Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1998-00346-de-agosto-29-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_ea9d03d82b280178e0430a0101510178&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-08-07 01:43:29
Document Index: 362359553

Matched Legal Cases: ['artículo 136', 'e contrario', 'artículo 10', 'artículo 90', 'artículo 112', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 181']

﻿ Sentencia 1998-00346 de agosto 29 de 2013
SENTENCIA 1998-00346 DE 29 DE AGOSTO DE 2013
CONTENIDO:OBLIGACIÓN LEGAL DE CONSTRUIR, MANTENER Y RECUPERAR LAS VÍAS PÚBLICAS. LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, EN LOS CASOS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO O RECUPERACIÓN DE VÍAS, SE DETERMINA A PARTIR DE LA OMISIÓN EN LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS TENDIENTES A EVITAR LOS DAÑOS QUE LAS OBRAS PUEDAN OCASIONAR, ESTO ES, EL DAÑO RESULTA IMPUTABLE A LA ADMINISTRACIÓN SI LA ENTIDAD PÚBLICA ESTABA EN CAPACIDAD DE PREVENIR SU OCURRENCIA, HACIENDO USO DE SUS CONOCIMIENTOS SOBRE LOS PELIGROS CREADOS Y MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS EFICACES PARA EVITARLOS. LAS ENTIDADES ENCARGADAS DEL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS PÚBLICAS DEBEN DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
Sentencia 1998-00346 de agosto 29 de 2013
Radicación: 190012331000199800346 01 (26.857)
Actor: Marco Aurelio Jiménez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Transporte-Instituto Nacional de Vías, Invías-Municipio de Villavicencio
Esta corporación es competente para conocer del presente asunto, en razón de los recursos de apelación interpuestos por ambas partes y los llamados en garantía contra la sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones, comoquiera que la cuantía de la demanda corresponde a la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988(1), para que la segunda instancia en un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa sea conocida por el Consejo de Estado.
Los registros civiles allegados al proceso acreditan el interés en este asunto de los demandantes Marco Aurelio Jiménez, María Stella Domínguez, Diego Ancizar, Consuelo Elvira, Miller Augusto, Henry Amir, Henry Antonio, Gloria Stella, Edgar, José Alfredo Jiménez Domínguez y Lader Sebastián Jiménez Garzón, dada su condición de padres, hermanos e hijo de Lader Jiménez Domínguez, quien falleció el 10 de agosto de 1997, a causa de un accidente en la vía Panamericana en el sector urbano del municipio de Popayán (fls. 15 a 27, cdno. 1).
Además las declaraciones de las señoras Mercedes Hernández Luna, María Rubelis Castillo y María Orfidia Bustos Ducuara, recepcionadas dentro del proceso, acreditan el interés de la demandante Ángela Liliana Garzón Alegría, pues las antes nombradas dan cuenta de la condición de compañera permanente de la víctima directa y madre del hijo de este (fls. 154 a 155, 158 a 160 y 162 a 163, cdno. 2).
Se observa que los demandantes acudieron a la justicia dentro del término establecido en el artículo 136 del Decreto 1 de 1984, pues los hechos ocurrieron el 10 de agosto de 1997 y la presentación de la demanda data del 16 de junio de 1998.
De acuerdo con los hechos de la demanda y los argumentos expuestos en los recursos de apelación, corresponde a la Sala, una vez establecido el daño, determinar si resulta imputable por acción u omisión a las entidades públicas convocadas a la litis, para lo cual habrá de resolver lo atinente a las causales de exoneración formuladas por las demandadas y los llamados en garantía.
“Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella”.
Al respecto ha dicho la jurisprudencia de esta Sección que, cuando el traslado ha sido solicitado por ambas partes, las pruebas practicadas en otro asunto pueden ser objeto de valoración así las partes en el asunto de que se trata no hubiesen concurrido al original y sin perjuicio de la falta de ratificación en el proceso en el que se pretenden hacer valer. Lo anterior, atendiendo al principio de lealtad procesal, pues, contrariarlo sería que una de las partes solicite el traslado y en el evento en que lo demostrado le fuere contrario a sus pretensiones, su inadmisión. Aunado a que, en los términos del artículo 10 de la Ley 446 de 1998, la ratificación no opera sin previa solicitud.
En el presente caso, la parte demandante y el contratista solicitaron el traslado de todo lo actuado ante la justicia penal. Por su parte el, demandado Invías y la Compañía de Seguros La Previsora S.A., hicieron uso de la investigación para estructurar su defensa, como lo revelan los escritos de alegaciones finales, en una y otra instancia constitutivos de los argumentos para sustentar los recurso de apelación.
Se tiene, entonces, de conformidad con las pruebas válidamente allegadas al proceso, probados los siguientes hechos:
3.1.1. El 10 de agosto de 1997, falleció el señor Lader Jiménez Domínguez a causa de un accidente de tránsito; de ello dan cuenta el certificado de defunción 1763222 expedido el 16 de febrero de 1998 por la Notaría Primera de Popayán, aportado en copia auténtica por la parte demandante (fl. 27, cdno. 1) y el acta de levantamiento de cadáver 167 de la misma fecha(2), expedida por la fiscalía 1 URI de la unidad delegada ante los juzgados penales del circuito, documento en el que se hace constar, además de las heridas y lesiones encontradas en el cuerpo de la víctima, particularidades sobre la ocurrencia de los hechos (fls. 93 a 95, cdno. 2). En el acta se consignaron los siguientes datos:
“Muerte. Lugar: Hospital.
Fecha: Agosto 10 de 1997 hora: 5:30 a.m. (...).
Observaciones generales: Según versión de la señora Ángela Liliana Garzón Alegría (...) hoy aproximadamente a la una de la madrugada su compañero conducía la moto de placas MXF-88, modelo 95 marca Honda y que ella iba de parrillera, que se dirigían para Cauca, que solo recuerda que un vehículo de color blanco se les vino encima y los arrolló, que no se acuerda de nada más sobre los hechos. Según las anotaciones del libro de población que lleva la policía se encontraron los siguientes datos. Lader Jiménez Domínguez CC 76.315.034 de Popayán, de 25 años de edad, natural de San Sebastián Cauca, estado civil unión libre, residente en la Calle 12 D 20-22 B/Villa del Carmen. Los encontraron una (sic) moto. Se aclara los encontraron por los lados de Postobón, se encontró una moto Honda C-90 de placas MXF-88, Modelo 95. La patrulla los encontró ahí tirados en la vía. Hora de los hechos 1:00 horas, ingresó a la 1:35, falleció hoy a las 5:30 a.m. Es todo lo que se pudo establecer”.
A folio 96, obra oficio de 10 de agosto de 1997, suscrito por el comandante de la patrulla del Norte Luna 12, agente Edilber Jiménez Hoyos, para dejar a disposición la motocicleta en la que se transportaba la víctima y su compañera el día de los hechos. Respecto del accidente manifestó:
“Los antes mencionados tuvieron un accidente de tránsito ya que al parecer el señor que la conducía estaba en estado de embriaguez (al parecer) de inmediato la patrulla de siglas 10-005 recogió a las personas y las llevó hasta el Hospital San José, urgencias los cuales fueron atendidos de inmediato.
Es de anotar que el señor Lader Jiménez Domínguez a causa del accidente murió a las 5:30 horas en el hospital y la señora Ángela Liliana Garzón presenta una herida en el cráneo y laceraciones en la cara según manifiesta el agente que se encuentra de servicio en el hospital.
