Source: http://www.slideshare.net/Coljuristas/la-politica-agraria-y-los-derechos-de-las-mujeres-en-colombia
Timestamp: 2015-08-28 16:06:11
Document Index: 174788190

Matched Legal Cases: ['Artículo 6', 'Artículo 8', 'Artículo 19', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 32', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 23', 'Artículo 26', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo2', 'Artículo 3', 'Artículo 50', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 43', 'Artículo 1', 'Artículo 7', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 24', 'Artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 17', 'Artículo 19', 'Artículo 10', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 13', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 20', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 6', 'Artículo 1', 'Artículo 13', 'Artículo 114', 'Artículo 115', 'Artículo 117', 'Artículo 118', 'Artículo 26', 'Artículo 177', 'Artículo 177', 'Artículo 179']

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La política agraria y los derechos de las mujeres en Colombia Octubre 31 de 2011Calle 72 # 12 – 65 piso 7 | www.coljuristas.org | info@coljuristas.org | teléfono: (+571) 7449333| fax: (+571) 7432643 | Bogotá, Colombia 2.
La política agraria y los derechos de las mujeres en Colombia Tabla de contenidoPresentaciónCapítulo 1Panorama de la situación de la población rural en Colombia1.1 Características socio-demográficas de la población rural1.2 La desigual estructura de tenencia de la tierra en Colombia se mantiene1.3 La propiedad de la tierra de la población campesina no ha sido garantizadaefectivamenteCapitulo 22. El derecho a la tierra está reconocido indirectamente en la normatividad internacional2.1 La igualdad de derechos de las mujeres rurales está reconocido en los instrumentosinternacionales de protección de los derechos humanos2.2 La Convención contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer reconocelos derechos de las mujeres ruralesCapítulo 3La legislación interna ha desarrollado insuficientemente el reconocimientoconstitucional del derecho a la tierra3.1 La Constitución Política señala las obligaciones del Estado en cuanto al acceso a latierra y los derechos económicos, sociales y culturales de la población rural3.2 El derecho a la tierra está reconocido formalmente en la legislación3.3 La legislación nacional adoptó algunas normas favorables a las mujeres rurales3.3.1 La ley 731 de 2002 tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las mujeresrurales de bajos recursos 2 3.
3.3.2 La ley 1257 de 2008 sobre la prevención y sanción de la violencia y discriminacióncontra las mujeres comprende el daño patrimonial de las mujeres campesinas3.3.3 La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras incluye en sus principios el enfoquediferencial3.4 El Estado colombiano ha adoptado medidas contrarias a sus obligaciones de garantíade los derechos de las mujeres rurales3.4.1 La institucionalidad de la reforma agraria y el desarrollo campesino fue liquidada3.4.2 El Estado ha adoptado una serie de medidas legislativas contrarias a los derechos dela población ruralCapítulo 4Los órganos internacionales han recomendado al Estado colombiano medidas paragarantizar los derechos de las mujeres rurales4.1 El Comité de la Convención contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujerha formulado recomendaciones acerca de los derechos de las mujeres rurales4.2 El Relator Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada ha recomendado elreconocimiento del derecho a la tierra4.3 El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales manifestó su preocupaciónacerca de la situación de las mujeres rurales en Colombia4.4 El Comité de Derechos Humanos recomendó al Estado colombiano fortalecer losmecanismos de restituir las tierras de la población desplazada4.5 La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación –Fao- haidentificado algunas medidas necesarias para eliminar las desigualdades de género de lasmujeres rurales4.6 El Acnur ha recomendado medidas específicas para la restitución de las tierras de lasmujeres en situación de desplazamientoCapítulo 5La desigualdad que afecta a las mujeres rurales en Colombia no ha sido superada5.1 Las mujeres rurales son gravemente afectadas por el desempleo 3 4.
5.2 Las mujeres no tienen garantizado el derecho a la tierra5.3 Las mujeres son víctimas de la violencia sexual en el contexto del conflicto armadointernoCapítulo 6Las políticas agrarias vigentes no garantizan los derechos de las mujeresCapítulo 7La actual política agraria da continuidad al desarrollo rural y mantiene la estructura detenencia de la tierra7.1 La Política de Tierras no reforma la estructura de tenencia de la tierra y desconoce losderechos de las mujeres7.2 El Plan Nacional de Desarrollo no aplica las recomendaciones internacionales relativasa los derechos de la población rural y de las mujeres7.3 El Plan de Choque de restitución: una estrategia de formalización de la propiedad7.4 El Plan Estratégico del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural carece de enfoquediferencial de género7.5 La ley de víctimas no garantiza plenamente los derechos de las mujeres7.6 El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos amenaza seriamente la economíacampesinaCapítulo 8ConclusionesCapítulo 9Recomendaciones 4 5.
La política agraria y los derechos de las mujeres en ColombiaPresentaciónLa Comisión Colombiana de Juristas –CCJ- tiene por objetivo la promoción de los derechoshumanos y del derecho humanitario en Colombia y la aplicación de los instrumentosinternacionales de protección de los mismos. En este marco, la CCJ monitorea la situaciónde los derechos de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, tales como mujeres,víctimas del desplazamiento forzado, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientesy campesinas y la niñez. Asimismo, a través de la elaboración de informes temáticos, laCCJ realiza seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de los órganosinternacionales de protección de los derechos humanos.La CCJ ha elaborado el presente Informe acerca de la política agraria y su impacto sobrelos derechos de las mujeres, con la finalidad de brindar información acerca delcumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado colombiano en ese campo.En su primera sección, el informe presenta un panorama de la situación de la poblaciónrural en el país. La segunda sección reseña el reconocimiento del derecho a la tierra através de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanosmientras que el tercer capítulo se ocupa del marco normativo interno en materia agraria.La cuarta sección consiste en un recuento de las respectivas recomendaciones de losórganos internacionales de derechos humanos con respecto a las mujeres rurales. Lasección quinta analiza la inequidad en el acceso de la tierra que afecta a las mujeresrurales. La sexta parte del informe se refiere a otros factores que profundizan la inequidadpara las mujeres rurales, y la séptima parte analiza la actual política agraria con respectoa las mujeres. En la sección final del documento se presentan las conclusiones yrecomendaciones dirigidas a la protección de los derechos de las mujeres rurales enColombia. 5 6.
Capítulo 1Panorama de la situación de la población rural en ColombiaExisten serias falencias en los diagnósticos oficiales sobre el campo colombiano, debido aque la información tiene una desactualización de 43 años, desde la última vez que serealizó el Censo Agropecuario. Por lo tanto, la información sobre la situación del campoestá dispersa, es incompleta y desactualizada.Sin embrago, a partir de los datos disponibles, a continuación se presentará un panoramasobre la situación de la población rural en el país.1.1 Características socio-demográficas de la población ruralSegún proyecciones del censo de población realizado en 2005, Colombia tenía en 200942888,594 habitantes, de los cuales 31886,602 (74,3%) habitan en las cabecerasmunicipales o distritales y 11001,990 (25,7%) en el sector rural.Sin embargo, el Informe de Desarrollo Humano de 2011 dedicado a la situación rural haencontrado que el campo y su población tienen un peso más significativo en la realidadnacional de lo que indican las cifras oficiales. Los hallazgos de dicho estudio indican que el75,5% de los municipios del país son rurales; en donde habita el 31,6% de la población ycubren el 94,4% de la superficie total del país.En 2005 la pobreza rural en Colombia alcanzaba un 68% mientras que la urbana era del42%, lo que equivalía a ocho millones de personas pobres en el campo, y el 28% vivía encondiciones de indigencia (3,2 millones de personas), situación que ha empeorado. En2008, el gobierno reconocía que la pobreza rural representaba el 36,5% de la pobrezanacional y el 49,2% de la indigencia total, y que el ingreso per cápita del campo apenasrepresenta el 30,5% del ingreso per cápita urbano.El gobierno del presidente Alvaro Uribe Vélez, que comprendió dos períodos de cuatroaños, atribuyó la situación de la población rural descrita anteriormente a “la bajaproductividad y por ende los bajos ingresos, y no necesariamente la falta de empleo”. Otracausa de la pobreza rural es la violencia porque, según el gobierno del Alvaro Uribe V.,dicha violencia desincentivó la inversión en el campo y habría desviado la atención de losinstrumentos y recursos de la política e institucionalidad para atender los efectos de sobrelas víctimas del desplazamiento forzado y del terrorismo, en detrimento de loscampesinos, principal objetivo de las instituciones de desarrollo rural del sector.No obstante, el diagnóstico gubernamental mencionado anteriormente es incompletopuesto que omite mencionar que el desplazamiento forzado de miles de campesinos, 6 7.
indígenas y afrocolombianos, producto de lechos de violencia sociopolítica en el contextodel conflicto interno armado, ha sido promovido y aprovechado por las estructurasparamilitares al servicio de empresarios y terratenientes con la finalidad de despojar a lascomunidades rurales de miles de hectáreas de tierras. Además, dicho diagnóstico oficialtambién ignora que la asignación de recursos presupuestales a la política de atencióndesplazamiento fue insuficiente. Por lo tanto, la violencia y la atención al desplazamientoforzado justifican las omisiones estatales con relación a los derechos de la población rural.En ese sentido, entre las causas del deterioro de las condiciones de vida de la poblaciónrural se deben incluir las medidas tomadas por el gobierno de Alvaro Uribe V.encaminadas a fomentar la economía agropecuaria basada en el latifundio y laagroindustria, y la conversión de los productores campesinos en empresarios. Al serviciode este propósito, el gobierno de Alvaro Uribe V. debilitó la institucionalidad rural a travésde medidas como la liquidación del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria –Incora- yel programa de Desarrollo Rural Integrado –DRI- y la fusión de varias entidades del sectorrural en el Instituto de Desarrollo Rural –Incoder-. Para la población campesina, laliquidación del Incora significó el fin de las posibilidades de acceso a la tierra y la renunciadel Estado a democratizar la propiedad a través de la reforma de la estructura de tenenciade la tierra.Al respecto resulta ilustrativa la inoperancia de la nueva institucionalidad oficial para elsector rural y la inaplicación sistemática de la legislación en materia de adjudicación detierras a campesinos y poblaciones afrocolombianas e indígenas, que fue advertida por laProcuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios. Según la Procuraduría, amayo de 2005, estaban pendientes de trámite por parte del Incoder 53.109 expedientes,correspondientes a solicitudes de tierras presentadas por campesinos, pueblos indígenas ycomunidades afrocolombianas.Por su parte, las Naciones Unidas han constatado el crecimiento de la brecha existente enColombia entre el campo y la ciudad, como resultado de las desigualdades del ingreso y lapropiedad.El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) y el Ministerio deAgricultura anunciaron que en 2013 realizarán el tercer Censo Nacional Agropecuario,después de 43 años de realizado el segundo censo de este tipo, con lo que, de acuerdocon el Ministro de Agricultura, se espera que el país disponga de “una herramientafundamental en la formulación de políticas y el diseño de mecanismos para desarrollar elsector rural colombiano”.1.2 La desigual estructura de tenencia de la tierra en Colombia se mantieneDe acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de los 114.17 millones dehas de tierra de la superficie continental de Colombia, 50,9 millones de has son de usoagropecuario (44, 6%) y 63.3 millones de has (55,4%) son uso no agropecuario. De las 7 8.
