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Timestamp: 2020-05-27 08:33:37
Document Index: 71275805

Matched Legal Cases: ['artículo 104', 'artículo 104', 'artículo 277', 'artículo 103', 'artículo 443', 'artículo 104', 'artículo 104']

ICEDA Bufete de Abogados : SENTENCIA HOMICIDIO 2013 , SALA PENAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SENTENCIA HOMICIDIO 2013 , SALA PENAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
El fallo fue recurrido por el delegado de la Fiscalía y el apoderado de las víctimas. El 15 de marzo de 2012 el Tribunal Superior de la misma ciudad lo ratificó, con la modificación de deducir el homicidio agravado del artículo 104.7 del Código Penal, dejando la pena de prisión en 330 meses y la de inhabilitación de derechos y funciones
públicas en 20 años.
En horas de la noche del 8 de agosto de 2010, Díaz Alarcón, luego de consumir bebidas embriagantes, se hizo presente en la casa de Luz Yesenia, ubicada en el barrio Juan Pablo de Yopal (Casanare) y
esperó a que llegara, lo cual sucedió pasadas las ocho de la noche, procediendo Díaz Alarcón a insultarla, a agredirla física y verbalmente, lo cual hizo que Luz Mila Chávez, madre de aquella, interviniera tratando de calmar los ánimos, pero la reacción de Díaz Alarcón fue esgrimir un arma corto-punzante y con ella agredió a la última causándole tres heridas que originaron su deceso.
1.1. En audiencia del 18 de agosto siguiente, realizada por el Juez 2º Penal del Circuito, el Ministerio Público solicitó la nulidad de la imputación, por cuanto el homicidio no fue simple, sino agravado
según el artículo 104.4.6.7 del Código Penal (el motivo fue abyecto o fútil, la muerte se causó con sevicia y la víctima fue puesta en condiciones de indefensión) y no existía dictamen sobre la incapacidad de las lesiones.
2. La Corte tiene dicho que desde el mandato del artículo 277
constitucional el legislador procesal de la Ley 906 del 2004 determinó que era viable la participación activa del Ministerio Público dentro del trámite judicial, no como un interviniente especial (que lo es la víctima), sino como un organismo propio dentro del proceso penal (sentencia del 5 de octubre de 2011, radicado 30.592), en aras de cumplir con los fines superiores que le corresponden: la defensa del orden jurídico, la protección del patrimonio público y el respeto por las garantías y derechos fundamentales.
3. Para interponer medios de gravamen contra las decisiones judiciales, no basta con ostentar la condición de sujeto procesal (legitimación dentro del proceso), que no cabe duda que en su condición de órgano propio dentro del juicio penal tiene el
Ministerio Público; se impone como requisito adicional y necesario que se cuente con legitimidad en la causa o interés jurídico para recurrir, que surge del daño real, del agravio que la decisión cuestionada cause a quien postula la impugnación.
En efecto, en audiencia del 9 de agosto de 2010 la Fiscalía imputó al procesado cargo como autor del delito de homicidio simple previsto
en el artículo 103 del Código Penal y el juez de garantías corrió traslado al Ministerio Público, quien expresamente manifestó no tener objeción alguna respecto de la imputación formulada.
2. Lo anterior igual se aplica en temas como la admisión de cargos y
los preacuerdos logrados entre la Fiscalía y el acusado, que, como lo ha dicho la jurisprudencia, son vinculantes para las partes y el juez, a quien se le impone la carga de proferir sentencia conforme lo acordado o admitido, siempre y cuando no surja manifiesta la lesión a garantías fundamentales (auto del 16 de mayo de 2007, radicado 27.218).
La acusación es un acto de parte, de la Fiscalía, y por tanto el escoger qué delito se ha configurado con los hechos jurídicamente relevantes consignados en el escrito de acusación supone precisar el escenario normativo en que habrá de desarrollarse el juicio, el cual se promueve por excitación exclusiva de la Fiscalía General de la Nación a través de la radicación del escrito de acusación (razón por la que el único autorizado para
tipificar la conducta punible es la Fiscalía, de acuerdo con lo planteado por el artículo 443); acto que como se dijo no tiene control judicial, y en cambio si sustenta todo el andamiaje de la dinámica y la lógica argumentativa y probatoria que se debatirá en el juicio.
