Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2001-00920-35141-de-mayo-28-de-2015?documento=jurcol&contexto=jurcol_a52f5fb8710f433f92bd6b0545bbf380&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-15 19:37:30
Document Index: 177051536

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 136', 'artículo 229', 'artículo 229', 'artículo 55', 'artículo 24', 'artículo 82', 'artículo 42', 'artículo 134', 'artículo 93', 'artículo 6', 'artículo 144', 'artículo 3']

﻿ Sentencia 2001-00920 de mayo 28 de 2015
SENTENCIA 2001-00920 DE 28 DE MAYO DE 2015
CONTENIDO:DAÑO ANTIJURÍDICO CAUSADO POR EL FALLA EN EL SERVICIO POR PARTE DEL EJERCITO NACIONAL. LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL DEL ESTADO AL ENCONTRAR ACREDITADO, QUE LA MUERTE DE LAS VÍCTIMAS SE DEBÍA A CONDUCTA IRREGULAR DEL EJERCITO NACIONAL CONSTITUTIVA DE UNA VERDADERA FALLA EN EL SERVICIO, PUESTO QUE LOS EJECUTARON A LOS CIUDADANOS CUANDO ESTABAN SOMETIDOS Y QUE ERAN AJENOS AL CONFLICTO ARMADO, INCURRIERON EN UNA GRAVE INFRACCIÓN AL PRINCIPIO DE PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN CIVIL.
TEMAS ESPECÍFICOS:RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, LUCRO CESANTE, FALTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, RESPONSABILIDAD POR FALTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CONFLICTO ARMADO, PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA DE CONFLICTO ARMADO, EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL
Sentencia 2001-00920 de mayo 28 de 2015
Expediente: 35141
Radicación: 13001233100020010092001
Actor: Claudia Patricia Castro Torres y otros
La Sala es competente para resolver la apelación en razón a la vocación de doble instancia del asunto, determinada por su cuantía, en razón a que la pretensión mayor, de acuerdo con la estimación realizada en la demanda (fl. 63, cdno. 1), corresponde al lucro cesante solicitado a favor de Joel Enrique Pérez Meza en cuantía equivalente a $ 195.390.000. En el año 2001, época de presentación de la demanda, (fl. 67 vto., cdno. 1), 500 salarios mínimos mensuales(2) correspondían a $ 143.000.000, suma que es superada ampliamente por el monto de la referida pretensión.
En los términos del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, la acción procedente para deprecar en sede judicial la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado y la correspondiente reparación de perjuicios es la de reparación directa tal como fue promovida por los demandantes.
1.3. Legitimación en la causa de los extremos de la litis.
1.3.1. De la parte activa.
El legítimo interés de los demandantes que los habilita para comparecer en esa calidad a la actuación, deviene del vínculo afectivo y de parentesco con las víctimas, que acreditaron así:
1.3.1.1. Núcleo familiar de Evelio Enrique Pérez Ruiz.
Claudia Patricia Castro Torres acreditó ser la cónyuge mediante el registro civil de matrimonio (fl. 48, cdno. 1). Aneyline Pérez Castro (fl. 29, cdno. 1) y Sandra Consuelo Pérez Castro (fl. 28, cdno. 1) probaron ser sus hijas; Sixta Ruiz acreditó ser madre de la referida víctima (fl. 45, cdno. 1), mediante el registro civil de nacimiento de esta; Sixto Gabriel Pérez Ruiz (fl. 31, cdno. 1), Luz Mila Pérez Ruiz (fl. 32, cdno. 1), Ramiro Pérez Ruiz (fl. 33, cdno. 1), José Daniel Pérez Ruiz (fl. 34, cdno. 1), Manuel Enrique Pérez Ruiz (fl. 35, cdno. 1), Aníbal Pérez Ruiz (fl. 36, cdno. 1), Carlos Antonio Pérez Ruiz (fl. 37, cdno. 1) y Gladys María Pérez Ruiz (fl. 38, cdno. 1), acreditaron ser hijos de los mismos padres y, por ende, hermanos del fallecido.
1.3.1.2. Núcleo familiar de Luís Carlos Pérez Meza.
Adrinis Judith Pérez Meza (fl. 39 y 248(3), cdno. 1), Mairis Pérez Meza (fl. 40, cdno. 1), Carlos Andrés Pérez Meza (fl. 41, cdno. 1), Joel Enrique Pérez Meza (fl. 42, cdno. 1), Maira Estela Pérez Meza (fl. 43, cdno. 1) y Eder Luís Pérez Mesa (fl. 44, cdno. 1), son hijos de la víctima y Ruth María Meza Ríos era la cónyuge (fl. 52, cdno. 1).
1.3.2. De la parte pasiva.
Frente a la legitimación en la causa por pasiva la Sala encuentra que los actores pretenden endilgar responsabilidad en los hechos en los que resultaron muertos los señores Evelio Enrique Pérez Meza y Luís Carlos Pérez Meza a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional, por lo cual está formalmente legitimada en la causa y es la llamada a fungir como demandada en este asunto por la actuación de miembros de la Armada Nacional, como en efecto compareció al proceso. Cosa distinta es el juicio de imputación de responsabilidad que se adelantará al decidir el fondo del asunto.
1.4. La caducidad de la acción.
El ordenamiento jurídico prevé la figura de la caducidad como una sanción por el no ejercicio oportuno de las acciones judiciales, de modo que si se instauran por fuera del límite temporal previsto en la ley, el ciudadano pierde la posibilidad de hacer efectivo el derecho sustancial que intenta deprecar ante la administración de justicia.
En cuanto a las pretensiones que se ventilan a través de la acción de reparación directa, el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo dispone que esta debe promoverse en un término máximo de dos años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de la causa del daño (hecho, omisión, operación administrativa u ocupación temporal o permanente).
En el sub lite se pretende endilgar responsabilidad a la demandada por la muerte de dos personas, que tuvo lugar el 21 de junio de 1999 (fls. 89 y 90, cdno. 2), mientras que la demanda se promovió el 5 de junio de 2001 (fl. 67 vto., cdno. 1), esto es, dentro de los dos años siguientes, por lo que se impone concluir que lo fue dentro del término legal y, en consecuencia, no operó la caducidad de la acción.
Para definir la controversia y como quiera que sobre ello discurre el recurso que debe decidirse, analizará la Sala lo relativo al mérito probatorio de las pruebas que reposan en la actuación y que fueron desestimadas por el a quo, establecido el cual se verificará si con fundamento en aquellas que se encuentren admisibles resulta posible imputarle responsabilidad a la demandada en este caso particular.
3. Análisis probatorio.
3.1. Cuestión previa. Del mérito probatorio de ciertas evidencias allegadas a la actuación.
La decisión del recurso impone las siguientes precisiones en cuanto al mérito probatorio de algunas evidencias allegadas a la actuación:
3.1.1. Prueba trasladada.
Como cuestión previa a acometer el estudio de las evidencias aportadas, es preciso indicar que aquellas que fueron trasladadas y que corresponden al proceso penal adelantado con ocasión de los hechos en que resultaron muertos los señores Evelio Enrique Pérez Ruiz y Luís Carlos Pérez Meza, pueden tenerse válidamente como pruebas en el presente proceso, en razón a que las partes solicitaron de manera expresa en la demanda(4) y contestación(5) su aportación como medio de convicción en el sub lite.
Cuando así lo pidieron, aceptaron las partes que esos medios probatorios sirvan de insumo para la decisión de la controversia; sobre el particular ha considerado la Corporación que en estos casos hay lugar a tener en cuenta esas pruebas en razón a que resultaría contrario a la lealtad procesal, que las partes las soliciten y luego invoquen formalidades legales para su inadmisión en caso de que les desfavorezcan(6).
En reciente decisión de unificación(7), consideró la Sección Tercera de esta Corporación que de la manifestación de las partes tendiente a aceptar determinada prueba trasladada, sin solicitud expresa de ratificación en el proceso de destino, puede entenderse que convinieron en aceptar que se tengan como evidencias para la decisión del conflicto.
En cuanto a las pruebas testimoniales trasladadas, aunque el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil dispone que sólo se prescindirá de su ratificación cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, “mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente en la audiencia”, la Sección interpretó esa disposición en el sentido de indicar que no sólo bajo las mencionadas formalidades resulta posible otorgarles mérito, siendo lo fundamental en estos eventos que las partes hayan manifestado su conformidad con el hecho de que se tengan en cuenta como insumo para definir el asunto(8):
[L]a Sala considera que la presentación del mencionado escrito autenticado —o la manifestación verbal en audiencia de la intención de no ratificar los testimonios extraproceso—, no son las únicas vías a través de las cuales las partes pueden exteriorizar inequívocamente que concuerdan en prescindir de la repetición del interrogatorio, pues es claro que dicha intención también podría mostrarse, por ejemplo, con su manifestación en los memoriales que, sin necesidad de presentación personal, los intervinientes procesales radican ante los despachos judiciales en las diversas etapas del proceso, tales como los alegatos, los recursos, los incidentes y las peticiones, entre otras.
12.2.14. En el anterior orden de cosas, es perfectamente posible que, en ciertos casos, no se cumpla con la formalidad establecida para la ratificación y que, aún así, no se incurra en violación del derecho de defensa, porque las partes dieron a entender, por una vía distinta a la suscripción de un memorial autenticado o a la manifestación verbal en audiencia, que aceptaban sin reparos la anexión del testimonio al expediente, eventualidad ésta que en modo alguno puede considerarse como violatoria del debido proceso pues, a pesar de la supresión de la formalidad, se cumplió con la finalidad buscada por la norma procesal, que era que las partes manifestaran inequívocamente su intención de prescindir de un nuevo interrogatorio. (…).
12.2.17. En síntesis, para la Sala es viable apreciar una declaración rendida por fuera del proceso contencioso administrativo, sin audiencia de la parte demandada o sin su citación, cuando se cumpla con el trámite de ratificación, o cuando por acuerdo común entre las partes —avalado por el juez— se quiso prescindir del aludido trámite. Esto último puede manifestarse como lo dispone el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil —verbalmente en audiencia o presentando un escrito autenticado en el que ambas partes manifiesten expresamente que quieren prescindir de la ratificación—, o extraerse del comportamiento positivo de las partes, cuando los mismos indiquen de manera inequívoca que el querer de éstas era prescindir de la repetición del interrogatorio respecto de los testimonios trasladados, lo que ocurre cuando ambos extremos del litigio solicitan que el testimonio sea valorado, cuando la demandada está de acuerdo con la petición así hecha por la demandante, o cuando una parte lo solicita y la otra utiliza los medios de prueba en cuestión para sustentar sus alegaciones dentro del proceso.
De acuerdo con la posición unificada por la Sección que se reitera en la presente decisión, en este caso no hay duda de que las partes manifestaron su anuencia a permitir que las pruebas trasladadas del proceso penal se tengan en cuenta para la decisión de esta controversia, de modo tal que se impone su valoración con el fin de esclarecer los hechos en debate.
Ahora bien, no se pasa por alto que en el auto de 21 de enero de 2005, por medio del cual se abrió a pruebas el proceso (fl. 98, cdno. 1), el Tribunal omitió pronunciarse sobre el decreto de esa prueba, esto es, no manifestó en forma expresa su decisión de negarla u ordenarla. No obstante, consta en la encuadernación que el 18 de marzo de 2005 (fl. 85, cdno. 1) el mismo Tribunal libró oficio a la Fiscalía con el fin de obtener su aportación al proceso, actuación que reiteró el 13 de junio del mismo año (fl. 93, cdno. 1). En efecto, el expediente fue trasladado a este proceso y se allegó en 5 cuadernos.
Sobre el particular llama la atención de la Sala el hecho consistente en que el fallo de primera afirmó que esas documentales no fueron allegadas y que su traslado no fue pedido por las partes (fl. 185, cdno. ppal.), cuando la realidad del expediente da cuenta de lo contrario, esto es, de que sí fueron oportunamente pedidas y allegadas a la actuación.
