Source: https://www.scribd.com/document/301705553/El-Impacto-Del-Sistema-Interamericano-en-Uruguay
Timestamp: 2018-09-18 21:11:48
Document Index: 288586848

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 79', 'artículo 2', 'artículo 3']

Uploaded by Lucía Remersaro
Un resumen de la manera en que ha impactado la incorporación de Uruguay en el sistema interamericano de DDHH.
Rechazan excarcelación a ex agente de SIDE
Nuevas perspectivas en la protección de los Derechos Fundamentales
Máster Derecho Penal – Universidad de Salamanca
“El impacto del sistema interamericano en el Uruguay”
SUMARIO I. Introducción II. 1973-1985 III. La Ley de Caducidad de
la Pretensión Punitiva del Estado (22/12/86) IV. Asunción del Frente
Amplio A) Ley 18.026 B) La Ley de Caducidad finalmente es declarada
inconstitucional C) Y otra vez se pronunció la ciudadanía V. Demanda
ante la CIDH VI. Sentencia de la CIDH A) Responsabilidad B)
Reparaciones por las violaciones declaradas VII. Consecuencias de la
Sentencia A) Ley 18.83 B) Sentencia de supervisión de cumplimiento
de la CIDH VIII. Conclusiones IX. Bibliografía
Uno de los ámbitos en que el Derecho Internacional ha vivido grandes evoluciones
y que aún se encuentra en una etapa de formación y consolidación, es el campo los
Los derechos garantizados en la Constitución y demás disposiciones de Derecho
interno desempeñan un papel muy importante, ya sea en el reconocimiento o en la
incorporación de los derechos fundamentales en la esfera interna así como en el diseño
de mecanismos que permitan asegurar de modo adecuado el ejercicio de esos derechos.
Los países americanos no han sido ajenos a este proceso de formación del Derecho
de los derechos fundamentales y en el marco del sistema instaurado por ellos, se han
adoptado numerosos instrumentos relativos a la protección de los derechos
fundamentales, para que cada Estado responda por la forma como trata a los individuos
sujetos a su jurisdicción. Es importante examinar la eficacia de ese sistema y la medida
en que éste es utilizado por sus eventuales usuarios.
El presente trabajo procurará analizar tomando de partida el caso Gelman vs
Uruguay como afectó la incorporación de una ley de amnistía o punto final en Uruguay
y la adhesión del país al sistema interamericano de derechos humanos. Es interesante
notar el rol clave que cumple la verdad sobre los hechos en el período constitutivo de la
historia nacional. Ésta es la base para la adopción de las medidas que deben adoptar las
autoridades de las instituciones del Estado, de acuerdo al derecho de protección a los
Derechos fundamentales y para rectificar y prevenir la realización de acciones similares
Al analizar un caso histórico llevado ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos –en adelante CIDH- se permite observar el modo en que se aplica el sistema
Interamericano de protección de los derechos fundamentales. En ocasiones estos órganos
parecen lejanos y su utilización utópica, por lo cual ver su real competencia permite creer
en el sistema internacional, algo que hoy en día puede ser difícil ya que hay determinadas
violaciones aberrantes de los derechos fundamentales y la inoperancia de algunos
organismos es profunda.
FAÚNDEZ LEDESMA, HÉCTOR, El sistema interamericano de Derechos Humanos, Aspectos institucionales
y procesales, IIDH, Tercera Edición, 2004, p.32.
A partir de ese momento. centros de inteligencia y planificación estratégica. mediante un plebiscito5 realizado por los propios militares. luego de que sus padres fueran desaparecidos o ejecutados3. En Corte IDH. concedió una amnistía. por lo que a partir del año 2005 adoptó el nombre de María Macarena Gelman García Iruretagoyena. Desde entonces María Claudia García Iruretagoyena se encuentra desaparecida4. donde fueron entregados a cuerpos militares de la Operación Cóndor. ÍDEM. padre de Marcelo Gelman. III. Esa coordinación transnacional fue muy organizada.848) la cual. p. La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (22/12/86) Luego de un período de casi doce años. 2 . Resumen oficial emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Sentencia de 24 de febrero de 2011 (Fondo y Reparaciones). para lo cual mujeres embarazadas eran detenidas y mantenidas vivas. los niños recién nacidos o nacidos en cautiverio eran entregados a familias de militares o policías o de terceros. torturas.(Ley 15. El plan Cóndor operaba en tres grandes áreas: en las actividades de vigilancia política de disidentes exiliados o refugiados. realizaron por su cuenta averiguaciones para conocer lo ocurrido a su hijo. supresión o sustitución de identidad y la apropiación ilícita de niños. con entrenamientos constantes. en varios casos la sustracción. enterándose así de los hechos que rodearon la desaparición de sus padres biológicos. fueron detenidos el 24 de agosto de 1976 en Buenos Aires por militares uruguayos y argentinos. Es en este escenario es que María Claudia García Iruretagoyena Casinelli y su esposo Marcelo Ariel Gelman Schubaroff. ella emprendió las acciones legales pertinentes para recuperar su verdadera identidad. así como con un sistema paralelo de prisiones clandestinas y centros de tortura. 5 Plebiscito celebrado en 1980 dónde la población rechazó la constitución propuesta por los militares en el poder e inició el camino hacia la transición. Caso Gelman vs. con el propósito de recibir a los prisioneros extranjeros detenidos. en su lucha y represión contra personas designadas como “elementos subversivos”. María Claudia tenía 19 años de edad y se encontraba en avanzado estado de embarazo (alrededor de 7 meses). sistemas de comunicación avanzados. en el marco de la doctrina de seguridad nacional y de la “Operación Cóndor”2. 