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Timestamp: 2020-08-14 00:30:53
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Matched Legal Cases: ['artículo 27', 'artículo 13', 'artículo 24', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 29', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'artículo 26', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 43', 'Artículo 45', 'artículo 16', 'Artículo 49']

BOE.es - Documento BOE-A-1997-15513
Documento BOE-A-1997-15513
«BOE» núm. 165, de 11 de julio de 1997, páginas 21394 a 21407 (14 págs.)
BOE-A-1997-15513
https://www.boe.es/eli/es-ga/l/1997/06/09/3
El derecho de familia tradicionalmente ha ido conformándose como un conjunto de leyes civiles determinantes de los derechos y obligaciones que pueden exigirse cada uno de los miembros de la familia entre sí en virtud de las relaciones jurídicas paterno-filiales y parentales (obligaciones entre cónyuges, derechos de alimentos, patria potestad...), configuración en la que late en todo caso la convicción del legislador de que las relaciones familiares tienen un contenido esencialmente ético, de difícil sanción jurídica, de forma que la familia se convierte en un ámbito amparado por la privacidad y en el cual los poderes públicos carecen de legitimación interventora. En efecto, integrado el derecho de familia por un conjunto de instituciones inspiradas en una idea principal de privacidad, es lógico que la escasa legislación familiar de carácter público se hubiese limitado a ciertas familias que se salían del patrón normal y precisaban de una especial tutela pública (familias numerosas, familias monoparentales), ignorando, por tanto, la dimensión social del derecho aplicable al ámbito familiar. En este contexto histórico, es lógico que el derecho familiar y el derecho social resultasen ser antitéticos.
Tomando todo ello en cuenta, el Parlamento de Galicia adopta la iniciativa de legislar sobre la familia, para lo cual debe superar un doble obstáculo: De una parte, la identificación establecida entre derecho de familia y derecho civil, concepción tradicional y reduccionista que supone privar a la Comunidad gallega de su propia legislación familiar; y, de otra parte, la identificación del derecho de familia como derecho privado sin ninguna conexión con el derecho público, en un contexto histórico en el que, como ya se ha puesto de manifiesto, derecho familiar y derecho social resultaron ser antitéticos.
Asimismo, constituye un fenómeno innegable de nuestros días, incluso en las sociedades más modernas y desarrolladas, que los niños y las niñas y los adolescentes y las adolescentes requieren unos cuidados y asistencia especiales en lo que se refiere a su salud y a su desarrollo físico, mental, moral y social. Esta especial tutela y amparo de los mismos, como ya había recordado la Declaración de derechos de la ONU en 1959, encuentra su fundamento en el hecho de constituir la infancia uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad.
Resulta, por otra parte, evidente que cualquier política pública de protección y asistencia a los niños y a las niñas y a los adolescentes y a las adolescentes perderá una gran parte de su eficacia si las autoridades e instituciones no toman como referente básico inspirador y dinamizador de su acción tutelar a la familia, como núcleo natural vertebrador de la sociedad, y no pretenden, correlativamente, la plena integración de aquéllos en la misma; pues no puede dejar de reconocerse que el niño y la niña y el adolescente y la adolescente, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, deben crecer en el seno de una familia y arropados por unas condiciones mínimas de estabilidad y de equilibrio afectivo y material que les permitan prepararse adecuadamente para una vida independiente y responsable.
Es notorio también que esa necesidad de proporcionar a los niños y a las niñas y a los adolescentes y a las adolescentes los medios para un desarrollo armónico y equilibrado reclama la adopción de políticas múltiples en los campos educativo, sanitario y socioasistencial, y que todas ellas habrán de estar puestas en conexión y adecuadamente coordinadas. Pero no puede dejar de considerarse, dentro de las denominadas políticas de bienestar favorecedoras de un desarrollo integral del niño y de la niña y del adolescente y de la adolescente, como más prioritaria y urgente la de promover en favor de los mismos los medios adecuados de amparo ante circunstancias de grave riesgo para su integridad física y moral, como son el abandono, la mendicidad y venta en la calle, la marginación, el absentismo escolar o incluso los malos tratos o la explotación sexual, ofertándoles un tipo de asistencia pública básica o primaria orientada a proporcionarles los cuidados y la ayuda material necesaria para apartarlos de las situaciones de desamparo y su reintegración familiar, cuando ésta sea posible.
La Constitución española, principalmente en su ar tículo 39, contempla una doble protección: A la familia, en los aspectos social, económico y jurídico, y a los niños y a las niñas y a los adolescentes y a las adolescentes, en cuanto a los derechos que les son reconocidos por las normas convencionales y acuerdos internacionales, presididas todas ellas por las orientaciones de la Convención de los derechos del niño de la ONU, de 20 de noviembre de 1989, ratificada por España.
