Source: http://conflictuslegum.blogspot.fr/2017/02/
Timestamp: 2017-12-11 14:57:51
Document Index: 24778313

Matched Legal Cases: ['Artículo 7', 'Artículo 9', 'Artículo 53', 'Artículo 44', 'Artículo 58', 'Artículo 60', 'Artículo 19', 'Artículo 54', 'Artículo 52', 'Artículo 35', 'de lege ferenda', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 9']

Conflictus Legum: 1/02/17 - 1/03/17
-Asunto C-289/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 11 de enero de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Krajský súd v Prešove — Eslovaquia) — Proceso penal contra Jozef Grundza (Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia penal — Decisión Marco 2008/909/JAI — Artículo 7 — Requisito de la doble tipificación — Artículo 9 — Motivo de la negativa al reconocimiento y a la ejecución basado en la ausencia de doble tipificación — Nacional del Estado de ejecución condenado en el Estado de emisión por contravenir a una resolución dictada por una autoridad pública)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 11.1.2017.
-Asunto C-526/15: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 27 de octubre de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel — Bélgica) — Uber Belgium BVBA/Taxi Radio Bruxellois NV (Procedimiento prejudicial — Artículo 53, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Inadmisibilidad — Transporte de personas en automóvil — Conductores particulares que utilizan una aplicación para el teléfono inteligente que les permite entrar en contacto con personas que desean desplazarse por la ciudad — Obligación de disponer de una autorización de explotación)
Fallo del Tribunal: "La petición de decisión prejudicial planteada por el Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel (Tribunal Mercantil neerlandófono de Bruselas, Bélgica), mediante resolución de 23 de septiembre de 2015, es manifiestamente inadmisible."
Texto completo del Auto [aquí]
[DOUE C63, de 27.2.2017]
Etiquetas: D.Competencia, D.Penal, DOUE, DPPI, Jurisprudencia, TJUE
Acaba de publicarse la 6ª edición de la obra "Derecho Internacional Privado: Textos y Materiales", de J.C. Fernández Rozas y P.A. de Miguel Asensio (Universidad Complutense de Madrid), editada por Thomson-Reuters Civitas.
El Derecho internacional privado y las relaciones que ordena experimentan en la actualidad una extraordinaria transformación, que tiene reflejo en sus fuentes documentales básicas. Para conocer este sector del ordenamiento y su aplicación resulta necesario el manejo no sólo de los múltiples textos legales vigentes sino también de otros materiales de la práctica, en particular, decisiones judiciales de especial relevancia en la interpretación de ciertas normas o que presentan particular interés como punto de partida para el debate o la indagación sobre aspectos concretos de la asignatura. Este volumen incorpora una selección de textos -de origen nacional, europeo e internacional- básicos para el estudio del Derecho internacional privado, incluyendo legislación, jurisprudencia y materiales de la práctica extrajudicial. Entre sus novedades, esta sexta edición incorpora el Reglamento (UE) 2016/1103, de 24 de junio de 2016, sobre la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales, así como el Reglamento (UE) 2016/1104 en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas. También incluye las normas de Derecho internacional privado de otros nuevos instrumentos como el Reglamento (UE) 2016/679 general de protección de datos, así como resoluciones relevantes pronunciadas en 2016 por distintos órganos, especialmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
CAPÍTULO II - COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL: RÉGIMEN GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA
CAPÍTULO III - COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL: CONVENIOS INTERNACIONALES DE ALCANCE GENERAL Y RÉGIMEN DE FUENTE INTERNA
CAPÍTULO IV - DERECHO APLICABLE: TÉCNICAS DE REGLAMENTACIÓN Y APLICACIÓN DEL DERECHO EXTRANJERO
2. La norma de conﬂicto: caliﬁcación, reenvío, remisión a un sistema plurilegislativo y orden público
CAPÍTULO VIII - OBLIGACIONES, BIENES E INSOLVENCIA
"Derecho Internacional Privado. Textos y materiales" (DUO) (6ª edic.)
