Source: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0758:es:NOT
Timestamp: 2014-03-12 05:07:56
Document Index: 307421837

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 352', 'artículo 19', 'Artículo 21', 'Artículo 114', 'Artículo 169', 'artículo 114', 'artículo 168', 'Artículo 197', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 5', 'Artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 9', 'Artículo 9', 'artículo 4', 'Artículo 10', 'artículo\n5', 'artículo 4', 'artículo 13', 'Artículo 13', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 13', 'artículo 9', 'artículo 49', 'artículo 6', 'artículo 11', 'artículo 18', 'Artículo 6', 'artículo 49', 'artículo 185']

EUR-Lex - 52011PC0758 - ES
52011PC0758
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se establece el Programa de Derechos y Ciudadanía para el periodo 2014 a 2020
/* COM/2011/0758 final - 2011/0344 (COD) */
de envío: 17/11/2011; transmitido al Consejo
de envío: 17/11/2011; transmitido al Parlamento
fin de validez: 17/12/2013; adoptado por 32013R1381
COD 2011/0344
COD(2011)0344
12010E168 12010E197 12010E021 -P2
12010E169 12010E294 12010E019 -P2
12010E114 Modificado por:
adoptado por 32013R1381 Actos posteriores relacionados:
relación 52011SC1364 relación 52011SC1365 dictamen CES 52012AE1047 dictamen CDR 52012AR1667 dictamen modificativo Seleccionar todos los documentos que citan este documento
Como confirmó
el Programa de Estocolmo, el desarrollo de un espacio de libertad, seguridad y
justicia sigue siendo una prioridad para la Unión Europea. Aunque ya se han
logrado progresos significativos en este ámbito con la entrada en vigor del
Tratado de Lisboa y el carácter vinculante de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea, la Unión sigue enfrentándose a muchos retos
tales como el cumplimiento insuficiente o contradictorio de determinados
derechos en el conjunto de la Unión o una falta de sensibilización frente a
determinada legislación de la Unión tanto por parte de los ciudadanos como de
los poderes públicos. Las medidas legislativas y políticas, así como su
aplicación coherente, constituyen instrumentos fundamentales. La financiación
puede contribuir al desarrollo de ese espacio a través del apoyo a la
legislación, la elaboración de políticas y el fomento de su aplicación.
De conformidad con la Comunicación sobre
la revisión del presupuesto de la UE[1],
se ha adoptado un nuevo enfoque de los instrumentos de financiación y los
mecanismos de prestación existentes para garantizar una atención preferente al
valor añadido europeo y contribuir a la racionalización y simplificación de los
mecanismos de financiación. En su Comunicación «Un presupuesto para Europa
2020»[2],
la Comisión señaló la necesidad de un presupuesto más simple y más transparente
para superar los problemas que se derivan de la complejidad de las estructuras
de los programas y la existencia de múltiples programas. El ámbito de los
derechos se mencionaba como un ejemplo de la fragmentación existente frente a
la que conviene actuar. En este marco y con el fin de lograr la
simplificación y racionalización, el Programa de Derechos y Ciudadanía es el
sucesor de tres programas actuales: - Derechos Fundamentales y
Ciudadanía - Daphne III, - Las secciones «No
Discriminación y Diversidad» e «Igualdad de Género» del Programa para el Empleo
y la Solidaridad Social (PROGRESS). La fusión de estos programas, todos ellos
basados en disposiciones al margen del Título V de la Parte III del TFUE,
permitirá un enfoque global de la financiación en este ámbito. El objetivo general del programa es
contribuir a la creación de un espacio en el que se promuevan y protejan los
derechos de las personas consagrados en el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
En particular, este programa debe promover los derechos que se derivan de la
ciudadanía europea, los principios de no discriminación y de igualdad entre
hombres y mujeres, el derecho a la protección de los datos personales, los
derechos del menor, los derechos derivados de la legislación de la Unión
relativa a los consumidores y de la libertad de empresa en el mercado interior.
verdaderamente eficaces y lograr resultados para los ciudadanos y las empresas,
los derechos deben ser conocidos por quienes los aplican, por quienes asesoran
a las personas sobre sus derechos y por quienes se benefician de esos derechos,
y aplicarse además de manera coherente y efectiva en toda la Unión. Esto puede
lograrse mediante el apoyo a la formación y a la sensibilización, el refuerzo
de las redes y el fomento de la cooperación transnacional. Por otra parte, la
Unión Europea necesita dotarse de una sólida base analítica para apoyar la
elaboración de las políticas y la legislación en el ámbito de los derechos y la
ciudadanía. 2. RESULTADOS DE LAS CONSULTAS A LAS PARTES
INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO
2.1. Consulta a las partes
El 20 de abril de 2011 se puso en marcha
una consulta pública a las partes interesadas sobre las actividades de
financiación futuras en el ámbito de la justicia, los derechos fundamentales y
la igualdad para el periodo posterior a 2013[3].
Ha estado accesible en Internet durante dos meses y abierta a todas las partes
interesadas y a los particulares, y ha recibido 187 contribuciones de la
mayoría de los Estados miembros – con una importante participación de ONG. Los participantes evaluaron positivamente
los objetivos políticos de los programas y confirmaron la necesidad de
financiación en los ámbitos cubiertos. Se reconoció el valor añadido de la
Unión y en ningún ámbito se estimó pertinente suspender la financiación. Se
reconoció, por otra parte, la necesidad de simplificación y mejora, y la
mayoría de las medidas propuestas recibió una respuesta positiva, incluida la
reducción del número de programas y la simplificación de los procedimientos.
Los interesados eran partidarios de la
financiación de actividades tales como el intercambio de buenas prácticas, la
formación de profesionales, las actividades de información y concienciación, el
apoyo a las redes, estudios, etc. Todos los tipos de actividades que merecieron
la aprobación de los participantes están previstos explícitamente en el
artículo 5 de la propuesta. Los participantes mostraron asimismo su acuerdo con
las propuestas de la Comisión relativas a los agentes adecuados para recibir financiación
y los tipos de mecanismos de financiación que podrían utilizarse. 2.2. Evaluación del impacto
Se ha llevado a cabo una evaluación del
impacto sobre las actividades de financiación futuras para la totalidad del
espacio de justicia, derechos e igualdad, que actualmente comprende seis
programas[4].
Esta evaluación del impacto es pertinente tanto para la propuesta del Programa
de Justicia como para la propuesta del Programa de Derechos y Ciudadanía. La
evaluación del impacto se basa en las evaluaciones intermedias de los programas
actuales[5],
que confirmaron la eficacia y eficiencia de los programas, pero también
detectaron algunas deficiencias y posibilidades de mejora. En la evaluación del
impacto se han tenido en cuenta tres opciones:
Opción A: mantener seis programas y solucionar algunos de los problemas
detectados a través de cambios en la gestión interna de los programas. Mejorar
la gestión y lograr sólidas sinergias entre los programas permitiría abordar
algunas de estas cuestiones. Sin embargo, la causa principal de los problemas,
es decir, la diversidad de programas, no se abordaría directamente y, por lo
tanto, las mejoras que deben introducirse mediante esta opción serían
limitadas. Opción B: mantener todas las medidas de la opción A y, complementariamente,
fusionar los actuales seis programas en dos programas. Esta opción permitiría
la flexibilidad en la utilización de los fondos y en el tratamiento de las
prioridades políticas anuales. Permitiría una mayor simplificación (tanto para
los beneficiarios como para la administración) y eficiencia de los programas,
porque sería necesario un número significativamente menor de procedimientos. La
eficacia de los programas podría mejorarse asimismo ya que la fragmentación y
dilución de los fondos se abordaría mejor en dos programas. Podrían liberarse
recursos humanos, dado que al haber menos procedimientos se reduciría la carga
administrativa, que se asignarían a actividades que mejoren la eficacia de los
programas (difusión de resultados, seguimiento, información, etc.). Opción C: ejecución de un único programa. Esta opción resuelve todos los
problemas causados por los múltiples instrumentos jurídicos y por el aumento de
la carga administrativa derivada de la gestión de múltiples programas. Sin
embargo, debido a limitaciones jurídicas, el ámbito de aplicación de ese
programa no podría cubrir las necesidades de financiación de todas las
políticas. Habría que decidirse entre el ámbito relativo a Justicia y el ámbito
de los Derechos y la Ciudadanía. Aunque esta solución podría tener un impacto
máximo en términos de gestión, sin embargo no sería posible tratar
suficientemente las prioridades políticas y las necesidades del conjunto de la
política. Como resultado del análisis y la
comparación de las opciones, la opción preferida es la ejecución de dos
programas que permitan atender a las necesidades de financiación de
todas las políticas (opción B). En comparación con el statu quo,
la opción B presenta claras ventajas y ninguna desventaja. La Opción A no es
tan beneficiosa como la opción B, y la opción C solamente ofrece la cobertura
parcial de las políticas, lo que obliga a descartar esta opción. 3. ELEMENTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA
La propuesta se basa en los artículos
19.2, 21.2, 114, 168, 169 y 197 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea. La combinación de estos artículos es necesaria para continuar apoyando
las políticas que se han desarrollado y aplicado en los tres programas
actuales, y no tiene por objeto ampliar las actividades a nuevas políticas. La
combinación de más de un artículo es necesaria para lograr los objetivos
generales del programa de forma global y para adoptar un enfoque simplificado y
más eficaz de la financiación. No es necesario recurrir al artículo 352 TFUE
dado que la utilización de esta serie de artículos proporciona la base jurídica
necesaria para las actividades propuestas.
