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Timestamp: 2017-03-30 20:23:38
Document Index: 180547342

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 16']

EL CONCEJO MUNICIPAL REGLAMENTA EL “ÁREA DE POBLACIÓN” DE RIOSUCIO, DISPONE EL EMPEDRADO DE LAS DOS PLAZAS Y LA APERTURA DE NUEVAS CALLES. CONVENIO CON EL CABILDO DE LA MONTAÑA
HISTORIA DE LOS TERRENOS DEL BARRIO OBRERO
Una aproximación al estatus jurídico del casco urbano
de Riosucio, Caldas
Mapa aproximado del “área de población” demarcada en 1890.
Se desconoce la ubicación de varios de los mojones citados.
En el Archivo Central de Cauca en Popayán se localiza el Acuerdo N° 2 de 1890, expedido por el Concejo Municipal de Riosucio, en ese entonces perteneciente a la Provincia de Toro. El texto de dicho Acuerdo da a entender cómo para finales del siglo XIX el pueblo fundado en 1819 y erigido distrito en 1846 todavía no pasaba de las dos plazas en medio de amplias mangas y era aún incipiente la titulación de los predios, pese a unos convenios a que se habría llegado en 1873 con el pequeño cabildo de La Montaña. Este panorama determina al Alcalde y al Concejo a tomar medidas para trazar y romper más calles, cercar en tapia los solares y casas y empedrar las plazas y las calles; así como para refrendar los títulos de los vecinos e identificar los predios que fueran del municipio para proceder a arrendarlos.
Llaman la atención los nombres de las pocas personas mencionadas en el Acuerdo: César F. Vallejo y Jesús de J. Vallejo (Alcalde y secretario);pbro. Hoyos (cura); Jesús María Taborda, Leon S. Betancur, Fortunato C. Cock, María de la Cruz Palomino, Jesús Quintero, Carlos Trejos Vinasco y José Calvo (vecinos).
Esto respecto al área urbana. En cuanto al área rural, también es posible conocer las familias indígenas de la época, por lo menos de La Montaña, ya que en el mismo Archivo del Cauca se conserva el censo o padrón de esa parcialidad del año 1874, en 57 páginas, en el cual se reportan 361 grupos familiares o personas emancipadas, para un total de 1.247 habitantes (ACC. Año: 1874, paquete 129, legajo 47, 57 páginas).
Además de las incipientes medidas urbanísticas, el Acuerdo demarca el “área de población” del Municipio, con base en un Convenio que se habría celebrado con el Cabildo Indígena de La Montaña en el año 1873 (se dice “habría” porque el Concejo de 1890 se limita a copiar una mención que de dicho convenio trae otro acuerdo municipal, de 1882).
Pese a que el Convenio se habría firmado con el Cabildo de La Montaña, la delimitación sobrepasa la quebrada Sipirra, que corresponde a territorio del Resguardo de Cañamomo.
Un “área de población” es una figura de la Legislación Especial Indígena por la cual un Resguardo cede una porción de terreno para el desarrollo de la cabecera municipal, cuya propiedad pasa al Municipio y éste a su vez procede a arrendar, donar o vender a los vecinos los lotes, reservando otros como bienes fiscales y otros como bienes de uso público (Leyes nacionales del 6 de marzo de 1832, 23 de junio de 1843 y 3 de junio de 1848; Ordenanzas de la Provincia del Cauca N° 27 del 6 de octubre de 1848 y N° 143 del 23 de octubre de 1852; Leyes del Estado Soberano del Cauca N° 90 de 19 de octubre de 1859 y N° 44 de 17 de octubre de 1873, y Leyes 89 de 1890 y 81 de 1958 para la República de Colombia).
La traza urbana que se demarcó en ese momento seguramente son las calles que hoy se transitan. Pero del área de población acordada con el resguardo de La Montaña no quedaron los nombres de los mojones en la memoria colectiva y de las titulaciones que se hubieran hecho en su cumplimiento tampoco quedó huella en la Notaría de Riosucio ni en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Igualmente, la cesión del Cabildo de La Montaña al Municipio no aparece anotada en los libros del Registro.
A continuación se transcribe el citado Acuerdo “reglamentando el área de población y policía de ella”. La palabra “policía” es un término en desuso que significa: “Buen orden que se observa y guarda en las ciudades y repúblicas, cumpliéndose las leyes u ordenanzas establecidas para su mejor gobierno” (Diccionario de la Real Academia de la Lengua).
