Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sp3119-2018-50717-de-agosto-1-de-2018?documento=jurcol&contexto=jurcol_b74f420da546479493eb335396909b62&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-20 18:43:06
Document Index: 147413779

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 90', 'ARTÍCULO 187', 'ARTÍCULO 187', 'artículo 187', 'artículo 187', 'artículo 187', 'artículo 187', 'artículo 187', 'artículo 183', 'artículo 90', 'artículo 187', 'artículo 90', 'artículo 187', 'artículo 90', 'artículo 187', 'artículo 187', 'artículo 161', 'artículo 187', 'artículo 37', 'artículo 179', 'artículo 178', 'artículo 230', 'artículo 183']

﻿ SENTENCIA SP3119-2018/50717 DE AGOSTO 1 DE 2018
SENTENCIA SP3119-2018 DE 01 DE AGOSTO DE 2018
CONTENIDO:PARA SUSTENTAR SANCIÓN DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD A UN MENOR DE EDAD, JUEZ DEBE TENER EN CUENTA NATURALEZA DEL CASO, GRAVEDAD DE LOS HECHOS, LA PROBLEMÁTICA DEL ADOLESCENTE Y SUS NECESIDADES. SE ACLARA QUE SI EN VIRTUD DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA PENA SÓLO PUEDEN IMPONERSE AL MENOR LAS SANCIONES DEFINIDAS EN LA LEY, LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD EN CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PROCEDE EXCLUSIVAMENTE EN LOS EVENTOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY 1453 DE 2011 QUE MODIFICÓ EL ARTÍCULO 187 DEL CÓDIGO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, ES DECIR, CUANDO EL DELITO POR EL CUAL SE HA DECLARADO LA RESPONSABILIDAD PENAL TENGA PREVISTA PENA MÍNIMA DE 6 O MÁS AÑOS DE PRISIÓN Y EL ADOLESCENTE SEA MAYOR DE 16 AÑOS Y MENOR DE 18 AÑOS DE EDADO CUANDO, SIENDO MAYOR DE 14 AÑOS Y MENOR DE 18, SE LE HA DECLARADO RESPONSABLE DE HOMICIDIO DOLOSO, SECUESTRO, EXTORSIÓN EN TODAS SUS FORMAS Y DELITOS AGRAVADOS CONTRA LA LIBERTAD, INTEGRIDAD Y FORMACIÓN SEXUAL, SIN PERJUICIO DE QUE UNA VEZ CUMPLIDA PARTE DE LA SANCIÓN SEA SUSTITUIDA EN FUNCIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS Y NECESIDADES DEL ADOLESCENTE, EN LOS TÉRMINOS DEL INCISO 6º DEL ARTÍCULO 187 DEL REFERIDO ESTATUTO.
TEMAS ESPECÍFICOS:MENOR DE EDAD, ADOLESCENTE, RECURSO DE CASACIÓN, PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, LEGALIDAD DE LA PENA, RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR DE EDAD
Sentencia SP3119-2018/50717 de agosto 1 de 2018
SP3119-2018
Radicación 50717
(Aprobado Acta 253)
Bogotá D.C., primero de agosto de dos mil dieciocho.
1. En el principal denunció el demandante la violación directa de la ley, por interpretación errónea del inciso 1º del parágrafo del artículo 187 de la Ley de Infancia y Adolescencia, lo cual conllevó a la aplicación indebida del canon 183 y a la falta de aplicación de los incisos 3º y 4º del citado artículo 187. Ello porque no es cierto que el cumplimiento de la mayoría de edad del infractor impida imponerle la pena de privación de la libertad. Tampoco es verdad que esa sanción proceda cuando el fallo se emita antes de que el adolescente cumpla los 18 años o cuando ha estado previamente sometido a internamiento preventivo, como equivocadamente se dedujo en la sentencia.
Las normas que el Tribunal dejó de aplicar, imponían sancionar al infractor con privación de la libertad, única pena prevista en la ley para los delitos contra la integridad sexual cometidos por adolescentes mayores de 16 años y menores de 18. En consecuencia, el Tribunal violó el principio de legalidad de la pena al sancionar al infractor con la imposición de reglas de conducta.
