Source: http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=sesionessala&ac=getDocumento&teseid=57956&legiid=487
Timestamp: 2017-06-25 17:24:06
Document Index: 30499794

Matched Legal Cases: ['artículo 483', 'artículo 57', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 127', 'artículo 1', 'artículo 107', 'artículo 109', 'artículo 1', 'artículo 107', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 107', 'artículo 14', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 260', 'artículo 260', 'artículo 266', 'artículo 293', 'artículo 85', 'artículo 85', 'artículo 85', 'artículo 21', 'artículo 85', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 63', 'artículo 124', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 1', 'artículo 433', 'artículo 433', 'artículo 433', 'artículo 134', 'artículo 496', 'artículo 1', 'artículo 433', 'artículo 433', 'artículo 433', 'artículo 433', 'artículo 395', 'artículo 433']

MINUTO DE SILENCIO POR VÍCTIMAS DE ATENTADO EN BRUSELAS
FORTALECIMIENTO DE DISPOSICIONES APLICABLES A FUNCIONARIOS MUNICIPALES
INSCRIPCIÓN DE PACTOS ELECTORALES DIVERSOS EN ELECCIONES MUNICIPALES
Sesión 3ª, en martes 22 de marzo de 2016
(De 16:20 a 19:47)
PRESIDENCIA DE SEÑOR RICARDO LAGOS WEBER, PRESIDENTE,
Y SEÑOR JAIME QUINTANA LEAL, VICEPRESIDENTE
Concurrieron, además, los Ministros del Interior y Seguridad Pública, señor Jorge Burgos Varela; Secretario General de Gobierno, señor Marcelo Díaz Díaz; de Economía, Fomento y Turismo, señor Luis Felipe Céspedes Cifuentes, y de Justicia y Derechos Humanos, señora Javiera Blanco Suárez. Asimismo, se encontraban presentes la Subsecretaria de la Presidencia, señora Patricia Silva Meléndez; el asesor de ese Ministerio, señor Gabriel Osorio; la asesora del Ministro del Interior, señora Nelly Salvo, y diversos asesores parlamentarios. Actuó de Secretario subrogante, el señor José Luis Alliende Leiva, y de Prosecretario subrogante, el señor Julio Cámara Oyarzo.
--Se abrió la sesión a las 16:20, en presencia de 17 señores Senadores.
El señor LAGOS (Presidente).-
El señor CÁMARA (Prosecretario subrogante).-
Con el primero da inicio a un proyecto que otorga al personal asistente de la educación que indica una bonificación por retiro voluntario y una bonificación adicional por antigüedad y las compatibiliza con los plazos de la ley N° 20.305, que mejora condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones (boletín N° 10.583-04).
--Pasa a las Comisiones de Educación y Cultura y de Hacienda.
Con el segundo da inicio a un proyecto de ley que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez (boletín N° 10.584-07) .
Con el tercero retira la urgencia que hizo presente en la Cámara de Diputados acerca del proyecto de ley que regula la despenalización de tres causales de interrupción voluntaria del embarazo (boletín N° 9.895-11).
Con el cuarto hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación del proyecto aprobatorio del "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Asociación Internacional de Fomento, la Corporación Financiera Internacional y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones Relativo al Establecimiento y Operación de Oficinas en la República de Chile, suscrito en Washington D.C., Estados Unidos de América, el 14, 16 y 17 de abril de 2015" (boletín N° 10.244-10).
Con el último retira la urgencia y la hace presente nuevamente, calificándola de "simple", para la tramitación del proyecto de ley que crea la Decimosexta Región de Ñuble y las provincias de Diguillín, Punilla e Itata (boletín N° 10.277-06).
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que comunica que ha aprobado el proyecto de ley que regula la despenalización de tres causales de interrupción voluntaria del embarazo (boletín N° 9.895-11).
--Pasa a las Comisiones de Salud; Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y a la de Hacienda, en su caso.
Expide copia de la sentencia definitiva pronunciada en el control de constitucionalidad del proyecto de ley que crea el plan de formación ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado (boletín N° 10.043-04).
Adjunta resolución dictada en el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 483 del Código Procesal Penal.
Contesta inquietud, planteada en nombre del Honorable señor Navarro, respecto de las acciones adoptadas por la Armada de Chile en las playas de la Región del Biobío, durante el verano recién pasado, para resguardar la seguridad de la población civil.
Atiende solicitud, efectuada en nombre del Honorable señor Navarro, con la adhesión de la Senadora señora Muñoz, sobre la posible incorporación de la laguna Laja como uno de los espacios navegables por buques de más de cien toneladas para posibilitar su fiscalización.
Responde petición, enviada en nombre del Honorable señor Horvath, para considerar la inclusión, durante el período 2015-2018, de las obras que señala en el marco del Plan de Zonas Extremas.
Remite, en formato digital, antecedentes solicitados por el Honorable señor Navarro en relación con los datos de solicitantes de concesiones marítimas.
Absuelve consulta, formulada por el Honorable señor De Urresti, acerca de las medidas que adoptará la Dirección Nacional de Vialidad para subsanar el problema existente en el paso ferroviario a nivel en el sector Rapaco, comuna de La Unión.
Atiende consulta, remitida en nombre del Honorable señor Espina, relativa a las dificultades viales que afectan a la comunidad Miguel Huentelén, comuna de Victoria.
Da respuesta a consulta, formulada en nombre de la Honorable señora Von Baer, en cuanto al desarrollo del proyecto de ampliación y reposición de la ruta T-202, que une Mariquina con Valdivia.
Contesta solicitud de información, enviada en nombre del Honorable señor De Urresti, relativa a las entidades de gestión inmobiliaria (EGIS) que están inscritas y desarrollando proyectos en la Región de Los Ríos.
Atiende solicitud de información, efectuada en nombre del Honorable señor Horvath, atinente a si se consideró la opinión de las autoridades locales de Puerto Natales y de Tortel y de la provincia de Cochrane en el proceso de licitación del servicio de transporte que compone el circuito marítimo Puerto Yungay-Puerto Edén-Puerto Natales.
De la señora Directora Nacional de Estadísticas:
Adjunta antecedentes, en formato digital, solicitados por el Honorable señor Prokurica, tocante al resultado del estudio que la institución a su cargo realizó para otorgar una bonificación especial a los funcionarios públicos de la Región de Atacama.
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para designar miembros del Consejo Consultivo Previsional a los señores Carlos Díaz Vergara y Christian Larraín Pizarro (boletín Nº S 1.857-05).
De la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, recaído en el proyecto de ley para regular la circulación de vehículos motorizados por causa de congestión vehicular o contaminación atmosférica (boletín N° 10.184-15).
De los Honorables señores Matta, Araya, De Urresti, Harboe y Ossandón, con la que inician un proyecto de reforma del número 1) del artículo 57 de la Constitución Política de la República a fin de establecer una inhabilidad para que los secretarios regionales ministeriales sean candidatos a diputado o a senador (boletín N° 10.580-07).
Moción del Honorable señor Navarro, con la que propone un proyecto para derogar los artículos 1° y 2° de la ley N° 20.261, que crea el examen único nacional de conocimientos de medicina, incorpora cargos que indica al sistema de alta dirección pública y modifica la ley Nº 19.664.
De los Honorables señor Ossandón, señoras Allende y Pérez San Martín y señores Araya, Bianchi, Chahuán, De Urresti, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Larraín, Matta, Navarro, Orpis, Pérez Varela, Quinteros, Tuma y Patricio Walker, por el que solicitan mantener la extensión del horario de verano durante todo el año para las Regiones de Aisén y de Magallanes y de la Antártica Chilena (boletín N° S 1.860-12).
De los Honorables señor Navarro, señoras Pérez San Martín y Muñoz y señores Bianchi, Chahuán, De Urresti, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Letelier, Montes, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Rossi, Tuma y Patricio Walker, por el que solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República que, si lo tiene a bien, adopte las medidas necesarias para evitar que las importaciones de alambrón de acero y subproductos derivados, tales como clavos, alambres y mallas, compitan deslealmente con la producción de la industria nacional (boletín N° S 1.861-12).
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, con la que informa que ha elegido Presidenta a la Honorable señora Ena von Baer Jahn.
De la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, con la que informa que eligió Presidente, a partir del día 5 de abril próximo, al Honorable señor Manuel Antonio Matta Aragay.
De la Comisión de Educación y Cultura, con la que informa que ha elegido Presidente al Honorable señor Ignacio Walker Prieto.
De la Comisión de Vivienda y Urbanismo, con la que indica que ha elegido Presidente al Honorable señor Eugenio Tuma Zedán.
De la Comisión de Agricultura, con la que informa que eligió Presidente al Honorable señor Manuel Antonio Matta Aragay.
Del Honorable señor Patricio Walker, para ausentarse del país a contar del día 6 de abril próximo.
Señor Presidente, solicito que el proyecto regulatorio de la despenalización de tres causales de interrupción voluntaria del embarazo sea enviado también a la Comisión de Derechos Humanos. Ello me parece pertinente.
Lo anterior, además de ser conocido por las Comisiones de Salud y de Constitución, obviamente.
Ha sido enviado a las de Salud, de Constitución y de Hacienda.
¿Por qué? ¿Acaso no corresponde a derechos humanos?
Pero existe oposición.
Puede intervenir el Honorable señor Ossandón.
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, pido fijar un nuevo plazo, hasta el próximo lunes 4 de abril, para presentar indicaciones a la iniciativa que establece sanciones a la decodificación ilegal de la televisión satelital de pago. Se trata del boletín N° 10.294-15.
Si no hay objeciones, así se hará.
Señor Presidente, le solicito requerir la anuencia de la Sala para permitir el ingreso de la señora Nelly Salvo, asesora del Ministerio del Interior, quien ha participado activamente en el estudio de medidas contra la delincuencia.
Si no hay inconveniente, así se acordará para el momento de discutir el proyecto de ley corta en la materia.
Puede intervenir la Honorable señora Lily Pérez.
Señor Presidente, pido mantener un minuto de silencio por las víctimas del atentado terrorista verificado hoy en Bruselas.
Es lo que la Mesa iba a plantear.
Señor Presidente, la Sala aprobó hace dos semanas que las Comisiones de Economía y de Pesca, unidas, se ocuparan en el atraso en el pago a proveedores y la grave situación en las salmoneras.
Por acuerdo de algunos miembros de esos órganos técnicos, pedimos dejar sin efecto dicha decisión, para que se trate separadamente en Economía lo relativo al pago, y en Pesca, la cuestión sanitaria específica.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- En sesión celebrada hoy, los Comités acordaron designar a los Senadores miembros de la Comisión de Economía como integrantes de la Comisión Mixta para resolver las discrepancias suscitadas con relación al proyecto que modifica la ley N° 19.496 con el objeto de regular el cobro del servicio de parquímetros y estacionamientos en los lugares que indica (boletín N° 9.729-03).
Voy a suspender la sesión, porque la urgencia del primer proyecto en el Orden del Día ha sido calificada de "discusión inmediata" y debería tratarse de llegar a un acuerdo de todos los sectores. En consecuencia, considero que es un tiempo que puede ser muy importante para estos efectos.
--Se suspendió a las 16:31.
--Se reanudó a las 16:50.
Se suspende la sesión por 20 minutos.
--Se reanudó a las 17:11.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-
Señor Presidente, en este momento han llegado a la Mesa los siguientes documentos:
De Su Excelencia la Presidenta de la República, con el que retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación del proyecto de acuerdo que aprueba el "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Asociación Internacional de Fomento, la Corporación Financiera Internacional y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones Relativo al Establecimiento y Operación de Oficinas en la República de Chile", suscrito en Washington D.C., Estados Unidos de América, el 14, 16 y 17 de abril de 2015.
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de ley que modifica disposiciones aplicables a los funcionarios municipales y entrega nuevas competencias a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
Señores Senadores, varios Comités me han pedido tratar de inmediato este proyecto, que viene a regular de manera distinta las plantas municipales y las atribuciones de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
Es una iniciativa tremendamente importante y hay plazos corriendo.
Por lo tanto, solicito la venia de la Sala para proceder de esa manera. Entiendo que la Senadora señora Von Baer está en condiciones de informarlo.
Pero que se vote sin discusión, señor Presidente.
La idea sería tratar este proyecto en primer lugar de la tabla, como si fuera de Fácil Despacho, y ojalá sin discusión, pero no puedo impedir, por supuesto, que cada parlamentario fundamente su voto.
10057-06
Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que modifica disposiciones aplicables a los funcionarios municipales y entrega nuevas competencias a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "suma". --Los antecedentes sobre el proyecto (10.057-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite: sesión 22ª, en 20 de mayo de 2015 (se da cuenta).
En tercer trámite: sesión 104ª, en 9 de marzo de 2016.
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 45ª, en 19 de agosto de 2015. Gobierno, Descentralización y Regionalización (segundo): sesión 82ª, en 16 de diciembre de 2015. Hacienda: sesión 82ª, en 16 de diciembre de 2015. Gobierno, Descentralización y Regionalización (tercer trámite): sesión 3ª, en 22 de marzo de 2016. Discusión:
Sesiones 45ª, en 19 de agosto de 2015 (se aprueba en general); 82ª, en 16 de diciembre de 2015 (se aprueba en particular).
La Comisión, por las consideraciones que señala en su informe, propone aprobar las enmiendas introducidas al proyecto por la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, salvo las dos que menciona.
La primera recae en el artículo 4° y, la segunda, en el artículo segundo transitorio.
El acuerdo fue adoptado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables señora Von Baer y señores Bianchi, Quinteros y Zaldívar.
El señor LAGOS (Presidente).- En discusión la proposición de la Comisión.
Señor Presidente, voy directamente a los temas que nos convocan.
La Comisión rechazó por unanimidad dos artículos para que puedan ser redactados en la Comisión Mixta, porque quedaron con incongruencias o porque definitivamente iban contra el espíritu de la ley.
El primero de ellos es el artículo 4°, en el que existía una incongruencia en la fórmula que salió de la Cámara de Diputados respecto a los plazos que se debían cumplir para enviar la nueva planta a la Contraloría.
Por lo tanto, el Ejecutivo pretende -y en la Comisión estamos de acuerdo- que esta norma quede de la misma manera como salió del Senado.
De ahí que la proposición de la Comisión a la Sala sea rechazar la propuesta de la Cámara de Diputados, para que la Comisión Mixta corrija la incongruencia a que me he referido y acoja la fórmula del Senado.
La segunda enmienda que se rechazó fue la recaída en el artículo segundo transitorio.
El proyecto de ley busca establecer que los funcionarios que están entre los grados 15 y 20 puedan subir dos grados de aquí al año 2017. Sin embargo, la redacción propuesta por la Cámara de Diputados provocaba que algunos de los funcionarios no pudieran subir en la segunda fase; o sea, que estuvieran impedidos de acceder por segunda vez al beneficio. Para solucionar ese inconveniente, la Comisión rechazó la propuesta de la Cámara de Diputados.
Por eso, señor Presidente, pedimos a la Sala que se rechacen estos dos artículos para que, de esa manera, el proyecto pueda ser visto, ojalá en la forma más expedita posible, por la Comisión Mixta. Cabe recordar que los funcionarios esperan hace meses el despacho de este proyecto.
Por las razones dadas, señor Presidente, invitamos a rechazar estos dos artículos.
¡Votemos nomás!
Entiendo que hay normas de quorum especial en esta materia. Se requieren 21 votos.
¿Cómo se vota? El señor LARRAÍN.-
Se aprueba el informe de la Comisión.
Señor Secretario, por favor, aclare ese punto.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Lo que se pone en votación es la propuesta de la Comisión. Ella consiste, por una parte, en aprobar las enmiendas de la Cámara y, en esa medida, requiere quorum de ley orgánica constitucional; y, por otra, en rechazar las normas que señalé, lo que no requiere quorum especial. Como sea, se hace una sola votación.
Por lo tanto, votamos a favor del informe del Senado.
Pero igualmente necesitamos 21 votos en algún minuto.
Solicito la autorización de la Sala para que ingrese la Subsecretaria General de la Presidencia, doña Patricia Silva.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, simplemente para efectos de clarificar. Aquí no hay un tema de quorum especial, porque este se requeriría para el rechazo, pero no para la aprobación.
Es para dejar claro cómo funciona el sistema.
Le voy a pedir al señor Secretario que explique nuevamente cómo se vota. El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-
Señor Presidente, lo que propone la Comisión de Gobierno es aprobar la totalidad de las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados (con dos excepciones). Esas normas son materias propias de ley orgánica constitucional y, por lo tanto, deben ser aprobadas con ese quorum.
