, a pesar de los progresos realizados, algunas cuestiones siguen siendo motivo de preocupación. No se cuenta con datos acerca de los actos de racismo y de discriminación racial ni sobre la aplicación de las disposiciones penales, civiles y administrativas en vigor. El Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y No Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico no es un órgano independiente y no es bien conocido por el público. El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la penalización de la negación del Holocausto. El racismo en Internet va en aumento en España, donde existe un gran número de movimientos neonazis. Los problemas en la educación incluyen la distribución desigual de alumnos inmigrantes y gitanos y la existencia de escuelas "gueto". Existen disposiciones contradictorias en cuanto a la práctica de establecer perfiles étnicos, y no hay una comisión independiente encargada de investigar las denuncias de mala conducta policial. La nueva Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social ha abierto la puerta a la posibilidad de restricciones discriminatorias, ya que garantiza el derecho a la ayuda a la vivienda en condiciones de igualdad con 9
10 los españoles solamente a los extranjeros residentes a "largo plazo", y en el resto de los casos deja la decisión a la discreción de las comunidades autónomas con competencias en este ámbito. Por otra parte, el acceso a la educación superior está restringido a los extranjeros residentes legales. Los no ciudadanos no pueden votar ni ser candidatos en las elecciones a nivel local. En el caso de los musulmanes, las dificultades incluyen los obstáculos para la obtención de permisos de construcción de mezquitas y el hecho de que a menudo no se respete el derecho de los alumnos musulmanes a recibir enseñanza religiosa basada en el Islam. La nueva Ley reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria, promulgada en 2009, a pesar de algunos avances positivos, limita el derecho a solicitar asilo a los nacionales de países no comunitarios y a los apátridas. El procedimiento de asilo es más expeditivo, por lo que la calidad ha menguado, especialmente en lo que se refiere a la entrevista de asilo. Hay falta de trabajadores sociales en los centros de internamiento. En cuanto al trato que reciben los menores extranjeros no acompañados, se han detectado muchas deficiencias, incluida la ausencia de representación legal independiente en todos los procedimientos de repatriación, la falta de información sobre el derecho a solicitar asilo y a solicitar la residencia en España, y el uso de métodos obsoletos y poco fiables de determinación de la edad. En este informe, la ECRI solicita que las autoridades españolas adopten nuevas medidas en diversos ámbitos; en este contexto, formula una serie de recomendaciones, entre ellas las siguientes. El Gobierno debería recoger y publicar datos sobre los actos de racismo y discriminación racial y sobre la aplicación de las disposiciones legales en vigor para combatir esos actos. * El plan de estudios básicos y la formación continuada durante el servicio de la policía, el personal de seguridad privada, los fiscales, los médicos forenses, los abogados y los jueces debería incluir cursos obligatorios sobre derechos humanos, igualdad de trato, no discriminación y las disposiciones vigentes para combatir el racismo y la discriminación racial.* En materia de educación, las autoridades deberían revisar los procedimientos de admisión para garantizar una distribución uniforme de los alumnos españoles, inmigrantes y gitanos*, y tomar medidas para reducir significativamente la deserción de los alumnos gitanos. Debería eliminarse la restricción del acceso a la educación universitaria, limitado a los extranjeros residentes legales. El plan de estudios básicos para periodistas debería incluir un estudio de los códigos de conducta y las cuestiones relacionadas con el racismo y la xenofobia. En cuanto a la vivienda, se alienta a las autoridades a proseguir sus esfuerzos para erradicar todos los tugurios, lo que representaría una mejora significativa de las condiciones de vida de los grupos vulnerables. Deberían reintroducirse las ayudas en materia de vivienda para todos los residentes legales. La libertad de manifestar su religión colectivamente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 9 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos debería respetarse en la práctica; para ello, deberían aprobarse las solicitudes de los musulmanes para construir un número suficiente de mezquitas. Los alumnos musulmanes también deberían disfrutar en la práctica de su derecho a recibir en los centros escolares públicos instrucción religiosa basada en el Islam. Debería supervisarse atentamente el aumento de los movimientos neonazis y las bandas violentas de jóvenes e iniciar procedimientos penales en caso necesario. Debería alentarse a las federaciones, clubes y asociaciones de aficionados del fútbol a que elaboren medidas de autorregulación contra el racismo y la xenofobia, y sus códigos de conducta deberían abordar la cuestión de la conducta racista de los aficionados. * La recomendación contenida en este párrafo será objeto de un proceso de seguimiento provisional por la ECRI a más tardar dos años después de la publicación de este informe. 10
