Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2015-00810-de-agosto-2-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_819361bba05e4793a2f15519624c568a&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-15 04:14:17
Document Index: 276488578

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 37', 'artículo 59', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 14', 'artículo 19', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 45', 'artículo 28', 'artículo 37']

﻿ SENTENCIA 2015-00810 DE AGOSTO 2 DE 2017
SENTENCIA 2015-00810 DE 02 DE AGOSTO DE 2017
CONTENIDO:NO COMPARECENCIA DEL ABOGADO A AUDIENCIAS DEL PROCESO PENAL, CONFIGURA UNA FALTA A LA DEBIDA DILIGENCIA PROFESIONAL Y UNA AFECTACIÓN AL DERECHO A LA DEFENSA TÉCNICA DE SU CLIENTE. SE ESTABLECE QUE CONFIGURA FALTA CONTRA LA DEBIDA DILIGENCIA PROFESIONAL, PREVISTA EN EL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY 1123 DEL 2007, LA NO COMPARECENCIA A LAS AUDIENCIAS PROGRAMADA DENTRO DEL PROCESO PENAL CONTRA SU CLIENTE, SIN QUE JUSTIFIQUE SU INASISTENCIA, PESE A SER NOTIFICADO EN ESTRADOS RESPECTO A LA FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN DE LAS MISMAS. EN ESE SENTIDO EL DESCUIDO CONFIGURA UNA FALTA EN TANTO DEJA DE REALIZAR OPORTUNAMENTE LAS DILIGENCIAS PROPIAS DE SU ACTUACIÓN PROFESIONAL QUE TRANSCIENDE AL PUNTO DE AFECTAR EL DERECHO A LA DEFENSA TÉCNICA DE SU CLIENTE Y OCASIONA UNA DILACIÓN INJUSTIFICADA DEL PROCESO, ALTERANDO EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA JUSTICIA. EN CONSECUENCIA, SE CONFIRMA LA SANCIÓN DE SUSPENSIÓN DE DOS MESES DEL EJERCICIO PROFESIONAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ABOGADO DE CONFIANZA, SANCIONES AL ABOGADO, DEFENSA TÉCNICA, ABOGADO, DEBERES DEL ABOGADO, FUNCIONES DEL ABOGADO, SUSPENSIÓN DEL ABOGADO, FALTAS DEL ABOGADO, FALTAS DISCIPLINARIAS DEL ABOGADO, DERECHO A LA DEFENSA TÉCNICA
PONENTE:VILLAMIL HERNÁNDEZ, JULIO CÉSAR
Sentencia 2015-00810 de agosto 2 de 2017
Rad.: 050011102000201500810 01
Aprobado según Acta 61 de esta misma fecha
Dr. Julio César Villamil Hernández
Bogotá D.C., dos de agosto de dos mil diecisiete.
De acuerdo con las atribuciones conferidas por los artículos 256 numeral 3 de la Constitución Política; 112 numeral 4 de la Ley 270 de 1996 en armonía con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007, esta Sala es competente para revisar por vía del grado jurisdiccional de consulta la decisión del 26 de octubre de 2016, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia.
Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 02 de 2015, se adoptó una reforma a la rama judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció:
“(...) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.
En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales de disciplina judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales de disciplina judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.
En desarrollo de la competencia antes mencionada, y sin que se aprecie que concurra causal de nulidad que inhiba a la Sala para hacer un pronunciamiento de fondo, a ello se procederá, con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales atinentes al tema a debatir.
Es menester iniciar el estudio de las presentes diligencias trayendo a colación los elementos constitutivos de las faltas disciplinarias. En primer término, la ocurrencia objetiva del hecho por el cual se incumple el deber del abogado; en segundo lugar, el factor subjetivo en el cual se determina la responsabilidad por el hecho objetivo, es decir, el incumplimiento del deber legal.
En estas condiciones, no observándose la existencia de vicios que afecten la estructura del debido proceso o las garantías de los intervinientes en la actuación procesal, la Sala abordara el tema específico de la falta a la debida diligencia profesional, consagrada en el artículo 37 numeral 1 de la Ley 1123 de 2007, teniendo en cuenta las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.
Ahora bien, procede esta corporación a destacar en primer lugar que el control disciplinario que por mandato de la Constitución esta jurisdicción ejerce sobre la conducta profesional de los abogados, tiene como objetivo primordial el cumplimiento efectivo de su principal misión, de defender los intereses de la colectividad y de los particulares, mediante el ejercicio responsable, serio, honesto, cuidadoso y diligente de la profesión.
