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Timestamp: 2019-09-23 18:28:02
Document Index: 326741798

Matched Legal Cases: ['artículo 351', 'artículo 86', 'artículo 205', 'artículo 181', 'artículo 180', 'artículo 366']

﻿ SENTENCIA T-764 DE SEPTIEMBRE 25 DE 2007
SENTENCIA T-764 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2007
CONTENIDO:PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES.SUBSIDIARIEDAD DEL AMPARO EN EL ASUNTO DE SOLICITUD DE REDOSIFICACIÓN DE LA PENA.
TEMAS ESPECÍFICOS:TUTELA, PROCEDIMIENTO PENAL, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL, PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
Sentencia T-764 de septiembre 25 de 2007
Sentencia T-764 de 2007
Ref.: expediente T-1627257
Acción de tutela instaurada por Edwin Otto Fernando Suárez contra el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cúcuta, la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad y el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué.
Dentro del proceso de revisión del fallo dictado por la Sala de Casación penal de la Corte Suprema de Justicia, en el trámite de la acción de tutela interpuesta por Edwin Otto Fernando Suárez contra el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cúcuta, la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad y el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué.
Mediante escrito presentado el día 27 de marzo de 2007, el señor Edwin Otto Fernando Suárez solicita el amparo del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cúcuta, la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad y el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué. Como sustento de la solicitud, se invocan los siguientes:
Indica que a partir de la figura de sentencia anticipada fue condenado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cúcuta, el 11 de noviembre de 2005, a la pena principal de 110 meses de prisión, por la comisión del delito de “actos sexuales en menor de catorce (14) años”.
Aclara a la pena señalada le fue restada la octava parte, debido a que aceptó los cargos formulados por la Fiscalía, lo que generó que su condena ascendiera, en total, a 96 meses de prisión.
Señala que apeló la sentencia de primera instancia ya que la rebaja aplicable a su caso debería haber sido de una tercera parte, conforme al artículo 351 de la Ley 906 de 2004.
Advierte que la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta se negó a modificar su condena y que para el efecto adujo que el sistema penal acusatorio no se estaba aplicando en ese distrito judicial.
Explica que una vez remitido el proceso al juzgado tercero de ejecución de penas y medidas de seguridad, reiteró su solicitud de redosificación de la pena. Sin embargo —afirma— tal instancia también le negó el requerimiento.
Considera que las actuaciones de las autoridades judiciales vulneran la igualdad y la favorabilidad penal, pues han desconocido garantías previstas en la ley que deben ser aplicadas a su caso.
Solicita se ordene la redosificación de su pena en los términos más favorables, establecidos en la Ley 906 de 2004.
2.1. El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué se opuso a la protección del derecho invocado. Señaló que no ha vulnerado ni desconocido tal derecho y que, al contrario, ha atendido los requerimientos presentados por este durante el cumplimiento de su condena. Específicamente sobre la solicitud de redosificación de la pena, esta autoridad judicial aclaró que mediante auto del 19 de febrero de 2007 “le advirtió al interno que la rebaja solicitada fue objeto de análisis por parte de la Sala Penal del honorable Tribunal Superior de Cúcuta, cuando desató el recurso de apelación interpuesto por él contra la sentencia de primera instancia; decidiendo la honorable corporación negar la misma por improcedente, razón por la cual debe estarse a lo allí dispuesto”.
2.2. Así mismo, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cúcuta explicó cuáles fueron las condiciones bajo las que se dictó sentencia condenatoria contra el señor Edwin Otto Fernando Suárez. Aclaró que dentro de la etapa de juzgamiento el acusado manifestó su voluntad de someterse a sentencia anticipada y que a partir de la misma dictó sentencia el 11 de noviembre de 2005, en la que lo declaró responsable de la comisión de concurso homogéneo de la conducta punible de actos sexuales con menor de catorce años. Advirtió que a la pena aplicó la rebaja prevista en la ley, la cual fue confirmada por el Tribunal Superior y que, a pesar de haber efectuado en debida forma la notificación, la misma no fue censurada a través de casación.