El artículo 19, apartado 2, prevé la
adopción de medidas de estímulo para apoyar la acción de los Estados miembros
en el ámbito de la lucha contra la discriminación por motivos de sexo, de
origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u
orientación sexual, incluidas las actividades de promoción de la igualdad entre
hombres y mujeres, y el apoyo a los derechos del menor. El Artículo 21, apartado 2, establece
medidas de la Unión destinadas a facilitar el ejercicio de los derechos de los
ciudadanos a circular y residir libremente en el territorio de los Estados
miembros. Las acciones destinadas a informar a los ciudadanos y a las autoridades
sobre los derechos a la protección diplomática y consular y sobre sus derechos
de voto también pueden incluirse en este artículo, ya que facilitan en la
práctica el ejercicio del derecho de los ciudadanos a desplazarse. El Artículo 114 prevé la aproximación de
las legislaciones que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento
del mercado interior. El Artículo 169 prevé, además, la aproximación de las
legislaciones conforme al artículo 114, la adopción de medidas para apoyar,
complementar y supervisar la política llevada a cabo por los Estados miembros
para proteger la salud, la seguridad y los intereses económicos de los
consumidores, así como promover su derecho a la información, a la educación y a
organizarse para salvaguardar sus intereses. Ambas disposiciones pueden servir
de base para financiar actividades relacionadas con diversas cuestiones en
materia de derechos de los consumidores y Derecho contractual. Un alto nivel de
protección de los consumidores y el desarrollo del Derecho contractual para
facilitar las transacciones transfronterizas permiten crear las condiciones
necesarias para capacitar a los ciudadanos de la Unión para ejercer sus
derechos en el conjunto de la Unión. El artículo 168 prevé un alto nivel de
protección de la salud humana y la actuación de la Unión con el fin de
complementar las políticas nacionales para prevenir enfermedades físicas y
mentales y evitar las fuentes de peligro para la salud física y psíquica. La
violencia ejercida contra los menores constituye un peligro para la salud
física y mental de éstos, incluidas a menudo las amenazas transfronterizas. Los
menores son ciudadanos vulnerables y necesitan un mayor nivel de protección
contra los riesgos existentes para su salud física y psíquica. La violencia
ejercida contra las mujeres constituye también una grave amenaza para la salud
física y mental de las víctimas, que necesitan un alto nivel de protección.
El Artículo 197 permite respaldar a los
Estados miembros en la aplicación de la legislación de la Unión, facilitando el
intercambio de información o apoyando programas de formación. Esta disposición
será especialmente importante en ámbitos tales como los derechos fundamentales,
la ciudadanía y la protección de datos, ámbitos en los que las autoridades nacionales
tienen un papel importante que desempeñar.
Las actividades de financiación
propuestas respetan los principios del valor añadido europeo y la
subsidiariedad. La financiación con cargo al presupuesto de la Unión se
concentra en acciones cuyos objetivos no pueden ser alcanzados suficientemente
por los Estados miembros por sí solos y en los que la intervención de la UE
puede aportar un valor añadido frente a la actuación de los Estados miembros
por separado. Las actividades cubiertas por el presente Reglamento contribuyen
a la aplicación eficaz del acervo mediante el desarrollo de la confianza mutua
entre los Estados miembros, aumentando la cooperación y la creación de redes
transfronterizas y logrando la aplicación correcta, coherente y consecuente de
la legislación de la Unión en todo su territorio. La Unión Europea está en
mejor posición que los Estados miembros para abordar situaciones
transfronterizas y proporcionar una plataforma europea para el aprendizaje
mutuo. Se prestará apoyo a una sólida base analítica para respaldar y
desarrollar las políticas. La intervención de la Unión Europea permite que
estas actividades se lleven a cabo de manera coherente en toda la Unión y
genera economías de escala. La propuesta
se ajusta al principio de proporcionalidad en el sentido de que no va más allá
de lo imprescindible para alcanzar el objetivo fijado a escala europea, ni de
lo necesario a tal efecto.
4. INCIDENCIA PRESUPUESTARIA La dotación financiera para la ejecución
del Programa de Derechos y Ciudadanía en el período comprendido entre el 1 de
enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020 se elevará a 439 millones EUR (a
precios corrientes).
5. PRINCIPALES ELEMENTOS DE LA PROPUESTA
del enfoque propuesto es combinar la simplificación de los procedimientos de
financiación, según lo solicitado por todas las partes interesadas, con un
enfoque más centrado en los resultados. Los principales elementos de este
planteamiento son los siguientes:
propuesta define los objetivos generales y específicos perseguidos por el
Programa (artículos 3 y 4) y los ámbitos de actuación en los que se centrará el
Programa (artículo 5). Los objetivos generales y específicos definen el ámbito
de aplicación del Programa (políticas), mientras que los tipos de acción están
orientados a la financiación, se aplican a todas las políticas en cuestión y
definen de una manera horizontal los resultados que puedan obtenerse mediante
la financiación. Al mismo tiempo, determinan en qué ámbitos puede la asignación
de recursos aportar realmente un valor añadido para la consecución de los
objetivos de la política. Al aplicar el presente Reglamento, la Comisión
establecerá las prioridades de financiación anuales en las respectivas
políticas. El Programa puede hacer uso de todos los instrumentos financieros
previstos en el Reglamento Financiero. La participación está abierta a todas
las entidades jurídicas legalmente establecidas en los Estados miembros o en un
tercer país participante en el Programa, sin más limitaciones en el acceso al Programa.
Esta estructura permite la simplificación, así como una mejor orientación del
programa hacia las necesidades políticas y su evolución. Además, proporciona un
contexto estable para la evaluación, dado que los objetivos específicos están
directamente vinculados a los indicadores de evaluación, que seguirán siendo
coherentes a lo largo de toda la duración del programa y serán controlados y
evaluados periódicamente. Con el fin de lograr la flexibilidad y mejorar la
ejecución del Programa, se propone no establecer en el mismo importes
específicos por política.
participación de terceros países se limita al EEE, los países candidatos y los
países en vías de adhesión y los países candidatos potenciales. Otros terceros
países, en particular los países en los que se aplica la Política Europea de
Vecindad, podrán participar en las acciones del Programa, si ello contribuye al
propósito de dichas acciones.
prioridades anuales del programa se definirán en un Programa de Trabajo Anual.
Dado que ello implica decisiones políticas específicas, la adopción del
Programa de Trabajo Anual está sujeta al dictamen de un Comité de Estados
miembros en el marco del procedimiento consultivo.
podrá contar, sobre la base de un análisis de costes/beneficios, con los
servicios de una agencia ejecutiva para la ejecución del Programa, según
dispone el Reglamento (CE) nº 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002,
por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de
determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios.
2011/0344 (COD)
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
por el que se establece el Programa de
Derechos y Ciudadanía para el periodo 2014 a 2020 (Texto pertinente a efectos del EEE)
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea y, en particular, sus artículos 19, apartado 2, 21, apartado 2,
114, 168, 169, y 197,
Previa transmisión del proyecto de acto
legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y
Social Europeo,
Visto el dictamen del Comité de las
De conformidad con el procedimiento
legislativo ordinario,
(1) La Unión Europea se basa en los principios de
libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y libertades
fundamentales y el Estado de Derecho, principios que son comunes a todos los
Estados miembros. Todo ciudadano de la Unión posee los derechos establecidos en
el Tratado. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que con
la entrada en vigor del Tratado de Lisboa adquirió carácter jurídico vinculante
en toda la Unión, expresa los derechos y libertades fundamentales garantizados
a los ciudadanos de la Unión. Esos derechos deben promoverse y respetarse para
que se conviertan en realidad. El pleno disfrute de esos derechos debe estar
garantizado y deben eliminarse todos los obstáculos. (2) El Programa de Estocolmo[6] reafirma la
prioridad de desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia, y
especifica entre sus prioridades políticas la consecución de una Europa de los
derechos. La financiación es considerada como una de las herramientas
fundamentales para el éxito de la ejecución de las prioridades políticas del
Programa de Estocolmo. (3) Los ciudadanos deben poder ejercer plenamente
los derechos que se derivan de la ciudadanía de la Unión. Deben poder ejercer
su derecho a circular y residir libremente en la Unión, su derecho de sufragio
activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo y las elecciones
municipales, su derecho a la protección consular y su derecho de petición ante
el Parlamento Europeo. Deben sentirse cómodos viviendo, viajando y trabajando
en otro Estado miembro y confiar en que sus derechos estarán protegidos con
independencia del lugar de la UE en que se encuentren. (4) Los ciudadanos y las empresas también deben
beneficiarse plenamente del mercado interior. Los consumidores deben gozar de
los derechos que se derivan de la legislación en materia de consumo y se debe
apoyar a las empresas para que puedan ejercer libremente la actividad
empresarial en el mercado interior. El desarrollo de instrumentos legislativos
en materia de contratos y derechos de los consumidores ofrece soluciones
prácticas para las empresas y los consumidores con el fin de que éstos puedan
hacer frente a problemas transfronterizos, dispongan de más opciones y les sea
menos costoso celebrar contratos con socios en otro Estado miembro, al mismo
tiempo que se proporciona un alto nivel de protección de los consumidores. (5) La no discriminación por motivos de sexo,
origen racial o étnico, religión o creencias, discapacidad, edad u orientación
sexual y la igualdad entre mujeres y hombres, constituyen valores comunes a los
Estados miembros. La lucha contra todas las formas de discriminación es un
objetivo permanente que requiere una acción coordinada, incluida una dotación
(6) Con arreglo a los artículos 8 y 10 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea, el programa debe apoyar la integración
de la igualdad entre mujeres y hombres y los objetivos de lucha contra la
discriminación en todas sus actividades. Deben llevarse a cabo un seguimiento y
una evaluación periódicos para valorar de qué forma se abordan en las
actividades del Programa la igualdad entre mujeres y hombres y la lucha contra
la discriminación. (7) La violencia contra las mujeres en todas sus
formas constituye una violación de los derechos fundamentales y una verdadera
lacra sanitaria. Dicha violencia está presente en todo el territorio de la
Unión y es necesaria una actuación coordinada para combatirla. Tomar medidas
para combatir la violencia contra las mujeres contribuye a la promoción de la
igualdad entre mujeres y hombres. (8) El Tratado obliga a la Unión a promover la
protección de los derechos de la infancia con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, al tiempo que se lucha
contra la discriminación. Los menores son vulnerables, en particular, en una
situación de pobreza, exclusión social, discapacidad o en situaciones
específicas en las que estén en riesgo. Deben adoptarse medidas para fomentar
los derechos de la infancia y contribuir a la protección de los menores frente
a los daños y la violencia ejercidos contra ellos y que puedan suponer un
peligro para su salud física o mental. (9) Los datos personales deben protegerse
eficazmente en un contexto en constante desarrollo tecnológico y en el marco de
la globalización. El marco jurídico de la Unión en materia de protección de
datos debe aplicarse de manera efectiva y coherente en la Unión Europea. Para
ello, la Unión debe respaldar los esfuerzos de los Estados miembros para
aplicar dicho marco jurídico.
