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Timestamp: 2018-02-24 02:32:19
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 21', 'artículo 5', 'Artículo 25', 'artículo 62', 'artículo 2', 'artículo 31', 'artículo 45', 'artículo 9', 'artículo 20', 'Artículo 36', 'artículo 67', 'artículo 20']

Ley de Cooperación Internacional de España | AECID
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LEY 23/1998, DE 7 JULIO, DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
(BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Nº 162, DE 8 DE JULIO DE 1998)
A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley:EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Más recientemente, se han operado una serie de cambios de diverso alcance en lo que a la estructura orgánica de la cooperación para el desarrollo se refiere. Así , mediante el Real Decreto 1141/1996, de 24 de mayo, se ha reestructurado la Agencia Española de Cooperación Internacional, completándose de esta forma la modificación ya realizada por el Real Decreto 2492/1994, de 23 de diciembre, que refundió los tres Institutos con rango de Dirección General en los dos actuales, el Instituto de Cooperación Iberoamericana y el Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe, Mediterráneo y Países en Desarrollo.
Consecuentemente, el Congreso de los Diputados, en su Informe sobre los Objetivos y Líneas Generales de la Política Española de Cooperación y Ayuda al Desarrollo, aprobado por el Pleno de la Cámara en noviembre de 1992, además de marcar las pautas de la nueva política española de cooperación y ayuda al desarrollo, señaló la necesidad de aprobar un conjunto normativo adecuado al futuro modelo de cooperación y de adoptar una serie de medidas de organización administrativa que ayudasen a mejorar la coordinación interna de la Administración del Estado en este ámbito de actuación. En este mismo sentido se pronunció el Comité de Ayuda al Desarrollo con ocasión del examen del programa de ayuda español que realizó en Abril de 1994, al sugerir, entre otros aspectos, la conveniencia de mayores avances en el desarrollo de la legislación apropiada, una coordinación más ajustada, una mejor capacidad para la planificación a largo plazo y una programación de la ayuda más centralizada.
Por último, el Senado, en el Informe de la Ponencia de estudio de la Política Española de Cooperación para el Desarrollo, de noviembre de 1994, expresó de nuevo la recomendación de que se procediera a elaborar la legislación que supliera el vacío normativo existente y que aborase los principales problemas de la cooperación española para el desarrollo.
La presente Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo se organiza en torno a seis ejes fundamentales, que constituyen los seis capítulos en que se integra su articulado. El capítulo I, dedicado a la política española de cooperación para el desarrollo, consagra, en su sección 10, el régimen jurídico, definiéndose en el artículo 1 el objeto de la Ley y su ámbito de aplicación, y en la sección 2.0 se establecen los principios, objetivos y prioridades de la política española de cooperación para el desarrollo. El capítulo II se refiere a la planificación e incluyendo los instrumentos y modalidades de la cooperación pública española, recoge entre aquéllos la cooperación técnica y la económico-financiera y distingue entre éstas la canalizada por vía bilateral o multilateral.
Se dedica el capítulo III a la atribución de competencias de los órganos operativos en la definición, formulación y ejecución de la política española de cooperación para el desarrollo, recogiéndose en la sección 1.0 los órganos rectores ( Congreso de los Diputados, Gobierno, Ministro de Asuntos Exteriores, otros Ministerios y Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica), y en la sección 3.0, los órganos consultivos y de coordinación (Consejo de Cooperación para el Desarrollo, Comisión Interministerial de Cooperación Internacional y Comisión Interterritorial de Cooperación, instancia esta última creada por la propia Ley y que, al igual que los otros dos órganos y de acuerdo con lo señalado en el artículo 21, será objeto posterior de desarrollo normativo). La sección 4.0, consagrada a los órganos ejecutivos, se refiere a la Agencia Española de Cooperación Internacional, cuya organización, fines, funciones y competencias se regulan por su propia norma específica, y a las Oficinas Técnicas de Cooperación.