ACUERDO NUM. 2 [DEL 8 DE OCTUBRE DE 1890]
Reglamentando el área de población y policía de ella.
El Concejo Municipal de Riosucio, en uso de sus facultades legales y
1°. Que el área correspondiente a esta cabecera del Distrito o Municipio está demarcada desde el 11 de Octubre de 1882, según aparece del acuerdo num. 3 expedido por el cabildo de este Distrito, el cual hace relación al convenio celebrado el 25 de agosto de 1873 entre el pequeño Cabildo de indígenas de “la Montaña” y el Alcalde y Procurador del Distrito.
2°. Que tal área está demarcada desde entonces para esta población por los siguientes linderos: por el sur, a partir del alto denominado de los “Guerreros”, en línea recta, hasta el alto denominado de “las Cruces”, por el oriente a partir de este último punto línea recta a “Ventanita”, de aquí al alto de “Quita-Fresares”; por el norte de este último punto, siguiendo el filo de la cuchilla de “Tumbabarreto”, hasta el alto de “Terraplén”; y por el occidente a partir de este punto siguiendo el filo de la cuchilla del “Chocho” hasta el camino que va para “El Oro” y de aquí en línea recta al alto de los “Guerreros” primer lindero.
3° Que dentro de tales linderos hay solares libres y unas mangas cercadas sin títulos legales, puesto que el Distrito es el dueño de esa propiedad y no los ha expedido en su mayor parte.
Art. 1°. Desde la sanción del presente acuerdo se contará un término de dos meses durante el cual todos los propietarios de fincas raíces ubicados dentro del área de población indicada, presentarán los títulos en que apoyen la propiedad de tales fincas.
§ - La presentación de los títulos de que habla este artículo, se hará ante el Alcalde del Municipio para que este empleado los pase al Concejo, a fin de que sean visados y refrendados, quedando anotados en un registro que en copia se pasará al empleado dicho.
Art. 2°. Los que no tuvieren título legal podrán presentar la prueba testimonial o sumaria, consistente en tres testigos idóneos que declaren ante autoridad competente, y que aseveren de una manera indudable que el interesado ha poseído la finca de que se trate por más de diez años sin interrupción de ninguna clase.
Art. 3°. Concluido el término señalado en el presente acuerdo, el Alcalde, previo conocimiento del registro que debe pasársele por el concejo, procederá a averiguar qué fincas no están incluidas en él y dará cuenta al concejo para que este resuelva lo conveniente a fin de que sean arrendadas las que queden libres en pública almoneda.
Art. 4°. El Alcalde en asocio el Personero y de un concejal designado por esta corporación procederá a demarcar las calles más urgentes y la ruptura de estas se llevará a efecto a medida que los recursos del tesoro lo permitan; surtiéndose previamente el juicio de expropiación correspondiente, el que si hubiere necesidad promoverá el personero municipal.
Art. 5°. Los que tuvieren varios solares dentro de la población y no pusieren en ellos un edificio, quedan sujetos a la sanción de que trata el art. 31, inciso 1°, de la ordenanza N° 15 de 31 de julio de este año sobre organización y administración municipal, que dice: “Art. 31- Un poblador puede tener varios solares en el área de que habla el artículo anterior, siempre que en cada uno de ellos tenga casa edificada o la edifique dentro de un año contado desde el día de la promulgación de esta ordenanza”.
Art. 6°. Así mismo quedan obligados todos los dueños de solares y casas y en el trayecto de dos cuadras de cada plaza, a cercar tales solares en tapias, haciendo al frente el respectivo empedrado hasta media calle incluyendo en esto las calles trasversales.
§ - Las calles que deben empedrarse y cercarse de tapia los solares, según el artículo anterior, serán las siguientes: La que de la iglesia de San Sebastián gira para la manga del señor Jesús María Taborda; la que del mismo punto gira para el “Chocho”; las que giran de la esquina de la casa del señor León S, Betancur para la escuela de niños y para la cuchilla; la que gira de la casa de la señora Mariana Pineda para la cuchilla; la que gira de la casa del señor Fortunato C. Cock para la salida a Supía. Esto con relación a la plaza de San Sebastián; y respecto a la de “La Candelaria”: las que giran de la casa del pbro. Dr. Hoyos, para arriba tomando la vía de Mochilón, y a la salida para Supía; las que de la casa Consistorial giran para la casa de la señora María de la Cruz Palomino, las que giran de la casa del señor Jesús Quintero para la Cuchilla y el señor Carlos Trejos Vinasco y la que gira de la tienda del señor José Calvo para la cuchilla.
