Source: https://www.scribd.com/document/59625105/RECHEA-y-FERNANDEZ-2000-Impacto-de-La-Nueva-Ley-Penal-Juvenil-en-Castilla-La-Mancha
Timestamp: 2017-12-16 12:15:34
Document Index: 310075190

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 8', 'artículo 19', 'artículo 45', 'artículo 31', 'artículo 68', 'artículo 69', 'artículo 4', 'artículo 69', 'artículo 27', 'artículo 4', 'artículo 4']

RECHEA y FERNANDEZ (2000) Impacto de La Nueva Ley Penal Juvenil en Castilla La Mancha
Nº 7. AÑO 2000.
IMPACTO DE LA NUEVA LEY PENAL JUVENIL EN CASTILLA-LA MANCHA
Cristina Rechea Alberola Esther Fernández Molina
1.- INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA 2. OBJETIVOS 2.1.General 2.2. Específicos 3.- TRABAJO DE CAMPO 3.1. Población y muestra 3.2. Recogida de datos 4.- DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 4.1. Datos Globales 5.- LA NUEVA JUSTICIA DE MENORES 6.- CARACTERÍSTICAS DE LOS DELINCUENTES JUVENILES 6.1. El Grupo de Edad de 16 a 20 años 6.1.1. ¿Qué hacen los jóvenes delincuentes? 6.1.2. Circunstancias que afectan a la gravedad de la conducta delictiva 6.1.3. Historia criminal del grupo de edad de 16 a 20 años 6.1.4. Otros datos de interés 6.2. El Grupo de edad de 12 a 15años 6.2.1. ¿Qué hacen los menores delincuentes? 6.2.2. Circunstancias que afectan a la gravedad de la conducta delictiva 6.2.3. Historia criminal 6.2.4. Otros datos de interés 7.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Centro de Investigación en Criminología Informe nº 7 (2000) http://www.uclm.es/criminologia/pdf/07_2000.pdf
1.- INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA1 Es cierto que la delincuencia juvenil ha aumentado, hasta convertirse en un serio problema social. Al margen de las causas de este fenómeno, y la necesidad de analizarlo para encontrar soluciones, parece ya aceptado por todos que el problema de la delincuencia juvenil no ha de llegar por la vía penal, en sentido estricto, sino mediante la adopción de medidas sociales, educativas, políticas, y de todo orden, de forma que la llamada al Derecho penal sea el último recurso, y cuando ello ocurra, no ha de ser la pena el instrumento utilizado, sino las medidas reeducadoras. El infractor menor de edad no ha de ser considerado como un pequeño adulto porque entre ambos existen diferencias, son personas cualitativamente distintas, por lo tanto el régimen de actuación frente a ellas ha de ser distinto también. En España ha sido la LO 4/1992, de 5 de junio, de Reforma de la Ley Orgánica Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores, la que se ha encargado de ello; no obstante, esta es una ley que ya en su Exposición de Motivos anunciaba su carácter provisional y manifestaba la necesidad de una futura regulación más completa. Esta ley durante su vigencia estableció la competencia de los Tribunales Tutelares de Menores para los sujetos infractores de la ley penal entre 12 y 15 años, mínimo que encontraba su cobertura legal en la propia LO 4/1992, en su artículo 9.1, y máximo regulado en el artículo 8.2 del Código Penal de 19732. Este máximo vino a modificarse con el nuevo Código Penal de 23 de Noviembre de 1995, que eleva la edad de responsabilidad criminal a los dieciocho años, así lo recoge su artículo 19: “Los menores de dieciocho años no serán responsables criminalmente con arreglo a este Código...”. No obstante, la entrada en vigor
Proyecto financiado por el Plan Nacional I+D, con cargo a Fondos FEDER (1FD97-0194) concedido a la Prof.. Cristina Rechea Alberola. Plaza de la Universidad nº 1, (02071) ALBACETE. E-mail: cristina.rechea@uclm.es
Art..9.1 LO 4/92:”Los Jueces de Menores serán competentes para conocer: 1. De los hechos cometidos por mayores de doce años y menores de la edad fijada en el Código Penal a efectos de responsabilidad criminal...” Art..8.2 CP’ 73:”Están exentos de responsabilidad criminal: 2º. El menor de dieciséis años...”. Artículo no derogado, Disposición Derogatoria 1.9) Código Penal de 1995.
del citado artículo ha quedado en suspenso como consecuencia del tenor literal de la Disposición Final Séptima de este nuevo Código que dice “El presente código entrará en vigor a los seis meses de su completa publicación en el BOE y se aplicará a todos los hechos punibles que se cometan a partir de su vigencia. No obstante lo anterior, queda exceptuada la entrada en vigor de su art. 19 hasta tanto adquiera vigencia la ley que regule la responsabilidad penal del menor a que se refiere dicho precepto”. Esta Ley a la que hace referencia la Disposición no se ha publicado hasta el pasado 12 de enero, por lo que la situación ha estado hasta ahora en una especie de “impass” dónde la única referencia con la que contábamos en la justicia de menores era una ley provisional que reformaba sólo los aspectos de constitucionalidad que se habían cuestionado respecto de la vieja Ley de Tribunales Tutelares de Menores de 1948, ley que a su vez reproducía un modelo de justicia tutelar que había definido una Ley anterior de principios de siglo. Por ello y como decíamos, finalmente y tras muchos años de espera se acaba de publicar dicha Ley, la L.O. 5/2000 de 12 de enero que regula la responsabilidad penal de los menores. Se presumen, pues, tiempos de cambio en el ámbito de la justicia juvenil ya que se ha de poner en marcha todo un nuevo sistema para el enjuiciamiento y la intervención con los jóvenes y menores infractores de la norma penal. Dos Administraciones deberán de encargarse pues de esta reforma la de Justicia, para su enjuiciamiento. A tal efecto, los Juzgados de Menores llevan trabajando en este sentido desde su creación y con grandes problemas por la inconstitucionalidad de su proceso desde 1985, y con mayor cobertura legal pero sin una regulación sistemática desde la Reforma del año 1992. Y respecto de la intervención como manifestó ya en su día en el ámbito europeo la Resolución 78 (62) del Consejo de Europa sobre transformación social y delincuencia juvenil, de 29 de Noviembre de 1978 “la integración social de la juventud no es competencia de las instituciones judiciales, sino que corresponde principalmente a la política social y a la evolución de la misma”. En nuestro país, desde la reforma de la L.O. 4/1992 (Disposición Adicional Tercera) y ahora el artículo 45 de la LO 5/2000 se establece que: “la ejecución de las medidas adoptadas por los Juzgados de Centro de Investigación en Criminología Informe nº 7 (2000) http://www.uclm.es/criminologia/pdf/07_2000.pdf 3
Menores en sus sentencias firmes es competencia de las Comunidades Autónomas con arreglo a la disposición final vigésima segunda de la LO 1/1996 de Protección Jurídica del Menor”. En este sentido, y en relación a la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha su Estatuto de Autonomía, regulado en LO 9/82 de 10 de agosto, manifiesta en su artículo 31 p) que la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha asume la competencia exclusiva en “asistencia social y servicios sociales. Promoción y ayuda a los menores, jóvenes, tercera edad, emigrantes, minusválidos y demás grupos sociales necesitados de especial atención, mediante la creación de centros de protección, reinserción o rehabilitación”. Esta promoción y ayuda se va a concretar en Castilla la Mancha. Finalmente ha sido la reciente Ley 3/1999, de 31 de marzo, del Menor de Castilla- La Mancha la que en su artículo 68 asume la competencia “de la ejecución material de las medidas adoptadas por los jueces de menores...”. En definitiva, desde el pasado 12 de enero, contamos en España con un modelo de justicia de jóvenes y menores que se mueve entre los siguientes límites: - la edad de responsabilidad penal plena no llega hasta los dieciocho años, - el mínimo de edad para la intervención de esta jurisdicción de menores son los 14 años, - la Administración competente para su enjuiciamiento será la de justicia, a través del Juzgado de menores, - mientras que la intervención queda adjudicada a las entidades competentes de cada Comunidad Autónoma. Con ello se plantea un problema añadido y no sin importancia para las Administraciones estatales y regionales cuya gestión tienen atribuida. Ese problema no es otro que la obligación de hacerse cargo del enjuiciamiento y ejecución de un nuevo sector de jóvenes los que están entre 16 y 18 años, de los que se desconoce: Centro de Investigación en Criminología Informe nº 7 (2000) http://www.uclm.es/criminologia/pdf/07_2000.pdf 4 la Ley de Servicios Sociales 3/1986 de 16 de abril y en la también ley autonómica Ley de Solidaridad de
- su número - y las características de los mismos; pero de los que si cabe augurar que serán un sector mucho más problemático que los de 12 a 15 años. Los menores inmersos en estas edades no poseen un desarrollo cognitivo-emocional uniforme, ni tampoco se debe presuponer que procedan de un medio socio-familiar similar, por lo que se debe atender a esta circunstancia, no sólo en la resolución judicial ante la infracción, sino también a la hora del diseño de los programas específicos de intervención. Los recursos de los Juzgados de Menores y de los Departamentos de Bienestar Social de la Comunidad Autónoma, están adaptados a un número y tipo de sujetos diferente. Es necesario, pues, hacer una prospección de qué es lo que les espera a las Administraciones competentes cuando entre en vigor la nueva Ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Otra cuestión que no se ha mencionado y que sobrepasaría todavía más, si cabe, el alcance del problema, y que no hay que pasar por alto es el supuesto contemplado en el artículo 69 del Código Penal de 1995: “Al mayor de dieciocho años y menor de veintiuno que cometa un hecho delictivo podrán aplicársele las disposiciones de la Ley que regule la responsabilidad penal del menor en los casos y con los requisitos que ésta disponga”. En este sentido la Ley 5/2000 dice en su artículo 4: "De conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre del Código Penal, la presente Ley se aplicará a las personas mayores de dieciocho años y menores de veintiuno imputadas por la comisión de hechos delictivos, cuando el Juez de Instrucción competente, oídos el Ministerio Fiscal, el letrado del imputado y el equipo técnico a que se refiere el artículo 27 de esta Ley, así lo declare expresamente mediante auto. 2. Serán condiciones necesarias para la aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior las siguientes: 1. Que el imputado hubiere cometido una falta, o un delito menos grave sin violencia o intimidación en las personas ni grave peligro para la vida o la integridad física de las mismas, tipificados en el Código Penal o en las leyes penales especiales. Centro de Investigación en Criminología Informe nº 7 (2000) http://www.uclm.es/criminologia/pdf/07_2000.pdf 5
2. Que no haya sido condenado en sentencia firme por hechos delictivos cometidos una vez cumplidos los dieciocho años. A tal efecto no se tendrán en cuenta las anteriores condenas por delitos o faltas imprudentes ni los antecedentes que hayan sido cancelados, o que debieran serlo con arreglo a lo dispuesto en el articulo 136 del Código Penal. 3. Que las circunstancias personales del imputado y su grado de madurez aconsejen la aplicación de la presente Ley, especialmente cuando así lo haya recomendado el equipo técnico en su informe". Si el nuevo sistema se va a hacer también cargo de estos jóvenes de 18 hasta 21 años en algunas ocasiones, también debe de saber cuántos serán y cómo se debe actuar con ellos, porque está claro que en lo que se refiere a intervención, esta ha de ser muy diferente respecto a la que se lleva a cabo con los chavales de 14 años. 2. OBJETIVOS Este trabajo pretende, pues, valorar el impacto que la publicación de la reciente L.O. 5/2000 puede tener en nuestro país y qué previsiones son las que habrá que adoptar para la puesta en práctica de la misma. Para ello se han planteado los siguientes objetivos: 2.1.General Conocer el volumen exacto de jóvenes delincuentes que van a ser traspasados al nuevo sistema de justicia juvenil. Así como conocer las tendencias criminales de estos para poder hacer una aproximación de cuáles serían las consecuencias jurídicas que se aplicarían por estos Juzgados de Menores, para con ello poder evaluar los recursos disponibles y poder superar los posibles déficit que tuviese la Administración Pública para enfrentarse a este sector de población, así como preparar las infraestructuras oportunas, y todo ello con el objetivo primordial de poder ofrecer la mejor de las intervenciones con estos jóvenes en situación de grave riesgo social.