Esa misión se concreta en la observancia de los deberes frente al ejercicio de la abogacía como garantía de que efectivamente los profesionales del derecho conserven la dignidad y el decoro profesional; colaboren lealmente en la recta y cumplida administración de justicia; observen mesura, seriedad y respeto con los funcionarios y con todas las personas intervinientes en los asuntos de su profesión; obren con absoluta lealtad y honradez con sus clientes y colegas; guarden el secreto profesional, y atiendan con celosa diligencia sus encargos profesionales. En la medida del cumplimiento de esos deberes, la abogacía colaborará efectivamente en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de la justicia material, cumpliendo así su función social.
Ahora bien, se tiene que el a quo sancionó al abogado Christian Camilo Areiza, con suspensión de dos (2) meses del ejercicio de la profesión, al hallarlo responsable de la comisión de la falta disciplinaria prevista en el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, la que es del siguiente tenor:
“ART. 37.—Constituyen faltas a la debida diligencia PROFESIÓN al:
1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas”.
Siendo esto así, encuentra esta Sala que el material probatorio arrimado a estas diligencias permite concluir que, efectivamente, en la compulsa de copias de la juez 8 penal del circuito con funciones de conocimiento de Medellín-Antioquia, la señora Julieth Alejandra Parra García, confirió poder especial al investigado para que la representara como defensor al interior de un proceso penal seguido en su contra por los delitos de tráfico, fabricación, o porte de estupefacientes, sin este haber asistido a varias audiencias programadas por el despacho porque estaba adelantando un trámite judicial en la ciudad de Cartagena, así lo informo al juzgado de conocimiento, que lo requirió para que suministrara los datos de los procesos pero el abogado no lo hizo.
Del recuento procesal, lo manifestado por la juez 8 penal del circuito con funciones de conocimiento de Medellín-Antioquia, en la compulsa de copias y el material probatorio al interior de la presente investigación, se pudo establecer que el abogado no justificó su inasistencia reprochable desde cualquier punto de vista su comportamiento ya que como profesional del derecho sabía de los deberes y obligaciones que le competían y descuidó su ejercicio, de otro lado no obra prueba que el encartado haya actuado bajo el amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
Además de lo anterior, no puede ser de recibo los argumentos de la defensa, como ya se indicó, el togado no justificó su inasistencia y lo que se reprocha es la no comparecencia a las audiencias preparatoria previstas por el despacho para el 12 de septiembre de 2014, y 16 de diciembre de 2014, 19 de marzo y 13 de abril de 2015, y no su desempeño en las diligencias en las que sí se hizo presente.
Respecto a que carece de antecedentes disciplinarios, conforme al artículo 45 de la Ley 1123 de 2007 será tenido en cuenta como un criterio de graduación de la sanción.
En este caso, se le reprocha al abogado la inobservancia de su deber profesional por cuanto con su conducta el togado afectó, sin justificación alguna, el deber que le asistía de atender con celosa diligencia el encargo profesional encomendado, faltando a uno de sus deberes profesionales consagrado en el numera 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007.
En consecuencia, se tiene que las pruebas aportadas al diligenciamiento conducen a la certeza, no solo de la existencia de la falta imputada, sino también de la responsabilidad del disciplinable, por lo tanto se confirmará la sentencia consultada en donde se sancionó al doctor Christian Camilo Areiza, como autor responsable de la falta prevista en el artículo 37.1 de la Ley 1123 de 2007.
3. Dosimetría de la sanción.
En lo que respecta a la dosificación de la sanción impuesta de suspensión de dos (2) meses del ejercicio de la profesión, la Sala mantendrá la impuesta por la primera instancia, toda vez que la misma guarda armonía con los criterios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad previstos en el marco de un Estado social de derecho ya que el seccional tuvo en cuenta el perjuicio ocasionado a su cliente, la acotación de los cargos endilgados y la modalidad culposa como se calificó.
1. CONFIRMAR el fallo proferido el 26 de octubre de 2016, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, mediante la cual SANCIONÓ con SUSPENSIÓN DE DOS (2) MESES DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN, al abogado Christian Camilo Areiza, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.
2. NOTIFICAR la presente decisión al sancionado, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.
4. DEVUÉLVASE el expediente al Consejo seccional de origen para que notifique a las partes dentro del proceso.