Source: https://www.slideshare.net/gonzalezdeaguilar/sentencia-factortame
Timestamp: 2019-04-23 06:48:42
Document Index: 235503148

Matched Legal Cases: ['artículo\t177', 'artículo\t14', 'artículo\t17', 'artículo\t258', 'artículo\t4', 'artículo\t10']

Interpretación de una sentencia by Theysser Martinez 33625 views
, Director Comunicación y Marketing en La Ormiga
Comentario sobre la sentencia Factortame y sus consecuencias en el Derecho de la Unión Europea.
Cuestiones relativas a Primacía del Derecho Comunitario, Aplicabilidad Directa y Principio de Cooperación entre los países miembros de la Unión son tratados brevemente en este artículo.
1. INSTITUCIONES	DE	LA	UNIÓN	EUROPEA	Departamento	de	Derecho	Administrativo	GONZALO	GONZÁLEZ	DE	AGUILAR	FERNÁNDEZ	COMENTARIO	DE	LA	SENTENCIA	FACTORTAME	Cuestiones	a	tratar:	1.-­‐Significado	y	alcance	de	la	eficacia	directa	del	Derecho	Comunitario	(hoy	Derecho	de	la	UE)	2.-­‐Significado	y	alcance	de	la	primacía	del	Derecho	Comunitario	(hoy	Derecho	de	la	UE)	3.-­‐Aplicación	del	Derecho	de	la	UE	por	parte	de	los	órganos	jurisdiccionales	nacionales	y	principio	de	la	tutela	judicial	efectiva.	_	_	_	Resumen	de	hechos.	El	1	de	Diciembre	de	1988	entra	en	vigor	la	Merchant	Shipping	Act	adoptada	por	el	parlamento	británico.	Esta	ley	endurece	las	condiciones	que	se	exigen	para	que	un	buque	de	pesca	pueda	inscribirse	en	un	nuevo	registro	que	se	instituye.	Varias	sociedades	(entre	otras,	Factortame)	impugnan	la	compatibilidad	de	esta	ley	mediante	contencioso-­‐administrativo	el	día	16	de	Diciembre	de	1988;	solicitan	también	la	adopción	de	medidas	cautelares	para	dejar	sin	efecto	dicha	norma	hasta	que	recaiga	sentencia.	La	Divisional	Court	de	la	Queen’s	Bench	Division	decide	plantear	una	cuestión	prejudicial,	al	tiempo	que	acepta	que,	como	medida	provisional,	se	suspenda	la	aplicación	de	la	ley	a	los	demandantes.	La	Court	of	Appeal	revoca	la	medida	cautelar	basándose	en	que	los	órganos	jurisdiccionales	no	tienen	la	facultad	de	suspender	provisionalmente	la	aplicación	de	las	leyes,	máxime	cuando	existe	una	norma	de	la	Common	law	británica	que	impide	ejercer	medidas	provisionales	contra
2. la	Corona,	y	por	extensión	contra	el	Gobierno.	A	su	vez	el	4	de	Agosto	de	1989	la	Comisión	plantea	un	recurso	por	incumplimiento	de	Reino	Unido	de	la	normativa	europea	ante	el	TJUE.	Una	vez	hecho	el	resumen	de	hechos,	quiero	aclarar	que	el	caso	Factortame	en	el	que	basamos	nuestra	PEC	abre	dos	procesos	paralelos	con	base	común,	la	interpretación	que	Reino	Unido	hizo	sobre	la	eficacia	directa	del	Derecho	comunitario	y	su	primacía	sobre	el	Derecho	nacional.	1ª	Cuestión:	Significado	y	Alcance	de	la	eficacia	directa	del	Derecho	Comunitario	La	noción	de	eficacia	directa	ha	sido	deducida	mediante	una	metodología	interpretativa	de	los	Tratados	basada	en	su	espíritu,	su	economía	y	sus	términos,	es	decir,	sirviéndose,	en	particular,	de	los	métodos	de	interpretación	sistemático	y	teleológico,	mostrando	la	coherencia	y	los	objetos	de	la	norma	en	el	marco	de	las	finalidades	últimas	de	los	Tratados.	