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Timestamp: 2019-10-16 00:18:18
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 264', 'artículo 264', 'artículo 264', 'artículo 86', 'artículo 264', 'artículo 94', 'artículo 1', 'artículo 264', 'artículo 264', 'artículo 20', 'artículo 264', 'artículo 264']

﻿ SENTENCIA T-227 DE MARZO 17 DE 2003
SENTENCIA T-227 DE 17 DE MARZO DE 2003
CONTENIDO:CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. ARTÍCULO 264. CARÁCTER FUNDAMENTAL DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y EL DEBER CONSTITUCIONAL DE DEBIDA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS. EL OBJETO DE PROTECCIÓN DE LA NORMA ES CIERTA INFORMACIÓN: EL TIEMPO DE SERVICIO Y LOS SALARIOS DEVENGADOS.DERECHO DE PETICIÓN COMO DERECHO FUNDAMENTAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO A LA INFORMACIÓN, CÓDIGO SUSTANTIVO LABORAL, ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO
REVISTA TUTELA N°:43 DE JULIO DE 2003, PÁG.1270
Sentencia T-227 de marzo 17 de 2003
Sent. T-227, mar. 17/2003. Exp. T-669050
Acción de tutela de Luis Armando Neira en contra del municipio de Florencia - coordinador del área de bienestar social y talento humano.
dentro del proceso de revisión del fallo dictado por el Juzgado Tercero Municipal de Florencia, en el trámite de la acción de tutela instaurada por Luis Armando Neira en contra del municipio de Florencia - coordinador del área de bienestar social y talento humano.
1. El ciudadano Luis Armando Neira afirma que trabajó para el Instituto Nacional de Fomento Municipal, Insfopal, y las Empresas Sanitarias del Caquetá, Empocaquetá, adscritas al municipio de Florencia, durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el mes de septiembre de 1985.
El señor Neira sostiene que ha solicitado al coordinador del área de bienestar social y talento humano del municipio de Florencia que le expidan una certificación sobre el tiempo laborado, lo que no ha ocurrido. Asegura que únicamente le han informado que no es posible.
2. El demandante interpuso acción de tutela en contra del municipio de Florencia - coordinador del área de bienestar social y talento humano, debido a que, en su opinión, no se habían contestado debidamente sus peticiones. Formuló las siguientes pretensiones: (i) ordenar que le sea certificado el tiempo de servicio, lo cual requiere para poder tramitar su pensión de jubilación, y (ii) que le sean explicadas debidamente las razones por las cuales “no aparecen los archivos para efectos de certificar el tiempo y salarios”.
3. Mediante comunicación dirigida al juez de instancia, la demandada remitió copia de las respuestas enviadas al demandante, en las cuales se explica que la razón de la imposibilidad de certificar el tiempo laborado estriba en que las empresas para las cuales trabajó el demandante, no entregaron en debida forma los archivos al municipio, de manera que muchos datos, entre ellos los contenidos en la hoja de vida del demandante, desaparecieron.
Respetuosamente sugieren al juez que ordene dar aplicación al numeral 2º del artículo 264 del Código Sustantivo del Trabajo.
4. Mediante sentencia del 30 de septiembre de 2002, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Florencia negó las pretensiones de la demanda de tutela. En concepto de la juez, no existe violación del derecho de petición, en la medida en que frente a las peticiones cuya existencia se probó, existe copia de las respuestas de la administración, las cuales fueron realizadas oportunamente y atendiendo de manera clara y precisa los cuestionamientos del demandante.
Por otra parte, y en relación con el derecho de petición, la juez considera que “además existe un procedimiento que el interesado no ha agotado y es el señalado en el artículo 264 del Código Sustantivo del Trabajo, por medio del cual se prevé la forma de remediar las deficiencias administrativas como la que aparece claramente en el expediente, que por la desorganización de los archivos históricos municipales atribuidos a administraciones anteriores, no se encuentran los soportes necesarios para expedir la certificación que reclama el demandante”.