Por su parte, el Estatuto de autonomía de Galicia legitima la actuación legislativa de la Comunidad Autónoma en el campo de la protección de la familia, la infancia y la adolescencia en los títulos competenciales genéricos de asistencia social y de promoción del desarrollo comunitario (artículo 27, apartados 23 y 24), de los cuales el primero de ellos dio lugar a las transferencias a la misma de funciones en las materias de servicios y asistencia sociales (Real Decreto 2411/1982, de 24 de julio) y de instituciones de protección y tutela de menores (Real Decreto 1108/1984, de 29 de febrero). La Junta de Galicia se anticipó a la presente ley con la aprobación del Decreto 196/1988, de 28 de julio, por el que se desarrolla en el ámbito de la Comunidad Autónoma gallega la Ley estatal 21/1987, de 11 de noviembre, y del Decreto 112/1995, de 31 de marzo, que establece un régimen integral de medidas de protección y asistencia a los menores.
En la delimitación positiva de los derechos del menor se ha querido incluir una referencia expresa a aquéllos especialmente protegidos, siguiendo las orientaciones de las cartas internacionales sobre protección de los derechos humanos, para poner de manifiesto que la defensa de los derechos y libertades de la infancia y de la adolescencia constituye una tendencia común y una orientación política prioritaria en todos los países civilizados. Y es en este contexto constitucional e internacional en el que ha de insertarse la nueva conciencia social de las políticas de protección a la familia, la infancia y la adolescencia, demandando acciones particulares en el campo legislativo que enmarquen las políticas públicas de tutela y protección de estos colectivos, relegada hasta ahora al campo de las instituciones civiles.
El título II desarrolla las medidas de prevención y protección de la familia, estableciendo acciones singulares tanto preventivas como asistenciales e integradoras orientadas a evitar toda discriminación que pueda difi cultar la integración familiar, para lo que se hace necesaria la coordinación permanente de las políticas sociales, educativas y sanitarias.
El título III está dedicado a la regulación de las medidas de protección a la infancia y a la adolescencia. En ella se han tenido en cuenta los propios antecedentes normativos existentes en la Comunidad Autónoma en esta materia, así como las principales innovaciones aportadas por la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, a nuestro ordenamiento jurídico. En este sentido, se abunda en el concepto de desamparo y se describen de manera sistemática todas y cada una de las actuaciones protectoras, como son la tutela administrativa, su suspensión y ejecución, la guarda y las distintas modalidades de acogimiento familiar y residencial, así como la figura de la adopción, tanto nacional como internacional. Cierra este título el capítu lo IV, dedicado a las instituciones y entidades de atención a menores, así como a aquellas que realicen funciones de medición en adopción internacional, estableciendo los requisitos mínimos que todas ellas deben reunir para su funcionamiento.
Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad con el artículo 13.2.o del Estatuto de Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 23 de febrero, reguladora de la Junta y de su Presidente, promulgo en nombre del Rey la Ley gallega de la familia, la infancia y la adolescencia.
2. A los efectos de la presente ley, se entiende por infancia el período de la vida de las personas comprendido desde el nacimiento hasta la edad de doce años, y por adolescencia desde dicha edad hasta la mayoría establecida por ley.
1. El respeto a los derechos de la familia, la infancia y la adolescencia a que se refiere el título I de la presente ley.
2. El impulso de una política integral de apoyo a la familia que tenga en cuenta sus necesidades básicas y las de sus miembros, tales como la vivienda, la educación, la cultura, la salud y el trabajo, de modo que les permita alcanzar la plenitud de su desarrollo y autonomía.
3. La primacía del interés del niño y de la niña y del adolescente y de la adolescente sobre cualquier otro interés que inspirase las actuaciones públicas o privadas encargadas de su protección.
4. El favorecimiento de la integración sociofamiliar de los menores, procurando, siempre que sea posible, la permanencia en su ambiente familiar y entorno comunitario.
5. La estimulación del desarrollo personal de los niños y de las niñas, de los adolescentes y de las adolescentes y de los restantes componentes de la familia, así como la potenciación de todos los ámbitos de socialización que les son propios.
6. La globalización en el estudio de la problemática de la familia, la infancia y la adolescencia y en la aplicación de los programas y medidas tanto preventivas como paliativas.
7. La aplicación racional de los recursos normalizados, ya sea a través de los servicios primarios o de los especializados.
8. El fomento de la solidaridad y de la sensibilidad social ante los problemas que afecten a la familia, a la infancia y a la adolescencia.
9. La coordinación de actuaciones con todo tipo de organismos e instituciones, públicas o privadas, que intervengan en la protección, defensa y atención a la familia, a la infancia y a la adolescencia, promoviendo criterios comunes y actuaciones múltiples en los órdenes familiar, educativo, sanitario, cultural y social.
10. La confidencialidad de todas las actuaciones que promuevan las administraciones públicas e instituciones privadas en interés y defensa de la infancia y de la adolescencia.
Artículo 4. Planificación de actuaciones y programación de recursos.
