Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-205-17.htm
Timestamp: 2018-12-13 00:08:22
Document Index: 392688671

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 146', 'artículo 146', 'artículo 6', 'artículo 13', 'artículo 36', 'ARTÍCULO 146', 'ARTÍCULO 146', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 47', 'Artículo 47', 'Artículo 6', 'artículo 146']

T-205-17
Sentencia T-205/17
Como producto del carácter subsidiario de la acción de tutela, resulta necesario concluir que, por regla general, ésta solo es procedente cuando el individuo que la invoca no cuenta con otro medio de defensa a través del cual pueda obtener la protección requerida, o excepcionalmente, cuando a pesar de existir uno, éste resulta carente de la idoneidad o eficacia requerida para garantizar la efectividad de sus derechos fundamentales y, en consecuencia, resulta admisible acudir directamente a la acción de tutela.
DERECHO A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES Y A LA SUSTITUCION PENSIONAL-Naturaleza jurídica y finalidad/SUSTITUCION PENSIONAL Y PENSION DE SOBREVIVIENTES-Diferencias
DERECHO A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES Y A LA SUSTITUCION PENSIONAL-Requisitos
SUSTITUCION PENSIONAL O PENSION DE SOBREVIVIENTES-Requisitos que deben cumplir el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite
COMPATIBILIDAD PENSIONAL-Concepto
El concepto de la compatibilidad pensional refiere al fenómeno jurídico conforme al cual una persona tiene derecho a recibir integralmente dos o más pensiones y, recibe por cada una de ellas, una mesada pensional independiente. Al respecto, se tiene que dicha posibilidad está limitada por la Ley 100 de 1993, en su artículo 13, literal “j”, el cual dispone que “Ningún afiliado podrá recibir simultáneamente pensiones de invalidez y de vejez” y, en ese sentido, resulta imposible hablar de este fenómeno cuando se pretende el reconocimiento de dos pensiones con esas características.
PENSION DE SOBREVIVIENTES Y PENSION DE INVALIDEZ-Son compatibles
Esta Corte ha reconocido que las pensiones de sobrevivencia y las de invalidez que surgen por contingencias de origen laboral, son compatibles. Ello, pues protegen al afiliado de la materialización de riesgos diferentes y no existe ninguna normatividad que las haga excluyentes entre sí.
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, AL MINIMO VITAL Y A LA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS-Orden a Empresa reconocer sustitución pensional y pagar retroactivamente las sumas adeudadas a la accionante por concepto de la sustitución pensional
Referencia: expedientes T-5.856.339 y T-5.860.539.
Acciones de tutela presentadas por Martha Lucía Ramírez Ramírez en contra de EMSIRVA, Empresa de Servicio Público de Aseo en Liquidación (T-5.856.339) y por Nancy Elena Almario Blanco en contra de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR-(T-5.860.539).
En el proceso de revisión de los fallos proferidos, (i) en primera instancia, el tres (03) de junio de dos mil dieciséis (2016), por el Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Cali, y, en segunda instancia, el once (11) de julio de dos mil dieciséis (2016), por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali, dentro de la acción de tutela interpuesta por la ciudadana Martha Lucía Ramírez Ramírez en contra de EMSIRVA, Empresa de Servicio Público de Aseo en Liquidación (T-5.856.339); y (ii) en única instancia, por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Cúcuta, el veintidós (22) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), en el trámite de la acción de tutela incoada por Nancy Elena Almario Blanco en contra de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR- (T-5.860.539).
Expediente T-5.856.339
1.2. Posteriormente, el Instituto de Seguros Sociales le reconoció una pensión de invalidez de origen laboral equivalente a un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente a través de la Resolución No. 001617 del 28 de abril de 2003.
1.9. Mediante Resolución No. 100.0.27.161 del 01 de diciembre de 2015, confirmada a través de Resolución No. 100.0.27.011 del 17 de febrero de 2016, EMSIRVA E.S.P. denegó el reconocimiento de dicha prestación en razón a que, la actora ya cuenta con una pensión de invalidez, motivo por el cual no puede solicitar una nueva pensión.
