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Timestamp: 2020-03-29 14:29:29
Document Index: 59704945

Matched Legal Cases: ['artículo 47', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 50', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 53']

Test Título Preliminar Ley 40/2015 - Capítulo VI De los convenios. Preparación de oposiciones.
Test Título Preliminar Ley 40/2015 – Capítulo VI De los convenios
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CAPÍTULO VI - DE LOS CONVENIOS
¿Cómo se denominan los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común?
Avocaciones.
Según el artículo 47.1 de la Ley 40/2015, los convenios:
No podrán ser formalizados con sujetos de derecho privado.
No podrán tener efectos jurídicos.
No podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos.
Los convenios firmados entre dos o más Administraciones Públicas, o bien entre dos o más organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de distintas Administraciones públicas son:
Convenios firmados entre una Administración Pública y un sujeto de Derecho privado.
Convenios intradministrativos.
Los convenios firmados entre organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de una misma Administración Pública son:
Las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán suscribir convenios:
Con sujetos de derecho público y privado y en el caso de sujetos de derecho público supondrá la cesión de la titularidad de la competencia.
Únicamente con sujetos de derecho público, sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia.
Con sujetos de derecho público y privado, en cuyo caso supondrá la cesión de la titularidad de la competencia.
Con sujetos de derecho público y privado, sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia.
¿Quiénes podrán celebrar convenios en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes?
Los Secretarios Generales de los respectivos organismos públicos.
Los Directores Generales de los Departamentos Ministeriales y los Presidentes de los organismos públicos.
Los titulares de los Departamentos Ministeriales y los Presidentes o Directores de dichas entidades y organismos públicos.
Según el artículo 48.2 de la Ley 40/2015, la suscripción de convenios, entre otras, deberá:
Mejorar la eficiencia de la gestión pública.
Facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos.
Contribuir a la realización de actividades de utilidad pública.
La gestión, justificación y resto de actuaciones relacionadas con los gastos derivados de los convenios que incluyan compromisos financieros para la Administración Pública que lo suscriban, así como con los fondos comprometidos en virtud de dichos convenios, se ajustarán:
A lo dispuesto en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común.
A lo dispuesto en los propios convenios.
A lo dispuesto en la legislación presupuestaria.
A lo dispuesto en la Constitución Española y atendiendo, en todo caso, a la solidaridad entre los distintos territorios de España.
Según el artículo 48.6 de la Ley 40/2015, las aportaciones financieras que se comprometan a realizar los firmantes de un convenio:
Deberán ser, al menos, iguales a los gastos derivados de la ejecución del convenio.
No podrán ser superiores a los gastos derivados de la ejecución del convenio.
Deberán ser superiores a los gastos derivados de la ejecución del convenio para financiar posibles modificaciones.
Según el artículo 48.7 de la Ley 40/2015, cuando el convenio instrumente una subvención deberá cumplir con lo previsto en:
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la normativa autonómica de desarrollo que, en su caso, resulte aplicable
La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común y la normativa estatal de desarrollo que, en su caso, resulte aplicable
La normativa autonómica de desarrollo y, en su caso, en la Ley 38/2015, de 16 de noviembre, General de Subvenciones en caso de no existir normativa autonómica.
La Ley 35/2013, de 15 de octubre, General de Subvenciones y en la normativa autonómica de desarrollo que, en su caso, resulte aplicable
Según el artículo 48.7 de la Ley 40/2015, cuando un convenio tenga por objeto la delegación de competencias en una Entidad Local deberá cumplir con lo dispuesto:
En la Ley 35/2013, de 15 de octubre, General de Subvenciones y en la normativa autonómica de desarrollo que, en su caso, resulte aplicable
En la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común y la normativa estatal de desarrollo que, en su caso, resulte aplicable
En Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
En lo establecido para los convenios en el Estatuto de Autonomía de la respectiva Comunidad Autónoma.
De acuerdo con el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, los convenios se perfeccionan:
Una vez inscritos en el Registro Electrónico Autonómico de Órganos e Instrumentos de Cooperación.
Una vez son publicados.
Una vez son autorizados por el Ministerio de Administraciones Públicas.
De acuerdo con el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, los convenios suscritos por la Administración General del Estado resultarán eficaces:
Una vez inscritos en el Registro Electrónico Autonómico de Órganos e Instrumentos de Cooperación y publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.
Una vez inscritos en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y publicados en el Boletín Oficial del Estado.
Una vez se autoriza su celebración por el Ministerio de Administraciones Públicas.
En el artículo 49 de la Ley 40/2015 se establece que los convenios a los que hace referencia la ley deberán incluir necesariamente una serie de materias, entre las que se encuentran:
Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa cada una de las partes.
Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su cumplimiento, indicando, en su caso, la titularidad de los resultados obtenidos
En el artículo 49 de la Ley 40/2015 se establece que los convenios a los que hace referencia la ley deberán incluir las obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las partes:
En su caso, indicando su distribución temporal para la duración completa del convenio y su imputación concreta al presupuesto correspondiente.
En todo caso, indicando su distribución temporal por anualidades y su imputación concreta al presupuesto correspondiente.
