Source: http://colombiaaldia.co/estados/boletines/boletin_7_2012/index.htm
Timestamp: 2018-12-11 04:35:26
Document Index: 61771375

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 32', 'artículo 33', 'artículo 38', 'artículo 510', 'artículo 171', 'artículo 87', 'artículo 683', 'e contrario', 'in dubio']

Boletín 07/2012
Doctor DAVID FERNANDO RAMÍREZ FAJARDO[1]
Una de las sentencias incorporadas al interior del presente boletín recoge una posición vertebral que sirve de sostén a la concepción de Estado social de derecho; es la siguiente:
“…el valor ontológico conferido a la dignidad humana y la protección intrínseca al ser que se deriva de la visión humanista de la Carta Fundamental, la jurisprudencia constitucional y la doctrina vgr, la de Kant quien señaló al referirse a una conducta acorde a los postulados de la dignidad humana, propia de un Estado social de derecho: “obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio”, impone a los asociados y al poder público la carga de ejecutar sus conductas de conformidad con tales axiomas, vale decir procurando que las actuaciones surtidas por ellos, garanticen la protección efectiva del individuo en sí mismo considerado, sin atender a las condiciones y calidades propias de cada ser, es decir considerando al ser humano siempre como un fin en sí mismo…” [2]
Sin lugar a dudas, la razón de ser del derecho es la valoración de la dignidad humana en todas sus manifestaciones, al punto que la utilización de la disciplina para otros fines desdibuja y, en el peor de los casos, niega tal finalidad.
El talento humano vinculado a la Jurisdicción Contenciosa debe ser conciente de dicho propósito para que todos los aportes de su arduo trabajo, sin excepción, se encaminen hacia el objetivo de contribuir a la solidificación de la concepción del ser humano, razón de ser del Estado.
En la presente edición del Boletín del Tribunal Administrativo del Cauca encontrará treinta y tres (33) pronunciamientos de la Corporación sobre diversos temas; adicionalmente la Relatoría ha incluido un documento titulado: LÍNEA JURISPRUDENCIAL SOBRE INEMBARGABILIDAD DE LOS BIENES Y RECURSOS DEL ESTADO -REGLA GENERAL Y EXCEPCIONES A LA INEMBARGABILIDAD DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES – compartido por el Magistrado del Tribunal Administrativo de Sucre y ex Magistrado de esta Corporación, Doctor Moisés Rodríguez Pérez, el cual consideramos puede ser de especial interés por la temática desarrollada basada en pronunciamientos de la Corte Constitucional.
Agradecemos a todos nuestros lectores, el seguimiento que hacen del presente medio de divulgación y la expectativa que continúan teniendo con la expedición de cada número del boletín. Nos complace serles de utilidad.
PRINCIPALES PROVIDENCIAS PROFERIDAS POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2012.
1. NULIDAD SIMPLE/ Decreto Departamental/ Falsa motivación/ Debe tener respaldo probatorio/ Establecimientos educativos oficiales y sus respectivas sedes ubicadas en territorios indígenas. 19001233300220100019900 MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
2. NULIDAD SIMPLE/ Acuerdo municipal/Extralimitación de funciones del Concejo/ Establecimiento de un tributo por fuera de la ley/ Las entidades territoriales solamente pueden establecer tributos dentro de su jurisdicción/ Sobretasa sobre la liquidación del impuesto predial/Ley 322 de 1996. 1900123000022009006200 MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
3. TUTELA/ Derecho a la salud/Persona de la tercera edad/ Vulneración por cambio de medicamentos, de marca a genéricos, que no lograron los mismos efectos contrariando orden médica del especialista. 19001230000020120032900. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
4. TUTELA/ Derecho a la salud/ Enfermedad que genera discriminación social y familiar/La orden judicial debe proteger la intimidad y la dignidad de la accionante/Confirma decisión del a quo. 19001333100420120006401 MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
5. TUTELA/ Derecho de petición/ Persiste la vulneración al no notificar de la respuesta al peticionario, así se haya aportado al juez de tutela. 19001230000020120033000 MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado
6. TUTELA/ Procedencia para evitar perjuicio irremediable/ Concurso de méritos/ Circunstancia especial de incapacidad médica que le impidió al actor hacer parte de la evaluación de personalidad. 19001230000220120028500 MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
7. TUTELA/ Traslado de jueces/ Parámetros jurisprudenciales para realizarlos cuando se trata de funcionarios de carrera. 19001333100220120006 MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
8. TUTELA/ Derecho a la libertad de prensa vs. Derecho al buen nombre/ Reivindicación de la dignidad humana como valor supremo en un Estado social de derecho/ Revoca decisión del a quo. 19001333100620120007101. MP/Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
9. TUTELA/ Improcedencia/ Para controvertir decisión del Ejecutivo departamental de no reelegir a Gerente de ESE/Debe acudirse a la vía ordinaria/Confirma decisión del a quo. 19001333100720120001501. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
10. TUTELA/ Reliquidación de pensión/ Incumplimiento de fallo judicial ordinario/ Vulneración del mínimo vital de persona de tercera edad/ Revoca fallo del a quo. 19001333100420120006501. MP/Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
11. TUTELA/ Derecho a vacaciones/ Es derecho fundamental conforme a la jurispriudencia/ Funcionario judicial/ Concede. 19001230000220120032400. MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
12. TUTELA/ Derecho de petición/ La respuesta de la Entidad se suministró con fecha posterior al fallo de primera instancia /Confirma decisión del a quo. 19001333100120120004901. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
13. TUTELA/ Internos/ Kit de aseo/ Elementos mínimos que lo conforman/ Hecho superado/ Confirma decisión del a quo. 19001333100520120010901 MP/Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
14. Tutela/ Derecho a la seguridad social/ Solicitud de traslado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida/ La negativa frente a la solicitud no vulnera derechos fundamentales/Confirma decisión del a quo. 19001333100620120007801 MP/Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
15. TUTELA/Temeridad/Accionante no abogado/Consecuencias. 19001230000020120030200 MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
16. CONTROVERSIA CONTRACTUAL/ Perjuicio material en la modalidad de daño emergente, perjuicio moral y alteración a las condiciones de existencia a favor de la contratista/ Faltan elementos probatorios/ Confirma sentencia del a quo. 19001230000120050039601. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
17. CONTROVERSIA CONTRACTUAL/ Administración de los recursos del régimen subsidiado en salud/ Contratos suscritos entre Municipio y CAPRECOM, no eran susceptibles de renovación automática/Fueron suscritos en vigencia de los acuerdos 077 de 1999, 223 y 225 de 2002, y Acuerdo 244 de 2003, los cuales no prevén dicha posibilidad. 19001233100220050041100. MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz
18. CONTROVERSIA CONTRACTUAL/ Equilibrio contractual/ Su rompimiento no se configura ya que se realizaron las adiciones necesarias tanto en obra, plazo y monto. 1900123310022000374100. MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz
19. EJECUTIVO CONTRACTUAL/ Acto administrativo contentivo de la liquidación unilateral de un contrato/Imperfección por haber sido expedido por fuera del término legal/Factor temporal de competencia/Inexistencia del título ejecutivo/Confirma decisión del a quo. / En el proceso ejecutivo se regulan por el Código de Procedimiento Civil. 19001230000120060039802. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
20. REPARACIÓN DIRECTA/ Dentro de proceso ejecutivo/ Presuntos daños por remate de bien inmueble/No se allegaron copias auténticas de las providencias judiciales/Se niegan las pretensiones/ Funciones de secuestre/La parte demandante no cumplió con la carga probatoria que le asiste y no demostró la existencia del daño patrimonial. 1900123000320100020300. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
21. REPARACIÓN DIRECTA/ Lesión a interno/ Argumento presentado en la apelación y no planteado en la demanda como sustento de las pretensiones resarcitorias/ Al no haber sido debatido en el proceso no está llamado a fundar un fallo favorable/Confirma decisión del a quo. 19001230000320070012301. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
22. REPARACIÓN DIRECTA/ Responsabilidad médica/Remisión de paciente/ No hubo negligencia del Hospital en la atención del paciente, dentro de sus posibilidades técnicas. 19001230000120070037300. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
23. REPARACIÓN DIRECTA/ Adición de sentencia/ Responsabilidad del llamado en garantía frente a la condena judicial del Ejército Nacional por acceso carnal violento cometido por militar. 19001230000420060088601. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
24. REPARACIÓN DIRECTA/Privación injusta de libertad/ Alteración de las condiciones de existencia/ Debilitamiento de los lazos familiares en razón de la detención. 1900123000020100001300 MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
25. REPARACIÓN DIRECTA/ Secuestro/ Presunta omisión del ejército al no realizar operativos militares/ Falta nexo causal. 19001230000020030009900. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
26. REPARACIÓN DIRECTA/ Lesiones a internos/ Pruebas aportadas por fuera de la oportunidad procesal no puede ser objeto de valoración judicial/Principio de preclusión/Niega pretensiones/ Confirma decisión del a quo. 19001230000420060088501. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
27. REPARACIÓN DIRECTA/ Muerte de civil a manos de la policía/ Hecho exclusivo y determinante de la víctima. 1900123000012001436800. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
28. REPARACIÓN DIRECTA/ Lesiones a internos/ Responsabilidad objetiva/ No le asiste razón al a quo cuando fundó la sentencia de primera instancia en que el demandante no demostró la falla probada en el servicio/Revoca sentencia de primera instancia. 19001333100520050048301. MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
29. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Facultad discrecional/Policía Nacional/ El acto de retiro no requiere motivación/Revoca decisión del a quo. 19001230000320050118101 MP/Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
30. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Ascenso en el escalafón docente/ No puede reutilizarse título profesional ya utilizado para un ascenso/Modifica decisión del a quo. 19001333100520060096801. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
31. SALVAMENTO DE VOTO/Reparación directa/ Secuestro/Se presentó falla de servicio de la Policía Nacional/Omisión del deber de protección. 19001230000020030009900SV/Magistrado Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
32. SALVAMENTO DE VOTO/ Ejecutivo contractual/ La extemporaneidad de la liquidación del contrato realizada en forma unilateral por la parte demandante no es propia de un proceso ejecutivo. 19001230000120060039802SV MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
33. SALVAMENTO DE VOTO/ Reparación directa/ Privación injusta de libertad/ La medida de privación de libertad fue plenamente proporcionada/ Hubo comportamiento irregular del encartado en la investigación penal. 19001230000120070027700SV MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
Sentencia: 21 de junio de 2012
Expediente: 19001233300220100019900
Tema tratado: Decreto Departamental/ Falsa motivación/ Debe tener respaldo probatorio/ Establecimientos educativos oficiales y sus respectivas sedes ubicadas en territorios indígenas.
