Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/julio/201565-RC.000507-28717-2017-17-361.HTML
Timestamp: 2019-01-23 19:10:53
Document Index: 114013997

Matched Legal Cases: ['artículo 281', 'artículo 274', 'artículo 313', 'artículo 243', 'artículo 313', 'artículo 243', 'artículo 244', 'artículo 243', 'artículo 12', 'artículo 27', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 243', 'artículo 244', 'artículo 12', 'Artículo 51', 'artículo 243', 'artículo 27', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 51', 'artículo 50', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 2', 'artículo 44', 'artículo 40', 'artículo 27', 'artículo 313', 'artículo 51', 'artículo 27', 'artículo 12', 'artículo 313', 'artículo 51', 'artículo 27', 'artículo 12', 'artículo 27', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 40', 'artículo 51', 'artículo 27', 'artículo 51', 'artículo 27', 'artículo 40', 'artículo 12', 'artículo 257', 'artículo 27', 'Artículo 27', 'Artículo 126', 'artículo 51', 'artículo 27', 'artículo 12', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 27', 'artículo 51', 'artículo 12', 'artículo 27', 'artículo 320']

201565-RC.000507-28717-2017-17-361.html
Exp. AA20-C-2017-000361
En el juicio por desalojo, incoado ante en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, con sede en Punto Fijo, por el ciudadano JOAO PAULO FREITAS GONCALVEZ, representado judicialmente por los abogados Félix Sánchez Padilla, Gabriel I, Sánchez Manzanares y Elio Enrique Castrillo Carrillo, contra la sociedad mercantil BODEGÓN LAS AMERICAS HF. C.A., representada judicialmente por el abogado Jorge Luís Garcés García; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, con sede en la ciudad de Santa Ana de Coro, dictó decisión en fecha 1° de marzo de 2017, mediante la cual declaró lo siguiente:
“…PRIMERO: CON LUGAR la apelación ejercida por el abogado Felix. I. Sánchez Padilla, actuando en su condición de apoderado judicial del ciudadano Joao Paulo Freitas Goncalvez, mediante diligencias de fechas 5 de abril y 31 de mayo de 2016.
SEGUNDO: Se REVOCA la sentencia definitiva de fecha 23 de mayo de 2016, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil Transito y Agrario de esta Circunscripción Judicial del Estado Falcón, y se declara CON LUGAR la demanda por DESALOJO incoada por el ciudadano JOAO PAULO FREITAS GONCALVEZ contra la sociedad mercantil BODEGÓN LAS AMERICAS HF C.A. En consecuencia, se condena a la demandada sociedad mercantil BODEGÓN LAS AMÉRICAS HF, C.A. a desocupar y entregar libre de personas y bienes, de manera inmediata al demandante ciudadano JOAO PAULO FREITAS GONCALVEZ, el inmueble arrendado constituido por un local comercial, distinguido con el Nº 1, de la planta baja, ubicado en el edificio Las Palmas, con frente hacia la avenida principal del Sector Bella Vista, Urbanización Casacoima II, de la ciudad de Punto Fijo, Municipio Carirubana del estado Falcón, con un área aproximada de setecientos cuatro metros cuadrados (704 m2).
TERCERO: No hay condenatoria en costas a la parte recurrente de conformidad con lo establecido en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil; y se condena en costas a la parte demandada, de conformidad con el artículo 274 ejusdem…”.
Contra la referida decisión de alzada, la parte demandada anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. Hubo impugnación. No hubo réplica.
Concluida la sustanciación del recurso extraordinario de casación y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los términos siguiente
Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida del artículo 243 numeral 4° del Código de Procedimiento Civil, con base en la siguiente fundamentación:
“…TITULO II
DE LA INFRACCIÓN POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
Con fundamento en lo dispuesto en el Ordinal Io del artículo 313 d Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del artículo 243.4
eiusdem, lo cual conduce a la nulidad de la sentencia recurrida a tenor de lo dispuesto en el artículo 244 ibídem, por haberse incurrido en dicho fallo en "vicio de motivación contradictoria", el cual: "…constituye una de las modalidades de inmotivación del fallo y se verifica si los motivos se destruyen unos a otros por contradicciones graves e irreconciliables, generando así una situación equiparable a la falta de fundamentos y ello conlleva a la infracción del ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil...". (Sentencias de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia: № 83 de fecha 23-03-1992; Sent. № 58 de fecha 08-02-2012; Sent. № 549 de fecha 24-09-2013, Sent. № 326 de fecha 06-06-2016), infringiéndose por vía de consecuencia el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, al no atenerse la Juez a quem (sic) en la recurrida a la norma de derecho cuya infracción aquí se delata.
En efecto ciudadanos Magistrados, al descender ustedes al análisis del texto de la recurrida (vuelto del folio 297), pueden constatar a ciencia cierta que partiendo de los términos en los cual fue trabada la litis en la presente causa, la Juez a quem, (sic) distribuyó la carga de la prueba en los siguientes términos: "...Ahora bien, visto lo anterior, y por cuanto el actor demanda el desalojo por falta de pago de dos mensualidades consecutivas, tenemos que los artículos 506 del Código de Procedimiento Civil y 1.354 del Código Civil establecen que las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho, y que quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertada de ella, debe por su parte probar el pago o derecho extintivo de la obligación..., argumentando a su vez que: "... el hecho de contradecir pormenorizadamente la demanda en todas y cada una de sus partes, no constituye causa de inversión en la carga probatoria pues en el caso de desalojo por falta de pago, la carga probatoria recae sobre el demandado, quien debe demostrar la solvencia en el pago de los cánones de arrendamiento, o que el mismo no se realizó por alguna causa que no le sea imputable...". (Resaltado Nuestro), y luego más adelante (folio 298), después de transcribir en forma parcial el artículo 27 del Decreto Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, publicado en Gaceta Oficial № 40.418 de fecha 23 de mayo de 2014, establece como conclusión determinante interpretando su contenido y alcance, que dicha norma dispone "... en caso que el arrendatario no pueda realizar el pago del alquiler de un local comercial por causas ajenas a él, se depositará o consignará como lo disponga la autoridad administrativa competente en esta materia arrendaticia; de lo que se colige que ya no será competencia de los Tribunales de Municipio recibir y tramitar las consignaciones arrendaticias previstas en el artículo 51 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios;...", y luego la Juez a quem (sic) en la recurrida aduce que: "...el procedimiento judicial previsto en la referida norma fue suprimido en la nueva ley que rige la materia, estableciendo un procedimiento administrativo...", motivación ésta, que si bien es acertada, se muestra totalmente contradictoria de forma grave e irreconciliable, cuando más adelante en la recurrida al mismo vuelto del folio 298, la Juez a que (sic) sostiene que: "... a criterio de esta alzada, existiendo un procedimiento judicial, a saber el contenido en el artículo 51 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, para casos como el de autos; el cual si bien no es el contemplado en el Decreto Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, para el caso de arrendamiento de locales comerciales, tal procedimiento debe seguirse aplicando supletoriamente...". Conclusión y motivación está totalmente contradictoria, que no solo es grave e irreconciliable y destruye la anterior, sino que también se encuentra totalmente reñida con el mandato -de orden público- contenido en la Disposición Derogatoria Primera del Decreto № 929 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, que estatuye y ordena en forma imperativa para esta categoría del inmuebles cuyo arrendamiento regula dicho Decreto Ley, desaplicar, como en efecto se desaplican, todas las disposiciones del Decreto № 427 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Arrendamiento Inmobiliario (G.O. № 36.845 de fecha 7 de diciembre de 1999), pues, en primer orden la Juez a quem (sic) de la recurrida, indica que: i) "...ya no será competencia de los Tribunales de Municipio recibir y tramitar las consignaciones arrendaticias previstas en el artículo 51 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios;...[ y que ] ...el procedimiento judicial previsto en la referida norma fue suprimido en la nueva ley que rige la materia, estableciendo un procedimiento administrativo...", lo que responde a la prohibición expresa de la ley de desaplicar dicha norma, es di dejarla sin efecto, y después contrariamente a esta conclusiones en s-juzgamientos, dice que: ii) "...el artículo 51 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, para casos como el de autos... [ que ] ...debe seguirse aplicando supletoriamente...", siendo esta segunda conclusión en el juzgamiento, donde radica la "la motivación contradictoria".
