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Timestamp: 2018-01-21 10:48:39
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Matched Legal Cases: ['artículo 401', 'artículo 185', 'in fine', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 45']

Foro Legal | Abogados Barcelona: julio 2011
Suplantar la identidad de otra persona en Facebook no supone delito
Recientemente, en una Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, se ha sobreseído una denuncia por usurpación de estado civil en la red social “Facebook”. Pero ¿qué se entiende por usurpación de estado civil? La Real Academia de la Lengua define usurpar en su acepción material como el apoderamiento del algo que legitimante pertenece a otro, y en su acepción personal, como “Arrogarse la dignidad, empleo u oficio de otro, y usarlos como si fueran propios”. En nuestra legislación penal se castigan ambas acciones. En el caso de la vertiente personal de la usurpación, que es la que nos interesa, el Código Penal recoge esta acción como delito en su artículo 401, afirmando “el que usurpare el estado civil de otro será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años”. Los tribunales y la doctrina han fijado en qué condiciones se puede considerar que se ha producido efectivamente la suplantación de identidad, como se la conoce popularmente. Para ello, no es suficiente con usar el nombre de otro, sino que se ha de llevar a cabo una sustitución plena de la identidad con el ánimo de usar todos sus derechos, de forma que no sería suficiente, para su calificación como delito, el mero hecho de arrogarse una personalidad ajena, usando su identidad, aunque sea en un periodo largo de tiempo. En este sentido, tal y como reconoce la Sentencia, no se aprecian indicios de delito en la acción de hacerse pasar por otra persona en “Facebook”, puesto que implica una mera suplantación parcial de la identidad haciendo uso sólo del nombre, y de, al parecer según la Sentencia, algunas fotos, conductas que en ningún caso tienen la voluntad de ejercer todos los derechos que jurídicamente se asocian a la persona. De hecho, esta clase de actos constituyen una práctica habitual en este tipo de redes sociales.
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Los empleados del hogar cotizarán a partir del 1 de enero de 2012
En el marco de la reforma de las pensiones, el Congreso de los Diputados aprobó el pasado 27 de junio que los empleados del hogar se integren en el régimen general de la Seguridad Social, con lo que cotizarán por todo su tiempo de trabajo.
La nueva regulación entrará en vigor el 1 de enero de 2012, aunque habrá un plazo de seis meses para la adaptación a la misma. En su virtud, será obligatorio dar de alta en la Seguridad Social a las personas que realicen este trabajo, siendo preciso para ello que se firme el correspondiente contrato laboral que especifique las horas de trabajo semanales y el salario pactado, ya sea mensual o por horas, así como si hay salario en especie o pacto de pernoctación.
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No se imponen las costas cuando la indemnización es notoriamente inferior
La Audiencia Provincial de Barcelona entiende que no deben imponerse las costas procesales al litigante vencido cuando, en la Sentencia, se le condena al pago de una indemnización notoriamente inferior a la que en la demanda había solicitado la parte actora.
Así lo ha señalado en su Sentencia 41/2011, de 17 de febrero, en relación a un asunto de responsabilidad profesional médica. La parte actora demandó a tres médicos, por entender que un error en el diagnóstico les había llevado a realizarle una intervención incorrecta. Se trataba de un especialista en aparato digestivo y un especialista en anatomía digestiva (que hicieron los diagnósticos) y un cirujano digestivo (que hizo la intervención quirúrgica).
En primera instancia, uno de los médicos que diagnosticaron la dolencia reconoció su error y fue condenado al pago de una indemnización, resultando absueltos los otros dos médicos, por cuanto entendió el Juzgado que habían actuado correctamente, aunque llevados a error por el diagnóstico equivocado.
En segunda instancia, la Audiencia confirmó esta resolución y también lo relativo a la imposición de costas: se le impusieron a la parte actora las de los dos médicos que no fueron condenados y, además, no se condenó en costas al médico en cuya actuación se había apreciado el error.
El motivo para que no se le impusieran las costas fue que la demanda solicitaba una indemnización de 300.000 € o la que el Juzgado apreciase y se le condenó únicamente al pago de unos 55.000 €, lo cual era un 18% de lo solicitado. Para la Audiencia, “no cabe en modo alguno la argucia de pedir una cantidad muy superior […] o aquella otra que determine el Tribunal para asegurarse siempre una estimación íntegra y una imposición de costas”.
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Se eleva la parte no embargable de los salarios en ejecución hipotecaria
La parte del salario que no puede ser embargada en los procedimientos de ejecución se eleva en un 50%, más otro 30% adicional por cada miembro de la familia que no perciba ingresos. Por lo tanto, la parte inembargable del salario (hasta ahora los 641 € del salario mínimo interprofesional) se eleva hasta un mínimo de 961 €, más la parte que corresponda por los familiares que el ejecutado tenga a su cargo.
