Source: http://treboles.tumblr.com/archive/2012/5
Timestamp: 2013-06-19 06:36:48
Document Index: 344382388

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 42', 'artículo 17', 'artículo 479', 'artículo 479', 'artículo 479', 'artículo 17', 'artículo 91', 'artículo 1', 'artículo 34', 'artículo 24', 'artículo 222', 'artículo 2', 'artículo 172', 'artículo 253', 'artículo 303', 'artículo 4', 'artículo 4', 'ARTÍCULO 310', 'ARTÍCULO 4', 'artículo 285', 'artículo 4', 'artículo 287', 'ARTÍCULO 408', 'artículo 4', 'artículo 408', 'ARTÍCULO 287', 'artículo 310', 'artículo 4', 'artículo 310', 'artículo 288', 'artículo 4', 'artículo 288']

Cambridge University Press. Family Law Bestsellers →
May 30, 2012#familia C-075. Parejas del Mismo Sexo en ColombiaLa sentencia completa
En la sentencia C-075, el 7 de febrero de 2007, la Corte Constitucional de Colombia reconoció la existencia jurídica de las parejas del mismo sexo a través del derecho a declarar la unión marital de hecho y los derechos patrimoniales.
Via COLOMBIA DIVERSAMay 27, 2012#CCColombia RELACIÓN DE SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA QUE HAN CONSIDERADO LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGBT Y DE LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO →
colombiadiversa-blog.org
May 27, 2012#CCColombia El significado social del matrimonioTexto en The Stone del NYT
Many opponents of same-sex marriage counter by arguing that this legalistic view omits the most important element of marriage — the social. In their view, marriage is fundamentally a traditional way of life that possesses a certain social meaning. This social meaning consists of the web of shared understandings and expectations that have built up over centuries. Of course, the law is needed to reinforce and support this social meaning; and more crucial to supporters of traditional marriage, certain changes to the law could undermine or even destroy it. While the argument in favor of same-sex marriage is compelling, its opponents have a point: while the legalistic view captures certain aspects of marriage, it is also limited. It is the second view, the one that encompasses both legal and social dimensions, that is the more plausible, and most accurately reflects our common reality. Marriage is indeed fundamentally a traditional way of life imbued with social meaning, held in place by law.Many opponents of same-sex marriage counter by arguing that this legalistic view omits the most important element of marriage — the social. In their view, marriage is fundamentally a traditional way of life that possesses a certain social meaning. This social meaning consists of the web of shared understandings and expectations that have built up over centuries. Of course, the law is needed to reinforce and support this social meaning; and more crucial to supporters of traditional marriage, certain changes to the law could undermine or even destroy it.
Ironically, however, this view does not support the ban on same-sex marriage. On the contrary, it supports the liberal conclusion that it is seriously unjust to deny marriage rights to same-sex couples.”
So what exactly is this meaning?
Which elements of this social meaning are most important? Marriage’s social meaning makes it possible for couples to communicate information about their relationships in a particularly effective way. This is important because people do not only care about tangible benefits (such as money or health care or the like); they care about intangible benefits as well. In particular, people care deeply about how they are regarded by others — which inevitably depends on the information about them that is shared in their community.
In much of political philosophy, social institutions are conceived legalistically, as rules for the distribution of tangible benefits and burdens (such as money, health care, employment opportunities, and the like). Yet social institutions also have social meanings, which enable them to create important intangible benefits as well. Such institutions matter, not just because they are a mechanism for distributing tangible benefits and burdens, but because they create opportunities for meaningful human lives within society.May 27, 2012#artículo #matrimonio Familias Diversas en Colombia: protegidas por la ConstituciónEXPEDIENTES D-8367/D-8376 - SENTENCIA C-577/11
La Corte comienza por hacer énfasis en el carácter literal de las interpretaciones y reivindica el texto aprobado por el Constituyente que distingue entre la familia como institución anterior al Estado, de raigambre sociológica, reconocida jurídicamente y el matrimonio que genera un vínculo fundado en la expresión del consentimiento de los contrayentes que libremente se obligan para constituir una familia. Al mismo tiempo, parte de un concepto amplio de familia, fundado en la consagración de un modelo de Estado social de derecho participativo y pluralista, como el contemplado en el artículo 1º de la Carta, que incluye dentro de sus fines, enunciados en el artículo 2º, la protección de las libertades, creencias y derechos de todas las personas, derechos que según el artículo 5º, son inalienables y tienen primacía, además que proclama en los términos del artículo 7º de la Carta, el reconocimiento y protección de la diversidad cultural de la nación, claramente contraria a la imposición de un solo tipo de familia y a la consiguiente exclusión de las que no reúnen las condiciones de la que, supuestamente, es la única reconocida y protegida.
PERO DE MATRIMONIO, NI HABLAR….
En cuanto a las acusaciones en contra de la expresión “de procrear”, contenida en la misma disposición legal, la Corte se inhibió de proferir un pronunciamiento de fondo, dado que la interpretación ofrecida por los actores no es atribuible al precepto acusado, luego no se cumple el requisito de certeza. Así mismo, se inhibió de emitir un fallo de fondo respecto de las expresiones “de un hombre y una mujer”, contenida en los artículos 2º de la ley 294 de 1996 y 2º de la ley 1361 de 2009, las cuales no hacen sino reproducir el inciso primero del artículo 42 de la Constitución y por tanto, su análisis de constitucionalidad implicaría juzgar la Constitución misma.May 27, 2012#CCColombia Discriminación por omisión[TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXXII, Diciembre de 2010; Pág. 167 ; Registro: 163 334 IGUALDAD. DEBE ESTUDIARSE EN EL JUICIO DE AMPARO EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA SI SE ADVIERTE QUE LA NORMA GENERA UN TRATO DESIGUAL POR EXCLUSIÓN TÁCITA. En aquellos casos donde un régimen jurídico tácitamente excluye de su ámbito de aplicación a un determinado grupo, no debe desestimarse el planteamiento de violación a la garantía de igualdad bajo la consideración de que el tema involucra un problema de omisión legislativa. El mismo debe analizarse a la luz del test de igualdad. De otro modo, se haría nugatoria la defensa jurisdiccional del principio de igualdad ante la ley, vulnerando los principios que orientan la tutela judicial efectiva, de conformidad con el artículo 17 de la norma fundamental. Amparo en revisión 416/2010. 8 de septiembre de 2010. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz.
**Consideraciones en la Sentencia**
En su escrito inicial de demanda de garantías, la parte quejosa ahora recurrente tildó de inconstitucional el artículo 479 de la Ley General de Salud, pues en su concepto, vulnera las garantías de igualdad, aplicación retroactiva de la ley en beneficio del gobernado y de prohibición de ser juzgado por leyes privativas.
