Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sl11862-2017-49154-de-agosto-2-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_fc4d6c506de543c69d4f963eba72fd70&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-23 09:43:08
Document Index: 13211540

Matched Legal Cases: ['artículo 74', 'artículo 58', 'artículo 11', 'artículo 44', 'artículo 769', 'artículo 167', 'artículo 295', 'artículo 5', 'artículo 90', 'artículo 393', 'artículo 50', 'artículo 21', 'artículo 53', 'artículo 74', 'artículo 167', 'artículo 295', 'artículo 5', 'artículo 90', 'artículo 74', 'artículo 307', 'artículo 16', 'artículo 74', 'artículo 307', 'artículo 16', 'artículo 167', 'artículo 295', 'artículo 5', 'artículo 90', 'artículo 126', 'artículo 74', 'artículo 11', 'artículo 55', 'artículo 760', 'artículo 6', 'artículo 167', 'artículo 295', 'artículo 5', 'artículo 90', 'artículo 393', 'artículo 50', 'artículo 21', 'artículo 53', 'artículo 74', 'artículo 74', 'artículo 74', 'artículo 1', 'artículo 36', 'artículo 1', 'artículo 141', 'artículo 74', 'artículo 58', 'artículo 11', 'artículo 55', 'artículo 769', 'artículo 167', 'artículo 295', 'artículo 5', 'artículo 90', 'artículo 393', 'artículo 50', 'artículo 21', 'artículo 53', 'artículo 74', 'artículo 74', 'artículo 58', 'artículo 11', 'artículo 55', 'artículo 769', 'artículo 167', 'artículo 295', 'artículo 5', 'artículo 90', 'artículo 393', 'artículo 50', 'artículo 21', 'artículo 53', 'artículo 76', 'artículo 11', 'artículo 58', 'artículo 36', 'artículo 74', 'artículo 259', 'artículo 28', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 1', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 28', 'artículo 1']

﻿ SENTENCIA SL11862-2017/49154 DE AGOSTO 2 DE 2017
SENTENCIA SL11862-2017 DE 02 DE AGOSTO DE 2017
CONTENIDO:INFRACCIÓN DIRECTA OCASIONADA POR PARTE DEL JUEZ. SE HA ESTABLECIDO POR EL ALTO TRIBUNAL QUE LA INFRACCIÓN DIRECTA ES AQUELLA MODALIDAD EN LA QUE EL JUEZ IGNORA LA EXISTENCIA DE LA NORMA O SE REBELA CONTRA ELLA Y SE NIEGA A APLICARLA Y, OMITE CONSIDERARLA PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA. SE PUEDEN RESALTAR COMO CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE ESTA MODALIDAD SON LOS SIGUIENTES: I. SUPONE LA EXISTENCIA DE UNA NORMA APLICABLE AL CASO, PERO A PESAR DE ELLO EL JUZGADOR NO LA APLICAII. EL JUZGADOR ENTIENDE CORRECTAMENTE LA SITUACIÓN FÁCTICA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN PROCESAL, DERECHOS DEL TRABAJADOR, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, JUEZ, DERECHO LABORAL
Sentencia SL11862-2017/49154 de agosto 2 de 2017
SL11862-2017
Radicación 49154
Bogotá, D.C, dos de agosto de dos mil diecisiete.
Interpuesto por ambas partes, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
Por cuestiones de método se estudiará primero el recurso de la parte demandada.
Acuso la sentencia impugnada por infracción directa, en el concepto de interpretación errónea de las normas de derecho sustancial contenidas en el numeral 2º del artículo 74 del Decreto Legislativo 1848 de 1969, en armonía con lo dispuesto en el artículo 58 de la Constitución Política, en el artículo 11 de la Ley 71 de 1988, y en los artículos 11, 36 y 289 de la Ley 100 de 1993; en los artículos 1º, 9º, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 21 del CST, en los artículos 4º y 5º del CPC, en el artículo 44 del CST, y en el artículo 769 del Código Civil; en armonía con los artículos 6º, 83, 25, 48, 53, 58, 228 y 230 de la Constitución Nacional; en los arts. 1649, 1636 y 1608 a 1610 del Código Civil, en armonía con el art. 141 de la Ley 100 de 1993; en los artículos 307 del CPC y 16 de la Ley 446 de 1998; en el artículo 167 de la Ley 222 de 1995, en el numeral 10 del artículo 295 del Decreto 663 de 1993 y en el artículo 5º del Decreto 610 de 2005, en los artículos 246, 252, 255 y 256 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 90 de la Constitución Política; en el numeral 3º del artículo 393 del CPC en armonía con el artículo sexto ll laboral - 2.1 Proceso ordinario - 2.1.1 A favor del trabajador; y, en el artículo 50 del C.P. del T. y de la S.S., en armonía con el artículo 21 del CST. Y con el artículo 53 de la Constitución Política.
