Source: http://juventud.org/convenciondederechos/
Timestamp: 2017-03-26 01:30:42
Document Index: 299105711

Matched Legal Cases: ['Artículo 13', 'artículo 10', 'artículo 10', 'Artículo 35', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 25', 'artículo 27', 'artículo 31', 'artículo 35']

Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes – Juventud.org
Convención en españolConvenção em portuguêsProtocolo adicional en españolProtocolo adicional em português
Los Estados Parte, conscientes de la trascendental importancia para la humanidad de contar con instrumentos como la "Declaración Universal de los Derechos Humanos"; el 'Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales"; el "Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos"; la 'Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial"; la 'Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer"; la "Convención sobre los Derechos del Niño"; la "Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes"; y demás instrumentos aprobados por las Naciones Unidas y sus Organismos especializados, y por los sistemas de protección de derechos fundamentales de Europa y América, que reconocen y garantizan los derechos de la persona como ser libre, igual y digno.
Teniendo presente que las Naciones Unidas y diversos órganos regionales están impulsando y apoyando acciones en favor de los jóvenes para garantizar sus derechos, el respeto y promoción de sus posibilidades y las perspectivas de libertad y progreso social a que legítimamente aspiran; dentro de las que cabe destacar el Programa Mundial de Acciones para la Juventud para el año 2000 en adelante, aprobado por la Resolución n° 50/81 de las Asamblea General de las Naciones Unidas.
Considerando que la "Declaración de Lisboa", aprobada en la I Conferencia Mundial de Ministros Responsables de Juventud, celebrada en Lisboa, Portugal, en 1998, constituye un marco para la cooperación internacional en el dominio de las políticas de juventud, en la cual los Ministros incentivaron y respaldaron las acciones de instituciones como la OIJ, comprometiéndose a apoyar el intercambio bilateral, subregional, regional e internacional de las mejores prácticas, a nivel nacional, para la formulación, implementación y evaluación de políticas de juventud.
Constatando que los jóvenes conforman un sector social que tiene características singulares en razón de factores psico-sociales, físicos y de identidad que requieren una atención especial por tratarse de un período de la vida donde se forma y consolida la personalidad, la adquisición de conocimientos, la seguridad personal y la proyección al futuro.
Teniendo en cuenta que entre los jóvenes de la Región se constatan graves carencias y omisiones que afectan su formación integral, al privarlos o limitarles derechos como: la educación, el empleo, la salud, el medio ambiente, la participación en la vida social y política y en la adopción de decisiones, la tutela judicial efectiva, la información, la familia, la vivienda, el deporte, la recreación y la cultura en general.
Considerando que debe avanzarse en el reconocimiento explícito de derechos para los jóvenes, la promoción de mayores y mejores oportunidades para la juventud y la consecuente obligación de los Estados de garantizar y adoptar las medidas necesarias para el pleno ejercicio de los mismos.
Afirmando que, en adición a los instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la elaboración de una "Convención Iberoamericana de Derechos de la Juventud" se justifica en la necesidad de que los jóvenes cuenten con el compromiso y las bases jurídicas que reconozcan, garanticen y protejan sus derechos, asegurando así la continuidad y el futuro de nuestros pueblos.
La presente Convención considera bajo las expresiones "joven", "jóvenes" y "juventud" a todas las personas, nacionales o residentes en algún país de Iberoamérica, comprendidas entre los 15 y los 24 años de edad. Esa población es sujeto y titular de los derechos que esta Convención reconoce, sin perjuicio de los que igualmente les beneficie a los menores de edad por aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Capítulo II: Derechos Civiles y Políticos
2. Ningún joven será sometido a la pena de muerte. Los Estados Parte que conserven la Pena de muerte garantizarán que ésta no se aplicará a quienes, al momento de cometer el delito, fueren considerados jóvenes en los términos de la presente Convención.
3. Los Estados Parte se comprometen a asegurar que los jóvenes menores de 18 años no serán llamados a filas ni involucrados, en modo alguno, en hostilidades militares. Artículo 13. Derecho a la Justicia.
1. Los Estados Parte reconocen el derecho a la justicia de los jóvenes. Ello implica el derecho a la denuncia, la audiencia, la defensa, a un trato justo y digno, a una justicia gratuita, a la igualdad ante la ley y a todas las garantías del debido proceso.
3. Los jóvenes condenados por una infracción a la ley penal tienen derecho a un tratamiento digno que estimule su respeto por los derechos humanos y que tenga en cuenta su edad y la necesidad de promover su resocialización a través de medidas alternativas al cumplimiento de la pena
1. Todo joven tiene derecho a: tener una nacionalidad, a no ser privado de ella y a adquirir otra voluntariamente, y a su propia identidad, consistente en la formación de su personalidad, en atención a sus especificidades y características de sexo, nacionalidad, etnia, filiación, orientación sexual, creencia y cultura.
2. Los Estados Parte promoverán el debido respeto a la identidad de los jóvenes y garantizarán su libre expresión, velando por la erradicación de situaciones que los discriminen en cualquiera de los aspectos concernientes a su identidad.
1. Los jóvenes tienen el derecho a formar parte activa de una familia que promueva relaciones donde primen el afecto, el respeto y la responsabilidad mutua entre sus miembros y a estar protegidos de todo tipo de maltrato o violencia.
2. Los jóvenes menores de edad tienen derecho a ser oídos en caso de divorcio o separación de sus padres para efectos de atribución de su propia guarda, así como, a que su voluntad sea determinante en caso de adopción.
3. Los Estados Parte se comprometen a crear y facilitar las condiciones educativas, económicas, sociales y culturales que fomenten los valores de la familia, la cohesión y fortaleza de la vida familiar y el sano desarrollo de los jóvenes en su seno, a través de políticas públicas y su adecuado financiamiento.
1. Los jóvenes tienen derecho a la libre elección de la pareja, a la vida en común y a la constitución del matrimonio dentro de un marco de igualdad de sus miembros, así como a la maternidad y paternidad responsables, y a la disolución de aquel de acuerdo a la capacidad civil establecida en la legislación interna de cada país.
2. Los Estados Parte promoverán todas las medidas legislativas que garanticen la conciliación de la vida laboral y familiar y el ejercicio responsable de la paternidad y maternidad y permitan su continuo desarrollo personal, educativo, formativo y laboral.
2. Los Estados Parte se comprometen a impulsar y fortalecer procesos sociales que generen formas y garantías que hagan efectiva la participación de jóvenes de todos los sectores de la sociedad, en organizaciones que alienten su inclusión.
3. Los Estados Parte promoverán medidas que de conformidad con la legislación interna de cada país, promuevan e incentiven el ejercicio de los jóvenes a su derecho de inscribirse en agrupaciones políticas, elegir y ser elegidos.
4. Los Estados Parte se comprometen a promover que las instituciones gubernamentales y legislativas fomenten la participación de los jóvenes en la formulación de políticas y leyes referidas a la juventud, articulando los mecanismos adecuados para hacer efectivo el análisis y discusión de las iniciativas de los jóvenes, a través de sus organizaciones y asociaciones.
3. Los Estados Parte reconocen que este derecho incluye la libertad de elegir el centro educativo y la participación activa en la vida del mismo.
6. Los Estados Parte reconocen que el derecho a la educación es opuesto a cualquier forma de discriminación y se comprometen a garantizar la universalización de la educación básica, obligatoria y gratuita, para todos los jóvenes, y específicamente a facilitar y asegurar el acceso y permanencia en la educación secundaria. Así mismo los Estados Parte se comprometen a estimular el acceso a la educación superior, adoptando las medias políticas y legislativas necesarias para ello.
7. Los Estados Parte se comprometen a promover la adopción de medidas que faciliten la movilidad académica y estudiantil entre los jóvenes, acordando para ello el establecimiento de los procedimientos de validación que permitan, en su caso, la equivalencia de los niveles, grados académicos y títulos profesionales de sus respectivos sistemas educativos nacionales.
4. Los Estados Parte velarán por la plena efectividad de este derecho adoptando y aplicando políticas y programas de salud integral, específicamente orientados a la prevención de enfermedades, promoción de la salud y estilos de vida saludable entre los jóvenes. Se potenciarán las políticas de erradicación del tráfico y consumo de drogas nocivas para la salud.
Los jóvenes tienen derecho a la igualdad de oportunidades y trato en lo relativo a la inserción, remuneración, promoción y condiciones en el trabajo, a que existan programas que promuevan el primer empleo, la capacitación laboral y que se atienda de manera especial a los jóvenes temporalmente desocupados.
Los Estados Parte reconocen que los jóvenes trabajadores deben gozar de iguales derechos laborales y sindicales a los reconocidos a todos los trabajadores.
Los Estados Parte reconocen el derecho de los jóvenes a estar protegidos contra la explotación económica y contra todo trabajo que ponga en peligro la salud, la educación y el desarrollo físico y psicológico.
El trabajo para los jóvenes de 15 a 18 años, será motivo de una legislación protectora especial de acuerdo a las normas internacionales del trabajo.
Los Estados Parte adoptarán medidas para que las jóvenes trabajadoras menores de edad sean beneficiarias de medidas adicionales de atención específica potenciadora de la que, con carácter general, se dispense de acuerdo con la legislación laboral, de Seguridad Social y de Asistencia Social. En todo caso adoptarán, a favor de aquéllas, medidas especiales a través del desarrollo del apartado 2 del artículo 10 del Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales. En dicho desarrollo se prestará especial atención a la aplicación del artículo 10 del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo.
Los Estados Parte se comprometen a adoptar las medidas políticas y legislativas necesarias para suprimir todas las formas de discriminación contra la mujer joven en el ámbito laboral.
Los jóvenes tienen derecho a la protección social frente a situaciones de enfermedad, accidente laboral, invalidez, viudez y orfandad y todas aquellas situaciones de falta o de disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo.
Los Estados Parte adoptaran las medidas necesarias para alcanzar la plena efectividad de este derecho.
Los jóvenes tienen derecho al acceso no discriminatorio a la formación profesional y técnica inicial, continua, pertinente y de calidad, que permita su incorporación al trabajo.
Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el acceso no discriminatorio a la formación profesional y técnica, formal y no formal, reconociendo su cualificación profesional y técnica para favorecer la incorporación de los jóvenes capacitados al empleo.
Los Estados Parte se comprometen a impulsar políticas públicas con su adecuado financiamiento para la capacitación de los jóvenes que sufren de alguna discapacidad con el fin de que puedan incorporarse al empleo.
