Source: http://bazica.org/d-estado-de-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-la-cidh-v2.html?page=6
Timestamp: 2020-02-22 08:25:08
Document Index: 403384559

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo1', 'artículo 1', 'artículo 149', 'artículo 2', 'artículo 1']

En el Informe No. 23/02 del 28 de febrero de 2002, la Comisión concluyó que la República Federativa del Brasil era responsable de la violación del derecho a la vida (artículo 4) del señor Diniz Bento da Silva, ocurrida en el Estado de Paraná el 8 de marzo de 1993, y de la violación del derecho a las garantías judiciales (artículo 8), del derecho a la protección judicial (artículo 25) y del derecho a obtener garantías y respeto de los derechos enumerados en la Convención (artículo1(1)).
La CIDH formuló al Estado brasileño las siguientes recomendaciones:
Realizar una investigación seria, imparcial y efectiva por medio de la justicia común, a fin de juzgar y castigar a los responsables de la muerte de Diniz Bento da Silva; castigar a los responsables por las irregularidades comprobadas en la investigación de la Policía Militar, así como a los responsables de la demora injustificada en la realización de la investigación civil, de acuerdo con la legislación brasileña.
Adoptar las medidas necesarias para que los familiares de la víctima reciban adecuada reparación por las violaciones de derechos aquí establecidas.
Adoptar las medidas necesarias para evitar la repetición de hechos semejantes, en especial formas de prevenir la confrontación con trabajadores rurales en los conflictos sobre tierras, negociación y solución pacífica de esos conflictos.
El Estado presentó información respecto al cumplimiento de las recomendaciones reseñadas por la CIDH el 23 de diciembre de 2010. La CIDH observa además que el Estado presentó información el 26 de enero de 2010, en respuesta a la solicitud realizada por la Comisión en 200920. Las peticionarias presentaron información sobre el cumplimiento de dichas recomendaciones el 23 de diciembre de 2010.
Sobre la recomendación No. 1 supra, ambas partes coinciden que la investigación policial sigue pendiente ante la 15ª Subdivisión de la Policía Civil de Guaraniacú, Paraná. La CIDH toma nota con preocupación que, a más de 17 años de la muerte de la víctima, el respectivo proceso penal siga en la etapa inicial de investigación policial.
En relación con la recomendación No. 2 supra, ambas partes indican que la indemnización por daños establecida en la sentencia de la acción civil No. 30798 aún no ha sido pagada a los familiares de la víctima (nuera y nietos ya que la viuda y el hijo de la víctima fallecieron). El Estado manifiesta que la falta de pago se debió a que se detectó un error en el cálculo de la indemnización. Al respecto indica que, a pesar que el abogado de los familiares de la víctima tiene la facultad de solicitar la ejecución del valor no controvertido, no lo ha hecho. Por su parte, las peticionarias informan que hubo una tentativa de acuerdo entre los familiares de la víctima y el Estado pero que éste no aceptó los términos propuestos por las víctimas para el pago, motivo por el cual el mismo no se concretó.
Respecto a la recomendación No. 3 supra, el Estado proporciona información actualizada sobre la creación de órganos especializados en materia agraria en el marco del Programa Nacional de Combate a la Violencia en el Campo. Al respecto, señala la creación de: juzgados especializados en el ámbito federal y estadual (varas agrárias); cámara temática en el Ministerio Público Federal; fiscalías agrarias estaduales especializadas en la solución de conflictos agrarios; ouvidorias agrarias estaduales; comisarías especializadas en conflictos agrarios en el ámbito federal y estadual; y Defensorías Públicas especializadas. Las peticionarias reconocen los esfuerzos del Estado en la implementación de políticas públicas para solucionar los conflictos agrarios pero observan que las mismas son ineficaces. Al respecto, señalan que entre los meses de enero y julio de 2010 se registraron en el estado de Paraná 11 conflictos agrarios, 7 asesinatos y 62 personas privadas de la libertad con motivo de dichos conflictos. Indican en tal sentido que aumentó el número de detenciones y agresiones basadas en dichos conflictos en las regiones sur y sureste del país. Señalan, por otra parte, que el Decreto No. 7177/2010 introdujo una modificación al Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH-3) en relación con la mediación de los conflictos en el campo, la que dejó de ser obligatoria como acto inicial y se transformó en una simple recomendación.
