Source: https://www.scribd.com/doc/63526693/LA-APLICACION-DE-LA-LEY
Timestamp: 2017-01-17 02:05:25
Document Index: 61459830

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BrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksArticlesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinLA APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL PENAL EN EL TIEMPORónald Cortés Coto Juez de Juicio
La retroactividad o irretroactividad de la ley procesal penal no ha sido un tema especialmente tratado en la doctrina ni en la jurisprudencia nacional, tal vez con excepción de la discusión en torno a la aplicación retroactiva de la ley más favorable en materia de prescripción de la acción penal, que se suscitó con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, en enero de 1998. En aquella oportunidad la Sala Constitucional, en una primera resolución, aceptó la retroactividad de las normas más favorables en materia de prescripción de la acción penal1. No obstante, luego varió el criterio estableciendo que el principio de retroactividad de la ley más favorable no es aplicable a las normas procesales, sino tan solo a las sustantivas, indicando que la prescripción tiene naturaleza procesal . El tema, sin embargo, es de singular trascendencia, dado que se encuentra en juego el sagrado principio de la seguridad jurídica, "el saber a qué atenerse", y como dice Bínder "No existe mayor diferencia entre la irretroactividad de la ley penal sustancial y el régimen de la irretroactividad de la ley procesal penal... ambas se relacionan con el control sobre la arbitrariedad en el ejercicio del poder pena/3". En un momento histórico determinado, el legislador podría utilizar una nueva ley procesal para disminuir
garantías y derechos de los acusados, ampliar plazos de prescripción, limitar o eliminar medidas alternativas al juicio. ¿Qué sucedería entonces con los procesos penales iniciados antes de esa nueva ley restrictiva de derechos, pero que a su entrada en vigencia aun no han finalizado? Más aún, ¿qué sucedería con los procesos no iniciados, pero cuyos hechos acaecieron antes de la entrada en vigencia de la ley procesal más restrictiva de derechos? El problema no es sencillo de resolver, ya que nuestra legislación procesal penal no regula la aplicación de la ley en el tiempo, y en cuanto a la no aplicación retroactiva de la ley establecida en el numeral 34 de la Constitución Política, los criterios jurisprudenciales, a nuestro juicio, no han sido muy claros en cuanto a la aplicación práctica de la norma. Antes de abordar el problema, debemos definir qué se entiende por retroactividad de la ley. La retroactividad de la ley consiste en dar efectos reguladores o hacer coercible una norma jurídica a hechos, actos o situaciones producidas con antelación al momento en que entra en vigor, a efecto de eliminar la fuerza reguladora de la ley anterior o bien de alterar o afectar la situación jurídica existente, con base en esa ley anterior. El principio de irretroactividad de la ley, por el contrario, consiste en afirmar que la ley no debe normar los hechos y situaciones jurídicas que han tenido lugar antes de que adquiera fuerza la nueva
Voto número 2346-98 de la Sala Constitucional. Voto número 4397-99 de la Sala Constitucional. BÍNDER, Alberto. Introducción al Derecho Procesal Penal.Buenos Aires, Editorial Ad Hoc, primera edición, 1993, pp. 130-135.
Revista de Ciencias Penales de Costa Rica
fundado en ley anterior al hecho del proceso".3 de la Constitución es restrictiva de derechos individuales. no regirá la regla 'tempus regit actum'. Al respecto. Ello lo deriva el autor del numeral 18 de la Constitución Política argentina que establece: "Nadie puede ser penado sin un juicio previo. la irretroactividad de la ley procesal regirá plenamente si de conformidad con lo dispuesto en el art. De esta forma. Por tanto.3 Cc conforme al cual las leyes no tendrán efecto retroactivo. Carbonell Mateu coincide con Bínder en cuanto a que la ley procesal penal restrictiva de derechos debe ser irretroactiva. Ed. 1996. entendemos que para este autor. si bien se admite el aforismo "tempus regit actum". pp. se cambia el sentido político-criminal del proceso y. cit... 410. concluye: "en todos aquellos casos en que una ley procesal posterior al delito suponga una disminución de las garantías o implique cualquier clase de restricción de la libertad. lo es con carácter relativo. por lo tanto. p. 9. salvo que dispongan lo contrario. 105. Trotta S. sin embargo podría ocurrir que las nuevas leyes procesales establezcan una única instancia. Otros casos. pp. 1997. esto significa que cualquiera que haya sido la fecha de la comisión del delito. UNED. Juan.. 7. 8. Si así fuera. aparece también en este ámbito el fundamento de impedir la arbitrariedad. Por ejemplo. 132-133. Por ejemplo. BÍNDER. p. restrinja o elimine garantías o derechos acordados a ios acusados por una ley anterior. Op. 6. que están vinculadas a derechos individuales. que estima que el principio "tempus regit actum" debe referirse no al momento de comisión del hecho sino al del proceso. En definitiva. Citando a Cobo del Rosal y Vives Antón. Carlos Manuel. CARBONELL MATEU. El Principio de Irretroactividad de La Ley. por ejemplo. sino que se aplicará la legislación vigente en el momento de realizarse la infracción. no así cuando se trate de normas neutrales que no tienen relevancia en la orientación político-criminal del proceso.
