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Timestamp: 2018-04-26 01:45:52
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Matched Legal Cases: ['Artículo 10', 'Artículo 66', 'artículo 98', 'Artículo 98', 'Artículo 3', 'Artículo 52', 'artículo 4', 'Artículo 55', 'Artículo 10', 'artículo 10', 'Artículo 10', 'Artículo 66', 'Artículo 66', 'artículo 10', 'Artículo 10', 'Artículo 10', 'Artículo 9']

La legalidad socialista. Su fundamento constitucional
Yeslin Justafré García(CV)
yjustafre@ucf.edu.cu
Aracelys León Rodríguez
El principio de legalidad como forma de existencia de la vida social, principio de existencia política o método de dirección estatal de la sociedad tiene mecanismos de regulación jurídica. Su esencia más genérica está en el cumplimiento estricto de la ley por parte del Estado, de las organizaciones sociales, políticas y de los ciudadanos. De esta manera se puede identificar los elementos que hacen posible que se encuentre ligada de manera indisoluble al término democracia. La Legalidad Socialista, por parte de los órganos del Estado, sus dirigentes, funcionarios, empleados y la ciudadanía en general, definida teóricamente como la obligación que les viene impuesta de acuerdo con lo establecido en la Constitución. El objetivo del presente artículo es analizar el principio de legalidad socialista en el Estado cubano partiendo de su fundamento constitucional.
Para introducir el tema del principio de legalidad socialista no debemos obviar que los problemas relativos a su concepto o noción ocuparon la atención de la teoría del Estado y del Derecho de los países socialistas de Europa del Este, especialmente de la Unión Soviética, con fuerza renovada y especial a partir del XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética (en lo sucesivo PCUS).
Hasta la década de los ochenta esa noción estuvo impregnada de limitaciones normativas. En ese sentido la legalidad se definía dentro de los estrechos límites del cumplimiento estricto de la ley por parte del Estado, las organizaciones sociales y políticas y los ciudadanos e, incluso, en ocasiones se llegaba a confundir con la legislación. De ese viraje se deben definiciones de la legalidad que la consideran esencialmente, como una forma de existencia de la vida social, un principio de existencia política o un método de dirección estatal de la sociedad.
En los primeros tiempos del capitalismo era apreciada la legalidad en una forma más intensa que en los actuales sistemas explotadores capitalistas. La burguesía como clase social ascendente elaboró sus cuerpos jurídicos que fueron los textos legislativos codificados. Al elevar a normas sus ideas de clase, la burguesía proclamaba que sus códigos constituían la realización del Derecho Natural válido para todas las épocas y en todos los lugares.[1]
En una etapa más avanzada del capitalismo la idea de justicia se abandona y es reemplazada por el concepto formalista de la misma. La legitimidad desplaza a la legalidad, la voluntad de la clase burguesa a la razón de los filósofos del siglo XVIII. Ya en esta fase para el capitalismo resultaba comprometedora y hasta peligrosa la referencia a la justicia y a la moral. La valoración filosófica del orden jurídico por la burguesía se abandona y se tiende, por el contrario, al fortalecimiento del principio de la legalidad formal. De esa manera el Derecho legislado se convierte en dogma para el jurista y dentro de los límites de este se trata de encontrar los fundamentos de la legitimidad del poder político.
