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Timestamp: 2017-06-25 22:25:43
Document Index: 89317706

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 12', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 775', 'artículo 768', 'artículo 16', 'artículo 19', 'artículo 109', 'artículo 19', 'artículo 229', 'artículo 229', 'artículo\n229', 'artículo 38']

reciente sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago pone en escena el
conflictivo tema del derecho a representación jurídica por parte de niños en la
en apelación una sentencia definitiva en juicio sobre cuidado personal, la Sexta Sala anula de oficio el fallo y lo
retrotrae a la audiencia preparatoria por considerar que el nombramiento de
curador ad litem en los términos del
artículo 19 de la Ley Nº 19968 constituye un trámite esencial según resguarda
el art. 768 Nº 9 del Código de Procedimiento Civil.
profesor Fernando Rey acuñó la idea de que los derechos fundamentales nacen
mediante dos fórmulas: o nacen por parto natural en la Constitución o por
cesárea producida por la jurisprudencia constitucional. Según tal distinción,
la Corte de Apelaciones estaría creando un nuevo derecho a través de una
cesárea. ¿Es tan así?
en fallos del año pasado, la Corte Suprema -la Cuarta Sala- sostuvo que escuchar
al niño constituía un trámite esencial. Ahí había una lectura que enlazaba al
CPC con el artículo 12 de la Convención sobe Derechos del niño y con el 16 de
fallo en comento va más allá y sin citar el artículo 19 Nº 3 de la Constitución,
lo que hace es procurar resguardar ese derecho en sede justicia de familia
respecto de niños.
la forma en que lo efectúa me parece presenta más aspectos problemáticos.
primer lugar, plantea una regla absoluta, sin entregar criterios o elementos o
requisitos con lo que no logra construir un estándar sobre cuándo o en qué
casos es exigible este requisito esencial, el de nombrar curador ad litem. Porque tomar al pie de la
letra su lectura (que en todos los casos con niños debe nombrarse, que no es
exactamente lo que dice el artículo 19) significa un problema de política pública
mayúsculo y de coherencia tribunalicia. De política pública porque no existen
recursos de ningún tipo (públivo o privado) para cumplir con esta exigencia en
los términos de la Sexta Sala. Lo que hay, y no es un reproche personal a
quienes ejercen ese rol sino una crítica institucional, es un sistema que no
satisface los estándares más básicos de una defensa legal de cualquier tipo
(reunirse previamente con el cliente, ofrecer prueba propia, impugnar
resoluciones ante tribunales superiores, etc.). Este sistema de curadoría ad
litem constituye lo que en otro lugar he denominado la ilusión de la
representación. Y
es también un problema en sede jurisdiccional porque siendo consistente con
esta lectura, no cualquier defensa debería satisfacer ese estándar y, entonces,
también los casos –casi todos- en
segunda instancia en que esté ausente el curador ad litem deberían ser anulables con el consiguiente problema de
gestión judicial al tener que anular todos los juicios.
lectura alternativa devalúa la forma en que la Sexta Sala entiende este derecho
porque resulta que constituirá un derecho y un trámite esencial pero sólo si la
causa se verá en esa sala. Es claro que se genera un problema de igualdad ante la
ley si sólo una de las salas de las Cortes del país adhiere a una lectura tan
acerada de un derecho. Pero
además, como ya hemos avanzado, no puede ser que el puro nombramiento de un
abogado habilitado satisfaga este requisito. Lo que la jurisprudencia nacional,
e internacional, entiende por derecho a la defensa es más que esa pura
designación (que en algunos casos tampoco satisface el estándar si pasa sobre
el defensor de confianza o de parte). En sede penal, no es infrecuente que los juzgados de garantía declaren abandonada
la defensa ante un comportamiento de un defensor privado que no exhibe conocimientos
mínimos de litigación procesal penal. Y en el mundo público, la defensoría
penal pública ha construido estándares para la defensa que son exigibles y
constituyen elementos para la evaluación de los defensores y que asimismo son
parte del funcionamiento del sistema y parten por procesos de selección y
acreditación e incluyen auditorías y observación de desempeño en audiencias. Es
decir, que no cualquier defensor satisface el resguardo de la garantía. Nada de
eso aparece en el fallo en comento que parece detenerse en el puro acto de
nombramiento aunque ese defensor carezca de especialidad, no ofrezca prueba, no
recurra contra las sentencias ni se entreviste previamente con los niños que
supuestamente representa. Un defensor de
ese tipo no constituye ningún avance en los derechos de los niños sino,
insisto, configura la ilusión de la representación.