Los jóvenes tienen el derecho a una vivienda digna y de calidad que les permita desarrollar su proyecto de vida y sus relaciones de comunidad.
Los Estados Parte adoptarán medidas de todo tipo para que sea efectiva la movilización de recursos, públicos y privados, destinados a facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda digna. Estas medidas se concretarán en políticas de promoción y construcción de viviendas por las Administraciones Públicas y de estímulo y ayuda a las de promoción privada. En todos los casos la oferta de las viviendas se hará en términos asequibles a los medios personales y/o familiares de los jóvenes, dando prioridad a los de menos ingresos económicos.
Las políticas de vivienda de los Estados Parte constituirán un factor coadyuvante del óptimo desarrollo y madurez de los jóvenes y de la constitución por éstos de nuevas familias.
Los jóvenes tienen derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado.
Los Estados Parte reconocen la importancia de proteger y utilizar adecuadamente los recursos naturales con el objeto de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los requerimientos de las generaciones futuras.
Los Estados Parte se comprometen a fomentar y promover la conciencia, la responsabilidad, la solidaridad, la participación y la educación e información ambiental, entre los jóvenes.
Los jóvenes tienen derecho a la recreación y al tiempo libre, a viajar y a conocer otras comunidades en los ámbitos nacional, regional e internacional, como mecanismo para promover el intercambio cultural, educativo, vivencial y lúdico, a fin de alcanzar el conocimiento mutuo y el respeto a la diversidad cultural y a la solidaridad.
Los Estados Parte se comprometen a implementar políticas y programas que promuevan el ejercicio de estos derechos y a adoptar medidas que faciliten el libre tránsito de los jóvenes entre sus países.
Los jóvenes tienen derecho a la educación física y a la práctica de los deportes. El fomento del deporte estará presidido por valores de respeto, superación personal y colectiva, trabajo en equipo y solidaridad. En todos los casos los Estados Parte se comprometen a fomentar dichos valores; así como la erradicación de la violencia asociada a la práctica del deporte.
Los Estados Parte se comprometen a fomentar, en igualdad de oportunidades, actividades que contribuyan al desarrollo de los jóvenes en los planos físicos, intelectual y social, garantizando los recursos humanos y la infraestructura necesaria para el ejercicio de estos derechos.
Los jóvenes tienen derecho al desarrollo social, económico, político y cultural y a ser considerados como sujetos prioritarios de las iniciativas que se implementen para tal fin.
Los Estados Parte se comprometen a adoptar las medidas adecuadas para garantizar la asignación de los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para programas que atiendan a la promoción de la juventud, en el área rural y urbana, la participación en la discusión para elaborar los planes de desarrollo y su integración en el proceso de puesta en marcha de las correspondientes acciones nacionales, regionales y locales.
Capítulo IV: De los Mecanismos de Promoción
Artículo 35. De los Organismos Nacionales de Juventud. Los Estados Parte se comprometen a la creación de un organismo gubernamental permanente, encargado de diseñar, coordinar y evaluar políticas públicas de juventud.
Los Estados Parte se comprometen a promover todas las medidas legales y de cualquier otra índole destinadas a fomentar la organización y consolidación de estructuras de participación juvenil en los ámbitos locales, regionales y nacionales, como instrumentos que promuevan el asociacionismo, el intercambio, la cooperación y la interlocución con las autoridades públicas.
Los Estados Parte se comprometen a dotar a los organismos públicos nacionales de juventud de la capacidad y los recursos necesarios para que puedan realizar el seguimiento del grado de aplicación de los derechos reconocidos en la presente Convención y en las respectivas legislaciones nacionales y de elaborar y difundir informes nacionales anuales acerca de la evolución y progresos realizados en la materia.
Las autoridades nacionales competentes en materia de políticas públicas de Juventud remitirán al Secretario General de la Organización Iberoamericana de la Juventud un informe bianual sobre el estado de aplicación de los compromisos contenidos en la presente Convención. Dicho informe deberá ser presentado en la Sede de la Secretaría General con seis meses de antelación a la celebración de la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud.
En el ámbito iberoamericano y por mandato de esta Convención, se confiere a la Secretaria General de la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), la misión de solicitar la información que considere apropiada en materia de políticas públicas de juventud así como de conocer los informes realizados en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados Parte en la presente Convención, y a formular las propuestas que estime convenientes para alcanzar el respecto efectivo de los derechos de los jóvenes.
El Secretario General de la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) elevará al seno de la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud los resultados de los informes de aplicación de los compromisos de la Convención remitidos por las autoridades nacionales en la forma prevista por el artículo anterior.
La Conferencia de Ministros de Juventud podrá dictar las normas o reglamentos que regirán el ejercicio de tales atribuciones
Los Estados Parte se comprometen a dar a conocer ampliamente los principios y disposiciones de la presente Convención a los jóvenes; así como, al conjunto de la sociedad.
Capítulo V: Normas de Interpretación
La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados iberoamericanos.
La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario/a General de la Organización Iberoamericana de Juventud.
La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados iberoamericanos. La adhesión se efectuará depositando un instrumento de adhesión en poder del Secretario/a General de la Organización Iberoamericana de Juventud.
La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día siguiente a la fecha en que haya sido depositado el quinto instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario/a General de la Organización Iberoamericana de Juventud.
Para cada Estado iberoamericano que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado el quinto instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día después del depósito por tal Estado de su instrumento de ratificación o adhesión.
Cualquier Estado Parte podrá proponer una enmienda y depositaria en poder del Secretario/a General de la Organización Iberoamericana de Juventud, quien comunicará la enmienda propuesta a los demás Estados Parte, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque una Conferencia de Estados Parte con el fin de examinar la propuesta y someterla a votación. Si dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación un tercio, al menos, de los Estados Parte se declaran en favor de tal Conferencia, el Secretario/a General convocará dicha Conferencia.
Para que la enmienda entre en vigor deberá ser aprobada por una mayoría de dos tercios de los Estados Parte.
Cuando las enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los Estados Parte que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Parte seguirán obligados por las disposiciones de la presente Convención y por las enmiendas anteriores que hayan aceptado.
El Secretario/a General de la Organización Iberoamericana de Juventud recibirá y comunicará a todos los Estados Parte el texto de las reservas formuladas por los Estados en el momento de la ratificación o de la adhesión.
As Partes, conscientes da importância transcendental para a humanidade em contar com instrumentos como, a “Declaração Universal dos Direitos Humanos; o “Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais”; o "Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos”; a “Convenção sobre a Exclusão de Todas as Formas de Discriminação Racial”; a “Convenção sobre a Exclusão de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher "; a "Convenção sobre os Direitos da Criança "; a "Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes”; Bem como outros instrumentos aprovados pelas Nações Unidas e pelos seus Organismos especializados e, por sistemas de protecção dos direitos fundamentais da Europa e da América, que reconhecem e garantem os direitos da pessoa como ser livre, una e digna.
Considerando que os instrumentos mencionados são parte do património jurídico da humanidade, cuja intenção é criar uma cultura universal de respeito pela liberdade, pela paz e pelos direitos humanos, e que a presente Convenção se inclui nos mesmos.
Tendo em conta que, as Nações Unidas e diversos órgãos regionais impulsionam e apoiam acções a favor dos jovens, como garante dos seus direitos, do respeito e promoção das suas capacidades e perspectivas de liberdade e progresso social a que, legitimamente aspiram; O Programa Mundial de Acções para a Juventude a partir de 2000, aprovado pela Resolução Nº50/81 da Assembleia-Geral das Nações Unidas, destaca-se, entre outros.
Considerando que, a "Declaração de Lisboa", aprovada na I Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude, realizada em Lisboa, Portugal, em 1998, constitui um marco para a cooperação internacional no domínio das políticas de juventude, na qual os Ministros incentivarão e endossarão as acções de instituições como a OIJ, comprometendo-se a apoiar o intercâmbio bilateral, sub regional, regional e internacional das melhores práticas, a nível nacional, visando a elaboração, execução e avaliação das políticas de juventude.
Tendo em conta as conclusões do Fórum Mundial da Juventude no âmbito das Nações Unidas, realizado em Braga, Portugal, em 1998, bem como, o Plano de Acção aprovado neste evento.
Considerando que os jovens formam um sector social com características singulares, devido a factores psico sociais, físicos e de identidade, requerem uma atenção especial dado tratarse de um período de vida em que se forma e consolida, a personalidade, a aquisição de conhecimentos, a segurança pessoal consolida a personalidade, a aquisição de conhecimentos, a auto confiança e a projecção no futuro.
Tendo en conta que entre os jovens da Região se constatam graves carências e omissões que afectam a sua formação integral, ao privá-los ou limitar-lhes directos, tais como: a educação, o emprego, a saúde, o meio ambiente, a participação na vida social e política e na tomada de decisão, a tutela judicial efectiva, a informação, a família, a habitação, o desporto, o lazer e a cultura em geral.
Considerando que deve avançar-se quanto ao reconhecimento expresso dos direitos dos jovens, quanto à promoção de maiores e melhores oportunidades para a juventude e, a obrigação consequente dos Estados de garantirem e adoptarem as medidas necessárias, visando o pleno exercício dos mesmos.
Reconhecendo que estes factores levam a determinar o alcance e a aplicação dos instrumentos do Direito Internacional dos Direitos Humanos, através de declarações, normas e políticas que regulem e protejam, especificamente, os direitos dos jovens e, críeme um modelo jurídico com maior especificidade, baseado nos princípios e direitos protectores do ser humano.
Tendo em conta que os Ministros Ibero-americanos Responsáveis pela Juventude têm estado a elaborar uma Carta dos Direitos da Juventude Ibero-americana e, tendo sido aprovado, na IX Conferência Ibero-americana de Ministros Responsáveis pela Juventude, as bases conceptuais e metodológicas para a elaboração de um documento que, sob a perspectiva de superar prejuízos e concepções pejorativas, paternalistas ou meramente utilitárias dos jovens, reivindique a sua condição de pessoas, cidadãos plenos, indivíduos reais e efectivos de direitos e que garanta a igualdade dos sexos, a sua participação social e política, a aprovação de políticas orientadas para o exercício pleno dos seus direitos, satisfaça as suas necessidades e os reconheça como actores estratégicos do desenvolvimento.