2. El 31 de marzo de 2000 María Macarena tuvo por primera vez contacto con su abuelo paterno. y su esposa. a su nuera y a la hija de ambos. Al momento de su privación de libertad. y en acciones conjuntas de exterminio dirigidas a grupos o individuos específicos. Las operaciones clandestinas implicaron. 3 ÍDEM 4 Juan Gelman. En muchos casos. donde dio a luz a una niña. que presumían había nacido durante el cautiverio de sus padres. En su primer artículo establece “Reconócese que. Uruguay. en la operación de acciones encubiertas o clandestinas de contrainsurgencia. Luego de varios traslados. para lo cual se conformaban equipos especiales de asesinos que operaban dentro y fuera de las fronteras de sus países. luego de varias investigaciones develaron la verdadera identidad y la ubicación de María Macarena. el Uruguay alcanzó la democracia en el año 1985 y el 22 de diciembre de 1986 el Parlamento uruguayo aprobó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado –en adelante Ley de Caducidad. Ciudadanos de varios países de la región fueron retenidos y luego trasladados a sus países. ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas realizadas por las fuerzas de seguridad e inteligencia de la dictadura uruguaya en colaboración con autoridades argentinas. 1973-1985 Entre 1973 y 1985 gobernó en Uruguay una dictadura cívico-militar que se caracterizó por prácticas sistemáticas de detenciones arbitrarias. A finales de 1999. p.II. como consecuencia de la lógica de los hechos originados por el acuerdo celebrado entre partidos políticos y las Fuerzas Armadas en agosto de 1984 y a efecto de concluir la transición hacia la plena vigencia 2 La Operación Cóndor fue el nombre que se dio a la alianza entre las fuerzas de seguridad y militares y servicios de inteligencia de las dictaduras del Cono Sur durante la década de los setenta del siglo XX. habría sido trasladada al Hospital Militar. quienes la registraron como hija propia y le dieron el nombre de María Macarena Tauriño Vivian. Su hija recién nacida fue sustraída y entregada ilícitamente a un policía uruguayo y su esposa.1.
la Suprema Corte de Justicia – en adelante SCJ. 8 Fue ratificada por el 55. En caso de obtener las mayorías requeridas. constituyendo una coalición amplia integrada por socialistas. el Poder Ejecutivo debía investigar los hechos dando cuenta a los denunciantes (artículo 4).831” en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano. se pronuncie a favor o en contra de la ley. EDUARDO. por una porción del cuerpo electoral (25% de los habilitados para votar). Después de la declaración de inconstitucionalidad de la ley interpretativa 18. ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales. los procedimientos fueron clausurados y reanudados por diversos motivos pero principalmente por la aplicación de la Ley de Caducidad. 6 3 . IV. equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto”. El 2 de mayo de 1988. sin perjuicio de lo cual y en relación a personas detenidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas o menores presuntamente secuestrados. Asunción del Frente Amplio En el año 2005 asume por primera vez en la historia del Uruguay el partido Frente Amplio9. año XIX. “Constitución y sanción penal” en Revista de la Fundación Internacional de Ciencias Penales. Desde el año 2003. Nº1. se convoca al cuerpo electoral a que en un procedimiento con las garantías del sufragio. no están comprendidos por la Ley de Caducidad y que por tanto DEMETRIO CRESPO. el 19 de junio de 2002 Juan Gelman presentó una denuncia en Uruguay en relación con los hechos ocurridos a su nuera y a su nieta durante el período de facto. la intención del legislador había sido otorgarla a las fuerzas de seguridad. julio 2013. entre otros. En 1989 la Ley de Caducidad se sometió a referéndum7 y la población uruguaya la ratificó quedando vigente en el ordenamiento jurídico uruguayo8. comunistas. La Sentencia consideró que pese a no figurar la palabra "amnistía" en el texto.44% del electorado. tres votos contra dos. Bogotá. 2013. p. “con el objeto de establecer los procedimientos para asegurar la aplicación del Estatuto” en materia de cooperación internacional y asistencia judicial. En RISSO FERRAND. Tras la promulgación de la Ley de Caducidad. Es en este mismo año que Uruguay ratifica por ley Nº 17. “Cumplimiento de la sentencia de la CIDH en el caso Gelman. MARTÍN. puede entrar en conflicto con ellas6. que estableció en su artículo 3 un plazo de seis meses para dictar una ley de implementación. Esta ley no comprendía los delitos en que se hubiera dictado el procesamiento ni aquellos cometidos con la finalidad de provecho económico (artículo 2) y contemplaba que el Juez interviniente consultara al Poder Ejecutivo mediante un informe si el hecho investigado estaba o no comprendido en el artículo 1º de la ley a los efectos de la clausura o continuación de la indagatoria (artículo 3). Es en este marco que el Poder Ejecutivo decidió que las investigaciones de los hechos de la dictadura. La SCJ no se percató que todas las leyes están vinculadas a normas superiores como la Constitución y a los tratados internacionales suscritos por el Estado que protegen derechos fundamentales a los que aquél por su propia naturaleza afecta. A pesar de la Ley de Caducidad.sostuvo la constitucionalidad de la Ley.del orden constitucional. 70.510 de junio de 2002 el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. estándose a lo que resuelva la mayoría (artículo 79 de la Constitución). 9 Este partido alberga muchos de los perseguidos políticos de la dictadura. anarquistas y el MLN (Movimiento de Liberación Nacional) cuyos integrantes principales estuvieron presos durante todo el período de facto. la SCJ tomó la decisión por mayoría. p 642. 7 La Constitución uruguaya prevé el referéndum contra las leyes como un recurso promovido dentro del año de la promulgación de la ley.
