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Timestamp: 2019-12-10 22:49:11
Document Index: 191520917

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 21', 'Artículo 3', 'Artículo 99', 'artículo 182', 'Artículo 100', 'Artículo 101', 'Artículo 102', 'Artículo 12', 'artículo 97', 'artículo 12', 'Artículo 103', 'Artículo 97', 'Artículo 104', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'artículo 56', 'Artículo 93', 'artículo 30', 'artículo 32', 'Artículo 32', 'artículo 34', 'Artículo 34', 'Artículo 36', 'artículo 37', 'Artículo 49', 'in fine', 'Artículo 48', 'artículo 98', 'Artículo 49', 'in fine', 'Artículo 50', 'Artículo 52', 'artículo 12']

El derecho electoral costarricense - KIPDF.COM
Artigo Paraná Eleitoral v. 2 p. 115-140 El derecho electoral costarricense Jose Enrique Romero Pérez1 Resumo O objetivo deste trabalho é apresentar...
Author: Eugenio López Piñeiro
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Paraná Eleitoral v. 2 p. 115-140
El derecho electoral costarricense Jose Enrique Romero Pérez1 Resumo O objetivo deste trabalho é apresentar de forma sumária a estrutura legal eleitoral da Costa Rica. As normas, princípios, fontes, organização e estrutura dos partidos políticos são os aspectos tratados. O artigo, a partir da apresentação desta estrutura legal, aborda criticamente como se dá o acesso ao poder político mediante a atuação das máquinas partidárias e a influência dos empresários num Estado capitalista. Palavras-chave: direito eleitoral; Costa Rica; legislação; partidos políticos; Estado capitalista. Abstract The aim of this work is to present in summary form the legal election of Costa Rica. Norms, principles, sources, organization and structure of political parties are the issues addressed. The article, from the presentation of this legal framework, critically discusses how to give access to political power through the agency of party machines and the influence of entrepreneurs in a capitalist State. Keywords: electoral law; Costa Rica; legislation; political parties; capitalist State.
Artigo recebido em 25 de fevereiro de 2013; aceito para publicação em 15 de março de 2013.
Introducción Se hace una presentación resumida del Derecho Electoral en Costa Rica. Normas, principios, fuentes, organigrama, partidos políticos, etc., son algunos de los temas que se explicarán en este trabajo. En nuestro país, la jurisprudencia generada desde el TSE y la SC, tiene una relativa abundancia. Seleccionaremos algunas pocas sentencias que nos parecen llamativas. En lo que corresponde a libros y artículos en revistas especializadas sobre esta temática, indico que la producción literaria es pequeña
Sobre el autor: Catedrático de Derecho Público de la Universidad de Costa Rica. E-mail: [email protected]
Jose Enrique Romero Pérez: El derecho electoral costarricense
en Costa Rica. La apatía respecto del fenómeno político-electoral también se hace presente en este campo. La vital importancia del Derecho Electoral consiste en su contribución esencial al funcionamiento adecuado del sistema político. 1. Principios El artículo 1 del Código Electoral hace una afirmación genérica de que en materia electoral rigen los principios generales del derecho, a falta de una norma expresa. Artículo 1. Principios que rigen en materia electoral. En materia electoral, a falta de disposición expresa, se instará a los principios generales del Derecho.
Se hace una indicación expresa acerca de la importancia de los principios generales del derecho para regular en materia electoral, en caso de que exista un vacío normativo expreso. A continuación se indicarán varios principios relativos a la materia electoral: 1.1 Principio democrático La soberanía radica en el pueblo. Constitución Política. Artículo 1: Costa Rica es una república democrática, libre e independiente. Artículo 2: La soberanía reside en el pueblo (sentencia TC 990-1992)
1.2 Principio de impedimento del falseamiento de la voluntad popular La voluntad de los electores, de los ciudadanos (mayores de 18 años, que tienen el derecho al voto, el sufragio) expresada en las urnas, con el fin de elegir a los llamados representantes populares o administradores públicos (sentencias del TC 26-90, 131-90, 245692, 907-97).
1.3 Principio de conservación del acto electoral Este principio atiende a la necesidad de que los actos del campo electoral, se mantengan y se conserven en favor del fortalecimiento del entero sistema electoral y de la expresión inequívoca de la voluntad de los electores. 1.4 Principio de la calendarización de los procesos electorales Esta calendarización es clave en el sistema electoral, dentro del contexto obligado de la brevedad y lo preclusivo de los plazos. Plazos cortos, ciertos y conocidos en los procesos y procedimientos electorales. 1.5 Principio de la unidad del acto electoral La actividad electoral es un proceso, una sucesión de actos, que conforman una unidad. Esto se palpa fuertemente en la disposición del acto del escrutinio de los votos (o, análisis, clasificación, ordenamiento y conteo de los votos) debe ser ininterrumpido hasta su terminación o conclusión (Hernández, 2004, 23-34). 2. Género En el campo del género (tanto femenino como masculino), los principios reguladores en la participación política, quedan normados del siguiente modo: Código Electoral. Artículo 21. La participación política de hombres y mujeres es un derecho humano reconocido en una sociedad democrática, representativa, participativa e inclusiva, al amparo de los principios de igualdad y no discriminación. La participación se regirá por el principio de paridad que implica que todas las delegaciones, las nóminas y los demás órganos pares estarán integrados por un cincuenta por ciento (50%) de mujeres y un cincuenta por ciento (50%) de hombres, y en delegaciones, nóminas u órganos impares la diferencia entre el total de hombres y mujeres no podrá ser superior a uno.