Adicionalmente, la Comisión sugiere rechazar dos de ellas.
Por lo tanto, en la parte que se rechaza, por cierto, no se requiere quorum especial. Pero en la parte en que se aprueban las modificaciones de la Cámara, sí.
Solicito la anuencia del Senado para que pueda ingresar a la Sala el señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo.
Señor Presidente, solo quiero plantear que estoy pareada con la Senadora Goic, pero, por tratarse de normas de quorum especial, voy a votar.
En votación las recomendaciones de la Comisión.
Al Senador señor Quinteros no le funciona el computador, pero vota favorablemente.
Se consignará el voto afirmativo de Su Señoría.
--Se aprueban las recomendaciones de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización contenidas en su informe (30 votos afirmativos), dejándose constancia de que se reúne el quorum
constitucional exigido, y el proyecto queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Muñoz, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García-Huidobro, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Matta, Montes, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor LAGOS (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable de los Senadores señora Lily Pérez y señor Horvath.
10185-06
Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica los cuerpos legales que indica para permitir la inscripción de pactos electorales diversos en elecciones municipales, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.185-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite: sesión 87ª, en 5 de enero de 2016 (se da cuenta).
El principal objetivo de la iniciativa es permitir que los distintos partidos que conforman un pacto electoral para la elección primaria y definitiva de alcaldes puedan, a su vez, formar pactos distintos para la elección de concejales, con lo cual se favorece la participación de los partidos en elecciones primarias.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización discutió el proyecto en general y en particular, en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Quinteros y Zaldívar.
En cuanto a la discusión particular, el mencionado órgano técnico realizó dos enmiendas, las que acogió también en forma unánime.
Cabe señalar que se han recibido dos indicaciones presentadas por diversos señores Senadores.
La primera de ellas propone reemplazar el artículo 1° por el siguiente: "Artículo primero.-
Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en el siguiente sentido:
"a) Agrégase la siguiente frase en el inciso cuarto de su artículo 107, a continuación del punto final: "Estas declaraciones deberán ser suscritas por los presidentes y secretarios generales de los partidos políticos que integren el pacto o subpacto electoral. El partido político que no suscribiere las declaraciones a las que se refiere este inciso, se entenderá que se retira del pacto electoral, no pudiendo celebrar otro. Asimismo, el partido político retirado del pacto, no podrá declarar candidaturas en los lugares en que el pacto electoral del cual se retira, haya celebrado elecciones primarias conforme a la ley N° 20.640.".
"b) Agréganse los siguientes incisos quinto y sexto, nuevos, en su artículo 109:
"Los partidos políticos e independientes que así lo prefieran podrán suscribir un pacto electoral para la elección de alcaldes y un pacto electoral distinto para la elección de concejales. "Los pactos para la elección de concejales a que alude el inciso anterior sólo podrán ser conformados por uno o más partidos políticos o independientes que integren un mismo pacto electoral para la elección de alcaldes.".
Si les parece, se someterá a votación el proyecto.
¿Me permite, señor Presidente, antes de que lo ponga en votación?
Me parece bien la fórmula, pero me gustaría plantear lo siguiente, para un buen entendimiento.
En el fondo, cuando un partido no ratifique un pacto o subpacto quedará retirado del pacto electoral y -se dice- no podrá celebrar otro. Pero yo entiendo que no podrá celebrar otro con un partido, pero sí con independientes, porque, si no, el asunto sería bastante más complejo.
Es un tema de entendimiento. Y así se entiende, por los menos, para efectos de la historia de la ley: que aquel partido podrá celebrar otro pacto con un independiente.
Creo que todos están de acuerdo en eso. No sé si se podrá precisar el punto. Pero yo entiendo la filosofía: si se firma un pacto entre tres partidos y, llegada la hora de ratificarlo, uno de ellos no lo hace, me parece bien que ese partido no pueda celebrar un pacto diferente con otro partido, porque eso ya sería una transgresión total de la filosofía envuelta en esta materia, pero sí podría pactar con un independiente.
Pienso que ese debe ser el correcto sentido y entendimiento de la norma.
Simplemente quería dejarlo claro.
No sé si ello requiere algún cambio o si sencillamente lo dejamos como parte del entendimiento de esta Sala.
Ofrezco la palabra a quienes participaron en las conversaciones sobre este tema.
Primero, la Senadora señora Von Baer, y luego, el Senador señor Espina.
Señor Presidente, respecto a lo planteado por el Senador Coloma hubo dos posturas.
Una consistía en que el partido que se retirara de un pacto no pudiese llevar candidatos en ninguna parte. Sin embargo, se consideró que ello podía generar un problema de constitucionalidad. Es por eso que el espíritu que impregnó la discusión fue que el partido que decidiera retirarse de un pacto sí pudiera presentar candidatos en aquellas comunas donde no se hubiesen realizado elecciones primarias para el pacto del cual formaba parte. Por lo tanto, siguiendo el mismo espíritu, los candidatos podrían ser, o miembros de dicho partido, o independientes que figuren en la lista. Lo que pasa es que, según la legislación, para que un independiente pueda ir en la lista de un partido es necesario formar un pacto con ese independiente.
Por lo tanto, el planteamiento que hizo el Senador Coloma es, en ese sentido, correcto. Habría que precisarlo, pero corresponde al espíritu de la discusión que realizamos para que la norma no adoleciera de vicios de inconstitucionalidad.
Así que tal vez podría agregarse una frase que apuntara en esa dirección.
"Salvo con independientes".
La señora VON BAER.- Claro, porque con eso se solucionaría el problema y quedaría más claro el espíritu con que fue aprobado el precepto.
Señor Presidente, la Senadora Von Baer ha precisado perfectamente bien el punto.
Lo único que habría que hacer es agregar la frase "salvo con candidatos independientes", para que la disposición señalara: "El partido político que no suscribiere las declaraciones a las que se refiere este inciso, se entenderá que se retira del pacto electoral, no pudiendo celebrar otro, salvo con candidatos independientes".
Con eso se solucionaría el problema. Porque la ley establece que los pactos son con partidos o independientes, pero la precisión que pide el Senador Coloma es correcta, ya que, si no se distingue, significa que tampoco se podría llevar en la lista a candidatos independientes.
Primero habría que aprobar la idea de legislar. Y después, si les parece, se podría agregar la frase "salvo con candidatos independientes".
El señor LAGOS (Presidente).- Por lo tanto, en votación general el proyecto.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- El señor Presidente ha puesto en votación general el proyecto, teniendo presentes las dos indicaciones de que ha sido objeto, las cuales se tratarán una vez concluida la votación.
Recuerdo a Sus Señorías que la iniciativa requiere quorum especial, de manera que pido que voten todos.
--Se aprueba en general el proyecto (28 votos favorables y una abstención), dejándose constancia de que se cumple el quorum
constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Muñoz, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García-Huidobro, Girardi, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Montes, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Pido que se agregue mi voto, señor Presidente.
El señor LAGOS (Presidente).- Se dejará constancia de la intención de voto favorable de la Senadora señora Allende.
Ahora la Sala debe pronunciarse sobre el artículo 1° propuesto en la indicación presentada por diversos señores Senadores, agregando la frase que se ha planteado, de modo que el inciso cuarto del artículo 107 diga lo siguiente, a continuación del punto final: "Estas declaraciones deberán ser suscritas por los presidentes y secretarios generales de los partidos políticos que integren el pacto o subpacto electoral. El partido político que no suscribiere las declaraciones a las que se refiere este inciso, se entenderá que se retira del pacto electoral, no pudiendo celebrar otros, salvo con candidatos independientes. Asimismo, el partido político retirado del pacto, no podrá declarar candidaturas en los lugares en que el pacto electoral del cual se retira, haya celebrado elecciones primarias conforme a la ley N° 20.640".
Antes de abrir la votación, le voy a dar la palabra a la señora Subsecretaria, quien me la ha solicitado.
La señora SILVA (Subsecretaria General de la Presidencia).-
Señor Presidente, primero, para efectos de entregar una noción general, quiero señalar que lo que pretende esta iniciativa, ya aprobada en general, es facilitar la realización de primarias legales, desacoplando el pacto de alcaldes del pacto de concejales.
Además, con el propósito de lograr eficacia en el proceso, se corre el plazo para la inscripción de pactos desde el 6 al 26 de abril. La fecha para las primarias se mantiene en el mes de junio.
En particular, las indicaciones persiguen posibilitar los pactos municipales suscritos unánimemente. Se establece, además, una forma de inscripción de candidaturas con la participación de la totalidad de los miembros del pacto.
En definitiva, lo que hace el proyecto, incluyendo las indicaciones planteadas por distintos señores y señoras Senadoras, es modificar la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en materia de elecciones municipales y la ley de primarias. Gracias.
A usted, señora Subsecretaria.
Entonces, en votación el artículo 1°.
El señor Presidente ha puesto en votación el artículo 1° conforme al texto sustitutivo contenido en la indicación a que se ha dado lectura, con la enmienda antes descrita.
La norma requiere 21 votos favorables para su aprobación.
--Se aprueba el artículo 1° en la forma indicada por el señor Secretario (28 votos a favor y una abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Muñoz, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García-Huidobro, Girardi, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Montes, Moreira, Orpis, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
En seguida, la Sala debe pronunciarse sobre las enmiendas que otra indicación formula al artículo 2° de la iniciativa.
La indicación señala lo siguiente:
"Para agregar las siguientes modificaciones a la ley N° 20.640 que establece el sistema de elecciones primarias para la nominación de candidatos a Presidente de la República, Parlamentarios y Alcaldes:
"a) Agrégase el siguiente inciso final a su artículo 13:
"Sin perjuicio de lo establecido previamente y tratándose del pacto electoral de alcaldes y del pacto electoral de concejales, los candidatos independientes podrán incorporarse a éstos hasta la fecha de declaración de candidaturas indicada en el artículo 107 de la ley N° 18.695, requiriéndose para ello el acuerdo unánime de los partidos que hayan suscrito originalmente dicho pacto electoral.".
"b) Modificase su artículo 14 en el siguiente sentido:
"i. Reemplázase en su inciso primero la expresión "Presidente de la República, a Parlamentario y a Alcalde" por "Presidente de la República y a Parlamentario".
"ii. Agrégase la siguiente frase en el inciso primero, a continuación del punto y aparte que pasa a ser punto y seguido: "En el caso de declaraciones de candidaturas a Alcalde, el plazo antes señalado vencerá a las veinticuatro horas del cuadragésimo día anterior a aquel en que deba realizarse la elección primaria.".
Señor Presidente, agradecería que el Ejecutivo explicara el sentido de la indicación.
Señora Subsecretaria, a solicitud del Senador Navarro y antes de abrir la votación, le pido explicar la indicación que introduce modificaciones al artículo 2°.
Básicamente, señor Presidente, se trata de adecuaciones, toda vez que se excluye a los alcaldes y concejales del artículo que contempla la elección tanto a nivel presidencial y parlamentario como municipal.
La indicación hace una separación en función de los cargos y establece un plazo distinto del fijado para las elecciones presidenciales y parlamentarias.
Señor Presidente, me gustaría ver en qué se traduce la letra a) de la indicación.
Se aplica solo a las primarias y establece que los candidatos independientes pueden incorporarse a un pacto ya celebrado, hasta la fecha de declaración de candidaturas, pero que para ello se requiere el acuerdo unánime de los partidos que hayan suscrito el respectivo pacto. O sea, basta con que uno se oponga para que un independiente no se pueda incorporar.
Se trata de independientes no inscritos o que pertenecen a partidos regionales sin inscripción legal, circunstancia que los obliga a presentarse como independientes.
Si se pone el requisito de la unanimidad, es claro que si un independiente, sea de Derecha o de la Nueva Mayoría, genera alguna molestia en los partidos más grandes, va a haber oposición de parte de estos y no se va a poder incorporar.
En el fondo, se buscar fortalecer la posición hegemónica de las grandes colectividades en los pactos. La señora Subsecretaria ha hecho una descripción nominal de la disposición. Pero estamos en una cámara política y lo que yo he pedido es una descripción política: qué se persigue con ella. Y lo que persigue es que candidatos independientes se puedan sumar a un pacto, para lo cual se les fija un plazo -la fecha de declaración de candidaturas-, pero advirtiéndoles: "Se pueden meter hasta ese día, pero se requiere la unanimidad".
Siento que esa es una facultad contraria a los partidos más pequeños, que pudiendo tener al mejor candidato independiente, se pueden encontrar con esa limitante.
¡Es una limitación!
El Senado es una cámara donde permanentemente se hacen discursos en favor de la participación de los independientes. En momentos en que la política se halla en el piso y es necesario aumentar la participación y la inclusión, diciendo que los independientes tienen que jugar un rol, se genera una norma que los excluye.
Es una contradicción del Congreso y particularmente de este Senado propiciar, en el discurso, una propuesta para la integración de los independientes a la política y, al mismo tiempo, poner cortapisas y limitaciones a la gente que pertenece a movimientos sociales pero no milita en partidos políticos para su incorporación en los distintos pactos. Les decimos a los independientes: "Se puede, pero, si un solo partido se opone, no pueden participar". ¡Tenemos un doble discurso!
En mi caso, quiero seguir siendo coherente con lo que he defendido y he aprobado permanentemente en cuanto a que es necesario renovar la política, buscar más participación ciudadana, integrar a los independientes a aquellas. Porque, de lo contrario, los partidos pasaremos a ser el club de la colusión, o sea, el que esté en un partido participa, el que no pertenezca a uno no puede hacerlo.
De ahí que la norma en cuestión me parezca excluyente. Quería señalar eso y, además, preguntar a nuestra Subsecretaria -por su intermedio, señor Presidente- si efectivamente es como yo digo: que los independientes podrán participar del pacto -así lo dice la disposición de modo textual- solo si existe unanimidad de los partidos que lo hayan suscrito, lo cual refleja claramente que si alguno se opone no le será posible. Eso es darle facultad de censura, de veto, a los partidos políticos. La ley en proyecto no es proindependiente. ¡El artículo que se está aprobando va contra los independientes, contra la participación, contra la ciudadanía organizada en movimientos sociales y que quiere participar en las elecciones sin pertenecer a un partido! El señor LARRAÍN.-
¡Pero usted pertenece a uno!
Quiero decirles que en la última elección votó el 39 por ciento de los inscritos. Y en los próximos comicios va a seguir bajando la participación, deslegitimándose la política en esta crisis de legitimidad, de participación y de representación. Tal como lo ha dicho el ex Presidente Ricardo Lagos: "¡Vivimos una crisis política de participación, de representatividad y de legitimidad!".
Podrá haber acuerdo entre los partidos para lo que se sugiere, pero yo no estoy disponible. En consecuencia, pido votación separada, señor Presidente, pues aún no entramos a la votación. El señor PROKURICA.-
¡Le vamos a preguntar al Presidente del MAS...!
¡Parece un independiente, señor Senador! El señor NAVARRO.-
No, Su Señoría. Yo estoy a favor de que la política abra sus puertas a la participación de la ciudadanía, siempre. El señor LARRAÍN.-
Somos dos. El señor NAVARRO.-
No se nota mucho. El señor LAGOS (Presidente).-
Senador señor Navarro, sin perjuicio de que me ha pedido la palabra la señora Subsecretaria, si usted quiere votación separada de la indicación al artículo 2°, que está en discusión, sería importante que especificara a cuál parte de ella se refiere. El señor NAVARRO.- A la letra a).
Okay. Tiene la palabra la señora Subsecretaria. La señora SILVA (Subsecretaria General de la Presidencia).-
Señor Presidente, solo a modo de aclaración, quiero hacer presente que, sin perjuicio del interés -por supuesto- del Ejecutivo de que se establezca una fórmula en la ley que finalmente garantice las primarias legales, las indicaciones que se han puesto en discusión no las presentó el Gobierno, sino los propios Senadores, de manera transversal.
Quería aclarar ese punto al señor Senador. El señor NAVARRO.-
¡Pero tienen el apoyo del Ejecutivo! La señora SILVA (Subsecretaria General de la Presidencia).-
Sí, pero en el sentido de que el Gobierno está interesado en facilitar la realización de primarias legales, lo que obviamente profundizará la democracia en nuestro país. Ese es nuestro interés.
No obstante, las indicaciones no son nuestras.
El Senador señor Navarro ha pedido votación separada de la letra a) de la indicación recaída en el artículo 2°. El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-
El señor Presidente pondrá en votación primero la incorporación de un nuevo inciso final al artículo 13 de la ley N° 20.640, contenida en la letra a) de la indicación al artículo 2° del proyecto. El señor LAGOS (Presidente).- En votación.
