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Timestamp: 2019-11-14 11:06:53
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LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN DAÑOS NUCLEARES. ESPECIAL ÉNFASIS EN EL CASO DE ESPAÑA Y ARGENTINA.
Ref. Doctrina Especial para Utsupra. Derecho Administrativo. La responsabilidad del Estado en daños nucleares. Especial énfasis en el caso de España y Argentina. Por Gisela Paola Mangone, Abogada (Universidad de Buenos Aires, 2007); Cursó Maestría en Derecho Administrativo (Universidad Austral, 2013); participante de la World Nuclear University (WNA, 2010). SUMARIO: 1. Introducción. 2. La responsabilidad civil por daños nucleares i. Fundamentos. ii. Instrumentos Internacionales. 3. El caso de España. i. Antecedentes. ii. La ley Nº 12/2012. iii. A modo de síntesis. 4. El caso de Argentina. i. Convención de Viena sobre responsabilidad civil por daños nucleares, ii. Protocolo de Enmienda de la Convención de Viena y Convención sobre Indemnización Suplementaria por Daños Nucleares. Iii La ley de la actividad Nuclear 5. Conclusiones. // Cantidad de Palabras: 5140 Tiempo aproximado de lectura: 17 minutos || FECHA: 05/13/2016
SUMARIO: 1. Introducción. 2. La responsabilidad civil por daños nucleares i. Fundamentos. ii. Instrumentos Internacionales. 3. El caso de España. i. Antecedentes. ii. La ley Nº 12/2012. iii. A modo de síntesis. 4. El caso de Argentina. i. Convención de Viena sobre responsabilidad civil por daños nucleares, ii. Protocolo de Enmienda de la Convención de Viena y Convención sobre Indemnización Suplementaria por Daños Nucleares. Iii La ley de la actividad Nuclear 5. Conclusiones
El objetivo del presente es analizar los alcances de la responsabilidad civil del explotador de una instalación nuclear y, a la luz de ello, la responsabilidad del estado en el caso de daños nucleares en la legislación española y argentina, especialmente a la luz de las convenciones internacionales en la materia y de las legislaciones nacionales.
Con dicha finalidad, se seguirá el siguiente curso de acción: en primer lugar realizaremos una breve descripción histórica del surgimiento de la responsabilidad civil por daños nucleares, puntualizando los instrumentos internacionales que rigen en la materia, para luego adentrarnos en los casos específicos de la legislación española y argentina, haciendo énfasis en la responsabilidad del estado en materia nuclear en España y Argentina.
2. La responsabilidad civil por daños nucleares
La responsabilidad por daños nucleares surge con el desarrollo de la industria nuclear, fundamentalmente a mediados de los años 50, cuando nació la necesidad de crear un régimen propio en materia de responsabilidad civil que tuvo por finalidad armonizar las características del riesgo que podría eventualmente derivar de la actividad, lo que llevaría a la destrucción de la industria ante demandas por responsabilidad en este ámbito y la protección de la población en el supuesto caso de un accidente.
En razón de ello, algunos países optaron porque las instalaciones nucleares fueran operadas por el propio Estado; pero – con la finalidad de dar un marco de protección a la industria privada, incentivando el desarrollo - la mayoría desarrolló una legislación especial conteniendo normativa para la actividad nuclear en general y de responsabilidad en particular. (1)
En función de esto, las normas a las que haremos referencia, regulan la responsabilidad civil exclusiva del explotador de las instalaciones nucleares, pero estableciendo, de manera subsidiaria, un régimen compensatorio a cargo del Estado. (2)
ii.	Instrumentos Internacionales
A nivel internacional, encontramos cinco instrumentos que se refieren al derecho de responsabilidad nuclear. En dos de esos instrumentos se establece un régimen regional y en los otros tres un régimen mundial. (3)
Por un lado, en cuanto a instrumentos regionales, encontramos el Convenio de París de 1960 acerca de la Responsabilidad Civil en materia de Energía Nuclear (4) y el Convenio de Bruselas de 1963 complementario del Convenio de París (5), concluidos con los auspicios de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y abierto a los Estados miembros de esa organización. A su vez, hallamos el Protocolo de 12 de febrero de 2004 relativo a la aplicación del Convenio de París de 1960 y el Protocolo de 12 de febrero de 2004 del Convenio complementario de Bruselas de 1963 concluidos con los auspicios de la OCDE y abiertos a los Estados miembros de esa organización. España es parte de estos instrumentos internacionales.
