Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sl560-2013-41388-de-mayo-29-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_e9e87865d360019ce0430a010151019c&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-13 22:44:49
Document Index: 201451680

Matched Legal Cases: ['artículo 65', 'artículo 119', 'artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 115', 'artículo 90', 'artículo 115']

﻿ Sentencia 41388 de mayo 29 de 2013
SENTENCIA SL560-2013 DE 29 DE MAYO DE 2013
CONTENIDO:EL DESPIDO NO ES UNA SANCIÓN DISCIPLINARIA, POR ENDE, PARA QUE DICHO ACTO SE PRODUZCA NO ES MENESTER QUE PREVIAMENTE SE AGOTE UN PROCEDIMIENTO, SALVO QUE, POR FUERZA DE LOS ACTOS QUE CONVOCAN LA VOLUNTAD DEL EMPLEADOR, COMO LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO, EL PACTO COLECTIVO O EL CONTRATO, ENTRE OTROS, SE HUBIERE ESTIPULADO EXPRESAMENTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:DESPIDO COLECTIVO, DESPIDO DIRECTO, DESPIDO INDIRECTO, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL EMPLEADOR, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO CON JUSTA CAUSA POR PARTE DEL EMPLEADOR, DEMANDA DE NULIDAD DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO, CAUSALES DE DESPIDO DEL TRABAJADOR, DESPIDO DEL TRABAJADOR, TERMINACIÓN VERBAL DEL CONTRATO DE TRABAJO, DESPIDO DE TRABAJADOR OCASIONAL, DESPIDO POR LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA, EFICACIA DEL DESPIDO DEL TRABAJADOR, DESPIDO POR INCAPACIDAD LABORAL
Sentencia 41388 de mayo 29 de 2013
Rad. 41.388
Acta No.017
Se resuelve el recurso de casación interpuesto por Álvaro Rafael Ortega Cañarete contra la sentencia dictada el 13 de marzo de 2009 por el Tribunal Superior de Barranquilla, en el proceso que el recurrente promovió contra la sociedad Cartón de Colombia S.A.
Ante el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Barranquilla, el hoy recurrentes persiguió que una vez se declare “sin efecto alguno la sanción de ‘despido por justa causa’” que le fuera impuesta por la sociedad demandada el 27 de octubre de 2003, ésta fuera condenada a reintegrarlo al cargo que ocupaba al momento del despido o a otro de igual o superior categoría, sin solución de continuidad, y a pagarle los salarios y prestaciones sociales de toda naturaleza dejados de percibir, junto con las cotizaciones a la seguridad social, o en su defecto, a pagarle la indemnización por despido sin justa causa, indexada, daño emergente y lucro cesante y la sanción moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.
Fundó las anteriores pretensiones, en suma, en que prestó sus servicios a la demandada por 29 años, 6 meses y 19 días, hasta cuando el 27 de octubre de 2003 ésta decidió terminarle el contrato de trabajo aduciendo unos hechos “que no hacen parte de las funciones de su cargo”, que “hunden sus raíces seis (6) años atrás de la sanción”, y que fueron conocidos “con base en un informe electrónico por fuera del debido proceso establecido en el régimen disciplinario que contempla el Reglamento Interno de Trabajo”; que se le violó el debido proceso disciplinario, pues no se le escuchó, ni se le permitió estar asistido para una adecuada defensa técnica, ni se le señalaron los recursos que tenía contra la decisión de despido, todo lo cual lo ha sumido en sufrimientos morales y sicológicos de todo orden, individual, familiar, etc., de carácter indescriptible e inconmensurables, como también lo ha sometido, junto con sus familiares, a carencias económicas injustificadas que le deben ser debidamente compensadas.
La empresa demandada, al contestar, aun cuando aceptó que el demandante le prestó los servicios que anunció en la demanda, se opuso a sus pretensiones aduciendo que la terminación del contrato de trabajo se produjo por justa causa determinada como falta grave en el Reglamento Interno de Trabajo, consistente en haber manejado amañada y subrepticiamente la cuenta de uno de sus clientes con violación de los procedimientos contables internos, no por sanción disciplinaria. Propuso las excepciones de caducidad o prescripción de la acción, falta de causa para pedir, inexistencia del derecho, inexistencia de la obligación, prescripción de derechos y compensación.
