Source: http://jpdsocial.blogspot.com/2018/03/newsletter-laboral-numero-70.html
Timestamp: 2018-10-23 12:52:48
Document Index: 176055451

Matched Legal Cases: ['artículo 1283', 'artículo 52', 'artículo 112', 'artículo 53', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 236', 'artículo 185']

Jurisdicción Social: Newsletter laboral número 70
Newsletter laboral número 70
NÚMERO: 70 FECHA: 24/03/2018
Acord del Consell de Govern de 23 de març de 2018, de modificació de l’Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017 pel qual s’estableixen els col·lectius de personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de retribucions per raó de la realització d’hores extraordinàries. ir al texto
Decreto 12/2018, de 13 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Personas en Vehículos de Turismo. [NID 2018/3373] ir al texto
Sin novedad (última publicada: STC 19/2018)
STS 28/02/2018
Roj: STS 927/2018 - ECLI: ES:TS:2018:927
No de Recurso: 3885/2015
No de Resolución: 226/2018
Resumen: Cesión ilegal: se casa la sentencia recurrida que considera que el actor carecía de acción para reclamar la declaración de cesión ilegal porque el cese se produjo después de que hubiera concluido la misma, sin haber formulado demanda con anterioridad. La inmediatez existente entre la ruptura del vínculo mercantil de la supuesta cesionaria y la empleadora y el cese acordado por ésta última obligaba a emitir un pronunciamiento de fondo sobre la existencia o no de cesión ilegal del trabajador demandante, como elemento integrador de la propia decisión de fondo y de las consecuencias que derivarían al respecto de la declaración correspondiente a la calificación del despido.
Reitera doctrina: STS/4a de 31 mayo 2017 (rcud. 3599/2009 )
STS 01/03/2018
Roj: STS 883/2018 - ECLI: ES:TS:2018:883
No de Recurso: 562/2017 No de Resolución: 242/2018
Resumen: Contrato fijo-discontinuo: AEAT. La cuestión planteada en el presente recurso de casación para unificación de doctrina consiste en determinar cómo se computa la antigüedad en la empresa de los trabajadores fijos discontinuos. Más concretamente, se cuestiona si debe computarse todo el tiempo transcurrido desde que se inició la prestación de servicios, aunque no se trabajara, o sólo el tiempo de prestación de servicios efectivos durante las sucesivas campañas a las que fueron llamados, optando el TS por esta última interpretación.
Reitera doctrina: SSTS 6 de noviembre de 2002 (Rec. 1886/2002), 25 de abril de 2005 (Rec. 923/2004 ), 27 de junio de 2007 (Rec. 2461/2006 ), 20 de julio de 2010 (Rec. 2955/2009 ), 14 de octubre de 2014 (Rec. 467/2014 ) y 20 de noviembre de 2014 (Rec. 1300/2013 ), entre otras.
STS 07/03/2018
Roj: STS 898/2018 - ECLI: ES:TS:2018:898
No de Recurso: 267/2016 No de Resolución: 253/2018
Resumen: Convenio Colectivo: se impugna el contenido del art. 14 C). 2).2 del convenio, referido a la subrogación del personal de la saliente en la nueva empresa entrante cuando haya de hacerse cargo del servicio encomendado y del personal correspondiente. Dicho precepto dice lo siguiente: «Cuando se produzca una subrogación, el personal objeto de la misma deberá mantener las condiciones económicas y sociales de este Convenio, si éste fuera el que le es de aplicación en la empresa cesante en el momento de la subrogación, aunque la empresa cesionaria o entrante viniese aplicando a sus trabajadores condiciones inferiores en virtud de un convenio estatutario de empresa. La aplicación de las condiciones del presente Convenio se mantendrá hasta su vencimiento o hasta la entrada en vigor de otro convenio colectivo nuevo que resulte de aplicación a la empresa cesionaria.».