El Tribunal Unitario del conocimiento, desestimó dicho planteamiento, considerando esencialmente que si los conceptos de violación plantean una omisión consistente en que en la tabla del artículo 479 de la Ley General de Salud, el legislador no mencionó el psicotrópico denominado clonazepam, no se dan las condiciones para establecer si el Decreto que dio origen a las reformas hechas a dicha ley es contrario a la ley fundamental, pues implicaría tratar de determinar su inconstitucionalidad con base en lo que no se dijo, llevando a cuestionar lo que en su caso el legislador dejó de hacer y no lo que hizo, situación que resulta inadmisible.
Dicho órgano jurisdiccional, para fortalecer sus consideraciones, citó diversas jurisprudencias emitidas por el Tribunal Pleno al resolver acciones de inconstitucionalidad, en donde se aborda el tema de la impugnación de disposiciones legales con motivo de omisiones legislativas.
Ahora bien, le asiste la razón jurídica a la parte quejosa, en razón de que la impugnación del artículo 479 de la Ley General de Salud, lo plantea para ser analizado a la luz, entre otras, de la garantía de igualdad, lo que por sí mismo implica que sea otro el análisis que deba realizarse para poder estar en condiciones de determinar si dicho precepto es o no inconstitucional, por lo que no está sujeto a los criterios emitidos por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que se relacionan con la impugnación de disposiciones legales con motivo de omisiones legislativas.
En efecto, si en el caso la parte quejosa aduce que el precepto reclamado vulnera diversas garantías, entre ellas, la de igualdad, no es aplicable la doctrina constitucional relativa a la omisión legislativa, puesto que ello impediría realizar el estudio del fondo del asunto, dejándola en estado de indefensión, al no poder impugnar a través del juicio de amparo una norma que estima trata desigual a los iguales, por la circunstancia de lo que dejó de hacer el Poder Legislativo.
Cuando se impugna un precepto legal en donde se estima que el legislador no contempló una situación que podría generar una transgresión al principio de igualdad, no es aplicable el criterio denominado omisión legislativa, ya que de lo contrario se impediría que los ciudadanos impugnaran normas de dicha índole, dejándolos en estado de indefensión, y que este Tribunal Constitucional se pronunciara sobre la existencia de un trato desigualitario o discriminatorio por parte del Poder Legislativo al ejercer las facultades que le fueron conferidas, con la posible consecuencia de que existieran normas en nuestros diferentes órdenes jurídicos que fueran contrarias a nuestra Carta Magna.
En conclusión, en aquellos casos donde un régimen jurídico tácitamente excluye de su ámbito de aplicación a un determinado grupo, no debe desestimarse el planteamiento de violación a la garantía de igualdad bajo la consideración de que el tema involucra un problema de omisión legislativa. El mismo debe analizarse a la luz del test de igualdad. De otro modo, se haría nugatoria la defensa jurisdiccional del principio de igualdad ante la ley, vulnerando los principios que orientan la tutela judicial efectiva, de conformidad con el artículo 17 de la norma fundamental.
En estas condiciones, al resultar fundados los agravios expuestos por la parte quejosa ahora recurrente, se procede al estudio de los conceptos de violación plasmados en el escrito inicial de demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo.May 27, 20121 note AMPARO DIRECTO 309/2010. Dchos de los niños, familias diversas.En el caso a estudio, es preciso establecer, en primer lugar, que en una democracia constitucional como la que se vive en México, el derecho familiar debe ser visto como un conjunto de principios y valores procedentes de la Constitución, de los tratados internacionales, así como de las leyes e interpretaciones jurisprudenciales, dirigidos a proteger la estabilidad de la familia y a regular la conducta de los integrantes del grupo familiar entre sí, y también a delimitar las relaciones conyugales y de parentesco, conformadas por un sistema especial de protección de derechos y obligaciones respecto de menores, incapacitados, mujeres y adultos mayores, de bienes materiales e inmateriales, poderes, facultades y deberes entre padres e hijos, consortes y parientes, cuya observancia alcanza el rango de orden público e interés social.Esas facultades y deberes de carácter asistencial que nacen entre los descendientes y ascendientes, parientes colaterales (hermanos, tíos, sobrinos), tienen potestades y sujeciones establecidos especialmente para la protección de los menores de edad.El derecho de familia se ocupa, entre otros aspectos, aunque de manera preponderante, de la protección de los menores, a través del ejercicio de la patria potestad, que es considerada como institución protectora de la persona y bienes de los hijos menores de edad no emancipados que, en principio, tiene su origen en la filiación.
las instituciones familiares heredadas desde el derecho romano sufren una importante evolución que permite hoy un mayor acercamiento a los derechos de la niñez y se aleja de los intereses propios de los adultos.La patria potestad es un ejemplo muy claro de esta evolución; antiguamente, implicaba el derecho de vida o muerte que el padre tenía sobre las personas sujetas a él; visión que, poco a poco, fue cambiando para dirigir su foco de atención hacia la eficacia plena de los derechos de la niñez, estableciendo no sólo atribuciones para quien ejerce la patria potestad, sino también deberes, pues los primeros sólo existen en función de estos últimos y para facilitar su cumplimiento. Así, la institución de la patria potestad se transforma de un simple poder o facultad carente de trascendencia e injusto, en una verdadera función de carácter personal y social.En el indicado panorama, el concepto interés superior de la niñez, cuya salvaguarda es prioritaria en el sistema jurídico mexicano, permite delimitar con precisión y claridad los derechos que les corresponden a las personas adultas en relación con los niños, para lo cual se privilegia el deber de atenderlos y cuidarlos, con el objeto permanente de alcanzar el mayor beneficio posible para ellos, como un imperativo de la sociedad hacia las personas que ejercen la patria potestad o custodia, de tal manera que la protección de los infantes en México se ubica incluso por encima de los derechos de los adultos, y cumple hoy en nuestro sistema jurídico una trascendente función de orden público e interés social. En ese orden de ideas, por interés superior del menor debe entenderse el catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como generar las condiciones materiales que permitan a los niños vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar personal, familiar y social posible, cuya protección debe promover y garantizar el Estado en el ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tratarse de un asunto de orden público e interés social.
