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Timestamp: 2019-09-20 18:29:59
Document Index: 5948967

Matched Legal Cases: ['artículo 404', 'artículo 113', 'artículo 113', 'artículo 17', 'artículo 406', 'artículo 81', 'artículo 192', 'Artículo 553', 'Artículo 17', 'Artículo 192']

Acuerdo y Sentencia 368/2010 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA N° 368/10
"CESAR VERA BLANCO C/ RESOLUCIÓN Nº 420 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2002, DICTADA POR LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE".
En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los tres días del mes de agosto del año dos mil diez, estando reunidos en Sala de Acuerdos, los Excmos. Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, y CESAR ANTONIO GARAY, quien integra esta Sala en reemplazo del Dr. WILDO RIENZI GALEANO, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: "Cesar Vera Blanco c/ Resolución Nº 420 de fecha 17 de julio de 2002, dictada por la Municipalidad de Ciudad del Este" a fin de resolver los recursos de Apelación y Nulidad interpuestos por el representante de la Municipalidad demandada, contra el Acuerdo y Sentencia Nº 05 de fecha 20 de setiembre del 2006, dictado por el Tribunal Electoral de la Circunscripción de Alto Paraná y Canindeyú.
¿Es nula la Sentencia apelada? En caso contrario, se halla ajustada a Derecho?
Practicado el sorteo de ley, para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: BLANCO, PUCHETA y GARAY.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PUNTEADA, EL DOCTOR SINDULFO BLANCO PROSIGUIÓ DICIENDO: El agravio catalogado por la defensora del municipio demandado, nulidicente ante esta alzada, sostiene que se ha faltado al "principio de imparcialidad", de "igualdad" procesal, y el de motivación de las sentencias, por haber sido inserto al debate y en el Acuerdo y Sentencia en crisis, pretensiones no expuestas en autos. Prosigue sosteniendo esta representación, que dado el trámite otorgado a la presente demanda y a su antecedente directo, el sumario administrativo en sede municipal, bajo el manto legislativo de la Ley 200/70, por suspensión de los efectos de la Ley 1.626/00 en todo sus artículos (fs. 718 / 720), siendo juzgado por el colegiado competente, por la última de las leyes citadas. Con erróneamente sustento en el error in indicando invocado, solícita se declare la nulidad del Acuerdo y Sentencia Nº 05 de fecha 20 de setiembre de 2006, dictado por el Tribunal Electoral de la circunscripción del Alto Paraná y Canindeyú, con imposición de costas a su parte adversa.
ARGUMENTO DE LA PARTE ACTORA. Del escrito de responde presentado por el actor, tenemos que las supuestas violaciones alegadas por la parte nulicidente, a los principios de "imparcialidad", "igualdad", y "motivación de sentencia" resultan inocuos, pues la suspensión de la Ley 1.626/00 fue obtenida como medida precautoria dispuesta por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por A. I. Nº 1.138, fechado 11 de julio de 2001. Pero pone de manifiesto que la mentada acción de inconstitucionalidad no fue instada por sus promotores, caducando el juicio principal, resultando levantada automáticamente la disposición suspensiva respecto a la Ley de la Función Pública, por lo que sostiene que los argumentos expuestos por la representante edil resultan desacertados, debiendo la nulidad señalada ser rechazada, con la consecuente confirmación del Acuerdo y Sentencia Nº 05 de fecha 20 de setiembre de 2006, dictado por el Tribunal Electoral de la circunscripción del Alto Paraná y Canindeyú.
ANÁLISIS JURÍDICO DEL CASO. Es sabido que las sentencias judiciales pueden ser declaradas nulas no solamente por vicios de orden estructural o formal (artículo 404 del C.P.C), sino además por vicios de índole procesal (vide artículo 113).
