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BOE.es - Documento BOE-A-2014-11878
Documento BOE-A-2014-11878
«BOE» núm. 278, de 17 de noviembre de 2014, páginas 94227 a 94265 (39 págs.)
Con fecha 15 de septiembre de 2014 fue suscrito, previa tramitación reglamentaria, el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Junta de Andalucía para la ejecución del Plan Estatal de Fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la ejecución del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria, y la Regeneración y Renovación Urbanas, 2013-2016
De otra parte, doña Elena Cortés Jiménez, Consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, en virtud del Decreto de la Presidenta 6/2013, de 9 de septiembre, por el que se designan los Consejeros y las Consejeras de la Junta de Andalucía, y actuando al amparo del artículo 26.2.i) de la Ley 9/2007 de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Que el 22 de julio de 2013 se celebró en Madrid una Conferencia Sectorial de Vivienda Urbanismo y Suelo, en la que se acordaron los coeficientes (porcentajes) de reparto, entre las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla, de los fondos estatales para subvenciones del Plan Estatal 2013-2016. Estableciéndose para el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía un coeficiente de reparto de 17,10 %.
1. Es objeto del presente Convenio el establecimiento de las pautas de colaboración y los compromisos mutuos de las partes, en orden a garantizar la ejecución del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, (en adelante, el Plan), en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía mediante la acción coordinada de las dos Administraciones firmantes de este acuerdo.
c) La gestión de la financiación a aportar en cada anualidad, por parte del Ministerio de Fomento, así como de los compromisos de cofinanciación de las actuaciones que asume la Comunidad Autónoma de Andalucía.
a) El Ministerio de Fomento se compromete a aportar, como máximo, para la financiación de las subvenciones del Plan Estatal 2013-2016 (para los programas de ayuda al alquiler de vivienda, de fomento del parque público de vivienda en alquiler, de fomento de la rehabilitación edificatoria, de fomento de la regeneración y renovación urbanas, de apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios y del fomento de ciudades sostenibles y competitivas) en la Comunidad Autónoma de Andalucía las siguientes cuantías:
Año 2014: 19.989.900 euros.
Año 2015: 34.902.126 euros.
Año 2016: 41.485.626 euros.
b) Como consecuencia del compromiso que adquiere la Comunidad Autónoma de Andalucía para cofinanciar actuaciones en los términos previstos en el apartado 5 del artículo 5 del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, el Ministerio de Fomento se compromete, como máximo, a aportar una financiación adicional a la anterior de las subvenciones del Plan Estatal 2013-2016 en la Comunidad Autónoma de Andalucía conforme a las siguientes cuantías:
Año 2014: 8.567.100 euros.
Año 2015: 14.958.054 euros.
Año 2016: 17.779.554 euros.
c) Por tanto, sumando estas dos aportaciones, el Ministerio de Fomento se compromete a aportar para la financiación de las subvenciones del Plan Estatal 2013-2016 (para los programas de ayuda al alquiler de vivienda, de fomento del parque público de vivienda en alquiler, de fomento de la rehabilitación edificatoria, de fomento de la regeneración y renovación urbanas, de apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios y del fomento de ciudades sostenibles y competitivas) en la Comunidad Autónoma de Andalucía hasta un máximo (límite de gasto), por anualidades, de:
Límite de gasto Año 2014: 28.557.000 euros.
Límite de gasto Año 2015: 49.860.180 euros.
Límite de gasto Año 2016: 59.265.180 euros.
2. La Comunidad Autónoma de Andalucía se compromete a cofinanciar actuaciones del Plan Estatal 2013-2016, en los términos previstos en el apartado 5 del artículo 5 del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, y de conformidad con el desglose por programas y anualidades establecido en la cláusula cuarta «Financiación de los programas del Plan a desarrollar en el marco del presente convenio » por importe máximo (límite de gasto) de:
9.994.950
20.742.813
4.283.550
7.479.027
4.067.100
6.520.554
5.967.054
19.989.900
34.902.126
41.485.626
8.567.100
14.958.054
17.779.554
La aportación del Ministerio de Fomento a la Comunidad Autónoma de Andalucía se realizará con cargo al crédito presupuestario 17.09.261N.753.01 (crédito habilitado para la ejecución de planes estatales en todo el territorio nacional salvo País Vasco y Navarra), o al que le sustituya, en su caso, en ejercicios posteriores, por importe total máximo de 137.682.360€, de acuerdo con la distribución por anualidades y programas establecido en la cláusula cuarta. Ello conforme al siguiente criterio de justificación y a los siguientes libramientos.
El Ministerio de Fomento, una vez suscrito el presente convenio de colaboración, transferirá por adelantado a la Comunidad Autónoma de Andalucía el 10% del importe total comprometido por el citado Ministerio en virtud del convenio, siempre y cuando dicha cantidad no supere las dos cuartas partes de la anualidad comprometida con cargo al ejercicio 2014, en cuyo caso se transferirá a la Comunidad Autónoma este último importe que operará como límite máximo.