En atención a la realidad social que prevalece en la actualidad, se ha colocado al derecho de visitas y convivencias en un lugar destacado en el derecho familiar, no obstante que por muchos años fue una institución relativamente intrascendente, que tenía un carácter accesorio frente a otras instituciones a él vinculadas, otrora de gran solidez en México como el matrimonio, realidad que dejó de prevalecer en nuestra sociedad, por ello, en la época actual ese derecho denominado también de custodia provisional, opera plenamente no sólo dentro del matrimonio, sino después de roto cualquier vínculo matrimonial o incluso fuera del matrimonio, esto es, en uniones libres, concubinatos y, por supuesto, en asuntos de adopción de menores.Aún más, aunque en la práctica forense no se ha extendido y desarrollado suficientemente el derecho de visitas y convivencias, éste no solamente vincula al menor con sus padres, sino también rige en relación con sus parientes (abuelos, tíos, primos), allegados y amigos. Así las cosas, es claro que hoy el derecho de visitas y convivencias en nuestro país es una institución del derecho de familia imprescindible para conseguir una mejor formación del menor de edad, desde los puntos de vista afectivo y emocional, pues se reconoce en el trato humano la existencia de un valor jurídico fundamental que debe ser protegido, pues de él deriva la posibilidad de que el menor se relacione con ciertas personas unidas a él por lazos familiares e, incluso, meramente afectivos en situaciones marginales a la familia.
Asimismo, no debe soslayarse que en nuestra sociedad mexicana, cada vez es más frecuente el nacimiento de hijos fuera del matrimonio, siendo que, en otras épocas, por razones culturales o por presión social, este tipo de situaciones terminaba en matrimonio, pero hoy no es necesariamente así; y, ante tal circunstancia, ocurre con frecuencia que los hijos menores de edad nacidos fuera del matrimonio, suelen ser restringidos en el ejercicio de su derecho de visitas y/o convivencias, ya sea por uno u otro progenitor. Es evidente que, salvo casos de excepción en los que puede perjudicarse al menor, en ese tipo de situaciones también debe operar con toda plenitud, el derecho de visitas y convivencias, el cual tiene como objeto superar un problema humano de hecho que muchas veces alcanza tintes dramáticos. …
Es por ello que en las familias conformadas a través de relaciones extramatrimoniales también debe prevalecer la comunicación a través del derecho de visitas y convivencias que se tiene previsto a favor de los menores.Por otra parte, debe señalarse que el derecho de visitas yconvivencias, como cualquier otro derecho, para lograr su plena eficacia tiene que ver con aspectos sustantivos y procesales, de tal manera que el Estado Mexicano ha comprometido esfuerzos a nivel nacional e internacional en ambos rubros, tomando siempre como punto de partida el interés superior del menor.La esencia de las visitas y las convivencias se encuentra en las relaciones humanas y en la comunicación entre personas que en conjunto tienden a enriquecerlas espiritual y afectivamente, sobre todo al menor tanto en situaciones de normalidad, como de afectación o en riesgo de ser afectado, lo que constituye la mayor justificación que se puede dar a nuestra institución de visitas y convivencias. Del análisis de los textos vigentes de los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Federal, se advierte que hoy se vive un momento de protección excepcional al menor de edad, que trasciende al derecho de visitas y convivencias, donde convergen tanto el derecho privado como el público, pues en los indicados preceptos constitucionales se consagra la pretensión de fortalecer los vínculos entre los miembros de la familia lo cual, en principio, pertenece al ámbito del derecho privado pero, al mismo tiempo, alcanza la esfera del derecho público, ya que se consagra una salvaguarda absoluta en la protección de la familia por parte del Estado, que está interesado en dar especial protección al núcleo familiar, en el entendido de que, en gran medida, ello conduce a una mejor sociedad.En materia de derecho público, existe un objetivo muy claro sustentado en lo previsto en la Constitución, en los tratados internacionales, así como en las leyes federales y locales, que consiste en implementar mecanismos eficaces de protección de los infantes y forjar una sólida cultura jurídica respetuosa de los derechos humanos en torno al derecho familiar y, en especial, al derecho de los niños. Además, se previene la protección de las mujeres y los ancianos en los entornos familiar y social.En términos de lo expuesto, y en relación con el derecho de visitas y convivencias que en nuestro país se encuentra regulado por los convenios internacionales, las leyes federales, los Códigos Civiles y procesales, así como los criterios jurisprudenciales, se concluye que: a) Los principales protagonistas son, en primer lugar, los niños y los incapacitados, sus padres o tutores, y parientes.b) Tiene como fin que no se agrave aún más la situación de convivencia derivada de conflictos y enfrentamientos familiares, mas no dirigir ni mucho menos manipular la vida del menor no gobernado, o de tomar alguna decisión en su presente o futuro.c) Pretende alcanzar un equilibrio psicológico que es necesario para el desarrollo personal, familiar y social, así como conseguir grandes satisfacciones por los afectos recíprocos que, a veces, se quebrantan por el derecho o de hecho, ello, sin soslayar que los daños que se puedan causar con un derecho de visitas y convivencias inadecuado, pueden ser igual o mayores que en los casos en los que se rompe toda convivencia.d) No existen esquemas, fórmulas o soluciones de validez general para determinar el régimen de visitas y convivencias, por tratarse de un tema enteramente casuístico y particular en su aplicación concreta, por lo que, no puede avalarse la existencia de unas pretensiones de validez única o universal, pues es un tema vinculado con las relaciones humanas que amerita múltiples matices. Es por ello, que en estos asuntos se requieren respuestas judiciales de gran nivel que implican la intervención original y creativa de los Jueces.e) El régimen de visitas y/o de convivencias legalmente se refiere a la manera en la que se realizará el derecho de visitas y convivencias, derivado de un acuerdo o por determinación judicial, pero siempre que previamente sea escuchado el menor, para estar en condiciones de resolver, en cada caso, conforme a su interés superior.f) Es una institución que es parte de la naturaleza humana, aunque desde un punto de vista filosófico se ha considerado como de esencia social.Asimismo, se concluye que en atención a la nueva forma de ver al derecho de vistas y convivencias vinculado con los menores de edad, en éste siempre debe atenderse el deber de:1. Extender cada vez más los lazos familiares.2. Una revalorización y un mayor perfeccionamiento de las relaciones personales. 3. Replantear los papeles que juegan el hombre y la mujer en la actualidad. 4. Encontrar las fórmulas más adecuadas para permitir la plena vigencia de los derechos de los niños en uniones de facto y en los divorcios, bajo diversas circunstancias. 5. Ampliar el concepto tradicional de familia, con apoyo en el reconocimiento de los derechos de los niños, que no deben verse como derechos de propiedad de los padres, sino como verdaderos seres humanos con derechos propios de la mayor importancia. …
en términos de lo dispuesto por el artículo 1o. de la Constitución General de la República; así como de los diversos artículos del 1 al 41 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 3, 4, 7, 41, 48 y 49 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 1 y 4 de la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal; y, 283, fracción III y último párrafo, del Código Civil para el Distrito Federal, la dignidad humana del menor de edad se preserva, en este caso, al ser escuchado antes de que el juzgador fije el régimen de visitas y convivencias.Así las cosas, conforme a lo dispuesto en los numerales de la Constitución, el citado tratado internacional, la ley federal, así como la normatividad del Distrito Federal invocados, el Juez debe preservar la dignidad de la niñez en todas sus interpretaciones y resoluciones que pronuncie, sobre la base del respeto absoluto de su dignidad, lo que implica asumir las mejores determinaciones posibles en cada caso sometido a su potestad, conforme a su interés superior, acorde con criterios jurídicos que permitan la plena eficacia de sus derechos humanos.May 23, 2012#SCJN Derechos de Protección en la SCJN [TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XI, Marzo de 2000; Pág. 112
May 23, 2012#SCJN 1955, sólo se violaba a mujeres o a homosexuales. Heteros a salvo. [TA]; 5a. Época; 1a. Sala; S.J.F.; CXXXII; Pág. 76
; Registro: 292 580
VIOLACION, SUJETOS PASIVOS EN EL DELITO DE (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).