Editorial Civitas-Thomson Reuters, enero 2017
936 págs. - 54 €
ISBN: 978-84-9152-629-2
-Arbitraje: 2016, núm. 3.
-Justicia: 2016, núm. 2.
-Neue Juristische Wochenschrift: 2017, núm. 6.
-Revista de Fiscalidad Internacional y Negocios Transnacionales: 2016, núm. 1; 2016, núm. 2; 2016, núm. 3.
-ZEuP - Zeitschrift für europäisches Privatrecht: 2017, núm. 1.
-ÁNGEL ESPINIELLA MENÉNDEZ, Profesor Titular de Derecho Internacional Privado, Universidad de Oviedo. Disposición adicional primera, Disposición adicional segunda y Disposición adicional tercera.
-ALBERT FONT i SEGURA, Profesor Titular de Derecho Internacional Privado, Universitat Pompeu Fabra (Barcelona). Artículos 1, 2, 3 y 4.
-MARÍA ARÁNZAZU GANDÍA SELLENS, Senior Research Fellow, Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law. Artículos 5, 12, 18 y Disposición transitoria única.
-FEDERICO F. GARAU SOBRINO, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad de las Illes Balears. Artículos 42 y 44, apartados 1, 2 y 3.
-MÓNICA HERRANZ BALLESTEROS, Profesora Titular de Derecho Internacional Privado, Universidad Nacional de Educación a Distancia. Artículos 7 y 8.
-ALFONSO RENTERÍA AROCENA, Registrador de la Propiedad de Bilbao nº 2, Notario en excedencia Artículo 44, apartado 4, y Disposición final segunda, Disposición final vigésima quinta apartado 6.
-JOSÉ LUIS IGLESIAS BUHIGUES, Catedrático Emérito de Derecho Internacional Privado, Universitat de València. Artículos 41, 43 y 46.
-PILAR JIMÉNEZ BLANCO, Catedrática acreditada de Derecho Internacional Privado, Universidad de Oviedo. Artículos 50 y 51.
-ÁNGELES LARA AGUADO, Profesora Titular de Derecho Internacional Privado, Universidad de Granada. Disposición final cuarta.
-JORGE LÓPEZ FERNÁNDEZ, Registrador de la Propiedad. Artículos 59, Disposición final segunda, Disposición final vigésima quinta apartados 2 y 8, y Disposición final segunda, Disposición final vigésima sexta apartado 9.
-NURIA MARCHAL ESCALONA, Profesora Titular de Derecho Internacional Privado, Universidad de Granada. Artículos 23 y 25.
-FERNANDO P. MÉNDEZ GONZÁLEZ, Registrador de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles, Profesor Asociado Derecho Civil de la Universidad de Barcelona. Artículo 58.
-FRANCISCO MOLINA BALAGUER, Registrador de la Propiedad. Disposición final segunda, Disposición final vigésima sexta apartados 11, 12 y 13 (con NURIA RAGA SASTRE).
-NICOLÁS NOGUEROLES PEIRÓ, Registrador de la Propiedad, Profesor Asociado de Derecho Civil, Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Artículo 60.
-ALFONSO ORTEGA GIMÉNEZ, Profesor Contratado Doctor de Derecho Internacional Privado, Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante). Artículo 19.
-GUILLERMO PALAO MORENO, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universitat de València. Artículos 33 y 34.
-JOSÉ IGNACIO PAREDES PÉREZ, Profesor Asociado de Derecho Internacional Privado, Universidad de Alcalá de Henares. Artículo 54.
-CARMEN PARRA RODRÍGUEZ, Profesora Titular de Derecho Internacional Privado, Universidad Abat Oliba CEU. Artículos 6, 9 y 10.
-CRISTINA PELLISÉ DE URQUIZA, Profesora Titular de Derecho Internacional Privado, Universitat de Barcelona. Disposición final tercera.
-PABLO QUINZÁ REDONDO, Profesor Ayudante Doctor de Derecho Internacional Privado, Universitat de València. Artículos 37, 38, Disposición final quinta y Disposición final sexta.
