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Timestamp: 2018-12-15 02:49:56
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BOE.es - Documento BOE-A-2011-2209
Documento BOE-A-2011-2209
«BOE» núm. 31, de 5 de febrero de 2011, páginas 12628 a 12646 (19 págs.)
BOE-A-2011-2209
https://www.boe.es/eli/es-mc/l/2008/04/21/1
Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Murcia que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
a) El fortalecimiento de las asociaciones de consumidores y usuarios como cauce natural de la representación, participación y consulta de los consumidores y usuarios.
b) La potenciación de los instrumentos administrativos para la protección de los consumidores y usuarios.
La ley consta de siete artículos, a través de los cuales, mediante bloques temáticos uniformes, se realiza una modificación de la redacción de veinticinco artículos y se añaden nuevos preceptos. Para una mayor garantía del principio de seguridad jurídica, en aquellos supuestos en los que eran varios los apartados de un mismo precepto que se debían modificar se ha dado una nueva redacción completa al precepto, incluso incorporando literalmente los apartados que no precisaban modificación alguna. Precisamente, ha sido este mismo objetivo de conseguir la mayor claridad normativa posible el que ha justificado que esta ley se haya separado del modelo de las leyes de artículo único recomendado para las normas de este contenido por las directrices de técnica normativa propias de la Administración del Estado. La aplicación de dicha técnica en el presente supuesto originaría un articulo único de más de treinta apartados –uno por artículo–, lo que diluiría la visión de conjunto de los fines de la reforma, dificultaría su lectura y, en definitiva, su comprensión por los ciudadanos, que debe ser el objetivo último de las mencionadas directrices de técnica normativa.
El artículo tercero da una nueva redacción a todo el capítulo IV del título II de la Ley 4/1996, relativo al Derecho a la representación, participación y consulta. Se toma como punto de partida la regulación que, en materia de asociaciones de consumidores, la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios, declara aplicable a todo el Estado. La nueva redacción del capítulo IV introduce un extenso catálogo de derechos y funciones de las asociaciones de consumidores y usuarios como pieza clave en el sistema jurídico de protección al consumidor; delimita el marco de la colaboración entre éstas y las Administraciones públicas competentes en la materia; y se aprovecha también para incorporar ciertas precisiones sobre transparencia que encuentran su base en la mencionada legislación estatal. Especial mención merece también la nueva configuración legal del Consejo Asesor Regional de Consumo que deja de ser un órgano consultivo de la Administración regional para convertirse en el máximo órgano colegiado de consulta, participación, coordinación, diálogo y concertación en materia de consumo, en el que también se integran ahora las administraciones municipales.
El artículo cuarto afronta la reforma de dos instrumentos administrativos esenciales para la protección de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios: por un lado, la inspección administrativa y, por otro, la adopción de medidas de reacción de naturaleza no sancionadora ante situaciones de riesgo o lesión a esos derechos (retirada del mercado de productos inseguros, cierre de establecimientos, etc.). La labor inspectora constituye uno de los pilares esenciales de la intervención administrativa para la protección de los consumidores. Es esta actividad, junto con las reclamaciones de los consumidores y la colaboración de las asociaciones de consumidores, la que permite a los órganos de defensa del consumidor un conocimiento de la realidad. Lógicamente, el mero establecimiento de unos deberes dirigidos a los operadores económicos con el objeto de proteger a los consumidores y usuarios no es suficiente. La Administración debe verificar que tales deberes se cumplen y para ello debe contar con las potestades necesarias. En esta línea, la ley potencia esas potestades con el objeto de que no sean insuficiencias normativas las que originen una imposibilidad de actuación de las administraciones públicas y, a la postre, una indefensión del consumidor. Pero todo ello acompañado de las debidas garantías para el inspeccionado. Sin embargo, además de la facultad inspectora, los órganos de defensa del consumidor –y en casos de urgencia, los propios inspectores de consumo– deben tener también las potestades necesarias para poder reaccionar con rapidez y con firmeza frente a aquellas conductas que ponen en riesgo o lesionan los derechos de los consumidores y usuarios. Es esto último lo que se afronta con la nueva redacción del artículo 20.4, donde se cubren algunas lagunas existentes en la Ley 4/1996 en lo relativo a la protección del derecho a la información de los consumidores.