2.2. Específicos 1º.- Cuantificar los nuevos sujetos que a raíz de la publicación de la Ley y la aplicación de la misma, van a integrarse en los Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha para llevar a cabo el programa de intervención que la jurisdicción de menores, en sus “resoluciones”, haya fijado para su reeducación e integración en la sociedad. 2º.- Cualificar el tipo de sujetos a los que nos enfrentamos. A partir de la información obtenida en el momento anterior, se determinaría en cada caso que tipo de reacción jurídica, se le aplicaría contando con el nuevo catalogo de medidas de la futura Ley. No hay que olvidar, que la nueva regulación amplía las opciones de intervención. Se trata, pues, de determinar definitivamente la cantidad y características de las asistencias que la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha debe prever en un próximo futuro. 3º.- Elaborar un proyecto de nuevos recursos suficientes para atender las nuevas necesidades. Se tendrá en cuenta los medios con que ha de contar la Junta de Comunidades de la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha para efectuar las intervenciones con menores, los Centros de internamiento que necesita, los de carácter terapéutico, el personal para trabajar directa e indirectamente con ellos, las posibles asociaciones con y sin ánimo de lucro que estarían dispuestos a colaborar con los Servicios Sociales... 4º.- Finalmente se evaluaran los recursos de que dispone la Comunidad para determinar déficit y/o excesos de los mismos, y poder así ajustarlos a las necesidades que se prevén. Se trataría aquí de valorar los recursos con que la Junta de Comunidades cuenta, y la eficacia con la que actúan para así poder mejorarlos y ofrecer desde ese momento y para el futuro los necesarios medios materiales, educativos, sociales y humanos. Intentando fundamentalmente optimizar la intervención pudiendo distribuir las partidas presupuestarias de que dispone la Comunidad de Castilla- La Mancha eficazmente. El presente informe hace referencia a los dos primeros objetivos específicos de la investigación que son los ejecutados hasta el presente.
3.- TRABAJO DE CAMPO Para cubrir los objetivos de cuantificar y cualificar la futura jurisdicción de menores de Castilla-La Mancha, se debía localizar a aquellos jóvenes de 14 a 20 años que hubieran estado inmersos en un proceso judicial durante el periodo del estudio. Una parte importante de esta información se podía obtener de los Juzgados de Menores (información sobre sujetos de 12 a 15 años), pero para conocer el resto (sujetos de 16 a 20 años) se debía recurrir a la información que el sistema de justicia de adultos tiene en sus archivos. No era posible recurrir a otras fuentes de información porque no hubieran proporcionado el tipo de información que se necesitaba para el trabajo. Por ejemplo, la información policial podría proporcionar el número de denuncias realizadas y cuando fuera el caso, la edad del detenido, pero nunca podría darnos más información sobre éste ni tampoco sobre el resultado final del proceso. Por lo que respecta a los datos de Instituciones Penitenciarias, se podría haber buscado qué jóvenes comprendidos entre 16 y 20 años estaban cumpliendo una pena durante el periodo del estudio pero, los datos serían falsos ya que el sistema de justicia de adultos, por sus problemas de celeridad e inmediatez, retarda el cumplimiento de dichas penas a varios años posteriores a su comisión. Por lo que muchos de los jóvenes que cuando cometieron el delito estaría en ese grupo de edad, tendrían actualmente más años y quedarían excluidos de esta consideración especial de menor de edad de responsabilidad criminal. Tampoco, otros sistemas de obtención de información sobre delincuencia serían útiles; por ejemplo, los cuestionarios de delincuencia autoinformada o las encuestas de victimación tampoco podrían proporcionarnos el tipo de información que se necesitaba en esta investigación. Así pues, la búsqueda se ha realizado del único modo que se ha considerado podría proporcionarnos la información relevante. Se ha localizado, en los archivos de la jurisdicción de adultos, a todos los sujetos que efectivamente tenían entre dieciséis y veintiún años en el momento de cometer la infracción penal, partiendo de la premisa de que este es el único criterio en el que las leyes de competencia procesal se basan para determinar cuál es la jurisdicción competente. Centro de Investigación en Criminología Informe nº 7 (2000) http://www.uclm.es/criminologia/pdf/07_2000.pdf 8
Por otro lado, como era la primera vez que se hacía este tipo de recogida de datos, parecía conveniente no hacerlo únicamente del último año porque, por razones muy diversas el trabajo en los juzgados puede sufrir variaciones cuantitativas importantes de un año a otro (cambio de algún miembro titular, ayuda externa para deshacerse de acumulaciones, etc.); así, si se tiene información de un periodo más amplio, estas diferencias pueden promediarse, pudiendo llegar a predicciones más ajustadas. Además, el hecho de conseguir datos de una serie de años permitiría conocer las tendencias que el hecho delincuencial manifiesta a lo largo de estos años; esto también permitiría una predicción más ajustada. 3.1. Población y muestra Inicialmente la población de este trabajo debería ser la todos los jóvenes de 12 a 20 años que hubieran estado inmersos en un proceso judicial en los Tribunales de Justicia de la región, durante el período que va desde junio de 1996 (fecha en la que finaliza la vacatio legis del Código Penal de 1995 y entra en vigencia) hasta diciembre de 1998. Aunque la propuesta inicial era la de analizar un período de cinco años a fin de poder estudiar con claridad las tendencias de la delincuencia juvenil en Castilla- La Mancha, la distorsión que se producía con la entrada en vigor del nuevo Código Penal hizo que el estudio se limitara a este período de dos años y medio que se entendió era lo suficientemente amplio para tener datos fiables y a la vez poder analizar las tendencias de las conductas delictivas de estos jóvenes. Los datos que interesaban se encontraban en cuatro instancias jurisdiccionales diferentes, Juzgados de Menores, Juzgados de Instrucción, Juzgados de lo Penal y Audiencias Provinciales. Cada una de estas instancias tiene una distribución geográfica diferente y su número también es diferente; mientras sólo hay un Juzgado de Menores y una Audiencia Provincial por provincia (cinco y cinco, situados ambos en la capital de la provincia), existen varios Juzgados de lo Penal en cada provincia (ocho, situados también en la capital de la provincia) y un número bastante mayor de Juzgados de Instrucción (sesenta y seis, repartidos por todo el territorio de Castilla- La Mancha). Debido a esta discrepancia y a las posibilidades materiales del trabajo, se decidió que la Centro de Investigación en Criminología Informe nº 7 (2000) http://www.uclm.es/criminologia/pdf/07_2000.pdf 9
recogida de datos se realizara de la siguiente forma (ver Tabla 3.1): en el caso de los Juzgados de lo Penal y Audiencias Provinciales la recogida de datos se realizó en las trece instancias judiciales, por lo tanto consistió en un auténtico recuento de los asuntos que se ventilaban frente a estos jóvenes en esas instancias. Los datos se recogieron de la sentencia final con la que concluía el proceso. Del mismo modo se actuó en los cinco Juzgados de Menores que tiene la región. Por el contrario, con los Juzgados de Instrucción, el método fue distinto, dado el gran número de juzgados con los que cuenta la región, sesenta y seis exactamente, y su dispersión geográfica se decidió escoger una muestra representativa de los mismos. El muestreo de los Juzgados de Instrucción se realizó por provincias y en atención a las condiciones de cada una de ellas la muestra se estratificó por condiciones distintas. Se considero que la región estaba constituida por dos grupos de provincias con condiciones similares. Por una parte un grupo constituido por Albacete, Ciudad Real y Toledo que son las provincias más pobladas de la región y con un número similar de juzgados de instrucción, (quince en la primera de ellas, y dieciocho en las otras dos); en este grupo de provincias el muestreo se estratificó de la siguiente forma: capitalidad (ámbito urbano), ámbito industrial y ámbito rural. El segundo grupo está constituido por las otras dos provincias: Guadalajara y Cuenca, mucho menos pobladas y con menor número de juzgados (siete y nueve respectivamente); en estas provincias la estratificación de la muestra se hizo escogiendo un juzgado de una zona más poblada y con rasgos más industriales y otro juzgado enclavado en una zona de condiciones más rurales. El número total de juzgados revisados fue de trece.
Tabla 3.1. Jurisdicción y fuentes de la información.
