Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43618671
Timestamp: 2019-10-23 00:20:45
Document Index: 119841218

Matched Legal Cases: ['artículo 242', 'Artículo 225', 'artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 15', 'artículo 225', 'Artículo 435', 'Artículo 440', 'artículo 318', 'artículo 82', 'artículo 225', 'artículo 82', 'artículo 225', 'artículo 20', 'artículo 225', 'artículo 225', 'artículo 229', 'artículo 13', 'artículo 225', 'artículo 21', 'artículo 2', 'artículo 42', 'artículo 21', 'artículo 12', 'artículo 11', 'artículo 14', 'artículo 225', 'artículo 317', 'artículo 218']

Sentencia de Constitucionalidad nº 489/02 de Corte Constitucional, 26 de Junio de 2002 - Jurisprudencia - VLEX 43618671
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DELA NACION
Sentencia citada en: 138 sentencias, 8 artículos doctrinales, una disposición normativa
Sentencia C-489/02
El buen nombre ha sido entendido por la jurisprudencia y por la doctrina como la reputación, o el concepto que de una persona tienen los demás y que se configura como derecho frente al detrimento que pueda sufrir como producto de expresiones ofensivas o injuriosas o informaciones falsas o tendenciosas. Este derecho de la personalidad es uno de los más valiosos elementos del patrimonio moral y social y un factor intrínseco de la dignidad humana que a cada persona debe ser reconocida tanto por el Estado, como por la sociedad. El derecho al buen nombre, como expresión de la reputación o la fama que tiene una persona, se lesiona por las informaciones falsas o erróneas que se difundan sin fundamento y que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo.
Aunque en gran medida asimilable al buen nombre, tiene sus propios perfiles y que la Corte en sentencia definió como la estimación o deferencia con la que, en razón a su dignidad humana, cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan. Puso de presente la Corte que, en este contexto, la honra es un derecho "... que debe ser protegido con el fin de no menoscabar el valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos, y garantizar la adecuada consideración y valoración de las personas dentro de la colectividad".
HONOR-Alcance/HONRA Y HONOR-Distinción
HONRA-Derecho fundamental/HONRA-Núcleo esencial
La honra es un derecho fundamental de todas las personas, que se deriva de su propia dignidad y que por lo tanto demanda la protección del Estado a partir de esa consideración de la dignidad de la persona humana. Al referirse al núcleo del derecho a la honra, la Corte en Sentencia señaló que del mismo hace parte tanto, la estimación que cada individuo hace de sí mismo, como, desde una perspectiva externa, el reconocimiento que los demás hacen de la dignidad de cada persona, y expresó que para que pueda tenerse como afectado el derecho a la honra, esos dos factores debe apreciarse de manera conjunta.
La intimidad, el buen nombre y la honra, son derechos constitucionalmente garantizados, de carácter fundamental, lo cual comporta, no sólo que para su protección se puede actuar directamente con base en la Constitución cuando a ello haya lugar, a través de la acción de tutela, sino que, además, de las propias normas constitucionales, se desprende la obligación para las autoridades de proveer a su protección frente a los atentados arbitrarios de que sean objeto. Esto es, resulta imperativo conforme a la Constitución, que el Estado adopte los mecanismos de protección que resulten adecuados para garantizar la efectividad de los mencionados derechos, y ello implica la necesidad de establecer diversos medios de protección, alternativos, concurrentes o subsidiarios, de acuerdo con la valoración que sobre la materia se haga por el legislador.
BUEN NOMBRE Y HONRA-Mecanismos de protección constitucional/BUEN NOMBRE Y HONRA-Protección por tutela es más amplia y comprensiva/BUEN NOMBRE Y HONRA-Protección por tutela no se ve desplazada por otros medios de defensa judicial
Dado su carácter de derechos fundamentales, tal como se acaba de expresar, el buen nombre y la honra cuentan con un mecanismo de protección de rango constitucional, como la acción de tutela. Tal protección, ha señalado la Corte, es la más amplia y comprensiva, y pese a su carácter subsidiario, no se ve desplazada por otros medios de defensa judicial, particularmente el penal, cuando no obstante que una determinada conducta no constituya delito si implique una lesión de los bienes jurídicos protegidos.