6. El demandante aduce que la entidad demandada ha violado sus derechos fundamentales de petición y a la seguridad social, por cuanto (i) no ha dado respuesta a sus peticiones relativas a la expedición de la certificación que requiere, y (ii) no ha suministrado la información que requiere para tramitar su pensión.
De los argumentos expuestos por las partes en conflicto se desprende que la entidad demandada y el juez de instancia consideran que en el presente caso únicamente está involucrado el derecho fundamental de petición —que no ha sido objeto de violación—, mientras que el problema de archivos es un mero incumplimiento de un deber legal, cuya solución está prevista en la legislación. De ser ello cierto, el juez no debió aplicar la norma del artículo 86 de la Constitución, según la cual la tutela no procede ante la existencia de otro medio de defensa judicial de los derechos fundamentales, pues tal norma tiene como supuesto la amenaza o violación de un derecho fundamental. En virtud de lo anterior, la Corte deberá establecer, en primer lugar, si la mala gestión de archivos, que conducen a su desaparición total o parcial, constituye una violación o amenaza de derechos fundamental y, luego, de ser afirmativa la respuesta a la anterior cuestión, indagar si el trámite previsto en el inciso segundo del artículo 264 del Código Sustantivo del Trabajo, constituye medio de defensa judicial que obligue a desechar el camino de la tutela.
Función de la Corte en ejercicio de su competencia de revisión de sentencias de tutela
7. En el presente caso el demandante, en últimas, considera que al no expedirse el certificado se amenaza su derecho constitucional al acceso a la pensión. Lo anterior podría llevar a pensar que a la Corte le compete entrar a analizar este supuesto, junto con los alegatos del demandante de violación del derecho fundamental de petición.
La Corte Constitucional ha fijado reglas claras relativas a su función dentro del sistema de protección de los derechos fundamentales por vía de tutela. En Sentencia SU-1219 de 2001, señaló que la selección de las sentencias de tutela para su revisión tenía por objeto (i) analizar la interpretación de los derechos fundamentales que realizaron las autoridades judiciales en la o las instancias dentro del proceso. Se trata de la selección de casos “que plantean un problema valioso para el desarrollo jurisprudencial de la Constitución”. (ii) controlar los casos en los cuales los jueces adopten decisiones que desconocen los derechos fundamentales de los asociados.
Con posterioridad, la Sala Plena en Auto 031A de 2002. recogiendo la línea jurisprudencial de la Corte en la materia, indicó que de la Constitución se desprende que existe una prioridad en la función sistémica de unificación de jurisprudencia y el desarrollo jurisprudencial de la Constitución. En este orden de ideas, estableció como regla para la Corte que “(i) no puede dejar de lado los asuntos con relevancia constitucional y, ligado a lo anterior, (ii) tampoco puede dejar de analizar puntos que claramente llevarían a una decisión distinta”.
Sobre el concepto de derecho fundamental
8. Como se ha indicado, el juez de instancia consideró que existía otro medio de defensa judicial para la protección de los derechos fundamentales del demandante, el cual no se había agotado. Tal procedimiento, está directamente vinculado a la solución de problemas derivados de la mala gestión de archivos. Para establecer si la mala gestión de archivos, que conducen a su desaparición total o parcial, constituye una violación o amenaza de derechos fundamentales, es necesario entrar a analizar el concepto de derecho fundamental.
La Corte Constitucional no ha dado una respuesta inequívoca sobre el concepto de derechos fundamentales. Su postura ha oscilado entre la idea de que se trata de derechos subjetivos de aplicación inmediata (1) y la esencialidad e inalienalibilidad del derecho para la persona (2) . Entre estos dos extremos se han presentado varias posturas teóricas (3) :
(3) Debe advertirse que estas posturas no corresponden, necesariamente a las ratione decidendi de las sentencias. Su valor deriva del hecho de que definen, en términos teóricos, cómo comprende la Corte un concepto que le es esencial para el ejercicio de sus funciones. De las ratione decidendi se puede establecer cuáles derechos se entienden fundamentales, pero no los elementos que permiten establecer qué es un derecho fundamental. Sobre el valor de las obiter dicta ver Sentencia C-836 de 2001.
