Source: http://praxisjuridica.aprenderapensar.net/faq/normas-de-uso/
Timestamp: 2017-10-24 01:54:28
Document Index: 160610741

Matched Legal Cases: ['artículo 46', 'artículo 10', 'artículo 125', 'artículo 253', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 1', 'artículo 549', 'artículo 550', 'artículo 9', 'Artículo 44', 'artículo 37', 'artículo 581', 'artículo 558', 'artículo 559', 'artículo 571', 'artículo 582', 'Artículo 620', 'Artículo 256', 'ARTÍCULO 259', 'artículo 259', 'artículo 26']

Derecho Procesal Penal y Procesal Civil Venezolano
Donelsi Montero
escrito el 3 de septiembre de 2013 por praxisjuridica en General
En pocos días estaré suministrando información actualizada, gracias por estar pendiente.
escrito el 10 de febrero de 2011 por praxisjuridica en General
Plan de Clase – Criminalistica
escrito el 1 de febrero de 2011 por praxisjuridica en General
DERECHOS HUMANOS compilación 2011
TEMA 1,2 Y 3 PROCESAL PENAL
BREVE GUIA DE ESTUDIO TEMA I, TEMA II y TEMA III PROCESAL PENAL
GUIA DE ESTUDIO TEMAS I, II, III DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
breve analisis y critica : VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia)
ºSISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL ADOLESCENTE
COPP (DIAPOSITIVAS EN VIDEO DAR CLICK)
El presente trabajo tendrá por objeto el análisis comparativo entre el sistema penal de responsabilidad del adolescente y el sistema penal ordinario, por lo tanto se señalarán ciertos criterios de relevancia jurídica y social con atención a las leyes que los regulan, como lo son la Ley Orgánica para la protección del Niño, Niña y Adolescente (L.O.P.N.N.A) la cual fue reformada en el año 2007 y el Código Orgánico Procesal Penal (C.O.P.P) con reforma parcial en el 2009.
Iniciemos con los integrantes del sistema de responsabilidad del adolescente los cuales son los siguientes:
a) La Sección de Adolescentes del Tribunal Penal.
b) La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia.
c) El Ministerio Público.
d) El Servicio Autónomo de la Defensa Pública.
e) La Policía de investigación.
f) Los Programas y entidades de atención.
Una de las diferencias puntuales del procedimiento en L.O.P.N.N.A. de la responsabilidad Penal del Adolescente con el Procedimiento Ordinario Penal es la jurisdicción especializada y la sanción que se le impone. En nuestro país los últimos años se ha venido generando una gran inquietud sobre la necesidad de reconocer, proteger y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como personas menores de dieciocho años, en virtud de las violaciones que se han producido a los Derechos Humanos, y no serán más que los cuerpos legales los garantes de esto.
Con respecto a la legalidad y lesividad del adolescente, entendemos que ningún adolescente puede ser procesado por algún acto u omisión que no esté tipificado en la ley al momento de su ocurrencia como un delito, nos imaginamos entonces ¿Qué tipo de delito podría ser?, se puede dar el caso que un adolescente por medio de una computadora sustraiga por medios informáticos ilegales información personal y privada de personas ajenas a él, sean claves de cuentas bancarias, de correos electrónicos entre otros. Cabe destacar que el adolescente no puede ser sancionado con medidas que no estén contempladas en la L.O.P.N.N.A., solo debe seguirse el procedimiento que rige esta ley para determinar su responsabilidad en la comisión de hechos punibles.