-NURIA RAGA SASTRE, Registradora de la Propiedad. Disposición final segunda, Disposición final vigésima sexta apartados 11, 12 y 13 (con FRANCISCO MOLINA BALAGUER).
-ANDRÉS RODRÍGUEZ BENOT, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Artículos 11 y 15.
-JOSÉ SIMEÓN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Registrador de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles, Excedente en la Carrera Diplomática. Disposición final segunda, Disposición final vigésima sexta apartados 14, 15 y 16.
-Mª ÁNGELES RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, Profesora Contratada Doctora de Derecho Internacional Privado (acred. Titular), Universidad de Sevilla. Artículos 53 y 55.
-ELISA TORRALBA MENDIOLA, Profesora Titular de Derecho Internacional Privado, Universidad Autónoma de Madrid. Artículo 52.
-Mª TERESA TOURIÑÁN MORANDEIRA, Registradora de la Propiedad, Mercantil y Bienes Muebles. Artículo 35.
-MARINA VARGAS GÓMEZ-URRUTIA, Profesora Titular de Derecho Internacional Privado, Universidad Nacional de Educación a Distancia. Artículos 16 y 17.
Jurisprudencia - Concesión de permiso de residencia temporal y posterior denegación del visado
Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Sentencia de 20 Julio 2016, Rec. 3839/2015: Visado de entrada. Denegación. Concesión previa de permiso de residencia temporal por reagrupación familiar. La autorización es válida por sí misma, aunque su eficacia y consiguiente despliegue de efectos queda supeditada a la obtención y expedición del visado. Cuando la documentación aportada en su día es reproducción fiel del original auténtico, y como tal ya ha sido valorada y considerada adecuada y suficiente por la autoridad que concedió la autorización de residencia por reagrupación, no es posible rectificar esta valoración con la única base en el personal y diferente criterio de quien resuelve sobre la expedición del visado acerca de la suficiencia de esos documentos a los fines pretendidos.
Nº de Recurso: 3839/2015
Iustel - Diario Del Derecho, 24 febrero 2017, sección Jurisprudencia
[Texto en CENDOJ: STS 3735/2016 - ECLI: ES:TS:2016:3735]
El Congreso de los Diputados ha acordado tramitar la correspondiente autorización para proceder a la ratificación del Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, hecho en Ginebra el 11 de junio de 2014 (BOCG. Sección Cortes Generales, serie C, núm. 24-1, de 24.2.2017).
Nota: La definición de trabajo forzoso u obligatorio prevista en el art. 2 del Convenio abarca el trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas y manifestaciones, y se aplica a todos los seres humanos sin distinción. Los Miembros que han ratificado el Convenio tienen la obligación de cerciorarse de que el trabajo forzoso u obligatorio sea objeto de sanciones penales, con inclusión de sanciones impuestas por la ley que sean realmente eficaces y se apliquen estrictamente. A pesar de ello, un número creciente de trabajadores se encuentran en situación de trabajo forzoso u obligatorio en la economía privada; en concreto, ciertos grupos de trabajadores corren un riesgo mayor de ser víctimas de trabajo forzoso u obligatorio, en particular los migrantes. Ante todo ello, este Protocolo pretende subsanar las lagunas en la aplicación del Convenio, a la vez que reafirma que las medidas de prevención y de protección y las acciones jurídicas y de reparación, tales como indemnización y readaptación, son necesarias para lograr la supresión efectiva y sostenida del trabajo forzoso u obligatorio.
Véase la Decisión del Consejo de 10.11.2015 por la que se autoriza a los Estados miembros a ratificar este Protocolo en interés de la UE, así como la entrada de este blog del día 14.11.2015.