En el capítulo IV se recogen los recursos materiales asignados a la ejecución de la política española de cooperación, distinguiéndose entre los canalizados multilateral y bilateralmente. La disposición adicional primera incluye la posibilidad del establecimiento de programas presupuestarios plurianuales. El capítulo V se dedica al personal al servicio de la Administración del Estado en el ámbito de la cooperación oficial para el desarrollo, distinguiéndose entre personal en territorio nacional y el destacado en el exterior. Finalmente, en el capítulo VI, la Ley aborda el contexto social de la cooperación, dedicándose la sección 10 a la cooperación no gubernamental, incluyendo la formulación del principio de fomento estatal de la cooperación no gubernamental, la definición de las organizaciones privadas de cooperación para el desarrollo y su registro público, los sistemas de ayudas y subvenciones, reglamentados a través de su propia normativa específica, y el establecimiento de incentivos fiscales.
Por lo que respecta a la regulación del régimen fiscal de las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo y de los incentivos aplicables a las efectuadas a las mismas, la Ley prevé que se les aplique el régimen contemplado en el título II de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la participación privada en Actividades de Interés General, siempre que dichas organizaciones revistan la forma jurídica y cumplan con los requisitos exigidos por esa norma.
En el ámbito del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre el Valor Añadido se introducen dos preceptos específicos que dan entrada a la aplicación de determinadas exenciones a las actividades de cooperación para el desarrollo. Por lo que respecta a las aportaciones efectuadas por personas físicas y jurídicas a organizaciones no gubernamentales de desarrollo, la Ley contempla la posibilidad de aplicar los incentivos previstos en la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, siempre que esas aportaciones cumplan con las condiciones exigidas en dicha Ley y que se efectúen en favor de entidades incluidas en su ámbito de aplicación. Adicionalmente se prevé que las actividades cooperación al desarrollo puedan ser incluidas en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año entre las actividades y programas prioritarios de mecenazgo, a efectos de la aplicación de las aportaciones que se efectúen a los mismos a los mismos de incentivos fiscales incrementados.
La sección 2.0, se dedica al voluntariado al servicio de la cooperación para el desarrollo, la 3.0, se refiere a los cooperantes y la regulación de su Estatuto y la 4.0, establece y regula, con carácter general, el fomento de la participación social en la cooperación para el desarrollo. La Ley se cierra con dos disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y tres finales.
b) La defensa y promoción de los Derechos humanos y las libertades fundamentales, la paz, la democracia y la participación ciudadana en condiciones de igualdad para mujeres y hombres y, en general, la no discriminación por razón de sexo, raza, cultura o religión y el respeto a la diversidad.
v El principio de unidad de acción del Estado en el exterior se aplicará conforme a la normativa vigente y en el marco de las competencias de las distintas Administraciones públicas.
1. Marco bilateral. Sin perjuicio del establecimiento de otras áreas territoriales según lo establecido en el artículo 5, se considerarán como áreas geográficas de actuación preferente a los países de Iberoamérica, los países árabes del norte de Africa y de Oriente Medio, así como aquellos otros de menor desarrollo con los que España mantenga especiales vínculos de carácter histórico o cultural.
Por otra parte, España participará activamente en los Organismos internacionales de Cooperación para el Desarrollo de los que sea miembro, tanto financieros como no financieros, y colaborará en las consecución de sus objetivos adoptando las medidas que resulten más adecuadas.
a) Servicios sociales básicos, con especial incidencia en salud, saneamineto, educación, obtención de la seguridad alimentaria y formación de recursos humanos.
c) Protección y respeto de los derechos humanos, igualdad de oportunidades, participación e integración social de la mujer y defensa de los grupos de población más vulnerables y menores, con especial atención a la erradicación de la explotación laboral infantil, refugiados desplazados, retornados, indígenas, minorías).
Planificación, instrumentos y modalidades de la política española de cooperación internacional para el desarrollo.
