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Timestamp: 2017-06-28 15:46:54
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Matched Legal Cases: ['artículo 65', 'artículo 65', 'artículo 65', 'artículo 88', 'artículo 49', 'artículo 2', 'artículo 40']

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[Sentencia C-012/10] Constitucionalidad contra el numeral 6º del artículo 65 la Ley 472 de 1998- Acción pública de inconstitucionalidad, Derecho político
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2. Mediante Auto del cuatro (4) de junio del año en curso, el suscrito Magistrado inadmitió la demanda de la referencia, al advertir que fue recibida sin presentación personal . De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 2067 de 1992, el suscrito Magistrado concedió tres días al actor para que subsanara su demanda.
3. Según informe de la Secretaría General de la Corte , el proveído anterior fue notificado por medio del estado N° 83 del ocho (8) de junio de 2009 y el demandante, el once (11) de junio de 2009, dentro del término de ejecutoria, presentó escrito de corrección de su demanda. 4. Revisado el documento, el Despacho ponente encontró que se cumplió con la exigencia de la acreditación de la presentación personal ante el Notario Primero del Círculo de Pereira. En consecuencia, mediante Auto del veinticuatro (24) de junio de dos mil nueve (2009), se dispuso admitir la demanda y darle el respectivo trámite. Cumplidas las etapas constitucionales y legales propias de los procesos de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca del presente asunto.
Diario Oficial No. 43.357, de 6 de agosto de 1998 Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones. (…)
6. La liquidación de los honorarios del abogado coordinador, que corresponderá al diez por ciento (10%) de la indemnización que obtengan cada uno de los miembros del grupo que no hayan sido representados judicialmente.” 2. Del contenido de la demanda
3.1.	Intervención del Ministerio del Interior y de Justicia.
3.2.	Intervención de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
3.3.	Intervención del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Beatriz Londoño Toro, Álvaro José Cadavid Jiménez y Nayid Abu Pager, en representación del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario (en adelante GAP), consideraron que la expresión demandada era constitucional con base en los siguientes argumentos. En primer lugar, explicaron que, en virtud del artículo 49 de la Ley 472 de 1998, fue voluntad del legislador establecer como “requisito procesal para interponer una acción de grupo la presencia de uno o varios abogados que representen los intereses de las victimas” y que, consecuentemente, tengan “conocimientos en este tipo de acciones constitucionales”. Manifestaron que “la misma norma en su inciso segundo establece la figura del coordinador” que se refiere a aquel abogado, elegido por un comité, que representa al mayor número de víctimas en la acción de grupo, en aquellos eventos en los cuales hay pluralidad de abogados que representan a las víctimas.
Finalmente, consideraron que la norma demandada era exequible porque el pago de honorarios legales incentivaba a los abogados a hacer un trabajo diligente que se vería reflejado en la indemnización y reparación de las víctimas de un daño y, en esta medida, los beneficiarios de la norma demandada eran los miembros del grupo afectado. 3.4.	Intervención de la Universidad Externado de Colombia. El ciudadano Juan Carlos Guayacán Ortiz, docente investigador de la Universidad Externado de Colombia, solicitó que la expresión acusada fuera declarada exequible debido a que “el demandante interpreta de manera errónea el sentido de la disposición acusada, pues ésta en ningún momento determina que el pago efectivo de los honorarios del abogado coordinador deba ser deducido de las indemnizaciones individuales de cada uno de los miembros que estuvieron ausentes. Lo que la norma estipula es que dicha remuneración se calculará sobre la base de un 10% de lo que ellos reciban. Naturalmente, el pago le corresponde hacerlo al demandado, y le será atribuido a través de las agencias en derecho, que en este caso específico se calcula sobre el 10% de la indemnización por disposición expresa del legislador”.