11 Los no ciudadanos deberían tener la posibilidad de votar y ser elegidos en las elecciones locales. Debería modificarse la ley con el fin de eliminar la restricción que limita el derecho a solicitar y gozar de protección internacional a los nacionales de países no comunitarios y a los apátridas. Deberían realizarse esfuerzos para que los extranjeros internados tengan mejor acceso a los abogados y a la asistencia de organizaciones no gubernamentales, así como asignar más trabajadores sociales a los centros de internamiento. Las autoridades fronterizas y los agentes del orden público deberían recibir formación en materia de derechos humanos y cuestiones de asilo, así como formación específica sobre la manera de realizar una entrevista de asilo. Por lo que se refiere a los menores no acompañados, las autoridades deberían garantizar que se les ofrezca representación legal independiente en todos los procesos de repatriación y que reciban información sobre su derecho a solicitar tanto asilo como la residencia. Asimismo, deberían actualizarse los métodos de determinación de la edad y mejorarse los mecanismos de recogida de datos. Debería garantizarse una prohibición efectiva de todas las prácticas de la policía destinadas a establecer perfiles raciales, teniendo en cuenta la Recomendación núm. 11 de política general de la ECRI sobre la lucha contra el racismo y la discriminación racial en el ámbito policial, que ofrece orientación sobre la definición y la prohibición de esta práctica. Debería establecerse un mecanismo independiente para el examen de las denuncias contra los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 11
13 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES I. Existencia y aplicación de las disposiciones legales Instrumentos jurídicos internacionales 1. En su tercer informe, la ECRI recomendó que las autoridades españolas concluyesen sin dilación las labores para la ratificación del Protocolo núm. 12 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, y que ratificasen ese instrumento. La ECRI también recomendó a España que ratificase el Convenio Europeo sobre la Nacionalidad y la Carta Social Europea (Revisada). Asimismo, recomendó que España ratificase el Convenio sobre la participación de los extranjeros en la vida pública a nivel local y que aplicase todas las disposiciones contenidas en ese instrumento, incluido el capítulo C, referente a la atribución del derecho de elegibilidad y de voto a los residentes extranjeros. Por último, la ECRI recomendó que las autoridades españolas ratificasen el Protocolo adicional al Convenio sobre el delito cibernético del Consejo de Europa y la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares. 2. La ECRI toma nota con satisfacción que España ratificó el Protocolo núm. 12 a la CEDH el 13 de febrero de 2008 y Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, el 3 de junio de La ECRI también toma nota de que España está estudiando la posibilidad de ratificar la Carta Social Europea (revisada), aunque las autoridades han indicado que, debido a las consecuencias económicas, es poco probable que ello ocurra en un futuro próximo. España también está considerando la posibilidad de ratificar el Convenio Europeo sobre la Nacionalidad y el Convenio sobre la participación de los extranjeros en la vida pública a nivel local. En cuanto al Protocolo Adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia, la ratificación ha sido aprobada a nivel ministerial y está previsto someterlo en breve a la sanción del Parlamento. Se ha informado a la ECRI de que España no tiene la intención de ratificar la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares. Es digno de destacar que en el Plan de Derechos Humanos (véase más adelante) este instrumento no figura entre los tratados internacionales que habrá de firmar el Gobierno español. 3. La ECRI hace hincapié periódicamente en la importancia del artículo E de la Carta Social Europea revisada, que consagra el principio de no discriminación en el disfrute de los derechos garantizados en virtud de la misma. La Carta Social Europea también puede servir de guía para abordar las cuestiones relacionadas con la protección y asistencia a los trabajadores migrantes y sus familias, así como la pobreza, la exclusión social y las cuestiones relativas a la vivienda que afectan a algunos de los grupos vulnerables mencionados en este informe. La ratificación del Protocolo Adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa contribuiría a que España pueda superar algunos de los problemas relacionados con Internet que se mencionan a continuación. En cuanto al Convenio sobre la participación de los extranjeros en la vida pública a nivel local, la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares y el Convenio Europeo sobre la Nacionalidad, la ratificación de los mismos confirmaría el compromiso de España con la integración de su creciente población inmigrante. 4. La ECRI recomienda que España complete el proceso de ratificación del Protocolo Adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia. Asimismo, reitera su recomendación para que España ratifique la Carta Social Europea 13