COTO ALBÁN. Madrid. Ibíd. 131. Alberto Bínder sostiene que la ley procesal penal es irretroactiva cuando altera el sentido político-criminal del proceso penal. Ed. Alberto. Y es conforme a este parámetro que se ha de valorar la retroactividad e irretroactividad de la ley procesal. se prohibe la retroactividad de la ley procesal posterior al hecho que perjudica al acusado. 148-150. Juan Bustos Ramírez también coincide con este criterio. siempre que la nueva ley limite.A.4
5. Esa ley no podría aplicarse a una persona que bajo la vigencia de la anterior ley tenía derecho a ser juzgado por un jurado.
4. la ampliación del plazo para dictar sentencia. Hay instituciones procesales. Este autor difiere de la mayoría de la doctrina
de su país. Estima que conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español. pues cambia el sentido político-criminal del proceso y restringe una institución prevista para limitar la posible arbitrariedad en el ejercicio del poder penal del Estado. BUSTOS RAMÍREZ. se dan cuando se limite la intervención de la defensa o las posibilidades de interponer recursos contra las sentencias . p. En síntesis. cuando una nueva ley limite. Madrid. Tirant lo Blanch. los casos en que el acusado ha de ser juzgado por un jurado. presupuesto material al que tales consecuencias procesales se hallan indiscutiblemente ligadas ". Los criterios doctrinales. Disposición que no contiene nuestro Código Procesal ni el numeral 34 constitucional. restrinja o elimine garantías o derechos que tiendan a evitar el ejercicio arbitrario del poder penal estatal. Indica que "en materia procesal rige el principio general establecido en el artículo 2. 1. San José. Ello ocurre. Lecciones de Derecho Penal. según Bínder. según este autor.
La mayor parte de la doctrina procesal penal moderna estima que la ley procesal penal es irretroactiva cuando disminuya. Esto podría significar la alteración de las reglas procesales a aplicar al hecho delictivo cometido con anterioridad. Para Bínder la nueva ley no será aplicable en esas circunstancias a los procesos penales cuyos hechos ocurrieron antes de la entrada en vigencia de la nueva ley restrictiva.
. Derecho Penal. al menos de forma expresa . el proceso se regirá por la ley vigente en el momento en que éste tenga lugar. como hemos visto. es irretroactiva. en el momento de cometerse el delito las leyes procesales establecían la posibilidad de apelación en caso de no conformidad con la sentencia.. Si la irretroactividad de la ley penal tiene también esta finalidad. En: La Jurisdicción Constitucional y su Influencia en el Estado de Derecho. la nueva ley no podría regir hechos realizados con anterioridad a su entrada en vigor. Concepto y principios constitucionales. ella también tiene que alcanzar a las normas procesales ". es decir. La doctrina no ha sido pacífica en cuanto a la aplicación práctica de este principio.
Pero esto implica retroactividad. p. no haciendo distingo en cuanto a si la nueva ley resulta restrictiva de derechos. pues el autor no ha podido determinar su conducta por ellas. porque la aplicación de las leyes procesales mira a un hecho existente en la actualidad. En los demás casos se aplicaría el nuevo código. En cuanto a la prescripción sostiene una interesante tesis: "La ley bajo la cual comienza a correr la prescripción. y menos a la acción que se ejercita ". Citado por COTO ALBÁN. Sin embargo. a. deben ajustarse a los nuevos cambios. y siempre que la nueva ley así lo disponga. cit. mediante los llamados transitorios. Este criterio de Maier parece ser el que sigue nuestro legislador en el Código Procesal Penal de 1998. según ella misma lo puede establecer. Editorial Hammurabi. esto es. algunos procesos que ya han adquirido cierto nivel de recorrido deben seguir rigiéndose por la ley anterior. a procesos pendientes a su entrada en vigencia. Así sucedió al entrar en vigencia el Código Civil de 1888. COVIELLO. es la que corresponde observar. como mientras la prescripción no se haya realizado por completo la parte apenas tiene un derecho eventual acerca de ella. 10. en el Transitorio I. y los que no lo hayan alcanzado. si no estaban vigentes a la época del suceso. COTO ALBÁN. para Maier. en materia procesal penal. Alguna doctrina no penalista estima que el principio de irretroactividad no le es aplicable a las leyes procesales. de manera que la prueba no recibida según esos supuestos. cual es el negocio jurídico. No se ha presentado mayor discusión jurídica al respecto. 453. Así Coviello indica que "las leyes de procedimiento son de aplicación inmediata a todas las contiendas que se inician o que están pendientes al tiempo en que entran en vigor. ocurra algún cambio que altere las condiciones en que estaba verificándose. en tanto el nuevo código resulta. aunque esa forma de aplicación no pueda pretender cumplir una de las principales funciones políticas de la ley en relación a los hechos ya sucedidos: servir de modelo de comportamiento a las conductas humanas. 11.
