Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43561302
Timestamp: 2020-05-27 02:05:49
Document Index: 7691376

Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'Artículo 95', 'artículo 95', 'artículo 291', 'artículo 122', 'artículo 209', 'artículo 293', 'artículo 293', 'artículo 293', 'artículo 241', 'artículo 95', 'artículo 293', 'artículo 25']

Sentencia de Constitucionalidad nº 618/97 de Corte Constitucional, 27 de Noviembre de 1997 - Jurisprudencia - VLEX 43561302
Sentencia de Constitucionalidad nº 618/97 de Corte Constitucional, 27 de Noviembre de 1997
Ley 136 de 1994 art. 95 n°5, inhabilidades para ser elegido alcalde. Celebracion de contratos con entidades publicas. Exequible.
Sentencia citada en: 108 sentencias, 2 noticias
¿Puede surgir una violación a la igualdad derivada de la comparación entre dos normas legales?. En principio en un examen de constitucionalidad ese tipo de comparaciones entre normas legales no era factible, pues "mal podría realizarse un análisis de constitucionalidad cuando la demanda versa sobre la supuesta desigualdad existente entre dos normas legales; es decir, entre disposiciones de igual categoría y fuerza jurídica y no en el confrontamiento entre la ley denunciada y el texto de la Carta Política". Sin embargo, la anterior tesis requiere ser precisada pues, tomada en sentido absoluto, puede conducir a equívocos conceptuales. Así, es indudable que en determinados casos es posible decretar la inexequibilidad de una disposición por violar la igualdad, cuando, al compararla con otra disposición de la misma jerarquía, se constata que consagra injustificadamente un trato diferente para personas situadas en una misma situación, o que han realizado un mismo comportamiento. Por ejemplo, con tal criterio, esta Corte declaró la inconstitucionalidad del artículo 25 de la Ley 294 de 1996 por violación a la igualdad, por cuanto esa disposición establecía una sanción considerablemente menor para los delitos de acceso y acto carnal violentos, cuando el acto se ejecutaba contra el cónyuge o la persona con quien se cohabita o se haya cohabitado, o con quien se haya procreado un hijo. La Corte llegó a tal conclusión comparando la pena prevista en esa norma con las sanciones establecidas para esas mismas conductas en el Código Penal cuando el sujeto pasivo es indeterminado. Igualmente, esta Corporación también decretó la inconstitucionalidad de aquellos apartes del Código Penal Militar que señalaban penas más benignas para el homicidio ejecutado por los miembros de la Fuerza Pública que las previstas por el Código Penal para el homicidio realizado por un sujeto jurídico no cualificado.
N. acusada: Artículo 95 numeral 5º de la Ley 136 de 1994.
Demandante: A.J.R. Donado
El ciudadano A.J.R.D. presenta demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 95 numeral 5º de la Ley 136 de 1994, la cual fue radicada con el número D-1692. Cumplidos, como están, los trámites previstos en la Constitución y en el Decreto No. 2067 de 1991, procede la Corte a decidir el asunto por medio de esta sentencia.
''LEY 136 DE 1994
''Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.''
Haya sido condenado por más de dos años a pena privativa de la libertad entre los diez años anteriores a su elección, excepto cuando se trate de delitos políticos y culposos, siempre que no hayan afectado el patrimonio del Estado.
Se halle en interdicción judicial, inhabilitado por una sanción disciplinaria, suspendido en el ejercicio de su profesión o haya sido excluído de ésta.
Haya ejercido jurisdicción o autoridad civil, política o militar o cargos de dirección administrativa en el respectivo municipio, dentro de los seis meses anteriores a la elección.
Se haya desempeñado como empleado o trabajador oficial dentro de los tres (3) meses anteriores a la elección.
Durante el año anterior a su inscripción haya intervenido en la celebración de contratos con entidades públicas en interés propio, o en el de terceros o haya celebrado por sí, o por interpuesta persona, contrato de cualquier naturaleza con entidades u organismos del sector central o descentralizado de cualquier nivel administrativo que deba ejecutarse o cumplirse con el respectivo municipio.
