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Timestamp: 2017-06-27 19:07:31
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Matched Legal Cases: ['Artículo 25', 'Artículo 9', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 8', 'Artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23']

Guía De Formación Online : Oposición Policía Nacional. Tema 10. Vigencia temporal y espacial de la ley penal
Oposición Policía Nacional. Tema 10. Vigencia temporal y espacial de la ley penal
con el tema 10 del temario oposición policía nacional, sobre
Derecho Pena, y en concreto con el apartado sobre la vigencia temporal y
espacial de la ley penal. Suscríbete a la Guía
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9. Vigencia temporal y espacial de la ley penal
9.1 Principio de irretroactividad: la ley penal en el
de la ley penal se circunscribe al tiempo de su vigencia, por lo cual no puede
ser aplicada a situaciones nacidas con anterioridad a su promulgación, ni a
hechos llevados a cabo con posterioridad a su derogación.
Artículo 25 de la Constitución Española se enuncia el principio de
irretroactividad: “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u
infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento”.
el Artículo 9.3 de la CE se garantiza la irretroactividad de las disposiciones
sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
Penal este principio se recoge en su Artículo 2.1: “No será castigado ningún
delito ni falta con pena que no se halle prevista por Ley anterior a su
perpetración. Carecerán, igualmente, de efecto retroactivo las Leyes que
establezcan medidas de seguridad”.
La excepción de este principio es la
retroactividad de la Ley más favorable, enunciado en el Artículo 2.2 del CP: “No
obstante, tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al
reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto
estuviese cumpliendo condena. En caso de duda sobre la determinación de la Ley
más favorable, será oído el reo”.
Además de esta excepción a la regla general, el propio Código
Penal contempla una contra-excepción, la de las leyes temporales o
excepcionales. Son leyes temporales las que son promulgadas para hacer frente a
alguna situación excepcional, como lo son una guerra, alteración grave del
orden o una epidemia. Al respeto de esto último, el Artículo 2.2 del CP también
dice: “Los hechos cometidos bajo la vigencia de
una Ley temporal serán juzgados, sin embargo, conforme a ella, salvo que se
disponga expresamente lo contrario”.
Cuando esta ley más severa -la ley temporal- deje
de estar en vigor, volverá a recobrar su vigencia la ley ordinaria.
9.2 Principio de territorialidad: la ley penal en el espacio
La ley penal española, en el ámbito espacial,
viene determinada con arreglo al principio de territorialidad, consecuencia de
la soberanía. Significa que la ley penal
e aplicará a todos los delitos cometidos dentro el territorio nacional, sea
cual sea la nacionalidad del delincuente.
El Código Penal no recoge el principio de
territorialidad, pero lo está en el Código
Civil, Artículo 8.1: “Las leyes penales, las de la policía y las de
seguridad pública obligan a todos los que se hallen en territorio español”. La Ley Orgánica del Poder Judicial en su Artículo 23.1 dispone: “En el orden penal corresponderá a la jurisdicción
española el conocimiento de las causas por delitos cometidos en territorio
español o cometidos a bordo de buques o aeronaves españolas, sin prejuicio de
lo previsto en los tratados internacionales en los que España sea parte”.
Como podemos observar, el concepto jurídico de
territorio no coincide con su significación geográfica. El término territorio,
en el ámbito jurídico, tiene un significado más amplio, abarcando además de la
tierra firme, el mar territorial –que comprende 12 millas a partir de la
costa-, el espacio aéreo o columna de aire que cubre la tierra firme y el mar
territorial y los buques y aeronaves españolas.
En cuanto a las embajadas o delegaciones
consulares en el extranjero, como territorio nacional, está a expensas de los
Tratados Internacionales y de la voluntad del Estado implicado de cumplirlos o no.
Hay que destacar que el principio de
territorialidad sufre importantes
excepciones que se basan en 3 principios:
Principio personal: Según este principio la Ley del Estado persigue
a sus súbditos donde quiera que se encuentren. Tal y como se refleja en el
artículo 23.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial: “La
jurisdicción española conocerá de los hechos previstos en las leyes penales españolas como
delitos, aunque hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que
los criminalmente responsables fueren españoles o extranjeros que hubieran
adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho y
concurrieren los siguientes requisitos:
a) Que el hecho sea punible en el lugar de ejecución, salvo que, en virtud de
un Tratado internacional o de un acto normativo de una Organización
internacional de la que España sea parte, no resulte necesario dicho requisito.
b) Que el agraviado o el Ministerio Fiscal denuncien o interpongan querella
ante los Tribunales españoles.
c) Que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el
extranjero, o, en este último caso, no haya cumplido la condena. Si sólo la
hubiere cumplido en parte, se le tendrá en cuenta para rebajarle
proporcionalmente la que le corresponda.
2) Principio real o de protección: Este principio pretende
proteger los intereses españoles, con independencia del lugar desde donde se
les ataque. El artículo 23.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial estipula: “Conocerá la jurisdicción española de los
hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional
cuando sean susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como
algunos de los siguientes delitos:
d) Falsificación de la firma o estampilla reales, del sello del Estado, de las
firmas de los Ministros y de los sellos públicos u oficiales.
f) Cualquier otra falsificación que perjudique directamente al crédito o
intereses del Estado, e introducción o expedición de lo falsificado.
h) Los perpetrados en el ejercicio de sus funciones por funcionarios públicos
españoles residentes en el extranjero y los delitos contra la Administración
3) Principio universal o de comunidad de intereses: Este principio se basa
en la solidaridad internacional frente a determinados delitos, cuya persecución
y castigo interesa a la Comunidad Internacional. El artículo 23.4 de esta misma
ley, dispone: “Igualmente, será competente la jurisdicción española para
conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del
territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley española, como
a) Genocidio y lesa
c) Piratería y
apoderamiento ilícito de aeronaves.
d) Delitos relativos
a la prostitución y corrupción de menores e incapaces.
e) Tráfico ilegal de
drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes.
f) Tráfico ilegal o
inmigración clandestina de personas, sean o no trabajadores.
g) Los relativos a la
mutilación genital femenina, siempre que los responsables se encuentren en
h) Cualquier otro
que, según los tratados y convenios internacionales, en particular los
Convenios de derecho internacional humanitario y de protección de los derechos
humanos, deba ser perseguido en España.
i) Y cualquier otro que, según los tratados o convenios internacionales,
deba ser perseguido en España”.