MAIER. al establecer que las causas que se encontraran con auto de elevación a juicio o prórroga extraordinaria a la entrada en vigencia de ese código. y también. la aplicación de la ley procesal retroactivamente a procesos ya iniciados cuando la nueva ley entra en vigencia. Op. Buenos Aires. aunque antes de cumplirse ésta. esa forma de aplicación pretende servir de modelo para valorar esos comportamientos y con ello dirigir la manera de comportarse de quienes deben valorar esas conductas ". permanecen sin variación. ya sucedidos. a la litis. el caso de las leyes procesales. pero las que ocurran cuando operan ya otros procedimientos. las que se hubieren realizado conforme a las normas establecidas en la ley anterior.de Ciencias Penales de Costa Rica
Julio Maier admite. El ilustre tratadista costarricense. no está prohibido (es admisible) que la ley se aplique retroactivamente. más garantista que el anterior. en cambio. en cuanto a la retroactividad de la ley más favorable. 435. por la ley actual. pp.
. 280-282. establece dentro de las excepciones a la no aplicación retroactiva de la ley. debían continuar rigiéndose por el Código de Procedimientos Penales de 1973. como ya se citó. pero no cuando ese derecho ha nacido del procedimiento mismo . resulta inválida para fundamentar una sentencia. Vol. el contradictorio y la inmediación en el debate. tampoco pueden cumplir la función política que determina su existencia: influir —como uno de los motivos— en las personas para que realicen ciertos comportamientos y prescindan de otros. Estima que dado que las actuaciones judiciales se componen de actos sucesivos. para que puedan relacionarse entre sí con algún sentido racional". más bien. Ignacio Burgoa estima que las leyes de procedimiento son retroactivas cuando se trata de la forma con arreglo a la cual se puede ejercer un derecho precedentemente adquirido. Op. Julio. El maestro argentino indica: "En efecto las reglas no pueden cumplir su función de cálculo sobre comportamientos pretéritos. Tomo I. pues en su artículo 883 dispuso
9. salvo que la ley disponga lo contrario. no solo en cuanto a plazos de
prescripción sino en cuanto a la prevalencia de la oralidad. no a un hecho pasado. sin embargo. p. Nicolás. De allí que las normas aplicadas a comportamientos pasados. Sin embargo. don Alberto Brenes Córdoba. En definitiva. dirigir el comportamiento humano. Derecho Procesal Penal Argentino. La discusión jurídica se centró únicamente. 1989. cit. más adelante agrega que "de lo explicado se deduce que. el legislador bien puede dictar disposiciones en cuya virtud se reduzca o amplíe el término que falte. pero no en cuanto a la irretroactividad de la nueva ley procesal menos garantista.
. En igual sentido se ha dicho: "El artículo 34 de la Constitución Política prohibe dar carácter retroactivo a la ley cuando ello vaya en perjuicio. El Estado de Derecho ha supuesto un replanteamiento de los derechos adquiridos superador de la disyuntiva seguridad-justicia. Tratado de las personas. según la clásica formulación de Goethe. El problema es que en nuestra materia.. (. 1974.. 31 73. pp. es difícil determinar cuándo estamos en presencia de un derecho adquirido o de una situación jurídica consolidada frente al proceso penal. Editorial Universidad Estatal a Distancia. o en nuestro caso.112
que en las prescripciones iniciadas antes.. de derechos patrimoniales adquiridos. pareciera desprenderse que la parte. En el Estado de Derecho el problema de los Derechos adquiridos no se contempla sólo como una cuestión de legalidad sino como algo que concierne a la legitimidad.
. sino que se extiende a las condiciones de justicia (exigencia de buena fe. Ambos conceptos han sido claramente definidos por la doctrina constitucional y la jurisprudencia nacional. el Estado consiste exclusivamente en que la propiedad esté cierta y segura. Hubert. Aunque. con relación a las nuevas disposiciones ". al aludir a la oposición social que suscita el 'enrigidecimiento y la cristalización' de los sitemas jurídicos: 'el hombre espera del Derecho —en palabras de Coing— algo más que orden y seguridad. Alberto. no adquiere ningún derecho al procedimiento.. en el respeto general de aquellos poderes de actuación. Estas últimas corrientes citadas. del estudio de algunos precedentes relativos a la aplicación del artículo 34 de la Constitución Política. 2. expuestas por tratadistas esencialmente de Derecho Civil y Constitucional.