JURISDICCION FUENTE DE INFORMACIÓN MUESTRA Y ERROR MUESTRAL
Diligencias previas donde se inicia el proceso. Es importante conocer el dato del volumen exacto con el que trabajan los Tribunales, no sólo para poder determinar que porcentaje del global es el que Juzgados de acaba convirtiéndose en un Instrucción procedimiento judicial en toda regla, sino también para conocer los datos exactos de lo que se archiva y sobresee, ya que es posible que con la nueva ley penal juvenil alguno de estos expedientes en un Juzgado de Menores serían susceptibles de una medida. Juzgados de lo Sentencias penales con las que Penal concluye el proceso. Audiencia Provincial Juzgados de Menores Sentencias penales con las que concluye el proceso. Expedientes de Reforma
13 Juzgados N= 42.572 18,44 % del total
El error es de 0,01% a un nivel de confianza de 99,7 %
100 % N= 10.754 100% N = 1.380 100 % N= 2.329
Ningún error Ningún error Ningún error
Si se tiene en cuenta los datos facilitados por el Tribunal Superior de Justicia de la región correspondientes al año 1997, la muestra corresponde a un 18,44% de la población, es decir, siendo el volumen total de trabajo de estos juzgados de 90.684 expedientes se han analizado 16.724 expedientes en total. Por provincias la muestra queda de la siguiente manera: en Albacete se ha revisado un 17,5% de la población, en Ciudad Real un 18,9%, en Cuenca un 17,3%, en Guadalajara un 23,9% y Toledo un 17,4%. Se puede comprobar que el porcentaje es muy similar en todas las provincias, tan sólo existe un problema de sobrerrepresentación en la provincia de Guadalajara, ya que fue imposible encontrar una combinación de juzgados que coincidiera con el porcentaje que se venía analizando en otras provincias y cumplir con los criterios de la estratificación que se habían fijado a priori. Centro de Investigación en Criminología Informe nº 7 (2000) http://www.uclm.es/criminologia/pdf/07_2000.pdf 11
3.2. Recogida de datos Como se puede comprobar en la Tabla 3.1., los datos se obtuvieron de los Juzgados de Menores, para conocer sobre los sujetos de 12 a 15 años, y en los Tribunales de la jurisdicción de adultos (Juzgados de Instrucción, Juzgados de lo Penal y Audiencias Provinciales) para conocer sobre los sujetos de 16 a 20 años. La dificultad principal con la que nos hemos tenido que enfrentar en esta recogida de datos es que en los Tribunales de Justicia no existe ningún tipo de clasificación en relación al sujeto, por ello se hizo necesario revisar todas las diligencias previas (en los juzgados de instrucción) y todas las sentencias judiciales (que encausan los juicios de faltas, procedimientos abreviados y sumarios correspondientes) para comprobar si efectivamente el sujeto tenía entre 16 a 20 años en el momento de la comisión del delito. De nuevo el trabajo fue distinto en atención a la instancia judicial frente a la que se trabajaba; en los Juzgados de lo Penal y Audiencias Provinciales se acudió directamente al libro de sentencias de los años que se pretendían estudiar, comprobando en la propia sentencia la edad del sujeto. El trabajo fue algo más complicado en los Juzgados de Instrucción ya que exigía el repaso minucioso de cada una de las diligencias incoadas. Dependiendo del Juzgado, en algunos (tan sólo en los de capital de provincia) pudo utilizarse las bases informatizadas que posee la Administración de Justicia, en otros, aquellos en los que el trabajo no está informatizado, la búsqueda se convirtió en una tarea mucho más complicada. Así, tras una criba inicial, realizada consultando los libros de registro de cada juzgado se desecharon cada una de las diligencias que se habían archivado por desconocimiento del autor/es de la comisión del hecho. Después, utilizando los diferentes libros de clasificación (previas, faltas, abreviados, sumarios) que existen en los Tribunales se siguió la “pista” a cada diligencia para averiguar el estado de la misma. Una vez localizada se prosiguió a su consulta ya estuviera esta en el archivo, se estuviera tramitando en el propio Juzgado o se hubiera trasladado a la instancia de enjuiciamiento
(Juzgados de lo Penal y Audiencias Provinciales)3, comprobándose la fecha de nacimiento del sujeto infractor y la fecha en que ocurrieron los hechos, calculando la edad del mismo ese día concreto. Tras esta laboriosa búsqueda y selección, se cumplimentaba una ficha para cada sujeto (ver Anexo 1a). Por el contrario en los Juzgados de Menores no se encontró ningún tipo de problema. Se analizó la totalidad del Expediente de Reforma recogiendo todos los aspectos de carácter procesal e individual, incluso se obtuvo información referente al informe psicosocial. A tal efecto se diseñó una plantilla diferente para extraer la información (ver Anexo 1b).
Un problema añadido fue el de evitar posibles duplicidades en la revisión realizada en la segunda instancia que enjuicia el hecho, que sólo un extremo rigor en la recogida de datos pudo evitarlo.
4.- DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS Después de analizadas la muestra de las 42.572 diligencias de los Juzgados de Instrucción y las 12.134 sentencias de los Juzgados de lo Penal y Audiencias Provinciales, que aparecen indicadas en la Tabla 3.1, el número de casos encontrados, relevantes para este estudio (que se correspondían a sujetos entre 16 y 21 años), aparece reflejado por jurisdicciones en la Tabla 4.1. En el caso de los Juzgados de Menores, como es natural, la totalidad de los 2.329 Expedientes de Reforma analizados se correspondían con casos relevantes para nuestro estudio. Tabla 4.1. Resultado del trabajo de campo. JURISDICCIONES Juzgado de Instrucción Juzgado de lo Penal Audiencia Provincial NÚMERO DE CASOS 1162 2187 380
Como ya hemos indicado repetidamente en el caso de los Juzgados de Instrucción el trabajo de campo hacía referencia exclusivamente a una muestra representativa del total, por lo tanto fue necesario realizar una generalización de estos resultados a la población para obtener las cifras absolutas de los sujetos que habían pasado por este tipo de juzgado en Castilla- La Mancha durante el período estudiado. Para ello se ha tenido en cuenta la proporción que estos casos suponían en el conjunto diligencias de los juzgados estudiados y se ha extrapolado al conjunto total de los Juzgados de Instrucción de la región, teniendo en cuenta la estratificación inicial del muestreo. De este modo los valores absolutos que se obtendrían a partir de la muestra se pueden ver en la Tabla 4.2. Así pues, a partir de este momento, toda la información que se de sobre la jurisdicción de adultos incluirá estos 6.391 casos que serían, en números absolutos, los encontrados en el caso de haber realizado el estudio teniendo en cuenta la totalidad de los Juzgados de Instrucción en vez de una muestra representativa de los mismos. Centro de Investigación en Criminología Informe nº 7 (2000) http://www.uclm.es/criminologia/pdf/07_2000.pdf 14
Tabla 4.2. Resultado de la generalización de los datos de la muestra a la población para el caso de los Juzgados de Instrucción. MUESTRA 16 años 17 años 18 años 19 años 20 años Total 4.1. Datos Globales A continuación se hace una descripción de general de los datos de que se dispone, para pasar posteriormente a analizar estos datos de forma más concreta y específica que permita alcanzar información relevante sobre los mismos. Tabla 4.3. Datos globales. JURISDICCIÓN Jurisdicción de Menores Jurisdicción de Adultos Total Frecuencia 2329 8958 11287 % 20,6 79,4
POBLACIÓN 911 1693 1300 1342 1145 6391
% 14,3 % 26,2 % 20,6 % 21,2 % 17,7 % 100 %
166 305 240 245 206 1162
Del sector de población estudiado podemos constatar, como aparece en la Tabla 4.3., que el nuevo sector de jóvenes que podría incorporarse a la jurisdicción de menores (79,4%), es considerablemente mayor que el existente. En cuanto a la evolución del fenómeno delictivo en este grupo de población, parece que se da una tendencia a la estabilidad, el volumen de los casos enjuiciados es similar cada año, si bien, habría que matizar que las tendencias difieren levemente según el grupo de edad que se considere (ver Tabla 4.4.), así, en el grupo de menor edad la tendencia es a disminuir levemente, mientras Centro de Investigación en Criminología Informe nº 7 (2000) http://www.uclm.es/criminologia/pdf/07_2000.pdf 15
que en los mayores la tendencia es a ser cada año unos pocos más. En esta tabla también se pone de manifiesto la lentitud de la Justicia de adultos pues se puede comprobar que el porcentaje “en curso” es mucho mayor en esta jurisdicción cuando la mayoría de los otros porcentaje están bastante igualados, excepción hecha del año 1997. Tabla 4.4. Distribución por años Jurisdicción menores Recuento % EN CURSO AÑO 19964 AÑO 1997 AÑO 1998 Perdidos por el sistema TOTAL 159 319 959 892 2329 6,8 13,7 41,2 38,3 100,0 Jurisdicción adultos Recuento % 1777 1173 2709 3280 19 8958 19,84 13,1 30,24 36,61 0,21 100,0
En relación con la variable sexo los resultados del estudio muestran conclusiones similares a la del resto de estudios empíricos que hay sobre la materia: la delincuencia es eminentemente masculina, tan sólo un 12% son mujeres. No obstante, es cierto que son las mujeres más jóvenes las que delinquen más (ver Tabla 4.5.), así el grupo de edad 12-13 delinque en un porcentaje del 17%, el de 14-15 es algo menor, un 15,2 %, descendiendo considerablemente en edades mayores, el porcentaje es especialmente bajo en jóvenes de 17 y 18 años, un 7,6 % y un 8,3 % respectivamente, elevándose a los 19 y 20 años pero sin llegar a igualar los porcentajes de las más jóvenes, un 13 % y un 14 % respectivamente.
Recordar que en este año sólo se recogieron los datos referentes al último semestre.
Toledo 19%
Albacete 28%
Guadalajara 5%
Cuenca 8%
Ciudad Real 40%
Figura 1. Distribución de casos por provincias Para poder analizar la verdadera dimensión de los datos obtenidos es necesario matizar la información en relación a la población total de la región comprendida entre estas edades (esta información se encuentra recogida en el Anexo 2). De este modo a pesar de que determinadas provincias como Ciudad Real aparezcan como las más conflictivas y las que cuentan con una población mayor de jóvenes que manifiestan comportamientos delictivos, este dato hay que ponderarlo con el de la población global. Si comprobamos en la Tabla 4.6, en la segunda columna, las provincias de Albacete y Ciudad Real son efectivamente las más problemáticas, seguidas, sorprendentemente, de Cuenca que tiene un porcentaje algo menor. Finalmente, Guadalajara y Toledo aparecen como las provincias más pacíficas, a pesar del alto número de sujetos de Toledo. Tabla 4.6. Resultados por provincias Recuento 2680 4827 982 741 2057 11287 % población proyecto 23,7 42,8 8,7 6,6 18,2 100 % población general (*) 1,8 2,4 1,6 1,5 1,2
ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA GUADALAJARA TOLEDO TOTAL
(*) Datos obtenidos a través de los datos de población general que aparecen en el Anexo 2
En la Figura 2 se puede observar la distribución de los sujetos enjuiciados en todas las instancias judiciales en conjunto, por edades. En esta figura se comprueba que la tasa de sujetos aumenta gradualmente desde los 12 años hasta los 16 años, a partir de ahí, alcanza abruptamente un máximo a los 17 años, y desde ese punto inicia un descenso menos pronunciado que el anterior ascenso pero consistente. Estos datos coinciden con la literatura existente sobre el tema y con otras investigaciones sobre delincuencia autoinformada realizadas a escala nacional y regional (ver RECHEA, BARBERET, MONTAÑÉS, ARROYO, 1995) que indican que el punto álgido de la delincuencia juvenil se da entre los 15 y los 17 años y que a partir de ese punto comienza el descenso.
Figura 2. Número de sujetos enjuiciados, distribuidos por edades Lo que no está claro es el abrupto salto entre los sujetos de 16 años y los de 17. Ambos grupos pertenecen a la jurisdicción de adultos pero los de 16 se parecen más, en este gráfico a los de 15 (de la jurisdicción de menores) que a los de 17 años. Este es un dato que merece algo más de atención pues podría ser un índice de que no es posible establecer un corte tajante entre ambas jurisdicciones. Es posible que el propio sistema de la jurisdicción de adultos considere que estos sujetos no debe ser tratados como tales y establezca medidas que eviten su incorporación al sistema judicial, otra hipótesis Centro de Investigación en Criminología Informe nº 7 (2000) http://www.uclm.es/criminologia/pdf/07_2000.pdf 18
explicativa podría ser que la escuela estuviese funcionando como mecanismo de control social informal, puesto que la edad de escolarización obligatoria llega hasta los dieciséis años.