De lo arriba señalado, facultada esta Sala Penal por la legislación procesal ya citada (artículo 113) a expedirse sobre cuestiones no expuestas por las partes litigantes, siempre que estas envenenen con nulidad al proceso, y sin que ello implique un apartamento a los principios ya señalados por la nulicidente, con el agregado doctrinario profesado por el connotado procesalista ADOLFO ALVARADO VELLOSO, la "impartialidad" por la cual sostiene que los juzgadores no pueden ni deben cumplir diligencias que incumban exclusivamente a las partes intervinientes, pero como la nulidad atañe a temas de orden público, puede ser declaradas de oficio.-
De un exhaustivo análisis del presente expediente judicial, es posible comprobar que en el tomo III, a fojas 586/600, fue agregada copia autenticada de la Sentencia Definitiva Nº 002, dictado por el Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Ciudad del Este, Tercera Sala.
Por influencia de la misma en la resolución de la presente controversia, me pronunciare en párrafos posteriores.
No puede pasar por alto que al actor le fue aplicada la sanción dispuesta por el punto 6º de la resolución y Juzgado precedentemente Individualizado consistente en una "MULTA de 5 salario mínimo a César Vera Blanco por la complicidad demostrada en los hechos que se denuncia" (sic); acto seguido, y en el punto 7º de la misma resolución municipal fue dispuesto igualmente: "SUSPENDER en sus actividades en la sección de transito al Señor Cesar Vera Blanco por termino de 30 días, por trasgresión a la Ord. 56/97, Art. 3º y la Ord. 02/96, y de esta disposición comunicar a la Dirección de Transito y de Recursos Humanos" (sic).
Dicho decisorio, resultó apelado por el afectado, según tenemos del escrito obrante a fojas 647/651. Igualmente fue recurrido por el Sr. FERNANDO ALBERTO TESTT. CARRILLO (fs. 652/656).-
Por Nota Nº 012, con fechado 18 de marzo de 2002, consta la remisión de la carpeta administrativa, elevada por el Juzgado de Faltas, Tercera Sala, a la Intendencia de la Municipalidad de Ciudad del Este.
Por Dictamen Nº 971 de fecha 01 de abril de 2002, la Asesoría Jurídica del municipio demandado, recomienda al encargado de Despacho de la Intendencia Municipal de Ciudad del Este, la procedencia del recurso interpuesto por el hoy actor en la presente litis, respecto a las sanciones aplicadas al mismo por la S. D. Nº 002 en fecha 21 de febrero de 2002, emanado del Juzgado de Faltas.
Por Resolución Nº 219/ I. M. de fecha 02 de abril de 2002 (fs. 55/58) resolvió entre tantas cosas, cuanto sigue: "1) HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el señor CESAR VERA BLANCO en contra de la S. D. Nº 002, dictada por el Juzgado de Faltas Municipales, Tercera Sala en fecha 21 de febrero de 2002, y en consecuencia, se revocan los puntos 6) y 7) de la S. D. recurrida"; "5) INSTRUIR sumario administrativo al funcionario municipal CESAR VERA BLANCO, para la investigación de los hechos cuya comisión le es atribuida por el Juzgado de Faltas Municipales, Tercera Sala, través de la S. D. Nº 002; y que en caso de ser comprobadas, podrían constituirse en faltas pasibles de sanciones de acuerdo a lo previsto en la legislación vigente que rige la materia; sirviendo como cabeza de proceso los antecedentes del sumarios efectuado por el referido Juzgado de Faltas Municipales"; y 7) SUSPENDER sin goce de sueldo, al Señor CESAR VERA BLANCO en el ejercicio de sus funciones, ínterin se sustancie el sumarlo y a las resulta de la misma".
Se nota una contradicción en la Resolución supra señalada, pues por la misma procede el recurso interpuesto por el funcionario municipal VERA BLANCO, contra los puntos 6) (pena de multa) y 7) (suspensión en sus actividades por 30 días) de la S. D. Nº 002 de fecha 21 de febrero de 2002, pero a la vez, por la resolución que revoca tales sanciones, es dispuesto: a) la instrucción del sumario administrativo al funcionario CESAR VERA BLANCO en averiguaciones a la expedición de habilitaciones transitorias a vehículos destinados para el transporte público de pasajeros, y b) nuevamente, el mismo resulta suspendido sin goce sueldo.
