Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2009/T-327-09.htm
Timestamp: 2017-10-23 08:10:29
Document Index: 42329187

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 1', 'artículo 19', 'artículo 2', 'artículo 18', 'artículo 12', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 25', 'artículo 18', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 4', 'artículo 19', 'artículo 4', 'artículo 83', 'artículo 6', 'artículo19', 'artículo 6', 'artículo 19', 'artículo 6', 'Artículo 42', 'artículo 19', 'artículo 58', 'artículo 60', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 36', 'artículo 22']

T-327-09
Sentencia T-327/09
DERECHO A LA LIBERTAD DE CULTOS Y DERECHO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA
DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA Y SUS IMPLICACIONES CONSTITUCIONALES
LIBERTAD RELIGIOSA EN LOS CONVENIOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES
DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA SEGÚN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL
DERECHO AL SABATH/CONFLICTOS ENTRE EL DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA Y OTROS DERECHOS
LINEA JURISPRUDENCIAL SOBRE EL DERECHO AL SABATH DE LOS MIEMBROS DE COMUNIDADES RELIGIOSAS DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA
De esta línea de Jurisprudencia puede concluirse lo siguiente: (i) el derecho a la libertad de conciencia y de cultos implica no sólo la protección de sus manifestaciones privadas, sino la de su ejercicio público y divulgación, (ii) los conflictos entre la libertad religiosa y algunos derechos patronales como la determinación del horario, debe resolverse bajo el principio de minimización de los límites a esta libertad. En efecto, el derecho fundamental a la libertad religiosa de toda persona, incluye la protección de guardar un día de descanso para la adoración de Dios cuando ésta constituya un elemento fundamental de la religión que se profesa y la creencia de la persona es seria y no acomodaticia.[1] Así, esta garantía no puede ser desconocida por el patrono imponiendo horarios de trabajo el día de adoración, cuando existen medios alternativos a su alcance y (iii) teniendo en consideración que el ámbito de protección constitucional del derecho a la libertad religiosa de las personas que pertenecen a la iglesia adventista del séptimo día, comprende el derecho a que tanto las instituciones educativas como los lugares donde laboran, tomen en consideración la santidad del Sabath para los mismos, esta garantía no puede supeditarse a un acuerdo previo de las partes.
DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA-Caso en que se desconoció y el despido fue realizado por la ausencia del trabajador el día sábado
No cabe duda entonces de que el despido fue realizado por la ausencia del trabajador el día sábado ante la negativa de los permisos de ausentarse en razón a la religión que profesa. Sin embargo, con la conducta asumida, la Clínica del Prado desconoce el derecho a la libertad religiosa del trabajador tal y como se estableció en la parte motiva de esta providencia. La Sala considera que la razón esgrimida por la empresa no resulta admisible y por tanto, la limitación del derecho fundamental no se encuentra constitucionalmente justificada. De hecho, la decisión de desvincular al trabajador fue adoptada por la entidad accionada con base en la supuesta aplicación de las normas laborales. Sin embargo, observa la Sala que toda facultad legal debe ejercerse respetando los derechos fundamentales contenidos en nuestra Carta. Por otro lado, la Corte ha precisado que las limitaciones a los derechos fundamentales deben estar justificadas en un principio de razón suficiente aplicable, en especial, a la relación entre el fin buscado y el medio para alcanzarlo.[2] En este caso la Sala debe determinar: (i) si el medio elegido por la Clínica del Prado es necesario para llegar al fin, inquiriendo si no existe otro medio alternativo que no implique afectar en tal grado el derecho a la libertad religiosa de Salomón Mattos Mejía y (ii) si la afectación es desproporcionada.
Referencia: expediente T-2.107.798
Acción de Tutela instaurada por Salomón Mattos Mejía en contra de la Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social S.A.- Clínica del Prado.
Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil nueve (2009)
La Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la preside, Nilson Pinilla Pinilla y Humberto Antonio Sierra Porto, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política, ha proferido la siguiente
1.1.1. El señor Salomón Mattos Mejía afirma que laboró para la Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social S.A- Clínica del Prado desde el 9 de julio de 1999 hasta el 24 de abril de 2008, en el cargo de Coordinador Regional de Sistemas, con un salario mensual de $1.860.000.
1.1.4. En efecto, dice que el día 3 de marzo de 2008, “el señor Gerente Manuel Oliva Gutiérrez, le oficializó el horario de trabajo, negándole el permiso para los sábados”. Así mismo, “la sociedad accionada por intermedio de sus funcionarias, se dedicaron a programar reuniones exactamente los días sábados con el propósito de que el accionante no asistiera a ellas, siendo que esas reuniones se podían programar en otros días, distintos del sábado”. Para sustentar su dicho aportó sendas comunicaciones sostenidas, vía e- mail, con las directivas de la Empresa, en las cuales consta la negativa a sus peticiones.
1.2. CONTESTACIÓN DE LA EMPRESA ACCIONADA
En primer lugar, su representante señala que la Compañía no ha vulnerado el derecho a la libertad de culto del accionante pues no se le ha prohibido profesar o difundir su religión. Agrega que por una reestructuración de índole administrativa se estableció un nuevo horario en la empresa que incluye el lapso de 8 a.m a 12 m todos los sábados, el cual fue incumplido reiteradamente por el señor Mattos.
Por este motivo puede afirmarse que no se presentó ninguna conducta de persecución o acoso laboral en contra del accionante, sino que el personal Directivo de la Clínica del Prado se limitó a solicitarle el cumplimiento de sus obligaciones contractuales tales como el acatamiento del horario. En efecto, “los memorandos que recibió eran simplemente requerimiento para que cambiara su proceder y se sometiera al horario establecido y la disciplina de la Clínica”. Por tal razón no era posible acceder a sus peticiones por cuanto “si así fuese, la compañía tendría que acceder a todas las solicitudes de horario planteado por su clase trabajadora. El horario de trabajo es un medio que la empresa usa para desarrollar sus actividades, desde el punto de vista administrativo, la empresa en ese horario cumple con sus obligaciones.”
