Source: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C-496-15.htm
Timestamp: 2020-04-01 09:02:31
Document Index: 402341968

Matched Legal Cases: ['artículo 250', 'artículo 250', 'artículo 250', 'artículo 250', 'artículo 277', 'artículo 250', 'artículo 8']

C-496-15
Sentencia C-764/09
CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL-Autenticidad de los elementos materiales probatorios y la evidencia física sometidos a cadena de custodia
DEBER DE ASEGURAR ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS GARANTIZANDO LA CADENA DE CUSTODIA-No hay afectación por existir otros medios de autenticación de las pruebas
AUTENTICIDAD DE ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FISICA NO SOMETIDOS A CADENA DE CUSTODIA-No vulnera el debido proceso probatorio
AUTENTICIDAD DE ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FISICA NO SOMETIDOS A CADENA DE CUSTODIA-No vulnera el principio de justicia
AUTENTICIDAD DE ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FISICA-Juez debe verificar el método a utilizar distinto a la cadena de custodia
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES Y FORMAS PROPIAS DE CADA JUICIO-Amplia potestad de configuración normativa
LIBERTAD DE CONFIGURACION NORMATIVA DEL LEGISLADOR-Límites
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA-Principios de proporcionalidad y razonabilidad
NORMAS PROCESALES-Legitimidad está dada en función de su proporcionalidad y razonabilidad
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PROBATORIA-Alcance
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PROBATORIA-Discrecionalidad/LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PROBATORIA-Límites
LEGISLACION EN MATERIA DE PROCEDIMIENTO Y PROBATORIA-Límites
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PROCESAL Y PROBATORIA-Amplia potestad discrecional
DEBIDO PROCESO EN MATERIA PENAL-Alcance
DEBIDO PROCESO-Concepto y finalidad
DEBIDO PROCESO-Necesidad de racionalizar el ejercicio del poder público y privado
DEBIDO PROCESO-Características
DEBIDO PROCESO-Aplicación inmediata
DEBIDO PROCESO-No puede suspenderse en estados de emergencia
DEBIDO PROCESO-Se predica respecto de todas las partes e intervinientes y durante todas las etapas del proceso
DERECHO AL DEBIDO PROCESO-No es absoluto
DEBIDO PROCESO-Regulación depende del legislador por tratarse de un derecho de configuración legal
DERECHO AL DEBIDO PROCESO-Consagración internacional
DEBIDO PROCESO-Garantías esenciales
DERECHO AL JUEZ NATURAL-Garantía del debido proceso
JUEZ NATURAL-Principios de especialidad y predeterminación legal
DERECHO AL JUEZ NATURAL-Definición previa de jueces competentes
DERECHO A SER JUZGADO CON LA PLENITUD DE LAS FORMAS PROPIAS DE CADA JUICIO-Reglas mínimas
DERECHO A LA DEFENSA-Se proyecta con mayor intensidad y adquiere mayor relevancia en el escenario del proceso penal desde el ámbito internacional
DERECHO AL DEBIDO PROCESO-Implica la posibilidad de realizar una efectiva defensa judicial
DERECHO A LA DEFENSA EN MATERIA PENAL-Modalidades/DERECHO A LA DEFENSA MATERIAL-Definición/DERECHO A LA DEFENSA TECNICA-Definición
DERECHO AL DEBIDO PROCESO PUBLICO SIN DILACIONES INJUSTIFICADAS-Garantía esencial del debido proceso
DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Fidelidad al principio de celeridad y toma de decisiones eficaces
DERECHO A QUE DECISIONES SE ADOPTEN EN UN TERMINO RAZONABLE SIN DILACIONES INJUSTIFICADAS-Consagración internacional
DERECHO AL PLAZO RAZONABLE-Criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para establecer la razonabilidad del plazo
DERECHO AL DEBIDO PROCESO-Vulneración por la inobservancia de los términos judiciales
DERECHO AL DEBIDO PROCESO-Imparcialidad del juez
DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Derecho a la prueba
PRUEBAS-Importancia y práctica
DEBIDO PROCESO PROBATORIO-Desconocimiento genera una vía de hecho
DERECHO A LA PRUEBA-Anomalías que desconozcan de manera grave e ilegítima constituyen un defecto fáctico
DEBIDO PROCESO PROBATORIO-Procedencia de la acción de tutela cuando se vulnera el derecho a la prueba
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia de vía de hecho por defecto fáctico en la actividad probatoria
DEBIDO PROCESO PROBATORIO-Derecho a presentar y solicitar pruebas/DERECHO A PRESENTAR PRUEBAS-Carácter fundamental autónomo/DEBIDO PROCESO PROBATORIO-Ambito internacional
DEBIDO PROCESO PROBATORIO-Derecho a controvertir las pruebas que se presenten en contra
DEBIDO PROCESO PROBATORIO-Derecho a la publicidad de la prueba/DERECHO A LA PUBLICIDAD DE LA PRUEBA-Esencial para asegurar el derecho de contradicción
DEBIDO PROCESO PROBATORIO-Derecho a la regularidad de la prueba
PRUEBAS-Derecho a que se decreten y practiquen las necesarias para asegurar el principio de realización y efectividad de los derechos
DEBIDO PROCESO PROBATORIO-Derecho a que juzgador evalúe las pruebas incorporadas al proceso/VIA DE HECHO-Falta de apreciación y evaluación de las pruebas
