Source: https://www.scribd.com/document/233107131/Amicus-Organizaciones-LGBT-Mujer-Trans-Libreta-Militar
Timestamp: 2017-02-21 08:56:57
Document Index: 93249085

Matched Legal Cases: ['artículo 36', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 13', 'artículo 13', 'e contrario', 'artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 36', 'artículo 111', 'artículo 37', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 111', 'Artículo 25', 'Artículo 1', 'artículo 13', 'artículo 10', 'Artículo 37', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 36', 'artículo 111', 'Artículo 67', 'artículo 5', 'artículo 27', 'Artículo 26', 'Artículo 26', 'artículo 40', 'artículo 36']

BrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoin1Bogotá, 7 de julio de 2014 Honorable magistrado ALBERTO ROJAS RÍOS CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA E. S. D. Expendiente: intervención ciudadana de organizaciones LGBT en el caso de discriminación a mujer trans a la cual se le exige libreta militar para acceder a un empleo público (T-4258528) Accionante: Grace Kelly Bermudez de la Vega (Iván Andrés Páez Ramírez) Accionado: Sub Dirección de Asuntos LGBTI de la Secretaría de Integración social y Dirección de Reclutamiento, Ejercito Nacional de Colombia. Primera instancia: Veintiuno Penal del Circuito de Bogotá con Función deConocimiento. Segunda instancia: Tribunal Superior de Bogotá. Nosotros, Mauricio Albarracín Caballero, en calidad de director y Matías Matilda González, Alejandro Lanz, Daniel Gómez Mazo y la calidad de integrantes del área de litigio de la organización Colombia Diversa; Andrea Parra y J uan Sebastián J aime en calidad de directora y asesor jurídico del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes; Tak DC Hernández, en calidad de coordinador del Colectivo Entre Tránsitos; Laura Frida Weinstein y Ximena Chananga J erez, en calidad de coordinadora y trabajadora social del Grupo de Apoyo para personas Trans (GAT); J uan Carlos Celis y Andrea Correa, en su calidad de director ejecutivo y técnica comunitaria de la Fundación Procrear; Pedro J ulio Pardo Castañeda, en su calidad de directora de Santamaría Fundación; J ulián Salamanca Cortés, en su calidad de coordinador de comunicaciones de PARCES ong; Daniela Maldonado Salamanca, en su calidad de Directora de la Red Comunitaria Trans; J uliana Andrea Torres Orozco y Carolina Herrera Small, en su calidad de psicólogas clínicas y fundadoras de LIBERARTE; J essica Stern, en su calidad de directora ejecutiva de la Comisión Internacional para los Derechos Humanos de Gays y Lesbianas (IGLHRC); Diana Guzmán, en calidad de investigadora principal de Dejusticia; , en calidad de activista de derechos humanos y defensora de los derechos de las personas trans; J orge Parra Oviedo, en calidad de activista por los derechos de las personas LGBTI; identificados como aparece al pie de nuestras firmas, presentamos la presente intervención con el fin aportar elementos de juicio a la Corte Constitucional acerca de la forma en que el requisito de presentar la libreta militar se constituye en un obstáculo para que las personas trans puedan acceder al mercado laboral formal, en una forma de legitimar un círculo vicioso de pobreza y en una forma de violencia legal y administrativa contra las identidades de género diversas. 2 Colombia Diversa
es una organización fundada en 2004 que promueve la plena inclusión, el respeto de la integralidad de los derechos, el reconocimiento y la movilización de Lesbianas, Gay, Bisexuales y personas Trans (LGBT) en los ámbitos económico, social, político y cultural, con el fin de contribuir en la construcción de una sociedad democrática, moderna y con justicia social en Colombia. El Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes
es una clínica jurídica fundada en 2007 con el fin de promover el avance de los derechos de grupos históricamente marginados. Desarrolla acciones de incidencia legal y política en favor de personas discriminadas en razón de su discapacidad, su estatus de vejez, su orientación sexual o su identidad de género. El Colectivo Entre-tránsitos
es una organización que trabaja por la visibilización de los hombres trans y el cumplimiento de sus derechos fundamentales especialmente en la ciudad de Bogotá. Busca construir una cultura de paz a través de la reflexión y difusión de nuevas masculinidades no hegemónicas, no patrialcales, no machistas y no militaristas. Defiende las identidades trans en toda su diversidad y sin considerarlas patologías psiquiátricas. El Grupo de Apoyo a personas Trans (GAT), es un grupo conformado por personas con experiencias de vida trans, mujeres trans, hombres trans y sus familias. Busca construir un espacio seguro de socialización y diálogo entre pares, en donde el empoderamiento y los liderazgos les permitan a las personas alcanzar tránsitos seguros, saludables e informados para fomentar las luchas políticas y reivindicatorias de las personas trans. La Fundación Procrear
trabaja desde el año 2000 en la implementación de modelos de interacción con las comunidades de alto riesgo para la construcción de comunidades locales preventivas y de tratamiento comunitario que reduzcan la vulnerabilidad y el sufrimiento, para el mejoramiento de la calidad de vida y el permanente trabajo en red. Actualmente trabaja con mujeres trans que ejercen trabajo sexual y se encuentran en habitabilidad en calle, con habitantes de calle, trabajadoras sexuales y personas que viven con VIH. Santamaría Fundación es una entidad sin intención de lucro, legalmente constituida desde el año 2005, que propende por la reivindicación, defensa, exigibilidad y garantía de Derechos Humanos y Constitucionales de la comunidad GLTB (Gay, Lesbianas; Personas Trans y Bisexuales), especialmente la población TRANS (Transformistas, Transvestis, Transgéneros, Transexuales), de nuestro entorno social. PARCES
ong actúa y reacciona contra la discriminación, la exclusión, el rechazo, el maltrato y la violación y negación de derechos a personas y comunidades. Para ello, crea e implementa estrategias críticas y participativas de acción-reacción con incidencia política, social 1
Mayor información en: http://www.colombiadiversa.org 2
Mayor información en: http://paiis.uniandes.edu.co 3
Mayor información en: http://www.entretransitos.org 4
Mayor información en: http://procrearfundacion.org 5
Mayor información en: htttp//parces.org 3 y cultural a nivel nacional e internacional, que protejan, promuevan, promocionen los derechos humanos, y su apropiación real y efectiva por parte de las mismas personas y comunidades. En este momento, PARCES lidera un proyecto de cambio de sexo en la cédula para personas transgénero, una campaña en contra del acoso policial y para evitar barreras en el ejercicio de los derechos y de la libre construcción de la identidad. LIBERARTE
es una organización de asesoría psicológica para personas sexualmente diversas que buscan un espacio terapéutico fundado en la valoración de la diversidad humana. Presta servicios de psicoterapia individual, de pareja, familiar y grupal en español, inglés y alemán. IGLHRC,
la Comisión Internacional por los Derechos Humanos de Gays y Lesbianas es una organización internacional dedicada a la incidencia por los derechos humanos de las personas que enfrentan discriminación o abuso con base en su orientación sexual, identidad o expresión de género real o imputada. LA RED COMUNITARIA TRANS surgió en el año 2012 como una iniciativa de un grupo de lideresas comunitarias que se organizaron para reaccionar en contra de la violencia, el abuso policial, las barreras de acceso a educación y oportunidades laborales, el desplazamiento forzado, los crímenes de odio, el consumo de SPA y la prevención de VIH. A través de estrategias y metodologías comunitarias esta organización se caracteriza por tener un trabajo directamente en la calle, netamente popular y entre pares con las mujeres trans que viven y trabajan en las calles del barrio Santafé. DEJUSTICIA
es una organización nacional con vocación regional e internacional, localizada en Bogotá. Desde 2003 se han venido consolidando como una organización que produce conocimiento experto en derechos humanos, que incide en la opinión pública y en el diseño de políticas públicas y que fortalece y apoya a las organizaciones sociales contribuyendo así con la vigencia del estado democrático de derecho. Resumen del argumento de la intervención A las mujeres trans no se les debe exigir la libreta militar porque se vulneran dos tipos de derechos: (i) el derecho a la identidad sexual y todos los derechos relacionados porque se niega su construcción identitaria y conduciría a violar su intimidad, personalidad jurídica y el derecho a vivir sin humillaciones; y (ii) los derechos fundamentales y sociales relacionados con la exigencia de la libreta militar, a saber, el derecho al trabajo, a la educación y a la participación política. Esto por cuanto, la libreta militar es exigida para acceder a cargos públicos y empleos privados, graduarse de universidades y suscribir contratos con el Estado. La negación de estos derechos fundamentales se traduce en un círculo de pobreza y violencia que afecta desproporcionada y gravemente a las personas trans. 6
Mayor información en: http://www.liberarte.co/ 7
Mayor información en: http://www.iglhrc.org 8