Haya sido representante legal de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales en el municipio dentro de los tres (3) meses anteriores a los de elección.
Tenga doble nacionalidad, con excepción a los colombianos por nacimiento.
Tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil con funcionarios del respectivo municipio que dentro de los tres (3) meses anteriores a la elección estuvieren ejerciendo autoridad civil, política, administrativa o militar.
Esté vinculado por matrimonio, unión permanente o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con personas que se hubieren inscrito por el mismo partido o movimiento para la elección de miembros al concejo municipal respectivo.
Haya perdido la investidura de congresista, de diputado o de concejal en razón del artículo 291 de la constitución Política y dentro de los diez años anteriores a la inscripción.
El servidor público que haya sido condenado por delitos contra el patrimonio del Estado, de acuerdo con el artículo 122 de la Constitución Política.
P.. Nadie podrá se elegido simultáneamente alcalde o miembro de una corporación o cargo público, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente.
El actor considera que la norma demandada viola los artículos 13 y 40 ordinales 1º y 2º de la Constitución. Según su criterio, el ordinal acusado desconoce los derechos fundamentales a la igualdad y a la participación política por cuanto impide ''a las personas que caen bajo el imperio de la inhabilidad impugnada, ir al proceso electoral en igualdad de condiciones que otros que se encuentran con limitaciones para acceder a la primera magistratura municipal o en igual situación de hecho''.
El demandante justifica ese cargo por medio de una comparación entre el numeral impugnado y los numerales 3º y 4º de ese mismo artículo, que también consagran inhabilidades para ser alcalde, pero con un plazo menor. Así, la inhabilidad de los contratistas se inicia un año antes de la inscripción de la candidatura, mientras que la inhabilidad de aquellos que han ejercido jurisdicción o autoridad civil, política o militar o cargos de dirección administrativa en el respectivo municipio y de quienes se han desempeñado como empleados o trabajadores oficiales, rige para los primeros seis meses antes de la elección, y para los segundos tres meses antes de la misma, ''configurándose un privilegio injustificado en favor de estos últimos, más aún cuando a los revestidos de autoridad civil, política y militar, que tienen la facultad y el derecho de conducir y hacer obedecer y tienen mayor influencia sobre los ciudadanos electores, el período sólo se reduce a seis (6) meses antes de la elección''. De esa manera se limita además, según el actor, en forma injustificada la participación ciudadana. Concluye entonces el demandante:
Si bien, el legislador, tiene autonomía para establecer unas limitaciones y reglas razonables que apuntan a preservar los conceptos de moralidad e independencia, en aras del interés general, es indudable, que con los ''Contratistas'', se está cometiendo una grave injusticia, ya que en éstos quedan cobijados humildes profesionales de todas las ciencias, hasta simples maestros de obras y obreros, que ven cercenados su derecho a acceder al ejecutivo municipal en igualdad de circunstancias de hecho y derecho, por simplemente haber celebrado un contrato ''un (1) año antes de la inscripción'', sin que su vinculación, con entidades del sector central o centralizado, tenga la suficiente influencia para someter la conciencia y voluntad de los ciudadanos, determinando con ello que las votaciones no traduzcan la expresión libre, espontánea y autentica de los electores, lo que si puede suceder con los que ejercen autoridad civil, política o militar, que tienen virtualmente capacidad de convocatoria frente a las demás personas, casos que hoy estamos viviendo, con personajes de actualidad investidos de rango y poder estatal.