Adujo la recurrente que la controversia del presente caso se centró en determinar si la demandada debe reconocerle la pensión de jubilación a la actora establecida en el artículo 74 num. 2º del Decreto Legislativo 1848 de 1969 por haber sido despedida sin justa causa de Bancafé, entidad donde prestó sus servicios por 30 años 7 meses y 13 días, de los cuales laboró como trabajadora oficial, desde el 1º de enero de 1975 hasta el 4 de julio de 1994 y desde el 1º de octubre de 1999 hasta el 16 de agosto de 2005.
En este sentido sostuvo la recurrente que, de acuerdo con la disposición legal aplicable cuando el despido injusto se produce después de 15 años de servicios continuos o discontinuos en empresas del Estado, el trabajador oficial tiene derecho a la pensión al cumplir los 50 años de edad o desde la fecha del despido si ya los tiene. Por tanto, señaló que la pensión en cuestión debió ser reconocida a partir del 17 de agosto de 2005, día siguiente en que fue despedida.
Así mismo indicó que se deben reconocer a su favor los intereses moratorios teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Solicitó también la declaratoria del enriquecimiento sin justa causa de Bancafé a costa del correlativo empobrecimiento sin justa causa de la actora, y la declaratoria de la responsabilidad y la solidaridad en la condena del gerente liquidador de la demandada, Pablo Muñoz Gómez.
Para argumentar esta última solicitud, aseveró la censura que debieron tenerse en cuenta las siguientes disposiciones: artículo 167 de la Ley 222 de 1995, numeral 10 del artículo 295 del Decreto 663 de 1993 y en el artículo 5º del Decreto 610 de 2005 y en concordancia con el artículo 90 de la Constitución Política.
Señaló la recurrente que el ad quem interpretó erróneamente la norma sobre el derecho a la pensión consagrado en el artículo 74 del Decreto 1848 de 1969; el precedente jurisprudencial en el tema de los intereses moratorios, para lo cual citó sentencias de la Corte Suprema de Justicia; el precedente jurisprudencial en el tema del enriquecimiento sin justa causa; la normatividad sobre la responsabilidad y solidaridad de los liquidadores de las empresas.
Sobre los perjuicios materiales y morales, indicó la recurrente que si el tribunal hubiera interpretado correctamente el artículo 307 del CPC y el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, así como si hubiera teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, habría condenado a la demandada a cancelar los perjuicios materiales, liquidables mediante incidente posterior a la sentencia, y a los perjuicios morales, los cuales pertenecen al sano criterio del juez.
Frente al primer cargo, señaló Bancafé, la existencia de deficiencias de orden técnico que impiden el estudio de fondo del recurso. Igualmente, alegó razones de orden conceptual por las cuales se opone a los argumentos del recurrente. Comenzó por indicar, que se pretende debatir un aspecto que se encuentra por fuera del proceso, debido a que, el ad quo negó la pensión sanción y accedió a la plena de jubilación consagrada en la Ley 33 de 1985. Adujo que la parte recurrente no cuestionó el numeral primero de lo resuelto por el a quo, es decir, lo correspondiente a la pensión de la Ley 33 de 1985, por lo que al verificar, se puede concluir que aceptó esta condena pensional.
Frente a los demás aspectos pretendidos, sostuvo el opositor, que la recurrente no cumplió con la obligación de señalar el modo de violación de las normas que los contemplan. Finalmente señaló, que la argumentación desarrollada en el primer cargo carece de nexo alguno con la decisión del tribunal, lo que indica que el cargo no tiene una verdadera acusación de ilegalidad.
El argumento principal del recurrente en este cargo, se centró en señalar que el tribunal interpretó erróneamente una serie de disposiciones aplicables al caso en estudio que regulan la pensión de vejez, los perjuicios materiales y morales, los intereses moratorios, el enriquecimiento sin causa y la solidaridad y responsabilidad del gerente liquidador de la entidad.
Antes de proceder a estudiar cada tema desarrollado en el cargo, encuentra la Sala pertinente recordar el concepto de la interpretación errónea. Esta modalidad se presenta cuando el juzgador aplica la norma correcta en el caso controvertido, pero niega su verdadero sentido o le da uno que no corresponde, es decir, hay un error en la interpretación de la norma aplicable al caso. Se pueden resaltar como características principales de esta modalidad las siguientes:
i. La disposición mal interpretada es la que efectivamente regula el caso;
ii. El juzgador debe utilizar la disposición en su providencia; y
iii. El juzgador debe darle una interpretación inadecuada a la disposición.
En este sentido se ha pronunciado esta Sala en reiteradas oportunidades, como en la Sentencia CSJ SL, 30 de agosto de 2000, radicado 32195, en la que se estableció que “La interpretación errónea de la ley es un motivo de violación que exige que el fallador exprese un entendimiento de la norma que no corresponde a su genuino y cabal sentido, por lo que en la sentencia debe aparecer clara la referencia a la norma mal interpretada”.
Establecido lo anterior, procede la Sala al estudio del cargo.
En lo que respecta a la pensión de vejez, afirma la censura que el ad quem interpretó erróneamente el numeral segundo del artículo 74 del Decreto 1848 de 1969, pues, de haberlo interpretado correctamente, hubiera decretado que a la actora le asiste el derecho a la pensión de vejez contemplada en el numeral segundo.
