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Timestamp: 2016-12-07 21:09:32
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Matched Legal Cases: ['artículo 200', 'artículo 41', 'artículo 124', 'artículo 2503', 'artículo 2340', 'Artículo 33', 'artículo 2311', 'artículo 2314', 'artículo 2315', 'artículo 2318', 'artículo 2319', 'artículo 2324', 'artículo 2325', 'artículo 75', 'artículo 2', 'artículo 2', 'Artículo 12', 'Artículo 14', 'Artículo 26', 'Artículo 75', 'artículo 75', 'Artículo 124', 'Artículo 121', 'Artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 121', 'artículo 121', 'Artículo 1', 'Artículo 66', 'artículo 45', 'Artículo 1', 'Artículo 1']

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Rocío Alarcón Roldán
1 Facultad de Derecho y Ciencias Sociales N 168 Luis Alberto Cavalli Departamento de Investigaciones Junio 20072 Para citar este documento: Cavalli, Luis Alberto (2007). Documento de Trabajo Nº 168, Universidad de Belgrano. Disponible en la red:3 Indice Capítulo I. Marco Teórico Justicia y derecho...6 Definición de Derecho de Aguas...7 Naturaleza Jurídica del agua...10 Fuentes...10 Capítulo II El Enfoque de Desarrollo Sustentable El Enfoque de Desarrollo Sustentable en el Derecho de Aguas La Unidad de Cuenca y el Enfoque de Ecosistema...13 Principios del Enfoque de Desarrollo Sustentable en el Derecho de Agua...14 Capítulo III Aspectos constitucionales del derecho de Aguas La Constitución Nacional y el agua...14 Dominio y competencia...16 La doctrina y los ríos interprovinciales...19 La Constitución del año Capítulo IV El agua en el Código Civil El pensamiento de Vélez Sársfield...22 El Dominio en el Código Civil...23 Clasificación del Dominio...24 Caracteres del dominio público...24 Aguas Pluviales...26 Cursos de Agua...28 Clasificación de los cursos de agua...28 Elementos constitutivos de los ríos. La Ribera...29 Uso y Goce de los Ríos...29 Los Ribereños...30 Camino de sirga...31 Aguas surgentes...32 Aguas subterráneas...32 Lagos y Lagunas...32 Capítulo V. Derecho de Aguas y Ambiente Principios Rectores de Política Hídrica de la república Argentina...33 Capítulo VI Espacios Marítimos Espacios Marítimos...42 Mar Territorial Argentino...42 Dominio y Jurisdicción Provincial sobre los recursos vivos...42 Zona Contigua...43 Zona Económica Exclusiva...43 Dominio y Jurisdicción Nacional sobre los recursos vivos...43 Plataforma Continental...44 Playas del Mar...44 Protección ambiental contra la contaminación por hidrocarburos...45 Capítulo VII Represas y humedales Represas...45 Presas en la República Argentina...47 Caídas de Agua...51 Humedales...52 Conceptos básicos del tratado Ramsar...52 Sitios Ramsar en la Argentina...544 Capítulo VIII Cuencas Hídricas Superficiales Cuencas Hídricas superficiales...54 Cuencas y Regiones Hídricas Superficiales de la República Argentina...54 Regulación de los usos de los ríos interprovinciales...57 Competencia respecto de los ríos interprovinciales...58 La Política Hídrica posterior a Organismos Interjurisdiccionales de Cuencas Hídrica...59 Capítulo IX Daño Ambiental y Aguas El daño ambiental y los recursos hídricos...63 Capítulo X Las aguas en el derecho penal El artículo 200 del Código Penal...65 Capítulo XI Derecho Internacional de Aguas Evolución...65 Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente CIAMA...67 Las Reglas de Helsinki. Año Convención sobre el Derecho de Uso de Cursos de Agua Internacionales No Navegables. Año Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar...74 Capítulo XII Los Tratados en que la República Argentina es parte Tratado de la Cuenca del Plata...75 Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo...76 Estatuto del Río Uruguay...78 La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande...78 Acuerdo para el Aprovechamiento Múltiple de los Recursos de la Alta Cuenca del Río Bermejo y del Río Grande de Tarija...79 Acuerdo Constitutivo de la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo Convenio Comisión mixta argentino-paraguaya del Río Paraná Tratado de Yacyretá en el Río Paraná Recursos hídricos compartidos con Chile Capítulo XIII La Agenda Internacional La Agenda Internacional III Foro Mundial del Agua...84 Notas...85 Bibliografía General5 Prólogo El presente es un trabajo de reunión, sistematización y análisis de la normativa que involucra a los recursos hídricos de la República Argentina. Es una labor de indudable valor en la situación actual de nuestro país, donde es posible resaltar dos circunstancias: por un lado, la nueva normativa sancionada con posterioridad al año 2002, tanto la surgida bajo el mandato del artículo 41 de la Constitución Nacional como la de origen provincial, siguiendo los lineamientos de los llamados Principios rectores de política hídrica, cuya tutela institucional ostenta el Consejo Hídrico Federal, novel organismo interprovincial; por otro, la incorporación al debate nacional de la cuestión hídrica y, por tanto, de la puesta en prioridad en la agenda de los gobiernos, de la cuestión del agua, como consecuencia, también, de la controversia con la República Oriental del Uruguay por la instalación en la orilla del río Uruguay de dos plantas de industrialización de pasta para la elaboración de papel. La reciente sanción de la ley , por la que se crea la Autoridad de Cuenca del Matanza Riachuelo, es otro hecho que marca la nueva situación del tratamiento normativo e institucional del recurso natural agua. El autor se ocupa de establecer el marco teórico desde donde se realiza el análisis, delimitando el concepto de derecho, de justicia y elaborando su propia definición del derecho de aguas, donde vemos incorporada la moderna visión ambiental de la problemática. Los aspectos constitucionales son encarados desde la perspectiva histórica, dada la importancia de los ríos en las luchas civiles que culminan con la sanción de nuestra Carta Magna, y el hecho de que los mismos tengan mención especial en su articulado. Se señala que aún en la actualidad se debate acerca de la competencia y jurisdicción sobre los ríos interprovinciales de nuestro país entre la Nación y las Provincias y que ello tiene implicancias en la solución de los numerosos conflictos surgidos entre provincias por hechos vinculados con recursos hídricos compartidos. Partiendo del análisis del pensamiento de Vélez Sársfield, el trabajo se dedica al articulado del Código Civil vinculado con el agua, tanto en lo que se refiere al dominio como a la casuística que se desarrolla en el mismo. La rica experiencia de nuestro país en cuanto a la normativa referida a los recursos hídricos compartidos con los países vecinos se encuentra sistematizada y actualizada en capítulo aparte. La obra de Cavalli adquiere aquí, en tanto obra jurídica, un valor singular como aporte para la investigación y el pensamiento: el autor analiza, critica, juzga, opina. Y lo hace porque además de sus inquietudes como investigador y docente, es un hombre de la acción concreta en el ámbito de las aguas. Es miembro del Comité Técnico de la Cuenca de los ríos Salí y Dulce que abarca las provincias de Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba; es miembro del Comité de Cuenca del Pasaje Juramento Salado que abarca las Provincias de Salta, Santiago del Estero, Santa Fe; asesor de la Comisión Regional del Bermejo (COREBE), ha participado del impulso a la creación del Comité de Cuenca de la Llanura Pampeana Central y de la Subcuenca de la Laguna La Picasa. Ello lo autoriza a tener una visión de la normativa desde la práctica concreta y su aplicación en la realidad. Creemos que la obra que presentamos desde el Departamento de Investigación de esta Universidad, resulta de gran utilidad para estudiantes, docentes, abogados especializados y también para un público general que se interesa por la problemática cada vez más compleja y actual en la Argentina y el mundo, como es la del recurso natural agua. Dino Bellorio Clabot Diciembre de Profesor Titular de la materia Derecho Ambiental Director de la Carrera de Abogacía y de la Especialización en Derecho Ambiental Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Belgrano. 56 Capítulo I. Marco Teórico Justicia y Derecho El derecho puede definirse de muchos modos según el punto de vista adoptado, dice Ihering, cuando habla de la noción del derecho en El Espíritu de las Leyes. Esta afirmación se verifica en el distinto contenido que se atribuye al vocablo en la historia de la humanidad. Los romanos utilizaban el término ius. Con este vocablo identificaban lo que era lícito, tal como lo declaraban las leyes, la costumbre o los magistrados. El jurisconsulto Celso decía que ius era el arte de lo bueno y de lo equitativo, o sea el modo de alcanzar la realización de la justicia a través de la conducta humana.(1) En el Siglo IV de la era cristiana comenzó a utilizarse la palabra directum, derivada de dirigere, guiar, conducir, con lo que se quería indicar el conjunto de normas religiosas que orientan la vida humana por el camino recto. Luego se extendió la utilización del vocablo a las normas que se imponían a la conducta de los hombres y aspiraban a dirigirla en sentido justo. Hubo, entonces, un camino recorrido por ius, referido a la conducta lícita y otro por derecho referido a la norma que impone la conducta lícita. En este camino histórico también se abren, a su vez, dos concepciones distintas de derecho. El derecho objetivo, que es el conjunto de normas que rige obligatoriamente la vida en sociedad y por otro lado el derecho subjetivo, vinculado con las personas que lo ejercen, consistente en la facultad que tiene cada uno para obrar frente a los demás.