“Ahora bien, la falsa motivación debe tener respaldo probatorio para llevar al juzgador a la certeza incontrovertible de que los motivos que la administración tuvo para expedir el acto enjuiciado no son aquellos que la ley señala para tal efecto o que los fundamentos que le dan origen no son los que se manifiestan. (…) No obstante las afirmaciones realizadas por el actor, analizado el material probatorio obrante en el proceso, no se observa prueba alguna que permita determinar que efectivamente los centros educativos a los que se refiere el decreto 102 de 2010 se encuentren ubicadas en dichos territorios, precisando que la carga de la prueba le corresponde a la parte demandante.(…) En el caso en estudio, la carga de la prueba imponía a actor la demostración de la falsa motivación alegada, toda vez que era al demandante a quien le correspondía demostrar en las etapas procesales pertinentes, el supuesto que fundamentaba su pretensión. Pese a lo anterior, el actor incumplió con su carga probatoria, que si bien es dispositiva, era de su incumbencia realizarla, por lo que su omisión le trae consecuencias desfavorables”.
Sentencia: 07 de junio de 2012
Expediente: 1900123000022009006200
Tema tratado: Acuerdo municipal/Extralimitación de funciones del Concejo/ Establecimiento de un tributo por fuera de la ley/ Las entidades territoriales solamente pueden establecer tributos dentro de su jurisdicción/ Sobretasa sobre la liquidación del impuesto predial/Ley 322 de 1996.
“…al extenderse la sobretasa concebida en el parágrafo único del artículo 2 de la Ley 322 de 1996, a las juntas de Defensa Civil y al Comité de la Cruz Roja (Caloto), el Concejo Municipal se extralimitó en sus funciones, al establecer un tributo que no ha sido autorizado por el legislador, en atención a que la ley solamente le otorgó la competencia a dichas Corporaciones Administrativas para establecer la sobretasa sobre los impuestos municipales con el objetivo de financiar las actividades desarrolladas por los cuerpos de bomberos. Así las cosas, y atendiendo los parámetros constitucionales, legales y jurisprudenciales, las entidades territoriales solamente pueden establecer tributos dentro de su jurisdicción, con sujeción a lo dispuesto en la ley. Observa la Sala, que el Acuerdo No. 034 de 2004 expedido por el Concejo Municipal de Caloto (Cauca), modifica los artículos 85, 86 y 87 del Acuerdo No. 014 de 2001, y establece una sobretasa sobre la liquidación del impuesto predial para los bomberos voluntarios, la junta de defensa civil y el Comité Municipal de la Cruz Roja, desconociendo lo dispuesto en la ley 322 de 1996, la cual solamente autoriza a los Concejos Municipales para el establecimiento de una sobretasa destinada a financiar la actividad bomberil. Al prosperar el primer cargo de nulidad del acto administrativo demandado, se releva la Sala del análisis de los demás cargos”.
Expediente: 19001230000020120032900
Tema tratado: Derecho a la salud/Persona de la tercera edad/ Vulneración por cambio de medicamentos, de marca a genéricos, que no lograron los mismos efectos contrariando orden médica del especialista.
“De conformidad con lo anterior, estima la Sala que la decisión de la Policía Nacional de cambiar los medicamentos TRAVATAN y COSOPT por su equivalente en el vademécum vulnera los derechos de (…), pues estos fármacos además de venir siendo utilizados desde hacia ya varios años con buenos resultados, no pueden ser remplazados por otros pues según el mismo médico tratante, el cual es especialista en oftalmología, después de haberlo hecho se verificó que éstos no disminuyeron la presión intra ocular, lo cual acarrearía un gradual daño en el ambos nervios oculares, lo cual produciría la ceguera permanente del accionante. Por lo tanto, la entidad demandada está en la obligación de entregar los medicamentos de marca, en razón a que el especialista quien tiene a su cargo el cuidado de la salud y de la vida del paciente, lo determinó, razón más que suficiente para que ni la entidad demandada, ni esta Corporación, estén facultadas para modificar el nombre, calidad o cantidad del medicamento, cuando el medicamento genérico no tiene los mismos efectos en el paciente. (…) Todo lo anterior, aunado a que el accionante es un adulto mayor hace que sea necesario garantizar sus derechos fundamentales, siendo la acción de tutela el mecanismo idóneo para alcanzar el mejoramiento de la atención en salud de las personas de la tercera edad, “en razón de su condición de vulnerabilidad que requiere de una especial atención y consideración”.
Sentencia: 22 de junio de 2012
Expediente: 19001333100420120006401
Tema tratado: Derecho a la salud/ Enfermedad que genera discriminación social y familiar/La orden judicial debe proteger la intimidad y la dignidad de la accionante/Confirma decisión del a quo.
“Finalmente, advierte la Sala que la demandante padece de una enfermedad (papilomavirus) que genera un alto grado de discriminación en nuestra sociedad, y que esa discriminación se da no sólo con las personas que la padecen, sino también con las personas que hacen parte de su núcleo familiar; en tal sentido, es imperioso impartir una orden que proteja el derecho a la intimidad y a la dignidad de la accionante y de su familia, por lo cual se ordenará ocultar su nombre, en las sentencias de primera y de segunda instancia. En mérito de lo expuesto, la Sala considera que no hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Popayán, que resolvió tutelar los derechos fundamentales a la salud, vida y seguridad social de la señora (…), por lo que confirmará dicha sentencia; y además, adicionará un numeral impartiendo la orden referida en el párrafo anterior”.
Sentencia: 20 de junio de 2012
Expediente: 19001230000020120033000
Tema tratado: Derecho de petición/ Persiste la vulneración al no notificar de la respuesta al peticionario, así se haya aportado al juez de tutela.
“La Sala observa que para el momento de interposición de la presente acción de tutela, a pesar de haber trascurrido el término legal para responder la solicitud efectuada por la actora, la entidad no la había resuelto, pues fue sólo hasta la interposición de la misma que la demandada se pronunció sobre la solicitud y ni siquiera lo hizo comunicando lo pertinente a la señora (…) sino que lo requerido por la actora lo informó únicamente al Tribunal como parte del trámite de la tutela, razón por la que se considera que a la fecha persiste la vulneración del derecho fundamental de petición, advirtiendo que éste sólo se garantiza con una respuesta clara y oportuna y no significa que se deba acceder necesariamente a lo pedido”.
Sentencia: 06 de junio de 2012
Expediente: 19001230000220120028500
Tema tratado: Procedencia/ Para evitar perjuicio irremediable/ Concurso de méritos/ Circunstancia especial de incapacidad médica que le impidió al actor hacer parte de la evaluación de personalidad.