CADENA DE CUSTODIA-Alcance
CADENA DE CUSTODIA-Concepto y naturaleza/CADENA DE CUSTODIA-Finalidad
CADENA DE CUSTODIA-Consagración constitucional y legal
FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Deber de asegurar elementos materiales probatorios garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción/DEBER DE ASEGURAR ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS GARANTIZANDO LA CADENA DE CUSTODIA-Evita afectar el poder demostrativo de pruebas recaudadas que puedan acreditar la inocencia o culpabilidad de una persona/FISCALIA GENERAL DE LA NACION-No elimina ni limita deber de asegurar la cadena de custodia de elementos materiales probatorios recaudados
La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados María Victoria Calle Correa -quien la preside-, Myriam Ávila Roldán, Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Alberto Rojas Ríos, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia con fundamento en los siguientes,
1.2.1.1. Señala que la norma desconoce el numeral 3º del artículo 250 de la Constitución que establece que corresponde a la Fiscalía General de la Nación: “Asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción”, pues permite que el investigador pueda utilizar otro método para autenticarlos. En este sentido, afirma que esta norma permite que la Fiscalía General de la Nación y los demás sujetos procesales puedan demostrar la autenticidad de elementos materiales probatorios y evidencia física, a través de medios distintos a la cadena de custodia, vulnerando directamente lo señalado en el artículo 250 de la Constitución.
1.3.1.6. Respecto a la vulneración del artículo 250 de la Carta Política, señala que la obligación plasmada en el precepto constitucional, consistente en que la Fiscalía debe “asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción”, no contraría la validez del hecho que se permita el ingreso del material probatorio y evidencia física en el proceso penal de aquel que no hayan sido objeto de la cadena de custodia, con el fin que el juez competente realice su valoración siempre y cuando el aportante demuestre la autenticidad de la misma.
2.4Señala que la aplicación de la cadena de custodia no es uniforme en todos los casos, las particularidades de la estrategia investigativa de la Fiscalía General de la Nación determinarán los procedimientos a aplicar. En este mismo sentido, sería inconstitucional que se sustrajera a la Fiscalía General de la Nación la obligación de garantizar la cadena de custodia. También lo sería el hecho que el legislador hiciera nugatoria la cadena de custodia a través de una definición restringida de lo que es un elemento material probatorio.
2.7Por otro lado, considera que el legislador no puede permitir el incumplimiento de la cadena de custodia, ni que el ente acusador utilice otros medios innominados o indeterminados de acreditación. Por lo tanto, la posición que se tiene es distante de la establecida por la Corte Suprema de Justicia, en la medida en que se cree que la disposición acusada permite que se introduzcan al juicio elementos probatorios sobre los cuales se debió respetar la cadena de custodia, pero no se hizo, acudiendo en este caso a otros medios de identificación. Esta disposición sustrae a la Fiscalía General de la Nación de su deber legal de salvaguardar la cadena de custodia, como elemento estructural del debido proceso para la obtención de la prueba en el juicio oral.
“2. El Fiscal deberá, en el ejercicio de la función investigativa, descubrir la prueba necesaria o suficiente, teniendo en cuenta y aplicando la cadena de custodia de las evidencias materiales, para presentarlas y practicarlas por ante el juez competente acusando al procesado para que se le llame a juicio público y oral. Promueve, amparado y autorizado por la Constitución, su función requirente de la acusación acorde a la prueba necesaria, a la prueba útil, idónea, legal, pertinente y suficiente para que se convoque a audiencia o causa eminentemente pública y necesariamente oral”[144].
Adicionalmente el parágrafo del articulo 254 faculta al Fiscal General de la Nación para reglamentar lo relacionado con el diseño, aplicación y control del sistema de cadena de custodia, de acuerdo con los avances científicos, técnicos y artísticos, en virtud de lo cual se han expedido las resoluciones 1890 de 2000, 2869 de 2006, 06394 de 2004 y 02770 de 2005[147]
El numeral tercero del artículo 250 de la Constitución consagra el deber de la Fiscalía General de la Nación de: “asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción”, en virtud de lo cual se le exige a la Fiscalía realizar todas las actuaciones necesarias para “custodiar la prueba necesaria, útil e idónea que considere que sea conveniente llevar ante el juez en el juicio”, tal como se señaló en el Proyecto del Acto Legislativo 03 de 2002.
