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Timestamp: 2020-01-18 20:36:26
Document Index: 28760298

Matched Legal Cases: ['artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 38', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 43', 'artículo 64']

DELITOS VIOLENTOS Y CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL. Ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual - PsicologoForense.com
DELITOS VIOLENTOS Y CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL. Ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual
RCL1995\3319Legislación (DisposiciónVigentea28/3/2007)
Ley 35/1995, de 11 diciembre
JEFATURA DEL ESTADO BOE 12 diciembre 1995, núm. 296, [pág. 35576];
EXPOSICION DE MOTIVOS I.
Por otra parte, en el ámbito interno, el fenómeno de la victimización ha encontrado eco en los programasde partidos políticos y en iniciativas parlamentarias desde hace una década. III.
La revisión en vía administrativa de las resoluciones de dicho Departamento se encomienda a una Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, creada al amparo de las previsiones del artículo 107.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (RCL 1992\2512, 2775 y RCL 1993, 246). Se considera que un procedimiento de impugnación ante una Comisión integrada por representantes de distintos Departamentos y, eventualmente, por representantes de organizaciones o sectores sociales especialmente vinculados a este tema permitirá una actuación más ajustada que la vía clásica del recurso administrativo ante el órgano superior jerárquico.
La concesión de la ayuda se condiciona, como regla general, a que se haya producido la resolución judicial firme que ponga fin al proceso penal. Los plazos con los que trabaja la Justicia penal hacen que esta solución sea insatisfactoria en aquellos casos en los que la precaria situación de la víctima reclame una ayuda económica desde el momento en que se ha cometido el delito. La Ley contempla la concesión
de ayudas provisionales, atendiendo a la precaria situación de la víctima del delito.
b) Los hijos del fallecido, siempre que dependieran económicamente de él, con independencia de su
filiación y edad, o de su condición de póstumos.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, procederá el eventual abono de toda o parte de la ayuda regulada en la presente Ley y normas de desarrollo cuando el culpable del delito haya sido declarado en situación de insolvencia parcial, sin que en ningún caso pueda percibirse por ambos conceptos importe
mayor del fijado en la resolución judicial.
Incapacidad permanente parcial: cuarenta mensualidades. Incapacidad permanente total: sesenta mensualidades. Incapacidad permanente absoluta: noventa mensualidades. Gran invalidez: ciento treinta mensualidades.
a) La situación económica de la víctima y del beneficiario. b) El número de personas que dependieran económicamente de la víctima y del beneficiario.
Será procedente la concesión de esta ayuda aun cuando las lesiones o daños sufridos por la víctima no
sean determinantes de incapacidad temporal.
Este procedimiento de impugnación tendrá carácter sustitutivo del recurso ordinario, en los términos del artículo 107.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (RCL 1992\2512, 2775 y RCL 1993, 246), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
1. Las solicitudes de las ayudas, dirigidas al Ministerio de Economía y Hacienda, se podrán presentar por el interesado o por su representante en cualquiera de las formas previstas por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (RCL 1992\2512, 2775 y RCL 1993, 246), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y contendrán los extremos a que se refiere el artículo 70.1 de dicha Ley (RCL 1992\2512, 2775 y RCL 1993, 246).
e) Copia de la resolución judicial firme que ponga fin al proceso penal, ya sea sentencia, auto de rebeldía o que declare el archivo por fallecimiento del culpable, o declare el sobreseimiento provisional de la causa o el sobreseimiento libre por darse los supuestos previstos por los artículos 641.2oLEG 1882\16 o 637.3oLEG 1882\16 de la Ley de Enjuiciamiento CriminalLEG 1882\16, respectivamente.
3. La solicitud de ayuda provisional deberá contener, además de los extremos a que se refiere el artículo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (RCL 1992\2512, 2775 y RCL 1993, 246), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los siguientes datos:
2. La impugnación podrá fundarse en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (RCL 1992\2512, 2775 y RCL 1993, 246), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4. Transcurridos tres meses desde la formulación de la impugnación sin que se adopte acuerdo por la Comisión Nacional, se podrá entender desestimada la impugnación, salvo en el supuesto previsto por el artículo 43.3 b) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (RCL 1992\2512, 2775 y RCL 1993, 246), y quedará expedita la vía del recurso contencioso-administrativo.
d) Cuando la indemnización reconocida en la sentencia sea inferior a la ayuda provisional. CAPITULO II
2. Con el fin de homogeneizar paulatinamente el régimen jurídico de las víctimas de los delitos, se habilita al Gobierno para modificar el régimen de resarcimientos por daños a las víctimas de bandas armadas y elementos terroristas, contemplado por el artículo 64RCL 1987\2660 de la Ley 33/1987 (RCL 1987\2660), con las modificaciones introducidas en dicho precepto por la disposición adicional decimosextaRCL 1990\1336 de la Ley 4/1990 (RCL 1990\1336), y por la disposición adicional decimonovenaRCL 1991\3025 de la Ley 31/1991 (RCL 1991\3025) , todo ello sin perjuicio de las especialidades propias de este último sistema.
Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente Ley los daños y perjuicios contemplados por la Ley 52/1984, de 26 de diciembre (RCL 1985\6), de Protección de Medios de Transporte por Carretera que se hallen en territorio español realizando viajes de carácter internacional, cuya indemnización se resolverá mediante la aplicación de su legislación especial.
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