Se deja constancia que se desconoce los móviles del accidente ya que en el momento en que se los encontró se encontraban inconcientes (sic)”.
De igual manera se allegó al proceso copia del protocolo de necropsia 195-97(3), expedido por el perito forense identificado con número M 1033-0. Se lee en el dictamen:
“Nombre: Lader Sebastián Jiménez D. Edad: 25 años. Sexo: Masculino (...).
Fecha de muerte: agosto 10-97 (...).
Resumen de datos previos: Según acta de levantamiento, iba conduciendo una moto y un carro lo arrolló. No hay más datos (...).
Conclusión: Hombre joven conductor de moto, atropellado por vehículo y quien fallece por edema cerebral con herniación de amígdalas cerebelosas por hematoma epidural agudo por trauma craneoencefálico en accidente de tránsito”.
Se dispuso, además, practicar prueba de alcoholemia para determinar la ingesta de alcohol. Para dar cumplimiento a lo anterior, el 19 de agosto de 1997(4) el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses —Regional Sur—, informó que, analizada la muestra de sangre tomada el 10 de agosto de 1997 al señor Lader Sebastián Jiménez, se encontró; “Resultado: Alcohol etílico: Ciento un miligramos que por cien mililitros de sangre (101mg/100ml)”.
3.1.2. En el marco de la investigación preliminar adelantada en razón de la muerte del señor Jiménez Domínguez, la unidad vida - código 0101002 de la fiscalía delegada ante los juzgados penales del circuito de la Fiscalía General de la Nación(5) solicitó a la policía un informe sobre lo ocurrido, que la misma respondió el 28 de agosto de 1997 según misión de trabajo 319, en los siguientes términos (fls. 121 a 123, cdno. 2):
“Es de anotar que nos entrevistamos con varios moradores del sector donde sucedieron los hechos, donde nos manifestaron que lo único que escucharon, fue el grito de una mujer, y al asomarse para enterarse que era lo que había sucedido vie (sic) fue dos personas tendidas en la vía y una motocicleta y junto a ellos estaba un agente de Policía Nacional y que de estos hechos debería tener conocimiento el vigilante, al frente o diagonal donde ocurrieron los hechos, se encontraba cuidando el campamento y las máquinas y al ser entrevistado el vigilante manifestó no saber nada.
Informó a ese despacho, por no haber un testigo presencial de este hecho, no se ha logrado por pate de esta unidad establecer si el hoy occiso, colisionó contra un vehículo o se accidentaron contra algún obstáculo ya que la vía se encontraba en reconstrucción y ampliación y también como lo manifestó en la entrevista que se le hizo a la señora Ángela Liliana Garzón, en el Hospital San José de esta ciudad, que ellos estaban departiendo licor en la discoteca “Acrópolis” de esta ciudad momentos antes de desplazase hasta el municipio de Piendamó Cauca”.
Con base en lo anterior, la fiscalía mediante auto de 17 de marzo de 1998 (fls. 125 a 127), autorizó a la coordinación de fiscalías delegadas ante los jueces penales del circuito suspender la investigación previa que la misma adelantaba con el objeto de esclarecer los hechos en los que murió el señor Lader Jiménez Domínguez. Se sostuvo al respecto:
“Con la vaga información suministrada por la sobreviviente del accidente, los agentes de policía que conocieron del hecho no adelantaron pesquizas (sic) de ninguna clase y en esas circunstancias quien causó la muerte de Lader Sebastián Jiménez pudo escabullirse del sitio de los sucesos ya a pesar de que posteriormente el agente de la Sijin que le correspondió la investigación, realizó buen número de averiguaciones tendientes a establecer si realmente la moto conducida esa madrugada por Jiménez Domínguez, había colisionado contra algún vehículo, pero esas labores fueron negativas y se especula que debido a la remodelación de la que era objeto esa vía, pudo haberse estrellado contra algún obstáculo de los existentes por esos días, pues un agente de la policía que llegó al poco tiempo donde estaban los cuerpos de los accidentados, no vio vehículos de ninguna naturaleza en el sector.
Teniendo en cuenta lo expresado por Ángela Liliana Garzón al investigador de la Sijin, es probable que con la ingesta de alcohol por parte de ellos esa noche, el ahora fallecido estuviera bastante embriagado y en esas condiciones pudo conducir a demasiada velocidad produciéndose en consecuencia el accidente y sufriendo él las graves y violentas contusiones que determinaron su muerte y que no existía la presunta camioneta o automóvil al que se refiere la esposa de él, sino que el golpe se haya producido efectivamente contra alguno de los obstáculos que para esa época habían en la vía, pero esto tampoco se ha podido comprobar”.
El 11 de noviembre de 1998, la coordinación de fiscalías delegadas ante los juzgados penales del circuito suspendió la investigación preliminar(6), dado que no se logró identificar al autor del ilícito, como tampoco al vehículo que presuntamente lo atropelló. Se agregó:
“Por otra parte teniendo en cuenta lo expresado por la señora Ángela Liliana Garzón al investigador de la Sijin es probable que como el señor Lader Jiménez Domínguez, se encontraba en estado de embriaguez se haya estrellado con alguno de los obstáculos que para esa época habían en la vía”.
3.1.3. Las resoluciones 740 de 9 de marzo y 5590 e 26 de julio de 1994 (fls. 147 a 150, cdno. 2), acreditan la titularidad de la conservación y mantenimiento de la vía Panamericana, específicamente, del tramo en el que ocurrieron los hechos. Particularmente se observa que, el Instituto Nacional de Vías, Invías, entregó la administración y conservación de un tramo de la carretera Panamericana, incluido el perímetro urbano del municipio de Popayán a este y que cuatro meses después, revocó la entrega, asumiendo nuevamente la administración y conservación de la vía en los términos del acta de 2 de agosto de 1994 (fl. 151, cdno. 2).
3.1.4. El 29 de diciembre de 1995 el Invías suscribió con el ingeniero Luis Héctor Solarte Solarte, el contrato de obra 1202 para la rehabilitación y ampliación de la vía Panamericana en el sector urbano de Popayán (longitud 12 kilómetros), por un término de 12 meses. De conformidad con lo pactado en la cláusula novena del mencionado contrato:
“El contratista se obliga a suministrar y colocar a su costa, en un término máximo de veinte (20) días calendario contados a partir de la fecha de iniciación de la obra, dos (2) vallas de información, sobre la obra e inversión que adelanta a través del instituto, de acuerdo con las especificaciones y condiciones señaladas en la Resolución 1936 del 30 de marzo de 1994, proferida por el instituto. PAR.—Desde la suscripción del acta de iniciación de las obras y hasta la entrega definitiva de las mismas al instituto, para guiar el tránsito y como prevención de riesgos de los usuarios y personal que trabaja en la vía en construcción, el contratista está en la obligación de señalizar y mantener el tránsito en el sector contratado, de acuerdo con las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia. Desde ese momento el contratista es el único responsable en el sector contratado de la conservación, señalización y el mantenimiento del tránsito. El incumplimiento de esta obligación, durante la ejecución del contrato, causará al contratista la imposición de multas proporcionales al valor del contrato y/o a los perjuicios sufridos por el instituto, sin perjuicio de la responsabilidad civil extracontractual”.