Mayor información en http//:www.dejusticia.org 4 La Corte debe tener en cuenta que tratar a las mujeres trans como hombres para efectos del servicio militar conduce a consecuencias victimizantes, viola sus derechos fundamentales y no soluciona el problema general planteado por el caso. En particular a nuestras organizaciones les preocupa que las mujeres trans al ser tratadas como hombres en el momento del reclutamiento se produzcan tratos humillantes tales como desnudez en público en el examen médico, trato patologizante en el examen médico, cortes de cabello abusivos y crueles, cambio de vestimentas que no correspondan con su identidad de género, insultos y tratos denigrantes por parte de miembros de las fuerzas militares y otros conscriptos con todo lo cual estaríamos frente a un trato discriminatorio adicional al que se presenta en el caso referido. Dos efectos adicionales se presentan si las mujeres trans son tratadas como hombres en relación a la prestación del servicio militar. El primero es que en caso que se presenten y sean tratadas como “no aptas” se presentaría un trato humillante en cuanto está situación se deriva de que son mujeres. En segundo lugar, se les aplicaría el pago de cuota de compensación militar y multas con lo cual se estaría trasladando un pago a un población históricamente discriminada y víctima de un forma de exclusión estructural. Todas estas circunstancias conducirían también a que las mujeres sean víctimas de “batidas ilegales” y otros mecanismos represivos por la ausencia de este documento. En conclusión, dar el tratamiento a las mujeres trans como hombres para efectos del servicio militar conduce a una discriminación que no corresponde con el Estado Social de Derecho, viola sus derechos fundamentales a la identidad de género, al trabajo, a la educación, a la participación política y llamarlas a solucionar su situación militar sería una forma de doble victimización y un trato humillante adicional. Por estas razones solicitamos a la Corte los que tome los siguientes remedios judiciales: 1. Ampliar los efectos de la decisión de tutela a todos los casos análogos de mujeres trans - efectos interpares - con el fin de que no se les exija la libreta militar para ningún efecto por cuanto son mujeres a la luz de la jurisprudencia constitucional y la interpretación de la ley de reclutamiento. 2. Exhortar al Congreso de la República para que tramite una ley de identidad de género que regule de forma integral, sistemática y organizada los derechos de las personas trans. 3. Ordenar a los Ministerios del Trabajo y Educación, así como el Departamento Administrativo de la Función Pública para que tomen medidas administrativas necesarias para que no se les exija a las mujeres trans la libreta militar en cuanto son mujeres. 4. Aclarar el alcance del artículo 36 de la Ley 48 de 1993 así como la derogación tácita de los artículos 37, 41 (literal h) y 42 (literal f) de la Ley 48 de 1993 que no fueron explícitamente modificados por el Decreto 2150 de 1995 y ordene al Ministerio de Trabajo que expida una circular aclaratoria sobre el particular. 5. En el caso de la aplicación de estas medidas se debe presumir la buena fe de las mujeres trans y en caso de el Ejército Nacional considere que se está haciendo un fraude, la institución tiene la carga de la prueba para demostrar ese asunto. 5 6. Para el caso concreto, revocar la sentencia del J UZGADO VEINTIUNO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ y amparar los derechos a la dignidad humana y a vivir sin humillaciones, al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo y mínimo vital en conexidad al derecho a una vida en condiciones dignas, a la igualdad, entre otros. Por tanto, que se ordene a la SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS LGBT DE LA SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL contratar a la accionante dado que la construcción identitaria de ésta es femenina y debe ser considerada como una mujer por la ley en aplicación de la interpretación del alcance de la palabra “varón” de la Ley 48 de 1993 realizada por la Corte Constitucional en sentencia de Constitucionalidad C-511 de 1994. En caso que se hubiera llenado la plaza anterior, se contrate a la accionante sin el requisito de la libreta militar. También solicitamos que se ordene a la entidad que en lo sucesivo no exija la libreta militar a mujeres trans. 7. Oficiar al Ministerio de Defensa, Ministerio de Educación y a las entidades públicas que considere pertinentes para que expidan circulares que aclaren a las entidades de educación superior y a las entidades públicas que las mujeres trans son consideradas mujeres por la Ley 48 de 1993 y por tanto no pueden exigirles libreta militar. Definiciones básicas para el caso en estudio
Es recurrente confundir conceptualmente la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género. J urídicamente, los tres conceptos tienen implicaciones diferentes porque se refieren a realidades y necesidades de poblaciones diferentes. A continuación incluimos la definición de los tres conceptos, no obstante es importante advertir que las identidades sexuales y de género pueden ser más complejas y no todas pueden sentirse recogidas en ellas. Orientación sexual Se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo (heterosexual), o de su mismo género (gay o lesbiana), o de más de un género (bisexual), así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Identidad de género Se refiere a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente. Esa vivencia se puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento (pene, vagina, masculino, femenino), incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente 9
Estas definiciones fueron extraídas de los principios de Yogyakarta. Los principios de Yogyakarta son sobre la aplicación del Derecho Internacional de Derechos Humanos a las Cuestiones de Orientación Sexual e Identidad de Género. Éstos han sido desarrollados y aprobados por unanimidad por un distinguido grupo de expertos en derechos humanos, de diversas regiones y culturas del mundo. Se pueden consultar en la siguiente página de internet: http://www.oas.org/dil/esp/orientacion_sexual_Principios_de_Yogyakarta_2006.pdf. 6 escogida=estas modificaciones son conocidas como “tránsitos”) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Las personas trans tienen una vivencia que no se corresponde con el sexo asignado al momento de nacer. Cuando el sexo asignado al nacer es masculino y la vivencia de la persona, en los términos descritos, es femenina, dicha persona es una mujer trans. Cuando el sexo asignado al nacer es femenino, y la vivencia de la persona es masculina, dicha persona es un hombre trans
. Las personas cisgénero tienen una vivencia que se corresponde con el sexo asignado al momento de nacer. Cuando el sexo asignado al nacer es masculino y la vivencia de la persona, en los términos descritos, es masculina, dicha persona es un hombre cisgénero. Cuando el sexo asignado al nacer es femenino, y la vivencia de la persona también es femenina, dicha persona es un mujer cisgénero. Parte 1 A la mujeres trans no se les debe exigir la libreta militar porque vulnera su derecho a la identidad sexual y otros derechos fundamentales relacionados La exigencia del requisito de libreta militar a mujeres trans atenta contra sus derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, dignidad humana, igualdad, intimidad y movilidad ya que esto implica no reconocer su construcción de identidad de género femenina. La identidad de género y la orientación sexual han sido reconocidas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional como dos elementos estrechamente vinculados al ejercicio de los derechos fundamentales como la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de expresión. En este sentido, la Corte ha precisado que todas las personas tienen el derecho a definir “libremente acerca de su reconocimiento en un género particular (identidad sexual), así como su inclinación afectiva hacia otros (orientación sexual)” (Sentencia T-565 de 2013 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) La libre opción sexual de una persona de construir su identidad de género de una forma determinada es un asunto relativo a la autonomía individual de los seres humanos. Esto implica poder adoptar los propios proyectos de vida sin coacciones ajenas, siempre que no se atente contra derechos de terceras personas. En este sentido, dicha autodeterminación sexual del individuo es una manifestación de su libertad fundamental y de su autonomía, y, por estas razones, “ni el Estado ni la sociedad se encuentran habilitados para obstruir el libre proceso de formación de una específica identidad sexual, pues ello conduciría a aceptar como válido el extrañamiento y la negación de las personas respecto de ellas mismas por razones asociadas a una política estatal contingente.” (Sentencia C-098 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). 10
Es importante entender que estas definiciones son sólo guías prácticas para entender la diversidad de las identidades de género. No todas las personas que tienen vivencias diferentes al sexo asignado al nacer se definen como hombres o como mujeres. 7 Es decir, ninguna institución, autoridad estatal, organización, o persona individual está autorizada a imponerle a otra persona su propia identidad de género pues este hecho hace parte de la esfera de los derechos fundamentales individuales de cada persona. En este sentido, cuando se le exige a una mujer trans el requisito de presentarse al ejército, ser sometidas a procedimientos de reclutamiento, ser objeto de batidas, hacer el pago de compensación militar, pagar multas, exigírsela para acceder al mercado laboral o acceder a un cargo público se le están violando sus derechos a la dignidad, la libertad y la autonomía. Así como la corte en sentencia T - 062 de 2011 “planteó que las decisiones de un establecimiento carcelario de prohibir a las mujeres trans el uso de maquillaje y pelo largo como parte de su identidad de género iban en contravía de sus derechos a la dignidad humana y libre desarrollo de la personalidad”, el hecho de exigírles resolver su situación militar desconoce el hecho de que las mujeres trans hayan decidido construir así su identidad y atenta con su dignidad humana pues el Estado las está tratando como “varones” de los que habla el artículo 10 de la ley 48 de 1993. Dentro de este marco, cabe señalar que la Corte Constitucional en sentencia C-511 de 1994 interpretó la palabra “varón” de la Ley 48 de 1993 en el siguiente sentido: “Aun cuando el parágrafo del artículo 10 no ha sido objeto de la demanda, se detiene la Corte para fijar el alcance de la expresión "varón" del inciso 1o. del precepto bajo examen y sus connotaciones con el fundamental derecho a la igualdad (artículo 13 de la C.P.). Se dispone allí que la mujer prestará el servicio militar "voluntario", lo que le abre en condiciones