Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2015-0055_ES.html
Timestamp: 2019-12-13 15:39:30
Document Index: 263918507

Matched Legal Cases: ['artículo 99', 'artículo 86', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 16', 'artículo 13', 'artículo 6', 'artículo 30', 'artículo 257', 'artículo 11', 'artículo 19']

INFORME PROVISIONAL sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea
Procedimiento : 2013/0255(APP)
Ciclo relativo al documento : A8-0055/2015
A8-0055/2015
PV 28/04/2015 - 12
CRE 28/04/2015 - 12
PV 29/04/2015 - 10.64
P8_TA(2015)0173
253k 203k
PE 546.675v02-00 A8-0055/2015
sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea
(COM(2013)0534 – 2013/0255(APP))
Ponente: Monica Macovei
OPINIÓN de la Comisión de Asuntos Jurídicos
CARTA DE LA COMISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARIO
– Vista la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea (COM(2013)0534),
– Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2014, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea(1),
– Vista la propuesta de Directiva sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (COM(2012)0363),
– Vista su Resolución, de 23 de octubre de 2013, sobre la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero: recomendaciones sobre las acciones o iniciativas que han de llevarse a cabo(2),
– Vista la propuesta de Reglamento sobre la Agencia Europea de Cooperación en materia de Justicia Penal (Eurojust) (COM(2013)0535),
– Vistos el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, los artículos 2, 6 y 7 del Tratado de la Unión Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
– Vista la Resolución del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre un plan de trabajo para reforzar los derechos procesales de las personas sospechosas o acusadas en los procesos penales,
– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en particular sus artículos 86, 218, 263, 265, 267, 268 y 340,
– Visto el artículo 99, apartado 3, del Reglamento,
– Vistos el informe provisional de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0055/2015),
A. Considerando que los datos recopilados y analizados por la Comisión han puesto de manifiesto la existencia de un presunto fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión con una cuantía media anual aproximada de 500 millones de euros, si bien hay razones serias para creer que el riesgo de fraude podría ascender a 3 000 millones de euros al año;
B. Considerando que la tasa de imputación es baja (se sitúa en alrededor del 31 % en los ocho años comprendidos entre 2006 y 2013), en comparación con el número de recomendaciones judiciales formuladas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) a los Estados miembros; considerando que uno de los objetivos de la Fiscalía Europea es compensar este desequilibrio;
C. Considerando que es posible que algunos Estados miembros sean menos eficaces a la hora de detectar y perseguir por vía penal el fraude que afecta a los intereses financieros de la UE, lo que conlleva un perjuicio para los contribuyentes de todos los Estados miembros de la UE que coadyuvan al presupuesto de la Unión;
D. Considerando que, en su Resolución de 12 de marzo de 2014, el Parlamento pidió al Consejo que le permitiese una amplia participación en su trabajo legislativo a través de un flujo constante de información y una consulta regular al propio Parlamento;
E. Considerando que el hecho de que existan diferentes jurisdicciones, tradiciones jurídicas, sistemas policiales y judiciales en los Estados miembros no debe obstaculizar ni socavar la lucha contra el fraude y los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión;
F. Considerando que el terrorismo también está financiado por la delincuencia organizada, y que los grupos criminales recaudan fondos a través del fraude;
G. Considerando que el artículo 86 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea permite la ampliación de las competencias de la Fiscalía Europea para incluir otros delitos graves de carácter transnacional; considerando que el Consejo podrá tener en cuenta esta posibilidad en cuanto se haya establecido la Fiscalía Europea y ésta funcione correctamente;
1. Reafirma su firme voluntad de abordar las prioridades para la creación de la Fiscalía Europea y determinar los principios y las condiciones con arreglo a los cuales podría conceder su aprobación;
2. Reitera lo expuesto en su anterior informe provisional, cuya Resolución se aprobó el 12 de marzo de 2014, y desea completarlo y actualizarlo a la luz de la evolución reciente del debate en el Consejo;