“La forma acusatoria del procedimiento exige de la ley una división tajante de las tareas que al Estado le corresponden en el procedimiento judicial, por vía de la adopción de un sistema de
persecución penal pública: Al Ministerio Público –Fiscalía- debe serle encomendada toda la tarea relativa a la persecución penal estatal (función requirente) y a los jueces les corresponde la decisión de los casos llevados ante ellos por el acusador (función jurisdiccional). La responsabilidad de ambos organismos también varía: el primero no responderá por el control de los jueces según el origen de su nacimiento, sino antes bien, por la eficiencia y efectividad de la aplicación de la ley penal (persecución penal); los jueces, en cambio, no serán responsables, como hasta ahora, como inquisidores, comprometidos a hallar la verdad para aplicar la ley, sino, tan solamente, por su función de custodiar el respecto debido a los derechos y garantías individuales y por la aplicación de la ley al caso sometido a su decisión. En esta diferenciación tajante entre acusador y juez, que provoca, en los delitos de persecución pública, una diferenciación formal, pero nítida entre las dos tareas que, en el procedimiento penal, le corresponden al Estado, requerir y decidir, confiándolas a órganos diferentes, consiste buena parte de aquello que se concibe como PPRINCIPIO ACUSATORIO en el derecho procesal penal y como IMPARCIALIDAD DE LOS JUECES en el Derecho de la organización judicial”” (auto del 15 de julio de 2008, radicado 29.994).
La trasgresión de esos derechos superiores debe surgir y estar acreditada probatoriamente, de manera manifiesta, patente, evidente, porque lo que no puede suceder es que, como sucedió en el caso estudiado, se eleve a categoría de vulneración de garantías constitucionales, una simple opinión contraria, una valoración distinta que, para imponerla, se nomina como irregularidad sustancial insubsanable, por el prurito de que el Ministerio Público
y/o el superior funcional razonan diferente y mejor. Obsérvese:
(iii) En la audiencia realizada por el juez de conocimiento el 18 de agosto de 2010, para el control del allanamiento, el agente de la
Procuraduría reclamó se anulara el acto de imputación, toda vez que el hecho se adecuaba, no al homicidio simple, sino al agravado en los términos de la circunstancia del artículo 104.7 (además de otras finalmente descartadas), porque la víctima estaba en situación de indefensión y el sindicado no permitió que se alejara, corriera, evitara la agresión y la puso en estado de indefensión porque no podía eludir el ataque, tuvo que someterse a la voluntad del victimario y se valió de ello para realizar su conducta, todo lo cual constituía violación a la garantías de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.
(iv) Lo anterior evidencia que la postura del Ministerio Público fue
poco menos que clara, pues indistintamente mencionó que la occisa estaba y fue puesta en condiciones de indefensión e inferioridad y que el sindicado se aprovechó de ellas, lo cual llama a confusión, en tanto si bien todos esos aspectos se encuentran enmarcados dentro de la misma norma, lo cierto es que son diversos, pues no es lo mismo encontrarse en condiciones de indefensión o de inferioridad, o ser puesto en alguna de ellas, o aprovecharse de esas situaciones preexistentes.
Agregó el Tribunal que la mujer estaba indefensa “por hallarse sin movimiento alguno y a la vez compelida a intervenir en defensa de su hija”, argumento que cuando menos es contradictorio, en tanto desconoce que los hechos probados dicen que si el objeto de agresión no era la occisa sino su hija, mal podía estar aquella “sin
movimiento alguno”, como que precisamente la decisión de intervenir (loable por defender a su hija) fue suya, luego el agente activo no provocó tal estado de “ausencia de movimiento”.
4. En esas condiciones, los argumentos para deducir la agravante carecen de sentido y sustento probatorio, pues la insistencia en el empleo del arma y que el acusado decidió quitar el obstáculo (la madre) que le impedía agredir a la hija, causándole la muerte, son comportamientos propios del tipo de homicidio simple que en modo
alguno estructuran las circunstancia del artículo 104.7 penal.
Temas Sentencias de la Sala Penal C.S.J.