parece desprenderse que la Sala Constitucional parte para determinar cuándo una ley nueva puede ser retroactiva. La intangibilidad de los derechos adquiridos puede ser incompatible con imperativos de justicia y de bien común.) La teoría de los derechos adquiridos ha sido frecuentemente invocada como un ejemplo de la tensión entre justicia y la seguridad jurídica. Valga decir. La jurisprudencia constitucional. Editorial Costa Rica. las expectativas. Así en el voto 2754-95 estableció: "El artículo 34 de la Constitución Política prohibe dar carácter retroactivo a la ley cuando ello vaya en perjuicio de derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas. La confianza del hombre en el Derecho reposa. el imputado. prerrogativas y situaciones que el ordenamiento jurídico ha puesto a su servicio para la consecución de sus fines personales (. pero sí las facultades aun no ejercidas. Con el reconocimiento de los derechos adquiridos se tiende a no cuestionar las situaciones jurídicas establecidas en el pasado. conservando validez únicamente los actos procesales ya cumplidos al amparo de la anterior legislación. "Suelen entenderse por derechos adquiridos los válidamente constituidos y consolidados al amparo de una determinada legislación. lo que podríamos llamar retroactividad propiamente dicha
Nuestra jurisprudencia constitucional no ha sido clara con respecto a la aplicación en el tiempo de la ley procesal. 427-428. ausencia de dolo. en gran medida. Helmut Coing ha compendiado el alcance de esta antítesis en observación penetrante. La Jurisdicción Constitucional y su influencia en el Estado de Derecho. los derechos adquiridos o las consecuencias ya realizadas no pueden ser afectadas por la nueva ley. En concordancia con tales premisas el reconocimiento de los derechos adquiridos no se detiene en las condiciones formales de validez de la legislación a cuyo amparo surgieron.) que determinaron la génesis de tales derechos y su mantenimiento. los hombres han preguntado siempre además si está poseída con justicia. Primera edición. para garantizar la confianza de los ciudadanos y la propia estabilidad del derecho. sin duda parten de los conceptos tradicionales de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas para fijar el límite de aplicación hacia el pasado de la nueva ley. ínter alia.
12: BRENES CÓRDOBA.) Una situación jurídica puede consolidarse —lo ha dicho antes la Corte Plena— con una sentencia judicial que declare o reconozca un derecho controvertido. cualquiera que sea el contenido de éstos. Sin embargo. p.. el tiempo que faltaba debía aumentarse o disminuirse. de la tesis tradicional de los derechos adquiridos o de las situaciones jurídicas consolidadas. Anarella y FERNÁNDEZ. San José. 1996. De acuerdo con esta última doctrina citada. las esperanzas . Ha de distinguirse entre: a) Una ley que regule un supuesto de hecho pretérito con desmedro de esos derechos. y también al amparo de una norma de ley que establezca o garantice determinadas consecuencias a favor del titular de un derecho. pero pudiendo ser afectadas ¡as etapas del proceso aun no cumplidas por la nueva disposición procesal por no tratarse de derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas. consecuencia que una ley posterior no puede desconocer sin incurrir en vicio de inconstitucionalidad por infracción del artículo 34 de la Constitución" (sentencia número 1119-90 de las catorce horas del dieciocho de setiembre de mil novecientos noventa)." BERTOLINI.
Dijo la Sala de Casación: "Los hechos jurídicos no pueden alterarse por leyes nuevas.
113 Lo relevante en cuanto a la situación jurídica consolidada. se ha entendido también que nadie tiene un "derecho a la inmutabilidad del ordenamiento". vale decir: si se ha dado el hecho condicionante. es decir. Lo que significa es que —como se explicó— si se ha producido el supuesto condicionante. la interpretación o la aplicación de esta última produce un perjuicio irrazonable o desproporcionado al titular del derecho o situación que ella misma consagra. el principio de irretroactividad. precisamente. aun cuando estos no se hayan extinguido aun. Es dable afirmar que. Esto es así porque.. no hayan comenzado a producirse. no solo cuando una nueva norma o la reforma de una anterior altera ilegítimamente derechos adquiridos o situaciones consolidadas al amparo de la dicha norma anterior. específicamente en punto a esta última. voto 2765-97). ya no surja la consecuencia (provechosa. de las diecisiete horas con treinta y nueve minutos del treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y cuatro). no es tan solo formal. pero las consecuencias pendientes sí están sometidas a ella. incluso. Luego. concluyendo de forma muy similar a nuestra actual Sala Constitucional. única norma a la cual podríamos dirigirnos para dilucidar el problema aquí planteado. trátese de un bien previamente ajeno o de un derecho antes inexistente— ha ingresado en (o incidido sobre) la esfera patrimonial de la persona. el primero denota aquella circunstancia consumada en la que una cosa —material o inmaterial.