La Legislación del Distrito Federal y la del Estado de Puebla, extienden su protección no sólo a mujeres que son víctimas de fornicación violenta, sino aun a los hombres que lo son de ayuntamiento homosexual masculino, como se deduce de la descripción legal del tipo correspondiente al delito de violación.
Amparo directo 6106/55. Por acuerdo de la Primera Sala, de fecha 8 de junio de 1953, no se menciona el nombre del promovente. 10 de abril de l957. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Luis Chico Goerne.
May 22, 2012#SCJN La mujer en la 5ta época de la SCJN [TA]; 5a. Época; Pleno; S.J.F.; XVI; Pág. 1499
; Registro: 279 958
Ni el marido podrá cobrar a la mujer, ni ésta a aquél, retribución ni honorarios algunos, por los servicios personales que se presten, o por los consejos y asistencia que se dieren, a menos que, por alguna causa, se encargue alguno de ellos, temporalmente, de la administración de los bienes del otro cónyuge, caso en el cual tendrá derecho a que se le retribuya por ese servicio, en proporción a su importancia y al resultado que produjere.
Amparo civil en revisión. Curutchet viuda de Mendiboure Mariana. 26 de junio de 1925. Unanimidad de nueve votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.
[TA]; 5a. Época; 1a. Sala; S.J.F.; CXII; Pág. 991
; Registro: 297 658
ESTUPRO Y RAPTO, DELITO DE ( OFRECIMIENTO DE MATRIMONIO).
El delito de estupro se configura como infracción penal, independientemente del rapto, y se acredita por la circunstancia de que el reo logró la posesión sexual de la ofendida, en virtud y como consecuencia del ofrecimiento que hizo a la misma, de casarse con ella, una vez que él obtuviera el divorcio.
Amparo penal directo 10045/49. Pérez Santos Jesús. 9 de mayo de 1952. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.
[TA]; 5a. Época; 2a. Sala; S.J.F.; XCI; Pág. 1967
; Registro: 321 210
MUJERES, PUEDEN SER NOTARIOS.
Aun cuando la Ley Electoral de Poderes Federales restringe el derecho de ser elector y lo confiere tan sólo a los varones, esta ley no deroga al artículo 34 de la Constitución Política, que señala los requisito para se ciudadanos, entre los que no se encuentra el de pertenecer a determinado sexo; y el espíritu del artículo 24 de la Ley del Notariado, no puede ser el de excluir a las mujeres del derecho de ejercer la profesión notarial, sino el de exigir que el aspirante no haya sido suspendido o privado de los derechos de ciudadanía, atento el requisito de honestidad plena y buena conducta. Además, la Constitución Federal sólo exige para la ciudadanía, los requisitos de ser mexicano por nacimiento, haber cumplido 18 o 20 años, según se trate de casados o solteros y tener modo honesto de vivir; por tanto, no hay razón alguna para negar a una mujer que cumple con los requisitos legales, el ejercer la profesión de notario.
Amparo administrativo en revisión 496/45. Saucedo Avila Lucina. 7 de marzo de 1947. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.
[TA]; 5a. Época; 1a. Sala; S.J.F.; XCIX; Pág. 1528
; Registro: 301 314
MUJERES MAGISTRADOS, INTEGRACION DE TRIBUNALES POR.
Si se alega, como concepto de violación, la de los artículos 34 y 35 constitucionales, porque estos preceptos no conceden a la mujer la facultad de ser Juez o Magistrado, y el quejoso tuvo conocimiento oportuno de que la Sala quedaba integrada por una mujer y no objetó oportunamente esa integración, por el medio adecuado respectivo, debe considerarse que el quejoso consintió someterse al fallo de la Sala; por lo que el acto que señala como concepto de violación, debe considerarse improcedente y la sentencia dictada no es violación de garantías por ese concepto.
Amparo penal directo 7129/47. Sánchez Ravelo Vicente. 4 de marzo de 1949. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.
[TA]; 5a. Época; Pleno; S.J.F.; XVIII; Pág. 304
; Registro: 283 043
Ni el Código Sanitario, ni la ley reglamentaria de su artículo 222, contienen disposición alguna que imponga a los dueños de hoteles, la obligación de no recibir en sus establecimientos, a mujeres que ejerzan la prostitución; por tanto, la multa que por ello se imponga es ilegal, puesto que no está prevista en la ley ni reglamento alguno.
Amparo administrativo en revisión 371/21. Vidal José y coagraviados. 17 de febrero de 1926. Mayoría de ocho votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.
[TA]; 5a. Época; 3a. Sala; S.J.F.; CIX; Pág. 350
; Registro: 342 587
MUJER CASADA, NO NECESITA AUTORIZACION DE SU MARIDO PARA COMPARECER EN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL.
La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia estableció en ejecutoria anterior (Tomo LXXIII, Pág. 3217), que la mujer casada no necesita ser representada o autorizada por su esposo, para comparecer en un juicio ejecutivo mercantil en el que se le demande el pago de un título de crédito, pues la fracción IV, del artículo 2o. de la Ley de Títulos de Crédito declara aplicable para toda la República, en forma supletoria, el Código Civil del Distrito Federal actualmente en vigor, y éste en su artículo 172, dispone que la mujer casada puede ejercitar acciones y oponer excepciones en juicio, sin necesidad de recabar el consentimiento de su esposo. Por tanto, las disposiciones de los códigos de los Estados que prohiben a la mujer casada litigar sin autorización de su marido, no son aplicables cuando se trata de un juicio ejecutivo mercantil.