El Congreso de los Diputados así lo aprobó el pasado 30 de junio, en el marco del debate de política general. El gobierno deberá ahora dictar un Decreto Ley que permita aplicar la medida con carácter inmediato, una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado.
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Facultades del administrador y recurso contencioso-administrativo
Los administradores de las sociedades mercantiles disponen de un amplio poder de representación. Son tan amplias sus facultades al respecto que encontramos en la legislación societaria dos preceptos muy significativos. El primero de ellos es el artículo 185.6 del Reglamento del Registro Mercantil (RRM): “No podrán inscribirse en el Registro Mercantil las enumeraciones de facultades del órgano de administración que sean consignadas en los estatutos”. El motivo para tal prohibición es doble: por un lado, se entiende que es tan amplia la capacidad del administrador para representar a la sociedad que resultaría superfluo inscribirla detalladamente; por el otro, establecer un largo listado en el que –por error u omisión– no figurase alguna facultad, podría hacer pensar que dicha facultad no se detenta. Por lo tanto, no se admite la inscripción de ese listado para evitar el riesgo de que, interpretándolo con carácter numerus clausus, se pudiera incurrir en algún error.
El segundo precepto al que debemos referirnos es el 234.1 in fine de la Ley de Sociedades de Capital (LSC): “Cualquier limitación de las facultades representativas de los administradores, aunque se halle inscrita en el Registro Mercantil, será ineficaz frente a terceros”. Es decir, ni siquiera la voluntad de los socios es suficiente para vaciar la figura del administrador del poder de representación que la propia legislación mercantil le confiere, puesto que la medida no sería eficaz en el ámbito ordinario de relaciones de la sociedad con terceros.
Sorprende mucho, por este motivo, que en el ámbito de lo contencioso-administrativo exista una línea jurisprudencial que ponga en duda esas facultades del administrador social y le exija una prueba adicional sobre las mismas (que, como hemos dicho, existen necesariamente porque no pueden limitarse ni siquiera en estatutos ni tampoco por acuerdo de junta).
Exigencia de acreditación
El origen del problema parece situarse en una interpretación muy rigurosa –y que juzgamos incorrecta– del artículo 45.2.d de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA). Dicho precepto exige que, cuando se presente un recurso contencioso-administrativo, incorpore éste, entre la documentación anexa, “el documento o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones a las personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que les sean de aplicación”. El precepto resulta superfluo en su aplicación a las sociedades mercantiles: si los estatutos no pueden limitar válidamente el poder de representación de los administradores, podemos deducir razonablemente que no habrá ningún caso en el que un administrador no esté facultado para interponer una acción como, en el caso que ahora analizamos, el recurso contencioso-administrativo.
Sin embargo, con apoyo en este precepto, el Tribunal Supremo manifestó en su Auto de 3 de abril de 2000 lo siguiente: “Es obligado, por lo tanto, que para acatar lo dispuesto en el artículo 45.2.d de la LJCA se acompañen al escrito de interposición del recurso contencioso entablado a nombre de una persona jurídica cualquiera, bien el acuerdo de la Junta General, Junta de Socios, o cualquier otra institución análoga que represente el máximo poder decisorio dentro de la entidad, decidiendo el ejercicio de la acción correspondiente, bien la transcripción pertinente de las normas estatutarias, o de otro orden, de las cuales se desprenda con claridad que la facultad de acordarlo así no ha sido reservada a favor de la Junta y, consiguientemente, los legales representantes de la corporación, sociedad o entidad de que se trate, están facultados, no solamente para comparecer en su nombre ante los Tribunales, sino también para acordar la interposición de la demanda sin acuerdo del máximo órgano representativo de la corporación o asociación”.
La citada resolución resulta excesivamente formalista en relación a la LJCA y manifiestamente contraria al espíritu inspirador de la legislación mercantil, puesto que el administrador está perfectamente facultado para interponer acciones judiciales en nombre de la sociedad. Así ocurre en la jurisdicción civil, en la que el administrador emprende dichas acciones apoderando por sí mismo al procurador, sin que sea exigible acuerdo alguno de la junta general. Al fin y al cabo, la interposición de una demanda ante un juzgado no difiere en exceso, a efectos de que la sociedad quede obligada por los actos de su administrador, a la firma de un contrato de cualquier tipo celebrado con cualquier tercero.
La validez de la actuación
La actuación que un administrador lleve a cabo en nombre de su sociedad cabe presumirla, a priori, perfectamente válida, salvo que se trate de una actuación que exceda manifiestamente de su ámbito de competencias. En todo caso, la interposición de una acción judicial no cabe considerarla de ningún modo una actuación impropia de sus facultades, por lo que entendemos que debe ser perfectamente válida y desplegar plenos efectos, a pesar de lo que diga el artículo 45.2.d de la LJCA. Y es que entendemos que la mera condición de administrador debe ser ya suficiente para considerar cumplido lo que ese precepto exige. En este sentido, la presentación de una nota registral en la que conste la vigencia del cargo debería ser ya más que suficiente.