Mientras en el mundo capitalista se registraban esas tendencias críticas, la Revolución cubana reivindicaba el principio de legalidad, sólo que sustituyendo el contenido burgués de la anterior por un nuevo contenido socialista, humanista, avanzado, igualitario, de verdadera justicia social. Cuando después de 17 años de proceso político que el mismo Fidel calificó de provisionalidad, el país se dotó de una Constitución, a cuyo amparo se formó el aparato estatal anudado en torno a los órganos del Poder Popular. Con respecto a la Constitución y a la legalidad Fidel Castro dijo: “Nuestra Constitución será la base de un desenvolvimiento superior de la legalidad socialista. Su vigencia nos impone la tarea de ajustar a sus normas toda nuestra legislación, todos nuestros reglamentos, todo nuestro ordenamiento jurídico. Debemos, pues, impulsar la labor de eliminar pragmáticas obsoletas del pasado contenidas en las ordenes militares de los intervencionistas, en Códigos provenientes del período colonial, en leyes y decretos de la república burguesa, y de promulgar los nuevos códigos, ajustados al carácter socialista de nuestra sociedad en construcción.”[2]
1. 1 Concepto de legalidad. Consideraciones generales
La legalidad es el método de dirección de la sociedad que consiste en la promulgación de leyes que expresan patrones conductuales en los que se contienen los valores emanados de la lucha de clases o impuestos por las clases económicamente dominantes. Los cuales, convertidos en ley, deben ser cumplidos estrictamente por el Estado, las organizaciones sociales y políticas y los ciudadanos. Sobre esta arista se han estructurado varios criterios para entender el concepto de legalidad:
- Crítica marxista a la legalidad burguesa: Este principio para la sociedad capitalista es mantener unas leyes procedentes de una etapa social desaparecida, hecha por los representantes de intereses sociales caducos o que están a punto de caducar y que, por lo tanto se limitan a elevar a Ley los intereses pugnantes con las necesidades generales de la sociedad. Pero Marx señalaba que la “sociedad no descansa en la Ley. Eso es una quimera jurídica (idea falsa). No, es lo contrario. La Ley es la que tiene que descansar en la sociedad, que tiene que ser expresión de los intereses comunes derivados del régimen material de producción existente en cada época”.
- Fernando Alvarez Tabío considera que “la legalidad socialista es un método de acción adoptado por una sociedad que aspira la realización del comunismo. Consiste en una aplicación constante y estricta del derecho emanado de los órganos superiores del poder político, y tiene por objetivo el establecimiento en el país de un orden jurídico cierto y seguro. Este orden debe caracterizarse por la claridad, precisión y dinamismo de las normas que impone. Debe fijar de antemano la esfera de competencia de los órganos estatales, sobre el principio de que ningún funcionario, ya sea de arriba o de abajo, puede hacer sino lo que la ley autoriza. Garantizar los derechos fundamentales del ciudadano y de las organizaciones sociales y establecer los deberes correlativos; proteger la estabilidad de las relaciones jurídicas y crear y desarrollar una atmósfera de confianza en la estricta aplicación de un orden jurídico justo y eficaz por órganos emanados del pueblo y sujetos en su control”.
- Julio Fernández Bulté: define la legalidad como forma de existencia de la sociedad política organizada , como un método de dirección estatal, en realidad el último posible, por el cual se abandona la arbitrariedad, el voluntarismo y el autoritarismo y la sociedad es conducida por la ley que representa los grandes intereses y proyectos de la mayoría, en consecuencia de lo cual esas leyes son cumplidas por el Estado y sus órganos y funcionarios, las organizaciones políticas y sociales y todos los ciudadanos.
- Samashenko decía que: “La legalidad es un estado de la vida sociopolítica del país, en el cual las relaciones entre el poder y el individuo, entre el estado y sus órganos y funcionarios, de una parte y el ciudadano de la otra, se basa en la ley y no en la arbitrariedad”.
1.2 Principio de legalidad. Origen, definición y evolución.
Los Estados han establecido formaciones jurídicas, como expresión de las luchas de clases, sujetando la voluntad de las clases dominantes y postulándose así los patrones de conducta volitivo-clasistas a los que debía ajustarse la sociedad. La legalidad según su concepto teórico tiene como base la proclamación del primado de la ley, con el surgimiento del Estado liberal burgués. La Revolución francesa sentó las bases de la concepción teórica del principio de legalidad después de haber liquidado privilegios feudales y haber opuesto al absolutismo monárquico las ideas del iusracionalismo.
