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Timestamp: 2017-10-18 11:22:21
Document Index: 201200661

Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'artículo 24', 'artículo 105', 'artículo 105', 'artículo 63', 'artículo 22', 'artículo 139']

Sentencia T.S.J. Cantabria 234/2010 de 26 de febrero. ISD. Liquidación. Defectos formales. Nulidad. No procede - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Cantabria 234/2010 de 26 de febrero
ISD: Liquidación. Omisión de trámite de audiencia: No procede la nulidad del acto en aplicación de la doctrina del TS que establece que se trata de un defecto formal que implica la anulabilidad del mismo cuando se causa indefensión. Falta de motivación sobre la no aplicación de la ley autonómica: No existe indefensión. Falta de firma en la liquidación: No implica la nulidad del acto porque consta la voluntad del órgano administrativo y el vicio es convalidado por la asunción del acto por el superior jerárquico. Reducción ISD: No resulta aplicable la legislación autonómica porque no estaba vigente cuando se devengo el impuesto.
SENTENCIA: 00234/2010
Iltma. Sra. Presidente
Doña María Teresa Marijuán Arias
Doña María Josefa Artaza Bilbao
Don Juan Piqueras Valls
En la Ciudad de Santander, a veintiséis de Febrero de dos mil diez.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha visto el recurso número 906/2008, interpuesto por D. Raúl, representada por el Procurador D.ª Carmen Mantilla Abascal y defendido por el Letrado D.ª Carmen Capdepón Valcarce contra EL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CANTABRIA representado y defendido por el Abogado del Estado, actuando como codemandado, EL GOBIERNO DE CANTABRIA, representado y defendido por el Gobierno de Cantabria. La cuantía del recurso es de 308.778,39 euros. Es ponente la Iltma. Sra. Magistrado Doña María Josefa Artaza Bilbao, quien expresa el parecer de la Sala.
Primero.-El recurso se interpuso el día 17 de Junio de dos mil ocho contra la Resolución dictada en fecha 12 de Marzo de 2.008 por el Tribunal Económico Administrativo Central en el número de reclamación económica-administrativa número 2849-05 por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto en el Tribunal Económico-Administrativo Central promovido por el hoy recurrente, D. Raúl, y otros contra la Resolución del Tribunal Regional de Cantabria dictada en fecha 31de Mayo de 2005, desestimatoria de reclamación económica-administrativa número NUM000, sobre liquidaciones por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones por importe de 308.778,39 euros la de mayor cuantía.
Segundo.-En su escrito de demanda, la parte actora interesa de la Sala dicte Sentencia por la que se declare la nulidad de las resoluciones combatidas, por ser contrarias al ordenamiento jurídico.
Tercero.-En su escrito de contestación a la demanda la Administración demandada solicita de la Sala la desestimación del recurso, por ser conformes a Derecho los actos administrativos que se impugnan.
Cuarto.-No solicitado el recibimiento del proceso a prueba, se señala fecha para votación y fallo, que tuvo lugar el día 18 de Febrero de de 2010, en que efectivamente se deliberó, votó y falló, siendo posteriormente redactada la presente.
Primero.-Se impugna a través del presente recurso contra la Resolución dictada en fecha 12 de Marzo de 2.008 por el Tribunal Económico Administrativo Central en el número de reclamación económica-administrativa número 2849-05 por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto en el Tribunal Económico-Administrativo Central promovido por el hoy recurrente, D. Raúl, y otros contra la Resolución del Tribunal Regional de Cantabria dictada en fecha 31de Mayo de 2005, desestimatoria de reclamación económica-administrativa número NUM000, sobre liquidaciones por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones por importe de 308.778,39 euros la de mayor cuantía.