La ineficacia externa de las limitaciones que, en su caso, la junta o los estatutos pudieran establecer sobre las facultades del administrador conllevaría que la Administración de Justicia, al igual que cualquier otro tercero, se viera vinculada por la actuación de ese administrador: de igual modo que un proveedor tendría por efectuado un pedido, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo debería tener por interpuesto el recurso. Y ello es así porque, además, nuestra legislación societaria sigue en este sentido las directrices establecidas por la legislación europea, que atribuye a los administradores las máximas facultades de representación orgánica, sin que quepa posibilidad de limitarlos en el seno de la propia sociedad administrada.
A pesar de todo ello, el Supremo sigue manteniendo la necesidad de acreditar la existencia de un acuerdo expreso de la junta o, en su defecto, una mención expresa en los estatutos sociales que faculte al administrador para llevar a cabo el ejercicio de la acción, cosa que consideramos redundante e innecesaria.
En todo caso, así lo señala el Alto Tribunal en su Sentencia de 2 de marzo de 2010, en que entiende que el recurso es admisible porque existía una habilitación expresa para ello por parte de la junta: “fehacientemente se demuestra que el señor José Miguel, en su calidad de administrador solidario, estaba facultado según el acuerdo social”, es decir, según el acuerdo de la junta general de socios.
Lo cierto es que cuando un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo exija a la persona jurídica que interpone el recurso que, con carácter previo a su admisión (y determinante para ésta), acredite la facultad de representación del administrador, bastará generalmente con aportar unos estatutos en los que conste la correspondiente facultad o, en caso contrario (porque los estatutos no entren en tanto nivel de detalle), un acuerdo de junta en que se le habilite especialmente.
Pero esta facilidad con que podrá subsanarse el defecto eventualmente manifestado no debe hacernos perder de vista que, en realidad, tal defecto nunca habrá existido, por cuanto la actuación del administrador habrá sido perfectamente válida, en todo momento, desde el punto de vista de la legislación mercantil, que le faculta para la interposición de acciones y, a mayor abundamiento, impide a la sociedad administrada limitar de cualquier modo los poderes que el cargo de administrador conlleva de forma implícita.
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El Supremo sólo conocerá asuntos cuya cuantía sea de al menos 600.000 €
La Ley de Medidas de Agilización Procesal elevará hasta 600.000 € la cuantía mínima para que un asunto pueda obtener la tutela del Tribunal Supremo, lo cual supone un incremento considerable respecto a la actual cuantía mínima exigida, que era de 150.0000 €. Con esta medida, se intenta evitar el actual colapso que sufre el Tribunal.
Aunque la cifra final es inferior a la que el propio Tribunal Supremo había solicitado inicialmente –de un millón de euros-, supondrá la imposibilidad de que numerosos asuntos lleguen a tramitarse ante este órgano. Por otro lado, se amplían los supuestos en que se puede instar pronunciamiento del Supremo por interés casacional.
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Se establece un límite de gasto para Estado y Ayuntamientos
El incremento del gasto que podrán realizar el Estado y los ayuntamientos quedará limitado a un importe máximo que se fijará en función de la evolución del PIB nacional en los cinco años anteriores, el del año en curso y la previsión de los tres ejercicios siguientes.
El Consejo de Ministros acordó incorporar esta medida el 1 de julio, introduciendo para ello una modificación de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. De este modo, se intenta controlar el gasto público y vincularlo, de modo directo, a la evolución de la economía. El límite máximo no se revisará anualmente, de forma que la evolución económica determinará si se producirá déficit o superávit en la Administración. Esta norma no se aplicará a las cuentas de las Comunidades Autónomas.
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El Constitucional deja sin efecto el veto a la Ley de Consultas
El Tribunal Constitucional acordó, el pasado 17 de junio, levantar la suspensión de la Ley de Consultas Populares en Cataluña, al entender que no existe riesgo de perjuicios y que la referida norma mantiene la plena capacidad del gobierno central para autorizar o denegar, en última instancia, la celebración de consultas.
Según la referida Ley, se pueden convocar consultas populares o referéndums a instancias del gobierno de la Generalitat, de dos grupos del Parlament, de una quinta parte de sus diputados o del 10% de los municipios catalanes, siempre y cuando éstos reúnan una población de al menos 500.000 habitantes. Para la efectiva realización de las consultas es necesario obtener, previamente, la autorización del gobierno central.