BUEN NOMBRE Y HONRA-Rectificación y réplica
BUEN NOMBRE Y HONRA-Actuación del ius puniendi del Estado
BUEN NOMBRE Y HONRA-Daño susceptible de estimación pecuniaria/BUEN NOMBRE Y HONRA-Responsabilidad civil del agresor
DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL/INJURIA Y CALUMNIA
DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL-Querella del afectado
DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL-Retractación extingue la acción penal
DERECHOS A LA INTIMIDAD, BUEN NOMBRE Y HONRA FRENTE A LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y OPINIÓN-Tensión y prevalencia
BUEN NOMBRE Y HONRA-Protección frente a lesiones por ejercicio de libertad de expresión
RECTIFICACION EN CONDICIONES DE EQUIDAD/RECTIFICACION DE INFORMACION-Procedencia
INFORMACION-Obligación de rectificar y responsabilidad civil o penal del comunicador o medio/RECTIFICACION DE INFORMACION-Responsabilidad civil penal del comunicador o medio
CALUMNIA E INJURIA-Agravación por realización a través de medios de difusión masiva
INJURIA-Estructuración/INJURIA-Animus injuriandi
CALUMNIA-Realización
INJURIA Y CALUMNIA-Presencia de intención dañina
INJURIA Y CALUMNIA-Retractación atendiendo capacidad de extinguir la acción penal sin que sea necesario consentimiento de la víctima
DERECHO PENAL-Valoración social
DERECHO PENAL-Criminalización de conductas como última ratio
DERECHO PENAL-Criminalización de ciertos comportamientos
SANCION PENAL-Conductas excluidas
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PENAL-Bienes jurídicos susceptibles de protección, conductas a sancionar, modalidades y cuantía de pena
DERECHO PENAL-Opción de criminalizar una conducta cuando no está constitucionalmente impuesta o excluida
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MECANISMOS DE PROTECCION DE DERECHOS-Disminución, supresión o aumento
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN INSTRUMENTOS PENALES DE PROTECCION DE DERECHOS-Prescindencia, atenuación y exclusión/DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL-No ulterior protección por restablecimiento a través de la retractación
En este contexto, el legislador puede optar por prescindir de la protección penal, cuando considere que basta con los mecanismos previstos en otros ordenamientos. O puede atenuar las medidas de protección penal, restringiendo el ámbito del tipo penal, o reduciendo el quantum de la pena, o, en fin, excluir la responsabilidad o la punibilidad por consideraciones de tipo preventivo. Y todo dentro de la valoración, también, de la medida en que se estima vulnerado el bien jurídico protegido. En particular, resulta admisible que frente a las conductas que afectan la integridad moral, se considere que no es necesario una ulterior protección penal cuando el derecho se ha restablecido a través de la retractación en las condiciones y con las características que al efecto haya previsto la ley.
ACCION PENAL-Extinción por retractación
IUS PUNIENDI-Ultima ratio
DERECHO PENAL-Necesidad de la pena
BUEN NOMBRE Y HONRA-Delitos que la afectan/SANCION PENAL-Sustitución de exclusión por extinción
ACCION PENAL-Extinción por retractación no implica exclusión de culpabilidad
ACCION PENAL-Extinción por retractación no altera carácter antijurídico ni culpabilidad del agente
DERECHO PENAL-Concepción humanista
INJURIA Y CALUMNIA-Extinción de la acción por retractación
INJURIA Y CALUMNIA-Responsabilidad civil del agente
INJURIA Y CALUMNIA-Derecho a indemnización de perjuicios por responsabilidad civil ante extinción de la acción por retractación
INJURIA Y CALUMNIA-Retractación que extingue acción no hace improcedente demás medidas de protección
ACCION PENAL-Extinción deriva de hecho objetivo de la retractación
INJURIA Y CALUMNIA FRENTE A FALSA DENUNCIA-Bienes jurídicos protegidos son distintos
FALSA DENUNCIA-Oficiosidad y no desistimiento
INJURIA Y CALUMNIA FRENTE A FALSA DENUNCIA-No identidad en regulación/INJURIA Y CALUMNIA FRENTE A FALSA DENUNCIA-Diferente consecuencia para la retractación
Referencia: expediente D-3838
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 82 numeral 8° y 225 de la Ley 599 de 2000.
Actor: G.P.P.
Bogotá, D.C., (26) de junio de dos mil dos (2002)
El ciudadano G.P.P., en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, demandó la inexequibilidad de los artículos 82 numeral 8° y 225 de la Ley 599 de 2000.
La Corte mediante auto de diciembre siete de 2001, proferido por el Despacho del magistrado S., admitió la demanda y ordenó comunicarla al Presidente del Congreso, al F. General de la Nación, al Ministro de Justicia y del Derecho, a la Sociedad Interamericana de Prensa y al Círculo de Periodistas de Bogotá.
Una vez cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución y en el Decreto 2067 de 1991, y rendido el concepto del señor P. General de la Nación, procede la Corte a resolver sobre la demanda de la referencia.
"Artículo 225. Retractación. No habrá lugar a responsabilidad si el autor o partícipe de cualquiera de las conductas previstas en este título, se retractare voluntariamente antes de proferirse sentencia de primera o única instancia, siempre que la publicación de la retractación se haga a costa del responsable, se cumpla en el mismo medio y con las mismas características en que se difundió la imputación o en el que señale el funcionario judicial, en los demás casos.
No se podrá iniciar acción penal, si la retractación o rectificación se hace pública antes de que el ofendido formule la respectiva denuncia".
Considera el accionante que con la disposición demandada se vulneraron el inciso 2° del artículo 2°, el artículo 13, el inciso 1° del artículo 15 y los artículos 21 y 229 de la Constitución Política.
El actor inicialmente señala que la Ley 599 de 2000 en el Título V de su Libro Segundo consagra varias conductas punibles encaminadas a proteger el derecho a la honra. A saber: La injuria (art.220), la calumnia (art.221), la injuria por vías de hecho (art.226), la injuria o calumnias recíprocas (art.227), y las imputaciones de litigantes (art.228).
2.1. A juicio del demandante, el artículo 225 del nuevo Código Penal, al establecer la retractación como eximente de responsabilidad para los delitos previamente citados, vulnera la Constitución Política al desconocer los derechos fundamentales a la honra, a la igualdad, al buen nombre y al acceso a la administración de justicia. En su criterio esto ocurre porque:
La norma al permitir la retractación sin mas condicionamientos que la mera voluntad del infractor, lesiona el derecho de acceso a la administración de justicia, ya que la decisión acerca de la responsabilidad penal, no queda en cabeza de la autoridad judicial, sino en el arbitrio del infractor de la ley penal; con el agravante de que el perjudicado tampoco podrá acudir a la jurisdicción civil para reclamar los perjuicios que se le hayan generado.