Contrato este objeto de prórrogas y adiciones, al punto que el 10 de agosto de 1997 la vinculación se mantenía, en razón del contrato 1202-3-95(7), suscrito el día 15 del mes anterior para ampliar el plazo del contrato principal hasta el 30 de noviembre de 1997(8).
3.1.5. Para efectos de supervisar y controlar el correcto cumplimiento del contrato, el 19 de marzo de 1996, el Invías celebró contrato con la sociedad Paulo Emilio Bravo y Cía. Ltda., por 11 meses, prorrogados, mediante contrato 136-1-96 (fls. 79 a 88, cdno. 1)(9).
3.1.6. La secretaría de tránsito y transporte no elaboró informe de accidente, según lo certificó la alcaldía del municipio(10). Dio cuenta, además el documento sobre la restricción impuesta a la circulación de motocicletas “en cualquier sector del municipio de Popayán en el horario comprendido entre las 11:00 p.m. y las 5:30 a.m.”.
3.2. Pruebas testimoniales.
Comparecieron al presente proceso, en calidad de testigos, los señores Julio Marino Gurrute Yacumal, Marco Eliécer Chávez Urbano y Lucila Quinayas Salazar. De las declaraciones se extrae puntualmente que el señor Jiménez Domínguez murió como consecuencia de un accidente de tránsito, ocasionado por un montículo de tierra colocado sobre la vía pública.
3.2.1. Sobre la causa del accidente se cuenta también con la declaración del señor Julio Marino Gurrute Yacumal, residente en la zona en donde ocurrieron los hechos. Sostuvo el testigo que se ejecutaba una excavación, que la tierra ocupaba la vía y que no se colocaron señales informativas y de prevención (fls. 7 a 8, cdno. 2):
“[y]o oí un grito de una señora, yo me levanté inmediatamente y yo miré por la parte de abajo y había una moto que estaba caída en el suelo, habían dos personas, baje a la calzada y miré había otro señor ahí que estaba parado y dijo que hacemos en este caso, entonces él dijo un carro para echarlos porque como estaban tendidos demoramos aproximadamente unos diez minutos, yo miré el señor que estaba más golpeado y él no respiraba, la señora sí se movía, entonces en ese momento dijo el señor qué hacemos para un taxi como no había, ahí llegaron más personas, llegó una vecina que se llama Lucila Quinayas, también llegó un agente de policía que no recuerdo el nombre y también vive en La Paz y hasta que por fin llegó el automóvil y ahí lo echamos y de así (sic) ya no supimos más que pasaría, el principal causante de eso fue una escabación (sic) que habían hecho ahí al lado de la Panamericana, toda esa tierra la echaron hacia el centro de la carretera entonces quedó un espacio muy pequeño para pasar los carros. — En ese tiempo estaba la construcción de la doble vía eso sería bajando a mano derecha, había una máquina de los señores Solarte me parece que estaban haciendo eso, había un vigilante en (sic) allí en la máquina, él si vio todo lo que sucedió porque él estaba al frente. — En ese tiempo no había iluminación (...). Preguntado: ¿Sírvase manifestar si existían o no obstáculos en la vía y más concretamente en el lugar de ocurrencia del accidente? Contestó: Sí existen. — Tierra porque hicieron una escabación (sic) o chamba para meter tubería, para meter cables, eran unos tubos gruesos de unas 4 pulgadas. — Preguntado: ¿Sírvase indicar si existían o no señales que indicaran la ejecución de obras o el peligro de tramitar por la vía? Contestó: No, ahí no había nada. — (...)”.
3.2.2. Sobre las condiciones de la vía, el señor Marco Eliecer Chávez, quien transitaba por la zona, dio cuenta de los obstáculos en razón de la obra; sostuvo que en el día se instaló una cinta amarilla, no recordó si en la noche la señal permanecía (fls. 9 a 10, cdno. 2).
Este testigo expuso:
“Preguntado: ¿Sírvase manifestar si existían o no obstáculos en la vía y más concretamente en (sic) lugar de ocurrencia del accidente? Contestó: Sí. Estaba tapada la carretera y me parece que estaban abriendo para el alcantarillado, porque en esos días ya había empezado la ampliación de la carretera, había un pasadizo pero muy pequeño si cabía un carro no cabían dos (...). Preguntado: ¿Sírvase indicar si existían o no señales que indicaran la ejecución de obras o el peligro de transitar por la vía? Contestó: La verdad era de noche y no me acuerdo. En el día mantenían con una cinta amarilla ahí (...). Preguntado: ¿Sírvase manifestar si para el día de ocurrencia del accidente la cinta amarilla a que usted ha hecho referencia se hallaba colocada en el lugar? Contestó: Antes del accidente sí había la cinta amarilla yo después del accidente no me acuerdo si estaba la cinta o no (...)”.
3.2.3. De igual forma compareció a este juicio para rendir declaración la señora Lucila Quinayas Salazar, domiciliada en la zona de ocurrencia de los hechos. Acorde con su declaración además de las dificultades para transitar dado el trayecto tan angosto que lo permitía, no se contaba con señalización (fls. 11 a 12, cdno. 2).
“Sí me acuerdo del accidente, yo estaba acostada cuando oí el ruido que se oyó, más o menos era la una de la madrugada, me levanté asomarme (sic) que era y yo vi que el vecino se había levantado y miraba ahí entonces yo también me fui a ver que era y cuando ya estaba el señor en la carretera para ese tiempo estaban en la ampliación de la vía y entonces habían tumbado barranco para el frente y todo eso, estaba la máquina ahí la que está tumbando para un lado y para el lado de acá estaban haciendo unas chambas para el alcantarillado la carretera estaba mala no se sabe ahí como sería que el señor se accidentó. Preguntado: Sírvase manifestar si existían o no obstáculos en la vía y más concretamente en el lugar de ocurrencia del accidente? Contestó: Claro porque para el lado de acá. Es izquierdo, subiendo habían tierra porque habían tumbado esa loma que había ahí y para el lado de acá habían abierto una chamba grande y la tierra estaba sobre la vía o sea que la vía era un trayecto bien angosto, cabrá un carro pequeño. Preguntado: ¿Sírvase indicar si existían o no señales que indicaran la ejecución de obras o el peligro de transitar por la vía? Contestó: No había nada de señales ni antes ni después, nunca colocaron señales. La vía estaba intransitable no tenía ninguna clase de señal. Preguntado: ¿En declaración anterior se manifiesta ante corporación que antes de la ocurrencia del accidente se habían colocado cintas amarillas qué le consta al respecto? Contestó: No ahí no habían cintas. El día del accidente tampoco. Y después cuando iban a echar el pavimento ahí si (sic) colocaron cinta que fue mucho después del accidente porque cuando el accidente apenas estaban tumbando barrancos (...)”.
La Constitución Política de 1991 dispone en su artículo 90 que, “[e]l Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. Sobre el daño antijurídico se ha sostenido por la jurisprudencia que se trata de “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”(11).
La jurisprudencia de la Sala ha sido reiterativa en manifestar que la responsabilidad patrimonial del Estado, en los casos de construcción, mantenimiento o recuperación de vías, se determina a partir de la omisión en la adopción de medidas tendientes a evitar los daños que las obras puedan ocasionar, esto es, el daño resulta imputable a la administración si la entidad pública estaba en capacidad de prevenir su ocurrencia, haciendo uso de sus conocimientos sobre los peligros creados y mediante la planeación y ejecución de medidas eficaces para evitarlos(12).
