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Timestamp: 2020-01-19 15:29:43
Document Index: 238315254

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 2', 'artículo 51', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 14']

﻿ SENTENCIA C-156 DE MARZO 5 DE 2002
SENTENCIA C-156 DE 05 DE MARZO DE 2002
CONTENIDO:PROCESO PENAL. PRÁCTICA PROBATORIA. SE DECLARA EXEQUIBLE LA EXPRESIÓN "DE LOS PROCESOS PENALES. LAS DISPOCISIONES CONTENIDAS EN ESTE CAPÍTULO... NO SERÁN APLICABLES EN MATERIA PENAL" CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY 446 DE 1998.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO PENAL, PRÁCTICA DE PRUEBA, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, PRUEBA, CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Sentencia C-156 de marzo 5 de 2002
SENTENCIA NÚMERO C-156 DE 2002
Ref.: Expediente D-3684
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 14 de la Ley 446 de 1998.
ART. 14.—De los procesos penales. Las disposiciones contenidas en este capítulo y en los artículos 21 y 23 del Decreto 2651 de 1991 no serán aplicables en materia penal”.
— El contenido del Decreto 2651 de 1991 y de la Ley 446 de 1998;
— La vigencia transitoria del Decreto 2651 de 1991 y la no producción posterior de efectos jurídicos de los artículos 21 y 23 de ese decreto y las implicaciones de ello en el fallo a emitir;
— Las materias procesales en que se aplica la Ley 446 de 1998 y su relación con la norma demandada;
el alcance de las reglas de derecho cuya inaplicación se dispuso en materia penal;
— Si existe compatibilidad o incompatibilidad entre el capítulo cuarto de la primera parte de la Ley 446, la naturaleza constitucional del proceso penal y los principios que en él regulan la actividad probatoria;
— Si la no aplicación de las normas contenidas en ese capítulo encuentra una justificación razonable en la naturaleza de ese proceso y
— Si la inaplicación de esas normas dispuesta por la norma demandada vulnera el derecho al debido proceso y el derecho a la igualdad.
2. Por medio del Decreto 2651 del 25 de noviembre de 1991, el Presidente de la República, en uso de las facultades conferidas por el literal e) del artículo transitorio 5º de la Constitución, expidió normas transitorias para descongestionar los despachos judiciales. El decreto constaba de siete capítulos en los que reguló la conciliación, el arbitramento, las pruebas, la redistribución de procesos, los concordatos, las sucesiones y se dictaron otras disposiciones.
El capítulo III estaba integrado por los artículos 21, en el que se indicaban los actos probatorios que podían realizar las partes de común acuerdo; 22, en el que se señalaban reglas para la práctica probatoria; 23, en el que se facultaba al juez para hacer comparecer, tras el vencimiento del término probatorio, a la persona que había sido citada por una parte o por un testigo; el 24, que le daba el valor de testimonio a los dibujos, gráficas o representaciones realizadas por la parte o el testigo, y el 25, que presumía la autenticidad de los documentos aportados por las partes sin perjuicio de lo dispuesto en relación con documentos emanados de terceros (1) .
(1) El texto de los artículos 21 y 23 del Decreto 2651 de 1991, que son inaplicables en materia penal según el artículo 14 de la Ley 446 de 1998, es el siguiente:
ART. 21.—En todo proceso las partes de común acuerdo pueden, antes de que se dicte sentencia de primera o única instancia o laudo arbitral, realizar los siguientes actos probatorios:
3. Presentar la versión de hechos que interesen al proceso, haya efectuado ante ellas un testigo. Este documento deberá ser autenticado por las partes y el testigo en la forma como se dispone para la demanda, se incorporará al expediente y suplirá la recepción de dicho testimonio. La declaración será bajo juramento que se entenderá prestado por la autenticación del documento.
Del examen del decreto se infiere que, por expresa previsión del artículo 2º, los procesos penales fueron excluidos de la normatividad sobre conciliación y que la normatividad sobre arbitramento, concordatos y sucesiones tampoco les era aplicable. De ese modo, sólo eran aplicables en materia penal algunas de las disposiciones que integraban el capítulo III sobre pruebas, el capítulo IV sobre redistribución de procesos y el capítulo VII relativo a otras disposiciones. Así, por ejemplo, del capítulo III eran aplicables artículos como el 22, el 24 y el 25. Y del capítulo VII eran aplicables artículos como el 42, sobre términos procesales, y el 51, sobre requisitos formales del recurso extraordinario de casación en los distintos procedimientos (2) .