El ciudadano A.N.V., en representación del Ministerio de Justicia, interviene para impugnar la demanda, pues considera que el numeral acusado, ''lejos de buscar una desproporción o desigualdad pretende proteger el interés general''. Según su criterio, la inhabilidad a los contratistas consagrada en esa norma ''busca proteger la neutralidad política y de gestión que se requiere en la función pública'', conforme lo estipula el artículo 209 de la Constitución, en armonía con el principio de prevalencia del interés general sobre el particular. El ciudadano destaca que los contratistas con el Estado pueden incurrir en diversas conductas irregulares, por lo cual la ley ha ampliado la prescripción de acciones a veinte años con el fin de evitar ''que muchos ilícitos contra la administración queden en la impunidad''. Según su parecer, estas ''medidas pueden verse afectadas, cuando el ejecutivo municipal lo ostenta quien ha participado como particular en la contratación, no mediando un tiempo prudente que garantice la no incidencia del funcionario en las medidas, recursos y evaluaciones que se encuentran en cabeza de la administración''. En efecto, señala el interviniente, si el contratista es elegido alcalde, podrá tener ''incidencia en el control fiscal, de lo cual se desprende la razón del numeral demandado que buscar la protección del patrimonio del Estado al igual que la imparcialidad y efectividad fiscalizadora.'' Finalmente, el ciudadano agrega que no existe violación a la igualdad ya que, conforme al artículo 293 de la Carta, y a la sentencia C-194 de 1995 de esta Corporación, el Legislador tiene una amplia discrecionalidad para definir las distintas inhabilidades para ser alcalde, ya que la norma constitucional le otorga la potestad ''para limitar el derecho al ejercicio de la actividad política a ciudadanos sobre los cuales no pesa prohibición expresa en la Carta''. En tales circunstancias, el interviniente concluye que bien puede la ley regular en forma diversa la inhabilidad de los contratistas y la de quienes han ejercido cargos de autoridad, pues se trata de situaciones distintas.
La ciudadana N.R.G.S., en representación del Ministerio del Interior, interviene también para impugnar la demanda. La ciudadana precisa que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el tema, se entiende que el término de la inhabilidad se cuenta a partir de la celebración del contrato, y no de la ejecución del mismo. En ese orden de ideas, la ciudadana considera que si bien la inhabilidad de los contratistas es más prolongada que la de los funcionarios que ejercieron autoridad, no por ello existe violación a la igualdad pues, conforme al artículo 293 superior, ''es función del congreso nacional legislar sobre esos temas.'' Además, agrega la interviniente, la Corte en la sentencia C-194/95 precisó que la ''igualdad no implica una identidad absoluta sino la proporcionalidad.''
En su concepto de rigor, el Procurador General de la Nación, J.B.C. solicita a la Corte declarar la exequibilidad del ordinal acusado. Según su criterio, el análisis constitucional debe partir de los principios de imparcialidad, moralidad y prevalencia del interés general que orientan la función pública, y en virtud de los cuales, el artículo 293 de la Carta autorizó al Legislador a regular el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los alcaldes. A partir de ese marco constitucional, el Ministerio Público considera que, conforme a la sentencia C-329 del 95, el Legislador tiene una amplia discrecionalidad para regular este régimen de inhabilidades, por lo cual la ley puede establecer diferencias de trato que tengan un sustento objetivo y razonable. En tales circunstancias, el Ministerio Público concluye que no es admisible el cargo sobre violación de la igualdad, ya que ''la situación de los contratistas que aspiran a ser elegidos alcaldes, frente a quienes tienen igual aspiración y han ejercido jurisdicción o autoridad civil, política o militar o cargos de dirección administrativa en el respectivo municipio, o se han desempeñado como servidores públicos'' es distinta ''lo cual amerita que el legislador los hubiese tratado de manera diversa''. Según su parecer, ''tanto las personas que han contratado con el Estado o intervenido en la celebración de contratos que deban ejecutarse en el respectivo municipio, como aquellas que han desempeñado funciones públicas o ejercido jurisdicción, autoridad o cargos de dirección administrativa en el respectivo municipio, pueden tener capacidad para influir sobre las instancias de poder, razón por la cual el legislador ha erigido estas circunstancias como causal de inhabilidad para ser elegido alcalde, pero estableciéndole unos límites temporales distintos, de acuerdo con cada una de las situaciones que se presentan.'' En tales circunstancias, la Vista Fiscal considera que tampoco existe violación al derecho de participación, ya que el ''derecho a ser elegido no es absoluto, toda vez que puede ver condicionado por el constituyente o por el legislador, quienes tienen la facultad para determinar las condiciones a las que se deben someter todos los ciudadanos que aspiran a ser elegidos para un determinado cargo o corporación pública''. Por ello concluye que la norma no establece condiciones que impidan acceder a los cargos de elección popular, ya que son ''unas limitaciones razonables para preservar la moralidad, así como los valores y principios constitucionales.''