Sobre este punto, observa la Sala que no le asiste razón a la recurrente cuando alega que el tribunal interpretó erróneamente la norma, debido a que, esta no fue aplicada por el ad quem quien en sus consideraciones únicamente se remite a la Ley 100 de 1993 y a la Ley 33 de 1985, por tanto, la modalidad de interpretación errónea de la ley resulta improcedente.
En cuanto a los perjuicios materiales y morales, alega el recurrente que el ad quem interpretó erróneamente el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 16 de la Ley 446 de 1998. Afirma que si el tribunal los hubiera interpretado correctamente habría condenado a la entidad demandada a cancelar los perjuicios materiales liquidándolos en incidente posterior a la sentencia.
En este contexto, nuevamente encuentra la Sala que resulta improcedente alegar frente a las normas señaladas una interpretación errónea, debido a que, el ad quem tampoco se refirió a ellas en su providencia.
Ahora bien, en lo concerniente a los intereses moratorios y al enriquecimiento sin justa causa, alegó la censura que el tribunal interpretó erróneamente precedentes jurisprudenciales, así:
(...) solicito a sus señorías aplicar el precedente jurisprudencial contenido en las siguientes sentencias:
15.689 889 de 2001, # 16.256 de 2001 y # 18.512 de 2002 de la Sala de Casación Laboral y del 30 de marzo de 1984 de la Sala de Casación Civil de la H. Corte Suprema de Justicia, así como las sentencias C-367 de 1995, C-448 de 1996, C-601 de 2000, de la H. Corte Constitucional, de cosa juzgada constitucional y de obligatorio cumplimiento, y la sentencia de tutela T-1244 de 2004 de la misma Corte Constitucional.
Frente a este punto, cabe recordar que resulta improcedente formular un cargo por violación directa de una o varias sentencias, pues únicamente es viable incluir preceptos legales sustantivos. Sobre el particular se ha pronunciado la Sala en diferentes sentencias, siendo una de ellas la CSJ SL, de 25 de enero de 2011, radicación 43277, donde señaló:
(...) uno de los requisitos insoslayables de la demanda de casación, la invocación del precepto sustantivo de orden nacional que se estime violado. Y como se desprende del cargo, toda su estructura gira alrededor de la interpretación errónea de la sentencia proferida por esta Sala de la Corte el 20 de abril de 2007 radicado 29470 y las decisiones C-862 y C-891 A de 2006 dictadas por la Corte Constitucional, cuando es sabido que esos pronunciamientos judiciales no tienen el carácter de norma sustancial.
Por último, en lo que atañe al tema de responsabilidad y solidaridad del gerente liquidador de la entidad demandada, se observa que el recurrente acusó al juzgador de interpretar erróneamente el artículo 167 de la Ley 222 de 1995, artículo 295 num. 10 del Decreto-Ley 663 de 1993, artículo 5º del Decreto 610 de 2005 y el artículo 90 de la Constitución Política, pues de lo contrario, habría condenado la responsabilidad y solidaridad del gerente liquidador, Pablo Muñoz Gómez.
En este sentido, se advierte que el ad quem sí realizó un estudio de las disposiciones antes señaladas, concluyendo que no se encontraba fundamento legal ni convencional para condenar al gerente liquidador de la demandada, indicando que:
Para llegar a esta conclusión se observa que ninguna de las normas invocadas en el recurso de apelación se refiere específicamente a la solidaridad que se irroga. Aunque el artículo 126 de la Ley 1116 de 2006 —que derogó en lo pertinente la Ley 222 de 1955— estableció la responsabilidad del liquidador cuando causa perjuicios a los deudores de la sociedad en liquidación por violación o negligencia en el cumplimiento de sus deberes, ello no implica que se convierta en deudor de las obligaciones que correspondían a la sociedad liquidada, pues se reitera, en este caso solo puede ser responsable de los perjuicios causados por su actuación.
Así las cosas, no se equivocó el ad quem en la interpretación dada a las disposiciones acusadas, en razón a que, la responsabilidad del liquidador cuando causa perjuicios nada tiene que ver con las obligaciones de la sociedad liquidada, en este caso la pensión de vejez reclamada a Bancafé.
Por lo antes expuesto, no prospera el cargo.
Acuso la sentencia impugnada por infracción directa, en el concepto de falta de aplicación, de las normas de derecho sustancial contenidas en el numeral 2º del artículo 74 del Decreto Legislativo 1848 de 1969, en armonía con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 71 de 1988, y en los artículos 11, 36 y 289 de la Ley 100 de 1993; en los artículos 1º, 9º, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 21 del CST, en los artículos 4º y 5º del CPC, en el artículo 55 del CST y en el artículo 760 del Código Civil; en armonía con los artículo 6º, 83, 25, 48, 53, 58, 228 y 230 de la Constitución Nacional; en los arts. 1649, 1626 y 1608 a 1610 del Código Civil, en armonía con el art. 141 de la Ley 100 de 1993; en los artículos 307 del CPC y 16 de la Ley 446 de 1998; en el artículo 167 de la Ley 222 de 1995, en el numeral 10 del artículo 295 del Decreto 663 de 1993 y en el artículo 5º del Decreto 610 de 2005, en los artículos 246, 252, 255 y 256 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 90 de la Constitución Política; en el numeral 3º del artículo 393 del CPC en armonía con el artículo sexto ll laboral - 2.1 Proceso ordinario - 2.1.1 A favor del trabajador; y, en el artículo 50 del C.P. del T. y de la S.S., en armonía con el artículo 21 del CST. Y con el artículo 53 de la Constitución Política.