La burguesía liberal de los siglos XVIII y XIX con la teorización del principio de legalidad suponía para su realización la generalidad de la ley, de la cual se derivaba el principio de la llamada isogoría y el de la autoridad en el tiempo de la ley. La fundamentación de la legalidad liberal burguesa llevaba de la mano a la formulación del constitucionalismo, como manifestación de las leyes supremas, fundantes, determinantes de todas las demás, racionales por excelencia. Movimiento constitucionalista que rigió todo el proceso revolucionario burgués del siglo XIX.
En los Estados liberales iniciales constituyó la legalidad burguesa, un elemento básico para el montaje del modelo de la llamada democracia burguesa, que se presentó de inmediato como único modelo de democracia. El inmediato desarrollo de la economía capitalista condicionó la profundización y agudización de las contradicciones internas del sistema y dio paso a estadíos superiores del desarrollo del Estado burgués. En correspondencia con esos avances se fueron echando las bases del deterioro de la legalidad, como principio aparentemente intocable del modelo estatal occidental. En esas condiciones la legalidad es prácticamente ignorada o, al menos seriamente erosionada. Aumentan no sólo las violaciones directas al principio de legalidad, por medio del imperio de la arbitrariedad o la violación de la ley, sino que aumentan los llamados espacios de desregulación jurídica.
El principio de legalidad se hizo depender de la llamada “regla de Derecho.” La misma se define como la “herencia común de las instituciones, los procedimientos y tradiciones jurídicas, que sin tener en cuenta los sistemas políticos, económicos y sociales, han coincidido en un régimen de protección práctica de los derechos del hombre y han contribuido a rehabilitar la dignidad del hombre.”[3]
El principio de legalidad según afirma Igartua Salaverría, se presenta en el contexto actual al significado de la expresión “conforme a la Ley y al Derecho”, la cual se entiende acumulativamente como lo que resulta compatible con la Ley y el Derecho; lo expresamente autorizado por la Ley y el Derecho y lo predeterminado por la ley y le Derecho.[4]
1.3 La legalidad socialista como principio de funcionamiento del Estado cubano
Este principio base de la actuación de todo el aparato estatal socialista, exige la observancia incondicional y estricta, por parte de los órganos estatales, funcionarios, organizaciones sociales y ciudadanos de todo el ordenamiento legal, así como de los actos que emitan, basados en él, los órganos del Estado. Puede sintetizarse en que ante la ley todos son iguales y que los administrados tienen el derecho de exigir que se les trate según la ley, y al propio tiempo, la igual que los órganos y las organizaciones, tienen el deber de ajustarse en todos sus actos a la ley.
Por medio de la legalidad socialista, el Estado lucha contra los elementos antisociales. Los que infieren la disciplina estatal y del trabajo y al arraigarse como principio cardinal inculca en las masas una conciencia jurídica nueva, que influye en la perspectiva que hacia el trabajo han de mantener los que con su esfuerzo son los constructores del Socialismo como vía hacia el comunismo.
El principio de legalidad socialista es posible porque por primera vez en la historia de la humanidad las leyes no engendran contradicciones entre quienes las dictan y los destinatarios y en su conjunto son el medio para la implantación de las relaciones sociales socialistas. Por ello la legalidad socialista ha de ser base del derecho regulador de la Administración del Estado, auque su contenido cambie de acuerdo con cada una de las tareas concretas que han de realizarse.
“La legalidad socialista no es algo inmutable; pero tampoco es una legalidad en precario. No persigue el objetivo como en le caso de la legalidad burguesa de eternizaren el poder a la clase dominante”.