El ámbito de aplicación del procedimiento contemplado en L.O.P.N.N.A. se simplifica de la siguiente manera:
Los sujetos son adolescentes mayores de 12 años y menores de 18, salvo los casos que hayan cumplido la mayoría de edad en el transcurso del proceso, cabe decir que el adolescente cometió el presunto hecho punible cuando tenía 17 años y con los lapsos procesales este ahora tiene más de 18 años. La ley es muy clara diferenciando la comisión de hechos punibles por adolescentes y por niños o niñas, a estos últimos solo se le aplicaran medidas de protección, en el caso que sean encontrados en flagrancia se dan dos supuestos, primero que sea encontrado por una autoridad policial esta le dará aviso al fiscal del Ministerio Público especializado en casos de menores y este a su vez en un lapso no mayor de 24 horas pondrá al niño o niña a la orden del Consejo de Protección, el cual es el órgano administrativo que por mandato de la sociedad, se encarga de asegurar la protección, en caso de amenaza o violación de los derechos y garantías de uno o varios niños o adolescentes, individualmente considerados y el segundo supuesto es que el niño o niña sea sorprendido por un particular en flagrancia, este debe ponerlo de inmediato a disposición de la autoridad policial para que ésta proceda en la misma forma. Se preguntarán porque medidas de protección para un niño y no sanciones, ya que entendemos que un niño (que por ley se comprende aquel que es menor de 12 años) no tiene la capacidad suficiente para discernir, diferenciar lo bueno y lo malo. A su vez los adolescentes son divididos en dos grupos llamados etarios: los y las que tengan de doce años hasta menos de catorce años y, los y las que tengan catorce años y menos de dieciocho años de edad, esto solo para la aplicación y ejecución de las sanciones. En los casos que exista error de edad si se determina que la persona investigada o imputada era mayor de dieciocho años al momento de la comisión del hecho punible, se remitirá lo actuado a la autoridad competente igualmente si era menor de dieciocho; se remitirá al consejo de protección de niños, niñas y adolescentes cuando sea menor de 12 años. Así mismo, si en la comisión de hechos punibles concurren adolescentes y personas adultas las causas se separarán conociendo en cada caso la autoridad competente y para mantener la conexidad los funcionarios de investigación o los tribunales deberán remitirse recíprocamente copias certificadas de las actuaciones pertinentes.
GARANTÍAS FUNDAMENTALES DEL ADOLESCENTE. ESTABLECIDAS EN LA LEY ORGÁNICA DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE Y SUS DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS CON LAS CONTEMPLADAS POR EL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL
Esto no es más que respetar la dignidad inherente a la persona humana, que debe dársele al menor, prohibiéndose con ello la posibilidad de recibir o ser sometido a humillaciones, vejaciones, malos tratos, situaciones degradantes, a realizarse distingos por razones de sexo, raza, condiciones socio económicas, lo cual no puede ser sometido a castigos físicos ni psíquicos que afecten su salud, su vida y el buen desarrollo estructural de su personalidad, de ser así se atentaría contra su integridad personal, el fundamento constitucional lo encontramos en el artículo 46 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 10 del Código Orgánico Procesal Penal, así mismo en el Numeral 10 del artículo 125 del mismo texto adjetivo.
La ley es clara, las sanciones deben ser racionales, es decir, medir la gravedad de los delitos, estableciendo que las penas deben medirse en virtud de la relación entre el delito cometido y el daño social causado por el mismo. En igual condición garantista, se establece en el Título VIII, los principios generales que deben regir en la aplicación de las medidas de coerción personal, específicamente de ello hace referencia el artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal.
Si no existe una sentencia firme que no determine la existencia del hecho y la participación culpable del imputado o imputada, imponiendo una sanción este se presumirá inocente, dicha garantía toma rango constitucional la cual está consagrada en el artículo 49, numeral 2 del citado texto nacional. Efectivamente tal y como está planteada la presunción de inocencia, en ambos textos legales, tanto en la L.O.P.N.N.A., como en el Código Orgánico Procesal Penal, están regulados en los mismos parámetros legales, solo que en el primero se da la circunstancia que el adolescente investigado debe solicitar la presencia inmediata de sus padres, representantes, responsables, además de su abogado, por supuesto dada su especial condición.
El adolescente debe conocer de manera específica sobre los motivos por los cuales se encuentra detenido o privado de su libertad y la autoridad es la responsable de hacer valer este derecho.
DERECHO A SER OIDO Y OIDA
Se dispone el derecho que se tiene de ser escuchado por las autoridades competentes, en las oportunidades que así lo requiera, tanto el adolescente como el adulto en sus respectivos procesos penales, tomando en consideración que puede solicitarlo en cualquier momento y estado del proceso.