primeras, para actividades agrícolas se usan 4,9 millones de has y 38,6 millones de has enganadería. La ganadería hace un uso extensivo de la tierra y es tecnológicamenteatrasada, así que se estima que en pastos mejorados solamente están 5 millones de has.La estructura agraria en Colombia tradicionalmente se ha caracterizado por la desigualdaden la propiedad sobre la tierra y la persistencia de la gran propiedad latifundista, por unlado, y en la pequeña economía campesina por el otro. Esta tendencia se ha reforzado enlos últimos años como resultado del despojo violento de las tierras de los campesinos y losterritorios colectivos de las poblaciones afrocolombianas e indígenas por parte de lasestructuras paramilitares al servicio de grandes terratenientes y empresarios. Asimismo, laconcentración de la propiedad de la tierra ha sido decididamente estimulada por laspolíticas agrarias adoptadas en la última década.En 2001, el 57,3% de los propietarios tenía predios de menos de 3 has, por una superficie(área rural registrada) de 1,7%; el 39,7% de los propietarios tenía predios con 3 a 100 has;mientras que el 2,6% de los propietarios tenía predios entre 100 y 500 has, por unasuperficie de 14, 6% y solamente el 0,4% de los propietarios tenía predios mayores de 500has por una superficie de 61,2% de la superficie.El Instituto Geográfico Agustín Codazzi –Igac-, estimaba en dicha fecha que alrededor de2428 propietarios públicos y privados (0.06%) poseían 44 millones de has (53.5%),controlando en promedio 18.093 has por propietario. En contraste, 2.2 millones depropietarios (55.6%) y de predios (56.8%) correspondían a una estructura de minifundiosmenores de 3 has, lo cual equivale a un 1.7% del territorio registrado catastralmente.Comparativamente, el territorio promedio de cada uno de los grandes propietarios era6000 veces la propiedad promedio de los microfundistas y minifundistas.Según el mismo Igac, 4.7 millones de has de las mejores tierras del país estabanintensamente subutilizadas y diez millones están subutilizadas, debido a que la granpropiedad latifundista no utiliza las tierras fértiles y aptas para la agricultura, mientras quela pequeña propiedad minifundista está ubicada principalmente en las tierras encondiciones desfavorables de fertilidad e infraestructura.La mencionada tendencia en la distribución de la propiedad ha generado un usoinadecuado del suelo que pone en peligro la producción de alimentos del país y lasupervivencia la economía campesina tradicional, a la vez que acelera la ocurrencia deprocesos de erosión e infertilidad del suelo.Históricamente, el campo colombiano se ha caracterizado por la expansión permanentede la ganadería bovina extensiva, que sostiene la propiedad latifundista y el poder políticolocal y regional. El país solo está utilizando un 37% de la tierra apta para la agricultura, altiempo que la ganadería absorbe cerca del 28% de la tierra apta para esta actividad. Entre9 y 10 millones de has aptas para la agricultura no se están usando para dicho propósito. 8 9.
Entre 2000 y 2010, se intensificó la injusta distribución de la tierra en el campocolombiano. En dicho período el índice Gini de concentración de la propiedad de la tierrase incrementó en más de 1%. El mayor incremento se presentó entre 2005, cuando elíndice Gini alcanzó 0,86, y 2010, cuando este mismo índice ascendió a 0,89.El proceso de concentración de la tierra se refleja en la pequeña propiedad campesina. Deacuerdo con el Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada–PPTP-, en 2009 el 10,5% del total de has eran de microfundio que corresponden al 80,5%de los predios y al 78,3% de los titulares de derechos, mientras que el 52,2% de has estánen la gran propiedad o latifundios y se distribuyen en el 0,9% de los predios y el 1,1% delos propietarios/poseedores. En términos de Unidad Agrícola Familiar –UAF-, a la pequeñaescala corresponden 19,1% de las has, 13,7% de los predios y 14,7% de lospropietarios/poseedores, mientras que a la mediana escala corresponden 18,2% de lashas y 5,0% de los predios y 5,8% de propietarios/poseedores.La persistencia del conflicto armado interno, el desplazamiento forzado de la poblaciónrural y el abandono y/o despojo de sus tierras, al lado de las políticas de fomento de laproducción agroindustrial que apoyan el modelo exportador de recursos naturales y eldesmonte de las instituciones de la reforma agraria no han contribuido a modificar laconcentración de la propiedad de la tierra en el país.1.3 La propiedad de la tierra de la población campesina no ha sido garantizadaefectivamenteUn factor que se suma a las condiciones de vulnerabilidad de la población rural enColombia es la falta de reconocimiento legal de la propiedad de sus tierras y laconsecuente inseguridad jurídica.La normatividad interna establece que Propiedad o dominio es el derecho real en una cosacorporal, para gozar y disponer de ella. Por tanto, una persona es propietaria cuando tienela facultad de disposición sobre un bien, pudiendo usufructuarlo directamente o disponerde él. Es quien aparece como titular del derecho de propiedad en el folio de matrículainmobiliaria que lleva la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.El Ministerio de Agricultura estima que existen cerca de 1.2 millones de predios ruralesinformales en el sector rural, es decir que en el 40% de los predios, los derechos depropiedad no han sido formalizados y su tenencia se presenta bajo calidades de poseedor,ocupante o tenedor. A continuación se explican los conceptos que expresan la relacióncon la propiedad:a. La posesión corresponde a la tenencia de un bien por parte de una persona con ánimode señor o dueño, sea que la persona dueña tenga la cosa por sí misma, o por otrapersona que la tenga en lugar y a nombre de ella. La persona poseedora es reputada 9 10.
dueña, mientras otra persona no justifique serlo. Tradicionalmente, en las familiascampesinas se cede la posesión de la tierra por línea masculina.b. Ocupante es la persona que explota directamente un terreno baldío, que pertenece ala Nación y puede ser objeto de adjudicación. La ocupación es uno de los modos deadquirir el dominio sobre un bien.c. Persona tenedora es aquella que realiza actividades sobre un predio reconociendo queexiste un tercero con mejor derecho. Este es el caso de las personas arrendatarias,aparceras, cosecheras y comodatarias.Junto con la desigual distribución de la tierra, la falta de títulos de propiedad de lospredios rurales es una problemática que ha sido reconocida históricamente pero que noha sido resuelta por el Estado colombiano.Los aproximadamente 1.2 millones de predios rurales que el gobierno reconoce que notienen formalizados los derechos de propiedad, se encuentran en mayor riesgo anteacciones de despojo por parte de las estructuras paramilitares, que se ha traducido en unproceso de contrarreforma agraria. 10 11.
2. El derecho a la tierra está reconocido indirectamente en la normatividad internacionalEntre los derechos reconocidos en los instrumentos de protección de los derechoshumanos se encuentran el derecho al desarrollo, a un nivel de vida adecuado, al trabajo ya la alimentación. Dichos derechos están ligados al derecho a la tierra.En primer término, existe una relación indisoluble entre el derecho a la tierra y el derechoa una alimentación adecuada, como parte integral del derecho a un nivel de vidaadecuado, que está reconocido por los Estados en la Declaración Universal de losDerechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que leasegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, elvestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (…)”.Aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no reconoceel derecho a la tierra como derecho humano, hace un reconocimiento de otros derechosque están estrechamente relacionados con éste, como son “el derecho a trabajar, quecomprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida medianteun trabajo libremente escogido o aceptado”.Los Estados, en el mismo Pacto “reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vidaadecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a unamejora continua de las condiciones de existencia”.Asimismo, el derecho a la tierra se encuentra relacionado con el derecho al desarrollosocial, que implica que se garantice a toda persona el derecho a trabajar y a elegir empleolibremente. En ese sentido, los Estados han declarado que “[e]l progreso y el desarrollo enlo social exigen la participación de todos los miembros de la sociedad en un trabajoproductivo y socialmente útil, y el establecimiento, de conformidad con los derechoshumanos y las libertades fundamentales, así como con los principios de justicia y defunción social de la propiedad, de modos de propiedad de la tierra y de los medios deproducción que excluyan cualesquiera formas de explotación del hombre, garanticen igualderecho a la propiedad para todos, y creen entre los hombres condiciones que lleven a unaauténtica igualdad”.Las Naciones Unidas han definido el derecho al desarrollo en términos de “un derechohumano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos estánfacultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el quepuedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, acontribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él”.La mencionada Declaración señala que los Estados deben adoptar medidas para eliminarlos obstáculos al desarrollo resultantes de la inobservancia de los derechos civiles ypolíticos, así como de los derechos económicos, sociales y culturales (Artículo 6, numeral 11 12.