Todas las nóminas de elección utilizarán el mecanismo de alternancia por sexo (mujer-hombre u hombre-mujer), en forma tal que dos personas del mismo sexo no puedan estar en forma consecutiva en la nómina2.
3. Fuentes De modo tradicional y rutinario el Código Electoral, CE, indica las fuentes del Derecho Electoral: Artículo 3. La jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico electoral se sujetará al orden siguiente: a) La Constitución Política. b) Los tratados internacionales vigentes en Costa Rica. c) Las leyes electorales. d) Los reglamentos, las directrices y las circulares emitidos por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). e) Los estatutos de los partidos políticos debidamente inscritos. f) Las demás disposiciones subordinadas a los reglamentos y los estatutos partidarios.
Hasta aquí se refiere a fuentes escritas (Hernández, 2004, p. 20-3). Las normas no escritas, como la jurisprudencia electoral, los principios del derecho electoral y la costumbre, tendrán el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan. Las fuentes no escritas, propias del Derecho en general, se les conoce como la jurisprudencia – conjunto de sentencias de los jueces – (que consta por escrito en papel físico o en digital), los principios generales de derecho (en este caso aquello relativos al Derecho Electoral) y la costumbre. 4. Organismos electorales Estos organismos constituyen la autoridad suprema, encargada de la función electoral (Picado, 1989, p. 502). Estas entidades se encargan de la actividad electoral, junto con los partidos políticos. Esta actividad se lleva a cabo mediante funciones administrativas, legislativas y jurisdiccionales, radicadas en diversos organismos de esta naturaleza.
5.Tipología de organismos electorales 5.1 Tribunales Supremo de Elecciones (TSE) Constitución Política. Artículo 99. La organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, corresponden en forma exclusiva al Tribunal Supremo de Elecciones, el cual goza de independencia en el desempeño de su cometido. Del Tribunal dependen los demás organismos electorales.
El TSE es órgano supremo constitucional, encargado del sufragio y de todo el proceso electoral. Los sufragistas, votantes o electores, deben tener más de 18 años. El artículo constitucional 90, manda: La ciudadanía es el conjunto de derechos y deberes políticos que corresponde a los costarricenses mayores de 18 años.
En lo que respecta al sufragio, el numeral constitucional 93, manda: El sufragio es la función cívica primordial y obligatoria, y se ejerce ante las juntas electorales en votación directa y secreta, por los ciudadanos inscritos en el Registro Civil.
Aquí hago la observación de que el derecho a votar o sufragio, no puede ser obligatorio, aunque lo establezca la Carta Magna, ya que es un derecho esencial en una democracia dominada por la partidocracia. Aunque constitucionalmente se diga que es obligatorio y que la propaganda del TSE insista en que es así, lo cierto del caso es que los márgenes de abstención en las votaciones nacionales y municipales, se dan – y por tanto miles no van a votar –. El abstencionismo es una manera de protestar contra los partidos que fomentan la corrupción y ejercen el poder en favor de los empresarios nacionales y extranjeros. De ahí que sea un gobierno oligárquico y empresarial, donde a eso que llaman pueblo le toman el pelo, convocándolo a votar bombardeados por una propaganda pagada por el mismo pueblo.
La misma Constitución Política, establece los principios del ejercicio del sufragio, en el numeral 95: 1. Autonomía de la función electoral; 2. Obligación del Estado de inscribir, de oficio, a los ciudadanos en el Registro Civil y de proveerlos de cédula de identidad para ejercer el sufragio; 3. Garantías efectivas de libertad, orden, pureza e imparcialidad por parte de las autoridades gubernativas; 4. Garantías de que el sistema para emitir el sufragio les facilita a los ciudadanos el ejercicio de ese derecho; 5. Identificación del elector por medio de cédula con fotografía u otro medio técnico adecuado dispuesto por la ley para tal efecto; 6. Garantías de representación para las minorías; 7. Garantías de pluralismo político; 8. Garantías para la designación de autoridades y candidatos de los partidos políticos, según los principios democráticos y sin discriminación por género.
Se trata de una declaración de principios, en papel físico o digital. La realidad marcha por senderos diversos y contradictorios con relación al derecho. El origen histórico de este organismo de rango constitucional (TSE), radica en la guerra civil de 1948 (Acuña, 1974; Aguilar, 1978) en la cual el grupo ganador impulsa la inserción del TSE en la Carta Magna, con el argumento de que las anteriores elecciones y las de 1948 habían sido fraudulentas. La Asamblea Nacional Constituyente aprueba la Carta Magna de 1949, dándole rango constitucional, entre otros, a estos espacios o escenarios: i. Contratación administrativa o pública: artículo 182, bajo la argumentación de la corrupción administrativa de los gobiernos de 1940 a 1948; ii. Contraloría General de la República, artículos 183 y 184, bajo la argumentación de la corrupción administrativa de los gobiernos de 1940 a 1948; y, iii. Tribunal Supremo de Elecciones, artículos 99 a 104, bajo la argumentación de la corrupción política y electoral de los gobiernos de 1940 a 1948.
5.1.a Integración del TSE Constitución Política. Artículo 100. El Tribunal Supremo de Elecciones estará integrado, ordinariamente por tres Magistrados propietarios y seis suplentes, nombrados por la Corte Suprema de Justicia por los votos de no menos de los dos tercios del total de sus miembros. Deberán reunir iguales condiciones y estarán sujetos a las mismas responsabilidades que los Magistrados que integran la Corte. Desde un año antes y hasta seis meses después de la celebración de las elecciones generales para Presidente de la República o Diputados a la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo de Elecciones deberá ampliarse con dos de sus Magistrados suplentes para formar, en ese lapso, un tribunal de cinco miembros.