Avocó conocimiento de la demanda la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia quien denegó la protección de los derechos invocados. Consideró que la acción de tutela en contra de providencia judiciales solamente procede de forma excepcional cuandoquiera que se configure una vía de hecho y cuando —además— se cumplan con los requisitos generales de procedibilidad previstos en la Sentencia C-590 de 2005. Frente al amparo planteado por el señor Edwin Otto Fernando Suárez, corroboró que no se agotaron todos los medios judiciales a su disposición, “como en efecto lo era haber recurrido en casación la sentencia de segundo grado adoptada por el Tribunal Superior de Cúcuta”. Así las cosas —concluyó— “si desdeñó la oportunidad que el ordenamiento legal le confirió con tal fin no resulta atendible que pese a su incuria reclame por este excepcional mecanismo de defensa judicial, aquello que por los medios ordinarios pudo alcanzar”.
Finalmente aclaró que el amparo no es procedente en contra de la actuación del juez de penas y medidas de seguridad ya que la redosificación de la pena fue decidida de fondo y con “suficiencia” en la sentencia de segunda instancia proferida el Tribunal Superior de Cúcuta. Sobre esta cuestión la Corte Suprema advirtió lo siguiente: “En tal sentido, se debe recordar que el juez de ejecución de penas carece de competencia para reabrir un debate que se encuentra debidamente clausurado, con lo que se habría afectado gravemente los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada que emanan de la firmeza de una providencia ejecutoriada”.
• Fotocopia del Oficio 2093, expedido por la Secretaria de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta, en donde relaciona las diferentes actuaciones surtidas dentro del trámite de la apelación interpuesta por el actor (fl. 35).
• Fotocopia del Auto 0229 del diecinueve de febrero de dos mil siete, expedido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué (fl. 40).
• Fotocopia de la providencia emanada del Tribunal Superior de Cúcuta, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por Edwin Otto Fernando Suárez contra la sentencia anticipada proferida por el Juez Primero Penal del Circuito de Cúcuta (fls. 41 a 53).
• Fotocopia del oficio emanado del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario en donde se requiere información a la fiscalía número 03, unidad especializada de vida, en la ciudad de Cúcuta (fl. 58).
• Fotocopia del oficio en el que el señor Edwin Otto Fernando Suárez solicita la ejecución de una audiencia de aceptación de cargos para acogerse a los beneficios de una sentencia anticipada (fl. 59).
• Fotocopia del acta en la que se consigna la diligencia de formulación de cargos al señor Edwin Otto Fernando Suárez (fl. 65).
Encontrándose en la etapa de juicio, el acusado de la comisión del delito de actos sexuales con menor de catorce años se acogió a sentencia anticipada. Una vez dictada la providencia de primera instancia, en la que se reconoció una rebaja de la octava parte de la pena, se presentó apelación en la que solicitó la redosificación de la misma teniendo en cuenta que la Ley 906 de 2004 prevé una disminución mucho más favorable. Así las cosas, el Tribunal Superior que conoció del recurso se negó a modificar la sentencia de primera instancia y consideró que la figura procesal contenida en la disposición mencionada no puede aplicarse al caso. Posteriormente, el condenado reiteró la solicitud al juez de ejecución de penas pero este negó la redosificación teniendo en cuenta que la misma ya había sido estudiada por el Tribunal Superior.
Bajo estas condiciones, es decir, teniendo en cuenta las reiteradas negativas de las autoridades judiciales, el condenado acude a la acción de tutela, invoca el derecho al debido proceso, y solicita se disponga la redosificación favorable de su pena.
Las autoridades judiciales demandadas se opusieron a la solicitud de protección y en su lugar argumentaron que en cada una de sus providencias han aplicado las normas pertinentes al caso. Específicamente, el juzgado de ejecución de penas señaló que ha atendido la totalidad de requerimientos presentados por el actor, mientras que el juzgado penal del circuito insistió en la legitimidad de sus actuaciones, confirmadas por el Tribunal Superior en la providencia de segunda instancia.