Teniendo claro lo anterior y, revisado el material probatorio que obra en el expediente, la Sala encuentra acreditado el daño antijurídico causado a los demandantes, esto es, la muerte del señor Lader Jiménez Domínguez, en razón del accidente de tránsito acaecido el día 10 de agosto de 1997.
Se conoce que la víctima se desplazaba el día antes señalado en la motocicleta de placas MXE 88, por la vía Panamericana, exactamente en la carrera 9ª norte con calle 67, dentro del perímetro urbano de la ciudad de Popayán y que el señor Lader Jiménez Domínguez sufrió trauma craneoencefálico, que le ocasionó la muerte horas después, luego de que la motocicleta que conducía colisionara en la vía Panamericana.
Verificada la existencia del daño, la Sala deberá realizar el análisis de la imputación para determinar si aquel resulta endilgable, por acción u omisión, a las entidades demandadas o si, por el contrario, se configura alguna causal de exoneración de responsabilidad.
4.2. De la obligación legal de señalización.
El Decreto 1344 de 1970, vigente para la época de los hechos de que trata el presente asunto, respecto de la conservación o mantenimiento de las carreteras e instalación de señales, precisa la obligación de seguir en todo las pautas del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito.
Por su parte el artículo 112 del citado decreto, se refiere a las señales preventivas, esto es a las que deberán colocarse con el “objeto de advertir al usuario de la vía la existencia de un peligro y la naturaleza de este”.
El Ministerio de Obras Públicas y Transporte(13) encargado de formular y desarrollar políticas en materia de transporte e infraestructura vial, etc., consciente de los altos índices de accidentalidad existentes en el país expidió el manual sobre dispositivos para el control de tránsito en calles y carreteras, adoptado como reglamento oficial mediante la Resolución 5246 de 1992. Se señaló en el documento que “Es función de las señales de tránsito indicar al usuario de las vías las precauciones que debe tener en cuenta, las limitaciones que gobiernan el tramo de circulación y las informaciones estrictamente necesarias, dadas las condiciones específicas de la vía”.
En lo que hace referencia a la señalización, en etapas de construcción y conservación de carreteras, el capítulo III del citado manual se detiene particularmente en la señalización para la prevención de riesgos. Se trata entonces de guiar el tránsito en calles y carreteras sometidas a procesos de conservación o construcción, que necesariamente interrumpen el flujo continuo, y que deberá instalarse antes de la iniciación y permanecer hasta su terminación.
El manual prevé igualmente el uso de las señales preventivas descritas en el mismo, en mayor tamaño y diferente color (dimensión mínima del lado del cuadrado 90 cms, fondo anaranjado, símbolo y la orla, negros), y diseña una señal especial con las letras y números SP-101, cuyo objeto será prevenir al usuario sobre la aproximación a un tramo de calle o carretera que se encuentre bajo condición de construcción, reconstrucción o conservación. Se trata de un cuadrado en el que hay un letrero en el que se deberá leer: “Vía en construcción 500 m”.
En adición, se reguló el uso de: i) barricadas, “conformadas por bandas o listones horizontales de longitud no superior a 3.00 m y ancho de 0.30 m, separadas por espacios iguales a sus anchos” y ii) canecas pintadas con franjas alternadas reflectivas negras y anaranjadas de 0,20 mts de ancho, con altura no inferior a 0,80 mts.
En todo caso “reflectivas o estar convenientemente iluminadas, para garantizar su visibilidad en las horas de oscuridad”.
Respecto del número de señales que deben instalarse en la vía, a efectos de anunciar obstáculos y prevenir accidentes de toda clase, el artículo 2º de la Resolución 8408 de 1985 proferida por el entonces Ministerio de Obras Públicas y Transporte distingue seis señales. Ahora respecto de la responsabilidad de la administración esta Sección de manera reiterada ha recordado a las entidades encargadas del mantenimiento de las vías públicas su obligación de dar cumplimiento a las normas en materia de señalización.
En sentencia de 20 de septiembre de 2007(14), la Sala manifestó:
“Las señales preventivas tienen por objeto advertir sobre la existencia de calles y carreteras en construcción, lugares de alto riesgo de accidente o vías sometidas a proceso de conservación, para prevenir del peligro tanto a usuarios como a personas que trabajan en la vía. Así, conforme al artículo 2º de la Resolución 8408 de 1985, seis es el número mínimo de señales de aproximación a obstáculos y/o peligros en la vía. Estas deben ser colocadas en un orden preestablecido, que de todas maneras puede modificarse de acuerdo con la clase de obstáculos o el peligro que se presente. La señales preventivas de obstáculos y/o riesgos en la vía son: i) superficies rizada (SP-24), resalto (SP-25), depresión (SP-26), zonas de derrumbe (SP-42), superficie deslizante (SP-44), que se colocarán a 60 metros del peligro, ii) velocidad máxima 40 kilómetros por hora, colocado a 80 metros del sitio riesgoso (SR-30), iii) velocidad máxima 30 kilómetros por hora, colocado a 60 metros del sitio peligroso (SR-30), iv) peligro no especificado (SP-60), colocado a 60 metros del riesgo, v) prohibido adelantar (SP-26), colocado a 60 metros y vi) al finalizar el paso por la zona riesgosa, nuevamente debe determinarse el riesgo de la superficie (figura 2 de la Resolución 8408 de 1985).
De igual manera, el manual sobre dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras, define sesenta señales de prevención o preventivas para advertir “la existencia de una condición peligrosa y la naturaleza de esta”, las cuales se identifican por el código general SP (...).
Las características, especificaciones de diseño y colores que deben tener esas señales preventivas, están definidas en el manual sobre dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras o Resolución 5246 del 2 de julio de 1985, adicionada y modificada mediante resoluciones 1212 del 29 de febrero de 1988, 11886 del 10 de octubre de 1989 y 8171 del 9 de septiembre de 1987, todas del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, así:
4.3. Caso particular.
Se conoce, porque el material probatorio allegado a la actuación así lo revela, que el 10 de agosto de 1997, el Invías ejecutaba obras de rehabilitación y ampliación de la vía Panamericana, en el sector urbano del municipio de Popayán que incluían el movimiento de tierras. Vía esta por lo demás a su cargo. De ello dan cuenta el contrato de obra suscrito con el ingeniero Luis Héctor Solarte Solarte, los documentos sobe prórrogas, adiciones y liquidación.
Sobre el estado de la vía, en razón de las obras, se tienen las declaraciones de los señores Julio Marino Gurrute, Marco Eliécer Chávez y Lucila Quinayas Salazar, coincidentes en la ocupación de la vía por montículos de tierra extraídos de la excavación. Encuentra la Sala demostrado, además, porque los testimonios son contestes en afirmarlo, que el señor Lader Jiménez Domínguez sufrió un accidente de tránsito como consecuencia de la colisión de la motocicleta en la que se transportaba debido a los trabajos que por cuenta del Invías se adelantaban en la vía.