Total de Magistrados titulares: 3 Total de Magistrados suplentes: 6 Son nombrados, al menos, por los dos tercios de los Magistrados que forman la cúpula judicial, en total 22 (Sala Constitucional: 7; y, las demás Salas: Primera, Segunda y Tercera, 5 en cada una). 5.1.b Plazo del nombramiento de los Magistrados del TSE El período del nombramiento de los Magistrados es de 6 años, pudiendo ser reelectos sucesivamente y sin límite. La costumbre ha sido dicha reelección. Respecto de las inmunidades y prerrogativas, estos Magistrados electorales, están equiparados a los Magistrados de la cúpula judicial. Constitución Política. Artículo 101. Los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones durarán en sus cargos seis años. Un propietario y dos suplentes deberán ser renovados cada dos años, pero podrán ser reelectos. Los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones gozarán de las inmunidades y prerrogativas que corresponden a los miembros de los Supremos Poderes.
5.1.c Funciones del TSE Constitución Política Artículo 102, se refiere a las funciones del TSE: 1) Convocar a elecciones populares; 2) Nombrar los miembros de las Juntas Electorales, de acuerdo con la ley; 3) Interpretar en forma exclusiva y obligatoria las disposiciones constitucionales y legales referentes a la materia electoral; 4) Conocer en alzada de las resoluciones apelables que dicten el Registro Civil y las Juntas Electorales; 5) Investigar por sí o por medio de delegados, y pronunciarse con respecto a toda denuncia formulada por los partidos sobre parcialidad política de los servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos, o sobre actividades políticas de funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas. La declaratoria de culpabilidad que pronuncie el Tribunal será causa obligatoria de destitución e incapacitará al culpable para ejercer cargos públicos por un período no menor de dos años, sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieren exigírsele. No obstante, si la investigación practicada contiene cargos contra el Presidente de la República, Ministros de Gobierno, Ministros Diplomáticos, Contralor y Subcontralor Generales de la República, o Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal se concretará a dar cuenta a la Asamblea Legislativa del resultado de la investigación; 6) Dictar, con respecto a la fuerza pública, las medidas pertinentes para que los procesos electorales se desarrollen en condiciones de garantía y libertad irrestrictas. En caso de que esté decretado el reclutamiento militar, podrá igualmente el Tribunal dictar las medidas adecuadas para que no se estorbe el proceso electoral, a fin de que todos los ciudadanos puedan emitir libremente su voto. Estas medidas las hará cumplir el Tribunal por sí o por medio de los delegados que designe; 7) Efectuar el escrutinio definitivo de los sufragios emitidos en las elecciones de Presidente y Vicepresidentes de la República, Diputados a la Asamblea Legislativa, miembros de las Municipalidades y Representantes a Asambleas Constituyentes; 8) Hacer la declaratoria definitiva de la elección de Presidente y Vicepresidentes de la República, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la votación, y en el plazo que la ley determine, la de los otros funcionarios citados en el inciso anterior;
9) Organizar, dirigir, fiscalizar, escrutar y declarar los resultados de los procesos de referéndum. No podrá convocarse a más de un referéndum al año; tampoco durante los seis meses anteriores ni posteriores a la elección presidencial. Los resultados serán vinculantes para el Estado si participa, al menos, el treinta por ciento (30%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, para la legislación ordinaria, y el cuarenta por ciento (40%) como mínimo, para las reformas parciales de la Constitución y los asuntos que requieran aprobación legislativa por mayoría calificada. 10) Las otras funciones que le encomiende esta Constitución o las leyes.
El Código Electoral, en su artículo establece las atribuciones del TSE: Artículo 12. Al TSE le corresponde, además de las atribuciones que le confieren la Constitución, este Código y demás leyes, lo siguiente: a) Organizar, dirigir y vigilar los actos relativos al sufragio; para ese fin podrá dictar los reglamentos, los acuerdos y las resoluciones, de conformidad con la ley. b) Efectuar el escrutinio de los sufragios emitidos y la declaratoria definitiva del resultado de las elecciones que estén bajo su responsabilidad. c) Interpretar, en forma exclusiva y obligatoria, y sin perjuicio de las atribuciones de la Sala Constitucional en materia de conflictos de competencia, las disposiciones constitucionales y las demás del ordenamiento jurídico electoral, de oficio o a instancia del comité ejecutivo superior de cualquiera de los partidos políticos inscritos. La resolución final que se dicte en esta materia será publicada en el diario oficial La Gaceta y se comunicará a todos los partidos políticos. d) Emitir opinión consultiva a solicitud del comité ejecutivo superior de cualquiera de los partidos políticos inscritos o de los jerarcas de los entes públicos que tengan un interés legítimo en la materia electoral. Cualquier particular también podrá solicitar una opinión consultiva, pero en este caso quedará a criterio del Tribunal evacuarla, si lo considera necesario para la correcta orientación del proceso electoral y actividades afines. Cuando el Tribunal lo estime pertinente, dispondrá la publicación de la resolución respectiva. e) Garantizar, mediante el recurso de amparo electoral, el ejercicio de los derechos electorales previstos en la Constitución Política y los tratados internacionales vigentes en Costa Rica, la ley, los reglamentos