Después de asegurar la victoria completa y definitiva del Socialismo y el paso hacia la edificación del comunismo, la dictadura del proletariado sede su lugar al Estado de todo el pueblo. Pero con esto no desaparecerán ni el Estado ni el Derecho. Como organización de todo el pueblo el Estado se mantiene hasta la total victoria del comunismo. Expresando la voluntad de todo el pueblo está llamando a organizar la base material y técnica del comunismo y la transformación de las relaciones socialistas en relaciones comunistas; llevar a cabo el control de la mediad del trabajo y de la mediada del consumo; asegurar el ascenso del bienestar del pueblo; salvaguardar los derechos y las libertades de los ciudadanos; educar a las masas populares en un espíritu de disciplina consciente y de actitud comunista hacia el trabajo; garantizar firmemente la defensa y la seguridad del país; fomentar la colaboración fraternal con los demás países socialistas; defender la paz universal y mantener las relaciones normales con todos los países.
Todas estas tareas elevan la responsabilidad de la organizaciones sociales y de cada ciudadano y la hacen más rigurosa la estricta aplicación de principio de legalidad socialista, ya que a mediad que se desarrolla y perfecciona al democracia socialista y se da una participación cada vez más amplia y activa a todos los ciudadanos en la administración del Estado y en la edificación del comunismo, más indispensable es fortalecer la conciencia colectiva , acerca del deber de todos de velar por el orden jurídico establecido en consonancia con las inmensas tareas que le corresponde cumplir al Estado socialista de todo el pueblo: “ La construcción del Comunismo exige una alta conciencia, inteligencia y gran responsabilidad en el trabajo”, según Jruschov.
Así se irá enriqueciendo la moral comunista y así también las normas coactivas irán siendo sustituidas por normas de moral y de convivencia. De este modo se irá adormeciendo el Estado como poder político sobre los hombres y el principio de legalidad se irá sustituyendo por los mismos viejos ideales de justicia desvirtuados o pisoteados desvergonzadamente bajo el dominio de los explotadores. Esa sencillas normas de moral y de justicia serán convertidas por el comunismo en normas invariables de vida, tanto en las relaciones entre los hombres, como en las relaciones entre los pueblos. El viejo lema de “libertad, igualdad y fraternidad”. Dejará de ser un mero ideal inalcanzable y se convertirá en la razón vital de la existencia humana”. Porque la moral comunista incluye las normas éticas fundamentales de toad la humanidad, que fueron elaboradas por las masas populares a los largo de sus luchas multiseculares contra todo sistema de explotación del hombre por el hombre.
“Cuando se haya construido al fin la sociedad comunista y el hombre se convierta en camarada y hermano de su semejante; la legalidad socialista será sustituida por la moral comunista: el camino hacia la plena liberación del hombre pasa por la legalidad socialista”.
En relación con este principio es preciso considerar que el triunfo de una Revolución significa que todo el ordenamiento jurídico anterior queda destruido y se implanta un nuevo derecho, producto legítimo del poder revolucionario. Única fuente normativa que, al par que promulga la legislación que asienta la realidad social creada, ratifica la vigencia de leyes anteriores que tienen valides porque el poder revolucionario se otorga, no en base al poder que las emitió.
En consecuencia hay una coexistencia de las nuevas formas jurídicas con lasa anteriores al hecho revolucionario, circunstancia que se fácilmente perceptible en la etapa actual del desarrollo de la revolución cubana en la que, sentadas las bases para la construcción del Socialismo, se marcha hacia él. Esa situación del ordenamiento legal en un período de transición revolucionaria debe tenerse en cuanta al aplicarse la legalidad socialista. La legislación emanada de la Revolución requiere una aplicación estricta y acatamiento indiscutido.
La legislación que promulgada para lasa necesidades de ayer no se ajusta plenamente a las de hoy, y que pervive en su vigencia porque no es posible su sustitución súbita y al mismo tiempo, sino a través de un proceso que se orienta en las condiciones objetivas imperantes y en el cambio de la base económica, debe también ser cumplida, pero sus preceptos han de ser interpretados para su aplicación de conformidad con los ideales de justicia y la conciencia jurídica socialista. Al juez, al ministerio fiscal, la jurista corresponde esa interpretación para el orden jurídico que la Revolución establece quede asegurado en su cumplimiento, sin que sus principios se quebranten y al par las tareas que cada momento de avance hacia el Socialismo hace necesarias, se realice plenamente.