3. Pide al Consejo que garantice la transparencia y la legitimidad democrática manteniendo al Parlamento plenamente informado y consultándolo con frecuencia, y le insta a tener debidamente en cuenta sus puntos de vista a modo de requisito previo para asegurar la aprobación del Reglamento sobre la Fiscalía Europea;
4. Recuerda que la Fiscalía Europea debería tener competencia en los delitos relacionados con el fraude contra los intereses financieros de la Unión; recuerda, en este contexto, que los delitos penales significativos deben exponerse en la propuesta de Directiva sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (la «Directiva PIF»); pide al Consejo, al tiempo que reconoce los avances realizados por los colegisladores en las negociaciones para aprobar la Directiva PIF, que renueve sus esfuerzos para lograr un acuerdo sobre dicha directiva, con miras a establecer la Fiscalía Europea;
5. Opina que es necesario adoptar un enfoque innovador para investigar, acusar y llevar a juicio a los que cometen fraude respecto de los intereses financieros de la Unión, con objeto de incrementar la eficiencia de la lucha contra el fraude, la tasa de recuperación y la confianza de los contribuyentes en las instituciones de la UE;
6. Estima que es crucial garantizar la creación de una única Fiscalía Europea que sea fuerte, independiente y capaz de investigar, acusar y llevar a juicio a los autores de delitos penales que afecten a los intereses financieros de la Unión, y opina que una solución menos contundente tendría consecuencias para el presupuesto de la Unión;
Una Fiscalía Europea independiente
7. Subraya que la estructura de la Fiscalía Europea debe ser totalmente independiente de los gobiernos nacionales y de las instituciones de la UE y estar protegida de la influencia y la presión políticas; pide, en consecuencia, apertura, objetividad y transparencia en los procedimientos de selección y nombramiento del fiscal jefe europeo, sus fiscales adjuntos, los fiscales europeos y los fiscales europeos delegados; considera que, para evitar cualquier conflicto de intereses, el puesto de Fiscal Europeo debe ser a tiempo completo;
8. Hace hincapié en la importancia que reviste la participación del Parlamento en los procedimientos de nombramiento de fiscales europeos y propone que se opte por un concurso abierto para candidatos que cumplan los criterios necesarios de integridad, profesionalismo, experiencia y aptitudes; opina que los fiscales europeos deben ser nombrados por el Consejo y el Parlamento de común acuerdo basándose en una lista elaborada por la Comisión, tras una evaluación por parte de un tribunal independiente de expertos elegidos entre jueces, fiscales y juristas de renombre; opina que el Fiscal Jefe Europeo debe nombrarse con arreglo al mismo procedimiento tras una audiencia a cargo del Parlamento;
9. Opina que los miembros del Colegio deben descartarse mediante resolución dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, previa petición del Consejo, de la Comisión, del Parlamento y/o del Fiscal Jefe Europeo;
10. Hace hincapié en que los Estados miembros deben hacer partícipes a los órganos judiciales autónomos nacionales de los procesos de nombramiento de fiscales europeos adjuntos, de conformidad con la legislación y las prácticas nacionales;
11. Celebra la disposición que figura en el texto del Consejo en relación con el informe anual dirigido a las instituciones de la UE a fin de garantizar una evaluación continua de las actividades desarrolladas por el nuevo órgano; pide al Consejo que garantice que el informe anual contenga, entre otras cosas, datos sobre la voluntad de las autoridades nacionales para cooperar con la Fiscalía Europea;
Una división jurisdiccional clara entre la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales
12. Opina que la reglamentación para regular la división jurisdiccional entre la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales debe estar definida claramente para impedir toda duda o interpretación equivocada en la fase operativa: la Fiscalía Europea debe ser competente para investigar e incoar procedimientos penales para los delitos que constituyan un fraude respecto de los intereses financieros de la Unión con arreglo a la Directiva sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal; opina que la Fiscalía Europea debe decidir primero si es de su competencia y abrir investigaciones propias ante las autoridades nacionales para evitar investigaciones paralelas que no son efectivas;