Segundo.-Los antecedentes fácticos acreditados, en cuanto puedan tener relevancia a los efectos del correcto enjuiciamiento de las cuestiones que se proponen a la decisión de la Sala y de los cuales se ha de partir son los siguientes según la Resolución impugnada del el Tribunal Económico Administrativo Central:
1.º- Que el 25 de Abril de 2.002 se presentó a liquidación ante el Servicio de Tributos del Gobierno de Cantabria documentación relativa a la herencia de D.ª Susana, fallecida el 27 de Octubre de 2.002 habiendo otorgado testamento en el que legaba a sus hijos Darío y Frida lo que por legítima estrictamente les correspondiera e instituía heredero universal en el remanente del caudal hereditario a su hijo Raúl, ordenando que en pago de sus derechos se le adjudicase la casa en que habitaba la testadora, con todo el mobiliario y enseres, disponiendo para el caso de que lo demás bienes de la herencia no fueran suficientes para el pago de la legítima de sus hermanos, el abono a estos, en metálico, da la cantidad necesaria para completar aquella; en el escrito presentado por los herederos se instaba la aplicación de las normas recogidas en la Ley 11/202 de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en concreto la reducción del 98 por 100 en las adquisiciones mortis causa de la vivienda habitual, aduciendo que el "devengo al que hace referencia la Ley ha de entenderse ubicado el último día para realizar el abono del impuesto", tras requerir de los interesados certificaciones relativas al domicilio de la causante y justificación de los gastos, que aceptó así como también los valores declarados de los bienes, el Servicio de Tributos del Gobierno de Cantabria practicó liquidaciones en concepto de Impuesto sobre Sucesiones números NUM001 a D. Raúl, por importe de 308.778,39 euros sobre una base liquidable de 1.119.575,64 euros, una vez aplicadas las reducciones por parentesco-15.956,87 € y por adquisición de vivienda habitual-122.606,47 € y NUM002 y NUM003, respectivamente, a D. Darío y D.ª Frida a quienes se aplicó sólo la reducción por parentesco por importe de 23.943,51 euros.
2.º- Que los interesados interpusieron recurso de reposición aduciendo nulidad del procedimiento por falta del preceptivo trámite de audiencia necesario en toda actuación administrativa conforme a la Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, falta de motivación en relación con la no aceptación de los beneficios fiscales solicitados en el escrito de declaración, defecto formal de notificación por omisión de firma, necesidad de eliminación del gravamen sobre Sucesiones y Donaciones por su propia configuración como doble gravamen de las adquisiciones hereditarias.
3.º- Que el recurso de reposición fue desestimado en Resolución de 15 de Marzo de 2.004, en relación con la primera alegación, porque la propia Ley invocada preveía la posibilidad de prescindir del trámite de audiencia cuando no figurasen en el procedimiento ni fuesen tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado, como era el caso; respecto de los beneficios fiscales, se decía aplicada la reducción máxima por vivienda habitual establecida en el artículo 20.2.c) de la Ley 29/1987 en la liquidación de D. Raúl, y no ser de aplicación la Ley 11/202 por serlo a los hechos imponibles devengados a partir del día uno de enero de 2.003, siendo así que conforme al artículo 24 de la Ley 29/1987 el Impuesto de Sucesiones se devenga el día del fallecimiento del causante; respecto del defecto formal sobre falta de fehaciencia de la emisión de la liquidación por el órgano competente, se decía cubierto el requisito mediante tampón o estampilla, señalándose no obstante el nombre del funcionario bajo cuya responsabilidad se había tramitado el expediente; concluyendo el acuerdo que las restantes alegaciones no constituían materia sustanciable en el recurso, por no serlo en la vía económico-administrativa según lo dispuesto en su Reglamento de Procedimiento y, consta haberse suspendido el ingreso de las liquidaciones giradas a D. Raúl y Doña Frida y haberse satisfecho la de D. Darío.
4.º- Que disconformes los interesados, promovieron reclamación número NUM000 ante el Tribunal Regional de Cantabria en la que se limitaron a insistir en las alegaciones deducidas en la precedente instancia, razón por la cual la reclamación fue desestimada en Acuerdo de 31 de Mayo de 2.005 limitándose el Tribunal Regional a reiterar los puntos esenciales: haber aceptado la Administración los valores declarados sin variar por tanto los hechos y datos facilitados por los interesados en la declaración, lo que excusaba el trámite de audiencia, que la práctica de las liquidaciones implicaba el rechazo implícito de la pretendida aplicación de la Ley de Cantabria 11/2002, inaplicable por haber fallecido la causante el 27 de octubre de 2.002, haberse realizado las liquidaciones por órgano competente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, por haberse causado indefensión y escapar a la vía económico-administrativa las cuestiones planteadas sobre inconstitucionalidad o la postulada necesidad de eliminación del gravamen por las diferencias que produce, notificado el fallo el 14 de Junio de 2.005, el 6 de Julio siguiente se promovió el recurso de alzada en el que se reprodujo literalmente el escrito deducido en la precedente instancia.
