Source: http://manuelcardenasfonseca.mx/pas-fiscalizacion/
Timestamp: 2018-03-18 04:13:38
Document Index: 81475930

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Comentarios sobre el comunicado presentado por el PAS sobre la fiscalización de las cuentas públicas. – Manuel Cárdenas Fonseca
BOLETÍN DE PRENSA 25/07/2017
COMENTARIOS SOBRE EL COMUNICADO DE FECHA 21/07/2017, PUBLICADO EN LAS REDES SOCIALES PRESENTADO POR EL PARTIDO SINALOENSE (PAS) EN RELACIÓN A LO DISCUTIDO, ANALIZADO Y RESUELTO EN EL CONGRESO DEL ESTADO SOBRE LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS.
El Partido Sinaloense (PAS) presentó un comunicado en donde señala diversos puntos sobre la posición que ha adoptado en relación a la iniciativa de reforma constitucional para modificar la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables, por parte del Congreso de Sinaloa. Al respecto, quiero hacer públicos mis comentarios sobre los argumentos que establece el comunicado del PAS.
El PAS argumenta:- “Se ha desatado una campaña de difamación en contra de los diputados del PAS y del propio partido”.
Un servidor sostiene:
El ejercicio político implica necesariamente la exposición a la crítica y al debate y, en algunas ocasiones, hasta a la descalificación infundada. El trabajo de los legisladores, en una democracia como la que pretendemos ser, está y debe estar sujeto permanentemente a la evaluación social y al escrutinio público.
Las posiciones que se asumen en relación a temas tan relevantes como la revisión y la fiscalización de la Cuenta Pública, siempre van a generar reacciones de quienes piensan diferente o tienen una interpretación distinta de los conceptos y esto no significa, necesariamente, difamar, sino intentar convencer al otro que sus argumentos y planteamientos están equivocados.
La confrontación pública de ideas y planteamientos en una democracia siempre será sana, porque permite a la sociedad en su conjunto conocer las diversas opiniones que existen sobre los temas que les afectan y apoyar las que consideren más adecuadas.
En este comunicado el PAS anda tan confundido que no entiende que mi debate es sobre legalidad e idea de estado en la división de poderes.
Mis amigos del PAS caen en la intolerancia antes que en el debate de las ideas y la fuerza de los argumentos jurídicos y, antes que, sugiero, hacerle el trabajo al PRI (quién está calladito y él empezó “la broma”) debiera darse cuenta de que él solito, el PAS, se está tragando los negativos de un tema mal planteado y que sobre el particular se los hice saber desde que conocí la absurda argumentación y exposición de motivos de la misma. Adicionalmente, en fecha posterior me hicieron llegar la propuesta de iniciativa de reforma que presentaba el PAS al Dictamen presentado al pleno y, sobre la misma, les comenté que tuvieran mejores asesores en la materia y que la misma no resolvía nada sino que, por el contrario, enredaba más las cosas y contribuía a conculcar la facultad del Congreso (de él es la facultad no de una de sus áreas) en materia de Cuentas Públicas y en ningún enunciado se autoriza al pleno a que esa facultad, por tanto indelegable, se pase a una de sus partes como es el órgano técnico.
Les advertí que se quedarían como el chinito bailando la loma en este acompañamiento del PRI, y a la luz de los acontecimientos no me he equivocado en ello.
Coincido en que debe ser responsabilidad de todos fortalecer el Sistema Estatal Anticorrupción y también el Sistema Nacional Anticorrupción. Por ello, la reforma constitucional federal en la materia promulgadas en 2015 y las reformas legales de 2016, pusieron un especial énfasis en fortalecer y ampliar las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para investigar y castigar actos irregulares. Pero esta ampliación de facultades de la Auditoría Superior no se hizo en detrimento de la facultad de la Cámara de Diputados de revisar y fiscalizar la Cuenta Pública, ni de la facultad de los Congresos locales en la materia. Por el contrario, la capacidad de revisión de la CUENTA PÚBLICA por la Cámara de Diputados, al contar con información más precisa y confiable, fue fortalecida, y nunca trasladada a la ASF (Auditoría Superior de la Federación).
Pero parece que hay una confusión entre los diputados del PAS sobre los alcances y las diferencias entre la fiscalización y revisión de la Cuenta Pública de los órganos fiscalizables, que es facultad del Congreso y no de la Auditoría Superior del estado, la cual constituye el órgano técnico especializado a través del cual el Congreso cumple con esta facultad y obligación. También parecen tener una confusión entre lo que implica facultar al Congreso para revisar y fiscalizar la Cuenta Pública o facultarlo para aprobar un dictamen sobre el Informe General del Resultado presentado por un órgano fiscalizador.