“Se precisó al inicio de la providencia que la reclamación del accionante hace relación al amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo, cuyo desconocimiento se da por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC y de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, al negarle la oportunidad de realizar, en una nueva fecha, la Prueba de personalidad, que hace parte de la evaluación de la personalidad del aspirante dentro del concurso de méritos de la Convocatoria No 131 de 2011, no obstante a pesar de acreditar ante la misma su situación de incapacidad médica, a causa de un ingesta de “arroz con pollo” que le afectó su salud produciéndole dolor abdominal, acompañado de diarrea con sangre, moco y fiebre lo que le generó una incapacidad de tres días. Dado que el actor no cuenta con otro mecanismo idóneo y expedito de defensa judicial, por cuanto las acciones ordinarias se prologarían en el tiempo, encuentra la Sala que en el presente caso, resulta procedente la acción de tutela, para la defensa de sus derechos fundamentales invocados (…)Frente a las consideraciones de las entidades accionadas, la Sala dirá que es cierto como imperativo el deber que le asiste a la autoridad regente del proceso de selección (cualquier proceso), exigir de parte de los aspirantes-concursantes el acatamiento de las reglas que lo gobiernan, precisamente para garantizar, entre otras, la igualdad de oportunidades y en general la bienandanza del concurso, pero también es claro que en el caso del actor se presenta una situación verdaderamente excepcional que sugiere un especial tratamiento, disímil del propuesto por la entidad accionada, según el cual la consecuencia de su inasistencia a la prueba puede afectarlo para lograr un posible ascenso al cargo de “Oficial Logístico”, encontrándose inmerso en el Art 4º del Acuerdo No 163 de 5 de octubre de 2011, en el que se especifican las causales de exclusión de la convocatoria, más específicamente el literal d); dispositivo éste que se inaplicará en el sub lite por ser violatorio del debido proceso, en tanto no ofrece dispensa ninguna, ni oportunidad, para revisar situaciones como la padecida por el actor, sin que ninguna persona esté ajena a ella”.
Expediente: 19001333100220120006
Tema tratado: Traslado de jueces/ Parámetros jurisprudenciales para realizarlo cuando se trata de funcionarios de carrera.
“Se debe precisar que conforme a la jurisprudencia constitucional, en aquellos casos en los cuales se deba elegir entre una persona ubicada en la lista de elegibles y un funcionario que ha solicitado traslado por razones de salud o seguridad, la escogencia con fundamento en el mérito como regla general, encuentra su excepción, toda vez que adicionalmente a éste se debe ponderar el derecho a la salud y a la vida del servidor judicial o de sus familiares. Por otra parte, se concluye que el traslado presentado por la accionante no se trató de un traslado recíproco, toda vez que no fue solicitado de manera bilateral por funcionarios o empleados de carrera de diferentes sedes territoriales; así como tampoco se trató de un traslado por razones del servicio conforme a los parámetros establecidos en la ley. Así las cosas, observa la Sala que el traslado solicitado por la accionante según oficio radicado el 3 de febrero de 2012 ante el Consejo Seccional de la Judicatura, se trata de un traslado ordinario de servidores de carrera, en razón a que la accionante, quien se desempeña como Juez Promiscuo Municipal de Caldono (Cauca), solicitó el traslado al mismo cargo en el municipio de Silvia (Cauca), que se encuentra vacante en forma definitiva, sin expresar ninguna situación que revistiera una naturaleza de carácter especial o excepcional. En razón a que el traslado solicitado por la accionante no reviste ninguna característica particular que implique una ponderación especial, concluye la Sala que la evaluación de las hojas de vida realizada por el Tribunal Superior y la consecuente elección del señor (…) como Juez Segundo Promiscuo Municipal de Silvia (Cauca) se realizó ajustándose a los parámetros constitucionales y jurisprudenciales, que ya fueron analizados”.
Sentencia: 08 de junio de 2012
Expediente: 19001333100620120007101
Tema tratado: Derecho a la libertad de prensa vs. Derecho al buen nombre/ Reivindicación de la dignidad humana como valor supremo en un Estado social de derecho/ Revoca decisión del a quo.
“En ese sentido, si bien el Diario El Extra en la publicación que originó el sub judice señaló la captura y posterior judicialización del actor, en atención a la información suministrada por la Oficina de Comunicaciones Estratégicas del Departamento de Policía-Cauca, vale decir con base a los datos otorgados por una fuente objetiva de información, se tiene que fue dicho medio de comunicación quien en últimas publicó y difundió ampliamente la información que originó la solicitud de amparo constitucional, corolario de lo cual los efectos de la presente providencia se harán extensivos a dicho Diario, no como una manifestación restrictiva por parte del Poder Judicial de su derecho a la libertad de prensa, sino para efectos de garantizar la protección de los derechos fundamentales que le asisten al actor, por cuanto como se expuso, la publicación de una información que resulta inexacta vulnera el derecho fundamental al buen nombre. Al respecto, consideró el A quo en la providencia impugnada que la publicación realizada por el Diario El Extra denominada “Cinco joyitas tras las rejas” , no lesiona los derechos fundamentales que le asisten al actor por cuanto la información allí contenida aparece como una transcripción literal de la verdadera situación jurídica de (…) contenida en comunicado emitido por la Oficina del Comunicaciones Estratégicas del Departamento de Policía-Cauca, sin que se efectuaran de su parte alusiones deshonrosas o que excedan las imputaciones realizadas por la autoridad competente, noción ésta que no aparece acertada por cuanto como se señaló, dicho comunicado contenía información que no resulta exacta e idéntica con la realidad, la cual lesiona el derecho al buen nombre del accionante, de conformidad con el precedente referido, por cuanto dicho derecho fundamental no puede considerarse de forma restricta, vulnerado sólo en aquellos eventos en que las imputaciones realizadas por el medio de comunicación aparezcan ostensiblemente contrarias a la realidad o viciadas de falsedad. Ahora bien, el valor ontológico conferido a la dignidad humana y la protección intrínseca al ser que se deriva de la visión humanista de la Carta Fundamental, la jurisprudencia constitucional y la doctrina vgr, la de Kant[3] quien señaló al referirse a una conducta acorde a los postulados de la Dignidad Humana, propia de un Estado Social de Derecho: “obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio” impone a los asociados y al poder público la carga de ejecutar sus conductas de conformidad con tales axiomas, vale decir procurando que las actuaciones surtidas por ellos, garanticen la protección efectiva del individuo en si mismo considerado sin atender a las condiciones y calidades propias de cada ser, es decir considerando al ser humano siempre como un fin en sí mismo, mérito por el cual para la Sala resulta claro que el tratamiento otorgado a (…) por parte de las accionadas, convierte su situación de hecho en un elemento para su propio beneficio, por cuanto su nueva situación jurídica, a saber la acumulación de sus penas, fue utilizada para mejorar las estadísticas de sus informes contra la criminalidad, por parte de la Policía Nacional y como un medio noticioso por parte del Diario el Extra, conductas éstas que desconocen los postulados axiológicos otorgados por las fuentes del derecho a la noción de dignidad en un Estado Social de Derecho. En ese sentido, si bien la Carta Constitucional consagra como derecho fundamental, la libertad de expresar y difundir el pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información, garantías propias de un Estado Democrático, de cierto es que dispuso también como principio constitucional, derecho fundamental y valor constitucional la Dignidad Humana, siendo esta la piedra angular de un Estado Social de Derecho y único derecho absoluto de conformidad con reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, corolario de lo cual la noción antropocéntrica prevista en la norma de normas amerita que en aquellos eventos en que se presente una colisión o conflicto entre dichos derechos fundamentales, como en el sub judice, el operador judicial ha de disponer un imperativo que mejor se ajuste a la visión humanista prevista en la Constitución. Así las cosas, por cuanto el derecho a la libertad de prensa amerita restricciones cuando quiera que este entre en colisión con derechos de rango superior, aparece razonable una restricción a dicha libertad encaminada a salvaguardar los derechos fundamentales a la Dignidad Humana y al buen nombre, merito por el cual, la providencia impugnada se ha de revocar, y en su lugar se dispondrá la tutela de los derechos que le asisten a la parte actora”.
Sentencia: 05 de junio de 2012
Expediente: 19001333100720120001501
Tema tratado: Improcedencia/ Para controvertir decisión del Ejecutivo departamental de no reelegir a Gerente de ESE/Debe acudirse a la vía ordinaria/Confirma decisión del a quo.