2. En el subsidiario, planteó el Procurador Delegado la vulneración directa de la ley por aplicación indebida del inciso 1º del parágrafo del artículo 187 de la Ley de Infancia y Adolescencia, lo cual conllevó al uso indebido del canon 183 y a la falta de aplicación de los incisos 3º y 4º del citado artículo 187. Lo anterior porque el Tribunal confundió los conceptos de vigencia de la sanción e internamiento preventivo al señalar que cuando está vigente la segunda y el infractor llega a la mayoría de edad, debe cumplir la pena hasta su terminación, pero si alcanza los 18 años sin que le haya sido impuesta la internación preventiva, es improcedente hacerlo en la sentencia.
Para el casacionista, por tratarse en el presente caso de un delito sexual agravado, la única sanción posible era la privación de la libertad del artículo 187 del Código de Infancia y Adolescencia y no la imposición de reglas de conducta del artículo 183, que el Tribunal empleó en forma indebida vulnerando el principio de la legalidad de la pena.
En atención a que los cargos propuestos por el Ministerio Público se orientan a la misma finalidad, esto es, a revocar las medidas de conducta dispuestas por el Tribunal para, en su lugar, confirmar la sanción establecida en el fallo de primera instancia consistente en privar al acusado de la libertad en centro de atención especializada por el término de 24 meses, procede la Sala a analizarlos conjuntamente, como sigue.
1. Luego de declarar responsable al procesado por el delito objeto de acusación, la Juez 7ª Penal del Circuito para Adolescentes señaló que debía aplicarse el artículo 90 de la Ley 1453 de 2011 que reformó el artículo 187 de la Ley 1098 de 2006, en el cual se establece que los mayores de 14 y menores de 18 años responsables de delitos agravados contra la libertad, integridad y formación sexual deben ser sancionados con privación de la libertad entre 2 y 8 años. Acto seguido realizó la correspondiente tasación teniendo en cuenta la naturaleza del delito, la proporcionalidad e idoneidad de la sanción, la edad del infractor y su aceptación del cargo atribuido por la Fiscalía.
2. Por su parte, el Tribunal de Bogotá en el fallo de segunda instancia transcribió los artículos 177, 179 y 187 —modificado por el artículo 90 de la Ley 1453 de 2011— del Código de Infancia y Adolescencia, así como la Regla 18 de Beijing y señaló:
“Cierto es que para sustentar su decisión, la juez tuvo en cuenta la naturaleza del caso y la gravedad de los hechos, la problemática del adolescente y sus necesidades, por lo tanto, si bien los hechos fueron cometidos siendo menor de edad, no procedía la sanción de privación de la libertad, sino cualquiera otra medida como imponer reglas de conducta o servicios a la comunidad, pues debe tenerse en cuenta que al joven nunca se le impuso medida de internamiento preventivo, aunado al hecho que el mismo para la fecha de imposición de la medida de privación de la libertad, había cumplido 21 años de edad, por ello no le era aplicable el artículo 187 del Código de Infancia y Adolescencia”.
“Sumado a lo anterior debe adicionarse que el parágrafo 1º del citado artículo dice: ‘Si estando vigente la sanción de privación de libertad el adolescente cumpliere dieciocho años de edad continuará cumpliéndola hasta su terminación en el Centro de Atención Especializada (…) lo que significa, de acuerdo con lo anotado, el joven J.T.S.H. al momento de la sentencia estaba en libertad, tenía la mayoría de edad y al no estar vigente la sanción de privación de la libertad, para la Sala procede otra medida diferente a la privativa de libertad”.
Conforme a lo expuesto, el Tribunal revocó la privación de libertad y, en su lugar, le impuso las reglas de conducta que allí relaciona por un lapso de 24 meses.
3. Esta Sala sobre el particular ha señalado(1) que si en virtud del principio de legalidad de la pena sólo pueden imponerse al menor las sanciones definidas en la ley, la privación de la libertad en centro de atención especializada procede exclusivamente en los eventos señalados en el artículo 90 de la Ley 1453 de 2011 que modificó el artículo 187 del Código de Infancia y Adolescencia, es decir, cuando el delito por el cual se ha declarado la responsabilidad penal tenga prevista pena mínima de 6 o más años de prisión y el adolescente sea mayor de 16 años y menor de 18 años de edad; o cuando, siendo mayor de 14 años y menor de 18, se le ha declarado responsable de homicidio doloso, secuestro, extorsión en todas sus formas y delitos agravados contra la libertad, integridad y formación sexual, sin perjuicio de que una vez cumplida parte de la sanción sea sustituida en función de las circunstancias y necesidades del adolescente, en los términos del inciso 6º del artículo 187 del referido estatuto.