un detalle técnico también criticable lo constituye el que recién en estado de
acuerdo surja el tema y, por tanto, no se haya escuchado a los abogados alegar sobre ese punto. Un aspecto tan
relevante exige más debate. Corte de
Apelaciones de Santiago, 13 de abril 2017, rol Nº 3113-2016
de la ministra señora Marisol Andrea Rojas Moya.
cuidado personal, curador ad litem, trámite esencial
Santiago, trece de abril del año dos
autos Rol N° C 3113-2016 [el rol es
erróneo; el correcto es C 6184-2015], del Segundo Juzgado de Familia de
Santiago, caratulados “G. F.”, sobre cuidado personal; por sentencia de
veintiséis de octubre del año dos mil dieciséis, la juez titular de ese
Tribunal doña Macarena Rebolledo Rojas, acogió la demanda deducida por don
Eduardo A. G. S., respecto de los menores D. y S., ambos G. F., dispuso que
éstos queden bajo el cuidado personal y crianza de su padre. Fijó, además, un
régimen de relación directa y regular, entre los niños y su madre, en los
términos indicado en el resolutivo II. Por último, ordenó que cada parte pagara
parte demandante dedujo recurso de apelación. La
parte demandada dedujo recurso de casación en la forma y apelación.
resolución de cinco de diciembre del año recién pasado, se trajeron los autos
en relación para conocer de todos los recursos.
PRIMERO: Que el inciso primero del artículo 775 del Código de
Procedimiento Civil, dispone que: “No obstante lo dispuesto en los artículos
769 y 774, pueden los tribunales, conociendo por la vía de la apelación,
consulta o casación o en alguna incidencia, invalidar de oficio las
sentencias cuando los antecedentes del recurso manifiesten que ellas adolecen
de vicio que dan lugar a la casación en la forma, debiendo oír sobre
este punto a los abogados que concurran a alegar en la vista de la causa
e indicar a los mismos los posible vicios sobre los cuales deberán alegar.”
SEGUNDO: Que constituye vicio de nulidad formal, según lo señala
el N°9 del artículo 768 del Código de Enjuiciamiento Civil: “En haber
faltado a algún trámite o diligencia declarados esenciales por la ley o
cualquier otro requisito por cuyo defecto las leyes prevengan
expresamente que hay nulidad”.
TERCERO: Que consta en los presentes autos que don Eduardo A. G.
S. dedujo acción de cuidado personal de los menores S. y D. G. F. en contra de
Gabriela P. F. O.; que para la representación de los menores en dicho juicio no
se designó curador ad litem; y, que, por su corta edad, no fueron oídos.
CUARTO: Que atendida la naturaleza de la acción deducida, ésta
debe ceñirse a los términos del procedimiento previsto en la Ley N°19.968 cumplir con ciertos principios rectores. En
primer lugar, el previsto en el artículo 16, que dispone que:
“Esta ley tiene por objetivo garantizar
a todos los niños, niñas y adolecentes que se encuentren en el territorio
nacional, el ejercicio y goce pleno y efectivo de sus derechos y garantías.
El interés superior del niño, niña o
adolecente y su derecho a ser oído, son principios basales que los juzgadores
que actúen en materia de familia deben siempre considera de materia
privilegiada y principal en la resolución del asunto sometido a su
QUINTO: Que en segundo lugar, el artículo 19 del mismo cuerpo de leyes,
relativo a la representación del niño, niña o adolescente, señala que:
“Representación. En todos los asuntos
de competencia de los juzgados de familia en que aparezcan involucrados
intereses de niños, niñas, adolescentes, o incapaces, el juez deberá velar
porque éstos se encuentren debidamente representados.