(2) Esta corporación, mediante Sentencia C-586 de 1992, M.P. Fabio Morón Díaz, declaró la constitucionalidad del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991 pues encontró que él se contraría a establecer criterios que le sirvieran a la Corte Suprema de Justicia para examinar las causales de casación alegadas por los recurrentes sin el rigor extremo exigido para contradecir el planteamiento lógico argumental contenido en la sentencia y que con ello no se alteraba la naturaleza de la casación ni se convertía a la Corte Suprema en tribunal de instancia.
Como puede advertirse, si bien el decreto contenía una serie de medidas orientadas a descongestionar los despachos judiciales, lo cierto es que la columna vertebral de esa regulación no estaba concebida para los procesos penales (3) . Las normas sobre conciliación fueron expresamente excluidas para ese tipo de procesos y las normas sobre arbitramento, concordatos y sucesiones eran claramente inaplicables en ese ámbito. Y en cuanto a las normas que integraban el capítulo sobre pruebas, es claro que varias de ellas, como los artículos 21 y 23, eran también inaplicables dado que estaban previstas para procesos de otra naturaleza pues así se infiere de las reiteradas alusiones a conceptos como demanda, partes, curador ad litem, interrogatorio de parte, declaración de parte, etc.
(3) Lo expuesto no quiere decir, desde luego, que no sea viable una política de descongestión judicial como parte de una política criminal alternativa diseñada ante las limitaciones del sistema penal convencional. Lo que ocurre es que ni el Decreto 2651 de 1991 ni la Ley 446 de 1998 se orientaron en esa dirección. No obstante, nada se opone a que ese tipo de medidas se conciban también para el sistema penal. De allí por qué la Corte, en la Sentencia C-215 de 1993, M.P. Fabio Morón Díaz, al declarar la exequibilidad del artículo 1º y de algunos apartes del artículo 2º del Decreto 2651 de 1991 haya manifestado: “El artículo 2º del Decreto 2651, se refiere a los procesos en que no se hubiere proferido sentencia de primera instancia, lo que permite racionalmente colegir que se refiere a los procesos en curso, distintos a los procesos laborales, penales y contencioso administrativos. La expresión “distintos” que trae la norma, no puede interpretarse como lo hace el demandante como sinónimo de “excepción hecha de”, de manera que puede pensarse que el comentado artículo excluyera la conciliación de los procesos que versen sobre esas materias; sino, por el contrario, debe entenderse en el sentido de que la norma al hacer la exclusión, del reglamento que incorpora, quiere dejar sin variación el régimen que contienen otras disposiciones jurídicas”.
Ahora bien, por expresa previsión del artículo 1º, las disposiciones allí contenidas se adoptaron por el término de 42 meses (4) . Como el decreto tuvo vigencia a partir del 10 de enero de 1992, tal vigencia expiraba el 10 de julio de 1995. Sin embargo, el Congreso de la República, mediante las leyes 192 de 1995 (5) , 287 de 1996 (6) y 377 de 1997 (7) , prorrogó la vigencia del decreto hasta el 10 de julio de 1998. Luego, con el propósito de que la normatividad contenida en el Decreto 2651 no desapareciera del ordenamiento jurídico, se expidió la Ley 446 de 1998 por medio de la cual se adoptaron como normas permanentes varias de las disposiciones en él contenidas y se incorporaron otras alentadas también por el propósito de descongestionar la administración de justicia.
(4) El artículo 1º del Decreto 2651 de 1991 disponía: “Por el término de cuarenta y dos (42) meses se adoptan las disposiciones contenidas en el presente decreto, encaminadas a descongestionar los despachos judiciales”.
(5) La Ley 192 de 1995 estaba integrada por un solo artículo que decía: “Prorrógase por un (1) año la vigencia del Decreto 2651 de noviembre 25 de 1991, con excepción de lo previsto en los artículos 39, 44, 54, 59, 61 y 62 del mismo”.
(6) El artículo 1º de la Ley 287 de 1996 disponía: “Prorrógase por un (1) año la vigencia del Decreto 2651 del 25 de noviembre de 1991, prorrogado por la Ley 192 del 29 de junio de 1995, con excepción de lo previsto en los artículos 39, 44, 59, 61 y 62 del mismo”.
(7) El artículo 1º de la Ley 377 de 1997 disponía: “Prorrógase por un (1) año la vigencia del Decreto 2651 del 25 de noviembre de 1991, prorrogado por las leyes 192 de 1995 y 287 de 1996”.
