Source: https://suprema-corte.vlex.com.mx/vid/641476653
Timestamp: 2019-10-14 14:17:28
Document Index: 158608302

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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 641476653
Localizacion: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I , página 596.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 107/2014. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.I. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. INCOMPETENCIA DE LAS LEGISLATURAS LOCALES PARA EXPEDIRLA (INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 12 Y 13 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES ASEGURADOS, DECOMISADOS O ABANDONADOS PARA EL ESTADO DE HIDALGO). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL POR PROVENIR DE UN ÓRGANO INCOMPETENTE PARA EMITIRLA (INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 12 Y 13 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES ASEGURADOS, DECOMISADOS O ABANDONADOS PARA EL ESTADO DE HIDALGO).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 107/2014. 20 DE AGOSTO DE 2015. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. PONENTE: J.M.P.R.. SECRETARIA: NÍNIVE I.P.R..
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veinte de agosto de dos mil quince.
VISTOS para resolver la acción de inconstitucionalidad 107/2014, promovida por el procurador general de la República; y,
Presentación de la acción. Mediante oficio presentado el diez de diciembre de dos mil catorce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, J.M.K., en su carácter de procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de las normas que más adelante se señalan, emitidas y promulgadas por las autoridades que a continuación se precisan:
• Los artículos 12 y 13 de la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados para el Estado de H., publicados mediante Decreto 222, en el Periódico Oficial del referido Estado, el diez de noviembre de dos mil catorce.
Artículo constitucional violado. El promovente estima violado el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Concepto de invalidez. En su único concepto de invalidez, adujo, en síntesis, lo siguiente:
Manifiesta que los artículos 12 y 13 de la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados para el Estado de H., son inconstitucionales, en virtud de que invaden la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión, previstas en el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el referido inciso establece la facultad del Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia procedimental penal. Conforme al proceso legislativo de reforma constitucional que dio lugar al actual texto de la citada fracción XXI, el Constituyente consideró de gran importancia que existiera una sola legislación procesal penal, en lugar de una por cada entidad federativa, más la federal, se estimó necesario que los procesos penales sean uniformes en todo el país.
Al respecto, en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Estudios Legislativos Primera y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores, actuando en su carácter de Cámara de Origen, se señaló que el Constituyente consideró necesaria la existencia de una legislación única a nivel nacional en materia de procedimientos penales, a efecto de que se homologara la materia adjetiva en el territorio mexicano, brindando con ello mayor certeza al gobernado, al evitar una multiplicidad normativa en cada entidad federativa.
Aduce que, de conformidad con los artículos 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Federal y segundo transitorio del decreto del nueve de octubre de dos mil trece, las entidades federativas, incluyendo el Estado de H., ya no pueden expedir legislación en materia procesal penal. Únicamente están facultadas para seguir aplicando la legislación estatal hasta que entre en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero bajo ninguna circunstancia pueden expedir legislación que regule los procedimientos penales relativos al sistema acusatorio.
Por otra parte, señala que en el Estado de H. fueron publicadas en el Periódico Oficial de la entidad, mediante el Decreto 208, de veinticinco de agosto de dos mil catorce, las declaratorias de incorporación del sistema procesal penal acusatorio y del Código Nacional de Procedimientos Penales, al orden jurídico estatal, por lo que, conforme al artículo segundo transitorio de la reforma constitucional, mediante la cual se reformó el artículo 73, fracción XXI, inciso c), las entidades federativas ya no tienen facultades para expedir legislación procesal penal.
Argumenta que los artículos impugnados resultan inconstitucionales, puesto que pretenden regular cuestiones propias del proceso penal, a pesar de que la Legislatura Estatal, por disposición constitucional, carece de atribuciones para legislar sobre esta materia, para lo cual precisa que, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley para la Administración de Bienes, este ordenamiento tiene el objeto de "regular la administración y disposición de los bienes asegurados, decomisados o abandonados, en los procedimientos penales, en los términos previstos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Código Penal del Estado de H. y las demás leyes aplicables."
