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Timestamp: 2020-01-27 12:11:14
Document Index: 305768735

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 8', 'in fine', 'artículo 7', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 6', 'artículo 17', 'artículo 40', 'Artículo 8', 'artículo 7']

Si procede la aplicación de la exención establecida en la letra p) del artículo 7 de la Ley 35/2006, del IRPF. - Cursos Multimedia Online
1) Mediante Resolución de 7 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades (BOE de 20 de abril), fue aprobada la convocatoria del año 2015 para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones contempladas en el Programa de Estancias de movilidad de profesores e investigadores en centros extranjeros de enseñanza superior e investigación. Dicho Programa de Estancias se desarrolla a través de dos modalidades (A y B), correspondiéndose, la ayuda objeto de consulta, según manifiesta el consultante, con la modalidad A, la cual se dirige al profesorado universitario y a investigadores con experiencia y trayectoria profesional acreditadas, en una actuación dirigida a propiciar la movilidad con fines de actualización permanente. Según el artículo 4 de la citada Resolución, los proyectos a realizar durante la estancia de movilidad “perseguirán la actualización de los conocimientos o el aprendizaje de nuevas técnicas y métodos para la docencia o la investigación; al mismo tiempo servirán para establecer nuevos vínculos académicos, o para fortalecer los ya existentes, entre las instituciones de origen y destino”. Los beneficiarios de estas ayudas deben cumplir, entre otros requisitos, el relativo a la posesión del título de doctor y el de vinculación funcionarial o contractual (en el artículo 8.2.a) de la citada Resolución se establece: “Modalidad A: Tener vinculación de funcionario de carrera de los cuerpos docentes de las universidades públicas españolas,…”.).
Asimismo estarán exentas, en los términos que reglamentariamente se establezcan, las becas públicas y las concedidas por las entidades sin fines lucrativos y fundaciones bancarias mencionadas anteriormente para investigación en el ámbito descrito por el Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en formación, así como las otorgadas por aquellas con fines de investigación a los funcionarios y demás personal al servicio de las Administraciones públicas y al personal docente e investigador de las universidades.”
3.º En el supuesto de becas para realización de estudios de tercer ciclo y becas para investigación, la dotación económica exenta incluirá las ayudas complementarias que tengan por objeto compensar los gastos de locomoción, manutención y estancia derivados de la asistencia a foros y reuniones científicas, así como la realización de estancias temporales en universidades y centros de investigación distintos a los de su adscripción para completar, en ambos casos, la formación investigadora del becario.”
Al respecto, conviene precisar que el ámbito de aplicación objetivo de la exención referida en el primer párrafo del artículo 7 j) de la LIRPF comprende las becas percibidas para cursar estudios reglados, tanto en España como en el extranjero, para todos los niveles y grados del sistema educativo. Dentro de los estudios reglados en España se consideran la enseñanza de régimen general: infantil, primaria, secundaria, formación profesional de grado superior y universitaria, que a su vez es de grado, máster o doctorado; y enseñanza de régimen especial: artística, de idiomas y deportiva (artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación –BOE de 4 de mayo- y Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales –BOE de 30 de octubre-).
En el presente caso, dado el requisito, para ser beneficiario de las ayudas, de estar en posesión del título de doctor, no estamos ante becas para cursar estudios reglados en todos los niveles y grados del sistema educativo, por lo que, en consecuencia, no será de aplicación la exención prevista en el primer párrafo del artículo 7 j) de la LIRPF.
En segundo lugar, en cuanto a su posible exención como becas para investigación en el ámbito descrito por el Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en formación (BOE de 3 de febrero), cabe recordar que el Real Decreto 63/2006 será de aplicación a cualquier programa de ayuda dirigido al desarrollo de actividades de formación y especialización científica y técnica con independencia de la naturaleza pública o privada de la entidad convocante. Según lo establecido en su artículo 2, su ámbito de aplicación viene determinado por el cumplimiento de los siguientes requisitos, entre otros:
– Se exige que los becarios sean graduados universitarios.
– Las becas deben orientarse al desarrollo de actividades de formación y especialización científica y técnica.
– Las becas deben concederse respetando los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad en la concesión de las ayudas correspondientes.
– Los programas deben requerir la dedicación del personal investigador en formación a las actividades de formación y especialización científica o técnica objeto de las ayudas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7 c) del mencionado Real Decreto.
