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Timestamp: 2019-01-17 13:46:49
Document Index: 129045771

Matched Legal Cases: ['artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 42', 'artículo 20', 'artículo 42', 'artículo 12', 'artículo 154', 'artículo 60', 'artículo 716', 'artículo 42']

﻿ Sentencia 2009-00041 de mayo 19 de 2011
SENTENCIA 2009-00041 DE 19 DE MAYO DE 2011
CONTENIDO:ANÁLISIS DE EXENCIONES DE ICA. DIVIDENDOS Y VENTAS DE INVERSIONES.
TEMAS ESPECÍFICOS:ICA, EXENCIÓN DEL IMPUESTO, INVERSIÓN
Sentencia 2009-00041 de mayo 19 de 2011
Rad.: 25000-23-27-000-2009-00041-01(18263)
Corresponde a esta Sala decidir sobre la legalidad del acto administrativo que impuso a la Fundación Social sanción por no declarar el impuesto de industria y comercio por los bimestres 5º y 6º del año 2002.
En cuanto a los aspectos de procedimiento, el actor en la demanda argumenta como vicio de tal naturaleza únicamente el hecho de que la administración le impuso sanción por no declarar sin la notificación previa de un “pliego de cargos”, tema que se trata en la sentencia apelada, y sobre el cual no se pronuncia con posterioridad.
Sin embargo, con ocasión de la apelación solicita se declare la nulidad por falta de explicación sumaria de las modificaciones efectuadas, dado que la administración no fue clara en el sustento de las razones para gravar los ingresos en el emplazamiento; además, adicionó cifras diferentes de las consignadas en el certificado del revisor fiscal, como lo observó el a quo en la sentencia apelada.
En primer lugar, el argumento anterior, constituye un hecho nuevo, toda vez que ni en la vía gubernativa, ni con ocasión de la demanda se hizo mención a dicha circunstancia, lo que impidió que la demandada tuviera ocasión de controvertirlo en ejercicio del derecho de defensa.
En segundo lugar, respecto de la ausencia de explicación sumaria, la falta de motivación es predicable de actos administrativos en los que se modifican las cifras declaradas por los contribuyentes y que requieren un fundamento sobre las razones que ocasionaron dichos cambios, procedimiento que no es aplicable al evento tratado, toda vez que por tratarse de una sanción por no declarar, únicamente se requiere obtener una base y aplicar a ésta la tarifa ordenada por la ley, ya que los fundamentos están dados por la misma norma que la establece(7).
Por tanto, la falta de claridad respecto de las cifras tomadas como base para sancionar, o de la explicación de la diferencia en las cifras, no constituye causal de nulidad del acto demandado, además de haberse incluido como argumento, fuera de la oportunidad legal. No prospera el cargo.
En lo que hace al fondo de la discusión, el artículo 32 del Decreto 352 de 2002, establece el hecho generador del impuesto de industria y comercio en los siguientes términos:
b) Relaciona otro grupo, esta vez de entidades, en las que las actividades que desarrollen gozan del beneficio de la exclusión por el simple hecho de ser llevadas a cabo por estas. En este caso, la no sujeción deviene de quien ejerce la actividad. A este grupo pertenecen los sindicatos, asociaciones de profesionales, asociaciones gremiales sin ánimo de lucro, y partidos políticos.
Teniendo en cuenta lo anterior, vemos que el parágrafo primero ordena que, cuando “las entidades a que se refiere el literal c) de este artículo, realicen actividades industriales o comerciales, serán sujetos del impuesto de industria y comercio respecto de tales actividades”.
Es claro entonces, que para las “entidades” que relaciona el aludido literal, es decir para sindicatos, asociaciones de profesionales o gremiales sin ánimo de lucro y partidos políticos, no se gravan los servicios propios de su actividad, pero sí cualquier otra que legalmente sea gravada y que desarrollen aparte de ellas. Mal podría extender ese mismo beneficio a las actividades que son excluidas individualmente por la norma, ya que una cosa es desarrollar una actividad, que le corresponde hacerlo a una entidad, y otra ser una actividad misma, la cual se declara no sujeta de forma taxativa. Por tanto, contrario a lo afirmado por la demandante, si la actora no tiene la calidad de las cuatro entidades excluidas por ley del tributo, no queda fuera de la obligación respecto de ninguna de las actividades que se incluyen en el artículo 32 del Decreto 352 como gravadas.