Independiente a la irregularidad arriba señalada, se dio inicio a la instrucción de un nuevo sumario administrativo al funcionario municipal CESAR VERA BLANCO, dispuesto por el punto 5) de la Resolución 219/ I.M. del 02 de abril de 2002, en la investigación de la regularidad de la expedición de habilitaciones municipales provisorias para el transporte público, hecho ya investigado con anterioridad por el Juzgado de Faltas.
Desarrollado el segundo procedimiento sumarial en sede municipal, resultando nuevamente sumariado el actor de la presente demanda por el mismo hecho investigado, desembocando en el A. I. Nº 20 de fecha 20 de julio de 2002, por el cual el Juez Instructor del sumario administrativo, aconseja al Intendente Municipal la aplicación de la aplicación de la sanción disciplinaria de segundo grado al Sr. CESAR VERA BLANCO, debiendo ser destituido del cargo con inhabilitación de dos años para ocupar cargos públicos. El Intendente de la Municipalidad de Ciudad del Este, al expedirse por Resolución Nº 420/ I. M. de fecha 17 de julio de 2002 (fs. 29/33) no se aparto del dictamen que le recomendara la aplicación de la sanción disciplinaria al funcionario municipal afectado, resultando este destituido.
Recapitulando, tenemos que la irregularidad denunciada ante la esfera municipal de Ciudad del Este respecto a la expedición de habilitaciones para el transporte terrestre alternativo, implicó el objeto de la investigación, resultando sumariado el actor de la presente demanda en más de una ocasión, sin que para el efecto se hayan demostrado la existencia de factores pertinentes, o haya existido mérito alguno que modifique la situación procesal del sumariado que amerite una nueva investigación, todo esto, según se desprende de las constancias brindadas de autos, implica que en el caso en estudio se dio una grave violación al principio "non bis in ídem", faltándose con ello a lo mandado por el numeral 4º del artículo 17 de la Constitución Nacional, que expresamente prohíbe todo juzgamiento más de una vez, por el mismo hecho, regla procesal aplicable no solo para procesos del ámbito de la justicia penal, sino también a cualquier otro del cual pudiere resultar una pena o sanción.
Ante esta situación, tan agraviante a los derechos procesales del actor de la presente demanda - en abierta violación a garantías de rango constitucional - doy mi voto por la anulación del Acuerdo y Sentencia Nº 05 de fecha 20 de setiembre de 2006, dictado por el Tribunal Electoral de la circunscripción del Alto Paraná y Canindeyú, y facultado por el artículo 406 del C.P.C, igual disposición para el segundo sumario administrativo practicado al Sr. CESAR VERA BLANCO, y con ello, a todo consecuente legal del mismo, por hallarse viciado de nulidad, resultando impertinente entrar a analizar los argumentos expuestos por las partes.
Anulados los actos administrativos señalados, es decir el A. I. Nº 20 de fecha 20 de julio de 2002 dictado por el Juez Instructor, y la Resolución Nº 420/ I. M. de fecha 17 de julio de 2002, dictado por el Intendente Municipal de Ciudad del Este, el actor debe ser repuesto al cargo del cual fue apartado. Ya es criterio largamente seguido por nuestros tribunales competentes en materia contencioso administrativa, compartido por esta Sala Penal, el pago de doce meses de salarios caídos a todo servidor público repuesto al cargo, con sustento en el artículo 81 del Código Laboral. En cuanto a las costas del juicio, no encuentro mérito para apartarse de la disposición contenida en el artículo 192 de. C.P.C, por lo que deberán ser impuestas a la parte perdidosa, a Municipalidad de Ciudad de. Este. Es mi voto.
A SU TURNO, EL MINISTRO CESAR ANTONIO GARAY ZUCOLILLO EXPLICITO: La parte demandada solicitó la nulidad del Fallo recurrido porque -a su entender- se conculcaron los Principios de igualdad Imparcialidad y Congruencia. Sostuvo que el Ad-quem ha incurrido en error in iudicando al aplicar la Ley Nº 1.626/00 "De la Función Pública" estando suspendidos sus efectos en relación al accionante, por Medida Cautelar dictada por la Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, según A.I. Nº 1.138, con fecha 11 de Julio del 2.001.