Por otro lado, los instrumentos de carácter mundial son la Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares de 1963, concluida con los auspicios del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y abierta a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, de sus organismos especializados o del OIEA. El Protocolo de enmienda de la Convención de Viena, concluido con los auspicios del OIEA y abierto a todos los Estados. La Convención de Viena de 1997 fue adoptada el 12 de septiembre de 1997, entró en vigor el 4 de octubre de 2003 y tiene actualmente 5 Partes. La Convención sobre indemnización suplementaria por daños nucleares de 1997, concluida con los auspicios del OIEA y abierta a todas las Partes en el Convenio de París y en la Convención de Viena, y a los Estados que no son Parte en ninguna de esos instrumentos pero cuya legislación nacional está en consonancia con los principios estipulados en ellos. Argentina es parte de estas convenciones.
También cabe mencionar el Protocolo Común relativo a la aplicación de la Convención de Viena y del Convenio de París, de 21 de septiembre de 1988, que tiende un puente entre esos instrumentos, extendiendo a ambos los beneficios del régimen especial de responsabilidad civil por daños nucleares establecido en cada uno de ellos, a fin de eliminar los conflictos a que pudiere dar lugar su aplicación simultánea a un incidente nuclear. El Protocolo Común tiene actualmente 26 Partes, de las cuales 16 son Estados Partes en la Convención de Viena y 10 en el Convenio de París.
Si bien, como hemos dicho, la Convención de París tiene alcance regional y la Convención de Viena, mundial, los aspectos fundamentales de ambos son similares. En este sentido podemos decir que se basan en la responsabilidad exclusiva del explotador de la instalación nuclear, contienen limitaciones de la responsabilidad en el tiempo y en la cuantía y determinan la jurisdicción de los tribunales del Estado en donde se encuentre la instalación nuclear para la reclamación por daños.
En material nuclear, encontramos el fundamento para responsabilizar a los Estados ya que serán ellos quienes determinen las condiciones y autorizaciones para la operación de instalaciones nucleares. En este sentido, podemos decir que es el Estado quien será responsable de permitir el funcionamiento de la industria nuclear. Asimismo, es responsabilidad del Estado en donde las actividades nucleares se lleven a cabo, supervisarlas para que funcionen de la manera más segura posible.
A su vez, el Estado es siempre responsable de velar por la seguridad de los habitantes y por la integridad del ambiente y, bajo esta premisa, será responsable de compensar – ya sea de manera directa o subsidiaria - los daños que sufra la sociedad en caso de un daño nuclear.
Aquí es dable aclarar que las responsabilidades del Estado en el cual se encuentra radicada una instalación nuclear, no se encuentran acotadas al ámbito de su propio territorio ya que, en virtud de las posibles consecuencias transfronterizas que puede tener el desarrollo de la tecnología nuclear, la responsabilidad del Estado se extiende también a la protección de toda la comunidad internacional.
En consecuencia, la justificación de esta legislación especial, viene dada por la complejidad de la materia nuclear, con una doble finalidad: la protección de la sociedad y la comunidad internacional, por un lado, y las empresas e industrias dedicadas a la actividad nuclear por el otro.
3.	El caso de España
Tal como ya lo hemos mencionado a lo largo del presente, España es Parte contratante del Convenio de París del 29 de julio de 1960 y del Convenio de Bruselas del 31 de enero de 1963, así como de los Protocolos de enmienda de cada uno de ellos, los que fueron ratificados con fecha 18 de noviembre de 2005.
España recogió lo establecido en las convenciones mencionadas en la ley 25/1964 del 29 de abril de 1964 (6), la que en la actualidad se encuentra vigente casi en su totalidad, con excepción de lo establecido en la materia que nos ocupa – la responsabilidad civil derivada por daños nucleares – que cuenta con una nueva legislación, a saber ley 12/2011 (7).
