Source: http://www.slideshare.net/TIGREBAB/monroy-cabra
Timestamp: 2016-02-09 22:42:53
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107MarcoGerardoMonroyCabraACDI, Bogotá, Año ISSN: 2027-1131, 1. Nº 1: 107-138, 2008El Derecho Internacional como fuente delDerecho ConstitucionalFecha de recepción: 3 de diciembre de 2007Fecha de aceptación: 18 de marzo de 2008Marco Gerardo Monroy Cabra*	Resumen: El presente trabajo trata de demostrar que el Derecho Internacionalha llegado a constituirse en fuente del Derecho Constitucional. Para este efecto,se analizan las relaciones entre el Derecho Internacional y el Derecho internohaciendo un breve resumen de las teorías dualista y monista y la jurisprudenciainternacional. Luego se indaga la recepción del Derecho Internacional consuetu-dinario y Derecho Internacional convencional en los ordenamientos internos, locual se estudia a la luz del Derecho comparado, concluyendo que se incorporande distinta manera de acuerdo con la Constitución respectiva. A continuaciónse analiza la jerarquía del Derecho Internacional consuetudinario y convencionalrespecto a las normas nacionales, para lo cual se hace un bosquejo del DerechoConstitucional comparado. Luego se estudia la recepción, jerarquía y normatividadconstitucional del Derecho Internacional en derecho colombiano. Por último, sededucen conclusiones del análisis jurídico realizado.	Las dos conclusiones principales son estas: la primera, que la recepcióny jerarquía del Derecho Internacional (consuetudinario o convencional) respectodel Derecho doméstico o Nacional se resuelve de acuerdo con lo previsto enla Constitución de cada Estado. La segunda, que un Estado no puede alegardisposiciones de su Constitución para negarse a cumplir un tratado, pues si loincumple incurre en responsabilidad internacional.Palabras clave: recepción, jerarquía, Constitución, Derecho Internacional.Abstract: This article has the purpose to prove that the Customary InternationalLaw and the Conventional International Law are sources of ConstitutionalLaw. First, it analyses the matter of the relations between International Lawand National or Domestic law according with the theories dualism and monistand international decisions. Then, it studies the reception and the hierarchy ofInternational Customary and Conventional Law to Domestic Law includingConstitution. This matter has been studied according with several Constitutions* Expresidente y magistrado de la Corte Constitucional, presidente de la Academia Colombiana de Ju-risprudencia, profesor emérito y honorario de la Universidad del Rosario, expresidente de la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos. Dirección electrónica: mgmonroy@cable. net.co
ElDerechoInternacionalcomofuentedelDerechoConstitucional108ACDI, Bogotá, ISSN: 2027-1131, Año 1. No1, pp. 7-468, 2008and the international doctrine. Then, it considers the constitutional regulationsabout international law in the Constitution of the Republic of Colombia.	The general conclusion is that International Law is incorporated indomestic law according with the Constitution of each country. But every state hasthe duty to carry out in good faith its obligations arising from treaties and othersources of International Law, and it may not invoke provisions in its Constitutionsor its Laws as an excuse for failure to perform this duty. Accordingly, state practiceand decided cases have established this provision, and the same rule is establishedin articles 27 and 46 of the Vienna Convention on Law of Treaties of 1969.Key Words: International Law, reception, hierarchy, Constitution.1. Introducción	El objeto del presente estudio es demostrar que el Derecho Internacionalha llegado a ser una fuente del Derecho Constitucional. Esta nueva fuente seinscribe dentro los conceptos de globalización e interdependencia que caracterizanel mundo actual. Este hecho ha conducido a que las modernas Constitucionesregulen normativamente no sólo la incorporación del Derecho Internacional enel Derecho interno, sino la jerarquía y la forma de resolver los conflictos entre losdos ordenamientos jurídicos.	Para tratar el tema, se analiza la controversia doctrinal respecto de lasrelaciones entre el Derecho Internacional y el Derecho interno que se ha puestode presente en las concepciones dualista, monista y monista moderada.	Las anteriores concepciones han conducido a que las Constitucionesadopten diversos criterios para interpretar dicha relación que son los de latransformación, la incorporación y el de la ejecución.	Asimismo, se indaga la posición de la jurisprudencia internacional yarbitral respecto a las relaciones entre los dos ordenamientos jurídicos que sostienela prevalencia del Derecho Internacional sobre el Derecho interno, incluida laConstitución.	De igual manera, se hace referencia a lo previsto en las Convencionesde Viena de 1969 y 1985 que adoptan la concepción monista moderada conpreeminencia del Derecho Internacional.	Del análisis doctrinal, jurisprudencial y lo previsto en las Convencionesde Viena sobre Derecho de los Tratados se deduce que un Estado no puede alegarlas disposiciones de su Derecho interno como justificación del incumplimientode un tratado. Igualmente, se deduce que el incumplimiento de un tratado generaresponsabilidad internacional para el Estado respectivo.	Luego se hace una relación de la regulación normativa que contienen lasdistintas Constituciones para concluir con un análisis de lo previsto en el derechocolombiano al respecto.
109MarcoGerardoMonroyCabraACDI, Bogotá, Año ISSN: 2027-1131, 1. Nº 1: 107-138, 2008El trabajo termina con las conclusiones que son fundamentalmente dos: a) Larecepción del Derecho Internacional tanto convencional como consuetudinarioen el Derecho interno se regula en la forma prevista por cada Constitución; yb) Un Estado no puede alegar como causa de incumplimiento de un tratado laviolación de su Constitución o de su ordenamiento interno.2. Fuentes del Derecho Constitucional	La doctrina ha distinguido entre fuentes materiales y fuentes formales.Las fuentes materiales están constituidas por los factores económicos, sociales, po-líticos, religiosos, históricos, que han dado lugar a los preceptos constitucionales yque constituyen lo que Pablo Lucas Verdú denomina “realidad constitucional”.1	La fuente del Derecho más importante es la Constitución, la normajurídica suprema que implica que tanto los ciudadanos como los poderes públicosse encuentran sujetos a la misma. Actualmente, se reconoce en la doctrina lafuerza normativa de la Constitución y su eficacia directa.2	Las fuentes formales están formadas por la Constitución y las distintascategorías de leyes, incluyendo las orgánicas, las estatutarias, las marco etc. De igualmanera, en este estudio se afirma que el Derecho Internacional ha llegado a seruna fuente del Derecho Constitucional. Las fuentes no formales están constituidaspor la costumbre constitucional, los principios y valores constitucionales.	Por otra parte, cabe anotar que se suele mencionar como fuente auxiliarla doctrina constitucional. En cuanto a la jurisprudencia constitucional, se haconsiderado como fuente principal por gran parte de la doctrina.3	El objeto de este trabajo es demostrar que el Derecho Internacional,ya sea consuetudinario o convencional, ha llegado a ser fuente del DerechoConstitucional, aunque con distinto valor y con diferentes modalidades, según loprevisto en el ordenamiento jurídico respectivo.3. Planteamiento del problema	La relación entre el Derecho Internacional y el Derecho interno esuno de los aspectos básicos del Derecho Internacional. Pero, debería serlo delDerecho Constitucional, por lo cual la teoría de las fuentes de este Derecho debeconsiderar como una de ellas el Derecho Internacional.El análisis del tema se puede hacer desde el punto de vista teórico como desde elaspecto del Derecho positivo vigente en cada Estado.1 Verdú, P., Curso de Derecho Político, vol. IV, Madrid, Edit. Tecnos, 1984, p. 78.2 Monroy, M., “La Constitución como fuente de Derecho: Sistema de fuentes” en Anuario de DerechoConstitucional Latinoamericano, Montevideo, Konrad Adenauer Stiftung, 2002, p. 13.3 De Otto, I., Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, Barcelona, Ariel Derecho, 1998; García, E. yPredieri, A., La Constitución Española de 1978. Estudio Sistemático, 2ª ed., Madrid, Civitas, 1984; Díez-Picazo, L. “La Jurisprudencia”, en Vives, A. (comp.), El Poder Judicial, vol. 1, Madrid, Civitas, 1983, p.267 y ss.
ElDerechoInternacionalcomofuentedelDerechoConstitucional110ACDI, Bogotá, ISSN: 2027-1131, Año 1. No1, pp. 7-468, 2008	Expresa el tratadista Santiago Sánchez González4que “la mayoría denuestros constitucionalistas más preclaros no han prestado la atención que vienereclamando el Derecho Internacional como fuente de producción de normas,quizás porque todavía lo siguen considerando, de manera inconsciente, periféricorespecto del ordenamiento interno.” Sin embargo, hay estudios sobre la materia.5	El tratadista Néstor Pedro Sagüés6dice que “El derecho internacionales fuente del derecho constitucional, en cuanto sus preceptos regulen asuntosfundamentales concernientes a la estructura y funcionalidad del Estado. Enel siglo XIX, el cupo de temas constitucionales captado por el derecho internacional erarelativamente reducido por la sencilla razón de que el derecho internacional teníaen ese momento un desarrollo discreto. Actualmente, la situación ha cambiadodrásticamente y por varios motivos.” Enumera luego como motivos la aceptación dela idea de bien común internacional como objetivo de la comunidad internacional,la incorporación del tema de los derechos humanos, y la aceptación de la idea desupranacionalidad como idea fuerza del Derecho comunitario. Luego, agrega que:“Una muestra del crecimiento del derecho internacional es su actual cotizaciónpor el derecho constitucional. Tal revalorización se refleja, por ejemplo, en elmayor espacio que varias constituciones dedican tanto al tratamiento de la políticainternacional del Estado (Irán de 1979, arts. 152 y 155); Albania de 1976, art. 34),como a la regulación de las competencias nacionales para producir normas dederecho internacional (treaty making power), o su puesta en funcionamiento (powerto perform), y asimismo en el tratamiento constitucional del contenido de esostratados o convenciones. Así, por ejemplo, las constituciones de España de 1978,arts. 93 a 96, y de la República Federal de Alemania, arts. 24 a 26 y 59.”	Este mismo autor7dice que las relaciones entre el Derecho Internacionaly el Derecho Constitucional no han sido pacíficas. Dice que hay desconfianza delDerecho Constitucional local hacia el Derecho Internacional especialmente enel tercer mundo, que considera que el Derecho Internacional clásico obedecea las reglas dictadas por las potencias dominantes. A su vez las naciones delprimer mundo consideran que “el derecho internacional actual tiende a ser cadavez más confuso y peligroso, especialmente por el peso numérico que tienenen las organizaciones internacionales las nuevas naciones subdesarrolladas, confrecuencia de factura ideológica anticapitalista.”	La supremacía de la Constitución no se desvirtúa por la existencia delDerecho Internacional o del Derecho comunitario porque los tratados sólo son4 Sánchez, S. y Mellado, P., La Constitución democrática española y sus fuentes, Madrid, Editorial Centro deEstudios Ramón Areces S.A, 2003, p. 217.5 Rodríguez, J., “Derecho Internacional y sistema de fuentes del derecho: la Constitución española”,en La Constitución Española de 1978. Estudio Sistemático, Civitas, Madrid, 1980, pp. 573-611. Igualmente,Cassese, A., “Modern Constitutions and International Law”, en Recueil des Cours, Collected Courses of theHague Academy of Internacional Law, London, Martinus Nijhoff Publishers, 1986, t. 192, 1985-III-441a 442.6 Sagüés, N., Teoría de la Constitución, 1ª reimpresión, Buenos Aires, Editorial Astrea, 2004, p. 367.7 Ibídem, p. 379.