ordinarias, a la libre participación en la actividad implícita en ese servicio, lo que no quiere decir, que se le libere, en la lógica del precepto, del cumplimiento "obligatorio" del mismo en determinadas condiciones, cuando "las circunstancias del país lo exijan y el Gobierno Nacional lo determine, en tareas de apoyo logístico, administrativo, social, cultural o de defensa de la ecología y el medio ambiente, y en general, de las actividades que atribuyan a la modernización y al desarrollo del país "....no importando la modalidad en que se preste el servicio, de acuerdo con el artículo 13 de la ley. Esta distinción esencial hombre mujer, tiene relación adicional con cierta tradición de los oficios, que al presente, tiene por mejor habilitados a los varones para el desempeño de las labores de la guerra, y, consulta elementos culturales relacionados con la educación, especialmente física, de la mujer en nuestro medio. (Sentencia C-511 de 1994. MP: Fabio Morón Díaz) Ha sostenido esta Corte, “sin perjuicio de la igualdad mujer-hombre en tanto persona titular de derechos, especiales consideraciones, por encima de la sexualidad de orden material, que permiten establecer un trato legal diferente para los hombres y las mujeres, sin que ello resulte contrario a las previsiones del artículo 13 de la Carta Política”. (Sentencia C-511 de 1994) La interpretación de la Corte Constitucional acerca de la palabra “varón” en la ley es que los criterios para hacer la distinción acerca de quién presta servicio militar obligatorio y quién no son los siguientes: “1) Tradición de los oficios 8 2) Elementos culturales relacionados con la educación 3) Que las consideraciones que ha tenido la Corte para permitir tratos legales diferentes para hombres y mujeres han estado “por encima de la sexualidad de orden material” Es decir, la Corte Constitucional al afirmar que la división hombre-mujer que realiza la ley no se basa en la sexualidad del orden material, sino a la tradición de los oficios y a elementos culturales relacionados con la educación; está afirmando que la norma al hablar de varones no está haciendo referencia al sexo genital de las personas sino al género que construye la personas. La Corte es explícita al decir que el criterio no fue uno de orden material, lo cual quiere decir que no se refiere a partes específicas del cuerpo sino a elementos culturales como la tradición de los oficios o como se educan diferenciadamente hombres y mujeres. Si bien no se puede afirmar que dicha interpretación del alcance de la palabra varón se realizó teniendo en cuenta las identidades trans, es importante resaltar que en todo caso la Corte es explícita al decir que el criterio no se refiere al sexo material (o genital) de la persona, sino a elementos culturales. Es decir, no es un criterio biologicista, sino uno cultural. En el caso de las personas trans esto quiere decir que el criterio no es el sexo asignado al nacer, ni el que está registrado en el Registro Civil, sino que se refiere a como la persona construyó su género. Así pues que a las mujeres trans no les pueden exigir la libreta militar con el criterio del sexo que se les asignó al nacer o con la excusa de que su sexo es masculino porque esto va en contravía de una interpretación constitucional de la norma. Para las mujeres trans el servicio militar no es obligatorio porque la interpretación de la Corte Constitucional permite afirmar que se refiere al género femenino de las mujeres trans, para las cuales el servicio militar sería opcional como se ha entendido que lo es para las mujeres cisgénero. Dado que dicha interpretación se encuentra en una sentencia de Constitucionalidad, es importante que la Corte recuerde esta interpretación incluyendo a las personas trans o que otorgue efectos inter pares a la tutela que está en revisión. En este mismo sentido, la Corte ha señalado que “cuando se trata identidades sexuales minoritarias, dentro de las cuales se encuentran las mujeres trans el ámbito de protección se encuentra reforzado debido a “(i) la discriminación histórica de las que han sido objeto; y (ii) la comprobada y nociva tendencia a equiparar la diversidad sexual con comportamientos objeto de reproche y, en consecuencia, la represión y direccionamiento hacia la heterosexualidad.” (Sentencia T - 062 de 2011. MP: Luis Ernesto Vargas Silva) En ese sentido, la Sentencia señaló que “el derecho a la identidad y orientación sexual, es una garantía constitucional específica, cuyos contenidos apuntan a: “(i) proscribir toda intervención en la autonomía del sujeto en la definición de la identidad y orientación sexual; (ii) proteger a las personas, particularmente aquellas que pertenecen a minorías de identidad u orientación sexual, de tratamientos discriminatorios injustificados; 9 (iii) prohibir toda forma de sanción o restricción que pretenda cuestionar o direccionar la opción de identidad u orientación sexual del sujeto”. El derecho a la identidad sexual y de género también ha logrado reconocimiento como una libertad individual protegida por el derecho internacional de los derechos humanos. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala Riffo y niñas v. Chile, “consideró que la orientación sexual es un derecho reconocido por el artículo 1.1. de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, en tanto hace parte de las obligaciones de los Estados de proteger los derechos y libertades reconocidos en la Convención, ni distingo de cualquier circunstancia social, en los términos de dicho artículo” (Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239.). En este sentido, la orientación sexual se integra a las categorías prohibidas de discriminación aquellas basadas en la opción sexual de la persona, conclusión a la que llega la Corte a través del análisis de diversos documentos, entre ellos la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; resoluciones de la Asamblea General de la OEA acerca de la protección de las personas contra tratos discriminatorios basados en su orientación sexual e identidad de género; así como la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos, particularmente el caso de Toonen v. Australia, en donde dicho Comité explicó que la referencia a la categoría “sexo” de que trata el artículo 2.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sobre la obligación de los Estados de respetar y garantizar los derechos reconocidos en el Pacto, sin distinción en categorías prohibidas, incluía la orientación sexual de las personas.” (Sentencia T-565 de 2013 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) Por estas razones, el requisito de la libreta militar a mujeres trans no puede convertirse en una interferencia directa al libre derecho de reconocimiento de la identidad de género de un individuo en su libre proceso de autodeterminación sexual. Las fuerzas militares no tienen la facultad para obstruir el libre proceso de construcción de una específica identidad ya que estos hacen parte del núcleo esencial de la dignidad, la libertad y la autonomía. Parte 2 El requisito de presentar la libreta militar para trabajar, obtener un título por una entidad de educación superior y ejercer cargos públicos, viola los derechos al trabajo, la educación y la participación política de las personas transgénero, lo que a su vez contribuye al círculo de pobreza y violencia en el que vive un número significativo de personas trans en Colombia En este apartado se pondrá de presente la forma en la que la exigencia de la libreta militar para personas trans, tal como ocurre hoy en día, es una violación a sus derechos fundamentales. En ese entendido, en primer lugar se dará un contexto general sobre la regulación de la definición de la situación militar en Colombia. En segundo lugar, se dará un contexto sobre la realidad de las personas trans en Colombia frente al acceso a sus derechos fundamentales. Por último, se entrará 10 en un análisis concreto sobre la violación a los derechos fundamentales al trabajo, a la educación y a la participación política. Contexto general: libreta militar en Colombia y personas trans. La Ley 48 de 1993, que regula el servicio de Reclutamiento y Movilización, establece para los varones colombianos la obligación de definir su situación militar, mientras que para las mujeres colombianas el servicio militar es voluntario. El artículo 36 de dicha ley en su texto original enunciaba: “Los colombianos hasta los 50 años de edad, están obligados a presentar la tarjeta de reservista o tarjeta provisional militar, para los siguientes efectos: a) Otorgar instrumentos públicos y privados ante notario; b) Servir de perito o de fiador en asuntos judiciales o civiles; c) Registrar títulos profesionales y ejercer la profesión; d) Celebrar contratos con cualquier entidad pública e) Cobrar deudas del Tesoro Público; f ) Ingresar a la carrera administrativa; g) Obtener la expedición del pasaporte; h) Tomar posesión de cargos públicos o privados; i) Obtener o refrendar el pase o licencia de conducción de vehículos automotores, aeronaves y motonaves fluviales y marítimas; j ) Matricularse por primera vez en cualquier centro docente de educación superior; k) Obtener salvoconducto para el porte de armas de fuego.” El texto de esta norma fue modificado por el artículo 111 del Decreto Ley 2150 de 1995 y el texto vigente es: “Los colombianos hasta los 50 años de edad, están obligados a definir su situación militar. No obstante, las entidades públicas o privadas no podrán exigir a los particulares la presentación de la libreta militar, correspondiéndoles a éstas la verificación del cumplimiento de esta obligación en coordinación con la autoridad militar competente únicamente para los siguientes efectos: a. Celebrar contratos con cualquier entidad pública; b. Ingresar a la carrera administrativa; c. Tomar posesión de cargos públicos, y d. Obtener grado profesional en cualquier centro docente de educación superior.” Del texto modificado se desprende que las entidades privadas sólo deben verificar el cumplimiento de la obligación de definir la situación militar cuando la persona vaya a celebrar contratos con una entidad pública u obtener grado de educación superior. 