A lo largo del ejercicio 2014 y a partir de la firma de este convenio, la Comunidad Autónoma de Andalucía remitirá al Ministerio de Fomento, mes a mes, la documentación justificativa sobre los compromisos financieros asumidos para la citada anualidad hasta cada fecha y en cada uno de los Programas objeto de financiación de acuerdo con la cláusula segunda.
A lo largo de los ejercicios 2015 y 2016, la Comunidad Autónoma de Andalucía remitirá al Ministerio de Fomento, mes a mes, la documentación justificativa sobre los compromisos financieros asumidos para la citada anualidad hasta cada fecha y en cada uno de los programas objeto de financiación.
Finalizado cada uno de los ejercicios 2014, 2015 y 2016, y no más tarde del 31 de marzo del ejercicio siguiente, la Comunidad Autónoma de Andalucía, remitirá al Ministerio de Fomento el estado de ejecución del ejercicio anterior, indicando las cuantías totales de compromisos de créditos, obligaciones reconocidas y pagos realizados en el año, detallado por cada transferencia de fondos y para cada programa, teniendo en cuenta asimismo lo dispuesto en el anexo I (Manual de Gestión) para cada uno de los programas objeto de financiación a través del presente convenio.
• Finalizado el ejercicio 2016 y no más tarde del 31 de marzo del 2017, la Comunidad Autónoma de Andalucía remitirá al Ministerio de Fomento, los estados de ejecución y la documentación justificativa que acredite la ejecución completa de los distintos programas del Plan. A tal efecto en dicha documentación justificativa no se admitirán compromisos asumidos por la Comunidad Autónoma que no hubieren cursado entrada en el registro del Ministerio de Fomento antes del 1 de noviembre de 2016.
• Si la Comunidad Autónoma de Andalucía, finalmente no hubiese aportado y reconocido, con cargo a su presupuesto, obligaciones por el importe inicialmente previsto y tenido en cuenta para la aportación adicional estatal que se hubiera librado, la Comunidad Autónoma de Andalucía deberá reintegrar la diferencia a la cuenta del Tesoro Público que corresponda, en el plazo máximo de un mes desde que se hubiera notificado la liquidación aprobada.
El desarrollo de cualquier actuación en el seno de los programas de fomento del parque público de vivienda en alquiler, de fomento de la regeneración y renovación urbana y de fomento de ciudades sostenibles y competitivas, requiere, con carácter previo, de la suscripción de un Acuerdo de Comisión Bilateral de Seguimiento a propuesta de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El Ministerio de Fomento se compromete a poner a disposición de la Comunidad Autónoma de Andalucía un interface web abierto (Portal de intercambio con Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla) para facilitar la gestión, coordinación y el intercambio de información en la gestión del Plan
3.1 La financiación específica correspondiente al programa de fomento del parque público de viviendas en alquiler y del programa de fomento de la regeneración y renovación urbanas, así como las fórmulas concretas de gestión, seguimiento, control y evaluación, se determinarán, para cada actuación, en un acuerdo suscrito por el Ministerio de Fomento, la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Ayuntamiento correspondiente, en el ámbito de la Comisión Bilateral de Seguimiento correspondiente. Las anualidades con cargo al Ministerio de Fomento no podrán superar el importe de las cuantías máximas de gasto comprometidas por el Ministerio en virtud del presente Convenio para cada anualidad ni el ejercicio 2016, dentro de los límites previstos en las cláusulas tercera, cuarta, quinta y sexta.
Una vez solventada la viabilidad de la actuación, el exceso de incrementos de valoo aprovechamiento que pudieran obtenerse, circunstancia que, en su caso, habrá de recogerse y cuantificarse en el correspondiente acuerdo de Comisión Bilateral, será repartido entre los propietarios, entidades y administraciones que hayan financiado la actuación, proporcionalmente a la participación de cada una de ellas, todo ello de conformidad con el destino que para dicho exceso o aprovechamiento esté establecido en la legislación urbanística..
A tal efecto, la Comunidad Autónoma de Andalucía deberá solicitar la suscripción de un nuevo Acuerdo de Comisión Bilateral acompañando toda la documentación necesaria, en los términos previstos en este Convenio y en el Plan Estatal 2013-2016.
1. En las convocatorias de las ayudas del programa de ayuda al alquiler de vivienda, la Comunidad Autónoma de Andalucía establecerá un coeficiente multiplicador único comprendido entre 0,70 y 1,00, que se determinará en función de la inclusión de alguno de los miembros de la unidad familiar en algún grupo de especial protección y del ámbito geográfico en que se ubique la actuación, a los efectos de lo establecido en el artículo 6, apartado 2, letra b) del Real Decreto 233/2013 por el que se regula el Plan. Estas ayudas se destinarán a familias con ingresos familiares de hasta 2,5 veces el IPREM y se establecerá como cuantía máxima del alquiler mensual 500 euros.
• Unidades familiares con ingresos de hasta 1 vez el IPREM para las que la renta de alquiler, una vez deducida la ayuda estatal por este concepto, supere el 25 % de sus ingresos.