3), y que también “deben adoptar todas las medidas necesarias para la realización delderecho al desarrollo y garantizarán, entre otras cosas, la igualdad de oportunidades paratodos en cuanto al acceso a los recursos básicos, la educación, los servicios de salud, lo-salimentos, la vivienda, el empleo y la justa distribución de los ingresos” (Artículo 8,numeral 1).En el caso particular de los pueblos indígenas y tribales, el derecho sobre su territorioancestral está reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajosobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptada por Colombia através de la ley 21 de 1991. Dicho Convenio reconoce a dichos pueblos “el derecho depropiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en loscasos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblosinteresados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a lasque hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y desubsistencia”.En ese sentido, el Convenio 169 de la OIT establece que “[l]os gobiernos deberán tomarlas medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesadosocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedady posesión. 3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistemajurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblosinteresados”, y por lo tanto “deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco delsistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por lospueblos interesados”.Por consiguiente, el Convenio 169 que los Estados en sus políticas y programas agrariosdeben garantizar a los pueblos interesados condiciones equivalentes a las que disfrutenotros sectores de la población, en cuanto a la asignación de tierras adicionales cuando lastierras de que dispongan sean insuficientes para garantizarles una existencia normal opara su crecimiento numérico; al igual que el acceso a los medios necesarios para eldesarrollo de las tierras (Artículo 19).Por otra parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los PueblosIndígenas reconoce en su integralidad los derechos de dichos pueblos y advierte queconstituyen las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de lospueblos indígenas. La Declaración hace un reconocimiento del derecho de los pueblosindígenas a sus tierras, territorios y recursos de la siguiente manera:a. El derecho a mantener y fortalecer su relación espiritual con las tierras, territorios,aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado yutilizado (Artículo 25).b. El derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído,ocupado, utilizado o adquirido, y a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras,territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo 12 13.
tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otraforma. El derecho mencionado no está sujeto a que los Estados hayan hecho unreconocimiento legal de la propiedad del mismo (Artículo 26).c. La obligación estatal de asegurar el reconocimiento y protección jurídicos de las tierras,territorios y recursos, con respeto a las costumbres, las tradiciones y los sistemas detenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate (Artículo 26).d. La obligación estatal de reconocer las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas detenencia de la tierra de los pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar los derechos deestos pueblos en relación con sus tierras, territorios y recursos, comprendidos aquellosque tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado. Los pueblos indígenas tendránderecho a participar en este proceso (Artículo 27).e. El derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidadproductiva de sus tierras o territorios y recursos (Artículo 29).f. El derecho a que no se desarrollen actividades militares en sus territorios, a menos quelo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado librementecon los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado. La obligaciónestatal consiste en celebrar consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, porlos procedimientos apropiados y en particular por medio de sus institucionesrepresentativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares(Artículo 30).g. El derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o lautilización de sus territorios y otros recursos (Artículo 32). Por consiguiente, los Estadostienen la obligación de desarrollar consultas de buena fe con los pueblos indígenasinteresados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener suconsentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte sustierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, lautilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.Adicionalmente, los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las NacionesUnidas disponen que “los Estados tienen la obligación específica de tomar medidas deprotección contra los desplazamientos de pueblos indígenas, minorías, campesinos,pastores y otros grupos que tienen una dependencia especial de su tierra o un apegoparticular a la misma” (Principio n.° 9); y que la propiedad y las posesiones de las personasdesplazadas internas disfrutarán de protección en toda circunstancia (Principio n. °21).En cuanto a las obligaciones estatales, los mismos Principios Rectores establecen laresponsabilidad de prestar asistencia a las personas desplazas internas que hayanretornado o se hayan reasentado en otra parte, para la recuperación de las propiedades oposesiones que abandonaron o de las que fueron desposeídas (Principio n.° 29). 13 14.
2.1 La igualdad de derechos de las mujeres rurales está reconocida en los instrumentosinternacionales de protección de los derechos humanosLa normatividad internacional ha hecho un reconocimiento específico del derecho a laigualdad entre hombres y mujeres, que abarca el derecho a la tierra y los derechosrelacionados con este.a. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos los Estados se comprometen arespetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y esténsujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en dicho Pacto, sin distinción alguna deraza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional osocial, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social (Artículo 2).Asimismo, los Estados se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientosconstitucionales y a las disposiciones de dicho Pacto, las medidas oportunas para dictar lasdisposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos losderechos reconocidos en el Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposicioneslegislativas o de otro carácter.En el Pacto mencionado los Estados se comprometen también a garantizar que todapersona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violadospodrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida porpersonas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales (Artículo 2).Además, el mismo Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece laobligación de los Estados de adoptar “las medidas apropiadas para asegurar la igualdadde derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante elmatrimonio y en caso de disolución del mismo” (Artículo 23, numeral 4). Estereconocimiento es relevante en el caso de los derechos a la tierra y el patrimonio.El mismo Pacto señala también que “[t]odas las personas son iguales ante la ley y tienenderecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirátoda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contracualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinionespolíticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento ocualquier otra condición social” (Artículo 26).b. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales contienedisposiciones para garantizar la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Deconformidad con el Pacto, los Estados tiene la obligación de garantizar el ejercicio de losderechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color,sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posicióneconómica, nacimiento o cualquier otra condición social (Artículo 2, numeral 2). 14 15.
Asimismo, los Estados tienen la obligación de asegurar a los hombres y a las mujeres igualtítulo a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales (Artículo 3).c. De conformidad con los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos deNaciones Unidas, las mujeres embarazadas, las madres con hijos pequeños y las mujerescabeza de familia tienen derecho a la protección y asistencia requerida por su condición ya un tratamiento que tenga en cuenta sus necesidades especiales (Principio n.° 4, numeral2).d. Los Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y laspersonas desplazadas refirman los derechos de las mujeres.Dichos Principios reconocen la necesidad de adoptar medidas positivas para garantizar alas mujeres en condición de refugio y desplazamiento interno su derecho a la restituciónde las viviendas, la tierra y el patrimonio.En particular, estos Principios reconocen el derecho a la igualdad entre hombres y mujeresen el goce del derecho a la restitución y que los Estados tiene la obligación de garantizar laigualdad en el goce de los derechos al retorno voluntario en condiciones de seguridad ydignidad; a la seguridad jurídica de la tenencia; a la propiedad del patrimonio; a lasucesión; y al acceso, uso y control de las tierras, las viviendas y el patrimonio. Estaigualdad debe ser garantizada en las políticas y programas de restitución de laincorporación de un enfoque de género y del reconocimiento explícito de la titularidadconjunta de ambas cabezas de familia, (Principio n.° 4).En materia de restitución de las viviendas y el patrimonio, los Estados están obligados arevocar las leyes que generen efectos discriminatorios y a garantizar que sus políticas derestitución garanticen plenamente a las mujeres la protección contra la discriminación y ala igualdad de hecho y de derecho (Principio n.° 9).2.2 La Convención contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer reconocelos derechos de las mujeres ruralesDe manera más específica que los instrumentos de protección de los derechos humanosanteriormente mencionados, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas deDiscriminación contra la Mujer –Cedaw- reconoce los derechos de las mujeres. En esesentido, los Estados partes de la Cedaw tienen la obligación de garantizar la igualdad a loshombres y a las mujeres para que puedan disfrutar de todos los derechos económicos,sociales, culturales, civiles y políticos. Por lo tanto, la Cedaw establece una serie deobligaciones de los Estados para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres y eliminarlas distintas formas en que se manifiesta la discriminación en contra de las mujeres.La Cedaw obliga a los Estados a tomar acciones concretas para eliminar la discriminaciónen contra de las mujeres (Artículo 2), mediante disposiciones como la inclusión del 15 16.
principio de igualdad entre los sexos en las constituciones nacionales; la adopción de leyesque prohíban y sancionen la discriminación contra la mujer; la eliminación de leyes,reglamentos, usos y prácticas que sean discriminatorias en contra de las mujeres; velarporque las autoridades y las instituciones públicas no incurran en prácticasdiscriminatorias; y garantizar la protección jurídica de los derechos de la mujer.Asimismo, la Cedaw obliga a los Estados a adoptar medidas para garantizar el desarrollopleno de las mujeres. Para ello los Estados deben tomar medidas apropiadas en todos loscampos, incluyendo el político, social, económico y cultural, para asegurar el plenodesarrollo y adelanto de las mujeres y garantizarles el goce de los derechos humanos(Artículo 3).Más allá de la igualdad formal, establecida en la legislación, para acelerar el logro de laigualdad real, los Estados están obligados doptar medidas de acción afirmativa, es decir,que favorezcan a las mujeres y corrijan las discriminaciones existentes en contra de ellas(Artículo 4).Además, la Cedaw reconoce los derechos económicos y sociales para las mujeres y obligaa los Estados a tomar medidas tendientes a garantizar a las mujeres el derecho a laasistencia social para la crianza de los hijos y acceso al crédito (Artículo 13).En cuanto al tema del presente reporte, la Cedaw hace un reconocimiento específico a losderechos de las mujeres rurales, tales como la participación en la formulación eimplementación de los planes de desarrollo y en las actividades comunitarias, y el acceso ala seguridad social, los servicios de salud, la educación y capacitación técnica. Igualmente,la Cedaw establece que las mujeres rurales deben contar con garantías para el acceso acréditos, comercialización y tecnologías apropiadas y al factor más importante en elcampo, a recibir trato igual en la asignación y distribución de tierras (Artículo 14).A propósito del derecho a la propiedad, la Cedaw establece la igualdad de mujeres yhombres, incluyendo lo relacionado con la firma de contratos y la administración debienes (Artículo 15). Además, reconoce la igualdad de hombres y mujeres en la familia y elmatrimonio, estableciendo que los Estados deben tomar medidas para eliminar ladiscriminación en el matrimonio y las relaciones familiares, asegurando el derecho de lasmujeres a gozar de los mismos derechos y responsabilidades que los hombres, tantodurante el matrimonio, como cuando éste se acabe (Artículo 16). Este derecho cobraimportancia para que los derechos de propiedad de las mujeres se garanticen cuando elmatrimonio se disuelve y en las situaciones de desplazamiento forzado.e. La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas llamó los Estados a garantizar elderecho de las mujeres a un tratamiento igual en los programas de reforma agrariaLa Comisión de Derechos Humanos afirmó que la discriminación contra la mujer en la leyen relación con la disponibilidad, la adquisición y conservación de tierras, propiedades y 16 17.