Fue proferida el 12 de octubre de 2007, y con ella el Juzgado condenó a la demandada a pagarle al actor la suma de $232’337.650,00 por concepto de indemnización por despido sin justa causa, la cual debía ser indexada desde el 27 de octubre de 2003 hasta su pago efectivo; la absolvió “de los demás conceptos reclamados” y dejó a su cargo las costas correspondientes.
La alzada se surtió por apelación de la sociedad demandada y terminó con la sentencia atacada en casación, mediante la cual el Tribunal de Barranquilla revocó la de su inferior, y en su lugar la absolvió de las pretensiones del actor, a quien impuso el pago de las costas de primer grado, dejando sin ellas la alzada.
Una vez que dio por probada la prestación de servicios del actor a la demandada y la terminación del vínculo por parte de ésta, aduciéndose los motivos plasmados en la carta de folios 59 a 61, y que advirtió que la pretensión principal al reintegro no procedía en casos como el estudiado, habida consideración de que ni legal ni convencionalmente era posible, dado que “mediante escrito de folios 83 y 84, [el trabajador] se acogió libremente y en forma íntegra al régimen de la citada ley 50 de 1990, además, el mismo demandante confiesa no ser beneficiario de convención alguna”, asentó que el correo electrónico remitido por el demandante el 14 de octubre de 2003 a las 7:09 de la mañana a Alejandro Carvajal, que transcribió, en el que aparece dicho que 5 ó 6 años atrás el actor erróneamente “trocó” un pago de $7’800.000 de la cuenta de un cliente a otro, por lo que con el propósito de solucionar dicho error cometió uno segundo de ahí en adelante, “al iniciar la aplicación de pagos cronológicos” que dio por resultado el que a la fecha del mensaje “la diferencia de 7.8 millones se ha convertido en la astronómica suma de $138 millones”, no dejaba ninguna duda de “que la conducta no fue de ejecución instantánea hace cinco o seis años, sino que ella se vino desarrollando de manera continuada, sin que el actor pudiera solucionar el error inicial, con el agravante de ocultar, de no poner en conocimiento de sus superiores las irregularidades que se presentaban”.
El comportamiento del trabajador, dijo, se corroboraba: 1º) con el testimonio del destinatario del anterior mensaje, Alejandro Guzmán, quien agregó que la falta contable había sido establecida, “cruzando la información de los estados financieros, donde las cuentas por pagar del cliente no coincidían con las cuentas por cobrar de cartón de Colombia”; 2º) con el testimonio de Yanette Orieta Rodríguez, “en el mismo sentido y sobre el retraso en los pagos que se detectó al revisar los soportes”; 3º) con el testimonio de Eladio Enrique Martínez Moreno, Jefe de Contabilidad de la empresa, que “confirma que los estados de cuenta de Griffin a cargo del demandante Álvaro Ortega, no reflejaban la realidad económica del cliente en un tiempo de 5 a 6 años, que algunas erradas aplicaciones por parte del actor como responsable del manejo de la cartera del cliente, produjeron que a la cuenta se aplicaran unos intereses y que algunas facturas no quedaran registradas”, y 4º) con el documento del folio 160, que “informa de la manera como en enero de 2004, la empresa tuvo que afrontar las consecuencias residuales con el saldo de la cuenta por cobrar de Grifffin, que de manera palmaria demuestra que aunque la condcuta omisiva del actor no estuvo encaminada a apropiarse de un solo peso, esta sí generó un gran traumatismo en la empresa para su cliente, que como lo afirma el mismo demandante en su correo electrónico, era el más importante para la empresa”.
Encontró tipificada la falta atribuida por la empleadora, no solamente “en el art. 62 numeral 6 y 58 numeral 5 del Código Sustantivo del Trabajo”, sino, específicamente, en el Reglamento Interno de Trabajo, en los artículos 110, numeral 1º, “que consagra la obligación al (sic) trabajador de comunicar a sus superiores las observaciones que estime conducentes para evitar daños y perjuicios a la empresa” --folio 215; y 113, numeral, 53, “que consagra como falta grave ‘dar datos e informes no ciertos sobre actividades o producción de su actividad’” —folio 221—.