• La adjudicación de las personas destinatarias será realizada por los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida.
• El límite máximo de ingresos para las familias que opten a viviendas con alquiler en rotación será de 1 vez el IPREM.
• El límite máximo de ingresos para las familias que opten a viviendas con alquiler protegido será de 2,5 veces el IPREM.
La Comisión Bilateral de Seguimiento estará compuesta por seis miembros, tres en representación del Ministerio de Fomento y tres en representación del Andalucía. Los representantes del Ministerio de Fomento serán el titular de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, y otros dos miembros de esta Dirección General designados por dicho titular. Los representantes del Andalucía serán la persona titular de la Secretaría General de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y otros dos miembros de esta Secretaría General designados por dicho titular. Estará presidida por el titular de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, cuyo voto servirá para dilucidar en caso de empate, siendo ocupada la vicepresidencia por la persona titular de la Secretaría General de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía.
3.3 La Comunidad Autónoma de Andalucía, en las actuaciones de los Programas de fomento del parque público de viviendas en alquiler, fomento de la regeneración y renovación urbanas y para el fomento de ciudades sostenibles y competitivas informará, informará de la finalización de la actuación al Ministerio de Fomento, en un plazo máximo de un mes desde la misma y en todo caso con una antelación mínima de veinte días a la posible inauguración oficial.
3.4 La Comunidad Autónoma de Andalucía se obliga a presentar los estados de ejecución del Plan en cada ejercicio. Ello tras la finalización del año natural, de cada periodo del Plan, y en el primer trimestre del año siguiente.
a) Si la Comunidad Autónoma de Andalucía incumpliera lo señalado el apartado 3.3. de la cláusula decimoséptima, inaugurando oficialmente una actuación sin conocimiento del Ministerio o no remitiendo el informe final de la misma en el plazo establecido, el Ministerio de Fomento podrá suspender la transferencia de fondos de este Plan hasta que sea subsanado el incumplimiento. A tal efecto la Comunidad Autónoma deberá publicitar, en el plazo más breve posible y a su costa, la participación del Ministerio, en la actuación de que se trate, con la misma repercusión que lo hubiera hecho de su propia participación o retrasar la inauguración oficial hasta que el Ministerio disponga del informe final con la antelación ya referida. Será la Comisión Bilateral de Seguimiento la que habrá de valorar si la subsanación es equivalente al daño causado.
b) Si la Comunidad Autónoma de Andalucía incumpliera lo señalado en el apartado 4.b) de la cláusula decimoséptima, el Ministerio de Fomento podrá suspender la transferencia de fondos de este Plan hasta que sea subsanado el incumplimiento. A tal efecto la Comunidad Autónoma deberá editar o publicitar, en el plazo más breve posible y a su costa, la participación del Ministerio, en la actuación de que se trate, con la misma repercusión que lo hubiera hecho de su propia participación. Será la Comisión Bilateral de Seguimiento la que habrá de valorar si la subsanación es equivalente al daño causado.
Las convocatorias de ayudas que, de acuerdo a lo establecido por el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, se hayan aprobado por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía después de la entrada en vigor del Plan Estatal y con anterioridad a la firma del presente convenio, obtendrán financiación conforme al mismo.
La Comunidad Autónoma de Andalucía creará y pondrá en marcha el Registro de Informes de Evaluación de los Edificios previsto en los artículos 4, apartado 6, y 5 de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, con anterioridad a la concesión de cualquier ayuda relacionada con los Programas de fomento de la rehabilitación edificatoria y de la regeneración urbana, así como el de apoyo a la implantación del propio Informe.
La Comunidad Autónoma de Andalucía podrá decidir la inclusión de los gastos derivados del presente convenio, en aquellos programas con medidas susceptibles de ser cofinanciadas con Fondos FEDER, dentro de sus Programas Operativos Regionales 2014-2020. Para ello, la Comunidad Autónoma de Andalucía tomará las medidas necesarias para que los gastos se ajusten a los requerimientos reglamentarios de dichos Fondos, en concreto el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen las disposiciones comunes y generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y otros; y el Reglamento (UE) n.º 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional; así como otra normativa en vigor en este ámbito.
En aplicación del artículo 3.3.d) del RD 233/2013, de 5 de abril, se acompaña al presente Convenio de colaboración para la gestión del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, el Plan Estratégico de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la ejecución de dicho Plan.
Los desarrollos urbanos de expansión que caracterizaron los años anteriores a la aparición de la grave crisis económica en la que se encuentra inmersa España dentro del contexto geográfico europeo y que afecta de manera notable a la Comunidad Autónoma de Andalucía, estuvieron basados en un modelo que apostó de manera incondicional por el continuo crecimiento de las ciudades y la construcción insaciable de áreas residenciales de nueva planta. Modelo de desarrollo insostenible que ha puesto de relieve sus enormes contradicciones con el estallido de la burbuja inmobiliaria a partir de 2007 y que estuvo amparado, de manera especial en nuestro entorno geográfico más inmediato, en una dinámica del mercado inmobiliario que, lejos de atender a la función social de la vivienda, respondía exclusivamente a su valor como bien de inversión, en un contexto financiero proclive a generar dinámicas de especulación alimentadas por las expectativas del fácil enriquecimiento que contagiaron a los grandes y pequeños inversores.