Garantindo que, para além dos instrumentos do Directo Internacional dos Directos Humanos, a elaboração de uma “Convenção Ibero-americana dos Direitos da Juventude” se justifica na necessidade que os jovens contem com o compromisso e das bases jurídicas que reconheçam, garantam e protejam os seus direitos, assegurando assim a continuidade e o futuro dos nossos povos.
As Partes aprovam, divulgam e comprometem-se a cumprir e a fazer cumprir a actual Convenção Ibero-americana dos Direitos da Juventude, reconhecendo os jovens, como indivíduos com directos, como actores estratégicos no desenvolvimento e pessoas capazes de exercer, responsavelmente, os directos e liberdades que constam nesta Convenção; Também, para que todos os países Ibero americanos, seus povos e instituições se vinculem a este Documento, tornando-o vigente, através da prática quotidiana e consigam realizar programas que concretizem o que esta Convenção promove, em prol do respeito pela juventude e pela sua realização plena, na justiça, na paz e solidariedade, assim como, no respeito pelos Direitos Humanos.
A Convenção actual considera as expressões "jovem", "jovens" e "juventude" referentes a todos as pessoas, nacionais ou residentes em qualquer país Ibero-americano, na faixa etária entre os 15 e o 24 anos. Esta população está ao abrigo e é titular dos direitos que esta Convenção reconhece, sem prejuízo dos benefícios, que igualmente se aplicam, aos menores segundo a aplicação da Convenção Internacional dos Direitos da Criança.
Artigo 2. Jovens e direitos humanos
As Partes na presente Convenção reconhecem o direito de todos os jovens a usufruir e apreciar todos os direitos humanos, comprometendo-se a respeitar e garantir aos jovens, o total benefício e exercício dos seus direitos civis, políticos, económicas, sociais, e culturais.
Artigo 3. Contribuição dos jovens para com os direitos humanos.
As Partes na presente Convenção comprometem-se a criar políticas e a propor programas que incentivem e mantenham, de modo permanente, a contribuição e o compromisso dos jovens para com uma cultura de paz e respeito pelos direitos humanos e na divulgação dos valores de tolerância e justiça.
Artigo 4. Direito à Paz.
Esta Convenção proclama o direito à Paz, a uma vida sem violência e à fraternidade e ao dever de incentivá-las através da educação e programas e iniciativas que canalizem energias solidárias e de cooperação dos jovens. As Partes fomentarão a cultura da paz, estimularão a criatividade, o espírito empreendedor, a formação inerente a valores pelo respeito dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais, favorecendo em todos os casos, a compreensão, a tolerância, a amizade, a solidariedade, a justiça e a democracia.
Artigo 5. Princípio da não discriminação.
A aplicação dos direitos e liberdades reconhecidas aos jovens, na presente Convenção não admite nenhuma discriminação fundada na raça, na cor, na nacionalidade, nas minorias nacionais, étnicas ou culturais, no sexo, na orientação sexual, na língua, na religião, nas opiniões, na condição social, nas aptidões físicas, ou incapacidades, no local de residência, na condição económica ou qualquer outra condição ou circunstância pessoal ou social do jovem que possa ser invocada, para estabelecer discriminações que afecte a igualdade dos direitos e as oportunidades de usufruir os mesmos.
Artigo 6. Direito à igualdade de sexo.
Esta Convenção reconhece a igualdade de sexo dos jovens e declara o compromisso das Partes no sentido de impulsionar políticas medidas legislativas e financeiras, que assegurem a igualdade entre homens e mulheres jovens no âmbito da igualdade de oportunidades e no exercício dos direitos.
Artigo 7. Protagonismo da família.
As Partes reconhecem a importância da família e a responsabilidades e deveres dos pais e das mães, ou seus substitutos legais, em orientar os seus filhos e filhas menores de idade no exercício dos direitos que esta Convenção reconhece.
Artigo 8. Adopção de medidas de direito interno.
As Partes, reconhecem os direitos contemplados nesta Convenção e comprometem-se a promover, proteger e respeitar os mesmos e, a adoptar todas as medidas legislativas, administrativas e outras, bem como, atribuir recursos que permitam o usufruto efectivo dos direitos que a Convenção reconhece. Também, formularão e avaliarão as políticas de juventude.
Capítulo II: Direitos Civis e Políticas
Artigo 9. Direito à vida.
Os jovens têm direito à vida e, consequentemente, as Partes adoptarão as medidas necessárias para garantir um desenvolvimento físico, moral e intelectual que permita a integração dos jovens no protagonismo da vida colectiva com óptimos níveis de maturidade.
Em todo caso adoptar-se-ão medidas defensoras de agressões possam prejudicar o processo do desenvolvimento a que se refere o parágrafo anterior.
Nenhum jovem será submetido à Pena de morte. As Partes que mantêm a Pena de morte garantirão que esta não será aplicada àqueles que, na altura de do crime, sejam considerados jovens, nos termos da presente Convenção.
Artigo 10. Direito à integridade pessoal.
As Partes adoptarão medidas específicas de protecção a favor dos jovens, relativas à sua integridade e segurança física e mental, assim como contra a tortura e tratamentos cruéis, desumanos e degradantes.
Artigo 11. Direito à protecção contra os abusos sexuais.
As Partes tomarão todas as medidas necessárias na prevenção da exploração, abuso e
turismo sexual e de qualquer outro tipo de violência ou maltrato aos jovens, e promoverão a recuperação física, psicológica, social e económica das vítimas.
Artigo 12. Direito à objecção de consciência.
Os jovens têm o direito de manifestar objecção de consciência face ao serviço militar obrigatório.
As Partes comprometem-se a promover as medidas legislativas pertinentes que garantam o exercício deste direito e o avanço da eliminação progressiva do serviço militar obrigatório.
As Partes comprometem-se a assegurar que os jovens menores 18 anos de idade não sejam recrutados nem, de modo algum, envolvidos em hostilidades as forças militares.
Artigo 13. Direito à justiça.
As partes reconhecem o direito à justiça dos jovens. Isto implica o direito à denuncia, à audiência, à defesa, ao tratamento justo e digno, à justiça gratuita, à igualdade perante a lei e a todas as garantias do devido processo.
As Partes tomarão todas as medidas necessárias para garantir uma legislação processual que considere a condição jovem, que pratique o real exercício deste direito e que recolha todas as garantias de o processo tido.
Os jovens condenados por infracção à lei penal têm direito a tratamento digno que estimule o respeito pelos Direitos Humanos e que tenha em conta a sua idade e a necessidade de promover a sua reintegração, através de medidas alternativas ao cumprimento da pena.
Sempre que os jovens menores de idade se encontrem em conflito com a lei, sejam aplicadas normas adequadas ao processo e a tutela judicial efectiva, segundo as normas e os princípios do Direito Internacional dos Direitas Humanos.
As Partes tomarão medidas de modo que os jovens que cumpram sentença da prisão, contem com um espaço e condições humanas dignas de um centro do internamento.
Artigo 14. Direito à identidade e à personalidade.
1.- Toda os jovens têm a direito: a ter uma nacionalidade, a não ser dela privado e a adquirir voluntariamente outra, e a sua própria identidade, consistente com a formação da sua personalidade, com atenção para com as especificidades e características do sexo, nacionalidade, etnia, filiação, orientação sexual, religião e cultura.
2.- As Partes promoverão o devido respeito pela identidade dos jovens e garantirão a sua livre expressão, zelando pela erradicação de situações que os discrimine em qualquer âmbito relativo à sua personalidade.
Artigo 15. Direito à honra, privacidade e imagem.
Os jovens têm direito à honra, à intimidade pessoal e familiar e à sua imagem e à própria imagem.
As Partes adoptarão as medidas necessárias e formularão propostas de elevado impacto social para alcançar a eficácia total destes direitos e para evitar qualquer exposição das suas imagens ou práticas contra a sua condição física e mental, que diminua a sua dignidade pessoal.
Artigo 16. Direito à liberdade e segurança pessoal.
As Partes reconhecem o constante expresso no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, o direito à liberdade e ao exercício do mesmo, sem serem coarctados nem limitados nas actividades que dele derivam, proibindo qualquer medida que atente contra a liberdade, integridade e segurança física e mental dos jovens.
Na sequência do reconhecimento e dever de protecção do direito à liberdade e segurança dos jovens, as Partes garantem que os jovens não serão presos, detidos ou desterrados, arbitrariamente.
Artigo 17. Liberdade de pensamento, consciência e religião.
Os jovens têm direito à liberdade de pensamento, consciência e religião, sendo proibido qualquer forma de perseguição ou repressão de pensamento.
As Partes é comprometem-se a promover todas as medidas necessárias para garantir o exercício deste direito.
Artigo 18. Liberdade de expressão, reunião e associação.
As Partes têm direito à liberdade de opinião, expressão, reunião e informação, dispor de fóruns juvenis e criar organizações e associações em que os seus problemas sejam analisados e possam apresentar propostas de iniciativas políticas perante as instancias públicas, responsáveis pelo atendimento de assuntos relativos à juventude, sem qualquer tipo de interferência ou limitação.
As Partes comprometem-se a promover todas as medidas necessárias que, com respeito à independência e à autonomia das organizações e associações juvenis, lhes proporcione a obtenção de recursos, através de concursos, para financiamento das suas actividades, projectos e programas.
Artigo 19. Direito a ser parte de uma família.
1.- Os jovens têm o direito a ser parte de uma família, que promova relações que primem pelo afecto, e a responsabilidade mútua entre os seus membros e a estarem protegidos de todo o tipo de maus-tratos ou violência.
2.- Os jovens menores de idade têm direito a serem ouvidos em caso de divórcio ou separação de seus pais para efeitos da atribuição do sua própria guarda, assim como, sua vontade seja determinante em caso de adopção.
3.- As Partes comprometem-se a criar e facilitar as condições educativas, económicas, sociais e culturais que fomentem os valores de família, a coesão da vida familiar e o desenvolvimento salutar dos jovens em seu seio, através de políticas públicas e seu financiamento adequado.
Artigo 20. Direito a constituir família.
1.- Os jovens têm direito à livre escolha do parceiro, à vida comum e a contraírem matrimónio dentro de um sistema de igualdade dos seus membros, assim como, à maternidade e paternidade responsável e à sua dissolução de acordo com o âmbito legal estabelecido na legislação interna de cada país.
2.- As Partes promoverão todas as medidas legislativas que garantam a conciliação da vida laboral e familiar e o exercício responsável da paternidade e maternidade e permitam o contínuo desenvolvimento pessoal, educativo, formativo laboral.
