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Timestamp: 2020-08-15 05:16:49
Document Index: 56606246

Matched Legal Cases: ['artículo 97', 'artículo 229', 'artículo 147', 'artículo 6', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 31', 'artículo 119', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 126', 'artículo 31', 'artículo 26', 'artículo 127', 'artículo 119', 'artículo 31', 'artículo 114', 'artículo 105', 'artículo 119', 'artículo115', 'artículo 92', 'artículo 93', 'artículo 94', 'artículo 97', 'artículo 18', 'artículo 178', 'artículo 22', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 119']

Resolución nº 00/5187/2008 de Tribunal Económico-Administrativo Central, 19 de Octubre de 2010 - Doctrina Administrativa - VLEX 535936646
IVA. Facturas carentes de requisitos necesarios y facturas rectificativas, en general y para no establecidos. Posesión y ejercicio del derecho a solicitar la devolución de las cuotas soportadas cuando median facturas rectificativas. El derecho a solicitar la devolución de las cuotas soportadas por empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del IVA puede ejercitarse a partir del momento en que se hayan satisfecho o soportado las cuotas cuya devolución se pretende. Conforme al artículo 97 y 99 Ley 37/1992, las cuotas deben entenderse soportadas cuando se reciban las facturas o demás documentos justificativos del derecho a deducir. Cuando una factura no contiene los requisitos exigidos por la normativa de facturación pierde el carácter de documento justificativo del derecho a deducir y procede la emisión de factura rectificativa con los requisitos previstos reglamentariamente, en cuyo caso esta última factura sí constituye documento justificativo del derecho a deducir y habilita para su ejercicio desde que se esté en posesión de la misma, siempre y cuando no haya caducado el citado derecho Si el destinatario es un empresario no establecido, dichas cuotas deben incluirse en la solicitud de devolución correspondiente al período en que se hayan recibido los documentos justificativos, es decir, las facturas rectificativas, solicitud que debe presentarse en el plazo de los seis meses siguientes al año natural en que dicha recepción se produce. En el caso concreto, las facturas controvertidas no contenían el nombre completo del solicitante (no establecido), ni constaba su NIF a efectos de IVA. RG 3007/2007 de 23-06-2009. Referencias Normativas. RD 1496/2003 Obligaciones de Facturación y Modificación reglamento de IVA. Art. 13 Ley 37/1992 Impuesto sobre el Valor Añadido IVA. Art. 97, 99 y 119 RD 1624/1992 Reglamento Impuesto sobre el Valor Añadido IVA. Art.
En la Villa de Madrid, en la fecha indicada (19/10/2010), en la reclamación económico-administrativa que, en única instancia de conformidad con el artículo 229.1.a) de la Ley 58/2003 General Tributaria, pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, interpuesta por X con NUMERO DE IDENTIFICACIÓN ... y actuando en su nombre y representación D. ... y con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra las resoluciones desfavorables de los recursos de reposición interpuestos contra los acuerdos denegatorios de las solicitudes de devolución de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas por determinados empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto de fecha 13 de febrero de 2008, dictados por la Oficina Nacional de Gestión Tributaria IVA No Establecidos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, y referidos al Impuesto sobre el Valor Añadido, períodos 01-2003/12-2003 y 01-2004/12-2004, por importes respectivamente de 76.449,82 euros y 10.033,17 euros de solicitud de devolución.
PRIMERO: Con fechas 15 de junio de 2004 y 30 de junio de 2005 la entidad X presenta ante la Sección de Regímenes Especiales IVA No Establecidos, de la Delegación Especial de ... respectivas solicitudes de devolución de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas por determinados empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto, correspondientes a los años 2003 y 2004 por importes respectivamente de 76.449,82 euros y 10.033,17 euros de solicitud de devolución.