En su caso, indicando su distribución temporal por anualidades y su imputación concreta al presupuesto correspondiente.
En el artículo 49 de la Ley 40/2015 se establece que los convenios, a los que hace referencia la ley, deberán incluir:
Plazo de vigencia del convenio, que no podrá ser prorrogado antes de la finalización del plazo previsto.
El régimen de modificación del convenio que deberá regular expresamente la modificación del contenido.
Los mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes.
En el artículo 49 de la Ley 40/2015 se establece que, en relación con los convenios a los que hace referencia la ley, a falta de regulación expresa la modificación del contenido de un convenio:
Requerirá acuerdo de la mayoría de los firmantes del convenio.
No podrá realizarse hasta la finalización del convenio.
Requerirá la aprobación por cualquiera de las partes firmantes del convenio, previa comunicación por escrito al resto de partes.
De acuerdo con el artículo 49 de la Ley 40/2015, la duración de los convenios:
Podrán tener una duración indefinida.
Deberá tener una duración determinada.
No podrán tener una duración determinada.
No podrán tener una duración superior a un año.
De acuerdo con el artículo 49 de la Ley 40/2015, los convenios deberán tener una duración determinada que no podrá ser superior a:
Cinco años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.
Cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.
Cuatro años, en ningún caso.
Tres años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.
Antes de la finalización del plazo establecido inicialmente en los convenios recogidos en el Capítulo VI de la Ley 40/2015:
Se prorrogará su duración por una anualidad si no hay oposición por ninguna de las partes.
Se podrá acordar unánimemente su prórroga por un máximo de una anualidad o su extinción.
Se podrá acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.
Se podrá acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta dos años adicionales o su extinción.
Conforme al artículo 50.1 de la Ley 40/2015, sin perjuicio de las especialidades que la legislación autonómica pueda prever, será necesario que un convenio se acompañe de manera general:
Del carácter no contractual de la actividad en cuestión y del cumplimiento de lo previsto en la Ley 40/2015.
De una memoria justificativa donde se analice su necesidad y oportunidad.
De su impacto económico.
Los convenios que suscriba la Administración General del Estado o sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes se acompañarán necesariamente de ciertos requisitos, entre los que no se encuentra:
Los informes preceptivos que establezca la normativa aplicable.
El informe de su servicio jurídico en todo caso.
Los convenios interadministrativos suscritos con las Comunidades Autónomas, serán remitidos al Senado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Los convenios interadministrativos suscritos con las Comunidades Autónomas por la Administración General del Estado serán remitidos:
Al Senado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Al Congreso por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
A las Cortes Generales por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Al Congreso de los Diputados por el Consejo de Gobierno de la respectiva Comunidad Autónoma.
Según el artículo 51.1 de la Ley 40/2105, los convenios se extinguen:
Únicamente por el cumplimiento del plazo de ejecución.
Por el cumplimiento del plazo de ejecución o por no incurrir en causa de resolución.
Únicamente por no incurrir en causa de resolución.
Conforme al artículo 51.1 de la Ley 40/2015, entre las causas de resolución de los convenios se encuentra:
Conforme al artículo 51.1 de la Ley 40/2015, entre las causas de resolución de los convenios no se encuentra:
La solicitud de cualquiera de los firmantes.
Causas previstas en el convenio o en otras leyes.
El transcurso del plazo de vigencia inicial del convenio en todo caso.
El acuerdo de la mayoría de los firmantes.
El cumplimiento y la resolución de los convenios, conforme al artículo 52 de la Ley 40/2015:
Dará lugar a la finalización de los mismos sin otro objeto posterior.
Dará lugar a la liquidación de los mismos con el objeto de determinar su prórroga o finalización.
Dará lugar a la liquidación de los mismos con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes
Según el artículo 52 de la Ley 40/2015, en el supuesto de convenios de los que deriven compromisos financieros se tendrá en cuenta que, si de la liquidación resultara que el importe de las actuaciones ejecutadas por alguna de las partes fuera inferior a los fondos que la misma hubiera recibido del resto de partes del convenio para financiar dicha ejecución, aquella deberá reintegrar a estas el exceso que corresponda a cada una, en el plazo:
Máximo de un mes desde que se hubiera aprobado la liquidación.
Máximo de dos meses desde que cualquiera de las partes solicite la devolución.
Máximo de un dos meses desde que se hubiera aprobado la liquidación.
Máximo de tres meses desde que se hubiera aprobado la liquidación.
¿En qué caso deberán remitirse electrónicamente los convenios recogidos en la Ley 40/2015 al Tribunal de Cuentas u al órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma, según corresponda?
Cuando los compromisos económicos asumidos superen los 300.000 euros
Cuando los compromisos económicos asumidos superen los 600.000 euros
Cuando los compromisos económicos asumidos superen los 400.000 euros
Cuando los compromisos económicos asumidos superen los 90.000 euros
Según el artículo 53 de la Ley 40/2015, los convenios cuyos compromisos económicos asumidos superen los 600.0000 euros se deberán remitir al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma dentro:
De los seis meses siguientes a la suscrición.
De los tres meses siguientes a la suscripción.
De los cincos meses siguientes a la finalización.
Del mes siguiente a la suscripción.