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Timestamp: 2020-02-19 04:52:13
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Matched Legal Cases: ['artículo 438', 'artículo 440', 'artículo 30', 'artículo 31', 'artículo 37', 'artículo 38', 'artículo 39', 'artículo 48', 'artículo 74', 'artículo 77']

'''Libertad por prision preventiva prolongada'''
xii. Derecho de apelación
En cuanto a la forma de interponer o presentar el recurso de apelación, debemos tomar en cuenta algunos aspectos importantes:
-	Debe presentarse por escrito, tal y como señala el artículo 438 del CPP.
==Formas de proteger los derechos==
-	Debe ser presentado dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución;
-	Debe ser fundamentado por la persona interesada; es decir, deben indicarse las razones de hecho y de derecho que el o la apelante estima que le asisten en su petición.
'''Norma de exclusión o nulidad del procedimiento'''
-	Debe presentarse ante el juzgado o tribunal que dictó la resolución que se apela.
La forma de tramitar la apelación es sencilla y está definida en los artículos 439 al 442 del CPP Básicamente el procedimiento es el siguiente:
-	El juez, jueza o tribunal que dictó la resolución debe dar a las partes tres días de plazo para que presenten los alegatos que estimen pertinentes respecto de la apelación.
-	Inmediatamente debe enviar el legajo o expediente al tribunal superior que va a conocer del recurso. A este tribunal le corresponde determinar si el recurso es admisible o no, aun por razones de forma, según lo prescribe el artículo 440 del CPP.
-	Si alguna de las partes ha ofrecido prueba que debe recibirse en una audiencia oral, si esa audiencia ha sido pedida por las partes para exponer sus alegatos, o bien si el tribunal estima útil realizar una audiencia de ese tipo antes de resolver la apelación, hará el respectivo señalamiento.
-	Debemos tomar en cuenta que si bien es cierto esta audiencia oral no se define como indispensable en la normativa que regula el recurso de apelación, en la práctica se ha configurado como un procedimiento idóneo y, por ende, imprescindible, para permitir un acercamiento inmediato y directo de las partes con el tribunal, con el fin de que este se entere por los mismos interesados, cuáles son las razones para mantener o modificar lo resuelto.
-	Luego de que se realice la vista o audiencia oral, o bien, si esta no ha sido realizada por alguna razón, el tribunal debe resolver el asunto planteado.
c. Formas de proteger los derechos
i. Norma de exclusión o nulidad del procedimiento
Las causas que extinguen la acción penal son aquellas contenidas en elartículo 30 del CPP, el cual indica:
La muerte de la persona acusada: al fallecer la persona responsable deldelito, se extingue la acción penal, pues la responsabilidad por hechosdelictivos es personalísima.
En los delitos de acción privada, como luego veremos, la acción penalse extingue por el desistimiento que haga la parte querellante; es decir,por su manifestación de voluntad, expresa o tácita, de no querercontinuar el proceso.
En el caso de delitos castigados exclusivamente con pena de multa, laacción penal se extingue cuando antes del juicio oral, él o la acusadacancelan el máximo de la multa prevista, según la fijación que haga eltribunal.
La acción penal también se extingue como efecto de la aplicación de un criterio de oportunidad.
La prescripción es una institución que extingue la acción penal. Eltema de la prescripción de la acción penal está regulado en losartículos 31 a 35 del CPP y podemos señalar, en forma general, quesalvo los casos de interrupción y suspensión de la prescripción que elmismo código regula, la acción penal prescribe, en los delitossancionados con prisión, después de transcurrido un plazo igual alextremo mayor de la pena, sin que ese plazo pueda exceder de diezaños y ser inferior a tres años. En los delitos que tienen como sanción una pena diferente de la prisión y en las faltas y contravenciones, laacción penal prescribe en dos años. Esos plazos empiezan a correr apartir del momento de consumación del delito. Debemos tener presenteque en materia de delitos sexuales cometidos en perjuicio de personasmenores de edad, si el proceso no se ha iniciado, la prescripción de laacción penal empieza a correr a partir de que la víctima haya cumplidola mayoría de edad, tal y como lo indica el inciso a) del artículo 31 delCPP.
El indulto y la amnistía, instituciones reguladas en los artículos 89 y 90del Código Penal, tienen el efecto de extinguir la acción penal.