14 (revisada), el Convenio Europeo sobre la Nacionalidad, el Convenio sobre la participación de los extranjeros en la vida pública a nivel local y la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares. Disposiciones constitucionales 5. En su tercer informe, la ECRI recomendó que las autoridades españolas garantizasen que la Constitución conceda formalmente el derecho de igualdad ante la ley a todas las personas y no sólo a los ciudadanos españoles. 6. La ECRI señaló en su tercer informe que en España existe un continuo debate sobre la necesidad de revisar la Constitución. Se llegó a la conclusión de que la reforma de la Constitución no era esencial. Los derechos de los extranjeros siguen rigiéndose por lo dispuesto en el párrafo 1 del Artículo 13 de la Constitución: "Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título [De los derechos y deberes fundamentales] en los términos que establezcan los tratados y la ley". Según las autoridades, la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada en cuatro ocasiones, la más reciente en diciembre de 2009, reconoce los derechos fundamentales de los extranjeros en España, independientemente de su situación administrativa, y pone a los extranjeros "prácticamente" al mismo nivel de los nacionales españoles en lo referente al ejercicio de sus derechos y libertades. 7. La ECRI es consciente de las dificultades que supone la modificación de la Constitución. No obstante, considera que el principio de igualdad de trato, el compromiso del Estado para promover la igualdad, así como el derecho de las personas a no ser discriminadas por motivos tales como raza, color, idioma, religión, nacionalidad u origen nacional o étnico debería estar consagrado en la Constitución y no en leyes que pueden ser objeto de enmiendas periódicamente. 8. La ECRI reitera su recomendación de que la Constitución conceda formalmente el derecho a la igualdad ante la ley a todas las personas y no sólo a los ciudadanos españoles. Derecho penal 9. En su tercer informe sobre España, la ECRI recomendó a las autoridades españolas que tomasen medidas para mejorar la aplicación de las disposiciones penales existentes contra el racismo 1 y la discriminación racial 2, en particular, la aplicación del punto 4 del Artículo 22 del Código Penal, que establece la motivación racial 3 de un delincuente como una circunstancia agravante específica. 10. La situación respecto a la aplicación de las disposiciones existentes contra el racismo y la discriminación racial no ha cambiado. Se ha mencionado que la falta de conocimiento de las disposiciones y la formación adecuada son los 1 De acuerdo a la Recomendación núm. 7 de política general, racismo se entenderá como la creencia de que, por motivo de la raza, el color, el idioma, la religión, la nacionalidad o el origen nacional o étnico, se justifica el desprecio de una persona o grupo de personas o la noción de superioridad de una persona o grupo de personas. 2 De acuerdo con la Recomendación núm. 7 de política general, discriminación racial directa se entenderá como todo trato diferenciado por motivos de raza, color, idioma, religión, nacionalidad, u origen nacional o étnico, que no tenga una justificación objetiva y razonable. 3 De acuerdo con la Recomendación núm. 7 de política general, los motivos de raza no son los únicos que se toman en cuenta; también son pertinentes los motivos de color, idioma, religión, nacionalidad u origen nacional o étnico. 14
15 principales factores que contribuyen a su aplicación limitada, como veremos a continuación. Las autoridades españolas han declarado que el punto 4 del Artículo 22 se aplica en pocos casos porque es difícil demostrar motivación racial. Desde 2005 ha habido sólo diez casos en que los tribunales han aceptado la motivación racial como circunstancia agravante. Asimismo, raramente se aplica el artículo 510 del Código Penal sobre la provocación a la discriminación, al odio o a la violencia por motivos raciales. Según las autoridades, se trata de un tipo de delito muy poco frecuente. Desde el año 2005 ha habido sólo cuatro casos que han dado lugar a acciones judiciales exitosas. 11. Tanto los funcionarios públicos como las organizaciones de la sociedad civil han informado a la ECRI que, con relación al punto 4 del Artículo 22, parte del problema obedece a que en los informes policiales se identifica en muy pocos casos la posible motivación racial de los delitos. Ello tiene que ver con el sistema informático utilizado por la policía, que requiere el registro del tipo de delito cometido, pero no las circunstancias agravantes. La ECRI celebra que en diversos cuerpos de policía y servicios de la Guardia Civil se ha puesto en marcha un proyecto piloto que requiere indicar en los informes policiales las circunstancias agravantes, incluidos los motivos raciales. Este proyecto forma parte de la estrategia global nacional de lucha contra el racismo y la xenofobia (véase el Plan de Derechos Humanos a continuación). 12. La ECRI recomienda a las autoridades que prosigan sus esfuerzos para exigir que en los informes policiales figure toda posible motivación racial de los delitos y que ordenen a la policía un mayor rigor en cuanto a la inclusión de esa información en sus informes. 