Para la Autoridad Laboral se trata de una norma que vulnera el art. 84.2 ET, en tanto que desplaza ilícitamente al convenio de empresa respecto de las condiciones económicas y sociales que los trabajadores que se subrogan tengan en virtud del convenio estatal del sector, de serles éste de aplicación en la fecha de la subrogación y hasta que pierda vigencia en el sector o hasta que se apruebe uno nuevo en la empresa cesionaria.
La sucesión o subrogación de la empresa entrante en la prestación del servicio y en las relaciones de trabajo de los que en la saliente prestaban sus servicios se lleva a cabo en virtud de lo que dispone el convenio sectorial que precisamente regula de manera específica esa subrogación, que en otro caso y en los supuestos normales no se produciría, lo que determina que las partes que negocian los términos de esa subrogación la puedan llevar a cabo en los términos que estimen convenientes, siempre y cuando no conculquen ningún precepto de derecho necesario y entendiendo que esa obligatoriedad en relación con los términos de la subrogación se producirá para las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de esa cláusula subrogatoria, esto es, las que se incluyan en el ámbito funcional de las empresas de seguridad, de manera que si una determinada empresa tiene un convenio propio, puede decidir concurrir o no al procedimiento de adjudicación de una contrata del servicio, pero si lo hace, la subrogación en las relaciones de trabajo de quienes prestan servicios en la empresa saliente se llevará a cabo en los términos que la hacen exigible, esto es, en los del convenio sectorial, en los que, como se ha visto y para el convenio que discutimos, se contempla una garantía especial que se aproxima a la que se establece legalmente en el art. 44 ET , que no resultaría aplicable normalmente, pero que lícitamente puede ser pactada y vincula a la empresa entrante que libremente decide concurrir a la adjudicación del servicio, con independencia de que tenga convenio propio o no, de manera que resultarán aplicables las condiciones del convenio sectorial, como se dice en la discutida cláusula antes transcrita, que se mantendrán "hasta su vencimiento o hasta la entrada en vigor de otro convenio colectivo nuevo que resulte de aplicación a la empresa cesionaria".
STS 23/02/2018
No de Recurso: 2907/2015
No de Resolución: 202/2018
Resumen: Cosa juzgada: impugnación de MSCT individual derivada de acuerdo colectivo. Efecto de cosa juzgada positivo (art.222.4 LEC).
La pendencia procesal en suplicación de la impugnación del Acuerdo de 28/11/11 -anulado por sentencia de 20/05/13 - comportaba que en el proceso de reclamación individual frente a la aplicación de aquél, la sentencia del J/S de 17/09/14 [autos 1248/13] debiera en su día haber acogido la excepción de litispendencia que la empresa alegaba; y que posteriormente la ahora recurrida, una vez que ya estaba revocada por el propio TSJ la anulación del Acuerdo que había adoptado el J/S, por su parte debiera haber aplicado -como destaca el Ministerio Fiscal- el efecto positivo de cosa juzgada [ art. 222.4 LECiv ], cuya apreciación se impone al juzgador en tanto que «afecta al fin inmediato del proceso y a la seguridad jurídica y prestigio de los órganos estatales», pues «se trata de una cuestión de orden público procesal ...[que] puede y debe ser apreciada por los Tribunales incluso de oficio, sin necesidad de alegación de las partes», porque «los órganos judiciales deben conocer sus propios pronunciamientos; y esto es así aunque se trate de órganos colegiados divididos en secciones distintas, y quedan vinculados por sus resoluciones anteriores.
Roj: STS 929/2018 - ECLI: ES:TS:2018:929
No de Recurso: 2661/2015
No de Resolución: 224/2018
Resumen: Costas. Temeridad. El tenor literal del art.97.3 LRJS no deja margen de duda acerca del cual es el sujeto procesal al que se refiere la condena al pago de honorarios de letrado cuando ésta acompaña a la imposición de la multa por temeridad. Tan solo el litigante que ostenta la condición de empresario es susceptible de la condena en relación al pago de honorarios. La demandante no solo no consta que sea empresaria si no que su demanda temeraria, tenía por objeto obtener la declaración de su condición de trabajadora de donde resulta carente de base jurídica la condena impuesta
STS 22/02/2018
Roj: STS 820/2018 - ECLI: ES:TS:2018:820
No de Recurso: 192/2017 No de Resolución: 195/2018
Resumen: Despido Colectivo: Ajustado a derecho: suficiencia de la documentación aportada. Inexistencia de mala fe en la negociación. Existencia de causas técnicas u organizativas.