Asimismo, aun continúa vigente, en lo que no se oponga a lo dispuesto en la última ley mencionada, el Decreto Nº 2177/1967 del 22 de julio de 1967 (8), por el que se dispone el Reglamento sobre cobertura de riesgos nucleares.
ii.	La Ley Nº 12/2011
Previo a entrar a considerar específicamente lo atiente a la responsabilidad del estado, haremos un pequeño resumen de lo establecido en la ley.
Aplicación directa de los Convenios internacionales:
El Título Preliminar determina que el objeto de la ley es el establecimiento de un régimen de responsabilidad civil por daños nucleares, afirmando que resultarán de aplicación directa las cláusulas contenidas en el Convenio sobre responsabilidad civil en materia de energía nuclear de 29 de julio de 1960, modificado por los Protocolos del 28 de enero de 1964, del 16 de noviembre de 1982 y del 12 de enero de 2004 (Convenio de París) y en el Convenio del 31 de enero de 1963 complementario del anterior, modificado por los Protocolos del 28 de enero de 1964, del 16 de noviembre de 1982 y del 12 de enero de 2004 (Convenio de Bruselas) a las instalaciones nucleares y a los transportes de sustancias nucleares.
Asimismo, establece en su artículo 2 el ámbito de aplicación espacial, determinando los casos en que se aplicará el Título I. Por su parte, el Título II se aplicará a los daños causados por accidentes que provoquen la emisión de radiaciones ionizantes que pudieren producirse en el manejo, almacenamiento y transporte de materiales radiactivos que no sean sustancias nucleares.
Debido a la especificidad en la materia, y con la finalidad de encuadrar de la manera más adecuada y exacta posible los términos nucleares, para evitar equívocos y para poder estar al alcance de la población de una manera sencilla, el artículo 3 se dedica a precisar las definiciones que se tendrán en cuenta a efectos exclusivos de la responsabilidad civil por daños nucleares.
El Título I regula lo atinente a la responsabilidad civil por daños nucleares.
En el Preámbulo de la Ley Nº 12/2011 se recuerda que “Los Convenios de París y Bruselas establecen como principio fundamental la responsabilidad objetiva del explotador por los daños nucleares producidos como consecuencia de un accidente en una instalación nuclear con independencia de la causa de origen, dentro de las limitaciones y en las condiciones que se establecen en los mismos.
El Convenio de París determina la responsabilidad mínima obligatoria a la que debe hacer frente el explotador, mientras que el de Bruselas establece compensaciones complementarias, hasta un límite determinado, para indemnizar a las víctimas o reparar daños en caso de que los daños superen la responsabilidad fijara para el primero.
Los Protocolos de enmiendas de estos Convenios, aprobados en febrero de 2004, mantienen esta misma estructura de compensaciones por daños nucleares. Sin embargo, las cantidades de las compensaciones por cada accidente e instalación se aumentan de manera significativa, pasando a ser:
a)	Un primer tramo de 700 millones de euros de responsabilidad mínima obligatoria del explotador, de conformidad con lo establecido en el Convenio de París.
b)	Un segundo tramo de compensación complementaria entre 700 millones de euros y 1.200 millones de euros, establecido en el Convenio de Bruselas, cuya responsabilidad correspondería al explotador o al Estado según lo que se establezca en la legislación nacional.
c)	Un tercer tramo de compensación complementaria entre 1.200 millones de euros y 1.500 millones de euros, establecido en el Convenio de Bruselas, que se sufragaría, caso de ser necesario, con fondos públicos aportados por todos los Estados Parte del Convenio de Bruselas de forma proporcional a su Producto Nacional Bruto y su potencia nuclear instalada.” (9)
Puntualmente, el artículo 4 la ley en análisis, adecua los contenidos de las Convenciones citadas y establece la responsabilidad del explotador de una instalación nuclear de la siguiente manera:
a.	Para los daños causados en los Estados que sean Contratantes de los Convenios de París y Bruselas, de 1.200 millones de euros.
b.	Para los daños causados en los Estados Contratantes del Convenio de París que no sean Parte del Convenio de Bruselas o en aquellos que no tengan instalaciones nucleares en su territorio, de 700 millones de euros.