En Sentencia T-418 de 1992 señaló que “los derechos obtienen el calificativo de fundamentales en razón de su naturaleza, esto es, por su inherencia con respecto al núcleo jurídico, político, social, económico y cultural del hombre. Un derecho es fundamental por reunir estas características y no por aparecer reconocido en la Constitución Nacional como tal. Estos derechos fundamentales constituyen las garantías ciudadanas básicas sin las cuales la supervivencia del ser humano no sería posible”.
Por su parte, en Sentencia T-419 de 1992 la señaló que “los derechos fundamentales son los que corresponden al ser humano en cuanto tal, es decir, como poseedor de una identidad inimitable caracterizada por su racionalidad que le permite ejercer sus deseos y apetencias libremente. De ahí que se le reconozca una dignidad —la dignidad humana— que lo colocan en situación de superior en el universo social en que se desenvuelve, y por ello, es acreedor de derechos que le permiten desarrollar su personalidad humana y sin los cuales ésta se vería discriminada, enervada y aun suprimida. Son los derechos fundamentales que le protegen la vida, proscriben la tortura, aseguran su igualdad frente a sus congéneres, amparan su derecho a la intimidad, garantizan su libertad de conciencia, de cultos, de expresión y pensamiento; salvaguardan su honra, le permiten circular libremente, le preservan el derecho al trabajo, a la educación y la libertad de escogencia de una profesión u oficio, las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra; su juzgamiento debe respetar el debido proceso, se le garantiza el derecho a la libre asociación y a formar sindicatos, etc.”.
En el mismo año 1992, en Sentencia T-420 esta corporación indicó que los derechos fundamentales se caracterizan “porque pertenecen al ser humano en atención a su calidad intrínseca de tal, por ser él criatura única pensante dotada de razonamiento; lo que le permite manifestar su voluntad y apetencias libremente y poseer por ello ese don exclusivo e inimitable en el universo social que se denomina dignidad humana” (4) .
(4) En similar sentido T-571 de 1992: “el carácter fundamental de un derecho no depende de su ubicación dentro de un texto constitucional sino que son fundamentales aquellos derechos inherentes a la persona humana”.
Junto a la idea de que existen elementos materiales, propios o derivados del mismo derecho, que definen el carácter fundamental de un derecho constitucional, la Corte ha señalado que también deben considerarse las circunstancias materiales y reales del caso concreto (5) , así como el referente en el derecho positivo. En Sentencia T-240 de 1993, la Corte señaló que:
(5) Ver sentencias T-491 de 1992, T-532 de 1992, T-571 de 1992, T-135 de 1994, T-703 de 1996, T-801 de 1998, entre otras.
“8. La Constitución como norma básica de la convivencia social y de estructura abierta y dinámica tiene en la comunidad su correlato necesario. Los bienes que la Carta protege y valores que prohíja tienen igualmente relevancia social y su existencia o defecto no son ajenos a su realidad fenomenológica. Sin embargo, el concepto de derecho fundamental, pese a inspirarse en la realidad y buscar en cierto modo moldearla, es fruto de la consagración o del reconocimiento del derecho positivo, de suerte que se impone encontrarse en un supuesto comprendido dentro de su ámbito material delimitado o supuesto por el constituyente para poder gozar de él”.
Por otra parte, el artículo 94 de la Constitución indica que no todos los derechos tienen consagración positiva, pues no pueden negarse como derechos aquellos que “siendo inherentes a la persona humana”, no estén enunciados.
9. De la línea dogmática de la Corte Constitucional no es posible establecer un concepto claro y preciso de derecho fundamental. Ello no quiere decir que esta línea deba ser abandonada, sino que exige su sistematización, pues la Constitución no define qué se entiende como derechos fundamentales y, por otro lado, autoriza reconocer como tales, derechos no positivizados.