En desarrollo de este deber, la Fiscalía General de la Nación está obligada a aplicar una serie de medidas que tienen por objeto preservar la identidad o integridad de los elementos materiales probatorios o evidencia física para establecer la verdad de los hechos y determinar la responsabilidad del procesado. Por lo anterior, la finalidad de esta norma no es impedir que existan otros medios de autenticación de las pruebas, sino evitar que se afecte el poder demostrativo de aquellas que sean recaudadas por la Fiscalía que pueden acreditar la inocencia o culpabilidad de una persona.
En consecuencia, el inciso 2º del artículo 277 de la Ley 906 de 2004 en ningún momento elimina ni limita el deber de la Fiscalía de asegurar la cadena de custodia de los elementos materiales probatorios que recaude consagrado en el artículo 250 de la Constitución, el cual sigue existiendo y su incumplimiento puede tener consecuencias penales y disciplinarias.
[1] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia de 21 de febrero de 2007, Radicación: 25920, M.P. Javier de Jesús Zapata Ortiz.
[3] Sentencias de la Corte Constitucional C – 480 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C – 656 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C – 227 de 2004, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa; C – 675 de 2005, M.P. Jaime Araujo Rentaría; C – 025 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; C – 530 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez; C – 641 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; C – 647 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C – 649 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; C – 819 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; C – 840 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C – 978 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y C – 369 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[4] Sentencias de la Corte Constitucional C-929 de 2007, M.P.: Rodrigo Escobar Gil; C-149 de 2009, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; C-646 de 2010, M.P: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; C-819 de 2011, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; C-913 de 2011, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; C- 055 de 2013, M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[5] Sentencia de la Corte Constitucional C - 892 de 2012, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
[6] Sentencia de la Corte Constitucional C- 012 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[7] Sentencia de la Corte Constitucional C- 814 de 2009, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[8] Sentencias de la Corte Constitucional C- 413 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-892 de 2012, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
[9] Sentencias de la Corte Constitucional C-005 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-346 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-680 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-742 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández; C-384 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-803 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-596 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-1717 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-1104 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-1512 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-1104 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-316 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-204 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-318 de 2003, M.P. Jaime Araujo Rentería; C-798 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-899 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-1091 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y C-039 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[10] Sentencia de la Corte Constitucional C-043 de 2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis
[11] Sentencias de la Corte Constitucional C-927 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-893 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-1104 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-309 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-314 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-646 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-123 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-234 de 2003, M.P. Jaime Araujo Rentería; C-1146 de 2004, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; C-275 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-398 de 2006, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-718 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-738 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y C-1186 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[12] Sentencias de la Corte Constitucional C-316 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y C-227 de 2009, M.P. Luis Eduardo Vargas Silva.
[13] Sentencia de la Corte Constitucional C-012 de 2002, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[14] Sentencia de la Corte Constitucional T-323 de 1999 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[15] Sentencias de la Corte Constitucional C-204 de 2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis y C-471 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[16] Sentencias de la Corte Constitucional C-296 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-736 de 2002, M.P. Jaime Araujo Rentería y C-1075 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[17] Por ende, se decía en la sentencia C-520 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa, siguiendo el precedente de las Sentencias C-925 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y C-1512 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis: “‘la violación del debido proceso ocurriría no sólo bajo el presupuesto de la omisión de la respectiva regla procesal o de la ineficacia de la misma para alcanzar el propósito para el cual fue diseñada, sino especialmente en el evento de que ésta aparezca excesiva y desproporcionada frente al resultado que se pretende obtener con su utilización’”.
[18] Sobre el particular se observó en la sentencia C-316 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra: “(…) Es así como la eliminación de una institución procesal puede generar el desamparo de un derecho, cuando quiera que el ordenamiento jurídico no ofrezca alternativas diferentes para protegerlo (…)”, escenario en el que el control jurisdiccional de la Corte resulta definitivo. Pues, “excluida del debate acerca de la pertinencia o impertinencia de los modelos procedimentales, la Corte reclama su competencia cuando se trata de definir si el legislador ha hecho uso ilegítimo de la autonomía de configuración que le confiere el constituyente. En esos términos, el Tribunal determina si la potestad configurativa se ejerció respetando los principios constitucionales y las garantías protegidas por el constituyente o si éstas han quedado desamparadas por la decisión legislativa que se estudia”.
[19] Sentencia de la Corte Constitucional C-798 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[20] Sentencias de la Corte Constitucional C-925 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y C-203 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[21] Sentencia de la Corte Constitucional C-925 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[22] Sentencia de la Corte Constitucional C-1512 de 2000 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[23] Sentencias de la Corte Constitucional C-728 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-1104 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas, entre otras.