111MarcoGerardoMonroyCabraACDI, Bogotá, Año ISSN: 2027-1131, 1. Nº 1: 107-138, 2008válidos si se sujetan a lo que la Constitución dispone. Tan cierto es esto que si untratado internacional contiene estipulaciones que sean contrarias a la Constituciónse exige la previa revisión constitucional. De igual manera, muchas Constitucionesconsagran una norma que autoriza al Gobierno para la celebración de tratados porlos que se atribuya a una organización internacional el ejercicio de competenciasderivadas de la Constitución.	Como no hay uniformidad en las Constituciones respecto tanto a laincorporación del Derecho Internacional como a su jerarquía y a la forma de resolverlos conflictos entre los dos ordenamientos jurídicos, se hace necesario hacer nosólo un análisis de Derecho Constitucional comparado como lo sostenido por ladoctrina y la jurisprudencia internacional. Este estudio permitirá concluir en queafirmación de que el Derecho Internacional es fuente del Derecho Constitucional.4. Relaciones entre el Derecho Internacional y el Derecho interno4.1. Introducción	Existen dos dimensiones para afrontar las relaciones entre el DerechoInternacional y el Derecho interno: la dimensión positivista, que es el análisis dela respuesta que ofrece cada uno de los ordenamientos jurídicos acerca de cómose integran las normas internacionales en el ordenamiento interno, y cuál es laposición de estas normas en el sistema jurídico estatal. La segunda dimensión esdoctrinal.8	Las dos principales teorías son la dualista y la monista. La polémica seha suscitado desde 1899, cuando aparece la obra de Triepel, Völkerrecht undLanddesrecht (Derecho Internacional y Derecho Interno).94.2. Concepción dualista	En la concepción dualista hay dos ordenamientos jurídicos distintos yseparados: el nacional y el internacional. Ambos ordenamientos tienen fuentesdistintas, pues el Derecho Internacional regula las relaciones entre Estados y elDerecho interno las que se presentan entre personas o entre el Estado y sussúbditos. Por tanto, como el Estado es soberano la validez del orden constitucionales independiente de su conformidad o no con el Derecho Internacional. Laconsecuencia del incumplimiento de un tratado es hacer al Estado respectivoresponsable internacionalmente. Además, tratándose de dos sistemas autónomos,entre los cuales no existe relación de dependencia o subordinación, la normainternacional para recibir aplicación en el orden interno necesita ser transformadao incorporada a éste, mediante acto de voluntad del legislador nacional.8 González J. et al., Curso de Derecho Internacional Público, Madrid, Civitas S.A., 1998, p. 257 y ss.9 Triepel, H., “Les rapports entre le droit interne et le droit international” en Cassese, A. (trad.), Collec-ted Courses of the Heague Academy of International Law, Natinus Nijhoff Publishers, vol. 1, 1923.
ElDerechoInternacionalcomofuentedelDerechoConstitucional112ACDI, Bogotá, ISSN: 2027-1131, Año 1. No1, pp. 7-468, 20084.3. Concepción monista	La concepción monista sostiene que hay “un sistema normativouniversal” (Kelsen). Esta unidad del ordenamiento jurídico conlleva la prevalenciadel Derecho Internacional, que delega en los órganos nacionales la facultad paradictar el ordenamiento nacional. Según Kelsen, las normas jurídicas derivan suvalidez y su fuerza obligatoria de otras normas superiores desde el punto de vistajerárquico hasta llegar a la norma fundamental o grundnorm.10	El monismo con primacía del Derecho interno es consecuencia de lasoberanía estatal absoluta, lo que conduce a la negación del Derecho Internacional.En cambio, el monismo con primacía del Derecho Internacional sostiene queeste Derecho es un orden superior del cual dependen los sistemas jurídicos delos Estados. Esta teoría ha sido sostenida por Kelsen, Verdross y Kunz y por laescuela sociológica francesa (Scelle).4.4. Convenciones de Viena de 1969 y 1985 sobre Derecho de los Tratadosentre Estados, entre Estados y Organizaciones Internacionales, o entreOrganizaciones Internacionales entre síHay variantes de estas teorías monista y dualista que no podemos analizar eneste momento.11	las normas pertinentes de las dos Convenciones de Viena sobre el De-recho de los Tratados son los artículos 26, 27 y 46.	El artículo 26 dice: “Pacta sunt Servanda”. Todo tratado en vigor obli-ga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. El artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Trata-dos dispone lo siguiente: “El derecho interno y la observancia de los tratados.Una Parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como jus-tificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma reentenderá sin perjui-cio de lo dispuesto en el artículo 46.”	El artículo 46 dice: “Disposiciones de derecho interno concernientesa la competencia para celebrar tratados. 1. El hecho de que el consentimientode un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifestado en violación deuna disposición de su derecho interno concerniente a la competencia paracelebrar tratados no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de suconsentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una normade importancia fundamental de su derecho interno. 2. Una violación es10 Kelsen, H., “Les rapports de systéme entre le Droit interne et le Droit International”, en Recueil desCours, Collected Courses of the Hague Academy of Internacional Law, London, Martinus Nijhoff Publishers,1926. IV, vol. 14, p. 227 y ss.11 Un análisis de las relaciones entre el Derecho Internacional y el Derecho interno se encuentra ennuestra obra Derecho Internacional Público, 5ª ed., Bogotá, Temis, 2002, p. 134 y ss. Ver igualmenteVanossi, J., Régimen constitucional de los tratados, Buenos Aires, Edit. El Coloquio, 1969; Verdross,A., Derecho internacional público, Aguilar, Madrid, 1967; Truyol, A., Fundamentos del derecho inter-nacional público, Madrid, Tecnos, 1977; Jiménez, E., “Introducción al problema de las relaciones entreel derecho internacional y el derecho interno” en Separata de la Revista Jurídica, Buenos Aires, 1962.
113MarcoGerardoMonroyCabraACDI, Bogotá, Año ISSN: 2027-1131, 1. Nº 1: 107-138, 2008manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado que procedaen la materia conforme a la práctica usual y de buena fe.”	Estos tres artículos permiten concluir que las Convenciones de Vienasobre Derecho de los Tratados adoptaron una concepción monista con preemi-nencia del Derecho Internacional con excepción de una violación manifiesta deuna norma fundamental de su Derecho interno concerniente a la competenciapara celebrar tratados. Estas Convenciones reflejan el Derecho Internacionalexistente en esta materia.124.5. Jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia y de los Tribunalesarbitrales	La jurisprudencia internacional se inclina por darle primacía al DerechoInternacional sobre el Derecho interno.13	En efecto, la tesis monista fue sostenida por la Corte Internacional deJusticiaenloscasosCamerúnv.Nigeria,14,PolishNationalsenDanzig,15Applicabilityof the Obligation to Arbitrate,16Lockerbie,17Serbian Loans of 1929,18CertainGerman Interests in Polish Upper Silesia.19	Como lo expresa Malcolm N. Shaw,20“A pesar de las múltiples funcionesque el derecho nacional cumple en la esfera del Derecho Internacional, se debeenfatizar que la presencia o ausencia de una norma dentro del orden internodel Estado, incluyendo la Constitución, no pueden ser aplicadas para evadir unaobligación internacional. Cualquier otra solución deja al Derecho Internacionalcon carácter precario.” El TPJI en el asunto del intercambio de poblaciones griegas y turcasexpresó: “Un Estado que ha contraído válidamente obligaciones internacionalesestá obligado a introducir en su legislación las modificaciones que sean necesariaspara asegurar la ejecución de los compromisos asumidos”.21	La CPJI, por su parte, expresó: “Un Estado no puede invocar respectode otro Estado su propia Constitución para sustraerse a las obligaciones que leimpone el Derecho Internacional (consuetudinario) o los tratados en vigor”.2212 Vanossi, J. y Dalla, A., Régimen constitucional de los Tratados, 2ª ed., Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2000.13 Lo anterior se puede ver en CPJI, Serie B, núm. 10, p. 20; CPJI, Serie A/B, núm. 44, p. 24; CPJI,Serie A, núm. 1, p. 29; CPJI, Serie B, núm. 17, p. 32; CIJ, Recueil des Cours, Collected Courses of the HagueAcademy of Internacional Law, London, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, p. 34.14 ICJ Reports, 2002, para. 265.15 PCIJ, Series A/B, núm. 44, pp. 21, 24.16 ICJ Reports, 1988, pp. 12, 34.17 ICJ Reports, 1992, pp. 3, 32.18 PCJI, Series A, núm. 20.19 PCJI, Series A, núm. 7, p. 19; 3 AD, p. 5.20 Shaw, M., Internacional Law, 5ª ed., Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 127.21 CPJI, Serie B, núm. 10, p. 20.22 CPJI, Serie A/B, núm. 44, p. 24.