Son diversas las consecuencias derivadas de este proceso, que ahora, tras la drástica paralización del sector inmobiliario derivada de la crisis económica y financiera, quedan en evidencia.
De una parte, la enorme factura del deterioro ambiental de los entornos urbanos, consecuencia de los modelos de crecimiento utilizados. Si ya la intensificación del fenómeno urbano es una de las causas principales de la sobreexplotación del planeta, la adopción de modelos dispersos de crecimiento, consumidores de grandes cantidades de suelo, materiales y energía y generadores de una alta dependencia del transporte motorizado, ha acelerado el deterioro espacial, social y ambiental de nuestros entornos urbanos.
Se hace, pues, necesario optar ahora por un desarrollo territorial que, basado en la minimización del consumo de suelo, opte por una ciudad compacta, diversa y compleja frente a los desarrollos urbanos de expansión, permita una vida social más cohesionada e impulse nuevas dinámicas económicas más sostenibles, recuperando la ciudad consolidada y el espacio público como distintivo y principal recurso para el disfrute colectivo.
Otra consecuencia de los procesos de expansión urbana desarrollados en la última década ha sido la generación de un parque de viviendas excesivo e infrautilizado, que a su vez se muestra incapaz de dar respuesta a una demanda insatisfecha que no encuentra oferta a precios adecuados en el actual contexto de crisis económica y que afecta de manera principal a los sectores de la población con menos recursos. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Fomento, el parque de viviendas en Andalucía se incrementó desde 2001 en un millón de viviendas, lo que supone un incremento próximo al 25% respecto al existente en aquella fecha. Además, según los datos de los Censos de Población y Vivienda 2011, el parque de viviendas vacías en Andalucía se cifra en 637.221 unidades, incrementándose desde el año 2001 en 88.552 viviendas.
Sin duda, a todo ello ha contribuido un sector inmobiliario movilizado principalmente por el valor de inversión de la vivienda, pero también un sistema financiero y crediticio extensivo e insostenible y una gestión pública en muchos casos obsesionada por la generación de nuevos suelos y el fomento de la edificación. A su vez, las políticas de vivienda de ámbito estatal y autonómico, concretadas para el último periodo a través del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 y el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, no previeron en toda su dimensión las consecuencias sobrevenidas tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y aunque apostaron por la rehabilitación y el alquiler del parque residencial existente, privilegiaron su apoyo a la construcción de nuevas viviendas destinadas a la venta.
Se hace necesario por tanto, impulsar e la rehabilitación y el alquiler del parque residencial existente frente a la construcción de nueva planta, optando por una nueva oferta de vivienda digna que procure la sostenibilidad urbana y priorice la recuperación del parque edificatorio existente mediante su rehabilitación, su alquiler y la mejora de su eficiencia energética.
La apuesta de la última década por los desarrollos urbanos expansivos y sobredimensionados ha sido también determinante de la excesiva concentración de la actividad del sector de la construcción en la nueva edificación. El análisis de los indicadores de referencia entre la construcción de nueva planta y la rehabilitación o el alquiler correspondientes a la última década, evidencian el tremendo desequilibrio existente entre estas actividades en nuestro país. Según datos publicados incluidos en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento, la participación de la rehabilitación en España en relación con el total de la construcción es uno de los más bajos de la zona euro, suponiendo en 2009 un 28 % del total del sector, porcentaje que se ha incrementado desde el 23 % registrado en 2007, pero que no debe considerarse como un incremento absoluto, ya que es sólo la consecuencia de la bajada de la inversión en nueva construcción. Estos datos contrastan con la media europea que se sitúa en el 41 %, llegando la rehabilitación en algunos países, como Alemania, a alcanzar el 56 % de la actividad de la construcción.
Lo mismo ha ocurrido con el mercado del alquiler, escasamente desarrollado en nuestro país. En España, según datos reflejados en el citado Plan, solo el 17 % de la población reside en una vivienda en régimen de alquiler, tratándose de la menor proporción de todos los países de la Europa de los quince y muy lejos del 56 % o del 48 % de habitantes que han optado por el alquiler en Suiza o Alemania respectivamente.
Todos estos datos apuntan hacia la importancia del papel que la rehabilitación y el alquiler del parque residencial existente han de jugar en el cambio del modelo productivo de la construcción residencial. La rehabilitación consume menos energía y recursos materiales que la construcción de nueva planta y genera más empleo, manteniendo en condiciones dignas y adecuadas el patrimonio residencial existente. Además un mercado del alquiler eficiente tiene implicaciones positivas sobre la movilidad de los trabajadores y el empleo. Pero se trata también de ir a más, ampliando la escala de intervención al entorno urbano, dentro de un concepto de ciudad más sostenible y habitable, en la que adquiera especial protagonismo el espacio público, como patio colectivo y lugar de convivencia de las personas.
