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Timestamp: 2019-09-18 16:08:42
Document Index: 400514922

Matched Legal Cases: ['artículo 319', 'artículo 319', 'artículo 158', 'artículo 25', 'artículo 130', 'artículo 15']

Boletin Correspondiente a 2015-07-31Regresar
Solicita la reconsideración del concepto número 072430 del 14 de noviembre 14 de 2013, en el cual conforme al artículo 319 del Estatuto Tributario, se consideró que “todo aporte en especie a sociedades nacionales por valor superior al costo fiscal que en cabeza del aportante tenga el bien aportado, está sometido a imposición conforme con las reglas generales de enajenación de activos”.
Solicita reconsideración de la doctrina contenida en el Oficio número 069997 del 1 de noviembre de 2013 en el aparte referido a la deducción especial de activos fijos reales productivos y su aporte a sociedades nacionales, especialmente en cuanto se señala que en el caso de aporte a sociedades al tenor del artículo 319 del Estatuto Tributario, de un activo fijo real productivo de renta del cual se ha hecho uso de la deducción que consagraba el artículo 158-3 del mismo estatuto, el aportante debe reintegrar la deducción especial como renta líquida gravable en forma proporcional a la vida útil no transcurrida del activo.
Otra de las solicitudes del consultante radica en que se revoque la doctrina contenida en el Oficio número 76747 de 2013 en el que se consideró que, “únicamente cuando el sujeto pasivo del CREE, o las personas naturales empleadoras, contraten a sus trabajadores, tendrán derecho a la exoneración de los aportes parafiscales consagrada en las normas citadas, siempre y cuando se cumplan los topes de salarios mínimos exigidos para el efecto”. Y que por lo mismo los patrimonios autónomos que no sean contribuyentes del impuesto CREE, no pueden acceder a la exoneración de los aportes parafiscales consagrada en el artículo 25 de la ley 1607 de 2012.
Solicita igualmente pronunciamiento sobre si para efectos del impuesto sobre la renta para la equidad- CREE procede la compensación de excesos de renta presuntiva.
( 2015-07-31) Consultar
Algunos contratos con firmas multinacionales exigen que la información contable y financiera que se presente en los procesos de licitación exigen el lenguaje NIIF. El no presentar esta información es causal de incumplimiento de transacciones.
Ajustarse a la normativa contable universal y empresarial trae beneficios como el poder participar en licitaciones públicas y acceder a créditos financieros de mayor valor para mejorar su competitividad. Las NIIF son un lenguaje globalmente utilizado para informar a terceros sobre la situación financiera y el desempeño de los negocios de una empresa.
No contar con un lenguaje común, dificulta los negocios y las inversiones. Además, se resta agilidad y confianza entre los inversionistas y se pierde competitividad en el mercado. Vea las razones que explican la importancia de las NIIF para los empresarios de pequeñas y medianas empresas.
La reforma tributaria del 2014 ordenó crear una comisión de expertos para la equidad y la competitividad tributaria, la cual fue conformada con nueve miembros, entre ellos, Miguel Urrutia, Guillermo Perry, Ricardo Bonilla y Julio Roberto Piza. Su objetivo es, en palabras del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, proponer reformas orientadas a combatir la evasión y elusión fiscales, así como hacer el sistema tributario más equitativo y eficiente.
Precisamente ayer, Cárdenas declaró a los medios de comunicación que la intención es aprovechar las recomendaciones de esta instancia para una reforma tributaria estructural. Además, afirmó que no hay una fecha exacta para la presentación de la reforma al Congreso y que se propondrá primero un ajuste al régimen de renta para las entidades sin ánimo de lucro
Ámbito Jurídico repasa las conclusiones centrales del primer informe de expertos tributarios.
El sistema tributario genera recursos insuficientes
Según el documento, el recaudo del Gobierno es bajo. Como consecuencia, hay espacio para incrementar el recaudo, siempre y cuando se haga en forma tal que la estructura impositiva no afecte la equidad y la competitividad y se mejoren los controles a la evasión y elusión.
Toda persona tiene derecho a recibir servicios públicos, siempre y cuando esta y el inmueble cumplan las condiciones previstas por la empresa prestadora para la conexión, independientemente de su calidad de propietario o poseedor, recordó la Superintendencia de Servicios Públicos.
Si bien el artículo 130 de la Ley 142 de 1994 dispone que serán parte del contrato de condiciones uniformes la empresa prestadora, el suscriptor y/o usuario (poseedor o propietario) y, en ese orden, prevé la solidaridad en sus obligaciones y derechos, una interpretación armónica del numeral 6° del artículo 15 de la Ley 820 del 2003 permite colegir que son servicios adicionales a los básicos todos aquellos que se presten por virtud de contratos suscritos por el arrendatario o un tercero y los cuales no haya solicitado, suscrito o autorizado de manera expresa el propietario.
Así las cosas, si el propietario no tiene conocimiento de la suscripción o instalación de servicios no es responsable solidario, precisó la entidad. Por lo tanto, quien solicita el servicio debe responder por el pago de las deudas ocasionadas. (Superservicios, Concepto 253, Abril 17/15)
Para obviar estas presiones, según los expertos en materia tributaria y legislativa, Javier Hoyos Arboleda y Silvia Reyes Cepeda, asesores de la firma Gestión Legislativa y Gobierno debería darse la posibilidad a los contribuyentes de consignar en una fiducia, el mayor valor en discusión cuando es requerido por la DIAN sin que ello dé lugar a sanciones o intereses por mora.
Si la DIAN tiene la razón, la Fiducia le giraría los recursos con los intereses respectivos o, si el contribuyente tiene la razón, la Fiducia le devolvería los recursos consignados con los respectivos intereses. Esto sería un trato más equilibrado con los contribuyentes.
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