Art. 7°. En cada una de las plazas todo propietario está en la obligación de empedrar cinco metros por lo menos al frente de cada casa o solar, entendiéndose que están también obligados a las aceras y adoquines los dueños de fincas ubicadas en ambas plazas.
§ 1° - Para los efectos de este acuerdo se reputa por solar hasta veinte y cinco varas de frente a cada calle o plaza.
§ 2° - El plazo que se concede para llevar a efecto lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de este acuerdo, será el de cuatro meses, y cumplidos que sean obrará el Alcalde en consonancia con el artículo 9°.
Art. 8°. Se exceptúan de las obligaciones infrascritas en este acuerdo, con relación a aceras y empedrados, a los pobres de solemnidad, previa comprobación sumaria del hecho ante el Alcalde del Municipio.
Art. 9°. Los contraventores a las disposiciones de este acuerdo, con la salvedad hecha en el artículo anterior, incurrirán en una multa de cinco a cincuenta pesos que impondrá el Alcalde previa comprobación sumaria del hecho, multa que podrá cobrarse por cada mes de demora.
Art. 10°. Quedan derogados todos los acuerdos anteriores que tratan de la misma materia, en todo lo que se opongan a las disposiciones del presente.
Dado en Riosucio a ocho de octubre de mil ochocientos noventa. El presidente, Alejandro Palomino. Pedro Juan Parra, secretario.
Alcaldía Municipal. Riosucio, octubre diez de mil ochocientos noventa. Publíquese y ejecútese. El Alcalde, César F. Vallejo. El secretario, Jesús de J. Vallejo.
[Ilegible] Vallejo.
Prefectura Provincia de Toro.
Riosucio, Octubre 15 de 1890.
El prescrito Acuerdo es exequible, en mi concepto.
Benigno Gutiérrez. Fuente: Archivo del Cauca. Año 1890, paquete 189, legajo 40. Transcrito por Luis Javier Caicedo, noviembre de 2014. Nota: Este Acuerdo se encuentra copiado parcialmente en: Jaime Enrique Sanz Álvarez. Historia Judicial de Caldas. Libro primero. Manizales, sin editor, 2013 aprox. Prólogo de Otto Morales Benítez. Disponible en la Biblioteca Municipal.
Solicitud que le hace Cipriano Calvo al Alcalde Municipal de Riosucio
para que legalice mediante testigos la posesión que tiene sobre una casa
pajiza y un solar ubicados en el “área de población” del Municipio (1891)
Los terrenos donde hoy se levanta el Barrio Obrero, ubicado en la zona central de Riosucio, dos cuadras detrás de la Iglesia de la Candelaria, fueron comprados por el Municipio en 1948 mediante la Escritura Nº 329 del 19 de julio de 1948.
A través de esta escritura, conservada en el Archivo Municipal, junto con sus documentos anexos, es posible reconstruir la historia jurídica de la zona urbana de Riosucio en su conjunto.
Escritura Nº 329 del 19 de julio de 1948
Localización: Legajo N° 26 del tomo 1 del Libro de la Personería que contiene las escrituras públicas del Municipio de Riosucio. Archivo Municipal. Contenido:
Primera copia de la Escritura Nº 329 del 19 de julio de 1948. Contrato de venta de un inmueble ubicado en el área urbana de la población. Vendedores: Rafael Arturo Calvo Cardeño [tal vez Cardona] y sus hermanos Manuel Antonio, Carmen Rosa y Francisca. Comprador: el Municipio, representado por el Personero, Aristides Bonilla. Notario: Celedonio Gómez Gómez. Testigos instrumentales: Tobías Ramírez y Víctor Trejos.
Legalización de posesión mediante testigos, 1891:
Solicitud del vecino Cipriano Calvo al Alcalde Municipal para que tome dos testimonios sobre su posesión de más de diez años de una casa pajiza y un solar ubicados en el área de población del Distrito, en la calle que va de la Plaza de la Candelaria hacia el ojo de agua. Sin fecha e incompleto.