Ob. p. 2008. una nueva enunciación de principios de derecho penal. Esta ley recoge el Estatuto de Roma y se divide en tres partes: la primera establece los principios generales (artículos 1 a 15). p.. asilo y refugio. Fundación de Cultura Universitaria. 4 . los crímenes de guerra y de lesa humanidad”. 23. marzomayo. Si bien el análisis de esta norma implica un trabajo exhaustivo independiente.026” en Tribuna del abogado. dada la trascendencia que esta ley tiene en Uruguay. la segunda consiste en la tipificación de crímenes internacionales (artículos 16 a 30) y la última regula los aspectos de cooperación y relacionamiento con la CPI (artículos 31 a 77). Es una ley que también incluye aspectos procesales (internos y de cooperación con la Corte Penal Internacional) sistematizando toda la regulación de la materia penal internacional en un único cuerpo legal. Ob.026. Uruguay recién aprobó la ley de implementación del Estatuto de Roma más de cuatro años después. circunstancias agravantes. denominada “Cooperación con la Corte Penal Internacional en materia de lucha contra el genocidio. 39. 14 Para ver un análisis pormenorizado de la norma CAMAÑO. Ob. Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada) salvando la actual omisión de tipificar tales conductas en la jurisdicción interna”13.. pues al tipificarse los crímenes de lesa humanidad cometidos como actos aislados se cumple con otras obligaciones emergentes del derecho internacional. en materia de crímenes de lesa humanidad. se cuenta con un marco jurídico adecuado para la represión de las más graves violaciones a los derechos fundamentales14. Nº 17. 40-55 y BORDES. Montevideo. aspectos procesales. programas de capacitación y difusión y la tipificación de crímenes internacionales”11. 41. DIEGO. además de implementar los crímenes contenidos en el Estatuto de Roma. 23-25. desde el punto de vista sustantivo. “La implementación del Estatuto de Roma en el Uruguay” en Revista de Derecho Penal. Cit. Al quitarse este impedimento. A) Ley 18.debían reanudarse las investigaciones. que surgen de “normas internacionales de derechos humanos ratificadas por la República (Convenciones contra la Tortura. pp.026 Pese al plazo de seis meses fijado por la ley 17. Al respecto. no se podía dejar de destacar sus aspectos más importantes. el 25 de setiembre de 2006 se aprobó la ley 18. 2007. Número 152. Tampoco se logró determinar el paradero de María Claudia García. Tiene varias particularidades. DIEGO. normas sobre extradición. 11 CAMAÑO. El 27 de junio de 2005 la causa de Juan Gelman fue seguida por el Juzgado Letrado de Segundo Turno de Montevideo que reabrió la investigación. GUSTAVO. el Poder Judicial tenía la obligación de dar cuenta al Poder Ejecutivo cuando se iniciaran procedimientos sobre delitos cometidos durante el periodo de facto.. En líneas generales. 10 Tal como se menciona ut supra. reparación de daños. penas accesorias de inhabilitación. con esta ley se incorpora a la legislación nacional “una nueva división de los delitos. tipifica a aquellos cometidos como actos aislados12. señala CAMAÑO que “esto sin dudas constituye un avance importante de la legislación nacional. Sin embargo al día de hoy no hubo grandes avances y no existe ninguna persona formalmente acusada ni sancionada. pp. el Poder Judicial vuelve a gozar de autonomía. 13 CAMAÑO. p.510. intervención de las víctimas. DIEGO. Montevideo. Cit. Cit. “Breve análisis de la ley 18. Por primera vez en la historia del país. 12 BORDES. no pudiendo el Poder Judicial objetar impedimentos10. prevención de victimización secundaria. GUSTAVO.