En este orden de ideas, es evidente que se está en presencia inequívoca de las circunstancias que determinan que el "vicio de motivación contradictoria" aquí delatado que constituye la infracción del artículo 243.4, y por ende conlleva la nulidad del fallo recurrido de conformidad con lo establecido en el artículo 244 eiusdem, y como consecuencia del vicio delatado, es evidente la violación del artículo 12 ibidem, que le impone el deber al Juez en sus decisiones de atenerse a las normas de derecho, por lo que es evidente que la irregular conducta en la recurrida lesiona el orden público e impacta en forma determinante en el dispositivo del fallo, pues errada y gravemente "... se colige que las consignaciones correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2015 fueron extemporáneas,..." partiendo del contenido de la norma de Artículo 51 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios que está expresamente desaplicada y erradamente concluye que nuestra representada incurrió en causal de desalojo para declarar CON LUGAR, la demanda, todo lo cual determinan la procedencia de la infracción aquí denuncia y así solicitamos lo declare…”. (sic.)
Como puede apreciarse de la anterior transcripción, el formalizante denuncia la infracción del artículo 243 numeral 4° del Código de Procedimiento Civil por el vicio de motivación contradictoria aduciendo que “…al descender ustedes al análisis del texto de la recurrida (vuelto del folio 297), pueden constatar a ciencia cierta que partiendo de los términos en los cual fue trabada la litis en la presente causa, la Juez a quem (sic), distribuyó la carga de la prueba en los siguientes términos: "...Ahora bien, visto lo anterior, y por cuanto el actor demanda el desalojo por falta de pago de dos mensualidades consecutivas, tenemos que los artículos 506 del Código de Procedimiento Civil y 1.354 del Código Civil establecen que las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho, y que quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertada de ella, debe por su parte probar el pago o derecho extintivo de la obligación..., argumentando a su vez que: "... el hecho de contradecir pormenorizadamente la demanda en todas y cada una de sus partes, no constituye causa de inversión en la carga probatoria pues en el caso de desalojo por falta de pago, la carga probatoria recae sobre el demandado, quien debe demostrar la solvencia en el pago de los cánones de arrendamiento, o que el mismo no se realizó por alguna causa que no le sea imputable...". (Resaltado Nuestro), y luego más adelante (folio 298), después de transcribir en forma parcial el artículo 27 del Decreto Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, publicado en Gaceta Oficial № 40.418 de fecha 23 de mayo de 2014, establece como conclusión determinante interpretando su contenido y alcance, que dicha norma dispone "... en caso que el arrendatario no pueda realizar el pago del alquiler de un local comercial por causas ajenas a él, se depositará o consignará como lo disponga la autoridad administrativa competente en esta materia arrendaticia; de lo que se colige que ya no será competencia de los Tribunales de Municipio recibir y tramitar las consignaciones arrendaticias previstas en el artículo 51 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios;...", y luego la Juez a quem (sic) en la recurrida aduce que: "...el procedimiento judicial previsto en la referida norma fue suprimido en la nueva ley que rige la materia, estableciendo un procedimiento administrativo...", motivación ésta, que si bien es acertada, se muestra totalmente contradictoria de forma grave e irreconciliable, cuando más adelante en la recurrida al mismo vuelto del folio 298, la Juez a que (sic) sostiene que: "... a criterio de esta alzada, existiendo un procedimiento judicial, a saber el contenido en el artículo 51 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, para casos como el de autos; el cual si bien no es el contemplado en el Decreto Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, para el caso de arrendamiento de locales comerciales, tal procedimiento debe seguirse aplicando supletoriamente...".
‘Para evitar los perjuicios que resultan con la práctica… de motivar sus sentencias, dando lugar a cavilaciones de los litigantes, consumiendo mucho tiempo en la extensión de las sentencias, que vienen a ser un resumen del proceso, y las costas que las partes se siguen; mando, cese en dicha práctica de motivar las sentencias, ateniéndose a las palabras decisorias...´. (Motivos y Efectos del Recurso de Forma en la Casación Civil Venezolana, Colección de Estudios Jurídicos n.° 25, págs., 31-33).
...la motivación del fallo debe estar constituida por las razones de hecho y de derecho que expresan los jueces como fundamento de su dispositivo; las primeras están formadas por el establecimiento de los hechos con ajustamiento a las pruebas que los demuestran y, las segundas, por la aplicación a éstos de los preceptos y los principios doctrinarios atinentes; por tanto, el vicio de inmotivación en el acto jurisdiccional consiste en la falta absoluta de afincamientos, que es distinto de que los mismos sean escasos o exiguos, lo cual no debe confundirse con la falta absoluta de motivación, que puede asumir varias modalidades: a) que la sentencia no presente materialmente ningún razonamiento; b) que las razones que haya dado el sentenciador no guarden relación alguna con la pretensión o la excepción, de modo que deben tenerse por inexistentes jurídicamente; c) que los motivos se destruyan los unos a los otros por contradicciones graves e irreconciliables y; d) que todos los motivos sean falsos.” (Subrayado de la Sala)
“...siendo que la contradicción en los motivos envuelve en el fondo inmotivación, cuando los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicciones graves, generando así la falta absoluta de fundamentos sobre el punto de que trate, siempre que, naturalmente, la contradicción verse sobre un mismo considerando, lo cual conducirá, irremediablemente, a la destrucción recíproca de los mismos, e impedirá con ello el control de la legalidad el fallo...” (Destacado de lo transcrito).