Hay que hacer presente que dicha norma requiere para su aprobación quorum de ley orgánica constitucional. ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
Terminada la votación. --Se aprueba la letra a) de la referida indicación (26 votos contra dos), dejándose constancia de que se cumple con el quorum constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Muñoz, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García-Huidobro, Girardi, Lagos, Hernán Larraín, Montes, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar. Votaron por la negativa los señores Bianchi y Navarro. El señor ALLAMAND.-
¿Podría agregar mi voto, señor Presidente?
El señor LAGOS (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto positivo del Senador señor Allamand.
A continuación, corresponde votar el resto de la indicación, y la Mesa sugiere incorporar también la disposición transitoria propuesta unánimemente por la Comisión de Gobierno.
¿Habría acuerdo? La señora ALLENDE.-
Acordado. En votación.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Se ha puesto en votación la parte aún no aprobada de la indicación al artículo 2° y la disposición transitoria del proyecto propuesta por la Comisión de Gobierno en forma unánime.
Terminada la votación. --Se aprueban las modificaciones sugeridas en la letra b) de la referida indicación y la disposición transitoria propuesta por la Comisión de Gobierno (30 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple con el quórum constitucional requerido, quedando el proyecto aprobado en particular y despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Muñoz, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García-Huidobro, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Antes de continuar, quiero aprovechar de saludar a los integrantes del Club Adulto Mayor "Flor de Otoño" de nuestro querido Limache presentes en las tribunas, que fueron invitados por la Senadora señora Lily Pérez, a quienes recibe gustosamente este Presidente del Senado. ¡Nos vemos en Limache! --(Aplausos en la Sala y en tribunas).
¡Y el Senador Chahuán!
El Honorable señor Chahuán también se suma a los saludos respectivos.
9885-07
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y que mejora la persecución penal de dichos delitos, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento e informe de la Comisión de Hacienda, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.885-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite: sesión 52ª, en 15 de septiembre de 2015 (se da cuenta).
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 76ª, en 24 de noviembre de 2015.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (segundo): sesión 104ª, en 9 de marzo de 2016.
Hacienda: sesión 104ª, en 9 de marzo de 2016.
Sesión 76ª, en 24 de noviembre de 2015 (se aprueba en general).
Esta iniciativa fue aprobada en general en sesión de 24 de noviembre de 2015. La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento deja constancia, para efectos reglamentarios, de que los artículos 2°, número 13 y 14 (pasan a ser 27 y 30, respectivamente); 3°, número 2; 4°, número 2; 5°, número 2; 6°, número 1; y 11, permanentes, así como el artículo 3° transitorio no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones. Dichas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, con acuerdo unánime de los Senadores presentes, solicite su discusión y votación. En relación con el artículo 11, el Senador señor Coloma ha pedido que se someta a discusión y votación para eliminar la última frase del inciso primero, lo que requiere la unanimidad de la Sala. El señor ESPINA.-
De la página 160 a 162 del texto comparado.
Es preciso hacer presente que ese precepto precisa para su aprobación 21 votos favorables, ya que recae sobre materias propias de ley orgánica constitucional.
--Se aprueban reglamentariamente las normas indicadas precedentemente, salvo el artículo 11.
Pido la palabra sobre un asunto de Reglamento, señor Presidente.
Puede hacer uso de ella, señor Senador. El señor DE URRESTI.-
Quiero solicitar al Senador Coloma que precise su solicitud, pues, aparte de que no tenemos a la vista la frase del inciso que desea eliminar, se requiere la unanimidad de la Sala para su tratamiento. Por eso, sería importante dejar consignado de qué se trata.
Solo al objeto de ordenar el debate, sugiero lo siguiente. Vamos a proceder a tomar un acuerdo sobre la forma en que abordaremos la discusión y la votación del proyecto, distinguiendo entre las disposiciones aprobadas en general por la Sala sin enmiendas; las modificaciones unánimes, y aquellas que fueron aprobadas por mayoría. Sin embargo, previo a eso, creo que sería importante, a fin de introducir este proyecto, escuchar al señor Ministro del Interior, quien me ha pedido la palabra para estos efectos. Luego de la presentación de dicho Secretario de Estado, y eventualmente de la intervención de la señora Ministra -no estoy seguro de eso-, abordaremos la iniciativa en detalle y nos pondremos de acuerdo en el procedimiento. ¿Habría acuerdo? Acordado.
El señor BURGOS (Ministro del Interior y Seguridad Pública).-
Señor Presidente, mi intervención obviamente es en nombre del Gobierno y de la Ministra Javiera Blanco, quien ha tenido una participación muy activa en todas las etapas procesales-legislativas del proyecto.
Estimadas Senadoras y estimados Senadores, quiero iniciar mi intervención afirmando que como Gobierno estamos muy conformes con la discusión que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República se ha venido desarrollando en torno a la llamada "Agenda corta antidelincuencia" (aunque corta, lleva algo más de 14 meses de tramitación).
Sin duda, las distintas opiniones presentadas han ido enriqueciendo su texto y hoy, en relación con su inicio, es una mejor iniciativa.
Estamos aquí a fin de impulsar un proyecto que resulta fundamental para las chilenas y los chilenos. ¡De eso no hay duda!
El Gobierno de la Presidenta Bachelet tiene como uno de sus ejes centrales hacer frente a la delincuencia. Sabemos que esta es una preocupación primordial de los ciudadanos, y esto no es simplemente una consigna. Entendemos que la seguridad de las personas permite que se ejerzan libertades y que podamos desarrollar en plenitud nuestra vida en común.
El combate a la inseguridad es -como dije- una prioridad para este Gobierno y -qué duda cabe- para el Senado de la República; pero es también, según nos dicen ampliamente los estudios de opinión pública, una de las mayores preocupaciones de nuestros compatriotas.
Por mencionar solo algunos estudios, el de la Fundación Paz Ciudadana de noviembre pasado da cuenta de una baja sensible en la comisión de delitos, lo que sin duda es una buena noticia para todos.
Sin embargo, extrañamente, ese buen resultado no coincide con la sensación de temor de nuestra ciudadanía. Sin duda, enfrentar esto representa un gran desafío para el Gobierno.
En el caso de la encuesta Cadem de la segunda semana de marzo, esta concluye que la percepción sobre la delincuencia es alta, y que una de las primeras medidas que tomarían las personas sería hacer leyes y penas más duras. Respecto del control preventivo de identidad, la encuesta dice que el 76 por ciento está de acuerdo contra el 19 por ciento que se opone.
Proyectos de ley como el que hoy impulsamos asumen entonces la necesidad de, con justo equilibrio, entregar herramientas que traigan mayor seguridad y tranquilidad a las personas, centro de nuestras preocupaciones.
Los estudios que he citado, aunque relevantes, son solo referenciales. Tengo claro que las encuestas no son "palabra santa", pero sí una herramienta valiosa con el objeto de conocer, junto con otros datos, aspiraciones y preocupaciones de chilenas y chilenos.
En muchas ocasiones he expresado que no existe una bala de plata para solucionar el problema de la delincuencia. Hay quienes han prometido que le pondrían un candado a la puerta giratoria. Sin embargo, las chilenas y los chilenos saben muy bien que eso no es así. Más que fraseología se requiere un trabajo arduo, constante, responsable y coordinado con las distintas entidades.
Tengo claro, señor Presidente, que no genera ningún resultado positivo culpabilizar a otros o traspasar responsabilidades. Lo que la gente espera de nosotros es que les entreguemos soluciones eficientes y concretas a sus problemas.
Por todo lo anterior, este proyecto es una prioridad para el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Aquí no se trata de hacer populismo penal, como algunos lo han calificado, sino de enfrentar el delito de forma responsable, proactiva y acorde a una discusión que todo sistema democrático permite.
El proyecto de ley que nos reúne se presentó, mediante un mensaje del Ejecutivo, a principios del año 2015. Y los Ministros de la época pusieron énfasis en la necesidad de combatir los delitos de mayor connotación social, sin alterar las bases de nuestro sistema procesal penal acusatorio. Además, agregaron que el fenómeno de la delincuencia siempre es difícil de abordar, y que surge la dicotomía entre libertad y control, además del cuestionamiento de cómo el Estado de Derecho protege a todos los ciudadanos.
El Gobierno, en este punto, entiende que debemos tomar partido por el resguardo de la seguridad de las personas, teniendo siempre como límite el respeto irrestricto a los derechos fundamentales.
Chile requiere una ley que otorgue más atribuciones investigativas a los fiscales, a Carabineros y a la Policía de Investigaciones, como entidades coadyuvantes del proceso penal.
En este sentido, hemos decidido incorporar las inquietudes de quienes operan el sistema diariamente con el propósito de mejorar los aspectos que hacen que no tenga la eficacia esperada.
Por ello, el proyecto incorpora mayores atribuciones para fiscales y policías en lo relativo a la investigación de ilícitos complejos, tales como la posibilidad de que los fiscales utilicen agentes encubiertos y reveladores en los delitos cometidos por bandas organizadas, y otros cambios que han sido levantados por el Ministerio Público como absolutamente indispensables a fin de dar mayor eficacia a su labor de investigar delitos y arribar a condenas.
De ahí que requerimos un sistema que trate con mayor rigor delitos que, pese a ser llamados "contra la propiedad", afectan en realidad, y de forma grave, a las personas, quienes perciben impunidad respecto al que irrumpe en su espacio y toma aquello que les pertenece.
Por eso, resulta imperativo incidir en temas como la reincidencia y la valoración de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal.
Sin duda, esta iniciativa apunta al corazón de los delitos que más afectan a las personas, al agravar la responsabilidad penal de quienes hacen del delito una verdadera carrera, una forma de vida a costa de los demás, y asegurar que estos cumplan penas efectivas, dando con ello una potente señal disuasiva.
Dicho lo anterior, me quiero detener, en esta intervención genérica, para explicar algunos de los aspectos principales del proyecto, sin perjuicio de la presencia técnica de la Ministra de Justicia, quien -como decía al comienzo- ha participado en cada una de las sesiones de ambas Cámaras en esta materia.
El primer objetivo es restringir el efecto de la aplicación de las atenuantes, a través de la fijación de los marcos penales en los delitos de robo, hurto y receptación. Con esto, se busca que la pena que establece la ley sea la que efectivamente se le aplique al condenado. Así, por ejemplo, quien hoy día comete un delito de robo con violencia o intimidación, de acuerdo a la ley, debe ser castigado con una pena que va desde 5 años y un día a 20 años. Sin embargo, con la estructura de determinación de penas actual, esta podría llegar a ser de 541 días a 3 años, por el excesivo efecto del juego de las atenuantes.
Con esta iniciativa se aspira a que la pena que se aplique sea aquella que han acordado los legisladores, representantes de la ciudadanía.
Un segundo objetivo es aumentar las penas para los reincidentes en los mismos delitos. Las estadísticas que conocemos describen que una parte importante de la delincuencia se concentra en los reincidentes. En este caso, un reincidente de robo de cajero automático actualmente arriesga entre 3 años y un día a 5 años. Con este proyecto la pena comenzaría a contarse a los 4 años.
El poder disuasivo de la amenaza penal, ese que en teoría haría a un potencial delincuente abstenerse de cometer un delito por el temor a ir a la cárcel, se diluye cuando la probabilidad de cumplir una pena privativa es baja o escasísima.
El tercer objetivo es instar por el cumplimiento efectivo de las penas privativas de libertad en los delitos de robo, hurto y receptación, principalmente mediante la limitación de las posibilidades de que en estos delitos se apliquen las penas sustitutivas de la ley N° 18.216. Así, todas las penas por las que es condenado un imputado deben sumarse a efectos de determinar si proceden o no las penas sustitutivas de la ley antes mencionada. Se restringirá también la procedencia de la libertad condicional en estos delitos, subiendo el tiempo necesario de cumplimiento efectivo para que proceda ese beneficio.
En cuarto lugar, se busca promover una mayor eficacia del sistema de persecución penal, a través de la eliminación de ciertas tareas administrativas hoy entregadas a Carabineros de Chile.
Con ello, esa institución podrá abocarse a labores de resguardo de la seguridad pública y persecución de los delitos. Por ejemplo, en el caso de accidentes de tránsito en que solo resulten daños, no será necesaria la constancia para efectos del seguro, sino que bastará con una declaración jurada simple.
Por otra parte, el proyecto regula el Banco Unificado de Datos (BUD), mecanismo operativo destinado a facilitar y destrabar algunos de los nudos que hemos observado en el sistema penal, como es el caso de las órdenes de detención o aprehensión pendientes.
En quinto lugar, la pretensión del Ejecutivo siempre ha sido agravar la sanción de los delitos que atentan efectivamente contra la integridad física de los funcionarios policiales y de Gendarmería. Con esto se espera entregar una señal disuasiva potente y otorgarle la debida relevancia a la función de orden público y de resguardo de los derechos de la ciudadanía que cumplen tales funcionarios. Por la misma razón, esos delitos se incorporan en el catálogo de aquellos respecto de los cuales la libertad provisional no procede mientras la resolución que la concede no se encuentre firme y ejecutoriada. Asimismo, con relación a esos delitos se dará lugar a la apelación ante la declaración de ilegalidad de la detención.
En sexto término, para facilitar las tareas de investigación, se incorporan nuevas herramientas procesales, que tendrán como objetivo, como ya hemos dicho, desbaratar las bandas que se organizan para cometer ciertos delitos contra la propiedad, abigeato o armas. Siempre con la autorización judicial respectiva, procederán mecanismos como la interceptación telefónica, las entregas vigiladas y controladas, los agentes encubiertos y los informantes. Jamás una resolución administrativa será suficiente para una de estas medidas intrusivas.
Finalmente, no nos hemos olvidado de que el sistema requiere que todos los actores operen con la suficiente eficacia y eficiencia. Por ello, el proyecto contempla eventuales sanciones administrativas tanto para las policías como para los fiscales, ante el incumplimiento de sus funciones. Todo eso redundará en mejores resultados para el sistema penal en su conjunto.
El proyecto en referencia, además, incluye el control de identidad preventivo. Como primera cuestión, tengo claro que esta clase de control ha sido uno de los puntos de mayor debate y con más opiniones divergentes, lo que es propio de una discusión noble y democrática. Por lo mismo, creo necesario hacer algunas consideraciones históricas que pueden aportar a su comprensión y análisis. Entre 1906 y 1998, estuvo vigente en nuestro país lo que hoy conocemos como "detención por sospecha". Se contemplaba en el artículo 260 del antiguo Código de Procedimiento Penal la facultad para las policías para detener, además de en los casos de delitos flagrantes, en aquellos en que la persona disimulaba su identidad o se rehusaba a darla a conocer, y también cuando se encontraba a deshoras o en circunstancias que "presten motivo fundado para atribuirle malos designios, si las explicaciones que diere de su conducta no desvanecieren las sospechas".
Es decir, por 92 años estuvo vigente en nuestro país la llamada "detención por sospecha", que fue derogada por ley a través de una moción presentada en 1993, entre otros, por el actual Senador don Carlos Montes. Durante la tramitación de tal iniciativa, y como contrapartida a la derogación planteada, se incorporó por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico el control de identidad, tal como lo conocemos hoy en el artículo 260 bis del Código de Procedimiento Penal, que señalaba, en su primera versión, lo siguiente: "La policía podrá solicitar la identificación de cualquier persona, en casos fundados, tales como la existencia de un indicio de que ella ha cometido o intentado cometer un crimen o simple delito, o de que se dispone a cometerlo, o de que puede suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen o simple delito. La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encuentre, debiendo dársele todas las facilidades posibles para acreditarla, lo que podrá hacer por cualquier medio. En caso de negativa de una persona a acreditar su identidad o si, habiendo recibido las facilidades del caso no le ha sido posible acreditarla, la policía la conducirá a la unidad policial más cercana, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 266. El ejercicio abusivo de esta facultad o la negativa a dar facilidades para permitir la identificación serán sancionados disciplinariamente en los términos del inciso final del artículo 293.".
Continuando este racconto, cabe señalar que en el 2000 el texto original del nuevo Código Procesal Penal, en su artículo 85, recogió una redacción prácticamente idéntica a la que acabo de citar. Dos años después, a través de la ley Nº 19.789, se amplió de cuatro a seis horas el tiempo que podía durar el procedimiento de identificación del controlado. Además, se incorporó la facultad de las policías para registrar vestimentas, equipaje y el vehículo del controlado.