. la regla que conecta el hecho con el efecto no pueda ser modificada o incluso suprimida por una norma posterior. y: b) La regulación de un supuesto de hecho que viene del pasado pero que se prolonga al momento de la promulgación de la ley —en cuyo caso la validez o invalidez de los efectos indirectos ex tunc ha de examinarse casuísticamente—"(sentencia número 4691-94.. sino un estado de cosas definido plenamente en cuanto a sus características jurídicas y a sus efectos. (Sala Constitucional.. la situación de la persona viene dada por una proposición lógica del tipo «si. una vez nacida a la vida jurídica. De este modo." Del mismo modo. La antigua Sala de Casación.. deberá darse también el efecto condicionado." Los conceptos de "derecho adquirido" y "situación jurídica consolidada" aparecen estrechamente relacionados en la doctrina constitucionalista. al igual que los demás relativos a los derechos o libertades fundamentales. entonces la "situación jurídica consolidada" implica que. Ahora bien. la garantía constitucional de la irretroactividad de la ley se traduce en la certidumbre de que un cambio en el ordenamiento no puede tener la consecuencia de sustraer el bien o el derecho ya adquirido del patrimonio de la per-sona. a lo que la persona tiene derecho es a la consecuencia. se dijo. en términos generales.. la "situación jurídica consolidada" representa no tanto un plus patrimonial. de modo que resulta violado. clara y definida. Por su parte. y también al amparo de una norma de ley que establezca o garantice determinadas consecuencias que una ley posterior no puede desconocer sin incurrir en vicio de inconstitucio-nalidad por infracción del artículo 34 de la Constitución. Por eso.. la sentencia N° 1119-90 de las 14:00 h del 18 de setiembre de 1990 sostuvo: "Una situación jurídica puede consolidarse — lo ha dicho antes la Corte Plena— con una sentencia judicial que declare o reconozca un derecho controvertido.». lo relevante es que el estado de cosas de que gozaba la persona ya estaba definido en cuanto a sus elementos y a sus efectos. ni tampoco. no es que esos efectos todavía perduren o no. ¡a que afecta a hechos consumados. En ambos casos (derecho adquirido o situación jurídica consolidada) el ordenamiento protege— tornándola intangible— la situación de quien obtuvo el derecho o disfruta de la situación. En este caso. a que las reglas nunca cambien. el precepto constitucional no consiste en que. necesariamente. o de provocar que si se había dado el presupuesto táctico con anterioridad a la reforma legal.. en sentencia número 80 de las 15:30 horas del 13 de setiembre de 1967. definió con mayor propiedad las situaciones jurídicas consolidadas diciendo: ". una reforma legal que cambie o elimine la regla no podrá tener la virtud de impedir que surja el efecto condicionado que se esperaba bajo el imperio de la norma anterior. en un interesante voto.Revista de Ciencias Penales de Costa Rica y en principio inconstitucional. no a la regla. Desde esta óptica. sino también cuando los efectos. se entiende) que el interesado esperaba de la situación jurídica consolidada. realizó un amplio estudio del numeral 34 de la Constitución Política. por razones de equidad y de certeza jurídica. sino también y sobre todo material. aunque estos todavía se estén produciendo o. los efectos que se hayan producido antes de que la ley entre en vigor. que conecta a un presupuesto táctico (hecho condicionante) con una consecuencia dada (efecto condicionado). de manera que esta experimenta una ventaja o beneficio constatable. entonces. sino que —por virtud de mandato legal o de una sentencia que así lo haya declarado— haya surgido ya a la vida jurídica una regla.
de las reformas allí contenidas. debe tenerse presente que los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas surgen. los que nacen del estado civil. ya que con ello se provocaría una incertidumbre. vulnerando lo que está protegido por el principio de irretroactividad. no pueden ser afectados por ley posterior". dijo.. Finalmente. al aplicarse a ellas. El hecho de que en las disposiciones transitorias del Proyecto se disponga que los procedimientos se deben adecuar. siempre y cuando su interpretación y aplicación se efectúe de acuerdo a los parámetros que de seguido se dirán. las situaciones jurídicas consolidadas. a saber: a) Cuando su aplicación vaya en perjuicio de 'persona alguna'. así como la número 1070-95. de las dieciséis horas doce minutos del once de octubre y 6364-94. que también resulta plenamente aplicable al caso concreto: «La consulta en cuestión se reduce al tema de si los Transitorios I y II del Proyecto en consulta transgreden los principios de irretroactividad de las leyes y de seguridad jurídica.114 siempre y cuando la ley. los políticos. en cuanto a la aplicación de las normas contenidas en la Ley de Justicia Penal Juvenil a los procesos pendientes a su entrada en vigencia.. aspecto aceptado umversalmente por la doctrina y la jurisprudencia. porque entonces la ley no podría afectar esas consecuencias sin ser retroactiva. sino aplicación inmediata. no incida sobre el pasado. a las normas procesales vigentes no implica aplicación retroactiva. los actos ya realizados. El artículo 34 de la Constitución Política prohibe dar carácter retroactivo a la ley cuando ello vaya en perjuicio de derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas. está consagrada por el artículo 34 de la Constitución Política. tales transgresiones no están implicadas en el texto de los Transitorios I y II del Proyecto venido en consulta. y otros que no tienen valor pecuniario estimable. Por ello se dice que las leyes son de aplicación inmediata a todas las consecuencias derivadas de hechos o relaciones preexistentes. cuya protección en la norma deriva del primer supuesto "persona alguna". entre ellos los de la personalidad. consecuencias que una ley posterior no puede desconocer sin incurrir en vicio de inconstitucionalidad