5.- LA NUEVA JUSTICIA DE MENORES Los dos intereses fundamentales de este trabajo, como se establecieron en el primer apartado de este informe, son estimar la cantidad de sujetos que van a integrarse, de acuerdo con la nueva Ley, a la jurisdicción de menores y conocer qué nuevas necesidades va a tener esta jurisdicción en función de los nuevos sujetos que a ella van a incorporarse. Para ello es necesario hacer dos análisis diferentes de los datos recogidos y que han sido expuesto de una forma global en el apartado anterior; por un lado, cuantificar el volumen de casos y por el otro estudiar cualitativamente el tipo de casos con los que va a tener que trata, a partir de ahora, los nuevos Juzgados de Menores. En este apartado se va a hacer una primera aproximación a la cuantificación que después de realizado el análisis cualitativo deberá matizarse. Así pues, a continuación se presentan los datos recogidos teniendo en cuenta los rangos de edad establecidos en la nueva L.O. 5/2000. Es necesario tener presente los criterios de política-criminal que la Ley fija, en primer lugar, el grupo de edad 12-13 años que hasta ahora era el límite de edad mínima para la intervención penal queda fuera del sistema y en segundo lugar, esta Ley establece la posibilidad de que jóvenes mayores de 18 y menores de 21 años en ocasiones puedan remitirse a los Juzgados de Menores, si se cumplen unos requisitos objetivos (en relación a la reincidencia y a la naturaleza del delito cometido) y si el grado de madurez del joven así lo aconseja. Es por esto, por lo que el rango de edad que recoge este estudio es tan amplio, 12-20 años, se trata de determinar el número de los que se van del sistema y así mismo el número de todos aquellos que tienen posibilidad de ser remitidos al mismo. En la Tabla 5.1 se pude comprobar, a partir de los datos recogidos, los números absolutos y los porcentajes del volumen de la nueva justicia de menores. De todos los datos recogidos, hay un total de 11.287 expedientes. De estos un 6,4% quedaría fuera del sistema por pertenecer al rango de edad, 12 a 13 años, que por ley queda excluido. El 46,2% de los sujetos analizados representaría a aquellos sujetos que de una forma objetiva (mandato expreso de la Ley) pasarían necesariamente por el Juzgado de Menores. Y, por último,
el 47,4% de los sujetos estudiados que sólo podrán ser remitidos a este Juzgado si se dan una serie de circunstancias que establece la ley (artículo 4).
Tabla 5.1. Distribución de la nueva justicia Recuento QUEDAN FUERA DEL SISTEMA (1213 años) DENTRO DEL SISTEMA (14-17 años) PUEDEN ENTRAR EN EL SISTEMA (18-21 años) Total %
Fuera del sistema 6%
¿Dentro del sistema? 48%
Dentro del sistema 46%
5.348 11.287
47,4 100
A efectos de aplicación práctica y para futuras previsiones presupuestarias, de infraestructuras y recursos necesarios para la puesta en marcha de la Ley, vamos a mostrar que dimensiones tendría la nueva justicia de menores en Castilla- La Mancha. Para ello y como veíamos al principio (ver página 16), ya que se da una estabilización de casos, con un ligera tendencia al alza en el grupo de mayor edad (que es el que va a pasar a formar parte de la nueva justicia saliendo de la misma los más pequeños) utilizaremos los datos correspondientes al año 1998 para realizar las previsiones de expedientes que tendrá que llevar a cabo el Juzgado de Menores anualmente (ver Tabla 5.2) Para realizar esta previsión se han manejado dos hipótesis; una que hemos llamado mínima, que es el volumen mínimo que puede darse, es decir, la suma de todos aquellos sujetos de 14 y 15 años (que ya están en la jurisdicción de menores) y los de 16 y 17 años (que son los que se incorporan simplemente por un criterio objetivo). La otra hipótesis, que hemos llamado máxima, en la que se incluyen además a los sujetos de 18 a 20 años que no son reincidentes y no han cometido hechos graves, ya que este hecho por si sólo ya excluiría la posibilidad de su remisión a la jurisdicción de menores (artículo 4.2 de la ley apartados 1 y 2). Esta hipótesis máxima al contrario que la mínima, que es un dato absoluto, será una visión aproximada de lo que puede ocurrir debiendo matizarse siempre a la baja, ya que según el propio tenor literal de la ley la remisión a la jurisdicción de menores se llevará a cabo cuando “el Juez de instrucción competente, oído el Ministerio Fiscal, el letrado del imputado y el equipo técnico lo declare expresamente mediante auto [...]cuando las circunstancias personales del imputado y su grado de madurez aconsejen la aplicación de la presente Ley, especialmente cuando así lo haya recomendado el equipo técnico en su informe”. Así pues, serán las circunstancias de cada concreto las que digan si puede o no remitirse a esta jurisdicción. De esta manera, cualquier previsión debe moverse entre la horquilla formada por ambas hipótesis. Esta previsión se refiere al número de expedientes por sujeto que se deberán incoar una vez entre en vigor la Ley y se ponga en marcha la reforma. Este dato a quién más interesa es a las Fiscalías de Menores y a los Equipos Técnicos, en la medida que estos trabajan con el sujeto en concreto en cada expediente. Por otra parte,
también podemos realizar una previsión de los expedientes por hecho, Expediente de Reforma, que se incoarán en los Juzgados de Menores. En este caso la previsión sería la siguiente: siendo el dato actual en la Comunidad Autónoma 939 expedientes de reforma para el año 1998, la hipótesis mínima para este año sería 2.386 expedientes y la máxima 4.768. Finalmente, este informe también aporta la previsión del número concreto de sujetos que se estima pueden entrar en contacto, independientemente del número de veces, con la jurisdicción de menores. Aquí la hipótesis mínima es de 2.318 sujetos y la máxima es de 4.532. Estos datos son de especial interés para los servicios autonómicos encargados de la intervención. Tabla 5.2. Datos estimados por año y provincia para la nueva justicia de menores. DATOS ACTUALES 403 368 38 32 210 10515 HIPÓTESIS MÍNIMA 704 1148 217 150 453 2672 HIPÓTESIS MÁXIMA 1213 2591 455 267 814 5340
En definitiva, los datos permiten afirmar con seguridad que el volumen anual de la nueva justicia de menores se moverá entre cifras de 2.500 a 4.000, valorando cada instancia si se trata de sujetos en concreto, de expedientes por hecho o por sujeto.
Este dato corresponde al número de Expedientes por sujeto que ha incoado el Ministerio Fiscal durante el año 1998.
6.- CARACTERÍSTICAS DE LOS DELINCUENTES JUVENILES Una vez que conocemos la magnitud del problema de la delincuencia juvenil en Castilla-La Mancha, es necesario conocer las características de los sujetos que llegarán a la jurisdicción de menores en el momento que la nueva L.O. 5/2000 se ponga en funcionamiento. Es de suponer que la modificación que esta Ley hace del rango de edad que corresponde a este tribunal, implique variaciones en el tipo de delitos que tendrá que tratar; además, esta modificación, al incorporar a este tribunal a sujetos de 16 a 17 años y en ocasiones de hasta 20 años, supone un cambio cualitativo en el tipo de sujetos tratados. Por otro lado, la eliminación de los sujetos de 12 y 13 años, por elevación del mínimo de edad de responsabilidad, también debe ser tenida en cuenta. Así pues, teniendo en cuenta todas estas cuestiones se realizará un análisis de las características que se dan en los futuros clientes del Juzgado de Menores; no sólo plantearemos los delitos que estos sujetos cometen y la gravedad o lentitud de los mismos, sino también otros datos de interés que hacen referencia a aspectos individuales como pueden ser los informes de drogas, de trastorno mental, la reincidencia o la nacionalidad. Todos estos datos son de gran relevancia de cara a la nueva justicia de jóvenes donde la individualización del sistema es mucho mayor y se pretende proporcionar a cada joven la respuesta que necesita. Como los datos de esta investigación provienen de dos fuentes diferentes y, por lo tanto, tienen información diferente, al analizar los mismos se va a hacer por separado: aquellos que provienen de los Tribunales de adultos y los que nos llegan a través de los Juzgados de Menores. Este análisis inicialmente se va a realizar con el conjunto total de los datos recogidos, para pasar posteriormente, si ello fuera necesario, por haberse encontrado grandes diferencias entre los dos diferentes grupos que en cada instancia se ventilan, a hacer un análisis pormenorizado de cada grupo; esto es, en la jurisdicción de adultos nos encontramos con sujetos de 16 y 17 años que necesariamente van a incorporarse a la justicia de menores, mientras que otro grupo, el de 18-20 años podrá, ocasionalmente, incorporarse a ella. Algo similar pasa en la jurisdicción de menores: el grupo de 12 y 13 años abandona esta
jurisdicción, pero no por ello dejan de existir, mientras que el grupo de 14 y 15 años seguirá formando parte como clientes de esta jurisdicción. 6.1. El Grupo de Edad de 16 a 20 años En este apartado, siempre que consideremos que resulta relevante, se hará la distinción entre los jóvenes de 16 y 17 años y los de 18 hasta 20, puesto que, como acabamos de decir, unos obligatoriamente estarán en la jurisdicción de menores, mientras que los otros sólo lo estarán ocasionalmente. Tabla 6.1. Nº de jóvenes enjuiciados según la instancia judicial. 16 y 17 años 2604 856 150 3610 18 a 20 años 3787 1331 230 5348 % de jóvenes localizado en cada instancia 2,7 % 20,33 % 27,5 %
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN JUZGADO DE LO PENAL AUDIENCIA PROVINCIAL Total
En la Tabla 6.1. se puede ver el número de sujetos de cada grupo de edad que han sido localizados en cada una de las instancias judiciales analizadas. Los porcentajes que aparecen en la última columna de la tabla hacen referencia a la proporción de sujetos de entre 16 y 20 años que se localizaron en el conjunto total de expedientes revisados en cada una de estas instancias judiciales. Dado que en los Juzgados de Instrucción, como instancia sentenciadora, se enjuician las infracciones de menor entidad, en los Juzgados de lo Penal aquellos delitos que llevan aparejada una pena privativa de libertad de menos de cinco años y las Audiencias Provinciales los delitos de mayor entidad con penas privativas de libertad de más de cinco años, lo primero que sorprende al ver estos datos es comprobar como la proporción de jóvenes que aparece en las diferentes instancias aumenta conforme aumenta la gravedad de las causas que se enjuician en cada una de estas instancias de enjuiciamiento.
