Source: http://www.revistarap.com.ar/Derecho/administrativo/responsabilidad_del_estado/lewinger_juan_pablo_c_m_176_j_y_ddhh_ley_n_.html
Timestamp: 2020-08-12 18:02:24
Document Index: 353291039

Matched Legal Cases: ['Artículo 6', 'Artículo 3', 'Artículo 14', 'Artículo 1', 'Artículo 44', 'Artículo 68']

Lewinger, Juan Pablo c/ M° J y DDHH - Ley Nº 24.411 (Resolución Nº 42/01)
Responsabilidad del Estado. Rechazo del beneficio Ley Nº 24.411 (causahabientes de los fallecidos por el accionar de las Fuerzas Armadas durante el último gobierno de facto). Reparación limitada a las acciones ilegítimas. Pautas de interpretación de la ley. Precedentes.
L. 27. XXXVIII. "Lewinger, Juan Pablo c/ M° J y DDHH ? Ley Nº 24.411 (Resolución Nº 42/01)".
A fs. 76/77, la Sala V de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal desestimó el recurso interpuesto por Juan Pablo Lewinger contra la Resolución Nº 042/01 del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, que le denegó el beneficio previsto en la Ley Nº 24.411, relacionado con el fallecimiento de su padre Arturo Lewinger.
Para así resolver, señalaron los jueces, en primer lugar, que de los Artículos 2º y 3º ap.2 de la Ley Nº 24.411, al igual que de su reglamentación (Decreto Nº 403/95), surge que el fallecimiento debe acreditarse por resolución judicial o constancias administrativas de las que se desprenda la participación en el hecho de personal de las fuerzas armadas, de seguridad o de grupos paramilitares, entendiéndose por tales a aquellos que actuaron en la lucha antisubversiva sin identificación de su personal mediante uniformes o credenciales.
Expusieron luego que, como surge del sub examen y de la causa que corre por cuerda, el 25 de mayo de 1975, en horas de la tarde, ingresaron a la Comisaría 2da. de la ciudad de Mar del Plata, un hombre -que a la postre fue identificado como Arturo Lewinger- y una mujer que, simulando concurrir a realizar una denuncia por robo de un automotor, intentaron tomar la seccional para liberar a algunos integrantes de la organización "Montoneros" detenidos en su interior. En esas circunstancias, se produjo un intenso tiroteo, donde perdieron la vida dos policías y el citado Lewinger.
En el caso -sostuvieron- nos hallamos en un supuesto no encuadrable en las previsiones de la Ley Nº 24.411, ya que aunque la muerte del nombrado respondió al accionar de fuerzas de seguridad en el marco de la represión de la denominada "subversión" -a la que como disidente adhería- el fallecimiento fue consecuencia de una legítima actividad por parte de los agentes policiales que actuaron en defensa propia y en cumplimiento de deberes funcionales, por lo que el suceso no es aprehendido por las previsiones de la ley reparatoria en análisis, ya que obedeció a la actividad lícita de los agentes estatales.
Para finalizar, expresaron que ello tornaba igualmente improcedente la aplicación -a pedido de la parte actora- del Artículo 6º de la Ley Nº 24.411 (texto modificado por la Ley Nº 24.823), ya que el principio de la duda en beneficio del peticionario allí consagrado, resulta inaplicable ante la claridad de los acontecimientos traídos a conocimiento del tribunal, pues el padre del actor ha fallecido, efectivamente y sin duda alguna, por el accionar de fuerzas de seguridad, pero no bajo las circunstancias a las que aluden los Artículos 2º y 3º de la Ley Nº 24.411 y Artículo 3º inc. II) y II-a) del decreto Nº 403/95.
Disconforme, la actora interpuso el recurso extraordinario de fs. 81/85, donde sostiene que la sentencia en cuestión restringe el acceso en forma amplia y generosa al beneficio, en contra de los postulados de la norma, ya que ésta nada dice respecto de actividad lícita o ilícita de los integrantes de las fuerzas de seguridad o paramilitares, sino sólo la participación de éstos en el hecho y que el fallecimiento haya ocurrido en el contexto de la violencia que sufrió el país.
Ante todo, cabe señalar que el a quo concedió la apelación extraordinaria únicamente en cuanto a la interpretación de normas federales y lo denegó expresamente en lo referido a la invocada causal de arbitrariedad, sin que el actor dedujera, a su respecto, recurso de queja. En consecuencia, la jurisdicción de la Corte ha quedado abierta sólo en la medida que la otorgó el tribunal de la instancia anterior (Fallos: 322:1231 y sus citas).