STS 27/02/2018
Roj: STS 933/2018 - ECLI: ES:TS:2018:933
No de Recurso: 3936/2015
No de Resolución: 213/2018
Resumen: Despido colectivo: suficiencia de la carta de despido: no es preciso que en la misma consten los criterios de selección fijados en el despido colectivo.
Reitera doctrina: SSTS de 8 marzo 2016, del Pleno, -rcud. 3788/2014 -, seguida de otras muchas, como la de 15 marzo 2016 -rcud. 2507/2014 -, 21 junio 2016 -rcud. 138/2015 - y 14 julio 2016 -rcud. 374/2015 -, y SSTS núm. 142/2017 de 21 febrero (rcud 2859/2015 ), núm. 173/2017 de 1 marzo (rcud. 2860/2015 ), núm. 232/2017, de 21 de marzo de 2017 (rcud. 2863/2015 ), núm. 266/2017, de 29 de marzo de 2017 (rcud. 2185/2015 ), 28 de noviembre de 2017 (rcud 164/2016 ), 29 de noviembre de 2017 (rcud 20/2016 ) o 24 de enero de 2018 (rcud 3492/2015 ) entre otras.
Roj: STS 930/2018 - ECLI: ES:TS:2018:930
No de Recurso: 2108/2015
No de Resolución: 211/2018
Despido colectivo: en el despido colectivo, no es precisa la comunicación de los despidos individuales a los RLT. La copia a los representantes de los trabajadores, por expreso mandato legal, solo procede entregarla en los supuestos del art.52. c) ET y no en los de despido colectivo.
Reitera doctrina: De 21 de junio , 19 de julio , 26 de septiembre y 11 de octubre de 2017 ( rec. 1559/2015 , 342/2015 , 3661/2015 y 865/2015 , respectivamente
Roj: STS 888/2018 - ECLI: ES:TS:2018:888
No de Recurso: 1133/2016
No de Resolución: 203/2018
Resumen: Despido objetivo: la cláusula indemnizatoria de «blindaje» pactada en el contrato, no se aplica a un supuesto de despido objetivo, pues la misma «se refiere al supuesto de extinción del contrato por decisión empresarial basada en incumplimiento grave y culpable, para el que se establecen las previsiones contractuales en la forma pactada... no haciendo alusión alguna a la extinción por causas objetivas, que, conforme al artículo 1283 del citado Código, no puede entenderse comprendida en lo acordado, por lo que hemos de concluir que la cláusula no resultaría en modo alguno aplicable a la extinción del contrato basada en causas económicas... »
Roj: STS 893/2018 - ECLI: ES:TS:2018:893
No de Recurso: 1731/2016
No de Resolución: 229/2018
Resumen: Despido objetivo: improcedencia. Si bien la causa productiva puede servir de justificación de la decisión extintiva del contrato ex artículo 52.c) ET, resulta necesario sin embargo una conexión entre la envergadura del cambio productivo y la menor necesidad de empleo de determinados trabajadores, siendo de todo punto necesario en el ámbito judicial controlar la razonabilidad y proporcionalidad de la causa objetiva esgrimida y la medida extintiva acordada. Así las cosas, tal conexión quiebra en el caso, al no quedar acreditada la incidencia de la causa productiva sobre la disminución de necesidades de empleo, por lo que no cabe declarar ajustado a derecho la decisión extintiva objeto de enjuiciamiento, teniendo en cuenta la realización de contratos a través de una ETT y la realización de horas extraordinarias.