El Socialismo por lo contrario que sus enemigos proclaman, no niega la legalidad, la robustece y la exigencia del exacto y riguroso cumplimiento de las leyes fue y sigue siendo uno de los principios más importantes de la actividad del Estado Socialista, principio rector de toda actuación de los órganos de Poder y de Administración, de los funcionarios y de los ciudadanos.
1.4 La legalidad socialista y la democracia socialista
Del contenido de la legalidad socialista se infiere que la misma, tanto como formulación del estatuto jurídico y en su desarrollo ulterior como normación jurídica de la vida y las relaciones sociales, no puede desplegarse al margen de la acción directa de las masas, de sus intereses, voluntad e inquietudes. Consiste en ello el elemento más importante, de la democracia socialista. En nuestro país las amplias masas populares han sido protagonistas y creadoras directas de las grandes transformaciones sociales, desde la etapa democrático-popular de la Revolución. En efecto, han intervenido directamente en la formalización de esas transformaciones en forma de ley jurídica.
En la etapa democrático-popular, así como en los momentos iniciales del tránsito a la construcción del Socialismo las principales leyes de la Revolución fueron apoyadas y ejecutadas directamente por las masas populares. Además fueron aprobadas en referendos únicos, en los cuales el pueblo, en ocasiones armado, aprobó directamente las nuevas normativas.
La nueva fase en el desarrollo y consolidación de la democracia socialista la marcó la institucionalización del aparato estatal a partir de la construcción de los órganos del Poder Popular. En las asambleas de rendición de cuentas, cada elector tiene el derecho, e incluso el deber de pronunciarse en relación no sólo con los problemas locales de su área restringida, sino también sobre los más generales que afectan a toda la sociedad.
La eficacia social del Derecho, del cual depende en buena medida la efectividad de la legalidad, se asegura por el contenido y esencia de la legislación socialista, por su relación y reflejo adecuado del sistema político de la sociedad; por su íntima relación orgánica, real y efectiva o sea por su amplia base democrática. Es por ello que la legalidad requiere un arduo trabajo de educación política, jurídica, cívica y cultural en general, que permita la formalización de nuevos patrones conductuales en las masas populares.
La legalidad socialista es un objetivo complejo, cuyo alcance afecta a todo el sistema político de la sociedad y se vincula con las tareas totales de la construcción de la nueva sociedad, alternativa al capitalismo brutal. La legalidad socialista es el instrumento básico del logro de la democracia socialista, y al paralelo la garantiza y la propicia.
1.5 El principio de legalidad socialista y su fundamento constitucional
El Artículo 10 de la Constitución es el precepto principal que consagra expresamente el principio de legalidad en el ordenamiento nacional. Su formulación no deje lugar a dudas en este punto, pues recoge que todos los órganos del Estado, sus dirigentes, funcionarios y empleados, actúan dentro de los límites de sus respectivas competencias y tienen la obligación de observar la legalidad socialista y velar por su respecto en la vida de toda la sociedad. [5] Este artículo se ubica dentro del capítulo I, denominado “Fundamentos Políticos, Sociales y Económicos del Estado”.
En el capítulo VII, “Derechos, Deberes y Garantías Fundamentales”, la presencia de este principio, al señalarse en el Artículo 66, que el cumplimiento estricto de la Constitución y las leyes es deber inexcusable de todos. Otros artículos de la Constitución y de sus normas complementarias refuerzan la existencia positiva del principio. Así entre las atribuciones del Consejo de Ministro que refrenda el artículo 98, inciso k, de aquellas, tenemos la de dictar decretos y disposiciones sobre la base y en cumplimiento de las leyes vigentes. En los incisos l, ll, m y n del mismo Artículo 98 se le signa a ese Consejo las atribuciones de:
- Revocar las decisiones de la Administraciones subordinadas a lasa Asambleas Provinciales o Municipales del Poder Popular, adoptadas en función de las facultades delegadas por los organismos de la Administración Central del Estado, cuando contravengan las normas superiores que le sean de obligatorio cumplimiento.