Asimismo, destaca que varios artículos de la Ley para la Administración de Bienes remiten a los procedimientos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como por ejemplo, los artículos 29 a 31, que se refieren al tratamiento de los bienes decomisados y abandonados y a la devolución de bienes, sin embargo, estima que el legislador estatal, al emitir los artículos 12 y 13 del ordenamiento combatido, excedió su esfera de facultades, pues reguló cuestiones propias del proceso penal que ya se encuentran previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales; lo anterior, se evidencia a partir de una comparación entre las normas de la Ley para la Administración de Bienes y los artículos relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Por lo que el Congreso del Estado de H. vulneró el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Federal, pues legisló en materia procedimental penal, la cual se encuentra reservada al Congreso de la Unión.
Asimismo, aduce que el artículo 12 de la Ley para la Administración de Bienes, va más allá de lo establecido por los artículos 230 y 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que otorga la facultad a los órganos jurisdiccionales para que notifiquen el aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito a los interesados.
En este sentido, estima oportuno señalar que el artículo 230 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la porción normativa que en el presente asunto interesa, establece las reglas que rigen respecto del aseguramiento, entre las que destaca, que el Ministerio Público o la policía en auxilio de éste, deberá elaborar un inventario de todos y cada uno de los bienes que se pretendan asegurar, firmado por el imputado o por la persona con quien se atienda el acto de investigación. Asimismo, que los bienes asegurados y el inventario correspondiente se pondrán a la brevedad a disposición de la autoridad competente, de conformidad con las disposiciones aplicables.
El artículo 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone, entre otras cuestiones, que el Ministerio Público deberá notificar al interesado o a su representante legal el aseguramiento del objeto, instrumento o producto del delito, dentro de los sesenta días naturales siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición, según sea el caso, una copia del registro de aseguramiento, para que manifieste lo que a su derecho convenga.
Así las cosas, señala que, de conformidad con el sistema jurídico penal, corresponde en exclusiva a la institución del Ministerio Público la investigación de las conductas reprochables y, dentro de dicha etapa, el representante social podrá aplicar las técnicas de investigación, entre las que se encuentra el aseguramiento de bienes.
En consecuencia, si dentro de la etapa de investigación, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales, se puede actualizar el aseguramiento del objeto, instrumento o producto del delito, y el único facultado para tal efecto es el Ministerio Público, se considera que el artículo 12 de la Ley para la Administración de Bienes que se cuestiona, al otorgar la facultad al Poder Judicial de la entidad, de decretar el aseguramiento, así como su notificación, lesiona el ámbito competencial del Congreso de la Unión, pues está regulando una figura jurídica que ya se encuentra establecida en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como exclusiva del Ministerio Público, esto es, regula una cuestión procesal que es competencia exclusiva de la Federación, a través de su órgano legislativo federal.
Esto, además, va en contra de la intención del Órgano Reformador de la Constitución Federal, uno de los principales objetivos, al conferir al Congreso de la Unión la facultad de emitir la legislación única en materia procesal penal, consistió en lograr que los procesos penales sean homogéneos en todo el país; esto pretende dar seguridad jurídica a todas las personas, quienes tendrán la certeza de que los procedimientos tendrán una tramitación única.
Por otro lado, el propio artículo 12 de la Ley para la Administración de Bienes, actualiza una diversa transgresión al ámbito competencial del Congreso de la Unión, al establecer un plazo de sesenta días naturales siguientes a la ejecución del aseguramiento, para que la autoridad administrativa o judicial notifique al interesado o a su representante legal, personalmente o por edictos, de tal cuestión, entregando o poniendo a su disposición, según sea el caso, una copia del registro de aseguramiento, para que manifieste lo que a su derecho convenga, pues este acto procesal se encuentra regulado en el artículo 231, primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Igualmente, estima que es inconstitucional el artículo 13 de la Ley para la Administración de Bienes; este precepto establece que la notificación a que hace referencia el artículo 12 de la propia ley local, deberá contener el apercibimiento correspondiente para que el interesado no ejerza actos de dominio sobre los bienes asegurados y manifieste lo que a su derecho convenga, en un término de noventa días naturales siguientes a la fecha de la notificación, en el entendido de que, de no hacerlo en el plazo señalado, los bienes causarán abandono; este aspecto procesal se encuentra regulado en el segundo párrafo del artículo 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que fija un plazo igual para los mismos efectos, sin embargo, su establecimiento se traduce en una invasión de facultades, en perjuicio del ámbito competencial del Congreso de la Unión, en atención a que lo previsto en el numeral combatido resulta un aspecto meramente procedimental, por lo que queda vedado de las facultades de los Congresos Locales.