“El Juzgado Séptimo Administrativo de Descongestión del Circuito de Popayán, mediante sentencia del 27 de abril de agosto de 2012, declaró improcedente la acción de tutela incoada por el señor (….), al considerar que frente a las pretensiones reclamadas en la acción de tutela, dirigidas a atacar un acto administrativo de carácter general, procedía la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contenciosa siendo esta igualmente procedente para atacar el acto en el que se consignó la decisión de no reelegir al gerente, y por tal la acción de tutela resultaba ser improcedente, siendo que en el presente asunto señaló, no se había acreditado la existencia de un perjuicio irremediable, que impida al actor acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo (…) Igualmente, comparte la Sala la apreciación del A quo, referente a que la acción de tutela no es el medio judicial adecuado para controvertir la decisión del Gobernador del Cauca, referente a negar la reelección del Gerente; ya que, en el ordenamiento jurídico colombiano se ha previsto una acción que, según las condiciones del señor (…), es idónea y eficaz para reclamar los derechos que considere vulnerados por la entidad demandada, cual es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Así las cosas, no puede el Juez Constitucional invadir las funciones de las autoridades jurisdiccionales, establecidas para la resolución de los conflictos planteados por los particulares, ya que contraría por completo los principios del Estado Social de Derecho vigente en Colombia. Por otro lado, de los documentos que obran en el expediente, esta Sala no halla acreditado que el accionante se encuentre en el peligro de sufrir un perjuicio irremediable, si precisa acudir a la vía ordinaria para discutir la legalidad del acto que negó su reelección como gerente, siendo preciso recordar que la jurisprudencia constitucional ha establecido que corresponde al interesado probar siquiera sumariamente, los hechos en que basa sus pretensiones, siendo que en el presente asunto, no se allegó ninguna prueba que evidencie la causación de un perjuicio irremediable como seria la afectación al mínimo vital que demande una protección urgente de sus derechos fundamentales a través de la acción de tutela y que permitiera concluir que los mecanismos ordinarios de defensa de sus garantías no fueran eficaces para el efecto”.
Sentencia: 13 de junio de 2012
Expediente: 19001333100420120006501
Tema tratado: Reliquidación de pensión/ Incumplimiento de fallo judicial ordinario/ Vulneración del mínimo vital de persona de tercera edad/ Revoca fallo del a quo.
“Frente a la controversia planteada, la Sala analiza que a favor del accionante (…) se profirió el 16 de marzo de 2010 un fallo dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho radicada con el No. 20050104001, ordenando a CAJANAL reliquidar la pensión de jubilación del señor SILVIO HERNÁN DORADO, con inclusión del 75% del salario promedio del último año de servicios, teniendo en cuenta todos los factores salariales previstos en el Decreto Ley 1045 de 1978, que efectivamente hubiere devengado el actor. Al confrontar tal orden judicial con los argumentos que le plantea la UGPP al actor para explicarle por qué se disminuyó su mesada pensional y el procedimiento que condujo a tal situación, se determina que la respuesta en efecto, no resuelve el fondo el asunto y por el contrario deja en evidencia que CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN no cumplió cabalmente con el fallo porque no tuvo en cuenta lo efectivamente laborado por el señor (…) en el último año de servicios. Así, en la Resolución UGM 013537 del 13 de octubre de 2011 CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN sólo realizó la liquidación con los factores salariales de 1990 y no tuvo en cuenta el tiempo de servicios prestado y los factores salariales devengados por el señor (…) entre el 1º de enero y el 12 de marzo de 1991, aduciendo que en el fallo del Tribunal se señaló que no se habían comprobado los tiempos prestados en el año 1991, por cuanto obraban en copia simple (fl. 17). Sin embargo, al revisar el fallo del Tribunal se observa que lo que se ordenó era que se tuviera en cuenta lo devengado en el último año de servicios sin señalar como premisa que no se había acreditado lo correspondiente a 1991 y por ende si como lo reconoce CAJANAL el pensionado acreditó lo devengado hasta el 12 de marzo de 1991 por haber laborado hasta esa fecha, esto se le debe tener en cuenta para efectos de la reliquidación. (…) En el escrito de tutela el accionante informa que la pensión es el único recurso económico con el que cuenta para atender sus necesidades básicas, además de tener una obligación crediticia cuyas cuotas se descontaron hasta noviembre de 2011 (fl. 6), pero que en diciembre de 2011 por efecto de la disminución de la mesada no se pudo pagar empezando a generar el incumplimiento de la obligación con el Banco Popular, con los perjuicios que se derivan por la causación de los intereses por la falta de cancelación oportuna de las cuotas. Para la Sala tales circunstancia adquieren especial relevancia en el caso concreto en la medida en que afecta el derecho al mínimo vital del actor porque aunque sí está devengando la mesada pensional equivalente a $995.133,35 (fl. 10) a la vez se le está generando un perjuicio porque está incumpliendo con una obligación financiera, con la causación de intereses, lo que en últimas compromete en mayor medida los ingresos del tutelante. Ante la premura e inmediatez que exige la protección constitucional en el presente caso, la Sala estima desproporcionado imponer al accionante que es una persona de 81 años de edad (fl. 17), la carga de acudir a un proceso ejecutivo para reclamar la satisfacción de un derecho que ya le fue reconocido por un juez competente, razón por la cual el mecanismo alterno que tiene a su disposición se torna ineficaz para procurar una convalidación pronta del serio menoscabo que está padeciendo”.
Expediente: 19001230000220120032400
Tema tratado: Derecho a vacaciones/ Es derecho fundamental conforme a la jurispriudencia/ Funcionario judicial/ Concede.
“Encuentra la Sala en el presente asunto, que la accionante ejerce el cargo de Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán y que por haber cumplido un año de servicio a la Rama Judicial entre el 1 de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, solicitó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, mediante oficio de 28 de marzo de 2012 le concedieran sus vacaciones(…) Así las cosas, las vacaciones o el descanso para los servidores públicos y privados, por disposición jurisprudencial es un derecho fundamental, el cual debe ser protegido por vía de tutela en el momento de ser vulnerado, sin que sea válido oponer cortapisas administrativas, que afectan el núcleo fundamental de este derecho. Lo anterior significa que el argumento que esgrimió la DESAJ Seccional Cauca, de obediencia ciega a lo dispuesto en la Circular 044 de 2011, no es una justificante válida en los eventos como el aquí estudiados, en el que están de por medio vulneración de derechos fundamentales de los servidores judiciales, máxime que no se demostró la más mínima gestión para solicitar a nivel nacional la autorización de recursos para designar como Juez encargado a otra persona. Por lo anterior, se conminará a esta dependencia, para que en casos similares, se le de prevalencia a los derechos fundamentales de los servidores judiciales y se gestione a nivel nacional la autorización de recursos para designar como Juez encargado a otra persona, en los eventos que se requiera y no se pueda hacer uso del Art. 153 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia”.
Expediente: 19001333100120120004901
Tema Tratado: Derecho de petición/ La respuesta de la Entidad se suministró con fecha posterior al fallo de primera instancia /Confirma decisión del a quo.
“De lo antedicho, considera la Sala que la Juez que avocó la primera instancia falló conforme al acervo probatorio existente en el expediente, pues como es sabido, y por regla general, el litigio en materia judicial debe quedar fijado desde la primera intervención de las partes ante el juez de conocimiento; es decir que, las partes, deben plantear sus hechos, pretensiones – o excepciones- y allegar las pruebas que consideren, al momento de presentar la demanda o de responderla, según sea el caso. De esta manera, cuando una parte impugna una decisión proferida en primera instancia dentro de una acción de tutela, debe limitar su recurso al contexto de hechos, excepciones y pruebas referidos en la primera instancia, sin que le esté permitido modificar el litigio planteado. Lo anterior, cobra fuerza con lo presupuestado en el artículo 32 del Decreto 2191 de 1991(…). Así las cosas se encuentra que, al momento de proferirse la sentencia de primera instancia, la entidad demandada no había acreditado la satisfacción del derecho de petición del actor a través de la respuesta del escrito elevado por él en la fecha 23 de febrero de 2012. Ahora, en relación con el oficio 1377 del 11 de mayo de 2012 (fl. 33) por medio del cual la Procuraduría pretende probar que no vulneró el derecho fundamental de petición del actor, se observa que el mismo tiene fecha posterior al fallo de la primera instancia (10 de mayo de 2012), y por ende, no se da la figura del hecho superado. Razón por la cual, se comparte el fallo de la primera instancia que concedió el amparo, y por ende, se hace necesaria su confirmación”.
Sentencia: 07 de junio de de 2012
Expediente: 19001333100520120010901
Tema tratado: Internos/ Kit de aseo / Elementos mínimos que lo conforman/ Hecho superado/ Confirma decisión del a quo.
“No obstante, el 8 de mayo de 2012 el INPEC intentó entregar al interno el kit de aseo personal, empero él por su propia voluntad decidió no recibirlo por faltar los dos elementos por él solicitados –talco para los pies y jabón para lavar-, los cuales no se encuentran dentro de la lista de la dotación mínima para aseo en los términos de la Resolución 139 de 2003, lo que indica que estando en trámite la acción constitucional, la demandada desplegó lo que estaba a su alcance para hacer cesar la vulneración de derechos y si hoy el kit de aseo no está en poder del recluso, es porque él no lo quiso recibir y en estos casos la tutela no es el mecanismo para garantizar unos derechos que el actor se opone a que sean satisfechos con argumentos que no se atemperan como en este caso, a la regulación que tiene estatuidos los elementos mínimos de aseo que se deben entregar a los reclusos. Así, la presente la acción carece de objeto para emitir un pronunciamiento de fondo, porque se configuró lo que ha sido denominado como hecho superado, dado que han cesado los motivos que originaron la acción de tutela. En consecuencia, no existe vulneración o amenaza de algún derecho fundamental al momento de fallar ya que fueron satisfechas las pretensiones del actor en cuanto a la entrega del kit de aseo y diferente es que él se haya negado a recibirlo impidiendo que la entidad cumpla con las actuaciones pertinentes para garantizar sus derechos fundamentales”.