ElDerechoInternacionalcomofuentedelDerechoConstitucional114ACDI, Bogotá, ISSN: 2027-1131, Año 1. No1, pp. 7-468, 2008	En el asunto de las Comunidades greco-búlgaras el Tribunal Permanen-te dijo: “es un principio generalmente reconocido del Derecho de gentes que, enlas relaciones entre las Potencias contratantes de un tratado, las disposiciones deuna ley interna no pueden prevalecer sobre las del tratado”.23	En la Opinión Consultiva dada por la Corte Permanente de Justicia In-ternacional24en el caso de los empleados ferroviarios de Dantzig que habían pasadoen este mismo carácter a Polonia, respecto a un acuerdo celebrado entre dos suje-tos de Derecho Internacional, afirmó: “… puede fácilmente admitirse que, según unprincipio bien establecido de Derecho Internacional, el acuerdo, siendo un tratadointernacional, no puede, como tal, crear directamente derechos y obligaciones paraparticulares. Pero no puede negarse que el objeto mismo de un acuerdo internacional,conforme a la intención de las partes contratantes, puede ser la adopción por las partescontratantes, de algunas reglas definidas que creen derechos y obligaciones para losindividuos y sean susceptibles de ser aplicadas por los tribunales nacionales.” Además,agregó: “Un Estado no puede invocar contra otro su propia Constitución con mirasa evadir obligaciones que le incumba por el Derecho Internacional”.25	En el caso de las Zonas Francas26la Corte dijo lo siguiente: “Francia nopuede apoyarse en su propia legislación para limitar el alcance de sus obligacio-nes internacionales”.	EnelcasodelestatutojurídicodeGroenlandiaOrientallaCPJIjuzgóunade-claraciónhechaporelministrodeRelacionesExterioresalministrodeDinamarca.LaCortedijoquedichadeclaraciónobligabaaNoruega,apesardequeesteEstadoaducíaque su ministro había sobrepasado sus poderes constitucionales.27	En las sentencias arbitrales internacionales prevalece la tesis monista. Enlos asuntos Montijo (26/7/1875), Cleveland (1888) Georges Pinson (19/1928),régimen aduaneros franco-suizo (1912) y Del Río Martín (1924) los árbitros senegaron a considerar las infracciones constitucionales y sostuvieron la validez delprotocolo y del canje de notas.28	De acuerdo con lo anterior hay que concluir que la jurisprudencia internacionalacepta que un Estado no puede alegar incumplimiento de sus disposiciones de Derechointerno, incluida su Constitución para negarse a cumplir un tratado y que si lo incumpleincurre en responsabilidad internacional.23 CPJI, Serie B, núm. 17, p. 32; CIJ, Recueil des Cours, Collected Courses of the Hague Academy of Interna-cional Law, London, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, p. 35.24 CPJI, Serie B, núm. 15, p. 17.25 CPJI, Serie A/B núm. 44, p. 24.26 CPJI, Serie A/B, núm. 46, p. 167.27 CPJI, Serie A/B, núm. 46, p. 170.28 Moore, J. B., International Arbitrations, vol. II, Nueva York, 1946; Reports of International ArbitralAwards, vol. V, p. 327. Recueil des Sentences Arbitrales (R.I.I.A/R.S.A).
115MarcoGerardoMonroyCabraACDI, Bogotá, Año ISSN: 2027-1131, 1. Nº 1: 107-138, 20085. Recepción de las normas internacionales en el orden jurídico interno5.1. Recepción del Derecho Internacional General de naturalezaconsuetudinaria	En relación con la aplicación del Derecho Internacional General denaturaleza consuetudinaria en el Derecho interno, Paul de Vischer29señala queexisten cuatro grupos de cláusulas constitucionales, a saber:Cláusulas que conllevan la adopción obligatoria, aunque no automática,1.	de las reglas de Derecho Internacional General;Cláusulas que consagran la adopción automática en el orden interno de2.	las reglas de Derecho Internacional General;Cláusulasqueestablecenlaadopciónautomática,lasuperioridaddelDerecho3.	Internacional sobre el Derecho interno, e instaurando un procedimientopara controlar la conformidad de este con el primero; y,Cláusulas que enuncian de manera formal e individualizada ciertas reglas4.	del Derecho internacional General.30	El primer grupo implica la obligación de incorporar al DerechoInterno las reglas del Derecho Internacional General. Se pone como ejemploel artículo 7 de la Constitución republicana española de 1931 conformea la cual “el Estado español acatará las normas universales del DerechoInternacional General, incorporándolas a su Derecho Interno.” El segundo grupo es la de los Estados que adoptan la norma consue-tudinaria inglesa: “Internacional Law is a part of the Law of the Land”. Esdecir, se hace la incorporación automática del Derecho internacional Generalcomo parte del Derecho interno. Es la fórmula de la Constitución de EstadosUnidos de América, y adoptada por el artículo 10 de la Constitución italianade 1948, el artículo 5 de la Constitución de la antigua República DemocráticaAlemana de 1968, el artículo 28 de la Constitución de Grecia de 9 de juniode 1975, el artículo 8 de la Constitución de Portugal de 2 de abril de 1976, laConstitución de 1993 del Principado de Andorra y otras Constituciones. El tratadista José A. Pastor Ridruejo31dice al respecto: “En realidad,este sistema es seguido por la casi totalidad de Estados, cuyos tribunalesaplican, sin necesidad de acto especial alguno de recepción, el Derecho29 De Vischer, P., “Les tendances internationales des constitutions modernes”, en Recueil des Cours,Collected Courses of the Hague Academy of Internacional Law, London, Martinus Nighoff Publishers, s. f.,vol. 8, p. 520. Cita de Ridruejo, J., Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales, 9ªed., Madrid, Tecnos, 2003, p. 172 y ss.30 En esta exposición hemos seguido a José A. Pastor Ridruejo, ibíd., p. 172 y ss. Este tratadista resu-me la clasificación de Paul de Vischer citada.31 Ridruejo, J., op. cit., p. 173.
ElDerechoInternacionalcomofuentedelDerechoConstitucional116ACDI, Bogotá, ISSN: 2027-1131, Año 1. No1, pp. 7-468, 2008Internacional Con-suetudinario. Respecto a la cuestión de la jerarquía de lacostumbre internacional en el interior de los ordenamientos jurídicos internos,hay constituciones que la equiparan a la ley (las de Austria y Portugal), con laconsecuencia de que puede ser derogada por una ley posterior en aplicación alprincipio “lex posterior derogat priori”, mientras que otras constituciones (Italia,Japón, República Federal de Alemania, Grecia) dan a las normas consuetudi-narias internacionales un rango superior a la ley interna lo que implica que unade estas leyes nunca puede derogar a una costumbre internacional.”	El tercer grupo está constituido por el artículo 25 de la Constituciónde la República Federal de Alemania de 1949; esta disposición incorpora comoDerecho federal todo el Derecho Internacional General, haciéndolo prevalecersobre las leyes y asignándole el efecto de producir inmediatamente derechosy deberes para los habitantes del territorio. En cuanto al Derecho Federal,queda sometido al control del Tribunal Constitucional, que puede verificar asíla conformidad del Derecho interno con el Derecho Internacional.	El cuarto grupo de cláusulas constitucionales enuncian ciertas reglas deDerecho Internacional General como algunos o todos los principios de DerechoInternacional como lo prevé el artículo 7 de la Constitución portuguesa de 1976.	Expresa Kelsen que el Derecho Internacional no hace depender suvalidez del reconocimiento de un Estado, pues cualquier Estado, por el hecho deserlo, asume las obligaciones y adquiere los derechos que el orden internacionalle impone.32Sin embargo, es útil realizar un bosquejo de lo que establecenalgunas Constituciones sobre la recepción del Derecho Internacional generalen el ordenamiento interno respectivo. Pero se pregunta: ¿Qué sucede en los Estados cuyas constitucionesguardan silencio respecto de la integración en el Derecho interno del DerechoInternacional consuetudinario? La respuesta es afirmativa en el sentido de quela recepción del Derecho consuetudinario internacional en el orden interno esautomática. Por ejemplo, en el caso colombiano ello se deduce del artículo 9 de laConstitución que consagra el respeto a los “principios del derecho internacionalaceptados por Colombia”. La integración del Derecho consuetudinario internacional en el ordeninterno se hace en forma automática en el entendido de que el Estado respectivohaya consentido en la formación de la costumbre por no haber adoptado unaconducta contraria u objetado la constitución de dicha costumbre.	Esto ha sido admitido por la jurisprudencia española en los casos dela Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 6 ) de 6 de marzo de 1982, que aceptaexpresamente que las normas contenidas en “las costumbres internacionales”resultan aptas para limitar directamente las normas españolas sobre competenciajudicial internacional. Igualmente, en la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala3) de 13 de junio de 1991 fundamenta el reconocimiento a los extranjeros delderecho a la tutela judicial efectiva ante los tribunales españoles en “una norma32 Kelsen, H., Teoría general del derecho y del Estado, 3ª ed., García, E. (trad.), México, UNAM, 1969.
117MarcoGerardoMonroyCabraACDI, Bogotá, Año ISSN: 2027-1131, 1. Nº 1: 107-138, 2008de derecho internacional general”.335.2. Recepción del Derecho convencional internacional en el Derecho interno	Expresa Paul de Vischer34que en la mayoría de Constituciones, el DerechoConstitucional no establece la adopción automática del tratado, sino que disponede un acto de recepción en el Derecho interno. Dice este autor que “Este acto derecepción puede ser, bien la mera publicación del tratado –sistema francés–, bien laorden de ejecución –sistema italiano–, que en los distintos Estados puede adoptarla forma de ley, decreto u orden, bien entendido que tal acto de recepción esindependiente de la manifestación del Estado en obligarse internacionalmente porel tratado. Ambos sistemas son dualistas porque en los dos es menester la recepcióndel tratado en el Derecho interno; tal recepción no se produce sin más porque eltratado esté en vigor. Ahora bien, la simple publicación supone un dualismo templado,moderado; la orden de ejecución comporta un dualismo fuerte o radical”. Otro de los problemas que existen es la aplicabilidad directa de lostratados internacionales. En algunos Estados se sigue la concepción monistay por ende los tratados son directamente aplicables. En Estados Unidos eltratado debe ser auto-ejecutable (self-executing) y crear un Derecho exigibleindividualmente. Sin embargo, en la práctica no se aplican los tratados por lainexistencia de una acción o de un procedimiento interno.35	La Corte Internacional de Justicia en 2001 y luego en 2004 consideróque la ausencia de información a los extranjeros de su derecho a tener contactocon las autoridades consulares viola el artículo 36 de la Convenciónde Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. En1998laCorteSupremadeEstadosUnidosrehusóaplicardirectamenteesta disposición que establece la comunicación de los cónsules con los nacionalesdel Estado que los envía, alegando la falta de procedimiento.36	Hay que observar que si la aplicación interna de un tratado es regidapor las normas de derecho interno, sea constitucional o legal de cada Estado, suaplicabilidad directa condiciona su justiciabilidad, o sea su invocación directa porlas personas interesadas.	En algunos Estados como Estados Unidos y Francia para que una nor-ma internacional se aplique directamente es necesario que en el tratado se confieraun derecho subjetivo a una persona, y que no se exija la aplicación de una accióno procedimiento legal para su ejecución.33 González, J. et al., Curso de Derecho Internacional Público, 6ª ed., Madrid, Civitas, 1998, p. 267.34 De Vischer, P., op. cit., p. 520.35 Este tema ha sido analizado por Taxil, B., “Les critères de l’applicabilité directe des traités inter-nationaux aux États-Unis et en France”, en Revue Internationale de droit comparé, núm. 1, enero-marzo,2007, p. 157 y ss.36 Broard v. Greene, 14 April 1998, 118 S.Ct 1332. Ver igualmente el fallo del 29 de junio, 2006, casoHamdan v. Rumsfeld.