lo cual era necesario para la reforma constitucional. B) Y otra vez se pronunció la ciudadanía… Nuevamente. en el cual se declaró la admisibilidad del caso. p. que declaraba la inconstitucionalidad e inexistencia de la Ley de Caducidad. Esta situación generó un choque entre lo decidido en dicho referendo y lo señalado por la SCJ. 16 LARRIAUX JORGE. También en el ochenta y nueve mucha gente aún se encontraba exiliada. Es decir.. a menos que las partes se atengan a un pronunciamiento jurisdiccional sobre la materia. El 9 de marzo de 2007 la Comisión de Derechos Humanos adoptó el Informe de Admisibilidad No. Ob.3. “Caso Gelman vs. la SCJ acepta integrar el bloque de derechos conformado por los contenidos de las Convenciones de derecho internacional y los derechos que se deducen de principios y valores inherentes a la persona. en forma expresa. Cit. Este acto plebiscitario tiene gran importancia para la consideración del tema. una controversia sobre la compatibilidad de una ley interna con los derechos consagrados en la Convención no parece ser susceptible de resolverse por medio de una transacción entre las partes. Tomo 147. MARTÍN. por lo que el procedimiento de solución amistosa no era necesario ni procedente. Demanda ante la CIDH Mientras tanto. 30/07. Al mismo tiempo al atribuirle al Poder Ejecutivo funciones propias del Poder Judicial. Es importante destacar que la Comisión ya en sus comienzos se había pronunciado respecto a la Ley de Caducidad dónde categóricamente observa FAÚNDEZ “esta materia se refería a un programa legislativo que el Estado defendía activamente. 17 Si bien una mayoría de los votantes optó por la derogación de la ley. Uruguay. p..641. Aproximación conceptual a la justicia transicional” en La Justicia Uruguaya. LARRIAUX JORGE. Cit. la inconstitucionalidad de los artículos 1. los uruguayos pretendieron mantener la vigencia de la Ley de Caducidad17. principalmente porque “la "lógica de los hechos" invocada no es fuente derecho.A) Ley de Caducidad finalmente es declarada inconstitucional El 17 de octubre de 2009. p. Justicia Transicional. muchos sostuvieron que no fue un pronunciamiento libre sino que la gente estaba presionada por la posibilidad de un nuevo golpe de Estado militar o por la posibilidad de nuevos enfrentamientos18. por segunda vez. Ob. Con esta sentencia. mayo 2013. En realidad. la SCJ dictó una nueva sentencia sobre la Ley de Caducidad. Esta declaración constituye un avance imprescindible en materia de derechos fundamentales. 3 y 4 de la referida norma. pero en esta ocasión cambió su jurisprudencia anterior y declaró por unanimidad de sus miembros. se condicionó la actividad jurisdiccional y se violó la separación de poderes15. el 25 octubre del año 2009 se consultó al electorado uruguayo a través de un plebiscito por un proyecto de reforma constitucional. Juan Gelman y su nieta Macarena demandaron al Estado uruguayo ante la CIDH. En la Sentencia se expresó que la ratificación popular que tuvo la ley en el referéndum de 1989 no implicaba consecuencias en el análisis de su constitucionalidad ya que los derechos fundamentales están sustraídos a mayorías contingentes. sin perder su naturaleza jurídica y sobre las cuales el intérprete debe preferir la que mejor proteja a todos los ciudadanos16. V. 18 En RISSO FERRAND. no se logró una votación superior al 50%. Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Control de Convencionalidad. ya que cuando el cuerpo electoral rechazó el recurso de referéndum en los años ochenta. El cuerpo electoral se pronunció en contra de la propuesta de reforma. 15 5 . 6 y 7.
por la falta de investigación efectiva de los hechos en perjuicio de Juan Gelman y María Macarena Gelman21. Uruguay incurrió en una forma de desaparición forzada. a la vida.444. a los derechos del niño y a la nacionalidad de María Macarena Gelman García Iruretagoyena. a la integridad personal. Aspectos institucionales y procesales. El 21 de enero de 2010 la CIDH presentó una demanda contra Uruguay en relación con el caso Juan Gelman. “excluyendo otros delitos como la tortura. VI. 2004. Se menciona que las investigaciones en Uruguay hasta ese momento habían sido abiertas bajo la figura del homicidio. Asimismo. la CIDH en un fallo histórico para la República Oriental del Uruguay -fue la primera vez que dicho Estado resultó condenado por la CIDH. Se declaró a dicha ley como incompatible con la CADH. Caso Gelman vs. la violación de los derechos a la integridad personal y a la protección de la familia de Juan Gelman y la violación de los derechos a las garantías judiciales respecto de las normas de la Convención Americana y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. A) Responsabilidad Respecto a la responsabilidad en la que incurrió el Estado Uruguayo. a la familia.no sólo se lo responsabilizó de hechos gravísimos sino que además se dispuso varias medidas de cara al futuro para que el Estado cumpliera con los deberes mínimo de un Estado democrático. Sentencia de la CIDH En febrero de 2011. A efectos de este trabajo analizaremos someramente la responsabilidad en la que incurrió el Estado uruguayo y las medidas que la CIDH le impuso. Tercera Edición. María Claudia García y María Macarena Gelman y la demanda fue notificada al Uruguay el 23 de febrero de 2010. El sistema interamericano de Derechos Humanos. la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica. Uruguay. Resumen oficial emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Sentencia de 24 de febrero de 2011 (Fondo y Reparaciones). al nombre. Se dispone que desde su nacimiento hasta el momento en que recuperó su identidad verdadera. en términos compatibles con la Convención”19. 21 ÍDEM 22 ÍDEM 6 . a la libertad personal. por la interpretación que Uruguay le ha dado a la Ley de Caducidad. En suma. 20 Corte IDH. ni pueden tener igual o similar impacto respecto de otros casos de graves violaciones de derechos humanos”22. p. se destacó que el Estado uruguayo incumplió con la obligación de adecuar su derecho interno a la Convención Americana –en adelante CADH-. IIDH. a la integridad personal y a la libertad personal de María Claudia García Iruretagoyena Casinelli. 19 FAÚNDEZ LEDESMA. ya que impidió la investigación y sanción de graves violaciones de derechos humanos.el único arreglo posible es la derogación o modificación de esa ley. a la vida. la CIDH declaró por unanimidad que Uruguay es internacionalmente responsable por: la desaparición forzada y la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica. HÉCTOR. la CIDH establece que la Ley de Caducidad carece de efectos jurídicos y por lo tanto “no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos del presente caso y la identificación y el castigo de los responsables. Finalmente en febrero 2011 se notificó la Sentencia que responsabiliza a Uruguay por violaciones graves a los derechos fundamentales20.