Establecido lo anterior y dada la naturaleza del asunto planteado, esta Sala pasa a transcribir la parte pertinente de la recurrida para verificar la existencia o no del vicio denunciado, de lo cual se observa:
“…MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO
Alega la parte demandante ciudadano JOAO PAULO FREITAS GONCALVEZ, que inició una relación arrendaticia con la empresa BODEGÓN LAS AMERICAS HF C.A., sobre un (1) inmueble constituido por un local comercial signado con el N° 1, planta baja del Edificio Las Palmas, con frente hacia la avenida Manuelita Saenz, antes avenida principal del Sector Bella Vista, esquina con avenida 27 de febrero, antes avenida Paseo Los Andes, Urbanización Casacoima II, de la ciudad de Punto Fijo, Municipio Carirubana del estado Falcón; que dicha relación arrendaticia fue por tiempo determinado, prorrogándose sucesivamente a través del tiempo hasta convertirse a tiempo indeterminado; alega que la arrendataria le venía cancelando la cantidad de doscientos cincuenta mil bolívares (Bs. 250.000,00) mensuales, por canon mensual de arrendamiento, los cuales fueron cancelados hasta el mes de julio del año 2015, dejando de pagar los cánones de arrendamientos consecutivos correspondientes a los meses de agosto y septiembre del año 2015; que la arrendataria incurrió con la causal del desalojo del local comercial prevista en el literal a) del artículo 40 del vigente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para Uso Comercial; y en razón de la falta de pago de los dos (2) meses consecutivos de los cánones de arrendamiento interpone demanda de desalojo contra la referida arrendataria, sobre el local comercial y que de lo contrario sea condenado por el Tribunal al desalojo del inmueble que ocupa, objeto de la relación arrendataria a tiempo indeterminado.
Por su parte, el apoderado judicial de la demandada admite la existencia de la relación arrendaticia, la cual comenzó a regir por un contrato a tiempo determinado y que devino de un contrato indeterminado, que comenzó el 1 de septiembre de 2003, admite que para la fecha en la cual fue incoada la demanda el arrendatario le había cancelado la totalidad de los cánones de arrendamiento hasta el mes de julio del 2015, inclusive; que el último canon de arrendamiento está pactado por la cantidad de Doscientos Cincuenta Mil Bolívares (Bs. 250.000,00); pero niega, rechaza y contradice que el arrendatario incurrió en la causal contenida en el literal “a”, del artículo 40 del Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, e indica que es cierto que la relación arrendaticia hasta el mes de julio de 2015, se llevó en términos cordiales y que el arrendador desde el inicio de la relación arrendaticia se negaba a emitir las correspondientes facturas fiscales vinculadas al pago de los cánones de arrendamiento, así como también se ha negado a adecuar la relación arrendaticia mediante un nuevo contrato escrito conforme a las exigencias establecidas en forma imperativa en Disposición Transitoria Primera del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial; que el arrendador se negó a recibir los pagos de los cánones de arrendamiento de los meses de agosto y septiembre de 2015, a pesar de todas las gestiones conciliatorias instadas por su representada y que por tal razón no podía pagar dichos cánones de arrendamiento, encontrándose en la necesidad acudir por ante la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos con sede en la ciudad de Coro (Dirección Regional), a los fines de interponer la correspondiente denuncia al arrendador; que mal podría la parte actora endilgar a su representado a una presunta insolvencia de pago de los meses de agosto y septiembre de 2015, para la fecha que interpone la demanda, cuando se negó a recibir el pago de los cánones de arrendamiento, lo cual es un hecho únicamente imputable al demandante, teniendo en cuenta que el arrendador no ha dado cumplimiento a lo establecido en los artículos 14 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, al incumplir con señalar en nuevo contrato de arrendamiento en la oportunidad que debía realizarse el pago de los cánones de arrendamiento de acuerdo a lo estipulado en el Decreto Ley, y que tampoco ha dado cumplimiento a su obligación de abrir una cuenta bancaria donde debe efectuarle el pago; también señala que en la reforma de la demanda, también se omite deliberadamente la forma irregular de proceder de la parte actora, el hecho de que el último recibo formal de pago emitido por su representada data de la fecha 30/07/2015, y el mismo recoge el pago de los últimos doce meses, de ahí que el valor establecido en dicho recibo sea por la orden de Tres Millones de Bolívares (Bs.3.000.000,00), todo ello de que su representada cumplió con su obligación de manera puntual los cánones de arrendamiento de forma mensual y consecutiva.
Las partes a los fines de demostrar sus respectivas afirmaciones de hecho promovieron las siguientes pruebas:
Pruebas aportadas por la parte actora: (f.133-148).
Pruebas promovidas por la parte demandada: (f. 60-123).
Analizadas como fueron las pruebas aportadas por las partes, se observa que el Tribunal a quo, mediante sentencia de fecha 23 de mayo de 2016 se pronunció de la siguiente manera:
De la anterior decisión se colige que el juez a quo declaró sin lugar la demanda al considerar que el demandado había consignado en el lapso establecido por ley, los cánones insolutos, a través de la consignación arrendaticia que realizó por ante el Juzgado Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Carirubana de esta Circunscripción Judicial.
En virtud de lo anterior, procede esta alzada a pronunciarse sobre la procedencia tanto de la acción intentada en los siguientes términos: En el presente caso, el actor demandó el desalojo del inmueble arrendado fundamentándose en el artículo 40, literal “a” del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial los cuales establece:
En este orden, se observa que el arrendador-demandante, alega la insolvencia de la parte demanda, aduciendo que el demandado dejó de cancelar los cánones de arrendamiento correspondiente a los meses de agosto y septiembre de 2015; en tanto que el demandado negó, rechazó y contradijo la demanda y que si bien era cierto no había cancelado los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2015, tal situación se debía que el arrendador, se negó a recibir dichos pagos, a pesar de todas las gestiones conciliatorias instadas para que lo recibiera y en virtud de dicha rebeldía se encontró en la necesidad de acudir a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos con sede en la ciudad de Coro, (Dirección Regional), con el propósito de interponer una denuncia en contra el arrendador; asimismo presentó, introdujo y solicitó por ante el Juzgado Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Carirubana de la Circunscripción Judicial del estado Falcón con sede en Punto Fijo, la consignación de los cánones de arrendamiento correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre del año 2015, del local comercial objeto del desalojo.
