Source: https://supremo.vlex.es/vid/ley-costas-deslinde-17080702
Timestamp: 2019-09-22 05:36:48
Document Index: 213782176

Matched Legal Cases: ['artículo 1692', 'artículo 609', 'artículo 33', 'artículo 1', 'artículo 1692', 'artículo 1692', 'artículo 9']

STS 475/2004, 9 de Junio de 2004 - Jurisprudencia - VLEX 17080702
Número de Recurso: 1744/1999
Número de Resolución: 475/2004
"LEY DE COSTAS. DESLINDE. Refiriéndose a la cuestión relativa a si la eliminación de los derechos de propiedad existentes sobre los terrenos que la Constitución incorpora al dominio público puede ser considerada como privación de tales bienes y haya de dar lugar, por consiguiente, a una indemnización, cuestión que atañe al respeto de la garantía expropiatoria, que la propia Constitución reconoce, dice el Tribunal Constitucional que ""esta eliminación de las titularidades privadas sobre terrenos incluidos en el dominio público sobre la ribera del mar no puede ser considerada, desde el punto de vista constitucional, como una decisión arbitraria o carente de justificación, pues cuando menos es la forma más simple y directa de poner en práctica una decisión ya adoptada por la Constitución"". Se estima parcialmente la demanda. Se desestima la apelación."
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados al margen indicados, el recurso de casación interpuesto por DON Mariano, representado por el Procurador de los Tribunales D. Luciano Rosch Nadal, contra la sentencia dictada en grado de apelación con fecha 26 de febrero de 1999 por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Huelva dimanante del juicio de Menor Cuantía seguido en el Juzgado de Primera Instancia número Uno de los de Huelva. Es parte recurrida en el presente recurso el ABOGADO DEL ESTADO, en representación del Ministerio de Medio Ambiente.
El Juzgado de Primera Instancia Número 1 de los de Huelva, conoció el juicio de menor cuantía nº 294/96, seguido a instancia de D. Mariano, contra el Abogado del Estado en representación del Ministerio de Obras Públicas y Transporte y Medio Ambiente.
Por el Procurador Sr. Ruiz Ruiz, en nombre y representación de D. Mariano se formuló demanda en base a cuantos hechos y fundamentos de derecho estimó de aplicación, para terminar suplicando al Juzgado: "...se dicte sentencia a tenor de los siguientes pedimentos que a continuación se exponen: A) Que se declare que mi mandante, era propietario con justo título de la finca descrita en el hecho primero de la demanda, por reanudación del tracto, antes de la aprobación del deslinde del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de fecha 31-7-1991, así como en el momento de la aprobación de la Ley de Costas de 28-7-1988.- B) Que se declare que el expediente de deslinde y acto aprobatorio delmismo conforme a la Orden Ministerial de 31-7-1991, no le era de aplicación la Ley de Costas de 28-7-1988 por cuanto que dichos terrenos no tenían la consideración de playa, habiendo sido antes bien de montes y hoy día suelo urbano, no reuniendo el suelo de la finca de mi mandante los requisitos de los art. 3 de la Ley de Costas, y en definitiva declarar que la finca de mi mandante no debe quedar incluida en el deslinde aprobado por la Orden Ministerial de 31-7-1991.- C) Que se declare que mi mandante es propietario en pleno dominio en los momentos actuales de la finca urbana descrita en el hecho primero de la demanda, por haberla adquirido previa desafectación como bien de utilidad pública por la O.M. de 24-3-1966, ordenando la cancelación de la anotación preventiva de dominio público a favor del Estado, o en su caso, de haberse producido la conversión de la anotación en inscripción, se ordene la cancelación de dicha inscripción, y simultáneamente se ordene de nuevo la inscripción de la finca a favor de mi mandante.- D) Subsidiariamente, y para el supuesto de que se denegase cualquiera de los pedimentos anteriores, se declare que el dominio o titularidad de mi representado sobre la finca objeto de este litigio, como consecuencia de la aprobación del deslinde se ha convertido en dominio público a favor del Estado, siendo éste un dominio degradado, y conservando mi mandante el derecho de ocupar la finca objeto de este litigio mediante la concesión administrativa sin obligación de pagar canon alguno, acogiéndose a los beneficios de la disposición transitoria primera de la Ley de Costas de 1988, durante un período de 60 años, es decir, por 30 años prorrogables por otros 30, respetando sus usos y aprovechamiento, o alternativamente, y siempre a elección de mi mandante a que se le indemnice por el estado en las cantidades que se determinen en ejecución de sentencia por el valor de su propiedad y a tenor de los términos de la vigente Ley de Expropiación Forzosa para la fijación del justiprecio.".
Admitida a trámite la demanda, por el Abogado del Estado, se contestó la misma, en la que terminaba suplicando al Juzgado, tras los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación: "...dicte resolución por la que inadmita las pretensiones del actor o, en otro caso, las desestime absolviendo a la Administración del estado de los pedimentos contenidos en su escrito de demanda, todo ello con imposición a la parte actora de las costas del procedimiento.".