Es claro para la Sala que (i) el auto de pruebas no negó la práctica de aquella cuyo traslado se pidió por las partes, (ii) que luego de proferido este la actora insistió en el decreto de la prueba (fl. 103, cdno. 1) y (iii) que la conducta del Tribunal estuvo encaminada a obtener la prueba que en efecto se allegó al plenario, sin pronunciarse sobre la petición de la parte, de modo tal que (iv) fue entendido por las partes que las evidencias que pidieron serían tenidas en cuenta para la decisión del caso. En esas condiciones, desconocerlas invocando la omisión del Tribunal, conllevaría a abandonar los principios de necesidad de la prueba y lealtad procesal frente a las partes, para quienes esas pruebas, pertinentes para la decisión del asunto, se aportaron legalmente al proceso y, en consecuencia, deben ser las llamadas a permitir esclarecer los hechos ante el juez de la responsabilidad, máxime cuando así lo han solicitado en forma inequívoca las partes.
Con fundamento en lo expuesto, la Sala tendrá como legamente incorporadas y controvertidas las evidencias trasladadas allegadas y, en consecuencia, las valorará al decidir el fondo del asunto. De igual manera, se dará valor a las pruebas correspondientes a la investigación disciplinaria que aparecen trasladadas al proceso penal que a su vez se trasladó a este expediente.
3.1.2. Valor probatorio de las copias informales.
La Sección Tercera de esta Corporación en reciente fallo de unificación de jurisprudencia(9), decidió otorgar mérito probatorio a las copias informales, en virtud de los principios constitucionales de buena fe y lealtad procesal, en tanto se hayan surtido las etapas de contradicción y su veracidad no se hubiera sido cuestionada a lo largo del proceso. Adujo la Sala, que una interpretación contraria implicaría la afectación del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia y desconocería la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal. En consecuencia, se dará mérito a las documentales aportadas en copia informal.
3.1.3. Valor probatorio de los informes de prensa.
El material probatorio allegado al proceso está constituido, entre otros medios de prueba, por algunas publicaciones de prensa escrita.
Estos medios probatorios, de conformidad con la decisión de la Sala Plena de la Corporación del 29 de mayo de 2012(10) no tienen, por sí mismos, la suficiente entidad para probar la veracidad del contenido de la información divulgada, por lo que su eficacia probatoria descansa en el vínculo de conexidad que se acredite con otros elementos probatorios obrantes en el plenario. En consecuencia, “(…) cualquier género periodístico que relate un hecho (reportajes, noticias, crónicas, etc.), en el campo probatorio puede servir solo como un indicador para el juez, quien a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, podría llegar a constatar la certeza de los hechos”.
De acuerdo con el precedente jurisprudencial, la Sala procederá a valorar probatoriamente los recortes de prensa. Sobre su mérito se pronunciará al realizar el análisis crítico de tales evidencias.
Con los medios de prueba recaudados, se demostraron los siguientes hechos relevantes para la decisión del caso:
3.2.1. El 21 de julio de 1999, el Instituto Nacional de Medicina Legal realizó el levantamiento de dos cadáveres en el Hospital Montecarmelo del municipio de Carmen de Bolívar.
3.2.1.1. El primero de ellos correspondiente al señor Luís Carlos Pérez Meza (fl. 7, cdno. 2), quien vestía camisa manga larga a rayas negras, con azul, ropa interior color azul y presentaba las siguientes heridas: “Pierna derecha fracturada, con exposición de tejidos muscular y óseo, con fracturas múltiples de tibia y peroné de la pierna derecha, dos heridas en la cara posterior de la pierna derecha, orificio en forma circular en la región inguinal izquierda, herida abierta con exposición de tejido muscular en la fascia iliaca izquierda de 10 centímetros aproximadamente”.
El 22 de junio del mismo año se practicó protocolo de necropsia al cadáver, que indicó como causa de muerte el estallido de la masa encefálica por disparo de un proyectil de arma de fuego. Estableció el examen del cadáver que sufrió significativas heridas, que describió así:
Extremidades: amputación antigua completa del pulgar y del índice de mano derecha, con cicatriz deformante, deprimida y atrofia muscular de la región posterior de antebrazo derecha (sic). Gran herida de 18 x 16 cm de bordes irregulares evertidos con fractura conminuta expuesta de tibia y peroné en cara anterior de pierna derecha tercio proximal. Dos heridas de 4x2 y 2x1 cm en región posterior de pierna derecha, tercio proximal. Herida de 10x6cm de bordes regulares como exposición muscular en región posterior de pierna derecha tercio medio y proximal. Orificio de entrada en cara anterior de muslo izquierdo, tercio proximal.
Cabeza: calvicie biparietal incipiente, hematoma subgaleal difuso. Orificio de 6x7 en región parieto temporal anterior izquierda. La bóveda craneana con destrucción total de la base del cráneo. Cerebro y meninges: múltiples laceraciones con pérdida de sustancia. Cerebelo y tallo: destruidos completamente. (…) Sistema osteomuscular articular: fracturas múltiples en cráneo y pierna derecha ya descritas. Destrucción de masa muscular en pierna derecha y antebrazo izquierdo. (…) Conclusión: se trata del cadáver de un hombre adulto joven, quien fallece a causa del estallido de la masa encefálica ocasionada por proyectil de arma de fuego.
Seguidamente describió las heridas por proyectil de arma de fuego que presentó el cadáver, sobre las que estableció:
1. Orificio de entrada de 6x5, bordes irregulares evertidos con anillo de contusión, ahumamiento y tatuaje perilesional con exposición y vaciamiento de masa encefálica (lo que indica que el disparo fue hecho a corta distancia en región parieto temporal anterior izquierda, a 8 cm de la línea media. El tatuaje está distribuido prácticamente en toda la hemicara izquierda. Sin orificio de salida. Se encontraron fragmentos del proyectil en región subgaleal occipital.
Los demás orificios de entrada los describió como de bordes irregulares evertidos, con anillo de contusión, sin tatuaje ni ahumamiento. En total recibió cinco disparos, uno en la cabeza y los demás en cuello, antebrazo izquierdo, muslo izquierdo y pierna derecha. Trayectoria del disparo en la cabeza de izquierda a derecha.
3.2.1.2. El segundo cadáver corresponde al señor Evelio Enrique Pérez Ruiz (fl. 8, cdno. 2), en el que se encontró: “Herida abierta con exposición de tejidos musculares y óseo en la cara externa tercio superior de la pierna derecha, con múltiples fracturas de la tipia y el peroné, orificio en forma circular con bordes regulares”.
El protocolo de necropsia, también practicado el 22 de junio de 1999 (fl. 36, cdno. 2), da cuenta de que la causa de la muerte fueron laceraciones cerebrales ocasionadas por proyectil de arma de fuego. Se documentaron múltiples fracturas de cráneo y fractura en tibia y peroné derecho.
Recibió tres disparos, uno en la cabeza y los otros en la pierna derecha y el muslo derecho.
Sobre el disparo en la cabeza que presentaba el cadáver indicó: “Orificio de entrada de 0,8 cms de diámetro, bordes regulares con anillo de contusión y de limpieza, con tatuaje y ahumamiento periorificiario, lo que indica que el disparo fue echo (sic) a muy corta distancia, en región temporal derecha, a 10 cm del vértice y 8 cm de la línea media” (fl. 131, cdno. 2). Trayectoria derecha izquierda, supero-inferior, postero-anterior.
3.2.2. Los registros civiles de defunción de los señores Luís Carlos Meza Pérez y Evelio Enrique Pérez Ruiz (fls. 89 y 90, cdno. 2), dan cuenta de que su deceso tuvo lugar el 21 de junio de 1999.
3.2.3. En la fecha de los hechos, la Armada Nacional le informó a la Fiscalía sobre enfrentamientos que sostuvieron sus tropas con aproximadamente 30 hombres armados, hechos en los que dieron de baja a 2 personas no identificadas e incautaron culatines, varillas, cerrojos, guardamanos, un proveedor de fusil, 4 granadas de mano, 13 varillas para AK47, 2 reatas, 1 morral, 2 botas plásticas y lona para la fabricación de morrales (fl. 16, cdno. 2).
3.2.4. Las denuncias y declaraciones rendidas bajo juramento en el proceso penal por quienes fungen como partes en esta actuación no pueden ser apreciadas como testimonios, por cuanto no provienen de terceros, sino de los mismos interesados en el proceso. De tal manera, sólo podrían asimilarse a una prueba de confesión, frente a aquellos hechos que les resulten desfavorables.
3.2.5. Dos días después de los hechos, la Fiscalía recibió el testimonio del señor Jairo Alfonso Parra Cuetto (fl. 23, cdno. 2), quien conoció a los occisos por cuanto hacía parte de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, a la que afirmó pertenecían las víctimas. Sobre los hechos ocurridos el 21 de junio de 1999 informó que se escucharon disparos hacia las 11 de la mañana y durante un lapso aproximado de dos horas. Dos horas después se escucharon nuevamente disparos, esta vez más fuerte. A las 2 y 30 de la tarde aterrizó en el lugar un helicóptero que despegó 10 minutos más tarde. Se presentaron disparos contra dicho artefacto cuando se retiraba, los que provenían del cerro. Hacia las 17.40 horas se enteró de que los señores Pérez estaban desaparecidos. Agregó:
Los familiares de los señores me manifestaron que fueron por donde estaba el Ejército a ver si daban razón de ellos, acudí a donde se encontraba escampando el ejército y cuando llegué el soldado que estaba de guardia me mandó a detener (…) le dije que iba a pedir una información si en el lugar donde había habido el enfrentamiento habían matado a algunos civiles o en verdad eran guerrilleros, porque tenemos dos hombres desaparecidos, que era el pastor de la iglesia y el tesorero, entonces, le dije que había escuchado la noticia de que habían dos guerrilleros dados de baja y queríamos saber si era cierto o eran los hermanos pastores, entonces el soldado me respondió que (…) sí fueron dos guerrilleros porque estaban uniformados y con fusiles, entonces le manifesté que eso no era nada de raro, porque hoy en día, se mataban civiles y se los disfrazaban de guerrilleros, entonces el soldado manifestó que se habían matado dos guerrilleros.
3.2.6. Declaró en las diligencia disciplinarias el señor Nicolás Ramón Hernández Mazo (fl. 143, cdno. 2), quien afirmó que había conocido a las víctimas en reuniones de la Iglesia Pentecostal. El señor Evelio Pérez laboraba como pastor de la referida comunidad desde marzo de 1994. A Luís Carlos Pérez lo conoció dos años atrás como administrador de la misma iglesia. Negó que pertenecieran a algún grupo al margen de la ley. Narró la forma en que ocurrieron los hechos, según se la contó la demandante Claudia Castro.
3.2.7. Rindió su testimonio en este proceso la madre de la demandante Claudia Castro Torres, señora Edilsa Esther Torres Meza (fl. 128, cdno. 1), quien dijo conocer a las víctimas señores Pérez Ruiz (su yerno) y Pérez Meza, de quienes dijo fungían como pastor y secretario de la iglesia, respectivamente.
Dijo que el señor Pérez Ruiz salió de la casa el día de los hechos, aproximadamente a las nueve de la mañana y como a la media hora escuchó cinco disparos y luego un helicóptero. Al ver que se hizo de noche y su yerno no llegaba, salió a buscarlo en compañía de su hija, encontraron a personal de Ejército a quienes indagaron sobre el particular:
Ellos dijeron que habían matado a dos guerrilleros, dijimos que no eran guerrilleros, que para ese lado, se encontraban el esposo de mi hija y el otro muchacho, ellos continuaban diciendo que eran guerrilleros, pero nosotros dijimos que no, como ya se hizo de noche, al día siguiente vinimos aquí al El Carmen, y lo encontramos a ellos (sic) en el Hospital, vestidos de camuflados de guerrilleros esto es con prendas militares, y ahí ya nosotros establecimos que eran ellos lo que estaban ahí (…) nosotros averiguamos y no hubo combate alguno (…) de haberlo nosotros los hubiéramos sabido (…) ellos salieron vestidos con la ropa normal vestido de civil y después cuando los encontramos ya muertos fue que los habían cambiado con ropa de guerrillero, ellos salieron fue a buscar unos carneros. (…) los conocía hace 15 años atrás.
3.2.8. Por su parte, el señor Manuel de Jesús Vega Romero (fl. 129, cdno. 1), amigo de los fallecidos, también indicó que las víctimas se desempeñaban como pastor y secretario de la iglesia a la que él asistía: “Evelio Pérez era mi pastor y Luís Carlos era un diácono de la iglesia yo los conocía por más de diez años”.