ElDerechoInternacionalcomofuentedelDerechoConstitucional118ACDI, Bogotá, ISSN: 2027-1131, Año 1. No1, pp. 7-468, 2008	En Derecho comparado como analizaremos adelante, existen dos posi-ciones: los Estados que exigen un acto legislativo para la incorporación del trata-do en el orden interno del otro, y los que requieren la simple publicación del textodel tratado internacional sin necesidad de acto legal alguno.5.3. Derecho Institucional	Se trata de resoluciones emanadas de organizaciones internacionalesque, según el tratado constitutivo, son obligatorias para los Estados miembros.	Las cláusulas constitucionales son pocas en esta materia. El artículo 67de la Constitución de los Países Bajos dice que los artículos relativos a la fuerzainterna de los tratados tendrán aplicación análoga respecto a las decisiones de lasorganizaciones que dependen del Derecho Internacional.	El artículo 8 párrafo 3 de la Constitución de Portugal de 2 de abril de1976 dispone que “Las normas emanadas de los órganos competentes de lasorganizaciones internacionales de las que Portugal sea parte regirán directamenteen el orden interno, si así se encuentra expresamente establecido en los tratadosconstitutivos.”	Respecto a la recepción de resoluciones que contengan actos internosde la Organización cada Estado determina la forma como las incorpora en suderecho interno. Sin embargo, hay que excepcionar los actos de las organizacionesinternacionales que tengan carácter obligatorio como las resoluciones del Consejode Seguridad o las decisiones de los órganos de integración económica.	No es el momento de estudiar la posición del Derecho Internacional enel Ordenamiento Comunitario que ha sido analizado por la doctrina.376. Jerarquía y relaciones del Derecho Internacional en el orden jurídico internointerno, según el Derecho Constitucional comparado	Las interrelaciones normativas deben resolverse conforme a lo dispues-to por cada Constitución. Se observa que el Derecho comparado ofrece distintassoluciones.	Algunas Constituciones carecen de una norma constitucional que pro-clame la vigencia del Derecho Internacional en su ordenamiento jurídico. Sinembargo, un gran número de Constituciones hacen alguna referencia general orestringida al Derecho Internacional.6.1. Alemania	La Constitución alemana regula las relaciones entre el Derecho Interna-37 Díez-Hochleitner, J., La posición del Derecho Internacional en el Ordenamiento Comunitario, Madrid, Mc-Graw Hill, 1998.
119MarcoGerardoMonroyCabraACDI, Bogotá, Año ISSN: 2027-1131, 1. Nº 1: 107-138, 2008cional y el Derecho interno en los artículos 1, 2, 24, 25 y 59.2 de la Ley Funda-mental de Bonn.	El artículo 25 dice que: “Las normas generales del Derecho Interna-cional Público son parte integrante del Derecho federal. Estas38normas tienenprimacía sobre las leyes y constituyen fuentes directas de derechos y obligacionespara los habitantes del territorio federal.”	El artículo 59.2 dice:” Los tratados internacionales que regulen las re-laciones políticas de la Federación o que afecten a materias de legislación federalnecesitan la aprobación o participación de los órganos legislativos competentesfederales, prestada en forma de ley. De modo análogo se aplican las normas admi-nistrativas federales para los acuerdos de naturaleza administrativa.”	En Alemania, como se expresó anteriormente, se aceptan las reglas ge-nerales de Derecho Internacional que incluyen los principios generales de Dere-cho Internacional a que alude el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacionalde Justicia por ser complemento de las reglas generales. Estas reglas son parteintegrante del Derecho federal y crean derechos y deberes, de modo inmediato,en los habitantes del territorio de la Federación.	En relación con el artículo 25 se han sostenido dos tesis. La primeraafirma que se requiere acto de transformación mediante ley. La segunda adoptala tesis de la incorporación o del acto de ejecución. La norma internacional seconserva como tal y en modo alguno sería una regla jurídica interna alemana.39	La regla del artículo 59.2 exige la participación del órgano legislativo enla conclusión de un tratado internacional en dos supuestos: cuando el acuerdointernacional afecta las relaciones políticas de la Federación y cuando la materiadel tratado se refiere a cuestiones que son de competencia legislativa federal.	Las disposiciones de un tratado deben estar conformes con la Constitu-ción, puesto que si no lo están se incurre en vicio de inconstitucionalidad.Además, se acepta la aplicación preferente del Derecho comunitario, pero si sedesconocen derechos fundamentales se abre la competencia del Tribunal Consti-tucional Federal (Caso Solange-Beschluss).6.2. España	La Constitución republicana española de 1931 decía que: “El Estadoespañol acatará las normas universales del Derecho internacional, incorporándolasa su derecho positivo”. La Constitución española de 1978 contiene referenciasindirectas al Derecho Internacional general como el artículo 96, párrafo 1, in fine,y párrafo 2 del artículo 10.38 Cassese, A., Modern Constitutions and International Law, en Recueil des Cours, Collected Courses of theHague Academy of International Law, London, Martinus Nijhoff Publishers, s. f., t. 192, 1985-III-379,pp. 382 y 389.39 Puente, J., Lecciones de Derecho Internacional Público, vol. 1, Madrid, Dykinson, 1992, p. 84 y ss.
ElDerechoInternacionalcomofuentedelDerechoConstitucional120ACDI, Bogotá, ISSN: 2027-1131, Año 1. No1, pp. 7-468, 2008La armonía entre la norma interna y la internacional se garantiza por dos vías:	a) Ordinaria. Según el artículo 96 se garantiza por la publicaciónen que se incorpora automáticamente al sistema jurídico interno las reglascontenidas en el tratado internacional válidamente concertado, así comosu inderogabilidad por ley interna posterior mientras subsista la obligaciónconvencional internacional; y,	b) Extraordinaria. Cuando el tratado transfiera competenciaprevista en la Constitución a favor de una Organización Internacionalse requiere de autorización mediante ley orgánica (art. 93). Igualmente,los tratados que contengan disposiciones contrarias a la Constituciónno pueden ser ratificados sin previa revisión constitucional (art. 95.1).Conforme al artículo 95.2 el Gobierno o cualquiera de las Cámaraspuede acudir al Tribunal Constitucional a fin de que se declare lacompatibilidad o incompatibilidad entre la Constitución y el proyectadotratado internacional.	Se requiere la Publicación para que el tratado forme parte del ordena-miento jurídico español (art. 96 Constitución y 15 del Código Civil). Sin embargo,los acuerdos de Derecho comunitario europeo son acuerdos directamente aplica-bles en España sin necesidad de publicación.	Según parte de la doctrina, de los artículos 93 y 94.1 se deduce que eltratado tiene superior jerarquía a la ley, por ejemplo en materias de extradición yaplicación de la ley penal en el espacio.406.3. Austria	La Constitución de Austria dice en su artículo 9: “Las reglas gene-ralmente reconocidas del derecho internacional tendrán validez como parteintegrante del ordenamiento federal.” Esta disposición es igualmente adoptadaen Constituciones como las de Irlanda (art. 29-3), Italia (art. 10-1), Portugal (art.8-1), la de la ex-Unión Soviética de 1977 (art. 29) y la de la ex-Yugoslavia (art. VII,título preliminar).6.4. Hungría	La Constitución de Hungría (art. 7) adopta una fórmula intermedia,puesto que afirma que respeta las reglas del Derecho Internacional y, al mismotiempo, se compromete a asegurar la armonización entre sus obligaciones inter-40 Puente, J., ibíd., p. 110 y ss.