El artículo quinto acomete una extensa reforma del régimen sancionador, que es otro de los instrumentos de los que la Administración dispone para la protección de los derechos de los consumidores. Se introducen nuevos tipos que vienen a subsanar importantes omisiones de la Ley 4/1996, con las desfavorables consecuencias que ello ha tenido para los consumidores. Entre otros, podrían destacarse el fraude en la prestación de servicios de instalación o reparación de bienes y de asistencia en el hogar; el incremento de precios en los repuestos; la realización de actividades sin los seguros o avales legalmente impuestos –previsión que tiene especial trascendencia en el ámbito de la compraventa de vivienda–; o la inclusión o aplicación de cláusulas abusivas en la oferta o promoción de productos o servicios, en los contratos o en la propia ejecución de éstos. Igualmente, se incorpora el nuevo tipo introducido por la mencionada Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios. El tipo se reproduce literalmente con la finalidad de ofrecer un catálogo completo de infracciones en la materia, generando así mayor seguridad jurídica y facilitando la integración de este tipo en el conjunto del régimen sancionador establecido en esta ley (atenuantes, agravantes,...). Se simplifica la aplicación del régimen sancionador y se introduce un nuevo sistema para la graduación de las sanciones, con el objeto de cumplir rigurosamente con el principio constitucional de tipicidad y facilitar su aplicación administrativa. Finalmente, este nuevo sistema intenta potenciar que la potestad sancionadora sirva también con eficacia a la protección de los derechos de los consumidores, estableciendo una serie de atenuantes que conllevarán una importante reducción de la cuantía de la sanción en aquellos supuestos en los que el imputado subsane las irregularidades o repare los daños y perjuicios ocasionados al consumidor.
El artículo sexto, mediante la adición de un nuevo título IV relativo al papel de la Administración local en la defensa y protección de los consumidores y usuarios, cubre otro de los objetivos esenciales de esta ley. Se explicitan y aumentan las competencias municipales en esta materia, no sólo para cumplir con el mandato constitucional de la autonomía local, sino también para satisfacer las legítimas aspiraciones de los municipios de la Región de Murcia en un ámbito que en muchas ocasiones es muy adecuado para su actuación. Además, con ello se pretende incrementar los medios personales y materiales dedicados a la protección de los consumidores lo que, a buen seguro, redundará en su beneficio. Esta atribución de competencias a los municipios lógicamente se limita a aquellos asuntos de consumo más específicamente locales. Para ello se ha tenido en cuenta la diversa capacidad de los municipios y se han previsto siempre unos mecanismos autonómicos de coordinación y colaboración.
Artículo 1. Modificación del artículo 2 de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia.
«Artículo 2. Ámbito de aplicación y definiciones.
6. A los efectos de la presente Ley es proveedor el empresario que suministra o distribuye productos en el mercado, cualquiera que sea el título o contrato en virtud del cual realice dicha distribución.»
Artículo 2. Adiciones al artículo 8 de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia.
Uno. El apartado g) del artículo 8 queda redactado en los siguientes términos:
Dos. Se añade un apartado II) al artículo 8:
«ll) La libertad de elección entre los distintos suministradores de productos, bienes y servicios existentes y a que se respeten las reglas de la economía de mercado.»
Artículo 3. Modificación del capítulo IV del título II de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia.
El capítulo IV del título II de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia, queda redactado en los siguientes términos:
d) Cuantas otras funciones se le asignen reglamentariamente.»
Artículo 4. Modificación de los artículos 20.4, 22, 23 y 24 y adición del artículo 24 bis en la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia.