El sector de la construcción se ha caracterizado por haber sido un ámbito especialmente intensivo en la generación de empleo durante los años de crecimiento, pero también ha sido el principal afectado por la paralización producida desde 2007. Durante el periodo de fuerte crecimiento económico se crearon en Andalucía más de 1.200.000 puestos de trabajo, de los cuales algo más de 230.000 correspondía directamente al sector de la construcción. Sin embargo, entre 2007 y 2011, se destruyeron en Andalucía casi 400.000 puestos de trabajo de los que 215.000 correspondieron al sector de la construcción.
Además, desde un punto de vista cualitativo, el empleo generado en los años de crecimiento en el sector de la construcción lo fue de escasa calidad, no solo en cuanto a formas de contratación, estabilidad, condiciones laborales y seguridad, sino también en lo relativo a los requerimientos técnicos y de cualificación. Todo ello ha incidido, en muchos casos, en la pérdida de la capacitación propia de los oficios tradicionales del sector, acelerada por unos procedimientos de puesta en obra basados en el trabajo rápido y en cadena y de escaso valor añadido.
Por todo ello y dada la existencia de un parque de viviendas de nueva planta sobredimensionado y de difícil acceso a la demanda existente, la alternativa para la reconversión del sector de la construcción pasa necesariamente por el impulso de la rehabilitación, el alquiler y la adaptación de edificios existentes para hacerlos más eficientes energéticamente y reducir las emisiones de dióxido de carbono. Estas actuaciones se sustentan en trabajos que demandan mano de obra intensiva, directa y de repercusión a escala local, que requieren una mayor calidad en la formación de los trabajadores, presentando claras ventajas respecto a la construcción de nueva planta para incidir en una reconversión sostenible del mercado de trabajo de la construcción. Según estudios elaborados por la Confederación Nacional de la Construcción, cada millón de euros invertidos en rehabilitación genera al menos, treinta empleos estables. Además los retornos fiscales por IVA, IRPF, tasas, prestaciones por desempleos ahorradas y aportaciones a la Seguridad Social equivaldrían a más del 60 % de la inversión efectuada.
La excesiva concentración de la actividad del sector de la construcción en la nueva edificación durante la última década no ha ayudado al mantenimiento y conservación del parque residencial existente en Andalucía, compuesto en gran parte por edificaciones que cuentan con más de 30 años de antigüedad y muchas de ellas construidas con escasa calidad en las décadas 50, 60 y 70 del pasado siglo, constituyendo el tejido edificatorio de las grandes barriadas de las principales ciudades andaluzas. No obstante, la masiva demanda de las ayudas contempladas en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 para la rehabilitación de viviendas y edificios residenciales y el fomento del alquiler, que ha superado ampliamente su capacidad presupuestaria, ha puesto de relieve las necesidades de rehabilitación, mantenimiento, conservación y alquiler de este parque residencial.
Aunque han sido relevantes los avances en materia de accesibilidad, dotando de ascensores con financiación pública a más de 2.800 edificios residenciales desde 2000, y las intervenciones para la mejora de la seguridad estructural y constructiva y de la estanqueidad de los edificios, los instrumentos desarrollados han mostrado su debilidad para impulsar la mejora de la eficiencia energética de los edificios y en consecuencia de nuestras ciudades.
A este respecto hay que considerar la gran distancia que separa al parque edificado de nuestro país de las exigencias europeas relativas a la eficiencia energética de los edificios. Según datos del Ministerio de Fomento, cerca del 58 % del parque edificado en España se construyó con anterioridad a la entrada en vigor en 1979 de la Norma Básica de la Edificación NBE-CT-79, sobre Condiciones Térmicas en los Edificios, introductora de los primeros requerimientos sobre eficiencia energética de los edificios. A falta de datos más precisos, podemos extrapolar esta misma Comunidad Autónoma. La estrategia 20/20/20 de la Comisión Europea para 2020 tiene como objetivo, tomando como valores de referencia los datos correspondientes a 1990, la reducción del 20 % del consumo de energía primaria, la producción del 20% de energía final a partir de fuentes de energía renovables y el 20 % de reducción de emisiones de CO2. El sector de la edificación tiene una especial incidencia en la consecución de este objetivo, ya que los edificios son responsables del 40 % del consumo de energía de la UE. Además, la Directiva 2013/31/CE fomenta la transformación de los edificios existentes hacia «edificios de consumo casi nulo».