En efecto, el señor Julio Marino Gurrute afirmó:
“[e]l principal causante de eso fue una escabación (sic) que habían hecho ahí al lado de la Panamericana, toda esa tierra la echaron hacia el centro de la carretera entonces quedó un espacio muy pequeño para pasar los carros (...). Preguntado: ¿Sírvase manifestar si existían o no obstáculos en la vía y más concretamente en el lugar de ocurrencia del accidente? Contestó: Sí existen. Tierra porque hicieron una escabación (sic) o chamba para meter tubería, para meter cables, eran unos tubos gruesos de unas 4 pulgadas.
Al respecto el señor Marco Eliecer Chávez sostuvo:
“Preguntado: ¿Sírvase manifestar si existían o no obstáculos en la vía y más concretamente en (sic) lugar de ocurrencia del accidente? Contestó: Sí. Estaba tapada la carretera y me parece que estaban abriendo para el alcantarillado, porque en esos días ya había empezado la ampliación de la carretera, había un pasadizo pero muy pequeño si cabía un carro no cabían dos (...).
Por su parte la señora Lucila Quinayas afirmó:
Para ese tiempo estaban en la ampliación de la vía y entonces habían tumbado barranco para el frente y todo eso, estaba la máquina ahí la que está tumbando para un lado y para el lado de acá estaban haciendo unas chambas para el alcantarillado la carrerea (sic) estaba mala no se sabe ahí cómo sería que el señor se accidentó. Preguntado: ¿Sírvase manifestar si existían o no obstáculos en la vía y más concretamente en el lugar de ocurrencia del accidente? Contestó: Claro porque para el lado de acá. Es izquierdo, subiendo habían tierra porque habían tumbado esa loma que había ahí y para el lado de acá habían abierto una chamba grande y la tierra estaba sobre la vía o sea que la vía era un trayecto bien angosto, cabrá un carro pequeño”.
Esos testimonios dan cuenta de la presencia de montículos de tierra en la vía, tal como lo confirman las pruebas documentales —fotografías(15)— aportadas por los demandantes y la misión de trabajo a cargo de la Sijin.
Con las pruebas hasta aquí analizadas la Sala puede concluir:
i) Que el 10 de agosto de 1997 el Invías ejecutaba la obra de rehabilitación y ampliación de la vía Panamericana en el sector urbano de Popayán, que incluía movimientos de tierra.
ii) Que el día antes señalado a las 01:00 a.m., en el sector de la carrera 9ª norte con calle 67, varios montículos colocados sobre la vía obstaculizaban el tráfico.
iii) Que la motocicleta de placa MXE-88 conducida por el señor Lader Jiménez Domínguez colisionó en el lugar.
iv) Que el conductor de la motocicleta y su acompañante resultaron gravemente heridos. Y el primero falleció a causa de las lesiones en el Hospital San José de la ciudad de Popayán.
Se conoce, además que no existía señalización. Esto porque los testigos así lo afirmaron y el Invías no demostró lo contrario; de donde no queda sino concluir que la carga de prevenir el alto riesgo de accidentes que comportan las obras de construcción y mantenimiento de vías públicas, en movimiento de tierra, no fue cumplida. Esto es así, porque aceptando en gracia de discusión el uso de cintas reflectivas, quien así lo afirmó puntualizó que eran usadas en el día, esto es en tanto se ejecutaba la obra, es decir con el propósito de facilitar esta y no de prevenir accidentes.
Asunto este que tampoco reviste claridad porque si bien el señor Marco Eliecer Chávez en su declaración afirma la presencia de cintas amarillas, los señores Julio Marino y Lucila, en sus declaraciones coincidieron con su ausencia al tiempo que esta última recordó su instalación con posterioridad al accidente, esto es, a tiempo de la pavimentación.
Queda claro entonces, con el material probatorio analizado, que la entidad demandada no cumplió su obligación legal de señalización, pues la normatividad vigente es clara en exigir la colocación de varias y claras señales de alerta para anunciar la presencia de obstáculos en la vía, adicionales a aquellas relacionadas con la presencia de obreros y el anuncio de vía en construcción; obligación que la demandada Invías y su contratista conocían al punto que en el contrato, se hizo especial énfasis en la obligación contractual de instalar vallas de información además de “señalizar y mantener el tránsito en el sector contratado, de acuerdo con las estipulaciones y especificaciones vigentes en la materia”, a efectos de guiar el tránsito y como medida de prevención de riesgos de los usuarios y personal que trabaja en la vía en construcción.
Lo anterior significa que así se aceptara la utilización de cintas amarillas como medidas de prevención por parte el Invías, incluso en horas de la noche, habría que igualmente admitir su insuficiencia para advertir sobre el peligro que entraña para los usuarios una vía en construcción, con movimientos de tierra y presencia de montículos.
Con lo visto resulta forzoso concluir la responsabilidad de la demandada por omisión, pues el Invías en calidad de encargado del mantenimiento de la vía y la ejecución de la obra tenía a su cago la vigilancia del contratista y por lo mismo habrá de responder. No así el Ministerio de Transporte como tampoco el municipio de Popayán.
Ahora, no obstante encontrarse probada la responsabilidad del Invías en la consumación del daño, la Sala no pasa por alto la prueba técnica que da cuenta de la ingesta de alcohol por parte de la víctima, pues sin lugar a dudas el estado de alicoramiento contribuyó a agravar el riesgo, no así a determinarlo.
En efecto, aunque se encuentra demostrado que al momento de la ocurrencia del hecho, el señor Lader Jiménez Domínguez tenía una concentración de alcohol etílico en su sangre equivalente a 101 mgrs%, esto es se encontraba en segundo grado de embriaguez, la causa eficiente del daño no fue el incorrecto uso de la motocicleta, sino el estado de la vía y la ausencia de señalización.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Resolución 414 de 2002 “Por la cual se fijan los parámetros científicos y técnicos relacionados con el examen de embriaguez y alcoholemia”, proferida por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses “La interpretación de los resultados de alcoholemia, independientemente del método empleado para su determinación, requiere la correlación con el estado de embriaguez alcohólica de una persona, así:
— Resultados menores a 40 mg de etanol/100 ml de sangre total, se interpretan como estado de embriaguez negativo.
— Resultados entre 40 y 99 mg de etanol/100 ml de sangre total, corresponden al primer grado de embriaguez.
— Resultados entre 100 y 149 mg de etanol/100 ml de sangre total, corresponden al segundo grado de embriaguez.
— Resultados mayores o iguales a 150 mg de etanol/100 ml de sangre total, corresponden al tercer grado de embriaguez” (subraya fuera del texto original).
Visto lo anterior de manera concordante con la guía práctica para realizar el dictamen forense sobre embriaguez del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses(16), los resultados superiores a 100 miligramos por ciento de alcoholemia permiten concluir un estado de embriaguez.
Adicionalmente, en relación con los niveles de etanol en la sangre y sus efectos sobre la capacidad de conducir, la guía para el manejo de urgencias, elaborada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses(17), señala que cuando el resultado supera los 100%mg se presenta un cambio evidente del estado anímico y de la conducta, caracterizado entre otros por una incoordinación motora, conocida como ataxia incipiente(18).
Teniendo en cuenta lo anterior, para la Sala resulta claro que la víctima contribuyó a la realización del daño, aparte de violar las disposiciones de tránsito, relacionadas con la conducción de vehículos en estado de embriaguez, especialmente aquella contenida en el artículo 181 del Decreto 1344 de 1970, según la cual había lugar a la imposición de multas para el conductor que condujera bajo los efectos del alcohol.