Destaca que el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 231, tercer párrafo, es mucho más preciso que la de la Ley para la Administración de Bienes, pues aquél puntualiza cómo debe hacerse la notificación en caso de que se desconozca la identidad o domicilio del interesado; al respecto, la mencionada norma indica que debe efectuarse por edictos, señala el número de publicaciones y el medio para hacerlas, asimismo, el artículo 231 regula el contenido de la notificación, pues ésta debe contener diversos apercibimientos dirigidos al interesado, consistentes en que éste debe abstenerse de ejercer actos de dominio sobre los bienes asegurados, y si no manifiesta lo que a su derecho convenga, en noventa días naturales siguientes al de su notificación, los bienes causarán abandono.
Sin embargo, el artículo 13 de la Ley para la Administración de Bienes, únicamente contempla lo relativo al apercibimiento, sin precisar a detalle la notificación por edictos; de este modo, la norma combatida es inconstitucional, puesto que regula aspectos del proceso penal, que ya se encuentran contemplados en el Código Nacional de Procedimiento Penales, pues si subsiste el precepto impugnado, el procedimiento en el Estado de H. será diferente al del resto de la República, y esto fue precisamente lo que el Constituyente pretendió evitar, al reformar el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Federal.
Concluye que del articulado de la Ley para la Administración de Bienes, se advierte que la pretensión del legislador estatal fue que estas normas sean aplicables en los procedimientos penales del sistema acusatorio; por este motivo, estima que el legislador estatal, al referirse al procedimiento para la notificación del aseguramiento y abandono, debió estarse a lo ya previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales sobre el tema.
Por lo que estima que el Congreso del Estado de H., al expedir los artículos impugnados, transgredió el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues reguló aspectos del procedimiento penal acusatorio, que ya no son competencia de la entidad federativa, sino que sólo la Federación puede legislarlos.
Registro y admisión de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveído de once de diciembre de dos mil catorce, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 107/2014 y, por razón de turno, tocó fungir como instructor al Ministro J.M.P.R..
Por auto de la misma fecha, el Ministro instructor admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de H., para que rindieran sus respectivos informes.
Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.
El gobernador del Estado de H., en esencia, señaló que promulgó y ordenó la publicación de la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados para el Estado de H., para llevar a cabo la armonización legislativa del marco jurídico penal, con el Código Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de iniciar con el nuevo sistema de justicia procesal penal acusatorio, con el apoyo del órgano implementador de la Secretaría de Gobernación, por sus siglas, Setec, y que se cuidó de no invadir ninguna esfera de competencia ajena a la local.
Informe del Poder Legislativo del Estado de H..
Sostiene la constitucionalidad de los numerales 12 y 13 de la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados para el Estado de H., impugnados por la Procuraduría General de la República, por ser infundados los razonamientos y conceptos de invalidez que hacen valer, toda vez que, de conformidad con las facultades legalmente encomendadas al Poder Legislativo, en sesión ordinaria de siete de noviembre de dos mil catorce, el Congreso discutió y aprobó la iniciativa mediante la cual se expide la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados para el Estado de H., expidiéndose el Decreto Número 222, el cual fue sancionado por el titular del Poder Ejecutivo Estatal y publicado en el Periódico Oficial del Estado, en su alcance, el diez de noviembre de dos mil catorce, cumpliendo con ello, con armonizar la legislación local, con las reformas realizadas a nivel federal y, en particular, con el Código Nacional de Procedimientos Penales, normatividad que en ningún momento se contradice o invade los preceptos de su competencia, y menos aún, vulneran el ámbito competencial que el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, confiere al Poder Legislativo Federal.
Lo anterior, ya que si bien el Código Nacional de Procedimientos Penales establece en su capitulado de técnicas de investigación, las disposiciones generales para el aseguramiento, custodia, disposición y abandono de bienes, derivado de un proceso penal, aplicables en todo el país, también es cierto que el artículo octavo transitorio del decreto por el cual se expide el referido código, expresamente establece la obligación de las entidades federativas de publicar las reformas legales necesarias para la implementación de ese ordenamiento, requiriendo, entonces, que en el Estado de H. se establecieran medidas legales para concretar una correcta practica en el aseguramiento y administración de los bienes que son asegurados por autoridades u órganos estatales, no sólo de carácter penal, estableciendo controles estrictos más allá de la norma federal, sin que ello contravenga los principios que ya ha regulado el Congreso de la Unión, reglamentando la administración, uso y disposición de los bienes asegurados, decomisados o abandonados, en los procedimientos penales o que sean puestos a disposición de la autoridad, por cualquier medio legal.