Ahora bien, visto lo anterior, y por cuanto el actor demanda el desalojo por falta de pago de dos mensualidades consecutivas, tenemos que los artículos 506 del Código de Procedimiento Civil y 1.354 del Código Civil establecen que las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho, y que quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertada de ella, debe por su parte probar el pago o derecho extintivo de la obligación. Así, que el hecho de contradecir pormenorizadamente la demanda en todas y cada una de sus partes, no constituye causa de inversión en la carga probatoria pues en el caso de desalojo por falta de pago, la carga probatoria recae sobre el demandado, quien debe demostrar la solvencia en el pago de los cánones de arrendamiento, o que el mismo no se realizó por alguna causa que no le sea imputable. En el presente caso, tenemos que no fue un hecho controvertido la relación arrendaticia existente entre las partes; que el mismo es un contrato escrito a tiempo indeterminado, y el demandado señaló en su contestación de la demanda que era por mensualidades vencidas.
Por otra parte, observa esta juzgadora que en fecha 9 de noviembre de 2015, la parte demandada, a través de su apoderado judicial, interpuso por ante el Juzgado Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Carirubana de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, consignación arrendaticia, a favor del ciudadano JOAO PAULO FREITAS GONCALVEZ, por la cantidad de un millón de bolívares (Bs.1.000.000,00) correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2015, tal como consta del expediente Nº 957-15, acompañado en copias.
…Si el arrendatario no pudiese efectuar el pago por causas imputables al arrendador, a la entidad bancaria, o por fuerza mayor, podrá consignar los montos correspondientes en la cuenta que al efecto pondrá a disposición de los arrendatarios el organismo competente en materia de arrendamientos de inmuebles destinados al uso comercial.…
No obstante lo anterior, es un hecho público y notorio que el Ejecutivo Nacional aún no ha reglamentado los mencionados régimen de supresión y régimen transitorio, razón por la cual, no existe un órgano administrativo encargado de la recepción de las consignaciones arrendaticias que surgieren con ocasión de contratos de arrendamiento de locales comerciales, en los casos que por causas no imputables a el o la arrendataria no se pueda realizar el pago de los correspondientes alquileres, y ante la inexistencia del órgano administrativo competente a quien faculta el Decreto Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, para la consignación de las pensiones por alquiler de locales comerciales, debe garantizarse al justiciable su derecho a la defensa, en el entendido que ante la falta de pago, pudiera constituirse el arrendatario en mora, lo que conllevaría a incurrir en una de las causales de desalojo del inmueble, lo cual pudiera eventualmente ocasionarle un gravamen irreparable; en tal virtud, a criterio de esta Alzada, existiendo un procedimiento judicial, a saber el contenido en el artículo 51 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, para casos como el de autos; el cual si bien no es el contemplado en el Decreto Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, para el caso de arrendamiento de locales comerciales, tal procedimiento debe seguirse aplicando supletoriamente hasta tanto el Ejecutivo Nacional dé cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50. Disposición Transitoria Sexta del referido Decreto-Ley, y reglamente el régimen transitorio que asegure la continuidad administrativa de las funciones públicas relacionadas con las categorías de arrendamiento reguladas por la ley actual; y es por ello que a los fines de no menoscabar derechos constitucionales, como el acceso a la justicia, y la tutela judicial efectiva de la empresa consignataria, quien se podría ver afectada en sus derechos derivados de una eventual falta o mora en el pago de los cánones de arrendamiento, es por lo que los Tribunales de Municipio tienen jurisdicción para conocer y tramitar las consignaciones arrendaticias derivadas de relaciones arrendaticias de locales comerciales, y así se establece.
De acuerdo a lo anteriormente establecido, se hace necesario entonces aplicar el artículo 51 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, el cual dispone que:
A la luz de la citada norma, y la parcialmente transcrita jurisprudencia, y en virtud que de acuerdo al contrato suscrito por las partes, los cánones de arrendamiento debían pagarse por mensualidades vencidas; éstas mensualidades deberían pagarse los días último de cada mes, -de acuerdo a lo estipulado en la cláusula segunda del contrato (f. 26)-, y vistas las consignaciones, realizadas por el arrendatario por la cantidad de un millón de bolívares (Bs. 1.000.000,00) correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2015, en fecha 9 de noviembre de 2015 (f. 90-122); se colige que las consignaciones correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2015 fueron extemporáneas, ya que se realizaron después de transcurridos los quince días posteriores al vencimiento de la mensualidad vencida; así, tomando en consideración que las mensualidades de arrendamiento debían pagarse el último día del mes, conforme lo pactado por las partes, y la consignación arrendaticia debía hacerse dentro de los 15 días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 51 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios; tenemos que por cuanto las mismas debían ser consignadas a la finalización de cada mes, mas los quince (15) días, establecidos en la ley especial que regula la materia, es decir, la mensualidad correspondiente al mes de agosto debió ser consignada hasta el día 15 de septiembre de 2015, y la correspondiente al mes de septiembre, antes del 15 de octubre de 2015, es decir, dentro de los primeros quince (15) días de cada mes; y por cuanto de autos se evidencia que las mismas fueron consignadas posterior a esas fechas (el 9 de noviembre de 2015), se determina que tales consignaciones fueron efectuadas extemporáneamente; y así se establece.