13. Las autoridades españolas han adoptado en fecha reciente una serie de iniciativas en el ámbito del Derecho Penal destinadas a mejorar la respuesta a los delitos de motivación racial. En particular, el Ministerio Público ha experimentado importantes transformaciones desde el tercer informe de la ECRI. En todo el país se han nombrado fiscales especializados en cada fiscalía: uno para la protección de las víctimas de todo tipo de delitos y otro para las cuestiones relacionadas con los delitos cibernéticos. En Barcelona se ha nombrado un tercer fiscal especial para hacer frente a los actos de violencia inspirados por el odio y la discriminación, y la ECRI desea poner de relieve esta iniciativa como un ejemplo de buenas prácticas. 14. El servicio de la fiscalía de Barcelona para combatir los actos de violencia inspirados por el odio y la discriminación fue creado en octubre de 2009, al término de dos procesos muy mediáticos contra propietarios de librerías de esa ciudad que vendían publicaciones en que se justificaba y promovía el genocidio. Ese servicio recibe las denuncias presentadas por personas u organizaciones no gubernamentales respecto de delitos presuntamente de motivación racial o que obedecen a otras formas de discriminación (sexo, religión, edad, etc.) y lleva a cabo sus propias investigaciones. Sigue de cerca los eventos públicos que tienen un componente racista o están inspirados por el odio, como los conciertos de música y los debates con los negacionistas del Holocausto. Según las autoridades, en la actualidad no hay planes para introducir este tipo de servicio en otras ciudades de España y es demasiado prematuro evaluar su eficacia. 15. La ECRI recomienda que las autoridades españolas lleven a cabo, en el momento oportuno, una evaluación de la eficacia del servicio de la fiscalía de Barcelona creado para hacer frente a los actos de violencia inspirados por el odio y la discriminación. Posteriormente, deberían estudiar la posibilidad de 15
16 nombrar más fiscales especiales para combatir la discriminación y los actos de violencia inspirados por el odio y la discriminación en otras partes de España. 16. Otra iniciativa notable ha sido el nombramiento de un fiscal especial de la Audiencia Nacional encargado de investigar y perseguir los delitos de terrorismo, incluidas las actividades de grupos extremistas organizados que fomentan el odio a través de la violencia (artículo 577 del Código Penal). La ECRI celebra que, en consecuencia, y por primera vez en España, ha habido una serie de juicios de gran notoriedad y se han dictado sentencias contra miembros de varios grupos violentos neonazis (por ejemplo, "Hammerskin", "Sangre y Honor"). 17. La ECRI expresa su preocupación por la decisión de 2007 del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la penalización de la negación del Holocausto. La sentencia establece que la mera negación, neutral, de algunos hechos sin ninguna intención de apología o incitación a la violencia, al odio o a la discriminación, no tiene sanción penal. Cuatro de los doce jueces votaron en contra de la sentencia. La ECRI señala a la atención de las autoridades españolas su Recomendación núm. 9 de política general sobre la lucha contra el antisemitismo, que pide a los gobiernos de los Estados miembros que aseguren que el derecho penal en el ámbito de la lucha contra el racismo abarque el antisemitismo y penalice la negación, trivialización, justificación o aprobación en público del Holocausto. 18. La ECRI recomienda que, en consonancia con su Recomendación núm. 9 de política general sobre la lucha contra el antisemitismo, se adopten las medidas necesarias para garantizar que se penalice la negación pública del Holocausto. Disposiciones civiles y administrativas 19. En su tercer informe, la ECRI recomendó a las autoridades españolas que examinasen atentamente la eficacia de las disposiciones de derecho civil y administrativo en vigor contra la discriminación racial. Recomendó que, de este modo, contemplasen la posibilidad de adaptar esta legislación, teniendo en cuenta la Recomendación núm. 7 de política general de la ECRI. 20. La ECRI señala que la Ley para la transposición de las Directivas 43/2000 y 78/2000 del Consejo de la Unión Europea no se ha ajustado y que la legislación sigue siendo deficiente. La transposición se llevó a cabo en una Ley de Acompañamiento por la que se modificaron más de cincuenta leyes vigentes. Debido a esa profusión de medidas, así como al desconocimiento general de la legislación, las organizaciones no gubernamentales han informado de que no se ha llevado a los tribunales prácticamente ningún caso en virtud de esas disposiciones. 21. Sin embargo, se ha informado a la ECRI de que el grupo de especialistas en legislación del Ministerio de Igualdad 4 está preparando un amplio proyecto de ley sobre igualdad de trato y no discriminación, destinado a mejorar la transposición de las Directivas del Consejo de la Unión Europea. Este es uno de los objetivos del Plan de Derechos Humanos del Gobierno. 22. La ECRI recomienda que las autoridades españolas adopten a la mayor brevedad posible una nueva legislación sobre igualdad de trato y no discriminación, que tenga en cuenta su Recomendación núm. 7 de política 4 Aunque este informe abarca la situación hasta el 23 de junio de 2010, la ECRI señala que la cartera de Igualdad fue disuelta oficialmente en octubre de El Consejo para la promoción de la igualdad de trato y no discriminación por origen racial o étnico ha sido adscrito a la Secretaría de Estado de Igualdad, sector del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 16