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La reforma de la Ley de Arbitraje impulsa este mecanismo para resolver conflictos societarios
Las reformas en materia de arbitraje, introducidas por la Ley 11/2011, de 20 de mayo, entraron en vigor el pasado 10 de junio con la intención de impulsar esta figura, sobre la base de los elementos siguientes, recogidos en el Preámbulo de la citada normativa: “la formulación unitaria del arbitraje, el reconocimiento del arbitraje internacional, el aumento de la disponibilidad arbitral, sus reglas sobre notificaciones, comunicaciones y plazos, el apoyo judicial al arbitraje o su antiformalismo”. Esta nueva Ley introduce importantes modificaciones en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, así como en otras normas como, por ejemplo, la Ley de Enjuiciamiento Civil, a fin de hacer posible la consecución de los objetivos que se marcaba.
Entre las principales novedades introducidas, debe destacarse la apuesta por el arbitraje como medio para la resolución de conflictos en el seno de las sociedades mercantiles. Así, se incorporan a la Ley de Arbitraje dos nuevos artículos, el 11 bis y el 11 ter, que intentan trasladar la sede de tramitación de esta clase de controversias, centrada ahora en los Juzgados, para que sea objeto de procedimientos arbitrales. Será necesario para ello que los socios así lo acuerden, ya que la introducción de cláusulas de sumisión a arbitraje en los estatutos requerirán el voto favorable de, al menos, dos tercios del capital social.
Por otro lado, podrán encomendarse a uno o varios árbitros la resolución de acciones de impugnación de acuerdos sociales. Si se declarase finalmente, mediante laudo, la nulidad del acuerdo impugnado, se deberá inscribir ese laudo (en caso de que el acuerdo fuera inscribible) en el Registro Mercantil, debiendo publicarse además un extracto en su Boletín. Si el acuerdo ya hubiera sido inscrito, el laudo determinará además la cancelación de ese asiento y de todos los sucesivos que resultasen contradictorios con el sentido de la resolución adoptada.
Dentro del arbitraje, se distingue entre el arbitraje en equidad y el arbitraje en Derecho, según los criterios utilizados para dictar el laudo. En materia de arbitrajes de Derecho, se exige que el árbitro, cuando sólo se designe uno, sea un jurista; mientras que si se designan varios, al menos uno de ellos revista tal condición.
El uso del término “jurista” supone una importante modificación respecto a la Ley de 2003 exigía que el árbitro en Derecho fuese “letrado en ejercicio”. Mediante este cambio, se amplía notablemente el espectro de personas susceptibles de ser designadas por esta vía, al alcanzar también, por ejemplo, a notarios, catedráticos o jueces retirados.
El texto completo de la Ley 11/2011 puede consultarse en la web del Boletín Oficial del Estado, a través del siguiente enlace:
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/21/pdfs/BOE-A-2011-8847.pdf
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Los profesionales liberales podrán trabajar siendo pensionistas
El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 22 de junio una modificación del proyecto de Ley de Modernización de la Seguridad Social que permitirá a los profesionales liberales (arquitectos, médicos o abogados, entre otros) seguir trabajando una vez cobren la pensión pública de la Seguridad Social. De este modo, podrán seguir desarrollando su actividad sin perder la pensión. Esta decisión anula la Orden 1.362/2011, de 23 de mayo, del Ministerio de Trabajo, que impedía expresamente esa posibilidad. La contradicción entre ambas normas obligará al Ministerio de Trabajo a resolver de qué modo deja sin efecto su Orden, para no aplicarla en el sentido contrario al que la nueva Ley establecerá una vez se haya producido su aprobación definitiva.
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Expediente de la UE a España por no controlar los sueldos en la banca
La Comisión Europea ha abierto un expediente a España, por el retraso en la introducción en nuestro ordenamiento de la legislación europea en materia de control de sueldos en la banca, que debía estar en vigor desde el pasado 1 de enero de 2011.
Ante el requerimiento de la Comisión, el gobierno argumentó que la Ley de Economía Sostenible contemplaba ya esta cuestión, que será objeto de desarrollo en un Reglamento que en estos momentos se está tramitando. Estas explicaciones no convencieron a Bruselas, que ha puesto ya en marcha el expediente y podría presentar una denuncia ante el Tribunal de Justicia si no se resuelve la situación en un plazo breve de tiempo.
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Aprobado el Proyecto de Ley que garantiza la portabilidad en un día
El Consejo de Ministros ha aprobado ya el proyecto de ley para la modificación de la actual Ley General de Telecomunicaciones, a través de la cual se introducirán dos importantes novedades: la obligación para las operadoras de garantizar a los usuarios la portabilidad (cambio de compañía) en un solo día y la incorporación de la banda ancha de Internet, a una velocidad de un megabyte por segundo, como parte del servicio universal. De este modo, la legislación española se adaptará a los criterios que siguen ya la mayoría de ordenamientos europeos.
La designación del operador encargado del servicio universal se llevará a cabo mediante un sistema de licitación.
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