11 Sin embargo, actualmente, las entidades privadas tienen como práctica reiterada exigir la libreta militar como requisito para la vinculación laboral aún si no media contratación con entidades públicas. Ello deriva en efectos discriminatorios que en el caso de las personas transgénero, tienen un impacto desproporcionado. La confusión proviene del hecho de que los artículos 37, 41 (literal h) y 42 (literal f) de la Ley 48 de 1993 no fueron explícitamente derogados o modificados por el Decreto 2150 de 1995. El artículo 37 dice: “Ninguna empresa nacional o extranjera, oficial o particular, establecida o que en lo sucesivo se establezca en Colombia, puede disponer vinculación laboral con personas mayores de edad que no hayan definido su situación militar. La infracción a esta disposición se sancionará en la forma que más adelante se determina”. No obstante, se cae de su peso que tanto este artículo, en lo atinente a las empresas privadas, como las sanciones a las empresas privadas contenidas en dicha ley se derogaron implícitamente al ser reformado el artículo 36 de la Ley 48 de 1993. Por un lado porque la reforma prohíbe expresamente que se exija la libreta militar salvo en los cuatro casos. Por otro lado, porque la sanción sólo tenía sentido cuando el requisito era exigido para ocupar cargos públicos y privados; ahora que sólo es exigible para ocupar cargos públicos la sanción pierde su fundamento normativo. En efecto, el Decreto 2150 de 1995 tiene como finalidad eliminar trámites innecesarios. Por este motivo, no tiene lógica alguna que se reforme el artículo 36 para eliminar estos trámites, pero se sigan exigiendo estos requisitos como se hacía antes de la modificación. De esta manera también fue entendida la reforma cuando, debido a la demanda de una ciudadana al artículo 111, la Corte Constitucional la analizó. La sentencia C-394 de 1996 afirma con claridad lo siguiente: “El Gobierno se limitó a suprimir, para varios actos, un requisito formal que juzgó superfluo y, trasladó a las autoridades militares la responsabilidad de verificar, por vía de inspección y vigilancia, si las personas obligadas poseen o no el documento que acredite su situación respecto del deber constitucional. En consecuencia, se ajustó fielmente a las facultades extraordinarias conferidas.” (se destaca) A pesar de lo anterior, el Ejército Nacional insiste en su página web institucional en la exigencia del requisito por parte de empresas privadas, contradiciendo la lógica y el pronunciamiento de la Corte Constitucional: 7. “Las entidades públicas, mixtas, privadas, particulares, centros o institutos docentes de enseñanza superior o técnica que vinculen o reciban personas sin haber definido su situación militar, o que no reintegren en sus cargos, previa solicitud a quienes terminen el servicio militar, dentro de los seis meses siguientes a su licenciamiento.” (se destaca) “Serán sancionados con multa de cinco salarios mínimos mensuales vigentes, por cada ciudadano vinculado ilegalmente o que no reintegre en sus respectivos cargos, a partir de la vigencia de la ley 48 de 1993.” 12 Por tanto, resulta necesario que la Corte Constitucional reitere su jurisprudencia con respecto a la exigibilidad de la libreta militar en las empresas privadas. Específicamente, que dé luces al Ejército Nacional y al Ministerio del Trabajo sobre la vigencia de las normas que imponían la obligación de exigir la libreta militar y la respectiva sanción a las empresas privadas que contraten personal con situación militar indefinida. En la práctica, la libreta militar se exige a hombres que tengan asignado el sexo M en su cédula, a mujeres trans que tengan asignado el sexo M en su cédula y a hombres trans que tienen el sexo F asignado en su cédula y son percibidos como hombres por el potencial empleador. Una de las consecuencias de lo anterior es que el requisito de libreta militar para acceder a los títulos profesionales de la educación superior, al trabajo y a la participación política se ha convertido en parte del círculo vicioso de pobreza en el que están sumergidas las personas trans en Colombia. I. Situación general de las personas trans en Colombia y el mundo: datos generales y vida digna En el presente punto se expone un panorama general de la situación de las personas trans en Colombia. Vale la pena destacar que las cifras al respecto son escasas, motivo por el cual colectivos, asociaciones y fundaciones interesadas en el tema son las que han impulsado la investigación de las condiciones de vida de las personas trans en Colombia junto con unas muy pocas entidades públicas. 1. Sobre el acceso a la educación de personas trans Las personas trans están excluidas de todos los sistemas y tienen barreras de acceso sistemáticas y recurrentes a sus derechos. Desde temprana edad en sus familias, las personas trans encuentran un ambiente hostil para expresar su identidad de género. Esto puede implicar dejar sus hogares o ser expulsadas de ellos. Cifras de un informe de la situación de derechos humanos de las personas trans en el Caribe y América Latina de la Red Latinoamericana y del Caribe de personas Trans (REDLACTRANS) reporta que las edades en que las personas trans abandonan o son expulsadas de sus hogares están entre los 13 y los 17 años, y que los porcentajes de abandono o expulsión del hogar oscilan entre un 44% y un 70%
. En el colegio, pesar de los pronunciamientos de la Corte
se censuran las identidades de género diversas que no cumplen con patrones tradicionales de masculinidad y feminidad, cuando existen 11
REDLACTRANS. La Transfobia en América Latina y el Caribe. Disponible en: http://redlactrans.org.ar/site/wp-
content/uploads/2013/05/La-Transfobia-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf 12
Ver CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T- 565 del 2013. La Corte Constitucional reconoció el derecho a la identidad de género de una niña transgenerista: “Llevar el cabello largo o corto hace parte del derecho a la propia imagen en cuyo ejercicio toda persona está facultada para decidir de manera autónoma su presentación ante los demás. Ni el Estado ni los particulares están autorizados jurídicamente para imponer patrones estéticos excluyentes, mucho menos en los establecimientos educativos… Esto debido a que las decisiones autónomas sobre la propia apariencia son asuntos definitorios en la construcción de la identidad del sujeto y, en consecuencia, partícipes de la protección propia del núcleo esencial del libre desarrollo de la personalidad.” 13 uniformes en las instituciones no siempre existe la posibilidad de escoger el género de los mismos o no existen uniformes neutros al género, no se garantiza el acceso a espacios compartidos como baños y gimnasios y varias de las actividades que se realizan que se dividen entre niños y niñas, lo anterior sin mencionar el matoneo y hostigamiento escolar de parte de estudiantes, profesores y directivos que no son sensibles a la identidad de género diversa. Esta división se traduce en falta de accesibilidad al derecho a la educación ya que produce ansiedad y miedo de parte de la población trans. De quince países encuestados en el Caribe y Latinoamérica, ninguno incluye la identidad de género en la legislación sobre el ámbito escolar, de las personas trans encuestadas en todos los países (incluso Colombia) el 100% manifestó discriminaciones y maltrato en el ámbito escolar . Un estudio del año 2012 publicado por la Alcaldía de Bogotá, estableció que “[l]as personas transgeneristas tienen los niveles más bajos de escolaridad: 39.35% cuentan con educación media y 26.7% con educación básica secundaria. El porcentaje de universitarios y universitarias en este sector es de 11.9% y de posgrado solo el 1.94%” Así mismo, sobre su experiencia educativa, “[e]l 52.09% de las personas Trans reportan haber sufrido discriminación o rechazo, maltrato verbal, agresión física o maltrato psicológico en el sistema educativo.” lo que nos lleva a afirmar que no solo el sistema educativo presenta dificultades en el acceso, sino también existe maltrato y discriminación dentro del mismo que dificultan la permanencia. En un estudio realizado en Estados Unidos en 2011, en el que se encuestaron 6.450 personas trans, se encontró que el 78% de personas que asistieron a la escuela como transgénero divulgaron haber sido hostigados, el 35% haber sufrido abuso físico y el 12% violencia sexual. El 6% fue expulsado/a debido al prejuicio . 2. Sobre el acceso al trabajo en condiciones dignas Debido a la inaccesibilidad del sistema educativo, las personas trans no tienen las mismas oportunidades en el mercado laboral formal, en una especie de condena implícita al mercado laboral informal. En los mismos quince países entrevistaron a mujeres trans sobre de la percepción de oportunidades de trabajo. Los resultados arrojaron que la primera opción es el trabajo sexual, el segundo es cocinera, empleada doméstica, peluquera y modista; como última opción se encuentran las actividades artesanales. Colombia cuenta con muy pocas cifras oficiales acerca de las personas trans, pero las cifras chilenas informan que el 95% de las mujeres trans son trabajadoras sexuales . El trabajo sexual se encuentra en la informalidad, no tiene garantías de seguridad
y la violencia policial es uno de los problemas más recurrentes. 13
Ver COLOMBIA DIVERSA. Cuando el prejuicio mata: Informe de derechos humanos de personas lesbianas, gay, bisexuales y personas trans del 2012. En el informe se reportan casos de homicidios sistemáticos contra mujeres trans en ejercicio de la prostitución. 14 La discriminación laboral contra las personas trans es uno de los problemas más críticos afrontados por este grupo. Se ha encontrado que “[e]l 92.44% de personas transgeneristas han sentido algún tipo de discriminación en el ámbito laboral”
Por su parte, como lo reportó la Alcaldía Mayor de Bogotá, el 79% de la población trans en Bogotá ha sufrido discriminación que ha afectado su derecho a trabajar y 5.3% de trans en Bogotá han firmado contratos laborales o generado aportes al sistema de seguridad social (salud, seguridad social y pensiones).