STS 873/2018 - ECLI: ES:TS:2018:873
No de Recurso: 1033/2016
No de Resolución: 225/2018
Resumen: Despido colectivo: la acción de despido individual no viene condicionada, en cuanto a su admisión a la terminación del proceso de despido colectivo. Debe admitirse, aunque después haya de suspenderse su tramitación a la espera de la sentencia dictada en el proceso de despido colectivo. Si las normas generales y especiales que regulan estos procesos no condicionan el ejercicio de las acciones individuales por despido objetivo a la terminación del proceso colectivo seguido con igual objeto, no cabe restringir el ejercicio de las acciones individuales cual hace la sentencia recurrida, por cuanto una cosa es regular el plazo de caducidad de la acción por despido y el día inicial para el curso de la caducidad y otra el derecho al proceso, cuestión esta que la norma no ha limitado, ni restringido. Se dirá que, al fijar en fecha posterior el inicio del plazo de caducidad de la acción por despido, la norma pospone también el momento en el que se puede accionar ante los Juzgados y Tribunales, pero el "principio pro actione" impide esa interpretación restrictiva con base a un precepto que sólo regula el plazo de caducidad de la acción. El hecho de que iniciado el proceso su trámite deba suspenderse por mor del art. 51-6 del ET , no constituye argumento bastante para dar otra solución, por cuanto este precepto acuerda la suspensión de los procesos iniciados y nada dice de los no iniciados a los que se debe dar igual solución por aplicación analógica de la norma que no puede fundar un trato desigual. Además, no puede estimarse que sea cuestión baladí el que se accione antes o después de finalizar el proceso colectivo, por cuanto, habida cuenta que el plazo de caducidad de la acción por despido es sólo de veinte días naturales y que el proceso de impugnación colectiva de la medida puede durar años, resulta conveniente accionar antes, porque el trabajador no sabe donde estará cuando finalice el proceso, ni si se enterará con tiempo suficiente para accionar antes de que caduque su acción, ya que, de esa manera evitará sorpresas contrarias a una tutela judicial efectiva.
Roj: STS 921/2018 - ECLI: ES:TS:2018:921
No de Recurso: 3333/2016
No de Resolución: 239/2018
Resumen: FOGASA: La fecha de declaración de concurso no puede determinar la aplicación de la norma vigente en materia de prestaciones del FOGASA ya que, en su caso, el derecho al cobro de indemnización por despido solo surge, en el momento en que se declara la extinción de su relación laboral con la empresa. A partir de ahí, no antes, es cuando debe responder el Fondo en la forma y con los límites establecidos en el art. 33 ET , de las obligaciones no satisfechas por aquella".
"el régimen jurídico de la responsabilidad legal del FOGASA es el establecido en dicha norma, sin que sea posible imponer al Fondo una obligación de pago más allá de los supuestos tasados, dado su posición jurídica de fiador legal y, sobre todo, a la vista del momento en que nace la obligación que viene a asumir. No conteniendo el RDL 20/2012 norma transitoria alguna que determine lo contrario, debe mantenerse el mismo criterio que se sigue en la sentencia referencial porque si cuando se declaró el concurso aún no se había producido la extinción del contrato de trabajo que determinó la indemnización, en realidad no había nacido entonces derecho alguno, ni frente a la empresa ni frente al Fondo".
Reitera doctrina: STS de 26 de diciembre de 2007 [rc. 507/2006 ]
STS 21/02/2018
Roj: STS 819/2018 - ECLI: ES:TS:2018:819
No de Recurso: 1713/2016
No de Resolución: 191/2018
Resumen: Jubilación: se trata de determinar cuáles son las bases de cotización que se deben considerar, a efectos del cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2011 y el 31 de octubre de 2013, periodo durante el cual la actora prestó su actividad encuadrada en el RETA, exonerada de la obligación de cotizar y habiendo estado encuadrada con anterioridad en el Régimen General de la Seguridad Social, pretendiendo la actora que se tengan en cuenta las bases máximas por las que cotizaba con anterioridad a cumplir 65 años, habiendo aplicado el INSS las bases mínimas, al no haber cotizado en el año anterior a comenzar su actividad en el RETA.