Por otro lado, considera que la jurisprudencia de la Corte Constitucional en sede de tutela, relacionada con la obligación de las empresas de permitir a los miembros de la Iglesia Adventista disfrutar su día religioso de descanso, sólo tiene efectos “inter-partes”, de lo contrario, se habrían derogado los derechos otorgados a los patrones en las leyes laborales, en lo que tiene que ver con el respeto de los horarios.
En efecto, el representante de la Clínica del Prado considera que la característica fundamental del contrato de trabajo es la continua subordinación del empleado y por tanto “si el empleador da una orden y el empleador no la acata y por ende no la cumple, el trabajador está violando la ley y el contrato. Si el trabajador falta al trabajo sin causa injustificativa o impedimento alguno desde el punto de vista laboral ante etas situaciones el empleador queda con un derecho consagrado en el art. 7 del Decreto 2351 de 1965 que instuye lo que se denomina justas causas por parte del patrono para dar por terminado los contratos de trabajo” (sic). Por lo anterior afirma que no puede considerarse que su conducta sea discriminatoria, sino que actúa en virtud de una facultad legal.
Por último, señala que las pretensiones perseguidas por el actor en sede de tutela son improcedentes, al existir otros medios de defensa judicial, y mucho más lo sería la orden de reintegro, que en su opinión, sólo puede ser dada por un juez laboral, y excepcionalmente por un juez constitucional en los casos de los trabajadores con fueros especiales. Así mismo, no podría considerarse que se produce un perjuicio irremediable por cuanto al señor Mattos “se le pagaron todos sus salarios, sus prestaciones sociales por el lapso laborado, que sería lo único a que estaría obligada mi representada para cumplir con el contrato de trabajo convenido. Con ese pago, se evitó un presunto perjuicio irremediable.”
2.1. PRIMERA INSTANCIA: JUZGADO SEXTO PENAL MUNICIPAL DE BARRANQUILLA
El Despacho consideró que la acción de tutela establecida en la Carta Política no procede cuando existen otros medios o mecanismos de defensa judicial, salvo que se utilice para evitar un perjuicio irremediable, entendiéndose por tal el “que sólo puede ser reparado en su integridad mediante una indemnización” (cabe considerar que esto fue declarado inexequible mediante Sentencia C-531 de 1996)
En relación con la supuesta vulneración del derecho a la libertad de cultos de señor Salomón Mattos Mejía afirmó que éste suscribió un contrato de trabajo con la Clínica del Prado, en el cual quedó plasmado que el servicio se prestaría bajo la continúa dependencia y subordinación del empleador. En este sentido, el incumplimiento de las instrucciones dadas por la Compañía da lugar a una justa causa de despido.
2.1.2. IMPUGNACIÓN DE LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA
Por el contrario, considera que el a-quo no estudió el tema de fondo “considerando que este debía ser materia de la justicia ordinaria, dejando de lado uno de los aspectos más importantes de esta importantísima figura jurídica, como es la acción de tutela, que es ágil, garantizadora de la justicia y protectora de los más débiles en la relación laboral como son los trabajadores”. Resalta como a diferencia de lo interpretado por el juez de primera instancia, no se estaba solicitando indemnización alguna, ni el pago de prestaciones laborales, sino el respeto del precedente constitucional que también obliga a todos los jueces de la República.
2.2. SEGUNDA INSTANCIA: JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA
El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Barranquilla, mediante providencia del 19 de agosto de 2008, confirmó la decisión del a-quo.
En relación con el caso del señor Salomón Mattos considera que éste pretende, a través del amparo, la declaración de ineficacia, por cuanto éste fue el resultado de su negativa de cumplir con el horario de trabajo los días sábados.
Sin embargo, para el ad-quem, el horario de los sábados no fue ordenado solamente para el accionante, sino para todos los empleados, razón por la cual no puede considerarse que la conducta sea violatoria del derecho a la libertad de cultos. En efecto “resulta difícil para una entidad, acomodar los horarios a cada empleado según sus conveniencias, por cuanto eso lleva a una desorganización administrativa en detrimento de la operacionalización de la empresa”.
Agrega además el juez, que el despido del accionante obedece al incumplimiento de dicho horario, y no al supuesto desconocimiento de profesar su religión
3.1.4. Copia del Decreto 354 de 1998 “Por el cual se aprueba el Convenio de Derecho Público Interno número 1 de 1997, entre el Estado Colombiano y algunas Entidades Religiosas Cristianas no Católicas.”
3.2. REQUERIMIENTO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Por su parte, mediante Auto del 10 de febrero de 2009, esta Corporación requirió a la entidad accionada para que informara a la Sala Sexta de Revisión lo siguiente: “(i) ¿Cuáles fueron las razones para proceder al cambio de horario del señor Salomón Mattos Mejía, a pesar del conocimiento de su pertenencia a la Iglesia Adventista del Séptimo Día?, (ii) ¿Cuáles fueron las razones por las que no se accedió a su solicitud de compensar las horas no laboradas los días sábados en horas extras dentro de la semana? y ¿qué alternativas fueron ofrecidas por la Empresa ante la imposibilidad del accionante de laborar los días sábados?”
En su contestación, la Clínica del Prado reiteró su posición en relación con la necesidad de que sus funcionarios cumplieran con el horario establecido y concluyó que la disciplina de sus funcionarios ejecutivos era una prioridad de la Empresa.[3]
4.2.1. EL PROBLEMA JURIDICO
4.2.2. EL DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA Y SUS IMPLICACIONES CONSTITUCIONALES
El derecho a la libertad de conciencia (art. 18 C.P.) implica que nadie puede ser molestado en razón de sus convicciones o creencias, ni puede ser obligado a actuar contra su conciencia. De igual manera, el artículo 19 Superior consagra el derecho, de aplicación directa e inmediata, de todas las personas a profesar y divulgar libremente su fe o religión, de manera individual o colectiva. En este sentido, todas las iglesias y confesiones son igualmente libres ante la ley.