Sentencia: 19 de junio de 2012
Expediente: 19001333100620120007801
Tema tratado: Derecho a la seguridad social/ Solicitud de traslado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida/ La negativa frente a la solicitud no vulnera derechos fundamentales/Confirma decisión del a quo.
“El señor (…), interpone acción de tutela contra el ISS y la administradora de pensiones BBVA HORIZONTE por considerar vulnerados sus derechos al debido proceso, la igualdad, a la seguridad social y a la primacía de la realidad sobre las formalidades (fl.17), al ser rechazada su solicitud de traslado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida por el ISS (fl. 8), pretendiendo pensionarse en los términos del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 (fls. 13 y 14). (…) se establece que el actor al empezar a cotizar al sistema pensional desde el año de 1996 (fl. 9), no se encuentra cobijado por el régimen de transición en materia pensional. Por lo anterior la decisión de rechazar la solicitud de traslado al régimen de prima media con prestación definida no vulnera los derechos fundamentales del actor y por el contario se ajusta al ordenamiento jurídico; en este orden de ideas se confirmará el fallo impugnado”.
Sentencia: 15 de junio de 2012
Expediente: 19001230000020120030200
Tema tratado: Temeridad/ Accionante no abogado/Consecuencias.
“…en la presente acción de tutela: Expediente 19001-23-00-000-2012-00302-00, Actor: (…). Demandado COMISION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, los hechos son los mismos que los presentados en las tres oportunidades anteriores y el supuesto “hecho nuevo” de que se le de aplicación a los fallos de tutela proferidos por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y Boyacá, a favor de los Señores (…) y (…) a quienes se les protegió su derecho, ya fue analizado y resuelto en la sentencia de 14 de junio de 2011, Expediente No 2011-00263. Tal como se observa, el fondo del asunto se contrae a que la señora (…), ha interpuesto cuatro (4) acciones de tutela en las que en concreto busca que a través de este mecanismo se obligue a la Comisión Nacional del Servicio Civil, valorar el certificado de Tecnóloga en Administración Empresarial, sobre lo cual ya se ha pronunciado en forma más que reiterado este Tribunal, situación que redunda ya en temeridad, por lo que se deberá rechazar la presente acción de tutela, conforme a los mandatos del artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 1991. En el caso concreto, a pesar que la señora(…), ha presentado en esta oportunidad una acción de tutela, con fundamento en los mismos hechos en que ha fundado acciones de tutela anteriores, en consideración a que no se trata de una profesional del derecho, su conducta no puede vislumbrarse como de mala fe, razón por la cual la Sala considera que no hay lugar a imponerle una sanción pecuniaria, sin embargo se le advertirá que en lo sucesivo se abstenga de presentar acciones de tutela con fundamento en los hechos que ya han sido debatidos”.
Expediente: 19001230000120050039601
Tema tratado: Perjuicio material en la modalidad de daño emergente, perjuicio moral y alteración a las condiciones de existencia a favor de la contratista/ Faltan elementos probatorios/Confirma sentencia del a quo.
“…la Sala encuentra que el fundamento del recurso de alzada es determinar si se encuentra acreditado el perjuicio material en la modalidad de daño emergente, perjuicio moral y alteración a las condiciones de existencia a favor de la contratista (…) Ahora bien, en este asunto la parte demandante, reclama el perjuicio material en la modalidad de daño emergente por la suma de seis millones ($6.000.000.oo.) de Pesos M/Cte, correspondiente al anticipo que debió cancelar la entidad contratante una vez se suscribió el contrato; sin embargo, como claramente lo determinó el juez de primera instancia el incumplimiento de la entidad contratante se circunscribió a la etapa de legalización del contrato (aprobación de la póliza y publicación), como requisitos necesarios para que la contratista empezara a ejecutar el contrato; respecto de lo cual no se allegó ningún medio probatorio del cual se pueda concluir con certeza que la contratista realizó alguna actividad relacionada con el objeto contractual, por el contrario a lo afirmado en el libelo de la demanda, solamente se encuentran los Oficios radicados ante la entidad contratante el 28 de enero de 2004 y 07 de febrero del mismo año (fl. 28- 30 C.Pbas), en los que la Sra. María Montaño Hurtado, afirma haber cumplido con parte del objeto contractual, pero sin ningún otro respaldo probatorio. Además, como el anticipo constituye un préstamo que las entidades estatales realizan a favor del contratista para invertir en la ejecución del contrato, el cual debe amortizarse a medida que avanza la ejecución del contrato, de manera que sólo adquiere la calidad de ingreso en cabeza del prestador del servicio, cuando se ha dado ejecución del mismo, de tal manera que como en este caso no se encuentra acreditado que se realizó alguna labor relacionada con el objeto contractual, la entidad demandada no debe cancelar el 50% pactado como anticipo correspondiente a la suma de seis millones ($6.000.000.oo.) de Pesos M/Cte. Respecto a los perjuicios morales y alteración de las condiciones de existencia reclamados por el actor, tal como lo expresó el a-quo, no existe prueba alguna relacionada con dichos perjuicios, pues la parte demandante se limitó a reclamarlos en la demanda sin allegar ningún respaldo probatorio.
Expediente: 19001233100220050041100
Tema tratado: Administración de los recursos del régimen subsidiado en salud/ Contratos suscritos entre Municipio y CAPRECOM, no eran susceptibles de renovación automática/Fueron suscritos en vigencia de los acuerdos 077 de 1999, 223 y 225 de 2002, y Acuerdo 244 de 2003, los cuales no prevén dicha posibilidad.
“De la prueba documental arrimada al proceso, se determina que entre las entidades demandante y demandada se celebraron una serie de contratos, los cuales tenían como objeto la administración de los recursos del régimen subsidiado en salud y el aseguramiento de los beneficiarios del Sistema de Seguridad Social, teniendo los últimos contratos suscritos, (Contrato No. 3816 A1, 3822 A 1 y 3832,) una vigencia hasta el 31 de marzo de 2003 (…) En este orden, se concluye que los contratos suscritos entre el Municipio de Santander de Quilichao y CAPRECOM , no eran susceptibles de renovación automática, toda vez que fueron suscritos en vigencia de los acuerdos 077 de 1999, 223 y 225 de 2002, y Acuerdo 244 de 2003, los cuales no prevén la posibilidad de prórroga automática y por tal el ente territorial demandado no estaba obligado a ello. Así mismo, es preciso señalar que las decisiones adoptadas por el Municipio de Santander de Quilichao, se tomaron en consideración a los contratos suscritos y las normas aplicables al momento de la ejecución de los mismos, actos administrativos que está revestidos de la presunción de legalidad, recayendo por lo tanto en cabeza del demandante probar la configuración de las causales de nulidad invocadas y que al no cumplir con la carga probatoria que le impone el ordenamiento jurídico, debe acarrear con las consecuencias contrarias a sus intereses. Por lo anterior, la Sala denegará las pretensiones de la demanda”.
Expediente: 1900123310022000374100
Tema tratado: Equilibrio contractual/ Su rompimiento no se configura ya que se realizaron las adiciones necesarias tanto en obra, plazo y monto.
“El punto nodal en este caso, se centra en establecer si se presentó una ruptura del equilibrio económico (ecuación financiera) del contrato de obra pública N° 0104 de 1996, por hechos no atribuibles al contratista, sin que se adoptaran las medidas necesarias para su restablecimiento y, como consecuencia de este análisis, si surge para la entidad demandada el deber de reparar los daños que el demandante afirma se le causaron, por los motivos ya establecidos (…) si bien es cierto está probado que el INVIAS, incumplió su deber contractual de aportar los estudios previos en debida forma, alterando las condiciones del contrato, lo cierto es que, se repite, se realizaron las adiciones tanto en obra, plazo y monto, con el fin de subsanar esta falencia, sin que el contratista haya expresado antes de la celebración de las respectivas adiciones, sus inconformidades con el valor del contrato pactado, o en el transcurso de este proceso haya demostrado que ocurrió un desequilibrio de la ecuación contractual que amerite su reestablecimiento . Lo expuesto, conduce a la Sala a concluir que no prosperen las pretensiones propuestas en la demanda de reconvención, por la firma GRODCO LTDA”.
