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Timestamp: 2019-08-23 16:11:30
Document Index: 379637782

Matched Legal Cases: ['artículo 365', 'artículo 209', 'artículo 3', 'artículo 28', 'artículo 35', 'artículo 52', 'artículo 45', 'artículo 50']

﻿ RESOLUCIÓN 2595 DE 2003
RESOLUCIÓN 2595 DE 11 DE DICIEMBRE DE 2003
CONTENIDO:ENTIDADES DEL SECTOR DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. SE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE SANCIÓN PARA LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. DEROGA LA RESOLUCIÓN 11098 DE 1999.
RESOLUCIÓN 2595 DE 2003
“Por medio de la cual se establece el régimen de sanción para los servicios de vigilancia y seguridad privada”.
(Nota: Véase Resolución 2818 de 2004 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada)
en ejercicio de las facultades legales conferidas por el Decreto 2453 de 1993, el Decreto-Ley 356 de 1994, y
Que la Constitución Nacional en el artículo 365 establece que “los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.
Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios”;
Que conforme se desprende del artículo 209 de la Carta Política, en concordancia con el artículo 3º del Código Contencioso Administrativo y la Ley 58 de 1982, en toda actuación administrativa, es deber de las autoridades garantizar el principio de contradicción, esto es, ofrecer al interesado la oportunidad para debatir los argumentos que las actuaciones administrativas les presenten;
Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 28 del Código Contencioso Administrativo, en el caso de las actuaciones administrativas iniciadas de oficio, el primero y principal deber de las autoridades, es el de informar a las personas interesadas el inicio de la misma, con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa;
Que conforme a lo dispuesto en el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo ninguna autoridad de la República podrá adoptar una decisión o acto administrativo si previamente no ha dado la oportunidad al afectado para expresar sus opiniones;
Que es válido el debido proceso, para toda actividad de la administración pública en general, sin excepciones de ninguna índole y sin ninguna clase de consideraciones sobre el particular;
ART. 1º—Titularidad de la potestad sancionatoria. El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada y el superintendente delegado para la inspección y control, son los titulares de la potestad sancionatoria de los servicios de vigilancia y seguridad privada, a que se refieren los decretos 2453 de 1993 y 356 de 1994.
ART. 2º—Competencia. Serán competentes para iniciar y tramitar el correspondiente proceso sancionatorio e imponer las sanciones que correspondan, el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada y el superintendente delegado para la inspección y control.
ART. 3º—Competencia preferente. El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, es titular del ejercicio preferente del poder sancionatorio en cuyo desarrollo podrá iniciar, instruir, sancionar o remitir en cualquier etapa de la investigación, o el juzgamiento al superintendente delegado para la inspección y control.
ART. 4º—Finalidad del régimen sancionatorio. En la interpretación de las normas del proceso sancionatorio, el funcionario competente deberá tener en cuenta, además de la prevalencia de los principios generales del derecho administrativo y la aplicación de las normas que rigen la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada, que la finalidad del procedimiento es el logro de los objetivos y funciones de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en el control de la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada y sus actividades conexas, a fin de ejercer la inspección, vigilancia y control de los servicios y en el cumplimiento de las garantías debidas a las personas que en él intervienen.
ART. 5º—Principios. En la interpretación de las normas del proceso sancionatorio, el funcionario competente deberá tener en cuenta, la prevalencia de los principios rectores del derecho administrativo, el cumplimiento de las garantías debidas a las personas que en él intervienen y la aplicación de las normas que rigen la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada. La finalidad del procedimiento es el lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en desarrollo de sus funciones de inspección, vigilancia y control de la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada y sus actividades conexas.
ART. 6º—Falta. Para los efectos de la presente resolución, se entiende por falta, toda conducta o comportamiento realizado o ejecutado por el vigilado, que sea contrario a la Constitución, la ley y demás normas y a lo dispuesto en esta resolución y todas aquellas que lo modifiquen, aclaren o reformen.