En Sentencia T-801 de 1998, la Corte indicó que “es la realidad de cada caso concreto, las circunstancias únicas y particulares que lo caracterizan, las que permiten definir si se encuentra verdaderamente vulnerado un derecho fundamental, si ello afecta la dignidad de la parte actora y si esta última está en situación de indefensión frente al presunto agresor”. De esta sentencia surge un elemento que resulta decisivo para sistematizar el concepto de derecho fundamental: dignidad humana.
El artículo 1º de la Constitución dispone que el Estado colombiano se funda en el “respeto por la dignidad humana”. En Sentencia T-881 de 2002, la Corte analizó in extenso la jurisprudencia de esta corporación sobre el concepto de dignidad humana. En dicha oportunidad, identificó tres líneas jurisprudenciales básicas. Para efectos de esta sentencia interesa destacar que la Corte concluyó en su síntesis que la comprensión de la dignidad humana ha partido de tesis naturalistas o esencialistas (dignidad humana hace referencia a condiciones intrínsecas de la persona humana) y se ha movido hacia posturas normativas y funcionales (dignidad humana guarda relación con la “libertad de elección de un plan de vida concreto en el marco de las condiciones sociales en las que el individuo se desarrolle” y con “la posibilidad real y efectiva de gozar de ciertos bienes y de ciertos servicios que le permiten a todo ser humano funcionar en la sociedad según sus especiales condiciones y calidades, bajo la lógica de la inclusión y de la posibilidad de desarrollar un papel activo en la sociedad”) (6) .
A partir de dicho análisis es posible recoger la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el concepto de derechos fundamentales, teniendo como eje central la dignidad humana, en tanto que valor central del sistema y principio de principios (7) .
Derechos fundamentales: derechos subjetivos inherentes a la persona. Criterios funcionales
10. La Constitución encarna un sistema axiológico que corresponde al sistema de valores imperante en el momento constituyente. Tal sistema axiológico está definido por aquellos intereses y valores que definen, en su momento histórico, las características propias de un grupo social. Así mismo, comprende la posibilidad de desarrollo de tales valores en una perspectiva histórica. Con todo, ciertos valores y elementos del sistema axiológico tienen una calidad definitoria del tipo de sociedad al cual se dirige el sistema jurídico. En otras palabras, el sistema jurídico y la sociedad no tendrían sentido sin tales valores. Podrían ser otros valores o los mismos comprendidos de manera totalmente distinta, pero se trataría de una sociedad distinta y, por lo mismo, de un sistema jurídico distinto.
Así, por ejemplo, la igualdad entre todos los seres humanos (C.P., arts. 13, 42, 43, 44) es un presupuesto determinante para la sociedad colombiana de finales del siglo XX e incomprensible para la sociedad colonial de la Nueva Granada durante el siglo XVIII. De igual manera, el constitucionalismo —separación de poderes, control racional del poder, sistema de derechos, etc.— sólo tiene sentido en la sociedad contemporánea democrática y resulta un exabrupto frente a la sociedad colonial bajo la regencia española. Lo mismo podría predicarse de la libertad de empresa y el libre mercado.
11. Teniendo lo anterior presente, el concepto de dignidad humana que ha recogido la Corte Constitucional únicamente se explica dentro del sistema axiológico de la Constitución y en función del mismo sistema. Así las cosas, la elevación a rango constitucional de la “libertad de elección de un plan de vida concreto en el marco de las condiciones sociales en las que el individuo se desarrolle” y de “la posibilidad real y efectiva de gozar de ciertos bienes y de ciertos servicios que le permiten a todo ser humano funcionar en la sociedad según sus especiales condiciones y calidades, bajo la lógica de la inclusión y de la posibilidad de desarrollar un papel activo en la sociedad”, definen los contornos de lo que se considera esencial, inherente y, por lo mismo inalienable para la persona, razón por la cual se traduce en derechos subjetivos (entendidos como expectativas positivas (prestaciones) o negativas) cuyos contenidos esenciales están sustraídos de las mayorías transitorias.