Indicó el recurrente que los argumentos esbozados en el primer cargo sirven de sustento a este, omitiendo su trascripción por razones de economía.
Frente al segundo cargo, advirtió Bancafé que es inexistente, debido a que se remite a la argumentación presentada en el primer cargo, convirtiéndolo en improcedente, en razón a que, el primero denuncia la interpretación errónea del artículo 74 del Decreto 1848 de 1969 y el cargo segundo denuncia la falta de aplicación. Señaló el opositor que no es posible que, sobre dos denuncias distintas, se utilice la misma argumentación.
En cuanto a los aspectos de fondo, a su juicio el cargo segundo resulta impropio, porque persigue el reconocimiento de la pensión sanción que no fue objeto de apelación, por tanto, no fue tratado en la sentencia del tribunal.
El segundo cargo del recurrente, se centró en señalar que existió una falta de aplicación de una serie de disposiciones aplicables al caso en controversia las cuales regulan la pensión de vejez, perjuicios materiales y morales, intereses moratorios, enriquecimiento sin justa causa y solidaridad y responsabilidad del gerente liquidador.
Dado que el recurrente sostuvo que existió falta de aplicación de las normas señaladas, se infiere que se quiso acusar la sentencia por la vía directa a través de la modalidad de infracción directa. En este contexto, resulta pertinente aclarar cuándo procede la modalidad de la infracción directa; así, en la sentencia CJS SL, 6 de junio de 2006, radicado 28.833, esta Sala señaló:
El quebranto directo de la ley sustantiva en el concepto de infracción directa acontece cuando el juzgador entiende correctamente la situación fáctica pero por ignorancia o rebeldía deja de aplicar las consecuencias jurídicas que las normas legales establecen para dicha situación de hecho, o sea, que se configura un típico error por omisión.
Por lo tanto, la infracción directa es aquella modalidad en la que el sentenciador ignora la existencia de la norma o se rebela contra ella y se niega a aplicarla y, por lo tanto, omite considerarla para resolver la controversia. Se pueden resaltar como características principales de esta modalidad las siguientes:
i. Supone la existencia de una norma aplicable al caso, pero a pesar de ello el juzgador no la aplica; y
ii. El juzgador entiende correctamente la situación fáctica.
En lo que corresponde a la pensión de vejez, alegó la censura que el ad quem no aplicó el numeral segundo del artículo 74 del Decreto Legislativo 1848 de 1969, advirtiendo que la citada disposición es la aplicable en el caso que nos ocupa. Recordó la recurrente que la actora cumple con los presupuestos contemplados en el decreto, como son, haber laborado en la entidad demandada, por más de 20 años, haber sido despedida sin justa causa y haber cumplido sus 50 años de edad el 24 de abril de 2003.
En este sentido, una vez más recuerda la Sala que en materia pensional, lo que determina la aplicación de una u otra norma, es el momento en que se cumplen los requisitos exigidos, es decir, edad y tiempo de cotización. Ahora bien, si tales supuestos son modificados por una nueva ley, esta puede crear un régimen de transición normativo.
En el caso que nos ocupa, no le asiste el derecho a la actora a pensionarse conforme al artículo 74 del Decreto Legislativo 1848 de 1969, pues únicamente, podría regirse por dicha norma si tuviese la calidad de beneficiaria del régimen de transición señalado en artículo 1º parágrafo 2º de la Ley 33 de 1985 el cual establece que “Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente ley hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley”.
Teniendo en cuenta que la actora empezó a laborar en la entidad demandada el 1º de enero de 1975, y que la entrada en vigencia de la norma antes citada fue el 29 de enero de 1985, se observa que tan solo tenía 10 años y 28 días laborando como trabajadora oficial, y, por lo tanto, no resultó beneficiaria de aquel régimen de transición; en consecuencia, no puede aplicársele el Decreto 1848 de 1969.
Por el contrario, la señora Ana Betulia Rivera de Silva sí es beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que, para el 1º de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la mencionada norma, la actora contaba con más de 15 años de servicios y con más de 35 años de edad.
Al ser beneficiaria del régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993, los requisitos para acceder a su pensión de vejez son los establecidos en el régimen anterior al cual se encontraba afiliada. Dicho régimen para el caso de la actora, es el contemplado en la Ley 33 de 1985 que en su artículo 1º, dispone:
El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos tendrá derecho a que por la respectiva caja de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio, cuando llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años.