13. Insiste en que las autoridades nacionales que llevan a cabo investigaciones sobre delitos que son competencia de la Fiscalía Europea deben estar obligadas a informar a la Fiscalía Europea de tales investigaciones; reitera la necesidad de que la Fiscalía General cuente con el derecho de encargarse de tales investigaciones cuando lo considere oportuno, con miras a garantizar la independencia y la eficacia de la Fiscalía;
14. Reitera que las competencias de la Fiscalía Europea deben ampliarse a otros delitos diferentes de aquellos que afectan a los intereses financieros de la Unión, únicamente cuando de forma acumulativa:
a) un comportamiento concreto constituya simultáneamente un delito que afecte a los intereses financieros de la Unión y otros delitos; y además
b) los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión sean predominantes y el resto meramente secundarios; y además
c) no se pueda someter a juicio y castigar el resto de delitos si no se incoaron y llevaron a juicio junto con los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión; opina también que, en caso de desacuerdo entre la Fiscalía Europea y las fiscalías nacionales sobre el ejercicio de las competencias, la Fiscalía Europea debe decidir, a nivel central, quién llevará a cabo la investigación y el enjuiciamiento; opina, además, que el establecimiento de competencias con arreglo a dichos criterios siempre debe ser objeto de control judicial;
Una estructura eficiente para la gestión eficaz de los casos
15. Considera deplorable que los Estados miembros estén examinando la opción de una estructura colegiada en lugar de la opción de una estructura jerarquizada propuesta inicialmente por la Comisión Europea; opina, a este respecto, que las decisiones de enjuiciar, la elección de la jurisdicción competente, las decisiones de archivar un asunto o de reasignarlo y las decisiones sobre transacciones deben ser adoptadas en todos los casos a nivel central por las Salas;
16. Subraya la conveniencia de que las Salas desempeñen un papel destacado en las investigaciones y los procedimientos penales incoados, y no limiten sus actividades a simples funciones de coordinación, sino que supervisen la labor que realizan sobre el terreno los fiscales europeos delegados;
17. Expresa su preocupación respecto del vínculo directo entre un fiscal europeo de la oficina Central y un caso presentado en su propio Estado miembro, dado que esto podría dañar claramente la independencia de los fiscales y la distribución equitativa de los casos;
18. Pide, por ello, que se adopte una organización racional de la carga de trabajo de la Fiscalía a nivel central; observa, a este respecto, que el sistema de asignación de los casos entre las Salas debe respetar unos criterios objetivos predeterminados; sugiere también que, en una fase posterior, se contemple la opción de una especialización específica de las Salas;
19. Está convencido de que el personal de la Oficina Central de la Fiscalía Europea también garantizará que los sistemas policiales nacionales cuenten con los conocimientos, la experiencia y la pericia necesarios;
Medidas de investigación y admisibilidad de las pruebas
20. Pide al legislador que garantice el establecimiento de unos procedimientos racionalizados para que la Fiscalía Europea obtenga las correspondientes autorizaciones para las medidas de investigación en los casos transfronterizos, de conformidad con el ordenamiento jurídico de los Estados miembros en los que se solicite y ejecute la medida en cuestión; recuerda que los colegisladores mostraron su acuerdo con los criterios para que los Estados miembros presenten solicitudes de medidas de investigación basadas en el principio de reconocimiento mutuo de la Directiva 2014/41/CE relativa a la orden europea de investigación en materia penal.; considera que estos mismos criterios deben aplicarse para que la Fiscalía Europea autorice las medidas de investigación, en concreto las relacionadas con los motivos de denegación;
21. Pide al Consejo que garantice la admisibilidad de las pruebas que reúna la Fiscalía Europea respetando plenamente la legislación europea y nacional pertinente en toda la Unión, ya que es crucial para asegurar la eficacia de los procedimientos penales incoados, de conformidad con el artículo 6 del TUE, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos;