2.2. Registro Civil de Defunción No. 8666992 en el que consta que el señor Carlos Alberto Ramírez Cardona falleció el día 06 de marzo de 2015.
2.3. Registro Civil de Defunción No. 8597283 en el que se da constancia que la señora Otilia Ramírez de Ramírez, falleció el día 09 de octubre de 2015 a las 8:30.
2.4. Resolución del EMSIRVA No. 100.0.27.161, del 01de diciembre de 2015, en la que se niega el reconocimiento de la sustitución pensional pretendida por la señora Martha Lucía Ramírez Ramírez respecto de la pensión de jubilación de la que gozaba su ahora fallecido padre, el señor Carlos Alberto Ramírez Cardona. Ello, pues se consideró que en el Registro Único de Afliación del Ministerio de Salud y la Protección Social aparece que la actora se encuentra disfrutando de una pensión de invalidez y, por ello, no satisface el requisito de dependencia económica que es exigible a efectos de hacerse acreedor a una sustitución pensional.
2.5. Resolución del EMSIRVA No. 100.0.27.011, del 17 de febrero de 2016, en la que se “se confirma en todas sus partes la Resolución No. 100.0.27.161 del 01 de diciembre de 2015”.
2.7. Resolución No. 001617 del 15 de abril de 2003, mediante la cual el Instituto de Seguros Sociales, Seccional Valle, reconoce, en cabeza de la señora Martha Lucía Ramírez Ramírez una pensión de invalidez.
- Alimentación: 250.000 Pesos Colombianos.
- Transporte: 200.000 Pesos Colombianos.
- Elementos de Uso Personal: 100.000 Pesos Colombianos.
- Servicios Públicos: 200.000 Pesos Colombianos.
- Recreación: 150.000 Pesos Colombianos.
- Vestuario: 50.000 Pesos Colombianos.
2.10. Cupón de Pago del Consorcio FOPEP No. 269240 correspondiente al mes de abril del año 2016, en el que se evidencia que la señora Martha Lucía Ramírez Ramírez tiene ingresos mensuales por 689.455 pesos, respecto de los cuales le deducen 302.265 pesos mensuales por concepto de créditos de libranza y, en ese sentido, cuenta con un saldo mensual disponible de 387.190 pesos.
Cooperativa Multiactiva Familia de Trabajadores de la Seguridad Social -COOFAMILIAR-
El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali, mediante decisión del 11 de julio de 2016, decidió confirmar lo resuelto por el a-quo. Ello, pues en su criterio, la acción de tutela tiene una naturaleza subsidiaria, por lo que no puede pretenderse con su ejercicio, remplazar al juez ordinario.
Expediente T-5.860.539
1.4. Por ello, la accionante acudió a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR- a efectos de que le sustituyeran la pensión de su esposo.
En su contestación a la presente acción de tutela, la entidad expresó que, en su criterio, obró conforme a derecho al haber suspendido el trámite del reconocimiento de la sustitución pensional del señor Samuel Paredes Patiño. Ello, pues al existir una controversia entre la cónyuge y la compañera permanente del causante, es menester aplicar lo dispuesto por el artículo 146 del Decreto 1213 de 1990[1] y, en ese sentido, suspender el pago de la cuota en litigio hasta tanto se decida judicialmente a quien corresponde dicho dinero.
El Juzgado Cuarto Administrativo de Cúcuta -Norte de Santander-, mediante decisión proferida el veintidós (22) de septiembre de dos mil quince (2015), decidió declarar improcedente la acción de tutela en estudio, en razón a que no se acreditó el cumplimiento del requisito de subsidiaridad que aplica para este especial tipo de trámites.
6.1.2.2. A la accionada, esto es, a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR-, un informe en el que aclare cuál es la situación actual de la solicitud de sustitución pensional radicada por las señoras Nancy Elena Almario Blanco y Leonor Villalba Sanabria y exponga qué actuaciones se han desplegado al respecto.