Falta respecto de la cual, aseveró, que en el artículo 119, numeral 6, del estudiado Reglamento Interno de Trabajo, aparecía “como justa causa para dar por terminado el contrato unilateralmente ‘… cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos’”, por lo que no le era dable al juzgador cuestionarla o desconocerla, tal y como “lo ha sostenido en forma reiterada la sala Laboral de la H. Corte Suprema de justicia”, transcribiendo al efecto los apartes que consideró pertinentes del fallo de la Corte de 31 de enero de 1991 (Radicación 04005).
Remató su disertación sosteniendo que “el hecho de no haberse agotado el procedimiento disciplinario de imposición de sanciones para surtir la terminación del contrato (…), no tiene trascendencia alguna, (…) porque la terminación del contrato de trabajo con o sin justa causa no es la imposición de una sanción, sino la manifestación de la autonomía de la voluntad de una de las partes por lo que no obliga al empleador a surtir el trámite establecido para el procedimiento disciplinario, conforme se ratifica en el texto del art. 115 del Reglamento Interno de Trabajo de folio 222”; y “tampoco se vislumbra en la determinación de terminar el contrato extemporaneidad alguna, como lo insinúa la primera instancia, pues la determinación se produjo una vez se adelantaron las investigaciones del caso, y solo hasta que se tuvo la certeza de la responsabilidad de la (sic) demandante, por el reconocimiento que el mismo hizo al contralor de la empresa, mediante el correo electrónico del 24 de octubre (…)”.
En la demanda con la que lo sustenta, que fue replicada, el recurrente no delinea un acápite especial para el llamado alcance de la impugnación en el recurso extraordinario, sino que, en el que titula “sentencia recurrida en casación”, lo que es dado tener como tal a ese respecto es que, luego de identificar la sentencia del Tribunal atacada, agrega: “(…) para que convertida esa Corporación en sede de Instancia se profiera sentencia, revocando la proferida por la Segunda instancia y en su lugar confirme la sentencia de primera instancia revocada” (folio 5).
Formula en tal sentido un cargo que se estudiará a continuación.
Acusa la sentencia de aplicar indebidamente los artículos 58-5 y 62-6 del Código Sustantivo del Trabajo, a causa de siete errores de hecho que se presentan de la siguiente y literal forma:
“(…) dar por demostrado, no estándolo, que el demandante confesó la falta grave que le enrostra como causal de despido justo a través de un correo electrónico. Cunado (sic) el régimen disciplinario que contempla el Reglamento Interno de Trabajo que rige para cartón de Colombia S.A. en lo relacionado al procedimiento para sanciones y despidos del personal no cobijado por la convención colectiva impone en su artículo 135 (parágrafo), que ‘el empleador debe dar oportunidad de ser oído tanto al trabajador inculpado como a dos (2) compañeros de trabajo que no se beneficien de la convención colectiva de trabajo’ y que el mismo artículo 135 (parágrafo) (…), establece, que: ‘No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria que se imponga pretermitiendo este trámite’”
“- No dar por demostrada la obligatoriedad que a la empresa demandada le impone el art. 115 del Reglamento Interno de Trabajo folio 222, de agotar el procedimiento disciplinario de imposición de sanciones para surtir la terminación del contrato, y el distanciamiento temporal entre la comisión de la falta y la terminación del contrato de trabajo.
“- No dar por demostrada no estándolo (sic) que el despido fue de origen sancionatorio como se encuentra previsto el texto del art. 115 del Reglamento Interno de Trabajo de folio 222.
“Dar como demostrada no estándolo la falta grave la declaración de Alejandro Guzmán –folios 331 a 33-, cuya versión nada ratifica y corrobora que el correo electrónico del 14 de octubre es confesión de falta, puesto quelo único que demuestra ese correo es, que a mi mandante se le impusieron ilegalmente para sancionarlo con el despido unas obligaciones propias del departamento financiero y contabilidad como lo confirma la declaración de Yanette Orieta Rodríguez a folios 33 y 334.