Para los daños causados en los Estados a los que se refieren los apartados 1.b (10) y 1 d. (11) del artículo 2 de la ley, la cuantía de 700 millones se reducirá en la medida en que esos Estados no concedan beneficios recíprocos de una cuantía equivalente.
Asimismo, y para las instalaciones nucleares que determinen el Ministerio de industria, Turismo y Comercio, previo informe del Consejo de Seguridad nuclear, se podrá reducir la responsabilidad del explotador a un mínimo de 70 millones de euros; así como también se reducirá para los transportes de sustancias nucleares que determine el Ministerio citado, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear, que pueda ocasionar un accidente nuclear, a un mínimo de 80 millones de euros.
A su turno, el artículo 5 determina que cuando la responsabilidad del explotador de una instalación nuclear, no sea suficiente para cubrir las indemnizaciones por los daños causados por un accidente nuclear, el Gobierno arbitrará los sistemas o procedimientos pertinentes para que sean satisfechas las cantidades que corresponda abonar al Estado en concepto de reparaciones por daños nucleares hasta un máximo de 700 o de 1.200 millones de euros. Asimismo, las indemnizaciones por daños causados por un accidente nuclear en España o en un Estado Parte del Convenio de Bruselas de 1963, complementario al Convenio de París de 1960, en la medida en que superen los 1.200 millones de euros y hasta un máximo de 1.500 millones de euros, serán aportados mediante fondos públicos por las partes contratantes del Convenio de Bruselas. Nos encontramos aquí con una normativa que intenta fomentar el desarrollo nuclear, ya que si las sumas por las que debiera responder el explotador no estuvieran limitadas y subsidiariamente cubiertas por el Estado, sería muy difícil, sino improbable que las empresas desarrollen la energía nuclear.
El artículo 6 determina las causales de exoneración de responsabilidad. En este punto, merece una mención especial la eliminación de las catástrofes naturales como causales de exoneración. Ello se debió a que el tratamiento de la ley en análisis se efectuó durante los sucesos que tuvieron lugar en la central nuclear de Fukushima el 11 de marzo de 2011. En ese contexto, si se hubiera hecho mención a las catástrofes naturales como causales de exoneración, no cabría ningún tipo de responsabilidad en sucesos como el acaecido.
Siguiendo con la responsabilidad subsidiaria del Estado en la materia, al momento de determinar la prelación de las indemnizaciones, la legislación comentada determina que, en caso de que la cobertura para responder en caso de indemnizaciones por muerte y daño físico causados a las personas dentro de España, el Estado arbitrará los medios legales para hacer frente a las mismas. Asimismo, podrá aplicar medidas reparadoras o preventivas por los daños producidos al ambiente que afecten o puedan afectar a lugares o bienes de titularidad pública, sin perjuicio de la ulterior reclamación del coste de dichas medidas.
El artículo 12 se encarga de regular las garantías que deberá establecer el explotador de una instalación nuclear para responder en caso de daños producidos como consecuencia de un accidente nuclear, determinando en el artículo 13 que si el explotador es un organismo de titularidad pública no estará obligado a establecer garantía financiera alguna.
Procedimiento para la reclamación:
Por su parte, los artículos 14 y 15 determinan el procedimiento para la reclamación por daños nucleares que se regirá por lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil; así como los plazos de prescripción de las acciones.
Responsabilidad por accidentes nucleares producidos por materiales radiactivos:
Por otro lado, el Titulo II regula la responsabilidad civil por daños producidos en accidentes que involucren materiales radiactivos (12) que no sean sustancias nucleares (13), incluyéndose en este capítulo la responsabilidad derivada del transporte.
iii.	A modo de síntesis
De todo lo dicho hasta ahora podemos decir que el Estado español responde objetiva aunque subsidiariamente en accidentes derivados por daños nucleares; ello encuentra su fundamento en la necesidad de preservar la industria nuclear por un lado, y custodiar el bienestar de la sociedad y la comunidad internacional por el otro, evitando que ante eventuales demandas derivadas por daños nucleares, los habitantes se encuentren desprotegidos y sin una correcta indemnización por sus pérdidas – sean ellas materiales o físicas – y continuar fomentando la industria nuclear.