6.2. Al respecto, el apoderado de la accionante allegó, mediante documento radicado ante esta Corporación, un informe en el que dio a conocer que la accionante aún no ha logrado resolver su situación jurídica y sigue sin una fuente estable de ingresos de la que pueda derivar su subsistencia. Adicional a ello, informa que se encuentra “postrada en el lecho de enferma” y sin atención en salud, pues CASUR “cortó los servicios médicos” a la actora, motivo por el cual se halla desprotegida. Adicional a ello, allegó los siguientes documentos:
6.2.1. Historia Clínica de la señora Nancy Elena Almario Blanco, en el cual se evidencia que ha sido diagnosticada con “MAV medular”, “mielopatía secundaría” y una “malformación arteriovenosa espinal compleja que llena desde las arterias intercostales T10, T11 y T12 izquierdas”.
6.2.2. Copia de la Resolución No. 1860 del 24 de marzo de 2015, en la que se “suspende el trámite de la sustitución de asignación mensual de retiro, […] en el expediente a nombre del extinto Agente (r) Paredes Patiño Samuel, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.476.550”, la cual toma fundamento en la aplicación del artículo 146 del Decreto 1213 de 1990[2], como producto de las enfrentadas solicitudes de las señoras Nancy Elena Almario y Leonor Villalba Sanabria.
6.2.4. Registro Civil de Matrimonio No. 638520 del 20 de abril de 1987, en el que se deja constancia ante la Notaría Tercera de Norte de Santander que el señor Samuel Paredes Patiño y la señora Nancy Elena Almario Blanco contrajeron matrimonio.
6.2.5. Registro Civil de Defunción No. 5968942, en el que se certifica que el ciudadano Samuel Paredes Patiño falleció el día 01 de noviembre de 2014 a las 17:05.
6.3. Por su parte, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, mediante escrito de contestación al Auto anteriormente referenciado, indicó que, dentro del trámite de la solicitud de sustitución pensional del ciudadano Samuel Paredes Patiño, la señora Leonor Villalba Sanabria está siendo representada por su apoderada judicial, la abogada María Yaneth Rondón Meléndez, quien reside en la Calle 6, No. 5 E – 54, Barrio Popular, Cúcuta, Norte de Santander, dirección a la que le fue allegada copia del presente trámite de tutela.
6.3.1. Copia de la Resolución No. 1860 del veinticuatro (24) de marzo de dos mil quince (2015), mediante la cual CASUR resolvió suspender “el trámite de la sustitución de asignación mensual de retiro , con fundamento en el expediente a nombre del extinto Agente (r) PAREDES PATIÑO SAMUEL, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.476.550.”
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela cuando existen mecanismos ordinarios de protección. Reiteración de jurisprudencia[3].
Respecto del segundo de ellos, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido ciertos criterios con base en los cuales es posible determinar la ocurrencia o no de un perjuicio que pueda tildarse de irremediable. Entre ellos se encuentran: que (i) se esté ante un perjuicio inminente o próximo a suceder, lo que exige un grado suficiente de certeza respecto de los hechos y la causa del daño; (ii) de ocurrir, no existiría forma de repararlo, esto es, que resulta irreparable; (iii) el perjuicio debe ser grave y que, por tanto, conlleve la afectación de un bien susceptible de determinación jurídica que se estima como altamente significativo para la persona; (iv) se requieran medidas urgentes para superar la condición de amenaza en la que se encuentra, las cuales deben ser adecuadas frente a la inminencia del perjuicio y, a su vez, deben considerar las circunstancias particulares del caso; y (v) las medidas de protección deben ser impostergables, lo que significa que deben responder a condiciones de oportunidad y eficacia, que eviten la consumación del daño irreparable. [4]
En este orden de ideas, la seguridad social, concebida como un instituto jurídico de naturaleza dual que tiene la condición tanto de derecho fundamental[6], como de servicio público esencial bajo la dirección, coordinación y control del Estado[7], surge como un instrumento a través del cual se garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a través del trabajo.