4. Aunque se advierte que conforme a los citados precedentes judiciales el asunto se encuentra dilucidado por la Corte, de manera que en este caso sería procedente casar el fallo de segundo grado en el sentido de revocar las medidas de conducta dispuestas por el Tribunal para, en su lugar, confirmar la sanción establecida en la sentencia de primera instancia consistente en privar al procesado de la libertad por el término de 24 meses, se encuentra que una nueva lectura e interpretación sistemática de los preceptos que regulan el asunto, en concordancia con las obligaciones internacionales contraídas por Colombia, conduce a una solución sustancialmente diferente que impone recoger la referida jurisprudencia, como consideró la Sala a partir del precedente SP-2159-2018.
4.1. En efecto, el artículo 161 del Código de Infancia y Adolescencia establece que “la privación de la libertad sólo procede para las personas que al momento de cometer el hecho hayan cumplido catorce (14) y sean menores de dieciocho (18) años”, como ocurre en este caso, pues el procesado nació el 13 de noviembre de 1998, es decir, cuando ocurrieron los hechos en julio de 2016 tenía 17 años, 9 meses y para el 15 de febrero de 2017, fecha en la cual se profirió el fallo condenatorio de primera instancia tenía 18.
El artículo 187, modificado por el 90 de la Ley 1453 de 2011, dispone que la sanción de privación de libertad se aplicará a “los adolescentes mayores de catorce (14) y menores de dieciocho (18) años, que sean hallados responsables de (…) delitos agravados contra la libertad, integridad y formación sexual”, caso en el cual “tendrá una duración desde dos (2) hasta ocho (8) años, con el cumplimiento total del tiempo de sanción impuesta por el juez, sin lugar a beneficios para redimir penas”.
“En Colombia se consagra un régimen penal de semiimputabilidad para los menores entre los 14 y los 18 años que no ha sido efectivo, pues sufre de defectos estructurales que favorecen la impunidad y no consagran mecanismos específicos que le permitan al menor infractor tener una reintegración adecuada, lo cual implica además que el menor no tiene la oportunidad de educarse a través del sistema, sino que simplemente se le priva de la libertad y luego sale a la sociedad con un grado aún menor de reintegración y en muchos casos con mayor conocimiento de la delincuencia gracias al contacto con otros infractores, tal como señala la teoría de la asociación diferencial.
El objetivo de estas medidas no es de ningún modo restringir los derechos de los menores, sino por el contrario, mejorar el procedimiento de determinación de las consecuencias jurídicas, evitar la impunidad y dotar a los menores de la oportunidad de reintegrarse a la sociedad”.
No en vano la Defensoría del Pueblo ha concluido(2):
“Aunque formalmente se ha señalado que el núcleo de la intervención del SRPA es la justicia restaurativa, en la práctica se evidencia la aplicación de un modelo de justicia retributiva, característico de la aplicación de la justicia penal: i) No se aplican medidas pedagógicas, sino castigos frente a la responsabilidad del adolescente; (ii) Se pretende que la amenaza de este castigo sea utilizada como mecanismo para disuadir del crimen a otros adolescentes o para evitar reincidencias (…); y (vi) Se aísla al adolescente de la comunidad de la que hace parte y en la que se produjo el daño que está llamado a reparar”.
En el literal b) del artículo 37 de la Ley 12 de 1991, aprobatoria de la Convención sobre Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, se dispone que “Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda”.
4.3. En las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 1985, denominadas Reglas de Beijing, se expone en la pauta 17 que “la respuesta que se dé al delito será siempre proporcionada, no sólo a las circunstancias y la gravedad del delito, sino también a las circunstancias y necesidades del menor, así como a las necesidades de la sociedad” y que “Las restricciones a la libertad personal del menor se impondrán sólo tras cuidadoso estudio y se reducirán al mínimo posible”.
En la Regla 18 se establecen como medidas alternativas a la privación de libertad para menores: “Ordenes en materia de atención, orientación y supervisión; libertad vigilada; Ordenes de prestación de servicios a la comunidad; sanciones económicas, indemnizaciones y devoluciones; Ordenes de tratamiento intermedio y otras formas de tratamiento; Ordenes de participar en sesiones de asesoramiento colectivo y en actividades análogas; Ordenes relativas a hogares de guarda, comunidades de vida u otros establecimientos educativos; y Otras órdenes pertinentes”.