121MarcoGerardoMonroyCabraACDI, Bogotá, Año ISSN: 2027-1131, 1. Nº 1: 107-138, 2008nacionales y el Derecho interno.6.5. Reino Unido	Las relaciones entre el Derecho Internacional y el Derecho interno sefundamentan en la soberanía del Parlamento inglés en la constitución o modifica-ción de normas que afecten directamente a derechos subjetivos de los ciudadanos,y conclusión de los tratados por el Gobierno inglés.	El principio básico es que las reglas generales de Derecho Internacionalforman parte del Derecho del país y son aplicables en tanto no se opongan a unaley del Parlamento o alguna decisión del Tribunal Supremo. Es el principio queviene del siglo XVIII, “International law is a part of the law of the land”.	En cuanto al Derecho convencional, si un tratado modifica los derechosy deberes de los particulares afecta a las cargas públicas y sistema impositivo oexige modificación del common law o del Derecho escrito, la Corona necesitaprevia aprobación parlamentaria antes de ser ratificado por el Gobierno. En casode conflicto entre el tratado y una ley posterior prevalece esta.6.6. Estados Unidos de América	En cuanto a las reglas generales de Derecho Internacional, estas formanparte del Derecho norteamericano y como tales pueden ser aplicadas de oficiopor los tribunales (art. 2 C.P).	En cuanto al Derecho Internacional convencional el artículo 6.2 de laConstitución dice: “Esta Constitución y las leyes de los Estados Unidos que la desa-rrollan, así como los tratados que hayan sido concluidos o que se concluyan por elPresidente de los Estados Unidos, serán ley suprema del país.”	El artículo 2.2. de la Constitución establece que la facultad de concluirtratados corresponde al Presidente, debidamente autorizado por una mayoría dedos tercios en el Senado.	La condición de ley suprema del país que se otorga a los tratados debeentenderse como una equiparación a las leyes federales respecto de los cuales sesitúa en relación con la ley posterior. La superior jerarquía que se atribuye a lostratados es respecto de la legislación de los Estados miembros.	Los tratados pueden ser self executing, es decir, susceptibles de producirefecto directo y afectar a los derechos subjetivos de carácter individual, pero por re-gla general requieren de legislación interna que los haga susceptibles de ejecución.6.7. Francia	El sistema francés se fundamenta respecto de las relaciones entre el De-recho Internacional y el Derecho interno francés en el principio de la separación de
ElDerechoInternacionalcomofuentedelDerechoConstitucional122ACDI, Bogotá, ISSN: 2027-1131, Año 1. No1, pp. 7-468, 2008poderes y la preponderancia de la ley como manifestación de la soberanía popular.	El artículo 55 de la Constitución actual dice: “Los tratados y acuerdosregularmente ratificados o aprobados poseen, desde su publicación, una auto-ridad superior a la de las leyes, bajo reserva para cada acuerdo o tratado, de suaplicación por la otra Parte”.	La publicación oficial interna francesa es el acto de recepción de la nor-ma convencional en el Derecho francés.	Al tratado se otorga valor superior a la Ley, y se exige la reciprocidad.	No acepta la jurisprudencia la prevalencia de las reglas generales de De-recho Internacional.	En cuanto al Derecho Internacional convencional hay que distinguirtres aspectos: a) Aplicabilidad. Se exige la publicación, la reciprocidad, y el carác-ter self-executing de la regla internacional. b) Interpretación. Se sostiene la incom-petencia para interpretar tratados. La doctrina es resumida por J. Puente Egido41así: “En todo caso hay que diferenciar entre la jurisprudencia de los tribunalesadministrativos y la de los tribunales ordinarios. En los primeros la inhibición estotal y es el Ministerio de Asuntos Exteriores quien por la vía de la cuestión pre-judicial realiza una interpretación gubernamental de los acuerdos internacionalesa la que se someten los tribunales administrativos. La misma posición adoptan lostribunales penales. En cambio los tribunales civiles y, particularmente, la Sala Civilde la Cour de Cassation distinguen entre cuestiones de carácter privado para lasque se reserva una interpretación judicial, y asuntos de orden público internacio-nal o de derecho internacional público, que ésta remite al Ministerio de AsuntosExteriores y el Ministerio interpreta”.	Hay controversia en las relaciones entre el Derecho Internacional con-vencional y la Ley interna. Sin embargo, recientemente el Consejo de Estado haaceptado su competencia para controlar la conformidad de una norma internafrancesa con una regla de Derecho Internacional convencional (asunto Nicolo).	Según el artículo 55 de la Constitución se permite el control de la consti-tucionalidad de una proyecto de tratado internacional con el texto constitucional.En caso de oposición, la ratificación del tratado se condiciona a la necesidad de unareforma constitucional para poner en armonía el tratado con la Constitución.	Otra posibilidad es la aplicación del artículo 61 que se refiere a la cons-titucionalidad de la Ley pero que el Consejo Constitucional ha extendido a lostratados sobre la base del decreto ley que autoriza la ratificación o aprobación deéste.7. Modalidades de aceptación del Derecho Internacional en algunas Con-stituciones	Expresa Cassese42que varios Estados han restringido por diversosmedios su declaración de aceptación del Derecho Internacional:41 Puente, J., ibíd., p. 81.42 Cassese, A., op. cit., p. 381.
123MarcoGerardoMonroyCabraACDI, Bogotá, Año ISSN: 2027-1131, 1. Nº 1: 107-138, 20081) Se declara la recepción del Derecho Internacional en el Derecho Nacional, peroen relación a ciertas materias únicamente. El art. 15 de la Constitución de Hondurasdice que el Estado “hace suyos los principios y prácticas del derecho internacionalque propenden a la solidaridad humana, al respeto de la autodeterminación delos pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democraciauniversales”. El art. 3 de la Constitución de la República Dominicana limita elreconocimiento a las reglas “del Derecho Internacional y americano, en la medidaen que sus poderes públicos las hayan adoptado.”2) Otra forma es hacer referencia a tratados constitutivos de organizacionesinternacionales. El art. 86 de la primera Constitución de Argelia decía que elEstado se somete a “los principios y objetivos reconocidos en la Carta de lasNaciones Unidas, la Organización de la Unidad Africana y la Liga Árabe”.	Entre los Estados que hacen referencia a la Carta de las NacionesUnidas se encuentran la República Democrática de Yemen (1970), Qatar (1970),Bangladesh (1975) y Afganistán (1980). Esta referencia implica remisión a losprincipios generales de Derecho Internacional que están consagrados en la Cartade las Naciones Unidas.	Realmente muy pocas Constituciones establecen la obligatoriedad decumplir el Derecho Internacional general, algunos restringen dicha aplicación yotros hacen referencia a principios de Derecho Internacional o a la Carta de lasNaciones Unidas, a la Organización de la Unidad Africana y a la Liga Árabe, con locual implícitamente aceptan los principios de Derecho Internacional proclamadosen dichas Cartas.	Ahora bien, la aceptación del Derecho Internacional comprende tantoel Derecho convencional como el consuetudinario y los principios como fueronprecisados por la resolución 2625 de 1970 de las Naciones Unidas.	Según Cassese43, hay cuatro grupos de Constituciones:a) Aquellas que guardan silencio sobre la implementación de los tratados internacionales.Como ejemplo pueden mencionarse las Constituciones de Alemania de 1919 y de Italiade 1947. Sin embargo, la gran mayoría de la doctrina y la jurisprudencia han aceptadoen estos casos el principio “Pacta sunt Servanda” como costumbre internacional, y laprevalencia del tratado sobre la ley interna. Sin embargo, el silencio constitucional puededar lugar a controversias al respecto.b) Las Constituciones que establecen la obligatoriedad para los ciudadanos y las autoridadesde cumplir los tratados, pero no le otorgan una jerarquía mayor que la legislación ordinaria.Es decir, se les otorga igual valor a los tratados que a la Ley interna ya sea porque la normalo dice o porque se interpreta de esta manera.43 Cassese, A., op. cit., p. 394.
ElDerechoInternacionalcomofuentedelDerechoConstitucional124ACDI, Bogotá, ISSN: 2027-1131, Año 1. No1, pp. 7-468, 2008	Como ejemplos se pueden mencionar el art. 108 de la Constitución de Congo-Brazzaville de 1979 que dice: “Los tratados regularmente ratificados tienen fuerza de leybajo reserva para cada tratado de su aplicación por la otra parte.” Cabe mencionar elartículo VI de la Constitución de Estados Unidos que dice: “Esta Constitución, y las leyesde los Estados Unidos que se expidan con arreglo a ella, y todos los tratados celebradosque se celebren bajo la autoridad de los Estados Unidos, serán la ley suprema del país.”Según Cassese, esta misma situación se presenta en las Constituciones de Kuwait de 1962,Argelia de 1976, República de Corea de 1976, Madagascar de 1975, Portugal de 1976,Egipto de 1980 y Turquía de 1982.	Según Néstor Pedro Sagüés44, las consecuencias de laadopción de esta tesis son las siguientes: “1) Si el tratado vale tanto como la ley común,deroga a las leyes previas que se opongan a él; 2) A su vez, puede ser modificado poruna ley posterior (lex posterior derogat priori), y 3) también se deduce que el tratadono puede válidamente ir contra o modificar la constitución, ya que, como ley ordinaria,está subordinado a aquella, atento al principio de supremacía constitucional.” Estamos deacuerdo con esta argumentación que es la consecuencia de la equiparación entre el tratadoy la Ley.c) Constituciones que le otorgan al tratado rango cuasiconstitucional, o supralegal peroinfraconstitucional. Como ejemplos de esta situación, menciona este tratadista, los casos deCosta Rica que otorga a los tratados, convenios internacionales y concordatos “autoridadsuperior a las leyes” (art. 7), Honduras (art. 18), que dice que en caso de conflicto entre eltratado o convención y la Ley, prevalecerá el primero. Esta misma disposición en parecidostérminos se encuentra prevista en el art. 25 de la Constitución de Alemania ya citado y elart. 144 de la Constitución de El Salvador, que agrega que una ley no podrá modificar oderogar lo acordado en un tratado vigente.	A. Cassese45dicequealgunasConstitucionesleotorganrangodejerarquíasuperior a los tratados, con lo cual les concede rango “cuasi-constitucional”.	La superioridad de los tratados sobre la legislación interna fue establecidaen la Constitución francesa de 1946 y luego en la de 1958, aunque sobre la base dereciprocidad: “Los tratados y acuerdos debidamente aprobados desde su publicacióntienen autoridad superior a las leyes, sujeto para cada tratado a su aplicación por laotra parte.” Esta misma disposición fue consagrada en la Constitución griega de1975, artículo 28, parágrafo 1: “Las reglas reconocidas de derecho internacional asícomo los tratados internacionales como están debidamente sancionados por la ley yhan llegado a ser ejecutables de acuerdo con las condiciones allí previstas son parteintegrante de la ley griega y deben prevalecer sobre cualquier disposición contrariade la ley. La ejecución de las reglas de derecho internacional y las convencionesinternacionales relativas a extranjeros dependen de la condición de reciprocidad.”	Ninguna condición es puesta por la Constitución española de 1978.El artículo 96, parágrafo 1, dice: “1. Los tratados internacionales válidamente44 Sagüés, N., op. cit., p. 384.45 Cassese, A., op. cit., p. 402.
125MarcoGerardoMonroyCabraACDI, Bogotá, Año ISSN: 2027-1131, 1. Nº 1: 107-138, 2008celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte delordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadaso suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con lasnormas generales del Derecho Internacional.”	Esta norma estatuye la superioridad del tratado sobre la ley interna,y expresa que las disposiciones de un tratado sólo pueden ser modificadas,suspendidas o derogadas en la forma prevista en el mismo tratado o conforme alDerecho Internacional general.	Por otra parte, el artículo 10, p. 2 de la misma Constitución dice: “2. Lasnormas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constituciónreconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal deDerechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismasmaterias ratificados por España.” Los tratados se constituyen así en pauta deinterpretación para la aplicación de la normatividad interna y permite la expansiónde los derechos humanos así como para la aplicación de la jurisprudencia de laCorte Europea de Derechos Humanos.	SegúnCassese,muchosEstadosafricanosconsagranensusConstitucionesprovisiones similares al artículo 55 de la Constitución francesa de 1958 y mencionalas de Túnez (1959), Nigeria (1960, luego enmendada), Costa de Marfil (1960),Senegal (1963), Congo Brazzaville (1963 y 1979), Zaire (1964 y 1978), Malí (1974),Comoros (1975 y 1978), Gabón (1975), Benin (1970), Alto Volga (1960 y 1977),Mauritania (1978), Togo (1979) y la República Central africana (1981).	ExplicaCassese46quehayConstitucionesquepermitenalostratadosque en-mienden la misma Constitución. Cita como ejemplos la Constitución de Holanda,enmendada en 1953, luego en 1956 y 1983, y la Constitución de Surinam de 1975,si bien esta fue modificada por la Carta de 1982 que no contiene la citada cláusula.Sin embargo, en la Constitución de 1983 el artículo 91, parágrafo 3, modifica lacláusula que permitía a los tratados estar por encima de la Constitución, y en sulugar establece que: “Cualquier provisión de un tratado que entre en conflicto conla Constitución o que pueda entrar en conflicto con la misma, puede ser aprobadapor la Cámara General de Estados sólo si obtiene por lo menos dos terceras partesde votos en su favor.” En la relación entre los tratados y la legislación holandesael artículo 94 estipula: “Las regulaciones de derecho estatutario en vigor dentrodel Reino no serán aplicables si tal aplicación entra en conflicto con tratados queson obligatorios sobre todas las personas o sobre resoluciones de organizacionesinternacionales”.	En conclusión: si bien existen Constituciones que establecen la jerarquíadel tratado sobre la ley interna, algunas Constituciones agregan la cláusula dereciprocidad que reduce o puede crear conflictos en la aplicación de los tratados.En cuanto a la doctrina, buena parte de autores sostiene el valor supralegal de lostratados, pero infraconstitucional.46 Cassese, A., op. cit., p. 409.