y los estatutos de los partidos políticos para el caso concreto, con motivo de la actividad electoral. El amparo electoral se tramitará según lo dispuesto en este Código y, en su defecto, según el procedimiento establecido en la Ley de la jurisdicción constitucional. f) Vigilar los procesos internos de los partidos políticos para la designación de los integrantes de sus órganos, delegados a las asambleas y de los candidatos a puestos de elección popular, con el fin de que se sujeten al ordenamiento jurídico electoral y al principio democrático. g) Declarar integradas las juntas electorales y remover de su cargo a cualquier persona integrante, por causa justa. h) Efectuar, publicar y notificar la declaratoria de elección a los candidatos electos y conferirles las credenciales respectivas. i) Reglamentar y hacer cumplir las normas relativas a la contribución estatal y privada a favor de los partidos políticos, pudiendo ordenar, en cualquier tiempo, las auditorías que estime pertinentes; para ello, contará con la colaboración obligada de la auditoría o de la tesorería de cada partido político y sus contadores. j) Velar por el debido cumplimiento de la normativa referente a la propaganda electoral y las encuestas electorales, conforme a lo dispuesto en este Código y la demás normativa aplicable para estos fines. k) Formular y publicar la División territorial electoral. l) Formular programas de capacitación dirigidos a la ciudadanía, en relación con la importancia que la participación política ciudadana y el financiamiento a los partidos políticos reviste para la democracia. m) Promover las reformas electorales que estime necesarias y colaborar en la tramitación legislativa de los proyectos relacionados con esa materia. n) Evacuar la consulta a que se refiere el artículo 97 de la Constitución Política. ñ) Actuar como jerarca administrativo del Registro Civil y demás organismos electorales y, en ese carácter, dictar sus reglamentos autónomos de organización y servicio, así como los de cualquier organismo bajo su dependencia. o) Conocer en alzada los recursos que procedan contra las resoluciones que dicten los organismos electorales. p) Organizar los referendos y los plebiscitos previstos en los artículos 105 y 168 de la Constitución Política y hacer la declaratoria respectiva. q) Garantizar, de manera efectiva, el acceso de todos los partidos políticos participantes en un proceso electoral, en los debates político-electorales que organice, una vez hecha la convocatoria a elecciones por parte de este Tribunal.
r) Reglamentar lo dispuesto en esta Ley sobre las normas relativas a la contribución estatal y privada a favor de los partidos políticos.
En este artículo de ley, rescato lo relativo al amparo electoral (artículo 12, inciso e) que lo resuelve con exclusividad el TSE, para garantizar los derechos electorales. Este recurso es novedoso y reciente en la normativa costarricense. 5.1.d Resoluciones del TSE Constitución Política. Artículo 103. Las resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones no tienen recurso, salvo la acción por prevaricato.
Por razones de diversa naturaleza, se normó que las decisiones del TSE en materia electoral, carecen de impugnación. En materia de la contratación administrativa, de acuerdo a la legislación respectiva, las adjudicaciones de los concursos públicos; y, los pliegos de condiciones pueden ser impugnados ante la Contraloría General de la República. 5.1.e Interpretación auténtica y el TSE El TSE tiene la facultad de interpretar auténticamente la normativa electoral, inclusive a nivel constitucional (artículos constitucionales 121, inciso 1 y 103, inciso 3; y, el numeral 12, inciso c del Código Electoral). Esta situación se da debido a que no se quiso dar al Poder Legislativo esa facultad, por ser un espacio político, sino al TSE por ser un tribunal especializado en la materia electoral (Hernández, 2004, p. 208-9). A lo anterior se le complementa el artículo constitucional 97: Constitución Política. Artículo 97. Para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a materias electorales, la Asamblea Legislativa deberá consultar al Tribunal Supremo de Elecciones; para apartarse de su opinión se necesitará el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros. Dentro de los seis meses anteriores y los cuatro posteriores a la celebración de una elección popular, la Asamblea Legislativa no podrá,
sin embargo, convertir en leyes los proyectos sobre dichas materias respecto de los cuales el Tribunal Supremo de Elecciones se hubiese manifestado en desacuerdo.
5.2 Funciones del Registro Civil Constitución Política. Artículo 104. Bajo la dependencia exclusiva del Tribunal Supremo de Elecciones está el Registro Civil, cuyas funciones son: 1) Llevar el Registro Central del Estado Civil y formar las listas de electores; 2) Resolver las solicitudes para adquirir y recuperar la calidad de costarricense, así como los casos de pérdida de nacionalidad; ejecutar las sentencias judiciales que suspendan la ciudadanía y resolver las gestiones para recobrarla. Las resoluciones que dicte el Registro Civil de conformidad con las atribuciones a que se refiere este inciso, son apelables ante el Tribunal Supremo de Elecciones; 3) Expedir las cédulas de identidad; 4) Las demás atribuciones que le señalen esta Constitución y las leyes.
Esta dependencia oficial del TSE, se encarga de elaborar la listas de los votantes o electores, dar los documentos de identidad nacional; y, del tribunal administrativo, cuyas decisiones se pueden apelar al TSE. 5.3 Registro Electoral 5.3.a Naturaleza del Registro Electoral El numeral 26 del Código Electoral afirma la naturaleza de este registro. Artículo 26. El Registro Electoral es un órgano bajo la dependencia directa del TSE. Las decisiones de su director o directora son recurribles ante el Tribunal (TSE).
5.3.b Integración del Registro electoral Código Electoral. Artículo 27.
El Registro Electoral estará a cargo de un director nombrado y removido libremente por el TSE, bajo el régimen de confianza. Además, contará con el personal necesario. En lo no previsto expresamente y siempre que sea compatible con sus funciones, serán aplicables, al Registro Electoral, las normas legales previstas para el Registro Civil.