3. La actuación de los poderes públicos gallegos en el campo de la asistencia y protección a la infancia y a la adolescencia se desarrollará de forma integral, aunando, en lo posible, los recursos disponibles en acciones coordinadas y, en su caso, conjuntas. La gestión de estos recursos se llevará a cabo de acuerdo con criterios de descentralización y/o desconcentración, en pos de favorecer la participación de las distintas instituciones, sean públicas o privadas, en su gestión y la proximidad de la Administración al ciudadano.
4. A los efectos de la necesaria coordinación de actuaciones, la Junta de Galicia adoptará un sistema permanente de comunicación que garantice la necesaria cooperación interadministrativa en todos los órdenes, especialmente en los ámbitos familiar, educativo, sanitario y de servicios sociales. En particular, la Junta de Galicia, a través de las Consejerías competentes, promoverá actuaciones de cooperación con los Ayuntamientos, Diputaciones y otras instituciones públicas, así como de colaboración con los organismos y entidades privadas, a fin de promover y fomentar la participación en las actuaciones de protección y asistencia a la familia, a la infancia y a la adolescencia.
Artículo 5. Atribución de competencias.
1. La Junta de Galicia, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en materia de la presente ley y a través de las Consejerías competentes, llevará a cabo:
d) La autorización, habilitación, inspección y control de las entidades y centros que presten servicios de atención a la familia, a la infancia y a la adolescencia.
2. Los municipios, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de régimen local y en la Ley gallega de servicios sociales, ejercerán sus competencias en materia de protección a la familia, a la infancia y a la adolescencia a través de las siguientes actuaciones:
a) La participación en la detección de las necesidades de carácter sanitario, educativo, económico, sociolaboral, familiar u otras análogas que afecten a las familias, a los niños y a las niñas y a los adolescentes y a las adolescentes que residan en su territorio.
e) La prevención, apreciación e intervención en las situaciones de riesgo en que puedan encontrarse los menores, de conformidad con lo dispuesto en el artícu lo 17 de la Ley Orgánica 1/1996, de protección jurídica del menor, así como la colaboración en el seguimiento de las medidas de protección adoptadas por la Junta de Galicia, todo ello sin perjuicio de las competencias que ésta tiene en la materia. A tales efectos, la Junta de Galicia prestará a los municipios la asistencia técnica necesaria para el efectivo cumplimiento de estas funciones.
3. A las Diputaciones Provinciales, de conformidad con las competencias que les atribuye la legislación de régimen local y la Ley gallega de servicios sociales, les corresponde garantizar la prestación integral y adecuada, en la totalidad del territorio provincial, de los servicios de competencia municipal establecidos en el artículo anterior, coadyuvando a su mantenimiento y financiación especialmente respecto a los municipios de menos de 20.000 habitantes y en aquellos casos en que, para su prestación, sea necesario acudir a las asociaciones de municipios.
1. Todo aquel que ostente alguna responsabilidad sobre un niño o una niña o un adolescente o una adolescente estará obligado a dispensarle la atención y cuidados necesarios, dentro de sus posibilidades y en función de su situación, para que pueda disfrutar de unas condiciones de vida dignas que favorezcan su desarrollo integral.
Derechos de la familia, de la infancia
2. Corresponde a todos los poderes públicos de Galicia velar por el correcto ejercicio de los derechos de la familia, de la infancia y de la adolescencia, remover los obstáculos que impidan o dificulten su ejercicio y adoptar, dentro del ámbito de sus competencias, las medidas necesarias para prevenir abusos de derecho así como impedir la persistencia de estas situaciones.
3. La actuación de los poderes públicos en esta materia tendrá carácter subsidiario respecto a la que corresponde a los padres en el ámbito familiar. Se exceptúan las actuaciones ante aquellas situaciones de riesgo grave para la integridad física o psíquica del niño o de la niña o del adolescente o de la adolescente, que podrá acordarse directamente y a iniciativa de los poderes públicos. En estos casos, se notificará a las personas que sean responsables de su protección, tutela y guarda, cuando sea posible.
Artículo 8. Derechos de la infancia y de la adolescencia de especial protección.
A los efectos de la presente ley se considerarán como derechos de la infancia y de la adolescencia sujetos a una especial protección y tutela por los poderes públicos de Galicia los siguientes:
c) El derecho desde su nacimientto a un nombre y a una nacionalidad. Los poderes públicos habrán de adoptar cuantas medidas fuesen necesarias para velar por el cumplimiento de este derecho y para garantizar al niño o a la niña o al adolescente o a la adolescente la preservación de su identidad.
e) El derecho a la educación con arreglo a lo establecido en la Constitución y en la normativa vigente, así como a recibir una formación integral. Las administraciones públicas colaborarán con la familia en el proceso educativo del niño o de la niña y del adolescente o de la adolescente y emprenderán las acciones necesarias para evitar el absentismo escolar y conseguir su integración en el sistema educativo.