Revista de Ciencias Penales de Costa Rica por infracción del artículo 34 de la Constitución" (sentencia número 1119-90 de las catorce horas del dieciocho de setiembre de mil novecientos noventa).. respecto del derecho de fondo. En criterio de los consultantes. el cual señala tres casos en que la ley no puede aplicarse retroactivamente. (Cfr. en cualquier momento. que tratándose de una nueva ley procesal. del matrimonio. sin perder de vista que también los hay en relación con el derecho procesal. como ocurre con los plazos y otros derechos de defensa o con las situaciones jurídico procesales consolidadas por preclusión de la respectiva etapa procesal. 5972-94. 3460-94. así como los efectos que ambos generen durante la vigencia de la ley anterior. en cuanto a las leyes procesales se refiere. salvo en el caso de que esas consecuencias hayan alcanzado un valor jurídico propio o que la ley nueva. sin embargo. véanse las sentencias números 0357-94. de las quince horas veintiún minutos del veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y cinco. siempre y cuando la adecuación afecte aspectos meramente procesales
. y también al amparo de una norma de ley que establezca o garantice determinadas consecuencias a favor del titular de un derecho. dado que regulan aspectos formales y no sustanciales. se violaría el principio de seguridad jurídica.. tiene aplicación inmediata. aunque no exclusivamente." La sentencia citada concluye en que el constituyente quiso proteger tanto los derechos patrimoniales como los demás derechos subjetivos. Asimismo. voto 351 -91). lesione la situación o derecho originario. todas de ese año. La irretroactividad de las leyes en el derecho patrio. en la medida de lo posible. de las diez horas cuarenta y ocho minutos del ocho de julio. "Debe entenderse. En primer lugar. tal inconstitucionalidad se derivaría del hecho de que la normativa cuestionada pretende la adecuación y aplicación. en principio. tanto a los procesos de administración por intervención judicial como a los convenios preventivos pendientes de tramitación al momento de entrada en vigencia del Proyecto en cuestión. Esta posición es reiterada en el voto 1783-97. con violación del artículo 34 constitucional. de las quince horas dieciocho minutos del diecinueve de enero. por una posterior. donde la Sala. lo que produciría una aplicación retroactiva de dichas disposiciones. Solamente no pueden ser afectados por la nueva ley procesal los actos ya realizados. de las quince horas cuarenta y cinco minutos del primero de noviembre. De forma más concreta. En criterio de esta Sala. se transcribe el contenido de la sentencia número 5305-96. pues derechos y situaciones jurídicas nacidas al amparo de una legislación previa serían modificadas. En el mismo sentido. la Sala Constitucional ha estimado que la ley procesal (en ese caso era una norma del Código Procesal Civil). incluso a procesos pendientes a su entrada en vigencia. al aplicarse a esas consecuencias.) Una situación jurídica puede consolidarse —lo ha dicho antes la Corte Plena— con una sentencia que declare o reconozca un derecho controvertido. de las quince horas del nueve de octubre del año anterior. (. las situaciones jurídicas consolidadas y los efectos que ambos generen durante la vigencia de la ley anterior. B) Cuando lesione derechos patrimoniales adquiridos y c) Cuando afecte situaciones jurídicas consolidadas.
procesales o de fondo. De lo expuesto en esta última sentencia se desprende que se considera situación jurídica consolidada a los actos procesales y sus efectos ya realizados a la entrada en vigencia de la nueva legislación. Así las cosas. También la reforma al numeral 33. siguiendo la interpretación que le ha dado la Sala Constitucional a los principios contenidos en dicho numeral. entonces. Finalmente. que regula las causales de interrupción de la prescripción de la acción penal. Incluso así lo expresa la sentencia 351 -91 con respecto a la ley procesal en materia civil y en la 1783-97. alcanza también a las normas procesales nuevas que restrinjan derechos establecidos por la ley anterior.
Nuestra posición. como se estipula en el Transitorio I.
3. Corresponde. las normas venidas en consulta no son inconstitucionales y su aplicación. o cuyo procedimiento ya se había iniciado bajo las anteriores reglas. dada por la Sala Constitucional.Revista de Ciencias Penales de Costa Rica
no precluidos y nunca derechos adquiridos ni situaciones consolidadas de carácter procesal ni. y la otra en cuanto establece una causal más de interrupción de la prescripción. en este caso al artículo 34. que vino a reformar varios artículos del Código Procesal Penal. lo que se hace interlocutoriamente. la impunidad. sin que ello pueda interpretarse como una aplicación retroactiva de la ley. estableciendo como nueva causal de interrupción la convocatoria por primera vez a audiencia preliminar.