Etiquetas: Cortes Generales, D.Obligaciones, D.Penal, D.Persona
[DOUE C59, de 23.2.2017]
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Bibliografía - La gestación por sustitución en las Salas de lo Social del TS y de los TSJ
La gestación por sustitución en las Salas de lo Social del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia. A propósito de la prestación por maternidad en los casos de nacimientos derivados de convenio gestacional
Antonio J. VELA SÁNCHEZ, Profesor Titular de Derecho Civil (Universidad Pablo de Olavide de Sevilla)
Diario La Ley, Nº 8927, Sección Doctrina, 22 de Febrero de 2017
La Sala Cuarta, de lo Social, del Tribunal Supremo, ha dictado recientemente varias sentencias reconociendo la prestación de maternidad a favor del comitente de un convenio de gestación por sustitución realizado en país cuya legislación lo contempla, pero, al mismo tiempo, y aunque parece reconocer, en principio, que no le corresponde pronunciarse sobre el fondo del problema, es muy propicio, a diferencia de la Sala Primera, a la eficacia y protección jurídica de tal convenio gestacional, asumiendo plenamente el criterio positivo de numerosas sentencias de diferentes Tribunales Superiores de Justicia.
Las Salas de lo Social del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, para determinar si procede la prestación de maternidad, han tenido que plantearse la eficacia o no, en España, de los convenios de gestación por sustitución realizados por españoles en países que legalmente los consienten. Aunque se parte, obviamente, de la nulidad del convenio gestacional en nuestro Derecho (ex art. 10, 1.º LTRHA), no obstante, se admiten varias ideas esenciales que confirman una posición permisiva en esta sede, a diferencia de los cicateros criterios mantenidos por la Sala de lo Civil del Alto Tribunal. Así, varias Sentencias del TSJ de Madrid reconocen el derecho fundamental a la reproducción de las personas, que puede ser ejercitado a través del convenio gestacional, añadiendo el Tribunal Supremo que no puede discriminarse a quienes deseen acceder a la paternidad o maternidad. Asimismo, tanto los Tribunales Superiores de Justicia como el Tribunal Supremo han admitido, primero, el criterio volitivo como elemento determinante de la filiación jurídica, de modo que la condición de progenitor no es solo biológica, sino que también puede proceder de la inscripción en el Registro Civil de una filiación derivada de negocio gestacional; segundo, la irrevocabilidad ab initio del consentimiento prestado por las partes en tal convenio reproductivo y la validez de la renuncia de la mujer gestante a la maternidad; en tercer lugar, han refrendado la validez de la inscripción de la filiación, tanto derivada de una sentencia extranjera firme ―de acuerdo con la Instrucción de la DGRN de 2010―, como de una certificación registral extranjera ―conforme a la RDGRN de 18 de febrero de 2009 y en previsión del régimen jurídico que instaurará la nueva Ley del Registro Civil―; y, finalmente, han destacado la relevancia en esta sede del postulado del interés superior del menor, que debe llevar a respetar su derecho a disfrutar plenamente de su vida familiar y privada (ex art. 8 en relación con el 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos).
Etiquetas: Bibliografía, D.Familia, D.Público, DPCI
Publicado por Federico Garau a las 18:01:00 0 comentarios
Presidente: Prof. Dr. don Ernesto Eseverri Martínez. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Granada.
[BOE n. 44, de 21.2.2017]
-Aranzadi Civil-Mercantil: 2016, núm. 10; 2016, núm. 11; 2017, núm. 1.
-Europa e Diritto Privato: 2016, núm. 4.
-Justicia. Revista de Derecho Procesal: 2016, núm. 1.
-Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal: num. 26 (2017).
-Revista Jurídica de Catalunya: 2016, núm. 3; 2016, núm. 4.