En este orden de ideas, será fundamental todo derecho constitucional que funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad humana y sea traducible en un derecho subjetivo. Es decir, en la medida en que resulte necesario para lograr la libertad de elección de un plan de vida concreto y la posibilidad de funcionar en sociedad y desarrollar un papel activo en ella. Tal necesidad no está determinada de manera apriorística, sino que se define a partir de los consensos (dogmática del derecho constitucional) existentes sobre la naturaleza funcionalmente necesaria de cierta prestación o abstención (traducibilidad en derecho subjetivo), así como de las circunstancias particulares de cada caso (tópica). Así, por ejemplo, en la actualidad existe consenso en torno a la absoluta necesidad de que los procedimientos judiciales y administrativos estén fijados normativamente (principio de legalidad) y que prevean la posibilidad de controvertir pruebas, presentar las propias y de rebatir argumentos y ofrecer los propios (derecho de defensa), para que la persona pueda ser libre y activa en sociedad; mientras que serán las circunstancias concretas las que definan si una cirugía estética únicamente persigue intereses narcisistas o responden a una necesidad funcional, para que la persona pueda ser activa en sociedad (v. gr. alteraciones funcionales y dolor que exigen una reducción de senos (8) ). Resulta ejemplarizante la discusión en torno el reconocimiento de derechos fundamentales a personas jurídicas (9) , en la cual el consenso logrado únicamente se explica por la necesidad de proteger elementos funcionalmente indispensables para la correcta operación jurídica de estas instituciones.
(8) Sentencia T-572 de 1999.
(9) Ver, entre otras, sentencias SU-182 de 1998, SU-1193 de 2000 y T-079 de 2001.
12. Como se indicó antes, el juez de instancia consideró que el demandante no había agotado el medio de defensa judicial que le permitía proteger sus derechos fundamentales. Se pregunta la Corte ¿cuál derecho fundamental se protege mediante este procedimiento? De acuerdo con lo expuesto por el juez en su decisión, estaría ligado a la correcta gestión y administración de archivos. Ello se desprende de que el juez sostiene que el procedimiento previsto en el numeral 2º del artículo 264 del Código Sustantivo del Trabajo, permite “remediar las deficiencias administrativas como la que aparece claramente en el expediente, que por la desorganización de los archivos históricos municipales atribuidos a administraciones anteriores, no se encuentran los soportes necesarios para expedir la certificación que reclama el demandante”.
El punto de partida para resolver el interrogante de la Corte es establecer el alcance del mandato del artículo 264 del Código Sustantivo del Trabajo. En el primer numeral se ordena a todas las empresas conservar los archivos de manera que “permitan establecer de manera precisa el tiempo de servicio de sus trabajadores y los salarios devengados”. El numeral 2º dispone lo siguiente:
“cuando los archivos hayan desaparecido o cuando no sea posible probar con ellos el tiempo de servicio o el salario, es admisible para probarlos cualquiera otra prueba reconocida por la ley, la que debe producirse ante el juez del trabajo competente, a solicitud escrita del interesado y con intervención de la empresa respectiva”.
Una primera lectura permitiría concluir que el objeto de la norma es la protección de los archivos de las empresas. Empero, una atenta revisión de la disposición obliga a concluir que el objeto de protección de la norma es cierta información: el tiempo de servicio y los salarios devengados...
Carácter fundamental del derecho a la información y el deber constitucional de debida gestión y administración de archivos
13. La información es un objeto constitucionalmente protegido. Diversas normas constitucionales están dirigidas a definir un complejo marco de protección de datos o información. De manera genérica, la Constitución garantiza el derecho al acceso y a la difusión de la información. El artículo 20 de la Carta establece la garantía a toda persona para “informar y recibir información veraz e imparcial”.