Ahora bien, aduce la representación judicial de la parte demandada que la relación arrendaticia que vincula a las partes en el proceso debió ser adecuada a los postulados establecidos en el Decreto de Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, el cual no se encontraba en vigencia a la fecha del inicio de la relación arrendaticia, y que por tal motivo ésta debía adecuarse a través de un contrato escrito que establezca las condiciones y garantías mínimas que han de regir dicha relación; que el arrendador, se negó a recibir los pagos de los cánones de arrendamiento de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2015, a pesar de todas las gestiones conciliatorias instadas por su representado, y por tal motivo su mandante no había podido cancelar dichos cánones de arrendamiento, alegando que el Ejecutivo Nacional no ha creado la cuenta a los fines de recibir las cantidades de dinero con el fin de que los arrendatarios cumplan con el pago de los cánones de arrendamiento, y que su mandante desconoce la existencia de alguna cuenta en una entidad bancaria a nombre del arrendador donde pueda depositar tales cantidades de dinero. Al respecto observa esta juzgadora, tal como quedó establecido precedentemente, es un hecho público y notorio que el Ejecutivo Nacional aún no ha reglamentado el régimen de supresión y el régimen transitorio, y que no existe un órgano administrativo encargado de la recepción de las consignaciones arrendaticias que surgieren con ocasión de contratos de arrendamiento de locales comerciales, en los casos que por causas no imputables a el o la arrendataria no se pueda realizar el pago de los correspondientes alquileres, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, para la consignación de las pensiones por alquiler de locales comerciales; no obstante ello, los Tribunales de Municipio Ordinarios y Ejecutores de Medidas a nivel nacional en ningún momento han dejado de tener esa competencia para recibir y tramitar consignaciones relativas a cánones de arrendamiento de inmuebles destinados al uso comercial, lo cual, además de ser un hecho notorio judicial, de la prueba de informes solicitada a los Juzgados Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de Municipio Ordinarios y Ejecutores de Medidas del Municipio Carirubana de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, los cuales tienen competencia territorial en la ciudad de Punto Fijo, lugar donde está ubicado el local comercial objeto del litigio, quedó demostrado que tienen competencia para recibir cánones de arrendamiento de locales comerciales, y que esa competencia se ha mantenido de forma ininterrumpida, aún con la entrada en vigencia de la Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial de fecha 23 de mayo de 2014, y que para los meses de agosto y septiembre del año 2015, si podían recibir y tramitar consignaciones inquilinarias relacionadas con locales comerciales; así como también quedó demostrado con los recibos de consignaciones realizados en otros casos análogos por ante los mencionados Juzgados, que éstos nunca han dejado de recibir y tramitar consignaciones arrendaticias derivadas del arrendamiento de locales comerciales. En tal virtud, esta defensa opuesta por la parte demandada carece de fundamento alguno, pues quedó probado en autos que los mencionados Tribunales de Municipio tienen competencia en esa materia, la cual han venido ejerciendo ininterrumpidamente hasta la presente fecha, y así se establece.
Por otra parte, y en relación al alegato de que el arrendatario no tenía conocimiento de donde podía realizar las correspondientes consignaciones arrendaticias, se observa que el artículo 2 del Código de Procedimiento Civil establece que “la ignorancia de la Ley no excusa de su cumplimiento”, razón por la cual no constituye una defensa válida tal argumento, por lo que se desestima. Finalmente, se observa que el hecho de que el arrendador se haya negado a adecuar la relación arrendaticia a lo dispuesto en el Decreto Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, -lo cual además de no haber sido demostrado-, no es óbice para que el arrendatario continúe cumpliendo con sus obligaciones contractuales, entre ellas el pago de las mensualidades de arrendamiento, en el entendido que el incumplimiento por parte del arrendador de las estipulaciones previstas en el referido texto legal, acarrea sanciones administrativas contempladas en su artículo 44, y no constituye motivo o excepción para el incumplimiento de las obligaciones del arrendatario, y así se establece.
En conclusión, por cuanto los hechos narrados y probados por la parte actora se encuentran subsumidos en el supuesto de hecho para la procedencia del desalojo, conforme al artículo 40 literal “a” del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, resulta forzoso para esta juzgadora declarar con lugar la presente acción, y ordenar la desocupación inmediata del inmueble arrendado, dada la insolvencia en el pago de más de dos mensualidades consecutivas de arrendamiento; y en tal virtud declarar con lugar la apelación interpuesta y revocar la sentencia apelada; y así se decide…”. (Resaltado de la Sala)
Ahora bien, esta Sala observa del texto anteriormente transcrito, que el tribunal ad quem, dejó claramente expuesto, que aun cuando existe un procedimiento especial para el pago de cánones de arrendamiento sobre locales comerciales estipulado en el artículo 27 del Decreto Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, el mismo, aun no ha sido creado por el Ejecutivo Nacional, el órgano administrativo encargado de recibir las consignaciones por éste concepto.
Asimismo, la sentencia recurrida precisó que los Tribunales de Municipio Ordinarios y Ejecutores de Medidas a nivel nacional en ningún momento han dejado de detentar la competencia para recibir y tramitar consignaciones relativas a cánones de arrendamiento de inmuebles destinados al uso comercial, y que de la prueba de informes solicitada a los Juzgados Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Carirubana de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, se constató que los mismo, tienen y han mantenido, competencia territorial en la ciudad de Punto Fijo, lugar donde está ubicado el local comercial objeto del litigio, para recibir los cánones de arrendamiento de los inmuebles destinados al comercio ubicados específicamente, en la zona donde se encuentra el local objeto de controversia, dejando adicionalmente claro, que esa competencia se ha mantenido de forma ininterrumpida, aún y con la entrada en vigencia de la Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial de fecha 23 de mayo de 2014.
-U N I C A-
Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por falsa aplicación de una norma no vigente como lo es el artículo 51 del Decreto № 427 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Arrendamiento Inmobiliario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela № 36.845 de fecha 07 de diciembre de 1999, y la infracción por falta de aplicación de las normas contenidas en la Disposición Derogatoria Primera y en el artículo 27 del Decreto № 929 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela № 40.418 de fecha 23 de mayo de 2014, y por consecuencia la infracción del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, con base en la siguiente fundamentación:
Conforme lo dispuesto en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por falsa aplicación de la norma que no está vigente contenida en el artículo 51 del Decreto № 427 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Arrendamiento Inmobiliario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela № 36.845 de fecha 07 de diciembre de 1999, y la infracción por falta de aplicación de las normas contenidas en la Disposición Derogatoria Primera y en el artículo 27 del Decreto № 929 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela № 40.418 de fecha 23 de mayo de 2014, y por consecuencia la infracción del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil.-
En efecto respetables ciudadanos Magistrados, conforme se ha explanando en el Título I de este escrito, al descender ustedes al análisis del texto de la recurrida, pueden constatar a ciencia cierta que la presente causa versa sobre una pretensión de DESALOJO de un inmueble de uso comercial en virtud de una relación sustancial estrictamente regulada por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela №. 40.418, de fecha 23 de mayo de 2014, el cual entró en vigencia esa esta misma fecha de publicación.