El juez de instancia negó la protección de los derechos fundamentales pues consideró que: (i) el actor no cumple con los requisitos generales de procedibilidad establecidos en la Sentencia C-590 de 2005 pues contra la sentencia de segunda instancia no interpuso el recurso extraordinario de casación y (ii) no se pueden censurar las actuaciones del juez de ejecución de penas ya que la redosificación de la pena alegada ya había sido analizada en su integridad por el Tribunal Superior, en la sentencia que resolvió la apelación.
En atención a lo expuesto a esta Sala le corresponde establecer, como cuestión previa, si el actor cumple con los criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Solo en caso de concluir que tales presupuestos se observan, la Sala pasará a estudiar cuáles son los parámetros que rigen la aplicación de las disposiciones y beneficios contenidos en la Ley 906 de 2004.
Posteriormente, la Corte agrupó el enunciado dogmático “vía de hecho”, previsto en cada una de las sentencias en donde se declaró que la tutela era procedente frente a una actuación judicial anómala, y creó los criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Estos constituyen pautas que soportan la plataforma teórica de la acción de tutela contra actuaciones jurisdiccionales y, por tanto, representan el trasfondo de las causas que pueden generar la violación de la Constitución, por la vulneración de los derechos fundamentales en la cotidianidad de las prácticas judiciales.
“La Corte ha señalado que dos de las características esenciales de esta figura en el ordenamiento jurídico colombiano son la subsidiariedad y la inmediatez: la primera por cuanto tan solo resulta procedente instaurar la acción en subsidio o a falta de instrumento constitucional o legal diferente, susceptible de ser alegado ante los jueces, esto es, cuando el afectado no disponga de otro medio judicial para su defensa, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable (Cons., art. 86, inc. 3º); la segunda, puesto que la acción de tutela ha sido instituída como remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza (3) . Luego no es propio de la acción de tutela el sentido de medio o procedimiento llamado a reemplazar los procesos ordinarios o especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en cuanto a la fijación de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a las existentes, ya que el propósito específico de su consagración, expresamente definido en el artículo 86 de la Carta, no es otro que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y supletoria en orden a la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales.
(...) Pero, claro está, si pese a las ocasiones de defensa dentro del proceso y a las posibilidades de impugnación del fallo que le otorgaba el sistema jurídico en obedecimiento a claros principios constitucionales (Carta, arts. 29 y 31), el interesado se abstuvo de utilizar los mecanismos a su disposición, tampoco puede acudir a la institución de la tutela como última tabla de salvación de sus pretensiones, por cuanto ello implica el alegato de su propia incuria contra el principio universalmente aceptado y desvirtúa el carácter subsidiario de la acción.
Así pues, a partir de tal pronunciamiento se han definido paulatinamente el conjunto de requisitos generales y particulares de procedibilidad. Ellos, valga decirlo, hacen parte de la textura excepcional que soporta el impulso de la tutela contra una decisión judicial y tienen como principal referente la inmutabilidad y el respeto que como regla general tienen las providencias judiciales en el curso de los procedimientos ordinarios. En estos términos la obligación de realizar un análisis intenso sobre la procedibilidad del amparo cuando se instaura contra una decisión judicial, constituye un pilar razonable que permite armonizar en la base del razonamiento constitucional los intereses superiores inherentes a la función jurisdiccional y a la protección de los derechos fundamentales.