La primera parte está conformada por cinco capítulos que contienen normas relacionadas con los despachos judiciales, los auxiliares y colaboradores de la justicia, la acumulación, las pruebas y una disposición especial. El capítulo cuarto de la primera parte está integrado por cinco artículos. El artículo 10 regula la solicitud, aportación y práctica de pruebas; el artículo 11, la autenticidad de documentos; el artículo 12, la presunción de autenticidad de los documentos contentivos de títulos ejecutivos; el artículo 13, la presentación de memoriales y poderes y, finalmente, el artículo 14 establece que las anteriores disposiciones y los artículos 21 y 23 del Decreto 2651 de 1991 no se aplican en materia penal (8) .
(8) El capítulo de la Ley 446 de 1998 de que hace parte la disposición demandada es del siguiente tenor: “Capítulo 4
ART. 13.—Memoriales y poderes. Los memoriales presentados para que formen parte del expediente se presumirán auténticos, salvo aquellos que impliquen o comporten disposición del derecho en litigio y los poderes otorgados a los apoderados judiciales que, en todo caso, requerirán de presentación personal o autenticación.
Entonces, es claro que en el caso presente se demanda una norma que ordena la inaplicación en materia penal de dos artículos de un decreto que ya no se halla vigente —art. 14 de la L. 446 de 1998—. No obstante, como se demanda un artículo que dispone no aplicar en una materia específica dos normas que ya no se hallan vigentes, es evidente que la Corte no puede emitir pronunciamiento alguno pues en casos como el presente la vigencia de las normas cuya inaplicación se ordena o, al menos, la producción de efectos jurídicos tras el vencimiento de su período de vigencia, constituye un presupuesto para que se pueda emitir un pronunciamiento de fondo (9) .
(9) La posibilidad de que la Corte se pronuncie sobre la constitucionalidad de normas que ya no se hallan vigentes pero que están produciendo efectos jurídicos ha sido considerada en varias oportunidades por esta corporación. Entre otras pueden consultarse las sentencias C-416 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-101 de 1993, M.P. Fabio Morón Díaz y C-583 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. En este último pronunciamiento, la Corte se inhibió de conocer la demanda instaurada contra los artículos 2º y 5º de la Ley 4ª de 1990 pues al momento del fallo tales normas habían sido derogadas y no se encontraban produciendo efectos jurídicos. En el fallo se afirmó que “Como las referidas normas no están produciendo efectos, pues el nuevo régimen legal definió íntegramente las funciones del procurador y de las distintas dependencias de la procuraduría, carece de objeto cualquier decisión de la Corte, según lo tiene dicho su reiterada jurisprudencia”.
En cuanto a los antecedentes, es claro que una de las finalidades con las que se promulgó la ley fue la de imprimirle carácter permanente a muchas de las disposiciones contenidas en el Decreto 2651 de 1991 y que se habían orientado a la descongestión de la administración de justicia pues razones de conveniencia institucional imponían superar la transitoriedad con que habían sido concebidas (10) . De ese modo, si la materia penal sólo había sido interferida por el Decreto 2651 de 1991 de una manera muy puntual, resulta comprensible que la ley promulgada para imprimirle carácter permanente a las normas contenidas en ese decreto no desarrollara preferentemente esa temática.
(10) En la exposición de motivos, el Ministro de Justicia y del Derecho manifestó que el proyecto, si bien contenía disposiciones novedosas sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia; también se orientaba a convertir en legislación permanente normas del Decreto 2651 de 1991. En este sentido se indicó: “En punto de este último decreto, es de mencionar que por expreso mandato del artículo transitorio 5º de la Constitución Política de 1991, el Decreto 2651 de 1991, en sus artículos 1º y 62, determinó el carácter transitorio de las disposiciones y medidas en él adoptadas, por lo que aquél tendría vigencia sólo hasta el 10 de julio de 1995. No obstante, por motivos de conveniencia el decreto en mención ha sido prorrogado por el Congreso de la República en dos ocasiones; la primera a través de la Ley 192, y la segunda por medio de la Ley 287 de 1996, que extendió la vigencia del Decreto sólo hasta el 10 de julio de 1997. Con el objeto de impedir que las normas contenidas en este decreto desaparezcan del ordenamiento jurídico colombiano, el presente proyecto de ley tiene como su primer objetivo reemplazar la normatividad contenida en el Decreto 2651 de 1991 convirtiendo en permanentes algunas de sus previsiones e incorporando algunas nuevas que coadyuven a la obtención de la finalidad que animaba la regulación”. Gaceta del Congreso 621. Martes 24 de diciembre de 1996. pág. 22.