Dicha	eficacia	directa	fue	tempranamente	consagrada	por	el	Tribunal	de	Justicia	de	la	Unión	en	la	sentencia	Van	Gend	en	Loos	del	5	de	febrero	de	1963	por	la	cual	se	declara	que	el	Derecho	europeo	no	solo	genera	obligaciones	para	los	Estados	miembros,	sino	también	derechos	para	los	particulares.	Las	consecuencias	del	efecto	directo	a	la	luz	de	la	citada	sentencia	Van	Gend	en	Loos	son	las	siguientes:	1o)	Que	las	normas	de	los	Tratados	pueden	producir	efectos	jurídicos	(derechos	y	obligaciones)	inmediatos,	por	sí	mismos,	sin	precisar	normas	nacionales	para	su	aplicación	o	sin	que	estas	sean	un	obstáculo	para	su	aplicación.	2o)	Que	los	particulares	puedes	hacer	valer	ante	los	poderes	públicos	nacionales	los	derechos	que	se	deriven	de	las	normas	de	la	unión,	dichos	poderes	deben	asegurar	el	respeto	a	las	obligaciones	asumidas	por	los	Estados	en	los	Tratados	y	proteger	los	derechos	individuales.	En	consecuencia,	y	haciendo	uso	de	tal	jurisprudencia,	la	compañía	Factortame	está	totalmente	legitimada	para	recabar	estos	derechos	para	sí,	invocando	directamente	normas	europeas	antes	las	jurisdiccionales	nacionales.	Para	completar	un	poco	más	el	punto	uno,	y	dejando	para	las	siguientes	preguntas	el	desarrollo	y	explicación	de	principios	como	el	de	cooperación	leal	o	las	atribuciones	que	el	TUE	confiere	a	la	Comisión	para	la	vigilancia	y	cumplimiento	de	los	Tratados	temas	todos	ellos	importantes,	pero	que	pueden	ser	mas	interesantes	en	el	desarrollo	de	las	preguntas	sobre	tutela	judicial	efectiva	o	el	principio	de	primacía,	explicaremos	siguiendo	el	guión	escrito	por	Linde	Paniagua	en	su	manual,	la	diferencias	existentes	entre	efecto	directo	vertical	y	efecto	directo	horizontal.	El	primero	de	ellos	interviene	en	las	relaciones	entre	los	particulares	y	el	Estado,	lo	que	significa	que	un	particular	puede	prevalerse	de	una	norma	europea	frente	al	Estado.	El	segundo,	efecto	directo	horizontal,	interviene	en	las	relaciones	entre	particulares,	lo	que	significa	que	un	particular	puede	prevalerse	de	una	norma	europea	frente	a	otro	particular.
3. 2ª	Cuestión:	Significado	y	Alcance	de	la	primacía	del	Derecho	Comunitario.	En	el	caso	Factortame,	los	tribunales	británicos	adoptan	medidas	provisionales	y	dejan	suspendida	la	aplicación	de	la	Merchant	Shipping	aún	existiendo	una	antigua	norma	de	la	Common	Law	que	impedía	concederse	medidas	provisionales	contra	la	Corona	y	esperan	que	el	TJUE	se	pronuncie	sobre	los	diferentes	aspectos	interpretativos	que	entraban	en	colisión	en	el	caso.	La	cuestión	prejudicial	se	contempla	en	el	artículo	177	de	la	CEE	(inspirado	en	el	antiguo	articulo	41	del	Tratado	de	la	CECA)	y	faculta	en	exclusiva	al	Tribunal	de	Justicia	para	pronunciarse	sobre	la	validez	de	los	acuerdos	de	la	Alta	Autoridad	y	del	Consejo	en	caso	de	que	se	cuestione	ésta	en	un	litigio	ante	un	Tribunal	nacional.	El	13	de	Marzo	de	1989	la	Secretary	of	State	for	Transport	recurre	en	apelación	éstas	medidas	provisionales	y	posteriormente	la	Comisión	plantea	un	recurso	por	incumplimiento	de	la	normativa	comunitaria	por	parte	de	Reino	Unido	el	4	de	Agosto	de	1989,	pues	entiende	que	el	artículo	14	de	la	Merchant	Shipping	viola	lo	dispuesto	en	el	Tratado	CEE,	al	establecer	requisitos	de	nacionalidad,	de	residencia	y	de	domicilio	contrarios	a	los	artículos	7,	52	y	221.	