La falta de acceso a la educación, la estereotipación del trabajo en labores marginales, la discriminación laboral perpetrada por empresarios y empleadores y los bajos salarios son problemas comunes.
Sumado a ello, el marco legal actual sobre documentos de identidad y definición de situación militar se constituyen en una barrera adicional para el ejercicio efectivo del derecho al trabajo de las personas trans, a quienes dicho marco impacta de forma diferenciada. En 2011, la Fundación Procrear publicó un reporte en donde registra la desigualdad de oportunidades para acceder al mercado laboral formal un trabajo en la localidad de Santa Fé . En dicho reporte se documenta cómo las personas trans no pueden acceder al mercado laboral formal para vivir de forma digna y la carencia de opciones que enfrentan para acceder a la dimensión del derecho al trabajo de elegir un trabajo de forma libre
. En la encuesta realizada en Estados Unidos arriba citada, se encontró que las personas encuestadas experimentaron un tasa de desempleo del doble que la tasa general; el 47% fue despedido, no contratado o se les negó una promoción por su condición de persona transgénero; el 26% reportó haber perdido su trabajo y el 50% haber sido acosado por prejuicio y el 16% dijeron haber sido obligados a trabajar en la economía subterránea (vendiendo drogas o en prostitución) 3. Discriminación y Violencia Policial En cuanto a la discriminación, un estudio realizado en Bogotá, estableció que: “Las personas transgeneristas son quienes en mayor proporción no han divulgado su orientación sexual e identidad de género por miedo al rechazo (40.88%)” “(…) El 99.68% de las personas transgeneristas encuestadas expresan que han sido discriminadas o que sus derechos han sido vulnerados o limitados” A su vez, se encontró que “El 100% de los transgeneritas han sufrido algún tipo de agresión física, verbal, actitud o comportamiento que producen miedo” y así mismo, se calculó que “[l]os y las transgeneristas tienen mayor probabilidad de sufrir ataques en el espacio público (90.56%)”.
Alcaldía Mayor de Bogotá. (2 de junio de 2012). Bogota.gov.co. Recuperado el 13 de abril de 2013, de Bogota.gov.co: http://portel.bogota.gov.co/portel/libreria/php/x_frame_detalle.php?id=50651 16
CELIS G, J . C., LA ROTTA, O., ORTIZ, N., & OVALLE, C. (J ulio de 2011. ). Informe Final Proyecto Zona Trans 2011. FUNDACIÓN PROCREAR. Bogotá: Ministerio de Protección Social y Secretaría De Salud de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 17
Ibídem. 18
Ibídem. 15 Lo anterior se contrasta con otras estadísticas donde se encuentra que en términos proporcionales en comparación con el resto de la población, “(…) [l]as personas que en mayor proporción expresan haber sufrido discriminación o rechazo, maltrato verbal, agresión física o maltrato psicológico son los y las transgeneristas (52.09%)”
En el ámbito privado, “(…) [l]os más altos porcentajes de violencia de pareja se presentan en las personas transgeneristas con un 27.10%”
Asimismo, cabe agregar que la violencia policial como una forma en la que el cuerpo de Fuerza Pública selectivamente discrimina a la población trans, implica mayor vigilancia en esta población que a su vez se traduce en mayores probabilidades de ser judicializada. En otras palabras, resulta lógico trazar un nexo causal entre la violencia policial y un sistema carcelario selectivo que afecta de manera desproporcionada a personas trans
. Así, se registró que “[u]n 40.02% de personas trans han sido detenidas por autoridades, porcentaje más alto de la comunidad LGBT. De ese porcentaje, el 97.74% de las detenciones se llevaron a cabo sin orden judicial ni lectura del acta de derechos. En el 17.83% de las detenciones hubo uso de la violencia.” 4. Salud: atención médica y transformaciones corporales Con respecto al sistema de salud
, según el gobierno local de Bogotá, el 45% de las personas LGBT han experimentado discriminación con su derecho a la salud, 54% de las personas trans se han sentido discriminadas al intentar tener acceso a servicios médicos y al 43.84% de éstas se les ha denegado la atención médica
. Las personas trans que desean iniciar transformaciones corporales experimentan discriminación y se ven obligadas a transformar su cuerpo de formas riesgosas. En un proyecto de investigación realizado por estudiantes de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
en un barrio de Bogotá donde hay una alta población de mujeres trans que ejercen el trabajo sexual, el 96 por ciento de las mujeres trans entrevistadas contestaron que al menos una vez en su vida habían acudido a mecanismos informales y no médicos para transformar sus cuerpos. El 35.4 por ciento 19
MCGILL REPORTER. Entrevista: “Four Burning Questions for Dean Spade, professor, lawyer, civil rights activist”, Posted on Monday, April 8, 2013. Consultado el 3 de julio del 2014. Disponible en: http://publications.mcgill.ca/reporter/2013/04/four-burning-questions-for-dean-spade-professor-lawyer-civil-rights-
activist/ 22
Las cifras de Salud se extrajeron del informe sombra realizado por PROGRAMA DE ACCIÓN POR LA IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN SOCIAL (PAIIS) DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES; THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK SCHOOL OF LAW (CUNY). Report on Violations of Women´s Human Rights in Response to the Combined Seventh and Eight Periodic Reports of Colombia, United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Shadow report, Program of Action for Social and Equal Inclusion (PAIIS) and CUNY School of Law, 2013. 23
Alcaldía mayor de Bogotá, Balance y Perspectivas de la Política Pública LGBT (2011). 24
Natalia Espitia Pachón & Karen Peralta Cruz, Cuerpos que gritan: transformaciones corporales de mujeres Trans, Bogotá: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (2012). 16 lo habían hecho en casa de una amiga o amigo, el 13.8 por ciento en otros lugares tales como clínicas estéticas piratas, y el 26.2 por ciento lo habían realizado en países como Ecuador o Italia. El 62 por ciento de las mujeres habían repetido esta práctica más de una vez y algunas de las entrevistadas habían pasado por esta clase de procedimientos hasta cuatro veces. Sin el acceso a servicios de transformación corporal seguros, asequibles y adecuados, las mujeres y los hombres trans están obligadas y obligados a someterse a procedimientos inseguros, arriesgando gravemente su salud y comprometiendo sus vidas. En un estudio realizado en 2010 en el que se encuestaron a 1.213 personas de los sectores LGBT de Bogotá, de las personas encuestadas el 20, 76% se identificó como persona transgenerista. La edad promedio de los encuestados y las encuestadas es de 27 años y medio. La exigencia actual de libreta militar para personas trans es violatoria de sus derechos fundamentales. II. La exigencia de la libreta militar viola directamente los derechos a la educación, al trabajo y a la participación política de las personas trans 1. Sobre el derecho al trabajo Bajo el Artículo 25 de la Constitución Política de Colombia, el trabajo es un “derecho [fundamental] y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”. Al respecto ha dicho la Corte Constitucional en Sentencia C-645 de 2011 (M.P.: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) que “[…] más que al trabajo como actividad abstracta se protege al trabajador y a su dignidad”. Adicional a lo anterior, en la misma Sentencia se estableció que: “El mandato constitucional de brindar especial protección al trabajo implica dos tipos de responsabilidades para el Estado. Por un lado, el deber de promover las condiciones que permitan a todas las personas que lo requieran acceder a un trabajo para generar los ingresos necesarios y, por otro, velar porque el trabajo se desarrolle en condiciones de dignidad […]” (Subrayas fuera del texto original). (Sentencia C-645 de 2011 (M.P.: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) Además, el derecho al trabajo está protegido por el bloque de constitucionalidad en los artículos 5 de la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, 6 y 7 del Pacto sobre los Derechos Sociales Económicos y Culturales y 11 de CEDAW. Artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, los artículos 3, 6 y 7 del Pacto de San Salvador. El hecho de que una mujer trans se encuentre sujeta al requisito de la libreta militar es discriminatorio en los términos del artículo 13 de la Constitución Nacional. Pero, adicionalmente, es violatorio del derecho a la identidad (art. 14, Constitución Nacional), por cuanto desconoce el proceso que surte, o ha surtido, la persona que desea hacer tránsito hacia otro género, pues ignora las obligaciones impuestas al Estado en la Sentencia C-645 de 2011. 17 Lo anterior en razón de que no se promueven condiciones que permitan a las mujeres trans acceder a un trabajo en condiciones de dignidad. Esto se debe a que al intentar vincularse a la fuerza laboral se encuentran con un vacío legal que ignora su tránsito de género, su nueva identidad y sus realidades (artículo 10 de la Ley 48 de 1993), y por tanto impone que ellas definan su situación militar como hombres, únicamente en razón del sexo asignado al nacimiento. De lo contrario, están en la imposibilidad de acceder al mercado laboral en el sector público (como toma de posesión en cargos públicos o ser contratadas por empresas estatales) en virtud de la prohibición impuesta por la ley. Constituyendo lo anterior una situación suficientemente gravosa, adicionalmente la confusión frente a la antigua prohibición establecida en el Artículo 37 de la Ley 48 de 1993 sobre la exigencia de la libreta militar para la contratación en empresas privadas hace que las posibilidades de trabajo formal para una persona trans sean cada vez más reducidas. Recordando las cifras ya citadas sobre situación laboral de las personas trans en Colombia, destacamos que el 79% de la población trans en Bogotá ha sufrido discriminación que ha afectado su derecho a trabajar y apenas 5.3% de las personas trans en Bogotá han firmado contratos laborales o generado aportes al sistema de seguridad social. Las representaciones sociales y culturales marginalizan esta población y terminan llevando a las personas trans a involucrarse solamente en dos actividades: trabajo sexual (incluyendo sexo a cambio de dinero y striptease) y peluquería. Una mujer trans dice en el informe: “…muchas veces nos ven como objetos sexuales y no como personas que queremos mostrar que también somos personas productivas y trabajadoras, capaces de cumplir con nuestros objetivos y metas.”