En el artículo 179, a su turno, se fijan como criterios para definir la sanción en concreto, la naturaleza y gravedad de los hechos, la proporcionalidad e idoneidad de la sanción atendidas la gravedad de los hechos y las necesidades de la sociedad y del infractor, la edad de éste, la aceptación de los cargos y el incumplimiento de los compromisos adquiridos con el juez y de las sanciones.
Es pertinente señalar que según lo ha precisado la Sala(3), de conformidad con el artículo 178 del Código de la Infancia y la Adolescencia, todas las sanciones allí establecidas, incluida por supuesto la de privación de la libertad, “tienen una finalidad protectora, educativa y restaurativa” en el marco del Sistema de Responsabilidad para Adolescentes y corresponde al juez en cada caso específico ponderar las circunstancias individuales del adolescente y sus necesidades especiales, con facultad para modificar las medidas impuestas a partir de un diagnóstico favorable sobre el particular.
Ahora, es claro que tratándose de decisiones sobre la privación de la libertad de los procesados, no corresponde al funcionario judicial inaplicar la ley contrariando su texto y propósito a partir de la compasión que pueda producirle un desacertado o falible sistema carcelario, pues en virtud del artículo 230 de la Constitución está sometido al imperio de la ley, pero lo que si puede hacer es provocar la visibilización de tales anomalías para que el Estado y específicamente los responsables del sistema procedan a realizar las respectivas enmiendas e implementen los correspondientes correctivos, pues no puede negarse, por lo menos en Bogotá, el riesgo que no solo para los menores sino incluso para los jueces se presenta en los centros de reclusión.
6. Así las cosas, considera la Sala que en este asunto no procede la privación de la libertad del procesado, pero no por las razones aducidas por el Tribunal, sino porque de acuerdo a lo dispuesto por el legislador y que se aplica por regla general, no le fue impuesta porque la Fiscalía no solicitó la medida de internamiento preventivo
En tales circunstancias, se fracturaría la coherencia propia del sistema si 2 años después de la comisión de los hechos, cuando el procesado tiene más de 19 años, se dispone la privación de su libertad, que como se advirtió en la normativa nacional e internacional debe tener el carácter de “último recurso”, quedando reducido su alcance al simple y llano componente retributivo, ajeno a las funciones de las sanciones en el Código de Infancia y Adolescencia.
Definido lo anterior se considera que en este caso la imposición de reglas de conducta tales como observar buena conducta familiar y social, no involucrarse en la comisión de nuevos actos delictivos, abstenerse de consumir sustancias psicoactivas y dedicarse a actividades educativas o laborales regulares ordenadas por el Tribunal, orientadas de conformidad con el artículo 183 del Código de Infancia y Adolescencia a “regular su modo de vida, así como promover y asegurar su formación”, resultan consonantes con las normas nacionales e internacionales sobre el particular y prevalecen sobre la privación de la libertad dispuesta por el juez de primer grado, pues además de que el estrecho contacto por cerca de 2 años con otros infractores podría exponer al acusado a más posibilidades de daño que asegurar su “reintegración adecuada” a la sociedad, es necesario que asuma su rol de padre del hijo que tuvo con su novia, según se informa en el estudio psicosocial elaborado por el ICBF.
También debe tenerse en cuenta que si el acusado nació el 13 de noviembre de 1998, para el 15 de febrero de 2017, fecha en la cual se profirió el fallo condenatorio de primera instancia tenía 18 años y en la actualidad tiene más de 19, además de que en el informe psicosocial elaborado por la Defensoría de Familia se indicó que se dedica a lavar carros, sin que se tenga noticia de la comisión de nuevos delitos.
Resta señalar que el procesado deberá suscribir la correspondiente acta de compromiso sobre las reglas de conducta impuestas por el Tribunal. Corresponderá al juez que vigile la ejecución de la sanción verificar su cumplimiento y, a partir de ello, ponderar en concreto si resulta aconsejable o no hacer efectiva la privación de la libertad en centro de atención especializada u otra medida dispuesta por el legislador.
1 CSJ SP, 15 feb. 2017. Rad. 48513, CSJ SP, 9 mar. 2016. Rad. 46614 y CSJ SP, 22 may. 2013. Rad. 35431.
2 Defensoría del Pueblo. Informe sobre violaciones de los derechos humanos de adolescentes privados de la libertad. Bogotá, marzo de 2015.
3 CSJ SP, 22 may. 2013. Rad. 35431.