En 2008, la denominada también en la época "Agenda corta antidelincuencia" estableció varias modificaciones al actual artículo 85 del Código Procesal Penal a fin de incorporar nuevas hipótesis para la procedencia del control de identidad, tales como incorporar a "la persona que se encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular la identidad"; establecer la facultad para las policías de cotejar órdenes de detención pendientes; ampliar el plazo del control de seis a ocho horas, y disponer expresamente la relación entre el control de identidad y la eventual detención del controlado.
Todas las modificaciones que he descrito dieron lugar a un debate tanto en el mundo académico como en el propio seno de esta Corporación. Lo que pretendo señalar es que esta discusión ya se ha dado en la reciente historia legislativa chilena y, en la práctica, sus resultados nos demuestran que hemos arribado a instituciones procesales más fortalecidas.
A lo anterior debo agregar que en la actualidad se encuentra plenamente vigente el artículo 85 del Código Procesal Penal, una herramienta de persecución penal para los casos en que las policías poseen indicios de que alguien ha cometido o intentado cometer un crimen, un simple delito o falta. Asimismo, se halla vigente y aplicable el control establecido en la ley Nº 19.327, modificada por la ley Nº 20.844, que dispone derechos y deberes de asistentes y organizadores de espectáculos de fútbol profesional, cuyo artículo 21 permite a las policías controlar la identidad de dichos asistentes, sin necesidad de indicios -¡sin necesidad de indicios!: hablamos de una norma en vigor- en el propio recinto e, incluso, en sus inmediaciones, en un perímetro de hasta un kilómetro. Este control, que no ha dado lugar a mayor debate, permite aplicar todas las facultades de registro contempladas en el artículo 85 del Código antes mencionado.
Según lo visto, podemos aseverar que nuestro país tuvo detención por sospecha durante 92 años y que actualmente se encuentran vigentes dos tipos de control de identidad, sin mayores cuestionamientos.
Sin perjuicio de ello -y aquí quiero ser sumamente tajante-, el Gobierno, respetuoso de los derechos humanos, no propugna ni participa de la idea de retornar a un sistema como el de la detención por sospecha, por ser un procedimiento contrario a los ideales de un sistema democrático. Estamos hablando de algo completamente distinto: de un control preventivo de identidad, que en ciertos casos ya se realiza en nuestro país.
Cometeríamos un profundo error y una tremenda irresponsabilidad al declarar que ambas herramientas se asemejan. Los dos sistemas son totalmente diferentes. En primer lugar, el control preventivo de identidad que se propone solo persigue fines identificatorios y solo cumple el objetivo de prevención -¡ninguna otra finalidad pública o privada!-, mientras que la detención por sospecha establecía la obligación de las policías de detener en hipótesis muy amplias, como el hecho de que una persona se encuentre a deshoras en determinado lugar.
En segundo término, la detención por sospecha obligaba directamente a la detención, sin siquiera pasar antes por el control de identidad. El control que se regula con el presente proyecto solo se limita a identificar a la persona.
En tercer lugar, el control de identidad propuesto actúa en el ámbito preventivo como una manera de disuasión; mientras que la detención por sospecha operaba sobre una lógica investigativa y de persecución delictiva.
Finalmente, quiero hacer hincapié en que la medida que se plantea no puede, bajo ningún respecto, violar una garantía constitucional. Por lo mismo, jamás debe discriminar ni asumir de manera solapada criterios de sospecha por características de la persona, ni ser invasiva. Todos esos aspectos han sido detalladamente regulados en la presente iniciativa, con la colaboración de Diputados y, particularmente, de la Comisión de Constitución del Senado. Y se ha cautelado que quienes ejerzan dicho control lo hagan con pleno respeto y subordinación a las normativas que prohíben la discriminación y resguardan los derechos fundamentales de los controlados; en especial, de los niños, las niñas y los adolescentes. Por ello, se establece que, ante la eventual infracción a esos derechos, se aplicarán las sanciones inherentes a la responsabilidad del funcionario infractor.
Señor Presidente, espero que esta intervención haya clarificado las dudas que han surgido. Pongo el énfasis en la gran variedad de herramientas que entrega este proyecto en la lucha contra la delincuencia.
Aprovecho de reafirmar la convicción del Gobierno de la Presidenta Bachelet para impulsar esta iniciativa de ley, que hace frente a una de las preocupaciones primordiales de las chilenas y los chilenos. Por lo mismo, esperamos un apoyo resuelto y firme para su aprobación.
En sencillo: con las modificaciones propuestas, buscamos hacer la vida más fácil para millones y más difícil para unos pocos, los delincuentes.
A usted, señor Ministro.
A continuación, el Senador señor De Urresti, quien fuera Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento durante el análisis de este proyecto, entregará el informe respectivo.
Señor Presidente, como se recordó, la iniciativa en estudio, conocida como "Agenda corta antidelincuencia", se encuentra en segundo trámite constitucional y tuvo su origen en un mensaje de la señora Presidenta de la República, suscrito también por los Ministerios del Interior, de Justicia y de Hacienda.
En la Cámara de Diputados el proyecto fue informado, en su primer trámite, por las Comisiones de Seguridad Ciudadana y Drogas, de Constitución y de Hacienda.
Su propósito es mejorar el funcionamiento de nuestro sistema procesal penal ante delitos que en este momento revisten una gran connotación social, como los robos, los hurtos y la receptación, de manera de aumentar la probabilidad de que los responsables de estos ilícitos sean objeto de condenas efectivas; que estas se impongan por el tiempo que la ley establece, y que se pueda distinguir y sancionar adecuadamente a primerizos y a reincidentes.
Para estos efectos, el texto despachado por la Comisión de Constitución en su segundo informe introduce modificaciones a diversos cuerpos legales, agrupadas en dieciséis artículos permanentes y tres transitorios, cuyo contenido reseñaré brevemente.
Primero, se establece en nuestro Código Penal un conjunto de medidas efectivas de prevención general contra los mencionados delitos, entre las cuales se cuentan las siguientes. Se incorpora una regla especial de determinación de la pena para los delitos contra la propiedad por apropiación, con el fin de que exista la certeza de que las circunstancias atenuantes y agravantes se aplicarán dentro del marco legal establecido por la ley, sin que habiliten para subir o bajar la pena fuera del parámetro preestablecido. Se sanciona con mayor rigor la reincidencia. Se elevan las penas asignadas a estos ilícitos. Además, con la finalidad de atacar la criminalidad organizada y superar las dificultades procesales que supone su persecución, se consagra un nuevo ilícito relativo a las receptaciones cuantiosas, en que lo robado o receptado excede las 400 UTM, y se agregan reglas especiales para establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas involucradas en operaciones de compra y venta de bienes robados.
Segundo, en materia procedimental, se adopta un extenso conjunto de normas destinado a mejorar la eficiencia de la acción penal.
Entre otros objetivos, las enmiendas aprobadas por la Comisión en este ámbito fijan regulación sobre la protección de los testigos; amplían los supuestos de hecho para poder aplicar las reglas del juicio abreviado; aseguran la comparecencia del imputado a las audiencias judiciales, y contemplan la utilización de técnicas especiales de investigación, como las entregas vigiladas y el uso de agentes encubiertos e informantes, cuando existieren fundadas sospechas de que se está participando en una asociación ilícita o en una agrupación u organización destinada a cometer los hechos punibles ya indicados.
Tercero, se modifican otros cuerpos legales conexos, de manera de reforzar el cumplimiento de los propósitos perseguidos por el proyecto.
Por ejemplo, se enmiendan las penas asignadas a quienes causen lesiones a los integrantes de las instituciones policiales y de Gendarmería en el ejercicio de sus funciones.
Se fijan criterios más restrictivos para la aplicación de las penas alternativas de la ley Nº 18.216 y de la libertad condicional, y se establecen medidas para liberar a Carabineros de tareas administrativas. También se contemplan normas para poner en práctica el Banco Unificado de Datos, a fin de facilitar la labor coordinada de las instituciones involucradas en la persecución penal. Además, se consagra un procedimiento general de control de identidad preventivo, ajeno a los mecanismos de investigación criminal, de manera de facilitar el cumplimiento de las funciones policiales en materia de resguardo del orden y la seguridad pública. Dicha medida viene acompañada de una norma transitoria que obliga al Ministerio del Interior a informar al Parlamento sobre la aplicación de esta nueva herramienta.
Cuarto, la Comisión incorporó al proyecto nuevos preceptos adicionales. Uno de ellos obliga a quienes desarrollan el comercio o la reparación de objetos nuevos y usados a mantener un registro sobre la adquisición y procedencia de estos, estableciéndose así un sistema de control policial para supervigilarlo. Igualmente, se enmienda la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público para contemplar reglas que eviten la filtración a los medios de comunicación de las diligencias investigativas antes de que dicho organismo ejerza la acción penal, y se fijan sanciones para los fiscales y los demás intervinientes en el proceso que violen la obligación de reserva. Además, en un precepto aparte se regula un sistema destinado a facilitar la coordinación de la labor de las distintas entidades que participan en la persecución penal y a promover la estructuración de objetivos comunes.
Finalmente, hubo ajustes en la disposición transitoria que agiliza los proyectos sobre construcción y reparación de recintos penitenciarios, a fin de que existan las condiciones necesarias para absorber los requerimientos que derivarán de la dictación de esta futura ley.
Señor Presidente, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento realizó la discusión en particular de esta iniciativa a lo largo de quince sesiones, en las cuales analizamos de manera muy minuciosa las 116 indicaciones que se recibieron. Para ese trabajo contamos con la colaboración de las autoridades de los Ministerios del Interior y Seguridad Pública y de Justicia; de los representantes de las principales instituciones involucradas en la persecución penal; del Instituto Nacional de Derechos Humanos; de la Defensoría Penal Pública, y de distinguidos académicos penalistas.
Las propuestas alcanzadas contaron en algunos casos con la aprobación unánime de los miembros de la Comisión, y en otros hubo acuerdos por mayoría, puesto que, frente a la complejidad de ciertas materias, como es lógico surgieron posiciones distintas, que cada señor Senador tendrá oportunidad de explicitar en el debate en esta Sala. Todo ello se consigna en el segundo informe, que da cuenta detallada de la discusión y de las razones que justificaron las decisiones adoptadas.
De este modo, señor Presidente, estamos formulando propuestas que fueron debidamente estudiadas y estamos aportando, además, los antecedentes necesarios para que ahora la Sala se pronuncie fundadamente sobre ellas.
Aprovecho de saludar a los miembros del Consejo de Seguridad Vecinal de Viña del Mar, quienes nos acompañan hoy en las tribunas. ¡Bienvenidos! Vinieron a la discusión de un proyecto muy apropiado a su cometido. Parece que la persona que los invitó está muy al tanto de lo que estamos haciendo, que es el Senador señor Chahuán. ¡Muy bien!
El señor Secretario explicará cómo realizaremos el proceso de votación en particular.
Señor Presidente, reglamentariamente, ya quedaron aprobadas las disposiciones que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones en el segundo informe. Se trata de los artículos 2º, número 13 y 14 (pasan a ser 27 y 30, respectivamente); 3º, número 2; 4º, número 2; 5º, número 2; 6º, número 1; y 11, permanentes, y del artículo tercero transitorio.
Con respecto al artículo 11, que se encuentra en igual situación, el Senador señor Coloma ha pedido la unanimidad de la Sala para discutirlo y votarlo. Cabe dejar constancia de que dicha norma es de quorum orgánico constitucional, por lo que, para su aprobación, requiere el voto favorable de 21 señores Senadores. Esas son las dos primeras materias que habría que resolver.
Luego de ello, corresponde votar sin debate las enmiendas acordadas de forma unánime por la Comisión de Constitución. Son cuarenta y cuatro modificaciones, todas las cuales son normas de ley común, con excepción de tres: una de quorum calificado y dos de rango orgánico constitucional, las que, para ser aprobadas, precisan 19 y 21 votos afirmativos, respectivamente.
Por último, de acuerdo al orden del articulado, se discutirán y votarán las enmiendas acordadas por mayoría en la Comisión y las indicaciones renovadas. En total, 16 disposiciones se encuentran en esta situación.
La señora BLANCO (Ministra de Justicia y Derechos Humanos).- Señor Presidente, respecto de la indicación que se está proponiendo, la cual fue discutida en la Comisión de Hacienda, solo deseo aclarar que consideramos muy difícil establecer dentro del mismo articulado, de manera permanente, todas las instituciones que en el futuro pudieran ser parte del banco unificado de datos. Por eso creemos que es materia reglamentaria.
Muchas gracias, señora Ministra, por su información.
De todos modos, la Sala es la encargada de discutir esa situación y de acordar por unanimidad si procede votar el punto particular planteado por el Senador señor Coloma.
Tiene la palabra el Senador señor Coloma para que explicite su preocupación sobre la materia. Pero le recuerdo que se requiere la unanimidad de la Sala para que nos podamos pronunciar sobre ese asunto.
Señor Presidente, simplemente quiero dar una explicación.
Este no es un tema ideológico, sino que la idea es que funcionen bien las normas que estamos dictando.
El artículo 11 del proyecto señala: "El Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, Gendarmería de Chile y el Poder Judicial deberán intercambiar (...) los datos personales de imputados y condenados", generando un banco único de datos.
Lo anterior me parece un avance muy significativo.
¿Dónde está el problema, que pienso que se puede superar?
El artículo mencionado agrega: "El funcionamiento de este banco de datos se regirá por un decreto supremo del Ministerio de Justicia, que llevará la firma del Ministro del Interior y Seguridad Pública, el que podrá determinar otras instituciones públicas que, dentro de la esfera de su competencia, integren el mismo".
Porque, efectivamente, el numeral 14 del artículo 63 de la Carta Fundamental dispone que son materia de ley las demás que la Constitución señale como leyes de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Dentro de estas se encuentra la de determinar funciones o atribuciones de los organismos públicos.
Hace poco, el Tribunal Constitucional emitió un fallo que sostiene que no es constitucionalmente admisible que la determinación de las atribuciones de un servicio público se haga en un reglamento. Eso es lo que definió dicho Tribunal, que señala: "esta situación llevaría al absurdo de que las atribuciones de un servicio público contenidas en una norma de rango superior como es una ley, quedarían subordinadas en su eficacia a las circunstancias que determine un texto normativo de menor jerarquía, en este caso un reglamento de ejecución, lo que es constitucionalmente inadmisible".
Además, señor Presidente, la ley N° 19.628, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, establece: "El tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen".
Si se aplican esos conceptos, no habría ningún problema respecto de aquellos órganos establecidos en la ley.
Pero cuando se entrega la facultad para que mediante un reglamento entren otras instituciones públicas al sistema, se está violentando la norma constitucional en relación con lo que debe ser ley y se está alterando lo establecido en la ley N° 19.628. Ambos temas ya han sido interpretados por el Tribunal Constitucional.
Entonces, aquí está el asunto de fondo.
Reitero: la ley Nº 19.628 señala que el tratamiento de datos personales por parte de un organismo público solo podrá efectuarse cuando una ley lo disponga.
Integrar la base de datos constituye una fijación de atribuciones, lo que no puede efectuarse a través de un reglamento, sino de una ley.
Esa es, básicamente, mi inquietud.
Por eso, sugiero -algo hablé con el Ministerio- simplemente que no se incluya la frase: "el que podrá determinar otras instituciones públicas". Con eso basta. Y si en el futuro se desea incorporar a otras instituciones públicas, se hará por ley. Ese no es el obstáculo.
Lo que no se puede hacer es dictar el día de mañana un reglamento que disponga, por ejemplo: "El Ministerio de Economía, por ley, tiene que incorporar los datos". La inclusión de ese organismo debe hacerse mediante ley.
Mi planteamiento no altera para nada la "Agenda corta". Lo único que trata de hacer es que se cumpla la normativa legal y el fallo del Tribunal Constitucional, de modo de que no nos expongamos a que después esto pueda ser rechazado, incluso por ese mismo Tribunal.
Por eso, pido la unanimidad de la Sala para tratar el artículo mencionado y simplemente eliminar esa expresión final, lo que no cambia absolutamente nada y hace que la norma, desde mi perspectiva, sea constitucional.
Señor Presidente, como a la Ministra le pareció razonable mi planteamiento, me gustaría ver si ello es ratificado.
Ese es el sentido de mi inquietud.
Señor Senador, su razonamiento se entiende perfectamente. Ahora bien, no sé si es compartido por las señoras y los señores Senadores.
Cabe recordar que la Comisión de Hacienda se pronunció y se registró votación dividida. Y en dicha instancia hubo oportunidad de explicar el asunto.
Sin perjuicio de lo anterior, tiene la palabra la señora Ministra.
Le recuerdo al Senador señor Coloma que para que esto prospere se requiere la unanimidad de la Sala.
