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Timestamp: 2018-06-24 11:06:11
Document Index: 372635451

Matched Legal Cases: ['Artículo 27', 'artículo 139', 'artículo 25', 'artículo 8', 'Artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 8', 'artículo 48', 'artículo 133', 'artículo 17', 'artículo 121', 'artículo 122', 'artículo 125', 'artículo 125', 'artículo 91']

Sala Constitucional 27 de Oct de 2017. Sancion pecuniaria contra un abogado por irrespeto en relacion al Presidente Hugo Chavez Frias - Noticias Juridicas
Sala Constitucional 27 de Oct de 2017. Sancion pecuniaria contra un abogado por irrespeto en relacion al Presidente Hugo Chavez Frias
SALA CONSTITUCIONAL DEL TSJ 27 DE COTUBRE DE 2017.
SANCION PECUNIRIA CONTRA UN ABOGADO POR IRRESPETO A LA FIGURA DEL CMDTE HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS.
“la Sala estima de suma gravedad la actuación del abogado Marcos Cardozo, representante judicial de los accionantes, al haberse expresado -en el escrito libelar- de forma irrespetuosa en relación al Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, por lo que se le advierte que -en lo sucesivo- al dirigir escritos a esta Sala, debe hacerlo de manera respetuosa”.
Exp. 17-0104
El 24 de enero de 2017, el ciudadano JOSÉ MÉNDEZ, titular de la cédula de identidad N° 4.524.944, asistido por el abogado MARCOS CARDOZO, inscrito en el Instituto de Previsión del Abogado bajo el número: 64.409, interpuso ante esta Sala escrito contentivo de acción de amparo constitucional contra el Presidente “Nicolás Maduro Moros (…), Tareck El Aissami, actual VicePresidente (sic) y Diosdado Cabello, ex Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela”.
El 26 de enero de 2017, se dio cuenta en Sala del expediente, designándose como ponente al Magistrado Juan José Mendoza Jover, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
El ciudadano José Méndez, en su solicitud de amparo constitucional, expuso, entre otras cosas, lo siguiente:
(…) URGENTE petición de AMPARO y DEMANDA DE RENDICIÓN DE CUENTAS por parte del poder Ejecutivo (sic) a la Nación República (sic) Venezolana, TODOS LOS VENEZOLANOS, exigiendo la debida protección a nuestros derechos humanos, civiles y políticos y a la preservación del sacratísimo derecho a la vida, a la libertad y a la libre expresión del pensamiento de los Venezolanos – consagrados en nuestra Constitución y Convenios Internacionales vigentes, de los cuales el estado Venezolano es cosignatario-, así como nuestro derecho de protección a la infraestructura física de nuestra patria, CONTRA el –supuesto/bajo investigación y/o documentado- apoyo financiero, militar, diplomático y logístico a grupos terroristas dentro y fuera del fundamentalismo islámico, por parte de sectores/individuos específicos del actual ALTO GOBIERNO de Venezuela, incluyendo a sus más altos funcionarios, que son empleados públicos de nuestra nación, Nicolás Maduro Moros y sus “narcosobrinos”, Tareck El Aissami, actual VicePresidente y Diosdado Cabello, ex Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, suficientemente citados en documentos, evidencia y testimonios anexos-, incluyendo a las FARC, ELN, ETA, Hizbola/Al Quds de Irán, Hamas, Al Qaeda, ISIS/Levante, así como CONTRA el uso de nuestras instituciones y empresas públicas, incluyendo PDVSA, para el narcotráfico y lavado de dinero, hechos que este máximo tribunal de nuestra nación debe investigar objetivamente, como lo proponemos en nuestro Petitorio (…).
La ejecución de este AMPARO demanda intrínsecamente la Nulidad de TODOS los convenios militares y comerciales suscritos, por escrito o verbalmente, entre el actual Gobierno de Venezuela y los mencionados grupos terroristas, y en el pasado, entre el Régimen de Chávez con el actual Régimen de la República de Irán (…) según se argumentó en nuestra Petición de AMPARO sometida ante esta Sala Constitucional del TSJ, el 22 de Diciembre de 2011, Expediente 2012-071. Aunque la Sala Constitucional admitió su competencia en el mencionado amparo (…) luego de más de 23 meses de total ABANDONO, y se centró en la forma, produciendo su sentencia por supuesto abandono, clasificada como N° 1675 del 29/11/2013, la cual es y debe ser nula de toda nulidad (…).
En referencia al mencionado expediente 2012-071, ni el Magistrado Ponente, Juan José Mendoza Jover, ni ninguno de los magistrados co participantes del abandono en una materia tan sensible (…) Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales o la propia Presidenta de la Sala y del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys María Gutiérrez Alvarado, consideraron la preeminencia de nuestros derechos humanos (…).
Asimismo, el accionante indicó textualmente lo siguiente:
(…) Demandamos AMPARO a nuestros derechos humanos, civiles y políticos y a la integridad física de todos los Venezolanos en el pleno contexto del Artículo 27, AMPARO (sic) (…).
(…) En efecto el actual régimen Chavista-Madurista podría estar comprometido con los diferentes grupos terroristas mencionados, dentro y fuera del fundamentalismo islámico (…) No representan los mejores intereses de los Venezolanos, ni representa el apoyo de la Nación (…).
Fomentan y estimulan mayores abusos y violaciones concebibles de derechos humanos, adicionalmente a las violaciones recurrentes del régimen de Chávez y desde el 14 de Abril del 2013, del régimen de Maduro –especialmente el asesinato de 43 jóvenes ciudadanos venezolanos en el 2014 (…), la represión, maltrato, violaciones de los derechos de miles de Venezolanos, y el encarcelamiento de docenas de presos políticos, por razones de clara persecución política, hechos documentados en series de records, hoy sometidos ante la Corte Penal Internacional (…).
(…) En vez de dedicarse a tratar de resolver los problemas del planeta, y catalizar ayuda al terrorismo mundial, este régimen, producto de su gran corruptela, despilfarro, asalto y saqueo de los dineros públicos (sic), SIN RENDICIÓN DE CUENTAS, tiene una mayor obligación INSATISFECHA con los Venezolanos (…).
(…) Pero el grueso de las operaciones son encabezadas por el ex Ministro de Relaciones Exteriores y actual gobernador del estado Aragua Tarek El Aissami, quien ha ayudado a canalizar fondos hacia Oriente Medio y trasladar “combatientes extranjeros” a América Latina, donde operan clandestinamente.
(…) Méndez alegó y alega que Chávez actuó y Maduro actúa con “demagogia e irresponsabilidad”.
(…) Irresponsabilidad porque los grupos guerrilleros y terroristas tienen interés en el manejo de material nuclear, y el régimen de Chávez no resolvió ni Maduro ha resuelto los reclamos internacionales pendientes ante diferentes instituciones internacionales,incluyendo las de las autoridades de España, liderados en el 2011, por el famoso Juez Garson, ex Asistente/Asesor del Fiscal Principal de la Corte Penal Internacional, ante las acusaciones de la Interpol y del Régimen de Uribe –respecto a su apoyo a las FARC/ETA, y actualmente el Régimen de Chávez tendrá que responder a más de 500 acusaciones por “Delitos de Lesa Humanidad” en el contexto del Tratado de Roma, que incluye acusaciones por su “cooperación con grupos terroristas”.
De igual forma, el accionante señaló lo siguiente:
(…) los “Convenios militares y comerciales con el Régimen de Irán han sido y son terriblemente dañinos para todos los venezolanos y el Régimen debería encargarse de resolver las grandes prioridades del Venezolano de a pie, los inmensos desafíos y miserias de pobreza, salud, seguridad, educación e infraestructura, que evidencia un total abandono del país, una terrible des gerencia y un masivo saqueo de los recursos que pertenecen a todos los venezolanos”, más de un “trillón cuatrocientos mil millones de dólares (…), que el régimen de Chávez dilapidó y el de Maduro ha dilapidado en casi 16 años de promesas, discursos y monólogos vacíos, incumplidos”.
Este régimen del Socialismo del Siglo XXI ni ha cumplido con NINGUNA meta del Milenio ni ha resuelto los terribles desafíos de la pobreza en Venezuela, razón por la que esencialmente justificaron su golpe de estado del 4 de febrero de 1992.
(…) Hoy Venezuela, por la irresponsabilidad de Chávez, Maduro y su camarilla, tiene pendientes más de 70 demandas internacionales por violaciones contractuales y confiscaciones de todo tipo, todas perdidas, pues los jueces de las instituciones de arbitraje nunca dirán a Chávez lo que dijo la actual Presidente del TSJ:…”sus instituciones”. De esas 70 demandas, solamente las de Conocco Philips y Exxon Mobil están demandando cerca de 30000 millones USD. Ya la Exxon ganó la primera fase y hoy el régimen NO está dispuesto ni a pagar los intereses de una decisión favorable a la Exxon del orden de 1200 millones de dólares.
(…) La conducta inconstitucional del Régimen de Chávez en el pasado, y de Maduro, en el presente pisotean la VIGENCIA de nuestra constitución y es la propia constitución la que nos COMANDA que: “…En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”. Art 333.
Chávez, en el pasado y Maduro, en el presente, y sus acólitos pisotean nuestra constitución y nuestros convenios internacionales, centrados en la promoción de la paz, al fomentar ayuda INCONSULTA y firmar pactos militares y comerciales oscuros, sin información ni rendición de cuentas a los Venezolanos, que son usados por la camarilla del régimen Iraní para mantenerse en el poder, aterrorizar abusivamente su propia población, aún, con series de delitos de lesa humanidad, delitos de violaciones de derechos humanos, civiles y políticos, y aterrorizar a sus vecinos, parte importante de los cuales, además de Israel, son Musulmanes moderados y respetuosos de los convenios internacionales que NO pretenden ni querrían comenzar una costosísima escalada armamentista nuclear sin sentido y que están “aterrados” con la pretensión de una Irán con ojivas y tecnología nuclear sofisticada con fines claramente militares.
(…) Chávez y Maduro, IGNORANTES grasos (sic) en materia nuclear, como la inmensa mayoría de sus asesores y líderes persiste en informar y desinformar a los Venezolanos que “Venezuela e Irán” tienen derecho al uso “pacífico” de la energía nuclear.
La verdad verdadera es que los líderes de este régimen, intencionalmente, nos engañan pues conocen muy bien nuestros argumentos: El programa nuclear Iraní es un programa militar. El tiempo nos ha dado la razón y el impacto del terremoto y más aún del maremoto (tsunami) en la planta nuclear de Fukushima, testifica que no se puede abusar alegremente con el uso de la tecnología nuclear ni para fines pacíficos ni, mucho menos, para fines militares.
Asimismo, el accionante señaló lo siguiente:
(…) Exigimos ANULAR inmediatamente TODA la ayuda a los grupos terroristas mencionados, el uso de instituciones del estado venezolano, incluyendo PDVSA, para propósitos de narcotráfico y lavado de dinero y de ANULAR TODOS los convenios militares con el Régimen de Irán y demandar una auditoría de extremo detalle, de todos los convenios comerciales con Irán, para evitar el impacto de las sanciones a nuestra Nación/República, estemos o no de acuerdo con ellos, pues proseguir con los convenios militares y comerciales con el actual régimen iraní, tendrá consecuencias nefastas para todos los Venezolanos y virtualmente impactará la gobernabilidad de nuestra industria petrolera (…).
Por ende exigimos a Nicolás Maduro, a los ministros y autoridades competentes considerar, seria y profesionalmente, esta advertencia y petitorio, en el pleno contexto de todas las violaciones al Derecho y Jurisprudencia Internacional establecida, a nuestros convenios y membrecía en la ONU, y a las series de violaciones y delitos constitucionales, que deben ser interpretados en el contexto claro del artículo 139 (…) “El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la ley”.
(…) En suma y consecuencia, nosotros en nombre de nuestros derechos y deberes constitucionales y los derechos de toda nuestra Nación/República, demandamos:
Conformar URGENTEMENTE una Comisión Multidisciplinaria Multi Nacional, totalmente independiente del poder ejecutivo, fundamentados en la separación de poderes establecida en nuestra Constitución (…), para QUE INVESTIGUE LAS ACUSACIONES DISCUTIDAS AL DETALLE EN ESTE AMPARO y establezca (…), las responsabilidades penales, civiles y administrativas que sean necesarias.
Declarar NULOS, revertir y/o neutralizar todo apoyo financiero, militar, diplomático y logístico a los grupos terroristas mencionados, y declarar NULOS los convenios militares y comerciales con la República de Irán (…).
Declarar que, conociendo como es conocido, que el programa de enriquecimiento de uranio del Régimen de Irán, ya ha traspasado muchas veces los linderos de 3-5% de enriquecimiento necesarios, para usar el uranio como combustible para generación de electricidad, que este programa militar ES INEXCUSABLE y apoyarlo vía Convenio Militares (sic) u otros apoyos es INMORAL, ANTI CONSTITUCIONAL y violatorio de nuestros compromisos internacionales (…).
Declarar que la Nación/República de Venezuela estará siempre abierta a restablecer convenios comerciales con Irán, previa auditoría y rendición de cuentas claras, cuando el actual régimen o uno que lo reemplace esté dispuesto a honrar el TNP (…).
Ordenar, en documento de dominio público, como consecuencia de lo arriba establecido, el retiro de los representantes de los grupos terroristas Hizbolá, Hamas, Al Qaeda, Al Quds, FARC, ELN, ETA y otros mencionados y de los asesores militares Iraníes, de sus colegas del G2 Cubano y de todo servicio de inteligencia extranjero que violente nuestra soberanía y la paralización del apoyo integral y el uso de recursos de todos los Venezolanos a grupos terroristas que existen y operan en Venezuela, bajo el paragua Chávez-Irán (…).
Ordenar, en documento de dominio público, el cese de las operaciones extra diplomáticas, de los miembros de la Embajada de Irán en Caracas y todo el territorio Nacional (…).
7.- Ordenar la remoción y destrucción de toda tecnología militar iraní en territorio Venezolano que pone en riesgo la paz y el sosiego de nuestra población civil y nuestros militares, que en su mayoría desconocen las implicaciones de tal cooperación (…) [Resaltado de esta Sala].
Previo a cualquier consideración, debe analizarse la competencia para conocer de la presente acción y al efecto se observa que el artículo 25, numeral 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, le atribuye a esta Sala la potestad de conocer “en única instancia, las demandas de amparo constitucional que sean interpuestas contra los altos funcionarios públicos o altas funcionarias públicas nacionales de rango constitucional”.
Dicha competencia había sido delimitada jurisprudencialmente en la sentencia del 20 de enero de 2000 (casos: Emery Mata Millán y Domingo Ramírez Monja), en la cual la Sala Constitucional determinó el régimen competencial aplicable en materia de amparo constitucional, a la luz de las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estableciendo que corresponde a esta Sala el conocimiento directo, en única instancia, de las acciones de amparo que sean incoadas contra los altos funcionarios a que se refiere el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y cuyo contenido es el siguiente:
Artículo 8. La Corte Suprema de Justicia conocerá en única instancia y mediante aplicación de los lapsos y formalidades previstos en la Ley, (…) de la acción de amparo contra el hecho, acto u omisión emanados del Presidente de la República, de los Ministros, del Consejo Supremo Electoral y demás organismos electorales del país, del Fiscal General de la República, del Procurador General de la República o del Contralor General de la República.
En este sentido, la interpretación enunciativa de las autoridades a que hace mención el referido artículo, obedeció a la modificación organizacional del Poder Público Nacional en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la consecuente necesidad de adaptar la ley preconstitucional, a la nueva estructura organizativa del Estado.
De esta forma, la Sala sistematizó, con arreglo al principio de seguridad jurídica y al carácter vinculante del Texto Fundamental, el criterio atributivo de competencia para conocer de los amparos constitucionales incoados contra los altos funcionarios de la República, aun cuando éstos no estuvieran taxativamente mencionados en el referido artículo 8, pues habría resultado incongruente y violatorio del principio del juez natural, que los órganos superiores del Estado pudieran estar sometidos a distintos fueros, por la falta de una interpretación armónica sobre la adecuación de las disposiciones competenciales a la norma in comento.