Los niños y las niñas y los adolescentes y las adolescentes con necesidades educativas especiales o que presenten dificultades de inserción en la vida social por sus condiciones personales o circunstancias familiares tendrán derecho a la asistencia y formación necesarias que les permitan su adecuado desarrollo y realización personales.
f) El derecho a expresarse libremente en los términos constitucionalmente previstos. Esta libertad de expresión tiene también su límite en la protección de la intimidad y la imagen del propio menor.
Al acceso a las ayudas que las administraciones públicas establezcan a tal fin.
El ejercicio de este derecho podrá estar sujeto a las restricciones que contemple la ley para garantizar el respeto de los derechos de los demás o la protección de la seguridad, de la salud, de la moral o del orden público.
i) El derecho a que se respete su vida privada, familiar y social, y a que se proteja la misma de toda injerencia arbitraria o ilegal, así como de todo ataque a su honra o a su imagen.
Se prohíbe la difusión de información o la utilización de imágenes o nombres de los niños o de las niñas y de los adolescentes o de las adolescentes en los medios de comunicación que puedan implicar una intromisión ilegítima en su intimidad, honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses, aunque presten su consentimiento ellos mismos o sus representantes legales.
La Junta de Galicia promoverá la difusión de materiales informativos y otros destinados a los menores que respeten los criterios enunciados, a la vez que faciliten el acceso de los menores a los servicios de información, documentación, bibliotecas y demás servicios culturales.
j) El derecho a ser informado de forma comprensible para su edad de sus derechos y su situación personal, así como de las medidas que pretendan adoptarse en su interés y para su protección. Se le reconoce asimismo el derecho a ser escuchado en todas las actuaciones que se promuevan para la protección y tutela de sus derechos, tanto administrativos como judiciales, todo ello sin perjuicio de los casos en que el menor deba prestar su consentimiento cuando legalmente proceda. En caso de no disponer de suficiente juicio, podrá acordarse la audiencia a través de su representante legal.
k) El derecho a la asistencia pública en casos de abandono, marginación, malos tratos o necesidad. Se prestará una especial atención a la defensa de los derechos de la infancia y de la adolescencia frente a todo tipo de actuaciones que atenten contra su integridad física y moral.
Artículo 9. Defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia.
El Valedor do Pobo, para la defensa de los derechos especialmente referidos a la infancia y a la adolescencia, asignará estas competencias a uno de los Vicevaledores.
Defender los derechos de la infancia y de la adolescencia a todos los niveles.
Velar por el respeto de la legislación vigente en materia de protección de la infancia y de la adolescencia.
Proponer, a través del Valedor do Pobo, medidas susceptibles de mejorar la protección de la infancia y la adolescencia o de perfeccionar la aplicación de las ya existentes.
Promover ante la sociedad gallega la información sobre los derechos de la infancia y de la adolescencia y sobre las medidas que es necesario tomar para su mejor atención y cuidado.
2. La Junta de Galicia facilitará al Juez competente información, medios, instalaciones y personal especializado para facilitar la efectiva recuperación del niño o de la niña o del adolescente o de la adolescente y su integración social y laboral.
Artículo 10. Deber de los hijos.
1. La Junta de Galicia cuidará del cumplimiento de los deberes que la ley impone en las relaciones familiares y promoverá el acceso a la vida social, cultural y educativa de todos sus miembros, especialmente de aquellos cuyas posibilidades de integración sean más difíciles.
2. La Junta de Galicia, en el ámbito de la Comunidad Autónoma y en el ejercicio de sus competencias, garantizará una protección integral de la familia y arbitrará las medidas necesarias para evitar toda discriminación de la misma o de sus miembros por razón de su propio carácter, tanto en el orden jurídico como en el económico y social.
3. En cumplimiento de estos fines, la Junta de Galicia realizará las siguientes actuaciones generales:
c) Regular aquellas prestaciones, ya sean económicas o técnicas, cuyo objeto sea incidir favorablemente en las situaciones de carencia familiar.
Artículo 12. Actuaciones preventivas y asistenciales.
En el ejercicio de estas competencias, la Junta de Galicia, por sí o en colaboración con las corporaciones locales y los agentes sociales, en su caso, desarrollará las siguientes actuaciones tanto en el orden preventivo como en el asistencial:
e) Desarrollará a través del sistema educativo medidas orientadas a implicar directamente a las familias en los recursos educativos y garantizará la creación de escuelas infantiles y servicios de atención a la infancia y la adolescencia como recursos que contribuyen al desarrollo integral de los niños y las niñas y de los adolescentes y las adolescentes y, en su caso, al logro de una mayor autonomía familiar. A estos efectos, la Junta de Galicia elaborará y desarrollará un plan de dotación de recursos en el que se coordinen sus actuaciones con las de las diferentes administraciones públicas y las entidades privadas.