Sentencia: 14 de junio de 2012
Expediente: 19001230000120060039802
Tema tratado 1: Acto administrativo contentivo de la liquidación unilateral de un contrato/Imperfección por haber sido expedido por fuera del término legal/Factor temporal de competencia/Inexistencia del título ejecutivo/Confirma decisión del a quo.
“Para descender al caso concreto, cabe razonar que el acto administrativo contentivo de la liquidación unilateral de un contrato, expedido por fuera del término previsto para ese efecto por la ley, es imperfecto, pues, ha sido emitido en contravía del factor temporal de competencia, por lo cual, no está llamado a ser eficaz ni a tener fuerza ejecutiva. Sin que dicha imperfección se sanee por la omisión de la persona en cuestionar su legalidad o validez dentro de un proceso ordinario. En el sub judice, la resolución 1934 de 22 de marzo de 2001, en la cual se liquidó el convenio 5250 de 30 de diciembre de 1996, suscrito entre FINDETER S.A y el municipio de Páez – Belálcazar, fue expedida por fuera del factor temporal de competencia.(…) De forma que el acto administrativo no es viable ejecutarlo, por no tener fuerza ejecutiva, al no estar llamado a ser eficaz, por no ser perfecto al carecer del factor temporal de competencia -ratione temporis-; por lo que la Sala coincide con la apreciación hecha por el Juez de Instancia en la providencia de 03 de mayo de 2010, en la que se declaró la inexistencia del título ejecutivo, por expedición extemporánea de la resolución de liquidación unilateral, decisión que será confirmada”.
Tema tratado 2: Acto administrativo contentivo de la liquidación unilateral de un contrato/Condena en costas/ En el proceso ejecutivo se regulan por el Código de Procedimiento Civil.
“Debe agregar la Sala que se mantiene la decisión del A quo de condenar en costas al ejecutante, por cuanto la sentencia declaró excepciones y fue totalmente favorable al ejecutado, presupuesto previsto para la antedicha condena, en el artículo 510, literal “d” del CPC. Cabe explicar que la condena en costas dentro del proceso ejecutivo se somete a las normas propias de ese proceso, y no a las previsiones del artículo 171 del CCA, por lo cual, no se tienen en cuenta para su imposición consideraciones subjetivas de la posición asumida por la parte vencida. Ello, porque el proceso ejecutivo en la jurisdicción contenciosa administrativa se tramita conforme al CPC, por así disponerlo el artículo 87 del CCA”.
Expediente: 1900123000320100020300
Tema tratado 1: Dentro de proceso ejecutivo/ Presuntos daños por remate de bien inmueble/No se allegaron copias auténticas de las providencias judiciales/Se niegan las pretensiones.
“El señor (…) considera que las autoridades judiciales que conocieron del proceso ejecutivo dentro del cual se hizo el remate a él adjudicado, en los autos del 12 de mayo de 2008, 17 de julio de 2008 y 6 de noviembre del mismo año no aplicaron ni las normas correspondientes, así como tampoco la jurisprudencia que ha establecido la H. Corte Suprema de Justicia, respecto al pago del impuesto predial y las cuotas de administración que recaen sobre los bienes rematados, en este caso, la casa N° 16 de la Urbanización Los Laureles de esta ciudad, por cuanto le negaron el reintegro de lo pagado por dichos conceptos. No obstante no fueron allegadas al proceso la copia auténtica de las providencias antes mencionadas, razón por la cual la Sala se abstiene de hacer un juicio frente a ellas y en consecuencia negará las pretensiones derivadas de la configuración de tal error”.
Tema tratado 2: Funciones de secuestre/La parte demandante no cumplió con la carga probatoria que le asiste y no demostró la existencia del daño patrimonial.
“De manera que, para la Sala están demostradas solo las condiciones en las que el actor recibió el bien inmueble el 2 de diciembre de 2008, sin acreditarse el estado inicial del mismo, razón por la cual no es posible determinar la existencia de un daño para el demandante, en el entendido que los problemas presentados por la casa 16 de la urbanización los Laurales pudieron estar antes de ser embargada y por ende de tal hecho no puede derivarse ninguna responsabilidad de la demandada. En razón a tales circunstancias, para la Sala está demostrado que la casa N° 16 de la Urbanización Los Laureles al momento en que fue entregada al rematante estaba deteriorada, no obstante, ese hecho per se, en el presente caso, no es generador de daños, así como tampoco representa una falla en el servicio, dado que si bien el artículo 683 del código de procedimiento civil señala como funciones del secuestre la custodia de los bienes a él entregados, en su ejercicio pueden presentarse situaciones que la imposibiliten sin que necesariamente tenga como causa la actuación del auxiliar judicial designado, hecho que en el presente caso no está esclarecido. Sumado a lo anterior, al no aportarse al presente juicio la copia auténtica del expediente del proceso ejecutivo, no es posible saber con certeza todas las actuaciones surtidas dentro del aludido proceso y encontrar la falla en el servicio, lo cual está a cargo de la parte actora, lo que impide continuar con el análisis posterior, referente a la imputación por falla del servicio y a la estimación de los perjuicios. Así las cosas, en el presente caso la parte demandante no cumplió con la carga probatoria que le asiste y no demostró la existencia del daño patrimonial que al parecer se le habría causado, así como tampoco la falla alegada”.
Expediente: 19001230000320070012301
Tema tratado: Lesión a interno/ Argumento presentado en la apelación y no planteado en la demanda como sustento de las pretensiones resarcitorias/ Al no haber sido debatido en el proceso no está llamado a fundar un fallo favorable/Confirma decisión del a quo.
“En primer lugar, toda vez que la parte demandante sostuvo en la sustentación del recurso de alzada, que (…) se provocó las heridas por falta de tratamiento médico especializado, no puede dejarse de lado que ese no fue un argumento presentado en la demanda como sustento de las pretensiones resarcitorias, por lo que bastaría señalar que al no haber sido debatido en el proceso no está llamado a fundar un fallo favorable, es decir, que comparte la Sala con el Juzgado de Instancia, que no se probó que el interno necesitara o pidiera ayuda psicológica o psiquiátrica durante el tiempo de su permanencia en el penal. Ahora bien, frente al caso concreto, es claro que cuando el daño es ocasionado por acción u omisión de quien sufre el daño resulta forzosa la exoneración de la administración. En estos eventos, los tres elementos que deben concurrir para configurar esta causal eximente de responsabilidad son: la irresistibilidad, imprevisibilidad y exterioridad respecto del demandado”.
Expediente: 19001230000120070037300
Tema tratado: Responsabilidad médica/ Remisión de paciente/ No hubo negligencia del hospital en la atención del paciente, dentro de sus posibilidades técnicas.
“En el sub judice, encuentra la Sala que debido al trauma craneoencefálico padecido por el menor (….) y las condiciones en que se encontraba cuando fue remitido del Hospital Nivel I El Bordo E.S.E a la Clínica la Estancia S.A., institución hospitalaria que consideró no podía brindar y en esa medida tal como lo hizo, la médico tratante ordenó su remisión inmediata al Hospital Universitario San José ES.E. donde fue atendido, y este centro hospitalario a su vez, cuando el menor de edad no respondió en forma adecuada al tratamiento médico que le fue suministrado dentro del nivel de complejidad del hospital- Nivel III, ordenó su remisión al Nivel de atención IV, esto es, Fundación Clínica Valle del Lili de la ciudad de Cali, donde finalmente falleció por las complicaciones en su estado de salud. De lo anterior se evidencia, que contrario a lo expuesto por el demandante, la remisión del paciente se hizo, dentro del término razonable, si se tiene en cuenta la distancia entre el Municipio de El Bordo- Patía donde ocurrió el accidente y la ciudad de Popayán donde se encuentran ubicadas las instituciones hospitalarias demandadas. En cuanto la remisión a un centro médico de nivel IV, según las pruebas, la demora se debió a que la Fundación Valle del Lili no contaba con una cama disponible, por ello el Hospital Universitario San José E.S.E se vio forzado a continuar atendiendo al paciente, dentro de sus capacidades técnicas. Ahora bien, sí negar el acceso a un paciente, por falta de cupo pudiere calificarse como falla en el servicio, este tema escapa al análisis de este proceso, por cuanto la clínica no fue vinculada al mismo, por tanto no es dable el calificar su actuación y su incidencia en el resultado del daño cuya reparación aquí se reclama”.
Expediente: 19001230000420060088601
Tema tratado: Adición de sentencia/ Responsabilidad del llamado en garantía frente a la condena judicial del Ejército Nacional por acceso carnal violento cometido por militar.