El juez designará a un abogado
perteneciente a la respectiva Corporación de Asistencia Judicial o a cualquier
institución pública o privada que se dedique a la defensa, promoción o
protección de sus derechos, en los casos en que carezcan de representante legal
o cuando, por motivos fundados, el juez estime que sus intereses son
independientes o contradictorios con los de aquél a quien corresponda
legalmente su representación.
La persona así designada será el
curador ad litem del niño, niña, adolescente o incapaz, por el solo ministerio
de la ley, y su representación se extenderá a todas las actuaciones judiciales,
incluyendo el ejercicio de la acción penal prevista como un derecho de la víctima
en el artículo 109 letra b) del Código Procesal Penal.
De la falta de designación del
representante de que trata este artículo, podrán reclamar las instituciones
mencionadas en el inciso segundo o cualquier persona que tenga interés en
ello...”
SEXTO: Que
en este caso, si bien los menores D. y S., de 4 y 2 años respectivamente, no
podían ser oídos, - por su edad- sobre los hechos materia del juicio y, en
especial, sobre qué situación les resultaba más conveniente en resguardo de sus
intereses; cobraba entonces mayor relevancia que la sentenciadora procediera a
la designación de una persona que actuara en su nombre y representación,
ejerciendo la debida defensa de los menores, pues los padres se mantuvieron en
una posición antagónica, en la que expusieron y pretendieron acreditar sus
intereses y no los de los menores, cuyo cuidado personal exigían para sí.
SEPTIMO: Que la designación de un curador ad litem debió realizarse en
la audiencia preparatoria, lo que no ocurrió, diligencia que era esencial, más
aun si se considera que tanto en dicha audiencia que se celebró el día 11 de
diciembre del año 2015, como en la de juicio de 31 de marzo de 2016, se
discutió y decidió sobre el cuidado personal provisorio de los menores, sin que
éstos estuvieran debidamente representados ni fueron escuchados, a través de su
OCTAVO: Que conforme a lo que se ha venido razonando, aparece que el
órgano jurisdiccional, no adoptó las medidas necesarias para que los menores
actuaran debidamente representados en el juicio, mediante el nombramiento de un
curador ad litem, siendo éste, en concepto de esta Corte, un trámite o
diligencia esencial, según lo dispuesto en el artículo 19 de la ley 19.968, en
relación con los artículos 768 y 795 del Código de Procedimiento Civil, entendiendo
que en este último precepto, la enumeración de los trámites o diligencias
esenciales, no tiene el carácter de taxativos.
NOVENO: Que la omisión en que se ha incurrido en el juicio, ha causado un
perjuicio a los derechos e intereses de los menores, sobre todo tratándose el
de autos de un juicio de cuidado personal, ya que la decisión que en definitiva
se adopte, sin duda, afectará su vida futura.
DECIMO: Que el vicio ya señalado, amerita la anulación de la sentencia
y de todo el procedimiento como se dirá en lo resolutivo; vicio que solo fue
detectado en el estado de acuerdo y por este motivo, no se llamó a los abogados
que concurrieron a estrados a alegar sobre este punto.
estas consideraciones citas legales y lo dispuesto en los artículos 186, 766,
768 y 798 del Código de Procedimiento Civil y 66 y 67 de la Ley 19.968, se
A.- Se invalida de oficio la sentencia de veintiséis de octubre del año
dos mil dieciséis, la que se invalida, así como todo el procedimiento,
retrotrayéndose la causa al estado previo a celebrar la audiencia de
preparación de juicio, a la que deberá convocarse al curador ad litem de los menores S. y D. G. F.,
que al efecto se designe.
B.- Atendido lo resuelto en forma
precedente, se omite pronunciamiento sobre los recursos de casación y apelación
deducidos por la parte demandada y la parte demandante.
Redacción de la ministra señora Marisol
Andrea Rojas Moya.
Regístrese y comuníquese. Familia
N°3113-2016.-
Pronunciado por la Sexta Sala de la
C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Marisol Andrea Rojas
M., Alejandro Rivera M. y Abogado
Integrante Hector Mery R. Santiago, trece de abril de dos mil diecisiete.
de ley que establece un Sistema de garantías de los derechos de la niñez
10.315-18
Aprobado en Sala por la Cámara de Diputados el 2 de
En la tarde de hoy el Ejecutivo ha ingresado a trámite
parlamentario en el Senado los dos proyectos de ley que ponen fin a Sename y crean dos nuevos servicios:
1) Boletín N°
11.174-07: Proyecto de ley, iniciado en mensaje de S.E. la Presidenta de la
República, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e
introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes,
y a otras normas que indica.
