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Timestamp: 2018-12-15 04:59:10
Document Index: 292472309

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 143', 'artículo 42', 'artículo 143', 'artículo 1', 'artículo 151', 'artículo 151']

﻿ Sentencia 35501 de mayo 6 de 2010
SENTENCIA 35501 DE 06 DE MAYO DE 2010
CONTENIDO:REAJUSTE MENSUAL EN LA PENSIÓN EQUIVALENTE A LA ELEVACIÓN EN LA COTIZACIÓN PARA LA SALUD, DEBE SER ASUMIDO POR QUIEN TIENE A SU CARGO EL PAGO DE LA PENSIÓN
TEMAS ESPECÍFICOS:BASE DE COTIZACIÓN EN EL SISTEMA DE PENSIONES, PENSIÓN DE JUBILACIÓN, DERECHO A LA SALUD, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, PRINCIPIOS PARA LOS PAGOS EN EL SISTEMA DE SALUD, COTIZACIÓN AL SISTEMA DE PENSIONES, REAJUSTE DE LA MESADA PENSIONAL
Sentencia 35501 de mayo 6 de 2010
Rad.: 35501
Lo interpuso la demandada y con él pretende que la Corte case totalmente la sentencia del tribunal para que, en sede de instancia, confirme la del juzgado.
Con esa intención propuso tres cargos, que no fueron replicados y que serán resueltos en el orden en que fueron propuestos.
Acusa a la sentencia del tribunal de violar por la vía directa, por interpretación errónea, los artículos 143 de la Ley 100 de 1993, 42 del Decreto 692 de 1994, 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo, 41 del Decreto 3135 de 1968, 102 del Decreto 1848 de 1969, 1631, 2512, 2513, 2517, 2535, 2538, 2543 y 2544 del Código Civil, 304, 305 y 306 del Código de Procedimiento Civil, 145 y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 292 del Código de Régimen Municipal y 8 de la Ley 153 de 1887.
Para su demostración afirma que la ley y la jurisprudencia han sido claras y reiteradas en enseñar que es obligación de las entidades pagadoras de pensiones reajustar las mesadas pensionales desde el 1º de enero de 1994, a los pensionados que tienen reconocido el derecho desde antes de esa fecha, por lo que deberá tomar en cuenta los condicionamientos exigidos y con la aplicación del principio de “indivisibilidad” de la norma.
Dice que el ad quem impartió una condena automática por “el equivalente a la elevación de la cotización en salud, que resulte de la aplicación de la presente ley”, y se limitó a interpretar el primer enunciado del legislador, ordenando el reajuste pensional, pero dejando de interpretar el segundo enunciado, de que el reajuste debería ser “equivalente a la cotización en salud”.
Arguye que el espíritu genuino de la ley es que a los pensionados no se les disminuya su mesada, para que permanezca equilibrada, por lo que se ordenó el reajuste sin sobrepasar el 12%, descuento máximo de cotización para salud, y aplicó la indexación sin tomar en cuenta que ella es para las pensiones posteriores a la vigencia de la Constitución Política de 1991, y aquí fueron pensiones anteriores a esta.
Dice que el juez colegiado incurrió en un segundo error hermenéutico al ordenar el reajuste pensional “a partir del 7 de junio del 2001”, dejando ese reajuste en forma “permanente”, pese a que la intención del legislador fue dejarlo transitorio, para buscar un equilibrio y evitar que la mesada sufriera alguna disminución, a medida que se incrementara la cotización en salud, y no como lo hizo el juzgador, lo que conlleva a que reciba una doble partida, es decir, que sería ese el reajuste y el establecido en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, a partir de 1º de enero de cada año.