“En memorial que reposa a folios 99 a 100 del cuaderno principal, la apoderada del Ejército Nacional, solicitó que se adicione la sentencia proferida el 26 de abril de 2012, en el asunto de la referencia, en el sentido de pronunciarse sobre la responsabilidad que le asiste al llamado en garantía(…) El juicio subjetivo de la conducta de (…), consistente en que actuó con dolo, esto es, que sabía y quiso el resultado de acceder carnal y violentamente a (…), es compartido plenamente por la Sala, al hallarlo consonante a las pruebas del proceso. Y permite endilgarle responsabilidad a título de llamado en garantía, porque resulta que con su actuar doloso causó el daño antijurídico por el cual se condenó a la entidad estatal demandada. Es claro que (…), como soldado profesional, violó en su integridad sexual a (…) en forma dolosa, lo que produjo un daño antijurídico que la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL, debe resarcir en forma patrimonial a los demandantes, y cuyo monto debe ser entonces reintegrado por el soldado. Bajo las anteriores consideraciones, se adicionará la sentencia de 26 de abril de 2012, en el sentido de condenar al señor (…), identificado con C.C. (…) a reintegrar a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, el 100 % de la condena impuesta”
Expediente: 1900123000020100001300
Tema tratado: Privación injusta de libertad/ Alteración de las condiciones de existencia/ Debilitamiento de los lazos familiares en razón de la detención.
“En el sub examine,(…) además de verse privado de la libertad de manera injusta, se vio distanciado de sus tres hijas menores, se le impidió desarrollar su función como padre, la cual era más necesaria si se tiene en cuenta que la madre de las menores se encontraba ausente, pues ella era la única responsable del delito que se acusaba (…) y se encontraba detenida por esos hechos. Es más que evidente que ante la ausencia total de su padre, la cual como se demostró se debió a una medida que devino en injusta, a las menores se les privó del cuidado y la orientación que este les hubiera podido dispensar, lo cual permite inferir que se les ocasionó sin lugar a dudas, adicionalmente a los perjuicios morales, una alteración importante en sus condiciones de existencia. Por tanto, se concluye que de acuerdo a las características especiales del caso las menores, no pudieron estar bajo la custodia de su padre lo cual hubiera ayudando en algo solucionar la difícil situación que estaban enfrentando”.
Expediente: 19001230000020030009900
Tema tratado: Secuestro/ Presunta omisión del ejército al no realizar operativos militares/ Falta nexo causal.
“Respecto a la supuesta omisión de realizar operativos militares con el fin de lograr la libertad del Sr. (…), se verifica que no existe ningún medio probatorio con el cual se pueda acreditar que la mencionada institución militar tuvo conocimiento de la ubicación exacta del secuestrado mientras permaneció en cautiverio, hecho que hacia imposible realizar un operativo militar de rescate en condiciones de seguridad, para lograr la libertad del secuestrado sin poner en riesgo su integridad física y más aún cuando los secuestrados eran objeto de constantes movimientos de lugar con el propósito de evitar su ubicación. Además, no existe ninguna prueba relacionada con la solicitud de la familia (…), para autorizar expresamente algún tipo de operativo con fines de rescate, por el contrario a lo largo del proceso afirman que se opusieron a cualquier tipo de intervención directa por parte de las autoridades competentes (…) En conclusión no existe nexo causal entre la falla atribuida al Estado y el secuestro del (…), motivo por el cual se denegarán las pretensiones de la demanda”.
Expediente: 19001230000420060088501
Tema tratado: Lesiones a internos/ Pruebas aportadas por fuera de la oportunidad procesal no puede ser objeto de valoración judicial/Principio de preclusión/Niega pretensiones/ Confirma decisión del a quo.
“La copia de la historia clínica, fue aportada por la apoderada del demandante, en fecha 22 de febrero de 2011, esto es, cuando ya se había vencido el término probatorio, el cual inició con auto de 2 de noviembre de 2006, por 60 días, e inclusive estaba vencido el término para alegar en la primera instancia, a lo que se había dado paso por auto de 13 de diciembre de 2010, notificado por estado de 15 de diciembre del mismo año. Esto es, la prueba en mención fue aportada después de agotarse la etapa procesal prevista para el efecto, por lo que no puede ser objeto de valoración judicial, de conformidad con el principio de preclusión que inspira los actos procesales entendido como “la división del proceso en una serie de etapas de momentos o períodos fundamentales (…), en los cuales se reparte el ejercicio de la actividad de las partes y del juez, de manera que determinados actos deben corresponder a determinado período, fuera del cual no pueden ser ejercitados y si se ejecutan no tienen valor..” Corte Constitucional. Sentencia C-181-02. Lo que significa, como bien lo decretó el A quo, que no se probaron los hechos que fundaron las pretensiones de la demanda”.
Expediente: 1900123000012001436800
Tema tratado: Muerte de civil a manos de la policía/ Hecho exclusivo y determinante de la víctima.
“Es por lo anterior, que se da por demostrado que la muerte del señor Daimer Benavides Álvarez, se produjo en un enfrentamiento armado en el que participaron miembros de la Policía Nacional, con ocasión de los disparos que el primero inició contra la Fuerza Pública, cuando los agentes trataban de registrar la zona porque los centinelas habían informado que los estaban hostigando desde el lado izquierdo de la estación, lugar donde estaba ubicada la vivienda de Arley Gómez Gómez, donde las personas se encontraban consumiendo licor, conforme lo aseveran los mismos testigos que reconocen que en más de una ocasión el señor Daimer Benavides Álvarez accionó el arma de fuego que portaba. Por tanto, se concluye que en criterio de la Sala, el origen en la producción de los daños cuya indemnización se pretende fue la agresión armada del señor Daimer Benavides Álvarez quien con su conducta imprudente provocó y propició la reacción de los uniformados, pues además de disparar “al aire” en repetidas ocasiones, lesionó a uno de los Agentes de la Policía. El acervo probatorio obrante en el expediente permite establecer que si bien es cierto que entre la actuación desplegada por los agentes de la Policía Nacional y el daño irrogado al señor Daimer Benavides Álvarez existe relación de causalidad desde el punto de vista naturalístico u ontológico, no es del caso concluir que tales daños resultan jurídicamente imputables a la Administración actuante, toda vez que la conducta desplegada por el particular reúne los elementos de configuración de la eximente de responsabilidad consistente en el hecho exclusivo y determinante de la víctima, la cual excluye la imputabilidad del daño a la entidad demandada, en relación con la cual pueden entenderse concurrentes los elementos de imprevisibilidad, irresistibilidad y exterioridad jurídica del hecho dañoso para la autoridad accionada”.
Expediente: 19001333100520050048301
Tema tratado: Lesiones a internos/ Responsabilidad objetiva/ No le asiste razón al a quo cuando fundó la sentencia de primera instancia en que el demandante no demostró la falla probada en el servicio/Revoca sentencia de primera instancia.
“Ahora bien, teniendo en cuenta el régimen de responsabilidad objetiva que se aplica en estos casos, la entidad puede exonerarse de responsabilidad demostrando, los siguientes eximentes de responsabilidad: fuerza mayor o caso fortuito, culpa exclusiva de la víctima, o el hecho exclusivo de tercero, correspondiendo la carga de la prueba a quien la alega, que en este caso es la entidad demandada; sin embargo dentro del plenario lo único que existe es la afirmación inicialmente de que las heridas fueron causadas por otros internos y posteriormente que se la habría causado el mismo demandante, sin que exista prueba alguna que soporte tales eximentes de responsabilidad. De otra parte, si bien es cierto que para el día 2 de agosto de 2004, no existe ningún registro en las minutas de guardia, de las lesiones causadas al interno debatidas en este proceso, sí está probado con la historia clínica, que al día inmediatamente siguiente -3 de agosto de 2004- fue atendido por la lesión alegada, consistente en la herida en el pómulo izquierdo, que fue suturada con 16 puntos, situación que es perfectamente entendible y que por ello no implica sostener que se trata de hechos totalmente diferentes, como lo entendió el a quo. Igualmente, no le asiste razón al a quo cuando fundó la sentencia de primera instancia, en que el demandante no demostró la falla probada en el servicio imputable a la entidad demandada, régimen subjetivo de imputación que no es el que gobierna el caso, tal como reiteradamente se ha señalado en el presente proveído. Por los motivos anteriores, se revocará la sentencia apelada y se declarará la responsabilidad de la entidad, por los motivos ya expuestos”.
Expediente: 19001230000320050118101
Tema tratado: Facultad discrecional/Policía Nacional/ El acto de retiro no requiere motivación/Revoca decisión del a quo.
