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Timestamp: 2018-03-18 10:19:48
Document Index: 415031249

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 1112', 'artículo 1777', 'artículo 1107', 'artículo 1112', 'artículo 1093', 'artículo 1098', 'artículo 1093']

Panamá, 30 de julio _ de _2010_. Honorable Magistrado Presidente de la Sala Tercera, de. lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de - PDF
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Juan Antonio Ramírez Cordero
1 REPÚBLICA DE PANAMÁ Vista Número 811 MINISTERIO PÚBLICO PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN Panamá, 30 de julio _ de _2010_ Proceso ejecutivo por cobro coactivo Concepto de la Procuraduría de la Administración El licenciado Abraham Isai Valles, en representación de Miguel Bush Ríos, interpone incidente de caducidad de la instancia, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que sigue en su contra el Juzgado Ejecutor de la Caja de Ahorros. Honorable Magistrado Presidente de la Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia. Acudo ante ese Tribunal de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 5 de la ley 38 de 31 de julio de 2000, con la finalidad de intervenir en interés de la Ley en el negocio jurídico descrito en el margen superior. 1. Antecedentes. De acuerdo con las constancias procesales, Miguel Bush Ríos mantenía en la Caja de Ahorros, una cuenta corriente identificada con el número , y dicha entidad, a solicitud del primero, le otorgó un sobregiro por la suma de B/.15, sobre la citada cuenta bancaria, para lo cual se celebró un contrato de sobregiro fechado el 20 de octubre de 2004, con una vigencia de 3 meses, al vencimiento del cual el deudor debía pagar la totalidad del sobregiro, o el saldo, dentro o fuera del límite estipulado, que adeudara a la fecha del vencimiento según los libros de la referida entidad bancaria. (Cfr. fojas 12 y 13 del expediente ejecutivo.)
2 2 En virtud del incumplimiento de la obligación por parte del deudor, el Juzgado Ejecutor de la Caja de Ahorros profirió el auto ejecutivo 571 de 21 de febrero de 2008, a través del cual libró mandamiento de pago en contra de Miguel Bush Ríos y a favor de la Caja de Ahorros, hasta la concurrencia de B/.26,060.45, en concepto de capital, gastos e intereses, sin perjuicio de los nuevos intereses y gastos de cobranza que se ocasionaran hasta la cancelación total de la obligación. Consecuentemente, también emitió el auto 572 de 21 de febrero de 2008, a través del cual se decretó secuestro sobre todos los valores, títulos-valores, prendas, joyas, bonos, cuentas bancarias, dinero en efectivo o sus signos representativos; el 15% del excedente del salario mínimo y otros bienes muebles secuestrables de propiedad del ejecutado, por la suma antes descrita, más los intereses y gastos que se generen hasta la cancelación total de la deuda. Al notificarse del auto ejecutivo antes mencionado, el ejecutado constituyó apoderado judicial, a fin de que lo representase dentro del respectivo proceso ejecutivo por cobro coactivo seguido en su contra e interpuso el incidente de caducidad de la instancia bajo examen, fundamentado en el hecho que no fue notificado del auto de mandamiento de pago dentro del término de los tres meses siguientes a la ejecución del secuestro, conforme lo establece el artículo 1112 del Código Judicial; de allí que solicita se ordene el archivo del expediente y el levantamiento del secuestro decretado sobre sus bienes.