“dar como demostrada no estándolo que con la declaración rendida pro el Jefe de Contabilidad de la empresa –folios 325 a 330- el señor Eladio enrique Martínez moreno, se confirma que los estados de cuenta de Griffin a cargo del demandante Álvaro Ortega, no reflejaban la realidad económica del cliente en un tiempo de 5 a 6 años, que algunas erradas aplicaciones por parte del actor como responsable del manejo de la cartera del cliente, produjeron que a la cuenta se aplicaran unos intereses y que algunas facturas no quedaron registradas. Además, el deponente es claro en ratificar que dichas irregularidades fueron puestas en conocimiento por el mismo vendedor Álvaro Ortega mediante correo electrónico al contralor Alejandro Carvajal.
“Dar como demostrada no estándolo que el documento de folio 160, ratifica la ocurrencia de los hechos imputados al demandante, por cuanto informa de la manera como en enero de 2004, la empresa tuvo que afrontar las consecuencia residuales con el saldo de la cuenta por cobrar de Griffin, que de manera palmaria demuestra que aunque la conducta omisiva del actor no estuvo encaminada a apropiarse de un solo peso, ésta sí generó un gran traumatismo en la empresa para con su cliente, que como lo afirma el mismo demandante en correo electrónico, era el más importante para la empresa”.
Indica como “Documentos erróneamente apreciados” el artículo 115 del Reglamento Interno de Trabajo (folio 222), la inspección judicial; el documento de folio 160 y las declaraciones de Alejandro Guzmán (folios 331 a 333), Yanette Orieta Rodríguez (folios 33 y 334) y Eladio Enrique Martínez (folios 325 a 330).
En el capítulo que titula ‘Demostración del cargo’, dice el recurrente que si el Tribunal hubiera apreciado correctamente los anteriores medios de prueba, habría concluido “que fueron pretermitidos los siguientes pasos u oportunidades propios del debido proceso a seguir (…)”, pasando a relacionar los estancos, momentos o etapas de un proceso disciplinario en las que comprende, según su parecer: comunicación formal de apertura del procedimiento al imputado con descripción de las faltas y su calificación provisional, y el traslado de las pruebas que lo fundamentan; etapa de descargos registrada en actas con el tiempo utilizado para ello, para controvertir pruebas y allegar las suyas, y constancia de la presencia del disciplinado y los compañeros de trabajo que lo asisten; el decreto de pruebas y su práctica; la decisión del empleador con la constancia de los recursos que contra ella proceden, etc.
Y redondea su argumentación con la aseveración de que “incurre el Ad Quen (sic) en un error craso y desmedido puesto que un ninguno de los medios de prueba se corrobora que la empresa demandadaza (sic) pudo probar la ocurrencia y tipificación de la falta grave que menciona la carta de terminación al describir las conductas tipificadas en el art. 62 numeral 6 y 58 numeral 5 del Código Sustantivo del Trabajo, en concordancia con del (sic) Reglamento Interno de Trabajo que rige para Cartón de Colombia S.A”.
La empresa replicante reprocha al cargo, y a la demanda en general, desatender las exigencias, directrices y contenidos propios del recurso extraordinario. Además, confundir la sanción disciplinaria con la terminación unilateral del contrato de trabajo con justa causa.
Razón le asiste a la réplica en que lo enrevesado del cargo no permite a la Corte un estudio de fondo que pudiera afectar en modo alguno la robustez del fallo atacado.
En efecto, en lo que podría tenerse como alcance de la impugnación --que el recurrente no intitula como tal, sino que, como ya se anotó, incluye en el acápite denominado “sentencia recurrida en casación”-- lo que señala es, después de identificar la sentencia atacada, que “(…) para que convertida esa Corporación en sede de Instancia se profiera sentencia, revocando la proferida por la Segunda instancia y en su lugar confirme la sentencia de primera instancia revocada” (folio 5), olvidando injustificadamente lo que la jurisprudencia ha considerado insistentemente al respecto, esto es, que al recurrente compete, primeramente, indicar si persigue la casación total o parcial de la sentencia del Tribunal, y en este último caso en qué aspectos, así como, anulada la sentencia del Tribunal por razón del recurso, igualmente indicar lo que debe hacer la Corte respecto de la decisión de primer grado, esto es, confirmarla, revocarla total o parcialmente o adicionarla, conforme a la posición que hubiere asumido frente a la alzada. Aquí no cumple de manera explícita lo primero y al aludir a la sentencia del Tribunal propone su revocatoria, lo cual no es posible, habida cuenta de que casada no es posible de revocarse, dado que su anulación la hace desaparecer del mundo jurídico. La revocatoria sólo procederá en relación con la del primer grado, pero ya se ha dicho, dependiendo de la posición que se hubiere tenido frente a la alzada.