Conforme al artículo 241 ordinal 4º de la Constitución, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad del artículo artículo 95 numeral 5º de la Ley 136 de 1994, ya que se trata de una demanda de inconstitucionalidad en contra de una ley de la República.
2- Las inhabilidades son circunstancias definidas por la Constitución o la ley que ''impiden que una persona sea elegida o designada en un cargo público, y en ciertos casos, impiden el ejercicio del empleo a quienes ya se encuentran vinculados al servicio, y tienen como objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad e imparcialidad de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos'' Corte Constitucional. S.P.. Sentencia No. C-546/93 del 25 de noviembre de 1993. Magistrado Ponente: C.G.D... Es pues claro que la norma acusada consagra una inhabilidad pues establece que no pueden ser alcaldes aquellas personas que durante el año anterior a su inscripción hayan intervenido en contratos con entidades u organismos del sector central o descentralizado de cualquier nivel administrativo, siempre y cuando tales contratos deban ejecutarse o cumplirse con el respectivo municipio. Según el actor, esa prohibición viola la igualdad y el derecho de participación política, pues establece un plazo mayor de inhabilidad para los contratistas que el previsto por el mismo artículo para aquellas personas que hayan sido empleados o trabajadores oficiales, o hayan ejercido jurisdicción o autoridad civil, política o militar o cargos de dirección administrativa en el respectivo municipio. Según su criterio, no existe ninguna razón para ese trato más severo para los contratistas, por lo cual la norma no sólo configura una discriminación contraria al principio de igualdad (CP art. 13) sino que además obstaculiza el derecho de participación política (CP art. 40). Por el contrario, según los intervinientes y la Vista Fiscal, la norma es exequible, por cuanto es un desarrollo de la amplia facultad que tiene el Legislador para regular el régimen de inhabilidades de aquellos ciudadanos que aspiren a ser alcaldes (CP art. 293). Además, según su criterio, la ley no está obligada a establecer el mismo término de inhabilidad para los contratistas y los servidores públicos, puesto que se trata de situaciones distintas que pueden ser entonces reguladas de manera diferente.
3- En numerosas decisiones, esta Corte ha señalado que, conforme al artículo 293 de la Carta, el Legislador goza de una amplia libertad para definir el régimen de inhabilidades de los alcaldes Ver, entre otras, las sentencias C-194 de 1995, C-329 de 1995 y C-151 de 1997. Esto no significa obviamente que el Congreso pueda configurar cualquier conducta o situación como constitutiva de una inhabilidad, pues la Constitución reconoce el derecho a todo ciudadano de ser elegido alcalde (CP art. 40), por lo cual las regulaciones legales deben ser razonables y proporcionadas, tal y como esta Corporación ya lo ha señalado en numerosas sentencias Ver, entre otras, las sentencias C.537 de 1993 y C373 de 1995.. Sin embargo, en la medida en que la propia Constitución atribuye a la ley la posibilidad de regular esta materia, se entiende que el Congreso ''tiene la mayor discrecionalidad para prever dichas causales, sin más limitaciones que las que surgen de la propia Carta Política'', puesto que corresponde a ese órgano político ''evaluar y definir el alcance de cada uno de los hechos, situaciones o actos constitutivos de incompatibilidad o inhabilidad así como el tiempo durante el cual se extienden y las sanciones aplicables a quienes incurran en ellas'' Sentencia C-194 de 1995. MP J.G.H.G... Así las cosas, a pesar de que una inhabilidad limita un derecho fundamental, como es el derecho ciudadano a ser elegido a un determinado cargo, en estos casos no procede efectuar un control estricto de constitucionalidad, por cuanto la propia Carta ha atribuido al Congreso la función de establecer esas causales, con el fin de proteger la moralidad e imparcialidad de la administración. Por ello, en principio sólo pueden ser declaradas inexequibles aquellas inhabilidades para ser alcalde que en forma desproporcionada, innecesaria o irrazonable limiten el derecho de las personas a ser elegidas para ese cargo, por cuanto se estaría violando el derecho de todos los ciudadanos a una igual participación política (CP arts 13 y 40) y la libertad de configuración del Legislador, que como se dijo, en esta materia goza de un amplio margen de discrecionalidad.