¿Y no solo mayoría simple?
El señor LAGOS (Presidente).- No, señor Senador. El artículo 124 del Reglamento es categórico al respecto.
La señora BLANCO (Ministra de Justicia y Derechos Humanos).-
Señor Presidente, hay antecedentes de casos en que vía reglamentaria se han incorporado organismos públicos.
Ahora bien, más allá del debate y de las opiniones que uno pueda tener, existen dos problemas.
Uno es práctico, en el sentido de que frente a la necesidad de incorporar un nuevo organismo tendríamos que volver al Congreso para modificar la ley, cosa que no ocurriría al hacerlo vía reglamento.
Cabe señalar que hemos establecido en la ley cuáles son las principales instituciones que hoy día van a estar incorporadas a la entrega de datos al BUD.
Existe como antecedente la ley N° 19.628, que permite que organismos públicos traten y comuniquen datos. Esa es la autorización legal que tenemos como antecedente. Y lo único que decimos es que se dictará un decreto supremo, suscrito por los Ministros del Interior y de Justicia, el que podrá considerar a otras instituciones para que, dentro de la esfera de su competencia, integren el BUD.
Hoy día, por ejemplo, para efectos de la Comisión Coordinadora de la Reforma Procesal Penal, también tenemos la posibilidad de invitar a otros organismos.
Entonces, significa dar demasiada rigidez a la norma incorporar a otros organismos exclusivamente por la vía legal.
Tiene la palabra el Senador señor Espina y, a continuación, el Senador señor Larraín.
Señor Presidente, entiendo que la objeción del Senador Coloma no dice relación con el contenido, sino con un tema de constitucionalidad.
Como el artículo mencionado no lo alcanzaremos a ver hoy día, yo aceptaría la división de la votación, en el ánimo de que el Ministerio de Justicia verifique su constitucionalidad.
Porque, en el fondo, la Ministra tiene toda la razón en lo que dice. Porque si vamos a tener un banco unificado de datos y precisaremos de una ley cada vez que necesitemos que una nueva institución pueda colaborar para juntar toda la información requerida para la investigación de delitos, le estamos poniendo una traba increíble a un tema que lleva años anunciándose y que no se ha podido implementar.
El Senador Coloma construyó bien su argumentación. Por lo tanto, me asisten dudas en cuanto a si la norma es constitucional o no.
Entonces, en el ánimo de no aprobar algo que se nos pueda caer mañana, y en el entendido de que no alcanzaremos a votar ese artículo en esta sesión, aceptaría la división de la votación y, además, solicitaría que el Ministerio de Justicia y la Mesa del Senado chequearan con calma si la norma es constitucional.
Porque aquí nadie está objetando el fondo. Nadie pretende obstaculizar -por lo que ha dicho el Senador Coloma- que se determinen en la ley las principales instituciones que constituyen el banco unificado de datos y que se establezcan por reglamento otras que puedan ir incorporándose.
Eso parece lo razonable, lo flexible.
La duda radica en si ello es constitucional o no, por la argumentación que ha entregado el Senador Coloma.
Por lo tanto, acordemos dividir la votación -eso no le hace daño a nadie- y dejemos ese punto para después, cuando se hayan efectuado los estudios para determinar si es constitucional o no.
Señor Presidente, no vamos a ver de inmediato esa materia, aunque se aprobara la petición del Senador Coloma. De modo que, si se quiere, podemos dejarla para más adelante.
Pero me parece que el Senador Coloma tiene un punto, pues, tratándose de datos personales, hay una restricción mayor, ya que que la propia ley que establece el tratamiento de los datos personales dispone que el uso de estos debe ser autorizado por ley. Así lo señala expresamente la normativa.
El artículo 11 propuesto -nadie objeta el banco de datos, al contrario, todo el mundo considera que es una muy buena idea- dispone: "El Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, Gendarmería de Chile y el Poder Judicial deberán intercambiar (...) los datos personales de imputados y condenados". Y a continuación agrega -y este es el punto-: "El funcionamiento de este banco de datos se regirá por un decreto supremo".
A mi juicio, tiene razón el Senador Coloma, desde el momento en que la legislación sobre protección de datos personales establece que el tratamiento de los datos personales por parte de un organismo público solo puede efectuarse cuando dicha ley u otras disposiciones legales lo autoricen.
Estimo que con esa restricción nos vamos a evitar un problema, porque, finalmente, ese decreto supremo puede recibir reparos en cuanto a su ilegalidad por la Contraloría General de la República.
Creo que más vale prevenir que curar.
Sé que eso restringe.
También entiendo a la Ministra cuando consulta cómo hacemos para incorporar a más organismos.
Es una lástima. Sin embargo, me parece adecuado tratándose de datos personales.
En el caso del acceso a la información pública estamos exigiendo ley de quorum calificado, para asegurar precisamente la protección de la publicidad. Y con el fin de evitar el mal uso de datos personales, hemos puesto un piso legal que asegure que esa vía sea la única por la cual se pueda permitir tratar datos y, por lo tanto, intercambiarlos entre instituciones.
Señor Presidente, creo que el Senador Coloma tiene un punto. Y más vale abordarlo que olvidarlo o pensar que si no hacemos nada no va a pasar nada. Por el contrario, nos arriesgaremos a que ese decreto sea ilegal.
Señores Senadores, el predicamento es el siguiente.
Habría que votar de todas maneras el artículo 11, porque es una norma de quorum especial, que requiere 21 votos para su aprobación.
Tratar lo que plantea el Senador Coloma, como la norma fue aprobada sin indicaciones ni modificaciones, requeriría la unanimidad de la Sala.
Sugiero, si existe voluntad del Senado, postergar la votación de este artículo para mañana y seguir ahora con el tratamiento del resto del proyecto.
Está muy bien, señor Presidente.
Votemos el resto.
Entonces, queda pendiente la votación del artículo 11 para mañana.
Señor Secretario, procedamos con aquellas disposiciones que sufrieron enmiendas pero con carácter unánime, que debieran ser votadas sin debate.
A continuación, corresponde que la Sala se pronuncie sobre las enmiendas unánimes, que deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnarlas.
De esas enmiendas unánimes, tres requieren quorum especial.
Por lo tanto, se podrían poner en votación como un todo, requiriéndose 21 votos para la aprobación.
Si le parece a la Sala, se efectuará una sola votación.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto? El señor LAGOS (Presidente).-
--Se aprueban
todas las enmiendas unánimes propuestas por la Comisión de Constitución (28 votos), dejándose constancia de que se reunió el quorum
Votaron las señoras Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García-Huidobro, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quinteros, Rossi, Tuma y Patricio Walker.
El señor LAGOS (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Zaldívar.
A continuación, corresponde pronunciarse acerca de las enmiendas que no fueron aprobadas por unanimidad y respecto de las indicaciones renovadas.
En primer término, corresponde tratar el número 1) del artículo 1º. Este numeral remplaza el artículo 433 del Código Penal.
La enmienda fue aprobada con los votos favorables de los Senadores señores Espina, Harboe y Larraín y los votos en contra de los Senadores señores Araya y De Urresti.
El señor LAGOS (Presidente).- En discusión.
Señor Presidente, esta modificación dice relación con uno de los delitos más graves que existen en nuestro país, que es el llamado "robo calificado".
El robo calificado es aquel delito en que el resultado no solo es el robo, sino que además se comete homicidio, lesiones graves gravísimas -son aquellas en que la víctima queda impedida por un daño importante en algún miembro o incapacitada para el resto de su vida-, violación o secuestro de una persona durante la etapa del robo.
Ejemplo de esta última situación es lo ocurrido hace poco a un fiscal de Coquimbo: su señora fue secuestrada a fin de evitar que se denunciara a los delincuentes en forma inmediata.
El artículo 433 vigente establece una penalidad que va desde diez años y un día a presidio perpetuo calificado, porque no se trata de que el resultado de la conducta sea solo el robo, sino que, además, con ocasión del robo se ha cometido alguna de las conductas adicionales que he señalado.
Lo que hace el proyecto -su texto fue modificado por la Cámara de Diputados y posteriormente por el Senado- es elevar la pena, que hoy va de diez años y un día a presidio perpetuo calificado, a una que abarca de quince años y un día a presidio perpetuo calificado.
Estamos hablando del delito más grave que existe en la sociedad chilena, consistente en robar y violar; robar y matar. Y se trata de un robo con violencia o intimidación en las personas.
Posteriormente, junto con esta alza de la pena, para establecer una graduación razonable de las penas de nuestro Código Penal, nosotros planteamos ciertas modificaciones en relación con lo que había hecho la Cámara de Diputados, que había distinguido, manteniendo un alza de las penas, entre el robo que tenía como resultado final el homicidio y aquel que tenía como resultado final las lesiones graves gravísimas.
No existe ninguna razón para hacer esa diferenciación. Porque tiene tanto reproche social aquel que roba y, adicionalmente, mata a una persona que aquel que roba y deja a la persona con una invalidez, demente, impedida de un miembro importante o incapacitada para realizar cualquier actividad durante el resto de su vida.
Por lo tanto, en cuanto al reproche social, el legislador no distingue en este artículo entre el resultado de muerte y las lesiones graves gravísimas. Y tampoco lo hizo, por ejemplo, en el caso de la Ley Emilia, cuando respecto del delito de conducción en estado de ebriedad se estableció la misma sanción si es con resultado de muerte o de lesiones graves gravísimas.
Ese es el cambio que realizó la Comisión de Constitución en esta materia.
Creemos que existe una graduación, porque son distintas las penas si el robo tiene resultado de muerte, de lesiones graves gravísimas, de violación o de secuestro. Entonces, proponemos una pena que va de quince años y un día a presidio perpetuo calificado.
Si las conductas acompañadas al robo son de menor reproche social -por ejemplo, si las lesiones son menos graves-, la pena va teniendo una graduación inferior.
Pero el punto central, señor Presidente, es que, siendo este el delito más grave que existe en nuestro país, al compararlo con conductas similares no hay ninguna razón para que no considere una pena que no comience en diez años y un día.
Y, además, como las circunstancias atenuantes permiten bajar del piso de la pena, habitualmente ocurren situaciones tan absurdas como que una persona que comete robo con homicidio puede llegar perfectamente a una pena remitida de tres años de cárcel, por la vía del juego de las tres circunstancias atenuantes, norma que nosotros modificamos posteriormente.
Por lo tanto, la Comisión aprobó esta norma. Nosotros sugerimos que el Senado haga lo mismo, pues se trata probablemente de la conducta más grave que se comete en materia delictual que contempla nuestro Código Penal.
Señor Presidente, estamos legislando sobre la "Agenda corta" antidelincuencia, pues debemos hacernos cargo de una realidad: nuestra tasa comparativa de delitos contra la propiedad es bastante alta con relación a otros países.
En consecuencia, hay que ocuparse de aquello.
Para muestra un botón: al año 2013, 1 millón 31 mil 78 hogares fueron víctimas de algunos de esos delitos.
Contrariamente a la creencia popular, los hogares mayoritariamente victimizados no son los de los sectores acomodados: solo el 3,2 por ciento de los hogares del segmento ABC1 fue víctima de este tipo de ilícitos.
El 81,1 por ciento de los hogares afectados por delitos de esa índole pertenece al nivel socioeconómico C3 y D; es decir, ocho de cada diez hogares victimizados son de familias de clase media o media baja. Estas con esfuerzo les compran, por ejemplo, una bicicleta a sus hijos, o un computador; pero resulta que al cabo de un tiempo les roban esos objetos, y lo que es peor, deben seguir pagando las cuotas, porque los adquirieron a crédito.
Lo más grave es que cuando llega la policía a tomarles la declaración -porque en estos casos no hay contratado ningún sistema de seguridad privada- se les señala que el caso corresponde al llamado "delito de robo con imputado desconocido".
Sepan, señores Senadores, que la estadística oficial indica que el 99,3 por ciento de esos casos no llega a sanción alguna. O sea, nueve de cada diez robos a la propiedad con imputado desconocido quedan impunes.
Se recogió, entonces, la experiencia práctica de policías, fiscales, defensores, jueces. Luego se analizó en qué estábamos fallando y se buscó la forma de construir una arquitectura legal destinada a evitar la impunidad real en dichos casos y la victimización de los hogares que, socialmente, en su mayoría pertenecen a los sectores más pobres de la población.
Así nació la llamada "Agenda corta".
La modificación del artículo 433 del Código Penal es muy relevante. Porque se refiere a uno de los delitos que causa mayor temor: el robo con violencia o intimidación, es decir, cuando arremete un delincuente o un grupo de delincuentes en el hogar ejerciendo violencia o intimidación respecto de las personas.
Fíjese, señor Presidente, en las hipótesis que tiene este artículo: el delincuente viola o mata, o deja a sus víctimas con lesiones graves gravísimas (amputaciones), y la sanción hoy día es de diez años. Nosotros la estamos subiendo a quince años mínimo.
Señor Presidente, la sanción penal tiene que ver con la afectación del bien jurídico que se protege.
Cuando se mata a alguien (homicidio), el bien supremo afectado es la vida. Cuando se viola a alguien, el bien afectado es su libertad sexual. Y cuando a una persona se le ocasionan lesiones graves gravísimas, el bien que se afecta es su integridad física.
En consecuencia, creemos que aquí hay que aumentar el piso de la sanción: ¡quince años mínimo!
Alguien se preguntará: ¿Cuál es la importancia de ello? Tiene mucha relevancia, señor Presidente. Porque, como veremos más adelante en otra modificación, le decimos al juez: "Señor, si el Parlamento ha establecido una valoración y señala que la pena va de quince años mínimo a presidio perpetuo calificado, o sea, sin derecho a libertad, usted nunca más podrá bajar de quince años, aun cuando concurran muchas atenuantes. Le será factible determinar la pena mínima (quince años), pero no bajarse de ahí, porque hemos considerado que la vida, la libertad sexual y la integridad física son bienes jurídicos que hay que proteger en demasía".
Para establecer precisamente la gradualidad, el numeral 2° del referido artículo baja el umbral. Parte en diez años cuando las lesiones que con ocasión del robo se cometen son menos graves que las mencionadas anteriormente, o bien, cuando a una persona se la ha privado de libertad ambulatoria (es decir, se la ha retenido), como ocurrió en el caso mencionado por el Senador Espina respecto del fiscal de Coquimbo.
Por lo tanto, se trata a mi juicio de una norma adecuada, pues mediante ella se les va a decir a los delincuentes que afectar la vida, la integridad física, la libertad sexual, la libertad ambulatoria tiene una sanción clara y precisa sobre la cual el Parlamento ha hecho una valoración ética tendiente a impedir que un juez, por la concurrencia de atenuantes, la pueda rebajar.
Debo hacer presente a Sus Señorías que algunos representantes de los Comités me han pedido recabar la autorización del Senado para que puedan ingresar a la Sala los asesores de las distintas bancadas para acompañarnos durante la discusión particular de esta iniciativa.
Uno por bancada.
¿Habría acuerdo para autorizar el ingreso de un asesor por bancada?
Señor Presidente, quiero referirme a un asunto derivado de la votación anterior que no alcancé a plantear. Porque me parece grave despachar una norma en los términos en que fue aprobada.
El artículo 134 del Código Procesal Penal, que fue acogido por unanimidad en la Sala, contempla la detención por flagrancia.
Se trata de algo superrazonable.
Pero también se incorpora la detención por flagrancia en casos de desobediencia a inspectores municipales.
La verdad es que aquello, habiendo sido alcaldesa, me parece un exceso.
El inciso cuarto del referido artículo dispone exactamente: "No obstante lo anterior, el imputado podrá ser detenido si hubiere cometido alguna de las faltas contempladas en el Código Penal, en los artículos 494, N°s 4 y 5, y 19 (...) y 496, N°s 3, 5 y 26.".
Pero resulta que se incorpora al artículo 496 un número 3°, nuevo, que contempla justamente lo que estoy señalando: "El que obstaculizare o impidiere el ejercicio de las funciones fiscalizadoras de los inspectores municipales" sufrirá la pena de multa.
Ello lo considero razonable.
Pero de allí a que esto pueda terminar en una detención, lo estimo un exceso.
Quería dejar consignado este punto, señor Presidente, porque probablemente no fue visto...
Excúseme que la interrumpa, señora Senadora, pero estamos discutiendo el numeral 1) del artículo 1° del proyecto, que remplaza el artículo 433 del Código Penal.
Lo sé, señor Presidente.
Pero deseaba exponer mi inquietud haciendo uso de los cinco minutos a que tengo derecho.
Señor Presidente, creo que si hay algún asunto respecto del cual la opinión pública está esperando que se establezca una legislación que responda a la realidad que vivimos actualmente es este.