En efecto, la libertad de cultos entendida como el derecho a profesar y a difundir libremente la religión es una garantía de la autorrealización del individuo y una condición de la dignidad humana.[4] Por ende, las libertades de religión y de cultos hacen parte esencial del sistema de derechos establecido en la Constitución de 1991[5]
Lo expuesto significa, entonces, que de conformidad con el texto superior, el derecho a la libertad religiosa implica no sólo la posibilidad de profesar de manera privada y silenciosa el credo de la preferencia, sino que la garantía de ésta se exprese por actos públicos asociados a las convicciones espirituales. La libertad religiosa garantizada por la Constitución, no se restringe, entonces a la asunción de un determinado credo, sino que se extiende a los actos externos a través de los cuales éste se manifiesta.[6]
Por su parte, la Ley Estatutaria 133 de 1994 "Por la cual se desarrolla el Derecho de Libertad Religiosa y de Cultos", establece en el artículo 1 que el Estado garantizará el derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política. Así mismo, el inciso 2 del artículo 2 de dicha normatividad señala que es obligación del poder público proteger a las personas en sus creencias, “así como a las Iglesias y confesiones religiosas y facilitará la participación de éstas y aquéllas en la consecución del bien común. De igual manera, mantendrá relaciones armónicas y de común entendimiento con las Iglesias y confesiones religiosas existentes en la sociedad colombiana.”
4.2.3. LA LIBERTAD RELIGIOSA EN LOS CONVENIOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES
Ahora bien, respecto a los pactos y convenios internacionales relacionados con el tema de la libertad religiosa, es importante señalar que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos consagra el derecho a la libertad de cultos en el artículo 18, tal y como ocurre con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, - Pacto de San José de Costa Rica- , en su artículo 12. El artículo 18 del Pacto señala que “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. 2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección. 3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás. 4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.”
En estos mismos términos ha sido tratado el derecho a la libertad religiosa por parte de los organismos y Tribunales Internacionales. Así, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Olmedo Bustos y otros contra el Estado de Chile, en Sentencia del 5 de febrero de 2001, dijo que esta garantía fundamental se constituye en una de las bases del Estado moderno y “permite que las personas conserven, cambien, profesen y divulguen su religión o sus creencias. Este derecho es uno de los cimientos de la sociedad democrática. En su dimensión religiosa, constituye un elemento trascendental en la protección de las convicciones de los creyentes y en su forma de vida.”
De la misma forma, el Comité de Derechos Humanos en la Observación General No. 22 de 1998 dijo que el ámbito del derecho a la libertad religiosa comprende el “de “tener o adoptar” una religión o unas creencias comporta forzosamente la libertad de elegir la religión o las creencias, comprendido el derecho a cambiar las creencias actuales por otras o adoptar opiniones ateas, así como el derecho a mantener la religión o las creencias propias. El párrafo 2 del artículo 18 prohíbe las medidas coercitivas que puedan menoscabar el derecho a tener o a adoptar una religión o unas creencias, comprendidos el empleo o la amenaza de empleo de la fuerza o de sanciones penales para obligar a creyentes o no creyentes a aceptar las creencias religiosas de quienes aplican tales medidas o a incorporarse a sus congregaciones, a renunciar a sus propias creencias o a convertirse. Las políticas o prácticas que tengan los mismos propósitos o efectos, como por ejemplo, las que limitan el acceso a la educación, a la asistencia médica, al empleo o a los derechos garantizados por el artículo 25 y otras disposiciones del Pacto son igualmente incompatibles con el párrafo 2 del artículo 18. La misma protección se aplica a los que tienen cualquier clase de creencias de carácter no religioso.”(Subrayado fuera del texto)
Como puede entonces concluirse, el ordenamiento internacional protege el derecho de conciencia y el de la libertad religiosa, no sólo desde su faceta pasiva, sino que busca que los Estados garanticen y remuevan los obstáculos que obstruyen las manifestaciones externas de dicha garantía,
4.2.4. ALCANCE DEL DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA SEGÚN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL
´´2. En este sentido, es importante precisar que con la Constitución de 1991 se marcó “el tránsito de un estado confesional, a un estado laico y pluralista en materia de confesiones religiosas.” [7] En efecto, anteriormente la Carta de 1886 consagraba expresamente como religión oficial de la nación, la religión católica, apostólica y romana, limitando igualmente la existencia de cultos exclusivamente a aquellos que no fueren contrarios a la moral cristiana y a la ley. Es entonces, con la Constitución de 1991, que se toma la determinación de garantizar la igualdad entre las diferentes religiones e iglesias y de liberalizar la libertad de cultos.[8] En virtud de lo anterior, el Estado, se vio obligado a evitar cualquier tipo de reconocimiento cuyo efecto fuera dar a una confesión religiosa cierta posición preferente o privilegiada sobre las otras, y por el contrario, debió reconocer su deber de respetar y garantizar a todas las personas que se encuentran dentro de su territorio el goce y ejercicio pleno de su derecho a la libertad religiosa.´´ [9]
Por otro lado, en cuanto al alcance y elementos del derecho consagrado en el artículo 19 Superior, en la Sentencia C-088 de 1994- en la cual se realizó el estudio previo de constitucionalidad de la Ley Estatutaria de la Libertad de Cultos No. 133 de 1994- se precisó que el concepto de religión y de libertad de cultos comprende “el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y de temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente de oración y el sacrificio para el culto; en efecto, el proyecto que se examina regula el tema de la libertad de cultos, pero en cuanto vinculada a la libertad de religión que por su parte, como se ha visto, comprende un ámbito mayor, pues, no sólo implica y se ocupa del tema del culto, y del de la celebración de los ritos o prácticas o los de la profesión de la religión, sino del reconocimiento de la personalidad jurídica de las iglesias y confesiones, el valor especial de sus ritos relacionados con el estado civil de las personas, el alcance y límites de las decisiones de sus órganos internos, las prácticas y la enseñanza, las condiciones para acreditar la idoneidad profesional de sus autoridades y las relaciones con la autoridad civil. El culto de la fé, en sus diversas expresiones encuentra plena libertad para su existencia y desarrollo; se trata de que la libertad de religión garantice el derecho de los individuos a organizar entidades de derecho, que se proyecten en los ordenes que se han destacado.”