a) El artículo 10 establece reglas para la solicitud, aportación y práctica de pruebas, reglas complementarias de las disposiciones generales contenidas en el Código de Procedimiento Civil y en otras disposiciones y que tienen que ver con la facultad de las partes de presentar experticios emitidos por instituciones o profesionales especializados; con la apreciación, sin necesidad de ratificación, de los documentos privados de contenido declarativo emanados de terceros; con la presentación de documentos relacionados con los hechos sobre los cuales declararon las partes o los testigos y con la presentación de informes o certificaciones por parte de las personas naturales o jurídicas sometidas a vigilancia estatal;
b) El artículo 11 establece la presunción de autenticidad de los documentos privados presentados por las partes para ser incorporados a un expediente con fines probatorios;
c) El artículo 12 establece la presunción de autenticidad de los documentos que reúnan los requisitos necesarios para constituir título ejecutivo, y
d) El artículo 13 establece la presunción de autenticidad de los memoriales presentados para que formen parte del expediente.
a) Las normas se dictan como complementarias de aquellas que en el Código de Procedimiento Civil regulan la práctica probatoria;
b) Reiteradamente se habla de parte en referencia a quien, en cada caso, interviene como demandante o demandado, esto es, como titular de las pretensiones o de las excepciones que se oponen a ellas;
c) Hay una referencia directa a la presunción de autenticidad de un documento siempre que reúna los atributos indicados en la ley cuando de él se pretenda derivar un título ejecutivo.
d) De la presunción de autenticidad de los memoriales consagrada como regla general, se excluye a los memoriales que implican disposición de los derechos en litigio.
En relación con la naturaleza constitucional del proceso penal hay que indicar que la estructura básica de acusación y juzgamiento ha sido configurada por el constituyente al asignarle a la Fiscalía General de la Nación la función de “investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes”, función que le impone los deberes de asegurar la comparecencia de aquellos adoptando medidas de aseguramiento, calificar y declarar precluidas las investigaciones realizadas y dirigir y coordinar las funciones de policía judicial, entre otros —art. 250 Constitución Política—.
Pues bien. No debe perderse de vista que esa estructura básica de acusación y juzgamiento se halla inescindiblemente vinculada a los principios que en el proceso penal orientan la actividad probatoria, fundamentalmente al principio de presunción de inocencia y al principio que exonera al penalmente investigado de declarar en contra de sí mismo o de sus más próximos allegados —arts. 29 y 33 de la Carta—.
En cuanto a la presunción de inocencia del sindicado, hay que indicar que se trata de un punto de referencia ineludible, explicable por los profundos contenidos de violencia implícitos en el poder punitivo del Estado y concebido como una garantía para que sólo haya lugar a la imposición de la pena cuando se tenga absoluta certeza sobre la responsabilidad del procesado. La vigencia de esa presunción le marca al proceso penal un derrotero particular en materia probatoria pues se parte de una presunción que hay que desvirtuar plenamente ya que aun en caso de duda se mantiene su efecto vinculante. Ello es así en cuanto a la racionalidad del Estado constitucional, como Estado de justicia, le repugna la sola posibilidad de condenar a un inocente.
Ahora, si esa es la naturaleza del proceso penal y si de ella se infieren esos principios de la actividad probatoria, resultan incompatibles con él disposiciones dictadas como complementarias de aquellas que en el Código de Procedimiento Civil regulan la práctica probatoria, la referencia apartes procesales entendidas como demandantes o demandados, la alusión a títulos ejecutivos y la remisión a la capacidad dispositiva sobre derechos en litigio. De allí por qué el legislador, al establecer que esas disposiciones no se apliquen en materia penal, se haya limitado a ejercer su capacidad de configuración normativa respetando la naturaleza de ese proceso pues tal decisión es coherente con los fundamentos que el constituyente ha establecido para la el sistema sustancial y procesal de imputación penal.
Luego, el sistema sustancial de imputación penal y la estructura básica de acusación y juzgamiento que a ese sistema corresponde, las dos con claros fundamentos en la Carta Política, constituyen un supuesto fáctico diferente al considerado por las disposiciones cuya inaplicación se dispuso. En esas condiciones una regla de derecho que excluye la aplicación de varias disposiciones en supuestos para los que no fueron concebidas y contrarios a la naturaleza jurídica de aquellos que se pretendía interferir, no puede ser, en manera alguna, violatoria del derecho de igualdad pues, como se sabe, tal derecho impone que, en idénticas circunstancias, no se consagren excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros, salvo que exista una justificación objetiva y razonable.
1. Declararse inhibida para decidir de fondo en relación con la demanda de inexequibilidad instaurada contra la expresión “y en los artículos 21 y 23 del Decreto 2651 de 1991” contenida en el artículo 14 de la Ley 446 de 1998.
2. Declarar exequible la expresión “De los procesos penales. Las disposiciones contenidas en este capítulo... no serán aplicables en materia penal” contenida en el artículo 14 de la Ley 446 de 1998.