vivienda, así como con el financiamiento relativo a las tierras, las propiedades y lavivienda, constituye una violación del derecho humano de la mujer a la protección contrala discriminación.En la resolución acerca de “La igualdad de las mujeres en materia de propiedad, acceso ycontrol de la tierra y la igualdad de derechos a la propiedad y a una vivienda adecuada”, laComisión de Derechos Humanos reconoció que “las leyes, políticas, costumbres ytradiciones que restringen a las mujeres el acceso igualitario al crédito y los préstamos, lesimpiden además adquirir y heredar tierras, propiedades y vivienda, y las excluyen de unaplena participación en el proceso de desarrollo son discriminatorias y pueden contribuir ala feminización de la pobreza”.La citada resolución señala que la discriminación contra la mujer en la ley en relación conla disponibilidad, la adquisición y conservación de tierras, propiedades y vivienda, asícomo con el financiamiento relativo a las tierras, las propiedades y la vivienda, constituyeuna violación del derecho humano de la mujer a la protección contra la discriminación(Numeral 3).En consecuencia, la resolución hace un llamado a los gobiernos a apoyar la transformaciónde costumbres y tradiciones que discriminan a la mujer y que le niegan la seguridad detenencia y la igualdad en materia de propiedad, acceso y control de la tierra y la igualdadde derechos a la propiedad y a una vivienda adecuada, a asegurar el derecho de lasmujeres a un tratamiento igual en los programas de reforma agraria, así como en losplanes de reasentamiento y en lo relativo a la propiedad y la vivienda adecuada, y a tomarmedidas para incrementar la disponibilidad de tierra y vivienda para las mujeres que vivenen situación de pobreza, en particular a las cabezas de familia (Numeral 5).f. Ante la situación de discriminación con respecto al disfrute del derecho a laalimentación, en 2010 el Consejo de Derechos Humanos destacó la necesidad degarantizar un acceso justo y sin discriminación al derecho sobre la tierra para lospequeños propietarios, los agricultores tradicionales y sus organizaciones, en particular lasmujeres y los grupos vulnerables de las zonas rurales y solicitó a su Comité Asesorcontinuar trabajando en la cuestión de la discriminación en el contexto del derecho a laalimentación y realizar un estudio preliminar sobre los medios para promover losderechos de las personas que trabajan en las zonas rurales, incluidas las mujeres, y enparticular los pequeños agricultores que producen alimentos u otros productos agrícolas,y quienes se dedican a actividades tradicionales de pesca, caza y pastoreo. El ComitéAsesor informará al respecto al Consejo en su 16º período de sesiones.g. En el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Convención paraPrevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém doPará) reconoce los derechos de toda mujer de la siguiente manera: 17 18.
- Tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechoshumanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionalessobre derechos humanos (Artículo 4).- Podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales yculturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en losinstrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos (Artículo 5).- El derecho a una vida libre de violencia incluye, entre otros, el derecho de la mujer a serlibre de toda forma de discriminación (Artículo 6).Si bien las disposiciones contenidas en los instrumentos internacionales de protecciónmencionados en la presente sección del informe son de obligatorio cumplimiento porparte del Estado colombiano, en virtud del bloque de constitucionalidad, como veremosen el capítulo siguiente no se ha traducido en una legislación que garantice plenamentelos derechos humanos de la población rural y que sea implementada de manera efectiva. 18 19.
Capítulo 3La legislación interna ha desarrollado insuficientemente el reconocimientoconstitucional del derecho a la tierraEl presente capítulo expone el desarrollo normativo relativo a los derechos de la poblaciónrural, que tenía antecedentes en la legislación de reforma agraria insuficientementeaplicada, que fue elevada a rasgo constitucional en la carta de 1991, pero queposteriormente ha sido contrariada por una serie de leyes y decretos reorientaron lapolítica agraria del Estado colombiano del ideal de la reforma agraria y el desarrollocampesino, que buscaba la justicia social en el campo, a un enfoque el que predomina laproductividad económica. Este viraje de las normas y políticas agrarias han afectado losderechos de la población rural y no han permitido superar la discriminación de lasmujeres, tal como se expone en el presente informe.La Constitución Política de 1991 hizo un reconocimiento del derecho a la tierra, cuyodesarrollo a nivel interno estaba hasta entonces relacionado con las medidas ordenadaspor la ley de reforma agraria. Se trata de la ley 135 de 1961 “Sobre reforma social agraria"que contemplaba medidas especificas para garantizar el acceso de los campesinos a latierra y se guiaba por el principio del bien común y la necesidad de extender a la poblaciónrural el ejercicio del derecho natural a la propiedad, armonizándolo en su conservación yuso con el interés social (Artículo 1).La ley 135 se enfocaba en el desarrollo campesino, como lo expresaban claramente susobjetivos: Reformar la estructura agraria y eliminar y prevenir la inequitativaconcentración de la propiedad o su fraccionamiento antieconómico; apoyar la explotaciónadecuada en las unidades minifundio y dotar de tierra a quienes no la posean, conpreferencia para quienes la explotaran con su trabajo personal (Artículo 1, inciso primero).Dicha ley tenía además objetivos sociales claramente definidos tales como brindargarantías para el acceso a la propiedad de la tierra a aparceros, arrendatarios y asalariadosagrícolas (Artículo 4); y elevar el nivel de vida de la población campesina, por medio delacceso a la propiedad de la tierra y la asistencia técnica, el crédito agrícola, la vivienda, laorganización de los mercados, la salud y la seguridad social, el almacenamiento y,conservación de los productos y el fomento de las cooperativas (Artículo 5).La ley 135 de 1961 creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria –Incora- (Artículo2), el cual tenía entre sus funciones administrar las tierras baldías de propiedad nacional,adjudicarlas o constituir reservas y adelantar colonizaciones sobre ellas; administrar elFondo Nacional Agrario; promover o ejecutar directamente labores de recuperación detierras, reforestación, parcelación o concentraciones parcelarias; hacer dotaciones detierras en las colonizaciones o en las tierras de propiedad privada que adquiera con el 19 20.
mismo fin, y dar a los cultivadores, directamente o con la cooperación de otras entidades,la ayuda técnica y financiera para su establecimiento en tales tierras, la adecuadaexplotación de éstas y el transporte y venta de los productos (Artículo 3).La labor del Incora buscaba la constitución de Unidades Agrícolas Familiares, es decir,predios cuya extensión e infraestructura sea suficiente para que suministrar a una familiacampesina los ingresos para su sostenimiento, el pago de las deudas por concepto delacondicionamiento, el mejoramiento de la vivienda, equipo de trabajo y nivel general devida; que requiera para su explotación el trabajo del propietario y su familia,ocasionalmente el empleo de mano de obra externa (Artículo 50).Sin embargo, entre los aspectos positivos de la ley 135 no estaba la preocupación por lasituación de las mujeres campesinas y por lo tanto no adoptó disposiciones paragarantizar la igualdad entre mujeres y hombres en cuanto al acceso a la tierra, laasistencia técnica y el crédito ni a aspectos relativos a la producción, comercialización ymercadeo.Como se verá más adelante en el presente texto, antes de alcanzar sus objetivos, la ley135 fue reformada por normas sucesivas que no tienen por finalidad obtener la justiciasocial en el campo mediante medidas que garanticen el derecho a la tierra y el desarrollode las poblaciones campesina, indígena y afrocolombiana.3.1 La Constitución Política señala las obligaciones del Estado en cuanto al acceso a latierra y los derechos económicos, sociales y culturales de la población ruralLa Constitución Política de 1991 establece las obligaciones del Estado relacionadas con losderechos a la tierra y la alimentación, al igual que con otros derechos de la poblacióncampesina. De acuerdo, con la Constitución es deber del Estado promover el accesoprogresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual oasociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación,crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica yempresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de la población campesina(Artículo 64).Asimismo, la Constitución establece que la producción de alimentos gozará de la especialprotección del Estado, para lo cual otorgará prioridad al desarrollo integral de lasactividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así comotambién a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras(Artículo 65).La misma Constitución establece que la mujer y el hombre tienen iguales derechos yoportunidades, y que la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación.En el mismo sentido, establece la obligación del Estado de apoyar de manera especial a lasmujeres cabeza de familia (Artículo 43). 20 21.
3.2 El derecho a la tierra está reconocido formalmente en la legislación internaLa normatividad promulgada en la década de los años 90 desarrolló de manera formal elreconocimiento de constitucional que establece la obligación del estado de garantizar elacceso a la propiedad de la tierra y a otros servicios con la finalidad de mejorar lascondiciones de vida de la población rural. En efecto, las leyes 160 de 1994 y 387 de 1997contienen algunas normas en ese sentido, pero, como se expone en este capítulo, estasno garantizan plenamente los derechos de dicha población.a. La ley 160 de 1994 otorgó subsidios para el acceso a la propiedad de la tierra.La ley 160 reconoce el deber constitucional del Estado de promover el acceso progresivo ala propiedad de la tierra de las personas trabajadoras agrarias y a otros servicios públicos,con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población campesina. Entre losobjetivos de la ley se encuentran los siguientes:- Reformar la estructura social agraria y eliminar y prevenir la inequitativa concentraciónde la propiedad rural o su fraccionamiento antieconómico y dotar de tierras a loscampesinos más pobres, las comunidades indígenas y a los beneficiarios de los programasespeciales establecido por el Gobierno nacional; y apoyar a la población campesina deescasos recursos en los procesos de adquisición de tierras a través de crédito y subsidiodirecto (Artículo 1).- Promover, apoyar y coordinar el mejoramiento económico, social y cultural de lapoblación rural y estimular la participación de las organizaciones campesinas en el procesointegral de la Reforma Agraria y el Desarrollo Rural Campesino para lograr sufortalecimiento (Artículo 7).La ley 160 estableció un subsidio para la compra de tierras por parte de personascampesinas no propietarias en condiciones de pobreza y marginalidad o que derivaran susingresos de la actividad agropecuaria. Dicho subsidio tenía la calidad de crédito noreembolsable, con cargo al presupuesto del Incora (Artículo 20), equivalente al 70% delvalor correspondiente a la respectiva UAF (Artículo 21).Es importante subrayar que la ley 160 introdujo criterios de selección preferencial a lasituación de las campesinas jefas de hogar y las que se encontraban en estado dedesprotección social y económica por causa de la violencia, el abandono o la viudez ycarecieran de tierra propia o suficiente (Artículo 24). Los nombres de los cónyuges ocompañeros permanentes debían ser inscritos en el registro de instrumentos públicos.Aunque el subsidio creado por la ley 160 no cubría la totalidad del precio de la tierraadjudicada a los campesinos, la ley conservaba el propósito de garantizar el acceso a latierra de los campesinos pobres y promover la economía campesina. 21 22.