f) Establecerá un sistema de prestaciones económicas tendentes a procurar a las familias que carezcan de medios suficientes un salario digno que se corresponda con la composición familiar y el grado de obligaciones familiares asumidas, así como ayudas destinadas a paliar situaciones de emergencia social para cubrir necesidades específicas de la familia de carácter básico y urgente.
g) Se desarrollarán programas de ayuda a domicilio como medio de atender, desde una perspectiva integral y normalizadora, a las necesidades de la familia en su conjunto o de alguno de sus miembros que, por imposibilidad de hecho, no puedan satisfacerlas por sí mismos.
h) Articulará en el marco de la política de vivienda programas de ayuda cuya finalidad sea favorecer la adquisición, en régimen de pleno dominio o de arrendamiento, de la vivienda destinada a servir de residencia a la familia, cuando ésta carezca de ella o sea notoriamente inapropiada la actualmente poseída. Asimismo, velará porque la oferta de viviendas sea diversificada y adaptable al carácter propio de las distintas familias y a las necesidades específicas de cada una de ellas.
i) Gestionará planes y programas que procuren la autonomía familiar. Prestará apoyo a las familias menos favorecidas y desarrollará programas y acciones encaminadas a hacer compatibles la familia y el trabajo.
A los efectos de las actuaciones previstas en este apartado, la Junta de Galicia, a través de la Ley de presupuestos, fijará cada año la política fiscal de protección a la familia.
j) Favorecerá dentro de las políticas de apoyo a la pequeña y mediana empresa, y mediante instrumentos específicos, la competitividad de las empresas familiares a través de las prestaciones técnicas y económicas que reglamentariamente se establezcan. En particular, la Junta de Galicia, en su planificación económica, dispensará un trato preferente a las explotaciones familiares rurales, articulando programas tendentes a la modernización de sus estructuras y además coadyuvando en la compensación de los daños producidos por los riesgos inherentes a sus actividades y fomentando el uso de formas de previsión de tales riesgos.
Artículo 13. Actuaciones integradoras en favor de la familia.
1. La Junta de Galicia, en colaboración con las corporaciones locales y los agentes sociales, desarrollará medidas de integración orientadas a promover el papel cultural y socioeconómico de la familia en la sociedad, así como la cohesión social y la solidaridad entre generaciones. De manera especial:
Artículo 15. Medidas de prevención.
La Junta de Galicia, a través de la consejería competente y en colaboración, en su caso, con las corporaciones locales y los agentes sociales, promoverá, entre otras, las siguientes medidas:
Artículo 16. Prohibiciones relativas a publicaciones y material audiovisual.
SECCIÓN 1.a DE LA TUTELA DE LOS MENORES DESAMPARADOS
Artículo 17. Situaciones de desamparo.
Artículo 18. Asunción de la tutela administrativa.
Artículo 19. Suspensión de la patria potestad o de la tutela ordinaria.
Artículo 20. Ejecución de la tutela.
Artículo 21. Medidas a adoptar.
2. Las medidas previstas en el punto 1 de este ar tículo se adoptarán en el momento de hacerse la declaración de desamparo.
3. En la adopción de las medidas reguladas en las letras c), d) y e), será oído el menor de edad mayor de doce años o menor si tuviese suficiente madurez, siempre que sea posible.
Artículo 22. Deber de comunicación.
2. Asimismo, quien tenga conocimiento de que un menor no está escolarizado y no asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificación, durante el período obligatorio, deberá ponerlo en conocimiento de las autoridades públicas competentes, que adoptarán las medidas necesarias para su escolarización.
SECCIÓN 2.a DE LA GUARDA
Artículo 23. Asunción de la guarda.
1. Cuando los padres o tutores, por circunstancias graves, no puedan cuidar al menor, podrán solicitar de la Junta de Galicia que ésta asuma su guarda durante el tiempo necesario, la cual valorará la conveniencia o no de la medida y el modo en que la misma habrá de ejecutarse. La asunción de la guarda se hará constar por escrito, dejando constancia de que los padres o tutores fueron informados de las responsabilidades que siguen manteniendo respecto al hijo, así como de la manera en que la Administración va a ejercer dicha guarda. Cualquier variación posterior de la forma de ejercicio será fundamentada y comunicada a aquéllos y al Ministerio Fiscal.
SECCIÓN 3.a DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR
Artículo 25. Acogimiento familiar.
1. El acogimiento familiar produce la plena participación del menor en la vida de familia e impone a quien lo recibe las obligaciones de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una
Artículo 26. Modalidades del acogimiento.
1.a Acogimiento familiar simple, que tendrá carácter transitorio, bien porque de la situación del menor se previese la reinserción de éste en su propia familia, bien en tanto se adopte una medida de protección que revista un carácter más estable.