17 general sobre una legislación nacional para combatir el racismo y la discriminación racial. Datos sobre la aplicación de las disposiciones penales, civiles y administrativas 23. En su tercer informe, la ECRI recomendó que las autoridades españolas recopilasen datos exactos sobre la aplicación de las disposiciones penales en vigor contra el racismo y la discriminación racial, en particular sobre el número y la índole de las quejas presentadas, las investigaciones realizadas y los resultados de dichas quejas, incluidas la reparación o indemnización concedidas. 24. Se ha informado a la ECRI de que la fiscalía de Barcelona publicará estadísticas referentes a los delitos que tienen un elemento de discriminación, lo que constituye una primicia. Sin embargo, la ECRI observa con preocupación que no se recogen datos a nivel nacional con arreglo a la recomendación mencionada. La única manera de obtener información requiere una larga y compleja investigación. La ECRI señala que la recopilación de datos sobre la aplicación de las disposiciones penales contra el racismo y la discriminación racial es fundamental para obtener una visión global de la delincuencia por motivos raciales y evaluar si aumenta o disminuye con vistas a poder dar una respuesta eficaz. 25. En su tercer informe, la ECRI recomendó que las autoridades españolas recopilasen datos sobre la aplicación de las nuevas disposiciones civiles y administrativas contra la discriminación racial, en particular sobre el número de quejas presentadas y los resultados de dichas quejas, incluidas la reparación o indemnización concedidas. 26. La ECRI señala que no se recogen ni se publican datos sobre los casos de discriminación o sobre las quejas relativas a la discriminación en los tribunales. Como resultado, la ECRI no ha podido formarse una idea precisa de la aplicación de las disposiciones civiles y administrativas en vigor. Sin embargo, se ha informado a la ECRI de que el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y la no Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico habrá de desempeñar un papel en la recopilación de datos sobre las denuncias de discriminación por motivo de su origen racial o étnico La ECRI recomienda que las autoridades españolas recopilen y publiquen datos sobre los actos de racismo y discriminación racial y sobre la aplicación de las disposiciones penales y civiles y administrativas en vigor para combatir el racismo y la discriminación racial. Órganos para luchar contra la discriminación 28. En su tercer informe, la ECRI exhortó a las autoridades españolas a concluir su labor encaminada al establecimiento de un órgano especializado para luchar contra el racismo y la discriminación racial. Recomendó encarecidamente que se inspirasen en sus Recomendaciones núm. 2 y 7 de política general. En particular, la ECRI señaló a la atención de las autoridades españolas la necesidad de que dicho órgano sea independiente, y las directrices formuladas por la ECRI sobre cómo garantizar dicha independencia 6. La ECRI también señaló a la atención de las autoridades españolas las directrices que ha 5 Véase información adicional al respecto en el párrafo Recomendación núm. 2 de la ECRI sobre política general, principio 5. 17
18 formulado en cuanto a las funciones que deberían atribuirse a dicho organismo especializado La ECRI toma nota con satisfacción de que en octubre de 2009 se creó finalmente el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y la no Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico, establecido por ley en El Consejo está adscrito al Ministerio de Igualdad 8 y su plan de trabajo fue aprobado en enero de Su principal finalidad será la asistencia a las víctimas a través de una red de oficinas en toda España. La ayuda incluirá el suministro de información sobre la presentación de una queja, los procedimientos a seguir, el asesoramiento jurídico y la mediación, así como asistencia práctica en diversos campos como la vivienda, la salud y la educación. La ECRI se complace en señalar que las oficinas también recopilarán datos sobre las denuncias de discriminación por motivos de origen racial o étnico y elaborarán una guía sobre las mejores prácticas en materia de lucha contra la discriminación. 30. Como el Consejo se encuentra actualmente en la fase piloto, la ECRI considera que es esencial señalar sus deficiencias, ya que aún pueden ser corregidas fácilmente. En primer lugar, el Consejo no cuenta con algunos de los elementos necesarios para un organismo especializado, conforme a la recomendación núm. 7 de política general de la ECRI, en particular las competencias de investigación, y el derecho de iniciar y participar en los procedimientos judiciales. En segundo lugar, el Consejo no es independiente, con arreglo a la recomendación núm. 2 de política general, ya que no cuenta con las garantías adecuadas contra la interferencia del Estado (su presidente es nombrado por el Ministro de Igualdad y la mitad de sus miembros deben ser representantes de los gobiernos central, regionales o locales y la otra mitad corresponde a las organizaciones de empleadores, los sindicatos y las organizaciones y asociaciones que actúan en el ámbito de la no discriminación contra las personas por su origen racial o étnico); por otra parte, no tiene potestad para nombrar a su personal. 