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Timestamp: 2017-03-30 12:37:24
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BOE.es - Documento BOE-A-2015-1891
Documento BOE-A-2015-1891
Publicado en: «BOE» núm. 47, de 24 de febrero de 2015, páginas 26 a 32 (7 págs.)
Referencia: BOE-A-2015-1891
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 7045-2013, planteada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona en relación con el artículo 623.1, párrafo segundo, del Código penal, por posible vulneración de los artículos 24.2, 25.1 y 9.3 CE. Han formulado alegaciones el Abogado del Estado y el Fiscal General del Estado y se han personado el Congreso y el Senado. Ha sido Ponente el Magistrado don Pedro José González-Trevijano Sánchez, quien expresa el parecer del Tribunal.
1. El día 3 de diciembre de 2014 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal un escrito de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona al que se acompaña, junto con el testimonio del correspondiente procedimiento (recurso de apelación de juicio de faltas núm. 79-2013), el Auto de 8 de noviembre de 2013 en el que se acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con el artículo 623.1, párrafo segundo, del Código penal, por posible vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y de los principios de culpabilidad, en su vertiente de responsabilidad por el hecho, de legalidad penal (art. 25.1 CE) y de seguridad jurídica (art. 9.3 CE).
La cuestión de inconstitucionalidad se propone por el mismo órgano judicial que planteó la cuestión registrada con el núm. 5318-2013, resuelta por el Pleno de este Tribunal en STC 185/2014, de 6 de noviembre, en la que se abordaron las dudas de constitucionalidad formuladas ahora en idénticos términos en el Auto de planteamiento.
a) Doña Erika Osmanovic fue condenada en el juicio de faltas núm. 182-2013 seguido ante el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Barcelona, por Sentencia de 18 de marzo de 2013, como autora de una falta de hurto prevista y penada en el artículo 623.1 del Código penal (CP), donde se le impuso la pena de diez días de localización permanente a cumplir en centro penitenciario. En ese precepto se prevé la imposición de la pena de localización permanente (y no de la alternativa pena de multa), que el Juez puede disponer que se cumpla en centro penitenciario, en caso de perpetración reiterada de la falta de hurto (hurto cuyo valor no excede de los 400 euros). Conforme a su párrafo segundo, «para apreciar la reiteración, se atenderá al número de infracciones cometidas, hayan sido o no enjuiciadas, y a la proximidad temporal de las mismas». El fundamento de Derecho tercero de la Sentencia impuso la pena de localización permanente «dado que a las denunciadas les constan varios antecedentes policiales por faltas de hurto reiteradas y que habitualmente cometen este tipo de hechos como modus vivendi según manifestaciones del testigo Guarda Urbano».
b) La Sentencia fue recurrida en apelación por dos motivos: se niega que existiera prueba de cargo suficiente, ya que la víctima no compareció en el juicio oral; subsidiariamente, se rechaza que existan elementos suficientes para imponer la pena de localización permanente, ya que el artículo 623.1 CP al sancionar la perpetración reiterada de faltas adolece de indeterminación contraria al principio de legalidad y al no exigir que las infracciones hayan sido enjuiciadas vulnera el principio de presunción de inocencia.
c) Una vez finalizada la tramitación del recurso como el rollo de apelación núm. 79-2013, mediante providencia de 5 de septiembre de 2013, el Magistrado designado para conocer como órgano unipersonal del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), acordó conceder a las partes personadas un plazo de diez días para formular alegaciones sobre la oportunidad de promover cuestión de inconstitucionalidad respecto del artículo 623.1, párrafo segundo, CP, por su posible contradicción con los artículos 24.2, 25.1 y 9.3 CE. Considera el proponente que «la mención ''hayan sido o no enjuiciadas'' es contraria al derecho fundamental a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 24.2 CE, al permitir que hechos que no hayan sido declarados probados por una Sentencia firme sean considerados como cometidos para aplicar la respuesta penal agravada», lo cual implica, añade, «una violación del principio de culpabilidad en su faceta de responsabilidad por el hecho». La providencia se plantea que «hipotéticamente, cabría aventurar una posible ''interpretación adecuadora'', que tendría más de operación reconstructiva, entendiendo que la citada mención ha de entenderse en el solo sentido de incluir los hechos que vayan a ser enjuiciados en el mismo procedimiento o los declarados probados en sentencia firme. Sin embargo, tal solución, a su juicio, forzaría la literalidad de la disposición y la génesis del precepto y tendría costes inasumibles desde la perspectiva del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) y legalidad penal (art. 25.1 CE), tanto en su vertiente formal (reserva de ley) como material (principio de taxatividad)».