El ad quem, después de transcribir una sentencia suya, de 11 de julio de 2007, y otra de la Corte Suprema de Justicia, de 24 de julio de 2007, que no identificó con número de radicación, en las que se analizaron los artículos 143 de la Ley 100 de 1993 y 42 del Decreto 692 de 1994, estimó que “5. De los folios 88 y 89, se desprende respecto a los descuentos por concepto de salud efectuados a los accionantes antes del 16 de octubre de 1998 que la empresa asumía la totalidad del aporte, del 16 al 30 de octubre de 1998 se les efectuó un descuento del 12%, del 1º al 30 de noviembre de 1998 no se les efectuó descuento alguno, del 1º de diciembre de 1998 al 30 de enero de 1999 se les efectuó un descuento del 4% y del 1º de febrero de 1999 hasta la fecha se les dedujo por dicho concepto el 12%. Luego entonces, es fácil inferir que la demandada a partir del 16 de octubre de 1998 le dedujo a los demandantes de su pensión por concepto de Salud un porcentaje igual al 12%, a excepción de los períodos comprendidos del 1º al 30 de noviembre de 1998 que no se les efectuó descuento alguno y del 1º de diciembre de 1998 al 30 de enero de 1999 que se les efectuó un descuento del 4%, sin que simultáneamente haya procedido a ajustar la mesada equivalente a la nueva elevación en la cotización para salud, siendo así se tiene que la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla ESP adeuda a los demandantes el ajuste de su mesada pensional equivalente al 8.04%, resultante de la diferencia entre el 12% y el 3.96% que debían asumir los pensionados”.
Igualmente expresó ese juzgador: “4. En éste (sic) orden de ideas, como en el presente caso viene probado que a los actores se les reconoció su pensión antes del 1º de enero de 1994 a Hellman Osorio Ochoa mediante Resolución 84-72 a partir del 11 de julio de 1972, a Ildefonso Vega Cantillo mediante Resolución 50-93 a partir del 16 de diciembre de 1992 y a Nuri Gallardo Cepeda mediante Resolución 76-93 a partir del 16 de diciembre de 1992, el descuento para salud es del 12%, pero la Empresa Distrital de Telecomunicaciones ESP le toca reconocer un reajuste de la mesada equivalente a la nueva elevación en la cotización para salud, con el fin de que el monto de la mesada pensional no sufra merma alguna a partir del 1º de enero de 1994”.
La razón acompaña al tribunal en este aspecto, pues la hermenéutica que hizo de los artículos 143 de la Ley 100 de 1993 y 42 del Decreto Reglamentario 692 de 1994, se corresponde con la exégesis correcta de las mismas.
Para una mejor comprensión, la Sala trasunta a continuación el texto de las disposiciones acusadas, comenzando por el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, cuyo tenor literal es el siguiente:
“La cotización para salud establecida en el sistema general de salud para los pensionados está, en su totalidad, a cargo de éstos, quienes podrán cancelarla mediante una cotización complementaria durante su período de vinculación laboral”.
Entre tanto, el artículo 42 del Decreto Reglamentario 692 de 1994, dice lo siguiente:
“En consecuencia, las entidades pagadoras de pensiones procederán a efectuar el reajuste previsto en este artículo por la diferencia entre la cotización que venían efectuando los pensionados y la nueva cotización del 8% que rige a partir de abril de 1993, o la que se determine cuando rija la cobertura familiar sin exceder del 12%...
“Las entidades pagadoras deberán descontar la cotización para salud y transferirlo a la EPS o entidad a la cual esté afiliado el pensionado en salud. Igualmente deberán girar un punto porcentual de la cotización al fondo de solidaridad y garantía en salud”.
Tal como se advierte, el artículo 143 de la Ley 100, establece un reajuste mensual en la pensión equivalente a la elevación en la cotización para la salud, el cual debe ser asumido por quien tiene a su cargo el pago de la pensión.
De igual manera, en la sentencia de 24 de julio de 2007, radicación 30470, en donde la demandada era la misma de ahora, la Sala se pronunció así:
“De lo anterior se desprende, sin mayor dificultad, que la norma de la Ley 100 de 1993, solo establece un reajuste mensual en la pensión equivalente a la elevación en la cotización para la salud, y que dicho reajuste debe ser asumido por quien tiene a su cargo el pago de la pensión.
“Y la del decreto reglamentario, en dos ocasiones se refiere a “las entidades pagadoras de pensiones”, sin que por ello se pueda entender, como lo hizo el tribunal, que solo se trata de las entidades cuya finalidad sea la de pagar pensiones. Además, como ya se vio, la ley no trae esa expresión, y en consecuencia la norma reglamentaria mal podría introducir elementos o exigencias no previstas en la norma reglamentada.