ElDerechoInternacionalcomofuentedelDerechoConstitucional126ACDI, Bogotá, ISSN: 2027-1131, Año 1. No1, pp. 7-468, 2008	No hay problema si la ley es anterior porque se reputa derogada por eltratado posterior. Si la ley posterior es contraria al tratado anterior, algunos (DeVischer) la consideran inconstitucional y otros, inválida o inaplicable. Lo ciertoes que si un Estado aprueba una ley contraria a un tratado en vigor internacionalincurre en responsabilidad internacional.	Ahora bien, la Constitución posterior no deroga el tratado anterior. Eltratadista Néstor Pedro Sagüés47sostiene la tesis de que “la limitación del poderconstituyente nacional por el derecho internacional”. Esta opinión es compartidapor Bidart Campos y Sperdutti,48quienes dicen que los principios “pacta suntservanda” y “bona fidei” obligan a los Estados a respetar las obligacionesinternacionales asumidas y por ende no puede violar dichos tratados mediante leyo aun mediante reforma constitucional.	El tratado posterior no deroga la Constitución. La doctrina ha sos-tenido que debe buscarse la armonización entre la Constitución y el DerechoInternacional. Sin embargo, Cassese49dice que diversos juristas alemanes sos-tienen que el artículo 25 de la Constitución alemana que establece la suprema-cía del Derecho Internacional sobre las leyes nacionales permite que ciertascláusulas constitucionales puedan ser derogadas por las reglas del Derecho In-ternacional consuetudinario, siempre que reflejen clara e indiscutiblemente elpensamiento de la mayoría de Estados que integran la comunidad internacional.	d) Igual valor del tratado con la Constitución.	Esta posibilidad fue adoptada por el artículo 75, inciso 22, de la Reforma de laConstitución de Argentina de 1994 que dice lo siguiente:	Inciso 22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones ycon las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados yconcordatos tienen jerarquía superior a las leyes.La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universalde los Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el PactoInternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional deDerechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y laSanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todaslas Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre Eliminación de todas las Formas deDiscriminacióncontralaMujer;laConvencióncontralaTorturayotrosTratosoPenasCrueles,Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones desuvigencia,tienenjerarquíaconstitucional,noderoganartículoalgunodelaprimerapartedeestaConstituciónydebenentendersecomplementariosdelosderechosygarantíasporellareconocidos.Sólo podrán ser denunciados, en su caso por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación47 Sagüés, N., op. cit., p. 388.48 Campos, B., Tratado elemental de derecho constitucional argentino, tomo I, vols. A y B, Buenos Aires, Ediar,1999-2000,t.1, p. 103; Sperdutti, “Le principe de souveraineté”, en Recueil des Cours, Collected Courses ofthe Hague Academy of International Law, London, Martinus Nijhoff Publishers, s. f., t. 159, 1976-V-338.49 Cassese, A., op. cit., pp. 376-404.
127MarcoGerardoMonroyCabraACDI, Bogotá, Año ISSN: 2027-1131, 1. Nº 1: 107-138, 2008de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara.	Los demás Tratados y Convenciones sobre derechos humanos luego de seraprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de losmiembros de cada Cámara para gozar de jerarquía constitucional.e) Transferencia de competencias nacionales a organismos internacionalesAlgunas Constituciones autorizan la transferencia de competencias legislativas y judicialesa organismos supranacionales.	Esta autorización se da en forma expresa en algunos casos. El artículo93 de la Constitución española de 1978 dice: “Mediante ley orgánica se podráautorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización oinstitución internacional en ejercicio de competencias derivadas de la Constitución.Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía delcumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismosinternacionales o supranacionales titulares de la cesión.” Se pueden citar ademásel artículo 28-3 de la Constitución de Grecia y el artículo 20 de la Constitución deDinamarca.	El inciso 24 del artículo 75 de la Reforma Constitucional de Argentinadice que corresponde al Congreso:Aprobar los tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organiza-ciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden de-mocrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquíasuperior a las leyes. La aprobación de estos tratados con Estados de Latinoamérica requerirála mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. En el caso de tratadoscon otros Estados, el Congreso de la Nación, con la mayoría absoluta de los miembros pre-sentes de cada Cámara, declarará la conveniencia de la aprobación del tratado y sólo podráser aprobado con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cadaCámara, después de ciento veinte días del acto declarativo.	La denuncia de los tratados referidos a este inciso, exigirá la previa aprobaciónde la totalidad de los miembros de cada Cámara.	Según Sagués50, un conducto paralelo consiste en la admisión consti-tucional de la cesión por ley de “los derechos de soberanía” a las institucionesinternacionales (Alemania, art. 24), o consentir limitaciones del ejercicio de lasoberanía nacional en pro de un interés importante siempre que no se lesionenlos derechos humanos y se atiendan los principios de legalidad y de reciprocidad,mediante ley votada por la mayoría absoluta de los diputados (art. 28, inc. 2,Constitución griega).	Otra forma de resolver el problema de que un tratado de integraciónsea contrario a la Constitución consiste en la reforma de la Constitución como loestablecen el artículo 95 de la Constitución de España, el artículo 54 de la Cons-titución de Francia o la aprobación del tratado por el mismo procedimiento que50 Sagüés, N., op. cit., p. 391; Cassese, A., op. cit., p. 411.
ElDerechoInternacionalcomofuentedelDerechoConstitucional128ACDI, Bogotá, ISSN: 2027-1131, Año 1. No1, pp. 7-468, 2008rige la reforma constitucional, como lo preceptúa el artículo 17 de la Constituciónde Honduras.	En la práctica las relaciones entre el Derecho Constitucional y el Dere-cho comunitario no han sido pacíficas, como lo explica el tratadista Néstor PedroSagüés:51“En Italia, por ejemplo, mientras que su Corte Constitucional ha soste-nido que conforme al principio de la sucesión de las leyes en el tiempo, una leylocal podía alterar un compromiso sentado en un tratado anterior (Caso “Costac/Enel”), la Corte de Justicia de las Comunidades ha afirmado en cambio que,a diferencia de los tratados internacionales ordinarios, el tratado que instituyó elMercado Común Europeo ha creado “un orden jurídico propio integrado al sis-tema jurídico de los Estados miembros, que desde la entrada en vigor del Tratadose impone en sus jurisdicciones”, cosa que entraña “una limitación efectiva de losderechos soberanos (de los Estados) contra la cual no prevalecería la invocaciónde disposiciones de derecho interno, de cualquier naturaleza que sean” (casos“Costa c/Enel” y “Comisión c/República Italiana”). En “Simenthal”, la Corteeuropea puntualizó que los jueces locales deben garantizar el derecho comuni-tario, contra toda disposición en contrario que hubiera en la legislación estatal,aun posterior al tratado comunitario. Y en Alemania, su Corte Constitucional hareconocido a menudo que los actos emanados de los órganos comunitarios son“actos de soberanía”, provenientes de una soberanía superior a la estatal, quepriman sobre el derecho nacional contrario y lo sustituyen.528. Control constitucional sobre los tratados	En algunos Estados europeos, los tratados internacionales puedenservir de parámetro para que los Tribunales Constitucionales juzguen la consti-tucionalidad de las leyes.	Dominique Rousseau53cita una sentencia de 1985 en Austria en queel Tribunal se fundamentó en el Artículo 8 del Convenio Europeo de DerechosHumanos para declarar la inconstitucionalidad de las disposiciones de una leyrelativa a las prohibiciones de residencia que no aportasen las garantías suficientesal respeto de los derechos fundamentales de los individuos.	En Eslovenia, la Constitución otorga una competencia expresa alTribunal constitucional para controlar la conformidad de las leyes y otros actosreglamentarios con los tratados internacionales y con los principios generales deDerecho Internacional.	En España54se menciona por Dominique Rousseau la sentencia delTribunal constitucional de 15 de junio de 1981. En este caso, un oficial del ejércitovíctima de una medida disciplinaria alegó la falta de garantías de defensa en el51 Sagüés, N., op. cit., p. 391.52 Sperduti, “Le principe de souveraineté”, en Recueil des Cours, Collected courses of the Hague Academie ofInternational Law, London, Martinus Nijhoff Publishers, s. f., t. 159, 1979-V-354, 355 y 363.53 Rousseau, D., La justicia constitucional en Europa, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid,Civitas, 2002, p. 68.54 Citas de Rousseau, D., op. cit., p. 69.