(2) En nuestra historia jurídica, la justicia, como acto que trasciende el mero orden legislativo, ocupaba un importante lugar en la tradición jurídica hispano-indiana. Las Partidas la consideraban como arraigada virtud, y además, guía de los gobernantes para sus actos de gobierno y de los jueces para resolver pleitos. Esta idea trascendente nutrió una actitud sentimental de la justicia, que vivía en el hombre común y que aparece también en la literatura del Siglo de Oro y en nuestra letras costumbristas. La justicia era un sentimiento social, era concebida como la más esencial y necesaria de las virtudes sociales. La justicia, como estado afectivo era hondamente vivida. Pero era un concepto vago, difuso y generalmente inabordable para los juristas, habituados al rigor intelectual, al ejercicio definitorio y al preciso encasillamiento legal. Su difícil aprehensión hacía que su aplicación práctica tuviera severos defectos. En 1828 en un diario porteño se leía que la justicia era: Tela de araña en que se prenden los pequeños y pobres y que los grandes y ricos rompen y despedazan. La justicia, con el advenimiento del racionalismo sufrió amputaciones para hacer de ella un concepto más técnico, donde empieza a regir el imperio de la ley. El papel predominante de la ley es un antiguo rasgo del derecho de tradición romana e igualmente lo era en el derecho indiano. En el Siglo XVIII la privilegiada situación de la ley se acentuó, entre otros factores, porque la misma, emanada del monarca, debía ser respetuosamente aceptada y obedecida por los súbditos. Este mismo concepto absoluto de la ley se ve brillar en los días de la Revolución de Mayo, con el importante cambio teórico referido a que la autoridad de donde aquella emanaba no era el rey sino el pueblo, cuya soberanía se ejercía por medio de sus representantes. Moreno decía en 1810: Que el ciudadano obedezca respetuosamente a los magistrados, que el magistrado obedezca ciegamente a las leyes, este es el punto último de perfección de una legislación sabia... Vencido Rosas se imponía armar un nuevo país a través de las leyes. Los pensadores, políticos y juristas de la época estaban animados por la idea de modelo, que era copiar la legislación vigente de otro país e implementarla lisa y llanamente en el nuestro. Sarmiento era uno de los mayores y fervientes defensores de esta postura. Para Alberdi el derecho era un elemento vivo y continuamente progresivo de la vida social, que se mantiene en armonía con otros elementos de la vida social, como el económico, el religioso, el artístico, el filosófico. El derecho no es la ley. Las leyes son la imagen imperfecta y frecuentemente desleal del derecho. En este ambiente de culto a los modelos extranjeros se sancionaron los dos cuerpos legales más importantes del siglo XIX: la Constitución Nacional y el Código Civil. La primera siguiendo el modelo norteamericano y el segundo siguiendo el modelo francés. Alberdi y Sarmiento, cuyas discusiones preanuncian lo que serán luego los términos que usarán las hinchadas en las canchas de fútbol, coincidían en varios aspectos: Su desprecio por lo provinciano, por lo popular, por lo local. Las masas eran incultas, los legisladores del interior reflejo de esas masas. Por lo tanto poco podía esperarse de su labor intelectual, poco podían aportar para el progreso civilizador. Legislar un pueblo es hacer un pueblo, esto significa cambiarlo. Gobernar es poblar, es un concepto complementario del anterior. Poblar es importar anglosajones, para que ellos sean el grueso de la población, de manera tal que reemplacen a los criollos y españoles y eduquen a los que quedan. 67 Este concepto de los legisladores y el temor a que el proyecto fuera manchado de barbarismo provinciano inculto fue lo que impulsó a votar el Código Civil a libro cerrado. Respecto de la constitución bástenos mencionar las palabras de su redactor principal, José Gorostiaga: El Proyecto está vaciado en el molde de la Constitución de los Estados Unidos, único modelo de verdadera federación que existe en el mundo. Alberdi en Estudios sobre la Constitución de 1853 trata de atemperar este servilismo. Kant, quién no atendía en su definición de derecho más que a la manifestación exterior del derecho, la compulsión, fue el inspirador del positivismo o normativismo lógico de Hans Kelsen. Este jurista distinguió dos mundos, el natural, integrado conforme el principio de causalidad; y el de la sociedad, interpretado conforme al principio de la imputación. Del primero se ocupan las ciencias naturales y es ajeno al jurista. En cambio, sí le interesa a éste, el mundo de la sociedad, el del deber ser, pero no en su totalidad. Solo le atañe la imputación que relaciona ciertos hechos sociales antecedentes y el acto coactivo consecuente, despreocupándose por la justicia o injusticia de la imputación. Así el sistema de Kelsen se escinde del mundo del deber ser y desplaza a la justicia del ámbito teórico del jurista. Algunos de sus seguidores concibieron el derecho como una ciencia desprovista de valores y ajena a la justicia. Bajo el dominio de la Iglesia Católica el positivismo fue combatido desde el neotomismo, o doctrina aristotélico-tomista, la cual, centrada en la escolástica y reavivando al filosofía antigua y medieval, enlazaba el derecho natural con la existencia de Dios. En nuestro país las ideas positivistas de Kelsen han tenido gran aceptación y forma parte de las creencias aceptadas por políticos y juristas de diverso orden, de manera tal que dan a la ley, cualquiera fuera su fundamento intrínseco, su razonabilidad o justicia, suficiente fuerza coactiva, por estar sólo su sanción conforme a los mecanismos externos de poder. Definición de Derecho de Aguas Nosotros vamos a referirnos al derecho de aguas, desde la perspectiva objetiva del derecho, al que entendemos unido esencialmente a la justicia. El derecho de aguas es el conjunto de normas imperativas de un ordenamiento social que, conforme a la justicia, regulan la relación de las personas con el agua, considerada ésta en las diversas maneras en que se manifiesta en el ciclo hidrológico e integrada al medio ambiente. Es un conjunto de normas, entendiendo que no solo abarca a las normas escritas como la ley, que si bien es la más importante fuente no es la única, sino a los usos y costumbres, los principios generales y a la jurisprudencia. Hablamos de ordenamiento, vinculando el derecho con el orden y la naturaleza. Desde los comienzos de la filosofía occidental, los principales pensadores concebían un orden que regía el mundo. Este mundo es igual a naturaleza. El orden por tanto incluía al mundo, a la naturaleza y al hombre en un todo indivisible. Es Anaximandro, quien elabora el concepto que llega hasta nuestros días y bajo la cual estamos envueltos: es la idea de cosmos. El término cosmos se traduce generalmente por mundo y por naturaleza, en el contexto de mundo natural. En la evolución semántica del término cosmos pueden distinguirse los siguientes estadios: Su significado etimológico es el de orden o disposición de cierta cosa, y el de ornato por ejemplo, el ornamento femenino, de donde proviene cosmética. Según Heidegger, este segundo significado debe interpretarse como belleza, noción ligada a la idea de ser. El orden del mundo. El mundo como un orden. Cosmos, un orden que incluye a la naturaleza como parte indisoluble del mismo, de mundo y naturaleza como una misma cosa (3). Pitágoras transmite su visión por la cual el universo es un cosmos, un todo ordenado y armoniosamente conjuntado. El destino del hombre consiste en considerarse a sí mismo como una pieza de este cosmos, descubrir el lugar propio que le está asignado y mantener en sí y en su entorno, en lo que está de su parte, la armonía que es debida de acuerdo con el orden natural de las cosas.(4) Aristóteles, en el siglo IV realiza el grueso de sus teorías a partir de la observación de la naturaleza.(5) El conocimiento de la naturaleza, el respeto por los procesos naturales, la similitud de los procesos sociales a los naturales, es el esqueleto de su pensamiento. El desarrollo de las sociedades e instituciones políticas se lo figura como un proceso natural, según una analogía biológica. El proceso es aquel por el cual se llegan a cumplir las posibilidades marcadas en la naturaleza de cada organismo. No hay posibilidad de evolución posterior en esta asimilación de los procesos sociales a los físicos. De acuerdo a estos conceptos el ordenamiento implica un orden, cuyos elementos constitutivos son el mundo natural y el hombre. En este orden el hombre se asigna un lugar para sí respecto de su entorno, en una relación de armonía, a la vez que disciplina la conducta individual de las personas en aras a una 78 convivencia que permite alcanzar los fines que el conjunto de las personas persigue, que presupone la satisfacción de los intereses personales individuales, en cada momento histórico y según el lugar. El Ordenamiento es social. Cuando hablamos de social, lo hacemos desde la relación del derecho y la sociedad, y estamos implicando conceptos que se entrelazan en la definición misma de derecho: cualquier definición de derecho que tomemos implicará a la sociedad, o al individuo actuando en sociedad. Guillermo Borda, define al derecho como el conjunto de normas de conducta humana establecidas por el Estado con carácter obligatorio y conforme a la justicia. (6) Para Llambías (7) es el ordenamiento social justo, definición que toma de Renard y que comparte con Casares, Bargalló Cirio y Zorraquín Becú. ( 8) Para Arauz Castex derecho es la coexistencia humana pensada en función de justicia (9) Para Salvat derecho es el conjunto de reglas establecidas para regir las relaciones de los hombres en sociedad, en cuanto se trate de reglas cuya observancia puede ser coercitivamente impuesta a los individuos. (10) Ihering se refiere al derecho como el interés jurídicamente protegido que es la garantía de las condiciones de vida de la sociedad en la forma de coacción.(11). Habida cuenta de que Estado tiene un amplio protagonismo en el derecho de aguas, al considerase la mayoría de las aguas del dominio público, debemos considerar las definiciones del derecho administrativo. Para Rafael Bielsa, el derecho administrativo es el conjunto de normas positivas y de principios de derecho público de aplicación concreta a la institución y funcionamiento de los servicios públicos y al consiguiente contralor jurisdiccional de la Administración pública.