En reiteradas ocasiones, esta Corporación ha señalado que la fundamentalidad de este especial derecho encuentra sustento en su vínculo funcional con el principio de dignidad humana y en la satisfacción real de los derechos humanos, pues, a través de éste, resulta posible que las personas afronten con decoro las circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les permitan ejercer sus derechos subjetivos.[11]
5. El derecho a la pensión de sobrevivientes, sustitución pensional y sus requisitos
5.1. Como primera medida se destaca que, a pesar de que la legislación vigente no prevé distinción alguna en su consagración[13], la pensión de sobrevivientes se diferencia de la figura denominada sustitución pensional, en el hecho de que si bien ambas comparten, desde un punto de vista teleológico, una misma finalidad, cubren contingencias o situaciones de hecho disimiles, esto es: (i) la primera, se configura en los eventos en los que un trabajador, sin tener la condición de pensionado, ni cumplir con los requisitos legales para hacerlo, fallece y, previa verificación del cumplimiento de determinados requisitos creados por la ley, asegura que su núcleo familiar no se vea irrazonablemente afectado por dicha situación; y (ii) la segunda, denominada sustitución pensional, se materializa cuando, contrario a la situación expuesta con anterioridad, el afiliado ya ostenta la condición de pensionado o cumple los requisitos legalmente exigibles para el efecto, de forma que esta no consagra un nuevo derecho del que son titulares los familiares del pensionado, sino que transfiere o sustituye aquel del que éste goza.
En este sentido, el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes y a la sustitución pensional, deben ser entendidos como uno de los medios a través de los cuales se materializa el derecho fundamental e irrenunciable a la seguridad social en un caso determinado. Derechos que propenden por garantizar que el núcleo familiar del afiliado pueda disfrutar de los beneficios de una prestación económica que, fundada en principios de justicia retributiva, equidad, reciprocidad y solidaridad[14], le garantice a estos el efectivo ejercicio de sus derechos subjetivos ante el fallecimiento de aquel miembro que se constituía en su sostén económico; de forma que no vean disminuidas sus condiciones de vida[15].
En relación con la pensión de sobrevivientes, la Corte ha indicado que esta no se constituye en una prestación que se consolida en cabeza del cotizante que no ha cumplido aún los requisitos para hacerse acreedor a alguna otra modalidad pensional, sino que, al igual que la sustitución pensional, tiene por finalidad la protección de la familia como núcleo esencial de la sociedad y mantener, para sus miembros, al menos el mismo grado de seguridad social y económica con el que contaban en vida de quien fungía como su sustento económico. Ello, en cuanto el desconocimiento de dicha garantía puede implicar dejarlos en un evidente estado de absoluta desprotección e, incluso, reducirlos a una trágica situación de miseria[16].
5.2.2. De otro lado, respecto de los cónyuges o compañeros permanentes, el mismo artículo dispone que estos serán acreedores a una pensión en forma vitalicia siempre que, a la fecha del fallecimiento, (i) tengan más de 30 años de edad y, adicionalmente, cuente con alguno de los siguientes requisitos, (ii) no menos de 5 años continuos de convivencia[17], o (iii) haber procreado hijos como producto de dicha convivencia. O, en forma temporal y hasta por 20 años, cuando (i) el solicitante cuente con menos de 30 años de edad y (ii) no tiene hijos con el causante.[18]
Igualmente, el contenido normativo en estudio dispone que, en los eventos en los que el causante únicamente convivía con su compañero permanente, pero, mantenía vigente una sociedad conyugal anterior, corresponde reconocer al compañero permanente un porcentaje de la pensión proporcional a su convivencia e, indistintamente de que haya habido separación de cuerpos, corresponderá el restante al cónyuge[19]. Ello, así el cónyuge “no haya convivido con el pensionado durante los últimos cinco años anteriores a su fallecimiento, ya que sólo basta con que pruebe que convivió con este durante más de cinco años en cualquier tiempo.”[20]
Respecto del concepto de convivencia, esta Corte ha aclarado que es necesario que se trate de una relación caracterizada por la “clara e inequívoca vocación de estabilidad y permanencia, esto es, que ocurran al mismo tiempo la convivencia del causante con el respectivo cónyuge y con el compañero o compañera permanente durante los cinco años previos a la muerte del causante y excluye de antemano las relaciones casuales, circunstanciales, incidentales, ocasionales, esporádicas o accidentales que haya podido tener en vida el causante, como tampoco se refiere a aquellas situaciones en las cuales el causante convivió con diversas personas de forma sucesiva (no simultánea), situación que tiene su regulación especial.”[21]
Ahora bien, sobre el procedimiento para efectuar dicho reconocimiento, la Ley 1204 de 2008, dispuso que, en estos casos de pugna para el reconocimiento de una sustitución pensional, el trámite debe ser suspendido hasta que la jurisdicción competente defina a quien se deberá asignar dicha prestación y en qué proporción.[22]
En este sentido, esta Corporación ha concluido en diversas oportunidades[23] que, siempre que existan controversias respecto del reconocimiento de una pensión de sobrevivientes o sustitución pensional, por la existencia de múltiples solicitudes respecto del mismo derecho y la necesidad de determinar los porcentajes en que será repartida, se hace mandatorio que la autoridad encargada de reconocer dicha prestación suspenda el trámite y someta la decisión a la jurisdicción ordinaria, de forma que sea el juez natural de la causa quien resuelva la litis.