La Sala observa que la actora cuenta con los requisitos exigidos por el citado artículo, ya que cumplió los 55 años de edad el 24 de abril de 2005 y laboró por más de 20 años ostentando la calidad de trabajadora oficial en la entidad demandada.
Frente al reconocimiento de la pensión de vejez instituida en la Ley 33 de 1985, para la Sala no cabe duda que a los extrabajadores de Bancafé se les deben computar los tiempos laborados como trabajadores oficiales, tanto los anteriores al 5 de julio de 1994 como los posteriores al 28 de septiembre de 1999; pues así lo indican reiteradas sentencias emanadas de esta Sala, como por ejemplo la de 15 de febrero de 2007, radicación 28999, 19 de julio de 2007, radicación 31110, 12 de diciembre de 2007, radicación 30452, 6 de septiembre de 2011, radicación 42402 y 13 de junio de 2012, radicación 42142.
Por todo lo anterior, no se equivocó el ad quem al determinar que la Ley 33 de 1985 es la norma que resulta aplicable al sub judice.
Con respecto a los intereses moratorios y el enriquecimiento sin justa causa, tal y como se mencionó en el cargo anterior, resulta improcedente que se formule un cargo por violación directa de una o varias sentencias, pues únicamente es viable incluir preceptos legales sustantivos.
De cualquier forma, concuerda la Sala con lo manifestado por el ad quem, ya que la jurisprudencia de esta Corte en virtud de la función de unificación jurisprudencial, viene advirtiendo que frente a los litigios de pensiones como este, no procede el reconocimiento de intereses moratorios, debido a que, estos se encuentran reservados para las pensiones causadas con sujeción al sistema general de seguridad social contemplado en la Ley 100 de 1993, y para aquellas bajo el régimen de transición a cargo del ISS en el régimen de prima media con prestación definida. En este sentido se pronunció esta Sala en la Sentencia CSJ SL, 28 de noviembre de 2002, rad. 18273, señalando:
(...) no obstante lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-601 del 24 de mayo de 2000 al declarar exequible el mencionado artículo 141, para la Corte esa disposición solamente es aplicable en el caso de mora en el pago de pensiones causadas con posterioridad a la vigencia de la ley de seguridad social y que sean reconocidas con fundamento en la normatividad integral de la misma, y no, como ocurre en este caso, respecto de una pensión que no se ajusta a los citados presupuestos.
Finalmente, con respecto a la condena de responsabilidad y solidaridad del gerente liquidador de la entidad demandada, el tema ya fue estudiado en el cargo anterior. En el mismo sentido, la acusación, de las normas concernientes a la responsabilidad y solidaridad, no pueden establecerse bajo la modalidad de infracción directa, pues de la sentencia recurrida se evidencia claramente que el ad quem sí estudió las normas y no las ignoró, tal y como lo exigen las características para que esta modalidad proceda.
Por las razones antes expuestas, el cargo no prospera.
Acuso a la sentencia impugnada por infracción directa, en el concepto de aplicación indebida, de las normas de derecho sustancial contenidas en el numeral 2º del artículo 74 del Decreto Legislativo 1848 de 1969, en armonía con lo dispuesto en el artículo 58 de la Constitución, en el artículo 11 de la Ley 72 de 1988, y en los artículos 11, 36 y 289 de la Ley 100 de 1993; en los artículos 1º, 9º, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 21, del CST, en los artículos 4º y 5º del CPC, en el artículo 55 del CST y en el artículo 769 del Código Civil; en armonía con los artículos 6º, 83, 25, 48, 53, 58, 228 y 230 de la Constitución Nacional; en los arts. 1649, 1626 y 1608 a 1610 del Código Civil, en armonía con el art. 141 de la Ley 100 de 1993; en los artículos 307 del CPC y 16 de la Ley 446 de 1998; en el artículo 167 de la Ley 222 de 1995, en el numeral 10 del artículo 295 del Decreto 663 de 1993 y en artículo 5º del Decreto 610 de 2005, en los artículos 246, 252, 255 y 256 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 90 de la Constitución; en el numeral 3º del artículo 393 del CPC en armonía con el artículo sexto ll laboral - 2.1 Proceso ordinario - 2.1.1 A favor del trabajador; y, en el artículo 50 del C.P. del T. y de la S.S., en armonía con el artículo 21 del CST. Y con el artículo 53 de la Constitución Política.
Señaló Bancafé que los argumentos utilizados en la réplica del segundo cargo sirven de sustento a esta.
El tercer cargo del recurrente, se centró en señalar que existió una aplicación indebida de las mismas disposiciones expuestas en los dos cargos anteriores, las cuales regulan la pensión de vejez, perjuicios materiales y morales, intereses moratorios, enriquecimiento sin justa causa y la solidaridad y responsabilidad del gerente liquidador.
La modalidad de la aplicación indebida ha sido estudiada por esta Sala, en varias jurisprudencias, una de ellas en la Sentencia CSJ SL de 27 de marzo de 2007, radicación 30.377, donde señaló “Cuando el concepto de aplicación indebida se denuncia por la vía directa, significa esencialmente que el juzgador decidió la controversia con normas que no regulan el caso (...)”.