(12) Para Benjamín Villegas Basavilbaso es un complejo de normas y de principios de derecho público interno que regulan las relaciones entre los entes públicos y los particulares o entre aquellos entre sí, para la satisfacción concreta, directa e inmediata de las necesidades colectivas, bajo el orden jurídico estatal. (13) Marienhoff lo define como el conjunto de normas y de principios de derecho público interno, que tiene por objeto la organización y el funcionamiento de la administración pública, como así la regulación de las relaciones interorgánicas, interadministrativas y las de las entidades administrativas con los administrados. (14) El conjunto de normas son imperativas en el ordenamiento social dado. Borda habla de que son establecidas por el Estado con carácter obligatorio. Entendemos que el carácter de imperativas es lo importante y no quién es el sujeto que las establece. La moderna tendencia encabezada por la Unión Europea a dar prioridad al derecho supranacional, nos muestra que el Estado es un concepto relativo como único órgano con capacidad y poder de dar normas imperativas. Por otro lado la regionalización intraestado permitiría la imposición de normas, ateniéndonos a las regiones del artículo 124 de la Constitución Nacional. Asimismo sería posible que se crearan Organismos de Cuencas de ríos interprovinciales, con criterio ambiental, que pudieran sancionar normas con un ámbito de validez territorial distinto de las provincias por donde pasa. Conforme a la Justicia. Es clásica la definición de Ulpiano (15) que dice que la justicia es la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno su derecho. Santo Tomás de Aquino habla de que la justicia es el hábito por el cual se da, con una voluntad constante y perpetua, su derecho a cada uno. (16). Estas definiciones contemplan la justicia como virtud individual, desde el punto de vista de la persona que realiza el acto justo o tiene el hábito de obrar con rectitud. Esto, que si bien en épocas de crisis de valores reviste fundamental importancia, queda en el campo de los moralistas y sólo secundariamente contempla sus alcances sociales. Cicerón nos habla de la justicia como un hábito del alma, observado en el interés común, que da a cada cual su dignidad. Nosotros trataremos la justicia como ordenamiento jurídico, contemplaremos el acto justo en sí mismo, prescindiendo de la persona que lo ejecuta. Si bien van unidos, el punto de vista objetivo de la justicia, que es el que nos interesa, es distinto del punto de vista subjetivo que vimos en las definiciones anteriores, ya que no se implanta esta justicia para promover la virtud entre los hombres, cosa que no vendría mal hoy, sino para asegurar la justicia en sus relaciones sociales. Para que la justicia se realice es menester que exista un conjunto de condiciones que imponga la solución adecuada por obra, no de la voluntad del agente, sino de una voluntad superior a la suya. El acto justo, en efecto, surge de la relación entre dos o más sujetos. No es un acto puramente individual, sino de orden social. Esa voluntad superior es la ley, por lo tanto el acto justo consiste además en cumplir el derecho. La relación que le da origen se encuentra regulada exteriormente por normas jurídicas, previamente determinadas, que imponen la solución justa prescindiendo de nuestra intención y de nuestra voluntad. La justicia objetiva se identifica entonces con el derecho que la realiza, consiste en el ordenamiento social que obliga a dar a cada uno lo que le corresponde. 89 Es indudable que en lo que le corresponde a cada uno está el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, de acuerdo a lo preceptuado por nuestra Constitución. Para ello es necesario utilizar racionalmente los recursos naturales, donde encontramos al agua. El conjunto de normas regulan la relación de las personas con el agua: El derecho de aguas se funda en las disposiciones emanadas de la Constitución Nacional y el Código Civil fundamentalmente, aunque son variadas y amplias las fuentes del derecho de aguas. La discrecionalidad estatal, aquellas características de dinamismo entre la involución y la evolución del derecho administrativo, la sujeción al capricho coyuntural del gobernante, nada pueden hacer frente a la normativa principal establecida por el codificador civil. Aún el Estado debe respetar las disposiciones que regulan su relación con el agua: No puede establecer otra relación que no sea dentro de las que establece el Código Civil. Esa relación está dada por la normativa que regula los derechos reales, sometida al principio del numerus clausus, por el cual no se pueden crear otros derechos reales que los que enumera taxativamente el artículo 2503 del Código Civil. Los bienes del dominio público están enumerados en el artículo 2340 del Código, donde de manera expresa y detallada se refiere a las aguas, y de allí surge, también, sus caracteres de inenajenables, inembargables e imprescriptibles. Por lo tanto nosotros incluimos en la definición la relación entre las personas y el agua, sin establecer distinción entre el Estado y los particulares, ya que personas son, de acuerdo al Artículo 33 tanto las de carácter público como privado. Y si bien hoy el Estado tiene un gran protagonismo ello no significa que en un futuro cercano, las personas de existencia ideal participen de la gestión de las aguas en un rol protagónico, así como los particulares se erijan a través de la institución adecuada en autoridades no estatales en las decisiones fundamentales respecto del manejo de las aguas. El agua deber ser considerada en las diversas maneras en que se manifiesta en el ciclo hidrológico. La cantidad total de agua que existe en la Tierra, en sus tres fases, sólida, líquida y gaseosa, se ha mantenido constante desde la aparición de la Humanidad. El agua de la Tierra, que constituye la hidrósfera, se distribuye en tres reservorios principales: los océanos, los continentes y la atmósfera, entre los cuales existe una circulación continua, el ciclo del agua o ciclo hidrológico. El movimiento del agua en el ciclo hidrológico es mantenido por la energía radiante del sol y por la fuerza de la gravedad. El ciclo hidrológico se define como la secuencia de fenómenos por medio de los cuales el agua pasa de la superficie terrestre, en la fase de vapor, a la atmósfera y regresa en sus fases líquida y sólida. La transferencia de agua desde la superficie de la Tierra hacia la atmósfera, en forma de vapor de agua, se debe a la evaporación directa, a la transpiración por las plantas y animales y por sublimación,paso directo del agua sólida a vapor de agua. La cantidad de agua movida, dentro del ciclo hidrológico, por el fenómeno de sublimación es insignificante en relación a las cantidades movidas por evaporación y por transpiración, cuyo proceso conjunto se denomina evapotranspiración. El vapor de agua es transportado por la circulación atmosférica y se condensa luego de haber recorrido distancias que pueden sobrepasar km. El agua condensada da lugar a la formación de nieblas y nubes y, posteriormente, a precipitación. La precipitación puede ocurrir en la fase líquida (lluvia) o en la fase sólida (nieve o granizo). El agua precipitada en la fase sólida se presenta con una estructura cristalina, en el caso de la nieve, y con estructura granular, regular en capas, en el caso del granizo. La precipitación incluye también incluye el agua que pasa de la atmósfera a la superficie terrestre por condensación del vapor de agua (rocío) o por congelación del vapor (helada) y por intercepción de las gotas de agua de las nieblas (nubes que tocan el suelo o el mar). El agua que precipita en tierra puede tener varios destinos. Una parte es devuelta directamente a la atmósfera por evaporación; otra parte escurre por la superficie del terreno, escorrentía superficial, que se concentra en surcos y va a originar las líneas de agua. El agua restante se infiltra, esto es penetra en el interior del suelo; esta agua infiltrada puede volver a la atmósfera por evapotranspiración o profundizarse hasta alcanzar las capas freáticas. Tanto el escurrimiento superficial como el subterráneo van a alimentar los cursos de agua que desaguan en lagos y en océanos. La escorrentía superficial se presenta siempre que hay precipitación y termina poco después de haber terminado la precipitación. Por otro lado, el escurrimiento subterráneo, especialmente cuando se da a través de medios porosos, ocurre con gran lentitud y sigue alimentando los cursos de agua mucho después de haber terminado la precipitación que le dio origen. (17) El agua deber considerarse integrada al medio ambiente. 910 El bien jurídico es el agua. Pero no aislado del resto de los recursos naturales y de los de origen antrópico, sino integrada al medio ambiente. El uso y aprovechamiento racional de los recursos hídricos se refiere a la toma y desviación de aguas superficiales, al estancamiento, modificación en el flujo o la profundización de las aguas superficiales, la toma de sustancias sólidas o en disolución de aguas superficiales, en tanto se afecte el estado o calidad de las aguas o su escurrimiento, la colocación e introducción de sustancias en aguas costeras desde tierra firme, la colocación e introducción de sustancias en aguas subterráneas, la toma de aguas subterráneas, se elevación y conducción sobre tierra, así como su desviación, el estancamiento, la profundización y la desviación de aguas subterráneas, mediante instalaciones destinadas a tales acciones o que se presten a ellas, las acciones aptas para provocar permanentemente o en una medida significativa, las alteraciones de las propiedades físicas, químicas o biológicas del agua, así como modificar la fase atmosférica del ciclo hidrológico, cuya descripción se ha realizado cuando nos referimos a él en la definición que estamos desarrollando en este punto. El uso racional y el aprovechamiento, deben orientarse a su preservación mediante el cumplimiento de normas ambientales. Tanto la de presupuestos mínimos ambientales, de nivel nacional como las de nivel provincial y municipal, complementarias de aquellas o, en todo caso, de mayor protección.(18) Naturaleza Jurídica del agua El agua es una cosa, según el artículo 2311 del Código Civil, que dice que Se llaman cosas en este Código, los objetos materiales susceptibles de tener un valor. Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de apropiación. Puede ser inmueble por naturaleza, de acuerdo al artículo 2314 del Código Civil, que son las cosas que se encuentran por sí mismas inmovilizadas, como el suelo y todas las partes sólidas o fluidas que forman su superficie y profundidad: todo lo que está incorporado al suelo de una manera orgánica, y todo lo que se encuentra bajo el suelo sin el hecho del hombre, como es el agua de los arroyos. Puede ser Inmueble por accesión que son aquellas definidas por el artículo 2315 como las cosas muebles que se encuentran realmente inmovilizadas por su adhesión física al suelo, con tal que esta adhesión tenga el carácter de perpetuidad. Así podemos considerar de esta manera al agua que corre por acueductos o por cañerías o las que se encuentran en estanques, piletas, depósitos, con carácter perpetuo. Asimismo el agua puede ser una cosa mueble en los términos del artículo 2318, que define como aquellas que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose por sí mismas, sea que sólo se muevan por una fuerza externa, con excepción de las que sean accesorias a los inmuebles y del artículo 2319, que agrega que son también muebles todas las partes sólidas o fluidas del suelo, separadas de él, como las piedras, tierra, metales, etc.; las construcciones asentadas en la superficie del suelo con un carácter provisorio; los tesoros, monedas, y otros objetos puestos bajo del suelo; los materiales reunidos para la construcción de edificios mientras no estén empleados; los que provengan de una destrucción de los edificios, aunque los propietarios hubieran de construirlos inmediatamente con los mismos materiales; todos los instrumentos públicos o privados de donde constare la adquisición de derechos personales. También es cosa fungible, encuadrada según el artículo 2324, que define como aquellas en que todo individuo de la especie equivale a otro individuo de la misma especie, y que pueden sustituirse las unas por las otras de la misma calidad y en igual cantidad. Puede ser considerada, dentro de la definición del artículo 2325 como cosa consumible: aquella cuya existencia termina con el primer uso y que termina para quien deja de poseerla por no distinguirse en su individualidad. Son cosas no consumibles las que no dejan de existir por el primer uso que de ellas se hace, aunque sean susceptibles de consumirse o de deteriorarse después de algún tiempo. Fuentes Las fuentes que se enumeran en este acápite son las llamadas fuentes formales, es decir la manifestación exterior de una voluntad dispuesta a crear derecho, los medios de expresión de una norma jurídica. Las fuentes materiales, aquellas circunstancias y factores que provocaron la aparición y determinaron el contenido de las normas jurídicas del derecho de aguas son tratadas concomitantemente cuando se desarrollan en particular cada una de ellas. Así nos hemos detenido en analizar las circunstancias políticas, sociales, económicas, históricas, geográficas, culturales, que influyeron en la producción del derecho de aguas. Nos ha parecido necesario el análisis del pensamiento de Juan Bautista Alberdi y de las fuentes materiales de la Constitución Nacional, donde los ríos tienen un tratamiento especial dado su papel en los lineamientos económicos prioritarios de los constituyentes. Lo mismo el pensamiento de 1011 Vélez Sársfield, tanto en lo referido a su concepción respecto de la propiedad como a la importancia de las aguas, coherente con el de la Constitución. También es importante en el contexto histórico de los últimos años el avance del derecho ambiental, de indudable influencia en el derecho de aguas. Las fuentes formales son: la Constitución Nacional, que trata a las aguas de manera original y propia, el Código Civil, las leyes nacionales, los decretos, las resoluciones ministeriales, las constituciones provinciales, las leyes provinciales, los tratados internacionales e interprovinciales, la jurisprudencia. Comentario aparte merece el tema de la supremacía de los tratados internacionales sobre las leyes nacionales. La Reforma del 94, modificó el artículo 75 inciso 22,donde se dice que los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Esta modificación, sumada a la política privatizadora y de atracción de capitales extranjeros de la década del noventa en la Argentina, ha tenido impacto relevante en la gobernabilidad del agua y sus servicios. Es grande hoy la influencia que los acuerdos internacionales de protección a inversión y comercio tienen sobre la capacidad nacional de gestión de recursos y regulación de servicios. Pocos son los que han notado que con estos acuerdos, que tienen primacía legal, los roles y funciones de gobiernos nacionales y locales pueden verse afectados, puesto que los acuerdos internacionales priman por sobre los poderes nacionales y locales. En efecto, como consecuencia del nuevo orden global y de la política nacional comentada, hay gran cantidad de servicios prestados y derechos detentados por empresas que están comprendidas en los sistemas de protección a la inversión extranjera, o en regímenes diferenciados de solución de conflictos, lo que abre jurisdicciones externas sobre cuestiones nacionales y locales, cuyas consecuencias y efectos han sido poco analizados. Además, pueden sujetar actividades y recursos a normas legales que no entran dentro de las pautas de referencia de los gerentes y reguladores de recursos o servicios, que normalmente las ignoran, pues no están debidamente informados sobre los mismos ni de sus alcances. En este contexto, el Estado Nacional, ha perdido capacidad para ejercer las funciones que, en interés público, tradicionalmente entraban bajo la noción de poder de policía. Un número de compañías trabajando en el área de servicios públicos en Argentina, incluidas Aguas Argentinas están demandando a Argentina en diferentes tribunales (cortes francesas, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)) para requerir un ajuste de tarifas como consecuencia de la devaluación del peso. También en Argentina, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo de los 7 han presionado al Gobierno por un incremento de tarifas a despecho de impactos inflacionarios y sociales. Joseph Stiglitz ha acuñado la frase gobierno global sin Estado global para referirse al fenómeno contemporáneo de las determinaciones institucionales externas a los países donde los impactos tienen lugar. Esto ha debilitado el papel del Estado, sin que se haya hasta el momento diseñado un mecanismo universalmente aceptado para lidiar con este menoscabo de sus poderes. Existe, eso sí, la noción incipiente que los mecanismos de arbitraje hoy tan en boga no se adaptan a las necesidades de tratar con asuntos de interés público. Conforme a Stiglitz, la manera en la cual algunas instituciones internacionales trabajan afecta la democracia, pues dictan políticas a los gobiernos sobre marcos muy estrechos. Capítulo II. El Enfoque de Desarrollo Sustentable El Enfoque de Desarrollo Sustentable en el Derecho de Aguas El agua, elemento indispensable para la vida humana, animal y vegetal, ha sido el factor aglutinante de las primeras civilizaciones y podríamos afirmar que las ciudades más importantes del mundo se desarrollan a la ribera de ríos, mares y lagos. En cada etapa de la historia las normas jurídicas han dado protección prioritaria a alguno de sus usos. Las primeras civilizaciones la protegieron para el consumo humano, para la agricultura y la ganadería. Con el auge del comercio mundial fueron en una etapa posterior considerados los ríos como indispensables para la comunicación y el comercio entre distintos centros, por lo que el derecho se ocupó principalmente del fomento y protección de la navegación. Una nueva etapa es aquella en que las caídas de agua son utilizadas para generar energía. El planeta se fue cubriendo de espejos de agua artificiales a partir de la construcción de grandes presas. En la Argentina estos grandes emprendimientos fomentaron la integración territorial y el desarrollo regional. Agua y Energía de la Nación fue el organismo que llevó adelante en nuestro país emprendimientos de esta naturaleza. El Fondo de Integración Territorial y el Fondo de Desarrollo Regional fueron la continui- 1112 dad que permitieron la finalización de las grandes obras de presas para bebida, riego, turismo, control de caudales e hidroelectricidad. Mientras tanto la industria fue usando a las aguas como recipiente de sus residuos, produciendo la contaminación que la hace inútil para el resto de los usos. Comienza la etapa de preocupación ambiental por el recurso. En este último período de preocupación ambiental ha tenido en la Argentina características particulares: 1.- Incorporación de normas extranjeras. Las normas ambientales existentes en el derecho argentino son incorporación forzada del derecho ambiental internacional. No se ha respetado el proceso interno de maduración necesario para que tal derecho tenga una vigencia real. Y derecho que no se realiza no es derecho. La incorporación de convenios internacionales, así como la sanción de leyes ambientales que son copias de normas de derecho de otros países con realidades diferentes, han dado lugar a la existencia de un derecho ambiental vigente pero incumplido. Tenemos un conjunto de normas ambientales, que pueden ser perfectas desde el punto de vista teórico, pero que no se cumplen, que son desconocidas por los protagonistas sociales, por los juristas y por los jueces, a la vez que en los estados provinciales y en el Estado Nacional es mínimo el esfuerzo en hacerlas cumplir. 2.- Feudalismo jurídico. La nueva realidad económica, social, cultural, tecnológica, científica y ambiental planetaria ha generado nuevas situaciones que el derecho tradicional no puede contener. Qué actitud debemos tener frente a lo nuevo? Goldenberg, trae un ejemplo de Saleilles: cuando apareció el tren impulsado por una locomotora de vapor, las chispas provocaban el incendio de los campos. Resultaba un hecho nuevo para los juristas. La jurisprudencia alemana fundó la responsabilidad en que el simple hecho de emplear tracción a vapor constituye culpa. Goldenberg opina: Como vemos, a ultranza se mantiene la máscara jurídica para cubrir situaciones totalmente extrañas a esta noción. Cómo puede calificarse de culposa la circunstancia de incorporar a la sociedad los avances técnicos del progreso? (2) Recordemos nosotros, por otro lado, que al aparecer el ferrocarril, parte de la sociedad, temerosa de lo nuevo y desconocido, se opuso a su desarrollo, sumándose a los que creían perder económicamente o socialmente con su consolidación, como los dueños de los otros medios de transporte y los trabajadores, cuyas centrales sindicales plasmaron en sus manifiestos su rechazo al tren. Es innegable el progreso de la humanidad en su calidad de vida a partir del uso de la ciencia y de la técnica. El extremismo ecologista que pretende un regreso a la naturaleza, olvida, o pretende olvidar, que los hombres que vivían naturalmente en los tiempos remotos, tenían un promedio de vida de veinticinco años, las madres en su mayoría morían al dar a luz, y cualquier enfermedad que encontraba un grupo humano lo destruía de inmediato. Eso sumado a que el regreso al pasado es imposible, pues es parte de lo humano, tener conciencia del pasado para progresar mejor hacia el futuro. Los nuevos elementos que el hombre ha introducido a su sociedad, desde la informática a la biotecnología, han provocado las reacciones de los sectores que la constituyen. Algunos son indiferentes, otros las han incorporado como parte de la realidad y otros las rechazan. El derecho ha receptado estas nuevas situaciones generando leyes de tratamiento específico, que no se incorporan al derecho de fondo sino que crean su propio sistema. Así tenemos la ley de defensa del consumidor, la ley general del ambiente, ley de gestión de aguas, etc, que traen el inconveniente de que su aislamiento genera un feudo jurídico, con sus autoridades de aplicación, sus reglas propias y principios, y el núcleo pequeño de especialistas, alejado del conocimiento general de sus destinatarios y sin aplicación concreta de los jueces, que en general las desconocen. 