Source: https://www.dexiaabogados.com/blog/juicio-rapido/
Timestamp: 2020-08-06 01:50:11
Document Index: 322713898

Matched Legal Cases: ['Artículo 795', 'artículo 795', 'artículo 795', 'artículo 173', 'artículo 263', 'artículo 368', 'Artículo 801']

Juicio rápido: qué es, cuáles son los requisitos y cómo se tramita
Juicio rápido: qué es y cómo se tramita
Un juicio rápido es un proceso penal en el que se efectúa la investigación y resolución de ciertos delitos de manera rápida. Para su tramitación se exigen unos requisitos muy concretos, que aparecen regulados en los artículos 795 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En Dexia Abogados somos abogados especialistas en juicios rápidos en Madrid. Si necesita un despacho con amplia experiencia en Derecho Penal, contacte con nosotros e infórmese sin compromiso.
El juicio rápido es un proceso penal especial por el que se enjuician delitos castigados con una pena privativa de libertad que no exceda de cinco años u otro tipo de pena que no supere los diez años.
A través de este procedimiento, los casos son enjuiciados con más rapidez y de manera más sencilla. El objetivo es agilizar la instrucción y el enjuiciamiento de los mencionados delitos.
1. Sin perjuicio de lo establecido para los demás procesos especiales, el procedimiento regulado en este Título se aplicará a la instrucción y al enjuiciamiento de delitos castigados con pena privativa de libertad que no exceda de cinco años, o con cualesquiera otras penas, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda de diez años, cualquiera que sea su cuantía, siempre que el proceso penal se incoe en virtud de un atestado policial y que la Policía Judicial haya detenido a una persona y la haya puesto a disposición del Juzgado de guardia o que, aun sin detenerla, la haya citado para comparecer ante el Juzgado de guardia por tener la calidad de denunciado en el atestado policial y, además, concurra cualquiera de las circunstancias siguientes.
Artículo 795 LECrim
¿Cuáles son los requisitos de los juicios rápidos?
Para poder tramitarse un asunto mediante un juicio rápido es necesario que concurran ciertos requisitos previstos en la LECrim. Son los siguientes:
Iniciación del juicio mediante un atestado policial.
Comisión de un delito flagrante previsto en el artículo 795.2ª LECrim.
El delito tiene que estar castigado con una pena privativa de libertad que no supere los cinco años, o cualesquiera otra que no exceda de diez años.
Detención de una persona que ha sido puesta a disposición del juzgado de guarda o que ha sido citada en calidad de denunciado.
Que se trate de un hecho punible cuya instrucción sea presumiblemente sencilla.
No puede tratarse de casos en los que sea procedente acordar el secreto de las actuaciones.
No obstante, si se prevé que la instrucción del caso va a ser compleja, no se podrá tramitar mediante un juicio rápido. El objetivo de esta figura jurídica es agilizar procesos relativamente fáciles de investigar o que no requieren de más diligencias que realizar, y por eso se limitan a los delitos flagrantes en cuyo descubrimiento ha intervenido la policía.
Por otro lado, tampoco podrá utilizarse el mecanismo de los juicios rápidos si el delito está conectado con otros tipos penales no susceptibles de enjuiciarse por esta vía.
¿Qué delitos se pueden enjuiciar mediante el proceso rápido?
Como ya se ha mencionado, solo ciertos delitos pueden ser objeto de tramitación mediante juicio rápido. Estos delitos aparecen numerados en el artículo 795.2ª LECrim:
Lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica habitual, cometidos contra las personas del artículo 173.2 del Código Penal.
Daños del artículo 263 del Código Penal.
Delitos contra la salud pública del artículo 368 del Código Penal.
¿Cómo se tramitan los juicios rápidos?
Si se dan todos los requisitos para que un caso se tramite a través de un juicio rápido, será relativamente fácil enjuiciarlo. El resultado es el acortamiento de plazos y la reducción de trámites legales en el proceso legal. Un juicio rápido consta de cuatro fases:
Apertura de diligencias. La policía deberá realizar una serie de actuaciones en un plazo máximo de 72 horas antes de poner al detenido a disposición judicial. Entre otras cosas, deberán solicitar informes médicos forenses, informar al denunciado de sus derechos y citar a los denunciados a los que no se haya podido detener y también a los posibles testigos. Además, dependiendo del caso, también podrán practicar pruebas de alcoholemia o tóxicas y solicitar análisis a profesionales y peritos.
Fase de instrucción. En esta fase se relatan los hechos que se van a enjuiciar. Tiene lugar en el juzgado de guardia mediante diligencias urgentes. Durante esta fase se pueden solicitar medidas cautelares o el sobreseimiento. Asimismo, también se puede llegar a un acuerdo con el fiscal para dictar una sentencia de conformidad.
Juicio oral. Si no se llega a un acuerdo, el acusado deberá presentar un escrito de defensa. El juicio oral tendrá lugar dentro de los 15 días siguientes. El juez dispone de tres días para dictar sentencia.
Sentencia recurrida. Se puede recurrir la sentencia mediante la presentación de un escrito de apelación en los cinco días siguientes.
Una de las características más importantes de los juicios rápidos es la posibilidad de prestar conformidad con la acusación del Ministerio Fiscal. Para ello se han de dar los siguientes requisitos:
Que no concurra acusación particular.
Que la pena correspondiente sea de hasta tres años de prisión.
Si la pena propuesta es privativa de libertad, no puede superar los dos años de prisión una vez sea reducida en un tercio.
El resultado de la sentencia de conformidad es la reducción en un tercio de la pena propuesta por el Ministerio Fiscal. Además, esta conformidad tiene otras ventajas. Para empezar, al tratarse de una pena inferior a dos años, podrá acordarse su suspensión si el culpable se compromete a cubrir la responsabilidad civil derivada del delito.
Por otro lado, al tratarse de un delito flagrante, cabe poco espacio para la defensa. Su principal desventaja es la aceptación de la culpabilidad, lo que impide presentar recursos y también implica la adquisición de antecedentes penales.
4. Dictada sentencia de conformidad y practicadas las actuaciones a que se refiere el apartado 2, el Juez de guardia acordará lo procedente sobre la puesta en libertad o el ingreso en prisión del condenado y realizará los requerimientos que de ella se deriven, remitiendo el Letrado de la Administración de Justicia seguidamente las actuaciones junto con la sentencia redactada al Juzgado de lo Penal que corresponda, que continuará su ejecución.
Artículo 801 LECrim