Amparo civil directo 3051/51. Ayala de Almada Carmen. 11 de julio de 1951. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Vicente santos Guajardo. La publicación no menciona el nombre del ponente.
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXXIII, página 3217, tesis de rubro “MUJER CASADA, CAPACIDAD DE LA, PARA COMPARECER EN UN JUICIO EN QUE SE TRATA DE HACER EFECTIVO UN TITULO DE CREDITO.”.
[TA]; 5a. Época; 1a. Sala; S.J.F.; CXXIX; Pág. 484
; Registro: 293 290
HONESTIDAD, HECHOS QUE EXCLUYEN LA EXISTENCIA DE LA, EN LA MUJER.
No es posible afirmar en un medio como el del Distrito Federal que sea honesta una mujer que pernocta con su novio en un hotel de tránsito, aun cuando no se ejecute materialmente la cópula, pero sí, indudablemente, actos de acentuada lubricidad. El concepto de honestidad entraña el comportamiento socialmente aceptado de una mujer en una edad y medio determinado, y la rigidez moral de nuestras costumbres califica desaprobatoriamente la conducta de una mujer de dieciséis años que, se repite, pernocta en un hotel de tránsito con el novio, y si con posterioridad a un hecho de esa naturaleza, se entrega sexualmente mediando la promesa de matrimonio, no obstante la virginidad puramente física de la mujer, su honestidad no solamente está en duda, sino que debe decirse que no existe, porque el hecho que haya vivido como hija de familia no significa que sin el consentimiento de sus padres haya ejecutado actos diversos a la cópula que impidan calificarla de mujer honesta.
Amparo directo 1172/51. Por acuerdo de la Primera Sala, de fecha 8 de junio de 1953, no se menciona el nombre del promovente. 14 de agosto de 1956. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Teófilo Olea y Leyva.
Via @samnbk May 22, 20122 notes#SCJN Derechos de las mujeres. Normativa, Interpretaciones y Jurisprudencia Internacional →
May 19, 2012#SCJN #CorIDH #onu #OEA Procreación: ¿destino u opción? [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; VIII, Agosto de 1998; Pág. 853
; Registro: 195 659
DIVORCIO. LA INCAPACIDAD FÍSICA PARA LA PROCREACIÓN POR PARTE DE LA MUJER NO ES CAUSAL DE DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).
De una correcta y objetiva interpretación de lo que estatuye la fracción VI del artículo 253 del Código Civil para el Estado de México, no puede seguirse que la incapacidad física por parte de la mujer para el débito carnal y para procrear hijos sean motivos legalmente establecidos para que prospere el divorcio, puesto que tales circunstancias no fueron comprendidas por el legislador común dentro de los supuestos de dicha norma y apartado, ya que sólo refirieron al efecto la impotencia incurable por parte del varón, sobrevenida después de celebrado el matrimonio. Por tanto, la alteración en la salud de la cónyuge con posterioridad a dicho matrimonio, que incida en un anormal funcionamiento del órgano reproductor o bien en la incapacidad para el débito carnal, no es causa de divorcio, aunque sí podría serlo de diversa acción; de ahí que, aun cuando la prueba pericial médica sea la idónea para demostrar tal incapacidad de la consorte, en tanto los peritos son los indicados para establecer biológicamente las condiciones correspondientes a cierto padecimiento y su origen, de todas formas es concluyente que no procede tal acción si, reitérase, la incapacidad para el débito carnal y para la procreación no están previstas en la legislación sustantiva aplicable como causa específica de divorcio. De consiguiente, aunque el actor ofrezca la documental consistente en un informe médico sobre la causal invocada, ésta carece de eficacia para el fin pretendido, porque además de no ser el medio convictivo adecuado, dadas las cuestiones y características que debieron probarse, de cualquier modo dicha acción es improcedente por no establecerse en el precitado Código Civil la comentada incapacidad física por parte de la cónyuge como causal de divorcio.
Amparo directo 224/98. Edson Valencia Morales. 1o. de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Virgilio A. Solorio Campos. Secretario: Faustino García Astudillo.
[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XVIII, Agosto de 2003; Pág. 1673
; Registro: 183 635
ALIMENTOS. LA HIJA MAYOR QUE CURSA UN GRADO ESCOLAR ADECUADO A SU EDAD, NO TIENE DERECHO A RECIBIRLOS DE SU PADRE, CUANDO LA MISMA HA PROCREADO UN HIJO.
Aunque es verdad que los hijos mayores que acrediten cursar un grado escolar adecuado a su edad, cuentan con la presunción de necesitar alimentos, cierto es que dicha regla no puede tener aplicación, cuando la que aduce necesitarlos ha concebido un hijo, porque las circunstancias atinentes a aquélla (mayoría de edad y estudios adecuados a su edad) no se presentan en forma lisa y llana, sino que concurren con otra eventualidad de mayor importancia a la que debe atenderse preferentemente al momento de decidir lo relativo a los alimentos, pues los estudios que se cursan, adecuados a la edad de la interesada, entran en un plano secundario en relación con los compromisos que asumió frente al hijo que concibió, con el que se encuentra obligada a dar alimentos, en términos de lo establecido por el artículo 303 del Código Civil para el Distrito Federal, independientemente de que dicha obligación sea o no distribuida proporcionalmente con el otro progenitor, lo cual es suficiente para desvanecer la presunción de necesitar alimentos. De otro modo, el principio de equidad que informa la regla en mención se rompería al tratar un aspecto de mayor jerarquía (la procreación de un hijo por parte de la supuesta acreedora alimentista), en un plano secundario a los estudios de referencia, lo que resultaría inequitativo para el padre de la hija mayor que alegó necesitar alimentos.
Amparo en revisión 114/2003. 15 de mayo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Martín Antonio Ríos. Secretario: Mauricio Omar Sanabria Contreras.
[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXI, Mayo de 2005; Pág. 1407
; Registro: 178 543
Amparo directo 660/2004. 21 de enero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Rubén Rogelio Leal Alba.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, agosto de 2003, página 1673, tesis I.13o.C.17 C, de rubro: “ALIMENTOS. LA HIJA MAYOR QUE CURSA UN GRADO ESCOLAR ADECUADO A SU EDAD, NO TIENE DERECHO A RECIBIRLOS DE SU PADRE, CUANDO LA MISMA HA PROCREADO UN HIJO.”
[J]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXIII, Febrero de 2006; Pág. 616
; Registro: 175 717
VIOLACIÓN ENTRE CÓNYUGES, DELITO DE.
