Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-5567-de-noviembre-19-de-1992?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920414ec0f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-05-20 22:58:52
Document Index: 220347418

Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'artículo 4', 'artículo 121', 'artículo 121', 'artículo 22', 'artículo 268', 'artículo 268']

﻿ SENTENCIA 5567 DE NOVIEMBRE 19 DE 1992
SENTENCIA 5567 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 1992
CONTENIDO:DELITO DE SECUESTRO. COEXISTEN TRES FORMAS
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO PENAL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, DELITO DE SECUESTRO SIMPLE, DELITO, PROCEDIMIENTO PENAL, CÓDIGO PENAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:254 DE FEBRERO DE 1993, PÁG.103
Sentencia 5567 de noviembre 19 de 1992
COEXISTEN TRES FORMAS
EXTRACTOS: «El Código Penal actualmente vigente tiene tipificados los delitos de secuestro simple y secuestro extorsivo en los artículos 268 y 269.
“Secuestro extorsivo. El que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo o con fines publicitarios de carácter político, incurrirá en prisión de 6 a 15 años”.
“Art. 269 Secuestro simple. El que con propósito distinto a los previstos en el artículo anterior, arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, incurrirá en prisión de 6 meses a 3 años”.
De otra parte, el artículo 22 del Decreto 180 de 1988 dispone:
“Secuestro. El que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, incurrirá en prisión de 15 a 20 años y multa de 100 a 200 salarios mensuales”.
La norma últimamente transcrita se convirtió en legislación permanentem en virtud de lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto 2266 de 1991.
Por medio del Decreto 1038 de 1984 el Presidente de la República, haciendo uso de las facultades extraordinarias que le daba el artículo 121 de la Constitución de 1886, declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio de la República.
Posteriormente se dictaría el Decreto 180 de 1988 en el cual se justifica la adopción de las medidas legislativas extraordinarias con los siguientes argumentos:
“Que mediante Decreto 1038 de 1984 se declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio de la República;
Que la declaratoria de turbación del orden público se originó en la ocurrencia de actos terroristas en diversas ciudades, y en general por la realización de hechos violentos que han ocasionado sensibles bajas de miembros de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y en la población civil;
Que igualmente, mediante actos terroristas se han causado graves daños a oleoductos, plantas industriales, edificios públicos, sedes de partidos y agrupaciones políticas, instalaciones militares, policiales y de servicios públicos;
Que el Decreto-Ley 3418 de 1954, en sus artículos 1º y 5º, establece que los canales radioeléctricos que Colombia utiliza o pueda utilizar en el ramo de telecomunicaciones, son propiedad exclusiva del Estado y que en caso de guerra exterior o grave conmoción interna, el Gobierno podrá mientras dura la emergencia, recobrar el dominio pleno de las frecuencias o canales que hubiere cedido en explotación a los particulares;
Que la declaración del actual estado de sitio tuvo origen, igualmente, en la acción criminal de grupos relacionados con el narcotráfico, la cual se ha concretado en actos desestabilizadores de las instituciones democráticas, como la muerte violenta del Procurador General de la Nación’’.
Es entonces indesconocible que los instrumentos jurídicos y políticos que proporcionaba la Constitución Nacional de 1886 al Presidente de la República en el caso concreto que se analiza tenía como causa motivante la perturbación del orden público, ocasionada por la acción de bandas de narcotraficantes y terroristas. Por ello, siguiendo los lineamientos normativos y jurisprudenciales se toman medidas de lucha eficaz, exclusivamente tendientes a someter al imperio de la ley y las bandas que son causa de la declaratoria de perturbación.
En esas condiciones la reglamentación así expedida no podía contener normas de diversa naturaleza porque estaría vulnerando la integridad constitucional, en razón de que las facultades extraordinarias conferidas limitaban las medidas tomadas a las estrictamente necesarias para conjurar los efectos de la perturbación del orden público. Por ello la Corte Suprema de Justicia, al ejercer el control de constitucionalidad, de manera reiterada exigió la relación de causalidad entre los motivos que ocasionaron la declaratoria de perturbación y las medidas tomadas con fundamento en las facultades legislativas extraordinarias proporcionadas por el artículo 121 de la Constitución Nacional.