5.º- Que el 12 de Marzo de 2.008 fue dictada la Resolución por el Tribunal Económico Administrativo Central por la que se desestima el recurso de alzada, reclamación económica-administrativa número 2849-05, ante lo cual Don Raúl acude a la jurisdicción contenciosa-administrativa siendo el origen de las presentes actuaciones.
Tercero.-Aduce la recurrente en el presente recurso contencioso administrativo, los siguientes motivos de impugnación:
1.º) Nulidad de las actuaciones por vulneración sustancial del procedimiento y, en particular, del principio de audiencia reconocido por el artículo 105.c) de la Constitución, que incluye los derechos a la puesta de manifiesto del expediente administrativo y a realizar alegaciones. Vulneración del Art. 22 de la Ley 1/1998.
3.º) Defecto formal en la notificación al carecer de fehaciencia de la emisión de la misma por el Órgano competente para ello o representante o delegado autorizado.
Por la Administración se opone a todos estos motivos señalando en síntesis que las respectivas liquidaciones se giraron sin variar aceptando los valores declarados sin variar los datos y demás elementos resultantes de la propia documentación aportada por el actor y sin ser necesario examinar otra documentación o cualquier medio probatorio distinto. Que la otra cuestión es meramente jurídica, es decir, si era aplicable o no la Ley 11/2002 de Cantabria, habiendo conocido las razones el recurrente de su denegación por lo cual no le produjo indefensión caso de que se considerase inmotivada lo que se niega y finalmente, en cuanto a la falta de firma suscrita en la liquidación y de su autenticidad se invoca Sentencias de esta misma Sala que lo han rechazado cuando no crea indefensión.
Cuarto.-En cuanto a la alegación de la parte en primer término de falta del preceptivo trámite de audiencia, toda vez que señala que aunque en las notificaciones recibidas se tienen en cuenta los documentos aportados por el interesado y que se declara conforme con la valoración aportada, sin embrago, no se tienen en cuenta diferentes alegaciones vertidas en su declaración y que debieron aperturar el trámite de alegaciones, lo que no se hizo antes de la liquidación provisional y con ello, se le irrogo un perjuicio e tener que avalar una deuda mal calculada a los efectos de mostrar su disconformidad con al misma cuando se podía haber realizado en el momento del trámite de audiencia contraviniendo incluso el artículo 105.c) de la Constitución.
Con carácter previo a cualquier otra consideración, no resulta ocioso efectuar una consideración general, extensible a todos los defectos formales, así como a la fuerza invalidatoria que éstos pueden producir en los actos dictados para decidir finalmente los procedimientos en el seno de los cuales se habrían manifestado aquéllos. Cabe señalar, en primer término, que aun de haberse producido algún defecto formal de tramitación, lo que únicamente se acepta a efectos dialécticos, en ningún caso se habría causado indefensión a la parte recurrente, que ha tenido oportunidades más que sobradas para conocer exactamente el contenido de todas las decisiones recaídas, para impugnarlas y para desplegar, en esas impugnaciones, todos los medios alegatorios y probatorios que ha tenido por conveniente en la defensa de sus derechos e intereses, debiendo tener presente tanto lo establecido en el art. 63.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre como el criterio mantenido en numerosas sentencias del Tribunal Supremo en sentencia de 20 de Julio de 1992, entre otras varias, al afirmar que:
"La teoría de la nulidad de los actos administrativos ha de aplicarse con parsimonia, siendo necesario ponderar siempre el efecto que produjo la causa determinante de la invalidez y las consecuencias distintas que se hubieran seguido del correcto procedimiento rector de las actuaciones que se declararon nulas y, por supuesto, de la retroacción de éstas para que se subsanen las irregularidades detectadas... En el caso de autos, tratándose, como la Sala sentenciadora razonó, no de que se hubiera prescindido totalmente del procedimiento establecido al efecto, sino tan sólo del trámite de audiencia del interesado, exclusivamente se incidiría en la de simple anulabilidad del art. 48.2, y ello sólo en el supuesto de que de la omisión se siguiera indefensión para el administrado, condición esta que comporta la necesidad de comprobar si la indefensión se produjo; pero siempre, en función de un elemental principio de economía procesal implícitamente, al menos, potenciado por el art. 24 CE, prohibitivo de que en el proceso judicial se produzcan dilaciones indebidas, adverando si, retrotrayendo el procedimiento al momento en que el defecto se produjo a fin de reproducir adecuadamente el trámite omitido o irregularmente efectuado, el resultado de ello no sería distinto del que se produjo cuando en la causa de anulabilidad del acto la Administración creadora de este había incurrido".