Estas diferencias son reconocidas tanto en la Constitución federal como en las leyes secundarias en la materia, por eso establecen tiempos distintos para la presentación a la Cámara de Diputados del Informe General Ejecutivo del Resultado por parte de la Auditoría Superior de la Federación, y para la conclusión de la revisión de la Cuenta Pública por parte de esta Cámara.
La propia fracción VI del artículo 74 de la Constitución federal vigente señala que la conclusión de la revisión de la Cámara de Diputados de la Cuenta Pública se hará “con
base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del Informe General Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior…” Aquí es claro, que el Informe General Ejecutivo del resultado, es una herramienta, pero no la única, de la Cámara de Diputados para concluir la revisión de la Cuenta Pública, pero también se fundará en 0el análisis que realice del propio contenido de dicha cuenta.
**Limitar la facultad del Congreso local solamente a la aprobación de un dictamen sobre el Informe del órgano fiscalizador, además de violar las disposiciones de la Constitución federal, conculca también el derecho de la sociedad de evaluar a sus gobiernos de manera integral a través de sus representantes.
Los legisladores del PAS tampoco parecen reconocer que la transparencia y la rendición de cuentas no se limitan a la presentación de estados financieros y su análisis y examen técnico. Un verdadero criterio de transparencia y rendición de cuentas, debe estar orientado al ciudadano que es el verdadero titular de los derechos fundamentales y políticos. Por ello, la aprobación de la Cuenta Pública significa no sólo el examen sobre cómo se ejercieron los recursos públicos, sino todos aquellos aspectos que permitan evaluar de manera integral el desempeño de los gobiernos.
Limitar la revisión de la Cuenta Pública a un trabajo especializado de auditorías (por confiable que sea) es encaminarse a la opacidad y abrir la puerta a gobiernos autoritarios sin responsabilidad social.
La derogación de los párrafos sexto y séptimo del artículo 37 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa implica, en los hechos, eliminar del texto constitucional estatal la facultad que le otorga de manera expresa al Congreso de evaluar y fiscalizar la Cuenta Pública (como está señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 74 fracción VI para el orden federal).
Por su parte, las reformas al artículo 43 constitucional limitan la facultad del Congreso a aprobar un dictamen del Informe General de Resultados presentado por el órgano fiscalizador. Además, la forma en que está redactada la fracción XXII del citado artículo 43 transfiere a la Auditoría Superior “evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.” que hoy son los objetivos de la facultad del Congreso de revisar y fiscalizar las Cuentas Públicas, tanto a nivel estatal como federal.
Debemos recordar que constitucionalmente, los órganos fiscalizadores, aunque realizan auditorías de gestión, sólo pueden hacer recomendaciones en cuanto al cumplimiento de metas y objetivos de los programas. Así está establecido también en el segundo párrafo de la fracción XXII del artículo 43 vigente de la Constitución local, que fue resultado de la reforma del 17 de marzo de 2017.
No tengo la menor duda de que el PAS ha estado ausente de un buen constitucionalista y por eso se ha embarcado en un viaje sin retorno mientras la balsa se hunde ante los ojos del balsero (el PRI) que no va en ella y le dejó el timón a otro que no supo que agarraba (PAS quién pecó de inocente con su reforma de adición).
La reforma que deroga los párrafos sexto y séptimo del artículo 37 y modifica las fracciones XXII y XXII BIS del artículo 43 de la Constitución estatal elimina de tajo la facultad del Congreso de revisar y fiscalizar las Cuentas Públicas de los organismos fiscalizables y, en su caso, no aprobarla, para convertirla en la facultad de aprobar “un dictamen”. Aquí estamos hablando de dos facultades distintas con alcances legales distintos.
El trabajo técnico realizado o a realizar por el órgano fiscalizador en coadyuvancia del Congreso se lleva a cabo por expertos que revisan documentos de los entes fiscalizables, lo que se hace público es el Informe General del resultado de este procedimiento. La oportunidad de evaluar y discutir de una manera integral y más amplia el comportamiento de los gobiernos con respecto del gasto público, se da precisamente en los Congresos y los Congresos no son los órganos de fiscalización los que sí, son, instrumentos de los Congresos.