ART. 7º—Aplicación de normas. En la interpretación y aplicación del presente régimen prevalecerán los principios contenidos en la Constitución Política, el Decreto 2453 de 1993, el Decreto 356 de 1994 y las normas contenidas en los códigos Penal, Procedimiento Penal, Contencioso Administrativo y de Policía.
ART. 8º—Criterios para determinar la sanción. Se tendrán como criterios para efectos de graduar la sanción, los antecedentes del infractor, el grado de perturbación del servicio, la naturaleza y efectos de la falta, las circunstancias de los hechos que dieron lugar a esta y la reincidencia.
ART. 9º—De la clasificación de las faltas. Las faltas se clasifican en:
ART. 10.—Clases de sanciones.
ART. 11.—Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:
ART. 12.—Faltas graves. Son faltas graves las siguientes:
11. Desarrollar u ofrecer servicios de vigilancia y seguridad privada, en modalidades no autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. El servicio vigilado será sancionado con multa de hasta setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
ART. 13.—Faltas leves. Son faltas leves las siguientes:
2. Permitir la participación de capital social y socios no autorizados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, como lo dispone el Decreto 356 de 1994 o que las normar (sic) que las modifiquen, aclaren o adicionen. El servicio vigilado será sancionado con multa de hasta treinta y cinco (35) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
4. No prestar el servicio con personal idóneo y entrenado y con los medios adecuados, según las características del servicio contratado, para prevenir y contrarrestar la acción de la delincuencia. El servicio vigilado será sancionado con multa de hasta veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
11. No tener afiliados a los trabajadores a una caja de compensación familiar. El servicio vigilado será sancionado con multa de veinte hasta (20) (sic) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
15. No reportar, ni actualizar la información que deba contener el registro de actividades de fabricación, importación, instalación, comercialización o arrendamiento de equipos para la vigilancia y seguridad privada. El servicio vigilado será sancionado con multa hasta de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
17. Pagar extemporáneamente de los aportes al sistema general de seguridad social (hasta 2 meses). El servicio vigilado será sancionado con multa de hasta diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
19. No elaborar el registro de compradores y usuarios de equipos para la vigilancia y seguridad privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 del Decreto 356 de 1994. El servicio vigilado será sancionado con multa de hasta diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
35. Por no liquidar los aportes al sistema general de seguridad social, de acuerdo con los porcentajes previstos en la ley. El servicio vigilado será sancionado con multa de hasta cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
ART. 14.—Acumulación de faltas.
3. Cuando existan dos faltas graves que sumadas den más de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes se aplicará sanción de multa equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
ART. 15.—Agravantes. Si se presentare una conducta que agrave las irregularidades en que incurre el vigilado, la sanción se aumentará hasta en diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
ART. 16.—Atenuantes. Si se presentare una conducta que atenúe las irregularidades que incurre el vigilado, la sanción se disminuirá hasta en diez (10) salarios mínimos mensuales vigentes.
ART. 17.—Imposición de sanciones y medidas. En caso de ser procedente, el funcionario competente mediante resolución motivada impondrá las sanciones y medidas a que haya lugar.
ART. 18.—Formas de notificación. La notificación de las decisiones puede ser: Personal o por edicto.
ART. 19.—Notificación personal. Se notificarán personalmente el auto de apertura de proceso sancionatorio, pliego de cargos y el fallo.
ART. 20.—Notificación por edicto. En concordancia con el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo se procederá a notificar por edicto, una vez enviada la citación con el ánimo de notificarle personalmente de la apertura del proceso sancionatorio, del pliego de cargos o del fallo, y si luego de transcurridos cinco (5) días hábiles de haberle enviado la citación no compareciera a notificarse, se fijará el edicto por un término de diez (10) días hábiles, en un lugar visible de la secretaría general de esta superintendencia. Vencido este término se entenderá surtida la diligencia de notificación.
ART. 21.—Clases de recursos y formalidades. Contra las decisiones adoptadas proceden los recursos de reposición, apelación y queja, los cuales se interpondrán por escrito, salvo disposición expresa en contrario, dependiendo del funcionario que las haya adoptado.