Cierre de instrucción. Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos y encontrándose instruido el procedimiento, mediante proveído de dieciocho de febrero de dos mil quince, quedó cerrada la instrucción, a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre los artículos 12 y 13 de la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados para el Estado de H. y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Oportunidad. El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal(1) dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, y que su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial; asimismo, señala que si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
El Decreto 222, por el que se publicaron los artículos 12 y 13 de la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados para el Estado de H., se publicó el diez de noviembre de dos mil catorce, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de H., tal como se advierte del ejemplar de la edición correspondiente que obra agregado a fojas de la diez a la veinte del expediente. Así, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia, el plazo de treinta días naturales para promover la presente acción transcurrió del martes once de noviembre al miércoles diez de diciembre de dos mil catorce.
En el caso concreto, según consta en el sello asentado al reverso de la foja trece del expediente, la demanda se presentó el miércoles diez de diciembre de dos mil catorce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es evidente que la presentación de la demanda es oportuna.
Legitimación. A continuación, se procederá a analizar la legitimación de quien promueve, por ser un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción:
El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que las acciones de inconstitucionalidad se podrán promover por el procurador general de la República, en contra de leyes federales, estatales y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano.
En el caso concreto, J.M.K., en su carácter de procurador general de la República, suscribe la demanda de la presente acción de inconstitucionalidad, en contra de los artículos 12 y 13 de la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados para el Estado de H.. Tal carácter lo acredita con la copia simple de su designación en ese cargo, en virtud de la constancia firmada por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, donde se le comunica que, en sesión de cuatro de diciembre de dos mil doce, con ratificación del Senado de la República, lo designó como procurador general de la República.(2)
Además, es un hecho notorio para este Alto Tribunal que, efectivamente, el citado funcionario al momento de la presentación de la acción fungía como procurador general de la República. Sirve de apoyo la jurisprudencia número P./J. 74/2006,(3) de rubro: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO."
En consecuencia, el procurador general de la República cuenta con legitimación para acudir, como actor, a este medio de control constitucional.
Estudio de fondo. En su concepto de invalidez, el promovente aduce que los artículos 12 y 13 de la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados para el Estado de H., son inconstitucionales, en virtud de que invaden la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión, previstas en el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que dichos preceptos pretenden regular cuestiones propias del proceso penal, a pesar de que la Legislatura Estatal, por disposición constitucional, carece de atribuciones para legislar sobre esta materia; asimismo, se contraviene lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Es fundado el argumento anteriormente referido, en atención a las consideraciones que se desarrollan a continuación:(4)
Artículo 12. La autoridad judicial o administrativa que decrete el aseguramiento deberá notificarlo al interesado o su representante legal, personalmente o por edictos, dentro de los sesenta días naturales siguientes a su ejecución para que manifieste lo que a su derecho convenga.
Artículo 13. La notificación a la que se hace referencia en el artículo anterior, deberá contener el apercibimiento correspondiente para que el interesado no ejerza actos de dominio sobre los bienes asegurados y manifieste lo que a su derecho convenga en un término de noventa días naturales siguientes a la fecha de notificación, en el entendido de que de no hacerlo en el plazo señalado los bienes causarán abandono.
Como se advierte, la referida norma constitucional, en lo que al caso interesa, prevé que el Congreso de la Unión será competente para expedir la legislación única en materia procedimental penal, de procedimientos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas, que regirá en la República, excluyendo, de esta forma, la concurrencia de los Estados para legislar al respecto.
"Contar con un sistema procesal penal que dé certidumbre, eficacia y transparencia, es la pretensión de cada uno de los legisladores que integramos esta comisión, cuya finalidad es dotar a nuestra nación con una estructura penal óptima, para lograr esto se deben realizar todas las adecuaciones normativas necesarias. Se tiene claro que el tema es complicado, por esa complejidad es que la reforma constitucional publicada en el D.O.F., el 18 de junio del 2008, estableció en su parte transitoria que el sistema acusatorio tendría ocho años a partir del día siguiente de su publicación para que entrara en vigor estas reformas, es decir, que en el 2016, se tendría que tener unificado todos los sistemas penales de nuestro país.