El TS resuelve que la actora tiene derecho a percibir la pensión de jubilación por el Régimen General de la Seguridad Social, ya que es donde reúne los requisitos para lucrar dicha pensión, no reuniéndolos en el RETA, por lo que se han de aplicar las normas de este Régimen y, en consecuencia computar, a efectos del cálculo de la base de cotización del periodo en el que estuvo exonerada del pago de cuotas, las bases de cotización efectuadas al Régimen General de la Seguridad Social el año anterior a la exoneración.
- De aplicarse la tesis propugnada por la Entidad Gestora se haría de peor condición al trabajador que al cumplir 65 años y llevar más de 35 cotizados en el Régimen General, decide seguir trabajando, si bien encuadrado en el RETA, exonerado del pago de cotizaciones, tal y como establece el artículo 112 bis y DA Trigésima segunda de la LGSS.
Roj: STS 904/2018 - ECLI: ES:TS:2018:904
No de Recurso: 68/2016
No de Resolución: 198/2018
Resumen: Personal laboral Administración Pública: la cuestión consiste en determinar la calificación jurídica que merece la extinción del contrato de un trabajador indefinido no fijo (TINF) como consecuencia de la adjudicación, en un proceso de consolidación de empleo, de la plaza que ocupaba. El actor sostiene que se trata de un despido improcedente y la entidad demandada que es una extinción del contrato de trabajo al amparo del art. 49.1.b) del Estatuto de los Trabajadores (ET).
EL TS resuelve que le corresponde una indemnización de veinte días por año de servicio, con límite de doce mensualidades, que establece el artículo 53.1-b) del ET en relación a los apartados c ) y e) del artículo 52 del mismo texto legal para los supuestos de extinciones contractuales por causas objetivas. La equiparación no se hace porque la situación sea encajable exactamente en alguno de los supuestos de extinción contractual que el referido artículo 52 ET contempla, por cuanto que ese encaje sería complejo, sino porque en definitiva la extinción aquí contemplada podría ser asimilable a las que el legislador considera como circunstancias objetivas que permiten la extinción indemnizada del contrato".
Reitera doctrina: STS 28/03/17 (RCUD 1664/2015)
STS 06/03/2018
Roj: STS 902/2018 - ECLI: ES:TS:2018:902
No de Recurso: 65/2017
No de Resolución: 251/2018
Resumen: RTVE: interpretación de las cláusulas del convenio, en concreto la relativa al complemento por enfermedad, maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo.
El texto del art. 73 del Convenio regula la prestación complementaria de tales situaciones fijando como parámetro el 100 por 100 de la «retribución básica por jornada base, incluida la antigüedad y complementos que correspondan, percibidos durante el mes anterior al hecho causante, así como la parte proporcional de las pagas extraordinarias que pudieran corresponderles. En el caso de la maternidad, a los efectos del cálculo de complementos variables, la fórmula se aplicará sobre lo percibido en el año anterior al hecho causante».
Para el sindicato recurrente la dicción de dicho precepto convencional obliga a la empresa a incluir el llamado "complemento de programas", siendo éste el objeto de la controversia litigiosa, dado que la empresa no lo tiene en cuenta para fijar el importe de la mejora de la prestación del mencionado art. 73. . El TS estima correcta dicha interpretación, reiterando su doctrina: STS/4a de 12 diciembre 2017 (rec. 6/2017).
El citado complemento de programas se rige por las reglas contenidas en la Instrucción 2/1993, que consta recogida en el Hecho Probado Cuarto de la sentencia recurrida.