Artigo 21. Participação dos jovens.
1.- Os jovens têm direito à participação política.
2.- As Partes comprometer-se-ão a incentivar e fortalecer os processos sociais que críeme formas as garantias que tornem efectiva a participação dos jovens de todos os sectores da sociedade, em organizações que incentivam a sua integração.
3.- As Partes promoverão medidas que de acordo com a legislação interna de cada país, promovam e estimulem o exercício dos jovens no seu direito de associação em grupos políticos, eleger e ser elegido.
4.- As Partes comprometem-se a impulsionar as instituições governamentais e legislativas, no sentido de estas fomentarem a participação dos jovens na formulação de políticas e leis concernentes à juventude, articulando mecanismos apropriados, a fim de concretizar a análise e a discussão de iniciativas dos jovens, através das suas organizações e associações.
Artigo 22. Direito à educação.
Os Jovens têm direito à educação.
As Partes reconhecem a sua obrigação de garantir uma educação integral, contínua, pertinente e de qualidade.
3.- As Partes reconhecem que este direito inclui a liberdade de escolher o meio educativo e a participação activa na vida do mesmo.
A educação fomentará a prática de valores, as artes, as ciências e a técnica na transmissão do ensinamento, a interculturalidade, o respeito pelas culturas étnicas e o acesso generalizado às novas tecnologias e, promoverá nos educandos a vocação pela democracia, pelos direitos humanos, pela paz, a solidariedade, a aceitação na adversidade, a tolerância e a igualdade de sexos.
As Partes reconhecem que a educação é um processo de aprendizagem ao longo da vida, que inclui elementos provenientes do sistema escolar, não escolar e informal, que contribuem para o desenvolvimento contínuo e global dos jovens.
As Partes reconhecem que o direito à educação se opõe a qualquer forma de discriminação e comprometem-se a garantir universalização da educação básica, obrigatória e gratuita, a todos os jovens, e, especificamente, facilitar e assegurar o acesso e permanência no ensino secundário. Ainda comprometem-se as Partes a estimular o acesso à educação superior, adoptando medidas políticas e legislativas necessárias para o efeito.
As Partes comprometem-se promover a adopção de medidas que facilitem a movilidades académica e estudantil entre os jovens, decidindo-se para tal, o estabelecimento de procedimentos e validações, que permitam, caso a caso, a equivalência a níveis e graus académicos e títulos profissionais dos respectivos sistemas educativos nacionais.
Artigo 23. Direito à educação sexual.
As Partes reconhecem que o direito à educação também inclui o direito à educação sexual como base de desenvolvimento pessoal, afectivo e comunicativo, assim como a informação relativa à reprodução e suas consequências.
A educação sexual será distribuída por todos os níveis educativos e fomentará uma conduta responsável pelo exercício da sexualidade, orientada na total aceitação e identidade, bem como, pela prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, HIV (Sida), gravidez não desejada e pelo abuso ou violência sexual.
As Partes reconhecem a importante função e responsabilidade da família quanto à educação sexual dos jovens.
As Partes adoptarão e executarão políticas de educação sexual, estabelecendo planos e programas que assegurem a informação e o exercício pleno e responsável deste direito.
Artigo 24. Direito à cultura e à arte.
Os Jovens têm direito à vida cultural e à livre criação e expressão artística. A prática destes direitos vincular-se-á à sua formação integral.
As Partes comprometem-se a estimular e promover a criação artística e cultural dos jovens, a fomentar, respeitar e proteger culturas autóctones e nacionais, assim como, a desenvolver a programas de intercâmbio e outras acções que promovem uma maior integração cultural mais grande entre os jovens de Ibero-americanos.
Artigo 25. Direito à saúde.
As Partes reconhecem o direito dos jovens a uma saúde global e de qualidade.
Este direito inclui os cuidados primários gratuitos, a educação preventiva, alimentação, atenção e cuidados especializados da saúde juvenil, a promoção da saúde sexual e reprodutiva, a investigação dos problemas de saúde referentes aos jovens, a promoção da saúde sexual e reprodutiva, a informação e prevenção contra o alcoolismo, o tabagismo e o uso indevido de drogas.
Têm também o direito à confidencialidade e ao respeito do pessoal dos serviços de saúde, particularmente, no que respeita à saúde sexual e reprodutiva.
4.- A Partes zelarão pela plena eficácia deste direito, adoptando e aplicando políticas e programas de saúde global, especificamente orientadas para a prevenção de doenças, na promoção da saúde e estilos da vida saudáveis entre os jovens. Potenciar-se-ão políticas de erradicação de tráfico e consumo de drogas de tráfego nocivas à saúde.
Artigo 26. Direito ao trabalho.
Os jovens têm direito ao trabalho e à protecção especial do mesmo.
As Partes comprometem-se a adoptar as medidas necessárias a fim de se criar condições que permitam aos jovens o aceder ou criar opções de emprego.
As Partes adoptarão políticas e medidas legislativas necessárias tendentes a fomentar e estimular as empresas a promover actividades de inserção e qualificação dos jovens no trabalho.
Artigo 27. Direito às condições do trabalho.
Os jovens têm direito à igualdade de oportunidades e a acolhimento relativo à inserção, à remuneração, à promoção e condições no trabalho, para que existam programas que promovam o primeiro emprego, a capacidade labora e especial atenção aos jovens temporariamente desempregados.
As Partes reconhecem que os jovens trabalhadores devem fruir dos mesmos directos laborais reconhecidos a todos os trabalhadores.
As Partes reconhecem o direito dos jovens a serem protegidos contra a exploração económica e contra todo o trabalho que ponha em perigo a saúde, a educação e o desenvolvimento físico e psicológico.
O trabalho para os jovens na faixa etária entre os 15 a 18 anos, será alvo de legislação especial de acordo com as normas internacionais do trabalho.
As Partes adoptarão medidas a fim de que as jovens trabalhadoras menores de idade sejam beneficiárias de medidas adicionais de atenção específica, potenciadora daquela, cujo carácter geral, a isente, de acordo com a legislação laboral, da Segurança e Assistência Social. Em todo o caso adoptarão, a favor daquelas, medidas especiais através do desenvolvimento do Ponto 2 do artigo 10 do Pacto Internacional dos Direitos Económicas, Sociais e Culturais. Neste desenvolvimento prestar-se-á a especial atenção à aplicação do artigo 10 do Convénio 102 da Organização Internacional do Trabalho.
As Partes comprometem-se a adoptar as medidas políticas e legislativas necessárias à supressão de todas as formas de discriminação contra a mulher jovem no âmbito laboral.
Artigo 28. Direito à protecção social.
Os Jovens têm direito à protecção social em situações de doença, acidente laboral, invalidez, viuvez e orfandade e em todas as situações de falta ou diminuição de meios e subsistência ou falta de capacidade para o trabalho.
As Partes adoptarão as medidas necessárias para atingir a eficácia total deste direito.
Artigo 29. Direito à formação profissional.
Os Jovens têm direito ao acesso não discriminado à formação técnico profissional e técnica inicial, contínua, pertinente e da qualidade, que permita a sua integração laboral.
As Partes adoptarão todas as medidas necessárias que garantam o acesso não discriminatório, à formação profissional e técnica, formal e não formal reconhecendo a sua qualificação profissional e técnica, favorecendo assim, a integração laboral dos Jovens aptos.
As Partes comprometem-se a impulsionar políticas públicas com financiamento adequado, tendo em vista a possibilidade de integração laboral de Jovens portadores de incapacidades.
Artigo 30. Direito à habitação.
Os Jovens têm direito a uma habitação digna e de qualidade que lhes permita desenvolver o seu projecto de vida e as suas relações comunitárias.
As Partes adoptarão medidas de todo o tipo, de modo a que seja eficaz a mobilização de recursos públicos e privados, visando facilitar o acesso dos Jovens a uma habitação digna.
Estas medidas concretizarão as políticas de promoção e construção de habitações por parte das Administrações Públicas e de estímulo e ajuda às de promoção privada. Em todos os casos a oferta de habitação far-se-á de acordo com os meios de subsistência e familiares dos jovens, dando prioridade aos de menores meios económicos.
As políticas de habitação das Partes constituirão um factor coadjuvante ao desenvolvimento ideal e de maturidade dos Jovens, bem como, a constituição de novas famílias por aqueles.
Artigo 31. Direito a um Meio Ambiente saudável
Os Jovens têm direito a viver em ambiente são e equilibrado.
As Partes reconhecem a importância de proteger e de utilizar, apropriadamente, os recursos naturais com a intenção de satisfazer necessidades actuais sem comprometer as exigências das gerações futuras.
As Partes comprometem-se a fomentar e promover a consciência, a responsabilidade, a solidariedade, a participação a educação e informação ambiental, entre os jovens.
Artigo 32. Direito ao lazer e ao entretenimento.
Os jovens têm direito ao lazer e aos tempos livres, a viajar e conhecer outras comunidades no âmbito nacional, regional e internacional, como mecanismos de promoção do intercâmbio cultural, educativo, experimental e lúdico a fim de obter o conhecimento mútuo e o respeito pela diversidade cultural e solidariedade.
As Partes comprometem-se a implementarem políticas e programas que promovam o exercício destes direitos e a adoptar medidas que facilitem a mobilidade dos jovens entre os seus países.
Artigo 33. Direito ao desporto
Os jovens têm direito à educação física e à prática de desportos. A promoção do desporto será regido por valores de respeito, altruísmo, trabalho em equipa e solidariedade. Em todos os casos, as Partes comprometem-se a fomentar os ditos valores, assim como, a supressão da violência associada à prática do desporto.
As Partes comprometem-se a fomentar, a igualdade de oportunidades, actividades que contribuam para o desenvolvimento dos jovens, a nível físico, intelectual e social, garantindo os recursos humanos e a infra-estrutura necessária para o exercício destes direitos.
Artigo 34. Direito ao desenvolvimento.
Os jovens têm direito ao desenvolvimento social, económico, político e cultural e a serem considerados como metas prioritárias das iniciativas que se implementam para o efeito.
As Partes comprometem-se a adoptar as medidas adequadas para garantir a atribuição dos recursos humanos, técnicos e financeiros necessários para os programas tendentes à promoção da juventude, na área rural e urbana, a participação na discussão para elaboração de planos de desenvolvimento e sua integração no processo de implementação das respectivas acções nacionais, regionais e locais.
Artigo 35. Organismos Nacionais de Juventude.