"Por lo demás, la invocada nulidad de la resolución que en este proceso se impugna es traída a colación de manera desacertada para el éxito de su pretensión de nulidad, al no concretarse cuáles son las razones por las cuales se habría ocasionado una irreparable indefensión del recurrente. El artículo 63 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre el Procedimiento Administrativo Común, establece que "1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. 2. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados".
"Se ha dicho que no hay derecho menos formalista que el Derecho Administrativo y esta afirmación es plenamente cierta. Al vicio de forma o de procedimiento no se le reconoce siquiera con carácter general virtud anulatoria de segundo grado, anulabilidad, salvo aquellos casos excepcionales en que el acto carezca de los requisitos indispensables para alcanzar su fin, se dicte fuera de plazo previsto, cuando éste tenga carácter esencial o se produzca una situación de indefensión".
"El procedimiento administrativo y la vía del recurso ofrecen al administrado oportunidades continuas de defenderse y hacer valer sus puntos de vista, lo cual contribuye a reducir progresivamente la inicial trascendencia de un vicio de forma o una infracción procedimental. Así, por ejemplo, si el interesado no fue oído en el expediente primitivo, esa falta puede eventualmente remediarse con la interposición del correspondiente recurso cuya propia tramitación, incluye un nuevo período de audiencia y vista del expediente. En otros casos, la omisión inicial del trámite de audiencia puede entenderse, salvo en algún caso, subsanada y se hace intranscendente, no pudiendo dar lugar en buena lógica a la nulidad del acto y en este sentido se pronuncian numerosas sentencias del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Por otra parte, la interposición de un recurso permite a la Administración poner en juego los poderes de convalidación que le reconoce la Ley, y subsanar los defectos iniciales una vez advertida su existencia, así como permite al administrado la constancia de todos los elementos de hecho y de Derecho que sirvieron de base al acto administrativo impugnado, así como formular las alegaciones y ofrecer las pruebas necesarias para desvirtuarlos".
"Para formular un pronunciamiento sobre la transcendencia que el vicio procedimental haya podido ocasionar a la esencia misma del acto administrativo habrá que tener en cuenta la relación existente entre el defecto de forma y la decisión de fondo adoptada por al acto recurrido y ponderar, sobre todo, lo que habría podido variar el acto administrativo origen del recurso, en caso de observarse el trámite omitido. Las hipótesis por tanto pueden ser varias. En lo que al recurso que examinamos interesa, cabe apelar a las dos siguientes: 1.º) que aunque no hubiera existido la infracción formal, la decisión de fondo hubiera sido la misma. En tal caso no tiene sentido anular el acto recurrido por vicios formales y tramitar otra vez un procedimiento cuyos resultados últimos ya se conocen. La actuación administrativa se desarrollará con arreglo a normas de economía, celeridad, y eficacia, según el art. 103 de la Constitución y 3 de la Ley 30/92, y es contrario al principio de economía procesal que este precepto consagra repetir inútilmente la tramitación de un expediente; 2.º) Que el vicio de forma haya influido realmente en la decisión de fondo, siendo presumible que ésta hubiera podido variar de no haberse cometido el vicio procedimental, en cuyo caso interesa distinguir el supuesto en que la decisión de fondo es correcta a pesar de todo. Lo que procede entonces es declararlo así y confirmar el acto impugnado. El principio de economía procesal obliga a ello".