Roj: STS 932/2018 - ECLI: ES:TS:2018:932
No de Recurso: 1169/2015
No de Resolución: 197/2018
Resumen: Recurso de suplicación: procede recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social, en un proceso sobre modificación sustancial de condiciones de trabajo individual y tutela de derechos fundamentales, en el que solicita que se declare la nulidad de la medida impugnada por vulneración de derechos fundamentales, y se condene a la empresa al pago de una indemnización por daños y perjuicios.
Reitera doctrina: SSTS 22 de junio de 2016, rcud. 399/2015; 5 de julio de 2017, rcud. 1477/2015; 18 de octubre de 2017, rcud. 2979/2015; 24 de octubre de 2017, rcud. 3175/2015).
STS 26/02/2018
Roj: STS 905/2018 - ECLI: ES:TS:2018:905
No de Recurso: 974/2016 No de Resolución: 206/2018
Recurso de suplicación: MSCT de carácter colectivo: cabe recurso. El art.138.6 LRJS vincula la recurribilidad, no a la naturaleza colectiva del litigio, sino a la decisión empresarial. Así, siempre que ésta tenga carácter colectivo, cabrá acudir, en su caso, a la suplicación, tanto si la decisión se ataca por los trabajadores individualmente considerados, como si se combate por el cauce del conflicto colectivo por los sujetos legitimados a tal efecto».
Reitera doctrina: SSTS 22/01/14 -rcud 690/13 -; 09/04/14 - rcud 949/13 -; la referencial 15/06/15 -rcud 589/14 -; y 20/07/ 15 -rcud. 1567/15.
STS 13/02/2018
Roj: STS 926/2018 - ECLI: ES:TS:2018:926
No de Recurso: 2331/2015
No de Resolución: 140/2018
Resumen: Reclamación previa: demandas formuladas por una Mutua a la que, por resolución del INSS, se le ha imputado responsabilidad en el abono de prestaciones derivadas de enfermedad profesional, sin que haya procedido a impugnar dicha resolución. La Mutua procede, posteriormente, a reclamar frente a aquella resolución antes de que haya prescrito el derecho. La limitada funcionalidad del art.71.4 LRJS supone que la posibilidad de reiniciar la reclamación previa a los beneficiarios de las prestaciones impide utilizar la misma a las entidades colaboradoras.
Reitera doctrina: Pleno, de 15 de junio de 2015 (rec. 2658/2014 y 2766/2024), seguida, entre las más recientes, por las SSTS IV 4-4-17, rec. 3314/2015; 11-5-17 (2), rec. 1322/2015 y 1885/2015; 12-5-17 (2), rec. 3188/2015 y 778/2016; 7-6-17 (2), rec. 2403/2015 y 2703/2015; 4-7-17, rec. 964/2016; 6-7-17, rec. 246/2016; y 27-9-17, rec. 3054/15.
Roj: STS 890/2018 - ECLI: ES:TS:2018:890
No de Recurso: 1554/2016
No de Resolución: 228/2018
Resumen: Recurso de suplicación: acceso al recurso de suplicación cuando se trata de sanciones en materia de desempleo impuestas a un beneficiario de la seguridad social en aplicación de la LISOS. en la impugnación de sanciones en materia de seguridad social, el acceso al recurso viene determinado por la cuantía general de 3000 euros, calculada en la manera prevista en el art. 192.4 LJS y referida al contenido económico del acto sancionador que se pretende anular.
Roj: STS 916/2018 - ECLI: ES:TS:2018:916
No de Recurso: 30/2016
No de Resolución: 248/2018
Resumen: Revisión de sentencias firmes: desestimación por falta de agotamiento de los recursos previos. La demandante no ha activado el remedio procesal específicamente dirigido a eliminar la anomalía procesal generadora de indefensión que, según sus manifestaciones, se había producido al citarla en domicilio erróneo.
La expresa mención que el artículo 236 LRJS hace tanto al incidente de nulidad de actuaciones cuanto a la figura regulada en el artículo 185 LRJS evita cualquier duda sobre el particular. Yerra la demandante cuando viene ante esta Sala Cuarta interesando la rescisión de una sentencia firme pero que no ha combatido mediante el cauce adecuado.