JUICIO EDUCATIVO
Esta expresión y garantía implica que el adolescente tendrá la oportunidad de entender a medida que se desarrolla el proceso, las implicaciones que cada actuación puede tener y evaluar el significado de las mismas y cómo éstas pueden repercutir en su favor o en su contra. De la mencionada explicación, se deduce que a través del juicio educativo con respecto a las actuaciones que se produzcan durante el procedimiento, el menor podrá tomar conciencia de las razones de aplicación de la ley, en virtud del hecho contrario al ordenamiento legal en el cual ha intervenido, y que en consecuencia asuma su responsabilidad y las consecuencias que de ella deriven. Esto es una innovación de la L.O.P.N.N.A.
Este derecho lo encontramos consagrado artículo 49 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con el cual lo que sencillamente se pretende es que el actor del hecho típico, bien sea un adolescente o bien un adulto, pueda acceder a la justicia contando con un profesional del derecho que pueda orientar su situación jurídica hacia la satisfacción de sus intereses, en este caso, el interés primordial que alude a la libertad, como el bien jurídico más preciado del ser humano.
Este principio de confidencialidad no se encuentra plenamente identificado en la Constitución Venezolana, con dicha garantía lo que realmente se pretende es evitar que al adolescente se le deshonre en forma criminógena, de manera que su objeto es proteger intelectual y moralmente al niño, niña y adolescente, en este sentido la ley restringe el principio de publicidad del proceso, lo que contraría las disposiciones consagradas en el régimen procesal para el adulto, dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal, ya que uno de los principios fundamentales del sistema acusatorio es la publicidad de las actuaciones, la condición especial conferida a la materia de menores en los textos constitucionales representa una excepción al principio de publicidad consagrado en el Código Orgánico Procesal Penal, cuando señala que “El juicio oral tendrá lugar en forma pública”.
Este derecho no es más que el niño, niña y adolescente dispondrá de debida asistencia jurídica; que la causa se resolverá sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial en una audiencia equitativa; que no será obligado a prestar testimonio o declararse culpable y que tendrá derecho a que se la decisión en su contra sea sometida a una autoridad superior competente independiente e imparcial. En este mismo sentido, el Código Orgánico Procesal Penal lo consagra en el artículo 1, encabezando la gama de principios y garantías dispuestos en dicho texto adjetivo.
UNICA PERSECUCIÓN
Con esta se determina que no se puede juzgar al adolescente dos veces por el mismo hecho, estableciéndose como efecto innovador la figura de la remisión. De conformidad a lo expuesto en el Código Orgánico Procesal Penal, recoge este principio procesal del non bis in idem (no dos veces por lo mismo), estableciendo dos excepciones a través de las cuales se podrá perseguir penalmente en una nueva oportunidad, a) cuando la primera fue intentada ante un tribunal incompetente y b) cuando la primera fue desestimada por defectos en su promoción o en su ejercicio, así mismo, es menester puntualizar que la figura de la remisión anteriormente aclarada, se equipara dentro del proceso penal ordinario con lo que comúnmente hemos identificado como Archivo Fiscal.
EXEPCIONALIDAD DE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD
Salvo la detención en flagrancia, la privación de libertad sólo procede por orden judicial, en los casos, bajo las condiciones y por los lapsos previstos en L.O.P.N.N.A. La prisión preventiva es revisable en cualquier grado e instancia del proceso a solicitud del o de la adolescente.
SEPARACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS
El artículo 549 de la L.O.P.N.N.A. establece lo siguiente “Los y las adolescentes deben estar siempre separados o separadas de las personas adultas cuando estén en prisión preventiva o cumpliendo sanción privativa de libertad. Las oficinas de la policía de investigación deben tener áreas exclusivas para los y las adolescentes detenidos o detenidas en flagrancia o a disposición del o de la Fiscal del Ministerio Público para su presentación al juez o jueza, debiendo remitirlos o remitirlas cuanto antes a los centros especializados. Tanto la prisión preventiva como las sanciones privativas de libertad deben cumplirse exclusivamente en establecimientos adscritos al sistema previsto en esta Ley.”