22. Reitera la necesidad de que la Fiscalía Europea busque activamente todas las pruebas pertinentes, tanto inculpatorias como exculpatorias; insiste, además, en la necesidad de conceder a los sospechosos o acusados en las investigaciones emprendidas por la Fiscalía Europea algunos derechos en relación con las pruebas, en concreto:
a) El sospechoso o acusado tendrá derecho a presentar pruebas para que la Fiscalía Europea las tenga en cuenta;
b) El sospechoso o acusado tendrá derecho a solicitar a la Fiscalía Europea que recopile toda prueba pertinente para las investigaciones, incluido el nombramiento de peritos y las audiencias de testigos;
23. Opina, teniendo en cuenta las numerosas jurisdicciones para delitos transfronterizos que son competencia de la Fiscalía Europea, que es fundamental garantizar que los fiscales europeos, los fiscales europeos delegados y las autoridades fiscales nacionales respeten plenamente el principio ne bis in idem con respecto a los procedimientos penales incoados relacionados con delitos que son competencia de la Fiscalía Europea;
Acceso al control jurisdiccional
24. Afirma que debe existir en todo momento el derecho a solicitar el control jurisdiccional respecto de la actividad de la Fiscalía Europea , y también reconoce la necesidad de que esta desempeñe su labor eficazmente; opina, por consiguiente, que las decisiones que adopte la Fiscalía Europea deben poder ser objeto de control judicial ante el tribunal competente; subraya que las decisiones adoptadas por las Salas, tales como la elección de jurisdicción para el enjuiciamiento, el archivo o reasignación de un asunto o las transacciones, deben ser objeto de control judicial ante los órganos jurisdiccionales de la Unión;
25. Estima que, a efectos del control jurisdiccional de todas las medidas de investigación y otras medidas procesales que adopte la Fiscalía Europea en el desempeño de su función de enjuiciamiento, debe considerarse que la Fiscalía Europea es una autoridad nacional ante los tribunales competentes de los Estados miembros;
Protección jurídica coherente de las personas sospechosas o acusadas
26. Recuerda que la nueva Fiscalía debe realizar sus actividades dentro del pleno respeto de los derechos de las personas sospechosas o acusadas consagrados en el artículo 6 del TUE, en el artículo 16 del TFUE y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como en las medidas legislativas ya adoptadas a nivel de la Unión en relación con los derechos procesales de las personas sospechosas y acusadas en los procedimientos penales, y con la protección de los datos personales;
27. Afirma que la futura directiva sobre asistencia jurídica debe aplicarse por igual a todas las personas sospechosas o acusadas que están siendo investigadas o enjuiciadas por la Fiscalía Europea; pide a los Estados miembros que, a falta de una directiva de la UE, garanticen un acceso efectivo a la asistencia jurídica de conformidad con las legislaciones nacionales correspondientes;
28. Hace hincapié en que todas las personas sospechosas o acusadas que estén siendo investigadas o enjuiciadas por la Fiscalía Europea disfrutan del derecho a la protección de sus datos personales; subraya, a este respecto, el hecho de que el tratamiento de los datos personales llevado a cabo por la Fiscalía Europea debe ser conforme al Reglamento (CE) n° 45/2001; pone de relieve que las disposiciones específicas sobre protección de datos que figuran en el Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea solo deben complementar y detallar las disposiciones que figuran en el Reglamento 2001/45 y únicamente en la medida en que sea necesario;
29. Reafirma su firme voluntad de crear una Fiscalía Europea y de reformar Eurojust, tal como ha previsto la Comisión en sus dos propuestas; pide a la Comisión que reajuste las estimaciones de la repercusión que tendría en el presupuesto la estructura colegial; pide que se aclaren las relaciones entre Eurojust, la Fiscalía Europea y la OLAF, a fin de diferenciar sus funciones respectivas en lo que respecta a la protección de los intereses financieros de la UE; pide al Consejo y a la Comisión que estudien la posibilidad de un enfoque integrado más sólido de estas agencias, en aras de una mayor eficacia de las investigaciones;
30. Insta al Consejo a que siga estas recomendaciones y subraya que dichas condiciones son esenciales para que el Parlamento pueda dar su consentimiento al proyecto de reglamento del Consejo;
31. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
Textos Aprobados, P7_TA(2014)0234.
Textos Aprobados, P7_TA(2013)0444.