(10) La Comunicación de la Comisión «Europa 2020[7]» establece una
estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. El apoyo y
el fomento de los derechos de las personas en la Unión, la lucha contra la
discriminación y las desigualdades y la promoción de la ciudadanía contribuyen
a la promoción de los objetivos específicos y las iniciativas emblemáticas de
la «Estrategia Europa 2020».
(11) La experiencia de acción a nivel de la Unión
ha demostrado que la realización de estos objetivos en la práctica requiere una
combinación de instrumentos, incluida la legislación, las iniciativas políticas
y la financiación. La financiación es una importante herramienta complementaria
de las medidas legislativas. Debe establecerse, pues, un programa de
financiación. La Comunicación de la Comisión «Un presupuesto para Europa 2020»[8] subraya la
necesidad de racionalizar y simplificar la financiación de la Unión. Puede
lograrse una simplificación significativa y una gestión eficiente de la
financiación mediante la reducción del número de programas y la racionalización,
simplificación y armonización de las normas y los procedimientos de
financiación. (12) Respondiendo a la necesidad de simplificación
y gestión eficiente de los fondos, el presente Reglamento establece el Programa
de Derechos y Ciudadanía para dar continuidad y desarrollar las actividades
anteriormente realizadas sobre la base de tres programas establecidos por la
Decisión 2007/252/CE del Consejo, de 19 de abril de 2007, por la que se
establece para el período 2007-2013 el programa específico «Derechos fundamentales
y ciudadanía», integrado en el programa general «Derechos fundamentales y
justicia»[9];
la Decisión nº 779/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio
de 2007, por la que se establece, para el período 2007-2013, un programa
específico para prevenir y combatir la violencia ejercida sobre los niños, los
jóvenes y las mujeres y proteger a las víctimas y grupos de riesgo (programa
Daphne III) integrado en el programa general «Derechos fundamentales y
justicia»[10];
y las secciones relativas a la «Igualdad de Género» y la «Diversidad y la Lucha
contra la Discriminación» de la Decisión nº 1672/2006/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 24 de octubre de 2006, por la que se establece un programa
comunitario para el empleo y la solidaridad social — Progress[11].
(13) Las comunicaciones de la Comisión «Revisión
del presupuesto de la UE»[12]
y «Un presupuesto para Europa 2020» subrayan la importancia de concentrar la
financiación en acciones con un claro valor añadido europeo, es decir, en las
que la intervención de la Unión pueda aportar un valor adicional con respecto a
la actuación de los Estados miembros por separado. Las acciones cubiertas por
el presente Reglamento deben contribuir al desarrollo de la confianza mutua
transfronterizas y logrando la aplicación correcta, coherente y compatible del
Derecho de la Unión. La financiación de actividades debe contribuir también a
un conocimiento mayor y más efectivo de la legislación y las políticas de la
Unión por todos los interesados y ofrecer un fundamento analítico sólido para
el apoyo y el desarrollo de la legislación y las políticas de la Unión. La
intervención de la Unión permite que las acciones se lleven a cabo de manera coherente
en toda la Unión y aporta economías de escala. Además, la Unión Europea está en
mutuo. (14) Con el fin de aplicar el principio de buena
gestión financiera, el presente Reglamento debe disponer de las herramientas
adecuadas para evaluar sus resultados. Para ello, debe definir objetivos
generales y específicos. Con vistas a medir la realización de estos objetivos
específicos, debe establecerse un conjunto de indicadores válidos para toda la
(15) El presente Reglamento establece, para el
programa plurianual, una dotación financiera que, con arreglo al apartado 17
del Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y
Comisión sobre cooperación en materia presupuestaria y buena gestión
financiera, constituirá la referencia fundamental para la Autoridad
Presupuestaria durante el procedimiento presupuestario anual. (16) El presente Reglamento deberá aplicarse
respetando plenamente el Reglamento (UE, Euratom) nº XX/XX de XX sobre las
normas financieras aplicables al presupuesto anual de la Unión Europea. En
particular, se deberá hacer uso de los instrumentos de simplificación
introducidos por este último. Además, los criterios para identificar las
acciones a las que prestar apoyo deberán tratar de asignar los recursos
financieros disponibles a las acciones que generen un mayor impacto en relación
con los objetivos que se persiguen. (17) Deberán conferirse a la Comisión competencias
de ejecución para la adopción de los programas de trabajo anuales. Esas
competencias deberán ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) nº
182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el
que se establecen las normas y los principios generales relativos a las
modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las
competencias de ejecución por la Comisión[13].
Dados los importes anuales en cuestión, la incidencia presupuestaria puede
considerarse insignificativa. Por lo tanto, deberá aplicarse el procedimiento
(18) Con el fin de garantizar la eficiencia en la
asignación de fondos con cargo al presupuesto de la Unión, deberá procurarse la
coherencia, la complementariedad y las sinergias entre los programas de
financiación en apoyo de políticas con estrechos vínculos entre sí y,
concretamente, entre el presente Programa y el Programa de Justicia establecido
por el Reglamento (UE) nº XX/XX de XX[14] , el Programa «Europa para los Ciudadanos»
establecido por el Reglamento (UE) nº XX / XX de XX[15] y los programas en
los ámbitos de asuntos de interior; empleo y asuntos sociales; salud y
protección del consumidor; educación, formación, juventud y deportes; sociedad
de la información y ampliación, en particular el Instrumento de Ayuda de
Preadhesión[16]
y los fondos existentes en virtud del Marco Estratégico Común (fondos MEC). (19) Los intereses financieros de la Unión deben
ser protegidos mediante medidas proporcionadas a lo largo de todo el ciclo del
gasto, incluidas la prevención, la detección y la investigación de
irregularidades, la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados
o mal utilizados y, en su caso, las sanciones. La Oficina Europea de Lucha
contra el Fraude (OLAF) debe ser autorizada a realizar controles e inspecciones
in situ a los operadores económicos, de conformidad con los
procedimientos establecidos en el Reglamento (Euratom, CE) n° 2185/96[17], con el fin de
establecer si ha habido fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal
que afecte a los intereses financieros de la Unión en relación con la
financiación de la Unión Europea en el marco del Programa.
(20) Dado que el objetivo del presente Reglamento,
es decir, contribuir a la creación de un espacio en el que los derechos de las
personas, consagrados en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en
la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, se fomenten y
protejan, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros
y sin embargo puede lograrse mejor a nivel comunitario, la Unión podrá adoptar
medidas de conformidad con el principio de subsidiariedad contemplado en el
artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. Asimismo, en virtud del principio
de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no
excederá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo. HAN ADOPTADO EL PRESENTE
REGLAMENTO: Artículo 1
Creación y duración del Programa
1. El presente Reglamento
crea el Programa de Derechos y Ciudadanía, denominado en lo sucesivo «el
Programa». 2. El Programa cubrirá el
período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020.
El Programa financiará acciones con valor
añadido europeo. A tal efecto, la Comisión garantizará que las acciones
seleccionadas para su financiación persiguen alcanzar resultados con valor
añadido europeo y supervisará que dicho valor añadido europeo se obtiene
realmente a través de los resultados finales de las acciones financiadas por el
Objetivos generales El objetivo general del Programa es
derechos de las personas tal como aparecen consagrados en el Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea y en la Carta de los Derechos Fundamentales
Objetivos específicos 1. Para la consecución de
los objetivos generales previstos en el artículo 3, el Programa se fijará los
siguientes objetivos específicos:
a) contribuir a mejorar el ejercicio de
los derechos derivados de la ciudadanía de la Unión;
b) promover los principios de no
discriminación por motivos de sexo, origen racial o étnico, religión o
creencias, discapacidad, edad u orientación sexual, incluida la igualdad entre
hombres y mujeres, los derechos de las personas con discapacidad y de las
personas de edad avanzada; c) contribuir a garantizar un alto
nivel de protección de los datos personales;
d) reforzar el respeto de los derechos
del menor;
e) capacitar a los consumidores y a las
empresas para comprar y comerciar en confianza en el mercado interior mediante
la aplicación de los derechos derivados de la legislación sobre consumo de la
Unión y apoyar la libertad de empresa en el mercado interior mediante
transacciones transfronterizas.
2. Los indicadores para
medir la consecución de los objetivos establecidos en el apartado 1 serán,
entre otros, la percepción europea del respeto, el ejercicio y la aplicación de
estos derechos y el número de denuncias.
1. Con el fin de alcanzar
los objetivos establecidos en los artículos 3 y 4, las acciones del Programa se
centrarán en los siguientes ámbitos: a) aumento de la sensibilización de la
opinión pública y el conocimiento del Derecho la legislación y de las políticas
de la Unión;
b) apoyo a la aplicación del Derecho y
las políticas de la Unión en los Estados miembros;
c) promoción de la cooperación
transnacional y desarrollo de un conocimiento y una confianza mutuos entre
todos los interesados;
d) mejora del conocimiento y la
comprensión de los problemas potenciales que afectan al ejercicio de los
derechos y principios que garantizan el Tratado, la Carta de los Derechos
Fundamentales y el Derecho derivado de la Unión, con el objeto de garantizar
que la legislación y la elaboración de políticas se basan en hechos concretos.