Con todo, la Corte considera que una interpretación puramente literal de la norma suscita problemas constitucionales, por lo cual será necesario condicionar su alcance a fin de ajustar su sentido a la Constitución. En efecto, el ordinal no sólo no distingue los tipos de contratos que generan la inhabilidad sino que expresamente señala que ésta surge de contratos de ''cualquier naturaleza'' , con lo cual podría entenderse que la inelegibilidad opera en casos en donde su aplicación sería manifiestamente inconstitucional. Así, sería absurdo que se señalara que no puede ser alcalde una persona por cuanto en el año anterior suscribió con el municipio un contrato para la prestación del servicio de luz, pues estos contratos son ofrecidos a todos los habitantes de la localidad, como lógica consecuencia del papel que juega el municipio en la prestación de los servicios públicos (CP art. 311). Por ello la propia Constitución, al definir el régimen de incompatibilidades de los congresistas, y señalar que éstos no podrán contratar o realizar gestiones ante entidades públicas o que manejen dineros públicos, expresamente señaló que esa prohibición no cobija ''la adquisición de bienes y servicios que se ofrecen a los ciudadanos en igualdad de condiciones'' (CP art. 180 ord. 4º). Conforme a lo anterior, la Corte entiende que la disposición acusada no se aplica a aquellos contratos por medio de los cuales la administración ofrece, en igualdad de condiciones, a todos los ciudadanos y personas, un determinado bien o servicio, en desarrollo de sus funciones constitucionales y legales, tal y como sucede por ejemplo con la prestación de los de los servicios públicos, pues en tal caso la inhabilidad sería totalmente irrazonable. Así interpretada la norma, la Corte considera que ella no desconoce el derecho de participación política y por ende es constitucionalmente admisible.
7- En anterior oportunidad, esta Corporación había señalado que en principio en un examen de constitucionalidad ese tipo de comparaciones entre normas legales no era factible, pues ''mal podría realizarse un análisis de constitucionalidad cuando la demanda versa sobre la supuesta desigualdad existente entre dos normas legales; es decir, entre disposiciones de igual categoría y fuerza jurídica y no en el confrontamiento entre la ley denunciada y el texto de la Carta Política. Sentencia C-329 de 1995. MP V.N.M..'' Sin embargo, la anterior tesis requiere ser precisada pues, tomada en sentido absoluto, puede conducir a equívocos conceptuales. Así, es indudable que en determinados casos es posible decretar la inexequibilidad de una disposición por violar la igualdad, cuando, al compararla con otra disposición de la misma jerarquía, se constata que consagra injustificadamente un trato diferente para personas situadas en una misma situación, o que han realizado un mismo comportamiento. Por ejemplo, con tal criterio, esta Corte declaró la inconstitucionalidad del artículo 25 de la Ley 294 de 1996 Sentencia C-287 de 1997, M.C.G. por violación a la igualdad, por cuanto esa disposición establecía una sanción considerablemente menor para los delitos de acceso y acto carnal violentos, cuando el acto se ejecutaba contra el cónyuge o la persona con quien se cohabita o se haya cohabitado, o con quien se haya procreado un hijo. La Corte llegó a tal conclusión comparando la pena prevista en esa norma con las sanciones establecidas para esas mismas conductas en el Código Penal cuando el sujeto pasivo es indeterminado. Igualmente, esta Corporación también decretó la inconstitucionalidad de aquellos apartes del Código Penal Militar que señalaban penas más benignas para el homicidio ejecutado por los miembros de la Fuerza Pública que las previstas por el Código Penal para el homicidio realizado por un sujeto jurídico no cualificado Sentencia C-358 de 1997. M.E.C.M...