Ahora bien, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que de conformidad con los artículos 18, 19, 42 y 68 de la Constitución Nacional y la Ley 133 de 1994, el derecho a la libertad religiosa tiene, entre otros, los siguientes elementos: “(i) la libertad de profesar cualquier creencia religiosa libremente escogida[10], que implica la libertad de información y de expresión sin las cuales la persona no podría formarse una opinión ni expresarla; (ii) la libertad de cambiar de religión y (iii) de no profesar ninguna, (iv) la posibilidad de practicarlas sin perturbación o coacción externa, contraria a las propias convicciones, y de realizar actos de oración y de culto, (vi) de recibir asistencia religiosa de la propia confesión en cualquier lugar, incluso los de reclusión, cuarteles y centros médicos, (vii) de conmemorar festividades, (viii) de recibir sepultura digna conforme a los ritos y preceptos de la religión del difunto y a sus deseos o a los de su familia, (ix) a contraer matrimonio y a establecer una familia conforme a la religión y a sus normas, (x) de recibir e impartir libremente educación religiosa o de rehusarla o de (xi) determinar, de conformidad con la propia convicción, la educación de los hijos menores o la de los incapaces bajo su dependencia”[11].
De la misma manera, la Corte Constitucional ha señalado que el derecho a la libertad religiosa es al mismo tiempo, una permisión y una prerrogativa. Así, como permisión significa que el hombre no puede ser obligado a actuar contra su creer y su sentir. Como prerrogativa, que nadie puede impedirle obrar de acuerdo con sus creencias y sentimientos [12], siempre y cuando el ejercicio del derecho se ajuste a los límites constitucionales y legales correspondientes.
Así las cosas, la libertad de cultos involucra para todos los colombianos, en nuestro actual régimen constitucional, la potestad de profesar o no una cierta religión y el derecho a no ser “objeto de constreñimientos arbitrarios o de prohibiciones injustas en el desenvolvimiento interno y externo de su vida como seres religiosos”[13].
Por otra parte, en cuanto a los derechos de las comunidades religiosas, el inciso segundo del artículo 19 Constitucional les garantiza los mismos derechos que en materia de religión reconoce la Carta a las personas naturales. Por consiguiente, toda confesión religiosa tiene en Colombia, según lo ha señalado esta Corporación, "el derecho de inmunidad para regirse por sus propias normas, para honrar a la divinidad con culto público, para ayudar a sus miembros en el ejercicio de la vida religiosa y sostenerlos mediante la doctrina, así como para promover instituciones en las que sus seguidores colaboren con el fin de ordenar la propia vida según sus principios religiosos.´´[14]
Cabe señala sin embargo que al igual que los demás derechos fundamentales, el derecho a la libertad religiosa se encuentra sujeto a ciertos límites, que no son otros que aquellos que permitan armonizar el legítimo ejercicio de ese derecho, con los derechos ajenos y las exigencias del justo orden público y la seguridad jurídica de todos.[15]
El artículo 4° de la Ley 133 de 1994, señala que el derecho a la libertad religiosa “tiene como único límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguarda de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos del orden público protegido por la ley en una sociedad democrática". A este respecto, en Sentencia T-430 de 1993 esta Corporación manifestó:
´´El artículo 19 de la Constitución no señala cuáles son los límites externos del ejercicio del derecho a la libertad religiosa. Este silencio del constituyente no debe llevarnos a creer que el derecho a profesar y difundir libremente la religión es absoluto e incondicional. En el Estado de Derecho, hay tres principios que rigen la libertad de las personas, dentro de los cuales debe encuadrarse siempre el ejercicio de la libertad religiosa:
a) El de sujeción al ordenamiento jurídico, que el artículo 4o. de la Constitución consagra al estatuir que "es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes...".
b) El de la buena fé, que el artículo 83 de la Constitución consagra al establecer que "las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fé, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas"; y,
c) El de la responsabilidad, que el artículo 6o. de la Constitución recoge al disponer: "Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes".
De esa manera, aplicando estos principios del derecho a la libertad religiosa, las personas que en Colombia profesan y difunden una religión están obligadas: a cumplir lo que el derecho positivo manda, mientras sea justo y posible; a no hacer lo que jurídicamente está prohibido; a comportarse lealmente con el Estado y con sus conciudadanos, y a someterse a las consecuencias jurídicas de sus actos ilícitos.´´
En la Sentencia C-088 de 1994, la Corte realizó el control automático de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria sobre el derecho a la libertad de cultos (hoy Ley 133 de 1994). En esa providencia, reiterada por providencias posteriores[16], se dijo que los límites al ejercicio de la libertad religiosa deben fundarse en tres postulados: (i) la presunción debe estar siempre a favor de la libertad en su grado máximo, (ii) esta sólo puede restringirse en la medida en la que, racional y objetivamente, constituya una medida necesarias y (iii) las posibles limitaciones no pueden ser arbitrarias o discrecionales.
Establecidos los elementos característicos del derecho a la libertad religiosa, procede la Sala a determinar si éste resulta desconocido por un empleador al despedir a una persona por su negativa de no trabajar los sábados, al pertenecer a una confesión religiosa que se lo impide. Para tal fin se hará referencia a la posición asumida por esta Corporación en relación con el derecho de los miembros de la Iglesia Adventista a disfrutar el “Sabath” y de la forma cómo ha resuelto esta Corporación los conflictos en relación con el derecho a la libertad religiosa y otros derechos como la facultad de subordinación patronal y la autonomía universitaria en el establecimiento de exámenes y clases.