2) Boletín N°
11.176-07: Proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Protección
Especializada de Niños y Niñas y Modifica normas legales que indica.
Los dejo aquí -en
una versión adaptada- y en días posteriores subiré comentarios y el consecuente
El autónomo derecho de una
nieta a una relación directa y regular con su abuela.
Comentario al fallo de Corte Suprema, 19 de diciembre de 2016, rol Nº 46.451-2016 (Crisóstomo con Quintana)
Este fallo es muy interesante por tres o cuatro razones. A modo de introducción, se trata de una abuela paterna demandando
relación directa y regular con su nieta. La nieta está al cuidado personal de su
madre y el padre tiene un régimen comunicacional propio. La demanda es acogida por el Juzgado de Familia de
Chillán pero la Corte de Apelaciones de Chillán revoca dicha sentencia en muy pobre fallo (5
considerandos de 3 líneas cada uno, una endeble concatenación argumentativa, un
error grave de interpretación de una norma legal) y es la Corte Suprema la que
por unanimidad corrige el error, acoge la casación y dicta sentencia de reemplazo
estableciendo un régimen comunicacional.
En primer lugar, se razona muy integralmente
respecto de la naturaleza del derecho de relación directa y regular de un nieto
con sus abuelos conforme la actual regulación, post reforma de junio de 2013:
“Pues bien, a diferencia del régimen referido a los padres, respecto de
los abuelos, la relación directa y regular no es un derecho-deber que se le
atribuye a estos últimos, sino que se reconoce explícitamente como un derecho
radicado en los hijos, y no en aquellos, pero tampoco un deber, sino más bien
una prerrogativa que le asiste a los nietos.”
se soporta en cuatro distintas líneas: un análisis de la jurisprudencia previa
a la reforma de la Ley Nº 20.680, un análisis del principio del interés superior
del niño, una distinción entre el régimen del nuevo artículo 229 del código
Civil respecto de los padres y del art- 229-2 respecto de los abuelos, y un examen
de la historia fidedigna de la norma según la discusión en el Congreso. Como se ve, es
un robusto fundamento el que se presenta, especialmente valioso porque es uno de
los pocos fallos –y seguramente el más relevante- en que la Corte Suprema se ha
pronunciado sobre el nuevo artículo 229-2. En segundo
lugar, considero valioso el análisis del interés superior del niño. Reitera esa
idea de numerosos fallos sobre lo indeterminado del principio (que aparece por
vez primera en el fallo del 2004 de la Corte de Santiago de redacción de la
abogado integrante profesora Paulina Veloso) pero lo complementa con la
Observación General Nº 14 del Comité de Derechos del Niño de NU y su idea de la
“Uno de ellos, sin duda, es el denominado principio del interés superior
del niño, el cual no obstante manifestarse expresamente en varios textos
legales, corresponde a una noción que excede los
contornos de las normas jurídicas clásicas, pues se trata de un concepto
extenso que se establece de manera compuesta, abarcando tres perfiles, a saber:
como derecho, como principio y como norma procesal (así lo plantea la
Observación General N° 14 del Comité de los Derechos del Niño de la Naciones
Unidas), esto significa que se le reconocen tres dimensiones prioritarias: una
consideración sustantiva; un principio jurídico interpretativo fundamental; y una
fórmula procesal que obliga a estimar las posibles repercusiones de cada
decisión, antes de ser adoptada.
Y luego, en el considerando 9º, el fallo utiliza
el principio, en su segunda dimensión, para
corroborar el carácter autónomo del derecho de la nieta.