La institución del matrimonio tiene entre sus finalidades, la procreación de la especie, en virtud de lo cual, los cónyuges deben prestarse a la relación carnal, que como consecuencia lógica sólo concibe la práctica de la cópula normal; de tal manera que si el cónyuge la impusiera de manera anormal y violentamente, lesionaría la moral y la libertad sexual de su pareja, que en ningún momento consintió tales prácticas, y por ende, se configurará el delito de violación.
Tesis de jurisprudencia 9/94. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del once de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, por unanimidad de votos de los señores Ministros: Presidenta Victoria Adato Green, Samuel Alba Leyva, Ignacio M. Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester y Luis Fernández Doblado.
Nota: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver en sesión de dieciséis de noviembre de dos mil cinco en el expediente varios 9/2005-PS, relativo a la solicitud de modificación de jurisprudencia 1a./J. 10/94, ordenó cancelar la presente tesis que aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 77, mayo de 1994, página 18.
[TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XXXIV, Agosto de 2011; Pág. 881
; Registro: 161 263
El Tribunal Pleno, el cuatro de julio en curso, aprobó, con el número XXVI/2011, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a cuatro de julio de dos mil once.
[TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XXXIV, Agosto de 2011; Pág. 879
; Registro: 161 265
MATRIMONIO. LA “POTENCIALIDAD” DE LA REPRODUCCIÓN NO ES UNA FINALIDAD ESENCIAL DE AQUELLA INSTITUCIÓN.
El hecho de que las parejas homosexuales tengan la imposibilidad de procrear hijos biológicamente comunes no se traduce en razón suficiente que deba incidir en la decisión del legislador de extender la institución del matrimonio civil de forma tal que comprenda tanto a las parejas homosexuales como a las heterosexuales, máxime que derivado de la dinámica social, la “potencialidad” de la reproducción ya no es una finalidad esencial del matrimonio tratándose de las parejas heterosexuales que, dentro de su derecho de autodeterminación, deciden tener hijos o no, incluso por otros medios de reproducción asistida o mediante adopción, lo que no les impide contraer matrimonio, ni podría considerarse como una causa para anularlo si no se ha cumplido con una función reproductiva.
El Tribunal Pleno, el cuatro de julio en curso, aprobó, con el número XXII/2011, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a cuatro de julio de dos mil once.
May 19, 2012#SCJN Guía de Acción Pública contra la Homofobia →
May 18, 2012#LGBTI ILGA- Homofobia de Estado 2012 (reporte) →
May 18, 2012#lgbt Guardia y custodia, no sólo con la madre.AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1573/2011
El caso de un padre que reclama la custodia de su hija y aduce inconstitucional la norma que establece que los menores de 7 años deberán permanecer con su madre en caso de divorcio. En la sentencia, la primera Sala explica el cambio:
“este Alto Tribunal ha ido modificando la interpretación de este tipo de normas a la luz del principio del interés superior del menor contenido en el artículo 4° constitucional.
En una primera fase, que es posible ubicar entre la séptima y la octava época del Semanario Judicial de la Federación, la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte sostuvo de manera reiterada que existía “interés social en que los menores estén en poder de su madre hasta la edad que fije el Código Civil aplicable, porque es quien se encuentra más capacitada para atenderlos con eficacia, esmero y cuidado necesarios, de tal manera suerte que si no se está en los casos de excepción que marca la ley para que deba ser separado el menor de edad del cuidado de la madre, éste no podrá pasar a la custodia del padre que así lo solicite”. En este mismo orden de ideas, la entonces Sala Auxiliar, señaló que respecto a los menores: “existe la imperiosa necesidad de que sean atendidos precisamente por su madre, a quien por haberles dado el ser, se le considera la más apta para prodigarles las atenciones y cuidados necesarios para su correcto desenvolvimiento físico y espiritual”.
Sin embargo, y ya en la novena época del Semanario Judicial de la Federación, esta línea jurisprudencia se interrumpió en virtud del amparo directo en revisión 1529/2003, del cual fue ponente el Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, y en el que la Primera Sala sostuvo por unanimidad de votos que, con apoyo en lo dispuesto por la Convención de los Derechos del Niño, así como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, era posible afirmar que, no obstante la constitucionalidad de disposiciones legales que privilegian que los menores permanezcan con su madre mientras sean pequeños, el juzgador está en posibilidad de determinar que, en aras al interés superior del menor, éste quede bajo la guarda y custodia del padre.
Continuando con este precedente, en el amparo directo en revisión 745/2009, del cual fue ponente el Ministro Juan N. Silva Meza, esta Primera Sala de la Suprema Corte sostuvo enfáticamente que en caso de que un menor deba ser separado de alguno de sus padres, el interés superior del menor no establece un principio fundamental que privilegie su permanencia, en principio, con la madre.
La presente sentencia se inscribe en la línea marcada por los recientes precedentes emitidos por esta Primera Sala, en el sentido de sostener, en principio, la constitucionalidad de aquellas normas que establecen una regla de preferencia a la madre para designarla como la persona que cuidará de los menores. Sin embargo, esta Primera Sala considera necesario emitir una serie de razonamientos a fin de establecer una interpretación de la porción impugnada del artículo 4.228 del Código Civil del Estado de México, que sea conforme al principio constitucional del interés superior del menor.
Como hemos señalado anteriormente, en un primer momento, la justificación de las normas civiles que otorgaban preferencia a la madre en la guarda y custodia de los menores se fundamentaba en una idea preconcebida, bajo la cual, la mujer gozaba de una específica aptitud para cuidar a los hijos (véase por todos el amparo directo 5057/1973). Esta justificación era acorde con una visión que establecía una clara división de los roles atribuidos al hombre y a la mujer. El género resultaba un factor determinante en el reparto de funciones y actividades, lo que conllevaba un claro dominio social del hombre sobre la mujer, la cual se concebía únicamente como madre y ama de casa que debía permanecer en el hogar y velar por el cuidado y bienestar de los hijos. Esta idea no es compartida por la Primera Sala y resulta inadmisible en un ordenamiento jurídico como el nuestro, en el cual el principio de igualdad entre hombres y mujeres resulta uno de los pilares fundamentales del sistema democrático.
La tendencia clara, en estos tiempos, marca el rumbo hacia una familia en la que sus miembros fundadores gozan de los mismos derechos y en cuyo seno y funcionamiento han de participar y cooperar a fin de realizar las tareas de la casa y el cuidado de los hijos. La mujer ha dejado de ser reducida al mero papel de ama de casa y, por el contrario, ejerce en plenitud, con libertad e independencia, la configuración de su vida y su papel en la familia.