4.2.5. LÍNEA JURISPRUDENCIAL SOBRE EL DERECHO DE LOS MIEMBROS DE COMUNIDADES RELIGIOSAS DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA, AL “SABATH”
La Iglesia Adventista del Séptimo Día, es una organización religiosa cristiana fundada oficialmente en los Estados Unidos de América. Ésta iglesia celebró con el Estado colombiano un convenio el 2 de diciembre de 1997, aprobado a través del Decreto 345 de 1998. La Iglesia Adventista profesa la creencia de la consagración del día Sábado (Sabath) a la adoración del Señor. Hace la siguiente declaración,
“El benéfico Creador descansó el séptimo día después de los seis días de la creación, e instituyó el sábado para todos los hombres como un monumento de su obra creadora. El cuarto mandamiento de la inmutable ley de Dios requiere la observancia del séptimo día como día de reposo, adoración y ministerio, en armonía con las enseñanzas y la práctica de Jesús, el Señor del sábado. El sábado es un día de agradable comunión con Dios y con nuestros hermanos. Es un símbolo de nuestra redención en Cristo, una señal de santificación, una demostración de nuestra lealtad y una anticipación de nuestro futuro eterno en el reino de Dios. El sábado es la señal perpetua de Dios del pacto eterno entre él y su pueblo. La gozosa observancia de este tiempo sagrado de tarde a tarde, de puesta de sol a puesta de sol, es una celebración de la obra creadora y redentora de Dios. (Génesis 2:1-3; Éxodo 20:8-11; Lucas 4:16; Isaías 56:5-6; Isaías 58:13-14; Mateo 12:1-12; Éxodo 31:13-17; Ezequiel 20:12, 20; Hebreos 4:1-11; Deuteronomio 5:12-15; Levíticos 23:32; Marcos 1:32)”[17]
La importancia de esta creencia se deduce igualmente, del Convenio suscrito con el Gobierno por las Iglesias Cristianas, de un artículo adicional para la iglesia Adventista del Séptimo Día, donde se contempla la posibilidad de guardar el “Sabath”. Dice la norma con relación al trabajo,:
Con el fin de hacerse efectiva la libertad religiosa y de cultos establecida en el artículo19 de la Constitución Política, el literal b del artículo 6° de la Ley 133 de 1994:
a) El descanso laboral semanal, para los fieles de la iglesia Adventista del Séptimo Día, cuyo día de precepto o fiesta de guardar sea el sábado, podrá comprender, siempre que medie acuerdo entre las partes, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado en sustitución del que establezcan las leyes.”
En relación con el ejercicio de creencias y fiestas religiosas, esta Corporación ha estudiado el alcance de este derecho cuando entra en conflictos con otros como la autonomía universitaria y las facultades patronales de imponer horarios de trabajo. A continuación se hará referencias a las decisiones más relevantes para el caso en estudio.
4.2.5.1. SENTENCIA T-539-A DE 1993
4.2.5.2. SENTENCIA T-588 DE 1998
En la sentencia T-588 de 1998, la Corte analizó el caso de una tutela interpuesta por los padres de unos menores pertenecientes a la iglesia Pentecostal, quienes se negaban a realizar danzas en la clase de educación física, aduciendo que tales actividades vulneraban las prohibiciones de su credo y su convicción religiosa. Esta Corporación señaló en aquella oportunidad que “si bien la libertad de cátedra goza de consagración constitucional, la misma no es un derecho absoluto. Por el contrario debe armonizarse con las garantías de que gozan los estudiantes de, por ejemplo, manifestar y reclamar su objeción de conciencia respecto de ciertos contenidos y actividades académicas.” Sobre el tema la Corte expresó en la misma sentencia:
“La libertad religiosa, garantizada por la Constitución, no se detiene en la asunción de un determinado credo, sino que se extiende a los actos externos en los que éste se manifiesta. Particularmente, para el creyente la coherencia de su vida personal con los dogmas y creencias de su religión, reviste una importancia capital, hasta el punto de que ella es fuente de complacencia o de inmenso sufrimiento en el evento de que por cualquier razón ella no se logre alcanzar. Si esto es así sería incongruente que el ordenamiento de una parte garantizase la libertad religiosa, pero de otra parte, se negase a proteger las manifestaciones más valiosas de la experiencia religiosa, como la relativa a la aspiración de coherencia a la que apunta el creyente entre lo que profesa y lo que practica. Este elemento que pertenece al núcleo esencial de la libertad religiosa, define igualmente una facultad que es central a la libertad de conciencia, que refuerza si se quiere aún más la defensa constitucional de los modos de vida que sean la expresión cabal de las convicciones personales más arraigadas”.
4.2.5.3. SENTENCIA T-877 DE 1999
4.2.5.4. SENTENCIA T-982 DE 2001
“a la luz del artículo 19 de la Constitución y el artículo 6 de la Ley Estatutaria 133 de 1994, es claro que las personas, en ejercicio de su libertad religiosa, tienen entre otras garantías el derecho “de practicar, individual o colectivamente, en privado o en público, actos de oración y culto; conme­morar sus festividades, y no ser perturbados en el ejercicio de estos derechos” y, tampoco, podrán ser “obligados a actuar contra su conciencia”.
Eso implica, que cuando es parte esencial de la libertad de religión y culto la consagración de un día para la adoración de Dios, esta actividad se encuentra dentro del ámbito de protección del derecho. Tal es el caso de los miembros de la Iglesia Adven­tista del Séptimo Día, que debido a sus particulares creencias tienen el derecho fundamental constitucional de consagrar a Dios el tiempo comprendido entre la puesta del sol del viernes y la puesta del sol del sábado”.
4.2.5.5. SENTENCIA T-026 DE 2005
La posición sostenida en la Sentencia T-982 de 2001 fue reiterada en la Sentencia T-026 de 2005. En ella la Corte conoció sobre una solicitud de amparo presentada por una estudiante del SENA, miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a quien se le había sido cancelado su matrícula por no cumplir con sus actividades académicas del día sábado. En esta ocasión, la Corte manifestó que la libertad religiosa entrañaba el derecho de ejercer las creencias en forma pública.[18] También expuso que en el caso de los fieles de la Iglesia Adventista la protección de “la libertad religiosa comprendía su derecho a guardar el Sabath, razón por la cual las instituciones educativas debían propiciar fórmulas que les permitieran atender sus deberes académicos en días y horarios acordes con sus creencias”.[19] Por tal razón, la Corte ordenó a la institución ofrecer alternativas para que la actora pudiera cumplir con sus obligaciones religiosas y académicas.
4.2.5.6. SENTENCIA T-448 DE 2007
4.2.5.7. SENTENCIA T-044 DE 2008
Recientemente, en Sentencia T-044 de 2008, la Corte estableció claramente que no resulta necesario un acuerdo entre las partes, para hacer efectivo el derecho de los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, para disfrutar del “Sabath”. Dijo la Corte: “resulta entonces, que el ámbito de protección constitucional del derecho a la libertad religiosa de las personas que pertenecen a la iglesia adventista del séptimo día, comprende el derecho a que tanto las instituciones educativas como los lugares donde laboran, tomen en consideración la santidad del Sabath para los mismos. No puede supeditarse, en consecuencia, el ejercicio de este derecho a la voluntad de las partes respecto del respeto de las festividades y celebraciones propias del culto religioso. El objeto del acuerdo debe estar referido a la forma en la cual las horas y labores académicas realizadas en los días sagrados serán recuperadas por el estudiante, es decir su finalidad es hacer efectivo el derecho sin que se perturbe la organización educativa y conciliar la libertad religiosa con el cronograma académico, según las circunstancias de cada institución. Esta es la interpretación conforme a la Constitución.”