“Bajo el análisis del motivo de inconformidad de la entidad apelante, la Sala advierte que, efectivamente, las pruebas, legal y oportunamente allegadas, no daban cuenta que el acto administrativo demandado hubiera incurrido en violación de los artículos 25 y 29 constitucionales o en desviación de poder. En ese sentido, el argumento que el acto que retira del servicio activo a un uniformado trasgrede el derecho al trabajo es insostenible, porque imposibilitaría el ejercicio de las facultades de remoción de los nominadores: pues toda desvinculación del servicio comportaría la violación del derecho al trabajo. Por su lado, los actos de trámite para el desarrollo de la facultad discrecional no requieren ser motivados ni notificados a quienes se recomienda sean objeto de retiro en virtud de esa facultad. Ellos corresponden a un trámite administrativo interno de la entidad. En particular, la recomendación de la Junta para el retiro de un uniformado, se dirige hacia quien ostenta el ejercicio de la facultad discrecional, y no hacia quienes recaen sus efectos. No sobra anotar que la resolución 1803, acto definitivo, por la cual, en ejercicio de la facultad discrecional se retiró del servicio activo al demandante, no requería ser motivada –según sólida y reiterada posición del Consejo de Estado-, y fue debidamente notificada”.
Expediente: 19001333100520060096801
Tema tratado: Ascenso en el escalafón docente/ No puede reutilizarse título profesional ya utilizado para un ascenso/Modifica decisión del a quo.
“De esta manera, la Sala aclara que si bien la entidad accionada no aplicó la normatividad adecuada a la petición de ascenso realizada por la demandante, el fondo de la decisión del acto demandado es acertada, en tanto que la señora Esperanza Muñoz Agredo, ya había utilizado el título de especialista en educación preescolar y promoción de la familia – planeación para la educación ambiental, para ascender en el escalafón docente, razón por la cual la juez de primera instancia yerra al declarar la nulidad del oficio N° 240 del 14 de junio de 2006, en la medida que de acuerdo con los documentos aportados por la actora, al momento de la solicitud ésta no cumplía con los requisitos para ascender al grado 14 del escalafón. En tal virtud, la Secretaria de Educación Departamental debía negar la petición, conforme lo hizo en el acto acusado, por lo que, la declaración de nulidad no era procedente, y por tanto, la sentencia apelada será modificada, en el sentido de negar todas las pretensiones de la demanda”.
Fecha sentencia: 07 de junio de 2012
Expediente: 19001230000020030009900SV
Tema tratado: Reparación directa/ Secuestro/Se presentó falla de servicio de la Policía Nacional/Omisión del deber de protección.
“Las razones que me llevan a apartarme del criterio plasmado en la providencia referida, radican exclusivamente sobre la responsabilidad de la Policía Nacional en la omisión del deber de protección, como autoridad que conoció de las amenazas de secuestro en contra de la familia (…), y no realizó las actividades tendientes a evitar el secuestro del señor (…). (…)Las circunstancias en que sucedió el secuestro del señor (…), evidencian que la administración no cumplió con el deber de proteger adecuadamente a la víctima, pues las medidas de protección se limitaron a prestar el servicio de escolta un corto periodo de tiempo, teniendo en cuenta que su deber iba más allá como quiera que tales medidas debieron permanecer hasta que estuviera plenamente acreditado que las amenazas en contra de la familia (…) hubiesen cesado, situación que no ocurrió, por cuanto la Policía Nacional sin mediar estudio alguno de seguridad, retiró las medidas de protección, facilitando y allanando el camino para que el grupo ilegal secuestrara al señor (…), aprovechando el grado de desprotección y vulnerabilidad al que había sido sometido por parte del mismo Estado. (…)Así las cosas, se encuentran demostrados los elementos de la responsabilidad por falla en el servicio por parte de la Policía Nacional en el deber de protección frente a la salvaguardia de la libertad personal del señor (….), ya que como lo establece la jurisprudencia del H. Consejo de Estado, la misma se causa porque la persona contra quien iba dirigido el acto, había solicitado protección y en el caso concreto no se la brindaron de forma adecuada, a tal punto de que fue víctima del delito de secuestro, generándose una afectación personal y familiar que deben ser indemnizadas por la autoridad a la cual le es atribuible la responsabilidad”.
Magistrada: CARMEN AMPARO PONCE DELGADO
Fecha sentencia: 14 de junio de 2012
Expediente: 19001230000120060039802SV
Tema tratado: Ejecutivo contractual/ La extemporaneidad de la liquidación del contrato realizada en forma unilateral por la parte demandante no es propia de un proceso ejecutivo.
“En el sub lite, el Juez de primera instancia interpreta como excepción de inexistencia del título ejecutivo contenido en el acto administrativo, la extemporaneidad de la liquidación del contrato realizada en forma unilateral por la parte demandante; sin embargo, considero que dicho juicio es propio de un control de legalidad que como ya se mencionó, debió ser objeto de debate en vía gubernativa o en el proceso ordinario respectivo y no dentro del proceso ejecutivo, como lo ha reiterado el Consejo de Estado en el auto interlocutorio del 07 de diciembre de 2010, aludido anteriormente (…) Por tanto, considero que la discusión atinente a la competencia de la entidad ejecutante para proceder a realizar la liquidación unilateral del convenio mencionado, es un tema relacionado con la legalidad o validez del acto sobre el cual se soporta el mandamiento ejecutivo, que debió ser objeto de la correspondiente controversia contractual, pues el trámite de excepciones en el proceso ejecutivo no permite convertirlo en un proceso ordinario, toda vez que este no es el escenario idóneo para cuestionar la legalidad del título, ni mucho menos el contenido y alcance del mismo pues, se reitera, hasta el momento no se ha desvirtuado su validez en un proceso contencioso ordinario; y si en gracia de discusión, se aceptase que en este asunto dicho tema pueda dilucidarse, encontramos que le correspondía a la parte ejecutada- Municipio de Páez- Benalcázar, probar los hechos que fundamentan sus excepciones, pero en este caso, no se puede aclarar el asunto, debido a que no existe ninguna prueba relacionada con la fecha efectiva del giro de los recursos por parte del FIS (cláusula sexta), para establecer la fecha de inicio y terminación de plazo de ejecución del convenio y en esa medida determinar la fecha para la liquidación bilateral y unilateral de dicho convenio. En consecuencia, concluyo que se debía revocar la decisión apelada en tanto no resultaba viable que el a quo, en sede del trámite ejecutivo, para cuestionar el contenido y alcance del acta de liquidación unilateral contenido en la Resolución No. 1934 del 22 de marzo de 2001; y en su lugar, se debía ordenar seguir adelante la ejecución”.
Expediente: 19001230000120070027700SV
Tema tratado: Reparación directa/ Privación injusta de libertad/ La medida de privación de libertad fue plenamente proporcionada/ Hubo comportamiento irregular del encartado en la investigación penal.
(…) en el presente caso la conducta de la víctima circunscrita a obstruir o desviar la investigación, genera que la decisión adoptada por la autoridad judicial – privación de la libertad sin beneficio de libertad- en mi criterio es plenamente proporcionada como resultado del juicio de ponderación entre los intereses jurídicos contrapuestos, es decir, la efectividad de las decisiones de la administración de justicia y los derechos y garantías fundamentales del individuo, pues se revelaron comportamientos irregulares de (…), que llevó a su vinculación a la citada investigación penal e imponer medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de libertad, siendo determinada exclusivamente por el demandante como se explicó anteriormente. Si bien es cierto, en la sentencia del 13 de octubre de 2006, expedida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Popayán, se absolvió al procesado en aplicación del principio “in dubio pro reo”; el juez de conocimiento fue enfático en indicar que no existían pruebas suficientes para clarificar lo realmente acontecido y la calidad en que debía responde el encartado (coautor-cómplice o encubridor), debido a que la evidencia apuntaba a diferentes hipótesis sin que se pudiera dilucidar claramente alguna de ellas, situación reveladora del comportamiento irregular del encartado en la investigación penal. Por consiguiente, concluyo que no se presentó ninguna actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales por parte de la Nación- Fiscalía General de la Nación; es decir, las decisiones relacionadas con la privación de la libertad del demandante fueron plenamente justificadas. Por tanto, considero que se demostró una causal de exoneración de responsabilidad denominada culpa exclusiva de la víctima, razón por la cual se deben negar las pretensiones de la demanda.
Descargar línea completa
Tema tratado: Inembargabilidad de los bienes estatales.
“En el escrito se recoge la línea jurisprudencial vertida en las sentencias de constitucionalidad y de tutela de la Corte Constitucional, respecto de la regla general y las excepciones a la inembargabilidad de los bienes y recursos del Estado, incluyendo su aplicación a los recursos del sistema general de participaciones”.
[1] El Magistrado David Fernando Ramírez Fajardo fue nombrado en propiedad, tomando posesión del cargo el 29 de Junio de 2012.
[2] Sentencia de Tutela del 08 de Junio de 2012. Expediente: 19001333100620120007101. MP/Carlos Hernando Jaramillo Delgado. Título 8.
[3] Fundamentación Metafísica de las Costumbres, Inmanuel Kant, Edición Pedro M. Barbosa, 2007