Source: http://hrlibrary.umn.edu/cases/S9-94.html
Timestamp: 2018-02-22 16:26:38
Document Index: 107386119

Matched Legal Cases: ['artículo 50', 'artículo 47', 'artículo 46', 'artículo 48', 'artículo 42', 'artículo 42', 'in fine']

Pascal et al. v. Haiti, Casos 11.105, 11.107, 11.110, 11.111, y 11.112, Informe No. 9/94, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.85 Doc. 9 rev. en 224 (1994).
CASOS 11.105, 11.107, 11.110, 11.111, 11.112, 11.113, 11.114, 11.118, 11.120, 11.122 y 11.102
Caso Nº 11.105
Caso Nº 11.107
Caso Nº 11.110
Yolette Etienne, Inelda Cesar y Kedner Bazelais, miembros del grupo Solidaridad entre Jóvenes (SAJ), una organización de jóvenes laicos ligados estrechamente al Presidente Aristide, fueron ilegalmente detenidos en Puerto Príncipe, el 1 de septiembre de 1992. Las mencionadas personas fueron arrestadas por 10 militares armados después de una indagatoria, efectuada sin la presencia de un juez, que tuvo lugar en un local de la organización a la que los jóvenes pertenecían.
Durante su detención, las víctimas fueron objeto de malos tratos infligidos por las fuerzas militares que procedieron a su arresto.
Caso Nº 11.111
Caso Nº 11.112
Caso Nº 11.114
Carlos Bassette, Mathurin Vincent y Travil Lamour fueron arbitrariamente detenidos por militares de la región y conducidos a la prisión del sub-distrito de Barraderes, en la región de Nippes, el 24 de septiembre de 1992. Desde el momento de su arresto, las mencionadas personas han sido objeto de torturas y malos tratos. Los detenidos son miembros de organizaciones populares y habían sido perseguidos en Barraderes con anterioridad a su actual arresto, motivo por el cual permanecieron escondidos por unos meses. De regreso a la zona, fueron detenidos y desde ese momento han estado sometidos a torturas y continuos malos tratos.
Asimismo, otros militantes de las mismas organizaciones son actualmente perseguidos. Ellos son: Jean Sylvian Toussaint, Christian Etienne, St- Paul, Jean Robert Noel y Gaston Joseph.
Caso Nº 11.113
Eliphete M. Abeltus, escribano de un Tribunal de Paz, fue arbitrariamente arrestado en Port-Margot el 2 de octubre de 1992. Los responsables de su detención fueron efectivos militares, quienes consideraban que Abeltus era un simpatizante muy cercano al Presidente Aristide y responsable de los movimientos de resistencia en Port-Margot. Eliphete M. Abeltus fue severamente golpeado durante el período de su detención.
Caso Nº 11.118
Caso Nº 11.120
Caso Nº 11.122
Caso Nº 11.102
5. En el Informe 33/93, la Comisión formuló las siguientes recomendaciones, con fundamento en el artículo 50, inciso 3 de la Convención y el artículo 47 del Reglamento de la Comisión:
a. Realice una exhaustiva e imparcial investigación sobre los hechos denunciados a fin de someter a los responsables a la acción de la justicia, lo más pronto posible, y reciban las sanciones establecidas por la ley;
b. Adopte las medidas necesarias para impedir que hechos de tal gravedad puedan volver a ocurrir;
La práctica institucionalizada e impune de la violencia y la corrupción, originada por los integrantes del ejército y la policía, cuya función es, precisamente proteger las garantías de los ciudadanos, ha generado una serie de abusos en contra de la población haitiana... Por otra parte, las autoridades judiciales no han mostrado eficiencia ni decisión en resolver las investigaciones sobre esas violaciones.[1]
6. Que los hechos descritos supra configuran "... la existencia de una práctica o política ordenada o tolerada por el poder público, cuyo efecto es el de impedir ... la utilización de los recursos internos..."[2] Como ha establecido la Corte Interamericana en el caso Velásquez Rodríguez: "En tales casos el acudir a esos recursos se convierte en una formalidad que carece de sentido. [Por ello] las excepciones del artículo 46 (2) [relativas al agotamiento de los recursos internos] serían plenamente aplicables en estas situaciones y eximirían de la necesidad de agotar recursos internos que, en la práctica, no pueden alcanzar su objeto".[3]
10. Que al no haber dado respuesta, los que ejercen el poder en Haití no han cumplido la obligación internacional de suministrar información dentro de un plazo razonable, como lo establece el artículo 48 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que independientemente de la situación política imperante en el país, continúa vigente la Convención. En consecuencia, quienes ejercen el poder tienen no solamente la obligación de respetar los derechos contenidos en dicho acuerdo internacional, sino también de garantizar su pleno y libre ejercicio.
11. Que el artículo 42 del Reglamento de la Comisión establece la presunción de los hechos denunciados, si en el plazo fijado por la Comisión, el Gobierno no aporta la información correspondiente y dicha negativa ha quedado demostrada en los párrafos anteriores. El artículo 42 in fine, condiciona la presunción de los hechos alegados siempre y cuando de otros elementos de convicción no resultare una conclusión diversa. En el presente caso, no existe una conclusión diversa, toda vez que la Comisión ha señalado anteriormente que la información recibida por diversas fuentes le ha permitido corroborar que la mayoría de las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el año de 1992 se generaron dentro de un contexto político propiciado por aquellos que están en el poder en su empeño por consolidarlo.[4]
El Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune [...] puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción.[5]
[1] Doc. OEA/Ser.L/V/II.83, doc. 18, del 9 de marzo 1993, pp. 52.
[2] Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de Julio de 1988. Serie C Nº 4., p. 29.
[4] Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Haití, supra nota 1, p. 52.