[24] Sentencia de la Corte Constitucional C-1512 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[25] Sentencias de la Corte Constitucional C-1104 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas y C-1512 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[26] Sentencias de la Corte Constitucional C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.C-203 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[27] Sentencias de la Corte Constitucional C-1270 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell y C-038 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[28] Sentencia de la Corte Constitucional C-1270 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[29] Sentencia de la Corte Constitucional C-632 de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.
[30] Sentencia de la Corte Constitucional C-1714 de 2000, M.P. Jairo Charry Rivas.
[31] Sentencia de la Corte Constitucional C-632 de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.
[32] Sentencias de la Corte Constitucional C-1270 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-1104 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández y C-868 de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa; C-034 de 2014. M.P. María Victoria Calle.
[33] Sentencia de la Corte Constitucional C-980 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[34] Sentencias de la Corte Constitucional T-458 de 1994, M.P. Jorge Arango Mejía; C-339 de 1996, M.P. Julio Cesar Ortiz Gutiérrez; C-1512 de 2000 M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-383 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-980 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; C-248 de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo y T-440 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[35] Sentencias de la Corte Constitucional T-467 de 1995, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-238 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-061 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-154 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-039 de 1996, M.P. Antonio Barrera Carbonell; T-467 de 1995, T-238 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-061 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-641 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-154 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[36] Sentencia de la Corte Constitucional C-641 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[37] Sentencias de la Corte Constitucional C-214 de 1994. M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-641 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-939 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, y C-980 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[38] Sentencia de la Corte Constitucional T-140 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[39] Sentencia de la Corte Constitucional C-271 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[40] Sentencia de la Corte Constitucional T-280 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero
[41] Sentencia de la Corte Constitucional C-252 de 2001, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[42] Sentencias de la Corte Constitucional C-331 de 2012. M.P Luis Ernesto Vargas Silva y C-034 de 2014. M.P. María Victoria Calle.
[43] Sentencias de la Corte Constitucional T-416 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-034 de 2014. M.P. María Victoria Calle, y C-083 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[44] Sentencia de la Corte Constitucional T-945 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[45] Sentencia de la Corte Constitucional T-280 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero
[46] Sentencias de la Corte Constitucional T-359 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía; T-945 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-131 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-386 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-271 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil; A-147 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-1106 de 2005, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; C-893 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-912 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-954 de 2006; M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-957 de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería; T-996 de 2006, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-258 de 2007, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-762 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez; C-980 de 2010 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; C-983 de 10, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C-089 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C-012 de 2013 M.P. Mauricio González Cuervo; C-248 de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo
[47] Sentencia de la Corte Constitucional C-131 de 2002 M.P. Jaime Córdoba Triviño
[48] Sentencia de la Corte Constitucional C-271 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[49] Sentencia de la Corte Constitucional C-248 de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo
[50] Sentencias de la Corte Constitucional T- 957 de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y C-248 de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo
[51] Sentencias de la Corte Constitucional C-217 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y C-641 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-154 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[52] Sentencias de la Corte Constitucional C-200 de 2002; C-592 de 2005, C-1001 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis y C-187 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[53] Sentencias de la Corte Constitucional C-998 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis y C-047 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[54] Sentencia de la Corte Constitucional C-836 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[55] Sentencias de la Corte Constitucional C-648 de 2001 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y C-154 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis
[56] Sentencia de la Corte Constitucional C-154 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis
[57] Sentencia de la Corte Constitucional T-589 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[60] Corte IDH: Sentencia del 2 de julio de 2004 (Caso Herrera Ulloa contra Costa Rica)
[61] Corte IDH: Sentencia del 8 de julio de 2004 (caso Gómez Paquiyauri contra Perú)
[62] Corte IDH: Sentencia del 2 de julio de 2004 (caso Herrera Ulloa contra Costa Rica). Sentencia de 24 de septiembre de 1999 (caso Ivcher Bronstein contra Perú), Sentencia de 30 de mayo de 1999 (Castillo Petruzzi contra Perú), Sentencia de 19 de septiembre de 1999 (Caso Cesti Hurtado contra el Perú), Sentencia de 5 de julio de 2004 (caso 19 comerciantes contra Colombia), Sentencia de 29 de enero de 1997 (Genie Lacayo contra Nicaragua), Sentencia de 17 de septiembre de 1997 (Caso Loayza Tamayo contra el Perú), Durand y Ugarte contra el Perú (Sentencia del 16 de agosto de 2000).
[63] Corte IDH: Sentencia de 1 de marzo de 2005 (Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador), Sentencia del 7 de septiembre de 2004 (Caso Tibi Vs. Ecuador), Sentencia de 31 de agosto de 2004 (Caso Ricardo Canese contra Paraguay) y Sentencia de 5 de julio de 2004 (caso 19 Comerciantes).