Otra causal de extinción de la acción penal que opera en aquellosdelitos de acción pública dependientes de instancia privada sucedecuando la víctima una vez que ha puesto de manifiesto su deseo de quese inicie el proceso, posteriormente revoca esa instancia, expresandosu voluntad de no continuar con la tramitación.
La reparación integral del daño, institución que luego veremos, tienecomo efecto la extinción de la acción penal.
La existencia de una conciliación entre la persona ofendida y lapersona acusada es otra causal de extinción de la acción penal. Alsolucionarse el conflicto preexistente y lograrse de nuevo la armoníasocial, carece de sentido continuar con los procedimientos yainiciados.
Otra causa que puede tener como efecto la extinción de la acción penal es el incumplimiento de los plazos máximos de la investigación preparatoria. El Ministerio Público no puede mantener indefinidamente abierta la investigación preparatoria en relación con un hecho delictivo. Existe un control jurisdiccional al respecto y, si se superan los plazos que el juez o la jueza fijen, la acción penal fenece.
Por último, la acción penal se extingue también cuando habiéndose dictado un sobreseimiento provisional en el proceso, transcurre el plazo de un año sin que se haya reabierto la causa.
ii. Acción Civil
La acción civil restitutoria, y la de indemnización por daños y perjuicios puede ser ejercida por el damnificado, sus herederos, o legatarios, la sucesión o por el beneficiario en caso beneficiario en el caso de pretensiones personales, contra los autores del hecho punible y partícipes en él y, en su caso, contra el civilmente responsable. (artículo 37 del CPP)
La acción civil por daño social podrá ser ejercida por la Procuraduría General de la República, cuando se trate de hechos punibles que afecten intereses colectivos o difusos. (artículo 38 CPP)
Aquellos que carezcan de recursos y quienes sean incapaces, podrán delegar su acción a un abogado de la oficina especializada en la defensa civil de víctimas, dependiente del Ministerio Público. (artículo 39 CPP)
iii. Mociones (sin información)
Toda persona tiene el recurso de habeas corpus para garantizar su libertad e integridad personales, y al recurso de amparo para mantener el goce de los otros derechos consagrados en la Constitución, así como los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables a la República. (artículo 48 de la Constitución Política)
4. Derechos en prisión
i. Condiciones de confinamiento
Asimismo, la Relatoría observó con suma preocupación las precarias condiciones de infraestructura y salubridad. En particular, la Relatoría constató la falta de ventilación en los dormitorios y el calor que prevalece en los mismos. De igual forma, en los diferentes pabellones visitados en la Cárcel de San Sebastián, la delegación de la CIDH observó la falta de privacidad en el uso de servicios sanitarios, así como la total ausencia de espacios para guardar objetos de tipo personal. La Relatoría también recibió diversos testimonios de los internos respecto a las dilaciones en sus procesos judiciales respectivos. Asimismo, expresaron quejas relacionadas con la supuesta falta de atención médica, en particular, sobre la demora en recibir dicha atención y la falta de servicios dentales.)
La Relatoría observó las deplorables condiciones en la infraestructura del centro penitenciario, así como la escasez del agua, aspectos que también fueron ampliamente destacados por los internos durante el recorrido por la cárcel. La Comisión constató que los servicios sanitarios consistían en un hueco en el piso, que las ventanas no tenían vidrios, que había alcantarillas abiertas, y que los dormitorios se caracterizaban por falta de ventilación e iluminación. Por otra parte, según autoridades del penal, de un total de 2.890 personas privadas de libertad, únicamente 200 participarían en actividades laborales, tales como electricidad, maderería y agropecuarios. La falta de trabajo fue referida en forma reiterada como una de las mayores inconformidades con el régimen del centro penitenciario. En este sentido, la Comisión manifiesta su preocupación por las deficiencias y limitaciones en los programas de readaptación social, que se reflejan en el bajo porcentaje de población carcelaria que tiene acceso a los mismos. Por otra parte, internos de La Reforma expresaron quejas respecto a una supuesta atención médica negligente, caracterizada principalmente por la demora en la recepción de estos servicios, y por la falta de atención de tipo psiquiátrico y dental. La Relatoría también recibió testimonios respecto a la práctica generalizada de registros corporales denigrantes y humillantes para los visitantes de los internos; en este mismo sentido también fue informada sobre las requisas realizadas dentro de los pabellones.(Relatoría sobre los Derechos de Personas Privadas de Libertad realiza visita a Costa Rica, 2016)
ii. Detención de inmigrantes
Las personas miembros de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, debidamente identificadas, deberán: 13) Trasladar al centro de aprehensión de personas extranjeras sujetas adeportación, a toda persona migrante cuando en su contra se tramite o deba ejecutarse una deportación o una expulsión. Para ello, deberá presentar a dicha persona junto al parte policial correspondiente.(art,18 )
Las personas extranjeras únicamente podrán ser detenidas según lo dispuesto por la Constitución Política, las leyes y las disposiciones contempladas en la presente Ley. Para la aplicación de la legislación migratoria, este derecho podrá ser limitado bajo los siguientes supuestos y condiciones de carácter excepcional, siempre y cuando no exista otra medida menos gravosa:
iii. Derecho a asistencia médica en prisión
2.	Los servicios médicos se organizarán en estrecha vinculación con la administración del servicio de salud pública general y de un modo tal que se logre la continuidad exterior del tratamiento y la atención, incluso en lo que respecta al VIH, la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas, y la drogodependencia.