5.3.c Funciones del Registro electoral Código Electoral. Artículo 28. El Registro Electoral tendrá las siguientes funciones: a) Levar el registro de partidos políticos. En este registro se asentarán las inscripciones indicadas en el artículo 56 de este Código. Estas solo son oponibles a terceros a partir de su inscripción. b) Resolver, en primera instancia, las solicitudes de inscripción de los partidos políticos, de los estatutos partidarios y sus reformas, así como de las candidaturas a puestos de elección popular y demás actos sujetos a inscripción en el registro de partidos políticos. c) Emitir las certificaciones propias del registro. d) Llevar el control de las contribuciones privadas y del Estado a los partidos políticos e informar al TSE sobre cualquier irregularidad que detecte. e) Ejecutar, dirigir y coordinar los programas electorales, conforme a las directrices del TSE. f) Designar a los delegados que asistirán a las asambleas de los partidos políticos que el Tribunal autorice, cuando así proceda; además, supervisar su labor. g) Coordinar la impresión de las papeletas electorales, cuando sea necesario o cuando se lo encargue el TSE. h) Las demás funciones que le otorgue el ordenamiento jurídico electoral o le encargue el Tribunal.
5.4 Juntas electorales Constitución Política. Artículo 93. El sufragio es función cívica primordial y obligatoria y se ejerce ante las Juntas Electorales en votación directa y secreta, por los ciudadanos inscritos en el Registro Civil.
De acuerdo con el numeral constitucional 99, todos los organismos electorales están sujetos al TSE. Por su parte el numeral
constitucional 102, manda que el TSE nombra a los miembros de las juntas electorales. Asimismo, el Código Electoral, CE, manda en su artículo 30, respecto de las juntas electorales: Las juntas electorales serán juntas cantonales, una en cada cantón, y juntas receptoras de votos, tantas como llegue a establecer el Tribunal para cada elección en cada distrito electoral, de acuerdo con este Código. El Tribunal también reglamentará la instalación de las juntas receptoras de votos, para permitir el sufragio de los privados de libertad y de los ciudadanos costarricenses en el extranjero. El cargo de miembro de las juntas electorales es honorífico y obligatorio; con la salvedad del artículo 32 de este Código, lleva adscrita inmunidad; por ello, desde el nombramiento hasta la declaratoria de elección correspondiente, no podrá detenerse a ningún miembro de la junta, excepto si media orden escrita de un juez competente o en caso de haber sido sorprendido por la autoridad en flagrante delito. Igual protección tendrá el elector durante el día de las elecciones.
Por ser las juntas organismos electorales, sus miembros son funcionarios públicos en el ejercicio del cargo. Código Electoral. Artículo 32. El cargo de integrante de las juntas electorales es honorífico y obligatorio. Los integrantes de las juntas electorales deberán actuar con absoluta imparcialidad y acatar solamente el ordenamiento electoral, las instrucciones del TSE y de los asesores electorales, sin atender, en el ejercicio de sus funciones, la circunstancia de que un partido político los haya propuesto. La asistencia a las sesiones de las juntas electorales es obligatoria. El integrante de la junta remiso será conducido por la fuerza pública para que cumpla sus funciones, a petición de alguno de sus compañeros, del asesor electoral o del representante de cualquier partido político, sin perjuicio de las sanciones previstas en esta Ley.
Por lo que atañe a los requisitos para ser miembro de una junta electoral, el numeral 31 del Código Electoral manda: Para ser integrante de una junta electoral se requiere: a) Ser ciudadano en ejercicio.
b) No tener motivo de impedimento legal. c) Saber leer y escribir. El TSE nombrará a los integrantes de las juntas cantonales y, a propuesta de estas, a los de las juntas receptoras de votos. Para nombrar a los integrantes se tomarán en cuenta las propuestas hechas por los partidos políticos interesados, según lo regulado en este Código. Ninguna persona podrá ser nombrada como integrante de más de una junta electoral en una misma elección. Además, el Tribunal sustituirá del cargo, sin trámite alguno, a cualquiera de los integrantes designados originalmente en caso de fallecimiento o imposibilidad justificada para ejercer el cargo. También, podrá sustituir a las personas que no reúnan alguno de los requisitos anteriores, estén incluidas dentro de las prohibiciones señaladas en este Código o incumplan los deberes de su cargo. La junta cantonal correspondiente, por excepción y únicamente por el día de las elecciones, estará facultada para remover o sustituir a alguno de los integrantes de la junta receptora de votos, de conocer algún hecho que imposibilite el ejercicio del cargo por parte del integrante, acto que razonará y comunicará de inmediato al Tribunal. El Tribunal procurará que los integrantes de las juntas electorales sean electores del mismo cantón donde deban desempeñar sus funciones, a fin de facilitarles la emisión del voto.
El artículo 34 del Código Electoral, establece el lugar en donde se radicarán las juntas electorales en el ejercicio del sufragio por parte de los electores. Este sitio ha sido fundamentalmente las escuelas o centros educativos de estudios primarios. Artículo 34. Durante el ejercicio de sus funciones y mientras no tengan local propio, las juntas electorales ocuparán para sus labores, por propia autoridad, las escuelas y otros locales públicos que no estén prestando servicio y que consideren adecuados para ese objeto. Para sesionar en locales particulares necesitarán autorización del TSE. Todas las sesiones de las juntas electorales estarán sujetas al derecho de fiscalización y observación electoral.
Es el numeral 36 del Código Electoral, el que señala las funciones de las juntas electorales: Artículo 36. Corresponderá a las juntas cantonales lo siguiente:
a) Proponer al TSE los nombres de los miembros de las juntas receptoras de votos de su cantón. El Tribunal deberá realizar los nombramientos a más tardar dentro de los quince días posteriores al recibo de la propuesta. b) Coordinar sus actividades con la Dirección del Registro Electoral. c) Acondicionar los recintos electorales atendiendo las directrices de la Dirección del Registro Electoral. d) Recibir la documentación y los materiales electorales de la Dirección del Registro Electoral y distribuir a las juntas receptoras de votos. e) Entregar a la Dirección del Registro Electoral la documentación y los materiales electorales que reciba de las juntas receptoras de votos. f) Cualquier otra que determine la ley o disponga el Tribunal.