Provisión del Alcalde, Rafael Garcés, del 9 de mayo de 1891, que ordena tomar las declaraciones solicitadas.
Declaración del testigo Manuel A. Trejo del 19 de mayo de 1891 (firma a ruego Manuel A. Valencia).
Declaración del testigo Cirilo Vallejo del 20 de mayo de 1891. Escritura N° 105 del 30 de marzo de 1912, ante el Notario de Riosucio Juan C. Barreneche y testigos instrumentales Martiniano Acosta y Rosendo Trejos. Contrato de permuta entre dos predios contiguos, ubicados en la calle que va de la Plaza de la Candelaria hacia el ojo de agua de La Olla. Permutantes: Jesús María González y los hermanos Calvo C. Antecedentes
El 28 de noviembre de 1814 los vecinos y los párrocos del pueblo indígena de la Montaña y del pueblo minero de Quiebralomo firmaron un Convenio de Unión para trasladarse con sus templos para el sitio de Riosucio, al pie del cerro Ingrumá, ubicado en términos del Resguardo de la Montaña, comprometiéndose a compartir en común los terrenos, pero sin separarlos del Resguardo. En 1819 ya estaba consolidado el traslado y por tanto se considera que éste es el año de fundación del pueblo, aunque en adelante los dos vecindarios se mantuvieron separados. En 1846 el Gobierno del Cauca erigió el caserío en Distrito Municipal, con un solo Alcalde y un solo Juez (¿y una sola parroquia?), pero, que se sepa, sin hacer novedad en las tierras del Resguardo. Sólo hasta 1873, en cumplimiento de las leyes caucanas que ordenaban segregar de las tierras de Resguardo la porción requerida para el “área de población”, se firmó un nuevo convenio entre el pequeño Cabildo de la Montaña, de una parte, y el Alcalde y el procurador del Distrito de Riosucio, de la otra, para ese efecto.
¿Qué es un Área de Población?
Área de población es una figura de la Legislación Especial Indígena consistente en una franja de terreno que, bajo convenio con el Cabildo respectivo, se separa de un Resguardo para darle cabida a una cabecera municipal. Por este mecanismo la propiedad pasa al Municipio, cuyas autoridades proceden a reglamentar la manera de adjudicar los lotes a los vecinos ubicados al interior del área delimitada, otorgando así una base firme a la gobernabilidad local y a la propiedad de los habitantes urbanos. La figura fue de común uso en la entonces Provincia del Cauca para resolver el caso de caseríos que fueron surgiendo al interior de los Resguardos. La Ordenanza N° 27 de 1948 autorizó a los indígenas a vender parte del Resguardo con ese fin. Luego la Ordenanza 143 de 1852 le pasó la competencia de vender a los Concejos Municipales, aunque con algunas consideraciones con los indígenas. Posteriormente, constituido en 1857 el Estado del Cauca, su legislatura expidió la Ley 90 de 1859, la cual dispuso: “Artículo 13.- Las Corporaciones municipales de aquellos distritos en que haya resguardos de los cuáles no se haya segregado la porción correspondiente con arreglo a las leyes para el área de población; llenarán este deber, destinando a tal objeto de diez a sesenta hectáreas, según la extensión del resguardo y las necesidades de la población. Artículo 14.- Los indígenas que estuviesen en posesión de solares dentro del área de población serán respetados en ella. Solamente podrán ser arrendados o enajenados a reconocimiento de un cinco por ciento anual aquellos solares abandonados o que hayan permanecido incultos por cinco años antes de la adjudicación. Artículo 15.- Los solares de que pueda disponerse serán adjudicados por la Corporación municipal al mejor postor en pública licitación; y los productos de la adjudicación serán destinados al sostenimiento de las escuelas públicas del distrito».
Una vez abolido el federalismo, la República unitaria de 1886 se basó en la legislación caucana de 1859 para expedir la Ley 89 de 1890, que hasta hoy es la base del régimen jurídico de los Cabildos y Resguardos indígenas, estatuto que también dispuso sobre áreas de población (artículo 15). Actualmente las áreas de población están reguladas en la Ley 81 de 1958.