As Partes comprometem se a criar um organismo governamental permanente, responsável projectar, coordenar e avaliar políticas públicas de juventude.
As Partes comprometem-se a promover todas as medidas legais e outras destinadas a fomentarem a organização e a consolidação de estruturas de participação juvenil no âmbito local, regional e nacional, como os instrumentos de promoção do associativismo, intercâmbio, cooperação e mediação com as autoridades públicas.
As Partes comprometem-se a dotar os organismos públicos nacionais de juventude com a capacidade e os recursos necessários de modo que possam desenvolver o grau de aplicação dos direitos reconhecidos na presente Convenção e nas respectivas legislações nacionais e elaborar e difundir a informação nacional anual sobre a evolução e progresso realizado nesta matéria.
As autoridades nacionais competentes em matéria de políticas públicas de Juventude remeterão ao Secretário-geral da Organização Ibero-americana de Juventude um relatório bianual sobre a aplicação dos compromissos constantes na presente Convenção. Este relatório deverá ser presente na Sede do Secretariado-geral seis meses antes da celebração da Conferência Ibero-americana dos Ministros responsáveis pela Juventude.
Artigo 36. Acompanhamento regional da aplicação da Convenção.
No âmbito Ibero-americano e por mandato desta Convenção, confere-se à Secretaria Geral da Organização Ibero-americana de Juventude (OIJ), a missão de solicitar informação que considere apropriada em matéria de políticas públicas de juventude, assim como, ter conhecimento da informação efectivada no cumprimento das obrigações contraídas pelas Partes na presente Convenção e formular propostas tidas por convenientes, visando o respeito efectivo dos direitos dos jovens.
O Secretário-geral da Organização Ibero-americano de Juventude (OIJ) levará à Conferência Ibero-americana de Ministros responsáveis pela Juventude os resultados da informação da aplicação dos compromissos da Convenção veiculada pelas autoridades nacionais segundo o previsto no artigo anterior.
A Conferência de Ministros responsáveis pela Juventude poderá ditar as normas ou regulamentos que regerão o exercício de tais competências.
Artigo 37. Divulgação da Convenção.
As Partes comprometem-se a dar a conhecer amplamente os princípios e disposições a presente Convenção aos jovens, bem como, a toda a sociedade.
Artigo 38. Normas de Interpretação.
O disposto na presente Convenção não afectará as disposições e normas existentes que reconheçam ou ampliem os direitos dos jovens enunciados na mesma e que possam ser aceites no direito de um Estado Ibero-americano signatário ou no direito internacional vigente, referente ao mesmo Estado.
Artigo 39. Assinatura, ratificação e adesão.
A presente Convenção estará disponível para assinatura de todos os Estados Iberoamericanos.
A presente Convenção está sujeita a ratificação. Os instrumentos de ratificação serão confiados ao Secretario/a Geral da Organização Ibero-americana de Juventude.
A presente Convenção estará disponível para adesão de todos os Estados Iberoamericanos.
A adesão far-se-á mediante proposta apresentada ao Secretario/a Geral da Organização Ibero-americana de Juventude.
Artigo 40. Entrada em vigor.
A presente Convenção entrará em vigor no trigésimo dia, imediatamente após a data de entrega da quinta proposta de ratificação ou de adesão confiada ao Secretario/a Geral da Organização Ibero-americana de Juventude.
Cada Estado Ibero-americano que ratifique a Convenção ou a ela adira, após entrega da quinta proposta de ratificação ou adesão, a Convenção entrará em vigor no trigésimo dia após a entrega da proposta de ratificação ou adesão por esse Estado.
Artigo 41. Emendas
Qualquer uma das Partes poderá propor uma emenda, a entregar ao Secretario/a Geral da Organização Ibero-americano de Juventude, a qual comunicará a emenda proposta às outras Partes, solicitando-lhes notificação caso desejem que seja convocada uma Conferência das Partes, a fim de a analisar e submeter a votação, a dita proposta. Se nos quatro meses após a data da notificação, no mínimo, um terço das Partes se declarar a favor da realização da dita Conferência, o Secretario/a Geral convoca-la.
A fim de que a emenda entre em vigor, deverá ser aprovada por uma maioria de dois terços das Partes.
Assim que as emendas entrem em vigor será obrigatório para as Partes que as aprovaram, bem como as restantes Partes, estarão sujeitos às disposições da presente
Convenção e às emendas precedentes que tenham adoptado.
Artigo 42. Recepção e comunicação de declarações.
O Secretario/a Geral da Organização Ibero-americana de Juventude receberá e comunicará a todas as Partes o texto de salvaguardas expressas no momento da ratificação ou da adesão.
Não será aceite nenhuma reserva incompatível com a matéria e com o propósito da presente Convenção.
Toda a reserva poderá ser retirada em qualquer momento através de uma notificação para o efeito dirigida ao Secretario/a Geral da Organização Ibero-americana de Juventude, que informará todas as Partes. Essa notificação terá efeito à data da sua recepção pelo Secretario/a Geral.
Artigo 43. Denúncia da Convenção.
Qualquer uma das Partes poderá denunciar a presente Convenção mediante notificação escrita e dirigida ao Secretário/a General da Organização Ibero-americana de Juventude. A denúncia terá efeito um ano após a data de recepção da notificação pelo Secretario/a Geral.
Artigo 44. Designação do Depositário.
É designado depositário da presente Convenção, cujos textos em castelhano e em português são igualmente autênticos, o Secretario/a Geral da Organização Ibero-americana de juventude.
Em testemunho de que, os abaixo assinados plenipotenciários, devidamente autorizados para tal pelos seus respectivos governos, assinaram a presente Convenção.
Recordando los principios de la Carta de las Naciones Unidas que proclaman que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad y el valor inherentes y los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos, incluidas las personas jóvenes,
Considerando que la “Declaración de Lisboa”, aprobada en la I Conferencia Mundial de Ministros Responsables de Juventud, Celebrada en Lisboa, Portugal, en 1998, constituye un marco para la cooperación internacional en el dominio de las políticas de juventud, en la cual los Ministros incentivaron y respaldaron las acciones de instituciones como el OIJ, comprometiéndose a apoyar el intercambio bilateral, subregional, regional e internacional de las mejores prácticas, a nivel nacional, para la formulación, implementación y evaluación de políticas de juventud,
Reafirmando la importancia de la tolerancia como valor primordial de la vida en sociedad y del desarrollo de la libre personalidad,
Reconociendo que la persona joven es sujeto de derechos y actor estratégico del desarrollo, pero también actor político con incidencia local y global,
Destacando que las personas jóvenes son hoy en día sujetos interconectados y que las tecnologías de la comunicación juegan un papel fundamental en el posicionamiento de las personas jóvenes como actores clave de la sociedad, por lo que es necesario promover el desarrollo de una cultura innovadora entre los jóvenes,
Destacando la importancia de acoger y reconocer la diversidad de las personas jóvenes como un valor que suma riqueza y pluralidad de alternativas,
Teniendo en cuenta los acelerados cambios en el entorno en el que viven las personas jóvenes, así como los retos y oportunidades, y las amenazas y beneficios potenciales que aquéllos presentan,
Observando con preocupación que muchas personas jóvenes siguen encontrando barreras para participar en igualdad de condiciones en la vida política y social, por lo que es importante promover el pleno acceso a las oportunidades de educación continua a fin de disminuir las brechas sociales, contribuyendo al desarrollo de sus países,
Conscientes de la importancia de un trabajo decente para el desarrollo de los proyectos personales y del problema de inserción en un mercado laboral justo y equitativo que desafían hoy en día las personas jóvenes,
Subrayando la necesidad de incorporar una perspectiva de género en todas las políticas públicas, programas de cooperación pública y privada y en las actividades destinadas a promover el pleno goce de los derechos de las personas jóvenes y sus libertades fundamentales,
Preocupados por las altas tasas de violencia y pobreza juvenil que muestra Iberoamérica, y que merma el desarrollo económico y social de la región, aparte de producir un daño significativo que dificulta el correcto desarrollo de la personalidad y el disfrute de una vida digna,
Considerando que la educación desempeña un papel importante en la prevención del delito y la justicia penal por medios tales como la educación para crear una conciencia pública general, la educación de los jóvenes con miras a la prevención del delito, la educación encaminada al pleno desarrollo personal de los reclusos jóvenes y la perseverancia en la educación del personal de justicia penal,
Considerando los acuerdos alcanzados en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de París, donde se llegó a un amplio consenso sobre el control del aumento de la temperatura global, con el fin de fomentar mayores vías de desarrollo sostenible,
Considerando los acuerdos adoptados en la III Reunión Ordinaria del Consejo Directivo de la OIJ, celebrada en la Ciudad de Madrid, el 31 de julio de 2015; así como en la Conferencia de Ministros de Juventud – III Extraordinaria, realizada en la Ciudad de Cancún los días 2 y 3 de noviembre de 2015, eventos donde se aprobó la realización de acciones para actualizar la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.
Comprometidos a tomar nuevas medidas encaminadas a actualizar y especificar los derechos de las personas jóvenes reconocidos en la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes,
Convienen en aprobar el siguiente Protocolo Adicional a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (la Convención), firmada en 2005 y en vigor desde el 1 de marzo de 2008, de acuerdo a lo siguiente:
El artículo 1 de la Convención se modifica como sigue: las palabras “todas las personas, nacionales o residentes en algún país de Iberoamérica” se sustituyen por “todas las personas, nacionales, residentes, migrantes y/o refugiados en algún país de Iberoamérica”.
Además, en el mismo artículo 1 se añade el siguiente párrafo: “Los Estados Parte podrán extender la aplicación de la Convención de forma unilateral más allá del rango etario de 15 a 24 años a efectos de adaptarlo a las circunstancias legales y demográficas de cada Estado”.
Todas las personas jóvenes nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y tienen derecho a la vida.
Las personas jóvenes tienen derecho al desarrollo de la libre personalidad, incluyendo el derecho a la diferencia.
Los Estados Parte se comprometen a respetar, promover y proteger la dignidad de las personas jóvenes.
Las personas jóvenes tienen derecho a elegir y expresar libremente su orientación sexual e identidad de género.
Los Estados Parte se comprometen a prevenir y sancionar todas las formas de discriminación contra las personas jóvenes por motivos de orientación y/o identidad de
género, y a eliminar las barreras que por esos motivos puedan encontrar las personas jóvenes en el acceso equitativo a la participación política y otros ámbitos de la vida pública, el goce de los derechos económicos, sociales y culturales, así como evitar interferencias en la vida privada.