Consideramos que del estudio de la jurisprudencia constitucional citada. Para poder establecer cuándo una nueva ley procesal restrictiva de derechos y garantías tiene efectos retroactivos. inclusive siendo esta restrictiva de derechos. según lo expuesto. por supuesto. cuyos delitos se habían cometido con anterioridad a la entrada en vigencia de estas reformas. el Transitorio V de la Ley de Justicia PenaIJuvenil no es inconstitucional. No se pronunció la sentencia respecto de si la irretroactividad por ellos propugnada en materia procesal. resulta claro que el procedimiento no es un derecho adquirido pues no refleja una consecuencia patrimonial constatable. en materia procesal. refiriéndose en forma general a la ley procesal penal. además de no haber sido beneficiado el acusado con este instituto ni con el de reparación del daño en los últimos cinco años. las actuaciones ya practicadas ni otras situaciones consolidadas. la norma aplicable normalmente —y sin perjuicio de lo dicho— es la vigente en el momento de cumplirse la respectiva actuación. y por ello debe declararse que ésta no viola los numerales 34. por ende. al juez determinaren cada caso concreto cuáles derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas se hayan producido. A la luz de la definición de derechos adquiridos. un derecho adquirido al procedimiento previo. en tanto una exige mayores requisitos para la aplicación de un instituto alternativo que beneficia sensiblemente al imputado. agregando ahora como nuevo requisito la anuencia de la víctima para que proceda el instituto. Lo ante-
. pues nada impide que el legislador ordene reajustar los procedimientos que se tramitan en sede judicial a lo dispuesto en una nueva legislación procesal. el proceso continúa. dado que en el caso resuelto por la Sala se trataba de la aplicación de una norma de la Ley de Justicia Penal Juvenil que establece que aun cumplidos los dieciocho años por parte del menor de edad. debe ser en forma armónica sin afectar. entre ellos el numeral 25. o bien cuando se inicia un procedimiento. en cuanto a la irretroactividad de la ley se refiere. que no pueda ser afectado por nuevas normas procesales restrictivas que surjan en el transcurso del proceso o luego de cometido el hecho. debemos planteamos si el acusado tiene un derecho adquirido al procedimiento previo. debemos recurrir a la norma constitucional. el viejo criterio francés de la teoría de los llamados derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas. así como los derechos adquiridos por las partes. situación que provocaba el archivo del sumario y. cabe agregar que la Sala Constitucional en el voto 4397-99 establece la no aplicación retroactiva de la ley procesal más favorable. como es el caso de la prescripción de la acción penal. por no ser de aplicación este principio a las normas procesales. cuando se comete un hecho delictivo. al estimar la Sala que solamente son derechos adquiridos aquellos materiales o inmateriales que han ingresado o incidido sobre la esfera patrimonial de la persona provocando una ventaja constatable. Al no existir en nuestra legislación procesal penal una norma que regule la aplicación de la ley en el tiempo. en los términos expresados líneas atrás. ¿Tendrán los acusados. los cuales sí pueden ser afectados por la nueva ley. que haga irretroactivas estas reformas en su perjuicio? No hay duda de que se trata de normas que restringen derechos y garantías. se desprende que el alto tribunal ha seguido. los de fondo. a fin de que la adecuación de los procedimientos pendientes al momento de entrada en vigencia de la reforma consultada no los afecte. Un ejemplo claro de lo anterior es la Ley 7594 del 26 de noviembre de 2001. con la advertencia de que. con la anterior Ley Tutelar de Menores. en ningún caso. que establece los requisitos de la suspensión del proceso a prueba.» De manera que. 39 y 41 de la Constitución Política. pero ella no cubre los actos procesales aun no realizados. en uso de la facultad concedida a la Sala por el párrafo segundo del artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional".
precisamente por haber seguido la tan criticada teoría de los derechos adquiridos y las
situaciones jurídicas consolidadas . que es la que ha seguido nuestro Tribunal Constitucional. en cuanto a la
aplicación de la ley en el tiempo. ya citada. la Sala Constitucional ha estimado que solo los derechos patrimoniales están protegidos por el numeral 34 constitucional. no solo los patrimoniales. como dijimos. pues la mención genérica que se hace en el numeral 34. 1980. se ha generado una situación jurídica consolidada. Somos conscientes de que nuestra Constitución Política no contiene principios tan claros como los establecidos en el numeral 18 de la Constitución argentina. de allí que podría considerarse que si la nueva ley crea nuevos actos interruptores de la prescripción. HERNÁNDEZ VALLE. la no retroactividad en perjuicio de persona alguna. protegiendo también los efectos de estos que se han dado bajo la legislación derogada. en el sentido de que la ley no puede tener efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. p. los que nacen del estado civil y otros que se caracterizan por no ser estimables en dinero. si el término de la prescripción aun no ha operado y durante su transcurso aparece una nueva ley procesal que lo aumenta. La inexistencia de un derecho adquirido al procedimiento se reafirma cuando la misma Sala Constitucional ha dicho. y no de retroactividad. es erróneo. en donde se establece que dicho supuesto se refiere a otros derechos no patrimoniales. Por el contrario. luego de estimar que la naturaleza de la prescripción de la acción penal es procesal. Ibíd. pese a que por su redacción se sugiere que se trata de supuestos distintos. los derechos políticos. San José. En cuanto a si se tiene una situación jurídica consolidada una vez que se ha iniciado un procedimiento según determinadas reglas. el cual. estimamos que si se sigue la teoría francesa de los derechos adquiridos.
14. una nueva ley que exija un nuevo requisito para conciliar no podría afectar esa situación jurídica consolidada. no ha sido analizado por la Sala Constitucional como un presupuesto aparte del de los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas. Sin embargo. 177. aun en procesos penales pendientes y aunque restrinjan derechos y garantías de los acusados. los presupuestos para que se acoja una conciliación (acuerdo de partes. aun cuando no se haya declarado la misma en sentencia. o la misma Constitución española en cuanto a la irretroactividad de la ley. En conclusión. Rubén. que no se tiene un derecho a la prescripción. y que según algunos autores sigue nuestra Constitución Política . lo cual. según lo anterior. pues no se han producido los presupuestos fácticos (hecho condicionante) para que operen las consecuencias (hecho condicionado). si se han producido ya los presupuestos de determinado acto procesal. pero ese acto procesal interruptor ya se había realizado al amparo de la antigua ley. los actos procesales ya cumplidos y sus efectos. la nueva legislación no puede afectar al acusado tomando como acto interruptor un acto procesal que ya había producido efectos. de la definición dada por la Sala creemos que se desprende que ello ocurre únicamente cuando los actos procesales ya se han llevado a cabo de acuerdo con la anterior ley. si el término de la prescripción de la acción penal ya ha operado. Si se han producido antes de la entrada en vigencia de la nueva ley.116
rior por cuanto. Así lo entendió la antigua Sala de Casación en su sentencia número 80 del 13 de setiembre de 1967. la nueva ley procesal puede ser aplicada a los actos procesales no cumplidos a su entrada en vigencia. tales como los llamados de la personalidad. primariedad del acusado). se tiene una situación jurídica consolidada que no puede ser afectada por una ley posterior que aumente el plazo o establezca nuevas causas de interrupción de la prescripción. ese término sí puede ser afectado por la nueva ley. no pueden ser afectados por la nueva ley. el artículo 34 de la Constitución Política establece como primer presupuesto de irretroactividad.