31. La ECRI recomienda que las autoridades españolas tomen medidas con carácter urgente para garantizar que el organismo español especializado creado para combatir la discriminación, el Consejo para la Promoción de la igualdad de trato de todas las personas sin discriminación por razón de origen racial o étnico, funcione con arreglo a las recomendaciones núm. 2 y 7 de política general de la ECRI, en particular en lo que se refiere a su independencia. 32. En su tercer informe, la ECRI exhortó a las autoridades españolas a velar por que el Consejo para la promoción de la igualdad de trato entre todas las personas sin discriminación por motivo de su origen racial o étnico disponga de suficientes recursos para lanzar una campaña de sensibilización amplia y eficaz sobre la discriminación racial y los remedios existentes para combatirla. La ECRI recomendó firmemente que las autoridades españolas involucren a los agentes de la sociedad civil en la elaboración, aplicación y evaluación de estas actividades de sensibilización. 33. Según las autoridades, la actual asignación presupuestaria para el Consejo es suficiente para llevar a cabo sus actividades. Una de sus funciones es realizar campañas de sensibilización, aunque éstas todavía no se han iniciado. 7 Recomendación núm. 7 de la ECRI sobre política general, párrafo 24 (y párrafos 50 al 55 del Memorando Explicativo) y Recomendación núm. 2 de la ECRI sobre política general, principio 3. 8 Véase la nota núm
19 34. Se ha informado a la ECRI de que el nuevo organismo creado para combatir la discriminación no es conocido por el público y de que hay muy poca información pública disponible en Internet. 35. La ECRI recomienda que se tomen medidas destinadas a dar a conocer el nuevo Consejo para la Promoción de la igualdad de trato entre todas las personas sin discriminación por motivo de su origen racial o étnico, y a garantizar que el público disponga de todo tipo de información al respecto. 36. En su tercer informe, la ECRI recomendó que las autoridades españolas tomasen medidas para mejorar la efectividad del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, y para asegurar una adecuada coordinación de la labor de esa institución con el futuro Consejo para la Promoción de la igualdad de trato entre todas las personas sin discriminación por motivo de su origen racial o étnico. 37. Las autoridades españolas han informado a la ECRI de que el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia forma parte del Consejo para la Promoción de la igualdad de trato entre todas las personas sin discriminación por motivo de su origen racial o étnico, y de que el Observatorio está representado en la comisión permanente del Consejo y en todos los grupos de trabajo adscritos al mismo que se han creado. El Observatorio promueve los estudios, las investigaciones, la recopilación y el análisis de datos, la comprensión de la situación actual y su evolución futura; cuenta con una red que brinda información, capacitación especializada y campañas de sensibilización y de información. Sus actividades promueven el principio de la igualdad de trato y la no discriminación y colabora con diferentes instituciones públicas y privadas tanto en España como a nivel internacional para combatir el racismo y la xenofobia. Capacitación para los miembros de las autoridades judiciales y policiales 38. En su tercer informe, la ECRI hizo una serie de recomendaciones a las autoridades españolas en materia de formación: i) que redoblen sus esfuerzos para asegurar que todos los agentes del sistema de justicia penal, desde los abogados hasta las fuerzas policiales, autoridades fiscales y tribunales tengan sólidos conocimientos sobre las disposiciones establecidas contra el racismo y la discriminación racial; ii) que sensibilicen a todos los funcionarios públicos que intervienen en el sistema de justicia penal sobre la necesidad de luchar activamente contra los delitos de motivación racial, la incitación a la discriminación racial, el odio y la violencia raciales, y las asociaciones que promueven el racismo; iii) que contemplen la posibilidad de establecer unidades especiales en la policía y la Oficina del Fiscal para que traten estos delitos; iv) que prosigan y redoblen sus esfuerzos para impartir formación en materia de derechos humanos a los funcionarios de los servicios policiales, inclusive sobre cuestiones de no discriminación, y que aseguren el firme establecimiento de estos principios en la práctica diaria de la policía; y v) que velen por que todo el personal de seguridad privada reciba la misma formación que las fuerzas del orden sobre estas cuestiones. 39. Según la mayoría de los entrevistados, la falta de sensibilización y formación pertinentes en cuanto al punto 4 del artículo 22 y del artículo 510 del Código Penal explican su aplicación muy limitada. Por lo que se refiere a los fiscales, no se imparte una formación específica a los estudiantes acerca de la aplicación de las disposiciones, y los cursos durante el servicio no son obligatorios. Se organizan periódicamente cursos para abogados y jueces, que tampoco son obligatorios. Por otra parte, se informa que la capacitación se 19
