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Timestamp: 2020-04-07 11:15:59
Document Index: 51413970

Matched Legal Cases: ['artículo 2697', 'artículo 2698', 'artículo 2727', 'artículo 2729', 'artículo 115', 'artículo 115', 'artículo 115', 'artículo 115', 'artículo 117', 'artículo 118', 'artículo 257', 'artículo 281', 'artículo 420', 'artículo 421', 'artículo 2707', 'artículo 2709', 'artículo 2712', 'artículo 245', 'artículo 257', 'artículo 195', 'artículo 2727', 'artículo 255', 'artículo 256', 'artículo 246', 'artículo 248', 'artículo 202', 'artículo 261', 'artículo 205']

Obtención de pruebas - Italia
La carga de la prueba se rige por los principios establecidos en el artículo 2697 del Código Civil, según el cual aquellos que pretendan hacer valer un derecho ante un órgano jurisdiccional deberán proporcionar pruebas de los hechos que respaldan su demanda. La parte que cuestione la validez de dichos hechos, o que reclame que el derecho ha cambiado o que se ha agotado, deberá proporcionar pruebas de los hechos que respaldan tal alegación.
Por lo tanto, estos principios requieren que el demandante pruebe los hechos sobre los que se basa su demanda, es decir, los hechos que reivindican los efectos jurídicos. El demandado, por otro lado, debe proporcionar pruebas de los hechos que descartan su responsabilidad o que demuestran que el derecho se ha agotado o que ha cambiado de tal forma que la demanda del solicitante debe desestimarse.
Si el solicitante no es capaz de probar su demanda, la solicitud se desestima, con independencia de si el demandado presenta un argumento en contra y documentación probatoria.
El artículo 2698 del Código Civil anula de pleno derecho cualquier acuerdo cuyo fin sea invertir o alterar la carga de la prueba respecto de un derecho irrenunciable, o que haga excesivamente difícil a alguna de las partes ejercer sus derechos.
La insuficiencia de pruebas perjudica a la parte, bien sea la demandante o la demandada, que tiene que probar o desmentir los hechos, puesto que la insuficiencia de pruebas se considera equivalente a la ausencia de pruebas.
La carga de la prueba no es aplicable en los siguientes casos:
En el caso de presunciones, es decir, cuando la legislación determina el valor probatorio de determinados hechos, o cuando permite que el órgano jurisdiccional saque sus propias conclusiones sobre un hecho desconocido a partir de un hecho conocido (artículo 2727 del Código Civil).
Las presunciones se dividen en:
presunciones legales, son aquellas establecidas por Ley, que pueden ser impugnables (iuris tantum), lo que significa que pueden ser revocadas si se presentan pruebas en contra, o no impugnables (iuris et de iure), lo que significa que no pueden ser revocadas mediante la presentación de pruebas en contra ante un órgano jurisdiccional;
presunciones simples, que el órgano jurisdiccional debe evaluar a su discreción y aceptar solamente aquellas presunciones que sean serias, precisas y coherentes. No se admiten presunciones simples en relación con hechos respecto de los cuales la legislación no permite testimonios de testigos (artículo 2729 del Código Civil);
hechos notorios (fatti notori), es decir, hechos que son ampliamente conocidos en el momento y lugar donde se adopta la resolución judicial, por lo que son incuestionables (artículo 115 de la Ley de Enjuiciamiento Civil);
hechos incontestables o admitidos, es decir, hechos presentados por ambas partes o admitidos, incluso tácitamente, por la parte que pueda tener un interés en cuestionarlos (artículo 115, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
La decisión del órgano jurisdiccional de sostener una demanda o cualquier alegación contra ella debe basarse por completo en hechos que estén plenamente probados, bien sea de manera directa o mediante una presunción.
La sentencia del órgano jurisdiccional no debe estar basada en hechos no probados, incluso cuando estos sean posibles o muy posibles (artículo 115, apartado 1, del Código de Procedimiento Civil).
