Source: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0457_1998.html
Timestamp: 2019-05-21 22:35:15
Document Index: 148906797

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 8', 'ARTÍCULO 9', 'ARTÍCULO 10', 'ARTÍCULO 11', 'ARTÍCULO 12', 'ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 15', 'ARTÍCULO 16', 'ARTÍCULO 17', 'artículo 1', 'artículo 19', 'ARTÍCULO 18', 'ARTÍCULO 19', 'ARTÍCULO 20', 'ARTÍCULO 21', 'ARTÍCULO 22', 'ARTÍCULO 23', 'ARTÍCULO 24', 'ARTÍCULO 25', 'artículo 24', 'ARTÍCULO 26', 'ARTÍCULO 27', 'ARTÍCULO 28', 'ARTÍCULO 29', 'ARTÍCULO 30', 'artículo 25', 'ARTÍCULO 31', 'artículo 4', 'ARTÍCULO 32', 'ARTÍCULO 33', 'ARTÍCULO 34', 'ARTÍCULO 36', 'ARTÍCULO 37', 'artículo 19']

Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad [LEY_0457_1998]
Artículo CAPITULO I 1 2 3 4 CAPITULO II CAPITULO I 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 CAPITULO III CAPITULO I SECCION I CAPITULO I 17 18 19 20 21 22 SECCION II CAPITULO I 23 24 25 26 27 28 29 30 31 SECCION III CAPITULO I 32 33 34 35 36 SECCION IV CAPITULO I 37 SECCION V CAPITULO I 38 39 SECCION VI CAPITULO I 40 CAPITULO IV CAPITULO I 41 42 43 44 45
Visto el texto del "protocolo modificatorio del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena", suscrito en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, a los veintiocho (28) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y seis (1996).
«Tratado de creaciOn del Tribunal de Justicia
DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA COMUNIDAD ANDINA.
ARTÍCULO 1o. El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina comprende:
ARTÍCULO 2o. Las decisiones obligan a los países miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la comunidad andina.
ARTÍCULO 3o. Las decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General serán directamente aplicables en los países miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior.
ARTÍCULO 4o. Los países miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la comunidad andina.
DE LA CREACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TRIBUNAL.
ARTÍCULO 5o. Créase el tribunal de justicia de la Comunidad Andina como órgano jurisdiccional de la misma, con la organización y las competencias que se establecen en el presente Tratado, y sus protocolos modificatorios.
ARTÍCULO 6o. EL TRIBUNAL TIENE SU SEDE EN LA CIUDAD DE QUITO, ECUADOR. El Tribunal está integrado por cinco magistrados, quienes deberán ser nacionales de origen de los países miembros, gozar de alta consideración moral y reunir las condiciones requeridas en su país para el ejercicio de las más altas funciones judiciales o ser jurisconsultos de notoria competencia.
ARTÍCULO 7o. LOS MAGISTRADOS SERÁN DESIGNADOS DE TERNAS PRESENTADAS POR CADA PAÍS MIEMBRO Y POR LA UNANIMIDAD DE LOS PLENIPOTENCIARIOS ACREDITADOS PARA TAL EFECTO. El Gobierno del país sede convocará a los plenipotenciarios.
ARTÍCULO 8o. Los magistrados serán designados por un período de seis años, se renovarán parcialmente cada tres años y podrán ser reelegidos por una sola vez.
ARTÍCULO 9o. Cada magistrado tendrá un primer y segundo suplentes que lo reemplazarán, en su orden, en los casos de ausencia definitiva o temporal, así como de impedimento o recusación, de conformidad con lo que se establezca en el Estatuto del Tribunal.
ARTÍCULO 10. Los magistrados podrán ser removidos a requerimiento del Gobierno de un país miembro, únicamente cuando en el ejercicio de sus funciones hubieran incurrido en falta grave prevista en el Estatuto del Tribunal y de conformidad con el procedimiento en él establecido. Para tal efecto, los Gobiernos de los países miembros designarán plenipotenciarios, quienes, previa convocatoria del Gobierno del país sede, resolverán el caso en reunión especial y por unanimidad.
ARTÍCULO 11. Al término de su período, el magistrado continuará en el ejercicio de su cargo hasta la fecha en que tome posesión quien lo reemplace.
ARTÍCULO 12. Los países miembros se obligan a otorgar al Tribunal todas las facilidades necesarias para el adecuado cumplimiento de sus funciones.
ARTÍCULO 13. Las modificaciones al Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, aprobado mediante la Decisión 184, se adoptarán por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, a propuesta de la Comisión y en consulta con el Tribunal.
ARTÍCULO 14. CORRESPONDERÁ AL TRIBUNAL DICTAR SU REGLAMENTO INTERNO. El Tribunal nombrará su Secretario y el personal necesario para el cumplimiento de sus funciones.
ARTÍCULO 15. El Tribunal presentará informes anuales al Consejo Presidencial Andino, al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y a la Comisión.
ARTÍCULO 16. LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA APROBARÁ ANUALMENTE EL PRESUPUESTO DEL TRIBUNAL. Para este efecto, el Presidente del Tribunal enviará cada año, en fecha oportuna, el correspondiente proyecto de presupuesto.
DE LAS COMPETENCIAS DEL TRIBUNAL.
ARTÍCULO 17. Corresponde al Tribunal declarar la nulidad de las decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, de la Comisión de la Comunidad Andina, de las resoluciones de la Secretaría General y de los Convenios a que se refiere el literal e) del artículo 1o., dictados o acordados con violación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, incluso por desviación de poder, cuando sean impugnados por algún país miembro, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión de la Comunidad Andina, la Secretaría General o las personas naturales o jurídicas en las condiciones previstas en el artículo 19 de este Tratado.