Se desconocen los derechos a la honra y al buen nombre, toda vez que el infractor ante la inminencia de una condena, "....no tendrá el menor reparo en retractarse, con el convencimiento de que no va a suceder nada..". De esta manera, la norma acusada no protege los derechos citados, y en esa medida, debe desaparecer del ordenamiento jurídico.
El derecho a la igualdad resulta vulnerado por dos razones: En primer lugar, porque en relación con el delito de falsa denuncia (artículos 435 y S.S. del C.Penal Artículo 435. Falsa denuncia. El que bajo juramento denuncie ante la autoridad una conducta típica que no se ha cometido, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años y multa de dos (2) a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...) Artículo 440. Circunstancia de atenuación. Las penas previstas en los artículos anteriores se reducirán de una tercera parte a la mitad, si antes de vencerse la última oportunidad procesal para practicar pruebas, el autor se retracta de la falsa denuncia.), la retractación fue prevista como circunstancia de atenuación punitiva y no como causal de ausencia de responsabilidad. De este modo, el legislador le dio a situaciones similares consecuencias diferentes en perjuicio de los procesados; en segundo lugar, porque al excluir el consentimiento del afectado se "... le da a este último un trato discriminatorio frente al injuriador o calumniador, ya que siendo, el ofendido el directamente afectado no es tenido en cuenta por el legislador para poner fin a la acción penal, como si lo hacía en anterior estatuto El artículo 318 del derogado Código Penal, señalaba que: " No habrá lugar a punibilidad si el autor o partícipe de cualquiera de los delitos previstos en este Título, se retractare antes de proferirse sentencia de primera o única instancia con el consentimiento del ofendido, siempre que la publicación de la retractación se haga a costa del responsable, se cumpla en el mismo medio y con las mismas características en que se difundió la imputación o en el que señale el juez, en los demás casos. / No se podrá iniciar acción penal, si la retractación o rectificación se hace pública antes de que el ofendido formule la respectiva denuncia."..."
2.2. En torno al artículo 82, numeral 8º del Código Penal, el accionante manifiesta que éste resulta inconstitucional, ya que al establecer el nuevo código penal, la retractación como eximente de responsabilidad solamente para los delitos consagrados en el Capitulo V del Libro Segundo, si se declara la inconstitucionalidad del artículo 225 demandado, debe desaparecer el artículo 82, numeral 8º, por unidad normativa.
La F.ía General de la Nación intervino dentro del proceso de la referencia con el objeto de solicitar a esta Corte declarar la exequibilidad de los preceptos acusados, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
En concepto del F., no se vulnera la Constitución Política, cuando el legislador, en ejercicio del Ius Puniendi determina la política criminal del Estado. Así, la figura de la retractación, como resultado del proceso de configuración normativa opera básicamente en los ilícitos que requieren necesariamente para su investigación la denuncia o querella de parte, lo cual restringe el campo de acción punitiva estatal y deja a iniciativa de los particulares el resultado del proceso.
De esta manera, si la retractación tiene su razón de ser, en revocar lo que se ha imputado o desdecir la afrenta irrogada o retirar el cargo hecho a otro, no se "...justifica que se continúe con un proceso penal, cuando el objeto del mismo se alcanzó con la retractación o rectificación hecha por el infractor sobre la conducta moral, el honor y el buen nombre de la víctima, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 225 cuestionado...". De este modo, citando doctrina, afirma que después de una retractación pública, la aplicación de una pena perdería las razones fundamentales que la justifican.
Así las cosas, sostiene el señor F. que: "... la retractación no es mas que el desarrollo del principio de economía procesal, cuya esencia radica primordialmente en lograr el mayor resultado, con el menor esfuerzo del Estado, de allí que esta institución sea útil para evitar el desgaste innecesario del aparato judicial, cuando ya se logró por medios distintos a la sentencia, preservar los bienes jurídicos tutelados; en este caso, la integridad moral de las personas...".
Por último, afirma que la norma no vulnera el derecho a la igualdad, ya que el delito de falsa denuncia, es distinto a los delitos contra la integridad moral. Esto es así, porque: (i) Son disímiles los bienes jurídicos objetos de protección (buen nombre y honor frente a la correcta Administración de Justicia); (ii) Varían en torno al mecanismo de iniciación de la acción penal, de suerte que mientras el delito de falsa de denuncia inicia de oficio, aquellos contrarios a la honra y al buen nombre son querellables; (iii) Son distintas las causas eximentes de responsabilidad, precisamente el desistimiento y la retractación tan sólo operan para delitos querellables, como lo son, aquellos contrarios a la integridad moral.
El representante del Ministerio Público, previa referencia a las normas constitucionales y de derecho internacional en las que está previsto el deber de proteger los bienes jurídicos de la honra y el buen nombre, solicitó la declaratoria de exequibilidad de las normas acusadas, con base en las siguientes consideraciones:
Corresponde al legislador dentro del marco de desarrollo de la política criminal acorde con el principio de intervención del sistema penal como última ratio, definir el alcance de la retractación. Para el efecto, el Congreso dentro de su potestad de configuración normativa determinó que la retractación es un mecanismo que hace improcedente e improseguible la acción penal adelantada por delitos contra la integridad moral de las personas.