- Proponer a las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular revocar las disposiciones que sean adoptadas a su actividad específica, por las administraciones provinciales y municipales a ellas subordinadas, cuando contravengan las normas aprobadas por los organismos de la Administración Central del Estado, en el ejercicio de sus atribuciones.
- Revocar las disposiciones de los jefes de los organismos de la Administración Central del Estado, cuando contravengan las normas superiores que le sean de obligatorio cumplimiento.
- Proponer a la Asamblea nacional del Poder Popular o al Consejo de Estado, la suspensión de los acuerdos de las Asambleas Locales del Poder Popular que contravengan las leyes y demás disposiciones vigentes, o que afecten los intereses de otras comunidades o los generales del país.
En el Artículo 3 del Decreto – Ley 67, de Organización de la Administración Central del Estado, disposición normativa que fue modificada por el Decreto- Ley 147, de la Reorganización de la Administración Central del Estado, establece que el Consejo de Ministros, los organismos de la Administración Central del Estado, sus dirigentes, funcionarios y demás trabajadores actúan dentro de los límites de su respectivas competencias y tienen la obligación de observar estrictamente la legalidad socialista y velar por el respeto a la misma. El Artículo 52, inciso a, del propio Decreto – Ley 67, regula que los organismos de la Administración Central del Estado tienen como deber, atribución y función común, el cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución de la República, las leyes, los decretos – leyes, los decretos y demás disposiciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Consejo de Estado y el Consejo de Ministros y asegurar el cumplimiento de la legislación vigente.
Regulaciones similares en ese sentido, se refieren a los órganos locales del Poder Popular y a las Administraciones Provinciales y Municipales. El Acuerdo 4047, de 4 de junio de 2001, Reglamento de las Administraciones Municipales y Provinciales del Poder Popular, del Comité ejecutivo del Consejo de Ministro ha sido derogado por el 6176. Este Acuerdo 4047 es claro al formular, en el artículo 4, que los consejos de las administraciones municipales y provinciales, así como las entidades que se organicen para la satisfacción de las necesidades locales, actúan dentro de los límites de sus respectivas competencia tienen la obligación de observar estrictamente las leyes, los decretos leyes, los decretos, los acuerdos del Consejo de Ministros, las disposiciones que dicten los jefes de los organismos de la Administración Central del Estado en asuntos de su competencia, que sean de interés general y requieran ser regulados nacionalmente, y los acuerdos de las asambleas del Poder Popular a las que se subordinen. Igualmente el Artículo 55 apartado 1, de la misma norma, regula que las Direcciones administrativas provinciales y municipales, tienen entre sus funciones la de cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en la Constitución de la República, la legislación vigente y demás disposiciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, los Consejo de Estados y de Ministros, las que dicten los Jefes de los Organismos de la Administración Central del Estado, en cumplimiento de sus facultades, y las emanadas de la Asamblea del Poder Popular y el Consejo de la Administración Provincial y Municipal correspondiente.
El Acuerdo 4047 del 2001, del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, especifica que el Consejo de la Administración Municipal y Provincial dirigen la actividad administrativa que corresponda al municipio y la provincia respectivamente, por lo que consecuentemente, sus funciones tienen como base los principios establecidos por la Constitución y la Ley (Artículos 9 y 24). Para el caso de los Tribunales, la Constitución y la Ley de los Tribunales Populares, son precisas al refrendar la independencia de los jueces en su función de impartición de justicia y su obediencia exclusiva a la ley.
Corresponde a la Fiscalía General de la República, como órgano del Estado, el control y la preservación de la legalidad, sobre la base de la vigilancia del estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales, por los organismos del Estado, entidades económicas y sociales y por los ciudadanos.