4.2.5.8. CONCLUSIONES SOBRE LA LÍNEA JURISPRUDENCIAL
Del anterior recuento constitucional de esta línea de Jurisprudencia puede concluirse lo siguiente: (i) el derecho a la libertad de conciencia y de cultos implica no sólo la protección de sus manifestaciones privadas, sino la de su ejercicio público y divulgación, (ii) los conflictos entre la libertad religiosa y algunos derechos patronales como la determinación del horario, debe resolverse bajo el principio de minimización de los límites a esta libertad. En efecto, el derecho fundamental a la libertad religiosa de toda persona, incluye la protección de guardar un día de descanso para la adoración de Dios cuando ésta constituya un elemento fundamental de la religión que se profesa y la creencia de la persona es seria y no acomodaticia.[20] Así, esta garantía no puede ser desconocida por el patrono imponiendo horarios de trabajo el día de adoración, cuando existen medios alternativos a su alcance y (iii) teniendo en consideración que el ámbito de protección constitucional del derecho a la libertad religiosa de las personas que pertenecen a la iglesia adventista del séptimo día, comprende el derecho a que tanto las instituciones educativas como los lugares donde laboran, tomen en consideración la santidad del Sabath para los mismos, esta garantía no puede supeditarse a un acuerdo previo de las partes.
4.3.1. PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA
En primer lugar, esta Sala encuentra pertinente realizar un estudio sobre la procedibilidad de la acción de tutela, para luego analizar el asunto puesto a su consideración. Así, cabe señalar que en relación con el sujeto pasivo de la acción, el Artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, por medio del cual se reglamenta la acción de tutela, señala que ésta “procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos:
En estos términos, esta Corporación ha sentenciado que, tratándose del trabajador como sujeto activo en la acción de tutela cuando ésta se dirige contra su empleador, se entiende que aquel se encuentra en un estado de subordinación frente a éste, más si se tiene en cuenta la naturaleza misma del contrato laboral[21].
En cuanto a la existencia de otros mecanismos de defensa, la Corte ha dicho que cuando, en especial, se persigue es la protección del derecho a la libertad religiosa dentro del ámbito de una relación laboral, la acción de tutela es el único mecanismo idóneo para hacerlo efectivo. La Corte en la Sentencia T-982 de 2001 señaló: “Los fallos de primera y segunda instancia coinciden en afirmar que en el presente caso la acción de tutela no es procedente, puesto que existe otro medio de defensa judicial. A juicio de ambos jueces, los derechos que están en juego surgen de una relación laboral contractual, por lo que es la justicia laboral ordinaria donde el asunto debe ser ventilado (…) No comparte la Sala esta posición. Ana Chávez Pereira, como lo precisó en su impugnación, busca mediante su acción que se proteja su derecho a la libertad religiosa, el cual constituye un derecho fundamental constitucional (artículo 19, C.P.) y, por lo tanto, susceptible de que su defensa sea invocada mediante una acción de tutela. No pretende ella que se le protejan derechos legales emanados del contrato de trabajo, ni existe otro medio de defensa judicial para atender el derecho reclamado que haga improcedente la tutela.”
4.3.2. DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA
Así, tanto en la contestación de la acción de tutela como en las comunicaciones sostenidas, vía e mail, entre el trabajador y las Directivas de la Empresa, puede concluirse lo siguiente: (i) el trabajador comunicó en múltiples oportunidades que debido a su pertenencia a la Iglesia Adventista del Séptimo Día no le era posible acudir a la Empresa los días sábados. Sin embargo, también ofreció compensar las horas no laboradas entre semana y acudir el sábado en casos de extrema urgencia. Precisamente, en la comunicación sostenida el día 19 de febrero de 2008 manifestó:
“Por medio de la presente me dirijo a usted con referencia al comunicado enviado por la Dra. Marisabel en el día de hoy, en el cual nos informa que el nuevo horario laboral es de Lunes a Viernes de 8:00 - 12:00 am y 2:00 – 6:00 pm, y los sábados de 8:00 – 12:00 m.
“Como es de su conocimiento pertenezco a la iglesia cristiana de denominación Adventista del Séptimo Día y guardo el Sábado como día de reposo, por lo anterior le solicito de la manera más respetuosa me sea aprobado reponer las horas del sábado durante la semana en el horario de 7:30 – 12:00 m y de 1:00 – 6:00 pm. De igual forma mantendré la disponibilidad de tiempo que tengo actualmente, para venir en caso de alguna emergencia, falla en el sistema u otro problema que requiera de mi intervención o concepto.” (Folio 6 sic)
Posteriormente, por su ausencia al trabajo el día sábado se le hace un llamado de atención con copia a su hoja de vida en los siguientes términos (Folio 8):
“La Coordinación Regional de Gestión Humana de la FMP – Clínica El Prado, ha decidido hacerle un llamado de Atención por incumplimiento a su horario laboral no presentándose a trabajar el día sábado 15 de 2008.
Por lo anterior esperamos adopte las medidas pertinentes y este tipo de situaciones no se presenten nuevamente.”(Sic)
De la misma manera en comunicación del 28 de marzo de 2008, el accionante vuelve y requiere permiso para asistir el día sábado a una ceremonia especial de su congregación y, nuevamente, el permiso, le es negado. El señor Mattos requirió el siguiente permiso (Folio 9): “Por medio del presente solicito de la manera más respetuosa un permiso para el día de mañana sábado, para participar de una importante reunión en mi iglesia, la cual se realiza un sábado cada tres meses, en este acto netamente espiritual se realiza la santa cena, acto litúrgico muy parecido a la eucaristía, en este se practica el rito de humildad del lavamiento de pies y el partimiento del pan y del vino símbolos de la sangre y el cuerpo de cristo.” La Empresa le responde expresamente su comunicación del 31 de marzo (Folio 13)
“Damos respuesta a la comunicación de fecha 31 de marzo/08 con relación al horario de trabajo asignado por la empresa a todos los trabajadores de la misma.