En este sentido ciudadanos Magistrados, de la lectura de la sentencia recurrida (folio 298), se constata que la Juez a quem, (sic) luego de explanar sus razones para la distribución de la carga de la prueba, establece como hecho cierto y probado que: "...en fecha 9 de noviembre de 2015, la parte demandada, a través de su apoderado judicial, interpuso por ante el Juzgado Tribunal (Sic) Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Carirubana de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, consignación arrendaticia, a favor del ciudadano JOAO PAULO FREITAS GONCALVEZ, por la cantidad de un millón de bolívares (Bs. 1.000.000,00) correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2015, tal como consta del expediente № 957-15...". (Cursivas Nuestras), y de seguida, después de trascribir el párrafo cuarto del artículo 27 del Decreto Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, publicado en Gaceta Oficial № 40.418 de fecha 23 de mayo de 2014, interpretando el contenido y alcance de esta disposición legal, como conclusión determinante establece que: "... en caso que él arrendatario no pueda realizar el pago del alquiler de un local comercial por causas ajenas a él, se depositará o consignará como lo disponga la autoridad administrativa competente en esta materia arrendaticia; de lo que se colige que ya no será competencia de los Tribunales Municipio recibir y tramitar las consignaciones arrendaticias previstas en el artículo 51 ¡a Ley de Arrendamientos Inmobiliarios; es decir, el procedimiento judicial previsto referida norma fue suprimido en la nueva ley que rige la materia, estableciendo procedimiento administrativo..." (Negritas y Cursivas Nuestras), y más adelante, forma contradictoria, indica la recurrida "... a criterio de esta alzada, existiendo procedimiento judicial, a saber el contenido en el artículo 51 de la Ley de Arrendamiento, Inmobiliarios, para casos como el de autos; el cual si bien no es el contemplado en el Decreto Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, para el caso de arrendamiento de locales comerciales, tal procedimiento debe seguirse aplicando...", (Negritas, Subrayado y Cursivas Nuestras) y después de esgrimir consideraciones en cuanto a la interpretación del contenido y alcance del citado artículo 51 del Decreto № 427 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Arrendamiento Inmobiliario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela № 36.845 de fecha 07 de diciembre de 1999, la Juez a quem (sic)en la recurrida establece que: "...A la luz de la citada norma, y la parcialmente transcrita jurisprudencia, y en virtud que de acuerdo al contrato suscrito por las partes, los cánones de arrendamiento debían pagarse por mensualidades vencidas; éstas mensualidades deberían pagarse los días último de cada mes, -de acuerdo a lo estipulado en la cláusula segunda del contrato (f. 26)-, y vistas las consignaciones, realizadas por el arrendatario por la cantidad de un millón de bolívares (Bs. 1.000.000,00) correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2015, en fecha 9 de noviembre de 2015 (f. 90-122); se colige que las consignaciones correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2015 fueron extemporáneas...". (Véase folio 299).
Conducta está en el juzgamiento, que impacta en el dispositivo del fallo, de manera significativa, pues arbitrariamente establece la Juez a quem, (sic) que la demandada incurrió en la causal de DESALOJO, prevista en el artículo 40.a del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, declarado, "CON LUGAR" la apelación del demandante, y "REVOCA" la sentencia de primera instancia, declarando "CON LUGAR" la demanda.
Es evidente, que la Juez a quem (sic) resuelve la controversia planteada con la 1 arbitraria, ilegal y prohibida aplicación del contenido del artículo 51 Decreto № 427 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Arrendamiento Inmobiliario, (G.O. № 36.845 de fecha 07 de diciembre de 1999), el cual ni por analogía, ni por supletoriedad - como erradamente se aduce en la recurrida - puede ser aplicado u observado para la solución de esta controversia, dada la existencia de la PROHIBICIÓN EXPRESA de no aplicarla (se desaplica) el contenido de aquel cuerpo normativo por mandato legal, especial, específico y de orden público de la DISPOSICIÓN DEROGATORIA PRIMERA del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, cuya infracción por falta de aplicación también se delata (dispensen la redundancia), la cual ordena imperativamente su no aplicación, cuando establece:
"... Se desaplican, para la categoría de los inmuebles cuyo arrendamiento regula el presente Decreto Ley, todas las disposiciones del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley № 427 de Arrendamiento Inmobiliario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela № 36.845 de fecha 07 de diciembre de 1999..." (Destacado Nuestro).
Ciertamente, conforme al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, desaplicar, significa: "1. tr. Quitar o hacer perder la aplicación (Ob. Cit. D.R. A.E., 20° Edición, 1984, Pág. 461) es por ello evidente que la Juez a quem (sic) en la recurrida "aplicó una norma que no está vigente", para la resolución y juzgamiento del caso en concreto, dándole la espalda, no observando, la norma expresa que ordena su no aplicación, para erradamente tildar como "extemporáneas" las consignaciones arrendaticias efectuadas por la parte demandada en fecha 09 de noviembre de 2015, ante el Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Carirubana de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, a favor del ciudadano JOAO PAULO FREITAS GONCALVEZ, arrendador demandante, por la cantidad de un millón de bolívares (Bs. 1.000.000,00) correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2015, tal como consta del expediente № 957-15 (folio 299 y su vuelto), dejando de observar igualmente la Juez a quem, (sic) que el artículo 27 Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de Ley De Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial (G.O. № 40.418, de fecha 23 de mayo de 201 establece que para el caso que un arrendatario "....no pudiese efectuar el pago causas imputables al arrendador, [como en el caso de autos], podrá consignar los montos correspondientes en la cuenta que al efecto pondrá a disposición de los arrendatarios el organismo competente en materia de arrendamientos de inmuebles destinados al aso comercial...", lo cual efectivamente determina, no solo que el procedimiento judicial previsto en el artículo 51 de la Ley Arrendamiento Inmobiliario quedó suprimido en esta materia, sino que también, todo el contenido de dicha norma se encuentra totalmente desaplicado, siendo que el citado artículo 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial (G.O. № 40.418, de fecha 23 de mayo de 2014), cuya falta de aplicación aquí se denuncia, no establece tiempo, período, lapso o termino alguno para que dichas consignaciones se efectúen, aplicando la Juez a quem (sic) en la recurrida una consecuencia jurídica no prevista en el cuerpo normativo especial que rige en el caso concreto, para erradamente establecer un estado de insolvencia inexistente y subsumirlo erradamente en la causal de desalojo prevista en el artículo 40.a ibídem, siendo evidente que esta conducta en el juzgamiento, al no aplicar el verdadero contenido y alcance del citado artículo, trae como consecuencia directa la violación del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, que le impone el deber al Juez en sus decisiones de atenerse a las normas de derecho, afectándose el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva de la demandada (Art. 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), el cual entre otra cosas, conlleva a obtener una sentencia que no se encuentre fundada en motivos erróneos y se quebranta el artículo 257 eiusdem, que enaltece al proceso como un instrumento fundamental para la realización de la justicia,
Más aún, cuando la citada norma contenida en el artículo 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, cuya falta de aplicación se delata, establece con carácter de orden público e irrenunciable que el pago del canon de arrendamiento se efectúe en una cuenta bancaria cuyo único titular sea el arrendador, la cual no podrá ser clausurada durante la relación arrendaticia, exigiendo imperativamente que los datos correspondientes a la cuenta bancaria deben ser establecidos en el contrato de arrendamiento, la cual nunca ha sido indicada o señalada por el Arrendador demandante en esta causa, y por otra parte, para el caso como el de autos, que el Arrendatario no pudiese efectuar el pago por causa imputables al Arrendador, a la entidad bancaria (la cual nunca se ha sido indicada por el demandante) o por fuerza mayor, podrá consignar los montos correspondientes en la cuenta que a tal efecto pondrá a disposición de los arrendatarios el organismo competente en materia de arrendamientos de inmuebles destinados al uso comercial. Cuenta bancaria ésta que tampoco existe aún para la presente fecha.