Acotar el papel del Congreso a la discusión y aprobación del Informe referido, pareciera tener el sentido de evitar la crítica, los cuestionamientos y la condena pública del actuar de los gobiernos. Si esto no implica aprobar la Cuenta Pública en lo “oscurito”, sí implica proteger a los gobiernos del escrutinio público y establecer mecanismos de complicidad y ocultamiento a las malas actuaciones de los gobiernos.
El PAS argumenta: “Es falso que se busque fiscalizar la Cuenta Pública en lo “oscurito”, explicamos las razones.
Los agresores contra el PAS, argumentan que se viola el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra establece:
Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución”.
Nótese las funciones de las legislaturas: revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas.
Precisamente el texto del artículo 115, en el segundo párrafo citado, establece claramente la facultad del Congreso local de revisar y fiscalizar las cuentas públicas (en este caso de los municipios) y esta facultad es la que se pretende derogar (párrafo sexto del artículo 37 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa) con la iniciativa de reforma que se propone. Esto, de aprobarse, sería violatorio de lo señalado en el artículo 115 constitucional federal.
Reitero que la reforma no sólo elimina esta facultad del Congreso protegida por el artículo 115 y otras disposiciones de la Constitución Federal, sino que además pretende constreñirla a la aprobación de los Informes del órgano fiscalizador o de “un dictamen” sobre estos informes. Esto cambia radicalmente las facultades del Congreso de Sinaloa y condena a todos los sinaloenses a recibir una revisión de las Cuentas Públicas meramente técnica y limitada, sin posibilidades de evaluar la efectividad de sus gobiernos.
El PAS argumenta: “El día jueves 20, el Grupo Parlamentario del PAS presentó una reserva a la iniciativa presentada en donde propuso una redacción al artículo 43 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, para que quedara la siguiente redacción:
XXII. Revisar y fiscalizar la Cuenta Pública del año anterior, discutiendo, aprobando o rechazando, en su caso, un dictamen del Informe General del Resultado, así como de los Informes Individuales de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado y de los Gobiernos Municipales, elaborados por la Auditoria Superior del Estado, con el objeto de someterlo a votación del Pleno, evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de los Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público (las negritas son mías).
XXII Bis. Revisar, discutir, aprobar o rechazar, en su caso, un dictamen del informe que rinda la Auditoría Superior del Estado sobre la aplicación de los recursos públicos estatales o municipales, asignados a los organismos descentralizados o de participación estatal o municipal, en los términos previstos en las leyes. La aprobación del dictamen no suspende el trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado, mismas que seguirán el procedimiento previsto en la Ley”;
Esta reserva fue aprobada, y finalmente la reforma acordada al artículo 43 por el Congreso quedó en la forma propuesta por el PAS.
La reserva presentada por el PAS a las fracciones XXII y XXII BIS del artículo 43 constitucional, poco o nada contribuyó a salvaguardar la facultad del Congreso de revisar y fiscalizar las Cuentas Públicas, sino por el contrario, dieron la estocada final a esta facultad, al limitarla de manera explícita en el texto de este artículo, a la aprobación de dictámenes sobre los informes del órgano fiscalizador.
De igual forma, eliminaron la posibilidad de rechazar la Cuenta Pública, porque sólo podrá rechazar el dictamen lo que implicaría un cuestionamiento del trabajo de la Auditoría Superior del Estado.
La adición a la fracción XXX BIS del artículo 43 tampoco aporta nada en el fortalecimiento de la fiscalización en Sinaloa. De hecho el texto adicionado ya está presente en la fracción XXII del propio artículo respecto a la revisión y fiscalización de las cuentas públicas de los gobiernos estatal y municipales y que se hace extensivo a todos los entes fiscalizables.
La reserva sólo significó establecer explícitamente esta disposición en lo relativo a los organismos descentralizados o de participación estatal.
El PAS argumenta: “El Congreso del estado nunca deja de ser responsable de revisar, fiscalizar, aprobar o rechazar las Cuentas Públicas del gobierno estatal, los municipios y otros organismos fiscalizables”.
En términos jurídicos, de ser aprobada la reforma por las dos terceras partes de los ayuntamientos y publicada en el Periódico Oficial , el Congreso sí perderá la facultad de revisar, fiscalizar o rechazar las Cuentas Públicas del gobierno estatal, porque esa facultad está consignada, de manera precisa y clara, en los dos párrafos del artículo 37 de la Constitución estatal que se pretende derogar. Con la aprobación de la iniciativa, la facultad del Congreso sólo estará limitada a aprobar informes o en su caso “un dictamen” sobre el Informe General del resultado presentado por la Auditoría Superior de Sinaloa, de acuerdo a lo que se propone en las modificaciones al artículo 43 constitucional.