– Los programas deben estar inscritos en el registro a que se refiere el artículo 3 del mencionado Real Decreto.
En el presente caso, de acuerdo con la información aportada, la ayuda objeto de consulta no se encuentra incluida dentro del ámbito de aplicación del mencionado Real Decreto 63/2006, por lo que no resultará amparada por la exención del artículo 7 j) de la LIRPF en condición de beca de investigación.
Por último, cabe analizar la posibilidad de que la ayuda objeto de consulta esté exenta con arreglo al último inciso del artículo 7 j) de la LIRPF.
– Las bases de la convocatoria han de prever de forma expresa la pertenencia a las mismas como un requisito o mérito a efectos de la concesión. Esto no significa que todos los beneficiarios de la beca han de tener la condición de funcionario o personal al servicio de las Administraciones Públicas o de personal docente e investigador de las universidades, si bien serán sólo estos últimos los que se beneficiarán de la exención.
– El ente convocante, cuando otorga la beca, conoce y ha valorado esta circunstancia. En este sentido la exención no puede quedar condicionada a la ulterior acreditación de la pertenencia a alguna de estas categorías, pues ello implicaría que la condición de beneficiario de la beca poco o nada tiene que ver con la condición de funcionario o profesor de universidad.
En el presente caso, uno de los requisitos exigidos para resultar beneficiario de la ayuda es el de tener vinculación de funcionario de carrera de los cuerpos docentes de las universidades públicas españolas. Asimismo, según se deduce de la convocatoria, se trataría de ayudas dirigidas a subvencionar la realización de un proyecto (a realizar durante el período solicitado para la estancia) consistente en un trabajo de investigación.
En base a lo anterior, cabe entender que las bases de la convocatoria contemplan la condición de funcionario, personal al servicio de las Administraciones públicas o personal docente e investigador de las universidades, como un requisito o mérito a efectos de la concesión, por lo que en el supuesto planteado se cumplen los requisitos para entender que la ayuda objeto de consulta está exenta al amparo del último inciso del artículo 7 j) de la LIRPF.
2) En cuanto a la posibilidad de que resulte de aplicación la exención prevista en la letra p) del artículo 7 de la LIRPF, dicho precepto establece que estarán exentos:
Dicho precepto se encuentra desarrollado en el artículo 6 del RIRPF.
En el presente caso, durante el período de duración de su estancia de movilidad en la universidad extranjera (del 1 de abril al 31 de agosto de 2016), el consultante percibió -de la universidad española y por su condición de funcionario de la misma- retribuciones en concepto de salario, las cuales tienen la consideración de rendimientos del trabajo derivados de una relación estatutaria del artículo 17.1 de la LIRPF.
Respecto de si es necesario que los rendimientos del trabajo hayan tributado en el extranjero, debe señalarse que el precepto únicamente exige que en el territorio en que se realicen los trabajos se aplique un impuesto de naturaleza idéntica o análoga a la de este Impuesto y no se trate de un país o territorio que haya sido calificado reglamentariamente como paraíso fiscal, no que sean gravados de manera efectiva en el mismo, considerándose cumplido este requisito en particular cuando el país o territorio en el que se realicen los trabajos tenga suscrito con España un convenio para evitar la doble imposición internacional que contenga cláusula de intercambio de información, circunstancia que se cumple en el caso de Estados Unidos.No obstante, la aplicación de la mencionada exención requiere, entre otros requisitos, que el trabajo se preste para una empresa o entidad no residente, o un establecimiento permanente radicado en el extranjero.
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE del día 24) dispone, en su artículo 40.4, que “las Universidades fomentarán la movilidad de su personal docente e investigador, con el fin de mejorar su formación y actividad investigadora, a través de la concesión de los oportunos permisos y licencias, en el marco de la legislación estatal y autonómica aplicable y de acuerdo con las previsiones estatutarias consignadas al efecto”.
El Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen del profesorado universitario (BOE de 19 de junio), dispone lo siguiente:
“Artículo 8. Licencias a efectos de docencia e investigación.
En consecuencia, las retribuciones que el consultante percibió de la universidad española durante su período de licencia por estudios e investigación no pueden considerarse retribuciones correspondientes a trabajos realizados en el extranjero para una empresa o entidad no residente, o un establecimiento permanente radicado en el extranjero, por lo que no les resultará de aplicación la exención prevista en el artículo 7 p) de la LIRPF.