La aplicación de estos objetivos al parque residencial existente supone para nuestra Comunidad Autónoma un reto de especial trascendencia. La mejora de la eficiencia energética de muchos edificios residenciales, especialmente los que integran las barriadas de las grandes ciudades andaluzas, dadas las condiciones de antigüedad y escasa calidad constructiva con las que fueron levantados, no sólo contribuirá a la reducción del consumo energético sino que también mejorará de manera considerable las condiciones de vida y el confort de sus residentes. En este contexto, habrá de tener especial relevancia la actuación sobre el Parque Público Residencial titularidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Mención especial merecen las comunidades con menores recursos y riesgo de exclusión social, cuyas condiciones de vida no se vieron especialmente favorecidas durante los años de crecimiento económico y que ahora constituyen los sectores de población más vulnerables a la crisis económica. A pesar de los enormes esfuerzos realizados en las décadas anteriores a través de los Planes andaluces de vivienda y suelo, la presencia urbana de la infravivienda aún existente en Andalucía muestra la enorme dificultad de los colectivos más desfavorecidos y de las comunidades marginadas para acceder a una vivienda digna y adecuada. Las deficientes condiciones y el grave deterioro de muchas de las viviendas donde residen estos sectores de la población, en muchos casos alejadas de los requisitos mínimos que las hagan habitables, no sólo es un problema residencial y urbano, sino de importante dimensión social. Promover la inclusión social y la lucha contra las desigualdades y la pobreza que afecta a estas comunidades implica necesariamente apostar por la regeneración física, social, económica y ambiental de su entorno de residencia.
La compleja problemática que caracteriza las situaciones de infravivienda y los limitados objetivos alcanzados para su transformación en la ejecución de los Planes anteriores de vivienda y suelo, determinan la necesidad de impulsar una serie de medidas tendentes a la eliminación de la infravivienda que, por una parte, permitan profundizar en el conocimiento de la situación de esta realidad en Andalucía y por otra refuercen los instrumentos de colaboración entre la Junta de Andalucía y otras Administraciones, en especial los Ayuntamientos.
Por último, cualquier análisis o diagnóstico que se efectúe sobre el sector de la vivienda en Andalucía, adolecería de una carencia fundamental si no tuviese en cuenta la triste realidad social que viven muchas personas en Andalucía, quienes, víctimas de la crisis financiera, han perdido no sólo sus empleos, sino también sus casas, al no poder hacer frente al pago de las hipotecas contraídas en tiempos de bonanza con las entidades financieras. En este contexto, la pérdida de empleo y la disminución de ingresos familiares, junto al imparable aumento del coste de la vida hacen que sea cada vez más difícil para miles de familias atender el pago de sus hipotecas. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, Andalucía sigue siendo la Comunidad Autónoma que encabeza el lamentable ranking de desahucios, con 85.967 ejecuciones hipotecarias entre 2007 y 2012, de las más de 440.000 ejecuciones hipotecarias en toda España, habiéndose incrementado entre 2011 y 2012 un 13,8 %.
Se trata de personas que son expulsadas de sus viviendas y a las que les queda el alquiler como única opción de rehacer su vida autónomamente. Nos enfrentamos a un drama social que está teniendo consecuencias muy graves. Suicidios, depresiones, separaciones familiares son sólo algunas de las cuestiones derivadas de una situación injusta que puede y debe ser corregida con medidas públicas.
A fin de garantizar el derecho humano, constitucional y estatutario a una vivienda digna y adecuada, en respuesta a una situación dramática que afecta a la dificultad de acceso a una vivienda, pero también a la grave situación de desempleo en el ámbito de la construcción y a la necesidad de un cambio de modelo más sostenible, en la ejecución del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y de regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, se destacan como objetivos la mejora de la calidad de la edificación, en particular, de su eficiencia energética, de su accesibilidad universal, de su adecuación para la recogida de residuos y de su debida conservación y contribuir a la reactivación del sector inmobiliarios, desde dos elementos motores: el fomento del alquiler y el apoyo a la rehabilitación de edificios y a la regeneración urbana.
En base a lo anterior, el Presente Plan Estratégico Global de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la ejecución del Plan Estatal y en concordancia con el Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, actualmente en trámite de audiencia pública, orienta su política de vivienda hacia la consecución de los siguientes objetivos:
1. Una vivienda digna para los más vulnerables.
Los preceptos de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, con las importantes modificaciones introducidas por la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda y las circunstancias derivadas de la crisis económica, aconsejan considerar el parque residencial existente como el activo principal en el que soportar el derecho a una vivienda digna y adecuada en Andalucía. Que ningún ciudadano o ciudadana de nuestra Comunidad se encuentre sin vivienda mientras permanecen vacíos miles de pisos.
2. Un modelo europeo de ciudad sostenible.
En línea con las directrices europeas, frente a los despilfarros ambientales –pero también sociales, culturales y económicos– que ha significado la burbuja inmobiliaria, se apuesta por un territorio más sostenible, por una ciudad compacta para repoblar los centros históricos y revitalizar socialmente las barriadas y por la rehabilitación de lo construido y del espacio público en cuanto patio colectivo; por fomentar el alquiler de las viviendas existentes; promover el cumplimiento de la eficiencia energética del parque de viviendas y apoyar la rehabilitación urbana sostenible de los edificios públicos y de sectores urbanos degradados, como son las áreas industriales y productivas en desuso o los nudos infraestructurales, ocasiones de regeneración urbana en el interior de la ciudad.