En el convenio La Montaña-Municipio de 1873 el área de población de Riosucio habría quedado comprendido entre los siguientes linderos: Por el Sur, a partir del alto denominado “de los Guerreros”, en línea recta, hasta el alto denominado “de las Cruces”; por el Oriente a partir de este último punto línea recta a “Ventanita”, de aquí al alto de “Quita-Fresares”; por el Norte de este último punto, siguiendo el filo de la cuchilla de “Tumbabarreto”, hasta el alto de “Terraplén”; y por el Occidente a partir de este punto siguiendo el filo de la cuchilla de “el Chocho” hasta el camino que va para “El Oro” y de aquí en línea recta al alto “de los Guerreros” primer lindero” (Acuerdo Municipal N° 2 del 8 de octubre de 1890. Ver anexo).
A pesar de que en la actualidad varios de los linderos mencionados en este Acuerdo no se reconocen, es válido imaginar el polígono que las líneas trazadas entre ellos dibujarían sobre un mapa Google de Riosucio:
Es de anotar que con el área de población cedida en 1873 para el Distrito de Riosucio la parcialidad de indígenas de Nuestra Señora de la Candelaria de la Montaña sufrió la pérdida de una parte de su territorio; pero ello fue nada en comparación con lo que perderían al año siguiente los Cañamomeños, cuando la dirigencia caucana vinculada a la minería de oro disolvió el Gran Resguardo de Supía y Cañamomo, que iba desde Tumbabarreto hasta Marmato, operación en la que el 80% de sus tierras fueron cedidas gratuitamente por el administrador de la comunidad indígena a los Distritos de Supía y Marmato.
Con una demora de casi diez años respecto del convenio con la Montaña, el Concejo Municipal de Riosucio reglamentó el área de población mediante el Acuerdo N° 3 de 1882, en cumplimiento de la Ley 90 de 1859 del Estado del Cauca, que ordenó a las corporaciones municipales disponer sobre esa materia.
Al parecer el Acuerdo anterior no se cumplió enteramente, por lo que en 1890 el Concejo expidió un nuevo Acuerdo, el N° 2 de ese año, reglamentario del área de población de Riosucio, dictado en consideración a que “3) Dentro de tales linderos hay solares libres y unas mangas cercadas sin títulos legales, puesto que el Distrito es el dueño de esa propiedad y no los ha expedido en su mayor parte” (ver Anexo, subraya fuera del original). El nuevo Acuerdo concedió
“Un término de dos meses durante el cual todos los propietarios de fincas raíces ubicados dentro del área de población indicada, presentarán los títulos en que apoyen la propiedad de tales fincas. Parágrafo: La presentación de los títulos de que habla este artículo, se hará ante el Alcalde del Municipio para que este empleado los pase al Concejo, a fin de que sean visados y refrendados, quedando anotados en un registro que en copia se pasará al empleado dicho”.
“Los que no tuvieren título legal podrán presentar la prueba testimonial o sumaria, consistente en tres testigos idóneos que declaren ante autoridad competente, y que aseveren de una manera indudable que el interesado ha poseído la finca de que se trate por más de diez años sin interrupción de ninguna clase” (ver Anexo, subraya fuera del original).
Los terrenos del futuro Barrio Obrero
En esta coyuntura, don Cipriano Calvo, natural de Riosucio, e hijo de una familia que había llegado a Riosucio tal vez desde Anserma Viejo, vio en la alternativa contemplada en el citado Acuerdo Municipal la oportunidad precisa para legalizar la posesión de una casa y un solar que tenía detrás de la iglesia de la Candelaria, es decir, dentro de los límites del área de población.
A comienzos de mayo de 1891 este vecino le dirigió un memorial al Alcalde, que para entonces lo era Rafael Garcés, a fin de que éste le tomara declaración a los señores Cirilo Vallejo y Manuel A. Trejo sobre la citada posesión.
Memorial de Cipriano Calvo, 1891
“Señor Alcalde Municipal del Distrito:
“Cipriano Calvo, mayor de edad, natural y vecino de este distrito, a usted con el debido respeto digo: Que para dar cumplimiento a lo ordenado por el Concejo Municipal en su acuerdo sobre área de población, y con citación del Personero Municipal, se sirva examinar con juramento a los señores Cirilo Vallejo y Manuel A. Trejo, bajo lo siguiente:
“Sobre su edad, [ilegible] y generales de la ley con el peticionario.
“Digan si es verdad y les consta y lo pueden asegurar, que hace más de diez años soy poseedor en quieta y pacífica posesión de una casa pajiza con su correspondiente solar, alinderada así: por el oriente, con solar del señor Anacleto Mejía, por el norte, con el mismo señor Anacleto Mejía y con Antonio Flores, por el occidente con casa y solar de Pantaleón Cruz, y por el sur con una calle pública que gira de la Plaza de la Candelaria al Ojo de Agua.