d) El Ministerio Fiscal, mediante escrito presentado el 1 de octubre de 2013, sin entrar en el fondo, pero recordando que no puede prosperar una cuestión que plantee dudas interpretativas, consideró que «la norma cuestionada es determinante para la resolución del recurso porque ha sido el artículo 623.1 CP el precepto aplicado al caso de autos por el juzgador a quo y el que debe aplicar, en su caso, el juzgador ad quem, y que también el momento procesal es el oportuno, pues sólo resta dictar sentencia para concluir el rollo de apelación». La apelante condenada dejó pasar el plazo sin presentar alegaciones.
e) El órgano judicial dictó Auto el 8 de noviembre de 2013 en el que acordó plantear la presente cuestión de inconstitucionalidad en relación con el artículo 623.1, párrafo segundo, CP, por posible vulneración de los artículos 24.2, 25.1 y 9.3 CE.
a) Inicia el desarrollo del juicio de relevancia constitucional señalando como objeto de la cuestión la cláusula definitoria de la reiteración contenida en el párrafo segundo del artículo 623.1 CP y, en concreto, señala como fuente de las posibles vulneraciones constitucionales que se refiera a las «infracciones cometidas, hayan sido o no enjuiciadas». A esa expresión atribuye, de un lado, la vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y del principio de culpabilidad (cuya posible incardinación estaría en los artículos 10, 25.1, 15 y 24.2 CE) y, de otro lado, la del principio de legalidad penal y de seguridad jurídica (arts. 25.1 y 9.1 CE).
b) El órgano judicial inicia la justificación de la lesión del derecho a la presunción de inocencia del artículo 24.2 CE recordando que constituye un límite frente al legislador penal, que no puede introducir figuras delictivas basadas en hechos presuntos o en presunciones de culpabilidad. La dicción legal, que incluye faltas cometidas no enjuiciadas y enjuiciadas pero sin Sentencia firme, permite que hechos que no hayan sido declarados probados por una Sentencia firme sean considerados cometidos para aplicar la respuesta penal agravada, pues bastaría con acreditar que existen denuncias por faltas de hurto que han dado lugar a los correspondientes procedimientos en trámite o condenas previas no firmes. Asimismo considera que admitir que la acumulación de diversas denuncias o detenciones por presuntas faltas de hurto fuera suficiente para afirmar la condición de autor de las mismas en otro proceso (en el que se plantea la reiteración) viola el principio de culpabilidad en su faceta de responsabilidad por el hecho, que excluye la sanción por el modo de ser o de conducirse en la vida y precisa una Sentencia firme de condena previa la sustanciación de un proceso con todas las garantías.
c) En segundo lugar, el órgano judicial desarrolla en el fundamento jurídico 7 del Auto la vulneración de los principios de legalidad penal y de seguridad jurídica, que vincula tanto a la propia norma como a la posibilidad de una interpretación conforme a la Constitución. Por lo que se refiere a la disposición recurrida, sostiene que una interpretación que sólo incluyera los hechos que vayan a ser enjuiciados en el mismo procedimiento o los declarados probados en Sentencia firme sería acorde con los principios de presunción de inocencia y de culpabilidad, pero no solucionaría los problemas de legalidad penal que presenta el precepto en la vertiente de taxatividad. Dado que su tenor literal permite interpretaciones lesivas de la presunción de inocencia y es preciso el complemento judicial para excluirlas, la disposición adolece de falta de certeza, lo que impide a sus destinatarios prever con suficiente seguridad el ámbito de lo prohibido y los efectos jurídicos de sus acciones, lo que a su vez supone una violación del derecho a la seguridad jurídica (art. 9.3 CE) tanto en su vertiente objetiva (certeza) como subjetiva (previsibilidad). Concluye el planteamiento del fundamento de la vulneración del principio de legalidad con el argumento de que la mediación de un Juez que interprete el precepto en el sentido conforme con la Constitución pugna además con la potestad exclusiva del legislador para definir los comportamientos penalmente reprensibles y compromete el principio de división de poderes en la medida en que la opción por una interpretación acomodada restringe el ámbito objetivo de la norma en un sentido contrario al que pretendió el legislador.