Los Estados Parte se comprometen a fomentar programas de educación y concientización para las personas jóvenes en cuestión de orientación sexual e identidad de género.
El artículo 6 de la Convención queda modificado como sigue:
Esta Convención reconoce la igualdad de género entre las personas jóvenes y declara el compromiso de los Estados Parte de impulsar políticas, medidas legislativas y presupuestarias que aseguren la equidad y eliminen todas las formas de discriminación, violencia y exclusión en razón de género asegurando la igualdad de oportunidades y la libertad en el ejercicio de los derechos ciudadanos, inclusive programas para:
Priorizar el rol de las personas jóvenes sin distinción alguna de género en la participación política y en los centros de decisión a todos los niveles de las funciones de gobierno, de toma de decisiones públicas para el fortalecimiento de la democracia.
Educar a las personas jóvenes en la igualdad de género, libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación de género.
Prevenir y sancionar la violencia física, sexual o psicológica contra las personas jóvenes basada en el género, en todos los ámbitos y contextos, independientemente de la persona por la que sea perpetrada.
Impulsar medidas que promuevan la igualdad de género en los sectores productivos, como así también la organización social del cuidado.
Las personas jóvenes tienen derecho al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
En el uso de las TIC las personas jóvenes tienen derecho a la protección de su honor, privacidad, intimidad y a dar su consentimiento respecto de la utilización pública que se dé a su imagen e información.
Los Estados Parte llevarán a cabo programas de facilitación y acceso a los medios e infraestructuras que permitan un uso amplio y seguro de las TIC por parte de las personas jóvenes.
Los Estados Parte se comprometen a desarrollar e incentivar la formulación de estrategias y prácticas óptimas que incrementen la posibilidad de todas las personas jóvenes de participar activamente en el intercambio de opiniones, incluyendo las políticas, a través de Internet u otros medios tecnológicos de comunicación, garantizando la libertad de investigación, opinión, expresión y difusión.
Los Estados Parte adoptarán medidas específicas, legislativas o de cualquier otro tipo, de protección a favor de las personas jóvenes en relación con el uso de las TIC. En particular, garantizarán el acceso a las informaciones procesadas en bancos de datos y garantizarán el derecho de las personas jóvenes a solicitar a los motores de búsqueda la eliminación de las referencias personales que puedan afectarles, aunque la información no haya sido eliminada por parte del editor de los contenidos.
Los Estados Parte reconocen la importancia de la perspectiva de género en el uso de las TIC y la necesidad de mejorar el acceso equitativo a los beneficios de las TIC, y asegurar que éstas pueden convertirse en una herramienta fundamental para promover la igualdad de género. Las políticas, programas y proyectos de los Estados Parte deben asegurar que las diferencias y desigualdades de acceso y uso de las TIC sean identificadas y abordadas de forma integral.
Las personas jóvenes con discapacidad tienen derecho a la participación inclusiva, y sin discriminación por motivos de discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad.
Los Estados Parte garantizarán que las personas jóvenes con discapacidad tengan el derecho individual y colectivo a ser escuchados y expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones y decisiones que les afecten, la cual debe ser debidamente tenida en cuenta.
Los Estados Parte asegurarán la posibilidad de acceso de las personas jóvenes con discapacidad a una educación primaria, secundaria, formación superior y formación profesional inclusiva, en igualdad de condiciones con los demás jóvenes, en la comunidad en que vivan.
Los Estados Parte se comprometen a facilitar mecanismos que fomenten al máximo el desarrollo de las personas jóvenes con discapacidad, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión y autonomía.
Los Estados se comprometen a promover el acceso de las personas jóvenes con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluido Internet a través del desarrollo de software y otras herramientas especializadas.
Los Estados Parte se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las personas jóvenes con discapacidad.
Los Estados Parte se comprometen a adoptar acciones afirmativas; así como, medidas inmediatas, efectivas y pertinentes, para promover el efectivo ejercicio de los derechos de las personas jóvenes con discapacidad, prestando especial atención a jóvenes en doble condición de vulnerabilidad para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
Los Estados Parte reconocen que las personas jóvenes con discapacidad son más vulnerables a ser víctimas de violencia física, sexual, psicológica y / o negligencia, por lo cual se comprometen a adoptar políticas y medidas para eliminar y prevenir cualquier tipo de violencia contra estas personas y proporcionar servicios de apoyo especializado necesario.
Los Estados Parte deben garantizar la efectiva participación de las personas con discapacidad en el proceso de diseño, implementación y evaluación de la política pública.
Los Estados Parte se comprometen a adoptar medidas legales y de otro tipo para procurar una justicia penal juvenil especializada y elaborar y aplicar una política pública de justicia juvenil que esté basada en las siguientes pautas:
Que privilegie la prevención del conflicto con la ley penal basada en el combate a la exclusión social y que promueva la reinserción social y la justicia restitutiva o restaurativa por sobre el castigo y la represión.
Que la privación de libertad de una persona joven, en particular aquellas menores de 18 años sea una medida de último recurso, considerando la proporcionalidad entre la gravedad del hecho y la sanción, y siempre buscando lo más beneficioso para la persona joven. Para ello será obligación de los Estados Partes promover la adopción de medidas socioeducativas y alternativas a la privación de su libertad.
Que las personas jóvenes privadas de libertad seguirán gozando de los mismos derechos reconocidos a toda persona en los instrumentos nacionales e internacionales sobre derechos humanos, a excepción de aquéllos cuyo ejercicio esté limitado o restringido temporalmente, por disposición de la ley y por razones exclusivamente inherentes a su condición de personas privadas de libertad. En estos casos, la privación de libertad de la persona joven, debería tener lugar preferentemente en lugares adaptados a las necesidades y derechos de las personas jóvenes y separada de la población penal adulta.
El artículo 25 de la Convención se modifica como sigue: Se insertan los siguientes apartados:
“Las personas jóvenes privadas de libertad tienen los mismos derechos de acceso a la atención sanitaria que las personas jóvenes que no estén en conflicto con la ley”.
“Garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas jóvenes y el acceso a la educación sexual y la salud, la prevención y tratamiento del VIH-SIDA u otras infecciones de transmisión sexual, con especial atención a las mujeres jóvenes y otros grupos particularmente vulnerables”.
En el artículo 27 de la Convención, se inserta el apartado siguiente como nuevo apartado 1 y los restantes apartados se numeran de nuevo. En consecuencia:
“Los Estados Parte se comprometen a llevar a cabo políticas públicas, medidas legislativas, administrativas o de cualquier otro tipo, encaminadas a garantizar la estabilidad laboral y todos los derechos inherentes al trabajo y eliminar la precariedad y la temporalidad excesiva”.
El artículo 31 de la Convención queda modificado como sigue:
Los Estados Parte se comprometen a garantizar a las personas jóvenes el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado para el pleno disfrute de la vida. De igual manera, deberá generar acciones de corresponsabilidad para proteger, preservar y reparar la naturaleza.
Los Estados Parte se comprometen a llevar a cabo políticas, programas y acciones dirigidos a fomentar y promover la conciencia, la responsabilidad, la solidaridad, la participación y la educación e información ambiental.
Las personas jóvenes tienen derecho a solicitar información pública ambiental, la cual deberá aludir a la situación ambiental del Estado en cuestión, al igual que las políticas públicas y las medidas que se llevan a cabo para el cuidado del medio ambiente.
Los Estados Parte se comprometen a promover y apoyar el desarrollo de iniciativas juveniles innovadoras que tengan como fin proteger, preservar y reparar la naturaleza.
Las personas jóvenes tienen derecho al emprendimiento social, cultural, político y empresarial.
Los Estados Parte se comprometen a eliminar las barreras burocráticas y a promocionar programas para personas jóvenes orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de asociaciones y empresas. Entre otros, se promoverán iniciativas de emprendimiento para acercar a las personas jóvenes en todos los niveles y tipo de enseñanza al mundo empresarial.
Los Estados se comprometen a implementar mecanismos que fomenten y favorezcan el emprendimiento juvenil considerando el financiamiento a través de entidades públicas o privadas.
Los Estados Parte se comprometen a garantizar la viabilidad de los emprendimientos juveniles.
Las personas jóvenes tienen derecho a desarrollar su propia identidad, en un entorno de tolerancia y respeto.
Ninguna persona joven podrá ser discriminada por el ejercicio de su identidad cultural, sea ésta parte o no de una determinada cultura colectiva.
Los Estados Parte deberán respetar y proteger la diversidad entre las personas jóvenes, fomentando el intercambio e interacción de las diversas culturas étnicas, nacionales y de cualquier otro tipo. Para ello, los Estados deberán establecer mecanismos de participación que impliquen la práctica intercultural, la inclusión social y económica de los mismos, así como la erradicación de todas las formas de discriminación y de racismo.
Sin perjuicio de lo anterior, los Estados promoverán oportunidades para el acceso, participación, educación inclusiva y promoción de los derechos individuales y colectivos de las y los jóvenes indígenas y afrodescendientes y otros pueblos y nacionalidades.
Los Estados Parte se comprometen a prevenir y proteger a las personas jóvenes de prácticas violentas tradicionales y perjudiciales para su salud.
El apartado 4 del artículo 35 de la Convención se modifica como sigue: las palabras “informe bianual” se sustituirán por “informe bienal”.
Los Estados Parte podrán formular reservas sobre una o más disposiciones específicas del presente Protocolo al momento de aprobarlo, firmarlo, ratificarlo o adherirse a él, siempre que no sean incompatibles con el objeto y el fin del Protocolo.
El presente Protocolo queda abierto a la firma y a la ratificación o adhesión de todo Estado Iberoamericano firmante de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.
La ratificación de este protocolo o la adhesión al mismo se efectuará mediante el depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría General del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ).
El Protocolo entrará en vigor tan pronto como cinco Estados hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación o adhesión.
El Secretario General del OIJ informará a todos los Estados Miembros del Organismo de la entrada en vigor del Protocolo.
Los Estados Parte se comprometen a difundir este protocolo y la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.
Cualquier Estado Parte y el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ) podrán someter a la consideración de los Estados Parte propuestas de enmienda con el fin de incluir el reconocimiento de otros derechos, o bien otras destinadas a extender o ampliar los derechos reconocidos en este Protocolo.