El principio de legalidad se hace patente en los principales cuerpos normativos del ordenamiento jurídico nacional; ya apareciendo como una formulación que involucra exclusivamente a la ley como instrumento normativo – principio de legalidad en sentido estricto o formal-, ya como referencia a todo el conjunto de normas vigente, lo que produce la extensión en el plano formal de sus consecuencias – legalidad en sentido amplio o principio de juricidad.
La presencia expresa del principio de legalidad en los Artículos 10 y 66, sobre todo, de la Carta Magna cubana, representa la constitucionalización del mismo y su elevación a la categoría de precepto con rango superior, por insertarse en el contenido de la disposición jurídica rectora del sistema de Derecho. Su ubicación en el interior de la Constitución, realza formalmente la trascendencia jurídica del principio para el orden positivo vigente.
En el caso del Artículo 10 de la Lex Superior cubana, que en su redacción se mencionan los órganos estatales y sus dirigentes, funcionarios o empleados; lo cual significa, como bien se observa por la presencia del vocablo todos, que el imperativo de la actuación conforme al principio de legalidad, no se refiere a un conjunto específico de órganos, sino a la totalidad de los que integran el aparato estatal. Es decir que el deber de observancia de la legalidad que se impone alcanza y vincula, en este supuesto, ala generalidad de los órganos y agentes del Estad, ya sean los que cumplan la función legislativa, de gobierno, administrativa o judicial.
El artículo 10 solo involucra a los órganos del Estado, elemento que añade un punto más en la manera en que es tratado el principio de legalidad, pues al referirse única y exclusivamente a tales entes, está patentizado con mayor destaque el deber de observancia que especialmente se les impone; y a la vez es reflejo de la importancia formal que el constituyentista cubano le asignó la necesidad de que esos sujetos cumplan con dicho principio, como requisito indispensable para la buena marcha de la sociedad políticamente organizada. Esta Artículo 10 y por ende el principio, nos e incluye – ni tampoco se incluía antes de la reforma constitucional de 1992- dentro del capítulo destinados a los principios de organización y funcionamiento de los órganos estatales, sino que se coloca dentro del capítulo cuya finalidad es determinar los Fundamentos Políticos, Sociales y Económicos del Estado cubano; lo que puede traslucirse en que formalmente va más allá de construir una idea directriz de necesario cumplimiento para el adecuado desarrollo de la vida estatal, para erigirse en fundamento político de esa vida, arista esta que nuevamente cualifica su existencia y acentúa su repercusión jurídica.
Igualmente interesante, es la ubicación del Artículo 66 de la Constitución, regulador del deber inexcusable de cumplir estrictamente la Constitución y las leyes en el capítulo de los Derechos, Deberes y Garantías Fundamentales, pues automáticamente catapulta al cumplimiento de la legalidad a la condición de deber y garantía jurídica formal fundamental de los derechos con ese carácter. Representa una muestra de que los constituyentes estaban conscientes de lo que ello representa para el pleno ejercicio, y la propia existencia de los derechos fundamentales. El modo en que se ha redactado ese Artículo 66, permite concluir que es mucho más general y abarcador que el artículo 10, y sienta al principio de legalidad, no solamente como un principio de actuación del Estado, sino como principio que debe regir la conducta de todos los actores de la sociedad cubana. Su presencia en el interior de la Ley Fundamental completa los dos sentidos de extensión subjetivos que este pueda tener: el sentido absoluto, que exige que todos los sujetos actúen conforme a las normas jurídicas vigente; el sentido amplio que prefija ese proceder para los órganos del Estado; y el restringido, que destaca tal deber para la Administración Pública en especial.