d) El Auto concluye con el pertinente juicio de relevancia procesal, donde se defiende la relevancia de la norma cuestionada para la resolución del recurso de apelación, que juzga sustentado en dos motivos: la disconformidad con la Sentencia dictada y la disconformidad con la pena de localización permanente en centro penitenciario. Expone que la expulsión o la interpretación conforme a las exigencias constitucionales del cuestionado artículo 623.1 CP, párrafo segundo, conllevaría su estimación, pues impediría atender al dato de que tenía varios antecedentes policiales por faltas de hurto reiteradas en el que se asienta la aplicación del precepto. Por otro lado, sostiene también que el momento procesal es el oportuno, pues está concluso el procedimiento y se plantea dentro del plazo para dictar Sentencia resolutoria del recurso de apelación.
4. Por providencia de 11 de febrero de 2014, el Pleno, a propuesta de la Sección Tercera de este Tribunal, acordó admitir a trámite la presente cuestión de inconstitucionalidad y deferir a la Sala Segunda el conocimiento de la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10.1 c) LOTC, así como dar traslado de las actuaciones recibidas, como dispone el artículo 37.3 LOTC, al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno y al Fiscal General del Estado, al objeto de que en el plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimasen convenientes. Igualmente se acordó comunicar dicha resolución a la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona a fin de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.3 LOTC, permanezca suspendido el proceso hasta que el Tribunal resuelva definitivamente la presente cuestión y publicar la incoación de la cuestión en el «Boletín Oficial del Estado».
6. El Abogado del Estado se personó en el procedimiento en nombre del Gobierno mediante escrito registrado el 4 de marzo de 2014 y formuló las alegaciones que se resumen a continuación, solicitando la desestimación íntegra de la cuestión planteada.
El representante de Gobierno comienza con una precisión sobre el objeto de la cuestión y el significado del precepto cuestionado que adolece de confusión, pues lo entiende como una definición de la circunstancia de reiteración que «si concurre hace que la infracción penal pueda calificarse como delito, con arreglo a lo previsto en el artículo 234 [CP]», cuando su ámbito de aplicación es la reiteración de la falta de hurto que no alcanza a ser delito (por un importe total inferior a los 400 euros) y su sentido es conducir a la pena de localización permanente, cuyo cumplimiento puede decretarse que se haga en centro penitenciario, e impedir que se imponga una pena de multa conforme al párrafo primero del artículo 623.1 CP.
7. El Fiscal General del Estado, mediante escrito registrado del 17 de marzo de 2014, solicitó alternativamente la inadmisión o la desestimación de la cuestión planteada y, subsidiariamente, que se dicte una Sentencia interpretativa, todo ello con base en las alegaciones que seguidamente se exponen.
Como segundo óbice procesal se plantea que no era necesario someter la disposición legal cuestionada al juicio de constitucionalidad para resolver el proceso por razones parcialmente coincidentes con las sintetizadas en el antecedente 7 a) de la STC 185/2014. El Fiscal parte de que la apelante manifestó en su recurso no estar de acuerdo con la Sentencia sobre la base de que no existió prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia y de que la pena de localización permanente no puede asentarse en la existencia de tres denuncias previas, por lo que procedería una pena de multa en caso de no ser absuelta. Desde la premisa de que el órgano judicial debía tener la certeza de que procedía la condena cuando planteó la cuestión, pues, si fuera la absolución, no tendría que plantearse la aplicación del párrafo segundo del artículo 623.1 CP, el Fiscal contempla varias opciones respecto a las consecuencias penales de la conducta que no dependen exclusivamente de la constitucionalidad del precepto. El artículo 623.1 deja en manos del Juez la decisión sobre el lugar de cumplimiento de la localización permanente (casa o centro penitenciario) en caso de perpetración reiterada de la falta de hurto, de modo que el órgano podía resolver la apelación decretando que la pena se cumpla en domicilio; posibilidad presente aun cuando el precepto fuera considerado inválido, pues es una pena prevista como alternativa a la pena de multa para la falta de hurto básica. Incluso, propone alternativamente, podría imponer una pena de multa si aplicara la interpretación acomodada a la Constitución que el órgano proponente comparte (aunque juzga contraria al principio de legalidad) y que ya ha aplicado en otras ocasiones.