2.a Acogimiento familiar permanente, cuando la edad u otras circunstancias del menor y de su familia así lo aconsejen y así lo dictaminen los servicios de atención al menor. En tal supuesto, la entidad pública podrá solicitar del juez que atribuya a los acogedores aquellas facultades de la tutela que faciliten el desempeño de sus responsabilidades, atendiendo en todo caso al interés superior del menor.
3.a Acogimiento familiar preadoptivo, que lo formalizará la entidad pública cuando ésta eleve la propuesta de adopción del menor, informada por los servicios de atención del menor, ante la autoridad judicial, siempre que los acogedores reúnan los requisitos necesarios para adoptar, fuesen seleccionados y prestasen ante la entidad pública su consentimiento a la adopción, y se encuentre el menor en situación jurídica adecuada para su adopción.
Asimismo, podrá formalizarse un acogimiento familiar preadoptivo cuando se considere, con anterioridad a la presentación de la propuesta de adopción, que fuese necesario establecer un período de adaptación del menor a la familia. Este período será lo más breve posible y, en todo caso, no podrá exceder del plazo de un año.
Artículo 27. Formalización del acogimiento.
1. El acogimiento se formalizará por escrito, con consentimiento de la entidad pública, tenga o no la tutela o la guarda, de las personas que reciban al menor y de éste si tuviese doce años cumplidos. Cuando fuesen conocidos los padres que no estuviesen privados de la patria potestad, o el tutor, será necesario también que presten o hubiesen prestado su consentimiento, salvo que se trate de un acogimiento familiar provisional a que hace referencia el apartado 2 del presente artículo.
1.o Los consentimientos necesarios.
2.o La modalidad del acogimiento y la duración prevista para el mismo.
3.o Los derechos y deberes de cada una de las partes, y en particular:
4.o El contenido del seguimiento, en función de la finalidad del acogimiento, a realizar por la entidad pública y el compromiso de colaboración de la familia acogedora del mismo.
5.o La compensación económica, en su caso, a recibir por los acogedores.
6.o El señalamiento expreso de si los acogedores actúan con carácter profesionalizado.
7.o El informe de los servicios de atención a menores.
1.o Por decisión judicial.
2.o Por decisión de las personas que lo tienen acogido, previa comunicación de las mismas a la entidad pública.
3.o A petición del tutor o de los padres que tengan la patria potestad y reclamen su compañía.
4.o Por decisión de la entidad pública que tenga la tutela o la guarda del menor, cuando lo considere necesario para salvaguardar el interés de éste, oídos los acogedores.
SECCIÓN 4.a DEL ACOGIMIENTO RESIDENCIAL
Artículo 29. Acogimiento residencial.
1. En los términos previstos en el Código Civil, en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley Orgánica 1/1996, de protección jurídica del menor, la Administración de la Junta de Galicia, a través de la consejería competente, realizará la gestión de los procedimientos y elevará las correspondientes propuestas de adopción ante los órganos judiciales competentes en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Artículo 31. La adopción internacional.
En los procesos de adopción internacional corresponden a la consejería competente las siguientes actuaciones:
Artículo 32. Requisitos de los adoptantes.
1. Para poder ser adoptante se requerirá:
a) Tener como mínimo veinticinco años cumplidos. En caso de solicitudes conjuntas por cónyuges o parejas con relación estable análoga a la conyugal, bastará con que uno de ellos tenga dicha edad. En todo caso, el adoptante habrá de tener, al menos, catorce años más que el adoptado.
2. No se exigirá el requisito de residencia del punto b) del apartado anterior en los supuestos en que, por carecer de familia idónea para un menor dentro de la Comunidad Autónoma, se considerase conveniente su adopción fuera de la misma. En estos casos, los posibles candidatos habrán de ser declarados idóneos bien por los servicios competentes de su Comunidad Autónoma, bien por los servicios de esta Comunidad. Asimismo, también podrán presentar solicitudes de adopción los emigrantes gallegos con previsión de retorno a Galicia en los términos establecidos reglamentariamente.
Artículo 33. Procedimiento de valoración de la idoneidad.
1. Los solicitantes de adopción serán objeto de valoración de su idoneidad para la adopción por la consejería competente, que tendrá en cuenta para ello los siguientes aspectos o circunstancias:
3. Una vez seleccionados los solicitantes idóneos para un menor, la autoridad administrativa competente formalizará un acogimiento familiar preadoptivo en los términos y condiciones previstas en el artículo 26.3.a de la presente ley.
Artículo 34. Registro de Adopciones.
Artículo 35. De las instituciones de atención a menores.
1. La Administración de la Junta de Galicia podrá autorizar como instituciones de atención a menores a las asociaciones, fundaciones u otras entidades privadas, legalmente constituidas, en cuyos estatutos o reglas fundacionales figure como finalidad la protección de los menores y que dispongan de la organización y los equipos técnicos o multidisciplinares adecuados para el desarrollo de esta función. Estas instituciones habrán de tener su domicilio social en territorio gallego o actuar a través de establecimientos radicados en el mismo, así como carecer de ánimo de lucro.