En estricto sentido, gramatical y legal; lo que estaría aprobando el Congreso es que el Informe de la Auditoría Superior del estado se haya hecho adecuadamente y no la Cuenta Pública como tal. Lo que estaría haciendo el Congreso sería un acto de evaluación del órgano fiscalizador (que también es su facultad constitucional) y estaría impedido para hacer un análisis general de la Cuenta Pública (que incluya no solamente el uso de los recursos, sino también la evaluación de la gestión de gobierno) y establecer una posición al respecto al que tienen derecho como representantes de la sociedad.
De igual forma, en caso de que se rechace el dictamen de la Comisión lo que no estarían aprobando es el resultado de la fiscalización no las Cuentas Públicas. En los textos vigentes al respecto tanto en la Constitución estatal como en la Constitución federal, lo que se aprueba o no es la Cuenta Pública y los procedimientos administrativos y/o penales derivados de la fiscalización siguen sus procedimientos de manera paralela. Esto implica un total respeto al trabajo de los órganos fiscalizadores, independientemente de la posición que se adopte respecto a la Cuenta Pública.
Adicionalmente debo señalar que en la exposición de motivos de la iniciativa de reforma, que los legisladores del PAS apoyan con modificaciones, se señala que “ante la madurez y la especialización de la Auditoría Superior del Estado, como órgano técnico con las más amplias facultades de fiscalización y de orden e inicio de procedimientos, tanto de carácter penal, como de índole administrativos, ya no es indispensable que las Cuentas Públicas del Estado sean aprobadas o suspendidas por el Pleno del Congreso…” Esto deja absolutamente claro que el objetivo de la iniciativa de reforma es quitarle al Congreso de Sinaloa la facultad de revisar y fiscalizar las Cuentas Públicas o de rechazarlas de darse el caso y que quienes apoyen esta iniciativa se estarían comprometiendo con estos objetivos que fueron los que le dieron origen.
Señalar que no se le quita al Congreso la facultad de revisar y fiscalizar las Cuentas Públicas, es contradecir los objetivos que le dieron origen a esta iniciativa y que se expresan en las modificaciones propuestas, y, ahí si, mentirle a la sociedad.
Sólo baste recordar que el texto del artículo 37, antes de la reforma de marzo de 2017, era muy preciso al señalar: “La revisión y fiscalización no se limitará a precisar en la documentación comprobatoria de sus documentos contables, que sus ingresos y egresos sean los autorizados, sino que se extenderá a la formulación de las observaciones que procedan y a expedir los finiquitos o, en su caso, a dictar las medidas tendientes a fincar las responsabilidades a quienes les sean imputables, y a efectuarles visitas de inspección cuando menos una vez al año.” Con esta iniciativa se pretende limitar la revisión de la Cuenta Pública a un ejercicio contable de ingresos y egresos.
El PAS argumenta: “No tenemos nada de qué avergonzarnos, la embestida del PAN, MORENA y EL PRD tiene como único objetivo golpear y disminuir al partido, y específicamente al Maestro Cuén en la idea de obstruir el crecimiento que hemos tenido como partido. Principalmente el PAN está muy dolido porque lo desplazamos a la tercera fuerza electoral en el estado”.
No tengo comentarios, es un asunto entre partidos que si entre ellos se queman con el jocoque, allá ellos.
Finalmente, espero que estos comentarios contribuyan a hacer reflexionar a los legisladores del PAS y de otras fuerzas políticas de la sociedad que se han manifestado a favor de este galimatías (dejo de lado al PRI de Sinaloa pues es evidente su silencio y supongo, su gozo de que sea el PAS el que le haga la tarea) y a todos los sinaloenses sobre la importancia de evitar que se promulgue esta reforma que claramente ha señalado como su objetivo el quitarle al Congreso del Estado la facultad de revisar y fiscalizar las Cuentas Públicas en la entidad, aunque pretenda simularlo con otros argumentos.
De aprobarse esta iniciativa, además de violarse lo establecido en la Constitución Federal en la materia, se estaría dando un grave retroceso a la división de poderes, a la transparencia y a la rendición de cuentas, y a la vida democrática en Sinaloa.