En ese sentido, en numerosas ocasiones esta Corporación[24] ha concedido el amparo invocado por personas que se encuentran en la situación regulada por el artículo 6 de la Ley 1204 de 2008 y ha ordenado que, siempre que: (i) se halle comprobado que los reclamantes hayan convivido con el causante al menos los últimos 5 años anteriores a su fallecimiento y (ii) se evidencie la inminente materialización de un perjuicio de carácter irremediable que haga indispensable la excepcional intervención del juez constitucional, puede resultar admisible que, con base en criterios de “justicia y equidad”, se adjudique al menos el 50% al que, tras verificar el cabal cumplimiento de los requisitos existentes, está probado los implicados tienen derecho.
6. Compatibilidad de Pensiones
El concepto de la compatibilidad pensional refiere al fenómeno jurídico conforme al cual una persona tiene derecho a recibir integralmente dos o más pensiones y, recibe por cada una de ellas, una mesada pensional independiente.[25] Al respecto, se tiene que dicha posibilidad está limitada por la Ley 100 de 1993, en su artículo 13, literal “j”, el cual dispone que “Ningún afiliado podrá recibir simultáneamente pensiones de invalidez y de vejez” y, en ese sentido, resulta imposible hablar de este fenómeno cuando se pretende el reconocimiento de dos pensiones con esas características.
Al respecto, esta Corte consideró que dicha prohibición encuentra justificación en la materialización de un propósito constitucionalmente trascendental, como lo es el uso eficiente de los recursos del sistema general de seguridad social, impedir la distribución inequitativa de éstos, los cuales deben entenderse limitados, y, en general, garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social. Por ello, resulta inadecuado que una persona goce de dos prestaciones que cumplan con “una idéntica función”[26].
De conformidad con lo expuesto, esta Corporación ha sostenido que las pensiones de vejez e invalidez por origen común son claramente incompatibles ya que si una persona “se encuentra cubierta frente al riesgo de no poder trabajar como consecuencia de la disminución de su capacidad laboral, debido a la invalidez, [o a la vejez,] no es necesario que sea nuevamente cubierta frente a esta misma eventualidad”[27].
La regla anteriormente referenciada es clara en establecer esta incompatibilidad únicamente entre las pensiones de vejez y de invalidez por origen común y, en ese sentido, se ha concluido por la jurisprudencia uniforme de esta Corporación[28] y por la de la Corte Suprema de Justicia[29], que, cuando se trata de una pensión de vejez y una de invalidez por enfermedad o accidente de origen laboral, debe entenderse que éstas sí son compatibles, pues protegen contingencias diferentes y tienen fuentes de financiación no solo disimiles, sino además autónomas e independientes entre ellas; respecto de las que existe una cotización separada y aplica una normatividad diferente[30].
2. Análisis de las vulneraciones ius-fundamentales
T-5.856.339
Al respecto, como se expuso en la parte considerativa de esta providencia, la jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido que la pensión de invalidez de origen laboral[31], es compatible con la sustitución pensional, pues (i) ésta tiene una finalidad sustancialmente diferente[32] y (ii) tiene una fuente de financiación autónoma e independiente.