3.-Falta de integración y unicidad entre el derecho de aguas y el ambiental. Otro fenómeno que se observa en la realidad argentina es que el derecho de aguas corre por un lado y el derecho ambiental por otro. En la práctica esto se manifiesta en que los organismos vinculados con el agua, tanto en la Nación como en las provincias, siguen políticas diferentes, a veces sin coordinación, cuando no enfrentadas ante hechos concretos. Lo ambiental aparece como obstaculizando cualquier desarrollo que se pretenda en un área o región. A esto se suma una vertiente que entiende al derecho ambiental como una defensa de la naturaleza en sí misma, con un planteo donde el hombre es el enemigo. Esto termina en una actitud conservadora, adversaria de cualquier progreso tecnológico o científico. Frente a esta realidad del derecho de aguas y del derecho ambiental se hace necesario en la Argentina una visión del derecho que permita a la sociedad argentina alcanzar su desarrollo y que este sea en 1213 términos sustentables, concepto este último de moderna data. La tarea es, pues, poner de manifiesto la necesidad de que el derecho se enfoque fundamentalmente a la protección y basamento del desarrollo sustentable mediante una visión ambiental del régimen jurídico del agua en el marco de la unicidad del derecho. Lo primero es respetar nuestra historia para poder modificarla y llevarla por el camino correcto. El derecho debe seguir con la defensa del desarrollo de la sociedad nacional a través de la utilización racional e inteligente de las aguas. Esta concepción del derecho la vamos a llamar Enfoque de desarrollo sustentable en la gestión de aguas. El derecho debe tener principios, debe priorizar la defensa de un modelo determinado de sociedad nacional, del cual surge como derecho vivo y desde donde ordena hacia la justicia. Nosotros vamos a hablar de un enfoque del derecho, de una visión, de un perfil, lo que significa que vamos a darle prioridad a algunos principios, establecer algunas líneas directrices que en esta etapa deben tenerse en cuenta. La Unidad de Cuenca y el Enfoque de Ecosistema. En el derecho internacional existen dos enfoques respecto de las aguas y del ambiente. La primer concepción, que actualmente prevalece, es la que prioriza la cuenca hídrica como una unidad. La otra es la del enfoque de ecosistema, un planteo conservacionista, que parte del Convenio de Diversidad Biológica. La Unidad de Cuenca en la gestión: Cuenca es la región geográfica delimitada por las divisorias de aguas que discurren hacia el mar a través de una red de cauces secundarios que convergen en un cauce principal único y las endorreicas, según lo define la Ley Nº en su artículo 2. La consideración de la cuenca como territorio base para la gestión integrada del agua ha sido enfatizada y recomendada en todas las grandes conferencias internacionales sobre los recursos hídricos, a saber: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua (Mar del Plata, Argentina, 14 al 25 de marzo de 1977). Allí se recomendó que los países consideraran, como cuestión urgente e importante, el establecimiento y fortalecimiento de direcciones de cuencas fluviales, con miras a lograr una planificación y ordenación de esas cuencas más eficientes e integradas respecto de todos los usos del agua. Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente El Desarrollo en la Perspectiva del Siglo XXI (Dublín, Irlanda, 26 al 31 de enero de 1992), donde se recalcó que la gestión eficaz establece una relación entre el uso del suelo y el aprovechamiento del agua en la totalidad de una cuenca hidrológica o un acuífero y que la entidad geográfica más apropiada para la planificación y gestión de los recursos hídricos es la cuenca fluvial. Cumbre de Río En el capítulo 18 Protección de la calidad y el suministro de los recursos de agua dulce: aplicación de criterios integrados para el aprovechamiento, ordenación y uso de los recursos de agua dulce del Programa 21, aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro, 3 al 14 de junio de 1992), se enfatizó que la ordenación integrada de los recursos hídricos, incluida la integración de los aspectos relativos a las tierras y a las aguas, tendría que hacerse a nivel de cuenca o subcuenca de captación y que la compleja interconexión de los sistemas de agua dulce exige una ordenación global de dichos recursos (basado en la ordenación de las cuencas hidrográficas). Conferencia Internacional sobre Agua y Desarrollo Sostenible (París, Francia, 19 al 21 de marzo de 1998), donde se recomendó a las entidades de asistencia bilateral y multilateral concentrar sus actividades orientadas a la realización de reformas institucionales, administrativas y económicas, que apunten al establecimiento de organizaciones de cuenca y de autoridades reguladoras nacionales o regionales. Conferencia Internacional sobre el Agua Dulce El Agua: Una de las Claves del Desarrollo Sostenible (Bonn, Alemania, 3 al 7 de diciembre de 2001). Allí se señala que la clave de la armonía a largo plazo con la naturaleza y con nuestros semejantes reside en arreglos de cooperación a nivel de cuenca hidrográfica y que las cuencas hidrográficas son el marco de referencia indicado para la gestión de los recursos hídricos, y se destaca que las cuencas hidrográficas, las cuencas fluviales, los lagos y los acuíferos deben ser el marco de referencia primario para la gestión de los recursos hídricos y que es preciso crear mecanismos institucionales y participativos a este nivel. Cabe agregar que la Unión Europea, en su Directiva Marco Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 23 de octubre de 2000, Por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, reconoce la cuenca como uno de los elementos fundamentales de su política de aguas. El Enfoque por Ecosistemas: El enfoque por ecosistemas, es una consecuencia del Convenio de Diversidad Biológica y fue presentado en ese marco oficialmente en el año 2000, propiciado por la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza. (UICN). Es una estrategia para la gestión integrada 1314 de tierras, extensiones de aguas y recursos vivos por la que se promueve la conservación y utilización sostenible de modo equitativo. La aplicación del enfoque por ecosistemas ayuda a lograr un equilibrio entre los tres objetivos que se propone el Convenio aludido: conservación; utilización sostenible; y distribución justa y equitativa de los beneficios dimanantes de la utilización de los recursos genéticos. Esta atención prioritaria a los procesos, funciones e interacciones está en consonancia con la definición de ecosistema que figura en el artículo 2 del Convenio sobre la Diversidad Biológica: Por ecosistema se entiende un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional. En esta definición no se especifica ninguna unidad o escala espacial particular, en contraste con la definición de hábitat que figura en el Convenio. Por lo tanto, el término ecosistema no corresponde necesariamente a los términos bioma o zona ecológica, pero se puede referir a cualquier unidad en funcionamiento a cualquier escala. En realidad, la escala de análisis y de acción se debe determinar en función del problema de que se trate. Pudiera ser, por ejemplo, un grano de tierra, una cuenca hídrica, un bosque, un bioma o toda la biosfera. Principios del Enfoque de Desarrollo Sustentable en el Derecho de Aguas Nuestro país tiene una rica experiencia en lo que se refiere a la gestión de aguas, ya que a llevado hasta sus extremos las modas mundiales. Desde el manejo absoluto del Estado hasta la privatización de servicios de agua potable, de generación de hidroelectricidad, de manejo de presas, utilización de ríos para la minería, etc. Por lo cual podemos extraer de toda esta experiencia principios para tener en cuenta y hacia donde orientar la normativa futura del recurso. Enumeramos aquellos principios fundamentales de nuestro enfoque: 1.- La elección de los objetivos de la gestión de los recursos hídricos debe hacerla el Estado Nacional en coordinación con los Estados Provinciales, de acuerdo a las distintas competencias asignadas constitucionalmente. 2.- La gestión de los recursos hídricos no puede ir separado de la gestión de las tierras y de los recursos vivos. 3.- La gestión debe estar descentralizada al nivel apropiado más bajo. 4.- Los administradores de las aguas deben tener en cuenta los efectos de sus actividades en el ecosistema del cual forma parte el agua, y en los ecosistemas adyacentes y en otros ecosistemas. 5.- Existiendo beneficios económicos derivados de la gestión del recurso hídrico, es necesario comprender y gestionar el agua en el contexto económico. Este tipo de programa de gestión de aguas debería: a) Disminuir las distorsiones del mercado que repercuten negativamente en el recurso hídrico, en la tierra y en la diversidad biológica; b) Orientar los incentivos para promover la conservación y la utilización sostenible del agua, la tierra y la diversidad biológica; 6.- El agua se debe gestionar dentro de los límites de su escala espacial. 7.- La gestión del agua debe aplicarse a las escalas espaciales y temporales apropiadas. 8.- Se deberían establecer objetivos a largo plazo en la gestión del agua. 9.