ART. 22.—Oportunidad para interponer los recursos. Los recursos de reposición y apelación se podrán interponer dentro de los (5) cinco días hábiles siguientes a la notificación personal o por edicto en concordancia con el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo.
ART. 23.—Recurso de reposición. El recurso de reposición procederá únicamente contra la decisión que se pronuncia de la nulidad y la negación de la práctica de pruebas y contra el fallo de primera instancia.
ART. 24.—Recurso de apelación. El recurso de apelación procederá únicamente contra las siguientes decisiones adoptadas por el superintendente delegado para la inspección y control: La que niega la práctica de las pruebas solicitadas en los descargos y el fallo de primera instancia.
ART. 25.—Apertura del proceso sancionatorio y formulación de cargos. Cuando el informe ofrezca serios motivos de credibilidad de que se están infringiendo las disposiciones que rigen los servicios de vigilancia y seguridad privada, el funcionario competente, por auto, ordenará la apertura del proceso sancionatorio, formulando los cargos que se desprendan de las pruebas aportadas u obtenidas.
ART. 26.—Notificación de los cargos. El pliego de cargos se notificará personalmente o por edicto. Contra el auto de apertura de proceso sancionatorio y pliego de cargos no procede recurso alguno.
ART. 27.—Descargos. Notificado el pliego de cargos, el expediente quedará en la secretaría general, por el término de (10) diez días hábiles, a disposición del vigilado, quien podrá aportar y solicitar pruebas. Dentro del mismo término, el vigilado a su (sic) apoderado, podrá presentar sus descargos.
ART. 28.—Término probatorio. Vencido el término señalado en el artículo anterior, el funcionario ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas o las decretadas de oficio, de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad.
ART. 29.—Comisión para la práctica de pruebas. El funcionario competente podrá comisionar para la práctica de pruebas a otro funcionario idóneo.
ART. 30.—Prueba trasladada. Las pruebas practicadas válidamente en una actuación judicial o administrativa, dentro o fuera del país, podrán trasladarse al proceso sancionatorio y se apreciarán de acuerdo con las reglas preexistentes según la naturaleza de cada medio probatorio.
ART. 31.—Procedimiento. El procedimiento abreviado previsto en este capítulo, se aplicará para aquellos servicios de vigilancia y seguridad privada que se encuentren incursos en las conductas descritas en el artículo siguiente.
ART. 32.—Clasificación de las conductas y sanciones. Las faltas en que incurran los vigilados en cumplimiento de la prestación de este servicio, se clasificarán de la siguiente manera:
b) Cobrar una tarifa inferior a la prevista en el Decreto 73 de 2002 o en la norma que lo reemplace o modifique, para los servicios de vigilancia y seguridad privada;
a) No remitir la información, dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes. Sanción: Multa entre 10 y 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes;
b) Emplear el vehículo automotor para el traslado de objetos de valor y dinero entre otros o a personas diferentes. Sanción: Cancelación de la autorización o permiso;
ART. 33.—Inicio de la actuación. Verificado el incumplimiento por parte de los vigilados de las obligaciones de que tratan los artículos anteriores, bien sea mediante queja, de oficio o como consecuencia de una investigación, la superintendencia procederá de la siguiente manera:
2. Recibida la comunicación por parte del vigilado, se ordenarán las pruebas que considere pertinentes para lograr el esclarecimiento de los hechos.
3. Una vez practicadas, el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, o el superintendente delegado para la inspección y controecisión (sic) motivada, evaluará el mérito de las pruebas recaudadas, sancionará u ordenará el archivo de la actuación.
ART. 34.—Caducidad. La facultad que tiene la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para imponer la correspondiente sanción caduca a los tres (3) años de producido el último acto que pueda ocasionar la imposición de la respectiva sanción o medida.
ART. 35.—Transición. Los procesos sancionatorios iniciados hasta la fecha de publicación de la presente resolución, se regirán por el procedimiento dispuesto en la Resolución 11098 de 1999.
ART. 36.—Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga la Resolución 11098 de enero 22 de 1999 y demás normas que le sean contrarias.