Sobre lo ocurrido el día de los hechos afirmó que salieron a una finca cercana a la iglesia a buscar unos carneros que se habían extraviado, dijo que se escucharon cinco disparos y que luego un helicóptero del Ejército disparó ráfagas sobre el sitio. Dijo saber que las víctimas se dedicaban en forma exclusiva a sus labores religiosas y agregó: “ellos iban vestidos de civil y no como los encontramos después en el hospital, que estaban con camuflados del Ejército, como si ellos fueran guerrilleros”.
3.2.9. El testigo Ramiro Antonio Castro Yepes (fl. 131, cdno. 1) también dijo conocer a las víctimas en razón de su parentesco con la demandante Claudia Castro Torres, cónyuge de Evelio Pérez, así como por su vinculación a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Sobre las razones de la presencia de las víctimas en zona rural dijo saber que Pérez Ruiz le vendió a Pérez Meza dos “carneras” y que salió a entregárselas como a las nueve de la mañana. Como a las 11 de la mañana escuchó los disparos, y una hora después llegó un helicóptero y abrió fuego sobre el lugar. Cuando el Ejército les dijo que habían matado dos guerrilleros se imaginaron que pudo tratarse de las víctimas.
3.2.10. El Representante Legal de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia (calidad que acreditó fl. 173, cdno. 2), le informó a la Defensoría del Pueblo que el señor Evelio Enrique Pérez Ruiz laboraba como ministro de culto, vinculado a esa institución desde el 11 de septiembre de 1993. Ejercía su labor en el municipio de Carmen de Bolívar, donde trabajó como pastor desde el 17 de marzo de 1994 hasta el día de su muerte.
En cuanto al señor Luís Carlos Pérez Meza, indicó el mencionado oficio que se desempeñaba como tesorero de la junta local en la Congregación de Guamanga.
3.2.11. En oficio dirigido por el Comandante de la Fuerza Naval del Atlántico a la Defensoría del Pueblo (fl. 176, cdno. 2), insistió en que las víctimas eran guerrilleros que murieron en combate con sus tropas.
3.2.12. El informe que sobre los hechos rindió el Comandante del Batallón Contraguerrillas de la Armada señala que en el patrullaje que efectuaban encontraron una vivienda y fueron hostigados por hombres armados. También enlistó el material incautado en el operativo:
Al iniciarse el contacto salieron de la casa dos sujetos vestidos de civil disparando con fusile (sic), cada uno con dos granadas de mano, quienes iniciaron la huida tratando de buscar apoyo de los demás subversivos que se encontraban en la parte alta y boscosa. Uno de ellos, el más alto, llevaba un costal al hombro. Al sobrepasar la vivienda se incrementó el intercambio de disparos, que se mantuvo por unos minutos más. (…).
Efectuando un registro de la vivienda de donde salieron los dos sujetos se pudo establecer que en ese momento nadie más la habitaba y se halló en el suelo un hueco dónde al parecer escondían el material de guerra encontrado en el costal que llevaba uno de los sujetos abatidos; consistente en:
03 culatines
03 Varillas guías con resorte recuperador
03 Cerrojos con palanca de maniobra
04 Guardamanos completo
04 Conjuntos disparador
01 Proveedor dicho material para fusiles Fall
04 Granadas de mano
13 Vainillas para AK47
03 Reatas
01 Moral Hechizo
02 Botas de plástico
Lona cortada para la fabricación de aproximadamente 22 morrales
(…) los combates se sostuvieron desde aproximadamente 11.45 horas hasta las 16.30 horas cuando se evacúa del área el material de guerra y los subversivos abatidos.
3.2.13. De acuerdo con el informe de inteligencia de 13 de junio de 1999 (fl. 195, cdno. 2), en la zona en que ocurrieron los hechos se presentaba presencia guerrillera, por lo que la armada planeó acciones en el sector.
3.2.14. En cuanto a las declaraciones rendidas por los militares que integraron la escuadra involucrada en los hechos se tiene:
3.2.14.1 El Subteniente Ricardo Rivera Vallejo (fl. 203, cdno. 2), presente en el operativo, indicó que en su patrullaje encontraron una vivienda de la que salieron dos sujetos disparándoles, a los que dieron de baja. Indicó que uno de ellos llevaba un costal al hombro y un arma en la mano. Agregó:
El contacto duró cerca de una hora más o menos, tiempo en que los subversivos que se encontraban en el cerrito lograron llevarse los dos fusiles de los sujetos. Ellos se llevaron los fusiles de los tipos porque nosotros tuvimos que retroceder para resguardarnos del fuego enemigo y ellos aprovecharon ese momento para bajar y llevarse las armas (…) cuando pasó el fuego procedimos a registrar la zona en donde encontramos a los sujetos a la salida de la casa, quienes llevaban dos granadas de mano cada uno en su pantalón o pretina y el costal se encontraba lleno de piezas de armas (…).
3.2.14.2. También declaró el mayor Luís Fernando Ascencio Céspedes (fl. 205, cdno. 2), quien dio cuenta de las razones de la presencia de sus tropas en el área y de que el día de los hechos fueron dados de baja dos sujetos en combates que se prolongaron por seis horas. El Sargento Julián Henríquez Castillo (fl. 222, cdno. 2) dio cuenta de que luego de sostenido un prolongado enfrentamiento, encontraron los cadáveres de las víctimas al hacer un reconocimiento del terreno. Se encontraba con el grupo encargado de asegurar la parte más alta del terreno, por lo que no tuvo contacto visual con las víctimas antes de su deceso.
3.2.14.3. El sargento viceprimero Pedro Pablo Quintana Franco (fl. 225, cdno. 2), tampoco estuvo presente en el contacto armado, sino que marchaba en la retaguardia como apoyo. Al término del contacto armado “que duró muy poco”, se enteró de que habían dado de baja a dos bandoleros a quienes se les incautó material de intendencia.
3.2.14.4. El infante de marina Ángel Salgado Acosta (fl. 228, cdno. 2) informó que luego del combate llegaron a unas casas donde encontraron a los dos muertos “con unos sacos en las manos y unos cinco fusiles a los cuales les faltaban los guardamanos, unas cuatro o cinco granadas de mano, uno de ellos la tenía en la mano (…) los muertos estaban de civil pero tenían un equipo de cintura puesto cada uno”.
3.2.14.5. Por su parte, el también infante voluntario Fidel Márquez García narró así lo sucedido:
Teníamos información del campesinado, de la población civil que nos cuidáramos que ahí estaba el enemigo, procedió mi teniente Rivera a abrir los pelotones, empezamos enseguida a maniobrar hacia donde estaba el objetivo, cerca del objetivo estaba un cerro, del cual nos abrieron fuego contra la tropa, empezamos a perseguirlos aproximadamente unos 60 bandoleros, cuando llegamos al cerro, nos devolvimos hacia el campamento y allí estaban dos bandoleros dados de baja, tenían material de guerra, tres fusiles G-3, material de intendencia, granadas de mano, uno tenía una granada de mano lista para lanzar, se encontró con ella empuñada.
Al ser interrogado sobre el material de guerra encontrado insistió en que les hallaron tres fusiles G-3, además de granadas de mano, granadas de fusil, pólvora, botas y lona para hacer morrales.
3.2.14.6. El infante de marina Iván Salas Valdez (fl. 230, cdno. 2) también dio cuenta de que luego del fuego cruzado encontraron dos civiles muertos “con fusiles, granadas, botas pantaneras y de color negro y unas carpas también”. No obstante, al declarar por segunda vez (fl. 148, cdno. 3), dijo que las víctimas no tenían armas y que los implementos de intendencia los habían sacado de una caleta encontrada en la choza.
3.2.14.7. El infante Pedro José Yepes Guzmán (fl. 231, cdno. 2), declaró que al acercase al campamento advirtió que habían dado de baja a dos personas que portaban fusiles y granadas.
3.2.14.8. El infante Abel Muñoz Berrío (fl. 264, cdno. 2), dijo que al registrar el área encontraron a los dos sujetos con granadas y “partes de fusiles G-3”.
3.2.14.9. El infante Nilson Manuel Arrieta lo narró así:
“cuando íbamos entrando a una casa que había abandonada en la falda del cerro se prendió el contacto y tomamos posiciones todos ya que el fuego era tenso y nutrido, duró como unos veinte minutos el fuego cruzado entre la guerrilla y nosotros, cuando se acabó la plomera empezamos hacer (sic) el registro y encontramos los dos cuerpos de los sujetos vestidos de civil, con un saco y un poco de material de intendencia (…)”.
3.2.14.10. Juan Gamboa Velandia, infante de marina integrante del comando, narró lo siguiente (fl. 283, cdno. 2):
Cuando íbamos llegando a la casa vemos dos guerrillos con su fusil terciado en la espalda y con dos costales que traían al hombro cada uno con su costal, el objetivo era capturarlos vivos, pero mala suerte que nos salió el tiro por la culata, nos atacó un grueso que se encontraba a la pate de atrás de la casa y nos atacaron estos no se habían dado de cuenta (sic) de la presencia de la tropa, me refiero a los dos sujetos que íbamos a capturar, entonces eso era un fuego cruzado entre el grueso que nos atacó y estos dos que reaccionaron donde vimos que cayeron dados de baja con su respectivo fusil.
3.2.14.11. No se hace mención a lo declarado por los infantes que no presenciaron los hechos en forma directa por cuanto no son relevantes sus dichos para la decisión del caso, ni a la versión libre rendida por los investigados, como quiera que lo fue libre de apremio, por lo que no puede equipararse a prueba testimonial.
3.2.14.12. Declaró el copiloto del helicóptero ARC216, quien brindó apoyo aéreo a la operación que interesa a este proceso. Dio cuenta acerca de la existencia de combates y afirmó que al acercase al lugar para recoger los cadáveres, la aeronave fue hostigada con disparos, por lo que debió tomar una distancia de seguridad. Dijo no constarle nada sobre los cadáveres transportados ni su estado, ni saber nada de esas personas, en razón a que estaba concentrado en el manejo del artefacto (fl. 194, cdno. 5).
3.2.15. El 2 de febrero de 2001 (fl. 236, cdno. 2), el Comando de la Primera Brigada de Infantería de Marina de la Armada Nacional dispuso abrir investigación disciplinaria con ocasión de los hechos materia del litigio.
3.2.16. Se recibió la declaración del infante de marina profesional Eber Enrique García Vega (fl. 26, cdno. 3), quien también participó en la operación del 21 de junio de 1999. Indicó que el comando estaba integrado por dos compañías: Bisonte y Lince, las que se “abrieron” con el fin de rodear la zona. Cuando se aproximaban a un rancho escuchó los primeros disparos. Agregó:
“Posteriormente un personal descendió del cerro y decían que habían dos muertos cerca al rancho deshabitado al pie del cerro. Cuando llegamos al sitio habían dos señores que estaban vestidos de civil muertos en el suelo (…) uno de los cadáveres estaba a la entrada del rancho como a cinco metros y el otro como a diez metros aproximadamente. El que estaba más cerquita a la casa estaba tirado de lado. El otro tan solo lo vi cuando lo trajeron y lo colocaron junto al otro. Al lado del que estaba a diez metros había un saco con granadas y piezas de fusil. El saco estaba como a un metro de distancia de ese cadáver (…) los muertos no tenían armas ni granadas cuando fueron abatidos, lo que al parecer llevaban según decían algunos era lo que había dentro de los costales.
Dijo que se enteró del contenido de los costales por cuanto fue exhibido frente a toda la tropa y que la población civil del sector les reclamó señalando que no se trataba de guerrilleros sino de personas religiosas conocidas en la zona; agregó que no vio nada en los cuerpos que lo hiciera pensar que se trataba de insurgentes. El teniente Rivera Vallejo le dijo a la tropa cuál sería la versión que habrían de dar sobre los hechos: “Mi teniente Ricardo Rivera Vallejo nos reunió y nos dijo qué era lo que todos teníamos que decir, que dijéramos que habían sido dados de baja en combate con la subversión y que dijéramos que habían tratado de correr cuando vieron la tropa a pesar de que el comentario general era que ello no había sucedido así”.