- En la gestión debe reconocerse que el cambio es inevitable En la gestión de aguas deben tenerse en cuenta todas las formas de información pertinente, incluidos los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades científicas, indígenas y locales En la gestión de aguas deben intervenir todos los sectores de la sociedad y las disciplinas científicas pertinentes. Capítulo III. Aspectos constitucionales del Derecho de Aguas La Constitución Nacional y el agua Las aguas tienen un tratamiento especial en la Constitución Nacional, nuestra Ley de leyes. Los ríos son considerados especialmente en su articulado, con diferencia de los otros recursos naturales. Este tratamiento deriva de que los ríos tenían una importancia fundamental en el esquema constitucional alberdiano, como motores del progreso y del bienestar general. Los artículos referidos a los ríos y a la promoción del progreso no fueron modificados por los constituyentes de 1994, por lo que los objetivos perseguidos por Alberdi y los constituyentes de 1853 y del 1860 quedan intactos. 1415 Difícilmente entendamos la realidad si no partimos de la historia que la construyó. Difícilmente podamos entender las normas que tratan de ordenarla si no conocemos el contexto histórico que la creó. Nuestra constitución es el resultado de una larga lucha que enfrentó a los argentinos. Dos modelos de país fueron los polos de una contradicción que se resolvió por la sinrazón de las armas. Hablamos de unitarios y federales, hablamos del Siglo XIX, de la época de la organización nacional, de guerra civil, de conflictos internos, de peleas armadas en las cuales distintos bandos representando intereses diversos y opuestos, trataban de imponerlos por sobre sus enemigos. Hubo batallas finales, triunfadores y perdedores, la imposición de un orden determinado, custodiado por la fuerza militar suficiente, con la normativa correspondiente y una historia oficial que la difundió a las nuevas generaciones. Sin embargo, las tensiones subyacentes, que otrora causaron tantos enfrentamientos y muertes, y que parecieron acabarse con el silencio de los fusiles impuestos en batallas que dejaron vencedores y vencidos, no dejaron por ello de existir. Nuestra forma de Estado, definida constitucionalmente como federal, no encuentra siempre su aplicación cierta en la realidad. El molde federal que se quiso estatuir con la norma fundamental, no alcanza a contener el avasallante poder de la fuerza centralizante del estado nacional. Los conceptos de unitario y federal se asocian con los de descentralización y centralización y, en doctrina y en política, a libertad y autoridad. Federalismo está, pues, vinculado con la idea de descentralización política, donde las atribuciones políticas esenciales están distribuidas en dos órdenes gubernativos diferentes: el gobierno central y los gobiernos locales. En la Argentina, el Estado Nacional y las Provincias. Fue James Bryce,, el que popularizó la idea de que coexisten dos fuerzas, una centrípeta y otra centrífuga, como en las ciencias naturales dominadas por la astronomía newtoniana, entre el unitarismo y el federalismo. Decía: en política, podemos llamar fuerza centrípeta a la tendencia que impele a los hombres o agrupaciones de hombres a juntarse en una comunidad organizada y a mantenerse en ella, y fuerza centrífuga a la que hace separarse y dispersarse a los hombres y agrupaciones de hombres. una constitución política o esquema de gobierno, como el complejo total de leyes que encierran los principios y las normas por los que la comunidad organizada, gobernada y mantenida unida, está expuesta a la acción de ambas fuerzas. (1) La idea anterior ya había sido expuesta por Alberdi, en Destinos de la Revolución, donde dice que Todos los estados son trabajados por estas dos formas que se llaman unidad y federación o descentralización. La unidad es la autoridad de un poder que se extiende del centro a la circunsferencia; la federación, al contrario, es la autoridad de un poder que parte de la circunsferencia para componer un centro. Las dos fuerzas coexisten y trabajan simultáneamente. (2) Sin embargo, estas formas visuales que hacen pie en lo físico, no siempre describen correctamente lo que pasa. Nótese el caso de la Reforma Constitucional de La necesidad surgida del fuerte poder centralizado, personalizado en la figura del Presidente, de poder tener la posibilidad de ser reelecto para un nuevo período, generó la concreta posibilidad de modificar la constitución a este efecto. Como contrapartida, permitió incorporar a la misma los llamados derechos de tercera generación y normas de refuerzo del federalismo. Inclusive surge la fuerte presencia municipal, antes ausente en este nivel normativo. Los otros conceptos que se asocian con los de unitarismo y federalismo son los de autoridad y libertad. Proudhon, en del Principio Federativo,(3) 1921, argumentaba que el orden político reposa en dos principios contradictorios: la autoridad y la libertad, que están en lucha constante. La manera de poder hacer una transacción, la única manera, es a través del federalismo. El estado unitario resulta ser una concentración de poder, y por tanto, sostiene algunos en doctrina, son más propicios a la dictadura y el despotismo. Esta visión del asunto es tomada por nuestros constituyentes del 53 quienes en la minuta que aprueban el 3 de mayo, sostienen que: la república única e invisible de Venecia fue el tirano de sus provincias hermanas de tierra firme; y las otras repúblicas italianas no trataron con más unidad a los pueblos que les estaban sometidos fuera del recinto de sus capitales. La república unitaria francesa dos veces ha terminado en el imperio. y quién no descubre en los últimos tiempos de nuestro tirano unitario un designio de la misma naturaleza? Los pueblos no se hacen para postrar como los elefantes sino cuando un hombre quiere subir encima de ellos y sentar su trono sobre la ancha espalda de la bestia. (4) Plasmado en la Constitución el sistema federal está vigente hasta nuestros días, siempre soportando las tensiones de un unitarismo subyacente impuesto por la fuerza de la realidad. En este marco, uno de los más arduos problemas que plantea el federalismo es el del reparto de competencias entre el gobierno central y los gobiernos locales. Este problema se ha planteado en todos los sistemas federales, y podemos decir que no tiene una solución definitiva. José Matienzo decía ya que existen tantos federalismos como naciones federales.(5) La historia argentina nos enseña que son varias las causas por las que el Estado Nacional asume más competencias que las que le otorga la Constitución. Entre ellas: 1516 La inacción de los gobiernos locales, generalmente debido a sus crisis económico financieras, sumado a cierta falta de iniciativa y la posición de esperar todo del gobierno central. En la última década este proceso de ve profundizado en el mecanismo utilizado por los organismos multilaterales de crédito, de prestar fondos al Estado Nacional y no a las Provincias. La acción permanente y avasalladora del estado nacional, motivada por la necesidad de suplir la inercia y la falta de medios económicos de los gobiernos provinciales para cumplir con sus fines, particularmente en materia de educación y asistencia social, así como la natural tendencia centrípeta que existe en todo estado federal y que ante la falta de resistencia por parte de una equivalencia centrífuga, no encontró valla ni oposición alguna. A pesar de la constitucionalización del federalismo, el país reconoce antecedentes unitarios que también representan una fuerza subyacente hoy. Alberdi ya los señalaba en sus escritos.(6) Ellos son: En el tiempo de la colonia española: la unidad de costumbres y creencias religiosas, la unidad de origen español del pueblo argentino, la unidad de costumbres e idioma, la unidad política y de gobierno, pues todas las provincias formaban parte de un solo Estado, la unidad de legislación civil, comercial y penal, la unidad judiciaria, en el procedimiento y en la jurisdicción y la competencia, pues todas las provincias del virreinato tenían un solo tribunal de apelaciones instalado en la capital con el nombre de Real Audiencia, la unidad territorial bajo la denominación de Virreinato del Río de la Plata, la unidad financiera o de rentas y gastos públicos, la unidad administrativa en todo lo demás, ya que la acción central partía del virrey, que era el jefe supremo del Estado, instalado en la Capital, la ciudad de Buenos Aires constituida en capital del virreinato. En la época de la revolución: la unidad de creencias políticas y de principios republicanos, la Nación era pensada como una unidad en materia de democracia y de república, la unidad de sacrificios en la guerra de la Independencia, los distintos pactos de unión general celebrados e interrumpidos durante la revolución, los congresos, presidencias,directorios supremos y generales que, con intermitencias más o menos largas, actuaron durante la revolución, la unidad diplomática, externa e internacional, consignada en tratados celebrados con Inglaterra, Brasil, Francia, etc, la unidad de gloria y reputación, la unidad de colores simbólicos de la revolución, de armas y escudos, la unidad implícita, intuitiva, que se revelaba cada vez que se decía Republica Argentina, pueblo argentino. Esta fuerza de la historia, sumada a las fuerzas centrípetas mencionadas, a la que podríamos sumar la fuerza centralizante de los diversos gobiernos militares surgidos de la fuerza, que actuaron a manera de dictaduras durante el siglo XX, constituyen hoy parte del conflicto real e irresuelto acerca de las delimitaciones de las jurisdicciones, entre la Nación y las Provincias. Nuestra constitución es producto de este choque de fuerzas y no siempre queda clara la resolución a favor de la nación o de las provincias, por lo que queda sujeta a lo que se denomina en doctrina interpretación. Dominio y competencia La problemática referida al dominio, la jurisdicción y la competencia sobre los ríos interprovinciales es un debate permanente, que aún no fue resuelto, ni en la legislación, ni en la jurisprudencia, ni en la doctrina, ni en la política hídrica nacional, y se mantiene vivo en los conflictos recurrentes entre las provincias por este valioso recurso. La necesaria interpretación de la Constitución Nacional y de la legislación que hay que hacer para establecer el dominio, la jurisdicción sobre los ríos que atraviesan o son compartidos por más de una provincia comienza por entender qué es lo que querían los que establecieron el orden constitucional. Entendiendo el pensamiento de Alberdi de manera integral se entiende por qué los ríos interprovinciales debían ser necesariamente del dominio de la Nación y no de las provincias. Es aplicable aquí aquella afirmación de Ihering respecto de que es imposible entender el derecho de un pueblo y una época abstrayéndolo de su fondo viviente, de su correlación con la vida real.