A mi modo de ver, el remedio federal intentado es formalmente admisible desde que se controvierte la inteligencia de la Ley federal Nº 24.411 y la decisión del superior tribunal de la causa fue contraria a la pretensión que el recurrente fundó en ellas (Artículo 14, inc. 3°, de la Ley Nº 48).
En cuanto al fondo del asunto, es dable recordar que, en la tarea de esclarecer la inteligencia de aquel tipo de normas, la Corte no se encuentra limitada por las posiciones del a quo ni de las partes, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado (doctrina de Fallos: 323:1419, entre otros).
A la luz de tal principio, observo que la Ley Nº 24.411 dispone otorgar un beneficio extraordinario a los causahabientes de las personas que, al momento de su sanción, estuvieren en estado de desaparición forzada (Artículo 1º), el que hace extensivo a "...los causahabientes de toda persona que hubiese fallecido como consecuencia del accionar de las Fuerza Armadas, de seguridad o de cualquier grupo paramilitar con anterioridad al 10/12/83", integrándose así a un plexo normativo destinado a materializar el compromiso del Poder Ejecutivo Nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de propiciar la sanción de una ley especial que contemple la reparación, por razones de equidad, a quienes hubieran sufrido privaciones de libertad arbitrarias y la muerte o desaparición forzada durante el último gobierno de facto, evitando así el riesgo de que nuestro país fuese sancionado internacionalmente por violación al Artículo 44 del Pacto de San José de Costa Rica.
Así las cosas, aun cuando la citada ley sólo exige que el accionar de las Fuerzas Armadas o de Seguridad haya ocasionado la muerte de una persona, sin distinguir entre conducta legítima e ilegítima, concuerdo con el a quo en que ello no implica que cualquier actividad que aquéllas hayan realizado sea suficiente para comprometer la responsabilidad del Estado en los términos legales. En este sentido, cabe poner de resalto lo manifestado por VE en torno a que, con el dictado de la Ley Nº 24.411, el legislador previó una reparación especial sólo para quienes resultaron perjudicados por acciones ilegítimas producidas -durante el último gobierno de facto- por las fuerzas armadas, de seguridad o paramilitares, que derivaron en la desaparición forzada o en la muerte (doctrina de Fallos: 324:2934).
No obstante, creo oportuno recordar que la inteligencia de las leyes debe tener en cuenta el contexto general y los fines que las informan y, a ese objeto, la labor del intérprete debe ajustarse a un examen atento de sus términos que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador, extremos que no deben ser obviados por las posibles imperfecciones técnicas de la instrumentación legal, precisamente, para evitar la frustración de los objetivos de la norma (Fallos: 308:2246). Asimismo, el Tribunal ha establecido que no se trata de desconocer la palabra de la ley, sino de dar preeminencia a su espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del ordenamiento jurídico y a los principios fundamentales del Derecho en el grado y jerarquía en que éstos son valorados por el todo normativo, cuando la inteligencia de un precepto, basada exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos, conduzca a resultados concretos que no armonicen con los principios de hermenéutica enunciados, arribe a conclusiones reñidas con las circunstancias singulares del caso o a consecuencias notoriamente contradictorias (cfr. doctrina de Fallos: 302:1611; 312:111, entre otros).
Lo hasta aquí expuesto impide tener por verificados en el sub examine los extremos requeridos por la ley para otorgar el beneficio, sin que esto -en modo alguno- implique sustituir al legislador, antes bien, se trata de aplicar la norma tal como éste la concibió.
En tales condiciones, opino que corresponde confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de recurso extraordinario.
Visto los autos: "Lewinger, Juan Pablo c/ M° J y DDHH - Ley Nº 24.411 (Resolución Nº 42/01)".
Que esta Corte comparte y hace suyas las razones expuestas por el señor Procurador Fiscal en su dictamen, al que cabe remitirse en razón de brevedad.
Por ello, de conformidad con lo dictaminado por aquél, se confirma la sentencia apelada. Costas por su orden, atento a que el actor pudo razonablemente creerse con derecho a litigar (Artículo 68, segunda parte del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Enrique Santiago Petracchi - Augusto César Belluscio - Carlos S. Fayt - Antonio Boggiano - Juan Carlos Maqueda - Elena I. Highton de Nolasco.