Yo puedo afirmar con claridad que la delincuencia nos ha cambiado la vida para mal a los chilenos.
Aquí los Senadores que me antecedieron han sostenido que este problema no solo afecta a quienes viven en Vitacura o de plaza Italia para arriba.
Al revés: la delincuencia se ha transformado en una profesión para algunas personas que se dedican a cometer ilícitos con total impunidad. El 94 por ciento de los delitos cometidos contra la propiedad quedan totalmente impunes. Por lo tanto, estamos ante el rotundo fracaso del sistema penal.
Yo tengo una crítica profunda a la reforma procesal penal.
Me parece que la ley en proyecto introduce grandes cambios tendientes a enfrentar la situación que estamos viviendo.
La gran mayoría de los estudios de opinión indican que la delincuencia, sin duda, es el principal problema que afecta a los chilenos.
Así lo demuestra, por ejemplo, la última encuesta CEP, donde la delincuencia encabeza el listado con el 58 por ciento de las preferencias.
Al mismo tiempo, el estudio de ADIMARK de febrero de este año arroja que solo un 7 por ciento de los chilenos aprueba la gestión del Gobierno en materia de seguridad ciudadana. El rechazo alcanza al 92 por ciento. Me parece que es el aspecto en que este es peor evaluado.
En tal sentido, tanto la delincuencia como la falta de una justicia efectiva son dos cosas que tienen a los chilenos cansados y molestos.
Creo que debemos sincerar el debate y reconocer que la delincuencia está desatada en nuestro país y que, lamentablemente, es algo que afecta a diario a miles de chilenos, quienes son víctimas de asaltos, de portonazos, de hurtos, de violaciones, de robos en sus hogares, en sus lugares de trabajo o de estudio, en el comercio o cuando toman la locomoción pública.
Vemos acá mismo, alrededor del Congreso, cómo asaltan a nuestros funcionarios, a nuestra gente; las mujeres son golpeadas para robarles la cartera o el celular.
Es cosa de leer la prensa para percatarse de que en la actualidad la delincuencia es un grave e incontrolable problema que afecta a la ciudadanía.
Hace pocos días aparecían en los diarios los siguientes titulares: "Asaltan y maniatan a cuñada y sobrina de Claudio Bravo en Buin"; "Primo de Nicolás Massú recibe disparo tras ser víctima de portonazo en Providencia"; "Roban al menos 50 millones en casa de Marcelo Salas en Vitacura"; "Banda compuesta por menores de entre 15 y 17 años realizó asalto y se enfrentó a tiros con Carabineros en La Florida"; "Víctima de robo persigue e impacta el auto de ladrones en Chañaral".
¡O sea, francamente, una situación al límite!
La ley en proyecto tiene como propósito mejorar el funcionamiento de nuestro sistema procesal penal ante delitos de gran connotación social como los robos, los hurtos y la receptación, de manera de aumentar la probabilidad de que los responsables de estos ilícitos sean objeto de condenas efectivas, que estas se impongan por el tiempo que la ley establece y que se pueda distinguir y sancionar adecuadamente a primerizos y a reincidentes.
Para estos efectos, se introduce un conjunto de modificaciones a diversos cuerpos legales, las que, entre otras materias, contemplan un incremento de las correspondientes sanciones.
A mi juicio, señor Presidente, este proyecto es totalmente necesario.
Los partidos políticos y los parlamentarios independientes debemos dar una señal clara de si queremos seguir en la actual realidad que todo el mundo rechaza, de si deseamos continuar protegiendo primero los derechos de los delincuentes antes que los de la gente decente que respeta la ley.
Yo he leído con preocupación declaraciones de directivos de la Fundación Paz Ciudadana, de un ex Director del CEP y ex Ministro de mi Gobierno y de otros personajes que son teóricos, pues parece que no viven en Chile, quienes están muy preocupados de los derechos de los delincuentes, de lo que les pueda ocurrir.
Su Señoría dispone de un minuto adicional para concluir su intervención.
Señor Presidente, realicemos esta discusión pensando primero en la gente que cumple con la ley; en los emprendedores; en las pymes; en las personas a las que se les ha echado a perder su vida, que deben vivir enrejadas completamente, que tienen un pequeño comercio que no lo pueden atender después de las doce de la noche, y en tantas familias que hoy día, cuando se esconde el sol, deben meter a sus hijos pequeños en sus casas porque la delincuencia se ha tomado las calles de Chile.
Cuando uno de nuestros hijos -y no exagero; quienes tenemos hijos más grandes lo hemos vivimos en más de una oportunidad- sale a una fiesta en la noche, no sabemos si va a volver. Pongámonos en la situación de nuestros compatriotas y aprobemos esta iniciativa, que a mi juicio va en la línea correcta de lo que la gente nos está pidiendo a gritos en las calles.
Señor Presidente, la verdad es que comparto gran parte de las cuestiones que se han puesto sobre la mesa en esta discusión, la cual, como dijo el Ministro del Interior, debía ser "noble y democrática".
Ello, porque efectivamente durante los últimos meses hemos presenciado un debate en el que han sobrado las descalificaciones. Y me parece que un asunto como el que ahora nos ocupa no merece que se politice ni tampoco este nivel de descalificaciones.
Ahora, entiendo que las penas -no soy abogado, pero cuando uno ingresa al Congreso de alguna manera empieza a estudiar Derecho un poquitito- tienen que ver con varios elementos. Pero un aspecto importante es que estas ejerzan un efecto inhibitorio en la conducta que uno quiere prevenir o evitar.
Esa es una materia bastante discutible: si por el mero hecho de aumentar una penalidad uno va a disminuir la comisión de delitos conforme al efecto inhibitorio que provocaría en la persona que piensa cometerlos.
Pero un segundo elemento sin duda alguna se halla relacionado con la proporcionalidad entre el delito que pretendo castigar y la pena que le asigno.
Desde ese punto de vista, y por eso voy a votar a favor de este artículo, los delitos que aquí se describen me parecen tremendamente graves.
Sobre el particular, quiero hacer una reflexión más bien coloquial: el robo en vivienda habitada, más que preocupación por las especies sustraídas, provoca un temor muy grande que acompaña durante mucho tiempo a la familia victimizada.
Esto lo sumo a lo que planteó el Senador Harboe, en cuanto a que los delitos contra la propiedad no afectan solo a los hogares ABC1. Los portonazos y ciertos delitos perpetrados de manera violenta se difunden con mucha más publicidad cuando ocurren en el barrio alto.
Las cifras que Su Señoría entregó las conversamos durante el almuerzo: al año 2013, un millón cien mil hogares han sido víctimas de delitos contra la propiedad; 800 mil de ellos, que representan el 81 por ciento, corresponden...
¡Delitos que se han denunciado, señor Senador!
... a hogares de los segmentos C3 y D, o sea, de clase media y de sectores populares.
Hay en ellos una tremenda inseguridad. Entonces, debemos hacernos cargo de esa situación.
Ahora, el aumento de las penas no tendría sentido sin otras modificaciones que algunos parlamentarios ya describieron, que dicen relación con que el espíritu legislador se plasme de verdad en ellas.
Porque uno ve muchas veces que una pena de tres años y un día a diez años termina, por las atenuantes, en 541 días. Incluso ese juego pasa bastante con los reincidentes, y genera la sensación de impunidad que numerosas familias describen.
Insisto: estamos hablando de delitos como el robo con violación, robo con resultado de muerte, robo con secuestro. Espero, entonces, que el aumento de penas lleve consigo un efecto inhibitorio de tales conductas y podamos disminuir realmente la comisión de delitos en nuestro país, al menos la de aquellos que son más violentos y respecto de los cuales ahora estamos legislando.
Tiene la palabra el Senador señor Larraín. El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, con lo que ya se ha dicho, es muy poco lo que resta por agregar. Empero, solo quiero ratificar el planteamiento que hizo el Ministro del Interior en orden a la necesidad de asumir la realidad ciudadana.
Nosotros estamos siendo duramente cuestionados (el Gobierno, el Parlamento, los tribunales, el Ministerio Público, en fin) por la inefectividad en la batalla contra la delincuencia.
Pero donde más se nota esta inefectividad es precisamente en los delitos que ataca la "Agenda corta", los de robo y hurto, porque son los de más ocurrencia, los que revisten mayor connotación social.
En consecuencia, tenemos una oportunidad para imprimir un cambio de actitud.
Cada una de las medidas que se plantean por sí solas no son suficientes; pero el conjunto de estas -no las voy a repetir; me parece que el Ministro realizó una descripción bastante completa sobre el particular- marca una actitud distinta, la voluntad del Estado de terminar con la delincuencia o de reducirla lo más posible.
Una señal muy contundente en este caso es precisamente el aumento de las penas.
No son muchos los incrementos de penas que existen. Pero el que estamos estableciendo ahora es determinante.
Porque se trata de atacar los robos, que suponen ya el ejercicio de la violencia, con una pena mayor cuando se comete, además, violación u homicidio, es decir, delitos gravísimos, que por sí solos son objeto de una sanción muy alta. La suma de dichas penas genera una situación muy difícil.
Cuando se discutió sobre el establecimiento de la pena de muerte, recuerdo que uno de los delitos que se pensaba podía ser sancionado con ella, por un efecto disuasivo, era el homicidio con violación. Porque se trataba de la suma ya del máximo delito que se podía cometer: deshonrar en forma violenta a una mujer y, adicionalmente, asesinarla.
Aquí estamos en una situación muy similar a aquella.
Son robos, actos perpetrados con violencia, pero que, además, suponen, por ejemplo, que el autor asesina a la persona a la cual le roba en su casa, o la viola.
Es eso lo que, a mi entender, debemos tener presente. Porque el conjunto de estas medidas sí puede tener un efecto disuasivo; sí puede evitar, en la medida en que la normativa quede cada vez más clara y en que actúe todo el aparato, la repetición de tales situaciones.
Las reflexiones hechas en la Sala me evitan entrar en más detalles, señor Presidente.
Empero, deseo subrayar que es aquí donde estamos dándole a nuestro país una señal clara. Y ojala que esa señal posibilite la adopción de una actitud más radical en esta materia. Porque, al final, a todos aquellos que tenemos alguna autoridad nos responsabilizan por el problema de la delincuencia.
Por cierto, a todos no nos corresponde la misma responsabilidad. Al Gobierno le cabe la de mantener el orden público. Nosotros apenas podemos normar; sin embargo, hemos de garantizar que nuestro trabajo normativo sea efectivo y eficaz en cuanto a la consecución de resultados.
La labor de nuestra Comisión de Constitución ha sido contundente. Y, además, sus miembros hemos podido apreciar bastante acuerdo en el trabajo desarrollado, lo que se refleja en el enorme número de disposiciones que aprobamos por unanimidad.
En la que nos ocupa en este instante, aunque no hubo consenso, espero, a la luz de los argumentos aducidos y de la forma como se está enfrentando este debate, que podamos aunar voluntades al objeto de que exista, si no unanimidad, al menos una aceptación ampliamente mayoritaria, pues así empezamos dando señales fuertes respecto a delitos gravísimos que merecen una sanción dura como castigo retributivo, pero al mismo tiempo ejemplarizadora ante conductas que la sociedad rechaza y no está dispuesta a aceptar.
Algunos Comités me solicitaron recabar la unanimidad de la Sala para abrir la votación.
En votación el artículo 433 propuesto por la Comisión de Constitución para el Código Penal.
Esta es una discusión importante, señor Presidente. Se trata, como se expresó en su inicio, de un proyecto que hemos centrado en delitos contra la propiedad para, entre otras cosas, restringir la aplicación de atenuantes; aumentar las penas a los reincidentes; determinar el cumplimiento efectivo de sanciones en el caso del robo, el hurto y otros delitos. Es un poco la enumeración -y me parece bien- en el ámbito de la idea matriz de esta iniciativa.
Cuando uno se enfrenta a ese tipo de ilícitos es inevitable querer aplicar a quienes los perpetran un castigo drástico, el mayor posible. Pero, como legisladores, también nos corresponde reflexionar desde el punto de vista de la estructura general de las sanciones previstas en nuestro ordenamiento.
En tal sentido, si durante la discusión algo circuló entre los académicos, el Ministerio Público, la Defensoría Penal fue precisamente el establecimiento de sanciones coherentes en el catálogo respectivo.
Ahora, me pareció llamativo que un Senador señalara la figura de la pena de muerte -yo no participé (no era parlamentario) en el debate sobre su derogación-, que se consagraba para determinado tipo de delitos (robo con homicidio, homicidio con violación). Creo que, cuando uno tiene convicciones con respecto a la vida -discusión que se está dando en estos tiempos con mucha profusión-, bajo ninguna circunstancia corresponde la aplicación de la pena de muerte por parte del Estado; o sea, no procede que este, racionalmente, establezca esa figura a través de sus legisladores.
Señor Presidente, la discusión que tuvimos en la Comisión, en la que participó un conjunto de académicos invitados, discurrió sobre la base de entender que debemos contar -es el momento preciso para ello- con un Código Penal nuevo, donde haya un marco normativo de equivalencia de penas.
En el último tiempo hemos hecho un conjunto de adecuaciones para determinado tipo de sanciones aplicables -digámoslo- a delitos con mayor connotación. Por ejemplo, dictamos la denominada "Ley Emilia", para accidentes de tránsito con resultado de muerte por conducir bajo la influencia del alcohol; así, lo que constatamos nos llevó a elevar la penalidad y establecer un año de presidio efectivo.
Sin embargo, opino que la reflexión responsable del Estado debe ser en torno a la armonización del conjunto de sanciones.
Sobre el particular -repito-, me parece que, más que en este proyecto de ley, la discusión debió estar en el nuevo Código Penal.
Por eso, para ilustrar el debate, es importante señalar lo que la Defensoría Penal Pública consignó en la Comisión de Constitución.
"Seguidamente, el abogado de la Defensoría Penal Pública, señor Francisco Geisse, expresó que la formulación aprobada en general por el Senado para los delitos de robo calificado consideran una proporcionalidad más ajustada a los desvalores de las distintas figuras e introducen distinciones más consistentes que las propuestas en la indicaciones.
"Observó que el texto que viene de la Cámara de Diputados no sólo eleva el piso de la penalidad de cada figura, sino que establece tramos más estrechos de sanción, lo que también limita la discrecionalidad judicial. En este contexto, expresó que es complejo que se agrupe en la misma figura el robo con homicidio y el robo con lesiones, pues en el segundo caso se obliga al juez a aplicar una pena gravísima que parece proporcional cuando la víctima muere, pero no cuando sólo pierde parte de un miembro menos importante, como sería la falange de un dedo." (claramente, hay una figura respecto del resultado).
"Señaló" -agrega el informe- "que desde el punto de vista de la sanción, es razonable que se asimile el robo con homicidio al robo con violación, pues si se consideran aisladamente ambas figuras en nuestro ordenamiento, el homicidio tiene una pena similar a la de la violación. Por la misma razón, consideró que no tiene sentido asimilar el robo con homicidio al robo con mutilaciones menores.
"Añadió que también es más apropiado considerar la configuración del robo con secuestro empleando la fórmula de la retención de las víctimas por un lapso mayor al necesario para cometer la apropiación. Planteó que todo robo importa una limitación de la libertad ambulatoria,...
... por lo que no es posible que esa circunstancia se utilice para agravar la figura. Por tal razón, sostuvo que la indicación 3 debería rechazarse.".
Tal es la opinión que nos entrega la Defensoría Penal Pública. Se trata de una reflexión armónica sobre el conjunto de ilícitos que estamos analizando, en el sentido de que la elevación de penas, en la forma como se plantea, va a generar distorsiones en el ámbito de la escala general, de acuerdo al tipo de delito que se cometa. Por eso, señor Presidente, la norma que nos ocupa se aprobó en la Comisión por tres votos contra dos, pues no va en la línea correcta.
Comparto el propósito, pero estimo que la solución técnica no es la adecuada.
Señor Presidente, como es bastante obvio, el objetivo que se busca con las disposiciones que estamos discutiendo es, de alguna manera, mejorar la probabilidad de que los ilícitos de alta connotación social sean objeto de condenas efectivas.
Ahora, se ha puesto el énfasis en un conjunto de aspectos; entre ellos, el aumento de las sanciones.
Yo no puedo negar que el incremento de las penas merece reflexionar para, según la gravedad del delito, revisar cuál debe aplicarse. En este sentido, la idea es jerarquizar el catálogo de sanciones. Y, sin duda, una revisión puede aportar. Pero eso no nos garantiza para nada que va a subir el porcentaje de condenas efectivas. Porque el problema que tenemos es la impunidad: 94 por ciento de los delitos quedan sin castigo, decía el Senador Prokurica.