En tercer lugar, hay un párrafo en el considerando
4º con un contenido muy profundo, que se relaciona indirectamente con la cuestión
a decidir pero que enriquece la mirada jurisprudencial sobre el derecho de familia
“Que nuestro ordenamiento
jurídico, en materia de familia, tiene como elementos informadores una serie de
principios incorporados tanto por vía de convencionalidad internacional, como
por medio de legislación interna, formando un entramado normativo que configura
el derecho de familia como una rama compleja, puesto que al regular,
principalmente, las relaciones personales y patrimoniales derivadas de aquella,
mixtura contenidos de orden público con otros de órbita meramente privada, pues
tutela bienes jurídicos que al Estado le parecen caros y relevantes para la
estructuración de la sociedad.”
Y finalmente, un cuarto punto a relevar y que justifica
el título de este comentario, se encuentra en el considerando 8º, donde se configura
el derecho de la nieta respecto de una relación directa y regular con su abuela
como un derecho autónomo del que pueda existir respecto de otros actores, como el
padre en el caso de autos:
“Que, sin embargo, con el actual texto del artículo
229-2 del Código Civil, la relación directa y regular de los abuelos con sus
nietos se escinde del marco del derecho-deber de los padres, configurándose
como un derecho autónomo cuya titularidad le corresponde a los hijos, con el
fin de garantizar el vínculo con sus ascendientes.”
En fin, un fallo de la
Corte Suprema que a partir de una norma reciente de nuestro derecho de familia configura
un marco interpretativo a la luz de normas de derecho internacional y nacional y
de nuestra jurisprudencia.
Corte Suprema, 19 de Diciembre de 2016, Rol Nº Nº 46.451-16. by Francisco Estrada on Scribd
Proyecto de ley que establece sistema de garantías de los derechos de la niñez
Informe de la Comisión de Familia y Adulto Mayor (Cámara de Diputados)referido al Proyecto de Ley que establece sistema de garantías de los derechosde la niñez. Boletín Nº 10.315-18. 12 de diciembre de 2016.-
Dejo el texto aprobado por la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados y que debe ser aprobado aún por la Sala de la Cámara. Pasó de un muy mal proyecto ingresado a un proyecto simplemente malo o regular.
1. Sigue sin financiamiento. En una curiosa técnica legislativa se construyen una serie de derechos nuevos pero nada se dice del cómo; se supone que hay que esperar que en un proyecto posterior se creen las instituciones que los hagan posibles.
P. ej. obsérvese el artículo 38.
Asistencia jurídica. Todo niño tiene derecho
a contar con la debida asistencia jurídica de un abogado para el ejercicio de
sus derechos, en conformidad a la ley."
Es, sin dudas, un derecho nuevo y muy necesario en especial para niños y niñas internados, como Lisette y Alan. Pero nada se dice de cómo el Estado de Chile piensa cumplir esta declaración.
2. La ambigüedad se incrementa respecto de la novedosa protección administrativa que queda sin ningún perfil claro ni siquiera una entidad pública responsable.
3. Y, lamentablemente, se mantiene un cúmulo de normas redundantes que repiten la Convención sobre los derechos del niño, y no la avanzan o amplían; y normas que no enlazan adecuadamente con normas hoy vigentes en nuestro sistema (educación y salud p.ej.)
El informe completo pude ser revisado acá en el link
PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE SISTEMA DE GARANTÍAS DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Diciembre 2016 by Francisco Estrada on Scribd
Hace un par de semanas se realizaron en Concepción,
las Sextas Jornadas Antoestigma, “Desestigmatización de la infancia”, y uno de
sus organizadores, Rafael Dresdner me invitó a participar pero por razones
laborales no pude assitir. En tal caso, Rafael me propuso enviarles un video
para motivar el trabajo en grupos. Dejo aquí, entonces, este video en que
expongo brevemente algo del problema de la ilusión de la protección en su
Solicita pronunciamiento sobre legalidad de
actuaciones y del uso de establecimientos penitenciarios y de recursos
públicos, por parte de Gendarmería de Chile, en programas de televisión tales
como “Nadie está libre” y “Alerta máxima”, entre otros.
La Segunda en su
editorial del jueves pasado se refirió a esta presentación y al actual ilegal
de Gendarmería. Dejo abajo dicha editorial.