Ahora bien, para la Sala, resulta claro del material probatorio obrante en el expediente, que si bien la actora recibe mensualmente ingresos por cerca de 400.000 pesos[33], estos no resultan suficientes para cubrir sus gastos mínimos de subsistencia, los cuales, como está probado, ascienden a la suma de, aproximadamente, 950.000 pesos mensuales.
T-5.860.539
En el presente caso, se evidencia que la accionante es una persona de 53 años de edad, con numerosas patologías[34] que afectan la normalidad funcional de su organismo y que, en la actualidad la han dejado postrada en cama, sin poder trabajar y procurarse por sí misma los medios básicos de su subsistencia.
Se destaca igualmente que la accionante, con posterioridad a iniciar el presente trámite de tutela, incoó un proceso ante la jurisdicción ordinaria[35] el cual, en la actualidad aún se encuentra en trámite.
Respecto del fondo de la controversia planteada por la señora Nancy Elena Almario Blanco, se evidencia que si bien la accionada suspendió el trámite de la solicitud pensional de la accionante en aplicación de la normatividad vigente y que regula la situación en que se encuentra[36], lo cierto es que esta Corte ya se ha pronunciado respecto de la aplicación de este tipo de normativas y ha reconocido que, en ocasiones, suspender dicho trámite supone poner en grave riesgo los derechos del solicitante.
En el caso en concreto, se tiene que la actora acredita efectivamente haber estado vinculada con el causante, el señor Samuel Paredes Patiño, a través del matrimonio, por más de 27 años de su vida (vinculo que tan solo fue disuelto por el fallecimiento de este último en el 2014) y que, como producto de dicha unión, nacieron 3 hijos que afirma criaron juntos. De otro lado, se evidencia que existen múltiples declaraciones extra-juicio en las que numerosas personas[37], que aducen haber tenido conocimiento de sus condiciones de vida, dan constancia de que la señora Nancy Elena Almario Blanco y el ciudadano Samuel Paredes Patiño se encontraban casados, vivían y compartían juntos, y que, la actora dependía exclusivamente de los recursos que el ahora causante proveía a su núcleo familiar.
En ese orden de ideas, se tiene que la accionante, a la fecha del fallecimiento de su cónyuge, contaba con (i) más de 30 años de edad[38] y (ii) acredita haber estado casada con él por más de 27 años continuos (superando con creces la exigencia legal de 5 años de convivencia), motivo por el cual es necesario entender que indistintamente de que exista otra persona con derecho a reclamar la sustitución pensional del señor Samuel Paredes Patiño, lo cierto es que dicha controversia no tiene la virtualidad de poner en tela de juicio la titularidad de su derecho y, lo único que podría afectar, es precisamente el porcentaje que, de acuerdo a la proporción en que convivieron con éste, correspondería a cada una (de hallarse que le asiste derecho a la otra reclamante).
A partir de lo expuesto, es claro que, en el presente caso, la actora acredita la totalidad de los requisitos que le son exigibles para reputarse acreedora al derecho a la sustitución pensional que reclama y que, únicamente, se encuentra en discusión el porcentaje que, conforme a un estudio más detallado de la convivencia que la actora y la señora Leonor Villaba Sanabria tuvieron el con causante, corresponde a cada una.
En conclusión, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional de Colombia, procederá a revocar la decisión adoptada, en única instancia, el veintidós (22) de septiembre de dos mil quince (2015), por el Juzgado Cuarto Administrativo de Cúcuta -Norte de Santander-. En su lugar, se concederá, de manera provisoria y mientras se resuelve de manera definitiva la litis que se encuentra en trámite ante la jurisdicción ordinaria, el amparo ius-fundamental invocado al mínimo vital, seguridad social y vida en condiciones dignas de la señora Nancy Elena Almario Blanco, de forma que se ordene a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR- que reconozca y pague el 50% de la sustitución pensional del señor Samuel Paredes Patiño, al que está demostrado que tiene derecho.
Por lo expuesto, la Sala estima necesario conceder, de manera transitoria, el amparo deprecado por la ciudadana Nancy Elena Almario Blanco, en el sentido de ordenar que se reconozca por parte de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR- el 50% de la sustitución pensional al cuál la accionante tendría derecho como mínimo prestacional. Ello, mientras se resuelve el proceso ordinario que actualmente se encuentra en curso con el objetivo de determinar la titularidad del derecho a la sustitución pensional.