La empresa para el desarrollo de sus actividades y para un mejor cumplimiento de las tareas asignadas a sus subordinados, ha instituido un horario de trabajo que es el pertinente de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y sábados de 8:00 am a 12 pm. Con este horario de carácter general no se infringe ninguna norma constitucional o legal, por tanto usted esta en la obligación de cumplirlo; si considera que este horario de carácter general para todos lo trabajadores, no esta acorde con sus principios religiosos la empresa no puede someterse a ello consecuencialmente usted debe cumplirlo y sobre el particular la empresa es inflexible.”(Sic)
Esta misma posición la asumió la empresa en reiteradas ocasiones ante la petición del trabajador de permitírsele compensar las horas no trabajadas el sábado con trabajo semanal e insistió en formularle llamados de atención. Finalmente, en la carta de despido, la Empresa adujo como justa causa la siguiente (Folio 45):
“La anterior determinación obedece a la conducta asumida por usted, cuando pese a diferentes requerimientos que se le han hecho por la necesidad que ha tenido la Clínica en que todos sus trabajadores deben cumplir el horario de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 6:00 pm y sábados de 8:00 am a 12:00 m. Usted argumentando su condición de pertenecer a una religión que le prohíbe trabajar los sábados, ha manifestado que no puede acatar esa decisión de la empresa.
“Con estos hechos usted además de violar el numeral 1° de artículo 58 y el numeral 4° del artículo 60 del Código Sustantivo del Trabajo, concordante con el numeral 6° del artículo 7° del decreto ley 23 51 de 1965, ha infringido también por el grado de indisciplina del numeral 2° del artículo 7° del decreto ley ya mencionado.”
No cabe duda entonces de que el despido fue realizado por la ausencia del trabajador el día sábado ante la negativa de los permisos de ausentarse en razón a la religión que profesa. Sin embargo, con la conducta asumida, la Clínica del Prado desconoce el derecho a la libertad religiosa del trabajador tal y como se estableció en la parte motiva de esta providencia. Precisamente, el derecho a la libertad religiosa “implica no sólo la posibilidad de profesar de manera privada y silenciosa el credo de la preferencia, sino que la garantía se extiende a la difusión y realización de actos públicos asociados con las convicciones espirituales”. La libertad religiosa, entonces, se extiende a los actos externos en los que éste se manifiesta, entre los cuales se encuentra el derecho de toda persona a celebrar ceremonias, ritos y actos de acuerdo con sus propias convicciones religiosas. Por su parte, en el caso de las personas pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, comprende el derecho a que lugares donde laboran, tomen en consideración la santidad del Sabath.
La Sala considera que la razón esgrimida por la empresa no resulta admisible y por tanto, la limitación del derecho fundamental no se encuentra constitucionalmente justificada. De hecho, la decisión de desvincular al trabajador fue adoptada por la entidad accionada con base en la supuesta aplicación de las normas laborales. Sin embargo, observa la Sala que toda facultad legal debe ejercerse respetando los derechos fundamentales contenidos en nuestra Carta. De la misma manera, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala que en desarrollo del elemento de la subordinación que origina el contrato laboral no puede afectarse “el honor, la dignidad y los derechos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país.” (artículo 23, C.S.T.)
Por otro lado, la Corte ha precisado que las limitaciones a los derechos fundamentales deben estar justificadas en un principio de razón suficiente aplicable, en especial, a la relación entre el fin buscado y el medio para alcanzarlo.[22] En este caso la Sala debe determinar: (i) si el medio elegido por la Clínica del Prado es necesario para llegar al fin, inquiriendo si no existe otro medio alternativo que no implique afectar en tal grado el derecho a la libertad religiosa de Salomón Mattos Mejía y (ii) si la afectación es desproporcionada.
La Sala considera que el medio elegido no es necesario para llegar al fin propuesto. Por el contrario, el hecho de que sólo hasta el año 2008 se hizo un cambio en el horario del accionante quien venía cumpliendo semanalmente desde 1999, y quien, además, ofreció compensar las horas no laboradas los días de la semana, permiten concluir que existía una medida alterna, antes de afectar gravemente el derecho a la libertad religiosa del señor Salomón Mattos Mejía. Así mismo, la empresa no justificó suficientemente su conducta, y por tanto, no se vislumbra que ésta haya sido la única alternativa posible. Actitud reforzada por el hecho de que una vez requerida por esta Corporación, la Compañía no explicó las razones que la llevaron a tomar esta decisión sino que, por el contrario, reiteró su posición en relación con la necesidad del cumplimiento del horario por parte de sus empleados.
Así, por un lado está el derecho constitucional fundamental que le permite al señor Mattos Mejía, en ejercicio de sus creencias, abstenerse de realizar actividad alguna el día sábado, y por otro la facultad legal del empleador de determinar el horario de sus trabajadores. Sin embargo, la decisión de imponer el cumplimiento del horario al accionante limita en forma grave el derecho fundamental a la libertad religiosa, toda vez que éste tendría que elegir entre perder su empleo o ser fiel a su credo.
4.3.3. PROTECCIÓN DEL DERECHO DEL ACCIONANTE
“Considera la Sala que en un caso como el que se estudia hay que considerar dos hipótesis diferentes. La primera es cuando la relación laboral contractual está vigente, y la segunda cuando la persona ha sido despedida, tal y como ocurre en este caso. En el primer evento la manera de garantizar el goce efectivo de la libertad religiosa es impedir que el empleador le imponga al trabajador la obligación de realizar la actividad que está coartando gravemente el ejercicio de la libertad religiosa de manera innecesaria y desproporcionada. En el segundo, el remedio es reintegrar al trabajador en condiciones tales que pueda cumplir con sus obligaciones laborales, y ejercer su derecho a la libertad religiosa.”
PRIMERO: LEVANTAR la suspensión de términos para fallar el presente asunto, decretada por la Sala en auto del 10 de febrero de 2009.