A su juicio, si bien es cierto que esta forma de extinguir la acción penal se reguló de manera diversa a la prevista en el ordenamiento anterior, en la medida en que ya no requiere el consentimiento de la víctima, no por ello es arbitraria, ya que el legislador señaló ciertas exigencias esenciales para que produzca efectos, con las cuales pretende garantizar el restablecimiento del derecho y la función preventiva del ordenamiento penal.
Así, manifiesta que "... no puede sostenerse que con la retractación se desprotegen los derechos a la honra y buena reputación de las personas, pues justamente mediante esta figura jurídica se pretende brindar los mecanismos para obtener el pronto restablecimiento del bien jurídico afectado con la infracción...".
Igualmente afirma que la retractación no es ajena a la Carta Política, y al efecto cita el inciso final del artículo 20, según el cual: " Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad...".
De esta manera, sostiene que mediante la retractación no se pretende una renuncia al ejercicio del poder punitivo del Estado, sino el reconocimiento de que mediante la rectificación de la información difamatoria se satisface la finalidad de la intervención penal, cual es, el restablecimiento del bien jurídico tutelado y en general del orden jurídico quebrantado.
Para el P., el demandante se equivoca cuando sostiene que la retractación impide el resarcimiento de los perjuicios causados, ya que los textos demandados nada dicen al respecto y además una interpretación y análisis sistemático del ordenamiento penal desmiente totalmente este señalamiento. Pero advierte, sobre la desafortunada redacción del artículo 225 del Código penal, ya que la retractación no excluye la responsabilidad sino la punibilidad de la conducta y extingue solamente la acción penal.
Para concluir, en relación con la vulneración del derecho a la igualdad, a partir de la comparación con el delito de falsa denuncia, afirma que se trata de conductas típicas diferentes, que vulneran bienes jurídicos distintos y por lo mismo merecen diverso reproche penal.
2.2. Debe precisarse si la disposición del artículo 225 acusado, conforme a la cual no habrá lugar a responsabilidad cuando el autor o participe de los delitos que afectan la honra y el buen nombre se retracte voluntariamente, sin contar para ello con la voluntad del afectado, se vulnera su derecho de acceso a la administración de justicia, especialmente si ello implica que, como consecuencia de la decisión penal, no se pueda acceder a la jurisdicción civil para obtener la indemnización de perjuicios.
Para el demandante, las normas acusadas son contrarias a los artículos 2, 15 y 21 de la Constitución, por cuanto dejan sin protección jurídica a los derechos a la honra y al buen nombre. Así mismo, contrarían el artículo 229 de la Carta, en la medida en que al permitir que el agresor disponga de manera unilateral sobre la continuidad de la acción penal, privan a la víctima de su derecho de acceso a la administración de justicia. Finalmente, también resultarían opuestas al artículo 13 superior, tanto porque privilegian la posición del agresor sobre la de la víctima, como porque ofrecen para la retractación en los delitos de injuria y calumnia una solución radicalmente distinta de la que se predica de la retractación en el delito de falsa denuncia, que no obstante responder a una similar lesión de los bienes jurídicos de la honra y el buen nombre, trae consigo no la exclusión de la responsabilidad, sino una atenuación de la pena.
El F. General de la Nación expresa que, por virtud de las normas demandadas, el legislador, en desarrollo de la política criminal del Estado, ha previsto que con la retractación se ha alcanzado el objeto del proceso, en la medida en que, con el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 225 cuestionado, se ha producido por el infractor una rectificación de sus expresiones sobre la conducta moral, el honor y el buen nombre de la víctima. Así, ese alcance de la retractación no sería más que un desarrollo del principio de economía procesal, puesto que resulta innecesario proseguir con el proceso cuando ya se ha logrado, por medios distintos a la sentencia, preservar los bienes jurídicos tutelados. Agrega que tampoco se vulnera el principio de igualdad porque los tipos penales de los delitos contra la integridad moral y la falsa denuncia, responden a situaciones distintas, puesto que mientras los primeros se orientan a tutelar los bienes jurídicos del buen nombre y la honra, el segundo protege el bien jurídico de la administración de justicia.
El señor P. General de la Nación, por su parte, señala que la norma no es contraria a la Carta porque si bien la protección de la honra y la reputación se realiza, entre otras formas, mediante la penalización de las conductas que afecten gravemente esos bienes jurídicos, no es menos cierto que dicha protección también se obtiene a través de mecanismos como la retractación y la rectificación de las informaciones difamatorias. En ese contexto, y dado que la pena debe responder a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, la retractación hace nugatoria la imposición de una condena a quien se ha confesado autor de una infracción penal y ha puesto de manifiesto su deseo de restablecer el daño y rectificar públicamente la información difamatoria. Señala que, por otro lado, la regulación penal de los efectos de la retractación no impide a la víctima acudir a la justicia civil o contencioso administrativa en procura de indemnización de los perjuicios que se le hayan ocasionado. Finalmente expresa que las normas demandadas tampoco desconocen el principio de igualdad, en cuanto regulan de forma diversa supuestos de hecho igualmente diferentes.
La Constitución Política dispone, de manera expresa, en su artículo 21, que se garantiza el derecho a la honra, y, del mismo modo, en el inciso segundo del artículo 2, establece que entre los deberes de las autoridades está el de proteger en su honra a todas las personas residentes en Colombia. A su vez, en el artículo 42, se declara el carácter inviolable de la honra, la dignidad y la intimidad de la familia.