Las enmiendas al presente Protocolo entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas, en la fecha en que se haya depositado el respectivo instrumento de ratificación que corresponda al número de dos tercios de los Estados Parte de este Protocolo. En cuanto al resto de los Estados Parte, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación.
Ninguna Parte podrá denunciar el presente Protocolo hasta que hayan transcurrido un período de cinco años desde la fecha en que el mismo haya entrado en vigor para dicha Parte. Para ello, notificará la denuncia con una antelación de seis meses al Secretario General del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ). Esta denuncia no afectará la validez del Protocolo con respecto de las demás Partes.
Por el término “tolerancia” se entenderá el respeto, empatía, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad del ser humano y de sus distintas formas de expresión y manifestación.
El término “tolerancia” no se entenderá como equivalente de concesión, condescendencia o indulgencia.
Por el término “discriminación contra la mujer joven” se entenderá toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económica, cultural y civil o en cualquier otra esfera.
Se entenderá que violencia contra mujer joven incluye la violencia, física, sexual o psicológica:
Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, entre otros, discriminación, violación, maltrato y abuso sexual;
Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y
Por el término “discapacidad” se entenderá una deficiencia o incapacidad mental, física o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.
Por “discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce, o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables.
Por el término “empleo decente” se entenderá un empleo productivo que genere un ingreso justo, con seguridad en el lugar de trabajo, y una protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres.
RECORDANDO os princípios da Carta das Nações Unidas, que proclamam que a liberdade, a justiça e a paz no mundo têm por base o reconhecimento da dignidade e do valor inerentes e os direitos iguais e inalienáveis de todos os seres humanos, incluindo as pessoas jovens,
CONSIDERANDO que a "Declaração de Lisboa", aprovada na I Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude, Celebrada em Lisboa, Portugal, em 1998, constitui um marco para a cooperação internacional no domínio das políticas de juventude, na qual os Ministros incentivaram e apoiaram as ações de instituições como a OIJ, comprometendo-se a apoiar o intercâmbio bilateral, sub-regional, regional e internacional das melhores práticas, a nível nacional, para a formulação, implementação e avaliação de políticas de juventude,
REAFIRMANDO a importância da tolerância como valor primordial da vida em sociedade e do desenvolvimento da personalidade livre,
RECONHECENDO que o jovem é sujeito de direitos e ator estratégico do desenvolvimento, mas também um ator político com incidência local e global,
DESTACANDO que os jovens são, hoje em dia, sujeitos interligados e que as tecnologias da comunicação têm um papel fundamental no posicionamento dos jovens como atores-chave da sociedade, por isso, é necessário promover o desenvolvimento de uma cultura de inovação entre os jovens,
DESTACANDO a importância de acolher e reconhecer a diversidade dos jovens como um valor que adiciona riqueza e pluralidade de alternativas,
TENDO EM CONTA as rápidas mudanças no ambiente em que vivem os jovens, bem como os desafios e oportunidades, e as ameaças e os benefícios potenciais que aqueles apresentam,
OBSERVANDO com preocupação que muitos jovens continuam a enfrentar barreiras para participarem em igualdade de condições na vida política e social, por isso é importante para promover o pleno acesso a oportunidades em curso para reduzir educação lacunas sociais, contribuindo para o desenvolvimento dos seus países,
CONSCIENTES da importância de um trabalho decente para o desenvolvimento dos projetos pessoais e do problema de inserção num mercado de trabalho justo e equitativo, que desafiam hoje em dia os jovens,
SUBLINHANDO a necessidade de integrar uma perspetiva de género em todas as políticas públicas, programas de cooperação público-privada e nos esforços destinados a promover o pleno gozo dos direitos dos jovens e das suas liberdades fundamentais,
PREOCUPADOS com os altos índices de violência a pobreza juvenil verificados na América Latina, que minam o desenvolvimento económico e social da região, além de produzirem danos significativos que dificultam o bom desenvolvimento da personalidade e o gozo de uma vida digna,
CONSIDERANDO que a educação desempenha um papel importante na prevenção do crime e na justiça criminal por meios tais como a educação para criar uma consciência pública em geral, a educação dos jovens para a prevenção do crime, educação voltada para o pleno desenvolvimento pessoal dos reclusos jovens e a perseverança na formação do pessoal de justiça penal,
CONSIDERANDO os acordos estabelecidos na Convenção-quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima de Paris, onde foi alcançado um amplo consenso sobre o controlo do aumento da temperatura global, a fim de fomentar melhores vias de desenvolvimento sustentável,
CONSIDERANDO as resoluções aprovadas na Terceira Reunião Ordinária do Conselho Diretor da OIJ, realizada na cidade de Madrid, em 31 de julho de 2015; bem como a Conferência de Ministros da Juventude - III Extraordinária, realizada na cidade de Cancun, em 2 e 3 de Novembro de 2015, eventos onde a aplicação das medidas adoptadas para atualizar a Convenção Ibero-americana dos Direitos dos Jovens.
COMPROMETIDOS a tomar novas medidas para atualizar e especificar os direitos dos jovens reconhecidos na Convenção Ibero-americana dos Direitos dos Jovens,
CONCORDAM em aprovar o seguinte PROTOCOLO ADICIONAL À CONVENÇÃO IBERO-AMERICANA DOS DIREITOS DOS JOVENS (CONVENÇÃO), assinada em 2005, tendo entrado em vigor em 1 de março de 2008, de acordo com o seguinte:
O artigo 1 da Convenção é alterado da seguinte forma: as palavras "todas as pessoas, nacionais ou residentes de qualquer país da América Latina" é substituída por "todas as pessoas, cidadãos, residentes, migrantes e / ou refugiados em qualquer país da América Latina".
Além disso, no mesmo artigo é adicionado 1 o seguinte parágrafo: "Os Estados Partes poderão estender a aplicação da Convenção unilateralmente além da faixa etária de 15 a 24 anos, a fim de adaptá-la às circunstâncias legais e demográficas de cada Estado . "
Todos os jovens nascem livres e iguais em dignidade e direitos, e têm direito à vida.
Os jovens têm direito ao desenvolvimento de uma personalidade livre, incluindo o direito à diferença.
Os Estados Partes comprometem-se a respeitar, promover e proteger a dignidade dos jovens.
Os jovens têm o direito de escolher e de expressar livremente a sua orientação sexual e identidade de género.
Os Estados Partes comprometem-se a prevenir e a sancionar todas as formas de discriminação contra os jovens, por motivos de orientação sexual e/ou identidade de género, e a eliminar as barreiras que por esses motivos os jovens possam encontrar no acesso equitativo à participação política e noutros âmbitos da vida pública, no gozo dos direitos económicos, sociais e culturais, bem como evitar interferências na vida privada.
Os Estados Partes comprometem-se a fomentar programas de educação e consciencialização para os jovens em matéria de orientação sexual e identidade de género.
O artigo 6 da Convenção é alterado da seguinte forma:
Esta Convenção reconhece a igualdade de género entre os jovens e declara o compromisso dos Estados Partes de impulsionar políticas, medidas legislativas e orçamentais que garantam a equidade e eliminem todas as formas de discriminação, violência e exclusão em função do género, garantindo a igualdade de oportunidades e a liberdade no exercício dos direitos dos cidadãos, incluindo programas para:
Priorizar o papel dos jovens sem qualquer distinção de género na participação política e nos centros de decisão a todos os níveis das funções de governo, de tomada de decisões públicas para o fortalecimento da democracia.
Educar os jovens na igualdade de género, sem padrões estereotipados de comportamento e práticas sociais e culturais baseadas em conceitos de inferioridade ou subordinação de género.
Prevenir e sancionar a violência física, sexual ou psicológica contra pessoas jovens com base no sexo, em todas as áreas e contextos, independentemente da pessoa pela qual seja perpetrada.
Estimular medidas destinadas a promover a igualdade de género nos sectores produtivos, bem como a organização social dos cuidados.
Os jovens têm direito ao acesso às tecnologias da informação e da comunicação (TIC).
Na utilização das TIC os jovens têm direito à proteção da sua honra, privacidade, intimidade, e a dar o seu consentimento quanto à utilização pública que possa vir a ser dada à sua imagem e informações.
Os Estados Partes deverão implementar programas de facilitação e acesso aos meios de comunicação e infraestruturas que permitem uma utilização ampla e segura das TIC por parte dos jovens.
Os Estados Partes comprometem-se a desenvolver e incentivar a formulação de estratégias e melhores práticas que aumentam a possibilidade de todos os jovens participarem ativamente no intercâmbio de opiniões, incluindo as políticas, através da Internet ou outros meios tecnológicos de comunicação, garantindo a liberdade de investigação, de opinião, de expressão e de divulgação.
Os Estados Partes deverão adotar medidas específicas, legislativas ou qualquer outro tipo, de proteção a favor dos jovens em relação à utilização das TIC. Em especial, deverão assegurar o acesso às informações processadas em bases de dados e garantir o direito de os jovens poderem solicitar aos motores de busca a eliminação das referências pessoais que os possam afetar, embora a informação não tenha sido eliminada pelo editor de conteúdos.
Os Estados Partes reconhecem a importância da perspetiva de género na utilização das TIC e a necessidade de melhorar o acesso equitativo aos benefícios das TIC e garantir que estas se transformam numa ferramenta fundamental para a promoção da igualdade de género. As políticas, programas e projetos dos Estados Partes devem garantir que as diferenças e desigualdades no acesso e utilização das TIC sejam identificadas e abordadas de uma forma abrangente.
Os jovens com incapacidades têm o direito de participação inclusiva em todas as áreas da sociedade, sem discriminação por motivos de incapacidade
Os Estados Partes devem assegurar que os jovens com incapacidades tenham o direito individual e coletivo a serem ouvidos e a expressarem livremente as suas opiniões sobre todas as questões e decisões que os afetam, as quais devem ser devidamente tidas em conta.
Os Estados Partes devem garantir a acessibilidade dos jovens com incapacidades ao ensino primário, secundário, formação superior e formação profissional inclusiva, em pé de igualdade com os outros jovens da comunidade em que vivem.
Os Estados Partes comprometem-se a facilitar mecanismos que maximizem o desenvolvimento dos jovens com incapacidades, em conformidade com o objetivo de plena inclusão e autonomia.
Os Estados comprometem-se a promover o acesso dos jovens com incapacidades aos novos sistemas e tecnologias da informação e comunicações, incluindo a Internet, através do desenvolvimento de software e outras ferramentas especializadas.