Así mismo, en la sentencia CSJ de 10 de julio de 2003, radicado 20.343 la corporación precisó que “La transgresión de la ley en el concepto de aplicación indebida tiene lugar cuando entendida correctamente la norma sustantiva en sus alcances y significado, se aplica a un caso no regulado por ella”.
En el cargo acusó el recurrente al sentenciador de la aplicación indebida del numeral segundo del artículo 74 del Decreto Legislativo 1848 de 1969. Teniendo en cuenta las características de esta modalidad, el cargo resulta improcedente, dado que, el ad quem no le dio aplicación al decreto mencionado, por lo que no podría acusarse la indebida aplicación de una norma que no fue utilizada por el tribunal.
Lo mismo ocurre respecto de los perjuicios materiales y morales, puesto que, las normas acusadas como aplicadas indebidamente, no fueron estudiadas por el ad quem.
Finalmente, frente a la condena de responsabilidad y solidaridad del gerente liquidador de la empresa demandada, el tema ya fue estudiado en el primer cargo. La acusación de las normas concernientes a la responsabilidad y solidaridad, no pueden establecerse bajo la modalidad de aplicación indebida, pues en la sentencia recurrida no se vislumbraron las características de esta modalidad.
Acuso la sentencia impugnada por ser violatoria indirectamente, en el concepto de aplicación indebida, de las normas de derecho sustancial contenidas en el numeral 2º del artículo 74 del Decreto Legislativo 1848 de 1969, en armonía con lo dispuesto en el artículo 58 de la Constitución Política, en el artículo 11 de la Ley 71 de 1988, y en los artículos 11, 36 y 289 de la Ley 100 de 1993; en los artículos 1º, 9º, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 21 del CST, en los artículos 4º y 5º del CPC, en el artículo 55 del CST, y en el artículo 769 del Código Civil, en armonía con los artículos 6º, 83, 25, 48, 53, 228 y 230 de la Constitución Nacional; en los arts. 1649, 1626 y 1608 a 1610 del Código Civil, en armonía con el art. 141 de la Ley 100 de 1993; en los artículos 307 del CPC y 16 de la Ley 446 de 1998; en el artículo 167 de la Ley 222 de 1995, en el numeral 10 del artículo 295 del Decreto 663 de 1993 y en el artículo 5º del Decreto 610 de 2005, en los artículos 246, 252, 255 y 256 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 90 de la Constitución Política; en el numeral 3º del artículo 393 del CPC, en armonía con el artículo sexto ll laboral - 2.1 Proceso ordinario - 2.1.1 A favor del trabajador; y, en el artículo 50 del C.P. del T. y de la S.S., en armonía con el artículo 21 del CST. Y con el artículo 53 de la Constitución Política.
De acuerdo con la recurrente, los errores de hecho consistieron en no dar por demostrado estándolo:
• Que como la actora Ana Betulia Rivera de Silva, prestó sus servicios al Banco Cafetero, empresa industrial y comercial del Estado, como trabajadora oficial desde el 1º de enero de 1975 hasta el 4 de julio de 1994 y desde el 1º de octubre de 1999 hasta el 16 de agosto de 2005, por el hecho de haber sido despedida sin justa causa, el régimen aplicable para el reconocimiento de su pensión de jubilación es el contemplado en el numeral 2º del artículo 76 del Decreto Legislativo 1848 de 1969.
• Que al momento de su despido, a la actora la cobija el régimen de los derechos adquiridos, consagrado en el artículo 11 de la Ley 71 de 1988, en los artículos 11, 36 y 289 de la Ley 100 de 1993 y en el artículo 58 de la constitución de la Constitución Política.
• Que para el 1º de abril de 1994, cuando entró en vigencia el sistema de seguridad social integral, la actora tenía más de quince años de servicios a la demandada, por haber ingresado el 1º de enero de 1975, y contaba con más de 35 años de edad, por haber nacido el 24 de abril de 1953, y que por lo tanto la cobijaba el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
• Que la actora fue despedida sin justa causa.
XVII. Réplica
Frente al cuarto cargo, adujo Bancafé que el tribunal no incurrió en los errores de hecho atribuidos por el recurrente, debido a que estos no fueron alegados por la demandante cuando presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Agregó que, aun sin tener en cuenta los errores técnicos en este cargo, la recurrente no señaló las pruebas que por no haber sido estimadas o por resultar mal apreciadas, darían lugar a los yerros planteados.
XVIII. Se considera
En cuanto a este cargo, el recurrente acusó la sentencia de ser violatoria indirectamente, por aplicación indebida, de las normas de derecho sustancial contenidas en el numeral 2º del artículo 74 del Decreto Legislativo 1848 de 1969, alegando, además, diferentes errores de hecho en los que incurrió el tribunal.