[64] Corte IDH: Sentencia de 22 de noviembre de 2004 (caso Carpio Nicolle y otros Vs. Guatemala); Sentencia del 19 de noviembre de 2004 (Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala) y Sentencia de 7 de septiembre de 2004 (Caso Tibi Vs. Ecuador).
[66] Corte IDH: Sentencia de 31 de agosto de 2004 (caso Ricardo Canese), Sentencia del 18 de septiembre de 2004 (Caso Tibi Vs. Ecuador), Sentencia del 17 de septiembre de 1997 (Caso Loayza Tamayo contra Perú), Sentencia de 18 de agosto de 2000 (caso Cantoral Benavides contra el Perú).
[67] Corte IDH: Sentencia de 31 de agosto de 2004 (caso Ricardo Canese contra Paraguay)
[68] Corte IDH: Sentencia de 21 de enero de 1994 (caso Gangarm Panday contra Suriname) y sentencia de 16 de agosto de 2000 (caso Durand y Ugarte contra Perú), Sentencia del 7 de septiembre de 2004 (caso Tibi contra Ecuador), Sentencia de 12 de noviembre de 1997 (caso Suarez Rosero contra Ecuador).
[69] Sentencia de 30 de mayo de 1999 (Castillo Petruzzi contra Perú), Sentencia del 7 de septiembre de 2004 (caso Tibi contra Ecuador).
[70] Sentencia de 12 de noviembre de 1997 (caso Suarez Rosero contra Ecuador).
[71] Corte IDH: Opinión Consultiva OC-11/90. Sentencia de 17 de septiembre de 1997 (Caso Loayza Tamayo contra el Perú), Sentencia de 30 de mayo de 1999 (Castillo Petruzzi contra Perú), Sentencia del 7 de septiembre de 2004 (caso Tibi contra Ecuador).
[73] Corte IDH: Sentencia de 31 de agosto de 2004 (Caso Ricardo Canese contra Paraguay), Sentencia del 17 de septiembre de 1997 (Caso Loayza Tamayo contra Perú), Sentencia de 18 de agosto de 2000 (caso Cantoral Benavides contra el Perú). Sentencia de 30 de mayo de 1999 (Castillo Petruzzi contra Perú).
[74] Corte IDH: Sentencia del 17 de septiembre de 1997 (Caso Loayza Tamayo contra Perú), Sentencia de 18 de agosto de 2000 (caso Cantoral Benavides contra el Perú), Sentencia del 7 de septiembre de 2004 (caso Tibi contra Ecuador), Sentencia de 12 de 12 de septiembre de 2005 (Caso Gutiérrez Soler contra Colombia), Sentencia del 1 de febrero de 2006 (Caso López Álvarez contra Honduras).
[75] Corte IDH: Sentencia de 2 de julio de 2004 (Caso Ulloa Herrera contra Costa Rica), sentencia de 30 de enero de 2014 (caso Liakat Ali Alibux Vs. Suriname).
[76] Corte IDH: Sentencia del 17 de septiembre de 1997 (Caso Loayza Tamayo contra Perú).
[77] Corte IDH: Sentencia de 18 de agosto de 2000 (caso Cantoral Benavides contra el Perú), Sentencia de 30 de mayo de 1999 (Castillo Petruzzi contra Perú).
[78] Sentencias de la Corte Constitucional C-1083 de 2005, M.P. Jaime Araujo Rentería; T-954 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño y C-083 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[79] Sentencia de la Corte Constitucional C-180 de 2014. M.P. Alberto Rojas Ríos.
[80] Sentencia de la Corte Constitucional T-058 de 2006. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[81] Sentencia de la Corte Constitucional C- 200 de 2002. M.P. Dr. Álvaro Tafur Galvis.
[82] Sentencia de la Corte Constitucional C-383 de 05, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Ver también las Sentencias de la Corte Constitucional C-680 de 1998 M.P. Carlos Gaviria Díaz y C-131 de 2002 M.P. Jaime Córdoba Triviño en la que se señaló “La sola consagración del debido proceso como derecho fundamental, no puede derivarse, en manera alguna, una idéntica regulación de sus distintos contenidos para los procesos que se adelantan en las distintas materias jurídicas pues, en todo aquello que no haya sido expresamente previsto por la Carta, debe advertirse un espacio apto para el ejercicio del poder de configuración normativa que el pueblo ejerce a través de sus representantes. La distinta regulación del debido proceso a que pueda haber lugar en las diferentes materias jurídicas, siempre que se respeten los valores superiores, los principios constitucionales y los derechos fundamentales, no es más que el fruto de un proceso deliberativo en el que, si bien se promueve el consenso, también hay lugar para el disenso pues ello es así ante la conciencia que se tiene de que, de cerrarse las puertas a la diferencia, se desvirtuarían los fundamentos de legitimidad de una democracia constitucional.”
