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Timestamp: 2017-10-18 19:46:28
Document Index: 262830333

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 6', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 20', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'artículo 33', 'artículo 30', 'artículo 14', 'artículo 82', 'artículo 13', 'artículo 38', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 22', 'artículo 25', 'artículo 46', 'artículo 116', 'artículo 3']

Publicado en BOIC núm. 248 de 23 de Diciembre de 2014
Artículo 2 Naturaleza y medidas de apoyo
Artículo 3 Sede de la Comisión
Artículo 6 Duración del mandato y sustitución de los miembros de la Comisión
Artículo 8 Vocales de cada grupo de representación de la Comisión
Artículo 9 Secretaría de la Comisión
CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO PARA LA INAPLICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ESTABLECIDAS EN LOS CONVENIOS COLECTIVOS
Artículo 14 Procedimiento mediante decisión en el seno de la Comisión
Artículo 15 Decisión de la Comisión
Artículo 16 Designación de árbitros
Artículo 17 Procedimiento para la solución de discrepancias mediante la designación de un árbitro
Artículo 20 Definición del objeto de la subvención y régimen de concesión de las subvenciones
Artículo 22 Solicitud de las subvenciones
Artículo 23 Procedimiento de concesión y justificación de las subvenciones
Artículo 24 Responsabilidad y régimen sancionador
Artículo 25 Régimen jurídico aplicable
Disposición adicional primera Régimen de aplicación al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas
Disposición adicional segunda Depósito de laudos arbitrales y decisiones de la Comisión sobre inaplicación de condiciones de trabajo previstas en los convenios colectivos
Disposición final primera Modificación del Reglamento de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
ANEXO . SOLICITUD DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA A LOS ÁRBITROS DESIGNADOS POR LA COMISIÓN PARA LA INAPLICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ESTABLECIDAS EN LOS CONVENIOS COLECTIVOS
Téngase en cuenta que el Decreto 98/2013, de 26 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, modificado por el presente Decreto, queda derogado, en lo relativo a las competencias del área de trabajo y empleo conforme establece la disposición derogatoria única del D [COMUNIDAD VALENCIANA]124/2016, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda («B.O.I.C.» 27 septiembre).
La Comunidad Autónoma de Canarias tiene atribuidas las competencias de ejecución de la legislación laboral en el artículo 33.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias, sin perjuicio de la competencia del Estado sobre la legislación laboral y la alta inspección. Asimismo, la Comunidad Autónoma de Canarias posee la competencia exclusiva en materia de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno, tal y como señala el artículo 30.1 del citado Estatuto de Autonomía.
Por su parte, el Real Decreto 1033/1984, de 11 de abril, en el apartado 3.1 de la letra B) del Anexo I, establece que la Comunidad Autónoma de Canarias ejercerá las funciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en materia de convenios colectivos, cuyo ámbito de aplicación territorial no exceda del de la Comunidad Autónoma.
La Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, modifica, en su artículo 14, el apartado 3 del artículo 82 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en el que se establece el procedimiento para la inaplicación en la empresa de las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable, sea este de sector o de empresa, previendo en su penúltimo párrafo la creación de un órgano equivalente a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos para la solución con carácter decisorio de las discrepancias surgidas entre las partes afectadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma correspondiente, posteriormente modificado por el Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social.
Finalmente, se recogen dos disposiciones adicionales, relativas, la primera de ellas, al régimen de aplicación al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas; y, la segunda, al depósito de los laudos arbitrales y de las decisiones de la Comisión en el registro de convenios colectivos de la Dirección General de Trabajo. Asimismo, se recogen tres disposiciones finales, relativas, la primera de ellas, a la modificación del Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, aprobado por Decreto 98/2013, de 26 de septiembre; la segunda, a las facultades de desarrollo de la persona titular del Departamento con competencias en materia de empleo; y la tercera, a la entrada en vigor del Decreto.
