Source: http://pares-seixas.es/de-internet-a-la-carcel/
Timestamp: 2018-02-19 12:20:35
Document Index: 348252833

Matched Legal Cases: ['artículo 30', 'artículo 36', 'artículo 270', 'artículo 271', 'artículo 271', 'artículo 197']

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El Congreso aprobó la polémica Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, a partir de ahora debes tener cuidado para no ir de internet a la carcel. Al mismo tiempo que hacía lo propio con la Ley Orgánica del Código Penal y la Ley Orgánica de reforma del Código Penal en materia de terrorismo. Tramitadas de forma paralela, las tres normativas guardan varios puntos en común: han sido tachadas de “represivas” (a pesar de que la de Seguridad ha sido suavizada respecto al texto inicial). Desde Parés Seixas queremos tengas muy presente las nuevas leyes en internet para que no caigas en un descuido y te sea tarde para cuando quieras darte cuenta por eso te presentamos algunas de las acciones que pueden ser delictivas ahora en internet.
Convocar manifestaciones por internet
Entre las novedades que incluye la citada norma se encuentra la posibilidad de considerar responsable de una manifestación a quien haga una publicación en internet o declaración de convocatoria de la misma, como por ejemplo por un simple tuit. Es algo que da realmente miedo porque nos da la sensación que se está perdiendo totalmente la libertad de expresión.
De esta forma, el artículo 30.3 del texto explica que: “A los efectos de esta ley se considerarán organizadores o promotores de las reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones las personas físicas o jurídicas que hayan suscrito la preceptiva comunicación. Asimismo, incluso no habiendo suscrito o presentado la comunicación, también se considerarán organizadores o promotores quienes de hecho las presidan, dirijan o ejerzan actos semejantes, o quienes por publicaciones o declaraciones de convocatoria de las mismas, por las manifestaciones orales o escritas que en ellas se difundan, por los lemas, banderas u otros signos que ostenten o por cualesquiera otros hechos pueda determinarse razonablemente que son directores de aquellas”.
Publicar imágenes de policías en internet
El artículo 36.26 del texto presentado por el Ejecutivo considera infracciones graves: “El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información”.
Las dudas que genera este texto son muchas: ¿En qué casos concretos se podrá o no publicar una instantánea? ¿Y si se fotografía a un policía en la puerta del Congreso? Al respecto, el abogado Pablo Fernández Burgueño ha reconocido a este periódico que la expresión “poner en riesgo la seguridad personal o familiar de los agentes” es un concepto jurídico indeterminado que ocasiona problemas interpretativos. “Si un periodista hace la foto no ocurre nada porque el derecho a la información está por encima. Pero si lo hace un particular se generan dos opciones: que la utilice para fines personales o que la publique en Twitter. Si hace esto último podría ser castigado incluso cuando haya tomado esa fotografía sin malas intenciones”.
Además de la “ley mordaza”, la Ley Orgánica del Código Penal también afecta a internet, incrementándose de forma general las penas de todos los delitos. El artículo 270 en concreto establece una pena de prisión de hasta cuatro años para algunos delitos contra la propiedad intelectual, y el artículo 271 de seis si concurren determinados agravantes.
¿En qué casos concretos se podrá o no publicar una fotografía en internet? ¿Y si se fotografía a un policía en la puerta del Congreso?
Por su parte, el artículo 271 indica que se impondrá la pena de prisión de dos a seis años cuando concurran las siguientes circunstancias: “Que el beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener posea especial trascendencia económica; que los hechos revistan especial gravedad atendiendo al valor de los objetos producidos ilícitamente, el número de obras o de la transformación, ejecución o interpretación de las mismas ilícitamente reproducidas, distribuidas, comunicadas al público o puestas a su disposición o a la especial importancia de los perjuicios ocasionados; que el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que tuviese como finalidad la realización de actividades infractoras de derechos de propiedad intelectual; o que se utilice a menores de 18 años para cometer estos delitos”.
Más protección de las videoconsolas y otros dispositivos en internet
Es de especial relevancia también la modificación del artículo dedicado a los dispositivos de hackeo capaces de saltarse los mecanismos de protección de algunos aparatos electrónicos. El texto aclara que: “Será castigado con una pena de prisión de seis meses a tres años quien, con una finalidad comercial, fabrique, importe, ponga en circulación o tenga cualquier medio principalmente concebido, producido, adaptado o realizado para facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador o cualquiera de las otras obras, interpretaciones o ejecuciones en los términos previstos en el apartado 1 de este artículo (270)”.
Según ha explicado la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), “la redacción poco clara del anterior artículo había provocado sentencias contradictorias sobre el uso de chips, tarjetas R4 y otros dispositivos que permitían el uso de videojuegos pirateados. Con la nueva ley se facilitará aún más la persecución de las actividades aparejadas a estos medios cuya finalidad principal es neutralizar o suprimir los dispositivos técnicos para proteger las videoconsolas. A nivel internacional, España era reconocida como un espacio en el que existía cierta ambigüedad legal. Esta ambigüedad daba cierta sensación de impunidad a los que vendían con grandes beneficios estos dispositivos”.
Novedades contra el ‘revenge porn’ y la pornografía infantil en internet
El artículo 197.7 establece que: “Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona”.
Por último, tras la aprobación de la Ley Orgánica de reforma del Código Penal en materia de terrorismo, se consideran delitos de terrorismo algunos delitos informáticos (en concreto, los tipificados en los artículos 197 bis a 197 ter y 264 a 264 quáter), cuando los hechos se cometan con la finalidad de provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella. También el hecho de acceder de manera habitual a una página web cuyos contenidos estén dirigidos o resulten idóneos para incitar a la incorporación a una organización o grupo terrorista.
“Entonces, ¿los desórdenes públicos del barrio de Gamonal cuya finalidad era obligar al Ayuntamiento a reconsiderar una decisión política, serían terrorismo? ¿Un ciberataque a la página web de un ministerio, o a la Junta Electoral Central, sería terrorismo?”, ha concluido el abogado.
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Este artículo ha sido extraido del confidencial
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