129MarcoGerardoMonroyCabraACDI, Bogotá, Año ISSN: 2027-1131, 1. Nº 1: 107-138, 2008régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. España alegó una reserva que hizoal Convenio Europeo de Derechos Humanos en el sentido de excluir el régimendisciplinario de las fuerzas armadas de la aplicación del citado Convenio. ElTribunal decidió que	es imposible ignorar que los derechos fundamentales corresponden a un sistema de valoresde alcance general que comprenden la Declaración Universal y los diferentes conveniosinternacionales relativos a los derechos humanos ratificados por España y que entendidoscomo principio constitucional de base, deben inspirar nuestro ordenamiento jurídico en suconjunto; y en consecuencia, una vez aprobada la Constitución tanto el régimen disciplinarioque comprenda una privación de libertad como el procedimiento disciplinario legalmenteestablecido deben adaptarse a los principios que determinan en el ámbito penal el contenidofundamental del derecho a la defensa.	Por tanto, el Tribunal resolvió a favor del oficial sancionado, al tiempo queprivó de efecto útil la reserva del Gobierno, dando prioridad a la jurisprudencia delTribunal Europeo de Derechos Humanos (sentencia Ángel, de 8 de junio de 1976).	En Bélgica, según el mismo autor, la Cour d’arbitrage, en su decisión de23 de mayo de 1990, expresó que entre los derechos y libertades “garantizados alos belgas por el artículo 6 bis de la Constitución, figuran los derechos y libertadesque resultan de las disposiciones convencionales internacionales suscritas porBélgica y aplicables en el orden jurídico interno por un acto de asentimiento”.Así, la Corte integró el artículo 6 bis de la Constitución belga con los tratadosinternacionales que consagran derechos y libertades. Si bien formalmente no haycontrol de las leyes belgas con los tratados internacionales, “materialmente elTribunal se refiere a los derechos y libertades reconocidos por estos tratados ysubsumidos en el artículo 6 bis para ejercer su examen de constitucionalidad”.55	En Hungría, según Dominique Rousseau, el Tribunal constitucional enuna decisión de 19 de marzo de 1996 utilizó el Convenio Europeo de DerechosHumanos y el Pacto internacional de derechos civiles y políticos para controlarla constitucionalidad de las disposiciones de la ley de prensa que permitían a untribunal prohibir o suspender una publicación.	El Consejo Constitucional francés consideró que no le correspondíaexaminar la conformidad de una ley con las estipulaciones de un tratado o acuerdointernacional en decisión de 15 de enero de 1975.	La Constitución Política de Colombia de 1991 establece como atribuciónde la Corte Constitucional la de decidir definitivamente sobre la exequibilidad delos tratados internacionales y de las leyes que los aprueban. Con tal fin, el Gobiernolos remitirá a la Corte, dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley (art.241, numeral 10 CP). El control de la Corte es respecto de la ley y del tratado y suconformidad con la Constitución. Se trata de un control preventivo posterior a la55 Rousseau, D., op. cit., p. 29. Ver Delpérée F. y Rasson-Roland, A., Annuaire international de justiceconstitutionnelle, París, Dalloz, 1990, p. 491.
ElDerechoInternacionalcomofuentedelDerechoConstitucional130ACDI, Bogotá, ISSN: 2027-1131, Año 1. No1, pp. 7-468, 2008ley aprobatoria pero anterior a la manifestación del consentimiento en obligarsepor el tratado mediante las formas previstas por el Derecho Internacional.9.	Las relaciones entre el Derecho Internacional y el Derecho interno enla Constitución colombiana de 19919.1. Normas Constitucionales	La Constitución Política de 1991 regula las relaciones entre el DerechoInternacional y el derecho interno en los artículos 4, 9, 53, 93, 94, 214, 224, 227,101 de la Constitución.9.2. Jerarquía de los tratados de derechos humanos en el ordenamientojurídico colombiano	Esta materia está tratada en los artículos 93 y 94 de la Carta enconcordancia con los artículos 4, 9, 53 y 214 de la Constitución.	El artículo 93 dice: “Los tratados y convenios internacionales ratificadospor el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben sulimitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.	Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán deconformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificadospor Colombia”.	El artículo 93 se adicionó por el Acto Legislativo 02 de 2001, así:	El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte PenalInternacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 dejulio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y,consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento establecidoen esta Constitución. La admisión de un tratamiento diferente en materiales sustancialespor parte del Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitucióntendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en él.	El artículo 94 preceptúa: “La enunciación de los derechos y garantíascontenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, nodebe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la personahumana, no figuren expresamente en ellos.”	Al interpretar conjuntamente estos artículos, junto con el artículo 4 dela Constitución que consagra la supremacía constitucional, es posible deducir lassiguientes observaciones:
131MarcoGerardoMonroyCabraACDI, Bogotá, Año ISSN: 2027-1131, 1. Nº 1: 107-138, 2008Ni en estos artículos ni en ninguno en la Constitución se establece ena)	forma clara y precisa la prevalencia del Derecho Internacional sobre laConstitución Política. Por el contrario, el artículo 4 de la Carta consagrala supremacía constitucional: “La Constitución es normas de normas.En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otranorma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”.Si bien no hay norma sobre la aplicación de las reglas generales deb)	Derecho Internacional, según el artículo 9 de la Constitución es posibleaplicar los principios generales de Derecho Internacional como han sidoenunciados en la Carta de Naciones Unidas y en la Resolución 2625 de1970.Losprincipios“c)	PactasuntServanda”y“BuenaFe”,queestablecenelcumplimientode los tratados de buena fe están reconocidos por Colombia en el artículo 9 dela Carta por cuanto se trata de principios reconocidos en la Carta de NacionesUnidas. Asimismo, están expresamente enunciados en la Resolución 2625 de1970 de Naciones Unidas. Igualmente, fueron expresamente consagrados enlos artículos 26,27 y 46 de la Convención de Viena sobre Derecho de losTratados de 1969, e iguales normas establecidas en la Convención de Vienasobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y las OrganizacionesInternacionales,oentrelasOrganizacionesInternacionalesde1986.Colombiaes Estado Parte en las dos Convenciones de Viena y por tanto son Derechopositivo vigente y aplicable por todos los operadores jurídicos.En caso de conflicto entre un tratado internacional y una ley internad)	prevalece el tratado porque el Estado colombiano se comprometió acumplir dicho acuerdo internacional, con la excepción de si la ley internaes más favorable que el tratado.Sepuederealizarunainterpretaciónqueconcilieelartículo4delaConstitucióne)	Políticaqueestablecequela “Constituciónesnormadenormas”conloprevistoen el artículo 93 de dicha Carta. La supremacía consagrada en el artículo 4 dela Constitución hace relación a la validez de las normas, en cambio el artículo93 establece una regla de conflicto en el sentido que se da la preeminenciadel tratado sobre el orden interno siempre que se reúnan estas condiciones:a) Que se trata de un tratado sobre derechos humanos del cual Colombia seaEstado Parte; y b) Que se trate de tratados que reconozcan derechos humanosy prohíban su limitación en estados de excepción. Para estos efectos hay quetener en cuenta lo previsto en el artículo 85 de la Constitución y lo previstoen el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos yartículo 4 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas de loscualesColombiaesEstadoParte.Perolaprevalenciasobreelordeninternonoalcanza a la Constitución porque nuestra Carta no reconoció la preeminenciadel Derecho Internacional general o consuetudinario sobre la Constituciónque es norma suprema en el ordenamiento jurídico colombiano.
ElDerechoInternacionalcomofuentedelDerechoConstitucional132ACDI, Bogotá, ISSN: 2027-1131, Año 1. No1, pp. 7-468, 2008Lo anterior significa que en el Derecho Constitucional colombianof)	los tratados no tienen valor supraconstitucional, ni tampoco se lesreconoce valor constitucional como sí lo hizo la Reforma Constitucionalde Argentina de 1994 a los 11 tratados allí enumerados y a los quese les reconozca tal carácter con la mayoría cualificada estatuida enla Constitución. Sin embargo, se les otorga valor supralegal peroinfraconstitucional. Un tratado vigente para Colombia no puede derogarni modificar la Constitución porque se estaría aceptando que se puedereformar la Constitución por medios distintos de los previstos en elartículo 374 de la Carta, o sea por el Congreso, por una AsambleaConstituyente o por el pueblo mediante referendo.Si una ley interna desconoce un tratado internacional vigenteg)	internacionalmenteeinternamenteparaColombialaCorteConstitucionalno puede declarar la inconstitucionalidad de la ley porque no puedehacer confrontación entre la ley y el tratado, debe hacerla entre la ley yla Constitución. Lo que sucede es que si una ley interna desconoce untratado internacional el Estado incurre en responsabilidad internacionalpor hacer incumplido una obligación internacional convencional.Los derechos y deberes contenidos en la Constitución se interpretarán deh)	conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanosvigentes para Colombia. Para estos efectos, se debe atender la interpretacióndada por órganos internacionales de protección de los derechos humanoscomo la Comisión y la Corte Interamericanas sobre Derechos Humanos enel sistema interamericano al cual pertenece Colombia. El artículo 93 de laConstitución es pauta interpretativa de obligado cumplimiento porque asíse deduce del texto del citado artículo constitucional y porque la protecciónde los derechos humanos quedaría desvirtuada si no fuera obligatoria lainterpretación sino potestativa. La interpretación conforme a lo previsto enlos tratados internacionales conlleva el que los derechos constitucionalesno deben ser interpretados en contradicción con la Convención Americanasobre Derechos Humanos de la cual Colombia es Estado Parte.9.3. Teoría del Bloque de constitucionalidad	La Corte Constitucional ha creado la doctrina del bloque deconstitucionalidad con fundamento en los artículos 4, 9, 93, 94, 214 (numeral 2),53 y 102 de la Constitución Política. La Corte Constitucional ha distinguido entreel bloque de constitucionalidad en stricto sensu formado “por aquellos principiosy normas de valor constitucional, los que se reducen al texto de la Constituciónpropiamente dicha y a los tratados internacionales que consagren derechoshumanos cuya limitación se encuentre prohibida durante los estados de excepción(artículo 93, C.P). En cuanto al bloque de constitucionalidad lato sensu, el mismo
133MarcoGerardoMonroyCabraACDI, Bogotá, Año ISSN: 2027-1131, 1. Nº 1: 107-138, 2008incluye “todas aquellas normas, de diversa jerarquía, que sirven como parámetropara llevar a cabo el control de constitucionalidad de la legislación. Conforme aesta acepción, el bloque de constitucionalidad estaría conformado no sólo por elarticulado de la Constitución sino, entre otros, por los tratados internacionales deque trata el artículo 93 de la Carta, por las leyes orgánicas y, en algunas ocasiones,por las leyes estatutarias”.56	El bloque de constitucionalidad en sentido estricto es el previsto en elartículo 93 de la Constitución y significa que los tratados constituyen fundamentopara el control de constitucionalidad y pauta para interpretar los derechos ygarantías constitucionales. Pero, en ningún caso dichos tratados tienen valorsupra-constitucional o nivel constitucional, por lo cual la confrontación no puedehacerse entre el tratado y la norma interna para deducir la inconstitucionalidadpor desconocimiento de un tratado internacional. Sin embargo, se podríasostener que la violación de un tratado infringe el artículo 9 de la Constituciónque acepta como principio de Derecho Internacional el respeto a los tratados quese encuentren en vigor para Colombia. Esta interpretación no ha sido todavíaaceptada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Por tanto, no bastaalegar la sola contradicción entre una ley y el tratado, es necesario además invocaruna norma constitucional como transgredida que unida al desconocimiento de lostratados puede servir como soporte de una demanda de inconstitucionalidad.	Lostratadossobrederechoshumanossirvenparadeterminarlaexistenciade un Derecho Constitucional (art. 94), así no esté expresamente previsto en laConstitución Política.	Conforme al artículo 214 de la Constitución, en estados de excepciónno podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. Entodo caso se respetarán las reglas del Derecho Internacional humanitario tantoconsuetudinario como el contenido en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949y los dos Protocolos de 1977.	El artículo 53 de la Constitución establece que: “Los conveniosinternacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislacióninterna”, con lo cual los incorporó automáticamente a la normatividad interna.	La teoría del bloque de constitucionalidad fue creada por la CorteConstitucional en Tutela T-409 de 1992 (M.P. José Gegorio Hernández) y luegodesarrollada en Sentencia C-225 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).Se fundamentó en la doctrina del Consejo Superior Francés, que consideróque como el Preámbulo de la Constitución hace referencia al Preámbulo de laConstitución de 1946 y a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadanode 1789, estos textos son también normas y principios de valor constitucional quecondicionan la validez de las normas. Al interpretar los artículos 4 y 93, consideróque las normas de Derecho Internacional humanitario (art. 214, numeral 2) y lostratados de derechos humanos ratificados por Colombia que prohíben su limitación56 Colombia, Corte Constitucional, Sentencias, “Sentencia C-191”, M.P.: Cifuentes, E., Bogotá, 1998.