A su vez, el artículo 37 del Código Electoral indica la conformación de las juntas electorales: Las juntas cantonales estarán integradas por un elector propuesto por cada uno de los partidos políticos participantes en la elección con candidaturas inscritas en esa circunscripción. Tres meses antes de una elección y por medio de la presidencia del comité ejecutivo superior del partido o del presidente del comité ejecutivo de la asamblea de cantón, cada partido político comunicará, por escrito, al TSE los nombres de sus proposiciones para propietarios y suplentes del respectivo cantón. Si no lo hace, perderá todo derecho a proponer miembros en la respectiva junta. Dentro de los tres días posteriores al vencimiento de ese término, el Tribunal se pronunciará sobre las designaciones de las personas propuestas. Si alguna de las propuestas no está conforme a derecho, lo comunicará al partido para la sustitución correspondiente, y publicará en el diario oficial La Gaceta el acuerdo en el que declara integradas las juntas cantonales, siguiendo el mismo orden de la División territorial electoral (Hernández, pp. 191 a 228, 2004).
6. Partidos políticos Al establecerse que la democracia es un sistema político en el cual los votantes o electores nombran a la cúpula de sus gobernantes o administradores del Estado, los grupos dominantes han definido que son los partidos políticos los únicos vehículos para ofrecer a los electores las listas de candidatos a Presidente, Vicepresidentes,
diputados; es decir, la integración de los Poderes Públicos Ejecutivo y Parlamentario; y, los gobiernos locales o municipalidades, dando lugar a la partidocracia (Sartori, 1992, 2004; Giddens, 1985). Esos grupos dominantes en el sistema político, son los representantes directos por delegación, de la oligarquía económica y financiera, dueña -respectivamente- del capital internacional y del nacional. Se indicará una definición de partido político, entre las muchas que se pueden proporcionar desde diversos ángulos de la ciencia social. 6.1 Definición Es una asociación de personas que forman un conglomerado o colectivo con fines de participar en el proceso político y buscar, de modo legítimo, la obtención del poder público. El Código Electoral define a estos partidos, de la siguiente manera: Artículo 49. Los partidos políticos son asociaciones voluntarias de ciudadanos y ciudadanas, sin fines de lucro, creadas con el objeto de participar activamente en la política nacional, provincial o cantonal según estén inscritos, y cumplen una función de relevante interés público.
El debate sobre la concepción y la naturaleza de los partidos políticos, es amplio y sujeto a la crítica. Para los efectos de este trabajo, indicamos esa definición operativa o funcional: estasiología como el estudio de los partidos políticos. Su nombre procede del griego “stasis”, bando o facción, y “logos”: estudio (Duverger, 1974, p. 448). El Derecho de los ciudadanos (aquellas personas mayores de 18 años) a formar partidos políticos es regulado por el numeral constitucional 98. Los ciudadanos tendrán el derecho de agruparse en partidos para intervenir en la política nacional, siempre que los partidos se comprometan en sus programas a respetar el orden constitucional de la República. Los partidos políticos expresarán el pluralismo político, concurrirán a la formación y manifestación de la voluntad popular y serán instrumentos fundamentales para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad serán libres dentro del respeto a la Constitución y la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
Por su parte el Código Electoral, establece que el derecho a formar partidos lo tienen las personas, para ser nombradas y elegir en un proceso electoral. Código Electoral. Artículo 48. El derecho de agruparse en partidos políticos, así como el derecho que tienen las personas a elegir y ser elegidas se realiza al tenor de lo que dispone el artículo 98 de la Constitución Política. En las elecciones presidenciales, legislativas y municipales solo pueden participar individualmente, o en coalición, los partidos inscritos que hayan completado su proceso democrático de renovación periódica de estructuras y autoridades partidistas. Ninguna norma o disposición de este Código se interpretará en el sentido de debilitar el papel constitucionalmente asignado a los partidos políticos como expresión del pluralismo político, formadores de la manifestación de la voluntad popular y vehículos de la participación ciudadana en la política nacional.
La exigencia es que los partidos sean democráticos y contribuyan al fortalecimiento del sistema político (Bobbio, 1986). Aquí se indica que los partidos de izquierda y la izquierda en el país, está muy debilitada, siendo su peso en el sistema político muy pequeño. El partido oficial y que domina el Poder Ejecutivo es neoliberal, oligárquico y empresarial, siendo su signo ideológico de derecha. Su razón social o nombre de fantasía es partido liberación nacional, denominación que se adoptó por el grupo vencedor en la guerra civil de 1948, cuando fueron actores de este movimiento bélico con el nombre de movimiento de liberación nacional, pues el objetivo de la guerra era derrotar los gobiernos de 1940-1944 y 1944-1948, que se consideraron corruptos y dictatoriales. 6.2 Naturaleza jurídica de los partidos políticos Se les caracteriza como entes de derecho público no estatal, por cuanto es el Derecho Electoral –parte del Derecho Público– el que los regula; contribuyendo a la conformación de los órganos del Estado. La regulación normativa fundamental de los partidos políticos es el Derecho Electoral, el cual es una rama del Derecho Público (Romero, 1985, p. 109-10).