Pues bien,bajo estas condiciones en la Sentencia C-590 de 2005 (4) la Corte definió el conjunto de “requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales”, los cuales fueron agrupados en el siguiente orden: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios —ordinarios y extraordinarios— de defensa judicial al alcance de la persona afectada; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez; (iv) que ante una irregularidad procesal, el defecto tenga un efecto decisivo o determinante en la sentencia; (v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados; (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Específicamente, respecto de la obligación de agotar todos los medios de defensa judicial pertinentes, este tribunal explicó en la sentencia aludida: “De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última”. Y más adelante, en el mismo derrotero, precisó: “Adicionalmente, este mecanismo solo puede operar cuando todos los mecanismos anteriores han fallado y siempre que la persona hubiere acudido a ellos de manera diligente. En este sentido, la acción de tutela no suplanta ni reemplaza a los mecanismos ordinarios ni puede servir para remediar la negligencia de alguna de las partes procesales. Se trata, simplemente, de una revisión extraordinaria y excepcional de la constitucionalidad de las decisiones judiciales cuando la persona presuntamente afectada ha agotado todos los recursos a su alcance y se encuentra, por lo tanto, en condiciones de indefensión. Si las acciones y recursos judiciales ordinarios y extraordinarios han operado adecuadamente, nada nuevo tendrá que decir el juez de tutela, pues los jueces ordinarios habrán cumplido a cabalidad con la tarea de garantizar los derechos fundamentales concernidos”.
“En este sentido, por ejemplo, un imputado al que se le ha vulnerado el derecho de defensa por no haber estado asistido por defensor en el momento de la formulación de la imputación, puede solicitar, al interior de ese mismo proceso, la anulación de la actuación y contra la decisión que se profiera puede interponer los recursos legales ordinarios. Pero si no obstante esa situación, la actuación no es invalidada, nada se opone a que luego intente, en sede de casación, la invalidación de la sentencia y del proceso en el que ella se dictó. Y si en esta sede no se atiende su pedimento y concurren los exigentes presupuestos necesarios para ello, bien puede interponer acción de tutela en procura de protección del derecho fundamental al debido proceso.
“Entonces, nótese cómo no existe incompatibilidad sino armonía entre la concepción de la casación como un control de constitucionalidad y legalidad del fallo lesivo de derechos y garantías fundamentales y la acción de tutela, como mecanismo constitucional subsidiario de protección de los derechos fundamentales”.
Ahora bien, la regla jurisprudencial incluida en la Sentencia C-590 ya había sido objeto de aplicación y desarrollo en la Sentencia SU-1299 de 2001 (5) en donde se reconoció que la casación constituye un mecanismo judicial específico e idóneo para examinar la posible transgresión de la no reformatio in pejus. En aquella oportunidad la Corte diferenció las condenas sobre las que procedía el recurso extraordinario de casación de aquellas respecto de las que este no procede y estableció que frente a las primeras no es posible interponer la tutela en perjuicio de tal mecanismo judicial, en razón al carácter subsidiario del amparo. De este pronunciamiento es importante destacar lo siguiente:
“3) Si se recurre en casación la sentencia penal exclusivamente respecto de la condena a la indemnización de perjuicios y la cuantía así lo permite (6) , entonces de nuevo es el recurso extraordinario de casación la vía judicial procedente, sin consideración a la pena señalada para el delito o delitos (CPP, art. 221, subrogado por la L. 553/2000, art. 4º).
Así pues, conforme a lo expuesto, es decir, a partir del carácter subsidiario de la tutela, es necesario concluir que para que proceda esta acción contra una providencia judicial es imperativo que el interesado haya acudido y agotado todos los medios ordinarios de defensa de sus derechos de manera diligente y adecuada a lo largo del proceso y sus instancias. Lo anterior, por supuesto, no obsta para que ante la existencia de un perjuicio irremediable, el amparo proceda como mecanismo transitorio. De cualquier forma hay que tener en cuenta dentro de este último evento que la inexistencia de canales judiciales en los cuales debatir las pretensiones del demandante excluye la procedencia transitoria de la tutela, puesto que esta no se puede conceder temporalmente cuando ya no existen otras vías procesales adecuadas y oportunas para tramitar las peticiones del afectado (7) .