Con fecha 10 de octubre de 2007, la Oficina Nacional de Gestión Tributaria dicta respectivos acuerdos de denegación de las solicitudes de devolución anteriores nº ... y ... Los fundamentos jurídicos en los que se basan dichos acuerdos son en síntesis los siguientes:
- Que por la naturaleza de las actividades del solicitante, se encuentra includido dentro del régimen especial de las agencias de viaje. En este régimen, los sujetos pasivos no pueden deducir ni obtener la devolución de las cuotas que graven los bienes y servicios que adquiera la agencia para la realización del viaje y que redunden directamente en beneficio del viajero, según dispone el artículo 147 de la Ley 37/1992 de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido. Según reiterada jurisprudencia comunitaria, el régimen de Agencias de Viajes que se aplica con carácter obligatorio, resulta de aplicación a las operaciones que objetivamente se encuadren en el mismo, con independencia de que los sujetos pasivos utilicen o no la denominación de agencia de viaje.
- Además, las facturas son incompletas porque no consta el nombre completo de la entidad solicitante ni tampoco su NIF a efectos de IVA. Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 1496/2003 de 28 de noviembre por el que se aprueba el reglamento de facturación.
Los acuerdos de denegación anteriores, fueron notificados a la entidad en fecha 5 de diciembre de 2007 y 6 de diciembre de 2007 respectivamente.
SEGUNDO: Contra los acuerdos de denegación descritos en el antecedente anterior, la entidad interpone con fechas respectivas de 31 de diciembre de 2007 y 4 de enero de 2008 recursos de reposición.
La Oficina Nacional de Gestión Tributaria dicta con fecha 13 de febrero de 2008 sendas resoluciones desfavorables de los recursos de reposición interpuestos. Los fundamentos jurídicos en los que se basan las mismas son en síntesis los siguientes:
- Respecto del acuerdo de denegación con número de referencia ... correspondiente al ejercicio 2003, las facturas que se aportan como facturas rectificativas emitidas por la entidad Y no son correctas, ya que no cumplen los requisitos establecidos en el artículo 13 del Real Decreto 1496/2003 de 28 de noviembre por el que se regulan las operaciones de facturación, ya que la factura rectificativa ha de ser una factura nueva en la que consten los datos relativos a la factura que se rectifica.
- Respecto del acuerdo de denegación con número de referencia ... relativo al ejercicio 2004, la factura rectificativa aportada es de fecha 20 de diciembre de 2007, por lo que en su caso se debe incluir en la solicitud de devolución modelo 361 correspondiente al ejercicio 2007.
Las resoluciones desfavorables de los recursos de reposición fueron notificadas a la entidad con fecha 10 de marzo de 2008.
TERCERO: Contra las resoluciones desfavorables de los recursos de reposición descritos en el antecedente anterior, la entidad interpone con fecha 10 de abril de 2008 ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, la reclamación económico-administrativa en única instancia que se examina.
En el escrito de interposición de la reclamación económico-administrativa la entidad en síntesis expone las siguientes alegaciones:
Respecto al expediente ... relativo al ejercicio 2003, la entidad facilita las facturas rectificativas emitidas por el Y. Dichas facturas son nuevas y cumplen con todos los requisitos del artículo 13 del Real Decreto 1496/2003 de 28 de noviembre por el que se regulan las obligaciones de facturación.
Respecto al expediente ... relativo al ejercicio 2004:
El artículo 31 del Real Decreto 1624/1992 regula el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido establece un plazo de seis meses para la resolución del procedimiento de devolución. Dicho plazo ha sido incumplido por la Administración, de manera que se solicita al Tribunal la ordenación y pago de la devolución solicitada.
Además la entidad solicita que se abonen los correspondientes intereses de demora a la cantidad pendiente de devolución.
Adjunta factura rectificativa de la entidad Z.
La cuestión a resolver por este Tribunal Económico-Administrativo Central consiste en determinar si son ajustadas a derecho las resoluciones desfavorables de los recursos de reposición interpuestos contra los acuerdos de denegación de las solicitudes de devolución de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas por empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto.
SEGUNDO: La primera cuestión que se suscita en el presente expediente es la derivada del incumplimiento por la Administración Tributaria del plazo de resolución del procedimiento de solicitud de devolución de las cuotas soportadas por determinados empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto.