Bibliografía (Revista de revistas) - Paix et Sécurité internationales (4/2016)
Contenidos del núm. 4 (2016) de la revista "Paix et Sécurité internationales":
-Rachel R. ROSENBLOOM, Federalism and Fundamental Rights: Safeguarding the Rights of Undocumented Immigrants in the United States and the European Union
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Aux États-Unis comme en Europe, nombreux gouvernements ont intensifié les initiatives visant à endiguer l’immigration irrégulière. Les mesures de contrôle direct, tels que les contrôles aux frontières, ne forment que l'un des aspects de ces efforts. Un autre aspect clé sont les mesures de contrôle indirect, sous forme de lois visant à restreindre l'accès à l'emploi, à l'éducation, au logement ou aux services publics. Le présent article fait le point de l'évolution récente aux États-Unis des contrôles indirects de l’immigration, et établit les grandes lignes de comparaison avec les développements analogues au sein de l'Union Européenne.
L'article offre un compte rendu de la vague de lois, au niveau des États aussi bien qu'au niveau local, qui a balayé les États-Unis entre 2006 et 2011, et offre un résumé de la jurisprudence relative à la constitutionalité desdites mesures. L'article offre ensuite quelques premières comparaisons entre les États-Unis et l'Union européenne. Ces comparaisons mettent en relief les différences dans la lutte contre les lois anti-immigration, entre une stratégie fédéraliste d'une part (en Europe, on parlera de compétence), et d'autre part, une stratégie visant à révéler ces lois comme contraires aux droits fondamentaux des personnes.
-Adil MOUSSEBBIH, Le financement des partis politiques au Maroc à la lumière de la législation et de la jurisprudence constitutionnelle
Les partis politiques sont des institutions vitales dans les démocraties contemporaines. La question du financement de la vie politique est l'épine dorsale de tout système politique. Le présent article permet donc d’examiner au préalable le cadre juridique déterminant les conditions de la participation de l’État au financement des partis politiques lors des élections législatives ainsi que les critères de répartition des dotations accordées par l’État et le contrôle exercé sur les moyens octroyés. L’article se réfère dans son développement à la jurisprudence du Conseil constitutionnel marocain relative à un point important introduit dans le code électoral, à savoir le plafonnement des dépenses électorales.
-Nora SEDDIKI-EL HOUDAIGUI, Centralité du droit dans le développement Socio-Economique
Le développement socio-économique soutenu ne peut être réalisé sans le cadrage du droit qui offre d’abord un positionnement juridique. Le système juridique de chaque Etat comporte un ordonnancement des normes qui détermine ce positionnement. Celui-ci donne un encrage ayant des effets sur le long terme. La spécificité des systèmes juridiques nationaux est à relever. Il est donc une question fondamentale qui est celle du rôle du droit pour orienter les politiques publiques et ce afin de servir la volonté collective de développement économique et social, facteur de paix sociale et d’amélioration des conditions de vie.
-Teresa RUSSO, Some Brief Reflections concerning the Mobility Partnership in the EU External Migration Policy
Ce travail se concentre sur les aspects les plus pertinents des choix de la politique migratoire extérieure de l’UE à travers l’instrument de partenariat de mobilité qui a été proposé comme cadre général pour la gestion des flux migratoires en provenance des pays tiers. Son principal objectif était de tenir dûment compte des intérêts et des objectifs de l’UE, les pays partenaires et les migrants eux-mêmes. Ainsi, le partenariat a été inclus parmi les instruments de la politique de migration externe avec des fonctionnalités supplémentaires et différentes que ses homonymes antérieures de relations extérieures de l’Union. Néanmoins, la nécessité de contenir la pression migratoire en provenance d’Afrique et de la Méditerranée, un domaine dans lequel l’Union a reconnu les actions prioritaires, affecte la forme et le contenu des rares partenariats conclus jusqu’à présent et a un impact négatif sur ses résultats, ainsi que sur le respect des droits fondamentaux des migrants.