Por consiguiente, aumentando las penas podremos resolver otro problema, pero no el que se procura solucionar mediante este proyecto.
En segundo lugar, debo puntualizar que cuando uno incrementa las sanciones tiene que hacerse cargo de las consecuencias de ello. La primera pregunta es si existen en Chile cárceles con condiciones materiales y elementos profesionales que garanticen que los reclusos entrarán a un sistema que asegure que dentro del penal se romperán el circuito y las redes del delito y que al egresar esas personas se integrarán a un escenario diferente de aquel al cual pertenecían cuando delinquieron.
Por otro lado, habiendo 94 por ciento de delitos impunes, uno debe preguntarse si el problema se resuelve aumentando las penas o mejorando la eficacia investigativa y procesal, aspecto que también deberíamos abordar.
Además, habría que ver lo siguiente.
Pongámonos en el escenario positivo de que las penas generan un efecto inhibidor, de que se mejora la eficacia investigativa -condiciones que no necesariamente se dan; estamos partiendo de un supuesto-: debe considerarse también que las condenas tendrán mayor extensión y, por ende, que la tasa de egreso de los recintos penitenciarios será menor, pues los reclusos estarán más tiempo en el penal; entonces, se requerirán más personal y más infraestructura carcelaria.
Por tanto, nada sacamos con alargar la privación de libertad si no existe un proceso de reinserción social, lo que muchas veces ni siquiera ocurre en las cárceles modelos o en los recintos de alta seguridad, como aquí se ha planteado.
Lo digo porque he visitado en mi Región los recintos penales antiguos y nuevos, comprobando que el trabajo de reinserción social escasea en todas partes.
Asimismo, se supone que los reclusos deben vivir el proceso de privación de libertad en condiciones dignas, para, sobre todo en el caso de los jóvenes, generar oportunidades que permitan entrar en el área de la prevención, la eficiencia y la eficacia de la labor policial.
De lo que estamos discutiendo, señor Presidente, no fluye que esos aspectos se van a resolver sobre la base del aumento de las sanciones.
Así las cosas, yo concluyo que, de manera muy conservadora, volvemos a más de lo mismo.
No cabe, pues, pensar que cada vez que haya delitos de alta connotación el incremento de las penas será más eficaz para disuadir al delincuente.
Lo que más resiente a la sociedad es la sensación de impunidad cuando se cometen delitos, grandes o pequeños.
La mayoría de los ciudadanos han sido víctimas muchas veces de ilícitos menores. Pero la impunidad genera en la ciudadanía una sensación de desafección y, al mismo tiempo, de desprotección.
Obviamente, sacado el problema del contexto general, uno debe decir que la elevación de las penas para los delitos más graves parece lógica. Okay: se puede dar el voto. Sin embargo, no veo todavía que eso vaya a tener consecuencias efectivas en el propósito de la "Ley corta", cual es mejorar la probabilidad de que quienes cometen crímenes de todo tipo, pero particularmente de alta connotación, serán identificados, detenidos y castigados y cumplirán las penas impuestas.
Antes de que funde su voto el Senador señor Chahuán le daré la palabra al señor Ministro, quien hará una precisión.
No sé, señor Presidente, si lo que voy a decir puede considerarse precisión a lo dicho en la Sala. Más bien se trata de consideraciones muy breves.
Entiendo que, en general, el artículo que se está votando cuenta con una adhesión importante. Entonces, para no quitarles mucho tiempo a Sus Señorías, voy a hacer dos o tres pequeñas consideraciones a propósito del interesante debate que he escuchado.
El Senador De Urresti, con toda razón, citó algo que le pareció pertinente de lo dicho en sede de la Comisión de Constitución por la Defensoría Penal Pública, ente que efectuó un reproche en el sentido de que este proyecto limita la discrecionalidad judicial.
Yo creo que eso es absolutamente válido. Porque, en definitiva, es el soberano, el representante del pueblo, quien determina la escala de penas dentro de la cual debe moverse el juez.
En consecuencia, alguien puede decir "No me gusta el aumento de sanciones, por razones penales, por razones procesales". Pero hacer una consideración en cuanto a que importa una limitación a la discrecionalidad judicial, a mi parecer, no es un buen argumento.
Es cierto, como expresa el Senador Guillier, que una de las cuestiones que más preocupan a la ciudadanía es el efecto de impunidad.
Las cifras generales de delitos que terminan sin identificación son muy altas.
Sin embargo, a este respecto debemos ser cuidadosos, porque en el mundo no hay ningún sistema procesal penal -¡ninguno!- que exhiba tasas de sanción que pasen del 50 por ciento. No conozco ninguno. Incluso, puedo estar excedido en la cifra.
En definitiva, aunque a la gente le cueste entenderlo, debe existir un proceso inevitable de selección de los delitos más graves.
De hecho, los penalistas hablan -si no me equivoco- de los delitos "de bagatela". Es muy duro. Pero, en último término, no hay sistema ni financiamiento que resistan la investigación de todo.
Debe privilegiarse, entonces, una legislación que promueva la investigación de aquello que tiene, por ejemplo, la categoría de ilícitos de mayor connotación social.
Ahora, este proyecto también apunta justamente a buscar elementos que inhiban los efectos de impunidad.
No son tal vez las normas del Código Penal, pero sí las del Código Procesal Penal, en cuanto les damos más instrumentos a los fiscales; o la formación del Banco Unificado de Datos. Eso busca precisamente crear condiciones instrumentales, pedidas muchas veces, para evitar los altos niveles de impunidad.
Y, tercero, esta iniciativa dispone aumentos en el rango de las penas. Es cierto.
Por ejemplo, en el robo con violencia.
También, en las lesiones gravísimas y en las lesiones graves a agentes policiales o a efectivos de Gendarmería: castraciones, mutilaciones.
Hacia el año 2005 incrementamos el homicidio de un policía al rango mayor: está en el máximo. Pero, por alguna razón, se habían quedado fuera del aumento las penas por aquel tipo de lesiones.
Sin embargo, en general, este no es proyecto de aumento de sanciones. Su idea central es asegurar que la aplicación de la pena se mueva en el rango teórico establecido por el legislador y que, en definitiva, no sea el juego excesivo de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal lo que permita que, en la práctica, la sanción sea muy inferior al rango mínimo. Eso se busca respecto a ciertos ilícitos en que hay reincidencia o a delitos de gravedad especial.
Señor Presidente, Honorable Sala, sin lugar a dudas, estamos frente a uno de los delitos más graves: el relacionado con el robo calificado.
Nosotros hemos planteado subirle el piso al robo calificado, o sea, al "robo con violencia o intimidación en las personas, sea que la violencia o la intimidación tenga lugar antes del robo para facilitar su ejecución, en el acto de cometerlo o después de cometido para favorecer su impunidad". Dice la norma que nos ocupa que eso está asociado fundamentalmente al homicidio, a la violación o a alguna de las lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397, número 1, o, por ejemplo, al hecho de que "las víctimas fueren retenidas bajo rescate o por un lapso mayor a aquel que resulte necesario para la comisión del delito".
Al aprobar el artículo en votación estamos dando una señal política.
Por supuesto, tal como dice el Ministro del Interior, lo que estamos haciendo en definitiva es reducir la discrecionalidad judicial.
Eso es parte de la señal política que debe dar este Parlamento. Y debe darla por la sensación de impunidad que existe hoy día en la comunidad, donde cerca del 94 por ciento de los delitos quedan sin sentencia condenatoria; donde, adicionalmente, tenemos una complejidad determinada esencialmente por la escasez de recursos de las policías para enfrentar el delito.
En mi Región el año pasado se dieron de baja 423 vehículos de Carabineros, los que solo serán repuestos durante el primer semestre de 2016.
Hay comunas de mi Región que no tienen vehículos policiales. Por ejemplo, la de Concón, a la que hoy día, gracias a una gestión que realizamos con el General de la Quinta Zona, le facilitamos dos vehículos de Villa Alemana.
Entonces, la situación es compleja: no hay herramientas, no existen recursos para que las policías lleven a cabo su labor.
Por supuesto, esta iniciativa de ley tiene un cúmulo de otras medidas que irán complementando la acción policial.
El Banco Unificado de Datos es algo por lo que hemos luchado tanto. Con mi Honorable colega Espina presentamos proyectos en esa dirección y que apuntan a que la información de las dos policías sea concordante y en línea. Por supuesto, ello facilitará su acción.
Los consejos vecinales de seguridad -hoy día nos acompañan los de Viña del Mar- han estado trabajando activamente, en interacción con ellas y con la autoridad municipal, no solo en cuanto a la seguridad pública, sino también en lo que dice relación con la infraestructura necesaria para evitar actos delictuales. Cabe felicitar, por lo tanto, la labor que realizan, en particular los de Viña del Mar, Casablanca, Valparaíso y Concón.
Es preciso recalcar la necesidad cierta de ir avanzando en el restablecimiento de la autoridad de las policías. Esta es una cuestión de fondo. En la actualidad se puede escupir o pegarle un manotazo a un carabinero y estos maltratos de obra quedan prácticamente en la impunidad.
Nosotros presentamos una iniciativa sobre el particular, con relación a la cual el ex Ministro del Interior dijo, en su oportunidad, que iba a calificarla con "suma" urgencia o con "discusión inmediata". Nunca pasó nada.
No es posible que contemos con fuerzas policiales sin su sentido de autoridad restablecido.
De igual manera, hemos manifestado que un instrumento como el control preventivo de identidad es absolutamente necesario. Se trata de contemplar una herramienta mínima. En un Estado de Derecho, los ciudadanos ceden parte de sus libertades en favor del bien común, de un bien jurídico superior que es la seguridad pública. Y, desde luego, nadie puede sentirse menoscabado si justamente se le pide la exhibición del carné de identidad para chequear sus antecedentes. Eso es parte, finalmente, del bien jurídico protegido, y todos estamos disponibles, con miras a tal efecto, para llevar a cabo dicha cesión.
Han aumentado otro tipo de ilícitos, pero nosotros simplemente vamos a aprobar la disposición, porque es una señal política para disminuir la discrecionalidad judicial y tender a que estos delitos sean sancionados como corresponde.
Recuerdo a Sus Señorías que solo se encuentra en votación la norma del artículo 433 en orden a aumentar la pena para los delitos que expresa.
Señor Presidente, ya había usado de la palabra, pero, para fundamentar mi voto, solo deseo hacer un agregado. Porque, para los efectos de la historia fidedigna de la ley, se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con aspectos de la iniciativa, mas no es posible señalar algo distinto de lo que dice el texto.
El articulado en examen no pretende ser el único instrumento a través del cual se resolverá el problema de la delincuencia, mientras no se avance paralelamente en la prevención del delito, en particular trabajando con los menores de edad que entran al mundo delictual.
Respecto de ellos, me correspondió solicitarle a la Sala, durante la discusión del último proyecto de Ley de Presupuestos, el aumento de los recursos del SENAME, porque dieciocho mil niños en las regiones de cada uno de los señores Senadores, identificados como menores de dieciocho años que incursionaban en la ilicitud por primera vez, se encontraban absolutamente abandonados. Pertenecían al Programa 24 Horas y no recibían terapia multisistémica.
No hay manera de bajar la delincuencia si no se trabaja firmemente con los menores de edad para sacarlos del mundo del delito. Eso significa actuar con sus adicciones, con el alcoholismo, con la drogadicción, con sus familias. Y, sobre todo, si se cuenta con programas tan exitosos como el de dicha terapia.
Tampoco se logra una disminución si no se trabaja en la rehabilitación. Durante la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos, también manifesté, en representación de los Senadores de mi Partido, que había ¡ochocientos cupos! para reinserción laboral. Por lo menos veinticinco mil condenados podrían tener acceso a ella. No se ha hecho prácticamente nada.
Mas la iniciativa en examen no aborda ni la prevención ni la rehabilitación, sino la llamada "persecución penal", que es la tercera etapa.
Este es un tren que corre por tres rieles. Si no avanza por ellos al mismo tiempo, siempre enfrentaremos la imposibilidad de lograr éxito ante la delincuencia.
Dejaré para el día de mañana algo bien de fondo. ¿La delincuencia es una sensación de la ciudadanía o los datos fríos y objetivos demuestran que ha aumentado? Sostengo que se ha incrementado consistentemente en los últimos quince años, en particular tratándose de robos violentos.
Por lo tanto, las políticas públicas y los gobiernos han fracasado rotundamente. Y ello dice relación con todos: unos más y otros menos. Quiero consignar que no discuto ni las buenas intenciones ni los buenos propósitos de quienes ejercieron cargos en Administraciones anteriores o de los propios gobiernos, pero la realidad es que no hemos obtenido resultados exitosos.
El proyecto no consiste nada más que en alzar penas y no es fruto de haberse juntado un grupo de personas que creen que de ese modo se resuelven los problemas. ¡Eso es falso! Emplazo a quien lo lea a decir cuántas veces ello tiene lugar en más de treinta cambios sustanciales. ¡Son las menos!
Es algo que solo ocurre respecto de aquellos delitos en que objetivamente corresponde establecer la penalidad en proporción al reproche social de la conducta sancionada. ¿Cómo este no va a ser alto respecto de quien entra a robar y viola a la dueña de casa? ¡Cómo me van a decir que ese delincuente puede quedarse con tres años y un día, producto de circunstancias atenuantes, e irse feliz, quedando una familia destruida y una mujer ultrajada!
En cuanto a establecer que esa conducta al menos sea objeto de una penalidad de quince años y un día hacia arriba, me parece que la sanción es mucho más dura en cualquier legislación comparada. Y el complemento, como lo expresaron otros señores Senadores, se encuentra en las disposiciones que discutiremos más adelante.
Luego se hallan las normas de procedimiento, pedidas especialmente por las policías y los fiscales para el efecto de poder revertir, como ya lo manifestó el Honorable señor Harboe, el enorme grado de impunidad existente. En la sesión de mañana entregaré datos y cifras para que nos demos cuenta -ya los expusieron algunos colegas- de la tremenda proporción a que llega básicamente en el caso de dos delitos: robo y tráfico de drogas.
Lo increíble es que el ministerio público tuvo la honestidad de reconocerlo en una sesión. El Fiscal señor Abbott dijo: "Sí. Hemos fracasado en esta materia". Por eso, determinamos un aumento en las facultades de la Fiscalía, etcétera.
Entonces, la norma es correcta, justa.
Ya tendremos tiempo para discutir el resto de las disposiciones, que dicen relación con la persecución penal, el éxito de las investigaciones, la identificación del delincuente, su detención y su condena.
Señor Presidente, cada parlamentario, en su circunscripción o distrito, comprende la prioridad que tiene para la ciudadanía el problema de la delincuencia. "¿Cuándo van a terminar con los delitos, con los delincuentes?" "¿Cuándo van a terminar con la violencia?".
¿De qué manera el Congreso puede ayudar a que efectivamente concluya la impunidad?
Varios colegas ya lo han dicho: el proyecto solo no sirve, pero sí constituye un paso muy importante, como una señal de disuasión, especialmente en relación con el artículo que nos ocupa, respecto de los delitos graves o con reincidencia.
Muchas veces se hace presente que la responsabilidad se halla ligada a la ley. En efecto, tenemos la obligación de ejercer nuestras facultades para regular y establecer normativas que permitan a las policías, en su conjunto, contar con instrumentos para la persecución de los delitos, al igual que a la Fiscalía, y a los tribunales sancionar realmente.
Hasta ahora existe un poquito de "bolsillo de payaso" en algunas legislaciones, especialmente en las penales, traducido en que, frente a un mismo delito, un juez de Arica interpreta la sanción de un modo, y otro de Temuco, en forma diferente.
Lo que estamos haciendo es terminar con algún grado de impunidad que lleva a que los autores de delitos graves aparezcan en la calle al poco tiempo. Lo que se quiere es mantenerlos encerrados con una pena alta, con una condena ejemplarizadora. En consecuencia, lo que hace la modificación es decirle al magistrado: "Usted va a tener que aplicar ahora, en este tipo de delito, una sanción más elevada, pero, además, no puede rebajarla en el mínimo".
Fijamos un rango. El juez podrá moverse dentro de este de acuerdo con las condiciones particulares del ilícito y las muy específicas del autor o procesado, y no le será posible reducir la pena desde el mínimo que establecemos con relación a delitos graves o menos graves, pero que, en todo caso, atentan contra la seguridad de las personas.
¡Qué bien jurídico es más importante que la vida! Por lo tanto, estamos dando una señal categórica al subir las sanciones y en cuanto a que no exista impunidad.