4. El caso de Argentina
Por su parte, la Argentina es parte de la Convención de Viena sobre responsabilidad civil por daños nucleares y la Convención sobre indemnización suplementaria por daños nucleares.
i.	Convención de Viena sobre responsabilidad civil por daños nucleares
Esta Convención fue ratificada por la República Argentina por Ley Nº 17.048. (14)
En el artículo 1 se efectúan las definiciones de los términos que serán relevantes a los efectos de la correcta interpretación de la Convención. A lo que se agrega por parte del Protocolo de Enmienda de la Convención de Viena sobre Responsabilidad por Daños Nucleares que la misma no se aplicará a las instalaciones nucleares utilizadas con fines no pacíficos.
En lo que aquí interesa, en el artículo 2 se establece la responsabilidad exclusiva del explotador de la instalación nuclear, agregando el Protocolo de Enmienda de la Convención de Viena sobre Responsabilidad por Daños Nucleares la posibilidad para el Estado de la instalación de limitar la cuantía de los fondos públicos aportados, en la forma establecida en su artículo 4.
Asimismo se dispone que la responsabilidad será objetiva, determinando en el artículo 4 las causales de exoneración.
Por su parte, en el artículo 6 se determinan los plazos de prescripción para iniciar las acciones que correspondan, disponiendo asimismo que la legislación nacional podrá disponer un plazo mayor.
Por el artículo 7 se establece la responsabilidad subsidiaria del estado contratante (en este caso Argentina) ya que éste deberá garantizar “el pago de las indemnizaciones por daños nucleares que se reconozca ha de abonar el explotador, aportando para ello las cantidades necesarias en la medida en que el seguro o la garantía financiera no basten para cubrir las indemnizaciones, pero sin rebasar el límite que se haya podido fijar de conformidad con lo dispuesto en el artículo V”. (15)
El artículo 11 del Protocolo de Enmienda de la Convención de Viena sobre Responsabilidad por Daños Nucleares, incorpora al artículo X de la Convención la siguiente oración: “El derecho de repetición estipulado en este artículo podrá ampliarse también en beneficio del Estado de la instalación en la medida en que haya aportado fondos públicos de conformidad con la presente Convención.”
A su vez, en el artículo 11 – modificado por el Protocolo de Enmienda de la Convención – establece cuáles serán los tribunales competentes para entender en las acciones derivadas de los daños nucleares en cada uno de los supuestos allí determinados.
ii.	Protocolo de Enmienda de la Convención de Viena y Convención sobre Indemnización Suplementaria por Daños Nucleares
El Protocolo de Enmienda de la Convención de Viena sobre responsabilidad civil por daños nucleares – del que ya hemos hablado en el acápite anterior - y la Convención sobre indemnización suplementaria por daños nucleares, han sido aprobados por ley 25.313 (16) y han entrado en vigencia recientemente. (17)
En lo que hace a la Convención sobre indemnización suplementaria por daños nucleares, debemos mencionar que la misma tiene por finalidad suplementar el sistema de indemnización establecido en los derechos nacionales que apliquen la Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares o la Convención de París acerca de la responsabilidad civil en materia de energía nuclear o cumpla con las disposiciones establecidas en su Anexo.
iii.	Ley de la Actividad Nuclear
En este marco, en la ley nacional de la actividad nuclear Nº 24.804 (18) se establece en el artículo 9 que “Toda persona física o jurídica para desarrollar una actividad nuclear deberá: (…) c. Asumir la responsabilidad civil que para el explotador de una instalación nuclear determina la Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, ratificada por ley 17.048, por la suma de ochenta millones de dólares estadounidenses (u$s 80.000.000) por accidente nuclear en cada instalación nuclear. La misma deberá ser cubierta mediante un seguro o garantía financiera a satisfacción del Poder Ejecutivo nacional o de quien éste designe, asumiendo el Estado nacional la responsabilidad remanente.” La norma continúa facultando al Poder Ejecutivo nacional a ajustar la suma establecida como límite de la responsabilidad, en el caso de que se revisaran los términos de la Convención de Viena sobre Responsabilidad por Daño Nuclear, una vez que la modificación sea ratificada por ley. Finalmente establece qué se entenderá comprendido en el concepto de responsabilidad por daño nuclear.
