Source: https://legislacion.vlex.es/vid/movimientos-capitales-transacciones-219742829
Timestamp: 2019-08-19 01:28:41
Document Index: 194835211

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 3', 'artículo 1', 'artículo 1', 'ARTÍCULO 4', 'artículo 59', 'ARTÍCULO 5', 'artículo 57', 'artículo 60', 'artículo 60', 'artículo 60', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 8', 'ARTÍCULO 10', 'ARTÍCULO 12', 'artículo 22', 'Artículo 12', 'Artículo 12', 'Artículo 12', 'artículo 1', 'artículo 1']

Ley sobre Régimen Jurídico de los Movimientos de Capitales y de las Transacciones Económicas con el Exterior (Ley 19/2003, de 4 de julio) - Normativa Estatal - Legislación - VLEX 219742829
CAPÍTULO I. Régimen general de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior - arts. 1 a 7
CAPÍTULO II. Régimen sancionador - arts. 8 a 12
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Modificación de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Modificación de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Modificación de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Modificación de la Ley 46/2002, de 18 de diciembre
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Modificación de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Vigencia temporal de las disposiciones normativas de desarrollo de la Ley 40/1979, de 10 de diciembre, sobre Régimen Jurídico de Control de Cambios
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Habilitación y entrada en vigor
Norma citada en: 640 sentencias, 67 artículos doctrinales, 47 disposiciones normativas, 6 temas prácticos, 7 formularios, 33 resoluciones administrativas, 5 noticias
CAPÍTULO I Régimen general de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior Artículos 1 a 7
ARTÍCULO 1 Principio de libertad de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior.
Esta ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior, así como establecer determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.
Son libres cualesquiera actos, negocios, transacciones y operaciones entre residentes y no residentes que supongan o de cuyo cumplimiento puedan derivarse cobros y pagos exteriores, así como las transferencias de o al exterior y las variaciones en cuentas o posiciones financieras deudoras o acreedoras frente al exterior, sin más limitaciones que las dispuestas en esta ley y en la legislación sectorial específica.
ARTÍCULO 2 Definiciones de residencia y no residencia.
A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, se consideran:
«Residentes»:
Las personas físicas que residan habitualmente en España, salvo lo dispuesto en el párrafo b) correspondiente al epígrafe de «No residentes».
Los diplomáticos españoles acreditados en el extranjero y el personal español que preste servicios en embajadas y consulados españoles o en organizaciones internacionales en el extranjero.
Las personas jurídicas con domicilio social en España.
Las sucursales y los establecimientos permanentes en territorio español de personas físicas o jurídicas residentes en el extranjero.
«No residentes»:
Las personas físicas que tengan su residencia habitual en territorio extranjero, salvo lo dispuesto en el párrafo b) correspondiente al epígrafe de «Residentes».
Las personas jurídicas con domicilio social en el extranjero.
Las sucursales y los establecimientos permanentes en el extranjero de personas físicas o jurídicas residentes en España.
Por residencia habitual se entenderá lo establecido en la normativa fiscal con las adaptaciones que reglamentariamente se determinen.
La condición de residente o no residente, a los efectos de esta ley, se acreditará en la forma que reglamentariamente se establezca.
Artículo citado en: 4 sentencias, un artículo doctrinal, un formulario, una resolución administrativa
ARTÍCULO 3 Obligaciones de información.
Los actos, negocios, transacciones y operaciones a que se refiere el apartado 2 del artículo 1 deberán ser declarados por los sujetos obligados mencionados en el apartado siguiente en la forma y plazos que se determinen reglamentariamente, a los efectos de información administrativa y estadística de las operaciones.
Las personas físicas o jurídicas residentes o no residentes en España que realicen las operaciones señaladas en el apartado 2 del artículo 1 quedan obligadas a facilitar al Ministerio de Economía y al Banco de España, en la forma y plazos que se establezcan, los datos que se les requieran, a los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior.
ARTÍCULO 4 Cláusulas de salvaguardia.
Se entenderá prohibida o limitada, en los términos que señalen las normas comunitarias, la realización de determinados movimientos de capitales y sus correspondientes operaciones de cobro o pago, así como las transferencias de o al exterior o las variaciones en cuentas o posiciones financieras deudoras o acreedoras frente al exterior, respecto de terceros países en relación con los cuales el Consejo de la Unión Europea, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, haya adoptado medidas de salvaguardia.
Cuando las normas comunitarias citadas en el apartado anterior reconozcan poderes a los Estados miembros o les impongan la adopción de medidas indispensables, necesarias para la correcta aplicación de dichas normas, el Gobierno, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, establecerá las especificaciones ulteriores que resulten precisas, incluido el procedimiento de autorización aplicable, si procediera.