De acuerdo con el certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá(8), el objeto social de la Fundación Social es:
“Trabajar por superar las causas estructurales de la pobreza para promover la construcción de una sociedad más justa, más humana y más próspera, todo ello con criterios cristianos y mediante la promoción integral de grupos humanos, la formación de personas que sean agentes de su propio desarrollo y del cambio social a través de la prestación directa o indirecta de servicios y programas de desarrollo social a los cuales tenga acceso la comunidad, actividades en los campos de la salud, la vivienda, la recreación, el deporte, la investigación y demás que redunden en beneficio de la sociedad en general y de los pobres en particular. Para ello procurará, entre otros: a) La educación que capacite a la persona para el ejercicio de sus derechos y cabal cumplimiento de sus obligaciones (...). En consecuencia podrá: a) Comprar, vender, permutar, enajenar y adquirir a cualquier título, toda clase de bienes muebles e inmuebles, materiales o inmateriales y darlos o recibirlos en pago...”.
Es claro entonces, que el objeto social principal de la fundación lo constituyen las actividades de beneficencia, sin embargo, ejecuta actividades comerciales y de servicios que le proporcionan ingresos dentro del Distrito Capital de Bogotá, sumas que, en principio, no gozan del beneficio analizado, por tanto, respecto de estas, la entidad se encuentra en la obligación de declarar y tributar por ICA.
La actora afirma que la administración le impuso la sanción por no declarar, tomando como base los ingresos por: arrendamientos, honorarios, dividendos, utilidad en venta de activos fijos, método de participación, venta de inversiones, auxilios y donaciones y actividades conexas, para una base de sanción determinada así:
5º Bimestre de 2002: $ 460.363.000, y
6º Bimestre de 2002: $ 18.408.689.000.
La administración por su parte, asevera que las cifras que integran la base gravable, se obtuvieron del certificado expedido por el revisor fiscal de la fundación, obrante a folios 13 a 17 del cuaderno de antecedentes, y que dentro de ellas no fueron incluidos, por tener relación con las actividades de beneficencia, los ingresos derivados de: arrendamientos, honorarios, donaciones y método de participación que la demandante pretende que ahora sean excluidos nuevamente de la base, dato que fue debidamente verificado, ya que en la realidad, la base para sancionar la conformaron oficialmente los siguientes conceptos:
5º Bimestre de 2002 6º Bimestre de 2002
Venta de inversiones 13.375.000 929.642.000
Dividendos 307.000 17.179.492.000
Intereses 126.377.000 92.435.000
Diferencia en cambio 30.435.000 249.000
Cuentas en participación 36.541.000 0
Excedentes negocios fiduciarios 4.989.000 6.174.000
Construcciones y edificios 147.027.000 169.779.000
Con IVA 12.932.000 15.718.000
Construcciones y edificaciones 88.380.000 0
Actividades conexas 0 15.200.000
Total 460.363.000 18.408.689.000
La sentencia apelada advierte que la administración informó, que la base para sancionar por no declarar, provenía del informe del revisor fiscal, sin embargo, revisado el folio 14 del cuaderno de antecedentes donde aparece el cuadro de ingresos ordinarios y extraordinarios por el año gravable 2002 certificado por el revisor fiscal, se detectan algunas diferencias con las cifras determinadas por la entidad tributaria. Basado en lo antedicho, el a quo modificó las bases de la sanción correspondiente a los bimestres 5 y 6, para ajustarlos básicamente en lo que hace a los siguientes rubros:
Concepto Resolución sanción Tribunal
Venta de inversiones 13.375.000 0
Diferencia en cambio 30.435.000 -29.033.210
Construcciones y edificios 147.027.000 147.026.000
Con IVA 12.931.000 12.931.000
Construcciones y edificaciones 88.380.000 88.380.000
Venta de inversiones 929.642.000 66.183.018
Dividendos 17.179.492.000 912.180
Diferencia en cambio 249.000 -25.956.154
Construcciones y edificios 169.779.000 169.778.698
Con IVA 15.718.000 15.718.386
Los guarismos anteriores fueron modificados por las siguientes razones:
a) La venta de inversiones por los dos bimestres, según lo certificado por el revisor fiscal de la Fundación en el folio 14 c.a. cuyo valor era inferior al utilizado por la administración.
b) Los dividendos en el 6º bimestre por la misma razón anterior.
c) La diferencia en cambio por cuanto el revisor fiscal certificó una cifra negativa.
d) En los dos bimestres, los valores correspondientes a IVA y utilidad en venta de construcciones y edificios, y construcciones y edificaciones, por tratarse de enajenación de activos fijos, los cuales no hacen parte de la base gravable de ICA, de acuerdo con el artículo 42 del Decreto Distrital 352 de 2002(9).