El buen nombre ha sido entendido por la jurisprudencia y por la doctrina como la reputación, o el concepto que de una persona tienen los demás y que se configura como derecho frente al detrimento que pueda sufrir como producto de expresiones ofensivas o injuriosas o informaciones falsas o tendenciosas. Este derecho de la personalidad es uno de los más valiosos elementos del patrimonio moral y social y un factor intrínseco de la dignidad humana que a cada persona debe ser reconocida tanto por el Estado, como por la sociedad. Sentencia T-977 de 1999 El derecho al buen nombre, como expresión de la reputación o la fama que tiene una persona, se lesiona por las informaciones falsas o erróneas que se difundan sin fundamento y que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo. En la Sentencia SU-082 de 1995, M.P.J.A.M., la Corte hace una relación de la jurisprudencia en torno al concepto y los alcances de los derechos al buen nombre y a la honra.
Por su parte, el artículo 21 de la Carta contempla el derecho a la honra, concepto este último que aunque en gran medida asimilable al buen nombre, tiene sus propios perfiles y que la Corte en la sentencia T-411 de 1995 M.P.A.M.C.. definió como la estimación o deferencia con la que, en razón a su dignidad humana, cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan. Puso de presente la Corte que, en este contexto, la honra es un derecho "... que debe ser protegido con el fin de no menoscabar el valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos, y garantizar la adecuada consideración y valoración de las personas dentro de la colectividad".
En cualquier caso, la honra es un derecho fundamental de todas las personas, que se deriva de su propia dignidad y que por lo tanto demanda la protección del Estado a partir de esa consideración de la dignidad de la persona humana. Al referirse al núcleo del derecho a la honra, la Corte, en Sentencia T-322 de 1996 M.P.A.M.C., señaló que del mismo hace parte tanto, la estimación que cada individuo hace de sí mismo, como, desde una perspectiva externa, el reconocimiento que los demás hacen de la dignidad de cada persona, y expresó que para que pueda tenerse como afectado el derecho a la honra, esos dos factores debe apreciarse de manera conjunta.
Así, en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece que "Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia su domicilio y su correspondencia, ni de ataques a su honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias y ataques."
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias e ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y reputación.
Igualmente el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", consagra:
Y el artículo 14 del mismo pacto precisa, en su numeral 1, que "toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley." Y agrega, en el numeral 2 que "en ningún caso la rectificación o respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en se hubiera incurrido."
Dado su carácter de derechos fundamentales, tal como se acaba de expresar, el buen nombre y la honra cuentan con un mecanismo de protección de rango constitucional, como la acción de tutela. Tal protección, ha señalado la Corte, es la más amplia y comprensiva, y pese a su carácter subsidiario, no se ve desplazada por otros medios de defensa judicial, particularmente el penal, cuando no obstante que una determinada conducta no constituya delito si implique una lesión de los bienes jurídicos protegidos. Así, en Sentencia T-263 de 1998, la Corte expresó que "[l]a vía penal sólo protege determinadas vulneraciones a los anotados derechos fundamentales, al paso que la protección que la Constitución Política depara a los mismos es total. Por esta razón, existen violaciones a la honra y al buen nombre de las personas que, sin llegar a constituir formas de injuria o de calumnia, sí afectan estos derechos y, por ende, autorizan su protección por vía de la acción de tutela, cuando ello es necesario para evitar la consumación de un perjuicio irremediable."
3.3. Los delitos que atentan contra la integridad moral de la personas
Con frecuencia se han expresado en nuestro medio opiniones favorables a la descriminalización de las conductas que atentan contra esos bienes jurídicos, sin embargo en la exposición de motivos del proyecto de Código Penal presentado a la consideración del Congreso de la República por el F. General de la Nación, se puso de presente que tal opción no estaría en consonancia con el contexto constitucional que califica la honra como derecho fundamental y objeto de especial garantía para la persona por parte del Estado. A ese efecto el F. General acogió en su exposición una expresión de la Corte Suprema de los Estados Unidos conforme a la cual "... el derecho individual a la protección del propio buen nombre no refleja más que nuestro concepto básico de dignidad esencial y valor de todo ser humano, un concepto que ha de hallarse en la raíz de cualquier sistema decente de libertad ordenada" ( R. vs.B.. 1966).
En esta materia, de manera reiterada la Corte Suprema de Justicia ha expresado que para que se estructure el delito de injuria se requiere el animus injuriandi o sea la conciencia del carácter injurioso de la acción. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, Auto expediente 10139 M.P.C.G.A. Tal como lo ha expresado esta corporación retomando la jurisprudencia de la Corte Suprema, tal requisito comporta "...(i) que la persona impute a otra conocida o determinable un hecho deshonroso, (ii) que quien haga la imputación tenga conocimiento del carácter deshonroso de ese hecho, (iii) que el carácter deshonroso del hecho imputado dañe o menoscabe la honra de aquella persona, (iv) que quien haga la imputación tenga conciencia de que el hecho atribuido tiene esa capacidad de dañar o menoscabar la honra de la persona" Sentencia C-392-2002 M.P.A.T.G., que refiere a Auto del 29 de Septiembre de 1983 de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, con ponencia del Magistrado F.C.B.. .