[83] Sentencias de la Corte Constitucional C-562 de 1997 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y C-383 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[84] Sentencia de la Corte Constitucional T-001 de 1993 M.P. Jaime Sanín Grafestein.
[85] La extensión del debido proceso a las actuaciones administrativa constituye una de las notas características de la Constitución Política de 1991. Al respecto, y en un escenario semejante al que debe abordarse en esta decisión, ver la sentencia C-980 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. En el mismo sentido la Sentencia T-073 de 1997 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. En esta oportunidad la Sala Octava de decisión no encontró que la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Neiva hubiese incurrido en vía de hecho al declarar la preclusión de la investigación en el proceso por hurto en el que estaba en juego la declaración de una presunta sociedad de hecho conformada entre distintos sujetos (uno de ellos el peticionario en sede de tutela). Ver también la Sentencia T-945 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[86] Sentencias de la Corte Constitucional T-1263 de 2001 M.P. Jaime Córdoba Triviño y C-154 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[87] Sentencia de la Corte Constitucional C-089 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[88] Sentencias de la Corte Constitucional C-1083 de 2005, M.P. Jaime Araujo Renteria y T-954 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[89] Sentencia de la Corte Constitucional C-838 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[90] Sentencia de la Corte Constitucional C-838 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[91] Sentencia de la Corte Constitucional C-127 de 2011, M.P. María Victoria Calle Correa.
[93] Ibídem. Ver también la Sentencia de la Corte Constitucional T-258 de 2007, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[94] Sentencia de la Corte Constitucional C-127 de 2011, M.P. María Victoria Calle Correa.
[95] Sentencia de la Corte Constitucional C-127 de 2011, M.P. María Victoria Calle Correa.
[96] Sentencia de la Corte Constitucional C-540 de 1997. M.P. Hernando Herrera Vergara.
[97] Sentencia de la Corte Constitucional C-034 de 2014. M.P. María Victoria Calle.
[98] Sentencias de la Corte Constitucional C-540 de 1997. M.P. Hernando Herrera Vergara; C-034 de 2014. M.P. María Victoria Calle y C-083 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado
[99] Sentencia de la Corte Constitucional T-954 de 2006; M.P. Jaime Córdoba Triviño
[100] Sentencias de la Corte Constitucional T-612 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-1249 de 2004, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-366 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-527 de 2009, M.P. Nilson Pinilla Pinilla y T-647 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[101] Corte Interamericana de Derechos Humanos, C-aso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador., Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala., Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua., Caso Forneron e Hija Vs. Argentina, Caso González Medina y familiares Vs. República Dominicana, Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia, Caso Vélez Loor Vs. Panamá, Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala., Caso López Mendoza Vs. Venezuela., Caso Fleury y otros Vs. Haití., Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile., Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras
[102] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador: 67. Con respecto al principio del plazo razonable contemplado en el artículo 8.1 de la Convención Americana, este Tribunal ha establecido que es preciso tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el que se desarrolla un proceso: a) complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado y c) conducta de las autoridades judiciales”. Cfr. Caso Tibi, supra nota 20, párr. 175; Caso Ricardo Canese. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 141; y Caso 19 Comerciantes, supra nota 15, párr. 190. En igual sentido cfr. Wimmer v. Germany, no. 60534/00, §23, 24 February 2005; Panchenko v. Russia, no. 45100/98, § 129, 08 February 2005; y Todorov v. Bulgaria, no. 39832/98, § 45, 18 January 2005.
[103] Sentencias de la Corte Constitucional T-450 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero y T-368 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[104] Ibídem. Ver también las Sentencias de la Corte Constitucional C-731 de 2005, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y T-258 de 2007, M.P. Clara Inés Vargas Hernández y C-083 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
[105] Sentencias de la Corte Constitucional T-589 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y T-171 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[106] Sentencia de la Corte Constitucional T-555 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[107] Sentencia de la Corte Constitucional C-034 de 2014. M.P. María Victoria Calle.