También se lee en su declaración que el comentario en la escuadra era que los había matado el infante profesional Juan Vicente Gamboa Valencia, quien “primero los hizo sufrir y luego los mató en presencia del teniente Ricardo Rivera Vallejo”.
No obstante, en forma posterior allegó un escrito al proceso en el que afirmó que su declaración fue manipulada, que los hechos relativos a la presunta forma en que se le indicó que debía declarar nunca fueron manifestados por él, así como tampoco declaró sobre los presuntos comentarios sobre el homicidio de las víctimas en la forma señalada. Adujo que en forma previa a su declaración, quien fungía como secretario en la diligencia de testimonio intentó coaccionarlo para que declarara en contra del teniente Ricardo Rivera Vallejo y del infante Juan Vicente Gamboa Valencia (fl. 139, cdno. 3).
Su declaración, al igual que la rendida por Iván Salas Valdez, afirmaron los testigos, fueron manipuladas por el funcionario instructor, quien además se abstuvo de suscribirlas, esto es, no dejó constancia de su presencia en ellas.
3.2.17. El señor Faiber Vanegas Trujillo (fl. 195, cdno. 4), quien dijo ser un desmovilizado del ELN, afirmó que en el año 1999 conoció al señor Evelio Pérez, quien lo llevó a un campamento del frente “Bateman Cayón”, por instrucciones que había recibido (no indicó por quién) consistentes en llegar al Carmen de Bolívar y preguntar por la referida víctima, a quien le dicen “El Pastor”. Indicó que se trataba de un miliciano de la guerrilla y que alcanzó a escuchar que evangelizaba y tenía como función convencer a los jóvenes de que se incorporaran a la guerrilla.
Agregó que mientras laboraba en el referido frente lo mandaron a retirar unas caletas con un guerrillero llamado “Simón” y que al pasar por el sitio donde había una casa destruida este le comentó:
Que en ese sitio habían sorprendido a dos milicianos muy buenos que ellos tenían sacando unos fusiles que se encontraban allí, a ellos los habían matado otros compañeros, los cuales se habían quedado a la parte de arriba cubriéndolos, pero el ejército los sorprendió y se prendió el combate donde habían sido muertos los dos milicianos y herido a dos guerrilleros que estaban a la parte de arriba, también me dijo que uno de los milicianos no estaba muerto inmediatamente pero que como estaba tan mal herido los mismos guerrilleros lo habían acabado de matar porque no podían llevárselos debido al fuego cruzado que había y si lo dejaban así le iba a entregar información al ejército, es por eso que supe que ellos eran milicianos de la guerrilla. (…) ese sitio es entre medio de Mula y Huamanga. (…) los dos milicianos a los que yo me refería son Evelio y el otro señor que creo que sino estoy equivocado era el que le ayudaba a Evelio en las otras cuestiones de la evangelización, creo que lo llaman tesorero.
Dijo que los presuntos milicianos habían sido enviados a sacar una caleta de fusiles.
Indicó que luego de desmovilizarse prestó colaboración al Ejército y que conoció al teniente Rivera, a quien le dijo a cuál frente de la guerrilla perteneció. El militar le preguntó sobre la muerte de dos milicianos, presuntamente “evangélicos”, y él le comentó lo que le había dicho “Simón”, por lo que le pidió el favor de que declarara en el proceso que se adelantaba por esos hechos.
3.2.18. En atención a las denuncias sobre las presuntas irregularidades en las declaraciones de los mencionados testigos y a sus nuevas afirmaciones, en las que negaron lo presuntamente dicho inicialmente, y con fundamento en el testimonio del referido desmovilizado, la Fiscalía revocó las medidas de aseguramiento impuestas y ordenó la libertad de los procesados.
3.2.19. En providencia de 5 de febrero de 2001 (fl. 54, cdno. 4), el Comando de la Primera Brigada de Infantería de Marina de la Armada Nacional dispuso el archivo de la indagación preliminar disciplinaria adelantada en relación con los hechos en que las víctimas perdieron la vida, luego de considerar:
En efecto, sucede que de las pruebas recaudadas —tanto las favorables como las desfavorables— dentro de la indagación preliminar no existe certeza de que se haya cometido alguna falta disciplinaria por parte de los miembros de la institución. Al no contar con alguna prueba directa de responsabilidad, la denuncia no puede ser tenida como tal, pues necesita ser demostrada con otros elementos de prueba, inexistentes dentro del plenario, no podemos endilgarle responsabilidad (…)”.
3.2.20. El 2 de agosto de 2001 (fl. 177, cdno. 3), la Fiscalía General de la Nación resolvió la situación jurídica de los militares sindicados como presuntos autores del homicidio de los señores Pérez Ruiz y Pérez Meza y les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva. Como fundamento de esa decisión consideró la Fiscalía que el protocolo de necropsia de los cadáveres da cuenta de que fueron ultimados con disparos de fusil a una corta distancia y no en combate. También tuvo en cuenta que no les fueron encontrados fusiles y que el material de intendencia hallado no tenía ninguna funcionalidad. Concluyó: “Ello de contera descarta que la muerte de los ofendidos hubiese sido en combate, sino por el contrario verifica que los ultimaron en una posición indefensa. Sin contar que las tropas no sufrieron ninguna baja, ni heridos, pues ello más que la buena fortuna o a la suerte como arguyen los indagados, se debió a que estos ofendidos no estaban agrediéndolos”.
3.2.21. Con fundamento en lo establecido en los protocolos de necropsia y los fragmentos de proyectil encontrados en los cuerpos, la Fiscalía General de la Nación realizó un estudio balístico, en que determinó la imposibilidad de establecer el calibre del arma que de la que provinieron los disparos. Sin embargo, sí estableció que las lesiones padecidas por las víctimas correspondían con las causadas por un proyectil de arma de fuego de alta velocidad, “normalmente utilizado en armas de fuego tipo fusil”. También dice el informe técnico balístico sobre los disparos en la cabeza de las víctimas que presentaban los cadáveres (fl. 174, cdno. 3): “de acuerdo con el ítem 1.1 del protocolo 045-99, se conceptúa que ese disparo se efectuó dentro de un rango de distancia de 30 a 40 centímetros. El ítem 1.1 del protocolo 046-99, nos indica un disparo a una distancia aproximada de cinco (5) centímetros”.
3.2.22. La Procuraduría General de la Nación dispuso el archivo de las diligencias disciplinarias adelantadas con ocasión de los hechos (fl. 197, cdno. 4), mediante decisión en la que dio credibilidad a lo afirmado por el testigo desmovilizado Faiber Vanegas Trujillo, sobre la presunta condición de guerrilleros de las víctimas.
3.2.23. El 8 de octubre de 2004, la Unidad Nacional de Derecho Humanos de la Fiscalía General de la Nación (fl. 22, cdno. 5) calificó el mérito de la instrucción y acusó a los militares Ricardo Rivera Vallejo, Nilson Manuel Arrieta, Roberto Pérez Ladeus, Dionisio Márquez Hoyos, Iván Salas Valdés, Eudimio Carreño Hernández y Juan Gamboa como autores del delito de homicidio agradado de Evelio Pérez Ruiz y Luís Carlos Pérez Meza. Precluyó la investigación en lo relacionado al punible de tortura y revocó la libertad que les había concedido a los procesados. Lo anterior con fundamento en lo siguiente:
Para que opere esta causal (legítima defensa), es necesario que la agresión sea injusta, actual o inminente y la defensa proporcionada a la agresión, tenemos que no se evidencia que efectivamente los hoy implicados fueran atacados por el grupo subversivo con armas de fuego, lo cual hiciera que aquellos se defendieran y repelieran aquel ataque también con arma de fuego (…) pese a que en las declaraciones de los diferentes militares aseguren que fueron atacados por un grupo de guerrilleros, la verdad sea dicha, en la presente investigación no existe prueba de ello, por el contrario se fortalece más la evidencia de que los civiles fueron ejecutados por los militares, eso lo da a conocer la prueba técnica de balística, al referirse que los disparos se hicieron a corta distancia. Tenemos entonces a dos civiles enfrentados a un grupo de militares, fuertemente armados, que deja como resultado la muerte de los dos civiles, sin que no (sic) se produzca ninguna baja ni por parte de los otros supuestos guerrilleros y menos de por parte de los militares.
Ahora en cuanto al delito de tortura que inicialmente se les endilgó a los investigados, se debe manifestar que esta delegada procederá a precluir la investigación en favor de los sindicados por cuanto no existe evidencia alguna que nos demuestre que efectivamente los occisos hayan sido víctimas de dolores o sufrimientos graves, físicos por parte de los sindicados.
3.2.24. El 15 de abril de 2010 (fl. 428, cdno. ppal.), el Procurador General de la Nación resolvió en forma favorable una solicitud de revocatoria de la decisión de archivo de las diligencias disciplinarias proferida el 17 de abril de 2002. Consideró que las investigaciones sobre Derechos Humanos constituyen un deber superlativo para el Estado, que le impone aplicar el principio de investigación integral y que en el caso concreto la actividad probatoria desplegada fue omisiva e incompleta. Así lo indicó:
Así, al revisar el acervo probatorio y la forma como fue analizado en el auto de archivo del 17 de abril de 2002, de manera clara y contundente, se concluye, que se omitió la actividad probatoria esencial relacionada con las declaraciones de los familiares y allegados de las víctimas; las pertinentes sobre la forma como se presentaron los acontecimientos; la omisión del análisis adecuado de las pruebas técnicas y de criminalística relativas a la empleo o no de armas de fuego por los occisos y las circunstancias de su deceso; lo que da lugar a colegir que es indudable que la decisión de archivo de la actuación disciplinaria, al no considerar estas pruebas y aspectos de la investigación, está en contradicción de los postulados constitucionales consagrados en los artículos 29 y 248, sobre debido proceso y acceso a la justicia.
3.2.25. Se probó que algunos medios de comunicación escritos registraron la noticia de la muerte de las víctimas con anuncios del siguiente tenor:
Dan de baja a guerrilleros (fl. 167, cdno. 4). Dados de baja dos guerrilleros. Dos guerrilleros dados de baja, el decomiso de tres fusiles y abundante material de intendencia dejan los combates entre tropas del grupo contraguerrillas de la infantería de marina y subversivos en zona rural del El Carmen de Bolívar (fl. 54, cdno. 1).
También se aportó una nota periodística de El Universal del 22 de junio de 1999, en la que se afirmó que fueron dados de baja dos guerrilleros (fl. 198, cdno. 2).
En este caso, estos informes de prensa dan cuenta de que, en efecto, se les atribuyó públicamente a las víctimas la condición de guerrilleros.
3.2.26. Otra publicación de prensa registró la versión entregada por los miembros de la “Iglesia Pentecostal”, quienes afirmaron que las víctimas era integrantes de esa comunidad religiosa y estaban en el predio rural de propiedad del suegro de uno de ellos en busca de un carnero (fl. 53, cdno. 1)(11). En el mismo diario aparece publicado de un comunicado de la “Iglesia Presbiteriana” en el que se lee:
Hacemos constar que desmentimos rotundamente la información suministrada por la Infantería de Marina Nº 33 donde sindica a los hermanos Evelio Pérez Ruiz y Luís Carlos Pérez Meza de pertenecer a las FARC. Nosotros como presbíteros y dirigente en el Distrito, y la comunidad cristiana evangélica en general damos fe que el hermano Evelio Pérez Ruiz se desempeñaba como ministro de la iglesia evangélica Pentecostal en Guamanga desde el 17 de marzo de 1994. Que el hermano Luís Carlos Pérez era diácono de la misma congregación y era personas ampliamente conocidas en la región.
Esa información aparece corroborada con la certificación expedida por el representante legal de la referida confesión religiosa.
Para la Sala, en el presente caso está acreditado en forma plena el daño antijurídico sufrido por los demandantes, consistente en la muerte de los señores Luís Carlos Pérez Meza y Evelio Enrique Pérez Ruiz. También está probado que ese daño es imputable a la Nación, por lo que se revocará la decisión apelada, de acuerdo con lo siguiente:
Las evidencias testimoniales recaudadas ofrecen versiones disímiles de las condiciones de modo, tiempo y lugar en que tuvieron lugar los acontecimientos y respaldan parcialmente las diferentes tesis que sobre su acaecimiento han planteado las partes a lo largo de la actuación.