Contribución que tiene que ver, con haberse puesto en condiciones de indefensión frente al peligro que comporta conducir su motocicleta en una vía pública, intervenida por trabajos de movimiento de tierra y obstáculos sin señalización, siendo así, sin duda el actuar impudente, irresponsable y reprochable del conductor agravó el riesgo que de por sí se predica respecto de la conducción de vehículos, contribuyendo con ello a la consumación del daño que se imputa a la demandada Invías, razón por la cual la condena impuesta por el a quo se mantendrá, pero no en la proporción por este señalada.
Con todo lo visto resulta desvirtuado el hecho exclusivo de la víctima que alegaron la demandada Invías y los llamados en garantía. Esto porque la causa eficiente del daño no fue el estado de embriaguez de la víctima, sino la omisión de la administración relacionada con la señalización de la vía que se encontraba en construcción. Determinante para que la motocicleta que conducía el señor Jiménez Domínguez colisionara con el resultado conocido.
Además en lo que tiene que ver con la trasgresión del horario impuesto por la Alcaldía de Popayán la Sala encuentra que si bien la víctima efectivamente transgredió el Decreto municipal 212 de 12 de septiembre de 1996(19) que prohibía el tránsito de motocicletas entre las 11:00 p.m., y las 5:00 am., de ello no se sigue su responsabilidad en el accidente pues debido a la falta de señalización y la presencia de obstáculos en la vía el accidente hubiera podido ocurrir incluso en horario permitido.
Por último y en lo que hace referencia al hecho de un tercero, alegado por los llamados en garantía, fundados en las afirmaciones de la compañera de la víctima durante la entrevista concedida a los agentes de la Sijin y al tiempo del levantamiento, cabe destaca la falta de diligencia en el recaudo de la prueba a cargo de quien pretendía exonerar su responsabilidad, al punto de que las aludidas manifestaciones no pueden ser utilizadas si se considera que comportan aspectos que tenían que haberse confrontado en juicio siguiendo para el efecto las reglas de la confesión. Además, de haber ocurrido así, lo cierto tiene que ver con que la víctima colisionó con los montículos de tierra ubicados en el centro de una vía pública en la que los obstáculos difícilmente permitían la circulación de un solo vehículo.
Teniendo en cuenta lo anterior y, dado que no se demostró causal de exoneración que exima de responsabilidad a la entidad demandada, la Sala confirmará la sentencia impugnada.
En la demanda se solicitó el pago de dos mil (2.000) gramos oro a favor de la demandante, a título de perjuicio moral.
De acuerdo con el criterio que ha sido adoptado por la Sala desde la sentencia del 6 de septiembre de 2001 —Exp. 13.232—, la demostración del padecimiento de un perjuicio moral en su mayor grado debe ser indemnizada con una suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la jurisprudencia para reconocer los perjuicios morales, está debidamente acreditado que el señor Lader Jiménez Domínguez era hijo de Marco Aurelio Jiménez y María Stella Domínguez, compañero permanente de Ángela Liliana Garzón Alegría, padre de Lader Sebastián Jiménez Garzón y hermano de Diego Ancizar, Consuelo Elvira, Miller Augusto, Henry Amir, Henry Antonio, Gloria Stella, Edgar y José Alfredo Jiménez Domínguez (fls. 15 a 27, cdno. 1 y 154 a 155, 158 a 160 y 162 a 163, cdno. 2).
En este sentido, de conformidad con las reglas de la experiencia, se infiere que los antes nombrados por su cercanía con la víctima sufrieron congoja y aflicción por su muerte.
No obstante lo anterior y teniendo en cuenta la participación de la víctima en el agravamiento del riesgo, pues como quedó explicado, debido a su alicoramiento incrementó la situación de indefensión creada por la demandada Invías, la Sala mantendrá la decisión del a quo de restar la participación de la víctima en la causación el daño, esto es, con una reducción del 50%.
Conforme lo anterior, la Sala reconocerá, por concepto de perjuicios morales a la compañera permanente, al hijo y a los padres del señor Jiménez Domínguez, el equivalente en pesos a 50 smmlv, a la fecha de ejecutoria de la presente providencia y para cada uno de sus hermanos, el equivalente en pesos a 25 smmlv.
Reliquidación perjuicios materiales
5.2.1. Por daño emergente.
En la demanda se solicitó el pago de $ 2.000.000 por perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente por concepto de los dineros invertidos “[e]n la atención inmediata de la tragedia, tales como gastos funerarios de transporte, judiciales, etc.”; sin embargo, no se allegó prueba alguna de la que se puedan deducir. Por lo anterior, no hay lugar a reconocimiento en esta modalidad.
5.2.2. Por lucro cesante.
Por concepto de daño material en la modalidad de lucro cesante, en la demanda se solicitó el reconocimiento a favor de la compañera permanente del occiso y del hijo de los salarios dejados de percibir incrementados en “[u]n 25% por concepto de prestaciones sociales”.
Obra dentro del expediente certificación expedida por el propietario del establecimiento de comercio “Muebles Confort” que da cuenta de que la víctima trabajaba en dicho negocio desempeñando funciones de ebanista y devengaba un salario que ascendía a la suma de $ 200.000.
Comoquiera que en dicho documento no se indicó si dicho valor incluía el porcentaje correspondiente a las prestaciones sociales y en la demanda se solicitó la sumatoria, la Sala procederá de conformidad.
$ 200.000 + $ 50.000 = $ 250.000 - 25% = $ 187.500.
En razón a que la renta actualizada arroja un valor inferior al salario mínimo legal vigente para el año 2013 ($ 589.500), el salario base de liquidación que se utilizará será este, en atención a la tesis de la Sala relacionada con la materia.
En consecuencia, al salario base de liquidación, es decir a la suma de $ 589.500, se le se adicionará un 25% por concepto de prestaciones sociales y surtido dicho cálculo, se descontará el 25% que la víctima tendría que haber destinado a su propia subsistencia.
A ese 75% se le descontará el 50% atendiendo que la Sala encuentra probada la participación de la víctima en dicho porcentaje y, el resultado se dividirá, asignando el 50% para la compañera permanente, con base en el cual se liquidará hasta la edad probable de vida de aquella, pues se tiene probado que esta moriría primero por tener más edad que la víctima al momento de la ocurrencia de los hechos(20) y el otro 50% para el hijo y se liquidará hasta que alcance los 25 años de edad, pues a partir de entonces se considera que las personas se independizan de su núcleo familiar.
Salario base de liquidación: $ 589.500 + $ 147.375 = $ 736.875-25% = $ 552.656,25.
El 75 % asciende a la suma de = $ 552.656,25 - 50% = $ 276.328,1
El 50% del 75% se calcula en la suma de $ 276.328,1, de los cuales $ 138.164 (50%) corresponden a la compañera permanente y el otro 50% al hijo.
5.2.1. Para la señora Ángela Liliana Garzón —compañera permanente—
5.2.1.1. Indemnización debida: Comprende desde la fecha de los hechos hasta la del fallo: Total: 192 meses.
5.2.1.2. Indemnización futura: Comprende desde la fecha de la sentencia hasta la edad probable de vida del que moriría primero, es decir de la compañera permanente, descontando los 192 meses de la indemnización debida reconocidos. Total: 340,56 meses.