Dossier: Droit International Privé: Droit de Famille au Maroc
-Mercedes MOYA ESCUDERO, Présentation
-Andrés RODRIGUEZ BENOT, Le statut personnel des marocains à l’égard de l’ordre juridique espagnol: observations générales et propositions de lege ferenda
Pour réglementer le statut personnel des marocains qui résident dans Espagne faut-il analyser d’abord les quatre facteurs qui composent le cadre juridique et politique relatif au sujet : migratoire, social, technique et religieux. Après cette tâche, il est nécessaire étudier les changements dans les systèmes de Droit international privé des pays occidentaux et des pays musulmans, lesquels amplifient la distance entre eux. Finalement, cet article offrira une tentative de réponse à la question posée au début étant donné que la communion humaine entre des peuples voisins oblige les Etats d’accueil à se doter d’un cadre juridique transnational pour réglementer les situations familiales survenues et développées dans l’espace géopolitique qu’ils occupent.
-Mercedes SOTO MOYA, Droit à la vie en famille. Un parcours difficile depuis le Maroc
Le droit à la vie en famille et à l’intimité familiale sont des facteurs clés dans toute politique migratoire, mais la « peur » du regroupement familial comme voie d’entrée et son effet potentiel multiplicateur a été et continue d’être une constante dans la gestion actuelle des migrations internationales. Cependant, il nous faut préciser que l’objet de ce travail ne consiste pas à analyser, en général, la régulation du regroupement familial dans le domaine international, ou communautaire, ni même espagnol. L’objectif est d’axer notre étude sur une question très concrète, dans le but que ce soit un guide pour les ressortissants marocains qui désirent venir en Espagne en tant que conjoint ou partenaire d’un/e espagnol/e, ou d’un/e autre ressortissant/e d’un Etat tiers. Nous verrons que le parcours est long et truffé d’obstacles. L’union avec un/e espagnol/e n’est plus synonyme d’entrée sûre et facile. Et ne parlons pas des cas où, si au lieu d’une union avec un espagnol, il s’agit d’un citoyen d’un Etat tiers ! Les obstacles sont multiples et le regroupement est un parcours plus que difficile.
-Irene BLAZQUEZ RODRIGUEZ, La célébration du mariage avec un ressortissant étranger. Le cas des citoyens marocains
Le nombre de marriage quand l’un ou les deux contratants sont citoyens marocains a augmenté au cours des dernières années. L’objetif de cette étude était d’analyser les principaux problèmes pratiques identifiès actuellement en ce qui concerne la validité de la célébration du marriage civil ou selon le rite islamique –en Espagne ou en Maroc-, ansi que dans la reconnaissance et l’enregistrement à l’État Civil Espagnol de ces unions qui presentent un caractère d’extranéité.
-Nuria MARCHAL ESCALONA, Problèmes actuels de reconnaissance de la kafala marocaine auprès des autorités espagnoles
La kafala est une institution qui possède un fort caractère religieux. Il ne s'agit pas seulement de maintenir et de prendre soin d’un mineur, mais aussi de l'élever dans la foi musulmane. L'inaccomplissement de cette obligation a provoqué la réaction du gouvernement marocain qui s’est opposé à ce que puisse être attribuée une kafala aux étrangers non-résidents au Maroc. Cependant, malgré cette interdiction, la kafala marocaine continue de poser des problèmes aux autorités espagnoles. L'objet du présent travail est d'analyser les difficultés suscitées.
-Ricardo RUEDA VALDIVIA, Modification en Espagne des jugements rendus au Maroc en matière d’aliments
Les demandes de modification des décisions de justice marocaines en matière d'aliments présentées auprès des autorités judiciaires espagnoles par des ressortissants du Maroc résidant en Espagne ou à l´étranger posent une série de problèmes de Droit international privé (compétence judiciaire internationale, loi applicable, reconnaissance et exécution des décisions et coopération entre les autorités centrales) auxquels il est nécessaire d´apporter une solution adéquate.
-Angeles LARA AGUADO, Relations hispano-marocaines en matière de successions
L'entrée en vigueur du règlement (UE) 650/2012 sur les successions a conduit à des changements significatifs dans la succession des relations hispano-marocaines, qui jusqu'à présent étaient régies par l'application du droit national du défunt. Les de cuius devront désormais prendre ne compte cette nouvelle règlementation pour organiser leur succession.