No obstante la precariedad del alcance de la impugnación, por las resultas de las instancias cabe deducir que lo pretendido por éste es la casación total de la sentencia del Tribunal --que le fue completamente adversa-- y la confirmación de la de primera instancia --que fue la que accedió a las pretensiones subsidiarias de su demanda inicial--.
Pero que sea superable el anterior escollo técnico de la demanda, para nada significa que el único cargo que contra la sentencia del Tribunal orienta tenga vocación de prosperidad, pues, como igualmente ya se anotó, a pesar de enlistar los que singulariza como errores de hecho causantes de la violación de la ley por vía indirecta que le atribuye al fallo, y de señalar que a ellos se llegó por el juzgador por apreciar erróneamente unos ‘documentos’, entre los que incluye los testimonios de Alejandro Guzmán, Yanette Orieta Rodríguez y Eladio Enrique Martínez, así como una inspección judicial que no determina, en el capítulo mediante el cual pretende demostrar los referidos yerros probatorios, el recurrente se da es a la tarea de reseñar los estancos, momentos, etapas, instancias y demás contingencias y actos procedimentales que debía llenar un procedimiento disciplinario que, en su parecer, tenía que haber cumplido su empleadora, pero no a demostrar, como lo exige la lógica del recurso extraordinario y el artículo 90-5 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la clase de error que respecto de cada uno de éstos cometió el juzgador, y que por tratarse de apreciación errónea del medio de convicción consiste, simple y llanamente, en mostrar lo que emerge manifiesto de éste, contrario a lo visto por el Tribunal, de manera que pueda concluirse que éste le hizo decir algo distinto a lo que evidentemente se desprende del contenido del respectivo medio de prueba.
Siendo ello así, el único cargo de la demanda de casación, con absoluta independencia de los aciertos o desaciertos en que pudiere haber incurrido el juzgador de la alzada en su decisión, cae al vacío, dado que, por plantearse a cobijo de un recurso extraordinario, debe cumplir unos parámetros técnicos mínimos, entre los que está el de indicar la fuente de los yerros que le endilga al fallo atacado, pero también, obviamente, el de demostrarlos. Lo anterior, por la sencilla y llana razón de que la sentencia del Tribunal llega a la sede extraordinaria precedida de las presunciones de acierto y legalidad que le dan el haberse producido tras el agotamiento de un proceso de doble instancia, y el proferirse en derecho por un juez colegiado en ejercicio de la función jurisdiccional, presunciones que compete derruir a quien imputa al fallo del Tribunal la violación de la ley sustancial laboral y papel que en manera alguna puede asumir oficiosamente la Corte, por tratarse el comentado recurso de un mecanismo de impugnación de parte en el indicado escenario procesal.
Aunado a lo dicho, más que suficiente para derruir el único cargo de la demanda de casación, pues carece de uno de los contenidos que le resultan esenciales, aparece que, de la lectura de la sentencia del Tribunal, según se vio en los antecedentes, lo que es dable concluir es que, sin atención a encontrar plenamente probada la causal de despido que le endilgara en su momento la demandada a su trabajador para terminar el vínculo jurídico que los ataba con justa causa, para el juzgador “el hecho de no haberse agotado el procedimiento disciplinario de imposición de sanciones para surtir la terminación del contrato (…), no tiene trascendencia alguna, (…) porque la terminación del contrato de trabajo con o sin justa causa no es la imposición de una sanción, sino la manifestación de la autonomía de la voluntad de una de las partes (…).
Así las cosas, ese que fue el argumento del juez de la alzada para desestimar la aplicación de un procedimiento disciplinario al trabajador para poder dar termino a su vínculo laboral, el recurrente no lo controvierte en manera alguna, pues lo poco que ya se visto plantea en la demostración del cargo es la serie de pasos que deberían surtirse, en su parecer, para agotar un trámite de tal naturaleza.