“Digan si es verdad que dicha casa y solar, poco más o menos, vale cincuenta pesos.
“Hecho que sea, se me devuelva…” [Recortado el final de esta página. El resaltado es fuera del original].
Los citados, efectivamente, declararon que Calvo era poseedor de la casa y del solar antedichos desde hacía más de diez años, los que tenían un valor entre 50 y 60 pesos.
A su muerte, don Cipriano le legó la casa y el solar a sus cuatro hijos: Rafael, Manuel Antonio, Carmen Rosa y Francisca Calvo C., quienes posteriormente permutaron su derecho herencial sobre dichas casa y solar con otro solar ubicado sobre la misma calle, de propiedad de Jesús María González, quien a su vez se la había comprado a Facunda Calvo, tal vez hermana de Cipriano. Cada predio fue avaluado en 1.000 pesos (Escritura Nº 105 del 30 de marzo de 1912, que precisa que Carmen Rosa y Francisca son solteras, por lo que pueden disponer de sus bienes)
Escritura N° 105 de 1912 (30 de marzo)
Municipio de Riosucio. Provincia de Riosucio. Departamento de Caldas
“La finca del primero, esto es de [Jesús María] González, es una casa pajiza con solar, situada en la calle tercera de la Carrera de Córdova, en esta población y alinderada así: Por el Norte, con solar de Marco Fabio Olaya; por el Sur, con la calle y Carrera mencionada; por el Oriente, con solar de los permutantes Calvo C.; y por el Occidente con casa y solar de Pedro Antonio Villa. Esta finca es urbana y la hubo el permutante González por compra que de ella hizo a la señora Facunda Calvo, según escritura pública que presenta número setenta (70) del veintisiete de febrero (27) del corriente año, otorgada en esta Notaría. El precio de esta finca ha sido fijado en la cantidad de mil pesos papel moneda ($1.000 pm) (…)
“La finca de los segundos de los otorgantes es un lote de solar que mide seis varas de frente y veintisiete varas de centro, situada en la misma calle y Carrera que la finca anterior y contigua a ella, alinderada así: Por el Norte, con solar de Marco Tulio Olaya; por el Sur, con la calle tercera de la Carrera de Córdova; por el Oriente, con solar del permutante González; y por el Occidente, con los mismos permutantes Calvo C. Esta finca también es urbana y la hubieron los permutantes Calvo C. por herencia de su finado padre, Señor Cipriano Calvo. El precio de esta finca es también de mil pesos papel moneda ($1.000 pm) (…) A esta escritura los hermanos Calvo C. anexaron las declaraciones tomadas en 1891 por el Alcalde Municipal a los testigos llevados por Cipriano Calvo, pero en ella no se hace referencia al “área de población”, sino que se dice que las fincas permutadas son “urbanas” y están ubicadas “en esta población” (en general, las escrituras anteriores a 1942 que reposan en el Archivo Municipal se refieren a predios ubicados “en el área de esta población”).
Treinta años después de esta permuta, cuando el Municipio los requirió para construir el Barrio Obrero, todavía estaban sin construir los solares que tenían los hermanos Calvo C. y lo más sorprendente es que no se habían valorizado. Seguían valiendo los mismos mil pesitos.