En su virtud, visto el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, a propuesta conjunta del Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad y de la Consejera de Empleo, Industria y Comercio, y previa deliberación del Gobierno en su reunión del día 12 de diciembre de 2014,
- Dos personas en representación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, designadas por el consejero o consejera del Departamento competente en materia de empleo, a propuesta de la persona titular de la Dirección General competente en materia de trabajo.
- Dos personas en representación de las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Dos personas en representación de las organizaciones empresariales más representativas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
1. El procedimiento se iniciará mediante solicitud presentada a la Comisión acompañada de la documentación señalada en el artículo 13, bien telemáticamente, en la sede electrónica de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, cuya dirección es https://sede.gobcan.es/industriaycomercio; bien de manera presencial, mediante descarga y cumplimentación de los modelos normalizados, que podrá presentar en cualquiera de las oficinas de registro del Gobierno de Canarias, así como en los demás registros regulados por el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La solicitud deberá indicar el motivo de la discrepancia y la pretensión de inaplicación de las condiciones de trabajo que desea. A estos efectos, deberá determinar con exactitud las nuevas condiciones de trabajo aplicables a la empresa y su periodo de aplicación.
Los miembros de la Comisión, por su concurrencia a las reuniones, recibirán, en su caso, dietas de manutención y gastos de desplazamiento, según el Grupo 2º del Anexo II del Reglamento de Indemnizaciones por razón del servicio, aprobado por Decreto 251/1997, de 30 de septiembre. No generarán derecho a indemnización por asistencia a las reuniones que se celebren.
Cuando la Comisión actúe a través de árbitros, estos serán compensados económicamente mediante subvenciones que se concederán de forma directa, conforme a los artículos 22.2.c) y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y a los artículos 67 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y 21 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, por concurrir en la concesión de las mismas razones de interés público y dificultades en su convocatoria pública derivadas de la naturaleza del conflicto que se trata de solucionar mediante el correspondiente arbitraje, así como de la urgencia, inmediatez y perentoriedad de este.
No podrán obtener la condición de beneficiarios las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
a) Declaración responsable de no estar incurso el interesado en ninguna de las prohibiciones recogidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.
b) Acreditación del cumplimiento por aquel de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. La presentación de la solicitud de subvención implicará la autorización a la Comisión para la inaplicación de las condiciones de trabajo establecidas en los convenios colectivos para que obtenga de forma directa, a través de certificados telemáticos, la acreditación del cumplimiento por el beneficiario de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. No obstante, el interesado podrá denegar expresamente el consentimiento debiendo aportar entonces las correspondientes certificaciones en los términos previstos en el artículo 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Transcurrido el referido plazo máximo sin haberse notificado la resolución, la solicitud de concesión de la subvención se entenderá desestimada por silencio administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
4. La resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses a partir de la fecha de la notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pudiendo interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la notificación de la resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 116.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Estas subvenciones se regirán por lo dispuesto en el presente Decreto y además, salvo en lo que afecte a la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; por su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; por el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias; por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria; y por la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, así como por lo establecido en las demás normas que resulten de aplicación.
El ejercicio de las funciones decisorias atribuidas a la Comisión para la inaplicación de las condiciones de trabajo de convenios colectivos no se extenderá a aquellos convenios o acuerdos colectivos que regulen condiciones de trabajo del personal laboral de las Administraciones Públicas, a los que resulta de aplicación la regulación específica sobre solución extrajudicial de conflictos colectivos establecida en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Sí será de aplicación, no obstante, a las entidades públicas empresariales, a las sociedades mercantiles públicas, consorcios, fundaciones del sector público y entidades de análoga naturaleza.
Se modifica el artículo 3 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, aprobado por Decreto 98/2013, de 26 de septiembre, añadiéndose la letra j), en los siguientes términos:
«j) Comisión para la inaplicación de las condiciones de trabajo establecidas en los Convenios Colectivos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias».
SOLICITUD DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA A LOS ÁRBITROS DESIGNADOS POR LA COMISIÓN PARA LA INAPLICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ESTABLECIDAS EN LOS CONVENIOS COLECTIVOS