Roj: STS 941/2018 - ECLI: ES:TS:2018:941
No de Recurso: 10/2017
No de Resolución: 260/2018
Resumen: Revisión de sentencias firmes: Desestimación. La demandante fundamenta su demanda de revisión en razón a la circunstancia de que no fue parte en el procedimiento que concluye con sentencia del Juzgado de lo Social no 1 de Elche de fecha 12-04-2016 Proc. 522/2015), por lo que entiende procede decretar la nulidad de la referida sentencia, sin atenerse en absoluto a los límites establecidos para el proceso de revisión, ni invocar causa alguna de las previstas en el art. 510 de la LEC , obviando que el proceso de revisión ni es una tercera instancia ni puede ser utilizado para enmendar errores que hubieran podido producirse en la sentencia de cuya revisión se trata, salvo que los mismos reunieran las exigencias específicas que se contienen en los distintos apartados del art. 510 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC ), interpretados además de forma restrictiva por cuanto se trata nada más y nada menos de determinar si es procedente o no rescindir y dejar sin efecto una sentencia firme.
Roj: STS 879/2018 - ECLI: ES:TS:2018:879
No de Recurso: 2573/2016
No de Resolución: 238/2018 Procedimiento
Resumen: Salario: no debe aplicarse a partir de 31-12-2010, la actualización de las retribuciones del Convenio Colectivo Provincial de Limpieza Pública de Granada que desde esa fecha se encuentra en situación de ultraactividad, teniendo en cuenta que en su Acuerdo Cuarto dispone que una vez terminada su vigencia inicial o la de cualquiera de sus prórrogas anuales, seguirá rigiendo hasta que sea sustituido por otro; mientras que en el Acuerdo Tercero indica que las tablas salariales se incrementarán con el IPC anual más el 0,9% "desde el día 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2010".
Roj: STS 901/2018 - ECLI: ES:TS:2018:901
No de Recurso: 2967/2016
No de Resolución: 245/2018
Resumen: Salarios de tramitación: procede la condena al abono de los salarios de tramitación, cuando la sentencia que establece la improcedencia del despido y el derecho a la indemnización correspondiente, declara asimismo extinguida la relación laboral por imposibilidad de la readmisión al haber cesado la empresa en su actividad; siempre que se cumplan 2 requisitos:
El cumplimiento de los dos siguientes requisitos: a) que la extinción de la relación laboral sea solicitada expresamente por el trabajador demandante; y, b) que en el acto del juicio se acredite la imposibilidad de su readmisión por cese o cierre de la empresa obligada o cualquier otra causa de imposibilidad material o legal».
Reitera doctrina: STS/4a de 21 julio 2016 (rcud. 879/2015 ) y 19 julio 2016 (rcud. 338/2015), así como, tangencialmente, en otras posteriores (por todas, STS/4a de 25 septiembre 2017 -rcud. 2798/2015 -, 20 junio 2017 -rcud. 3983/2015- y 5 abril 2017 - rcud. 1491/2016-)
Roj: STS 895/2018 - ECLI: ES:TS:2018:895
No de Recurso: 1092/2016
No de Resolución: 219/2018
Resumen: Subrogación convencional: un empleado aeroportuario mantiene derecho a gratuidad de pasajes cuando es transferido de una Compañía Aérea a otra de asistencia en tierra. La empresa cesionaria está obligada por el convenio colectivo del sector a respetar a los trabajadores subrogados, como garantías ad personam, el derecho de utilización de billetes de avión, en las condiciones en las que esté establecido en el Convenio colectivo de la cedente, perjuicio de que se adopten las fórmulas adecuadas para hacer efectivo ese derecho respecto de empresas cesionarias que no sean compañías aéreas.