Pero antes de pasar a la compra por el Municipio en 1948, es necesario saber que con el ascenso de los liberales al poder en 1930 y la llegada a Riosucio en 1935 de la carretera que venía de La Virginia cambiaron muchas cosas en Riosucio, que por entonces se despidió de la vida pacífica y artesanal de la aldea tan magistralmente descrita en la novela Historias del Viento en la Cordillera, de Ariel Escobar Llanos. El tránsito a la modernidad trajo consigo una dramática secuela para la población nativa de Riosucio, pues desde 1939 el Gobierno Nacional, donde tenían asiento ministerial notables riosuceños, se propuso disolver las tierras colectivas indígenas que quedaban en el país desde la época de la Colonia española, producto de lo cual en el Riosucio rural fue extinguido de manera inconstitucional el Resguardo de San Lorenzo (1943), al tiempo que dejó de funcionar de hecho la Comunidad de Escopetera Pirza. A nivel del casco urbano se emprendió una acelerada actividad transformadora, que además de la construcción de avenidas, acueductos, planta eléctrica, colegios, plaza de ferias, etc., incluyó el abandono del “área de población” sustentado en la Legislación Indígena, para organizar en su lugar el “área urbana” de acuerdo con la legislación general de la República, borrando así las fronteras con los Resguardos de Nuestra Señora Candelaria de la Montaña y Cañamomo Lomaprieta, a pesar de no haber quedado formalmente extinguidos. Los Cabildos de estos dos resguardos, como había pasado en Guática y Quinchía, perdieron importancia, y pasaron a operar casi que en la clandestinidad, pese a que en la Alcaldía se mantuvo abierto el Libro de Posesiones de Cabildos (hoy desaparecido). Adicionalmente, el Concejo de Riosucio decretó el cobro de impuestos a los indígenas sobre sus tierras, cuando la legislación indígena los eximía de los mismos, lo que motivó una denuncia del Gobernador de la Montaña ante el Procurador General de la Nación, explicando que se dirigía a esa instancia porque el Concejo Municipal “nunca atiende a los indígenas por más razones de peso que le exponen en justicia” (Carta de Juan Ramón Pescador al Procurador, 10 de abril de 1944, AGN).
La “desindianización” del casco urbano de Riosucio la adoptó el Concejo Municipal mediante el Acuerdo N° 12 del 17 de marzo de 1942, que bajo el inocente título de “Por el cual se dictan algunas disposiciones sobre construcciones urbanas y se establecen algunos impuestos”, procedió a desconocer el área de población que venía desde 1873-1890 y a demarcar en su lugar el “área urbana general del Municipio” (¡en el artículo 16!), cuyos linderos abarcaron desde el Alto Medina al Sur hasta la escuela antigua de Sipirra (salida actual para La Iberia) al Norte, y al Occidente hasta la cruz del cerro Ingrumá (que se inauguró ese año), cuando el cerro estaba excluido del área de población.
ACUERDO N° 12 DE 1942 SOBRE ÁREA URBANA DE RIOSUCIO
Art. 16. Determínase por área urbana general de la ciudad la conocida por los linderos siguientes: Desde la cruz del cerro del Ingrumá hasta el alto de Medina; de aquí hasta la piscina de El Edén; de este lugar hasta el alto del Ojo de agua, donde se encuentra la capilla; de este punto hasta la escuela de Sipirra, partiendo de esta y siguiendo la cimera de la cuchilla del mismo nombre, hasta la capilla de Tumbabarreto, y de aquí línea recta, hasta encontrar el primer punto de partida.
Art. 18. Este acuerdo reforma, adiciona y deroga los que le sean contrarios, y regirá seis meses después de su sanción.
Es importante señalar que este Acuerdo, pese a la intención de quienes lo propusieron y aprobaron, no abolió legalmente el área de población reglamentada por el Acuerdo N° 2 de 1890 ni derogó éste, porque mientras las “áreas de población” son figuras que delimitan propiedad entre Resguardos Indígenas y Municipios, y por eso requieren un convenio entre las partes y la intervención de la Nación, las “áreas urbanas” se refieren sólo a la capacidad de los Concejos Municipales para regular el uso del suelo dentro de su jurisdicción, y por esta razón un Acuerdo sobre uso del suelo no podía derogar otro referente al dominio del mismo.
El momento que vivía Riosucio a mediados del siglo XX contempló también la construcción de nuevos barrios en el área urbana, incluyendo un plan de vivienda para albergar a la clase trabajadora, impulsado por el señor Esteban Yáñez, español radicado en Riosucio, líder popular, de gran espíritu cívico y director del periódico La Comuna (datos de don Tobías Díaz), para lo cual el Concejo Municipal aprobó la construcción del Barrio Obrero y autorizó al Personero la compra de los terrenos necesarios en “el área urbana” para conformar la respectiva manzana (Acuerdo N° -------).
Fue así como en 1948 el Municipio de Riosucio, representado por el Personero Aristides Bonilla, le compró a Rafael Calvo C. y sus hermanos Manuel Antonio, Carmen Rosa y Francisca (estas últimas solteras todavía), la casa que desde el siglo pasado tenía su familia abajo de la Plaza de la Candelaria, en la salida hacia el ojo de agua “de Las Ollas”, como ahora lo vienen la precisar, sin duda para diferenciarlo del ojo de agua de El Carmen, al que se va por la avenida El Ciprés.