5.2.2. Para Lader Sebastián Jiménez Garzón —hijo—
5.2.2.1. Indemnización debida. Comprenderá desde la fecha de los hechos hasta la sentencia.
5.2.2.2. Indemnización futura: Este periodo se liquidará desde el día siguiente de la fecha de la sentencia hasta cuando el demandante cumpla los 25 años de edad, esto es hasta el 24 de marzo del año 2020, pues Lader Sebastián Jiménez Garzón nació el 24 de marzo de 1995 y en ese sentido el periodo a indemnizar es de 80,47 meses.
6.1. Llamamiento al señor Luis Héctor Solarte Solarte.
El Invías, dentro del término de contestación de la demanda, llamó en garantía al contratista que ejecutó las obras de ampliación de la vía Panamericana, en el sector urbano del municipio de Popayán, para que en el evento de encontrarse responsable asumiere el monto de la condena.
Existe en el proceso copias auténticas del contrato 1202 de 1995 y de las adiciones, los cuales dan cuenta de que entre las partes se celebró un contrato cuya finalidad era la ejecución de obras de rehabilitación y ampliación de la vía Panamericana.
Argumentó la demandada durante todas las instancias que no era la llamada a responder, pues en la cláusula novena del mencionado contrato se le impuso obligación de señalización al contratista, quien aceptó dar cumplimiento a la misma y, en esa medida, el único responsable de los hechos que se le imputan es el señor Luis Héctor Solarte Solarte.
A respecto resulta conveniente advertir, como lo ha reiterado la jurisprudencia de esta Sección, que los hechos alegados en el presente caso sí le son imputables al Invías, pues la contratación para la ejecución de las obras no le exime de la obligación que le ha impuesto la ley de garantizar, en casos como el que ocupa la atención de la Sala, la seguridad de los ciudadanos, verificando de manera oportuna y diligente que sus funcionarios o contratistas den cumplimiento a lo acordado, pues la obra no deja de pertenecerle por el hecho de tercerizar el cumplimiento de su función. En efecto, en sentencia de 29 de febrero de 2012(21) se manifestó:
“Al respecto, ha sido reiterada la jurisprudencia de esta Sala en relación con la posibilidad de imputar a las entidades estatales el daño causado por el hecho de sus contratistas, y es especialmente relevante la sentencia proferida el 9 de octubre de 1985 —por la cual se decidió el proceso radicado con el 4556—, en la que se expresó:
‘... las construcciones doctrinarias y jurisprudenciales que se elaboraron en torno a la figura de los trabajos públicos conservan aún su vigencia, sobre todo en lo que tocan con la entidad pública dueña de la obra y con su ejecución directa o a través de contratistas suyos.
Fueron unánimes tanto la doctrina extranjera como la nacional, así como la jurisprudencia, en sostener que el trabajo no dejaba de ser público por el hecho de que lo ejecutara un contratista particular a nombre de la entidad pública. En sentencia de 20 de marzo de 1956, esta corporación destacó entre los elementos tipificantes de esos trabajos públicos que éstos fueran efectuados por cuenta del Estado, “ya directa o indirectamente” y que el trabajo tuviera una finalidad de interés público o social.
En otros términos: el contratista de una obra pública no se vuelve agente de la administración ni funcionario suyo; es ella misma la que actúa. Hay aquí una ficción de orden legal. Ni siquiera puede hablarse que (sic) la entidad contratante responda en forma indirecta por el hecho del contratista. No, la responsabilidad es simplemente directa, así como lo es la responsabilidad estatal por el hecho de un funcionario o empleado público. No puede olvidarse que no obstante que todo comportamiento o conducta estatal es obra de un servidor público, en principio, el Estado es el responsable de las consecuencias dañosas de ese comportamiento. Responsabilidad que en todos los casos es directa, no indirecta...
La cláusula así convenida obliga a las partes. Pero ella es (sic) “res inter alios acta” frente a los terceros. Por este motivo, la demandante al accionar contra la empresa lo hizo correctamente. Como también habría podido demandar solo a Conciviles o a esta sociedad solidariamente con la empresa. La validez de la cláusula entre las partes es la que le permitirá a la entidad pública, en el evento de que la condena se estime procedente, reclamar a Conciviles por el valor de lo reconocido” (se resalta)’.
Con lo anterior resulta claro que el argumento del Invías, a efectos de que se le exima de responsabilidad para en su lugar imputársele al contratista del contrato de obra, llamado en garantía dentro del presente proceso, no resulta de recibo para la Sala, por cuanto el hecho de contratar la ejecución de sus obligaciones no lo desvincula de su función y menos de las consecuencias derivadas del buen o mal cumplimiento de la misma.
No obstante lo anterior, siendo responsable la entidad pública demanda sí es posible que le sea reembolsada la suma de dinero a la que resulte condenada, por cuanto la ley ha establecido la procedencia del llamamiento en garantía para que el responsable de una condena pueda, en virtud en un vínculo legal o contractual, reclamar de quien con su actuar dio origen al daño que le es imputado.
En ese orden de ideas, la Sala comparte lo decidió por el a quo en relación con la condena de reembolso pero en porcentaje superior, pues justamente por el actuar negligente de la entidad al no constatar el cumplimiento de las cláusulas contractuales respecto de su obra, está llamada a asumir parte de la condena impuesta.
En síntesis, la Sala aumentará la condena al contratista Luis Héctor Solarte Solarte, para que reembolse al Invías el 90% de la condena que aquí se impone.
6.2. Llamamiento en garantía Previsora S.A.
La entidad demandada Invías en la oportunidad para contestar la demanda, llamó en garantía a la compañía de seguros la Previsora S.A., en virtud de la póliza de responsabilidad civil adquirida para amparar, entre otros, el pago de las indemnizaciones en que pueda resultar civilmente responsable el asegurado por los perjuicios patrimoniales en razón de su responsabilidad por lesiones y/o muerte a personas o daños a propiedades, causadas en el desarrollo normal de sus actividades o sus funcionarios, dentro del territorio nacional.
Respecto del vínculo contractual que legitima al Invías para llamar en garantía a la previsora obra en el proceso copia de la póliza 158281, aportada por el gerente de la Previsora S.A., vigente entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1997.
La Sala advierte que, aun cuando en la contestación al llamamiento, la compañía de seguros excepcionó inexistencia de la obligación por agotamiento del cupo asegurado, lo cierto es que no soportó su dicho, pues se limitó a allegar copia de la póliza y sus adendos sin que se indicara la utilización de la misma.
En consecuencia, dado que el hecho que se imputa se encuentra cubierto por la vigencia de la mencionada póliza, para la Sala es claro que debe mantenerse la condena a la Compañía de Seguros la Previsora S.A., ordenando, en favor del Invías, el reembolso del 10% restante de la totalidad de la condena impuesta en la presente providencia, previo el deducible el 10% contenido en el contrato de seguro. Es decir, que la aseguradora reconocerá el 10% de la condena a la demandada, menos el 10% valor del deducible y el Invías pagará a los demandantes el 100% de la condena que el contratista reintegrará en un 90%.
8. Reconocimiento de personería.
Mediante memorial allegado el 12 de junio de 2013, la llamada en garantía Compañía de Seguros La Previsora S.A., confirió poder al abogado Luis Fernando Novoa Villamil, para que la represente dentro del presente proceso.
Comoquiera que el memorial poder reúne los requisitos establecidos en la ley para tal efecto, la Sala reconocerá personería al mencionado abogado.