1.	Todo establecimiento penitenciario contará con un servicio de atención sanitaria encargado de evaluar, promover, proteger y mejorar la salud física y mental de los reclusos, en particular de los que tengan necesidades sanitarias especiales o problemas de salud que dificulten su reeducación.
iv.	Asistencia en salud mental
El 20 de marzo de 2009, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución Nº 2009-004555, expediente Nº 08-013518-0007-CO, consideró procedente ordenar a la Caja Costarricense de Seguro Social, como autoridad rectora en la administración de los seguros sociales, y por imperativo del artículo 74 de la Constitución Política, crear, poner en funcionamiento y construir un centro de tratamiento psiquiátrico especializado para personas declaradas inimputables o con la imputabilidad disminuida, a las que el sistema penal impone una medida cautelar o de seguridad. La Sala Constitucional también ordenó la creación de un cuerpo de Policía Penitenciaria adscrito al Ministerio de Justicia y Paz, para que se encargara de la custodia de los pacientes enfermos mentales con medidas cautelares y de seguridad, señalando que la Declaración de los Derechos Humanos y de la Salud Mental de la Federación Mundial de la Salud Mental le impone a todos los poderes públicos un deber de coordinación y colaboración intersectorial para la protección de los derechos humanos de las personas enfermas mentales. Además, basa dicha orden en una interpretación de los artículos 51 del Código Penal y 3, inciso b), de la Ley de Creación de la Dirección General de Adaptación Social, señalando que le corresponde alMinisterio de Justicia, a través de dicha Dirección, brindar la custodia a los procesados ysentenciados por el sistema penal.
v. Restricción de derechos (Mencionado Anteriormente)
vi. Derechos de las mujeres en prisión
En términos generales, durante los últimos años, la tasa de mujeres que se encuentran privadas de libertad ha constituido aproximadamente el 5% de la población carcelaria en general, y más del 60% de los casos de mujeres detenidas están vinculados por delitos relacionados con drogas, principalmente con la introducción de drogas en centros penales. Considerando el elevado número de mujeres en prisión en Costa Rica por introducir drogas en centros penales –que de acuerdo con estudios de la Defensa Pública, no eran únicamente madres solteras, sino también las únicas que respondían por sus hijas e hijos– la Comisión Interamericana destaca la promulgación en julio de 2013, de la Ley 9161 que incorporó una perspectiva de género en la modificación del artículo 77 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo (Ley 8204). Con esta reforma, se incorporó la aplicación de medidas alternativas a prisión de las mujeres que por primera vez cometen el delito de internación de drogas en recintos penales, y que tienen alguna de las condiciones de vulnerabilidad que la ley señala; de igual forma, con esta normativa se reducen las penas para sancionar esta conducta ilícita. En particular, la CIDH valora el liderazgo de la Defensa Pública y del Instituto Nacional de las Mujeres, en la articulación de una red de derivación interinstitucional que atiende en forma prioritaria e integral las necesidades de estas mujeres, y de sus familiares o dependientes, principalmente al momento de egresar de la prisión(Relatoría sobre los Derechos de Personas Privadas de Libertad realiza visita a Costa Rica, 2016)
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