Source: http://hrlibrary.umn.edu/cases/S-29-92-URUGUAY.htm
Timestamp: 2018-02-23 22:04:38
Document Index: 60347347

Matched Legal Cases: ['artículo 50', 'artículo 51', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 8', 'artículo 50', 'artículo 25', 'artículo 33', 'artículo 41', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 1']

Mendoza et. al. v. Uruguay, Caso 10.029, 10.036, 10.145, 10.305, 10.372, 10.373, 10.374 y 10.375, Informe No. 29/92, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.83 Doc. 14 at 162 (1993).
INFORME NO 29/92
El 4 de octubre de 1991, durante el 80 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, "la Comisión"), se aprobó por una mayoría de 6 a 1 el informe N 35/91, conforme al artículo 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención") En fecha 30 de diciembre de 1991, la Miembro de la Comisión, Dra. Gilda M.C. de Russomano, emitió su voto razonado en el cual se fundamenta su disidencia con la mayoría.
. Dicho informe fue remitido al Gobierno del Uruguay en fecha 8 de octubre de 1991. El 4 de diciembre de 1991, el Gobierno del Uruguay remitió sus observaciones a dicho informe. Estas observaciones fueron cuidadosamente consideradas por la Comisión en el presente informe N 29/92, previsto por el artículo 51.1. de la Convención, el cual fue adoptado por unanimidad.
2. Las peticiones denunciaban los efectos jurídicos de la Ley N 15.848 (en adelante "la Ley") y su aplicación por el Poder Judicial, como una violación de los derechos reconocidos en la Convención a la protección judicial (artículo 25) y las garantías a la protección judicial (artículo 25) y las garantías judiciales (artículo 8), entre otros.
3. En su artículo primero esta Ley preceptúa que: "Reconócese que, como consecuencia de la lógica de los hechos originados por el acuerdo celebrado entre Partidos Políticos y las Fuerzas Armadas en agosto de 1984, y a efecto de concluir la transición hacia la plena vigencia del orden constitucional, ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1 de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados, por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto".
13. Además, en sus 76, 77 y 78 períodos ordinarios de sesiones, la Comisión celebró audiencias en las cuales recibió a los denunciantes y a representantes del Gobierno.
18. En cuanto a una "solución amistosa" la Comisión se remite a las observaciones de la Corte en el caso Velásquez Rodríguez en el sentido de que "esa actuación de la Comisión debe intentarse sólo cuando las circunstancias de una controversia determinen la necesidad o la conveniencia de utilizar este instrumento, supuestos sujetos a la apreciación de la Comisión" Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones preliminares, sentencia del 26 de junio de 1987. Serie C No. 1 (Párr. 44).
. En el presente caso, la cuestión se refiere a un programa legislativo completo que el Estado defiende activamente, la Comisión opina que el procedimiento de una solución amistosa no es necesario ni procedente.
19. Con fecha 4 de octubre de 1991, durante su 80 periodo de sesiones, la Comisión aprobó por seis votos a favor y uno en contra, en forma preliminar el informe N 35/91, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la Convención. En consecuencia, se dio traslado en forma reservada al Gobierno del Uruguay, conforme lo dispone el mismo artículo en su apartado segundo al prevenir contra su publicación.
20. Con fecha 4 de diciembre de 1991, el Gobierno remitió sus observaciones al Informe N 35/91.
21. El Gobierno sostiene, esencialmente, que la Comisión no ha ponderado el "contexto jurídico-político democrático" al no haber tomado en consideración la legitimidad interna de la Ley y al omitido sopesar importantes aspectos de la realidad política concreta, así como los fines éticos superiores de la Ley de Caducidad. A continuación se reseñan los argumentos principales de la respuesta del Gobierno:
25. Con respecto al artículo 25.1 de la Convención, sostiene que el mismo persigue el "restablecimiento del derecho lesionado y de no ser posible ello, la reparación de los daños sufridos"; que como es imposible --en los casos denunciados-- reclamar el restablecimiento de derechos lesionados durante el régimen de facto, solo cabe el derecho a la reparación patrimonial el cual no ha sido enervado por la Ley de Caducidad.
32. Dicha competencia surge de la propia Convención, cuando faculta a la Comisión (como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos) "para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes" (artículo 33). Esto es, la Comisión procede a "actuar respecto de la peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad des conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 a 51 de esta Convención" (artículo 41.f). Asimismo, por el artículo 2 de la misma se prevé el compromiso de los Estados partes de adoptar "las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias" para hacer efectivos los derechos y libertades consagrados en el Pacto (artículo 2). A fortiori, un Estado no puede evadir por medio de su legislación interna sus obligaciones internacionales, de donde surge que la Comisión o la Corte están facultadas para examinar --a la luz de la Convención-- incluso leyes internas que se alegue abroguen o violen derechos y libertades consagrados en ella.
37. Por ello considera apropiado citar la posición general de la Comisión en la materia, expuesta así en su Informe Anual 1985-1986:
...uno de los pocos asuntos en que la Comisión no desea inhibirse de opinar en esta materia, es el de la necesidad de esclarecer las violaciones a los derechos humanos perpetrados con anterioridad al establecimiento del régimen democrático. Toda sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro...Tal acceso a la verdad supone no coartar la libertad de expresión, la que --claro está-- deberá ejercerse responsablemente; la formación de comisiones investigadoras cuya integración y competencia habrán de ser determinadas conforme al correspondiente derecho interno de cada país, o el otorgamiento de los medios necesarios para que sea el propio Poder Judicial el que pueda emprender las investigaciones que sean necesarias Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1985-1986, pág. 205.
50. Al interpretar el alcance del artículo 1.1 la Corte Interamericana de Derechos Humanos manifestó que "la segunda obligación de los Estados partes es la de `garantizar' el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción...Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención..." Corte I.D.H. Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párrafo 172.
. La Corte amplía ese concepto en varios párrafos siguientes de la misma sentencia, por ejemplo: "Lo decisivo es dilucidar si una determinada violación a los derechos humanos reconocidos por la Convención ha tenido lugar con el apoyo o la tolerancia del poder público o si éste ha actuado de manera que la transgresión se haya cumplido en defecto de toda prevención o impunemente" Ib. Párrafo 173.
; "El Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación" Ib. Párrafo 174.; "...si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción" Ib. Párrafo 176.. Con respecto a la obligación de investigar señala que "... debe tener sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad..." Ib. Párrafo 177. (Subrayados añadidos por la Comisión).