Cabe advertir que a fs. 718/9 rola copla del escrito de Acción de Inconstitucionalidad contra varios Artículos de la Ley Nº 1.626/00, que junto a otros justiciables, el actor de ésta demanda promovió. En aquél puede notarse que los Artículos impugnados de inconstitucionales fueron 1, 2, 4, 6, 7,15,17, 27, 28, 34, 35, 36, 40, 50, 57, 59, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,100,101, 102,106,139,141 y 143. Si bien por A.I. Nº 1.118, en fecha 11 de Julio del 2.001 la Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional dispuso la suspensión de efectos de la Ley Nº 1.626/00 en forma genérica sin hacer referencia expresa a las específicas normas atacadas por los accionantes, debe entenderse que la suspensión sólo afectó a los Artículos tachados de inconstitucionales. Esta es la exégesis razonable y sentido más lógico del citado Fallo, ya que no tendría sentido que la Medida Cautelar que tiene como fin evitar que Artículos que los accionantes calificaron contrarios a la Carta Magna, causen perjuicios irreparables a los afectados por la Ley. Igualmente no engarza suspenda los efectos de aquellos Artículos que no fueron accionados de inconstitucionales. Debemos rememorar que el Artículo 553 del Código Procesal Civil prescribe diáfanamente que la sola interposición de la demanda no suspende los efectos de la Ley, salvo que la Excma. Corte Suprema de Justicia lo disponga así a petición de Parte. En ese orden de ideas, los promotores de la Acción sólo atacaron los Artículos citados más arriba, quedando vigentes los demás.
Ahora bien, de la lectura del Fallo impugnado se vislumbra que en efecto los Conjueces sentenciantes han invocado normas de la Ley N°- 1.626/00 "De la Función Pública" como fundamento de su decisión, sin embargo, los Artículos citados no se encuentran entre los cuestionadasde inconstitucionales por el Accionante. Y por ello, no se encontraban afectados por la suspensión de efectos dispuesta en el A.l. Nº 1.118, con fecha 11 de Julio del 2.001, dictado por la Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional. En consecuencia, no se advierten motivos válidos ni legales para declarar la nulidad del Fallo, por lo que este Recurso interpuesto por la Parte demandada será desestimado.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PUNTEADA, EL MINISTRO CESAR ANTONIO GARAY ZUCOLILLO EXPLÍCITO: Por S.D. Nº 2 con fecha 21 de Febrero de 2.002, el Juzgado de Faltas, Tercera Sala de la Municipalidad de Ciudad del Este, entre otros puntos, resolvió: "...6.-MULTAR con la suma de 5 salarios mínimos a César Vera Blanco por la complicidad demostrada en los hechos que se denuncia. 7.- SUSPENDER en sus actividades en la sección de tránsito al Señor César Vera Blanco por término de 30 días, por transgresión a la Ord. 56/97 Art. 3 y la Ord. 02/96, y de esta disposición comunicar a la Dirección de Tránsito y de Recursos Humanos" (fs. 417/35).
El actor interpuso Recursos de Apelación y Nulidad contra el citado Fallo según consta en la copia del escrito que rola a fs. 443/6.
Por Resolución Nº 219, con fecha 2 de Abril del 2.002, la Intendencia Municipal de Ciudad del Este resolvió: "Art. 1°-- HACER LUGAR al Recurso de Apelación interpuesto por el señor CÉSAR VERA BLANCO en contra de la S.D. N° 002, dictada por el Juzgado de Faltas Municipales Tercera Sala en fecha 21 de febrero de 2002; y en consecuencia, se revocan los puntos 6) y 7) de la S.D. recurrida...".
Llegados a este decisorio cabe advertir el sui generis proceder del Juez de Faltas del Municipio respectivo, que resolvió multar y suspender en sus funciones al actor. Y lo hizo sin respetar el debido proceso, ya que César Vera Blanco únicamente intervino en el Sumario en calidad de Testigo. Sin embargo, inexplicablemente, terminó siendo condenado por el hecho, sin que se le diera la oportunidad de defenderse.