desaparición forzada y sustracción de identidad. En lo referente a la obligación de investigar obligó a Uruguay a “conducir y llevar a término eficazmente la investigación de las desapariciones forzadas de María Claudia García y de María Macarena Gelman. Para la CIDH por tratarse de graves violaciones de derechos fundamentales. si éstas así lo determinan. con la respectiva asignación presupuestaria. no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos”25. en especial de desapariciones forzadas. para determinar las correspondientes responsabilidades penales y administrativas. la consumación se prolonga en el tiempo. implementar. si bien la Sentencia constituye per se una forma de reparación. garantizar que la Ley de Caducidad. Al entrar en vigencia la tipificación del delito de desaparición forzada de personas. al carecer de efectos por su incompatibilidad con la CADH y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. un programa permanente de derechos humanos dirigido a los agentes del Ministerio Público y a los jueces del Poder Judicial y adoptar las medidas pertinentes para garantizar el 23 ÍDEM ÍDEM 25 ÍDEM 26 ÍDEM 24 7 . adoptar un “protocolo para la recolección e información de restos de personas desaparecidas”. la nueva ley resulta aplicable y ello no implica aplicación retroactiva. Como medidas de satisfacción estable que Uruguay deberá “realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso. Y también es clara respecto a las pronunciaciones democráticas “el hecho de que la Ley de Caducidad haya sido aprobada en un régimen democrático y haya sido ratificada y respaldada por la ciudadanía en dos ocasiones no implica para la CIDH automáticamente ni por sí sola. debería ser ésta la tipificación que prime en las investigaciones23. el Tribunal ordenó al Estado varias medidas de reparación. Y enfatizó que “la legitimación democrática de determinados hechos o actos en una sociedad está limitada por las normas y obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos reconocidos en tratados como la Convención Americana. por lo que la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías”24. Respecto a la mentada imprescriptibilidad de los delitos. colocar en un espacio del edificio del Sistema de Información de Defensa (SID) con acceso al público una placa con la inscripción del nombre de las víctimas y de todas las personas que estuvieron detenidas ilegalmente en dicho lugar. en su caso. Como garantías de no repetición estableció que se debe “asegurar. la CIDH enfatiza que al tratarse la desaparición forzada de un delito de ejecución permanente. así como de los hechos conexos. en el marco de la futura Comisión Interministerial que se encargue de dar impulso a las investigaciones para esclarecer el destino de los desaparecidos entre los años 1973 a 1985. con la que se hace posible que la causa sea declarada prescrita por los tribunales nacionales”. entregarlos a sus familiares. y realizar las correspondientes publicaciones de la Sentencia”26. B) Reparaciones por las violaciones declaradas En lo referente a las Reparaciones por las violaciones declaradas. continuar y acelerar la búsqueda y localización inmediata de María Claudia García Iruretagoyena o de sus restos mortales y. la participación de una representación de las víctimas de dichos hechos. legitimidad ante el Derecho Internacional”.
p. Ob. 28 8 .O. un centro de detención del período de la dictadura. N. para aspirantes a ingreso a la Magistratura se comienzan a realizar cursos sobre actualización de derechos humanos ampliados en acuerdo del Poder Judicial con la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura. p.41. 3º de la Ley de Caducidad.831 El 17 de octubre de 2011 se promulgó la Ley Nº 18. Año 13. RISSO señaló que esta ley no era necesaria ya que se podía cumplir con la sentencia de la CIDH sin que fuera necesario el dictado de ninguna ley y que de esta manera se creaban nuevos impedimentos para las investigaciones. El 30 de junio de 2011 el Poder Ejecutivo. en particular a los contenidos en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman vs Uruguay. OSCAR. Se señalan alguno de ellos. Además dicha ley estableció que no se computará plazo procesal alguno de prescripción o caducidad en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley (artículo 2). dónde funcionaba una dependencia del Ministerio de Defensa. En el Centro de Estudios Judiciales -que depende de la SCJ-. A) Ley 18.44630.. 30 LARRIAUX JORGE. Noviembre de 2012. VII. 31 La exposición de motivos del proyecto presentado por el Frente Amplio señaló que “tiene como propósito adaptar la legislación nacional a estándares internacionales de protección de los derechos humanos. Cit.831 según la cual se reestablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en el período de facto31. revocó por razones de legitimidad todos los actos administrativos que se habían realizado en aplicación del art.acceso técnico y sistematizado a información acerca de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura que reposa en archivos estatales”27. y clarificar en forma inequívoca que los términos procesales para ese tipo de conductas no podrán ser computados mientras la pretensión punitiva no estuviese vigente”. “La jurisprudencia de la Corte Interamericana respecto a la lucha contra la impunidad: algunos avances y debates” en Revista Jurídica de la Universidad de Palermo. Esta Sentencia desprendió sus efectos inmediatos en los tres poderes de Estado. y reintegrar costas y gastos”28 condenando a Uruguay al pago de 185. pues con el dictado de la ley se 27 ÍDEM ÍDEM 29 PARRA VERA. 4 y 5. creado por Ley 18.000 dólares. Consecuencias de la Sentencia Tal como se expresó ut supra la Sentencia de la CIDH fue un avance inconmensurable en materia de derechos fundamentales y obligó a Uruguay a modificar su política y legislación respecto a los crímenes perpetuados en el período de facto. ratificar por vía legal el compromiso del Estado uruguayo con la idea más avanzada de que ciertos crímenes afectan la dignidad humana de tal magnitud e integran la categoría contra la humanidad. y el Ministerio Público y Fiscal. En cuanto a indemnizaciones. la CIDH dispuso que el Estado “debe pagar las cantidades fijadas por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales. y se declaró que los delitos anteriores a ese período son crímenes de lesa humanidad de conformidad con los Tratados Internacionales que Uruguay es parte (artículo 3). se convirtió en sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Esta Sentencia es un claro ejemplo sobre la forma en que las decisiones interamericanas pueden tener “un rol relevante en la redefinición de discusiones colectivas en el ámbito público”29. Por otro lado.