“Es importante aclarar, que no se puede entender la expresión “entidad pagadora de pensión”, referida exclusivamente a las administradoras de pensiones o al ISS o cajas de previsión, sino también comprende a aquellas empresas que respecto de sus trabajadores tengan la obligación de pagar pensiones, como en el presente caso. Es decir, se trata de un criterio individual y concreto sobre ese trabajador en particular”.
De este modo es claro que el tribunal no contravino la ley en este puntual aspecto.
En consecuencia el tribunal incurrió en el yerro hermenéutico que se le reprocha, por lo cual habrá de casarse la sentencia en ese puntual aspecto.
Acusa a la sentencia del tribunal de violación directa de los artículos 174, 175, 177, 188, 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil, con sus modificaciones de los numerales 134 y 135 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989, 145 y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, violación medio que quebrantó los artículos 143 de la Ley 100 de 1993, 42 del Decreto 692 de 1994, 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo, 41 del Decreto 3135 de 1968, 102 del Decreto 1848 de 1969, 1631, 2512, 2517, 2518, 2535, 2538, 2543, 2544 del Código Civil, 292 del Código de Régimen Municipal y 8 de la Ley 153 de 1887.
Afirma que el ad quem violó normas de procedimiento al no aplicar el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en lo pertinente a la prescripción de los créditos laborales, por ser su obligación establecer las razones y fundamentos de derecho expuestos en la contestación de la demanda para resolver el fondo del asunto y no estribar su decisión en normas procedimentales, para dejar el derecho objetivo sin aplicar al caso concreto; transcribe unos fragmentos de las sentencias de la Corte de 10 de mayo de 2005, radicación 25327, 10 de julio de 2007, radicación 30914, y añade que si ese juzgador hubiese aplicado las normas reguladoras de la prescripción de las obligaciones laborales, el resultado habría sido diferente, con mayor razón al ser la demandada una entidad de derecho público.
En cuanto a la excepción de prescripción el ad quem la declaró parcialmente probada sobre los reajustes pensionales causados con antelación al 27 de abril de 2001, respecto de todos los demandantes, por lo cual es claro que no incurrió en el quebranto normativo que se le imputa en este cargo, pues utilizó las normas que consagran la prescripción en materia laboral, en particular el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
En efecto, decidió el fallador de la alzada:
“1. DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción propuesta por la demandada respecto a los reajustes pensionales causados con antelación al 27 de abril de 2001 para los señores Hellman Osorio Ochoa, Ildefonso Vega Cantillo y Nury Gallardo Cepeda”.
Por lo expuesto, el cargo no prospera”.
Acusa a la sentencia del tribunal de violación indirecta, por aplicación indebida, de los artículos 14 y 143 de la Ley 100 de 1993, 42 del Decreto 692 de 1994, 41 del Decreto 3135 de 1998 (sic), 102 del Decreto 1848 de 1969, 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo, 2512, 2513, 2517, 2518, 2535, 2538, 2543 y 2544 del Código Civil, 292 del Código de la (sic) Reforma (sic) Municipal, 8 de la Ley 153 de 1887, 25, 31, 60 y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el 18 de la Ley 712 de 2001, 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil, modificados por el 1º del Decreto 2282 de 1989.
Asevera que el ad quem incurrió en los siguientes errores de hecho y de derecho, graves y notorios:
“2. Dar por demostrado, sin estarlo, que a partir del 1º de abril de 1994, la demandada descontó el 12% del valor de la mesada pensional, para el cubrimiento del aporte a salud de los actores.
“3. No dar por demostrado, estándolo, que el incremento en las mesadas pensionales de los actores, debería estar en equilibrio con el descuento que se hiciera, por el descuento para el cubrimiento en salud.
“4. No dar por demostrado, estándolo, que el incremento de la pensión, se efectuaba por un lapso hasta llegar a un equilibrio, con el descuento que se hiciera para el aporte en salud.