La regulación de las devoluciones por el régimen especial a no establecidos se contiene en el artículo 119 de la Ley 37/1992 reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido y en el artículo 31 del Real Decreto 1624/1992 que aprueba su reglamento.
A los efectos del plazo de resolución de este procedimiento de devolución, dispone el artículo 31 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido:
De conformidad con los artículos transcritos, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, como órgano competente para la tramitación y resolución de las solicitudes de devolución por el procedimiento especial a no establecidos, deberá dictar el acuerdo pertinente durante los seis meses siguientes a la fecha de su presentación, y se ordenará en dicho plazo el pago, en su caso, del importe de la devolución.
Es decir, la entidad X presentó las solicitudes de devolución respectivamente para el 2003 y 2004 los días 15 de junio de 2004 y 30 de junio de 2005, de manera que la Administración debería haber dictado el acuerdo pertinente en el plazo de los seis meses siguientes, es decir, la Administración tenía como fecha máxima para dictar el acuerdo de devolución el día 15 de diciembre de 2004 y 30 de diciembre de 2005.
Sin embargo, la Administración Tributaria, dictó los acuerdos de denegación de las solicitudes de devolución con fecha 10 de octubre de 2007.
De lo que llevamos expuesto se desprende que ha habido un incumplimiento por parte de la Administración Tributaria del plazo para dictar resolución, y la consecuencia de lo anterior, la encontramos en el propio artículo 31 del Reglamento del Impuesto que dispone que transcurrido el plazo establecido para notificar el acuerdo adoptado sin que se haya ordenado el pago de la devolución por causa imputable a la Administración Tributaria, se aplicará a la cantidad pendiente de devolución el interés de demora a que se refiere el artículo 58.2.c) de la Ley General Tributaria, desde el día siguiente al de la finalización de dicho plazo y hasta la fecha del ordenamiento de su pago, sin necesidad de que el interesado así lo reclame.
Es decir, la consecuencia del incumplimiento del plazo por parte de la Administración es el abono a la entidad solicitante de intereses de demora en los términos expuestos en dicho artículo.
Este Tribunal Económico-Administrativo Central en su resolución de fecha 26 de septiembre de 2003 (RG:1328/2000) señala:
(...) Por lo tanto, en este caso, presentada la segunda declaración, o mejor, la solicitud de rectificación, que equivale a aquélla, la Administración disponía -entonces- de 12 meses para practicar liquidación provisional y si dentro de tal plazo no la hubiere girado, en los 30 días siguientes debería realizar de oficio la devolución correspondiente; ello quiere decir que, presentada el 11 de noviembre de 1993 la declaración rectificativa y solicitud de devolución, el día 11 de noviembre de 1994 vencieron los 12 meses y pasados 30 días más (hábiles, según el art. 48 de la Ley 30/1992, la Administración debió realizar la devolución, incurriendo en mora si no la realizó, como efectivamente no lo hizo, por lo que debe satisfacer intereses desde el 20 de diciembre de 1994 -y no desde el 12, como dice el acuerdo de la gestora- (los 30 días vencían el 19 de diciembre), hasta la fecha de la propuesta de pago (art. 2.º 2 b) del RD 1163/1990 y art. 145 de la Ley del IS); teniendo en cuenta que si resultase a devolver una cantidad superior a la inicialmente reconocida, sobre la diferencia en más habrían de satisfacerse intereses desde la fecha inicial expresada en cada caso hasta la de la nueva propuesta de pago. (...)
Más recientemente este Tribunal también se ha pronunciado en el mismo sentido en Resolución de 20-04-2006 (RG ...).