PROCESO A INDIGENAS
Esta es una de las nuevas garantías que consagra la nueva reforma de la L.O.P.N.N.A., la cual en su artículo 550 establece “Cuando se trate de adolescentes pertenecientes a pueblos y comunidades indígena, se debe observar, además de las reglas de esta Ley, sus usos y costumbres y se oirá a las autoridades propias, siempre que sea posible su comparecencia”.
PRIVACIÓN PREVENTIVA DE LIBERTAD EN AMBOS SISTEMAS PENALES
Dentro del esquema del Sistema Penal Venezolano se establece como norma rectora el derecho a la libertad, en el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 9 se establece lo siguiente: “Las disposiciones de este Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tienen carácter excepcional…”, puntualización normativa que coincide en igualdad de condiciones con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando debate ésta en su Artículo 44: “La libertad personal es inviolable, en consecuencia, será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso”.
En consideración a lo mencionado, es menester recordar que si para el adulto se atribuye en el Código Orgánico Procesal Penal, restricciones en cuanto al procedimiento en relación a la privación de la libertad, de igual forma, o en razón del interés superior el del menor y del adolescente que ha incurrido en un hecho típico, la novísima Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, establece igualmente en el artículo 37, que “Todos los niños y adolescentes tienen derecho a la libertad personal…no pueden ser privados de ella ilegal o arbitrariamente…”, en este sentido específico de la privación preventiva, regula las circunstancias en las cuales se determinará que el mismo sea privado de la libertad o bien le sean aplicadas ciertas medidas cautelares que le sustituyan.
DETENCIÓN JUDICIAL EN CASO DE FLAGRANCIA Y FASE DE LA INVESTIGACIÓN
En lo que se refiere a la investigación penal en el procedimiento especial de adolescentes, se tiene como finalidad determinar si existen o no elemento que permitan estimar que efectivamente se está en presencia de un hecho punible, así mismo, si el adolescente tuvo participación en ese hecho ilícito, es determinante que la detención se produzca in fraganti, es decir, que el hecho punible se haya cometido en público o ante testigos que facilitan la prueba de la participación.
Se realizo el siguiente cuadro comparativo para determinar las diferencias del procedimiento de flagrancia de L.O.P.N.N.A y el del procedimiento ordinario penal.
L.O.P.N.N.A PROCEDIMIENTO ORDINARIO PENAL
El adolescente detenido en flagrancia será conducido de inmediato ante el Fiscal del Ministerio Público Aprehensor las 12 horas siguientes a la detención pone a disposición del Ministerio Público al aprehendido.
El Fiscal del Ministerio Público dentro de las 24 horas siguientes lo presentará al Juez de Control y le expondrá cómo se produjo la aprehensión El Fiscal del Ministerio Público en las 36 horas siguientes presenta al aprehendido ante el Juez de Control.
El juez resolverá, en la misma audiencia, si convoca directamente a juicio oral para dentro de los diez días siguientes. El Fiscal del Ministerio Público solicitará procedimiento Abreviado u Ordinario y la imposición de medidas de coerción personal o libertad.
El Fiscal y, en su caso, el querellante, presentará la acusación directamente en la audiencia de juicio oral y se seguirá, en lo demás, las reglas del procedimiento ordinario. El juez de Control decidirá en las 48 horas siguientes desde puesto el aprehendido a su disposición.
En la audiencia fijada para la presentación del detenido en flagrancia, se debe inculcar al mismo al cumplimiento de una medida cautelar de comparecencia al juicio si éste se decreta, pudiendo en este mismo acto, acordar la privación judicial si fuere procedente. El juez de Control verificará que se den los requisitos del 372 C.O.P.P., decretará aplicación del procedimiento abreviado y el si lo solicitan el Ministerio Público remite actuaciones al Tribunal Unipersonal.
Ahora bien, si el juzgador considera convocar a juicio, entonces se hará conforme está estipulado para dentro de los diez días siguientes, pero si el adolescente se ha mantenido privado, según lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 581 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, dicha privación no deberá exceder de los tres meses, cumplido este término sin que se haya concluido el juicio por sentencia condenatoria, el juez que esté conociendo el caso, debe hacer cesar la medida por otra medida cautelar.