El valor añadido de la Fiscalía Europea consistirá en que una fiscalía única e independiente se encargará, a nivel europeo, de las investigaciones y las acusaciones penales en los casos de fraude en relación con fondos de la UE, y en que se incrementarán las acciones penales, la recuperación de fondos y la confianza de los contribuyentes en las instituciones de la UE. El sistema actual, pese a funcionar correctamente en algunos Estados miembros, ha resultado ser bastante ineficaz dentro de la Unión en lo que respecta a la incoación de procedimientos penales y la recuperación de fondos.
En general, la creación de una Fiscalía Europea debería guiarse por la necesidad concreta de rectificar una situación en la que la tasa de imputación respecto de las recomendaciones judiciales de la OLAF ha sido, como media, del 31 % en ocho años (2006-2013). Por consiguiente, se ha recuperado muy poco dinero de los contribuyentes, lo que es inaceptable y requiere cambios importantes.
La ponente desea presentar un nuevo informe provisional para esbozar las prioridades políticas del Parlamento Europeo y hacer hincapié en los principios y condiciones con arreglo a los cuales el Parlamento podría conceder su aprobación a la propuesta del legislador. Desde que en julio de 2013 se adoptó la propuesta de la Comisión, el Parlamento Europeo ha demostrado un gran compromiso e interés en participar en el proceso legislativo. En su Resolución de 12 de marzo de 2014, el Parlamento pidió al Consejo que le permitiese participar ampliamente en su trabajo e hizo una serie de sugerencias de carácter político en relación con algunos de los principales aspectos que hay que tener en cuenta: la estructura, la independencia, el proceso de toma de decisiones, la competencia, los instrumentos para la investigación, la admisibilidad de las pruebas, el control jurisdiccional y la protección jurídica.
Las orientaciones formuladas hasta el momento dentro del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior apuntan a un órgano colegiado compuesto por un fiscal europeo por Estado miembro y dirigido por un fiscal general, y una competencia concurrente entre la nueva Fiscalía y las fiscalías nacionales. Las decisiones al respecto repercutirán positiva o negativamente en la eficacia de las actividades de la Fiscalía Europea y también en el valor añadido global del nuevo órgano de la Unión.
OPINIÓN de la Comisión de Asuntos Jurídicos (26.2.2015)
para la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Ponente de opinión: Victor Negrescu
La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes sugerencias:
– Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos para la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, de 3 de marzo de 2014, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea,
1. Reitera el contenido de la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos de 3 de marzo de 2014, y desea abordar además otros elementos, como los relativos a las novedades del debate en el Consejo;
2. Subraya la importancia de velar por la independencia de la Fiscalía Europea, el Fiscal Europeo y sus delegados, los fiscales europeos y los fiscales europeos delegados, particularmente respecto de cualquier influencia indebida de partidos políticos y de las autoridades nacionales, administrativas o judiciales, incluidas las instituciones europeas; considera que el puesto de Fiscal Europeo debe ser a tiempo completo;
3. Reafirma su firme voluntad de crear una Fiscalía Europea y de reformar Eurojust como había previsto la Comisión en su propuesta de Reglamento sobre Eurojust; está convencido, no obstante, de que la reforma de Eurojust debería dejarse en suspenso hasta que el Consejo apruebe un planteamiento general sobre la Fiscalía Europea; se ciñe al planteamiento conjunto, debido a la estrecha interacción entre la Fiscalía Europea y Eurojust;
4. Considera que debe definirse claramente el ámbito de competencias de la Fiscalía Europea para evitar la inseguridad jurídica sobre los delitos penales que inciden en sus atribuciones; pide al Consejo, a este respecto, que aclare las competencias de Eurojust, de Europol y de la OLAF, para que las funciones de todos los órganos encargados de la protección de los intereses financieros de la UE estén bien definidas y diferenciadas;
5. Acoge favorablemente la propuesta de que la Fiscalía Europea presente un informe anual a las instituciones de la UE, a fin de garantizar la transparencia y la evaluación de las líneas generales de su actividad, y subraya que este proceder no debe constituir un instrumento para que las instituciones de la UE influyan en la futura actividad de la Fiscalía Europea;