La Sala comparte la tesis del a quo en lo que hace a la utilidad en venta de construcciones y edificios, dado que si bien en el certificado expedido por la Cámara de Comercio se registra la autorización para comprar y vender inmuebles, indudablemente dichos bienes no se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios de la entidad, por lo que se trata de activos fijos, cuya utilidad en venta no puede ser gravada con ICA.
En cuanto a la “diferencia en cambio”, se acepta que no se causó ingreso por este concepto, por cuanto se encuentra certificado por el revisor fiscal, que los dos bimestres tal rubro arrojó una cifra negativa.
Respecto de las cantidades certificadas por “venta de inversiones” y “dividendos”, si bien es cierto, que entre lo certificado por el revisor fiscal en el folio 14, donde se consignan cifras globales, y lo plasmado a folio 20 del mismo cuaderno de antecedentes, debidamente autenticada y suscrita por el mismo profesional, se encuentra la discriminación, tanto de los “dividendos producidos por sociedades anónimas” recibidos en el año 2002, donde las del último folio citado coinciden con las gravadas por la administración, para efecto de conformar la base para sancionar es irrelevante la cifra que corresponda a estos dos conceptos, por lo siguiente:
Queda demostrado que la percepción de los dividendos no pertenece directamente al objeto social de la actora, y por tanto, los ingresos que se pretenden gravar corresponden a distribución derivada de una inversión de carácter permanente, que hace parte del activo fijo de la sociedad, los cuales están excluidos del impuesto en discusión, quedando demostrado que la actora no recibió ingresos por concepto de actividades comerciales al no estar inmersa en los actos descritos por el numeral 5º del artículo 20 del Código de Comercio, de donde no es dable encuadrar la percepción de dividendos como actividad mercantil, aún para el evento de que quien los perciba tenga la calidad de comerciante, mucho menos para una entidad cuyo objeto principal son las actividades de beneficencia.
En igual sentido, si se analiza la discriminación obrante a folio 20 c.a. respecto de la “venta de inversiones”, vemos que se trata de la enajenación realizada en el año 2002 de acciones que la fundación poseía en las siguientes sociedades: “Banco Caja Social, Promisión S.A., Corferias e Inversiones Calle 72”, cuyo importe no puede ser gravado con ICA por expresa determinación del artículo 42 del Decreto 352 de 2002.
La anterior posición ha sido avalada en diversas oportunidades por la jurisprudencia de la Sala, apartes de las cuales se transcriben a continuación:
“Ha considerado la Sala que para establecer la naturaleza de fijo o movible de un bien, no solo se atiende a la forma de contabilización de la inversión, sino que debe mirarse la intención en su adquisición, de manera que, si la intención es su enajenación en el giro ordinario o corriente de los negocios de la sociedad serán activos movibles, pero si la intención es que permanezcan dentro del patrimonio del ente societario, serán activos fijos”(10).
“Para que la enajenación de acciones tenga o no carácter de activo fijo, dependerá del objeto social que desarrolle la entidad enajenante, que es la que percibe el ingreso. Así pues, en caso de obtenerse utilidad en la enajenación de las inversiones, aquella deberá excluirse de la base gravable del impuesto de industria y comercio, en su calidad de activos fijos, siempre y cuando tal transacción no se haya efectuado dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente, tal como lo aclara el artículo 12 del Decreto 3211 de 1979. Tales ingresos serán considerados inicialmente como ingresos extraordinarios no pertenecientes al objeto social previsto para el ente societario, pero al momento de determinar la base gravable, deberán ser excluidos en acatamiento de lo señalado en el numeral 5º del artículo 154 del Decreto 1421 de 1993, norma vigente para el Distrito Capital”(11).
“Sobre este aspecto estima la Sala que la inversión en acciones, cuyo objeto es formar parte del activo fijo, no puede ser considerada como actividad objeto de gravamen, como quiera que su adquisición no corresponde al giro ordinario de los negocios de la sociedad, cuyo objeto social principal se halla referido a la fabricación, ensamble, importación, exportación, compra, venta, y en general cualquier tipo de negociación de vehículos automotores y sus partes, accesorias y de maquinaria agrícola o industrial.
Así, al quedar establecido que las acciones no se hallan comprendidas dentro del activo movible de la sociedad, sino de su activo fijo, en atención a que su negociación no forma parte del objeto social principal de la actora, no puede entenderse que con dichas inversiones en acciones se realice actividad gravada, pues del solo hecho de que la sociedad sea mercantil, no se deriva que sus activos fijos estén gravados con el impuesto de industria y comercio, pues ni siquiera la utilidad en la venta de activos fijos se encuentra sujeta al tributo, por expresa disposición de la Ley 14 de 1983 y del Acuerdo 21 de 1983”(12).