"En este rubro el proyecto que contiene la minuta en dictamen es una parte coyuntural que las acciones que permitan lograr los objetivos del sistema acusatorio penal, por ello, los diputados integrantes de esta comisión afirmamos categóricamente que al contar con las facultades para legislar en materia procesal penal es construir con bases sólidas un Estado de derecho óptimo en su ejercicio.
En términos del régimen transitorio,(5) dicha reforma entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, esto es, el nueve de octubre de dos mil trece, señalando como fecha máxima de entrada en vigor de la legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos y de ejecución de penas que debería expedir el Congreso de la Unión, el dieciocho de junio de dos mil dieciséis.
Si bien, como se señaló, con motivo de la entrada en vigor de la reforma constitucional, los Estados han dejado de tener competencia para legislar sobre materia procedimental penal, mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas, hasta en tanto entre en vigor la legislación única pueden seguir aplicando la legislación local expedida con anterioridad a esa fecha.
Esto se corrobora con el contenido del artículo tercero transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales,(6) conforme con el cual, los procedimientos penales que a la entrada en vigor se encuentren en trámite, continuarán su sustanciación en términos de la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos.
Ahora, el Congreso de la Unión, en ejercicio de la potestad constitucional que tiene, expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de marzo de dos mil catorce, estableciendo que su entrada en vigor se hará de manera gradual, sin que pueda exceder del dieciocho de junio de dos mil dieciséis, en los mismos términos del transitorio constitucional a que se hizo referencia.(7)
De acuerdo con su artículo 2o., el objeto del código es establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos,(8) por lo que todos los aspectos que dentro de esos rubros se encuentren ahí regulados, no pueden ser parte de las normas estatales, ni siquiera en forma de reiteración, en tanto que el Código Nacional es de observancia general en toda la República, para los delitos que sean competencia de los órganos jurisdiccionales federales y locales,(9) y esto no cambia por la circunstancia de que en el procedimiento por el que se creó la ley impugnada se señale que la finalidad es homologar los términos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales.(10)
Lo anterior, aunado a que los artículos 12 y 13 de la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados para el Estado de H., tampoco pueden considerarse normas complementarias que resulten necesarias para la implementación del Código Nacional, en términos del transitorio octavo(11) del citado código, pues como se advierte de la transcripción hecha con anterioridad, dichos preceptos impugnados señalan que la autoridad judicial o administrativa que decrete el aseguramiento de bienes deberá notificarlo al interesado o a su representante legal, personalmente o por edictos, dentro de los sesenta días naturales siguientes a su ejecución para que manifieste lo que a su derecho convenga; así como que dicha notificación deberá contener el apercibimiento correspondiente, para que el interesado no ejerza actos de dominio sobre los bienes asegurados y manifieste lo que a su derecho convenga, en un término de noventa días naturales siguientes a la fecha de notificación, en el entendido de que, de no hacerlo en el plazo señalado, los bienes causarán abandono.
Como se advierte, establecen cuestiones procesales, ya que regulan el procedimiento de notificación del aseguramiento y abandono de bienes, otorgando facultades para que los órganos jurisdicciones notifiquen el aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito a los interesados; asimismo, regulan los plazos para la sustanciación de este procedimiento, a pesar de que estas cuestiones ya se encuentran previstas en el libro segundo "Del procedimiento", título III "Etapa de investigación", capítulo III "Técnicas de investigación", artículo 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales.(12)
Sumado que la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados para el Estado de H., fue publicada en alcance del Periódico Oficial del Estado de H., el lunes diez de noviembre de dos mil catorce, cuyo artículo primero transitorio(13) señala que dicha ley entraría en vigor a partir de las cero horas del dieciocho de noviembre de dos mil catorce.
Lo anterior, no obstante que, como quedó precisado, de acuerdo con el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo segundo transitorio, dicha reforma entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de octubre de dos mil trece, por lo que las entidades federativas, incluyendo el Estado de H., ya no podían expedir legislación en materia procesal penal, ya que únicamente están facultadas para seguir aplicando la legislación estatal, hasta que entrara en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero bajo ninguna circunstancia podían expedir legislación que regule los procedimientos penales relativos al sistema acusatorio.