Con fecha 22 de octubre de 1997, el Juzgado dictó sentencia cuyo fallo dice: "Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por la representación procesal de Mariano, contra EL ESTADO, MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, y desestimando las excepciones de falta de jurisdicción y de litispendencia, debo declarar y declaro que Mariano era propietario desde el 30 de mayo de 1989, hasta la aprobación del deslinde efectuada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en fecha 31 de julio de 1991, de la finca sita en Punta Umbría, CALLE000, nº NUM000, perteneciendo la titularidad dominical al Estado desde la aprobación del deslinde, teniendo derecho el actor a obtener los beneficios a que se refiere la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Costas; absolviendo al demandado de los demás pedimentos obrantes en la demanda, sin especial imposición de las costas causadas.".
Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y tramitado el recurso con arreglo a derecho, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Huelva dictó sentencia en fecha 26 de febrero de 1999, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "En virtud de lo expuesto, el Tribunal ha decidido: DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por D. Mariano representado en esta alzada por el Procurador de los Tribunales D. Domingo Ruiz Ruiz contra la Sentencia dictada, por la Iltma. Sra. Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Huelva en fecha 22 de octubre de 1997 y ESTIMANDO el recurso de apelación inerpuesto por el Ministerio de Medio Ambiente y en consecuencia REVOCAR PARCIALMENTE la indicada resolución, en el solo sentido de dejar sin efecto la declaración del derecho a la concesión administrativa que el fallo contiene a favor del actor, y en su lugar declaramos que la finca a que este proceso se refiere, se encuentra en la situación prevista en la Ley 28/88 de 28 de julio, Disposición Transitoria Primera a los efectos de obtener el derecho y aprovechamiento previsto en ella, sin imposición de las costas causadas en la primera instancia, y con imposición al actor de las causadas por su recurso.".
Por el Procurador Sr. Rosch Nadal, en nombre y representación de D. Mariano, se presentó escrito de formalización del recurso de casación ante este Tribunal Supremo, con apoyo procesal en los siguientes motivos:
"Al amparo de lo dispuesto en el apartado 4º, del art. 1692 de la L.E.C., al apreciarse infracción por no aplicación de los arts. 348 y 349 del C.C., en relación con el art. 609 del mismo cuerpo legal y el art. 33 de la Constitución.
"Al amparo de lo dispuesto en el apartado 4º del art. 1692 de la L.E.C., al apreciarse infracción de jurisprudencia que se cita".
"Al amparo de lo dispuesto en el apartado 4º del art. 1692 de la L.E.C. al apreciarse violación por la no apicación de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Costas 22/1988 de 28 de julio, en relación con la Transitoria Novena del Reglamento de la misma, Ley aprobada por R.D. 1471/1989, de 1 de diciembre".
" Al amparo de lo dispuesto en el apartado 4º, del art. 1692 de la L.E.C. al apreciarse infracción de los principos y derechos contenidos en el apartado 3, del art. 9 de la Constitución Española de 1978.".
Por Auto de esta Sala de fecha 9 de enero de 2002, se admite a trámite el recurso y evacuado el traslado conferido, por la representación procesal del recurrido, se presentó escrito de impugnación al mismo.
No habiéndose solicitado, por todas las partes personadas, la celebración de vista pública, por la Sala se acordó señalar, para la votación y fallo del presente recurso, el día veinte de mayo del año en curso, en el que ha tenido lugar.
El primer motivo del actual recurso de casación lo fundamenta la parte recurrente en el artículo 1692-4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya que en la sentencia recurrida, según opinión de dicha parte, se aprecia infracción por no aplicación de los artículos 348 y 349 del Código Civil, en relación al artículo 609 de dicho Cuerpo legal, y el artículo 33 de la Constitución Española, en cuanto reconocen y regulan el derecho de propiedad e impiden la privación del mismo, salvo por causa de utilidad pública e interés social mediante la correspondiente indemnización.
El segundo motivo tiene también su base en el artículo 1.692-4, ya que, según opinión de la parte recurrente, en la sentencia recurrida se han infringido la jurisprudencia emanada de las sentencias de esta Sala de fecha 20 de enero de 1993 y 10 de junio de 1996.
El tercer motivo lo residencia la parte recurrente también en el artículo 1692-4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al apreciarse violación, según opinión de dicha parte, por no aplicación de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Costas 22/1988, de 28 de julio, en relación con la Disposición Transitoria Novena del Reglamento de la misma aprobado por Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre.
El cuarto y último motivo lo basa también, como todos, en el artículo 1692-4 de la Ley de Enjuiciamiento civil, ya que en la sentencia recurrida según afirmación de dicha parte, se han infringido los principios y derechos contenidos en el apartado 3, del artículo 9 de la Constitución Española, en tanto que garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras o restrictivas de derechos individuales, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
- No haber lugar al recurso de casación interpuesto por DON Mariano, frente a la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Huelva, de fecha 26 de febrero de 1999.
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