Modificar parcialmente la sentencia 2 de octubre de 2003, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca en el sentido de reliquidar las condenas por concepto de perjuicios materiales allí impuestas y los porcentajes de reembolso de los llamados en garantía. Lo demás quedará como lo resolvió el a quo. Por tanto, la parte resolutiva de la sentencia quedará así:
1. DECLARAR que el Instituto Nacional de Vías, Invías, es patrimonialmente responsable por los daños causados en el accidente de tránsito del 10 de agosto de 1997, en el cual resultó muerto el señor Lader Jiménez Domínguez.
2. CONDENAR al Instituto Nacional de Vías, Invías, a pagar por concepto de perjuicios morales:
2.1. El equivalente en pesos a 50 smmlv, a la fecha de ejecutoria de la presente providencia, para cada una de las siguientes personas: Marco Aurelio Jiménez, María Stella Domínguez, Ángela Liliana Garzón y Lader Sebastián Jiménez Garzón, en sus condiciones de padres, compañera permanente e hijo de la víctima señor Lader Jiménez Domínguez.
2.2. El equivalente en pesos a 25 smmlv a la fecha de ejecutoria de la presente providencia, para Diego Ancizar, Consuelo Elvira, Miller Augusto, Henry Amir, Henry Antonio, Gloria Stella, Edgar, José Alfredo Jiménez Domínguez, hermanos de Lader Jiménez Domínguez.
3. CONDENAR al Invías a pagar por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante consolidado, las siguientes sumas de dinero:
3.1. Para Ángela Liliana Garzón la suma de cuarenta y tres millones setecientos diecinueve mil setecientos noventa y dos pesos con cuatro centavos ($ 43.719.792,4).
3.2. Para Lader Sebastián Jiménez Garzón la suma de cuarenta y tres millones setecientos diecinueve mil setecientos noventa y dos pesos con cuatro centavos ($ 43.719.792,4).
4. CONDENAR al Invías a pagar por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante futuro, las siguientes sumas de dinero:
4.1. Para Ángela Liliana Garzón la suma de veintidós millones novecientos cincuenta y cuatro mil novecientos ochenta y ocho pesos con tres centavos ($ 22.954.988,3).
4.2. Para Lader Sebastián Jiménez Garzón la suma de nueve millones ciento ochenta y un mil ochenta y cuatro pesos con cinco centavos ($ 9.181.084,5).
5. CONDENAR al señor Luis Héctor Solarte Solarte, en su condición de llamado en garantía, a reembolsarle al Invías el 90% de los dineros que pague la entidad demandada por cuenta de la presente decisión.
6. CONDENAR a la Compañía de Seguros La Previsora S.A., en su condición de llamada en garantía, a reembolsarle al Invías el 10% de la totalidad de los dineros que pague la entidad demandada por cuenta de la presente decisión, previa aplicación del deducible que deberá asumir el Invías conforme lo expuesto en la pate motiva de la presente providencia.
7. NO CONDENAR por concepto de costas procesales.
8. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 del Código de Procedimiento Civil y 37 del Decreto 359 de 1995, para el cumplimiento de esta sentencia EXPÍDANSE COPIAS con destino a la parte actora, que serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.
9. Para la ejecución y cumplimiento de las condenas impuestas en la presente sentencia, se deberá observar lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
10. RECONOCER personería al abogado Luis Fernando Novoa Villamil titular de la T. P. 23.174 del C. S. de la J., para actuar como apoderado de la Compañía de Seguros La Previsora. S.A., en los términos del poder que obra a folio 407 del cuaderno principal.
11. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE la actuación al tribunal de origen.
(1) El 16 de junio de 1998, fecha en que se presentó la demanda, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $ 18.850.000 —CCA, arts. 129 y 132 subrogados por el D. 597/88— y la mayor de las pretensiones de la demanda fue estimada en la suma de $ 100.000.000 a favor de la señora Ángela Liliana Garzón Alegría, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante.
(2) A folios 89 a 145 del cuaderno 2, obran copias auténticas de la investigación preliminar por la muerte del señor Lader Jiménez Domínguez, remitidos mediante oficio 536 de 11 de mayo de 2001, por la fiscalía segunda delegada ante los juzgados penales del circuito unidad vida e integridad personal, en atención al oficio emitido por el a quo por auto de 13 de marzo de 2001.
(3) Documento allegado en copia auténtica por la clínica forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, obrante a folios 45 a 46, cuaderno 2.
(4) Documento en copia auténtica obrante dentro el proceso penal trasladado visible a folio 124, cuaderno 2.
(5) Prueba trasladada remitida en copia auténtica por el fiscal segundo de la unidad vida de la fiscalía delegada ante los juzgados penales del circuito.
(6) Folios 135 a 137, cuaderno 2.
(7) Documento en copia auténtica visible a folios 72 a 73, cuaderno 2.
(8) El 30 de marzo de 1998, se entregó la obra según acta de recibo definitivo visible, en copia auténtica a folios 75 a 78, cuaderno 2. También se allegó en copia auténtica el acta de liquidación final 53 de 29 de marzo de 1999.
(9) Documentos en copia simple allegados por el Invías con la contestación de la demanda, decretados como prueba por el a quo, mediante auto de 13 de marzo de 2001.
(10) Oficio de 25 de abril de 2001.
(11) Sentencia de 2 de marzo de 2000, Expediente 11945, C.P. María Elena Giraldo Gómez.
(12) Sentencia de 28 de julio de 2011, proferida dentro del Expediente 20.112, actor: Julia Esther Basto León y otros vs. Nación-Ministerio de Transporte e Invías, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(13) Hoy Ministerio de Transporte.
(14) Sentencia de 20 de septiembre de 2007, proferida dentro del Expediente 15.740, actor: Yimed Ramírez Gallego y otros vs. departamento del Tolima y otro.
(15) Dichas fotografías son valoradas en el proceso en virtud de que lo observado en las mismas se encuentra soportado en las pruebas testimoniales recepcionadas en esta investigación pues lo observado en ellas resulta coincidente con lo declarado, especialmente, en lo que refiere a la presencia de montículos de tierra en la vía.
(16) Sánchez Prada, María Dolores (1993), Bogotá.
(17) Pinzón Iregui, María Clara (2009). “Capítulo XI Intoxicación por etanol”, en Ministerio de la Protección Social, guía para el manejo de urgencias”, Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia.
(18) De acuerdo con la guía para el manejo de urgencias (supra 14), ataxia significa la “incoordinación motora y aumento del polígono de sustentación”, lo que quiere decir que la persona que la padece en razón del alcohol ingerido “separa las piernas al caminar para poder mantener el equilibrio (marcha atáxica) y al estar de pie se tambalea” (pág. 1292).
(19) Hecho demostrado con la certificación expedido por la Secretaría de Tránsito y Transporte de la Alcaldía de Popayán obrante a folio 31, cuaderno 2.
(20) De conformidad con las pruebas que reposan en el plenario, la señora Ángela Liliana Garzón, para la fecha de los hechos, contaba con 33.79 años de edad y la víctima Lader Jiménez Domínguez con 25.3 años, por lo tanto se tomará la vida probable de aquella.
(21) Sentencia de 29 de febrero de 2012 proferida dentro del Expediente 21158, actor: María Dorila Ruiz y otros vs. municipio de Santiago de Cali y Empresas Públicas de Cali-Emcali, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.