Con arreglo al sistema jurídico italiano, la obtención de pruebas se rige por el principio de que el alcance del proceso está determinado por las partes (principio dispositivo), expuesto en el artículo 115, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil: el órgano jurisdiccional debe basar su sentencia en las pruebas aportadas por las partes, «salvo en los casos previstos por la ley».
No obstante, se establecen ciertas excepciones a esta norma en los siguientes artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil:
artículo 117: permite el interrogatorio informal de las partes;
artículo 118: permite que se ordene la inspección de personas y objetos;
artículos 61 y 191: permite que el órgano jurisdiccional solicite dictámenes periciales;
artículo 257: permite que el órgano jurisdiccional cite a un testigo que haya sido mencionado por otro testigo;
artículo 281 ter: permite al órgano jurisdiccional general (tribunale), compuesto de un solo juez, que este ordene la toma de declaración de un testigo si las versiones de los hechos de las partes mencionan a personas que podrían conocer los hechos.
En los conflictos laborales, el principio de que el alcance del proceso está determinado por las partes se sustituye por un sistema caracterizado por elementos acusatorios, en particular en virtud de las siguientes disposiciones:
artículo 420: establece el interrogatorio libre de las partes durante la vista del caso;
artículo 421: establece que el órgano jurisdiccional puede, en cualquier momento y por iniciativa propia, ordenar la admisión de cualquier tipo de prueba, incluso más allá de los límites impuestos por el Código Civil.
En los procesos de divorcio, el órgano jurisdiccional puede ordenar la obtención de pruebas de oficio, pero solo en lo que concierne a la investigación sobre la renta y el estatus de vida de una persona.
Si una parte solicita la obtención de pruebas, la parte contraria puede solicitar la obtención de pruebas contrarias. El órgano jurisdiccional autorizará ambas solicitudes si tiene razones para pensar que los hechos presentados son pertinentes para dictar la sentencia.
Si el órgano jurisdiccional admite la prueba, celebrará una vista para practicar la prueba.
Una vez concluida la fase probatoria, se juzga el asunto.
El órgano jurisdiccional rechazará una solicitud de obtención de pruebas cuando la prueba resulte ser inaceptable o no tener valor en virtud de la legislación (por ejemplo, si una demanda sobre la venta de un bien inmobiliario se basa solo sobre el testimonio de testigos), o cuando los hechos a los que se refiere la solicitud sean irrelevantes para la sentencia (por ejemplo, un testimonio en relación con un hecho no relacionado con el asunto del litigio).
La legislación italiana distingue entre pruebas documentales y no documentales.
Las pruebas documentales incluyen:
documentos públicos (artículos 2699 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil);
documentos privados (artículos 2702 y siguientes);
telegramas (artículos 2705 y siguientes);
registros y archivos domésticos (artículo 2707);
registros contables de empresas (artículo 2709);
copias producidas mecánicamente (artículo 2712);
copias de documentos y contratos (artículos 2714 y siguientes).
Las pruebas no documentales incluyen:
testimonios de testigos (artículos 2721 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil);
confesiones (artículos 2730 y siguientes);
declaraciones juradas (artículos 2736 y siguientes);
registros (artículos 258 y siguientes).
También existen informes periciales que proporcionan al órgano jurisdiccional el conocimiento técnico del que carece.
El órgano jurisdiccional admite los testimonios de testigos (artículo 245 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). El auto del órgano jurisdiccional requiere al testigo que comparezca para declarar so pena de medidas coercitivas y multa.
El órgano jurisdiccional establece el lugar, momento y forma en el que se obtendrá la prueba. El oficial de justicia, a petición de la parte interesada, notifica la citación al testigo. El testigo lee en voz alta el compromiso por el que promete decir la verdad y luego es interrogado por el juez. Las partes no pueden interrogar al testigo directamente.