6. Hace hincapié en la necesidad de que se lleve a cabo un proceso de selección público, transparente e independiente para nombrar al Fiscal Europeo y a sus delegados, y propone que se convoque un concurso general para los candidatos que cuenten con la profesionalidad, la experiencia y las competencias adecuadas, que pasarían a figurar en una lista restringida elaborada por la Comisión y serían evaluados por un tribunal independiente integrado por expertos; propone que se transmita al Parlamento Europeo y al Consejo la lista de los candidatos preseleccionados y se faculte a ambas instituciones para que decidan si es necesario concertar más entrevistas con los candidatos cuyos nombres figuren en la lista; pide, por tanto, que se involucre plenamente al Parlamento Europeo en el proceso de selección del Fiscal Europeo y sus delegados y que la decisión definitiva sobre los nombramientos recaiga en el Consejo y sea aprobada por el Parlamento;
7. Recomienda que la Fiscalía Europea preste especial atención al nombramiento de los fiscales europeos y de los fiscales europeos delegados, así como al cumplimiento de los criterios relativos a sus cualificaciones, experiencia profesional e independencia, garantizando una representación geográfica equilibrada;
8. Subraya la necesidad de que la Fiscalía Europea estudie e investigue con el mismo rigor los asuntos relativos a delitos graves que atenten contra los intereses financieros de la UE procedentes de todos los Estados miembros participantes, independientemente de consideraciones geográficas y asuntos o exámenes anteriores, y adoptando un enfoque cualitativo basado en criterios objetivos;
9. Destaca la necesidad de aclarar el modo en que la Fiscalía Europea colaborará de forma efectiva con todos los Estados miembros;
10. Recomienda que la Fiscalía Europea se afane especialmente en perseguir la delincuencia transfronteriza que atenta contra los intereses financieros de la UE, teniendo en cuenta la complejidad de la cuestión y el elevado nivel de peligro y daño que entraña; afirma, no obstante, que debe definirse con exactitud el ámbito de competencias de la Fiscalía Europea para que se pueda determinar ex ante cuáles son los casos criminales que constituyen su objeto y para diferenciar claramente las competencias de la Fiscalía Europea de las de los fiscales nacionales; propone, en este sentido, una revisión minuciosa de las definiciones contempladas en el artículo 13 de la propuesta de la Comisión sobre las competencias accesorias a fin de evitar dobles procedimientos penales o lagunas judiciales; propone asimismo que se garantice que los instrumentos y medidas de investigación de que dispone la Fiscalía Europea sean homogéneos, estén claramente determinados y sean compatibles con todos los sistemas jurídicos de los Estados miembros a fin de garantizar que se evita la búsqueda del foro más favorable;
11. Recuerda que las acciones e investigaciones emprendidas por todos los fiscales y el personal de la Fiscalía Europea deben efectuarse respetando plenamente los principios del Derecho, especialmente en lo que se refiere a los derechos otorgados al sospechoso o acusado, como el respeto de la presunción de inocencia hasta que se haya dictado resolución judicial firme e irrevocable, el derecho a un juicio imparcial, el derecho a guardar silencio, el derecho a la defensa y a la asistencia jurídica gratuita, y el principio non bis in idem; pide a los Estados miembros que garanticen la adopción de medidas armonizadas en lo relativo al reconocimiento y la admisibilidad de las pruebas aportadas por la Fiscalía Europea; considera, concretamente, que las condiciones de admisibilidad de las pruebas deben implicar el respeto de todos los derechos garantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, según se interpretan en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y con arreglo al artículo 6 del Tratado de la Unión Europea; considera que la Fiscalía Europea debe buscar activamente todas las pruebas pertinentes, tanto inculpatorias como exculpatorias;
12. Lamenta que en la actual propuesta relativa a la creación de la Fiscalía Europea se limite su ámbito de competencias a la lucha contra el fraude; pide, por tanto, a la Comisión Europea que, una vez que se haya creado la Fiscalía Europea, proponga una ampliación de sus competencias con el fin de incluir determinadas categorías de delitos transfronterizos graves, como la delincuencia organizada y el terrorismo;