ElDerechoInternacionalcomofuentedelDerechoConstitucional134ACDI, Bogotá, ISSN: 2027-1131, Año 1. No1, pp. 7-468, 2008en estados de excepción (art. 93) forman un bloque de constitucionalidad quepueden ser utilizados como parámetros de control de constitucionalidad de lasleyes. Luego, la Sentencia C-191 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) definióel bloque de constitucionalidad en sentido estricto y en sentido lato a que se hahecho referencia anteriormente.	Posteriormente, la Corte fue precisando la noción en numerosas sentencias( C-1001 de 2005, T-568 de 1999, C-191 de 1998, C-774-2001, C-195 de 1993,C-179 de 1994, C-200 de 2002, C-129 de 2004, SU-058 de 2003, C-1056 de 2004,C-401 de 2005 , C-047 de 2006, C-567 de 2000, T-1303 de 2001, C-035 de 2005 yC-177 de 2005, entre otras sentencias de constitucionalidad y de tutelas).	A título de ejemplo, se ha considerado que forman parte del bloquede constitucionalidad el Protocolo 11 de Ginebra de 1977 (C-225 de 1995), losartículos 27.2 y 8 y 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos (C-200de 2002), los artículos 4 y 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles yPolíticos (C-200 de 2002), la Convención sobre derechos del niño y la Convencióninteramericana sobre tráfico internacional de menores (C-1068 de 2002 y C- 170de 2004), y los tratados de límites (C-1022 de 1999 y C-067 de 2003).	En relación con los Convenios de la OIT se han incorporado al bloque deconstitucionalidad en sentido estricto el Convenio 87 sobre libertad sindical y elderecho de sindicación (C-567 de 2000, T-408 de 1992, C225 de 1995 y T-568 de1999); el Convenio 98 sobre aplicación de los principios de derecho de sindicacióny de negociación colectiva; el 138 sobre edad mínima de admisión de empleo (C-325de 2000 y C-170 de 2004); el Convenio 182 relativo a las peores formas de trabajoinfantil; y el Convenio 169 sobre derecho de participación de las comunidades in-dígenas (C-620 de 2003, SU 039 de 1997, T-652 de 1998, C-418 de 2002 y C-891 de2002).	Se han excluido del bloque de constitucionalidad los Convenios decooperación internacional; comercio internacional (C-582 de 1999); relacionesdiplomáticas y consulares (C-358 de 1997); integración económica y específicamentela Decisión Andina 436 (C-988 de 2004), así como el Convenio Constitutivo delFondoMonetarioInternacional(C-129de2004).Encambio,seconsideróintegrantedel bloque de constitucionalidad la Decisión 351 de 1993 sobre Régimen Comúnsobre derecho de autor y conexos (C-1490 de 2000).	La Corte determina en cada caso si el tratado respectivo integra elbloque de constitucionalidad, lo cual le permite otorgarle el valor de parámetrode constitucionalidad, fijar la interpretación conforme a dichos tratados, precisarla existencia de derechos fundamentales no establecidos en la Constitución,integrar la normatividad en caso de vacío, orientar las funciones del operadorjurídico y servir de criterio para su aplicación preferente en caso de conflictocon las normas internas.	En ningún caso esta noción sirve para hacer una confrontación directaentre la ley interna y el tratado para declarar si la norma es constitucionalo no porque dicha análisis se realiza entre la ley interna frente a las normasconstitucionales.
135MarcoGerardoMonroyCabraACDI, Bogotá, Año ISSN: 2027-1131, 1. Nº 1: 107-138, 2008	ConclusionesDel anterior trabajo se pueden deducir las siguientes conclusiones:1. El Derecho Internacional general y el Derecho Internacionalconvencional se incorporan en los ordenamientos internos de acuerdocon lo previsto en su respectiva Constitución, o en su jurisprudencia, oen su práctica internacional.2. La jurisprudencia internacional es uniforme en que el DerechoInternacional prevalece sobre el Derecho interno, y en que no es posiblealegar el incumplimiento del Derecho interno, incluida la Constitución,como justificación para no cumplir una norma de Derecho Internacional,sea convencional o consuetudinaria.3. La doctrina no es uniforme, por lo cual subsiste el enfrentamientoentre las concepciones dualista y monista, aunque se observa la tendenciahacia una tesis monista moderada.4. En materia de tratados muchos Estados proclaman en susConstituciones que prevalecen sobre el ordenamiento jurídico nacional.Pero, otros Estados subordinan esta preeminencia a la “reciprocidad”.Sin embargo, hay Estados que en sus constituciones recientes hanabandonado dicha superioridad.5. Si bien algunos Estados en sus Constituciones son favorables alDerecho Internacional, otros prefieren hacer referencia a la Carta de lasNaciones Unidas, a Organizaciones Regionales o a principios de DerechoInternacional elaborados por Naciones Unidas.6. La perspectiva hacia el futuro puede ser más favorable al DerechoInternacional debido a la globalización y a la internacionalización delDerecho.7. En Colombia la jurisprudencia de la Corte ha adoptado la teoría delbloque de constitucionalidad que sirve para considerar los tratadossobre derechos humanos que prohíben su limitación en estados deexcepción como parámetro de constitucionalidad de las leyes comopauta interpretativa de los derechos y deberes constitucionales, paraverificar la existencia de un Derecho Constitucional, y como formade prevalencia de dichos tratados sobre el ordenamiento interno. Entodo caso, la Corte Constitucional no ha reconocido el carácter supra-constitucional de los tratados ni ha aceptado que se pueda instaurar unademanda de inconstitucionalidad alegando únicamente la oposición deuna ley con un tratado internacional si además no se alega la violaciónespecífica de una norma constitucional. Sin embargo, es indudable queal tenor del artículo 9 de la Constitución se acepta en forma unánime
ElDerechoInternacionalcomofuentedelDerechoConstitucional136ACDI, Bogotá, ISSN: 2027-1131, Año 1. No1, pp. 7-468, 2008que los tratados internacionales deben ser cumplidos de buena fe (Pactasunt Servanda).8. Los artículos 93 y 94 de la Carta no convierten a los tratadosinternacionales en cánones autónomos de validez de las leyes. Esta es lainterpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional español respectoal artículo 10.2, en el cual se inspiró la Constitución colombiana de1991 (STC 36/1991, FJ 5; STC 254/1993, FJ 6; STC 233/1993, FJ 1).Lo que es indudable es que el artículo 93 de la Constitución es pautainterpretativa de obligatorio cumplimiento porque así se deduce deltexto de la norma y porque la protección quedaría desvirtuada si fueraun criterio simplemente potestativo. Los derechos constitucionales nodeben ser interpretados en contradicción con los tratados de DerechosHumanos de los cuales Colombia es Estado Parte que reconocen losderechos humanos y que prohíben su limitación en los estados deexcepción. Esto implica que dichos tratados constituyen un modelo parafundamentar la decisión interpretativa y el razonamiento judicial.9. Hay acuerdo en la doctrina, en la jurisprudencia internacional y enla Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados (arts.27 y 46) de que un Estado no puede justificar la violación de unaobligación internacional alegando la existencia de normas de Derechointerno, incluyendo las normas constitucionales. Los Estados debenactuar en conformidad con el Derecho Internacional y son responsablesinternacionalmente por la violación de una obligación internacional porcualesquiera de sus ramas ejecutiva, legislativa y judicial y aun del poderconstituyente.10. En cuanto a la recepción del Derecho Internacional de los DerechosHumanos en el Derecho Constitucional americano compartimos laconclusión de Pablo Luis Manili57, quien luego de estudiar el bloque deconstitucionalidad en Derecho comparado concluye lo siguiente:	La recepción del derecho internacional de los derechos humanos en derechocomparado, especialmente el iberoamericano, no llegan al grado de avance aque llega el sistema argentino, ya que, se inclinan por alguna de estas posturas:i) Referirse a la interpretación conforme del derecho constitucional en relaciónal derecho internacional de los derechos humanos. ii) Referirse al derechointernacional de los derechos humanos a los efectos de completar la nómina dederechos constitucionalmente reconocidos. iii) Otorgar al derecho internacional delos derechos humanos una jerarquía superior al derecho interno, pero sin mayoresprecisiones y sin especificar cuáles instrumentos. Encontramos un caso excepcional,como es la República de Costa Rica, cuya jurisprudencia consagró la superioridadjerárquica del derecho internacional de los derechos humanos pese a un escuetabase normativa.11. Del estudio de la doctrina, la jurisprudencia internacional, el DerechoConstitucional comparado y la práctica internacional se deduce, sin lugara dudas, que el Derecho Internacional constituye una verdadera fuentedel Derecho Constitucional.57 Manili, P., El Bloque de Constitucionalidad, Buenos Aires, La Ley, 2003, p. 336.
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