De lo expuesto en las páginas precedentes, podemos observar que, en materia nuclear, nos encontramos con una responsabilidad objetiva y subsidiaria del Estado. El fundamento de que la responsabilidad sea objetiva se debe a que es éste quien decide o no permitir las actividades nucleares, otorgar las autorizaciones correspondientes para operar, controlar las actividades llevadas a cabo por el explotador (en este caso), inspeccionar las instalaciones, y velar por la seguridad de los habitantes de su propio Estado así como del resto de la comunidad internacional.
Es decir que la responsabilidad del Estado se ve comprometida de varias maneras: en un primer momento al ser quien decide otorgar la autorización o licencia de explotación al “explotador” de la instalación nuclear, luego y mientras se desarrolle la actividad, tiene la obligación de controlar que la misma se lleve a cabo respetando los estándares de seguridad y salvaguardias establecidos tanto en la legislación nacional como internacional, en lo que sea de aplicación y, por último cuando responde por el pago de las indemnizaciones que sean superiores al monto de la garantía constituida y de conformidad con los topes que se hubieran establecido.
Asimismo, decimos que es subsidiaria ya que la responsabilidad directa derivada de daños nucleares corresponde primeramente al explotador de la instalación nuclear, mientras que el Estado recién responderá al momento de garantizar el pago de las indemnizaciones debidas a los particulares o a otros Estados, o cuando los montos establecidos sean superiores a los que deba asegurar el explotador y – de conformidad con la legislación aplicable – el Estado se haya comprometido a aportar.
Finalmente, podemos decir que nos encontramos frente a una tendencia internacional a regular de manera similar la responsabilidad civil derivada por daños nucleares. En este sentido, vemos cómo las legislaciones nacionales, se adecuan a lo establecido en las Convenciones internacionales, ya sean regionales o con carácter de convertirse en normativa mundial, para incorporar en sus legislaciones los términos que permitan armonizar las legislaciones con la finalidad de facilitar el acceso a las víctimas por accidentes nucleares, en caso de ser necesaria, a la justicia para proteger sus derechos vulnerados asegurando, en el caso de la responsabilidad, la adecuada reparación.
(1)	Cfr. Liability and compensation for nuclear damage an international overview, OECD, Paris, 1994, 22) In some countries, the solution was a government owned and operated nuclear power industry; in most, it was special legislation concerning nuclear activities in general and nuclear liability in particular. Due to a common perception of the risk and the requirements necessary to protect both the industry and the victims, the concepts underlying the earliest national legislation and the international conventions are quite similar.
(2)	Cfr. Liability and compensation for nuclear damage an international overview, OECD, Paris, 1994, 11. “The legislation of the States parties to these conventions has to conform to their provision; yet, the legislation of many States that are not parties conforms to at least some of the main principles. These are the following. First, the operator of the nuclear installation causing the damage is absolutely and exclusively liable to compensate the victims for the personal injury and the property damage that they have suffered. Second, the operator is obliged to hold some kind of financial security (usually insurance) to cover his liability, in most cases, up to a certain liability limit (in some countries there is unlimited liability). In addition, claims must be made within a certain time limit.”
(3)	Cfr. Liability and compensation for nuclear damage an international overview, OECD, Paris, 1994, 41. A finales de 1950, y con la finalidad de desarrollar la tecnología nuclear, se dictaron las primeras normas sobre responsabilidad en el campo nuclear. Entre las primeras normas encontramos las dictadas por los Estados Unidos (1957), La República Federal de Alemania, Suiza y Reino Unido (1959). Por otro lado, y con la finalidad de armonizar internacionalmente las regulaciones en materia nuclear, se dictaron Convenciones internacionales por organismos internacionales como la Organización Europea de Cooperación Económica, el Organismo Internacional de Energía Atómica y la Comunidad Europea de Energía Atómica (EURATOM).
