Source: http://www.legaltoday.com/informacion-juridica/jurisprudencia/contencioso-administrativo/sentencia-del-tribunal-supremo-sala-de-lo-contencioso-administrativo-de-4-noviembre-2008-prohibicion-cuota-litis
Timestamp: 2019-12-09 02:05:32
Document Index: 50707348

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 16', 'artículo 44', 'artículo 95', 'artículo 95', 'artículo 99', 'artículo 11', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 11', 'artículo 2', 'artículo 44', 'artículo 2', 'artículo 2']

09 de diciembre de 2019 | 03:05
Marginal: JUR\2009\2800
Recurso de Casación 5837/2005
PROV\2009\2800
SEGUNDO: Elartículo 1.1 de la Ley 16/1989por el que se sanciona a la actora, dispone: "Se prohíbe todo acuerdo, decisión orecomendación colectiva o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir, elefecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o en parte del mercado nacional...", a continuación el preceptoseñala determinadas conductas, a título de ejemplo, constitutivas de la infracción anteriormente definida -que lo es consustantividad propia con independencia de las conductas a continuación enumeradas, que suponen la concreción ejemplificativade algunos de los supuestos que son subsumibles en el tipo infractor definido-.
LaLey 7/1997 de 14 de abril, modificó laLey de Colegios Profesionales en lo que ahora interesa en su artículo 2.1estableciendo: "... El ejercicio de las profesiones colegiadas se realizará en régimen de libre competencia y estará sujeto, encuanto a la oferta de servicios y fijación de su remuneración a la Ley sobre Defensa de la Competencia y a la Ley deCompetencia Desleal. Los demás aspectos del ejercicio profesional continuarán rigiéndose por la legislación general y específicasobre la ordenación sustantiva propia de cada profesión aplicable..." Se somete así mismo al Tribunal de Defensa de laCompetencia, los acuerdos, decisiones y recomendaciones de los Colegios con trascendencia económica, que habrán deobservar lo dispuesto en elartículo 1 de la Ley 16/1989.
De esteprecepto hemos de extraer una primeraconclusión: todos los aspectos relativos a la oferta de servicios y fijación deremuneración se someten a la libre competencia y por ello quedan fuera de la potestad de ordenación de los Colegios yConsejos, pues se constituyen al margen de las potestades administrativas que estos ejercen. Efectivamente, de la exposiciónque hicimos anteriormente sobre las competencias ejercidas por la Administración Corporativa, resulta que junto a facultadespúblicas se ejercen facultades privadas, las primeras regidas por el principio de atribución legal, las segundas sometidas aDerecho Privado. Desde el momento en que laLey 7/1997establece que en orden a la oferta del servicio y a la remuneración delmismo rige la libre competencia, ha excluido del ámbito de ordenación de los Colegios y Consejos tales aspectos, que han deregirse necesariamente por la Ley reguladora de tales profesiones, así como las normas de desarrollo reglamentario, bienentendido, que las normas reglamentarias nunca pueden contradecir, por un elemental principio de jerarquía normativa, lodispuesto en al Ley. Por ello, las normas reglamentarias no pueden establecer restricciones a la libre competencia que seasubsumibles en elartículo 1 de la Ley 16/1989, porque, a tal efecto, es necesario que una Ley establezca la exclusión a talprecepto - bien de manera directa, bien mediante una habilitación legal, pero en ambos casos de manera expresa -, o bien esnecesaria la correspondiente autorización por el Tribunal de Defensa de la Competencia con los requisitos y circunstanciaslegalmente previstas.
- en la medida en que los Colegios actúen ejerciendo potestades de carácter público están fuera del ámbito de la legislaciónsobre la competencia y de la autoridad del Tribunal de Defensa de la Competencia. Además, en cuanto que actúan ejerciendopotestades reguladas por ley, se aplica la excepción prevista en elartículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia (fundamentos terceroy cuarto),
- los aspectos relativos a la oferta de servicios y fijación de remuneración quedan fuera de la potestad regulatoria de losColegios a tenor de lo dispuesto en elartículo 2.1 de la Ley de Colegios Profesionales (fundamento quinto),
- sin embargo, ello no obsta a que los Colegios puedan ejercer sus competencias en materia de control sobre el código deconducta de los colegiados en el ejercicio de su profesión; en el presente supuesto, al hacerlo incorporando una decisión delpropio Estado -ya que el precepto en litigio es reproducción de otro contenido en el Estatuto de la Abogacía, que es normaestatal al ser aprobado por Real Decreto-, su conducta queda al margen de laLey 16/1989 y fuera del control del Tribunal de Defensa de la Competencia (fundamento sexto),
- en definitiva, elartículo 16 del Código Deontológico de la Abogacíaes reproducción delartículo 44.3 del Estatuto General de la Abogacía Española, que ha sido declarado conforme a derecho por elTribunal Supremo en Sentencias de 3 de marzo de 2.003 y 1 de junio de 2.003(fundamento séptimo).