Estos dos (2) únicos mecanismos, son los previstos en el Decreto Ley señalado ut supra, para el que Arrendatario cumpla su obligación de pagar los cánones de arrendamiento, (a través de depósitos bancarios) y no otros diferentes, como erradamente lo estableció la Alzada en la recurrida (aplicando el contenido de una norma que esta desaplicada), ignorándose inexcusablemente el contenido de la Disposición Derogatoria Primera del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, que se denuncia también por falta de aplicación. A mayor abundamiento, cuando en la propia recurrida le otorga valor probatorio pleno a las copias del Expediente Administrativo № FALC-DEN-0000200-2015, contentivo de la denuncia interpuesta en contra del Arrendador demandante ante la SUNDDE, dando por demostrado que nuestra representada "...formuló denuncia en contra de la parte adora a los fines de consignar los cánones de arrendamiento de agosto y septiembre de 2015..." (folio 296), en fecha siete (07) de octubre de 2015, (siete (07) días continuos después del 30-09-2015) ante dicho ente administrativo, entre otras cosas, solicitando la adecuación del contrato de arrendamiento, y específicamente, que dicho ente le indicará la cuenta bancaria para efectuar los pagos de los cánones de arrendamiento de los meses de agosto y septiembre de 2015, a través de los respectivos depósitos, en virtud de la negativa del Arrendador de recibir los mismos conforme al Artículo 27 eiusdem., y por otra parte esta honorable Sala podrá observar con fundamento en el principio de notoriedad judicial que fue solo a partir de la Sentencia № 01004, dictada por la Sala político administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en trece (13) de agosto del año 2015 (último día de despacho para el inicio de las vacaciones judiciales), con ponencia del Magistrado Inocencio Figueroa Arizaleta, en el Exp. № 2014-1480, donde dicha Sala abrió la posibilidad, hasta esa fecha negada, de que fuera a través de los órganos jurisdiccionales que se recibieran las consignaciones de los cánones de arrendamiento por parte de los arrendatarios de locales con uso comercial, hasta tanto el Ministerio del Poder Popular para el Comercio, abriera la cuenta a fin de recibir la consignación de los cánones de arrendamiento por parte de los arrendatarios de los locales con uso comercial, lo cual estaba vedado hasta la fecha en que se dictó la antes identificada sentencia, pues la doctrina jurisprudencial anterior al fallo en comento, en forma reiterada tenía establecido "la falta de jurisdicción por parte de los Órganos Jurisdiccionales para conocer y recibir dichas consignaciones". Teniendo en cuenta que en ese fallo se expresa textualmente, lo siguiente:
"...Así, visto que no consta que el Ministerio del Poder Popular para el Comercio, haya creado la cuenta a fin de recibir la consignación de los cánones de arrendamiento por parte de los arrendatarios de locales con uso comercial y en aras de la protección del derecho a la tutela judicial efectiva y a la celeridad procesal, debe la Sala concluir que, sean las Oficinas de Control de Consignaciones de Arrendamientos Inmobiliarios (OCCAI), las que reciban las consignaciones de cánones de arrendamiento correspondientes a las relaciones arrendaticias; en caso de que dicha oficina no esté creada en la respectiva Circunscripción Judicial, corresponderá la consignación del canon de arrendamiento a la Oficina de Control de Consignaciones (OCC) y en último lugar si en el sitio donde se encuentra ubicado el inmueble no existiere el Circuito Judicial Civil, Mercantil y del Tránsito; recibirá las consignaciones de cánones de arrendamiento el Juzgado de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas ubicado en la localidad que corresponda; hasta tanto el aludido Ministerio cree la prenombrada cuenta para recibir las consignaciones de los cánones de arrendamiento de locales con uso comercial. Así se declara...".
Resaltándose que dicha decisión NO establece las condiciones de tiempo y 2 modo para efectuar las consignaciones arrendaticias, ni dicha sentencia fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, ni en la Gaceta Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, aun cuando la misma tiene un contenido de interés general, como para que tuviese fuerza de documento público y efectos erga omnes. (Ex Artículo 126 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia publicada en Gaceta Oficial №. 39.522 de fecha Io de octubre de 2010), por ello mal puede imputársele a nuestra representada una insolvencia de pago de los meses de agosto y septiembre de 2015, efectuados ante el Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Carirubana de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, en fecha nueve (9) de noviembre de 2015, que erradamente la recurrida estableció como extemporánea.
De la citada sentencia se desprende que se resolvió por primera vez; al contrario de lo que se venía estableciendo en resguardo del carácter de orden ^ público que se encuentra investida la figura de la jurisdicción y de la competencia, en aras de la protección derecho constitucional a la judicial efectiva y a la celeridad procesal; un recurso de regulación de la jurisdicción declarando que los órganos jurisdiccionales, tenían jurisdicción para recibir las consignaciones arrendaticias en - ; los casos de los arrendamientos de inmuebles de la categoría de "uso comercial" , a pesar de lo establecido en los artículos 5 y 27 del decreto con rango, valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, pero hasta tanto el Ministerio del Poder Popular para el Comercio cree la prenombrada cuenta para recibir las consignaciones de los cánones de arrendamiento de locales con uso comercial, pues con anterioridad a dicho fallo la Sala Político Administrativa de! Tribunal Supremo de Justicia, venía sosteniendo la falta de jurisdicción para recibir consignaciones arrendaticias de locales de uso comercial. Por ello es evidente la procedencia de la delación de la de presente denuncia. Y así solicitamos sea declarado…” (sic)
De la denuncia anteriormente transcrita, el formalizante le endilga a la sentencia recurrida, la supuesta aplicación de norma no vigente, en concreto del artículo 51 del Decreto N° 427 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y, la falta de aplicación de las normas contenidas en la Disposición Derogatoria Primera y el artículo 27 del Decreto N° 929 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, violándose en consecuencia con ello, el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil.