3.5.	Intervención de la Defensoría del Pueblo. Fernando Iregui Camelo, actuando en condición de Defensor Delegado para Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo, solicitó a esta Corporación la declaración de inexequibilidad de la expresión “que obtengan cada uno de los miembros del grupo que no hayan sido representados judicialmente” y la exequibilidad condicionada de la expresión “La liquidación de los honorarios del abogado coordinador, que corresponderá la diez por ciento (10%) de la indemnización” contenidas en la norma acusada. Por un lado, consideró que el concepto de costas “comprende, tanto las expensas o gastos del proceso, como las agencias en derecho o pago de honorarios de abogado”. Se trata de “un deber para la parte que resulta vencida en el juicio y un derecho para quien resulta victorioso en el mismo” y en esta medida, en virtud de este concepto, “surge (…) un verdadero derecho de la parte que ha obtenido una sentencia favorable a que los gastos efectuados le sean reembolsados, garantía que aparece entonces incorporada como elemento del debido proceso”. Una vez establecido que los honorarios de los abogados hacen parte de las costas procesales, el interviniente afirmó que el numeral 5 del art. 65 de la Ley 472 de 1998 ordenaba la liquidación de las costas a cargo de la parte vencida. Es decir que ordenaba a la parte vencida el pago de las expensas judiciales y de los honorarios de abogado. A su vez, el numeral 6 acusado disponía que los beneficiarios de la sentencia no presentes durante el proceso debían pagar los honorarios del abogado coordinador.
Esta aparente contradicción, en opinión de la Defensoría, debía entenderse en el sentido en el que “el pago [de los honorarios] está a cargo de quienes han resultado beneficiados con la sentencia y se adhieren al grupo luego de concluido el proceso”, pues de lo contrario existiría un doble cobro por el mismo concepto a favor del abogado coordinador (el pago de las costas y el pago del 10% de la indemnización a favor de los beneficiarios de la sentencia que no se hubieran hecho parte en el proceso). En este contexto, manifestó que se debía declarar la inexequibilidad de la expresión acusada pues no existía “una fuente legal que permita atribuir a quienes se incorporan luego de la sentencia al grupo beneficiario de ella, la obligación de pagar honorarios por concepto de una representación legal que no ha tenido ocurrencia en el proceso”. En efecto, en el caso concreto “no existe una manifestación de la voluntad por parte de las personas que no han concurrido en el proceso y, desde luego, la ley no puede presumir o suplantar dicha manifestación de voluntad”. En esta medida, falta uno de los elementos esenciales para que una persona se obligue para con otra y, por lo tanto, “las personas que no han integrado el grupo original en la acción de grupo no están obligadas a pagar el 10% por concepto de honorarios” y “el abogado carece de fuente jurídica para cobrar [dichos] honorarios”. Por otra parte, de acuerdo a la intervención, la norma acusada violaba el derecho a la igualdad “de las personas que ingresan al grupo con posterioridad a la sentencia” porque en los procesos de otras jurisdicciones “es la parte que resulta vencida la que es obligada al pago de las costas del proceso, incluidos los honorarios del abogado, y no la parte vencedora la que debe asumir, con cargo a los derechos que han ingresado a su patrimonio, dichos gastos”. En este mismo sentido, afirmó que, teniendo en cuenta que el debido proceso es “el conjunto de garantías, deberes y derechos (…) exigidos a las personas que se ven involucradas en una actuación judicial”, la expresión acusada violaba el debido proceso en la medida en la que el pago de las costas constituía un deber para la parte vencida y, correlativamente, un derecho para la parte victoriosa. Por los motivos antes expuestos, el interviniente consideró que se debía retirar del ordenamiento la expresión impugnada para poner “en pie de igualdad a todos aquellos que integran el grupo beneficiario de la indemnización decretada en la sentencia, independientemente de si arribaron al grupo luego de proferida ésta”. Sin embargo, consideró que la Corte debía declarar la constitucionalidad condicionada de la expresión “La liquidación de los honorarios del abogado coordinador, que corresponderá al diez por ciento (10%) de la indemnización”, para que la indemnización fuera entendida “como simple punto de apoyo para el cálculo del monto que corresponde por dicho concepto al abogado coordinador, monto que, en todo caso, debe ser incluido dentro de las costas que son de cargo de la parte vencida en el juicio. De esta manera, se hace una correspondencia entre el concepto de costas que trae el Código de Procedimiento Civil y el derecho del abogado a percibir un monto fijo por concepto de honorarios, sin perjuicio del derecho que asiste a los miembros del grupo de percibir el monto total de su indemnización”. 3.6.	Intervención de la Universidad Sergio Arboleda.