El Gobierno, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Economía, podrá prohibir o limitar la realización de determinados movimientos de capitales y sus correspondientes operaciones de cobro o pago, así como transferencias de o al exterior o variaciones en cuentas o posiciones financieras deudoras o acreedoras frente al exterior, respecto de un Estado, un territorio o centro extraterritorial, o grupo de Estados en aplicación de medidas adoptadas por organismos internacionales, distintos de la Comunidad Europea, de los que España sea miembro.
ARTÍCULO 5 Medidas excepcionales.
Se entenderá prohibida o limitada, en los términos que señalen las normas comunitarias, la realización de determinados movimientos de capitales y sus correspondientes operaciones de cobro o pago, así como las transferencias de o al exterior o las variaciones en cuentas o posiciones financieras deudoras o acreedoras frente al exterior, respecto a terceros países en relación con los cuales el Consejo de la Unión Europea haya adoptado las medidas que correspondan, de conformidad con lo establecido en el artículo 57.2 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.
Se entenderán prohibidos o limitados, en los términos que señalen las normas comunitarias, los movimientos de capitales y pagos respecto a terceros países en relación con los cuales el Consejo de la Unión Europea haya adoptado las medidas urgentes que sean necesarias, de conformidad con lo establecido en el artículo 60.1 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.
Cuando, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo, las normas comunitarias reconozcan poderes a los Estados miembros o les impongan la adopción de medidas indispensables, necesarias para la correcta aplicación de dichas normas, el Gobierno, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, establecerá las especificaciones ulteriores que resulten precisas, incluido el procedimiento de autorización aplicable, si procediera.
De conformidad con lo establecido en el artículo 60.2 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, el Gobierno, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Economía, podrá en tanto no se hayan adoptado las medidas a que se refiere el artículo 60.1 del citado Tratado, por razones políticas graves y por motivos de urgencia, tomar medidas unilaterales contra un tercer país en lo relativo a los movimientos de capitales y a los pagos.
ARTÍCULO 6 Autorizaciones sobre actos, negocios, transacciones u operaciones afectados por cláusulas de salvaguardia o medidas excepcionales.
Los actos, negocios, transacciones y operaciones afectados por las medidas previstas en los artículos 4 y 5 podrán realizarse, si así se dispone expresamente, mediante la previa obtención de la correspondiente autorización administrativa y en las condiciones que ésta establezca. Dicha autorización se otorgará por los órganos y a través del procedimiento que se disponga reglamentariamente.
Si, transcurrido el plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la autorización, no se produjera resolución expresa, se entenderá que la operación no es autorizada. Consecuentemente, la solicitud se entenderá desestimada a los efectos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
ARTÍCULO 7 Suspensión del régimen de liberalización.
CAPÍTULO II Régimen sancionador Artículos 8 a 12
ARTÍCULO 8 Infracciones.
Las infracciones de las disposiciones previstas en esta ley se clasifican en muy graves, graves y leves.
La realización de actos, negocios, transacciones u operaciones prohibidas en virtud de la adopción de las medidas a que se refieren los artículos 4, 5 y 7.
La realización de actos, negocios, transacciones u operaciones sin solicitar autorización cuando sea preceptiva conforme a los artículos 6 y 7, o con carácter previo a su concesión o con incumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización.
La falta de veracidad en las solicitudes de autorización presentadas ante los organismos competentes, siempre que pueda estimarse como especialmente relevante.
La falta de declaración de operaciones cuya cuantía supere los 6.000.000 de euros.
La falta de veracidad, la omisión o inexactitud en los datos de las declaraciones respecto de operaciones cuya cuantía supere los 6.000.000 de euros.
Los incumplimientos de los requerimientos efectuados, de modo expreso y por escrito, por los organismos competentes en el cumplimiento de sus funciones.
Las declaraciones realizadas por los sujetos obligados fuera de los plazos reglamentariamente establecidos.
La falta de declaración de operaciones cuya cuantía no supere 6.000.000 de euros, así como la falta de veracidad, la omisión o inexactitud en los datos de las declaraciones que no superen dicha cuantía.
Las infracciones a que se refiere el artículo anterior darán lugar a la imposición de las sanciones previstas en este artículo.
Por la comisión de infracciones muy graves se impondrán simultáneamente las siguientes sanciones:
Multa, que podrá ascender hasta el tanto del contenido económico de la operación sin que pueda ser inferior a 30.000 euros, y b) Amonestación pública o privada.
Por la comisión de infracciones graves se impondrán simultáneamente las siguientes sanciones:
Multa, que podrá ascender hasta la mitad del contenido económico de la operación sin que pueda ser inferior a 6.000 euros, y b) Amonestación pública o privada.
Por la comisión de infracciones leves se impondrán simultáneamente las siguientes sanciones:
Multa, que podrá ascender hasta un cuarto del contenido económico de la operación sin que pueda ser inferior a 3.000 euros, y b) Amonestación privada.