Por estas razones el Decreto 180 solo podía contener medidas legislativas de derecho penal material y procesal penal destinadas exclusivamente a superar las causas de la perturbación, sin que el Presidente pudiera suspender la normatividad del Código Penal en cuanto hace relación con el secuestro extorsivo y secuestro simple; pues, además de que tal medida carecería de la necesaria relación causal, hubiera ocasionado un vacío legislativo de imprevisibles y nefastas consecuencias, al dejar en la impunidad muchas conductas atentatorias de la libertad de los ciudadanos, cuando los delincuentes los privaran de tal derecho sin finalidades terroristas.
En las condiciones precedentes coexisten en la legislación actual tres formas de secuestro que cubren conductas perfectamente diversas, una la relacionada con la pérdida de la libertad de un ciudadano cuando el agente actúa “con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo o con fines publicitarios de carácter político...”.
La segunda modalidad se estructura cuando se priva de la libertad a una persona teniendo como propósito o motivación cualquiera otra diversa a los beneficios o utilidades precisadas en el artículo anterior, o cuando no se actúa con finalidades de publicidad política. Y finalmente el secuestro terrorista que es el consagrado en el artículo 22 del Decreto 180 en el que el comportamiento del agente está guiado por el propósito terrorista, de crear zozobra e inseguridad social, pudiendo ser que se trate de una actividad con finalidades políticas o de cualquier otra naturaleza.
Ahora bien, cuando se trata del secuestro tipificado en el artículo 268 en el que se haya actuado con fines publicitarios de carácter político, o cuando la víctima es una persona de una determinada importancia política o social, puede presentarse alguna dificultad para distinguirlo del secuestro terrorista; allí es labor del intérprete entrar a determinar si la escogencia de la calidad de la víctima estuvo orientada a la búsqueda de personales propósitos o si fue, por el contrario, el de ocasionar desasosiego social como consecuencia de la importancia de la víctima.
De todas maneras, considera la Sala, que ante cada caso concreto es menos difícil determinar cuándo la finalidad puede ser simplemente política sin ser terrorista y cuándo política con propósitos terroristas; pues en la primera hipótesis, la actuación se dirige a promover una determinada ideología, la imagen de un líder, o unos específicos propósitos de activismo del partido o del movimiento; pero cuando la lucha política ha tomado los caminos de la subversión y de la búsqueda del poder por medios violentos o terroristas, de manera regular está matizada generalmente por demostraciones de fuerza, que tienen el objetivo de dar una sensación de vigor y poderío de los cuales carecen; apariencia que consiguen mediante el amedrantamiento y la zozobra que logran producir entre los miembros de la comunidad, quienes terminan por creer que se encuentran enfrentados a movimientos de mayor potencialidad política y militar.
Ya la Corte en pronunciamientos que preceden a este, había llegado a las conclusiones anotadas. Así, en sentencia del 22 de agosto de 1990, siendo ponente el Magistrado que en ésta actúa en la misma condición(*).
(*) La Corte reproduce aquí las consideraciones de dicha sentencia, cuyo texto se puede consultar en J. y D., Tomo XIX, págs. 739 y ss. (N. del D.).
De conformidad con las argumentaciones realizadas en precedencia, es forzoso concluir que existen las tres formas de secuestro, tanto las tipificadas en la norma penal ordinaria como la prevista en la legislación de estado de sitio hoy convertida en legislación permanente.
Analizados los aspectos legislativos y jurisprudenciales anteriores se debe precisar a cual de las descripciones típicas del secuestro puede corresponder la conducta de los procesados. Es claro que por la forma como se desarrolló el secuestro, como actuaron en los momentos subsiguientes, por la confesión de lo que pensaban hacer con el dinero obtenido de la ilicitud, y la calidad de la víctima, se ha de concluir que se trata de un secuestro extorsivo tal como aparece tipificado en el Código Penal, pues en verdad la finalidad terrorista no se aprecia en ninguna de las actuaciones de los sentenciados. Debe así mismo descartarse la existencia del secuestro simple, del que hablan los impugnantes, porque como ya se había precisado, este delito sólo puede existir cuando el agente actúa con finalidades diversas a la de la búsqueda de un provecho o cualquier otra cualidad ilícita, o para que se haga u omita algo o cuando busca finalidades publicitarias de tipo político o cuando se procede con objetivos terroristas, y como en este caso el hecho se realizó con el propósito de obtener un provecho ilícito de carácter económico y no se demostró una finalidad terrorista, ha de concluirse la existencia del secuestro extorsivo previsto en el artículo 268 del C. P».
(Sentencia de Casación, noviembre 19 de 1992. Radicación 5567. Magistrado Ponente: Dr. Édgar Saavedra Rojas).