En último lugar, aclararon que la suma que según la norma deben pagar los beneficiarios de la sentencia que no se hubieran hecho parte en el proceso, no corresponde al concepto de agencias en derecho, pues “estas personas no son partes en el proceso y no tienen ninguna relación contractual con el abogado coordinador”. Esa suma, según los intervinientes, corresponde a una “contraprestación debido al trabajo de representación del abogado coordinador” en virtud del cual las demás víctimas del daño, que no participaron en el proceso, recibieron una indemnización. 3.7.	Intervención del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Martín Bermúdez Muñoz, en su calidad de Miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, intervino en la presente demanda para solicitar la declaratoria de exequibilidad de la expresión acusada. Para fundamentar su posición, explicó que la expresión acusada establecía un mecanismo para remunerar al abogado coordinador por su labor. Así, la ley consagró una cuota de honorarios que debía ser pagada por aquellas personas que, aunque se beneficiaron con la sentencia, nunca constituyeron abogado ni pagaron “como sí lo hicieron los que participaron en la acción”. A continuación, expresó que, si se declara la inexequibilidad de la cuota de honorarios consagrada en la expresión demandada, “habría que concluir que es inconstitucional que los abogados pacten con sus clientes honorarios, en la medida en que – cualquier suma que éstos deban pagar- reduce el monto de la suma que tienen derecho a recibir”. Por otra parte, manifestó que la norma acusada no violaba el principio legal a la reparación integral pues “tal principio es un propósito que en la mayoría de los casos [es] imposible de cumplir, pues determinar el valor de una indemnización implica – en la gran mayoría de los casos – suponer situaciones que no existieron en realidad, y que se habrían presentado en el futuro sólo si no hubieses existido el daño”. El hecho de que “el demandante deba pagar honorarios (…) no atenta contra ese principio. Ese pago se realiza en desarrollo de un contrato o en cumplimiento de un mandato legal como ocurre con el caso de la norma demandada”. Finalmente, consideró que el mecanismo de remuneración consagrado en la norma acusada era “esencial para la adecuada marcha de la acción de grupo” pues “de no existir (…) no habría en realidad un incentivo para que estas acciones se iniciaran y el mecanismo fracasaría”. II. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.
2.1. Esta Corporación, de manera reiterada y en concordancia con lo prescrito por el artículo 2º del Decreto Ley 2067 de 1991, ha sostenido que cuando un ciudadano ejerce la acción pública de inconstitucionalidad contra una norma determinada, debe señalar con precisión: (a) el objeto normativo demandado, (b) el concepto de la violación y (c) la razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto” .
El segundo elemento señalado, esto es, el concepto de la violación, debe contener necesariamente las razones por las que quien acuse una disposición normativa considera que ésta vulnera la Constitución Política. Por este motivo, se ha precisado que, a partir de lo dispuesto en el Decreto 2067 de 1991, al ciudadano le corresponde (i) hacer ‘el señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas’; (ii) exponer el contenido normativo de las disposiciones constitucionales que supuestamente contrarían las normas demandadas; y (iii) presentar las razones por las cuales los textos normativos demandados violan la Constitución.