Así las cosas, las mujeres trans se ven obligadas al cumplimiento del artículo 10 de la Ley 48 de 1993, en el que se dispone la obligación de definir su situación militar como hombres siempre que sean mayores de edad y no sean estudiantes de bachillerato, sin considerar que su nueva identidad corresponde a la femenina y que por tanto el servicio militar sería voluntario. Adicionalmente el requisito de presentar la libreta militar para trabajar tiene diferentes implicaciones para mujeres trans y para hombres trans. Los hombres trans suelen ser leídos más fácilmente como parte del género con el que se identifican. Por el contrario, las mujeres trans son percibidas con más frecuencia como “hombres vestidos de mujeres” o como trans, en razón de las normas de género binarias hegemónicas. Adicionalmente, las mujeres trans son asociadas al trabajo sexual con mayor frecuencia que los hombres trans. En la práctica, esto significa que los hombres trans pasan más filtros en los procesos de vinculación laboral hasta el momento en que deben cumplir con los requisitos documentales de contratación y presentar libreta militar, momento en el que deben optar por explicar su identidad de género al empleador o presentar documentación falsa. Por su parte, las mujeres trans son en general excluidas de plano de los procesos de selección laboral. En este sentido, la exigencia del requisito de libreta militar para la vinculación laboral se constituye entonces en un mecanismo de exclusión y segregación, pues se traduce en cargas 25
Ibídem 18 desproporcionadas para las personas trans que las personas con una identidad de género tradicional no están obligadas a soportar. Es decir, los requisitos como la libreta militar funcionan como desincentivos para el acceso al mercado laboral formal. La discriminación laboral en contra de las mujeres trans puede implicar una visibilización forzada en el caso de quienes son leídas en un primer momento como mujeres, puede manifestarse en exclusiones basadas en la apariencia, cuando las personas no encajan dentro de los estereotipos de mujer o de hombre esperados por la sociedad. Mauricio Noguera expone casos típicos de mujeres trans que encuentran un obstáculo en el requisito de libreta militar y afirma que cuando se van a vincular a las mujeres trans a cargos públicos se presentan dos situaciones: “1. Las ‘afortunadas’ que empezaron su tránsito de masculino a femenino después de haber sido expedida su libreta militar y 2. Aquellas que empezaron su tránsito antes de la expedición de la libreta y tienen que ir a solicitarla a un distrito militar”
. En el caso de las primeras, los problemas se pueden presentar cuando la persona cambia su nombre legalmente ante una notaría y la libreta militar ha sido expedida con el nombre asignado al nacimiento. Esto conlleva la necesidad de hacer una solicitud a las autoridades militares para que sea expedida una nueva libreta militar con el nombre legalmente reconocido o tener que mostrar la escritura pública de cambio de nombre. Por lo general, esto implica trámites burocráticos que implican explicar una y otra vez que es una persona trans. Así mismo, quienes no hayan cambiado su nombre legalmente, pero su nombre identitario sea diferente, tendrán sus contratos laborales con el nombre legal y ello conlleva múltiples consecuencias relacionadas con el desarrollo de la vida laboral de las personas que atraviesan todas las dinámicas de género propias de un ambiente de trabajo. Ejemplos de lo anterior son las expediciones de carnés institucionales, tarjetas de presentación o membretes con el nombre legal. Con respecto al segundo grupo de personas, aquellas que no han obtenido su libreta militar y ya iniciaron su tránsito, se identifican tres casos típicos que afectan la vinculación laboral por el requisito de libreta militar: 1. Cuando no hay cambio de nombre ante el Registro Civil y ya se graduaron del colegio o no estudiaron 2. Cuando hay cambio de nombre ante el Registro Civil antes de cumplir la mayoría de edad y antes de graduarse del colegio 3. Cuando hay cambio de nombre después de cumplir la mayoría de edad y ya se graduaron del colegio o no estudiaron Los tres casos derivan en procesos de “visibilización forzada” -como lo ha denominado la organización Entre-Tránsitos- porque el empleador siempre podrá verificar la discordancia entre el género del sexo asignado al nacimiento y el género percibido del nombre en el documento de identidad (cuando hay cambio de nombre en el Registro Civil sin cambio de sexo) o entre el 26
Mauricio Noguera, Un Requisito Indigno para que las Mujeres Trans Trabajen, 29 de Abril de 2013. Disponible en: http://www.zpolitikon.com/2013/04/un-requisito-indigno-para-que-las.html 19 género percibido del nombre, el sexo en el documento de identidad y el género aparente de la persona (cuando no ha habido cambio de nombre, ni de sexo ante el Registro Civil pero la persona ya realizó su tránsito de género). Así, el proceso de selección laboral avanza con base en las calificaciones de la persona que se presenta a la convocatoria hasta que debe haber una entrevista personal y la discordancia percibida se hace evidente. En muchas ocasiones, el proceso de selección no continúa más allá de este momento. Esta confrontación y visibilización forzosa se convierten a su vez en un desincentivo para que las personas trans se presenten a convocatorias laborales o a entrevistas de trabajo. En el caso de los hombres trans, al ser leídos más fácilmente como hombres, en los procesos de selección se les exige presentar la libreta militar. En principio, dado que la cédula dice “Femenino” estas personas no estarían en la obligación de obtener la libreta militar según lo establecido en artículo 10 de la Ley 48 de 1993. Entonces, el hecho de que una mujer trans se tope con un vacío legal que le obligue a cumplir con el requisito de la libreta militar como hombre impide que ella pueda incorporarse a la fuerza laboral en condiciones de dignidad debido a su desconocimiento. Lo anterior con la consideración de que la comunidad LGBTI es una población históricamente discriminada, y esto se agrava con el hecho notorio de que en particular, el sector de personas transexuales encuentra mayor resistencia en el sector laboral. Por otro lado, la exigencia de la libreta militar a mujeres trans para obtener el grado profesional en cualquier centro docente de educación superior (artículo 36, literal d), modificado por el artículo 111 del Decreto 2150 de 1995) obstruye el acceso al mercado laboral en razón de que no podrán obtener reconocimiento de grado de algún centro de educación superior. Excepción de lo anterior es que la mujer transexual haya cumplido con el requisito de la libreta militar. Entonces, este sector poblacional encontrará mayor dificultad para acceder a un trabajo, o encontrará dificultad para encontrar uno que se ajuste a sus condiciones académicas y/o capacidades intelectuales. En consecuencia, será un incentivo para el empleo informal en detrimento de condiciones dignas. Por tanto, se incumple la obligación por parte del Estado de promover las condiciones que permitan a todas las personas acceder a un trabajo. Así las cosas, la exigencia de la libreta militar a mujeres trans entorpece el desarrollo de sus vidas en forma digna, por cuanto además de ser una exigencia discriminatoria, desconoce su nueva identidad, desconoce la dificultad a la que históricamente se ha visto abocado este sector poblacional para acceder a la fuerza laboral, imponiéndole una carga adicional a la que socialmente se ha enfrentado. Dicha carga amenaza su mínimo vital, puesto que el hecho de que una persona encuentre barreras para acceder al mercado laboral formal supone una alta probabilidad de que su trabajo se desarrolle en ausencia de condiciones dignas, lo que a su vez pone en riesgo que la persona goce de su derecho a la vida como una vida digna. Por tanto, se incumple la obligación por parte del Estado de promover condiciones que permitan a todas las personas acceder a un trabajo, así como también se incumple la obligación por parte del Estado de velar porque el trabajo se desarrolle en condiciones de dignidad. 