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Timestamp: 2017-07-22 12:38:34
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Matched Legal Cases: ['in fine', 'artículo 45', 'Artículo 62', 'artículo 42', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 216', 'artículo 7']

En el Real Decreto 193/2015,
de 23 de marzo, publicado en el BOE de 7 de abril de 2.015, se aprobó y reguló el
Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), adscrito
a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, así como
el procedimiento de inscripción en el mismo y las relaciones de
colaboración con los registros de ONGD de las comunidades autónomas.
En dicho Registro pueden ser inscritas las entidades de
derecho privado, legalmente constituidas en España, sin fines de lucro, que
gocen de plena capacidad jurídica y de obrar, que tengan entre sus fines o como
objeto expreso, según sus propios Estatutos, la realización de actividades
relacionadas con los principios y objetivos de la cooperación internacional
para el desarrollo y que dispongan de una estructura susceptible de garantizar
suficientemente el cumplimiento de sus objetivos.
Su disposición transitoria única disponía que las entidades inscritas
en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo en la fecha
de entrada en vigor del real decreto (8 de abril de 2.015), debían adecuar
su inscripción en el Registro, así como la adaptación a la normativa
correspondiente de acuerdo con su naturaleza jurídica, en los doce meses
siguientes a su entrada en vigor. Transcurrido dicho plazo sin
que se haya solicitado su adaptación, el Registro podrá iniciar de oficio el procedimiento
de cancelación de la inscripción, previo trámite de audiencia.
El Director de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), resolverá sobre la idoneidad de la
adaptación de las entidades inscritas en el plazo de seis meses
No obstante, ha sido ampliado por seis meses, en la Resolución
de 19 de septiembre de 2016, publicada en el BOE de 7 de octubre de 2.016, el plazo máximo para dictar y notificar la
resolución del procedimiento de inscripción en el Registro de ONGD desde la
entrada de la solicitud en el Registro general de la AECID. Publicado por
general conocimiento en todo el territorio nacional del conjunto de las fiestas
laborales, mediante la Resolución de 4 de octubre de 2016, de la
Dirección General de Empleo (que tiene competencia para ello según lo previsto
en el reiterado artículo 45.4 del Real Decreto
2001/1983, y en el Real Decreto 343/2012, de 10 de febrero, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Empleo y Seguridad
se ha publicado, en el BOE de ocho de octubre de dos mil dieciséis, la relación de fiestas laborales para el
año 2017, de tal forma que junto con
la publicación de las fiestas de las Comunidades Autónomas y de las
Ciudades de Ceuta y Melilla, se transcriben también las fiestas laborales de
ámbito nacional de carácter permanente que figuran en dicho precepto.
La Orden FOM/2872/2010, de 5
de noviembre, determinó las condiciones para la obtención de los títulos habilitantes
que permiten el ejercicio de las funciones del personal ferroviario
relacionadas con la seguridad en la circulación, así como el régimen de
los centros homologados de formación y de los de reconocimiento médico de dicho
personal, y supuso la incorporación al ordenamiento jurídico interno
de la Directiva 2007/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de
octubre de 2007, sobre la certificación de los maquinistas de locomotoras y
trenes en el sistema ferroviario de la Comunidad, indicándose ya en la misma
que habría futuras modificaciones ante las previsibles medidas que adoptaría la
Comisión Europea en relación a las condiciones y criterios de aplicación de la
Directiva 2007/59/CE, con el fin de propiciar la mayor armonización posible a
La primera de sus modificaciones vino dada por el contenido de la
Orden FOM/2872/2010, de 5 de noviembre, a fin de incorporar la Decisión de la
Comisión de 22 de noviembre de 2011 sobre los criterios para el reconocimiento
de los centros que participan en la formación de los maquinistas, los criterios
de reconocimiento de los examinadores y los criterios para la
organización de los exámenes, de conformidad con la Directiva 2007/59/CE
Asimismo, incorporó, en lo
que se estimó necesario, la Recomendación de la Comisión de 22 de noviembre de
2011 sobre el procedimiento de reconocimiento de centros de formación y
examinadores de maquinistas, con arreglo a la Directiva 2007/59/CE, del
También incluyó modificaciones
en relación con los conocimientos necesarios y exigencias médicas precisas para
acceder a la licencia de conducción, con arreglo a la Directiva 2014/82/UE,
que modificó la Directiva 2007/59/CE, en lo que respecta a los conocimientos
profesionales generales, los requisitos médicos y las prescripciones relativas
Por último, en el BOE de 8
de octubre de 2016 se ha publicado su
última modificación, contenida en la Orden FOM/1613/2016, que tiene por
objeto incorporar la Directiva (UE) 2016/882 de la Comisión, de 1 de junio de
2016, que modifica la Directiva 2007/59/CE en lo que respecta a los requisitos
lingüísticos. Dicha norma comunitaria exime, en casos muy específicos y
siempre que se cumplan una serie de condiciones, a los maquinistas, cuya
lengua nativa no es el castellano y que se limitan a alcanzar una estación
fronteriza de un Estado miembro vecino, en este caso España, de cumplir los
requisitos lingüísticos de nivel B1.