En relación con el tercer requerimiento, la jurisprudencia constitucional ha construido reglas suficientemente definidas sobre las condiciones de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia que deben cumplir las razones que fundamentan el cargo de constitucionalidad. 2.1.1. La claridad de un cargo se predica cuando la demanda contiene una coherencia argumentativa tal que permite a la Corte identificar con nitidez el contenido de la censura y su justificación. Aunque, dado el carácter público de la acción de inconstitucionalidad, no resulta exigible la adopción de una técnica específica, como sí sucede en otros procedimientos judiciales, ello no significa que el demandante se encuentre relevado de presentar las razones que sustentan los cargos propuestos de modo tal que sean plenamente comprensibles.
2.1.3. El requisito de especificidad resulta acreditado cuando la demanda contiene al menos un cargo concreto, de naturaleza constitucional, en contra de las normas que se advierten contrarias a la Carta Política. Este requisito refiere, en estas condiciones, a que los argumentos expuestos por el demandante sean precisos, ello en el entendido que “el juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales” que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan. Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad.” (subraya fuera de texto).
2.1.4. Las razones que sustentan el concepto de la violación son pertinentes en tanto estén construidas con base en argumentos de índole constitucional, esto es, fundados “en la apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado.” . En ese sentido, cargos que se sustenten en simples consideraciones legales o doctrinarias; la interpretación subjetiva de las normas acusadas por parte del demandante y a partir de su aplicación en un problema particular y concreto; o el análisis sobre si la conveniencia de las disposiciones consideradas inconstitucionales, entre otras censuras, incumplen con el requisito de pertinencia del cargo de inconstitucionalidad.
2.1.5. Por último, la condición de suficiencia ha sido definida por la jurisprudencia como la necesidad de que las razones de inconstitucionalidad guarden relación “en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche; (…) Por otra parte, la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prime facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, sí despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional.” También resulta importante recordar que en la reciente sentencia C-405 de 2009 esta Corporación sobre cada uno de estos requisitos sostuvo lo siguiente: “La jurisprudencia de la Corte ha establecido un precedente reiterado sobre los requisitos sustanciales del cargo de inconstitucionalidad. Esta doctrina ha partido de considerar que la acción pública es una modalidad de ejercicio del derecho político previsto en el artículo 40-6 C.P., razón por la cual su admisibilidad no está sometida a complejas condiciones de técnica judicial, lo que lleva a colegir que la actividad de la Corte en esta instancia debe estar guiada por el principio pro actione. No obstante, la jurisprudencia también ha contemplado que la falta de exigencia de las condiciones citadas no es óbice para que la demanda deba cumplir con unos criterios mínimos de racionalidad argumentativa, dirigidos exclusivamente a permitir que el Pleno de este Tribunal pueda adoptar una decisión de fondo. El objetivo de estos requisitos es permitir que se ponga a consideraciones de la Corte un problema jurídico constitucional de carácter sustancial, que viabilice el efectivo contraste entre las normas del derecho legislado y las disposiciones de la Carta. Además, tales condiciones cumplen fines constitucionalmente valiosos, como es facilitar la autorrestricción judicial y garantizar correlativamente la efectividad del derecho a la autonomía individual, para que sea el ciudadano demandante –y no el Tribunal Constitucional- quien defina el ámbito de ejercicio el control jurisdiccional.”