Esta Primera Sala también se separa de aquellas justificaciones basadas en que “la presunción de ser la madre la más apta y capacitada (…) tiene sustento en la realidad social y en las costumbres imperantes dentro del núcleo social nacional” (amparo directo en revisión 1529/2003).
Es un hecho notorio que el funcionamiento interno de las familias, en cuanto a distribución de roles entre el padre y la madre, ha evolucionado hacia una mayor participación del padre en la tarea del cuidado de los menores, convirtiéndose en una figura presente que ha asumido la función cuidadora. Dicha evolución no se ha generalizado en todas las familias, pero sí puede evidenciarse en muchas de ellas y dicha dinámica debe tener reflejo en la medida que se adopte sobre la guarda y custodia de los hijos menores.
En clara contraposición con el pasado, en el que el reparto de las tareas de la casa, incluido el cuidado de los hijos, venía impuesto por la tradición como algo dado, ahora, el reparto de las funciones familiares ha de ser objeto de discusión, de negociación, de pacto entre los cónyuges. Si se respeta el marco de la necesaria e insustituible libertad y autonomía de las partes (los miembros de la pareja), cualquier reparto resulta perfectamente válido, eficaz y merecedor de protección. En cualquier caso, lo relevante es que no existe una sola realidad en la que la mujer tenga como función única y primordial, el cuidado de los menores.”
Véase por todas: “GUARDA Y CUSTODIA DE UN MENOR. DEBE OTORGARSELE A LA MADRE HASTA LA EDAD LEGAL”. Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Tesis Aislada. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo I, Primera Parte-1, enero a junio de 1988. Materia(s): Civil. Página: 363. Genealogía: Informe 1988, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 132, página 161. Precedentes: Amparo directo 8362/87. Concepción Perla Bellot Campos. 15 de diciembre de 1987. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo directo 5057/73. Manuel Ramón Gil López. 3 de marzo de 1975. Cinco votos. Ponente: David Franco Rodríguez.
Véase por todas: “GUARDA DEL MENOR. DERECHO PREFERENTE DE LA MADRE, EN EL INTERDICTO DE RECUPERAR LA POSESIÓN”. Séptima Época, Instancia: Sala Auxiliar, Tesis Aislada, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 181-186 Séptima Parte. Materia(s): Civil. Página: 221. Genealogía: Informe 1984, Segunda Parte, Sala Auxiliar, tesis 35, página 43. Precedente: Amparo directo 5285/78. Horacio Moreno Caballero. 22 de mayo de 1984. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Salvador Martínez Rojas. Secretario: Lucio Antonio Castillo González.
Véase: “DEPÓSITO DE MENORES. EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN, AL PREVER QUE LA MADRE QUEDE AL CUIDADO DE LOS HIJOS MENORES DE SIETE AÑOS, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD”. Tesis: 1a. CV/2004. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Octubre de 2004. Materia(s): Constitucional, Civil. Página: 366. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Andrea Nava Fernández del Campo.
Véase: “INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EN CASO DE QUE DEBA SER SEPARADO DE ALGUNO DE SUS PADRES, EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL NO ESTABLECE UN PRINCIPIO FUNDAMENTAL QUE PRIVILEGIE SU PERMANENCIA, EN PRINCIPIO, CON LA MADRE”. Tesis: 1a. VII/2011. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Tesis Aislada. Publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, febrero de 2011. Materia(s): Constitucional. Página: 615. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rodrigo de la Peza López Figueroa.”
********************TESIS:
LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis aislada fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión privada de dos de mayo de dos mil doce. México, Distrito Federal, tres de mayo de dos mil doce. Doy fe. May 18, 2012#SCJN Sentencias nacionales en equidad de género →
May 18, 2012#SCJN Jurisprudencia Nacional en Equidad de Género →
May 18, 2012#SCJN Depósito de mujer casada. Cuando estudié Civil I (back in 1993) todavía existía esta figura - y me traumaba-
[TA]; 5a. Época; 3a. Sala; S.J.F.; LXXXVII; Pág. 2213
; Registro: 348 318
MUJER CASADA, ESTA OBLIGADA A VOLVER AL DOMICILIO CONYUGAL, AL CESAR SU DEPOSITO EN DISTINTA CASA.
Si aunque al promover juicio de divorcio, la esposa solicitó y obtuvo ser depositada en casa distinta de la de su marido, con posterioridad se dictó sentencia ejecutoria que absolvió al demandado, ésta hizo cesar dicho depósito, y por lo mismo, la actora tenía obligación de volver al domicilio conyugal.
Amparo civil directo 5558/42. Aguilar de Gutiérrez María Teresa. 11 de marzo de 1946. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Emilio Pardo Aspe. Ponente: Carlos I. Meléndez.
******* Afortunadamente, esto se modificó******
[TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XIII, Mayo de 2001; Pág. 286
; Registro: 189 570
Al establecer el referido precepto como diligencia para la separación de personas, el depósito de la mujer, y en caso de que se señale como lugar del depósito el domicilio conyugal, la abstención del esposo de concurrir a éste mientras la medida subsista, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 285 del propio código, cualquiera de los cónyuges tiene derecho a solicitar la separación, transgrede la garantía de igualdad entre el varón y la mujer ante la ley, prevista en el artículo 4o., segundo párrafo, de la Constitución Federal que proscribe toda situación que origine un trato distinto, de discriminación, en atención al sexo de las personas. Ello es así, porque el citado artículo 287, párrafos segundo y tercero, tratándose de las diligencias para realizar tal separación, establece una diferencia de trato entre los cónyuges basada en la condición de su sexo, pues prevé para el varón la obligación de abandonar el domicilio conyugal si se señala éste como lugar de depósito de la mujer, lo cual implica una desigualdad legal a favor de esta última, ya que se le deja en el domicilio conyugal, mientras que al varón se le conmina a abstenerse de concurrir a éste, no obstante que ambos cónyuges tienen el mismo derecho a permanecer en él.
Amparo en revisión 410/2000. Mario Rojas Rangel. 24 de enero de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan N. Silva Meza. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada.
[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XVI, Octubre de 2002; Pág. 1451
; Registro: 185 642
SEPARACIÓN DE LOS CÓNYUGES Y DEPÓSITO DE LA MUJER. EL ARTÍCULO 408, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, QUE PREVÉ LA FORMA EN QUE SE PUEDE DECRETAR, VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER.