2. El Programa financiará,
entre otros, los siguientes tipos de acciones:
a) actividades analíticas, como
recogida de datos y estadísticas; desarrollo de metodologías y, si procede, de
indicadores o parámetros de referencia comunes, estudios, investigaciones,
análisis y encuestas; evaluaciones, incluidas las evaluaciones de impacto;
elaboración y publicación de guías, informes y material educativo; seguimiento
y evaluación de la transposición y aplicación de la legislación de la Unión y
de la ejecución de las políticas de la Unión; talleres, seminarios, reuniones
de expertos, conferencias;
b) actividades de formación, tales como
intercambios de personal, talleres, seminarios, formación de formadores,
desarrollo de módulos de formación en línea o de otro tipo;
mutuo, cooperación, actividades de sensibilización y difusión tales como
identificación e intercambio de buenas prácticas, enfoques y experiencias innovadores,
organización de revisiones por homólogos y aprendizaje mutuo; organización de
conferencias y seminarios; organización de campañas de información y de
sensibilización, campañas y actos en los medios de comunicación, incluida la
comunicación institucional de las prioridades políticas de la Unión Europea;
compilación y publicación de material divulgativo sobre el Programa y sus
resultados; desarrollo, funcionamiento y mantenimiento de sistemas y
herramientas que utilicen tecnologías de la información y la comunicación; d) apoyo a los principales agentes,
tales como el apoyo a los Estados miembros en la aplicación del Derecho y las
políticas de la Unión; apoyo a las principales redes europeas, cuyas
actividades estén ligadas a la aplicación de los objetivos del Programa;
creación de redes entre organismos y organizaciones especializados y
autoridades nacionales, regionales y locales a nivel europeo; financiación de
redes de expertos; financiación de observatorios a escala europea.
1. La participación en el
Programa estará abierta a todos los organismos públicos o privados y a las
entidades legalmente establecidas en: a) los Estados miembros;
b) los países de la AELC que son partes
del EEE, de conformidad con las condiciones establecidas en el Acuerdo del EEE;
c) los países en vías de adhesión, los
países candidatos y los países candidatos potenciales, de conformidad con los
principios y las condiciones generales establecidos en los acuerdos marco
celebrados con ellos sobre su participación en los programas de la Unión.
2. Los organismos públicos
o privados y las entidades legalmente establecidas en otros terceros países, en
particular en los países en los que se aplica la Política Europea de Vecindad,
podrán participar en las acciones del Programa, si ello contribuye al propósito
el marco del Programa, la Comisión podrá cooperar con las organizaciones
internacionales activas en los ámbitos cubiertos por el Programa, tales como el
Consejo de Europa, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) y las Naciones Unidas. La participación en el Programa estará
abierta a dichas organizaciones internacionales.
1. La dotación financiera
para la ejecución del Programa ascenderá a 439 millones EUR.
2. La dotación financiera
del Programa también podrá cubrir los gastos correspondientes a la preparación,
seguimiento, control, auditoría y evaluación necesarios para la gestión del
Programa y la consecución de sus objetivos: en particular, estudios, reuniones
de expertos, acciones de información y comunicación, incluida la comunicación
institucional de las prioridades políticas de la Unión Europea en la medida en
que estén relacionadas con los objetivos generales del presente Reglamento, los
gastos relacionados con las redes informáticas centradas en el tratamiento y el
intercambio de información, así como todos los otros tipos de gastos de
asistencia técnica y administrativa contraídos por la Comisión para la gestión
Presupuestaria autorizará los créditos anuales disponibles dentro de los
límites establecidos por el Reglamento (UE, Euratom) nº XX/XX del Consejo de
XX, por el que se establece el Marco Financiero Plurianual para el período
1. La Comisión ejecutará la
asistencia financiera de la Unión de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento (UE, Euratom) nº XX/XX de XX sobre las normas financieras aplicables
al presupuesto anual de la Unión Europea. 2. Para ejecutar el
Programa, la Comisión adoptará programas de trabajo anuales en forma de actos
de ejecución. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al
procedimiento consultivo previsto en el artículo 9, apartado 2.
3. Los programas anuales de
trabajo establecerán las medidas necesarias para su ejecución, las prioridades
de las convocatorias de propuestas y todos los elementos exigidos por el
al presupuesto anual de la Unión Europea. Artículo 9
1. La Comisión estará
asistida por un Comité. Dicho Comité será un comité en el sentido del
Reglamento (UE) n° 182/2011.
2. Cuando se haga
referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 4 del
Reglamento (UE) nº 182/2011. Artículo 10
1. La Comisión, en
cooperación con los Estados miembros, garantizará la coherencia global así como
la complementariedad y las sinergias con otros instrumentos de la Unión, entre
ellos, con el Programa de Justicia, el Programa de Europa para los Ciudadanos y
los programas en los ámbitos de asuntos de interior; empleo y asuntos sociales;
salud y protección de los consumidores; educación, formación profesional,
juventud y deporte; sociedad de la información y ampliación, en especial el
Instrumento para la Ayuda de Preadhesión y los fondos existentes en virtud del
Marco Estratégico Común (fondos MEC).
2. El programa podrá
compartir recursos con otros instrumentos de la Unión, en particular el Programa
de Justicia, con el fin de ejecutar acciones que respondan a los objetivos de
ambos programas. Una acción para la que ya se ha concedido financiación del
Programa también podrá recibir financiación del Programa de Justicia, a
condición de que la financiación no cubra los mismos costes.
Protección de los intereses financieros de la Unión 1. La Comisión adoptará las
medidas adecuadas para garantizar que, cuando se realicen las acciones
financiadas en el marco del presente Reglamento, los intereses financieros de
la Unión queden protegidos mediante la aplicación de medidas preventivas contra
el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal, mediante la
realización de controles efectivos y, si se detectan irregularidades, mediante la
recuperación de las cantidades abonadas indebidamente y, cuando proceda, la
imposición de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias.
2. La Comisión o sus
representantes y el Tribunal de Cuentas estarán facultados para auditar, sobre
la base de documentos e in situ, a todos los beneficiarios de subvenciones,
contratistas y subcontratistas que hayan recibido fondos de la Unión en el
marco del Programa.
La Oficina Europea de
Lucha contra el Fraude (OLAF) podrá realizar controles y verificaciones in situ
de los operadores económicos afectados directa o indirectamente por dicha
financiación de conformidad con los procedimientos previstos en el Reglamento
(Euratom, CE) nº 2185/96, con vistas a establecer cualquier posible fraude,
corrupción u otra actividad ilegal que ataña a los intereses financieros de la
Unión en relación con un convenio o decisión de subvención o con un contrato
relativo a la financiación de la Unión.
dispuesto en los párrafos primero y segundo, los acuerdos de cooperación con
terceros países y con organizaciones internacionales, así como los convenios y
decisiones de subvención y los contratos derivados de la aplicación del
presente Reglamento, establecerán expresamente la potestad de la Comisión, del
Tribunal de Cuentas y de la OLAF de llevar a cabo las auditorías y los
controles y verificaciones in situ mencionados.
1. La Comisión supervisará
el Programa periódicamente con el fin de controlar la ejecución de las
actividades ejecutadas en los ámbitos de actuación contemplados en el artículo
5, apartado 1, y la consecución de los objetivos específicos enunciados en el
artículo 4. El seguimiento también servirá para evaluar la forma en que se han
abordado en las actividades del Programa las cuestiones relativas a la igualdad
entre hombres y mujeres y la lucha contra la discriminación. En su caso, los
indicadores se desglosarán por sexo, edad y discapacidad. 2. La Comisión presentará
al Parlamento Europeo y al Consejo:
a) un informe de evaluación intermedia
a mediados de 2018 a más tardar; b) un informe de evaluación a
3. La evaluación intermedia
deberá informar sobre la realización de los objetivos del Programa, la eficacia
del uso de los recursos y su valor añadido europeo con objeto de determinar si
la financiación en los ámbitos cubiertos por el programa será renovada,
modificada o suspendida después de 2020. Asimismo, abordará el alcance de la
simplificación del programa, su coherencia interna y externa, así como la
continua pertinencia de todos los objetivos y acciones. Tendrá en cuenta los
resultados de las evaluaciones a posteriori de los programas mencionados
en el artículo 13.
4. La evaluación a
posteriori informará sobre el impacto a largo plazo del Programa y sobre la
sostenibilidad de sus efectos, con miras a una decisión sobre un programa
posterior. Artículo 13
Las acciones que se inicien antes del 1
de enero de 2014 sobre la base de la Decisión 2007/252/CE, la Decisión
2007/779/CE o la sección 4: Antidiscriminación y diversidad y la sección 5:
Igualdad entre mujeres y hombres de la Decisión 1672/2006/CE, seguirán
rigiéndose por las disposiciones de dichas decisiones hasta su conclusión. Por
lo que se refiere a dichas acciones, las referencias a los comités previstos en
el artículo 10 de la Decisión 2007/252/CE, en el artículo 10 de la Decisión
779/2007/CE y en el artículo 13 de la Decisión 1672/2006/CE se entenderán como
hechas al Comité previsto en el artículo 9 del presente Reglamento.
presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su
Por el Parlamento Europeo Por
El Presidente El
LEGISLATIVA 1. MARCO DE LA PROPUESTA/INICIATIVA 1.1. Denominación de la
propuesta/iniciativa 1.2. Ámbito(s)
político(s) afectado(s) en la estructura GPA/PPA
1.3. Naturaleza
de la propuesta/iniciativa 1.4. Objetivo(s)
de la propuesta/iniciativa 1.6. Duración
e incidencia financiera 1.7. Modo(s)
de gestión previsto(s) 2. MEDIDAS DE GESTIÓN 2.1. Disposiciones
en materia de seguimiento e informes 2.2. Sistema
de gestión y control 2.3. Medidas
de prevención del fraude y de las irregularidades 3. INCIDENCIA FINANCIERA ESTIMADA DE LA
PROPUESTA/INICIATIVA 3.1. Rúbrica(s)
del Marco Financiero Plurianual y línea(s) presupuestaria(s) de gastos
afectada(s) 3.2. Incidencia
estimada en los gastos 3.2.1. Resumen de la incidencia estimada
en los gastos 3.2.2. Incidencia
estimada en los créditos de operaciones 3.2.3. Incidencia
estimada en los créditos de carácter administrativo
3.2.4. Compatibilidad
con el Marco Financiero Plurianual vigente
3.2.5. Contribución
de terceros a la financiación 3.3. Incidencia estimada en los
1. MARCO DE LA PROPUESTA/INICIATIVA 1.1. Denominación de la propuesta/iniciativa Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por
el que se establece el Programa de Derechos y Ciudadanía para el periodo 2014 a
2020 1.2. Ámbito(s) político(s) afectado(s) en la
estructura GPA/PPA[18]
Título 33 - Justicia
1.3. Naturaleza de la propuesta/iniciativa þ La
propuesta/iniciativa se refiere a una nueva acción
piloto / una acción preparatoria[19]
propuesta/iniciativa se refiere a la prolongación de una acción existente ¨ La
propuesta/iniciativa se refiere a una acción reorientada hacia una nueva
acción 1.4. Objetivos
la Comisión contemplado(s) en la propuesta/iniciativa El Programa tiene por objeto contribuir a la creación de un
espacio de libertad, seguridad y justicia mediante el fomento y el apoyo a la
realización efectiva de una Europa de los derechos consagrados en el Tratado de
de la Unión Europea. Esto incluye, en particular, los derechos derivados de la
ciudadanía europea; el principio de no discriminación por motivos de sexo,
sexual; la igualdad entre hombres y mujeres; los derechos de las personas con
discapacidad y de las personas de edad avanzada; el derecho a la protección de
los datos personales; los derechos del menor; los derechos de los consumidores,
y la libertad de empresa en el mercado interior, facilitando las operaciones
GPA/PPA afectada(s) Objetivos específicos
Para alcanzar el citado objetivo general, el Programa tiene los
a) contribuir a mejorar el ejercicio de los derechos derivados de
la ciudadanía de la Unión;
b) promover el principio de la no discriminación por motivos de
sexo, origen racial o étnico, religión o creencias, discapacidad, edad u
orientación sexual, incluida la igualdad entre hombres y mujeres, los derechos
de las personas con discapacidad y de las personas de edad avanzada; c) contribuir a garantizar un alto nivel de protección de los
d) reforzar el respeto de los derechos del menor;
e) capacitar a los consumidores y a las empresas para comprar y
comerciar en confianza en el mercado interior mediante la aplicación de los
derechos derivados de la legislación sobre consumo de la Unión y el apoyo a la
libertad para desarrollar una actividad empresarial en el mercado interior
mediante transacciones transfronterizas.
Actividad GPA/PPA afectada:
PPA 33 02 y 33 06.
Especifíquense
los efectos que la propuesta/iniciativa debería tener sobre los
beneficiarios/la población destinataria.
La propuesta contribuirá a la aplicación del acervo ofreciendo a
los ciudadanos y a las empresas de la Unión la posibilidad de aprovechar
plenamente la legislación vigente. Tendrán mayor conocimiento de sus derechos,
y los Estados miembros y las partes interesadas tendrán mejores herramientas
para el intercambio de información sobre las mejores prácticas y para cooperar
entre sí. Los efectos de la propuesta sobre los beneficiarios/grupos
destinatarios se describen con más detalle en el punto 4.1.2 de la evaluación
Además, los cambios en los programas de financiación propuestos
tendrán un claro efecto beneficioso sobre los procedimientos con los que se
gestionará la ayuda financiera. Se empezará con un enfoque integrado de los
programas en cuanto a los procedimientos de solicitud, la documentación
requerida y los sistemas informáticos que se utilicen. Ello constituirá además
en sí mismo un ahorro de tiempo, dado que muchas partes interesadas que operan
en ámbitos cubiertos por varias de las actuales generaciones de programas ya no
tendrán que hacer frente a requisitos divergentes y se concentrarán más en
desarrollar propuestas sólidas en cuanto a su contenido y calidad. Además, con un único procedimiento armonizado y racionalizado de
selección de proyectos, los retrasos entre la presentación de las solicitudes y
la recepción de los resultados podrán reducirse considerablemente, lo que
reducirá el margen de incertidumbre de la organización solicitante y supondrá
una mayor ventaja añadida para los proyectos, que empezarán a ejecutarse mucho
antes tras su formulación y, en consecuencia, podrán responder de manera más
eficaz a las necesidades concretas que se pretenden atender en consonancia con
las prioridades políticas de la UE
1.4.4. Indicadores de resultados e incidencia Especifíquense
los indicadores que permiten realizar el seguimiento de la ejecución de la
propuesta/iniciativa.
Los indicadores para medir la consecución de los objetivos
específicos antes mencionados serán, entre otros, la percepción europea del
respeto, el ejercicio y la aplicación de estos derechos y el número de
La DG de Justicia no dispone de información suficiente sobre la
situación actual para establecer objetivos significativos a largo o medio
plazo, pero, antes de que se empiece a ejecutar el programa, intentará hacer
acopio de más información sobre la situación actual de forma que puedan fijarse
los hitos y metas.
1.5.1. Necesidad(es) que debe(n) satisfacerse a
corto o largo plazo Aunque la legislación es un instrumento clave para alcanzar los
objetivos de la Unión en el ámbito de los derechos y la ciudadanía, debe
complementarse con otros medios. En este contexto, la financiación tiene un
papel importante que desempeñar. En particular, la financiación debe aumentar
la eficacia de la legislación y los derechos consagrados directamente en el
Tratado mediante el aumento de los conocimientos, la concienciación y la
capacidad de los ciudadanos, profesionales y partes interesadas a través del
apoyo a actividades de:
y sensibilización de la opinión pública, incluido el apoyo a campañas
nacionales y europeas para informar a los ciudadanos de sus derechos
garantizados por la legislación de la UE, y sobre la manera de hacerlos valer
y desarrollo de las capacidades de los profesionales del Derecho (tales como
jueces y fiscales) y otros profesionales de la administración de justicia con
el fin de dotarles de herramientas para poner en práctica los derechos y las
políticas de la UE.
también tiene un papel central en la promoción de la cooperación a nivel
transnacional y el desarrollo de la confianza mutua mediante:
- el refuerzo de las redes, es decir, organizaciones a escala de la
UE que contribuyan a la elaboración de futuras iniciativas en este ámbito y
promuevan su aplicación coherente en toda Europa;
- la cooperación transfronteriza en la ejecución, por ejemplo,
mediante el establecimiento de sistemas de alerta rápida para menores
desaparecidos o la coordinación de la cooperación operativa y transfronteriza
en la lucha contra la droga.
financiación deberá apoyar:
investigación, el análisis y otras acciones de apoyo para proporcionar al
legislador información clara y detallada sobre los problemas y la situación
sobre el terreno. Los resultados de estas actividades contribuirán a la
elaboración y ejecución de las políticas de la UE y garantizarán que estén
basadas en hechos concretos, sean específicas y estén bien estructuradas.
1.5.2. Valor añadido de la intervención de la
La financiación cubierta por el Programa de Derechos y Ciudadanía
se concentrará en actividades en las que la intervención de la UE pueda aportar
un valor añadido en comparación con la actuación de los Estados miembros por
separado. Las actividades cubiertas por el presente Reglamento contribuirán a
la aplicación eficaz del acervo mediante el desarrollo de la confianza mutua
entre los Estados miembros, el aumento de la cooperación y las redes
transfronterizas y la aplicación correcta, coherente y consecuente de la
legislación de la Unión en todo su territorio. Solamente la actuación a nivel
de la Unión puede dar lugar a actividades coordinadas que abarquen a todos los
Estados miembros. La Unión Europea está en mejores condiciones que los Estados
miembros para abordar situaciones transfronterizas y proporcionar una
plataforma europea para el aprendizaje mutuo. Sin la ayuda de la Unión, las
partes interesadas tenderían a abordar problemas similares de forma fragmentada
y desconectada. La colaboración y la constitución de redes entre ellas abocará
a la difusión de las mejores prácticas, en particular enfoques innovadores e
integrados en diferentes Estados miembros. Los participantes en estas
actividades actuarán así como multiplicadores en sus actividades profesionales
respectivas y difundirán más ampliamente las mejores prácticas dentro de su
Se prestará apoyo a una sólida base analítica para respaldar y
desarrollar las políticas. La intervención de la Unión Europea permitirá que
estas actividades se prosigan de manera coherente en toda la Unión y se generen
economías de escala. La financiación a nivel nacional no proporcionaría los
mismos resultados, sino sólo un planteamiento limitado, fragmentado y que no
cubriría las necesidades de la Unión Europea en su conjunto.
Las evaluaciones intermedias llevadas a cabo por los programas
actuales en el ámbito de los derechos fundamentales y la ciudadanía han
confirmado la eficacia global de los programas, pero también han identificado
una serie de problemas como la dilución de los fondos («saupoudrage») entre
numerosos pequeños proyectos con impacto limitado. A pesar de que la
financiación se asigna a una multitud de proyectos, no hay una distribución
geográfica equilibrada entre las organizaciones que reciben financiación. Las
evaluaciones intermedias coinciden en que debería hacerse más para mejorar la
difusión y explotación de los resultados de las actividades financiadas. La
mejora de la difusión va pareja a la mejora de la evaluación y el seguimiento.
Las evaluaciones intermedias y la consulta pública destacaron en términos de
eficiencia los procedimientos burocráticos y complejos a los que se enfrentan
los solicitantes. Desde el punto de vista administrativo, la multiplicación de
procedimientos para los diferentes programas impone una carga administrativa
elevada para la Comisión. La multiplicación de los procedimientos y la carga
administrativa elevada contribuyen a incrementar la duración de los
procedimientos. La fusión de los programas permitiría solucionar este problema
y crear sinergias entre los programas. 1.5.4. Coherencia y posibles sinergias con otros
El Programa buscará sinergias, coherencia y
complementariedad con otros instrumentos de la Unión, como, por ejemplo el
Programa de Justicia y los programas en ámbitos tales como asuntos de interior;
empleo, salud y protección de los consumidores; educación, formación, juventud
y deportes; comunicación; sociedad de la información; ampliación, en especial
el Instrumento para la Ayuda de Preadhesión y los fondos existentes en virtud
del Marco Estratégico Común (fondos MEC). Se evitará la duplicación con las
actividades en el marco de esos otros programas, y se compartirán recursos
entre el Programa de Justicia y el Programa de Derechos y Ciudadanía con el fin
de alcanzar objetivos comunes.