20 2. Sobre el derecho a la educación El Artículo 67 de la Constitución Nacional estableció que: “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.” (Subrayas fuera de texto). En este sentido, como bien lo dispone el artículo, el fin directo de la educación es dar acceso al conocimiento, la ciencia, técnica, bienes y valores culturales. En este sentido, se puede decir que la educación resulta un pilar para el desarrollo del intelecto y conocimiento humano, y a su vez, es parte fundamental para el desarrollo de otros derechos, como el derecho al trabajo y al libre desarrollo de la personalidad. El derecho a la educación está claramente protegido por el bloque de constitucionalidad, incluyendo el artículo 5 de la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, los artículos 13 y 14 del PDESC, los arts. 10 y 14 de CEDAW, los artículos 23, 28 y 29 de la Convención de los Derechos del Niño y el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros. A su vez, en la jurisprudencia colombiana ha sido desarrollado para incluir las siguientes características: “(i) es objeto de protección especial del Estado; (ii) es presupuesto básico de la efectividad de otros derechos fundamentales, tales como la escogencia de una profesión u oficio, la igualdad de oportunidades en materia educativa y de realización personal y el libre desarrollo de la personalidad, entre otros; (iii) es uno de los fines esenciales del Estado Social Democrático de Derecho; (iv) está comprendido por la potestad de sus titulares de reclamar el acceso y la permanencia en el sistema educativo o a uno que permita una “adecuada formación”; (v) se trata de un derecho deber y genera obligaciones recíprocas entre todos los actores del proceso educativo.” (se destaca) Esto quiere decir que la importancia del derecho a la educación radica en su calidad como elemento fundamental para el desarrollo de otros derechos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad y el derecho al trabajo. En el caso específico del derecho a la educación superior, la jurisprudencia lo ha caracterizado como una obligación progresiva que debe ser garantizada y protegida por el Estado. La sentencia T-068 del 2012 del magistrado ponente J orge Ignacio Pretelt expresó que no resulta admisible “aceptar ningún tipo de restricción o desconocimiento que impida su ejercicio”. Siguiendo la misma línea, la sentencia T-164 del 2012 del magistrado ponente Gabriel Eduardo Mendoza dijo que “En caso de adoptarse medidas que lo limiten, éstas deben cumplir con los postulados de razonabilidad, proporcionalidad, necesidad e idoneidad”. Dado que el derecho a la educación superior incluye tanto el acceso como la permanencia al sistema, y tiene que entenderse en conexidad con otros derechos fundamentales, la exigencia de la libreta militar para otorgar un título de cualquier institución de educación superior vulnera de manera grave el derecho y más cuando se trata de personas de especial protección constitucional. La exigencia de este documento no es razonable pues no tiene conexión alguna con los requisitos 21 que imponen las universidades a sus estudiantes para obtener un título técnico ni profesional. Así mismo es desproporcionada pues limita de forma muy grave el derecho a la educación, el derecho al trabajo que exige un título universitario, e impide el cumplimiento de lo demás derechos fundamentales conectados al derecho a la educación superior, como es por ejemplo, el derecho a elegir una profesión. Esto en la medida en que bien lo dispone el Artículo 26 Constitucional “Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social.”(Subrayas fuera de texto). En este sentido, la educación es indispensable para el acceso a los títulos de idoneidad de los que trata el Artículo 26, y sin estos títulos, productos del desarrollo del acceso y continuidad en la educación, automáticamente se violan otros derechos como la libertad de escoger profesión, y el derecho al trabajo. Exigir la libreta militar a personas trans tampoco es idóneo ni necesario para cumplir ningún fin del Estado y, por el contrario, impone cargas excesivas a una parte de la población para acceder y ejercer sus derechos fundamentales. Y finalmente en el caso en concreto de las personas trans, se tiene que como se ha establecido en los acápites anteriores de esta intervención, no solo se vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad, sino que adicionalmente se convierte la libreta militar en un obstáculo que solo es superable bajo el entendido de que la mujer trans reconozca un identidad que no lo es propia, lo que implica una humillación y un atentado en contra de su dignidad humana. Esto consiste en una condena a un sector poblacional a no poder desarrollarse ni como personas, ni como trabajadores técnicos o profesionales, lo que termina implicando configurando una forma de discriminación. 3. Sobre el derecho a la participación política como ejercicio de la identidad y al derecho a ser elegido El artículo 40 de la Constitución establece que todos los ciudadanos “tienen derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político”. Además, agrega, para hacer efectivo tal derecho cada ciudadano puede “1). Elegir y ser elegido; 2). Tomar parte de elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática; 3). Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas; 4). Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley; 5). Tener iniciativa en las corporaciones públicas; 6). Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley; 7). Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad.” La Corte ha desarrollado este derecho en varias sentencias. Vale la pena mencionar, por ejemplo, algunos apartes de la T-439 de 1992, con ponencia de Eduardo Cifuentes, en la que se afirma que 22 “el corazón de la democracia es el respeto de los derechos de la persona. El fin último y fundamento mismo de la organización política democrática es la dignidad humana, la cual solamente puede ser garantizada mediante la efectiva protección de los derechos fundamentales” Luego, la Corte reconoce que “los derechos políticos de participación hacen parte de los derechos fundamentales de la persona humana” puesto que “el hombre solo adquiere su real dimensión de ser humano mediante el reconocimiento del otro y de su condición inalienable como sujeto igualmente libre”. Finalmente, la sentencia establece que: “[l]a democracia no es simplemente una forma de organización estatal. Es un proyecto político cuyo fundamento material es la dignidad humana y sus manifestaciones concretas de la libertad. La estrecha relación entre democracia, dignidad humana, pluralismo y autonomía individual explica el frágil equilibrio de valores necesarios para lograr su realización. La participación de todos los sectores de la población –Estado, sociedad civil, grupos reincorporados a la legalidad– es indispensable en el proceso democrático. La reticencia de cualquiera de ellos puede imposibilitar la democratización de la vida social. Todas las autoridades –incluidas las fuerzas militares y de policía– así como los particulares están vinculados a la Constitución (ref. C.P art. 6º) y tienen como imperativo el reconocimiento de la persona humana, su dignidad, su singularidad, así como el respeto de la organización político-democrática donde aquella obtiene su reconocimiento”. De lo anterior podemos sacar varios elementos. En primer lugar, un fin constitucionalmente establecido de nuestra comunidad política es su democratización. Seguidamente, que este proceso de democratización depende y se materializa en el respeto de los derechos de las personas ya que el fin de la democracia es la dignidad humana. Finalmente, que esta dignidad sólo se adquiere en el reconocimiento de los otros y ante los otros, y que para consolidar la democracia es necesario, es imperativo, que todas las autoridades y todos los particulares reconozcan la persona humana en su dignidad y su singularidad. Esto nos lleva a concluir que la exigencia de un requisito como la libreta militar para las personas trans, puesto que impone la necesidad de escoger un género y un sexo que no es el que la persona siente como propio, contraría todos los principios que fundan nuestra democracia. En primer lugar, esas mismas autoridades que deben reconocer la dignidad y la singularidad de las personas niegan su singularidad y dignidad. Luego, el principio de dignidad se ve lesionado y el proceso de democratización (el proceso mediante el cual las personas se reconocen como personas únicas pero iguales políticamente) se ve suspendido. En este sentido, el hecho de que se exija la libreta militar a una mujer trans para participar políticamente en una sociedad democrática tiene el efecto de condicionar su participación a la negación de su propia identidad, o en el peor de los casos, rechazar de forma absoluta su capacidad de ejercer derechos políticos básicos como el derecho a elegir y ser elegido. Lo anterior sin contar con que es fácticamente imposible que una persona sin libreta militar se posesiones en un cargo de elección popular por ser este de investidura pública. En conclusión, la exigencia de la libreta militar como un requisito para trabajar ya sea en un cargo público o privado u obtener un título profesional, desconocen los derechos fundamentales 23 al trabajo, a la libertad de elegir profesión, los derechos de participación política y el derecho a la educación de las personas trans. Esto tiene como consecuencia que las mujeres trans estén condenadas a tratos inhumanos y humillantes como es la negación de su propia identidad para poder desarrollarse plenamente como ciudadanas o, en su defecto, apropiarse de su identidad y asumir como consecuencia la exclusión laboral, política y educativa. Parte 3 Considerar a las mujeres trans como hombres para efectos de prestar el servicio militar trae consecuencias victimizantes, viola sus derechos fundamentales y no soluciona el problema general planteado por el caso En primer lugar, haremos un resumen breve del proceso que debe adelantarse para obtener la libreta militar. Esta información está basada en tres fuentes: la normativa ya reseñada, la información que ofrece la página de internet de la jefatura de reclutamiento y las experiencias propias de las personas involucradas en la redacción de este documento. La forma convencional en la que una persona es citada por el ejército es porque el colegio en el que estudia remite la lista de hombres a la jefatura de reclutamiento. En esta lista pueden estar incluidos hombres trans o mujeres trans, ya que las listas se remiten usualmente con base en el nombre y no en el sexo que se registra en la cédula. Esto quiere decir que los hombres trans que hayan iniciado su tránsito durante su vida escolar y hayan alcanzado a cambiar su nombre en su documento de identidad, probablemente sean remitidos en la lista que envía los colegios. Las mujeres trans que estén iniciando su tránsito, pero no han modificado su documento de identidad, también suelen ser citadas. Las personas que no están escolarizadas deben inscribirse por su propia cuenta, presentándose con los documentos requeridos ante la jefatura de reclutamiento antes de cumplir 18 años de edad. Usualmente las personas trans que no están escolarizadas entran a ejercer labores informales, con frecuencia en trabajo sexual y peluquería. Por este motivo y por otros que serán explicados más adelantes, las personas trans que no terminan su educación básica secundaria suelen no inscribirse ante la jefatura para regularizar su situación militar. Una vez la persona está inscrita, bien sea por estar incluida en la lista de su colegio o por haberse inscrito por su propia cuenta, la jefatura realiza una primera citación para un primer examen médico. Para las personas escolarizadas, este es su primer contacto real con el ejército. El examen se suele llevar a cabo en el distrito militar a cargo de la zona donde se encuentra el colegio. Allí la persona debe llevar los documentos con los que busque acreditar que está bajo una de las causales de exención o que no es apto para prestar el servicio. 