Tabla 6.2. Resultados del proceso Archivo Sobreseimiento Remisión Suspensión Pena Absolución En curso Perdidos Total Recuento 1062 494 20 11 3888 1695 1769 19 8958 % 11,9 5,5 0,2 0,1 43,4 18,9 19,8 0,2 100
En la Tabla 6.2. aparecen las consecuencias que para los jóvenes tiene su paso por los Tribunales de justicia y, precisamente puede llamar la atención que este paso no queda para los mismos en nada (esto se observa claramente en la Figura que acompaña a la Tabla 6.2). Sólo un 36,4% de jóvenes salen indemnes de su paso por la justicia a través del archivo, el sobreseimiento o la absolución, mientras que un 43,4 % obtienen una respuesta como reacción social ante la infracción de la norma penal. Si analizamos qué tipo de respuesta es la que ofrecen estos Tribunales, los resultados son también bastante sorprendentes (ver Tabla 6.3); en contra de lo que pueda pensarse en relación con un tratamiento más benévolo por ser jóvenes, el 40,8% de los jóvenes a los que se le impone una medida judicial es una pena privativa de libertad, y al resto se le impone pena de multa, respuesta que se revela como la más ineficaz de todas para la reeducación del joven infractor, ya que en este caso son los padres quiénes están respondiendo por la conducta del hijo (ver Figura 6.2). Tabla 6.3. Pena impuesta en el proceso. Multa Inhabilitación absoluta Responsabilidad penal subsidiaria Arresto de fin de semana Prisión Medidas de seguridad Total Recuento 2299 1 1 446 1134 7 3888 % 59,1 0,05 0,05 11,5 29,1 0,2 100
A continuación se presentan Tablas y Figuras similares a las anteriores, correspondientes a cada una de las instancias jurisdiccionales que se han estudiado. En dichas Tablas se puede comprobar que en cada una de estas jurisdicciones gran parte de los sujetos reciben una pena que, en la mayoría de los casos es una multa o la prisión. También se puede comprobar que el arresto de fin de semana es otra de las penas que se impone con cierta frecuencia; pero lo que está claro es que los jóvenes no obtienen resultados leves por sus conductas. Tabla 6.4. Resultados del paso por el proceso en los Juzgados de Instrucción Recuento % Archivo Sobreseimiento Remisión Suspensión Pena Absolución En curso Total 1062 492 17 11 1713 1371 1708 6374 16,7 7,7 0,3 0,2 26,8 21,5 26,8 100
Tabla 6.5. Penas impuestas en los Juzgados de Instrucción Recuento % 83 1422 Multa 7,9 136 Arresto de fin de semana 155 9,1 Prisión 1713 100 Total
Tabla 6.6. Resultado del paso por el proceso en los Juzgados de lo Penal Recuento % Sobreseimiento Remisión Pena Absolución En curso Perdidos Total 2 3 1845 276 59 2 2187 46,1 0,1 0,1 14,1 39,3 0,3 100
Tabla 6.7. Penas impuestas en los juzgados de lo Penal Recuento 851 Multa 1 Inhabilitación absoluta 1 Responsabilidad penal subsidiaria 261 Arresto de fin de semana 725 Prisión 6 Medidas de seguridad 1845 Total
% 46,1 0,1 0,1 14,1 39,3 0,3 100
Tabla 6.8. Resultado del paso por el proceso en las Audiencias Provinciales Recuento % Pena 330 86,8 Absolución 48 12,6 En curso 2 0,5 Total 380 100
Tabla 6.9. Penas impuestas en las Audiencias Provinciales Recuento % 7,9 26 Multa 14,8 49 Arresto de fin de semana 77 254 Prisión 0,3 1 Medidas de seguridad 100 330 Total 6.1.1. ¿Qué hacen los jóvenes delincuentes? Hasta aquí acabamos de ver qué les sucede a los jóvenes que llegan a la jurisdicción de adultos hasta estos momentos. Pero en lo que se está interesado es en determinar qué va a ocurrir con la entrada en vigor de la nueva L.O. 5/2000 que regula la responsabilidad penal de los menores. Así pues, vamos a analizar cómo son estos jóvenes: que tipo de conductas cometen y la gravedad de las mismas, así como otros datos de interés que hacen referencia a aspectos individuales como pueden ser los informes de drogas, de trastorno mental, la reincidencia o la nacionalidad. Todos estos datos son de gran relevancia de cara a la nueva justicia de jóvenes donde la individualización del sistema es mucho mayor y se pretende proporcionar a cada joven la respuesta que necesita.
En la Tabla 6.10 se comprueba que el tipo de conducta delictiva es independiente del grupo de edad al que pertenezca el joven. Los porcentajes dentro de cada categoría son muy parecidos, por lo que podemos decir que desde este punto de vista los dos grupos de edad son iguales. Tabla 6.10. Categoría delictivas. 16 y 17 años No consta Contra las personas Contra la libertad Contra la libertad sexual Contra la intimidad y el honor Contra las relaciones familiares Contra el patrimonio Contra la seguridad colectiva Contra la Administración de Justicia Contra el orden público Omisión del deber de socorro Contra el medio ambiente Contra el interés general Leyes especiales No tipificado Total Recuento 18 914 90 44 30 8 1930 204 31 253 % ,5 % 25,3 % 2,5 % 1,2 % ,8 % ,2 % 53,4 % 5,7 % 0,9 % 7,0 % 18 a 20 años Recuento 22 1472 154 18 100 19 2149 798 82 441 4 5 6 11 71 3610 ,2% ,3% 2,0 % 100,0 % 11 18 55 5348 % ,4 % 27,5 % 2,9 % ,4 % 1,9 % ,4% 40,2 % 14,9 % 1,5 % 8,2 % ,1 % ,1 % ,1 % ,4 % 1% 100,0 %
Como se puede comprobar las categorías con mayor prevalencia son las de los delitos contra las personas y contra el patrimonio; todas los demás categorías, excepto la de contra el orden público y contra la seguridad colectiva y falsedades, no llegan a una prevalencia del 5%. Dada esta acumulación de actos delictivos en dos categorías, consideramos que puede resultar interesante describir con mayor detalle los delitos que se cometen dentro de las mismas (ver Tablas 6.11 y 6.12). Tabla 6.11. Delitos contra el patrimonio. 16 y 17 años Recuento Robo con violencia Robo con fuerza en las cosas Robo en casa habitada o edificio público Utilización ilegítima vehículo motor Hurto Receptación Falta hurto Daños Falta de daños Estafa Apropiación indebida Alzamiento de bienes Falta estafa Falta robo de uso de vehículo Falta apropiación indebida Tenencia útiles robo Total 149 560 29 153 185 11 321 249 222 18 8 6 12 9 2 1 1930 % 7,7 % 29 % 1,5 % 7,9 % 9,6 % 0,6 % 16,6 % 12,9 11,5 0,9 % ,4 % ,3 % ,6 % ,4 % ,1 % ,0 % 100,0 % 2149 100,0 % 18 a 20 años Recuento 149 706 27 168 205 13 445 179 123 33 25 11 42 8 18 % 6,9 % 34,8 % 1,3 % 7,8 % 9,5 % 0,6 % 20,7% 8,3 5,7 1,5 % 1,2 % ,5 % 1,9 % ,4 % 0,8%
Dentro de la categoría de delitos contra el patrimonio se puede comprobar en la Tabla 6.11 que los delitos con mayor prevalencia (en amarillo) son el robo con fuerza en las cosas con un porcentaje dominante en su categoría, casi un 33 % para el grupo de mayor edad y la falta de hurto con un 16,6 % para los jóvenes de 16 y 17 años y un 20,7 % para los de 18 a 20 años. El resto de delitos que tienen una prevalencia mayor del 5 % , son los que aparecen sombreadas de azul en la tabla. Como puede verse no existe diferencia entre el tipo de conductas delictivas que cometen ambos grupos de sujetos, es decir, podemos considerar que la edad no es una variable significativa en el caso de los delitos contra el patrimonio. Tabla 6.12. Delitos contra las personas. 16 y 17 años Recuento Homicidio Lesiones agravadas Lesiones Falta lesiones Falta malos tratos Total 16 2 187 569 140 914 % 1,7 % ,2 % 20,5 % 62,3 % 15,3 % 100,0 % 18 a 20 años Recuento 9 7 237 1141 78 1472 % ,6 % ,5 % 16,1 % 77,5 % 5,3 % 100,0 %
En relación a los delitos contra las personas, los datos reflejados en la Tabla 6.12 ponen de manifiesto que el grupo de menor edad es más violento o comete acciones violentas más graves que el de mayor edad. Prácticamente hay diferencias entre los dos grupos en cada uno de los delitos contabilizados y los menores tienen porcentajes mayores en lesiones, falta de malos tratos y fundamentalmente en homicidios (aunque la diferencia en porcentajes pueda parecer pequeña, si tenemos en cuenta los datos absolutos podremos comprobar este extremo). Estos datos, aunque no intuitivos, están de acuerdo con los resultados de otras investigaciones, 31
en las que se pone de manifiesto que los menores suelen ser más agresivos que los adultos (Barberet et al, en prensa; Rechea y Fernández, en prensa). 6.1.2. Circunstancias que afectan a la gravedad de la conducta delictiva Se ha realizado una clasificación de los delitos en función de la gravedad que indican determinadas circunstancias, para permitir determinar qué consecuencias jurídicas pueden recibir como consecuencia de la infracción de la norma penal y con la nueva ley reguladora de responsabilidad, L.O. 5/2000. Esta clasificación permitirá conocer algo más del tipo de sujetos que, a partir de la entrada en vigor de la nueva ley se calificarán como delincuentes juveniles y que hasta ahora estaban integrados entre los delincuentes adultos, y de su comportamiento. Esta clasificación que no se ha realizado siguiendo ningún criterio legal se ha efectuado teniendo en cuenta los siguientes aspectos: MUY GRAVES: se incluye aquí todo tipo de delitos independientemente de su naturaleza pero que destacamos por su especial gravedad que implica su referimos a los delitos continuados. comisión, en concreto, aquí nos
GRAVES: Dentro de esta categoría quedarían incluidos el resto de delitos cometidos por el joven infractor sin tener en cuenta circunstancias modificativas de la responsabilidad, ni el grado de ejecución, ni formas de participación. MENOS GRAVES: Nos estamos refiriendo a los grados de ejecución (tentativas) y a los delitos imprudentes de los delitos del apartado anterior. LEVES: Hablamos aquí de las infracciones que las leyes penales consideran como las más leves: las faltas. Tabla 6.13. Gravedad de la conducta delictiva. 16 y 17 años Frecuencia MUY GRAVES GRAVES MENOS GRAVES LEVES Total 79 1785 166 1580 3610 % 2,2 % 49,4 % 4,6 % 43,8 % 100,0 %
18 a 20 años Frecuencia 61 2679 293 2315 5349 % 1,1 % 50,1 % 5,5 % 43,3 % 100,0 %
Los datos de la Tabla 6.13, que se expresan gráficamente en la Figura 3 ponen de manifiesto que prácticamente no existe diferencia entre la gravedad de los delitos que cometen los sujetos menores de edad y los mayores. Lo que sí es sorprendente es que los delitos se dividen prácticamente al 50% en delitos graves y delitos leves. Y por otro lado, también habría que destacar que cerca de un 48% de los sujetos de 18 a 20 años comete un tipo de delito de los que podríamos considerar como leves y que por lo tanto y en función de otras características personales y sociales podrían derivarse al Juzgado de Menores (volveremos a este punto más adelante cuando hablemos de las recomendaciones).
Muy graves 2%
Leves 43% Graves 50%
Menos graves 5%
6.1.3. Historia criminal del grupo de edad de 16 a 20 años La reincidencia es otra de las variables que deben ser tenidas en cuenta a la hora de decidir si un sujeto de 18 a 21 años de edad se puede remitir o no a la jurisdicción de menores. Hemos hablado con anterioridad de la lentitud de la justicia de adultos (ver página 16), este hecho produce en ocasiones situaciones paradójicas y así se ha constatado sujetos que delinquen una y otra vez, que aparecen como delincuentes primarios en los expedientes.