En un primer plano, aparecen las declaraciones de algunos de los militares involucrados en los hechos, que dan cuenta de que el día de los hechos se registraron enfrentamientos entre tropas de la Armada Nacional e insurgentes armados, en zona rural del municipio de Carmen de Bolívar, en los que, en medio del fuego cruzado, resultaron abatidas dos personas a quienes califican de integrantes del grupo guerrillero con el que combatían.
En el segundo, se registran las versiones que dan cuenta de que las víctimas eran personas que dedicaban su vida a las labores religiosas en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y ejecutaban el día de los hechos labores propias del campo (búsqueda de un animal extraviado que uno de los fallecidos había vendido al otro) en el momento en que se encontraron con los militares, quienes los ejecutaron y los hicieron pasar como insurgentes.
Sin embargo, las pruebas analizadas en su conjunto y bajo las reglas de la sana crítica y la experiencia, otorgan convicción a la Sala de que se trató en el presente caso de verdaderas ejecuciones extrajudiciales y no de la muerte de insurgentes en combate.
En efecto, las versiones rendidas por los integrantes de las Fuerzas Militares involucrados en el presente caso, presentan múltiples contradicciones que impiden otorgarles credibilidad:
Aunque coinciden en afirmar que las víctimas dadas de baja eran guerrilleros con quienes combatieron, algunos de los deponentes dieron cuenta de que se trató de un combate arduo y prolongado(12), mientras que otros afirman que duró muy poco(13), inclusive, los que no pertenecían a la avanzada señalaron que al llegar al lugar ya había cesado el combate y sólo encontraron los cadáveres.
Por otra parte, algunos de los militares dijeron que las víctimas portaban fusiles con los que abrieron fuego en su contra(14), mientras que otros afirman que no tenían armas de fuego funcionales(15) y que sólo se les encontraron granadas y material de intendencia.
Manifestaron algunos declarantes que las víctimas portaban dos costales(16), otros dijeron que un costal(17) y otro indicó que el costal con los implementos de intendencia hallados los sacaron de una caleta(18) que estaba en la choza de que dan cuenta en sus versiones.
Esas notorias discrepancias en aspectos fundamentales de sus declaraciones permiten a la Sala inferir que aquello que le narraron a los funcionarios encargados de recibir sus declaraciones estuvo encaminado a distorsionar la realidad del acontecer fáctico en el que se vieron involucrados. Por supuesto, tales contradicciones, que están debidamente acreditadas, permiten colegir que trataron de acomodar sus versiones sobre los hechos, hipótesis que cobra relevancia si se tiene en cuenta que en forma posterior a sus declaraciones se encontró mérito para vincular a algunos de ellos a las correspondientes investigaciones penal y disciplinaria.
También es relevante para el análisis de la prueba testimonial la conducta asumida por los militares Iván Salas Valdez y Abel Muñoz Berrío, quienes luego de entregar su versión sobre los hechos, negaron aquello de lo que quedó constancia en las diligencias y afirmaron que fueron coaccionados. Muñoz Berrío, quien de acuerdo con las diligencias había manifestado que nada de lo visto en los cadáveres le permitía pensar que se trataba de guerrilleros y que su superior los reunió para efectos de indicarles la forma en que debían declarar, e incluso dio cuenta de comentarios relativos a que Gamboa Valencia los hizo sufrir y luego los mató, negó en forma posterior haber realizado dichas afirmaciones. Salas Valdez también denunció presiones para declarar.
Si bien las circunstancias que afectan sus testimonios no permiten considerarlos prueba plena en uno u otro sentido, sí permiten establecer que existieron serias irregularidades atinentes a esas declaraciones, cuestiones propias del caso en el que se pretende esconder la verdad, no así de aquel en el que los involucrados acuden a dar cuenta en forma espontánea de su conocimiento real sobre determinados hechos. Es claro que existieron presiones indebidas, aunque no se determinó si estas fueron ejercidas para rendir la versión inicial o para cambiarla.
También es claro que existen en el proceso serios indicios que en forma objetiva desvirtúan el señalamiento en contra de las víctimas, relativo a que eran combatientes que atacaron a la tropa de la armada y de paso también contradicen lo planteado por los referidos militares en sus disímiles declaraciones:
(i) Está demostrado que entre los elementos que incautó la armada en el operativo no se encontró ningún arma de fuego funcional u operativa, que respalde la tesis sobre la presunta acción de las víctimas tendiente a atacar a la tropa mediante disparos de fusil. En el listado de los implementos incautados sólo se relacionaron partes de armamento que no tenían capacidad de fuego, esto es, no se incautaron los presuntos fusiles con los que afirman algunos militares fueron atacados, cuestión apenas esperable al haber dado de baja al presunto enemigo.
La versión que sobre el particular rindió el Subteniente Rivera Vallejo, quien afirma que subversivos “bajaron” hasta el lugar de los hechos para llevarse las armas, es una versión aislada dentro del cúmulo de testimonios de los integrantes de la tropa y entra en franca contradicción con las versiones de sus compañeros. En efecto, Nilson Manuel Arrieta declaró que una vez cesaron los disparos registraron el lugar y encontraron muertos a los sujetos. De igual manera lo afirmó el testigo Juan Gamboa Velandia, quien dio cuenta de que vio caer a las víctimas con sus respectivos fusiles. También entra en contradicción con los demás militares quienes afirmaron que al encontrar los cuerpos encontraron también los fusiles. De igual manera, es evidente su directo interés en el asunto en su calidad de investigado penal y disciplinariamente por los hechos, situación que aunada a las mencionadas contradicciones resta mérito a sus dichos.
Por otra parte, estima la Sala que resultaba improbable que ante la presencia de importante número de militares, los subversivos se hubieran aventurado en medio de la acción armada únicamente con el fin de recuperar dos armas y que habiéndolo logrado dejaran de lado el resto del armamento; esto es, si lograron llegar al sitio a recuperarlo no había razón para que no se hubieran llevado también las cuatro granadas y el restante material de intendencia que se reportó como incautado.
Lo cierto es que los implementos que presuntamente les fueron hallados a las víctimas no tenían la virtualidad de permitir disparos contra los militares, hecho que deja de lado la versión de que las víctimas abrieron fuego en contra de la tropa. También llama la atención que si se presentó combate como se afirma por parte de los militares, las granadas no se hubieran utilizado en este, siendo los únicos elementos de guerra funcionales encontrados.
(ii) Por otra parte, resulta de suma relevancia el hecho probado consistente en que los cadáveres de las víctimas presentaron disparos en la cabeza, que se determinó fueron efectuados a una cortísima distancia (5 cms y 30 cms), hecho probado indicativo de que es falso que su deceso se hubiera presentado en combate. Lo que evidencia esta prueba —que no se desvirtuó a lo largo de la actuación y que resulta de la mayor relevancia para la decisión— es que los señores Luís Carlos Pérez Meza y Evelio Enrique Pérez Ruiz fueron ejecutados con disparos que se les propinaron cuando estaban reducidos e indefensos.
No puede concluirse nada diferente ante la prueba de que los disparos en la cabeza que recibieron dejaron tatuajes y ahumamiento evidentes propios de la explosión de la munición, que les permitieron a los expertos concluir que fueron efectuados a quemarropa, circunstancia de improbable acaecimiento si hubieran tenido lugar en combate. Ninguno de los declarantes militares da cuenta de las posibles razones de esa demostrada circunstancia.
Dentro de las diligencias penales surgió la hipótesis de que las víctimas fueron ultimadas por miembros de la guerrilla, con ocasión del testimonio del señor Faiber Vanegas Trujillo, quien se presentó como desmovilizado del ELN. El mencionado testigo dijo haber conocido, con ocasión de su ejercicio como guerrillero, que las víctimas eran insurgentes y que un compañero suyo, llamado Simón, le contó pormenores de los hechos materia del presente proceso, en especial atinentes a cómo la misma guerrilla ultimó a uno de los fallecidos que estaba malherido y no podía ser trasladado debido al fuego cruzado, con el fin de que no suministrara información al Ejército.
Para verificar cuál ha de ser el mérito a otorgar a ese testimonio, la Sala encuentra que el único hecho que afirma haber percibido de manera personal, fue el relativo a que le ordenaron encontrarse el señor Evelio Pérez, quien presuntamente era miliciano del ELN y fue quien lo llevó hasta el campamento de la guerrilla. Los demás hechos dijo haberlos percibido de oídas, con ocasión del relato de un presunto guerrillero.
Llama la atención de la Sala sobre este particular, el grado de detalle de la presunta narración que afirma escuchó, en especial la forma en que justifica precisamente los disparos “de gracia” recibidos por las víctimas. También resulta llamativo el hecho de que en forma tan desprevenida como lo narra el declarante se hubiera logrado el diálogo sobre los hechos con el subteniente Rivera, quien fue vinculado como presunto responsable a los procesos penal y disciplinario adelantados.
La Sala no otorga credibilidad a la declaración del mencionado testigo, en primer lugar, porque no dio cuenta precisa de razones verificables que lo llevaron al presunto encuentro con Evelio Pérez y se limitó a decir que lo enviaron a encontrarse con él y que era un guerrillero, sin precisar las razones de ese presunto conocimiento. En segundo término, por cuanto el resto de su declaración se funda en apreciaciones que presuntamente escuchó de un tercero, cuyo dicho tampoco resultó verificable en el proceso, narración que además resulta inverosímil dado el contexto de los hechos, en los que como ya se afirmó, era improbable que ante la presencia de tan nutrido número de militares pudieran los subversivos haberse aproximado hasta las víctimas para ultimarlos, máxime cuando las demás pruebas dan cuenta del registro del área y hallazgo de los cadáveres tan pronto cesó la confrontación armada.
(iii) También está probado el hecho afortunado de que la tropa no sufrió heridos ni bajas, indicativo de que la presunta agresión recibida no fue de la magnitud señalada por los efectivos de la armada.
(iv) Es un hecho demostrado que los militares involucrados en la acción procedieron a movilizar los cuerpos de las víctimas, con lo que se alteró la escena de los hechos y se impidió una investigación a fondo que diera cuenta de las reales circunstancias de los acontecimientos, hecho indicativo de que se pretendió ocultar información, cuestión que acaece precisamente ante un procedimiento irregular. Si las bajas se produjeron en combate, ¿cuál era la razón para encubrir una acción legítima?
La falta de certeza probatoria en este caso es imputable a la acción de las fuerzas militares, cuya conducta aprecia la Sala como un indicio grave de responsabilidad.
(v) No cabe duda acerca de que las declaraciones rendidas por los militares involucrados en la actuación no fueron coherentes ni armónicas, hecho indicativo de que se pretendió ocultar o tergiversar la información, pues no había razón, si narraban lo que realmente ocurrió, para que sus versiones no fueran coincidentes.
(vi) Se probó con suficiencia en el proceso que las víctimas eran personas conocidas en la región, que ejercían labores también conocidas por los vecinos del sector, en especial por los miembros de la comunidad religiosa a la que pertenecían. En este caso la inferencia de la Sala no es la de que por pertenecer a determinada congregación eclesiástica se descarta su participación en cualquier hecho delictivo; se trata es de reconocer que no hay pruebas que impliquen a las víctimas en ninguna acción criminal que justifique la acción de las fuerzas del Estado en su contra.
(vii) Aunque algunos testigos que conocían a las víctimas manifestaron que los cuerpos de las víctimas fueron entregados con camuflados, lo cierto es que en los protocolos de necropsia y en las actas de levantamiento de los cadáveres se dejó constancia de que vestían ropas civiles, esto es, que no estaban uniformados con prendas militares o propias de grupos guerrilleros.
Bajo ese panorama probatorio, la Sala encuentra acreditado que las víctimas eran civiles y que su deceso tuvo lugar a manos de la fuerza pública, no en combate, sino como resultado de una verdadera ejecución extrajudicial, situación que permite imputarle responsabilidad a la demandada en esos hechos.