Por ello, la Intendencia Municipal, correctamente y con sujeción a Derecho, resolvió posteriormente revocar los citados apartados de la Sentencia recaída en el Sumario.
Siendo que el actor fue en un primer momento sancionado por autoridad desconociendo mínimamente las normas elementales que deben regir en todo proceso del que pueda derivarse sanción como prevé el Artículo 17 de la Constitución Nacional, no puede ser asumido este primer Fallo como juzgamiento válido, por ser a todas luces contra legem.
Puesto en orden lo acaecido, no es posible sostener que el actor fue juzgado dos veces por el mismo hecho. Ergo: No se ha conculcado el Principio non bis in ídem.
Hecha la necesaria como pertinente precisión debemos avocarnos al análisis del Sumario que le fue instruido a César Vera Blanco, a fin de determinar si se ajustó o no a Derecho.
Una vez saneada la irregularidad cometida por el Juzgado de Faltas, correctamente la Intendencia Municipal de Ciudad del Este instruyó Sumario Administrativo al Funcionario César Vera Blanco para determinar su responsabilidad en los hechos anómalos acontecidos.-
Cumplido a plenitud el escudriñamiento no se halla vestigios ni rastros de que se haya conculcado alguna norma legal. El actor en todo momento tuvo oportunidad de defenderse adecuadamente; de hecho así lo hizo con amplitud.
No existen motivos válidos para demeritar el Sumario Administrativo. Allí se ha comprobado -fehacientemente- la expedición de "habilitaciones provisorias" a empresas de transportes para que puedan prestar el servicio. Y el actor reconoció, tanto en Sede Administrativa como ante instancia Judicial, que él expedía dichas habilitaciones provisorias, pero aclaró que lo hacía con anuencia de la Junta Municipal, que es la que cuenta con atribuciones para ese cometido.-
En este momento ya no puede soslayarse dicha circunstancia: el reconocimiento voluntario del actor de la comisión del hecho que se le imputó, por lo que él fue sancionado por dichas irregularidades comprobadas certera e indudablemente..-
Ahora bien, el trabajador se encuentra suspendido en sus funciones desde el inicio del Sumario Administrativo, por lo que corresponde ordenar su inmediata reposición a su lugar de trabajo en el mismo cargo y categoría en que se venía desempeñando, previo cese de aquella.
En lo que se refiere a Costas, teniendo en cuenta que existió razón probable para litigar ya que la oposición de la Municipalidad de Ciudad del Este resultó a todas luces razonable -institucionalmente- corresponde imponerlas por su orden, con estricta sujeción a lo previsto en el Artículo 192 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria en materia contencíoso-administrativa. Es mi voto.
A SU TURNO, LA MINISTRA ALICIA BEATRIZ PUCHETA de CORREA MANIFIESTA QUE SE ADHIERE AL VOTO DEL MINISTRO SINDULFO BLANCO, POR SUS MISMOS FUNDAMENTOS.
Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE todo por ante mí que certifico, quedando cordada la Sentencia que inmediatamente sigue:
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 368
Asunción, 3 de agosto del 2.010.-
VISTOS: los méritos del acuerdo que anteceden, la Excelentísima
DECLARAR la nulidad del Acuerdo y Sentencia Nº 05 de fecha 20 de Setiembre de 2006, dictado por el Tribunal Electoral de la Circunscripción del Alto Paraná y Canindeyú, así como el A. I. Nº 20 de fecha 20 de julio de 2002 dictado por el Juez Instructor, y la Resolución Nº
420/ I. M. de fecha 17 de julio de 2002, dictado por el Intendente Municipal de Ciudad del Este.-
DISPONER el reintegro del funcionario al mismo cargo, o a uno de igual categoría y remuneración, con el pago de doce meses de salarlos caídos.
IMPONER a la parte perdidosa.-
ANOTAR, registar y notificar.-
Karina Penoni de Bellasai - Secretaria.
Cesar Antonio Garay