El Incora reglamentó la ley 160 en lo relativo al acceso a la tierra de la poblacióncampesina en situación de desplazamiento forzado a través del acuerdo 018 de 1995, quedefinió criterios de selección para personas beneficiarias que residieran en centrosurbanos y hubieran sido desplazadas del campo por razones de violencia (Artículo 1); quecarecieran de tierras propias; que la persona aspirante fuera titular del dominio de unaparcela minifundista; que se tratara de personas poseedoras, ocupantes o tenedoras deun terreno cuya extensión fuera igual o equivalente a una UAF; y que no existiera laposibilidad de ejercer directamente la posesión o usufructo sobre tales tierras, por causadel desplazamiento forzoso (Artículo 3).b. La ley 387 de 1997 incorpora a la población desplazada a los programas de subsidiospara obtener tierrasLa ley 387 ordena al Gobierno nacional promover acciones y medidas de mediano y largoplazo con el propósito de generar condiciones de sostenibilidad económica y social para lapoblación desplazada en el marco del retorno voluntario o el reasentamiento en otraszonas rurales o urbanas. Dichas medidas deben permitir el acceso directo de la poblacióndesplazada a la oferta social del Gobierno, entre otros a los programas relacionados con elSistema Nacional de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural Campesino creado por la ley160 de 1994 (Artículo 17).Asimismo, la ley 387 en su Artículo 19, estableció que el Incora (actualmente InstitutoColombiano para el Desarrollo Rural –Incoder-) tiene la obligación de:- Adoptar programas y procedimientos especiales para la enajenación, adjudicación ytitulación de tierras, en las zonas de expulsión y de recepción de la población afectada porel desplazamiento forzado, así como líneas especiales de crédito, dando prelación a lapoblación desplazada.- Diseñar e implementar un registro de los predios rurales abandonados por la poblacióndesplazada e informar a las autoridades competentes para que procedan a impedircualquier acción de enajenación o transferencia de títulos de propiedad de estos bienes,cuando tal acción se adelante contra la voluntad de los titulares de los derechosrespectivos.- Crear un programa que permita recibir la tierra de personas desplazadas a cambio de laadjudicación de otros predios de similares características en otras zonas del país.Adicionalmente, la ley 387 ordena al Gobierno la formulación del Plan Nacional deAtención Integral a la Población Desplazada, el cual debe incluir la creación y aplicación demecanismos que brinden asistencia legal y jurídica a la población desplazada paragarantizar la investigación de los hechos, la restitución de los derechos vulnerados y ladefensa de los bienes afectados (Artículo 10). 22 23.
El decreto 2007 de 2001 reglamentó la ley 387 en lo relativo a la protección de la tierra dela población desplazada o que se encuentra en riesgo de desplazamiento. Dicho decretocontiene medidas encaminadas a la protección de los bienes en aquellas regiones dondese ha emitido la declaratoria de riesgo inminente de desplazamiento o desplazamientoforzado. Además, el decreto adopta una serie de medidas relacionadas con el derecho a latierra de la población desplazada: para el acceso a bienes inmuebles de manera temporalo definitiva.El conjunto de las medidas ordenadas por la ley 387 han tenido una precariaimplementación, lo que se ve reflejado en la persistencia del desplazamiento forzado, lafalta de garantías para los derechos de las víctimas de dicho delito y la imposibilidad desuperar su situación, o que, como se señaló anteriormente en el presente documento,llevó a la Corte Constitucional a declarar el estado de cosas inconstitucional con respectoal desplazamiento forzado, el cual no ha sido superado a ocho años de su declaratoria.3.3 La legislación nacional adoptó algunas normas favorables a las mujeres ruralesEntre 2002 y 2010 han sido promulgadas leyes que reconocen formalmente los derechosde las mujeres, que contienen algunas normas específicas encaminadas a garantizar losderechos de las mujeres rurales, con las correspondientes obligaciones estatales. Acontinuación se reseñan tres de las leyes que contienen medidas de protección de losderechos de las mujeres del sector rural.3.3.1 La ley 731 de 2002 tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las mujeresrurales de bajos recursosLa ley 731 busca beneficios para las mujeres rurales de bajos recursos y consagra medidasespecíficas encaminadas a acelerar la equidad entre el hombre y la mujer rural. Entreotras, sobresalen las siguientes disposiciones:a. Los fondos, planes, programas, proyectos y entidades que favorecen la actividad rural,deberán ajustar sus procedimientos y requisitos con el fin de eliminar los obstáculos queimpidan el acceso de las mujeres rurales a ellos (Artículo 5).b. Los fondos, planes, programas, proyectos y entidades que favorecen la actividad ruraldeben apoyar el acceso de las mujeres rurales a los recursos, a través de medios idóneosque permitan su divulgación, la capacitación adecuada para su utilización y la asistenciatécnica de los proyectos productivos que se emprendan (Artículo 6).c. Los fondos y entidades que favorecen al sector agropecuario, forestal, pesquero yminero, financiarán y apoyarán actividades rurales como el desarrollo de agroindustrias ymicroempresas, actividades relacionadas con la integración a cadenas agro productivas ycomerciales, el turismo rural y ecológico, las artesanías, la transformación de metales ypiedras preciosas y otros nuevos campos de oportunidad, incluyendo las actividades de 23 24.
mercadeo, transformación de productos y prestación de servicios que se realicen en tornoa ellas (Artículo 7).d. Creación de cupos y líneas de crédito con tasa preferencial para las mujeres rurales debajos ingresos, por parte del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario –Finagro- (Artículo 8); acceso de las mujeres rurales al Fondo Agropecuario de Garantías –Fag- con la finalidad de respaldar los créditos para las actividades rurales mencionadas enla presente ley (Artículo 9); y creación del Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales –Fommur- para apoyar programas y proyectos de actividades rurales que permitan laincorporación y consolidación de las mujeres rurales y sus organizaciones dentro de lapolítica económica y social del país (Artículo 10).e. Extensión del subsidio familiar en dinero, especie y servicios a las mujeres rurales porparte de la Caja de Compensación Familiar Campesina –Comcaja- (Artículo 13).f. El Gobierno Nacional y las entidades territoriales, promoverán un servicio de educacióncampesina y rural de carácter formal, no formal e informal, que de manera equitativaamplíe la formación técnica de hombres y mujeres rurales (Artículo 16).g. Acceso de las mujeres rurales a los cursos de capacitación técnica del Servicio Nacionalde Aprendizaje –SENA- sin discriminación (Artículo 17).h. Titulación de predios de reforma agraria a nombre de la cónyuge o compañerapermanente dejado en estado de abandono. La titulación comprende las parcelas de lareforma agrícola a nombre de las mujeres abandonadas por su cónyuge o compañero, oreconocer los derechos en una parcela ya titulada; y las parcelas de la reforma agrícola aempresas comunitarias o asociaciones de mujeres rurales; al igual que accesopreferencial a la tierra para mujeres cabeza de familia o mujeres en una situacióndesprotegida y la participación de las mujeres rurales en procedimientos de adjudicaciónde parcelas rurales a fin de garantizar procedimientos transparentes y justos (Artículo 24).i. Titulación de predios de reforma agraria a las empresas comunitarias o gruposasociativos de mujeres rurales (Artículo 25).j. Participación de las mujeres en las entidades y órganos del sector rural (Artículo 20) y losprocedimientos de adjudicación y uso de los predios de reforma agraria (Artículo 26).k. Prelación a la mujer cabeza de familia en la asignación de subsidios familiares devivienda de interés social rural (Artículo 27).l. Cumplimiento de lo dispuesto en ley 581 de 2000 con respecto a la igualdad decondiciones laborales y aplicación del principio de igual remuneración para trabajo igualen el sector rural, con el fin de eliminar las inequidades entre hombres y mujeres rurales. 24 25.