En reciente pronunciamiento, la Sala Plena de esta Sección consideró que la muerte de personas civiles por parte de miembros de la fuerza pública y su posterior presentación ante las autoridades y ante la sociedad como supuestos subversivos caídos en combate, constituye una modalidad especialmente atroz de las denominadas “ejecuciones extrajudiciales”, que compromete seriamente la responsabilidad del Estado(19):
La Sala considera que se puede hacer una definición de la conducta antijurídica de “ejecución extrajudicial” de la siguiente forma: se trata de la acción consiente y voluntaria desplegada por un agente estatal, o realizada por un particular con anuencia de aquél, por medio de la cual, en forma sumaria y arbitraria, se le quita la vida a una persona que por su condición de indefensión está protegida por el derecho internacional. En el caso de los combatientes, su asesinato puede ser considerado una ejecución extrajudicial cuando han depuesto las armas.
De conformidad con las normas pertinentes, está proscrita toda conducta realizada por agentes del Estado que pueda poner en peligro los derechos a la vida y a la integridad física de las personas ajenas a los enfrentamientos armados, como lo fue la conducta cometida en el caso de autos por los militares que participaron en la operación desplegada en la zona rural de Tello —Huila— con ocasión de la orden 44, consistente en quitarle la vida a unos campesinos no combatientes y luego exhibirlos como guerrilleros dados de baja durante un enfrentamiento armado.
La Sala recuerda que los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad personales, además de estar expresamente consagrados en el ordenamiento interno, tienen plena protección por virtud de los tratados internacionales de derechos humanos en los que es parte Colombia —en un típico enlace vía bloque de constitucionalidad(20)—, de acuerdo con los cuales es obligación de los Estados impedir que se presenten situaciones de ejecuciones extrajudiciales(21) y además fomentar las políticas que sean necesarias y conducentes para evitar ese tipo de prácticas. (...)
Ahora bien, en aras de concretar el papel preventivo que debe tener la jurisprudencia contencioso administrativa en casos como el presente, es pertinente que la Sala ponga de presente que, de conformidad con observaciones hechas recientemente por el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias , en algunas ocasiones se ha incurrido en la práctica de quitarle la vida a personas ajenas al conflicto armado y que se encuentran en estado de indefensión, para luego presentarlas a las autoridades y a los medios de comunicación como bajas ocurridas en combate, dentro de lo que eufemísticamente ha dado en llamarse por la opinión pública “falsos positivos”. (...).
De modo que resulta de la mayor importancia para el Consejo de Estado poner de relieve, en casos como el presente, las inapropiadas conductas cometidas por los agentes estatales, con la finalidad de sentar un precedente que obligue a la administración pública a eliminar de raíz este tipo de conductas, y para que el caso reciba la reparación debida que haga innecesaria la recurrencia de los ciudadanos ante las instancias internacionales.
Frente al derecho a la vida, el Estado tiene una obligación de doble naturaleza: por una parte, el deber de no privar arbitrariamente de la vida a ninguna persona (obligación negativa); y de otro lado, a la luz de su deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos, la adopción de medidas apropiadas para proteger y preservar este derecho (obligación positiva)(22). En este caso, la privación arbitraria de la vida de los señores Luís Carlos Pérez Meza y Evelio Enrique Pérez Ruiz, por parte de la Armada Nacional, supone una clara violación de derechos humanos que hace surgir sin duda alguna la responsabilidad administrativa del Estado.
Además, como lo ha señalado la Subsección en casos de similar naturaleza, el campo del derecho internacional humanitario comprende distintas normas sobre protección de bienes y personas de carácter civil, y de forma categórica prohíbe, en tiempos de guerra, cualquier acción que pueda tener consecuencias respecto de la vida y la integridad de quienes no tienen participación directa en las confrontaciones(23). En este asunto, al haberse atacado a personas que, según las declaraciones de sus vecinos, eran completamente ajenas al conflicto armado, se incurrió en una grave infracción del principio de protección de la población civil, prescrito por el derecho internacional humanitario.
Con fundamento en lo expuesto, la Sala declara la responsabilidad administrativa y patrimonial de la entidad demandada al encontrar acreditado, que la muerte de las víctimas en este caso particular se debió a una conducta irregular del Ejército Nacional constitutiva de una verdadera falla en el servicio, en la medida en que miembros de la Armada Nacional ejecutaron a los mencionados ciudadanos cuando estaban ya sometidos y trataron de exonerarse de responsabilidad al presentarlos como guerrilleros. En tales condiciones se impone revocar la sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declarar la responsabilidad administrativa de la Nación.
5.1. Daño moral.
El daño moral, entendido como el dolor y aflicción que una situación nociva genera, se presume en relación los sus familiares cercanos de quien ha sufrido una grave afectación en sus condiciones de salud o ha perdido la vida.
Ante la imposibilidad de cuantificar el daño moral, la jurisprudencia ha establecido un tope monetario para la indemnización de dicho perjuicio, que se ha tasado, como regla general, en el equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales cuando el daño cobra su mayor intensidad, caso correspondiente al padecimiento sufrido por las propias víctimas o por quienes acrediten relaciones afectivas propias de las relaciones conyugales y paterno-filiales (primer grado de consanguinidad) con la víctima que ha perdido la vida o sufrido una pérdida de capacidad laboral superior al 50%. En cuanto a los demás ordenes de parentesco, se ha establecido que la cuantía de la indemnización debe corresponder a un porcentaje de ese límite. Así se estableció en sentencia de unificación de esta Sección(24):
A fin de que en lo sucesivo, se indemnicen de manera semejante los perjuicios morales reclamados por la muerte de una persona, como en el presente caso, la Sala, a manera de complemento de lo decidido en la sentencia mencionada en el párrafo que antecede, decide unificar su jurisprudencia sobre el particular, a partir del establecimiento de cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa del daño o causante y quienes acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas; así:
Nivel 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno-filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100 smlmv.
Nivel 2. Se refiere a la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (hermanos, abuelos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio.
Nivel 3. Abarca la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio.
Sin embargo, en reciente pronunciamiento(25) la Sala precisó, con fines de unificación jurisprudencial, que en casos excepcionales, como los de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, entre otros, podrá otorgarse una indemnización mayor de la señalada en los eventos descritos en la sentencia de unificación antes citada, cuando existan circunstancias debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño moral, sin que en tales casos el monto total de la indemnización pueda incluso fijarse en el triple de los montos indemnizatorios fijados en dicha sentencia. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño.
En este caso particular, las circunstancias en las que fueron asesinadas las víctimas, producto de una grave violación a derechos humanos imputable al Estado, sumadas a las graves y falces imputaciones que en su contra se realizaron, permiten a la Sala inferir que la congoja y aflicción de sus familiares cobró en este caso particular la mayor intensidad, por lo que hay lugar a aplicar la regla de excepción contemplada por en el referido fallo de unificación y reconocer a título de daño moral una indemnización con fundamento en un tope correspondiente al doble del que en forma genérica se reconoce en casos de muerte(26).
Bajo dichos parámetros se indemnizará el daño moral a los familiares de las víctimas así:
5.1.1. Núcleo familiar de Evelio Enrique Pérez Ruiz.
A Claudia Patricia Castro Torres (cónyuge), Aneyline Pérez Castro y Sandra Consuelo Pérez Castro (hijas) y Sixta Ruiz (madre), se les pagará una indemnización equivalente a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes en la época de ejecutoria de la presente sentencia, para cada una de ellas.
A Sixto Gabriel Pérez Ruiz, Luz Mila Pérez Ruiz, Ramiro Pérez Ruiz, José Daniel Pérez Ruiz, Manuel Enrique Pérez Ruiz, Aníbal Pérez Ruiz, Carlos Antonio Pérez Ruiz y Gladys María Pérez Ruiz (hermanos de la víctima), se les pagará una indemnización en cuantía equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno.
5.1.2. Núcleo familiar de Luís Carlos Pérez Meza.
A Adrinis Judith Pérez Meza, Mairis Pérez Meza, Carlos Andrés Pérez Meza, Joel Enrique Pérez Meza, Maira Estela Pérez Meza y Eder Luís Pérez Mesa (hijos de la víctima) y Ruth María Meza Ríos (compañera), se les pagará una indemnización equivalente a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes en la época de ejecutoria de la presente sentencia, para cada uno de ellos.
5.2. Daño material.
5.2.1 Daño emergente.
No se allegó prueba de su causación, por lo que no se reconocerá suma alguna por este concepto.
En lo relativo a la indemnización por lucro cesante, la Sala se pronunciará a continuación, en relación con cada núcleo familiar demandante.
5.2.2.1. Núcleo familiar de Evelio Enrique Pérez Ruiz.
Se reclamó indemnización por lucro cesante a favor de la cónyuge y los hijos de la víctima y se les indemnizará de acuerdo con los parámetros establecidos para tal efecto por la jurisprudencia de la Corporación, bajo el entendido que la muerte de su esposo y padre los privó del apoyo económico que en vida les brindaba, hecho que además se probó mediante los testimonios de los señores Ramiro Antonio Castro Yepes y Manuel de Jesús Vega Romero (fl. 129 y ss., cdno. 1), quienes declararon que en vida, la referida víctima proveía el sustento de su núcleo familiar.
Como no se aportó ninguna evidencia respecto de la cuantía de los ingresos de la víctima, la indemnización se tasará teniendo en cuenta para ello el valor del salario mínimo legal vigente en la época del presente fallo(27), incrementado en un 25% correspondiente al valor de las prestaciones sociales que se presume también devengaría. A la suma obtenida se le restará un 25% que se presume utilizaría para su propio sustento:
$ 644.350 * 1.25 = $ 805.437
$ 805.437 - 25% = $ 604.078
Este último valor se dividirá en dos partes iguales(28), una para la cónyuge y las restante se dividirá entre las hijas de la víctima. La indemnización de la primera se calculará hasta la vida probable de la víctima(29), mientras que la de las segundas se extenderá desde la fecha del daño hasta la época en que cumplirían 25 años de edad.
5.2.2.1.1. Claudia Patricia Castro Torres.
Entre la fecha de la muerte (21 de junio de 1999) y la del presente fallo (29 de mayo de 2015), transcurrieron 191,26 meses que se indemnizarán a título de lucro cesante consolidado, conforme a la siguiente fórmula:
Ra = Base de liquidación actualizada
I = Interés legal anual expresado en tasa mensual
n = Período a indemnizar en meses (15 años, 11 meses y 8 días)
S= $ 95.010.082
El lucro cesante futuro se calculará teniendo en cuenta el tiempo restante entre la fecha de la presente sentencia y la vida probable de la víctima, correspondiente a 306,38 meses (vida probable menos período consolidado).
S = $ 48.046.317
Total lucro cesante a favor de Claudia Patricia Castro Torres: $ 143.056.399
5.2.2.1.2. Aneyline Pérez Castro.
Nació el 22 de enero de 1998 (fl. 29, cdno. 1), por lo que en la época del daño (jun. 21/99), le restaban 23 años y 7 meses para alcanzar la edad de 25 años. El período consolidado será el transcurrido entre la fecha del daño y la de esta sentencia.
S= $ 47.504.883
El lucro cesante futuro se calculará desde el fallo hasta la época en que cumpliría 25 años de edad (91,74 meses).
S = $ 11.153.187
Total = $ 58.658.070
5.2.2.1.3. Sandra Consuelo Pérez Castro.
Nació el 22 de julio de 1996 (fl. 28, cdno. 1). En la época del daño (jun. 21/99), le restaban 22 años y 1 mes alcanzar la edad de 25 años. El período consolidado será el transcurrido entre la fecha del daño y la de esta sentencia.
El lucro cesante futuro se calculará desde el fallo hasta la época en que cumpliría 25 años de edad, período que expresado en meses corresponde a 73,74.
S = $ 9.337.992
Total = $ 56.842.875
5.2.2.2. Núcleo familiar de Luís Carlos Pérez Meza.
Se reclamó indemnización a favor de la compañera e hijos menores de la víctima, derivada de la pérdida de la ayuda económica que en vida les proporcionaba. Se indemnizará con base en el salario mínimo en razón a la ausencia de pruebas sobre su nivel de ingresos y conforme a los parámetros indicados en razón del otro grupo familiar demandante. La base se dividirá en 2 partes(30), una para la compañera y la restante se dividirá entre los seis hijos, todos menores de 25 años en la época del daño.
5.2.2.2.1. Ruth María Meza Ríos.
Su indemnización se calculará atendiendo la vida probable de la víctima, quien al momento del deceso contaba con 38 años de edad (fl. 51, cdno. 1), por lo que su expectativa de vida era de 38,64 años.