En	aclaración	a	este	recurso,	podemos	decir	que	el	artículo	17.1	TUE	confía	a	la	Comisión	la	vigilancia	del	cumplimiento	de	las	disposiciones	de	los	Tratados	y	del	derecho	derivado	y	el	artículo	258	TFUE	lo	faculta	para	demandar	ante	el	TJUE	por	incumplimiento	al	Estado	infractor.	Ciertamente	la	Comisión	no	tiene	un	poder	exclusivo	de	control	del	cumplimiento	del	Derecho	de	la	Unión,	pero	su	misión	de	control	tiene	unos	caracteres	propios	que	lo	diferencian	de	la	vigilancia	que	realizan	otros	órganos	de	la	UE.	Para	desempeñar	esta	atribución	la	Comisión	está	dotada	de	medios	adecuados	que	le	permiten	conocer	y	exigir	la	aplicación	de	dichas	normas.	El	Tribunal	de	Justicia	estima	el	recurso	de	la	Comisión	mediante	auto	el	10	de	1989,	atendiendo	a	los	principios	de	primacía	del	Derecho	comunitario.	Este	principio	garantiza	la	superioridad	del	Derecho	europeo	sobre	los	Derechos	nacionales.	Se	trata	de	un	principio	fundamental	del	Derecho	europeo.	Tal	principio	no	está	inscrito	en	los	tratados,	pero	ha	sido	consagrado	por	TJUE	en	varias	ocasiones.	La	primera	de	ellas	data	del	15	de	1964	en	el	caso	Costa	contra	Enel.	En	la	referida	sentencia,	el	Tribunal	declara	que	el	Derecho	procedente	de	las	instituciones	europeas	se	integra	en	los	sistemas	jurídicos	de	los	Estados	miembros	y	que	están	obligados	a	respetarlos.	Los	efectos	que	la	Primacía	del	Derecho	produce	se	deducen	de	la	sentencia	Simmenthal	de	9	de	Marzo	de	1978	en	la	que	se	declara	que:	1º-­‐	Si	la	norma	interna	incompatible	es	anterior	a	la	norma	de	la	Unión,	ésta	hace	inaplicable	de	pleno,	desde	su	entrada	en	vigor,	toda	disposición	contraria	a	la	legislación	nacional.	Es	decir,	excluye	la	aplicación	de	la	norma	interna	anterior	y	prevalecerá	la	norma	de	la	UE	posterior.
4. 2º-­‐	Si	la	norma	interna	incompatible	es	posterior	a	la	norma	de	la	Unión,	la	vigencia	de	ésta	última	impide	la	formación	válida	de	nuevos	actos	legislativos	nacionales	en	la	medida	en	que	fueran	incompatibles	con	las	normas	comunitarias.	3º-­‐	Ya	sea	la	norma	interna	anterior	o	posterior,	el	órgano	judicial	no	debe	esperar	a	que	la	norma	interna	incompatible	sea	derogada	ni	debe	plantear	cuestión	de	constitucionalidad.	4º-­‐	Y	por	último,	el	juez	del	litigio	concreto	puede	y	debe	excluir	la	norma	interna	y	aplicar	la	norma	de	la	Unión.	Al	ser	el	Derecho	europeo	superior	al	Derecho	nacional,	el	principio	de	primacía	garantiza	una	protección	uniforme	de	todos	los	ciudadanos	en	el	territorio	de	la	UE.	En	cuanto	a	la	segunda	parte	de	la	pregunta,	el	alcance	este	principio	sobre	los	Derechos	nacionales	es	absoluta.	Todos	los	actos	europeos	con	carácter	obligatorio	se	benefician	de	él,	tanto	si	proceden	del	Derecho	primario	como	del	Derecho	derivado.	Del	mismo	modo,	todos	los	actos	nacionales	quedan	sujetos	a	este	principio	con	independencia	de	su	naturaleza,	ley,	reglamento,	decreto,	resolución,	circular,	etc.	Es	irrelevante	que	estos	textos	procedan	del	poder	ejecutivo	o	del	poder	legislativo.	El	poder	judicial	está	igualmente	sujeto	al	principio	de	primacía,	la	jurisprudencia	debe	acatar	el	derecho	de	la	Unión.	