24 Las personas que no se inscriban o que no acudan a la citación para examen médico son declaradas infractoras, haciéndose acreedoras a una multa por el tiempo de infracción de hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. En el examen médico se reúne a las personas citadas en un salón donde deben quedar en ropa interior frente a todas las demás, a una enfermera y a un funcionario del ejército. Acto seguido las personas deben trotar, en ropa interior, en círculo durante un par de minutos. Luego la enfermera hace un examen superficial. Finalmente, la enfermera pide a las personas que miren al techo y se retiren la ropa interior. En ese momento la enfermera procede a revisar de manera manual los testículos de quienes estén en el recinto. Si este examen médico arroja que la persona es apta, entonces tiene dos opciones. La primera es solicitar un segundo examen médico para acreditar los motivos médicos por los cuales no es apta o está exenta o finalmente ser clasificado como apto para ser citado al sorteo. El ejército también puede programar una segunda cita médica en caso de considerarlo necesario. Quienes no asistan a la segunda cita o al sorteo también serán consideradas infractoras en los términos ya mencionados. Quienes no sean aptas o sean exentas de prestar el servicio, pero deben pagar cuota de compensación, deberán solicitar la respectiva liquidación una vez aportados los documentos requeridos para tal fin por el ejército. Quienes hayan sido consideradas aptas deberán presentarse al sorteo, usualmente en un lugar público con una numerosa presencia de hombres y personal del ejército donde podrán ser elegidas para presentar su servicio militar. Las personas que no sean escogidas en el sorteo procederán a hacer el pago de la cuota de compensación militar. Las personas que hayan sido elegidas para prestar el servicio militar deben presentarse a concentración según las instrucciones del ejército. Las personas que no asistan a la concentración son declaradas remisas y tendrán unas multas de acuerdo a los estipulado en la ley 48 de 1993. En caso de que se presenten “inconsistencias en la documentación” o se haga una inscripción tardía, ambas situaciones comunes para una persona trans que se ve obligada a obtener su libreta militar, la persona debe presentarse directamente en las oficinas de los distritos militares de su ciudad de residencia. En estas situaciones, la persona usualmente debe someterse a un peregrinaje burocrático con respuestas inconsistentes. Varias mujeres trans reportan situaciones de hostigamiento y acoso, tratos degradantes y atentados contra su dignidad al tener que enfrentarse al proceso arriba descrito. Obligar a las mujeres trans a someterse a este proceso es una clara violación a sus derechos fundamentales a la personalidad jurídica, a su identidad y a no ser sometidas a tratos crueles inhumanos y degradantes. 25 Parte 4 Remedios judiciales y solicitudes Por las razones expuestas en esta intervención solicitamos a la Corte que tome los siguientes remedios judiciales: 1. Ampliar los efectos de la decisión de tutela a todos los casos análogos de mujeres trans - efectos interpares - con el fin de que no se les exija la libreta militar para ningún efecto por cuanto son mujeres a la luz de la jurisprudencia constitucional y la interpretación de la ley de reclutamiento. 2. Exhortar al Congreso de la República para que tramite una ley de identidad de género que regule de forma integral, sistemática y organizada los derechos de las personas trans. 3. Ordenar a los Ministerios del Trabajo y Educación, así como el Departamento Administrativo de la Función Pública para que tomen medidas administrativas necesarias para que no se les exija a las mujeres trans la libreta militar en cuanto son mujeres. 4. Aclare el alcance del artículo 36 de la Ley 48 de 1993 así como la derogación tácita de los artículos 37, 41 (literal h) y 42 (literal f) de la Ley 48 de 1993 que no fueron explícitamente modificados por el Decreto 2150 de 1995 y ordene al Ministerio de Trabajo que expida una circular aclaratoria sobre el particular. 5. En el caso de la aplicación de estas medidas se debe presumir la buena fe de las mujeres trans y en caso de el Ejército Nacional considere que se está haciendo un fraude, la institución tiene la carga de la prueba para demostrar ese asunto. 6. Para el caso concreto, Revocar la sentencia del J UZGADO VEINTIUNO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ y amparar los derechos a la dignidad humana y a vivir sin humillaciones, al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo y mínimo vital en conexidad al derecho a una vida en condiciones dignas, a la igualdad, entre otros. Por tanto, Se ordene a la SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS LGBT DE LA SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL contratar a la accionante dado que la construcción identitaria de ésta es femenina y debe ser considerada como una mujer por la ley en aplicación de la interpretación del alcance de la palabra “varón” de la Ley 48 de 1993 realizada por la Corte Constitucional en sentencia de Constitucionalidad C-511 de 1994. En caso que se hubiera llenado la plaza anterior, se contrate a la accionante sin el requisito de la libreta militar. También solicitamos que se ordene a la entidad que en lo sucesivo no exija la libreta militar a mujeres trans. 7. Oficie al Ministerio de Defensa, Ministerio de Educación y a las entidades públicas que considere pertinentes para que expidan circulares que aclaren a las entidades de educación superior y a las entidades públicas que las mujeres trans son consideradas mujeres por la Ley 48 de 1993 y por tanto no pueden exigirles libreta militar. 26 Recibimos notificaciones en la Calle 30 A Número 6-22 oficina 1102. Teléfonos 4831237, 2880392, 3014334137. Del señor magistrado, Mauricio Albarracín Caballero Director Colombia Diversa Matías Matilda González Coordinación litigio de Derechos Humanos Colombia Diversa Alejandro Lanz Sánchez Abogado Colombia Diversa Daniel Gómez Mazo Abogado Colombia Diversa Andrea Parra Fonseca Directora, PAIIS - Universidad de los Andes 27 J uan Sebastián J aime Pardo Asesor J urídico, PAIIS – Universidad de los Andes Laura Frida Weinstein Nisenbon Coordinadora, Grupo de Apoyo a Personas Trans (GAT) Ximena Chanaga J erez Trabajadora Social, Grupo de Apoyo a Personas Trans (GAT) Tak Combative (DC Hernández) Coordinador, Colectivo Entre Tránsitos Oriana La Rotta Amaya Miembro, Colectivo Entre Tránsitos Pedro J ulio Pardo Castañeda Directora Ejecutiva Santamaría Fundación 28 J uan Carlos Celis G. Director, Fundación Procrear Daniela Maldonado Salamanca Directora, Red Comunitaria Trans. Andrea Correa Técnica Comunitaria, Fundación Procrear J ulián Salamanca Cortés Coordinador de comunicaciones, PARCES ong Diana Esther Guzmán, Investigadora Dejusticia J orge Luis Parra Oviedo Activista por los derechos de las personas LGBTI J essica Stern Directora Ejecutiva Comisión Internacional por los Derechos de Gays y Lesbianas (IGLHRC) 29 J uliana Andrea Torres Orozco Psicóloga clínica LIBERARTE Carolina Herrera Small Psicóloga clínica LIBERARTE More From This UserSkip carouselCarta de agradecimiento a Corte Constitucional por Matrimonio, enviada por empresasIntervención ante la Corte Constitucional Caso Sergio UrregoColombia Diversa interviene por vigencia de Decreto TransCómo inscribir en Colombia matrimonio civil de parejas del mismo sexo celebrado en el extranjeroCómo hacer el registro de hijos de parejas del mismo sexoVOCES IGNORADASNÄR KRIGET TAR SLUT TAR LIVET VIDQUANDO A GUERRA ACABA, A VIDA TOMA O SEU LUGARINFORM QUAND LA GUERRE S’EN VA, LA VIE PEUT PRENDRE SA PLACEDel amor y otras condenasREPORT ON HUMAN RIGHTS OF LESBIANS, GAY, BISEXUALS, AND TRANS PERSONS IN COLOMBIA 2013-2014Resumen Ejecutivo Cuando la guerra se va, la vida toma su lugarCuando la guerra se va la vida toma su lugarAmicus Sub Dirección para asuntos LGBTI secretaria de integración distrital. mujer transAmicus Sub Dirección para asuntos LGBTI secretaria de integración distrital. mujer transAmicus Dirección de Diversidad Sexual. 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