m. Ampliación de los registros estadísticos sobre la condición de la mujer rural y deindicadores de evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos del sector ruraldiscriminados por hombre y mujer (Artículo 30).n. Realización de jornadas de la expedición de cédula de ciudadanía a mujeres rurales porparte de la Registraduría Nacional del Estado Civil para permitirles la plena identificación,el ejercicio de sus derechos ciudadanos, el acceso a los servicios y la obtención de créditosy subsidios especiales (Artículo 31).De acuerdo con información del Ministerio de Agricultura la ley 731 de 2002 ha sidoreglamentada y desarrollada en los siguientes aspectos:a. Se suscribió un convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y el InstitutoInteramericano de Cooperación para la Agricultura - IICA, para desarrollar las actividadesde capacitación en las áreas del Fondo Fomento para las Mujeres Rurales – FOMMURcorrespondientes a acceso a financiamiento, formulación y gestión de proyectos, creacióny fortalecimiento empresarial y asociativo, capacitación en actividades que permitan a lasmujeres desarrollar sus proyectos y negocios rurales de manera eficiente en las áreas deproducción, transformación, comercialización y procesos de mercadeo, igualmente entemas de desarrollo humano, participación ciudadana y equidad de género.b. Con respecto al acceso al crédito, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuarioreglamentó el acceso de las mujeres rurales a créditos con recursos FINAGRO y definió eldestino del crédito para actividades rurales. Las mujeres deben solicitar información en laoficina del Banco Agrario de su municipio acerca de la línea de crédito para pequeñosproductores. El Ministerio de Agricultura no brinda datos acerca de los resultados de estainiciativa.c. El componente de acceso a la tierra de la ley fue reglamentado en la parterelacionada con la solicitud de transferencia de los derechos de propiedad de un predio encaso de que uno de los cónyuges y/o compañero permanente abandone la explotación delmismo durante el término previsto para la prescripción agraria. La mujer tendrácondiciones de equidad en lo que se refiere a la persona jurídica que se organice para laexplotación del predio.d. Con respecto a la vivienda, el Ministerio de Agricultura establece un aspecto defavorabilidad consistente en que las mujeres rurales cabeza de familia tienen derecho a unpuntaje preferencial en la calificación de las postulaciones mediante el decreto 1042 de2003 que fue modificado en sucesivas oportunidades y posteriormente derogadomediante el decreto 1160 de 2010 que contempla un puntaje adicional en la selecciónpara las madres cabeza de familia u hogar uniparental.Este modelo basado en subsidios no garantiza el derecho a la vivienda adecuada, puestoque la mayoría de la población rural deriva su sustento de trabajos precarios o informales, 25 26.
con un bajo nivel de ingresos, como es el caso de las mujeres cabeza de familia de laszonas rurales. La escasez de ingresos impide a las mujeres campesinas disponer decapacidad de ahorro para financiar la vivienda, haciendo más difícil el acceso al crédito y alsubsidio. Al respecto, la Contraloría General de la República ha considerado que “[l]osproblemas de acceso al financiamiento de la vivienda están determinados, realmente, porlos bajos ingresos de la población (…). Es claro que el problema central es de demandaefectiva. Surge, así, la contradicción entre el alto costo de la vivienda y la escasa capacidadde compra y de ahorro de la mayoría de la población. Esto nos lleva a que el problema dela vivienda es el de la pobreza. La gente carece de vivienda porque su capacidad de ingresole hace imposible comprarla o arrendarla en condiciones dignas. Superar la problemáticaestructural de la vivienda social demanda un incremento del nivel general de empleo y deingresos de la economía y/o la reducción efectiva del costo de las viviendas, para atenuarlos requerimientos de endeudamiento hipotecario individual, para el cual no hay oferta enel mercado”.Por otro lado, de manera conjunta, el Ministerio de Agricultura, la Alta ConsejeríaPresidencial para la Equidad de la Mujer y el Banco Agrario implementan el Programa"Mujer Cabeza de Familia Microempresaria" que apoya con créditos y acompañamientolas actividades empresariales que realizan tanto mujeres rurales como urbanas.El crédito de este programa está dirigido a las mujeres rurales jefe de hogar con lacondición de que formulen un proyecto productivo agropecuario viable que deberadicarse en la Oficina del Banco Agrario de su municipio en donde será estudiado segúnlos requisitos mencionados. Antes de formular y radicar el proyecto en el Banco, lainteresada tendrá que averiguar en la Alcaldía o en el mismo Banco si el municipio endonde reside ha sido seleccionado.3.3.2 La ley 1257 de 2008 sobre la prevención y sanción de la violencia y discriminacióncontra las mujeres comprende el daño patrimonial de las mujeres campesinasDicha ley tiene por objeto la adopción de normas que permitan garantizar para todas lasmujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, elejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional,el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, yla adopción de las políticas públicas necesarias para su realización (Artículo 1).La ley 1257 define el daño patrimonial de las mujeres como la pérdida, transformación,sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo,documentos personales, bienes, valores, derechos o económicos destinados a satisfacerlas necesidades de la mujer (Artículo 3). En el caso de las mujeres rurales, dichos bienescomprenden la tierra y la vivienda, lo mismo que los cultivos y semovientes.La guía de interpretación de la ley 1257 son los principios de la Constitución Política y losConvenios Internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, en especial la 26 27.
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y laConvención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra laMujer, las demás leyes, la jurisprudencia referente a la materia (Artículo 4).Como parte de los principios de la ley 1257 se encuentran, entre otros, la responsabilidaddel Estado en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas para lograr elacceso de las mujeres a los servicios y el cumplimiento real de sus derechos; la nodiscriminación; y la atención diferenciada a los colectivos de mujeres especialmentevulnerables o en riesgo (Artículo 6).La citada ley ha sido reglamentada mediante el decreto 2969 de 2010 en lo que respectaa la creación de la Comisión Nacional Intersectorial para la Promoción y Garantía de losDerechos Sexuales y Reproductivos, que tiene la finalidad de armonizar las políticasorientadas a la formulación e implementación de planes programas y acciones necesariaspara la ejecución de las políticas relacionadas con la promoción y garantía de los derechossexuales y reproductivos (Artículo 1).3.3.3 La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras incluye en sus principios el enfoquediferencialLa recientemente aprobada la 1448 de 2011, conocida como Ley de víctimas, incluyó ensus Principios Generales el enfoque diferencial. La ley reconoce la existencia depoblaciones con características particulares en razón de su edad, género, orientaciónsexual y situación de discapacidad, que justifican medidas diferenciales de ayudahumanitaria, atención, asistencia y reparación. Por lo tanto, la ley establece que el Estadoofrecerá especiales garantías y medidas de protección a los grupos expuestos a mayorriesgo de las violaciones tales como mujeres, jóvenes, niños y niñas, adultos mayores,personas en situación de discapacidad, población campesina, líderes sociales, sindicalistas,defensores de derechos humanos y víctimas de desplazamiento forzado. De acuerdo conla ley, el Estado realizará esfuerzos encaminados a que las medidas de atención, asistenciay reparación contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación ymarginación que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes (Artículo 13).En materia del derecho de restitución de los bienes, la Ley de Víctimas se limitó a larestitución de tierras, excluyendo el derecho a la restitución las viviendas y el patrimonio,aspectos de imprescindibles para que las mujeres en situación de desplazamiento forzadopuedan superar dicha condición.La Ley de Víctimas incluyó normas para las mujeres en los procesos de restitución relativasa la atención preferencial en los trámites administrativos y judiciales mediante ventanillasde atención preferencial, personal capacitado en temas de género, prelación a lassolicitudes de mujeres cabeza de familia y medidas para favorecer el acceso de lasorganizaciones o redes de mujeres a procesos de reparación (Artículo 114); atenciónpreferencial para mujeres y madres cabeza de familia en los procesos de restitución 27 28.
(Artículo 115); y especial colaboración de las autoridades de policía o militares para velarpor la entrega oportuna del predio y para procurar mantener las condiciones de seguridadque le permitan usufructuar su propiedad.Asimismo, la ley 1148 otorga prioridad a las mujeres a quienes se les restituya la tierra enla aplicación de los beneficios de la ley 731 de 2002 (Artículo 117) que ya fue mencionadaanteriormente en el presente reporte. En ese sentido, la ley dispone que en la sentencia eljuez o magistrado ordenará que la restitución y la compensación se efectúen a favor de losdos cónyuges. En el mismo sentido, la ley 1448 ordena a la Oficina de Registro deInstrumentos Públicos registrar el predio restituido a nombre de los dos cónyuges(Artículo 118).A la fecha de cierre del presente informe, la Ley de víctimas no había sido reglamentada.La aprobación de las normas mencionadas no ha resultado suficiente para garantizar losderechos de las mujeres rurales, lo que hace que la situación de discriminación einequidad se mantenga en el campo. Las organizaciones agrarias de mujeres consideranque las normas reseñadas anteriormente no han conseguido superar la discriminación einequidad que afecta a las mujeres rurales. La Asociación Nacional de MujeresCampesinas, Negras e Indígenas de Colombia – Anmucic-, integrante de la Mesa deincidencia política de mujeres rurales colombianas, señala que las institucionesgubernamentales carecen de un enfoque diferencial que incorpore el derecho de lasmujeres al acceso a la tierra y otros factores de producción y servicios. Anmucic consideraque por estas razones, las leyes aprobadas no han sido implementadas, pues suexperiencia les ha mostrado que en el nivel gubernamental existe un grandesconocimiento de los derechos de las mujeres rurales y sus particularidades, lo que seexpresa en una homogenización de sus necesidades y derechos.Según Anmucic, uno de los problemas más graves es la inequidad en la distribución de latierra, que afecta a los hogares campesinos y particularmente a las mujeres, ya que son lasque asumen gran parte de las responsabilidades de sostenimiento de la familia. Estasituación es más crítica en el caso de los hogares campesinos con jefatura femenina.Las organizaciones de mujeres rurales identifican como causas de la situación descrita laausencia de voluntad política del Estado para dar cumplimiento a las leyes yjurisprudencia que favorecen los derechos de las mujeres; las debilidades en el diseño depolíticas públicas, que no tienen en cuenta la diversidad y particularidades de las mujerescampesinas, indígenas y afrocolombianas. A lo anterior se suma, que el Estado noreconoce a las mujeres el rol de actoras políticas transformadoras, sino que las considerasimplemente población vulnerable, beneficiarias de políticas asistencialistas. 28 29.