La Corte ha indicado que cuando se acusa una disposición por contrariar el derecho a la igualdad, es un requisito indispensable de la construcción del cargo, la identificación de los grupos que están recibiendo un trato diferenciado por parte de una disposición normativa junto con el señalamiento “de la fundamentación acerca de la razón por la cual una determinada clasificación legal comporta un trato discriminatorio en contra de un subgrupo de personas” . Esto significa que en la demanda deben exponerse los argumentos que expliquen por qué el tratamiento desigual resulta ser constitucionalmente injustificado, desproporcionado o irrazonable. La anterior exigencia obedece a que el legislador puede introducir tratos legales dispares si con ello logra conseguir objetivos constitucionalmente relevantes, siempre y cuando dichos tratos desiguales resulten ser proporcionados y sean razonables. Por lo anterior, esta argumentación es necesaria y debe orientarse a demostrar que, a partir de parámetros objetivos de razonabilidad, la Constitución en el caso concreto ordena dispensar a todos los grupos de personas identificados el mismo trato. Ha dicho la Corte que “[s]in la exposición de los estos argumentos, las razones de la presunta vulneración del derecho a la igualdad resultarán insuficientes, es decir, no podrá estimarse que contengan la exposición de todos los elementos de juicio necesarios para cuestionar la constitucionalidad de la norma acusada”.
Lo anterior deviene en un problema de certeza en tanto la proposición planteada por el actor, según la cual la desigualdad se presenta entre las personas que obtienen la reparación de su daño a través de una acción individual y quienes la logran a través de una acción de grupo, no se desprende, en estricto sentido, del tenor literal de la norma. En este punto, la sala recaba en los argumentos para la decisión que habrá de tomar, puesto que además de las falencias que ya se han anotado a la demanda, el hecho de que la norma no exprese con claridad lo que el actor entiende por ella hace que los argumentos para atacar la constitucionalidad del aparte acusado, deben tener mayor contundencia. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional , para satisfacer el requisito de certeza, se requiere que la acusación se realice efectivamente contra una proposición normativa claramente contenida en la disposición acusada y no sobre una distinta, inferida por el demandante. Y al leer la disposición que contiene el enunciado acusado, encuentra la Sala que la norma no dispone de modo alguno, ningún tipo de discriminación entre los grupos indicados expresamente por el actor.
Respecto de este punto, resulta importante precisar que a la Corte no le está dado superar la ausencia de certeza en las acusaciones hechas por los ciudadanos mediante presunciones o reconstrucciones interpretativas de lo que dicen o tratan de decir las demandas en su conjunto, para con ello, subsanar las deficiencias o satisfacer los requisitos o cargas mínimas que el actor debe satisfacer -en este caso, la identificación de los grupos respecto de los cuales se predica una eventual discriminación para la construcción de un cargo por violación a la igualdad-. Si se admitiera la realización de este tipo de inferencias por parte de la Corporación, ello significaría admitir que la Sala Plena puede rehacer la demanda, lo cual, claramente, excede su marco de competencias. La jurisprudencia ha sido enfática en sostener que, “[s]i bien la Corte debe tomar en cuenta el carácter democrático de la acción de constitucionalidad y la necesidad de adoptar un criterio pro actione en el examen de las demandas que le son presentadas, no puede llegar al extremo de suplantar al actor en la formulación de los cargos, ni de determinar por sí misma, el concepto de la violación de las normas que ante ella se acusan como infringidas, pues ésta es una carga mínima que se le impone al ciudadano para hacer uso de su derecho político a ejercer la acción de inconstitucionalidad”. Ahora, incluso si no se tuviera en cuenta lo anterior, el segundo problema resulta menos tolerable. Como puede apreciarse en el texto de la demanda, el actor se limita a afirmar la existencia del trato presuntamente discriminatorio, -Dice “[l]a desigualdad es manifiesta y la discriminación en contra de los individuos representados en una acción de grupo es inaceptable.”- pero omite explicar por qué dicho tratamiento desigual resulta ser constitucionalmente injustificado, desproporcionado o irrazonable para el caso concreto de dichas personas. Dado que la Corte ha entendido que aun en aquellos casos en que existen supuestos de hecho equivalentes, el legislador debe dispensar un tratamiento igual, “siempre que no existan razones suficientes para otorgarles un trato diferente” , las explicaciones vertidas por el demandante no pueden entenderse suficientes, pues no explican ni siquiera de manera tácita, dónde está la irrazonabilidad o desproporción en el trato acusado de discriminatorio.