Cuando se alude a que las entidades que conforman la Administración Pública cubana – Consejo de Ministros, demás organismos centrales, sus delegaciones y direcciones territoriales, así como las administraciones locales- se comportan conforme a lo dispuesto legalmente, es también expresión de la necesariedad inquebrantable de que el ente administrativo se apegue estrictamente al principio de legalidad como mecanismo formal y práctico para evitar sus excesos de arbitrariedad y garantizar un desarrollo gradual de los individuos. Además para proporcionar una satisfacción plena y adecuada de sus necesidades como integrantes de la colectividad.
La utilización de la voz general “leyes” – entendida materialmente por la manera y sentido en que se emplea- o “legalidad” o simplemente cuando se hace referencia detallada dentro de un mismo artículo a la enumeración de la Constitución, leyes, decretos- leyes, decretos y otras disposiciones generales, se muestra indubitadamente el otro enfoque que puede dársele al principio de legalidad- y que históricamente ha tenido- : el de reinado de la ley como expresión normativa dentro del ordenamiento jurídico de la voluntad del Estado. A través de esas expresiones el legislador muestra su adhesión a dicha línea de pensamiento, y su uso en los principales cuerpos normativos dibuja indirectamente la jerarquía interna de las disposiciones jurídicas, colocando la ley a la cabeza de esta y relegando a un plano secundario y menos importante desde la óptica formal, la influencia en el orden jurídico de otras manifestaciones normativas que no se generan propiamente en el proceso de creación estatal del Derecho: costumbre, principios generales y la jurisprudencia. En Cuba el principio de legalidad puede entenderse también como principio que establece el predominio de cualquier manifestación normativa que sea originada por los órganos estatales a los cuáles se les atribuye expresamente por la legislación la potestas normandi.
1- La legalidad es el método de dirección de la sociedad que consiste en la promulgación de leyes que expresan patrones conductuales en los que se contienen los valores emanados de la lucha de clases o impuestos por las clases económicamente dominantes y los cuales, convertidos en ley, deben ser cumplidos estrictamente por el Estado, las organizaciones sociales y políticas y los ciudadanos.
2- La Legalidad Socialista en Cuba por parte de los órganos del Estado, sus dirigentes, funcionarios, empleados y ciudadanía en general, es una obligación que les viene impuesta de acuerdo con lo establecido en nuestra Constitución. Su eficacia afecta a todo el sistema político de la sociedad y se relaciona con las tareas de la construcción de la nueva sociedad, toda vez que la legalidad socialista es el instrumento cardinal del logro de la democracia socialista, y al paralelo la garantiza y la propicia.
Constitución de la República de Cuba. Editorial de Ciencias Sociales. La Habana, 2001.
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Ver. Artículo 10 y 66 de la constitución Socialista de Cuba de 1976 con sus reformas, Editora Política, Ciudad de La Habana ,1992.
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[1] Fernández Bulté, J.: Manual de Teoría del Estado y del Derecho, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1988. p. 120-122.
[2] Castro Fidel : Informe al Primer Partido Comunista de Cuba , Departamento de Orientación Revolucionaria del Comité Central de Partido Comunista de Cuba , La Habana , 1975, p.158.
[3] Citado por Fernando Cañizares: Teoría del Estado, p. 389.
Cañizares toma la cita de Marianetti, quien a su vez pone de manifiesto las afirmaciones de Boulier. En la obra de Cañizares se encuentra una interesante y abundante referencia a ese movimiento de la segunda mitad del siglo de XX conocido como el de la “regla de oro “, base del nuevo orden racional de la juricidad burguesa.
[4] Igartua Salaverría, Juan: “Principio de legalidad, conceptos indeterminados y discrecionalidad Administrativa “, RAP, No.92, año 1996, oct-dic., p.535.
[5] Antes de la reforma constitucional de 1992, la regulación actual del Artículo 10 correspondía al segundo párrafo del Artículo 9.
Justafré García, Yeslin y León Rodríguez, Aracelys: "La legalidad socialista. Su fundamento constitucional" en Revista Caribeña de Ciencias Sociales, octubre 2014, en http://caribeña.eumed.net/legalidad-socialista/