3.4 El Estado colombiano ha adoptado medidas contrarias a sus obligaciones de garantíade los derechos de las mujeres ruralesEl reconocimiento legal de los derechos de la población rural y la implementación de lasnormas correspondientes no han garantizado los derechos de las mujeres ni de lapoblación rural en su conjunto. Pero dicho panorama ha empeorado debido a que en losaños recientes el Estado colombiano ha aprobado un conjunto de leyes que desmontaronla institucionalidad y los programas de reforma agraria y debilitaron los programasdirigidos a las poblaciones rural y desplazada, en cuanto a la prevención del despojoperpetrado por los grupos paramilitares al servicio de empresarios interesados enobtener ganancias económicas del uso y explotación de las tierras y recursos naturales delas comunidades.A continuación se exponen brevemente las disposiciones contrarias a los derechos de lascomunidades rurales.3.4.1 La institucionalidad de la reforma agraria y el desarrollo campesino fue liquidadaLas instituciones estatales del sector agropecuario que, en el marco de la reforma agraria,brindaban servicios a la población rural no eran suficientemente fuertes y eficientes paracumplir su mandato. No obstante, en lugar de resolver las falencias de dichas institucionesy fortalecerlas, el Estado las ha desmontado gradualmente, de la manera que se reseña acontinuación.Con el fin de reducir del gasto público, en 1997el gobierno liquidó el Instituto deMercadeo Agropecuario –Idema-, el cual tenía su cargo la regulación del mercadeo deproductos de origen agropecuario mediante el estímulo a la producción a través de lacompra de estos a precios de sustentación.Posteriormente, al comienzo del primer período de gobierno del presidente Alvaro Uribe(2002-2006), en el marco del Programa de Renovación de la Administración Pública, fueordenada la supresión de cinco instituciones o programas del sector rural: el InstitutoColombiano de la Reforma Agraria –Incora-, el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras– Inat-, el Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural, el Programa de Desarrollo RuralIntegrado –Dri- y el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura –Inpa-.En concordancia con el cambio de prioridades para el sector rural, entre las que no seencuentran la reforma agraria ni la economía de las poblaciones campesinasafrocolombianas e indígenas, el gobierno creó una nueva institucionalidad. A esa lógicaresponde la creación del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –Incoder, que, bajoprincipios de competitividad, equidad, sostenibilidad, multifuncionalidad ydescentralización, tiene por objeto fundamental ejecutar la política agropecuaria y dedesarrollo rural, fortalecer a las entidades territoriales y sus comunidades y propiciar la 29 30.
articulación de las acciones institucionales en el medio rural. Dicha política,supuestamente contribuiría a mejorar el nivel de vida de la población rural.Entre las prioridades del Incoder no está la atención especial a las mujeres del sector rural.De hecho, solamente una de las funciones de este Instituto está dirigida a las mujeres,como una de tantas poblaciones a las que se dirigen su labor. Se trata del otorgamiento de“subsidios directos a través de concursos mediante convocatorias públicas transparentesque atenderán criterios objetivos de selección, para beneficiar a los hombres y mujerescampesinos de escasos recursos o en situación de desplazamiento y a los productoresbeneficiarios de programas especiales del Gobierno Nacional, con la presentación delproyecto productivo financiera, ambiental, técnica y socialmente viable para la adquisiciónde tierras y parte de los requerimientos financieros de los proyectos productivos”.Como se puede advertir, el otorgamiento de los subsidios por parte del Incoder estáncondicionados a que la economía campesina desaparezca y se transforme, a través de unaproducción de tipo agroindustrial, en empresarios rurales, de conformidad con lalegislación adoptada de 2002 en adelante para el sector rural, que desconoce los derechosde las comunidades del campo colombiano.3.4.2 El Estado ha adoptado una serie de medidas legislativas contrarias a los derechos dela población ruralEn los últimos años, el Estado colombiano ha aprobado un conjunto de leyes quesuprimieron las políticas de reforma agraria que habían facilitado a una parte de lapoblación campesina el acceso a la tierra y fomentado sus modalidades de producción. Elpropósito de dichas reformas es fomentar la agroindustria de exportación basada en lagran propiedad y del uso y explotación intensivos de las tierras y recursos naturales.Dichas leyes son las siguientes:a. La ley 812 de 2003 aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 reemplazó lapolítica de reforma agraria impulsando a cambio una política de desarrolloagroempresarial.Como se explicó anteriormente, la ley 160 de 1994 había creado un sistema de reformaagraria y que solamente favoreció el acceso a la tierra a una parte de la poblacióncampesina que no era propietaria, sin llegar a reformar la estructura agraria injusta ydesigual. Dicha ley fue reformada por ley 812 que suprimió la adjudicación de tierras a loscampesinos a cambio de un sistema de subsidios asignados bajo una serie de condicionesajenas a la economía de esta población, tales como “un subsidio integral que se otorgarápor una sola vez, para el desarrollo de proyectos productivos en sistemas de producción decarácter empresarial, con principios de competitividad, equidad y sostenibilidad, queintegre a pequeños y medianos productores beneficiarios de los Programas de ReformaAgraria, ubicados en los sectores geográficos definidos de acuerdo con los criterios delartículo anterior (…). El monto del subsidio incluye el valor de la tierra y las inversionescomplementarias, tales como: capital fijo, adecuación predial, capacitación y asistencia 30 31.
técnica y comercialización, determinadas en el proyecto productivo y se otorgará por unasola vez al sujeto de Reforma Agraria, con arreglo a las políticas que señale el Ministeriode Agricultura y Desarrollo Rural, a los criterios de elegibilidad que determine la JuntaDirectiva del Incora o quien haga sus veces, y en las zonas definidas en el proceso deplaneación de la Reforma Agraria”.Las condiciones que establecía la ley 160 de 1994 para ser adjudicatario de la reformaagraria (disponer de un crédito complementario del 30% del valor de la tierra), quedaronmodificadas de la siguiente manera: “El otorgamiento del subsidio integral se hará efectivosiempre que el proyecto productivo presente condiciones de viabilidad técnica, económicay social que garanticen su competitividad, equidad y sostenibilidad, condiciones que seránevaluadas y certificadas por el Incora o quien haga sus veces, y de conformidad con ladisponibilidad presupuestal”. En el Artículo 26, la ley 812 estableció que el monto delsubsidio integral para comprar tierra podrá ser del 100% del valor del predio y, comogarantía de los recursos públicos destinados al subsidio, los beneficiarios deberán suscribirun contrato de operación y funcionamiento para un período no inferior al definido en elproyecto productivo y en ningún caso menor a cinco años.La ley 812 también estableció el “contrato de asignación o tenencia provisional”,modalidad que no garantiza a la población campesina ni a las personas desplazadas laseguridad jurídica de la tenencia de la tierra, puesto que consiste en la entrega a losbeneficiarios mediante contrato de las tierras adquiridas o expropiadas por el organismoencargado de Reforma Agraria, previa definición del proyecto productivo a desarrollar enesas tierras. El contrato podrá ser de máximo cinco años, al final del cual se transferirá eldominio, siempre y cuando los beneficiarios acrediten haber establecido “empresasagropecuarias competitivas y sostenibles”. En estos contratos, las poblaciones campesinay desplazada beneficiarias sólo recibirán el subsidio para las inversiones complementarias,pero en caso de que no puedan cumplir sus obligaciones, podrán ser excluidos de laempresa agropecuaria mediante acto administrativo motivado que, al mismo tiempo,determinará un beneficiario quien debe aportar solidariamente el monto de la inversiónrealizada por las personas beneficiarias excluidas.Adicionalmente, la ley 812 introdujo el mecanismo de planeación en la adjudicación de latierra, el cual establece las bases del desarrollo rural partiendo del estudio técnico de lasventajas competitivas y los equilibrios de oferta y demanda de factores productivos,materias primas, bienes intermedios y productos finales. Esta lógica planeacióneconomicista del desarrollo rural y uso de la tierra descarta los criterios de derechoshumanos y justicia social. Por el contrario, se dirige a la implementación de proyectosempresariales que vinculen a los sectores industriales y de servicios.En la misma dirección, el decreto 1250 de 2004 reglamentario de la ley 812, incluyó a lasentre los beneficiarias del subsidio de tierras a la población desplazada, bajo los mismoscriterios de elegibilidad, prioridades, requisitos y condiciones que establezca el ConsejoDirectivo del Incoder para la selección de los beneficiarios, que, entre otras cuestiones, 31 32.
consisten en una evaluación económica y técnica de un proyecto productivo que estosdebe presentar al momento de postular al subsidio.Las medidas dispuestas por el decreto 1250 de 2004 se enmarcan en el proceso deplaneación que tiene la finalidad de desarrollar un reordenamiento en el uso del suelo enlas áreas de mayor aptitud agrícola, propiciar una reforma de las relaciones rurales queoriente la modernización de las relaciones campesino-agricultura y cerrar la expansión dela frontera económica. En concordancia con los propósitos de reordenamiento territorialbajo principios económicos. Por lo tanto, el decreto que en cada región geográfica se debeconvocar a los sectores representativos de la comunidad rural, el sector privado yentidades públicas territoriales, para validar los aspectos de ordenamiento territorial.De acuerdo con el enfoque de desarrollo rural empresarial descrito que suprimió lasmedidas de reforma agraria, el decreto 1250 de 2004 ordenó al Incoder elaborar planesquinquenales concertados para ser desarrollados en sectores geográficos definidos. Elmonto del subsidio integral quedó dependiente de una evaluación técnica, social yfinanciera de un proyecto productivo que debe sustentar la conformación de la unidad deproducción, pero en ningún caso podrá ser superior a 70 salarios mínimos mensuales.El PND 2002-2006 justificó la priorización del modelo de desarrollo agroempresarialbasado en la gran propiedad con el argumento de que “[l]o importante no es la tenenciade la tierra sino su incorporación a una actividad productiva estable y equitativa. Laestrategia para mejorar el bienestar de los pequeños parceleros incluirá el apoyo a lamicroempresa rural y la reconversión productiva orientada a productos de alto valor”.El modelo agroempresarial impulsado por los últimos gobiernos vulnera los derechos delas poblaciones rurales y es contrario a la economía y los proyectos de vida de lascomunidades rurales, puesto que desconoce el derecho sobre la tierra, al que anteponelos intereses de la agroindustria a gran escala y la exportación, a la vez que desincentiva laproducción de productos alimenticios destinados al consumo familiar y comunitario queson parte integral del derecho a la alimentación adecuada.b. La ley 1021 de 2006 “Por la cual se expide la Ley General Forestal” contenía normas queafectaban la autonomía territorial de las poblaciones indígenas y afrocolombianas para losaprovechamientos forestales. Dicha ley fue declarada inexequible por la CorteConstitucional al encontrar que, pese a que en su texto existían políticas que afectaban losderechos de las mencionadas poblaciones, no fue consultada con dichas poblaciones, deconformidad con las obligaciones estatales emanadas del Convenio 169 de la OIT sobrepueblos indígenas y tribales.c. La ley 1133 ley de 2007 que creó el programa Agro Ingreso Seguro –AIS- apoyó allatifundio y la agroindustria. El argumento expuesto por el gobierno del presidente AlvaroUribe Vélez en favor de la aprobación de la ley era el AIS protegería a la población rural delos efectos que traería el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. No obstante, en 32 33.