13. Pide al Consejo que proporcione información detallada sobre la incidencia que tendrá en el presupuesto de la UE la estructura colegiada propuesta; considera que, en cualquier caso, las decisiones relativas a la elección de la jurisdicción competente, las decisiones de enjuiciar, de archivar un asunto o de reasignarlo y las decisiones sobre transacciones deben adoptarse a nivel central;
14. Afirma que debe existir en todo momento el derecho a solicitar el control jurisdiccional respecto de la actividad de la Fiscalía Europea; considera, por consiguiente, que las decisiones que adopte la Fiscalía Europea deben poder ser objeto de control judicial ante el tribunal competente; insiste, a este respecto, en que las decisiones que adopte la Fiscalía Europea antes del juicio o al margen de este, tales como la decisión de iniciar una investigación, la elección de jurisdicción para el enjuiciamiento, el archivo del asunto o las transacciones, deben ser objeto de control judicial ante los órganos jurisdiccionales de la Unión; subraya que la Fiscalía Europea debe reparar conforme al Derecho nacional todo perjuicio causado por cualquier enjuiciamiento ilegal o injustificado;
15. Considera que, además del informe anual de la Fiscalía Europea sobre sus actividades generales, el Reglamento debe prever una cláusula de revisión para contrastar los objetivos de la creación de la Fiscalía con los resultados obtenidos y detectar las lagunas que es preciso colmar.
Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Andrzej Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka
Pascal Durand, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Victor Negrescu, Viktor Uspaskich
IPOL-COM-CONT D(2015)3294
Sr. D. Claude Moraes
Comisión de Libertades Civiles,
Asunto: Informe provisional actualizado sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea (COM(2013)534 – 2013/0255(APP))
Le escribo en relación con su propuesta de permitir a la Comisión de Control Presupuestario (CONT) contribuir al informe provisional actualizado sobre la propuesta relativa a la creación de la Fiscalía Europea, elaborado por su comisión para expresar la posición del Parlamento en respuesta a los debates más recientes que han tenido lugar en los Estados miembros. Quisiera agradecerle la cooperación satisfactoria que se está llevando a cabo a este respecto.
Tal como se pone de manifiesto en la Resolución del Parlamento, de 12 de marzo de 2014, la creación de una Fiscalía Europea representa un paso más hacia la realización de un espacio europeo de justicia penal y contribuye al refuerzo de los instrumentos utilizados para proteger los intereses financieros de la UE y para luchar contra el fraude, contribuyendo de este modo a incrementar la confianza de los contribuyentes en la UE. Dado que la Fiscalía Europea constituye una competencia legislativa exclusiva del Consejo, la comisión CONT pide al Consejo que asocie plenamente al Parlamento en su labor.
La comisión CONT considera que conviene garantizar que la Fiscalía Europea funcione respetando plenamente y cumpliendo con los derechos fundamentales, pero que también sea versátil, ágil, eficaz y capaz de lograr los mejores resultados. La Fiscalía Europea debe ser totalmente independiente de los gobiernos nacionales y de las instituciones de la UE y estar protegida de cualquier influencia o presión políticas. Asimismo, el ámbito de competencias de la Fiscalía Europea debe definirse claramente para evitar la incertidumbre jurídica sobre los delitos penales que se encuentran entre sus atribuciones. Es sumamente importante que el Consejo aclare las competencias de Eurojust, de Europol y de la OLAF, para que las funciones de cada uno de los tres órganos encargados de la protección de los intereses financieros de la UE queden bien definidas y diferenciadas.
Pedimos, además, que los instrumentos y las medidas de investigación a disposición de la Fiscalía Europea sean homogéneos, estén claramente definidos y sean compatibles con los sistemas jurídicos de los Estados miembros en los que se apliquen. Las normas en materia de admisibilidad de las pruebas, y su evaluación de conformidad con el artículo 30 de la propuesta de la Comisión, deben estar claras y tener una aplicación uniforme en cada jurisdicción abarcada por la Fiscalía Europea cumpliendo plenamente con las garantías procesales.