ARTÍCULO 18. Los países miembros sólo podrán intentar la acción de nulidad en relación con aquellas decisiones o convenios que no hubieren sido aprobados con su voto afirmativo.
ARTÍCULO 19. Las personas naturales y jurídicas podrán intentar la acción de nulidad contra las decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, de la Comisión de la Comunidad Andina, de las resoluciones de la Secretaría General o de los Convenios que afecten sus derechos subjetivos o sus intereses legítimos.
ARTÍCULO 20. La acción de nulidad deberá ser intentada ante el Tribunal dentro de los dos años siguientes a la fecha de entrada en vigencia de la decisión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión de la Comunidad Andina de la resolución de la Secretaría General o del Convenio objeto de dicha acción.
ARTÍCULO 21. La interposición de la acción de nulidad no afectará la eficacia o vigencia de la norma o convenio impugnados.
ARTÍCULO 22. Cuando el Tribunal declare la nulidad total o parcial de la decisión, resolución o convenio impugnados, señalará los efectos de la sentencia en el tiempo.
DE LA ACCIÓN DE INCUMPLIMIENTO.
ARTÍCULO 23. cuando la secretaría general considere que un país miembro ha incurrido en incumplimiento de obligaciones emanadas de las normas o convenios que conforman el ordenamiento jurídico de la comunidad andina, le formulará sus observaciones por escrito. El país miembro deberá contestarlas dentro del plazo que fije la Secretaría General, de acuerdo con la gravedad del caso, el cual no deberá exceder de sesenta días. Recibida la respuesta o vencido el plazo, la Secretaría General de conformidad con su reglamento y dentro de los quince días siguientes, emitirá un dictamen sobre el estado de cumplimiento de tales obligaciones, el cual deberá ser motivado.
ARTÍCULO 24. Cuando un país miembro considere que otro país miembro ha incurrido en incumplimiento de obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, elevará el caso a la Secretaría General con los antecedentes respectivos, para que ésta realice las gestiones conducentes a subsanar el incumplimiento, dentro del plazo a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior. Recibida la respuesta y vencido el plazo sin que se hubieren obtenido resultados positivos, la Secretaría General de conformidad con su reglamento y dentro de los quince días siguientes emitirá un dictamen sobre el estado de cumplimiento de tales obligaciones, el cual deberá ser motivado.
ARTÍCULO 25. Las personas naturales o jurídicas afectadas en sus derechos por el incumplimiento de un país miembro, podrán acudir a la Secretaría General y al Tribunal, con sujeción al procedimiento previsto en el artículo 24.
ARTÍCULO 26. En los casos en que se hubiere emitido una resolución de verificación de la existencia de gravamen o restricción o cuando se trate un caso de incumplimiento flagrante, la Secretaría General, de conformidad con su reglamento, emitirá, a la brevedad posible, un dictamen motivado, a partir del cual ésta o el país miembro afectado, podrán acudir directamente al Tribunal.
ARTÍCULO 27. Si la sentencia del Tribunal fuere de incumplimiento, el país miembro cuya conducta haya sido objeto de la misma, quedará obligado a adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento en un plazo no mayor de noventa días siguientes a su notificación.
ARTÍCULO 28. EL TRIBUNAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA GENERAL, COMUNICARÁ SU DETERMINACIÓN A LOS PAÍSES MIEMBROS. El Tribunal antes de dictar sentencia definitiva, a petición de la parte demandante y previo afianzamiento si lo considera necesario, podrá ordenar la suspensión provisional de la medida presuntamente infractora, si ésta causare o pudiere causar al demandante o a la Subregión perjuicios irreparables o de difícil reparación.
ARTÍCULO 29. Las sentencias dictadas en acciones de incumplimiento son revisables por el mismo Tribunal, a petición de parte, fundada en algún hecho que hubiere podido influir decisivamente en el resultado del proceso, siempre que el hecho hubiere sido desconocido en la fecha de la expedición de la sentencia por quien solicita la revisión.
ARTÍCULO 30. La sentencia de incumplimiento dictada por el Tribunal, en los casos previstos en el artículo 25, constituirá título legal y suficiente para que el particular pueda solicitar al juez nacional la indemnización de daños y perjuicios que correspondiere.
ARTÍCULO 31. Las personas naturales o jurídicas tendrán derecho a acudir ante los tribunales nacionales competentes, de conformidad con las prescripciones del derecho interno, cuando los países miembros incumplan lo dispuesto en el artículo 4o. del presente Tratado, en los casos en que sus derechos resulten afectados por dicho incumplimiento.
ARTÍCULO 32. Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros.
ARTÍCULO 33. Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.
ARTÍCULO 34. EN SU INTERPRETACIÓN, EL TRIBUNAL DEBERÁ LIMITARSE A PRECISAR EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS NORMAS QUE CONFORMAN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA COMUNIDAD ANDINA, REFERIDA AL CASO CONCRETO. El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada.
ARTÍCULO 36. Los países miembros de la Comunidad Andina velarán por el cumplimiento de las disposiciones del presente Tratado y en particular de la observancia por parte de los jueces nacionales a lo establecido en la presente Sección.
DEL RECURSO POR OMISIÓN O INACTIVIDAD.
ARTÍCULO 37. Cuando el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión de la Comunidad Andina o la Secretaría General, se abstuvieren de cumplir una actividad a la que estuvieren obligados expresamente por el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, dichos órganos, los países miembros o las personas naturales o jurídicas en las condiciones del artículo 19 de este Tratado, podrán requerir el cumplimiento de dichas obligaciones.