Municipio de Riosucio, Departamento de Caldas
“…ante mí, CELEDONIO GÓMEZ GÓMEZ, Notario Suplente del Circuito de Riosucio (…) comparecieron los señores RAFAEL, ANTONIO, CARMEN ROSA y FRANCISCA CALVO C. (…), y expusieron: PRIMERO: que dan en venta real y enajenación perpetua al Municipio de Riosucio (Caldas), representado por su PERSONERO MUNICIPAL, señor ARISTIDES BONILLA (…) un solar con su correspondiente casa de habitación, ubicada en el área urbana de esta población, en la calle que de la Plaza de la Candelaria va hacia el ‘OJO DE AGUA DE LAS OLLAS’, y cuyos linderos son: Por los tres costados, es decir, por el Oriente, Occidente y Norte, con predios pertenecientes al Municipio de Riosucio, comprador de este lote que hoy se vende por esta escritura, [y] por el Sur, con la calle pública que va al ‘HOJO DE AGUA” [sic] antes dicho. # . Declaran además los vendedores que desde el año 1891 están en posesión quieta y tranquila del aludido solar y casa de habitación, posesión esta que vino a legalizarse por Escritura Nº 105 del 30 de marzo de 1912 (…) títulos de dominio y posesión que los vendedores entregan al comprador como títulos constitutivos de dominio. SEGUNDO: que el precio de esta venta es la suma de mil veintiún pesos con veintiocho centavos ($1.021.28) moneda legal (…) TERCERO: Presente el señor ARISTIDES BONILLA, Personero Municipal del Riosucio [sic], manifestó: que acepta en su calidad de Personero en ejercicio, la presente escritura y la venta que por ella se le hace para el Municipio en él representado del lote y la casa antes dicha, con destino especial a la construcción de casas para obreros [ilegible] el ‘BARRIO OBRERO’ de cuya manzana o predio destinado con tal fin, hace parte integrante el solar que por esta escritura y con ese destino se adquiere (…)” [Resaltado fuera del original].
De esta manera el Municipio se hizo a la propiedad de la totalidad de los terrenos donde está construido el Barrio Obrero de Riosucio, atravesado hoy por la muy carnavalera Calle de Curramba, tal vez la que en otro tiempo se llamara Carrera de Córdova, que luego de construido fue entregado por el Municipio a los beneficiarios del plan de vivienda con su respectivo título de propiedad.
Aunque la cadena de tradición de esta venta es perfecta (no hay falsa tradición), es necesario anotar que el Notario de 1948 incurrió en un error al anotar en la Escritura Nº 329 de 1948 que los hermanos Calvo C. “desde el año 1891 están en posesión quieta y tranquila del aludido solar y casa de habitación, posesión esta que vino a legalizarse por Escritura Nº 105 del 30 de marzo de 1912”, ya que en realidad dicha legalización operó desde el mismo 1891cuando don Cipriano Calvo le presentó a la Alcaldía Municipal la prueba testimonial que exigía el Acuerdo N° 2 de 1890 para visar o refrendar la situación legal de los poseedores dentro del “área de población” reglamentada por dicho Acuerdo.
¿Está vigente el “área de población” de Riosucio? Depende del cerro desde el que se observe el paisaje. Para los indígenas de la Montaña no está vigente, porque aparte de la mención que hace el Acuerdo 2 de 1890 no hay prueba documental ni registro público del convenio de 1873 firmado por sus antepasados que confirme la segregación del dominio del Resguardo. Para Cañamomo, el área de población, de existir, sólo llegaría hasta la quebrada Sipirra, pues el convenio de 1873 sólo fue firmado por la Montaña. De los habitantes urbanos no se conoce la opinión, aunque les horroriza que se reedite la famosa cerca de los tiempos de la fundación y no se conciben viviendo en una especie de Vaticano circundado por la ciudad de Roma. Ante la ley sí está vigente, porque casos como la Escritura N° 329 de 1948 demuestran que el área de población de Riosucio sí fue operante, y que la propiedad de los habitantes del casco urbano (no solo del Barrio Obrero) se sustenta en aquellos antiguos testimonios con los que se legalizaron las posesiones bajo las reglas de Acuerdo N° 2 de 1890, es decir, les da la seguridad jurídica que tanto reclaman.