"El presente recurso debe declararse inadmisible, lo que en este trámite procesal comporta su desestimación. Ello obedece aque en el escrito de interposición del recurso de casación no se especifica bajo quéapartado del artículo 95 de la Ley Jurisdiccionalse incardina el motivo articulado. Es este el criterio que ha mantenido esta Sala en sussentencias de fechas 28 de marzo, 18 de abril y 25 de octubre de 2000, y 16 de mayo y 5 de junio de 2002, entre otras, en las cuales se manifiesta que"El carácter extraordinario del recurso de casación impone al recurrente el cumplimiento riguroso de determinados requisitos,cuya falta determinan su inadmisión. La jurisprudencia de esta Sala ha sido especialmente exigente, en cuanto al deber de fijarel motivo en que haya de fundarse el recurso, con expresión delapartado correspondiente del artículo 95 de la Ley Jurisdiccionalque lo ampare; e, igualmente, si se articula el del apartado 4º, cuál es la norma jurídica o jurisprudencia que se considerainfringida o inaplicada por la sentencia. En definitiva, se trata de hacer realidad el mandato contenido en elartículo 99.1 de dicha Ley, cuya inobservancia producirá el efecto de inadmisión previsto en el 100.2. Como se señala en lasentencia de esta Sala de 6 de marzo de 1.999, y las que en ella se citan, este rigor formal no puede ser atemperado por el principio pro actione, que notiene en casación la intensidad que se le da para el acceso a la vía jurisdiccional."(STS de 6 de mayo de 2.003 - recurso de casación 3.746/1.998-)
"La expresión del "motivo" casacional en el escrito de interposición del recurso no es una mera exigencia rituaria desprovista desentido, sino elemento determinante del marco dentro del que ha de desarrollarse la controversia y en torno al que la sentenciadebe pronunciarse. Como reiteradamente ha dicho esta Sala (por todos,Auto de 16 de noviembre de 1996) la naturalezaextraordinaria del recurso de casación (...) De ahí que no sea susceptible de admisión aquel recurso en que no se cumplan lasprevisiones del citadoarticulo 99.1 de la Ley Jurisdiccional, sin que, por otro lado, pueda aceptarse que esta inexcusable cargaprocesal, que solo a la parte recurrente afecta, pueda ser suplida por la colaboración del órgano jurisdiccional."(ATS de 10 de abril de 2.000 -recurso de casación 123/1.999)"(Sentencia de 23 de diciembre de 2.003 -RC 293/1.999-, fundamento dederechotercero)
- Ley de Colegios Profesionales(Ley 2/1974, de 13 de febrero):
ñ) Establecer baremos de honorarios, que tendrán carácter meramente orientativo. [...]" (ambos preceptos de la Ley deColegios Profesionales según redacción dada por laLey 7/1997, de 14 de abril, de Medidas Liberalizadorasen materia de Sueloy de Colegios Profesionales)
Así pues, frente a lo que erróneamente se afirma en la Sentencia de instancia, elartículo 11 de la Ley de Reforma Universitariano es una de las leyes a las que se refiere elartículo 2.1 de la Ley de Defensa de la Competencia, pues no habilita a uncomportamiento que por si mismo incurra en las prohibiciones delartículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, sino quesu alcance es autorizar dichos contratos en términos generales, por ejemplo a los efectos de la compatibilidad de la actividad delos profesores con su dedicación académica. En la perspectiva del derecho de la competencia tales contratos podrán ser o nocontrarios a derecho en función de sus características, el mercado en el que se realicen y su relevancia en el mismo y demáscircunstancias que sean de consideración, lo que habrá de comprobarse en cada caso de manera específica. Esto es, elartículo 11 de la Ley de Reforma Universitariatiene un objetivo distinto al de una ley que autorice una conducta en principio prohibida porel derecho de la competencia y es, por consiguiente, neutro desde esta perspectiva. [...]" (fundamento de derecho quinto)