(7) En sus últimos días Sarmiento (8) pidió que se grabaran en su tumba estas palabras: Una América Libre, asilo de los dioses todos con lengua, tierra y ríos libres para todos. El sanjuanino, que había sido ministro y Presidente de la Nación, que había sido uno de los pilares de la facción liberal que terminó con la era del gobierno de los caudillos, que dejó miles de páginas escritas, que se ocupó en la pluma y en la acción de variadísimos temas, quiso dejar a la posteridad como mensaje y consigna: ríos libres para todos. Es que nuestro nacimiento y desarrollo institucional está signado por una lucha entre facciones donde los ríos interiores son una de las causas fundamentales de la pelea. Juan Manuel de Rosas, encarnaba la tiranía que sostenía su poder en base a una política de prevalencia de Buenos Aires sobre el interior del país. Ello se lograba estableciendo que los ríos interiores permanecieran cerrados al mundo, con lo cual se excluía al interior de los beneficios de comerciar con el mundo. Los ríos interiores cerrados al mundo significaban la primacía de Buenos Aires sobre el resto del país. 1617 Pero Rosas era, asimismo, la encarnadura de lo español en nuestro territorio, de la ideología, valoraciones y normas de conducta heredada de España que para los liberales era el obstáculo para que en la Argentina se conquistara la civilización. Rosas era la barbarie. Ello no impidió que esta facción se aliara con el caudillo de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, quién no se diferenciaba de Don Juan Manuel ni en estilo, ni en ideología, ni en la defensa de la producción ganadera de exportación. Pero la libertad de los ríos es lo que provoca el enfrentamiento entre estos dos caudillos, más que la literatura política: el bloqueo anglofrancés había logrado que los entrerrianos comerciaran con el mundo desde sus propios puertos con indudables beneficios. Ya no dejarían que el monopolio de la metrópoli del Plata les impidiera seguir disfrutando de los frutos del comercio internacional. Urquiza se convirtió en el abanderado de la libertad de los ríos y llevó su pelea hasta el final, acompañado y apoyado por el Imperio de Brasil y por Montevideo. Rosas ya había advertido que la independencia de Paraguay y la libertad de los ríos significaba entregar el litoral a la poderosa armada brasileña. Entre los compromisos de Don Justo José estaba el obtener del nuevo gobierno de la Confederación la libre navegación del Paraná y demás afluentes del Plata y a reconocer la independencia de Paraguay. Sarmiento, por entonces, trataba de influir sobre el caudillo entrerriano, quién no lo dejaba hablar y lo destinó a hacer boletines de difusión política. En su obra Mi Vida, rememorando pasajes de la campaña contra Rosas recuerda la sensación que le produjo la Pampa, al desplegarse ante mis ojos las suaves ondulaciones que se pierden en el horizonte, esa Pampa que había descrito en el Facundo, sentida por intuición, pues la veía por primera vez en mi vida. (9) Un pequeño ejemplo de la concepción teórica, alejada de la realidad, sobre la que se asentaba la acción. La empresa constitucional tenía como fin, luego de la caída de Rosas, conducir la realidad para salir del estado oscuro y subalterno de la Argentina, a las luminosas alturas de la civilización. En el Memorando al Gobierno Británico de agosto de 1855, Alberdi, como embajador plenipotenciario argentino, explica que La libre navegación de los ríos, sobre cuyas márgenes están esas poblaciones interiores, será el único medio de reducir a verdad práctica la libertad de comercio, abriendo el tráfico directo de la Europa los numerosos mercados que mantiene desconocidos hasta hoy la América mediterránea. En esa memoria ya Alberdi se quejaba que los monopolios se habían puesto a trabajar en contra de los resultados benéficos del nuevo régimen fluvial.(10) Lo que surge es que la constitución establece un régimen fluvial, cuyo fin económico era permitir el libre comercio con otros países, para el progreso armónico de todo el territorio argentino y con ello sentar las bases de la civilización. La superlativa importancia que tenían los ríos interiores no solo estaba vinculada a lo económico sino a lo político, a la paz internacional. Para Alberdi la guerra contra Paraguay iniciada por Mitre era la vieja guerra civil entre Buenos Aires y las Provincias la dictadura del Paraguay era un resultado, cuya causa se encuentra en la misma que engendró la dictadura de Rosas: el cierre de los ríos interiores. Los mismos intereses monopolistas que bloqueaban a las provincias de la confederación, bloqueaban a Paraguay. El antagonismo entre Buenos Aires y Paraguay es antiguo y tiene el mismo motivo que los que tenía Buenos Aires con el Interior: el libre tráfico directo con el mundo comercial, que todos disputan allí, porque es la mina de recursos, la renta pública y el tesoro nacional. (11) La América está mal hecha. La América, de mediterránea e interna debe volverse litoral y marítima. Abramos de par en par las puertas! Que la Europa nos penetre por todos lados! Escuchamos decir a Alberdi.(12) En Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853, Alberdi, dice que Nuestra organización escrita es un cambio de rumbo, un nuevo derrotero La ociosidad de raza, la ineptitud hereditaria para la industria y la libertad, no acabarán con prédicas y admoniciones. El pueblo que ha de realizar hasta su última consecuencia el régimen que la Confederación acaba de darse, está por existir, no es el presente; y justamente es sabia la Constitución moderna por haberse combinado para formar la futura República Argentina. (13) Esta función de tener una más y mejor población, esto de mudar la masa o pasta de nuestra población, esta alteración de raza que propone Alberdi tiene una función, una misión esencialmente económica, que está incluida explícitamente en la Constitución Nacional. La constitución federal argentina, dice, como ninguna otra acaso de la de ambos mundos, contiene un sistema completo de política económica.(14) Producto de la concepción e ideología de los constituyentes surgen estos artículos constitucionales, que se enmarcan en la historia que hemos examinado: El Artículo 12 en el cual se establece que Los buques destinados de una provincia a otra, no serán obligados a entrar, anclar y pagar derechos por causa de tránsito, sin que en ningún caso puedan concederse preferencias a un puerto respecto de otro, por medio de leyes o reglamentos de comercio. 1718 El Artículo 14.-Donde se establece que Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio; a saber:.de navegar y comerciar; El Artículo 26: La navegación de los ríos interiores de la Nación es libre para todas las banderas, con sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la autoridad nacional. Artículo 75: Inciso 10: Corresponde al Congreso: Reglamentar la libre navegación de los ríos interiores, habilitar los puertos que considere convenientes, y crear o suprimir aduanas. La política civilizadora, la que conduce al progreso, tiene a los ríos como uno de sus instrumentos vehiculizadores principales. El artículo 75 inciso 18, la llamada cláusula del progreso, es fiel reflejo y síntesis constitucional del espíritu alberdiano y de sus más firmes convicciones. Corresponde al Congreso de la Nación la construcción de canales navegables...y la exploración de los ríos interiores,. Explorar significa analizar, investigar, ver posibilidades de utilización en el marco general de la Constitución: el progreso. Dados estos antecedentes, para los constituyentes de 1853 los ríos interprovinciales son del dominio público de la Nación, ya que tienen un valor económico vinculado con el progreso, que de ninguna manera podía quedar en manos de las provincias, ámbito geográfico del atraso y la barbarie. En cuanto a lo provincial hay que considerar los siguientes artículos: Artículo 124: Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al gobierno federal o el crédito público de la Nación; con conocimiento del Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca al efecto. Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Artículo 121:Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno Federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Artículo 41:Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos, actual o potencialmente peligrosos, y de los reactivos. En el tema aguas interjurisdiccionales se da el fenómeno que se da en llamar confluencia de competencias entre la Nación y las Provincias. A partir de la Reforma del 94, con el artículo 41, se agrega una nueva concurrencia de jurisdicciones, en lo vinculado a la protección ambiental. La cuestión se refiere la cláusula contenida en el tercer párrafo del nuevo artículo 41. La misma expresa que corresponde a la Nación dictar normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Asimismo manda que: Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica La Constitución Nacional ordena las competencias entre la Nación y las provincias en el artículo 121, por el cual las provincias conservan todo el poder no delegado a la Nación. En la práctica esta ficción significa que la Nación solo tiene jurisdicción y competencia en aquello que expresamente le fija la Constitución. De esta manera se entiende mejor el sistema y se hace aplicable. De otro modo las provincias posteriores a las catorce iniciales no entrarían en el esquema, ya que no delegaron nada ni les quedó ningún poder remanente. Es decir que la Nación posee las competencias que expresamente se le delegan, hecha a su favor por parte de las provincias. Las provincias tienen una competencia general, que son todas aquellas que no le han sido expresamente reconocidas a la Nación. La Constitución también establece que la competencia nacional tiene una jerarquía superior a la provincial y que en consecuencia es suprema. Debemos recordar aquí lo que hemos mencionado acerca del carácter centralizante y nacionalizador del texto constitucional querido por su máximo inspirador, Alberdi. Respecto de la competencia sobre los recursos hídricos que atraviesan más de una provincia, hay competencias concurrentes. En este caso en particular el dinamismo que va del conflicto al consenso entre el Estado Nacional y el Provincial se hace claro en la problemática de los ríos interprovinciales. 