Alega el formalizante, que las infracciones señaladas se patentizan toda vez que la controversia versa sobre una pretensión de desalojo de un inmueble para uso comercial, cuya relación se encuentra estrictamente regulada por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para Uso Comercial, sin embargo, y de forma contradictora –refiere el recurrente-, que el juez de alzada en su motiva resuelve la controversia con la aplicación arbitraria del artículo 51 del Decreto N° 427 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Arrendamiento Inmobiliario, el cual, manifiesta el formalizante, no es aplicable a la controversia “ni por analogía”, por la existencia de la prohibición expresa de no aplicar dicha norma, contenida en la disposición derogatoria primera del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial.
En tal sentido, y al desconocer la desaplicación referida por el formalizante del aludido artículo 51, habría errado el juzgador al determinar como “extemporáneas” las consignaciones arrendaticias efectuadas por la demandada en fecha 9 de noviembre de 2015, ante el Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Carirubana del estado Falcón, a favor de la parte actora, desconociendo igualmente el juzgador –según se afirma- el contenido del artículo 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, por falta de aplicación, ya que la norma in commento, la cual suprime el procedimiento contenido en el artículo 51 de la ya citada ley, no determina tiempo, período, lapso o término, para que se efectúen dichas consignaciones arrendaticias, siendo, en consecuencia, -a decir del recurrente-, este error el que condujo al juzgador a determinar la insolvencia del demandado, y su desalojo, violentando con su decisión igualmente, el contenido del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil.
Con relación a los vicios delatados por el recurrente, falta de aplicación de una norma jurídica vigente y la consecuente aplicación de una norma no vigente, esta Sala de Casación Civil ha sido constante en sostener el siguiente criterio:
Con base al criterio supra esbozado proferido por esta Sala de Casación Civil en la decisión citada, resulta oportuno realizar la disquisición pertinente con relación a los vicios que han sido delatados por el recurrente, así como las normas que denuncia como quebrantadas por parte del juzgador de alzada.
De la norma legal anteriormente transcrita, establece en qué forma, tiempo y supuesto de hecho, el arrendatario podía cumplir su obligación de consignar el monto de los cánones de arrendamiento que el arrendador se negara a recibir, constituyendo tal procedimiento una modalidad por medio de la cual el arrendatario preservaba su estado de solvencia en el pago de dichos cánones de alquiler, evitando procedimientos judiciales que conllevaran al desalojo.
Ahora bien, la recurrida al recoger los alegatos expuestos por el arrendatario dejó establecido que: “…el arrendador, se negó a recibir los pagos de los cánones de arrendamiento de los meses de agosto y septiembre de 2015, a pesar de todas las gestiones conciliatorias instadas por su representada, y por tal razón no podía pagar dichos cánones de arrendamiento, encontrándose en la necesidad acudir por ante la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos con sede en la ciudad de Coro (Dirección Regional), a los fines de interponer la correspondiente denuncia al arrendador; que mal podría la parte actora endilgar a su representado a una presunta insolvencia de pago de los meses de agosto y septiembre de 2015, para la fecha que interpone la demanda, cuando se negó a recibir el pago de los cánones de arrendamiento, lo cual es un hecho únicamente imputable al demandante, teniendo en cuenta que el arrendador no ha dado cumplimiento a lo establecido en los artículos 14 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, al incumplir con señalar en nuevo contrato de arrendamiento en la oportunidad que debía realizarse el pago de los cánones de arrendamiento de acuerdo a lo estipulado en el Decreto Ley, y que tampoco ha dado cumplimiento a su obligación de abrir una cuenta bancaria donde debe efectuarle el pago; también señala que en la reforma de la demanda, también se omite deliberadamente la forma irregular de proceder de la parte actora, el hecho de que el último recibo formal de pago emitido por su representada data de la fecha 30/07/2015, y el mismo recoge el pago de los últimos doce meses, de ahí que el valor establecido en dicho recibo sea por la orden de Tres Millones de Bolívares (Bs. 3.000.000,00), todo ello de que su representada cumplió con su obligación de manera puntual los cánones de arrendamiento de forma mensual y consecutiva...”.
Con base a todos los argumentos precedentemente expuestos, y en consideración con lo dispuesto en fallo de esta Sala N° RC-402, de fecha 21 de junio de 2017, expediente N° 2017-054, caso: JOAO PAULO FREITAS GONCALVEZ contra MUEBLES CAMILA, C.A., bajo la ponencia del Magistrado Dr. Guillermo Blanco Vázquez, en caso análogo al presente, concluye esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, que la recurrida, determinó asertivamente que la demandada formalizante, no dio cabal cumplimiento a la obligación de pagar al arrendador las pensiones por concepto de alquiler a plazo vencido, siendo que lejos de dejar de aplicar una norma vigente y haber aplicado una disposición legal que resultó derogada, tal como denuncia, la realidad fáctica es que ante la demora en la instrumentalización prevista en el precitado artículo 27 del texto legal vigente, los tribunales de municipio se mantuvieron recibiendo dichas consignaciones –sin interrupción-; cuestión esta última que el formalizante en modo alguno combate.
Por consiguiente, estima esta Máxima Jurisdicción considerar acertado el razonamiento proferido por el ad quem, mediante el cual consideró que el arrendatario se encontraba habilitado para cancelar los cánones a través de los Tribunales de Municipio de la localidad donde se encontraba ubicado el bien inmueble en litigo, lo cual –según afirma el tribunal superior- habría quedado igualmente probado a través de la prueba de informes requerida por él a quo.
En atención a lo expuesto, esta Máxima Instancia Civil declara improcedente la presente denuncia, por cuanto no se desprende de la recurrida la configuración de las delaciones planteadas por el recurrente, así como es improcedente el recurso extraordinario de casación propuesto por la demandada. Así se decide.-
Por los razonamientos expuestos, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: SIN LUGAR el recurso extraordinario de casación anunciado y formalizado por la demandada, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, con sede en la ciudad de Santa Ana de Coro, en fecha 1° de marzo de 2017.
Se CONDENA a la demandada recurrente al pago de las costas procesales del recurso, de conformidad con lo previsto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de la causa, Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, con sede en Punto Fijo.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintiocho días del mes de julio de dos mil diecisiete. Años: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.
Exp. AA20-C-2017-000361.