3. La reconversión del empleo del sector de la construcción a la rehabilitación.
En las últimas décadas en España, el sector de la construcción ha sufrido innumerables operaciones de especulación, que han dejado a miles de sus trabajadores en el paro y en la desesperación. La desaparición de centenares de empresas de la construcción ha destrozado un sector empresarial, que tiene ahora el reto de reconvertirse hacia un empleo más sostenible y más pormenorizado, capaz de facilitar la creación de pequeñas y medianas empresas en el ámbito de la rehabilitación.
Para alcanzar los anteriores fines, en la ejecución del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y de regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se desarrollarán las medidas que a continuación se relacionan, que se han de ver complementadas con las ya establecidas por la Ley 1/2010, de 8 de marzo y por la Ley 4/2013, de 1 de octubre, antes citadas, especialmente las actuaciones de fomento para evitar la existencia de viviendas deshabitadas y con los programas que se regulen en el futuro Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación en Andalucía, actualmente en tramitación.
Como punto de partida hay que considerar que del análisis de demanda de vivienda obtenido de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda, se detecta que un 94 % de familias tienen ingresos inferiores a 2,5 IPREM, y un 62 % del total de demandantes no superan una vez IPREM. En base a esto se propone actuar en dos líneas:
1. La primera línea se dirige a una población que, aunque con ingresos reducidos, mantiene una estabilidad económica que le permite acceder a una vivienda en alquiler contando con la ayuda estatal.
La renta máxima que se contempla en este caso es de 500 euros/mes, imponiéndose también un límite en función de los metros cuadrados útiles de la vivienda y el ámbito geográfico. La limitación de la renta propuesta por el estado tiene como finalidad que la expectativa de que el inquilino reciba ayudas no redunde en una subida de las rentas por parte del propietario.
Si se destinasen a esta finalidad 7 millones de euros tendríamos 3.240 ayudas para una media de rentas de 450 euros/mes.
2. Como se ha visto, existe una amplia demanda de familias que difícilmente podrán acceder a una vivienda únicamente con la ayuda estatal, por lo que necesitan que se le complemente con fondos autonómicos para conseguir que el esfuerzo que realicen en el pago del alquiler no supere así como parece aconsejable que se realice como una convocatoria separada en la que intervengan agentes colaboradores de carácter público.
Las ayudas estatales se complementarían en estos casos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.4. del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, con ayudas de fondos autonómicos, cuya suma podría alcanzar hasta el 80 % de la renta a fin de conseguir un esfuerzo máximo del pago de las rentas de alquiler del 25 % de los ingresos de la unidad familiar.
Destinando a esta finalidad 6,5 millones estatales y 4,32 millones de fondos autonómicos podrían cubrirse hasta 5.000 ayudas si consideramos como rentas máximas en este caso las rentas máximas aplicables a la vivienda protegida, es decir en torno a 350 euros al mes por vivienda.
En ambos supuestos las ayudas se dirigen tanto a nuevos contratos como a contratos ya existentes. Se limitarían a familias con ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM y 1 vez el IPREM en el segundo caso, y con los criterios de ordenación marcados por el Plan Estatal, además de tener en cuenta otros factores, como el encontrarse en situación de desempleo o haber visto disminuidos sus ingresos económicos, especialmente cuando ya exista previamente un contrato, o haber sido anteriormente víctima de un desahucio, tanto si la ayuda se dirige a un nuevo contrato, como al contrato ya existente si no ha habido lanzamiento.
• Programa de fomento del parque público de vivienda de alquiler.
Constituyen un instrumento esencial para sustentar la política de vivienda en la Comunidad Autónoma de Andalucía los Planes Municipales de Vivienda y Suelo, de conformidad con lo establecido en la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, por lo que aunque no se descarta la necesidad de plantear nuevas promociones de obra nueva, debe ser dichas figuras las que justifiquen su necesidad.
En coherencia con expuesto, la construcción de nuevas viviendas en nuestra Comunidad Autónoma será excepcional y se llevará a cabo en los supuestos en que se haya justificado su necesidad en dichos Planes Municipales de Vivienda y Suelo, por no poderse satisfacer la necesidad de vivienda detectada en el municipio a través de la movilización de las viviendas deshabitadas, mediante las ayudas al alquiler y la rehabilitación del parque residencial existente.
En principio no se prevén actuaciones en este programa, sin perjuicio de que puedan proponerse más adelante en el marco de las Comisiones Bilaterales de seguimiento, si se constatara su necesidad.
Las actuaciones convenidas entre el Ministerio y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la ejecución de este Programa, se desarrollaran según las disposiciones de la orden de aplicación del Plan Estatal en Andalucía y, de manera complementaria, con actuaciones autonómicas en materia de rehabilitación de edificios.
En este sentido, señalar que las actuaciones programadas en el presente Plan Estratégico para el programa de fomento de la rehabilitación edificatoria, serán ejecutadas a según las correspondientes convocatorias públicas de ayudas.
En esta normativa de aplicación del Plan Estatal en Andalucía y en las convocatorias públicas, se establecerán de forma pormenorizada la relación de actuaciones que, teniendo por finalidad la rehabilitación, la accesibilidad y la eficiencia energética de edificios, podrán ser objeto de financiación, así como sus condiciones y requisitos específicos en esta Comunidad Autónoma, además de lo establecido en el Real Decreto 233/2013.