(4)	Este convenio se llevó a cabo bajo los auspicios de la Agencia de Energía Nuclear de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE-NEA), fue modificado el 28 de enero de 1964, el 16 de noviembre de 1982 y el 12 de febrero de 2004. Se prevé su entrada en vigor cuando los Estados Europeos que son parte depositen conjuntamente el instrumento de ratificación. Sus principios básicos son: a. Responsabilidad objetiva y canalización de la responsabilidad exclusivamente al explotador de la instalación origen del incidente nuclear; b. obligación del explotador de cubrir su responsabilidad mediante seguro o garantía financiera; c. reglas especiales para el transporte de material nuclear; d. limitación de la responsabilidad del explotador en cantidad y en tiempo; e. fijación de un tribunal competente único para fijar indemnizaciones y ley aplicable; f. armonización de las leyes nacionales de los Estados Parte.
(5)	Este convenio también se llevó a cabo bajo los auspicios de la OCDE-NEA, modificado en las mismas fechas que el Convenio de París. España es parte contratante en este Convenio. Su propósito fundamental es proveer de fondos públicos si las cantidades suministradas por los operadores resultan insuficientes y establece la garantía de cobro, añadiendo cantidades suplementarias a las establecidas en el Convenio de París.
(6)	BOE Nº 107 de 4 de mayo de 1964, p. 5688-5696
(7)	BOE Nº 127 de 28 de mayo de 2011, p. 52951-52975
(8)	BOE Nº 223 del 18 de septiembre de 1967, p. 12896-12901
(9)	Punto II del Preámbulo de la Ley Nº 12/2011.
(10)	Este punto se refiere a “Un Estado que no sea Contratante en el Convenio de Viena sobre responsabilidad civil por daños nucleares, de 21 de mayo de 1963, y en toda modificación a este Convenio que esté en vigor para dicha Parte, así como en el Protocolo Común sobre la Aplicación del Convenio de Viena y del Convenio de París, de 21 de septiembre de 1988, siempre que la instalación nuclear del explotador responsable del accidente esté ubicada en un estado que sea Parte Contratante tanto del Convenio de París como en el Protocolo Común.”
(11)	Aquí se determina a “Cualquier otro Estado que no sea Contratante del Convenio de París donde esté en vigor, en el momento de ocurrir el accidente nuclear, una legislación sobre responsabilidad nuclear que conceda beneficios recíprocos equivalentes y que se fundamente en idénticos principios a los del Convenio de París incluyendo, entre otros, la responsabilidad objetiva del explotador responsable, la responsabilidad absoluta del explotador o disposición de efecto equivalente, la jurisdicción exclusiva del tribunal competente, igual tratamiento para todas las víctimas de un accidente nuclear, reconocimiento y ejecución de sentencias, libre transferencia de indemnizaciones, intereses y gastos.”
(12)	A los efectos de la ley, se entiende por “material radiactivo”: todo aquel que contenga sustancias que emitan radiaciones ionizantes.
(13)	Se entiende por “Sustancias nucleares”: los combustibles nucleares, con exclusión del uranio natural y el uranio empobrecido, y los productos desechos radiactivos.
(14)	Ley Nº 17.048, B.O. 16/12/1966.
(15)	El artículo mencionado dispone la limitación de la responsabilidad del explotador a una suma no inferior a cinco millones de dólares estadounidenses (u$s 5.000.000) por cada accidente nuclear. Este artículo ha sido modificado por el Protocolo de Enmienda de la Convención de Viena sobre Responsabilidad por Daños Nucleares, determinando una nueva limitación a la responsabilidad del explotador por cada incidente nuclear, estableciendo nuevos valores de DEG (DEG: derecho especial de giro, es decir, la unidad de cuenta definida por el Fondo Monetario Internacional y utilizada por éste para sus propias operaciones y transacciones), e incorporando supuestos de pago de intereses y costas y la posibilidad de convertir las sumas a moneda nacional.
(16)	Ley Nº 25.313, B.O. 18/10/2000
(17)	B.O. 15/5/2015
(18)	Ley Nº 24.804, B.O. 25/04/1997
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www.oecd.org.ar
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