En el sistema penal de responsabilidad del adolescente, se reducen los lapsos en caso de flagrancia, pero esto no significa que deba conocer de las causas sólo el juez unipersonal, ya que la propia ley en su exposición de motivos indica que al tribunal de juicio se incorpora la figura del escabino cuando se trate de delitos graves, siempre bajo la dirección del juez profesional, promoviendo entonces la participación ciudadana, lo cual es un derecho que tiene el imputado de ser juzgado por su juez natural, y de la ciudadanía de participar en la administración de justicia penal, siendo un deber del seleccionado como escabino, concurrir a ejercer la función para la cual ha sido convocado, de conformidad con lo establecido en los artículos 253 y 255 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 3 y 149 del Código Orgánico Procesal Penal.
DETENCIÓN JUDICIAL EN CASO DE IDENTIFICACIÓN
A los fines consagrados a este caso, es determinante que en el curso del proceso de investigación, el adolescente no se haya identificado civilmente, es decir, que existe duda razonable de su verdadera identificación en cuanto a la que haya aportado. Este precepto lo encontramos establecido en el artículo 558 de la L.O.P.N.N.A.
Por lo que el Juez de Control tiene la potestad de decretar la privación judicial preventiva por el lapso de noventa y seis (96) horas hasta tanto se verifique su verdadera identidad, lo que se llevará a efecto siempre y cuando el Fiscal del Ministerio Público o bien, el querellante así lo soliciten, esta privación tendrá lugar siempre que no haya alguna otra forma de aseguramiento y evitar que el detenido se evada, de lograrse antes la identificación la privación debe cesar. Este tipo de detención no se encuentra debidamente establecido en la constitución nacional y para el proceso penal ordinario este no es procedente, atendiendo sin duda alguna a la condición de adolescencia.
DETENCIÓN JUDICIAL PARA ASEGURAR LA COMPARECENCIA A LA AUDIENCIA PRELIMINAR
Una vez que se haya logrado identificar al presunto adolescente, sin que existan dudas sobre su identidad personal, el Fiscal del Ministerio Público solicitará al Juez de Control que en virtud de las resultas del proceso, se prive de la libertad al adolescente como fin último del proceso, y a todo evento de garantizar la comparecencia del mismo a la audiencia preliminar, sin embargo, se aplicará si no existe otra forma de asegurar dicho propósito.
Atendiendo a cualquiera que sea la situación en relación a la detención del adolescente, éste debe ser presentado ante el Juez de Control en un lapso no mayor de 24 horas, según lo pauta así en el artículo 559 de la ley, lo que hace la diferencia entre un sistema y otro, puesto que cuando se habla de adolescente la garantía debe ser mayor, en virtud de tal cualidad se reconoce el interés superior del cual goza el adolescente y que tiene el estado en velar por que el procedimiento cuente con mayor celeridad. Si el adolescente cumple las obligaciones pactadas en el plazo fijado, el o la Fiscal del Ministerio Público solicitará al Juez de Control el sobreseimiento definitivo. En caso contrario, presentará acusación.
En este orden de ideas, en el transcurso de esta fase de la investigación, tanto para el adolescente como para el adulto, se pueden aplicar las fórmulas de solución anticipada, lo cual sin duda abrevia el proceso y conlleva a que no se presente acusación, dándose una salida inmediata al conflicto planteado, evitándose dilaciones indebidas y por ende el juicio oral. Sin embargo, a diferencia del proceso para adultos, no recoge los acuerdos reparatorios y establece las figuras de la conciliación y la admisión de los hechos. En el primer caso, para aquellas circunstancias donde el hecho punible no merezca privación de la libertad y en relación a la segunda situación, para aquellos casos en donde merezca o no la privación judicial, por lo que se solicitará la imposición inmediata de la sanción, a lo cual de proceder la privación se le rebajará el tiempo que le respecta, de un tercio a la mitad.