Entre estos requisitos específicos se tendrá en cuenta que las comunidades de propietarios beneficiarias de las ayudas serán aquellas en las que al menos el 75 % de los propietarios de viviendas tengan ingresos familiares ponderados no superiores a 2,5 veces el IPREM.
La primera convocatoria pública de ayudas para este Programa, atenderá los objetivos fijados para el año 2014, que ascienden, según la programación propuesta a 5.143 viviendas. En siguientes convocatorias serán atendidos el resto de objetivos, 4.500 viviendas en 2015 y 4.500 viviendas en 2016.
La financiación estatal y autonómica propuesta para su ejecución, tiene en cuenta ayudas medias de 3.500 euros por actuación, sobre unos presupuestos medios por actuación de 5.000 euros, uniendo las financiaciones autonómicas y estatales, siendo cada una de ellas del 35% del presupuesto, consiguiéndose de esta manera financiar el 70 % de dichos presupuestos.
• Programa de fomento de la regeneración y renovación urbanas
Dentro de las políticas de intervención de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las Áreas de Rehabilitación se constituyen como instrumentos de intervención en ámbitos urbanos degradados, donde se concentran procesos de segregación urbana y graves problemas de carácter habitacional..
Las actuaciones desarrolladas en estos ámbitos urbanos, gestionadas por la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, se realizan a través de programas autonómicos y municipales, así como de programas procedentes de otras Administraciones Públicas, que resulten coherentes con los objetivos fijados.
Dentro de estos, se encuentra el Programa de fomento de la regeneración y renovación urbanas, incluido en el Plan Estatal (Real Decreto 233/2013 de 5 de abril), cuyos objetivos son coincidentes con los perseguidos en las Áreas de Rehabilitación. Las ayudas establecidas en este programa pueden alcanzar hasta un 35 % del coste subvencionable.
El acceso a las ayudas incluidas en el Programa de fomento de la regeneración y renovación urbanas del Plan Estatal se dirigen a las actuaciones que se localizan en ámbitos urbanos delimitados como Áreas de Rehabilitación Integral según los planes andaluces. A través de los correspondientes Acuerdos de Comisión Bilateral con la participación de los ayuntamientos implicados, se determinarán las cuantías de las ayudas a aportar por cada una de las Administraciones participantes en cada uno de los ámbitos urbanos.
• Apoyo a la implantación del Informe de evaluación de edificios.
Como requisito específico para la aplicación de esta ayuda en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se tendrá en cuenta que las comunidades de propietarios beneficiarias serán aquellas en las que al menos el 75 % de las personas propietarias de viviendas tengan ingresos familiares ponderados no superiores a 2,5 veces el IPREM, aspecto que ha de ser contemplado en la normativa autonómica de aplicación del Plan Estatal.
Los objetivos planteados en la programación de actuaciones contemplan para esta línea de ayudas 10.000 viviendas para cada uno de los años 2014, 2015 y 2016. La ayuda media contemplada es de 20 euros por cada una de las viviendas, tal y como establece el Real Decreto 233/2013 y solo se contempla financiación estatal.
Al considerar en la programación propuesta 10.000 actuaciones anuales para esta línea de actuación y teniendo en cuenta que la presentación del Informe de Evaluación de Edificios es imprescindible para la obtención de la ayuda del Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria, se estima que estará vinculada a las solicitudes de este programa. Teniendo en cuenta esta posibilidad, el resto de ayudas programadas anuales para la implantación del Informe de Evaluación de Edificios, no vinculadas necesariamente a programa de rehabilitación concreto, podrá contribuir al conocimiento y análisis de las condiciones de accesibilidad, eficiencia energética y estado de conservación del parque residencial construido.
Dentro de un concepto de ciudad más sostenible y habitable, se enmarca una de las principales líneas de actuación de la Comunidad Autónoma de Andalucía: la Rehabilitación Urbana Sostenible [Re(U)So].
Esta línea de actuación se desarrolla mediante proyectos piloto, específicos e integrales, que persigan la reactivación de las potencialidades y oportunidades de mejora sostenible de las condiciones urbanas, residenciales, sociales, económicas y ambientales de ámbitos urbanos, centrales o periféricos; con especial atención a aquellos afectados por procesos de obsolescencia o degradación.
Para su desarrollo se contempla el acceso a las ayudas establecidas en el Programa para el fomento de ciudades sostenibles y competitivas (Real Decreto 233/2013, de 5 de abril), mediante convocatorias públicas y anuales, realizadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo a los criterios y procedimientos que se establezcan en la normativa de aplicación y en las correspondientes convocatorias y según la disponibilidad presupuestaria de cada ejercicio.
La participación de los Ayuntamientos en los que se ubiquen las actuaciones se considera esencial, tanto en la elaboración de los proyectos como en su ejecución.
Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio por duplicado a 15 de septiembre de 2014.–Por el Ministerio de Fomento la Ministra de Fomento, Ana María Pastor Julián.–Por la Junta de Andalucía la Consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés Jiménez.