Además, la comisión CONT pide que el modelo organizativo de la Fiscalía Europea disponga a nivel central de las capacidades, la experiencia y el conocimiento apropiados, de tal forma que quienes tengan que llevar a cabo investigaciones cuenten con las capacidades necesarias para realizar dichas investigaciones en el contexto de los sistemas jurídicos de los Estados miembros de que se trate.
Constatamos que, en el seno del Consejo, la mayoría de los Estados miembros consideran que un Colegio de Fiscales Europeos constituiría la estructura más adecuada para garantizar la disponibilidad del nivel requerido de capacidades y experiencia a la hora de llevar a cabo investigaciones. Sospechamos, sin embargo, que una estructura de estas características podría ir en detrimento de la independencia o de la eficacia de la Fiscalía, por lo que expresamos nuestra preocupación por los debates que se desarrollan en el Consejo en relación con la estructura y las competencias de la Fiscalía.
Acogemos con satisfacción el propósito del Consejo de conceder a la Fiscalía Europea y a los Estados miembros una competencia concurrente en la investigación de delitos contra los intereses financieros de la UE, lo cual contribuirá a garantizar que las investigaciones se desarrollen al nivel adecuado.
La comisión CONT pide a la comisión LIBE que anime al Consejo a respetar los siguientes principios:
• una procedimiento de selección abierto y transparente para el nombramiento de los fiscales europeos, con la plena participación del Parlamento en el procedimiento de selección del Fiscal Jefe Europeo y sus delegados, a fin de convertir la Fiscalía en un órgano genuinamente europeo y garantizar su independencia con respecto a los gobiernos nacionales;
• la atribución de asuntos a los fiscales con arreglo a su pericia;
• la creación de una estructura descentralizada —tal como propone la Comisión— que permita a los fiscales europeos delegados incoar y dirigir investigaciones en su Estado miembro o en otro, permitiendo que las investigaciones permanezcan inscritas dentro de los sistemas nacionales de incoación de procedimientos penales, y que, al mismo tiempo, la Fiscalía Europea sea informada por el Fiscal acerca de toda investigación iniciada; evitando de este modo los problemas que experimenta la OLAF en la actualidad, de dependencia del suministro de determinadas informaciones por parte de las autoridades de los Estados miembros para poder desempeñar su cometido;
• por último, y en aras de la eficacia de la Fiscalía Europea, las pruebas recogidas por la Fiscalía deben ser admisibles ante los tribunales de los Estados miembros y respetando plenamente la legislación del Estado miembro donde se haya llevado a cabo la investigación, así como sus propias normas expuestas en el Reglamento.
Deploramos que la propuesta de una Fiscalía Europea no vaya acompañada ni de una propuesta de creación de un Tribunal Penal Europeo como tribunal especializado adjunto al Tribunal General, de conformidad con el artículo 257 del TFUE, ni de una propuesta de marco jurídico procesal europeo. La comisión que presido pide al Consejo que analice estas sugerencias.
Por otra parte, la comisión CONT considera necesario que los funcionarios de la UE sean equiparados al resto de los ciudadanos de la Unión, por lo que pide que se modifiquen en consecuencia el artículo 11, letra a), del Protocolo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Unión Europea y el artículo 19 del Estatuto de los funcionarios de la Unión, de modo que se permita la intervención inmediata de la Fiscalía Europea.
Del mismo modo, la comisión pide que la propuesta de creación de la Fiscalía Europea se armonice plenamente con la actual propuesta legislativa por la que se establece un conjunto de normas mínimas comunes acerca del derecho de los sospechosos o acusados a la asistencia jurídica gratuita provisional en los procesos penales (2013/0409(COD)).
Seguiremos observando de cerca las negociaciones del Consejo y esperamos sinceramente que usted pueda tomar en consideración nuestras solicitudes al preparar el proyecto de informe provisional.
Inge Gräßle
Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský
Janice Atkinson, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Dennis de Jong, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miltiadis Kyrkos, Gilles Lebreton, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss