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Timestamp: 2020-07-13 04:50:50
Document Index: 349730980

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 49', 'artículo 140', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 61']

PRODAT Protección de Datos para empresas RGPD, LOPDGDD y LSSI - La función pública y la transparencia no son absolutas. Caso del Instituto de la Vivienda de Madrid.
Escrito por Marta Castrillo de la Fuente Visto 810 veces
Es importante reseñar que toda la fundamentación de la AEPD no versa sobre la publicación, en sí misma, de los datos de carácter personal sino sobre si esta publicación, así como el medio en el cual se hizo, resultaban pertinentes y adecuados para cumplir con la finalidad perseguida por el IVIMA.
Por todos es sabido que el tratamiento de datos de carácter personal ha de estar legitimado en una de las bases recogidas en el artículo 6 del RGPD. La ausencia de alguna de ellas constituye, como así lo indica la AEPD, un límite al derecho fundamental a la protección de datos. Este es el primer punto en el que la AEPD fundamenta su decisión: no consta, en el caso concreto, acreditada la concurrencia de ninguna base legitimadora que habilite la publicación de los datos de los arrendatarios en el perfil del contratante.
El IVIMA basa su defensa en que el motivo por el que se incluyeron los datos de particulares inmersos en procedimientos litigiosos, fue el cumplimiento de lo previsto en el artículo 49.3 de la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid así como en el artículo 140 de la Ley 33/2013 de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas que recogen la necesidad de que, en la enajenación de bienes litigiosos pertenecientes al patrimonio de la Comunidad de Madrid, se deberá hacer mención expresa y detallada del objeto, partes y referencia del litigio concreto que afecta al bien. Considera, por tanto, que su actuación fue legítima por hacerlo dentro del ejercicio de sus funciones públicas, y su deber de transparencia, y que se contemplaban cómo excepción en el artículo 6.2 LOPD 15/1999 y se encuadrarían dentro del principio de licitud del actual artículo 6 del RGPD.
Considera, la AEPD, en un segundo punto, que, la exposición en abierto, con la precisión de los nombres y apellidos fue innecesaria e impertinente al fin pretendido; pues las obligaciones recogidas en los preceptos alegados por el IVIMA se podían haber hecho efectivas, de igual manera pero de un modo restringido, en el data room, que era accesible sólo por parte de los licitadores o, inclusive, en el momento de la propia adjudicación. Incumple, así, el principio de minimización de datos.
Adicionalmente, la AEPD establece que el principio de transparencia no puede ser tenido en cuenta como justificación, en el presente caso, toda vez que la identidad de los afectados no resulta de una relevancia pública tal, que justificase su acceso universal mediante su publicación en la web.
Así, concluye, la puesta a disposición en Internet supone una divulgación que desborda la esfera de privacidad de los sujetos interesados haciéndolo accesible sin límites a terceros que no ostentan interés legítimo alguno.
Recurrida, dicha resolución, por el letrado de la Comunidad de Madrid mediante recurso contencioso-administrativo ante la Sala número 1 de lo Contencioso Administrativo de la AN, este órgano judicial no hace sino confirmar la resolución, y criterios, establecidos por la AEPD al considerar que las obligaciones de publicidad y transparencia de la actuación pública, deben siempre ser aplicados de una forma armónica con el resto del ordenamiento jurídico, y si bien la normativa invocada por el IVIMA le exige hacer mención expresa a cierta información de los bienes enajenados, no era necesario que la publicidad se hiciese en abierto..
El TS responde.
Tras el análisis de las resoluciones y sentencias que lo precedían, la necesaria jurisprudencia de otros entes judiciales, así como los preceptos del Derecho estatal, de la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa para la protección de datos de carácter personal y la doctrina del Tribunal Constitucional, el TS y el TSJUE, el alto Tribunal concluye que:
- Las autoridades públicas son responsables de garantizar que no se divulguen datos personales que no sean absolutamente necesarios para el ejercicio de funciones públicas y adecuados para la finalidad perseguida (principio de minimización de datos).
- Considera desproporcionada la actuación del IVIMA en la medida que la revelación de datos personales a través de la publicación de los pliegos de condiciones en abierto en la página web de la Comunidad de Madrid, excedió de lo necesario para cumplir las previsiones de publicidad y transparencia establecidas en la Ley 3/2001 y 33/2013 puesto que podía haberse efectuado la divulgación de dicha información mediante el acceso telemático restringido a los licitadores en la segunda fase del procedimiento o en el momento de la adjudicación.
- La difusión de datos personales en abierto y con acceso ilimitado, en una página web de la Administración Pública con ocasión de la tramitación de un procedimiento de contratación administrativa está sometida al cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, y, específicamente, al deber jurídico de recabar el consentimiento de los afectados sobre la recogida y tratamiento de datos cuanto no se revelen imprescindibles, necesarios o pertinentes para el adecuado y regular ejercicio de las funciones públicas; no siendo aplicable, en este caso, el supuesto de excepción alegado por el IVIMA.
En virtud de lo anteriormente expuesto, debemos concluir que esta sentencia es un claro ejemplo de que el principio de transparencia y el ejercicio de la función pública, no es un escudo absoluto bajo el que puedan ampararse las Administraciones Públicas en su actuar, sino que, ante cualquier tratamiento, se deberán siempre tener en cuenta, de un modo conjunto, todas las normas que conforman el ordenamiento jurídico español y entre las que se encuentran, por supuesto, el RGPD y la LOPDGDD.
STC 1007/2019
Resolucion R/00851/2015
STC AN 5119/2017
enajenación publica
infracción artículo 61 LOPD 15/99
acceso público e indiscriminado
Ley 3/2001 del patrimonio de la comunidad de madrid
Ley 33/2013 del Patrimonio de las Administraciones Públicas
actitud desproporcionada de la administracion
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Modificado por última vez en Viernes, 02 Agosto 2019 11:51