Y	por	último,	las	múltiples	sentencias	que	el	TJUE	ha	dictado	en	los	últimos	años	deja	claro	que	las	constituciones	nacionales	también	están	sujetas	a	él.	Cerrando	ya	el	punto	dos	quisiera	resumir	cuatro	puntos	básicos	sobre	los	que	se	asienta	el	principio	de	primacía.	-­‐	La	fuerza	obligatoria	de	la	Unión	no	puede	varias	de	un	Estado	a	otro.	STC	9	de	Marzo	de	1978.	-­‐	El	carácter	obligatorio	de	las	normas	de	Derecho	derivado	previsto	en	el	288	del	TFUE.	Reglamento,	Directiva	y	Decisiones.	-­‐	El	compromiso	de	cooperación	leal	(del	que	ahora	hablaremos)	en	el	cumplimiento	del	los	tratados	y	del	Derecho	derivado,	aceptado	por	todo	miembro,	lo	que	les	obliga	a	abstenerse	de	toda	medida	susceptible	de	poner	en	peligro	la	realización	de	los	objetivos	de	los	Tratados.	Asunto	Zwartveld,	Auto	13/7/1990.	-­‐	Los	Estados	miembros	han	aceptado	que	los	Tratados	y	el	Derecho	derivado	se	apliquen	sin	discriminación	basada	en	la	nacionalidad	de	los	particulares.	Es	decir,	que	no	se	den	tratos	a	favor	a	los	nacionales	de	los	Estados	miembros	y	sean	todos	iguales	ante	las	normas	UE.
5. 3ª	Cuestión:	Aplicación	del	Derecho	de	la	UE	por	parte	de	los	órganos	jurisdiccionales	nacionales	y	principio	de	la	tutela	judicial	efectiva.	Para	responder	con	claridad	a	tercera	pregunta,	me	gustaría	empezar	explicando	qué	es	el	principio	de	cooperación	leal.	Este	principio	rige	con	carácter	general	en	la	totalidad	de	las	relaciones	entre	los	Estados	y	la	Unión.	Es	un	principio	constitucional	porque	refleja	la	estructura	política,	jurídica	y	económica	de	la	UE	y	facilita	la	organización	de	los	poderes.	Siempre	ha	estado	expreso	en	los	Tratados	desde	la	fundación	misma	de	las	Comunidades	Europeas	en	1951	y	1957.	El	artículo	4.3	TUE	(antiguo	artículo	10	TCEE)	es	una	expresión	formal	de	ese	principio	y	de	él	se	derivan	3	deberes	generales:	1o-­‐	Colaboración	activa	o	deber	de	adopción	de	todas	las	medidas	generales	o	particulares	aprobadas	para	asegurar	el	cumplimiento	del	Derecho	de	la	Unión.	Cada	Estado	miembro,	debe	asegurar	la	plena	eficacia	de	las	disposiciones	de	la	Unión.	2o-­‐	Deber	de	abstención	de	adoptar	toda	aquella	medida	que	pueda	poner	en	peligro	la	realización	de	los	fines	de	los	Tratados.	(Proviene	de	la	sentencia	ya	mencionada	Costa	contra	Enel)	3o-­‐	Deber	de	facilitar	toda	información	que	requieran	los	órganos	de	la	UE	para	el	adecuado	desarrollo	de	sus	misiones.	De	dicho	principio	de	cooperación	leal	que	obliga	a	asegurar	los	derechos	reconocidos	por	el	orden	común	y	que	hace	que	corresponda	al	Estado	miembro	determinar	el	procedimiento	jurídico	conducente	a	ese	resultado,	se	deriva	el	principio	de	autonomía	institucional	y	procedimental	por	el	cual	si	los	Estados	miembros	están	obligados	a	dar	plena	eficacia	a	las	normas	de	la	UE,	también	tienen	derecho	a	adoptar	las	medidas	necesarias	para	su	aplicación	De	los	anteriores	principios	de	cooperación	leal	y	autonomía	institucional	y	procedimental	nace	en	el	Derecho	comunitario	el	derecho	a	la	tutela	judicial	efectiva.	El	TJUE	ha	confirmado	que	los	particulares	deben	poder	disfrutar	de	una	tutela	judicial	efectiva	de	los	derechos	que	les	confiere	el	ordenamiento	comunitario,	ya	que	éste	derecho	forma	parte	de	los	principios	generales	de	Derecho	que	resultan	de	las	tradiciones	constitucionales	comunes	a	los	Estados	miembros.	