Tanto el Abogado del Estado como el Fiscal General del Estado interesan la desestimación de la cuestión planteada, si bien el Fiscal General solicita alternativamente la inadmisión por adolecer de dos defectos procesales relativos al cumplimiento del trámite de audiencia y a la pertinencia del juicio de relevancia y, subsidiariamente, que se dicte una Sentencia interpretativa.
Como se puso de manifiesto reiteradamente en los antecedentes, las objeciones de fondo planteadas en la presente cuestión de inconstitucionalidad son idénticas a las resueltas en la reciente STC 185/2014, de 6 de noviembre, donde se dio respuesta a otra demanda formulada por el mismo órgano judicial respecto al párrafo segundo del artículo 623.1 CP, y cuyos pronunciamientos habrán de guiar la presente resolución. La única diferencia, y es sólo parcial, atañe a los óbices procesales reprochados a la cuestión, que se abordarán antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión.
a) Se aduce en primer lugar la posible incoherencia entre la providencia de apertura del trámite de audiencia en fase judicial y el Auto de planteamiento en lo referido a las deficiencias constitucionales que presenta la norma cuestionada desde la perspectiva de los principios de legalidad y de seguridad jurídica, lo que impidió a las partes realizar alegaciones al respecto. Idéntica tacha se analizó y se rechazó en el fundamento jurídico 2 a) de la STC 185/2014, al concluirse que no hay una divergencia manifiesta entre los reproches de inconstitucionalidad que el órgano judicial desarrolla en el Auto de planteamiento y los que esbozó en la providencia, ya que en ella se enunciaron con claridad tanto el precepto cuestionado como los preceptos constitucionales presumiblemente infringidos, lo que permite entender que las partes pudieron determinar cuál era la duda de constitucionalidad que asaltaba al órgano judicial (SSTC 183/2013, de 23 de octubre, FJ 2, y 38/2014, de 11 de marzo, FJ 2; y ATC 57/2014, de 25 de febrero, FJ 3, con ulteriores referencias).
b) El segundo óbice procesal alegado por el Fiscal General afecta al juicio de relevancia, imprescindible conforme al artículo 35 LOTC, para admitir una cuestión de inconstitucionalidad, por cuanto niega que la norma cuestionada, por más que aplicable al caso, sea decisiva en la resolución del proceso, ya que estima que la condena en que se concrete el recurso de apelación conoce múltiples posibilidades penológicas —respecto a la imposición de la pena de localización permanente, en domicilio o centro penitenciario, e incluso de multa— que pueden concurrir con independencia del resultado del examen de constitucionalidad del precepto cuestionado.
3. Al abordar ahora las vulneraciones de preceptos constitucionales imputadas a la norma cuestionada, hay que insistir de nuevo en la identidad del contenido de fondo de la presente cuestión de inconstitucionalidad y el de la resuelta en la STC 185/2014, tanto en lo relativo al precepto impugnado y los motivos de inconstitucionalidad aducidos como en lo atinente a su concreto desarrollo argumentativo. El órgano judicial proponente sostiene que el párrafo segundo del artículo 623.1 CP cuestionado y, en concreto, su referencia a «infracciones cometidas, hayan sido o no enjuiciadas» podría resultar contrario al derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y al principio de culpabilidad en su vertiente de responsabilidad por el hecho, por cuanto su tenor permite que hechos que no han sido declarados probados por Sentencia firme sean considerados como cometidos para aplicar la respuesta penal agravada. Asimismo plantea la posible vulneración de los principios de legalidad penal (art. 25.1 CE) y de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), tanto por el precepto, por cuanto adolece de falta de taxatividad, lo que acarrea déficits de certeza y previsibilidad, como por una hipotética interpretación conforme a la Constitución, en cuanto supondría una reconstrucción reductora del ámbito objetivo de la disposición que forzaría su literalidad y génesis y sería lesiva de la reserva de ley y del principio de taxatividad.
DICTADA en la Cuestión 7045/2013 (Ref. BOE-A-2014-1637).
DECLARA la DESESTIMACIÓN y que es constitucional, interpretado en el sentido expuesto, el párrafo 2 del art. 623.1 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre (Ref. BOE-A-1995-25444).