[108] Sentencia de la Corte Constitucional T-970 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[109] Sentencias de la Corte Constitucional T-100 de 1998, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-579 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[110] Sentencia de la Corte Constitucional T-171 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[111] Sentencia de la Corte Constitucional T-555 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[112] Sentencia de la Corte Constitucional T-555 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[113] Sentencia de la Corte Constitucional SU842 de 2013, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[114] Sentencia de la Corte Constitucional C-034 de 2014. M.P. María Victoria Calle
[115] Sentencias de la Corte Constitucional C-598 de 2011, MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. SPV. María Victoria Calle Correa y C-034 de 2014. M.P. María Victoria Calle
[116] Sentencia de la Corte Constitucional T-589 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[117] Sentencia de la Corte Constitucional C-034 de 2014. M.P. María Victoria Calle
[118] Sentencia de la Corte Constitucional C-034 de 2014. M.P. María Victoria Calle
[119] Sentencia de la Corte Constitucional T-579 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[120] Sentencia de la Corte Constitucional C-034 de 2014. M.P. María Victoria Calle
[121] Sentencias de la Corte Constitucional T-920 de 2004. M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra y T-579 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[122] Sentencia de la Corte Constitucional T-555 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[123] Sentencia de la Corte Constitucional T-555 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[124] Sentencia de la Corte Constitucional T-589 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[125] Sentencia de la Corte Constitucional T-589 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[126] Sentencia de la Corte Constitucional T-555 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[127] Sentencia de la Corte Constitucional T-589 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[128] Sentencia de la Corte Constitucional T-555 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[129] Sentencia de la Corte Constitucional T-555 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[130] Sentencia de la Corte Constitucional T-100 de 1998, M.P. José Gregorio Hernández Galindo
[131] Sentencia de la Corte Constitucional T-555 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[132] Sentencia de la Corte Constitucional T-555 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[133] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 21 de febrero de 2007, Radicación: 25920, M.P. Javier de Jesús Zapata Ortiz, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 04 de abril de 2009, Radicación: 28628, M.P. José Leónidas Bustos Martínez.
[134] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 19 de febrero de 2009, Radicación: 30598, M.P. María del Rosario González de Lemos.
[135] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 19 de febrero de 2009, Radicación: 30598, M.P. María del Rosario González de Lemos.
[136] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de 27 de junio de 2012, Radicación: 34867, M.P. José Leonidas Bustos Martínez; Sentencia de 18 de agosto de 2010, Radicación: 33559, M.P. Jorge Luis Quintero Milanés; Sentencia de 29 de abril de 2015, Radicación: 45469, .M.P. Eyder Patiño Cabrera.
[137] Corte Suprema de Justicia , Sala de Casación Penal: Sentencia de 23 de mayo de 2006, Radicación:25260, M.P. Sigilfredo Espinosa Pérez; Sentencia de 21 de febrero de 2007, Radicación: 25920, M.P. Javier de Jesús Zapata Ortiz; Sentencia de 23 de abril de 2008, Radicación: 29416, M.P. Yesid Ramirez Bastidas; Sentencia de 08 de octubre de 2008, Radicación: 28195, M.P. Julio Enrique Soacha Salamanca; Sentencia de 09 de junio de 2010, Radicación: 33816, M.P. Julio Enrique Soacha Salamanca; Sentencia de 15 de septiembre de 2010, Radicación: 32361, M.P. José Leonidas Bustos Martinez; Sentencia del 17 de noviembre de 2010, Radicación: 34940, M.P. Jorge Luis Quintero Milanés; Sentencia de 21 de septiembre de 2011, Radicación: 32136, M.P. María del Rosario González de Lemos; Sentencia de 5 de agosto de 2014, M.P. Fyder Patiño Cabrera, Radicación: 43.691; Sentencia de 8 de agosto de 2012, Radicación: 38800, M.P. Julio Enrique Soacha Salamanca; Sentencia de 10 de diciembre de 2012, Radicación: 40101, M.P. María del Rosario González Muñoz; Sentencia de 29 de mayo de 2013, Radicación: 39835, M.P. José Luis Barcelo Camacho; Sentencia de 09 de octubre de 2013, Radicación: 41915, M.P. María del Rosario Gonzalez Muñoz; Sentencia del 11 de diciembre de 2013, Radicación: 40629, M.P. Eyder Patiño Cabrera; Sentencia de 12 de noviembre de 2014, Radicación: 44376, M.P. María del Rosario Gonzalez Muñoz; Sentencia de 11 de febrero de 2015, Radicación: 45121, M.P. Eyder Patiño Cabrera.
[138] Sentencia de 04 de abril de 2009, Radicación: 28628, M.P. José Leonidas Bustos Martínez ; Sentencia de 09 de junio de 2010, Radicación: 33816, M.P. Julio Enrique Soacha Salamanca; Sentencia de 21 de febrero de 2007, Radicación: 25920, M.P. Javier de Jesús Zapata Ortiz ; Sentencia de 23 de mayo de 2006, Radicación: 25260, M.P. Sigilfredo Espinosa Pérez; Sentencia de 23 de abril de 2008, Radicación: 29416, M.P. Yesid Ramírez Bastidas; Sentencia de 08 de octubre de 2008, Radicación: 28195, M.P. Julio Enrique Soacha Salamanca; Sentencia de 09 de junio de 2010 Radicación: 33816, M.P. Julio Enrique Soacha Salamanca; Sentencia de 15 de septiembre de 2010, Radicación: 32361, M.P. José Leonidas Bustos Martinez ; Sentencia de 17 de noviembre de 2010, Radicación: 34940, M.P. Jorge Luis Quintero Milanés; Sentencia de 23 de mayo de 2012, Radicación: 35565, M.P. Luis Guillermo Salazar Olero; Sentencia de 10 de diciembre de 2012, Radicación: 40101, M.P. María del Rosario González Muñoz ; Sentencia de 12 de noviembre de 2014, Radicación: 44376, M.P. María del Rosario González Muñoz ; Sentencia de 11 de febrero de 2015, Radicación: 45121, M.P. Eyder Patiño Cabrera.