3.4. La subsidiariedad de la tutela en el presente caso.
Bajo los anteriores supuestos la Sala procederá a verificar si, tal y como lo consideró el juez de instancia, la presente acción de tutela es improcedente por no haber agotado los mecanismos judiciales pertinentes o si, por el contrario, en el presente caso se satisface este requisito general de procedibilidad haciendo imperativo —como consecuencia— que se determine si los hechos alegados constituyen uno de los defectos o criterios específicos aplicables al amparo contra providencias judiciales.
Para abordar el objetivo planteado es necesario, en primer lugar, relacionar nuevamente los hechos que preceden la petición de amparo constitucional para luego establecer si el recurso extraordinario de casación podía interponerse dentro del presente asunto.
Pues bien, el señor Edwin Otto Fernando Suárez fue investigado y condenado por el concurso homogéneo del delito de “actos sexuales con menor de catorce años”, el once (11) de noviembre de dos mil cinco (2005), por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cúcuta. Teniendo en cuenta que durante la etapa de juzgamiento se acogió a sentencia anticipada, el total de su pena —que ascendía a 110 meses de prisión— fue rebajada en una octava parte, lo que determinó una condena final de 96 meses. Inconforme con la dosificación que se aplicó a su caso, interpuso apelación contra dicha sentencia la cual fue atendida negativamente por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, mediante sentencia del cinco (05) de abril de dos mil seis (2006) (8) . Posteriormente, sobre el mismo asunto presentó solicitud ante el Juez Tercero de Ejecución de Penas de la ciudad de Ibagué, la cual fue decidida desfavorablemente mediante auto del diecinueve (19) de febrero de dos mil siete (2007) (9) .
3.4.1. En el presente caso sí procedía la casación como mecanismo de defensa de los derechos fundamentales. Pues bien, lo primero que hay que destacar es que en el proceso penal adelantado contra el señor Edwin Otto Fernando Suárez sí procedía el recurso de casación conforme a lo establecido en el artículo 205 de la Ley 600 de 2000 (10) y el artículo 181 de la Ley 906 de 2004 (11) . Por tanto, conforme a la jurisprudencia antes señalada, dicho recurso constituía un escenario apropiado para discutir de fondo cada una de las pretensiones formuladas y para hacer valer los derechos fundamentales invocados. Sobre el particular, basta con agregar que el artículo 180 ejusdem establece que la casación tiene como fines “la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios inferidos a estos, y la unificación de la jurisprudencia”.
3.4.2. El peticionario no presentó ningún argumento relevante que justifique porqué no presentó de manera diligente la demanda de casación. Una vez establecido que existió otro medio de defensa judicial a disposición del demandante es necesario establecer si existe un justificante relevante y suficiente que permita excusar tal inobservancia. Sobre el particular es necesario destacar que esta corporación en su jurisprudencia ha reconocido que aquellas circunstancias objetivas, esto es, no imputables al interesado, cercanas a la fuerza mayor o el caso fortuito o que, de cualquier forma, logren configurar un estado excepcional de indefensión que impida el acceso oportuno o diligente a los canales judiciales pertinentes, conllevan la ejecución de un análisis más tenue o morigerado de este requisito general de procedibilidad (12) . De cualquier forma, cualquiera sea la excusa presentada por el peticionario, debe englobar la suficiente entidad para lograr armonizar los parámetros que soportan el carácter subsidiario del amparo (13) . Esta regla, por ejemplo, se ha aplicado a casos en los cuales se presenta imposibilidad de atender en debida forma los canales judiciales debido a la existencia de un secuestro (14) o en los procesos en donde se debatan los derechos de un niño (15) .