Ahora, en el caso de autos la acción de amparo constitucional fue incoada contra el Presidente “Nicolás Maduro Moros, Tareck El Aissami, actual VicePresidente y Diosdado Cabello, ex Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela”, quienes están incluidos entre los funcionarios mencionados en el artículo 25, numeral 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y en el artículo 8 de laLey Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por lo que esta Sala se declara competente para conocer de la presente acción de amparo; y así se decide.
De esta forma, pasa la Sala a decidir sobre la admisibilidad de la solicitud planteada, para lo cual estima necesario señalar como punto previo lo siguiente:
Luego de la recepción del presente expediente contentivo de la acción de amparo constitucional de autos, esto fue, el 24 de enero de 2017, no existe ninguna otra actuación tendiente a impulsar el proceso.
Ello así, esta Sala advierte que desde la fecha señalada hasta el presente trascurrió fatalmente el lapso de los seis (6) meses para que se verificara el abandono de trámite; no obstante, los alegatos esgrimidos como fundamento del amparo ejercido, estánvinculados a un asunto de orden público, como lo es la seguridad nacional, por lo que aun cuando se observa la falta de impulso, que conllevaría a la declaratoria del abandono del trámite, visto lo anterior, se procede a examinar sobre la admisibilidad del amparo propuesto, y a tal efecto, se observa:
De la lectura del escrito presentado por el accionante se observa la existencia de planteamientos que reflejan un ánimo de desprecio y descrédito a las instituciones del Estado y a los funcionarios que la dirigen. Ello por cuanto, alude con descrédito y de forma irrespetuosa contra los altos funcionarios del Estado, en específico contra el ciudadano Hugo Chávez Frías, quien en vida fuera Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y contra el actual Presidente “Nicolás Maduro Moros, Tareck El Aissami, actual VicePresidente y Diosdado Cabello, ex Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela”, y Magistrados de este Alto Tribunal de la República, a quienes, además de señalarlos como presuntos agraviantes, se refiere a ellos con términos descalificativos.
La observación que hace esta Sala, no significa por ningún concepto, un menoscabo al ejercicio de sus derechos fundamentales de libertad de expresión y de pensamiento, ni al respeto que esta Sala garantiza al principio de publicidad conforme al debido proceso, por el contrario, esta deriva del deber que tiene el Poder Judicial de no ser indiferente ante circunstancias como las descritas, toda vez que, al ser el primer garante de los justiciables en cuanto al acceso a la justicia, esto también significa que está obligado a asegurar que ese acceso y desarrollo a los procesos que conduzcan a una Justicia Social se haga dentro de los parámetros que la Constitución y la Ley permite.
Por ello, aplicando lo dispuesto en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, respecto a las causales de inadmisibilidad de una demanda, aplicable a la presente acción de conformidad con el artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y fundamentado en la manera en que la presente acción fue formulada, esta Sala considera que la acción ejercida encuadra en la causal dispuesta en el artículo 133, numeral 5, que prevé: Se declarará la inadmisión de la demanda: (…) 5.- Cuando contenga conceptos ofensivos o irrespetuosos”, disposición esta aplicable como regla común a los procedimientos de amparo, conforme a lo señalado en la sentencia n.° 948 del 20 de agosto de 2010, en la cual se sostuvo:
Del mismo modo, por cuanto el escrito contentivo de la acción de amparo, presentado por la parte actora, posee expresiones ofensivas e irrespetuosas a la majestad de la justicia. Resulta pertinente destacar que, conforme a la ley, deben ser prevenidas por los jueces de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, y no tienen la posibilidad de un despacho saneador (véase como precedente lo decidido, entre otras, en las sentencias números 2349 del 23 de noviembre de 2001, caso: Marlon Arcaya, y 1086 del 4 de junio de 2004, caso: Ramón Guerra Betancourt).