“La administración distrital en este sentido se equivocó cuando concluyó que la sociedad era sujeto pasivo del impuesto primordialmente por ser inversionista accionista de la compañía Icollantas S.A. de la cual recibe dividendos “los cuales son obtenidos en desarrollo de una actividad ejercida en el Distrito Especial de Bogotá”.
De lo anteriormente expuesto se concluye que la sola actividad inversionista que ejerció la recurrente en su condición de accionista de otra sociedad que desarrolla su objeto social en Colombia, no podía deducirse la condición de sujeto pasivo del Impuesto de Industria y Comercio, porque aquella no encaja dentro de las actividades gravadas”(13).
De lo anteriormente expuesto, se concluye que procede la exclusión de las cifras correspondientes tanto a “dividendos percibidos” como a “ventas de inversiones” ejecutadas por la fundación en los bimestres discutidos, de la base para sancionar.
Venta de inversiones 0 0
Dividendos 306.809.000 0
Intereses 126.377.342 126.377.000
Cuentas en participación 36.541.326 36.541.000
Excedentes negocios fiduciarios 4.989.411 4.989.000
Total 168.214.888 167.907.000
Liquidación: base: $ 167.907.000. Extemporaneidad: 59 meses. Tarifa: 0.1%
Sanción 5º bimestre 2002: $ 9.907.000.
Venta de inversiones 66.183.018 0
Dividendos 912.180 0
Intereses 92.434.771 92.435.000
Actividades conexas 15.200.000 15.200.000
Excedentes negocios fiduciarios 6.173.662 6.174.000
Total 180.903.631 113.809.000
Liquidación: base: $ 113.809.000. Extemporaneidad: 57 meses. Tarifa: 0.1%
Sanción 6º bimestre 2002: $ 6.487.000.
1. CONFÍRMASE el numeral primero de la Sentencia de fecha 3 de febrero de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”.
2. MODIFÍCASE el numeral 2º del ordinal 2º de la citada sentencia, el cual quedará como sigue:
2. Que la citada Fundación Social adeuda al Distrito Capital de Bogotá, por concepto de sanción por no declarar impuesto de industria y comercio, las siguientes sumas:
a) Por el 5º bimestre de 2002: $ 9.907.000
b) Por el 6º bimestre de 2002: $ 6.487.000
(7) Decreto 807 de 1993, artículo 60: “Las sanciones por no declarar cuando sean impuestas por la administración, serán las siguientes: (...) 3) En el caso de que la omisión de la declaración se refiera al impuesto de industria, comercio, avisos y tableros, al impuesto de espectáculos públicos o al impuesto de loterías foráneas, será equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) de los ingresos brutos obtenidos en Bogotá D.C., en el periodo al cual corresponda la declaración no presentada, o al cero punto uno por ciento (0.1%) de los ingresos brutos que figuren en la última declaración presentada por dicho impuesto, la que fuere superior, por cada mes o fracción de mes calendario de retardo desde el vencimiento del plazo para declarar, hasta la fecha del acto administrativo que impone la sanción. En caso de no tener impuesto a cargo, la sanción por no declarar será equivalente al uno punto cinco (1.5%) salarios mínimos diarios vigentes al momento de proferir el acto administrativo, por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, contados a partir del vencimiento del plazo para declarar”.
(7) (Sic) Estatuto tributario, artículo 716 (D. 807/93, art. 103).
(8) Folios 22 a 26, cdno. de pruebas.
(9) Decreto 352 de 2002, artículo 42: “Base gravable. El impuesto de industria y comercio correspondiente a cada bimestre, se liquidará con base en los ingresos netos del contribuyente obtenidos durante el período. Para determinarlos se restará de la totalidad de ingresos ordinarios y extraordinarios, los correspondientes a actividades exentas y no sujetas, así como las devoluciones, rebajas y descuentos, exportaciones y la venta de activos fijos”.
(10) Consejo de Estado, Sentencia del 3 de abril de 2008, Expediente 16054, C.P. Ligia López Díaz.
(11) Consejo de Estado, Sentencia del 16 de noviembre de 2001, Expediente 12299, C.P. Ligia López Díaz.
(12) Consejo de Estado, Sentencia de marzo 5 de 1999, Expediente 9086, C.P. Germán Ayala Mantilla.
(13) Consejo de Estado, Sentencia del 21 de agosto de 1992, C.P. Jaime Abella Zarate.