-Carmen RUIZ SUTIL, Effets « pernicieux » de la paternité légitime marocaine en Espagne : une question à résoudre
Dans le système marocain, la protection juridique de l’enfant dépend de la légitimité de la filiation. C’est principalement le mariage musulman des parents qui permet d’établir la reconnaissance de la filiation (hijos al firach), mais il existe également d’autres modes d’établissements de celle-ci : la reconnaisance de la paternité ( istilhak de los arts. 160 a 162 CFM; les relations sexuales par erreur (subha contemplada en el art. 155 CFM ; les enfants issus d’unions entre parents qui n’ont pas pu faire reconnaître leur mariage ou lorsque ces unions ont été contractées à l’étranger selon la loi locale (art. 16 CFM) ; et pour lesquelles le gouvernement marocain vient de prolonger le délai afin de réaliser ce type d’actions, l’enfant nés de fiançailles reconnues. Pour résoudre les problèmes relatifs aux enfants issus de relations extra-conjugales, nous démontrerons comment ces deux derniers modes d’établissement offrent des solutions pour pouvoir établir la filiation hispano-marocaine, mais il faudra toutefois évaluer les effets « pervers », que celles-ci contiennent.
-Lorena CALVO MARISCAL, Análisis de los Tratados, Acuerdos no Normativos y Comunicados Conjuntos hispano-marroquíes, 2013–2016
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Jurisprudencia - Modificación de medidas sobre guarda y custodia acordadas por tribunal extranjero
Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1, Sentencia de 18 Enero 2017, Rec. 2545/2015: Modificación de las medidas acordadas por un tribunal extranjero en procedimiento sobre guarda y custodia, instada por el progenitor residente en el extranjero debido al traslado a España del progenitor custodio con el menor. Interés del menor.
Nº de Recurso: 2545/2015
[Texto en CENDOJ: STS 166/2017 - ECLI: ES:TS:2017:166]
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Jurisprudencia - Denegación de visado de reagrupación familiar por no acreditarse que viva a cargo del reagrupante
Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Sentencia de 11 Julio 2016, Rec. 499/2015: Visado de reagrupación familiar en régimen comunitario a nacional de Perú. Denegación. Reagrupante con nacionalidad española y residencia en España que pretende reagrupar al padre de su cónyuge. La cuestión controvertida es si dicho familiar se encuentra “a cargo” del reagrupante. En aplicación de la jurisprudencia del TJUE, no se dan los presupuestos para acceder a la reagrupación, pues de un análisis individualizado de los datos y elementos de prueba disponibles se llega a la conclusión de que no se ha acreditado que el solicitante viva a cargo de su hija y del marido de ésta, ya que percibe una pensión en su país, que con esa pensión vivía con su esposa hasta su fallecimiento, y que, ahora, viviendo solo, las cargas económicas son presumiblemente menores.
Nº de Recurso: 499/2015
Iustel - Diario Del Derecho, 17 febrero 2017, sección Jurisprudencia
[Texto en CENDOJ: STS 3568/2016 - ECLI: ES:TS:2016:3568]
Jurisprudencia - Extinción de la prestación por desempleo por viajar al extranjero por fallecimiento de la madre
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Social, Sentencia 1733/2016 de 13 Sep. 2016, Rec. 1591/2016: Desempleo. Extinción de la prestación al beneficiario que viajó al extranjero por tiempo superior a 15 días sin previa comunicación al SEPE ni autorización de éste. Está justificada la segunda de las salidas por fallecimiento de la madre del desempleado, pero no la primera, al no acreditarse que fuera por la enfermedad de la madre. No se concluye que la razón del viaje, que se prolongó durante un mes, fuese una situación de extrema gravedad de la madre. Al no haberse dado la comunicación ni obtenido la autorización previa, siendo salida superior a quince días, se produce ya la causa de extinción. Voto Particular.