También la Audiencia Nacional en su Sentencia de fecha 16 de marzo de 2006 (Rec. nº 987/2003) confirmó dicho criterio para un supuesto similar al señalar:
"(...) Este criterio aparece confirmado en las STS 29-9-2000 y 21-12-2001 de tal manera que transcurrido el plazo fijado en las normas reguladoras de cada tributo y, en todo caso, el plazo de 6 meses, sin que se haya ordenado el pago de la devolución por causa imputable a la Administración Tributaria, el contribuyente tendrá derecho al abono del interés de demora regulado en el artículo 58.2 c) de la Ley General Tributaria sin necesidad de efectuar requerimiento a tal efecto. A estos efectos, dicho interés se devengará desde la finalización del plazo de que dispone la Administración Tributaria para practicar liquidación provisional hasta la fecha en que se ordene el pago de la correspondiente devolución.
Los fundamentos anteriores, si bien están referidos al Impuesto sobre Sociedades, son perfectamente trasladables al Impuesto sobre el Valor Añadido, y por tanto al caso que nos ocupa, de manera que si la entidad presentó el 15 de junio de 2004 y el 30 de junio de 2005 las declaraciones por el régimen especial a los no establecidos solicitando una devolución de 76.449,82 euros y de 10.033,17 euros correspondiente a las cuotas soportadas respectivamente durante los ejercicios 2003 y 2004, la Administración disponía desde esa fecha de un plazo de seis meses para dictar el acuerdo correspondiente y notificárselo al interesado o su representante. Transcurrido ese plazo, la Administración deberá satisfacer el interés de demora sobre el importe de la devolución que finalmente se pueda practicar, siempre que el incumplimiento de dicho plazo sea por causa imputable a la Administración Tributaria, tal y como hemos expuesto.
Este criterio además se encuentra contenido en la regulación del procedimiento de devolución de la Ley 58/2003 General Tributaria, en vigor desde el día 1 de julio de 2004. Dispone el artículo 126:
El mencionado artículo 31 dispone:
Transcurrido el plazo fijado en las normas reguladoras de cada tributo, y en todo caso, el plazo de seis meses, sin que se hubiera ordenado el pago de la devolución por causa imputable a la Administración Tributaria, ésta abonará el interés de demora regulado en el artículo 26 de esta ley, sin necesidad de que el obligado tributario lo solicite. (...)
Por último, el artículo 127 de la Ley General Tributaria, relativo a la finalización del procedimiento de devolución dispone:
Debemos respecto de esta cuestión estimar las pretensiones de la entidad y declarar la obligación de la Administración de satisfacer el interés de demora en los términos expuestos en el presente fundamento, sobre el importe de la devolución que finalmente proceda practicar.
TERCERO: Entrando ya a resolver sobre el fondo del asunto, dispone el artículo 119 de la Ley 37/1992 reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido que regula las devoluciones por el régimen especial a los sujetos no establecidos:
Y el artículo 31 del Reglamento dispone:
La primera cuestión que se desprende de los preceptos expuestos en el fundamento anterior, es que los empresarios o profesionales no establecidos, podrán ejercitar el derecho a la devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido. Es decir, que se trata de un derecho ejercitable por el interesado y como tal le corresponde al mismo la carga de la prueba de los requisitos exigidos para su aplicación.
De acuerdo con el artículo 114 de la Ley 230/1963 General Tributaria y artículo 105 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria, tanto en el procedimiento de gestión como en el de resolución de reclamaciones económico-administrativas, quien haga valer su derecho, deberá probar los hechos normalmente constitutivos del mismo. Este principio es interpretado por el Tribunal Supremo, en su sentencia de 27 de enero de 1992, en el sentido de que "cada parte ha de probar el supuesto de hecho de la norma, cuyas consecuencias jurídicas invoca a su favor". En este sentido, este Tribunal entiende que los anteriores criterios han de conjugarse con los de normalidad y facilidad probatoria "de manera que la carga de la prueba ha de atribuirse a aquella parte más próxima a las fuentes de prueba, y para la cual resulta de extrema sencillez la demostración de los hechos controvertidos". En la vía económico-administrativa rige el principio de "interés" en la prueba, según el cual las consecuencias jurídicas desfavorables de la falta o insuficiencia de la prueba irán a cargo de la parte a la que favorecería la existencia de tal hecho y su demostración, salvo que legalmente se disponga lo contrario, mediante algún tipo de ficción, presunción o "relevatio ab onere probandi".