Quinto.-Y esta misma Sala en cuanto a la vulneración aludida de falta de audiencia por el Art. 22 ley 1/1998, se resolvió de manera desestimatoria en nuestra Sentencia de 20/10/2005, rec. 327/2004 y en la cual se motivo:
"....UNDECIMO: Resta pues únicamente aludir a la alegación efectuada por la parte actora, y relativa a que se omitió en la liquidación complementaria que le fue girada el trámite de audiencia previa al interesado. Omisión que reconoce la Resolución del TEARC, si bien considera que dicho vicio debe considerarse como una simple irregularidad no invalidante. Ambas demandadas lo reiteran en el presente recurso alegando que no se ocasiona indefensión, pues, la sociedad ha podido alegar todo en defensa de sus pretendidos derechos. Ciertamente, estaba entonces vigente el art. 22.2 de la ley 1/1998, de 26 de Febrero, que permite "prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento, ni sean tenidas en cuenta en la resolución, otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado". Al no haberse modificado los hechos ni los elementos probatorios obrantes en el expediente, no concurren los supuestos de anulabilidad del art. 63 de la Ley 30/92, ni mucho menos un supuesto de nulidad de pleno derecho. Cierto que no se ha conferido el trámite de audiencia con carácter previo a la liquidación. Formando parte este trámite de los procedimientos de gestión tributaria, resultaba obligado, en principio, sujetarse a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente a cuyo tenor "En todo procedimiento de gestión tributaria se dará audiencia al interesado antes de redactar la propuesta de resolución para que pueda alegar lo que convenga a su derecho". Sin embargo, el propio recurrente reconoce en la interposición del recurso que la cuestión planteada lo es estrictamente jurídica, de interpretación del ordenamiento, sin que las cuestiones fácticas alegadas en la autoliquidación se hayan visto alteradas. Por tanto, estimamos que concurre en el caso la excepción prevista en el párrafo siguiente anteriormente aludido. Y ello por la fundamental razón de que la valoración de los bienes objeto de los actos jurídicos sujetos a gravamen no es elemento probatorio nuevo aportado por la Administración sino que se ha tomado de la escritura notarial, y no se ha efectuado comprobación abreviada alguna que sirviera de fundamento de la liquidación complementaria girada, sino la suma de los conceptos garantizados por la hipoteca. Por ello no resulta esencial la audiencia previa impuesta por el citado precepto antes de aprobar la comprobación de valores, que no la ha habido en el presente supuesto ni ha sido objeto de oposición utilizado por la Sociedad como elemento novedoso a su autoliquidación.
Por lo expuesto no se aprecia el vicio de la falta de audiencia previa denunciada y sin más se desestima el recurso ante el decaimiento de todos los motivos opuestos por la recurrente en sede del presente."
Sexto.-En consecuencia, admitido ello el que no se variaron los valores declarados y por otro el en modo alguno ha conducido a la parte recurrente a la indefensión, puesto que la argumentación de la demanda ha versado extensamente sobre el fondo del asunto, es decir, sobre toso sus reparos frente a la liquidación provisional, menos extraña a esta Sala acerca de los beneficios fiscales que en vía administrativa alego de aplicaron de la Ley 11/2002, de Cantabria y otros, decae este motivo y ello nos lleva al segundo, referido a esa alegada ausencia de motivación sobre la no aplicabilidad de la Ley Autonómica, que el recurrente en su escrito de demanda lo anuda a una indefensión que asimismo, tampoco a la luz de la anterior doctrina y jurisprudencia debe se estimada ya que no el ha producido perjuicio ni mella en su defensa.