Los partidos políticos no son parte del Estado; no son entidades estatales. Es la sociedad, personas físicas las que generan estos grupos políticos, actuando como auxiliares o ayudantes del Estado, en la configuración e integración de los poderes públicos y los gobiernos municipales, surgidos mediante el proceso de las elecciones, para legitimar el ejercicio del poder. El Código Electoral se refiere a este tema así: Artículo 49. Los partidos políticos son asociaciones voluntarias de ciudadanos y ciudadanas, sin fines de lucro, creadas con el objeto de participar activamente en la política nacional, provincial o cantonal según estén inscritos, y cumplen una función de relevante interés público. Se regirán por la Constitución Política, este Código, sus estatutos, sus reglamentos, sus cartas ideológicas y cualesquiera otros documentos acordados por ellos.
La anterior norma queda complementada así: Código Electoral. Artículo 50. Los partidos políticos se regirán por la Constitución Política, este Código, sus estatutos, sus cartas ideológicas y cualesquiera otros documentos libremente acordados por ellos en virtud del principio de autorregulación. En su organización y actividad, los partidos políticos deberán regirse por sus propios estatutos, siempre que se respete el ordenamiento jurídico, los principios de igualdad, de libre participación de los miembros y demás fundamentos democráticos. El cumplimiento de estos principios será vigilado por el TSE y lo resuelto por este en esas materias será de acatamiento obligatorio para los partidos políticos. Los partidos políticos se tendrán por constituidos y contarán con personalidad jurídica propia, a partir de la fecha de su inscripción ante el TSE.
6.3 Estatuto de los partidos políticos Se le llama “estatuto” al conjunto de disposiciones que regulan internamente al partido y que el Código Electoral ordena cuáles son los elementos mínimos que debe contener.
Código Electoral. Artículo 52. El estatuto de los partidos constituye su ordenamiento fundamental interno y deberá contener al menos lo siguiente: a) El nombre del partido. b) La divisa. c) La manifestación expresa de no subordinar su acción política a las disposiciones de organizaciones o Estados extranjeros. Esta prohibición no impedirá que los partidos integren organizaciones internacionales, participen en sus reuniones y suscriban declaraciones, siempre que no atenten contra la soberanía e independencia del Estado costarricense. d) Los principios doctrinarios relativos a los asuntos económicos, políticos, sociales y éticos. e) La formal promesa de respetar el orden constitucional de la República. f) La nómina y la estructura de los organismos del partido, sus facultades, las funciones y la forma de integrarlos, los recursos internos que procedan contra sus decisiones, así como las causas y los procedimientos de remoción de quienes ocupan los cargos. g) La forma de convocar a sesiones a los miembros de sus organismos, garantizando su efectiva comunicación, con la debida antelación e inclusión de la agenda, el lugar, la fecha y la hora, tanto para la primera convocatoria como para la segunda, cuando proceda. Necesariamente se deberá convocar cuando lo solicite, por lo menos, la cuarta parte de miembros del órgano respectivo. h) El quórum requerido para que todos sus órganos sesionen, el cual no podrá ser inferior a la mitad más cualquier exceso de sus integrantes. i) Los votos necesarios para adoptar acuerdos. Su número no podrá ser inferior al de la simple mayoría de los presentes. j) La forma de consignar las actas, de modo que se garantice la autenticidad de su contenido y los medios en que se dará publicidad a los acuerdos de alcance general. El Tribunal reglamentará los mecanismos de legalización y el manejo formal de los libros de actas de los partidos políticos. k) La forma de escogencia de los candidatos para cargos de elección popular, las designaciones necesariamente requerirán la ratificación de la asamblea superior del partido, salvo que se trate de convenciones para la designación del candidato a la Presidencia de la República, en cuyo caso la voluntad mayoritaria de ese proceso se tendrá como firme. l) Los parámetros para la difusión de la propaganda de carácter electoral, que será utilizada en los respectivos procesos internos en que participen los precandidatos oficializados.
m) Los mecanismos que garanticen la efectiva publicidad de su información contable y financiera. n) Las normas que permitan conocer públicamente el monto de las contribuciones de cualquier clase, que el partido reciba y la identidad de quienes contribuyan. Asimismo, se deben contemplar los mecanismos necesarios para determinar el origen, cuando así se amerite. El tesorero o la tesorera estará en la obligación de informar esos datos trimestralmente al comité ejecutivo superior del partido y al TSE. En el período de campaña política, el informe se rendirá mensualmente. ñ) Las normas sobre el respeto a la equidad por género tanto en la estructura partidaria como en las papeletas de elección popular. o) Los mecanismos que aseguren los principios de igualdad, no discriminación y paridad en la estructura partidaria, así como en la totalidad y en cada una de las nóminas de elección popular, y el mecanismo de alternancia de hombres y mujeres en las nóminas de elección. p) La forma en la que se distribuye en el período electoral y no electoral la contribución estatal de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política. De lo que el partido político disponga para capacitación, deberá establecerse en forma permanente y paritaria tanto a hombres como a mujeres, con el objetivo de capacitar, formar y promover el conocimiento de los derechos humanos, la ideología, la igualdad de géneros, incentivar los liderazgos, la participación política, el empoderamiento, la postulación y el ejercicio de puestos de decisión, entre otros. q) Los derechos y los deberes de los miembros del partido. r) El mecanismo para la participación efectiva de la juventud en las diferentes papeletas, órganos del partido y diferentes puestos de participación popular. s) Las sanciones previstas para los miembros, en caso de haberlas, y el mecanismo de ejercicio del derecho de defensa y el derecho a la doble instancia en materia de sanciones.