En Colombia, tradicionalmente, frente a las lesiones de esos derechos el ordenamiento jurídico había previsto una modalidad de protección penal dispositiva en cabeza de la víctima, conforme a la cual, tanto la iniciación del proceso penal como su culminación anticipada por retractación del agresor dependían de la voluntad de ésta.
En la disposiciones acusadas, el legislador ha previsto para la retractación en condiciones de equidad la capacidad de extinguir la acción penal, sin que para ello sea necesario el consentimiento de la víctima. Cabe apreciar en ello, y tal como se expresó en la exposición de motivos del proyecto de ley que culminó con la expedición del Código Penal, una manifestación de economía procesal y una decisión de política criminal en torno a la necesidad preventiva de sanción penal. Pero tal decisión legislativa comporta también una protección adicional de la libertad de expresión, puesto que aún en el evento extremo de las conductas injuriosas o calumniosas, se excluye la posibilidad de derivar responsabilidad penal al agente, cuando quiera que el daño causado sea subsanado como consecuencia de la retractación pública y en condiciones de equidad.
En principio, no existe, de manera expresa, un imperativo constitucional según el cual determinados bienes jurídicos deban, necesariamente, protegerse a través del ordenamiento penal. Por el contrario dentro de una concepción conforme a la cual sólo debe acudirse al derecho penal, con su efecto limitativo de las libertades individuales, cuando no exista otro medio de protección de los bienes jurídicos que resulte menos invasivo, la criminalización de una conducta solo puede operar como ultima ratio.
Sin embargo, la Corte ha encontrado que en determinados casos, tanto la naturaleza de los bienes jurídicos, como la gravedad de las conductas cuya exclusión se impone como medida para su protección, hacen que del ordenamiento constitucional, incorporados en él los tratados que forman parte del bloque de constitucionalidad, se derive el imperativo de criminalizar ciertos comportamientos. Así, por ejemplo, la Corte ha señalado que existe un deber constitucional de sancionar penalmente conductas tales como la tortura, el genocidio, las ejecuciones extrajudiciales, o las desapariciones forzadas. Ver sentencias C-225 de 1995, C-368 de 2000, C-177 de 2001 y C-226 de 2002.
La opción, entonces, de criminalizar una conducta, en aquellos eventos en que no está constitucionalmente impuesta o excluida, implica que el legislador ha considerado que para la protección de cierto bien jurídico es necesario acudir a mecanismos comparativamente más disuasivos que otros que podrían emplearse, no obstante su efecto limitativo de la libertad personal. Sin embargo, en el Estado de Derecho, a esa solución sólo puede llegarse cuando se ha producido una grave afectación de un bien jurídico, mediante un comportamiento merecedor de reproche penal y siempre y cuando que la pena resulte estrictamente necesaria. En este sentido, M.R., Merecimiento de Pena, Necesidad de Pena y Teoría del Delito, en Fundamentos de un Sistema Europeo de Derecho Penal. J.M.B., ed. Barcelona 1995. En ese mismo volumen pueden examinarse también ensayos de diversos autores alrededor de los conceptos de merecimiento de la pena y necesidad de la pena y de sus relaciones con la estructura del delito.
Tal como se expresó en el apartado anterior, los derechos fundamentales garantizados por la Constitución exigen de las autoridades del Estado que se adopten las medidas necesarias y suficientes para su protección. Pero la valoración en torno a cuales deban ser esas medidas entra dentro de un amplio ámbito de configuración del legislador.
Así, puede ocurrir, por ejemplo, que la nueva ley sea una respuesta a un cambio en la estimación colectiva del bien objeto de protección; o que la variación puede estar en la ponderación sobre lo adecuado de la respuesta o de los instrumentos de protección. O puede tratarse de un cambio de apreciación en torno a la efectividad de los instrumentos de protección, por considerar, por ejemplo, que no por más gravosos para el infractor, los instrumentos penales resultan más efectivos para la protección del derecho, en determinados supuestos. Se trata en todo caso de un proceso que discurre por el espacio de valoración que la Constitución ha reservado al legislador y que no puede ser objeto de un juicio de constitucionalidad, sino cuando desborde ese ámbito, y afecte, entonces, los límites que la propia Constitución impone al legislador.
En este contexto, el legislador puede optar por prescindir de la protección penal, cuando considere que basta con los mecanismos previstos en otros ordenamientos, como v.gr. la nulidad de los actos jurídicos o la indemnización de perjuicios en el derecho civil o la responsabilidad patrimonial y disciplinaria en el derecho administrativo. O puede atenuar las medidas de protección penal, restringiendo el ámbito del tipo penal, o reduciendo el quantum de la pena, o, en fin, excluir la responsabilidad o la punibilidad por consideraciones de tipo preventivo. Y todo dentro de la valoración, también, de la medida en que se estima vulnerado el bien jurídico protegido.