Séptimo.-En nuestra Sentencia de fecha 7 de Febrero de dos mil cinco dictada en el recurso número 13/04, respecto al legado motivo de anulabilidad por no firma en la liquidación se manifestó que:
"QUINTO: Y en concreto en relación a la falta de firma enunciada en la demanda, es conveniente traer a colación ek criterio que esta Sala sentó en la Sentencia dictada el 28/0/97, recurso n.º 978/1996 invocada por la demandada, con acierto y que conviene recordar cuando señala:
"SEGUNDO: La denunciada falta de firma del acto administrativo originario, que se denuncia como determinante de una nulidad radical del acto, merece ser examinada desde la perspectiva de la posible indefensión que haya ocasionado al recurrente. Lejos de la nulidad radical que se pretende para tales deficiencias formales, grave consecuencia jurídica que el art. 62.1.e) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (LRJPAC) reserva para los casos en que ha habido una omisión total y absoluta del procedimiento legalmente establecido para la obtención del acto administrativo, estos vicios que se ponen de manifiesto no pasan de ser meras irregularidades administrativas no invalidantes, pues, según el art. 63 de la misma Ley, para que los defectos de forma determinen la anulabilidad del acto es preciso que éste carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o produzca indefensión. Ninguna de tales condiciones se observa, pues no se ha privado al acto de eficacia, ni se ha ocasionado indefensión, ya que ha habido una perfecta comprensión del sentido del acto y el interesado ha gozado de toda clase de posibilidades defensivas (pliego de cargos, recursos administrativos y este proceso jurisdiccional).
Tercero.-En todo caso, la falta de firma no puede producir un afecto tan grave como el pedido por el actor, pues la firma sirve a los fines de plasmar la voluntad del órgano administrativo para producir el acto, la decisión, de manera que cuando tal voluntad consta inequívocamente, no es posible asignar a la firma un valor ritual "ad solemnitatem", hasta el punto de juzgar como inexistente el texto no firmado, máxime cuando en vía administrativa de recurso, el superior jerárquico, con su asunción plena del acto del órgano inferior, ha convalidado los posibles vicios formales, dando fijeza al contenido de la resolución."
Séptimo.-Finalmente señalar que del expediente administrativo se deduce que se ha aplicada la reducción máxima establecida en el Art. 20.2.c) de la ley 29/1987, por "Reducción adquisición vivienda habitual" en la liquidación girada al recurrente a quien heredero universal en el remanente del caudal hereditario y en pago de sus derechos se le adjudico la casa, siendo conforme a derecho ello, pues, según establece la Disposición Final Segunda de la Ley 11/20002, de Cantabria, se aplicara esta normativa a los hechos imponibles devengados a partir del 1 de enero de 2003, y como lo entendió la Administración el devengo de la sucesión (Art. 24/Ley 28/1987) lo es el día del fallecimiento del acusante en este caso concreto lo fuel 27 de Octubre de 2002, por lo cual asimismo en cuanto al fondo se debe entender correcta las liquidaciones practicadas, procediéndose a de4sestimar el presente recurso.
Octavo.-De conformidad con el artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, no procede la condena de ninguna de las partes al pago de las costas pues no han actuado con temeridad o mala fe procesales en la defensa de sus respectivas pretensiones.
Que debemos desestimar y desestimamos, el recurso contencioso-administrativo promovido por D. Raúl contra la Resolución dictada en fecha 12 de Marzo de 2.008 por el Tribunal Económico Administrativo Central en el número de reclamación económica-administrativa número 2849-05 por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto en el Tribunal Económico-Administrativo Central promovido por el hoy recurrente, D. Raúl, y otros contra la Resolución del Tribunal Regional de Cantabria dictada en fecha 31de Mayo de 2005, desestimatoria de reclamación económica-administrativa número NUM000, sobre liquidaciones por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones por importe de 308.778,39 euros la de mayor cuantía,
sin que proceda hacer mención expresa acerca de las costas procesales causadas, al no haber méritos para su imposición.
Así, por esta nuestra sentencia, que se notificará a las partes con expresión de los recursos que en su caso procedan frente a ella, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Intégrese esta Resolución en el Libro correspondiente. Una vez firme la sentencia, remítase testimonio de la misma, junto con el expediente administrativo, al lugar de origen de éste.