La inseguridad no la solucionamos solo con medidas de control y con castigar de mejor manera el delito. Ya se ha dicho acá. Vamos a resolverla, en el mediano y largo plazo, con un conjunto grande de medidas, que tienen que ver con la reinserción, así como también con la forma como el niño se educa en un hogar que ayuda no solo a imponer principios, valores, sino que además inculca sentimientos de afecto y de cariño. Si no los recibe, más adelante lo encontraremos ejerciendo una violencia inusitada. Porque no se explica cómo los jóvenes pueden incurrir, en caso de poseer una cierta escala de valores, en ese tipo de actos.
Entonces, en las políticas públicas hay una responsabilidad compartida. No se trata solo de sanciones. Aquí participan los jueces, las policías, las fiscalías, la legislación que estamos aprobando en este artículo en particular. Es preciso que nos hagamos cargo, asimismo, de otras normativas, que tienen que ver con la protección social, con el desarrollo social y económico, con las oportunidades de vida.
Estamos dando un paso gigantesco en los cambios en la sociedad con la reforma educacional, con el nivel de oportunidades que puedan obtener en el futuro niños que no han tenido más alternativa que la de delinquir.
Voto entusiastamente a favor de la disposición, porque es preciso dar una señal clara de sanción, de término de la impunidad y de las más duras penas cuando se atenta contra la vida o la seguridad de las personas.
Hago presente que, en atención al ritmo que está alcanzando esta importante discusión, el señor Presidente evalúa la posibilidad de citar a una sesión especial para mañana a las 12, pero que ello se comunicará al término del Orden del Día.
Puede intervenir el Honorable señor Araya.
Señor Presidente, sin duda que el debate sobre la Agenda corta ha tomado no solo los medios de comunicación, sino que también ha sido intenso en el ámbito académico, en el mundo judicial e incluso en el propio Congreso.
Como ya se ha expresado por quienes me han precedido en el uso de la palabra, la seguridad ciudadana no se agota en el simple aumento de las penas, medida contemplada en el artículo que nos ocupa, sino que igualmente tiene que ver con un conjunto de factores que apuntan más bien a cómo se eliminan las brechas de impunidad en la comisión de ciertos ilícitos.
Conforme a cifras que entrega el propio Ministerio Público, la investigación en más del ochenta y cuatro por ciento de los delitos contra la propiedad se cierra sin saberse qué persona los ha cometido, con imputado desconocido. Obviamente, el manto de impunidad es alto, lo que va generando sensaciones de inseguridad.
La Agenda corta abarca aspectos de distinto tipo con los que se intenta hacerse cargo de la situación. Entre otros, se le asignan más facultades a la policía, se mejora la persecución penal entregando atribuciones al Ministerio Público y se corrigen algunas falencias detectadas en el proceso.
Deseo consignar por qué razón en la Comisión de Constitución voté en contra de la norma en examen. De un tiempo a esta parte, el Congreso ha venido legislando sobre distintas materias, conforme a la gravedad o no del delito o a su mayor o menor connotación social a través de los medios de comunicación, fundamentalmente con una herramienta al alcance de la mano del legislador que es el aumento de las sanciones. Ello ha conducido, en la práctica, a contar con una legislación penal bastante inorgánica. Si se empieza a considerar algunos tipos de ilícitos bastante inferiores, se observan castigos altísimos. Y, así, en caso de que se debiera ordenar la sanción de acuerdo con el bien jurídico tutelado, nos encontramos con ciertas desproporciones. Tratándose, concretamente, de lo propuesto en el artículo que nos ocupa, se puede compartir el incremento de penas, porque, como muy bien lo han expresado algunos señores Senadores, se hace referencia a las figuras más graves de robo y se aumenta de diez años y un día, en el piso, a quince años y un día. ¿Dónde radica el problema, a mi juicio? En que el número 1° planteado para el artículo 433 no distingue respecto de cuál es el bien jurídico principalmente tutelado que se está defendiendo y contempla la misma sanción en caso de que el ilícito conlleve un homicidio, una violación o incluso alguna de las lesiones que menciona. Entonces, cabe hacerse la pregunta de cuál es la señal que estamos mandando como política criminal.
Por ese motivo, sostuve en la Comisión que me gustaba más la propuesta de la Cámara, que solo permitía el aumento de penas para las figuras más graves, como el homicidio y la violación. Porque aquí, en la práctica, lo que se le estaría diciendo al delincuente en el momento de hacer el reproche penal es: "Si usted, además del robo, comete una violación, un homicidio o una lesión, la sanción parte en quince años y un día". Al saberse que si se causan lesiones o se comete homicidio la pena es la misma, se genera un sinsentido, a mi juicio, en lo que debiera ser la política de persecución criminal.
En consecuencia, en el órgano técnico manifestamos, junto a mi Honorable colega De Urresti, que lo prudente es separar y dejar las lesiones como originalmente venían de la Cámara, con una penalidad un poco más baja, porque, si no, ¿cuál es la señal que estamos mandando como política criminal? En efecto, al delincuente se le diría: "El reproche penal que el Estado le hará a usted, en el caso del robo, es el mismo si median lesiones, homicidio o violación".
Por eso, votamos en contra.
Queremos insistir en que si bien es cierto estamos de acuerdo con que es preciso aumentar las penas en la materia, la norma no va a solucionar la cuestión. Los problemas de impunidad en los delitos de robo se dan producto de las técnicas investigativas, las cuales, además, se corrigen con el proyecto de ley. Lo que uno esperaría es que dicho incremento ofreciera un cierto grado de racionalidad; que el bien jurídico tutelado en primer lugar fuera la vida, y que, a partir de eso, construyésemos las distintas figuras que se castigan y los tipos de sanción.
En esa misma línea, ojalá que el Gobierno, de una vez por todas, se decida a enviar un nuevo Código Penal, en el que efectivamente podamos contar con una sistematización clara de cuáles son los delitos que vamos a castigar, con qué clase de sanción, y sea posible volver a una escala racional de penas en cuanto a los bienes jurídicos que se tutelan.
Dicho eso, anuncio que me voy a abstener.
Señor Presidente, no puede presumirse que alguien en la Sala desee alivianar o disminuir el ejercicio de la potestad del Estado frente a la comisión de ilícitos. Todos queremos sancionarlos.
Es claro que la delincuencia se ha convertido en un problema de política pública del cual nadie escapa. Sea el Presidente del Máximo Tribunal, sea un trabajador, sea un simple ciudadano, todos pueden ser afectados por la comisión de delitos que implican mucha impunidad, la cual algunas veces es plena.
¡Algo estamos haciendo mal! ¡Algo de lo diseñado en nuestras leyes no está dando resultados!
Las argumentaciones de mis colegas Araya y De Urresti son claras. Por errores en la técnica legislativa, podemos no concurrir al objetivo deseado. Esta es la instancia para debatir.
El Senador que habla no ha estado en la Comisión de Constitución. No soy abogado. Solo expongo que quiero votar leyes y artículos que cumplan con su objetivo.
Por cierto, uno puede decir respecto del delito de violación: "¡Bien! ¡Pasemos de diez años y un día a quince años y un día!". Ello, si tranquiliza a la gente; si les devuelve la paz a las víctimas. Solo quiero subrayar que si a los quince años y un día el delincuente sale y comete el mismo delito, habremos fracasado.
Existe un problema de redacción, en consecuencia. Mi pregunta es por qué no se hizo una separación. ¿Por qué no se volvió a lo que venía de la Cámara de Diputados, con quince años para el violador, pero diez para el robo?
Tengo en mis manos un estudio de la Fundación Paz Ciudadana y de la Universidad Adolfo Ibáñez. Nadie podría afirmar que se trata de una institucionalidad que quiere condescender con el delito. ¿Qué se concluyó? El texto expresa:
"-En Chile, existe una elevada utilización de la cárcel. Sin embargo, las cifras muestran la poca efectividad de las penas de encierro".
"-Las penas de encierro inferiores a un año son las que presentan las mayores tasas de reincidencia".
Esta última es baja entre los beneficiarios de libertad condicional, con un 23,5 por ciento, y de la ley de rebaja de condena, con un 37,5 por ciento, frente al cumplimiento íntegro de la pena: 57,4 por ciento. Las medidas alternativas a la prisión presentan porcentajes significativamente menores de reincidencia, especialmente en relación con la libertad vigilada: 19,5 por ciento. Por tanto, claramente, la menor reincidencia del sistema abierto refuerza la necesidad de fomentar el uso de penas alternativas a la cárcel. En consecuencia, ¿qué nos dice el estudio de Paz Ciudadana y la Universidad Adolfo Ibáñez? Penas alternativas, no solo el uso de la cárcel. Yo he escuchado con atención al Ministro del Interior y a los Senadores Harboe y Espina, quienes nos señalan que si aumentamos las penas tendremos un efecto en la disminución de los delitos. ¡Eso no va a ser así!
No hay un solo argumento -se los digo a los integrantes de la Comisión de Constitución, por su intermedio, señor Presidente- que vincule el alza de las penas con la reducción de los delitos. Por el contrario, toda la experiencia internacional muestra con claridad -como lo expresa el propio estudio de Paz Ciudadana y la Universidad Adolfo Ibáñez respecto de nuestro país- que el aumento de las penas no guarda ninguna relación con la efectividad para evitar la reincidencia. Por eso, valoro las argumentaciones de dos connotados abogados de la Comisión de Constitución, Pedro Araya y Alfonso de Urresti, quienes no buscan rebajar la tasa de imposición de pena de cárcel para los delincuentes, sino claridad y efectividad en la aplicación de las penas. Porque está demostrado que cuando ellas son altísimas los jueces no las aplican (eso ha ocurrido en los incendios forestales). Tiene que haber una pena proporcional al delito y, también, el uso de medidas alternativas. Siento que nos hemos cargado hacia las penas de cárcel, y ellas lo único que hacen es otorgar ganancias a los concesionarios de los recintos respectivos, ya que les pagamos por preso. Si utilizamos penas alternativas, bajaremos la tasa de reincidencia. Por eso, mientras no tengamos una clara política de reinserción y de rehabilitación no vamos a disminuir el porcentaje de reincidencia, particularmente de delitos. Así es que en esta votación, señor Presidente, porque no creo en la efectividad del alza de penas para disminuir los delitos, pero sí en el endurecimiento de las condiciones para investigar, sancionar, detener y llevar a la cárcel -parte del proyecto va en esa línea-, me voy a abstener. ¡Patagonia sin represas!
Tiene la palabra el Senador señor Coloma. El señor COLOMA.-
Señor Presidente, quiero hacerme cargo de la objeción que ciertos Senadores han planteado respecto de incluir el delito de lesiones junto al de homicidio en el aumento de penas que propone este articulado. Me gustaría que siguieran un poco la argumentación que daré, porque esto es bien importante. Aquí hay un acuerdo relevante en cuanto a elevar el piso de los delitos que generan no solo impacto social, sino que un daño muy profundo en la sociedad, como los casos de homicidio o de violación. Pero quiero decirles que al tratar -y la Ministra coincide- de diferenciar algunos delitos de lesiones para no ver aumentada su penalidad, se debería tener claro -y agradezco al Senador Espina, quien me pasó los datos- de qué estamos hablando. Estamos hablando del artículo 395 del Código Penal, que establece: "El que maliciosamente castrare a otro...". Yo de verdad, señor Presidente, no sé para estos efectos cuál es el significado de una castración respecto de una violación en materia de gravedad. Me parece que son lo más parecido que puede haber, porque los efectos sociales son brutales. Al igual que el que mutilara a otro; o el que, como resultado de las lesiones, dejara "al ofendido demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de un miembro importante o notablemente deforme". Eso es lo que estamos diciendo.
No se trata de una lesión cualquiera, como la herida en una mano o en un pie. ¡No! Por eso estamos aumentando -creo que con razón- la sanción al que castrare, al que mutilare, al que generare a otro una condición de demencia, al que deformare. Entonces, señor Presidente, con todo respeto digo que no podemos hacer una diferencia entre estos delitos. Hoy día la ley no distingue, la norma establece sanciones equivalentes al homicida, al violador, al castrador, al mutilador, al deformador. La legislación actual considera que ese conjunto de delitos es parejo. Ahora vamos a subir las sanciones -considero importante elevar el piso de estos delitos-, pero algunos Senadores piden que en ese aumento no se considere al castrador, al mutilador, al deformador. Por tanto, me parece que aquí hay un error en la valoración del daño que genera en una persona un acto brutal de la naturaleza descrita. Porque -insisto- no se trata de una lesión cualquiera, sino de las lesiones contenidas en los artículos 395, 396 y 397, número 1°, que son las especialmente dramáticas y difíciles de sobrellevar para cualquier persona que las sufra. Entonces, les pediría a esos Senadores -no me cabe duda de que actúan de buena fe- que reflexionen sobre lo que significaría hacer una diferencia respecto de la brutalidad de los delitos que estamos hablando. No nos referimos a delitos cualesquiera, sino a los más brutales que uno puede imaginarse dentro de una sociedad. Por eso, señor Presidente, me parece que estamos dando un paso positivo como sociedad, pues se trata de un tipo de delitos atroces. Pero no dejemos de lado a otros que siempre han estado considerados en nuestro Código Penal como equivalentes -yo creo que lo son- y no los diferenciemos por primera vez en la norma propuesta, porque son delitos brutales, que dejan huella para toda la vida. En consecuencia, llamo a votar a favor del planteamiento hecho por la mayoría de los integrantes de la Comisión de Constitución.
Señor Secretario, consulte. El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-
Terminada la votación. --Se aprueba el artículo 433 propuesto por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (32 votos a favor, 3 abstenciones y 1 pareo). Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Allamand, Bianchi, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Matta, Montes, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Se abstuvieron los señores Araya, De Urresti y Navarro.
No votó, por estar pareada, la señora Van Rysselberghe.
El señor LAGOS (Presidente).- Informo a la Sala que mañana tendremos sesión especial de 12 a 14, para continuar el tratamiento de esta iniciativa.
Ahora, dado lo avanzado de la hora y habiéndose cumplido su objetivo, procederé a levantar la sesión, sin perjuicio de dar curso a las solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa.
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes: Del señor DE URRESTI:
Al señor Ministro de Obras Públicas, para que remita PROGRAMACIÓN DE PROLONGACIÓN DE ASFALTADO DE RUTA T-248 HASTA SECTOR DE CASTILLO SAN LUIS DE ALBA, COMUNA DE SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA.
Al señor Comandante en Jefe de la Armada, al señor Superintendente del Medio Ambiente y al señor Superintendente de Servicios Sanitarios (T y P), a fin de que se informe sobre DENUNCIA DE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO POR OBSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y DERRAME DE AGUAS SERVIDAS EN LAGO RANCO, Y FISCALIZACIONES Y MEDIDAS CONSIGUIENTES.
A la señora Ministra de Justicia, reiterándole oficio relativo a CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN, DOCUMENTOS DE IDENTIDAD Y VIAJES Y SERVICIOS RELACIONADOS".
A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo y al señor Alcalde de Galvarino, pidiéndoles tomar medidas para la REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CALLES CÉNTRICAS DE DICHA COMUNA.
Al señor Alcalde de Perquenco, reiterándole oficio sobre URGENTENECESIDAD DE ENSANCHAMIENTO DE CAMINO VECINAL EN REDUCCIÓN NOVOA, COMUNA DE PERQUENCO.
A la señora Ministra de Salud, consultándole las razones de NO INCLUSIÓN DE AVANCES FINANCIEROS EN INFORME ENTREGADO A COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS SOBRE INICIATIVAS DE INVERSIÓN DE SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES. Del señor GARCÍA-HUIDOBRO:
A la señora Ministra de Salud y al señor Director del Servicio de Salud O'Higgins, planteándoles DIVERSAS CONSULTAS RELATIVAS A PUESTA EN MARCHA DE NUEVO HOSPITAL DE REGIÓN DE O'HIGGINS.
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, solicitándole información sobre NÚMERO DE DETENIDOS POR TRÁFICO DE DROGAS, POR PORTE DE PEQUEÑAS CANTIDADES DE SUSTANCIAS O DROGAS ESTUPEFACIENTES O PSICOTRÓPICAS Y POR CONSUMO DE DROGA EN LUGARES PÚBLICOS.
Y al señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, requiriéndole señalar NÚMERO DE SENTENCIAS CONDENATORIAS Y ABSOLUTORIAS ENTRE 2013 Y 2015 POR APLICACIÓN DE ARTÍCULOS 3° Y 4° DE LEY N° 20.000.
Se levanta la sesión. --Se levantó a las 19:47.