ACUSACIÓN Y AUDIENCIA PRELIMINAR
De acuerdo a lo planteado, se proyecta la fase intermedia una vez preparado toda la investigación y presentada la acusación por el fiscal del ministerio público, etapa para la cual el adolescente aún puede estar privado de su libertad, entonces el juzgador debe colocar a disposición las actuaciones recogidas, en esta oportunidad las partes conocerán las evidencias colectadas en la investigación, lo cual se hará en un plazo determinado de cinco días para ambas y dentro de los diez días después el juez convocará a las partes para acudir a la audiencia correspondiente, por su puesto hay que considerar que en este procedimiento lo lapsos se acortan en virtud de la garantía superior que se le debe a los adolescentes (artículo 571 L.O.P.N.N.A).
El día señalado se realizará la audiencia, se dispondrá la práctica de la prueba propia de la audiencia preliminar y se dará tiempo suficiente para que cada parte fundamente sus pretensiones. Si no se hubiere logrado antes, el juez intentará la conciliación, cuando ella sea posible, proponiendo la reparación integral del daño social o particular causado. De esta audiencia se levantará un acta y así mismo el imputado o imputada podrá solicitar que se le reciba declaración, la que será tomada con las formalidades previstas.
FÓRMULAS DE SOLUCIÓN ANTICIPADA: LA CONCILIACIÓN Y LA REMISIÓN
En los casos que no sea procedente la privación de libertad como sanción, el Fiscal del Ministerio Público promoverá la conciliación. Se celebrará una reunión con el o al adolescente, sus padres, representantes o responsables y la víctima, presentará su eventual acusación, expondrá y oirá proposiciones. En caso de hechos punibles que afecten intereses colectivos o difusos propondrá la reparación social del daño. Si se llega a un preacuerdo, el o la Fiscal lo presentará al Juez o Jueza de Control, conjuntamente con la eventual acusación.
En el caso de remisión, el Fiscal del Ministerio Público podrá solicitar al Juez de Control que se prescinda del juicio, o se limite éste a una o varias infracciones menores, o sólo a alguno de los adolescentes participes, cuando:
Se trate de un hecho insignificante o de una participación mínima.
El o la adolescente colabore eficazmente con la investigación, brinde información esencial para evitar la perpetración o consumación de otros hechos conexos, ayude a su esclarecimiento, o brinde información útil para probar la participación de otras personas.
El o la adolescente haya sufrido, a consecuencia del hecho, un daño físico o moral grave.
La sanción que se espera por el hecho, de cuya persecución se prescinde, carezca de importancia en consideración a la sanción ya impuesta o a la que cabe esperar por los restantes hechos.
Acordada la remisión, termina el procedimiento respecto al hecho o al adolescente a cuyo favor obra.
DETENCIÓN JUDICIAL EN FASE DE EJECUCIÓN
En la última fase del procedimiento, en la que se decide finalmente si aún seguirá recluido el adolescente y el adulto en su caso, estableciéndose su permanencia en los determinados centros de reclusión, para la legislación penal especial, se instituye que las sanciones que se han diseñado se basan en principios fundamentales de Excepcionalidad, individualidad, proporcionalidad y progresividad, cuando se habla de consideración individual no se refiere sólo a la observación clínica que se le va a proporcionar al adolescente infractor, sino a la participación que éste puede tener en ese proceso, al igual que su familia y la sociedad, puntualizando los factores que han incidido en su conducta, pero aportando estrategias para que el adolescente se plantee metas concretas, de manera que pueda fortalecer sus potencialidades y supla sus deficiencias.
Se plantea además que la sanción en la ley especial esté orientada en su aplicación a los aspectos tanto cuantitativo como cualitativo, siempre considerando los parámetros de proporcionalidad, entendidos éstos, como la respuesta al grado de culpabilidad del sujeto en la medida que éste haya participado.
PROCEDENCIA DE OTRAS MEDIDAS CAUTELARES
La privación preventiva de libertad como bien se ha afirmado, es una medida cautelar excepcional, y que se decretará en el sentido más amplio que pueda y debe otorgársele, tomando en cuenta todas las circunstancias que rodearon el hecho típico cometido por el imputado, la proporcionalidad del delito, con la pena a aplicarse en cada caso en concreto.