Este	derecho	también	ha	sido	consagrado	en	los	art	6	y	13	del	Convenio	Europeo	para	la	protección	de	los	Derechos	Humanos	y	de	las	Libertades	Fundamentales	(sentencia	de	25	de	Julio	de	2002,	Unión	de	Agricultores	c.	Consejo)	Para	que	este	derecho	de	acción	o	tutela	judicial	efectiva	como	ha	consagrado	nuestra	Constitución	en	su	art	24.1	sea	posible	se	prevee	que:	1º-­‐	Es	competencia	de	los	jueces	nacionales	proteger	los	derechos	reconocidos	por	las	normas	de	la	Unión;	es	un	derecho	universal	al	juez	nacional.	2º-­‐	Todas	las	vías	procesales	internas	son,	en	principio,	susceptibles	de	servir	para	hacer	valer	derechos	fundamentales	en	el	derecho	de	la	Unión.	3º-­‐	El	acceso	a	las	vías	procesales	nacionales	no	podrá	hacerse	en	condiciones	menos	favorables	que	para	las	reclamaciones	fundadas	en	normas	internas	y	tampoco	en	condiciones	tales	que	hagan	prácticamente	imposible	el	ejercicio	de	los	derechos	conferidos	por	el	orden	jurídico	comunitario.	Es	el	llamado	principio	de	efectividad.	4o-­‐	En	cuarto	lugar,	toda	decisión	nacional	que	aplique	el	Derecho	de	la	Unión	debe	ser	motivada,	susceptible	de	control	jurisdiccional	y	que	ese	control	sea	efectivo.	El	denominado	“derecho	al	juez”	es	un	principio	esencial	de	la	Comunidad	de	Derecho.
6. Y	para	exigir	que	se	cumpla	el	principio	de	tutela	judicial	efectiva	en	cada	uno	de	los	países	miembros	y	siendo	conscientes	de	que	el	TJUE	no	culmina	jerárquicamente	una	organización	judicial	única	o	común	de	la	que	formen	parte	los	órganos	jurisdiccionales	de	los	Estados	comunitarios,	se	establecen	los	siguientes	recursos:	-­‐	Recurso	por	incumplimiento,	como	el	promovido	por	la	Comisión	contra	Reino	Unido	y	del	que	ya	hemos	tratado.	-­‐	Recurso	de	amparo	ante	la	jurisdicción	constitucional	nacional	por	vulneración	de	los	derechos	fundamentales	a	la	tutela	judicial	efectiva	y	al	juez	predeterminado	por	la	ley.	Todo	un	sistema	de	garantías	procesales	que	permiten	al	ciudadano	europeo	(como	en	el	caso	de	Factortame)	recabar	en	beneficio	propio	el	derecho	comunitario	y	obtener	una	tutela	judicial	efectiva	en	los	órganos	jurisdiccionales	nacionales.	Una	sentencia	interesante	que	recoge	jurisprudencia	básica	para	el	buen	funcionamiento	de	los	sujetos	miembros	de	la	Unión	Europea	y	que	además	crea	nueva	Jurisprudencia	para	encauzar	los	futuros	litigios	de	responsabilidad	del	Estado	por	incumplimiento	del	Derecho	de	la	Unión	(tema	que	no	nos	ha	tocado	tratar	en	esta	PEC)	Esperando	que	esta	PEC	ofrezca	el	nivel	académico	esperado	le	saluda	atentamente	Gonzalo	González	de	Aguilar	Fernández.	Bibliografía	consultada:	-­‐	Derecho	Comunitario	Europeo,	tratados	y	otros	textos,	Jurisprudencia	básica	del	TJUE.	Editorial	MC	GrawHill.	-­‐	El	Derecho	Comunitario	y	su	aplicación	Judicial.	Dirigido	por	Gil	Carlos	Rodríguez	Iglesias	y	Diego	J.	Liñan	Nogueras.	Editorial	Civitas.	-­‐	Instituciones	y	Derecho	de	la	Unión	Europea.	Araceli	Mangas	Martín	y	Diego	J.	Liñan	Nogueras.	-­‐	Principios	de	Derecho	de	la	Unión	Europea.	Enrique	Linde	Paniagua,	Mariano	Bacigalupo	Saggese	y	Jesús	Ángel	Fuentetaja	Pastor.	Editorial	Colex.