Por tanto, toda vez que, como se advierte de su lectura, las normas impugnadas están regulando el procedimiento de notificación del aseguramiento y abandono de bienes, objetos o productos del delito, así como los plazos para la sustanciación de este procedimiento, pues no obstante que no se encuentran en un ordenamiento denominado código procesal o de procedimientos, claramente se refieren a aspectos reservados al Código Nacional, invadiendo la competencia del Congreso de la Unión, por lo que lo procedente es declarar la invalidez de los artículos 12 y 13 de la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados para el Estado de H..
Al haber resultado fundado el concepto de invalidez, referido a la incompetencia del Estado de Hidalgo para legislar en la materia, habiendo tenido como consecuencia la invalidez total de los preceptos combatidos, resulta innecesario el estudio de los restantes argumentos dirigidos a la forma en que se regularon dichas medidas, pues en nada variaría la conclusión alcanzada, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia plenaria P./J. 37/2004, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ESTUDIO INNECESARIO DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ."(14)
Efectos. La invalidez de los artículos 12 y 13 de la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados para el Estado de H., surtirá efectos retroactivos al diez de noviembre de dos mil catorce, fecha en que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de H..
Cabe precisar que no pasa desapercibido que los preceptos impugnados se refieren a aseguramiento de bienes sin precisar que sean productos, objetos o instrumentos de delitos o que provengan de un proceso penal; sin embargo, es evidente que los aseguramientos, principalmente, provienen de dichos procesos y, al estar ya regulados en el citado Código Nacional de Procedimientos Penales, no podrían ser objeto de regulación por parte del legislador local, por lo que, en su caso, el legislador local, para poder regularlo, deberá precisar que regula el aseguramiento de bienes que no sean objetos, productos o instrumentos de delitos. Así, al estar redactados de esa forma los preceptos impugnados, se considera que resultan inconstitucionales, conforme a lo ya señalado.
Así, los procedimientos iniciados con fundamento en las normas invalidadas, que se refieran al aseguramiento de bienes que sean productos, objetos o instrumentos de delitos o que provengan de un proceso penal, se encuentran viciados de origen, por lo que, previa reposición del procedimiento, se deberá aplicar la ley vigente al momento de la comisión de los hechos delictivos, esto es, el Código Nacional de Procedimientos Penales.
La anterior declaración de invalidez, con efectos retroactivos, surtirá efectos una vez que sean notificados los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de H..
Para el eficaz cumplimiento de esta sentencia, también deberá notificarse al Tribunal Superior de Justicia del Estado de H. y a los Tribunales Colegiados y Unitario del Vigésimo Noveno Circuito, a los Juzgados de Distrito que ejercen su jurisdicción en el referido circuito y a la Fiscalía General del Estado de Hidalgo.
Se declara la invalidez de los artículos 12 y 13 de la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados para el Estado de H., publicada en el Periódico Oficial de la entidad el diez de noviembre de dos mil catorce, para los efectos precisados en el último considerando de este fallo, en la inteligencia de que dicha declaración de invalidez surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso de esa entidad.
Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de H. y en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta.
N.; haciéndolo por medio de oficio a las partes, así como al Tribunal Superior de Justicia del Estado de H. y a los Tribunales Colegiados y Unitario del Vigésimo Noveno Circuito, a los Juzgados de Distrito que ejercen su jurisdicción en el referido circuito y a la Fiscalía General del Estado de Hidalgo. En su oportunidad, archívese el expediente.
Se aprobó por unanimidad de diez votos de los Ministros G.O.M., C.D., L.R., F.G.S., Z.L. de L., P.R., S.M., M.M.I., P.D. y presidente A.M., respecto de los considerandos primero, segundo, tercero y cuarto, relativos, respectivamente, a la competencia, a la oportunidad, a la legitimación y a las causas de improcedencia.
Se aprobó por unanimidad de diez votos de los Ministros G.O.M., C.D., L.R., F.G.S., Z.L. de L., P.R., S.M., M.M.I., P.D. y presidente A.M., respecto del considerando quinto, relativo al estudio de fondo.