“5. No dar por demostrado, estándolo, que el paso del tiempo extingue las obligaciones laborales.
“6. Dar por demostrado, sin estarlo, que, los actores tenían derecho a un doble incremento pensional vitalicio”.
Arguye que el tribunal apreció con error los comprobantes de pago de las mesadas pensionales de los demandantes (fls. 46 y 70), y que ellos determinan si se les descontó el equivalente al 12% para salud, en concordancia con la condena.
Dice que apreció parcialmente la certificación de la demandada (fls. 88 y 89), y que en ella se pueden constatar las fechas exactas de los descuentos efectuados por salud, la cual fue apreciada parcialmente y entre 1º de enero de 1994 y 1º de febrero de 1999 se entendía que habría sido aprobado el equilibrio, porque no se les descontó a los demandantes el aporte en salud, pero que anualmente se les incrementó su mesada pensional, de acuerdo con la ley.
Indica que tampoco apreció en su integridad las resoluciones 50 de 6 de abril de 1993 (fl. 11 y 17), 76 de 6 de abril de 1993 (fls. 11 y 12), que acreditan la calidad de pensionados de los accionantes, en las que en su parte resolutiva se determinó que la mesada pensional era compartida con la pensión de vejez que les reconoció el Instituto de Seguros Sociales, ente este que debe asumir el reajuste pensional.
Precisa que el sentenciador de segundo grado no apreció los hechos 3, 4 y 5 del escrito de la demanda (fl. 5), tomando en cuenta que entre el 1º de enero de 1994 y el 1º de febrero de 1999 no se les descontó cotización en salud, por lo que hubo una compensación que no podía tenerse como equilibrio para realizar un reajuste pensional, porque esa mesada no tuvo desmedro alguno, ni el agotamiento de la vía gubernativa (fls. 7 y 10), donde se observan con claridad las fechas de la reclamación (abr. 27/2004), es decir, 10 años después de haberse hecho efectiva la obligación, cuando había operado el fenómeno de la prescripción laboral.
Para su demostración manifiesta que la providencia acusada centró su tesis en la primera parte del enunciado de los artículos 143 de la Ley 100 de 1993 y 42 del Decreto 92 (sic) de 1994, de que a partir de 1º de enero de 1994 a los demandantes les asistía el derecho a un reajuste mensual de su mesada, pero no apreció el segundo enunciado de esas normas, de que el incremento debería ser equivalente a la elevación de la cotización para salud, por lo que aquél estaba condicionado a:
“a) A la equivalencia de la elevación de la cotización en salud propuesta en la ley.
“b) Que ese reajuste debería ser temporal, es decir, una vez equilibrado, el descuento en salud y el incremento del reajuste dejaría de aplicarse.
“c) Que el descuento para la cotización en salud prevista (sic) en la ley y que mi representada realizara, debería estar plenamente demostrada.
“d) Que las (sic) actoras (sic) deberían ser pensionados con anterioridad al 1º de enero de 1994”.
Aduce que de esos condicionamientos, sólo se cumple con el último de los enunciados.
Insiste en que el espíritu de la ley consiste en que al pensionado no se le disminuya su mesada pensional, sino que por lo menos se mantenga su valor y por eso ordena el reajuste pensional, sin sobrepasar el 12%, que era el descuento de cotización para salud, que gradualmente se incrementaba y en igual sentido se aplicaba al reajuste pensional hasta llegar al tope legal, y como no hizo descuento alguno a los demandantes para esa cotización, no era procedente reliquidarse la pensión, puesto que sólo hasta el 16 de octubre de 1998 (5 años después), realizó los descuentos para salud, y allí se presenta la compensación de obligaciones, por lo que el tribunal no tenía razones para impartir condena alguna, porque el reajuste pensional era temporal y entendió con error que era permanente, de ahí que en la parte resolutiva de la sentencia dijo “a partir del 27 de abril de 2001 subsiguientes”.