tal como lo mencionamos ut supra la sentencia de la SCJ. Ob. La sentencia sitúa a la Constitución como “barrera infranqueable” de los Tratados Internacionales. El 22 de febrero de 2013. Sin embargo. Para RISSO. 35 Por ejemplo la sentencia de 2009 de la SCJ que dispone la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad. a la justicia y a la reparación -derechos también amparados por tratados internacionales y reconocidos por la jurisprudencia interamericana de protección de los derechos fundamentales-. En sus fundamentos la SCJ recurre al derecho internacional sólo para estipular el desconocimiento de la condena de la CIDH en el caso Gelman. Ob. Los jueces mantienen vigente el deber de cumplir con la sentencia de la CIDH en todos sus términos pese a conocerse la posición de la SCJ. la situación se mantiene y sigue siendo la misma de 2011. Ob. en realidad no tiene otro efecto jurídico que la inaplicabilidad de las disposiciones declaradas inconstitucionales. Cit. Esta Sentencia no analiza la posibilidad de que una desaparición forzada de personas pueda constituir un delito de comisión permanente o un delito instantáneo con efectos antijurídicos permanentes.831. La SCJ falla (con un voto disidente) que los artículos 2 y 3 son inconstitucionales porque violan los principios de legalidad y retroactividad de la ley penal contenidos en los artículos 10 y 72 de la Constitución34. Cit. En GALAIN PALERMO. MARTÍN. tal como había sido analizado por la Sentencia de la CIDH. debería proseguirse la investigación en cada expediente. antes del dictado de la ley interpretativa. PABLO. 647.. como si los dos artículos inconstitucionales no existieran. pero no se hace mención sobre los derechos de las víctimas a conocer la verdad. la SCJ falló por Sentencia N° 20 y la declaró inconstitucional33. En la Sentencia se argumenta que Uruguay está obligado por tratados internacionales a la defensa de los derechos fundamentales (de los presuntos culpables). 36 GALAIN PALERMO. Las predicciones se cumplieron. p. luego de transcurrido algo más de un año desde la promulgación de la ley 18. Luego de que se divulgara la sentencia. Por tanto.iban a demorar las investigaciones. La inconstitucionalidad fue interpuesta por dos indagados ex militares que denuncian la ley como contraria a la Constitución en el marco de una investigación penal. 34 GALAIN expresa “La SCJ ofrece argumentos anacrónicos en el análisis de los principios de legalidad e irretroactividad (…) La sentencia ignora la discusión actual sobre justicia de transición y no ingresa al debate sobre la naturaleza de las violaciones a los derechos humanos a las que simplemente califica de delitos comunes”. La cita a los tratados internacionales tampoco contempla la posible existencia de normas de ius cogens o de prohibiciones comprendidas en los documentos internacionales previo a las conductas criminales cometidas o comenzadas a cometer durante la dictadura cívico-militar (1973-1985). diversos actores políticos. Además advirtió que la ley sería declarada inconstitucional32. 33 9 . PABLO. sobre este punto cita al caso argentino dónde hubo un 32 RISSO FERRAND. señalaron que esta sentencia terminaba con las posibilidades de investigación de los crímenes perpetrados durante la dictadura y que era el final. ignorando resoluciones anteriores35 que los colocaban en un plano de igualdad en materia de derechos fundamentales36. Entiende que éste es un problema futuro y hay tiempo para que los interesados convenzan a la SCJ de cambiar de posición. Cit. de ONG y personas vinculadas a organizaciones defensoras de derechos humanos.
Aquí la Jueza se inspiró la jurisprudencia de la CIDH respecto al derecho a la verdad41. Es muy importante destacar la influencia de esta Sentencia ya que el 29 de abril del 2013. en cuanto a su validez y compatibilidad con la Convención. En dicha Sentencia se sostiene básicamente que las sentencias de la CIDH no sólo son vinculantes en el caso concreto (vinculación directa inter partes). los precedentes o lineamientos jurisprudenciales de la Corte Interamericana”40. Y expresó respecto al control de convencionalidad. 40 Corte IDH. Es un avance muy grande ya que deja bien claro el peso de las sentencias de la CIDH.329. Cit. JUAN CARLOS. un control de convencionalidad tanto en la emisión y aplicación de normas. por lo cual deben ejercer. Conclusiones Actualmente Uruguay vive una situación bisagra en relación a su posición sobre los derechos fundamentales. p. p. todavía algo se puede hacer. Uruguay. fundamentalmente desde el punto de vista político38. en lo que respecta a la interpretación que ese órgano efectúa de las normas convencionales (vinculación indirecta erga omnes)39. juzgamiento y resolución de situaciones particulares y casos concretos. Caso Gelman vs. Cit. están obligados por el tratado. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. por hechos ocurridos en el Uruguay durante la dictadura militar en el año 1974.026 sino que rigen por el Código penal. que “(…) en situaciones y casos en que el Estado concernido no ha sido parte en el proceso internacional en que fue establecida determinada jurisprudencia. 41 HITTERS..A..324 38 10 . Sin embargo. 2013. B) Sentencia de supervisión de cumplimiento de la CIDH La CIDH el 20 de marzo de 2013 tuvo que supervisar el cumplimiento de la sentencia Gelman vs. Un cambio sobre la naturaleza jurídica de estos ilícitos se impone dónde criterios basados en derechos 37 RISSO FERRAND. Uruguay. cit. GALAIN expresa que la sentencia no tiene claridad jurídica y puede prestarse para interpretaciones desafortunadas. párr. según corresponda. Ob. MARTÍN. incluidas las instancias democráticas. la Jueza Penal de 10° Turno. sino que también producen efectos vinculantes para todos los Estados signatarios de la CADH. todas sus autoridades públicas y todos sus órganos.. Dra. p. DOLORES SÁNCHEZ DE LEÓN condenó al General M. Es un fallo que de algún modo demuestra el marco de acción que tiene el Poder Judicial y que una vez declarada inconstitucional la Ley de Caducidad y pese a que la SCJ entiende que los delitos prescribieron. El efecto erga omnes de las sentencias de la Corte Interamericana” en Pensamiento Constitucional. 39 HITTERS. Ob. 69.cambio de jurisprudencia de la Corte Suprema entre los casos Cantos y Bulacio 37. jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles. “Un avance en el control de convencionalidad. N° 18. La perspectiva de la SCJ respecto a los crímenes cometidos en el gobierno de facto ya es conocida y clara: éstos están prescriptos ya que no son juzgados por la ley 18. Resolución del 20 de marzo de 2013. como en la determinación. teniendo en cuenta el propio tratado y. Ob. en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. GALAIN PALERMO. por el solo hecho de ser parte en la Convención Americana.A a 28 años de prisión por el homicidio de Nibia Sabalsagaray acaecido en una sesión de tortura. Este fallo sigue el modelo de la CIDH del caso Gelman vs. PABLO. Cit.652. JUAN CARLOS.D. Uruguay contradiciendo la postura de la SCJ. VIII.