PRIMERO.- REVOCAR los fallos proferidos, en primera instancia, el tres (03) de junio de dos mil dieciséis (2016), por el Juzgado Diecinueve Civil Municipal en Oralidad de Cali, y, en segunda instancia, el once (11) de julio de del mismo año, por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali, dentro del trámite de la acción de tutela interpuesta por la ciudadana Martha Lucía Ramírez Ramírez en contra de la Empresa de Servicio Público de Aseo EMSIRVA, en liquidación, y, en su lugar, CONCEDER la protección a los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas que fueron desconocidos por la entidad accionada de conformidad con lo expuesto en esta providencia.
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS la Resolución No. 100.0.27.011 del 17 de febrero de 2016 en la que la Empresa de Servicio Público de Aseo EMSIRVA, en liquidación, “confirma en todas sus partes la Resolución No. 100.0.27.161 del 01 de diciembre de 2015” que negó la sustitución pensional reclamada por la ciudadana Martha Lucía Ramírez.
TERCERO.- ORDENAR a la Empresa de Servicio Público de Aseo EMSIRVA, en liquidación, que, dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, proceda a expedir una actuación mediante la cual reconozca y se ordene el pago inmediato a la ciudadana Martha Lucía Ramírez Ramírez de la sustitución pensional de Carlos Alberto Ramírez Cardona, sin exigir requisitos adicionales que no estén previstos en la Constitución o en la Ley. Adicionalmente, deberán reconocerse y pagarse retroactivamente las sumas adeudadas a la accionante por concepto de la sustitución pensional cuyo reconocimiento y pago aquí se ordena.
CUARTO.- REVOCAR el fallo proferido, en única instancia, el veintidós (22) de septiembre de dos mil quince (2015), por el Juzgado Cuarto Administrativo de Cúcuta -Norte de Santander- dentro del trámite de la acción de tutela interpuesta por la ciudadana Nancy Elena Almario Blanco en contra de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR-y, en su lugar, CONCEDER TRANSITORIAMENTE la protección a los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas que fueron desconocidos por la entidad accionada de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, mientras se resuelve el proceso ordinario iniciado por la accionante ante el Juzgado de Familia del Circuito de Cúcuta para “para legalizar la sustitución de pensión [del señor Samuel Paredes Patiño] en contra de la señora Leonor Villalba Sanabria”.
QUINTO.- DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS la Resolución No. 1860 del 24 de marzo de 2015 en la que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR- “suspende el trámite de la sustitución de asignación mensual de retiro, con fundamento en el expediente a nombre del extinto Agente (r) Paredes Patiño Samuel, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.476.550”.
SEXTO.- ORDENAR a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR- que, dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, proceda a expedir una actuación mediante la cual reconozca y empiece a pagar a la señora Nancy Elena Almario Blanco el 50% de la sustitución pensional del ciudadano Samuel Paredes Patiño, sin exigir requisitos adicionales que no estén previstos en la Constitución o en la Ley.
SÉPTIMO.- Por Secretaría General de esta Corporación, LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
ROCIO LOAIZA MILIAM
[1] ARTÍCULO 146. CONTROVERSIA EN LA RECLAMACION. Si se presentare controversia judicial o administrativa entre los reclamantes de una prestación por causa de muerte, el pago de la cuota en litigio se suspenderá, hasta tanto se decida judicialmente a qué persona corresponde el valor de esta cuota.
[2] “ARTÍCULO 146. CONTROVERSIA EN LA RECLAMACION. Si se presentare controversia judicial o administrativa entre los reclamantes de una prestación por causa de muerte, el pago de la cuota en litigio se suspenderá, hasta tanto se decida judicialmente a qué persona corresponde el valor de esta cuota.”
[3] Reiterado en Sentencias T-690 de 2014, T-915 de 2014 y T-330 de 2015, entre otras.
[4] Ver, entre otras, las Sentencias: T-225 de 1993, T-293 de 2011, T-956 de 2013 y T-030 de 2015.
[6] Ver, entre otras, las sentencias: T-164 de 2013, T-848 de 2013, SU-769 de 2014 y T-209 de 2015.