1819 La irresuelta cuestión del dominio, jurisdicción y competencia de los ríos interprovinciales, que en la práctica actual se resuelve mediante la consideración como de dominio provincial propio la parte del río que atraviesa el territorio provincial, con independencia del dominio de otra provincia y desconocimiento de las competencias del Estado Nacional, ha provocado daños severos como consecuencia de inundaciones y sequías, frutos de la falta de coordinación, cuando no de usos locales mezquinos con desconsideración de la provincia vecina. La doctrina y los ríos interprovinciales En doctrina el tema se plantea de diversas maneras. Coinciden con la tesis del dominio de la Nación sobre los ríos interprovinciales, Baldomero Llerena, Manuel F. Castello,(15) cuando son navegables y tácitamente Julio Oyhanarte cuando se la afecte a un servicio público nacional.(16) Guillermo Cano (17) se opone a esta idea, argumentando en 1969 y en trabajos posteriores con los mismos criterios, que no hay en el país otras aguas dulces de dominio federal que aquellas a que es ribereña la ciudad de Buenos Aires y las que corren o yacen el Territorio Nacional de Tierra del Fuego (antes de su nuevo estatus constitucional post 1994). Todas las demás son del dominio provincial. Sobre algunas de estas, y aun siendo las aguas del dominio provincial, la Nación ejerce jurisdicción exclusiva y excluyente de la provincia en ciertas limitadas materias: A saber 1.-Respecto de la navegación fluvial interprovincial. 2.-Respecto de ciertas grandes obras hidroeléctricas que la legislación vigente permite declarar de jurisdicción nacional como se ha hecho en algunos casos. 3.-Respecto de la política fluvial y lacustre internacional, esto es, de las relaciones con los otros países participes de cuencas internacionales. En estos ríos, navegables o no, todas las demás materias de competencia gubernamental son de jurisdicción provincial. Entre otras: los usos industriales mineros, pecuarios y recreativos, abastecimientos domestico y municipal, irrigación, control de inundaciones, de la sedimentación y de la erosión, etc. La Nación tiene, sin embargo, en las aguas de dominio y en las materias de jurisdicción provinciales, poderes concurrentes con los de aquellas, para la promoción del desarrollo de los recursos hídricos. Sabsay (18) subsume la problemática en el tema mas amplio de los recursos naturales y la protección del ambiente del articulo 41 de la Constitución. Habla del reparto de competencias entre la Nación y las Provincias.La disposición trata de encontrar una solución a lo referente al reparto de competencias entre diferentes niveles de gobierno a través de una atribución de competencias en función de un criterio de magnitud o de trascendencia. Para la Nación los presupuestos mínimos que pueden entenderse como pautas básicas, la competencia remanente queda a cargo de las provincias. Esta regla- dice Sabsayque prima facie parece muy atinada, sin embargo estará sujeta también a la interpretación. Tengamos en cuenta el alcance de la problemática ambiental y ello nos dará la pauta de cuán difícil resultará en la especie la determinación de cuándo nos encontramos ante un contenido mínimo y cuándo se invade la competencia provincial. La normativa en la materia trata en gran medida sobre parámetros de calidad o stándares, es decir de los topes de contaminación sobre los distintos recursos admitidos en un medio determinado. Por otra parte, las restantes cláusulas atinentes a la cuestión, esto es, los arts. 121 y 124, quedaron según su redacción original. En razón de ello se impone una interpretación conjunta de ambas, más el art. 41 y el 31, que determina la supremacía del orden jurídico federal por sobre el de las provincias. La Constitución Nacional establece en materia de reparto de competencias entre la Nación y las provincias lo prescrito en el artículo 121, conforme al cual las provincias conservan todo el poder no delegado a la Nación. Es decir que la Nación posee una competencia de excepción, ya que ella debe resultar de una delegación expresa, hecha a su favor por parte de las provincias. Las provincias tienen una competencia general, conformada por todas las atribuciones remanentes, o sea todas aquellas que no le han sido expresamente reconocidas a la Nación. La Constitución también establece que la competencia nacional tiene una jerarquía superior a la provincial y que en consecuencia es suprema. En el Seminario sobre Problemas del Federalismo Argentino, organizado por el Consejo Federal de Inversiones, en 1973, Pedro J. Frías (19) exponía su parecer respecto del reconocimiento o desconocimiento de la competencia del Congreso para reglar el aprovechamiento de los ríos interprovinciales, con un optimismo que el tiempo se encargaría de hacer desaparecer. Sostenía que la cuestión se había tornado abstracta toda vez que ya se había definido una política, que llamaba federalismo de concertación, que consistía en los acuerdos interjurisdiccionales entre la Nación y las provincias. Corrían tiempos de logros en cuanto a la resolución del conflicto entre provincias mediante la firma de tratados y parecía que esa política se impondría definitivamente. Cosa que no pasó. Y hoy sigue siendo una cuestión controvertida. Frías elabora una serie de principios sobre los que no habría discusión y otros que son controvertidos. Entre los principios sobre los que no habría dudas son: 1920 -El dominio publico fluvial, a partir del articulo 2340 Inciso 3 del Código Civil. -Los ríos navegables son del dominio y jurisdicción de la provincia que atraviesan u jurisdicción federal en cuanto se refiere a la navegación y comercio interprovincial e internacional. -Los ríos no navegables dominio y jurisdicción de la provincia o provincias que atraviesan. El tema controvertido, a criterio del autor, esta referido a la competencia del Congreso para regular las aguas interprovinciales no navegables o las navegables en materia ajena a la navegación y al comercio internacional. Si hay controversia entre dos o mas provincias sobre un río que comparten la solución no es contundente. Arturo Bas sostiene que deben realizarse tratados parciales sujetos a conocimiento del Congreso. Y si no hay acuerdo a la competencia de la Corte Suprema. Siguen esta tesis Guillermo Cano, Julio Camara, Miguel Marienhoff, Ernesto Padilla, Carlos Serrey, F.A. Soldano, Walter Villegas. Otra doctrina ha elaborado la tesis que la competencia es del Congreso, en virtud de la cláusula para el progreso, la facultad para regular el comercio interestadual, o por los artículos 2645 y 2646 del Código Civil. Dentro de esta corriente encontramos a Rodolfo Ballester, Jorge Bengolea Zapata, Alberto Spota, Primo Lopez Barreto. Frías sostiene que en el caso de los ríos interprovinciales no navegables habría una competencia concurrente con las provincias, por tratarse del desarrollo de los recursos hídricos. Enumera este autor las siguientes reglas de competencia: 1.- Poder concurrente del Congreso y del órgano de ejecución federal para el desarrollo de los recursos hídricos en territorio provincial, recae sobre la generación del recurso y la calidad de su aprovechamiento. 2.-La calidad del aprovechamiento, como poder concurrente del Gobierno Federal, se refiere a la idoneidad de los modos de uso mas que a la prioridad de los fines, sobre los que la valoración local debe prevalecer. 3.- Los conflictos entre provincias por aprovechamiento de un sistema fluvial común son competencia de la Corte Suprema, si se traducen en causa judicial ; no provocan ninguna competencia del Congreso o de la Administración federales; si son originados en limites interprovinciales no fijados, la competencia sobrevendrá por dichos limites; si se traducen en invasiones o ataques, será pertinente el remedio federal previsto, o sea la intervención; pero en ningún caso es la eventualidad de conflictos fuente de una competencia del Congreso que este pueda atribuir al Poder Ejecutivo. 4.- La construcción y operación por el Gobierno federal de obras que directa o indirectamente regulen las aguas interprovinciales, debe respetar los derechos preexistentes de las provincias. 5.- El acuerdo libremente pactado por las provincias para el aprovechamiento de un sistema fluvial no puede ser reemplazado por ninguna intervención de la Nación. 6.- Nada obsta a que la Nación promueva la concertación de las provincias entre sí o con la Nación misma para el aprovechamiento de los recursos derivados del sistema provincial interprovincial. 7.-Es necesaria una política hídrica nacional como única vía posible para determinar prioridades, modalidades operativas y superación de conflictos, un nivel de concertación entre la Nación y las Provincias, tanto general como sectorial. 8.-Las provincias ribereñas tienen un derecho propio a intervenir dentro del sector nacional que opera las cuencas internacionales; su derecho no recae sobre la negociación internacional de la República, que es indivisible y competencia exclusiva del Gobierno Federal, pero si en el condicionamiento previo de materias que son de su competencia. La Constitución del año 1949 Una de las discusiones que fatigan los debates de intelectuales de la Argentina y del mundo es el hecho de que el pueblo argentino sigue siendo peronista. Luis Gregorich (1) sintetiza en un frase el pensamiento hegemónico de la intelectualidad argentina. (El resto estamos del lado de Alpargatas sí ): El proceso político argentino, a menudo incomprensible para propios y extraños, ha merecido ya las más variadas interpretaciones, de las ciencias sociales a la mitología popular. El nudo problemático central ( e irresuelto) se constituye en torno del peronismo, con su capacidad hegemónica intacta después de seis décadas en que ninguna fuerza política mayoritaria (y menos peronista) podría declararse inocente respecto de la drástica declinación nacional. Podemos comprobar que la división existente en la sociedad nacional es entre peronismo y no peronismo. Se ha avanzado en la superación de la antinomia entre peronistas y antiperonistas, tal vez por el hecho notorio y evidente del destino que ha tenido el antiperonismo. Un acierto de la estrategia del no peronismo es el ir atacando con terca persistencia ciertos y determinados aspectos del peronismo histórico, para ir transformándolo. El ataque ha dado sus frutos, con consecuencias dentro del peronismo mismo, al punto, incluso, de adoptar temporalmente posturas libe- 20 Mostrar más
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