De suerte que, aparte de los dislates ya anunciados, al recurrente no le merece atención alguna el argumento jurídico del juzgador en que fundó su decisión de tener por cumplido el procedimiento que dio lugar a la terminación de su relación laboral, y que lo fue el ejercicio de la potestad concebida en la ley de resolver ese vínculo jurídico por razón del incumplimiento contractual de su trabajador, no por el del poder de corrección de la conducta laboral de su servidor.
Al quedar huérfano de ataque el dicho argumento, y de hacerse caso omiso a lo hasta ahora observado en torno de las deficiencias del recurso, por sí solo podría mantener incólume el fallo.
Con todo, por razón de la función unificadora de la jurisprudencia de la Corte, conviene recordar en cuanto a este particular aspecto del fallo que multitud de veces se ha asentado por ésta que es verdad, como lo sostuvo el Tribunal en su fallo, que el despido no es una sanción disciplinaria, por ende, para que dicho acto se produzca no es menester que previamente se agote un procedimiento, salvo que, por fuerza de los actos que convocan la voluntad del empleador, como la convención colectiva de trabajo, el pacto colectivo o el contrato, entre otros, se hubiere estipulado expresamente.
Sobre este tópico, en sentencia de 13 de agosto de 2008 (Radicación 32.422), para citar apenas un ejemplo, dijo la Corte:
“Cabe agregar, que esta Corporación de tiempo atrás ha sostenido que el despido no es una sanción disciplinaria, y que por ende para su imposición no hay obligación de seguir el trámite que se utiliza para la aplicación de sanciones disciplinarias, salvo que las partes lo hayan pactado expresamente como por ejemplo en el contrato de trabajo, convención colectiva, o pacto colectivo, que no es el caso que nos ocupa.
“Al respecto en sentencia del 25 de julio de 2002 radicado 17976, sobre el tema la Corte expresó:
“(….) Valga agregar que el artículo 115 del CST, prevé el procedimiento para imponer sanciones disciplinarias al trabajador, al cual debe ceñirse estrictamente el empleador cuando a ese fin apunta, descartando su aplicación cuando se trata del despido –que no es una sanción disciplinaria-, pues si la falta da lugar a la terminación del contrato de trabajo, la ley laboral no prevé ningún mecanismo o trámite previo a tal determinación, excepto en los casos en que procede el preaviso, según la clase de falta cometida (Art.7º Dcto.2351/65), dejando a salvo, obviamente, de este concepto lo que al respecto se hubiera pactado en el contrato de trabajo, convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral, etc.”
“Y en casación del 24 de julio de 2003 radicación 19876, se dijo:
““(….) Así se afirma por cuanto la jurisprudencia de la Corte ha precisado que la naturaleza del despido no es la de una sanción, por lo que para adoptar una decisión de esta índole el empleador, salvo convenio en contrario, no está obligado por ley a seguir un procedimiento de orden disciplinario; así se dijo, por ejemplo, en las sentencias del 10 de agosto de 2000, radicación, febrero 19 de 2002, radicación 17453 y julio 25 de 2002, radicación 17976, entre otras”.
Lo hasta ahora consigna impone a la Corte memorar el carácter extraordinario y técnico del recurso de casación, e insistir que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, pues su labor, siempre que el impugnante sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia para así establecer si al dictarla el juez observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto y mantener el imperio de la ley. Por ello se ha dicho que en el recurso de casación se enfrentan la ley y la sentencia, no quienes actuaron como contrapartes en las instancias.
La labor de persuasión que debe llevar a cabo quien recurre una sentencia en casación no puede ser suplida con una retórica vacua o con afirmaciones sin ningún respaldo en las pruebas que se singularizan como generantes de los errores de hecho, en razón de haber sido erróneamente apreciadas o por no haber sido valoradas, como aquí al final fue lo que pasó.
De lo que viene de decirse, y sin que sea menester resaltar mayores deficiencias al cargo, éste se declara infundado.
Costas en el recurso extraordinario a cargo del recurrente. Como agencias en derecho téngase la suma de $3’000.000.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia proferida el 13 de marzo de 2009 por el Tribunal Superior de Barranquilla, en el proceso promovido por Álvaro Rafael Ortega Cañarete contra la sociedad Cartón de Colombia S.A.