. La Sala Constitucional parte del supuesto de que solo los derechos patrimoniales adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas están protegidas por el principio de irretroactividad de la ley. en nuestro criterio. Así las cosas. Las libertades públicas en Costa 15. abarca toda clase de derechos.
Rica. Siguiendo la jurisprudencia constitucional (voto 351 -91 y 1783-97). a pesar de que el acuerdo aun no haya sido homologado por el juez. delito que lo permite. La Sala considera que en esos casos se trata de una aplicación inmediata de la ley. p. 179. a nuestro juicio. sino que se trata tan solo de una sanción procesal a la inactividad del Estado en el ejercicio de la acción penal. Juricentro. cuando aun no era uno de sus efectos la interrupción del plazo de la prescripción. Es decir.
y variarlas en su perjuicio mediante nuevas leyes. en sí mismo. desde ese momento él conoce las reglas. siendo entonces un derecho del imputado la segundad jurídica. Conclusiones. sin duda. por lo que la nueva ley procesal. no puede ser retroactiva aunque el proceso esté pendiente de la entrada en vigencia de la nueva ley. El numeral 34 constitucional debe interpretarse desde la óptica de los principios de seguridad jurídica y pro homine. y al principio constitucional de la seguridad jurídica. Votos 4208-96 y 1797-97 de la Sala Constitucional. perjudica a la persona del imputado. estimando que la ley procesal no puede ser retroactiva en perjuicio de los actos procesales ya cumplidos. y viola el derecho a la seguridad jurídica que tiene todo ciudadano. que es la prohibición de la retroactividad de la ley en perjuicio de una persona. sin que se violente la literalidad de la norma. estimamos que desde una interpretación del artículo 34 constitucional conforme al principio "pro nomine".
. que tiene como destino el juicio.Revista de Ciencias Penales de Costa Rica
Por ello. ese conjunto de actos procesales no pueden ser alterados por la ley nueva. en tanto perjudique la persona del acusado. El proceso es regido por la ley procesal como un todo. abarca los derechos no patrimoniales. Discrepamos de la interpretación que ha venido dando la Sala Constitucional a la aplicación de la ley procesal en el tiempo. y creemos que nuestro artículo 34 posibilita tal interpretación. La Sala Constitucional.
Xilografía de Hernán Arévalo
"Bestiario I
16. ha seguido la teoría francesa de los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas. por lo que debe recurrirse al numeral 34 de la Constitución Política para dilucidar el problema. no puede aplicarse una nueva ley procesal que venga a restringir. por lo que estima que solo los actos procesales ya cumplidos no pueden ser alcanzados por la nueva ley. interpretando el numeral 34 de la Constitución Política. Una nueva ley en esas condiciones. que funciona siempre como límite a la interpretación constitucional . a procesos penales ya iniciados según la anterior ley que ahora se deroga. El proceso penal debe verse como una unidad no fraccionable. las normas procesales restrictivas de derechos o garantías no pueden aplicarse
a procesos ya iniciados. La doctrina mayoritaria así lo sostiene. Voto 11140-2001. Concordamos con Bínder en la idea de que el proceso es. y consideramos que de acuerdo con el numeral 34 de la Constitución Política. A) El Código Procesal Penal no contiene normas que regulen la aplicación de la ley procesal en el tiempo. viola ese valor fundamental que tiene el derecho. modificar o eliminar derechos o garantías a favor de los acusados. "el saber a qué atenerse". cual es la seguridad jurídica. Es al momento de iniciarse el procedimiento que al acusado se le informa de sus derechos (arts. 92 y siguientes del Código Procesal Penal). 17. Por ello. sin embargo ello quiebra el sentido político del proceso. reconocidos ambos por la Sala Constitucional . Sala Constitucional. La Sala Constitucional parte de la idea de que el proceso es fraccionable en actos independientes. estableciéndose que el primer supuesto de la norma. puesto que consiste en un conjunto de actos encadenados que confluyen hacia el juicio y giran alrededor de él. pero sí es de aplicación inmediata a procesos pendientes a su entrada en vigencia. con respecto a los actos procesales aun no cumplidos. una unidad —no fraccionable— en actos particulares— dotada de un cierto sentido de política criminal.
Madrid. Madrid. Editorial Juricentro. Penal. Julio. Rubén.
"Retrato de Hannia
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BÍNDER. UNED.R. MAIER.
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