Pues bien teniendo en cuenta lo anterior, la Sala comprueba que en el presente caso no se presenta ninguna excusa o argumento que logre justificar el no haber presentado en debida forma el recurso extraordinario de casación. En contraste, conforme a la información allegada por la Secretaria de la Sala Penal del Tribunal Superior, esta Sala destaca que la providencia de segunda instancia le fue notificada personalmente al actor el diecisiete (17) de abril de dos mil seis (2006) y quedó ejecutoriada el trece (13) de junio siguiente (16) . Además, teniendo en cuenta que el actor se encuentra privado de su libertad, la Corte verifica (i) que durante el transcurso del proceso penal previsto en este asunto, el condenado estuvo acompañado por su defensor (17) y, en todo caso, sobre la actuación de este no se elevó ningún reproche o censura. (ii) Así mismo, una vez adelantada la notificación efectuada por el tribunal, no se evidencia el ejercicio de gestión alguna encaminada a obtener la asesoría de su apoderado o, en su defecto, de la defensoría pública. Más bien, lo que se puede apreciar es que pasados seis meses de la ejecutoria de la providencia de segunda instancia, el señor Edwin Otto Fernando Suárez decide volver a cuestionar las decisiones judiciales, esta vez ante el juez de ejecución de penas para, a continuación, de manera inmediata y sin apelar el auto interlocutorio de esa autoridad (18) , acudir al amparo, como si este constituyera un trámite adicional y residual al recurso extraordinario.
Así pues, conforme a los anteriores argumentos la Sala de Revisión concluye que la presente acción no cumple con el requisito general de procedibilidad del amparo contra decisiones judiciales que exige la utilización diligente de todos los recursos judiciales pertinentes (19) . Por esta razón, y sin que sean necesarias disertaciones adicionales, se confirmará la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
1. CONFIRMAR, por las razones expuestas en la presente sentencia, la decisión proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el veintiséis (26) de abril de dos mil siete (2007), en la acción de tutela instaurada por el señor Edwin Otto Fernando Suárez contra el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cúcuta, la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad y el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué.
(3) Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia Nº T-1. Abril 3 de mil novecientos noventa y dos (1992). [Cita original de la jurisprudencia transcrita].
(6) Según el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil (modificado por el D.E. 2282 de 1989, art. 1º, num. 182, modificado a su vez por la Ley 592 de 2000, art. 1º), establece como cuantía para recurrir en casación el monto equivalente a cuatrocientos veinticinco (425) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
(8) Folios 41 a 53, cuaderno principal.
(9) Folio 40, cuaderno principal.
(10) Teniendo en cuenta que el delito por el cual fue juzgado el actor es el concurso homogéneo de actos sexuales con menor de catorce años y que la pena ascendió a ciento diez meses. El artículo citado dispone lo siguiente: “ART. 205.—Procedencia de la casación. La casación procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia por los tribunales superiores de distrito judicial y el Tribunal Penal Militar, en los procesos que se hubieren adelantado por los delitos que tengan señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo exceda de ocho años, aun cuando la sanción impuesta haya sido una medida de seguridad.
(11) Este artículo textualmente indica: “ART. 181.—Procedencia. El recurso como control constitucional y legal procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia en los procesos adelantados por delitos, cuando afectan derechos o garantías fundamentales por:
4. Cuando la casación tenga por objeto únicamente lo referente a la reparación integral decretada en la providencia que resuelva el incidente, deberá tener como fundamento las causales y la cuantía establecidas en las normas que regulan la casación civil”.
(12) Vid. p. ej. Sentencia T-578 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(13) Vid. supra num. 3.2.
(14) Sentencia T-1012 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
(15) Sentencia T-329 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(16) Textualmente la secretaria de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta informó lo siguiente: “Al procesado se le notificó personalmente el día 17 de abril de 2006, no interpuso recurso de casación dentro del término de ley y la sentencia quedó ejecutoriada el día 13 de junio de 2006”.
(17) Este participó, por ejemplo en la diligencia de formulación de cargos encaminados a una sentencia anticipada (fls. 65 a 67).
(18) En reiteradas decisiones la Corte ha denegado la protección de los derechos invocados por aquellas personas que no interponen la apelación contra el auto interlocutorio mencionado. Por ejemplo, consúltense las siguientes sentencias: T-865 de 2006, T-1026 de 2006 y T-434 de 2007.
(19) La misma técnica de esta sentencia fue aplicada a la Sentencia T-842 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.