1.6. Duración e incidencia financiera þ Propuesta/iniciativa de duración
limitada · þ Propuesta/iniciativa
en vigor desde el 1.1.2014 hasta el 31.12.2020 · þ Incidencia
financiera desde 2014 hasta 2020 y más allá. ¨ Propuesta/iniciativa de duración
· Ejecución: fase de puesta en marcha desde AAAA hasta AAAA
· y pleno funcionamiento a partir de la última fecha.
1.7. Modo(s) de gestión previsto(s)[20] þ Gestión centralizada directa a cargo de la Comisión þ Gestión centralizada indirecta mediante delegación de las tareas de ejecución en:
· þ agencias
ejecutivas · þ organismos
creados por las Comunidades[21]
· ¨ organismos
nacionales del sector público / organismos con misión de servicio público · ¨personas
a quienes se haya encomendado la ejecución de acciones específicas de
conformidad con el título V del Tratado de la Unión Europea y que estén
identificadas en el acto de base correspondiente a efectos de lo dispuesto en
el artículo 49 del Reglamento Financiero ¨ Gestión compartida con los Estados miembros ¨ Gestión descentralizada con terceros países þ Gestión conjunta con organizaciones internacionales (especifíquense más
Si se indica más
de un modo de gestión, facilítense los detalles en el recuadro de
Observaciones Está
prevista en la exposición de motivos la posibilidad de utilizar una agencia
ejecutiva ya existente para la ejecución total o parcial del Programa. Hasta el
presente no se ha adoptado ninguna decisión en este sentido, y no se ha
efectuado ningún análisis de costes/beneficios, pero la opción debe mantenerse
abierta. La
gestión conjunta es otra opción que cabe plantearse en el futuro. Especialmente
en el caso de las organizaciones internacionales mencionadas en el artículo 6,
apartado 2: Consejo de Europa, Naciones Unidas y OCDE.
2. MEDIDAS DE GESTIÓN 2.1. Disposiciones en materia de seguimiento e
informes Especifíquense la
frecuencia y las condiciones.
La propuesta incluye obligaciones de seguimiento y evaluación. La
consecución de los objetivos específicos será objeto de un seguimiento
periódico sobre la base de los indicadores contenidos en la propuesta.
Además, la Comisión presentará, a mediados de 2018 a más tardar,
un informe de evaluación intermedia sobre la realización de los objetivos del
programa, la eficacia del uso de los recursos y su valor añadido europeo. Se
realizará una evaluación a posteriori sobre el impacto a largo plazo y
la sostenibilidad de los efectos del programa, una vez concluido éste.
2.2. Sistema de gestión y control 2.2.1. Riesgo(s)
definido(s) La DG de Justicia no ha tenido que hacer frente a importantes
riesgos de error en sus programas de gasto. Así lo confirma la repetida
ausencia de hallazgos significativos en los informes anuales del Tribunal de
Cuentas, así como la ausencia de un porcentaje de error residual por encima del
2 % en los últimos años en los informes anuales de actividad de la DG de
Justicia (y de la antigua DG JLS) (con una única excepción en el caso del Programa
Daphne en 2009).
Los principales riesgos identificados son los siguientes:
- riesgo de mala calidad de los proyectos seleccionados y
deficiente ejecución técnica del proyecto, lo que reduciría el impacto de los
programas; en caso de procedimientos de selección inadecuados, falta de
conocimientos especializados o supervisión insuficiente;
- riesgo de uso ineficiente o mala gestión económica de los fondos
adjudicados, tanto para las subvenciones (complejidad del reembolso de los
costes reales subvencionables, junto con unas posibilidades limitadas para
controlar en la sede los costes subvencionables) como para la contratación (a
veces, hay un número limitado de proveedores económicos con los necesarios
conocimientos especializados, lo que implica escasas posibilidades para
comparar las ofertas de precio);
- riesgo relacionado con la capacidad de las organizaciones más
pequeñas (en particular) para controlar eficazmente los gastos, así como para
garantizar la transparencia de las operaciones efectuadas; - riesgo para la reputación de la Comisión si se descubren fraudes
o actividades delictivas; sólo puede obtenerse una garantía parcial de los
sistemas de control interno de terceras partes debido al elevado número de
contratistas y beneficiarios heterogéneos, cada uno con su propio sistema de
control, a menudo de dimensiones reducidas.
Se espera que la mayoría de estos riesgos se reduzcan gracias a
una mejor selección de las propuestas y la utilización de elementos
simplificados incluidos en la revisión trienal del Reglamento Financiero.
2.2.2. Método(s) de control previsto(s) Descripción del sistema de control interno
El sistema de control previsto para el futuro programa constituye
una continuación del actual sistema de control. Está formado por varios
componentes: supervisión de las operaciones por parte de la Unidad de Gestión
del Programa; control a posteriori (verificación financiera) por la
Unidad Central de Presupuesto y Control; el Comité Interno de Contratación
Pública; controles a posteriori de las subvenciones, y auditorías de la
Estructura de Auditoría Interna o el Servicio de Auditoría Interna.
Todas las transacciones estarán sujetas a una verificación previa
por la Unidad de Gestión del Programa y una verificación financiera final por
la Unidad de Control y Presupuesto (excepto las prefinanciaciones de bajo
riesgo). En el caso de las subvenciones, se verificarán con detalle las
declaraciones de gastos y se solicitarán justificantes cuando se considere
necesario sobre la base de una evaluación de riesgos. Todos los procedimientos
de contratación abiertos y restringidos y los procedimientos negociados por
encima de 60 000 EUR serán presentados al Comité Interno de Contratación
Pública para los correspondientes controles antes de que se adopte la decisión
de adjudicación.
El sector de control a posteriori aplicará una «estrategia
de detección» encaminada a detectar un máximo de anomalías con vistas a la
recuperación de los pagos indebidos. Sobre la base de esta estrategia, se
llevarán a cabo auditorías de una muestra de proyectos seleccionados casi
exclusivamente a partir de un análisis de riesgos. Costes y beneficios de los controles
Cabe estimar que entre el 50 % y el 70 % del personal
que participa en la gestión de los programas de financiación actuales lleva a
cabo funciones de control en un sentido amplio (desde la selección de
beneficiarios o contratistas a la aplicación de los resultados de la
auditoría). Esto corresponde a un total de entre 2,1 millones EUR (50 % de
los costes en recursos humanos de 2014 previstos en el punto 3.2.3) y 3,2
millones EUR (70 % de los costes en recursos humanos para 2020 previstos
en el punto 3.2.3). Además, la externalización de las auditorías a
posteriori genera unos costes de entre 75 000 y 100 000 EUR al
año que se financian con créditos de apoyo administrativo. Estos costes
representan entre un 6 % y un 4 % del presupuesto total del programa,
porcentaje decreciente a lo largo del período de siete años debido a que los
créditos anuales aumentarán sustancialmente entre 2014 y 2020, mientras que los
gastos de control se mantendrán relativamente estables.
Gracias a la combinación de controles a priori y a
posteriori, así como controles en la sede y auditorías in situ, en
los últimos años el índice de error residual medio cuantificable fue inferior
al 2 %, con excepción del Programa Daphne en 2009, cuyo nivel de error se
elevó ligeramente por encima del 2 %. Este problema se solucionó un año
después con un aumento de los controles a posteriori sobre el terreno.
Estos controles detectaron y corrigieron los errores restantes en esa
población. Por lo tanto, el sistema de control interno, así como su coste, se
considera adecuado en la DG de Justicia para alcanzar el objetivo de un índice
bajo de error.
No obstante, en este marco, la DG de Justicia seguirá explorando
las posibilidades de mejorar la gestión y aumentar la simplificación. Con la
reducción del número de programas, se aplicarán normas y procedimientos
armonizados, reduciendo el riesgo de error. Además, los instrumentos de simplificación
puestos a disposición en la revisión trienal del Reglamento Financiero se
utilizarán tanto como sea posible, porque es de esperar que contribuirán a
reducir la carga administrativa para los beneficiarios y, por lo tanto,
reducirán simultáneamente los riesgos de error y la carga administrativa para
Resumen de la naturaleza e intensidad de
los controles (actuales)
Resumen de los controles || Importe MEUR || Número de beneficiarios / transacciones (% del total) || Intensidad *(evaluación 1-4) || Cobertura (% del valor) Controles ex ante de todas las transacciones financieras || n.a. || 100 % || 1-4, en función del riesgo y el tipo de transacción || 100 % Controles de las decisiones de adjudicación de contratos por el Comité de Contratación Pública de Justicia || n.a. || 100 % de los procedimientos de contratación pública por encima de 125 000 EUR y de los procedimientos negociados por encima de 60 000 EUR || 4 || 100 % de los procedimientos de contratación pública por encima de 125 000 EUR y de los procedimientos negociados por encima de 60 000 EUR Controles a posteriori de los pagos finales de las subvenciones || n.a. || Un mínimo del 10 % || 4 || Entre el 5 y el 10 % *Intensidad de los
controles: 1. Control administrativo / aritmético
mínimo sin referencia a documentos justificativos.
2. Control con referencia a información
confirmativa que incorpora un elemento de supervisión independiente (por
ejemplo, certificado de auditoría u otra verificación), pero sin referencia a
3. Control con
referencia a información confirmativa totalmente independiente (por ejemplo,
base de datos que justifica determinados elementos de la reclamación,
evaluación por terceros por la Comisión de los logros alcanzados, etc.).