En la última de las sentencias mencionadas se hizo expreso señalamiento al acuerdo dictado por la Sala Plena de este Máximo Tribunal, en fecha 16 de julio de 2003, mediante el cual, en aras de garantizar la transparencia de los procesos y el ejercicio independiente de la función judicial, se establecieron entre alguna de las medidas contra este tipo de actuaciones, la posibilidad de inadmisión de las demandas o solicitudes que contengan conceptos irrespetuosos u ofensivos a su majestad y la de sus integrantes; estando expresamente consagrado como causal de inadmisibilidad en la Ley que rige las funciones de este Tribunal, en la cual además existe previsión de contenido sancionatorio, a saber, imposición de multa en determinados supuestos, como lo dispone el artículo 121 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela (Extraordinaria), número 5.991, del 29 de julio de 2010, reimpresa por error material en Gaceta Oficial n.° 39.522 del 01 de octubre de 2010.
Por estos motivos, en atención a los fundamentos antes referidos, esta Sala declara la inadmisibilidad de la presente solicitud. Así se decide.
Dicho lo anterior, se estima necesario señalar que en sentencia n° 1675, del 29 de noviembre de 2013, esta Sala Constitucional declaró terminado el procedimiento, por abandono de trámite, de la acción de amparo interpuesta por los ciudadanos Pablo Medina y José Méndez, asistidos por el abogado Marcos Cardozo, antes identificado, contra los Convenios Militares y Comerciales suscritos entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Islámica de Irán, y en la cual se indicó lo siguiente: “la Sala estima de suma gravedad la actuación del abogado Marcos Cardozo, representante judicial de los accionantes, al haberse expresado -en el escrito libelar- de forma irrespetuosa en relación al Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, por lo que se le advierte que -en lo sucesivo- al dirigir escritos a esta Sala, debe hacerlo de manera respetuosa”.
Al respecto, se observa que los ciudadanos José Méndez y el abogado Marcos Cardozo han incurrido nuevamente en emitir en escrito ante este Alto Tribunal conceptos ofensivos e irrespetuosos, y visto que el respeto y el decoro son valores fundamentales en la administración de justicia, esta Sala, acorde con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que establece: “Las Salas del Tribunal Supremo de Justicia sancionarán con multa equivalente hasta doscientas unidades tributarias (200 U.T.) a las personas, funcionarios o funcionarias que no acataren sus órdenes o decisiones, o no le suministraren oportunamente las informaciones, datos o expedientes que solicitare de ellos, sin perjuicio de las sanciones penales, civiles, administrativas o disciplinarias a que hubiere lugar”, sanciona al ciudadano José Méndez, titular de la cédula de identidad N° 4.524.944 y al abogado Marcos Cardozo, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número: 64.409, con multa cada uno por un monto de doscientas unidades tributarias (200 U.T.), que pagarán ante cualquier entidad bancaria receptora de fondos públicos nacionales dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a la notificación de la presente decisión o de la decisión que resuelva el reclamo –si es el caso- conforme a lo establecido en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. La constancia de haberse efectuado el pago será consignada a los autos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para el pago. Así se decide.
Con fundamento en las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara:
1.- Que es COMPETENTE para conocer de la acción de amparo interpuesta.
2.- INADMISIBLE la acción de amparo interpuesta por el ciudadano JOSÉ MÉNDEZ, asistido por el abogado MARCOS CARDOZO, contra el Presidente “Nicolás Maduro Moros (…), Tareck El Aissami, actual VicePresidente (sic) y Diosdado Cabello, ex Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela”.
3.- SANCIONA al ciudadano José Méndez, titular de la cédula de identidad N° 4.524.944 y al abogado Marcos Cardozo, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número: 64.409, con multa cada uno por un monto de doscientas unidades tributarias (200 U.T.), que pagarán ante cualquier entidad bancaria receptora de fondos públicos nacionales dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a la notificación de la presente decisión que imponga la sanción o de la decisión que resuelva el reclamo conforme a lo establecido en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. La constancia de haberse efectuado el pago será consignada a los autos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para el pago.
Publíquese, regístrese y notifíquese la presente decisión en la forma prevista en el artículo 91.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Cúmplase lo ordenado.
Con el recurso de Apelacion el Juez Superior tiene la obligación de revisar toda la causa de nuevo, debe hacer un examen ex novo. Sala Constitucional del TSJ Venezuela 09 de Noviembre de 2017.
Aclaratoria de sentencia, esta deberá solicitarse el mismo día que se publique la sentencia o al día siguiente de su publicación. Sala Constitucional del TSJ Venezuela 08 de Diciembre de 2017.