20 centra generalmente en los derechos humanos, prestándose poca atención a la no discriminación. 40. Por lo que se refiere a la policía, su formación básica obligatoria incluye cursos sobre derechos humanos y cuestiones relacionadas con el racismo y la discriminación, pero la participación en cursos de formación continuada durante el servicio es voluntaria. Según algunas fuentes, los derechos humanos sólo tienen una presencia marginal en la formación policial. La formación es teórica y está destinada a transmitir conocimientos y no a moldear actitudes y valores. 41. La formación del personal de seguridad privada es competencia del Ministerio del Interior y tiene lugar en academias privadas. Los módulos de formación incluyen el código de conducta, pero están ausentes los temas de los derechos humanos y la no discriminación. Funcionarios públicos han llamado la atención de la ECRI acerca de los problemas con el personal de seguridad privada y de su falta de formación adecuada. La ECRI considera que deberían recibir la misma formación que la policía en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y la no discriminación y que deberían ser obligatorios los cursos sobre estas cuestiones, tanto en el plan de estudios inicial como en la formación continuada que se imparte durante el servicio. 42. La ECRI señala que el Plan de Derechos Humanos incluye una sección acerca de la formación en derechos humanos a los actores de la Justicia. Afirma que se llevarán a cabo acciones de formación inicial y continuada en materia de derechos humanos destinadas a fiscales, secretarios judiciales, médicos forenses, abogados del Estado y jueces. La ECRI no tiene conocimiento de que se haya organizado ninguna formación específica destinada a poner en práctica esas medidas, aparte de lo ya mencionado. Por otra parte, las autoridades españolas han informado a la ECRI que existe una iniciativa para que el segundo Plan Nacional para la Alianza de Civilizaciones incluya formación específica en materia de diversidad y libertad religiosa destinada a la policía, los jueces, fiscales y funcionarios involucrados en la gestión del pluralismo religioso. 43. La ECRI recomienda que tanto la formación obligatoria inicial como la formación continuada que se imparte durante el servicio a la policía, el personal de seguridad privada, los fiscales, médicos forenses, abogados y jueces incluya cursos obligatorios sobre los derechos humanos, la igualdad de trato, la no discriminación y las disposiciones del Código Penal en vigor para combatir el racismo y la discriminación racial. 44. En cuanto a las unidades especializadas para hacer frente a los delitos de motivación racial, no se ha constituido ninguna en la policía, pero sí se han creado en la fiscalía de Barcelona y en la Audiencia Nacional, como se mencionó anteriormente. La ECRI señala que existe una total cooperación entre la fiscalía especial para combatir los actos de violencia inspirados por el odio y la discriminación y los Mossos d'esquadra (policía catalana). Sería lógico que el próximo paso fuera el establecimiento en la policía de una unidad especializada encargada de combatir este tipo de delitos. Si tales servicios resultaran eficaces, la ECRI exhorta a su adopción en otras partes del país, y ya ha dado a conocer una recomendación en este sentido 9. 9 Véase el párrafo
21 II. Plan de Derechos Humanos 45. La ECRI señala que, en diciembre de 2008, el Gobierno de España aprobó el primer Plan de Derechos Humanos, en vigor del 2009 al 2012, bajo la autoridad del Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios. El plan establece 172 medidas concretas que deben adoptarse en materia de igualdad, no discriminación, integración y garantías de los derechos humanos. Abarca tanto la acción exterior como interior, e incluye una serie de objetivos en materia de igualdad, integración y lucha contra el racismo y la xenofobia. 46. La ECRI toma nota complacida de que la aprobación y puesta en marcha de una estrategia nacional e integral de lucha contra el racismo y la xenofobia es uno de los objetivos del Plan de Derechos Humanos, como está previsto en la medida 47. Se trabaja actualmente en diversas iniciativas, que incluyen la creación de recursos de apoyo para las víctimas de discriminación o agresión racista o xenófoba, el análisis de las actitudes de los ciudadanos hacia la inmigración, las campañas de sensibilización a nivel regional y local, y la formación y la sensibilización de la policía. 