3 3 II. Concepto de la Procuraduría de la Administración. El Código Judicial establece como medios excepcionales de terminación del proceso la caducidad ordinaria y la caducidad extraordinaria, reguladas en los artículos 1103 y 1113, respectivamente, las cuales podrán ser decretadas de oficio o a solicitud de parte ante la paralización del proceso, ya sea por más de 3 meses para la primera y por 2 años o más para la segunda. De lo anterior se tiene que el incidente que ocupa nuestra atención es de caducidad ordinaria y el mismo ha sido incoado dentro de un proceso ejecutivo por cobro coactivo, proceso éste en el que un funcionario ejerce las funciones de juez y se tiene como parte ejecutante la institución pública en cuyo nombre actúa, tal como lo indica el artículo 1777 del Código Judicial. Esta Procuraduría desea destacar que el artículo 1107 del mismo cuerpo de normas establece que lo dispuesto en los artículos precedentes dentro del mismo capítulo de dicho código, que regulan la figura de la caducidad ordinaria de la instancia, no tendrá aplicación en los procesos en que sea parte el Estado, un municipio, una institución autónoma o semiautónoma o descentralizada. En ese sentido, se observa que la Caja de Ahorros es una entidad autónoma del Estado, tal como lo establece la ley 52 de 13 de diciembre de 2000, por tanto, en un proceso ejecutivo en que el dicha entidad bancaria es la ejecutante, la parte ejecutada no puede valerse de un incidente de caducidad ordinaria de la instancia, invocando como
4 4 fundamento del mismo el artículo 1112 del Código Judicial, el cual establece lo siguiente: (1098) Se decretará igualmente la caducidad si la demanda no es notificada en el término de tres meses y exista anotación preventiva de la demanda en el Registro Público o se haya practicado suspensión de operaciones o cualquier otra medida cautelar.... (El resaltado es nuestro). De la lectura de la norma antes citada se desprende que en el cumplimiento de ciertos supuestos podría decretarse igualmente la caducidad ordinaria; sin embargo, de acuerdo con lo explicado en líneas anteriores, en los procesos ejecutivos por cobro coactivo que adelantan las entidades del Estado, únicamente es oponible la caducidad extraordinaria, de allí que somos de opinión que el incidente propuesto resulta no viable. La Sala de lo Contencioso Administrativo al referirse en fallo de 13 de mayo de 1994, al tema de la caducidad de la instancia en los procesos ejecutivos por cobro coactivo, indicó lo que a continuación citamos en su parte pertinente: En los casos en los cuales interviene el Estado o alguna de sus entidades, a la luz del texto del artículo 1093 del Código Judicial, no procede la caducidad ordinaria de la instancia que procesalmente se configura como sanción procesal a cargo de interesado que no promueva diligentemente el negocio en el cual intervenga. Lo anterior es sin duda alguna aplicable a los cobros coactivos en los cuales se verifica la especial situación en la cual el Estado es al mismo tiempo juez y parte. Sin embargo, al Estado y a sus entidades gubernamentales, si le es aplicable la caducidad extraordinaria establecida en el artículo 1098-A del Código Judicial,
5 5 por cuanto que en primer lugar, es una norma posterior al texto establecido en el artículo 1093 de la precitada excerta legal, tal como quedó introducida en el precitado cuerpo de disposiciones adjetivas, mediante la reforma efectuada a través de la ley N 9 de 24 de julio de Y, en segundo lugar, por que dicha norma se concibió con la finalidad de que los jueces de oficio le pusieran término a todos aquellos procesos abandonados por los litigantes, incluyendo los que el Estado sea parte, ya que debe haber un interés real en la contienda, imprimiéndole el debido curso a los procedimientos que sean necesarios para la consecución final del objeto del proceso. (Resaltado es nuestro). Por todo lo antes expuesto, este Despacho solicita respetuosamente al Tribunal se sirva declarar NO VIABLE el incidente de caducidad de la instancia interpuesto por Miguel Bush Ríos, a través de su apoderado judicial, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que sigue en su contra el Juzgado Ejecutor de la Caja de Ahorros. III. Pruebas. Aducimos el expediente contentivo del proceso ejecutivo respectivo, el cual ya reposa en ese Tribunal. IV. Derecho. Negamos el invocado tal como ha sido expuesto. Del Honorable Magistrado Presidente, Oscar Ceville Procurador de la Administración Exp Nelson Rojas Avila Secretario General
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