Agrega que el ad quem desconoció que el paso del tiempo extingue los créditos laborales, a los que se aplica la prescripción, como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia, y cita las sentencias de 10 de mayo de 2005, radicación 25327, y 10 de julio de 2007, radicación 30914, por lo que “Siguiendo los parámetros legales y jurisprudenciales el reajuste pensional reclamado, que se hizo exigible a partir del 1º de enero de 1994 y sólo hasta mayo de 2004 (más de 11 años después), no es posible que se haya dado la prescripción; más, aún, cuando el mencionado reajuste, era por un lapso hasta el equilibrio entre el exigido para la realización de la cotización en salud y el reajuste posible de la mesada pensional”.
De un examen de los medios de convicción que se citan en el cargo, para la Corte surge objetivamente lo siguiente:
Por otra parte, el tribunal no incurrió en los restantes errores que se le atribuyen, pues, en cuanto hace a los dos primeros, esto es, tener por probado que a los actores se les descontó el 12% del valor de la mesada pensional a partir del mes de abril de 1994, debe decirse que no se corresponde con lo que concluyó ese fallador que, por el contrario, asentó lo siguiente: “... toda vez que la demandada con anterioridad a la expedición de la ley 100 de 1993 y con posterioridad a su vigencia costeó el monto total de las cotizaciones por concepto de salud, sin deducir nada de la mesada pensional de los demandantes”. (el resaltado no es del texto). Por manera que no es cierto que tuviera por probado el descuento a partir del 1º de abril de 1994, ya que concluyó que se produjo desde el 16 de octubre de 1998, como surge del siguiente aparte de su sentencia:“Luego entonces, es fácil inferir que la demandada a partir del 16 de octubre de 1998 le dedujo a los demandantes de su pensión por concepto de salud un porcentaje igual al 12%”.
Por último, la censura denuncia como equivocadamente valoradas las resoluciones de reconocimiento de las pensiones de jubilación de los demandantes. Tales documentos en sus partes resolutivas, dicen expresamente: “Descuéntesele al Sr. Ildefonso Vega Cantillo, de la pensión de jubilación de la empresa, el valor de la pensión de vejez que le reconozca el Instituto de Seguros Sociales” (fl. 12), lo cual se repite en la de Nury Virginia Gallardo Cepeda (fl. 15), lo que demuestra que hasta esa fecha el referido Instituto no les había reconocido la pensión de vejez, por lo que el cargo, en ese aspecto, se funda en un supuesto fáctico no contenido en esas resoluciones, como es el que el ISS les reconoció dicha prestación y, en esa medida, el juzgador colegiado no apreció con error tales medios de convicción.
Respecto del escrito de la demanda, es claro que el ad quem sí lo apreció cuando narró los hechos y las pretensiones (fls. 53 y 54, cdno. del tribunal), por lo que la denuncia de la censura no muestra de manera clara y precisa en qué consistió el error que le endilga a ese juzgador, que es lo que permitiría a la Corte determinar la magnitud del desatino.
Además de las consideraciones hechas en sede de casación, debe decirse que el reajuste de las pensiones de los demandantes se hará por una sola vez, en el porcentaje señalado para los demandantes y, por ende, se revocará la sentencia de primer grado en cuanto absolvió a la demandada de los reajustes impetrados para, en su lugar, condenarla a pagarlos en la forma indicada.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, casa parcialmente la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Laboral, de fecha 30 de noviembre de 2007, proferida en el proceso ordinario promovido por Hellman Osorio Ochoa, Ildefonso Vega Cantillo y Nury Virginia Gallardo Cepeda contra la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla ESP en Liquidación, en cuanto al revocar la sentencia de primer grado, que había absuelto a la demandada de todas las pretensiones de la demanda, en su lugar la condenó a reajustar las pensiones de los demandantes, en porcentaje de 8,04% de su valor, “a partir del 27 de abril del 2001 y subsiguientes”, y NO LA CASA en lo demás.
En sede de instancia REVOCA la sentencia del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla, de fecha 23 de agosto de 2005, para, en su lugar, condenar a la demandada, a reajustar por una sola vez, en porcentaje de 8,04% de su valor, las pensiones de los demandantes, a partir de 27 de abril de 2001.
Sin costas en el recurso extraordinario, dado el resultado. Las de primera instancia como las fijó el a quo, y en la segunda no se causaron.