Ha señalado esta Sala que cuando la acusación tiene como fundamento errores de hecho, es preciso que el recurrente singularice la prueba legalmente calificada sobre la cual se acusa la equivocación protuberante. Así mismo la censura debe acreditar el error mediante un proceso de razonamiento que confronte lo que dedujo el fallador, con lo que realmente se interpreta de la prueba. Lo anterior fue expuesto en la sentencia CSJ SL de 28 de junio de 2006, radicado 26414 así:
Si el ataque de casación se plantea por errores de hecho, como aquí sucede, los razonamientos conducentes deberán dirigirse a criticar la valoración probatoria y demostrar con argumentos serios y atendibles que el desacierto fue garrafal, de modo que se imponga a la mente sin necesidad de conjeturas, suposiciones, hipótesis, sospechas o, en general, interpretaciones de la prueba que mediante elucubraciones subjetivas permitan inferir algo distinto a lo que en sí misma de manera evidente ella acredita (subrayado fuera de texto original).
En el cargo presentado la censura se limitó simplemente a mencionar los errores de hecho en los que a su juicio incurrió el ad quem, sin determinar las pruebas que por resultar mal apreciadas o no haber sido estimadas, pudieran dar lugar a los errores de hecho señalados.
Lo anterior resulta suficiente para desestimar el cuarto cargo.
XIX. Recurso casación parte demandada
XX. Alcance de la impugnación
Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia proferida por el tribunal, para que, en sede de instancia, revoque lo resuelto en el fallo de primer grado en los numerales primero, tercero y cuarto y en su lugar absuelva totalmente a la demandada.
XXI. Único cargo
La violación a la ley que se denuncia se produce por vía directa, por interpretación errónea de los artículos 5º del Decreto 3135 de 1968, 1º de la Ley 33 de 1985; 36 de la Ley 100 de 1993; por aplicación indebida de los artículos 264 del Decreto 886 de 1969; 38, 97 de la Ley 489 de 1998; 1º del Decreto 92 de 2000; 3º del Decreto 3130 de 1968, 21 de la Ley 100 de 1993; por infracción directa los artículos 28 (num. 28.3) del Decreto 2331 de 1998 y 320 del Decreto 663 de 1993; 72 y 76 de la Ley 90 de 1946 y el artículo 259 de CST.
Señaló la censura que el yerro fundamental se encuentra en el desconocimiento en que incurrió el tribunal en relación con el mandato contenido en el artículo 28 del Decreto 2331 de 1998.
En este sentido el recurrente realizó unas precisiones previas de la siguiente forma:
— El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición.
— El cambio de régimen de la actora no provino de la Ley 100 ni de ninguna otra ley, sino de un cambio en la naturaleza jurídica de la entidad demandada, por lo que a la demandante se le aplican las normas del sector privado.
— Una cosa es el cambio de régimen laboral y otra es el cambio de naturaleza jurídica de la relación, ya que una persona puede iniciar una relación laboral como trabajador oficial, pero mutar su régimen para ser cobijado por el sector privado.
— Una cosa es conservar por la vía de un régimen de transición unas condiciones pensionales, y otra, mantener un régimen jurídico laboral. En el caso que nos ocupa, cambió el régimen laboral cuando a partir de julio de 1994 se convirtió en trabajadora privada.
— Cuando la demandante cumplió los 20 años de servicios y cuando posteriormente terminó su relación laboral, se encontraba cobijada por las normas del sector privado.
Indicó la censura que la verdadera cuestión a tratar en el proceso es definir cuál es el régimen jurídico laboral aplicable a la demandante, pues a partir del 4 de julio de 1994 a la actora se le aplicaron las normas laborales del sector privado.
Explicó que si el régimen que cubre a una persona es el que tiene al terminar la relación laboral y la demandante estaba sometida al Código Sustantivo del Trabajo, su régimen pensional es el que se encuentra en el mencionado código.
Por otro lado, sostuvo que con respecto al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el tribunal confundió un sistema de seguridad social con un régimen laboral. El mencionado artículo se refiere a la conservación de las condiciones para configurar el derecho a una pensión de vejez; cosa muy diferente a que se conserve el régimen laboral aplicable.
Por último, alegó el recurrente que el tribunal no tuvo en cuenta que el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 exige para la configuración del derecho a la pensión señalada en esta norma, la prestación de servicios bajo el régimen oficial por 20 años, y en el caso que nos ocupa, esta situación no se presentó, ya que, para tal momento la actora se encontraba supeditada a las normas de los trabajadores particulares.