"NOVENO.- [...] Al igual que hicimos al tratar de la publicidad, debemos recordar aquí que la Ley de Defensa de la Competenciaaplicable a la fijación de las remuneraciones de los Abogados lo es en toda su integridady que por lo tanto también aquí sonválidas las excepciones a suartículo primero que merezcan la calificación de "conductas autorizadas por Ley" que se regulan ensuartículo segundo, siendo por eso que -según hemos recordado el exponer nuestro criterio sobre ciertas restricciones a lapublicidad de los Abogados-, si la Ley de Colegios Profesionales autoriza a éstos a reglamentar las respectivas profesiones"velando por la ética y por el respeto debido a los derechos de los particulares", la eventual colisión de intereses entre la librecompetencia que por mandato legal ha de presidir la fijación de las remuneraciones de los Abogados y las potestadesreglamentarias que la Ley otorga a las Corporaciones colegiales, han de resolverse atendiendo a determinar si efectivamente ladelimitación del supuesto normativo concreto que se reglamenta encuentra justificación legal que permita integrarlo, desde elpunto de vista de la competencia, en la noción de conducta autorizada por Ley, habida cuenta que ésta comprende también lasdescritas en "las disposiciones reglamentarias que se dicten en aplicación de una Ley".
"[...] la regulación de honorarios cuando se haga por normativa estatal en los términos expuestos, no está sometida al TDC,según lo razonado, siendo de aplicación lo dispuesto en elartículo 2.1 de la Ley 7/1997en todos aquellos supuestos en los quesobre los honorarios no incida norma estatal.
Por otra parte, el hecho de que desde la perspectiva del derecho comunitario una decisión de una asociación profesionalasumida por el Estado no le sea imputable a aquélla no tiene las consecuencias para el caso que extrae la Sala de instancia.Por un lado, por la sucesión temporal de hechos que ya se ha indicado. Pero, sobre todo, porque en el supuesto litigioso que seexamina existe un problema de legalidad que no tiene correlato en el planteamiento comunitario acogido por la Sala de instancia,y es que la aprobación por Real Decreto del Estatuto de la Abogacía no puede prevalecer, en contra del principio de jerarquíanormativa, sobre lo establecido en las leyes de Defensa de la Competencia y de los Colegios Profesionales. Ahora bien, esverdad que en este último caso la Sentencia de instancia invoca lasSentencias de esta Sala ya mencionadas de 3 de marzo de 2.003 (Recurso ordinario 496/2.001) y de 1 de junio de 2.003 (Recurso ordinario 494/2.001), que declararon conforme a derechoelartículo 44.3 del Estatuto General de la Abogacía Española. En laSentencia de 3 de marzo de 2.003-cuyos pronunciamientosluego se reiteran en las de 1 de junio y 17 de diciembre del mismo año- se sigue el criterio de que la previsión delartículo 2 de la Ley de Defensa de la Competenciaresultaba aplicable al caso en virtud de la habilitación normativa prevista en la Ley deColegios Profesionales para dictar normas reguladoras del ejercicio de la profesión. Se entendía así que dicha habilitación erasuficiente como para considerar que la prohibición de la cuota litis en sentido estricto contenida en el Código Deontológico - elaborado por las propias corporaciones colegiales aunque luego aprobado por Real Decreto- encajaba en la noción de conductaautorizada por laLey (fundamento jurídico novenoreproducido más arriba). Pues bien, según se ha justificado ampliamente en elfundamento de derecho séptimo de esta Sentencia, dicho criterio se rectifica ahora en el sentido opuesto, por lo que en ningúncaso resulta posible aplicar al caso presente la doctrina fijada entonces, la cual precisamente modificamos. Debe señalarseasimismo que, si bien la citadaSentencia de 3 de marzo de 2.003también efectúa consideraciones sustantivas en el sentido dejustificar la prohibición de la cuota litis en sentido estricto en pro de una mejor garantía de la prestación de los servicios de losabogados, su ratio decidendi en esta cuestión es la mencionada de la aplicación de la cláusula de excepción delartículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, no dichas consideraciones.