Os Estados Partes comprometem-se a adotar medidas imediatas, eficazes e adequadas para promover a consciencialização relativamente às capacidades e contribuições dos jovens com incapacidades.
Os Estados Partes comprometem-se a adotar ações afirmativas, assim como, medidas imediatas, pertinentes e eficazes, para promover o exercício efetivo dos direitos dos jovens com incapacidades, com atenção especial aos jovens na dupla condição de vulnerabilidade para garantir que possam desfrutar plenamente e em igualdade de condições, de todos os direitos humanos e das liberdades fundamentais.
Os Estados Partes reconhecem que os jovens com incapacidades são mais vulneráveis a serem vítimas de violência física, sexual, psicológica e/ou negligência, pelo que se comprometem a adotar políticas e medidas para eliminar e prevenir qualquer tipo de violência contra essas pessoas e a proporcionar os serviços de apoio especializado necessário.
Os Estados Partes devem assegurar a participação efetiva das pessoas com incapacidades no processo de conceção, implementação e avaliação das políticas públicas.
Os Estados Partes comprometem-se a adotar medidas legais e outras destinadas a assegurar uma justiça juvenil especializada e a desenvolver e implementar uma política pública de justiça juvenil com base nas seguintes diretrizes:
Que privilegie a prevenção de conflitos através de uma lei penal baseada no combate à exclusão social e promotora da reinserção social e de uma justiça restitutiva ou restaurativa em detrimento do castigo e da repressão.
Que a privação da liberdade de uma pessoa jovem, em particular dos jovens menores de 18 anos seja uma medida de último recurso, considerando a proporcionalidade entre a gravidade do ato e a sanção, procurando sempre a solução mais benéfica para os jovens. Para tal, será obrigação dos Estados Partes promover a adoção de medidas socioeducativas e alternativas à privação da sua liberdade.
Que os jovens privados da liberdade continuem a gozar dos mesmos direitos reconhecidos a qualquer pessoa em instrumentos nacionais e internacionais sobre os direitos humanos, com exceção daqueles cujo exercício é limitado ou restringido temporariamente, por disposição legal e por motivos exclusivamente inerentes à sua condição de pessoas privadas da liberdade. Nestes casos, a privação da liberdade da pessoa jovem, deve ocorrer, de preferência, em locais adaptadas às necessidades e direitos dos jovens, com separação da população adulta.
Artigo 25. º da Convenção é alterado do seguinte modo: são inseridos os seguintes parágrafos:
"Os jovens privados de liberdade têm os mesmos direitos de acesso aos cuidados de saúde que os jovens que não estão em conflito com a lei."
“Garantir os direitos sexuais e reprodutivos dos jovens e o acesso à educação sexual e saúde, a prevenção e tratamento do VIH-SIDA outras infeções sexualmente transmissíveis, com especial atenção para as mulheres jovens e outros grupos particularmente vulneráveis.
No artigo 27 da Convenção, o parágrafo seguinte é inserido como novo n.º 1 e os restantes parágrafos são renumerados. Em consequência:
Os Estados Partes comprometem-se com a implementação de políticas públicas, legislativas, administrativas ou de qualquer outro tipo visando assegurar a estabilidade laboral e todos os direitos inerentes ao trabalho e eliminar a precariedade e temporalidade excessivas.
O artigo 31 da Convenção é alterado da seguinte forma:
Os Estados Partes comprometem-se a garantir aos jovens o direito a viver num ambiente são e equilibrado para o pleno gozo da vida. De igual modo, deverão criar ações de co-responsabilização destinadas a proteger, preservar e manter a natureza.
Os Estados Partes reconhecem a importância de proteger e utilizar adequadamente os recursos naturais para satisfazer as necessidades atuais sem comprometer as necessidades das gerações
Os Estados Partes comprometem-se à realização de políticas, programas e ações que visam encorajar e promover a consciencialização, responsabilidade, solidariedade, participação e educação e informação ambiental.
Os jovens têm o direito a solicitar informações sobre as políticas ambientais, nomeadamente sobre a situação ambiental do Estado em questão, bem como sobre as políticas e medidas públicas levadas a cabo para cuidar do meio ambiente.
Os Estados Partes comprometem-se a promover e apoiar o desenvolvimento de iniciativas de jovens inovadores que se destinem a proteger, preservar e reparar a natureza.
Os jovens têm direito ao empreendedorismo social, cultural, político e
Os Estados Partes comprometem-se a eliminar os entraves burocráticos e a promover programas para os jovens, visando o desenvolvimento e reforço do espírito empresarial, para a aquisição de competências conducentes à criação e desenvolvimento de vários modelos de associações e empresas. Entre outras, serão promovidas iniciativas de empreendedorismo para abordagem dos jovens em todos os níveis e tipos de ensino no mundo empresarial.
Os Estados-Membros comprometem-se a implementar mecanismos destinados a fomentar e a incentivar o empreendedorismo juvenil, considerando o financiamento através de entidades públicas ou privadas.
Os Estados Partes comprometem-se a assegurar a viabilidade dos empreendimentos dos jovens.
Os jovens têm o direito de desenvolver a sua própria identidade num ambiente de tolerância e respeito.
Nenhum jovem deve ser discriminado no exercício da sua identidade cultural, faça esta parte ou não de uma determinada cultura coletiva.
Os Estados Partes devem respeitar e proteger a diversidade entre os jovens, incentivando a troca e interação das diversas culturas étnicas, nacionais e de qualquer outro tipo. Para este fim, os Estados devem estabelecer mecanismos de participação que envolvam o intercâmbio intercultural, social e económico dos jovens, bem como a erradicação de todas as formas de discriminação e racismo.
Sem prejuízo do anterior, os Estados devem promover oportunidades para o acesso, participação, educação inclusiva e promoção dos direitos individuais e coletivos das e dos jovens indígenas e de afro-descendentes e outros povos e nacionalidades.
Os Estados Partes comprometem-se a prevenir e proteger os jovens de práticas violentas tradicionais e prejudiciais para a sua saúde
O N.º 4 do artigo 35.º da Convenção é alterado da seguinte forma: a expressão "relatório bianual" é substituída por "relatório bienal".
Os Estados Partes poderão formular reservas a uma ou mais disposições específicas deste Protocolo no momento da aprovação, assinatura, ratificação ou de a ele aderir, desde que não sejam incompatíveis com o objeto e finalidade do Protocolo.
O presente Protocolo será aberto para assinatura e ratificação ou adesão de qualquer Estado signatário da Convenção Ibero Ibero-Americana dos Direitos dos Jovens.
A ratificação deste Protocolo ou a adesão ao mesmo deverá ser efetuada mediante o depósito de um instrumento de ratificação ou adesão na Secretaria-Geral do Organismo Internacional da Juventude para a América Latina (OIJ).
O Protocolo entrará em vigor logo que cinco Estados tenham depositado os seus respetivos instrumentos de ratificação ou adesão.
O Secretário Geral da OIJ comunicará a todos os Estados-Membros do Organismo a entrada em vigor do
Os Estados Partes comprometem-se a divulgar este protocolo e a Convenção Ibero-americana dos Direitos dos Jovens
Qualquer parte do estado e o Organismo Internacional da Juventude para a América Latina (OIJ) podem submeter à consideração dos Estados Partes propostas de alteração para incluir o reconhecimento dos outros direitos, ou outras medidas destinados a alargar ou a amplia os direitos reconhecidos no presente Protocolo.
As alterações ao presente Protocolo entrarão em vigor para os Estados ratificantes das mesmas, na data em que se tiver depositado o respetivo instrumento de ratificação que corresponda a dois terços dos Estados Partes deste Protocolo. Quanto aos restantes Estados Partes, entrarão em vigor na data em que efetuem o depósito dos respetivos instrumentos de ratificação
Nenhuma das Partes poderá denunciar o presente Protocolo, até cinco anos a partir da data da sua entrada em vigor para essa Parte. Para este efeito, deve notificar a denúncia com a antecedência de seis meses ao Secretário-geral da Agência Internacional de Juventude Ibero-Americana (OIJ). Esta denúncia não afetará a validade do Protocolo em relação às outras Partes.
O anexo ao presente protocolo passará a fazer parte integrante do mesmo.
ANEXO Artigo 1
O termo “tolerância” deve ser entendido como o respeito, a empatia, a aceitação e o apreço pela rica diversidade do ser humano e pelas suas diversas formas de expressão e manifestação.
O termo "tolerância" não deve ser entendido como equivalente de concessão, condescendência ou indulgência.
A expressão “discriminação contra a mulher jovem” deve ser entendida como qualquer distinção, exclusão ou restrição com base no sexo que tenha por propósito ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, o gozo ou o exercício pelas mulheres, com base na igualdade entre homens e mulheres, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nas esferas política, económica, cultural e civil ou em qualquer outra esfera.
Subentende-se que a violência contra a mulher inclui a violência física, sexual ou psicológica:
Que tenha lugar no seio da família ou agregado familiar ou em qualquer outra relação interpessoal, quer o agressor compartilhe ou tenha compartilhado o mesmo domicilio que a mulher, entre outros, discriminação, violação, maus-tratos e abuso sexual;
Que tenha lugar na comunidade e seja perpetrada por qualquer pessoa e que inclui, entre outros, violação, abuso sexual, tortura, tráfico de pessoas, prostituição forçada, sequestro e assédio sexual no local de trabalho, bem como instituições de ensino, estabelecimentos de saúde ou qualquer outro lugar, e,
Que seja perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes, onde quer que
O termo “incapacidade” deve ser entendido como uma deficiência ou incapacidade mental, física ou sensorial, quer seja de natureza permanente ou temporária, que limita a capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais da vida diária, e que pode ser causada ou agravada pelo ambiente económico e social.
"Discriminação por motivos de deficiência" significa qualquer distinção, exclusão ou restrição por motivos de incapacidade que tem o objetivo ou o efeito de prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício, em igualdade de condições, de todos os direitos humanos e das liberdades fundamentais nos domínios político, económico, social, cultural, civil ou outros. Inclui todas as formas de discriminação, incluindo a recusa de adaptações razoáveis.
A expressão "trabalho decente" designa um emprego produtivo que confira um rendimento justo, com segurança no local de trabalho e proteção social para as famílias, melhores perspetivas de desenvolvimento pessoal e integração social, liberdade para que as pessoas possam expressar as suas opiniões, organizar-se e participarem nas decisões que afetam as suas vidas, e a igualdade de oportunidades e de tratamento para todos, homens e mulheres.