En el Informe No. 40/03 del 8 de octubre de 2003 la CIDH concluyó que el Estado brasileño violó los derechos humanos de Arnaldo Alves de Souza, Antonio Permoniam Filho, Amaury Raymundo Bernardo, Tomaz Badovinac, Izac Dias da Silva, Francisco Roberto de Lima, Romualdo de Souza, Wagner Saraiva, Paulo Roberto Jesuíno, Jorge Domingues de Paula, Robervaldo Moreira dos Santos, Ednaldo José da Fonseca, Manoel Silvestre da Silva, Roberto Paes da Silva, Antonio Carlos de Souza, Francisco Marlon da Silva Barbosa, Luiz de Matos y Reginaldo Avelino de Araújo, consagrados por los artículos I y XVIII de la Declaración Americana y por los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, y que no cumplió las obligaciones establecidas en el artículo 1(1) de la misma Convención.
El Estado no presentó información respecto al cumplimiento de las mencionadas recomendaciones de la CIDH a fin de ser incluida en el presente Informe Anual. Las peticionarias presentaron información sobre el cumplimiento de dichas recomendaciones el 23 de diciembre de 2010.
Las peticionarias indican que la recomendación No. 1 supra continúa pendiente de cumplimiento total, dado que la Ley Federal No. 9.299/96 no transfirió la competencia para la realización de la averiguación policial. Observan que, en la práctica, ello significa que la legislación permite que la propia policía militar conduzca las investigaciones en casos de sospecha de homicidio doloso practicado por la policía militar contra civiles. Por otra parte, expresan que los demás crímenes cometidos por policías militares que no constituyen crímenes dolosos contra la vida, permanecen bajo la esfera de la justicia militar. Observan además que la aprobación del Proyecto de Ley No. 2014/2003 no cumpliría con la recomendación de la CIDH, ya que amplía el listado de crímenes militares previstos en la ley, ampliando así la competencia de la justicia militar.
En relación con la recomendación No. 2 supra, las peticionarias reiteran que aún hay 36 celdas de aislamiento y que el Distrito Federal y otros tres estados aún no informaron si mantienen dichas celdas.
En lo relativo a la recomendación No. 3 supra, las peticionarias indican que no hubo avance significativo alguno en el último año en los procesos penales, por lo cual dicha recomendación sigue incumplida. Observan que desde el 23 de agosto de 2010 se encuentra pendiente ante la 5ta Cámara de Derecho Criminal un recurso interpuesto por el Ministerio Público en la causa iniciada contra el investigador, quien fue absuelto el 16 de abril de 2001 luego de un segundo juicio. Asimismo, otro de los acusados fue absuelto y su proceso archivado en septiembre de 2003. En relación con los veintinueve policías militares involucrados, informan que el 20 de diciembre de 2007 la 5ta Cámara de la Sección Criminal del Tribunal de Justicia del Estado de São Paulo decretó la extinción de la acción penal en relación con dos de ellos y, respecto a los demás, confirmó la sentencia que consideró improcedente la denuncia sin enviarla al tribunal del jurado (sentencia de impronúncia).
Respecto de la recomendación No. 4 supra, observan las peticionarias que algunas familias de las víctimas no pudieron ser identificadas y/o localizadas, motivo por el cual no recibieron la indemnización recomendada por la CIDH. A ese respecto, la CIDH insta a las partes a superar los obstáculos existentes para poder dar cumplimiento a esta recomendación, en lo concerniente a los familiares de todas las víctimas.
El 24 de octubre de 2003, mediante Informe No. 95/03, la Comisión aprobó un acuerdo de solución amistosa en el Caso José Pereira. Por medio de este acuerdo, el Estado reconoció su responsabilidad internacional en el Caso, dado que “los órganos estatales no fueron capaces de prevenir la ocurrencia de la grave práctica de trabajo esclavo, ni de castigar los actores individuales de las violaciones denunciadas”.
11. Hacer gestiones ante el Ministerio Público Federal, con el objetivo de resaltar la importancia de que los Procuradores Federales otorguen prioridad a la participación y el acompañamiento de la acciones de fiscalización de trabajo esclavo.
Con respecto a los puntos 1, 2 y 4 supra del referido acuerdo de solución amistosa, la Comisión ya consideró anteriormente plenamente cumplidas dichas obligaciones21.