Cit. 43 En http://ladiaria. OSCAR. 46 PARRA VERA. En este sentido. 45 PARRA VERA. La primera. La posición de la Dra. o si prefirió simplemente no votar. adscrita al Frente Amplio quien ha defendido la ley 18. PARRA es claro “la decisión interamericana no anula la democracia sino que visibiliza que el argumento basado en el derecho internacional es también democrático. La investigadora FRANCESCA LESSA expresa la “disparidad clara y paradójica” entre los avances registrados en derechos en el último período42 y lo actuado respecto de los crímenes de la dictadura. 11 . OSCAR. Además. Porque la voluntad soberana. la del 52% que se mantuvo en silencio y del que no sabemos si quería mantener la ley. Respecto a las pronunciaciones democráticas.fundamentales así como de una lectura integral de la Constitución. en tanto ha sido una decisión soberana asumida por el Estado. Ob.831 fue un claro desacierto legislativo. nos suscribimos a la firme posición de la CIDH de que hay derechos que no son patrimonio de las mayorías inherentes a la personalidad humana que el Estado debe velar ante todo. 45. nos adherimos a la postura de la Senadora CONSTANZA MOREIRA. un nuevo y apurado mecanismo de justicia de transición ofrecido como antídoto a la cuestionada Ley de Caducidad para solucionar la responsabilidad en la que incurre Uruguay por su falta de diligencia en materia de derechos fundamentales. el limitado acceso a los archivos oficiales para incorporar la información necesaria a los expedientes. El otro. fue un plebiscito para anularla.831 y al responder a las críticas según las cuales el Poder Legislativo estaría desconociendo lo decidido por la ciudadanía. veinte años después: 48% dijo que quería anularla. DOLORES SÁNCHEZ y el cambio en la SCJ son la esperanza que queda en un horizonte gris dónde día a día las víctimas y victimarios fallecen. Y el silencio no es nunca expresión de voluntad soberana. Nos faltó un 2% para llegar a lo que la Constitución quiere. Error: uno fue un plebiscito y el otro una derogación. desde la revolución francesa hasta nuestros días. y la falta de conocimiento y aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos por parte de los jueces”43. Ob. el hecho de que 75% de las causas penales carecen de abogados que hagan un seguimiento apropiado. Eso no lo sabemos. Al mismo tiempo la Sentencia de la CIDH –vinculante para el Uruguay. No alcanzó. es activa”45. Ob. no lo sabremos nunca. MOREIRA señaló “hay tantas mentiras repetidas con apariencia de verdad. Pero esa es la voluntad popular: la que no alcanzó. la voluntad popular se expresó: 58% de los uruguayos prefirieron mantener la ley. p.uy/articulo/2014/12/en-la-amarga-espera/ Página web consultada el 11/12/2014. es la de que “violentamos” la voluntad popular al impulsar esta ley en el Parlamento.com. sin horizontes de Justicia. requerirán de un análisis y argumentación de mayor profundidad que tenga en cuenta las discusiones de doctrinarias y la jurisprudencia internacional actual para fundamentar o rechazar una posible imputación de naturaleza penal44. Cit.. Y que desconocemos dos plebiscitos. si se abstuvo. 42 En Uruguay se despenalización del aborto. Las nuevas decisiones de los jueces penales. PABLO. p.. No la otra. Cit. 43. En la derogación. La sentencia de la SCJ demuestra que la ley 18. a partir de la participación política de diversos actores que deciden comprometerse con una debida diligencia en la investigación de graves violaciones de derechos humanos”46. la más repetida. se consagró el matrimonio igualitario y se regularizó el tratamiento de la marihuana. LESSA sostiene que los retos más importantes a enfrentar en el camino a la justicia son “las demoras indebidas e injustificadas al avance de los procesos. 44 GALAIN PALERMO.mantiene y exige la obligación al Estado de que investigue y aplique Justicia por los crímenes perpetuados.