Tabla 6.14. Reincidencia del grupo de edad de 16 a 20 años.
16 y 17 años SI REINCIDE NO REINCIDE TOTAL Recuento 86 3524 3610 % 2,4 % 97,6 % 100 % 18 a 20 años Recuento 396 4952 5348 % 7,4 % 92,6 % 100 %
La Tabla 6.14 muestra el número de jóvenes que se han localizado con antecedentes penales, esto es, individuos sobre los que previamente ya ha recaído una sentencia penal firme y ejecutada. Por otra parte, la Tabla 6.15 refleja lo que hemos denominado “historia criminal de los sujetos”; es decir, con los resultados obtenidos en el trabajo de campo hemos podido constatar el número concreto de sujetos que delinquen más de una vez en el período estudiado. Con este dato se puede comprobar que el 95%, aproximadamente, de ausencia de reincidencia legal se queda en casi un 85 % cuando se usan los datos de las historias criminales de los sujetos. No obstante, hay que destacar el gran número de sujetos que delinquen una sola vez. Un 85 % de los sujetos de edades entre 16 y 20 años, inmersos en un juicio penal sólo han cometido un delito. Tabla 6.15. Número de sujetos con historia criminal Nº sujetos 1 delito cometido 2 delitos cometidos 3 a 5 delitos cometidos 6 a 10 delitos cometidos 11 a 15 delitos cometidos 16 o más delitos cometidos TOTAL Sujeto 2283 226 133 42 5 5 2694 % 84,74 % 8,39 % 4,94 % 1,56 % 0,19 % 0,19 % 100,0 %
Este dato deberá ser tenido en cuenta por las Administraciones competentes ya que constata una realidad muy distinta a la que se cree que existe, ya que no es cierto “que sean siempre los mismos los que delinquen”. Esta información es la que ha permitido determinar el número concreto de sujetos que van a entrar en contacto con el sistema de justicia juvenil, estableciendo la previsión para nuestra Comunidad 34
Autónoma tal y como se exponía en el punto 5 de este informe (págs. 22 y 23). Por otra parte, el hecho de que exista un número tan alto de delincuentes primarios es un dato que la Administración Autonómica deberá valorar, ya que a pesar de que la mayoría de ellos puede que se beneficien del principio de intervención mínima y su expediente no de lugar a un proceso formal, en muchas ocasiones se llevará a cabo un acto de reparación o conciliación con la víctima que ejecutará el correspondiente equipo de mediación. Por otro lado, el porcentaje de sujetos que tienen una historia criminal muy enconada es de un 15 %, que no es un dato nada desdeñable, ya que este tipo de sujetos necesitará un tratamiento intensivo. 6.1.4. Otros datos de interés Después de las descripciones realizadas en este apartado sobre quiénes son los jóvenes que van a formar parte de la Justicia Juvenil en los próximos años, hay todavía algunos aspectos interesantes sobre los que hablar. Nos referimos a los grupos minoritarios pero que por su particular interés conviene señalar. Hemos hablado de las mujeres (ver página 16) que no representan más que un porcentaje que va del 15 % en las edades más bajas, a un 10 % en las más altas. En este apartado queremos hablar de los inmigrantes y de aquellos menores infractores que según el tenor literal de la Ley “... se encuentren en situación de enajenación mental, anomalía o alteración psíquica, intoxicación por drogas o bebidas alcohólicas, o que tengan alterada gravemente la conciencia de la realidad por alteraciones de la percepción...”, ya que en estos casos se exige que se les aplique exclusivamente medidas cautelares y protectoras y medidas especiales de tratamiento terapéutico o tratamiento ambulatorio. En relación al primer aspecto, los jóvenes inmigrantes. Existe cierta idea en la población general sobre la delincuencia cometida por inmigrantes ilegales que no se corresponde con la realidad. Como se puede ver en la Tabla 6.16 el número de estos que han pasado por las salas de justicia de adultos es muy bajo sólo alcanza un 2,2 % para los de mayor edad.
Tabla 6.16. Inmigrantes por grupo de edad 16-17 años Frecuencia SI NO NO CONSTA TOTAL 45 3508 57 3610 % 1,2 97,2 1,6 100
18-20 años Frecuencia 112 5154 73 5348 % 2,2 96,4 1,4 100
La Tabla 6.17 hace referencia a la nacionalidad de los enjuiciados. Cómo se puede comprobar ningún país, excepto España, destaca con mayor representación que otro. En la Tabla 6.18 aparece el número de jóvenes sobre los que se ha constatado la existencia de un informe de drogas. Hay que tener en cuenta que para que en un Tribunal de Justicia de adultos se valore el consumo de drogas como una característica especial que exija una individualización en la reacción jurídica, el sujeto debe padecer un serio problema de drogodependencia de tal forma que esta adicción haya afectado seriamente sus capacidades cognitivas y volitivas, es decir, estaremos ante casos de sujetos gravemente afectados, con un deterioro muy grande a pesar de su escasa edad (la mayoría de los sujetos localizados son heroinómanos en un estado bastante avanzado de su consumo).
Tabla 6.17. Nacionalidad del grupo de edad de 16 a 20 años. 16 y 17 años Frecuencia ALEMANIA ARGELIA ARGENTINA BÉLGICA BRASIL CANADÁ CUBA ECUADOR EGIPTO ESPAÑA FRANCIA HOLANDA IRAQ LITUANIA MARRUECOS PALESTINA PAKISTÁN POLONIA PORTUGAL RUMANIA SUIZA USA NO CONSTA TOTAL 6 1 5 Porcentaje 0,2 ,0 0,1 18 a 20 años Frecuencia 10 11 1 5 1 5 5 6 5154 7 1 5 5 24 5 7 9 5 73 5348 Porcentaje 0,2 0,2 ,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 96,4 0,1 ,0 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 0,2 0,1 1,4 100 %
97,2 0,1
12 6 5 1 1 5 57 3610
0,3 0,2 0,1 ,0 ,0 0,1 1,6 100 %
Estos porcentajes, entre un 4 y un 6 %, son similares a los que se dan en la población general, según los datos de la Memoria del Plan Nacional de Drogas (1998), así como a los que se dan en la población ocupada (Bartolomé y Rechea, 1999). Este hecho supone un dato importante para refutar la idea ampliamente difundida de la relación entre la delincuencia y el consumo de drogas. Tabla 6.18. Jóvenes con informes sobre drogas 16 y 17 años Recuento % SI 145 4% NO 3465 96 % TOTAL 3610 100 %
18 a 20 años Recuento % 325 6,1 5023 93,9 5348 100
La individualización en la adopción de medidas que pretende la reforma implica tener en cuenta la información relativa a las cuestiones arriba mencionadas. Ya que será necesario crear las infraestructuras imprescindibles para este tipo de jóvenes que por su especial problemática necesitaran unos recursos específicos. 6.2. El Grupo de edad de 12 a 15 años Siguiendo en la línea del apartado anterior, en el presente se intenta dar una descripción de los datos encontrados en la revisión hecha en los Juzgados de Menores. Pasamos ahora a ver qué datos son los que aporta la Justicia de Menores que definía la pasada L.O. 4/1992. En este caso, dadas las características de esta jurisdicción, se pudo obtener mucha más información sobre los individuos a través del informe psicosocial, pero por coherencia con el incluiremos en el mismo. La primera reflexión sobre los datos es que de los 2329 sujetos encausados en esta jurisdicción, en el periodo de dos años y medio estudiado, 723 pertenecen al rango de edad de 12 a 13 años; esto es, un 31% de esta población quedará fuera del sistema judicial a partir de la entrada en vigor de la nueva L.O. 5/2000. Por esto consideramos que es importante proporcionar la información diferenciada para este grupo de edad y el de 14 a 15 años que será el que permanezca definitivamente en esta jurisdicción; por lo tanto, así se hará, siempre que se pueda extraer alguna conclusión interesante de esta diferenciación. Las tablas que se presentan a continuación hacen referencia a los aspectos de procedimiento en la jurisdicción de menores. Dado que uno de los principales ejes sobre los que se articula este sistema es el principio de intervención mínima, esto es, casos que no llegan a convertirse en un procedimiento formal y que el Fiscal archiva. Es interesante comprobar como se ha aplicado hasta ahora con la legislación vigente. resto del informe no la
Tabla 6.20. Proceso de menores: El principio de intervención mínima.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
ARCHIVO ARCHIVO MEDIACIÓN SOBRESEIMIENTO MEDIDA ABSOLUCIÓN PASO A PROTECCIÓN EN CURSO TOTAL
949 320 179 638 80 4 159 2329
40,7 13,7 7,7 27,4 3,4 ,2 6,8 100
40,7 54,5 62,2 89,6 93,0 93,2 100,0
En la Tabla 6.20 se puede comprobar que un 62,2% de los sujetos se benefician de esta posibilidad, quedando fuera del sistema de justicia. Se pueden valorar aquí las bondades de un sistema específico para el enjuiciamiento de jóvenes y menores, y comparar estos datos con las consecuencias que tenía el paso por el proceso para los jóvenes enjuiciados por una jurisdicción de adultos. De estos, un 48,4 % ven su causa archivada sin que haya ningún tipo de actuación, mientras a un 13,7 % se le archiva el expediente sin que haya audiencia ante el Juez de Menores pero se condiciona a que el menor haga una mediación o reparación extrajudicial. Si tenemos en cuenta el porcentaje de absolución, un 3,4%, la intervención real queda reducida sólo a un 27,4 % de los casos. Por otra parte, en esta Tabla también se puede comprobar la 'celeridad' de la justicia de menores ya que presenta un bajo porcentaje de casos 'en curso' en comparación con la justicia de adultos. En la Tabla 6.21 se puede comprobar qué tipo de intervención se lleva a cabo con ese 27,4% a los que el Juez ha impuesto una medida como resolución al proceso formal. Si observamos en la tabla hay varias posibilidades de intervención con estos jóvenes, pero éstas no se emplean de una forma homogénea, esto puede deberse a varias razones: ya sea porque no hay ningún tratamiento que sea la ‘panacea’ y cada sujeto requiere una intervención a medida o bien porque el Juez que determina la medida decide en función de las infraestructuras de las que dispone el servicio autonómico encargado de la ejecución de la medida y no en función de las necesidades del menor.