El Estado no presentó información respecto al cumplimiento del acuerdo de solución amistosa a fin de ser incluida en el presente Informe Anual. Los peticionarios presentaron información sobre el cumplimiento del acuerdo el 23 de diciembre de 2010.
Sobre el cumplimiento de los mandatos judiciales de prisión contra los acusados por los crímenes cometidos contra José Pereira (supra punto 3), los peticionarios indicaron que el Estado no realizó esfuerzo alguno para obtener el cumplimiento de dichos mandatos y que los acusados permanecen prófugos.
Respecto de los cambios legislativos propuestos en el Plan Nacional para la Erradicación del Trabajo Esclavo (supra punto 5), los peticionarios hicieron referencia a distintos cambios legislativos previstos que seguirían pendientes. Sobre el PL 1.985/2003, que determina las multas a ser aplicadas a los responsables por trabajo esclavo y que modificaría la Ley del Trabajo Rural, observaron que el mismo continúa en la Comisión de Justicia y Ciudadanía de la Cámara de Diputados desde mayo de 2009.
Sobre el PL 207/2006 que crearía una “lista sucia” de los hacendados reincidentes en el crimen de reducción a condición análoga a la de esclavo, los peticionarios observaron que no tuvo avances significativos. En relación con la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 438 sobre la expropiación de tierras donde se haya comprobado la práctica del trabajo esclavo, presentada por primera vez en el año 1995, indicaron que se encuentra aún pendiente de votación en segunda vuelta por el pleno de la Cámara de Diputados. Igualmente seguiría pendiente la aprobación del PL 2.022/1996, sobre la prohibición de contratación y participación en licitaciones públicas de empresas que, directa o indirectamente, utilicen trabajo esclavo.
En lo concerniente a la modificación del artículo 149 del Código Penal brasileño arriba referido, los peticionarios reiteraron que la Ley No. 10.803/2003 modificó la pena para el delito de trabajo esclavo previsto en el mencionado artículo, pasando de 2 a 8 años. Con respecto al establecimiento de la competencia federal para el juzgamiento del crimen de “reducción análoga a la de esclavo” (supra punto 7), los peticionarios observaron que con posterioridad a la decisión del Supremo Tribunal Federal de 2006 que determinó la competencia de la justicia federal para el juzgamiento de un delito de dicha naturaleza ocurrido en Pará, en febrero de 2010 este asunto volvió a ser discutido por el Supremo Tribunal Federal. Indicaron al respecto que hasta el momento hay un voto a favor de la competencia estadual y un voto a favor de la competencia federal. En tal sentido, expresaron que permanece en debate la definición de la competencia federal en la materia.
Respecto a la adopción de medidas referentes al fortalecimiento del Ministerio Público del Trabajo y del Grupo Móvil del MTE, así como las gestiones ante al Poder Judicial y a sus entidades representativas (supra punto 8), los peticionarios lamentaron que, pese a los esfuerzos del Grupo Móvil del MTE, este haya respondido solamente al 44% de las denuncias de trabajo esclavo presentadas por la Comisión Pastoral de la Tierra en 2010. Los peticionarios resaltaron además que la insuficiente fiscalización demuestra los límites del alcance de la fiscalización móvil. En el caso del estado de Pará, habría solamente un equipo de fiscalización rural, que entre enero y octubre de 2010 habría realizado solamente tres fiscalizaciones (la mitad en comparación con el mismo período de 2009), rescatando a 18 trabajadores. Asimismo, los peticionarios reiteraron su preocupación por la falta de publicación oficial de datos importantes respecto a la lucha contra el trabajo esclavo en Brasil.
Sobre la revocación, por medio de actos administrativos que le correspondan, del Término de Cooperación firmado entre los propietarios de haciendas y autoridades del Ministerio de Trabajo y del Ministerio Público del Trabajo (supra punto 9), los peticionarios reiteraron que el mismo aun no fue revocado.
Con respecto al punto 10 supra, los peticionarios observaron que no tienen acceso a información actualizada. Indicaron sin embargo que no hay señales de mejora en la organización y priorización de las referidas acciones por la Policía Federal. Señalaron al respecto que en casi la mitad de los 178 casos fiscalizados durante los primeros diez meses de 2010, la Policía Federal fue sustituida por otras policías. Por otra parte, en relación con el punto 11 supra, reiteraron que usualmente los Procuradores Federales no participan de las acciones del Grupo Móvil, excepto los del estado de Mato Grosso.