en la medida en que pueden ser modificadas por la voluntad unilateral de cada Estado. En http://ladiaria. Montevideo. Sin embargo. por encima de todo. Caso Gelman vs. Supervisión de cumplimiento de sentencia. 2008.  Corte IDH. DIEGO.32. Igualmente todos los esfuerzos son en vano si esta incorporación legal no se acompaña de un cambio de mentalidad por parte de los operadores jurídicos y una toma de conciencia por parte del pueblo uruguayo. El sistema interamericano de Derechos Humanos. Tanto las decisiones de la SCJ como las manifestaciones de democracia directa son una demostración de que en Uruguay no hay una conciencia firme sobre la implicancia de formar parte de un sistema interamericano y sobre la medular importancia que tiene el respeto a los derechos fundamentales.uy/articulo/2014/12/a-flor-de-piel/ página web consultada el 10/12/2014. “La verdad no significa revanchismo. quién entre 1970 y 1972 fue presa política. en función de los valores prevalecientes y de los intereses de los grupos dominantes en cada sociedad47 es por este motivo que la importancia de la consideración de los derechos fundamentales y la incidencia del sistema interamericano en Uruguay es clara. GUSTAVO. La verdad nos libera a todos de lo que quedó por decir.  CAMAÑO. Aspectos institucionales y procesales. Caso Gelman vs.El respeto de los derechos fundamentales es un elemento que le confiere legitimidad al orden social y político de todos los Estados que reconocen en su ordenamiento jurídico interno un catálogo de derechos individuales y otorgan garantías mínimas para el goce y ejercicio de esos derechos. Lamentablemente varios crímenes quedaran impunes. 2004.) La verdad produce conciencia.. la experiencia ha demostrado que tales garantías suelen ser insuficientes. Bibliografía  BORDES. La verdad significa. “La implementación del Estatuto de Roma en el Uruguay” en Revista de Derecho Penal. pp 22-25. resolución del 20 de marzo de 2013. Tercera Edición. Ante ello solo queda abierta la condena histórica por medio de otros mecanismos de búsqueda de la verdad que no tienen relación con lo punitivo.  Corte IDH. Número 152. Fundación de Cultura Universitaria. por saber. La verdad libera de aquello que permaneció oculto (. Uruguay. 12 .com. pues ya ni si quiera se trata de que los culpables vayan a prisión sino por lo menos de no negarle a ninguna persona el investigar y conocer la verdad. Esta adhesión demuestra los avances que se han realizado en materia de derechos fundamentales y es claro que el rumbo y las decisiones a tomar deben ir por ese sendero. 2007. aprendizaje. Uruguay. Nº 17. La verdad no debe ser motivo para el odio o para el ajuste de cuentas. 47 FAÚNDEZ LEDESMA. conocimiento.026” en Tribuna del abogado. por explicar.. 48 Estas palabras las pronunció en la presentación del informe final de la Comisión Nacional para la Verdad. “Breve análisis de la ley 18. Resumen oficial emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Sentencia de 24 de febrero de 2011 (Fondo y Reparaciones). Montevideo. HÉCTOR. la presidenta de Brasil DILMA ROUSSEFF. IIDH. marzo-mayo. la oportunidad de tener un encuentro de nosotros mismos con nuestra historia y de nuestro pueblo con su historia”48. VIII. p.
OSCAR.  RISSO FERRAND. “Constitución y sanción penal” en Revista de la Fundación Internacional de Ciencias Penales. julio 2013. Nº1. DEMETRIO CRESPO. 2013. Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Control de Convencionalidad.uy/articulo/2014/12/en-la-amarga-espera/ Página web consultada el 11/12/2014. Gerardo Landrove Díaz. 315-329. N.831” en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano. año XIX. En Un Derecho Penal Comprometido.  GALAIN PALERMO. Justicia Transicional.O. Libro Homenaje al Prof. 2013. mayo 2013. Valencia. “Cumplimiento de la sentencia de la CIDH en el caso Gelman. 13 . 2004. Después de la declaración de inconstitucionalidad de la ley interpretativa 18. Noviembre de 2012. MARTÍN. PABLO. EDUARDO. Tercera Edición. “Caso Gelman vs. Bogotá. Tirant lo Blanch. En http://www. “El tipo penal de la desaparición forzada de personas como un acto aislado: consideraciones críticas “.uy/articulo/2014/12/a-flor-de-piel/ Página web consultada el 10/12/2014.  FAÚNDEZ LEDESMA. pp. pp.com. Tomo 147.asuntosdelsur. “Un avance en el control de convencionalidad. HÉCTOR.org/blog/2013/04/24/uruguay-sentencia-scjinconstitucional-ley-18831/  GALAIN PALERMO. PABLO. “La jurisprudencia de la Corte Interamericana respecto a la lucha contra la impunidad: algunos avances y debates” en Revista Jurídica de la Universidad de Palermo. 419-448.  LARRIAUX JORGE. pp 639 -657. Aspectos institucionales y procesales. Aproximación conceptual a la justicia transicional” en La Justicia Uruguaya. Año 13. Uruguay. JUAN CARLOS.  http://ladiaria.com. Uruguay: sentencia declara inconstitucional Ley 18831.  http://ladiaria. Dr.  HITTERS. N° 18.  PARRA VERA. El efecto erga omnes de las sentencias de la Corte Interamericana” en Pensamiento Constitucional. El sistema interamericano de Derechos Humanos. IIDH. 2011.
Documents Similar To El Impacto Del Sistema Interamericano en Uruguay