Frente a los delitos que afectan la honra y el buen nombre, el artículo 225 del Código Penal trae una regulación distinta de la contenida en el anterior ordenamiento penal. En particular, sustituye la exclusión de la punibilidad, por la extinción de la acción penal y la consiguiente imposibilidad de derivar la responsabilidad penal del agente. En principio, frente a la clara y expresa manifestación del legislador, no cabe asumir, como sugiere en su concepto el señor P. General de la Nación, que se trata de un error conceptual, para predicar, desde una diferente perspectiva dogmático penal, que no obstante el cambio en las expresiones, el contenido de regulación se mantuvo inalterado, y que lo que procede en este caso, es, tal como ocurría conforme a la previsión del antiguo código, una exclusión de la punibilidad. De hecho, en la exposición de motivos del proyecto de ley por medio la cual se expide el Código Penal, se expresó que una transformación evidente del nuevo código con respecto al anterior, puede apreciarse, precisamente, en "... la sustitución del concepto de eximente de punibilidad que consagra el actual artículo 317, por el de eximente de responsabilidad que se postula en el artículo 218 del proyecto, lo que de suyo repercute en la economía procesal ..." . Gaceta del Congreso No. 139 de 1998. p. 13. El correcto entendimiento de esta manifiesta intención del legislador lleva a concluir que, en el nuevo ordenamiento penal, producida la retractación, no tiene sentido ya iniciar o continuar la acción penal, la cual, por disposición de la ley, se extingue, sin que sea posible, en consecuencia, derivar responsabilidad penal al agente.
Por otro lado, no puede decirse que la opción legislativa implique en este caso que se ha dejado desamparado el derecho al buen nombre y a la honra, porque precisamente, ha considerado el legislador que la lesión de los mismos deja de tener relevancia penal cuando se han restablecido a través de la retractación. Y en la medida en que la extinción de la acción sólo procede una vez producida la retractación con el cumplimiento de unas condiciones que deben ser valoradas por el juez y que implican el restablecimiento de los derechos lesionados, resulta claro que el ordenamiento penal sigue siendo un instrumento de protección, porque el agresor solo puede librarse de la sanción cuando se retracta.
Si desde la perspectiva de la ausencia de necesidad de la pena, se arribase a la conclusión sobre la exclusión de todos los mecanismos de protección de la honra y el buen nombre, se le estaría dando a ese principio dogmático penal un alcance que no tiene y que no puede tener a la luz de la Constitución. La retractación parte del supuesto de que el agravio al bien jurídico si se produjo, y si bien el legislador puede considerar que por virtud de la misma no hay lugar a derivar responsabilidad penal al agente, el ofendido debe conservar su derecho a que, establecida la responsabilidad civil, se le indemnicen los perjuicios causados.
Esta última es una dimensión de la protección del derecho cuya supresión resultaría contraria al deber de garantía del patrimonio moral de las personas contemplado en los artículos 2, 15, 21 y 42 del ordenamiento constitucional. De hecho, la naturaleza del bien jurídico protegido y su inmediata vinculación con la dignidad de la persona humana, ha llevado al legislador a brindarle protección penal. Cuando por consideraciones de carácter preventivo se considere que no es posible proseguir la acción penal, la garantía de los bienes jurídicos afectados exige que se mantengan abiertas las otras opciones que el ordenamiento ha previsto para su defensa, en orden a permitir una completa satisfacción del afectado. Por esta razón, la retractación que, sin contar con el asentimiento de la víctima, extingue la acción penal, no puede tener también la virtualidad de hacer improcedentes las demás medidas de protección.
Tal como lo pone de presente el señor P. "... en el reato de falsa denuncia no sólo existe la atribución de un hecho falaz sino que ello se hace ante las autoridades judiciales con la intención de engañar a la administración de justicia y ponerla al servicio del autor con mentiras, provocando su desgaste...". Por la gravedad que el ordenamiento le ha atribuido a esa conducta, su investigación se impone de manera oficiosa y, por consiguiente, a diferencia de lo que ocurre en los delitos de injuria y calumnia, no cabe el desistimiento del afectado.
Una consideración valorativa en torno a la gravedad de la conducta, que no resulta desproporcionada, en cuanto que responde a condiciones objetivas en torno al naturaleza de los bienes lesionados, el alcance de la acción criminal, su potencial efecto dañoso, no sólo sobre el afectado, que a más de ver afectada su honra y su buen nombre, podría verse sometido a una sanción penal, sino sobre la buena marcha de la administración de justicia, han llevado al legislador a regularla de distinta manera, sin que tal diferencia puedan dar lugar a un cuestionamiento desde la perspectiva del principio de igualdad.
En este caso, por las anteriores consideraciones, se tiene que no resulta exigible una identidad en la regulación penal que se haga en uno y en otro caso y que la diferente consecuencia que la ley ha previsto para la retractación en los delitos de injuria y calumnia y en el delito de falsa denuncia, puede inscribirse dentro de la finalidades del derecho penal y es, desde ese punto de vista, en cada caso, una respuesta adecuada para la realización de tales finalidades, sin que pueda decirse que la misma sea desproporcionada.
Que la H. Magistrada doctora C.I.V.H., no firma la presente sentencia por cuanto se encuentra en permiso, el cual fue debidamente autorizado por la Sala Plena de esta Corporación.
Aclaración de voto a la Sentencia C-489/02
DERECHO PENAL EN LIBERTAD DE EXPRESION-Necesidad de impedir que se convierta en una limitación (Aclaración de voto)
DERECHOS CONSTITUCIONALES-Ponderación ante confrontación (Aclaración de voto)
LIBERTAD DE EXPRESION-Admisión de retractación aún contra la voluntad del injuriado o calumniado (Aclaración de voto)
LIBERTAD DE EXPRESIÓN-Primacía prima facie cuando entra en conflicto con otros derechos (Aclaración de voto)
LIBERTAD DE PRENSA-No es absoluto (Aclaración de voto)
Demandante: G.P.P.