Respecto de la sensibilización contra la práctica del trabajo esclavo, con enfoque específico en el estado de Pará (supra punto 12), los peticionarios no tienen conocimiento si se dio publicidad al presente acuerdo de solución amistosa durante el lanzamiento de la campaña “Trabajo Esclavo. Hay que abolir esa vergüenza”. Por último, sobre el punto 13 supra, los peticionarios reportaron su frustración con la Campaña Estadual de Erradicación del Trabajo Esclavo y la Comisión Estadual de Combate al Trabajo Esclavo, especialmente en virtud de los escasos avances alcanzados, y el hecho de que dicha Comisión Estadual no ha realizado reuniones desde marzo de 2009.
Por lo expuesto, la CIDH concluye que el Estado ha dado cumplimiento parcial al acuerdo de solución amistosa. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.
En el Informe No. 32/04 de fecha 11 de marzo de 2004, la Comisión concluyó que el Estado brasileño era responsable de: a) la violación al derecho a la vida, a la integridad personal, a la protección judicial y a las garantías judiciales consagrados en los artículos 4, 5, 25 y 8, respectivamente, de la Convención Americana, en perjuicio de los trabajadores sin tierra identificados en el informe, debido a las ejecuciones extrajudiciales, lesiones a la integridad personal, y violaciones de la obligación de investigar, del derecho a un recurso efectivo y de las garantías judiciales cometidas en su perjuicio; b) la violación de su deber de adoptar disposiciones de derecho interno, en los términos del artículo 2 de la Convención Americana, y de las obligación que le impone el artículo 1(1) de respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención; y c) la violación de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
El Estado presentó información respecto al cumplimiento de las mencionadas recomendaciones de la CIDH el 21 de diciembre de 2010. La CIDH observa además que el Estado presentó información sobre el presente cumplimiento el 18 de diciembre de 2009, en respuesta a la solicitud realizada por la Comisión en 200922. Los peticionarios presentaron información sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH el 23 de diciembre de 2010.
Con respecto a la recomendación No. 1 supra, el Estado reiteró lo indicado en el Informe Anual 2007 de la CIDH, en el sentido que tres policías militares y dos trabajadores rurales fueron juzgados por el Tribunal de Jurados y condenados a una pena de reclusión. Añadió el Estado que dichas sentencias condenatorias adquirieron fuerza de cosa juzgada y que todos los condenados se encuentran actualmente cumpliendo la pena. Asimismo, el Estado informó que el 6 de diciembre de 2010 el Tribunal de Justicia de Rondonia declaró la inconstitucionalidad de la Enmienda Constitucional Estadual No. 23 la cual otorgó a uno de los policías militares condenados el derecho a pasar a inactividad aún siendo objeto de proceso penal, siempre que el mismo no hubiera adquirido fuerza de cosa juzgada. En tal sentido, el Estado sostiene que ha cumplido esta recomendación. Los peticionarios, por su parte, reiteraron que no se realizó una investigación completa, imparcial y efectiva de los hechos más allá de lo descrito por la CIDH en el Informe No. 32/04 y que, por lo tanto, dicha recomendación estaría pendiente de cumplimiento.
En cuanto a la recomendación No. 2 supra, ambas partes coincidieron en que aún no ha sido cumplida debido a la falta de consenso sobre el número de víctimas. El Estado indicó que, a pesar que el informe de la CIDH sobre el fondo del caso establece que son 28 el total de víctimas, los peticionarios estarían reivindicando el pago de indemnización a un número mucho mayor de personas, y además no habrían presentado oficialmente dicho listado de presuntas víctimas. Señaló además que en el marco del Programa Balcón de Derechos de la Secretaría de Derechos Humanos se presentó una acción de indemnización por daños morales y materiales contra el estado de Rondonia, que se encuentra pendiente. Dicha acción, que lleva el No. 0000450-05.2010.822.0001, incluye a 198 personas víctimas de abusos y torturas durante la Masacre de Corumbiara. Por último, el Estado manifestó su voluntad de retomar el proceso de negociación con la nueva administración estadual que asumirá en enero de 2011, a efectos de cumplir con el pago a los familiares de las víctimas fallecidas indicados por la CIDH.