realidad el AIS fomentó la “empresarización” del campo con el otorgamiento de créditosreembolsables para financiar proyectos productivos y obras de adecuación de tierras agran escala.Dichos beneficios económicos fueron otorgados preferencialmente a grandes agroempresarios, sin considerar que en algunos casos el modelo agroindustrial se hadesarrollado gracias a la comisión de crímenes de lesa humanidad como los asesinatos, lasdesapariciones forzadas y el desplazamiento forzado de las poblaciones afrocolombianas,campesinas e indígenas; y sin crear mecanismos para establecer si los predios destinadosa la implementación de los proyectos de inversión de los subsidios estatalescorrespondían a tierras usurpadas mediante la violencia de los grupos paramilitares.Los subsidios asignados a través del programa AIS favorecieron a propietarios de extensoslatifundios localizados en zonas de dominio y control paramilitar, algunas de las cuales hanfinanciado la iniciativa de reelección del presidente Alvaro Uribe Vélez, razón por la cual laFiscalía General de la Nación abrió investigaciones a altos ex funcionarios del Ministerio deAgricultura y Desarrollo Rural y al gerente general del Incoder, de quienes fuerondetenidos el ex ministro de Agricultura, la directora de comercio y financiamiento, los exjefes de la oficina jurídica, presuntos copartícipes del detrimento patrimonial de unos $302.000 millones causado a la Nación con el presunto desvío de los recursos, que habríanterminado en las manos los mencionados empresarios latifundistas.d. La ley 1152 de 2007 “Por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural, se reforma elInstituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, y se dictan otras disposiciones”,privilegiaba la agroindustria de exportación en detrimento de la economía campesina, lasformas tradicionales de producción de las poblaciones indígena y afrocolombiana y lasoberanía alimentaria.Esta ley era especialmente contraria a los derechos de las poblaciones afrocolombianas,campesinas e indígenas, pues impulsaba un modelo de desarrollo rural que excluyemedidas de distribución de la tierra. La ley era especialmente lesiva para los campesinosvíctimas del desplazamiento forzado debido a que debilitaba la ruta colectiva deprotección de predios de la población desplazada creada mediante el decreto 2007 de2001.La Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de ley del Estatuto de DesarrolloRural debido a que en su trámite no surtió el procedimiento de consulta previa a laspoblaciones indígenas y afrocolombianas.e. La ley 1182 de 2008creó un procedimiento especial con condiciones que facilitan lalegalización de las tierras y las viviendas usurpadas a las víctimas del desplazamientoforzado.Dicho procedimiento especial no ofrece garantías para que las víctimas deldesplazamiento puedan oponerse dentro del proceso, puesto que la ley de saneamiento 33 34.
agiliza la titulación de los bienes inmuebles a nombre de quienes han incurrido enviolaciones de derechos humanos e infracciones al derecho humanitario con la finalidadde desplazar a los campesinos de sus tierras y ocuparlas de manera secundaria oexplotarlas a través del repoblamiento por parte de ocupantes secundarios condicionadospor paramilitares.Por consiguiente, la Ley de Saneamiento refuerza el proceso de impunidad para loscrímenes cometidos por los grupos paramilitares y es contraria al derecho de las víctimasa la reparación. Por lo tanto, la ley es contraria a los Principios Básicos sobre el Derecho delas Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas internacionales de DerechosHumanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a interponerrecursos y obtener reparaciones los cuales establecen, entre otras obligaciones de losEstados, la de “[a]doptar disposiciones legislativas y administrativas y otras medidasapropiadas para impedir las violaciones; [p]roporcionar a las víctimas recursos eficaces,incluso reparación”. De igual forma, la ley vulnera el derecho a la restitución reconocidoen los Principios Básicos sobre el derecho de las víctimas que fueron anteriormentemencionados, al igual que en los Principios sobre la restitución de las viviendas y elpatrimonio de los refugiados y las personas desplazadas, puesto que facilita la legalizacióndel despojo de los bienes de las víctimas del desplazamiento, y se suma a la ausencia deaplicación de los mecanismos legales de protección de los bienes de la poblacióndesplazada.f. La ley 1377 de 2010 por medio de la cual reglamenta la actividad de reforestacióncomercial desconoce los derechos al pluralismo, la diversidad, a la autonomía en el propiodesarrollo, a la propiedad y al medio ambiente.Luego de la declaración de inexequibilidad de la ley General Forestal que se mencionó enel presente documento, el Congreso de la República aprobó la nueva versión, la ley 1377de 2010, que fue impulsada por el gobierno nacional y por la Federación Nacional deIndustriales de la Madera. Dicha ley fomenta la explotación intensiva de los recursosforestales sin reconocer los derechos de las comunidades rurales. Para tal fin, consideralos bosques como bienes muebles, desconociendo la integralidad del territorio colectivo, yelimina la exigencia de la expedición de una licencia ambiental por parte de la autoridadcompetente.Asimismo, la ley 1377 permite que el propietario de un cultivo forestal comercial pueda -constituir una garantía con cualquier entidad financiera sobre una plantación forestalfutura, derecho que denomina “vuelo forestal”, lo cual tiene serias implicaciones para losderechos de los campesinos propietarios y de la población desplazada, pues estos nopueden defender su derecho de propiedad o de posesión por haber sido desplazadas porla fuerza, aumentando así su vulnerabilidad frente a terceros que pretendan establecerplantaciones forestales en sus tierras abandonadas a causa del desplazamiento, y permitea terceros de mala fe consolidar las acciones de despojo. Dicha ley se encuentra enproceso de reglamentación. 34 35.
g. El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 no adopta medidas a favor de los derechos dela población rural.La ley 1450 de 2011 por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014“Prosperidad para todos” –PND- contempla algunas disposiciones de carácter generalacerca de los derechos de las mujeres, tales como el anuncio de la adopción por parte delgobierno nacional de una política pública nacional de Equidad de Género para garantizarlos derechos humanos integrales e interdependientes de las mujeres y la igualdad degénero, teniendo en cuenta las particularidades que afectan a los grupos de poblaciónurbana y rural, afrocolombiana, indígena, campesina y ROM, y con planes específicos quegaranticen los derechos de las mujeres en situación de desplazamiento y el derecho de lasmujeres a una vida libre de violencia (Artículo 177).El PND afirma que la política pública de equidad de género dará cumplimiento losestándares internacionales y nacionales en materia de derechos humanos de las mujerescon un enfoque multisectorial y transversal (Artículo 177, parágrafo). En dicho sentido, elPND señala que el Gobierno Nacional adoptará una política pública para prevenir,sancionar y erradicar todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres,que deberá acoger las recomendaciones de los organismos internacionales de protecciónde los derechos humanos y las obligaciones contenidas en la Convención sobre laEliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y en la ConvenciónInteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Deacuerdo con el PND, la política deberá ser concertada con las organizaciones de mujeres(Artículo 179).Además el PND establece un plazo máximo de seis meses para reglamentar la ley 1257 de2008 relativa a la prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra lasmujeres, que fue mencionada anteriormente en el presente texto.No obstante, el PND no contiene una política para prevenir, sancionar y erradicar todas lasformas de violencia y discriminación contra las mujeres, en todos los ámbitos. El PNDtampoco adopta medidas especiales para enfrentar la violencia sexual que es ejercida enel contexto del conflicto armado interno, que afecta mayormente a las mujeres rurales, nilos actos de violencia sexual cometidos por agentes del Estado.Aunque el PND otorga prioridad a la asignación presupuestal para la política pública deatención a la población desplazada, no incluye disposiciones para la aplicación de lasrecomendaciones internacionales en materia desplazamiento mencionadas en el presenteinforme, ni de cumplimiento de las órdenes para superar el estado de cosasinconstitucional de los derechos de la población desplazada declarado por la CorteConstitucional.En particular, el PND no adopta medidas correctivas para garantizar el registro de todoslos casos de desplazamiento y las órdenes de la Corte Constitucional para subsanar lasfalencias de dicho registro que no permiten conocer la verdadera dimensión del 35 36.
desplazamiento ni las características y necesidades de las víctimas, de acuerdo con supertenencia a grupos por edad, sexo o etnia, sin la cual no es posible un adecuado diseñode la política pública.Con respecto a las soluciones duraderas al desplazamiento, el PND no contempla medidaspara dar cumplimiento a las órdenes de la Corte Constitucional relativas a lareformulación de los componentes de generación de ingresos, tierras y vivienda, deconformidad con las necesidades específicas de las víctimas del desplazamiento, niatiende la recomendación de fortalecer el Proyecto de Protección de Tierras y Patrimoniode la Población Desplazada de Acción Social.Por otra parte, el PND no incluye medidas acerca del enfoque diferencial étnico y degénero, ni los derechos a la justicia, la verdad y la reparación. Pese a que la FiscalíaGeneral de la Nación creó una Unidad Especial para investigar el delito de desplazamientoforzado, el PND no enuncia ninguna medida para respaldar la labor de dicha Unidad.Dicha omisión no es coherente con las obligaciones estatales de garantizar los derechos ala verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del desplazamiento.Con relación al derecho a la tierra, el PND no hace un diagnóstico que reconozca lainequitativa estructura de tenencia de la tierra, la crítica situación de los derechoshumanos de la población rural y los derechos de las mujeres. En consecuencia, el PNDcontempla solamente mecanismos marginales de acceso a la tierra para la poblacióncampesina, como la titulación de baldíos y la entrega de tierras de procesos de extinciónde dominio, pero no adopta medidas para modificar la estructura agraria basada en lagran propiedad que permitan el acceso de los campesinos a la propiedad de la tierra, nimedidas favorables a las mujeres rurales en dicho campo. 36 Recommended