Con el debido respeto por la Corporación y por el magistrado ponente, aclaro mi voto no para apartarme de las razones de la sentencia, sino para subrayar la que a mi juicio es determinante. Si bien comparto la decisión final de la Corte de declarar la exequibilidad de los artículos 82 numeral 8º y 225 de la Ley 599 de 2000, pues la posibilidad de extinguir la acción penal en los casos de delitos de injuria y calumnia, cuando ha habido retractación, no desconoce los derechos a la honra y al buen nombre, a la igualdad y al acceso a la justicia, considero preciso hacer énfasis en la importancia que tiene para la democracia el impedir que el derecho penal se convierta en una limitación a la libertad de expresión, en especial cuando ésta se manifiesta por medio de la prensa. El problema jurídico que plantea la demanda invita a una ponderación entre derechos constitucionales enfrentados: ¿Puede quien injurió o calumnió evitar el proceso penal o la sanción penal retractándose de lo que dijo, a pesar de que el ofendido no acepte que éste se retracte? La trascendencia de la libertad de expresión para el funcionamiento de la democracia y el lugar preferente de la libertad de prensa dentro del conjunto de derechos constitucionales, llevan a que se admita la retractación, con sus plenos efectos, aun contra la voluntad del injuriado o calumniado.
De conformidad con la jurisprudencia de la Corte, dadas las funciones de esta libertad y en particular la función social de control del poder que cumple la libertad de expresión sobre todo cuando es ejercida a través de los medios masivos de comunicación, Ver entre otras, las sentencias T-066 de 1998, MP: E.C.M., T-609 de 1992, MP: F.M.D.; y C-087 de 1998, MP: C.G.D. la Constitución, prima facie, le ha otorgado primacía cuando entra en conflicto con otros derechos fundamentales. Así, en la sentencia T-066 de 1998, la Corte dijo lo siguiente:
La libertad de prensa constituye un requisito esencial para la existencia de la democracia. En efecto, una prensa libre contribuye a informar y formar a los ciudadanos; sirve de vehículo para la realización de los debates sobre los temas que inquietan a la sociedad; ayuda de manera decisiva a la formación de la opinión pública; actúa como instancia de control sobre los poderes públicos y privados, etc. Además, la libertad de prensa es fundamental para el ejercicio pleno del derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues para que una persona pueda definir y seguir de manera apropiada la orientación que le desea dar a su existencia es necesario que tenga la posibilidad de conocer distintas formas de concebir la vida y de comunicar su propia opción vital.
No obstante el carácter preferente de la libertad de prensa, ello no significa, que este derecho tenga un carácter absoluto y carezca de límites. Por ello, esta Corporación ha también admitido, en numerosas decisiones, ciertas restricciones a la libertad de expresión a fin de proteger y asegurar, en ciertos casos concretos, otros bienes constitucionales, como la vida o los derechos a la intimidad o al buen nombre. Ver, entre otras, las sentencias C-179 de 1994, MP: C.G.D. y C-586 de 1995, MP: E.C.M. y J.G.H.G..
Pero la solución del conflicto entre libertad de prensa y otros derechos constitucionales, puede encontrarse sin acudir al derecho penal. Por ejemplo, el legislador colombiano desarrolló distintos remedios que a la vez que garantizan el cumplimiento de la función social de la libertad de prensa, protegen los derechos constitucionales que puedan verse afectados por su ejercicio. Dentro de tales remedios se encuentran el derecho de rectificación y la acción de tutela, Ver, entre otras, las sentencias T-080 de 1993, MP: E.C.M.; T-472 de 1996, MP: E.C.M.; Sentencia T-602 de 1995, MP. C.G.D.; T-206 de 1995, MP: J.A.M.; T-094 de 2000, MP: A.T.G., T-131 de 1998, MP: H.H.V., T-1000 de 2000, MP: V.N.M.
como instrumentos adecuados para evitar que los derechos a la honra y al buen nombre de las personas se vean menoscabados por informaciones falsas que afectan la reputación de las personas.
Estos remedios no son penales, pero sí son eficaces para proteger tales derechos sin intimidar a los periodistas o a los medios con una acción penal. El peligro de acudir al derecho penal para limitar la libertad de prensa es manifiesto a lo largo de la historia de todas las democracias. En América Latina se ha llegado al extremo de crear tipos penales que castigan la crítica irrespetuosa o pugnaz de las autoridades, lo cual en Colombia sería inconstitucional. Estas leyes llamadas de desacato son una muestra actual de los riesgos de usar el derecho penal contra la libertad de prensa. Cuando los tipos penales de injuria o calumnia son diseñados de manera demasiado amplia, se corre el riesgo de que sean convertidos en instrumentos de retaliación o intimidación de los periodistas o los medios.
El legislador penal colombiano en desarrollo de su potestad de configuración y de diseño de la política criminal, estableció los tipos penales de injuria y calumnia. Pero a fin de evitar que el derecho penal pudiera ser usado como un instrumento de retaliación que impidiera el cumplimiento de la función social de los medios masivos de comunicación, estableció la extinción de la acción penal de los delitos de injuria y calumnia cuando haya retractación, aun si el ofendido no la ha aceptado. En ese evento, el daño causado a la honra y reputación individual se entiende reparado con la publicación de la retractación y se deja a salvo la protección constitucional tanto a la libertad de expresión como a la libertad de prensa.