Es decir, de lo anterior se desprende que será la entidad X la que en aras a la obtención de la devolución solicitada deberá probar ante la Administración Tributaria la concurrencia de todos y cada uno de los requisitos exigidos en los artículos 119 y 31 antes transcritos. Para ello, tal y como el propio artículo 119 dispone se aplicarán los criterios contenidos en el artículo115 de la Ley 230/1963 General Tributaria y 106 de la Ley 58/2003 General Tributaria, y según el cual: "en los procedimientos tributarios serán de aplicación las normas que sobre medios y valoración de prueba se contienen en el Código Civil y en la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, salvo que la ley establezca otra cosa.
A estos efectos, debemos profundizar en los requisitos que deben exigírsele a un sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido para el ejercicio del derecho a deducir el Impuesto sobre el Valor Añadido soportado. La regulación la encontramos principalmente en los artículos de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido, en concreto en el artículo 92 relativo a las cuotas tributarias que son deducibles, artículo 93 sobre los requisitos subjetivos de la deducción, artículo 94 sobre las operaciones cuya realización origina el derecho a la deducción, los artículos 95 y 96 sobre las limitaciones y restricciones del derecho a la deducción y el artículo 97 relativo a los requisitos formales de la deducción.
En el caso presente, los acuerdos de denegación de las solicitudes de devolución, fueron denegados por la Oficina Nacional de Gestión Tributaria, entre otros motivos, porque las facturas aportadas por el contribuyente acreditativas del derecho a la devolución no cumplían con los requisitos formales exigidos en la Ley 37/1992 reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido, y en concreto por la falta de la correcta identificación con nombre o razón social y número de identificación del destinatario de la operación.
En relación con la obligación de que el sujeto pasivo del IVA obtenga un documento justificativo suficiente para ejercer su derecho a la deducción del impuesto soportado, el artículo 18.1.a) de la Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo, vigente en los ejercicios comprobados (actualmente las referencias tendrían que hacerse al artículo 178 de la Directiva 2006/112/CE), dispone: "para poder ejercitar el derecho a la deducción el sujeto pasivo deberá:
"Tras establecer así los requisitos mínimos relativos a las menciones que obligatoriamente deben figurar en la factura o en el documento que produce sus efectos, la letra c) del apartado 3 del artículo 22 deja a los Estados miembros la libertad de fijar los criterios según los cuales tal documento puede considerarse que produce los efectos de una factura".
De este precepto se deduce que la factura es documento justificativo para ejercitar el derecho a la deducción de las cuotas de IVA soportado que aparezcan en la misma, si bien no es éste el único requisito acreditativo del derecho a la deducción, pues para ello deberán concurrir los requisitos especificados en el Título VIII de la Ley del IVA, uno de los cuales es el formal que ahora examinamos, como es estar en posesión del documento justificativo; y también es cierto que esa factura debe cumplir unos requisitos formales. Así, habrá que acudir al Real Decreto 1496/2003,de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido vigente en los ejercicios comprobados, que regula el deber de expedir y entregar facturas que incumbe a empresarios y profesionales para los ejercicios objeto de comprobación. El artículo 6 recoge en su apartado primero los datos y requisitos mínimos de las facturas:
De conformidad con lo expuesto este Tribunal debe declarar ajustados a derecho los acuerdos dictados por la Oficina Nacional de Gestión Tributaria, por los que deniega las solicitudes de devolución realizadas por la entidad reclamante, y todo ello por el incumplimiento de los requisitos formales relativos a la falta de consignación completa de la razón social y del número de identificación fiscal del destinatario de la operación (es decir de la entidad solicitante de la devolución).