Entre la fecha de la muerte (jun. 21/99) y la del presente fallo (mayo 29/2015), transcurrieron 191,26 meses que se indemnizarán a título de lucro cesante consolidado, conforme a la siguiente fórmula:
El lucro cesante futuro se calculará teniendo en cuenta el tiempo restante entre la fecha de la presente sentencia y la vida probable de la víctima, correspondiente a 272.42 meses (vida probable menos período consolidado).
S = $ 45.524.433
Total lucro cesante a favor de Ruth María Meza Ríos: $ 140.534.515
5.2.2.2.2. Adrinis Judith Pérez Meza.
Nació el 13 de enero de 1984 (fl. 39, cdno. 1). En la época del daño le faltaban 9 años, 6 meses y 22 días para cumplir 25 años de edad, que expresados en meses corresponden a 114.73.
Ese período se consolidó antes de la época del presente fallo, por lo que la indemnización se liquidará así:
S= $ 7.710.565
5.2.2.2.3. Mairis Pérez Meza.
Nació el 11 de enero de 1988 (fl. 40, cdno. 1). En la época del daño le faltaban 13 años, 6 meses y 20 días para cumplir 25 años de edad, que expresados en meses corresponden a 162,66.
S= $ 12.440.845
5.2.2.2.4. Carlos Andrés Pérez Meza.
Nació el 28 de septiembre de 1991 (fl. 41, cdno. 1). En la época del daño le faltaban 17 años, 3 meses y 7 días para cumplir 25 años de edad, que expresados en meses corresponden a 207.23.
El período consolidado es de 191,26 meses:
S= $ 15.834.751
El período futuro, corresponde a los 15,97 meses restantes que se indemnizan así:
S = $ 771.660
Total = $ 16.606.411
5.2.2.2.5. Joel Enrique Pérez Meza.
Nació el 2 de octubre de 1993 (fl. 42, cdno. 1). En la época del daño le faltaban 19 años, 3 meses y 29 días para cumplir 25 años de edad, que expresados en meses corresponden a 231,96.
El período futuro, corresponde a los 40,7 meses restantes que se indemnizan así:
S = $ 1.854.560
Total = $ 17.689.311
5.2.2.2.6. Maira Estela Pérez Meza.
Nació el 22 de octubre de 1979 (fl. 43, cdno. 1). En la época del daño le faltaban 5 años, 4 meses y 1 día para cumplir 25 años de edad, que expresados en meses corresponden a 64.03.
S= $ 3.771.265
5.2.2.2.7. Eder Luís Pérez Mesa.
Nació el 23 de marzo de 1982 (fl. 44, cdno. 1). En la época del daño le faltaban 7 años, 9 meses y 2 días para cumplir 25 años de edad, que expresados en meses corresponden a 93,06.
S= $ 5.907.628
5.3. Daños inmateriales derivados de la vulneración a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados.
En sentencia de unificación de 14 de septiembre de 2011(31), se sostuvo que la afectaciones a bienes o derechos constitucional o convencionalmente deben ser reconocidos como una tercera categoría de daños inmateriales autónomos. Bajo esta óptica, se sistematizó en su momento de la siguiente manera:
La tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta Corporación.
En reciente decisión de unificación(32), la Sección Tercera de esta Corporación precisó las características del daño a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados como una nueva categoría autónoma de daño inmaterial, en los siguientes términos:
i) Es un daño inmaterial que proviene de la vulneración o afectación a derechos contenidos en fuentes normativas diversas: sus causas emanan de vulneraciones o afectaciones a bienes o derechos constitucionales y convencionales. Por lo tanto, es una nueva categoría de daño inmaterial.
ii) Se trata de vulneraciones o afectaciones relevantes, las cuales producen un efecto dañoso, negativo y antijurídico a bienes o derechos constitucionales y convencionales.
iii) Es un daño autónomo: no depende de otras categorías de daños, porque no está condicionado a la configuración de otros tradicionalmente reconocidos, como los perjuicios materiales, el daño a la salud y el daño moral, ni depende del agotamiento previo de otros requisitos, ya que su concreción se realiza mediante presupuestos de configuración propios, que se comprueban o acreditan en cada situación fáctica particular.
iv) La vulneración o afectación relevante puede ser temporal o definitiva: los efectos del daño se manifiestan en el tiempo, de acuerdo al grado de intensidad de la afectación, esto es, el impedimento para la víctima directa e indirecta de gozar y disfrutar plena y legítimamente de sus derechos constitucionales y convencionales.
En el mismo pronunciamiento precisó la Sección que los objetivos de la reparación de esa categoría autónoma de daño son: el restablecimiento pleno de los derechos de las víctimas, su restitución más aproximada al statuo quo ante, las garantías de no repetición y la búsqueda de la realización efectiva de la igualdad sustancial. También se precisó que el resarcimiento de esas garantías puede tener lugar aún en forma oficiosa y que deben privilegiarse, en cuanto resulte posible, las medidas de carácter no pecuniario, entre otros aspectos relevantes que a continuación se trascriben:
i) El objetivo de reparar este daño es el de restablecer plenamente a la víctima en el ejercicio de sus derechos. La reparación de la víctima está orientada a: (a) restaurar plenamente los bienes o derechos constitucionales y convencionales, de manera individual y colectiva; (b) lograr no solo que desaparezcan las causas originarias de la lesividad, sino también que la víctima, de acuerdo con las posibilidades jurídicas y fácticas, pueda volver a disfrutar de sus derechos, en lo posible en similares condiciones en las que estuvo antes de que ocurriera el daño; (c) propender para que en el futuro la vulneración o afectación a bienes o derechos constitucionales y convencionales no tengan lugar; y (d) buscar la realización efectiva de la igualdad sustancial.
ii) La reparación del daño es dispositiva: si bien las medidas de reparación de este tipo de daños pueden serlo a petición de parte, también operan de oficio, siempre y cuando aparezca acreditada su existencia.
iii) La legitimación de las víctimas del daño: se reconoce a la víctima directa de la lesión como a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero (a) permanente y los parientes hasta el 1º de consanguinidad, incluida la relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas “de crianza”, en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos.
iv) Es un daño que se repara principalmente a través de medidas de carácter no pecuniario: se privilegian por excelencia las medidas reparatorias no indemnizatorias; sin embargo, en casos excepcionales cuya reparación integral, a consideración del juez, no sean suficientes, pertinentes, oportunas o posibles podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria hasta 100 SMLMV, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la salud. Ese quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño y/o la naturaleza del bien o derecho afectado.
v) Es un daño que requiere de un presupuesto de declaración: debe existir una expresa declaración de responsabilidad del Estado por la existencia de un daño a bienes constitucionales y convencionales imputables al mismo, y se deben justificar y especificar las medidas de reparación integral adecuadas y pertinentes al caso, de tal manera que el Estado ejecute el debitum iuris. Las medidas de reparación integral operarán teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos, todo con el propósito de restablecer la dignidad de las víctimas, reprobar las relevantes violaciones a los derechos humanos y concretar las medidas de garantía de verdad, justicia, reparación, no repetición y las demás definidas por el derecho internacional.
vi) Es un daño frente al cual se confirme el rol del juez de responsabilidad extracontractual como reparador integral de derechos vulnerados, sin desconocer que las indemnizaciones que tradicionalmente han venido siendo reconocidas impactan directa o indirectamente en los derechos de las víctimas; sin embargo, en tratándose de vulneraciones o afectaciones relevantes a derechos constitucional y convencionalmente amparados, se impone la necesidad de que el juez acuda a otras medidas, con el fin de reparar plenamente a las víctimas.
En este caso particular no cabe duda de que además del irreparable derecho a la vida, se transgredieron los derechos convencional y constitucionalmente amparados a la honra y reputación de las víctimas y sus familias, por cuanto los señores Luís Carlos Pérez Meza y Evelio Enrique Pérez Ruiz, luego de ejecutados, fueron presentados ante la opinión pública como guerrilleros dados de baja cuando atacaban a la fuerza pública, esto es, luego de asesinados fueron difamados por las fuerzas del Estado con el fin de justificar el crimen, situación que afectó negativamente la memoria de los fallecidos y el buen nombre de los hoy demandantes.
De conformidad con lo anterior, la Sala teniendo en cuenta que la indemnización por afectación relevante a derechos constitucionales y convencionales exige imperativamente que se especifiquen las medidas de reparación integral(33), se ordenarán algunas de estas para contribuir a la reparación del daño producido por violaciones a los derechos humanos de que trata este fallo.
Además, teniendo en consideración que en el presente caso se infringieron obligaciones convencionales de protección de los derechos humanos, se enviará al Director del Centro Nacional de Memoria Histórica y del Archivo General de la Nación(34) copia de la presente sentencia con el fin de que haga parte de su registro, y contribuya a la construcción documental del país que busca preservar la memoria de la violencia generada por el conflicto armado interno en Colombia.
Además, con el fin de recuperar la memoria y la dignidad de los señores Luís Carlos Pérez Meza, Evelio Enrique Pérez Ruiz y de sus familiares, se ordenará a la demandada que dentro de los treinta días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, presente una carta dirigida a todos los demandantes en este proceso, que deberá contener una disculpa y un reconocimiento oficial de la responsabilidad de la Armada Nacional en los hechos que le sirven de fundamento a esta providencia. La carta deberá estar firmada por el señor el Comandante de la Armada Nacional y deberá fijarse en un lugar visible del Ministerio de Defensa, en su página Web acompañada del texto de la sentencia, del Comando de la Armada Nacional y del Batallón de Contraguerrillas de Infantería de Marina Nº 33 o el que haya asumido sus funciones, por el término de tres meses, y será entregada a los demandantes por intermedio de su apoderado.
Si los demandantes lo aceptan, la entidad condenada organizará y costeará la realización de una ceremonia en el seno de la plenaria del Concejo Municipal del Carmen de Bolívar, en la que el señor Comandante General de la Armada Nacional pedirá una disculpa pública en nombre del Estado colombiano e indicará en forma inequívoca que los señores Luís Carlos Pérez Meza y Evelio Enrique Pérez Ruiz no hacían parte de ningún grupo armado ilegal y que su muerte fue consecuencia de una ejecución extrajudicial perpetrada el 21 de junio de 1999, en zona rural del municipio del Carmen de Bolívar, por miembros del Batallón de Contraguerrillas de Infantería de Marina Nº 33 de la Armada Nacional.
Esta medida se llevará a cabo sólo si las víctimas manifiestan voluntaria y libremente su aceptación. Al acto asistirán los demandantes y hasta cinco (5) representantes de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia que ellos designen, todos a costa de la entidad condenada.
Con el mismo objetivo, se ordenará a la Armada Nacional que, previo el consentimiento de los demandantes en este proceso, dentro de los treinta días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, publique a su costa en un medio escrito de amplia circulación en el departamento de Bolívar, en caracteres visibles, una nota en la que conste claramente que los señores Luís Carlos Pérez Meza y Evelio Enrique Pérez Ruiz no hacían parte de ningún grupo armado ilegal y que su muerte fue consecuencia de una ejecución extrajudicial perpetrada el 21 de junio de 1999, en zona rural del municipio del Carmen de Bolívar, por miembros del Batallón de Contraguerrillas de Infantería de Marina Nº 33 de la Armada Nacional.
No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria o de mala fe atribuible a los extremos procesales, como lo exige el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —Subsección “B”—, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
REVOCAR la sentencia de 16 de agosto de 2007, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar negó las pretensiones de la demanda. En su lugar se dispone:
1. DECLARAR administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional, de la muerte de los señores Luís Carlos Pérez Meza y Evelio Enrique Pérez Ruiz, ocurrida el 21 de junio de 1999 en zona rural del municipio del Carmen de Bolívar.
2. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional, a pagar a los demandantes una indemnización por el daño moral sufrido, así:
A Claudia Patricia Castro Torres, Aneyline Pérez Castro, Sandra Consuelo Pérez Castro y Sixta Ruiz, se les pagará una indemnización equivalente a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes en la época de ejecutoria de la presente sentencia, para cada una de ellas.