47. La ECRI alienta a las autoridades españolas a adoptar las medidas necesarias para elaborar y aplicar una estrategia nacional e integral de lucha contra el racismo y la xenofobia. Ello implica necesariamente un nuevo enfoque para la recopilación y publicación de datos sobre actos de racismo y discriminación racial, ya que es esencial contar con estadísticas completas y precisas para establecer una estrategia eficaz acorde con la realidad. III. La discriminación en diversos ámbitos Sistema de justicia penal 48. En su tercer informe, la ECRI reiteró su llamamiento a las autoridades españolas para que estudiasen los posibles patrones de discriminación a los que se enfrentan los grupos étnicos minoritarios en el sistema de justicia penal. La ECRI no tiene conocimiento de que se haya llevado a cabo ninguna investigación en este sentido. Servicios sociales y de salud 49. En su tercer informe, la ECRI recomendó a las autoridades españolas que examinasen atentamente las disposiciones de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros y, en particular, que asegurasen que esas disposiciones no limitan el derecho de los no ciudadanos a acceder a los servicios sociales. La ECRI también recomendó que las autoridades españolas supervisasen de cerca las manifestaciones de hostilidad y racismo hacia grupos minoritarios debidas a la percepción de que los miembros de estos grupos se benefician excesivamente de la prestación de servicios sociales y recomendó que las autoridades españolas tomasen medidas oportunas para hacer frente a esas manifestaciones. 50. Según el artículo 15 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente. La nueva Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre de 2009, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, permite adquirir una serie de derechos a los extranjeros que se encuentren inscritos en el Padrón, independientemente de su condición jurídica: el derecho a asistencia sanitaria gratuita, el derecho a servicios sociales primarios básicos y el derecho a la ayuda social urgente. 21
22 51. Se ha informado a la ECRI acerca de los incidentes que se produjeron en enero de 2010 en las ciudades de Vic en Cataluña y Torrejón de Ardoz, en las afueras de Madrid, lo que demuestra claramente la hostilidad hacia los inmigrantes irregulares que obedece a la percepción de que se benefician excesivamente de la prestación de servicios sociales. Vic, que tiene una población inmigrante del 26%, y Torrejón de Ardoz se negaron a inscribir a los inmigrantes irregulares en el padrón municipal. 52. La ECRI señala que la reacción del Gobierno nacional, así como la del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña, fue inmediata y firme. Insistió en que las medidas adoptadas eran ilegales y envió prontamente un memorando a todos los pueblos y concejos municipales del país en que se recordaban sus obligaciones en virtud de la nueva ley. Sin embargo, los incidentes son claras manifestaciones de racismo y hostilidad hacia los inmigrantes irregulares. 53. Si bien acoge con beneplácito las disposiciones en materia de inscripción, que son un paso adelante para garantizar que puedan ser atendidas al menos las necesidades básicas de los inmigrantes irregulares, la ECRI ha tomado conciencia de un obstáculo importante. La inscripción en el padrón exige la presentación de un pasaporte válido, tarjeta de identidad de extranjero o documento provisional de solicitante de asilo y prueba del lugar de residencia. Muchos inmigrantes irregulares no tienen un pasaporte válido ni otro documento de identidad aceptado y, en muchos casos, no pueden presentar prueba de residencia. Estas personas no pueden inscribirse incluso si desean hacerlo y, por lo tanto, siguen sin tener acceso a los servicios sociales básicos o a la atención médica gratuita, con excepción del tratamiento de emergencia. 54. Por otra parte, la ECRI se complace en señalar que los niños indocumentados menores de 18 años y las mujeres embarazadas indocumentadas tienen derecho a acceder al sistema nacional de salud español de forma gratuita en las mismas condiciones que los nacionales. 55. La ECRI recomienda que las autoridades españolas examinen atentamente las condiciones para la inscripción de los inmigrantes en situación irregular con vistas a evitar la exclusión automática de quienes no poseen los documentos necesarios. 56. La ECRI recomienda que las autoridades españolas aseguren que no se rehúse ilegalmente a nadie su inscripción en el padrón. Educación 57. En su tercer informe, la ECRI recomendó que las autoridades españolas prosiguiesen y redoblasen sus esfuerzos para enseñar el español como segunda lengua a los niños que no son de habla española. Recomendó que, al mismo tiempo, redoblasen sus esfuerzos para impartir educación en su lengua materna a los niños que no son de habla española. 58. En cuanto a la enseñanza del español como segunda lengua, se ha informado a la ECRI de que ello sigue siendo un reto difícil debido al aumento masivo de alumnos extranjeros en los últimos años. Sin embargo, la ECRI se complace en señalar que se han hecho muchos esfuerzos al respecto. Se han establecido aulas de recepción especial o de acogida para promover una transición efectiva a los sistemas educativos regulares. Los alumnos permanecen en estas aulas de forma temporal y se brinda apoyo psicológico, social, lingüístico y pedagógico. Ello va seguido de la inmersión lingüística total en el aula normal. Esto parece funcionar bien y se informa de que los niños aprenden español rápidamente. 22
Tercer informe sobre España
CRI(2006)4 Version espagnole Spanish version Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia Tercer informe sobre España Adoptado el 14 de junio de 2005 Strasbourg, 21 de febrero de 2006 Si desea
SEGUNDO INFORME SOBRE ESPAÑA
CRI (2003) 40 rev. Version espagnole Spanish version SEGUNDO INFORME SOBRE ESPAÑA Aprobado el 13 de diciembre de 2002 Estrasburgo, 8 de julio de 2003 ! " #$%! &'()*)+,-./ 0! 1,2344*4556789(6 &1344*45567495)