Dichas instituciones se someterán en su actuación a las directrices, inspección y control del organismo competente y solamente podrán asumir las funciones de guarda y mediación con las limitaciones que les señale la ley, debiendo asegurarse de que tales funciones se desempeñen en interés exclusivo del menor.
3. Las resoluciones que confieran la autorización a las mencionadas instituciones serán publicadas en el «Diario Oficial de Galicia» y se dará traslado de las mismas al Ministerio Fiscal.
Artículo 36. De las entidades que realicen funciones de mediación a efectos de adopciones internacionales.
1. Las entidades que pretendan realizar funciones de mediación a efectos de adopciones internacionales habrán de estar expresamente habilitadas por la Junta de Galicia para operar en el territorio de la Comunidad Autónoma, tengan o no su sede en la misma.
d) Cualesquiera otras para las que las habilite la consejería competente en la correspondiente resolución.
De los menores en conflicto social y de los centros
1. Se considerarán menores en conflicto social, a los efectos de la presente ley, aquéllos que por su situación de grave inadaptación pudiesen encontrarse en riesgo de causar perjuicios a sí mismos o a otros, así como los mayores de doce años que, aún no teniendo la edad requerida para exigirles responsabilidad criminal, cometiesen hechos tipificados como delitos o faltas por las leyes penales.
Artículo 38. Medidas de prevención y apoyo.
La Administración autonómica, en el ejercicio de sus competencias, podrá arbitrar en favor de los menores medidas de carácter preventivo y de apoyo tales como:
Artículo 39. Ejecución de medidas judiciales.
1. Es competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia la ejecución de las medidas previstas en la Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, reguladora de la competencia y el procedimiento de los juzgados de menores, en virtud de lo dispuesto en su disposición adicional tercera, para lo cual actuará de acuerdo con los tratados y directrices internacionales, la presente ley, la normativa que la complemente y desarrolle y demás que sea de aplicación.
2. La Administración de la Junta de Galicia ejecutará, por el tiempo que se determine en las resoluciones judiciales, las siguientes medidas:
b) El acogimiento familiar, que supone otorgar temporalmente la guarda de un menor a una persona o personas distintas de aquellas con las que venía conviviendo, al objeto de recibir el apoyo suficiente para una atención y educación adecuadas a su edad y circunstancias.
De los centros de reeducación
Artículo 40. Régimen de los centros de reeducación.
1. Son centros de reeducación aquellos equipamientos residenciales que prestan una atención socioeducativa especializada a menores con problemas de conducta o internados en virtud de resolución judicial.
a) El régimen de internamiento abierto supone la obligación de residencia del menor en el centro, participando en su vida y realizando las actividades escolares o laborales fuera del mismo. Los menores podrán disfrutar de fines de semana y períodos vacacionales en su propio hogar si ello es posible.
1. En los centros de reeducación tendrán la consideración de faltas las siguientes conductas, siempre que no constituyan infracción penal:
1. Las medidas correctoras que se impongan a los menores tendrán un contenido y una finalidad fundamentalmente educativa, sin que puedan en caso alguno implicar vejación o maltrato. Tales medidas consistirán en:
d) Privación de asistir a actividades recreativas programadas en el horario del centro, por un período de tiempo no superior a quince días.
e) Privación de las salidas de carácter recreativo programadas por el centro, por un período de tiempo no superior a un mes.
f) Privación de los permisos de salida del centro, por un período de tiempo no superior a un mes.
Artículo 43. El procedimiento.
1. El procedimiento para la aplicación de las medidas previstas en el artículo anterior será regulado en el reglamento del centro y habrá de garantizar, en todo caso, los siguientes derechos del menor:
1. Se consideran infracciones administrativas a la presente ley las acciones u omisiones tipificadas y sancionadas en la forma prevista en el presente título.
Artículo 45. Clasificación y prescripción de las infracciones.
1. Las infracciones se califican en leves, graves y muy graves, en función de la naturaleza de la contravención, de su trascendencia y repercusión especialmente en la esfera personal del menor y, en su caso, de la reincidencia en las mismas conductas punibles.
2. Estas infracciones prescribirán de la siguiente manera: Al año, las leves; a los tres años, las graves, y a los cinco años, las muy graves, a contar en todo caso desde la fecha de la infracción.
1.o Todos aquellos actos u omisiones que afecten a la esfera de los derechos de la familia, la infancia y la adolescencia, cuando no se deriven de ellos perjuicios graves para los mismos.
2.o Las irregularidades de carácter formal por parte de las instituciones o entidades de atención a la familia, la infancia y la adolescencia en el cumplimiento de la normativa vigente en esta materia.
3.o El incumplimiento del deber de actualizar los datos que obran en el Registro de entidades que desarrollan actividades en el campo de la acción social referidas a la familia, la infancia y la adolescencia.