[13] Artículo 46 de la Ley 100 de 1993.
[14] En razón a que, de conformidad con lo reseñado en la sentencia T-110 de 2011, dicha prestación se establece en cabeza de quienes sostuvieron una relación afectiva, personal y de apoyo con el asegurado.
[15] Ver sentencias C-1094 de 2003, T-110 de 2011, T-228 de 2014, T-004 de 2015, entre otras.
[17] Artículo 47 de la Ley 100 de 1993, literal a) “En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;”
[18] Inciso 1 del Artículo 47 de la Ley 100 de 1993, literal b) “En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).”
[19] Incisos 2 y 3 del Artículo 47 de la Ley 100 de 1993, literal b) “Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
[20] Sentencia T-236 de 2016.
[21] Ver sentencia C-1035 de 2008.
[22] Artículo 6 de la Ley 1204 de 2008: “Definición del derecho a sustitución pensional en caso de controversia. En caso de controversia suscitada entre los beneficiarios por el derecho a acceder a la pensión de sustitución, se procederá de la siguiente manera:
Si la controversia radica entre hijos y no existiere cónyuge o compañero (a) permanente que reclame la pensión, el 100% de la pensión se repartirá en iguales partes entre el total de hijos reclamantes, pero solo se ordenará pagar las cuotas que no estuvieran en conflicto, en espera a que la jurisdicción decida. Si existe cónyuge o compañero (a) permanente se asignará el 50% a este o estas(os) y sobre el 50% correspondiente a los hijos se procederá como se dispuso precedentemente.”
[23] Entre otras, ver las sentencias: T-301 de 2010, T-018 de 2014, T-002 de 2015, T- 046, T-126, y T-236 de 2016
[25] Este concepto fue desarrollado en el Auto 231 de 2011, en el cual se solicitó la aclaración de una sentencia por la presunta confusión de los conceptos de compatibilidad y compartibilidad pensional.
[26] Ver, entre otras, las sentencias C-674 de 2001.
[27] Ver sentencia T-322 de 2016.
[28] Ver, entre otras, las sentencias T-326 de 2013 y T-322 de 2016.
[29] Posición propuesta inicialmente en la Sentencia del 01 de diciembre de 2009, proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Magistrado Ponente, Camilo Tarquino Gallego. Radicación No. 33558.
[30] Al respecto, se ha considerado que si bien la norma no distingue el tipo de pensión de invalidez que debe entenderse incompatible, lo cierto es que dicha disposición se encuentra ubicada en el libro primero de la Ley 100 de 1993 relativo únicamente al sistema general de pensiones de origen común, mientras que es el libro tercero de dicha normativa el que establece todo lo relacionado con el sistema de riesgos profesionales; el cual no se haya ninguna restricción al respecto dada la autonomía financiera y contable de dicho subsistema.
[31] En cuanto prestación económica que busca otorgar protección frente a los efectos de una contingencia que afecta la capacidad del afiliado de procurarse, por sí mismo y a través del trabajo, los medios básicos de su subsistencia.
[32] Como lo es proteger al núcleo familiar del afiliado para que, tras su fallecimiento, no se vean excesivamente afectados por la escases de recursos económicos
[33] Cantidad de dinero que le queda a la accionante una vez se sustraen los conceptos que, como producto de las deducciones por créditos de libranza, ha debido suscribir. Ello, en razón a que los reducidos recursos económicos con los que cuenta como producto del fallecimiento de sus padres, no son suficientes para sufragar la totalidad de sus gastos mensuales.
[34] De conformidad con su historia clínica se evidencia que, entre otras cosas, padece de “MAV medular”, “mielopatía secundaría” y una “malformación arteriovenosa espinal compleja que llena desde las arterias intercostales T10, T11 y T12 izquierdas”.
[35] Proceso iniciado ante el Juzgado de Familia del Circuito de Cúcuta.
[36] El artículo 146 del Decreto 1213 de 1990.
[37] Numeral 6.2.10. de la sección de antecedentes de la presente providencia.
[38] En cuanto, al momento de fallecimiento del señor Samuel Paredes Patiño, tenía 51 años de edad.