Roj: STS 922/2018 - ECLI: ES:TS:2018:922
No de Recurso: 2394/2016
No de Resolución: 237/2018
Resumen: Subrogación convencional: consecuencias derivadas de la decisión adoptada por la nueva empresa adjudicataria de un servicio de atención telefónica, de configurar de manera arbitraria el factor relativo al tiempo de prestación de servicios en orden a la selección del porcentaje de trabajadores de la empresa saliente cuya contratación garantiza el art. 18 del convenio colectivo de ámbito estatal del sector de Contact Center publicado en el Boletín Oficial del Estado de 27 de julio de 2012.
La cuestión relativa a las consecuencias derivadas de la configuración del factor "antigüedad" aplicado en el proceso de selección contraviniendo el art. 18 de la norma sectorial aplicable, adquiere connotaciones singulares. Para apreciarlas basta señalar que esta Sala en las sentencias de 13 de julio de 2013 (rec. 1377/2012) y 22 de septiembre de 2016 (rec. 1438/2014) ha interpretado el mencionado precepto en el sentido de que no impone la obligación de subrogación de los trabajadores de la anterior contratista por la nueva empresa que asume el servicio y sólo obliga a darles ocupación en los términos que establece previa celebración de un proceso selectivo sujeto a unos determinados criterios de baremación.
En efecto, el problema planteado adquiere una dimensión peculiar y más compleja cuando, como sucede en el presente caso, el incumplimiento por la empresa entrante de los criterios por los que debe regirse la selección del personal de la empresa saliente es expresión de una actuación que entraña un manifiesto fraude de ley tendente a perjudicar a los trabajadores de superior antigüedad en el servicio y determina una injustificada pérdida del derecho que les asiste a conservar su puesto de trabajo y ser subrogados por la nueva adjudicataria en todos sus derechos y obligaciones, incluida la antigüedad adquirida a todos los efectos, conforme al compromiso expreso asumido por la misma.
Roj: STS 884/2018 - ECLI: ES:TS:2018:884
No de Recurso: 16/2017
No de Resolución: 223/2018
Resumen: Vacaciones: conceptos computables. Procedencia de incluir como conceptos computables en el cálculo de la retribución de vacaciones -aparte de los conceptos ya recogidos en el Convenio Colectivo de aplicación- los complementos de nocturnidad, disponibilidad en días de guardia, flexibilidad, especial matinal y fraccionamiento de franjas.
Se declara el derecho de los trabajadores que hubiesen percibido tales complementos seis o más meses de entre los once precedentes -en la misma proporción si la prestación de servicios fuese inferior-, a que en la retribución de vacaciones se le abone el promedio satisfecho por tales conceptos.
4o.- Condenar a la empresa demandada a que les abone la diferencia salarial por el referido concepto respecto de los periodos vacacionales disfrutados a partir del 31/Julio/2014 en adelante.
STJUE 20/03/2018
STJUE 21/03/2018
Cuestión prejudicial Directiva 89/391/CEE .Seguridad y salud de los trabajadores. Clasificación de puesto de trabajo expuesto a condiciones particulares o especiales. Evaluación de riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. Obligaciones del empleador. En los casos C‑133/17 et C‑134/17, que itene por objeto la decisión prejudicial en virtud del art.267 TFUE, introducidos por la Corte de apelación de Cluj (cour d’appel de Cluj, Roumanie), en los procesos de Dănuţ Podilă, y otros c. SNTF
El art.114.3 y los arts.151 y 153 TFUE así como la Directiva 89/391 del Consejo de 12 de junio de 1989, relativas a la aplicación de medidas dirigidas a promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores en su trabajo, deben interpretarse en el sentido de que no se aplican a una reglamentación nacional, como la de autos, que fija los que establece plazos estrictos y procedimientos que no permiten los tribunales nacionales revisan o clasifican las actividades de los trabajadores en diferentes grupos de riesgo, sobre cuya base se calculan las pensiones de jubilación de estos trabajadores.
El Gobierno acuerda establecer el día 23 de marzo como Día Nacional de la Conciliación y la corresponsabilidad. ir al texto