1.o No poner en conocimiento de las autoridades u organismos competentes las posibles situaciones de grave abandono o desamparo en que puedan encontrarse los menores por parte de aquellas personas que por su cargo, profesión o función deban tener especial conocimiento de ello.
2.o No procurar o impedir la asistencia de un niño o una niña o de un adolescente o una adolescente en período de escolarización obligatoria a un centro escolar y sin causa que lo justifique, cuando sea imputable a los padres, tutores o guardadores.
3.o Proceder a la apertura o al cierre de un centro que preste servicios en el ámbito de la familia, la infancia o la adolescencia por las personas o entidades titulares del mismo sin haber obtenido previamente la autorización administrativa pertinente.
4.o Incumplir las personas o entidades a que se refiere el apartado anterior la normativa específica reguladora de su creación y funcionamiento.
5.o No proporcionar las instituciones o los centros de atención a la familia, la infancia y la adolescencia el tratamiento y la atención adecuada.
6.o Solicitar los titulares de dichas instituciones o centros el abono de cantidades económicas de los propios menores, sus familiares, tutores o guardadores, y, en general, ejercer prácticas lucrativas en los mismos no autorizadas expresamente por la Administración de la Junta de Galicia.
7.o Quebrantar el deber de confidencialidad y sigilo sobre los datos personales de los usuarios.
8.o Utilizar por parte de los medios de comunicación la identidad o imagen de los menores cuando ello suponga una intromisión ilegítima en su intimidad, honra o reputación o sea contrario a sus intereses aun cuando medie su consentimiento o el de sus representantes legales.
9.o Vender o permitir el libre acceso a los menores a las publicaciones a que se refiere el apartado 1 del artículo 16 o venderles, alquilarles o exhibirles el material audiovisual referido en el apartado 2 de ese mismo artícu lo. La responsabilidad de dichas acciones corresponderá a los titulares de los establecimientos y, en su caso, a las personas infractoras.
10. Impedir, obstruir o dificultar el ejercicio de las funciones de inspección y seguimiento por los servicios administrativos de la Junta de Galicia de la actividad de las instituciones y centros de atención a la familia, la infancia y la adolescencia.
11. Las acciones u omisiones previstas en el artículo anterior, siempre que el incumplimiento o los perjuicios fuesen graves.
12. La reincidencia en las infracciones leves.
1.o Las recogidas en el artículo anterior, si de las mismas se deduce daño a los derechos de la familia, la infancia y la adolescencia de imposible o muy difícil reparación.
2.o La reincidencia en las infracciones graves.
Artículo 49. La reincidencia.
Se estimará que se produce reincidencia cuando el responsable de la infracción hubiese sido sancionado mediante resolución firme por la comisión de otra infracción de la misma naturaleza en el plazo de un año, si se trata de faltas leves; de tres años, si se trata de faltas graves, y de cinco años, si se trata de faltas muy graves.
1. Las infracciones establecidas en los artículos anteriores serán sancionadas de alguna de las formas siguientes:
b) Infracciones graves: Multa desde 250.001 hasta 1.000.000 de pesetas.
c) Infracciones muy graves: Multa desde 1.000.001 hasta 2.500.000 pesetas.
1. Las infracciones administrativas no podrán ser objeto de sanción sin la previa instrucción del oportuno expediente, que se tramitará en todo caso de acuerdo con las normas generales que regulan el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que pudiesen concurrir.
Las resoluciones de apreciación de desamparo y asunción de tutela por ministerio de la ley, las derivadas del ejercicio de la tutela y la guarda, así como aquellas que declaren la idoneidad de los solicitantes de adopción, podrán recurrirse ante el orden jurisdiccional civil sin necesidad de reclamación administrativa previa.
Las cuantías de las sanciones administrativas previstas en el título IV de la presente ley podrán ser actualizadas anualmente de acuerdo con el índice de precios al consumo, por Decreto de la Junta de Galicia.
La Junta de Galicia tendrá en cuenta en sus presupuestos, de forma prioritaria, las actividades de atención, formación, promoción, reinserción, protección, integración y ocio de los niños y las niñas y de los adolescentes y las adolescentes de Galicia. Habrá, asimismo, de procurar que los entes de la Administración local asuman dicha prioridad.
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en la presen te ley.
Santiago de Compostela, 9 de junio de 1997.
Fecha de entrada en vigor: 21/06/1997
Publicada en el DOG núm. 118, de 20 junio de 1997.
SE DEROGA, por Ley 3/2011, de 30 de junio (Ref. BOE-A-2011-13120).
SE MODIFICA el art. 33.1.a), por Ley 9/2003, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2004-1674).
SE DICTA EN RELACION, regulando la Mediación Familiar: Ley 4/2001, de 31 de mayo (Ref. BOE-A-2001-12716).
Real Decreto 1108/1984, de 29 de febrero (Ref. BOE-A-1984-13159).
Real Decreto 2411/1982, de 24 de julio (Ref. BOE-A-1982-25044).