Nº de Sentencia: 1733/2016
Nº de Recurso: 1591/2016
Diario La Ley, Nº 8924, Sección Jurisprudencia, 17 de Febrero de 2017
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (16.2.2017)
-ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre) 16 février 2017 dans l’affaire C‑578/16 PPU (C.K. e.a.): Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Frontières, asile et immigration – Système de Dublin – Règlement (UE) n° 604/2013 – Article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Traitements inhumains ou dégradants – Transfert d’un demandeur d’asile gravement malade vers l’État responsable de l’examen de sa demande – Absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques avérées dans cet État membre – Obligations imposées à l’État membre devant procéder au transfert.
"1) L’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, doit être interprété en ce sens que la question de l’application, par un État membre, de la « clause discrétionnaire » prévue à cette disposition ne relève pas du seul droit national et de l’interprétation qu’en donne la juridiction constitutionnelle de cet État membre, mais constitue une question d’interprétation du droit de l’Union, au sens de l’article 267 TFUE.
L’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013, lu à la lumière de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne saurait être interprété comme obligeant, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, cet État membre à faire application de ladite clause."
-CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE, presentadas el 16 de febrero de 2017, en el asunto C‑75/16 (Menini y Rampanelli): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Ordinario di Verona (Tribunal de Verona, Italia)] Cuestión prejudicial — Oposición al requerimiento judicial de pago — Directiva 2008/52/CE — Mediación en materia civil y mercantil — Artículo 1, apartado 2 — Ámbito de aplicación — Directiva 2013/11/UE — Resolución alternativa de litigios en materia de consumo — Artículo 1 — Obligación del consumidor de incoar un procedimiento de mediación antes de acudir al órgano jurisdiccional — Artículo 2 — Ámbito de aplicación — Artículo 8, letra b) — Asistencia obligatoria de un abogado — Artículo 9, apartado 2, letra a) — Sanciones vinculadas a la retirada del procedimiento de mediación.
"1) El artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo y por la que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE, debe interpretarse en el sentido de que la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, se aplica a todos los litigios comprendidos en el ámbito de aplicación de la misma, tal y como aparece delimitado en su artículo 1, apartado 2, aun cuando dichos litigios estén también comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2013/11, tal y como aparece delimitado en el artículo 2 de dicha Directiva.
2) El artículo 1 de la Directiva 2013/11 no se opone a una legislación nacional que supedite la admisibilidad de una demanda judicial presentada por un consumidor contra un comerciante y referida a un contrato de prestación de servicios a la previa iniciación por parte del consumidor de un procedimiento de resolución alternativa de litigios, como un procedimiento de mediación, siempre que tal legislación no tenga como efecto impedir a las partes el acceso al sistema judicial, extremo cuya comprobación corresponde al órgano jurisdiccional nacional.
3) El artículo 8, letra b), de la Directiva 2013/11 se opone a una legislación nacional que obliga a que, en todos los litigios incluidos en el ámbito de aplicación de dicha Directiva, tal y como aparece delimitado en su artículo 2, las partes tengan que contar con la asistencia de un abogado en un procedimiento de resolución alternativa de litigios, como un procedimiento de mediación.
4) El artículo 1 y el artículo 9, apartado 2, letra a), de la Directiva 2013/11 se oponen a una legislación nacional que sanciona el hecho de retirarse, sin causa justificada, de un procedimiento de resolución alternativa de litigios, como un procedimiento de mediación, comprendidos en el ámbito de aplicación de dicha Directiva tal y como aparece delimitado en su artículo 2, atribuyendo consecuencias desfavorables en el procedimiento judicial posterior para la parte que se retiró, a menos que el concepto de causa justificada englobe la insatisfacción de la parte que se retiró con el desarrollo o el funcionamiento del procedimiento de resolución alternativa, extremo cuya comprobación corresponde al órgano jurisdiccional nacional.
Cuando el Derecho nacional obligue al comerciante a participar en un procedimiento de resolución alternativa, el artículo 1 y el artículo 9, apartado 2, letra a), de la Directiva 2013/11 solo se oponen a tal legislación en la medida en que sancione la retirada del consumidor de dicho procedimiento sin causa justificada."
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