El artículo 4o., segundo párrafo, de la Constitución Federal dispone que el varón y la mujer son iguales ante la ley, por tanto, toda situación que origine un trato distinto, de discriminación, en atención al sexo de las personas, es violatorio de la garantía de igualdad entre el hombre y la mujer. Por lo que el artículo 408, párrafo primero, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, al establecer que el depósito de la mujer o de los menores se ordenará por el Juez, señalando el domicilio de familia honorable o institución de beneficencia en que una u otros deban permanecer, entre tanto se resuelve el negocio, resulta violatorio de la garantía de igualdad referida, ya que tal medida precautoria implícitamente impide a la mujer concurrir al domicilio conyugal mientras la medida subsista o se resuelva el negocio. En consecuencia, el depósito de la mujer fuera del domicilio conyugal queda proscrito por el artículo constitucional referido, en atención al trato distinto, de discriminación, en relación con el sexo de las personas pues, al caso, prevé para la mujer la obligación de abandonar el domicilio conyugal y ser depositada en el de una familia honorable o institución de beneficencia, lo cual implica una desigualdad legal a favor del varón, toda vez que a éste se le deja en el domicilio conyugal, mientras que a la mujer se le conmina a abstenerse de concurrir al mismo, no obstante que ambos cónyuges tienen el mismo derecho a permanecer en el domicilio conyugal.
Amparo en revisión 44/2002. José de la Luz Hernández Toral. 20 de junio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: José Juan Trejo Orduña. Secretario: David Elizalde López.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 286, tesis 1a. XXXIII/2001, de rubro: “SEPARACIÓN DE LOS CÓNYUGES Y DEPÓSITO DE LA MUJER. EL ARTÍCULO 287, PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO DE MORELOS QUE PREVÉ LA FORMA EN QUE SE PUEDEN DECRETAR, VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER.”.
May 18, 2012#SCJN Alimentos. Equidad. [TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXVI, Julio de 2007; Pág. 266
; Registro: 171 974
El artículo 310 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, al prever el derecho a solicitar pensión alimenticia en caso de divorcio necesario, viola la garantía de igualdad contenida en el artículo 4o., primer párrafo, de la Constitución General de la República, pues establece un trato distinto entre el varón y la mujer a pesar de que la ley parte de una absoluta equiparación entre los cónyuges, en orden a su capacidad jurídica y aptitudes para la vida y el trabajo. Ciertamente, los artículos 2o. y 163 de dicho Código establecen que la capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer y que, en consecuencia, ésta no queda sometida, por razón de su sexo, a restricción alguna en la adquisición y ejercicio de sus derechos civiles, además de que por efectos del matrimonio ambos tendrán igual autoridad y consideraciones en el hogar. No obstante, el mencionado artículo 310 evidencia un tratamiento distinto por razón de sexo, sin que exista una justificación razonable para ello, pues en los casos de divorcio necesario dispone que el derecho de la mujer inocente a percibir alimentos -decretados como sanción para el marido culpable- se genera por el solo hecho de que aquélla resulte inocente en el divorcio, sin que tenga que acreditar otra circunstancia, toda vez que el legislador condiciona el derecho del marido para obtener una pensión alimenticia a consecuencia del divorcio, ya que no es suficiente que hubiere resultado inocente, sino que tiene que acreditar su necesidad alimentaria demostrando que carece de bienes propios para subsistir o que está imposibilitado para trabajar, con lo cual se incumple con la finalidad perseguida en estos casos, consistente en sancionar al cónyuge culpable del divorcio.
Amparo directo en revisión 949/2006. Leoncio Téllez Richkarday. 17 de enero de 2007. Mayoría de tres votos. Disidentes: Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo.
Nota: El disenso de los Ministros Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, fue en el sentido de que la norma no causaba agravio al recurrente y no en contra del criterio que refleja esta tesis.
May 18, 2012#SCJN Adulerio. Garantía de igualdad. [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; II, Noviembre de 1995; Pág. 502
; Registro: 203 727
ARTICULO 288 DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE CAMPECHE. VIOLA LA GARANTIA DE IGUALDAD QUE TUTELA EL ARTICULO 4o. CONSTITUCIONAL.
Desde un punto de vista jurídico la igualdad radica en la posibilidad y capacidad de que un número indeterminado de personas adquieran derechos y contraigan obligaciones, que se deriven de la situación en que se encuentran, y en ese sentido entraña el acatamiento del principio aristotélico que dice: “trato igual a los iguales y desigual a los desiguales.” Por otra parte, debe decirse, que el adulterio entraña una ofensa al cónyuge inocente, y en consecuencia, su consumación significa una falta al pacto de recíproca fidelidad entre los esposos, lo cual constituye la base fundamental del matrimonio, de ahí que al cometerse adulterio, sea quien sea quien lo realice, indiscutiblemente conculcará los derechos de la familia, transtornando el orden y la moralidad que debe imperar en ese núcleo. Ahora bien, el artículo 288 del Código Civil del Estado de Campeche, contiene la siguiente disposición: “El adulterio del marido es causa de divorcio solamente cuando con él concurra alguna de las circunstancias siguientes: I. Que el adulterio haya sido cometido en la casa conyugal; II. Que haya habido escándalo o insulto público hecho por el marido a la mujer legítima; III. Que la adúltera haya maltratado de palabra o de obra, o que por su causa se haya maltratado de alguno de esos modos a la mujer legítima.” Este precepto, como puede verse, resulta discriminatorio, con base en que respecto a una misma situación jurídica trata de manera diferente a la mujer, en relación a una causal de divorcio como lo es el adulterio, pues el cometido por la esposa, en cualquier forma que lo perpetre, siempre será motivo de ruptura del matrimonio; en cambio, el cometido por el varón acusa matices diversos, ya que si comete adulterio, éste por sí solo no generará el divorcio, en la inteligencia de que dicha sanción civil sólo opera para el hombre cuando el adulterio vaya acompañado de alguna de las circunstancias agravantes que contempla la norma hipotética en cuestión. Por consiguiente, si tanto el hombre como la mujer, conforme a esa ley secundaria, tienen acción de divorcio en la hipótesis de adulterio, no hay razón válida y justificativa para menguar el derecho de la mujer, sujetando o condicionando la procedencia de su acción a que se satisfagan determinadas circunstancias en el adulterio del varón, dado que tales disposiciones infringen la garantía de igualdad jurídica que tutela el artículo 4o. de la Constitución General de la República, de ahí que sea lógico y jurídico concluir, que el artículo 288 del Código Civil para el Estado de Campeche es inconstitucional.
Amparo directo 461/95. Vilma del Carmen Cobos Paat. 6 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando A. Yates Valdez. Secretario: Luis A. Cortés Escalante.
May 18, 2012#SCJN Next page →