En este sentido, esta información puede ser relevante para constatar la forma en la que se ha trabajado realmente hasta ahora. - La intervención a través de la conciliación y de la reparación del daño. Hasta el momento los Jueces de Menores han recurrido a este tipo de intervención en un 11,6% de los casos, mediante la adopción de la medida "trabajo en beneficio de la comunidad". No obstante, a este porcentaje habría que sumarle el 13,7 % del que se hablaba en el párrafo anterior como solución extrajudicial. El objetivo de la intervención es idéntico en ambos casos tan sólo les diferencia el paso previo o no por el Juzgado de menores; esto es, que se adopte bien como forma de evitar el proceso o bien como consecuencia del mismo. Tabla 6.21. Medidas. Frecuencia AMONESTACIÓN SUSPENSIÓN Dº DE CONDUCIR INTER 3 FINES SEMANA LIBERTAD VIGILADA TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD TRATAMIENTO AMBULATORIO INTER CENTRO ABIERTO INTER CENTRO SEMIABIERTO INTER CENTRO CERRADO INTER. C. CERRADO + L.VIGILADA TOTAL 319 6 4 140 74 4 7 5 65 14 638 Porcentaje 50,0 ,9 ,6 21,9 11,6 ,6 1,1 ,8 10,2 2,2 100,0
- La intervención en medio abierto. A pesar de ser uno de los principales objetivos que pretendía la reforma del año 1992 no ha sido una solución muy aplicada, empleándose tan sólo en un 23% de los casos, en un 21,9% como libertad vigilada y en un 1,1% como internamiento en un centro abierto. - La amonestación. Sigue empleándose en un 50% de las ocasiones, quizás se constata aquí que la intervención no se está trabajando mucho y se siguen utilizando otras fórmulas tradicionales. -La Intervención en centro cerrado. Finalmente, se restringe tan sólo a un 12,4% de los casos.
6.2.1. ¿Qué hacen los menores delincuentes? Tabla 6.22. Categorías delictivas.
12 y 13 años No consta Contra las personas Contra la libertad Contra la libertad sexual Contra la intimidad y el honor Contra las relaciones familiares Contra el patrimonio Contra la seguridad colectiva Contra la Administración de justicia Contra el orden público Omisión del deber de socorro Contra el interés general Leyes especiales Varias categorías No tipificado Total 1 28 23 723 ,1 3,9 3,2 100,0 % Recuento 4 178 23 14 22 % ,6 24,6 4,4 1,9 3,0 14 y 15 años Recuento 6 380 58 26 44 1 411 4 56,8 0,6 889 27 2 6 ,8 28 3 2 1 94 45 1606 % ,4 23,7 3,6 1,6 2,7 ,1 55,49 1,6 ,1 1,7 ,2 ,1 ,1 5,9 2,8 100,0 %
A continuación se va a analizar el tipo de conductas delictivas del grupo de jóvenes de 12 a 15 años. En la Tabla 6.22 se puede apreciar que el comportamiento de estos sujetos no difiere mucho del que se exponía para los sujetos de 16-20 años. Las mismas categorías delictivas son las más importantes numéricamente hablando: delitos contra el patrimonio y contra las personas.
Tabla 6.23. Delitos contra el patrimonio 12 y 13 años Recuento Robo con violencia Robo con fuerza en las cosas Robo en casa habitada o edificio público Utilización ilegítima vehículo motor Hurto Receptación Falta hurto Daños Falta daños Estafa Apropiación indebida Falta estafa Falta robo de uso de vehículo Falta apropiación indebida Total 2 1 411 0,5 0,2 100,0 % 53 87 23 3 1 12,9 21,2 5,6 0,7 0,2 23 133 4 30 51 % 5,6 32,4 1,0 7,3 12,4
14 y 15 años Recuento 29 306 9 61 102 5 106 176 72 11 4 7 1 889 % 3,3 34,4 1,0 6,9 11,5 0,6 11,9 19,8 8,1 1,2 ,4 0,8 0,1 100,0 %
Hay un aspecto relevante que debe ser señalado respecto a estos datos: en ambas categorías, no hay diferencias sustanciales en los porcentajes entre las edades de 12-13 años y de 14-15 años. Esto quiere decir que aunque hay menos sujetos en el grupo de los menores, el tipo de delitos que estos cometen es equiparable al grupo de mayor edad. Este mismo resultado se refleja en el caso de los delitos contra el patrimonio (ver Tabla 6.23), incluyendo la 'utilización ilegítima de vehículos de motor. Al analizar los delitos contra las personas (ver Tabla 6.24) encontramos un panorama ligeramente diferente, sólo en la falta de malos tratos los menores tienen un porcentaje mayor, en lesiones se ven casi duplicados por los mayores mientras que la diferencia entre ambos es mínima en el caso de la falta de lesiones. Si 42
contrastamos estos datos con los que aparecían en el caso de los sujetos enjuiciados en los Tribunales de adultos, comprobaremos que el grupo que, según la nueva Ley, pertenece a los nuevos Juzgados de menores, es el grupo más violento; esto es, los sujetos de 14 a 17 años son, con gran diferencia los sujetos que tienen mayores porcentajes de delitos violentos contra las personas y también contra objetos. Tabla 6.24. Delitos contra las personas 12 y 13 años Recuento Homicidio Lesiones agravadas Lesiones Falta lesiones Falta malos tratos Total 1 % 0,6
14 y 15 años Recuento 1 1 % 0,3 0,3 12,9 72,4 14,2 100,0 %
12 123 42 178
6,7 69,1 23,6 100,0 %
49 275 54 380
6.2.2. Circunstancias que afectan a la gravedad de la conducta delictiva De acuerdo con la clasificación que se hizo para los sujetos enjuiciados en los Tribunales de adultos, en la Tabla 6.25 se puede comprobar como se distribuyen los sujetos enjuiciados en los Juzgados de menores respecto a la gravedad de los delitos cometidos. En la Figura 5 se puede comprobar que el número de delitos graves y muy graves alcanza el 60% de los delitos cometidos por los sujetos de 12 a 15 años, lo que supone un nivel de gravedad mayor que en el caso de los del grupo de 16 a 20 años a pesar de lo abultado de este tipo de delitos en aquel caso.
Tabla 6.25. Gravedad de la conducta delictiva.
12 y 13 años MUY GRAVES GRAVES MENOS GRAVES LEVES Total Frecuencia 20 394 32 277 723 % 2,8 54,5 4,4 38,3 100,0 14 y 15 años Frecuencia 37 939 48 582 1606 % 2,3 58,5 3,0 36,2 100,0
Leves 37%
Graves 58%
Menos graves 3%
6.2.3. Historia criminal Al igual que se reflejaba este dato al hablar del grupo de mayor edad 16-20 años, esto es, los enjuiciados por los Tribunales de adultos, se muestran aquí los datos relativos a la reincidencia (ver Tabla 6.26). Como es por todos conocido, en el caso ante la justicia de menores, el dato reincidencia no coincide con la definición legal que se daba para la justicia de adultos, (sentencia firme y ejecutada); se trata aquí del número de jóvenes de los que la Fiscalía tiene constancia de haber abierto un expediente al sujeto en concreto. Según los datos de la Tabla 6.27, se puede comprobar que un 82,4% de los sujetos son delincuentes primarios y que este porcentaje aumenta hasta el 83,3% 44
en el grupo de los sujetos de 12 y 13 años. Estos datos, como cabría esperar de su definición respecto a la jurisdicción de adultos, son inferiores a los encontrados en aquella, por lo que tendríamos que considerarlos con cierta cautela en su comprobación; de todas maneras, en ambas jurisdicciones se pone de manifiesto que cuanto menores son los sujetos menor es su historia delictiva, como cabría esperar. Tabla 6.26. Reincidencia del grupo de edad 12-15 años. 12 y 13 años 14 y 15 años Recuento % Recuento % Si reincide 121 16,7 290 18,1 No reincide 602 83,3 1316 81,9 Total 723 100 1606 100 Por su parte la Tabla 6.27, refleja lo que hemos denominado 'historia criminal'; al igual que en el grupo de mayor edad 16-20 años nos referimos aquí a la reincidencia observada en los datos del período estudiado. Lo primero a destacar, sería el dato de que entre los 2329 casos encontrados en el total de expedientes revisados, sólo existen 1970 individuos pues el resto de los casos hacen referencia a expedientes de sujetos ya contabilizados. Es importante destacar el gran número de delincuentes primarios que se encuentran entre estas edades, y que en función de los datos podemos cifrar en casi el 92% de todos los sujetos que han pasado por los Juzgados de Menores de nuestra región. Como ya se ha explicado en otros apartados de este informe, los sujetos a los que nos referimos están en el momento de inicio de una posible carrera criminal en el que progresivamente, cada año, se incorporan unos pocos más. Por otro lado, en este caso sólo podemos hablar de un comportamiento delictivo enconado al referirnos a un 0,86% de la población de jóvenes entre 12 y 15 años, a los cuales habrá que tener en cuenta a la hora de planificar medios y recursos para su tratamiento.
Tabla 6.27. Sujetos con historia criminal Nº sujetos 1 delito cometido 2 delitos cometidos 3 a 5 delitos cometidos 6 a 10 delitos cometidos 11 a 15 delitos cometidos 16 o más delitos cometidos TOTAL 6.2.4. Otros datos de interés De la misma forma que hacíamos con los jóvenes de mayor edad, 16 a 20 años, nos vamos a referir ahora a otros aspectos que se han recogido en el trabajo de campo y que podrían ser relevantes. En primer lugar, se hará referencia a los menores inmigrantes (ver Tabla 6.28). Al igual que se dijo respecto de los mayores, el número de menores inmigrantes que han pasado por los Juzgados de Menores es muy bajo, sólo alcanza un 2,4 % en los de menor edad. Y si tenemos en cuenta el motivo de la infracción por la que se ha incoado el expediente nunca lo ha sido por delitos especialmente violentos y es más, en un porcentaje considerable, un 13 %, no se trata de una infracción tipificada como delito o falta, sino que son denuncias por fugas de Centros en los que están acogidos. Respecto a la nacionalidad de estos menores, al igual que se comentó en relación a los mayores, no hay ningún país que destaque especialmente salvo España. Tabla 6.28. Inmigrantes del grupo de edad 12-15 años
12-13 años Frecuencia SI NO NO CONSTA TOTAL 17 693 13 723 % 2,4 95,9 1,7 100 14-15 años Frecuencia 31 1551 24 1606 % 1,9 96,6 1,5 100
Sujetos 1808 93 52 14 2 1 1970
% 91,8 4,7 2,6 0,71 0,1 0,05 100,0
Los datos de la Tabla 6.29 se refieren a aquellos menores sobre los que existe constancia, en el informe psicosocial elaborado por el Equipo Técnico, de que han 46
sido tratados anterior o actualmente en una Unidad de Salud Mental del Servicio de Salud correspondiente en cada localidad. Tabla 6.29. Menores tratados en la Unidad de Salud Mental 12-13 años SI NO NO CONSTA TOTAL Frecuencia 18 307 398 723 % 2,5 42,5 55 100 14-15 años Frecuencia 66 757 783 1606 % 4,1 47,1 48,8 100
7.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES La reforma que va a sufrir el sistema de justicia juvenil ha sido planteada exclusivamente desde un punto de vista teórico, sin tener en cuenta la realidad social de la población a la que va destinada. Para que la puesta en práctica de dicha reforma sea efectiva es necesario conocer esta realidad social. Los datos que aquí se han presentado permiten un mejor conocimiento de la magnitud del problema de los jóvenes y menores infractores de la norma penal, tanto en sus aspectos cuantitativos como cualitativos. Los datos citados revelan que realmente va a producirse un cambio cuantitativo y cualitativo importante respecto a la situación actual y que la justicia de jóvenes y menores debería sufrir una amplia transformación. Las previsiones que realiza este informe sobre el cambio cuantitativo, que va a producir la entrada en vigor de la Ley, se han expresado en tres dimensiones, en atención a la instancia que quiera valorar la reforma que va a sufrir la nueva justicia de menores. Para la Administración de Justicia cabrían dos previsiones: una acerca del número de expedientes por sujeto que interesa especialmente a las Fiscalías de Menores y al Equipo Técnico. Y otra para los Juzgados de Menores expresando el número de expedientes por hecho. Para la Administración autonómica encargada de la intervención la previsión que interesa es la del número concreto de jóvenes que entran en contacto con el sistema de justicia independientemente del número de veces. Precisamente de este último aspecto se puede dilucidar otra conclusión que contradice la creencia generalizada de que unos pocos son los responsables de todos los delitos, en el caso de los delincuentes juveniles hay un porcentaje elevado de delincuentes primarios, mientras que el porcentaje de jóvenes con carreras delictivas muy consolidadas se reduce a muy pocos casos, de ahí el gran número de individuos que entran en la categoría de delincuente juvenil, a los que hay que dar una oportunidad, pudiendo convertirse la justicia de jóvenes y menores en el instrumento de cambio una vez que el resto de oportunidades del sistema hayan fracasado (sistemas de prevención). 48
Respecto al análisis cualitativo, la delincuencia juvenil no es una delincuencia a pequeña escala sino de una entidad considerable. El número de sujetos involucrados en delitos con circunstancias que revelan una especial gravedad representa casi el 50% de las infracciones cometidas, llamando la atención que precisamente son los sujetos de menor edad los que manifiestan mayores porcentajes de circunstancias graves en la conducta delictiva. Otro dato relevante sería que respecto a los delitos violentos el grupo de edad de 16 a 17 años es el que tiene unos mayores índices de prevalencia, como se puede comprobar en los datos sobre los delitos de lesiones y robos con violencia o intimidación. Así pues, se puede decir que la nueva justicia de menores puede tener unas características diferentes de la actual; por un lado, los menores de 14 años desaparecen del sistema pero no por ello van a abandonar su comportamiento antisocial, por lo que es de esperar que los servicios de protección deberán también hacer previsiones respecto a esta nueva situación que ha definido la Ley como una opción de política criminal sin definir alternativas posibles. Para concluir, si realmente hay una apuesta clara por la justicia juvenil será imprescindible que se le dote de los recursos necesarios y que se pueda evidenciar en la práctica las reformas que el nuevo sistema propone.