La posibilidad de definir un proyecto de vida y ser una persona activa en la sociedad depende, en un ciento por ciento del acceso a información, personal y socialmente relevante, para estas actividades. Un ser humano que es aislado, en términos de información, de la sociedad no puede desarrollarse en ella y ser partícipe de sus destinos. No es más que un ser vivo sin autonomía ni capacidad de proyección en la vida societal. En estas condiciones, resulta innegable que la protección a la circulación y el acceso a la información reúne las condiciones para que sea considerado un derecho fundamental.
14. La información personal y socialmente relevante no perdura por su propia naturaleza, sino que es necesario almacenarla. Así, conceptos básicos para la sociedad, como el nombre, los límites geográficos del país, el conocimiento científico y otros datos, no sobreviven al hecho lingüístico de su expresión. Es necesario fijarla —por así decirlo— en algún soporte físico, lógico o de otra naturaleza.
La Corte estima que no, pues si bien, como se indicó, existe un interés social en la correcta gestión y administración de archivos (con información socialmente relevante, claro está) y bases de datos, tal gestión no está, prima facie, dirigida a salvaguardar las posibilidades —de definir un proyecto de vida y participar activamente en la sociedad— que determinan, por su relación con la dignidad humana, el carácter fundamental de un derecho. El hecho de que la protección del dato o la información —que, como se vio, es fundamental— no implica que la protección de los soportes lo sea. Lo anterior, por cuanto existe la posibilidad de reconstruir el dato si su soporte desaparece. No en vano, el sistema procesal colombiano ha previsto la existencia de mecanismos para la reconstrucción de expedientes, por ejemplo.
La efectiva existencia de otro medio de defensa judicial en el caso concreto y revocación de la sentencia de primera instancia
15. Se ha establecido el carácter fundamental del derecho a la información. En abstracto ello conduciría a pensar que toda información resulta fundamental. Esta afirmación resulta insostenible por cuanto únicamente se puede predicar como protegida la información relevante para lograr el ejercicio de otros derechos constitucionales o legales y aquella que guarde relación directa con el objeto protegido con la dignidad humana. De allí que, información abiertamente superflua, no se encuentra protegida, así como información reservada, sea por tratarse de información secreta del Estado o privada en términos absolutos.
La información sobre el tiempo de servicio y el sueldo devengado adquiere carácter fundamental en la medida en que resulta necesaria para diversos propósitos en la vida de la persona. Su carácter fundamental no se limita al hecho de que permite gozar de otros derechos —como la pensión— o proteger el patrimonio, sino que puede resultar vital para la persona (10) .
(10) Sobre el derecho a la información vital, ver Sentencia T-443 de 1994, T-960 de 2001, SU-014 de 2001.
16. En el fundamento 12 de esta decisión, se llegó a la conclusión de que el artículo 264 del Código Sustantivo del Trabajo protege dos datos: el tiempo de servicio y el salario devengado. La obligación de los empleadores de preservar los archivos únicamente es un desarrollo del deber constitucional de custodiar y administrar debidamente los archivos y bases de datos que contenga información social y personalmente relevante.
De acuerdo con lo expuesto, el juez de instancia tenía razón en señalar que existía otro medio de defensa judicial que prima facie se debe estimar idóneo para proteger el derecho fundamental violado. Tal derecho violado era el derecho al acceso a información que tenía naturaleza fundamental para el demandante. A través del procedimiento establecido en el numeral 2º del artículo 264 del Código Sustantivo del Trabajo, es posible, en principio, recuperar dicha información.
1. CONFIRMAR sentencia del 30 de septiembre de 2002, del Juzgado Tercero Municipal de Florencia, mediante la cual se negó la tutela instaurada por Luis Armando Neira, en lo que al derecho de petición respecta; y REVOCAR la sentencia en cuestión en punto al derecho a la información, aspecto por el cual se declara improcedente la acción, al existir otro medio de defensa judicial.