A Sixto Gabriel Pérez Ruiz, Luz Mila Pérez Ruiz, Ramiro Pérez Ruiz, José Daniel Pérez Ruiz, Manuel Enrique Pérez Ruiz, Aníbal Pérez Ruiz, Carlos Antonio Pérez Ruiz y Gladys María Pérez Ruiz, se les pagará una indemnización en cuantía equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno.
A Adrinis Judith Pérez Meza, Mairis Pérez Meza, Carlos Andrés Pérez Meza, Joel Enrique Pérez Meza, Maira Estela Pérez Meza y Eder Luís Pérez Mesa y Ruth María Meza Ríos, se les pagará una indemnización equivalente a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes en la época de ejecutoria de la presente sentencia, para cada uno de ellos.
3. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional, a pagar a los demandantes una indemnización por lucro cesante en las cuantías que a continuación se señalan en pesos colombianos:
Claudia Patricia Castro Torres $ 143.056.399
Aneyline Pérez Castro $ 58.658.070
Sandra Consuelo Pérez Castro $ 56.842.875
Ruth María Meza Ríos $ 140.534.515
Adrinis Judith Pérez Meza $ 7.710.565
Mairis Pérez Meza $ 12.440.845
Carlos Andrés Pérez Meza $ 16.606.411
Joel Enrique Pérez Meza $ 17.689.311
Maira Estela Pérez Meza $ 3.771.265
Eder Luís Pérez Mesa $ 5.907.628
4. ORDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional, que dentro de los treinta días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, presente una carta dirigida a todos los demandantes en este proceso, que deberá contener una disculpa y un reconocimiento oficial de la responsabilidad de la Armada Nacional en los hechos que le sirven de fundamento a esta providencia. La carta deberá estar firmada por el señor Comandante de la Armada Nacional y deberá fijarse en un lugar visible del Ministerio de Defensa, en su página Web acompañada del texto de la sentencia, del Comando de la Armada Nacional y del Batallón de Contraguerrillas de Infantería de Marina No. 33 o el que haya asumido sus funciones, por el término de tres meses, y será entregada a los demandantes a través de su apoderado.
5. Si los demandantes lo aceptan, la entidad condenada organizará y costeará la realización de una ceremonia en el seno de la plenaria del Concejo Municipal del Carmen de Bolívar, en la que el señor Comandante General de la Armada Nacional pedirá una disculpa pública en nombre del Estado colombiano e indicará en forma inequívoca que los señores Luís Carlos Pérez Meza y Evelio Enrique Pérez Ruiz no hacían parte de ningún grupo armado ilegal y que su muerte fue consecuencia de una ejecución extrajudicial perpetrada el 21 de junio de 1999, en zona rural del municipio del Carmen de Bolívar, por miembros del Batallón de Contraguerrillas de Infantería de Marina Nº 33 de la Armada Nacional. Esta medida se llevará a cabo sólo si las víctimas manifiestan voluntaria y libremente su aceptación. Al acto asistirán los demandantes que a bien lo tengan y hasta cinco (5) representantes de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia que ellos designen, todos a costa de la entidad condenada.
6. ORDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional, que previo el consentimiento de los demandantes en este proceso, dentro de los treinta días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, publique a su costa en un medio escrito de amplia circulación en el departamento de Bolívar, en caracteres visibles, una nota en la que conste claramente que los señores Luís Carlos Pérez Meza y Evelio Enrique Pérez Ruiz no hacían parte de ningún grupo armado ilegal y que su muerte fue consecuencia de una ejecución extrajudicial perpetrada el 21 de junio de 1999, en zona rural del municipio del Carmen de Bolívar, por miembros del Batallón de Contraguerrillas de Infantería de Marina Nº 33 de la Armada Nacional.
7. Por Secretaría se enviará al Director del Centro Nacional de Memoria Histórica y del Archivo General de la Nación, copia de la presente sentencia con el fin de que haga parte de su registro, y contribuya a la construcción documental del país que busca preservar la memoria de la violencia generada por el conflicto armado interno en Colombia.
8. Por Secretaría remítase copia de esta sentencia con destino a la Procuraduría General de la Nación para que, en atención al artículo 24 del Decreto 262 de 2000, vigile el cumplimiento de lo resuelto.
9. Esta sentencia se cumplirá en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.
10. Niéganse las demás pretensiones.
11. Sin costas.
12. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.
1 Código Contencioso Administrativo, artículo 82. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la constitución y la ley.
2 El proceso había ingresado para fallo en la primera instancia en vigencia de la Ley 954 de 2005 que dispuso:
PAR.—Las normas de competencia previstas en esta ley se aplicarán, mientras entran a operar los Juzgados Administrativos, así:
Los Tribunales Administrativos conocerán en única instancia de los procesos cuyas cuantías sean hasta de 100, 300, 500 y 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes previstas en el artículo 42, según el caso, y en primera instancia cuando la cuantía exceda de los montos. Asimismo, en única instancia del recurso previsto en los artículos 21 y 24 de la Ley 57 de 1985, en los casos de los municipios y distritos y de los procesos descritos en el numeral 9º del artículo 134b adicionado por esta ley, salvo los relativos a la acción de nulidad electoral de los alcaldes de municipios que no sean capital de departamento, que serán revisados en primera instancia”.
3 El registro civil de nacimiento fue aportado con la demanda. Empero, no daba cuenta del nombre de los padres. En la etapa de conciliación judicial se allegó el registro con la información completa. Como la prueba había sido decretada en el auto de pruebas se le da valor.
4 Folio 66, cuaderno 1: “prueba trasladada. A. Que se oficie a la Fiscalía Cuarta Especializada de Cartagena, piso 4, para que con destino a este proceso haga llegar copia auténtica del expediente radicado con el Nº 44.608, correspondiente a la investigación adelantada por la muerte de los señores Evelio Enrique Pérez Ruiz y Luís Carlos Pérez Meza”.
5 Folio 75, cuaderno 1: “Coadyuvo la prueba documental trasladada solicitada por el Dr. Oscar Fernández Chaguin (sic) a la Fiscalía Cuarta Especializada de Cartagena”. De igual manera, al exponer sus argumentos de defensa señaló la importancia de esa evidencia al afirmar: “todas esas aseveraciones (las de la demanda y la contestación), solo podrán conformarse (sic) o desecharse con los resultados de la investigación penal que cursa por tales hechos”.
6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de julio de 2013, expediente 26955, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 11 de septiembre de 2013, expediente 20.601, M.P. Danilo Rojas Betancourth.
9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, expediente 25022, M.P. Enrique Gil Botero.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de mayo de 2012, radicación 11001-03-15-000-2011-01378-00 (PI), M.P. Susana Buitrago Valencia.
11 Ninguno de los recortes de prensa aportados da cuenta del nombre del medio de comunicación ni de la fecha de publicación.
12 Suboficial Rivera Vallejo “el contacto duró cerca de una hora”; Luís Fernando Ascencio: “combates que se prolongaron por seis horas”.
13 Sargento Pedro Pablo Quintana: “contacto armado que duró muy poco”; Nilson Manuel Arrieta: “duró como unos veinte minutos el fuego cruzado entre la guerrilla y nosotros”.
14 Juan Gamboa Velandia: “vemos dos guerrillos con su fusil terciado en la espalda y dos costales (…) cayeron dados de baja con su respectivo fusil”; Ángel Salgado Acosta: “dos muertos con unos sacos en las manos y cinco fusiles”; Julio Fidel Márquez García: “estaban dos bandoleros dados de baja, tenían material de guerra y tres fusiles G-3”. Pedro José Yepes Guzmán: “portaban fusiles y granadas”.
15 Abel Muñoz Berrío: “los muertos no tenían armas ni granadas cuando fueron abatidos, lo que al parecer llevaban según decían algunos era lo que había dentro de los costales”. Nilson Manuel Arrieta: “encontramos los dos cuerpos de los sujetos vestidos de civil, con un saco y un poco de material de intendencia”; Iván Salas Valdez: “no tenían armas”.
16 Ángel Salgado Acosta: “encontraron a los dos muertos con unos sacos en las manos”.
17 Nilson Manuel Arrieta: “encontramos los dos cuerpos de los sujetos vestidos de civil, con un saco”; también lo declaró así Ricardo Rivera Vallejo.
18 Así lo declaró Iván Salas Valdez.
19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 11 de septiembre de 2013, expediente 20601, M.P. Danilo Rojas Betancourth.
20 “De acuerdo con el artículo 93 de la Constitución Política “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecerán en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (…)”. El Consejo de Estado —Sección Tercera— ha tenido oportunidad de pronunciarse en relación con el carácter absoluto e inviolable del derecho a la vida de las personas, en aplicación de las normas del derecho interno integradas al derecho internacional de los derechos humanos. Esos criterios fueron consignados en las siguientes providencias: sentencia del 8 de julio de 2009, radicación 05001-23-26-000-1993-00134-01(16974), actor: Fanny de J. Morales Gil y otros, demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía; sentencia del 23 de agosto de 2010, radicación Nº 05001-23-25-000-1995-00339-01(18480), actor: Pedro Saúl Cárdenas y otros, demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército”.
21 “En el artículo 6º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se hace la siguiente previsión: “1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por ley, nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”. En el numeral 2º ibídem se dispone que, en los países donde exista la pena de muerte, “…sólo podrá imponerse en sentencia definitiva dictada por tribunal competente”.
22 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, sentencia de 19 de noviembre de 1999, serie C Nº 63, párr. 144; Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia, sentencia de 30 de noviembre de 2012, serie C Nº 259, párr. 190; Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, sentencia de 25 de octubre de 2012, serie C, Nº 252, párr. 145.
23 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de mayo de 2012, expediente 23503, M.P. Danilo Rojas Betancourth, criterio reiterado en la sentencia de 29 de agosto de 2012, expediente 25039, M.P. (E) Danilo Rojas Betancourth.
24 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, expediente 27709, M.P. Carlos Alberto Zambrano.
25 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de Sala Plena de 28 de agosto de 2014, expediente 32.988, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
26 Cfr. Ibídem. En caso de una ejecución extrajudicial que conllevó también la desaparición forzada de las víctimas, la Sala reconoció el triple de los mencionados topes indemnizatorios.
27 Que resulta superior al valor del salario de la época de los hechos actualizado conforme al IPC.
28 $ 302.039 cada una. El 50% de base para cada hija corresponde a $ 151.019.
29 De acuerdo con la Resolución 497 de 1997, vigente en la época del daño, la expectativa de vida. Claudia Patricia Castro nació el 14 de noviembre de 1976, tenía 22 años en la época del daño y una expectativa de vida de 55.47 (fl. 31, cdno. 1); la víctima tenía 35 años (fl. 58 y 47, cdno. 1) y 41.47 de expectativa de vida, por lo que se tendrá en cuenta la de este último, quien de acuerdo con esa estimación estaba llamado a fallecer primero.
30 $ 302.039 cada una. La parte de los hijos dividida en seis equivale a $ 50.339.
31 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de Sala Plena del 14 de septiembre de 2011, expediente 19031 y 38222, M.P. Enrique Gil Botero.
32 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de Sala Plena de 28 de agosto de 2014, expediente 32.988, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
33 La Asamblea General de Naciones Unidas, mediante Resolución 60/147 del 2005 adoptó los “Principios y directrices básicos sobre el derechos de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves al derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”. En el ordenamiento jurídico interno ver Ley 975 de 2005 y Ley 1448 de 2011 las cuales regulan las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, garantías de satisfacción y de no repetición.
34 Ley 1448 de 2011, artículo 144: ART. 144.—DE LOS ARCHIVOS SOBRE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO OCURRIDAS CON OCASIÓN DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente Ley, el Centro de Memoria Histórica, diseñará, creará e implementará un Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica, el cual tendrá como principales funciones las de acopio, preservación y custodia de los materiales que recoja o de manera voluntaria sean entregados por personas naturales o jurídicas, que se refieran o documenten todos los temas relacionados con las violaciones contempladas en el artículo 3º de la presente Ley, así como con la respuesta estatal ante tales violaciones.
Los archivos judiciales estarán a cargo de la Rama Judicial, la cual en ejercicio de su autonomía podrá optar, cuando lo considere pertinente y oportuno a fin de fortalecer la memoria histórica en los términos de la presente ley, encomendar su custodia al Archivo General de la Nación o a los archivos de los entes territoriales.