Cuando la infracción consista en la presentación fuera de plazo de las declaraciones por los sujetos obligados, sin actuación o requerimiento previo de la Administración, se impondrán las siguientes sanciones:
Si no han transcurrido más de seis meses, hasta 300 euros, sin que pueda ser inferior a 150 euros.
Si han transcurrido más de seis meses, hasta 600 euros, sin que pueda ser inferior a 300 euros.
ARTÍCULO 10 Graduación de sanciones.
El grado de responsabilidad e intencionalidad en los hechos que concurran en el interesado.
El tiempo que haya mediado entre la comisión de la infracción y el intento de subsanación de ésta por iniciativa propia del interesado.
La capacidad económica del interesado.
La conducta anterior del interesado, en relación con las normas en materia de movimientos de capitales y pagos exteriores, tomando en consideración al efecto las sanciones firmes que le hubieran sido impuestas durante los últimos cinco años.
Las infracciones muy graves prescribirán a los cinco años ; las graves, a los tres años, y las leves, al año.
El plazo de prescripción se contará desde la fecha en que la infracción hubiera sido cometida.
Las sanciones que se impongan, en virtud de resolución firme, conforme a esta ley prescribirán a los cinco años, las muy graves ; a los cuatro años, las graves, y a los tres años, las leves.
ARTÍCULO 12 Procedimiento sancionador.
Los órganos competentes de las Administraciones públicas, así como los dependientes de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias llevarán a cabo, a petición del órgano instructor o por propia iniciativa, las actuaciones de investigación que resulten adecuadas para el esclarecimiento de los hechos que pudieren ser constitutivos de las infracciones tipificadas en esta ley.
La competencia para la incoación e instrucción de los procedimientos sancionadores resultantes de la aplicación del régimen previsto en la Ley y para la imposición de las sanciones correspondientes se regirá por las reglas siguientes:
El procedimiento sancionador de las infracciones contempladas en esta ley será el previsto, con carácter general, para el ejercicio de la potestad sancionadora. El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar la resolución será de un año a contar desde la fecha del acuerdo de incoación, sin perjuicio de la posibilidad de suspensión por el instructor del cómputo del plazo en los supuestos señalados en el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 12, apartado 2 modificado por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de abril de 2010.
Artículo 12, apartado 3 modificado por el Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En todo caso, dichos procedimientos y órganos serán objeto de examen anual por un experto externo.
Artículo 12. Procedimiento sancionador y medidas cautelares.
1. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, toda autoridad o fun cionario, incluidos los de arancel, que descubra hechos que puedan constituir indicio o prueba de blanqueo de capitales procedentes de las actividades señaladas en el artículo 1, ya sea durante las inspecciones efectuadas a las entidades objeto de supervisión, o de cualquier otro modo, deberá informar de ello al Servicio Ejecutivo. El incumplimiento de esta obligación tendrá la consideración de infracción muy grave y se sancionará disciplinariamente como tal según lo previsto en la legislación específica que les sea de aplicación. La obligación señalada en este párrafo se extenderá igualmente a la información que el Servicio Ejecutivo le requiera en el ejercicio de sus competencias.
Disposición citada en: 10 sentencias, 2 artículos doctrinales, 4 disposiciones normativas
j) La colaboración con el Servicio Ejecutivo creado por la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, en las actividades que dicho servicio lleve a cabo en el ámbito de lo previsto en el artículo 1 de la mencionada ley.
5. El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias facilitará a la Administración tributaria cuantos datos con trascendencia tributaria obtenga en el ejercicio de sus funciones, con carácter general o mediante requerimiento individualizado.
Disposición citada en: 13 sentencias, un artículo doctrinal
Disposición citada en: 252 sentencias, 13 artículos doctrinales, una disposición normativa, 3 resoluciones administrativas
El Gobierno elaborará y aprobará en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta ley los textos refundidos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y del Impuesto sobre Sociedades.
El Gobierno elaborará y aprobará en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta ley el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Disposición citada en: 5 artículos doctrinales, 16 disposiciones normativas, 3 resoluciones administrativas
El Gobierno dictará las disposiciones de desarrollo y ejecución de esta ley en el plazo de seis meses a partir de su entrada en vigor.
Ley de Autonomía del Banco de España (Ley 13/1994, de 1 de Junio)
Real Decreto 478/1982, de 12 de febrero, por el que se desarrolla y da cumplimiento a lo dispuesto en el apartado tres de las disposiciones transitorias primera a quinta de la Ley 41/1979, de 10 de diciembre, sobre creación de Cuerpos Especiales de la Administración del Estado dependiente del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones.
LEY FORAL 15/1994, de 2 de Noviembre, de Concesion de Un suplemento de Credito para el departamento de Ordenacion del Territorio y Medio ambiente.
ORDEN FYM/461/2016, de 26 de mayo, relativa a los pagos compensatorios derivados de los daños producidos por el lobo en las explotaciones ganaderas.
Ley de Artesanía de Andalucía (Ley 15/2005, de 22 de diciembre)