Frente al cargo, el opositor únicamente procedió a recordar que la actora prestó sus servicios a Bancafé por un período de 30 años, 7 meses y 14 días, desde el 1º de enero de 1975 hasta el 16 de agosto de 2005, y que, por tanto, para el 1º de agosto de 1995, cuando cumplió sus 20 años de servicios, se encontraba cobijada por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
XXIII. Se considera
El tema referido por el censor ha sido objeto de examen por esta Sala en múltiples pronunciamientos, en los que se analizaron los efectos de los cambios de naturaleza jurídica de Bancafé y en especial lo relacionado con el régimen pensional aplicable a sus trabajadores, como en el caso de las sentencias como la CSJ SL, 15 de febrero de 2007, radicación 28999; CSJ SL, 19 de julio de 2007, radicación 31110 y CSJ SL, 3 de diciembre de 2007, radicación 29256. Las providencias mencionadas, así como la utilizada por el ad quem, en la Sentencia CSJ SL, de 12 de diciembre de 2007, radicación 30452, coinciden en el siguiente razonamiento que resuelve el caso estudiado:
4. Para la Corte, la transformación de la naturaleza del vínculo laboral de los servidores de Bancafé en 1994, esto es, de trabajadores oficiales a trabajadores particulares, no puede concebirse en perjuicio de los derechos adquiridos de personas que, antes del 5 de julio de 1994, ya habían completado al menos el tiempo de servicios exigido en la Ley 33 de 1985 para obtener derecho a la pensión oficial, consagrada en tal estatuto. De suerte que al cumplir la edad requerida en dicha ley, en nada le afectaba la mutación societaria acaecida en 1994.
5. Con base en la más reciente sentencia de la Sala de Casación, en el que también fue objeto de pronunciamiento el tema ahora examinado, el nuevo escenario producido a partir del Decreto 92 de 2000 tampoco puede afectar los derechos de aquellos trabajadores que, hallándose cobijados por el régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, hubieren permanecido vinculados al banco y completado los 20 años de servicios después del 28 de septiembre de 1999, cuando reasumió el carácter de empresa industrial y comercial del Estado.
Es decir, los empleados que el 1º de abril de 1994 ostentaban la condición de trabajadores oficiales, si reunían los requisitos exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, podían agregar, al tiempo completado hasta el 5 de julio de 1994 como trabajadores oficiales, el que laboraron a partir del 28 de septiembre de 1999. De modo que si, al momento de su retiro, la sumatoria de los dos períodos trabajados como servidores oficiales (el anterior a 1994 y el posterior a 1999) arroja los 20 años de servicios, es de recibo la pensión jubilatoria de la Ley 33 de 1985, al celebrar el cumpleaños 55”.
En vista de lo anteriormente señalado, considera esta Sala que no se equivocó el ad quem cuando determinó que sumados los tiempos de servicios prestados por la demandante en Bancafé, incluyendo los anteriores al 5 de julio de 1994 y los posteriores al 28 de septiembre de 1999, quedó demostrado que la actora laboró por un lapso superior a 20 años, por tanto, la norma aplicable era la Ley 33 de 1985.
Ahora bien, en lo que atañe al desconocimiento por parte del ad quem del artículo 28 num. 3º del Decreto 2331 de 1998, debe decirse que esto no incide en la decisión, puesto que, posterior a la reinversión económica realizada por Fogafín al Bancafé en liquidación, los trabajadores continuaron con el título de trabajadores oficiales y no como trabajadores particulares tal como lo expresa la censura. En este sentido la sentencia de esta corporación del 6 de septiembre de 2011, rad. 42402, señaló:
(...) para esta Sala, no existe duda que, frente al caso en estudio, los trabajadores del banco, luego de la reinversión económica realizada por Fogafín, continuaron con el carácter de trabajadores oficiales, dado que la naturaleza jurídica de la empresa, desde el 28 de septiembre de 1999, es oficial.
Ahora bien, como el cargo fue dirigido por la vía directa, lo que supone una total y completa conformidad con las conclusiones fácticas e inferencias probatorias que tuvo en cuenta el juez en la sentencia recurrida, se tiene acreditado que la actora laboró en la sociedad demandada entre el 1º de enero de 1975 y el 16 de agosto de 2005, esto es, por espacio de 30 años 7 meses y 15 días.
De ese tiempo, durante 25 años, 4 meses y 22 días ostentó la calidad de trabajadora oficial, dado que Bancafé, era una empresa industrial y comercial del Estado desde la fecha de su ingreso hasta el 4 de julio de 1994, y posteriormente, desde el 28 de septiembre de 1999 hasta que se produjo el despido.
Así mismo se tiene acreditado que la actora cumplió 55 años de edad el 24 de abril de 2005, y que al 1º de abril de 1994, fecha en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993, contaba con más de 15 años de servicios y con más de 35 años de edad, por lo tanto, es beneficiaria del régimen de transición.
Como beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, tiene derecho a pensionarse con la ley inmediatamente anterior, esto es, la Ley 33 de 1985, por ser una trabajadora oficial. Así las cosas, se insiste en que la actora cuenta con todos los requisitos que exige el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, para acceder a la pensión de vejez.
En cuanto al monto de la pensión de jubilación debe liquidarse de acuerdo con la misma normativa, esto es, el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.
Así las cosas, el ad quem no incurrió en ningún yerro, y en consecuencia no prospera el cargo.
No se fijan costas en sede de casación, dado que no prosperan los recursos presentados por las partes.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el veintitrés (23) de julio de dos mil diez (2010) por el Tribunal Superior del distrito de Bogotá, en el proceso que instauró Ana Betulia Rivera de Silva contra Bancafé y Pablo Muñoz Gómez.