CUARTO: La entidad reclamante interpone respectivos recursos de reposición contra los acuerdos de denegación de las solicitudes de devolución (en los que se denegaba la misma por el incumplimiento de los requisitos formales de los documentos acreditativos del derecho a la devolución) y procedió a presentar conjuntamente con dichos recuros los documentos rectificativos acreditativos de su derecho a la devolución de las cuotas soportadas por el Impuesto sobre el Valor Añadido.
La Oficina Gestora, desestima el recurso de reposición correspondiente a la solicitud por las cuotas del ejercicio 2003 porque los documentos aportados no se pueden calificar como facturas rectificativas que produzcan los efectos de éstas, y en el caso de las cuotas correspondientes al ejercicio 2004, porque las cuotas soportadas por la entidad documentadas en las facturas rectificativas se entienden soportadas cuando se recibe la correspondiente factura rectificativa, y no en la fecha en la que se emitió la factura inicial que se rectifica. La entidad reclamante, además, en la presente instancia aporta ante este Tribunal Económico-Administrativo Central las facturas rectificativas correspondiente a las cuotas del Impuesto solicitadas por el ejercicio 2003.
Es decir, la siguiente cuestión que se plantea en este expediente, es la relativa a la solicitud de devolución de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido documentadas en las facturas rectificativas aportadas por la entidad reclamante. Para analizar esta cuestión debemos partir de lo dispuesto en el Real Decreto 1496/2003,de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, en lo referente a las facturas rectificativas.
Es decir, tal y como se desprende del artículo transcrito, las entidades emisoras de las facturas que documentan el derecho de la entidad reclamante a solicitar la devolución de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas, debían emitir facturas rectificativas de las inicialmente expedidas, ya que éstas no cumplían con todos y cada uno de los requisitos de las facturas, tal y como hemos expuesto. Además, dichas facturas rectificativas deben cumplir todos los requisitos de las facturas a que se refiere el artículo 6 del Real Decreto 1496/2003 de Facturación, y consignar la factura que se rectifica.
Los documentos aportados por la entidad reclamante en la interposición del recurso de reposición contra el acuerdo de denegación de la solicitud de devolución correspondiente al ejercicio 2003, contienen la expresión "amended invoice" (es decir, factura subsanada) siendo por tanto la misma factura inicialmente expedida con la inclusión de la razón social completa y el número de identificación del destinatario. Sin embargo, dichos documentos, no pueden calificarse como facturas rectificativas que cumplan con los requisitos expuestos, de manera que debemos considerar ajustada a derecho la resolución de la Oficina de Gestión Tributaria por la que desestima el recurso de reposición correspondiente al ejercicio 2003 porque los documentos aportados por la entidad solicitante no se pueden calificar como facturas rectificativas que produzcan los efectos de éstas.
La siguiente cuestión controvertida se centra en determinar la fecha en la que la entidad puede solicitar la devolución de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido documentadas en las facturas rectificativas aportadas por la misma, en relación con el ejercicio 2004.
Dispone el artículo 119 en la redacción vigente en los ejercicios objeto de la presente reclamación:
Por todo lo anterior, debemos considerar ajustadas a derecho las resoluciones desestimatorias de los recursos de reposición por las que se deniega el derecho a la devolución.
EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, en Sala, vista la reclamación económico-administrativa interpuesta por X con NUMERO DE IDENTIFICACIÓN ... y actuando en su nombre y representación D. ..., y con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra las resoluciones desfavorables de los recursos de reposición interpuestos contra los acuerdos denegatorios de las solicitudes de devolución de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas por determinados empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto de fecha 13 de febrero de 2008, dictados por la Oficina Nacional de Gestión Tributaria IVA No Establecidos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, y referidos al Impuesto sobre el Valor Añadido ejercicios 2003 y 2004 por importe respectivamente de 76.449,82 euros y 10.033,17 euros de solicitud de devolución ACUERDA: desestimarla, confirmando las resoluciones impugnadas.
STSJ Galicia , 26 de Mayo de 2000
Resolución nº 41/4952/2015 de TEAR de Andalucía, 30 de Noviembre de 2018