De un modo simple, democracia se puede definir como el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo (Abraham Lincoln, 18091865), y –fundamentalmente– con el pueblo. La experiencia enseña que los gobiernos administran el país sin el pueblo, a sus espaldas; y, frecuentemente, contra el pueblo. A su vez, la partidocracia, refleja el poder de una sociedad en manos de los partidos políticos. Lo cual, sustrae el poder de manos del pueblo, debido a que estos organismos le quitan el poder al pueblo, por cuanto son maquinarias
controladas por élites del sector empresarial, nacionales y extranjeros (políticos-empresarios y empresarios-políticos; Alvarado et al, 1981), conformando una plutocracia efectiva (gr. plutos = riqueza, kratos = poder). 6.4 Financiamiento de los partidos políticos El numeral 96 constitucional, regula lo relativo al financiamiento de los partidos políticos. El Estado no podrá deducir nada de las remuneraciones de los servidores públicos para el pago de las deudas políticas. El Estado contribuirá a sufragar los gastos de los partidos políticos, de acuerdo con las siguientes disposiciones: 1. La contribución será del cero coma diecinueve por ciento (0,19%) del producto interno bruto del año trasanterior a la celebración de la elección para Presidente, Vicepresidentes de la República y Diputados a la Asamblea Legislativa. La ley determinará en qué casos podrá acordarse una reducción de dicho porcentaje. Este porcentaje se destinará a cubrir los gastos que genere la participación de los partidos políticos en esos procesos electorales, y satisfacer las necesidades de capacitación y organización política. Cada partido político fijará los porcentajes correspondientes a estos rubros. 2. Tendrán derecho a la contribución estatal, los partidos políticos que participaren en los procesos electorales señalados en este artículo y alcanzaren al menos un cuatro por ciento (4%) de los sufragios válidamente emitidos a escala nacional o los inscritos a escala provincial, que obtuvieren como mínimo ese porcentaje en la provincia o eligieren, por lo menos, un Diputado. 3. Previo otorgamiento de las cauciones correspondiente, los partidos políticos tendrán derecho a que se les adelante parte de la contribución estatal, según lo determine la ley. 4. Para recibir el aporte del Estado, los partidos deberán comprobar sus gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Las contribuciones privadas a los partidos políticos estarán sometidas al principio de publicidad y se regularán por ley. La ley que establezca los procedimientos, medios de control y las demás regulaciones para la aplicación de este artículo, requerirá, para su aprobación y reforma, el voto de dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Legislativa.
En términos generales, los gastos cubiertos son: i. fusiones y coaliciones de partidos (Código Electoral, artículos 75 a 82 y 83 a 85, respectivamente); ii. actividades de organización, propaganda, capacitación, marchas, desfiles, gastos operativos (Código Electoral, artículos 92 a 94; Hernández, 2004, p. 265-67). De acuerdo a la partidocracia, los partidos políticos más fuertes legislaron a su favor para imponer este impuesto electoral, a toda la población, la cual financia los gastos respectivos. El control de estos gastos que todo el pueblo paga, está a cargo del TSE. Ese control financiero es ineficiente; y, respecto de imponer las sanciones correspondientes a los que transgredan las disposiciones pertinentes, hay un déficit notorio en perjuicio de los que pagan este impuesto electoral. Una sentencia interesante en este ámbito del financiamiento partidista del Tribunal Constitucional, TC, es la No. 8284 del 2009, la cual legitima ese financiamiento. A su vez, la sentencia de la SC No. 980- 91, afirma: Considerando: XLII.- La Sala comienza por señalar que, a su juicio, conferir al Tribunal Supremo de Elecciones las potestades previstas en el Código Electoral, para reglamentar o fiscalizar los gastos de los partidos, para determinar en concreto sus derechos a la contribución del Estado en la financiación o en el pago de sus gastos electorales, para sancionarlos en su derecho a participar de esa contribución estatal, lejos de violar, por exceso o por cualquier otra causa, las atribuciones o competencias constitucionales del Tribunal, lo que hacen es afirmarlas y confirmarlas, puesto que el Tribunal, como órgano constitucional especializado para la materia electoral, con el rango e independencia de los poderes públicos, puede ser investido, sólo que en su ámbito específico, con cualquiera de las funciones del Estado, y de hecho lo está.
Conclusión El Derecho electoral costarricense está teóricamente bien estructurado.
A nivel constitucional existen normas que regulan el sufragio, los partidos políticos, el tribunal electoral, el registro civil, etc. Existe una ley electoral, bajo el nombre de “código”. En el contexto latinoamericano, el proceso electoral costarricense se desarrolla democráticamente, a lo cual se le agrega el hecho de que el ejército como institución permanente está prohibido en la Carta Magna (artículo 12). En la dimensión jurídica y orgánica, se tiene una situación relevante. El problema está en la realidad, en los hechos. Los partidos políticos de mayor peso electoral son maquinarias electorales, controladas por los empresarios nacionales y extranjeros, lo cual deviene en un gobierno empresarial, plutocrático y oligárquico. En un sistema económico capitalista, el Estado es capitalista. Si el acceso legítimo al poder público sólo se puede hacer mediante los partidos políticos, los empresarios y financistas, tendrán un cuidado y atención focalizado en el control sobre los partidos con opción real de acceso al poder (los “ganadores”). En Costa Rica, el neoliberalismo y la derecha es característica esencial para comprender el funcionamiento del rol del Estado, los partidos políticos y la aplicación efectiva del derecho electoral. Se debe tener presente que el derecho es una herramienta de control y dominación social en manos de quien lo fabrica, interpreta, administra, aplica y maneja (desde la perspectiva de la sociología del derecho). Notas 1. La constitucionalidad del párrafo tercero del presente artículo ha sido cuestionada mediante Acción de Inconstitucionalidad No. 10-006667-0007-CO. Boletín Judicial No. 141 de 21 de julio del 2010. Sentencia pendiente, no se ha resuelto esta impugnación. 2. Esta normativa está en el papel físico y digital. Se sigue discriminando en contra de las mujeres.
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