Asimismo, debe prevalecer el interés superior del menor y adolescente, autorizando la detención, siempre que no existan otras condiciones que satisfagan razonablemente el objeto del proceso, es decir, se debe evitar la aplicación de la privación cuando pueda acordarse otra medida menos gravosa de posible cumplimiento, la cual se decretará de oficio por el juez competente o a petición del interesado que no puede ser otro que el imputado.
El artículo 582 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente, expresa en forma imperativa al juez competente, la imposición de alguna de las siguientes medidas:
a) Detención en su propio domicilio o en Custodia de otra persona, o con la vigilancia que el tribunal disponga.
b) Obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, que informará regularmente al tribunal.
c) Obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal o la autoridad que éste designe.
d) Prohibición de salir, sin autorización, del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el tribunal.
e) Prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares.
f) Prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afecte el derecho a la defensa.
g) Prestación de una caución económica adecuada, de posible cumplimiento, mediante depósito de dinero, valores o fianza de dos o más personas idóneas o caución real.
Las obligaciones contenidas de la letra “a” y “b” disponen una figura como la establecida en la Ley Tutelar del Menor, en cuanto a la figura del Tutor, ya que se le impone el sometimiento a la custodia de otra persona o bajo la vigilancia que determine el tribunal.
Al analizar las obligaciones que se expresan en las letras c, d, e y f, cabe preguntarse si este tipo de imposición por el tribunal, no menoscaba el derecho que tiene a desarrollarse en un ambiente óptimo y bajo las condiciones mínimas de acuerdo a su edad, esto por un lado, pero por el otro, no hay que olvidarse del derecho que tiene la víctima como parte de esta sociedad, a que igualmente le sean respetados sus derechos y garantías.
En líneas generales, estas son las otras medidas cautelares que comprende este sistema penal de responsabilidad del niño , Niña y adolescente, una vez que se ha considerado la procedencia o no de la medida de privación preventiva.
Existen otras medidas adoptadas por la Ley Orgánica para la Protección del Niño, niña y Adolescente, que tienen que ver con las sanciones a que hay lugar una vez que se ha comprobado la responsabilidad penal del adolescente, las que aparecen consagradas en el Artículo 620 de la referida Ley, debidamente definidas en los Artículos 623 y siguientes de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente las cuales son las siguientes:
b) Imposición de reglas de conducta.
c) Servicios a la comunidad.
d) Libertad asistida.
e) Semi-libertad.
f) Privación de libertad.
Es preciso clarificar que a la par de este sistema especial, el Artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal establece las modalidades a que hubiere lugar aplicar, una vez que se ha considerado que no concurren los suficientes elementos que puedan estimar responsabilidad penal en contra del adulto, así como las dispuestas en los Artículos 257, 258 y 259 del referido texto adjetivo.
Los recursos establecidos en la L.O.P.N.N.A. son los de revocación el cual procederá solamente contra los autos de sustanciación y de mero trámite, a fin de que el mismo tribunal que los dictó, examine nuevamente la cuestión y dicte la decisión que corresponda; el recurso de apelación el cual se interpone contra los fallos de primer grado que no admitan la querella, que desestimen totalmente la acusación, que autoricen la prisión preventiva, que pongan fin al juicio o impidan su continuación y finalmente que decidan alguna incidencia en fase de ejecución que conlleve a la modificación o sustitución de la sanción impuesta; el de casación del cual anexamos una jurisprudencia únicamente contra las sentencias del Tribunal Superior que pronuncien la condena, siempre que la sanción impuesta sea privación de libertad o aquellas que pronuncien la condena, siempre que el tribunal de juicio hubiese condenado por alguno de los hechos punibles para los cuales es admisible la sanción de privación de libertad.
En el primer caso, sólo podrán recurrir el imputado o imputada y su defensor o defensora, y en el segundo el o la Fiscal del Ministerio Público. Y finalmente el recurso de revisión el cual procederá contra las sentencias condenatorias firmes, en todo tiempo y únicamente en favor del condenado o condenada por los motivos fijados en el Código Orgánico Procesal Penal. Los recursos que encontramos en Código Orgánico Procesal Penal son los mismos.