Artículo 62 de la Ley 7/1996, de Ordenación del Comercio Minorista, y Real
Decreto 201/2010, que regula el ejercicio de la actividad comercial en
régimen de franquicia y la comunicación de datos al registro de
En la relación de franquicia confluyen una
gran variedad de prestaciones recíprocas que podrían incardinarse en otros
tantos contratos o instituciones típicas (ej. suministro, propiedad
intelectual, industrial, etc.), de manera que –de modo diferente en cada caso-
serán de aplicación normas o conjuntos de normas que regulan negocios jurídicos
y contratos típicos.
Resultan aplicables al franquiciador y al
franquiciado todas y cada una de las normas que disciplinan cualquier
actividad empresarial, ya sea de orden administrativo, fiscal, laboral,
Y CARACTERES DEL CONTRATO DE FRANQUICIA: El contrato de franquicia es un contrato
atípico. La figura no posee una caracterización unívoca, careciendo
asimismo de una regulación integral en una norma positiva. El franquiciador, en virtud de un acuerdo o
contrato, otorga al franquiciado el derecho a utilizar, bajo
determinadas condiciones de control, y por un tiempo y zona
delimitados, una técnica en la actividad industrial o comercial o de
prestación de servicios del franquiciado, contra entrega por éste de una
contraprestación económica. Esto es, cede el derecho a la explotación de
un sistema propio de comercialización de productos o servicios.
Si bien la autonomía de la voluntad de las
partes, plasmada en el contrato, configura el concreto
contenido de la relación en el marco de unos principios generales, el
acuerdo ha de comprender, al menos:
a) El uso de una denominación o rótulo común
u otros derechos de propiedad intelectual o industrial y una presentación
uniforme de los locales o medios de transporte objeto del contrato.
b) La comunicación por el franquiciador al
franquiciado de unos conocimientos técnicos o un saber hacer, que deberá ser
propio, sustancial y singular.
c) La prestación continúa por el
franquiciador al franquiciado de una asistencia comercial, técnica o ambas
durante la vigencia del acuerdo; todo ello sin perjuicio de las facultades de
La Ley 26/2014, de 27 de
noviembre, reformó, entre otras normas, la
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
e introdujo importantes modificaciones en la determinación de la cuota
tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con el objetivo
de minorar la carga tributaria soportada
por los contribuyentes, incrementando de esta forma su renta disponible,
minoración que resultó especialmente significativa para los perceptores de rendimientos
del trabajo y de actividades económicas, intensificándose para los
contribuyentes con menores recursos o con mayores cargas familiares.
A raíz de dicha reforma, y para
el año 2016, es necesario introducir
determinadas modificaciones en la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre,
por la que se aprueba el modelo 190 para
la declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del
trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales
e imputaciones de renta.
En el marco de esta reforma,
respecto a los trabajadores autónomos, se redujo de forma generalizada a
partir del pasado 11 de julio de 2015 el tipo de retención, que queda fijado,
cualquiera que sea el nivel de sus ingresos, en un 15 por ciento. Al mismo
tiempo, a partir de dicha fecha, se rebajó al 7 por ciento el tipo de retención
o ingreso a cuenta aplicable durante los tres primeros años de inicio de la
actividad profesional. Ello hace necesario redefinir, a partir del ejercicio
2016, las subclaves de la clave G de dicho modelo, correspondientes a los
la disposición final séptima de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de
reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del
Registro Civil, ha establecido un nuevo procedimiento, que ha sido desarrollado
en el Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el
española por residencia. Mediante la Orden JUS/1625/2016, de 30 de
septiembre, se desarrollan los preceptos del Real Decreto 1004/2015.