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Barranquilla, el 19 de agosto de 2008, y, en su lugar, CONCEDER la tutela al derecho fundamental a la libertad religiosa del señor Salomón Mattos Mejía.
TERCERO: ORDENAR a la Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social S.A, Clínica del Prado, que reintegre, sin solución de continuidad, y con el pago retroactivo de todas sus prestaciones sociales, al señor Salomón Mattos Mejía a un cargo igual o similar al que desempeñaba. Del valor de los salarios y demás prestaciones dejadas de percibir por el demandante se deberá compensar el monto de la liquidación recibida por él como consecuencia del despido, de acuerdo a lo señalado en la parte motiva.
CUARTO: ORDENAR a la Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social S.A, Clínica del Prado, que en adelante, permita al accionante disfrutar del “Sabath”, como parte integral de su derecho fundamental a la libertad religiosa, pudiendo establecer acuerdos con el señor Mejía Mattos para la compensación de las horas no laboradas.
QUINTO: Para los efectos del artículo 36 del decreto 2591 de 1991, el Juzgado Sexto Penal Municipal de Barranquilla, hará las notificaciones y tomará las medidas conducentes para el cumplimiento de esta sentencia.
[1] La expresión seria y no acomodaticia fue utilizada en la Sentencia T-982 de 2001.
[2] Esto se hará a través del juicio de razonabilidad en donde se analiza si la limitación del derecho fundamental responde a un fin legítimo, perseguido por un medio adecuado que, además, prima facie no revele la afectación de ningún otro derecho constitucional de mayor importancia. Respecto al tema pueden consultarse, entre otras, la sentencias C-071 de 1994; C-388 de 2000; C-557 de 2001;SU-623 de 2001
[3] La Empresa contestó en los siguientes términos: 1°) La Empresa solicita que todos los empleados en el área administrativa trabajen los sábados porque la productividad de la clínica está muy baja, desorden administrativo, el reglamento interno de la empresa así lo expresa y la Gerencia determinó nuevamente el cumplimiento de este para mejoramiento de los procesos de la clínica lo cual incluye que el jefe de sistemas cumpliera con este horario para dar solución a necesidades puntuales que sólo él puede resolver.
2°) La Empresa no accedió a su solicitud de compensar las horas no laboradas los sábados porque inicialmente cuando él ingresó a la empresa su horario era de 7 am a 12 pm y de 2 pm a 6 pm pero nunca cumplía con este horario siempre llegaba después de 8 am. No cumplía con sus horas reglamentarias contratadas.
3°) Se dialogó en varias oportunidades con el funcionario expresándole la necesidad que tenía la empresa de su presencia en el horario de los sábados dando opciones de ingresar de 7 am hasta las 10 am sin respuesta de éste en ningún momento. La disciplina de sus funcionarios ejecutivos es de prioridad, a fin de que la empresa cumpla con sus obligaciones dentro del marco del desarrollo de sus actividades, pues presta un servicio público de salud que es de carácter esencial.”
[4] Corte Constitucional. Sentencia T-403/92.
[5] Sentencia T-421 de 1992
[6] Sentencia T-421 de 1992
[7] Sentencia T-403 de 1992
[8] Sentencia T-403 de 1992
[9] Sentencia T-412 de 1992
[10] Sentencia C-088 de 1994
[11] Sentencia C-088 de 1994. Ver otras: Sentencia No. T-403 de junio 3 de 1.992
[12] Sentencia T-430 de 1993
[13] Sentencia T-430 de 1993
[14] Sentencias T- 430 de 1993 y T-662 de 1999
[15] Sentencia T-263 de 1998
[16] Así por ejemplo, ver Sentencias T-588 de 1998, T-800 de 2002, T-877 de 1999, T-376 de 1996.
[17] Tomado de la página oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en internet (versión en inglés: http://www.adventist.org/beliefs/index.html; versión en español: http://www.adventistas.cl/quien.htm).
[18] Al respecto dice la sentencia: “5. Lo anterior significa entonces, que de conformidad con el texto superior, el derecho a la libertad religiosa implica no sólo la posibilidad de profesar de manera privada y silenciosa el credo de la preferencia, sino que la garantía se extiende a la difusión y realización de actos públicos asociados con las convicciones espirituales. La libertad religiosa, entonces, garantizada por la Constitución, no se detiene en la asunción de un determinado credo, sino que se extiende a los actos externos en los que éste se manifiesta. Particularmente para el creyente la coherencia de su vida personal con los dogmas y creencias de su religión, reviste una importancia medular, en tanto muchas veces ella determina los proyectos de vida personal.
[19] “8. Resulta entonces, que el ámbito de protección constitucional del derecho a la libertad religiosa de las personas que pertenecen a la iglesia adventista del séptimo día, comprende el derecho a que tanto las instituciones educativas como los lugares donde laboran, tomen en consideración la santidad del Sabath para los mismos. No puede supeditarse, en consecuencia, el ejercicio de este derecho a la voluntad de las partes respecto del respeto de las festividades y celebraciones propias del culto religioso. El objeto del acuerdo debe estar referido a la forma en la cual las horas y labores académicas realizadas en los días sagrados serán recuperadas por el estudiante, es decir su finalidad es hacer efectivo el derecho sin que se perturbe la organización educativa y conciliar la libertad religiosa con el cronograma académico, según las circunstancias de cada institución. Esta es la interpretación conforme a la Constitución.”
[20] La expresión seria y no acomodaticia fue utilizada en la Sentencia T-982 de 2001.
[21] Sentencia T-1153 de 2000. El artículo 22 del CST, que define el contrato laboral, expone que: “Contrato de trabajo es aquél por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración...”. De donde se desprende que los tres elementos esenciales para la configuración de un contrato laboral sean el servicio personal (persona natural), la subordinación o dependencia del empleado para con el empleador y la remuneración.
[22] Esto se hará a través del juicio de razonabilidad en donde se analiza si la limitación del derecho fundamental responde a un fin legítimo, perseguido por un medio adecuado que, además, prima facie no revele la afectación de ningún otro derecho constitucional de mayor importancia. Respecto al tema pueden consultarse, entre otras, la sentencias C-071 de 1994; C-388 de 2000; C-557 de 2001;SU-623 de 2001