Respecto a las disposiciones generales establecidas en la Ley Orgánica para la protección del niño, niña y adolescente tenemos que las sanciones impuestas son casi en su totalidad distintas a las establecidas en el procedimiento ordinario penal, estas tienen una finalidad fundamentalmente educativa y se complementará como ya se ha explicado anteriormente se busca la protección del niño, niña y adolescente, según el caso establecido, con la participación de la familia y el apoyo de especialistas. Tenemos por ejemplo en el Art. 620 de la prenombrada ley que las sanciones para los adolescentes son las siguientes:
En el procedimiento Ordinario Penal tenemos que según el hecho punible cometido por el adulto se nos hace mas complicado saber que medida le será aplicada porque siempre se analizará el tipo de delito cometido, la concurrencia, si fue aprehendido en flagrancia o si se han admitido los hechos, aquí es la diferencia fundamental, entonces las penas y sanciones no son tan tenues como las del procedimiento con adolescentes, por ejemplo en la jurisdicción ordinaria penal podemos nombrar algunas de las siguientes:
Medidas cautelares sustitutivas (Caución económica, Caución personal, Caución juratoria).
Indemnización, reparación y restitución.
Indulto y conmutación.
Perdón del ofendido.
Suspensión condicional de la ejecución de la pena.
Trabajo fuera del establecimiento, régimen abierto y libertad condicional.
Medida humanitaria.
Redención efectiva.
Aplicación de medidas de seguridad.
La drogadicción o farmacodependencia o consumo excesivo o drogodependencia es un padecimiento que consiste en la dependencia de sustancias químicas que afectan el sistema nervioso central y las funciones cerebrales, que producen alteraciones en el comportamiento, en la percepción, en el juicio y en las emociones. Los efectos de las drogas son diversos, dependen del tipo de droga y de la cantidad o de la frecuencia con la que se consume.las Drogas
ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 259 DE LA CONSTITUCIÓN
De la lectura de las atribuciones que se encuentran establecidas en el artículo 259 de la Constitución Nacional otorga a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, se aprecia que los justiciables pueden accionar contra la Administración Pública a los fines de solicitar el restablecimiento de situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad de la Administración aunque se trate de vías de hecho o de actuaciones materiales, entendiendo por vía de hecho todos aquellos casos en que la Administración Pública pasa a la acción sin haber adoptado previamente la decisión que le sirva de fundamento jurídico, y en aquellos otros casos, en los que en el cumplimiento de una actividad material de ejecución comete una irregularidad grosera en perjuicio de los derecho de otro u otros. El referido precepto constitucional señala como potestades de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, no solo la anulación de actos administrativos, la condena de pago de sumas de dinero por concepto de indemnización de daños y perjuicios y el conocimiento de las reclamaciones relativas a la prestación de los servicios públicos, sino también, el restablecimiento de situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad material o jurídica de la Administración. Resulta claro que la jurisdicción Contencioso-Administrativa, no está limitada a asegurar el respecto de la legalidad en la actuación administrativa, ya que el artículo 26 de la Constitución concibe a toda la justicia, incluyendo a la contencioso-administrativa, como un sistema de tutela subjetiva de derechos e intereses legítimos, por lo tanto, a partir de la Constitución de 1999, la jurisdicción Contencioso-Administrativa no puede concebirse como un sistema exclusivo de protección de la legalidad objetiva a que está sometida la administración, a pesar de que la ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, regula procedimientos objetivos, cuya finalidad es declarar la nulidad del acto impugnado, sino un sistema de tutela de situaciones jurídicas subjetivas, que no permite reducir, limitar o excluir las lesiones producidas por actuaciones materiales o vías de hecho
praxisjuridica (11)
COPP (DIAPOSITIVAS EN VIDEO DAR CLICK) El presente trabajo tendrá por objeto el análisis comparativo entre el sistema penal de responsabilidad del adolescente y el sistema penal ordinario, por lo [...]
La drogadicción o farmacodependencia o consumo excesivo o drogodependencia es un padecimiento que consiste en la dependencia de sustancias químicas que afectan el sistema nervioso central y las [...]