Se aprobó por mayoría de siete votos de los Ministros G.O.M., Z.L. de L., P.R., S.M., M.M.I., P.D. y presidente A.M., respecto del considerando sexto, relativo a los efectos. Los Ministros C.D., L.R. y F.G.S. votaron en contra.
La M.O.S.C. de G.V. no asistió a la sesión de veinte de agosto de dos mil quince por gozar de vacaciones, dado que integró la Comisión de Receso correspondiente al primer periodo de sesiones de dos mil quince.
Foja 14 del expediente.
Acorde a las consideraciones sostenidas por este Tribunal Pleno, al resolver la acción de inconstitucionalidad 12/2014, por unanimidad de diez votos, en sesión de siete de julio de dos mil quince.
Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación y de Justicia y Derechos Humanos:
"tt) Por otra parte el contenido de los artículos 92 al 102 de la propuesta original del iniciador, se estimó conducente establecer dichos preceptos en el reglamento de la ley, toda vez que obedece a disposiciones que deban de reglamentar la figura de la cadena de custodia. ..."
"Artículo 231. Notificación del aseguramiento y abandono
"El Ministerio Público deberá notificar al interesado o a su representante legal el aseguramiento del objeto, instrumento o producto del delito, dentro de los sesenta días naturales siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición, según sea el caso, una copia del registro de aseguramiento, para que manifieste lo que a su derecho convenga.
"Cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, la notificación se hará por dos edictos que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación o su equivalente, medio de difusión oficial en la entidad federativa y en un periódico de circulación nacional o estatal, según corresponda, con un intervalo de diez días hábiles entre cada publicación. En la notificación se apercibirá al interesado o a su representante legal para que se abstenga de ejercer actos de dominio sobre los bienes asegurados y se le apercibirá que de no manifestar lo que a su derecho convenga, en un término de noventa días naturales siguientes al de la notificación, los bienes causarán abandono a favor de la procuraduría o de las entidades federativas, según corresponda.
"Transcurrido dicho plazo sin que ninguna persona se haya presentado a deducir derechos sobre los bienes asegurados, el Ministerio Público solicitará al Juez de control que declare el abandono de los bienes y éste citará al interesado, a la víctima u ofendido y al Ministerio Público a una audiencia dentro de los diez días siguientes a la solicitud a que se refiere el párrafo anterior.
"La citación a la audiencia se realizará como sigue:
"I. Al Ministerio Público, conforme a las reglas generales establecidas en este código;
"II. A la víctima u ofendido, de manera personal y cuando se desconozca su domicilio o identidad, por estrados y boletín judicial, y
"III. Al interesado de manera personal y cuando se desconozca su domicilio o identidad, de conformidad con las reglas de la notificación previstas en el presente código.
"El Juez de control, al resolver sobre el abandono, verificará que la notificación realizada al interesado haya cumplido con las formalidades que prevé este código; que haya transcurrido el plazo correspondiente y que no se haya presentado persona alguna ante el Ministerio Público a deducir derechos sobre los bienes asegurados o que éstos no hayan sido reconocidos o que no se hubieren cubierto los requerimientos legales.
"La declaratoria de abandono será notificada, en su caso, a la autoridad competente que tenga los bienes bajo su administración para efecto de que sean destinados a la procuraduría, previa enajenación y liquidación que prevé la legislación aplicable."
"Primero. La presente ley entrará en vigor a partir de las cero horas del día 18 de noviembre de 2014, conforme al Decreto Número 208, promulgado por el titular del Ejecutivo del Estado, de fecha 22 de agosto de 2014."
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ESTUDIO INNECESARIO DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ.-Si se declara la invalidez del acto impugnado en una acción de inconstitucionalidad, por haber sido fundado uno de los conceptos de invalidez propuestos, se cumple el propósito de este medio de control constitucional y resulta innecesario ocuparse de los restantes argumentos relativos al mismo acto.". [J], Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, T.X., junio de 2004, página 863, P./J. 37/2004.
Esta ejecutoria se publicó el viernes 13 de noviembre de 2015 a las 10:06 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, las consideraciones que contiene, aprobadas por 8 votos o más, en términos de lo dispuesto en el artículo 43 de la respectiva Ley Reglamentaria, se consideran de aplicación obligatoria a partir del martes 17 de noviembre de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Sentencia nº SDF-JDC-314-2014 DE Sala Regional Distrito Federal, 4 de Julio de 2014