La cooperación española promoverá el respeto al derecho humanitario y asimismo apoyará en este ámbito medidas para la prevención y resolución de conflictos, incluyendo las operaciones de mantenimiento y y consolidación de la paz, instrumentadas por medio de acuerdos bilaterales o multilaterales.
Se entiende por educación para el desarrollo y sensibilización social el conjunto de acciones que desarrollan las Administraciones públicas, directamente o en colaboración con las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, para promover actividades que favorezcan una mejor percepción de la sociedad hacia los problemas que afectan a los países en desarrollo y que estimulen la solidaridad y cooperación activas con los mismos, por vía de campañas de divulgación, servicios de información, programas formativos, apoyo a las iniciativas a favor de un comercio justo y consumo responsable respecto de los productos procedentes de los países en desarrollo.
Órganos competentes en la formulación y ejecución de la política española de cooperación internacional para el desarrollo.
2. La Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica , como órgano superior del Ministerio de Asuntos Exteriores, asiste al titular del Departamento en la formulación y ejecución de la política de cooperación para el desarrollo y asume la programación, dirección, seguimiento y control de las actividades consiguientes.
4. La Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, evaluará la política de cooperación para el desarrollo, los programas y proyectos financiados con fondos del Estado en curso de ejecución y los finalizados, desde su concepción y definición hasta sus resultados. La evaluación tendrá en cuenta la pertinencia de los objetivos y su grado de consecución, así como la eficiencia y eficacia alcanzadas, el impacto logrado y la viabilidad comprobada en los programas y proyectos ya finalizados.
1. La cooperación para el desarrollo que se realice desde las Comunidades Autónomas y las Entidades locales, expresión solidaria de sus respectivas sociedades, se inspira en los principios objetivos y prioridades establecidas en la sección 2.0 del capítulo I de la presente Ley.
4. Se someterán a informe previo del Consejo los anteproyectos de ley y cualesquiera otras disposiciones generales de la Administración del Estado que regulen materias concernientes a la cooperación para el desarrollo. De estos informes se dará conocimiento a la Comisión de Cooperación Internacional pra el Desarrollo del Congreso de los Diputados.
1. La Comisión Interterritorial de Cooperación es el órgano de coordinación , concertación y colaboración entre las Administraciones públicas que ejecuten gastos computables como ayuda oficial al desarrollo.
Artículo 25. La Agencia Española de Cooperación Internacional ( AECI )
1. La Agencia Española de Cooperación Internacional ( AECI ), Organismo autónomo adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, y presidido por su titular, es el órgano de gestión de la política española de cooperación internacional para el desarrollo, sin perjuicio de las competencias asignadas a otros Departamentos ministeriales.
h . El personal al servicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional estará integrado por funcionarios públicos y personal sometido a derecho laboral.
4. En cuanto a su organización, fines, funciones y competencias se estará a lo que disponga su Estatuto, que será aprobado por el Gobierno, conforme a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
Las Oficinas Técnicas de Cooperación son unidades adscritas orgánicamente a las Embajadas que, bajo la dirección de su Jefe de Misión y la dependencia funcional de la Agencia Española de Cooperación Internacional , aseguran la coordinación y, en su caso, la ejecución de los recursos de la cooperación en su demarcación. Asimismo, colaborarán con los programas y proyectos impulsados por las demás Administraciones públicas.
Modalidades de financiación y ejecución de la cooperación internacional para el desarrollo.
Dotaciones presupuestarias dirigidas a la concesión de microcréditos y de créditos rotatorios destinados a la mejora de las condiciones de vida de colectivos vulnerables y a la ejecución de proyectos de desarrollo social básico.
En el caso de créditos destinados a programas y proyectos de desarrollo social básico y que estén específicamente destinados a mejorar las condiciones de vida de los sectores más necesitados de la población , los recursos se administrarán conjuntamente por los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Economía y Hacienda, con arreglo a la normativa que se elaborará en desarrollo de la presente Ley.