Dicho procedimiento es
netamente administrativo y se basa en la tramitación electrónica en todas
sus fases, desde la presentación de la solicitud a través de la sede
electrónica del Ministerio de Justicia hasta su resolución, sin perjuicio de la
posible presentación de la solicitud en cualquiera de las formas previstas en
el reglamento aprobado por el citado Real Decreto 1004/2015. No obstante, las
comunicaciones telemáticas con los interesados o sus representantes habrán de
ser solicitadas o consentidas de modo expreso. En caso contrario, las
notificaciones se realizarán en soporte papel.
representantes de los interesados ejerciendo una actividad profesional que
requiera colegiación obligatoria estarán obligados a relacionarse siempre
con el Ministerio de Justicia a través de medios electrónicos. En los demás
casos, las comunicaciones por medios electrónicos deberán ser solicitadas y
consentidas de modo expreso por los interesados o sus representantes legales.
La Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, exige al Gobierno, en su disposición
adicional vigésimo quinta, regular las condiciones básicas para el acceso a
la universidad de los mayores de 25 años, y en su artículo 42.4 regular
los procedimientos para el acceso a la universidad de quienes, acreditando una
determinada experiencia laboral o profesional, no dispongan de la titulación
académica legalmente requerida al efecto con carácter general, así como de
quienes, no pudiendo acreditar tal experiencia, hayan superado determinada
En desarrollo de la norma
legal se aprobó el Real Decreto 743/2003, de 20 de junio, por el que se regula
la prueba de acceso a la universidad de los mayores de 25 años, que, de
conformidad con su disposición adicional cuarta, fue desarrollado por la Orden
ECD/1719/2004, de 13 de abril, por la que se regula la prueba de acceso a la
Universidad de los mayores de 25 años en el ámbito de la Universidad Nacional
Para adaptar los Estatutos del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos,
aprobados por Real Decreto 757/2006, a las modificaciones introducidos por
la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12
de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, se
han procedido a revisar aquellos, dándoles una nueva redacción en el
recientemente aprobado Real Decreto 300/2016, de 22 de julio, cuya publicación
se ha efectuado en el BOE DE 8 de julio de 2.016.
La nueva redacción de tales Estatutos
colegiales también adapta los mismos a las modificaciones incorporadas en la
Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, por la
servicios y su ejercicio, de conformidad con los principios contenidos en la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
La Ley 1/2007, de 7 de
marzo, de Medidas de Apoyo a las Familias de la Comunidad de Castilla y León
dispuso en su artículo 5.2 que la Administración de la Comunidad promoverá en
el ámbito educativo actuaciones conducentes a facilitar la conciliación de la vida familiar, escolar y laboral mediante la ampliación del horario de apertura de los
centros durante los días lectivos establecidos por el calendario escolar,
para atender al alumnado de educación
En desarrollo de la misma se
aprobó el D. 29/2009, de 8 de abril, por el que se regulan los programas de
conciliación de la vida familiar, escolar y laboral en el ámbito educativo. Dicha
norma establece el programa Madrugadores
y el programa Tardes en el Cole. Leer entrada completa»
La Resolución de 28 de junio de 2016,
de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, publicada en el BOE
de 30 de junio de 2015, ha hecho público el tipo legal de interés de demora
aplicable a las operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del
año 2016, a efectos de lo previsto en el artículo 7 de la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
El artículo 216 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, prescribe que la
Administración tiene la obligación de abonar el precio dentro de los
treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra
o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el
contrato de los bienes entregados o servicios prestados. Añade que, si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho
plazo de treinta días, los intereses de
demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
La Ley 3/2004, a la que se
remite la Ley de Contratos, en su artículo 7 ha establecido que el tipo legal de interés de demora que el
deudor estará obligado a pagar será la suma del tipo de interés aplicado
por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de
financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se
trate más ocho puntos porcentuales. Por tipo de interés aplicado
por el Banco Central Europeo a sus operaciones
principales de financiación se entenderá el tipo de interés aplicado a tales
operaciones en caso de subastas a tipo fijo. El tipo legal de interés de
demora, determinado conforme a lo dispuesto en este apartado, se aplicará
durante los seis meses siguientes a su fijación.
Concluye dicho precepto que el Ministerio de Economía y Hacienda
publicará semestralmente en el «Boletín Oficial del Estado» el tipo de interés
resultante por la aplicación de la norma contenida en el apartado anterior.
En la última operación principal de
financiación del Banco Central Europeo en el primer semestre de 2016, efectuada
mediante subasta a tipo fijo que ha tenido lugar el día 28 de junio, el tipo
de interés aplicado ha sido el 0,00 por 100.
En cumplimiento de su obligación de
publicar dicho tipo de interés en el BOE, la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera ha establecido que el
tipo legal de interés de demora a aplicar durante el segundo semestre natural
del año 2016 es el ocho por ciento (8,00 %).
En la siguiente tabla se describen los últimos tipos de interés de demora, junto
con los tipos de interés del Banco Central Europeo:
Banco Central Europeo 2º Semestre 2005