[139] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 08 de octubre de 2008, Radicación: 28195, M.P. Julio Enrique Soacha Salamanca.
[140] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de 21 de septiembre de 2011, Radicación: 32136, M.P. María del R osario González de Lemos; Sentencia de 27 de febrero de 2013, Radicación: 4643, M.P. Gustavo Enrique Malo Fernández; Sentencia de 04 de junio de 2013, Radicación: 41000, M.P. María del Rosario González Muñoz; Sentencia de 11 de febrero de 2015, Radicación: 45121, M.P. Eyder Patiño Cabrera.
[141] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia de 27 de febrero de 2013, Radicación: 40643, M.P. Gustavo Enrique Malo Fernández.
[142] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 5 de agosto de 2014, Radicación: 43691, M.P Eyder Patiño Cabrera.
[143] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 18 de agosto de 2010, Radicación: 33559, M.P Jorge Luis Quintero Milanés.
[145] En cuanto al numeral 3, el honorable Senador Gómez Gallo presentó la siguiente Proposición: ¿Asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción. En caso de requerirse medidas adicionales que impliquen afectaciones de derechos fundamentales, deberá obtenerse la respectiva autorización por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías para poder proceder a ello tal proposición fue sustentada diciendo que lo que se busca con esta proposición es la posibilidad de poder practicar diligencias anticipadas, en tal caso se debe pedir autorización al juez que ejerza control de garantías, dicha proposición fue aprobada.
[147] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia de 5 de agosto de 2009, Radicación: 31898, M.P. Jorge Luis Quintero Milanés.
[151] Sentencia de la Corte Constitucional C-034 de 2014. M.P. María Victoria Calle
[152] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, EYDER PATIÑO CABRERA. Magistrado ponente SP10303-2014, Radicación N° 43.691. (Aprobado Acta N° 254), Bogotá D.C., cinco (5) de agosto de dos mil catorce (2014).
[153] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 27 de febrero de 2013, Radicación: 40643, M.P Gustavo Enrique Malo Fernández.
[154] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia de 25 de febrero de 2015, Radicación: 43040, M.P Eugenio Fernández Carlier.
[155] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 04 de abril de 2009, Radicación: 28628, M.P. José Leónidas Bustos Martínez, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 09 de junio de 2010, Radicación: 33816, M.P Julio Enrique Socha Salamanca; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 21 de febrero de 2007, Radicación: 25920, M.P. Javier de Jesús Zapata Ortiz; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 23 de mayo de 2006, Radicación: 25260, M.P. Sigifredo Espinoza Pérez; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 23 de abril de 2008, Radicación: 29416, M.P. Yesid Ramírez Bastidas; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 08 de octubre de 2008, Radicación: 28195, M.P. Julio Enrique Soacha Salamanca; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 09 de junio de 2010, Radicación: 33816, M.P Julio Enrique Socha Salamanca; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 15 de septiembre de 2010, Radicación: 32361, M.P José Leónidas Bustos Martínez; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 17 de noviembre de 2010, Radicación: 34940, M.P Jorge Luis Quintero Milanés; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 23 de mayo de 2012, Radicación: 35565, M.P Luis Guillermo Salazar Otero; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 10 de diciembre de 2012, Radicación: 40101, M.P María del Rosario González Muñoz; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 12 de noviembre de 2014, Radicación: 44376, M.P María del Rosario González Muñoz; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia de 11 de febrero de 2015, Radicación: 45121, M.P Eyder Patiño Cabrera.
[156] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 5 de agosto de 2014, Radicación: 43691, M.P Eyder Patiño Cabrera.
[157] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 23 de abril de 2008, Radicación: 29416, M.P. Yesid Ramírez Bastidas; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 08 de octubre de 2008, Radicación: 28195, M.P. Julio Enrique Soacha Salamanca; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 09 de junio de 2010, Radicación: 33816, M.P Julio Enrique Socha Salamanca; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 15 de septiembre de 2010, Radicación: 32361, M.P José Leónidas Bustos Martínez; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 17 de noviembre de 2010, Radicación: 34940, M.P Jorge Luis Quintero Milanés; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 23 de mayo de 2012, Radicación: 35565, M.P Luis Guillermo Salazar Otero; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 10 de diciembre de 2012, Radicación: 40101, M.P María del Rosario González Muñoz; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 12 de noviembre de 2014, Radicación: 44376, M.P María del Rosario González Muñoz; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia de 11 de febrero de 2015, Radicación: 45121, M.P Eyder Patiño Cabrera.