I Congreso Internacional sobre Justicia Penal Adolescente
Hace una semana tuve
el honor de ser invitado a cerrar el I Congreso Internacional sobre Justicia
Penal Adolescente, realizado en Talca y organizado por la Universidad Autónoma
de Chile, sede Talca, con la participación de las distintas instituciones públicas
y privadas del sistema. Agradezco enormemente la invitación y la oportunidad de
conocer el estado actual de funcionamiento del sistema en la región del Maule.
Dejo aquí la nota publicada en la web institucional de Sename. Espero subir
luego mi ppt de apoyo, como es mi costumbre.
“En el Aula Magna de
la Universidad Autónoma de Chile se realizó el primer “Congreso Internacional
de Justicia Penal Adolescente: Análisis y desafíos en su ejecución”, instancia
que reunió a cerca de 180 asistentes y que contó con expositores nacionales e internacionales.
congreso fue reflexionar acerca de la ejecución y aplicación práctica de la
normativa sobre responsabilidad juvenil en Latinoamérica, a la luz de la
Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes,
como así también aportar soluciones constructivas a sus problemas.
exposición comenzó a cargo de Jean Schmitz, ex director del Instituto Latino
Americano de Prácticas Restaurativas, cuya ponencia se llamaba “Leyes, penas y
cárceles, ¿cuánto sirve para la seguridad ciudadana?”. Posteriormente fue el
turno de Andrés Rivera, consultor internacional de Derechos Humanos e Identidad
de Género, quien presentó “Principio de no discriminación de niños, niñas y
adolescentes, y la identidad de género en el cumplimiento de sanciones”,
finalizado con Francisco Maldonado, subdirector del Centro de Estudios de
Derecho Penal de la Universidad de Talca, con la exposición “Propuesta para un
modelo de reacción penal adolescente”.
El segundo día estuvo
marcado por una mesa de debate, moderada por Roberto Navarro, magistrado del
Tribunal de Garantía de la capital del Maule, quien fue tomando los tiempos
entre José Luis González, fiscal del Ministerio Público de Talca, versus
Roberto García, otro magistrado del Tribunal de Garantía de la ciudad.
Posterior a esta discusión, realizó su presentación Esteban de la Torre,
coordinador del área jurídica del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y
Adolescentes, Organización de Estados Americanos (IIN – OEA), sobre la ley de
responsabilidad penal adolescente y su “ejecución en materia internacional”. El
congreso finalizó con el ex director del Servicio Nacional de Menores (Sename),
Francisco Estrada, quién materializó su intervención con “La ejecución penal
juvenil y sus desafíos para los actores del sistema”.
Jean Schmitz destacó
la importancia de cuestionar el sistema y ver la factibilidad de generar
cambios para un mayor beneficio. “Sentí una gran motivación e interés en el
tema de justicia juvenil y tener la oportunidad de hablar del enfoque
restaurativo”, indicó.
Por su parte, Paula
Valenzuela, docente de la Universidad Autónoma de Chile, expresó que “la
coordinación que se dio entre la Universidad Autónoma de Chile, Sename,
Defensoría Penal Pública y el juzgado de Garantía – Judicatura adolescente, fue
muy importante para levantar este primer congreso internacional, que sin lugar
a dudas viene a plasmar un debate en la aplicación de la responsabilidad penal
adolescente. En ese sentido el ejercicio sirvió para conocer otras realidades
congreso, Ana Cecilia Retamal, directora regional del Sename Maule, destacó la
convocatoria alcanzada y el nivel de los exponentes. “Nos acompañaron hoy más
de 150 profesionales de distintas instituciones colaboradoras del Sename en el
área de justicia juvenil, lo que sin dudas demuestra el compromiso de dichas
instituciones por perfeccionarse en conocimientos y nuevas formas de abordar
los casos con jóvenes que han infringido la ley”, dijo.”
Comité de Derechos del Niño General comment No. 19 (2016) on public budgeting for the realization of children's rights
En julio de este año el Comité de Derechos del Niño aprobó su última Observación General sobre presupuesto público y realziación de los derechos del niño. Aún está sólo la version en inglés pero dada la coyuntura considero necesario subirlo acá
Comité de Derechos del Niño General comment No. 19 (2016) on public budgeting for the realization of childr... by Francisco Estrada on Scribd