Una disposición incluida recientemente permite al órgano jurisdiccional recoger las pruebas por escrito con el consentimiento de las partes (artículo 257 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Los peritos los designa un órgano jurisdiccional, que les facilita las preguntas a las que se les pide que respondan. Asimismo, comparecen en la vista y juran decir la verdad. Como norma, los peritos preparan un informe escrito, pero el órgano jurisdiccional puede también ordenarles que comparezcan y sean interrogados oralmente en la vista (artículo 195 del Código de Procedimiento Civil).
Las pruebas escritas pasan a formar parte del procedimiento una vez incorporadas al expediente de la parte en cuestión, en el momento de la primera comparecencia o posteriormente, conforme a los plazos establecidos en la legislación.
El sistema jurídico italiano otorga el mayor peso a los documentos públicos y a las presunciones no impugnables.
Los documentos públicos (artículos 2699 y siguientes del Código Civil) son documentos redactados, siguiendo los trámites pertinentes, por un notario (notaio) u otro funcionario público con rango para confirmar su carácter público en el lugar donde se preparó el documento. Los documentos públicos tienen pleno valor probatorio salvo que se demuestre que son falsos. Salvo esta posible impugnación, constituyen una prueba absoluta e incondicional.
Las presunciones no impugnables (artículo 2727 del Código Civil) son todavía más eficaces, puesto que no admiten ningún tipo de prueba contraria.
La legislación requiere que determinados hechos se prueben solamente por medio de determinados tipos de pruebas, en algunos casos requiere documentos públicos y en otros casos documentos escritos, que pueden ser públicos o privados.
Los testigos están obligados a declarar, salvo que la legislación disponga lo contrario. Existen disposiciones que abarcan los siguientes casos: incapacidad para declarar, prohibición a ciertas personas de dar testimonio y la opción de abstenerse de declarar. La obligación de declarar del testigo surge indirectamente de la facultad que el artículo 255 de la Ley de Enjuiciamiento Civil otorga al órgano jurisdiccional para que, en caso de que el testigo no comparezca, pueda ordenar que sea traído ante el órgano jurisdiccional y pueda imponerle una multa.
En aquellos casos recogidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal italiana a los que se refiere la Ley de Enjuiciamiento Civil: estos incluyen a las personas que pueden negarse a declarar porque están sujetas al secreto profesional, al secreto oficial o al secreto de Estado.
En virtud del artículo 256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, un testigo que acuda ante el órgano jurisdiccional pero se niegue a declarar sin debida justificación, o que dé motivos para sospechar que está prestando falso testimonio u ocultando pruebas, será denunciada por el órgano jurisdiccional ante el fiscal mediante la entrega de una copia del acta de la declaración.
Las personas que tengan un interés personal en los hechos no pueden declarar, porque su interés puede dar lugar a que tengan derecho a personarse en el procedimiento como parte (artículo 246 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Solo se tomará declaración a niños menores de 14 años si su testimonio se requiere por circunstancias especiales (artículo 248 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
El juez interroga al testigo, formulándole preguntas directas en relación con los hechos considerados pertinentes para el proceso y haciéndole cualquier pregunta sobre los mismos hechos que los letrados de las partes le hayan solicitado durante el interrogatorio.
A pesar de que no se contempla expresamente en la Ley de Enjuiciamiento Civil, la videoconferencia no se excluye. El artículo 202 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que, cuando el órgano jurisdiccional ordene la obtención de pruebas, deberá determinar el momento, lugar y forma en la que se obtendrá la prueba, lo que permite que el órgano jurisdiccional ordene la toma de declaración de un testigo a través de videoconferencia.
El artículo 261 de la Ley de Enjuiciamiento Civil también establece que el órgano jurisdiccional puede ordenar la grabación en vídeo de una sesión, con la consiguiente necesidad de emplear medios, herramientas o procesos mecánicos.
La videoconferencia aparece expresamente recogida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal italiana (por ejemplo, en el artículo 205 ter).
El órgano jurisdiccional no tiene en cuenta ninguna prueba que no haya sido presentada y admitida formalmente.
Su declaración no cuenta como prueba a su favor. No obstante, puede contar como prueba en su contra si se trata de una confesión realizada en el curso de un interrogatorio formal.