«4. Ante situaciones de riesgo inaceptable para la salud y seguridad de los consumidores y usuarios, o de lesión real de sus intereses económicos y sociales o de aspectos sustanciales de su derecho a la información, las administraciones públicas competentes en materia de defensa del consumidor y usuario deberán adoptar, con la máxima celeridad e incluso inmediatamente, las medidas adecuadas, proporcionadas y estrictamente necesarias para eliminar o reducir dicho riesgo o lesión. Entre otras, estas medidas podrán consistir en el establecimiento de condiciones previas a la comercialización de un producto, bien o servicio; la suspensión cautelar o prohibición definitiva de la oferta, puesta en el mercado o comercialización o prestación de productos, bienes o servicios; la clausura de establecimientos; la inmovilización cautelar; la retirada del mercado y, en su caso, recuperación de los consumidores y usuarios de bienes o productos; su destrucción; y cualesquiera otras medidas instrumentales que garanticen la plena eficacia de las anteriores. Igualmente, las situaciones de riesgo inaceptable para la salud deberán comunicarse de forma inmediata a las autoridades sanitarias. Todo ello sin perjuicio de las competencias que ostenten otros órganos en virtud de normas sectoriales que también tengan como finalidad la protección del consumidor.
En todo caso, las administraciones públicas competentes en materia de defensa del consumidor y usuario podrán advertir a los empresarios o profesionales del incumplimiento de alguno de sus deberes y, si resultara procedente, requerirles su subsanación en un concreto plazo.»
«Artículo 22. Ámbito de la inspección de consumo.
«Artículo 23. El estatuto del inspector de consumo.
«Artículo 24. Las actuaciones inspectoras y su formalización.
Artículo 5. Modificación de diversos artículos del título III, Infracciones y sanciones, de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia.
Uno. Se añaden cinco nuevos apartados al artículo 25 con la siguiente redacción:
«14. El fraude en la prestación de servicios de instalación o reparación de bienes y de asistencia en el hogar por la innecesaria realización de trabajos o sustitución de piezas para conseguir un aumento del precio, aunque el usuario haya prestado su consentimiento por las falsas indicaciones del sujeto responsable, o por la facturación de trabajos no realizados o ejecutados con accesorios de peor calidad que los indicados al usuario.
17. La distribución, suministro, venta u oferta de bienes que hayan superado su fecha de caducidad o de consumo idóneo, salvo las excepciones que reglamentariamente se prevean para este ultimo supuesto.»
Dos. El apartado 1 del artículo 26 queda redactado en los siguientes términos:
«1. La venta de bienes o la prestación de servicios a precios superiores a los establecidos o autorizados por la Administración, comunicados, anunciados al público, presupuestados o pactados con el consumidor y usuario; y, en general, el incumplimiento de las disposiciones o las normas vigentes en materia de precios y márgenes comerciales.»
Tres. El apartado 8 del artículo 26 queda redactado en los siguientes términos:
«8. El corte del suministro al abonado de servicios públicos o de interés económico general sin respetar lo dispuesto en el artículo 8.g).»
Cuatro. Se añade un nuevo apartado al artículo 26 con la siguiente redacción:
«9. La realización de actividades sin los seguros, avales u otras garantías similares impuestas legalmente en beneficio de los consumidores y usuarios.»
Siete. El apartado 5 del artículo 28 queda redactado en los siguientes términos:
«5. El incumplimiento o la falta de colaboración de los responsables de la elaboración, distribución, comercialización o prestación de bienes y servicios en la ejecución de las medidas a que se refieren el párrafo primero del artículo 20.4 y el artículo 36.4.»
Nueve. El artículo 29 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 29. Infracciones leves.
Son infracciones leves las tipificadas en esta ley que no estén calificadas expresamente como graves o muy graves. En todo caso, será infracción leve la recogida en el artículo 28.8 de esta ley.»
«Artículo 30. Infracciones graves.
2. Será siempre calificada como infracción grave la resistencia, negativa u obstrucción a las labores de inspección.»
Doce. El apartado 5 del artículo 32 queda redactado en los siguientes términos:
«5. Si una infracción es imputada a una persona jurídica se considerarán también como responsables sus gestores, directores o administradores, así como los técnicos responsables de la elaboración y control del producto o servicio. En ambos supuestos, siempre que sus conductas dolosas o gravemente negligentes hayan sido necesarias para la comisión de la infracción.»