4. Control con
referencia y con el acceso a la documentación de apoyo disponible en la fase
del procedimiento en cuestión, para todas los insumos y resultados (por
ejemplo, fichas horarias, facturas, verificación física, etc.); es decir,
control con la misma intensidad de las transacciones que el llevado a cabo por
el Tribunal de Cuentas en el marco de la DAS.
2.3. Medidas de prevención del fraude y de las
irregularidades Especifíquense
las medidas de prevención y protección existentes o previstas.
Ya se aplican o se pondrán en práctica diferentes medidas para el
futuro Programa de Derechos y Ciudadanía con el fin de prevenir el fraude y las
irregularidades. La propuesta contiene en su artículo 11 una disposición sobre
la protección de los intereses financieros de la Unión Europea. En consonancia
con la estrategia de lucha contra el fraude de la Comisión (CAFS), adoptada en
junio de 2011, la Dirección General de Justicia está elaborando una estrategia
de lucha contra el fraude que cubra todo el ciclo del gasto, teniendo en cuenta
la proporcionalidad y la relación coste/beneficio de las medidas que se hayan
de aplicar. Esta estrategia se basará en dos pilares: prevención, basada en
unos controles eficaces, y respuesta adecuada, en caso de fraude o
irregularidades, consistente en la recuperación de las cantidades pagadas
indebidamente y, en su caso, en la aplicación de sanciones efectivas,
proporcionales y disuasorias. La estrategia de lucha contra el fraude describe
el sistema de controles a priori y a posteriori, sobre la base de
un sistema de banderas rojas, y especifica los procedimientos a seguir por el
personal cuando se detecten fraudes o irregularidades. También proporciona
información sobre los acuerdos de trabajo con la OLAF.
PROPUESTA/INICIATIVA 3.1. Rúbrica(s) del Marco Financiero Plurianual
y línea(s) presupuestaria(s) de gastos afectada(s) (1)
Nuevas líneas presupuestarias solicitadas En el orden de las rúbricas del Marco Financiero
Plurianual y de las líneas presupuestarias.
Rúbrica del Marco Financiero Plurianual || Línea presupuestaria || Tipo de gasto || Contribución Número [Rúbrica…………………………………..] || CD/CND || de países de la AELC || de países candidatos || de terceros países || a efectos de lo dispuesto en el artículo 18.1.a bis) del Reglamento Financiero [3…] || [33 01 04.YY] Programa de Derechos y Ciudadanía || [CND || SI || SÍ || NO || NO [3…] || [33 YY YY YY] Programa de Derechos y Ciudadanía || [CD…] || SÍ || SÍ || NO || NO || || || || || || 3.2. Incidencia estimada en los gastos 3.2.1. Resumen de la incidencia estimada en los
gastos En millones EUR (al tercer decimal)
Rúbrica del Marco Financiero Plurianual: || Número || [Rúbrica 3 – Seguridad y ciudadanía] DG: Justicia || … insértense tantos años como sea necesario para reflejar la duración de la incidencia (véase el punto 1.6) || || Año 2014[22] || Año 2015 || Año 2016 || Año 2017 || Año 2018 || Año 2019 || Año 2020 || Después de 2020 || TOTAL  Créditos de operaciones || || || || || || || || || Número de la línea presupuestaria -33 xx xx || Compromisos || (1) || 42,400 || 47,900 || 53,900 || 60,900 || 67,900 || 74,900 || 83,400 || || 431,300 Pagos || (2) || 17,100 || 27,700 || 39,800 || 49,000 || 59,100 || 65,900 || 73,300 || 99,400 || 431,300 Número de la línea presupuestaria || Compromisos || (1a) || || || || || || || || || Pagos || (2a) || || || || || || || || || Créditos de carácter administrativo financiados con cargo a la dotación de determinados programas operativos[23]* || || || || || || || || || Número de línea presupuestaria 33 01 04 yy || || (3) || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || || 7,700 TOTAL de los créditos para la DG Justicia || Compromisos || =1+1a +3 || 43,500 || 49,000 || 55,000 || 62,000 || 69,000 || 76,000 || 84,500 || || 439,000 Pagos || =2+2a +3 || 18,200 || 28,800 || 40,900 || 50,100 || 60,200 || 67,000 || 74,400 || 99,400 || 439,000 *La Comisión podrá prever (parcialmente)
la externalización de la ejecución del Programa a las agencias ejecutivas
existentes. Los importes y las imputaciones se ajustarán en caso necesario en
función de los resultados del proceso de externalización.
 TOTAL de los créditos de operaciones || Compromisos || (4) || 42,400 || 47,900 || 53,900 || 60,900 || 67,900 || 74,900 || 83,400 || || 431,300 Pagos || (5) || 17,100 || 27,700 || 39,800 || 49,000 || 59,100 || 65,900 || 73,300 || 99,400 || 431,300  TOTAL de los créditos de carácter administrativo financiados con cargo a la dotación de programas específicos || (6) || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || || 7,700 TOTAL de los créditos de la RÚBRICA 3 del Marco Financiero Plurianual || Compromisos || =4+ 6 || 43,500 || 49,000 || 55,000 || 62,000 || 69,000 || 76,000 || 84,500 || || 439,000 Pagos || =5+ 6 || 18,200 || 28,800 || 40,900 || 50,100 || 60,200 || 67,000 || 74,400 || 99,400 || 439,000 Rúbrica del Marco Financiero Plurianual: || 5 || «Gastos administrativos» En millones EUR (al tercer decimal)
|| || Año 2014 || Año 2015 || Año 2016 || Año 2017 || Año 2018 || Año 2019 || Año 2020 || Después de 2020 || TOTAL DG de JUSTICIA || ||  Recursos humanos || 4,185 || 4,247 || 4,165 || 4,254 || 4,344 || 4,433 || 4,522 || || 30,150  Otros gastos administrativos || 0,054 || 0,055 || 0,056 || 0,057 || 0,059 || 0,060 || 0,061 || || 0,402 Total de la DG de JUSTICIA || Créditos || 4,239 || 4,302 || 4,221 || 4,311 || 4,403 || 4,493 || 4,583 || || 30,552 TOTAL de los créditos de la RÚBRICA 5 del Marco Financiero Plurianual || (Total compromisos = Total pagos) || 4,239 || 4,302 || 4,221 || 4,311 || 4,403 || 4,493 || 4,583 || || 30,552 En millones EUR (al tercer decimal)
|| || Año 2014 || Año 2015 || Año 2016 || Año 2017 || Año 2018 || Año 2019 || Año 2020 || || TOTAL TOTAL de los créditos de las RÚBRICAS 1 a 5 del Marco Financiero Plurianual || Compromisos || 47,739 || 53,302 || 59,221 || 66,311 || 73,403 || 80,493 || 89,083 || || 469,552 Pagos || 22,439 || 33,102 || 45,121 || 54,411 || 64,603 || 71,493 || 78,983 || 99,400 || 469,552 3.2.2. Incidencia estimada en los créditos de
operaciones · ¨ La
propuesta/iniciativa no exige la utilización de créditos de operaciones · þ La
propuesta/iniciativa exige la utilización de créditos de operaciones, tal como
se explica a continuación. No es posible para la DG de Justicia facilitar una
lista exhaustiva de todos los resultados que deben alcanzarse por medio de la
intervención financiera en el marco del programa, sus costes medios y cifras,
tal y como se solicita en el presente apartado. No existen actualmente herramientas
estadísticas que permitan establecer los costes medios sobre la base de los
programas actuales, y una definición exacta sería contraria al principio de que
el futuro programa debe proporcionar suficiente flexibilidad para responder a
las prioridades políticas entre 2014-2020. Sin embargo, esta es una lista (no
exhaustiva) de los resultados esperados:
– Número
de personas en el grupo destinatario a las que se han dirigido las actividades
de interesados que participan, entre otras cosas, en la creación de redes,
intercambios, visitas de estudio.
de casos de cooperación transfronteriza, incluida la utilización de herramientas
informáticas y procedimientos europeos.
– Iniciativas políticas diseñadas sobre la
base de las evaluaciones, y evaluaciones de impacto, y elaboradas a partir de
consultas generales a las partes interesadas y expertos.
– Número de evaluaciones y evaluaciones de
impacto efectuadas como consecuencia de la ejecución del programa;
Indíquense los objetivos y los resultados ò || || || Año 2014 || Año 2015 || Año 2016 || Año 2017 || Año 2018 || Año 2019 || Año 2020 || TOTAL RESULTADOS Tipo de resultado[24] || Coste medio del resultado || Número de resultados || Coste || Número de resultados || Coste || Número de resultados || Coste || Número de resultados || Coste || Número de resultados || Coste || Número de resultados || Coste || Número de resultados || Coste || Número total de resultados || Total Coste OBJETIVO ESPECÍFICO nº 1[25]… || || || || || || || || || || || || || || || || Resultados || || || || || || || || || || || || || || || || || || Resultados producto || || || || || || || || || || || || || || || || || || Resultados || || || || || || || || || || || || || || || || || || Subtotal del objetivo específico nº 1 || || || || || || || || || || || || || || || || OBJETIVO ESPECÍFICO n° 2… || || || || || || || || || || || || || || || || Resultados || || || || || || || || || || || || || || || || || || Subtotal del objetivo específico nº 2 || || || || || || || || || || || || || || || || COSTE TOTAL || || || || || || || || || || || || || || || || 3.2.3. Incidencia estimada en los créditos de
3.2.3.1. Resumen · ¨ La
propuesta/iniciativa no exige la utilización de créditos administrativos · þ La
propuesta/iniciativa exige la utilización de créditos administrativos, tal como
se explica a continuación:
En millones EUR
(al tercer decimal)
|| Año 2014[26] || Año 2015 || Año 2016 || Año 2017 || Año 2018 || Año 2019 || Año 2020 || TOTAL RÚBRICA 5 del Marco Financiero Plurianual || || || || || || || || Recursos humanos || 4,185 || 4,247 || 4,165 || 4,254 || 4,344 || 4,433 || 4,522 || 30,150 Otros gastos administrativos || 0,054 || 0,055 || 0,056 || 0,057 || 0,059 || 0,060 || 0,061 || 0,402 Subtotal para la RÚBRICA 5 del Marco Financiero Plurianual || 4,239 || 4,302 || 4,221 || 4,311 || 4,403 || 4,493 || 4,583 || 30,552 Fuera de la RÚBRICA 5 del Marco Financiero Plurianual[27] || || || || || || || || Recursos humanos || || || || || || || || Recursos humanos de carácter administrativo || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 7,700 Subtotal al margen de la RÚBRICA 5 del Marco Financiero Plurianual || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 7,700 TOTAL || 5,339 || 5,402 || 5,321 || 5,411 || 5,503 || 5,593 || 5,683 || 38,252 La Comisión podrá prever la
externalización (parcial) de la ejecución del Programa a las agencias
ejecutivas existentes. Los importes y las imputaciones se ajustarán en caso
necesario en función de los resultados del proceso de externalización.