Las actividades de la Administración General del Estado realizadas en España en el campo de la cooperación para el desarrollo serán ejecutadas por personal funcionario en situación de servicio activo, conforme a lo previsto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública , y por personal laboral de la Administración del Estado, de acuerdo a lo regulado en su normativa específica y sin perjuicio de la participación de objetores de conciencia y de personal voluntario, en los términos que establece la Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado.
2. Los puestos directivos podrán ser desempeñados por personal contratado bajo una relación de carácter especial de las previstas en el artículo 2.1.a) del Estatuto de los Trabajadores. A este personal se le exigirá estar en posesión de titulación universitaria o, en su caso, acreditar una importante experiencia en la cooperación al desarrollo, junto a los requisitos que establezca la correspondiente convocatoria pública. Cuando tales puestos sean ocupados por funcionarios , éstos pasarán a la situación administrativa que prevé su Estatuto.
La participación social en la cooperación internacional para el desarrollo.
1. Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo anterior podrán inscribirse en un Registro abierto en la Agencia Española de Cooperación Internacional, que será regulado por vía reglamentaria o en los registros que con idéntica finalidad puedan crearse en las Comunidades Autónomas. Se articularán los correspondientes procedimientos de colaboración entre la Agencia Española de Cooperación Internacional y las Comunidades Autónomas a fin de asegurar la comunicación y homologación de los datos registrales.
Las Administraciones públicas, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, podrán conceder ayudas y subvenciones públicas y establecer convenios estables y otras formas de colaboración, con los agentes sociales descritos en en artículo 31 para la ejecución de programas y proyectos de cooperación para el desarrollo, estableciendo las condiciones y régimen jurídico aplicables que garantizarán, en todo caso, el carácter no lucrativo de los mismos.
2. La exención subjetiva prevista en el artículo 45.1.A.C) del Real Decreto legislativ 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, resultará de aplicación a las entidades contempladas en el mismo que realicen las actividades a que dicho precepto se refiere en el marco de la cooperación al desarrollo.
3. Las actividades de cooperación para el desarrollo enumeradas en el artículo 9 de la presente Ley tienen la consideración de actividades de asistencia social a efectos del disfrute de la exención prevista en el artículo 20, apartado 1, número 8.1 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Artículo 36. Incremento a incentivos fiscales en las Leyes de Presupuestos.
Las Leyes de Presupuestos del Estado de cada año podrán incluir entre las actividades y programas prioritarios de mecenazgo a que se refiere el artículo 67 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre , determinadas actividades o programas realizados en el marco de la cooperación para el desarrollo, a efectos de la aplicación de los incentivos fiscales incrementados que dicho precepto contempla.
2. Los voluntarios de cooperación para el desarrollo deberán ser informados, por la organización a la que estén vinculados, de los objetivos de su actuación , el marco en que se produce, sus derechos y deberes contractuales y legales en el extranjero, su derecho a la acreditación oportuna, así como su obligación de respetar las leyes del país de destino.
a) Los recursos necesarios para hacer frente a sus necesidades básicas en el pais de destino.
5. En lo no previsto en el presente artículo, será de aplicación supletoria la Ley del Voluntariado, sin perjuicio d la aplicación de las normas autonómicas cuando corresponda, de acuerdo con las competencias de las Comunidades Autónomas en este ámbito.
Programas presupuestarios plurianuales.
Modificación de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Al artículo 20, apartado uno, número 8.1 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, se incorpora la siguiente letra: I) Cooperación para el Desarrollo.
Estructura orgánica del Consejo de Cooperación al Desarrollo y de la Comisión Interministerial de Cooperación Internacional.
En tanto no se establezca el desarrollo reglamentario previsto en esta ley, seguirá subsistente la estructura orgánica recogida en los Reales Decretos 795/1995, de 19 de mayo, por el que e crea y regula el Consejo de Cooperación al Desarrollo, y 451/1986, de 21 de febrero, por el que se crea la Comisión Interministerial de Cooperación Internacional.
Regulación de la Comisión Interministerial del Fondo de Ayuda al Desarrollo.
Madrid, 7 de julio de 1998