«8. Lo previsto en los puntos 1, 2, 3 y 4 se entenderá sin perjuicio de que cuando en relación con los mismos bienes o servicios hayan intervenido distintos sujetos como productores, importadores, distribuidores, minoristas u otros, cada uno será responsable como autor de la infracción que, en su caso, haya cometido y por ella será sancionado de manera independiente.
9. Será responsable subsidiaria de las sanciones pecuniarias la persona o entidad que, mediante participaciones u otros mecanismos societarios o jurídicos, controle o dirija las actividades de la responsable principal de la infracción, siempre y cuando no se les considere coautores.»
Catorce. El apartado primero del artículo 33 queda redactado de la siguiente forma:
«1. Las infracciones tipificadas en la presente ley podrán ser sancionadas en los siguientes términos:
«Artículo 34. Graduación de las sanciones.
6. Cuando la aplicación del régimen sancionador establecido por la presente ley origine una desproporción manifiesta entre la sanción que deba imponerse y la capacidad económica del infractor, el órgano sancionador podrá imponer la multa en su grado mínimo.»
Dieciséis. Se modifica la cuantía prevista en el artículo 39.2, sustituyéndose la expresión «100.000 pesetas» por la expresión «600 euros».
Dieciocho. El artículo 43 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 43. Prescripción y caducidad.
6. Si se produjera la prescripción o la caducidad, el órgano competente podrá ordenar la incoación de las oportunas diligencias para determinar el grado de responsabilidad del funcionario o los funcionarios causantes de la demora.»
«Artículo 44. Competencia sancionadora.
2. Las Administraciones locales tendrán competencia sancionadora respecto a las infracciones leves cometidas en su término municipal, en relación con las empresas y establecimientos en él domiciliados, y sobre cualesquiera infracciones tipificadas en esta ley en las que se incurra en el ejercicio de la actividad de venta ambulante en su territorio. No obstante, esta competencia podrá ser asumida directamente por los órganos competentes de la Administración regional cuando sea conveniente una actuación integral a causa de la extensión de la conducta infractora, de su gravedad, del número de municipios afectados o de la urgencia, previa y preceptiva notificación del acuerdo de incoación a las administraciones locales afectadas. Los órganos locales competentes para sancionar se determinarán conforme a la legislación de régimen local y a sus propias normas de organización.»
Artículo 6. Adición de un nuevo título, con ordinal IV, a la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia.
Se incorpora un nuevo título, con ordinal IV, del siguiente tenor:
2. Estos planes serán informados preceptivamente por el Consejo Asesor Regional de Consumo y en ningún caso podrán suponer menoscabo de las competencias que esta ley u otras leyes atribuyan a las administraciones locales.»
Artículo 7. Modificación de numeración y adición de titulo a la disposición final única y adición de otra nueva a la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia.
Uno. La disposición final única se convierte en disposición final primera, con el titulo «Desarrollo reglamentario».
«Disposición final segunda. Actualización de las cuantías de las sanciones.
El Consejo de Gobierno revisará y actualizará periódicamente las cuantías previstas para las sanciones pecuniarias, teniendo en cuenta la evolución del índice de precios al consumo.»
Se habilita el Consejo de Gobierno para que en el plazo de un año elabore un Texto refundido de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia, al que se incorporen las modificaciones que en su texto ha introducido la presente ley, regularizando, aclarando y armonizando ambas disposiciones.
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo establecido en la presente ley.
Murcia, 21 de abril de 2008.–El Presidente, Ramón Luis Valcárcel Siso.
(Publicada en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 120, de 24 de mayo de 2008)
Entrada en vigor: 24 de julio de 2008.
Publicada en el BOMU núm. 120, de 24 de mayo de 2008.
MODIFICA determinados preceptos , AÑADE el art. 24 bis, el título IV, la disposición final 2 y renumera la final única como 1 de la Ley 4/1996, de 14 de junio (Ref. BOE-A-1996-21850).
CITA Ley 44/2006, de 29 de diciembre (Ref. BOE-A-2006-22950).