3.2.3.2. Necesidades
estimadas de recursos humanos · ¨ La
propuesta/iniciativa no exige la utilización de recursos humanos · þ La
propuesta/iniciativa exige la utilización de recursos humanos, tal como se
Estimación que debe expresarse en
unidades de equivalente a jornada completa || || Año 2014 || Año 2015 || Año 2016 || Año 2017 || Año 2018 || Año 2019 || Año 2020  Empleos de plantilla (puestos de funcionarios y agentes temporales, en equivalente a jornada completa: EJC) || || 33 01 01 01 (Sede y Oficinas de Representación de la Comisión) || 30,75 || 30,75 || 29,75 || 29,75 || 29,75 || 29,75 || 29,75 || XX 01 01 02 (Delegaciones) || || || || || || || || XX 01 05 01 (Investigación indirecta) || || || || || || || || 10 01 05 01 (Investigación directa) || || || || || || || ||  Personal externo (en unidades de equivalente a jornada completa: EJC)[28] || || 33 01 02 01 (AC, INT, ENCS de la dotación global) || 0,5 || 0,5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || XX 01 02 02 (AC, INT, JED, AL y ENCS en las delegaciones) || || || || || || || || XX 01 04 yy[29] || - en la sede[30] || || || || || || || || - en las delegaciones || || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, INT y ENCS; investigación indirecta) || || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, INT, ENCS; Investigación directa) || || || || || || || || Otras líneas presupuestarias (especifíquese) || || || || || || || || TOTAL || 31,25 || 31,25 || 29,75 || 29,75 || 29,75 || 29,75 || 29,75 33 es
la política o título presupuestario correspondiente.
Las necesidades en
materia de recursos humanos las cubrirá el personal de la DG ya destinado a la
imperativos presupuestarios existentes. Los importes y las imputaciones se
ajustarán en caso necesario en función de los resultados del proceso de
las tareas que deben llevarse a cabo:
Funcionarios y agentes temporales || Las tareas que deben realizarse comprenden todas las tareas necesarias para la gestión del programa, tales como: –aportar información para el procedimiento presupuestario; – preparar programas de trabajo anuales/decisiones de financiación, establecer las prioridades anuales; – gestionar las convocatorias de propuestas y licitaciones y los procedimientos de selección subsiguientes; - comunicar con las partes interesadas (potenciales/beneficiarios reales, Estados miembros, etc.); – gestionar los proyectos operativa y financieramente; – realizar controles, según lo descrito anteriormente (verificación a priori, comité de contratación, auditorías a posteriori, auditoría interna); – contabilidad; – desarrollar y gestionar herramientas informáticas de gestión de las subvenciones; – supervisar y elaborar informes sobre la consecución de objetivos, incluidos los IAA y los informes del Ordenador Subdelegado. Personal externo || Las tareas son similares a las de los funcionarios y los agentes temporales, excepto aquellas tareas que no puedan ser realizadas por personal externo. 3.2.4. Compatibilidad con el Marco Financiero
Plurianual vigente · þ La
propuesta/iniciativa es compatible con el próximo Marco Financiero Plurianual.
· ¨ La
propuesta/iniciativa implicará la reprogramación de la rúbrica correspondiente
del Marco Financiero Plurianual.
Explíquese la reprogramación requerida,
precisando las líneas presupuestarias afectadas y los importes
propuesta/iniciativa requiere la aplicación del Instrumento de Flexibilidad o
la revisión del Marco Financiero Plurianual[31].
Explíquese qué es lo que se requiere,
precisando las rúbricas y líneas presupuestarias afectadas y los importes
3.2.5. Contribución de terceros · þ La
propuesta/iniciativa no prevé la cofinanciación por terceros · ¨ La
propuesta/iniciativa prevé la cofinanciación que se estima a continuación:
|| Año 2014 || Año 2015 || Año 2016 || Año 2017 || Año 2018 || Año 2019 || Año 2020 || Total Especifíquese el organismo de cofinanciación || || || || || || || || TOTAL de los créditos cofinanciados || || || || || || || || 3.3. Incidencia estimada en los ingresos · ¨ La
propuesta/iniciativa no tiene incidencia financiera en los ingresos.
· þ La
propuesta/iniciativa tiene la incidencia financiera que se indica a
¨ en los recursos propios þ en los ingresos diversos En millones EUR (al tercer decimal)
Línea presupuestaria de ingresos: || Créditos disponibles para el ejercicio presupuestario en curso || Incidencia de la propuesta/iniciativa[32] Año 2014 || Año 2015 || Año 2016 || Año 2017 || Año 2018 || Año 2019 || Año 2020 Artículo 6xxxx … … … … … … … … … … … … … || || || || || || || || En el caso de los
de gasto en la(s) que repercuta(n).
[33, yyyyyy …] Línea de ingresos Especifíquese el
método de cálculo de la incidencia en los ingresos.
Los ingresos no se conocen en esta fase y dependerán de la participación
de los países candidatos en el programa.
[1] Comunicación
sobre la revisión del presupuesto de la UE, COM (2010) 700 final de 19.10.2010.
[2] Documento de trabajo de los servicios de la Comisión,
«Un presupuesto para Europa 2020: el actual sistema de financiación, los retos
que le aguardan, los resultados de la consulta a los interesados y distintas
opciones sobre las principales cuestiones horizontales y sectoriales», SEC
(2011) 868 final, que acompañan a la Comunicación «Un presupuesto para Europa 2020»,
COM (2011) 500 final de 29.6.2011.
[4] Programa de Justicia Civil (JCIV), Programa de Justicia
Penal (JPEN), Programa de Derechos Fundamentales y Ciudadanía (FRC), Programa
Daphne III (DAP), Programa de Información y Prevención en materia de Drogas
(DPIP) y las secciones «No Discriminación y Diversidad» e «Igualdad de Género» del
Programa para el Empleo y la Solidaridad Social (PROGRESS). [5] Informe intermedio de evaluación sobre los resultados
obtenidos y los aspectos cualitativos y cuantitativos de la ejecución del
programa de financiación «Justicia Civil», COM (2011) 351 final de 15.6.2011; Informe
intermedio de evaluación del Programa «Justicia Penal», COM (2011) 255 final de
11.5.2011; Informe de evaluación intermedia del programa «Derechos
fundamentales y ciudadanía» para el período 2007-2013, COM (2011) 249 final de
5.5.2011; Informe de evaluación intermedia del «Programa Daphne III 2007-2013»,
COM (2011) 254 final de 11.5.2011; Informe sobre la evaluación intermedia del
Programa Específico de «Información y Prevención en materia de Drogas» (PIPD)
2007-2013, COM (2011) 246 final de 5.5.2011.
[6] DO C 115 de 4.5.2010, p. 115.
[7] COM(2010) 2020 final de 3.3.2010.
[8] COM(2011) 500 de 29.6.2011.
[9] DO L 110 de 27.4.2007, p. 33 y corrigendum, DO L
141 de 2.6.2007.
[10] DO L 173 de 3.7.2007, p. 19.
[11] DO L 315 de 15.11.2006, p.1. [12] COM(2010)
700 de 19.10.2010.
[14] DO L xxx de
xx.xx.xxxx, p. xx.
[15] DO L xx, xx, p. xx.
[16] DO L xx, xx, p. xx.
[17] DO L 292 de 15.11.1996, p. 2.
[18] GPA: gestión por actividades; PPA: presupuestación por
[19] Tal como se contempla en el artículo 49, apartado 6, letra
a) o b), del Reglamento Financiero.
[20] Las explicaciones sobre los modos de gestión y las
referencias al Reglamento Financiero pueden consultarse en el sitio BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
[21] Con arreglo al artículo 185 del Reglamento
[22] El año «N» es el año de comienzo de la ejecución de la
[23] Asistencia técnica y/o administrativa y gastos de apoyo a
la ejecución de programas y/o acciones de la UE (antiguas líneas «BA»),
investigación indirecta, investigación directa.
[24] Los resultados deben entenderse como productos que se
suministrarán y servicios que se prestan (por ejemplo: número de intercambios
de estudiantes financiados, número de km de careteras construidos, etc.) [25] Tal como se describe en el punto 1.4.2. «Objetivo(s)
específico(s)…»
[26] El año «N» es el año de comienzo de la ejecución de la
[27] Asistencia técnica y/o administrativa y gastos de apoyo a
[28] AC = agente contractual; INT = personal interino
(«intérimaires»); JED = joven experto en delegación; AL = agente local; ENCS =
experto nacional en comisión de servicios. [29] Por debajo del límite de personal externo con cargo a
créditos de operaciones (antiguas líneas «BA»).
[30] Básicamente para los Fondos Estructurales, el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo Europeo de Pesca
(FEP).
[31] Véanse los apartados 19 y 24 del Acuerdo
[32] Por lo que se refiere a los recursos propios tradicionales
(derechos de aduana, cotizaciones sobre el azúcar), los importes indicados
deben ser importes netos, es decir, importes brutos tras la deducción del
25 % de los gastos de recaudación.