ANEXO 1 a)
Nº IDENTIFICACIÓN PROYECTO: SEXO: LUGAR NACIMIENTO: INFORMES DROGAS: S N
D.N.I: FECHA NACIMIENTO: EDAD DE DELITO: LUGAR RESIDENCIA: INFORMES T.M.T: S N
Nº DILIG: Nº JUZGADO INSTRUCCIÓN: TIPO EXPEDIENTE: 1. D.PREVIA 2. PROC ABREV 3. JUICIO FALTAS 4. SUMARIO Nº PROCEDIMIENTO: FECHA SENTENCIA: DESARROLLO DEL PROCESO: ARCHIVO: SUSTITUCIÓN: SOBRESEIMIENTO: MEDIDA: REMISIÓN AL COMP: ABSOLUCIÓN: SUSPENSIÓN: TIPO DE DELITO: V N GRADO: COMISIÓN TENTATIVA IMPRUDENCIA DESISTIMIENTO CONTINUADO CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES: MEDIDA/PENA: TIEMPO MEDIDA: ACCESORIA1: ACCESORIA2: RESPONSABILIDAD CIVIL: SI NO REINCIDENCIA: SI NO TIPO DE DELITO:
ANEXO 1 b)
Nº IDENTIFICACIÓN: Nº D.N.I: Nº EXPEDIENTE: FAMILIA: 1. Normal DISCIPLINA: 1. Excesiva PADRE: 1.Vive con él 2. Deteriorada 2. Normalizada 2. No vive con él
2. Drogas 3. Delincuencia 4. Trabajo 5. No tiene
3. Rota 3. Carece.
PROBLEMÁTICA: 1. Psicológicos
1.Vive con ella
2. No vive con ella
HERMANOS: PROBLEMÁTICA: 1. Psicológicos
2.Drogas 3. Delincuencia 4. No tiene
NIVEL SOCIOECONÓMICO: 1. Alto AMBIENTE SOCIAL: 1. Normal
2. Problemático 2. Deteriorada 3. No
ESCOLARIZACIÓN: 1. Normal. asiste
AMIGOS ANTISOCIALES: 1. SI
1.- DATOS DEMOGRÁFICOS A partir de los datos proporcionados por el INE la población de 12 a 20 años de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha durante los años a los que se extiende el trabajo de campo 1996-1998 es la que aparece en la Tabla A-II.1. En la Figura A-II.1. se puede comprobar la tendencia a la baja de este tipo de población en este período (en (torno a 1.000 sujetos por provincia y año). Figura A-II.1..
0 ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA GUADALAJARA TOLEDO
Tabla A-II.1. AÑO 1996: Albacete: Ciudad Real: Cuenca: Guadalajara: Toledo: 48.071 61.763 22.145 18.539 65.990 216.508 AÑO 1997: Albacete: Ciudad Real: Cuenca: Toledo: 46.481 60.327 21.449 64.127 211.300 AÑO 1998: Albacete: Cuenca: Toledo: 45.195 20.924 62.734 205.207 Ciudad Real: 59.038 Guadalajara: 17.316
Guadalajara: 17.916
Antes de pasar a hacer una descripción de la información que se ha obtenido en el trabajo de campo, es necesario conocer las dimensiones de la población general a la que pertenece la población de nuestro estudio. Así aportamos los datos correspondientes a la población de 12 a 20 años de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha durante los años a los que se extiende el estudio, 1996-1998. Siendo las provincias de Toledo y Ciudad Real las más pobladas con algo más de 60.000 de habitantes que oscilan entre las edades antes mencionadas, le sigue Albacete que no llega a los 50.000, siendo Cuenca y Guadalajara las menos pobladas. Se puede comprobar como la tendencia de la población desciende cada año, en torno a 1.000 habitantes por provincia.
2.- POBLACIÓN DE JÓVENES DE 12 A 20 AÑOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA- LA MANCHA QUE HAN SIDO ENJUICIADOS POR LOS TRIBUNALES. Tras la descripción global de la población, podemos adelantar ya los datos obtenidos en el proyecto que van a indicarnos el número de jóvenes de estas edades que se han localizado en los Tribunales de justicia de la región. Para ello hemos dividido los resultados en atención a la jurisdicción en la que se ha identificado al sujeto: la de adultos o la especializada de menores. 2.1. DATOS CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE EDAD 12-15 (jurisdicción de menores).
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA GUADALAJARA TOLEDO 1997 1998
Albacete: Cuenca: Toledo:
214 28 234
295 35 206
Ciudad Real: 430 Guadalajara: 53
Ciudad Real: 324 Guadalajara: 32
2.2. DATOS CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE EDAD 16-20 (jurisdicción de adultos).
1400 1200 1000 800 600 400 200 0 ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA GUADALAJARA TOLEDO
AÑO 1997 Albacete: Cuenca: Toledo: 631 310 500 Ciudad Real: 991 Guadalajara: 197
AÑO 1998 Albacete: Cuenca: Toledo: 690 397 599 Ciudad Real: 1277 Guadalajara: 317
Podemos comprobar como el resultado es diferente en las distintas jurisdicciones y en las distintas provincias. De esta forma parece que en la provincia de Toledo hay una tendencia a la baja en el comportamiento delictivo de sus jóvenes, manifestándose esta tendencia en ambas jurisdicciones. Por su parte en las provincias de Albacete y Cuenca el resultado es el inverso siendo la tendencia al alza. Finalmente en las provincias de Ciudad Real y Guadalajara el comportamiento es diferente en atención a la jurisdicción en la que nos encontremos, de este modo en la jurisdicción de menores (12 a 15 años) parece que la tendencia es a la baja y en la de adultos (16 a 20 años) es al alza.
En definitiva la evolución del comportamiento delictivo de los jóvenes no es homogénea por lo que cada provincia deberá hacer un estudio específico para conocer las verdaderas dimensiones de cada caso en particular.
3. PROYECCIÓN DE POBLACIÓN DE JÓVENES DE 12 A 20 AÑOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA LA MANCHA PARA LOS AÑOS 2000 A 2005.
AÑO 2000: Albacete: 42.546 Ciudad Real: 56.459 Cuenca: 19.945 Guadalajara: 16.173 Toledo: 59.579
AÑO 2001: Albacete: 41.693 Ciudad Real: 55.485 Cuenca: 19.540 Guadalajara: 15.577 Toledo: 58.179
AÑO 2002: Albacete: 40.998 Ciudad Real: 54.594 Cuenca: 19.105 Guadalajara: 15.127 Toledo: 56.829
AÑO 2003: Albacete: 40.129 Ciudad Real: 53.691 Cuenca:18.806 Guadalajara: 14.772 Toledo: 55.538
AÑO 2004: Albacete: 39.692 Ciudad Real: 53.679 Cuenca: 18.624 Guadalajara: 14.496 Toledo: 55.053
AÑO 2005: Albacete: 38.884 Ciudad Real: 52.973 Cuenca: 18.357 Guadalajara: 14.288 Toledo: 54.078
Documents Similar To RECHEA y FERNANDEZ (2000) Impacto de La Nueva Ley Penal Juvenil en Castilla La Mancha
Sobre El Pensamiento Abolicionista
Criminologia en Autores
Delincuencia Juvenil Metodologia Del Estudio Universitario
DerechoPenalI Completo
Trabajo Penal Naturaleza Juridica.
Ejecucion Terminado
Temas de Derecho Penal Para Estudiantes
Derecho a Castigar y Penar
Dignostico de La Delincuencia
Pavarini Castigar Al Enemigo
Teorias Sobre El Delito.
La Estructura del delito.docx
Las edades del delito.pdf
Pelicula Minority Report
Proyecto Sobre Delincuencia Juvenil
Ponencia. Actual
Derecho Penal II - Parte Especial i -Ta
El Impacto de Las Tecnologías de La Información en La Comunicación Humana Ha Implicado Una Transformación en La Forma de Convivir en Sociedad
Denuncia Saqueos
ALCANCES DE LA LEY DE CONATEL.docx
DIPRES 2016 Evaluación de Programas de Libertad Asistida Especial
APA 2012 Specialty Guidelines for Forensic Psychology
DIPRES 2016 Evaluación de Programas de Libertad Asistida
Orientaciones Técnicas RMA PER
Orientaciones técnicas. Línea de acción diagnóstico. Modalidad diagnóstico ambulatorio. SENAME
DIPRES 2016 Evaluación de Programas de Salidas Alternativas
Budd ET AL Evaluation of Parenting Capacity in Child Protection
DIPRES 2016 Evaluación de Programas de Apoyo a Reinserción Social
Orientaciones Técnicas RPA
Paz Ciudadana y Fund San Carlos de Maipo Informe Final Inimputables
Orientaciones Técnicas RPM
DIPRES 2016 Evaluación de Programas de Medidas Cautelares Ambulatorias
DIPRES 2016 Evaluación de Programas de Servicios en Beneficios de la Comunidad
APA Guidelines for Psychological Evaluations in Child Protection Matters