Los peticionarios, por su parte, expresaron que, según el informe de la CIDH sobre el fondo del caso, hay más de 50 víctimas heridas. Por otra parte, informaron sobre las dos acciones de indemnización en trámite ante la justicia estadual. En relación con el proceso No. 0027840-97.1999.822.0012 iniciado el 29 de junio de 1999 por algunas víctimas del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía militar estadual, el 20 de octubre de 2009 el Tribunal de Justicia de Rondonia confirmó la sentencia de primera instancia que fijó una indemnización cuyos valores varían entre R$5.000 (cinco mil reales) y R$ 10.000 (diez mil reales). Sin embargo, recién en junio de 2010 la Hacienda Pública habría sido citada para ejecutar la sentencia, motivo por el cual las indemnizaciones aún no fueron pagadas. Respecto al proceso No. 0027858-21.1999.822.0012 iniciado el 28 de junio de 1999 por algunos familiares de las víctimas fallecidas, el Tribunal de Justicia de Rondonia confirmó la indemnización fijada por la sentencia de primera instancia, pero limitó a la edad de 25 años el derecho de pensión de los menores de 18 años. Indicaron los peticionarios que recién el 8 de junio de 2010 la Hacienda Pública fue citada para ejecutar la sentencia, por lo cual en este caso las indemnizaciones tampoco fueron pagadas.
Respecto a la presente recomendación, la Comisión Interamericana reitera que el Informe de Fondo No. 32/04 menciona 28 víctimas, 11 fallecidas y 17 heridas (Informe de Fondo No. 32/04, párr. 306). Asimismo, la CIDH insta nuevamente a las partes a superar los obstáculos existentes para poder dar cumplimiento a esta recomendación, y solicita que ambas partes proporcionen información precisa respecto de esta recomendación, en lo que se refiere a las 28 víctimas determinadas en el Informe No. 32/04.
En relación con la recomendación No. 3 supra, ambas partes informaron sobre el Decreto del 15 de abril de 2010 que declaró inmueble rural “de interés social, para fines de la reforma agraria” a la Hacienda Santa Elina, lugar de la Masacre de Corumbiara. Indicó el Estado que, una vez desapropiada, la Hacienda será destinada a los asentamientos de la reforma agraria. Por otra parte, el Estado señaló que, según cifras de la Ouvidoria Agrária Nacional, entre los meses de enero y septiembre de 2010 hubo 50 homicidios en el campo, cinco de los cuales ocurrieron en el contexto de conflictos agrarios. Asimismo, proporcionó información actualizada sobre el Programa Nacional de Combate a la Violencia en el Campo. Entre los órganos especializados en materia agraria creados en el contexto de dicho programa, reasaltó la instalación de fiscalías agrarias en el estado de Rondonia.
Los peticionarios reconocieron los esfuerzos del Estado brasileño en relación con la mencionada recomendación, pero reiteran que la situación de violencia en el campo en Brasil aún es grave. Indicaron que, según datos de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), en el período de enero a julio de 2010 hubo 222 conflictos por tierra en el país, los que tuvieron como resultado 7 homicidios, 43 víctimas de agresiones y 12 personas amenazadas de muerte. Por otra parte, destacaron que, además de la carencia de medidas preventivas eficientes, la impunidad es uno de los principales obstáculos en la reducción de la violencia en el campo.
En lo concerniente a la recomendación No. 4 supra, el Estado subrayó que hay tres proyectos de ley relacionados al objeto de esta recomendación en estudio de la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía (PL No. 2014 de 2003; PL No. 1837 de 2003; y PL No. 5096 de 2009); asimismo, reiteró que el Supremo Tribunal Federal ya estableció que el Ministerio Público tiene legitimidad constitucional para investigar la conducta de policías. Los peticionarios reiteraron que la aprobación de la Ley Federal No. 9.299/1996 que determinó la transferencia a la justicia ordinaria de la competencia para juzgar el delito de homicidio doloso cometido por policías militares contra civiles, no transfirió la competencia para la realización de la investigación policial. Resaltaron en el mismo sentido que los demás delitos permanecen bajo competencia de la justicia militar. Por otra parte, observaron que los proyectos de ley mencionados por el Estado no modifican la potestad de la policía militar de investigar los delitos cometidos por policías militares. En relación con el PL No. 2014 indican que además de mantener la competencia de la justicia militar para juzgar delitos comunes cometidos por militares, amplía el listado de delitos militares.
En virtud de lo expuesto, la CIDH concluye que el Estado ha dado cumplimiento parcial a las recomendaciones reseñadas. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.